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Timestamp: 2017-11-22 14:36:41+00:00

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Mejor unidos (contra el catalán) II | La cafetera autonómica
Mejor unidos (contra el catalán) II
Recopilación de artículos publicados en El País desde la transición a nuestros días sobre el “conflicto lingüístico”
(El País 21/2/1979)
(…) A los inmigrantes se nos pide que nos integremos «voluntariamente » en la cultura catalana. Pongo las comillas porque en la realidad esa voluntariedad no es tal, debido a la presión psicológica que hay por catalanizar todo. Dada la desigualdad económica y de poder en que se encuentra el inmigrante, no le queda más remedio que renunciar a su idioma, si no quiere llegar a ser un ciudadano de segunda clase
(…) La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona patrocina, con muy buena intención, una serie de espectáculos infantiles en los barrios de Barcelona. (…) todas las obras de teatro, marionetas, canción, animación, son representadas por grupos catalanes y en catalán. ¿Quién le da derecho al Ayuntamiento a marginar de manera tan descarada a los niños castellano-parlantes?
La trampa del catalanismo político
(Artículo de Pedro Pebalva, firmante del manifiesto de los 2300, en El País 29/8/1979)
(…) lo que nadie se atreve a decir, ante el temor de que el catalanismo político les tilde de lerrouxistas, fascistas, sucursalistas o anticatalanes, en una implacable acción del terrorismo intelectual que padecemos, nadie se atreve a decir, insisto, que los españoles no tienen derecho a ser honorables, consellers, consejeros del consell, altos funcionarios de la Generalitat o miembros de la comisiones mixtas, si no son catalanes. Ni tan siquiera los «charnegos agradecidos», que diría Jiménez Losantos, ni los charnegos domesticados o amaestrados, que digo yo, ocupan en estos momentos cargos de responsabilidad en el Gobierno de la Generalitat
(…) ante la cobardía de los políticos, hemos de defender nuestra lengua y nuestra patria
(…) No creo que en Cataluña existan dos comunidades culturales radicalmente distintas y diferenciadas. Existe una sola comunidad que se expresa en dos idiomas
(…) Ante el integracionismo y asimilacionismo que conlleva la situación língüística,
(…) Debemos negamos a ser incluidos en la otra comunidad por el mero hecho de utilizar uno de los idiomas de Cataluña, ya que, repito, la idiomática es una división artificiosa sin entidad suficiente para marcar una comunidad cultural diferenciada.
(…) Por lo pronto, se ha iniciado la marginación política y están preparados los mecanismos necesarios para la discriminación por razón de la lengua
No podemos tolerar, tampoco, que el tema del Estatuto se convierta en un arma más en manos del terrorismo intelectual practicado por el catalanismo político.
Recelos anticatalanes
(Editorial de El Pais 5/5/1981)
(…) El 25 de enero aparecía un llamado manifiesto en el que con la firma de «2.300 intelectuales» (ni uno menos) se denunciaba una situación de desigualdad en el uso actual y futuro de las lenguas catalana y castellana, con desventaja para esta última.
(…) No tienen derecho los firmantes a protestar de que la Generalidad, para disposiciones de aplicación en Cataluña, utilice la lengua catalana; ni tampoco de que autoridades catalanas se expresen en catalán en actos públicos. No obstante, es cierto que resulta absurdo que el Gobierno autónomo publique el Boletín Oficial sólo en catalán, y ese es el único síntoma verdadero de discriminación, que resulta incomprensible, además, en su empecinamiento.
(…) La introducción del catalán como lengua escolar de conocimiento general, en medida comparable a la enseñanza en castellano, no es ningún atentado contra los derechos de inmígrantes ni contra nadie. Pedir en definitiva a los establecidos en Cataluña que conozcan en alguna medida la lengua del país en que residen está perfectamente justificado, como lo está que maestros, y funcionarios residentes en Cataluña sean capaces de entender la lengua del país.
(…) La admisión del catalán en la vida pública y en los medios de difusión está resuelta, (…) Quererlo relegar a la tolerancia y convivencia que lo encerraba en la vida privada es no comprender lo que desde 1975 se ha iniciado en nuestro país
(El País 5/7/1981)
Respuesta de los firmantes del manififiesto de los 2300 al editorial Recelos anticatalanes
Los catalanes del siglo XXI
(Editorial de El Pais 24/12/1981)
Una política de asimilación forzosa de la población inmigrada, con plazos establecidos y coerción administrativa, provocaría el rechazo de cientos de miles de antiguos inmigrantes, vinculados emocional y culturalmente a su lengua materna castellana, y alimentaría, en otras partes de España, las hogueras de la intolerancia y del unitarismo. Pero el programa inverso de dividir la sociedad catalana en dos comunidades herméticamente separadas por el idioma arruinaría cualquier posibilidad de una interpenetración futura de ambas culturas que produjera, espontáneamente y a largo plazo, una realidad histórica diferente. El monolingüismo castellano de un sector de la población de Cataluña lo condenaría, por lo demás, a posiciones subalternas en la escala social y favorecería la creación de un gueto propenso a la crispación y susceptible de ser manipulado para fines oscuros por la ideología exasperada de la ultraderecha. No parece, así pues, que exista otra vía que el bilingüismo para los problemas que puedan surgir, a corto o medio plazo, como consecuencia de los distintos orígenes culturales de la población que vive de manera estable en Cataluña.
(…) El presidente de la Generalidad y los líderes del nacionalismo catalán moderado han dado a lo largo de los últimos años sobradas pruebas de que su proyecto histórico de reconstruir Cataluña es indisociable de una España constitucional y democrática.
El Consejo Comunero, contra la ley de Normalización Lingüística
(El País 13/11/1982)
El Consejo Comunero, asociación cultural de inmigrantes de Castilla y León en Cataluña, difundió ayer un comunicado en el que considera discriminatorio el texto de la proposición de ley de Normalización Lingüística en Cataluña, aprobada por una comisión del Parlament
(…) El Consejo Comunero añade que, en lo referente a la enseñanza, la proposición no reconoce al castellano como lengua viva en Cataluña, tendiendo a que la lengua catalana sea progresivamente empleada a medida que todos los alumnos vayan dominándola, e impidiendo a éstos recibir la enseñanza en su propia lengua.
Discriminación a castellanos
(El País 24/9/1983)
Si a mí, por ser de Aragón, la legislación vigente me obliga a ir a Barcelona, ¿por qué he de tener que padecer las clases en catalán?
(Artículo de Juan Cueto, El País 19/7/1985)
A nuestros aviones, de pronto, les ha entrado la fiebre regional, el sarampión de las señas de identidad, la escarlatina de las raíces lingüísticas. No contentos con destrozar el inglés, ahora te saludan con parrafadas en bable, gallego, euskera, mallorquín, catalán y valenciano cuando el DC-9 planea los cielos de la autonomía correspondiente
(…) Lo equitativo sería que Leguina obligara a las azafatas a susurrar en cheli posmoderno al entrar en la vertical de Barajas, o que las instrucciones se dieran con marcado acento andaluz después de atravesar Despeñaperros, o exigir el aragonés, el guanche, el riojano, el extremeño y el murciano cuando el DC-9 planee sobre esos territorios fonéticos, como justo impuesto por el uso del espacio aéreo autonómico. Iberia me desconcierta. Ahora que remitía el duelo de las lenguas estatales nos salen con esas provocadoras discriminaciones a bordo.
Juan Cueto y las lenguas
(El País 26/7/1985)
(…) me parece una muestra ejemplar de radical incomprensión hacia las realidades y las reivindicaciones autonómicas. El artículo de Cueto, escrito con parecidas dosis de ignorancia y de malevolencia, arremete contra el uso de las lenguas que no son el castellano
(…) Cueto demuestra no saber mucho de qué escribe cuando afirma que en los aviones te saludan en “mallorquín, catalán y valenciano”, dando a entender que se trata de lenguas distintas. Cuestionar la unidad lingüística del catalán a estas alturas del siglo XX es demostrativo de una supina ignorancia, que yo no quisiera atribuirle, o bien de una ideología ultramontana capaz de negar las realidades científicamente establecidas, cosa de la que Cueto no ha hecho nunca gala, antes al contrario
Bilingüismo y autonomía
(Soporífero articulo del socialista alineado con el PP Enrique Mugica, publicado en El Pais 11/1/1987)
Imprudencia opuesta, y, por tanto repudiable, es la de cuantos persisten en restaurar el tiempo perdido, presionando la recuperación urgente del catalán y del euskera insinuando, cuando no forzando, la discriminación en algo tan fundamental como el derecho al trabajo.
Artículo de Xavier Trias, El País 21/8/1987)
En su carta Lenguas oficiales publicada en EL PAÍS del pasado 9 de julio, el doctor Francisco Pasquau se quejaba que su desconocimiento del catalán le impidiese participar en el concurso-oposición de plazas de médicos especialistas en centros hospitalarios de Cataluña.El citado doctor, dolido ante lo que él considera una grave discriminación por parte del Institut Catalá de la Salut, afirmaba que “predomina más el localismo folclórico que la profesionalidad nacional”
(…) la Ley de Normalización Lingüística aprobada por el Parlamento catalán.(…), establece que “todos los ciudadanos tienen el derecho de conocer el catalán y expresarse de palabra y por escrito en catalán, en las relaciones y los actos públicos, oficiales y no oficiales. Este derecho supone, particularmente, poder dirigirse en catalán, de palabra y por escrito, a la Administración, a los organismos públicos y a las empresas públicas y privadas; expresarse en catalán en cualquier reunión; desarrollar en catalán las actividades profesionales, laborales,
El letrado Gómez Rovira creará un partido españolista en Cataluña
(El País 15/10/1987)
El abogado Esteban Gómez Rovira, conocido en Cataluña por haber defendido en los tribunales diversos recursos de castellano-hablantes que se sentían discriminados por la política lingüística de catalanización, anunció ayer la futura creación de un partido político conservador que presidirá él mismo. (…). Gómez Rovira fue el principal orador en un acto conmemorativo del 12 de octubre convocado por formaciones ultraderechistas en Barcelona.
(El País 16/7/1988)
Este diario ha empezado, ahara sin ningún tipo de maquillaje que lo pueda hacer aparecer corno neutral, una especie de campaña a favor de la lengua española. Pasan por él todas las semanas ilustres académicos como los señores Laín o Lapesa, artículos sobre el uso del español en Filipinas, Estados Unidos, etcétera. Parece que están muy preocupados. Pero la realidad es que esta preocupación radica en una sola cuestión: ¿cómo hacerlo para que el español se imponga definitivamente en Cataluña?
(…) Han renunciado, parece, a la muerte lenta del bilingüismo (esto, cualquier sociolingüista honesto se lo confirmará) y han pasado al viejo argumento que dice que el español tiene problemas en Cataluña. Parece que en esta cuestión no pueden ser tolerantes y ni tan sólo se dan cuenta que lo normal es que el catalán en su territorio pueda ser un vehículo social normal. No se dan cuenta de que la estabilidad de este país, incluso lo que llaman “el encaje con el resto de España” pasa por que se respete y se potencie el catalán, también desde el resto de España. Hay opiniones del director de la Real Academia que resultan muy injustas y revelan una actitud béligerante y emocionalista alejada de lo que debería ser una persona de cultura. Cuando Lapesa acaba diciendo: “Todo esto va creando una desintegración creciente de España…” creo que da la altura de su discurso intolerante. Bien, no creo que publiquen esto, ni por el contenido ni por la lengua en que está escrita [original en catalán], pero me parece que no he dícho nada irreal.- Xavier Palau Raurell, Barcelona.
El director de la RAE denuncia las presiones sobre castellanohablantes
(El país 27/2/1987)
El director de la Real Academia Española, Rafael Lapesa, piensa que en la actualidad se vulnera continuamente lo que ordena la Constitución respecto al castellano, cuando ésta se refiere al deber de todo español de saberlo y su derecho a utilizarlo.
(…) Rafael Lapesa (…) considera que en determinadas partes de España no se garantiza a todos los ciudadanos el derecho de hablar con libertad el castellano como ordena la Constitución.
(…) En opinión de Lapesa, en toda España se están produciendo políticas de apoyo a diversas lenguas, que
(…) constituyen una presión contra el castellano. Por ejemplo, dice, “en Cataluña hay una política muy calculada e inteligente de catalanización de toda la población inmigrante de otras regiones que se ha asentado allí. Por un lado estos inmigrantes se ven sometidos a una presión social, y por otra, acuden a planes escolares muy bien pensados: los hijos de los inmigrantes ven pronto que para abrirse camino es necesario el catalán, un instrumento de progreso en la escala social”.
(…) Lapesa niega que el uso del castellano haya sido jamás impuesto. Lo que se ha producido, en cualquier caso, es la agresión a las otras lenguas españolas, y particularmente durante las dos últimas dictaduras. “Pero muchos españoles fuimos agredidos por ellas”, dice.
Lapesa, valenciano discípulo de Menendez Pidal y autor de una voluminosa obra de unos 200 títulos de historia de la lengua -su tesis doctoral fue sobre el dialecto asturiano occidental en la Edad Media- cita varios casos de lo que él considera imposición de una lengua a los castellano hablantes: por ejemplo, el proyecto de que en Mallorca se exija el conocimiento del catalán o el valenciano para aprobar el examen de selectividad.
Por ejemplo, el deseo de las autoridades de Valencia de generalizar el uso de la lengua autonómica sin tener en consideración que, al revés de lo que ocurre en Cataluña, ciertas regiones valencianas, del interior sobre todo, jamás han hablado en este idioma pues pertenecieron a la corona de Castilla hasta 1836.
Idiomas y derechos constitucionales
(El País 23/1/1989)
El año pasado el Instituto Catalán de la Salud no me permitió optar a las plazas de facultativos médicos especialistas de los servicios jerarquizados de la Seguridad Social, al no poder acreditar el conocimiento del catalán. Este año tampoco me lo permite, ya que en la convocatoria actual (EJ-00388) se sigue exigiendo el conocimiento del catalán
(…) Debe de ser que no he leído detenidamente eso del artículo 14 de la Constitución, en donde se dice, y creía entender, que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento o cualquier otra condición personal o social
(Artículo de Xavier Vidal Folch, El País 20/3/1990)
Con periodicidad casi previsible, la termita del centralismo más ramplón corroe la arquitectura de la casa común española, frecuentemente en consonancia y mutuo apoyo con ciertos accesos de gripes independentistas. Es lo que parece haber sucedido en el II Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, celebrado recientemente en Sevilla. En él se rechazó solemne y ridículamente una propuesta de carta al Ministerio de Educación por la que se pedía la creación y dotación de plazas de profesores de filología catalana, vasca y galaico-portuguesa en las universidades españolas que lo solicitasen.
(…) el mandato de la Constitución de 1978 va más allá del reconocimiento oficial de dichas lenguas en el ámbito territorial catalán, gallego y vasco cuando proclama que constituyen un patrimonio cultural común “que será objeto de especial respeto y protección”.
(…) Es cierto que las erupciones de nacionalismo radical político y que los concomitantes sarpullidos de la tentación monolingüista -fenómenos ambos minoritarios en el Principado- retroalimentan desde Cataluña al más retrógrado nacionalismo español.
(…) La soberbia y el complejo de inferioridad simultáneos o sucesivos de las clases dirigentes catalanas desde hace siglos obtiene su correlato en ciertas apreciaciones desde otros lugares de España:
(…) Justamente lo que acaban de practicar bastantes de los lingüistas españoles reunidos en Sevilla. Estos sabios recluidos sobre sí mismos soslayan culpablemente la vergüenza de que el catalán sea enseñado en un centenar de universidades extranjeras y sólo en una decena de españolas del área no catalana-valenciana-balear (…) Estos expertos de sí mismos olvidan que pronto se reparará el entuerto del Gobierno y se incorporará el catalán al programa comunitario Lingua.
(…) Encerrar el idioma catalán en sus estrictos límites es encerrar al pueblo catalán. Pero también es amputar a todos los españoles de más amplias posibilidades de expresión y de saber. Y España no debe ser una cárcel de lenguas.
(Artículo de Jose Agustin Goytisolo, El País 1/11/1990)
(…) ¿qué pasa en Cataluña?, y la respuesta es nada, que está en el mismo sitio, (…) aunque unos pocos de mis compatriotas juren que por el Norte salta los Pirineos y llega a Salses o hasta Montpellier, y otros poquitos crean que trepa hasta el Tirol; que por el Oeste muerde Aragón y engulle algún bocado de Huesca, Zaragoza y Teruel; que por el Sur araña el litoral hasta Elche y Orihuela, y que, en fin, por el Este le corresponden, y esto es emocionante, las islas Baleares, y estirando un poquito, Cerdeña, Sicilia, Nápoles, Atenas y Neopatria; Pero lo que estos patriotas catalanes sueñan no nos pone a los otros la etiqueta de absurdo imperialismo, más ridículo aún y más pequeño que el rancio imperialismo castellano;
(…) que autonómicamente manda aquí la derecha, envuelta en la senyera y monopolizando el sentimiento nacional catalán, que es, según parece, patrimonio de los que invocan siempre Cataluña, y muchos nunca en vano, pues defienden así patrimonios más reales: la pesetas, las pelas, sí señor; y que se callen los xarnegos, y la gente de izquierdas, y los intelectuales, y los obreros, y los que se han caído en el pozo del paro y no se han vuelto a sus tierras del Sur; aquí no pasa nada: todo por Cataluña, y a por todas.
(…) pero es mejor no mentar estas cosas, no es elegante ni de patriota hacerlo, quién sabe si la culpa la tuvieron los de Madrid, (…) y el país es monolingüe y es bilingüe, vaya que sí, aunque corre el peligro de ser reabsorbido por tanta andaluzada, y esto es una amenaza para el nacionalismo, de derechas, se entiende, y habrá que convertirlos a la más pura esencia catalana, (…) Cataluña es muy bella; se lo dice un catalán que no es catalanista, sino tan sólo esto: catalán, un catalán que ama a su país y cree en un futuro mejor para esos seis millones, para todos, y no únicamente para los de derechas.
Rectificación de la Real Academia Española
(El País 5/7/1991)
“La Real Academia Española ha recibido escritos de castellanohablantes que residen en Cataluña y se sienten gravemente afectados por las medidas que se han adoptado en aquella autonomía al uso exclusivo del catalán en los enunciados de las preguntas para los exámenes de selectividad en las Universidades. Esta Academia, en sesión celebrada hoy [27 de junio], ha estimado que tal exclusividad vulnera lo establecido en el artículo 30 de la Constitución vigente; y en consecuencia ha acordado manifestar a V.E., y por mediación suya al Gobierno de la Nación, su honda preocupación por la referida decisión discriminatoria que daña a los hablantes de la lengua cuya defensa está encomendada a nuestra Corporación.- Madrid, 23 de de mayo de 1991.- Fdo.: Manuel Alvar- Excmo. Sr. Ministro de Educación y Ciencia”
(Jose Antonio Gabriel y Galán, El País 10/1/1992)
(…) La piel de toro es dura, como duro es el desgaste que conlleva, pero lo que pasa por dentro -el sistema de tratamiento de las lenguas- bien pudiera amenazar con reventar en uno u otro momento.
La generalidad de los intelectuales españoles, entretanto, tragan lo que les echen, (…) Lejos de mí el funesto abrazo del patriotismo reaccionario, con respecto al cual toda sátira se queda corta por definición. Pero estimo llegado el momento de decir en alta voz que ya está bien de papanatismo y de dobles juegos,
(…) A mí, el idioma que no me lo toquen. En este ámbito realmente ha llegado la hora de decir basta. Porque el idioma español está siendo maltratado, en muy diversos frentes, de una manera inmunda. Sobre todo está siendo utilizado políticamente como arma arrojadiza, con un descaro y una hipocresía que obligan a romper el silencio.
Me gustaría centrarme en el caso de Cataluña porque es aquí donde se están produciendo los mayores desatinos. (…) la política lingüística de Jordi Pujol es uno de los casos más claros de desvergüenza que nos ha sido posible contemplar desde los tiempos de la transición hasta nuestros días.
(…) Pujol ha introducido en Cataluña una soterrada -y a veces no tan subterránea- guerra lingüística que, si sigue las trazas que se vislumbran, puede acabar estallando de verdad. (…) Pujol tiene un objetivo: el monolingüismo matizado. Cada paso que da favorable al catalán es un paso pensado en detrimento del español o castellano. La normalización (una lengua nunca se normaliza, siempre está en ebullición) lleva dentro la espita de la exclusión del castellano. Es algo que se está viendo día tras día, medida tras medida, orden tras orden.
(…) Si algún día Pujol consiguiera su objetivo de eliminar operativamente el castellano de Cataluña, además de perder una excelente herramienta de presión, habría caído en la más estúpida de las trampas: habría provincianizado a Cataluña, la habría aislado un poco más, haciéndola más pequeña y más pobre. Cataluña necesita del castellano, entre otras cosas, porque es tan suyo como el propio catalán.
