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Timestamp: 2019-07-22 09:30:16+00:00

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SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO –UNIFICACIÓN DE DOCTRINA- de 31 de octubre de 2012
LOCALIZACIÓN http://www.poderjudicial.es/search/index.jsp Nº STS 7901/2012
Legitimación activa y adecuación del procedimiento de tutela de libertad sindical.- Los delegados sindicales del artículo 10 LOLS, que ostentan también la condición de miembros del comité de empresa, están legitimados para denunciar vulneración de la libertad sindical por defectuoso funcionamiento de dicho organismo representativo que le impide o dificulta el ejercicio del derecho a la actividad sindical [artículo 2.1.d) LOLS]. El comité de empresa no es un organismo de representación sindical pero, cuando están presentes en su seno "delegados sindicales" del artículo 10 LOLS, es un espacio o ámbito de desarrollo de la actividad sindical
PONENTE: Excmo. Sr. MARTÍN VALVERDE
PRIMERO .- La cuestión que plantea el presente recurso de casación para unificación de doctrina consiste en determinar si la reclamación de la demandante, que es delegada sindical y miembro del comité de empresa de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, puede canalizarse por la vía especial de la tutela de la libertad sindical, como ha pretendido la actora, o sólo puede encauzarse por el procedimiento laboral ordinario. Estrechamente unido al tema de la adecuación o inadecuación de procedimiento jurisdiccional utilizado se encuentra en el presente litigio, por las razones que se verán luego, el tema de la titularidad del derecho de libertad sindical ejercitado y de la consiguiente legitimación activa para hacerlo valer en los órganos de la jurisdicción social.
La solicitud de justicia con la que concluye la demanda origen del pleito contiene las siguientes peticiones: 1) "el cese inmediato del deficiente y anómalo funcionamiento del comité de empresa, que impide el ejercicio de la función representativa y sindical de la demandante, condenándolo expresamente a la inmediata convocatoria de reunión a todos y cada uno de sus miembros"; 2) "que se declare la obligación del comité de empresa conforme al mandato establecido en el artículo 66.2 del Estatuto de los Trabajadores, a convocar y celebrar como mínimo una reunión bimensual"; y 3) "que se declaren las consecuencias derivadas de esta conducta, incluidos los daños y perjuicios que se determinen en su momento". Consta en la sentencia recurrida una "ampliación de la demanda" en la que se cifran los alegados daños y perjuicios y los concretos demandados a los que se reclaman las indemnizaciones (hecho probado 20º).
En el detallado relato de hechos probados de la sentencia de instancia, que no ha sido modificado en la sentencia recurrida por las razones que se explicarán luego, consta una serie de circunstancias relativas a la condición de la demandante y a la conducta que ha dado lugar a su reclamación que conviene referir para dar la respuesta en derecho que el asunto requiere.
En cuanto a las circunstancias subjetivas de la actora, los hechos relevantes son los siguientes: a) la demandante fue elegida para el comité de empresa de la Consejería de Igualdad Y Bienestar Social de la Junta de Andalucía "en las listas del sindicato USTEA" (hecho probado 1º), "por el colegio de técnicos y administrativos" (hecho probado 2º); b) el citado comité de empresa está compuesto por 21 miembros (hecho probado 2º), lo que, de acuerdo con el artículo 66.1.e) del Estatuto de los Trabajadores (ET), corresponde a una unidad de representación entre 751 y mil trabajadores; c) la actora une a la "condición de representante unitario" la de delegada "sindical" (hecho probado 1º); d) esta "condición de delegada sindical de la actora en el comité de empresa" ha sido "renovada" por el sindicato USTEA en fecha 3-9-2009 (hecho probado 18º).
En cuanto a las conductas denunciadas por la actora, que significarían a su juicio lesión de su derecho a la libertad sindical, figuran en la versión judicial de los hechos los siguientes datos: e) el comité de empresa, elegido el 21 de mayo de 2007 (hecho probado 2º), se constituyó el 26 de junio del mismo año (hecho probado 3º); f) después de su constitución constan en hechos probados dos reuniones del órgano de representación colectiva, una en 26 de noviembre de 2007 (hechos probados 6º y 8º) y otra el 19 de junio de 2009 (hecho probado 12º); g) el reglamento del comité de empresa ha previsto la creación de una "comisión permanente", facultándola "ampliamente" para la "adopción de todos los acuerdos que no estén reservados legal o convencionalmente al pleno" así como para "conocer y decidir sobre aquellas iniciativas y reclamaciones de los trabajadores o propuestas de negociación de la Administración que, por su entidad o urgencia, no admitan dilación hasta el siguiente pleno del comité" (hecho probado 14º); h) "esta comisión permanente se reúne los jueves de cada semana y sus cuatro componentes pertenecen al sindicato UGT" (hecho probado 14º), que es el sindicato mayoritario en la unidad de representación (hecho probado 2º); e i) en el año 2002 fue dictada sentencia a instancia de los sindicatos CC.OO. y CSI-CSIF, por el cauce del proceso de tutela de la libertad sindical, declarando vulneración de tal derecho fundamental, con la consiguiente condena al propio comité de empresa codemandado, por diversos defectos de funcionamiento de este organismo representativo, coincidentes en buena parte con los ahora denunciados (hecho probado 16º).
