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Timestamp: 2020-06-02 10:55:20+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 958/07 de Corte Constitucional, 14 de Noviembre de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 43533522
Sentencia de Constitucionalidad nº 958/07 de Corte Constitucional, 14 de Noviembre de 2007
Revision de constitucionalidad de la ley 1073 del 31 de julio de 2006, por medio de la cual se aprueba la convencion sobre la notificacion o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial hecha en la haya el 15 de noviembre de 1965. Naturaleza del control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados. Revision por el aspecto formal y aspectos de fondo. Compatibilidad entre la convencion y otros modos de remision de documentos. El uso de la via consular y diplomatica. Reglas sobre no comparecencia del demandado sujeto de notificacion o traslado. En el presente caso el procedimiento legislativo que precedio a la aprobacion de la ley 1073 de 2006 cumplio con los requisitos constitucionales exigidos para el efecto y las disposiciones contenidas en la convencion se ajustan a la carta politica. Exequibles la convencion y la ley 1073 de 2006
IV. SUBSANACIÓN DE VICIOS EN LA FORMACIÓN DE LA LEY
Sentencia C-958/07
CONVENCION SOBRE LA NOTIFICACION O TRASLADO EN EL EXTRANJERO DE DOCUMENTOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES EN MATERIA CIVIL O COMERCIAL
LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Incumplimiento del requisito de anuncio previo de votación/REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Vicio subsanable/LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL REMITIDA POR SEGUNDA VEZ-Incumplimiento del requisito de la sanción presidencial
La Sala Plena identificó la existencia de un vicio de procedimiento en la formación en la ley, consistente en el incumplimiento del requisito del anuncio previo a la discusión y aprobación del proyecto de ley, para el caso del trámite en la Comisión Segunda de la Cámara de R.s. Del mismo modo, concluyó que de acuerdo con la jurisprudencia aplicable a la materia y la instancia en que se había verificado, el vicio en comento era de naturaleza subsanable, por lo que era pertinente aplicar lo dispuesto en el parágrafo del artículo 241 C.P., por lo que el Congreso procedió a lo ordenado por la Corte, pero en su reenvío el Magistrado Sustanciador advirtió que esta remisión no cumplía con lo ordenado en el numeral tercero del Auto A-053/07, puesto que se había pretermitido el requisito de la sanción presidencial. Así, a través de providencia del 10 de julio de 2007, ordenó devolver el expediente legislativo a la Presidencia del Senado de la República, con el fin que lo remitiera al Gobierno Nacional, a efectos de su sanción y en concordancia con lo ordenado en el Auto A-053/07, cumplido el trámite, mediante comunicación del 10 de agosto de 2007, la Presidenta del Senado reenvió el expediente legislativo correspondiente a la Ley 1073/06, debidamente sancionada por el P. de la República.
ADHESION A CONVENIO Y TRATADO INTERNACIONAL-Previa la revisión de constitucionalidad y según las reglas de la convención de Viena
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó a esta Corporación que la Convención sobre la Notificación de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, en adelante la Convención, no ha sido suscrita por el Estado colombiano debido a que es un instrumento internacional sujeto a adhesión. Igualmente, señaló que el P. de la República le impartió a la Convención aprobación ejecutiva el día 3 de septiembre de 2003. Al respecto se tiene que el objeto del control de constitucionalidad en esta instancia no ha concurrido, pues la suscripción del tratado se producirá conforme a la figura jurídica de la adhesión, la cual sólo se comprobará luego que esta Corporación perfeccione la revisión de su constitucionalidad y según las reglas que para la celebración de tratados por este medio disponen los artículos 11 y 15 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. En este sentido, como lo ha sostenido esta Corporación en asuntos similares, por sustracción de materia no es posible estudiar por parte de la Corte lo relativo a las facultades del Ejecutivo por la suscripción de la Convención, en la medida en que esta actuación se verificará sólo una vez se compruebe la constitucionalidad del instrumento internacional multilateral.
PROCEDIMIENTO PARA EL TRASLADO Y NOTIFICACION DE DOCUMENTOS JUDICIALES EN EL EXTRANJERO-Compatibilidad con la Carta Política
La posibilidad de contar con un procedimiento sencillo y ágil para la notificación y traslado de documentos judiciales resulta acorde con la optimización de los instrumentos de asistencia judicial entre los Estados, en tanto especie de la integración económica, política y social entre Colombia y las demás naciones, prevista en el artículo 227 Superior. Del mismo modo, el mecanismo en comento constituye una herramienta adecuada para la realización del principio de publicidad, inherente al derecho fundamental al debido proceso
Revisión de constitucionalidad de la Ley 1073 del 31 de julio de 2006, ''por medio de la cual se aprueba la ''Convención sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial'' hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965''.
dentro del proceso de revisión de la Ley 1073 del 31 de julio de 2006, ''por medio de la cual se aprueba la ''Convención sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial '' hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965''.
por medio de la cual se aprueba la ''Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial'',
Visto el texto de ''La Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial'' hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965'', que a la letra dice:
por medio de la cual se aprueba la ''Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial'', hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965.
Visto el texto de la ''Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial'', hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965.
TRADUCCION OFICIAL NUMERO 068 - W de un documento escrito en inglés y francés
Según las formas establecidas por la legislación del Estado requerido para la notificación o traslado de documentos otorgados en el país y que estén destinados a personas que se encuentren en su territorio; o
Según el procedimiento específico solicitado por el requeriente, a condición de que esta no sea incompatible con la ley del Estado requerido.
La facultad de remitir directamente por vía postal los documentos judiciales a las personas que se encuentren en el extranjero;
La facultad, respecto de funcionarios judiciales, agentes u otras personas competentes del Estado de origen, de proceder a las notificaciones o traslados de documentos judiciales directamente a través de funcionarios judiciales u otros funcionarios competentes del Estado de destino;
La facultad, respecto de cualquier persona interesada en un procedimiento judicial, de proceder a las notificaciones o traslados de documentos judiciales directamente a través de funcionarios judiciales u otras personas competentes del Estado de destino.
La intervención de un funcionario judicial o de una persona competente según la ley del Estado de destino;
La utilización de una forma específica.
El documento haya sido notificado o que se haya dado traslado al mismo según las formas prescritas por la legislación del Estado requerido para la notificación o traslado de los documentos otorgados en este país y que están destinados a las personas que se encuentran en su territorio, o bien,
El documento haya sido efectivamente entregado al demandado o en su residencia según otros procedimientos previstos por la presente Convención, y que, en cualquiera de estos casos, sea de notificación, de traslado o de entrega, la misma haya tenido lugar en tiempo oportuno para que el demandado haya podido defenderse.
Que el documento haya sido emitido según alguno de los modos previstos por la presente Convención;
Que haya transcurrido, desde la fecha de envío del documento, un plazo que el juez estudiará en cada caso individualmente y que no será inferior a seis meses;
El demandado, sin mediar culpa de su parte, no tuvo conocimiento en tiempo oportuno de dicho documento para defenderse o de la decisión para interponer recurso;
Las alegaciones del demandado, prima facie, parecen fundamentadas.
El artículo 3º, párrafo segundo, en lo relativo a la exigencia de doble ejemplar para los documentos remitidos;
El artículo 5º, párrafo tercero y el artículo 7º, en lo relativo a la utilización de los idiomas;
El artículo 5º, párrafo cuarto;
El artículo 12, párrafo segundo.
La designación de las autoridades previstas en los artículos 2º y 18;
La designación de la autoridad competente para expedir la certificación prevista en el artículo 6º;
La designación de la autoridad competente para recibir los documentos remitidos por vía consular conforme al artículo 9º.
Su oposición al uso de las vías de remisión previstas en los artículos 8º y 10;
Las declaraciones previstas en los artículos 15, párrafo segundo y 16, párrafo tercero;
Cualquier modificación de las designaciones, oposición y declaraciones antes mencionadas.
Las firmas y ratificaciones previstas en el artículo 26;
La fecha en que la presente Convención entrará en vigor conforme con las disposiciones del artículo 27, párrafo primero;
Las adhesiones previstas en el artículo 28 y la fecha en que surtirán efecto;
Las extensiones previstas en el artículo 29 y la fecha en que surtirán efecto;
Las designaciones, oposiciones y declaraciones mencionadas en el artículo 21;
Las denuncias previstas en el artículo 30, párrafo tercero.
El suscrito requiriente tiene el honor de remitir -en dos ejemplares- a la autoridad destinataria los documentos enumerados, rogándole, conforme al artículo 5º de la Convención antes citada, haga remitir sin demora un ejemplar al destinatario, a saber:
Identidad y dirección) .......................................................................................................
Según las formas legales [artículo 5º, párrafo primero, letra a)]*
Según la fórmula específica siguiente [artículo 5º, párrafo primero, letra b)]*............................
En su caso, por simple entrega al interesado (artículo 5º, párrafo segundo)*.............................
Se ruega a esa autoridad envíe o haga enviar al requiriente un ejemplar del documento -y de sus anexos-* con la certificaciónn que figura al dorso.
Hecho en............, el ............ de ............ de ...................
Que la petición ha sido ejecutada*
- El (fecha) ....................................................................................................................
- En (localidad, calle, número) ...........................................................................................
- En una de las formas siguientes previstas en el artículo 5º:
Según la forma específica siguiente*................................................................................
Por simple entrega* (artículo 5º, acápite 2)*
(Identidad y calidad de la persona).......................................................................................
