Source: https://corruptosbol.blogspot.com/2017/06/
Timestamp: 2018-02-20 03:41:48+00:00

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CORRUPCION EN BOLIVIA: junio 2017
León dice que Zapata va a juicio corto por acuerdo político
Gabriela Zapata solicitó juicio abreviado en el proceso que se le sigue por trata de personas. Eduardo León, su ex abogado, consideró que la ex novia del presidente Evo Morales logró un acuerdo político para salir lo antes posible de la cárcel.
"No me sorprende es parte de acuerdo político y judicial, para buscar una pena mínima para Gabriela Zapata, además para no llegar al fondo del asunto, que es determinar quien o quienes respaldaban a esta señora. Ahora solo falta que la condecoren y la declaren mártir", dijo el jurista según radio Fides.
El abogado Marcelo Tamayo informó que su defendida, la ex gerente de la empresa China CAMC, "es una mujer, madre de familia, joven y que requiere estar en presencia de su hija" de seis años, por lo que busca acortar su pena con el procedimiento corto.
La mujer es acusada de la suplantación de un menor, que fue presentado como el supuesto hijo que tuvo con Evo, ante una juez de la Niñez y Adolescencia en abril de 2016.
"Gabriela tiene la percepción de que con una alternativa (de juicio abreviado) puede viabilizar en algún momento su libertad", explicó el abogado de Zapata. Aún se espera saber si el Ministerio Público acepta o no dicho proceso corto.
Caso de trata Zapata solicitó proceso abreviado para salir libre
La expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, presentó el lunes una solicitud para someterse a proceso abreviado, dentro del caso de trata de personas donde se investiga la suplantación del hijo que el mandatario reconoció, según el certificado de nacimiento emitido el 30 de abril de 2007, en Cochabamba.
Según confirmó a EL DIARIO, Marcelo Tamayo, abogado de Zapata, el recurso fue presentado ante la Fiscalía Departamental de La Paz y ahora están a la espera de la respuesta de la fiscal asignada al caso, Karina Cuba.
“Hay que recordar que esta es una salida alternativa, pero no lo estamos haciendo en el afán de buscar la culpabilidad de la señora Gabriela Zapata, sino de buscar justo una salida, porque ella está muy afectada por todo esto”, aseguró Tamayo.
SOLO ENCUBRIMIENTO
Zapata, también exgerente comercial de la Empresa China CAMC, en caso de que la fiscal Cuba conceda su pedido, admitiría la comisión de trata de personas en el grado de encubrimiento, delito por el que espera se le conceda la pena mínima.
Tamayo evitó explicar cuál sería la relación de hechos que admitiría su cliente ni sobre quiénes recaería la autoría del delito de trata de personas y señaló que la información es una atribución de la fiscal Cuba.
Tamayo también atribuyó esta determinación al hecho de que el abogado Eduardo León, uno de los imputados, ha mediatizado el caso.
En respuesta, el abogado León que cuenta con detención domiciliaria calificó la estrategia de Zapata como “un plan político ejecutado por un consorcio de abogados, fiscales, jueces y políticos, donde el abogado de Zapata es parte y además los abogados de Ximena Fortún y Carmen Arce, también son de ese grupo”, aseveró.
En mayo de 2016, la juez de familia Jacqueline Rada dictaminó “improbada la existencia del menor” y que ante ella se presentó un niño de distintas características físicas y de edad diferente a las que se afirma tendría el hijo de Morales.
A raíz de la presunta suplantación, se presentó un proceso penal por trata de personas y se envió a la cárcel a varios allegados de Zapata. Entre ellos, los tres abogados que en ese momento defendían a Zapata: William Sánchez, Walter Zuleta y Eduardo León, de los que sólo último dio la cara y niega haber participado en el caso.
Al momento, están detenidos la “tía espiritual” de Zapata, Pilar Guzmán; su hijo Claudio Rivera; Ximena Fortun, María del Carmen Arce y el padre del menor de cinco años que fue utilizado, Víctor Vega. En tanto, la madre, Isela Chávez, fue la primera en salir libre por someterse a un proceso abreviado.
Por este caso figuran como prófugos de la Justicia Sánchez y Zuleta, además de la exdiputada de Unidad Nacional, Cinthya Perou.
Por presunta corrupción Exgerente técnico de Bolivia Tv es enviado a San Pedro
La juez tercero anticorrupción de La Paz, Claudia Castro, determinó ayer la detención preventiva, en la cárcel de San Pedro del ex gerente técnico del canal estatal Bolivia TV, Rubén Márquez, imputado por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, por su presunta participación en el irregular proceso de contratación de la empresa “Autored SRL” para la implementación de un proyecto televisivo.
Fabiola Rollano, gerente general de Bolivia TV, recordó que en este primer caso existen 10 personas investigadas por un contrato de Bs 28 millones. La ministra de Comunicación, Gísela López, denunció irregularidades en cinco contratos por un valor de Bs 31 millones, por lo que se investiga a mandos medios y superiores del canal estatal.
En la audiencia de medidas cautelares, la comisión de fiscales conformada por Erlan Almanza y Ramiro Jarandilla fundamentó la imputación basada en la solicitud del ex gerente técnico para iniciar el proyecto denominado "Provisión, instalación y puesta en marcha de sistemas televisivos e informáticos, proyectos de desarrollo de tecnologías de información y comunicación para la inclusión social", que fue adjudicado mediante invitación directa a la empresa Autored.
"De acuerdo con la investigación, el imputado ha sido miembro de la comisión del proceso de contratación antes, durante y después de la firma del contrato a través de órdenes para hacer efectivos los pagos en los porcentajes pactados con la empresa Autored”, explicó Almanza.
Según el representante del Ministerio Público, la licitación no fue publicada en el Sistema de Contrataciones Estatales, como establece el Manual de Operaciones, a partir de montos mayores a 20.000 bolivianos.
La falta de transparencia en Yacimientos Petrolíferos fiscales Bolivianos (YPFB) generó dudas sobre su gestión y abrió serias interrogantes acerca de recurrentes prácticas de corrupción, opinó el exministro de Hidrocarburos en el Gobierno de Carlos Mesa, Francesco Zaratti.
Sostuvo que esta situación no permitirá el desarrollo de la empresa estatal y, por lo tanto, necesitará un nuevo diseño institucional.
