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Timestamp: 2018-08-16 22:21:24+00:00

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El presente análisis abarca las causas iniciadas, sentencias favorables y sentencias desfavorables en el período comprendido entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre del año 2017; las cifras son obtenidas de las herramientas informáticas relacionadas con el Sistema de Gestión de Trámites diseñado específicamente para la Dirección Nacional de Patrocinio del Estado y que incluye la oficina matriz, sus oficinas anexas y las cinco Direcciones Regionales; resultados que reflejan las actuaciones del personal de esta Dirección Nacional en la defensa técnica de los intereses del Estado Ecuatoriano.
En los doce meses del año 2017 se observan los siguientes resultados:
Las causas nuevas ingresadas en el período de enero a diciembre del año 2107 registran un total de 11.508, mostrando una reducción de 3.623 causas en comparación con las 15.131 causas nuevas ingresadas en el mismo período del año 2016.
La reducción representa el 24% respecto del total del año 2016 lo que coincide con la vigencia del nuevo sistema de litigio oral, y parece responder a las exigencias del COGEP que ahora son más claras y precisas frente al sistema escrito que tenía menos exigencias, sobre todo en la obligación de acompañar a la demanda anexo las pruebas, so pena de inadmisión de la misma.
Si del total de causas nuevas ingresadas, excluimos los procesos de mediación, que también son atendidos por los abogados de la PGE en los diferentes Centros de Mediación del país y tomamos en cuenta únicamente los procesos litigiosos judiciales que atiende la PGE, encontramos las siguientes cifras: en el año 2015 ingresaron 15.921 causas nuevas, en el año 2016 ingresaron 14.324 causas nuevas y en el año 2017 ingresaron 10.594 causas nuevas, mostrando que en los últimos dos años el número de causas nuevas se mantiene a la baja a un ritmo del 10% entre los años 2015 y 2016 y del 26% entre los años 2016 y 2017, lo que evidencia el efecto positivo del sistema oral que obliga a los abogados litigantes del país, incluyendo a los abogados de la Dirección Nacional de Patrocinio de la PGE, a ser más consistentes en la fundamentación de sus alegatos y pretensiones, evitando que se distraiga a la administración de justicia en la sustanciación de causas superfluas o sin fundamento. Esto a su vez les impone a los litigantes la necesidad de continuar actualizándose y capacitándose para asumir el reto de la defensa técnica en las audiencias dentro del procedimiento oral.
Sentencias expedidas por los organismos jurisdiccionales
En cuanto a las sentencias, el sistema registra una cifra total de 10.091 decisiones dictadas en el año 2017, de las cuales 6.861 son favorables al Estado y 3.230 desfavorables, que porcentualmente representa el 68% de sentencias favorables frente al 32% de sentencias desfavorables.
Incremento de la intervención de la PGE en las audiencias públicas
El nuevo panorama procesal judicial del país guarda relación directa con la gestión de los abogados litigantes de la PGE que desde el año 2016 y particularmente en el año 2017, acuden a un mayor número de audiencias convocadas y agendadas. La realidad actual del litigio genera para nuestros abogados mayor gestión y desempeño, especialmente en las intervenciones en las audiencias preliminares y de juicio que exigen desarrollo oral de la contradicción de pruebas, pericias, testimonios, exposición de alegatos, etc., incluyendo la interposición de recursos en la misma audiencia ante las Unidades Judiciales, Cortes Provinciales, Tribunales Distritales, Corte Nacional de Justicia y Corte Constitucional.
Es importante destacar que, en el año 2017, una vez que se encuentra en plena vigencia el COGEP, los abogados de la PGE, en materia Contencioso Administrativa han intervenido en 139 audiencias, lo que ha significado un incremento del 672 %, en comparación con el año 2016, en razón de que antes del sistema oral la participación en audiencias, dentro del sistema escrito, era mínima.
Por otra parte, es necesario señalar que, en el año 2017, en materia penal se ha intervenido en 143 audiencias, observándose un incremento del 393% comparado con el año 2016. Esto responde a la nueva realidad procesal oral con la vigencia del COIP.
Finalmente, en las acciones constitucionales la PGE en el año 2017 ha intervenido en 522 audiencias, evidenciándose un incremento del 26% con relación al año 2016.
