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Timestamp: 2018-07-21 11:59:27+00:00

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Sobreseimiento - González Cancino
SobreseimientoGC2018-07-16T23:03:59+00:00
El sobreseimiento se refiere a la terminación anticipada del juicio de amparo sin que exista un pronunciamiento con respecto al fondo del asunto.
Es importante señalar que una resolución que decreta el sobreseimiento no puede adquirir el valor de cosa juzgada, en virtud de que esta última presupone necesariamente la existencia de la solución del fondo del asunto, es decir, de una sentencia definitiva.
La cosa juzgada presupone necesariamente la existencia de una sentencia, es decir, del ejercicio de la función jurisdiccional.
Al respecto, conviene citar a Fraga (2005, p. 51), quien menciona que “el acto jurisdiccional está constituido únicamente por la sentencia y no por los actos del procedimiento que, aunque implican determinaciones judiciales, solamente constituyen condiciones sucesivas para el desarrollo del proceso”.
Por lo tanto, si no existe sentencia definitiva, no puede haber cosa juzgada pues esta solamente se predica de los actos jurisdiccionales.
El sobreseimiento del juicio de amparo no puede adquirir la calidad de cosa juzgada, porque no implica el ejercicio de la función jurisdiccional.
En relación con el sobreseimiento del juicio de amparo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido la siguiente tesis aislada:
COSA JUZGADA EN EL JUICIO DE AMPARO. CASO EN EL QUE UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO ACTUALIZA EXCEPCIONALMENTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA.
Aun cuando por regla general esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que una sentencia de sobreseimiento no constituye cosa juzgada y, por consiguiente, no impide promover un nuevo juicio de amparo en el que se impugne el mismo acto o norma general, esta Primera Sala considera que existen excepciones al respecto, en virtud de que la causa de improcedencia de cosa juzgada opera por diversas circunstancias, pues no sólo se actualiza cuando en una sentencia ejecutoria se haya resuelto sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, sino también cuando se ha determinado su inatacabilidad a través de un diverso juicio constitucional, siempre que tal determinación se haya realizado en atención a razones o circunstancias que hagan inejercitable la acción de amparo de modo absoluto, con independencia del juicio en que se haya efectuado, como ocurre cuando en una sentencia de amparo se declara que el precepto reclamado fue consentido y esta determinación adquiere firmeza porque no fue recurrida o habiéndolo sido se confirma, por lo que dicha situación no puede desconocerse en un nuevo juicio de garantías promovido contra un acto de aplicación posterior del mismo precepto. De ahí que proceda sobreseer en el nuevo juicio, conforme a los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo.
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Primera Sala. Tesis Aislada. Amparo en revisión 487/2012. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. y otra. 19 de septiembre de 2012. Décima Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, página524. No. de registro 2002272.
La primera crítica que cabe realizar a este criterio consiste en mencionar que la resolución que decreta el sobreseimiento no tiene la naturaleza de una sentencia definitiva.
Conviene recordar que las sentencias son las resoluciones que resuelven el fondo de un asunto, cuando el fondo del asunto corresponde a la cuestión principal se llaman definitivas y cuando el fondo corresponde a una cuestión incidental se denominan interlocutorias.
La definición definitiva aquí propuesta incluso se encuentra recogida en el artículo 170 fracción I de la Ley de Amparo que establece “Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal
En ese orden de ideas resulta que el sobreseimiento no es una sentencia sino una resolución que pone fin al juicio.
Confirma lo anterior el propio texto del artículo 107 constitucional que distingue entre sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin a juicio.
Como se puede observar, sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio son dos cosas distintas en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De allí que la Ley de Amparo mencione en forma expresa que el sobreseimiento no prejuzga sobre el fondo del asunto.
Con base en lo expuesto es necesario concluir que la resolución que decreta el sobreseimiento del juicio de amparo no puede adquirir la calidad de cosa juzgada pues no tiene la naturaleza jurídica de una sentencia. En otras palabras el hecho de decretar el sobreseimiento del juicio no implica el ejercicio de la función jurisdiccional y por eso no existe cosa juzgada.
Por otra parte esta tesis demuestra la anticonstitucionalidad de la figura de los actos consentidos. En relación con esto debe recordarse que la Ley de Amparo es adjetiva y no sustantiva, es decir, su finalidad consiste en establecer el procedimiento para hacer exigibles los derechos humanos reconocidos por la Constitución, pero la figura de los actos consentidos no es adjetiva, sino sustantiva, pues su efecto consiste en extinguir el derecho humano en el caso concreto.
