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Timestamp: 2019-10-22 14:37:01+00:00

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﻿ SENTENCIA 14872 DE FEBRERO 21 DE 2002
SENTENCIA 14872 DE 21 DE FEBRERO DE 2002
CONTENIDO:INTERÉS PARA IMPUGNAR LA CASACIÓN DEL NO APELANTE DE PRIMERA INSTANCIA. EVENTUALIDADES PARA SU PROCEDENCIA. EL NUEVO CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL NO INCLUYÓ EN SU DEFINICIÓN DE FLAGRANCIA LA JURISPRUDENCIA DE ESTA SALA DE FLAGRANCIA COMO EVIDENCIA PROCESAL, ES DECIR, EN LA QUE LA CAPTURA NO ES REQUISITO ESENCIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 2000, RECURSO DE CASACIÓN, CAPTURA, FLAGRANCIA, PROCEDIMIENTO PENAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:365 DE MAYO DE 2002, PÁG.982
Sentencia 14872 de febrero 21 de 2002
Aprobado Acta Nº 24
Bogotá D.C., veintiuno de febrero de dos mil dos.
INTERÉS PARA RECURRIR DE QUIEN NO APELÓ FALLO DE PRIMER GRADO
Resuelve la Sala el recurso de casación interpuesto por el defensor del procesado Tomás Aquino Fernández Fernández contra la sentencia de marzo 26 de 1998, mediante la cual el Tribunal Superior de Barranquilla lo condenó a la pena principal de 12 años de prisión al hallarlo autor responsable de doble homicidio simple en estado de ira e intenso dolor.
El 1º de septiembre de 1995 tenía lugar una fiesta de cumpleaños en la residencia de la señora Nadine Miranda Riquet, ubicada en la calle 58 Nº 45-44 de Barranquilla. Sorpresivamente, hacia la media noche, hizo su aparición Tomás Fernández Fernández y de inmediato agredió con un cuchillo que llevaba consigo a Alberto Mario Betancourt Puccini, amante de su compañera permanente Delma Goenaga Rodríguez, quien también se encontraba en el lugar y resultó igualmente víctima del ataque. Los lesionados fallecieron momentos después en los centros asistenciales a los cuales fueron trasladados.
Fernández Fernández fue vinculado al proceso a través de indagatoria. Se le resolvió situación jurídica con detención preventiva el 12 de septiembre de 1995 (fl. 78 c. 1) y el 27 de diciembre siguiente fue acusado por los cargos de homicidio simple “en circunstancias de atenuación punitiva de ira e intenso dolor ...con reducción de pena por confesión y entrega voluntaria a las autoridades” (fl. 195 c. 1). Esta decisión quedó ejecutoriada el 9 de febrero de 1996, fecha en la cual quedó en firme la resolución de la Fiscalía a través de la cual se declararon desiertos los recursos de reposición y apelación interpuestos por el apoderado de la parte civil en contra de la resolución acusatoria (fl. 218 c. 1).
Se tramitó el juicio y el 13 de agosto de 1997 el Juzgado 3º Penal del Circuito de Barranquilla dictó sentencia. Decidió condenar al procesado por los delitos de la acusación a 10 años de prisión, previo el reconocimiento de la rebaja de pena por confesión autorizada por el artículo 299 del Código de Procedimiento Penal de 1991. Por igual lapso fue condenado a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas y, por último, se le impuso pagar 5.000 gramos de oro por concepto de los daños y perjuicios causados con los delitos.
El fallo fue apelado por el apoderado de la parte civil y el Tribunal Superior de Barranquilla decidió el recurso a través de la providencia recurrida en casación. Consideró de oficio improcedente la concesión de la rebaja de pena por confesión y en ese único sentido modificó la sentencia de primera instancia, imponiéndole al procesado 12 años de prisión.
Consta de tres cargos y a continuación se sintetizan en el mismo orden en el cual se encuentran formulados.
Luego de mencionar que se violó la ley sustancial “por error en la apreciación de determinada prueba” expresa el defensor que su representado se entregó luego de los crímenes y confesó su autoría. En ningún momento, entonces, hubo captura en flagrancia. Fue a la Clínica El Prado, se enteró del deceso de su mujer, le contó a los policías que allí se encontraban que él era el autor y éstos procedieron a detenerlo.