(Respuesta de Joan Ferraté a Jose Antonio Gabriel y Galán en El País 10/2/1992)
(…) Ya me lo supuse, y por eso le deparé la oportunidad de esgrimir el estereotipo del catalán interesado. Cayó en la trampa que le tendí, con el mayor candor del mundo. En lo que escribí, “cínicamente”, dice él, sólo vio la intención aviesa de los catalanes de “sacamos la pasta”, así, subrayado por el propio Gabriel y Galán, y no una sino dos veces.
(…) A Gabriel y Galán no le queda sino aferrarse a aquello tan repetido de que Cataluña es bilingüe. Sí, Cataluña es bilingüe, por muchas razones (prácticamente todos los catalanes saben el castellano y muchos de los que sólo saben el castellano ya tienen hijos que saben el catalán, por ejemplo), pero todas ellas son accidentales, no esenciales. Y eso se debe al hecho de que las sociedades se componen de individuos libres, cuya concordia, por consiguiente, no puede ser sino accidental. Cataluña soporta una carga histórica, hecha de una acumulación de accidentes que la lleva a ser ahora, en el presente, además de secularmente catalana y sólo catalana, también bilingüe como resultado de un proceso relativamente reciente y que sólo ha culminado en los últimos 50 años. Bajo el franquismo, los energúmenos del régimen, tan alborozados ellos, pretendieron reducir el país a su esencia monolingüe española o castellana. Su alborozo demente acabó en fracaso. Sería extremadamente paradójico que, incapaces de escarmentar en cabeza ajena, los “intelectuales castellanos” del posfranquismo pretendieran encerrar a Cataluña en su esencia bilingüe. No existe semejante esencia. Como no existe ninguna esencia que fuerce a Cataluña a ser sólo catalana: la historia lo ha querido así, y la historia no da estabilidad más que a lo accidental. La normalización del catalán forma parte del proyecto accidental de vida en concordia que, al parecer, comparte hoy día la mayoría de los catalanes. Sería justo que el resto de los españoles no se entrometiera en él, ya que la decisión del asunto no les compete en absoluto.
(…). ¿No valdría la pena que los españoles de hoy día nos propusiéramos representar en este país aún tan chirriante una comedia por el estilo? Cuatro lenguas, una sola acción, un solo país que podría adoptar el nombre de Serafínea (para no seguir hiriendo a aquellos a quienes el nombre de España les da arcadas) y cuyos naturales se llamarían serafinos (a la manera de los lituanos, naturales de Lituania). “¡Coñe, y cómo desvaría el catalán!”
Un general califica de “terrorismo” la política lingüística catalana y balear
(Artículo de El País 28/1/1992)
El general critica que “en Cataluña se obligue al 50% de su población infantil, que es hispanohablante, a efectuar la EGB a golpe de decreto autonómico, con textos en catalán”, y subraya que “hoy, en ciertas regiones entrañables, existe la dificultad de sentirse español y hablar su idioma”. “La violencia contra el idioma común es terrorismo cultural”, sentencia antes de explicar: “No estoy en contra de las lenguas autonómicas, sería un pecado que se perdiesen, pero que no se impongan a fortiori”.
La Universidad balear demanda al general que la acusó de terrorismo
(El País 30/1/1992)
(El País 22/4/1992)
Hacía al menos 10 años que no estaba en Barcelona, y aprovechando una muestra de construcción en su feria, la he visitado, esta semana.
(…) He visto en todas las partes, dependientes de la omnipresente Administración autonómica -calles, publicidad institucional, etcétera-, cómo el idioma común español ha desaparecido, siendo sustitui.do por rotulaciones e instrucciones exclusivamente en el idioma local, a veces. ininteligible para los forasteros, pero también para algún residente habitual, como me confesó algo resentido el sevillano conserje de mi hotel. En la feria, los stands dependientes de la Generalitat o del Ayuntamiento lucen su información de forma muy ostentosa en la lengua regional exclusivamente, a pesar de la cooficialidad del idioma que ahora llamamos castellano y que universalmente aún es conocido como español, y me ha parecido observar cómo cierto número de personas -muchas, jóvenes- parecen hablar el idioma común nacional de forma torpe o defectuosa, como haciendo un esfuerzo especial para encontrar la fluida comunicación.
(Artículo de Jesús Mosterin, El País 10/6/1992)
(…) la única autonomía cultural real es la de los individuos, no la de las colectividades o los territorios. La única normalidad compatible con la libertad y la racionalidad es aquella situación en la cual cada ciudadano decide por sí mismo los contenidos culturales que prefiere, y el Estado se limita a tomar nota de ello, sin pretender manipular los cerebros mediante política cultural, religiosa o lingüística alguna. Esto es tan obvio como la desnudez del emperador de la fábula..
(…) Ya en 1492 Antonio de Nebrija recuerda a la reina Isabel que “siempre la lengua fue compañera del imperio; y de tal manera lo siguió, que juntamente comenzaron, crecieron y florecieron, y después junta fue la caída de entrambos”. De todos modos la política lingüística consciente se inicia con la Revolución Francesa, que impuso el francés sobre las otras lenguas y dialectos de Francia.
(…) Esa idea de normalización como homogeneización fue luego adoptada por los nacionalistas de toda laya, para desgracia de los hablantes de otras lenguas, como los 24 millones de kurdos..
(…) Un país necesita tan poco una lengua oficial como una religión oficial. Sin embargo, los políticos -nacionalistas se empeñan en declarar oficial su lengua favorita, incluso al coste de una guerra civil, como ocurrió en Sri Lanka.
(…) En 1974, el Gobierno de Quebec declaró el francés sola lengua oficial de la provincia, prohibiendo los letreros en inglés y obligando a todos los emigrantes a enviar a sus hijos a escuelas francófonas, contra su expreso deseo de estudiar en inglés. Sólo los anglófonos residentes de antiguo pueden seguir teniendo educación en inglés. Esta burda coacción provocó la huida de muchas empresas y creó un gran malestar entre los no francófonos (e incluso entre algunos francófonos).
(…) La Constitución norteamericana no menciona lengua oficial alguna. Las papeletas de voto en California están impresas en 30 lenguas. Y las placas de las calles de Nueva Orleans son trilingües, frente al cicatero monolingüísmo de las de Barcelona, por ejemplo. Pero el creciente pluralismo lingüístico alarma a los patrioteros americanos, que han conseguido proclamar el inglés como lengua oficial de algún que otro Estado, en un intento tan fútil e injusto de frenar lo inevitable, como la proclamación del español como única lengua oficial de Puerto Rico.
En la España de la posguerra el régimen franquista impidió el uso público de las lenguas no castellanas. En la España democrática los Gobiernos de las autonomías históricas promocionan de un modo sofocante sus lenguas propias. (…) La lengua es un atributo de la persona, no del territorio. Cuando la persona se mueve, lleva su lengua consigo. Lo normal (en ausencia de coacción) es que en un territorio convivan diversas lenguas. Si la población no se ajusta al ideal lingüístico del Estado, es el Estado el que debe cambiar, y no la población. No es necesario que los políticos o los burócratas decidan qué religión deben tener o qué lengua deben aprender o hablar los ciudadanos.
En un mundo libre y sin fronteras, los ciudadanos se establecerán donde deseen, y aprenderán y hablarán la lengua que prefieran. Será, por así decir, el libre mercado cultural el que determinará las frecuencias relativas del uso de las lenguas. No habrá lenguas oficiales ni lenguas discriminadas, aunque, naturalmente, las lenguas que más ventaja ofrezcan al consumidor lograrán una porción mayor del mercado. La evolución lingüística será entonces el resultado de muchas decisiones libres individuales, y no de una imposición política. Sólo cuando esto se haya conseguido podremos hablar de normalización lingüística.
Sobre la polémica del catalán
(El País 28/2/1994)
Cuando vine a residir en Cataluña pude comprobar que sus instituciones tenían absolutamente erradicado el bilingüismo escrito. Todos sus impresos, comunicaciones, instrucciones, folletos, señalización, etcétera, estaban impresos en un solo idioma (evidentemente, para ellas, lo cortés sí que quita lo valiente). Mis hijos, aparte de los lógicos inconvenientes originados por el cambio de entorno, tuvieron que sufrir el trauma que les supuso ser sumergidos, de oyentes, en unas clases en las que todas sus asignaturas les eran impartidas en un idioma que desconocían por completo (quedó claro, también, que para dichas instituciones, el fin sí que justifica los medios).
Actualmente, el Tribunal Supremo ha enviado al Constitucional la Ley de Normalización Lingüística del catalán, ante la posibilidad de que algunos de sus apartados vulneren la Constitución. No obstante, sea cual sea su fallo, pienso que es una ley injusta, porque considero que es restrictiva en el uso de las libertades individuales de las personas por ella afectadas y fue aprobada legalmente de espaldas a la realidad sociológica de esta comunidad.
Una solución a este problema podría ser, igual que en el País Vasco, la creación de tres módulos educativos: a) enseñanza en catalán, con el español como asignatura, b) enseñanza bilingüe, al 50%, y c) enseñanza en español, con el catalán como asignatura.-
Queremos ser serbocroatas
(Artículo de Xavier Vidal Folch en El País 4/1/1994)
(…) El objetivo de la normativa vigente que ahora se pretende reformar es que los escolares dominen, al acabar la enseñanza obligatoria, tanto el castellano como el catalán, lo que viene cumpliéndose de forma suficiente. Y su instrumento es evitar la creación de una doble red general de establecimientos educativos, porque ello comportaría una indeseable fractura lingüística de la sociedad catalana. Cuidado con la demagogia populista del paleonacionalismo españolista: esa segregación reportaría un especial perjuicio para los escolares de los barrios de inmigración. Éstos acabarían siendo menos competentes en ambos idiomas que sus compañeros mejor establecidos. De ahí a la ruptura de Cataluña en dos comunidades separadas (serbios versus croatas) no habría más que un paso. El precipicio.
(…) Al padre de familia que, pese a los comprobados éxitos de la inmersión lingüística en el catalán, desea escolarizar a sus hijos en castellano en la primaria le asiste exactamente la misma razón que al ciudadano que desea prestar declaración en catalán en un juzgado, una notaría o un registro de la propiedad.
(Editorial de El País 28/2/1994)
Pocas dudas hay de la existencia de sectores interesados, por motivos políticos coyunturales, en agitar la bandera del conflicto lingüístico en Cataluña. Pero algunas de estas reacciones son inevitables y sería verdaderamente alarmante que un proceso tan delicado, que necesariamente afecta a derechos individuales -los de miles de maestros, por ejemplo-, pasase por la sociedad catalana como la luz por un cristal. Es temeraria cualquier iniciativa que estimule la aparición de dos comunidades lingüísticas separadas; pero nada la favorece tanto como la descalificación sumaria de cualquier muestra de desconfianza o disidencia respecto a la opinión mayoritaria -pero no unánime- existente en Cataluña respecto a la cuestión de la lengua. Los problemas asociados al proceso de normalización del catalán apenas han tenido repercusión pública, y, de hecho, sólo el 10% de la población se considera preocupado por ellos. El asunto se ha ido crispando, sin embargo, a raíz de la difusión de unas circulares de la Generalitat sobre criterios lingüísticos y la posterior aparición de un proyecto de modificación de la Ley de Normalización, y, más recientemente, por la presentación por parte del Tribunal Supremo de una consulta sobre la constitucionalidad de tres artículos de esa ley, que viene aplicándose desde 1983.
Muchas personas han considerado anacrónica o perturbadora esa iniciativa del Supremo; aunque lo fuera, ello no justifica desafíos que han condicionado la plena aceptación de la Constitución a una resolución del Tribunal Constitucional favorable a sus tesis. Pero, además, es posible que el debate abierto con ese motivo alerte a tiempo sobre ciertos problemas que permanecían en estado latente y que sólo se manifiestan, cuando lo hacen, en la forma de un difuso resentimiento por parte de sectores de la población. Según el censo de 1991, habla catalán el 68% de los catalanes y lo entiende el 93%. Pero la mitad de la población, entienda o no el catalán, lo hable o no, tiene el castellano por lengua materna. Por otra parte, el 100% de los ciudadanos catalanes entiende y habla el castellano (hace 30 años era el 95%). Así pues, Cataluña es mayoritariamente bilingüe, y existen condiciones favorables para que en un plazo razonable lo sea prácticamente toda la sociedad. En un plazo razonable: el necesario para que ese objetivo se alcance sin que el sector de la población cuya lengua habitual es el castellano lo interiorice como una imposición.
Se argumenta que la Ley de Normalización Lingüística fue aprobada por unanimidad, que ha gozado desde hace 10 años de un amplio consenso político y que su aplicación no ha suscitado conflictos en la población. Todo ello es cierto, y se trata del principal argumento en favor de la política lingüística de la Generalitat. La experiencia aconseja, sin embargo, introducir dos cautelas. Primera, que el consenso político fue posible por el acuerdo previo sobre la conveniencia de evitar el conflicto lingüístico: sería bien paradójico ampararse ahora en la unanimidad del acuerdo básico para hacer una aplicación unilateral, abusiva, desconsiderada, de la ley. Algunas circulares de inspiración monolingüe sobre la utilización del catalán en la Administración pública y ciertos aspectos del proyecto de reforma de la ley de 1983 -con elementos de un intervencionismo insólito- revelan que esa tentación existe.
Segunda, que el consenso social respecto a la aceptación del catalán como vehículo de enseñanza obligatoria puede no ser del todo espontáneo cuando el poder establece a la vez disposiciones expresa o sutilmente discriminatorias en favor de los catalanohablantes: en el acceso a puestos de trabajo, becas de estudio, subvenciones, etcétera; los padres aceptarían la inmersión lingüística y cualquier otra medida con tal de evitar que sus hijos padecieran esa discriminación.
Es cierto que nada sería tan discriminatorio como la institucionalización de dos redes de enseñanza paralelas: ello supondría en la práctica, en muchas localidades., la consagración de la marginación en un gueto del sector monolingüe castellano, además del empobrecimiento cultural del otro sector. Por otra parte, la llamada inmersión lingüística es en principio una legítima técnica pedagógica destinada a garantizar el aprendizaje del catalán por los niños cuya lengua materna es el castellano. Pero la política sobre la lengua no puede guiarse exclusivamente por criterios de eficacia pedagógica. Es cierto que esa inmersión la practican los niños de cualquier provincia española que estudian en liceos franceses, colegios ingleses, etcétera. Pero sus padres eligen ese modelo de enseñanza voluntariamente; mientras que el proyecto de la Generalitat lo hace obligatorio.
De ahí que la renovación del pacto lingüístico pase ahora por extremar las garantías sobre el carácter voluntario de la opción de cada ciudadano y, por tanto, por un uso cuidadoso de los estímulos discriminatorios en favor de los catalanohablantes. Resulta contradictorio con la idea de consenso el argumento de que los avances registrados permiten aplicar hoy normas más exigentes que cuando se aprobó la ley; es al revés: precisamente porque el problema está bien encauzado -el número de ciudadanos capaces de hablar catalán ha aumentado- es posible renunciar a esas discriminaciones.
Hay motivos para temer que, sin ese pacto, lo que ahora es una polémica en parte artificial se convierta en un foco de resentimientos y hostilidades que arruine el proyecto de sociedad bilingüe y civilmente armónica a que aspira la inmensa mayoría de los catalanes.
(El País 12/3/1994)
(…) Es verdad, sumergirse en otra lengua que no sea la propia supone un trauma, es fácil comprender entonces cómo el pueblo catalán, después de estar siglos sumergido en el castellano, intenta por enésima vez que la gente que vive y trabaja en Cataluña hable el catalán. El señor Pardo dice que la ley de normalización lingüística fue aprobada de espaldas a la realidad sociológica de esta comunidad. Quiero recordarle que la única realidad palpable es que esta ley fue votada unánimemente por todos los diputados del Parlament de Cataluña, que son los que mejor representan la voluntad de los ciudadanos de esta comunidad.
Por último, el señor Pardo nos indica que “la solución a este problema podría ser la misma que la aplicada en el País Vasco”. Es curioso comprobar que la referencia en este caso sea el País Vasco, ya que podría serlo para muchos otros casos, tales como la cesión de impuestos, los traspasos en materia de la policía autónoma, etcétera…
El tiempo dará y quitará razones, pero si el señor Pardo da un vistazo a su alrededor podrá ver la distinta suerte que han corrido los pueblos que han integrado a todos los miembros de su comunidad y los que han creado comunidades distanciadas culturalmente. Nosotros apostamos por lo primero.
Es catalán todo aquel que vive y trabaja en Cataluña. Esto sólo supone un pequeño esfuerzo: “Aprender el catalán”.
(El País 23/3/1994)
Sobre la tan traída inmersión, quisiera, modestamente, aportar mi testimonio como persona catalanohablante que desde su más tierna infancia (tres años) fue sumergido en idioma francés durante toda su enseñanza, excepto por cuatro salvadoras horas semanales que me enseñaban las dos lenguas oficiales.Así, desde hace más de 30 años innumerables generaciones de barceloneses sufrimos este terrible proceso de aculturación y este brutal ataque a nuestros derechos humanos, tras los cuales, obviamente, apenas somos capaces de articular palabra o redactar escrito, no ya solamente en nuestra vulgar lengua regional que chapurreaban Pla o Maragall, sino en el sacrosanto idioma de Cervantes.
Este desconocimiento de las lenguas que nos son propias hace que sólo leamos y hablemos en francés, lo que dificulta nuestras relaciones sociales y nos convierte en extranjeros en nuestro propio país. ¡Apóstoles del idioma, acudid en mi ayuda, no sé cuanto tiempo más resistiré sumergido!
Vidal Quadras dice que la política lingüística de Cataluña es una coacción separatista
(El País 25/10/1994)
La imposición del catalán a través de los programas de normalización lingüística que emprende la Generalitat, de Cataluña “supone una coacción inaceptable que se enfrenta a las libertades de los individuos y degenerará en un conflicto”, (…) Para Vidal-Quadras, “los nacionalismos lingüísticos han de ser combatidos con toda energía si son separatistas”, y el proceso de normalización del catalán es “un movimiento inaceptable y un instrumento de coacción”.El dirigente popular, (…), aseguró en su conferencia que el idioma catalán “ha avanzado por su imposición coactiva en tres estamentos claves: la educación básica, la Administración pública y los medios de comunicación audiovisuales”.
Vidal-Quadras aseguró que ese proceso ha generado un sentimiento de descontento social, que no se manifiesta “y que constituye un caldo de cultivo para un conflicto grave”. En su opinión, este conflicto “estallará” pronto.
“¿Por qué las familias no piden una enseñanza en castellano para sus hijos?”,(…) “Porque la gente tiene miedo, no a una represión física o a la cárcel, sino temor a aparecer como poco solidarios, traidores, inferiores y opuestos a la nación”.
Vidal-Quadras calificó de “error” imponer el catalán. “Borrar el castellano y convertir Cataluña en un país monolingüe es imposible y una salvajada”, afirmó, ante unas 50 personas.
El PP retira su apoyo a la normalización lingüística
(El País 28/10/1994)
El PP se echó atrás en el último momento y literalmente borró la firma de su portavoz al pie de una declaración favorable a la enseñanza del catalán y del castellano en las escuelas. Los dirigentes del PP habían aceptado el miércoles suscribir la resolución junto a los demás grupos parlamentarios, pero luego rectificaron para “no dar una falsa imagen de consenso en materia lingüística” y dejar constancia de sus malas relaciones con CiU.
Personalidades catalanas reaccionan con cautela a la carta de la Academia, pero la creen desproporcionada
(El País 10/11/1994)
Personalidades catalanas (…) coincidieron ayer en evitar ataques frontales a la carta del director de la Real Academia, Fernando Lázaro Carreter, al presidente Felipe González, en la que se pide más protección al castellano en las comunidades bilingües.
La disidencia lingüística en la RAE obliga a Lázaro Carreter a presentarse a la reelección
(El País 1/12/1994)
(…) Fernando Lázaro Carreter anunció ayer su disposición a seguir cuatro años más al frente de la Real Academia Española (RAE), un día después de que la actitud de cinco académicos -discrepantes con la carta que envió la FAE a Felipe González y firmantes de un subsiguiente manifiesto- haya provocado una insólita situación de disidencia pública.
(…) Lázaro clama contra cualquier sospecha de posible intromisión política; que tanto documento y contra documento no fuera al cabo, y por ejemplo, más que un intento de presionar al Tribunal Constitucional que debe dictar una importante sentencia sobre el recurso planteado contra la Ley de Normalización Lingüística catalana. “Me parecería una indecencia pensar que la actitud de algunos académicos pudiera haberse visto influida por ello”.