El cuadro adjunto demuestra el incremento de las audiencias en las que ha intervenido la PGE en el año 2017.
Coordinación con entidades públicas para la defensa del Estado
El sistema procesal oral ha significado un importante reto para la Institución, la misma que ha sabido asumir con preparación y responsabilidad su gestión, estableciendo líneas de defensa, en coordinación con las entidades públicas, para su participación activa en las audiencias, procurando un patrocinio efectivo en defensa de los intereses del Estado.
Se debe señalar que los abogados litigantes de las instituciones del sector público acuden a las instalaciones de la PGE y conjuntamente con los profesionales de la Procuraduría coordinan e intercambian criterios que permitan materializar una defensa técnica fundamentada, acorde a los hechos y realidad procesal, para lo cual se realizan las denominadas “Clínicas de Audiencias”.
Por otro lado, la vigencia del COGEP, a partir del mes de mayo del año 2016, obligó a incrementar el número de abogados litigantes en esta Dirección Nacional de Patrocinio; por lo que, fue necesario readecuar el espacio físico para albergar a los nuevos abogados que se integraron al equipo de profesionales que se encuentran participando en la defensa técnica del Estado Ecuatoriano bajo el sistema de la oralidad.
1.2.1 Interdin y Diners Club contra la Superintendencia del Control de Poder de Mercado
Las empresas Interdin y Diners Club presentaron el mismo día, 28 de diciembre de 2016, ante distintos jueces constitucionales acciones de protección por supuesta vulneración de sus derechos constitucionales al debido proceso en la garantía de presunción de inocencia, a su buen nombre, a la seguridad jurídica, al haberse emitido por parte de la Comisión de Resoluciones de Primera Instancia de la Superintendencia del Control de Poder de Mercado – SCPM, las medidas preventivas que obligaban a los operadores económicos accionantes a integrarse y conectar sus redes de servicio informático, con los demás procesadores de tarjetas de crédito, como lo hacen otros operadores, de modo que los establecimientos comerciales no requieran de un dispositivo exclusivo como venían exigiendo las empresas accionantes para atender o procesar las tarjetas de crédito que ellos emiten. La Resolución impugnada había facilitado a los ciudadanos y establecimientos que utilizan este servicio a no verse obligados a tener un dispositivo exclusivo para esas tarjetas.
La PGE en ambas audiencias demostró que la decisión de la Comisión de la SCPM, buscaba legítimamente impedir la presencia de conductas anticompetitivas que afectaban el uso de tarjetas de crédito en el país.
Los jueces en ambos procesos constitucionales resolvieron por separado en fechas 23 y 24 de enero de 2017, respectivamente, que la decisión de la Comisión no vulneraba ningún derecho de los operadores accionantes, y por el contrario, garantizaba el derecho de los usuarios a utilizar también el servicio de las tarjetas de crédito que emiten Interdin y Diners, sin necesidad de un dispositivo especial para procesarlas
Los accionantes apelaron y en segunda instancia los juzgadores, luego de escuchar los argumentos de la SCPM y la PGE, ratificaron las sentencias de primera instancia, con lo cual quedaron en firme las decisiones judiciales.
1.2.2 Acción de Protección – Ministerio de Salud Pública vs. Instituto de Atención Renal Especializada
La entidad privada, Instituto de Atención Renal Especializada, presentó acción de protección contra la Comisión interinstitucional integrada por el Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, que calificó con baja puntuación a dicho Instituto, con lo que lo inhabilitó para ser un prestador de servicios renales a pacientes que requieran servicios de diálisis en el Ecuador, derivando sus pacientes a otros centros de diálisis; esto, a decir de la accionante, vulneraba sus derecho a la igualdad formal y material y no discriminación, derecho al trabajo, derecho a la organización de la producción, al buen vivir y a la salud de sus pacientes.
La jueza constitucional, dentro del caso, convocó a audiencia pública a las partes para el 14 de diciembre de 2017. La Procuraduría General del Estado, defendiendo los derechos ciudadanos a recibir un servicio de salud de calidad, expuso sus argumentos constitucionales, proponiendo que se rechace la pretensión de la accionante.