En los últimos meses, varios analistas cuestionaron también las decisiones del expresidente Guillermo Achá, quien eliminó repentinamente, hace meses, la exhibición televisiva del portal de YPFB – Transportes, en particular sobre los envíos de gas natural a Brasil y Argentina.
El exministro Carlos Morales denunció en sus artículos de opinión la actitud de Achá, al igual que su colega, Hugo del Granado. Desde mediados del año pasado, la situación informativa se volvió más crítica en la empresa.
Achá, asimismo, se resistió a dar información a la prensa sobre los costos recuperables que la estatal petrolera reconoce a las empresas petroleras por la entrega de gas a YPFB, en su condición de agregador de los envíos del hidrocarburo a los mercados externos.
“ERRORES ADMINISTRATIVOS”
Como resultado de al menos tres irregularidades, el pasado martes, YPFB anuló el contrato de la construcción de la planta de Propileno y Polipropileno, a ello hay que sumar la frustrada compra de taladros a la firma italiana, Drilmec, cuyo caso se sustancia en el Ministerio Público por gravísimas irregularidades incurridas en el proceso de adjudicación y que eran de conocimiento del titular de la empresa. Las autoridades dispusieron la detención domiciliaria al expresidente de YPFB, Guillermo Achá, aunque la oposición y la propia Fiscalía apelaron la decisión del juez, Hugo Huacani.
Zaratti, en declaraciones a una emisora local, cuestionó ayer el accionar de YPFB, empresa bandera del país, y la ausencia de transparencia en sus actos administrativos. Por ejemplo, mencionó que la oficina central (Casa Matriz) tiene subsidiarias para la exploración de hidrocarburos, pero adquiere taladros para la misma tarea, a pesar de contar con, YPFB Andina y YPFB Chaco.
Lamentó que YPFB no cotice acciones en la Bolsa, y al estar ausente del movimiento bursátil en el país, no muestra indicadores de eficiencia, ni de su situación en los balances anuales. Ante estos hechos, Zaratti recomendó una pausa en el manejo administrativo de la compañía estatal, para mejorar la transparencia en todas sus actividades, tanto productivas como administrativas.
Por ejemplo, una empresa extranjera –dijo– necesita conocer el estado de su socio, a tiempo de señalar que –al parecer– falta una política de Gobierno para transparentar la información, y de esta manera, se evitaría los hechos de corrupción, registrados en los últimos meses, indicó.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) hizo tres observaciones al proceso de contratación del “Servicio FEED-EPC, del proyecto de construcción de Plantas de Propileno y Polipropileno", iniciado en la gestión de Guillermo Achá, cuyas irregularidades habrían provocado la anulación del mismo. La obra debió estar a cargo del consorcio ítalo español, Tecnimot - Técnicas Reunidas.
La decisión de anular ese proceso se hizo antes de la firma del contrato, conforme establece el Reglamento de Contrataciones, por lo que no llegó a causarse perjuicio a los intereses de la empresa, señaló una nota de prensa de la estatal petrolera.
La autoridad jurisdiccional dispuso ayer la detención preventiva en el penal de San Pedro del exgerente técnico de Bolivia TV Darío Márquez, por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
La ministra de Comunicación, Gisela López, presentó una denuncia ante el Ministerio Público por un ilícito de 25 millones de bolivianos en la estatal televisiva por un proyecto de fortalecimiento institucional de mejora de servicios televisivos, innovación tecnológica y unidades móviles en HD.
El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, informó que el Ministerio Público solicitó al Juzgado Tercero Cautelar la medida extrema para el investigado por existir suficientes indicios de responsabilidad en la adquisición de equipos para el canal estatal.
“Se ha pedido la medida extrema de la detención preventiva porque de los indicios que se han logrado colectar no habría cumplido con sus deberes. Como gerente técnico debería haber asegurado que los equipos entregados a BTV cumplan con todas las especificaciones, aspecto que no se ha cumplido”, manifestó.
La gerenta de Bolivia TV, Fabiola Rollano, evitó referirse a la decisión y señaló que la presunta irregularidad está en manos del Ministerio Público y la justicia. “Se trata de una primera denuncia formal y el resto todavía está en investigación”, precisó.
La auditoría nacional que se lleva adelante por los malos manejos detectados en la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) ha provocado que una decena de causas penales se ventilen en la justicia ordinaria. Hay 15 personas procesadas, la mayoría exfuncionarios de la institución encargada de cuidar los bienes secuestrados al narcotráfico, de las cuales tres están detenidas en el penal de Palmasola y una huyó del país.
La revelación de estos datos fue hecha por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, durante su presentación en la Cámara de Senadores a solicitud de la asambleísta Jeanine Áñez, que pidió un informe oral sobre el tema Dircabi.
Romero, durante la hora de su explicación, mostró las cifras sobre los bienes que estaban en manos de los narcos y que desde 1977 maneja la institución, que se ha visto envuelta en hechos de corrupción por la disposición irregular de las propiedades, vehículos y demás enseres que tenían en su poder los traficantes.
La senadora Áñez dijo que debido al corto tiempo que hubo para el informe, Romero solo se dedicó a explicar lo que le interesaba, dejando de lado y sin respuestas los cuestionamientos vinculados a las personas involucradas en la corrupción de la institución que depende de su ministerio.
“Queríamos que nos explique cuál es el procedimiento que se usa para el ingreso de bienes en Dircabi y cuántos fueron los empleados involucrados en hechos irregulares que están en la institución”, apuntó la senadora por Beni.
Áñez señaló que se han quedado con muchas dudas sobre el proceso de auditoría que se ejecuta y que esperarán la remisión de los documentos que expuso Romero en la Cámara de Senadores, “para poder fiscalizar este procedimiento y hacer el seguimiento necesario a este caso”.
Para la asambleísta lo que ha quedado claro es que Dircabi no tiene la capacidad suficiente para administrar los bienes secuestrados a los traficantes de droga y que es necesario llevar adelante una reingeniería de esta institución. “Todo en Dircabi es irregular”, apuntó.
Por su parte, la senadora pandina Carmen Eva González calificó como un “saludo a la aurora” la presencia de Romero en el Senado y todas las explicaciones ofrecidas.
