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Compendi Oleg is Laci on 08 | Estatuto de limitaciones | Gobierno
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AMPARO 868.2008. EN ESTUDIO.doc
Trabajo Grupal if.
Caso Sesión 4 2019
VOLUMEN VIII EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
COMPENDIO DE LA LEGISLACION AMBIENTAL DEL PERU
EVALUACIÓN Y FISCALIZACION AMBIENTAL
De acuerdo al Artículo 44º de la Constitución Política del Perú es deber del Estado la protección de los derechos fundamentales, la seguridad de la población, el bienestar general; por consiguiente la potestad sancionadora es vital para cumplir dichas funciones en tanto se generan se recrimina a aquellos que actúen ilícitamente en detrimento de un bien jurídicamente protegido.
De la misma manera, para que dicha potestad sancionadora sea legalmente ejercida, debe atenerse a los límites constitucionales. Tal como recoge la Resolución del Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el Expediente Nº 2050-2002-AA/TC, “los principios de culpabilidad, legalidad, tipicidad, entre otros, constituyen principios básicos del derecho sancionador, que no sólo se aplican en el ámbito del derecho penal, sino también en el del derecho administrativo sancionador (…)”.
En ese sentido, la potestad sancionadora debe cuidar de sujetarse a los principios reconocidos en el artículo 230º de la Ley del Procedimiento Administrativo General, a saber: i) Principio de Legalidad; ii) Debido procedimiento; iii) Razonabilidad; iv) Tipicidad; v) Irretroactividad; vi) Concurso de Infracciones; vii) Continuación de infracciones; viii) Causalidad; ix) Presunción de licitud; y, x) Non bis in idem.
En lo que se refiere al incumplimiento de las obligaciones legales, la Ley General del Ambiente es sancionado por la autoridad competente en base al Régimen Común de Fiscalización y Control Ambiental. La Ley señala como sanciones coercitivas, las siguientes:
El Título XIII del Código Penal peruano, aprobado por Decreto Legislativo N°635, modificado por la Ley Nº 29263, establece los Delitos Ambientales:
• La contaminación del medio ambiente, a través del incumplimiento de leyes, reglamentos o Límites Máximos Permisibles.
• El depósito, la comercialización o vertimiento de residuos sólidos en lugares no autorizados o sin cumplir con las normas sanitarias y de protección del medio ambiente 6.
Para formalizar denuncias penales por infracción a la legislación ambiental se requiere opinión fundamentada y por escrito de la Autoridad Ambiental. Este informe debe ser evacuado en un plazo no mayor de 30 días. La Ley 28884, Ley que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 024-2008-PCM regulan el procedimiento de actuación en los casos de peligro grave o inminente para el medio ambiente.
Con respecto a la “competencia ambiental”, debemos tomar como referencia lo desarrollado por la Ley General del Ambiente y la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, concretamente a sus respectivos ámbitos de aplicación. En este sentido, ambas normas consideran dentro de sus alcances las funciones y atribuciones gubernamentales que dictan y aplican políticas, normas, estrategias, o instrumentos (incluyendo la fiscalización y sanción) vinculados con las acciones de protección del ambiente y de la conservación de los recursos naturales. Por protección ambiental debemos entender el conjunto de acciones destinadas a alcanzar o sostener un nivel de calidad del ambiente compatible con la protección de la salud de las personas o la viabilidad en el mediano y largo plazo de los ecosistemas. La protección ambiental incluye las acciones destinadas a asegurar que el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables no altere la calidad del ambiente. Por su parte, la conservación de los recursos naturales hace referencia al conjunto de acciones destinadas a asegurar que el aprovechamiento de los recursos naturales renovables sea sostenible, asegurando la viabilidad de los ecosistemas. Es importante indicar que respecto de los recursos no renovables no caben políticas de conservación sino de protección ambiental. No obstante, ambos espacios se encuentran dentro del ámbito de lo que entendemos por “competencia ambiental”.
La amplitud de las acciones que actualmente forman parte del accionar gubernamental vinculado con la protección ambiental y la conservación de la naturaleza es considerable. En general podemos considerar cuatro grandes áreas de acciones del Estado en esta materia. En primer lugar, tenemos las acciones orientadas a definir los objetivos de las políticas y a establecer normativamente los mandatos generales necesarios para su cumplimiento. Esta función comprende tanto a nivel de normas de alcance nacional como aquellas que se originan en los niveles descentralizados de gobierno. Un segundo bloque lo conforman las acciones destinadas a planificar el accionar del Estado en sus distintos niveles de gobierno, siendo sus resultados el marco que orientará la gestión pública (y desde luego también la privada). En tercer lugar tenemos las acciones orientadas a aplicar o ejecutar los distintos instrumentos de gestión ambiental, incluyendo la aplicación de programas y planes. En este punto se realiza una subclasificación en cinco categorías, dependiendo del tipo de instrumento, considerando los de regulación directa, los instrumentos económicos, los de educación y capacitación, los de información y participación ciudadana y finalmente los vinculados con la fiscalización y sanción. Finalmente, un cuarto bloque está destinado a las acciones que permitan dar soporte y coordinar las acciones de gestión ambiental al interior del propio Estado, incluyendo el manejo de conflictos de competencia.
De conformidad con la Constitución Política el gobierno del Perú es unitario, representativo y descentralizado. De acuerdo con la Ley General del Ambiente las competencias ambientales del Estado son ejercidas por organismos constitucionalmente autónomos, autoridades del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales; de conformidad con la Constitución y las leyes que definen sus respectivos ámbitos de actuación, funciones y atribuciones, en el marco del carácter unitario del Estado. Estamos ante un área de competencia compartida lo que obligaría a realizar una distribución de funciones entre los niveles de gobierno y entre las entidades de cada
uno de estos, dejando fuera de este análisis a los organismos constitucionalmente autónomos.
• Código Penal - TITULO XIII Delitos Ambientales De acuerdo a las modificatorias introducidas por el Art. 3 de la Ley N° 29263, publicada el 02 de octubre 2008
• Ley N°27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General Publicada el 11 de Abril del 2001
• Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente Publicada el 15 de Octubre de 2005
• Decreto Supremo Nº 004-2009-MINAM - Reglamento del numeral 149.1 del artículo 149º de la Ley Nº 28611 – Ley General del Ambiente Publicado el 17 de Marzo de 2009
• Decreto Legislativo Nº 1013 - Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente Publicado el 14 de Mayo del 2008
• Ley N° 29325 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental Publicada el 05 de Marzo de 2009
• Decreto Supremo Nº 001-2009-MINAM - Reglamento de Organización y Funciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA Publicado El 07 De Enero De 2009
• Ley 28804 - Ley que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental Publicada el 21 de Julio de 2006
• Ley de Recursos Hídricos Publicada el 31 de Marzo de 2009
• Ley Nº 27308 - Ley Forestal y de Fauna Silvestre Publicada el 05 de Octubre del 2001
• Decreto Supremo Nº 014-2001-AG - Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre
• Decreto Supremo Nº 012-2001-PE - Reglamento de la Ley General de Pesca Publicada el 13 de Marzo del 2001
• Decreto Supremo Nº 025-2001-ITINCI.- Régimen de Sanciones e Incentivos del Reglamento de Protección Ambiental para el Desarrollo de Actividades en la Industria Manufacturera Publicada el 18 de Julio del 2001
• Decreto Supremo Nº 16-93-EM - Reglamento de proteccion ambiental en las Actividades Minero Metalurgicas Publicado el 01 de Mayo de 1993
• Decreto Supremo N° 029-1994-EM - Reglamento De Protección Ambiental En Las Actividades Eléctricas Publicado el 08 De Junio de 1994
• Decreto Supremo N° 015-2006-EM - Reglamento de protección ambiental en las Actividades de Hidrocarburos
Publicado el 03 de Marzo de 2006
• Resolución De Consejo Directivo OSINERGMIN N° 640-2007-OS/Cd , Reglamento Del Procedimiento Administrativo Sancionador de OSINERGMIN Publicado el 30 de octubre del 2007
• Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM - Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales Publicado el 16 de Enero del 2009
• Resolución de Contraloría Nº 470-2008-CG - Guía de Auditoría Ambiental Gubernamental Publicado el 20 de Junio del 2000
• LEY Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades Publicado el 27 de Mayo del 2003
• LEY Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Publicado el 26 de Junio del 2007
CODIGO PENAL TITULO XIII DELITOS AMBIENTALES
De acuerdo a las modificatorias introducidas por el Art. 3 de la Ley N° 29263, publicada el 02 de octubre 2008
Las nuevas tipificaciones del ahora llamado Capítulo de Delitos Ambientales, antes "delitos contra la ecología”, permite tener un régimen de sanciones penales más severas para aquellos que causen perjuicio, alteración, daño o degradación del ambiente y sus componentes.
Dentro de este régimen se sancionan la contaminación del ambiente, el tráfico ilegal de residuos, el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre protegida, ya sea acuático o terrestre, el tráfico de recursos genéticos entre otros; es decir se incluyen delitos de peligro abstracto (la sola comisión del hecho constituye delito), de peligro concreto (tiene que acreditarse el riesgo o peligro inminente); o, de daño (detrimento de la calidad ambiental, o de alguno de los componentes del ambiente).
Para que sean aplicables cualesquiera de estas sanciones se requiere que previamente la Autoridad Ambiental competente evacúe un informe concluyendo que los hechos materia de investigación configuran delito; en una remisión legislativa conocida como norma penal en blanco. Esta remisión se encuentra justificada en la alta especialización y complejidad que se requiere para determinar el incumplimiento de las obligaciones legales ambientales que originan el despliegue de la normatividad penal.
Respecto a la aplicación del principio de “ne bis in idem” establecido en el artículo 138° de la Ley General del Ambiente señala que la responsabilidad administrativa es independiente a la responsabilidad civil o penal que se genera del hecho considerado como infracción. Recordemos que los bienes jurídicos que se protegen en dichos sistemas son diferentes. En ese sentido, debemos recordar que las normas penales constituyen la ultima ratio del sistema normativo, por lo cual estas normas no pueden ser aplicadas indiscriminadamente para sancionar infracciones que puedan constituyen infracciones administrativas o responsabilidad civil.
Art. 26º,74º, 121º, 142º, 144º,145º,149º – Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente
Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de tres años o prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas
1. Falsea u oculta información sobre el hecho contaminante, la cantidad o calidad de las descargas, emisiones, filtraciones, vertimientos o radiaciones contaminantes referidas en el artículo 304, a la autoridad competente o a la institución autorizada para realizar labores de fiscalización o auditoría ambiental.
2. Privativa de libertad no menor de seis años ni mayor de diez años y con setecientos cincuenta a tres mil quinientos días- multa, en caso de muerte.
Artículo 306.- Incumplimiento de las normas relativas al manejo de residuos sólidos El que, sin autorización o aprobación de la autoridad competente, establece un vertedero o botadero de residuos sólidos que pueda perjudicar gravemente la calidad del ambiente, la salud humana o la integridad de los procesos ecológicos, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años. Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de libertad no mayor de dos años. Cuando el agente, contraviniendo leyes, reglamentos o disposiciones establecidas, utiliza desechos sólidos para la alimentación de animales destinados al consumo humano, la pena será no menor de tres años ni mayor de seis años y con doscientos sesenta a cuatrocientos cincuenta días-multa.
Artículo 307.- Tráfico ilegal de residuos peligrosos El que ingrese ilegalmente al territorio nacional, use, emplee, coloque, traslade o disponga sin la debida autorización, residuos o desechos tóxicos o peligrosos para el ambiente, resultantes de un proceso de producción, extracción, transformación, utilización o
Art. 32º, 74º, 119º, 144º, 145º, 149º – Ley Nº 28611 - Ley – Ley General del Ambiente
Art. 83º, 121º, 144º, 145º, 149º – Ley Nº 28611 - Ley – Ley General del Ambiente
consumo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de seis años y con trescientos a cuatrocientos días-multa.
Artículo 308.- Tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestre protegida El que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o reexporta productos o especímenes de especies de flora silvestre no maderable y/o fauna silvestre protegidas por la legislación nacional, sin un permiso o certificado válido, cuyo origen no autorizado conoce o puede presumir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de cinco años y con ciento ochenta a cuatrocientos días-multa.
Artículo 308-A.- Tráfico ilegal de especies acuáticas de la flora y fauna silvestre protegidas Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de cinco años y con ciento ochenta a cuatrocientos días- multa, el que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o reexporta productos o especímenes de especies acuáticas
de la flora y/o fauna silvestre protegidas por la legislación nacional bajo cualquiera de los siguientes supuestos:
Art. 92º, 93º, 108º, 149º – Ley Nº 28611– Ley General del Ambiente
Art. 92º, 93º, 108º, 149º– Ley Nº 28611 – Ley General del Ambiente
Artículo 308-B.- Extracción ilegal de especies acuáticas El que extrae especies de flora o fauna acuática en épocas, cantidades, talla y zonas que son prohibidas o vedadas, o captura especies sin contar con el respectivo permiso o exceda el límite de captura por embarcación, asignado por la autoridad administrativa competente y la ley de la materia, o lo hace excediendo el mismo o utiliza explosivos, medios químicos u otros métodos prohibidos o declarados ilícitos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de cinco años.
Artículo 308-C.- Depredación de flora y fauna silvestre protegida El que caza, captura, colecta, extrae o posee productos, raíces o
especímenes de especies de flora y/o fauna silvestre protegidas por
Art. 92º,101º, 108º, 149º – Ley Nº 28611 - Ley – Ley General del Ambiente
Art. 92º, 93º,108º, 149º – Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente
legislación nacional, sin contar con la concesión, permiso, licencia
autorización u otra modalidad de aprovechamiento o extracción,
otorgada por la autoridad competente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de cinco años y con cincuenta a cuatrocientos días-multa.
Artículo 308-D.- Tráfico ilegal de recursos genéticos El que adquiere, vende, transporta, almacena, importa, exporta o reexporta, de forma no autorizada, recursos genéticos de especies de flora y/o fauna silvestre protegidas por la legislación nacional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de cinco años y con ciento ochenta a cuatrocientos días- multa. La misma pena será aplicable para el que a sabiendas financia, de modo que sin su cooperación no se hubiera podido cometer las
Art. 103º, 149º – Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente
actividades señaladas en el primer párrafo, y asimismo al que las dirige u organiza.
Artículo 309.- Formas agravadas En los casos previstos en los artículos 308, 308-A, 308-B y 308-C, la pena privativa de libertad será no menor de cuatro años ni mayor de siete años cuando el delito se cometa bajo cualquiera de los siguientes supuestos:
Artículo 310.- Delitos contra los bosques o formaciones boscosas Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de seis años y con prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta jornadas el que, sin contar con permiso, licencia, autorización o concesión otorgada por autoridad competente, destruye, quema, daña o tala, en todo o en parte, bosques u otras formaciones boscosas, sean naturales o plantaciones
Artículo 310-A.- Tráfico ilegal de productos forestales maderables El que adquiere, almacena, transforma, transporta, oculta, custodia, vende, embarca, desembarca, importa, exporta o reexporta productos o especímenes forestales maderables protegidos por la legislación nacional, cuyo origen ilícito conoce o puede presumir, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de seis años y con cien a seiscientos días-multa.
92º, 108º, 149º –
Está fuera del supuesto previsto en el primer párrafo, el que realiza los hechos previstos en el presente artículo, si sus acciones estuvieron basadas en una diligencia razonable y en información o documentos expedidos por la autoridad competente, aunque estos sean posteriormente declarados nulos o inválidos
Artículo 310-B.- Obstrucción de procedimiento El que obstruye, impide o traba una investigación, verificación,
supervisión o auditoría, en relación con la extracción, transporte, transformación, venta, exportación, reexportación o importación de especímenes de flora y/o de fauna silvestre protegidas por la legislación nacional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de cinco años.
La pena será privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho años para el que emplea intimidación o violencia contra un funcionario público o contra la persona que le presta asistencia, en el ejercicio de sus funciones, en relación con actividades de extracción y la venta de productos o especímenes forestales maderables
Artículo 310-C.- Formas agravadas En los casos previstos en los artículos 310, 310-A y 310-B, la pena privativa de libertad será no menor de cinco años ni mayor de ocho años, bajo cualquiera de los siguientes supuestos:
2. Si como consecuencia de la conducta prevista en los
artículos correspondientes se afecten vertientes que abastecen de agua a centros poblados, sistemas de irrigación o se erosione el suelo haciendo peligrar las actividades económicas del lugar.
2. El autor causa lesiones graves o muerte durante la comisión del hecho delictivo o a consecuencia de dicho acto