- Vínculos de parentesco, subordinación u otros, con el destinatario del documento
Que la petición no ha sido ejecutada en razón de los hechos siguientes*
Hecho en............, el ............ de ............ de ............
Naturaleza y objeto del documento:..............................................................................................
Fecha y lugar para verificar la comparecencia:**....................................................................
Autoridad judicial que ha dictado la resolución:**....................................................................
Fecha de la resolución:**...................................................................................................
Indicación de los plazos que figuran en el documento:**............................................................
Indicación de los plazos que figuran en el documento:**..........................................................
BOGOTA, D.C., EL 31 DE JULIO DE 2003
Artículo 1º. Apruébase la ''Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial'', hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965.
Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la ''Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial'', hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
S.E.P. de la Vega.
C.B.I..
Artículo 1º. Apruébese la ''Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial'' hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965.
Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, la ''Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial'' hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
C.B. de B..
El P. de la honorable Cámara de R.s,
J.E.G.A..
El S. General de la honorable Cámara de R.s,
El ciudadano J.D.M.O., en calidad de apoderado especial del Ministerio de Relaciones Exteriores, intervino en el presente proceso con el fin de defender la constitucionalidad del instrumento internacional y de su ley aprobatoria.
En primer término, el Ministerio aclaró que la Convención sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, en adelante la Convención, fue fruto de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, organización intergubernamental que tiene como objetivo principal la unificación progresiva de las normas de esta rama del derecho, mediante la creación de instrumentos jurídicos multilaterales. Habida cuenta que el Estado colombiano no hizo parte de la mencionada Conferencia, la suscripción del Convenio se realizará bajo la figura de la adhesión, mecanismo que procederá ''una vez concluyan los trámites de aprobación legislativa y de revisión constitucional; sin perjuicio de las facultades de la rama ejecutiva del poder público de hacerlo en cualquier tiempo de acuerdo con las facultades previstas en el artículo 189.2 de la Constitución Política, por ostentar la máxima dirección de las relaciones internacionales''.
En segundo lugar, respecto del procedimiento de incorporación del instrumento internacional en el derecho interno, el Ministerio interviniente expone que con ''el propósito de iniciar los trámites constitucionales internos, previas las consultas con las autoridades competentes, el 3 de septiembre de 2003, el P. de la República ordenó someter a consideración y aprobación del Congreso de la República el proyecto de Ley aprobatoria de la Convención.''. Luego de impartida la aprobación ejecutiva, el 23 de agosto de 2004, el Gobierno Nacional, a través de los Ministerios de Interior y de Justicia y de Relaciones Exteriores, presentó ante la Secretaría General del Senado el proyecto de ley correspondiente. Cumplido el trámite legislativo, la Ley 1073 obtuvo sanción presidencial el 31 de julio de 2006. Con base en este trámite, el interviniente concluye que en el asunto bajo examen fueron debidamente cumplidos los requisitos contendidos en el artículo 159-6 C.P., en cuanto a la facultad del Congreso para aprobar tratados; al igual que las condiciones fijadas en el artículo 189-2 respecto a la dirección por parte del P. de la política internacional del Estado y la suscripción de tratados.
En tercer término, frente al aspecto material de la Convención, el Ministerio interviniente afirma, a partir de la descripción de los artículos del tratado, que su contenido se aviene a los cánones constitucionales. Para sustentar esta conclusión, manifiesta que el objetivo del instrumento es ''mejorar la asistencia judicial simplificando y acelerando el procedimiento para la notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil y comercial''. En tal sentido, ''establece los canales a través de los cuales debe formularse y atenderse o tramitarse las solicitudes; concede un término prudencial para quienes no pudieron ser notificados en su oportunidad respecto de una demanda o no ejercieron el derecho de defensa, para que soliciten la exoneración de la preclusión; prevé los costos de las diligencias y el mecanismo de solución de controversias''. Estas finalidades, en criterio del Ministerio, desarrollan distintos postulados constitucionales, entre ellos, el respeto a la soberanía nacional, el reconocimiento de los principios del derecho internacional, el debido proceso, el acceso a la administración de justicia y los principios de la función administrativa contenidos en el artículo 209 Superior.
El ciudadano F.G.M., director de ordenamiento jurídico del Ministerio de Interior y de Justicia, presentó escrito justificativo de la constitucionalidad de la Ley 1073/06. Para ello, describió el proceso legislativo del proyecto de Ley que precedió a la norma analizada y concluyó que el trámite se había ajustado a los preceptos de la Carta Política.
En cuanto al aspecto material del instrumento internacional, el Ministerio resalta como la Convención establece canales directos, a través de autoridades centrales, destinados a la notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales, en condiciones de claridad, economía y eficacia. En ese sentido, la adhesión de Colombia al tratado es un mecanismo adecuado para dar respuesta pronta y efectiva a las solicitudes de las autoridades judiciales con respecto a la notificación de una providencia judicial o del traslado de un documento extrajudicial a otro país. Facultades de esta naturaleza se muestran armónicas con los fines del Estado Social de Derecho, en especial la efectiva administración de justicia, entendida en consonancia con ''las necesidades de la internacionalización de las relaciones jurídicas y la globalización, a fin de simplificar en materia judicial y extrajudicial la citada notificación o traslado''.
De la misma forma, el interviniente sostiene que las previsiones del tratado dejan la posibilidad que las Partes acojan otros procedimientos reconocidos por la práctica, por su legislación interna o por acuerdos bilaterales. Desde esa perspectiva, los ''Estados conservan su facultad de utilizar la vía diplomática, de remitir directamente al destinatario las notificaciones, o acudir a las previsiones de su legislación interna. Se trata entonces de que las autoridades opten por la vía más adecuada, sin restringir su campo de acción a las posibilidades que ofrece la Convención, y sin desbordar los límites que el respectivo ordenamiento jurídico imponga.''
El ciudadano R.B.C., jefe de la oficina jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro, interviene en el presente trámite con el fin de defender la constitucionalidad de la norma sujeta a examen. Con este fin, expone que en relación con las competencias de la Superintendencia, el instrumento internacional resultaría aplicable ''en los documentos autorizados por los notarios. En la actualidad el acto que requeriría de notificación en materia civil y desde la perspectiva de los extrajudiciales sería de aquellos en los cuales se produce el reconocimiento de hijo extramatrimonial por escritura pública. || Conforme lo anterior, un acto notarial así tendría su sistema específico de notificación mediante quien ejerce la función de notario en el exterior, es decir el Cónsul colombiano. || Así las cosas no encontramos quebrantamiento constitucional alguno ya que la Convención tiene el cuidado de preservar los procedimientos tradicionales de notificación o traslado de documentos para el extranjero.''
Cumplidos los trámites constitucionales y legales, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República envió a la Corte Constitucional el texto de la Ley 1073/06, con el fin que realizara el control de constitucionalidad previsto en el artículo 241-10 C.P.
Una vez realizado el estudio correspondiente, la Sala Plena identificó la existencia de un vicio de procedimiento en la formación en la ley, consistente en el incumplimiento del requisito del anuncio previo a la discusión y aprobación del proyecto de ley, para el caso del trámite en la Comisión Segunda de la Cámara de R.s. Del mismo modo, concluyó que de acuerdo con la jurisprudencia aplicable a la materia y la instancia en que se había verificado, el vicio en comento era de naturaleza subsanable, por lo que era pertinente aplicar lo dispuesto en el parágrafo del artículo 241 C.P. En consecuencia, la Corte adoptó la decisión A-053/07, en la cual resolvió lo siguiente:
Primero.- Por Secretaría General de la Corte Constitucional, DEVUÉLVASE a la presidencia de la Cámara de R.s la Ley 1073 del 31 de julio de 2006, ''por medio de la cual se aprueba la ''Convención sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial '' hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965'', con el fin de que tramite la subsanación del vicio de procedimiento identificado en esta providencia.
Segundo.- CONCÉDASE a la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara de R.s el término de 30 días, contados a partir de la notificación de este auto a la Presidencia de la misma, para que subsane el vicio detectado en esta providencia.
Tercero.- Una vez subsanado el vicio a que se refiere la parte considerativa de esta providencia, la Cámara de R.s dispondrá hasta el 20 de junio de 2007, para cumplir las etapas posteriores del proceso legislativo. Luego, el P. de la República tendrá el plazo establecido en la Carta para sancionar el proyecto de ley.
Cuarto.- Cumplido el trámite anterior, el P. del Congreso remitirá a la Corte la Ley 1073 de 2006, para decidir definitivamente sobre su exequibilidad.
En cumplimiento de lo ordenado por la Corte y a través de oficio del 22 de junio de 2007, la Presidenta del Senado de la República envió a la Corte el expediente legislativo correspondiente al Proyecto de Ley No. 90/04 Senado - 236/05 Cámara ''por medio del cual se aprueba la ''Convención sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial'' hecha en La Haya el 15 de noviembre de 195''.
Sobre el particular, el Magistrado Sustanciador advirtió que esta remisión no cumplía con lo ordenado en el numeral tercero del Auto A-053/07, puesto que se había pretermitido el requisito de la sanción presidencial. Así, a través de providencia del 10 de julio de 2007, ordenó devolver el expediente legislativo a la Presidencia del Senado de la República, con el fin que lo remitiera al Gobierno Nacional, a efectos de su sanción y en concordancia con lo ordenado en el Auto A-053/07.
De esta manera, mediante comunicación del 10 de agosto de 2007, la Presidenta del Senado reenvió el expediente legislativo correspondiente a la Ley 1073/06, debidamente sancionada por el P. de la República el 2 de julio de 2007.