Se refiere el abogado a la noción de flagrancia según el artículo 370 de Código de Procedimiento Penal de 1991 y concluye que el entendimiento del concepto por parte del tribunal es equivocado. Simplemente porque ninguna de las hipótesis de la norma tuvo lugar en el presente caso. Pide, como consecuencia, que se case la sentencia y se le reconozca al sindicado la rebaja de pena por confesión tal y como lo había hecho el juez de 1ª instancia.
Está apoyado la causal 2ª de casación. En la acusación la Fiscalía —dice el censor— le reconoció al procesado “los atenuantes de la ira e intenso dolor y su conducta de entrega a las autoridades y confesión del hecho punible”. El fallo de primera instancia admitió dichas circunstancias, pero no el del tribunal que desconoció “los elementos componentes de la acusación dejando inerme al procesado con un agravante punitivo, que quiebra las reglas de la norma sustancial y aunque el juez de segunda instancia tenía la facultad de revisión y agravar en un momento dado la suerte del sujeto activo, sin la restricción prevista en el principio de la reformatio in pejus por ser el recurrente distinto al procesado a su defensor, no menos es cierto que esos agravantes se tendrían que haber dado por otros factores distintos a los que están fortificados en la acusación que es la base del juzgamiento y es lo que el legislador ha querido proteger.
Es de nulidad. Dice el defensor que desde el primer momento Fernández Fernández “dio muestras irrefutables de que se hallaba en circunstancias síquicas deterioradas que le impedían coordinar y dirigir su voluntad”. Sostiene el abogado que la conducta de su representado podría corresponder a una demencia “herbefreno catatónica” de carácter temporal, producida por el fuerte impacto de ver a su compañera “en los brazos de otro”.
Refiere luego que era deber de la Fiscalía someterlo de inmediato a un examen siquiátrico para establecer su condición mental. Pero sólo un año después sucedió y el dictamen obtenido “nos deja entrever que aún persiste esa alteración sicológica aunque con menos incidencia”.
De tal forma, concluye el abogado sin más, se ha debido tener al procesado como inimputable en virtud de un trastorno mental de carácter transitorio. Y concluye: “Tanto la acusación como la sentencia de primer grado y la misma sentencia censurada en casación han reconocido esta circunstancia síquica de mi defendido que pone de manifiesto la violación al debido proceso de que trata el artículo 29 de la Constitución Nacional por inobservancia de la plenitud de las formas del juicio dado que para el señor Fernández Fernández le era viable imperativamente su exclusión punitiva”.
Concepto de la Procuradora 1º Delegada en lo Penal:
Tercer cargo (de nulidad).
Se refirió en primer lugar a esta censura la delegada, en cumplimiento del principio de prioridad. Y advierte que no debe prosperar.
De forma impropia el censor formula y desarrolla un supuesto error in iudicando dentro del marco de un posible error in procedendo. Aspira a demostrar la falta de aplicación del artículo 31 del Código Penal de 1980 a partir de una premisa falsa consistente en señalar que en el proceso se le reconoció al sindicado haber actuado “bajo las circunstancias de una perturbación síquica temporal o transitoria” cuando lo cierto es que desde la acusación se admitió que obró bajo el estado de ira e intenso dolor y no de enajenación mental. Adicionalmente se refiere a una posible violación del derecho de defensa originada en la no práctica del examen siquiátrico al procesado y acto seguido reconoce que la prueba se llevó a cabo.
Si se dejaran de lado los desaciertos técnicos de la censura —agrega la Procuradora— también habría que desestimar el cargo. Simplemente porque el estudio sicológico-siquiátrico que se le practicó a Tomás Fernández dio como resultado que el mismo actuó en condiciones de imputabilidad y en consecuencia era merecedor de la sanción penal. El hecho de que el peritazgo haya tenido ocurrencia un año después de los hechos, de otra parte, no incide para nada en la determinación del estado mental del acusado para el momento de los hechos.
"En conclusión, el acusado sí sufrió una alteración sicológica compatible para el estado de ira e intenso dolor que le fue reconocido por los peritos y juzgadores, no con connotación de trastorno mental transitorio, que califica el censor, quien ha olvidado que dicho concepto (enajenación mental de corta duración) es un concepto jurídico penal y no meramente médico y en este caso, concuerdan ambos conceptos para descartar el trastorno mental".
