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Timestamp: 2017-04-28 17:22:01+00:00

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Diario BAE Judicial 2014 03 11 by undefined - issuu
penal frente a los
hechos de corrupciónBAE Negocios
Martes 11 de marzo de 2014Crean oficinas de
acceso a Justicia en
barrios carenciadosLuego de que la Presidenta anunciara un posible avance para regular las manifestaciones,
se abrió el debate sobre las vías para un ordenamiento de las protestas, dejando de lado la idea
de criminalizar a los protagonistasLa protesta social en el centro
ssantopinto@diariobae.comEn el discurso de apertura de sesiones del Congreso de la Nación, la
presidenta Cristina Kirchner dedicó varios párrafos a las manifestaciones
sociales y, aunque afirmó que “todo el
mundo tiene derecho a protestar”, dejó
en claro que no es necesario hacerlo “complicándole la vida al otro”. En este contexto, la mandataria dejó abierta la posibilidad de debatir una norma de
“respeto de la convivencia ciudadana”, en clara referencia a los piquetes
y las tomas de espacios públicos que
ya son moneda corriente en el país.
Esta idea no tardó en generar opiniones encontradas, pero abrió un
intenso análisis entre juristas y representantes del estamento políticos que ya pusieron manos a la obra
para conocer cuáles son las posibilidades de avanzar con una norma en ese
sentido, sin caer en la criminalización
Esta idea que esbozó la mandataria
surgió cuando dio cuenta de una conversación que mantuvo con el jefe de
Gobierno porteño, Mauricio Macri, en
el marco de los intentos para destrabar
la ocupación de terrenos en el sur de Capital Federal. De la mano de esto, la Presidenta no perdió la oportunidad de reclamar por una “Justicia más ágil”. Así
llegó el momento del pedido formal de
la mandataria: “Necesitamos una normativa de respeto de la convivencia ciudadana; no puede ser que diez personas
te corten una calle, por más razones
atendibles que tengan, y que no pase
nada”; al mismo tiempo recordó que el
secretario de Seguridad, Sergio Berni,
“está procesado por haber desalojado
una vieja toma que había en la Panamericana, mientras que a los manifestantes no les pasó nada”. En este mismo
plano, Cristina se ocupó de dejar bien
en claro la idea de avanzar con la iniciativa de manera tal que siempre se respete el derecho de expresarse libremente.
Siguiendo esta línea de acción trazada
por la mandataria, el jefe de Gabinete,
Jorge Capitanich, advirtió que “la iniciativa que ha propiciado la Presidenta es
establecer un parámetro para la convi-Se planteó el debate en torno
a una norma de respeto
vencia social. Que no se restrinja el derecho a la protesta, pero que sea debidamente canalizada para no afectar derechos de terceros”. Asimismo, sostuvo que
se trata de un debate pendiente, plantando así la expectativa de que exista un
llamado a analizar y consensuar la propuesta en un futuro no muy lejano.
El funcionario destacó que “todos tenemos derecho a protestar, a expresar
nuestras opiniones, pero en el marco de
la convivencia democrática civilizada”.
Instó también a “que no se proteste afectando el derecho de terceros”, plano en
el que advirtió que “no se puede cortar
la General Paz porque sí”.Negocios
Martes 11 de marzo de 2014 BAE Judicial consultó a Roberto Carlés, coordinador de la
Código Penal sobre la regulación que se establece en el proyecto en torno a las manifestaciones de los ciudadanos.
“Mantiene el tipo vigente de interrupción de servicio (art. 190
del anteproyecto), agregando el
requisito de que, en caso de impedimento o interrupción de
servicios de transporte por tierra, agua o aire, el delito sólo se
configura cuando se desobedece una intimación judicial previa”, sostiene Carlés, al tiempowww.baenegocios.comLos alcances del anteproyecto de Código Penal
que destaca que sobre este
punto presentó una disidencia
el diputado Federico Pinedo, solicitando que no se lo incluyera.