Naturaleza del control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados
La revisión por el aspecto formal
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó Cfr. Comunicación del 28 de agosto de 2006, suscrita por la Coordinadora del Área de Tratados de la Oficina Asesora Jurídica. F. 1 del cuaderno de pruebas 6. a esta Corporación que la Convención sobre la Notificación de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial, en adelante la Convención, no ha sido suscrita por el Estado colombiano debido a que es un instrumento internacional sujeto a adhesión. Igualmente, señaló que el P. de la República le impartió a la Convención aprobación ejecutiva el día 3 de septiembre de 2003.
Al respecto se tiene que el objeto del control de constitucionalidad en esta instancia no ha concurrido, pues la suscripción del tratado se producirá conforme a la figura jurídica de la adhesión, la cual sólo se comprobará luego que esta Corporación perfeccione la revisión de su constitucionalidad y según las reglas que para la celebración de tratados por este medio disponen los artículos 11 y 15 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. En este sentido, como lo ha sostenido esta Corporación en asuntos similares, Sobre este mismo particular, pueden consultarse las sentencias C-002/96, M.P.J.G.H.G., C-249/99, M.P.A.B.C. y J.G.H.G. y C-276/06, M.P.M.J.C.E.. por sustracción de materia no es posible estudiar por parte de la Corte lo relativo a las facultades del Ejecutivo por la suscripción de la Convención, en la medida en que esta actuación se verificará sólo una vez se compruebe la constitucionalidad del instrumento internacional multilateral.
En lo que tiene que ver con la aprobación presidencial de la Convención, se tiene que el P. de la República cumplió con este requisito y ordenó la remisión del texto correspondiente al Congreso, con el fin que fuera discutido y aprobado.
El expediente legislativo enviado a la Corte por el Congreso de la República demuestra que el proyecto de ley n.° 090/04 Senado, 236/05 Cámara, que finalizó con la expedición de la Ley 1073 de 2005 ''por medio de la cual se aprueba la ''Convención sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil y Comercial'' hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965'', surtió el siguiente trámite:
2.2.1.2. Su texto fue publicado en la Gaceta del Congreso 471 del 26 de agosto de 2004. Cfr. F.s 3 al 9 del cuaderno de pruebas 1.
2.2.1.3. La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República fue presentada por los senadores J.Á.C.F. y H.M.M. y fue publicada en la Gaceta del Congreso 340 del 9 de junio de 2005. Cfr. F. 108 del cuaderno de pruebas 3.
2.2.1.4. Según certificación suscrita por el S. General de la Comisión Segunda del Senado de la República Cfr. F. 1 del cuaderno de pruebas 1., el proyecto de ley fue anunciado para su discusión y aprobación en primer debate en la sesión del 15 de junio de 2005, según consta en el Acta n.° 37 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 851 del 2 diciembre de 2005. En este documento puede verificarse que el S. de la Comisión procedió a ''dar lectura de los proyectos que se discutirán en la próxima sesión de la Comisión Segunda del Senado así: (...) Proyecto de ley 90 de 2004 Senado, por medio de la cual se aprueba la convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil y comercial, hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965.'' (Negrillas originales). Cfr. Gaceta del Congreso 851/05, p. 2.
Del mismo modo, finalizada la sesión, el presidente convocó la siguiente ''para mañana a las 9:00 a.m. es la última sesión de este periodo legislativo para votar proyectos de ley que tienen que ver con tratados internacionales''. I., p. 12. En ese sentido, la discusión del proyecto de ley fue anunciada para el día 16 de junio de 2005.
2.2.1.5. Según certificación suscrita por el S. de la Comisión Segunda del Senado de la República, el proyecto de ley fue aprobado en primer debate el 16 de junio de 2005 (Acta n.° 38 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 852 del 2 de diciembre de 2005), con un quórum deliberatorio y decisorio integrado por 12 de los 13 senadores que conforman esa Comisión, quienes aprobaron la iniciativa por unanimidad.
2.2.1.6. La ponencia para segundo debate fue presentada por los senadores J.Á.C.F. y H.M.M., y publicada en la Gaceta del Congreso 835 del 24 de noviembre de 2005 Cfr. F.s 97 a 99 del cuaderno de pruebas 3..
2.2.1.7 Según certificación suscrita por el S. General del Senado de la República Cfr. F. 86 del cuaderno de pruebas 2., el proyecto de ley fue anunciado para su discusión y aprobación en segundo debate en la sesión del 29 de noviembre de 2005, según consta en el Acta n.° 30 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 15 del 30 de enero de 2006. Cfr. F. 135 del cuaderno de pruebas 2. Estudiado el texto de la referida acta, se encuentra que por instrucciones de la Presidenta del Senado, el S. ''anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión. (...) Proyecto de ley 90 de 2004 Senado, ''por medio de la cual se aprueba la convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil y comercial'', hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965.''.
2.2.1.8. Según certificación expedida por el S. General del Senado de la República el proyecto de ley fue considerado en segundo debate el 30 de noviembre de 2005 con un quórum deliberatorio y decisorio de 95 de los 102 senadores que conforman la Plenaria y aprobado por mayoría (Gaceta del Congreso 16 del 30 de enero de 2006 Cfr. F. 176 (reverso) del cuaderno de pruebas 2.).
2.2.2 Cámara de R.s
2.2.2.1. Para primer debate rindió ponencia el representante J.M.F., cuya publicación se llevó a cabo en la Gaceta del Congreso 131 del 19 de mayo de 2006. Cfr. F.s 101 (reverso) a 102 del cuaderno de pruebas 3. Sobre esta etapa del trámite legislativo, debe advertirse que el congresista ponente J.M.F. ejercía su investidura en razón de su elección por la circunscripción internacional para la Cámara de R.s. Al respecto, la sentencia C-665 del 16 de agosto de 2006 declaró inexequible con efectos retroactivos el Decreto 4766 del 30 de diciembre de 2005, ''por el cual se reglamenta la Circunscripción Internacional para la Cámara de R.s.''. No obstante, como lo declaró recientemente la Corte en la sentencia C-931/07, esta circunstancia, aunque es irregular, no afecta la constitucionalidad del procedimiento legislativo. Ello en tanto la preservación del principio democrático obliga a que otorgue carácter prevalente a las decisiones adoptadas por las mayorías parlamentarias. Acerca de este tópico, la sentencia en comento indicó, en un asunto análogo al presente, que ''la legitimidad del procedimiento de aprobación de la Ley 1017 no se vio afectada por la participación del representante V. en dicho trámite pues el principio democrático imponía conferir preponderancia a la voluntad de la Plenaria que, en este caso, se manifestó unánimemente a favor de la aprobación del proyecto de ley. En este sentido, el voto del representante por la circunscripción internacional no fue decisivo para la configuración de la voluntad legislativa, por lo que la aprobación del proyecto habría sido un hecho, incluso si el representante no hubiera participado en ella.''
2.2.2.2. Según certificación expedida por el S. de la Comisión Segunda de la Cámara de R.s, Cfr. F.s 1 a 2 del cuaderno de pruebas 3. en sesión conjunta del 17 de mayo de 2006 se anunció la discusión y aprobación del proyecto de ley (Acta n.° 1 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 333 del 1º de septiembre de 2006).
''Anuncio proyectos de ley
(...) . Proyecto de ley número 236 de 2005 Cámara, 090 de 2004 Senado, por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales en materia civil o comercial, hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965''. Cfr. Gaceta del Congreso 333/06 p. 12.
De igual manera, finalizada la sesión conjunta el presidente de la Comisión convocó a dicha célula legislativa para su siguiente sesión, a realizarse el 30 de mayo de 2006. Ibidem
2.2.2.3. Según certificación expedida por el S. General de la Comisión Segunda de la Cámara de R.s, el proyecto de ley fue considerado y aprobado en primer debate el 30 de mayo de 2006 con asistencia de 13 de los representantes y fue aprobado por unanimidad (Acta n.° 23 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 340 del 4 de septiembre de 2006).
2.2.2.4. Para segundo debate la ponencia fue presentada por el representante J.M.F. y fue publicada en la Gaceta del Congreso 175 del 8 de junio de 2006 Cfr. F. 128 del cuaderno de pruebas 3..
2.2.2.5. De acuerdo con lo certificado por el S. General de la Cámara de R.s, Cfr. F. 3 del cuaderno de pruebas 5. en sesión del 7 de junio de 2006 se anunció la discusión y aprobación del proyecto de ley, (Acta n.° 234 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso n.° 220 del 27 de agosto de 2005 Cfr- F. 171 del cuaderno de pruebas 5.).
Sobre el particular se advierte que en la mencionada sesión, el S. General de la Cámara, por órdenes del P. de esa Corporación, realizó el anuncio del proyecto en los siguientes términos:
''Estos proyectos se anuncian de acuerdo con el artículo 160 de la Constitución Política, en los términos que serán discutidos y votados en la próxima sesión de la Cámara de R.s. (...)Proyecto de ley número 236 de 2005 Cámara, 690 (sic) de 2004 Senado''.
Finalmente, se encuentra que al finalizar la sesión, fue levantada por la Presidencia de la Cámara y convocada nuevamente para ''el próximo martes a las tres de la tarde'', esto es, el 13 de junio de 2006.
2.2.2.6. Según certificación expedida por el S. General de Cámara en sesión plenaria del 13 de junio de 2006, a la cual se hicieron presentes 153 R.s, se consideró y aprobó por la mayoría de los presentes el proyecto de ley objeto del presente análisis de constitucionalidad. (Acta n.° 235 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 229 del 12 de julio de de 2006 Cfr. F. 94 del cuaderno de pruebas 5. ).