Desaciertos técnicos están igualmente presentes en la presentación de esta censura. Comienza atribuyéndole al fallo violación indirecta de la ley sustancial y acto seguido aborda un problema de violación directa, olvidando el defensor que no pueden ser fundidos en un mismo cargo errores de apreciación probatoria y de valoración jurídica del hecho que las pruebas demuestran, anota la delegada.
Agrega que ha sido reiterada la jurisprudencia de la Sala relativa a que si el autor material del delito es sorprendido en flagrancia, aunque no sea capturado en tal situación, no puede beneficiarse de la rebaja de pena por confesión. Simplemente porque en una hipótesis así el fundamento clave de la sentencia no es la autoincriminación del procesado sino otros medios de convicción. Demostrado que Tomás Fernández actuó en situación de flagrancia o “evidencia procesal”, entonces, no procedía la rebaja de pena por confesión. Por ende, aunque se considere la invocación de la violación indirecta de la ley como “un error de texto”, las objeciones del casacionista carecen de fundamento y el cargo por lo tanto no puede prosperar.
La delegada estima que no le asiste razón al impugnante en su propuesta de incongruencia entre la resolución de acusación y la sentencia. En virtud de la apelación interpuesta por la parte civil el tribunal adquirió competencia para modificar la decisión, de una parte. De otra, era su obligación constitucional y legal adecuar la decisión a los parámetros jurídicos pertinentes, como en efecto lo hizo ante la existencia de la situación de flagrancia que impedía la rebaja de pena por confesión.
Por lo demás, el censor incurrió en un error técnico al no admitir el análisis probatorio hecho por el juzgador, lo cual constituye un presupuesto cuando el cargo en casación es formulado con fundamento en la causal 2ª.
La petición de la Procuraduría es, en conclusión, que no se case la sentencia materia de la impugnación.
En virtud del principio de prioridad la Sala se referirá en primer lugar al cargo nulidad y luego a los restantes en el orden planteado por el demandante, aunque desde ya adelanta que ninguno está llamado a prosperar.
Sobre el tercer cargo (de nulidad).
Es presupuesto de la demanda de casación de una sentencia el interés para recurrir. Sobre el tema dijo la Corte en la providencia del 11 de febrero de 1999, con ponencia del Dr. Fernando Arboleda Ripoll lo siguiente:
“Principios elementales de procedimiento por todos conocidos enseñan que para hacer uso del derecho de impugnación se requiere tener interés para ejercerlo, y que esta vocación viene determinada por el carácter lesivo de la decisión y cuya remoción se persigue, en cuanto haya irrogado un perjuicio concreto a la parte impugnante.
“En ocasiones, el interés suele estar supeditado al cumplimiento de exigencias adicionales, como por ejemplo la cuantía de la pretensión (CPP, de 1991 art. 221), o circunscrito a unos precisos aspectos de la decisión (art. 37B-4 ejusdem, modificado por el 5º de la L. 81/93 y 12 de la L. 365/97), pero siempre sobre el supuesto de existir un agravio.
“Se entiende, entonces, que no existe interés para recurrir cuando la decisión no le reporta agravio alguno a la parte impugnante, o cuando existiendo, no se cumplen los requerimientos adicionales del procedimiento; y, se deja de tener, cuando el sujeto agraviado con la decisión la consiente con el silencio. Estos son principios de procedimiento ampliamente reconocidos e implícitamente contenidos y operantes en nuestro régimen procesal vigente.
“Por razones de técnica legislativa, derivadas de la dificultad e inconveniencia de poder regular con efectos excluyentes los casos en los cuales faltaría interés para recurrir por ausencia de perjuicio, el ordenamiento jurídico no contiene una regulación expresa al respecto, como sí lo hace cuando introduce restricciones al ejercicio del derecho de impugnación, sino que defiere al funcionario judicial la facultad de determinarlo en cada caso concreto, de acuerdo con los criterios expresados.
