Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=639914
Timestamp: 2019-05-21 05:38:51+00:00

Document:
RETIRO PATROCINIO DE PROYECTO
LIMITACIÓN DE JURISDICCIÓN PENAL MILITAR
PETICIÓN DE OFICIO : Camilo Escalona Medina
ENMIENDA DE LEY Nº 18.695 Y REGULACIÓN DE ASOCIACIONES MUNICIPALES
DESIGNACIÓN DE SEÑORA SUSANA JIMÉNEZ SCHUSTER COMO CONSEJERA NACIONAL DE PESCA
PRÓRROGA DE PROGRAMA DE EMPLEO DE EMERGENCIA. PROYECTO DE ACUERDO
9. MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES MUÑOZ ABURTO, ALLENDE (DOÑA ISABEL) Y ESCALONA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE INDULTOS PARTICULARES (7205-07)
10. MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES ALLENDE (DOÑA ISABEL), RINCÓN (DOÑA XIMENA), MUÑOZ ABURTO Y ROSSI, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY RELATIVO A TÉRMINO DEL CONTRATO DE TRABAJO POR FALTAS A LA SEGURIDAD MINERA (7210-13)
Sesión 52ª, en martes 14 de septiembre de 2010
(De 16:17 a 17:33)
III.	TRAMITACIÓN DE ACTAS.............................................
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre jurisdicción penal militar (4792-07) (se aprueba en general y vuelve a Comisión)............
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y regula asociaciones municipales (6792-06) (se aprueba en general)............
Designación de señora Susan Jiménez Schuster como Consejera Nacional de Pesca (S 1287-05) (se aprueba).............
Prórroga de Programa de Empleo de Emergencia. Proyecto de acuerdo (S 1290-12) (se aprueba)...................
Peticiones de oficios (se anuncia su envío)¿¿¿¿¿¿¿.
Concurrieron, además, los Ministros de Defensa Nacional , señor Jaime Ravinet de la Fuente, y Secretario General de la Presidencia , señor Cristian Larroulet Vignau.
El señor PIZARRO (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 47ª, ordinaria, en 7 de septiembre; 48ª y 49ª, ambas especiales, y 50ª, ordinaria, en 8 de septiembre, todas del año en curso, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
1.- Proyecto de reforma constitucional que establece la iniciativa ciudadana de ley (boletín N° 7.206-07).
2.- Proyecto de ley en materia de fiscalización ambiental (boletín N° 7.213-12).
--Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Con los dos restantes hace presente la urgencia, calificada de "simple", respecto de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas (boletín N° 4.248-06).
2.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del "Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y la República de Turquía", suscrito en Santiago el 14 de julio de 2009 (boletín N° 6.833-10).
--Se tienen presentes las nuevas calificaciones y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con los cinco primeros comunica que ha prestado su aprobación a las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto de acuerdo que aprueba el "Convenio sobre la Distribución de Señales Portadoras de Programas Transmitidas por Satélite", adoptado en Bruselas el 21 de mayo de 1974 (boletín N° 7.021-10).
2.- Proyecto de acuerdo que aprueba el Quincuagésimo Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica N° 35, sobre el Comercio de Servicios, entre los Gobiernos de los Estados Partes del MERCOSUR y de Chile, celebrado en Montevideo, el 27 de mayo de 2009 (con urgencia calificada de "simple" ) (boletín N° 6.690-10).
3.- Proyecto que modifica la ley N° 17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, con el objeto de ampliar las causales de implicancia de los ministros de ese organismo (boletín N° 6.163-07).
4.- Proyecto que enmienda la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia del concepto de embarcación artesanal y de su clasificación por eslora; del reemplazo de la inscripción en el Registro Pesquero Artesanal , y de los requisitos para inscribirse en el mismo Registro (boletín N° 6.242-21).
5.- Proyecto que modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, respecto de las facultades del Servicio Nacional del Consumidor (boletines Nos 6.973-03 y 7.047-03, refundidos).
Con el último informa acerca de la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Bicameral destinada a elaborar el Reglamento del Consejo Resolutivo establecido en el inciso noveno del artículo 66 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.
Siete del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con los tres primeros remite igual número de copias autorizadas de las resoluciones dictadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 38, inciso quinto, y 38 ter de la ley N° 18.933, y 1° de la ley N° 20.224.
--Se toma conocimiento y se envían los documentos a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Con los cuatro últimos remite igual número de copias autorizadas de las sentencias dictadas en las acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 1° de la ley N° 19.989 y 31 del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 2005.
Dos del señor Contralor General de la República:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, referido a la investigación de supuestas irregularidades cometidas en los hospitales de la provincia de Malleco.
Con el segundo contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Cantero, acerca de la investigación sobre arrendamiento de predios fiscales para la extracción de áridos en la Región de Antofagasta.
Ocho del señor Ministro del Interior:
Con el primero da respuesta a un oficio despachado en nombre del Senador señor Prokurica, relativo a los efectos de la Reforma Previsional con relación a los beneficios contemplados por diversos cuerpos normativos para ex presos políticos.