Este proceso constitucional concluyó reconociendo que prevalecen los derechos ciudadanos a la salud, a la integridad física y psicológica y a la vida de los pacientes que reciben diálisis, lo que recogió la jueza constitucional y, en sentencia rechazó la acción del Instituto de Atención Renal Especializada, ratificando como legal y constitucional la decisión administrativa de la Comisión mencionada, declarando el respeto a la seguridad jurídica y garantizando la potestad que tiene el Estado ecuatoriano a través de sus organismos interinstitucionales para normar, regular y controlar las actividades relacionadas con la salud.
1.2.3 Acción de incumplimiento de sentencia.- Invergid S.A. e Invalores S.A. vs. Superintendencia de bancos
Este caso tiene como antecedente la acción de amparo constitucional No. 0501-2006-RA, planteada por el Calm. Guillermo Dueñas, representante legal del Banco de los Andes C.A., mediante la cual impugnaba el acto administrativo constante en el oficio No. SBS-AS-2005-0588 de 22 de julio del 2005, expedido por el Superintendente de Bancos y Seguros, que dispuso que el Liquidador de Filanbanco S.A. en liquidación “…no acepte las acreencias registradas a nombre del Banco los Andes C.A., que se derivaron del ACTA DE MEDIACIÓN suscrita el 15 junio de 2005…”. Con esta acta se pretendía que se registre en la contabilidad una acreencia no depositaria por el valor de USD 38.456.560,00 a nombre del Banco de los Andes C.A.
La Tercera Sala del Tribunal Constitucional, mediante Resolución de 8 de noviembre de 2006, dentro la acción de amparo constitucional No. 0501-2006-RA, confirma la resolución venida en grado, y en consecuencia, concede la acción de amparo constitucional ordenando la suspensión definitiva del acto administrativo constante en el oficio No. SBS-AS-2005-0588 de 22 de julio de 2005, expedido por el Superintendente de Bancos y Seguros. Sin embargo, la resolución nunca dispuso el registro de la acreencia reclamada por el Banco de los Andes.
De lo anterior se desprende que el legitimado activo de la acción de amparo constitucional fue el Banco de los Andes C.A. Sin embargo, en la acción de incumplimiento de sentencia, de la resolución del 8 de noviembre de 2006, expedida por el ex Tribunal Constitucional, Caso No. 0012-10-IS, comparece como accionante el Calm. Guillermo Dueñas por sus propios derechos y en calidad de gerente y representante legal de las compañías Invergid S.A., e Invalores S.A., personas jurídicas que no fueron parte procesal en la acción de amparo constitucional.
A través de la presente acción de incumplimiento de sentencia, el Contralmirante Dueñas, solicitó a la Corte Constitucional:
Que el Superintendente de Bancos y Seguros, de forma inmediata comunique a la Liquidadora de Filanbanco S.A, en Liquidación acepte las acreencias registradas a nombre del Banco de los Andes, como pago de obligaciones propias o de terceros.
Que la Liquidadora de Filanbanco S.A. en Liquidación proceda de forma inmediata a aceptar las acreencias a nombre del Banco de los Andes C.A. que se derivaron del Acta de Mediación con acuerdo total suscrita el 15 de junio de 2005.
Con dichas pretensiones, que se apartan de la Resolución expedida por el ex -Tribunal Constitucional, se pretendía, en forma indebida y carente de fundamento jurídico, un reconocimiento de acreencias por USD 38.456.560,00.
La Procuraduría General del Estado dentro de la acción de incumplimiento de sentencia, ejerció una adecuada y oportuna defensa de los intereses del Estado. Entre otras argumentaciones expresó que existe falta de legitimación activa, pues, quien presentó la acción de incumplimiento de sentencia es una persona distinta al legitimado activo de la acción de amparo constitucional, presuntamente incumplida, que las pretensiones del accionante rebasan lo resuelto por el ex Tribunal Constitucional, y, que la Superintendencia de Bancos y Seguros cumplió con lo ordenado por dicho Tribunal, al dejar sin efecto el oficio materia de la acción de amparo constitucional. En consecuencia, no existía incumpliendo alguno, por parte de la entidad accionada., razón por la cual se solicitó a la Corte Constitucional el rechazo de la acción propuesta, por improcedente.
