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Timestamp: 2020-01-20 13:05:24+00:00

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Publicado en DOE núm. 37 de 22 de Febrero de 2017 y BOE núm. 69 de 22 de Marzo de 2017
Vigencia desde 14 de Marzo de 2017. Revisión vigente desde 24 de Mayo de 2018
Artículo 1 Modificación de la Ley 3/2001, de 26 de abril, de Calidad, Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura
Artículo 2 Expropiación forzosa del usufructo temporal de determinadas viviendas para la cobertura de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social
Artículo 3 Suspensión temporal de los procedimientos administrativos de desahucio de viviendas de promoción pública
Artículo 4 Medidas para aliviar el endeudamiento derivado del impago de rentas de alquiler de viviendas de promoción pública
Disposición final sexta Modificación de la Ley 7/2016 de 21 de junio (sic.), de medidas extraordinarias contra la exclusión social
Disposición adicional quinta derogada por la letra f) del número 1 de la disposición derogatoria única del Decreto Legislativo [EXTREMADURA] 1/2018, de 10 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado. («D.O.E.» 23 mayo).
R Administraciones Territoriales 1 Jun. 2017 (Acuerdo Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con la L 2/2017, de 17 Feb., de emergencia social de la vivienda)
Véase la Res. de 1 de junio de 2017, de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con la Ley de Extremadura 2/2017, de 17 de febrero, de emergencia social de la vivienda de Extremadura («B.O.E.» 14 junio).
TC, Pleno, S 106/2018, 4 Oct. 2018 (Rec. 5659/2017)
Téngase en cuenta que el artículo 2 y la disposición transitoria primera han sido declarados inconstitucionales y nulos por la sentencia TC (pleno) 106/2018 de 4 Octubre 2018, núm. rec. 5659/2017.
Recurso de inconstitucionalidad núm. 5659-2017 (contra determinados preceptos de la Ley 2/2017, de la Asamblea de Extremadura, de 17 de febrero, de Emergencia Social de la Vivienda de Extremadura)
El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 12 de diciembre de 2017, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 5659-2017, promovido por la Presidenta del Gobierno en funciones, contra el artículo 1, apartados uno (en cuanto modifica el artículo 1.1 de la Ley 3/2001, de 26 de abril, de la Calidad, Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura), tres (en cuanto a la incorporación de los apartados 13 y 15 al artículo 3 de la Ley 3/2001), cuatro (al añadir un nuevo artículo 16 bis a la Ley 3/2001), doce y catorce [en cuanto a la introducción de los apartados l) y m) en el artículo 58 de la Ley 3/2001]; el artículo 2; y la disposición transitoria primera. Y se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso –21 de noviembre de 2017–, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros («B.O.E» 21 diciembre).
Por Auto de 20 marzo de 2018, el Tribunal Constitucional ha acordado mantener la suspensión del artículo 1.doce, que da nueva redacción al artículo 54.3 de la Ley 3/2001, artículo 1.catorce, que añade un nuevo apartado l) al artículo 58 de la Ley 3/2001, artículo 2, y disposición transitoria primera; y levantar la suspensión de artículo 1. uno, que da nueva redacción al artículo 1.1 de la Ley 3/2001, tres, en cuanto añade los apartados 13 y 15 al artículo 3 de la Ley 3/2001, cuatro, que añade un nuevo artículo 16 bis a la Ley 3/2001, y catorce, que añade un nuevo apartado m) al artículo 58 de la Ley 3/2001 («B.O.E.» 28 marzo).
El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ( PIDESC) establece que los Estados partes «reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento».