“Entender, entonces, que el carácter lesivo de una decisión judicial no constituye presupuesto necesario para acceder al derecho de impugnación, o que el silencio de la parte afectada no la priva de la posibilidad de intentar en cualquier tiempo su remoción, contraría la razón de ser del instituto de la impugnación, y por ende de los recursos, concebidos con el exclusivo propósito de ofrecerle a las partes la oportunidad de demandar la revisión de las resoluciones judiciales que sean lesivas a sus intereses, dentro de los perentorios términos que la propia ley establece.
“La determinación del interés para recurrir no siempre es tarea fácil. Si bien es cierto hay casos en los cuales la naturaleza de la decisión permite al funcionario advertirlo prima facie, en otros será necesario consultar el contenido de la impugnación para darle viabilidad al recurso, pues sólo de las alegaciones presentadas por el censor podrá inferirse su existencia.
“Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando habiendo sido el procesado absuelto, su defensor decide impugnar la decisión, o cuando la sentencia condenatoria es recurrida por la parte civil, pues, en el primer evento, el impugnante deberá demostrar que la revisión que persigue no busca hacer más gravosa la situación de su patrocinado y, en el segundo, que la cuantía de su pretensión numeraria se ajusta a los requerimientos legales.
“Cierto es que en el ordenamiento procesal vigente no existe disposición alguna que expresamente establezca esta carga al impugnante, pero no por ello puede afirmarse que no le pertenezca, o que su exigencia advenga contraria a lo establecido en el artículo 84 de la Constitución Nacional. Una comprensión sistemática de la normatividad procesal relativa a las impugnaciones, y un adecuado entendimiento de los principios de procedimiento en que se inspira este derecho, permiten llegar sin mayor esfuerzo a tal conclusión.
“Para un intérprete desprevenido, es claro que el interés es un elemento inherente al instituto de las impugnaciones, y como tal, quien pretende ejercerlo debe demostrar su existencia, cuando menos en el acto de la sustentación del recurso.
“Tampoco es literalmente cierto que siempre que se cuestiona la legalidad formal de la decisión por errores in procedendo, existe de hecho interés para recurrir, sea cual fuere el contenido de la pretensión. Para que el ataque por vicios de procedimiento pueda ser considerado legítimo, se requiere que la actuación irregularmente surtida haya ocasionado un perjuicio real, o represente un daño potencial a quien lo alega, pues no es el carácter público del procedimiento, sino la condición de sujeto procesal afectado, lo que legitima la impugnación. Así, por ejemplo, quien no haya sido comprometido en su derecho de defensa, carece de interés para demandar la nulidad del proceso argumentando la vulneración de esta garantía en otro sindicado.
“Con fundamento en los postulados que vienen de ser precisados, y en el examen y aplicación de los principios de preclusión de los actos procesales y de limitación funcional del juez de segunda instancia, entre otros, la Corte ha venido sosteniendo que para acceder al recurso extraordinario de casación es indispensable que la parte que lo intenta haya apelado en oportunidad la sentencia de primer grado o, en su defecto, que el superior haya examinado su situación jurídica en virtud del grado jurisdiccional de consulta, o la haya desmejorado con ocasión del recurso de apelación interpuesto por otro sujeto procesal, porque de lo contrario carecería de interés para recurrir.
“El principio de preclusión de los actos procesales, inspirado a su vez en los postulados de seguridad de las actuaciones y resoluciones judiciales, ha sido dicho, impone a las partes la obligación de ejercitar sus derechos (entre ellos la impugnación), en las oportunidades que la ley establece para hacerlo, so pena de que la facultad procesal correspondiente precluya.
“El de limitación, consagrado en el artículo 217 del estatuto procesal —de 1991— (modificado por el 34 de la L. 81/93), circunscribe el ámbito de competencia del ad quem a los aspectos que constituyen el objeto de la impugnación, haciendo que el fallo de segundo grado tenga su propio ámbito de validez personal, formal y material.
“En este orden de ideas, si cualquiera de los sujetos procesales se abstiene de interponer o sustentar en tiempo el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, estando en condiciones de hacerlo, ha de entenderse que se muestra conforme con la decisión proferida, y que en virtud de este derecho de conformidad, el superior no puede, motu proprio, entrar a examinar su situación jurídica.
