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Timestamp: 2019-08-24 00:46:49+00:00

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Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 82
PRÓRROGA DE PLAZO A COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DROGAS.
CONSIGNACIÓN EN BOLETAS DE MONTO DEL IMPUESTO A LAS VENTAS Y SERVICIOS. Primer trámite constitucional. CONSIGNACIÓN SEPARADA EN BOLETAS DE COMPRAVENTA DE PRECIO Y DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. Primer trámite constitucional.
MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES. (Votación)
INCLUSIÓN DE TRABAJADORES EN CONSEJO NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD.
EJECUCIÓN DE PLAN DE DESARROLLO PARA LA PROVINCIA DE SAN ANTONIO. Oficio.
SOLUCIÓN A VECINOS DE POBLACIÓN JUAN PABLO II, DE CONCEPCIÓN, AFECTADOS POR INUNDACIONES. Oficios.
CREACIÓN DE NUEVA REGIÓN DE EL LOA.
INFORMACIÓN SOBRE MEDIDAS ADOPTADAS A FAVOR DE DEUDORES HABITACIONALES. Oficio.
NORMATIVA LEGAL PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN. Oficio.
MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN DEL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN EN ALTO DEL CARMEN Y EN FREIRINA. Oficios.
FISCALIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA TELEFÓNICO EN COMUNA ALTO DEL CARMEN. Oficios.
PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE CHILLÁN. Oficio.
IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS SANITARIAS EN COMUNA EL CARMEN. Oficios.
INFORMACIÓN SOBRE COBRO DE ARRENDAMIENTOS FISCALES Y DE CONTRIBUCIONES EN AISÉN. Oficio.
FISCALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL. Oficio.
CONSTRUCCIÓN DE EMBALSES EN COMBARBALÁ Y SOLUCIÓN A PROBLEMA VIAL EN ILLAPEL. Oficios.
HOMENAJE A LA CIUDAD DE CONCEPCIÓN EN SU 456° ANIVERSARIO. Oficio.
Sesión 82ª, en jueves 5 de octubre de 2006
(Ordinaria, de 10.37 a 13.00 horas)
Presidencia accidental de los señores Ortiz Novoa, don José Miguel, y Jarpa Wevar, don Carlos Abel.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.Prosecretario, el señor Álvarez Álvarez, don Adrián
Prórroga de plazo a Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas11
Consignación en boletas de monto del impuesto a las ventas y servicios. Primer trámite constitucional11
Consignación separada en boletas de compraventa de precio y de impuesto al valor agregado. Primer trámite constitucional11
Modificación de la ley orgánica constitucional de Municipalidades. (Votación)25
Inclusión de trabajadores en Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad26
Ejecución de plan de desarrollo para la provincia de San Antonio. Oficio28
Solución a vecinos de población Juan Pablo II, de Concepción, afectados por inundaciones. Oficios29
Creación de nueva región de El Loa29
Información sobre medidas adoptadas a favor de deudores habitacionales. Oficio30
Normativa legal para dar cumplimiento al artículo 121 de la Constitución. Oficio31
Mejoramiento de atención del Servicio de Registro Civil e Identificación en Alto del Carmen y en Freirina. Oficios32
Fiscalización de funcionamiento de sistema telefónico en comuna Alto del Carmen. Oficios33
Pavimentación de calles de Chillán. Oficio33
Implementación de obras sanitarias en comuna El Carmen. Oficio34
Información sobre cobro de arrendamientos fiscales y de contribuciones en Aisén. Oficio34
Fiscalización de los estudios de impacto ambiental. Oficio36
Construcción de embalses en Combarbalá y solución a problema vial en Illapel, Cuarta Región. Oficios36
Homenaje a la ciudad de Concepción en su 456° aniversario. Oficio37
Oficios del Senado por los cuales comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, los siguientes proyectos:
1.Concede una bonificación por retiro voluntario a los funcionarios municipales que indica. (boletín N° 406405)40
2.Introduce modificaciones en el decreto ley N° 3475, de 1980, que contiene la Ley de Impuestos de Timbres y Estampillas. (boletín N° 436905)40
3.Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de ley que Modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal en materia de seguridad ciudadana y refuerza las atribuciones preventivas de las policías. (boletín N° 432107)41
4.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sepúlveda, Chahuán y García, que modifica los artículos 241, 277 y 386 del Código Procesal Penal. (boletín N° 458607)111
5.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Errázuriz, Becker, Chahuán, Delmastro, García, Godoy y Sepúlveda, que establece una reforma constitucional que modifica los artículos 15, permitiendo el voto de los chilenos en el extranjero y 32, sobre la designación de embajadores. (boletín N° 458707)112
6.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sepúlveda, Chahuán y García, que deroga el artículo 241 del Código de Comercio, que establece el mandato irrevocable en materia comercial. (boletín N° 458803)115
7.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Sepúlveda, Chahuán, Aedo, ÁlvarezSalamanca y García, que modifica el artículo 105 de la leyN° 18.092, que contiene normas sobre letras de cambio y pagaré, con el objeto de derogar la denominada “cláusula de aceleración”. (boletín N° 458903)116
8.Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Estay, Arenas, GarcíaHuid obro, Rojas y de la diputada señora Turres, doña Marisol, que elimina discriminación con extranjeros en tarifas de acceso a parques nacionales administrados por Conaf. (boletín N° 459001)117
Oficios de la Excma Corte Suprema por los cuales remite su opinión respecto de los siguientes proyectos:
9.Modifica la ley N° 19.968, que creó los Tribunales de Familia. (boletín
N° 434918)118
10.Modifica la ley N° 19.968, que creó los Tribunales de Familia estableciendo que la notificación de las demandas se haga por receptores judiciales designados por turno. (boletín N° 437518)128
11.Modifica las normas de procedimiento en la ley N° 19.968, que creó los Tribunales de Familia, y deroga el artículo 234 del Código Civil (boletín
N° 440918)130
12.Introduce modificaciones orgánicas y procedimentales a la ley N° 19.968, que creó los Tribunales de Familia y a otros cuerpos legales. (boletín
N° 443807)134
De la Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas por el cual solicita una prórroga de 30 días, a contar del 6 de octubre para investigar las eventuales responsabilidades de retraso por parte ISP en el peritaje de drogas de la I Región.
Certificado médico acompañado por el diputado señor Ceroni, por el cual acredita que deberá permanecer en reposo médico por el día de hoy, 5 de octubre de 2006.
DiputadoMonckeberg, don Nicolás, solicita medidas por incumplimiento de respuesta a oficios de fiscalización, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 52, letra a) de la Constitución Política de la República.
DiputadoUlloa, fiscalización de inversiones que contempla presupuesto en la Municipalidad de Hualpén para el año 2006 y fiscalización de inversiones contempladas en presupuesto.
DiputadoAlvarado, investigación programa Chile Barrios e información sobre población Quinchen, de Castro.
DiputadoAlvarado, auditoría contable financiera en la Municipalidad de Quinchao.
DiputadoAraya, recursos para estudio técnico de factibilidad para convertir El Loa en región.
DiputadoGarcíaHuidobro, implementación de laboratorio para medición de calidad bacteriológica de agua potable, en la VI Región.
DiputadoDuarte, información sobre distribución de dineros en anterior proyecto de pavimentación vial de la Región Metropolitana y sobre nuevo catastro sobre obras viales.
DiputadoAlinco, aumento de retenes para la ciudad de Puerto Aisén y Coyhaique, afectadas por graves delitos.
DiputadoSilber, información sobre colectores de aguas lluvias construidos en la comuna de Pudahuel.
DiputadoRossi, solicitud de protección policial a su padre, el concejal don Flavio Rossi.
DiputadoSepúlveda, don Roberto, información sobre nómina de instituciones con asignación de recursos para el combate a la drogadicción.
DiputadoSepúlveda, don Roberto, medidas adoptadas respecto de sitio eriazo en calle Centenario, frente al N° 55.
DiputadoUriarte, información sobre proyecto de instalación de mesas de ping pong en lugares de esparcimiento, Villa Puangue.
DiputadaTurres, información detallada sobre ejecución, estado de cumplimiento y responsabilidades administrativas relacionados con el proyecto de Desarrollo Ciudad Satélite de Alerce, Décima Región.
DiputadoEstay, declaración de zona de emergencia a comuna de Lonquimay.
DiputadoRecondo, listado de proyectos presentados, aprobados y ejecutados en las provincias de Osorno y Llanquihue, durante los años 2005 y 2006.
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción:
Proyecto de Acuerdo N° 97, establecer el último lunes de octubre de cada año el “Día del comerciante de ferias libres”.
DiputadaValcarce, exclusión de habitantes del altiplano de beca zonas extremas.
DiputadoVerdugo, urgencia al proyecto de Reforma la Constitución Política de la República permitiendo restringir la libertad de los imputados que sean reincidentes en delitos de especial gravedad (boletín N° 4279079.
DiputadoUlloa, información sobre ex funcionarios de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad sometidos a proceso o que cumplen condena por violaciones a los derechos humanos.
DiputadoDelmastro subsidio especial a escuelas que reciben niños con riesgo social.
DiputadoWard, información sobre terreno de propiedad de don Manuel Ignacio Muñoz Morales, de Viña del Mar.
DiputadaGoic, información sobre concesiones y ventas de predios en Magallanes y solicitud de terrenos en la Isla Navarino, canal Murray y Caleta Olla.
DiputadoDelmastro, información sobre solicitud de saneamiento de título de dominio del señor Benjamín Reyes Muñoz.
DiputadoMonckeberg, don Cristián, información sobre actuación de las fiscalías en la Región Metropolitana en el Segundo semestre del 2005 y Primer semestre del 2006.
Por encontrarse con permiso constitucional, no asistió el diputado señor Eugenio Tuma.
El acta de la sesión 77ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 78ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
La Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas ha pedido una prórroga de 30 días, a contar del 13 de octubre, para investigar eventuales posibilidades de retraso del Instituto de Seguridad Pública en el peritaje de drogas en la Primera Región.
En el Orden del Día, corresponde pronunciarse, en primer trámite constitucional, sobre el proyecto, originado en moción, que establece transparencia en la información de las boletas de venta y servicios.
Diputado informante de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo es el señor Joaquín Godoy .
Moción, boletín N° 4141-03, sesión 10ª, en 6 de abril de 2006. Documentos de la Cuenta N° 9.
Primer informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, sesión 36ª, en 14 de junio de 2006. Documentos de la Cuenta N° 7.
Moción, boletín N° 4142-03, sesión 10ª, en 6 de abril de 2006. Documentos de la Cuenta N° 10.
Primer informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, sesión 36ª, en 14 de junio de 2006. Documentos de la Cuenta N° 6.
Señor Presidente, en cumplimiento del mandato de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, paso a informar sobre el proyecto, en primer trámite constitucional, originado en moción de la diputada señora Amelia Herrera y de los diputados señores Joaquín Godoy , Pablo Galilea y Cristián Monckeberg , que establece transparencia en la información de las boletas de ventas y servicios.
Concurrieron a la Comisión el director nacional del Servicio de Impuestos Internos, señor Ricardo Escobar Calderón , junto al subdirector de Estudios, señor Francisco Sánchez Stümer , y al subdirector normativo, señor René García Gallardo . Asimismo, se contó con la asistencia y colaboración del representante del Ministerio de Hacienda, señor Francisco Galli , y del asesor jurídico del Ministerio de Economía, señor Carlos Rubio .
Es sabido que la probidad y la transparencia en las transacciones son factores fundamentales para mantener todo sistema económico.
En síntesis, el proyecto, además de proponer la separación del valor del impuesto en las boletas, agrega un artículo transitorio que establece que esta ley empezará a regir 90 días después de su publicación en el Diario Oficial, con el objeto de otorgar un plazo que permita preparar los cambios que la medida requiere.
Los autores de la moción hacen presente que sólo por concepto de IVA el fisco recauda anualmente alrededor de 11.412 millones de dólares, los cuales provienen de recursos de los consumidores.
La idea matriz o fundamental del proyecto es que en las boletas de ventas y servicios se exprese separadamente la cantidad recargada por concepto de impuesto, para que exista transparencia en la información a los consumidores.
Todos los invitados a la Comisión se manifestaron contrarios al proyecto. El director del Servicio de Impuestos Internos hizo una pequeña reseña histórica del impuesto.
Planteó que la boleta, que se optó por exigirla en la relación vendedor consumidor nivel en el cual se cumple la última etapa y no se tiene derecho a crédito, incorporó el gravamen en el precio, para lo cual se consideraron opiniones técnicas y de los afectados, especialmente del comercio detallista. Se concluyó que es de emisión masiva e inmediata, generalmente por parte de pequeños contribuyentes, lo que aconseja la mayor simplicidad. De allí que prácticamente sólo se exija registrar en ella la fecha, un detalle global del consumo y el total de la operación.
Hizo notar que exigir la separación del impuesto implica un riesgo más para el contribuyente de cometer una infracción que es sancionada fuertemente por el Código Tributario.
Procedió a dar una serie de razones respecto de su postura contraria a la modificación propuesta y dio a conocer algunas cifras para dimensionar el impacto económico que tendría.
Agregó que en 2005, 508.800 contribuyentes timbraron talonarios de boletas. De ellos, 5.800 timbraron rollos para ser utilizados en máquinas electromecánicas, impresoras fiscales o computadores y 503 mil contribuyentes timbraron boletas preimpresas o en formularios continuos.
En total, se emitieron 6.983 millones de boletas en el año 2005. Los contribuyentes que timbraron talonarios preimpresos o formularios continuos informaron haber emitido 3.140 millones de boletas, en tanto que los que las emitieron a partir de rollos, comunicaron una emisión de 3.843 millones.
La mayor parte de las boletas preimpresas que se timbran corresponden al modelo 5x1, formato de pequeñas dimensiones, a las que no se les exige mayores datos, aparte del valor y una indicación general acerca del tipo de producto o servicio boleteado.