Se recomienda al lector ver la sección de las causales de improcedencia relativas al consentimiento del acto reclamado en donde se plantearon los principales argumentos en contra de esa figura.
Las causales de improcedencia previstas en la Ley de Amparo son las siguientes:
I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio.
No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio;
II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;
A continuación se realizan algunos comentarios sobre algunas de las causales de sobreseimiento.
Esta causal de sobreseimiento es producto de una visión reduccionista de la acción de amparo, pues considera que, al no ser susceptible la restitutio in integrum, todo el juicio de amparo es inútil. Sin embargo, ya se ha visto que la acción de amparo persigue varias finalidades y no solamente la restitutio in integrum.
A continuación se presenta una tabla con algunas de las distintas finalidades del juicio de amparo y sus fundamentos jurídicos:
Finalidades de la acción de amparo: Fundamento jurídico:
1. La determinación de la constitucionalidad del acto reclamado – Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- Derecho a conocer la verdad, en el párrafo 206 de la Sentencia 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
2. La determinación de la culpabilidad de las autoridades responsables – Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- Derecho a conocer la verdad, establecido en el párrafo 206 de la Sentencia 2011 de la Corte Interamericana de DDHH
3. Restitución del derecho violado, siempre que sea material y jurídicamente posible – Artículo 77 de la Ley de Amparo.- Obligación de respetar los derechos humanos
– Obligación de proteger a los derechos humanos
– Obligación de reparar violaciones a los derechos humanos
c) sea desproporcionalmente gravoso restituir la situación que imperaba antes de la violación. – Fracción XVI del artículo 107 constitucional- Obligación de reparar violaciones de derechos humanos
5. Garantizar la no repetición del acto reclamado – Obligación de reparar violaciones de derechos humanos– Obligación de proteger a los derechos humanos
6. Prevenir violaciones de derechos humanos – Principio de efectividad– Obligación de prevenir violaciones a derechos humanos.
Como se puede observar, aun cuando el quejoso haya muerto, es posible realizar otras finalidades del juicio de amparo, tales como la determinación de la constitucionalidad del acto reclamado y la determinación de la culpabilidad de las autoridades responsables.
Esta causal de sobreseimiento propicia impunidad e incentiva la realización de conductas antijurídicas.
Sería conveniente, para ejemplificar, suponer que, en el caso concreto, se reclaman actos de tortura en contra del señor Jaime López López y que la demanda de amparo fue interpuesta por una persona que vio cómo torturaban al quejoso. Las autoridades que fueron señaladas como responsables son notificadas de la demanda de amparo y, en su informe justificado, incluso confiesan que, efectivamente están torturando al señor Jaime.
Ante esto, el juez de distrito decreta la suspensión de oficio y señala como fecha para la audiencia constitucional el 30 de noviembre.
Un día antes de la celebración de la audiencia constitucional, las autoridades responsables, en estricto cumplimiento al deber legal que les impone el artículo 64 de la Ley de Amparo, informan al juez de distrito que el quejoso ha fallecido y, para acreditarlo, exhiben el acta de defunción correspondiente.
Una vez vista la promoción de las autoridades responsables, el juez de distrito, también en el cumplimiento de su deber legal, decide decretar el sobreseimiento del juicio de amparo y manda archivar el asunto.
¿Coincidencia? ¿O existen incentivos legales para matar al quejoso?
Por último, debe recordarse que los familiares del quejoso tienen el derecho a conocer la verdad, es decir, a que se determine la constitucionalidad y la culpabilidad de las autoridades responsables (Caso Chitay Nech y otros vs Guatemala, 2010):
En relación con la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, conviene recordar que el quejoso no es el único que tiene la carga o el deber de acreditar la existencia del acto reclamado. Lo anterior es así, en virtud de la naturaleza misma del objeto de protección del juicio de amparo, así como de las obligaciones generales en materia de derechos humanos.

References: resolución 
 ARTÍCULO 73
 resolución 
 artículo 170
 resolución 
 artículo 107
 resolución 
 artículo 27
 Artículo 8
 Artículo 8
 Artículo 77
 artículo 107
 artículo 64
 artículo 63