“Retomando los planteamientos expuestos, se concluye que el sujeto procesal que no haya impugnado el fallo de primer grado, sólo tendría interés para recurrir en casación la sentencia de segunda instancia, en los siguientes casos:
“a) Cuando por virtud del recurso interpuesto por otros sujetos procesales, o los efectos vinculantes de la decisión de segundo grado, el pronunciamiento afecte su situación jurídica en forma desfavorable;
“b) Cuando el fallo de primera instancia esté sujeto al grado jurisdiccional de consulta, cualquiera que sea el contenido de la decisión de segunda instancia; y,
“c) Cuando la casación verse sobre nulidades”.
Estas conclusiones han sido reiteradas por la Corte, ente otras, en las providencias del 23 de febrero de 2000 (M.P. Dr. Fernando Arboleda Ripoll), del 3 de marzo de 2000 (M.P. Dr. Carlos Augusto Gálvez Argote), del 2 de septiembre de 2000 (M.P. Dr. Jorge Córdoba Poveda), del 19 de diciembre de 2000 (M.P. Dr. Édgar Lombana Trujillo) y de julio 16 de 2001 (M.P. Dr. Fernando Arboleda Ripoll). Y en esta oportunidad se ratifican, salvo en lo concerniente a los fallos de segunda instancia que sean el producto del grado jurisdiccional de consulta.
Ha señalado la Sala, como se vio, que se cuenta con interés jurídico para recurrir en casación “cuando el fallo de primera instancia esté sujeto al grado jurisdiccional de consulta, cualquiera que sea el contenido de la decisión de segunda instancia”. Es la posición a la cual se hará referencia enseguida y que se modificará, siguiendo la orientación que ya se ha dejado insinuada en algunas de las providencias que atrás se mencionaron.
Es la decisión del 2 de septiembre de 2000, por ejemplo, de la cual fue ponente el doctor Jorge Córdoba Poveda, se dijo:
“Y para que haya interés en el recurrente en casación es necesario, además, que haya apelado la sentencia de primera instancia, pues una actitud pasiva reflejaría que consiente el perjuicio, que está conforme con lo resuelto; o, en su defecto que el fallo de segunda instancia haya desmejorado su situación en virtud de la apelación interpuesta por otro sujeto procesal, o que el superior haya examinado la providencia en razón de grado de competencia funcional de la consulta, pues mientras no se produzca la segunda instancia, no puede saber el sentido definitivo del fallo, ya que el superior puede decidir sin limitación sobre la providencia o la parte pertinente de ella, o que la casación verse sobre nulidades”.
En la providencia del 19 de diciembre de 2000, con ponencia del doctor Édgar Lombana Trujillo, dijo la Corte sobre el mismo punto lo siguiente:
“La jurisprudencia de la Sala en manera alguna ha perdido de vista aquellas hipótesis en las cuales se deriva un perjuicio para la situación jurídica del no recurrente; agravio que puede resultar de la revisión ilimitada del fallo de primera instancia en virtud del grado jurisdiccional de consulta, o como consecuencia de la impugnación interpuesta por otro de los sujetos procesales, y que legitima a quien no apeló para acudir en casación”.
El interés para impugnar en casación una sentencia expedida en virtud del grado jurisdiccional de consulta, entonces, cuando el sujeto procesal no apeló la de primera instancia, o cuando pese a ser apelada por otra de las partes procedía de todas maneras la consulta, está vinculado a los efectos perjudiciales para su situación jurídica que se originen en ella. Por consiguiente, si el resultado de la revisión impuesta por la ley es la confirmación del fallo consultado, el sujeto procesal carece de interés para recurrir en casación —salvo si la demanda sobre nulidades— sencillamente porque mostró su conformidad con lo decidido en la primera instancia.
En conclusión, no cuenta con interés para impugnar en casación el sujeto procesal que no recurrió la sentencia de primera instancia, salvo en las siguientes eventualidades:
1. Cuando la sentencia de segunda instancia, producida por razón de la apelación interpuesta por otro sujeto procesal o en virtud el grado jurisdiccional de consulta, afecte desfavorablemente su situación jurídica.
2. Cuando la casación verse sobre nulidades, a condición de que la irregularidad alegada como sustento le represente un daño a la parte proponente.