En la actualidad se viene
aplicando en ocasiones el artículo 194 del Código vigente,
que el anteproyecto reproduce
en el artículo 190. “A mi entender es inconstitucional su aplicación a la protesta social”,
sostiene Carlés y señala que a
partir del anuncio de la Presi-denta se estaría apuntando a
“establecer algunas reglas mínimas de convivencia, que son
razonables y necesarias. En mi
opinión, no puede recibir el
mismo tratamiento la protesta
social que cualquier otro tipo
de manifestación. No puede tener el mismo tratamiento el
corte una avenida, por ejemplo,
reclamando por despidos injustificados, que el que se realizara para protestar por la clausu-ra de un videoclub, por cuanto
pueda ser de interés cultural y
de valor para la comunidad”.
El especialista fue más allá
en su análisis y sostuvo que
“cuando se confrontan el derecho a la libre circulación, con el
derecho a la protesta, por
ejemplo, por trabajo, debería
prevalecer este último. En casos en los que el derecho vulnerado o el perjuicio social es
ponderable como inferior frentea la libertad en la circulación,
por ejemplo, deberían establecerse límites, como el impedimento del corte total de una arteria, permitiendo que se lo
haga sólo parcialmente”. Carlés destaca que estas reglamentaciones podrían verse reforzadas por sanciones de tipo
contravencional. El especialista
destaca que una posibilidad
para avanzar en este sentido
sería la de establecer “contravenciones federales para las
rutas nacionales, y acordar que
las provincias hagan lo propio
en el ámbito local”.Cómo se regula
En el ámbito porteño está regulado
en el Código Contravencional: artículo 78, obstrucción de la vía pública. “Quien impide u obstaculiza la
circulación de vehículos por la vía
pública o espacios públicos, es sancionado/a con uno (1) a cinco (5)
días de trabajo de utilidad pública o
multa de doscientos (200) a un mil
(1.000) pesos. El ejercicio regular
de los derechos constitucionales no
constituye contravención. A tal fin
deberá darse aviso a la autoridad
competente, debiendo respetarse
las indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto del ordenamiento.”
En la apertura de sesiones del Congreso, la presidenta Cristina Kirchner dedicó varios párrafos a las manifestaciones socialesMantener el equilibrio
Una vez instalada la propuesta, los actores
del sistema político y del judicial empezar
a delinear cómo podría materializarse esta
idea, sin afectar los derechos de los ciudadanos consagrados en la Constitución Nacional, y ahí es donde claramente existe una
delgada línea con la que se debe ser muy
“Se puede llevar a cabo, pero el tema siempre tiene que pasar por el equilibrio. De ninguna manera es intención del Gobierno criminalizar la protesta social, de hecho esto
es ajeno a cualquier pretensión del Gobierno. Pero cuando hay abuso del derecho, es necesario poner un límite”, explica“Cuando hay un abuso del
derecho es necesario poner
un límite”, Héctor Recalde
a BAE Judicial el diputado Héctor Recalde.
“Hay que analizar este tema y buscar consensos. No me parece razonable que veinte personas puedan cortar la circulación en
la Ciudad de Buenos Aires”, dijo el diputado y sostuvo que “es necesario respetar la
protesta social, la movilización, pero lograrlo de una forma regulada que evite el
entorpecimiento, por ejemplo, de la circulación. La idea es marcar las reglas de juego y que todo el mundo sepa como desenvolverse”.
Recalde asimismo llamó a que se dejen
de lado las “búsquedas de réditos políticos
en este tema” y se avance en una iniciativa
de consenso que contribuya al normal desenvolvimiento de la actividad de los ciudadanos y del país.
Por su parte, Ernesto Ahuad –secretariodel Juzgado Nacional de 1º Instancia del
Trabajo Nº 66– sostuvo que “una iniciativa
que legisle sobre la posibilidad de regular
las protestas sociales podría ser beneficiosa para casos puntuales, pero sin que implique criminalización, o un vía libre para
reprimir”. Sostuvo, además, que para alcanzar una normativa viable desde el punto de vista constitucional “la clave es la búsqueda del consenso, la creatividad, y no perder de vista los principios de justicia social
y empatía”.
En este amplio escenario donde recién
se empiezan a analizar los alcances de la
que se espera sea una iniciativa trabajada
en conjunto entre Nación y Ciudad no puede perderse de vista que la protesta social
–en términos de legislación– no se configura como delito sino que se trata de “una
manifestación legítima de un reclamo ciudadano, aunque, como todo derecho, debe
tener ciertos límites”, señala Ahuad.