Respecto de los impactos tributarios, precisó que el Servicio de Impuestos Internos estima que la medida propuesta facilitaría, motivaría o permitiría la evasión del IVA, porque al hacer explícito el monto de los impuestos incentivaría al vendedor y al consumidor a negociar la no emisión de las boletas o al consumidor a pedir la rebaja del IVA. Además, señaló que la publicación de los precios con el IVA separado motivaría al contribuyente a disminuir el monto de la boleta, porque para facilitar su confección, cuando vende montos superiores a media UF, con el objeto de no hacer el cálculo, haría la boleta por un monto menor.
Manifestó que la medida aumentaría los costos para el contribuyente vendedor, especialmente para los pequeños comerciantes, que generalmente no tienen sistemas automatizados de impresión y que harían manualmente el cálculo del impuesto respectivo, de modo que la modificación propuesta iría en el sentido contrario de facilitar su operación.
En particular, aumentaría el costo de la impresión de los talonarios de boletas, pudiendo hacerse impracticable el formato 5x1, que actualmente es el más común.
Manifestó que, para evitar la posible evasión por aplicación de esta medida, el Servicio de Impuestos Internos tendría que ejercer una mayor fiscalización, con el consiguiente costo adicional para el fisco, en particular, por el control de la suma de boletas.
Asimismo, agregó que no se lograría el cumplimiento de los objetivos perseguidos por la modificación legal planteada de informar los impuestos pagados por el contribuyente en su compra.
En efecto, separar el IVA en la boleta no bastaría para informar la totalidad del impuesto que se recauda por las compras de los consumidores finales, especialmente en los siguientes casos:
No considera los impuestos adicionales de artículos suntuarios y de bebidas alcohólicas y no alcohólicas.
No considera el impuesto al tabaco ni el impuesto específico a las gasolinas y al petróleo.
No considera los derechos aduaneros incluidos en los precios de los productos importados.
No puede informar el IVA que se cobra como costo en el precio de las operaciones exentas y no gravadas.
Por su parte, el señor Rubio , asesor del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, contribuyó a fundamentar los argumentos del director del Servicio de Impuestos Internos.
Sometido a votación en general el proyecto, votaron en contra de la idea de legislar los diputados señores Marcelo Díaz , Tucapel Jiménez , Jaime Mulet , José Miguel Ortiz y Eduardo Saffirio . Votaron a favor de la idea de legislar los diputados señores Gonzalo Arenas y quien habla.
En consecuencia, la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recomienda a la Sala rechazar la idea de legislar sobre la materia.
Señor Presidente, ¿es posible que, a continuación, se informe sobre el siguiente proyecto y se efectúe un solo debate, dado que ambas iniciativas son prácticamente idénticas?
Eso iba a proponer, señor diputado, pero el diputado informante del segundo proyecto no se encuentra presente en la Sala. Para solucionar ese inconveniente, solicito el acuerdo de la Sala para que el diputado señor José Miguel Ortiz , miembro de la Comisión de Economía, informe sobre proyecto que establece la obligación de separar en cada boleta de compraventa el valor agregado, IVA en la operación, en reemplazo del diputado informante de dicha Comisión.
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo paso a informar, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto que establece la obligación de separar en cada boleta de compraventa el valor agregado del IVA en la operación.
La iniciativa se originó en una moción de las diputadas señoras Claudia Nogueira , Marisol Turres , Marcela Cubillos y de los diputados señores Sergio Bobadilla , Francisco Chahuán , Juan Lobos , Felipe Ward , Felipe Salaberry , Darío Paya y Marcelo Forni .
Como ocurrió con el proyecto anterior, la Comisión de Economía recomienda rechazar la idea de legislar sobre esta materia.
La moción tiene por objeto establecer la obligación de efectuar un desglose en la boleta de compraventa en el que se indique el monto de la venta, es decir, lo que recibe el comerciante o la empresa por lo que vende, y el monto correspondiente al 19 por ciento del IVA, que va a las arcas fiscales.
Estuvo en la exposición el señor Ricardo Escobar , director del Servicio de Impuestos Internos, quien se manifestó contrario a la modificación propuesta, debido a que no guarda relación con el diseño del impuesto al valor agregado que rige desde 1975, inicialmente con tasa de 20 por ciento por el mayor riesgo de evasión que conlleva un procedimiento de esta especie, por el encarecimiento de las operaciones de venta de los contribuyentes, la eventualidad de tener que pagar multas por los errores que se cometan al desglosar el impuesto de cada operación y la mayor fiscalización que debería hacer el Servicio de Impuestos Internos.
Añadió que al Servicio de Impuestos Internos no le compete emitir un criterio respecto de la conveniencia de que los consumidores conozcan el monto de impuestos que pagan en sus adquisiciones, pero sí considera que la vía elegida es inconveniente desde el punto de vista tributario, aspecto en el cual se generarán graves problemas.
Indicó que cuando se adoptó la decisión de establecer el IVA, se tuvieren presentes las características de un tributo tipo al valor agregado, en que cada agente que interviene en la cadena de comercialización de un producto sólo paga al fisco la parte del impuesto que afecta el valor que agrega al costo del bien que vende, situación que se produce al rebajar el impuesto que le trasladó su vendedor del total del impuesto que él a su vez recarga a su comprador.
Esta característica evita la acumulación de impuesto sobre impuesto que se producía con anterioridad al IVA en la legislación al consumo, denominado “impuesto en cascada”, es decir, al no recuperar el gravamen que ya había afectado el costo del producto adquirido, pasaba éste a constituir parte de dicho costo en la venta posterior y, por lo tanto, base imponible del mismo impuesto que se calculaba en esa etapa. Con ese mecanismo, además de no tenerse certeza de cual era la carga final, la última tasa aplicada al consumo, que por lo general era menor que la actual, no permitía transparentar en absoluto el impuesto que en definitiva se soportaba y que, por su forma de cálculo, podía resultar una tasa efectiva superior a la actual.
El IVA es un tributo que se entera en arcas fiscales en cada etapa de la comercialización del producto. En el fondo, hablamos de agentes recaudadores del fisco, porque mes a mes deben declarar el 19 por ciento por concepto de este impuesto.
Durante la discusión del proyecto, se mencionaron algunas cifras para dimensionar el impacto de la medida propuesta.
En 2005, 508.800 contribuyentes timbraron talonarios de boletas. De éstos, 5.800 timbraron rollos para ser utilizados en máquinas electromecánicas, impresoras fiscales o computadores, y 503.000 contribuyentes timbraron boletas preimpresas o en formularios continuos.
En total, se emitieron 6.983 millones de boletas en 2005. Los contribuyentes que timbraron talonarios preimpresos o formularios continuos, informaron haber emitido en ese año 3.140 millones boletas, en tanto los que emitieron boletas a partir de rollos, informaron 3.843 millones.
La mayor parte de las boletas preimpresas que se timbran corresponde al modelo 5x1, que implica un formato de pequeñas dimensiones, a las cuales no se les exige mayores datos, aparte del valor y una indicación general acerca del tipo de producto o servicio “boleteado”. Por ejemplo, la glosa puede señalar “por consumo” y un valor que corresponde al total.
En la discusión se determinó que podría prestarse para evasión tributaria. Creo que fue eso lo que motivó el informe en contrario de la Comisión de Economía.
En segundo lugar, aumentaría costos para los contribuyentes y consumidores, especialmente para los pequeños comerciantes, que, generalmente, no tienen sistemas automatizados de impresión y el cálculo del impuesto deberían hacerlo en forma manual, lo cual no facilitaría la operación.
El proyecto de ley consta de un artículo único.
En general, la idea de legislar fue rechazada por seis votos contra dos. Votaron en contra los diputados Marcelo Díaz , Tucapel Jiménez , Jaime Mulet , Eduardo Saffirio , Eugenio Tuma y José Miguel Ortiz . A favor, lo hicieron los diputados Gonzalo Arenas y Joaquín Godoy .
Señor Presidente, creo que es tercera vez que una modificación de esta naturaleza pasa por la Cámara.
Si bien nadie podría estar en desacuerdo con la transparencia tributaria, esto es, saber cuánto está pagando por los insumos que compra y cuánto le corresponde al Estado, me parece que media UF es una cantidad mínima. No estoy pensando en los grandes almacenes y tiendas, sino en los miles de comerciantes de pueblos pequeños quienes muchas veces no saben calcular el IVA. Impuestos Internos no va a tener el criterio suficiente para entender la equivocación y les va a cursar la multa correspondiente. En consecuencia, esto debería asimilarse a lo que paga una persona que roba en un supermercado, es decir, a una o dos UTM, sólo para dar un alivio a estas personas.
Estoy pensando en comerciantes de Curarrehue o de Reigolil, que tienen almacenes pequeños, cuyos propietarios, con todos sus libros y boletas, por la tarde, se dirigen donde el contador del pueblo para pedirle el valor total que tienen que pagar en impuestos. Si a esas mismas personas les toca vender un quintal de harina al cual inmediatamente le tienen que descontar el IVA, lo más probable es que se van a confundir con la operación y van a terminar vendiéndolo sin boleta. ¡Sí, pues; seamos honestos! En consecuencia, el fisco va a perder más de lo que pretende recaudar.
Por lo tanto, pido a los diputados que presentaron el proyecto, que me expliquen cuál es la diferencia entre boleta y factura. En las facturas claramente se puede desglosar el IVA. Además, existe la facultad de pedirla, cualesquiera sea el monto y el lugar de la compra. Entonces, con esta moción, la boleta tendría las mismas características de una factura.
Ahora bien, ¿cuál es la única ventaja del proyecto? Que la gente sabría cuánto está pagando realmente por el producto que compra y su respectivo impuesto. Sabemos que a muchos diputados no les gustaría que la gente se enterara de que efectivamente el 19 por ciento del valor total del producto que consume lo está pagando en impuestos, sea el pan, el azúcar, la leche, la luz o el agua.
Cuando uno analiza el proyecto en profundidad, se da cuenta de que tiene esos bemoles. Hay que hacer una separación al respecto. Además, encuentro muy bajo el valor que establece, media unidad de fomento, es decir, cerca de nueve mil pesos, cuando un quintal de harina vale once mil pesos.
Les garantizo que la mitad de la gente de los pueblos chicos que vive de los negocios más pequeños no va a dar boleta, porque no sabe calcular el IVA. Eso me preocupa más, porque la multa que le van a cursar a esas personas va a ser mucho más grande que las utilidades de varios meses.
Nadie quiero ser claro y preciso en esto está en desacuerdo con que las personas sepan efectivamente cuánto están pagando.
Si queremos avanzar más en esta materia, me gustaría que hubiera una democracia tributaria, donde la persona que paga más impuestos pida que le asfalten la calle donde vive, que le hagan un cerco, que le pongan iluminación. Pienso que, al final, vamos a terminar en una confusión tremenda respecto de los impuestos, las boletas y las facturas.
Escucharé las argumentaciones de los demás diputados, pero, en principio, por media UF y por las consecuencias catastróficas que esto va a traer a los pequeños y pequeñísimos comerciantes, creo que no amerita darle más vuelta a este proyecto. Prueba de ello es que lo hemos analizado en dos o tres ocasiones, con distintos autores, y siempre se ha rechazado.
¡Ojo! Hago la aclaración, porque hay malintencionados en esto. No estoy hablando de cadenas comerciales ni de grandes almacenes ni de supermercados, sino de los pequeñísimos y pequeños comerciantes de los miles de pueblos existentes a lo largo del país, sobre todo los de sectores rurales, que tienen un almacén casi como para hacer un favor a la gente y no para andar preocupado de desglosar el IVA de los cinco, seis o diez mil pesos que venden cada día.
Señor Presidente, como bien señaló el diputado René Manuel García , ya se le ha dado varias vueltas al proyecto.
Es muy importante ir transparentando en la población el pago de impuestos que realiza todos los días, pues no tiene real conciencia de ello. Por ejemplo, un kilo de arroz tiene 100 pesos de impuesto; un kilo de pan, 108 pesos; el azúcar, 60 pesos; el aceite, 132 pesos en promedio, etcétera. Eso es lo que las personas pagan en impuestos todos los días.
Tengo la sensación de que, en ese sentido, la gente está como adormecida. Pienso que también en democracia la población debe estar informada de lo que paga todos los días.
Este proyecto tiene una muy buena intención, en orden a que la gente tome conciencia de lo que aporta al país y de que también puede hacer exigencias respecto de sus aportes.
No obstante ello, a mi entender el proyecto debe volver a la Comisión de Economía, para una mejor estructuración.
Estoy seguro de que si en la Cámara se hiciera un test sobre cómo determinar el IVA, es decir, dividir cierta cantidad por 1,19, algunos reprobarían.
Por lo tanto, al igual que el diputado René Manuel García , pienso en los miles de puestos varios donde, generalmente, la persona atiende con esfuerzo, escribe la boleta con dificultad y también se complica cuando tiene que dar vuelto o sumar. Si se aprobara este proyecto, se agregaría un nuevo problema a esa situación, pues para dividir esa persona deberá tener una calculadora, una tabla diaria para saber el valor de la media UF establecida en el proyecto, lo que me parece tremendamente engorroso. Al final, obviamente, eso se traducirá en sanciones tributarias, porque deberán enmendarse las boletas mal emitidas.
Por lo tanto, éste es un proyecto que tiene una enorme trascendencia. Es bueno que vayamos transparentando las cosas. Pero, por la forma en que está planteado, considero que hay que estudiarlo un poco más.
De acuerdo con el informe que los señores diputados tienen en su escritorio, la Concertación en general no quiere que esto se transparente, sobre todo si se considera que sus argumentos son sumamente pobres.
Hoy, por ejemplo, un altísimo porcentaje de las ventas en las grandes tiendas comerciales y supermercados se realiza con cajas registradoras automáticas. Sin embargo, teniendo éstas menos puntos de venta, poseen la mayor proporción de las ventas. No me imagino que una cajera de un supermercado o de un centro comercial negocie la evasión como se plantea en el informe del IVA de los productos que compra una persona. Por lo tanto, el hecho de atribuir a priori esta supuesta intención de evasión a los pequeños comerciantes, me parece bastante descalificadora, tratándose de un gremio que, además, se esfuerza todos los días por subsistir.
