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Timestamp: 2019-06-25 01:38:03+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 171/2019 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 171/19
EXPEDIENTE: "MSU AGROPY S.A. C/RES. FICTA Y OTRA, DICTADA POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION (SET)".
En la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, estando reunidos en la Sala de Acuerdos, los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, LUIS MARIA BENITEZ RIERA, MANUEL DEJESUS RAMIREZ CANDIA y MIRYAM PEÑA, por ante mi la Secretaria autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: "MSU AGROPY S.A. C/RES. FICA Y OTRA, DICTADA POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION", a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 122 de fecha 26 de marzo de 2015, dictado por el Tribunal de Cuenta, Segunda Sala.
Practicado el sorteo de ley, para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: BENITEZ RIERA, RAMIREZ CANDIA y PEÑA.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA DIJO: El Abogado Fiscal Marcos Morinigo, no ha fundado específica y concretamente el Recurso de Nulidad incoado, por lo que se lo debe tener por abdicado del mismo. Por otro, lado, no se observa en la Resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizados por los arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil. Corresponde en consecuencia tener por desistido este Recurso. ES MI VOTO.
A su turno los Dres. RAMIREZ CANDIA Y PEÑA, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL Dr, BENITEZ RIERA prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia N° 122 de fecha 26 de marzo de 2.015, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, resolvió: "1.- HACER LUGAR a la presente demanda contencioso administrativa promovida por "MSU AGROPY S.A. C/RES. FICTA Y OTRA, DICTADA POR LA SUBSECRTETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION (SET) y, en consecuencia corresponde2.- REVOCAR el acto administrativo impugnado y, por tanto 3.- DISPONER el pago de los intereses moratorios generados hasta tanto se haga efectivo el cumplimiento de la obligación por la SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA, de conformidad a los fundamentos y con los alcances expuestos en el exordio de la presente Resolución. 4.- IMPONER LAS COSTAS a la perdidosa. 5.- ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia. (fs. 150/167).
Que el Abogado Fiscal Marcos Morinigo, se agravio en contra de la precitada sentencia señalando que se dio crédito al hecho generador de intereses sustentado por la demandante, y encuadró la hipótesis de conducta prevista en el art. 88 de la Ley 1°25/91 y 2421/04, desechando la posición sustentada por la administración tributaria y los hechos y derechos invocados por la administración, a lo que debe añadirse la errónea valoración de la prueba presentada por su parte relativa el hecho motivo del juicio, y a consecuencia de ello la equivocada aplicación de la norma contenida en el art. 88 de la Ley 2421/04. Siguió diciendo el apelante que la prueba documental arrimada por la Administración no fue objetada por la contraparte, por lo tanto los mismos hacen plena fe. Manifestó que de los antecedentes agregados a los autos se observa que el "a quo" no consideró un elemento superlativo como es que la Administración solicitó al actor documentación adicional a fin de justificar la cuantía y validez del crédito. Resaltó que al momento de solicitar la devolución la firma recurrente no arrimó todas las documentaciones necesaria, por lo que no quedaba otro camino que una vez que cumpla con dichos requisitos se compute el plazo de 60 días otorgado por la ley, y que ínterin se presente la documentación solicitada no puede empezar a computarse el plazo establecido en la ley para el pago de intereses. Arguyo que la Resolución N° 7/07 goza de intangibilidad que como norma de aplicación general está investida, y que la Administración Tributaria ha reglamentado la forma y condiciones que deben darse para la devolución de los tributos pagados en exceso. Que en cuanto a la imposición de las costas a la parte vencida, recalco que en esta causa se configuró la causal de exoneración de costas, al haber tenido la administración razón fundada para litigar, debido a la existencia de elementos de convicción que avalan su actuación procesal, debiendo en consecuencia el inferior haber decretado la imposición de costas en el orden causado. Concluyó solicitando la revocación de la Resolución apelada.
Que pasando a estudiar el fondo de la cuestión planteada, visualizo que la firma administrada presento demanda contencioso administrativa contra la Resolución SET CGD N° 188 de fecha 13 de enero de 2012, por la cual se deniega el pedido de pago de intereses por el retraso en la devolución del Crédito Fiscal IVA y contra la Resolución Ficta, de fecha 28 de febrero de 2012, en grado de reconsideración. A su vez el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, hizo lugar a la demanda esgrimiendo que la Administración debió haber requerido la documentación respaldatoria de la solicitud de devolución como de los intereses generados durante la resolución de lo pedido por el contribuyente, y que al haberse realizado dicho requerimiento según lo esgrimido en el informe D.C.F.F./C.N° 799 de fecha 93/94, la propia SET expresa que ha incurrido en mora teniendo en cuenta la fecha de la solicitud y la fecha de la resolución que le otorga la devolución. Agregaron que ante esta situación la SET expresa el incumplimiento de cuestiones formales establecidas por la Resolución Interna de menor jerarquía, lo cual no le exime de dar cumplimiento a lo establecido en la precitada ley. Alegaron que la Resolución SET se limita simplemente a transcribir lo dispuesto en la Resolución General N°07/07, sin fundamentar su recisión respecto a los intereses moratorios, constituyendo esta circunstancia un actuar irregular de la Administración Tributaria, que atenta contra los principios vectores del Derecho Administrativo.