Artículo 311.- Utilización indebida de tierras agrícolas El que, sin la autorización de cambio de uso, utiliza tierras destinadas por autoridad competente al uso agrícola con fines de expansión urbana, de extracción o elaboración de materiales de construcción u otros usos específicos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de cuatro años. La misma pena será para el que vende u ofrece en venta, para fines
23º,149º
urbanos u otro cualquiera, tierras zonificadas como uso agrícola.
Artículo 312.- Autorización de actividad contraria a los planes o usos previstos por la ley El funcionario o servidor público que autoriza o se pronuncia favorablemente sobre un proyecto de urbanización para otra actividad no conforme con los planes o usos previstos por los dispositivos legales o el profesional que informa favorablemente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos años ni mayor de cuatro años e inhabilitación de un año a tres años conforme al artículo 36 incisos 1, 2 y 4.
Artículo 313.- Alteración del ambiente o paisaje El que, contraviniendo las disposiciones de la autoridad competente, altera el ambiente natural o el paisaje urbano o rural, o modifica la flora o fauna, mediante la construcción de obras o tala de árboles, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de cuatro años y con sesenta a noventa días-multa.
Art. 149 – Ley Nº 28611 - Ley General del Ambiente
Artículo 314.- Responsabilidad de funcionario público por otorgamiento ilegal de derechos El funcionario público que sin observar leyes, reglamentos, estándares ambientales vigentes, por haber faltado gravemente a sus obligaciones funcionales, autoriza o se pronuncia favorablemente sobre el otorgamiento o renovación de autorización, licencia, concesión, permiso u otro derecho habilitante en favor de la obra o actividad a que se refiere el presente Título, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de seis años, e inhabilitación de un año a seis años conforme al artículo 36 incisos 1, 2 y 4.
Artículo 314-A.- Responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas Los representantes legales de las personas jurídicas dentro de cuya actividad se cometan los delitos previstos en este Título serán responsables penalmente de acuerdo con las reglas establecidas en los artículos 23 y 27 de este Código.
Artículo 314-B.- Responsabilidad por información falsa contenida en informes El que, conociendo o pudiendo presumir la falsedad o la inexactitud, suscriba o realice estudios, evaluaciones, auditorías ambientales, planes de manejo forestal u otro documento de gestión forestal, exigido conforme a ley, en los que se incorpore o avale información falsa o inexacta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres años ni mayor de cinco años.
Artículo 314-C.- Medidas cautelares Sin perjuicio de lo ordenado por la autoridad administrativa, el Juez
Art. IX, 26º, 74º, 138º, 149º –
28611 -
Art. 26º, 137º,149º –
28611– Ley
dispondrá la suspensión inmediata de la actividad contaminante, extractiva o depredatoria, así como las otras medidas cautelares que correspondan.
En los delitos previstos en este Título, el Juez procederá a la incautación previa de los especímenes presuntamente ilícitos y de los aparatos o medios utilizados para la comisión del presunto ilícito. Asimismo, el Juez, a solicitud del Ministerio Público, ordenará el allanamiento o descerraje del lugar donde presuntamente se estuviere cometiendo el ilícito penal. En caso de emitirse sentencia condenatoria, los especímenes ilícitos podrán ser entregados a una institución adecuada, según recomendación de la autoridad competente, y en caso de no corresponder, serán destruidos. En ningún caso procederá la devolución de los ejemplares ilícitos al encausado.
229.1 Las disposiciones del presente Capítulo disciplinan la facultad
que se atribuye a cualquiera de las entidades para establecer infracciones administrativas y las consecuentes sanciones a los administrados.
229.2 Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplican con carácter supletorio a los procedimientos establecidos en leyes especiales, las que deberán observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa a que se refiere el articulo 230, así como la estructura y garantías previstas para el procedimiento administrativo sancionador.
229.3 La potestad sancionadora disciplinaria sobre el personal de las
entidades se rige por la normativa sobre la materia.
Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las
entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las
consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad.
2. Debido procedimiento.- Las entidades aplicarán sanciones
sujetándose al procedimiento establecido respetando las garantías
3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de
la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deberán ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, debiendo observar los siguientes criterios que en orden de prelación se señalan a efectos de su graduación:
5. Irretroactividad.- Son aplicables las disposiciones sancionadoras
vigentes en el momento de incurrir el administrado en la conducta a
6. Concurso de Infracciones.- Cuando una misma conducta
califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes.
7. Continuación de infracciones.- Para determinar la procedencia
de la imposición de sanciones por infracciones en las que el administrado incurra en forma contínua, se requiere que hayan transcurrido por lo menos treinta (30) días hábiles desde la fecha de la imposición de la última sanción y que se acredite haber solicitado al administrado que demuestre haber cesado la infracción dentro de dicho plazo.
Las entidades, bajo sanción de nulidad, no podrán atribuir el supuesto de continuidad y/o la imposición de la sanción respectiva,
Cuando se encuentre en trámite un recurso administrativo interpuesto dentro del plazo contra el acto administrativo mediante el cual se impuso la última sanción administrativa.
Cuando el recurso administrativo interpuesto no hubiera recaído en acto administrativo firme.
Cuando la conducta que determinó la imposición de la sanción administrativa original haya perdido el carácter de infracción administrativa por modificación en el ordenamiento, sin perjuicio de la aplicación de principio de irretroactividad a que se refiere el inciso 5.
Causalidad.- La responsabilidad debe recaer en quien realiza la
conducta omisiva o activa constitutiva de infracción sancionable.
9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los
administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no
cuenten con evidencia en contrario.
231-A.-
b) Cuando el procedimiento sancionador recaiga sobre la carencia de autorización o licencia para la realización de varias conductas individuales que, atendiendo a la naturaleza de los hechos, importen la comisión de una actividad y/o proyecto que las comprendan en forma general, cuya existencia haya sido previamente comunicada a la entidad competente, la sanción no podrá ser impuesta en forma individualizada, sino aplicada en un concepto global atendiendo a los criterios previstos en el inciso 3 del Artículo 230°.
232.2 Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en una
disposición legal corresponda a varias personas conjuntamente, responderán en forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan, y de las sanciones que se impongan.
233.1 La facultad de la autoridad para determinar la existencia de
infracciones administrativas, prescribe en el plazo que establezcan las leyes especiales, sin perjuicio del cómputo de los plazos de prescripción respecto de las demás obligaciones que se deriven de los efectos de la comisión de la infracción. En caso ello no hubiera sido determinado, dicha facultad de la autoridad prescribirá a los cuatro (4) años.
233.2 EI cómputo del plazo de prescripción de la facultad para
determinar la existencia de infracciones comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido o desde que cesó, si fuera una acción continuada.
1. El procedimiento sancionador se inicia siempre de oficio, bien
por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, petición motivada de otros órganos o entidades o por denuncia.
236.1 La autoridad que instruye el procedimiento podrá disponer la
adopción de medidas de carácter provisional que aseguren la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, con sujeción a lo previsto por el Artículo 146 de esta Ley.
236.2 Las medidas que se adopten deberán ajustarse a la intensidad,
proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretende
garantizar en cada supuesto concreto.
236.3 El cumplimiento o ejecución de las medidas de carácter
provisional que en su caso se adopten, se compensarán, en cuanto
sea posible, con la sanción impuesta.
Artículo 236-A.- Atenuantes de Responsabilidad por Infracciones
1. La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que se refiere el inciso 3) del artículo 235.
2. Error inducido por la administración por un acto o disposición administrativa, confusa o ilegal.
237.1 En la resolución que ponga fin al procedimiento no se podrán
aceptar hechos distintos de los determinados en el curso del procedimiento, con independencia de su diferente valoración jurídica.
237.2 La resolución será ejecutiva cuando ponga fin a la vía
administrativa. La administración podrá adoptar las medidas cautelares precisas para garantizar su eficacia, en tanto no sea
237.3 Cuando el infractor sancionado recurra o impugne la resolución
adoptada, la resolución de los recursos que interponga no podrá determinar la imposición de sanciones más graves para el sancionado.
En el Titulo IV de la presente Ley se aborda el tema de la Responsabilidad por Daño Ambiental. Al respecto, la existencia de un régimen general de fiscalización ambiental y control es de necesidad a efectos de fortalecer las funciones de la autoridad ambiental, dada la importancia del ambiente para la salud de las poblaciones, la existencia de un significativo numero de pasivos ambientales, industrias, empresas que en sus procesos no incorporan el cuidado del ambiente, por lo que deben ser sujeto de un régimen que establezca las condiciones y consecuencias de un marco legal que debe contener instrumentos punitivos sancionadores, como parte de las potestades otorgadas al CONAM como autoridad ambiental.
Artículo 130°.-De la fiscalización y sanción ambiental
130.3 El Estado promueve la participación ciudadana en las
acciones de fiscalización ambiental.
Artículo 131°.-Del régimen de fiscalización y control ambiental
Artículo 132°.-De las inspecciones La autoridad ambiental competente realiza las inspecciones que considere necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, bajo los principios establecidos en la ley y las disposiciones de los regímenes de fiscalización y control.
Artículo 133°.-De la vigilancia y monitoreo ambiental La vigilancia y el monitoreo ambiental tiene como fin generar
la información que permita orientar la adopción de medidas
que aseguren el cumplimiento de los objetivos de la política
y normativa ambiental. La Autoridad Ambiental Nacional
establece los criterios para el desarrollo de las acciones de vigilancia y monitoreo.
Artículo 134°.-De la vigilancia ciudadana
137.1 Las autoridades competentes dictan medidas que
faciliten el ejercicio de la vigilancia ciudadana y el desarrollo y difusión de los mecanismos de denuncia frente a infracciones a la normativa ambiental.
c. Fiscalización y control vía la interpretación o
aplicación de estudios o evaluaciones ambientales efectuadas por otras instituciones.
137.3 Los resultados de las acciones de fiscalización y control efectuados como resultado de la participación ciudadana pueden ser puestos en conocimiento de la autoridad ambiental local, regional o nacional, para el efecto de su registro y denuncia correspondiente. Si la autoridad decidiera que la denuncia no es procedente ello debe ser notificado, con expresión de causa, a
Art. 20º, 41º, 46º, 47º, 48º, 49º, 50º, 51º, 89º, 108º, 127º, 129º, 130º, 137º Ley Nº 28611 – Ley General del Ambiente Art. 3º D. Leg. Nº 1013 – Ley de Creación, Organización y funciones del Ministerio del Ambiente
Artículo 135°.-Del régimen de sanciones
Artículo 136°.-De las sanciones y medidas correctivas
136.1 Las personas naturales o jurídicas que infrinjan las disposiciones contenidas en la presente Ley y en las disposiciones complementarias y reglamentarias sobre la
materia, se harán acreedoras, según la gravedad de la infracción, a sanciones o medidas correctivas.
incumplimiento éste
proporcional a la impuesta en cada caso, de hasta 100
UIT por cada mes en que se persista en el incumplimiento
b. Adopción de medidas de mitigación del riesgo o
daño. c. Imposición de obligaciones compensatorias sustentadas en la Política Ambiental Nacional, Regional, Local o Sectorial, según sea el caso. d. Procesos de adecuación conforme a los instrumentos de gestión ambiental propuestos por la autoridad competente.
Artículo 137°.-De las medidas cautelares
137.1 Iniciado el procedimiento sancionador, la autoridad ambiental competente, mediante decisión fundamentada y con elementos de juicio suficientes, puede adoptar, provisoriamente y bajo su responsabilidad, las medidas cautelares establecidas en la presente Ley u otras
disposiciones legales aplicables, si es que sin su adopción
se producirían daños ambientales irreparables o si se
arriesgara la eficacia de la resolución a emitir.
Art. 20º, 41º, 46º, 47º, 48º, 49º, 50º, 51º, 89º, 108º, 127º, 129º, 130º, 134º, Ley Nº 28611 – Ley General del Ambiente Art. 3º D. Leg. Nº 1013 – Ley de Creación, Organización y funciones del Ministerio del Ambiente
137.2 Las medidas cautelares podrán ser modificadas o
levantadas durante el curso del procedimiento, de oficio o
a instancia de parte, en virtud de circunstancias
sobrevenidas o que no pudieron ser consideradas en el momento de su adopción.
137.4 se podrán dictar medidas que puedan causar perjuicio
imposible reparación a los administrados.
Artículo 138°.-De la relación con otros regímenes de responsabilidad La responsabilidad administrativa establecida dentro del procedimiento correspondiente, es independiente de la responsabilidad civil o penal que pudiera derivarse por los mismos hechos.
Artículo 139°.-Del Registro de Buenas Prácticas y de Infractores Ambientales
139.1 El Consejo Nacional del Ambiente – CONAM, implementa, dentro del Sistema Nacional de Información Ambiental, un Registro de Buenas Prácticas y de Infractores
Ambientales, en el cual se registra a toda persona, natural
jurídica, que cumpla con sus compromisos ambientales
promueva buenas prácticas ambientales, así como de
aquellos que no hayan cumplido con sus obligaciones ambientales y cuya responsabilidad haya sido determinada por la autoridad competente.
139.3 Se considera infractor ambiental a quien ejerciendo o habiendo ejercido cualquier actividad económica o de servicio, genera de manera reiterada impactos
ambientales por incumplimiento de las normas ambientales o de las obligaciones a que se haya comprometido en sus instrumentos de gestión ambiental.
Artículo 140°.-De la responsabilidad de los profesionales y técnicos Para efectos de la aplicación de las normas de este capítulo, hay responsabilidad solidaria entre los titulares de las actividades causantes de la infracción y los profesionales o técnicos responsables de la mala elaboración o la inadecuada aplicación de instrumentos de gestión ambiental de los proyectos, obras o actividades que causaron el daño.
Artículo 141°.-De la prohibición de la doble sanción
No se puede imponer sucesiva o simultáneamente más de una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Cuando una misma conducta califique como más de una infracción se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio de que puedan exigirse las demás responsabilidades que establezcan las leyes.
De acuerdo a la legislación vigente, la Autoridad Ambiental Nacional, dirime en caso de que exista más de un sector o nivel de gobierno aplicando una sanción por el mismo hecho, señalando la entidad competente para la aplicación de la sanción. La solicitud de dirimencia suspenderá los procedimientos administrativos de sanción correspondientes.
La autoridad competente, según sea el caso, puede imponer medidas correctivas, independientemente de las sanciones que establezca.
142°.-De
142.1 Aquel que mediante el uso o aprovechamiento de un bien o en el ejercicio de una actividad pueda producir un daño al ambiente, a la calidad de vida de las personas, a la salud humana o al patrimonio, está obligado a asumir los costos que se deriven de las medidas de prevención y mitigación de daño, así como los relativos a la vigilancia y
monitoreo de la actividad y de las medidas de prevención y mitigación adoptadas.
Artículo 143°.-De la legitimidad para obrar Cualquier persona, natural o jurídica, está legitimada para ejercer la acción a que se refiere la presente Ley, contra quienes ocasionen o contribuyen a ocasionar un daño ambiental, de conformidad con lo establecido en el artículo III del Código Procesal Civil.
Artículo 144°.-De la responsabilidad objetiva La responsabilidad derivada del uso o aprovechamiento de un bien ambientalmente riesgoso o peligroso; o del ejercicio de una actividad ambientalmente riesgosa o peligrosa, es objetiva. Esta responsabilidad obliga a reparar los daños ocasionados por el bien o actividad riesgosa, lo que conlleva a asumir los costos contemplados en el artículo 142º, precedente, y los que correspondan a una justa y equitativa indemnización; los de la recuperación del ambiente afectado, así como los de la ejecución de las medidas necesarias para mitigar los efectos del daño y evitar que éste se vuelva a producir.
Artículo 146°.-De las causas eximentes de responsabilidad No existirá responsabilidad en los siguientes supuestos:
a) Cuando concurran una acción u omisión dolosa de la persona
que hubiera sufrido un daño resarcible de acuerdo con esta Ley;
b) Cuando el daño o el deterioro del medio ambiente tenga su
causa exclusiva en un suceso inevitable o irresistible; y,
c) Cuando el daño o el deterioro del medio ambiente haya sido
causado por una acción y omisión no contraria a la normativa aplicable, que haya tenido lugar con el previo consentimiento del perjudicado y con conocimiento por su parte del riesgo que corría de sufrir alguna consecuencia dañosa derivada de tal o cual acción u omisión.
Artículo 147°.-De la reparación del daño La reparación del daño ambiental consiste en el restablecimiento de
situación anterior al hecho lesivo al ambiente o sus componentes,
de la indemnización económica del mismo. De no ser técnica ni