A modo de proposición, deberíamos establecer en el proyecto que esto sólo opere cuando los pagos se hagan a través de cajas registradoras automáticas o electrónicas, de manera de no afectar a miles de pequeños comerciantes que se esfuerzan día a día por desarrollar su actividad. En particular, como represento a un distrito rural, lamento mucho esta situación. Allí no hay cajeros automáticos ni cajas registradoras. Por lo tanto, la iniciativa debería estar orientada en el sentido adecuado, de manera que los más chicos se vayan incorporando en el transcurso del tiempo.
En consecuencia, dadas las condiciones en que está planteado el proyecto, no puedo votarlo a favor, y espero que vuelva a la Comisión para que se revise lo referido a las boletas de orden manual, a fin de evitar perjuicios a muchos pequeños comerciantes.
Señor Presidente, primero que todo, quiero felicitar a los autores del proyecto, porque no hay que negarles la posibilidad de legislar, al decir que la iniciativa no es buena, lo que provocó su rechazo en la Comisión.
La idea original del proyecto es interesante; sin embargo, hay que buscar mejores fórmulas para legislar sobre este punto. Aún no tenemos cultura tributaria en nuestro país.
A lo mejor, el fundamento de mi intervención parte por señalar que los proyectos a los cuales nos referimos mantienen la misma estructura e ideas y los mismos objetivos. Bajo el pretexto de otorgar mayor transparencia en la información contenida en las boletas de ventas y servicios, lo que me parece interesante, se pretende buscar una fórmula para lograr un proyecto que nos lleve a la idea original de los autores.
Por eso, comparto con ellos la idea de legislar. Pero hay que buscar la fórmula más adecuada para la realidad tributaria chilena y el conocimiento que de ella aún tiene nuestro país.
Lo negativo es que se generaría una mayor burocracia, tardanza en la atención, evasión tributaria y, lo que es peor, un perjuicio a los pequeños comerciantes, que no pueden adquirir procesadoras para desglosar en forma automática el impuesto en las boletas, razón por la cual deben hacerlo en forma manual.
Discutimos el tema con el diputado Jaime Quintana , que también representa a pequeñas localidades del mundo rural, y coincidimos en que es muy difícil que se cumpla el objetivo del proyecto. Por ejemplo, en los pequeños pueblos rurales de la Novena Región uno de los autores del proyecto la representa, aún existen pequeños almacenes, a cuyos dueños les va a costar mucho cumplir con el objetivo que buscan los autores del proyecto.
Como dijo muy bien el diputado Quintana en nuestra conversación y el diputado René Manuel García , representante de la Novena Región, en su intervención, la boleta de compraventa no otorga crédito fiscal al comerciante, a diferencia de la factura, que es el instrumento que utiliza el comerciante para saber cuál es el crédito que tiene por el pago del impuesto. Eso es fundamental. Indicar el IVA en la boleta sólo sirve para saber cuánto es lo que el consumidor está aportando al Estado con su compra. Ése es el eje del proyecto. Todos saben que al comprar o consumir cualquier producto se paga 19 por ciento de IVA, pero, a lo mejor, la población ignora qué porcentaje está pagando. Ésa es mi opinión, aunque quizá la realidad no sea así.
Ahora, tal como ha señalado el Servicio de Impuestos Internos, obligar a señalar en la boleta el valor correspondiente al IVA podría incentivar la evasión; a que el comerciante no dé boletas para pagar menos. También podría disminuir el monto de la compra hasta el valor que señala el proyecto, caso en el cual no es necesario desglosar el IVA. Es un tema discutible, pero real. Lo peor de todo es que podría llevar a un pequeño comerciante con mucho público a no dar boleta, a fin de no perder tiempo haciendo los cálculos correspondientes. En los despachos o almacenes de la Novena Región no hay mucho público, por lo que allí no se produciría ese problema. Al parecer, el pequeño comerciante siempre es el más honesto para entregar su contribución al país, pues no trata ni sabe cómo eludir impuestos.
En definitiva, creo que este proyecto no está adecuado a nuestra mentalidad tributaria. Así de simple. Si bien su objeto se funda en razones de transparencia en la información, podría, como se ha señalado y lo entiendo, provocar como efecto colateral la tendencia a la evasión y a la elusión, con lo cual, como señala el dicho, la cura podría ser peor que la enfermedad.
Por lo tanto, anuncio que no voy a votar a favor del proyecto, aunque, a mi juicio, fue interesante colocarlo en tabla.
Señor Presidente, creo que estamos frente a una buena iniciativa; la idea que hay detrás de ella es positiva.
Hablamos del IVA, que es un impuesto que le reporta al fisco más de seis billones de pesos al año; reitero, seis billones. Por lo tanto, me parece que los contribuyentes que pagamos impuestos todos los días y el IVA se paga varias veces al día tenemos derecho a saber cuánto pagamos por concepto de impuestos y, finalmente, tenemos derecho a que en función de ese conocimiento podamos formular mayores exigencias a las autoridades, en cuanto al uso que se da a esta recaudación.
Por lo demás, la experiencia internacional demuestra que en los países desarrollados esto se hace de esa manera, es decir, se desglosa o se desagrega de la suma total el impuesto que, finalmente, pagamos los contribuyentes.
Entiendo los problemas prácticos señalados por los diputados señores García , Jaramillo y Barros, y por ello esta buena iniciativa, como suele ocurrir con las buenas ideas, requiere de algunas modificaciones, de manera que, en definitiva, se concrete en una ley que beneficie a todos los ciudadanos.
Lamento que por haberse rechazado en la Comisión la idea de legislar no hayamos tenido conocimiento, en el informe rendido en la Sala, de algunas indicaciones presentadas.
Hay una del diputado Godoy que apunta a que la desagregación del IVA se haga sólo en las boletas que se emiten mediante cajas registradoras o, dicho en otras palabras, que no se exija desagregar el impuesto cuando las boletas se confeccionan manualmente.
Tenía entendido que el diputado Paya también había presentado una indicación al segundo proyecto lamentablemente no la he encontrado en la carpeta, que según recuerdo, excluía de esta obligación a quienes emiten boletas en formato cinco por uno, que es el que usan a diario los pequeños comerciantes para consumos muy menores.
Considero que deberíamos aprobar la idea de legislar, y enviar nuevamente el proyecto a Comisión, con una anuncio su presentación que señale la obligación de desagregar el impuesto del valor total que paga el consumidor, sólo en transacciones superiores a 100 mil pesos la moción habla de media unidad de fomento; es decir, alrededor de 9.200 pesos, excluyendo de esa obligación a las boletas que se emitan manualmente.
Para terminar, manifiesto mi apoyo a la idea de legislar, porque creo que estamos frente a una iniciativa beneficiosa para los contribuyentes. Es útil que sepamos cuánto pagamos de IVA y lo que recibe el fisco por este concepto, de modo que podamos exigir a las autoridades el adecuado uso de estos recursos.
Señor diputado, el proyecto debe volver a la Comisión porque se han presentado cuatro indicaciones, más la anunciada por su señoría, siempre que sea aprobado en general.
Señor Presidente, estos dos proyectos de ley fueron presentados en la Cámara en 2003.
Cuando comenzó su tramitación al año siguiente, debido a que sus fundamentos eran idénticos, fueron rechazadas por la Sala. Quiero reiterar los fundamentos que dimos en la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo.
Nadie está en contra de la transparencia, y quiero ser muy claro en ello. Es más, voy a ahondar en las cifras que expresó el colega Edmundo Eluchans , que me antecedió en el uso de la palabra. El 76,6 por ciento de los ingresos de nuestro país corresponden a impuestos y, de eso, más del 70 por ciento, al IVA. Es decir, son fundamentales para elaborar el Presupuesto de la Nación.
Pero ¿qué expresamos en razón de estos dos proyectos de ley? En primer lugar, que hay una contradicción legal. Las modificaciones son totalmente contradictorias con lo dispuesto en el artículo 69 del decreto ley N° 825, de 1974, sobre Impuestos a las Ventas y Servicios, ya que dicha norma dispone expresamente que, tratándose de boletas, el impuesto deberá incluirse en el precio.
Quiero recordar que ésta fue una larga discusión llevada a cabo de diferentes formas ante la opinión pública, porque muchas veces, con una expresa intención de marketing, se habla de valores netos, sin IVA. Después se aplica el impuesto. Es decir, parto de la base de que esa norma de 1974 se estableció con la intención de evitar la publicidad engañosa.
En segundo lugar, hay una incoherencia en los requisitos. En este mismo sentido, las reformas sugeridas son inconsistentes con lo que establece la letra b) del artículo 69 del decreto supremo N° 55, de 1977, del Ministerio de Hacienda, reglamento de la ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios, en cuanto exige que en las facturas se indique separadamente la cantidad recargada por concepto de impuesto cuando proceda. Es decir, hace una diferencia total y absoluta entre lo que significa dar una boleta y dar una factura.
¿Cuál sería la finalidad de la norma? La ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios obliga a los contribuyentes a emitir diversos documentos con finalidades propias y obligaciones de emisión también distinta, con el objeto de no producir una confusión entre unos y otros. En tal sentido, la boleta está destinada a respaldar las operaciones de ventas y servicios que se efectúen a consumidores finales, cuestión radicalmente distinta a la obligación de recargar separadamente el impuesto en la emisión de facturas, que se justifica, principalmente, por la necesidad de aprovechar el crédito fiscal, de conformidad con los artículos 23 y 25 del aludido cuerpo legal.
Creemos que estos dos proyectos de ley producirían confusión en los contribuyentes, por cuanto se podría pretender, equivocadamente, que les sirve para respaldar un crédito fiscal, así como también se producirían confusiones o, al menos, entorpecimiento en la labor fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos.
Prácticamente todos los que han intervenido en la discusión de estos dos proyectos de ley han planteado lo que significará, desde el punto de vista pecuniario, la modificación de los talonarios actuales. Si esta iniciativa se transforma en ley de la República, quedarán inhabilitadas las miles y miles de boletas cinco por uno que los comerciantes mandan a imprimir en función de la economía de escala, lo que se traducirá sólo en mayor costo y pérdidas.
También quiero señalar que estamos en contra de estos dos proyectos de ley, en primer lugar, porque estas materias fueron debatidas latamente durante el 2003 y el 2004, y, en segundo lugar, por la ausencia de nuevos antecedentes. Entre 2003 y 2006 no se ha presentado ningún estudio que justifique técnicamente la conveniencia de estas nuevas iniciativas, más aún cuando fueron rechazadas por amplia mayoría en su oportunidad.
Dado que se argumentó que la idea es que el contribuyente sepa cuánto aporta por el 19 por ciento del IVA, debo decir que esa información está a disposición de todos, pues los ingresos tributarios por diferentes impuestos son cifras públicas.
Hace algunos días, en función de un mandato que nos dio la Sala, la Comisión de Hacienda terminó un análisis de la situación tributaria del país. Escuchamos a todos los actores. Con cifras oficiales al 30 de junio del presente año, tenemos los ingresos del Estado por las diferentes partidas. Esos antecedentes están a disposición de los colegas en la Comisión de Hacienda. Son cifras fresquitas. En junio, se dieron a conocer oficialmente por la Dirección de Presupuestos y por el Ministerio de Hacienda. Esto obedece a la transparencia, a la democracia y al estado de derecho en el cual funcionan las instituciones. Por lo tanto, sólo resta hacer uso de nuestros derechos.
Antes de terminar, deseo expresar que el profesor constitucionalista Alejandro Silva Bascuñán , en su Tratado de Derecho Constitucional, quien a su vez cita a la Comisión Ortúzar, señala que las modificaciones introducidas al artículo 63 en relación con el artículo 32, N° 6, de la Carta Fundamental, tuvieron por objeto precisar, taxativamente, las materias que sólo pueden ser objeto de ley, dentro de las cuales no se encontraría la regulada por el presente proyecto de ley, el que se inscribiría en el ámbito de las potestades reglamentarias del Presidente de la República.
Quiero que esta precisión quede consignada en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, porque también cabe en el ámbito de la admisibilidad o constitucionalidad de estas dos mociones.
Por eso, la bancada democratacristiana votará en contra y respalda el informe de la Comisión de Economía.
Señor Presidente, sólo para respaldar la opinión mayoritaria de la Comisión de Economía, que rechazó la idea de legislar para separar en cada boleta de compraventa el valor agregado del IVA.
En primer lugar, a pesar de los argumentos que se han hecho valer en relación con la transparencia en la información, no se puede generar una suerte de malestar que corroería la cohesión social con la idea de que cada vez que alguien compra algo, el Estado le está robando el 19 por ciento.
Es vox populi que en Chile el IVA representa el 50 por ciento aproximado de los ingresos fiscales. Además, todos sabemos que el Estado es bastante pequeño y que la carga fiscal ha permanecido inalterable en los últimos veinte años, en torno al 18 por ciento del producto interno bruto. En consecuencia, es negativo dar determinadas señales.
En segundo lugar, y respecto de la evasión del IVA, esto sería como ponerle el pescado al gato. Si se colocara la cantidad que se paga por ese concepto cuando se compra bencina, por ejemplo, sería la mejor forma de evadir un impuesto que permite que se entreguen cotidianamente a todos los chilenos la mayoría de los servicios de carácter social, como salud y educación.
Por lo tanto, los diputados del PPD vamos a rechazar la idea de legislar y, por ende, a apoyar el informe de la Comisión de Economía.
Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo Arenas .
Señor Presidente, en primer lugar, deseo plantear mi rechazo a la idea de no legislar por parte de la Comisión, en ambos proyectos de ley.
