Source: https://elderecho.com/perdida-sobrevenida-de-objeto-de-los-recursos-de-casacion-en-materia-de-medidas-cautelares-en-los-supuestos-de-sentencias-desestimatorias-recaidas-en-la-instancia
Timestamp: 2019-02-21 09:21:51+00:00

Document:
Pérdida sobrevenida de objeto de los recursos de casación en materia de medidas cautelares en los supuestos de sentencias desestimatorias recaídas en la instancia - El Derecho
Pérdida sobrevenida de objeto de los recursos de casación en materia de medidas cautelares en los supuestos de sentencias desestimatorias recaídas en la instancia
Foro 21-11-2013	Coordinador: Dimitry Berberoff Ayuda
El Tribunal Supremo ha venido sosteniendo la perdida sobrevenida del recurso de casación interpuesto contra la denegación de una medida cautelar cuando se dicte sentencia resolviendo el fondo.
Si la sentencia es desestimatoria de su pretensión y el acto o resolución administrativa se confirma la Administración, aunque la parte interponga recurso de casación contra la misma, puede proceder a su ejecución sin que en estos casos se considere que es necesario acudir por la Administración a una ejecución provisional ante el Tribunal. Así lo entendió tradicionalmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por ejemplo en Auto de 3 mayo 1994 -EDJ 1994/3940-, en un supuesto de ejecución de sentencia firme: "si la sentencia es desestimatoria de la pretensión y, por consiguiente, confirmatoria del acto impugnado, su ejecución resulta innecesaria, ya que la misma, en definitiva, viene a dar firmeza a un acto mutación alguna de la realidad jurídico-material, la que permanecerá inalterable, sin que la sentencia comporte ninguna actuación ejecutoria" FJ 5º). Así lo entiende también la doctrina: "Parece elemental que (...) las sentencias desestimatorias no precisan ni admiten ejecución provisional de ningún tipo, por cuanto no operan modificación alguna en el estado de cosas creado por la actuación administrativa que se impugnó", SANTAMARÍA PASTOR, ALFONSO en "La Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Comentario", Iustel, 2010.
El problema surge porque, pese a haber sido confirmado el acto inicialmente por sentencia dicha sentencia no es firme por estar pendiente de un recurso de casación, y el particular puede seguir interesado en que se adopten medidas cautelares de suspensión de la ejecución del acto hasta tanto recaiga una sentencia firme. En este caso, si no puede solicitar una medida cautelar ante el tribunal de instancia porque ya ha dictado sentencia y tampoco existe ningún incidente de ejecución provisional de la misma.
¿Qué vía le queda a la parte para oponerse a una ejecución del acto administrativo hasta que recaiga sentencia firme? ¿Debería replantearse la jurisprudencia sobre perdida sobrevenida del recurso contra medidas cautelares en estos casos?
Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", número 2, el 21 de noviembre de 2013.
La primera reflexión que me sugiere el título del comentario, desde mi larg...
La primera reflexión que me sugiere el título del comentario, desde mi larga experiencia en la instancia, es que esa pérdida sobrevenida de objeto de los recursos de casación deducidos contra los Autos dictados en la Pieza de Medidas Cautelares, salvo supuestos muy excepcionales, es, a mi juicio, consecuencia de una defectuosa gestión y digo esto porque, si, como acaece en la instancia (tanto en los Tribunales como en los órganos unipersonales), donde las solicitudes de medidas cautelares son tramitadas y resueltas de forma preferente (sin perjuicio de escasas excepciones que confirman la regla), se diera un turno preferente para resolver esos recursos de casación contra los Autos dictados en las Piezas de Medidas, no se plantearía el problema, pues en el 90% de los casos, las medidas se solicitan en el escrito de interposición del recurso y son resueltas antes de que se formalice la demanda, por lo que de haber un turno específico de resolución preferente de los recursos de casación en materia de Piezas, éste se habría resuelto antes de dictarse la sentencia de instancia. Son llamativamente escasos los recursos de casación resueltos en Piezas. Entiendo, pues, que no estamos ante un vacío legal ni ante una interpretación jurisprudencial que haya de variarse, sino ante la necesidad de establecer una planificación en la resolución de los recursos de casación.
Dicho esto, y partiendo del hecho de que, denegada la suspensión de un acto administrativo impugnado, éste goza de plena ejecutividad, y, de que, son sólo susceptibles de ejecución provisional las sentencias que sean susceptibles de ejecución definitiva, esa ejecución provisional no cabe respecto de los pronunciamientos desestimatorios, confirmatorios, por tanto, de la actuación administrativa impugnada, que tienen un alcance, en mi opinión, meramente declarativo que se agota en su pronunciamiento, sin que dichas sentencias sean susceptibles de ejecución (ni provisional, ni definitiva), pues lo que será ejecutable es el acto confirmado por la sentencia, pero esa ejecución es del acto administrativo, no una ejecución de la sentencia, y su decisión compete en exclusiva a la Administración, sin perjuicio de que el favorecido por el acto administrativo (confirmado por la sentencia) –y que, obviamente, no será el que interpuso el recurso en el que recayó la sentencia confirmatoria del acto recurrido pueda instar de aquélla la ejecución de ese acto. Considero, por tanto, que la ejecución provisional queda descartada en estos casos.