“Para mí no ha respondido nada. Ha desviado la atención y ha recordado situaciones de otros temas”, apuntó la legisladora que el miércoles 9 de agosto tendrá la oportunidad de hacer nuevos cuestionamientos sobre los malos manejos en Dircabi, ya que programaron para esa fecha, a las 8:00, la audiencia de interpelación a Romero en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Avance de inventario
De acuerdo con los datos que presentó Romero a los senadores, desde 1977 hasta mayo de este año, Dircabi ha recibido 26.308 bienes, de los cuales 4.567 han sido monetizados, generando $us 4,5 millones.
El ministro demostró, basado en los datos estadísticos que expuso, que entre 2012 y lo que va del año se han monetizado más bienes que los 35 años anteriores, ya que durante la gestión que él ha estado al frente del Ministerio de Gobierno se han recibido 5.092 bienes incautados al narcotráfico, de los cuales 2.606 fueron rematados o vendidos generando más de $us 3,2 millones.
Romero también dijo que en la normativa que reemplazará a la ley 1008, se establece que será Dircabi la entidad descentralizada encargada de confiscar los bienes que son secuestrados a los traficantes, mientras los procesos penales de los involucrados en estos actos ilícitos serán llevados por cuerda separada para no tener que esperar, como sucede ahora, que las causas se ejecutoríen y recién poder hacer uso de los objetos (inmuebles, vehículos, dinero y otros enseres) que los narcos adquirieron con las ganancias ilícitas de su actividad.
El ministro dijo que serán juzgados especializados en esta temática los encargados de sustanciar estos pedidos en un menor tiempo.
Por otro lado, se conoció que mañana saldrá una comisión de la Policía y de la Fiscalía a San Julián y a San Ramón para rescatar 21 motorizados que están en manos de terceros y que figuran como parte del inventario de Dircabi.
Zvonko Matkovic Fleig declaró como testigo de descargo en el juicio por terrorismo que lleva el Ministerio Público. Manifestó ante el tribunal de Sixto Fernández que sufrió permanente acoso con fines extorsivos por el exfiscal Marcelo Sosa y otros personajes para sacarle dinero a cambio de mejorar la situación jurídica de su hijo Zvonko Matkovic Ribera que ya lleva 8 años preso en la cárcel acusado de terrorismo.
Tras el ataque al hotel Las Américas el 16 de abril de 2009, Matkovic dijo que su hijo fue detenido y que en primera instancia el abogado Leonardo Pereira Manacho, le extorsionó junto al fiscal Sosa con $us 50.000 para darle arresto domiciliario a su hijo. Luego dijo que Antonio Amelunge le pidió $us 200.000 para favorecerlo a su hijo pero que no tuvo el dinero para darle. En otra ocasión dijo que Grover Gutiérrez llegó a su casa y también le pidió $us 200.000 pero que no le entregó porque no tenía.
Finalmente a través de su abogado Rafael Amador, indicó que pagó $us 60.000 en partes de $us 20.000. Significa que dio $us 110.000. Confirmó que antes del ataque a Las Américas recibió en su propiedad Rancho Zeta a cinco extranjeros pero que no los conoció.
El fiscal Marco Rodríguez aseveró que el testimonio del testigo no fue determinante porque no llegó a desvirtuar la esencia de la acusación. Dijo que confirmó la hipótesis.
El abogado Eduardo León declaró ayer que se trata de lavar la imagen del presidente Evo Morales y de ensuciar la suya, implicándole en el caso de trata que se sigue contra la expareja del mandatario, en la que se señala que la Fiscalía está ignorando pruebas con el fin de beneficiarla.
Dos recibos de dinero, uno por 3.000 y el otro por 5.000 dólares, son algunas de las pruebas que León presentará ante la Fiscalía, para demonstrar su inocencia dentro del caso de trata de personas, en la se suplantó al hijo que el presidente Morales reconoció como suyo en 2007, en su relación con Gabriela Zapata, como lo probaría un certificado de nacimiento emitido en Cochabamba.
El exabogado de Zapata afirma que la Fiscalía esconde estas pruebas, con la pretensión de beneficiar a la expareja del presidente y a otras personas, de quienes afirma que son representadas por un grupo de abogados ligados al Gobierno.
En uno de los recibos se precisa que la hija del exjefe de ADN, Guillermo Fortún, Ximena, por “instrucciones” de la propia Zapata, entrega $us 5.000 a la denominada “tía de cariño” Pilar Guzmán.
Aclara que el dinero procede de un préstamo que realizó Víctor Vázquez Coca a Zapata, quien dejó como garantía los papeles originales de un vehículo marca Mercedes Benz C300, con placa de control 3624-DTB.
En el segundo recibo, bajo el mismo formato de redacción y con las mismas aclaraciones sobre la procedencia del dinero, Ximena Fortún entrega $us 3.000 a la otra “tía” de Zapata, Carmen Arce.
“No es que la Fiscalía no tiene conocimiento, solamente que por conveniencia de la señora Gabriela Zapata y de algunas imputadas que están siendo patrocinadas por un mismo clan delictivos de abogados, están ocultando la prueba”, afirmó León a EL DIARIO.
El exabogado de la gerente comercial de la China CAMC, asevera que estos dos recibos prueban que él no tiene participación en la manipulación de un niño que se pretendía hacer pasar por Ernesto Fidel, el hijo que reconoció Morales como suyo, según figura el certificado de nacimiento emitido en 2007, en Cochabamba.
El abogado León afirmó que los dos recibos, emitidos el cinco de mayo de 2016, coinciden con la fecha en que se pretendía presentar a otro niño ante la cadena de internacional de televisión CNN, según los datos de las cámaras de seguridad del hotel donde se debía realizar el contacto con los periodistas estadounidenses.
Caso Taladros Drillmec – YPFB Rechazo a apelación de exgerente Corporativa Legal de YPFB
Los miembros de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz determinaron rechazar parcialmente la apelación a la detención preventiva que presentó la defensa de Cynthia Novillo, exgerente Corporativa Legal de YPFB, según confirmó su abogado Gustavo Ayala.
Novillo es una de las ocho personas que fueron sometidas a medidas cautelares, siete de las cuales se encuentran detenidas en los penales de Santa Cruz y La Paz, dentro del caso que la Fiscalía sigue para esclarecer si existieron o no irregularidades en el proceso de adjudicación de contrato a la empresa Italiana Drillemec SPA, para la compra de tres taladros, por un valor de 148.8 millones de dólares.