materialmente posible el restablecimiento, el juez deberá prever la realización de otras tareas de recomposición o mejoramiento del ambiente o de los elementos afectados. La indemnización tendrá por destino la realización de acciones que compensen los intereses
afectados o que contribuyan a cumplir los objetivos constitucionales respecto del ambiente y los recursos naturales.
Artículo 148°.-De las garantías
148.1 Tratándose de actividades ambientalmente riesgosas o peligrosas, la autoridad sectorial competente podrá exigir,
a propuesta de la Autoridad Ambiental Nacional, un
sistema de garantía que cubra las indemnizaciones que
pudieran derivar por daños ambientales.
148.2 Los compromisos de inversión ambiental se garantizan a
fin de cubrir los costos de las medidas de rehabilitación
para los períodos de operación de cierre, post cierre, constituyendo garantías a favor de la autoridad competente, mediante una o varias de las modalidades contempladas en la Ley del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros u otras que establezca la ley de la materia. Concluidas las medidas de rehabilitación, la autoridad competente procede, bajo responsabilidad, a la liberación de la garantía.
Artículo 149°.-Del Informe de la autoridad competente sobre infracción de la normativa ambiental
149.1 En las investigaciones penales por los delitos tipificados en el Título Décimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal será de exigencia obligatoria la evacuación de un
informe fundamentado por escrito por la autoridad ambienta antes del pronunciamiento del fiscal provincial o fiscal de la investigación preparatoria en la etapa intermedia del proceso penal. El informe será evacuado dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días contados desde la recepción del fiscal de la investigación preparatoria o del juez bajo responsabilidad. Dicho informe deberá ser merituado por el fiscal o el juez al momento de expedir la resolución o disposición correspondiente.
149.2 En las investigaciones penales por delitos tipificados en el Título Décimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal que sean desestimadas, el fiscal evaluará la configuración del delito de Denuncia Calumniosa, contemplado en el artículo 402°del Código Penal.
Artículo modificado por la Ley N° 29263. El texto anterior señalaba:
La formalización de la denuncia por los delitos tipificados en el Título Décimo Tercero del Libro Segundo del Código Penal, requerirá de las entidades sectoriales competentes
opinión fundamentada por escrito sobre si se ha infringido la legislación ambiental. El informe será evacuado dentro de un plazo no mayor
30 días. Si
resultara competente en un mismo caso más
de una entidad sectorial y hubiere discrepancias entre
dictámenes por
ellas evacuados, se
requerirá opinión dirimente y en última instancia administrativa al
149.2 El fiscal debe merituar los informes de las autoridades sectoriales competentes o del Consejo Nacional del Ambiente según fuera el caso. Dichos informes deberán igualmente ser merituados por el juez o el tribunal al momento de expedir resolución.
149.3 En los casos en que el inversionista dueño o titular de una actividad productiva contare con programas específicos de adecuación y manejo ambiental – PAMA, esté poniendo en marcha dichos programas o ejecutándolos, o cuente con estudio
ambiental, sólo se podrá dar inicio a la acción penal por los
delitos tipificados en el Título XIII del Libro Segundo del Código Penal si se hubiere infringido la legislación ambiental por no ejecución de
contenidas en dichos programas o estudios según corresponda.
Artículo 150°.-Del régimen de incentivos Constituyen conductas susceptibles de ser premiadas con incentivos, aquellas medidas o procesos que por iniciativa del titular de la actividad son implementadas y ejecutadas con la finalidad de reducir y/o prevenir la contaminación ambiental y la degradación de los recursos naturales, más allá de lo exigido por la normatividad aplicable o la autoridad competente y que responda a los objetivos de protección ambiental contenidos en la Política Nacional, Regional, Local o Sectorial, según corresponda.
DECRETO SUPREMO Nº 004-2009-MINAM
REGLAMENTO DEL NUMERAL 149.1 DEL ARTÍCULO 149º DE LA LEY Nº 28611 – LEY GENERAL DEL AMBIENTE
El reglamento en mención está referido a la formalización de denuncias penales por infracción a la normativa ambiental vigente en el país a partir de la generación de un informe fundamentado a cargo de las entidades sectoriales competentes dentro de un plazo no mayor de treinta (30) días de solicitado.
De acuerdo al artículo 149º de la Ley Nº 28611.- Ley General del Ambiente, se señala lo siguiente:
Es por ello que , el Reglamento del numeral 149.1 de la Ley General del Ambiente establece que la autoridad ambiental competente responsable de la elaboración del informe fundamentado a que se refiere el numeral 149.1 del artículo 149º de la Ley General del Ambiente, será la autoridad ambiental sectorial, sus organismos adscritos, los gobiernos locales y gobiernos regionales, así como los organismos reguladores o de fiscalización competentes en materia del proceso penal en trámite.
Asimismo, se determinó que en caso haya duda respecto de quién es la autoridad competente, se tendrá que solicitar el informe al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Adicionalmente, se hizo hincapié en los requisitos mínimos que deberá contener el informe.
Artículo 1º.- De la autoridad ambiental competente
1.1 La autoridad ambiental competente responsable de la elaboración del informe fundamentado a que se refiere el numeral 149.1 del artículo 149º de la Ley General del Ambiente, será la autoridad ambiental sectorial, sus organismos adscritos, los gobiernos locales y gobiernos regionales, así como los organismos reguladores o de fiscalización competentes en la materia objeto del proceso penal en trámite.
1.2 En caso que exista más de una autoridad ambiental competente, o que el Fiscal tenga dudas respecto de la competencia asignada, o que la autoridad ambiental competente sea parte en el proceso, solicitará el informe correspondiente al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA. En este caso el OEFA podrá emitir el informe correspondiente o derivarlo de inmediato a la entidad que considere competente al efecto, para formular su informe.1.3 Copia del informe fundamentado se pondrá en conocimiento del Procurador Público del Ministerio del Ambiente, quien actuará según sus atribuciones.
Artículo 2º.- Contenido del Informe El informe fundamentado es de carácter técnico-legal. La autoridad competente elaborará el informe fundamentado por escrito, el cual contendrá como mínimo, lo siguiente:
Análisis de los hechos, precisando relación causal entre éstos y
supuesto ilícito ambiental.
Análisis de la base legal aplicable, sus alcances y efectos.
Opinión ilustrativa sobre los elementos para una valoración del
supuesto daño ambiental causado, cuando corresponda.
Artículo 3º.- Procedimiento El Fiscal de la investigación preparatoria o el Juez solicitará el informe técnico-legal a la autoridad ambiental competente conforme
a lo establecido en el artículo 1º del presente Reglamento, a través
de un oficio, el cual deberá contener el pedido de informe fundamentado, adjuntando copia de la denuncia y sus anexos, así como también otros actuados e información relevante con la finalidad que la autoridad ambiental cuente con la información necesaria para la elaboración del informe. El informe fundamentado deberá ser elaborado por la autoridad ambiental competente, dentro de un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles de recibido el oficio. De ser necesario, la autoridad ambiental requerida podrá solicitar información adicional a la Fiscalía a cargo de la investigación, a otras entidades públicas o privadas, encargar las pericias o evaluaciones técnicas que
considere del caso, y, en general, realizar las acciones que estime procedentes, sin exceder el plazo previsto.
Única.- Facultad del Juez para solicitar Informes técnicos – legales El Juez está facultado a solicitar el informe técnico - legal a la autoridad ambiental competente conforme a lo establecido en el artículo 1º del presente Reglamento únicamente en los lugares donde se encuentre vigente el Código de Procedimientos Penales del año 1940, hasta que el Código Procesal Penal de 2004 entre en vigencia en el distrito judicial correspondiente, luego de lo cual será únicamente el Fiscal quien esté facultado a solicitarlo.
DECRETO LEGISLATIVO N°10133
La fiscalización es uno de los temas más sensibles que enfrenta la creación del Ministerio del Ambiente. Desde un inicio algunos han planteado su preocupación por lo que estiman sería un Ministerio que no fiscalice ciertas actividades productivas como la minería. Otros, en cambio, creen que la fiscalización debiera caer en un ente regulador fuera de la gestión que tendría a cargo el Ministerio.
Por lo tanto la pregunta es ¿cómo articular la gestión del Ministerio con el papel de fiscalización? y en segundo lugar ¿cómo lograr que la fiscalización sea objetiva y no responda a presiones políticas?
Al responder estas preguntas debemos tener en cuenta que la fiscalización no sólo se refiere a las actividades extractivas de recursos naturales no renovables, sino que incluye la fiscalización en relación a:
1 El saneamiento ambiental que se encontraba en las normas de creación del SUNASS, sin embargo posteriormente ello fue dejado de lado y en la practica SUNASS se ha convertido en un organismo básicamente encargado de la regulación tarifaria y la calidad del servicio, dejando de lado lo concerniente a la calidad del agua potable que se debe tener.
2 El sector forestal, donde debemos recordar que en un inicio el Organismo Supervisor de los Recursos Forestales Maderables (OSINFOR) era un organismo público descentralizado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, que se debía encargar de supervisar y controlar el cumplimiento de los contratos de concesión forestal maderable y de aplicar las sanciones que correspondan. Sin embargo posteriormente, este organismo fue incorporado al INRENA.
3 Otro asunto tiene que ver con las concesiones forestales no maderables, las mismas que nunca fueron competencia de OSINFOR pero si se requeriría que su regulación se encontrase claramente definida.
4 El tema de infraestructura para el transporte de servicio público en donde tenemos a OSITRAN (Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público) que dentro de sus funciones de supervisión, se encarga de velar por el cumplimiento de las normas de protección al ambiente referidas a las actividades que son objeto de su competencia.
5 A su vez las áreas naturales protegidas (ANP), y la supervisión de las concesiones para la prestación de servicios turísticos y recreativos de una ANP.
6 El acceso a los recursos genéticos y conocimientos tradicionales, regulados por una ley especial aprobada por la Comunidad Andina, también están en una suerte de lista de espera institucional tanto a nivel del otorgamiento de los permisos de acceso como en su fiscalización, especialmente en el caso de los contratos de acceso ya suscritos y aprobados.
En este debate se debe atender también los mecanismos de infracciones y el rol del Ministerio del Ambiente para aplicar sanciones y revisar los mecanismos administrativos y judiciales para lograr la aplicación eficaz de la ley ambiental (enforcement).
TÍTULO II COMPETENCIA Y FUNCIONES
d) Elaborar los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP), de acuerdo con los planes respectivos. Deben contar con la opinión del sector correspondiente y ser aprobados mediante decreto
m) m) Formular y proponer la política y las estrategias nacionales de gestión de los recursos naturales y de la diversidad biológica.
n) n) Promover la investigación científica, la innovación tecnológica y la información en materia ambiental, así como el desarrollo y uso de tecnologías, prácticas y procesos de producción, comercialización y consumo limpios.
TÍTULO III ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO
8.1 La estructura orgánica del Ministerio del Ambiente se conforma
según lo establecido por el artículo 24° de la Ley N° 29158, Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo.
Ministerio del Ambiente, así como sus funciones, se regulan por el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.
especializado para la conducción estratégica de las políticas a su cargo y para la coordinación con el Congreso de la República.
9.3 Las funciones y la estructura de la Secretaría General y de los
órganos de defensa judicial, de control institucional, de administración interna y de línea se desarrollan en el respectivo Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente.
Estratégico de los Recursos Naturales
b) Elaborar y coordinar la estrategia nacional de diversidad
biológica del Perú y su desarrollo estratégico, así como supervisar su implementación.
c) Elaborar y coordinar la estrategia nacional frente al cambio climático y las medidas de adaptación y mitigación, así como supervisar su implementación
f) Elaborar el inventario y establecer mecanismos para
valorizar, retribuir y mantener la provisión de los servicios ambientales, así como promover el financiamiento, el pago
y la supervisión de los mismos.
a) Expedir resoluciones viceministeriales, así como coordinar la elaboración y el cumplimiento de la normatividad ambiental, en el ámbito de su competencia.
b) Elaborar el Plan de Estándares de Calidad Ambiental
(ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP) respectivos, que deben contar con la opinión del sector correspondiente
y ser aprobados por decreto supremo.
c) Aprobar los lineamientos, las metodologías, los procesos y los planes para la aplicación de los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) y Límites Máximos Permisibles (LMP), que deben ser aplicados por las entidades públicas en el ámbito de sus competencias.
d) Promover y difundir tecnologías ambientales innovadoras, desarrollar capacidades y fomentar las ciencias ambientales.
e) Coordinar, fomentar y promover la educación, la cultura y la ciudadanía ambiental.
f) Diseñar, aprobar y supervisar la aplicación de los instrumentos de prevención, de control y de rehabilitación ambiental relacionados con los residuos sólidos y peligrosos, el control y reuso de los efluentes líquidos, la calidad del aire, las sustancias tóxicas y peligrosas y el saneamiento, con el objetivo de garantizar una óptima calidad ambiental.
g) Dirigir
(SINIA).
h) Coordinar, preparar y difundir los informes sobre la situación del ambiente.
i) Coordinar el manejo de los asuntos socio-ambientales con los gobiernos regionales y locales, de acuerdo con la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización y demás normas relacionadas.
j) Las demás que señala
LEY N°29325
La Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, cuyo objeto es la creación del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, estará a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, el mismo que desarrollará su gestión como ente rector del mencionado sistema.
Asimismo, se ha establecido que dicho sistema rige para toda persona natural o jurídica, pública o privada, principalmente para las entidades del Gobierno Nacional, regional y local que ejerzan funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia ambiental.
La finalidad de este sistema reside en el aseguramiento del cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen de manera independiente, imparcial, ágil y eficiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente; en la Política Nacional del Ambiente; y demás normas, políticas, planes estrategias, programas y acciones destinados a coadyuvar a la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales, al desarrollo de las actividades productivas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que contribuyan a una efectiva gestión y protección del ambiente.
Finalmente, mediante esta Ley se ha establecido que las autoridades competentes que forman parte del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental son:
a) El Ministerio del Ambiente (Minam), que como ente rector del sector ambiental desarrollará, dirigirá, supervisará y ejecutará la política nacional ambiental, y ejercerá las funciones que le asigna su ley de creación, Decreto Legislativo Nº 1013, y demás normas aplicables.
b) El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el cual es un organismo público técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuestal; además, de encontrarse adscrito al Minam, que se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, así como de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo Nº 1013 y la presente ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
c) Entidades de fiscalización ambiental nacional, regional o local, los cuales tienen facultades expresas para desarrollar funciones de fiscalización ambiental, y ejercen sus competencias con independencia funcional del OEFA. Estas entidades forman parte del Sistema Nacional de Evaluación Y fiscalización Ambiental y sujetan su actuación a las normas de la ley y otras normas en materia ambiental, así como a las disposiciones que dicte el OEFA como ente rector del referido sistema.
Artículo 1°.- Objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto crear el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, el cual está a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA como ente rector. Artículo 2°.- Ámbito de aplicación El Sistema rige para toda persona natural o jurídica, pública o privada, principalmente para las entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local que ejerzan funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia ambiental
Artículo 3°.- Finalidad El Sistema tiene por finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen de forma independiente, imparcial, ágil y eficiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en la Ley N°28611, Ley General del Ambiente, en la Política Nacional del Ambiente y demás normas, políticas, planes, estrategias, programas y acciones destinados a coadyuvar a la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales, al desarrollo de las actividades productivas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que contribuyan a una efectiva gestión y protección del ambiente.
TÍTULO II ENTIDADES COMPETENTES
Artículo 4°.- Autoridades competentes
a) Ministerio del Ambiente (MINAM).
b) El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Artículo 5°.- Ministerio del Ambiente (MINAM) El Ministerio del Ambiente (MINAM), como ente rector del Sector Ambiental, desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la Política Nacional Ambiental, y ejerce las funciones que le asigna su ley de creación, Decreto Legislativo N°1013, y demás normas aplicables.