El art. 129.1 de la LJCA -EDL 1998/44323 dispone: “1. Los interesados podrán solicitar en cualquier estado del proceso la adopción de cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia….”. Con esta redacción se enlaza, de forma expresa, la medida cautelar con la sentencia, reforzando, si cabe, su indudable naturaleza instrumental en la medida que, sólo si la efectividad de la tutela a otorgar en sentencia así lo exige, podrá acordarse la medida cautelar solicitada.
El art. 83.2 -EDL 1998/44323 prevé expresamente en el recurso de apelación –tras proclamar en su apartado 1 que dicho recurso contra las sentencias es admisible en ambos efectos, salvo que la Ley disponga otra cosa que “…el Juez, en cualquier momento, a instancia de la parte interesada, podrá adoptar las medidas cautelares que sean pertinentes para asegurar, en su caso, la ejecución de la sentencia atendiendo a los criterios establecidos en el Capítulo II del Título VI” (Medidas Cautelares, art. 129 y ss.).
El Legislador, por tanto, admite expresamente la posibilidad de solicitar al órgano “a quo” la adopción de medidas cautelares cuando contra la sentencia penda un recurso de apelación, sin que exista previsión específica respecto del recurso de casación, lo que puede llevar a dos conclusiones: a) que se trata de una omisión involuntaria del Legislador; b) que se excluye esta posibilidad en el recurso de casación.
En el citado art. 129 -EDL 1998/44323 se dice que “en cualquier estado del proceso” puede solicitarse la medida, debiendo, a mi juicio, entenderse el término proceso en sentido amplio: desde que se inicia con el escrito de interposición -o, en su caso, directamente con demanda hasta que concluye por sentencia firme. Esta interpretación llevaría a la conclusión de que esa laguna legal es fruto de una omisión involuntaria.
El Tribunal Supremo, sin embargo, no admitía –durante la vigencia de la LJCA de 1956 (EDL 1956/42) la posibilidad de adoptar medidas cautelares en casación. Así en sentencia de la sec. 6ª, de 10 enero 1997 (Pte: Excmo. Sr. Goded Miranda) -EDJ 1997/167-, se dice: “Esta Sala Tercera del Tribunal Supremo ha declarado en Autos de 18 octubre 1994 -EDJ 1994/10727 y 30 marzo 1995, entre otros, que en los supuestos de haberse pronunciado sentencia, aunque ésta no sea firme por haber sido recurrida en casación, al ser susceptible de ejecución conforme al precepto citado, carece de significado la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, ya que no se está ante la ejecutividad de éste, sino ante la ejecución de una sentencia recurrida en casación. Una vez pronunciada sentencia por la Sala de instancia huelga cualquier consideración o resolución sobre la procedencia de suspender o no suspender la ejecución del acto administrativo, pues únicamente cabe solicitar la ejecución de la sentencia firme o, si ésta no lo fuese por haberse preparado recurso de casación contra ella, pedir al Tribunal de instancia que acuerde su ejecución provisional o anticipada conforme a los artículos 1722 y 1723 de la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 1881/1-”.
Pero, en el texto vigente (en el que se admite expresamente la posibilidad de adoptar medidas cautelares por el órgano “a quo” cuando penda un recurso de apelación contra la sentencia), cohonestando ese art. 83 -EDL 1998/44323 con el art. 132.1 -que dispone: “Las medidas cautelares estarán en vigor hasta que recaiga sentencia firme”-, y con su apdo. 2, que sólo permite la modificación o revocación de las medidas adoptadas por cambio de las circunstancias fácticas que determinaron su adopción y no en razón de los avances que se hagan en el curso del proceso, ni de los cambios de criterio del órgano jurisdiccional, y dados los términos literales del art. 129.1, hay base para defender la posibilidad de instar –y, en su caso, obtener, si se dan los presupuestos legales la adopción de medidas cautelares cuando frente a la sentencia se haya interpuesto recurso de casación.
Esta posibilidad de adoptar medidas cautelares en fase de recurso –ya sea apelación o casación sólo será posible cuando no se solicitaron previamente (o denegadas hubieran cambiado las circunstancias fácticas que motivaron esa denegación), y la sentencia de instancia fuera desestimatoria del recurso, pues si fuera estimatoria cabría, en principio, su ejecución provisional, ya que la tutela que se persigue con la medida, se obtendrá a través de la ejecución provisional de la sentencia, salvo que ésta -en razón del pronunciamiento no fuera susceptible de ejecución provisional (arts. 84.3 y 91.3 de la Ley de la Jurisdicción -EDL 1998/44323-), en cuyo caso cabría adoptar una medida cautelar adecuada para garantizar la efectividad del fallo hasta tanto devenga firme.
Conviene tener presente, finalmente, que el referido art. 83 -EDL 1998/44323-, respecto del recurso de apelación y, no obstante declarar sus efectos suspensivo y devolutivo (salvo que específicamente la Ley disponga otra cosa), otorga al órgano “a quo”, al que ha de solicitarse la medida, la competencia para su adopción, por lo que, en vía de casación, “mutatis mutandi” y ante el silencio del Legislador, será a la Sala de instancia a la que habrá de solicitarse –y la que resolverá la medida.
La materia que se somete en esta ocasión a nuestra consideración ha sido ob...