(…) Entre las ausencias, las de gente con mucho peso: García Gómez, Cela, Delibes, Torrente Ballester, Caro Bareja, Areilza, el duque de Alba y los tres académicos catalanes, entre otros.
(…) la ministra de Cultura, Carmen Alborch, criticaba la carta y (…) se hizo pública la respuesta de la Generalitat: “Un documento inaceptable”. (…) un comunicado del Institut d’Estudis Catalans afirmaba que la carta “atenta contra la convivencia en nuestra sociedad”. (…) Ómnium Cultural, (…) acusaba a la RAE de sumarse “al ambiente hostil contra Cataluña”.(…) Martí de Riquer y Pere Gimferrer se sumaron al documento de Òmnium y redactaron, en las dependencias del propio Departamento de Cultura, el manifiesto. Los políticos habían ido en todo ese proceso por delante de los intelectuales. Lázaro replica: “Esa hipótesis es una indecencia. La lengua es la piel del alma y los políticos no tienen derecho a instrumentalizarla”.
(…) algunos de los integrantes del núcleo duro -más españolista- de la Academia, del que forman parte Manuel Alvar, Rodríguez Adrados, Julián Marías y Gregorio Salvador. Este último, que considera que los cinco académicos disidentes “han discrepado a destiempo, después de una presión política, cuando debieron hacerlo en presencia” y que niega con energía ser el asesor lingüístico de José María Aznar -“no he hablado nunca con él”-, desmiente finalmente esa presunta estrategia de Lázaro, y que exista tal núcleo duro: “Lo que hay en la Academia es gente preocupada por la libertad”.
Manifiesto de 700 profesores contra la carta de la RAE que defendía el castellano
(El País 26/1/1995)
(…) Los firmantes defienden que las tensiones que se perciben desde fuera de Cataluña son “ficticias” y “nacen de una minoría que, amparada por siglos de imposición lingüística, no acepta el proceso de normalización”. Afirman que el aprendizaje del castellano está “más que garantizado” en los actuales planes de estudio y que España no tiene su origen en la unidad lingüística, por lo que propugnan el término “ciudadanía española” en lugar de “nacionalidad española” y sostienen que el sistema educativo español es responsable del “anticatalanismo” de la sociedad española. También piden a González que “no tome en consideración” la misiva de la RAE a ésta a reconsiderar su actitud.
Los rectores de tres universidades catalanas firmaron también el pasado mes de diciembre en Barcelona el documento impulsado por Ómnium Cultural, en el que se acusaba a la Real Academia de sumarse “al ambiente hostil a Cataluña”
(…) También el pasado lunes los sindicatos mayoritarios en Cataluña CCOO, UGT, Unió de Pagesos, USO, CGT y USTEC, entre ellos firmaron el documento de Ómnium Cultural,
(El País 14/1/1995)
Me gustaría que se nos dejara de presentar machaconamente a los catalanes como los “seis millones” que vibran al unísono con las alegrías y disgustos del señor Pujol. También aquí hay diversidad, más incluso que en el resto de España por razones fáciles de entender, pero en ninguna otra parte existe tanto empeño en que se nos vea como un bloque uniformado en pensamiento, sentimiento y lengua. Yo, ciudadana de Cataluña, no estoy contenta con la sentencia del Constitucional sobre la ley del catalán y no precisamente porque no esté de acuerdo con el bilingüismo, sino por lo que representa de espaldarazo a una política de limpieza lingüística. Me causa perplejidad que se siga presentando la lengua catalana como, la víctima permanente. Mi experiencia personal es que no se escatiman esfuerzos, con el dinero de todos, para convertirla en lengua única. Así, no tengo derecho a ser informada en castellano de ningún asunto oficial, ni siquiera cuando me dirijo verbalmente o por escrito a la Administración autonómica en esta lengua (¿oficial?) merezco una respuesta en la misma.
Como madre de una hija en edad escolar, no he tenido más remedio que pagar, durante varios años, un colegio privado para que no creciera analfabeta en una de sus lenguas “propias”, la castellana o española. Los argumentos que utilizan los apóstoles de la inmersión no me convencen. La unidad lingüística que pretenden no responde, ni ha respondido en siglos, a la realidad social catalana. El pretender imponer una de las dos lenguas se me antoja un atropello. La historia es, por definición, el pasado y un error histórico nunca se puede corregir y mucho menos sumándole un error en el presente. La lengua está al servicio de las personas y no al revés
(El País 8/2/1995)
Hasta ahora, siempre había resistido la tentación de contestar las cartas de castellanohablantes que denunciaban la política lingüística de la Generalitat en Cataluña, porque estaba convencido de que quien razona (¡qué desprestigio para el término!) como ellos es inmune a la evidencia. Sin embargo, todo se agota, hasta la resignación. Ha sido la carta María Emilia Rodríguez Hidalgo (EL PAÍS, 14 de enero de 1995) la que me hecho cambiar de postura, porque constituye un ejercicio de cerrilidad impropio, de un lector de este diario.La Ley de Normalización Lingüística, en vigor desde hace casi doce años, aprobada en su momento con la unanimidad de todas las fuerzas parlamentarias catalanas, y recientemente declarada constitucional, sólo pretende lo que su nombre indica: normalizar el uso del catalán en Cataluña. Y normalizar quiere decir que todos los ciudadanos que viven en Cataluña estén en condiciones de emplearlo correctamente, sin menoscabo de su derecho a utilizar, en sus relaciones tanto públicas como privadas, el lenguaje que les venga en gana. Normalizar quiere decir que nadie se escandalice porque la lengua propia de una comunidad esté presente, de forma natural, en todos los ámbitos, de la vida de esa comunidad. Hablar de “limpieza lingüística”, además de una falsedad y una grosería, es un peligroso síntoma de autismo: cualquier persona amb seny y dos ojos sabe que, si hay un idioma diglósico en Cataluña, es el catalán. No otra cosa puede sostenerse cuando se advierte que sólo circula un periódico diario (y muy pocas revistas) en esa lengua; que, salvo los canales autonómicos, las restantes cadenas televisivas emiten casi enteramente en castellano. Que muchos sectores de la Administración pública presente en Cataluña siguen impermeables (¡después de 15 años de gobierno autónomo!) a la lengua oficial y propia del territorio a cuyos ciudadanos han de servir. Que la gente, en definitiva, puede vivir en Cataluña sin saber catalán, pero no sin saber castellano.
Los argumentos concretos de la señora Rodríguez en defensa de sus posiciones son patéticos: que las comunicaciones que recibe de la Administración autónoma no son en castellano y que lleva varios años pagando un colegio privado para que su hija “no creciera analfabeta en una de sus lenguas propias”. En cuando al primero, su afirmación de que no tiene “derecho a ser informada en castellano de ningún asunto oficial” es errónea: el artículo 8 de la Ley de Normalización Lingüística prevé el derecho de los interesados a que la Administración de la Generalitat se les dirija en el idioma que expresamente soliciten.
La alfabetización en castellano de su hija responde, desde luego, a una opción ideológica y no a una imposibilidad empírica. Y ello por dos razones: primero, porque en los colegios de Cataluña que utilizan el catalán como lengua vehicular, tanto públicos como privados, se enseña el castellano, como un área o asignatura más, durante todo el periodo de escolarización; y segundo, porque el entorno familiar y social compensa más que sobradamente, en cuanto al conocimiento del castellano, la atención prioritaria dedicada a la escuela en catalán
El dogma del nacionalismo lingüístico
(Artículo de Eugenio Trias, miembro de Foro Babel, publicado en El País 27/2/1995)
Joan Maragall comparó en cierta ocasión el nexo entre España y Cataluña con la relación, en la filosofía de Spinoza, entre la sustancia y los modos. Maragall era un gran intuitivo en negocios de pensamiento: generalmente acertaba en sus apreciaciones. Y es que la sustancia de Spinoza, frente a lo que creía Eugenio D’Ors, Xenius, no absorbe en la pura indiferencia sus atributos y modos. Antes bien, es una de las filosofías más respetuosas con la radical singularidad de cada modo.
Somos muchos los catalanes que no creemos en absoluto incompatible afirmar la inexorable realidad de España con la genuina realidad catalana (por mucho que nos incomoda y molesta que realidades verdaderas se mistifiquen al hacerlas pasar por el cauce inadecuado del vetusto y decimonónico concepto de nación).
Ser y sentirse español no significa militar en ningún neonacionalismo españolista. Esto, la sociedad catalana, que está mucho más sana que la mayoría de sus políticos e ideólogos, lo asume sin demasiada dificultad. Pero estas obviedades tienen todavía, por la presión de tantos años de hegemonía indiscutible de un nacionalismo lingüístico militante, el carácter de afirmaciones escandalosas que parecen presagiar siempre linchamientos morales y materiales.
El dogma del nacionalismo lingüístico, impuesto desde las más altas instancias de gobierno del Principado, perfectamente orquestado por los media, especialmente televisivos, puede dar una clave profunda sobre el gran “sosiego” que parece traslucir actualmente Cataluña: el característico de un país sometido a la lenta muerte de una diaria y cotidiana intoxicación ideológica. Es un sosiego revelador de lo que ya no posee pulso vital; o que carece radicalmente de aquello. en donde ese pulso se demuestra, en la capacidad crítica y autocrítica en relación a los mezquinos valores culturales con que ese dogma suele revestirse.
Pasan los años, y esta quimera ideológica mantiene con fuerza y con escasa oposición su hegemonía sobre la opinión pública catalana. Pocos levantan la voz en contra de ella. Pocas opciones políticas enuncian principios diferentes. Apenas si se recuerda que Cataluña fue siempre, excepto con el franquismo y el pujolismo, una realidad compleja en la que las opciones nacionalistas tenían que combatir con las ideologías federalistas, y en la que el nacionalismo lingüístico debía estar armado frente al anarquismo frente a las invectivas republicanas de Alejandro Lerroux.
Sólo que mentar a Lerroux rece ser mentar la bicha. Basta, embargo, repasar con nostalgia álbumes del pasado relativos a “ciudad de las bombas”, bién llamada Ia rosa de fue para percatarse de que aquella Cataluña y aquella Barcelona tan conflictivas de principios de siglo, o del primer tercio de siglo, eran una Cataluña y una Barcelona radicalmente vivas, como sólo lo fueron después durante los años sesenta y en el gran interregno tarradellista.
Para los que comenzamos a internarnos en la cincuentena, fueron dos pequeños oasis en medio de una doble travesía del desierto, la del franquismo y la del pujolismo, en las que Cataluña enmudeció en su proverbial sentido crítico en el gran almohadón de una opinión pública uniforme.
Pero lo más terrible de esa uniformidad ideológica de la opinión pública consiste en el reflejo de “cerrar filas”, algo así corno un linchamiento moral en relación a todo aquel que alguna vez cuestiona el dogma de este nacionalismo triunfante. Se supone que ese nacionalismo es, de hecho, la forma misma de pensar de todo catalán que se precie de tal. En consecuencia, rivalizarán la mayoría de las opciones políticas e ideológicas por adecuarse lo más posible al dogma, sean cuales sean sus etiquetas. Se trata de demostrar que se ha asumido plenamente el principio que concede patente de ciudadanía catalana y que no es otro que el nacionalismo lingüístico.
De ahí la penosa sensación que se tiene, en este Principado, de que existe escasa oposición; o de que algunos jefes de fila de los partidos que deberían ejercer la oposición son, con relevantes excepciones, aliados potenciales de la opción hegemónica: verdaderos criptoconvergentes.
Quizás no tenga razón Julio Anguita en sus juicios, emitidos este pasado verano, sobre la burguesía catalana si los hacemos retrospectivos, si los proyectarnos hacia el pasado. Pero probablemente tiene más razón que un santo si hacen referencia al estado actual de ciertos sectores de la burguesía catalana; parte de eso que con gran pedantería llaman los políticos “el tejido social catalán”: la conjunción de intereses creados de carácter caciquil o mafioso que constituye el humus sobre el que se sustenta la opinión pública catalana actual, regentada y gobernada por un partido que profesa el dogma del nacionalismo lingüístico, cuya verdadera faz corrupta e impresentable está saliendo a flote, aunque con excesiva lentitud, a raíz de los últimos escándalos del partido nacionalista en el poder.
El nacionalismo lingüístico catalán constituye, en realidad, un híbrido ideológico: el cruce entre un arcaísmo añorante del mundo de los Austrias, con sus diferentes reinos unificados en la monarquía, y la obsesión decimonónica por determinar las naciones a partir de la realidad lingüística.
Dentro del mundo de los Austrias se prolongó, ciertamente, uno de los más sólidos y duraderos matrimonios políticos de la historia europea: el que concretaron durante siglos aragoneses y catalanes. Pudieron constituir un mismo reino a pesar de hablar lenguas distintas.
La experiencia reciente demuestra en cambio que, a pesar de sus proximidades lingüísticas, los valencianos no quieren saber, mayoritariamente, nada en relación a un modelo de Países Catalanes que tuviera en Cataluña y Barcelona su centro hegemónico de poder. Tampoco los habitantes de las islas, ni el Rosellón.
De hecho, el nacionalismo lingüístico nació en Cataluña como una corrección del originario catalanismo, de carácter federalista. El catalanismo nace y crece en el marco de ideas federales abiertas por Pi i Margall: de la mano de Valentí Almirall. El nacionalismo lingüístico usurpa el ámbito abierto por esta orientación política. Alienta en los pactos y alianzas políticas de interés general un trato preferencial, aunque ello acarree la obvia acusación de insolidaridad.
La gran sombra del nacionalismo lingüístico la constituyen la complejidad y el mestizaje cultural. Si algo aborrece esta ideología es, desde luego, la comprobación de que la realidad del país al que se le atribuye carácter de nación no es monolingüe. En consecuencia, se arbitrará toda suerte de coartadas para demostrar que sí lo es, a pesar de las interesadas apariencias. La complejidad se echará al cajón de sastre del franquismo. Habrá, en todo caso, catalanes de primera categoría y de segunda: algo así como una Cataluña a dos velocidades, según cual sea la lengua del usuario. La existencia de catalanes de habla castellana, algunos de ellos de varías generaciones, será, para los sacerdotes de esta ideología, la abominación de la desolación.
Aquí somos muchos los que, hablando castellano, nos sentimos catalanes de pleno derecho; y que por esta sola razón, aun cuando hablamos castellano, tenemos la lengua catalana como cosa propia. Y que, por consiguiente, la defendemos cuando se promueve una campaña de agresión en contra de ella. Pero una cosa es la lengua; otra muy distinta la utilización ideológica que de ella hace el dogma del nacionalismo lingüístico.
Estas actitudes, bastante comunes entre catalanes castellanohablantes, se ignoran demasiadas veces fuera de Cataluña. Pero sobre todo las ignoran de forma totalmente interesada dentro el Principado los que comulgan con el dogma del nacionalismo lingüístico. Estos, aunque de boquilla y por razones tácticas, transigen con cierto (limitado) bilingüismo, pero en el fondo de su corazón lo repudian.
El bilingüismo que la sociedad catalana asume de forma sana y natural resulta, para esta ideología, una realidad dura de tragar; la acepta, pues no le queda otro remedio; pero todo aquel que verdaderamente comulga con el dogma del nacionalismo lingüístico lamenta en el fondo del corazón esa aceptación; desearía que Cataluña pasase, si pudiera, por el alambique terrible de la “limpieza lingüística”.
Todos los partidos, salvo el PP, apoyan el plan catalán de Normalización Lingüística
(el País 8/3/1995)
El plan, cuya vigencia se extiende hasta el año 2004 con revisiones anuales, combina medidas de caracter genérico, en las que se utilizan los verbos instar, promover, negociar o impulsar, con otras mucho más concretas, como las que se refieren, por ejemplo, al uso del catalán en el ámbito de la Justicia o la Administración periférica del Estado, ámbitos en Is que se considera que el catalán está más marginado
Moderadas críticas del PP catalán al plan lingüístico de la Generalitat
(El País 29/3/1995)
El Partido Popular de Cataluña está en contra de que desde la Administración se planifique y dirija la “transformación lingüística” de una sociedad, por lo que mantiene reservas hacia el Plan General de Normalización Lingüística de la Generalitat. Estas discrepancias sólo son “profundas” en función de que contiene algunas medidas que son “coactivas, discriminatorias o afectan al libre mercado”, en palabras del presidente del PP catalán, Aleix Vidal-Quadras, quien pospuso toda confrontación con CiU al momento en que el proyecto se traduzca en propuestas concretas
(…) Vidal-Quadras arremetió contra el apoyo de CiU al Gobierno de Felipe González, que sólo se justifica, en su opinión, “en alguna razón que no se puede explicar”, ya que los argumentos oficiales -gobernabilidad, recuperación económica y giro autonómico- han fracasado. El presidente del PP de Cataluña emplazó a Pujol a exponer esos motivos Secretos, que dijo desconocer, aunque no pudo evitar referirse a que había leído en alguna parte que el vicepresidente, Narcís Serra, tiene en su poder “unas carpetas” que podrían dar esa explicación que reclama.
(…) El documento del PP se limita a reiterar cuál es la política lingüística del partido: “( … ) Fomento e impulso en libertad [de la lengua catalana], de tal manera que el nivel de conocimiento y las posibilidades de uso privado y público del catalán y del castellano sean equivalentes, evitando toda medida legislativa o de gobierno de carácter coactivo, discriminatorio o distorsionador del libre mercado”.
Pujol templa
(Editorial de El País 3/4/1995)
En Cataluña, si se quiere Ilegar a una situación de bilingüismo igualitario -es decir, en la que todos los ciudadanos puedan dominar las dos lenguas y se respeten los derechos lingüísticos individuales-, la política de normalización lingüística habrá de aplicarse sín coacciones ni prepotencias. Este principio, que parece desprenderse con enorme naturalidad de la aplicación de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, ha sido defendido hace unos días por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, en una conferencia que, perdida entre tantas noticias restallantes, tal vez no ha tenido el eco que merecía. La conferencia, pronunciada en el Palacio de Congresos de Montjuic, llega en un momento de cierto avivamiento de los resquemores entre Cataluña y el resto de España derivado de la novedad que supone un partido nacionalista comprometido en el apoyo al Gobierno central. La perspectiva de un cambio de mayoría, y la evidencia de que el PP necesitará modificar su relación con Pujol tanto si dispone de mayoría absoluta (para evitar dar la impresión de Gobierno exterior en Cataluña)- como si no (en cuyo caso necesitará su apoyo parlamentario), es ya un factor decisivo del panorama político.
Jordi Pujol explicó lo que quiere hacer en su Plan de Normalización, compuesto por 200 medidas destinadas a fomentar el uso social del catalán. Lo que está dispuesto a hacer debe ser aceptable incluso para sus críticos en el PP, a juzgar por la inmediata reacción de José María Aznar, que ha mostrado su acuerdo con el discurso y ha pedido correspondencia entre las palabras y los hechos. Sobresale entre los enunciados de Pujol su insistencia en anteponer la convivencia a la lengua: “En muchos aspectos, la política de recuperación del catalán debe subordinarse a la convivencia”, dijo. Y aunque ello debiera ser una evidencia en una sociedad plural y democrática, no es algo que acostumbren a tener en cuenta muchos lingüistas con visión unilateral y algunos normalizadores con mentalidad intervencionista. Más vale retrasar el objetivo del bilingüismo si el precio de acelerarlo es la interiorizacion por sectores de la población de una coacción directa o indirecta, o una quiebra en la convivencia.
La Generalitat no persigue, según su presidente, un país monolingüe catalán. Pero el bilingüismo no es una obligación exclusiva de los catalanohablantes, sino de todos los ciudadanos de Cataluña. Por otra parte, toda España, donde el 40% de la población reside en comunidades con dos idiomas oficiales -aunque no todos los habitantes de esas comunidades conozcan ambas lenguas-, debe proteger este espléndido patrimonio lingüístico. Lo ha dicho días antes de subrayar oportunamente que España no sólo es un Estado o una coordinadora de comunidades, sino una realidad entrañable” para todos sus habitantes. Tan reduccionista como la visión centralista de Cataluña sería aquella que ignorase el componente español, resultado de siglos de convivencia compartida. Reconocer el pluralismo nacional de España implica admitir igualmente el pluralismo interno de Cataluña.
El presidente de la Generalitat recordó la exigencia de que todos los funcionarios tengan un conocimiento suficiente de las dos lenguas, pero criticó los excesos de una estrategia depresión escasamente civilizada sobre las personas, comercios e instituciones con mayores dificultades para acceder al bilingüismo.
Aunque sea una exageración hablar, como se ha hecho, de limpieza lingüística, es tranquilizador que Pujol haya querido desmarcarse de esos abusos. Hubiera sido mejor- obviamente, escuchar estas palabras hace unos años, antes de que se levantaran ciertas suspicacias. Pero, en todo caso, este discurso es un compromiso integrador, supone un reforzamiento indiscutible de la idea de la España plural consagrada por la Constitución y a él habrá que atenerse a la hora de juzgar los resultados.