El Pleno de la Corte Constitucional con fecha 30 de agosto de 2017, emite la Sentencia No. 041-17-SISCC, y al referirse a la pretensión constante de esta acción de incumplimiento de sentencia, señala que “…el legitimado activo no está solicitando el cumplimiento de la Resolución, materia de esta acción; sino que mediante esta garantía jurisdiccional, pretende que esta Corte ordene una nueva medida de reparación, lo cual contraría la naturaleza de dicha garantía, puesto que conforme lo señalado en párrafos anteriores, la medida ordenada en dicho fallo, ha sido satisfecha en su integralidad por la entidad llamada a cumplirla…”, en tal virtud, el Pleno de la Corte Constitucional rechazó la acción de incumplimiento de sentencia.
1.2.4 Juicio 17811-2017-00672 propuesto por Constitución C.A. Compañía de Seguros contra el MTOP.
Constitución C.A. compañía de seguros, planteó un recurso objetivo o de anulación para impugnar el oficio No. MTOP-CGAD-16-111-OF del 15 de abril de 2016 con el que ese Ministerio solicitó a la empresa de seguros que pague el valor de la póliza por el anticipo recibido por la contratista COSURCA por un valor superior a USD 9.600.000,00 en base al contrato celebrado con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el año 2008. Con la misma pretensión, en juicio 17811-2016-01193, Cosurca demanda al Ministerio y a la Compañía de Seguros impugnando el oficio, pero esta vez planteado como un recurso subjetivo.
La demanda planteada por Cosurca (Recurso Subjetivo) fue declarada sin lugar mediante auto interlocutorio de 22 de noviembre de 2016 en el que se acogió la excepción previa de caducidad que opuso la PGE. El recurso de casación fue inadmitido a trámite y también lo fue la acción extraordinaria de protección planteada contra ese auto de fecha 4 de mayo de 2017.
Mientras que el juicio (Recurso Objetivo) planteado por Constitución C.A. Compañía de Seguros (juicio 00672-2017) fue declarado nulo mediante auto del 22 de agosto de 2017, porque el tribunal consideró que se trataba en realidad de una acción subjetiva y había caducado y no debió haber sido calificada la demanda. Esta decisión judicial permitió el que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas haga efectiva la garantía señalada.
1.2.5 Caso Elías Gattass en contra del representante legal del Banco del Pacífico
Este proceso tiene su origen en un juicio ordinario (daño moral), planteado por el señor Elías Gattass en contra del Banco del Pacífico, porque la entidad financiera presentó una demanda de concurso de acreedores, lo que supuestamente le ocasionó perjuicios en una contratación con una transnacional.
En primera y segunda instancia, el fallo es a favor de la referida institución financiera. Por su parte, el señor Gattass presenta recurso de casación en contra de la sentencia dictada por la Corte Provincial de Justicia del Guayas y dentro de este recurso extraordinario los Conjueces de la Segunda Sala Civil y Mercantil de la entonces Corte Suprema de Justicia casan la sentencia recurrida, y con fecha de 18 de febrero de 2008 dictan sentencia y ordenan el pago de USD 5.000.000,00. Frente a esta decisión judicial, el representante legal del Banco del Pacífico de aquella época, presentó acción extraordinaria de protección, en la cual la Corte Constitucional resolvió dejar sin efecto la Sentencia de Casación emitida por la Segunda Sala de Conjueces de lo Civil y Mercantil de la ex Corte Suprema de Justicia y disponer que el recurso de Casación se vuelva a sustanciar por parte de la Corte Nacional de Justicia.
La nueva Sala de lo Civil de la Corte Nacional de Justicia, con fecha 24 de julio del 2012, resolvió no casar la sentencia dictada por la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil de fecha 6 de noviembre del 2002 que había rechazado la pretensión del señor Gattass.
Pese a esta realidad jurídica, el señor Elías Gattass, presenta acción de incumplimiento de sentencia y solicita se declare el incumplimiento de la sentencia No. 022-10-SEP-CC, de fecha 11 de mayo del 2010, dictada por la Corte Constitucional del Ecuador, dentro de la acción extraordinaria de protección No. 0049-09-EP, por supuestamente haberse realizado una ejecución defectuosa de la misma por parte de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia mediante sentencia de 24 de julio del 2012. El Banco del Pacifico interviene en Calidad de Tercero Interesado. En apoyo del Banco del Pacífico, de propiedad del Estado, la PGE concurrió a la audiencia pública ante el Juez Sustanciador, efectuada el 28 de marzo del 2017 y presentó sus alegatos para que se rechace la acción de incumplimiento de sentencia por improcedente.