La materia que se somete en esta ocasión a nuestra consideración ha sido objeto de una constante y abundante doctrina jurisprudencial en relación con la pérdida sobrevenida de objeto de los recursos de casación interpuestos contra autos dictados en piezas separadas de medidas cautelares, que aún pendientes de resolver, se dicta sentencia, firme o no, resolviendo el fondo del asunto. Así, por citar las más recientes, la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 abril 2013 -EDJ 2013/46855-, que haciendo suyo y reproduciendo el contenido de otra STS de 18 junio 2009 -EDJ 2009/151011-, indica lo siguiente: u0022es constante doctrina de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que no puede discutirse en vía cautelar la procedencia o improcedencia de la suspensión cuando ha recaído sentencia resolviendo sobre el fondo en el recurso principal, porque las cuestiones atinentes a la ejecución del acto o disposición impugnado deben resolverse de conformidad a lo ordenado en el fallou0022.
Se añade en la mencionada sentencia -EDJ 2013/46855 que u0022constituye también criterio de este Tribunal, (que)... la suspensión de la ejecutividad de los actos recurridos es una medida provisional establecida para garantizar la efectividad de la sentencia que en su día pueda recaer en el proceso principal, por lo que dictada ésta, es claro que el recurso de casación carece de objeto y procede acordar su archivo... De modo que es claro que esos recursos de casación carecen de objeto.u0022 En este mismo sentido se pronuncian también las SSTS de 8 -EDJ 2013/42179 y 15 abril -EDJ 2013/46863-, 19 marzo -EDJ 2013/32778 y 25 febrero 2013 -EDJ 2013/15038 y 7 noviembre 2012 -EDJ 2012/246404-.
Así como la anterior doctrina jurisprudencial es unánime, sin embargo no sucede lo mismo cuando aborda los problemas que surgen en torno a la ejecución provisional de sentencias desestimatorias, a mi juicio, acertada cuando afirma que no puede negarse sin más y en cualquier caso la ejecución provisional de una sentencia desestimatoria. Sin desconocer que una tradicional jurisprudencia y doctrina han negado la posibilidad de ejecución a las sentencias desestimatorias, argumentando que no añaden nada al acto administrativo, limitándose a confirmar su validez por lo que no es preciso ningún acto de ejecución añadido, hay un cuerpo de SSTS que permiten tal posibilidad, con las que muestro mi conformidad. En este sentido resulta preciso dejar constancia de la STS de 20 octubre 2008 -EDJ 2008/197230-: u0022Es cierto que la sentencia que desestima el recurso contencioso-administrativo contra un determinado acto de la Administración tiene un contenido declarativo, pues declara la validez del acto impugnado sin modificar su contenido, de donde se deriva que, al menos en principio, el cumplimiento de la sentencia se agota con esa sola declaración. Sin embargo, tales consideraciones no permiten afirmar de forma categórica -como pretende el recurrente que las sentencias desestimatorias no son ejecutables. En primer lugar, porque en la legislación vigente el proceso contencioso-administrativo no siempre se presenta en su modalidad tradicional de impugnación dirigida contra un acto expreso o presunto de la Administración, sino que caben supuestos de significación bien distinta como son el recurso frente a la inactividad de la Administración o frente a actuaciones materiales que constituyan vía de hecho (art. 25 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción -EDL 1998/44323-) en los cuales el pronunciamiento desestimatorio no significa propiamente el reconocimiento de la validez de un acto administrativo. En segundo lugar porque, incluso en el supuesto común del recurso contencioso-administrativo dirigido contra un acto expreso o presunto de la Administración, el alcance eminentemente declarativo del pronunciamiento desestimatorio del recurso no impide que puedan suscitarse incidentes de ejecución. Piénsese, por ejemplo, que la Administración vencedora en el litigio inicia luego los trámites para la revocación de ese mismo acto, o para su revisión de oficio, o, sencillamente, desiste de ejecutar la decisión cuya validez ha sido respaldada en vía jurisdiccional; y es entonces un tercero, que había comparecido en el proceso como codemandado, quien insta ante el Tribunal el efectivo cumplimiento de lo decidido en la sentencia por estar legítimamente interesado en la ejecución.
En fin, abordando ahora la cuestión desde una perspectiva intra-procesal, es indudable que, habiéndose adoptado durante la tramitación del litigio alguna medida cautelar, la sentencia desestimatoria del recurso tendrá cuando menos una virtualidad ejecutiva, la que supone el levantamiento o cese de la medida cautelar adoptada; y si es innegable que esta consecuencia se produce cuando la sentencia es firme (art. 132.1 de la Ley reguladora de esta Jurisdicción -EDL 1998/44323-), queda por determinar si el mismo resultado puede producirse por la vía de la ejecución provisional (...)u0022.
