Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2016/T-506-16.htm
Timestamp: 2017-10-24 05:46:00+00:00

Document:
T-506-16
DERECHO A TENER UNA FAMILIA Y A NO SER SEPARADO DE ELLA-Reiteración de jurisprudencia
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA-Medidas adoptadas por el Gobierno para controlar la densidad poblacional
REGIMEN DE CONTROL DE DENSIDAD POBLACIONAL EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA-Línea jurisprudencial que se ha establecido con el ánimo de garantizar la protección especial de este territorio por encima de los intereses particulares
DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TENER UNA FAMILIA Y A NO SER SEPARADOS DE ELLA-Vulneración por OCCRE al separar abruptamente a menores de su entorno familiar por expulsión de la Isla San Andrés a la madre
DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TENER UNA FAMILIA Y A NO SER SEPARADOS DE ELLA
DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A TENER UNA FAMILIA Y A NO SER SEPARADOS DE ELLA-Orden a OCCRE otorgar la residencia temporal hasta acreditar requisitos del Decreto 2762 de 1991 para adquirir la residencia permanente
Demandante: Yesid De Ávila Emiliani
En la revisión del fallo de tutela proferido por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de San Andrés, el 11 de febrero de 2016, en el trámite del amparo constitucional promovido por Yesid De Ávila Emiliani contra la Oficina de Control, de Circulación y Residencia del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en adelante OCCRE.
El 1 de febrero de 2016, Yesid De Ávila Emiliani, formuló acción de tutela contra la OCCRE, por una presunta violación del derecho fundamental de sus hijos Jeicol David De Ávila Quiñones y Yuranis Quiñones Pacheco, a tener una familia y no ser separados de ella, en la que considera incurrió la entidad demandada al declarar, mediante Resolución Nº 0087, del 30 de abril de 2014, a su compañera permanente, Kelis Carolina Quiñones Pacheco, madre de los mencionados niños, en situación irregular y como consecuencia de ello, sancionarla, entre otras, con su devolución al último lugar de embarque.
2. Reseña fáctica, fundamentos y pretensión
2.1. Manifiesta el señor Yesid De Ávila Emiliani que convivió por más de cinco años con la señora Kelis Carolina Quiñones Pacheco en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
2.2. Refiere que de dicha unión nacieron dos hijos: Jeicol David y Yuranis de 4 y 2 años, respectivamente[1].
2.4. Afirma que el Director Administrativo de la OCCRE, mediante Resolución Nº 0087, del 30 de abril de 2014[3], declaró en situación irregular a su compañera permanente, Kelis Carolina Quiñones Pacheco y, como consecuencia de ello, la sancionó con la devolución al último lugar de embarque, la imposición de una multa y la inclusión en la lista de personas que no pueden ingresar a la isla.
2.5. Agrega que el 14 de mayo de 2014, mediante apoderado judicial, Kelis Carolina interpuso contra la citada resolución, el recurso de reposición y en subsidio el de apelación[4]. No obstante, dichos recursos, hasta la fecha de presentación de la demanda de tutela, no han sido resueltos.
2.6. Expone que el 15 de agosto de 2014, su hija Yuranis, debido a una enfermedad, fue trasladada por parte de la EPS CAPRECOM, en el avión ambulancia a la ciudad de Barranquilla, junto con su madre, la señora Kelis Carolina.
2.7. Señala que una vez culminó el tratamiento médico de la niña, el 4 de noviembre de 2014, regresaron su hija y su compañera permanente a San Andrés, pero esta última fue devuelta al último lugar de embarque, esto es, Barranquilla.
2.8. Advierte el demandante que su compañera permanente se encuentra en la ciudad de Barranquilla, sin la posibilidad de regresar al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con el fin de brindarles a sus hijos Jeicol David y Yuranis, el amor, la educación y la atención que ellos requieren, con lo cual la decisión de la OCCRE, vulnera el derecho fundamental de los mencionados niños a tener una familia y no ser separados de ella.
2.9. En razón de lo expuesto, solicita al juez constitucional que se deje sin efectos la Resolución Nº 0087, del 30 de abril de 2014; se permita, nuevamente, el ingreso de Kelis Carolina Quiñones Pacheco al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por el término máximo consagrado en el Decreto 2762 de 1991, es decir, por un período de 6 meses y, se le conceda la posibilidad a la mencionada señora de presentar los documentos requeridos para obtener la tarjeta de residencia OCCRE.
