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Timestamp: 2019-07-19 23:35:59+00:00

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﻿ Sentencia C-235 de abril 9 de 2014
SENTENCIA C-235 DE 09 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:LOS REGISTROS QUE INTEGRAN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL, DEBERÁN RENOVARSE ANUALMENTE DENTRO DE LOS (3) TRES PRIMEROS MESES DE CADA AÑO. ES CONSTITUCIONAL. LA DELEGACIÓN PARA LEGISLAR QUE OBTUVO EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR MEDIO DEL ARTÍCULO 75 DE LA LEY 1474 DEL 2011 NO SOLO ESTABA ENCAMINADA A ELIMINAR TRÁMITES SINO A ESTABLECER CONDICIONES QUE GENERARAN LA MAYOR EFICIENCIA EN PROCEDIMIENTOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN. DE AHÍ QUE CONSIDERARA QUE CUALQUIER DISPOSICIÓN QUE SE PRODUJERA CON ESE PROPÓSITO, AUNQUE NO INTRODUJERA LA SUPRESIÓN DE PROCESO ALGUNO, DEBE RECIBIR AVAL CONSTITUCIONAL. ASÍ LAS COSAS, LA IMPOSICIÓN DE LA RENOVACIÓN ANUAL DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES), DURANTE LOS PRIMEROS TRES MESES DE CADA AÑO, NO DESBORDA LÍMITES ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN, SEGÚN LA SALA PLENA (INCISO 2º DEL ARTÍCULO 166 DEL DECRETO LEY 019 DEL 2012). ADEMÁS, DICE EL FALLO, LA ACTUACIÓN DEL EJECUTIVO EN ESTE CASO SE LIMITÓ A REFORMAR LAS CONDICIONES DE UNA EXIGENCIA YA EXISTENTE, COMO EL DEBER DE REGISTRO PARA PERSONAS JURÍDICAS SIN ÁNIMO DE LUCRO DEL ARTÍCULO 1º DEL DECRETO 427 DE 1996, ENTRE OTRAS NORMAS, QUE ADEMÁS OBLIGABAN AL GOBIERNO A EXPEDIR UNA REGULACIÓN. SE DECLARA EXEQUIBLE POR EL CARGO ANALIZADO, LA EXPRESIÓN DEMANDADA DEL INCISO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 166 DEL DECRETO LEY 019 DE 2012.
TEMAS ESPECÍFICOS:PERSONA JURÍDICA, ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO, REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL
Sentencia C-235 de abril 9 de 2014
Ref.: Expediente D-9834
Asunto: Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 166 (parcial) del Decreto-Ley 19 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública”.
El ciudadano Edgar José Namen Ayub, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en los artículos 40.6, 241 y 242 de la Constitución Política, instauró demanda solicitando la declaratoria de inconstitucionalidad de una expresión del inciso segundo del artículo 166 del Decreto-Ley 19 de 2012, cuyo texto, con lo demandado en subrayas, es el siguiente:
Trámites, procedimientos y regulaciones del sector administrativo de comercio, industria y turismo
ART. 166.—Del registro único empresarial y social. Al registro único empresarial (RUE) de que trata el artículo 11 de la Ley 590 de 2000, que integró el registro mercantil y el registro único de proponentes, se incorporarán e integrarán las operaciones del registro de entidades sin ánimo de lucro creado por el Decreto 2150 de 1995, del registro nacional público de las personas naturales y jurídicas que ejerzan la actividad de vendedores de juegos de suerte y azar de que trata la Ley 643 de 2001, del registro público de veedurías ciudadanas de que trata la Ley 850 de 2003, del registro nacional de turismo de que trata la Ley 1101 de 2006, del registro de entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro con domicilio en el exterior que establezcan negocios permanentes en Colombia de que trata el Decreto 2893 de 2011, y del registro de la economía solidaria de que trata la Ley 454 de 1998, que en lo sucesivo se denominará registro único empresarial y social, RUES, el cual será administrado por las cámaras de comercio atendiendo a criterios de eficiencia, economía y buena fe, para brindar al Estado, a la sociedad en general, a los empresarios, a los contratistas, a las entidades de economía solidaria y a las entidades sin ánimo de lucro una herramienta confiable de información unificada tanto en el orden nacional como en el internacional.