El abogado precisó que en la audiencia, que se realizó el lunes por la tarde, la Sala Penal Cuarta ratificó en parte el fallo emitido por la juez titular del caso Cuarto de Anticorrupción, Melina Lima, quien había determinado la detención preventiva de Novillo en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, hace tres semanas.
En este sentido, explicó que si bien se ratificó la detención de su cliente, se logró desvirtuar un riesgo procesal sobre el hecho de que Novillo no se presentó de manera voluntaria al proceso, siendo este un caso público, como lo afirma la Comisión de Fiscales, compuesta por Ruddy Terrazas y Ramiro Jarandilla.
Señaló que la Fiscalía incurrió en un exceso al determinar la aprehensión de Novillo, basada en que ella no se presentó de forma voluntaria, sin que exista citación formal por parte de los fiscales.
TRABAJO Y OBSTACULIZACIÓN
Los riesgos procesales que no logró desvirtuar la defensa de Novillo fueron los referidos a no contar con una fuente laboral, lo que repercute en una posible fuga.
Otro punto observado es la obstaculización a la investigación, pues la Fiscalía afirma que aún debe tomar la declaración de otros testigos en los cuales Novillo puede influir tomando en cuenta el cargo que tenía en YPFB.
“Pero nosotros no entendemos en qué medida (Novillo) podría obstaculizar esos temas, ya que desde diciembre de 2016 ella ya no forma parte de YPFB. Consideramos excesiva (la detención preventiva), pudiendo ser benevolentes como lo han sido con el señor Guillermo Achá (expresidente de la Estatal Petrolera)”, cuestionó Ayala.
Respecto de la detención domiciliaria con la cual el juez 11vo cautelar de materia en lo penal, Hugo Huacani, benefició a Guillermo Achá, dentro de este mismo proceso, Ayala expresó su preocupación, señalado que existe una distorsionada apreciación sobre los niveles de responsabilidad administrativa por parte de esa autoridad.
“Es muy preocupante, porque al final si la teoría del Ministerio Público es que los superiores tenían que a ver verificado estas supuestas irregularidades, no entendemos por qué a la máxima autoridad ejecutiva, como fue el señor Achá, se lo ha beneficiado con una medida sustitutiva”, declaró Ayala a EL DIARIO
En esa línea, la defensa de Novillo, que se declara inocente de las supuestas irregularidades, adelantó que insistirá hasta lograr una medida sustitutiva, mientras dura el proceso de investigación.
Por esto, una vez concluida la instancia de la apelación, el siguiente paso será solicitar la cesación de la detención preventiva, aspecto en el que Ayala trabaja para presentar el recurso legal en los siguientes días.
Las denuncias sobre la conformación de una presunta red de corrupción en la Dirección General de Registro y Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) no fueron esclarecidas en el informe oral del ministro de Gobierno, Carlos Romero, sostuvo la senadora de oposición Jeanine Añez, quien dijo que profundizará las investigaciones sobre el caso.
“El ministro no dio la información de la red de corrupción que se desbarató en Dircabi, el presidente de la Cámara de Senadores lo interrumpió, pero los datos que proporcionó dan pie a que se inicien otras investigaciones y se amplíe contra otras ex autoridades que están involucradas en estos ilícitos”, declaró Añez.
En abril, tras una investigación de ocho meses el ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló que se descubrió una red de corrupción en la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados que involucra a funcionarios de al menos tres instituciones.
Un mes después de este anuncio la directora nacional de esa institución, Mirtha Jiménez, fue destituida de su cargo porque presuntamente está implicada en esta red de corrupción.
El Ministro de Gobierno develó que en los 40 años de vida institucional de Dircabi se consignó 26.308 bienes, entre vehículos, objetos de valor, inmuebles, joyas y dinero en efectivo en investigaciones vinculados con el narcotráfico.
La autoridad aseguró que en gobiernos anteriores estos bienes no fueron monetizados y no se conoce el paradero de una gran parte de los objetos incautados.
“Entre los años 1977-2000 se entregan 4.504 bienes, de los cuales fueron solo el 1 por ciento fue monetizado por una valor de $us 366.342, entre el 2001 al 2006 se consignan 8.371 bienes incautados al narcotráfico, la monetización es del 4 por ciento $us 725.822 recaudados. Desde el 2007 al 2011 se incautan 8.341 bienes, de los cuales se monetizó el 8 por ciento, por un monto de $us 228.510”, explicó la autoridad.
Sin embargo, destacó la gestión que está a cargo de esa cartera de Estado, donde se depositó 5.902 bienes de los cuales se monetizó en una primera parte 117 bienes y posteriormente 2.206 que llega al 51 por ciento de lo incautado. En este caso se recaudó alrededor de $us 3.2 millones.
Por otra parte, Romero indicó que desde el 2012 se realizaron investigaciones administrativas y penales, donde se ordenó la auditoria a unidades departamentales de Dircabi.
“Hemos heredado una institución con demasiados problemas estructurales, no contaba con manuales, directrices ni reglamentos, no existen inventarios de las gestiones anteriores eso dificultó que se pueda tener un dato preciso de los casos”, señaló Romero.
En el caso de Pando se procesó al director regional, Justo Chambi Poma que fue imputado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes y servicios públicos, debido al uso de las placas de los vehículos incautados son fines personales.
“A la vez se ordena una auditoria especial respecto de Dircabi Santa Cruz, donde se emite recomendaciones para mejorar la administración de los bienes incautados y confiscados”.
En la nueva Ley de Sustancias Controladas se le otorga nuevas competencias a Dircabi, además que se pone un orden a esta institución, el Ministerio Público tiene la obligación de iniciar con la anotación preventiva de los bienes incautados que estén ligados al narcotráfico u otro ilícito, asimismo de la extinción de bienes el cual permite que estos ya no estén ligados al proceso penal que se presenta contra los implicados.
“La anotación preventiva de los bienes es una nueva competencia, en la nueva Ley de Sustancias Controladas se obliga a la Fiscalía y al juzgado que se realice la anotación preventiva de los bienes en derechos reales para resolver el misterio de su destino, aplicar la extinción del dominio que permite independizar el proceso de la extinción de bienes, que son obtenidos ilícitamente, del proceso penal”, expresó Romero.
El Ministerio Público calificó de nefasta y contradictoria la resolución, al denunciar que el juez Hugo Huacani antes de dictar su fallo habría permanecido a solas con el imputado Guillermo Achá, expresidente de la estatal petrolera YPFB.
