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Timestamp: 2019-05-25 17:41:44+00:00

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﻿ SENTENCIA C-392 DE MAYO 24 DE 2006
SENTENCIA C-392 DE 24 DE MAYO DE 2006
CONTENIDO:VENCIMIENTO DEL TÉRMINO EN EL PROCESO PENAL. SE DECLARA EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN "PENAL" CONTENIDA EN EL INCISO TERCERO DEL ARTÍCULO 294 DE LA LEY 906 DE 2004.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD, DURACIÓN DE LA AUDIENCIA PROCESAL, AUDIENCIA PREPARATORIA, FORMULACIÓN DE CARGOS
Sentencia C-392 de mayo 24 de 2006
Sentencia C-392 de 2006
Ref.: Expediente D-5996
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 294, parcial, de la Ley 906 de 2004, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 40-6, 241-4 y 242-1 de la Constitución Política, el ciudadano Diego León Bedoya Jaramillo solicita a la Corte Constitucional la declaración de inexequibilidad parcial del artículo 294 de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, por considerar que vulnera los artículos 28 y 83 de la Constitución Política.
2. Alcance normativo de la disposición acusada.
Se observa, entonces, que después de formulada la imputación, el fiscal del caso cuenta con 30 días para: i) formular la acusación; ii) dar aplicación al principio de oportunidad o iii) solicitar la preclusión ante el juez de conocimiento. Si pasado este lapso no adopta alguna de tales decisiones, según el artículo 294 parcialmente impugnado, el fiscal pierde la competencia y el superior deberá designar un nuevo fiscal para que en un término igual adopte la decisión respectiva.
En este evento el superior designará un nuevo fiscal quien deberá adoptar la decisión que corresponda en el término de treinta (30) días, contados a partir del momento en que se le asigne el caso. Vencido el plazo, si la situación permanece sin definición, el imputado quedará en libertad inmediata, y la defensa o el Ministerio Público solicitará la preclusión al juez de conocimiento.
Esta norma pone en evidencia las consecuencias procesales derivadas de omitir el deber de decidir en el plazo que ella establece. Así, el vencimiento de los términos es causal de libertad y de preclusión de la investigación (1) , haciendo que el Estado pierda la facultad de continuar con el ejercicio de la acción penal debido a la omisión del fiscal, quien tiene el deber de investigar y decidir en los términos que le establece la ley.
En las hipótesis en las cuales podría predicarse la responsabilidad penal del imputado y debido a la inactividad del fiscal hubiera que ordenar la preclusión de la investigación, estaríamos frente a una situación de impunidad originada en la inactividad del funcionario respectivo, si se tiene en cuenta que el artículo 334 (2) de la Ley 906 de 2004, prevé que la preclusión implica que cesa la persecución penal en contra del imputado y que esta decisión tiene efectos de cosa juzgada.
3. Examen de constitucionalidad de la norma parcialmente impugnada.
Para la Sala, el fundamento constitucional del deber de dar aviso en los términos previstos en la norma acusada, se encuentra en el artículo 95, numeral 7º de la Carta Política, según el cual es deber de la persona y del ciudadano, comprendido en esta categoría el servidor público, “7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de justicia”. Además, respecto del deber de que trata el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal, la Sala considera que se trata de un imperativo derivado del artículo 92 superior, que establece:
“Deber de denunciar. Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio.
“La administración de justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo (se destaca).
“Deberes. Son deberes comunes de todos los servidores públicos, funcionarios judiciales e intervinientes en el proceso penal, en el ámbito de sus respectivas competencias y atribuciones, los siguientes:
1. Resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional (…)”.
El proceso judicial, cuyas garantías se encuentran genéricamente señaladas en el artículo 29 de la Carta Política, interesa a las instituciones estatales, a quienes son parte en el proceso y, en forma especial, a la sociedad quien de manera directa o indirecta es titular de algunos de los derechos vinculados a los resultados del respectivo trámite. Por esta razón, el constituyente y el legislador han previsto mecanismos de control jurídico en relación con las autoridades encargadas de dirigir los procesos, estableciendo consecuencias para el caso en que la inactividad, la negligencia o la omisión de los deberes, acarree atentado contra los derechos de las partes vinculadas al trámite, como también de los derechos de quienes conforman la sociedad, pues estos tendrán interés en conocer acerca de la manera como se comporta la organización estatal encargada de impartir justicia.
“ART. 414.—Prevaricato por omisión. El servidor público que omita, retarde, rehuse o deniegue un acto propio de sus funciones, incurrirá en prisión de treinta y dos (32) a noventa (90) meses, multa de trece punto treinta y tres (13.33) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por ochenta (80) meses”.
Sin embargo, contrario a lo que considera el demandante, el hecho objetivo de retardar un acto propio de sus funciones no es suficiente para imponer la sanción prevista en la norma transcrita, toda vez que la Ley 599 de 2000 —Código Penal—, prevé en su artículo 9º:
“Conducta punible. Para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado (…)”.
Una vez la autoridad da aviso al fiscal delegado correspondiente, este debe iniciar la investigación(3) Acerca de los deberes de la Fiscalía General de la Nación, el artículo 250 de la Constitución Política establece:
“Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o con fundamento en denuncia, petición especial o querella, desarrollar las investigaciones de los hechos que puedan constituir delitos y acusar ante los jueces de la República, cuando fuere el caso, a los presuntos infractores de la ley penal. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio”.
3 tendiente a determinar las circunstancias dentro de las cuales ocurrió el hecho descrito en el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal; estas pesquisas servirán para establecer si quien dejó vencer los términos debe ser juzgado por el delito tipificado mediante el artículo 414 del Código Penal. Es decir, el “vencimiento de términos”, solo podrá ser sancionado si la conducta, además de típica, resulta antijurídica y culpable.
Por esta razón, la expresión “penal” contenida en la norma demandada, no contradice lo dispuesto en el artículo 28 superior, sino que, por el contrario, contribuye a precisar las circunstancias dentro de las cuales la persona podrá ver limitada su libertad personal, circunstancias que, en el presente caso, estarán asociadas a la presunta comisión de un delito.
Declarar EXEQUIBLE la expresión “penal” contenida en el inciso tercero del artículo 294 de la Ley 906 de 2004 —Código de Procedimiento Penal—.
Magistrados: Jaime Córdoba Triviño—Jaime Araújo Rentería—Alfredo Beltrán Sierra—Manuel José Cepeda Espinosa—Rodrigo Escobar Gil—Marco Gerardo Monroy Cabra—Humberto Antonio Sierra Porto—Álvaro Tafur Galvis—Clara Inés Vargas Hernández.
(1) En concordancia con la norma transcrita, los artículos 317, numeral 4º y 332, numeral 7º de la ley 906 de 2004, establecen:
(2) El texto de esta disposición es el siguiente:
Acerca de los deberes de la Fiscalía General de la Nación, el artículo 250 de la Constitución Política establece:

References: ARTÍCULO 294
 artículo 294
 artículo 294
 artículo 294
 artículo 334
 artículo 95
 artículo 294
 artículo 92
 artículo 29
 artículo 9
 artículo 250
 artículo 294
 artículo 414
 artículo 28
 artículo 294
 artículo 250