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Timestamp: 2020-02-22 14:42:55+00:00

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Ley 9/1987, de 12 de junio, de Órganos de Representación, Determinación de las Condiciones de Trabajo y Participación del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. (Vigente hasta el 15 de julio de 2012)
Publicado en BOE n�m. 144 de 17 de junio de 1987
Vigencia desde 17 de junio de 1987. Esta revisi�n vigente desde 13 de mayo de 2007hasta 15 de julio de 2012.
CAPÍTULO I. ÁMBITO DE APLICACIÓN. (Arts. 1 y 2)
CAPÍTULO II. DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN. (Arts. 3 al 29)
CAPÍTULO III. DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y LA PARTICIPACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO (Arts. 30 al 38)
CAPÍTULO IV. DE LA PARTICIPACIÓN (Arts. 39 y 40)
CAPÍTULO V. DEL DERECHO DE REUNIÓN (Arts. 41 al 43)
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Mesas Generales de Negociación.
A todos los que vieren y entendieren, sabed:
Es, consecuentemente, de aplicación directa a las Administraciones Públicas lo preceptuado en la Ley Orgánica de Libertad Sindical en materia de libertad sindical, régimen jurídico sindical, representatividad sindical, acción sindical, tutela de la libertad sindical y representación de las conductas antisindicales.
La misma Ley Orgánica de Libertad Sindical, en su disposición adicional segunda, determina que en el plazo de un año y en desarrollo de lo previsto en el artículo 103.3 de la Constitución, el Gobierno remitirá a las Cortes un Proyecto de Ley en el que se regulen los órganos de representación de los funcionarios de las Administraciones Públicas .
Ocurre, en consecuencia, que cumpliendo ya el mandato constitucional en lo referente al ejercicio del derecho de libertad sindical, procede ahora la regulación de los órganos de representación y la determinación de las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos y de aspectos conexos a los mismos: órganos de participación y derechos de reunión . Todo ello constituye parte del régimen estatutario de los funcionarios públicos, en desarrollo de lo establecido en el artículo 149.1.18 de la Constitución, y en virtud de ello constituyen bases del régimen estatutario de los funcionarios de las Administraciones Públicas.
DE LOS ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN.
En la Administración del Estado.
En los servicios centrales:
En cada uno de los Departamentos Ministeriales, incluidos los Servicios Provinciales de Madrid.
En cada Organismo autónomo, incluidos los servicios provinciales de Madrid, siempre que en conjunto tengan un censo mínimo de 150 funcionarios. En aquellos que no alcancen dicho mínimo, los funcionarios ejercerán su representación a través de la Junta de personal del Departamento Ministerial al que el Organismo autónomo esté adscrito.
De Correos y Telégrafos, incluidos los servicios provinciales de Madrid.
En cada una de las Entidades gestoras y servicios comunes de la Administración de la Seguridad Social, incluidos los servicios provinciales de Madrid.
En cada provincia y en las ciudades de Ceuta y Melilla:
Una para los funcionarios de los órganos provinciales de la Administración del Estado, Seguridad Social, Organismos autónomos y funcionarios civiles que presten servicios en la Administración Militar y una para los servicios provinciales de cada ente público, siempre que éstos tengan un censo mínimo de 50 funcionarios. En aquellos entes públicos en los que no se alcance dicho mínimo, los funcionarios ejercerán su representación a través de la Junta de personal de los servicios periféricos generales contemplada en este epígrafe.
Una para los servicios de Correos y Telégrafos.
Una para el personal docente de los centros públicos no universitarios.
Otras Juntas de personal:
Una para los funcionarios destinados en las misiones diplomáticas en cada país, representaciones permanentes, oficinas consulares e instituciones y servicios de la Administración del Estado en el extranjero. Cuando no se alcance el censo mínimo de 50, los funcionarios votarán en los Servicios Centrales de los respectivos Departamentos Ministeriales.
Una en cada Universidad para los funcionarios de los cuerpos docentes y otra para el personal de administración y servicios.
Una para el personal al servicio de Instituciones Sanitarias Públicas del INSALUD, en cada área de salud.
En las Comunidades Autónomas pluriprovinciales:
Una en los servicios centrales de cada una de ellas.
Una en cada provincia para los funcionarios destinados en ellas.
En las Comunidades Autónomas uniprovinciales:
Una para todos los funcionarios destinados en ellas.
Una en cada provincia para el personal docente de los centros públicos no universitarios, cuando están transferidos los servicios.
Una en cada área de salud para el personal al servicio de instituciones sanitarias públicas dependientes de la Comunidad Autónoma.