- Es de advertir que una vez revisada la base de datos, se constató que la señora Kelis Carolina Quiñones Pacheco ingresó a la isla desde el año 2005 con el propósito de adelantar sus estudios de secundaria y para tal fin, la OCCRE, le concedió el permiso respectivo. Sin embargo, no se registra que, posteriormente, el demandante, haya elevado solicitud de residencia por convivencia, en favor de su compañera permanente o alguna petición relacionada con tal circunstancia.
El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de San Andrés, mediante sentencia proferida el 11 de febrero de 2016, resolvió negar la tutela al considerar que el demandante no ha elevado ninguna petición para definir la residencia de su compañera permanente. Advirtió que el simple hecho del nacimiento de los niños no obra en favor del amparo solicitado ni le permitía a la señora Quiñones Pacheco, seguir en situación irregular en el territorio insular, lo cual justifica que la OCCRE adoptara la decisión que se reprocha.
Con fundamento en la reseña fáctica expuesta y la decisión de tutela, en esta oportunidad le compete a la Sala de Revisión analizar, si la OCCRE vulneró el derecho fundamental de los niños, Jeicol David De Ávila Quiñones y Yuranis Quiñones Pacheco, a tener una familia y no ser separados de ella, al declarar, mediante Resolución Nº 0087, del 30 de abril de 2014, a la señora Kelis Carolina Quiñones Pacheco, madre de los citados menores de edad y compañera permanente del demandante, en situación irregular y como consecuencia de ello, sancionarla con su devolución al último lugar de embarque, imponerle una multa e incluirla en la lista de personas que no pueden ingresar al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
3. Procedibilidad de la acción de tutela
En esta oportunidad, el señor Yesid De Ávila Emiliani solicitó la defensa del derecho fundamental a tener una familia y no ser separado de ella de sus hijos Jeicol David y Yuranis de 4 y 2 años de edad, respectivamente, presuntamente vulnerados por la OCCRE, al declarar, mediante Resolución Nº 0087, del 30 de abril de 2014, a su compañera permanente, Kelis Carolina Quiñones Pacheco y madre de los mencionados niños, en situación irregular y como consecuencia de ello, sancionarla, entre otras, con su devolución al último lugar de embarque.
La Oficina de Control, de Circulación y Residencia -OCCRE-, órgano de la administración del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina que tiene como fin garantizar el estándar poblacional sostenible en dicho territorio insular conforme con la extensión territorial y la limitación de los recursos naturales[6], está legitimada en la causa como parte pasiva, en la medida en que se le atribuye la presunta vulneración del derecho fundamental cuyo amparo se demanda.
4. Subsidiaridad de la acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia
En el caso concreto, la Sala observa que la señora Kelis Carolina Quiñones Pacheco fue expulsada del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, desde el año 2014 y a partir de entonces no ha podido restablecer contacto físico con sus pequeños hijos y su compañero permanente.
Así las cosas, para la Corte, a pesar de que se justifican las restricciones a la libertad de circulación y residencia en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, existe un perjuicio irremediable relacionado con la expulsión de dicho territorio insular de la madre de dos pequeños niños y la consecuente separación familiar, en la medida en que ellos siguieron residiendo allí. El mencionado daño es actual, continuado y grave, toda vez que involucra, en principio, el derecho a la unidad familiar en la medida en que: (i) viene ocurriendo hace más de 2 años; (ii) seguirá existiendo hasta tanto la señora Quiñones Pacheco regrese al departamento archipiélago, y (iii) vulnera el interés superior de dos menores de edad, porque se le impide a su progenitora vivir junto a ellos en el lugar donde reside la familia.