Los ingresos provenientes de los registros públicos y los bienes adquiridos con éstos, continuarán afectos a las funciones atribuidas a las cámaras de comercio por la ley o por el Gobierno Nacional en aplicación del numeral 12 del artículo 86 del Código de Comercio. En ningún caso los recursos de origen público podrán destinarse para sufragar operaciones o gastos privados de las cámaras de comercio. Los registros públicos que se le trasladan a las cámaras de comercio serán asumidos por éstas a partir del primero (1º) de marzo de 2012.
La presente demanda de inconstitucionalidad fue formulada por un ciudadano colombiano, contra una disposición vigente contenida en Decreto-Ley 19 de 2012. Por lo tanto, la Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre ella, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución Política.
2. Cuestión preliminar. Improcedencia de la caducidad de la acción por vicio en la competencia.
Previo a decidir advierte la Corte que el motivo de inconformidad expuesto por el accionante, se contrae a cuestionar un exceso por parte del Ejecutivo, en el uso de las competencias atribuidas por el Congreso de la República, pues, aquel, en el sentir del actor, desbordó la potestad conferida para reformar o suprimir regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública. También observa la Sala que el Decreto-Ley 19 de 2012 se publicó en el Diario Oficial 48.308 del 10 de enero de 2012 y la demanda fue presentada personalmente por el actor ante la secretaría de la corporación el 2 de agosto de 2013. De los presupuestos fácticos aludidos se podría pensar que resultaría aplicable lo dispuesto en el artículo 242.3 de la Carta y, consecuentemente, se debería declarar la caducidad de la acción. Sin embargo, esta Sala, en repetidas ocasiones, ha explicado que los vicios en materia de competencia, no dan lugar a la caducidad referida.
“(…) La falta de competencia genera, pues, un vicio que hace anulable el acto de derecho público indebidamente producido, así como la incapacidad, en el derecho privado, genera una nulidad que nada tiene que ver con la inadecuada elección de la forma que ha de corresponder al acto, conforme a su naturaleza jurídica (…)”.
“El artículo 242-3 de la Carta Política que establece un término de caducidad para las acciones de inconstitucionalidad por vicios de forma, no comprende, en modo alguno, aquellas que se dirigen a atacar el acto por desbordamiento en el ejercicio de la competencia. Y no podría hacerlo, porque si la indebida elección de forma para la producción del acto, cumplido por quien tiene competencia, se reputa un vicio menor, saneable por el transcurso del tiempo, la falta de capacidad para producirlo no puede ser saneada por esa vía, pues no puede producir efectos jurídicos un acto que sólo lo es en apariencia por carecer, ab initio, del presupuesto esencial para surgir el mundo del derecho: la competencia, precedente obligado del uso de la forma” (Sent. C-546/93, M.P. Gaviria Díaz).
“El artículo 150.10 de la Constitución prevé la figura de la delegación legislativa (…).
“(…) La jurisprudencia de esta corporación desde sus inicios ha entendido que el desconocimiento de este precepto constitucional bien sea por la ley habilitante o por el gobierno en el ejercicio de las facultades conferidas, constituye un vicio de entidad suficiente para acarrear la declaratoria de inexequibilidad de la norma objeto de control, pues puede dar lugar a un vicio de competencia y la competencia es el “presupuesto esencial que da, al funcionario o a la corporación, legitimidad para acceder a la forma”[35], razón por la cual en estos casos la acción pública no tiene término de caducidad(…)” (resaltado fuera de texto).
En consecuencia, procede la Sala a precisar la acusación formulada contra un apartado del inciso 2º del artículo 166 del Decreto-Ley 19 de 2012 para seguidamente estudiarla.
3. Análisis del cargo.
Revisado el libelo acusatorio, se verifica que el actor encuentra violatoria de los artículos 3º, 113, 121, 123 y 150.10 de la Constitución, la disposición contenida en un apartado del inciso 2º del artículo 166 del Decreto-Ley 19 de 2012. El accionante entiende que el enunciado legal, al preceptuar que la inscripción en los registros que integran el registro único empresarial y social, deberá renovarse anualmente dentro de los (3) tres primeros meses de cada año, excede las facultades conferidas por el legislador, pues, la autorización al legislador delegado solo le permitía suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública. Para la Corte, la formulación de la censura resulta clara y se advierte que suscita una duda sobre la constitucionalidad del mandato legal, siendo procedente desatar la cuestión en esta providencia.