Una en cada Universidad dependiente de la Comunidad Autónoma para los funcionarios de los cuerpos docentes y otra para el personal de administración y servicios.
Una para el personal de cada organismo autónomo, siempre que en conjunto tenga un censo mínimo de 150 funcionarios.
En la Administración local una en cada uno de los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares y demás Entidades locales.
Previa negociación y acuerdo con las Organizaciones Sindicales legitimadas según lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán modificar o establecer Juntas de Personal en razón al número o peculiaridades de sus colectivos, adecuando las mismas a las estructuras administrativas y/o a los ámbitos de negociación constituidos o que se constituyan.
2. Los promotores comunicarán al órgano competente en materia de personal en la unidad electoral correspondiente y a la oficina pública de registro su propósito de celebrar elecciones con un plazo mínimo de, al menos, un mes de antelación al inicio del proceso electoral. En dicha comunicación los promotores deberán identificar con precisión la unidad electoral en la que se desea celebrar el proceso electoral y la fecha de inicio de éste, que será la de constitución de la Mesa electoral, y en todo caso, no podrá comenzar antes de un mes ni más allá de tres meses contabilizados a partir del registro de la comunicación en la oficina pública.
3. Sólo podrá promoverse la celebración de elecciones de manera generalizada en uno o varios ámbitos funcionales o territoriales, previo acuerdo mayoritario de los sindicatos más representativos, de los sindicatos que, sin ser más representativos, hayan conseguido, al menos, el 10% de los representantes a los que se refiere esta Ley en el conjunto de las Administraciones Públicas y de aquellos sindicatos que hayan obtenido, al menos, dicho porcentaje del 10% en el ámbito o sector correspondiente.
Dichos acuerdos deberán comunicarse a la oficina pública de registro para su depósito y publicidad.
4. Cuando se promuevan elecciones para renovar la representación por conclusión de la duración del mandato, tal promoción solo podrá efectuarse a partir de la fecha en que falten tres meses para el vencimiento del mandato.
5. Podrán promoverse elecciones parciales cuando exista, al menos, un 50% de vacantes en las Juntas de personal o de los Delegados de personal o cuando se produzca un aumento de, al menos, un 25% de la plantilla. La duración del mandato de los representantes elegidos será por el tiempo que falte para completar los cuatro años.
Los funcionarios públicos que se encuentren en las situaciones administrativas de excedencia, suspensión y servicios especiales.
Quienes sean nombrados por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros o por Decreto de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y, en todo caso, quienes desempeñen cargos con categoría de Director general o asimilados u otros de rango superior.
El personal eventual. No obstante, los funcionarios públicos que desempeñen puestos expresamente calificados de confianza o asesoramiento especial y hayan sido declarados en la situación administrativa de servicios especiales, tendrán la condición de electores, pero no la de elegibles y ejercerán su derecho en la unidad electoral a la que pertenecerían de no encontrarse en situación de servicios especiales.
1. Podrán presentar candidatos a las Juntas de personal y a Delegados de personal las organizaciones sindicales legalmente constituidas o coalición de estas.
Cada elector podrá dar su voto a una sola de las listas proclamadas.
Estas listas deberán contener, como mínimo, tantos nombres como puestos a cubrir. No obstante, la renuncia de cualquier candidato presentado en algunas de las listas para las elecciones antes de la fecha de la votación no implicará la suspensión del proceso electoral, ni la anulación de dicha candidatura aun cuando sea incompleta, siempre y cuando la lista afectada permanezca con un número de candidatos, al menos, del 60% de los puestos a cubrir. En cada lista deberán figurar las siglas del sindicato, coalición electoral o grupo de funcionarios que la presente.
No tendrán derecho a la atribución de representantes en la Junta de personal aquellas listas que no hayan obtenido como mínimo el 5% de los votos.
Mediante el sistema de representación proporcional se atribuirá a cada lista el número de puestos que le corresponda, de conformidad con el cociente que resulte de dividir el número de votos válidos de las listas que hayan obtenido el 5% o más de los votos por el de puestos a cubrir. Los puestos sobrantes, en su caso, se atribuirán a las listas, en orden decreciente, según el resto de votos a cada una de ellas.
Dentro de cada lista se elegirá a los candidatos por el orden en que figuren en la candidatura.
Los representantes elegidos en cada candidatura se atribuirán al presentador, sindicato o grupo de funcionarios.
1. Las Juntas de personal y los Delegados se elegirán mediante sufragio personal, libre, directo y secreto. Podrá emitirse por correo en la forma que se establezca, de acuerdo con las normas electorales.