5. Sobre la protección constitucional del derecho a tener una familia y a no ser separado de ella. Reiteración de jurisprudencia
De acuerdo con lo anterior, la Sala tendrá en cuenta que el amparo constitucional se promueve en favor de dos menores de edad, Jeicol David y Yuranis que, actualmente, frisan 4 años-11 meses y 2 años-10 meses y de quienes se predica el derecho fundamental a tener una familia y no ser separado de ella, según lo establecido en el artículo 44 superior[16] y en reiterada jurisprudencia constitucional[17]. Ellos residen con su padre en la isla de San Andrés y se encuentran ante la imposibilidad de reencontrarse con su madre desde que fue expulsada del archipiélago. Por esta razón, la Sala estudiará la afectación del derecho fundamental a tener una familia y no ser separado de ella de los citados menores de edad.
6. El régimen de control de densidad poblacional en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – Reiteración de jurisprudencia
d) Haber contraído matrimonio válido, o vivir en unión singular, permanente y continua con persona residente en las islas siempre que hayan fijado por más de 3 años, con anterioridad a la expedición de este Decreto, el domicilio común en territorio del Departamento Archipiélago”
4. Ejercer el derecho al sufragio para las elecciones departamentales y municipales.”[20]
c) Encontrarse en la situación prevista por el literal a) del artículo 3o. del presente Decreto.
d) Realicen actividades laborales dentro del Archipiélago, sin estar autorizado para ello.”[22]
Así, en la Sentencia T-650 de 2002[26], la Corte conoció el caso de una persona que le fue negada su residencia permanente y, consecuentemente, se le ordenó abandonar San Andrés, porque su vivienda no poseía las condiciones óptimas, no obstante que: (i) había residido durante un lapso de 5 años antes de la entrada en vigencia del Decreto 2762 de 1991; (ii) tenía como compañera permanente a una persona oriunda de la isla, y (iii) de dicha unión había nacido una menor. Frente a la decisión negativa, el demandante presentó los recursos de reposición y apelación. Al transcurrir más 4 meses, sin ser resuelto el último recurso, se presentó el amparo constitucional. En esta ocasión, este Tribunal concedió la tutela al derecho fundamental al debido proceso y de petición sin entrar a definir si al accionante debía otorgársele o no la residencia[27].
Como quedó expuesto, Yesid De Ávila Emiliani formuló acción de tutela contra la OCCRE, por una presunta violación del derecho fundamental de sus hijos Jeicol David De Ávila Quiñones y Yuranis Quiñones Pacheco, a tener una familia y no ser separado de ella, en la que considera incurrió la entidad demandada al declarar, mediante Resolución Nº 0087, del 30 de abril de 2014, a su compañera permanente, Kelis Carolina Quiñones Pacheco y madre de los mencionados niños, en situación irregular y como consecuencia de ello, ordenar su devolución al último lugar de embarque.
Según la OCCRE no ha vulnerado en ningún momento los derechos fundamentales invocados, toda vez que, en este caso, se observaron las normas que limitan y regulan los derechos de circulación y residencia en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina de conformidad con el Decreto 2762 de 1991“Por medio del cual se adoptan medidas para controlar la densidad poblacional en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”. Particularmente, tuvo en cuenta que una vez revisada la base de datos, se constató que la señora Kelis Carolina Quiñones Pacheco ingresó a la isla desde el año 2005 con el propósito de adelantar sus estudios de secundaria y para tal fin, este órgano, le concedió el permiso respectivo. Sin embargo, no se registra que, posteriormente, el demandante, haya elevado solicitud de residencia por convivencia, en favor de su compañera permanente o alguna petición relacionada con tal circunstancia.
La autoridad judicial que conoció del asunto negó la solicitud de amparo al considerar que el demandante no ha presentado ninguna solicitud con el fin definir la residencia de su compañera permanente. Advirtió que por el simple hecho del nacimiento de los niños no cabía favorecer a quienes presentan la tutela ni ello le permitía a la señora Quiñones Pacheco seguir en situación irregular en este territorio insular, lo cual justifica que la OCCRE adoptara la decisión reprochada. Igualmente, destacó que como se cuestiona la legalidad de un acto administrativo, el conflicto suscitado debe ser resuelto por la jurisdicción contencioso administrativa, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, máxime si se tiene en cuenta que ya transcurrió el término de 2 meses sin que los recursos hayan sido resueltos, dando a entender que hubo pronunciamientos fictos negativos susceptibles de cuestionamiento judicial.