Advertida la aptitud del cargo, encuentra la Corte que el problema jurídico puede enunciarse del siguiente modo ¿desconoció el legislador delegado, la autorización conferida por el Congreso de la República para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración pública; al disponer, en el inciso 2º del artículo 166 del Decreto-Ley 19 de 2012, que los registros que integran el registro único empresarial y social, deberán renovarse anualmente dentro de los (3) tres primeros meses de cada año?
4. El alcance de las facultades conferidas al Ejecutivo por el artículo 75 de la Ley 1474 de 2011 y la expedición del Decreto-Ley 19 de 2012.
No es la primera ocasión en la cual esta corporación se ve avocada a pronunciarse sobre la constitucionalidad de las facultades en virtud de las cuales se expidió el Decreto-Ley 19 de 2012. Esta Sala ya ha tenido oportunidad de referirse a dicha potestad delegada, tal aconteció, entre otras, en las sentencias C-012 de 2013, M.P. González Cuervo C-744 de 2012, M.P. Pinilla Pinilla, C-745 de 2012, M.P. González Cuervo. En el caso presente, nuevamente se censura lo que se estima como un indebido uso de la autorización conferida al ejecutivo para expedir normas con fuerza de ley. Para decidir la Sala recordará algunos pronunciamientos que ha hecho al referirse a la potestad legislativa delegada y los requisitos constitucionales y jurisprudenciales de esta. Finalmente, se especificará la delegación legislativa conferida al gobierno en el parágrafo del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011.
Respecto de las facultades que, de conformidad con el artículo 150, numeral 10, de la Carta Política, el Congreso otorga al gobierno para la expedición de normas con fuerza de ley, copiosa ha sido la jurisprudencia de esta corporación(3) y, respecto del asunto ha sentado que:
“(…) se trata de facultades que buscan autorizar en el Ejecutivo, de manera transitoria, una potestad legislativa que en determinados caso puede ser atendida de manera más expedita por el gobierno. Así por ejemplo, asuntos de carácter técnico que requieren de respuestas más inmediatas, encuentran una mejor regulación por parte del legislador delegado, cuyo procedimiento de expedición de normas es menos complejo que el procedimiento propio del legislador ordinario. O, también, cuando se trata de asuntos puntuales de la administración, puede resultar más adecuada la solución normativa establecida por el gobierno en razón de la proximidad con el problema o asunto que se busca regular. (…)” (Sent. C-016/2013, M.P. Mendoza Martelo).
“(…) la existencia de una ley habilitante (i); la necesidad de una mayoría especial para la aprobación de la ley habilitante (ii); la concesión de las facultades por un término no mayor a 6 meses (iii); la existencia de un presupuesto de hecho, el cual bien puede ser “cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje” (iv); el carácter expreso y preciso sobre lo delegado (v); el carácter provisional de la delegación (vi); la restricción constitucional de conferir tales facultades para expedir códigos, leyes orgánicas y estatutarias o, decretar impuestos (vii).(…)”(4)
“(…) Las facultades extraordinarias que el Congreso conceda al Presidente de la República deben ser precisas y su interpretación tiene un carácter estricto, de tal modo que los decretos leyes que se dicten en su desarrollo no pueden tocar temas ajenos a los determinados por la norma habilitante ni desconocer las exigencias y requisitos que en ella se contemplen, pues la función legislativa que entonces cumple el Jefe del Estado es precaria, limitada, dependiente del alcance literal del texto legal que la hace posible en concreto.(…)” (Sent. C-395/96, M.P. Hernández Galindo).
“(…) El concepto de precisión al cual hace alusión el numeral 10 del artículo 150 de la Carta Política, se refiere a la claridad en cuanto a la delimitación de la materia pero no al grado de amplitud de dicha ley(5)http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/c-366-12.htm - _ftn20. De tal modo que conceptos de precisión y amplitud no son excluyentes entre sí (…)” (Sent. C-366/2012, M.P. Mendoza Martelo).
“(…) La circunstancia de que la materia sobre la cual recaigan las atribuciones extraordinarias para legislar sea amplia y aparezca enunciada de modo general, sin detalle, no implica que las mismas carezcan de precisión y, por tanto, sea inconstitucional pues “lo importante, y esencial, es que la materia descrita en la ley, aun cuando sea de contenido general, permita al intérprete establecer inequívocamente su campo de acción”(6). (…)”.