Con los cuatro siguientes contesta igual número de oficios expedidos en nombre del Senador señor Frei, respecto de la ejecución de los proyectos denominados "Contratación de Obras para el Mejoramiento de la Urbanización en Rahue Bajo"; "Contratación de Obras de Urbanización en la localidad de Cancura"; "Entubamiento del Estero Los Eucaliptos" en la comuna de Osorno, y diversos proyectos presentados por la señora Alcaldesa de Paillaco al Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Con el sexto responde un oficio dirigido en nombre del Senador señor Quintana, sobre término del programa de reconocimiento al exonerado político.
Con el séptimo da respuesta a un oficio cursado en nombre del Senador señor Tuma, referido al envío de los últimos Informes Alfa correspondientes a las Regiones Metropolitana, de Valparaíso, del Libertador General Bernardo O´Higgins, del Maule, del Biobío y de La Araucanía.
Con el último contesta un oficio remitido en nombre de la Senadora señora Rincón, relativo a la entrega de mediaguas y nuevas casas a los damnificados por el terremoto de la Región del Maule.
Con los tres primeros da respuesta a igual número de oficios expedidos en nombre del Senador señor Frei, relacionados con la reposición del camino del sector de Maizal, comuna de San José de la Mariquina; la mantención de las operaciones del Aeródromo La Florida, y la ejecución de los pasos niveles de conurbación de La Serena y Coquimbo, en la Región de Coquimbo, y el inicio de las obras del paso nivel de Peñuelas, de esa misma Región.
Con el cuarto contesta un oficio remitido en nombre de la Senadora señora Rincón, referente al estado de conservación del paso inferior Presidente Ibáñez, en el área sur de la Región del Maule.
De la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, mediante el cual da respuesta a un oficio cursado en nombre de los Senadores señores Coloma y Larraín, con el que solicitan prorrogar el plazo de registro de damnificados en las instancias municipales de la Región del Maule.
Dos de la señora Ministra del Medio Ambiente:
Con el primero responde un oficio despachado en nombre del Senador señor Quintana, acerca del establecimiento de un lugar para el depósito de residuos domiciliarios de la comuna de Vilcún.
Con el segundo contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, sobre la irrupción en la zona austral del alga denominada "Didymosphenia Geminata".
Del señor Subsecretario del Interior , con el que da respuesta a un oficio dirigido en nombre de la Senadora señora Rincón, respecto de la ejecución del plan cuadrante de seguridad preventiva en la comuna de San Javier, Región del Maule.
Del señor Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, por medio del cual responde un oficio expedido en nombre del Senador señor Navarro, acerca de las razones por las cuales se cerró el acceso al fundo Nonguén por el sector denominado "Las Canteras", en el límite entre Concepción y Chiguayante.
Dos del señor Jefe de Gabinete del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Walker (don Ignacio), relativo a las normas de calidad del agua potable para consumo humano en las provincias de San Felipe y Los Andes.
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre de la Senadora señora Alvear, con relación al estado de avance de las obras de mitigación del derrumbe del cerro Divisadero, comuna de San José de Maipo.
Del señor Presidente de la Corporación Chilena de la Madera A.G., mediante el cual responde un oficio cursado en nombre del Senador señor Navarro, referido al pago del impuesto territorial por parte de las empresas forestales.
De las Comisiones de Hacienda y de Minería y Energía, unidas, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea un nuevo sistema de protección al contribuyente que enfrenta variaciones en los precios internacionales de los combustibles (boletín N° 7.064-05).
De los Senadores señor Muñoz Aburto, señora Allende y señor Escalona, con la que inician un proyecto de reforma constitucional en materia de indultos particulares (boletín N° 7.205-07).
De los Senadores señoras Allende y Rincón y señores Muñoz Aburto y Rossi, con la que dan inicio a un proyecto de ley relativo al término del contrato de trabajo por faltas a la seguridad minera (boletín N° 7.210-13).
Permiso Constitucional Solicitud del Senador señor Girardi --Se accede.
Comunicación Del Senador señor Longueira --Se toma conocimiento.
Tiene la palabra el Senador señor Longueira para referirse a la Cuenta.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente , solo deseo saber qué ha ocurrido con el segundo informe de las Comisiones de Constitución, Legislación Justicia y Reglamento y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas, y también con el de Hacienda, recaídos sobre el proyecto que propone crear el Tribunal Ambiental. Aún no se ha dado cuenta de ello y no está en tabla.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Secretaría me informa que se dará cuenta de esos informes en la sesión de mañana.
El señor LONGUEIRA.- Gracias.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente , en la reunión de Comités celebrada en la mañana se acordó el funcionamiento de la Comisión de Constitución en paralelo con la Sala para tratar la iniciativa que modifica la Ley Antiterrorista. Íbamos a pedir autorización del Senado para que dicho órgano técnico comenzara su trabajo a las 19. Pero ahora pensamos que sería mejor empezar a funcionar a las 17:30.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Me parece muy oportuno, señora Senadora.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Corresponde, en primer lugar, ocuparse del proyecto de ley, iniciado en moción de la Honorable señora Alvear, sobre jurisdicción penal militar, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
--Los antecedentes sobre el proyecto (4792-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 81ª, en 3 de enero de 2007.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, sesión 65ª, en 14 de noviembre de 2007.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- El propósito principal de la iniciativa es modificar el Código de Justicia Militar mediante la limitación de la competencia de los tribunales militares. Se establece que estos conocerán de los delitos que la ley castigue con pena militar. Y de los delitos sancionados con penas comunes conocerá la justicia ordinaria.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió el proyecto solamente en general y le dio su aprobación a la idea de legislar por 3 votos a favor (Senadores señora Alvear y señores Gómez y Muñoz Aburto) y 2 abstenciones (Senadores señores Chadwick y Espina).