El manifiesto promovido por Asociación por la Tolerancia a favor del castellano recoge 50.000 firmas
(Artículo de Arcadi Espada, miembro de Foro Babel y fundador del partido Ciudadanos (C’s), en El País 22/5/1995)
Un año después, el inicial Manifilesto de los 14.000 ha llegado a las 50.000 firmas. Sus promotores, la Asociación por la Tolerancia y contra la Discriminación, dieron a conocer la cifra en un acto celebrado el sábado en Barcelona. Como hace un año, la asociación sigue sin dar a conocer la identidad de quienes suscriben el texto, pero garantizan que su número está registrado ante notario. Como hace un año, Antonio Robles, primer firmante del Manifiesto; Rafael Ávila, responsable de la Asociación de Profesores por el Bilingüismo, y Ángela Diest, presidenta de Cadeca, llevaron la voz cantante. Sus reivindicaciones siguen siendo las mismas: que los padres catalanes puedan elegir para sus hijos alguna de estas tres opciones lingüísticas en la escuela: a) castellano como lengua vehicular y catalán desde el primer año; b) bilingüismo y c) catalán como lengua vehicular y castellano desde el primer año. Este planteamiento se contradice con la Ley de Normalización Lingüística, que señala al catalán como la lengua vehicular de la enseñanza.
(…) Novedad fueron también los premios que ha instituido la asociación. El de la Tolerancia para el escritor y catedrático de Periodismo Iván Tubau; (…). El escritor, que se mostró contrario al doble circuito -escuelas catalanas y escuelas castellanas-, cree que la solución del problema pasa por el establecimiento de un bilingüismo escolar estricto: la mitad de las asignaturas en catalán y la otra en castellano.
(…) Sólo un militante de relieve de un partido político estuvo presente: Julio Villacorta, miembro del consejo nacional del PSC.
Matices catalanes
(Artículo de Gabriel Jackson, miembro de Foro Babel, en El País 12/1/1996)
Desde el 8 de septiembre vengo preguntándome, y preguntando a mis amigos, sobre los sentimientos lingüísticos de una parte considerable de la opinión pública catalana que no está fielmente representada por ninguno de los cinco partidos que compitieron en las recientes elecciones. En aquella fecha, como parte de la celebración anual de la Diada, di una conferencia en el Ayuntamiento de Barcelona titulada Sobre cultura lingüística y nacionalismo. Mi tesis general era que Cataluña, a través de su sistema escolar, y con una administración equitativa de la Ley de Normalización, tiene una oportunidad muy favorable de crear una auténtica sociedad bilingüe; que, igual que la transición a la democracia tras la muerte de Franco ha surgido como un modelo para muchos países de Latinoamérica y Europa del Este salidos de una dictadura, la convivencia de los idiomas y de las culturas catalana y castellana podría proporcionar un modelo más afortunado de bilingüismo que las situaciones que existen en Canadá o Bélgica. Uno de los efectos secundarios sorprendentes de mi conferencia fue la cantidad de llamadas telefónicas de gentes que no me conocían personalmente, y la cantidad de comentarios de tenderos locales que sí me conocen, para decirme que agradecían escuchar a alguien decir cosas que piensan desde hace tiempo pero se sienten reacios a expresar en público. Después de 12 años viviendo en Barcelona, sé bien que muchas personas, especialmente entre los intelectuales y los políticos, sienten emociones muy intensas en torno a la cuestión lingüística. Pero me sorprendió que tantas personas me dijeran que yo expresaba cosas que ellos no podían decir “sin quedar mal”, o que incluso les podían perjudicar en su vida profesional.
Volviendo a la cuestión de cómo están representados los distintos sectores de la opinión pública en Cataluña en relación con la cuestión lingüística, ERC y Convergència i Unió desean, naturalmente, que el catalán se convierta en el idioma dominante. El PP, por otra parte, apela a los castellanohablantes y sus sensibilidades, y a la minoría, bastante significativa, de las clases medias prósperas que prefieren el castellano al catalán. El PSC e IC son menos nacionalistas que CiU, pero en los últimos años han sentido cada vez más presión para competir con Convergència y probar su catalanismo, por lo que han recalcado que también ellos se comunican principalmente en catalán.
Esto deja sin representación al número muy sustancial de ciudadanos, auténticos ejemplos (en mí opinión) del seny catalán, que quieren de verdad una sociedad bilingüe sin la atmósfera de competición y resentimientos mutuos que caracterizan a los nacionalistas, por un lado, y a los españolistas, por otro. Ninguno de los cinco partidos políticos habla en nombre de esas personas, aunque la sociedad catalana está oficialmente comprometida con la igualdad de categoría de las dos lenguas maternas de su población mixta. Voy a intentar explicar este misterio.
La Ley de Normalización, aprobada por consenso de todos los partidos del Parlamento catalán, pide la “inmersión total” en el catalán durante la educación de los tres primeros años, seguida por un uso aproximadamente igual de ambos lenguajes en todas las asignaturas de la educación primaría y secundaria. La inmersión total resulta razonable tanto para los hijos de inmigrantes recientes como para la probable mayoría de niños catalanohablantes cuyos padres, debido a los 40 años de dictadura franquista, no aprendieron nunca a leer y escribir catalán correctamente. Como los niños pequeños aprenden idiomas con facilidad, y el castellano y el catalán se parecen mucho, 20 o 30 años de normalización deberían producir una población que hablara con total fluidez y soltura en ambos idiomas.
El problema de esta ley excelente surge con su administración. Todos los sistemas escolares tienden a sufrir una falta de financiación, y si, además de buscar competencia en la materia de la asignatura, también se intenta que las asignaturas se enseñen mitad en castellano y mitad en catalán, por profesores que sepan bien los dos idiomas, el problema de falta de financiación es aun mas grave que en un sistema escolar monolingüe. Además, los profesores tienen emociones y ambiciones. Tal vez tengan una preferencia intensa por su lengua materna y/o la ambición de disfrutar de condiciones de trabajo más favorables por dar más importancia al catalán, que hasta 1980 fue el idioma menos favorecido, mientras que ahora ocurre lo contrario. Afortunadamente, una de las ambiciones de la mayoría de los profesores es ser entendidos por los alumnos, por lo que los profesores realmente dedicados, independientemente de sus preferencias personales, querrán utilizar de forma amistosa y lo más correcta posible los idiomas de los niños procedentes de familias catalanohablantes y castellanohablantes.
Hay dos dificultades políticas generales qué afectan especialmente a los profesores y funcionarios, pero que en alguna medida afectan a todas las personas del sector económico de los servicios. Una de ellas es la diferencia sabida pero no reconocida entre la letra de la ley y la administración preferida de dicha ley mientras CiU esté en el poder. En teoría, se supone que los dos idiomas deben enseñarse y emplearse por igual, pero de hecho el esfuerzo nacionalista es dar una preferencia clara y constante al catalán, con la justificación extraoficial (victimista) de que el catalán sigue siendo el idioma desfavorecido incluso después de más de una década de normalización. Por eso, los profesores que quieren realmente usar los dos idiomas son vistos con malos ojos por- la Administración. Un resultado práctico es que las escuelas empresariales y universidades tienen que enseñar castellano a los alumnos procedentes de institutos locales.
Además, hasta ahora, el predominio político-institucional de CiU ha hecho que el PSC e IC recalquen su propio catalanismo, pero la pérdida de la mayoría absoluta y el auge del PP podría llevar a una administración de los idiomas en el sistema escolar que fuera más conciliadora, o sencillamente más honesta intelectualmente. Pero yo confío -y estoy seguro de que ésta es también la esperanza de la gente no representada a la que, me he referido-, en que todos los partidos catalanes se comprometan, honestamente con la letra y el espíritu de la Ley de Normalización que aprobaron en su día por consenso.
En mis conversaciones con intelectuales catalanes he notado otro rasgo curioso y desgraciado. Casi nadie habla del bilingüismo como un enriquecimiento cultural, como una oportunidad de hablar, leer y escribir en dos idiomas. Casi toda la discusión gira en torno a presiones competitivas y diferencias entre “ellos” y “nosotros”. Sin embargo, la mejor oportunidad de que Cataluña sea una sociedad europea singular, próspera y culta está precisamente en la colaboración voluntaria de sus dos culturas lingüísticas. Y en el seny de sus ciudadanos de a pie, frente al esnobismo cultural de gran parte de su élite
(Artículo de Jesús Mosterín en El País 2/2/1996)
El ser humano concreto posee una realidad ontológica y una dignidad moral muy superior a la de los grupos, pueblos, naciones y otras exangües ficciones ideológicas o artefactos estadísticos de vaporosa entidad. El cerebro del hombre o la mujer concreta es el lugar geométrico del universo donde existen el goce y la frustración, el recuerdo y la esperanza, los deseos y las metas, los valores, las creencias, las costumbres, las lenguas y el resto de los contenidos culturales. Algunas de estas cosas pueden también existir en los cerebros de otros animales, pero nunca en las enrarecidas abstracciones sociales, a caballo entre el mito y la estadística. Por eso los seres humanos (y quizá también los animales capaces de sufrir) merecemos un respeto moral incondicional, respeto que no merecen las descerebradas abstracciones colectivas.La democracia antigua o totalitaria consistía en el gobierno de la mayoría, no sometido a ningún tipo de restricción. Fue considerada por los filósofos clásicos como un régimen político indeseable, que necesariamente conducía, a través de la demagogia, a la tiranía. Es un camino que en nuestro siglo han transitado Hitler, Perón, Jomeini y tantos otros enemigos de la libertad. Por el contrario, el ideal moderno de la democracia liberal coloca el principio de la libertad individual por encima del “proceso democrático de decisión por mayoría. Las libertades básicas o derechos humanos restringen aquello que los políticos (por muy democráticamente elegidos que estén) pueden acordar.
El principio genérico de la libertad se articula en una serie de libertades, que dan lugar a otros tantos derechos humanos. Aquí sólo consideramos la libertad de lengua y los derechos lingüísticos. La libertad de lengua es la libertad que tiene (o debería tener) cualquier ser humano de hablar y usar la lengua que quiera, de educar a sus hijos en la lengua que desee, y de ofrecer o adquirir los bienes y servicios de contenido lingüístico en la lengua que él elija. Lo más frecuente es que uno prefiera usar su lengua materna para todas esas funciones, la libertad de lengua abarca pero también la libertad de cambiar de lengua cuando uno lo considere oportuno.
Los derechos lingüísticos nos protegen (o deberían protegernos) (le la intromisión de los políticos en el ámbito de nuestra Iibertad de lengua. A pesar de que la arrogancia de los mandamases no conocen límites, nosotros podemos tratar de ponérselos, invocando el principio de la libertad. El efecto de esta invocación dependerá de hasta qué punto haya cuajado entre nosotros el ideal (le la democracia liberal, que es el ideal del respeto a la dignidad, la autonomía y la libertad del ser humano.
Aunque resulte embarazoso, conviene recordar las siguientes obviedades: 1) La libertad de lengua no es la libertad que tiene la lengua de elegir a sus hablantes, sino la libertad que tienen los hablantes de elegir su lengua (cada uno la suya, no la del vecino). 2) Los derechos lingüísticos no son derechos de las lenguas sobre los ciudadanos, sino derechos de los ciudadanos sobre las lenguas.
Las lenguas están cambiando constantemente, tanto en su propia estructura interna como en su difusión e implantación social. Actualmente se hablan unas cinco mil lenguas diferentes. Cada mes desaparecen dos de ellas por fallecimiento de sus últimos hablantes. La futura evolución de las lenguas (como la evolución de la cultura, en general) es imprevisible. Desde un punto de vista moral lo único deseable es que esta evolución sea la mera resultante estadística de las libres decisiones individuales de los hablantes, y no el efecto de imposiciones coercitivas. Por desgracia en muchos países el trágala sigue primando sobre la libertad de lengua.
En Argelia más de un tercio de la. población tiene el bereber (o tamazight) como lengua materna, pero su uso se reprime y no se acepta más lengua oficial que el árabe. En las ciudades también los profesionales e intelectuales francófonos lo tienen crudo. En 1990 se aprobó una ley para erradicar el francés de la administración, la universidad y los negocios. La política lingüística oficial (en la que coinciden los militares del FLN con la oposición islamista) consiste en promover la arabización total. No se trata de que todos quieran hablar en árabe. Muchos prefieren hacerlo en bereber o en francés. Pero a militares y ulemas la libertad les importa un pito. Piensan que es Argelia, la patria, la que tiene derecho a exigir que sus habitantes hablen árabe, como Corresponde a tan islámica señora.
En Turquía más de diez millones de kurdos hablan una lengua indoeuropea que no tiene nada que ver con el turco. Pero Kernal Atatürk -que era laico respecto a las religiones, pero religioso en cuestión de lenguas- decidió que en Turquía, donde de hecho se hablan 23 lenguas, no debería hablarse más que una: el turco. La lengua turca tendría el derecho a ser hablada por todos los turcos. Recientemente se ha abolido una ley de 1982 que prohibía formalmente el empleo del kurdo, pero sigue vigente la prohibición de enseñar el kurdo en las escuelas o de usarlo en la radio.
Turquía es una democracia totalitaria, y su política lingüística oficial cuenta con el consenso de las principales fuerzas políticas. En 1995 ha firmado un tratado de unión aduanera con la Unión Europea, que tampoco es un dechado de libertad de lengua. En su mismo centro, en Bélgica, sólo hay libertad lingüística en Bruselas, donde los habitantes pueden elegir que sus hijos sean educados en francés o en flamenco, e incluso en otra lengua. El resto del país está dividido por un invisible telón de acero en idos regiones (Flandes y Valonia) que practican una política lingüística que no tiene nada que envidiar a la argelina o a la turca en cuanto a totalitarismo. En Flandes no se puede enseñar en francés ni las emisoras de radio pueden emitir en francés. Y lo mismo ocurre en Valonia con el flamenco. También aquí los políticos que atizaron hasta el delirio el odio entre las dos comunidades han llegado a uno de sus famosos consensos a expensas de la libertad de los ciudadanos.
En España el nacionalista Franco agredió los derechos lingüísticos de los españoles de lengua materna no castellana con intenciones parecidas a las de Atatürk, prohibiendo la radiodifusión y la enseñanza en catalán, vasco y gallego. Afortunadamente esa agresión cesó con la llegada de la democracia en 1977. Pero los nacionalistas periféricos no se conformaron con restaurar plenamente los derechos de los hablantes de las lenguas previamente marginadas, como era de justicia. Movidos en parte por. un afán de revancha (ahora les toca a ellos. pasar por el aro) y en parte por el mito nacionalista de la patria culturalmente homogénea, echaron de nuevo por la borda la libertad de lengua.
Muchos habitantes del País Vasco no tienen ningún interés en hacer (ellos o sus hijos) el enorme esfuerzo que representa el aprender una lengua tan difícil y distinta como el euskera, aunque la respeten y reconozcan su gran interés para los lingüistas profesionales y su entrañable valor para los euskaldunes. La mayoría de los habitantes de Euskadi no son lingüistas profesionales ni euskaldunes, y muchos de ellos no tienen ningún interés en aprender y usar el euskera. Pero, les guste o no, tienen que hacerlo, por imposición del Gobierno. Lo que los vascos concretos quieran da igual. Los políticos ya decidieron por ellos. Para muchos vascos no euskaldunes aprender euskera es como hacer la mili, una obligación a la que uno se somete porque no tiene más remedio. Su derecho a decidir cuáles son las lenguas que uno quiera aprender es sacrificado en aras del presunto derecho del euskera a ser hablado por todos los habitantes de Euskadi.
En Cataluña durante la dictadura de Franco los maestros que militaban en la oposición se reunían en la Escuela de Verano Rosa Sensat y ponían el grito en el cielo ante la barbaridad pedagógica y la crueldad psicológica que suponía la inmersión lingüística en castellano de los niños de lengua materna catalana. Algunos de ellos, tras un cambio de chaqueta de 180 grados, imponen ahora la inmersión lingüística en catalán a los niños de lengua materna castellana, e incluso insultan como antidemócrata a quien se atreva a defender la libertad de lengua, pues la coercitiva política lingüística oficial ya fue aprobada en su día por el consenso de los partidos. Como si el chalaneo de los políticos estuviera por encima del principio de la libertad.
Los nacionalistas y etnicistas de toda laya deberían ocuparse más de defender los derechos de su tribu fuera de sus fronteras que de fastidiar al prójimo dentro de ellas. Los turquistas se ocuparían más de defender los derechos de los turcohablantes en Alemania que de reprimir a los kurdos. Los arabistas argelinos pondrían más énfasis en la libertad de hablar árabe en Francia, y menos en, aplastar el francés y el bereber en Argelia. Los flamenquistas se ocuparían más de fomentar la libertad de lengua en Valonia que de suprimirla en su propia tierra. Los quebequistas, catalanistas y vasquistas se ocuparían más de los derechos lingüísticos de los francófonos, catalanófonos y euskaldunes en Toronto y en Madrid, y menos de asimilar y hacer pasar por el aro a los otros hablantes en su propio territorio.
(El País 17/2/1996)
Jesús Mosterín (Los derechos lingüísticos, EL PAÍS, 2 de febrero de 1996) se revela paladín de la lengua como derecho individual, idea recientemente propalada con el solo propósito de conceder a los monolingües razones para seguir siéndolo. Así, Mosterín afirma: “La libertad de lengua es la libertad que tiene (o debería tener) cualquier ser humano de hablar y, usar la lengua que quiera, de educar a sus hijos en la lengua que desee, y de ofrecer o adquirir los bienes y servicios de contenido lingüístico en la lengua que él elija”. De tan campanudo aserto se siguen muy regocijantes consecuencias: que un inmigrante magrebí en Vallecas, un euskaldún en Ecija o un sueco en Logroño puedan expresarse en dichos lugares únicamente en árabe (o bereber), vasco y sueco, o que exijan profesores en sus lenguas para educar a sus hijos en el estricto monolingüismo materno. Y es que la formulación integrista de los derechos, pese a su aire revolucionario, suele hacerlos inviables -e injustos-, sobre todo en una sociedad como la nuestra, donde la mezcla idiomática y cultural impone obligaciones mutuas, cuyo sentido no es otro que habilitamos para, precisamente, entendemos todos. Afortunadamente, la Constitución Española, en su artículo 3.1, veda la solución propuesta por don Mosterín al afirmar: “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla”. Quizá nuestro filósofo de la ciencia y lógico, para ser coherente con sus propias consignas, debería empezar por solicitar la modificación del único artículo de la Carta Magna que impone deberes lingüísticos a los ciudadanos de este país, deberes que sólo cabe calificar de onerosos, qué casualidad’- para los españoles que no tienen el castellano como lengua materna.
Por un bilingüismo equilibrado
(Respuesta de Francesc Vallverdú a Mosterín y a Gabriel Jackson en El País 17/7/1996)
(…) Aquí se olvida una vez más que países como Suiza no tienen una lengua común y en cambio existe unidad nacional
(…) Llegado a este punto hay que aclarar dos posibles confusiones. En primer lugar, la inmensa mayoría de catalanes no aceptamos para Cataluña un modelo bilingüe como el de Bruselas
(…) Aquí puede plantearse otra cuestión: ¿esta política va a favor o en contra del bilingüismo existente en nuestra comunidad? (…) en Cataluña existe este recelo contra el bilingüismo, porque los únicos bilingüismos que se ensalzan son el “bilingüismo regionalista”, que tantos admiradores tiene entre los centralistas más rancios, o el “bilingüismo separado” de los admiradores del régimen lingüístico de Bruselas (…) ¿Entiende ahora, señor Jackson, por qué tantos intelectuales catalanes se sienten incómodos con ciertos bilingüismos?