“(…) La delimitación material alude a que los decretos que dicte el Presidente sólo pueden versar sobre los asuntos estrictamente señalados en la ley habilitante. El gobierno sólo puede ocuparse de las materias allí indicadas sin lugar a extensiones ni analogías(7) (...)”.
Sentadas las generalidades precedentes, pasa la Sala a considerar la delegación específica que dio lugar a la disposición cuestionada en esta oportunidad. Para tal efecto, resulta importante atender lo considerado por esta Sala en la Sentencia C-711 de 2012, cuando evaluó el límite material de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso, a través del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011. La decisión mencionada estimó que una valoración de las facultades conferidas al Presidente para expedir el Decreto-Ley 19 de 2012, implicaba revisar cada uno de los términos que comporta ese tipo de concesión al Ejecutivo, se expuso in extenso:
En esta ocasión la corporación estima necesario observar el verbo reformar dado que es esta la actividad que pudo adelantar el ejecutivo al disponer la renovación del registro cuestionado por el accionante. La Real Academia de la Lengua, al definir la expresión, consigna, entre las varias acepciones, la siguiente: “Modificar algo, por lo general con la intención de mejorarlo”. Por su parte, el diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas, en la entrada reformar, contempla, entre los diversos significados, los siguientes: “Modificar”, “cambiar”, “arreglar”, “enmendar” y, en particular, indica “variar una organización o estructura”(8).
El otro aspecto relevante en esta valoración, es la finalidad perseguida por el legislador cuando entrega al Ejecutivo el poder transitorio de expedir normas con fuerza de ley. En el asunto en estudio, resulta orientador el objeto de la Ley 1474 de 2011, cuyo tenor literal reza: “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” (resaltado fuera de texto). Entiende la Sala que un móvil subyacente a la autorización del legislador es el efectivo control de la gestión que potencialmente puede incidir en la vida del colectivo social.
5. La finalidad del registro público de las personas jurídicas.
La Sala ha tenido ocasión de pronunciarse sobre las bondades del registro público y, en particular, sobre el registro mercantil de quienes se dedican a la actividad comercial. En esos pronunciamientos, esta corporación ha aludido a la naturaleza del registro y sus finalidades, entre otros asuntos. Evidencia de la preocupación por el tema, en sede de constitucionalidad, lo constituye la Sentencia C-640 de 2002, M.P. Monroy Cabra, en la cual, a propósito de la notificación de los actos de inscripción realizados por las entidades encargadas de llevar los registros públicos, se manifestó:
“Coinciden unánimemente la doctrina y la jurisprudencia en reconocer que el registro mercantil es un instrumento de publicidad para la vida comercial, cuyo objeto es permitir al público el conocimiento de ciertos datos relevantes para el tráfico mercantil. Algunos hechos y actividades de esta naturaleza producen efectos no sólo entre la partes, sino también frente a terceros, por lo cual, por razones de seguridad jurídica, es menester que exista un mecanismo para su conocimiento público. Por ello, la ley impone al comerciante la obligación de dar publicidad a tales hechos o actos, así como su propia condición de comerciante(9). Este interés de terceros, señala acertadamente Garrigues, no es un interés difuso, sino concreto”.
“(…) para la Corte Constitucional el requisito de renovación del registro de matrícula mercantil busca satisfacer objetivos legítimos a la luz del orden constitucional. Así, (i) la estructuración de una base de datos permanentemente actualizada con la información detallada de los comerciantes y sus ocupaciones, (ii) hace de la dinámica económica una actividad organizada y por tanto segura desde el punto de vista económico sino también jurídico (…)” (Sent. C-277/2006, M.P. Sierra Porto).
“(…) El requisito de renovación del registro de matrícula mercantil busca satisfacer fines constitucionales referidos a que la dinámica económica se estructure como una actividad organizada sujeta a la dirección y control del Estado, y por tanto segura desde el punto de vista económico y jurídico, que permite a la comunidad acceso a la información en virtud del principio de publicidad. Y, por lo expuesto, el registro mercantil actualizado constituye una medida adecuada para la satisfacción de dichos fines (…)”.