El texto de la iniciativa que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas pertinentes del primer informe.
Cabe tener presente que este proyecto requiere, para su aprobación, el voto conforme de 21 señores Senadores.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- En discusión general.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente , me han informado que está en trámite algo de lo que plantearé.
Pido que se recabe el asentimiento de la Sala para que este proyecto también sea visto por la Comisión de Defensa. Se trata de una propuesta que guarda relación directa con asuntos militares, pero dicho órgano técnico no ha emitido ninguna opinión sobre el particular.
La Senadora señora Alvear me dice que alguna gestión se ha hecho en ese sentido.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, quiero referirme a dos cosas.
En primer lugar, el proyecto fue presentado a tramitación el año 2007 -o sea, cuando no existía una coyuntura grave como la que enfrentamos hoy- y aborda exclusivamente lo relativo a la competencia de los tribunales militares, como explicó claramente el señor Secretario en su relación.
La iniciativa, originada en moción, se ajusta de mejor manera a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al circunscribir la jurisdicción castrense al conocimiento de los delitos propiamente militares, entendiéndose por tales los que lesionan un interés exclusivamente militar.
Por eso proponemos excluir de la competencia de los tribunales castrenses los atentados contra Carabineros, el homicidio, el maltrato de obra y las amenazas cometidos por civiles, así como las infracciones efectuadas por civiles al Código Aeronáutico. Pero principalmente se busca eliminar los primeros delitos mencionados, debido a su gran incidencia en casos que actualmente se tramitan en dichos juzgados.
Quiero destacar que el propio Presidente de la Corte Suprema hace un par de días mencionó que los instrumentos y mecanismos que contempla la reforma procesal penal vigente son suficientes y que este otro tipo de legislaciones pareciera ser cuestionable en un Estado moderno, en especial, durante un período de paz.
Por ello, el proyecto en debate es extraordinariamente simple. Solo aborda lo relativo a la competencia de los tribunales castrenses, para que se aboquen únicamente a delitos militares cometidos por militares. Por ende, corresponde radicar en la justicia ordinaria el resto de los delitos.
Conversé con el Ministro señor Ravinet , quien me manifestó que se habló de esta moción durante una reunión de Comisiones en la Cámara de Diputados y que, fruto de las opiniones vertidas, se acordó acortar el proyecto que el Gobierno presentó sobre la materia -el Ministro me corregirá si entendí mal-, el cual se sometería pronto a votación.
En consecuencia, de acuerdo con lo anterior, sugiero que votemos la idea de legislar; esperemos la llegada de la iniciativa del Ejecutivo para analizar ambas propuestas en conjunto, y entonces, como solicitó el Senador señor Prokurica , remitamos los proyectos a las Comisiones de Defensa Nacional y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, unidas, tal como se procedió en la Cámara Baja.
De ese modo, podremos avanzar rápido sobre la base de la proposición del Gobierno y los aspectos que se consideren relevantes de la iniciativa en discusión.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.
El señor RAVINET ( Ministro de Defensa Nacional ).- Señor Presidente , el Gobierno comparte algunas de las disposiciones planteadas en la moción en comento y, más que nada, valora el interés de acotar la jurisdicción y competencia de los tribunales militares y de efectuar una profunda modificación a su sistema orgánico y procesal para adaptarlo a las normas vigentes en materia procesal penal de nuestro país.
Para lo primero, enviamos un proyecto muy completo a la Cámara de Diputados a fin de incorporar precisiones y planteamientos como los siguientes: establecer que los civiles sean siempre juzgados por tribunales penales ordinarios; disponer que, en caso de coautoría, los militares sean juzgados por los tribunales castrenses y los demás, por los civiles; evitar que los juzgados militares procesen a menores de edad; fijar normas de procedimiento especial para delitos cometidos por civiles con claro daño a la seguridad del país (sabotaje, espionaje, robo de documentos militares, etcétera), las que, manteniendo la bilateralidad y el debido proceso, deberán asegurar la reserva y el necesario resguardo de los principios de seguridad nacional; eliminar el delito de desacato; determinar un sistema especial para las policías uniformadas; plantear la posibilidad de traspasar a la justicia ordinaria las actuales causas contra civiles que llevan los tribunales castrenses, etcétera.
Dicha iniciativa, originada en mensaje, es bastante sistémica y forma parte de los anuncios realizados por el Presidente de la República el pasado 21 de mayo en este Parlamento conforme a su programa de gobierno. Como dije, tal propuesta se complementará, en los próximos dos meses, con una reforma al sistema orgánico de los juzgados militares, en la cual se plantearán normas sobre los tribunales de garantía, la defensoría pública, la fiscalía y el debido proceso, a fin de someter esto, en última instancia, a la jurisdicción de la Corte Suprema.
Consideramos que los proyectos referidos son de tipo sistémico.
Esta mañana las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Defensa Nacional, unidas, de la Cámara de Diputados aprobaron unánimemente la idea de legislar sobre la iniciativa del Ejecutivo. Además, le pidieron al Gobierno, también por consenso, separar los asuntos relativos a la competencia de los tribunales, con el fin de dar una señal potente ante los problemas derivados de la huelga de hambre de comuneros mapuches.
Reitero: dicho proyecto fue aprobado, por unanimidad, en las referidas Comisiones de la Cámara Baja.
Por eso, señor Presidente , nos parece de toda lógica que esta Corporación espere la llegada desde la otra rama del Congreso de nuestra propuesta legislativa, que es más integral. Algunas sugerencias de la iniciativa en debate se hallan en perfecta armonía con las del proyecto del Ejecutivo ; otras, que no están incluidas en este, son discutibles.
Por tal razón, nos parece de toda prudencia pedir al Senado que aguarde el despacho de la iniciativa desde la Cámara de Diputados antes de avanzar en el conocimiento particular de las disposiciones del texto en análisis.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente , quería referirme a la solicitud del Honorable señor Prokurica , pero ya no es necesario, dado que la Senadora señora Alvear manifestó su disposición como autora de la moción y la de los miembros de la Comisión de Constitución a abordar en conjunto ambos proyectos: el que se tramita en la Cámara Baja y este.
Mi diferencia de criterio con el Senador señor Prokurica radica en que, a mi entender, esta materia es propia de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y no de la de Defensa Nacional. Por tanto, no debiera ser tratada por ambos órganos técnicos.
Pero dejo ese criterio pendiente, en virtud de lo antes indicado.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente , solo para explicar que no comparto lo expresado por el Honorable señor Escalona, ya que por algo se encuentra aquí el señor Ministro de Defensa Nacional . Asimismo, esta iniciativa se tramitó en la Cámara de Diputados en las Comisiones unidas de Defensa y de Constitución, Legislación y Justicia.
Además de lo anterior, hay delitos militares específicos, como el espionaje, la traición a la patria y otros más, que justamente son de competencia castrense.
Por lo tanto, a mi juicio, sí tiene que ver la Comisión de Defensa Nacional con la materia de que trata el proyecto.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, Girardi, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Ruiz-Esquide, Sabag, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Queda aprobado en general el proyecto y se procederá como se ha establecido en el debate en la Sala, esto es, vuelve a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento a la espera de la iniciativa que se encuentra en primer trámite en la Cámara de Diputados, correspondiente al boletín Nº 7.203-02.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y regula las asociaciones municipales, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (6792-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 38ª, en 3 de agosto de 2010.
Gobierno, Descentralización y Regionalización, sesión 50ª, en 8 de septiembre de 2010.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- El objetivo principal de la iniciativa es facultar a las municipalidades para asociarse entre ellas y gozar de personalidad jurídica de derecho privado.
La Comisión de Gobierno discutió este proyecto solamente en general y le dio su aprobación a la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Bianchi, Pérez Varela, Sabag y Zaldívar (don Andrés).
El texto aprobado por la Comisión es el mismo que despachó la Honorable Cámara de Diputados en el primer trámite y se transcribe en el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios.
Corresponde señalar que el artículo 1º y el artículo transitorio tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 21 señores Senadores.
El señor SABAG.- Señor Presidente , el mensaje con que se envió a trámite legislativo el proyecto en debate señala que en mayo de 2009 fue promulgada la ley Nº 20.346, que aprobó la reforma constitucional en materia de asociación municipal, la cual modificó el artículo 118 de la Carta Fundamental, facultando a las municipalidades para asociarse entre ellas en conformidad a la ley orgánica constitucional respectiva.
En tal virtud, se hace necesario efectuar las adecuaciones pertinentes en dicha ley orgánica, propósito que cumple la iniciativa en informe.
A partir de 1993, las municipalidades se han venido asociando entre ellas con el fin de desarrollar formas colaborativas de gestión. La experiencia internacional demuestra que la asociatividad ha sido fundamental en el fortalecimiento de la autonomía municipal, en el desarrollo político, financiero y administrativo y, sobre todo, en una mayor efectividad y eficiencia de las administraciones locales.
Las asociaciones de municipalidades son un importante referente de la institucionalidad municipal. Gran parte de los municipios del país se encuentran adscritos a algún referente asociativo, sea este de carácter nacional, regional, territorial o temático.
Así, en el ámbito nacional, encontramos a la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).
Por su parte, las de índole regional se hallan constituidas por capítulos regionales organizados en torno a intereses relativos al desarrollo regional.
A su vez, las de carácter territoriales están conformadas en torno a un proyecto común relacionado con un aspecto territorial compartido, tal como una identidad cultural o económica-productiva, constituyendo estas el mayor número de asociaciones municipales existentes.
Finalmente, se encuentran aquellas de índole temática, integradas sobre la base de intereses comunes de un grupo de municipios, tales como aquellos de carácter turístico, minero, de desarrollo rural, etcétera.
Sin perjuicio de sus importantes logros, la asociatividad municipal ha enfrentado dificultades derivadas de la estructura normativa que no le reconoce personalidad jurídica a estas asociaciones municipales, por lo que, por ende, no pueden actuar como sujetos de derecho con plena capacidad, viéndose obligadas a funcionar bajo el alero de la municipalidad cuyo alcalde, transitoriamente, ejerce la presidencia de la respectiva asociación. Ello genera una serie de problemáticas, tales como la falta de autonomía financiera, inconvenientes en la administración de sus bienes y entorpecimiento en la gestión del personal.
Tales dificultades han hecho concluir a la Contraloría General de la República, según cita el mensaje, que la carencia de personalidad jurídica les "dificulta su pleno desarrollo y su reconocimiento, como sujetos de derecho. Por ello, se sugiere subsanar este inconveniente".
Estas consideraciones se tuvieron en vista al introducir la modificación al inciso sexto del artículo 118 de la Constitución, donde se incorporó una declaración que establece que podrán gozar de personalidad jurídica de derecho privado, de conformidad con lo que establezca la ley orgánica constitucional respectiva.
En el escenario descrito, es necesario legislar en esta materia con el objeto de cumplir los siguientes fines:
a) Profundizar el proceso de descentralización, dándole autonomía a las asociaciones municipales como estrategia para el desarrollo de los territorios.
b) Tener asociaciones municipales como sujetos de derecho, rescatándolas de una suerte de marginalidad en relación con el resto de los actores del desarrollo territorial.
c) Lograr mayor liderazgo asociativo a largo plazo, lo que se ve en estos momentos perjudicado, por cuanto, al no poder existir asociaciones con personalidad jurídica propia, deben funcionar con la de un municipio que tendrá a su cargo la administración y dirección de los servicios que se presten u obras que se ejecuten.
d) Regular los actos administrativos de las asociaciones, al darles sustento legal, permitiéndoles disponer de patrimonio propio y de la facultad para contratar personal bajo su dependencia jurídica y administrativa.
e) Definir una dotación de personal estable.
f) Regular el patrimonio, ya que al tener personalidad jurídica propia permitirá a las asociaciones municipales contar con un patrimonio propio y contraer compromisos financieros.
g) Servir mejor a la comunidad, pues al fortalecerse el asociacionismo, este se perfecciona como herramienta eficaz para lograr una gestión más adecuada y eficiente, basada en economías de escala, satisfaciendo de mejor modo las diversas necesidades existentes en el territorio.
Señor Presidente , la idea matriz de la iniciativa en informe -aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Gobierno- es cumplir con la norma constitucional que faculta a los municipios para asociarse entre sí, de conformidad con la ley orgánica constitucional respectiva, pudiendo tales asociaciones gozar de personalidad jurídica de derecho privado.
Debo destacar que la Octava Región, que represento en esta Sala, fue una de las pioneras en partir con las asociaciones de municipios en territorios integrados por diversas comunas.
En efecto, desde 1993, existen el territorio de Amdel, con seis comunas; el de Biobío Centro, con tres comunas; el de Biobío Cordillera, con ocho comunas; el de Arauco, con siete comunas; el de Valle Itata, con nueve comunas; el de Punilla, con cuatro comunas; el de Laja Diguillín , con seis comunas; el de Pencopolitano, con siete comunas; el de Reconversión, con dos comunas (Lota y Coronel). Las únicas comunas que no se han integrado a ningún territorio son Chillán y Chillán viejo.
La participación y el avance que han logrado todas estas asociaciones ha sido realmente espectacular.
Hace ocho o siete días la Intendenta de la Octava Región le entregó a la Asociación de Municipios de Valle Itata vehículos para cada uno de los nueve municipios que la integran.
Y todo lo reseñado lo han conseguido gracias a la forma asociativa en que operan.
Por lo tanto, la materia en debate es una cuestión altamente conveniente. Y estamos cumpliendo con la Carta Fundamental al modificar la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para que puedan asociarse legalmente a lo largo del país.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Pérez.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente , el Presidente de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, don Hosaín Sabag , ha rendido un informe bastante completo. Por lo tanto, me ahorra una serie de comentarios.
No obstante, quiero señalar que la Cámara Alta en los dos últimos meses se ha abocado a legislar sobre materias que interesan a las municipalidades. Primero, dándoles nuevas facultades con motivo de la seguridad pública, mediante el cierre de pasajes y calles. Y ahora, permitiendo que puedan asociarse.
En los hechos, lo anterior se ha estado produciendo, pero con una precariedad legal y administrativa que hace que los frutos del encuentro de diversas municipalidades, ya sea por tema o por territorio, sean absolutamente insuficientes.
El trabajo de una determinada entidad edilicia respecto de su territorio requiere necesariamente el acuerdo con otras. Por lo tanto, tener la posibilidad de contar con personalidad jurídica les va a permitir avanzar de manera sustantiva en esos acuerdos que hoy día no es posible alcanzar.
Tal como dijo el Senador Sabag, por ejemplo, los siete municipios que conforman la provincia de Arauco de la Región del Biobío, que es una de las más pobres y a la cual represento junto con el Honorable señor Ruiz-Esquide , actúan en forma conjunta. Y fueron una contraparte importante para lo que se denominó en su momento el "Plan Arauco".
No obstante, por el hecho de no tener la fortaleza que da una personalidad jurídica, de no contar con una organización administrativa adecuada, de carecer de facultades para avanzar, el trabajo realizado quedó reducido a meros buzones, a simples solicitudes dirigidas al gobierno regional o al gobierno central.
Se produce, por otro lado, la incongruencia de que el Congreso, en asuntos que dicen relación a los municipios, tiene como contraparte a la Asociación Chilena de Municipalidades, la cual concurre de manera constante a las distintas Comisiones a exponer sus puntos de vista. Pues bien, aquellos actúan con una precariedad jurídica y administrativa verdaderamente insostenibles.
La municipalidad de la que forma parte el Presidente de dicha Asociación -como se señaló aquí- es la que debe llevar adelante todos los costos que ella implica referente a personal, contratar estudios, asesorías. Y ello, por lo tanto, genera una dificultad mayor.
Este es un proyecto que les otorga personalidad jurídica a estas asociaciones. Por lo tanto, es un instrumento mucho más efectivo para que la voluntad de poder actuar en conjunto acerca de cuestiones de carácter territorial o temático, así como en aspectos relacionados con educación y salud, sea verdaderamente más fecunda.
Le estamos dando a las municipalidades un espacio para que puedan representar mejor a sus comunidades.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- En este momento no hay más inscritos y me han pedido que abra la votación.
Si no hay objeción, se procederá en tal sentido.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- En votación la idea de legislar.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente , recién conversé con el Senador señor Sabag , quien informó el proyecto en nombre de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y la verdad es que me parece una iniciativa bastante interesante, que tuvo su origen en un mensaje de mayo del año recién pasado.
El proyecto recoge una demanda bastante sentida por los municipios del país, por las asociaciones de municipalidades.
La Región de La Araucanía, que represento en el Senado, cuenta con una de esas asociaciones -al igual que la inmensa mayoría de las Regiones del país-, las que han demostrado en el tiempo ser bastante eficaces.
La materia que aborda la modificación a la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, era un paso que faltaba dar. Como bien señaló el Honorable señor Sabag , la Constitución ya había sido enmendada con el objeto de posibilitar este tipo de asociaciones. De tal forma que dotarlas hoy día -ya sean regionales, provinciales- de personalidad jurídica, de patrimonio propio, de personal estable y posibilitar que puedan contraer compromisos financieros constituye una necesidad y más bien dicho apunta a una cuestión central. Incluso, muchas de estas asociaciones, en determinadas oportunidades, han sido críticas del Parlamento, a veces tal vez con razón, o quizás, por falta de comunicación.
En el ámbito educacional han señalado en varias ocasiones que aquí se legisla sobre una serie de proyectos sin contemplar su financiamiento. Yo creo que sería bueno homologar equipos técnicos que puedan tener los municipios, particularmente las asociaciones que son la voz regional en un país como el nuestro que se halla fuertemente marcado por el presidencialismo y en Regiones por figuras como los Intendentes y autoridades regionales.
Insisto en que es importante dotarlas de estos mecanismos, de estos instrumentos que permitan en debates como los que se llevan adelante en materias de educación, conocer exactamente cuál es su opinión. Pero esto no puede ser un sistema rotatorio como el que hoy día tenemos.
En la actualidad, como bien manifestó el Senador Sabag, el municipio que se hace cargo de la presidencia temporal de esta asociación tiene que contratar a los profesionales, poner los vehículos y, en mi opinión, muchas veces se actúa al límite de la legalidad en tales aspectos.
Esta modificación además va a posibilitar la adquisición de equipamiento, de vehículos. Muchas veces los consejos regionales disponen de recursos que son devueltos al nivel central porque no los pueden ejecutar, no los pueden invertir.
Yo creo que de aquí van a surgir necesidades muy importantes. Por lo pronto estoy pensando en una para la zona que represento que, tal vez, sea de las más exitosas que he visto en el último tiempo. Porque algunos de los temas asociativos, como señaló el Honorable señor Sabag , tienen que ver con el turismo, con cuestiones territoriales, con planes de desarrollo y resolver también aspectos relacionados con residuos sólidos domiciliarios. Esto, naturalmente, se hace de manera asociativa, porque nadie quiere llevarse la basura, especialmente cuando se trata de comunas grandes. Y cinco de ellas, que pertenecen a la Región de La Araucanía norte, como las de Angol, Collipulli -bajo la presidencia del Alcalde Leopoldo Rosales -, Purén , Los Sauces y Renaico , hoy día han logrado resolver dicha situación con fondos del gobierno regional.
En consecuencia, esta modificación legal va a favorecer y a posibilitar un proceso que para concretarlo de otra manera habría que darse varias vueltas, insisto, a veces al borde de la legalidad para facilitar estos objetivos que finalmente apuntan al desarrollo.
Por esa razón, señor Presidente , vamos a apoyar con total convicción esta modificación a la Ley Orgánica de Municipalidades.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, es para referirme a otra materia.
No sé si ya terminó la discusión de este proyecto.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Aún no finaliza, Su Señoría.
De hecho, ha pedido la palabra el Senador señor Navarro.
El señor LONGUEIRA.- Entonces hablaré una vez que termine el debate, porque como ya dije aludiré a otro asunto.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente , todo lo que tienda a favorecer la gestión territorial básica, que es el municipio, es positivo.
Muchas de estas asociaciones funcionan a veces de hecho y lo hacen en forma coordinada. No obstante, las normas propuestas en el proyecto en debate les van a permitir una participación mucho más decidida.
