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Timestamp: 2019-05-21 07:29:56+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 5
JURAMENTO O PROMESA DE FUNCIONARIOS
ENMIENDAS DE 1997 Y 1999 A PROTOCOLO DE CONVENIO PARA PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN POR BUQUES
ACUERDOS SOBRE APROBACIÓN DE ENMIENDAS A ANEXO DE CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, Y DE CODIGO INTERNACIONAL PARA PROTECCION DE BUQUES E INSTALACIONES PORTUARIAS
PROTOCOLO RELATIVO A INMUNIDADES DE BANCO DE PAGOS INTERNACIONALES
DECLARACIÓN DE FERIADO PARA REGIÓN METROPOLITANA CON MOTIVO DE REUNION DE APEC
MEJORAMIENTO DE REPARACIÓN SOCIAL A FAMILIAS DE VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
ESTABLECIMIENTO DE SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL ESPECIAL PARA ADOLESCENTES
ACUERDOS SOBRE APROBACIÓN DE ENMIENDAS A ANEXO DE CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SEGURIDAD DE LA VIDA HUMANA EN EL MAR, Y DE CÓDIGO INTERNACIONAL PARA PROTECCIÓN DE BUQUES E INSTALACIONES PORTUARIAS
Sesión 5ª, en miércoles 13 de octubre de 2004
(De 16:18 a 19:3)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES HERNÁN LARRAÍN FERNÁNDEZ, PRESIDENTE , Y JAIME GAZMURI MUJICA, VICEPRESIDENTE
Juramento o promesa de funcionarios.........
Proyectos de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueban Enmiendas de 1997 y 1999 a Anexo de Protocolo de 1978, relativo a Convenio Internacional para Prevenir Contaminación por Buques (3511-10 y 3517-10) (se aprueban en general y particular)............................................
Proyectos de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueban Enmiendas a Anexo de Convenio Internacional para Seguridad de Vida Humana en el Mar, y de Código Internacional para Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (3512-10, 3514-10 y 3516-10) (se aprueban en general y particular)...............
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba Protocolo relativo a inmunidades de Banco de Pagos Internacionales (3437-10) (se aprueba en general y particular)..............................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fija como feriado, en Región Metropolitana, el 19 de noviembre de 2004 (3695-06) (se aprueba en general y particular)....................................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.123, Ley de Reparación, y establece otros beneficios en favor de personas que indica (3393-17) (se aprueba en particular)...............................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un sistema de responsabilidad de adolescentes por infracciones a ley penal (3021-07) (se aprueba en general).......................................................................................
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior subrogante , Secretario General de la Presidencia , de Justicia y de Minería, la señora Directora del SENAME y el señor Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia .
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 28ª, especial, y 29ª, ordinaria, ambas en 14 de septiembre; 30ª, ordinaria, en 15 de septiembre, y 1ª, en 5 de octubre, todas del año en curso, que no han sido observadas.
El acta de la sesión 2ª, especial, en 6 de octubre del presente año, se encuentra en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para se aprobación.
Con el primero comunica que ha otorgado su aprobación, con las enmiendas que indica, al proyecto que interpreta al artículo 26 del decreto ley Nº 3.063, de 1979, con el propósito de facilitar el funcionamiento de microempresas familiares (Boletín Nº 3.577-03).
Con el segundo informa que ha aprobado el proyecto que modifica la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de reconocer a las personas con discapacidad el derecho a la asistencia en el acto de votar (Boletín Nº 3.504-11).
De la Excelentísima Corte Suprema, con el que emite su parecer respecto del proyecto de ley que sanciona con mayor rigor el abigeato y facilita su investigación (Boletines Nºs. 3.038-07, 3.495-07 y 3.360-01).
Con el primero responde un oficio del señor Presidente del Senado, sobre establecimiento educacional que indica.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, relativo a la ribera del río Manso.
Del señor Director General subrogante de la Policía de Investigaciones de Chile, con el que da respuesta a un oficio dirigido en nombre del Honorable señor Espina, acerca de delitos sexuales.
Del señor Director Nacional de Gendarmería de Chile, por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, concerniente a la población penal recluida por delitos sexuales en el país.
Segundo informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de contratos de promesa de compraventa de determinados bienes raíces sin recepción definitiva (Boletín Nº 3.574-14).
De los Honorables señores Larraín y Gazmuri, mediante la cual inician un proyecto de acuerdo que modifica el Reglamento del Senado (Boletín Nº S 760-09).
Moción del Honorable señor Orpis con la que inicia un proyecto que modifica el decreto ley Nº 1.094, de 1975, que establece normas sobre extranjeros en Chile, a fin de facilitar a los nacionales de países limítrofes el ingreso al país y la salida por lugares habilitados de la Primera Región .
--Se declara inadmisible, por referirse a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , en virtud de lo dispuesto en el número 2.º del inciso cuarto del artículo 62 de la Carta Fundamental.
En este momento han llegado a la Mesa dos oficios de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha rechazado algunas de las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego y salas de bingo, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 2.361-23). A la vez, designa a los señores Diputados que conformarán la Comisión Mixta a que se refiere el artículo 68 de la Carta Fundamental.
--Se toma conocimiento y se designa a los señores Senadores miembros de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización para integrar la mencionada Comisión Mixta.
Con el segundo informa que ha dado su aprobación al proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo en materia de remuneraciones por jornada extraordinaria y de trabajadores temporeros agrícolas, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 3.696-13).
Tiene la palabra el Su Señoría.
Señor Presidente , solicito a la Mesa incluir en la tabla de Fácil de Despacho de esta sesión -en caso de ser factible- el proyecto que figura en el Nº 12 del Orden del Día -proviene de la Cámara de Diputados, y ya fue aprobado por nuestra Comisión de Constitución-, referente a que el auto de procesamiento no sea obstáculo para ser presidente, director, gerente, administrador o representante legal de personas jurídicas titulares de servicios de radiodifusión televisiva.
Se trata de una iniciativa de un solo artículo que, a mi juicio, introduce un ajuste respecto de las actuales normas del Código Procesal Penal, cuyos efectos son distintos de los provocados por el procesamiento penal en el sistema antiguo.
Hoy día figuran siete asuntos en Fácil Despacho. La intención de la Mesa es postergar hasta la próxima sesión el tratamiento de la solicitud de rehabilitación de ciudadanía de don Gastón Iván Mora Jonquera, que figura en el Nº 1.
Sólo queda pendiente la votación, señor Presidente .
Sí, señor Senador ; pero tratarlo de inmediato significaría desalojar las tribunas, lo que no haremos, por respeto a las personas que nos visitan.
En consecuencia, quedarían seis iniciativas en Fácil Despacho, además de las del Orden del Día, tres de las cuales son de alto interés.
Por eso, propongo que el proyecto mencionado por el Senador señor Espina sea visto en Fácil Despacho de la próxima sesión ordinaria, además de la solicitud de rehabilitación de ciudadanía pendiente.
¿Habría acuerdo sobre el particular?
Si la Sala así lo determina, no tengo problema.
Si le parece al Senado, se procederá de esa forma.
El señor PAÉZ.-
Señor Presidente , solicito recabar autorización para que la Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos funcione paralelamente con la Sala, ya que tiene que despachar materias relativas al Ministerio de Obras Públicas.
Si les parece a Sus Señorías, se accederá a lo solicitado. En caso de ser necesario, se llamará a los señores Senadores que se ausenten.
Señor Presidente , en cuanto al proyecto que el Honorable señor Espina pidió incluir en Fácil Despacho, me parece que reviste más interés y urgencia que los otros que allí figuran.
La iniciativa, que soluciona la situación de varios periodistas, puede ser despachada sin mayor trámite.
Tal vez haya acuerdo para tratar en Fácil Despacho el proyecto que hace que el auto de procesamiento no sea obstáculo para ser presidente, director, gerente, administrador o representante legal de personas jurídicas titulares de servicios de radiodifusión televisiva; pero, como el tema ha generado algún debate, propongo mantener el acuerdo de analizarlo en la próxima sesión.
Ciñámonos a la tabla, señor Presidente .
El proyecto referido queda para Fácil Despacho de la sesión siguiente, al igual que la solicitud de rehabilitación de ciudadanía pendiente.
Se va a tomar juramento o promesa a dos funcionarios de Secretaría y a uno de Tesorería que aún no han cumplido con tal formalidad.
Ruego a los señores Senadores y demás personas presentes en la Sala ponerse de pie.
--Prestan juramento o promesa los siguientes funcionarios:
Secretaría: señores Patricio Fuenzalida Espinoza y Javier Tobar Cornejo.
Tesorería: señor Alejandro Torres Mussatto.
Proyectos de acuerdo, en segundo trámite constitucional, sobre aprobación de las Enmiendas de 1997 y de 1999 al Anexo del Protocolo de 1978, relativo al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, de 1973, adoptados en los años 1997 y 1999, respectivamente, con informes de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3511-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 26ª, en 7 de septiembre de 2004.
Relaciones Exteriores, sesión 2ª, en 6 de octubre de 2004.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3517-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
El objetivo de las enmiendas consiste en modificar el Anexo del Protocolo de 1978, relativo al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, en consideración a los cambios y avances tecnológicos que experimenta la industria marítima, incorporando una nueva "zona especial" y mejorando las condiciones de estabilidad de las naves tanqueras.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó ambas iniciativas por la unanimidad de sus integrantes (Senadores señores Coloma, Martínez, Muñoz Barra, Romero y Valdés), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
La Comisión propone al señor Presidente del Senado discutir los proyectos de acuerdo en general y en particular a la vez, pues son de artículo único.
Como hay un desperfecto en el sistema electrónico, haremos votación económica, para no perder tiempo.
Si le parece a la Sala, se aprobarán los proyectos de acuerdo signados con los números 2 y 6 en la tabla de Fácil Despacho.
--En votación a mano alzada, por unanimidad, se aprueban en general y particular.
Corresponde ocuparse en los proyectos de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueban las Enmiendas al Anexo del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, SOLAS 1974, y el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP), adoptadas mediante diversas Resoluciones en los años 1998, 1999, 2000 y 2002, con informes de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3512-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 24ª, en 31 de agosto de 2004.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3514-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
--Los antecedentes sobre el proyecto (3516-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
El objetivo de las enmiendas y del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias es considerar los cambios y avances tecnológicos experimentados por la industria marítima e incrementar la seguridad y protección del transporte marítimo ante los riesgos que plantea la creciente amenaza de actos ilícitos.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó los tres proyectos de acuerdo por la unanimidad de sus miembros (Honorables señores Coloma, Martínez, Muñoz Barra, Romero y Valdés) en los mismos términos en que lo hizo la Cámara de Diputados.
Finalmente, corresponde señalar que la Comisión propone al señor Presidente discutir las iniciativas en general y particular a la vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento.
En la discusión general y particular, tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores , Senador señor Romero.
Señor Presidente, hay dos grupos de enmiendas consignadas en los cinco proyectos de acuerdos que figuran en la tabla.
Un grupo dice relación a tres iniciativas. La primera es la referente a las "Enmiendas al Anexo del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, Solas 1974, y el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias, adoptados mediante las Resoluciones 1 y 2, respectivamente, de fecha 12 de diciembre de 2002, de la Conferencia de los Gobiernos Contratantes de dicho Convenio Internacional, celebrada entre los días 9 y 12 de diciembre de 2002".
La segunda, a las "Enmiendas al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, Solas 1974, adoptadas por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional mediante las siguientes Resoluciones: MSC 69, de 18 de mayo de 1998; MSC 87, de 27 de mayo de 1999, y MSC 91 y 92, de 26 de mayo de 2000".
La tercera, a las "Enmiendas al Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, enmendado, adoptadas por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional mediante la Resolución MSC 99, de 5 de diciembre de 2000, y las Enmiendas al Protocolo de 1988, relativo al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, enmendado, adoptadas por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional mediante la Resolución MSC 100, de 5 de diciembre de 2000".
Los proyectos de acuerdo que nos corresponde analizar cumplen su segundo trámite constitucional en la Corporación y tuvieron su origen en mensajes de Su Excelencia el Presidente de la República . Consisten en aprobar diversas enmiendas al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, denominado "Convenio SOLAS 1974", adoptadas por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional (OMI) y por la conferencia de los Gobiernos Contratantes del referido Tratado.
El Convenio SOLAS 1974, relacionado con la seguridad de la vida humana en el mar y de la navegación, fue ratificado por Chile el 28 de marzo de 1980 y es el más importante de los convenios de la Organización Marítima Internacional.
En consideración a los cambios y avances tecnológicos que experimenta la industria marítima, dicho Tratado se modifica continuamente, siendo indispensable, por ello, su actualización a nivel nacional.
Dentro de ese contexto se enmarcan las actuales enmiendas sujetas a aprobación legislativa, las que son de carácter eminentemente técnico y su propósito fundamental es proporcionar mejores condiciones de navegación y de seguridad para los buques.
En la actualidad, las referidas enmiendas se encuentran internacionalmente en vigencia, por lo que los países que han ratificado el Convenio y sus enmiendas están en condiciones de exigir su cumplimiento a las naves de cualquier bandera que recalen en sus puertos.
En el caso chileno, todos los buques de navegación exterior están cumpliendo con los requerimientos planteados en el Tratado respectivo, incluidas las enmiendas en trámite, por lo que no se gravarán los intereses de los armadores nacionales. Además, el respeto y el cumplimiento a los convenios en el concierto mundial fortalece desde luego la imagen de Chile.
Señor Presidente , sugiero recabar el acuerdo de la Sala para incorporar en la Versión Taquigráfica el contenido de las enmiendas, porque son eminentemente técnicas y su detalle ocuparía mucho tiempo.
Lamentablemente, Señor Senador, no es posible acceder a su solicitud.
Entonces, tendré que leerlas.
Si Su Señoría desea que se registren, deberá hacerlo.
Entonces, solicito la atención de los señores Senadores.
Ruego a Sus Señorías guardar silencio.
Puede continuar, Honorable señor Romero.
Entre las referidas enmiendas, es posible mencionar las siguientes:
-Las enmiendas MSC 69 (69), relacionadas con modificaciones a los capítulos sobre construcción-estructura, compartimentado y estabilidad, instalaciones de máquinas e instalaciones eléctricas, radiocomunicaciones, transporte de carga y transporte de mercancías peligrosas.
-Las enmiendas MSC 87 (71), vinculadas a materias de transporte de combustible nuclear irradiado.
-Las enmiendas MSC 91 (72), complementadas por las normas MSC 92 (72), sobre dispositivos y medios de salvamento y certificados para buques graneleros.
-Las enmiendas MSC 99 (73), destinadas a actualizar los sistemas y los procedimientos, incorporando nuevos equipos y dispositivos de navegación y de seguridad en los buques.
-Las enmiendas MSC 100 (73), cuya finalidad es hacer compatibles las modificaciones MSC 99, indicadas precedentemente, con el sistema armonizado de reconocimiento y certificación.