6. El análisis del caso concreto.
Dispuso el legislador delegado en un apartado del inciso 2º del artículo 166 del Decreto-Ley 19 de 2012, lo siguiente:
“Con el objeto de mantener la actualización del registro y garantizar la eficacia del mismo, la inscripción en los registros que integran el registro único empresarial y social, y el titular del registro renovará anualmente dentro de los tres primeros meses de cada año. El organismo que ejerza el control y vigilancia de las cámaras de comercio establecerá los formatos y la información requerida para inscripción en el registro y la renovación de la misma. Los registros mercantil y de proponentes continuarán renovándose de acuerdo con las reglas vigentes” (se resalta lo demandado).
ART. 63.—Registros e inscripción. Los actos de registro e inscripción de las entidades de la economía solidaria a que se refiere la presente Ley, serán realizados por la superintendencia a la cual corresponda su supervisión. Para el registro de acto de constitución, será condición previa la presentación del certificado de acreditación sobre educación solidaria expedido por el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria.
PAR. 2º—Las cooperativas cuyo objeto principal sea la prestación de servicios de vigilancia privada y las que tengan por finalidad ser promotores de salud o prestadoras de servicios de salud, se regirán, para efecto de la obtención de personalidad jurídica, por las disposiciones establecidas para las entidades de naturaleza cooperativa(10).
Con posterioridad, el Presidente de la República en uso de la potestad reglamentaria prevista en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución, expidió el Decreto 1798 de 1998, con el cual se pretendía reglamentar lo normado en el citado artículo 63. Los artículos 1º y 2º del decreto reglamentario establecieron lo siguiente:
ART. 2º—Mientras se organiza y entra en funcionamiento la Superintendencia de la Economía Solidaria y se reglamenta el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 63 de la Ley 454 de 1998 a las superintendencias, el Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria continuará ejerciendo las funciones relativas a reconocimiento de personería jurídica, aprobación de reformas estatutarias, registro de órganos de administración, vigilancia y control y certificación de tales situaciones respecto de las entidades de las que venía conociendo el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas.
Como se puede apreciar, los preceptos reglamentarios preservaron la labor de registro y certificación de las entidades de economía solidaria, en cabeza de las cámaras de comercio, hasta tanto la Superintendencia de la Economía Solidaria estuviese en capacidad de atender dicha gestión. Hasta este punto, se puede sostener que el trámite de registro en cuestión existe. Más adelante, como lo pone de presente el mismo accionante, se expidieron por parte de la superintendencia resoluciones, mediante las cuales se les extendió el plazo a las cámaras de comercio para seguir llevando el registro de las entidades de economía solidaria. Oportuna resulta la transcripción de algunos apartes de la Resolución 20101120004385 proferida el 7 de julio de 2010 y que en lo del caso dispuso:
“(…) ART. 1º—Las cámaras de comercio, de conformidad con lo expresado en la parte motiva de esta resolución, continuarán ejerciendo por veinticuatro (24) meses más a partir del 28 de julio de 2010, la función de registro de los actos, libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esta formalidad, y de certificación de existencia y representación legal de las organizaciones supervisadas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, según la condición establecida en el artículo 1º del Decreto 1798 de 1998.
Se exceptúan las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado y las organizaciones e instituciones auxiliares de la economía solidaria que desarrollan y apoyan la actividad de educación, cuyo registro corresponde a esta superintendencia, en virtud a lo dispuesto en el Decreto 4588 de 2006 y el artículo 45 del Decreto 2150 de 1995, en concordancia con el título III capítulo VII de la Circular Básica Jurídica (Circ. Externa 7/2008) de esta entidad. (…)”.
Sobre la obligación de registro público para las personas sin ánimo de lucro, resulta pertinente recordar que el Decreto 2150 de 1995, en su capítulo segundo, suprimió el reconocimiento de personerías jurídicas para dicho tipo de personas, pero, el parágrafo único del artículo 40 del citado decreto, defirió al Gobierno Nacional la reglamentación del registro que lleven las cámaras de comercio de las personas jurídicas de derecho privado. Además, el artículo 144 del mismo decreto-ley, estipuló el registro para las entidades indicadas en el artículo 143 del cuerpo legislativo en cita, cuales son: las entidades de naturaleza cooperativa, los fondos de empleados y las asociaciones mutuales, así como sus organismos de integración y las instituciones auxiliares del cooperativismo; entes todos calificados, como entidades sin ánimo de lucro. Posteriormente, el Decreto Reglamentario 427 de 1996 indicó en lo pertinente lo siguiente:
“ART. 1º—Registro de las personas jurídicas sin ánimo de lucro. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro de que tratan los artículos 40 a 45 y 143 a 148 del Decreto 2150 de 1995 se inscribirán en las respectivas cámaras de comercio en los mismos términos, con las mismas tarifas y condiciones previstas para el registro mercantil de los actos de las sociedades comerciales.