“Hacemos conocer y lo hemos hecho públicamente y consta en acta, el hecho de que cuando el juez ha señalado un cuarto intermedio para que dicte su resolución extrañamente el imputado Guillermo Achá, su abogado y, al parecer, su esposa se habrían quedado en el ambiente de (al) lado", dijo el fiscal Ruddy Terrazas.
Terrazas añadió que también resulta extraño que el personal, entre auxiliares y notificadores del juez, salió del despacho y a puerta cerrada preparó su resolución. Anticipó que apelarán la decisión del juez.
A su vez, el abogado de Achá, Héctor Castellón, rechazó las declaraciones del fiscal y aseguró que el juez y Achá no permanecieron juntos, ya que el expresidente de YPFB estaba en otro ambiente.
Participación de Achá
El Ministerio Público, en el documento de imputación contra Achá, sostiene que el investigado conoció todo el proceso de adjudicación de la empresa italiana Drillmec para la compra de tres taladros e incluso supuestamente forzó la firma del contrato con esa compañía.
En el documento se indica que Achá tenía pleno conocimiento de todo el avance del proceso de contratación, incluyendo las enmiendas realizadas por la Unidad Jurídica, Técnica y Administrativa, pues, según la Fiscalía, la unidad de seguimiento de inversiones recopilaba información periódica de este proceso de inversión, la misma que era puesta en conocimiento de esta exautoridad.
Después de que fue beneficiado con medidas sustitutivas, Achá expresó su desacuerdo con la detención domiciliaria, que deberá cumplir por el caso taladros. “No estoy satisfecho con la resolución, yo creo que nadie está satisfecho cuando tiene la certeza de que no tiene (ninguna) culpa”, dijo el extitular de Yacimientos.
A su vez, el senador Óscar Ortiz, de Unidad Demócrata, criticó la protección y los privilegios de los que goza Achá. “A unos se trata con más dureza y a otros con guantes de seda”, señaló Ortiz.
El senador hizo notar que en un principio a Achá se lo acusaba por cinco delitos y en unas horas, se opta investigarlo solo por tres. Ortiz recordó que hay siete funcionarios encarcelados de YPFB, mientras que Achá estará en su casa.
Video Marco Peredo Presidente de la FBF habla de la corrupcion en el arbitraje Boliviano
La Fiscalía boliviana apeló la resolución de un juez de dictar arresto domiciliario para el expresidente de la petrolera estatal YPFB Guillermo Achá, acusado de supuesta corrupción, al considerar que merece prisión preventiva.
El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, dijo este jueves a los medios que consideran que hay actuaciones "irregulares" en el dictamen del juez Hugo Huanacuni tomada la medianoche pasada, en la que solo ordenó medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
"Decimos irregularidades porque la autoridad jurisdiccional de manera incongruente ha dictado una resolución que no tenía fundamento", explicó Blanco.
El exejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que la semana pasada fue destituido tras estar en el cargo desde enero del 2015, está acusado de supuestamente haber favorecido la contratación de la empresa italiana Drillmec para la compra de tres taladros por 148,8 millones de dólares.
Además de la detención domiciliaria, Achá tiene prohibido salir del país, acudir a oficinas de la petrolera estatal y debe presentar dos garantes personales para hacer efectivo su arresto domiciliario.
La Fiscalía de La Paz acusó a Achá, detenido desde la madrugada del martes, por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica y había solicitado su detención preventiva en la cárcel paceña de San Pedro.
El fiscal del caso, Ruddy Terrazas, culpó de la determinación judicial al Ministerio de Justicia y Transparencia, que, de forma inesperada, fue la institución que solicitó la detención domiciliaria en lugar de la prisión preventiva.
En declaraciones a los medios, tras la audiencia que terminó en la madrugada, el expresidente de YPFB afirmó que rechaza la petición del Ministerio Público de que se ordene la prisión preventiva cuando él no tiene la intención de abandonar el país o fugarse.
Dentro de las investigaciones desarrolladas por el Ministerio Público, ya han sido encarcelados otros seis funcionarios de YPFB y la gerente legal de YPFB Andina, una subsidiaria de la petrolera participada por el Estado boliviano y la compañía española Repsol.
Los empleados de YPFB apresados, que son sobre todo del comité de calificación de la licitación, están acusados de haber beneficiado la contratación de Drillmec para la compra de los taladros.
Según su entorno Zapata y sus abogados armaron suplantación del “hijo” de Morales
Pilar Guzmán y su hijo, Claudio Rivera, culpan a la expareja del presidente Evo Morales, Gabriela Zapata, y a dos de sus exabogados, William Sánchez y Walter Zuleta, de ser los responsables de propiciar la suplantación del “hijo” del mandatario. Califican a la sindicada como “mal agradecida”.
Durante el juicio por legitimación de ganancias, donde recibió una condena de 10 años, Zapata afirmó que los responsables de la suplantación de su hijo, Ernesto Fidel, fue orquestado por dos de sus abogados, la señora Pilar Guzmán, Ximena Fortún y el entorno estas. Se declaró inocente y utilizada con móviles políticos.
“La única que ha planeado todo esto es Gabriela (Zapata) junto con los abogados William Sánchez Peña y Walter Zuleta, ellos son los tres que han planeado todo este tema”, afirmó Rivera el lunes a su salida de la Fiscalía, a donde fue trasladado para el desfile identificativo que programó la fiscal asignada al caso, Karina Cuba.
Rivera salió de la Fiscalía enmanillado junto a Víctor Vega, padre del menor, a quien se trató de utilizar para suplantar al niño que el presidente Morales reconoció como hijo suyo y de Zapata en 2007.
Si bien Rivera se negó a comentar si existe o no un acuerdo entre la Fiscalía y Zapata, como afirma el abogado Eduardo León, negó que se sometería a proceso abreviado.
También sostuvo que nunca recibió dinero de Zapata y menos para contratar a un menor, y hacerlo pasar por el hijo del Presidente.
“Esa señora Zapata es una mal agradecida, lo único que hemos hecho es ayudarle hasta para darle de comer, hasta sus llamadas, jamás nos ha dado ni 10 bolivianos (…). Ha echado la culpa a todos, pero ella es la culpable”, aseguró Rivera.
En esa línea, la madre de Rivera, Pilar Guzmán, también rechazó la versión de Zapata y en una frase premonitoria aseguró que más adelante las mentiras que dijo se tornarían en su contra.