Puede darse el caso de un recurrente que obtiene la suspensión cautelar del acto recurrido y que sin embargo se dicte en el proceso principal una sentencia desestimatoria de su pretensión anulatoria del acto administrativo impugnado. Pues bien, aquél puede ver conculcado su derecho a la tutela judicial efectiva si tal medida cautelar se deja sin efecto por pérdida sobrevenida de su objeto y a la vez no se le permite articular su derecho de defensa en una eventual solicitud de ejecución provisional de la sentencia desestimatoria no firme articulada por la parte contraria, por negar la posibilidad de instar la ejecución de la sentencia desestimatoria. En estos casos, hay quienes abogan por el mantenimiento de la medida cautelar hasta que la sentencia sea firme, basándose en el contenido del art. 132.1 LJCA -EDL 1998/44323-, según el cual las medidas cautelares estarán en vigor hasta que recaiga sentencia firme. Sin embargo, la jurisprudencia del TS es en esta materia unánime al afirmar que tal precepto ha de interpretarse y aplicarse conjuntamente con el art. 91.1 LJCA, de modo que la ejecución provisional de la sentencia se superpone a las medidas cautelares (“Esto significa que, dictada la sentencia, y aunque no sea firme, los problemas de la ejecución del acto (y, por lo tanto, las medidas cautelares) quedan anulados y sustituidos por los de la ejecución de la sentencia”, según la STS de 9 febrero 2009 -EDJ 2009/19111-), pudiéndose llegar incluso a casos en los cuales la decisión adoptada en ejecución provisional de la sentencia resulte contraria u opuesta a lo que se decidió en fase cautelar (STS de 9 febrero 2009, que se remite a otra de 20 octubre 2008 -EDJ 2008/197230 que a su vez lo hace a la de fecha 28 diciembre 2007 -EDJ 2007/260355-: “Cuando se insta dicha ejecución provisional, su régimen normativo se superpone, desplazándolo, al propio de las medidas cautelares, pudiendo así acordarse en ejecución provisional una situación, un estado de cosas distinto e incluso contrario al que en su día se acordó en el incidente cautelar.”).
En definitiva, ante el supuesto de hecho que comentamos, las posibilidades del recurrente de conseguir mantener la suspensión de la ejecutividad del acto administrativo recurrido cuando se ha dictado ya una sentencia desestimatoria no firme pasan por una de estas vías: 1ª. Considerar una posible modificación de la doctrina jurisprudencial que superpone y da preferencia a la aplicación del art. 91.1 LJCA -EDL 1998/44323 frente al art. 132.1 LJCA ó 2ª. En defecto de lo anterior, oponerse a la Administración demandada que solicite la ejecución provisional de la sentencia, alegando en el seno de tal trámite y conforme a los parámetros legales que rigen tal materia, perjuicios de difícil reparación o la causación de una situación irreversible conforme a lo dispuesto en el art. 93.3 LJCA.
Como se expresa en el planteamiento, la jurisprudencia del Tribunal Supremo e...
Como se expresa en el planteamiento, la jurisprudencia del Tribunal Supremo es reiterada en cuanto a la improcedencia de suspender la ejecución del acto recurrido cuando el órgano judicial competente, ante el que se ventila el proceso sobre la legalidad de dicho acto, ha dictado sentencia, aunque ésta no sea firme.
Así lo declaran las SSTS de 14 junio 2005 -EDJ 2005/139452 ó 26 enero 2006 -EDJ 2006/83883-, citadas en el Auto de su sec. 2ª de 18 diciembre 2006 -EDJ 2006/348451-, en las que se dice expresamente que “en los supuestos de haberse pronunciado sentencia, aunque ésta no sea firme por haber sido recurrida en casación, al ser susceptible de ejecución, carece de significado la suspensión del acto administrativo impugnado, ya que no se está ante la ejecutividad de éste, sino ante la ejecución de una sentencia recurrible en casación, de manera que, una vez pronunciada sentencia por la Sala de instancia, huelga cualquier consideración o resolución sobre la suspensión o no de la ejecución del acto, al proceder únicamente la ejecución de la sentencia o su suspensión, con arreglo al art. 91 de la Ley Jurisdiccional -EDL 1998/44323-”, doctrina reiterada en pronunciamientos posteriores, como las Sentencias del Alto Tribunal de 22 diciembre 2010 -EDJ 2010/290631-, 22 febrero 2011 -EDJ 2011/11743 ó 12 septiembre 2012 -EDJ 2012/201279-.
La cuestión que ahora se suscita está íntimamente relacionada con esta doctrina, aunque incorpora un importante matiz: la sentencia no firme es favorable a la Administración, en cuanto desestimatoria de la impugnación del acto administrativo recurrido. Lo que se plantea es la posibilidad, en estos casos, de interesar medidas cautelares para evitar la ejecución de la resolución administrativa hasta que se dicte la correspondiente sentencia firme, habida cuenta que el recurrente puede razonablemente entender que tal ejecución podría hacer perder su finalidad legítima al recurso en el caso de que tal pronunciamiento judicial (en apelación o en casación) fuera, finalmente, estimatorio y determinase la invalidez del acto administrativo recurrido.
A mi juicio, y aunque pueda indudablemente entenderse que subsiste el interés del recurrente en que no se ejecute el acto y que -ciertamente una sentencia estimatoria en la segunda instancia o en la casación pudieran hacer perder al proceso su finalidad legítima o causar daños o perjuicios de muy difícil reparación, no cabe pretender la adopción de medidas cautelares en estos casos, sin que la naturaleza (desestimatoria) de la sentencia permita alterar el régimen establecido en la doctrina jurisprudencial reiterada. Y ello por las siguientes razones:
En primer lugar, la presunción de legalidad y acierto del acto administrativo no obstante su impugnación se ha visto decisivamente reforzada cuando el órgano judicial competente ha decidido, en sentencia susceptible de impugnación, desestimar el recurso. La eventual medida cautelar que pudiera adoptarse no sería ya tanto de un acto administrativo, cuanto de una resolución judicial que ha afirmado, en el procedimiento correspondiente, su plena conformidad a derecho.