Ambiental (OEFA) El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), es un organismo público técnico especializado, con personería
jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuestal. Se encuentra adscrito al MINAM y se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, así como de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo N°1013 y la presente Ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Artículo 7°.- Entidades de Fiscalización Ambiental Nacional, Regional o Local Las Entidades de Fiscalización Ambiental Nacional, Regional o Local son aquellas con facultades expresas para desarrollar funciones de fiscalización ambiental, y ejercen sus competencias con independencia funcional del OEFA. Estas entidades forman parte del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental y sujetan su actuación a las normas de la presente Ley y otras normas en materia ambiental, así como a las disposiciones que dicte el OEFA como ente rector del referido Sistema.
TÍTULO III ÓRGANOS Y FUNCIONES DEL OEFA
Artículo 8°.- Consejo Directivo
8.1 El Consejo Directivo es el órgano máximo del OEFA, entre sus principales funciones está definir la Política Institucional así como aprobar el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización
8.2 Está integrado por cinco (5) miembros designados mediante
resolución suprema cuya composición es la siguiente: dos (2) miembros designados a propuesta del MINAM, uno de los cuales lo presidirá y tiene voto dirimente y, tres (3) designados dentro de los elegidos mediante concurso público conforme a las reglas que establezca el Reglamento de Organización y Funciones de la entidad. La designación en el cargo tendrá un plazo de duración de cinco (5) años. 8.3 Los requisitos para ser miembro del Consejo Directivo, así como las causales de remoción de los mismos se establecerán en el Reglamento de Organización y Funciones respectivo.
Artículo 9°.- Domicilio El OEFA tiene domicilio legal y sede principal en la ciudad de Lima, pudiendo establecer oficinas desconcentradas en cualquier lugar del territorio nacional.
CAPÍTULO II DEL TRIBUNAL DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL
Artículo 10°.- Tribunal de Fiscalización Ambiental
10.1 El OEFA contará con un Tribunal de Fiscalización Ambiental (TFA) que ejerce funciones como última instancia administrativa. Lo resuelto por el Tribunal es de obligatorio
cumplimiento y constituye precedente vinculante en materia ambiental, siempre que esto se señale en la misma Resolución, en cuyo caso deberán ser publicadas de acuerdo a Ley. El TFA estará conformado por cinco (5) vocales designados mediante Resolución Suprema, por un período de cuatro años; el Presidente será designado a propuesta del MINAM y tendrá voto dirimente, los cuatro (4) restantes serán designados previo concurso público efectuado conforme a lo que establezca el Reglamento de Organización y Funciones de la entidad.
10.2 Los miembros del Tribunal no podrán simultáneamente ser miembros del Consejo Directivo del OEFA.
CAPÍTULO III FUNCIONES DEL OEFA
a) Función Evaluadora: comprende las acciones de vigilancia, monitoreo y otras similares que realiza el OEFA, según sus competencias, para asegurar el cumplimiento de las normas ambientales.
b) Función Supervisora Directa: comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación con el propósito de asegurar el cumplimiento de las normas, obligaciones e incentivos establecidos en la regulación ambiental por parte de los administrados.
c) Función Supervisora de Entidades Públicas:
comprende la facultad de realizar acciones de seguimiento y verificación del desempeño de las Entidades de Fiscalización Ambiental Nacional, Regional o Local.
d) Función Fiscalizadora y Sancionadora: comprende la facultad de investigar la comisión de posibles infracciones administrativas sancionables y de imponer sanciones por el incumplimiento de obligaciones derivadas de los instrumentos de gestión ambiental, así como de las normas ambientales y de los mandatos o disposiciones emitidas por el OEFA.
e) Función Normativa: comprende la facultad de dictar en el ámbito y en materia de sus respectivas competencias, los reglamentos, normas que regulen los procedimientos a su cargo, y otras de carácter general referidas a intereses, obligaciones o derechos de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que fiscaliza.
Artículo 12°.- Supervisión y fiscalización por terceros
Las funciones establecidas en el presente capítulo, a excepción de la normativa y la sancionadora, podrán ser
ejercidas a través de terceros en lo que corresponda. 12.2 El OEFA establecerá los criterios y procedimientos específicos para la calificación y clasificación de los terceros que podrán ejercer dichas funciones, así como los procedimientos para la contratación, designación y ejecución de las tareas de supervisión que realizarán.
12.3 El Reglamento podrá disponer la asunción de los costos de la supervisión y fiscalización por parte de los administrados.
Artículo 13°.- Inspección de actividades y/o instalaciones El OEFA, dentro del ámbito de sus funciones, establecerá el Régimen de Inspección, a través del cual los supervisados deberán presentar la documentación que acredite que sus actividades y/o instalaciones cumplen con la normatividad ambiental, y con los compromisos asumidos en sus instrumentos de gestión ambiental.
Artículo 14°.- Apoyo de la fuerza pública, de los sectores, de
14.1 EL OEFA podrá requerir el auxilio de la fuerza pública para el desempeño de sus funciones, el mismo que será prestado de inmediato bajo responsabilidad.
14.2 Las autoridades sectoriales así como los Gobiernos Regionales y Locales que en el ejercicio de sus funciones tomen conocimiento de incumplimientos ambientales, que son materia de fiscalización por parte del OEFA deberán, en el término de la distancia, poner tal situación en conocimiento de dicha dependencia. Asimismo, deberán brindar, junto con la ciudadanía en general, el apoyo y facilidades necesarias para el adecuado cumplimiento de las funciones del OEFA.
Artículo 15°.- Facultades de fiscalización El OEFA, directamente o a través de terceros, puede ejecutar las acciones necesarias para el desarrollo de sus funciones de fiscalización, para lo cual contará con las siguientes facultades:
a. Realizar fiscalizaciones sin previo aviso en aquellos establecimientos o lugares sujetos a fiscalización.
b. Hacerse acompañar en las visitas de fiscalización, por peritos y técnicos, que estime necesario para el mejor desarrollo de la función fiscalizadora.
c. Proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para:
c.1 Requerir información al sujeto fiscalizado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales.
c.2 Exigir la presencia del empresario o de sus representantes y encargados, y de cualesquiera incluidos en su ámbito de actuación, en el centro fiscalizado o en las oficinas públicas designadas por el fiscalizador actuante. c.3 Examinar en el establecimiento y lugar fiscalizado la documentación con relevancia en la verificación del cumplimiento de la legislación ambiental, tales como:
registros, programas informáticos y archivos en soporte magnético, declaraciones oficiales y cualesquiera otros relacionados con las materias sujetas a fiscalización; obtener copias y extractos de los documentos para anexarlos al expediente administrativo así como requerir la presentación de dicha documentación en las oficinas públicas que se designen al efecto. c.4 Tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados en el establecimiento, realizar mediciones, obtener fotografías, videos, grabación de imágenes, levantar croquis y planos, siempre que se notifique al sujeto fiscalizado o a su representante. d. Recabar y obtener información, datos o antecedentes con relevancia para la función fiscalizadora, guardando confidencialidad exigida por ley respecto de los mismos.
Artículo 16°.- Auxilio y colaboración
16.1 El Sector Público y cuantas personas ejerzan funciones públicas están obligados a prestar colaboración a las labores de fiscalización cuando les sea solicitada como necesaria para el ejercicio de la función fiscalizadora y a facilitar la información de que dispongan. La cesión de información, antecedentes y datos con relevancia para el ejercicio de la función fiscalizadora, incluso cuando sean objeto de tratamiento informatizado, no requerirá el consentimiento de los afectados.
16.2 Los Juzgados y Tribunales facilitan a los fiscalizadores, de oficio o a petición de los mismos, los datos con relevancia para la función fiscalizadora que se desprendan de las reclamaciones que conozcan, siempre que no resulten afectados por la reserva procesal.
TÍTULO IV POTESTAD SANCIONADORA ADMINISTRATIVA DEL OEFA
Artículo 17°.- Infracciones Las conductas sancionables administrativamente por infracciones ambientales son las previstas en la Ley N°28611, Ley General del Ambiente, y demás leyes sobre la materia.
Artículo 18°.- Responsabilidad objetiva
incumplimiento de obligaciones derivadas de los instrumentos de gestión ambiental, así como de las normas ambientales y de los mandatos o disposiciones emitidas por el OEFA.
Artículo 19°.- Clasificación de infracciones y sanciones
19.1 Las infracciones se clasifican como Leves, Graves y Muy Graves. Su determinación debe fundamentarse en la afectación a la salud, al ambiente, en su potencialidad o certeza de daño, en la extensión de sus efectos, y otros criterios que puedan ser definidos por las autoridades del Sistema.
19.2 El Ministerio del Ambiente, a propuesta del OEFA, aprobará la escala de sanciones donde se establecerá las sanciones aplicables para cada tipo de infracción, tomando como base las sanciones establecidas en el artículo 136° de la Ley General del Ambiente.
Artículo 20°.- Gastos para la obtención de medios probatorios
Si en el procedimiento sancionador o en la instrucción preliminar,
a solicitud de parte, se ofreciera la actuación de pruebas que
implica que se incurra en gastos no previstos en la instrucción, estos serán de cargo del solicitante. Dichas pruebas se actuarán
una vez que este haya realizado el respectivo depósito.
CAPÍTULO II DISPOSICIÓN DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
Artículo 21°.- Medidas cautelares
21.1 Antes de iniciarse un procedimiento sancionador o en cualquier etapa del procedimiento se podrán ordenar medidas cautelares previamente a la determinación de la responsabilidad de los administrados, cuando ello resulte necesario para prevenir un daño irreparable al ambiente,
los recursos naturales o la salud de las personas.
21.2 Las autoridades competentes podrán ordenar medidas cautelares genéricas o específica tales como:
b) Paralización o restricción de la actividad causante de la infracción.
c) Cierre temporal, parcial o total, del local o establecimiento donde se lleve a cabo la actividad que ha generado la presunta infracción.
d) Otras que sean necesarias para evitar un daño irreparable al ambiente, los recursos naturales, o la salud de las personas.
21.3 Las mismas deben ser adoptadas teniendo en consideración el Principio de Razonabilidad, y deben ser debidamente fundamentadas. La presente norma se rige bajo lo dispuesto por el artículo 146° de la Ley del Procedimiento
21.4 En cualquier etapa del procedimiento se podrá suspender, modificar o revocar la medida cautelar, de considerarse pertinente.
21.5 El incumplimiento de una medida cautelar por parte de los administrados acarrea la imposición de una multa coercitiva no menor a una (1) Unidad Impositiva Tributaria (UIT) ni mayor a cien (100) UIT. La multa coercitiva deberá ser pagada en un plazo de cinco (5) días, vencido el cual se ordenará su cobranza coactiva.
21.6 En caso de persistirse el incumplimiento se podrá imponer una nueva multa coercitiva, duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la última multa coercitiva impuesta, hasta que se cumpla con la medida ordenada.
Artículo 22°.- Medidas correctivas
22.1 Se podrán ordenar las medidas correctivas necesarias para revertir, o disminuir en lo posible, el efecto nocivo que la conducta infractora hubiera podido producir en el ambiente,
los recursos naturales y la salud de las personas.
22.2 Entre las medidas que pueden dictarse se encuentran, de manera enunciativa, las siguientes:
a) El decomiso definitivo de los objetos, instrumentos, artefactos o sustancias empleados para la comisión de la infracción.
b) La paralización o restricción de la actividad causante de la infracción.
c) El cierre temporal o definitivo, parcial o total, del local o establecimiento donde se lleve a cabo la actividad que ha generado la presunta infracción.
d) La obligación del responsable del daño a restaurar, rehabilitar o reparar la situación alterada, según sea el caso, y de no ser posible ello, la obligación a compensarla en términos ambientales y/o económica.
e) Otras que se consideren necesarias para revertir o disminuir en lo posible, el efecto nocivo que la conducta infractora hubiera podido producir en el ambiente, los recursos naturales o la salud de las personas.
f) Otras que se consideren necesarias para evitar la continuación del efecto nocivo que la conducta infractora produzca o pudiera producir en el ambiente, los recursos naturales o la salud de las personas.
22.3 Las medidas correctivas deben ser adoptadas teniendo en consideración el Principio de Razonabilidad y estar debidamente fundamentadas. La presente norma se rige bajo lo dispuesto por el artículo 146° de la Ley del Procedimiento Administrativo General en lo que resulte aplicable.
22.4 El incumplimiento de una medida correctiva por parte de los administrados acarrea la imposición automática de una multa coercitiva no menor a una (1) UIT ni mayor a cien (100) UIT. La multa coercitiva deberá ser pagada en un plazo de cinco (5) días, vencido el cual se ordenará su cobranza coactiva.
22.5 En caso de persistirse el incumplimiento se impondrá una nueva multa coercitiva, duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la última multa coercitiva impuesta, hasta que se cumpla con la medida ordenada.
reparación, compensación y de recuperación del Patrimonio Natural de la Nación
23°.-
23.1 Sin perjuicio de imponer cualquiera de las sanciones establecidas, la autoridad competente puede además obligar a la persona natural o jurídica responsable del daño
a restaurar, rehabilitar o reparar la situación alterada, según sea el caso, o a compensarla en términos ambientales cuando lo anterior no fuera posible, de conformidad con el
artículo IX de la Ley N°28611, Ley General del Ambiente. 23.2 También puede la autoridad competente recuperar, retener o decomisar bienes, o productos derivados de los mismos, que se hayan originado como consecuencia de la extracción
o aprovechamiento ilegal de los recursos naturales, en tanto
constituyen Patrimonio Natural de la Nación de conformidad con la Constitución Política. A tal efecto, se emitirá la norma administrativa específica para la aplicación de esta
CAPÍTULO III INSTANCIAS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
Artículo 24°.- Instancias El procedimiento administrativo sancionador estará conformado por dos (02) instancias administrativas, siendo que los recursos de apelación interpuestos contra resoluciones de sanción impuestas por el órgano de primera instancia, serán tramitados ante el TFA del OEFA, quien los resolverá en última instancia administrativa.
TÍTULO V RÉGIMEN LABORAL
Artículo 25°.- Régimen laboral
El personal del actividad privada.
OEFA está sujeto al régimen laboral de la
Artículo 26°.- Política de personal La política del personal del OEFA y sus remuneraciones serán
aprobadas por decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y por el Ministro del Ambiente.
Artículo 27°.- Recursos Constituyen recursos del OEFA:
a) Los montos que se le asignen conforme a la Ley Anual de Presupuesto.
b) Las asignaciones, donaciones, legados, transferencias u otros aportes por cualquier título provenientes de personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras, incluyendo las que provengan de la cooperación internacional.
c) Los montos por concepto de multas que en el ejercicio de sus funciones imponga el OEFA.
d) Los recursos propios que genere.
e) Los demás establecidos por ley expresa.
Artículo 28°.- Patrimonio Constituye Patrimonio del OEFA los bienes muebles, inmuebles y los que adquiera por cualquier título, donaciones diversas y/o adquisiciones; a nivel de Lima-Callao, así como en el ámbito nacional.
PRIMERA.- Mediante Decreto Supremo refrendado por los Sectores involucrados, se establecerán las entidades cuyas funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental serán asumidas por el OEFA, así como el cronograma para la transferencia del respectivo acervo documentario, personal, bienes y recursos, de cada una de las entidades. Las entidades sectoriales que se encuentren realizando funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental, en un plazo de treinta (30) días útiles, contado a partir de la entrada en vigencia del respectivo Decreto Supremo, deben individualizar el acervo documentario, personal, bienes y recursos que serán transferidos al OEFA, poniéndolo en conocimiento y disposición de éste para su análisis acordar conjuntamente los aspectos objeto de la transferencia. Dentro de los treinta (30) días posteriores de haberse acordado todos los aspectos objeto de la transferencia con cada entidad, el Consejo Directivo del OEFA emitirá la respectiva Resolución que apruebe las mismas y determine la fecha en que el OEFA asumirá las funciones transferidas.
SEGUNDA.- Las entidades que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21° de la Ley N° 28245, Ley del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, hayan impuesto multas y hecho efectivo el cobro de las mismas por infracciones a normas ambientales,
deberán transferir al MINAM lo recaudado dentro del plazo de sesenta (60) días útiles de la entrada en vigencia de la presente Ley. Los depósitos que se realicen, con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ley, por el pago de las citadas multas deberán ser transferidos al MINAM dentro de los treinta (30) días útiles de efectuados los mismos. El MINAM depositará los recursos a los que se refiere este artículo en un fideicomiso que será constituido mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio del Ambiente, y establecerá el procedimiento de administración de los mismos. Lo señalado en la presente disposición no resulta aplicable a las multas impuestas por el OEFA, las cuales se regirán por lo establecido en el literal c) del artículo 27°de la presente Ley. TERCERA.- Facúltase al Ministerio de Economía y Finanzas para que mediante Decreto Supremo apruebe las transferencias financieras que resulten necesarias realizar de acuerdo con las disposiciones contenidas en la presente Ley, así como las transferencias de partidas que eventualmente deban realizarse, exonerándosele expresamente y para tales efectos de lo establecido en la Ley N°28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, y demás normas que regulan la materia presupuestaria.