“Pero en su momento esas mentiras la van a apretar de tal forma que le van a quitar el aire”, fue la premonitoria frase que Guzmán lanzó a la que denominó su sobrina espiritual.
Guzmán también negó haber recibido dinero de Zapata y pido que la gente torne su atención en la reconstrucción de la presentación del menor, el 25 de junio próximo, donde adelantó que se revelaría el grado de participación de Zapata.
Achá logra detención domiciliaria y Fiscalía apunta a prevaricato del juez
El juez 11vo de Materia en lo Penal Cautelar, Hugo Huacani, determinó ayer, la detención domiciliaria del expresidente de YPFB, Guillermo Achá, luego de la lectura de la resolución que generó polémica, la que evitó fundamentar observaciones de fondo, por lo que la Fiscalía presentó el recurso de apelación por la “resolución prevaricadora”, que será puesta en conocimiento de la Fiscalía Departamental.
Luego de más de 8 horas de audiencia, que se instaló a las 15.30, hasta los primeros minutos de hoy, la comisión de fiscales conformada por Ruddy Terrazas y Ramiro Jarandilla, en audiencia, exigieron al juez Huacani la complementación y fundamentación jurídica sobre su resolución, la cual, advirtieron, será puesta en conocimiento del su inmediato superior, pero este negó el pedido.
En es marco, Terrazas presentó la apelación y señaló el presunto delito de prevaricato, “por lo cual, pedimos a su autoridad, que eleve la resolución y todos los antecedentes en el plazo de 24 horas, sujeto a responsabilidad de acuerdo con la ley”, manifestó ante el juez.
Otro aspecto que llamó la atención fue que el Viceministerio de Transparencia, denunciante principal, antes de que se dicte la resolución, pidió la detención domiciliaria, al contrario de los representantes de YPFB y la Fiscalía que solicitaron detención en el penal de San Pedro.
Los abogados Carlos Rodríguez y Vilma Blas negaron, a los medios de comunicación, identificarse y explicar el fundamento legal de esta solicitud.
Sin embargo, otro error en el que incurrió el juez fue que en su resolución puso que Transparencia pidió detención preventiva, aspecto que debe ser enmendado, pero el juez negó también este pedido, pese a que no afectaba su resolución. Esta situación puso en evidencia el nerviosismo que tiene en el cargo que ejerce pocos días y es uno de los egresados de la Escuela de Jueces.
Dentro de los aspectos generales de la relación de hechos e indicios presentados por la Fiscalía contra Achá, se afirma la supuesta participación irregular de Carmen Tellería, la exgerente legal de “YPFB Andina”, en el proceso de licitación y la elaboración del contrato por el cual se adjudicó a la italiana Drillemc, la compra de tres taladros, por un valor de 148,8 millones de dólares.
El fiscal Jarandilla citó una serie de documentos en los que afirma, se evidencia que Achá evitó firmar el contrato y rescindir el mismo, para deslindar responsabilidades, este elemento está ratificado en la declaración del vicepresidente suspendido, Jorge Sosa, el cual se declaró “defraudado y utilizado” por Achá.
Por su lado, el abogado Castellón señaló en audiencia que la Fiscalía desconoce las normas y procedimiento técnico legal de este tipo de procesos, por lo cual se incurre en detenciones arbitrarias carentes de fundamentación.
Asimismo, explicó que el reglamento prohíbe a Achá, ser parte del proceso de licitación y descargó toda responsabilidad en Paola Oporto, la jefe de Contratación y responsable del proceso de contrataciones (RPC), quien estaba a cargo de la licitación.
Fiscalía reduce a tres los delitos sindicados a Achá
El fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, aclaró esta mañana que la comisión de fiscales que investiga el caso "taladros", imputó al ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, solo por tres delitos.
"Se han imputado tres delitos considerando elementos del cuaderno de investigación. A saber: los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias", dijo Blanco.
La aprehensión señalaba los delitos de contratos lesivos al Estado y encubrimiento. La imputación obvia esos delitos.
Achá ha sido remitido a un juez cautelar y en la próximas horas se fijará audiencia para considerar la aplicación de medidas cautelares.
El Ministerio Público está solicitando detención preventiva para Achá.
Piden que caso Bolivia TV se amplíe a Paco y Dávila
Diputados de Unidad Demócrata (UD) piden que la investigación por hechos de corrupción en el canal Bolivia TV se amplíen a las exministras de Comunicación, Amanda Dávila y Marianela Paco. Enviaron una carta a la actual autoridad de esa cartera, Gísela López.
"Tenemos a bien solicitar a su autoridad ampliar la denuncia e investigación contra su antecesoras, además de los directorios comprendidos entre las gestiones 2013 y 2016", detalla la misiva firmada por los asambleístas Amilcar Barral, Micaela Nina y Shirley Franco.
Barral sostuvo que los ministros tienen la tuición sobre el canal estatal y el nombramiento de los gerentes generales, razón que justifica su planteamiento, de también investigar a las exautoridades.
Ayer López presentó ante el Ministerio Público una denuncia por daños económicos al Estado por el proceso de contratación del proyecto denominado Provisión, instalación y puesta en marcha de sistemas televisivos.
Son seis contratos que tienen presuntas irregularidades y estarían involucradas 10 personas. El monto que suman llega a más de 130 millones de bolivianos y hay equipos que fueron entregados en mal estado o simplemente no existen.
Paco, en entrevista con radio Compañera, dijo que "cuando estaba de gerenta (Gísela López) no agilizaba los procesos de investigación. Yo tenía que llevar ante un directorio los procesos y no avanzaba. Me alegra que saliera la resolución y que se identificara a los responsables".
Exgerente de Bolivia TV niega corrupción y descalifica denuncia
El exgerente general de Bolivia TV (BTV), Gustavo Portocarrero, negó este martes su participación en los presuntos hechos de corrupción en el canal estatal y aseguró que todos los equipos que se compraron durante su gestión están en ese medio de comunicación, por lo que incluso consideró que la denuncia presentada por la ministra de Comunicación, Gisela López, es "jalada de los pelos".
"Cuando me fui en 2015 (de Bolivia TV) entraron varios gerentes, entre ellos Gisela López y se supone que ellos han debido verificar el funcionamiento o no de los (equipos adquiridos) y ahora el hecho de que a dos años (se presente la denuncia de presunta corrupción) me parece jalado de los pelos, pero bueno, algo deben estar buscando", dijo Portocarrero en una entrevista con ANF.