Por último, cabe mencionar las modificaciones introducidas al Convenio SOLAS durante el año 2002, mediante las Resoluciones Nºs. 1 y 2 de la Conferencia de los Gobiernos Contratantes de dicho Convenio, con motivo de los atentados ocurridos en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001.
La Resolución Nº 1 está destinada a incrementar la seguridad y la protección del transporte marítimo ante los riesgos que plantea la creciente amenaza de actos ilícitos, especialmente terroristas, que ponen en peligro la vida humana y los bienes, situación que afecta en forma grave al comercio y la economía mundial.
La Resolución Nº 2 adopta el denominado "Código Internacional para la Protección de los Buques y de las instalaciones Portuarias" (PBIP), mediante el cual se establece un marco para el desarrollo de la colaboración internacional entre los Estados, organismos gubernamentales, administraciones locales y sectores navieros y portuarios, a fin de detectar tempranamente las amenazas que afectan a la protección de los buques e instalaciones portuarias utilizadas para el comercio internacional, y de adoptar coordinadamente medidas tendientes a prevenir la ocurrencia de actos ilícitos dirigidos en su contra.
La Comisión de Relaciones Exteriores estimó que la aprobación de las enmiendas señaladas, que ya se encuentran vigentes y en aplicación internacional -desde luego, en Chile-, permitirá la incorporación formal de las mismas al ordenamiento jurídico nacional.
Las tres enmiendas fueron aprobadas en general y particular por los miembros del referido órgano técnico.
Desgraciadamente, continúa el problema en la mesa central que registra el resultado de la votación electrónica.
En consecuencia, se procederá a tomar votación económica.
Si le parece a la Sala, se aprobarán los proyectos de acuerdo signados con los números 3, 4 y 5 a que se hizo referencia.
Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Protocolo relativo a las inmunidades del Banco de Pagos Internacionales, con informes de las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (3437-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 50ª, en 14 de abril de 2004.
Relaciones Exteriores, sesión 1ª, en 5 de octubre de 2004.
Hacienda, sesión 1ª, en 5 de octubre de 2004.
El objetivo principal del Acuerdo es la incorporación del Banco Central de Chile como miembro del Banco de Pagos Internacionales, entidad creada en 1930 que ofrece una amplia gama de servicios bancarios diseñados específicamente para los bancos centrales y el manejo de sus reservas.
La Comisión de Relaciones Exteriores aprobó el proyecto de acuerdo por la unanimidad de sus integrantes (Honorables señores Coloma, Martínez, Muñoz Barra, Romero y Valdés), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
La Comisión de Hacienda también lo aprobó por la unanimidad de sus miembros (Senadores señora Matthei y señores Boeninger, Foxley, García y Ominami), en los mismos términos en que lo hizo la de Relaciones Exteriores.
Cabe señalar, finalmente, que la Comisión de Relaciones Exteriores propone al señor Presidente discutir el proyecto de acuerdo en general y en particular a la vez, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 del Reglamento.
Señor Presidente , el propósito de la iniciativa es incorporar al Banco Central como miembro pleno del Banco de Pagos Internacionales. Esta institución forma parte de la red de cooperación monetaria y financiera entre bancos centrales y otros organismos internacionales. Realiza investigaciones en el campo económico y financiero; actúa como contraparte en las transacciones financieras entre bancos centrales y entre éstos y las organizaciones internacionales, y, también, es un agente depositario de garantías para las operaciones financieras internacionales.
El problema radica en que la incorporación del Banco Central al Banco de Pagos, que estaba acordada, requiere como condición que el Estado de Chile reconozca a esta entidad inmunidades de jurisdicción y de ejecución.
El proyecto de acuerdo fue discutido largamente en la Comisión de Hacienda -entiendo que también en la de Relaciones Exteriores-; se aprobó por unanimidad, y, sin duda, constituye un avance en la plena integración de nuestro país y sus instituciones a la economía monetaria global, por lo que, a nuestro juicio, el Senado debe aprobarlo también.
Señor Presidente , para no repetir nada de lo ya dicho, sólo deseo expresar que la iniciativa fue aprobada por la Comisión de Relaciones Exteriores en los mismos términos que señaló el señor Presidente de la Comisión de Hacienda .
--En votación a mano alzada, por unanimidad, se aprueba en general y en particular.
Corresponde analizar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fija como feriado en la Región Metropolitana el 19 de noviembre del 2004, con motivo de la reunión APEC. Cuenta con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y su urgencia fue calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3695-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 2ª, en 6 de octubre de 2004.
Gobierno (certificado), sesión 4ª, en 12 de octubre de 2004.
El objetivo del proyecto es establecer como feriado, sólo para la Región Metropolitana, el viernes 19 de noviembre de 2004 con motivo de la realización de la Cumbre Informal de Líderes de la APEC.
Asimismo, se modifica el Código del Trabajo y se declara feriado para los trabajadores de centros o complejos comerciales administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica el día de las elecciones municipales.
La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización aprobó en general y en particular esta iniciativa por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señora Frei y señores Cantero y Stange), en los mismos términos en que lo hizo la Honorable Cámara de Diputados.
Tiene la palabra el Honorable señor Cantero, Presidente de la Comisión de Gobierno , Regionalización y Descentralización.
Señor Presidente , como se ha señalado, el artículo 1º de la iniciativa establece un día feriado con motivo de la reunión de la APEC que se realizará en Santiago, lo cual contó con el acuerdo unánime de la Comisión. Y el artículo 2º hace aplicable al artículo 106 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades -que prescribe que las elecciones se efectuarán el último domingo del mes de octubre- lo dispuesto en el artículo 38 del Código del Trabajo, que dice:
"Con todo, esta excepción no será aplicable a los trabajadores de centros o complejos comerciales administrados bajo una misma razón social o personalidad jurídica, en lo relativo al feriado legal establecido en el artículo 169 de la Ley Nº 18.700" (Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios).
En consecuencia, se homologa la elección municipal a las mismas circunstancias que rigen para la presidencial y la de Parlamentarios.
El proyecto fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.
Señor Presidente , no me voy referir a si el feriado que se propone con motivo de la APEC es bueno o es malo, ni al costo que representan los feriados, ni a cuánto bajaría el crecimiento del país por tal concepto, como hace poco plantearon algunas bancadas con tanta emoción a propósito del feriado de Fiestas Patrias.
Deseo aludir a otro aspecto. Me gustaría que algún integrante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia me aclarara los efectos de los feriados regionales en el ámbito judicial y en el bancario.
Por ejemplo: ¿qué ocurrirá respecto de los plazos para la presentación de recursos ante la Corte Suprema -que, como sabemos, está radicada en Santiago- derivados en su momento de las Cortes de Apelaciones? ¿Cómo se contabilizará ese día, que pasa a ser feriado?
Lo mismo sucede en el ámbito bancario en cuanto a los vencimientos. Aquí se produce un problema que, particularmente quienes representamos a las Regiones, debemos atender. ¿Qué pasa, por ejemplo, si vence una obligación en Talca y, por una u otra razón, la persona que va a pagarla se halla en Santiago y después sostiene que no pudo hacerlo porque los bancos estaban cerrados?
Ignoro si el Gobierno habrá analizado las consecuencias que, a todo evento, ello puede tener. Me parece que, más allá de que el feriado sea regional, en la perspectiva del trabajo entendido como normal, debería establecerse una suerte de feriado nacional para efectos judiciales y bancarios. De lo contrario, no sé cómo van a calzar los plazos. Podrían surgir, sin que nadie lo desee, un sinnúmero de procesos o diversos entendimientos respecto de una norma que, a mi juicio, de alguna manera es posible salvar a partir de una aplicación más integral.
Insisto: no me refiero al tema de fondo del proyecto, sino a los efectos que podría producir, ya que se circunscribe a Santiago y a actividades que tienen su lógica de funcionamiento precisamente en la Capital.
Habrá que entender que las inquietudes del Senador señor Coloma , que son claras, deben resolverse conforme a la jurisprudencia. Ya se estableció un feriado regional en otra oportunidad. Como recordarán Sus Señorías, hace años se dispuso un día feriado para La Serena, no sé si en toda la Región, o sólo en la provincia correspondiente. De tal manera que cabría entender que en el lugar donde rige un feriado los plazos se prorrogan automáticamente para el día hábil siguiente, como ocurre cuando se aplican las normas generales del Derecho Procesal. Tal vez podría esclarecer este punto el señor Ministro del Interior , a quien ofrezco la palabra.
El señor CORREA ( Ministro del Interior subrogante )-
Señor Presidente , como Su Señoría recordaba, éste no es el primer caso de un feriado que rige sólo para una Región. Antes ocurrió en La Serena. Y, si bien tales situaciones pueden suscitar las dudas que recién se expusieron, la regla básica es que los plazos que se cumplen y las diligencias que deben realizarse en el lugar donde aquél se declara quedan pospuestos hasta el siguiente día hábil, tal como se indicó.
El asunto no presenta problemas graves en lo referido a los plazos judiciales. Para los efectos de toda diligencia que haya de efectuarse en la Región Metropolitana, ese día es inhábil y, por consiguiente, no corren los plazos. Otro tanto ocurre respecto de las obligaciones bancarias.
Gracias, señor Ministro .
Considero que, por las características de la fecha en que se aplicará la medida, el proyecto es absolutamente necesario.
Hago presente que en su momento participé, en representación del Senado, junto con el Presidente de la Cámara de Diputados, en una reunión -la presidió la entonces señora Canciller - celebrada para tratar la materia. Nos pareció indispensable que ese día fuese declarado feriado en Santiago, por las enormes complicaciones que traerá consigo la presencia de más de cinco mil delegados del APEC que llegarán el viernes 19 de noviembre a la Capital; entre ellas, dificultades de tránsito y problemas de seguridad.
Por eso, era indispensable adoptar una medida de esta naturaleza. Además, así lo recomendó Carabineros en su informe de seguridad.
Los problemas que puedan derivar de esa situación se resolverán en la forma señalada, dentro del Derecho común, por aplicación normal de las leyes, tal cual lo corroboró el señor Ministro del Interior .
¿Habría acuerdo para aprobar la iniciativa?
--En votación a mano alzada, se aprueba en general y en particular el proyecto (35 votos contra 1), que queda despachado en este trámite.
Corresponde ocuparse en el proyecto que modifica la ley Nº 19.123 -de Reparación- y establece otros beneficios en favor de las personas que indica, con segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía e informe de la de Hacienda .
--Los antecedentes sobre el proyecto (3393-17) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 57ª, en 12 de mayo de 2004.
Derechos Humanos, sesión 20ª, en 11 de agosto de 2004.
Derechos Humanos (segundo), sesión 2ª, en 6 de octubre de 2004.
Hacienda, sesión 2ª, en 6 de octubre de 2004.
Sesión 21ª, en 17 de agosto de 2004 (se aprueba en general).
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho de la iniciativa, calificándola de "suma".
El proyecto fue aprobado en general por la Sala en sesión de 17 de agosto recién pasado.
Las dos Comisiones informantes dejan constancia de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos SEGUNDO, CUARTO (que pasó a ser QUINTO) y FINAL. Todos estos preceptos conservan el mismo texto acogido en el primer informe, por lo que deben darse por aprobados también en particular, de conformidad con lo dispuesto en el inciso primero del artículo 124 del Reglamento.
Las demás constancias se describen en los respectivos informes.
Las modificaciones efectuadas al texto aprobado en general por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía se acordaron por unanimidad, con excepción del encabezamiento del inciso primero del ARTÍCULO SÉPTIMO, en cuanto a que en el presupuesto del Ministerio de Salud se consultarán "recursos especiales" para la operación del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud, que contó con el voto en contra del Senador señor Zurita.
La Comisión de Hacienda, por su parte, introdujo dos modificaciones al texto despachado por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía: una al inciso segundo del ARTÍCULO SÉPTIMO y otra para consultar un ARTÍCULO NOVENO, nuevo, que incluye en los beneficios a las víctimas a que se refiere el artículo 5º de la ley Nº 19.965. Ambas enmiendas fueron aprobadas en forma unánime.
Cabe tener presente que las modificaciones resueltas por unanimidad deben votarse sin debate, en virtud de lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, salvo que algún señor Senador, antes de iniciarse la discusión particular, solicite debatir alguna proposición o que haya indicaciones renovadas.
Todas las enmiendas acordadas unánimemente deben ser aprobadas por simple mayoría.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cinco columnas, donde se transcriben los artículos pertinentes de la ley Nº 19.123; el proyecto aprobado en general por el Senado; las enmiendas efectuadas por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía; las modificaciones introducidas por la Comisión de Hacienda, y el texto final que resultaría de acogerse dichas propuestas.
Si le parece a la Sala, se aprobarán todas las proposiciones acordadas por unanimidad, salvo que se solicite votación separada de alguna de ellas.
Entiendo que no hay indicaciones renovadas.
En consecuencia, deben debatirse sólo las modificaciones aprobadas con votación dividida.
Corresponde discutir el ARTÍCULO SEXTO, que pasó a ser SÉPTIMO con la siguiente enmienda: en el inciso primero, sustituir las palabras "los recursos" por la frase "recursos especiales".
La disposición quedaría como sigue: "ARTÍCULO SÉPTIMO: En el presupuesto del Ministerio de Salud se consultarán recursos especiales para la operación del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud,".
Fue aprobada por dos votos contra uno, del Senador señor Zurita.
Señor Presidente , la idea de la propuesta es dejar relativamente asegurado, garantizado, que los beneficios de salud contemplados en el proyecto incluyen, no sólo una adecuada atención médica física y mental a los afectados o a sus familiares, sino también una atención gratuita general dentro de los planes del Sistema Nacional de Servicios de Salud .
En la Comisión de Hacienda se planteó la duda de si habría recursos adicionales para hacer posible esa cobertura, en forma adecuada y eficiente, a lo largo de todo el país. Como ella no se contempló en el proyecto original, se acordó agregar, en el inciso primero de este precepto, la palabra "especiales".
Se trata, en cierta medida, de una indicación al Ejecutivo para que suplemente los fondos necesarios, a fin de que el PRAIS cuente con un financiamiento adicional al ordinario.
Señor Presidente , con relación al Programa de Recuperación y Atención Integral de Salud (PRAIS) he recibido reiterados reclamos, tanto de alcaldes como de directores de distintos hospitales, porque, de acuerdo con la ley, se ven en la obligación de atender a los beneficiarios de él sin recibir compensación alguna por los gastos en que deben incurrir.
Dado que ese programa cuenta con financiamiento especial en el Ministerio de Salud, preguntamos cómo se distribuían tales recursos entre las Direcciones de Salud del país y los municipios, que son los encargados de la atención primaria de salud. Los personeros del Ministerio de Hacienda respondieron que no tenían ninguna información al respecto.
Señor Presidente , no obstante tener muy clara la necesidad de financiar el PRAIS, debo señalar la necesidad de que en los Ministerios de Salud y del Interior exista una preocupación específica para determinar cómo se distribuyen estos recursos entre los Servicios de Salud. Porque me temo que los fondos que cada año se aprueban en la Ley de Presupuestos finalmente quedan sólo en los hospitales de la Región Metropolitana o a nivel de la Subsecretaría de Salud, y no se considera a las Regiones, donde vive un número importante de beneficiarios.