(…) la vituperada “inmersión lingüística”, (…) en lo esencial no es otra cosa que un método pedagógico para lograr una perfecta educación bilingüe en que los alumnos castellanohablantes y catalanohablantes culminen sus estudios con una plena capacitación en las dos lenguas
Carta a Jordi Pujol
(Artículo de Pedro Laín Entralgo, miembro de la RAE, publicado en El País 25/7/1996)
Sé que hace días tuvo usted la atención de aludir aquiescentemente a mi nombre en el anuncio de la conferencia que pronunció en el Club Siglo XXI -ausente de Madrid, no me fue posible escucharla-, y me siento en la obligación de agradecer públicamente ese inusual gesto, cuya génesis acaso tenga como punto de partida el recuerdo de la visita que me hizo, todavía en plenísimo franquismo, al salir de la gélida prisión a que su amor a Cataluña y a la libertad le habían llevado. Doble amor que desde entonces y desde antes yo, que no soy catalán, tantas veces he manifestado. Nombraré algunas: mi amplia introducción al segundo volumen de las Obres completes de Maragall; la larga conversación que, preparada por Carles Riba, sostuve en Montserrat con el abad Escarré, seguida de una conferencia sobre ‘La esperanza de MaragalI’ ante la comunidad de los monjes del monasterio; mi asistencia con Dionisio Ridruejo a una de las reuniones veraniegas semiclandestinas que para defender los derechos de la cultura catalana organizaba Triadú en Cantonigrós; mi discurso en el colofón del almuerzo con que, como presidente de la Generalitat, quiso usted celebrar una trobada de intelectuales en Sitges; tantas veces más. Muy cordialmente estimo la realidad, la vida y la cultura de Cataluña, y con mi mejor voluntad he procurado conocerlas y ensalzarlas. Movidos por ese sentimiento dos recuerdos me ha traído a las mientes la referencia de usted a la no provisionalidad de los pactos, si éstos han de ser firmes: el pactisme como acusado rasgo psicosocial de la vida catalana y algo que hace muchos años aprendí de un ilustre profesor de Derecho Romano. Vale la pena explanar este segundo recuerdo.
Distinguen los historiadores de la antigüedad clásica dos modos de entender la paz: el romano o pax (la paz como pacto para liquidar por el tiempo que sea una discrepancia) y el griego o eirene (la paz como grato hábito de la convivencia). Pues bien: me atrevo a pensar que el tan ponderado y tan plausible pactisme catalán, cualquiera que sea su contenido, tiene como deseable meta una paz a lo griego, no una paz a lo romano. En el caso que ahora importa, el pacto con el poder central hacia una pacífica y grata convivencia entre la “diferenciada” Cataluña y el resto de España, helénica y no meramente romana debe ser la paz para que en verdad sea deseable el hecho de establecerlo.
Añadiendo lo que pienso a lo que oigo, ese pacto debe extenderse a muy diversas materias de la vida colectiva: políticas, económicas, administrativas, culturales. No sólo por ser yo enteramente lego en lo tocante a las tres primeras, sino porque su importancia, siendo sin duda grande, cede para mí ante la cuarta, a ésta quiero limitar mi reflexión. Pienso, en efecto, que en dos momentos de orden cuItural -la lengua y la literatura y el pensamiento en ella expresados- tiene y debe tener su verdadero y más valioso fundamento la no uniforme y deseable unidad de España. ¿De qué serviría un bien aquilatado pacto de orden político, económico y administrativo si faltase en él un reconocimiento mutuo, expreso y eficaz de lo que en el orden de la lengua y la cultura escrita exige al modo helénico de la paz, no su modo romano?
Ese reconocimiento pide a mi juicio -más de una vez lo he dicho- el cumplimiento de tres requisitos: que los catalanohablantes de Cataluña usen como más suyo el idioma catalán, pero que a la vez sepan y puedan usar como también suyo el idioma castellano, en tanto que común a todas las autonomías que componen el Estado español; que los castellanohablantes catalanes puedan usar y usen como más suya la lengua castellana, pero que a la vez puedan usar y usen como también suya la lengua catalana; que en la educación primaria y secundaria del resto de los españoles se procure cierto conocimiento y una justa estima ción de las culturas españolas no castellanas. Si Cataluña llega a independizarse políticamente del resto de España, cosa que para mí y para tantos españoles en modo alguno es deseable, el castellano seguirá teniendo vigencia en Cataluña. El barcelonés y el madrileño, el ampurdanés y el manchego seguirán entendiéndose oralmente entre sí. Pero dentro de medio siglo, ¿seguirá habiendo entre los catalanes cultos un conocimiento y una estimación de la cultura española en castellano equiparables a los que desde la Renaixença hasta hoy mismo han mostrado, valgan estos ejemplos, Verdaguer y Maragall, Riba y Carner, Manent y Espriu? Para mí, una viva preocupación. Y para decirlo todo, un secreto temor.
Jordi, debo y quiero serle sincero. No conozco en su pormenor cómo la inmersión lingüística en el catalán se practica en los centros catalanes de primera y segunda enseñanza. No puedo emitir, por tanto, un juicio terminante acerca de ella. Pero, por lo que oigo y leo, tampoco puedo evitar que predomine en mí una respuesta negativa a esa grave interrogación. Y como creo que, es inherentes a todo idioma y las propias del idioma castellano, la expresión escrita de éste es y seguirá siendo un tesoro -¿será necesario aducir las docenas de nombres que van desde Berceo y Jorge Manrique hasta Juan Ramón y Antonio Machado?-, mucho temo que, salvo excepciones, los catalanes cultos del siglo XXI no podrán disfrutar de él en la medida en que lo hicieron Verdaguer y Maragall, Riba y Camer, Manent y Espriu. Sé que en casos excepcionales, tal el de Salvador de Madariaga, es posible a un hombre culto hablar como más suyo un idioma y como también suyos dos o tres más. Sé también que algunos catalanes -más de los que yo quisiera- íntimamente preferirían hablar como más suyo el catalán y como también suyo el inglés y no el castellano. Pero mientras no se me demuestre lo contrario pensaré que lo verdaderamente adecuado a la realidad histórica y social de Cataluña es la fórmula de convivencia lingüística que antes he propuesto.
A tantos catalanes cultos -entre ellos, los políticos: usted, Roca, Duran Lleida, Molins e tutti quanti- oigo hablar un castellano fluido y correcto, y me atrevo a suponer que sin pensar en ello todos considerarán también suyo ese idioma, y en consecuencia el tesoro cultural de poseerlo. E inevitablemente me pregunto: como catalanes que una y otra vez proclaman su catalanismo no independentista, ¿pensarán en la alta probabilidad de que sus nietos y sus bisnietos -más generalmente: los catalanes del siglo XXI- desconozcan el tesoro que con cuantas deficiencias se quiera es la cultura en castellano o sientan incómodo el acceso a él? Quisiera estar equivocado respecto a la posibilidad de que algo que, si se produce, por mi edad no llegaré a ver. Pero como viejo amigo de una Catalunya gran dentro de una Espanya gran, dos incitantes metas para los españoles del siglo que está llegando, no puedo evitar en mí, Jordi, el vivo deseo de que esa equivocación se produzca. Sólo de ese modo podrá tener un definitivo final helénico y no una permanente interinidad romana el pacto que preludia y exige la actual Constitución de España.
Don Pedro Laín, tranquilícese
(Artículo de Albert Manent publicado en El País 31/7/1996)
Su Carta a Jordi Pujol publicada en EL PAÍS el día del apóstol Santiago me ha convencido de que las calumnias y las patrañas mendaces de ciertos periódicos y radios de Madrid han hecho mella incluso en personas teóricamente informadas, como usted. El tono de su artículo, tan propio de un humanista cristiano y reflexivo, rezuma una cierta angustia unamuniana: (…) El único argumento que exhibe para sustentar su “viva preocupación” y su “secreto temor” es la mal llamada inmersión lingüística. Los separadores de la COPE y de Abc y El Mundo han hecho creer que el predominio del catalán en la escuela pública (no en la privada) está erradicando a la lengua castellana no solamente en la enseñanza, sino de toda Cataluña.
(…) Durante cuarenta años el régimen franquista combatió genocidamente la lengua y la cultura catalanas, aunque en los últimos 15 o 20 años aflojó su presión y permitió la publicación de libros y alguna revista, pero jamás de ningún periódico, y con sólo algunas concesiones en la radio y la televisión. El libro reciente de Josep Benet Intent franquista de genocidi cultural contra Catalunya es un alegato incontestable.
(…) Por otra parte, más del 99% de los padres castellanohablantes no han secundado las campañas neofranquistas de ciertos medios de comunicación que querían romper la convivencia en Cataluña y que instigaban a la rebelión social y cultural. A estos progenitores les parece muy bien que sus hijos, porque son catalanes y como promoción social y cultural, aprendan la lengua propia del país. Y porque saben que nadie les privará ni de hablar, ni de leer, ni de escribir en castellano. Y no olvide que este reequilibrio lingüístico (no me gusta el término inmersión) ahora lo lleva a cabo un consejero de la Generalitat de Cataluña que es de Soria, como hasta hace poco la consejera de Gobernación era de Aragón y el de Economía de Burgos.
Hay otra razón de peso para creer que, como escribe usted, “el castellano seguirá’ teniendo vigencia en Cataluña”, y es su fuerza cultural. Es surrealista insinuar que “los catalanes cultos del siglo XXI no podrán disfrutar” de ese acervo que es la cultura de Berceo, Quevedo, Azorín o Delibes.
Recuerda usted emotivamente su querencia por Cataluña desde el espléndido prólogo que puso al volumen de obra castellana de Maragall o la conferencia ante la comunidad de Montserrat, a petición del abad Escarré, hasta su asistencia al concurso literario de Cantonigròs, que montaba Joan Triadú. Recuerdo que fue en 1958, y yo estaba con usted y con Dionisio Ridruejo. Cuando fuimos a Rupit, donde los balcones a menudo no tienen baranda, mirando a un pequeño abismo rocoso, Dionisio bromeaba: “Buen sitio para defenestrar al hombrín”, al dictador. Y tengo, dedicado por usted en aquel lejano 1956, un precioso librito, Las cuerdas de la lira (Cuadernos de Tiempo Nuevo), donde condenaba, ya entonces, a los uniformadores y a los disgregadores, y apostaba por una España diversa que fuera “un manantial de energía histórica”, y no dejó de citar al profeta Maragall y a su Oda a España. Yo tampoco olvido aquellos memorables congresos de poesía que se iniciaron en Segovia en 1952 y que significaron el histórico reencuentro entre intelectuales castellanos y catalanes, y donde usted jugó, con Ridruejo, un papel de primer orden.
Le invito a que venga más a menudo a Cataluña. La “distancia” entre Madrid y Barcelona en algunos aspectos es mayor ahora que hace 40 años. Con mucho gusto podría usted dar unas conferencias y volver a Montserrat y Poblet, y al palacio de nuestro gobierno autónomo. Y vería que, respirando el ambiente de calle, aplicamos la máxima que escribió usted en Las cuerdas de la lira al decir que “la convivencia no sea sermón, sino conducta”. Gracias, querido maestro, por haber tenido la ocasión de escribirle coram populo.
Lengua y convivencia
(Editorial de El País 22/4/1997)
El gobierno catalán ha planteado la necesidad de revisar la legislación lingüística de 1983, con el objetivo de avanzar en el uso social de la lengua catalana. Pero el presidente Pujol ha querido dejar claro que la convivencia es un valor superior y ha propuesto que la revisión legal se realice no a partir de un proyecto del Gobierno, sino en una ponencia parlamentaria conjunta, con la intención de alcanzar un consenso similar al que respaldó la ley de 1983. Aunque la ponencia ha convocado a todos los agentes sociales para que expresen su parecer, la batalla de la opinión pública ha empezado fuera del Parlamento, consiguiendo enturbiar el buen clima que rodeaba el debate hasta ahora. Cuatro diócesis catalanas, a través de una hoja parroquial común, han conminado a los castellanohablantes a que aprendan el catalán como “nosotros hemos’ tenido que aprender su lengua”. El éxito de convivencia bilingüe que es Cataluña se basa en la existencia de una comunidad de ciudadanos sin exclusiones lingüísticas -catalán es todo aquel que vive y trabaja en Cataluña-, por lo que la frontera entre nosotros y ellos que establece este documento, además de ofensivo para una parte de la población, es inquietante para todos: apunta irresponsablemente hacia la quiebra de la concordia civil. No es de extrañar, pues, que otros obispos igualmente catalanes lo hayan criticado.
Otro texto, un manifiesto suscrito también por algunos obispos y rectores de universidades -con significativas ausencias de personalidades próximas a Convergéncia-, declara “deseable” que el catalán sea la única lengua oficial en Cataluña, partiendo de la convicción de que, en una sociedad con dos lenguas, la minonizada -elcatalán- no puede sobrevivir al lado de la lengua fuerte. El único remedio sería, de aceptarse este dudoso diagnóstico, imponer por ley el monolingüismo. Pero las hipótesis de ingeniería lingüística no pueden prescindir de la realidad y quienes lo proponen deberían evaluar si una Cataluña mónolingüe por decreto es coherente con el pluralismo de la sociedad catalana. “Es insensato o malintencionado”, dice el documento, “reducir la protección de la lengua catalana a la afirmación de los derechos lingüísticos individuales de los ciudadanos de Cataluña sin tener en cuenta el criterio territorial”. El criterio territorial ha de ser tomado en consideración con realismo, pero no hasta el punto de anular el derecho individual. La Constitución establece el deber de conocer el español, pero ese deber también existe para los ciudadanos catalanes respecto a la otra lengua oficial desde el momento en que todos los colegiales -salvo los no afincados- deben acreditar que la hablan. El uso de un idioma por parte del ciudadano debe respetar el principio de libre elección.
No se trata sólo de lograr la supervivencia del catalán. Nadie como los propios catalanohablantes puede comprender las preocupaciones sobre el español que se han manifestado en el reciente congreso de México. Si la debilidad del catalán puede demandar una discriminación positiva y su fomento, una Administración bilingüe o el reconocimiento oficial de la unidad de la lengua, nada puede, por el contrario’, legitimar una intromisión de las administraciones en los usos privados. Por poderosas razones morales, pero también por eficacia: para no despertar, donde no lo hay apenas, un rencor lingüístico que ponga en peligro una convivencia hasta ahora ejemplar. Las estadísticas demuestran que el catalán avanza, y lo hace porque toda la sociedad catalana -sin ellos ni nosotros- lo quiere. Con estruendos será imposible elaborar una ley desde el consenso; y sin consenso no habrá una buena ley, sino una frontera que dividirá a la sociedad entre vencedores y vencidos.
(El País 30/4/1997)
Hace unos días estuve de vacaciones en Barcelona y, aparte de admirar su encanto y señorío, lo que más me llamó la atención fue el grado de cohabitación del castellano y el catalán.Por eso me ha cogido de sorpresa la polémica que últimamente se viene orquestando acerca de la necesidad de que el catalán sea la única lengua oficial de Cataluña. A no ser que los políticos, en su afán por justificar el sueldo y el calificativo de mareadores de perdiz, hayan decidido remover una vieja controversia, que por lo visto no está en la calle, Esta vez, y por el bien de todos, confío en que la sabiduría popular no se deje engañar por ese grupo que de forma peligrosa está tratando de provocar un enfrentamiento que podría soliviantar innecesariamente la convivencia pacífica de todo un pueblo. Ojalá no tengamos que asistir, de nuevo, a la dictadura lingüística del pasado, pero al revés.
Acuerdo general entre CiU y PSC sobre la futura ley del catalán
(El País 17/7/1997)
La ponencia parlamentaria encargada de elaborar la futura ley del catalán terminará la semana próxima la primera lectura completa del nuevo articulado, del que CiU ha retirado su idea inicial de obligar a las empresas privadas a estar en condiciones de atender y corresponder a sus clientes en el idioma oficial (catalán o castellano) que éstos elijan. Esta renuncia de CiU forma parte de un acuerdo con los socialistas, gracias al cual estos últimos han depuesto su oposición general a la elaboración de una nueva ley del catalán que sustituya a la actual, vigente desde 1983. El pacto CiU-PSC se enfrenta a una doble oposición, en ambos casos minoritaria. Por una parte, la del PP, que considera vulnerados los derechos de los castellanohablantes; por otra, la de los, independentistas de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partit per la Independéncia (PI), para quienes la renuncia de CiU a imponer el uso del catalán en las relaciones socioeconómicas privadas es una abdicación inaceptable.
La futura ley establecerá un régimen indirecto de sanciones para los funcionarios públicos, las emisoras de radio y televisión de concesión autonómica y las empresas que vulneren sus disposiciones lingüísticas. La nueva normativa especificará que los incumplimientos de la ley serán castigados con las sanciones previstas en otras leyes ya vigentes, como las que regulan la función pública y la disciplina de los mercados y la defensa de los consumidores.
Sólo el PP se opone frontalmente a que la nueva ley hable, siquiera indirectamente, de sanciones lingüísticas. Los socialistas, por su parte, consideran innecesario que la ley cite las sanciones porque éstas ya están previstas en otras normativas, pero no discuten su existencia. En el ERC y el PI, por el contrario, se juzga insuficiente este régimen sancionador indirecto y se reclama que la ley del catalán contenga un sistema propio.
La futura ley reiterará la obligación actual de los comerciantes de atender a los clientes tanto si éstos hablan en castellano como si lo hacen en catalán, aunque no estarán obligados a corresponderles en el mismo idioma. Las empresas privadas dedicadas a la venta de productos o a la prestación de servicios sí estarán obligadas a redactar “al menos en catalán” todos sus rótulos y carteles de información general a los usuarios y consumidores en los establecimientos abiertos al público. Las compañías privadas que ofrecen servicios públicos, como las de transportes o suministros, deberán emplear “al menos el catalán” en las facturas y cualquier documentación relativa al tráfico de mercancías, sin perjuicio de hacerlo en castellano cuando los usuarios lo pidan.
Los fabricantes de productos alimenticios, así como los de tóxicos, deberán redactar al menos en catalán todos los datos obligatorios de sus etiquetas
¿Por qué otra ley del catalán?
(Artículo de Joan Maria Pujals, consejero de Cultura de la Generalitat de Cataluña, publicado en El País 24/10/1997)
Los tres primeros artículos de la Constitución Española proclaman la triple pluralidad del Estado: la ideológica, la territorial y la lingüística y cultural. En sus casi 20 años de vigencia, la sociedad española ha avanzado positivamente en la asunción de la pluralidad democrática y en la distribución territorial del poder. Sin embargo, algunos sectores, de la sociedad española todavía no han asumido plenamente la tercera pluralidad, la cultural y lingüística. El tópico que relaciona la unidad política con la unidad lingüística, la idea de que en España existe una gran lengua, el castellano, y diversas peculiaridades vernáculas y el desconocimiento de las aportaciones de las otras lenguas hispánicas a la cultura europea, siguen siendo generales incluso entre políticos, empresarios, periodistas e intelectuales. Se pretende ignorar que el 41% de la población española reside en comunidades autónomas con lengua propia -y también oficial- distinta del castellano.Cataluña tiene su lengua propia, la catalana, que, presente ya en el siglo X, se ha mantenido con gran vitalidad en todas las épocas. El uso social del castellano en Cataluña es relativamente reciente. Hoy, el Estatuto de Autonomía (1979) establece un mandato en virtud del cual la Generalitat debe adoptar las medidas necesarias para asegurar el conocimiento y el uso de los dos idiomas hasta llegar a su plena igualdad. En cumplimiento de este mandato, se aprobó en 1983 la primera Ley de Normalización lingüística. Su objeto era despenalizar el catalán en los usos oficiales y generalizar su conocimiento a través del sistema educativo y los medios de comunicación de la Generalitat.
A pesar del extraordinario avance del conocimiento oral y escrito entre la población operado en los últimos 20 años, la lengua catalana se ve hoy afectada por nuevos fenómenos que tienden a minorizarla. Se trata de la mundialización de la economía y del comercio, de lo que podríamos llamar la industrialización de la lengua y de los productos culturales (el libro, el cine, el vídeo, los multimedias) y, finalmente, la explosión de las telecomunicaciones y la informática. Fenómenos que afectan a la mayoría de lenguas de difusión limitada, incluidas aquellas que cuentan con poderes estatales exclusivos como son, por citar sólo las de la Unión Europea, el sueco, el finés, el danés o el griego, todas ellas de menor número de hablantes que la catalana. Este nueva situación está provocando la expansión de las lenguas de gran difución a escala mundial (el inglés y el español, sobre todo) y la exclusión de las de menor difusión de determinados ámbitos. Por ello, casi todos los países de Europa, incluida Francia, han elaborado normativas de protección para sus lenguas. Todos estos nuevos factores se superponen en Cataluña a las secuelas de más de dos siglos de exclusión de la lengua catalana de la escuela, la justicia o la administración. En Cataluña, persiste todavía en la actualidad una situación de precariedad de la lengua catalana. Algunas cifras dan idea de ello: menos del 2% de las obras cinematográficas que se exhiben en Cataluña lo son en catalán; sólo lo es el 11% de la prensa diaria; sólo el 16% de la publicidad y menos del 30% de las emisiones de televisión o de radio.
Las cifras de uso de la lengua propia en la administración de justicia o en las notarías son mucho más reducidas, casi ridículas.
Los mecanismos de la Ley de 1983 resultan hoy insuficientes para garantizar la presencia igual del catalán y el castellano en la sociedad. Por otra parte, la política lingüística es un fenómeno dinámico incompatible con una legislación estática, como demuestran, entre otros, los precedentes de Bélgica, Quebec o Suiza.
Es por ello que el Gobierno de Cataluña ha impulsado la elaboración de un nueva Ley. Para su trámite se ha optado por el sistema de Ponencia Conjunta, lo que garantiza la participación y la corresponsabilización de todos los grupos parlamentarios y favorece el diálogo y el debate social.