2.2.3. Subsanación del vicio de trámite en la Cámara de R.s
2.2.3.1. Como se indicó en el apartado IV de esta providencia, la Corte identificó la existencia de un vicio en el trámite legislativo, relacionado con el incumplimiento del requisito del anuncio previo a la discusión y aprobación del proyecto de ley, para el caso de la Comisión Segunda de la Cámara de R.s.
Con el fin de subsanar dicha irregularidad y de acuerdo con lo ordenado por la Sala en el Auto 053/07, la Comisión Segunda de la Cámara de R.s sometió nuevamente a consideración el proyecto de ley, el cual fue discutido y aprobado en la sesión del 8 de mayo de 2007. Esto según lo certificado por la Secretaria General de la Comisión, en constancia de la misma fecha. Cfr. F.s 283 a 286 del cuaderno 2.
En relación con el requisito del anuncio de la discusión y votación del proyecto de ley, éste fue cumplido en la sesión del 3 de mayo de 2007, contenida en el Acta No. 28 de la misma fecha, publicada en la Gaceta 359 del 31 de julio de 2007. Así, en dicha sesión se discutió a profundidad el tópico relativo a la subsanación del vicio, discusión que se realizó en los términos siguientes:
''Hace uso de la palabra la Secretaria de la Comisión, doctora P.R.A.:
Anuncio de proyectos de ley para subsanar vicio de procedimientos, según Autos número 78 del 21 de marzo de 2007 y A13 del 24 de enero de 2007; 78 del 21 de marzo de 2007 y 53 del 28 de febrero de 2007; de la Corte Constitucional para votar esos proyectos que enseguida vamos a anunciar en la próxima sesión de comisión.
Hace uso de la palabra el P., honorable R.O.F.B.R.:
Ahora sí señora secretaria, explique que a todos los honorables Parlamentarios en qué consiste la petición de la Corte Constitucional sobre estos proyectos que ya fueron leídos.
Hace uso de la palabra la Secretaria de la Comisión, doctora P.R.A.:
Respecto de los Proyectos de ley número 72 de 2005 Senado, 239 de 2005 Cámara; de los Proyectos 244 de 2005 Senado, 069 de 2005 Cámara y del Proyecto de ley número 90 de 2004 Senado, 236 de 2005 Cámara, señores Parlamentarios les quiero informar que por la Corte Constitucional se ha considerado que esas leyes tuvieron un vicio de procedimiento que ocurrió antes de la votación del proyecto de la Comisión Constitucional Permanente. Voy a permitirlo leerlo y por lo tanto no habría necesidad de nombrar nuevos ponentes porque el vicio se inició al momento en que se hizo en forma inadecuada el anuncio de proyecto de ley, por tanto esas ponencias tienen plena validez y solamente tendría la comisión que a partir de este momento, o sea hacer bien el anuncio y de ahí en adelante volver a surtir el trámite.
Me voy a permitir leer cinco renglones de la providencia de la que nos parece que es la pertinente.
Habida cuenta de que el vicio de procedimiento ocurrió antes de la votación del proyecto de la Comisión Constitucional Permanente de la Cámara, pero después de la publicación del proyecto para primer debate, la Corte no considera necesario la repetición de dicha publicación; basta que en una de las sesiones de la Comisión Constitucional se anuncie la votación del proyecto para que el día en que se pretender celebrar, recordándole a los R.s el número de la gaceta en la que ha sido publicada la ponencia para primer debate o si es el deseo de la Presidencia de la Comisión, haciéndoles entrega de una copia de la ponencia. Entonces por lo tanto señor P., nosotros deducimos que no hay necesidad de volver a nombrar ponente ni volver a hacer la publicación porque ha tenido plena validez señor P..
una cosa señora secretaria. La Corte no nos pide que discutamos otra vez el proyecto?
La Corte lo que nos dice es que no considera necesaria la repetición de dicha publicación, es decir que fue desde el momento en que, sucedió el vicio porque, no le dimos en la Comisión Segunda, no se le dio un adecuado anuncio, no se dijo cuando se iba a votar. Simplemente se anuncio, se anuncio este proyecto de ley pero no cuando se debía votar. Entonces desde ese momento la Corte considera que es desde ahí en donde se debe volver a surtir todo el proceso, en ese orden de ideas ni se tiene que volver a nombrar ponente ni tampoco se tiene que volver a realizar la publicación de la ponencia.
Doctor Posada.
Hace uso de la palabra del honorable R.A.P.S.:
Gracias P., me queda clara la lectura que hizo la señora Secretaria de la petición que hace la Corte y queda como constancia entonces que la Corte no solicita debate, simplemente el anuncio del proyecto, gracias señor P. y que entonces quede como constancia que se solicitó si era pertinente nombrar ponente pero que de acuerdo a la interpretación que hace la Corte no se necesita ponente simplemente anuncia r el proyecto. Gracias señor P..
Muy bien. Cumplido lo anterior entonces se procederá a hacer ahora sí, formalmente, el anuncio de los proyectos como pide la Corte, por favor hágalo señora secretaria.
Sí señor P..
Tercer proyecto de ley anunciado número 90 de 2004 Senado 236 de 2005 Cámara, para ser votado en próxima sesión de comisión junto con los anteriores.
Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre notificación o traslado en el extranjero de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil o comercial hecha en la Haya el 15 de noviembre de 1965.
Autores: Ministra de Relaciones Exteriores, doctora C.B.; Ministro del Interior y de Justicia, S.P. de la Vega.
Ponentes: honorable S.J.A.C., H.M.M. y el honorable R.J.M.F..
Publicación Proyecto Senado: Gaceta número 471 de 2004.
Publicación Ponencia Primer Debate en Senado: Gaceta número 340 de 2005.
Publicación Ponencia Segundo Debate en Senado: Gaceta número 835 de 2005.
Publicación Ponencia Primer Debate Cámara: Gaceta número 131 de 2006.
Para dar cumplimiento al Auto número 53 del 28 de febrero de 2007. Leído señor P..
Está hecho el anuncio, sin embargo, señora secretaria le pido el favor revise bien la sentencia porque lo que estoy viendo aquí es que la Corte quiere que continúe el trámite y si continúa el trámite obviamente, toca designar ponentes porque los que están ya no fueron.
Claro señor P. se designa ponente para segundo debate. Pero revisaré tal como usted me lo ordena señor P., revisaremos la sentencia más concienzudamente.
No, concienzudamente no, conforme lo manda la Constitución y la ley. Queda hecho el anuncio queridos Parlamentarios, pero la verdad que esto requiere de un análisis serio, veo que no se ha hecho porque a raíz de la pregunta del R. Posada nos queda la inquietud si hay que continuar con el trámite o con esto ya se soluciona el problema.
C.P., se continúa con el trámite por qué. Hay nulidad por decirlo así en un procedimiento desde el momento en que se anunció en forma indebida en la Comisión el proyecto de ley y él lo dice claramente; del tiempo para atrás del anuncio no hay ningún vicio de inconstitucionalidad es a partir del momento en que se hizo el anuncio, entonces lo que nosotros debemos y eso es lo que estamos nosotros acá sosteniendo es que a partir de ese momento es que debe reanudarse el trámite, obviamente señor P., si se aprueba el proyecto hay que volver a nombrar ponente para segundo debate y realizarlo antes del 15 de junio de este año señor P..
Entonces revisemos eso bien señora secretaria y si es el caso designar los ponentes y que los designemos hoy mismo para que puedan estudiar para la próxima sesión el tema.
Siguiente punto del orden del día'' Cfr. Gaceta del Congreso 359 de 2007, págs. 24-25. F.s 250-251 del cuaderno principal.
Por último, finalizada la sesión, fue convocada ''para el próximo martes a las 10:00 de la mañana'', I., pág. 28. F. 254 del cuaderno principal. esto es, el 8 de mayo de 2007, fecha en la que efectivamente se efectuó el debate y aprobación de la iniciativa. Con base en esta constatación se tiene que la Comisión Segunda de la Cámara de R.s efectuó un debate material sobre la subsanación del vicio identificado por la Corte, en el que concluyó que el anuncio para la discusión y votación debía efectuarse, a fin que el procedimiento continuara dentro de la célula legislativa correspondiente. Así, realizó nuevamente el anuncio para la votación, esta vez ajustándose a las condiciones contempladas por la jurisprudencia constitucional, señaladas en el Auto 053/07.
2.2.3.2. Aprobado el proyecto de ley en primer debate, fue publicada la ponencia correspondiente para su trámite en plenaria de la Cámara de R.s, como consta en la Gaceta del Congreso 197 del 18 de mayo de 2007.
2.2.3.3. Según lo certificado por el S. General de la Cámara de R.s en informe de sustanciación, Cfr. F. 324 del cuaderno 2. el proyecto de ley fue considerado y aprobado en la sesión plenaria del 14 de junio de 2007, Publicada en la Gaceta 380/07. subsanándose con ello el vicio de procedimiento identificado por la Corte en el Auto 053/07.
En cuanto al requisito del anuncio previo a la discusión de la iniciativa, el mismo informe da cuenta que esta condición se verificó en la sesión plenaria del 13 de junio de 2007, contenida en el Acta de Plenaria No. 056, publicada en la Gaceta del Congreso 358 de 2007. En este documento se observa lo siguiente:
''Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor A.C.B.:
La constancia de la R. Orsinia y anunciamos proyectos.
¿Cómo dice? Sí señor, anunciamos proyectos.