Asimismo, hay que tener en cuenta que la atención primaria de salud está en manos de las municipalidades, a los que debemos garantizar el financiamiento para ese programa. De lo contrario, en las Regiones aumentará el endeudamiento de los hospitales, como asimismo el de los municipios en el área de salud, porque se les obligará a prestar atenciones gratuitas sin que el Estado aporte ni un solo peso.
Creo que se debe terminar con este problema, más todavía cuando tanto en el Ejecutivo como en el Congreso existe la voluntad de proporcionar los recursos que se requieren para entregar a las personas beneficiadas con el PRAIS las prestaciones que contempla.
Por lo tanto, señor Presidente, pido dejar constancia de que si bien apruebo este artículo y concuerdo con el programa, estimo indispensable asegurarse de que los fondos lleguen a todos los rincones de Chile.
Al parecer, la discusión está centrada en la expresión "recursos especiales". El texto original decía "los recursos".
Creo que el sentido del agregado hecho por la Comisión de Derechos Humanos es que los fondos no sean sacados de otra partida, sino que sean especiales, adicionales, y, por cierto, se puedan cumplir los objetivos señalados por el señor Senador que recién hizo uso de la palabra. De esa manera se garantiza que sean recursos adicionales, que no vayan en desmedro de fondos propios, ni a nivel nacional, ni menos local.
Tiene la palabra el Honorable señor Naranjo .
Señor Presidente , para los efectos del establecimiento de la historia de la ley, quiero precisar que esta norma corresponde a una indicación presentada por el Presidente de la Comisión de Salud , Senador señor Ruiz-Esquide , en los mismos términos señalados por los Honorables señores García y Foxley : para garantizar que en verdad se cuente con esos recursos y el día de mañana se pueda cumplir íntegramente el programa. La Comisión de Derechos Humanos la aprobó, con el voto en contra del Honorable señor Zurita .
Deseo hacer una precisión, señor Presidente .
Señor Presidente , creo que se despeja parte de un eventual equívoco con el vocablo que se incorpora, debido a que la expresión "recursos especiales" no necesariamente significa "recursos adicionales".
Señor Presidente , el debate no tiene trascendencia real. Cualquiera que sea la redacción con que el precepto quede, a partir de la entrada en vigencia de la normativa en proyecto se estará en presencia de un gasto fijo, que no podrá ser omitido en las futuras leyes de presupuestos.
Naturalmente, ello implica que el programa, para su ejecución, tendrá que contar cada año con el ítem respectivo en la Ley de Presupuestos. Y, tanto si se dice que los recursos son especiales como si no se dice, el efecto será el mismo.
Por eso, invito a votar la norma sin mayor dilación.
Sin embargo, es importante que, al aprobarse esta disposición, haya una especial intención del legislador -que incluye al Ejecutivo , porque tendrá que sancionarla- en el sentido de que un proyecto de esta naturaleza se financie con sus propios recursos y no descanse en los fondos ordinarios del Ministerio de Salud, ni menos en los de las municipalidades, puesto que ello significaría una sangría enorme.
Por lo demás, entiendo que ésa es la voluntad del Gobierno. Pero tiene razón el señor Senador en cuanto a que cada Ley de Presupuestos es la que en definitiva asigna los recursos correspondientes.
El señor CORREA ( Ministro del Interior subrogante ).-
Señor Presidente , sólo deseo aclarar que, efectivamente, es intención del Ejecutivo entregar recursos particulares o especiales para esta iniciativa de ley.
Hago presente que los Servicios y Sistemas de Salud habituales otorgan las prestaciones de salud física sin necesidad de nuevos aportes. La diferencia es que en este caso hay más beneficiarios y el PRAIS conlleva la necesidad de utilizar equipos especiales de salud mental, que habitualmente se encuentran -esto, a propósito del tema a que aludió el Senador señor García - en todas las capitales regionales y sólo en algunas provinciales, para tocar.
Si le parece a la Sala, se aprobará la sustitución de las palabras "los recursos" por la frase "recursos especiales", en el inciso primero del ARTÍCULO SÉPTIMO.
--Se aprueba y queda terminada la discusión del proyecto en este trámite.
Señor Presidente , hemos aprobado una iniciativa cuyos objetivos son conocidos; pero, lamentablemente, en ella subsiste una expresión respecto de la cual la Comisión no aceptó una indicación que formulé.
Lo señalo aquí, en el Senado, porque creo que con ello se vuelven a provocar separaciones odiosas entre los hijos. Es cierto que el proyecto ya se votó. No obstante, para la historia de la ley, quiero hacer notar mi disconformidad en dos aspectos.
El primero se refiere a que se han establecido de nuevo dos tipos de hijos: los de filiación matrimonial y los de filiación no matrimonial. Porque en todo el texto se reemplazaron las expresiones "hijos legítimos" por "hijos de filiación matrimonial"; e "hijos naturales" e "hijos ilegítimos" por "hijos de filiación no matrimonial". Al hacerlo, hemos vuelto a crear dos tipos distintos de hijos.
Lamento mucho -lo digo derechamente- que las Comisiones de Derechos Humanos y de Hacienda hayan aprobado eso. Lo que correspondía era referirse a "hijos", sin apellidos.
Por desgracia -debido a que hubo aprobación unánime, en fin-, no tuve tiempo de plantear el punto otra vez para que se hubiese votado. Pero, si existiese el ánimo en el Senado, podríamos estudiarlo.
El segundo aspecto dice relación al ARTÍCULO SEXTO, que expresa: "Facúltase al Presidente de la República para otorgar un máximo de 200 pensiones de gracia.".
Tengo entendido que éste es el primer proyecto donde figura una disposición en ese sentido. Porque el Primer Mandatario ha manejado la concesión de pensiones de gracia con absoluta autonomía, fijando sus valores sólo en la Comisión Mixta de Presupuestos.
En mi opinión, eso significa crear una nueva figura legislativa. Y el hecho de que el Jefe del Estado empiece a otorgar pensiones de gracia por ley, en circunstancias de que antes lo hacía sin necesidad de ella, indudablemente lo debilita.
Señor Presidente, los dos aspectos referidos me parecen importantes, pero sobre todo el primero.
No sé si se puede recabar el acuerdo unánime del Senado para revisar las expresiones "hijos de filiación matrimonial" e "hijos de filiación no matrimonial" y reemplazarlas por el término "hijos".
Planteo lo anterior en razón de que el concepto "hijos naturales" finalmente se eliminó de nuestra legislación.
Lo mismo ocurre en la letra c) del artículo 20, al que se introdujo una modificación que no había visto -de otro modo, habría presentado indicación-, donde se reemplaza "15%" por "40%". En ella se emplea la expresión "hijos naturales del causante". Es decir, pareciera que no hemos avanzado nada.
Lo señalo como un hecho trascendente. Y entiendo que a algunos señores Senadores no les guste la nueva denominación y prefieran mantener la antigua.
Dejo constancia de la aclaración, porque creo que ese proceder atenta contra el espíritu de las leyes despachadas por el Senado.
¡Es una reflexión póstuma, señor Presidente...!
Su Señoría siempre tiene la posibilidad de renovar una indicación. Al no hacerlo, renunció a su derecho.
Quiero plantear una cuestión de orden, señor Presidente .
Aunque resulte obvio, quiero aclarar uno de los puntos que mencionó el Honorable señor Ríos.
El artículo 6º dice: "Facúltase al Presidente de la República para otorgar un máximo de 200 pensiones de gracia.". Se debe entender que lo hace en el ámbito de esta ley. O sea, no es que el Primer Mandatario no pueda otorgar más que 200 pensiones de gracia, sino que lo hace sólo en el marco de esta legislación especial.
Así debería entenderse.
En todo caso, queda registrada esa observación, como también la del Senador señor Ríos.
Antes de proseguir, solicito autorización para que se incorporen a la Sala la Directora del Servicio Nacional de Menores, doña Delia Del Gatto, y el Jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, don Francisco Maldonado.
Corresponde continuar la discusión general del proyecto que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal.
La discusión general de esta iniciativa se inició en la sesión del 7 del mes recién pasado. El Ejecutivo , entretanto, hizo presente la urgencia para el despacho de esta iniciativa y la calificó de "simple".
El objetivo principal del proyecto -aprobado en general por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento- es establecer un sistema de responsabilidad penal especial para los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años.
Los artículos 38, 39, 40, 41, 73 y 86, letras d), e) y f), permanentes, y 2º transitorio tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales y requieren para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
Están inscritos los Senadores señores Moreno, Coloma, Zurita, Cordero, Ruiz De Giorgio, Frei (doña Carmen) y Sabag.
Señor Presidente , la iniciativa sometida a nuestra consideración establece, como se indicó, un sistema de responsabilidad penal especial para los adolescentes mayores de 14 y menores de 18 años.
I. Análisis general
El mensaje del Ejecutivo afirma que, con el procedimiento y legislación actuales, pueden dictarse sanciones privativas de libertad fundadas en fórmulas abiertas, como la irregularidad, los desajustes conductuales o el peligro material o moral que se origine. Por ello, se sostiene que no se garantizan los derechos de los niños y adolescentes en este cuadro y que, asimismo, se equipara el tratamiento jurídico de las infracciones a la ley penal con situaciones de amenaza o vulneración de los derechos de los niños, por lo que se produce una confusión entre la protección de ellos y las medidas disciplinarias que es necesario tomar.
En efecto, queda claro que, para analizar esta normativa, debemos poner en la balanza dos elementos: por una parte, la protección de los niños, o sistema de vulnerabilidad -en ello creo que nadie está en desacuerdo-, y por otra, su confrontación con la sanción de los delitos que eventualmente puedan cometerse.
Debe recordarse que el rango de edad hasta los 14 años está protegido por la Convención de los Derechos del Niño, a la cual nuestro país adhiere.
El Ejecutivo afirma que la presente reforma fomentará el sentido de responsabilidad de los adolescentes. Sin embargo, a juicio del Senador que habla, tal aseveración no es fácil de sostener, sobre todo cuando el delito cometido por un adolescente de entre 14 y 18 años es de mayor gravedad. Declarar que un muchacho no robará más en supermercados o en tiendas, por lo cual se le aplicará la sanción, por ejemplo, de hacer trabajo comunitario, no es lo mismo que determinar, en contraposición con el discurso de "fomento de la responsabilidad", la pena a que se hará acreedor un joven que comete un homicidio calificado, roba con intimidación o viola.
Por eso, estimo que el punto central de esta materia radica en compatibilizar los derechos de los menores y su rehabilitación con la sanción de los delitos.
Es necesario dejar establecido que se introduce una modificación importante, cual es la eliminación del trámite del discernimiento respecto de esta categoría de edad, tema que ha estado presente en el debate.
El proyecto se hace cargo de una serie de medidas tendientes a la rehabilitación y reinserción de los menores, a las cuales claramente adhiero.
Sin embargo, cuando se analiza el régimen de las sanciones, surgen discrepancias.
Se establece un criterio de intervención penal especial reducida o moderada en relación tanto a los delitos como a las sanciones que acompañan su tipificación. También se dispone una categoría taxativa de infracciones de carácter grave, las únicas que en este rango de edad pueden recibir como pena. Se trata de una sanción privativa de libertad que no podrá exceder de cinco años.
Se garantiza, igualmente, algo positivo: la existencia de un sistema de justicia especializado en todas las fases del procedimiento y durante el control de ejecución de la sanción.
Se destaca -probablemente por los traumas que sufrió el país durante un largo período- la creación del recurso de hábeas corpus o de amparo para el joven detenido. Sin embargo, aparentemente sería una redundancia, ya que tal derecho se encuentra consagrado constitucionalmente y a nivel procesal penal.
El proyecto nuevamente redunda en los criterios para imponer la pena, porque dispone que para sancionar se atenderá a la duración, cuantía, número de infracciones, gravedad de ellas y a la edad del imputado. En esto último reside la novedad de la iniciativa.
Otra innovación la constituye la creación de un sistema de control judicial de la ejecución de las medidas que se hayan impuesto.
II. Análisis particular
Si bien estamos en la discusión general, surgen algunas preguntas que creo necesario dejar planteadas, para que las recojan tanto el Ejecutivo como la Comisión.
En primer lugar, el artículo 6º trata de las infracciones graves en delitos consumados o frustrados. En esta categoría de edad -¡atención a lo que voy a indicar!- se excluye la tentativa.
Voy a poner un ejemplo muy concreto. Si ingresan a robar a un domicilio particular dos muchachos, uno de 16 años y otro de 18, y éste logra escapar pero aquél, que lleva el producto del robo, lo deja caer, el delito no está consumado. Es una tentativa, no obstante haberse puesto en riesgo, con la violación de ese domicilio, la vida y la seguridad de personas.
Personalmente, creo que eso debe corregirse, porque de otra manera se podría caer en lo que ya hemos visto en otros países -no puedo referirme al nuestro porque no conozco el detalle-, donde hay bandas que se organizan y utilizan precisamente a menores con el objeto de aprovechar su no imputabilidad o la levedad de la sanción respecto del delito cometido.
El proyecto, que ingresó inicialmente a la Cámara, traía otro elemento, muy complejo, que podía dar origen -lo leí en un reportaje de prensa el domingo recién pasado- a la situación de quienes cometieren homicidio, utilizando en su ejecución a jóvenes sicarios, hombres o mujeres, sin que por ello sean sancionados con la pena máxima, por afectarles otro tipo de legislación. El texto fue corregido en la Cámara Baja en esta parte, lo que considero positivo, dada la homologación de las penas desde el punto de vista de la gravedad de los delitos de esa naturaleza.
La iniciativa contiene otro elemento que también requiere una aclaración. Me refiero a que no están precisados los delitos vinculados con el tráfico de drogas ni las penalidades consiguientes. Éste es un tema que ha sido visto por el Senado en otros proyectos. Pero aquí, sobre todo en el manejo del microtráfico, se advierte un vacío derivado de no consignársele la categoría que debería corresponderle.
Por eso, es necesario que en la discusión particular se detalle el sistema que vamos a crear: si tendrá características especiales, como postula el proyecto, y si las sanciones drásticas consistirán en una pena máxima de cinco años, como aparentemente también se propone.
Desde ese punto de vista, es conveniente tener claridad en cuanto a que ciertos delitos podrían revestir mayor gravedad que una simple falta, caso en el cual, si existiese, por ejemplo, pérdida de vidas u otras consecuencias, seguramente habría que aumentar las penas.
Finalmente, me quiero referir a los llamados "acuerdos reparatorios", consignados en el artículo 241 del Código Procesal Penal, pero que en el proyecto se incorporan sin las limitaciones de los incisos segundo y tercero de dicho artículo, de los cuales reproduzco el primero de ellos, que dice:
"Los acuerdos reparatorios sólo podrán referirse a hechos investigados que afectaren bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial, consistieren en lesiones menos graves o constituyeren delitos menos culposos.".