- Jeicol David De Ávila Quiñones, nació en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el 30 de octubre de 2011. Es hijo de los señores Yesid De Ávila Emiliani y Kelis Carolina Quiñones Pacheco conforme al registro civil de nacimiento con indicativo serial Nº 36231764 y NUIP 1.030.221.565. (Folio 17)
- Yuranis Quiñones Pacheco, nació en el Departamento del Atlántico, el 10 de noviembre de 2013. Es hija de la señora Kelis Carolina Quiñones Pacheco. El nombre del padre no se consignó en el registro civil de nacimiento con indicativo serial Nº 53310171 y NUIP 1.043.693.945. (Folio 16)
- La señora Kelis Carolina Quiñones Pacheco, madre de los menores de edad en favor de quienes se presenta la acción de tutela y compañera permanente del demandante, se presentó en las instalaciones de la OCCRE, el 29 de abril de 2014, con el fin de constatar la presunta vulneración del Decreto 2762 de 1991. En dicho lugar se realizó una diligencia de versión libre en la cual manifestó lo siguiente:
“PREGUNTADO: Por sus generales de ley. CONTESTADO: me llamo como viene anotado, de 19 años de edad, resido en el barrio Cliff , no se bien [la dirección] porque apenas es que estoy viviendo con él en la casa, [antes] éramos novios pero no vivíamos juntos. PREGUNTADO: Tiene conocimiento del motivo por el cual fue conducid[a] ante esta oficina? CONTESTADO: Sí, porque no tengo la OCCRE, entré y me iban a sacar enseguida por que (SIC) no sabían que tenía un hijo con un muchacho de aquí. PREGUNTADO: Manifiéstele al despacho en qué fecha ingresó al Departamento Archipiélago. CONTESTADO: Yo llegué en el 2005, a estudiar, llegué con mi mamá y nos dieron permiso para estar aquí porque mi hermano es guardián y vino aquí a trabajar, estudié en el Colegio Cajasai y en el Colegio Bolivariano, en Cajasai estudié en el 2006 y en el Bolivariano desde el 2007 hasta el 2009. PREGUNTADO: Manifieste al despacho, si usted alguna vez tuvo la tarjeta OCCRE, en caso afirmativo desde cuándo? CONTESTADO: No nunca solo permisos para poder estudiar acá ya que mi hermano estaba trabajando acá como guardián. PREGUNTADO: Tiene algún trámite para solicitud de la tarjeta OCCRE? CONTESTADO: No. PREGUNTADO: Tiene algo más que agregar, corregir, aclarar o enmendar a la presente declaración? CONTESTADO: No”. (Folio 7)
- La OCCRE, mediante Resolución Nº 0087, del 30 de abril de 2014, declaró en situación irregular a la señora Kelis Carolina Quiñones Pacheco y, en consecuencia, la sancionó con la devolución al último lugar de embarque, la imposición de una multa y la inclusión en la lista de personas que no pueden ingresar a la isla. (Folio 8)
- El 14 de mayo de 2014, mediante apoderado judicial, Kelis Carolina Quiñones Pacheco interpuso contra la citada resolución, el recurso de reposición y en subsidio el de apelación. (Folios 12-15)
- El órgano demandado, a través de la Resolución Nº 019 de 2016[39], resolvió el recurso de reposición, confirmando la decisión recurrida al considerar “que en el expediente no existe prueba alguna que demuestre la real convivencia de la actora con el Sr. De Ávila Emiliani, de cuya relación nacieron los menores JEICOL DAVID DE ÁVILA QUIÑONES en el año 2011 en la ciudad de San Andrés, Isla y YURANIS QUIÑONES PACHECO en el año 2013 en la ciudad de Barranquilla”. (Folio 26)
Adicionalmente, se señaló que la base de datos no registra trámite de convivencia alguno por parte de los señores Yesid De Ávila Emiliani y Kelis Carolina Quiñones Pacheco.
Visto el anterior panorama, para la Sala de Revisión, la decisión de la OCCRE, consistente en declarar en situación irregular a la señora Kelis Carolina Quiñones Pacheco y, en consecuencia, expulsarla de San Andrés ocasionó la separación familiar de una madre con sus pequeños hijos, pues, Jeicol David y Yuranis siguen residiendo en la isla, mientras que su progenitora permanece en Barranquilla.