Si ello es así, el problema debe trasladarse, en su caso, a otro instituto procesal: la ejecución de la resolución no firme. Dicho en otros términos: la eventual inejecución hasta que recaiga resolución judicial firme no puede ventilarse en sede de un incidente de medidas cautelares, sino en el ámbito del cumplimiento de la sentencia recurrida en apelación o en casación que, recordemos, ha sido favorable a la Administración.
Ocurre, sin embargo, que la jurisprudencia actual no permite la ejecución de tales sentencias, pues en estos casos “la ejecución que procede es la del acto, y no la de la sentencia, la cual, a los efectos de ejecución, lo ha dejado intacto, sin quitar ni añadir nada a su propia fuerza ejecutiva” (STS de 22 septiembre 1999 -EDJ 1999/22389-).
Según la jurisprudencia actual, por tanto, el interesado no podría oponerse a la ejecución del acto ni a través de un incidente de medidas cautelares (pues la sentencia no firme ha confirmado expresamente su legalidad), ni en sede de ejecución de la sentencia (pues lo que se ejecuta en estos casos es el acto mismo, no la sentencia que desestima su impugnación).
La verdad es que la combinación de ambos criterios jurisprudenciales puede provocar al interesado cierta hilaridad: si pretende que el acto no se ejecute hasta la sentencia firme, se le responde que no “hay acto que suspender” sino, en su caso, ejecución de sentencia. Y si se opone a la ejecución (provisional) de esa misma sentencia, se le indicará que “lo que se ejecuta es el acto, no la resolución judicial” y que, por tanto, no existe en modo alguno “ejecución de sentencia”, remitiéndole a lo que haga la Administración para llevar a efecto la actuación administrativa correspondiente.
Ya he adelantado mi opinión contraria a la procedencia de medidas cautelares en estos casos, pues el acto administrativo se ha transformado a efectos procesales, valga la expresión, en sentencia desestimatoria.
La solución pasaría, por tanto, por modificar el criterio jurisprudencial en punto a la imposibilidad de ejecutar provisionalmente sentencias desestimatorias, opción que no aparece expresamente rechazada por la Ley Jurisdiccional -EDL 1998/44323-, pues la misma no condiciona dicha ejecución provisional –al prepararse un recuro de casación o interponerse el de apelación al carácter estimatorio o desestimatorio de la resolución judicial que se recurre.
Desde el punto de vista de la eficacia y de su proyección en el recurso cont...
Desde el punto de vista de la eficacia y de su proyección en el recurso contencioso administrativo resulta tenue la frontera entre u0022medida cautelaru0022 y u0022ejecución provisionalu0022
El estudio analítico del planteamiento que se nos presenta invita a enfatizar las siguientes premisas para el adecuado mantenimiento de la solución que al final se propondrá.
1ª) La accesoriedad constituye una de las características consustanciales de toda medida cautelar, lo que conlleva, como dispone el art. 731.1 LEC -EDL 1881/1-, el no mantenimiento de las medidas cautelares cuando el proceso o procedimiento principal haya terminado por cualquier causa.
En efecto, reiterada jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Autos de 13 diciembre 1989, 7 octubre 1996, 13 junio 1997, 5 diciembre 2007 -EDJ 2007/236737 y STS de 19 mayo 2011 (RC 271/2009) -EDJ 2011/99846-, permite mantener que la medida cautelar constituye un mecanismo precautorio para garantizar la efectividad de la resolución judicial que pueda recaer en el proceso principal, según se desprende de los arts. 129.1 y 132.1 de la Ley 29/1998, de 13 julio -EDL 1998/44323-, lo que determina que cuando en el recurso contencioso administrativo examinado haya recaído sentencia carezca de sentido acordar una medida cautelar o revisar su procedencia.
Un caso, ciertamente particular, por las circunstancias concurrentes ha sido resuelto recientemente por la STSJ Cataluña 333/2013, de 22 marzo -EDJ 2013/85899-, en la que se abordó la problemática que si era posible -como pretendía la parte apelante mantener la medida cautelar de suspensión acordada por el juez de instancia, pese a haber recaído sentencia desestimando el recurso principal (confirmada en apelación e, incluso, tras rechazar el incidente de nulidad de actuaciones) cuando frente a dichas actuaciones jurisdiccionales se presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
Interesa destacar los siguientes extractos de la expresada STSJC 333/2013 -EDJ 2013/85899-:
u0022En este sentido, como se ha apuntado, difícilmente puede decretarse (o mantenerse) una medida cautelar de suspensión de un acto administrativo (por la vía de los artículos 129 y ss. LRJCA -EDL 1998/44323-) cuando el recurso contencioso administrativo dirigido contra el mismo ha sido ya resuelto por una Sentencia, además firme.u0022
u0022Habiendo recaído, en consecuencia, sentencia firme resulta yerma de razón la pretensión de la recurrente de que se mantenga una medida cautelar que, como ha quedado expresada, es accesoria a la propia Sentencia y que, además, al ser ésta desestimatoria, lo que procede es la ejecución del acto. Pero es que, además, con independencia del fumus o de los criterios en los que la aquí apelante hubiese fundado su recurso de amparo (cuya acreditación de su interposición resulta irrelevante a los efectos que nos ocupan) lo cierto es que no corresponde pronunciarse a la jurisdicción ordinaria -obviamente, a mayor abundamiento de lo expresado al fundamento jurídico anterior sobre la suspensión de la ejecución del acto administrativo objeto de un recurso contencioso desestimado en virtud de Sentencia firme, por cuanto existe un cauce específico para ello en el artículo 56 de la Ley Orgánica 2/1979, del 3 octubre, del Tribunal Constitucional -EDL 1979/3888-u0022.