Es decir, en el régimen común, estos acuerdos reparatorios se refieren a bienes jurídicos disponibles. Sin embargo, la iniciativa en debate da carta blanca para que, en pos de una salida al litigio legal y con la intención de no privar de libertad al joven, se transe en casos de bienes que por lo común no son disponibles jurídicamente. Se puede transar en el caso de robo o de atentado contra la propiedad. ¿Pero qué pasa con la vida, con la violación o con la virginidad?
Al respecto, se requiere una aclaración.
En síntesis, soy partidario de rebajar a 14 años el límite de edad para declarar la imputabilidad penal. Pero debo advertir que, si este asunto no es explicado adecuadamente, en su momento presentaré las indicaciones del caso para incorporar algunas de las ideas que acabo de exponer.
Antes de ofrecer la palabra, deseo plantear la siguiente situación.
Lamentablemente, por un error de Secretaría, hubo una confusión respecto del homenaje que se iba a rendir hoy en memoria del ex Diputado don Miguel Luis Amunátegui. Por el momento, ha sido suspendido, pero estamos considerando la fecha en que podría llevarse a cabo.
Asimismo, para el próximo martes está programado un homenaje a la comuna de Lebu, a solicitud del Senador señor Ríos. Pero como en esa misma oportunidad continuará el estudio de las reformas constitucionales, sugiero a la Sala suprimir la hora de Incidentes, realizar el homenaje a partir de las 18 y, una vez concluido, reanudar la tramitación de las reformas. De esa manera podremos avanzar en el despacho de un tema al que hemos dedicado bastante tiempo, sin perjuicio de dar curso a los oficios cuyo envío solicitaren los señores Senadores.
Señor Presidente , quiero hacer presente que, como están funcionando las Subcomisiones de Presupuestos, algunas de ellas podrían haber sido citadas para las 18:30. Entiendo que su cometido se encuentra bastante atrasado.
Hago la observación sin ser este año miembro de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
Si fuera así, buscaríamos la manera de llamar a votar a los señores Senadores cuando corresponda.
Me parece que podríamos avanzar si procediéramos en esa forma.
Además, la próxima semana nos visitará el señor Presidente del Senado de Colombia , acompañado de una delegación. En realidad, no sé si lo hará el martes o el miércoles; presumo que vendrá el martes, caso en el cual tendríamos que interrumpir brevemente nuestras labores.
Si la parece a la Sala, así se procederá.
Señor Presidente , no cabe duda de que estamos ante uno de los proyectos de ley más largamente anhelados por Chile y que espero tenga una incidencia muy relevante en cuanto a frenar la escalada de delincuencia que vive hoy la ciudadanía.
Creo que este nuevo mecanismo de responsabilidad penal, que considera la creación de un sistema especializado de justicia para adolescentes, que opera en forma distinta del régimen de protección existente para menores de edad, es absolutamente decisivo. Y sólo me cabe, junto con alegrarme de esta iniciativa, lamentar que su tramitación haya demorado tanto.
La verdad es que cuando se estudió la reforma procesal penal se planteó que ambos proyectos deberían avanzar de manera casi simultánea. De eso hace ya siete años. Y la demora ha sido muy perjudicial para el desarrollo de nuestra juventud y, particularmente, para la seguridad de las personas.
No está de más recordar -ya lo hicieron algunos señores Senadores- que hoy día el procedimiento aplicado a un joven aprehendido es bastante singular. Quienes tienen hasta 16 años van directamente a la justicia de menores, donde se les aplican medidas de protección, que en este caso están a cargo del SENAME. Y a los mayores de 16 años y menores de 18 años se los somete al trámite de determinación del discernimiento. Si se comprueba que actuaron sin él, vuelven a la justicia de menores; si, por el contrario, se establece que hubo pleno discernimiento, son derivados al sistema de justicia criminal de adultos.
Tal situación ha generado resultados a mi juicio pavorosos. Tengo en mi poder el último Sistema Integrado de Estadísticas de Carabineros de Chile y el Anuario de Estadísticas Criminales de la Fundación Paz Ciudadana, que nos revelan que la evolución en cuanto a jóvenes aprehendidos por robos con violencia entre 1995 y 2002 ha subido en 716 por ciento; o sea, se registran siete veces más detenidos por ese delito, según las cifras oficiales.
Ésa es una situación que me parece especialmente dramática.
He querido seguir investigando qué pasa con el aprehendido, y me he encontrado con un último dato que considero interesante y que también está consignado en el referido documento de Paz Ciudadana.
Según él, del ciento por ciento de aprehensiones juveniles, las correspondientes a menores de 16 años abarcan aproximadamente el 37 por ciento. Este porcentaje de jóvenes -como lo he señalado- es sometido al procedimiento de protección y enviado directamente al SENAME. Y un 63 por ciento queda a disposición de la justicia. Las últimas cifras nos revelan que, de dicho porcentaje, un 45 por ciento son personas declaradas sin discernimiento; y el resto, sí.
Conforme a la misma estadística, sólo un 5 por ciento de los menores es objeto de algún grado de sentencia condenatoria. Y quiero dejar esto en claro: no es que tengan sentencia; me refiero a que no son objeto de sentencia condenatoria, según los antecedentes de la Fundación Paz Ciudadana.
Creo que, en cualquier sociedad, esta situación resulta dramática. Porque las cifras nos revelan que lo más probable es que un joven que comete un delito -por ejemplo, robo con violencia- no sea sancionado. Y ello genera dos conclusiones relevantes; por un lado, da la sensación de que delinquir es un buen negocio y, desde el punto de vista de los valores, de que los recursos mal habidos son, en definitiva, rentables; por el otro, se emite una señal peligrosa para la sociedad.
Más allá de una postura política, quienes desempeñamos una representación parlamentaria podemos coincidir en que una de las preocupaciones más urgentes y dramáticas de la comunidad dice relación precisamente al aumento de la delincuencia juvenil y a la percepción de que se trata de una espiral que no termina.
Las mismas estadísticas revelan datos que me han impresionado: en 2003 hubo más delitos juveniles que en 2002; en 2002, más que en 2001; en 2001, más que en 2000; en 2000, más que en 1999, y así, retrospectivamente, hasta 1995, último año en que encontré antecedentes de esa naturaleza.
Lo anterior revela que estamos ante una situación muy compleja, que amerita la consideración del proyecto, evidentemente. La proposición de ley fue presentada originalmente, hace varios años, por los Senadores señor Novoa y señora Matthei . Posteriormente, el Gobierno envió al Parlamento una iniciativa donde incluyó algunos de esos planteamientos y agregó otros que conforman el texto en estudio.
Me parece que la cuestión, entonces, asume un rol social ineludible e impostergable. Porque aquí hay una causa clara -no he sabido de alguien que sostenga lo contrario- respecto de que la sociedad enfocó mal un problema.
El tema de si los jóvenes actúan con discernimiento o sin éste es centenario. El sistema se basa en esa distinción, que pudo ser lógica o aceptable en otras épocas. Pero tender a pensar hoy que alguien de 15 años no sabe lo que hace cuando comete un delito es extremar las cosas. Más aún: si se cuenta con un sistema de protección o no se recibe sanción, es obvio que al final se produce un efecto pernicioso entre los amigos y la gente del entorno, pues se entrega una señal social equivocada en cuanto a que no hay una consecuencia seria cuando se delinque.
Y, cuando media una pena, sobreviene el otro drama -en particular, en las cárceles regionales-: cómo separar del adulto al joven que ha delinquido y ha sido sancionado sobre la base de su condición.
Tengo claro que se han hecho esfuerzos en las cárceles nuevas, pero no todas, lamentablemente, disponen de un sistema moderno. Y no cabe duda de que los Parlamentarios, ante lo que sucede en muchos lugares, nos hemos preguntado qué posibilidades de rehabilitación existen cuando las personas que nos ocupan reciben una pena, en definitiva, y son ingresadas en el régimen de los adultos, donde no se reúnen las condiciones necesarias para superar un problema social.
Por eso, considero absolutamente fundamental el proyecto. Y me parece básico, como punto de vista "asterisco" -porque he seguido el debate y otros Parlamentarios lo han planteado-, definir con exactitud los recursos atinentes a la separación de procedimientos.
Estuve considerando la fórmula respectiva, ya que es una materia delicada y constituye una apuesta interesante, en la medida en que se trata de un enjuiciamiento que debe tener, en forma adicional, un procedimiento, con una integración de tribunales distinta del sistema adulto. Obviamente, ello supone un costo, cuyos términos no tengo claros. Según entiendo, el señor Ministro se refirió a una indicación futura sobre el particular y que claramente es esencial, porque de lo contrario el sistema mismo, como está concebido, no resultará.
Igual criterio cabe respecto de la reclusión y la rehabilitación. Aquí se plantea una serie de medidas alternativas, muchas de las cuales me parecen adecuadas; pero debe haber un enfoque especial, con el financiamiento apropiado -ése es el compromiso oficialista-, en cuanto a establecer los mecanismos de rehabilitación.
Porque surge otro problema. Nunca he pensado que se trata simplemente de enviar menores a la cárcel. Ésa no es la lógica. La lógica es dar la señal social de que quien comete un delito debe recibir una sanción, determinada según la edad, la historia de la persona, la potencial peligrosidad. Sin embargo, especialmente en relación con jóvenes, la idea debe ser la de rehabilitar para que no se vuelva a delinquir. Ése es el sentido de la sanción, sobre todo en dicho segmento.
Y ello constituye un desafío pendiente a partir de las disposiciones fundamentales que aquí se exponen. Porque en el proyecto se halla ese concepto. Lo que no está es el financiamiento para saber cómo se materializará, aspecto que no me cabe duda que resulta absolutamente esencial.
En resumen, me parece que el asunto en examen es uno de los más exigentes y exigibles que el país puede entregar a sus autoridades en cuanto a modernizar el sistema de responsabilidad, a entender cuáles son las lógicas morales y sociales que suponen estos cambios, no sólo en la perspectiva de los jóvenes que delinquen, sino también respecto de la sociedad, la cual muchas veces es objeto de los delitos.
Espero que en la discusión particular y por medio de las indicaciones que presente el Ejecutivo se obtenga el financiamiento y se concreten las lógicas adecuadas para que la transformación que esperamos ocurra en el sistema sea de tal integridad que uno sienta que a un joven lo marcó la sanción aplicada por delinquir, pero que también le brindó una oportunidad para poder rehabilitarse. Ése es el sentido que deseo que tenga una legislación integral.
Por tanto, votaré a favor la idea de legislar.
Aprovecho la oportunidad para solicitar, como el sistema electrónico no está funcionando, que la Mesa abra la votación. De esa manera podremos avanzar en el tratamiento del proyecto, uno de los más importantes y trascendentes que me han tocado conocer.
En realidad, ésta ha sido la segunda jornada del debate. Perfectamente se podría abrir la votación -y no sólo por el no funcionamiento del sistema electrónico-, si le parece a la Sala.
Señor Presidente , para el Gobierno, el proyecto reviste particular importancia, no únicamente por referirse a los adolescentes, sino también debido a que es uno de los instrumentos jurídicos -además de los ya conocidos- que, en nuestra opinión, van en la dirección correcta en cuanto al tema de la delincuencia, en general, y respecto al combate a la delincuencia juvenil, en particular.
El texto se analizó en fecha reciente por expertos, en un seminario internacional, y fue calificado, en términos generales, como muy completo y positivo.
Deseo hacer dos o tres referencias que me parecen importantes, para, en seguida, informar al Senado sobre un aspecto que ha sido recurrente en el debate anterior y que tiene que ver con el financiamiento.
Una de las cuestiones centrales es la de la responsabilidad penal del menor a partir de los 14 años de edad, por una serie de razones que se han tenido en vista, como el inicio de la adolescencia, el término de la escolaridad básica, el desarrollo psicosexual y, en alguna medida, el reconocimiento de ciertas autonomías, dado que se pueden integrar asociaciones escolares u otras, por ejemplo.
En mi opinión, el punto fundamental es que, de acuerdo con la iniciativa, como se acaba de señalar, el mayor de 14 años asume responsabilidad criminal por la conducta en que incurre. O sea, no es como el sistema que se pretende reemplazar, en que la responsabilidad o el reproche personal de su conducta queda diluido por el concepto, tan ambiguo, de "situación irregular" y, en consecuencia, no existe la oportunidad de asumir las consecuencias -en este caso, penales- del propio comportamiento.
Pero, junto con plantearse la responsabilidad en los términos que acabo de señalar, lo que no puede olvidarse es que se trata de aquella que corresponde a un joven. Y este aspecto es el que tiene en cuenta el proyecto de manera importante, por ejemplo, en el "abanico" de sanciones que establece, las cuales van desde la amonestación que puede hacer el juez hasta la pena privativa de libertad.
Hay ahí una amplia gama de posibilidades. Ello, unido a los criterios que específicamente señala la ley que debe considerar el magistrado para aplicar la sanción, más la factibilidad de que los fiscales apliquen el principio de oportunidad, da -por así decirlo- un espectro normativo que permite a los jueces, en cada caso particular y de acuerdo con las circunstancias y complejidades de cada situación, materializar, con todos estos instrumentos de carácter jurídico, una justicia más individualizada y más fina, según la gravedad de la infracción, naturalmente.
Soy un convencido de que, si el margen de sanciones aplicables por los jueces es utilizado correctamente en la práctica -cabe observar, por ejemplo, cómo se han usado los acuerdos reparatorios en la reforma procesal penal-, existen ahí instrumentos jurídicos extremadamente importantes, no sólo para aplicar sanciones criminales, sino también, coetáneamente, a través de ellas, para ir al aspecto socioeducativo, que tiene que ver de manera directa con el tema fundamental de la reinserción del menor en la sociedad.
Las exigencias de especialización que contempla esta iniciativa para los fiscales, los defensores públicos, las policías, los jueces, son las que de alguna manera aclaran varias de las preguntas formuladas en el Senado, en la sesión pasada, en cuanto a si un menor puede afrontar un proceso penal. Creemos que esa inquietud en parte se resuelve precisamente con la especialización requerida para todos los actores o partícipes del proceso penal.
Se acaba de mencionar lo relativo al discernimiento, institución a mi juicio ya bastante pasada de moda,. En mi calidad de abogado integrante de Corte durante tres años tuve ocasión de conocer muy de cerca cómo es aplicada, lo que, en verdad, se hace en términos muy vagos, muy ambiguos. De modo que su eliminación es otro acierto de la normativa en examen.
Para terminar, quisiera referirme al financiamiento del proyecto, lo cual ha sido motivo de inquietud para algunos señores Parlamentarios.
En primer lugar, ese aspecto tiene que ver con la pena privativa de libertad. Y, en tal sentido, para la infraestructura del sistema privativo de libertad en todas las Regiones -en la Undécima y la Duodécima, los centros correspondientes se hallan en construcción-, y de acuerdo con el presupuesto anual del Servicio Nacional de Menores, ya se han ejecutado 37 mil millones de pesos, de un total de 41 mil millones que están decididos, destinados y en proceso de ejecución. Con las dos Regiones que acabo de mencionar, donde están en proceso de construcción los COD-CERECO, se completa esa última cifra, destinada a la infraestructura de las unidades.