CUARTA.- Las entidades que a la entrada en vigencia de la presente Ley exigen la presentación de instrumentos ambientales en procedimientos de evaluación previa para otorgar derechos, autorizaciones, licencias o similares, deberán continuar exigiendo la presentación de los mismos y supervisando que su contenido este acorde con la normativa ambiental vigente.
QUINTA.- Autorízase al OEFA a realizar la contratación de personal mediante Concurso Público; asimismo, se autoriza al OEFA la adquisición de la infraestructura necesaria para lograr su adecuada implementación y funcionamiento; en tal sentido, exceptúase al OEFA de las disposiciones sobre austeridad dispuestas por las Leyes Anuales de Presupuesto.
SEXTA.- El OEFA efectuará la cobranza coactiva de sus acreencias, de conformidad con la legislación en la materia. Para estos efectos el OEFA podrá suscribir convenios con el Banco de la Nación u otra institución del Estado, a fin que esta se encargue de la cobranza coactiva de sus acreencias.
SÉTIMA.- El OEFA, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, aprobará el Reglamento del Régimen Común de Fiscalización y Control Ambiental, así como el Régimen de Incentivos, previa opinión favorable del MINAM, los mismos que serán de cumplimiento obligatorio para todas las entidades que cuenten con competencia en fiscalización ambiental. OCTAVA.- El OEFA, mediante resolución de su Consejo Directivo, aprobará los reglamentos que regulen las funciones de supervisión directa, fiscalización y sanción en materia ambiental
que se encuentren dentro de sus competencias.
PRIMERA.- En tanto no se haga efectiva la transferencia de las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción en materia ambiental de las entidades a que hace referencia la Primera Disposición Complementaria Final de esta Ley, las entidades que a la fecha vienen ejerciendo dichas funciones continuarán realizándolas conforme a sus propias normas y reglamentos. SEGUNDA.- Autorízase al OEFA a adecuar sus instrumentos de gestión a lo dispuesto en la presente Ley.
PRIMERA.- La referencia al MINAM contenida en el literal f) del artículo 17° del Decreto Legislativo N° 1078, sobre las funciones relativas a la segunda instancia administrativa, deberá entenderse como efectuada al OEFA. SEGUNDA.- La referencia al MINAM contenida en el ítem 1 del numeral 49.1 del artículo 49° de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos, modificada por el Decreto Legislativo N° 1065, en relación al ejercicio de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia de residuos sólidos, deberá entenderse como efectuada al OEFA. TERCERA.- La funciones otorgadas al MINAM en el literal b) del numeral 6.1 del artículo 6° así como la función sancionadora establecida en el literal k) del artículo 7°del Decreto Legislativo N° 1013, deberán entenderse como otorgadas al OEFA.
ÚNICA.- Deróguese toda disposición legal que se oponga a lo establecido en la presente Ley.
REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL ORGANISMO DE EVALUACION Y FlSCALlZAClÓN AMBIENTAL –OEFA
El OEFA es como un organismo público responsable de:
Dirigir y supervisar la aplicación del régimen común de fiscalización y control ambiental y el régimen de incentivos previstos en la Ley No 28611, Ley General del Ambiente, así como fiscalizar y controlar directamente el cumplimiento de aquellas actividades que le correspondan por Ley.
Ejercer la potestad sancionadora en el ámbito de sus competencias, aplicando las sanciones de amonestación, multa, comiso, inmovilización, clausura o suspensión, por las infracciones que sean determinadas y de acuerdo al procedimiento que se apruebe para tal efecto, ejerciendo su potestad de ejecución coactiva, en los casos que corresponda.
Elaborar y aprobar el plan anual de fiscalización ambiental, así como elaborar elinforme de resultados de aplicación del mismo.
Supervisar que las entidades competentes cumplan con las funciones de fiscalización establecidas por la legislación vigente.
Emitir opinión técnica sobre los casos de infracción ambiental que pueden dar lugar a la acción penal por la comisión de los delitos tipificados en la legislación pertinente.
En este sentido, para cumplir con sus objetivos, el OEFA desarrolla tres 103) grandes procesos:
Evaluación, la misma que consiste en la vigilancia y monitoreo d la calidad ambiental con
el fin de generar la información que permita orientar la adopción de medidas que aseguren
el cumplimiento de los objetivos de la y normativa ambiental 2) Supervisión, tanto de las personas naturales o jurídicas de derecho privado (supervisión directa) como de entidades públicas.
Coordinación del proceso de fiscalización, sanción y aplicación de incentivos.
La estructura orgánica propuesta para el OEFA, cuenta con órganos de asesoramiento y apoyo, tal y como lo dispone la Ley Orgánica del Poder 29158 y los Lineamientos para la elaboración y aprobación del ROF. El OEFA se constituye en el brazo ejecutor del MlNAM en lo relativo a las funciones descritas en esta exposición de motivos, por lo que no duplica funciones con respecto a dicho ente rector.
Asimismo, es preciso indicar que con la aprobación de la propuesta normativa se da cumplimiento a obligaciones asumidas por el gobierno peruano en el marco De Acuerdo de Promoción Comercial Perú -Estados Unidos, en el cual se exige predictibilidad , estabilidad y homogeneidad en los procedimientos así como certeza jurídica en la administración de las sanciones en materia ambiental.
Artículo 1º.- Objeto El presente Reglamento establece la estructura orgánica y las funciones de unidades orgánicas del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental como las relaciones de coordinación, fiscalización y control entre el citado demás entidades del Estado.
Artículo 2º.-Ámbito de aplicación El OEFA tiene competencia a nivel nacional sobre todas las entidades de la A Pública con competencias ambientales que ejercen funciones de fiscalización y sanción en materia ambiental, así como sobre pública o mixta que se encuentre bajo su ámbito de competencia.
Artículo 3º.-Base Legal Las principales normas sustantivas que establecen las funciones del O FA son las fuentes:
2. Decreto Legislativo No 1013, Decreto Legislativo que aprueba Organización y Funciones del Ministerio del Ambiente, modificado Legislativo No 1039.
3. Ley No 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación del modificada mediante Decreto Legislativo No 1078.
4. Ley No 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control General de la República. Decreto Legislativo No 994, Decreto Legislativo que promueve la inversión privada en proyectos de irrigación para la ampliación de la frontera agrícola.
5. Decreto Legislativo No 1085, Ley que crea el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre.
6. Decreto Legislativo 1090, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.
7. Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos modificada por el Decreto Legislativo No 1065.
8. Decreto Legislativo No 1081, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Recursos Hidricos, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 021-2008-AG.
Artículo 4º.-Naturaleza Jurídica
El OEFA es un Organismo Público Técnico Especializado, constituyéndose en pliego presupuestal, adscrito al Ministerio del Ambiente, y cuenta con personeria juridica de derecho público interno.
Artículo 5º.- Competencia del OEFA El OEFA es la entidad encargada de dirigir y supervisar la aplicación del régimen común de fiscalización y control ambiental, así como del régimen de incentivos previstos en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente; asimismo, está encargada de supervisar y fiscalizar directamente el cumplimiento de las actividades bajo su competencia. Cuenta con autoridad técnico-normativa a nivel nacional.
El funcionamiento del OEFA se enmarca en la Ley Nº 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, y ejerce la aplicación de regímenes de sanciones por infracciones a normas ambientales, así como incorpora el uso de instrumentos de gestión orientados a incentivar prácticas ambientalmente adecuadas.
Artículo 6º.- Funciones Generales El OEFA tiene las siguientes funciones generales:
a) Dirigir y supervisar la aplicación del Régimen Común de Fiscalización y Control Ambiental previsto en la Ley General del Ambiente.
b) Dirigir y supervisar el Régimen de Incentivos previsto la Ley General del Ambiente.
c) Ejercer directamente y por delegación las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización y sanción por el incumplimiento de normas ambientales que corresponden al Sector Ambiente.
d) Realizar el seguimiento y supervisión de la implementación de medidas establecidas en la evaluación ambiental estratégica.
e) Supervisar que en las entidades con competencia en fiscalización ambiental cumplan con las funciones de fiscalización establecidas por la legislación vigente.
f) Elaborar y Aprobar el Plan Anual de Fiscalización y Supervisión Ambiental así como los Informes de Resultados respectivos.
g) Emitir opinión técnica sobre los casos de infracción ambiental que puedan dar lugar a la acción penal por la comisión de delitos tipificados en la legislación pertinente.
h) Proponer mejoras a la normatividad ambiental, dentro del ámbito de su competencia.
i) Ejercer las demás atribuciones que señala la normatividad sobre la materia.
CAPITULO III DE LA ESTRUCTURA ORGANICA
Articulo 7º.-Estructura Orgánica La Estructura Orgánica del OEFA es la siguiente:
a) ALTA DIRECCION
- Presidencia del Consejo Directivo
- Oficina de Administración Oficina de Estudios Económicos.
- Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano
- Dirección de Evaluación
- Dirección de Supervisión
- Dirección de Fiscalización, Sanción de lncentivos
TITULO II DE LA ALTA DlRECClON
Articulo 8º.-Consejo Directivo El Consejo Directivo es el máximo órgano del OEFA. Está integrado por cinco (' ) miembros, v uno de los cuales lo presidirá. Son designados mediante Resolución Suprema a propuesta del MINAM.
a) Definir la Política Institucional.
b) Aprobar el Plan Anual de Fiscalización y Supervisión Ambiental.
c) Aprobar el Plan Estratégico Institucional.
d) Aprobar la Memoria Anual, el Balance y los Estados Financieros de la Institución.
e) Aprobar el Proyecto de Presupuesto lnstitucional y proponerlo al MINAM.
f) Adoptar acuerdos referidos a los asuntos del OEFA que se sometan a su consideración, dentro del ámbito de sus competencia.
g) Aprobar el reglamento interno de funcionamiento del Consejo Directivo entro de los límites que señala la Ley y el presente Reglamento de Organización y Funciones.
h) Supervisar, a través del Presidente Ejecutivo, la correcta ejecución técnica, administrativa, presupuesta y financiera de la institución.
i) Aprobar la política de capacitación del OEFA.
j) Proponer al Ministerio del Ambiente la Política de Incentivos Ambiente les a que se refiere la Ley General del Ambiente.
k) Proponer al Ministerio del Ambiente las mejoras a la normatividad ambiental, dentro del ámbito de su competencia.
l) Resolver en segunda y última instancia administrativa, los recursos de apelación interpuestos contra las resoluciones o actos administrativos impugna les emitidos por los órganos de línea.
m) Ejercer las demás atribuciones que correspondan de acuerdo a Ley.
Artículo 9º.-Presidencia del Consejo Directivo El Presidente del Consejo Directivo es el titular del OEFA y constituye la máxima ejecutiva de la entidad. Conduce el funcionamiento institucional y representa a ante las entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras.
El Presidente del Consejo Directivo cumple las siguientes funciones:
a) Ejercer la titularidad del Pliego Presupuestal;
b) Definir la agenda, convocar y presidir las sesiones del Consejo Directivo
c) Aprobar los indicadores de desempeño de la institución;
d) Designar y remover al Secretario General, funcionarios y asesores de la entidad;
e) Ejercer la representación legal y administrativa del OEFA frente a terceros ;
f) Celebrar actos y convenios con entidades públicas y privadas nacionales o extranjeras;
g) Otorgar poderes especiales;
h) Aprobar los viajes de los funcionarios del OEFA, conforme a la normatividad vigente;
i) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones y Adquisiciones;
j) Aprobar, a propuesta del Secretario General, las políticas de
recursos humanos y finanzas de la Institución;
k) Aprobar, a propuesta del Secretario General, el Manual de Organizaciones y Funciones y el Clasificador de Cargos de la Entidad;
l) Supervisar la correcta ejecución de los acuerdos del Consejo Directivo.
m) Informar al Consejo Directivo sobre la ejecución técnica, administrativa, presupuestal y financiera de la institución;
n) Aprobar el Plan Operativo lnstitucional del OEFA a propuesta del Secretario General;
o) Aprobar las exoneraciones de los procesos de selección con sujecióna lo dispuesto en las normas de Contrataciones y Adquisiciones del Estado;
p) Emitir Resoluciones en el ámbito de su competencia,
q) Aprobar la adquisición, enajenación o acuerdo de bienes del OEFA, de acuerdo a la normatividad vigente.
r) Aceptar asignaciones, donaciones, legados o transferencias por cualquier título hacia el OEFA.
s) Delegar una o más de sus funciones en otros funcionarios del OEFA, siempre que no sean privativas del cargo de titular de la entidad, de acuerdo a Ley; y,
t) Ejercer las demás funciones que correspondan de acuerdo a Ley.
Artículo 10º.- Secretaria General La Secretaría General ejecuta los encargos y decisiones del Presidente del Consejo Directivo. El Secretario General es la máxima autoridad administrativa de la institución.
El Secretario General también es el Secretario del Consejo Directivo, asiste a las sesiones del Consejo Directivo con voz pero sin voto.
a) b) Coordinar con los Órganos de la entidad la ejecución de sus actividad S, así como conducir y supervisar el funcionamiento de los sistemas a SU cargo y el de los órganos de apoyo administrativo y de asesoramiento legal del OEFA.
c) Dirigir los procesos de análisis y diseño del desarrollo organizacional, procedimientos y utilización de los recursos; así como de la formulación de los documentos de gestión organizacional y directivas técnicas.
d) Expedir resoluciones secretariales en materias de su competencia o en aquéllas que le hayan sido delegadas.
e) Someter a consideración del Presidente del Consejo Directivo los planes, programas y documentos que requieran su aprobación.
f) Asesorar a la Alta Dirección en las materias de su competencia.
g) Coordinar las acciones vinculadas a comunicación social, prensa, imagen, protocolo y relaciones públicas.
h) Expedir directivas sobre asuntos administrativos del OEFA
Dirigir y supervisar la marcha administrativa del OEFA.
para el adecuado funcionamiento de las unidades orgánicas que se encuentran bajo su supervisión.
i) Administrar el registro, publicación y archivo de la dispositivos legales que emanen del OEFA.
j) Centralizar, coordinar y procesar el flujo documentario del OEFA.
k) Mantener el registro de las directivas internas vigentes.
l) Supervisar la actualización permanente del Portal de Transparencia del OEFA
m) Coordinar con el sector público y privado los temas de su competencia.
n) Coordinar las acciones de seguridad, defensa nacional y defensa civil en la institución de acuerdo a las normas emitidas sobre la materia.
o) Ejercer las demás funciones que le encomiende la Alta Dirección en el ámbito de su competencia.
TITULO III ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Articulo 12º.-Órgano de Control lnstitucional
El Órgano de Control lnstitucional está encargado de ejecutar el control gubernamental interno posterior, en cumplimiento de planes y programas anuales el control gubernamental externo, por encargo de la Contraloría General de la República, en adelante la Contraloría General, de conformidad con lo establecido por la Ley No 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y demás disposiciones legales vigentes. Depende funcional y administrativamente de la Contraloría General.
Artículo 13º.- Funciones del Órgano de Control lnstitucional
El Órgano de Control Institucional, en siguientes funciones:
adelante OCI, tiene las
a) Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones del OEFA sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control a que se refiere el artículo 7º de la Ley Nº 27785, así como el control externo a que se refiere el artículo 8º de la referida ley, por encargo de la Contraloría General.
b) Efectuar auditorias a los estados financieros y presupuestarios del OEFA, así como a la gestión de la misma, de conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría General.
c) Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones del OEFA que disponga la Contraloría General. Cuando estas labores de control sean requeridas por el Presidente del Consejo Directivo y tengan el carácter de no programadas, su
ejecución se efectuará de conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría General.
d) Ejercer el control preventivo en el OEFA dentro del marco de lo establecido en las disposiciones emitidas por la Contraloría General, con el propósito de contribuir a la mejora de la gestión, sin que ello comprometa el ejercicio del control.
e) Remitir los Informes resultantes de sus labores de control tanto
a la Contraloría General como al Titular del OEFA y del Sector Ambiente, cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia.
f) Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones del OEFA se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de incumplimiento, informando al Titular del OEFA para que se adopten las medidas correctivas pertinentes.
g) Recibir y atender las denuncias que formulen los servidores, funcionarios públicos y ciudadanía en general, sobre actos y
operaciones del OEFA, otorgándole el trámite que corresponda
a su mérito, conforme a las disposiciones emitidas sobre la materia.
i) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implemente el OEFA como resultado de las labores de control, comprobando y calificando su materialización efectiva, conforme a las disposiciones de la materia.
