Source: http://mepriv.mecon.gov.ar/Normas/1105-89.htm
Timestamp: 2017-07-23 06:38:38+00:00

Document:
Decreto 1105/89 del 20/10/89
Apruébase la "Reglamentación
de la Ley Nº 23.696"
VISTO la Ley Nº 23.696,
por la cual se declara el estado de emergencia administrativa, y
Que el presente decreto se
dicta en uso de las facultades emergentes del artículo 8, incisos
1 y 2 de la Constitución Nacional y artículo 59 de la Ley
de Impuestos de Sellos (t. o. 1986).
-Apruébase la "Reglamentación de la Ley Nº 23.696",
que como Anexo I forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2º -El incumplimiento
de los plazos previstos en la reglamentación que se aprueba por
el artículo 1º, siempre que no exceda los establecidos por
la Ley Nº 23.696, no afectará la validez de los actos cumplidos
fuera de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda caber a los
funcionarios causantes de la demora. Las actuaciones conducentes a deslindar
esa responsabilidad tramitaran en forma independiente.
Art. 3.º -Exímense
del pago del Impuesto de Sellos (t. o. 1986) a todos los actos que sean
consecuencia de lo dispuesto en los Capítulos I, II, III, VI y VII
de la Ley Nº 23.696 y de los Artículos correspondientes de
Art. 4º -Facúltase
a los Ministros y Secretarios de la PRESIDENCIA DE LA NACION a delegar,
en los órganos inmediatamente inferiores, las competencias a aquéllos
otorgadas por la reglamentación aprobada por el presente decreto.
Art. 5º.-Invítase
a la MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES a adherir a las normas
reglamentarias aprobadas por el presente decreto.
Art. 6º -Derógase
el Decreto Nº 1768/86.
Art. 7º.-El presente
decreto entrara en vigencia a partir de la fecha de su publicación.
Art. 8º. -Comuníquese,
publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL
y archívese. -MENEN. -José R Dromi. -Eduardo Bauzá.
-Néstor Rapanelli. -Italo A. Luder. -Antonio F. Salonia. -Antonio
Erman González. -Domingo F. Cavallo.
Nº 23.696
ARTICULO 1º -Durante
el estado de emergencia las pautas para establecer el valor de las tarifas
de los servicios prestados por los entes, empresas o sociedades comprendidos
en el artículo 2º de la Ley Nº 23.696, el precio de los
combustibles, y las remuneraciones de todo el personal que se desempeñe
en el Estado Nacional y los entes, empresas o sociedades comprendidos en
la norma antes citada serán propuestos por el MINISTERIO DE ECONOMIA.
A tales efectos, la información
correspondiente será proporcionada por el respectivo ente, empresa
o sociedad y elevada al MINISTERIO DE ECONOMIA por intermedio del Ministerio
ARTICULO 2º -Las intervenciones
decretadas a partir del día 8 de julio de 1989 y hasta la fecha
de entrada en vigencia de la Ley Nº 23.696, se declaran también
fundadas en los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 23.696
y regidas por los artículos 3º, 4º, 5º y concordantes
El plazo a que hace referencia
el artículo 2º de aquella ley, se computará partir de
la fecha de entrada en vigencia del presente reglamento.
Las intervenciones dispuestas
por el PODER EJECUTIVO NACIONAL desplazan a los órganos de administración
y dirección de los entes, empresas o sociedades cualquiera sea su
tipo jurídico, con las mismas facultades que aquéllas.
Mientras dure la intervención,
serán de aplicación para el ente, empresa o sociedad intervenido
los regímenes de contratación establecidos por la Ley Nº
23.696 y por las leyes o reglamentos generales o especiales para la Administración
Pública, sin perjuicio de la aplicación supletoria de los
regímenes de contratación propios de cada ente. Continuaran
siendo de aplicación directa las normas regulatorias de contratos
de especifica naturaleza propios de la especial actividad del ente, empresa
o sociedad intervenido, y los fijados para las operaciones financiadas
por organismos internacionales de crédito.
ARTICULO 3º -La reorganización
provisional podrá abarcar todos los aspectos de la gestión
del ente, empresa o sociedad intervenido.
A los efectos de la reorganización
del ente, empresa o sociedad por acto administrativo sujetos a la previa
autorización del Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación
competente, el Interventor podrá disponer la extinción, transformación,
escisión, fusión o creación de dependencias orgánicas,
cualquiera sea su denominación o ubicación estructural, asignándoles
incluso a las subsistentes, las misiones, funciones y ámbitos de
competencia que estime corresponder. La reorganización así
dispuesta incluirá la reubicación del personal de cualquier
jerarquía o, en su caso, la extinción de la relación
de empleo con las indemnizaciones que correspondieren, o el pase a disponibilidad
previsto en la Ley Nº 22.140, según el régimen legal
que les resulte aplicable. Esta norma no será de aplicación
para las dependencias orgánicas creadas por leyes generales o especiales,
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 61 de la Ley Nº
23.696.
Estarán excluidos
del derecho a percibir indemnización:
a) Los que no reunieren al
momento de dictarse la medida, los requisitos necesarios para la adquisición
b) Los que se estuviesen
desempeñando en violación a las normas sobre incompatibilidad:
c) Los que se hallaren en
condiciones de obtener el porcentaje máximo del haber de la jubilación
Queda suspendido el reconocimiento
y pago de la indemnización, al personal que se encontrare o fuere
sometido a sumario administrativo o a proceso criminal del que pudiere
resultar su cesantía, exoneración o despido, hasta tanto
finalicen las respectivas actuaciones con resolución definitiva
o, en su caso, sobreseimiento provisional, firmes. Si resultare que debía
corresponderle cesantía, exoneración o despido perderá
definitivamente el derecho a la indemnización. Si le hubiere correspondido
sanción de suspensión, el importe de esta le será
descontado de la indemnización, todo ello a valores constantes y
El personal que haya percibido
la indemnización no podrá reingresar al servicio del Estado
Nacional, o de los entes, empresas o sociedades enunciados en el artículo
1º de la Ley Nº 23.696 durante los CINCO (5) años posteriores
a su baja, sea como agente permanente, transitorio o contratado. El PODER
EJECUTIVO NACIONAL podrá disponer excepciones fundadas, en cuyo
caso el beneficiario de la excepción reintegrará, actualizada,
la parte de la indemnización percibida, proporcional a los meses
que faltaren para cumplir el periodo de CINCO (5) años, indicado.
La actualización se
hará por el índice del salario del peón industrial
en la CAPITAL FEDERAL publicado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS
Las bajas de personal que
se produzcan por aplicación de este artículo serán
comunicadas a la Secretaría de la Función Pública
de la Presidencia de la Nación en la forma y plazos que esta determine.
ARTICULO 4º -En el área
de la PRESIDENCIA DE LA NACION, corresponde al Secretario del cual dependa
el ente, empresa o sociedad intervenido, el ejercicio de las facultades
y competencia conferidas por el artículo 4º de la Ley Nº
ARTICULO 5°-Sin reglamentación.
ARTICULO 6º -La decisión
de transformar la tipicidad jurídica de los entes, empresas y sociedades
deberá adoptarse dentro del plazo establecido en el artículo
1º de la Ley Nº 23.696, sin perjuicio de que el perfeccionamiento
de tal transformación se concrete en el término que se establezca
en el acto que decida la transformación.
El decreto de transformación
de la tipicidad jurídica aprobara, asimismo, el régimen o
estatuto orgánico del ente, empresa o sociedad.
ARTICULO 7º - El decreto
de creación de una nueva empresa aprobará, asimismo, su estatuto
Las adecuaciones presupuestarias
que sea menester efectuar, se harán con intervención del
DE LAS PRIVATIZACIONES Y
PARTICIPACION DEL CAPITAL PRIVADO
ARTICULO 8° -Las normas
contenidas en el presente Capítulo serán también aplicables,
en lo que corresponda, para los entes, empresas y sociedades incluidos
en los anexos de la Ley Nº 23.696.
ARTICULO 9º -El Proyecto
de decreto de declaración de "sujeta a privatización" de
los entes, empresas o sociedades enunciados en el artículo 8º
de la Ley Nº 23.696, se iniciará por el Ministro o Secretario
de la Presidencia de la Nación en cuya jurisdicción se encuentre
el ente, empresa o sociedad a privatizar, de oficio o por instrucción
ARTICULO 10 -El Ministro
o Secretario de la Presidencia de la Nación actuante en la elaboración
del decreto de declaración de "sujeta a privatización" deberá
indicar los privilegios, cláusulas monopó1icas o prohibiciones
discriminatorias cuya eliminación o modificación propone,
incluyendo una relación de las disposiciones vigentes, estableciendo
expresamente las que han de quedar total o parcialmente excluidas o modificadas.
La propuesta también deberá expresar el origen y fundamento
que en aquel momento tuvo el privilegio, cláusula o prohibición
cuya exclusión o modificación se propone, las dificultades
que su mantenimiento genera al proceso de privatización, los beneficios
derivados de su exclusión o modificación y la viabilidad
técnica y económica de la actividad a privatizar, una vez
eliminado o modificado el privilegio, la cláusula o la prohibición.
Se considerará excluida,
en los términos del artículo 10 de la Ley Nº 23.696,
toda norma legal o reglamentaria que establezca privilegios, prohibiciones
o monopolios que no sean expresamente ratificados en el decreto de declaración
de "sujeta a privatización". En todos los casos en que se pretenda
el mantenimiento de un determinado subsidio o privilegio, deberá
darse intervención al MINISTERIO DE ECONOMIA, quien dictaminará
ARTICULO 11. -Luego de sancionada
y promulgada la ley que apruebe la declaración de "sujeta a privatización",
o a parar de la vigencia de este reglamento en el caso de las sociedades
comprendidas en el párrafo segundo del artículo 8º de
la Ley Nº 23.696, el Ministro o Secretario de la Presidencia de la
Nación en cuya jurisdicción se encuentre el ente, empresa
o sociedad a privatizar iniciara, de inmediato y de oficio, los procedimientos
"endientes a la privatización, aplicando estrictamente el principio
de celer~ dad, economía, sencillez y eficacia en los tramites, previstos
en el artículo 1º inciso b) de la Le Nº 19.549 y su modificatoria
Nº 21.686. A la Autoridad de Aplicación podrá constituir
comisiones de trabajo especificas con los cometidos que les asigne. En
los casos en que se aplique un Programa de Propiedad participada un representante
del MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL integrara dichas Comisiones.
En los supuestos previstos en el tercer parrado del artículo 11
de la Ley N° 23.696, deberá invitarse al Gobierno de la Provincia
que corresponda a designar su representante en dichas comisiones de trabajo.