Secretaría General, doctor A.L.R., informa:
Se anuncian los proyectos y actas de conciliación para el día de mañana a partir de las tres de la tarde que va a ser la Plenaria.
S., doctora F.M.D., informa:
Para segundo debate:
Proyecto de ley número 236 de 2005 Cámara, 090 de 2004 Senado.
Señor P. están leídos los proyectos para la próxima Sesión.
Dirección de la sesión por la Presidencia, doctor A.C.B.:
Se levanta la Sesión. Se cita mañana jueves 3:00 de la tarde.'' Cfr. Gaceta del Congreso 358 de 2007. Págs. 59-60.
Conforme a lo anterior, la Corte comprueba que la discusión y votación del Proyecto de Ley 236 de 2005 Cámara, 090 de 2004, fueron anunciadas para la sesión plenaria de la Cámara de R.s del 14 de junio de 2007. Al respecto, debe resaltarse que aunque la mesa directiva de esta célula legislativa se limitó a ''anunciar'' los proyectos de ley para la próxima sesión, sin indicar expresamente la finalidad de dicho anuncio, la Corte considera que tal procedimiento ha sido validado por la jurisprudencia constitucional, amén que las normas aplicables al trámite legislativo imponen este deber únicamente para los propósitos del inciso final del artículo 167 C.P. Sobre la materia, Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-1040/05, C-830/07, Auto 053/07.
2.2.4. La descripción del procedimiento surtido por el proyecto de ley, tanto en su trámite original como el de subsanación de los vicios identificado por esta Corporación en el Auto 053/07, permiten a la Corte concluir que la norma de la referencia es exequible desde su aspecto formal. En efecto, el proyecto de ley (i) inició su trámite en el Senado de la República; (ii) fue publicado previamente al inicio del proceso legislativo; (iii) fue aprobado en primero y segundo debate en cada una de las cámaras legislativas, conforme con las mayorías exigidas por la Carta y el Reglamento del Congreso; (iv) las ponencias tanto en comisiones como en plenarias fueron publicadas antes de iniciarse los debates; (v) entre el primero y segundo debate en cada Cámara, así como entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra transcurrieron los términos señalados en el inciso primero del artículo 160 Superior y (vi) fue cumplido en cada una de las etapas del trámite legislativo el requisito del anuncio previo exigido por el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, que adicionó el artículo 160 C.P., subsanándose adecuadamente el defecto evidenciado en el Auto 053/07 para el caso del trámite de la Comisión Segunda de la Cámara de R.s.
2.3. Sanción presidencial y remisión a la Corte Constitucional
La Ley 1073 fue sancionada por el P. de la República el 31 de julio de 2006, remitiéndose para su estudio a la Corte el 8 de agosto del mismo año, a través de oficio suscrito por el S. Jurídico de la Presidencia, Cfr. F. 1-2 del cuaderno principal. cumpliéndose con ello el término de seis días al que refiere el artículo 241-10 de la Constitución.
En razón a que esta Corporación declaró la existencia de un vicio subsanable a través del Auto 053/07, se reenvío el expediente legislativo al Congreso para que rehiciera el trámite afectado con el vicio mencionado. Del mismo modo, en esta decisión se determinó que, en lo relativo a la sanción presidencial del proyecto de ley resultante de la subsanación, ''en tanto se refiere al mismo acto aprobatorio sujeto a análisis, no contraerá el cambio en la identificación de la ley. En ese sentido, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, al momento de ejercer la competencia prevista en el artículo 8º del Decreto 2719 de 2000, conservará el número de Ley 1073 del 31 de julio de 2006. Lo anterior debido a que, como lo ha sostenido esta Corporación, Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-863/06 y auto A-018/07. Sobre el tema particular de la doble numeración de las leyes, luego de la subsanación de un vicio de trámite, la citada sentencia estipuló lo siguiente:
''La sanción presidencial se limita a ''aprobar el proyecto correspondiente'' por parte del ''Gobierno'' y a ''dar fe de su autenticidad''. Además, de acuerdo al Decreto 2719 de 2000, la numeración se da sobre ''leyes ya sancionadas'', por ser tal numeración de la ley, un trámite de carácter administrativo que debe realizarse ''guardando una secuencia numérica indefinida y no por año'', de acuerdo a la exigencia establecida por el artículo 194 de la Ley 5ª de 1992. || La jurisprudencia constitucional en situaciones anteriores en que se ha devuelto al Congreso una ley para ser subsanada por adolecer de vicios de forma, da cuenta de que generalmente en el trámite de subsanación se ha respetado el número de ley inicialmente asignado. Es el caso, por ejemplo, de la sentencia C-607 de 1992, (M.P.A.M.C., en el que la Ley 1ª de 1992 que adolecía de vicios de forma, fue devuelta al Congreso. Luego de ser subsanada en su trámite y sancionada en una segunda oportunidad, se le respetó su número de ley original. Por lo que la Corte Constitucional, una vez corregido el vicio de forma que recaía sobre la Ley 1ª de 1992, la declaró exequible. En la sanción, el Gobierno Nacional, con firmas del señor P. de la República y del señor Ministro de Gobierno del momento, sancionó el proyecto de ley corregido, de la siguiente forma: ''En cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional refrenda los actos por los cuales el Congreso de la República subsanó los vicios de procedimiento en que incurrió al expedir la Ley 1 de 1992''. || En el caso que nos ocupa, la Corte advierte lo siguiente: (i) el primer número de ley - el 869 de 2004 - es el que identifica a la ley aprobatoria objeto del control ejercido en el presente proceso; (ii) la voluntad del Legislador, en cumplimiento del Auto 089 de 2005, era la de subsanar el vicio de forma constatado por esta Corporación en la formación de la Ley 896 de 2004; (iii) el Proyecto de Ley correspondió siempre al mismo, es decir, al 212/03 Senado -111/03 Cámara, como puede confirmarse en todas las ponencias y debates que se surtieron en el Congreso, y en su remisión para sanción presidencial.|| Ahora bien, se cometió un error administrativo en la numeración, al habérsele asignado un segundo número a la misma ley después de haber sido subsanado el vicio en la formación de la misma. No obstante dicho error no modifica el contenido de la ley ni incide en el proceso de su formación en el Congreso de la República. Para la Corte por lo tanto, el presente análisis de constitucionalidad se entiende realizado sobre la Ley 896 de 2004 que aprobó el ''Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Bolivia para la recuperación de bienes culturales y otros específicos robados, importados o exportados ilícitamente'', suscrito en la ciudad de La Paz, a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil uno (2001)''. la subsanación de un vicio en el trámite legislativo por parte del Congreso no contrae modificación alguna en lo relativo a la identificación nominal del proyecto y de la ley aprobatoria resultante.''
Mediante oficio radicado ante la Corte el 4 de julio de 2007 Cfr. F. 364 del cuaderno 3. y una vez culminado el trámite de subsanación en el Congreso, la Presidenta del Senado remitió el proyecto de ley a la Corte para su revisión definitiva. Ante ello, el Magistrado Sustanciador, a través de auto del 10 de julio del mismo año devolvió el expediente legislativo, ya que había pretermitido el deber de someter a sanción presidencial el proyecto de ley materia de subsanación.
Así, el S. General del Senado remitió el proyecto de ley y sus antecedentes al P. de la República, quien sancionó la iniciativa el 25 de julio de 2007, conservándose tanto el número como la fecha originales de sanción de la Ley 1073 de 2006, documentos que fueron remitidos a la Presidencia del Congreso el 26 de julio de 2007. Cfr. F. 383 del cuaderno 3. Luego, mediante oficio radicado ante la Corte el 16 de agosto de 2007, la Presidenta del Senado envió la Ley sancionada junto con el expediente legislativo correspondiente. Cfr. F. 187 del cuaderno principal.
En consecuencia, la Corte concluye que para el asunto bajo examen (i) resultan acreditados los requisitos propios del trámite de las leyes ordinarias; y (ii) se cumplió a cabalidad con lo ordenado por esta Corporación en lo relativo a la subsanación del vicio de procedimiento identificado en el Auto 053/07; razones por las que no existe defecto alguno en cuanto al análisis formal. Así, superada esta primera etapa del estudio de constitucionalidad, la Corte procederá a realizar el análisis sobre la materia del instrumento internacional.
3.1. Materia de la Convención
De manera general, la Convención está destinada a crear un mecanismo expedito para el traslado y notificación entre los Estados contratantes de documentos judiciales o extrajudiciales en materia civil y comercial, bien para el conocimiento por parte de sus destinatarios o con el fin de simplificar los procedimientos de asistencia judicial entre Estados. En ese sentido, el artículo 1º establece que la Convención se aplicará en todos los casos en que, en materia civil o comercial, deba remitirse un documento al extranjero, con el fin que sea trasladado o notificado. Esto a condición que se conozca la dirección del destinatario del documento.
Con esta finalidad, el tratado internacional dedica su primer capítulo a establecer el procedimiento aplicable a las autoridades centrales designadas por los Estados Parte, con el objeto de tramitar las solicitudes de traslado y notificación de documentos judiciales. En este apartado se resaltan, además de las citadas normas procedimentales, normas específicas sobre (i) la compatibilidad entre el uso del mecanismo citado y los instrumentos tradicionales de comunicación vía consular, postal u otros canales de remisión acordados entre los Estados Partes; (ii) el régimen de impuestos y costas; (iii) las excepciones oponibles al traslado, fundadas en la relación entre la documentación requerida y la seguridad y soberanía del Estado; y (iv) las reglas procedimentales aplicables en los casos en que un escrito de demanda hubiere sido remitido en los términos de la Convención y el demandado no compareciere al proceso respectivo.