Consultado sobre cuáles serían los caminos para llevar adelante una iniciativa
de este calibre, Ramiro Álvarez Ugarte, integrante de la Asociación por los Derechos
Civiles (ADC), indicó que se debería dar curso a “una ley que regule lugar, tiempo y manera del ejercicio del derecho a la libertad
de expresión”. Al respecto, el especialista
ejemplificó la situación explicando que si
un grupo de personas sale a la calle con un
megáfono a promover un partido político
a la madrugada, es razonable que la policía les requiera que se deje de molestar a
los vecinos. “Este tipo de normas son razonables y, creo, es lo que tenía en mente la
Presidenta al recordar la protesta que presenció en Estados Unidos, donde este tipo
de regulaciones son usuales y en mi opinión excesivas”.La regulación actual
Lo cierto es que en la actualidad abundan
en el país los cortes que generan la anegación del tránsito y que afectan al normal desarrollo de la actividad cotidiana de los ciudadanos, las manifestaciones muchas de las
cuales terminan tornándose violentas, los
bloqueos de rutas, y diferentes tipos de manifestaciones sociales.
Actualmente, se invoca al Código Penal, en
especial al artículo 194 que dispone: “El que,
sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal
funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.
Asimismo, conforme lo explica Álvarez
Ugarte, existen algunas normas contravencionales que se podrían utilizar, pero en general se invoca el Código Penal “que es la herramienta más fuerte con la que cuenta el
Estado para desincentivar cierto tipo de conductas”. El especialista a su vez señala varias
razones para oponerse al uso del Código,
marcando como la más “poderosa, desde mi
punto de vista, es que se trata de una respuesta desproporcionada ante el ejercicio
de un derecho constitucional como la protesta. Claramente, el derecho penal debe ser
dejado de lado en favor de respuestas menos duras, como las contravencionales que
regulan condiciones de tiempo, forma y lugar”. Esta mirada no es compartida por muchos juristas que pretenden una respuesta
más dura cuando las protestas terminan sobrepasando ciertos derechos, y es acá en
donde se planteará el mayor de los debates
para alcanzar una regulación. “Sólo si existen propuestas de regulaciones de tiempo,forma y lugar se superaría un control de constitucionalidad”, sostiene Álvarez Ugarte.
Lo cierto es que el delito del Código Penal al que más se recurre ante la situación
de la protesta es al de interrupción de la
vía pública (art. 194 del Código Penal). “Sin
embargo, el corte de calles es de carácter
eminentemente contravencional, no penal, y la situación varía si se trata de caminos federales, provinciales o calles de la
ciudad”, explica Ahuad. El abogado señala que en ocasiones “también con ligereza,
se recurre a la figura de la extorsión, la privación de la libertad o incluso de la asociación ilícita, lo que implica un desconocimiento mayúsculo no sólo de los alcan-“La clave es la búsqueda del
consenso y no perder de vista los
principios de justicia social”, Ahuad
ces de esos tipos penales sino también de
la evolución del derecho social”.
Para el integrante de la cámara laboral, la
protesta social debe quedar a resguardo del
poder punitivo porque, cuando materializa
un reclamo, se trata de un derecho constitucional, pues en ella se materializan distintos derechos de rango superior como ser
la libertad de expresión, de pensamiento, de
conciencia, y la libertad de reunión y asociación, y de reclamar ante las autoridades.
El debate está abierto y más allá de que
existan muchas aristas por analizar y grandes puntos donde habrá discordancia, hay
un eje coincidente que podría ser el punto de partida de una nueva regulación:
cuando existe abuso de derecho, es necesario poner un límite, pero nunca criminalizar la protesta.BAE Negocioswww.baenegocios.comMartes 11 de marzo de 2014| Judicial | 3La reforma procesal
Se denuncia falta de transparencia
judicial@diariobae.comUno de los mayores problemas que existe en el
proceso penal en la actualidad –en lo que hace a los delitos de carácter económico– refiere a la duración de los procesos, un informe elaborado de
manera conjunta por el Centro
de Investigación y Prevención de
la Criminalidad Económica (Cipce) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).