Esta ley supone un compendio de medidas sobre la vivienda deshabitada de primera residencia en manos de entidades financieras, con la pretensión de garantizar la verdadera función social de la vivienda, cuyo destino principal no es otro que el de servir de marco para el desarrollo de la vida personal y familiar de las personas y ser garantía de su intimidad, sin que, en ningún caso, entre esas funciones de la propiedad de las viviendas se incluya con carácter primario el derecho a especular con un bien tan esencial para el desarrollo de la dignidad de las personas, de los derechos inviolables que les son inherentes y del desarrollo de su personalidad que, de conformidad con el artículo 10.1.º de la Constitución, son fundamentos del orden político y de la paz social. De modo que corresponde a los poderes públicos, y en consecuencia a la Comunidad Autónoma de Extremadura, la promoción de las condiciones que garanticen la libertad y la igualdad de los individuos y la remoción de los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud ( artículo 9.2.º de la Constitución). La ley incluye, igualmente, una excepción temporalizada a la aplicación ordinaria del Decreto 115/2006, de 27 de junio, por el que se regula el procedimiento de adjudicación de viviendas de promoción pública de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con el objetivo fundamental de asegurar el derecho a una vivienda digna, en relación con el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas y sus familias afectadas por procedimientos de desahucios, a fin de que puedan continuar ocupando la vivienda cuya titularidad corresponde a la Junta de Extremadura, y previamente se les adjudicó a través del correspondiente procedimiento, mediante la habilitación de medios que permitan continuar en el uso de la misma, siempre que se cumplan los requisitos previstos que eviten conductas que afecten a la propia «paz social» del entorno en que la vivienda se ubica.
El Tribunal Constitucional ha considerado de forma clara y explícita, conforme al ordenamiento jurídico constitucional, las limitaciones que para el derecho a la propiedad suponen las regulaciones autonómicas que establecen derechos de tanteo y retracto de la Administración en relación con viviendas de protección pública: «En este caso, el sometimiento del titular de viviendas protegidas a los derechos de adquisición preferente responde claramente a una finalidad de interés general: el acceso a una vivienda digna por parte de personas necesitadas. La limitación coadyuva a este objetivo porque sirve a la evitación del fraude a las transacciones (el cobro de los sobreprecios en «negro») y a la generación de bolsas de vivienda protegida de titularidad pública. La limitación señalada se ampara de este modo en razones que, por lo demás, son particularmente poderosas al entroncar con un pilar constitucional: el compromiso de los poderes públicos por la promoción de las condiciones que aseguren la efectividad de la integración en la vida social ( artículo 9.2. CE), en general, y el acceso a una vivienda digna ( artículo 47 CE), en particular. Conecta igualmente con el mandato constitucional de protección social y económica de la familia ( artículo 39.1 CE), de la juventud ( artículo 48 CE), de la tercera edad ( artículo 50 CE), las personas con discapacidad ( artículo 49 CE) y los emigrantes retornados ( artículo 42 CE). Por otra parte, estos derechos de adquisición preferente, cuando se ejercen para evitar actuaciones fraudulentas, funcionan como mecanismo de control de la regularidad de las transmisiones por lo que el titular incumplidor está obligado a soportar los perjuicios consecuentes perjuicios que en modo alguno pueden reputarse sacrificios a los efectos de la indemnización prevista en el artículo 33.3. CE».
e) El depósito de las garantías que, en el marco de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos, deban establecerse en toda relación entre arrendatario y arrendador».
El Pleno del Tribunal Constitucional, por Providencia de 12 de diciembre de 2017, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 5659-2017, promovido por la Presidenta del Gobierno en funciones, contra el artículo 1, apartados uno (en cuanto modifica el artículo 1.1 de la Ley 3/2001, de 26 de abril, de la Calidad, Promoción y Acceso a la Vivienda de Extremadura), tres (en cuanto a la incorporación de los apartados 13 y 15 al artículo 3 de la Ley 3/2001), cuatro (al añadir un nuevo artículo 16 bis a la Ley 3/2001), doce y catorce [en cuanto a la introducción de los apartados l) y m) en el artículo 58 de la Ley 3/2001]; el artículo 2; y la disposición transitoria primera. Y se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso –21 de noviembre de 2017–, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros («B.O.E» 21 diciembre). Por Auto de 20 marzo de 2018, el Tribunal Constitucional ha acordado mantener la suspensión del artículo 1.doce, que da nueva redacción al artículo 54.3 de la Ley 3/2001, artículo 1.catorce, que añade un nuevo apartado l) al artículo 58 de la Ley 3/2001, artículo 2, y disposición transitoria primera; y levantar la suspensión de artículo 1. uno, que da nueva redacción al artículo 1.1 de la Ley 3/2001, tres, en cuanto añade los apartados 13 y 15 al artículo 3 de la Ley 3/2001, cuatro, que añade un nuevo artículo 16 bis a la Ley 3/2001, y catorce, que añade un nuevo apartado m) al artículo 58 de la Ley 3/2001 («B.O.E.» 28 marzo). Recurso de inconstitucionalidad n.º 5659-2017 (contra diversos preceptos de la Ley de la Asamblea de Extremadura 2/2017, de 17 de febrero, de Emergencia Social de la Vivienda de Extremadura) Recurso de inconstitucionalidad núm. 5659-2017 (contra determinados preceptos de la Ley 2/2017, de la Asamblea de Extremadura, de 17 de febrero, de Emergencia Social de la Vivienda de Extremadura)
«3. Entran en el ámbito de aplicación de la presente ley las actuaciones administrativas encaminadas a garantizar la función social de la vivienda».