Es cuanto puedo señalar en esta materia.
En segundo término, respecto de las penas no privativas de libertad, quisiera informar que el financiamiento está previsto en el proyecto de ley de subvenciones que se tramita en esta Alta Corporación, habiéndose decidido sobre el particular la inversión de 9 mil millones de pesos. Esa suma se agrega al presupuesto del SENAME, destinándose 6 mil millones de pesos y fracción a la infraestructura.
Y, por último -con esto termino-, desde el año 2001 se había hecho un análisis financiero del significado, en recursos, de los nuevos fiscales, defensores públicos y jueces especializados para este tipo de justicia respecto de los jóvenes. Hoy día se ha terminado la reactualización de las cifras relativas a ese componente del proyecto, que alcanzan a 3 mil millones de pesos y fracción. El asunto está en proceso de análisis con la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. De manera que, superada esa etapa, después de que las instituciones hicieron sus estimaciones, estaremos en condiciones de presentar, durante la tramitación de la iniciativa, la indicación del caso, para incorporar esos 3 mil millones de pesos, que apuntan sólo a las instituciones que participarán en el nuevo sistema.
Por consiguiente, desde el punto de vista económico, con relación a los tres temas que mencioné (penas privativas de libertad, penas no privativas de libertad y mayores recursos que importan los nuevos partícipes: fiscales, defensores y jueces), estamos en condiciones de afirmar responsablemente que el proyecto tiene financiamiento.
Era una materia que interesaba conocer. El Ministro señor Dockendorff hizo una afirmación genérica al respecto en la sesión pasada. Las cifras señaladas ahora sirven para complementar los antecedentes.
Tiene la palabra el Senador señor Cordero.
Señor Presidente , existe una percepción generalizada en torno a la poca eficiencia del trámite de declaración de discernimiento como medio para determinar la imputabilidad de un menor que ha incurrido en conductas que la ley califica como delitos. Además, es un procedimiento lento, que se transforma en un dolor de cabeza para los jueces, los sicólogos o los peritos que examinan a los menores. Estos últimos se ven sometidos a un verdadero régimen de prisión durante todo el tiempo en que son observados para resolver sobre su aptitud síquica como sujetos penalmente responsables.
En este sentido, el proyecto que nos ocupa constituye un paso impostergable y el enfrentamiento, por fin, de un asunto relevante en nuestro sistema jurídico penal.
Por otra parte, estas normas son más cercanas a la realidad, en cuanto se rebaja la edad de imputabilidad de los menores a 14 años, lo cual hoy en día se ajusta plenamente a las características de los jóvenes y los niños, quienes distinguen en forma más clara que en generaciones anteriores la gravedad que pueden revestir sus conductas y cuentan con mayor información en su medio ambiente para actuar en forma más consciente y con mayores elementos de juicio, aunque, por desgracia, también con menos inocencia.
Sin perjuicio de lo anterior, las normas propuestas otorgan un tratamiento que se hace cargo de la inmadurez relativa de los menores de 18 años y mayores de 14, razón por la cual se les imponen, en general, penas no privativas de libertad, o si lo son, están marcadamente atenuadas, como ocurre al establecerse un máximo de cinco años de duración frente a los veinte años a que llega el presidio mayor en su grado máximo para los delincuentes mayores de 18 años.
La experiencia en nuestro país señala que muchos jóvenes protagonizan hechos delictivos desde edades incluso inferiores a los 14 años con pleno conocimiento de lo que hacen. Y, aunque la capacidad para cometer un delito probablemente no nace de un día para el siguiente y es distinta en una persona y en otra, la necesidad de establecer el límite exacto para no recurrir al fracasado sistema de la declaración del discernimiento nos obliga a fijar una edad de forma objetiva e igual para todos, de manera que constituya una garantía tanto para la sociedad como para el menor.
Dentro de los aspectos del proyecto que considero perfectibles, debo mencionar mi desacuerdo con el límite de cinco años de duración establecido para las penas privativas de libertad, pues pienso que, una vez que el sistema ha determinado cuándo el menor actuó a sabiendas y de modo consciente, no existe motivo para darle a priori un trato plenamente preferencial, sobre todo en el caso de los delitos graves.
Se puede apreciar con claridad esa intencionalidad en las normas propuestas, ya que, incluso, no se hace referencia directa a los delitos, pues se emplea la expresión "infracción a la ley penal", en una clara intención conceptual y doctrinaria en favor del menor. De esta manera, sólo los mayores de 18 años podrían ser delincuentes y los menores sólo serían "infractores". Esta tendencia a no decir las cosas por su nombre es la que luego genera grandes problemas en la aplicación e interpretación de las normas legales.
Por desgracia -es así-, hay menores que son delincuentes. Y no veo por qué deba existir un límite en la duración de las sanciones, ni me parece que sea un motivo justo para no aplicar a aquéllos la agravante de responsabilidad cuando sean reincidentes. Es como presumir que todo delincuente juvenil será rehabilitado, lo que no es efectivo. Ojalá ello fuera posible, pero no lo es.
Asimismo, me parece que los menores que delinquen, sobre todo a través de los ilícitos más graves, deberían quedar prontuariados, como cualquier delincuente común. Y, según he señalado, el haber delinquido con anterioridad debería operar como agravante, permitiendo en tales casos aumentar la pena.
No puede ser que la lógica de la iniciativa legal en debate consista en estructurarla íntegramente sobre la base de considerar que el solo hecho de ser menor de edad es una atenuante por sí mismo.
Esa postura entra en contradicción con la realidad que se observa día a día. No consideramos que los menores sean capaces de matar, pero los hay. Tal vez preferimos creer que no son conscientes de sus actos; pero lo son. ¿Por qué no recordamos, entonces, los derechos de las víctimas?
Las sanciones que se consignan son, en algunos casos, poco más que un llamado de atención, como el que se utiliza con los menores en el caso de mala conducta. Pero estamos hablando de delitos, aunque el proyecto eluda denominarlos de este modo. Así, de las nueve alternativas de sanción que se proponen, sólo una es privativa de libertad: el régimen cerrado; tres son restrictivas de libertad: la libertad asistida, el arresto domiciliario y el internamiento en régimen semicerrado; y las otras cinco son de naturaleza distinta: la amonestación, la multa, la prohibición de conducir vehículos motorizados, la reparación del daño causado -que, en mi opinión, no es una sanción, sino un efecto derivado de la responsabilidad por actos propios- y, por último, la prestación de servicios en beneficio de la comunidad. De esta manera, resulta razonable dudar de la eficacia de estas sanciones.
Por otro lado, considero que hacer una especie de paquete aparte de infracciones a la ley penal exclusivas para los menores deja en el limbo otros delitos gravísimos no mencionados, como el terrorismo. Por mucho que se trate de adolescentes, ello no da base para pensar que incurrirán sólo en ciertas conductas ilícitas y no en otras, así como tampoco hay motivos para dejar vacíos en los restantes delitos por el solo hecho de tratarse de menores.
En consecuencia, esos aspectos y otros pueden ser mejorados en el curso de la discusión de la iniciativa, lo que no impide reconocer las virtudes de ésta como cuerpo legal que se ajusta a las necesidades actuales, por lo que no cabe sino apoyarla en esta etapa de su tramitación.
Mientras hay quórum, y en consideración a que el proyecto será aprobado en general, solicito el acuerdo de la Sala para fijar plazo para presentar indicaciones.
Se sugirió el 2 de noviembre; pero, por venir esa fecha inmediatamente después de las elecciones, creo que es mejor el lunes 8 del mismo mes.
Si le parece a la Sala, se fijará como plazo el lunes 8 de noviembre, a las 12.
Señor Presidente, propongo que sea el martes 9, a las 12, por razones de nuestro trabajo.
Si le parece a la Sala, se fijará, entonces, el martes 9 de noviembre, a las 12.
Tiene la palabra el Senador señor Ruiz.
Señor Presidente , no me voy a referir a aspectos del proyecto ya considerados en forma extensa y con profundidad, sino que más bien pretendo hacer una reflexión sobre el tema de la delincuencia y de la responsabilidad de los menores en general. Abordaré lo relativo a la seguridad ciudadana, que es el elemento que hoy impulsa a modificar las normas legales para dar garantía a la comunidad.
El concepto de seguridad adquiere relevancia cuando un bien se encuentra amagado o en riesgo y urgen medidas para protegerlo. Así, en ciertos momentos de nuestra historia, determinados sectores estimaron que peligraba la existencia misma de la nación y se desarrolló una política destinada a reprimir a quienes, en concepto de aquéllos, ponían en riesgo la seguridad nacional. Con eso se pretendió resguardar un bien superior. Todos conocemos las consecuencias.
Hoy, la vida y los bienes de nuestra comunidad aparecen amenazados por la acción de la delincuencia, desgraciadamente, a veces violenta. La reacción natural de todos es reclamar por una política de Estado destinada a garantizar niveles de seguridad razonables.
Surge, de esta forma, una valoración especial de un derecho que en otros tiempos ocupaba un lugar poco relevante en la preocupación ciudadana.
La delincuencia y la violencia son signos visibles de una sociedad enferma, cuyos efectos perversos los sufren especialmente los sectores más pobres, y dentro de ellos, las mujeres y los niños.
Es cierto que el mal llega a todas partes y que los sectores acomodados no escapan de esta enfermedad, como tampoco están libres los países más desarrollados. Pero siempre los que más tienen se pueden resguardar mejor. Y vemos con frecuencia que algunos sectores pueden protegerse con alarmas, guardias privados, perros guardianes, altas rejas y otros medios que el dinero puede proporcionar. El problema es que terminan prisioneros en sus propias fortalezas.
Abordar el problema de la "seguridad ciudadana" significa elaborar políticas públicas para reducir la delincuencia y la violencia. Y ponerlas en práctica requiere, ciertamente, la participación y el compromiso de toda la comunidad, en especial, desde luego, de las autoridades que tienen las potestades para poner en movimiento los órganos del Estado.
La delincuencia y sus causas
Contamos con antecedentes, estadísticas e informaciones que nos permiten conocer la cantidad de delitos denunciados, su tipo, su gravedad, su densidad por comunas, regiones y a nivel nacional, la identidad de las víctimas, los daños causados, los montos involucrados en los robos o desfalcos, las armas empleadas; y, desde luego, podemos establecer el curso de los procesos y sus resultados. Lo que no tenemos es un diagnóstico consensuado de las causas que originan dicho flagelo.
Como ya dijimos, la delincuencia y la violencia son los signos visibles de una enfermedad profunda que afecta a la sociedad contemporánea. Es como la temperatura alta, signo externo del paciente. Lo urgente es bajar la fiebre, pero al mismo tiempo se debe investigar dónde está el mal y cuáles son sus causas, porque, en definitiva, éstas son las que se deben atacar.
Realizar un diagnóstico de la delincuencia sin establecer las causas nos llevará siempre a implementar políticas de corto plazo y con dudosos resultados.
Las causas que originan este grave mal social no han sido detectadas ni asumidas por el cuerpo enfermo de la sociedad y, por lo mismo, no estamos aplicando medidas para eliminarlas o al menos reducirlas.
Para combatir el delito no basta con mayor número de policías y sanciones más severas. Ciertamente, el problema tampoco se solucionará sólo a través del mejoramiento de los niveles de desarrollo del país. Si así fuese, Estados Unidos y Europa no tendrían delincuencia. Y esto no corresponde a la realidad.
Debemos asumir que las causas de la violencia y la delincuencia son múltiples y que la solución del problema es bastante más compleja que el sólo dictar leyes o hacer funcionar los organismos del Estado frente a los delitos. Se requiere la participación de los sectores sociales, políticos, religiosos; de los medios de comunicación social, todos los cuales deben sumar sus esfuerzos a la acción del Estado.
El problema de hoy nace con el debilitamiento de la base misma de la estructura social, que es la familia. Muchas veces ambos cónyuges trabajan, generalmente durante largas jornadas. Deben destinar más de tres horas diarias para movilizarse, e incluso, prestar servicios en domingos y festivos. De este modo, en los hogares los niños sólo encuentran, con suerte, un espacio físico donde cobijarse, pero no un lugar donde puedan compartir, recibir valores que les permitan enfrentar la vida o hallar respuestas a las preguntas que diariamente surgen de sus vivencias. Hoy muchos menores satisfacen esas interrogantes a través de los medios a su alcance: la calle, un televisor o Internet.
El problema se agudiza por la aplicación de un modelo de educación de mercado donde el empresario educacional, además de obtener un buen resultado económico para su empresa, apenas se preocupa por entregar los contenidos exigidos, proporcionando escasa o nula formación cívica impregnada de valores éticos.
A lo anterior debemos sumar la segmentación de nuestra sociedad, que excluye del progreso a importantes sectores y permite que los beneficios del desarrollo sólo lleguen a un grupo minoritario. No es necesario recordar aquí los diversos estudios y encuestas que dan cuenta de que, en el mundo, Chile es uno de los países donde existe mayor desigualdad.
Son muy pocas las oportunidades que la sociedad ofrece al hijo del cesante crónico, del trabajador temporero o del que, con un empleo relativamente estable, sobrevive con el salario mínimo o con un ingreso cercano a éste. Peor aún son las posibilidades del que debe suplir la falta de trabajo decente con la realización de todo tipo de malabares en la calle, muchas veces al borde de la ley, para llevar sustento a su familia.
La educación, instrumento irreemplazable en la construcción del destino de nuestros niños, hoy también se transa en el mercado. El que tiene recursos puede acceder a una buena educación; el que carece de ellos recibirá peor instrucción, y por distintas razones, terminará desertando y estará condenado a completar el círculo vicioso de la pobreza y la marginalidad.
Ciento siete mil menores de nuestro país trabajan en condiciones inaceptables; no cumplen la edad mínima legal para emplearse; no asisten a la escuela; trabajan en la vía pública, de noche o por más tiempo que el de la jornada establecida por ley para los trabajadores. Son los niños de la calle -los mismos que buscaba y protegía el Padre Hurtado -, quienes resultan presa fácil para los narcotraficantes, las redes de pedofilia u otros delincuentes. Son los que transportan armas o drogas y encuentran en el delito una forma de vida. Son los mismos que la sociedad busca castigar con penas cada vez mayores. Es cosa de mirar las estadísticas oficiales.
Párrafo aparte merecen el tema carcelario y las oportunidades de quienes han sido condenados por algún delito. Nuestro sistema carcelario, a pesar de los esfuerzos realizados en años recientes -con aumento de la dotación de Gendarmería, construcción de nuevos recintos y mejora de las instalaciones antiguas-, dista mucho de ser rehabilitador; más bien sigue siendo una verdadera escuela del delito.
Más grave todavía es la situación de los jóvenes que han delinquido, quienes, según las estadísticas, tienen altas probabilidades de reincidir, cayendo en las redes del delito, cuando aún debieran tener posibilidades de rehabilitación.