En pocas palabras, los objetivos del nuevo marco legal son: consolidar la política actual en materia de administración pública y de educación; favorecer el uso del catalán en la documentación mercantil, en la justicia y en el mundo del derecho; garantizar una presencia mínima del catalán en las emisoras de radio de frecuencia modulada, en las televisiones locales y por cable y en el cine y, finalmente, introducir una regulación del uso del catalán en el mundo socioeconómico destinada a evitar que siga ausente en las empresas que prestan servicios públicos y en el etiquetaje de los productos alimenticios.
Todo ello, en el marco estatutario de la doble oficialidad, que reconoce a todos los ciudadanos el derecho a usar libremente y con plenos efectos jurídicos la lengua oficial, catalán o castellano, de su elección, estableciendo un mandato claro de equiparación real de las dos lenguas que exige una especial promoción de la catalana.
La nueva normativa pretende incidir en toda la sociedad para aproximar el uso del catalán al del castellano en Cataluña y hacer real la libertad de elección de lengua. Por ello trata de evitar que una situación de predominio social de unos pocos haga inútil el esfuerzo personal y colectivo de muchos de extender el conocimiento de la lengua catalana a todos los sectores sociales que se ha realizado en los últimos años, propiciado además por su facilidad de comprensión y aprendizaje. Se establece, en casos muy concretos (radiodifusión, cine, servicios públicos y etiquetaje de productos alimenticios) el deber de determinadas empresas a garantizar el uso del catalán en sectores donde hoy, no por elección del ciudadano o del consumidor, sino por simple inercia del mercado, la lengua catalana está ausente.
El binomio “cuotas y sanciones” se ha convertido en estribillo interesado de los detractores de la nueva normativa. Suelen callar que la normativa española de radiodifusión y de cinematografía establece y define las cuotas al amparo de la legislación europea y garantiza su cumplimiento con sanciones. Suelen callar que no se propone ni una sola sanción al ciudadano, cuya libertad de elección se ampara, si no al concesionario de un servicio público que hipotéticamente impida a la comunidad la libre elección de lengua.
Suelen callar que no se establece ninguna sanción que no exista ya en el ordenamiento jurídico. Acusan de intervencionista a la futura normativa sobre la lengua sin recordar que todas las normas que pretenden proteger al débil, desde las laborales a las de arrendamientos urbanos, desde las de protección al consumidor a las medioambientales, lo son. La futura ley, por tanto, suma mucho y no resta nada. Suma en igualdad de derechos entre los ciudadanos. Suma cohesión social a un país con una sola comunidad bilingüe. Suma progreso para el catalán sin mengua del castellano puesto que pretende la igualdad de aquél y de éste en Cataluña. Suma para el conjunto del Estado avanzando en el camino del tercer gran cambio constitucional: el de hacer efectiva y no nominal la pluralidad lingüística de España. Al fin y al cabo, como advertía el poeta y académico Pere Gimferrer, “cualquier idioma tiene derechos y deberes que no conciernen sólo a los que lo usan, sino a cualquier persona culta y a toda la humanidad”.
El público abucheó a Raimon por cantar en catalán en el homenaje a Miguel Angel Blanco
(El País 11/9/1997)
Raimon presentó su canción País Vasco en castellano, y luego explicó al público que la cantaría en catalán (primer abucheo). Se trata -continuó pese al chaparrón- de una canción “prohibida muchas veces durante la dictadura de Franco” (segunda pitada, más sonora si cabe). La cantó entre abucheos y fue despedido con una gran bronca. Matías Prats, el presentador del concierto, intentó arroparlo con un comentario cariñoso, pero también fue sonoramente recriminado.
Aznar responde a Pujol que los abucheos a Raimon en Las Ventas son “pura anécdota”
(El País 18/9/1997)
El presidente del Gobierno, José María Aznar, calificó ayer de “pura anécdota” los abucheos que sufrió el cantante Raimon en la plaza de Las Ventas, de Madrid, en el festival de homenaje a Miguel Ángel Blanco, el concejal del PP en Ermua, Vizcaya, que fue secuestra do y asesinado por ETA en julio, y solicitó a quienes le piden que condene a los intolerantes que se ocupen de cosas más importantes
(…) Aznar también recordó que en la celebración del Día de Cataluña las delegaciones del PSOE y del PP suelen ser abucheadas en la tradicional ofrenda floral y la nadie se le ocurre pedir explicaciones a un partido concreto”. “Por tanto”, añadió, “sugeriría que nos ocupásemos de las cosas importantes”.
Pujol asegura en Brasil que Cataluña ha sido objeto de campañas “muy hostiles”
(El País 13/11/1997)
“Al final es que no podremos decir nada”. El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, restó importancia en São Paulo a las críticas suscitadas por su discurso en la Diada. Y al referirse al pasaje en que manifestó que si hay “confrontación” habrá que aceptarla se preguntó: “¿Es que no hay confrontación? ¿Es que Cataluña, durante los últimos cuatro años, no ha sido objeto de muchas campañas muy hostiles por pedir algo, e incluso sin pedir nada, simplemente por haber dado apoyo al Gobierno socialista?”
(…) “Luego, ha habido campañas al Partido Popular. ¿Por qué? Porque sin ese apoyo no entramos en Europa”. Pujol alertó contra los peligros de que las movilizaciones contra el terrorismo puedan derivar hacia un enfrentamiento entre las distintas nacionalidades. Después insistió en que él no se ha inventado la confrontación: “Es que la ha habido, está en las hemerotecas”, dijo.
Pujol citó el incidente con Raimon en el festival de homenaje al concejal de Ermua Miguel Angel Blanco, asesinado por ETA. El líder de CiU puso lo sucedido en Las Ventas como ejemplo de actitudes reticentes o netamente hostiles hacia Cataluña. “Yo no me he inventado el abucheo a Raimón. Simplemente digo a los catalanes: no os asustéis, que la confrontación forma parte, si se lleva bien, y además no es ningún problema, de la vida política y social, y de la vida en general. No tengáis miedo’, les digo. Ya se sabe: hay que aguantar, hay que dialogar, y hay que introducir el máximo posible de serenidad”.
Según Pujol, su discurso fue “absolutamente sereno, optimista, esperanzado y colaborador en todos los sentidos a nivel español”. “Cataluña ha ayudado de forma importante a que España pueda resolver sus grandes problemas”, añadió el presidente de la Generalitat.
Por otra parte, Esquerra Unida-Izquierda Unida presentará en las Cortes Valencianas una propuesta de resolución en defensa del cantante de Xàtiva, tras los abucheos que sufrió en el homenaje a Miguel Angel Blanco.
Esta propuesta se presentará en el debate de política general que celebrará el Parlamento valenciano la próxima semana. La iniciativa parlamentaria de Esquerra Unida se plantea además en un momento en el que han arreciado los ataques de la derecha regional valenciana contra el cantante. El secretario general de Unión Valenciana, Fermín Artagoitia, ha acusado a Raimon de “politizar y crispar” el homenaje al afirmar durante el festival que iba a cantar en catalán, la lengua que se habla en el País Valenciano y que allí se denomina valenciano. Los regionalistas de Unión Valenciana, que gobiernan la Generalitat junto al PP, han alegado que Raimon “se sirvió de un acto público en defensa de la concordia para crear crispación defendiendo teorías políticas que vulneran la legislación vigente”. Unión Valenciana defiende el secesionismo linguístico del catalán
Nueva ley del catalán
(El País 15/12/1997)
Cataluña lleva varios meses enzarzada en una discusión política y social, a raíz de las reuniones que los diferentes grupos parlamentarios llevan a cabo para realizar una nueva ley del catalán con el mayor consenso posible, el cual parece que no se va a conseguir por las reticencias del Partido Popular y de Esquerra Republicana de Catalunya -aunque por motivos contrapuestos, como es lógico- en sumarse al resto de grupos del arco parlamentario catalán. Hay sectores de la sociedad que se han posicionado en contra de la ley porque consideran que pone en peligro el uso del castellano en Cataluña, para lo cual aluden a la defensa de lo que ellos llaman bilingüismo. Dicho discurso es demagógico, debido a que el castellano ni ha estado ni está en peligro con la política de normalización lingüística llevada a cabo por la Generalitat.
(…) Mientras, muchos castellanohablantes que defienden el bilingüismo, paradójicamente, son monolingües, ya que no se han visto obligados a aprender el catalán y pueden vivir en Cataluña exclusivamente en castellano, porque este idioma está ampliamente representado en todos los usos sociales (Administración de Justicia, medios de comunicación… ), al revés de lo que ocurre a un catalanohablante, que en ciertos ámbitos sólo o casi sólo puede expresarse en castellano (ver una película doblada al catalán en las salas cinematográficas es casi un milagro… ).
(El País 9/4/1998)
El Defensor del Pueblo propone una ley lingüística con mayor claridad y defiende el fomento del catalán, pero voluntario, no impuesto. El escrito, de 29 fólios, notificado ayer a los presidentes de la Generalitat y del Parlamento autónomo y al que ha tenido acceso este periódico, cuestiona “la imposición de un deber general de conocimiento de la lengua catalana (…) para todos los ciudadanos de la comunidad autónoma”.
El Defensor del Pueblo no recurre la ‘ley del catalán’, pero sugiere a Pujol que la modifique
El Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, renunció ayer a interponer recurso de inconstitucionalidad contra la ley del Parlamento de Cataluña de 7 de enero de 1998 sobre Política Lingüística, conocida como ley del catalán, pero optó por sugerir al presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, una serie de modificaciones al tiempo que anunció que seguirá el desarrollo y aplicación de la ley y, en caso de desvío, interpondrá recursos de amparo en defensa de los ciudadanos. La Generalitat dijo ayer que estudiará las recomendaciones y Aleix Vidal-Quadras lo considera una “victoria moral”.
Del total de 32 artículos que la Coordinadora Convivencia Cívica Catalana, presidida por el senador del Partido Popular Aleix Vidal-Quadras, propuso que se recurrieran
(…) La ley del catalán fue aprobada por el Parlamento de Cataluña el 30 de diciembre pasado con el apoyo de más del 80% de sus miembros: todos los partidos excepto el PP y Esquerra Republicana (ERC), por razones opuestas. El PP estimaba que la ley iba demasiado lejos; los independentistas consideraban que se quedaba corta
Cataluña y el tabú de la lengua
(Artículo de Josep Ramoneda, El País 5/7/1998)
El movimiento social Foro de Babel irrumpe en la precampaña electoral catalana con un debate sobre identidad. El Foro establece como objetivo educativo que los alumnos no sean separados en la escuela o institutos por razón de la lengua. El Foro es una apelación a los partidos de izquierda para que se distancien del modelo de catalanismo hegemónico
(…) Se rechazó tanto la idea de convertirse en una plataforma cívica al modo de la Asamblea de Cataluña, propuesto por Antonio Robles, un veterano activista en favor de la lengua castellana, como cualquier hipótesis de conversión en una formación política.
(…) El manifiesto sustentaba que después de catorce años de vigencia de la Ley de normalización lingüística de 1983 se podía decir que la situación de excepcionalidad había sido superada “y el catalán ha entrado en una fase de normalidad”
(…) Sin embargo, Babel, que como el nacionalismo catalán tendía a confundir cuestión cultural con cuestión lingüística, corría el riesgo de convertirse en la cara opuesta pero simétrica del nacionalismo.
(…) Babel publicó un comunicado en el que se expresaba “la discrepancia rotunda con la totalidad” del borrador de la nueva ley del catalán, y pedían la retirada parlamentaria del texto. “La imposición coactiva del catalán”, la conversión de la lengua propia en lengua oficial contra el principio estatutario de oficialidad de las dos lenguas, y “el espíritu intervencionista, reglamentista, controlador de las relaciones económicas, sociales y culturales”, eran los principales factores de crítica del comunicado de Babel.
(…) El escritor Albert Manent protagonizó la polémica más agria con el Foro Babel, acusando a estos “intelectuales convertidos en plañideras”, a esta amalgama de “españolistas químicamente puros”, catalanistas “no esencialistas”, antipujolistas viscerales, profesionales del esnobismo, hijos del falangistas o de carlistas de cuyos padres (perseguidos en la zona republicana) han heredado la fobia contra el nacionalismo catalán de jugar con fuego y “colaborar a romper la convivencia agitando fantasmas inexistentes y olvidando que somos país de marca”
(…) El día 30 de diciembre el Parlamento de Cataluña aprobaba la ley del catalán con el voto en contra del PP y Esquerra Republicana. El Forum Babel sacó un comunicado criticando la “preocupante insensibilidad” de la izquierda parlamentaria catalana “respecto a las expectativas de una parte muy significativa de su electorado” y “la sumisión de la izquierda al proyecto nacionalista de Jordi Pujol”.
(…) Aprobada la ley del catalán, algunos miembros del foro participaron en la creación de Convivencia Cívica Catalana, una plataforma presidida por Alejo Vidal Quadras, con el babeliano y dirigente socialista Julio Villacorta como vicepresidente. Convivencia Cívica Catalana se presentaba como una “reacción al nacionalismo identitario” y “su creciente intervencionismo en la vida privada desde el poder público”. Este hecho provocó algunas fisuras en el Foro Babel. (…) Fernández Buey y algún otro militante de izquierdas se alejaron del Foro Babel por la incomodidad que les generaba la presencia de algunos miembros de Babel en la plataforma de Vidal Quadras
(…) El pasado 19 de Junio, el Foro Babel hizo público su segundo manifiesto, bajo el título Por un nuevo modelo de Cataluña (…) La publicación del manifiesto ha recibido algunas reacciones airadas: desde la acusación de sofistas por parte de quien vé el retorno de los cruzados (Xavier Antich) hasta la invitación a callarse (Narcís Comadira), pero los numerosos artículos que han seguido a su publicación confirman que ya no hay lugar para el ninguneo de estas posiciones en la sociedad catalana.
(…) El Foro Babel incomoda a la izquierda seguidista del nacionalismo pujolista y da al nacionalismo un nuevo enemigo a demonizar, que es pasión constituyente de estas ideologías (…) Joan Rigol, siendo conseller de cultura, planteó una política cultural sin distinción de lenguas, simbolizada en un Consell Assessor plural en el que se sentaban personas como Jaime Gil de Biedma, Manuel Vázquez Montalbán o Eugenio Trías. Rigol tuvo que dimitir. Ahora, como ha dicho Joaquim Molins, los socialistas por primera vez presentan un candidato que parece no haber sido escogido por Convergencia. Algo se mueve en Cataluña
Rotulación monolingüe en Cataluña
(El País 2/10/1998)
Recientemente he visitado una vez más Cataluña. Ha sido un viaje magnífico, pues desde siempre he tenido una especial simpatía por esta comunidad y sus gentes. Sin embargo, deseo reflexionar sobre una cuestión que he observado: el hecho de que la rotulación oficial tienda a ser exclusivamente en catalán. Considero que sería más conveniente realizar la misma también en castellano ya que de esta forma resultaría acorde con la oficialidad de ambas lenguas, sería más integradora y no excluyente con el idioma que sienten como propio la mitad de los ciudadanos catalanes. Hay que respetar la especial sensibilidad de las personas hacia su lengua. Pienso que la Administración pública debe intentar adaptarse a los ciudadanos y no tratar de que éstos se adapten a la Administración, articulando una especie de ingeniería social. Por supuesto, vería igualmente desacertado rotular sólo en español, como por ejemplo se hacía en la dictadura. Personalmente he podido entender la mayoría de los textos gracias a la común etimología latina de ambas lenguas, pero sería incluso pedagógico, para aprender y familiarizarse con el catalán, el poder comparar los mismos escritos y así ver mejor la morfosintaxis y la semántica de este idioma, por el que siento un sincero aprecio y por cuya conservación y desarrollo se ha realizado un esfuerzo encomiable.
Los valores de convivencia, tolerancia, riqueza cultural y seny, llevado con buen humor, han sido y son ejemplares en Cataluña. Pienso que sería muy positivo que esta sana convivencia entre las lenguas se produjera también con normalidad y de forma natural dentro de los rótulos oficiales de la Comunidad
El peso del nacionalismo
(Artículo de Josep Ramoneda en El País 8/11/1999)
Al entrar en la última etapa de esta inacabable Volta a Catalunya que es el pujolismo, el nacionalismo catalán no goza en lo ideológico de la mejor salud. En la última campaña electoral se notó una sensible baja de los decibelios nacionalistas. Convergència i Unió se acordó de las personas y Esquerra Republicana relegó el independentismo a un plano muy secundario. (…) Convertido en doctrina oficial, el nacionalismo se ha hecho gris y mecánico. Algo que fue muy patente en el reciente debate en torno a la ley del catalán.
(…) De lo prohibido a lo oficial, el proceso que el nacionalismo ha seguido desde Pujol es una conquista. Pero este factor de normalización le ha ido debilitando como ideología. Pujol ha conseguido dos cosas importantes para él: que el catalán asumiera rango de lengua de status (todo el que quiere ser alguien en Cataluña lo ha entendido así) y que, durante veinte años, la política catalana se jugara en el terreno del nacionalismo.
(…) Al acercarse al final del pujolismo, el nacionalismo ya no es una ilusión sino una doctrina para apuntalar un sistema de intereses.
(…) El uso del nacionalismo como doctrina del poder pujolista ha centrado la dinámica política catalana en la cuestión española. Es el eterno tema del encaje político de Cataluña en España, que, por otra parte, está completamente encajada por mercado, tierra, mar y aire. Mirando siempre a Madrid, el pujolismo ha esquivado muchas responsabilidades directas y ha dejado pendientes cuestiones fundamentales para que Cataluña avance.
(…) Si en esta legislatura que comienza en el Parlament se empieza a hablar de estas cosas, sin apelar a Madrid antes de concluir la primera oración, algo habrá cambiado. Y quizás se gane fuerza y argumentos para ir a Madrid a reclamar lo que sea necesario. No sólo de nacionalismo vive el catalán. Es un modo de entender el nacionalismo lo que se acaba
La Rovira i Virgili recurre la suspensión del reglamento del catalán
(El País 5/4/2000)
El consejo rectoral de la Universidad Rovira i Virgili (URV) decidió ayer presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra la suspensión, decretada la pasada semana por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Tarragona, del reglamento de usos lingüísticos del catalán a raíz de la querella presentada por Convivencia Cívica Catalana, presidida por el eurodiputado conservador Aleix Vidal-Quadras.
(El País 15/6/2000)
El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 14 de Barcelona ha suspendido cautelarmente las “medidas para la regulación y fomento del uso del catalán” de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona, atendiendo un recurso de la asociación Profesores para la Democracia, que ya consiguió frenar una norma similar en la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona. Según el juez Victor Ribas, la normativa “impone el uso preferente del catalán”. La UPF anunció ayer que recurrirá la suspensión.
Profesores para la Democracia forma parte de la plataforma Convivencia Cívica Catalana (CCC), que preside el eurodiputado del PP Aleix Vidal-Quadras.
La Generalitat defiende el uso del catalán en la Pompeu Fabra
(El País 16/6/2000)
(…) El consejero de Universidades, Andreu Mas-Colell, lamentó el “eco” que el tema encuentra en la judicatura y consideró que es “evidente” que hay una ofensiva contra el uso del catalán en la universidad.
(…) El reglamento de la Pompeu Fabra es el segundo que la asociación Profesores para la Democracia, integrante de la plataforma Convivencia Cívica Catalana (CCC), presidida por el eurodiputado del PP Aleix Vidal-Quadras, consigue suspender. El primero fue el de la Universidad Rovira i Virgili (URV). El rector de la Pompeu Fabra, Enric Argullol, calificó ayer de “preocupante” que un juzgado cuestione el carácter de lengua propia del catalán.
(Editorial de El País 12/7/2000)
La sentencia sobre el reglamento lingüístico de la universidad de Tarragona Rovira i Virgili ha sido recibida con sorprendentes plácemes por todas las partes involucradas, tanto por la institución enjuiciada y por quien la ampara, la Generalitat de Cataluña, como por el grupo que lidera el eurodiputado popular Alejo Vidal-Quadras, que recurrió la normativa
(…) La principal petición de los recurrentes era la anulación del reglamento por inconstitucional: el juez ni siquiera entra en esa discusión; es más, considera “ajustado a derecho” el desarrollo, muy extensivo, de la controvertida ley catalana de Política Lingüística de 1998, por la cual en la Universidad Rovira i Virgili el idioma catalán debe ser “de uso general y prioritario”. Los recurrentes impugnaban el reglamento como tiro por elevación contra esa ley. Han fallado en su primera pretensión.