Si bien existen muchas dificultades prácticas los pequeños almacenes, las boletas manuales el rechazo de la idea de legislar impediría que se estudiaran las indicaciones anunciadas por el diputado Eluchans , en orden a hacer exigible esto exclusivamente a los rollos que se utilizan en las máquinas electromecánicas, las impresoras fiscales o computadores para la emisión de boletas, que representan más del 50 por ciento del total de boletas emitidas en estas circunstancias.
En cuanto al tema más de fondo, es contradictorio y significaría un retroceso respecto de la tendencia a la probidad y a la transparencia con la que se ha caracterizado la gestión pública en los últimos dieciséis años, la cual se celebra.
Tanto el Estado como las autoridades públicas son insaciables al momento de exigir transparencia a los empresarios y a distintos organismos, como el Congreso Nacional, las Fuerzas Armadas, los sindicatos, etcétera. Sin embargo, cuando se trata de imponer condiciones de transparencia y probidad, el Estado evade su obligación y trata de confundir los argumentos con otros, como los planteados por el director del Servicio de Impuestos Internos, los que considero en especial lamentables, toda vez que se encargó exclusivamente de dar a conocer una serie de inconvenientes de orden práctico y administrativo, que atentarían contra la simplicidad tributaria por parte de los contribuyentes, en circunstancias de que es de público conocimiento al menos para quienes antes de estar aquí nos dedicamos al derecho tributario que el Servicio de Impuestos Internos jamás se ha preocupado de la simplificación tributaria mediante alguna ayuda al contribuyente, sino que de lograr mayor fiscalización con menores recursos.
Ese organismo muestra su doble estándar con los contribuyentes, puesto que cuando se trata de analizar una normativa que los beneficia, pone todos los problemas habidos y por haber, pero es rápido y eficaz en exigir cuanta norma regulatoria y papeleo existe para que no se le escape un solo peso, lo que demuestra el apetito insaciable del Fisco por quitarle plata a los chilenos, especialmente a los más pobres, como ocurre con el impuesto del IVA.
Dicho tributo es el más injusto y regresivo de nuestro sistema tributario y afecta principalmente a la clase media y a los más pobres, pues la gente más acomodada no paga IVA, porque efectúa sus compras a través de sociedades. De manera que se está afectando a quienes aún no tienen conciencia de los impuestos que pagan, porque los más pobres y la clase media en general no lo hace o simplemente paga muy poco impuesto a la renta, que es el instrumento a través del cual realmente se ve cuál es el aporte que uno hace, pues su carga tributaria se expresa a través del consumo, del IVA, al cual destina la mayor cantidad de sus ingresos mensuales. Además, es lamentable que se siga fomentando la flojera tributaria del fisco, que en forma rápida, simple y con la menor cantidad de problemas para sí recauda más impuestos, sin perjuicio de que no existe conciencia entre los contribuyentes respecto de lo que pagan por ese concepto.
Por eso, hago un llamado a aprobar la idea de legislar, no solamente por un tema de probidad, en el sentido de adquirir mayor conciencia ciudadana de la facultad y el derecho a exigir fiscalización y mayor transparencia, sino, además, por un aspecto de exigencia tributaria del Estado, a fin de que, de una vez por todas, asuma que no puede tratar de aumentar los ingresos fiscales a través de los impuestos más regresivos, sino mediante la implementación de un sistema en el que paguen más los que tienen más y viceversa.
Hay una cuestión fundamental en cuanto a lo señalado por el diputado señor René Manuel García sobre la factura y la boleta. El IVA consignado en las facturas no afecta cuando se usa como crédito fiscal, de manera que quien recibe una factura se alegra de ver cuánto IVA se va a ahorrar en esa operación. En cambio, en la boleta si tiene importanci que exista una conciencia del IVA que se paga, porque eso realmente afecta el bolsillo de los consumidores.
En consecuencia, pido a mis colegas, especialmente a los de la UDI y de Renovación Nacional, que tengan en cuenta el principio de fondo y que aprueben la idea de legislar, pues permitirá perfeccionar el sistema tributario y hacerlo exigible solamente a los rollos para ser utilizados en máquinas electromecánicas y, por lo tanto, se salvarán todos los problemas prácticos que afectan a los pequeños contribuyentes.
Finalmente, anuncio que votaré a favor de las iniciativas que aumentan la probidad y la transparencia y limitan la flojera fiscal y tributaria del Estado.
Señor Presidente, del debate podemos deducir que la gran preocupación de la mayoría de los diputados es que este proyecto afectará a los contribuyentes que deben hacer las boletas de manera manual. Lamentablemente, como en la Comisión de Economía no se aprobó la idea de legislar, no quedó constancia de que incorporamos una indicación en el sentido de que esos contribuyentes quedaran eximidos del requisito. De esa forma, los problemas que han manifestado algunos diputados quedarían de lado.
¿Cuál es el motivo de la elaboración de este proyecto? Uno muy importante: la transparencia de la información. Me siento muy orgulloso de haber participado en muchos debates en que diputados han enarbolado la bandera de la libertad y de la transparencia de la información, sobre todo en relación con el mundo privado. Pero el que debería dar el ejemplo en esta materia es el propio Estado. Lamentablemente, en la Comisión de Economía, algunos diputados de la Concertación no estaban dispuestos a votar a favor la idea de legislar, porque les aprieta el zapato y no les gustaría que la gente supiera que alrededor de tres de los sueldos que las personas generan al mes se pagan al Estado en impuestos.
Por lo tanto, hoy queremos que la ciudadanía tenga más información para que pueda exigir al Estado que invierta de mejor forma los recursos que le entrega. Por ello, pido a los señores diputados, por su intermedio, señor Presidente, que voten a favor de la idea de legislar. Estamos dispuestos a mejorar el proyecto para que no afecte a aquellos que hacen las boletas de manera manual. Por lo demás, el proyecto establece que la ley empezará a regir noventa días después de su publicación en el Diario Oficial, período en el que los contribuyentes pueden aprender a hacer el desglose del IVA.
El proyecto responde a lo que en el Congreso Nacional hemos tratado de defender siempre: la transparencia de la información, la libertad de las personas y que los contribuyentes estén mucho más informados. En ese sentido, el Estado es el primero que debe dar el ejemplo. Por eso, hago un llamado a todos los diputados a aprobar la idea de legislar sobre esta materia.
En votación general el proyecto de ley que establece transparencia en la información en las boletas de ventas y servicios.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 36 votos. Hubo 2 abstenciones.
ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Arenas Hödar Gonzalo ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Cardemil Herrera Alberto ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; Delmastro Naso Roberto ; Dittborn Cordua Julio ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Estay Peñaloza Enrique ; Forni Lobos Marcelo ; Galilea Carrillo Pablo ; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Hernández Hernández Javier ; Kast Rist José Antonio ; Lobos Krause Juan ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Norambuena Farías Iván ; Palma Flores Osvaldo ; Recondo Lavanderos Carlos ; Rojas Molina Manuel ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Soto González Laura ; Turres Figueroa Marisol ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Verdugo Soto Germán ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe .
Accorsi Opazo Enrique ; Alinco Bustos René ; Allende Bussi Isabel ; Araya Guerrero Pedro ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Bertolino Rendic Mario ; Burgos Varela Jorge ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Duarte Leiva Gonzalo ; Encina Moriamez Francisco ; EnríquezOminami Gumucio Marco ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farías Ponce Ramón ; Fuentealba Vildósola Renán ; Girardi Briere Guido ; González Torres Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Montes Cisternas Carlos ; Mulet Martínez Jaime ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Quintana Leal Jaime ; Rossi Ciocca Fulvio ; Silber Romo Gabriel ; Súnico Galdames Raúl ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Vidal Lázaro Ximena .
Barros Montero Ramón ; García García René Manuel .
En la votación anterior no se consideró el voto de algunos diputados que estábamos presentes.
Señor diputado, expresamente, me demoré. Me referí al tema del proyecto, pregunté tres veces si todos habían votado o no y se contabilizó la votación. No puedo registrar votos que no se emitieron.
- El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:
a) De las señoras Muñoz y Pascal y de los señores Aguiló , Jaramillo , Jiménez , Montes y Ortiz , al inciso segundo que se propone, para agregar, a continuación de las palabras “Las boletas” la frase “sobre 2 unidades de fomento”.
b) De los señores Eluchans y Godoy , para agregar, en el artículo 53 de la Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios, el siguiente inciso tercero, nuevo:
“Lo dispuesto en el inciso anterior no se aplicará a operaciones inferiores a cien mil pesos ni en el caso de las boletas que se emitan manualmente.”.
c) Del señor Godoy , para agregar, en el artículo 53 de la Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios, el siguiente inciso tercero, nuevo:
“No obstante, en el caso de boletas confeccionadas manualmente, no se aplicará lo dispuesto en el inciso anterior.”.
d) De las señoras Muñoz , Pascal y Soto y de los señores Aguiló , Jaramillo , Montes, Ortiz y Súnico , para agregar, en el artículo 53 de la Ley sobre Impuestos a las Ventas y Servicios, el siguiente inciso tercero, nuevo:
“Lo dispuesto en el inciso segundo precedente no será aplicable a aquellas boletas emitidas por contribuyentes que se hubieren acogido al régimen establecido en el artículo 14 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenido en decreto ley Nº 824, de 1974.”.
En votación general el proyecto de ley que establece la obligación de separar en cada boleta de compraventa el valor agregado del IVA en la operación.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 40 votos. Hubo 1 abstención.
Álvarez Zenteno Rodrigo ; Arenas Hödar Gonzalo ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Cardemil Herrera Alberto ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Chahuán Chahuán Francisco ; Dittborn Cordua Julio ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Estay Peñaloza Enrique ; Forni Lobos Marcelo ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Hernández Hernández Javier ; Kast Rist José Antonio ; Lobos Krause Juan ; Martínez Labbé Rosauro ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monckeberg Díaz Nicolás ; Norambuena Farías Iván ; Palma Flores Osvaldo ; Recondo Lavanderos Carlos ; Rojas Molina Manuel ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Turres Figueroa Marisol ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Verdugo Soto Germán ; Von Muhlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe .
Accorsi Opazo Enrique ; Aguiló Melo Sergio ; Alinco Bustos René ; Allende Bussi Isabel ; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro ; Araya Guerrero Pedro ; Ascencio Mansilla Gabriel ; Burgos Varela Jorge ; De Urresti Longton Alfonso ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Duarte Leiva Gonzalo ; Encina Moriamez Francisco ; EnríquezOminami Gumucio Marco ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farías Ponce Ramón ; Fuentealba Vildósola Renán ; Girardi Briere Guido ; González Torres Rodrigo ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Montes Cisternas Carlos ; Mulet Martínez Jaime ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Quintana Leal Jaime ; Rossi Ciocca Fulvio ; Silber Romo Gabriel ; Soto González Laura ; Súnico Galdames Raúl ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Vidal Lázaro Ximena .
Se abstuvo el diputado señor Barros Montero Ramón .
Corresponde votar por última vez el proyecto acuerdo N° 161.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 20 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
Proyecto de acuerdo N° 162, de los señores Espinosa, don Marcos ; Quintana , Sule , Meza , Leal , Encina , Ward , Ascencio , Lorenzini y Rojas,
Que, en cincuenta y cinco años de su larga trayectoria de acción sindical, la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) ha participado, de modo activo, en cada uno de los hechos más importantes de la extracción y la explotación minera cuprífera del país, a la vez que ha sido la base fundacional y decisiva en el desarrollo económico, tecnológico e industrial de la principal empresa estatal chilena productora de este mineral: la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) y, por ende, de Chile como nación. Que los trabajadores cupreros han sido los actores fundamentales tanto en el proceso de chilenización (1969) como en la nacionalización (1971) de la principal riqueza básica.
Que, del mismo modo, organizados en la FTC, los trabajadores del cobre fueron pieza clave en la extensa lucha (19932005) que pretendió instaurar un ‘royalty’ a las grandes empresas mineras privadas del país. Si bien es verdad que esto no se logró, debido a que el proyecto de ley no contó con los votos de la derecha en ambas Cámaras, no es menos cierto que se obtuvo la aprobación de un ‘impuesto específico a la explotación de la gran minería’.
Que, al respecto, es necesario destacar que durante la discusión de esta moción, a través de congresales de las regiones mineras, se logró que el entonces Ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre , firmara un Protocolo, que en una de sus partes establece lo siguiente:
‘En consecuencia, el Gobierno presentará una indicación al proyecto que crea un Fondo de Innovación para la Competitividad, actualmente radicado en el Senado, que establecerá los porcentajes de los recursos captados por el impuesto específico, ejecutados en la producción minera nacional. Estos recursos se distribuirán conforme a los criterios socieconómicos y territoriales de asignación que utiliza el Fndr y sobre la base de la participación de cada región en la producción minera nacional. Asimismo, las regiones no mineras ejecutarán el 10% de los recursos recaudados por el nuevo impuesto, los que serán distribuidos íntegramente, de acuerdo con los criterios del Fndr antes mencionado’ (8 marzo 2005).
Que, sobre esta materia, el Presidente Ricardo Lagos Escobar , durante su Gobierno, creó la Comisión Boeninger, con el mandato de estudiar los contenidos, los mecanismos y las formas de invertir aquellos fondos generados por este impuesto específico y trabajar en una estrategia nacional sobre innovación para la competitividad.
Que la Comisión Boeninger, que entregara su primer informe en marzo 2006, ha sido ratificada en su misión y función por la actual Presidenta de la República. En relación con la constitución del futuro Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, el informe sostiene que éste debería estar conformado por diecisiete miembros, dentro de los cuales se contempla la participación de ‘dos especialistas en capacitación, productividad y calidad, de una lista de seis nombres propuestos por las organizaciones de trabajadores más representativas’ (pág. 57, número 7).
Que la Federación de Trabajadores del Cobre ha expresado su interés por formar parte activa del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, el que deberá ser creado por ley, toda vez que su consejo nacional, sus zonales, sindicatos de base y miles de afiliados continuarán aportando cotidiana, permanente y activamente a la transferencia y difusión tecnológica en su desempeño laboral, al emprendimiento innovador, así como a la investigación científica, en cuanto forma parte de lo que se denomina ‘capital humano especializado’ o altamente calificado.