2ª) Cuando la sentencia que pone fin al proceso contencioso administrativo es desestimatoria no cabría acudir, en principio, a la ejecución judicial (arts. 103 y ss. LRJCA -EDL 1998/44323-), al tratarse, en puridad, de un supuesto de ejecución administrativa.
El pronunciamiento desestimatorio de la sentencia no añade nada al acto administrativo impugnado. En efecto, mientras que la atribución expresa, por el art. 103 LRJCA -EDL 1998/44323-, de la potestad de ejecución a los órganos jurisdiccionales, proyecta sus efectos sobre los privilegios de la autotutela ejecutiva de la Administración, debilitando la misma, hasta el punto de hacerla desaparecer con relación a los actos derivados de un pronunciamiento judicial que estime la pretensión eventualmente esgrimida es decir, en el ámbito de las Sentencias estimatorias del recurso, en el caso de Sentencias desestimatorias dicha potestad de autotutela ejecutiva queda indemne, por lo que no cabría hablar de ejecución judicial sino de ejecución administrativa.
En fin, como proclama, entre otros pronunciamientos, el muy ilustrativo de la STSJ Madrid (Sección Segunda) de 18 noviembre 1999 -EDJ 1999/53381-, “cuando la sentencia es desestimatoria, su parte dispositiva se limita a no anular una determinada actuación administrativa. Por otra parte, el hecho de desestimar un recurso no es igual a confirmar la actuación administrativa recurrida. No compete a los Tribunales de la jurisdicción u0022confirmaru0022 o u0022revocaru0022 actos administrativos. No existe una relación jerárquica entre aquéllos y las Administraciones públicas. No existe tutela de legalidad y mucho menos de oportunidad por parte de los Tribunales respecto de la Administración pública. Una sentencia desestimatoria se limita a no anular cierta actuación administrativa por considerar ésta ajustada a derecho [...] Siendo una sentencia desestimatoria o declaratoria de la inadmisibilidad del recurso no tiene el tribunal nada que hacer o ejecutar.u0022
3ª) El escenario jurídico que ofrece una sentencia que ha sido recurrida en casación resulta ajeno, en consecuencia, a la adopción ex novo o al mantenimiento de una medida cautelar, reconduciendo, en consecuencia, el planteamiento al ámbito de la ejecución provisional de la Sentencia.
En efecto, reiterada jurisprudencia (entre otras, SSTS de 23 septiembre -EDJ 1995/5971-, 21 noviembre 1995 -EDJ 1995/6872-, 28 octubre 2003 -EDJ 2003/147263 y 20 enero 2004 -EDJ 2004/260292-) mantiene que u0022en los supuestos de haberse pronunciado sentencia, aunque ésta no sea firme por haber sido recurrida en casación, al ser susceptible de ejecución, carece de significado la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, ya que no se está ante la ejecutividad de éste sino ante la ejecución de una sentencia recurrible en casación, de manera que, una vez pronunciada sentencia por la Sala de instancia, huelga cualquier consideración o resolución sobre la suspensión o no de la ejecución del acto, pues únicamente cabe solicitar la ejecución de la sentencia firme o, si ésta no lo fuese por haberse preparado recurso de casación, pedir al Tribunal de instancia que acuerde su ejecución provisional o anticipadau0022.
En consecuencia, el contexto esbozado nos situaría no en el ámbito de las medidas cautelares sino, en su caso, en el de la ejecución provisional de la sentencia recurrida en casación. A partir de aquí podrán dibujarse con mayor precisión esos difusos límites, a los que anteriormente eludía, entre medida cautelar y ejecución de sentencia pues -debe insistirse que la ejecución provisional es un verdadero proceso de ejecución si bien condicionado a la confirmación de la Sentencia recurrida en apelación o casación, sin que se pueda entender que su naturaleza jurídica se acerque al concepto de medida cautelar, tesis ésta insostenible a la luz de la Exposición de Motivos de la LEC -EDL 2000/77463-, que afirma que la ejecución forzosa provisional no es, por supuesto, ninguna medida cautelar y produce, de ordinario, efectos de más fuerza e intensidad que los propios de las medidas cautelares.
Pues bien, los tres aspectos que se acaban de destacar recrean un silogismo jurídico que, ciertamente, parece dejar desprotegido a una de las partes del proceso pues, al fin y al cabo, tras la sentencia desestimatoria recurrida en casación, el actor no podrá solicitar una medida cautelar o abogar por el mantenimiento de la adoptada con anterioridad y, por otra parte, tampoco cabrá acudir al expediente de ejecución jurisdiccional a los efectos de limar o depurar la proyección de efectos derivados del acto administrativo u0022confirmadou0022 por la sentencia recaída.
¿Qué le queda pues a ese recurrente? ¿Cabe aceptar, sin más, que nos encontramos ante una magra regulación jurídica que permite situaciones de cierta desprotección?