j) Apoyar a las Comisiones que designe la Contraloria General para la ejecución de las labores de control en el ámbito del OEFA. Asimismo, el Jefe del OCI y el personal de ésta colaborarán, por disposición de la Contraloría General, en otras labores de control, por razones operativas o de especialidad.
k) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y formativas internas aplicables al OEFA por parte de las unidades orgánicas y personal de ésta.
o) Cautelar que cualquier modificación del Cuadro para Asignación de Personal así como de la parte correspondiente
del Reglamento de Organización y Funciones, relativos al OCI
se realice de conformidad con las disposiciones de la materia.
p) Promover la capacitación permanente del personal que el OCI, incluida la Jefatura, a través de la Escuela Nacional de Control
de la Contraloría General o de cualquier otra Institución
universitaria o de nivel superior con reconocimiento oficial en temas vinculados con el control gubernamental, la Administración Pública y aquellas materias afines a la gestión de las organizaciones.
q) Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría General durante diez (10) años los informes de control, papeles de trabajo, denuncias recibidas y los
documentos relativos a la actividad funcional del OCI, luego de
los cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigentes
para el sector público. El Jefe del OCI adoptará las medidas pertinentes para la cautela y custodia del acervo documental.
r) Cautelar que el personal del OCI dé cumplimiento a las normas
y principios que rigen la conducta, impedimentos,
incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios y servidores públicos, de acuerdo a las disposiciones de la
ORGANOS DE ADMlNlSTRAClÓN INTERNA
Artículo 14º.- Oficina de Asesoría Jurídica La Oficina de Asesoría Jurídica es el órgano responsable de asesorar y emitir opinión sobre los asuntos de carácter jurídico del OEFA que le sean consultados por las diferentes áreas de la institución; depende jerárquica y funcionalmente de la Secretaría General.
Artículo 15º.-Funciones de la Oficina de Asesoría Jurídica La Oficina de Asesoría Juridica tiene las siguientes funciones:
a) Asesorar y absolver las consultas que en materia jurídica se le formulen.
b) Evaluar los expedientes administrativos y proyectos de resolución
c) Evaluar, formular y proponer disposiciones legales o reglamentarias, sobre materias vinculadas a la entidad, cuando
se lo encomiende la Alta Dirección.
d) Emitir pronunciamiento legal respecto de las discrepancias producidas entro de un órgano o entre órganos del Ministerio, cuando así lo requiera la Alta Dirección.
e) Compendiar y sistematizar la normatividad ambiental. Las demás funciones que le asigne la Alta Dirección en el ámbito de su competencia.
f) Las demás funciones que le asigne la Alta Dirección en el ámbito
Artículo 16º.-Oficina de Planificación y Presupuesto La Oficina de Planificación y Presupuesto es el Órgano encargado de conducir os procesos de programación, planificación de inversiones, presupuesto y cooperación técn'ca; coordina la cooperación técnica internacional conforme a la normativa vigente; depende jerárquica y funcionalmente de la Secretaria General.
17º,-
a) Proponer a la Secretaria General la aprobación del Plan Estratégico ~nsditucionay el Plan Operativo Institucional del OEFA.
c) Diseñar e implementar el Sistema de Monitoreo y Evaluación planes, programas y proyectos del OEFA.
d) Ejercer
e) Conducir la política de desarrollo correspondientes instrumentos de diseño organizacional y de utilización de los organizacional y demás directivas técnicas.
f) Conducir el sistema de presupuesto en la entidad y realizar la p ogramación, formulación, seguimiento y evaluación del presupuesto institucional de lacuerdo a la normativa vigente.
g) Elaborar el Balance General y la Memoria Anual Institucional.
Las demás funciones que le asigne la Secretaría
CAPITULO II ORGANOS DE APOYO
Artículo 18º .- Oficina de Administración
Oficina de Administración es el órgano responsable de la oportuna
adeduada gestión de los recursos humanos, financieros y
materiales asignados a la instituc(ón; depende jerárquica y funcionalmente de la Secretaría General.
Artículo 19º.- Funciones de la Oficina de Administración
a) Programar, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar el cumplimiento de Ias actividades relacionadas con los sistemas de recursos humanos, contabilidad tesorería y logística en concordancia con las normas técnicas y legales vigentes.
b) Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de a entidad.
c) Cautelar los bienes patrimoniales, manteniendo el inventario físico actualizado y valorizado de bienes y activos.
d) Elaborar los estados financieros.
e) Ejecutar y supervisar los recursos económicos y financieros de la entidad.
f) Efectuar la ejecución presupuestal de acuerdo a la normatividad vigente
g) Otras funciones que le asigne la Secretaria General.
Artículo 20.- Oficina de Estudios Económicos
La Oficina de Estudios Económicos está encargada de la evaluación
actividades bajo el ámbito de competencia del OEFA, y de los procesos de supervisión y fiscalización de las mismas.
Artículo 21º- Funciones de la Oficina de Estudios Económicos La Oficina de Estudios Económicos tiene las siguientes funciones:
fiscalización realizada por la institución.
aplicable para establecer los montos de las multas a imponerse.
c) Elaborar y mantener actualizada, en coordinación con los órganos de Iínea, la Escala de Multas y Sanciones del OEFA, así como los criterios específicos de imposición.
d) Asesorar a los órganos de línea en el cálculo de las multas y otros instrumentos económicos de acuerdo con sus competencias.
e) Participar en el análisis económico requerido en las evaluaciones ambientales,
f) Las demás funciones que le asigne la Secretaría General.
Articulo 22º.- Oficina de Tecnologías de la Información La Oficina de Tecnologías de la Información está encargada de desarrollar y mantener los sistemas de información y sistemas de información georeferenciado, así como dar soporte a los sistemas informáticos del OEFA, garantizando su seguridad y confiabilidad
Artículo 23º.- Funciones de la Oficina de Tecnologías de la Información La Oficina de Tecnologías de la Información tiene las siguientes funciones:
a) Asesorar a la Alta Dirección, a los órganos de línea y demás dependencias del OEFA, en el desarrollo de los sistemas de información y la implementación de sistemas informáticos orientados a mejorar la productividad de los procesos.
b) Evaluar permanentemente que los sistemas informáticos sean los más adecuados y proponer las mejoras necesarias para lograr su optimización.
c) Planificar, implementar y mantener las bases de datos de los sistemas informáticos gerenciales, técnicos y administrativos.
d) Administrar el soporte informática.
e) Planificar, implementar y mantener el hardware y software de la institución así como procurar su seguridad y confiabilidad.
f) Evaluar los términos de los contratos de mantenimiento de los sistemas informáticos a implementarse y supervisar la ejecución de los mismos.
g) Supervisar la operación y mantenimiento de la red de comunicaciones.
h) Dar soporte al portal institucional.
i) Las demás funciones que le asigne la Secretaría General.
Ciudadano La Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano es el órgano responsable de desarrollar actividades de difusión de la labor del OEFA a través de los medios de comunicación social; tiene a su cargo la imagen institucional, el administrar el portal institucional, el protocolo y las relaciones públicas institucionales, así como del material de comunicación; asimismo, está encargada de brindar atención y orientación al ciudadano respecto de las materias que se encuentran bajo el ámbito de evaluación, supervisión y fiscalización del OEFA.
Articulo 25º.- Funciones de la Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano
La Oficina de Comunicaciones y Atención al Ciudadano tiene las siguientes funciones:
a) Llevar adelante y coordinar las acciones vinculadas a comunicación social, publicaciones, prensa, imagen, protocolo y relaciones públicas.
b) Disponer la actualización permanente del Portal Transparencia del OEFA.
c) Centralizar, procesar y difundir las comunicaciones a los medios de social de acuerdo a la política institucional.
d) Proponer la realización de actividades para la difusión de los objetivos, funciones y logros institucionales.
e) Conducir las actividades de orientación y difusión en los centros de atención y orientación al ciudadano.
f) Formular el Plan de Comunicaciones de acuerdo a Ley.
g) Las demás funciones que le asigne la Secretaría General.
ORGANOS DE LlNEA
DlRECClON DE EVALUACION
Artículo 26º.- Dirección de Evaluación La Dirección de Evaluación está encargada de la vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental.
Artículo 27º.- Funciones de la Dirección de Evaluación La Dirección de Evaluación tiene las siguientes funciones:
a) Realizar las acciones de vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental.
b) Elaborar coordinadamente con los demás órganos de línea del OEFA ejecutar el Plan Anual de Fiscalización y Supervisión Ambiental, en lo que le corres donde.
c) Elaborar y proponer normas para el mejor cumplimiento de sus funciones así como para mejorar el funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental.
d) Proponer otros instrumentos de orden económico o financiero para la optimización de la gestión ambiental.
e) Absolver consultas y emitir opinión técnica en el ámbito de su competen ia.
f) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
DIRECCION DE SUPERVISIÓN
Artículo 28º.- Dirección de Supervisión La Dirección de Supervisión está encargada de dirigir, coordinar y ejecutar el proceso de seguimiento y verificación del cumplimiento por parte de las personas naturales o jurídicas de derecho privado y entidades públicas, de las normas y obligaciones establecidas en la regulación ambiental que sean de su competencia, así como de dirigir, coordinar y controlar el proceso de seguimiento y verificación del cumplimiento por parte de las entidades públicas con competencias de supervisión o fiscalización ambiental, respecto al Régimen Común de Fiscalización y Control Ambiental y el Régimen de Incentivos.
Articulo 29.-Funciones de la Dirección de Supervisión La Dirección de Supervisión tiene las siguientes funciones:
a) Realizar las acciones de supervisión directa que corresponde al seguimiento y verificación, dentro de sus competencias, del cumplimiento de la ambiental.
b) Supervisar y evaluar a las entidades que ejercen funciones de supervisión y fiscalización ambiental acorde con el Régimen Común de Fiscalización y Control Ambiental, en el Régimen Común de lncentivos y en sus normas complementarias.
c) Desarrollar acciones relativas a la supervisión del establecimiento y aplicación de incentivos.
d) Elaborar coordinadamente con los demás órganos de línea del OEFA Plan Anual de Fiscalización y Supervisión Ambiental, en lo que le corres
e) Elaborar y proponer normas para el mejor cumplimiento de sus para mejorar el funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental.
f) Poner en conocimiento de la Dirección de Fiscalización, Sanción e Incentivos la comisión de las infracciones administrativas sancionables de las que tenga conocimiento, así como la ocurrencia de hechos u acciones que jameriten la aplicación de incentivos.
g) Promover la coordinación entre las entidades que ejercen funciones de upervisión y fiscalización ambiental.
h) Promover el fortalecimiento de las entidades que ejercen funciones de supervisión y fiscalización ambiental.
i) Absolver consultas y emitir opinión técnica en el ámbito de su competencia.
j) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
DlRECClÓN DE FISCALIZACIÓN, SANCIÓN Y APLICACIÓN DE INCENTIVOS
Artículo 30.- Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos La Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de incentivos coordinar el proceso de fiscalización, sanción e incentivos que resulten de su competencia.
Articulo 31º .- Funciones Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos
La Dirección de Fiscalización, Sanción y Aplicación de Incentivos tiene las siguientes funciones:
a) Elaborar coordinadamente con los demás órganos de línea del OEFA y ejecutar el Plan Anual de Fiscalización y Supervisión Ambiental, en lo que le corresponde.
competencia, a
administrativas sancionables.
c) Disponer la aplicación de sanciones cuando se acredite que en las actividades bajo su competencia se ha incurrido en una infracción administrativa sancionable.
d) Disponer las medidas administrativas a que haya lugar conforme al ordenamiento jurídico.
e) Coordinar la ejecución coactiva de las resoluciones emitidas en el arco de sus funciones.
f) Disponer, en el ámbito de su competencia, el otorgamiento de incentivos cuando corresponda.
g) Elaborar y proponer normas para el mejor cumplimiento de sus funciones así como para mejorar el funcionamiento del Sistema de Gestión Ambiental.
h) Absolver consultas y emitir opinión técnica en el ámbito de su competen.
i) Diseñar
j) Elaborar, a solicitud del Ministerio Público, la opinión técnica sobrd, casos que puedan constituir delitos ambientales.
k) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
DlSPOSlClON COMPLEMENTARIA FINAL
UNICA.-Régimen laboral El régimen laboral del personal del OEFA se establece de acuerdo al Decreto 1013, en tanto se elabora y aprueba la nueva Ley General del Empleo Público.
LEY 28804 LEY QUE REGULA LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA AMBIENTAL
La Ley que regula la Declaratoria de Emergencia Ambiental establece, entre otros aspectos, la elaboración de Planes de Manejo Ambiental con la participación de los gobiernos regionales y locales con la finalidad de garantizar el manejo sustentable de zonas afectadas por una emergencia ambiental, así como los trabajos de recuperación y remediación respectivos.
La norma también indica que los Planes de Manejo Ambiental se realizarán en coordinación con el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM), a través de las Comisiones Ambientales Regionales.
Asimismo, se señala que a fin de garantizar el manejo sustentable de las zonas afectadas por contaminación y preservar los correspondientes trabajos de la recuperación y remediación, los responsables del daño deberán participar económica y técnicamente.
Se considera a la emergencia ambiental como la situación en la cual la gravedad de los efectos de la contaminación en la salud y la vida de las personas o en su entorno ambiental requiere la acción inmediata sectorial a nivel local, regional o nacional.
Finalmente, la norma en mención precisa que en un plazo de 180 días contados a partir de su vigencia, el CONAM aprobará un listado de las zonas del país identificadas como histórica y altamente contaminadas, además de un cronograma para la implementación de planes y proyectos de descontaminación en estas zonas.
Artículo 1.- Del objeto de la Ley La presente Ley tiene por objeto regular, conforme a lo dispuesto en la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, el procedimiento para declarar en Emergencia Ambiental una determinada área geográfica en caso de ocurrencia de algún daño ambiental súbito y significativo ocasionado por causas naturales, humanas o tecnológicas que deteriore el ambiente, ocasionando un problema de salud pública como consecuencia de la contaminación del aire, el agua o el suelo; que amerite la acción inmediata sectorial a nivel local o regional.
Artículo 2.- De la Declaratoria de Emergencia Ambiental
2.1 El Consejo Nacional del Ambiente, de oficio o a pedido de parte, es la autoridad competente que declara la emergencia ambiental, en coordinación con el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI, el Ministerio de Salud, el Gobierno Regional que corresponda u otras entidades que tienen competencia ambiental.
2.2 La declaración de una emergencia ambiental es independiente de las acciones y responsabilidades civiles, penales o administrativas a que haya lugar, por las infracciones de quienes hayan generado la emergencia.
2.3 La resolución que declara la emergencia contiene un Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo, fijado por el Reglamento de la presente Ley, que señala el ámbito territorial, las medidas de seguridad y técnico sanitarias a adoptar, bajo responsabilidad, con el fin de evitar daños a la salud y al ambiente, el plazo de duración de la emergencia y las medidas mínimas de control necesarias.
Artículo 3.- De los criterios para la Declaratoria de Emergencia Ambiental El Consejo Nacional del Ambiente, en coordinación con el Ministerio de Salud, aprueba los indicadores necesarios para efectos de la declaración en emergencia ambiental, teniendo en cuenta, los siguientes criterios:
Artículo 4.- De los responsables y las funciones Los gobiernos regionales, en coordinación con el Consejo Nacional del Ambiente - CONAM, a través de las Comisiones Ambientales Regionales - CAR y los gobiernos locales de las áreas afectadas,
están encargados de diseñar y ejecutar las políticas y estrategias necesarias para enfrentar la emergencia ambiental, con la participación económica y técnica del agente contaminante, a cuyo fin efectúan, prioritariamente, las siguientes acciones:
a) Ejecutar el Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo a que se refiere el tercer párrafo del artículo 2 de la presente Ley.
b) Coordinar acciones para la atención médica de los pobladores afectados por la contaminación ambiental en la zona. Para tal efecto, previamente, coordinará la instalación de la infraestructura así como la ubicación del personal profesional y técnico necesario para el tratamiento de los afectados por contaminación ambiental.
c) Coordinar acciones de protección y/o aislamiento de la zona afectada por la emergencia ambiental, a fin de prevenir la dispersión de las sustancias contaminantes a otras zonas y disminuir la exposición.
d) Coordinar las acciones para reducir y/o eliminar las emisiones o vertimientos de sustancias contaminantes relacionadas con la emergencia ambiental.
e) Coordinar las medidas de limpieza necesarias para la recuperación de la calidad ambiental y de los recursos naturales en las áreas urbanas y rurales afectadas.
f) Coordinar los cambios necesarios en la zonificación, desplazamiento, planificación e infraestructura en la comunidad afectada que son necesarios para enfrentar la emergencia de salud.
g) Implementar estados de alerta, tanto en las zonas de atención prioritarias, como en las zonas aledañas a la declarada en emergencia.
h) Realizar campañas de concientización y educación ambiental en los diversos niveles educativos en las zonas declaradas en emergencia.