El segundo capítulo de la Convención, conformado sólo por el artículo 17 del tratado, estipula la regla general según la cual los Estados Partes podrán aplicar los procedimientos anteriormente señalados para el caso de traslado y notificación de documentos extrajudiciales, proferidos por autoridades judiciales.
El capítulo tercero, denominado de disposiciones generales, se ocupa esencialmente de dos aspectos. De un lado, determina la posibilidad que los Estados Contratantes reconozcan otros mecanismos para el traslado de documentos, distintos al previsto en la Convención. Inclusive, se otorga la posibilidad que los mismos Estados acuerden obviar determinados requisitos, en aras de simplificar el trámite de traslado. Del otro, se consignan las normas comunes del derecho internacional público para la entrada en vigor, ratificación, adhesión y denuncia a la Convención.
De acuerdo a lo expuesto y en consideración a que cada uno de los tópicos de la Convención abarca varios artículos del tratado, la Corte realizará el estudio de la constitucionalidad material de la norma a partir de sus ejes temáticos, como pasa a desarrollarse en los apartados siguientes.
3.1.1. El procedimiento para el traslado y notificación de documentos judiciales
Las consideraciones que motivan la Convención apuntan a dos objetivos definidos: El conocimiento oportuno por parte de los interesados de los documentos judiciales o extrajudiciales que deban ser objeto de notificación o traslado y la simplificación de la asistencia judicial entre los Estados. Con estos fines se ha planteado un mecanismo ágil para la remisión de dichos documentos, sustentado en el establecimiento de autoridades centrales en cada Estado, dedicadas a tramitar las solicitudes de notificación y traslado.
Así, la Convención adscribe a cada Estado la responsabilidad de designar la mencionada autoridad central, que tendrá la función de recibir las peticiones de notificación o traslado procedentes de otro Estado contratante, con el fin de darles trámite en los términos del tratado. Esta autoridad estará regulada de acuerdo con las normas internas del Estado Parte (Art. 2).
Las solicitudes deberán dirigirse por parte de la autoridad o funcionario judicial o estatal competente según las leyes del Estado requirente, diligenciándose el formato previsto para el efecto como anexo de la Convención, sin que sea necesaria la legalización de los documentos u otras formalidades (Art. 3º). La autoridad central del Estado requerido deberá informar inmediatamente si la petición no reúne los requisitos necesarios, precisándose las objeciones correspondientes (Art. 4º).
Una vez recibida la petición, la autoridad central del Estado requerido procederá a la notificación o traslado del documento judicial, según sea el caso, a través de la autoridad competente. Para este fin, podrá basarse en las formas establecidas en su legislación para la comunicación de documentos otorgados en el país, dirigidos a personas que se encuentren en su territorio, o de acuerdo con el procedimiento especificado por el Estado requiriente, a condición que no sea incompatible con la legislación interna del Estado requerido (Art. 5º). En caso que la notificación o traslado se realice de acuerdo con la primera posibilidad, la autoridad central podrá solicitar que el documento sea redactado o traducido en su idioma oficial.
A fin de dar fe del cumplimiento de la notificación o traslado, la autoridad central del Estado requerido o cualquier otra autoridad indicada para tal fin, expedirá una certificación, de conformidad con el modelo anexo a la Convención; constancia que también será exigible en el caso que no se pueda surtir el trámite solicitado (Art. 6º). Al respecto, la Convención precisa que el requirente podrá solicitar que la certificación que no haya sido expedida por la autoridad central o por una autoridad judicial, sea convalidada por una de ellas.
Por último, se prevé que las menciones impresas de los modelos anexos a la Convención deberán redactarse obligatoriamente en francés e inglés, sin perjuicio que además se consignen en el idioma oficial del Estado de origen. (Art. 7º). Del mismo modo, los espacios en blanco correspondientes a esas menciones se llenarán en el idioma oficial del Estado requerido, en francés o en inglés.
En criterio de la Corte, el procedimiento previsto para la notificación o traslado de documentos judiciales o extrajudiciales se muestra enteramente compatible con las disposiciones de la Carta Política. En efecto, la posibilidad de contar con un procedimiento sencillo y ágil para la notificación y traslado de documentos judiciales resulta acorde con la optimización de los instrumentos de asistencia judicial entre los Estados, en tanto especie de la integración económica, política y social entre Colombia y las demás naciones, prevista en el artículo 227 Superior.
Del mismo modo, el mecanismo en comento constituye una herramienta adecuada para la realización del principio de publicidad, inherente al derecho fundamental al debido proceso. Sobre el particular, esta Corporación ha conferido un lugar central al mencionado principio dentro de la actividad judicial. Así, señaló que ''el principio de publicidad en tratándose de la administración de justicia está obviamente vinculado al derecho de defensa y al debido proceso, pues si las decisiones judiciales no son públicas, los distintos sujetos procesales no pueden ejercer los derechos de contradicción y de impugnación. Por ello, esta Corporación ha señalado, en numerosas ocasiones, que el principio de publicidad es un componente del debido proceso y un mecanismo para asegurar el derecho de defensa. Precisamente, la Corte ha sostenido que "las decisiones que se adopten dentro de cualquier procedimiento deben ser puestas en conocimiento de los interesados", pues " la publicidad viene a ser garantía de imparcialidad y de operancia de los derechos de contradicción y de defensa, pues sólo quien conoce las decisiones que lo afectan puede efectivamente oponerse a ellas" Sentencia C-555 de 2001. M.P.M.G.M.C... || Con este propósito, el principio de publicidad se ha estructurado como un elemento trascendental del Estado Social de Derecho y de los regímenes democráticos, ya que mediante el conocimiento de las actuaciones judiciales y administrativas, y de las razones de hecho y de derecho que les sirven de fundamento, se garantiza la imparcialidad y la transparencia de las decisiones adoptadas por las autoridades, alejándose de cualquier actuación oculta o arbitraria contraria a los principios, mandatos y reglas que gobiernan la función pública De allí que J.B. sostuviese que: "la publicidad es el alma de la justicia" y que, en la actualidad, exista la marcada tendencia a la plena oralidad de los juicios penales como medio indispensable para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de los inculpados alrededor de los conceptos de contradicción, eficiencia y celeridad..'' Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-641/02.
Es evidente que los fines constitucionales de la administración de justicia, identificados por la sentencia citada, logran materialización en el ámbito de las relaciones entre Estados, cuando se establecen canales adecuados para que los interesados en asuntos judiciales conozcan oportunamente las decisiones adoptadas en el extranjero. El mecanismo contenido en la Convención es, entonces, armónico con el Texto Superior, en tanto instrumento que permite la garantía de los derechos en él contenidos.
La pertinencia del mecanismo de notificación y traslado previsto en la Convención se hace más evidente para el caso de las materias civiles y comerciales. Ello debido a que estos asuntos han adquirido primer orden en la sociedad contemporánea, signada por el avance inusitado de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, las cuales han agilizado las operaciones propias del comercio exterior. Bajo esta perspectiva, la comunidad internacional ha reconocido la importancia de contar con procedimientos judiciales acordes al carácter expedito de esas transacciones. Por lo tanto, el mecanismo de notificación y traslado de documentos previsto en la Convención es una respuesta acertada a tales requerimientos, puesto que confiere un instrumento simple y rápido para dichos trámites judiciales, a la vez que establece instancias suficientes para la protección del derecho al debido proceso de las partes.
Por último, debe tenerse en cuenta que la obligación impuesta a los Estados contratantes de redactar las menciones expresas de los modelos de petición de notificación o traslado de documentos en inglés o francés, no se opone en modo alguno a lo previsto en el artículo 10 C.P., que prescribe al castellano como el idioma oficial del país. Ello en tanto resulta razonable que en aras de facilitar sus relaciones internacionales, el Estado colombiano consienta la determinación de lenguajes que sirvan de estándar de comunicación global, condición especialmente aplicable para el caso de los asuntos civiles y comerciales. Además, la misma Convención hace posible que junto con dichas lenguas estándar se use coetáneamente el idioma oficial del Estado de origen de la petición, subsanándose con ello toda posible restricción al uso de la lengua reconocida como oficial por el derecho interno.
3.1.2. Compatibilidad entre la Convención y otros modos de remisión de documentos. Pago de costas. Rechazo de peticiones
Los artículos 8º a 11 de la Convención establecen las reglas de compatibilidad entre el mecanismo de notificación y traslado de documentos judiciales o extrajudiciales y otros canales de remisión de documentos, en especial la vía diplomática y consular. Así, el artículo 8º dispone que cada Estado contratante tiene la facultad de tramitar directamente o a través de sus agentes diplomáticos o consulares, las notificaciones o traslados de documentos a las personas que se encuentren en el extranjero, sin aplicar medidas coercitivas. De manera correlativa, prevé que todo Estado podrá declarar que se opone al ejercicio de esta facultad dentro de su territorio, a menos que el documento deba notificarse o trasladarse a un nacional del Estado de origen.