Que, junto con recoger el diagnóstico de la comisión que asesoró al ex Presidente Ricardo Lagos en estas materias, el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad es la instancia encargada de delinear las propuestas y plantear los criterios para utilizar los recursos provenientes del ‘royalty’.
Que este consejo, presidido por el ex Ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre , sesionará mientras se apruebe el proyecto de ley que crea el Fondo de Innovación en segundo trámite constitucional, en la Comisión de Educación del Senado.
Que, en la actualidad, el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad está integrado por Andrés Velasco , Ministro de Hacienda; Eduardo Bitrán , Ministro de Obras Públicas; Yasna Provoste , Ministra de Educación; Alejandro Ferreiro , Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción; Álvaro Rojas , Ministro de Agricultura, Vivian Heyl , Presidenta de Conicyt; Carlos Álvarez , Vicepresidente de Corfo; Edgardo Boeninger , Celia Alvariño, José Miguel Benavente , Ricardo Barrenechea , Claudio Bunster , Servet Martínez , Mauricio Medel , Mario Montanari , María Virginia Garretón , José Joaquín Brünner y Bruno Philippi .
Que, en un comienzo, dicho consejo no contempló la participación de ningún representante de la Federación de Trabajadores del Cobre ni del mundo sindical.
Hacer presente a S.E. la Presidenta de la República la necesidad de incluir a los trabajadores de Chile y una de sus organizaciones más representativas: la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) como parte integrante del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, cuya función, en último término, es el desarrollo y engrandecimiento de Chile.”
Se va a llamar a las señoras diputadas y señores diputados por cinco minutos.
Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 14 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
El proyecto de acuerdo N° 162 se votará por última vez en la próxima sesión ordinaria.
En Incidentes, el primer turno corresponde al Partido Radical Social Demócrata.
Señor Presidente, las autoridades comunales y provinciales de San Antonio esperan con inquietud el plan de desarrollo que deberá llevarse a cabo en la provincia, para situarla en grado de igualdad con otras regiones.
Por distintas razones, San Antonio se ha ido quedando atrás en el desarrollo. Algunas situaciones dejaron huellas. Eso ha hecho imposible recuperar importantes plazas de trabajo que se tuvieron en los tiempos en que el desarrollo pesquero local y la actividad portuaria tradicional cubrían perfectamente bien las necesidades laborales por ende, los ingresos y de desarrollo de las comunas de la provincia.
Se planteó a la Presidenta de la República la necesidad de corregir, con rapidez, el trato desigual que se ha dado a la provincia de San Antonio respecto de otras de la Quinta Región de Valparaíso. La presidenta hizo conciencia de este menoscabo, que conlleva retraso, y decidió poner en práctica un plan de desarrollo.
Por lo tanto, es importante apurar las gestiones para hacer realidad ese plan, que será orientado y dirigido por distintos ministerios de la administración del Estado. Por ejemplo, el Ministerio de Salud intervendrá para que nuestro hospital se autogestione a contar de 2007, a fin de evitar las centenares derivaciones diarias a los establecimientos de salud de Valparaíso, incluso por un dolor de muelas. Eso no puede ser y debe corregirse.
San Antonio tampoco cuenta con una sede universitaria, por lo que, quienes tienen recursos propios, deben trasladarse a Santiago o a Valparaíso para cursar estudios superiores. La mayor parte de la comunidad no lo puede hacer, porque la situación socioeconómica de San Antonio se ha mantenido con altos grados de retraso.
También es necesario habilitar establecimientos educacionales que impartan enseñanza técnicoprofesional, para que nuestra gente no siga sólo barriendo calles o manejando ascensores.
Vemos con muy buenos ojos el plan de desarrollo de San Antonio, pues permitirá el renacer de su puerto, que hoy es, tal vez, el más eficiente del país, pero cuya tecnologización ha redundado en menos fuentes de trabajo.
Por lo expuesto, pido que se oficie a la Presidenta de la República para que acelere la puesta en marcha del plan de desarrollo dispuesto por ella para San Antonio a requerimiento de su pueblo y así poder vencer, a la brevedad, esa realidad que nos oprime y nos complica.
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
En el turno del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña .
Señor Presidente, como toda la opinión pública sabe, la Octava Región fue azotada por violentos temporales hace algunos meses. Hubo muchas zonas inundadas, casas destruidas y mucha gente murió como consecuencia de derrumbes. Sin embargo, como siempre ocurre, todo se olvida apenas llegan el buen tiempo y algunas soluciones.
Reconozco que las autoridades regionales y nacionales, fundamentalmente el ministro de Obras Públicas, se comprometieron pública y formalmente, por escrito, con nuestra región para solucionar los problemas que causan los desbordes del río Andalién, del estero Lonquén y del canal Papen , de Chiguayante. Sin embargo, en Concepción hay otras localidades que también se inundan y que llevan mucho tiempo esperando una solución.
Por eso, a petición de una cantidad importante de vecinos y dirigentes de la población Juan Pablo II , de la comuna de Concepción, pido formalmente a las autoridades regionales y nacionales que señalen qué prioridad y qué solución tendrán esas personas que por décadas han sido afectadas por las inundaciones. Ellas ven que se dan soluciones en distintos lugares de nuestra región; sin embargo, estiman que no han sido consideradas.
Por lo tanto, pido que se oficie a la intendenta de la Octava Región para que nos diga qué solución se dará a los vecinos de la población Juan Pablo II , que, por décadas, han sido afectados por las inundaciones.
Asimismo, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas, con copia de mi intervención, para saber si esa población está considerada dentro de las innumerables obras que se iniciarán en nuestra región para solucionar el problema de las inundaciones, que tanto daño causan.
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los diputados que así lo indican a la Mesa.
Señor Presidente, el Congreso Nacional, representado por sus máximas autoridades, recibió ayer a una delegación proveniente de las provincias de El Loa y Tocopilla, distrito que represento en esta Sala, en la Segunda Región, que buscan consolidar un anhelo ciudadano de carácter histórico y social.
Con motivo de la aprobación del proyecto de acuerdo N° 6, de 11 de abril de 2006, hace un par de meses se mandató a la Comisión de Gobierno Interior para estudiar la factibilidad y viabilidad técnica de crear nuevas regiones y perfeccionar el sistema político administrativo, que data de 1974.
La delegación, multidisciplinaria y política, cultural y socialmente transversal en esta tierra de pampa, mar y cordillera, se reunió con los presidentes de la Cámara de Diputados, del Senado, y de las Comisiones de Gobierno Interior de ambas cámaras. La respuesta que obtuvieron a sus planteamientos fue espectacular, por lo que volvieron contentos y esperanzados a Calama, Tocopilla , María Elena, San Pedro y Ollagüe .
Sabemos que queda mucho por avanzar, pero está abierta la puerta para crear nuevas regiones, sobre todo, después del interesante y profundo debate que se ha producido en la Corporación y, también, en el Senado.
Por eso, felicito a esa delegación que nos visitó y al Presidente de la Cámara de Diputados por la acogida que les brindó.
Sabemos que ese anhelo no es fácil de conseguir; no se trata de una carrera de cien metros planos, sino de una maratón, pero estamos dispuestos a correrla. Creo representar el sentimiento con el que regresaron a sus respectivas ciudades los alcaldes, concejales y representantes de la comunidad.
Reitero mis felicitaciones y hago un llamado a que ese sentimiento de buena esperanza y de gratitud se pueda plasmar en cosas concretas. En la Comisión de Gobierno Interior estamos analizando la propuesta, pero el plazo que nos entregó la Cámara está a punto de expirar. El informe de casi doscientas páginas que nos entregó esa delegación es fundamental, ya que da cuenta de la sustentabilidad y viabilidad técnica de la creación de nuevas regiones.
Ayer fue un buen día para esa tierra de pampa, mar y cordillera; por eso, su gente se fue contenta.
Señor Presidente, el 29 de septiembre recién pasado, en la comuna de Paine, por intermedio de mi equipo territorial, participé en una reunión con más de trescientos pobladores de mi distrito, agrupados en Andha Chile, pertenecientes a los conjuntos habitacionales villas Las Américas, etapas 1, 2, 3 y 4; Las Casas y Macizo Andino, de la comuna de Paine; y villas El Progreso de Maipo, Las Palmas de Maipo, Valles del Maipo, Gabriela Mistral , El Solar, y Los Jardines 1 y 2, de la comuna de Buin.
En dicha reunión, los pobladores expusieron la problemática que los afecta debido a las deudas por sus viviendas, y solicitaron al diputado que habla y al alcalde y concejal presentes, que nos sensibilizáramos con sus problemas y los hiciéramos presentes a la autoridad.
Durante los gobiernos de la Concertación se ha avanzado enormemente en la superación cuantitativa del déficit habitacional, pero se hace necesario revisar el modelo empleado para ello, pues son los pobladores organizados quienes requieren que se les dé una solución a su problemática y no podemos desentendernos de ella.
Es indudable que el país avanza a pasos agigantados, pero no podemos dejar de enfrentar los nuevos problemas que nacen de la implementación del modelo. En consecuencia, no podemos desoír a los pobladores hoy organizados. Independiente de que un grupo de ellos destaque por sus acciones de fuerza, hay otro grupo muy significativo que busca el diálogo. Sólo en la comuna de Paine hay más de dos mil núcleos familiares organizados. No es una cifra menor.
Por ello, pido oficiar a la ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Patricia Poblete , con el objeto de que informe a la Cámara las acciones y resoluciones que se están tomando para enfrentar la problemática de los deudores habitacionales, entendiendo como tales a los deudores ex Anap, Serviu, de la banca y de Programas Especiales de Trabajadores, PET.
Señor Presidente, creo que el Gobierno podría solucionar el problema de fondo de los empleados municipales con la dictación de normas que reglamenten lo establecido en el artículo 121 de la Constitución Política.
A días de finalizado el paro de los funcionarios municipales, el tema de fondo del problema planteado por ellos dice relación con el envío al Congreso Nacional de un proyecto que permita cumplir con lo establecido en el artículo 121, anterior artículo 110, de la Constitución Política, que señala: “Las municipalidades, para el cumplimiento de sus funciones, podrán crear o suprimir empleos y fijar remuneraciones, como también establecer los órganos o unidades que la ley orgánica constitucional respectiva permita.”
Cuando fui alcalde de la comuna de San Joaquín y vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, asistí a innumerables reuniones con autoridades, entre ellos, con el entonces subsecretario de Desarrollo Regional, señor Francisco Vidal , en la que se solicitó al Gobierno enviar a tramitación al Congreso Nacional el proyecto que permita dar cumplimiento a lo preceptuado en la Constitución Política. Se nos prometió que se enviaría en diciembre de ese año, lo que no ocurre hasta hoy.
Hace más de cuatro años que se aprobaron cambios a la Constitución, por los cuales el artículo 110 pasó a ser 121, que, en la práctica, posibilita a los municipios crear sus propias plantas y fijar sueldos e incentivos. Sin embargo, el artículo quedó supeditado a la dictación de una normativa legal, lo que hasta hoy no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque la Asociación de Funcionarios tenía miedo de que los alcaldes fueran a echar a todos los funcionarios. Pero eso es una falacia, y lo quiero dejar bien claro, porque sólo se puede despedir a funcionarios en la medida en que los municipios tengan los recursos para pagar las indemnizaciones respectivas. En consecuencia, no se puede despedir a ningún funcionario sin pagar las indemnizaciones, con un tope, según se había establecido, de once años. Además, el despido debe ser justificado y aprobado por el concejo.
A mi juicio, los gobiernos no han enviado el proyecto en espera de que todos los funcionarios municipales estén de acuerdo con el texto.
El Gobierno debe enviar al Parlamento la iniciativa legal, que permitirá dar cumplimiento al artículo 121, para que se discuta con los gremios. Si logramos que ese artículo se cumpla de acuerdo con el espíritu con que fue elaborado, podremos poner en marcha una profunda reforma en todos los municipios.
Sólo de esa forma se va lograr que las municipalidades tengan un mejor financiamiento y puedan contratar personal e incentivar al buen funcionario con bonos o aumentos de sueldo, lo que hoy no se puede hacer.
Si el Gobierno sigue a la espera de enviar algo ya aprobado por todos, entonces ¿para qué está el Congreso?
Por tanto, solicito oficiar a la subsecretaria de Desarrollo Regional para que se pronuncie respecto de los plazos para enviar ese proyecto, a fin de que sea discutido y eventualmente aprobado por la Cámara. Además, con ello estaríamos contribuyendo a la descentralización real de nuestro país, al entregar autonomía efectiva a los municipios.
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, con copia de su intervención, y la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
Tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet , quien dispondrá de los cuatro minutos que restan al tiempo del Partido por la Democracia y de dos minutos del tiempo de la Democracia Cristiana.
Señor Presidente, agradezco los minutos que me ha cedido el PPD.
En primer lugar, pido oficiar al ministro de Justicia, para que aborde una situación que me parece tremendamente grave y que ocurre en la comuna de Alto del Carmen, de la Región de Atacama, y una similar en la comuna de Freirina, que tiene que ver con el funcionamiento del Servicio de Registro Civil e Identificación.
En la localidad de El Tránsito, comuna de Alto del Carmen, desde tiempos inmemoriales funcionaba una oficina del Registro Civil a tiempo completo, pero desde un tiempo a la fecha, sólo va un funcionario de otra localidad que atiende a las personas de dicho sector uno o dos días a la semana.
Este retroceso me ha sido representado en varias oportunidades por los habitantes de la localidad de El Tránsito, tanto por los dirigentes de las juntas de vecinos, y del club de huasos y por los de la asociación de agricultores, debido a que están preocupados por esta situación, que no puede seguir así.