Si es difícil conseguir trabajo decente para alguien que posee antecedentes limpios, ello resulta casi imposible para un ex presidiario. Son contados los empresarios que, frente al prontuario penal del solicitante, dan empleo a un delincuente. Las honrosas excepciones existentes en el país no hacen sino confirmar la regla. Ciertamente, tampoco lo contrata el Estado.
En esas condiciones, ¿qué hace el delincuente una vez libre y sin oportunidad de trabajo honesto? Seguir delinquiendo. Y cuando eso ocurre, la sociedad exige mayores penas. No falta el demagogo que pide mano dura y severas condenas para los reincidentes, sin que importen las razones ni las atenuantes. Se trata de aparecer simpático ante una comunidad atemorizada y fuertemente influida por los medios de comunicación.
Se dice con demasiada frecuencia que es un riesgo salir a la calle, en circunstancias de que, según las estadísticas, en el 50 por ciento de los hogares las mujeres y los niños son víctimas de la violencia. Gran espectacularidad reviste un ataque sexual fuera de la casa, pero la mayoría de los abusos sexuales de que son objeto las mujeres y, especialmente, los niños se producen en los hogares y a menudo son cometidos por sus propios familiares.
Hemos aumentado y se sigue aumentando la fuerza policial. Se encuentra en funcionamiento, salvo en la Región Metropolitana, el nuevo procedimiento penal, el que ha concitado el respaldo de todos los sectores políticos y sociales. Sin embargo, se hallan pendientes algunas tareas en el ámbito del Estado, como una mejor coordinación de los diversos órganos dependientes del Ejecutivo , para dar coherencia y eficiencia a su acción y evitar la duplicidad de esfuerzos.
Urge un cambio de fondo en el rol de los medios de comunicación como instrumentos de educación cívica y de información objetiva, para que, sin ocultar los actos delictuales, los pongan en su real dimensión. Nadie puede desconocer la importancia del papel que aquéllos juegan en la investigación periodística, así como en la denuncia de los delitos y de las deficiencias de los órganos estatales en el cumplimiento de sus funciones. Pero, así como pueden ayudar en la lucha contra la delincuencia, al mismo tiempo, por la influencia que tienen cuando informan de modo inadecuado, pueden contribuir a incrementar la violencia y a aumentar el sentimiento de inseguridad, restando la colaboración de la comunidad.
Por eso, a mi juicio, lo más relevante es el quehacer de la propia comunidad organizada, la cual debe convertirse en actor principal en el combate contra el delito y en el afianzamiento de la seguridad ciudadana. Hay que detener la visión irracional de quienes creen que por armarse y tratar de repeler ataques lograrán suplir la labor policial. El rol de la sociedad organizada es defenderse con la participación activa de sus miembros, en una tarea mancomunada con la policía, la justicia y las demás autoridades.
Junto a las acciones implementadas y que se encuentran en ejecución, debemos impulsar una verdadera política de Estado, liderada por el Gobierno, apoyada por todos los Poderes Públicos y con amplia participación de la comunidad, destinada a mejorar las condiciones de vida de los sectores actualmente marginados, integrando a nuestra sociedad, hoy segmentada, y facilitando la superación de las causas que originan la delincuencia y la violencia, o al menos, reduciéndolas. Es decir, debemos construir una respuesta comunitaria a los desafíos de la hora presente, para humanizar nuestra deteriorada convivencia nacional.
En mi opinión, el proyecto en debate constituye un avance importante en la materia. Lo voy a votar a favor. Sin embargo, no estoy de acuerdo con la idea de rebajar a 14 años la edad para la responsabilidad penal.
Señor Presidente , mucho de lo que pensaba decir ya lo expresó, de manera muy brillante, el Senador señor Ruiz , especialmente en sus últimas palabras, en las cuales tiene toda la razón. Lo que debemos hacer es tratar de humanizar la vida de la familia chilena.
Este proyecto, que deberíamos despachar a la brevedad, apunta a la solución de uno de los graves problemas que estamos viviendo, no sólo en nuestro país, sino en todo el orbe. En el último tiempo nos han impactado noticias de jóvenes o niños que asesinan, que ingresan a su colegio para matar a sus compañeros, etcétera. No hemos pensado que quizás nosotros mismos hemos ido generando estos problemas al haber dado un futuro de inestabilidad a los adolescentes y no haber sabido prepararnos para ello.
Como dice el Honorable señor Ruiz , de una familia con dificultades, con un padre cesante, con una madre que debe salir a trabajar, sin contar con un jardín infantil o una sala cuna donde dejar a sus hijos, con serios conflictos de violencia intrafamiliar, obviamente surgirán adolescentes con problemas graves.
Por eso, más allá de este proyecto, que es necesario y, además, forma parte de lo que nos corresponde hacer -por algo Chile firmó la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño- para adecuar a nuestra legislación las obligaciones contraídas en Naciones Unidas respecto de los niños, deberemos, no sólo estudiar en profundidad la igualdad de oportunidades para todos nuestros jóvenes durante la enseñanza media o universitaria o en la época de la adolescencia, sino también comenzar a trabajar con ellos desde su nacimiento.
Por lo tanto, constituye una obligación para los legisladores el lograr salas cuna apropiadas, a fin de que cuando una madre ingrese al mundo laboral sienta tranquilidad al dejar allí a sus niños.
Al mismo tiempo, la iniciativa en estudio se enmarca dentro del proceso de la reforma procesal penal, porque sin los tribunales de familia no sería adecuada. Ella representa un paso más, pero todavía tenemos que avanzar en la protección e igualdad de oportunidades -como señalé- desde el nacimiento de nuestros niños.
En consecuencia, es muy importante que seamos capaces -ahora que viene la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos- de otorgar recursos a los organismos que trabajan con niños.
Sobre el particular, lo que informó en la Comisión la Directora del SENAME, señora Delia del Gatto , es bien preocupante, porque respecto del Programa de Intervención Ambulatoria, el cual incluye a jóvenes que han tenido actuaciones indebidas, se observa que en la Segunda Región puede atender, a través de cuatro proyectos, sólo a 180 adolescentes por año. Y si uno ve la cantidad de problemas que existen con los jóvenes en Antofagasta producto de las ciudades-campamento, de los trabajos inestables en la minería, del gran número de madres solteras, etcétera, esa cifra es muy baja.
Tengo claro que se hace un tremendo esfuerzo y que para el SENAME ese número de adolescentes es bastante significativo. Pero, ¿cómo no vamos a tener, como sociedad, la capacidad de otorgar más recursos para posibilitar la reeducación de los jóvenes?
En los Programas de Reparación figura un solo proyecto en la Segunda Región -Sus Señorías pueden ver en el informe los datos relativos a sus zonas-, cuya capacidad permite atender únicamente a 120 adolescentes al año.
En consecuencia, estamos llegando, a pesar del tremendo esfuerzo que se hace, a una mínima parte de nuestros jóvenes, quienes cada día exhiben mayores y más complejos problemas.
Por otro lado, la iniciativa apunta bien en el sentido de que es preciso contar con más profesionales en el área, porque todos esos programas tienen por objeto dar a conocer al adolescente y a su familia -también se incluye al núcleo familiar- la forma de acceder a las redes de salud, de educación, de capacitación, de desarrollo personal; además de promover los derechos que les asisten o cualquier otra actividad de acuerdo a sus realidades particulares. Y en esto es muy importante que tengamos una verdadera -por decirlo de manera positiva- regionalización, porque el entorno de los jóvenes en la Segunda Región es muy distinto al de otras zonas.
En definitiva, dichos programas son complejos y costosos. Pero si queremos hacer una sociedad más humana, debemos contar con las herramientas adecuadas. La iniciativa en debate forma parte de ellas. Y la voy a aprobar con bastante entusiasmo, aunque tenemos que estudiar lo relativo a la rehabilitación, pues también se requiere la creación de redes en la sociedad y ver de qué manera el joven -asunto que se trata en el proyecto y que, incluso, después podríamos ahondar cuando discutamos su articulado- retribuye a la sociedad por el daño causado.
Allí hay todo un trabajo por hacer con nuestros adolescentes para integrarlos mediante una labor de reparación en beneficio de su comunidad.
Por ejemplo, hoy día los jóvenes rayan todo. En la Segunda Región, especialmente en Antofagasta, no hay muralla que no tenga graffitos. Muchos de aquéllos son drogadictos, vagabundos y provienen de un mal núcleo familiar. A lo mejor, el pintar o el dibujar es un don que poseen. ¿Cómo no vamos a ser capaces de enseñar a esos adolescentes a convertir esa habilidad en algo productivo a fin de mejorar su entorno? Eso significaría volver a vivir más en comunidad, más en barrio, y no en una sociedad tan materialista e individualista como la que estamos creando.
Esta iniciativa de ley es buena, siempre que no perdamos de vista lo planteado por el Senador señor Ruiz : humanicemos nuestra sociedad, mejoremos las herramientas que entregamos a los jóvenes y pensemos este problema con alto espíritu de futuro, porque lo ocurrido con los adolescentes de hoy refleja lo que no supimos hacer en el pasado en cuanto a formación y preocupación por la juventud.
Si el mundo está cambiando y lo hace para mal, también se debe a las señales de violencia entregadas por la televisión.
Ése es otro tema muy importante. Todos los estudios sobre la materia demuestran que en los programas televisivos preferidos por los niños aparece la violencia: constantes peleas, donde unos matan a otros e impera la ley del más fuerte. ¡Y para qué hablar de los monstruos! ¡Dan hasta miedo esos juguetes con que se entretienen!
Todo esto nos lleva a pensar que este asunto es sobremanera importante para el país. Queremos una sociedad igualitaria; una sociedad más humana, más justa y más solidaria. Bueno: esa aspiración empieza por hacer un buen trabajo con los niños.
Reconozco que me salí del debate del proyecto de ley. Pero me parece bien reflexionar sobre estas materias, para procurar que los jóvenes y los niños tengan una educación adecuada.
A pesar de la relevancia de la iniciativa, creo que estamos cometiendo el error a que hizo alusión recientemente el Senador señor Moreno , pues enfrentamos la adolescencia bajo cuatro edades distintas: la mayoría de edad a los 18 años; ahora estamos consagrando la penalización a los 14; el permiso para contraer matrimonio -lo establecimos durante una discusión bastante acalorada- a los 12 años, y otras normativas que fijan responsabilidades a los 16 años.
¿El matrimonio a los 12 años?
Así es. Para que no se configure la violación, dispusimos el consentimiento para casarse a los 12 años. Esto lo aprobamos hace poco.
Entonces, pienso que debemos tratar de normalizar y refundir esos períodos en una o dos edades, pero no en cuatro estratos distintos, porque la gente se va a confundir y no va a saber cuándo comienza la responsabilidad penal, cuándo la ciudadanía, cuándo la mayoría de edad. ¿Y por qué establecemos tanta diferencia? Entre un niño de 12 y uno de 18 hay varios años de por medio, y todos sabemos que son dos mundos totalmente distintos.
Por estas razones, votaré a favor del proyecto, en el entendido de que debemos darnos un plazo prudente para presentar indicaciones.
Señora Senadora, el plazo para formular indicaciones se fijó para el martes 9 de noviembre.
Dado que faltan tres minutos para terminar el Orden del Día, propongo iniciar la votación dando preferencia para fundamentar el voto a los señores Senadores que se hallan inscritos con el fin de hacer uso de la palabra.
¿Qué significa la preferencia, señor Presidente?
Que quienes están inscritos votan primero.
Tiene la palabra el Senador señor Ríos, por cinco minutos.
Señor Presidente , sin duda, este proyecto reviste más importancia que la que parece asignarle la Sala en este momento, dada la escasa presencia de señores Senadores.
Me señalan que algunos están en Comisiones. Conforme. Pero esta iniciativa se refiere a problemas que afectan a la población chilena: a millones de jóvenes, de niños, de adolescentes. Se trata de una concepción de justicia distinta de la existente hasta ahora, de una fórmula que se relaciona con diversos tratados internacionales.
En resumen, estimo que el proyecto es muy relevante.
Luego de leer el conjunto de ideas y antecedentes que contiene el informe, concluyo que -al menos desde mi punto de vista- éste es bastante incompleto. En efecto, ante todo, no se hace mención a encuestas -algunas ya conocidas- que evidencian una expansión de la delincuencia, hecho bastante delicado del cual todos estamos enterados.
Ahí se observa que el sistema actual sufre un verdadero colapso en cuanto a la atención de menores y que existe necesidad de mayores recursos y capacidades para hacer frente a los nuevos hechos delictivos en que incurren los jóvenes.
En definitiva, hay una serie de antecedentes no considerados en el informe.
Como ha sucedido con las últimas iniciativas que hemos discutido, es evidente que falta un análisis previo de los motivos por los que ocurren estas cosas. Esto no se ha manifestado ni siquiera en los discursos de los señores Senadores que me han antecedido, salvo en el de la Senadora señora Frei , quien ha expresado ideas muy interesantes, y en el del Honorable señor Ruiz .
Los elementos básicos de diagnóstico de la sociedad actual y las razones que explican estos problemas no aparecen en el informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Por lo tanto, uno debe decidir cómo votar más allá de lo que se pueda concluir aquí.
Porque un joven de 14 ó 15 años, ¿tiene efectivamente discernimiento para resolver los asuntos propios de su vida en la sociedad? Puede tenerlo si existen principios y valores en torno a él; si pertenece a una familia bien constituida; si la sociedad se ha preocupado de su núcleo familiar; si hay razones suficientes para pensar que los aspectos sociales positivos han comprendido la formación de su conciencia.
Sin embargo, cuando no ocurre así y la situación es distinta, uno medita y se pregunta por qué vamos a castigar a un muchacho al que, en definitiva, la sociedad no le ha entregado los elementos necesarios para actuar conforme a los principios y valores que deben observarse en ella.
Hay una serie de estudios muy interesantes al respecto. Entre ellos destacan los referidos a la droga al interior de la familia; al papel del colegio en la educación del joven, y a la iglesia.
Todos estos análisis señalan que la incidencia de la droga en los jóvenes es baja en las familias bien constituidas o, al menos, con una madre o un padre que se preocupa por sus hijos; en los colegios donde existen disciplina y una relación de afecto y cariño del profesor hacia el alumno, y en las familias que profesan un credo religioso determinado (católico, evangélico, etcétera) y participan regularmente en ceremonias espirituales. En estos tres ejemplos, la influencia de la droga no supera el 2,5 por ciento.
Sin embargo, cuando no existen fortaleza familiar, ni principios ni valores; cuando no hay disciplina en los colegios ni tampoco participación en una fe religiosa, la incidencia de la droga en los jóvenes se eleva entre 15,8 y 16,2 por ciento, según informes y estudios de la Comisión de Salud.
Entonces, pretendemos resolver un hecho en que la sociedad está en deuda. Vamos a castigar al joven; no a su padre, o a su madre, o a su colegio. Lo marginaremos a él. Y el informe dice que el Estado tiene que asumir la responsabilidad. Ello podría entenderse como que, en definitiva, no se han inculcado los principios y valores que la sociedad debe entregar.