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López denunció ayer que se descubrió presuntos hechos de corrupción en cinco proyectos del canal estatal "Bolivia TV" sobre fortalecimiento institucional, mejora de los servicios televisivos, innovación tecnológica, extensión de la señal de ese medio, y la adquisición de equipos y unidades móviles en HD.
"Esos son proyectos de Prontis (Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social) y en base a esos proyectos se dieron ciertos recursos y eso viene del Ministerio de Comunicación. La ministra en esa época era Amanda Dávila y (fue quien) ha dispuesto en base a esos proyectos el desembolso del dinero", señaló el exgerente de BTV.
Aunque más adelante Portocarrero admitió que BTV fue la instancia que administró los recursos desembolsados, pero aseguró que el canal estatal no es una empresa completamente independiente porque cuenta con un directorio integrado por ese ministerio y la Gerencia del canal.
En ese sentido "nosotros presentamos un proyecto, ellos nos dieron los recursos y paralelamente se hicieron las contrataciones, hubo una entrega del proyecto formal al Ministerio con las debidas auditorias. (Es decir) una vez que yo me fui el 2015 esos proyectos entraron a la auditoria, así que yo no podría haberlos manipulado y luego entraron otros gerentes también. Que yo sepa, todos esos proyectos ya están auditados", remarcó.
Asimismo sostuvo que ningún equipo se encuentra en su casa y el dinero que se invirtió en las nuevas tecnologías de Canal 7 está dentro de ese medio de comunicación.
"Creo que (en la denuncia también) se habló de un proyecto multimedia que tiene relación con las nuevas tecnologías, el internet, poder ver televisión por celular, por computadora, etcétera (y todo eso) está ahí completo. (Entonces) la plata está dentro del canal, los equipos no están en mi casa, no me beneficiaron a mí, esos equipos están en el canal para el uso de las señales digitales que se implantaron cuando yo estaba ahí", manifestó.
López afirmó ayer que el daño económico que supuestamente se generó por los hechos de corrupción se establecerá en el proceso de investigación que se realizará en el Ministerio Público después de que la denuncia ya fue formalizada por su cartera de Estado.
"Pero el contexto es que son cinco proyectos susceptibles de hechos de corrupción y esos cinco proyectos suman 280,5 millones de bolivianos, sin embargo, eso no quiere decir que todos esos 280,5 millones están untados de corrupción", aclaró la autoridad.
López indicó que hay 10 personas implicadas en los hechos de presunta corrupción, entre ellas el exgerente General, Gustavo Portocarrero, el exgerente Técnico, Rubén Márquez, y la exgerente Administrativa y Financiera, Lilian Peñarrieta.
Portocarrero apuntó que se siente "bastante decepcionado" por la denuncia planteada en su contra, después de que trabajó siete años en BTV, cuatro como gerente general.
Por tercera vez Suspenden desfile identificativo en caso de “hijo” de Evo Morales
La audiencia para realizar el desfile identificativo, en el caso de trata de personas, por la presunta suplantación del hijo de Evo Morales y Gabriela Zapata, fue suspendida ayer, por tercera vez, ante la declaratoria en rebeldía de los exabogados de Zapata, Walter Zuleta y William Sánchez.
“El desfile identificativo se suspendió por la falta de notificación a los abogados de los que ahora están declarados rebeldes, Willy Sánchez Peña y otros (Walter Zuleta). Sólo es una suspensión hasta el lunes 26 de junio”, explicó la fiscal Karina Cuba.
El acto para este desfile identificativo estaba programado para las 14.30 horas de ayer y debía realizarse en la cámara Gesell, de la Fiscalía del Distrito, donde se presentaron todos los imputados y detenidos por este proceso, excepto los dos abogados.
La fiscal Cuba señaló que para la audiencia del próximo 26, se programó la notificación a los abogados que representaban a Peña y Zubieta, y de no presentarse se pedirá dos abogados de Defensa Pública.
“En esta audiencia, el menor, quien fue escoltado por funcionarios de la Defensoría de la Niñez, debía reconocer a todas las personas con las que tuvo contacto el pasado año, cuando fue puesto ante una juez de familia para hacer creer que era el hijo del Presidente”, detalló Cuba.
“Este acto es importante, porque el menor que es víctima (de trata) ha mantenido contacto con varios de los imputados, entonces, el objetivo y la pertinencia de este acto es identificar con quiénes lo hizo el 2016”, reiteró Cuba.
La fiscal afirmó que si bien la suspensión se debió a la ausencia de los dos abogados declarados prófugos, Milton Andrade, abogado de la madre del menor, quien ya se sometió a proceso abreviado, afirmó a EL DIARIO que su cliente al no haber sido notificado no participaría de dicho desfile.
Asimismo, se informó que varios de los implicados solicitaron ampliar sus declaraciones informativas, con el fin de colaborar en el esclarecimiento de este hecho.
Cuba manifestó que prestaron ya declaración ampliatoria, las denominadas “tías” de cariño de Zapata, Pilar Guzmán y María Arce, además del hijo de la primera, Claudio Rivera. También amplió su declaración Ximena Fortún y ayer se procedió a la toma de declaración informativa de la propia Zapata.
Según la justificación que presentaron para estas ampliaciones, es que “supuestamente quieren colaborar con la investigación y hay algunos datos que habían obviado en su primera declaración”, explicó Cuba.
La fiscal manifestó que no le corresponde señalar si las nuevas versiones de los implicados son creíbles o no, pero afirmó que algunos de los datos que se dieron en las ampliaciones, “sí ayudaron en el esclarecimiento de algunos hechos, han dado nombres, lugares”, finalizó.
Comisión de Fiscales Aprehenden a Achá luego de 8 horas de declaraciones
La Comisión de Fiscales que investiga el caso de la compra irregular de tres equipos de perforación petrolera, dispuso anoche la aprehensión del expresidente de la estatal petrolera YPFB, Guillermo Achá, quien asistió a la audiencia, donde formuló sus primeras declaraciones sobre este caso, luego de haber sido destituido del cargo la semana pasada. La Comisión de Fiscales, conformada por Ruddy Terrazas y Ramiro Jarandilla, asumió la decisión, según dijo a los medios de comunicación el abogado defensor de Achá, Héctor Castellón.