Que en ese orden de cosas, advierto que la única cuestión por dilucidar pasa por determinar si la Administración Tributaria ha incurrido o no en mora al devolver el crédito tributario solicitado por la firma accionante. Al respecto debo señalar, que la firma MSU AGROPY S.A. ha solicitado en fecha 13 de agosto de2009 la devolución del Crédito fiscal IVA, habiéndose dictado en fecha 17 de noviembre de ese año la Resolución N° 7530001502, por la cual se ordena la devolución del crédito solicitado, de acuerdo a lo establecido en la Resolución General 07/07. Posteriormente se emitió la Resolución SET CDG N° 188 de fecha 13 de enero de 2012, no hace lugar a la percepción de los intereses solicitados, por no enmarcarse dentro de las normas y reglamentaciones, presentándose Recurso de Reconsideración en contra de esta última Resolución, el cual al no ser resuelto en tiempo y forma se ha configurado la Resolución Ficta.
Que el análisis de los documentos obrantes, permiten visualizar que la solicitud de devolución del Crédito Fiscal que le correspondía a la administrada fue presentada en fecha 13 de agosto de 2009, siendo aprobada la devolución el 17 de noviembre de ese año por Resolución N° 7530001S02, treinta y cinco días después de vencido el plazo establecido el art.88 de la Ley N° 2421/04. Sin embargo del Instrumento que se encuentra a fs.100 de autos, resulta esclarecedor, dado que su contenido permite comprobar que la Administración Tributaria peticiono a la firma actora la entrega de documentos adicionales los días 20 de agosto, octubre y 20 de octubre de 2009, transcurriendo desde esta petición hasta la efectiva entrega de estos documentos 34 días, los cuales no pueden ser computados a los efectos del término establecido en el art. 88 de la ley N° 2421/04 para la devolución del crédito IVA, excediéndose la Administración en un solo día, como lo reconoció la misma.
Que el art. 88 de la Ley N° 2421/04, condiciona el plazo de 60 días corridos a que la solicitante de la devolución acompañe todos los comprobantes justificativos de dicho crédito, lo que en este caso no aconteció, como ha quedado acreditado con los documentos citados en los parágrafos anteriores. El procesamiento para el caso el contribuyente no presente toda la documentación respaldatoria le encuentra establecido en la Resolución N° 7/07, específicamente en su art. 23, quienes cuentan con un plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación para presentar la documentación solicitada. Consecuentemente, al haber transcurrido 34 días desde la solicitud de documentos adicionales hasta su entrega a la Administración Tributaria, no computares dentro del plazo de 60 determinados en el art. 88 del plexo legal citado más arriba, no se ha configurado la mora pretendida por la demandante.
Por tanto, conforme a las consideraciones realizadas precedentemente soy del parecer debe hacerse lagar al Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado Fiscal Marcos A. Morinigo contra el Acuerdo y Sentencia N° 122 de fecha 26 de marzo de 2015, dictada por la Segunda Sala del Tribunal de Cuentas revocándolo in tottum, lo cual trae aparejada en esta instancia la ratificación de la vigencia de la Resolución N° SET-CGD N° 188 de fecha 13 de enero de 2012, y su consecuente Resolución Ficta. En cuanto a las costas, deben ser impuestas en ambas instancias a la parte perdidosa, la actora, en virtud del principio contenido en el art. 192 del C.P.C.
Con lo que se dio por terminado el acto firmando SS.EE todo por ante mi, que lo certifico quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:
1.- TENER por desistido el Recurso de Nulidad incoado.
2.- HACER LUGAR al Recurso lie Apelación interpuesto por el Abogado Fiscal contra el Acuerdo y Sentencia N° 122 de fecha 26 de marzo de 2015, dictada por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, REVOCANDOLO IN TOTTUM y en consecuencia ratificar la vigencia de la Resolución SET CGD, de fecha 13 de enero de 2012, y la Resolución Ficta concomitante, de conformidad a lo expuesto en el exordio de la presente resolución.
3.- IMPONER las costas en ambas instancias a la perdidosa, la parte actora.

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