Entre las causas relevadas en el
informe se destacan el enriquecimiento ilícito de María Julia Alsogaray, el contrabando de armas a
Ecuador y Croacia, la causa de los
sobornos en el senado, IBM-Banco Nación, entre otras.
Lo cierto es que los delitos económicos son el flanco más débil
de la Justicia en el momento de establecer sanciones. Según señalan
desde Cipce, los procesos por corrupción duran un promedio de
catorce años, largas demoras adjudicadas a la existencia no sólo
de presiones políticas o económicas, sino también a la burocracia
judicial que, muchas veces, termina por convertirse en el mayorpunto débil del sistema.
Sobre un total de 15 casos analizados, en el informe se destaca
la existencia de una peligrosa impunidad de la criminalidad económica en el sistema judicial: los
tiempos y demoras; el perjuicio
causado al Estado y la sociedad; y
la falta de transparencia y de participación ciudadana.
El hecho de que estos procesos
duren tantos años tiene varias consecuencias. Por un lado, resulta
común ver las continuas prescripciones de las causas por delitos económicos. En cinco causas
de estos 15 ejemplos, los jueces
declararon la prescripción o violación del plazo razonable de juzgamiento (en tres de los procesos,
la resolución fue revocada y la cau-Las causas por delitos
económicos demoran un
promedio de 14 años
sa siguió su curso).
Asimismo, la ausencia de resoluciones rápidas genera problemas probatorios de diversa índole. Por ejemplo, si el juicio no se
realiza al poco tiempo de ocurrido el delito sino que concluye másAlsogaray, la ex secretaria de Recursos Naturales, fue condenada por enriquecimiento ilícito en 2004
de una década después, la calidad
de la información que puede brindar un testigo va a ser menor. Incluso si las pruebas son suficientes, estas demoras también tienen
efectos negativos: como señaló el
fiscal de instrucción en la causa
por las Coimas en el Senado, el
paso del tiempo “aumentó la discrecionalidad de los jueces para
seleccionar algunas pruebas y desestimar otras”. “Esto resulta particularmente importante en las causas por delitos económicos, donde la prueba muchas veces se
compone en gran parte por indicios”, se indica en el informe.Peligrosas demoras
llega a una condena suele presentarse un nuevo problema: el
tiempo que tardan las condenasLa modificación de un sistema
funcional a la impunidad y la injusticia
Agustín Carrara*
Especial para BAE NegociosSon 16 las provincias argentinas y muchos países de
América latina han reformado
sus legislaciones procesales
penales en los últimos años.
Esto no es casualidad sino que
obedece a una razón: este tipo
de sistemas ha demostrado su
fracaso absoluto. Lo mismo sigue ocurriendo en la actualidad con el Código Procesal Penal de la Nación, que presenta
obstáculos estructurales para
la investigación y el juzgamiento de cualquier delito; sin
embargo, su reforma es demorada desde hace años.
Cuando el imputado es alguien poderoso, el principal
problema es la ineficacia del
sistema que lleva a la impunidad. Las causas por corrupción
y delitos económicos duran décadas, con la prescripción
como desenlace habitual. El
porcentaje de condenas es ínfimo, y prácticamente nunca se
recupera el dinero robado al
Estado. Al tratarse de delitoscomplejos, las investigaciones
ineficientes muchas veces no
logran probarlos. Con un proceso escrito, donde la oralidad
es una ficción, los jueces y fiscales pueden esconderse detrás
de expedientes inmensos; así,
se impide que la sociedad acceda a información esencial en
casos de interés público. Indudablemente, todas estas cuestiones responden a muchos
factores; uno de ellos es la legislación actual y sus obstáculos
de base, que trascienden a las
coyunturas político-sociales.
Cuando el imputado es alguien sin recursos, el principal
problema del sistema actual es
garantías constitucionales. Se
permite que la policía se maneje de una manera violenta y discrecional con los habitantes de
los barrios más pobres. En lugar
de investigar para detener, se
detiene para investigar: la prisión preventiva es algo extremadamente común, a tal punto
que no tienen condena tres de
cada cuatro detenidos a disposición de jueces federales. Ade-más, como los fiscales tienen un
rol secundario, el juez que dispone la prisión preventiva es la
misma persona encargada de
controlar si esa medida está
bien ordenada o no, cuando éstas son funciones que la Constitución exige que estén en cabeza de órganos distintos.