En los artículos 2º y 3º del mismo decreto se enlistaron las personas obligadas y excepcionadas del deber referido.
Importante en este acopio normativo, resulta recordar lo dispuesto en el artículo 1º, numeral 18 del Decreto 4886 de 2011, cuando al determinarse las funciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, se dispuso:
(…) 18. Determinar los libros necesarios para que las cámaras de comercio lleven el registro mercantil, la forma de hacer las inscripciones e instruir para que dicho registro y el de las personas jurídicas sin ánimo de lucro se lleve de acuerdo con la ley. (…)”.
De la normatividad transcrita se puede colegir que el deber de registrarse, en cabeza de varios tipos de personas sin ánimo de lucro, como antes se dijo, fue regulado antes de la expedición de la norma censurada.
Para el Tribunal Constitucional, la fiabilidad del dato actualizado al alcance del ciudadano, es conteste con el mandato constitucional contenido en el artículo 2º de tender por la realización efectiva de los derechos de las personas, en este caso, materializar el derecho a gozar de información. Adicionalmente, la incorporación de tal información en registros públicos, facilita las medidas de control que correspondan al Estado respecto de las entidades sin ánimo de lucro. Igualmente, valora la Corte las posibilidades que implica la posesión de información en cabeza de la administración, cuando se trate de diseñar políticas públicas y tomar decisiones de orden económico y social.
Observa la corporación que el registro de las personas sin ánimo de lucro encaja en el objeto a reglamentar, pues, tuvo lugar una autorización para variar regulaciones y procedimientos innecesarios existentes. En este punto, se atiene la Corte a la definición plasmada en una de las providencias citadas en el apartado 4 de la parte motiva del fallo, según la cual, se entienden por “regulaciones, esto es, reglamentos de ajuste u ordenación de aspectos de un sistema; “procedimientos” o modo secuencial de ejecutar algunas cosas; y “trámites” como diligencias que hay que recorrer en determinado asunto o negocio hasta su conclusión(11).
Por lo que atañe a los reparos planteados por el accionante, en cuanto a los costos que implica la diligencia de renovación, observa la corporación que el artículo 166 del Decreto-Ley 19 de 2012 en uno de sus incisos dispone:
Los derechos por la prestación de los servicios registrales serán los previstos por la ley para el registro mercantil, el registro único de proponentes y el registro de entidades sin ánimo de lucro, según el caso. Las cámaras de comercio no podrán cobrar derechos de inscripción y renovación sobre los registros que se le trasladan en virtud del presente decreto-ley y que a la vigencia del mismo no los causan (resaltado fuera de texto).
Se advierte entonces que para ciertos tipos de registro, no procede el cobro del servicio. Sin embargo, observa la Corte que en relación con registros no trasladados por el decreto-ley y que a la entrada en vigencia del mismo, estuviesen causando derechos de inscripción; la gestión puede resultar onerosa. Respecto de esta última situación, valora la Sala que los gastos son obvia consecuencia de la actividad registral en cabeza de la Cámara de Comercio correspondiente.
Además, si se revisa el texto legal atacado por el accionante en su escrito de censura, las disposiciones que aluden al carácter oneroso de los derechos por la prestación del servicio registral no aparecen señaladas como objeto de la demanda. El libelo acusatorio advierte que la inconformidad con la norma acusada, recae sobre el aparte subrayado, el cual, ya fue transcrito y destacado en el apartado 1 del capítulo de los antecedentes(12). En suma, encuentra la Sala que el actor no plantea dudas sobre la constitucionalidad del cobro por tal servicio, ni reparos sobre la proporcionalidad del mismo, tratándose de asuntos que escapan al problema jurídico a solucionar y, cuyo análisis con miras a un pronunciamiento, supondrían un ejercicio de control de constitucionalidad oficioso no autorizado en estos casos por el Ordenamiento Superior.