Se podrá proceder a la contratación de asesores de las comisiones
de trabajo cuando ello resultare necesario
por la modalidad de concesión de obra pública estera regida
por la Ley Nº 17.520 con las reformas introducidas por los artículos
57 y 58 de la Ley Nº 23.696 y su reglamentación, normas que
serán también de aplicación para las concesiones de
obras alcanzadas por la declaración de sujeta a privatización.
El régimen de la concesión de obra pública será
de aplicación analógica, hasta tanto se sancione el cuerpo
normativo pertinente, a las concesiones de uso y servicio que no tengan
por objeto principal la ejecución de obras nuevas o de mantenimiento,
reparación o ampliación, en cuyo caso regirá en forma
directa el régimen jurídico de la concesión de obra
ARTICULO 12.-Sin reglamentación.
ARTICULO 13.-Será
Autoridad de Aplicación a todos los efectos de la Ley Nº 23.696,
el Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación en cuya
jurisdicción se encuentre el ente, empresa o sociedad a privatizar.
a) Dentro de los NOVENTA
(90) días, contados desde la vigencia de la ley aprobatoria de la
declaración de "sujeta a privatización", plazo prorrogable
por igual término, por del Ministro o Secretario de la Presidencia
de la Nación competente, dichos órganos elevarán un
informe al PODER EJECUTIVO NACIONAL con la propuesta concreta referida
al procedimiento y modalidad más adecuados para hacerla efectiva.
Dicho informe, deberá consignar:
I- El carácter total
o parcial de la privatización propuesta y su fundamento.
II.- Aquéllas de las
alternativas de procedimiento enunciadas en el artículo 15 de la
Ley Nº 23.696 que estime adecuadas al caso.
III.- La o las modalidades
de las enunciadas en el artículo 17 de la Ley Nº 23.696 que
entiende adecuadas para materializar la privatización.
IV.- E1 procedimiento de
selección de los enumerados en el artículo 18 de la Ley Nº
23.696 que se prevé utilizar y los plazos estimados para cada una
de las etapas del procedimiento de privatización.
V.- La eventual propuesta
sobre las preferencias a que se refiere el artículo 16 de la Ley
Nº 23.696 y la aplicabilidad, en el caso, de un Programa de Propiedad
Participada, especificando en este supuesto clases de sujetos adquirentes
y proporción del capital accionario comprendido en el programa.
b) En los casos de los entes,
empresas y sociedades incluidos en los Anexos de la ley que por el presente
se reglamenta y en los casos de sociedades comprendidas en el párrafo
segundo del artículo 8º de la Ley Nº 23.696, el plazo
referido en el apartado a) del presente artículo se computará
a partir de la entrada en vigencia de este reglamento.
c) El producido de las privatizaciones
efectuadas según el régimen de la Ley Nº 23.696 ingresará
ARTICULO 14.-Copia del informe
requerido en el artículo anterior será remitido a la COMISION
BICAMERAL creada en el ámbito del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION
por el artículo 14 de la Ley Nº 23.696.
Inciso 1. Sin reglamentación.
Inciso 2. Podrán constituirse
sociedades adoptando cualquiera de las formas jurídicas previstas
por la legislación vigente, incluyendo las sociedades comerciales
de derecho común cualquiera sea la proporción con la que
el Estado concurra a su constitución. Los aportes del Estado podrán
consistir en cualquier tipo de bienes. El aporte en propiedad de un bien
del dominio público artificial implicará su desafectación
La escisión de empresas,
sociedades, establecimientos o haciendas productivas deberá, fundarse
en razón de conveniencia comprobada y deberá contemplar la
viabilidad técnica y económica futura de cada una de las
unidades resultantes de aquélla.
Inciso 3. Las reformas de
los estatutos societarios deberán contemplar la modificación
o supresión de aquellas disposiciones que restrinjan o impidan la
participación de capital privado.
Inciso 4. Sin reglamentación.
Inciso 5. La negociación
de retrocesiones y la extinción o modificación de contratos
y concesiones será procedente en la medida en que resulte necesaria
para coadyuvar al procedimiento de privatización, debiendo darse
intervención al MINISTERIO DE ECONOMIA quien, por intermedio de
la dependencia de su jurisdicción que resulte competente, determinará
su exacta incidencia sobre los recursos del TESORO NACIONAL. La vigencia
de dichos arreglos estará sujeta a la condición suspensiva
de la privatización.
Inciso 6. Sin reglamentación.
Inciso 7.
a) Los permisos, licencias
o concesiones para explotación de servicios públicos que
se otorguen como consecuencia de un procedimiento de privatización,
deberán contemplar:
I. Los servicios específicamente
incluidos, discriminando aquellos cuya explotación se conceda bajo
régimen de exclusividad, de los que se concedan en un régimen
II. El plazo por el cual
se otorga, el que será compatible con una eficiente explotación
del servicio, la adecuada amortización de las inversiones que se
lleven a cabo y una razonable rentabilidad. Podrá convenirse su
prórroga, así como las modalidades para hacerla efectiva.
III. El ámbito geográfico
IV. Las obligaciones que,
según el caso, se le impongan a la permisionaria licenciataria o
concesionaria, tanto aquéllas referidas al pago de un canon, como
a la calidad y extensión del servicio o a la modernización
de los medios materiales y técnicos afectados a la prestación
V. Los derechos comprendidos
en el permiso, licencia o concesión, incluyendo aquellas disposiciones
que pudieran importar el ejercicio por parte del permisionario, licenciatario
o concesionario de acciones o derechos contra terceros.
VI. El régimen tarifario,
especificando los conceptos que la tarifa debe cubrir, incluyendo la rentabilidad
adecuada a la inversión realizada. En la fijación del régimen
tarifario deberá intervenir el MINISTERIO DE ECONOMIA.
VII. El régimen sancionatorio
VIII. Para las concesiones
de servicios públicos donde se establezcan cláusulas de rescate
o reversión, se preverá un justo régimen indemnizatorio
y el destino de los bienes afectados a la explotación del servicio.
En tales casos el rescate y la reversión tendrán carácter
excepcional, según fundadas razones de interés público.
IX. La información
técnica y económico-financiera que el permisionario, licenciatario
o concesionario deberá suministrar o tener a disposición
de la autoridad de control de servicio.
b) El otorgamiento de permisos,
licencias o concesiones en las condiciones aquí establecidas, podrá
formar parte, total o parcialmente del contrato que se celebre en los términos
del artículo 17 de la Ley Nº 23.696, cuando el ente, empresa
o sociedad privatizado haya sido titular, al momento de su privatización,
del servicio público a conceder.
c) Las razones de defensa
o seguridad nacional que determinen la preferencia al capital nacional
deberán fundarse suficientemente e informarse al PODER EJECUTIVO
NACIONAL con carácter previo al establecimiento de la preferencia,
con intervención del MINISTERIO DE DEFENSA, el que determinará
fundadamente la existencia de tales razones en cada caso comprendido en
Inciso 8. El otorgamiento
de beneficios tributarios a la empresa que se privatice deberá utilizarse
con criterio restrictivo y sólo cuando ello resulte indispensable
para el éxito del procedimiento de privatización, dándose
intervención previa al MINISTERIO DE ECONOMIA. Asimismo, en cada
caso, la autoridad que conceda los beneficios deberá calcular, juntamente
con la SECRETARIA DE HACIENDA, el costo fiscal que surja de la aplicación
de la medida propuesta para cada año en que ella tenga efecto, para
su imputación al cupo fiscal que a tal efecto se incluirá
en la Ley de Presupuesto General de la Nación. Facúltase
al MINISTERIO DE ECONOMIA para establecer el sistema de utilización
de los beneficios tributarios que se acuerden bajo el presente régimen
el que determinará el cupe fiscal que a tal efecto se incluirá
Inciso 9. Deberá darse
intervención previa al Ministerio de Economía el que, a través
de la dependencia que designe, determinará su incidencia en el Presupuesto
Inciso 10. Deberá
darse intervención previa al MINISTERIO DE ECONOMIA, a través
de la dependencia que designe, cuando se afectare el Presupuesto o TESORO
Inciso 11. Cuando la disposición
que se deje sin efecto sea estatutaria, deberá estarse a la reglamentación
del inciso 3) del artículo 15 de la Ley Nº 23.696. En los casos
en que fuera convencional, resultará de aplicación la reglamentación
del inciso 5) del mismo artículo de la Ley Nº 23.696.
Inciso 12. Deberá
darse intervención previa al MINISTERIO DE ECONOMIA
Inciso 13. Sin reglamentación
Artículo 16.-Las preferencias
referidas en el artículo 16 de la ley Nº 23.696 consistirán
en el otorgamiento de prioridad para la adjudicación en el supuesto
de situación de equivalencia de ofertas.
En los casos en que de la
oferta participen uno o más de los tipos de adquirentes previstos
en los incisos 2), 3) y 4) del artículo 16 de la Ley Nº 23.696,
a través de un Programa de Propiedad Participada, las preferencias
serán otorgadas en relación a la proporción del capital
accionario comprendido en dicho programa.
ARTICULO 17.-Las modalidades
reguladas en el artículo 17 de la Ley Nº 23.696 podrán
utilizarse atendiendo a las circunstancias de cada caso, con el objetivo
de llevar a cabo la efectiva privatización en los menores plazos
y las mejores condiciones posibles.
Inciso 1. Las ventas de activos
de las empresas podrán ser parciales o totales.
Las ventas parciales podrán
serlo de cada uno de los activos, individualmente considerados, o por conjuntos
que constituyan unidades económicamente operables.
Las ventas totales implicarán,
al mismo tiempo, la disolución y liquidación del ente, empresa
o sociedad al cual estaban afectados los activos vendidos.
Inciso 2. La venta de acciones
o cuotas parte del capital social podrá ser total o parcial y a
uno o más adquirentes. Como principio general se preferirá
a la venta total. La venta parcial que implique la subsistencia del Estado
como accionista. será de aplicación restrictiva y deberá
fundarse en razones de conveniencia comprobada, teniendo en cuenta la actividad
desarrollada por el ente, empresa o sociedad.
La venta de establecimientos
o haciendas productivas en funcionamiento podrá comprender la totalidad
de aquellos que el ente, empresa o sociedad tenga en explotación,
en cuyo caso corresponderá la disolución y liquidación
Inciso 3. El contrato de
locación deberá especificar la existencia o no de opción
a compra en oportunidad de su celebración y, en su caso, las causales
de resolución de tal opción.