Todos estos son sólo algunos
con nuestro sistema de justicia
actual a nivel federal. Sin dudas,
las reformas legislativas no son
una solución por sí mismas,
sean fundamentales. Nuestro
Código Procesal Penal exige un
cambio urgente hacia un sistema acusatorio: reorganización
del Ministerio Público Fiscal,
desformalización de la investigación, oralidad de todas las instancias, participación amplia de
la sociedad, entre otras cosas.
No hay razones constitucionalmente válidas para seguir demorando esta reforma.
*Director Ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad
Económica (CIPCE).en quedar firmes, o –más específicamente– el tiempo que se demora en tramitar los recursos interpuestos por las defensas contra estas sentencias.
En la investigación se cita el
ejemplo de la causa donde se investigó el enriquecimiento ilícito de María Julia Alsogaray, y la
ex funcionaria fue condenada enEs un grave problema el
iniciarse el proceso penal
2004. Sin embargo, los recursos
presentados por la defensa recién terminaron de resolverse
por la Casación y la Corte Suprema 4 años después, en 2008.
El decomiso del dinero tardó otro
año más en realizarse (2009), y
luego de eso la Corte tardó 4 años
en dar una respuesta definitiva
a nuestro pedido para que los
fondos fueran destinados al Garrahan (2013). Así, entre la condena y la decisión definitiva sobre qué hacer con el dinero decomisado, transcurrieron 9 años.
Otro de los problemas que se
destacan en el relevamiento es el
tiempo que transcurre desde que
se comete el delito hasta que se
inicia la causa penal, lo que afecta claramente a las posibilidades
de probar el delito. El ejemplo más
notorio es el del vaciamiento del
Banco de Santa Fe: el delito comenzó a cometerse en 1979, pero
el proceso penal se inició en
1990, es decir, 11 años después.
“En algunos casos, las demoras
en la instrucción tienen como consecuencia la prescripción de la
causa”, sostienen los especialistas
de las ONG.Perjuicio económico
Otro de los graves problemas que
surgen por las trabas en los procesos judiciales, refieren al perjuicio económico causado al Estado. En este punto el informe destaca que de las 15 causas
analizadas, el Estado se ve afectado por más de 6.200 millones
“Para eso, puede ser útil la siguiente comparación: el monto
que estas 15 causas de criminalidad económica le habrían costa-do al Estado equivale al 83,5% de
Aires previsto para 2014”, se sostiene la investigación. Asimismo
–indica– el perjuicio causado al
Estado por estos 15 delitos económicos equivale al 96% de la
suma de los gastos previstos en
los presupuestos 2014 de las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy.
En este plano desde las ONG señalan que el enorme problema que
representa el perjuicio económico causado al Estado se suma otra
cuestión más: la ausencia casi total de políticas de recupero de activos. Por un lado, el decomiso se
encuentra regulado como una
medida de carácter penal, “lo
que resulta erróneo desde el punto de vista conceptual e ineficiente en lo que respecta a la política
criminal, dado que no basta con
demostrar que los bienes fueron
adquiridos de manera ilícita para
que el Estado pueda recuperarlos,
sino que además se exige una condena. Amén del aspecto legislativo, la mayoría de los jueces y fiscales no demuestran una voluntad política de recuperar el dinero
robado al Estado y a la sociedad”.