Veamos las posibles respuestas.
a) No parece posible mantener una interpretación puramente literal del art. 132.1 LRJCA -EDL 1998/44323 en el sentido de considerar que habida cuenta de que la medida cautelar estará en vigor hasta que recaiga sentencia firme, la sentencia que pone fin al proceso no es una sentencia firme sino definitiva y que, por tanto, la medida cautelar pervivirá hasta que recaiga dicha sentencia firme. Esta tesis, ya superada por la jurisprudencia, choca frontalmente con el carácter accesorio de la medida cautelar del que anteriormente se ha dado cuenta por lo que, entiendo que no resulta posible adscribirnos a esta primera posibilidad.
b) La segunda opción que podríamos manejar es la relativa a entender que en la medida que nos encontramos ante una ejecución administrativa, cabría reactivar las medidas cautelares propias del procedimiento administrativo. Esta posibilidad resultaría, no obstante, poco operativa desde el momento que el escenario que se nos plantea recrea ya el supuesto de ejecución de un acto dictado tras un procedimiento administrativo, avalado, además, por una sentencia judicial, por lo que las garantías al respecto (por no hablar de la seguridad jurídica y de la cosa juzgada) no parecen dejar mucho resquicio de duda en torno a la legalidad de la acción administrativa.
c) La tercera posibilidad sería considerar que si bien frente a sentencias desestimatorias no cabe la ejecución judicial, determinados supuestos ciertamente patológicos (como el del planteamiento que se analiza), habilitarían a acudir a la ejecución provisional de la sentencia recurrida en casación. Me he mostrado favorable a esta posibilidad en unas reflexiones que bajo el título u0022Diagnosis de la ejecución de sentenciasu0022 fueron publicadas en Cuadernos de derecho judicial número 9/2005 (Ejemplar dedicado a: Diagnosis de la jurisdicción contencioso-administrativa. Perspectivas de futuro, pp. 161-208),
En dicho trabajo rememoraba una antigua línea jurisprudencial que, incluso, admitiría la posibilidad de la ejecución judicial de las sentencias desestimatorias, u0022pues... lo que se ejecutaría, una vez que hay sentencia, es la sentencia misma y no el acto administrativo” (AATS de 11 enero, 9 marzo, 10, 12, 14 y 15 julio y 22 octubre 1993 y STS de 9 octubre 1999).
A partir de esta última Sentencia cabría concluir -exclusivamente como un remedio excepcional a una posible situación de indefensión que con relación a la sentencia desestimatoria sólo sería posible acudir a su ejecución judicial (provisional) en tanto la misma no sea firme.
En este sentido, la STS de 7 octubre 2002 -EDJ 2002/42781 viene a reconocer expresamente que cuando se trata de la ejecución de lo decidido en Sentencias contra las que se encuentra pendiente un recurso de casación no es aplicable directamente el art. 103 de la Ley jurisdiccional -EDL 1998/44323 ni, por tanto, la Administración podía proceder por sí misma a la ejecución administrativa del acto, en el sentido de que “... la jurisprudencia de esta Sala Tercera, tomando en cuenta lo prevenido en el art. 98 LJ (según el cual, la preparación del recurso de casación no impedirá la ejecución de la resolución recurrida), y aplicando lo dispuesto en los arts. 1722, 1723 y 385 LEC 1881 -EDL 1881/1-, ha declarado que para la ejecución provisional de las sentencias recurridas en casación es imprescindible la solicitud de la parte dirigida al Tribunal sentenciador, la constitución de fianza o aval bancario suficiente, y que, cuando se trate de sentencias cuyo objeto no sea el pago de cantidad líquida o liquidable, el perjuicio que pudiera irrogarse con la ejecución no sea irreparable.“
Por tanto, resultaría posible de forma excepcional acudir a la ejecución judicial de sentencias desestimatorias, en tanto penda un recurso de apelación o de casación, mediante el supuesto de la ejecución provisional. Sólo en estos casos, como pone de manifiesto José Luis Requero “Ejecución de sentencias en la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa Cuadernos de derecho local, Número 8, 2005, págs. 33-49”) la Administración demandada no goza aún de la autotutela que le brinda la estabilidad derivada de la firmeza, toda vez que si bien su acto o disposición, goza de legitimidad o vigencia, la misma es interina o provisional en la medida que será el Juez o Tribunal quien decida.
No obstante, de entrada, habría que vencer un obstáculo procedimental para acudir a la propia ejecución provisional pues el art. 91 LRJCA -EDL 1998/44323 únicamente habilita a las partes favorecidas por la Sentencia.
La vigente doctrina jurisprudencial del Alto Tribunal sobre la cuestión plan...
La vigente doctrina jurisprudencial del Alto Tribunal sobre la cuestión planteada atribuye a la institución de la ejecución provisional (art. 91 de la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa -EDL 1998/44323-) un carácter preferente en relación a las medidas cautelares previstas en el Capítulo II del Título VI de la Ley Jurisdiccional. Dicha preferencia se manifiesta en un “efecto desplazamiento”, de tal modo que “el régimen de la ejecución provisional se superpone, desplazándolo, al propio de las medidas cautelares, pudiendo así acordarse en ejecución provisional una situación, un estado de cosas distinto, e incluso contrario al que en su día se acordó en el incidente cautelar”. En estos términos se expresa, por ejemplo, la STS de 15 abril 2011 (casación 6181/06, F.J. 1º) -EDJ 2011/42299-.
Esta doctrina se aplica indistintamente por el Alto Tribunal tanto en los supuestos en que en la instancia recae sentencia estimatoria (por ejemplo, Auto de 29 octubre 2012, casación 2804/09) -EDJ 2012/239626-, como desestimatoria (por ejemplo, Auto de 29 octubre 2012, casación 7027/09 -EDJ 2012/239627-).