Pero tampoco el Gobierno de Pujol puede tañer campanas considerando que ha obtenido un “aval” judicial a su política lingüística. La sentencia asume numerosas peticiones concretas de los recurrentes, aunque en general a causa del “exceso reglamentario” y no por inconstitucionalidad; tantas, que el reglamento queda hecho unos zorros. Anula el monolingüismo en la provisión de programas informáticos, en la contratación, en las relaciones con el “dominio” (ámbito) lingüístico catalán, y sobre todo recuerda que, aunque el fomento de la lengua propia entre los docentes sea legítimo, debe mencionarse el del castellano, también oficial.
Para un Gobierno responsable, no parece excelente que un juez dictamine que su Administración (universitaria) vulnera su propia ley autonómica. La sentencia anula numerosos preceptos del reglamento por atentar contra ella, no contra la Constitución. Es la segunda vez que ocurre. La primera fue el decreto de doblaje cinematográfico. El Defensor del Pueblo salvó por los pelos esa ley en la esperanza de que su desarrollo sería prudente y equilibrado. Las dos sentencias dictadas en contra revelan que no ha sido así y que la Generalitat está echando piedras sobre su propio tejado.
Convivencia Cívica recurre el reglamento del catalán del Ayuntamiento de Sabadell
(El País 15/8/2000)
Convivencia Cívica Catalana (CCC), asociación presidida por el eurodiputado del Partido Popular Aleix Vidal-Quadras, anunció ayer que presentará un recurso contencioso administrativo contra el reglamento para el uso de la lengua catalana del Ayuntamiento de Sabadell y pedirá su suspensión cautelar. (…)Este reglamento obtuvo la unanimidad de todos los grupos políticos, algo que el consistorio quiso destacar ayer en una nota pública, al igual que su respeto hacia la Ley de Política Lingüística de 1998
Hasta ahora, CCC había impugnado el reglamento lingüístico de la Universidad Pompeu Fabra y el de la Rovira i Virgili, de Tarragona, pero nunca antes había recurrido contra el de un ayuntamiento. En opinión de Alfons Pareja, coordinador en Sabadell de CCC, resulta sorprendente que “el actual alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, del PSC, que es el primer alcalde de este siglo que no es sabadellense ni catalán y que fue elegido por castellanohablantes, se acompleje de ello y apruebe un reglamento como ése”. El secretario de CCC, José Domingo, ironizó sobre el hecho de que, con este reglamento, algunos concejales se “han autocondenado al silencio”. Domingo se refería a que alguno de ellos no utiliza normalmente el catalán, mientras que el artículo 16 especifica que “los cargos de la Administración municipal tienen que expresarse habitualmente en catalán en los actos públicos”
(El País 25/9/2000)
Tras ingresar en el Partido Popular, el ministro Josep Piqué explicitó claramente cuál era su estrategia para el PP en Cataluña: a saber, ocupar el espacio que la extinta UCD había tenido en 1979, antes de la inesperada victoria de Jordi Pujol en las primeras elecciones autonómicas y de la propia descomposición del partido de Suárez. Es, pues, a la luz de esa estrategia, anunciada hace ya año y medio y orientada a crecer a costa del electorado de CiU, que debe verse el llamado “giro catalanista” aprobado por la organización regional del PP en Cataluña (ahora PPC) en su reciente congreso. (…) con este gesto el PP asume dos hechos básicos: que en Cataluña existe un sistema propio de partidos, distinto al español -independientemente de los diversos lazos de relación que se tengan con los partidos mayoritarios españoles-, y que este sistema propio de partidos responde a la generalizada aceptación, en grado diverso pero indiscutible, de la personalidad diferenciada de Cataluña.
(…) Que don Alejo, que se negaba a responder en catalán a sus alumnos de física en la universidad de los setenta, firme ahora sus artículos como Aleix, o que Alberto Fernández Díaz realice las ruedas de prensa en su trabajoso catalán no es, en absoluto, una cuestión de falaz oportunismo. Es nada más y nada menos que la aceptación de una normalidad democrática, de un consenso básico que existe en Cataluña en torno a la autonomía y al uso de la lengua que llamamos, guste o no a algunos, propia.
(…) La idea de la España única se la apropió la derecha reaccionaria, y con ella murió. Por eso, a uno le resulta incomprensible que un antiguo psuquero reivindique ahora la figura de Salvador Millet i Bel, un egregio representante de la burguesía catalana bajo el franquismo: esa burguesía del Turó Park, tan liberal ella, que nunca levantó un dedo, ni la voz, contra la ignominia franquista.
(El País 14/9/2004)
Es la primera multa que hace pública el Gobierno catalán por falta grave por incumplimiento de la Ley de Política Lingüística aprobada en 1998.
Malos tiempos para la militancia
(El País 22/10/2004)
La Guardia Civil tomó por terrorista a un adolescente que exigía a las empresas etiquetas en catalán
Los tres mails que envió Èric (“por favor, ponme el acento abierto”) a sendas empresas para pedir que etiquetaran en catalán sus productos llevaron a que el pasado 30 de de septiembre más de 20 agentes de la Guardia Civil, algunos llegados de Madrid, se presentaran en casa del joven con una orden de registro firmada por el Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional (AN), el mismo que investiga la posible extorsión etarra a cuatro famosos cocineros vascos.
Los mensajes -en castellano, “para que los entendieran”, aclara- incluían la amenaza de “bombardear” con mensajes las webs de las empresas a partir del 1 de octubre y estaban firmados por el Ejército del Fénix. Una cadena de hipermercados, sea porque interpretó demasiado literalmente la expresión “bombardear” o porque ignoraba que el nombre de la organización estaba extraído de las novelas del mago Harry Potter, dio crédito a las amenazas y se las comunicó a la Guardia Civil, y ésta a la AN.
Èric, de 14 años, no es un pirata informático. Dice carecer de conocimientos y los programas necesarios para enviar mails masivos. Su madre asegura que su acción no pasa de ser una “chiquillada”. Emilio Colmenero, abogado de Èric, se sorprende de que en la orden de registro se reconociera que faltaban pruebas, pero que se practicaba por la “inminencia de la amenaza” (un día antes de que expirara el plazo). También de que los agentes lo sustentaran en el artículo 571 del Código Penal, aplicado a los colaboradores con banda armada. Tras el registro y el interrogatorio, la AN se inhibió del caso y lo trasladó a la Fiscalía de Menores, en la que persisten los cargos de “subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública”.
La Guardia Civil confiscó la agenda personal y los ordenadores de Èric y su hermano. “Espero que los devuelvan rápido, porque los necesitan para estudiar”, dice la madre. Recuerda que uno de los agentes de Madrid exclamó un triunfal “¡mira cómo tiene la habitación!” al ver una gran senyera estelada. También explica que abrieron libros y buscaron en la papelera, y que cuando les advirtió de que estaba llena de pañuelos de papel húmedos por el resfriado de Èric, un agente la reprendió: “No se ría. Esto es muy serio”.
Los agentes citaron al día siquiente a Èric para el interrogatorio. “A las 18.00, para que pueda ir a clase”, terció su madre. Se interesaron por cuántos formaban ese Ejército del Fénix -“sólo yo”, se hartó de contestar- y por quiénes habían acudido a esa sospechosa reunión convocada en una web de Èric sobre Harry Potter. Fueron él, un amigo, su hermano mayor y su novia al cine, los dos últimos porque “la madre no deja ir solo a Èric a Badalona”, señala el abogado.
Pasados los nervios iniciales, que le condujeron al médico por un exceso de ansiedad, y convencido de que se han disipado los equívocos, Èric disfruta del papel central en los círculos que piden el etiquetado en catalán. Sólo reconoce errores en la forma. “Es la ley y la tienen que cumplir”, dice.
Varios colectivos de entidades regionales piden que no se discrimine el castellano
(El País 21/1/2005)
Una decena de entidades regionales en Cataluña, que agrupan a su vez a distintos colectivos, firmaron ayer un manifiesto en el que denuncian que determinados sectores de la sociedad y partidos políticos catalanes “pretenden imponer una visión cerrada y uniformista de Cataluña”, y reclaman que el catalán y el castellano reciban el mismo trato, “sin discriminaciones ni paternalismos asimilacionistas”. El manifiesto, titulado Una apuesta por la convivencia: por una Cataluña plural, asegura que esta imposición se está dando “bajo pretextos muy dispares”, como son “la defensa de los derechos de los animales”, en alusión a la petición de prohibir la muerte del toro en las corridas.
Algunos de los firmantes son la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña (FECAC), la Federación de Comunidades Andaluzas y la Federación de Casas Regionales, cuyo presidente, Julio Ríos, reclamó participar en la reforma estatutaria al considerar “extraño” que para elaborar el borrador hayan participado varias entidades de inmigrantes. “Nosotros no hemos sido invitados”, lamentó Ríos. Fuentes del Departamento de Relaciones Institucionales aseguraron a este diario que la Generalitat ha invitado en diversas ocasiones a la FECAC y a otras entidades regionales. El presidente de la FECAC, Francisco García Prieto, insistió sin embargo en el “diálogo” y negó que el manifiesto sea “contra un partido”, para que no se interprete como una alusión a Esquerra.
La primera en reaccionar a este manifiesto fue la plataforma de ciudadanos Els altres andalusos. Bienve Moya, miembro de esta asociación, se refirió a la petición de estas federaciones de participar en la elaboración del Estatut. “¿No son ellos también ciudadanos de Cataluña? ¿No pueden participar como tales?”, inquirió, después de rechazar la comparación de Ríos con los inmigrantes. “No advertimos discriminación. No queremos que pidan nada en nuestro nombre”, dijo. En su rueda de prensa atribuyeron la iniciativa a intereses de sectores como el que representa el presidente extremeño Rodríguez Ibarra.
El precio de las comunidades
(El País 25/1/2005)
Los vientos neoliberales soplan fuerte en el territorio lingüístico de nuestro país. Hemos pasado del tópico de la lengua como compañera del imperio al de la lengua como recurso que, siguiendo los pasos del inglés, nos debe traer beneficios económicos -olvidémonos ya de lo identitario y simbólico, vivimos en el siglo XXI-. Ante un producto que es barato y que tenemos todos a nuestro alcance, ¿quién se puede resistir?
Si a alguien todavía le queda un resquicio de duda, Juan R. Lodares en las páginas de este periódico se encarga frecuentemente de hacer la publicidad correspondiente. Lodares titula sus dos artículos más recientes, Español, SA (19-7-2004) y El precio de las gramáticas (7-12-2004), como si la lengua fuera un producto sólo digno de transacciones mercantiles.
(…) cual director de marketing de una empresa que se alegra de que otro producto no venda, se alegra de lo que ha ocurrido en tales países: las lenguas minoritarias se reducen cada vez más a periféricas, mientras que las lenguas que hacen “comunidad lingüística” son cada vez más populares.
(…) Lo que los catalanohablantes queremos y pretendemos es algo tan claro, democrático y elemental como poder vivir plenamente en la lengua de nuestra comunidad, sea ésta pequeña o interplanetaria. Esto, que a Lodares le debe parecer un disparate, ya que va en contra de su modelo económico, es lo que han hecho la mayoría de estados-naciones de Europa, pequeños y grandes. La diferencia está en que las naciones cuyas lenguas no han retrocedido (…) son las que tienen un aparato estatal que las apoya.
(…) disfrazar de fuerzas de mercado, comunicación a escala global y modernización lo que en realidad es fuerza coercitiva y discriminación. (…) Lo que esconde este argumento cuando se aplica al campo lingüístico es que tal muerte natural nunca es bidireccional, sino que suele ir en beneficio de un grupo y en detrimento de otro.
De nuevo, Lodares presenta sólo una cara de la realidad: con ese tipo de ideología y con la consiguiente política se logra que unos ciudadanos vivan lingüísticamente con toda comodidad en cualquier parte del Estado y en cualquier actividad oficial o privada, a costa de obligar a otros a renunciar a su propia comodidad; mejor dicho, a costa de reprimir y humillar a otros durante siglos para que abandonen su propia lengua y hasta lleguen a odiarla. (…) ¿Por qué ciertos españoles pueden ir tranquilamente al cine, a un juicio, a un restaurante, a una farmacia, al Ejército, al Congreso de los Diputados, a la Unión Europea, a estudiar a una universidad en su lengua y ciertos otros no? No deja de sorprender que Lodares se preocupe por los perjuicios que, según él, nos acarrea a estos otros españoles la defensa de nuestras lenguas, de nuestra identidad: ¿no será que teme perder él sus privilegios, su comodidad lingüística?
Visión catalana del mundo
(Artículo de Patxo Unzueta, El País 16/6/2005)
¿Tendrán razón los que sostienen que la definición de Cataluña como nación en el proyecto de nuevo Estatuto es un reconocimiento simbólico sin mayores consecuencias? La inclusión en el texto del deber de conocer la lengua catalana ¿es también un puro gesto simbólico que no perjudica a nadie? Un posible criterio para decidir si hay que prevenirse frente a esas novedades o dejarlas pasar sin mayor inquietud podría ser imaginar lo que un Gobierno dirigido por un nacionalista -Carod-Rovira, por ejemplo- podría hacer con un Estatuto que incluyera esos conceptos.
El mismo sábado 11 en que los líderes políticos catalanes debatían sobre la inclusión o no del término nación en el proyecto se publicaba en EL PAÍS un artículo de Pilar Bonet titulado Los ‘no ciudadanos’ de Letonia. Trata sobre los 470.000 habitantes (el 20% de la población) de origen ruso a los que no se les reconocen derechos políticos, el de voto principalmente. Para su renacionalización como ciudadanos de pleno derecho tienen que pasar un examen de lengua, historia y constitución nacional. Entre esos no ciudadanos figuran 15.000 niños nacidos con posterioridad a la independencia y no registrados por sus padres como letones. Letonia es un país miembro de la Unión Europea (UE), cuyas instituciones vienen presionando desde hace años para la supresión de esa discriminación.
También Estonia forma parte de la UE. En un artículo publicado en diciembre de 2003 en la revista Claves, Elena Jurado explicaba la discriminación aplicada al medio millón de habitantes rusohablantes (el 38% de la población) de esa república báltica, a los que se negó la ciudadanía a partir de la independencia, en marzo de 1991. Lo más impactante del artículo es la referencia a la frustración de muchos de esos ciudadanos al comprobar cómo, tras haber apoyado la secesión de la URSS por asociarla a la idea de democracia y respeto por los derechos humanos, se habían encontrado convertidos de la noche a la mañana en extranjeros.
Puede ser igualmente útil para los catalanes preocupados por su futuro observar la realidad de Euskadi, la comunidad en la que los nacionalistas han llegado más lejos en el intento de perpetuar su hegemonía política. En 1990, en pleno debate sobre la autodeterminación como remedio a la insatisfacción que ciertos líderes nacionalistas habían detectado en su corazón, a alguien se le ocurrió que para acabar de una vez por todas con ese debate lo mejor sería votar una resolución sobre el asunto en el Parlamento vasco: una resolución de reconocimiento y delimitación del derecho de autodeterminación en términos compatibles con el principio autonómico plasmado en el Estatuto de Gernika. La idea fue impulsada por Euskadiko Ezkerra, partido que poco después se fusionaría con el de los socialistas vascos.
La aprobación de la resolución no tuvo ninguna consecuencia, ni positiva ni negativa; pero 14 años después, el lehendakari Ibarretxe la utilizó como elemento de legitimación de su plan soberanista: “El pueblo vasco” -puede leerse en el preámbulo- “tiene derecho a decidir su propio futuro, tal y como se aprobó por mayoría absoluta el 15 de febrero de 1990 en el Parlamento vasco”. Lo que cuenta no es el contenido, sino la palabra: autodeterminación, interpretada como fundamento de un proceso constituyente cuyo desenlace (como ha escrito el profesor R. L. Blanco Valdés: Nacionalidades históricas y regiones sin historia, Alianza Editorial, 2005) “no podría ser otro que la misma independencia”. A la que se llegaría a través de un paulatino vaciado de competencias del Estado y la correlativa desprotección del ciudadano no nacionalista frente a abusos en terrenos como el judicial o el laboral con el pretexto del idioma.
La idea de que mientras gobiernen los nuestros no habrá peligro de atropellos antidemocráticos es voluntarista. Primero, porque no siempre gobernarán; segundo, porque una política filonacionalista impulsada por un partido de izquierda radicaliza a los nacionalistas genuinos y favorece su hegemonía a medio plazo. La cuestión es, por tanto, qué podría hacer en su día con la combinación entre la definición de Cataluña como nación y la obligatoriedad de hablar catalán un partido independentista: el de los autores, por ejemplo, de un inolvidable informe sobre la prensa difundido en mayo de 2004 que proponía crear un “espacio catalán de comunicación” que transmita la “forma catalana de ver el mundo”.
Lengua y cohesión social
(rtículo de Jordi Sánchez publicado en El País 26/2/2006)
El debate sobre la lengua nos amenaza de nuevo. Como si de un fenómeno cíclico se tratara, cada cierto tiempo y en curiosa comunión entre unos pocos profesionales de la agitación lingüística en Cataluña, unos medios de comunicación casualmente siempre ubicados fuera de Cataluña y algún político en activo, sale a relucir lo mal que los castellanohablantes están en este país, lo mucho que los perseguimos en cada esquina y en cada escuela y lo mucho que se vulneran los más elementales derechos humanos. Hay que asumir que estos relatos, narraciones o intervenciones panfletarias (cada uno lo definirá como quiera) que tienen la aspiración siempre frustrada de describir la realidad, forman ya parte de nuestro paisaje social y político. Todo ello no tendría más importancia si de manera permanente cuando las banderas del debate lingüístico se alzan no surgiera siempre el riesgo de que esta agitación afecte la convivencia.
Afortunadamente, la realidad social ha discurrido al margen de estos agitadores. La prueba más contundente es que en los 23 años que nos separan ya de la primera ley de normalización lingüística y en concreto del modelo de inmersión, los casos que han culminado en un conflicto en los tribunales son no sólo numéricamente insignificantes, sino que además se pueden calificar como anecdóticos en la medida que no han tenido la más mínima solvencia ante los órganos judiciales competentes como para que éstos dictaminen una reforma substancial del modelo.
¿Alguien alberga dudas de que si algún organismo judicial, ya sea el TSJC o el Tribunal Constitucional, hubiera encontrado el más mínimo escollo de inconstitucionalidad en la ley de normalización y en la práctica de inmersión lingüística no hubiera intervenido para su modificación? La historia de las actuaciones de los organismos judiciales no ha sido precisamente una historia favorable a las tesis nacionalistas ni tan sólo catalanistas. En la dialéctica política se puede aceptar que sobre la acción del Parlamento o del Gobierno Catalán se cuestione su intencionalidad. Pero nadie en su sano juicio puede dudar que los órganos judiciales en caso de duda hubieran intervenido con resoluciones claras al respecto.
Podemos estar convencidos de que el modelo de inmersión no sólo es bueno por los resultados que produce, sino por los métodos utilizados. Y hablando de resultados hay que poner en evidencia que no hay ningún dato que nos ponga sobre aviso de que ni el dominio de la lengua española por parte de los alumnos escolarizados en Cataluña sea menor o de peor calidad que de los alumnos escolarizados en cualquier otra comunidad, ni tampoco que los resultados educativos de los alumnos catalanes se puedan considerar más o menos exitosos en función de si su lengua materna es la catalana o la castellana.
Sobre esta última cuestión algunos de esos agitadores del debate lingüístico afirman que los datos del informe PISA de 2003 que ha elaborado la Fundació Jaume Bofill ponen en evidencia que existe una diferencia notable en los resultados obtenidos en función de la lengua de origen. Nada más alejado de la realidad. Como cualquier persona que se dedique a la sociología sabe, los factores sociales se interrelacionan entre sí. Y cualquier persona que presuma de conocer esta sociedad sabe también que la lengua es en Cataluña una realidad que se asocia claramente a una determinada posición socioeconómica. Es decir, es una evidencia que podemos establecer una relación significativa entre lengua familiar catalana y mejor posición socioeconómica y cultural de ese hogar. De la misma manera que podemos establecer una asociación entre lengua familiar castellana y estado socieconómico y cultural menor. No es ésta una afirmación que pueda sorprender a nadie. Es así desde hace 40 o 50 años y lamentablemente hoy sigue estando vigente. No es pues la lengua familiar lo que nos explica el mayor o menor éxito escolar, sino la posición socioeconómica y cultural que cada alumno lleva en su particular mochila vital.
Precisamente la inmersión pretende incrementar la igualdad de oportunidades en el dominio de las dos lenguas oficiales en Cataluña. La alternativa social a la inmersión es la doble escolarización. Si bastantes problemas sociales nos acarrea ya la existencia de una doble red (pública y concertada) en el sentido de que los resultados educativos, el éxito escolar, en una y otra comienza a ser alarmantemente diferente, qué no nos ocurriría si a esa dualidad le añadiésemos la de la escolarización por motivos de lengua. Mi percepción es que no mejoraríamos el rendimiento escolar global del país ni tampoco de ningún colectivo concreto y que disminuiríamos aún más las posibilidades de avanzar en la igualdad de oportunidades.