Debe advertirse, además, que el interés para recurrir estará ausente en aquellos casos en los cuales la demanda de nulidad es simplemente una excusa para la discusión de determinaciones de la primera instancia frente a las cuales se guardó silencio y que en realidad no corresponden a hipótesis de violación de garantías fundamentales que deban remediarse a través del mecanismo extremo de la nulidad procesal. Y es lo que sucede en el presente caso. La defensa discutió en la audiencia pública sobre el estado del procesado al momento de los hechos y solicitó, luego de la crítica probatoria respectiva, que se le diera tratamiento de inimputable por razón de trastorno mental transitorio. La primera instancia desechó el planteamiento y ni el procesado ni su apoderada apelaron. Es decir, quedaron conformes con la decisión. Y si se tiene en cuenta que sobre el particular no se produjo ninguna modificación en el fallo de segunda instancia, la insistencia del nuevo defensor en la situación de inimputabilidad, basado esencialmente en su propia apreciación probatoria y escudado en una censura de nulidad, conducen a la conclusión de que carece interés jurídico para la formulación de la propuesta. No obstante lo precedente quiere la Sala realizar algunas precisiones:
1. Que se viola la garantía de investigación integral y naturalmente el debido proceso cuando existiendo dentro de la actuación elementos de juicio indicativos de que el procesado pudo haber actuado en estado de inimputabilidad, no se practican pruebas orientadas al esclarecimiento de la verdad sobre el punto y en particular el peritazgo siquiátrico. Pero no fue lo que sucedió en el presente caso y sólo basta al respecto mencionar que a folio 57 del cuaderno original Nº 2 aparece el resultado del examen sicológico y siquiátrico que se le practicó al acusado en la regional norte del instituto de medicina legal el 3 de junio de 1996, cuya conclusión fue la siguiente:
“...si bien coordinaba e incluso comprendía la ilicitud de los hechos y se determinaba de acuerdo a esa comprensión, no podemos dejar a un lado, que su actitud y comportamiento se matizaba de un impacto emocional consistente en mucha ira, dolor y rabia, llevando a cabo lo relatado anteriormente”.
2. Que no es cierto que en la acusación y la sentencia se le haya reconocido al procesado “que actuó bajo las circunstancias de una perturbación síquica temporal o transitoria” constitutiva de inimputabilidad, como lo pretende el censor.
“Considera el despacho —esto es lo que dijo el juzgador de primera instancia— que en realidad el procesado al momento de cometer el hecho, obró en estado de perturbación del siquismo, que alteró de manera grave y transitoria su efectividad (sic), aunque sin la hondura suficiente como para constituir un trastorno transitorio excluyente de la imputabilidad y, por ende, de la culpabilidad; o sea que en el procesado ...existió la presencia de una situación pasajera y repentina que incidió en su actividad sico-afectiva llevándolo a causar la muerte a las víctimas”.
No cabe duda, entonces, que inimputabilidad fue manifiestamente desechada por el Juzgado Penal del Circuito. Y la aceptación del despacho judicial de que el procesado obró perturbado, fue lo que permitió reconocerle lo atenuante de la ira y en manera alguna una situación así comporta la trasgresión del debido proceso, como lo postula el recurrente.
Que haber realizado el dictamen siquiátrico en la fase del juicio, casi 10 meses después del día de los hechos, no constituye ninguna irregularidad del proceso. Sobra al respecto cualquier comentario adicional. El cargo, en conclusión, no puede prosperar.
1. Aunque el defensor hizo alusión en la titulación del cargo a que la violación de la ley se produjo por error en la apreciación de las pruebas, lo cierto es que su desarrollo corresponde a una propuesta de violación directa. A su juicio ninguna de las hipótesis de flagrancia previstas en el artículo 370 del Código de Procedimiento Penal de 1991 tuvieron ocurrencia en el presente caso y no obstante el tribunal, equivocadamente, consideró lo contrario y no aceptó la rebaja de pena por confesión que había otorgado la primera instancia.
El Tribunal Superior de Barranquilla, en efecto, modificó la sentencia en el sentido indicado. El tema de la confesión había sido tratado por el apoderado de la parte civil en la apelación que interpuso en contra del fallo de primera instancia y al ser resuelto éste no se descartó la confesión sino su efecto aminorante de la pena, al arribarse a la conclusión de que el procesado fue sorprendido en situación de flagrancia, circunstancia esta que de conformidad con los artículos 299 y 283 de los códigos de Procedimiento Penal de 1980 y 2000, respectivamente, constituye una excepción a la rebaja de pena por confesión.