4. Las sustituciones, revocaciones, dimisiones y extinciones de los mandatos se comunicarán a la Oficina Pública de Registro y al órgano competente ante quien se ostente la representación, publicándose, asimismo, en el tablón de anuncios.
Sin perjuicio de las funciones que corresponden a la Mesa electoral Coordinadora según lo dispuesto en el apartado 3 de este artículo, a las Mesas electorales, una vez constituidas, compete vigilar el proceso electoral, determinar la lista de electores, fijar el número de representantes a elegir, recibir la presentación de candidaturas y proclamar las mismas, fijar la fecha y presidir la votación, realizar el escrutinio de los resultados, levantar las actas correspondientes y dar traslado de las mismas a la Oficina pública de Registro y a los demás interesados.
Los Presidentes y Vocales de las demás Mesas electorales serán los que sigan en más antigüedad, mayor y menor edad en la misma unidad.
3. La Mesa electoral Coordinadora, una vez constituida, tendrá las siguientes funciones :
Vigilar el proceso electoral con objeto de preservar la unidad electoral.
Fijar los criterios a tener en cuenta en el proceso electoral.
Distribuir el número de mesas electorales en función de los centros de trabajo existentes.
Determinar la lista de electores.
Fijar el número de representantes a elegir.
Recibir la presentación de candidatos.
La Mesa electoral cumplirá las siguientes funciones :
Hará público entre los trabajadores el censo con indicación de quiénes son los electores.
3. Cuando se trate de elecciones a Junta de personal, las Mesas electorales obtendrán de la Administración el censo de funcionarios y confeccionarán con los medios que les habrá de facilitar la Administración Pública correspondiente la lista de electores, que se hará pública en los tablones de anuncios de todos los centros de trabajo mediante su exposición durante un tiempo no inferior a setenta y dos horas.
4. Las candidaturas se presentarán ante las Mesas electorales durante los nueve días hábiles siguientes a la publicación de la lista definitiva de electores.
La proclamación se hará en los dos días laborables inmediatamente posteriores a la fecha de conclusión de dicho plazo, publicándose en los tablones de anuncios citados. Contra el acuerdo de proclamación se podrá reclamar dentro del día hábil siguiente ante las propias Mesas, resolviendo éstas en el primer día laborable posterior a tal fecha. Entre la proclamación de candidatos y la votación mediará un plazo de, al menos, cinco días hábiles.
El voto será libre, secreto, personal y directo, depositándose en urnas cerradas las papeletas, que en tamaño, color, impresión y calidad de papel, serán de iguales características, en cada unidad electoral.
2. Inmediatamente después de celebrada la votación, la Mesa electoral procederá públicamente al recuento de votos, mediante la lectura, en alta voz, de las papeletas.
Del resultado del escrutinio se levantará acta, en la que constará, al menos, además de la composición de la Mesa o Mesas, el número de votos, los votos obtenidos por cada lista, así como, en su caso, los votos nulos y las demás incidencias habidas. Una vez redactada el acta, ésta será firmada por los componentes de la Mesa o Mesas, los Interventores y los representantes de la Administración correspondiente si lo hubiere.
3. Las Mesas electorales presentarán durante los tres días hábiles siguientes al de la finalización del escrutinio, copias de tal acta a la Administración Pública afectada, a las organizaciones sindicales que hubieran presentado candidaturas, a los representantes electos y a la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Administraciones Públicas, como órgano que ostenta la Secretaría del Consejo Superior de la Función Pública, exponiendo otra copia del acta en el tablón de anuncios de cada uno de los centros de trabajo de la unidad electoral en donde quedarán proclamados oficialmente los resultados electorales.
Asimismo el Presidente de la Mesa electoral o el Vocal en el que se delegue por escrito, presentará, en el mismo período de los tres días hábiles siguientes al de la conclusión del escrutinio, el original del acta, junto con las papeletas de votos nulos o impugnados por los Interventores y las actas de constitución de las Mesas, en la oficina pública de registro, la cual procederá, en el inmediato día hábil, a la publicación en sus tablones de anuncios de una copia del acta, entregando otras copias a los sindicatos que lo soliciten y a la Administración Pública afectada, con indicación de la fecha en que finaliza el plazo para impugnarla. Mantendrá el depósito de las papeletas hasta cumplirse los plazos de impugnación y, transcurridos diez días hábiles desde la publicación, procederá a la inscripción de las actas electorales en el registro establecido al efecto, o bien denegará dicha inscripción.