La declaración de una vivienda como deshabitada exigirá su expresa declaración como tal, previa la tramitación de un procedimiento administrativo contradictorio».
«Artículo 16 bis Declaración de vivienda desocupada
4. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento contradictorio de declaración de vivienda como deshabitada. La instrucción del procedimiento corresponderá al órgano directivo competente en materia de vivienda y la resolución que declare el carácter de vivienda desocupada al/la titular de la Consejería con competencias en materia de vivienda».
«Artículo 16 ter Medidas de intermediación
Reglamentariamente se establecerán los estímulos, garantías, avales públicos y, en su caso, las funciones de intermediación para la puesta a disposición de las viviendas en las adecuadas condiciones de habitabilidad».
«Artículo 25 Intervención pública
1. La Junta de Extremadura velará para que toda vivienda libre, construida en el ámbito de la Comunidad Autónoma Extremeña, reúna los requisitos de calidad adecuados. Corresponde, igualmente, a la Junta de Extremadura velar por el cumplimiento de la función social de las viviendas libres».
La gestión de los depósitos de dichas fianzas podrá encomendarse a organismos públicos o empresas públicas, cuyo capital esté íntegramente participado por Administraciones públicas».
«4. Las fianzas ordenadas en el presente artículo constituyen un elemento de la política de vivienda, cuyos recursos se asignarán a los fondos para la protección del derecho de acceso a la vivienda. En particular, podrán destinarse a sufragar medidas de apoyo a los titulares de créditos en riesgo de ejecución hipotecaria, a medidas de fomento para propiciar el alquiler de viviendas deshabitadas, a ayuda a inquilinos en riesgo de desahucio, a la rehabilitación y ampliación del parque público de viviendas y a la adquisición de vivienda procedente de ejecuciones hipotecarias y daciones en pago».
i) La supervisión de las condiciones técnicas y el estado arquitectónico de las viviendas desocupadas».
«Artículo 49 El ejercicio del derecho de tanteo
En el supuesto de transmisiones consecuencia de procedimientos de ejecución patrimonial el plazo de pago será de dos meses».
«Artículo 50 El ejercicio del derecho de retracto
4. Cuando la enajenación de una vivienda protegida se realizase en escritura pública, el fedatario público deberá notificar a la Administración autonómica la transmisión mediante remisión de copia simple de la escritura, siempre que no le conste que ya hubiese sido previamente notificada».
«3. En orden al ejercicio de la potestad sancionadora, sólo se considerará vivienda deshabitada a los efectos previstos en el artículo 58.l de la presente ley, aquella cuya titularidad corresponda a una persona jurídica, salvo las excepciones contempladas en este apartado, constituida regular o irregularmente. Por titularidad, se entenderá aquella que recaiga, tanto sobre el pleno dominio de la vivienda como sobre una participación mayoritaria, en un condominio sobre la misma. Las viviendas deshabitadas de titularidad de personas físicas, así como las de entidades promotoras de vivienda, no serán objeto del ejercicio de la potestad sancionadora en los términos establecidos en el artículo 58.l de la presente ley».
h) La falta de sometimiento a la regularización de la fianza propuesta por la Administración».
r) No cumplir con las medidas contenidas en los códigos de buenas prácticas de las entidades financieras, cuando la entidad financiera se encuentre adherida a dicho código de buenas prácticas»
c) Las infracciones calificadas como muy graves podrán ser sancionadas con multas cuya cuantía será superior a cuarenta mil euros y no excederá de doscientos mil euros».