Frente a estos hechos desde las
ONG apoyan el avance sobre una
reforma procesal penal para darle mayor efectividad a la resolución de los delitos de carácter económico. El sistema de justicia penal vigente en el orden federal
funciona, en su estructura, sobre
la base del Código Procesal sancionado en el año 1888. “En efecto, hoy en día contamos con un
ordenamiento que fue diseñado
e inspirado en el marco de un
contexto social completamente
diferente al actual, con un retraso sustancial de más de 125 años”,
sostienen, al tiempo que hacen
reforma que “permita establecer
nuevos estándares de juzgamiento, adecuando el procedimiento penal a los parámetros
que fijan la Constitución Nacional y los tratados internacionales
que han sido incorporados a ella.
federal aportaría cambios concretos para responder a los hechos que se suceden”.JudicialMartes 11 de marzo de 2014
E-mail: comercial@diariobae.comwww.baenegocios.comBAE NegociosCrean oficinas de acceso a Justicia en barrios carenciados
El Ministerio Público Fiscal de la Nación promueve nuevas bocas para radicar denuncias
MARCELA CASARINOjudicial@diariobae.comLA CORTE POR MÁS IGUALDADE Profundizar el acceso de losl 2014 se vuelve a perfilar sin
dudas como el año para profundizar los planes de acceso a la Justicia, una de las mayores cuentas pendientes del sistema judicial argentino. En este
contexto, según pudo conocer BAE
Judicial, el Ministerio Público Fiscal de la Nación se encuentra concretando la instalación de oficinas
en las Villas 31, 21 en el Barrio Mitre y en un próximo paso en la Villa 1-11-14.
El propósito de esta iniciativa,
según indican desde el ministerio,
apunta a “asegurar el acceso a la
justicia de los sectores sociales que
actualmente tienen dificultades
para hacerlo” por razones geográficas o socioeconómicas.
En este plano se busca entonces que estas dependencias instaladas en los barrios garanticen el
acceso a la Justicia, faciliten la obtención de información relevante
para la comunidad, “de manera tal
de generar una real interacción
entre el organismo y los ciudadanos en la prevención del delito, la
solución de conflictos y la formación en derechos”, advierten.
Cabe destacar que informes de
conflictividad realizados en barrios carenciados destacan que el
mayor índice de problemáticas
son de índole familiar, civil, penal
y laboral; les siguen las de tipo psicosocial. Asimismo, se radican casos de violencia, adicciones, de ca-ELa Procuración General de la Nación se encuentra ultimando detalles para avanzar con la iniciativa
rácter psicológicas y las mediaciones comunitarias.Acciones concretas
Las oficinas intervendrán en conflictos colectivos que se generen
en toda la geografía nacional; la
idea radica en que se conviertan
en bocas de acceso y recepción de
denuncias. Asimismo, el equipo
de trabajadores sociales que integrarán estas unidades colaborarán en la organización del caso que
finalmente será llevado adelante
Dentro de la planificación, se
presentó la idea de coordinar acciones con otros organismos estatales como Anses –a fin de brindar información sobre jubilaciones, asignación universal por hijo,l Consejo que preside Juan Manuel Olmos puso en marcha la Comisión Redactora ad honórem que trabajará en un
proyecto consensuado para impulsar la instauración del Juicio por Jurados en el ámbito porteño. Según pudo conocer BAE, la
idea es que el proyecto llegue a la Legislatura para su tratamiento en el transcurso
de la segunda mitad del año.
Durante la reunión se debatió el número de integrantes y la integración que
debería tener el jurado, el momento de
celebración de la audiencia de selección
del mismo, además de la modalidad que
el sorteo debería adoptar, las instrucciones iniciales al jurado y la conformación
A este primer encuentro asistieron el
consejero Gustavo Letner; los legisladores porteños Aníbal Ibarra y Helio Rebot;
el presidente y Vice de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, Héctor Granillo Fernández y Andrés Harfuch; las
juezas de la Ciudad Marta Paz, Carla Cavalliere y Claudia Álvaro; el juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal, Gustavo Bruzzone; los representantes de la Fiscalía de la Ciudad Luis
Cevasco y Santiago Otamendi; los jueces
de la provincia de Córdoba, Aída Tarditti y Víctor Vélez; Juan Ignacio Cafiero, en
representación de la Defensoría General
porteña, y Mariano Pinciroli, por el Co-y diferentes planes–, el Ministerio de Trabajo –que podrá orientar sobre explotación laboral–,
Ministerio de Educación –asistencia referida a la escolaridad
infantil, inscripciones en las escuelas públicas–, la Secretaría deSe instalarán en las Villas
31, 21, en el Barrio Mitre y
en una segunda instancia
Además se busca que mediante estas oficinas se trabaje en la
formación en derechos fundamentales, con el fin de “realizar
una misión pedagógica entre los
ciudadanos para fortalecer el co-nocimiento de los derechos propios y del prójimo en diferentes
áreas: derechos de la mujer, de niñas, niños y adolescentes, derechos humanos, económicos, sociales y políticos”, explican.