No es posible que se les dé ese trato a esas personas y que nuestros servicios públicos vayan perdiendo presencia activa en lugares apartados, pero que concentran en su perímetro a una gran cantidad de ciudadanos que necesariamente deben hacer trámites, como sucede con el Servicio de Registro Civil.
Alto del Carmen es una comuna de hombres y mujeres trabajadores y pujantes, que genera mucha transacción, aunque no de grandes montos; tiene trabajadores temporeros, existe movimiento y sus habitantes requieren de un oficial civil, el que, por lo demás, cumple funciones notariales, ya que tampoco existe un notario como lo establece la ley.
Por tanto, es muy grave que no cuenten con un representante permanente en la comuna. Incluso, hay un funcionario que ha sido oficial civil adjunto durante muchos años en el Servicio de Registro Civil y que reside en la localidad, quien podría asumir la labor, lo que evitaría el costo de trasladar a un funcionario de una ciudad a otra.
Por eso, solicito formalmente oficiar al señor ministro de Justicia, para que se restablezca una atención normal en ese Servicio, ya que, por lo demás, la comuna está creciendo, y las actuaciones del Registro Civil y las notariales que también asume ese Servicio van en ascenso.
En segundo lugar, y sobre el mismo tema, en Freirina, una comuna muy antigua de la provincia de Huasco, sucede una situación, a mi juicio, tremendamente grave. El Registro Civil no está en línea, como sucede en prácticamente todos los rincones y comunas de nuestro país, porque esa localidad no tiene conexión comercial con internet, aunque algunos servicios públicos la han negociado con las empresas que otorgan ese servicio. Es perfectamente posible que el Servicio de Registro Civil e Identificación de Freirina también lo haga para estar en línea, al igual que la oficina de la comuna rural de Alto del Carmen. Freirina está ubicada en una zona urbana, pero se ha ido quedando rezagada, y todos los trámites tienen que hacerse de manera manual, a la antigua, no en línea, con lo que se retrasan o se encarecen las gestiones de sus habitantes.
Por eso, pido oficiar al ministro de Justicia, a fin de que tome las medidas necesarias para que el Servicio de Registro Civil e Identificación de Freirina se conecte a internet, con copia de mi intervención a los alcaldes y concejales de Freirina y de Alto del Carmen.
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención, y con la adhesión de los señores diputados que así lo señalan.
Señor Presidente, pido oficiar al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, con el objeto de que se revise el sistema telefónico de la comuna de Alto del Carmen. Este sistema de telefonía rural, operado por una empresa del sector privado y financiado con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de Atacama, tuvo un altísimo costo. En definitiva, la región, a través del Fndr financió a la empresa privada para que llegue con los teléfonos a una infinidad de localidades. Pero dichos teléfonos funcionan a medias, del todo mal, o no hay línea, porque con el esfuerzo que hizo el Estado, aparentemente esto lo tendrá que acreditar el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, la empresa privada también ofreció servicios a algunas empresas del sector privado. Entonces, en definitiva, las líneas funcionan mal, los usuarios no tienen una telefonía fija de calidad y sufren las consecuencias de ello.
Se trata de localidades aisladas, a las cuales el Estado financió para que contaran con un servicio telefónico de calidad y donde las personas pagan por sus llamadas. De manera que debe revisarse y fiscalizarse esa situación, tarea que le compete al ministro de Transportes y Telecomunicaciones.
También pido enviar copia de mi intervención a la alcaldesa y a los concejales de la comuna de Alto del Carmen. Asimismo, una vez más, agradezco a mis colegas del PPD por haberme otorgado el resto de su tiempo.
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención, y con la adhesión de los señores diputados que así lo indican.
El señor ORTIZ (Presidente).-
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez .
Señor Presidente, en múltiples oportunidades me he referido a hechos que movilizan a importantes sectores de la comunidad, cuando viven por años situaciones que no encuentran respuesta efectiva a sus legítimas y urgentes aspiraciones.
Para nadie es un misterio que la situación de la pavimentación en Chillán es grave. Como lo dijo hace algún tiempo el diario La Discusión, se podría hacer un ejercicio de contar los hoyos existentes en las diferentes vías, principalmente, en las ubicadas en el centro de la ciudad, que cumplieron, hace muchas décadas, su vida útil.
Cuando la crónica periodística señala que se podrían contar los hoyos, en verdad, la expresión utilizada queda literalmente chica, porque existen arterias estoy hablando de pleno centro de la ciudad que tienen forados más propios de las rutas para la práctica del rally que de tránsito vehicular urbano. Con la misma objetividad que hago estas descripciones, diré también que se han venido pavimentando calles, especialmente en sectores poblacionales, lo que, por cierto, es muy positivo.
El punto es que resulta urgente tener una visión global del problema derivado de un proyecto integrador de pavimentación de las calles de la ciudad, pues, de lo contrario, se postergan sectores que requieren atención con urgencia.
El fin de semana pasado recorrí la calle Sargento Aldea, en Chillán, entre la calle Bulnes y la Avenida Ecuador, un trayecto de sólo cuatro cuadras donde existen colegios, jardines infantiles, iglesias, museo. Se encuentran ahí también el lugar donde nació Arturo Pacheco Altamirano , el hogar de ancianos, negocios y casas habitacionales. Además, es un sector tradicional de la ciudad, donde gran parte de sus habitantes son mayores.
Esa arteria, ubicada en pleno centro, a pocas cuadras de la Plaza de Armas, está intransitable, pues es prácticamente de la época colonial; también hay algunas calles con piedra bolón, y otras con adoquines que hasta hace algunos años, si bien no estaban en tan malas condiciones, como consecuencia de los trabajos de la empresa de servicios sanitarios que realizó el año pasado, quedaron en un estado deplorable. Es decir, como dicen los vecinos, están peor de lo que estaban, a tal punto que ni los radiotaxis se atreven a ingresar.
Comprenderá, señor Presidente, que vivir en tales condiciones, con lodo en invierno y polvo extremo y angustiante en el período estival, es indignante e impropio de ciudades como Chillán, más aún de un lugar donde residen seres humanos.
Dadas las características de la arteria descrita, pido que se oficie a la ministra de Vivienda y Urbanismo, para informarle de esta seria problemática, con el objeto de que tenga a bien disponer los recursos de emergencia u otra alternativa que permita iniciar a la brevedad los trabajos de pavimentación de la calle Sargento Aldea, entre Bulnes y Ecuador .
Además, que tenga a bien informar a esta Cámara de la existencia de algún plan integral de pavimentación de la ciudad, con la individualización de las calles y las fechas posibles de la realización de las obras. Las personas exigen hechos concretos y una calidad de vida acorde a su dignidad.
El señor JARPA (Presidente accidental).-
Por último, pido que se solicite al ministro de Obras Públicas, al director del Serviu Regional y al intendente regional el convenio que se suscribió con la empresa sanitaria Essbío y las autoridades de la comuna El Carmen, para la construcción del alcantarillado, los plazos fijados por ésta para la implementación de la planta de tratamiento de aguas servidas y los comentarios de cada uno de los encargados de los servicios públicos que he mencionado.
Señor Presidente, quiero dar a conocer el caso de una familia de mi distrito que refleja la falta de una política de Estado para el poblamiento de la zona austral.
Don Raúl Alarcón Cea y su familia, la señora Margarita Bustos Said y sus diez hijos, pequeño propietario agrícola y jefe de una familia pobre, tuvo que emigrar a la comuna de Villa O’Higgins, provincia de Capitán Prat, de la región de Aisén, cuando hizo erupción el volcán Hudson , lo que le permitió buscar mejores horizontes y posibilidades de desarrollo para obtener los ingresos necesarios para educar a sus hijos.
Luego de trabajar en algunos programas de empleo de la municipalidad de Villa O’Higgins, Carabineros de Chile le señaló que había un retazo de terreno chileno de aproximadamente 200 hectáreas, colindante con Argentina, frente a la tenencia de Entrada Mayer, franja de tierra que durante muchos años había sido ocupada por una estancia argentina, porque no existen cercos.
Don Raúl Alarcón y su familia se instalaron en ese lugar y logró que los estancieros argentinos se replegaran, de manera que finalmente un chileno ocupó ese territorio.
Al enterarse de esa situación, el Ministerio de Bienes Nacionales envió una carta a don Raúl Alarcón , en la que señalaba que a partir de ese momento debería empezar a pagar un arrendamiento fiscal de 200 mil pesos anuales. Al enterarse de esa situación, el señor Raúl Alarcón se dirigió a la capital de la región de Aisén y se entrevistó con algunas autoridades, entre otras, conmigo. Juntos fuimos a visitar al seremi de Bienes Nacionales de la época y le manifestamos nuestro malestar por el cobro de ese arrendamiento, ante lo cual nos contestó que 200 mil pesos al año no eran nada si se consideraba que se trataba de un arrendamiento fiscal de 200 hectáreas.
Mi indignación y la del señor Alarcón fue tal que le tratamos de hacer entender que ese terreno históricamente había sido ocupado por argentinos y que ahora había un chileno que estaba haciendo soberanía en un rincón del mundo, tratando de recuperar esos terrenos para el país, de manera que, en lugar de cobrarle, se le debia retribuir su labor mediante un pago. Es decir, le hicimos presente que no debía establecerse un gravamen que, sin duda, era muy significativo para él y su familia.
Sin embargo, la historia no termina ahí. Finalmente, le cobraron el arrendamiento, pero, con posterioridad, el Congreso Nacional aprobó la famosa ley N° 19.776, denominada ley del Sur, que establece que, cumpliéndose con todos los requisitos que la ley exige, se puede acceder a un título de dominio gratuito. El señor Alarcón así lo hizo, pero, lamentablemente, como los trámites burocráticos demoran bastante tiempo, falleció mientras esperaba una resolución.
Con posterioridad, a la señora Margarita Bustos y a sus hijos, que habían trabajado codo a codo para adquirir esos terrenos, se les comunicó que la solicitud en trámite no era heredable, de manera que no tenían ninguna posibilidad de acceder a ese retazo de terreno, a pesar del gran sacrificio que habían hecho para hacer soberanía en ese rincón del país. La situación del señor Alarcón en materia de cobro de arrendamientos fiscales me preocupa.
Por lo tanto, pido que se oficie a la ministra de Bienes Nacionales, para que nos indique un desglose exacto del monto por concepto de arrendamientos fiscales que se cobra en las cuatro provincias de la región de Aisén, el número de arrendatarios y el canon que se cobra a cada uno, con el objeto de determinar, en definitiva, si es significativo para las arcas fiscales esa recaudación, puesto que dicho cobro es muy importante para cada uno de los chilenos que hacen soberanía.
En cuanto a la ley N° 19.776, solicito que la secretaria de esa cartera de Estado estudie la posibilidad de enviar a tramitación al Congreso Nacional un proyecto de ley a fin de que los derechos establecidos en esa ley, sean heredables, porque dicha norma legal no lo establece, lo cual debe corregirse.
Asimismo, pido oficiar al tesorero General de la República y al director del Servicio de Impuestos Internos, a fin de que informen sobre la cantidad de roles que existen en la provincia de Capitán Prat, cuántos están exentos del pago de contribuciones y cuántos deben pagar ese impuesto territorial. Además, que informen sobre el monto total que se recauda por concepto de contribuciones en dicha provincia. Al respecto, existen casos dignos de ser considerados increíbles y absolutamente contradictorios con la política de Estado que, en materia de poblamiento, debería establecerse para esa zona del país. Estamos hablando de la provincia más cercana a Campos de Hielos Sur y, por lo tanto, debería fomentarse su poblamiento y crear las condiciones adecuadas para que chilenos puedan continuar habitando esos territorios.
En materia de contribuciones, existe el ejemplo de don Jerónimo Levicán , de 92 años, a quien el año pasado por primera vez se le entregó una pensión asistencial de vejez que apenas supera los 40 mil pesos. Sin embargo, el Estado le cobra por concepto de contribuciones, lo que significa que, en la práctica, no existe ayuda alguna para una persona que hace soberanía.
Por lo tanto, es importante conocer el monto que se paga por concepto de contribuciones en la provincia de Capitán Prat.
En el tiempo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba .
Señor Presidente, pido oficiar a la ministra Secretaria General de la Presidencia, en relación con los compromisos que contraen los peticionarios de estudios de impacto ambiental.
Hoy, esos compromisos carecen de fiscalización y de control estricto por parte de la autoridad que autoriza la resolución respectiva, por cuanto los organismos públicos involucrados en dicha fiscalización muchas veces no cuentan con los recursos para llevarla a cabo.
En ese sentido, solicito que, en el futuro, en las resoluciones aprobatorias de los estudios de impacto ambiental, la Conama o la autoridad correspondiente especifique y designe a los organismos públicos que llevarán a cabo la fiscalización y el control. Asimismo, que se estipulen los recursos, medios e instrumentos con que harán efectivo el cumplimiento de los compromisos que contraigan los peticionarios.
Señor Presidente, en segundo lugar, pido oficiar al ministro de Obras Públicas sobre dos temas relevantes para las comunas que represento en la Cámara de Diputados.
En primer lugar, para que, respecto de la construcción del tranque La Viñita, en el río Pama, comuna de Combarbalá, previsto para el próximo año, la autoridad correspondiente asegure que en el futuro dicho tranque será sustituido por otro, denominado Vista Hermosa, ubicado aguas arriba del río Pama.
En concordancia con lo señalado por la Presidenta de la República y corroborado por su ministro de agricultura, queremos que Chile sea una potencia alimentaria. En ese sentido, si bien Combarbalá carece de infraestructura de riego, tiene todas las condiciones necesarias para transformarse en una activa comuna en materia de producción, particularmente frutícola y de otras especies.
De manera que esa comuna requiere que se construyan los embalses previstos: el de Vista Hermosa, el de Las Trancas de Cogotí y el de Murallas Viejas, en el río Combarbalá.
Además, en el mismo oficio, quiero pedir al ministro de Obras Públicas que se reinicien los estudios para que se solucione el asunto del bypass que une el camino secundario Illapel con la Ruta 5 Norte, que hoy presenta serios peligros, por cuanto no existe ninguna interconexión entre ambos.