Es verdad que Tomás Fernández no fue capturado en flagrancia. No obstante, el tribunal estimó que individualizado e identificado en el momento de los hechos por muchas personas y que, por ende, actuó en flagrancia. Sin duda alguna que se trata de aplicación de la noción de flagrancia en la forma como la ha entendido la mayoría de la Sala. Es decir, como evidencia procesal, en cuanto varias personas han tenido la oportunidad de presenciar la realización del hecho punible y ver al delincuente e identificarlo o individualizarlo, sin que sea un requisito para la estructuración de la figura el hecho de la captura. Ésta puede ser consecuencia del sorprendimiento en flagrancia pero no condición (1) .
(1) Cfr. Sentencia de casación de agosto 19 de 1997, M.P. Dr. Jorge E. Córdoba Poveda. Radicación 9.602.
En el caso examinado, como lo concluyó el Tribunal, a varios testigos presenciales les quedó claro que la persona que intempestivamente ingresó al lugar de la fiesta y agredió a las víctimas era el esposo de la señora Delma Goenaga. En consecuencia, lo que hizo el tribunal fue aplicar la doctrina de la Corte. Si el procesado Fernández Fernández fue visto e identificado al momento de cometer los delitos, es claro que actuó en situación de flagrancia y por lo tanto no era merecedor a la rebaja de pena por confesión, al encontrarse excluida de la prerrogativa tal eventualidad, como ya quedó indicado.
El tribunal, entonces, no incurrió en la violación de la ley de la manera como se la atribuye la defensa y el cargo no tiene prosperidad.
2. La aplicación del Código de Procedimiento Penal de 2000 al presente caso, en virtud del principio constitucional de favorabilidad, no remueve la decisión del tribunal de no reconocimiento de rebaja de pena por confesión.
Las hipótesis de flagrancia definidas en el artículo 345 de dicho estatuto son las siguientes:
Esta nueva definición de la flagrancia no incluyó completamente el desarrollo jurisprudencial de la Sala al cual se hizo referencia y frente a ella, hay que admitirlo, no puede hablarse de la estructuración de la figura en el presente caso. Simplemente porque a pesar de que Fernández Fernández fue sorprendido e identificado al momento de cometer la conducta punible, no se dio su aprehensión “inmediatamente después por persecución o voces de auxilio” de quienes presenciaron el hecho, tal y como lo exige la nueva normatividad.
No obstante lo anterior, la Sala no modificará la sentencia del tribunal con sustento en dicho cambio legislativo. Y la razón es sencilla. Además de los casos de flagrancia, tampoco procede la rebaja de pena por confesión cuando ésta no es fundamento de la sentencia. Así lo había sostenido pacíficamente la jurisprudencia de la Corte en vigencia del Código de Procedimiento Penal de 1991 y el artículo 283 de la Ley 600 de 2000 contempló ese condicionamiento de manera expresa. En el caso de examen, así no se hubiera tenido en cuenta la confesión o ésta no hubiera tenido ocurrencia, el fallo condenatorio se habría igualmente dictado con apoyo en los demás medios de prueba mencionados en el fallo de primera instancia. Es claro, en consecuencia, que la confesión del acusado no fue el fundamento de la sentencia y en esa medida no procedía la rebaja punitiva.
Aunque no está dicho con la claridad que debería, la violación del principio de congruencia entre la acusación y la sentencia la hace consistir el impugnante en el hecho de que la Fiscalía, en la primera, le “reconoció” al procesado la reducción de pena por confesión y el tribunal, en la segunda, no accedió a hacerlo.