Entre los planes a abordar, se
dará especial importancia al desarrollo de las temáticas de violencia de género y familiar, trata
de personas con fines de explotación sexual y laboral, temáticas
referidas al narcotráfico, discriminación, conflictos vecinales,
cláusulas abusivas en créditos
para el consumo, medio ambiente, entre otras.Prevención del delito
Desde el ministerio se abordarán
también instancias alternativasPROYECTOEl Consejo de la Magistratura porteño
avanza en el Juicio por Juradosciudadanos al sistema de
justicia, fue uno de los ejes
mencionados por el presidente
de la Nación, Ricardo
Lorenzetti, en el acto de
Lorenzetti marcó como prioridad la facilitación del acceso a la Justicia porque, recalcó, “no hay estado de derecho sin igualdad”. En este
plano, el titular del máximo
tribunal ponderó también el
“derecho a la autodeterminación” y abogó por “promover la diversidad”, ya que
“es relevante –dijo– fortalecer el debate público”.para la resolución de conflictos,
mediante una instancia de diálogo entre los actores de la comunidad, con intervención de la procuración a fin de prevenir la escalada de conflictividad. “Se trata de
una etapa previa a la denuncia, en
que el conflicto no ha sido judicializado y sus protagonistas acceden a la posibilidad de darles un
fin pacífico, pensado y resuelto por
ellos mismos”, indican. Esta etapa
será llevada a cabo por mediadores, asistentes sociales, psicólogos,
y podrán convocarse a otras personas que pudieran colaborar en
la solución.audiencias que demanden el juicio a los
fines de que, en un trabajo independiente del Tribunal, se pronuncie en un veredicto de culpabilidad o no culpabilidad,
el cual no será vinculante para el tribunal
o juez técnico.
Tras la reunión, el consejero Letner señaló que “la justificación política de este
instituto se afinca en la necesidad de garantizar la participación directa de los ciudadanos en la administración de justicia en
cuestiones que repercuten en el interés general y que conlleven el ejercicio del poder
punitivo del Estado”.AntecedentesSe reunió la Comisión Redactora para impulsar la instauración de los jurados populares
legio Público de Abogados de la Capital
Federal. Además, y a través de una teleconferencia, también participó el jurista
Alberto Binder, que se encontraba en la
Es preciso mencionar que el Consejo de
la Magistratura porteño creó por resolución
esta comisión para la proyección de una
norma que instituya y regule el Juicio por
Jurados en la Ciudad, como aporte del Po-der Judicial a la construcción de las herramientas necesarias para la asunción y ejercicio efectivo de sus competencias jurisdiccionales en cumplimiento de los mandatos constitucionales.
En este marco, dentro de poco tiempo,
se implementará, durante el desarrollo de
los debates orales, un Jurado Popular Experimental, constituido por ciudadanos,
bajo compromiso de participación en lasSobre fines de 2013 el Consejo realizó una
prueba piloto de Juicio por Jurados con el
objetivo de interiorizar a los ciudadanos sobre este procedimiento y concientizarlos
sobre las responsabilidades que involucra
este derecho de participar como jurado.
“En los poderes Ejecutivo y Legislativo
los ciudadanos ejercen su soberanía a través del voto. El Poder Judicial es el único
que no tiene representación popular y aquí
es donde, justamente, el pueblo puede participar a través del jurado"; así, el presidente
del Consejo, Juan Manuel Olmos, daba
cuenta de la importante iniciativa que lleva adelante la Ciudad sobre la cual, destaca, se convertirá en un paso para que se recobre la confianza en el sistema.All pages:1234InfoSaveLikeShareDownloadMoreDiario BAE Judicial 2014 03 11 Published on Mar 11, 2014 cronicawebFollowAdvertisementRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

References: artículo 194
 artículo 190
 artículo 78
 artículo 194
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución