Source: https://proyectosdefensoria.wordpress.com/2017/05/19/eximicion-del-tributo-a-quien-promueva-accion-de-amparo-sobre-proteccion-de-derechos-a-la-salud/
Timestamp: 2018-03-22 19:26:19+00:00

Document:
Eximición del Tributo a quien promueva Acción de Amparo sobre Protección de Derechos a la Salud
ARTÍCULO 1.- EXIMIR del pago de todo tributo a quien promueva una acción de amparo cuyo objeto sea la protección de derechos a la salud y la pretensión pueda ser resuelta a través de la asistencia médica, farmacéutica, la provisión de prótesis u ortopedia o la prestación de servicios de rehabilitación. La acción de amparo podrá tener por objeto derechos individuales, de incidencia colectiva o incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos.
ARTICULO 2.- DEFERIR la exigibilidad del pago de aportes derivados del Decreto Ley 119 y la Ley 3146, para el momento de quedar firme la sentencia que recaiga en los procesos iniciados por la promoción de acciones de amparo mencionadas en el artículo anterior o en los supuestos de terminación del proceso previstos en el Libro Primero, Título 4, Capítulo 5 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Corrientes.-
ARTÍCULO 3.- QUEDAN comprendidos en los beneficios de esta ley las personas que acrediten debidamente una discapacidad y que promuevan acciones de amparo cuyo objeto sea la protección de derechos a la salud y donde la pretensión sea la asistencia médica, farmacéutica, la provisión de prótesis u ortopedia y/o la prestación de servicios de rehabilitación.
ARTICULO 4.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo.-
El propósito que anima esta iniciativa es relevar de los requisitos establecidos por el Estado para la promoción de acciones judiciales en general y que tienen efectos en particular sobre las acciones de amparo.
Específicamente, se trata de eximir a aquellas personas que promuevan acciones de amparo cuyo objeto sea la protección de derechos a la salud y donde la pretensión se resuelva a través de la asistencia médica, farmacéutica, la provisión de prótesis u ortopedia y/o la prestación de servicios de rehabilitación.
Se ha estimado para ello que quien plantea una acción de amparo persiguiendo la protección del derecho a la salud, prima facie se encuentra en una situación de extrema necesidad para cuya satisfacción deben allanarse todos los recaudos que, en casos de una extrema necesidad, pasan a erigirse en obstáculos para el rápido acceso a la justicia.
En estos casos, los recaudos tributarios o estatutarios que normalmente pueden ser exigidos para el inicio de cualquier acción judicial, se tornan inconvenientes para facilitar el acceso a la Justicia, pues son susceptibles de convertirse en cargas económicas insuperables o que impliquen trámites dilatorios ante la invocación de una extrema necesidad de satisfacción de un problema de salud que requiere urgente atención.
Que la medida así propiciada se encuentra enmarcada en primer lugar dentro del mandato preambular de velar por el bienestar general y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, en tanto y en cuanto el derecho a la salud participa de la naturaleza de los derechos económicos y sociales.
Asimismo el derecho a la salud se inserta como derecho merecedor de protección efectiva a partir de la Reforma de 1994 al otorgarse jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales que contemplan a la salud como valor y derecho humano fundamental.
En el orden internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó que los Estados están obligados a respetar los derechos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a organizar el poder público para garantizar a las personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos, extendiéndose esa obligación a todos los niveles de la administración, así como a otras instituciones a las que los Estados delegan su autoridad, por lo que la acción de toda entidad, pública o privada, que está autorizada a actuar con capacidad estatal, se encuadra en el supuesto de responsabilidad por hechos directamente imputables al Estado, tal como ocurre cuando se prestan servicios en su nombre (CIDH CASO “XIMENES LOPES VS. BRASIL” SENTENCIA DE 4 DE JULIO DE 2006).
Por otra parte, se ha ponderado que el derecho a la salud reviste carácter dual o bifronte: forma parte el elenco no cerrado, de los derechos personalísimos, integrando a su vez, un derecho de mayor amplitud, que es el derecho a la vida, y la dignidad de la persona. También se vincula “con los derechos a la integridad y a la privacidad”. Y como tal, reviste carácter de un derecho humano, esencial, básico, diferenciado y exclusivo, es un derecho social, asumiendo el perfil de “derecho colectivo a la salud” (Cafferatta, Néstor A., Derecho a la salud y derecho ambiental, LLC2006, 409 – Derecho Constitucional – Doctrinas Esenciales Tomo II, 01/01/2008, 537).
Asimismo, se consideró q ue la vía procesal que indica con mayor certeza y seriedad la existencia de una necesidad de urgente atención, es la que se excita a través de la acción de amparo, dado que sus exigencias de admisibilidad y procedencia implícitamente comprenden aspectos que testimonian y justifican el beneficio tributario que se persigue se establezca con esta ley.
Si bien en el primer artículo del presente no se formula distinción en cuanto a los sujetos que quedarían alcanzados por la exención, se consideró oportuno que estas medidas alcancen de manera expresa a las personas con discapacidad, para de tal forma dejar efectivamente asentado el cumplimiento de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas hacia la República Argentina en este tema específico, según las cuales se instó a velar por que las personas con discapacidad gocen del derecho de acceso a la justicia, por ejemplo simplificando los trámites judiciales de denuncia de casos de discriminación o previendo vías de recurso para los casos en que reclamaciones razonables resulten desestimadas (99.102).
Por otra parte, en este punto, el artículo 44 de la Constitución de la Provincia de Corrientes prevé que es función del Estado promover y ejecutar políticas de protección integral y de fortalecimiento del núcleo familiar, tendientes a la prevención, rehabilitación y educación de la persona con discapacidad.-
Que asimismo, en dicho precepto se establece que el Estado asegura y garantiza a las personas con discapacidad, por medio de acciones positivas, el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales, las leyes y esta Constitución, sancionando todo acto discriminatorio en perjuicio de los mismos. El Estado promueve y ejecuta políticas de protección integral y de fortalecimiento del núcleo familiar, tendientes a la prevención, rehabilitación, educación, capacitación e inserción social y laboral.-
Que por otra parte, el Estado Nacional a través de la Ley 26.378 aprobó en el año 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, aprobados mediante resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 13 de diciembre de 2006.-
Que en el año 2014, por Ley Nacional N° 27.044, se otorgó jerarquía constitucional en los términos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por Ley 26.378.-
Que conforme al artículo 140º de la Constitución de la Provincia de Corrientes el Defensor del Pueblo tiene entre sus misiones la promoción y protección de los derechos humanos y demás derechos fundamentales del individuo, y los intereses difusos o colectivos de la comunidad, tutelados por el ordenamiento jurídico, ante hechos, actos u omisiones de todo poder, ente u órgano público provincial.
Que el Defensor del Pueblo posee iniciativa legislativa y puede proponer a todo poder, ente u órgano provincial reformas legales, quienes tienen el deber de considerarlas (Art. 142 Constitución Provincial).
Por las razones expuestas se solicita se otorgue debido tratamiento de esta iniciativa.
19 mayo, 2017 ·
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Modificación a la Ley de Impuesto a las Ganancias a Jubilados »

References: ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 3
 artículo 14
 artículo 44
 resolución 
 artículo 75
 artículo 140