La confesión es un medio de prueba que se expresa documentalmente y a la vez, en ciertas circunstancias determinadas por la ley, un supuesto de rebaja punitiva. Esto último sucede cuando se produce en la primera versión del imputado ante el funcionario judicial, siempre que no se trate de un caso de flagrancia y sea el fundamento de la sentencia. Y si se tiene en cuenta que es al juez a quien le corresponde fijar la sanción y no a la Fiscalía, es claro que la circunstancia de que ésta haya aludido a la reducción de pena por confesión, y admitido su procedencia, en manera alguna obliga al juzgador a su reconocimiento. Sencillamente porque la confesión y sus efectos no hacen parte de la imputaciones que se formulan en la acusación y de las cuales debe defenderse el sindicado en la fase del juzgamiento.
La congruencia, en otras palabras, ampara la imputación hecha en la resolución acusatoria y ésta tiene que ver con factores relativos al tipo penal, a atenuantes y agravantes específicos y genéricos de punibilidad e igualmente con factores dosimétricos que incidan en la individualización de la sanción. Todos éstos, en cuanto deben fundamentarse en supuestos de hecho vinculados a la conducta criminal, hacen parte de los cargos de la acusación y en consecuencia circunscriben al juez. Pero no es lo que sucede con las rebajas de pena, en consideración a que es otra su naturaleza. Fundamentalmente obedecen a fenómenos post delictuales tales como la confesión, la colaboración con la justicia o rebajas generales por leyes conmemorativas o de gracia. En manera alguna estas eventualidades se encuentran relacionadas con el hecho punible y resulta claro, por lo tanto, que no hacen parte de la acusación.
En el caso examinado, entonces, es intrascendental que la Fiscalía haya “reconocido” el derecho del procesado a la rebaja de pena por confesión. Dicha afirmación del instructor no era vinculante para el juez en cuanto no fue parte de la imputación objeto de la acusación. Que el juez haya decidido no considerarla como diminuente de la pena, en consecuencia, en forma alguna constituye una hipótesis de incongruencia entre la acusación y la sentencia. Esta censura, entonces, tampoco prospera.
Con fundamento en el artículo 216 del Código de Procedimiento Penal la Corte la Corte casará de oficio y en forma parcial el fallo del tribunal, en consideración a que tal corporación carecía de competencia para agravar la pena impuesta al procesado y lo hizo, sin embargo, al desconocer la rebaja de pena por confesión que había sido dispuesta por el juez de 1ª instancia.
El artículo 217 del Código de Procedimiento Penal de 1991, vigente para cuando se dictó el fallo, disponía en la parte que interesa al regular la competencia de la segunda instancia:
“Cuando se trate de sentencia condenatoria no se podrá en caso alguno agravar la pena impuesta, salvo que el fiscal o el agente del Ministerio Público o la parte civil cuando tuviere interés para ello, lo hubieren recurrido” (2) .
(2) Una regulación igual quedó prevista en el artículo 204 del Código de Procedimiento Penal de 2000.
El apoderado de la parte civil, que fue único apelante, así se hubiera opuesto en el marco del recurso a la aminoración punitiva, carecía de interés jurídico para ello, en consideración a que el no reconocimiento de la rebaja no tenía la virtud de modificar la pretensión indemnizatoria, que es la única razón de ser de tal sujeto procesal dentro del proceso penal y se constituye en un límite infranqueable de sus actuaciones.
El tribunal, entonces, al modificar de oficio la sentencia de 1ª instancia en el sentido indicado desbordó el ámbito de su competencia, debiendo la Sala en consecuencia remediar el agravio, volviendo las cosas a su estado anterior, es decir a las declaraciones adoptadas en el fallo de primera instancia, dado que fueron objeto de confirmación integral.
Debe señalarse, para finalizar, que la eventual aplicación de la Ley 599 de 2000 al presente caso por razón del principio de favorabilidad le corresponde al respectivo juez de penas y no a la Corte, por lo que no se realizará ningún pronunciamiento al respecto.
Por lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.
1. Desestimar la demanda.
2. CASAR PARCIALMENTE la sentencia recurrida (de marzo 26 de 1998), en el sentido de dejar sin efecto la modificación que le introdujo el Tribunal Superior de Barranquilla al fallo de primera instancia, expedido el 13 de agosto de 1997 por el Juzgado 3º Penal del Circuito de la misma ciudad.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 299
 artículo 370
 artículo 29
 artículo 31
 resolución 
 artículo 84
 artículo 217
 artículo 370
 artículo 345
 artículo 283
 resolución 
 artículo 216
 artículo 217
 artículo 204