El uso de la vía consular (o excepcionalmente la diplomática) para la remisión de documentos se extiende, igualmente, para el caso de la notificación y traslado entre un Estado contratante y las autoridades de otro Estado, designadas para dicho propósito (Art. 9º). Del mismo modo, la Convención prevé que sus disposiciones, en los casos en que el Estado de destino no declare objeción a ello no interferirán con las facultades de (i) remitir directamente por vía judicial los documentos a las personas que se encuentren en el extranjero; (ii) remitir, por parte de los funcionarios judiciales, agentes u otras personas competentes del Estado de origen, directamente los documentos a funcionarios con las mismas condiciones del Estado de destino; y (iii) remitir por cualquier persona interesada en un proceso judicial, los documentos directamente a los funcionarios competentes del Estado de destino (Art. 10). Estas posibilidades se complementan con la competencia que la Convención reconoce a los Estados contratantes para admitir el uso de otros canales de remisión de documentos, en particular la comunicación directa entre sus autoridades (Art. 11); al igual que la previsión según la cual las normas del instrumento internacional no se oponen a que la ley interna de un Estado contratante permita otras formas de remisión no previstas en la Convención, a efectos de notificación o traslado de sus documentos procedentes del extranjero dentro de su territorio (Art. 19).
Según lo previsto en el artículo 12, las notificaciones y traslados provenientes de un Estado contratante no podrán dar lugar al pago o reembolsos de los impuestos y costas generados por los servicios del Estado requerido. Empero, el requirente estará obligado al pago de los montos derivados de la intervención de un funcionario judicial o de una persona competente según la ley del Estado de destino o de la utilización de una forma específica.
La Convención establece que las peticiones de notificación o traslado diligenciadas de conformidad con lo previsto en dicho instrumento internacional, podrán rechazarse únicamente en razón a que el Estado requerido juzgue que el cumplimiento de lo solicitado afecte su soberanía o su seguridad. (Art. 13). En este sentido, el Estado requerido no podrá negarse a tramitar las solicitudes sólo con base en la reivindicación de su competencia judicial exclusiva para el procedimiento en cuestión o que su derecho interno no admita la acción a la que se refiere la petición.
Finalmente, el instrumento internacional dispone que las dificultades que se generan en relación con la remisión a fines de notificación o traslado de documentos, serán resueltas por la vía diplomática.
Las disposiciones citadas, en tanto establece reglas de compatibilidad entre las normas de la Convención y otros procedimientos internacionalmente aceptados para la comunicación entre Estados o entre autoridades nacionales o extranjeras, a la vez que fijan un método particular para la resolución de controversias, no ofrecen debate constitucional alguno, razón por la cual serán declaradas exequibles. Sin embargo, la Corte considera necesario detenerse en dos aspectos que merecen un análisis más detallado, relacionados con (i) la exención tributaria respecto de los gastos que se generen para cumplir la petición por parte del Estado requerido y (ii) la constitucionalidad de las excepciones a la obligación de dar cumplimiento a la petición de notificación o traslado.
En cuanto a lo primero, se advierte que el artículo 12 de la Convención impone una exención tributaria, en cuanto impide que las notificaciones o traslados de documentos judiciales provenientes de un Estado contratante den lugar al pago o reembolso de los impuestos y costas generados por los servicios del Estado requerido.
Al respecto, debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia constitucional ha reconocido la legitimidad de cláusulas de esta naturaleza, para el caso de instrumentos internacionales que confieren exenciones a organizaciones o misiones diplomáticas. Sobre este tópico, la sentencia C-315/04, que declaró la constitucionalidad de la Ley 824/03, aprobatoria de la Convención sobre las Misiones Especiales, estableció que las exenciones reconocidas a dichas misiones se ajustaban al precedente según el cual estos tratamientos preferenciales eran constitucionales, en tanto ''fortalecen la autonomía e independencia de las representaciones diplomáticas y de las organizaciones internacionales, por lo cual ''tienen pleno sentido en el contexto del derecho internacional público. Se trata de conceder, en condiciones de reciprocidad, ciertos privilegios fiscales y aduaneros, que se justifican plenamente tanto por la naturaleza de los organismos beneficiados como del interés público que reviste la función a ellos confiada por el conjunto de Estados que los crean'' Sentencia C-137 de 1996. M.E.C.M., Fundamento 37, criterio reiterado en la sentencia C-442 de 1996, fundamento 6..''
Sin embargo, la validez constitucional de disposiciones de esta naturaleza debía contrastarse con la restricción prevista en el artículo 294 C.P., según la cual la ley no podrá conceder excepciones ni tratamientos preferenciales en relación con los tributos de propiedad de las entidades territoriales. Ante este cuestionamiento, la sentencia C-315/04 puso de presente cómo la Corte, en una primera etapa, había declarado la constitucionalidad condicionada de las cláusulas de exención tributaria, en el entendido que sólo eran aplicables a los tributos nacionales. Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-160/00 y C-1333/00.
Empero, en evoluciones posteriores del precedente esta Corporación se inclinó a considerar que las previsiones sobre exención no estaban necesariamente sujetas a condicionamiento en cuanto a su constitucionalidad. Cfr. Corte Constitucional, sentencias C-253/03 y C-255/03. Para sustentar este aserto, la Corte partió de señalar que la restricción del artículo 293 C.P. responde a finalidades valiosas desde la perspectiva de la autonomía de las regiones, habida cuenta su utilidad en la conservación de los ingresos de las entidades territoriales. Por ende, resultaba razonable que esta restricción cobijara a los tratados internacionales, puesto que su incorporación al derecho interno se verificaba a través de leyes. No obstante, un análisis más detallado sobre la materia permitía identificar argumentos que hacen compatible la prohibición de exenciones a los tributos de propiedad de las entidades territoriales y la concesión de privilegios tributarios en leyes aprobatorias de tratados. Al respecto, la sentencia C-315/04 señaló lo siguiente:
''...un examen más atento muestra que la asimilación en este aspecto entre un tratado y la ley resulta excesiva, pues la garantía del artículo 294 está dirigida contra la posibilidad de que la Nación, en forma unilateral, y en virtud de una decisión legislativa, prive a las entidades territoriales de sus recursos. Es pues una garantía institucional contra una injerencia indebida del Estado central, que establecería unilateralmente exenciones a los tributos territoriales. Sin embargo, los tratados son actos complejos que no resultan de la simple voluntad del Estado central, ya que requieren el concurso de voluntad de otros sujetos de derecho internacional. En este caso, una eventual exención de los impuestos territoriales no surge de una voluntad unilateral de las autoridades centrales de limitar los recursos de las entidades territoriales sino que opera con otra lógica y otros propósitos; dicha exención únicamente pretende facilitar las relaciones internacionales y desarrollar principios del derecho internacional, como la reciprocidad. Y por ello, en ese caso, la exención es en principio válido porque persigue un propósito constitucional relevante. El interrogante que surge es entonces si la consecución de dicha finalidad de favorecer las relaciones internacionales, que tiene claro sustento constitucional (CP art. 226), puede ser armonizada con la garantía institucional que la Carta establece a favor de los recursos de las entidades territoriales (CP art. 294).
Esto significa que las exenciones por tratados a los tributos territoriales coloca a las entidades territoriales en una situación semejante a la de aquel particular que no puede demandar a un miembro de una misión diplomática, debido a las prerrogativas e inmunidades que el Estado colombiano ha reconocido a dicho diplomático.
La Corte considera que esta rectificación y precisión jurisprudencial es válida y necesaria, en la medida en que logra una mejor armonización de los mandatos de los artículos 226 y 294 de la Carta, pues permite un desarrollo dinámico de las relaciones internacionales, sin afectar desproporcionadamente la autonomía financiera de las entidades territoriales.''
Las reglas fijadas por la Corte en comento son mutatis mutandis aplicables para el caso de la declaratoria de exequibilidad de la exención tributaria prevista en el artículo 12 de la Convención. En efecto, la obligación del Estado requerido de abstenerse de cobrar los impuestos y costas que se generen del cumplimiento de las peticiones de traslado o notificación de documentos judiciales o extrajudiciales, se enmarca dentro del fomento de las relaciones internacionales, bajo la vigencia del principio de reciprocidad. (Art. 226 C.P.). Estas finalidades, según el precedente antes transcrito, son constitucionalmente valiosas y, por lo tanto, sirven de parámetro para justificar tratamientos favorables de naturaleza tributaria, a condición que se establezcan los mecanismos de compensación a favor de los tributos de propiedad de las entidades territoriales, en los casos que la exención prevista en el instrumento internacional llegare a afectar estos recursos. Así, con base en estas consideraciones, la Corte encuentra ajustada a la Carta Política la exención tributaria prevista en el artículo 12 de la Convención.
El segundo aspecto que debe analizarse es el relativo a la facultad que la Convención otorga a los Estados contratantes para negarse a dar cumplimiento a las solicitudes de notificación o traslado de documentos judiciales o extrajudiciales, en los casos que considere que dicho trámite afecta su soberanía o su seguridad. Sobre este tópico, basta señalar que esta disposición encuentra consonancia tanto con el principio de soberanía (Art. 3 C.P.), como con la conveniencia nacional en cuanto parámetro para el ejercicio de las relaciones internacionales (Art. 226 C.P.). Por lo tanto, el Estado colombiano tiene no sólo la facultad, sino el deber jurídico de evitar que en cumplimiento de sus compromisos internacionales ejecute actos contrarios a las previsiones de la Carta Política o a los intereses con alta significación constitucional, como es el caso de la protección de la soberanía y la seguridad de la Nación.