Se concluye entonces que el legislador delegado no excedió las facultades conferidas al disponer en el inciso 2º del artículo 166 del Decreto-Ley 19 de 2012 que, los registros que integran el registro único empresarial y social, deberán renovarse anualmente dentro de los (3) tres primeros meses de cada año. El Tribunal Constitucional considera que, la norma con fuerza de ley en revisión, es expresión de la faculta de reformar trámites y se aviene con las finalidades de la prerrogativa concedida por el Congreso de la República al Presidente de la República. Por ende, se declarará la exequibilidad del enunciado legal enjuiciado.
III. Síntesis del fallo
En esta ocasión la Corte consideró un cargo contra un apartado del inciso segundo del artículo 166 del Decreto-Ley 19 de 2012. La acusación pretendía que se excluyera del ordenamiento jurídico una disposición que establece el deber de renovar el registro de las personas sin ánimo de lucro en las cámaras de comercio. Dado que el precepto hace parte de un decreto producto de la legislación delegada, el actor estimó que tal enunciado quebrantaba las facultades legislativas conferidas al ejecutivo, pues, estas fueron concedidas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios e inexistentes en la administración pública.
Finalmente, la corporación estimó que las inquietudes suscitadas respecto de los costos que comportan los derechos por la prestación del servicio registral, no dan lugar a un pronunciamiento de fondo dado que los enunciados legales que se refieren a esa materia, no fueron demandados, no teniendo cabida en acciones como la tramitada, el control de constitucionalidad oficioso. No obstante, lo cual, la Corte, observó que para estos efectos es pertinente tener en cuenta la regla contemplada en el inciso 4º del artículo 166 del Decreto-Ley 19 de 2012.
1. Declarar EXEQUIBLE por el cargo analizado, la expresión demandada del inciso segundo del artículo 166 del Decreto-Ley 19 de 2012.
(3) Entre otras se pueden ver C-119 de 1996, M.P. Barrera Carbonell, C-368 de 1996 Hernández Galindo, C-050 de 1997, M.P. Arango Mejía, C-892 de 2003, M.P. Tafur Galvis, C-655 de 2007, M.P. Cepeda Espinosa y las más recientes C-366 de 2012, M.P. Vargas Silva, C-711 de 2012, M.P. González Cuervo.
(4) También se puede consultar la Sentencia C-366 de 2012, M.P. Vargas Silva.
(5) Sentencia C-1028 de 2002. La Corte declaró exequible el numeral 111.4 del artículo 111 de la Ley 715 de 2001, por considerar que las facultades extraordinarias otorgadas en esa norma se ajustaban al requisito de precisión.
(6) Sentencia C-032 de 1999.
(7) Cfr. Corte Constitucional. Sentencias C-416 del 18 de junio de 1992, C-132 del 1º de abril de 1993, C-246 del 1º de junio de 1995 y C-368 del 14 de agosto de 1996, entre muchas otras.
(8) Cabanellas Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, ed. Heliasta, Vol. VII, Buenos Aires, 2003, pág. 85.
(9) La ley mercantil distingue entre la “matrícula mercantil”, que es el registro de la condición de comerciante, y el registro mercantil que es la anotación de los actos, libros, y documentos respecto de los cuales la ley exige publicidad.
(10) La Corte mediante Sentencia C-1145 de 2004 declaro exequible de manera condicionada un apartado del inciso 1º del artículo 63 transcrito.
(11) Sentencia C-711 de 2012, M.P. González Cuervo.
(12) Folios 1 y 2, expediente.

References: ARTÍCULO 75
 ARTÍCULO 166
 ARTÍCULO 1
 ARTÍCULO 166
 artículo 166
 artículo 166
 artículo 11
 artículo 86
 artículo 241
 artículo 242
 artículo 242
 artículo 150
 artículo 166
 artículo 166
 artículo 166
 artículo 75
 artículo 75
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 75
 artículo 166
 artículo 189
 artículo 63
 artículo 63
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 45
 artículo 40
 artículo 144
 artículo 143
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 166
 artículo 166
 artículo 166
 artículo 166
 artículo 166
 artículo 111
 artículo 63