SEGUNDO .- La sentencia recurrida se ha inclinado por descartar la vía del proceso de tutela del derecho de libertad sindical, apreciando "de oficio la inadecuación de procedimiento", con revocación de la sentencia dictada en el pleito por el Juzgado de lo Social. Ha entendido la Sala de lo Social de Málaga que la actora no es titular o "depositaria" del derecho cuya tutela impetra, quedando reducido el problema planteado en el pleito "a una mera cuestión de legalidad ordinaria y fuera por tanto del objeto de este procedimiento especial". Esta tesis se sostiene en el argumento de que "la titularidad del derecho fundamental... y por ende la legitimación activa para defenderlo no corresponde a los órganos de representación unitaria", como el comité de empresa.
Para el juicio de contradicción se ha aportado una sentencia de la Sala de lo Social de Aragón de fecha 26 de noviembre de 2001que, en un asunto sustancialmente igual de reclamación concerniente al funcionamiento de las representaciones colectivas de los trabajadores, por parte de quien ostenta la doble condición de delegado sindical y miembro del comité de empresa, ha resuelto en sentido opuesto. La Sala de Aragón viene a decir que la consideración del proceso de tutela de la libertad sindical como proceso de cognición limitada obliga a su tramitación por el cauce elegido, con independencia de que se reconozca o no la vulneración denunciada.
No es obstáculo para la apreciación de contradicción entre las sentencias comparadas que las deficiencias de funcionamiento y participación denunciadas en una y otra sentencia sean parecidas aunque no exactamente las mismas. La sustancial identidad de los litigios comparados se sustenta en dos firmes puntos de apoyo. Uno es la condición no sólo de miembro del comité de empresa sino también de delegado sindical de las personas que han interpuesto las respectivas demandas. El otro es la denuncia en tal doble condición de un comportamiento del organismo representativo que pudiera infringir la legalidad vigente.
Debemos entrar, en suma, en la decisión de la cuestión planteada en el recurso.
TERCERO .- Es cierto que, de acuerdo con jurisprudencia constante del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, el comité de empresa no es titular del derecho de libertad sindical. Pero no es menos verdad que, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS), en el comité de empresa pueden estar presentes, a partir del umbral de 250 trabajadores representados, "delegados sindicales", a los que se encarga entre otros cometidos la defensa de los intereses de los afiliados a los distintos sindicatos en el seno de dicho organismo representativo. A tal efecto, el propio artículo 10 LOLS(apartado 3.2º) les reconoce, entre otros, el derecho de "asistir a las reuniones del comité de empresa".
La presencia de "delegados sindicales" de los distintos sindicatos en el comité de empresa no convierte a éste en un organismo de representación sindical pero sí le asigna la condición de espacio o ámbito donde se desarrolla la actividad sindical. Ello es así porque, a diferencia de otros sistemas de representación de los trabajadores inspirados en el principio de atribución exclusiva de representación a un "sindicato mayoritario", el ordenamiento español está informado por el principio de "representación proporcional", de acuerdo con el cual la posición colectiva del personal o de grupos determinados de trabajadores es adoptada por órganos colegiados de los que pueden formar parte miembros de distintas representaciones colectivas o sindicales, adoptándose las decisiones mediante la síntesis o la suma de una pluralidad de representantes.
Sentada la premisa anterior, no resulta difícil reconocer que la acción ejercitada por la actora en el presente litigio tiene por objeto la tutela de la libertad sindical. Su condición subjetiva no es la de mero miembro del comité de empresa, sino también la de delegada sindical del artículo 10 LOLS. Y la lesión de derechos que denuncia es la imposibilidad o dificultad de ejercer en el seno del comité de empresa su "derecho a la actividad sindical", reconocido en el artículo 2.1.d) de la propia LOLS. Es verdad que una de las normas que se invoca como infringida es el precepto legal sobre la periodicidad mínima de las reuniones del comité de empresa ( artículo 66.2 párrafo final del Estatuto de los Trabajadores). Pero, a la vista del artículo 10.3.2º LOLS, tal infracción es el presupuesto de la lesión de los artículos 2 LOLSy 28.1 CE, cuya conculcación también se ha denunciado de manera expresa.
A las consideraciones anteriores debe añadirse que la doctrina sentada en esta sentencia es acorde con la jurisprudencia de esta Sala, sentada en numerosas sentencias a partir de STS 14-7-2006 recurso nº 196/2005(a la que han seguido entre otras STS 18-7-2006 recurso nº 1005/2005, STS 30-10-2007 recurso nº 116/2007y STS 9-5-2008 recurso nº 164/2007), según la cual el ámbito objetivo de la modalidad procesal de tutela de la libertad sindical comprende las pretensiones amparadas directamente en el artículo 28 de la Constitucióno en preceptos de la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
CUARTO .- La conclusión del razonamiento es que el procedimiento jurisdiccional de tutela de libertad sindical elegido por la actora es adecuado para canalizar su petición. El recurso, en conclusión, debe ser estimado.
La sentencia estimatoria de unificación de doctrina obliga a resolver el debate de suplicación con arreglo a la doctrina unificada. Ello supone en el caso devolver las actuaciones a la Salaa quo para que, sobre la base de la adecuación del procedimiento, resuelva con libertad de criterio todas las restantes cuestiones planteadas en el recurso de suplicación; entre ellas, como es lógico, los motivos de revisión fáctica propuestos en los recursos entablados por las entidades codemandadas: el comité de empresa (condenado en la instancia en la persona de su presidenta), el sindicato UGT (también condenado en la instancia) y la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía

References: artículo 10
 artículo 10
 artículo 66
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 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 2
 artículo 66
 artículo 10
 artículo 28