Resulta de vital importancia, rememorar que de acuerdo con lo dicho por el demandante, la salida de la señora Quiñones Pachecho de San Andrés, el 15 de agosto de 2014, obedeció a que su hija Yuranis, quien para ese entonces contaba con 9 meses de edad, requirió por sus condiciones de salud de atención médica en la ciudad de Barranquilla, la cual fue brindada por la EPS CAPRECOM. Hecho que para la Sala, será admitido y valorado, al no existir prueba en contrario y atendiendo las implicaciones derivadas de la aplicación del principio de la buena fe (art. 83º constitucional).
De acuerdo con lo manifestado por el señor Yesid De Ávila Emiliani en la demanda de tutela y lo declarado ante las oficinas de la OCCRE por la señora Kelis Carolina Quiñones Pacheco, ellos habían iniciado su convivencia. No obstante, si bien no se tiene certeza del tiempo convivido, para la Sala, lo resuelto por la OCCRE, en el presente caso, fue desproporcionado, arbitrario y violatorio de los derechos fundamentales de los niños Jeicol David y Yuranis. Respecto de esta última se dijo en la demanda de tutela, hecho que no fue controvertido por el órgano accionado, que a sus pocos meses de vida por quebrantos de salud debió salir de San Andrés con destino a Barranquilla para recibir tratamiento médico y después tuvo que padecer la abrupta separación de su madre.
El órgano demandado solo se limitó a observar, si en la base de datos existía solicitud pendiente de residencia por parte de los señores De Ávila y Quiñones y al no encontrarla, mediante Resolución Nº 0087, del 30 de abril de 2014, declaró a Kelis Carolina en estado irregular y, en consecuencia, la sancionó con la devolución al último lugar de embarque, la imposición de una multa y la inclusión en la lista de personas que no pueden ingresar a la isla, sin tener en cuenta las circunstancias reales de dos menores de edad y desconociendo el derecho que ellos tienen a una familia que los ame y les brinde la protección necesaria para su desarrollo físico, intelectual y emocional, más aún en las condiciones en las que se encontraba uno de ellos.
Por las anteriores consideraciones, la Corte ordenará a la OCCRE que reconozca y otorgue la residencia temporal a Kelis Carolina Quiñones Pacheco hasta que acredite los tres años que establece el Decreto 2762 de 1991 para adquirir la residencia permanente, momento en el cual no se le podrá oponer ningún obstáculo o requisito adicional, más allá de la acreditación de la convivencia continua con el señor Yesid De Ávila Emiliani por el tiempo que señala dicho decreto.
Igualmente, se dejará sin efectos las Resoluciones Nº 0087 de abril 30 de 2014 y la Nº 019 de 2016, toda vez que vulneraron el derecho fundamental a tener una familia y no ser separados de ella de los niños Jeicol David De Ávila Quiñones y Yuranis Quiñones Pacheco, lo que, por contera, ocasiona un perjuicio irremediable por las implicaciones que ello supone, en la crianza, formación y educación de estos sujetos de especial protección constitucional.
PRIMERO.- REVOCAR el fallo proferido, en primera instancia, por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de San Andrés, el 11 de febrero de 2016 que negó el amparo invocado y en su lugar, TUTELAR el derecho fundamental a tener una familia y no ser separados de ella de los niños Jeicol David De Ávila Quiñones y Yuranis Quiñones Pacheco.
SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO las Resoluciones Nº 0087 de abril 30 de 2014 y la Nº 019 de 2016 proferidas por la Oficina de Control, de Circulación y Residencia- OCCRE, por medio de las cuales se sancionó a Kelis Carolina Quiñones Pacheco, con la devolución al último lugar de embarque, una multa de quince (15) salarios mínimo legales mensuales vigentes, respectivamente y la inclusión en la lista de quienes no pueden ingresar al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y se resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmándose la decisión inicial.
TERCERO.- ORDENAR a la Oficina de Control de Circulación y Residencia del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina -OCCRE- que en el término de diez (10) días contados a partir de la notificación de la presente providencia, reconozca y otorgue la residencia temporal a Kelis Carolina Quiñones Pacheco, hasta tanto se acrediten los tres años de cohabitación con el señor Yesid De Ávila Emiliani, los cuales, una vez cumplidos y debidamente acreditados, deberá otorgarle la residencia permanente sin oponerle ningún requisito adicional aparte de la convivencia ininterrumpida.