Al momento se está a la espera de que el Pleno de la Corte Constitucional convoque a audiencia pública, solicitada por la PGE.
1.2.6 Empresa Tesca Ingeniería del Ecuador S.A., en contra de EP Petroecuador
La EMPRESA TESCA INGENIERÍA DEL ECUADOR S.A., presentó en contra de EP PETROECUADOR, una demanda de medidas cautelares autónomas, con la finalidad de que el Juez Constitucional ordene la suspensión provisional del proceso de terminación unilateral de los contratos No. 2013001 (principal), 2014013 y 2014061 (complementarios); además pretendía la suspensión de la ejecución de garantías de buen uso del anticipo y fiel cumplimiento de contrato y de la inscripción de TESCA en el registro de proveedores incumplidos del SERCOP.
Tesca argumentó que ella y EP PETROECUADOR, suscribieron los contratos No. 2013001, 2014013 y 2014061 cuyo objeto era la “REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE TANQUES EN LA REFINERÍA DE ESMERALDAS”, por un monto total de USD 118.870.769,35 y que EP PETROECUADOR ha incumplido con sus obligaciones, las que provocan que TESCA demande la resolución de dichos contratos. Indicó que EP PETROECUADOR ha iniciado el procedimiento de terminación unilateral de los contratos suscritos con TESCA, sin tomar en consideración que se ha presentado la demanda contencioso administrativa por el incumplimiento de la EP PETROECUADOR lo que generaría que su proceso judicial se vuelva ineficaz por la decisión de terminación unilateral.
En la audiencia, PETROECUADOR y la PGE expusieron fundamentalmente que la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública – LOSNCP, ya establece el procedimiento que aplicarán las entidades contratantes para dar por terminado los contratos de manera unilateral y establecen que las Resoluciones de Terminación (facultad inherente de las entidades contratantes), no se suspenderán por la interposición de reclamos o recursos administrativos, demandas contencioso administrativas o acciones constitucionales; por tanto, Petroecuador ejerció las facultades que le otorga la ley, siguiendo el trámite correspondiente y respetando el debido proceso; además, la misma LOSNCP prevé los mecanismos de defensa “adecuados y eficaces” para proteger los derechos derivados de tales resoluciones que deben ser aceptados antes de concurrir al ámbito constitucional.
Finalizada la audiencia, la Juzgadora emitió su fallo verbal negando las medidas cautelares solicitadas por la empresa TESCA, acogiendo el análisis jurídico constitucional de la PGE; y, con fecha 19 de abril de 2017, se dictó la Resolución debidamente motivada.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 237.2 de la Norma Suprema que determina que al Procurador General del Estado, entre otras funciones, le corresponde el Patrocinio del Estado y sus instituciones, en atención al mandato que obra del artículo 226 de la Carta Magna; y en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica Institucional, los responsables de los equipos jurídicos de las instituciones del Estado podrán contactar con los encargados de cada una de las áreas institucionales de la PGE para coordinar todas aquellas acciones conducentes a la defensa de los intereses del Estado ecuatoriano.
NORMATIVA APLICABLE DEL ÁREA CONSTITUCIONAL
• CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
• LEY ORGÁNICA DE GARANTÍAS JURISDICCIONALES Y CONTROL CONSTITUCIONAL
• LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
• REGLAMENTO ORGÁNICO FUNCIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
• CÓDIGOS Y LEYES CONEXAS
NORMATIVA APLICABLE DEL ÁREA CIVIL
• CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
• CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL
• COOTAD
NORMATIVA APLICABLE DEL ÁREA PENAL
• CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL
• COIP
NORMATIVA APLICABLE AL ÁREA LABORAL
• CÓDIGO DEL TRABAJO
• LEYES APLICABLES SEGÚN LA INSTITUCIÓN DEMANDADA O LA FUNCIÓN QUE HAYA DESARROLLADO EL ACTOR

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 Resolución 
 artículo 237
 artículo 226
 artículo 3