3.1.3. Reglas sobre no comparecencia del demandado sujeto de notificación o traslado
Los artículos 15 y 16 de la Convención establecen las reglas de procedimiento, aplicables en los casos que remitido un escrito de demanda o documento equivalente, el demandado no comparezca. En esos casos, el juez deberá esperar a proferir una sentencia de fondo hasta que (i) el documento haya sido notificado o trasladado, de acuerdo con la legislación del Estado requerido, respecto de los documentos otorgados en ese país y destinados a las personas que se encuentren en su territorio; o (ii) el documento haya sido entregado al demandado o en su residencia según otros procedimientos reconocidos por la Convención, a condición que la remisión hubiere sido realizada en tiempo oportuno para que el demandado haya podido defenderse. Estas condiciones no impiden que los Estados contratantes declaren que sus jueces pueden proferir sentencia sin que se haya certificado el traslado, la notificación o la entrega de la demanda, siempre y cuando (i) el documento haya sido emitido según uno de los modos previstos en la Convención; (ii) haya transcurrido entre la fecha del envío del documento un plazo evaluado individualmente por el juez, que no podrá ser inferior a seis meses; y (iii) no obstante las diligencias oportunas del Estado requerido, no fuere posible obtener certificación alguna. Estas condiciones, de conformidad con la Convención, no impiden que en caso de urgencia el juez pueda adoptar cualquier medida provisional o cautelar.
De forma complementaria a las anteriores reglas, el artículo 16 de la Convención establece que en los casos que se profiera sentencia luego de la falta de comparecencia del demandado, el juez podrá eximirlo de la preclusión resultante de la expiración de los plazos del recurso judicial correspondiente. Esto a condición que el demandado demuestre que, sin mediar culpa de su parte, no tuviere conocimiento oportuno del documento, argumentando con este fin alegaciones prima facie fundamentadas. Igualmente, la Convención establece que la exención de la preclusión sólo será admisible si se solicita dentro de un plazo razonable, a partir del momento en que el demandado tuvo conocimiento de la decisión. La declaración de dicho plazo estará a cargo de cada Estado contratante, sin que pueda ser inferior a un año, contado a partir de la fecha de la decisión.
Por último, se establece que las reglas sobre exención de la preclusión no serán aplicables a las decisiones relativas al estado o capacidad de las personas.
A juicio de la Corte, las normas analizadas confieren facultades suficientes para proteger, de un lado, el derecho al debido proceso del demandado y, del otro, la eficacia de los procedimientos judiciales. N. como la Convención insiste en la necesidad que se garantice la comparecencia del demandado al proceso judicial, al punto que sólo permite que se dicte sentencia de fondo en el caso correspondiente bajo el cumplimiento de condiciones precisas, todas ellas dirigidas al agotamiento de los procedimientos destinados a la notificación o traslado de la demanda. Del mismo modo, incluso ante la falta de comparencia del demandado luego del cumplimiento de dichos procedimientos, el instrumento internacional permite que el demandado reabra el proceso judicial, luego de proferirse sentencia, si demuestra fehacientemente que no tuvo posibilidad de conocer oportunamente el documento trasladado o notificado. En consecuencia, las disposiciones del tratado internacional no interfieren con la posibilidad que el demandado ejerza oportunamente el derecho de contradicción.
Como lo ha señalado esta Corporación en asuntos análogos, el ejercicio adecuado del derecho de defensa dentro de los procesos judiciales está supeditado a que los diferentes actos procesales sean debidamente notificados a los interesados. Al respecto, la jurisprudencia ha insistido en que ''la notificación, en cualquier clase de proceso, se constituye en uno de los actos de comunicación procesal de mayor efectividad, en cuanto garantiza el conocimiento real de las decisiones judiciales con el fin de dar aplicación concreta al debido proceso mediante la vinculación de aquellos a quienes concierne la decisión judicial notificada, así como que es un medio idóneo para lograr que el interesado ejercite el derecho de contradicción, planteando de manera oportuna sus defensas y excepciones. De igual manera, es un acto procesal que desarrolla el principio de la seguridad jurídica, pues de él se deriva la certeza del conocimiento de las decisiones judiciales. Así pues, en reiterada jurisprudencia la Corte ha resaltado la importancia que presenta la notificación en tanto que acto procesal encaminado a garantizar el ejercicio del derecho de defensa de quien debe acudir por ley a la contradicción del proceso, o de aquellas que deben realizarse por fuera del proceso para efectos contractuales, pues de su realización y con el cumplimiento de las formalidades previstas en la ley depende la garantía del derecho de defensa.''. Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-670/04. En esta sentencia, la Corte analizó la constitucionalidad de algunas disposiciones relacionadas con la notificación en procesos civiles, específicamente de restitución de inmueble arrendado. Como se observa, las disposiciones del tratado refuerzan la necesidad de agotar todas las vías para lograr la notificación del escrito de demanda al interesado, estableciéndose la posibilidad de dictar sentencia de fondo sólo de forma excepcional y sujeta, en todo caso, a la retrotracción de sus efectos en los casos que el demandado demuestre los presupuestos fijados en el artículo 16 de la Convención.
Por último, debe resaltarse que la posibilidad de emitir sentencia sin la comparecencia del demandado no se opone a la obligación, esta vez fundada en las normas de derecho interno del Estado colombiano, de que el ausente cuente con instancias de adecuada representación judicial dentro del proceso respectivo. Así, es admisible, como lo reconocen las normas internas sobre procedimientos civiles, que se adopte una decisión de fondo sin la comparencia material del demandado, a condición que el funcionario judicial haya garantizado su derecho de defensa a través de la curaduría ad litem o de otros instrumentos previstos en la ley, dirigidos a que el demandado ausente esté debidamente representado durante el trámite judicial.
Conforme a estas consideraciones y hecha la salvedad sobre la compatibilidad entre las normas de la Convención y la protección del derecho a la defensa del demandado ausente, según las normas internas sobre procedimiento civil, la Corte concluye que los artículos 15 y 16 son exequibles.
3.1.4. Disposiciones generales. Ratificación y adhesión
El capítulo III de la Convención establece las disposiciones generales de la Convención, normas respecto de las cuales la Corte advierte preliminarmente que en nada se oponen con la Carta Política. Así, se establece (i) la posibilidad que los Estados contratantes nombren, además de la autoridad central, otras autoridades competentes para cumplir los propósitos de la Convención (Art. 18); (ii) la facultad para que los Estados contratantes acuerden entre sí para obviar determinados requisitos de procedimientos fijados en la Convención (Art. 20), como la exigencia de doble ejemplar para los documentos remitidos; la necesidad de traducir el documento al idioma oficial del país; la obligación que las menciones expresas del documento estén redactadas en inglés o francés, el envío al destinatario de la parte de la petición que contiene los elementos esenciales del documento, de acuerdo con el modelo anexo a la Convención; al igual que el pago de los costos previstos como obligatorios en el artículo 12 de la Convención; (iii) las declaraciones de cada Estado deberá realizar al momento de la ratificación o adhesión a la Convención, entre ellas la denominación de la entidad que ejercerá las tareas de autoridad central (Art. 21); (iv) las normas de derecho internacional privado sobre procedimiento civil subrogadas por la Convención y compatibles con ella, en especial las Convenciones de 1905 y 1954 (Arts. 22, 23 y 24);y (v) las normas que regulan la ratificación, entrada en vigor, duración, adhesión y denuncia del instrumento internacional (Arts. 26 a 31).
Respecto de estas disposiciones, la Corte advierte que su contenido reitera las fórmulas comúnmente utilizadas para los instrumentos multilaterales y acatan las previsiones del derecho internacional público, en especial las contenidas en la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Por ende, no presentan reparo alguno respecto de su constitucionalidad.
Habida cuenta los argumentos expresados en el fundamento jurídico 2 de esta sentencia, el procedimiento legislativo que precedió a la aprobación de la Ley 1073 de 2006 cumplió con los requisitos constitucionales exigidos para el efecto. De la misma forma, las disposiciones contenidas en la Convención se ajustan a la Carta Política, en la medida en que ofrecen herramientas procedimentales efectivas para la garantía material de los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de justicia en el ámbito de las relaciones entre ciudadanos y autoridades estatales de Colombia con los de otras naciones, relativas a los asuntos civiles y comerciales
En consecuencia, la Corte declarará la exequibilidad de la Convención sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial y de su ley aprobatoria.
Primero.- Declarar EXEQUIBLE la ''Convención sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial'' hecha en La Haya el 15 de noviembre de 1965''.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1073 del 31 de julio de 2006, aprobatoria del instrumento internacional mencionado en el numeral anterior.
Salvamento de Voto a la Sentencia C-958/07 del Magistrado J.A. RENTERIA
Revisión de constitucionalidad de la Ley 1073 del 31 de julio de 2006, ''por medio de la cual se aprueba la ''Convención sobre la Notificación o Traslado en el Extranjero de Documentos Judiciales o Extrajudiciales en Materia Civil o Comercial'' hecha en la Haya el 15 de noviembre de 1965''
Con el respeto acostumbrado por las decisiones de esta Corte, me permito salvar mi voto a la presente decisión, por cuanto considero que en la plenaria de la Cámara de R.s se incurrió de nuevo en un vicio de procedimiento en la repetición del anuncio previo de la discusión y votación del proyecto de ley que nos ocupa, tal y como lo exige el inciso final del artículo 160 de la Constitución Política, vicio de forma que a mi juicio, no es subsanable y determina la inconstitucionalidad de la Ley 1073 de 2006.
Como lo he sostenido en innumerables oportunidades, el vicio procedimental relativo al incumplimiento de este requisito es insubsanable por ser una exigencia de origen constitucional que se encuentra fundamentada en la garantía de la transparencia y la participación en el procedimiento democrático de creación de leyes.
Sentencia nº 13001-23-31-000-1998-0359-01(3294-02) de Consejo de Estado - Sección Segunda, de 4 de Diciembre de 2003

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