[1] A Folios 16 y 17 del cuaderno I del expediente T-5.546.506 se encuentran los registros civiles de los niños Jeicol David De Ávila Quiñones y Yuranis Quiñones Pacheco.
[4] Folio 12-15 ibid.
[8] Véase, Sentencia T-1121 de 2003.M.P. Álvaro Tafur Galvis.
[9] Véase, Sentencia T-309 de 2009. M.P. Mauricio González Cuervo.
[10] M.P. Rodrigo Escobar Gil.
[11] “Ver, entre otras, Sentencias T-719 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-789 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa”.
[13] Véase, Sentencia T-587 de 1998. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[14] Véase, Sentencia T-378 del 28 de 1995. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
[15] Véase, sentencia T-484 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.
[25] A este respecto, la Corte señaló lo siguiente: “Para la Corte Constitucional, de las pruebas reseñadas se concluye que de continuarse el incremento poblacional que viene presentándose en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, antes del siglo XXI se verá comprometida de manera letal e irreversible la supervivencia de la especie humana. En efecto, antes del fin de la centuria, por simple proyección de las cifras actuales sobre incremento poblacional, San Andrés tendría más de 100.000 habitantes, asentados en sólo 27 de los 70 Km2 que tiene el Archipiélago en su conjunto, lo cual haría inviable la supervivencia del hombre. Es más, si, por vía de hipótesis, la población actual no aumentase -lo que los economistas llaman ceteris paribus-, la vida también se vería amenazada, como quiera que los altos índices de consumo de los escasos recursos naturales terminarían necesaria y fatalmente por acabar con éstos. En efecto, según se vio, los servicios públicos básicos o indispensables para la vida -acueducto, alcantarillado, tratamiento de basuras, energía, etc.-, se irán agotando hasta llegar a la terminación del suministro del servicio. De entre la población, indiscutiblemente el mayor precio lo pagarían los raizales, con lo cual de paso se atentaría contra la garantía constitucional de protección de la diversidad étnica y cultural del país. Así mismo, en tierra y mar se presenta un consumo masivo de los recursos que atenta contra la supervivencia de la fauna y flora terrestre y marítima. Al ritmo actual pronto desaparecerán muchas especies. Igualmente se está atentando contra la conservación de los arrecifes de coral. Providencia ostenta la especial característica de tener el único arrecife de coral barrera en el Océano Atlántico. Un arrecife de coral es una formación milenaria de la que podría afirmarse que ‘se ha formado por el ahorro de centavos y ahora se gasta por millones’. Necesariamente habrá un punto de extinción irreversible. La Corte observa pues con preocupación que del material probatorio allegado a este proceso se deduce que San Andrés, Providencia y Santa Catalina son unas especies en vías de extinción, ya que la densidad y el desarrollo están desbordando hasta límites de no retorno el sistema biológico frágil de las Islas”. Ver también la Sentencia T-1117 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), donde se señaló que “son tres los valores constitucionales que justifican las restricciones constitucionales a la libertad de locomoción (artículos 310 y 42, C.P.). El primero es un problema de sobrepoblación, que además de afectar físicamente a la Isla, perjudica a sus habitantes, pues la administración no cuenta con los suficientes recursos para atender las necesidades básicas de la población. En segundo lugar se encuentra la protección al medio ambiente, como se dijo, la sobrepoblación puede afectar considerablemente el frágil ecosistema de las Islas. Y finalmente, pero no por ello menos importante, la protección a la diversidad cultural, pues buena parte de los isleños son integrantes de comunidades nativas, un grupo humano con diferencias culturales considerables respecto del resto de la población del país, y con una identidad cultural protegida por la Constitución (artículo 7, C.P.)”.
[27] Véase, Sentencia T-214 de 2014. M.P. María Victoria calle Correa.
[33]M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[37] M.P. María Victoria Calle Correa.
[38] M.P. Jorge Ignacio Pretel Chaljub.

References: Resolución 
 Resolución 
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 Resolución 
 artículo 44
 artículo 3
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