Finalmente, pido que en los oficios solicitados se adjunten copias de las intervenciones correspondientes.
En el resto del tiempo del Comité de la Democracia Cristiana y en el del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz .
Señor Presidente, colegas parlamentarios y, especialmente, ciudadanas y ciudadanos de mi ciudad de Concepción que nos ven a través del canal de televisión de nuestra Corporación:
El 5 de octubre de 1550, Pedro de Valdivia funda Concepción del Nuevo Extremo, en el lugar en que hoy se ubica la ciudad de Penco, en la costa sur de la bahía de Talcahuano, donde Pedro de Valdivia en el mismo año erigió un fuerte.
Los ataques de los indígenas y los terremotos la destrozaron en diversas ocasiones, hasta que en 1751 sus habitantes se trasladaron a su ubicación actual, a orillas del río Biobío, por considerarla más segura.
La nueva ciudad Concepción fue fundada en 1754. Sin embargo, las catástrofes, los sismos, siguieron castigándola. En 1835, un nuevo temblor de tierra ocasionó graves destrozos; ya entrado el siglo XX, esos sismos se repitieron en 1939 y en 1960.
En consecuencia, se adoptaron normas estrictas para la construcción de edificios, a fin de que pudieran soportar de mejor forma este tipo de catástrofes. Tanta tarea reconstructiva en mi ciudad de Concepción la ha transformado en una de las ciudades con aspecto más moderno de todo el país.
Al momento de preparar estas palabras por el nuevo aniversario de nuestra ciudad de Concepción, fue inevitable observar cómo ha crecido durante estos 16 años de gobierno de la Concertación. Muchos recuerdos se vinieron a mi mente, ya que mi vida se ha desarrollado entre sus calles, desde donde he visto crecer y consolidarse una ciudad sustentable, hermosa y con una gran conciencia social.
Es inevitable sentir que los gobiernos de la Concertación tanto de Patricio Aylwin , Eduardo Frei Ruiz Tagle, Ricardo Lagos , como el de la doctora Michelle Bachelet han cumplido un rol protagónico en su desarrollo armónico, donde se han concentrado grandes esfuerzos en las áreas de vivienda, salud, educación e infraestructura, ejes vitales para la mejora en la calidad de vida de nuestros conciudadanos y en especial de la ciudad de Concepción.
No menos importantes han sido los esfuerzos llevados a cabo en el área de seguridad, tema tan candente en nuestros días, más aún en una ciudad que se viste de pantalón largo.
¡Cómo no recordar lo que ha significado, desde 1990 hasta hoy, la infraestructura vial! Teníamos una calle Los Carrera que constituía el peor ejemplo de ingreso a nuestra ciudad, porque era angosta, de adoquines, a la que luego le pusieron bitumen. Ahora es una gran avenida. Pensaba que no se iba a construir el eje Paicaví, pero ahí está; al igual que nuestra hermosa costanera que caprichosamente pasea por las comunas de Talcahuano, Hualpén, Concepción y Chiguayante. Cualquier gran urbe que se considere como tal, debe contar con estas vías colectivas que no sólo facilitan los desplazamientos de la ciudadanía contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida, sino también el del transporte de carga, vital para el crecimiento económico de la ciudad.
Pero hay un punto en el que me quiero detener y es en el gran logro de los Gobiernos de la Concertación en la zona: la erradicación de los campamentos emblemáticos como Collao 1600, 1800, Corte Lientur , Ribera Norte, campamentos La Pera y campamento Prat , por mencionar algunos, cuyos habitantes han visto como hemos cumplido con los compromisos adquiridos, proporcionándoles viviendas dignas con agradables entornos, rodeadas de servicios básicos que han permitido que las familias mejoren sustancialmente sus expectativas de vida. Un ejemplo claro de organización y mirando hacia el futuro en este siglo XXI, es el compromiso que han adquirido los habitantes y, en especial, los dirigentes de la junta vecinal Pedro de Valdivia, a los cuales quiero hacerles llegar un especial reconocimiento; a los diez mil amigos y amigas que residen en el sector y que pronto serán favorecidos con el programa Vivo mi Barrio.
El crecimiento armónico no es un tema menor y ese equilibrio es el que quiero destacar en estas palabras, porque también se ha pensado en otorgarles a nuestros queridos niños y niñas una educación a la altura de un mundo globalizado, donde no sólo cuenten con espectaculares infraestructuras y equipamiento, sino que, además, considere la alimentación y los espacios adecuados para un desarrollo integral. Un ejemplo lo constituye la emblemática Escuela Rebeca Matte , donde además de implementarse la jornada escolar completa, se han llevado a cabo programas de Chile Califica, permitiéndonos entregar una atención no sólo a los niños y niñas de un importante sector de la ciudad, sino también a numerosos adultos que han podido alcanzar el anhelo de completar su educación básica y media.
En cuanto a salud, quiero agradecer a todos los presidentes y ministros de Hacienda de la Concertación, ya que han acogido nuestras solicitudes, porque hay una gran inversión al respecto. En Concepción, contamos con consultorios como el Víctor Manuel Fernández , y con hospitales como el Hospital Regional.
Ahora bien, luego del proceso de licitación, que se inició en diciembre pasado, comenzará la construcción del nuevo Centro de Desarrollo Tecnológico, CDT, cuya inversión es de 16 mil millones de pesos, que corresponde al nuevo hospital de Concepción, y un nuevo traumatológico.
Quiero enviarle un gran saludo al doctor Jaime Sepúlveda , director del Servicio de Salud Concepción, por haber concretado esta gran inversión, que no sólo estará al servicio de Concepción, sino también de la Octava Región.
No olvidemos que Concepción está conformada por un gran porcentaje de personas de clase media, de esfuerzo, que han podido consolidar nuevas organizaciones comunitarias como juntas de vecinos, clubes deportivos, agrupaciones de adultos mayores y de jóvenes, los que han encontrado el respaldo del Gobierno y de su diputado.
Por eso, quiero enviar un gran saludo de reconocimiento al Vecino destacado 2006, el doctor Edgardo Condezza Vaccaro , quien fue el impulsor y cabeza del Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos.
Además, quiero felicitar a los premiados de este año: por su aporte al arte penquista, don Jaime Fica Órdenes, de la Universidad de Concepción; en ciencias, don Ramón Ahumada Bermúdez , de la Universidad Católica de la Santísima Concepción; en investigación aplicada, don Ariel Bobadilla Moreno , de la Universidad del Biobío, y en ciencias sociales, don Dieter Oelker Link , de la Universidad de Concepción. En consecuencia, están nuestras universidades, nuestros vecinos destacados y nuestros investigadores, las personas que han hecho posible construir nuestra gran ciudad.
Además, quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un reconocimiento muy especial a nuestra actual intendenta, señora María Soledad Tohá , quien asumió el 11 de marzo de 2006.
Una vez más, hubo una catástrofe, Nunca, en 150 años, había llovido tanto en la Octava Región. A la intendenta se le hicieron muchas críticas, pero los resultados están a la vista: se están entregando 14.500 millones de pesos, después de haberse efectuado un catastro por los diferentes municipios de la región, en especial Concepción, Chiguayante y en algo San Pedro de la Paz, para ir en ayuda de las personas afectadas por las inundaciones y compensar en algo lo que perdieron y para efectuar las obras de reparaciones del canal Papen , cuyo financiamiento lo consiguió ella, junto con el alcalde de Chiguayante, don Jaime Solís , y el ministro de Obras Públicas. Además, vamos a cristalizar el proyecto para reparar definitivamente las riberas del río Andalién y del estero Longuén , para lo cual, en los próximos tres años se invertirán 8 mil millones de pesos y así terminar con el calvario de esa gente que, cada vez que llueve en forma abundante, sufre las inundaciones.
Por tanto, hago un reconocimiento a nuestra intendenta, que en estos meses ha demostrado su capacidad, su tenacidad y su perseverancia para solucionar los problemas de la región, en especial, de la ciudad de Concepción.
Por otro lado, quiero hacer un reconocimiento por el 120 aniversario de la Segunda Compañía de Bomberos de Concepción y felicitar a los señores Juan Vega González , Mario Viveros Jara y Luis Sáez Gómez por los 65, 55 y 45 años en el servicio, respectivamente.
He tratado de hablar desde el fondo de mi corazón sobre Concepción, ciudad que me vio nacer, crecer y desarrollarme y a la que le debo las gracias por todos los aportes y el apoyo que he tenido en mis campañas políticas. Concepción, segunda ciudad más importante del país, está pujante y boyante más que nunca. Esperamos que viva muchísimos años más para el desarrollo de todos y sin ningún tipo de discriminación.
Quiero agradecer, en forma especial, al Comité del Partido Socialista, el diputado señor Súnico , por haberme otorgado su tiempo en Incidentes. Ello demuestra la transversalidad que existe en los partidos de la Concertación.
Finalmente, pido que se envíe mi intervención a la alcaldesa de Concepción, a los ocho concejales, al presidente de la agrupación de juntas de vecinos de Concepción, a los vecinos destacados de la ciudad y a los tres bomberos de la Segunda Compañía de Bomberos de Concepción.
Se levantó la sesión a las 13.00 horas.
Moción de los diputados señores Sepúlveda, Chahuán y García.
Modifica diversas disposiciones del codigo procesal penal. (boletín N° 4586-07)
El Código Procesal Penal, vigente actualmente en todo el territorio de la república, fue aprobado mediante la promulgación de la ley N° 19.696, publicada el 12 de Octubre de 2000, al que se le introdujeron diversas modificaciones, a través de la promulgación de las leyes
N° 20.074, publicada el 14 de Noviembre de 2005 y N° 20.090, publicada el 11 de Enero de 2006.
Pese a que dichas modificaciones han permitido corregir diversos errores que la implementación gradual de la reforma procesal penal había aconsejado, se hace necesario, en nuestro concepto, introducir aún algunas modificaciones a diversas disposiciones, con el objeto de evitar interpretaciones disímiles en su aplicación.
Así, por ejemplo, en lo que respecta a la procedencia de acuerdos reparatorios que contempla el artículo 241 de dicho código, su inciso segundo establece que tales acuerdos sólo podrán referirse a hechos investigados que afectaren bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, consistieren en lesiones menos graves o constituyeren delitos culposos.
De la redacción del referido artículo se puede advertir que se excluyó de la posibilidad de lograr este tipo de acuerdos, a los hechos constitutivos de delitos-faltas de lesiones leves, lo que resulta plenamente procedente incorporarlos, considerando que los delitos de lesiones menos graves, sí pueden ser objeto de tales acuerdos, de manera que resulta necesario modificar dicha disposición en tal sentido.
Por otra parte, consideramos necesario modificar el texto del artículo 277 del mismo texto legal, referido a las menciones que debe consignar el juez de garantía en el auto de apertura oral, para lo cual estimamos que debe dejarse constancia en el mismo, de las eventuales medidas cautelares que afecten al acusado, lo que en el caso de prisión preventiva, resulta necesario, para la revisión de oficio, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 144, debe realizar el tribunal acerca de dicha medida.
Finalmente, y para que exista plena certeza jurídica por parte de los intervinientes, consideramos necesario modificar el artículo 386 del mismo compendio normativo, con el objeto de establecer que, cuando se deba realizar un nuevo juicio oral, por efecto de la anulación de la sentencia y del juicio oral que haya efectuado la Corte, el nuevo juicio deberá celebrarse en una fecha no superior a treinta días contados desde la notificación de la resolución del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal pertinente, que decrete el cumplimiento de dicha sentencia anulatoria.
En mérito a las consideraciones expuestas, sometemos a la aprobación de la Cámara de la Diputados, el siguiente
Artículo único: Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Procesal Penal.
1.Sustitúyese el texto del inciso segundo de su artículo 241 por el siguiente:
“Los acuerdos reparatorios sólo podrán referirse a hechos investigados que afectaren bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, consistieren en lesiones menos graves y leves o constituyeren delitos culposos”.
2.En su artículo 277, incorpórase, a continuación del párrafo signado con la letra f), el siguiente párrafo g):
“g) Las medidas cautelares que afectaren al o los acusados.”
3.En su artículo 386, al final de su inciso primero, después de la palabra “oral”, seguida de un punto final (.), que se reemplaza por una coma (,), agrégase la siguiente oración:
“que se deberá efectuar en un plazo máximo de 30 días contados desde la notificación del decreto que ordena dar cumplimiento a dicha sentencia anulatoria”.
Moción de los diputados señores Errázuriz, Becker, Chahuán, Delmastro, García, Godoy y Sepúlveda.
Reforma constitucional que modifica los artículos 15, permitiendo el voto de los chilenos en el extranjero y 32, sobre la designación de embajadores. (boletín N° 4587-07)
De Acuerdo a lo establecido en el inciso segundo del artículo 13° de la Constitución Política de la República, la calidad de ciudadano otorga, entre otros, el derecho de sufragio, el que según dispone el artículo 15° de la misma norma constitucional, es personal, igualitario y secreto, además de ser obligatorio para los ciudadanos.
Ahora bien, para acreditar la existencia de los requisitos contemplados en la Carta Fundamental respecto a la calidad de ciudadano, y de esa forma acceder en la práctica al derecho a sufragio, los ciudadanos así como los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años , deben cumplir con el trámite de inscripción en los Registros Electorales. Por su parte, el artículo 37° de la Ley N° 18.700 Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios dispone que habrá una mesa receptora de sufragios por cada Libro de Registro, libro que contiene las inscripciones electorales de los ciudadanos por cada una de las Juntas Inscriptoras, organismos que existen en razón de uno por comuna, y que por tanto determinan la comuna, distrito y circunscripción electoral del ciudadano.