Tengo una pregunta para quienes han trabajado en la iniciativa: ¿Se va a posibilitar, por ejemplo, que algunas Direcciones de Administración de Educación Municipal (DAEM) puedan trabajar de manera conjunta en la administración de la educación municipal?
Soy partidario de crear las Corporaciones Regionales de Educación Pública y sacar a las municipalidades del ámbito educacional. Sin embargo, respecto de los costos y del alto endeudamiento que hoy tienen los municipios en educación y salud, la administración centralizada puede generar importantes ahorros.
Por otra parte -lo dijo el Senador Quintana-, existiría un conjunto de licitaciones de tareas de las que se hace cargo cada municipio (recolección de residuos domiciliarios y otras) en las que la formación de asociaciones permitiría bajar los costos.
De ser así, la ley en proyecto posibilitaría actuar a ese respecto con mayor agilidad. Y lo digo porque en muchas ocasiones se deben realizar 365 o más licitaciones.
Deseo saber, entonces, si se autorizará la asociación para todos los casos, y además, si los activos de las asociaciones pueden comprometer el patrimonio municipal.
Cuando se planteaba la asociatividad entre municipios chicos y grandes, se decía: "Sí, vamos a tener una asociación, pero cada cual concurrirá con un capital diferente para la solución de los diversos problemas".
Pongo como ejemplo lo ocurrido tras el terremoto y el maremoto. Uno se preguntaba para qué cada municipio iba a tener camiones aljibes, maquinarias, en fin. O sea, debe existir una coordinación que permita el funcionamiento de un equipo centralizado capaz de asistir de manera completa a un municipio frente a una emergencia, en vez de que cada uno cuente con un equipo propio y personal, porque esto es muy caro y poco eficaz.
Votaré a favor de este proyecto de ley, señor Presidente . Pero me gustaría que el Senador Sabag u otro colega que haya analizado esta materia me aclarara el punto, porque lo considero muy determinante para que la modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades surta efecto concreto.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente , intentaré responderle al Senador señor Navarro .
Efectivamente, esta iniciativa persigue fortalecer a los municipios más pequeños con respecto a sus pares de mayor tamaño. Y, obviamente, permite una asociación que en la práctica se da. Pero no tiene relación alguna ni con las corporaciones municipales ni con los DAEM.
Ahora, comparto el criterio señalado por el colega Navarro , que no es menor. Yo soy partidario del traspaso de competencias en materia de educación, por ejemplo, a los futuros gobiernos regionales -hoy son meros administradores regionales-, para que el Estado de Chile nunca se desprenda de la responsabilidad que le cabe en lo que va quedando de la educación pública. Sin embargo, esa es una discusión distinta, que pasa por el fortalecimiento de la educación pública. Y para allá va la cuestión.
El señor QUINTANA .- Así es.
El señor BIANCHI.- Por lo tanto, hoy estamos discutiendo un proyecto que solo se refiere a las asociaciones de municipios.
Votaron las señoras Alvear, Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Escalona, Frei (don Eduardo), García, Gómez, Horvath, Kuschel, Lagos, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Pérez Varela, Prokurica, Quintana, Rossi, Ruiz-Esquide, Sabag, Tuma y Walker (don Ignacio).
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Hay que fijar plazo para formular indicaciones.
¿Senador señor Sabag?
El señor SABAG.- El 4 de octubre.
El señor GÓMEZ (Vicepresidente).- A las 12.
Si le parece a la Sala, se resolverá en los términos indicados.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente , solo deseo pedir que se recabe el acuerdo de la Sala sobre la situación que expondré en seguida.
En esta sesión se dio cuenta de la recepción de un mensaje por el que se inicia un proyecto en materia de fiscalización ambiental. El propósito es resolver un problema generado a raíz de la ley que creó el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.
En efecto, dada la tardanza habida en la implementación de los tribunales ambientales, habrá un tiempo durante el cual, suprimida la CONAMA, no quedarán radicadas en ningún órgano de la Administración del Estado las facultades de fiscalización y sanción. Entonces, para salvar la situación que se producirá hasta que aquellos entren en funcionamiento, se presentó un proyecto de artículo único, que esperamos despachar mañana, a las 13, en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.
El sentido de mi intervención, señor Presidente , es pedirle que recabe el acuerdo de la Sala para que veamos en la tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria de mañana dicha iniciativa, que -repito- consta de un artículo, es simple y busca resolver una situación no prevista durante la discusión del proyecto a que me referí. La verdad es que esperábamos que los tribunales ambientales estuvieran instalados con bastante más prontitud.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Señor Senador, si la Sala estuviera de acuerdo, no habría objeción a su solicitud, excepto por dos puntos, según me indica la Secretaría.
Primero, el informe de la Comisión tendría que ser despachado a tiempo.
Y segundo, deberíamos esperar la opinión de la Corte Suprema, atendido que debe ser oída por disposición del artículo 77 de la Carta.
No olviden, Sus Señorías, que a este último respecto ya tuvimos una dificultad con el Tribunal Constitucional.
De resolverse ambos puntos, se colocará la iniciativa sobre fiscalización ambiental en la tabla de Fácil Despacho.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente , no advertí que en la Cuenta se había resuelto el envío del proyecto a la Corte Suprema, lo que, según entiendo, fue planteado por la Mesa o por la Secretaría.