Señor Presidente , lamentablemente cinco minutos es muy poco tiempo para expresar mi punto de vista. Pero terminaré la idea.
La totalidad de la información que reciben los jóvenes hoy día contiene acciones de violencia. Por ejemplo, en las teleseries se desgaja la familia y se exhibe gran cantidad de actos reñidos con la moral.
Entonces, no me parece adecuado discutir esta iniciativa sin tener a la vista todas las raíces del problema, así como los estudios y debates que se requieren para pronunciarse sobre ella.
Por tal motivo, voto en contra del proyecto, dado que, desde mi punto de vista, representa hechos que van más allá del principio del análisis social.
Señor Presidente , creo que en esta materia se ha partido al revés, pero con buena intención, por supuesto. Y digo esto porque la sociedad debió primero profundizar en las causas que motivan esta violencia, que es transmitida a través de los medios de difusión, más que por razones serias, por obtener mejor rating, mayores avisos publicitarios de quienes financian las programaciones.
En mi opinión, la circunstancia de ampliar la penalización nos muestra una sociedad un tanto simplista en esta materia.
Al respecto, dentro de los breves minutos de que dispongo, quiero recordar un hecho de violencia que nos impactó a todos hace poco. Es el caso de un joven de 16 años que disparó a un compañero por la espalda con una escopeta. Y en el instante en que lo hizo, ese muchacho lanzó un grito desgarrador: "¡Mamá!".
Me gustaría que este hecho humano fuera interpretado por algún profesional. ¿Qué hay detrás de este acto de violencia y de ese alarido estremecedor?
Me preocupa, señor Presidente , que en el informe se señale que cerca de 90 mil jóvenes mayores de 14 años y menores de 18 eventualmente podrán ser detenidos el próximo año.
¡Por favor! Ésta es una herida profunda, lacerante y tremendamente dolorosa.
En el análisis que justifican las medidas que afectarán a estos 90 mil niños no se incluye, por ejemplo, que 30 por ciento de quienes cursan enseñanza básica no terminan el octavo año. Tampoco se menciona entre las causas, ni se aborda en profundidad, que alrededor de 38 por ciento de los jóvenes no concluye su enseñanza media y que más de 50 por ciento -entre 50 y 52 por ciento- no finaliza los estudios superiores en las universidades.
Por eso -reitero-, aquí se debió emplear más tiempo en analizar las causas del problema.
Mencionaré algunas.
Por ejemplo, el tipo de sociedad en que vivimos. Una frase hecha es la siguiente: "Se vale por lo que se tiene y no por lo que se es". Esta expresión, siendo repetida, no pierde su sustancia, pues grafica nuestra realidad social con mucha veracidad.
La promiscuidad en que viven muchas familias que habitan construcciones sociales de no más de 24 ó 26 metros cuadrados. Ahí conviven dos o tres grupos familiares hacinados, prácticamente unos encima de otros.
La influencia de la televisión, uno de los medios de comunicación más trascendentes de la sociedad moderna.
Los famosos juegos infantiles, en los que jóvenes de corta edad obtienen puntaje de excelencia mientras más personas maten. Y se llaman "juegos infantiles". De este modo, se va construyendo una mentalidad de la violencia, legalizada en este tipo de medios audiovisuales.
Señor Presidente, nada se dice en el informe, por ejemplo, de las enfermedades mentales, que hoy afectan a personas de todas las edades. En los colegios hay una inmensa cantidad de jóvenes que sufren depresiones y que, incluso, pasan al otro extremo. Son males que no sanan con inyecciones o con una dieta alimenticia. Y los profesores, por supuesto, no están capacitados para enfrentarlas.
Esas afecciones, que son tremendamente masivas, no se curan en pocos meses; se requieren años para recuperarse. Una sola consulta en ese ámbito no vale menos de 40 mil pesos; más aún, los hospitales públicos carecen de profesionales en el área.
Hay remedios para tratar esas anomalías que aquejan a nuestros jóvenes en la confusión del mundo de hoy, pero sus precios son superiores a los 120 mil pesos y no duran más de cuatro o cinco días.
Por eso, a mi juicio, una idea central que podría plantearse en esta discusión sería que las entidades educacionales; las municipalidades; el Ministerio de Educación, que no tiene escuelas,...
Señor Presidente , le solicito que me conceda unos segundos más, por favor.
Redondee la exposición, Su Señoría.
Esos organismos deberían crear departamentos médicos donde haya psicólogos y psiquiatras que atiendan a los jóvenes que los profesores envíen en busca de ayuda.
No considero que la penalización sea el camino acertado que debamos asumir.
Hoy día pretendemos establecer la responsabilidad penal a partir de los 14 años. ¿Mañana será desde los 12? Después, ¿a contar de los 10?
Me parece que esta reacción es mucho más que simplista. La sociedad ha de ser más responsable y no sólo educar a los niños; también debe educarse ella misma, para que entienda cuáles son sus obligaciones.
Por tal razón, señor Presidente , pese a reconocer la buena intención de la iniciativa en algunos aspectos, por el hecho de que se rebaja la edad de responsabilidad penal de los jóvenes ya a 14 años, voto en contra de la idea de legislar.
Señor Presidente , este proyecto se enmarca dentro de un conjunto integrado de reformas, las cuales comprenden la nueva normativa sobre tribunales de familia; el régimen de protección del niño y del adolescente, y las modificaciones a la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Menores.
Esto significa que el país da un salto cualitativo en nuestro ordenamiento jurídico, el que se compatibiliza con la Constitución y con la Convención sobre los Derechos del Niño.
Se ha logrado un avance sustantivo al proponer una justicia especial para los menores de edad, porque queremos, en primer lugar, respetar sus derechos, y en segundo término, incentivar su responsabilidad cuando cometen un delito, de modo de conseguir su rehabilitación, para que no vuelvan a delinquir.
Eso sí, señor Presidente , no sacamos nada con construir más cárceles, crear más tribunales y tener más policías en las calles si no nos preocupamos de rehabilitar a niños que, incluso, pueden ser primerizos. Debemos implementar políticas, no sólo para controlar el delito, sino también para prevenirlo.
Sabemos que hoy la familia se halla en crisis y que los niños pasan muchas horas en las calles porque sus padres llegan tarde al hogar luego de extenuantes jornadas de trabajo, produciéndose así una carencia de educación afectiva. Está demostrado internacionalmente que el daño psicosocial transforma al joven en víctimario.
Estamos dando un gran paso, pero yo hubiera querido que se enfocara más hacia la rehabilitación y la reinserción que hacia el castigo, por cuanto -como dije- los jóvenes deben ser sujetos, no sólo de penalizaciones, sino también de un trato más solidario.
Me parece que es necesario discutir cómo rehabilitar al joven infractor. Nos falta ese debate. El muchacho ya infringió la ley, tiene una familia destruida y la comunidad lo ha estigmatizado: es un drogadicto, un alcohólico; pertenece a una pandilla o a una banda; no tiene adónde ir, y carece de protección.
Es imprescindible que estemos conscientes de que detrás de esta iniciativa debe haber un proyecto país, cual es impedir que nuevos jóvenes sigan embargando sus vidas entregándose a la delincuencia.
Por otro lado, en cuanto a la ejecución del nuevo procedimiento contemplado en la presente normativa, considero que los jueces, los defensores y los fiscales deberían contar con una apropiada especialización. Espero que el Ministerio de Justicia y la Academia Judicial dispongan prontamente de los recursos necesarios para que los tribunales especializados logren competencia y conocimiento en materia de menores, de adolescentes, con el objeto de enfrentar de manera adecuada las reformas que se avecinan.
Por último, señor Presidente , debo señalar que tenemos una deuda pendiente con nuestros niños y adolescentes. No podemos perder esta oportunidad. Debemos ser serios y responder ante el país con un proyecto que cumpla sus objetivos; que los recursos resulten suficientes, y que las personas que estén a cargo sean las más idóneas, para que nuestros jóvenes, a pesar de haber delinquido, puedan ser mañana hombres de bien y formen un Chile más justo y equitativo.
Por eso, démosles también posibilidad a la rehabilitación y a la reinserción.
Considerando todos esos elementos, voto a favor de la idea de legislar.
Señor Presidente , en materia de violencia, los actos con que los jóvenes transgreden la ley tienen una motivación más que variada. Muchos de ellos se encuentran en estudio aún y la solución es de alta complejidad, pero no por eso menos urgente.
Libros populares, como el de Michael Moore , autor de "Estúpidos hombres blancos" y del documental "Bowling for Columbine", señalan que Estados Unidos tiene una cultura generada sobre la base del miedo. En efecto, ese documental se refiere a dos jóvenes que eran objeto de burla en el liceo de la localidad indicada, quienes, luego de jugar a los bolos, dispararon sendas escopetas -la tenencia excesiva de armas es normal en el país del Norte- y dejaron 14 alumnos muertos, incluidos ellos mismos, y decenas de heridos.
Hechos similares ocurren en distintas partes del planeta.
Las agresiones a que son sometidos los jóvenes desde su entorno familiar, vecinal y escolar, a partir de la burla y del ataque verbal, constituyen algunos de los detonantes para que reaccionen en forma desmedida, en una edad en que sobra la energía y los impulsos no alcanzan a tener el freno suficiente. Esto, en una sociedad encarnizadamente competitiva y en exceso materialista y hedonista, lleva con facilidad a la violencia y a la autodestrucción.
El ambiente de los hogares más humildes y desprotegidos es bien conocido en el Servicio Nacional de Menores; en cambio, los hechos se ocultan más en los que cuentan con mejores medios. Un ejemplo al respecto se relata en la novela "Mala onda", de Alberto Fuguet , que retrata de algún modo estos últimos escenarios sociales.
Los medios de comunicación y las películas tienden a familiarizar con la violencia. Y conozco de cerca los efectos que los dibujos animados orientales violentos producen en el comportamiento de los niños en los jardines infantiles.
Hace más de un año presentamos al Gobierno, junto con el Senador señor Prokurica , una propuesta integral de Agenda de Seguridad Ciudadana, donde se reconocían los esfuerzos realizados hasta esa fecha: otorgamiento de mayor presupuesto a las policías; los planes cuadrantes y comuna segura, y la reforma procesal penal, entre otras medidas.
Sin embargo, esos esfuerzos no tienen resultados equivalentes: los casos de violencia en los jóvenes han aumentado y el crimen se ha regionalizado. Quedamos, incluso, sorprendidos al ver cómo en las comunas más aisladas del país -es el caso de Villa O'Higgins- la demanda de la comunidad es por seguridad ciudadana. Y señala que los carabineros son insuficientes para la magnitud del problema.
La propuesta que presentamos en su oportunidad incluye responsabilidad y rehabilitación de delincuentes menores de edad -que es justamente el punto en discusión-, pero ello asociado a lo siguiente: perfeccionar las normas sobre robo y hurto; fortalecer las policías; compensar gastos por servicios de seguridad en espectáculos con fines de lucro; reincorporar a carabineros jubilados; ampliar el Plan Cuadrante a la Regiones; extender el Programa Comuna Segura-Compromiso 100; intensificar proyectos de esparcimiento y recreación de jóvenes; considerar en los programas educacionales incentivos para la formación de los alumnos; realizar estudios sobre la influencia de los medios de comunicación; limitar la libertad provisional de los delincuentes reincidentes, y suspender beneficios que facilitan la libertad a condenados por delitos graves. Esto, entre otras medidas.
En esta forma pretendemos demostrar que el tema que nos ocupa, siendo complejo, debe ser también abordado desde múltiples ángulos y de manera bastante diversa.
El discernimiento respecto de jóvenes mayores de 14 años o, por decirlo en términos simples, la capacidad de discriminar entre el bien y el mal, o entre lo bueno y lo malo, se encuentra altamente avalado por estudios sicológicos, por experiencias de otros países, en fin.
La duda que quedaba en esta materia -ya ha sido planteada- es si existe presupuesto asociado como para construir e implementar los centros de rehabilitación de jóvenes que se requieren para no mezclarlos con la población penal mayor de 18 años, lo cual, obviamente, transformaría la situación en una verdadera escuela del crimen. Estamos recién discutiendo el Presupuesto para el año 2005, pero en la Quinta Subcomisión Especial Mixta se ha dejado en claro que se cuenta con los fondos necesarios para este fin: hay un programa suficientemente financiado que permitirá asociar esta medida a la construcción de centros de reinserción y rehabilitación de jóvenes.
Terminada la lista de inscritos, se procederá a tomar la votación a quienes todavía no se han pronunciado.
Yo estaba inscrito, señor Presidente.
Sí, señor Senador, pero no se encontraba en la Sala cuando se le ofreció la palabra. Podrá fundamentar su voto dentro de algunos momentos.
Continúa la votación por orden alfabético.
Señor Presidente , en la sesión anterior señalé por qué no era partidario de la rebaja de la edad en materia de imputabilidad penal e hice algunas observaciones acerca de las dos grandes vertientes por las cuales se mueve este proyecto: cambiar el modelo de tratamiento de los menores en conflicto con la ley, y también, como cosa central, esta rebaja de edad.
Procuraré ser breve y preciso.
En el último tiempo, el tema de la delincuencia juvenil forma parte de la seguridad nacional; pero, por desgracia, ha sido planteado más como un debate político electoral que como un problema real, de fondo, merecedor de un estudio adecuado, ya que tiene que ver con parte importante de la sociedad y su futuro.
Quienes creen que el asunto se resuelve sólo rebajando la edad de imputabilidad penal a 14 años están profundamente equivocados. Si así fuera, tendríamos que acoger la propuesta que hizo el entonces Senador señor Urenda , hace más o menos cinco años, y disminuir la edad a 12 años, o, como ya se propone en otras partes, a 10 u 8. Pero la experiencia de Inglaterra a este respecto es negativa; y cuando vinieron sus expertos, dijeron que habían terminado convenciéndose de que ésta no era la manera de alcanzar el fin deseado.
Hemos presentado al Gobierno muchísimas ideas para ayudar a encontrar algo que es lógico y que aquí se ha indicado: cuál es la razón última por la que los jóvenes delinquen. Eso no está en la discusión.
En el país hubo un debate profundo, tremendo, con referencia a lo que pasaba con los niños que habían sido violados. Se discutió más de seis meses sobre el tema. Y todo concluyó en una competencia entre un diario y otro sobre cuál daba más información acerca de la anatomía de cierto personero, o de si acaso estaba loca o no determinada persona. Y de los niños... ¡nunca más se habló!; ¡nunca más se supo qué fue de ellos!
Hemos planteado mil veces que aquí confluyen cuatro factores que todo el mundo conoce: genéticos, sociales, culturales y gatillantes de la situación. En ese sentido, no puedo desconocer que el Gobierno se ha esforzado por hacer las cosas de una manera distinta en estos años. Pero creo que ello ha sido absolutamente insuficiente. Y, lo que es peor -lo digo aquí; y me alegro mucho de que se hallen en la Sala el señor Ministro de Justicia y la señora Directora del SENAME-, nada ha ocurrido con una propuesta concreta que presentamos, junto con el Senador señor Viera-Gallo , con más de quince puntos, que abarcan desde lo orgánico hasta los recursos, la manera de enfrentar este problema, etcétera. ¡Los oídos son sordos...!