En el supuesto de pactarse
la opción a compra, podrá convenirse la imputación
o no de los alquileres pagados, como pago a cuenta del precio.
En las condiciones de contratación
podrá establecerse que la determinación previa del valor
del precio de venta tendrá carácter provisional pudiendo
ajustarse en más o menos según resulte de las auditorías
e inventarios que, por haberse convenido en el respectivo contrato, se
practiquen durante el plazo de la locación.
Inciso 4 El contrato de administración
con o sin opción a compra deberá especificar la existencia
o no de opción de compra en oportunidad de su celebración
y, en su caso, las causales de resolución de tal opción.
asumida tendrá carácter onerosa y podrá estar referida
a la obtención de resultados positivos en la gestión de la
operación encomendada, conforme a criterios previstos en el contrato.
del precio de venta tendrá carácter provisional, pudiendo
e inventarios que, por haberse así convenido en el respectivo contrato,
se practiquen durante la gestión del administrador.
Inciso 5 La concesión,
licencia o permiso que se otorgue se ajustará, en lo pertinente,
a lo dispuesto en el artículo 15, inciso 7) de la Ley Nº 23.696
y su reglamentación y en los artículos 57 y 58 de las normas
ARTICULO 18 -En cada caso,
la Autoridad de Aplicación deberá redactar el Pliego de Bases
y Condiciones que regirá dicho procedimiento, dándose intervención
al MINISTERIO DE ECONOMIA cuando se afectaren o pudiere llegar a afectarse
fondos del TESORO NACIONAL. La redacción deberá asegurar
la máxima transparencia y publicidad durante la totalidad del procedimiento
de privatización y en cada una de sus etapas, lo cual no obstará
a que se procure, asimismo, la mayor celeridad en la tramitación
El estímulo a la concurrencia
de la mayo cantidad posible de interesados no impedirá que el Pliego
de Bases y Condiciones establezca los requisitos que deberán reunir
los proponentes y las exclusiones que, con carácter general y fundadas
en razones de conveniencia debidamente explicadas, resulte necesario aplicar
en cada caso. No será exigida la inscripción en registro
de contratistas estatales, sin perjuicio de que deban ponderarse los antecedentes
que los inscriptos tuvieren en ellos asentados.
Incisos 1) y 2) LICITACION
PUBLICA O CONCURSO PUBLICO.
a) El acto de adopción
del procedimiento deberá indicar el carácter nacional o internacional
de aquél y si lo será con o sin base.
b) El llamado a licitación
o concurso público deberá difundirse, como mínimo,
mediante inserción de los correspondientes avisos en d Boletín
Oficial de la República Argentina y en tres diarios de amplia circulación
Los anuncios se harán
durante DIEZ (10) días y con no menos de TREINTA (30) días
corridos de anticipación a la fecha de la apertura respectiva, computados
a partir del inmediato siguiente al de su última publicación.
Sin perjuicio de las publicaciones
mínimas especificadas, procurará darse la mayor difusión
al llamado mediante otras publicaciones o la utilización de medios
masivos de difusión.
En el caso de licitaciones
o concursos de carácter internacional podrá disponerse la
difusión del llamado en el exterior, cuando se estime que ello redundará
en una mayor concurrencia de oferentes y no implique incurrir en erogaciones
podrá, asimismo, cursar invitaciones a participar a todas aquellas
personas de existencia visible o ideal, locales de capital nacional o extranjero,
o del exterior, que estime conveniente. En todo caso que lo estime oportuno,
podrá requerir la colaboración del MINISTENO DE RELACIONES
EXTENORES Y CULTO, a efectos de que las Embajadas de la República
Argentina en el exterior colaboren en la difusión del llamado.
c) El llamado deberá
detallar, como mínimo:
I- El nombre del organismo
II.- El carácter nacional
o internacional de la licitación, la existencia o no de bases y,
en su caso, el monto de ésta.
III- El objeto del llamado.
IV- El lugar donde pueden
consultarse los pliegos de bases y condiciones y el horario durante el
cual pueden llevarse a cabo las consultas.
V- El precio del Pliego de
VI- El lugar de presentación
VII- El día, hora
y lugar previstos para el acto de apertura de las ofertas.
d) El Pliego de Bases y Condiciones
deberá estar redactado en términos claros y precisos. Se
procurará evitar la utilización de conceptos vagos o ambiguos
y, en caso de que ello no pueda evitarse, deberá precisarse en el
propio pliego el sentido y alcance con que se los utiliza en el caso. Deberá
consignar como mínimo:
I- El objeto del llamado,
claramente especificado, indicando:
A) La modalidad a través
de la cual se llevará a cabo la privatización.
B) La unidad que se licita.
II- Las disposiciones generales
relativas al procedimiento indicando:
A) Horario y lugar para tomar
vista de las actuaciones y efectuar presentaciones.
B) Cómputo de los
plazos, procedimiento y oportunidad de su prórroga.
C) Procedimiento para la
formulación de consultas, plazo para su contestación y forma
de hacerlas extensivas a la totalidad de los adquirentes de pliegos.
D) Formas en que habrán
de llevarse a cabo las notificaciones y sus efectos.
E) Requisitos relativos a
certificaciones, traducciones y legalizaciones.
de los ejemplares oficiales del Pliego de Bases y Condiciones, el régimen
y efectos de su adquisición.
G) Las exigencias relativas
a la denuncia del domicilio real o legal y la constitución del domicilio
especial de los interesados, así como aquéllas vinculadas
a la designación de un apoderado o representante hábil para
recibir las notificaciones y tomar vista de las actuaciones.
III- Las eventuales informaciones
técnicas y económico-financieras a entregar o facilitar a
los proponentes, especificando, en su caso, el procedimiento a través
del cual cada uno de los interesados pueda llevar a cabo, a su costa, los
estudios y verificaciones que considere convenientes para la adecuada formulación
IV- Los requisitos que deberán
reunir los proponentes, cuidando de no incluir exigencias que puedan resultar
excesivas en oportunidad de la presentación de las propuestas, y
que puedan ser cumplidas con posterioridad a la adjudicación por
quien resulte adjudicatario.
Deberá exigirse que
el proponerte acredite, por la forma que se establezca, tanto su solvencia
patrimonial como, especialmente, su idoneidad técnica y antecedentes
en la actividad que es objeto de privatización.
un ejemplar oficial del Pliego de Bases y Condiciones será requisito
para poder formular propuestas.
V- Los requisitos relativos
a las ofertas, su contenido, forma y lugar de presentación. Si se
optara por un sistema de doble sobre, deberá discriminarse con precisión
la información que habrá de incluirse en cada uno de ellos.
En todo caso, se indicará:
A) Formalidades de las ofertas,
y cantidad de ejemplares que deban presentarse.
B) Datos, informes y exigencias
relativos a los oferentes que aquéllas deben contener, tanto los
referidos a su existencia jurídica como los vinculados a sus antecedentes
técnicos, empresariales, capacidad económica-financiera y
demás informaciones que permitan evaluar sus condiciones.
C) Las eventuales exigencias
respecto a la propuesta relativa a los planes de explotación y expansión
de la unidad que se privatiza, tales como programas de actividad; innovaciones
o mejoras en la organización, instalaciones y tecnologías;
inversiones futuras; volúmenes ocupacionales, precio ofrecido, forma
de pago y todo otro dato que permita la configuración integral de
aquélla y su ulterior evaluación.
D) Documentación que
debe acompañarse a la oferta, tanto relativa al oferente, como a
la oferta misma.
E) Plazo y lugar para la
F) Especificación
de las garantías que los oferentes deberán constituir, así
como las que corresponda constituir al adjudicatario, especificando monto,
porcentajes y formas de constitución.
VI- Determinación
del plazo de mantenimiento de las ofertas y los efectos de su incumplimiento.
VII- Determinación
del día, lugar, hora y formalidades del acto de apertura.
VIII- Organos, plazos y procedimientos
de evaluación de las ofertas y su impugnación.
IX- Organo competente, plazo,
forma y efectos del acto de adjudicación.
e) Los pliegos preverán
además el procedimiento de tramitación, ajustándose
a los principios de igualdad, publicidad y concurrencia, aplicando en lo
que fuere pertinente las regulaciones contenidas en la Ley de Contabilidad,
el Reglamento de Contrataciones del Estado y la Ley de Obras Públicas.
f) Existirá una garantía
de impugnación, que deberá constituir quien formule impugnaciones,
que le será devuelta en caso de ser acogida favorablemente su pretensión,
o que perderá en la misma medida en que tal pretensión sea
establecerá la forma y el mecanismo de determinación del
monto de garantía, cuidando que éste no constituya un obstáculo
al ejercicio del derecho de defensa.
g) Podrá incluirse
en el Pliego de Bases y Condiciones, cuando se estime conveniente, sistemas
de puntajes o porcentuales referidos a distintos aspectos o variables a
ser tenidos en cuenta a los efectos de la evaluación, cuidando que
tales sistemas se funden en criterios generales y objetivos, y no desnaturalicen
el principio de concurrencia. En tales casos deberá especificarse
cada una de las variables en consideración, el puntaje posible de
obtener en cada una y el porcentaje que ella refleje en 1a calificación
final de la oferta.
h) La preadjudicación
deberá establecer un orden de mérito y deberá ser
decidida dentro del plazo máximo de CUARENTA Y CINCO (45) días
hábiles contados desde la apertura, notificándose a todos
Podrá ser impugnada
cumpliéndose con 1a respectiva garantía dentro de los CINCO
(5) días hábiles de notificada.
i) La adjudicación
deberá decidirse dentro de los QUINCE (15) días hábiles
contados a partir del vencimiento del plazo para impugnar y deberá
resolver la totalidad de las impugnaciones.
j) Las impugnaciones a la
adjudicación, que deberán ser también garantizadas
en la forma prevista en este reglamento, tramitarán por expediente
separado formado por las copias pertinentes, sin interrumpir la ulterior
tramitación del expediente principal, excepto que se configuren
las situaciones previstas por el último párrafo del artículo
12 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Nº 19.549.
k) Las comisiones de trabajo
previstas en el artículo 11 de la presente reglamentación
serán los órganos competentes para llevar a cabo la totalidad
del procedimiento de selección hasta el proyecto de adjudicación,
que será elevado al Ministro o Secretario de la Presidencia de la
Nación competente para su resolución o elevación al
PODER EJECUTIVO NACIONAL, según corresponda.
Inciso 3. REMATE PUBLICO.
Los pliegos preverán el procedimiento de tramitación, ajustándose
que fuere pertinente las regulaciones contenidas en la Ley de Contabilidad
y el Reglamento de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de la aplicación
de las normas que resulten pertinentes de los incisos 1) y 2) de este artículo.
Inciso 5. CONTRATACION DIRECTA.
Los pliegos preverán el procedimiento de tramitación ajustándose
el Reglamento de Contrataciones del Estado o la Ley de Obras Públicas
según corresponda por la naturaleza de la contratación, sin
perjuicio de la aplicación de las normas que resulten pertinentes
de los incisos 1) y 2) de este artículo.
ARTICULO 19 -EL MINISTERIO
DE ECONOMIA será consultado sobre las pautas a aplicar en cada tasación.
La imposibilidad a que se refiere el artículo 19 de la Ley Nº
23.696 puede ser técnica o temporal. Se considerará que existe
imposibilidad temporal de efectuar la tasación por parte de organismos
públicos nacionales, provinciales o municipales cuando no puedan
efectuarla dentro del plazo en que resulte necesaria según los objetivos
de cada privatización, lo que deberá constar explicado en
el informe a que alude el artículo 13 de esta reglamentación.
tasaciones privadas, como así también la de los asesoramientos
previstos en el artículo 11 de este reglamento, podrán efectuarse
directamente, previa compulsa de antecedentes y requerimiento de honorarios
de hasta TRES (3) posibles postulantes con méritos equivalentes
a juicio de la Autoridad de Aplicación.
ARTICULO 20.-Sin reglamentación.
DEL PROGRAMA DE PROPIEDAD
ARTICULO 21 -Sin reglamentación.
ARTICULO 22.-El decreto previsto
en el artículo 13 de esta reglamentación, establecerá
para cada proceso de privatización:
para acreditar la condición de empleado, usuario o productor, a
los efectos del artículo 22 de la Ley Nº 23.696.
b) Los procedimientos a través
de los cuales los sujetos adquirentes señalados en el artículo
22 de la Ley Nº 23.696, expresarán su adhesión al Programa
de Propiedad Participada en forma individual.
c) Los procedimientos a través
de Propiedad Participada en forma colectiva.
ARTICULO 23.-El acto que
disponga las modificaciones estructurales necesarias para adecuar el ente
a privatizar a la forma de sociedad anónima, estará expresamente
sometido a la condición suspensiva de que la privatización
a través de un Programa de Propiedad Participada efectivamente se
ARTICULO 24.-Cuando resulte
necesaria la emisión de acciones nuevas, tal emisión se dispondrá
en el mismo acto señalado en el artículo anterior. En él
también deberán establecerse las condiciones de emisión.
La emisión estará sometida a la misma condición suspensiva
establecida en el artículo anterior. En todos los casos en que se
proponga la emisión de nuevas acciones, la Autoridad de Aplicación
deberá comunicarlos al MINISTERIO DE ECONOMIA, el que a través
del órgano correspondiente adoptará juntamente con la Autoridad
de Aplicación la decisión pertinente relativa a su emisión,
condiciones y monto total.
ARTICULO 25.-Sin reglamentación.
ARTICULO 26.-Las bases conceptuales
y los métodos matemáticos para la formulación del
coeficiente de participación definido en el artículo 27 de
la Ley N° 23.696, serán elaborados por una Comisión Técnica,
designada por la Autoridad de Aplicación y compuesta por UN (1)
representante del MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, UN (1) representante
del MINISTERIO DE ECONOMIA, UN (1) representante de la SECRETARIA DE PLANIFICACION
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION Y UN ( 1) representante del INSTITUTO NACIONAL
DE ESTADISTICA Y CENSOS. Esta Comisión Técnica elaborará
también las bases conceptuales y los métodos matemáticos
para la formulación de los criterios de homologación previstos
en el artículo 28 de la Ley Nº 23.696.
Tales bases conceptuales
y métodos, serán aprobados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL.
ARTICULO 27.-La elaboración
del coeficiente de participación en el artículo 27 de la
Ley Nº 23.696, será realizada por la Autoridad de Aplicación
para cada proceso de privatización especifico, de acuerdo a las
bases y métodos elaborados por la Comisión Técnica
señalada en e artículo anterior. Una vez elaborado, el coeficiente
será aprobado por expreso.
ARTICULO 29.-Sin reglamentación.
ARTICULO 30. -Sin reglamentación.
ARTICULOS 34, 35 y 36. -A
los efectos establecidos en los artículos 34,35 y 36 de la Ley Nº
23.696, el Acuerdo General de Transferencia que instrumente el negocio
principal de compra - venta de acciones a través del Programa de
Propiedad Participada deberá contener coma anexos:
a) La designación
del BANCO FIDEICOMISARIO
b) El contrato de prenda
previsto en el artículo 34 de la Ley Nº 23.696, que deberá
contemplar los modos como se implementará en el caso el mecanismo
de pago y de liberación de las acciones previsto en su artículo
c) El contrato de fideicomiso
con el banco, que deberá contemplar el modo en que se implementarán
en el caso los mecanismos de cobro, pago, liberación de acciones
distribución de ellas establecidos en los artículos 35 y
36 de la Ley 23.696, y toda otra previsión contractual destinada
a la implementación del Programa de Propiedad Participada.
ARTICULO 37.- El Acuerdo
General de Transferencia, establecerá los mecanismos y condiciones
adecuados a cada caso para la recompra a sujetos adquirentes, de acciones
comprendidas en un Programa de Propiedad participada y en su caso, su venta
a nuevos sujetos adquirentes.
ARTICULO 38.-Sin reglamentación.
ARTICULO 40.-Las decisiones
esenciales a las que se refiere el artículo, pueden referirse a
cualquier cuestión de ese carácter relativa a la empresa.
Las mencionadas en el artículo son sólo ejemplificativas.
ARTICULO 41.-Sin reglamentación.
ARTICULO 42. -Sin reglamentación.
ARTICULO 44. -En las condiciones
de privatización podrá convenirse que el Estado Nacional
se hará cargo total o parcialmente, de aquellas obligaciones cuyas
causas se originen antes de la privatización, aunque se exterioricen
el con posterioridad a ella. En dicho supuesto deberá darse intervención
previa al MINISTERIO DE ECONOMIA, quien dictaminará al respecto.
En todos los casos los entes
que se privaticen deberán entregar, al materializar el traspaso,
a cada uno de los trabajadores, un certificado de trabajo conteniendo las
indicaciones sobre el tiempo de prestación de servicios, naturaleza
de éstos, constancia de los sueldos percibidos y de los aportes
y contribuciones efectuados con destino a los organismos de previsión
responsable el ente privatizado por los incumplimientos laborales o previsionales
anteriores a la privatización, los que estarán a cargo del
ARTICULO 45. -Sin reglamentación.
DE LAS CONTRATACIONES DE
ARTICULO 46.- Se entenderá
por procedimiento de contratación en curso, a aquellos en los que,
a la fecha de publicación de la Ley Nº 23.696, no se haya perfeccionado
Inciso a) Se entenderá
por empresas reconocidas, a aquellas que, constituidas regularmente, no
se encuentren inhabilitadas para contratar con el Estado de acuerdo a los
regímenes en cada caso vigentes y a la presente reglamentación.
También se considerarán
empresas reconocidas, a aquellas que, aún no encontrándose
inscriptas en los registros de contratistas, acrediten su idoneidad técnica,
moral, económica y financiera, contando con antecedentes verificables
Inciso b) La publicación
en cartelera, y la información a las cameras empresarias deberá
ser simultánea a la solicitud de ofertas.
Las presentaciones de ofertas
espontaneas deberán concretarse en el mismo plazo, el que será
fijado en cada caso por el órgano o ente, empresa o sociedad contratante,
al solicitar las ofertas a que se refiere el inciso a) del artículo
47 de la Ley Nº 23.696.
Inciso c) El monto máximo
de unidades de contratación por el que podrá el órgano
o ente, empresa o sociedad contratante disponer la adjudicación
y perfeccionamiento del contrato, será fijado por el MINISTERIO
Inciso d) Superado el monto
máximo de unidades de contratación que fije el MINISTERIO
DE ECONOMIA, los órganos y entes, empresas o sociedades enumerados
en el artículo 1º de la Ley Nº 23.696 elevarán
al Ministro o Secretario de La Presidencia de la Nación competente,
las propuestas de contratación conforme al presente régimen
cuando se hayan completado los requisitos y trámites exigidos.
El anuncio sintetizado tendrá
el efecto de edicto, podrá ser agrupado y deberá contener,
como mínimo, el procedimiento de contratación, el objeto
de la contratación, el órgano comitente, el monto del contrato
y el lugar de presentación de ofertas espontaneas.
I -El valor de cada unidad
de contratación se fijará por el MINISTERIO DE ECONOMIA dentro
de los QUINCE (15) días de publicada la presente reglamentación.
II -En la solicitud o invitación
que el comitente formule según los incisos a) y b) del artículo
47 de la Ley Nº 23.696, se hará constar que, en caso, de que
la contratación no fuese aprobada, el oferente carece de derecho
alguno a formular reclamo de ningún tipo.
III. La oferta mas conveniente
será seleccionada teniendo en cuenta el criterio y principio enunciados
en el último párrafo del artículo 18 de la Ley Nº
a) Declarada por el Ministro
o Secretario de la Presidencia de la Nación la rescisión
de un contrato de locación de obra, con fundamento en lo previsto
en el artículo 48 de la Ley 23.696, el comitente la notificará
al contratista y le indicará la fecha y lugar en que deberá
proceder a entregar las obras y/o trabajos. En la fecha indicada se llevará
a cabo el inventario de los bienes y elementos existentes en la obra, dejándose
constancia de su estado, luego de lo cual el comitente recibirá
la obra provisionalmente, suscribiéndose el acta respectiva.
del contratista, el comitente podrá tomar la obra directamente,
practicar las medidas que estime pertinentes y labrar el Acta de Recepción,
en la que se dejará constancia de los mismos recaudos citados en
el párrafo anterior. Dicha Acta se tendrá por aceptada y
reconocida por el contratista que no hubiere comparecido.
b) Las fianzas, garantías
y/o fondos de reparo serán devueltos al contratista, si correspondiere,
luego de operado el vencimiento del plazo de garantía y de efectuada
la recepción definitiva prevista en el contrato.
c) A los fines de la aplicación
del inciso a) del artículo 54 de la Ley Nº 13.064, al que remite
el artículo 48 de la Ley Nº 23.696, no se considerarán
como necesarios para la obra los equipos, herramientas, instalaciones,
útiles y demás enseres del contratista.
Por resolución fundada
del Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación que fuere
competente, se podrán disponer excepciones a lo determinado en el
En tal caso, si dentro del
plazo de NOVENTA (90) días contados desde la fecha de la notificación
de la rescisión, contratista y comitente no arribaren a un acuerdo
respecto al valor de dichos bienes, este último podrá liquidar
de oficio los importes que estime corresponder al contratista por tales
conceptos, siguiendo el criterio que determina d artículo 54 de
la ley Nº. 13.064 en su inciso a), quedando sujeta a decisión
judicial o arbitral la cuestión por el remanente pretendido.
precedentemente, será aplicable, en lo que resultare pertinente,
a los demás contratos del sector público a que se refiere
el último párrafo del artículo 48 de la Ley Nº
23.696, debiendo tenerse en cuenta el objeto y particularidades del contrato
de que se trate, como asimismo:
I.-En ningún caso
el contratista podrá reclamar el lucro cesante, beneficios o utilidades
dejados de percibir con motivo de la rescisión.
II.-En los casos en que el
comitente hubiere entregado materiales o elementos al contratista, estos
deberán ser devueltos al comitente dentro del plazo que éste
III.-A los fines de la liquidación
y pago de los créditos del contratista anteriores a la rescisión
del contrato, tales como facturas o certificados impagos, actualizaciones
por mora o intereses impagos, aquel deberá acreditarlos fehacientemente,
y presentar un detalle pormenorizado de ellos, efectuando las liquidaciones
ARTICULO 49.-La necesidad
de continuar con la ejecución del contrato, previo acuerdo de partes
sobre las bases establecidas en el artículo 49 de la Ley Nº
23.696, será decidida en cada caso por el Ministro o Secretario
de la Presidencia de la Nación competente, según el siguiente
procedimiento, sin perjuicio de declarar su rescisión conforme con
lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Nº 23.696 cuando
su continuación resultara, en cualquier caso, afectada por la situación
de emergencia contemplada en la citada norma.
a) El procedimiento será
iniciado de oficio o a petición del administrado.
En el primer caso se le notificarán
al contratista las nuevas condiciones de ejecución del contrato,
con arreglo a los incisos a) y d) del artículo 49 de la Ley Nº
23.696, proponiendo además las condiciones de pago de la deuda en
mora que pudiere existir, según lo establecido en el inciso c) del
aceptar o rechazar la propuesta dentro del término de DIEZ (10)
días hábiles de notificado, proponiendo, en su caso, la aplicación
de las restantes condiciones conforme con lo previsto en el citado artículo
Si las modificaciones fueren
aceptadas por el contratista, se formalizara el acuerdo pertinente en los
términos del artículo 49 de la Ley Nº 23.696.
Si la propuesta fuere rechazada
o no hubiere respuesta en término, se decidirá acerca de
la rescisión del contrato con el régimen y efectos establecidos
en los artículos 48 de la Ley 23.696 y de esta reglamentación.
Respecto de los entes, empresas
y sociedades, el Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación
competente, fijará el procedimiento de aprobación de los
acuerdos de recomposición o de la resolución de extinción
Si la propuesta es aceptada
con variante y/o con el requerimiento de la aplicación de las restantes
condiciones del artículo 49 de la Ley Nº 23.696 y su reglamentación,
se procederá, en lo que corresponda, según lo establecido
en el inciso siguiente.
b) El contratista podrá
requerir la recomposición del contrato, proponiendo las condiciones
ajustadas a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley Nº 23.696
y de esta reglamentación que estime corresponder, condicionando
su propuesta al conocimiento del factor de corrección establecido
en el inciso b) de dicha norma, si aquél no hubiere sido aun publicado
y de resultar necesaria su aplicación.
Presentada la propuesta,
el Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación competente
podrá rechazarla, decidiendo acerca de la rescisión del contrato
en los términos del artículo 48 de la Ley Nº 23.696
si el contratista no aceptara su continuación en las condiciones
originarias, o si su continuación, a juicio del Ministro o Secretario
de la Presidencia de la Nación y en cualquier caso, resultara afectada
por la situación de emergencia declarada por la Ley Nº 23.696.
El Ministro o Secretario
de la Presidencia de la Nación podrá, en su caso, proponer
al contratista modificaciones a su requerimiento de recomposición,
aplicándose el procedimiento previsto en el inciso anterior, aunque
limitado a la aceptación o rechazo por parte del contratista de
la nueva propuesta todo ello sin perjuicio de su aceptación del
factor de corrección cuando fuese publicado, habiendo formulado
la reserva en tal sentido antes autorizada. Arribado el acuerdo, este se
formalizará conforme con lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley N° 23.696. En todos los casos, en que las sumas a abonar debieran
ser total o parcialmente a cargo del TESORO NACIONAL deberá integrarse
a las negociaciones un representante del MINISTERIO DE ECONOMIA.
c) El acta de acuerdo de
recomposición del contrato deberá ser aprobada por el Ministro
o Secretario de la Presidencia de la Nación competente y contendrá
como mínimo, los elementos que se mencionan a continuación:
I.-Comitente.
II.-Contratista.
III.-Domicilio de ambas partes.
IV.-Instrumentos que acrediten
la legitimación de quien firme en representación del contratista.
V.-Contrato a que se refiere.
VI.-Monto reconocido al contratista
en virtud de los conceptos de los incisos b) y c) del artículo 49
de la Ley N° 23.696, plazo y forma de pago o, en su caso, recibo de
VII.-Conformidad expresa
del contratista con las liquidaciones que se practique, el valor de los
factores de corrección e índices de reducción, los
plazos y condiciones de pago y las bases de cálculo y metodología
de aplicación tenidas en cuenta por el MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS al establecer los factores de corrección.
VIII.-Individualización
de los títulos que reciba el contratista.
IX-En su caso, la adecuación
del proyecto constructivo y, en todo supuesto, el nuevo plazo de obras
y el plan de trabado pertinente y la exención de multa que hubiera
correspondido por retraso.
X.-La renuncia de pleno derecho,
a efectuar cualquier tipo de reclamo administrativo o judicial originado
en el régimen de variaciones de costos correspondiente a las certificaciones
de obra ejecutada desde marzo de 1989 hasta la fecha de aprobación
del acuerdo que aquí prevé, siendo ella extensiva a los valores
de los factores de corrección y a los índices de reducción,
fijados por la resolución del Ministro de Obras y Servicios Públicos
a que alude el inciso b) del artículo 49 de la Ley Nº 23.696,
bases de cálculo y metodología de aplicación emergentes
de ella, que con ajuste al caso resulte.
XI.-La renuncia a reclamar
gastos improductivos, mayores gastos generales indirectos, o cualquier
otra compensación o indemnización derivados del menor ritmo
o paralización total o parcial de ejecución de la obra, generados
en el periodo indicado, como así también al resarcimiento
de los daños y perjuicios por la mora en el pago, mecanismos de
actualización, plazos y condiciones por el mismo concepto, con motivo
de las obligaciones vencidas a que se refiere el inciso c) del artículo
49 de la Ley Nº 23.696.
XII.-En su caso, la constancia
de que las partes suscriben el Acta Acuerdo "ad referéndum" del
Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación competente
XIII.-Número de cuotas
y monto de cada una.
XIV.-Fecha de vencimiento
XV.-Cláusula de mora.
d) La resolución del
Ministro de Obras y Servicios Públicos a que alude el inciso b)
del artículo 49 de la Ley Nº 23.696, será publicada
en el Boletín Oficial de la República Argentina por TRES
(3) días consecutivos.
al acuerdo previsto en el último párrafo del artículo
49 de la Ley Nº 23.696 y para los casos en que el contratista haya
solicitado la aplicación del citado factor de corrección,
se liquidará la incidencia del factor de corrección y su
reducción, sobre las certificaciones de variación de costos
efectivamente emitidas y que correspondan a obra ejecutada entre marzo
de 1989 inclusive y la última emitida a la fecha de esta liquidación.
Sólo se considerará que ha existido distorsión significativa
cuando el total de tal incidencia arroje la suma de dinero igual o superior
al porcentaje que fije el MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS en oportunidad
de dictar la resolución a que alude el inciso c) apartado X precedente,
sobre el monto total de la certificación por variación, de
costos del período aquí comprendido.
El índice de reducción
no será inferior al porcentaje que fije el MINISTERIO DE OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS en la misma oportunidad, aplicando sobre el factor de
corrección que se establezca.
La eventual modificación
del sistema contractual de ajuste para los períodos de certificación
posteriores al acuerdo aquí contemplado, se regirá por lo
dispuesto en el Decreto Nº 2875/75 ratificado por Ley N° 21.250,
y Decreto Nº 2348/76, y podrá reservarse en el acuerdo, de
no estar concluida su tramitación. Esta tramitación no podrá
interrumpir la relativa al acuerdo aquí regulado. La falta de reserva
no obstará a su aplicación en el futuro conforme a las normas
e) A los efectos de la aplicación
del inciso e) del artículo 49 de la Ley Nº 23.696 se entenderá
que son causales de incidencia directa de la situación de emergencia
I. Distorsión significativa
en los términos establecidos en el inciso anterior. Al solo efecto
de la prórroga del plazo, se practicará liquidación
tomando en cuenta el plan de trabajos vigente a marzo de l989, aun cuando
éste no haya sido efectivamente ejecutado.
II. Situación de mora
de la comitente: la prórroga se hará por el período
en que la mora se haya mantenido.
f) E1 órgano o ente,
empresa o sociedad que celebró el acuerdo, a través del Ministerio
o Secretaría de la Presidencia de la Nación competente, deberá
remitir al MINISTERIO DE ECONOMIA, dentro de los QUINCE (15) días
de aprobada, copia de la pertinente Acta Acuerdo que suscriba.
g) Los acuerdos de modificación
del régimen de variación de costos contractual, celebrados
a partir de junio de 1989 por cualquiera de los órganos, entes,
empresas y sociedades indicados en el artículo 1º de la Ley
Nº 23.696, en los que, de aplicarse la metodología establecida
en el inciso d) de este artículo, no resulte la distorsión
significativa allí determinada serán revisados y podrán
ser dejados sin efecto.
En los casos en que la distorsión
significativa quedase comprobada de acuerdo con aquella metodología,
por el período indicado en el apartado b) del artículo 49
de la Ley Nº 23.696, se aplicará el factor de corrección
allí contemplado, o la metodología pactada, según
lo que arroje un menor monto a cargo de la comitente. Las diferencias resultantes
en favor de la comité y que hubiesen sido abonadas a la contratista,
serán deducidas del primer pago que a aquélla se le efectúe,
con la aplicación del régimen de la Ley Nº 21.392.
h) Podrá aplicarse
a los créditos resultantes de lo previsto en los incisos b) y c)
del artículo 49 de la Ley Nº 23.696, lo dispuesto en el artículo
55, inciso i) de esta reglamentación.
DE LA SITUACION DE EMERGENCIA
EN LAS OBLIGACIONES EXIGIBLES
ARTICULO 50. -El régimen
de suspensión de sentencias y laudos arbitrales alcanza a los procesos
de ejecución, cualquiera sea el estado en que se encuentren a la
fecha de vigencia de la Ley Nº 23.696, incluyendo los embargos ejecutorios
y otras medidas de ejecución. La suspensión alcanzará
a todo requerimiento judicial de pago de sumas de dinero que deba ser satisfecho
con fondos del TESORO NACIONAL o de los entes, empresas y sociedades enumerados
en el artículo 1º de la Ley Nº 23.696. Los procesos se
reanudarán una vez fenecido el plazo establecido en el artículo
50 de dicha ley, según el procedimiento de su artículo 52.
ARTICULO 51. -La suspensión
contemplada en los artículos 50 y 51 de la Ley Nº 23.696 alcanza
a las costas y otros accesorios que fueran materia de la condena
ARTICULO 52. -Los funcionarios
y profesionales que ejerzan la representación o defensa del Estado
Nacional o de los demás entes, empresas y sociedades a que se refiere
el artículo 1º de la Ley Nº 23.696 remitirán nota
al MINISTERIO DE ECONOMIA haciendo saber el requerimiento de pago, con
copia de la resolución en que se funde y de aquella que establezca
el criterio con que deberá liquidarse la obligación en lo
sucesivo, solicitando se arbitren los recaudos necesarios para poder informar
al tribunal interviniente, una vez vencido el plazo de suspensión,
la fecha en que habrá de cancelarse el crédito.
procederá a la creación de un registro de las obligaciones
de pago que le fueren informadas en los términos del presente artículo
y realizará los estudios necesarios para determinar la fecha probable
de cancelación de cada una de ellas, la que será informada
a los funcionarios o profesionales que ejerzan la representación
o defensa de los intereses del sector público, en el proceso de
que se trate en cada caso, antes del 23 de junio de 1991.
A los fines de la fijación
del plazo para el pago se tendrá especialmente en cuenta que éste
no podrá ser mayor de SEIS (6) meses, contado a partir del día
23 de agosto de 1991.
ARTICULO 53. -Sin reglamentación.
ARTICULO 54. -Las excepciones
a) El total de la sentencia
por el capital, sus ajustes e intereses, los honorarios y demás
costas procesales de los juicios incluidos en el artículo 54 de
la Ley Nº 23.696, que integren la condenación en costas contra
los sujetos enumerados en el artículo 50 de la misma ley.
b) Los créditos enunciados
en el artículo 54 de la Ley Nº 23.696, que surjan de una sentencia
o laudo que incluya otros créditos no previstos en la enumeración
referida, a cuyos fines deberá efectuarse la respectiva discriminación.
c) Las jubilaciones, pensiones
y los haberes de retiro, los cuales se regirán por el régimen
que les resulte aplicable en cada caso.
ARTICULO 55. -A los efectos
de la aplicación del artículo 55 de la Ley Nº 23.696
se observarán las siguientes normas de procedimiento:
a) En cada uno de los entes,
empresas y sociedades mencionados en el artículo 1° de la Ley
Nº 23.696, sus interventores o autoridades superiores, deberán
constituir dentro de los QUINCE (15) días de publicado el presente
reglamento, una Comisión Asesora con el fin de analizar las propuestas
que los particulares formulen, ponderando su legitimidad, oportunidad,
mérito o conveniencia y aconsejar la conducta a adoptarse.
Jefaturas de Estado Mayor Generales de las Fuerzas Armadas esta Comisión
será designada por el Ministro de Defensa.
Dicha Comisión estará
formada por CINCO (5) miembros seleccionados entre los funcionarios de
mayor jerarquía con conocimientos que los tornen aptos para el tratamiento
de las cuestiones en litigio. El jefe del servicio jurídico permanente
será, obligatoriamente, uno de los miembros, y podrá ser
asistido por el o los profesionales del servicio que a tal efecto designe.
La comisión contará,
a su vez, con CINCO (5) miembros suplentes, uno de los cuales deberá
ser en profesional letrado del servicio jurídico permanente.
las sumas a abonar deban ser total o parcialmente a cargo del TESORO NACIONAL,
deberá integrarse a la comisión UN (1) representante del
b) En los procesos administrativos
arbitrales o judiciales en los que el Estado nacional sea parte, la Comisión
Asesora será designada por el Ministro o Secretario de la Presidencia
de la Nación competente, según el ámbito donde tramite
el proceso en cuestión. Esta Comisión tendrá la integración
indicada en el inciso a) precedente. En este caso, se considerará
que el concepto de funcionarios de mayor jerarquía comprende el
nivel de Secretario, Subsecretario y Asesor de Gabinete Ministerial o de
las Secretarías de la Presidencia de la Nación. El jefe del
servicio jurídico permanente será obligatoriamente uno de
los miembros y podrá ser asistido por el o los profesionales del
servicio que a tal efecto designe.
c) I. Recibida la propuesta
transaccional, a partir de lo cual las actuaciones serán calificadas
de secretas conforme al artículo 38 del reglamento aprobado por
Decreto Nº 1759/72 y sus modificatorios, la Comisión Asesora
se expedirá a su respecto dentro del plazo de TREINTA (30) días
hábiles administrativos y elevará su informe al Ministro,
Secretario de la Presidencia de la Nación u órgano superior
del ente descentralizado, según los casos. La Comisión Asesora
se encuentra facultada a requerir mejoras a la propuesta, sin que ello
signifique aceptación de derecho alguno, ni conformidad con las
II. En la Administración
centralizada, elevado el informe de la Comisión Asesora, el Ministro
o Secretario de la Presidencia de la Nación decidirá dentro
de un plazo de TREINTA (30) días hábiles administrativos,
prorrogables por única vez y por igual término, acerca de
la aceptación o rechazo de la propuesta y sus eventuales mejoras.
La notificación del acto de aceptación de la propuesta formaliza
y da vigencia al acuerdo transaccional, el que será puesto en conocimiento
del tribunal que pudiere estar interviniendo en la causa.
III. En los entes, empresas
o sociedades y en el ámbito de las Jefaturas de Estado Mayor Generales
de las Fuerzas Armadas se seguirá el procedimiento indicado precedentemente
en aquellos casos en que la suma de dinero comprometida en la eventual
transacción no supere, a la fecha en que se expida la Comisión,
el triple del monto autorizado para la procedencia del recurso ordinario
de apelación ante la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION previsto
en el artículo 254 del Código de Procedimientos en lo Civil
y Comercial de la Nación. De superarse este monto, el órgano
superior del ente, empresa o sociedad y la Jefatura de los Estados Mayores
Generales elevarán las actuaciones al Ministro o al Secretario de
la Presidencia de la Nación competente, con el informe elaborado
por la respectiva Comisión Asesora y sin más trámite.
Los órganos de la Administración centralizada antes mencionados,
decidirán dentro del plazo indicado en el apartado II precedente,
y devolverán las actuaciones al ente, empresa, sociedad o Jefatura
de los Estados Mayores Generales para la emisión inmediata del acto
aprobatorio de la propuesta según las instrucciones que se le impartan,
o para su archivo en caso de rechazo de la propuesta transaccional.
IV. En cualquier caso, el
órgano competente para decidir en definitiva acerca de la propuesta
podrá requerir de la contraparte una mejora de ella.
V. La intervención
de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION podrá requerirse cuando
la importancia o complejidad de la cuestión así lo aconsejen
y será obligatoria cuando el monto de la transacción supere
la suma de UN MIL MILLONES de AUSTRALES (A 1.000.000.000), actualizable
trimestralmente según el índice general de precios mayoristas
elaborado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS.
VI. En los casos de significativa
o relevante trascendencia jurídica, económica, social o política,
el órgano superior del ente, empresa o sociedad, la Jefatura de
los Estados Mayores Generales o el Ministro o Secretario de la Presidencia
de la Nación elevará las actuaciones directamente a la Comisión
Asesora de Transacciones que se crea en el siguiente inciso.
d) Créase en jurisdicción
de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION la Comisión Asesora de
Transacciones, que tendrá por objeto examinar las propuestas que
se formulen en asuntos que revistan significativa o relevante trascendencia
jurídica, económica, social o política.
quedar integrada dentro del plazo de QUINCE (15) días de la vigencia
del presente reglamento y recibirá de la PROCURACION DEL TESORO
DE LA NACION el apoyo técnico y administrativo necesario.
I. La Comisión estará
constituida por el señor Procurador del Tesoro, quien ejercerá
su Presidencia, y por UN (1) representante de la SECRETARIA LEGAL Y TECNICA
DE LA PRESIDENCIA DE LA NACION y UN (1) representante del MINISTERIO DE
ECONOMIA, todos ellos miembros permanentes de aquélla
También se integrará,
en cada caso, con UN (1) representante del o de los Ministerios o Secretarías
de la Presidencia de la Nación en cuya jurisdicción actúen
el o los órganos, entes, empresas o sociedades que sean parte en
organismos mencionados no podrán revestir jerarquía inferior
a la de Subsecretario.
podrá ser suplido -en caso de ausencia o impedimento- por el Subprocurador
En análoga situación,
los restantes integrantes de la Comisión podrán ser reemplazados
por Asesores de Gabinete de la máxima categoría o Directores
II. La Comisión tendrá
las siguientes funciones y facultades:
A) Expedirse sobre las propuestas
ponderando su legitimidad, oportunidad, mérito o conveniencia y
aconsejando la conducta a adoptar.
B) Abocarse, fundadamente,
al conocimiento de transacciones que no hubieran sido sometidas a su consideración
y que revistan la señalada trascendencia.
C) Pedir, en forma directa,
a los jefes de todos los ramos y departamentos de la administración,
y a las autoridades superiores o interventoras de los entes, empresas o
sociedades enumerados en el artículo 1º de la Ley Nº 23.696
y, por su conducto, a los demás empleados, los informes que crea
convenientes, quedando aquéllos obligados a darlos.
D) Proponer al PODER EJECUTIVO
NACIONAL por el conducto pertinente, las pautas generales que deberán
observarse en la celebración de las transacciones.
E) Contratar asesores o efectuar
consultas profesionales especializadas, cuando las circunstancias así
lo justifiquen, abonando los honorarios que en cada caso se convengan.
III. Las propuestas de la
transacción serán remitidas a consideración de la
Comisión con el previo pronunciamiento de la Delegación del
Cuerpo de Abogados del Estado (Ley Nº 12.954) del área en que
tramiten las actuaciones en cuestión o de la Dirección Nacional
de Asuntos Judiciales y Fiscales de la Procuración del Tesoro, en
deberá producirse dentro del plazo máximo de TREINTA (30)
días hábiles administrativos, contados a partir del recibo
de las actuaciones respectivas. Dicho plazo quedará automáticamente
prorrogado por el tiempo que insuma la contestación de aquellos
informes que la Comisión requiera, fundadamente, para su pronunciamiento.
facultada para requerir mejoras a las propuestas, sin que ello signifique
aceptación de derecho alguno ni conformidad con aquéllas.
El dictamen será dirigido
directamente al Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación,
competente, quienes decidirán conforme a lo previsto en el inciso
c) punto II.
e) En caso de que un particular
que tenga pendiente más de una cuestión con el Estado Nacional
y los demás entes, empresas o sociedades mencionados en el artículo
1º de la Ley Nº 23.696, haya formulado su propuesta transaccional
respecto de parte o de la totalidad de ellas, se les dará tratamiento
integral procurando que en cada acuerdo que se celebre se prevean todas
las que se refieran a un mismo vínculo jurídico, en estos
casos la Comisión Asesora prevista en los incisos a) y b) será
integrada por TRES (3) miembros designados por cada Ministerio o Secretaría
de la Presidencia de la Nación competente, uno de los cuales deberá
ser el jefe del servicio jurídico permanente de aquellos órganos,
aplicándose en lo que corresponda lo establecido en el inciso j)
f) El acuerdo transaccional
y en su caso su presentación al juez de la causa, de conformidad
con lo prescripto por el artículo 838 del Código Civil, deberá
contener la renuncia o desistimiento de las partes a cualquier reclamo
o acción, administrativa, arbitral o judicial, entablada o a entablarse
y al derecho en el que aquéllas se funden o puedan fundarse, respecto
del objeto contenido en la transacción celebrada.
g) Mientras se sustancien
los trámites originados en las propuestas transaccionales que los
particulares puedan eventualmente formular, deberán suspenderse
todos los plazos judiciales, arbitrales y administrativos, para lo cual
el Ministro o Secretario de la Presidencia de la Nación, Jefe del
Estado Mayor General, Interventor o Autoridad Superior del ente, empresa
o sociedad de que se trate, impartirá las instrucciones a sus apoderados
y/o representantes, para que soliciten y/o acuerden la suspensión
pertinente, de conformidadad con las normas procesales o procedimentales
que resulten aplicables.
h) En todos los casos y con
carácter previo a la suscripción del acuerdo transaccional,
copia del proyecto de éste -juntamente con las actuaciones que fueren
pertinentes -será girado al MINISTERIO DE ECONOMIA para que, dentro
del término de VEINTE (20) días hábiles, se expida
sobre la forma y modalidades de pago previstas.
Transcurrido el plazo previamente
establecido sin que se haya expedido, se considerará que no median
objeciones al proyecto remitido.
i) Los acuerdos transaccionales
podrán contemplar la reinversión parcial o total de la deuda
reconocida en la transacción. Para ello y en los casos de contratos
se podrá facultar al particular contratante a emitir órdenes
de pago por cuenta y orden del organismo, en las condiciones del acuerdo
al que en definitiva se arribe, las que tendrán carácter
de cesiones de crédito y cuya aceptación anticipada figurará
en el mismo convenio, condicionada a que se emitan con las siguientes modalidades:
I. Adquisición de
insumos o servicios requeridos para la misma u otra obra pública
del mismo u otro comitente estatal, o una concesión de obra en igual
II. Garantía de operaciones
de créditos con idéntico destino al señalado en el
j) En todos los casos, copia
de la propuesta será girada en forma inmediata al MINISTERIO DE
ECONOMIA, enviándose también copia de todas las actuaciones
que se practiquen.
El MINISTERIO DE ECONOMIA,
por intermedio de la dependencia de su jurisdicción que resulte
competente, podrá proponer acuerdos globales o mecanismos compensatorios
que involucren el estado general de la relación de créditos
y deudas de la proponerte con el sector público, conforme con lo
autorizado por la legislación vigente. Para ello podrá designar
un representante en las comisiones asesoras y citar a integrarla a representantes
de los órganos o entes, empresas o sociedades del sector público
que pudieren estar involucrados en el acuerdo global. Esta decisión
podrá ser tomada hasta el momento de la emisión del informe
de las comisiones asesoras, abriéndose en este caso una nueva etapa
de negociaciones por SESENTA (60) días hábiles administrativos
como máximo. La aprobación de la propuesta transaccional
que involucre a órganos o entes, empresas o sociedades de distinta
jurisdicción deberá ser decidida por resolución conjunta
de los Ministros o Secretarios de la Presidencia de la Nación competentes
y del Ministerio de Economía, y en caso de falta de acuerdo, por
ARTICULO 56. -La reglamentación
del presente capítulo será aplicable, en lo que corresponda,
a los supuestos previstos en el artículo 56 de la Ley Nº 23.696.
ARTICULO 57.-Para adjudicar
una obra por concesión bajo cualquiera de sus modalidades, deberá
tenerse en cuenta como un elemento básico del contrato su estructura
económico financiera. A los efectos de la valoración de la
relación entre inversión y rentabilidad, la estructura económico-financiera
deberá expresar la tasa de retorno de la inversión a realizar.
a) A los efectos de la ley,
se considerará mantenimiento a aquellos trabajos singulares que
acceden a la integralidad de la conservación, entendido aquél
como medio y a ésta como resultado.
b) El destino de los fondos
obtenidos por la concesión otorgada para la construcción
o conservación de otras obras, no necesariamente conlleva el sistema
de concesión para estas últimas.
c) La estructura económico-financiera
de la concesión definirá el alcance de las inversiones previas
que deberá realizar el concesionario, cuya entidad será tenida
en cuenta en todos los casos, como parámetro de trascendencia en
la selección, comparándolo con la incidencia que su costo
financiero tendrá sobre el valor de la tarifa o peaje a cargo del
usuario, constituyendo el objetivo global del sistema el abaratamiento
de la tarifa o peaje. El pliego de condiciones particulares para adjudicación
de concesiones por licitación podrá establecer volúmenes
mínimos o máximos de inversión previa.
d) En el orden nacional será
Autoridad de Aplicación para el otorgamiento y ejecución
de concesiones de obra pública, el Ministro de Obras y Servicios
Públicos, quien aprobará el procedimiento que deberá
seguirse a estos efectos.
e) La calificación
de interés público, y el ejercicio de la opción entre
la licitación pública y el concurso de proyectos integrales,
serán resueltos en un solo acto por el MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS
f) Toda iniciativa de particulares
deberá anexar una garantía de mantenimiento en la forma prevista
por la Ley Nº 17.804 o fianza bancaria, que no podrá ser inferior
al DOS POR CIENTO (2 %) del monto de la obra, que se consignará
posteriormente en la oferta, en el procedimiento de selección que
se convoque. Esta garantía será ejecutable en caso de no
presentación de la oferta. Si al efectuar posteriormente la oferta
la garantía resultare inferior al porcentual precedentemente estipulado,
con una tolerancia de una TREINTA POR CIENTO (30 %), el oferente no será
considerado autor de la iniciativa.
La garantía de mantenimiento
de la iniciativa podrá convertirse en garantía de oferta
en caso de llamarse a licitación o a concurso.
g) Todos los trámites
que se refieran a una concesión de obra pública en curso
de aprobación en cualquier instancia, tanto los efectuados bajo
el amparo del Decreto Nº 1842/87 y del anterior texto del artículo
4º inciso c) de la Ley Nº 17.520, como los realizados antes de
la vigencia de la presente reglamentación, deberán ser ratificados
ante el MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS dentro de los TREINTA
(30) días de publicada la presente reglamentación, con el
objeto de adecuar la presentación a sus disposiciones.
h) Los "lineamientos generales"
que debe contener la iniciativa efectuada en los términos del artículo
4º inciso c) de la Ley Nº 17.520 deberán contener, como
mínimo, la identificación de la obra y su naturaleza, las
bases de su factibilidad económica y técnica, los antecedentes
completos del oferente y, en caso de tratarse de empresas argentinas, su
capacidad registrada de contratación.
i) Una vez convocado a concurso
de proyectos integrales, los oferentes deberán proponer todas las
condiciones contractuales, técnicas y económicas, incluyendo
la estructura económico financiera y los proyectos constructivos
que serán volcados en el contrato te concesión y que regirán
la construcción de la obra y su explotación.
La mera presentación
de la oferta implica el sometimiento del oferente a la Ley Nº 17.520,
su modificatoria y sus reglamentaciones.
j) En todo caso en que las
ofertas presentadas fueren de equivalente conveniencia, será preferida
la del que presentó la iniciativa.
k) Podrá llamarse
a la presentación de iniciativas de particulares para una obra pública
determinada por la comitente, a construirse mediante concesión.
I. La publicación
se hará de modo y por los plazos que el inciso c), artículo
4º de la Ley Nº 17.520, modificada por la Ley Nº 23.696,
fija para la presentación de ofertas.
II. Las iniciativas que se
presenten por este procedimiento, acompañadas de la garantía
a que alude el inciso f) precedente, se considerarán de interés
público en lo que hace a la obra determinada por la concedente.
Se admitirán alternativas que incluyan la obra que determino el
III. Será considerada
iniciadora la propuesta que sea tomada como base para el procedimiento
de selección que se seguirá, conforme a los citados inciso
y artículo de la Ley Nº 17.520 y su modificatoria Ley Nº
ARTICULO 59. -Será
Autoridad de aplicación del "Plan de Emergencia del Empleo" el Ministro
El convenio por el cual las
PROVINCIAS adhieran a la Ley Nº 23.696 y la determinación y
distribución de fondos entre aquellas, deberán ser aprobados
por decreto del PODER EJECUTIVO NACIONAL previa intervención de
los MINISTERIOS DEL INTERIOR, DE ECONOMIA Y DE TRABAJO y SEGURIDAD SOCIAL,
con arreglo a las siguientes pautas:
a) La selección de
proyectos, para su propuesta de inclusión en el Programa, corresponderá
a la PROVINCIA, de acuerdo a los criterios y pautas que fije la Autoridad
de Aplicación. La PROVINCIA deberá prestar asistencia técnica
para la elaboración de los proyectos y pliegos de las obras.
b) Los postulantes con prioridad
para el puesto de trabajo deberán residir dentro de un radio no
superior a los TREINTA (30) Km. del lugar de prestación efectiva
de las tareas. Dichas circunstancias se acreditará mediante certificado
de la autoridad policial del lugar de residencia.
c) El Ministro de Obras y
Servicios Públicos, en la resolución que apruebe el proyecto,
dispondrá se giren los fondos correspondientes al banco oficial
de la PROVINCIA (o municipal, si existiere), en cuya jurisdicción
se llevará a cabo la obra.
d) La obra será licitada,
adjudicada, controlada, medida y recibida por la MUNICIPALIDAD titular
La MUNICIPALIDAD titular
del proyecto será responsable ante el GOBIERNO NACIONAL, de la ejecución
de la obra y de la administración de los fondos acordados.
e) Las mediciones de los
trabajos y las certificaciones correspondientes se realizarán quincenalmente.