La alternativa a la inmersión es la separación de los niños en función de su lengua materna. ¿Es eso lo que se quiere desde esos que agitan la bandera del debate lingüístico? ¿Alguien cree de verdad que los resultados sociales en nuestro país a 10 o 15 años vista serán más prometedores si avanzamos en esa doble red de escolarización? Cada uno puede legítimamente tener las ideas políticas y los sentimientos identitarios que considere mejor. Pero lo que no se puede hacer es en nombre de unos sentimientos y de unas ideas poner en riesgo una realidad social diversa en lenguas y también en identidades que no ha dado ningún tipo de problema ni conflicto social relevante hasta la fecha de hoy. Crear problemas sociales donde no existen es simplemente irresponsable.
Las oficinas de garantías lingüísticas de la Generalitat registran 2.134 consultas en 2005
(El País 23/2/2006)
Pueyo quiso subrayar que las oficinas “no quieren tener ni tienen” ningún tipo de voluntad de “policía lingüística”. También aseguró que ninguna denuncia es anónima. Por su parte, Elvira Riera recordó que las OGL no tiene capacidad sancionadora, sino que se limitan a canalizar las denuncias hacia los organismos competentes, como la Agencia Catalana de Consumo o Inspección de Turismo. Riera dijo no saber si alguna denuncia acabó en sanción.
Sirera vuelve al discurso del PP sobre la confrontación lingüística
(El País 28/9/2007)
Los nostálgicos de la época de Aleix Vidal-Quadras al frente del PP en Cataluña no quedaron defraudados. Daniel Sirera dejó claro en su debut de ayer como jefe del grupo del PP que su antecesor, Josep Piqué, ha pasado a la historia, y con él, su tono de cierta moderación. Con una crítica furibunda contra todo lo que oliera a nacionalismo catalán, Sirera intentó arrebatar a Ciutadans la bandera de la defensa de los castellanohablantes en Cataluña. Y fue implacable al denunciar que el Gobierno de José Montilla toma medidas “contra el castellano”.
Las multas contra los comercios que se niegan a rotular sus establecimientos también en catalán y la “imposición” de la lengua catalana en la escuela fueron los ejes de una intervención en la que no se quedó corto con sus calificativos hacia el presidente de la Generalitat. De “nacionalista converso” y “oportunista” tildó a Montilla un Sirera que también recordó al presidente de la Generalitat su condición de castellanohablante.
Sirera actuó en todo momento como correa de transmisión del discurso que el entorno del presidente del PP, Mariano Rajoy, ha intentado hacer calar en las últimas semanas. Así, reprochó al presidente de la Generalitat que no haya condenado “explícitamente” la quema de retratos del Rey la semana pasada en Girona. “Si no lo ha hecho es porque es prisionero de sus pactos con Esquerra”, dijo. Sirera implicó directamente a Esquerra en estos episodios por el hecho de que uno de sus diputados, Uriel Bertran, se haya declarado culpable ante la policía de haber participado en “actos antimonárquicos”, que no especificó.
También entroncó con el discurso del PP en el ámbito nacional al atacar la asignatura de Ciudadanía y denunciar, mostrando un libro de texto de ESO, el “adoctrinamiento nacionalista” que reciben los niños catalanes. El libro en cuestión explica la historia de Èric Bertran, el niño que fue detenido por enviar correos electrónicos a una cadena de supermercados en nombre de un ficticio “Ejército de Fénix” para pedir el uso del catalán por parte de la empresa.
Las acusaciones de Sirera a Montilla guardaron cierto paralelismo con las que en su día ya hizo Piqué, con otro tono, a Pasqual Maragall: haberse convertido en nacionalista nada más pisar el Palau de la Generalitat. Eso es lo que en su opinión ha provocado mala sintonía entre el Gobierno catalán y el de José Luis Rodríguez Zapatero. “En un año han tenido siete conflictos de competencias con un Gobierno que en teoría es amigo”, recordó.
Montilla fue duro en su réplica. Recordó que las 191 multas impuestas a comerciantes el año pasado no eran por utilizar el castellano, sino por no utilizar también el catalán en sus rótulos. Y lanzó una implacable requisitoria contra el PP por haber promovido una feroz campaña en toda España contra el Estatuto al precio de quebrar la sintonía afectiva con Cataluña.
(El País 6/2/2008)
La paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. Es lo que le ha pasado al PP con su crítica a la promesa del PSOE andaluz de promover el estudio de catalán, gallego y euskera en las 46 escuelas oficiales de idiomas de Andalucía. Los populares han censurado durante cuatro días esta propuesta (“una pesadilla”, según su líder, Mariano Rajoy), sin percatarse de que en cuatro comunidades en las que gobiernan ya se imparten estas lenguas a través de sus escuelas oficiales de idiomas.
Rosa Díez reta al PSOE y al PP a defender el castellano
(El País 1/2/2008)
La cabeza de lista de Unión, Progreso y Democracia (UPD) por Madrid, Rosa Díez, arremetió ayer contra PSOE y PP por su “tibieza” en la defensa del uso de la lengua castellana en el modelo educativo. Díez manifestó que “no se puede llamar política lingüística el excluir la enseñanza del español, porque además se pierde competitividad”.
La ex eurodiputada socialista y ex consejera del Gobierno vasco bajo el mandato del peneuvista José Antonio Ardanza señaló que “el Gobierno de España debe defender el uso del castellano como lengua común”. En este sentido, Díez reiteró una de las ideas fundamentales del nuevo partido UPD que es que el Estado español tenga la competencia exclusiva en educación para evitar así problemas de competencias.
Además, para la líder de UPD, deben eliminarse los “privilegios” de algunas autonomías, incluso las fiscales que disfrutan País Vasco y Navarra, ya que “se debe profundizar en la igualdad, sea de personas o de territorios”.
(El País 21/4/2008)
(…) hay quien levanta la voz asegurando que se está produciendo una progresiva falta de espacio del castellano, e incluso se habla de persecución.
Son movimientos pequeños, muy recientes en Euskadi y Galicia y más consolidados en Cataluña, articulados políticamente sobre todo por el PP.(…) En Cataluña y Galicia no existe la posibilidad de estudiar sólo en castellano. En Euskadi sí, pero es una opción minoritaria, y el Gobierno vasco proyecta hacerla desaparecer por completo en dos años.
(…) Los afectados castellanohablantes esgrimen la Constitución y los derechos humanos para reclamar como un derecho escolarizar a sus hijos en su lengua materna.
(…) Así respondió, en catalán, Carod Rovira: “El castellano es una lengua hablada por 400 millones de personas que dentro de poco serían muchas más. ¿Alguien puede sostener de verdad que el futuro de la lengua española depende de Cataluña? ¿De verdad? Quien haya entrado en cualquier establecimiento de Cataluña habrá visto que se usan normalmente las lenguas más diversas, y que el catalán no está entre ellas. ¿No tenemos derecho como ciudadanos a reclamar la presencia normal de nuestra lengua? […] ¿Es normal que, fuera del ámbito catalán, haya sólo nueve universidades españolas en las que se enseña catalán? Eso frente a las 14 de Italia, 16 de Francia, 21 de Gran Bretaña y 29 de Alemania”.
(…) El modelo catalán se basa en un principio: “Si vivimos juntos, nos educamos juntos. Tener colegios diferenciados por razón de lengua es muy peligroso”. Con esta política, “un entorno completamente catalanizado no es previsible. Creo que en el contexto social hay suficiente castellano como para que se pueda aprender bien”.
(…) La respuesta de algunos lingüistas es que la enseñanza del castellano no se puede dejar en manos de la televisión. Por ejemplo, el académico de la RAE Gregorio Salvador considera un “derecho” estudiar en la lengua materna.(…) Con estas políticas no se perjudica al idioma, dice Salvador, “sino a las personas, que se ven privadas de la segunda lengua del mundo”.
Una veintena de intelectuales reclama reformas para defender el castellano
(El País 24/6/2008)
Una veintena de intelectuales ha promovido un manifiesto en defensa del castellano que fue presentado ayer en el Ateneo de Madrid y que reivindica la importancia de esta lengua y reclama una normativa legal – “que puede exigir una modificación constitucional y de los estatutos”- para garantizar los derechos de los españoles que quieran expresarse y estudiar en castellano, “única lengua común en todo el territorio”. Los promotores del Manifiesto por la lengua común llamaron ayer a la sociedad civil a la movilización, “a hacer cosas”, porque, señalaron, “los partidos van un poco por detrás” en este asunto
(El País 7/7/2008)
Redactado por el filósofo Fernando Savater y firmado por importantes figuras de la cultura (Mario Vargas Llosa, Álvaro Pombo o Albert Boadella) y del deporte (Iker Casillas), ha soliviantado la vida política española, ofendiendo a unos y animando a otros, que han azuzado el debate aireado por El Mundo y la Cope, Telemadrid y Tele 5. El PP se les ha unido y el principal impulso ha llegado desde Unión Progreso y Democracia, el partido de Rosa Díez, del que también forma parte Savater.
(…) Según el texto, hay una parte de la población presuntamente agredida por las políticas lingüísticas, sobre todo porque no pueden educarse sin trabas, si lo desean, con el castellano como lengua principal (es decir, vehicular, el idioma en el que se dan la gran mayoría de las clases, matemáticas, historia, física…).
Aunque Savater asegura que “no hay ni una sola frase en el texto que quite derechos a los hablantes de lenguas autóctonas” sí ha producido un sentimiento de agresión: “El tal manifiesto es una provocación, un acto de violencia intelectual del nacionalismo casticista centralista. Personalmente, me he sentido atacado. El manifiesto va contra las personas que somos bilingües”, asegura el escritor gallego Suso de Toro
(…) la polémica lingüística, que se abre y se cierra intermitentemente desde hace años, se centra sobre todo en Cataluña
(…) ¿Es injusto que alguien no pueda estudiar con el castellano como lengua principal en algún punto de España? Para Fernando Savater, la respuesta es sí, y por eso pide en el manifiesto que se cambien las leyes y, si es necesario, la Constitución, para arreglarlo.
(…) Jaume Carbonell, director de la revista especializada Cuadernos de Pedagogía
responde que la enseñanza obligatoria es, como la palabra indica, imposición -“pero también en el currículo de matemáticas o el física”-, y que el modelo catalán ha funcionado durante muchos años en su objetivo de dar cohesión social.
(…) Savater no niega que su manifiesto es político, ya lo dice la segunda frase, pero se trata de que “nadie tiene por qué sentirse extranjero en su país” y que “la política es una obligación de los ciudadanos”. A la identificación con la derecha, responde: “las normas discriminatorias de Baleares y Galicia las hizo el PP; y también nos han llegado quejas de padres de Valencia”.
Peces-Barba también culpa a todos los partidos: “El concepto de lengua propia es inventado. Por negligencia de todos, se ha forzado la Constitución. Sólo hay una lengua general y no puede ser secundaria”. Peces-Barba recuerda que la segunda ley del catalán, que nadie recurrió al Constitucional, llegó con la primera legislatura del PP en el Gobierno.
(Artículo de Jose Vidal Beneyto en El País 12/7/2008)
(…) En el primer caso hay que situar aquellas en las que los antagonismos nacionalistas se han subido a caballo de las lenguas, como en Bélgica, donde la rivalidad entre el francés y el flamenco se ha complicado con el enfrentamiento entre las comunidades territoriales de Walonia, Flandes y Bruselas. Sin olvidar a Malta, Quebec, Cataluña y tantos otros ámbitos.
(…) Es evidente que lo que no es ni legítimo ni deseable es que los líderes de cualquier comunidad, histórica o reciente, impongan la utilización de su lengua o lenguas a los miembros de otros ámbitos lingüísticos con fines políticos nacionalistas. Lo que sí es, en cambio, deseable e incluso necesario es impedirles que se sirvan de su política lingüística como dispositivo para, con pretexto de promover su patrimonio lingüístico, agredir a las otras lenguas.
(Artículo de Jose Vidal Beneyto, El País 19/7/2008)
(…) es imperativo combatir todas las prácticas de discriminación institucional del castellano y de los castellanohablantes que están teniendo lugar en algunas autonomías del Estado español, en especial Cataluña y Euskadi.
(…) Esas afrentas, desde luego indecentes y reprobables, no suponen peligro alguno para el castellano en España, ni siquiera en Cataluña.
(Artículo de Antonio Elorza, El País 12/7/2008)
(…) Fernando Savater ha hecho público un manifiesto sobre la paradójica situación en que se encuentra el español (o el castellano) ante la presión desarrollada desde hace una década sobre su presencia institucional en las “nacionalidades históricas”. (…) debiera servir para poner en marcha un debate ilustrado sobre un problema que está ahí.
(…) En círculos culturales próximos al Gobierno, la consigna fue no entrar en el fondo, alabar de pasada las políticas lingüísticas según el patrón catalán y, como conclusión, denunciar sin más “la endeblez” o “los errores” del manifiesto. Zapatero y la vicepresidenta pusieron la guinda, con su habitual receptividad ante las críticas: el manifiesto de defensa de la lengua es la Constitución y plantear ahora el problema del español equivale -en sentido reaccionario, claro- a la pasada exaltación popular de la bandera.
Acierta el presidente al mencionar la Constitución, porque en una manipulación torticera de las referencias en la ley fundamental a “la lengua oficial del Estado” y a las otras lenguas se encuentra la raíz del proceso mediante el cual la primacía legal de la primera ha sido subvertida desde los nacionalismos, colocando por delante “la lengua propia”. La política lingüística se ha convertido, con creciente intensidad, en instrumento de la política sin más de signo nacionalista
(..) Como en el caso de las selecciones deportivas, se trata de utilizar aspectos culturales y simbólicos para generar, unos conscientemente, otros, los socialistas, por seguidismo, una quiebra en los equilibrios trabajosamente conseguidos durante la Transición.
Protesta contra la exigencia de catalán en la sanidad balear
(El País 2/4/2009)
Más de 1.500 personas, la mayoría médicos y enfermeros de los hospitales públicos de Baleares, se concentraron ayer en Palma, Mahón, Ibiza y Formentera para “rechazar la imposición” del conocimiento de un nivel elemental de lengua catalana a los nuevos funcionarios del sector.
Mas avisa a Rajoy que no habrá acuerdos con el PP si toca la política lingüística
(El País 7/9/2011)
Cataluña no cederá ni “un milímetro” en la defensa del actual modelo de inmersión lingüística. Lo dijo ayer el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, y hoy lo repite el presidente de la Generalitat, Artur Mas. “Llevan muchos siglos tocándonos las narices con el tema del catalán, intentando que vaya a menos”, ha dicho el presidente de la Generalitat en declaraciones a la emisora RAC1. “Defenderemos nuestro modelo”. Mas ha defendido hoy la discriminación positiva para el catalán y ha lanzado un aviso al PP para que dé “un paso atrás” en su ofensiva contra la inmersión.
(…) “Con el tema de la lengua no se juega”, ha afirmado. “Nadie les toca las narices a los españoles con el castellano, ni a los franceses con el francés, ni a los alemanes con el alemán. ¿Y por qué a los catalanes nos tienen que tocar las narices con nuestro idioma?”, se ha preguntado.
El Gobierno sale en defensa de la inmersión lingüística y carga contra el PP
(El País 8/9/2011)
El Gobierno central ha salido hoy en defensa de la inmersión lingüística en la escuela catalana y ha recordado que el Tribunal Constitucional avaló la ley que la instauró, en 1983, pero ha lamentado que siempre que hay elecciones el PP use el catalán “como instrumento de confrontación y división”.
(Artículo de Josep Ramoneda, El País 7/9/2011)
(…) Desde hace casi 30 años en Cataluña rige un sistema de educación organizado a partir de la llamada inmersión lingüística en catalán
(…) Los detractores del modelo de inmersión acostumbran a minimizar el segundo objetivo: evitar la ruptura de Cataluña en dos comunidades separadas por la lengua, que hubiera podido conducir a un país de dos niveles, con la conflictividad social correspondiente
(…) No hay nada nuevo en el auto del TSJC, que se limita a pedir aclaraciones sobre el cumplimiento de una sentencia ya conocida. Pero algunos lo utilizan como pretexto para reclamar que el castellano sea vehicular en el 50% de las materias, cosa que la sentencia no dice; y otros, ven el fin del sistema de inmersión, que tampoco se dice en ninguna parte.
(…) La inmersión lingüística es un terreno en que CiU no puede hacer concesión alguna y si el PP insiste enrarecerá la relación. (…) Solo una mayoría absoluta del PP, que, en la práctica, dejaría a CiU sin voz ni voto en España, podría desatar sus reprimidas pulsiones soberanistas.
(El País 11/9/2011)
Cataluña celebra hoy su Diada nacional con claro acento reivindicativo y marcada por la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que insta a la Generalitat a implantar el castellano como lengua vehicular en la enseñaza catalana en el plazo de dos meses. Políticos, entidades sociales y culturales y sindicatos han centrado sus críticas en el PP por alentar lo que consideran un “ataque a Cataluña”.
“La transición nacional catalana se está haciendo. En las mentes de la gente de Cataluña cala un sentimiento de mayor soberanía y libertad”, aseguró Mas al acabar el acto institucional organizado por el Gobierno catalán y el Parlamento y al que asistieron más de 5.000 personas. Mas retomaba el anuncio que hizo hace meses, en su investidura, cuando dijo que Cataluña iniciaba una “transición nacional” hacia un nuevo escenario político que superaría el marco constitucional.
Para Mas, la “transición nacional” es una brecha que se ha abierto entre Cataluña y el resto de España acelerada por los “ataques” a la lengua y el autogobierno.
Mas tildará de ‘casus belli’ cualquier ofensiva contra el catalán
(El País 14/10/2011)
Mas ha lanzado una seria advertencia a quienes pretendan atacar la lengua catalana. “Para nosotros, hay una serie de temas y de líneas rojas, entre las cuales está la lengua catalana, que si se traspasan, si se atacan con una voluntad de destrucción o dilución, para nosotros esto es casus belli desde el punto de vista de la defensa del país”, ha alertado.
Mas ha recordado que el primer ministro del Québec, Jean Charest, con quien se reunió a principios de semana, es un nacionalista que defiende un modelo “federalista” para Canadá, pero según le confesó estaría dispuesto a acercarse a los postulados soberanistas si desde las instituciones canadienses se atacara la lengua francesa de Québec. En los últimos tiempos, ha denunciado Mas, desde instancias políticas y judiciales se han lanzado “amenazas claras” a la lengua catalana, con el objetivo de “atacar su línea de flotación”.
(El País 1/11/2011)
(…) La Agencia Catalana de Consumo ha revisado 1.062 denuncias hasta junio de este año. “La cantidad de sanciones es muy baja, solo un 10%. Son infracciones muy leves y de fácil solución”, apunta el director de la Agencia Catalana de Consumo
(…) Todos están obligados a cumplir la ley de política lingüística que establece que la rotulación de los establecimientos debe estar, al menos, en catalán. Cuando se decidió a imponer las primeras multas, el tripartito estableció que se darían facilidades para que los comerciantes inspeccionados cambiaran el cartel: “Si hay voluntad de rotular en catalán, no hay sanción”, resumía el anterior director de la agencia, Jordi Anguera. Conesa apuesta por seguir en esta línea: “No queremos sancionar y recaudar. Solo queremos que la ley se cumpla”, defiende.
(…) Pese a que la atención de los partidos políticos contrarios a las multas lingüísticas –PP y Ciutadans— se centra en la protección del catalán, la Generalitat también protege el castellano, según marca la legislación vigente. Aunque el incumplimiento en este campo es mucho menor: el Gobierno catalán multó en 2010 –los últimos datos de los que dispone la Agencia Catalana de Consumo—, a 9 empresas por no etiquetar en castellano. Un número reducido tras multar en 2009 a 94 firmas por este motivo. Estas multas, que como sanciones leves pueden alcanzar los 10.000 euros, cumplen con las 120 normas que obligan a etiquetar los productos, al menos, en castellano.
La Generalitat impuso en 2010 205 multas lingüísticas
(El País 12/3/2011)
Las multas lingüísticas se imponen a los comercios que no rotulan en catalán, de acuerdo con la Ley de Política Lingüística. El PP y Ciutadans son muy críticos con estas sanciones y han pedido varias veces su eliminación. Sin embargo, la Generalitat también aplica las 120 normas estatales que protegen el castellano en el comercio. En 2009, la Generalitat multó a 94 empresas por no etiquetar sus productos en español.
Etiquetas: Anticatalanismo : bilingüismo : conflicto lingüístico : independencia : nonacionalismo

References: artículo 14
 artículo 30
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 artículo 8
 artículo 3
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 artículo 16
 artículo 571
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