Ahora enfrentamos el punto central de la edad, que no es puramente accidental, sino que también forma parte de la esencia del proyecto, al que me voy a oponer. Porque bajar la imputabilidad penal a 14 años, por las distintas razones que se han dado, resulta completamente insostenible, de acuerdo con la opinión de sicólogos y psiquiatras. Hemos conversado con la Sociedad de Psiquiatría y Neurología de la Infancia y Adolescencia, y se da el caso de que ni participa en esta discusión.
Creo que aquí estamos haciéndolo mal. A mi juicio, pese a todo lo bueno que pueda tener la iniciativa, significa generar una idea errada de hacia dónde debe ir la preocupación por la juventud.
No quiero hacer mofa de esto -es demasiado serio-, pero es parecido a cuando se produce un accidente: como el último carro es el que sufre las mayores consecuencias, se decide sacarlo. El último carro, en la vida de un muchacho, lo lleva a la delincuencia.
No se observa ni se analiza lo que sucede en la sociedad. Ya lo señalaron algunos de los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra y no lo voy a repetir; pero negar la influencia de todo ello, adoptar una actitud parsimoniosa y quedarse tranquilo ante lo se ha de hacer en este tema, es sumamente inconveniente. Y se recarga la mano sobre los jóvenes. En este momento, parece ser una especie de deporte nacional saber cuántos jóvenes más delinquen. Pero cuando se trata de muertos a raíz de acciones cometidas por adultos, no se toca el tema.
Entonces, con todo respeto y con mucho cariño -como siempre lo hago con cuanto tiene que ver con las propuestas del Gobierno-, debo manifestar que votaré en contra del proyecto. Ello, por las razones señaladas, las que mencioné en la sesión anterior y las que expondré en la próxima acerca de las cosas que debieron hacerse previamente o, al menos, en forma simultánea, antes de llegar a esta situación.
Como no observo ánimo para hacer las cosas de esa manera, voto que no.
Señor Presidente, estamos ante un problema que, inevitablemente, tiene dos caras, que se han expresado en forma muy clara aquí.
Pienso que nos hemos preocupado de las consecuencias del problema y no de sus orígenes. Y la verdad es que, si sólo normamos aquéllas -lo cual es muy legítimo-, continuaremos con la cuestión de los orígenes por el resto de nuestra historia.
Por eso, creo que el proyecto no tendrá efectos prácticos, porque las dinámicas estructurales de la sociedad actual, impactadas por la globalización y la modernización, no están generando un equilibrio racional entre las legítimas aspiraciones económicas y las consiguientes exigencias culturales y educacionales del presente.
Por lo tanto, como conclusión de esta dicotomía, es inevitable el surgimiento de una economía informal, alternativa e ilegal, que es el origen de la delincuencia y de los comportamientos juveniles riesgosos. A este resultado han arribado importantes sociólogos, relacionados de modo muy directo con la iniciativa, que investigaron la materia.
Es decir, estamos hablando de un problema estrictamente social, cuya máxima expresión ha sido la delincuencia en las grandes ciudades, que hoy nos preocupa. Pero éstas no son el único nicho etiológico de la delincuencia en Chile. También existen la rural y la relacionada con la droga, que son absolutamente distintas. Una es la vinculada con la droga; otra, la juvenil: el robo, el crimen; y una tercera, la rural. Y cada una tiene sus grupos.
Estudios científicos y algunos especialistas que consulté concuerdan en que la edad de inicio en los delitos de robo, por ejemplo, fluctúa entre los 6 y los 14 años. Este dato es alarmante, pues muestra una realidad que, por su trascendencia, debiéramos analizar en profundidad.
En el intervalo de 6 a 10 años, el 71 por ciento de los niños está delinquiendo, y, en la práctica, antes de los 14 años el ciento por ciento de los delincuentes ya se ha iniciado. Por eso se habla de un comportamiento antisocial multifacético adquirido durante la infancia.
Según los estudios aludidos, el 95 por ciento de esos jóvenes proviene de los segmentos de pobreza y de extrema pobreza -¡95 por ciento!-, donde lo más característico es un hogar en que el padre o la madre se encuentra cesante o realiza trabajos esporádicos y mal remunerados. Y los muchachos son alcohólicos, no tienen comida y su única alternativa para subsistir es el robo. Los mismos padres mandan a robar a esos niños de 4, 5 ó 6 años.
Por lo tanto, al enfrentar el problema de la delincuencia como un objetivo de Estado no sólo debemos aplicar medidas en los campos jurídico y policial, sino también en áreas que tienen que ver con el desarrollo social de la población; por ejemplo, el sistema educacional, en el que hemos venido insistiendo desde hace muchos años.
Y este proyecto, que pretende disminuir la edad de imputabilidad de los jóvenes que delinquen, generará inevitablemente una fuerte presión en el sistema judicial, por el aumento natural derivado de estas nuevas medidas. Porque no sólo se trata de los 14 años, sino de que el mayor porcentaje se encuentra en todas las edades que preceden, hasta los 6 años. Por lo tanto, vamos a tener una cadena ininterrumpida, iniciada a los 14 años, que luego tendremos que bajar a 10 años. Sencillamente, estamos rayando en el agua.
Por ejemplo, en los última década pasamos de 137 a 250 convictos por cada 100 mil habitantes, lo que representa más de dos veces la tasa europea y veinte veces la japonesa. Y, según estimaciones de expertos entregadas en la Comisión, exigirá una carga adicional de aproximadamente 50 mil causas anuales, lo que inevitablemente, para soportar esta presión, obligará a aumentar en 48 fiscales los juzgados.
Por lo tanto, me parece que una solución consecuente con este presente no tiene que ver directamente con la modificación de la edad cronológica para hacer responsable a un joven. Hoy esa edad no coincide con los grados de madurez sicológica que la juventud alcanza fruto de los amplios niveles de acceso a la información globalizada. Lo demuestran las estadísticas, realmente alarmantes, sobre las edades en que se inician en los delitos.
Recién este año rebajamos la edad imputable para los delitos de connotación sexual, como una reacción al gran efecto comunicacional...
Terminó su tiempo, señor Senador. Le pido que redondee sus ideas.
En realidad, el desarrollo del tema es bastante más extenso. Creo que nos encontramos ante un problema mayor, que exige otro debate. Seguramente, lo habrá cuando la Sala se aboque a la seguridad ciudadana. Ahí podremos exponer con más amplitud las ideas y las estadísticas, que -como dije-, son alarmantes.
Considero que este proyecto no va a quitar ni agregar nada al problema que tenemos.
No estoy de acuerdo con la edad mínima de imputabilidad que se propone. Al respecto, presentaré la indicación correspondiente. Pero como en lo general se trata de un problema importante, apruebo la idea de legislar.
Es duro el Reglamento, señor Senador. Por eso debo recordar la hora de término de las intervenciones.
Tiene la palabra el Honorable Cantero, para fundar su voto.
Señor Presidente , hemos escuchado esta tarde un extenso inventario de los problemas que afectan a la juventud: la droga, la delincuencia, la violencia, el individualismo, los ilícitos sexuales, etcétera. Y a mí me viene a la mente el pensamiento de Ortega y Gasset en cuanto a que "Yo soy yo y mi circunstancia".
En realidad, el individuo está determinado en su mapa mental por las interacciones con su entorno. A eso los griegos lo llamaban "ethos", conforme al cual el individuo que se desarrolla e interactúa define, lógicamente, su ética. Pero de ese "ethos" no sólo surge la ética, sino también la estética, es decir, lo que está bien y lo que está mal, lo que es bello y lo que no es bello, lo que es bueno y lo que es malo.
En consecuencia, no deja de sorprenderme el enfoque cartesiano, lineal, sectorial, que plantean algunos señores Senadores. Porque el problema, en mi opinión, es sistémico: tiene que ver con el "ethos", a base del cual se está desarrollando una nueva generación, una nueva sociedad. Se trata de un proceso vinculado con la emergencia de una nueva sociedad que no está siendo bien entendida, quizás de modo principal por este Parlamento, que normalmente hace enfoques y análisis de orden lineal, cartesiano o sectorial. En escasísimas ocasiones pueden desarrollarse análisis de carácter sistémico, integral, multidireccional, multidimensional.
A mi parecer, el problema que estamos abordando se relaciona con mapas mentales. Dado que el individuo está determinado por elementos sociales, culturales, del "ethos" o del entorno en el que se está desenvolviendo, no queda otra fórmula que no sea el ir modificándolos por la vía de la presión.
Coincido en estimar que sería un ideal tratar de llevar dos rumbos paralelos en este tema. Creo que es inevitable bajar a 14 años la responsabilidad penal y establecer respecto del discernimiento ciertos criterios que permitan prender luces de alerta para la juventud. Los mapas mentales definen los modelos conductuales. Y los mapas mentales y los modelos conductuales que les hemos hecho asimilar a nuestros jóvenes durante una, dos o tres décadas conforman una cultura de la violencia, del individualismo, de la competencia, elementos que normalmente desembocan en la situación en que hoy nos encontramos.
Queremos ejercer cierto control, en circunstancias de que, en realidad, la sociedad contemporánea promueve el autocontrol. ¿Quién podría regular, por ejemplo, en la Internet lo que se ve y lo que no se ve? Sólo cabe modificar el mapa mental de los individuos para que se autocontrolen.
Sería largo y lato entrar en este tipo de reflexiones. Simplemente, quiero señalar que estimo de estricta necesidad dar una señal que permita cambiar estos mapas mentales para modificar los modelos conductuales.
Además, es urgente enfatizar el esfuerzo que en su momento inicial el Gobierno del Presidente Lagos propuso en cuanto a que los enfoques ministeriales fueran sistémicos, para abarcar muchos espectros de la vida social. Por la vía de esfuerzos puntuales, sectoriales, unidireccionales, no estamos llegando a ningún destino adecuado. Para peor, el Ministerio de Planificación hoy día se ha transformado en un híbrido que no es ni de planificación ni de evaluación, ni tampoco de acción social. Y, al final, nos encontramos ante una situación preocupante.
Luego de marcar estos puntos, señalo mi conformidad con la iniciativa.
--Se aprueba en general el proyecto (35 votos contra 4).
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Arancibia, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Cariola, Coloma, Cordero, Chadwick, Espina, Fernández, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Martínez, Moreno, Naranjo, Novoa, Núñez, Orpis, Páez, Parra, Prokurica, Romero, Sabag, Silva, Stange, Vega, Viera-Gallo y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Muñoz Barra, Ríos, Ruiz y Ruiz-Esquide
A los señores Presidente Ejecutivo de CODELCO y de COCHILCO, formulándoles diversas solicitudes sobre PROYECTO DE INTEGRACIÓN A CALAMA
A los señores Ministro del Interior , Subsecretario de Desarrollo Regional e Intendente de la Undécima Región, pidiéndoles recabar ENTREGA POR ALCALDE DE CUENTA ANUAL PÚBLICA DE COMUNA DE O`HIGGINS.
Al señor Ministro de Educación , planteándole ANALOGACIÓN DE BENEFICIOS A PROFESORES DEL LICEO INDUSTRIAL PEDRO AGUIRRE CERDA, DE RANCAGUA.
Al señor Ministro de Obras Públicas , solicitándole información en cuanto a FALTA DE ILUMINACIÓN EN PASARELA DE CHIFIN ALTO.
Al señor Director Nacional de la CONADI , pidiéndole información sobre NO CONSIDERACIÓN DE PROVINCIA DE PALENA EN FONDOS DESTINADOS A VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE ETNIAS ORIGINARIAS.
Al señor Intendente de Los Lagos , exponiéndole ATRASO DE PROYECTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN SECTOR PUELCHE Y EN LOCALIDAD DE CHEUQUEMÓ (todos de la Décima Región).
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los diversos Comités, ningún señor Senador interviene.
--Se levantó a las 19:3
En la discusión general y particular, tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Senador señor Romero.
Un grupo dice relación a tres iniciativas. La primera es la referente a las “Enmiendas al Anexo del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, Solas 1974, y el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias, adoptados mediante las Resoluciones 1 y 2, respectivamente, de fecha 12 de diciembre de 2002, de la Conferencia de los Gobiernos Contratantes de dicho Convenio Internacional, celebrada entre los días 9 y 12 de diciembre de 2002”.
La segunda, a las “Enmiendas al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, Solas 1974, adoptadas por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional mediante las siguientes Resoluciones: MSC 69, de 18 de mayo de 1998; MSC 87, de 27 de mayo de 1999, y MSC 91 y 92, de 26 de mayo de 2000”.
La tercera, a las “Enmiendas al Convenio para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, enmendado, adoptadas por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional mediante la Resolución MSC 99, de 5 de diciembre de 2000, y las Enmiendas al Protocolo de 1988, relativo al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974, enmendado, adoptadas por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional mediante la Resolución MSC 100, de 5 de diciembre de 2000”.
Los proyectos de acuerdo que nos corresponde analizar cumplen su segundo trámite constitucional en la Corporación y tuvieron su origen en mensajes de Su Excelencia el Presidente de la República. Consisten en aprobar diversas enmiendas al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, denominado “Convenio SOLAS 1974”, adoptadas por el Comité de Seguridad Marítima de la Organización Marítima Internacional (OMI) y por la conferencia de los Gobiernos Contratantes del referido Tratado.
Señor Presidente, sugiero recabar el acuerdo de la Sala para incorporar en la Versión Taquigráfica el contenido de las enmiendas, porque son eminentemente técnicas y su detalle ocuparía mucho tiempo.
La Resolución Nº 2 adopta el denominado “Código Internacional para la Protección de los Buques y de las instalaciones Portuarias” (PBIP), mediante el cual se establece un marco para el desarrollo de la colaboración internacional entre los Estados, organismos gubernamentales, administraciones locales y sectores navieros y portuarios, a fin de detectar tempranamente las amenazas que afectan a la protección de los buques e instalaciones portuarias utilizadas para el comercio internacional, y de adoptar coordinadamente medidas tendientes a prevenir la ocurrencia de actos ilícitos dirigidos en su contra.
La Comisión de Relaciones Exteriores estimó que la aprobación de las enmiendas señaladas, que ya se encuentran vigentes y en aplicación internacional -desde luego en Chile-, permitirá la incorporación formal de las mismas al ordenamiento jurídico nacional.
El objetivo de las enmiendas consiste en modificar el Anexo del Protocolo de 1978, relativo al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, en consideración a los cambios y avances tecnológicos que experimenta la industria marítima, incorporando una nueva “zona especial” y mejorando las condiciones de estabilidad de las naves tanqueras.

References: artículo 26
 artículo 62
 artículo 68
 artículo 127
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 127
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 106
 artículo 38
 artículo 169
 artículo 124
 artículo 5
 artículo 133
 artículo 20
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 241
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución