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Timestamp: 2019-08-26 05:40:05+00:00

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﻿ SENTENCIA 16313 DE MAYO 3 DE 2007
SENTENCIA 16313 DE 03 DE MAYO DE 2007
CONTENIDO:AMPARO DE POBREZA. DE MANERA EXCEPCIONAL Y ANTE PREVIA EVALUACIÓN DEL CASO EN CONCRETO PROCEDERÁ EL AMPARO DE POBREZA PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:AMPARO DE POBREZA, PROCEDENCIA DEL AMPARO DE POBREZA, REQUISITOS DEL AMPARO DE POBREZA, AMPARO DE POBREZA PARA PERSONA JURÍDICA
Sentencia 16313 de mayo 3 de 2007
Ref.: 25000-23-27-000-2006-01305-01 (16313)
Actor: Polimetal S.A. - en liquidación
Se decide el recurso de apelación interpuesto oportunamente por la parte actora contra el auto de 25 de octubre de 2006 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Cuarta Subsección A mediante el cual se denegó la solicitud de amparo de pobreza de la parte demandante.
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho el actor demandó los actos que modificaron la liquidación privada del impuesto sobre las ventas del II bimestre del 2002.
El 22 de septiembre del 2006 el tribunal admitió la demanda y fijó caución al demandante equivalente al 10% de la suma discutida, de conformidad con lo establecido en el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo, auto notificado por estado el 28 de septiembre de 2006.
Mediante escrito del 5 de octubre de 2006, la parte demandante solicitó el amparo de pobreza aduciendo la difícil situación económica de la empresa, situación que no le permite constituir un CDT por la suma de $ 59.435.700 para prestar la caución ordenada.
El tribunal por medio de auto del 25 de octubre de 2006, denegó la solicitud de amparo de pobreza, toda vez que el artículo 160 del Código de Procedimiento Civil solo la consagra en favor de las personas naturales, excluyendo a las personas jurídicas.
No obstante, de conformidad con el artículo 229 de la Constitución Política y en aras de no limitar el acceso a la administración de justicia de la parte demandante, ordenó prestar caución equivalente al 2% de la suma discutida (sin incluir el valor de las sanciones) de conformidad con el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo.
El apoderado de la demandante señala que el tipo de póliza o caución exigida por el tribunal es considerada por las aseguradoras como de alto riesgo por lo que para su expedición exigen la constitución de un CDT por el valor asegurado, es decir $ 5.943.570, suma que está en incapacidad de pagar.
Precisó: “La sociedad Polimetal S.A. en liquidación se encuentra en estado de disolución, es decir que su liquidador se encuentra obligado a realizar todos los actos tendientes a su liquidación final, por tanto por mandato legal (C.C., art. 222) no puede realizar inversiones tales como constituir un CDT por la suma de $ 59.435.700 porque estaría incurriendo en una falta grave como liquidador de la sociedad Polimetal S.A. en liquidación”.
El actor fundamenta la solicitud de amparo en que la sociedad se encuentra en liquidación, situación económica que no le permite prestar la caución fijada.
De la lectura del artículo 160 del Código de Procedimiento Civil (aplicable por remisión expresa del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo), se concluye que el amparo de pobreza es un beneficio previsto expresamente para las personas naturales, posición que ha sido reiterada por la Sala en diferentes oportunidades (1) . No obstante en auto del 12 de abril de 2007, expediente 16377 C.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa la Sala recogió la anterior tesis, aceptando la posibilidad de que las personas jurídicas, en cada caso concreto, accedan al mismo, bajo el supuesto de que los derechos a la igualdad y al acceso a la administración de justicia también les son predicables. En consecuencia en esta oportunidad se reitera lo allí expresado.
En todo caso, la posibilidad de que las personas jurídicas accedan al amparo e (sic) pobreza es excepcional, debiéndose valorar en cada situación particular su verdadera situación financiera conforme a los medios probatorios allegados para tal fin.
El apoderado de la sociedad actora fundamenta el recurso de apelación interpuesto, señalando que el tipo de póliza o caución exigida por el tribunal es considerada por las aseguradoras como de alto riesgo, por lo que para su expedición exigen la constitución de un CDT por el valor asegurado, valor que está en incapacidad de pagar dada la precaria situación económica de la empresa.
Alega que la sociedad se encuentra en estado de disolución, razón por la cual su liquidador se encuentra obligado a realizar todos los actos tendientes a su liquidación final y por mandato del artículo 222 del Código de Comercio no puede realizar inversiones tales como constituir un CDT.
Conforme a lo expuesto y revisado el expediente, encuentra la Sala que la parte actora no aporta pruebas, como las declaraciones de renta y estados financieros actualizados, que permitan concluir que la sociedad demandante está en incapacidad de garantizar mediante caución los resultados del proceso en el evento de que fuera desfavorable la sentencia.
La garantía puede consistir no solo en constitución de un CDT en favor de una aseguradora, sino también en póliza, depósito judicial, garantía bancaria o prendaria, hipotecaria u otro medio aceptable a satisfacción del juzgador quien debe tener en cuenta los actos que se acusan y las condiciones económicas manifestadas por la sociedad demandante tanto en el libelo introductorio como con ocasión del recurso (2) .
En el caso concreto, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 229 de la Constitución Política y en aras de garantizar al demandante el derecho al acceso a la administración de justicia, el tribunal ordenó prestar caución equivalente al 2% de la suma discutida (sin incluir el valor de las sanciones), de conformidad con el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo. De esta forma redujo la caución inicialmente fijada del 10% ($ 59.435.700) al 2% ($ 11.887.140) de la suma discutida.
1. CONFÍRMASE el auto apelado. En consecuencia la sociedad actora deberá prestar la caución dispuesta por el tribunal, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
(1) Providencias del 21 de mayo de 1993, expediente 4717, C.P. Dra. Consuelo Sarria Olcos y de 2 de febrero de 2001, expediente 12701, C.P. Dr. Juan Ángel Palacio Hincapié, entre otras.
(2) De igual forma, la Corte Constitucional en Sentencia C-318 del 30 de junio de 1998, declaró inexequible el artículo 7º de la Ley 383 de 1997, que modificó el artículo 867 del Decreto 624 de 1989, precisando que el juez contencioso debe regirse por lo preceptuado en el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo, y fijar la cuantía y tipo de garantía para respaldar su pretensión, demostrar la seriedad de su demanda y, en caso de un fallo adverso garantizar en parte el pago de su obligación tributaria.
Previamente manifiesto, como lo expuse en Sala, que estoy plenamente de acuerdo con que el amparo de pobreza tiene cabida tanto para las personas naturales como para las jurídicas, dado que la finalidad del beneficio radica en proteger el mínimo vital de las personas, de tal forma que los entes jurídicos eventualmente, también, pueden encontrarse impedidos para cubrir las necesidades inherentes a su existencia.
Así, las personas jurídicas pueden verse afectadas en su sostenimiento al atender los gastos de un proceso. Es por tal razón, que la subsistencia de las personas a las que por ley se deben alimentos, no es fundamento para excluir a las personas jurídicas del beneficio, pues se violarían el derecho a la igualdad de los sujetos ante la ley y el de estos también de proveer a su propia subsistencia al evitar los gastos de un proceso que pueden ser ruinosos.
Lo que resulta contrario a derecho es imponer a la persona que pide el amparo de pobreza, como requisito para que proceda este beneficio, la carga de probar la incapacidad económica para asumir los costos de la litis, cuando el artículo 161 [inc. 2º] del Código de Procedimiento Civil, señala que al solicitante le basta afirmar bajo juramento, que se considera prestado por la presentación de la solicitud, que se encuentra en incapacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia.
El anterior artículo señala, sin el menor asomo de duda, que al solicitante le basta aseverar que “[…] no se halla en capacidad de atender los gastos de un proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia[…]”, afirmación que se entiende prestada bajo juramento, para que el juez deba conceder el amparo mencionado.
En todo caso, es necesario dejar sentado que si se llegare a demostrar que el solicitante contaba con capacidad económica, habrá de revocarse el amparo para negarlo, caso en el cual, además, se impondrá multa de un salario mínimo mensual (art. 162 ibídem) y, a su vez, se deberá adelantar por el juez competente la acción penal por el delito de falso juramento.
En consecuencia, en este asunto, ha debido concederse a la actora el amparo de pobreza sin exigirle que probara su negación indefinida —por lo demás exenta de prueba— (3) conforme a básicos principios de derecho probatorio.
(3) El artículo 177 [2] del Código de Procedimiento Civil, señala que las negaciones indefinidas están exentas de prueba. Por tanto, basta la simple aseveración de la circunstancia para que esta se tenga como demostrada, lo que implica la inversión de la carga de la prueba, porque la parte interesada, o, incluso el juez, dentro de su poder oficioso de decretar pruebas, pueden desvirtuar los hechos establecidos en virtud de la negación indefinida.

References: artículo 140
 artículo 160
 artículo 229
 artículo 140
 artículo 160
 artículo 267
 artículo 222
 artículo 229
 artículo 140
 artículo 7
 artículo 867
 artículo 140
 artículo 161
 artículo 177