1. Por la presente ley, una vez agotadas todas las vías de solución habitacional en previsión de la menor afectación posible al mercado hipotecario, se declara de interés social y la necesidad de urgente ocupación, a los efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954 , la cobertura de la necesidad de vivienda de las personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucio por ejecución hipotecaria, a efectos de expropiación forzosa del usufructo de la vivienda objeto de éstos por un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha del lanzamiento acordado por el órgano jurisdiccional competente.
a) Se acredite que el lanzamiento ha sido suspendido por aplicación del Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo , o la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social .
2.º Que los demandantes se encuentren en situación de riesgo de exclusión residencial, entendiéndose en dicha situación, a efectos de la presente ley, a personas y unidades familiares que perciban unos ingresos inferiores al 130 % del Salario Mínimo Interprofesional calculado a doce pagas anuales si se trata de personas que viven solas, o unos ingresos inferiores a 170 % del Salario unos ingresos inferiores al 190 % del Salario Mínimo Interprofesional calculado a Mínimo Interprofesional calculado a doce pagas anuales si se trata de unidades de convivencia, o doce pagas anuales en caso de personas con discapacidades o con gran dependencia. En caso de que los ingresos sean superiores a 2 veces el IPREM calculado a catorce pagas anuales, la solicitud debe ir acompañada de un informe de servicios sociales que acredite el riesgo de exclusión residencial.
8. La persona beneficiaria quedará obligada al pago a la Administración expropiante de una cantidad en concepto de contribución al pago de justiprecio, en cuantía no superior al 30 % de los ingresos de la unidad familiar que conviva en la misma ni superior a la cuantía del justiprecio.
En caso de ser declarada concurrente la condición de beneficiario respecto de la concreta solicitud, el procedimiento expropiatorio continuará por los trámites previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa .
13. La valoración del justiprecio del derecho de usufructo temporal se realizará atendiendo, como criterios de valoración para su cálculo, al valor que tenga el inmueble cuando se haya provisionado o se vaya a provisionar en el balance de la entidad bancaria; o, en su caso, el precio aplicado al traspaso de los activos a la sociedad de gestión de activos procedentes de la reestructuración bancaria, creada en el marco de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre , como parte del proceso de reestructuración y saneamiento del sistema financiero español, de conformidad con los criterios establecidos por el Real Decreto Ley 2/2012, de 3 de febrero , sobre saneamiento del sector financiero.
Disposición adicional quinta derogada por la letra f) del número 1 de la disposición derogatoria única del Decreto Legislativo [EXTREMADURA] 1/2018, de 10 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos por el Estado. («D.O.E.» 23 mayo). Vigencia: 24 mayo 2018
Se introduce un artículo 17 bis a la Ley 7/2016, de 21 de junio (sic.), de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social.
«Artículo 17 bis Ayudas para familias afectadas por ejecuciones inmobiliarias no hipotecarias
2. La Junta de Extremadura preverá en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura una cuantía destinada a tal efecto que será creciente y nunca inferior a un millón de euros, adaptado a los estudios de exclusión social y pobreza».

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 16
 artículo 58
 artículo 2
 artículo 161
 artículo 1
 artículo 54
 artículo 1
 artículo 58
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 16
 artículo 58
 artículo 11
 artículo 10
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 47
 artículo 39
 artículo 48
 artículo 50
 artículo 49
 artículo 42
 artículo 33
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 16
 artículo 58
 artículo 2
 artículo 161
 artículo 1
 artículo 54
 artículo 1
 artículo 58
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 16
 artículo 58
 resolución 
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 52
 Real Decreto 
 artículo 52
 Real Decreto 
 artículo 17