i) Instalar monitores para efectos de medición.
j) Coordinar la participación del agente causante de la emergencia ambiental en la remediación del daño causado, especialmente en las acciones señaladas en los literales b), c), d) y e) del presente artículo.
Artículo 5.- Del apoyo interinstitucional
5.1 Declarada la emergencia ambiental los sectores, los gobiernos, tanto regionales como locales involucrados, así como las instituciones privadas, conforme a sus normas y planes, están obligados, bajo responsabilidad, a compartir información, coordinar y adoptar prioritariamente las decisiones funcionales necesarias, con la finalidad de superar la emergencia producida en un corto plazo, utilizando los recursos previstos para la emergencia ambiental.
5.2 Los ministerios e instituciones públicas, sin excepción y bajo responsabilidad de quienes las dirijan, prestan el apoyo técnico, informativo, de asesoramiento y logístico que les sea requerido por los gobiernos regionales.
5.3 Durante el período de la emergencia las instituciones involucradas quedan autorizadas a efectuar modificaciones presupuestales para la atención de la emergencia ambiental, así como gestionar recursos provenientes de la cooperación técnica internacional.
Artículo 6.- Del Programa de atención y vigilancia epidemiológica El Ministerio de Salud, en el marco de la declaratoria de emergencia ambiental, establece un Programa de atención y vigilancia epidemiológica ambiental y sanitaria, durante el tiempo que dure la referida declaratoria, con la participación de las organizaciones sociales afectadas por la emergencia.
Artículo 7.- De los informes El gobierno regional presenta un informe a mitad y al final del tiempo que dure la declaratoria de emergencia ambiental, tanto al Consejo Nacional del Ambiente, como a las Comisiones del Congreso de la República competentes en temas ambientales y de salud, sobre el manejo de la emergencia, el restablecimiento de la salud de la población y la recuperación de la calidad ambiental y de los recursos naturales, en la zona geográfica declarada en emergencia.
Artículo 8.- De la prórroga o levantamiento Teniendo en cuenta los informes a los que se refiere el artículo precedente y el resultado de las acciones realizadas, el CONAM de oficio o a pedido del gobierno regional y con opinión de los organismos que participaron en la decisión de la declaratoria de emergencia ambiental, puede determinar la prórroga o el levantamiento de la referida emergencia.
ÚNICA.- De las acciones de descontaminación En aquellas zonas del país identificadas como histórica y altamente contaminadas, que cuenten con los respectivos estudios y evaluaciones, el Consejo Nacional del Ambiente debe desarrollar e implementar en forma prioritaria, en concordancia con lo establecido en los artículos 29 y 30 de la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente, planes y proyectos de descontaminación, en coordinación con las autoridades sectoriales, y los gobiernos regionales y locales involucrados, quienes, para estos efectos, deben prever los recursos necesarios en la formulación de sus respectivos presupuestos. En la ejecución de los planes y proyectos de descontaminación deben participar los agentes contaminantes.
PRIMERA.- De las adquisiciones y contrataciones Declarada la emergencia ambiental, conforme a la presente Ley, no es de aplicación el literal c) del artículo 19 de la Ley Nº 26850, Ley
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, cuyo TextoÚnico Ordenado ha sido aprobado mediante Decreto Supremo Nº 083- 2004-PCM, que señala que las situaciones de emergencia están exoneradas de los procesos de selección para las adquisiciones y contrataciones que se realicen, salvo los casos que por excepción sean expresamente declarados por el CONAM, bajo responsabilidad.
SEGUNDA.- De los presupuestos Se dispone que los sectores, los gobiernos regionales y locales y otras entidades públicas, en la elaboración de sus presupuestos, consignen partidas para la financiación del monitoreo y emergencias ambientales
TERCERA.- Del Reglamento El Poder Ejecutivo en el plazo no mayor de noventa (90) días calendario, contados a partir de la vigencia de la presente Ley, aprueba mediante decreto supremo, refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y por el Ministro de Salud, el Reglamento de la presente Ley.
La Ley comprende el agua superficial, subterránea, continental y los bienes asociados a ésta. Se extiende al agua marítima y atmosférica en lo que resulte aplicable. Ésta regula el uso y gestión integrada del agua, la actuación del Estado y los particulares en dicha gestión, así como los bienes asociados al agua. Los bienes asociados al agua son lo que se detallan en los artículos 5 y 6 de la Ley.
La Ley señala que el agua constituye patrimonio de la Nación y el dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible. Es un bien de uso público y su administración sólo puede ser otorgada y ejercida con el bien común, la protección ambiental y el interés de la Nación. No hay propiedad privada sobre el agua.
La Ley deroga el Decreto Legislativo N°1081, norma que creó el Sistema de Nacional de Recursos Hídricos y lo sustituye por el previsto en este título, el mismo que tiene por objeto articular el accionar del Estado para conducir los procesos de gestión integrada y de conservación de los recursos hídricos en los ámbitos de cuencas, sus ecosistema y bienes asociados.
La ANA es el ente rector a nivel Nacional y máxima autoridad técnico normativa. Es responsable del funcionamiento del Sistema Nacional de Recursos Hídricos. Entre las funciones más importantes de esta autoridad está la de otorgar, modificar y extinguir previo estudio técnico, DERECHOS DE USO DE AGUAS, así como aprobar la implementación, modificación y extinción de servidumbres de uso de agua, a través de sus órganos desconcentrados.
Dentro de la estructura de la ANA se ha creado el Tribunal Nacional de Resolución de Controversias Hídricas, con autonomía funcional, encargado de conocer y resolver en última instancia administrativa las reclamaciones y recursos administrativos contra las resoluciones
emitidas por la Autoridad Administrativa del Agua y la Autoridad Nacional según sea el caso. Tiene competencia nacional y sus decisiones solo pueden ser impugnadas en la vía judicial. Las Autoridades Administrativas del Agua resuelven en primera instancia administrativa los asuntos de competencia de la Autoridad Nacional. Estas autoridades tienen presencia a nivel nacional y su designación, ámbito territorial y funciones serán determinadas en el Reglamento. Además de estas autoridades, la norma contempla a las Administraciones Locales de Agua (antes ATDRS) las mismas que dependen de las Autoridades Administrativas del Agua.
La norma declara a la gestión integrada de los recursos hídricos como de interés nacional y de necesidad pública con el propósito de lograr eficiencia y sostenibilidad en el manejo de las cuencas hidrográficas y los acuíferos para la conservación e incremento del agua. La Ley busca crear una nueva cultura del agua que permita garantizar la satisfacción de la demanda de las generaciones presentes y futuras.
Finalmente, la Ley desarrolla los aspectos relativos a la participación e intervención de los Gobiernos Regionales y Locales en la elaboración de los planes de gestión de recursos hídricos de las cuencas; estos gobiernos participan en los Consejos de Cuenca y desarrollan acciones de control y vigilancia en coordinación con la Autoridad Nacional.
TÍTULO XII LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 120.- Infracción en materia de agua Constituye infracción en materia de agua, toda acción u omisión
en la presente Ley. El Reglamento establece el
procedimiento para hacer efectivas las sanciones. Constituyen infracciones las siguientes:
2. el incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en el artículo 57°de la Ley;
3. la ejecución o modificación de obras hidráulicas sin autorización de la Autoridad Nacional;
4. afectar o impedir el ejercicio de un derecho de uso de agua;
5. dañar u obstruir los cauces o cuerpos de agua y los correspondientes bienes asociados;
6. ocupar o desviar los cauces de agua sin la autorización correspondiente;
7. impedir las inspecciones, actividades de vigilancia y supervisión que realice la autoridad de agua competente directamente o a través de terceros;
8. contaminar el agua transgrediendo los parámetros de calidad ambiental vigentes;
9. realizar vertimientos sin autorización;
10. arrojar residuos sólidos en cauces o cuerpos de agua naturales o artificiales;
11. contaminar el agua subterránea por infiltración de elementos o substancias en los suelos;
12. dañar obras de infraestructura pública; y
13. contravenir cualquiera de las disposiciones previstas en la Ley o en el Reglamento.
Artículo 121.- Calificación de las infracciones Las infracciones en materia de agua son calificadas como leves,
graves y muy graves, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
1. Afectación o riesgo a la salud de la población;
2. beneficios económicos obtenidos por el infractor;
3. gravedad de los daños generados;
4. circunstancias de la comisión de la infracción;
5. impactos ambientales negativos, de acuerdo con la legislación vigente;
6. reincidencia; y
7. costos en que incurra el Estado para atender los daños
generados. La calificación e imposición de sanciones en primera instancia corresponde a la Autoridad Administrativa del Agua.
Artículo 122.- Tipos de sanciones Concluido el procedimiento sancionador, la autoridad de aguas competente puede imponer, según la gravedad de la infracción cometida y las correspondientes escalas que se fijen en el Reglamento, las siguientes sanciones administrativas:
1. Trabajo comunitario en la cuenca en materia de agua o
2. multa no menor de cero coma cinco (0,5) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) ni mayor de diez mil (10 000) UIT.
Artículo 123.- Medidas complementarias Sin perjuicio de la sanción a que se refiere el artículo 122°, la autoridad de aguas respectiva puede imponer a los infractores, de ser necesario con el apoyo de la fuerza pública, las siguientes medidas complementarias:
1. Acciones orientadas a restaurar la situación al estado anterior a la infracción o pagar los costos que demande su reposición;
3. disponer el retiro, demolición, modificación, reubicación o suspensión de las obras en los cauces o cuerpos de agua y los bienes asociados a esta, que no hayan sido autorizados por la Autoridad Nacional; y
4. suspensión o revocación de los derechos de agua, incluyendo el cese de la utilización ilegal de este recurso, de ser el caso.
Artículo 124.- Ejecución coactiva Para toda deuda impaga o ejecución incumplida de una obligación de hacer o no hacer a favor del Estado en virtud de la Ley, se utiliza el procedimiento de ejecución coactiva, de acuerdo con las normas especiales vigentes.
Artículo 125.- Responsabilidad civil y penal Las sanciones administrativas que la Autoridad Nacional imponga son independientes de la responsabilidad de naturaleza civil o penal correspondiente. La Autoridad Nacional puede promover las acciones civiles y penales según correspondan.
Norma derogada (a partir del día siguiente de la publicación el Reglamento del D.Leg. 1090) por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del DECRETO LEGISLATIVO N°1090 publicada el 28/06/2008, con excepción de la Sétima Disposición Complementaria Transitoria y de la Cuarta Disposición Complementaria Final.
Restituída su vigencia por disposición del artículo 2 de la LEY Nº 29376 publicada el 11/06/2009.
El INRENA es el encargado de controlar y supervisar las concesiones
de fauna silvestre, autorizaciones y permisos que se otorguen al amparo de la presente Ley, sin contravenir lo dispuesto en el Artículo
especializado, apoya a la autoridad forestal y de fauna silvestre, en la prevención, investigación y denuncias de las infracciones a la presente Ley.
Las autoridades de los Gobiernos Regionales, Locales y la ciudadanía en general deben brindar a la autoridad competente el apoyo y las facilidades necesarias para su adecuado cumplimiento.
Dentro de los 50 (cincuenta) kilómetros de las fronteras, las Fuerzas Armadas apoyan a la autoridad forestal y de fauna silvestre en la prevención y control de actividades que atentan o contravienen lo dispuesto en la presente Ley.
DECRETO SUPREMO Nº 014-2001-AG Aprueban el Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre
Restituída su vigencia por disposición del artículo 2º de la LEY Nº 29376 publicada el 11/06/2009
DE LA SUPERVISIÓN, DEL CONTROL, DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 349.- Supervisión de los planes de manejo de las concesiones forestales con fines maderables Los planes de manejo forestal de las concesiones forestales con fines maderables aprobados y en implementación, así como el cumplimiento de los términos de los contratos de concesión correspondientes, son supervisados por el OSINFOR, incluyendo los componentes de aprovechamiento de otros productos del bosque, cuando así lo contemple el plan de manejo aprobado.
Artículo 350.- Informes anuales
Los titulares de concesiones forestales con fines maderables presentan anualmente al OSINFOR, con copia al INRENA, el informe de ejecución del Plan Operativo Anual - POA correspondiente
Artículo 351.- Supervisiones quinquenales El OSINFOR realiza obligatoriamente, cada cinco (5) años, a través de personas jurídicas especializadas, la supervisión de los planes de manejo y de los contratos de concesión con fines maderables. Estas supervisiones son consideradas como auditorías forestales y sus conclusiones son válidas y mandatorias para la aprobación de la renovación o la resolución de los contratos y comprenden, entre otros, los siguientes aspectos:
a. Cumplimiento de los planes generales de manejo forestal;
b. Cumplimiento de los planes operativos anuales;
c. Inversiones y auditoría financiera;
d. Eficiencia en el aprovechamiento; y,
e. Riesgos e impactos ambientales.
Artículo 352.- Supervisión extraordinaria y acciones de control de contratos de concesión forestal con fines maderables El OSINFOR dispone la supervisión extraordinaria y la ejecución de las acciones de control sobre cumplimiento de los contratos de concesión forestal con fines maderables y el monitoreo de los compromisos asumidos en los documentos del Plan de Manejo, de oficio o a propuesta del INRENA.
Artículo 353.- Criterios de evaluación de los informes anuales La evaluación de los informes anuales para concesiones forestales con fines maderables considera, entre otros aspectos, los siguientes:
a. Cumplimiento del Plan Operativo Anual;
b. Delimitación y linderamiento de la concesión;
c. Mantenimiento de caminos forestales;
d. Marcado de los árboles a extraerse en la siguiente subunidad de aprovechamiento;
e. Volúmenes de corta anual total y por grupos de especie;
f. Riesgos e impactos ambientales;
g. Verificación de indicadores del plan de monitoreo y evaluación; y,
h. Cumplimiento de los compromisos asumidos con el Comité de Gestión.
Artículo 354.- Supervisiones e informes del cumplimiento de los planes de manejo en las concesiones con fines no maderables El INRENA efectúa las supervisiones, evaluaciones y acciones de control en las concesiones con fines no maderables. Los titulares de dichas concesiones presentan al INRENA los correspondientes informes quinquenales y anuales, dentro de los treinta (30) días siguientes a la finalización del año.
El INRENA, a solicitud del titular de una concesión con fines no maderables, prorroga automáticamente por cinco (5) años el plazo de
la misma, siempre que el informe quinquenal de evaluación correspondiente contenga opinión favorable a la procedencia de la prórroga.
La prórroga del contrato se establece mediante adenda del contrato original.
Artículo 355.- Inspecciones periódicas en concesiones de forestación y reforestación El INRENA dispone la realización, en forma periódica, de inspecciones y evaluaciones de los planes de establecimiento y manejo forestal en las concesiones de forestación y reforestación.
Capítulo II De la Competencia Administrativa
Artículo 356.- Autoridad competente El INRENA, es la autoridad administrativa competente para aplicar las sanciones administrativas que corresponda por las infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre; salvo en el caso de los contratos de concesiones forestales con fines maderables, en los que el OSINFOR es la autoridad administrativa competente para aplicar las sanciones administrativas correspondientes por el incumplimiento de los contratos de concesión con fines maderables y los planes de manejo forestal respectivos.
Artículo 357.- Jurisdicción administrativa La jurisdicción administrativa en materia forestal y de fauna silvestre la ejerce el INRENA: en primera instancia por sus órganos desconcentrados y en segunda instancia por la Jefatura; salvo en los contratos de concesiones forestales con fines maderables, en los que el OSINFOR ejerce la jurisdicción administrativa, de conformidad con lo que establece su propio Reglamento.
Artículo 358.- Apoyo de la Policía Nacional del Perú La Policía Nacional del Perú presta el apoyo que requiera el INRENA, el OSINFOR y los comités de gestión del bosque, para la ejecución de las acciones de control del cumplimiento de la legislación forestal y de fauna silvestre, así como de las de prevención, investigación y denuncias de las infracciones a la Ley y el presente Reglamento.
sustentatoria que ampare la caza, captura, tenencia, transporte, importación, exportación y comercialización de productos forestales y de fauna silvestre.
Artículo 359.- Apoyo de las Fuerzas Armadas Las Fuerzas Armadas, dentro de los cincuenta (50) kilómetros de las fronteras prestan el apoyo que requiera el INRENA o el OSINFOR, o los comités de gestión del bosque, para la ejecución de las acciones de control y apoyo del cumplimiento de la legislación forestal y de fauna silvestre, prevención y sanción de las infracciones a la Ley y el presente Reglamento.
Artículo 360.- Custodia del Patrimonio Forestal Nacional Las concesiones forestales conllevan el reconocimiento de sus titulares como custodios oficiales del Patrimonio Forestal Nacional, dentro de la extensión de los derechos concedidos, y los habilita a solicitar el auxilio para su eficaz amparo de la autoridad forestal nacional, la misma que puede, a su vez, recurrir a la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas, según corresponda.
En su calidad de custodios oficialmente designados y acreditados por el Estado para la tutela del patrimonio Forestal Nacional, los concesionarios ejercen autoridad preventiva para disponer en

References: Artículo 44
 Resolución 
 artículo 230
 artículo 149
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 138
 artículo 304

Artículo 306

Artículo 307

Artículo 308

Artículo 308

Artículo 308

Artículo 308

Artículo 308

Artículo 309

Artículo 310

Artículo 310

Artículo 310

Artículo 310

Artículo 311

Artículo 312
 artículo 36

Artículo 313

Artículo 314
 artículo 36

Artículo 314

Artículo 314

Artículo 314
 Artículo 230
 resolución 
 Artículo 146

Artículo 236
 artículo 235
 resolución 
 resolución 
 resolución

 resolución 

Artículo 130

Artículo 131

Artículo 132

Artículo 133

Artículo 134

Artículo 135

Artículo 136

Artículo 137
 resolución 

Artículo 138

Artículo 139

Artículo 140

Artículo 141

Artículo 143

Artículo 144
 artículo 142

Artículo 146

Artículo 147

Artículo 148

Artículo 149
 resolución 
 artículo 402

Artículo 150
 ARTÍCULO 149
 artículo 149
 artículo 149

Artículo 1
 artículo 149

Artículo 2

Artículo 3
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 24

Artículo 1
 Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5
 Artículo 7

Artículo 8

resolución 

Artículo 9

Artículo 10
 Resolución 

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19
 artículo 136

Artículo 20

Artículo 21
 artículo 146

Artículo 22
 artículo 146

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28
 Resolución 
 artículo 21
 artículo 27
 resolución 
 artículo 17
 artículo 49
 artículo 6
 artículo 7

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6
 Resolución 

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 13
 artículo 7
 artículo 8

Artículo 14

Artículo 15
 resolución

Artículo 16

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 23

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 30

Artículo 1

Artículo 2
 resolución 

Artículo 3

Artículo 4
 artículo 2

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8
 artículo 19
 Resolución 

Artículo 120
 artículo 57

Artículo 121

Artículo 122

Artículo 123
 artículo 122

Artículo 124

Artículo 125
 artículo 2
 artículo 2

Artículo 349

Artículo 350

Artículo 351
 resolución 

Artículo 352

Artículo 353

Artículo 354

Artículo 355

Artículo 356

Artículo 357

Artículo 358

Artículo 359

Artículo 360