En estos supuestos, la oficina pública requerirá, dentro del día siguiente hábil, al Presidente de la Mesa electoral para que en el plazo de diez días hábiles proceda a la subsanación correspondiente. Dicho requerimiento será comunicado a los sindicatos que hayan obtenido representación y al resto de las candidaturas. Una vez efectuada la subsanación, la oficina pública procederá al registro del acta electoral correspondiente. Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido la subsanación, o no realizada ésta en forma, la oficina pública procederá en el plazo de diez días hábiles a denegar el registro, comunicándolo a los sindicatos que hayan obtenido representación y al Presidente de la Mesa.
La resolución denegatoria del registro podrá ser impugnada ante el orden Jurisdiccional Social, a través de la modalidad procesal establecida en el Libro II, Título II, capítulo V, sección segunda, subsección segunda del Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral.
El árbitro o árbitros serán designados, con arreglo a los principios de neutralidad y profesionalidad, entre Licenciados en Derecho, Graduados Sociales o titulación equivalente, por acuerdo unánime de los sindicatos más representativos, a nivel estatal o de Comunidades Autónomas, de los que ostenten el 10% o más de los Delegados de personal y de los miembros de las Juntas de personal en el ámbito de todas las Administraciones Públicas, y de los que ostenten el 10% o más de representantes en el ámbito territorial funcional o de la unidad electoral correspondiente. Si no existiera acuerdo unánime entre los sindicatos señalados anteriormente, la forma de designación será la prevista en la legislación laboral.
4. Cuando la impugnación afecte a los procesos electorales regulados en esta Ley, los árbitros deberán abstenerse o, en su defecto, podrán ser recusados, en los supuestos siguientes :
Tener interés personal en el asunto del que se trate.
Ser funcionario adscrito a la unidad electoral afectada por el arbitraje.
Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o afinidad dentro del segundo con
Cualquiera de los interesados, o con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento.
Compartir despacho profesional, estar asociado, tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.
Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto o haberle prestado en los últimos dos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.
1. El procedimiento arbitral se iniciará mediante escrito dirigido a la oficina pública provincial correspondiente, del cual los propios solicitantes del arbitraje trasladarán copias a los promotores del proceso electoral y a los sindicatos, coaliciones o grupos de funcionarios que hayan presentado candidatos a las elecciones objeto de impugnación. Este escrito, en el que figurarán los hechos que se tratan de impugnar, deberá presentarse en un plazo de tres días hábiles, contados desde el día siguiente a aquél en que se hubieran producido los hechos o resuelto la reclamación por la Mesa ; en el caso de impugnaciones promovidas por sindicatos que no hubieran presentado candidaturas en el centro de trabajo en el que se hubiera celebrado la elección, los tres días se computarán desde el día en que se conozca el hecho impugnable. Si se impugnasen actos del día de la votación o posteriores al mismo, el plazo será de diez días hábiles, contados a partir de la entrada de las actas en la oficina pública.
Mientras se desarrolle el procedimiento arbitral y, en su caso, la posterior impugnación judicial, quedará paralizada la tramitación de un nuevo procedimiento arbitral. El planteamiento del arbitraje interrumpirá los plazos de prescripción
3. El árbitro, previa práctica de las pruebas procedentes o conformes a Derecho, que podrán incluir la personación en el centro de trabajo y la solicitud de la colaboración necesaria de la Administración Pública afectada y de otras instancias administrativas dictará laudo escrito y razonado dentro de los tres días hábiles siguientes a la comparecencia de las partes, resolviendo en derecho sobre la impugnación electoral y, en su caso, sobre el registro de las actas.
Artículos 13 (apdos. 2, 3, 4, 5 y 6), 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, y 29;
Estos artículos se mantienen, con carácter de normativa básica, en tanto se determine el procedimiento electoral general previsto en el artículo 39 del Estatuto Básico del Empleado Público según la disposición transitoria quinta de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Ley derogada, excepto su artículo 7, y con la excepción contemplada en la disposición transitoria quinta de este Estatuto Básico del Empleado Público, por Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Añadida por Ley 21/2006, de 20 de junio, por la que se modifica la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Artículo 7;
Artículos 2 (apdo. 1.d), 7 (apdo. 5) y 31 (apdo. 2):
Redacción según Ley 21/2006, de 20 de junio, por la que se modifica la Ley 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
Artículos 7, 14, 22, 23 y 24; Disposiciones transitoria tercera, transitoria cuarta, transitoria quinta y transitoria sexta:
Derogado por Ley 18/1994, de 30 de junio, por la que se modifica la normativa de elecciones a los órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones Publicas de la Ley 9/1987, de 12 de junio, modificada por la Ley 7/1990, de 19 de julio.

References: artículo 103
 artículo 149
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 39
 artículo 7

Artículo 7