La anterior doctrina supone, como reconoce el Alto Tribunal, una lectura del art. 132 de la Ley Jurisdiccional subordinada al concreto devenir del proceso en cada instancia. Ello es resultado de la interpretación sistemática de los arts. 132 y 91 de la Ley Jurisdiccional -EDL 1998/44323 que se ha consolidado en el Alto Tribunal. No obstante, tal modo de proceder supone al mismo tiempo la preterición del resultado de la interpretación literal, de los elementos que proporcionan los materiales legislativos y de la propia finalidad y fundamento de la institución cautelar.
En relación a la interpretación literal, la inteligencia del art. 132 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa -EDL 1998/44323 abona conclusiones distintas a las denotadas por el Tribunal Supremo. Así resulta de la mención del apdo. 1º del art. 132 a que “Las medidas cautelares estarán en vigor hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento en el que se hayan acordado” y la nítida prescripción del apartado 2º del mismo precepto, al referir a “los distintos avances que se vayan haciendo durante el proceso” la regla de la imposibilidad de modificación o revocación de las medidas cautelares respecto al análisis de las cuestiones formales o de fondo que configuran el debate.
Si acudimos al trámite parlamentario, resulta clara igualmente que la intención del legislador fue la de vincular la vigencia de las medidas cautelares a la del propio proceso y no a la de cada instancia procesal. Así, la redacción originaria del Proyecto de Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa no contemplaba específicamente ninguna regla dedicada a la duración de las medidas cautelares y sí solo a la posibilidad de su modificación o revocación (art. 124.4, BOCG, Congreso de los Diputados, de 18/6/1997, pág. 35). La primera versión del actual art. 132 se debe a la enmienda nº 26 del Grupo Parlamentario Vasco, durante la tramitación en el Congreso, que proponía un art. 128 similar en su apdo. 2º al vigente art. 132.2 y que en el nº 1 declaraba en su primer inciso: “Las medidas cautelares estarán en vigor hasta que termine la instancia procesal en la que se hayan acordado” (BOCG, Congreso, de 24/11/11997, pág. 60). En el trámite en la Cámara Alta, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, a través de la enmienda nº 142, propuso la actual redacción del precepto con la justificación de que la redacción del Congreso obligaba a las partes a tramitar incidente de medidas cautelares “en cada instancia procesal del procedimiento, primera instancia, apelación, en su caso, casación. Esta solicitud no hace sino complicar innecesariamente el procedimiento, pudiendo perfectamente mantener las medidas cautelares acordadas por el Juzgado unipersonal o Sala correspondiente... hasta que en el mismo recaiga sentencia firme o finalice en cualquiera de las formas posibles” (BOCG, Senado, de 6/5/1998, pág. 91).
Finalmente, en cuanto al fundamento de las medidas cautelares, el propio Tribunal Supremo ha declarado, en sentencia de 3 julio 2007, que “la finalidad propia y directa de esta institución no es en el proceso contencioso-administrativo la de tutelar provisionalmente la posición o situación jurídica de la parte que aparentemente litiga con razón, sino preservar el derecho a la tutela judicial efectiva al final del proceso, o lo que es igual, el efecto útil de la sentencia que en éste deba recaer” (casación 10341/04, F.J. 3º) -EDJ 2007/92381-.
Las consideraciones anteriores, en mi opinión, sí justificarían una revisión de la citada doctrina jurisprudencial. La posible activación de la ejecución provisional, efectivamente, puede desplazar la eficacia y sentido de la medida cautelar adoptada en el curso del proceso, justificando así un pronunciamiento de pérdida de objeto del recurso devolutivo interpuesto contra la decisión acerca de aquélla recaída en la instancia Ello, sin embargo, tendrá su sede natural en los casos de sentencias estimatorias, pues la ejecución y la eficacia de la medida cautelar pueden superponerse. Como señalaba el Tribunal Supremo en Auto de 16 febrero 1999 (casación 10012/1997, F.J. 3º), existe un argumento adicional en pro de esta tesis: “no tendría sentido que el tribunal de apelación pudiera estar decidiendo sobre la adopción de medidas cautelares mientras que el juez pudiera adoptar medidas contradictorias para garantizar la ejecución de la sentencia o acordar una ejecución provisional de ésta incompatible con aquéllas”.
En cambio, en los supuestos de sentencias desestimatorias, presupuesta la imposibilidad de ejecución, sigue subsistente un interés legítimo para la parte actora en el mantenimiento de la medida cautelar hasta que el proceso finalice mediante sentencia firme, como señala el art. 132.1 de la Ley Jurisdiccional -EDL 1998/44323-. Interés que, sin embargo y por aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo comentada, se anula de modo absoluto, habilitando una zona de suspensión de tutela cautelar entre el dictado de una sentencia en la instancia y la decisión del recurso devolutivo. Si el resultado de la casación es favorable a la parte actora, la referida doctrina puede haber propiciado o consolidado, entre tanto, una situación de hecho incompatible con la finalidad de la tutela cautelar (“la necesidad del proceso para obtener razón no debe convertirse en un daño para quien la tiene”, Auto del Tribunal Supremo de 13 junio 1997, casación 50/1997, F.J. 3º) que, en mi opinión, no tiene justificación suficiente.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 56
 resolución 
 resolución