El mismo calificó de ilegal la aprehensión dispuesta por la Comisión de Fiscales y anticipó que apelará la medida. Castellón aseguró que el extitular de YPFB hizo una explicación didáctica sobre los procedimientos utilizados para la compra del equipo petrolero, pero, al parecer, esos aspectos no fueron considerados por la Comisión.
La extrema determinación, según fuentes cercanas a la Fiscalía, señalaron horas antes que la medida fue asumida al haberse establecido indicios de responsabilidad de Achá en tres delitos de los cuales se le sindica a quien fuera, hasta hace pocos días, el hombre fuerte de la estatal petrolera.
El Ministerio Público convocó a declarar a Achá, en calidad de sindicado por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias en la adquisición irregular de tres equipos de perforación de la empresa italiana Drillmec, valorados en más de $us 148 millones.
También fue sindicado por los mismos delitos el suspendido vicepresidente de administración, contratos y fiscalización de YPFB, Jorge Patricio Sosa Suárez.
Achá se presentó en la Fiscalía antes de las 17 horas y allí prestó sus declaraciones en medio de hermetismo de las autoridades. Canales de televisión informaron al promediar la medianoche de este lunes algunos detalles sobre el caso, aunque a esa hora supuestamente continuaba la declaración.
El sindicado es la octava persona en ser cautelada en el caso que se perfila como uno de los hechos más escandalosos de la gestión de Achá y que -por algún momento- pretendió convertirse en una cuestión de Estado, ante la amenaza de la empresa favorecida de recurrir a la cancillería italiana para ejercer presión contra las autoridades bolivianas, en razón a que el contrato para la compra de los taladros fue suscrito a fines de diciembre pasado.
El senador opositor, Óscar Ortiz, aseguró que el Ministerio Público cuenta con todos los elementos e indicios para “imputar” al expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos por la presunta irregular compra de tres perforadoras.
“Después de sus declaraciones el señor (Guillermo) Achá ya debe ser imputado por la Fiscalía que tiene todos los elementos necesarios para sustentar el caso”, declaró el senador Ortiz, quien dijo que seguirá fiscalizando este y otros casos.
Después de haber sido alejado de sus funciones, Achá se apersonó al Ministerio Público para expresar su disposición de declarar. Los fiscales le notificaron para que declare en calidad de sindicado por los referidos delitos.
Fiscalía investiga corrupción por Bs 25 MM en Bolivia TV
El Ministerio Público investiga una presunta corrupción de 25 millones de bolivianos en Bolivia TV por un proyecto de fortalecimiento institucional con la mejora de servicios televisivos, innovación tecnológica y unidades móviles en HD, confirmó ayer la ministra de Comunicación, Gisela López.
La denuncia es por los supuestos ilícitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado contra 10 funcionarios de la estatal televisiva durante el período 2013 y 2014.
“Según la Asesoría Jurídica del Ministerio de Comunicación, estos trabajadores, encabezados por Gustavo Portocarrero (gerente general), Rubén Marquez (gerente técnico), Lilian Peñarrieta (gerente administrativa) y otras siete personas más, habrían cometido los delitos”, declaró en rueda de prensa.
La investigación se inició cuando la Ministra de Comunicación asumió como gerente de Bolivia TV, destituyendo a los responsables de esos ilícitos, quienes se habrían llevado documentación, además de pretender incendiar la dirección administrativa.
La estatal televisiva recibió un apoyo económico de 280,5 millones de bolivianos del proyecto Prontis para el fortalecimiento institucional.
La denuncia, formulada en el Ministerio Público, es por un proyecto de puesta en funcionamiento de sistemas televisivos e informativos por 25 millones de bolivianos, que se aprobó en un día, desde su presentación hasta la resolución, cuando demora semanas, incluso meses.
Una comisión técnica realiza el seguimiento a cinco proyectos de 66 contratos, de los que seis están observados, como el sistema de grabación por Bs 5,8 millones, un sistema de cámaras HD para las unidades móviles por Bs 18,4 millones, un sistema de producción para unidades móviles por Bs 10,5 millones, la compra de 56 equipos con transmisores por Bs 46 millones y 76 transmisores por Bs 25,5 millones.
“Son proyectos susceptibles de ser irregulares y el Ministerio Público será el que defina el daño económico, que según nuestra estimación es superior a los 280 millones de bolivianos durante 2013 y 2014”, precisó la Ministra de Comunicación.
El Ministerio Público ordenó la aprehensión del expresidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Guillermo Achá por el caso de la compra de taladros.
Está sindicado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y encubrimiento.
Los fiscales que llevan a cabo la investigación son Rudy Terrazas, Javier Flores y Ramiro Jarandilla. El exejecutivo de la empresa estatal ingresó a los predios del Ministerio Público a las 17.00 para emitir sus declaraciones.
Tras la determinación, Achá fue remitido a celdas judiciales y se prevé que la audiencia de medidas cautelares se realice en el curso de las siguientes horas.
Titulo en Provision Nacional de Gabriela Zapata la ex de Evo Morales
El expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Achá, confirmó que se presentará hoy a declarar en calidad de sindicado ante el Ministerio Público de La Paz por las presuntas irregularidades en la adquisición de tres taladros.
El pasado viernes, el Ministerio Público sindicó a Achá por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado y encubrimiento, porque supuestamente está vinculado en la adquisición irregular de tres equipos de perforación de la empresa italiana Drillmec.
El abogado Héctor Castellón dijo que Guillermo Achá “se va a presentar, él está predispuesto, no olvidemos que él a pocas horas de haber dejado el cargo de forma voluntaria ha presentado un memorial indicando que se apersonaría en la calidad que el Ministerio Público así vea conveniente”.
Según el jurista, el hecho de que su cliente sea sindicado en el caso no quiere decir que sea culpable; en consecuencia esperan que la Fiscalía escuche a Achá, para luego actuar con objetividad y evitar que caiga en exageraciones o forzar figuras penales por el solo hecho de tratarse de un tema de relevancia nacional.
Acotó que Achá siendo presidente de YPFB coadyuvó en todo momento en las investigaciones en este proceso, al punto de que presentó al menos cuatro memoriales pidiendo actos investigativos como una inspección al lugar de los hechos, incluso solicitó el secuestro de toda la documentación relacionada al caso. (ANF)

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