De esta forma, sin que la Constitución o la ley lo señalen expresamente, nuestro ordenamiento jurídico sólo contempla que el derecho a sufragio pueda ser ejercido por los ciudadanos, o extranjeros con derecho a sufragio, que se hayan inscrito previamente en los registros electorales y que se encuentren en el territorio nacional al momento del acto eleccionario o plebiscito, sin considerar el derecho a sufragio de los ciudadanos chilenos que se encuentren o residan en el extranjero.
Por el contrario, el derecho comparado nos muestra que un importante número de legislaciones extranjeras contemplan con diversos alcances y requisitos de procedimiento el derecho a voto de sus ciudadanos que se encuentran fuera del territorio del país. En efecto, un estudio comparado realizado en 1998 por el Instituto Federal Electoral de México, en relación con el voto en el extranjero, establece que sobre un total de 161 países de todos los continentes, 69 de ellos cuentan con disposiciones legales que reconocen y regulan el ejercicio del voto de sus de sus ciudadanos en el extranjero, mientras que 10 tenían en ese momento su normativa pendiente de aplicación y 82 no contemplaban norma alguna sobre la materia.
De acuerdo al mismo estudio, se pudo constatar que en términos geográficos, la práctica se encuentra más extendida entre los países europeos (30 de los 45 considerados en ese continente), agregando que es probable que aquel nivel de incidencia no sólo se correlacione con las condiciones políticas y económicas prevalecientes en la mayoría de aquellos países, sino que además y consecuentemente con el perfil y las características de su población migrante o residente en el extranjero, mientras que la menor correlación positiva se da en América, con sólo nueve casos de entre los 36 países, sin perjuicio de que vale indicar que la mayoría de estas legislaciones son de reciente vigencia.
En el análisis comparado de las 69 legislaciones que contemplan el voto de los ciudadanos de sus respectivos países en el extranjero, lejos de encontrar un modelo único en cuanto a la forma de abordar la regulación del tema, se puede observar una cantidad significativa de diferentes sistemas y normativas, dependiendo del cuál es el tipo de elecciones en que se aplica el voto, la modalidad que se utiliza para la emisión del sufragio o los requisitos que deben cumplir los ciudadanos para poder ejercer este derecho, entre otras variables. De este modo, se advierte cómo en la práctica, al momento de traducir en normas jurídicas el derecho a sufragio en comento, los países han ido adoptando diversos procedimientos y sistemas que se ajustan a los debates de cada una de sus sociedades, en atención a sus diversas necesidades, aspiraciones y realidades.
Así, creemos que tal como muchos países han avanzado en la reflexión sobre esta materia y, de acuerdo a sus propias historias y fundamentos, hoy cuentan con un marco jurídico que con diferentes alcances permite el voto de sus ciudadanos en el exterior, resulta pertinente que también Chile aborde la discusión de este tema y permita expresamente en la Constitución Política, el voto de sus ciudadanos en las elecciones de Presidente de la República, cuando éstos se encuentren o residan en el extranjero, de conformidad a la forma y requisitos que establezca la ley orgánica constitucional que hoy regula la materia.
Sin embargo, creemos que la implementación de este derecho requiere, al mismo tiempo, de una modificación al sistema de designación de embajadores y representantes diplomáticos en general que actualmente contempla nuestra Carta Política, en términos de establecer expresamente que un mínimo de aquellas designaciones deberán recaer en funcionarios de la carrera diplomática. Lo anterior, con el objeto de disminuir en lo posible el riesgo de que las misiones diplomáticas se vuelvan sedes de los comandos presidenciales del gobierno de turno.
Hoy en día, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32° N° 8 de la Constitución Política de la República, es atribución especial del Presidente de la República, la de designar a los embajadores y ministros diplomáticos, y a los representantes ante los organismos internacionales, funcionarios que son, de acuerdo a la misma disposición, de la confianza exclusiva del Presidente, de modo que se mantienen en sus puestos mientras cuenten con ella.
Así, con la Constitución Política de 1980, se modificó el sistema de designación de agentes diplomáticos que Chile había tenido desde la Carta de 1925, la que preveía que tales nombramientos debían someterse a la aprobación del Senado, sin perjuicio de que aquellos fueran igualmente de la confianza exclusiva del Presidente de la República.
Con ello, nuestro ordenamiento constitucional reconocía al Senado la facultad de participar en la generación de autoridades que representan al país en el extranjero. Sobre la materia se ha señalado que con ello se “buscaba un mecanismo que velara por la idoneidad de las designaciones. Similar exigencia consultaron los anteproyectos de la Comisión de Estudios y del Consejo de Estado. La junta de Gobierno, sin embargo, eliminó el aludido acuerdo, quizás para buscar mayor celeridad en las designaciones, quedando entregada tal facultad a la sola decisión del Jefe del Estado. Un síntoma más de la vigorización del Ejecutivo.”. (Verdugo, Mario; Pfeffer, Emilio y Nogueira, Humberto; Derecho Constitucional, Tomo lI, p.72).”.
De esta forma, teniendo el Ejecutivo un amplio margen de maniobra al momento de designar a los embajadores y otros agentes diplomáticos, suele ocurrir que en los nombramientos se prefieren los compromisos políticos del gobierno de turno, en perjuicio de profesionales que han desarrollado su carrera diplomática como miembros de la planta del servicio exterior del país. Y si bien, se reconoce la importancia de contar con personal al servicio de Chile, fuera de su territorio, que se ajuste a la política exterior que dirige el Presidente de la República por mandato constitucional -en cuyo resguardo existe la disposición de que los agentes diplomáticos sólo permanecen en sus cargos mientras cuenten con la confianza del Presidente-, creemos conveniente que la mayor parte de quienes ejerzan los cargos sean aquellos profesionales que se han preparado para ello.
Por lo tanto, estimamos pertinente que junto con discutir y aprobar el establecimiento del derecho a voto de los chilenos en el extranjero, se debata y acuerde limitar la atribución de que hoy goza el Presidente de la República en cuanto a la designación de personal diplomático, establecida en la Constitución Política de la República, estableciendo que las designaciones deberán recaer, al menos en una tercera parte de las mismas, en personal de la planta del servicio exterior chileno y que, a su vez, tales designaciones deberán ser aprobadas por el Senado, para lo cual presentamos el siguiente:
Articulo único: Incorpóranse las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República:
I)Agrégase el siguíente inciso tercero nuevo al artículo I5°:
“Los ciudadanos chilenos que se encuentren o residan en el extranjero podrán ejercer su derecho a sufragio en las elecciones de Presidente de la República, en la forma y cumpliendo los requisitos que establezca la ley orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinios.”.
2)Agrégase en el N° 8 del articulo 32° el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Tales designaciones deberán ser aprobadas por el Senado y recaer, al menos respecto de sus dos terceras partes, en funcionarios de la carrera diplomática pertenecientes a la planta del Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.”
Deroga articulo 241 del Código de Comercio, que establece el mandato irrevocable en materia comercial. (boletín N° 4588-03)
El artículo 2216 del Código Civil define el mandato como una contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que confiere el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta, apoderado, procurador, y en general, mandatario.
De la definición legal antes descrita se puede concluir que el mandato es esencialmente un acto de confianza, lo cual obviamente requiere de un conocimiento previo del mandatario por parte del mandante o comitente, a fin de otorgar dicho encargo. Si esa confianza es defraudada por el mandatario, el mandato podrá ser revocado a su arbitrio por el mandante.
Por su parte, el artículo 233 del Código de Comercio, establece que el mandato comercial es un contrato por el cual una persona encarga la ejecución de uno o más negocios lícitos de comercio a otra que se obliga a administrarlos gratuitamente o mediante una retribución y a dar cuenta de su desempeño.
A su vez, el artículo 235 del mismo texto legal preceptúa que el mandato comercial toma el nombre de comisión cuando versa sobre una o más operaciones mercantiles individualmente determinadas.
El artículo 241 del referido compendio normativo, prescribe que el comitente no puede revocar a su arbitrio la comisión aceptada, cuando su ejecución interesa al comisionista o a terceros.
Esta norma es conocida doctrinariamente como “mandato comercial irrevocable”, lo que en nuestro concepto resulta extremadamente categórico e inflexible, impidiendo el libre ejercicio de la voluntad del mandante o comitente, ya que el interés del comisionista o de terceros, bien puede ser resguardada por otros medios o garantías.
Por otra parte, se ha hecho un uso abusivo de este tipo de mandatos irrevocables, en contratos de adhesión, en que el comitente aparece otorgando dichos encargos a personas, naturales o jurídicas, a quienes ni siquiera conoce. Así ocurre, por ejemplo, en los contratos de apertura de tarjetas de crédito, en que al beneficiario se le hace otorgar un mandato de esta naturaleza a una persona jurídica desconocida para él, pero normalmente ligada al acreedor, para que actúe en beneficio de éste.
Para solucionar esta verdadera cautividad en que queda el comitente frente al comisionista o terceros, permitiendo una mayor autonomía de su voluntad, consideramos que debe derogarse esta norma, ya que bien pueden establecerse otras medidas de resguardo a favor del comisionista.
Artículo único: Derógase el artículo 241 del Código de Comercio.
Moción de los diputados señores Sepúlveda, Chahuán, Aedo, Álvarez-Salamanca y García.
Modifica el articulo 105 de la ley Nº 18.092, que contiene normas sobre letra de cambio y pagaré, a fin de derogar la denominada cláusula de aceleracion. (boletín N° 4589-03)
El artículo 105 de la Ley Nº 18.092, sobre Letra de Cambio y Pagaré, establece que el pagaré puede tener vencimientos sucesivos, y en tal caso, para que el no pago de una de las cuotas haga exigible el monto total insoluto, es necesario que así se exprese en el documento.
Esta modalidad de vencimiento es la denominada doctrinariamente “cláusula de aceleración”, que aplicada en el contexto de las normas de procedimiento ejecutivo establecidas en el Código de Procedimiento Civil, como las de procedimiento hipotecario, contenido en el Tìtulo XII de la Ley General de Bancos, han llevado a la venta de bienes en subasta pública, a precios extremadamente inferiores a su valor comercial, lo que pugna con el espíritu general de la legislación, todo ello, con grave daño, tanto para los deudores como para los propios acreedores, que no han podido cobrar en integridad sus acreencias.
En este orden de ideas, cabe señalar que el legislador, como cualquier otro órgano del Estado, debe respetar plenamente los derechos fundamentales, por lo que es preciso realizar siempre las necesarias reformas legales cada vez que se advierta que por la deficiencia de los textos, se llegue a una interpretación violatoria de las garantías constitucionales.
Consideramos que se ha hecho un uso abusivo de la cláusula de aceleración, lo que a la postre ha devenido en una clara trasgresión al derecho de dominio de los deudores, que se encuentra consagrada como una garantía constitucional en nuestra Carta Fundamental.
Por esta razón, estimamos que en las menciones que cada pagaré debe contener, debe prevalecer la norma contemplada en el inciso final del referido artículo 105, esto es, que cada cuota morosa debe ser protestada separadamente, lo que permitirá al deudor ir repactando su deuda con mayor flexibilidad, derogando por ende, la cláusula de aceleración.
Artículo único: Modifícase el artículo 105 de la ley Nº 18.092, que contiene normas sobre Letra de Cambio y Pagaré, en la siguiente forma:
1.Derógase su inciso segundo.
2.Sustitúyese el texto de su inciso tercero, por el siguiente: “Cada cuota morosa, será protestada separadamente”.
Moción de los diputados señores Estay, Arenas, García-Huidobro, Rojas y de la diputada señora Turres, doña Marisol.
Elimina discriminacion con extranjeros en tarifas de acceso a parques nacionales administrados por la Corporación Nacional Forestal. (boletín N°4590-01)
1. El turismo es una actividad económica no contaminante, que millones de dólares de ingreso al país, los que a diferencia del producto de otros rubros de la economía, se reparten a lo largo de la geografía nacional de manera regionalizada;
2. Entre los principales atractivos turísticos de Chile se cuentan aquellos contenidos en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado;
3. El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado está integrado por las siguientes categorías de manejo: Reservas de Regiones Vírgenes, Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales;
4. Corresponde por ley al Ministerio de Agricultura, a través de la Corporación Nacional Forestal, la administración, vigilancia y control de las unidades de manejo que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado;
5. En virtud de lo anterior, la Corporación Nacional Forestal está facultada para fijar las tarifas por el ingreso a las áreas silvestres y por los servicios que preste en ellas a particulares;
6. Cualquier discriminación que se realice en contra de turistas extranjeros en materia de precios o tarifas no sólo es inconstitucional, sino además injusta;
7. Una discriminación como la indicada en el punto precedente ocurre, por ejemplo, en los precios cobrados en el acceso a diferentes inmuebles incluidos entre las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, en que se cobra un valor de ingreso a los nacionales y otro diferente y superior a los extranjeros;
8. Ello importa un abuso, y además ha generado permanentes reclamos de turistas que se sienten pasados a llevar por una situación injusta y discriminatoria.
Agréguese al siguiente oración inmediatamente a continuación del punto aparte del inciso tercero del artículo 11° de la Ley N° 18.362, que por ende pasa a ser punto seguido:
“En el ejercicio del presente derecho, la Corporación estará obligada a cobrar siempre un idéntico valor cuando se trate de un mismo producto, quedándole prohibido el cobro de precios diferenciados según la raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política o nacionalidad del usuario, con excepción del caso de la aplicación de las llamadas discriminaciones positivas”.

References: ARTÍCULO 121
 artículo 121
 artículo 241
 artículo 105
 artículo 234
 artículo 52
 artículo 69
 artículo 69
 artículo 63
 artículo 32
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 14
 artículo 121
 artículo 121
 artículo 110
 artículo 110
 artículo 121
 resolución 
 artículo 241
 artículo 277
 artículo 144
 artículo 386
 resolución 
 artículo 241
 artículo 277
 artículo 386
 artículo 13
 artículo 15
 artículo 37
 artículo 32
 artículo 2216
 artículo 233
 artículo 235
 artículo 241
 artículo 241
 artículo 105
 artículo 105
 artículo 105
 artículo 11