Podrán otorgarse anticipos financieros para pago de quincenas al
El certificado emitido conforme
a las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes constituirá
título hábil para que el contratista perciba el importe del
mismo de la institución bancaria receptora de los fondos.
f) Las demoras en que incurra
la MUNICIPALIDAD en la aprobación de los certificados que no merecieren
observaciones, como así también la no entrega de los mismos
en el plazo, acordado, hará a la MUNICIPALIDAD contratante única
responsable de los intereses y daños que se originen, gastos que
serán a su cargo exclusivo, no pudiendo en caso alguno solicitar
su reintegro al GOBIERNO NACIONAL.
g) El índice de variación
de precios a utilizar en el contrato, será el de Costo de la Construcción
publicado por el INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (Costo de la
Construcción en la Capital Federal), correspondiente al mes de ejecución
de los trabajos. Hasta la fecha de su publicación, se utilizará
provisoriamente el último índice publicado. Como excepción
y mediante resolución fundada, se podrá autorizar la utilización
de otro índice de variación de precios
h) Dentro de los CINCO (5)
días de suscripto el contrato, las municipalidades deberán
remitir al MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS los siguientes datos:
I.- Fotocopia autenticada
II.- Número de personal
no estable del contratista que requerirá la obra.
III.- Plazo de ejecución
de la obra y fecha de su iniciación.
IV.- Cronograma del desarrollo
i) Terminada definitivamente
la obra y celebrado el acto de recepción provisoria, deberá
informarse al MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS de dicha circunstancia.
j) El MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS podrá solicitar los informes que considere
conveniente o necesario para el mejor cumplimiento de los objetivos del
ARTICULO 60. -Sin reglamentación.
ARTICULO 61. -Dentro de los
NOVENTA (90) días de la vigencia de este reglamento y anualmente,
en oportunidad de formular el proyecto de Presupuesto, cada Ministerio
y Secretaría de la Presidencia de la Nación deberá
informar la nómina de comisiones; reparticiones, entes, empresas,
sociedades u organismos creados por leyes especiales que se proyecta Suprimir,
transformar, reducir limitar o resolver.
ARTICULO 62. -Las empresas
que se encuentren bajo el control de la SINDICATURA GENERAL DE EMPRESAS
PUBLICAS, deberán presentar ante dicho organismo de contralor, dentro
de los TREINTA (30) días contados a partir de la vigencia de esta
reglamentación, la respectiva información conforme a las
pautas y modalidades que en cada caso determine. La SINDICATURA GENERAL
DE EMPRESAS PUBLICAS, emitirá su opinión en cada caso y elevará
toda la documentación empresaria con el análisis particular
al MINISTERIO DE ECONOMIA, y con la antelación suficiente para efectuar
por parte del PODER EJECUTIVO NACIONAL la remisión al HONORABLE
CONGRESO DE LA NACION en el término de ley.
a) Los entes, empresas o
sociedades que por la naturaleza de su actividad deben dar cumplimiento
a lo establecido en el artículo 63, son los descriptos en el artículo
1º de la ley, con excepeción de la Administración Pública
Centralizada. Están alcanzadas, en consecuencia, la totalidad de
las haciendas de producción y de erogación cualquiera sea
b) Las normas técnicas
y profesionales para la confección de balances o estados contables
y el registro de operaciones, serán las dictadas por la SINDICATURA
GENERAL DE EMPRESAS PUBLICAS, conforme a las normas del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la jurisdicción donde el ente,
empresa o sociedad tenga su domicilio legal. Se aplicará asimismo
por analogía lo determinado por el Código de Comercio en
su Libro Primero, Titulo 1, Capitulo 3.
c) Cada ente, empresa o sociedad
elaborará un Plan de Cuentas que deberá ser sistemático,
asegurando un tratamiento homogéneo de la contabilización
de hechos, operaciones o contingencias, de modo que se obtenga información
útil sobre la gestión del ente, empresa o sociedad y de sus
sectores más relevantes, contribuyendo a la toma de decisiones y
al control del patrimonio de aquél.
El Plan de Cuentas será
aprobado previa intervención de la SINDICATURA GENERAL DE EMPRESAS
PUBLICAS, por autoridad superior de cada ente, dándose cuenta del
mismo al Ministro del ramo respectivo.
d) Los presupuestos que se
formulen deberán estructurarse en los mismos rubros y partidas del
Plan de Cuentas del ente, empresa o sociedad. Deberán posibilitar
la comparación entre lo presupuestado y lo realizado y facilitar
el análisis de las variaciones.
e) Los entes que por su naturaleza
jurídica se diferencien de las sociedades, adoptarán y adaptarán
sus Planes de Cuentas y Estados Patrimoniales, Estado de Ingresos y Egresos
a los que utilizan las Sociedades Comerciales legisladas por la Ley Nº
19.550 (t. o. 1984).
f) La contabilidad estará
organizada mediante registros separados para las distintas secciones o
divisiones del ente, empresa o sociedad o bien con un sistema centralizado
orientados a la evaluación de la gestión de las distintas
Tanto en un caso como en
el otro la determinación de las unidades operativas o de las divisiones
o secciones será propuesta por cada ente al Ministro del ramo en
el plazo de TREINTA (30) días para su resolución.
g) Los entes, empresas o
sociedades deberán confeccionar estados contables trimestrales y
anuales los que deberán ser depositados en la sede social y ante
la autoridad administrativa que correspondiere dentro de los SETENTA Y
CINCO (75) días posteriores a la fecha de cierre del período
trimestral o, en su caso, dentro de los CIENTO DIEZ (110) días posteriores
a la fecha de cierre del ejercicio anual, los que serán de consulta
pública toda vez que sea requerido.
Se publicarán, al
igual que la Memoria, Anexos y Estados Complementarios, en forma sintética
en el Boletín Oficial de la República Argentino, sin perjuicio
de realizarlo además en cualquier otro medio que se estime pertinente.
Los balances y demás
estados de información contable que deban efectuar las empresas
que se encuentran bajo control de la SINDICATURA GENERAL DE EMPRESAS PUBLICAS
mencionadas en el artículo 1º de la Ley 23.696, serán
dictaminados por los profesionales de dicho ente, empresa o sociedad comprendidos
en el artículo 4º inciso b) "in fine" de la Ley Nº 21.801
Cualquier administrado podrá
solicitar copias de los balances y estados trimestrales o anuales a que
se refiere este artículo, previo pago del costo de ellas.
Sin perjuicio del cumplimiento
de las demás normas de este decreto, no serán de aplicación
las referentes a la publicidad de los balances para aquellos entes, empresas,
sociedades u organismos cuyas operaciones deban permanecer secretas por
razones de defensa o seguridad, cuando así lo disponga expresamente
h) El ejercicio económico
será anual y su cierre se producirá el 31 de diciembre de
cada año, salvo el caso de los entes, empresas o sociedades que
por ley tuvieren fijada una fecha distinta.
ARTICULO 64. -Sin reglamentación.
ARTICULO 65. -Sin reglamentación.
ARTICULO 66. -Sin reglamentación.
ARTICULO 67. -Sin reglamentación.
ARTICULO 68. -Sin reglamentación.
ARTICULO 69. -Sin reglamentación.
CAPITULO I.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DE LA EMERGENCIA ADMINISTRATIVA&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art&iacute;culos 1&ordm; al 7&ordm;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
CAPITULO II.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DE LAS PRIVATIZACIONES Y&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PARTICIPACION DEL CAPITAL PRIVADO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art&iacute;culos 8&ordm; al 20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CAPITULO III.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DEL PROGRAMA DE PROPIEDAD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PARTICIPADA Art&iacute;culos 21 al 40&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CAPITULO IV.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DE LA PROTECCION DEL TRABAJADOR&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art&iacute;culos 41 al 45&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CAPITULO V.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DE LAS CONTRATACIONES DE EMERGENCIA&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art&iacute;culos 46 y 47&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CAPITULO VI.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DE LAS CONTRATACIONES VIGENTES&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art&iacute;culos 48 y 49&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CAPITULO VII.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DE LA SITUACION DE EMERGENCIA EN&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; LAS OBLIGACIONES EXIGIBLES&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art&iacute;culos 50 al 56&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CAPITULO VIII.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DE LAS CONCESIONES Art&iacute;culos 57 y&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CAPITULO IX.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PLAN DE EMERGENCIA DEL EMPLEO&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Art&iacute;culo 59&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
CAPITULO X.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DISPOSICIONES GENERALES Art&iacute;culos&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 60 al 69

References: artículo 8
 artículo 59
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 61
 resolución 
 artículo
1
 artículo 4
 artículo
1
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 11
 artículo 15
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 16
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 17
 artículo 15

Artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 17
 resolución 
 resolución 
 artículo 15
 artículo
12
 artículo 11
 resolución 
 artículo 19
 artículo 13
 artículo 11
 artículo 13
 artículo 22
 artículo
22
 artículo 27
 artículo 28
 artículo 27
 artículo 34
 artículo
47
 artículo 1
 artículo
47
 artículo 18
 artículo 48
 artículo 54
 artículo 48
 resolución 
 artículo 54
 artículo 48
 artículo 49
 artículo 48
 artículo 49
 artículo 49
 resolución 
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 48
 artículo 49
 artículo 49
 resolución 
 artículo 49
 artículo
49
 resolución 
 artículo 49
 artículo
49
 resolución 
 artículo 49
 artículo 1
 artículo 49
 artículo 49
 artículo
55
 artículo 1
 artículo
50
 artículo 52
 artículo 1
 resolución 
 artículo 54
 artículo 50
 artículo 54
 artículo 55
 artículo 1
 artículo 38
 artículo 254
 artículo 1
 artículo
1
 artículo 838
 resolución 
 artículo 56
 artículo
4
 artículo
4
 artículo
4
 resolución 
 resolución 
 artículo 63
 artículo
1
 artículo 1
 artículo 4
in fine