La verdad es que no sé por qué se solicita la opinión del Máximo Tribunal, pues solo se extienden las facultades fiscalizadoras y sancionatorias a órganos del Estado.
El proyecto en cuestión -reitero- debió presentarse porque no están en vigencia los tribunales ambientales.
Por lo tanto, le pido a la Mesa revisar si se requiere el trámite a la Corte Suprema. Y en caso afirmativo, simplemente habría que esperar el informe respectivo.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Eso vamos a hacer, Su Señoría. Si se subsanan las dificultades, pondremos la iniciativa en la tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria de mañana. Por ahora, vamos a analizar en detalle los antecedentes.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Corresponde ocuparse en una solicitud de Su Excelencia el Presidente de la República para designar integrante del Consejo Nacional de Pesca a la señora Susana Jiménez Schuster.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1287-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 43ª, en 17 de agosto de 2010.
Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, sesión 50ª, en 8 de septiembre de 2010.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- El Ejecutivo señala que el nombramiento de la señora Jiménez corresponde por el plazo que resta para cumplir el período (esto es, hasta el 19 de febrero de 2014) del Consejero inmediatamente anterior, señor Tomás Flores Jaña, quien en la actualidad es Subsecretario de Economía .
La Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura recibió en audiencia a la economista señora Susana Jiménez, quien se refirió a su carrera profesional y académica, y, además, manifestó su opinión sobre el funcionamiento y la representación del Consejo Nacional de Pesca.
El órgano técnico informante, luego de analizar los antecedentes relativos a esta materia, concordó por la unanimidad de sus miembros presentes (Honorables señores Bianchi, Horvath, Orpis y Rossi) en que en esta designación se cumplen los requisitos y formalidades previstos por el ordenamiento jurídico nacional.
Hay que tener en cuenta que, para otorgar su acuerdo, esta Alta Corporación requiere el pronunciamiento favorable de tres quintos de los Senadores en ejercicio; en este momento, 22 votos afirmativos.
Finalmente, cabe mencionar que el Ejecutivo hizo presente la urgencia contemplada en el numeral 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental, que vence el 16 de septiembre; o sea, quedan dos días para la expiración del plazo.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Se activarán los timbres y procederé a abrir la votación.
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Rossi para fundar su voto.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, voy a votar en contra de esta solicitud. Y quiero fundamentar las razones.
No se trata de una valoración sobre la persona, el currículum, la trayectoria o la idoneidad de la profesional en comento, sino más bien de un cuestionamiento muy serio y de un profundo reparo a la manera como está funcionando el Consejo Nacional de Pesca.
Dicho organismo -y lo sabe muy bien el Senador señor Orpis , con quien compartimos opinión sobre el particular- se halla funcionando al margen de la ley respecto a la distribución de cuotas de captura que hizo la legislación que pretendía -y de alguna manera ha logrado este objetivo- poner fin a la "carrera olímpica".
Digo "al margen de la ley" porque la Contraloría se pronunció acerca de la forma como debían distribuirse las cuotas de captura por unidad de pesquería. Sin embargo, el Ejecutivo y la Subsecretaría de Pesca decidieron enviar durante la próxima semana un proyecto que permitirá hacer dentro de la ley lo que antes se realizaba fuera de ella, en vez de rectificar y distribuir las cuotas según corresponde y como claramente se encuentra dispuesto.
Por otro lado, debo señalar que el Gobierno del señor Piñera se comprometió con las unidades de pesquería del norte -Primera, Segunda y Decimoquinta Regiones - a entregar 40 mil toneladas de jurel como cuota adicional. El Subsecretario de Pesca hizo la propuesta del caso. Pero finalmente, por un problema de quórum -los consejeros designados por el Presidente no asistieron a la reunión del Consejo Nacional de Pesca-, no se reunieron los votos necesarios para aprobarla.
De otro lado, hay también un cuestionamiento bastante de fondo en el sentido de que esta es -diría yo- una de las pocas áreas de la economía donde el regulado es a la vez regulador.
Porque, ¿quiénes participan en el Consejo Nacional de Pesca? Representantes de los empresarios del sector pesquero, del norte y del sur.
Esto no se da en las telecomunicaciones ni en ningún otro ámbito de la economía: que el regulado actúe asimismo como juez, como regulador. Y, en definitiva, en este caso se decide sobre el destino de recursos marinos que son de todos los chilenos.
Tanto es así que, como Concertación, hemos impulsado reformas constitucionales destinadas a atribuirles a las aguas el carácter de bien nacional de uso público. Y, por lo mismo, hoy estamos trabajando para tener un royalty que dé cuenta de lo que significa usar recursos naturales no renovables; en este caso, del subsuelo.
Igual ocurre con el recurso marino.
Por otra parte, el Consejo Nacional de Pesca ha hecho oídos sordos a todos los estudios -técnicos, científicos- que establecen que el stock de jurel del norte es distinto al del sur.
Hace poco, inclusive, el Instituto de Fomento Pesquero presentó un estudio donde muestra que la talla de madurez sexual del jurel alcanza a 20-21 centímetros; en todo caso, menos de 22.
Sin embargo, para seguir sosteniendo las posiciones que ha sustentado Chile en la ORP, no se acepta la evidencia contundente de otros estudios en cuanto a que el stock de jurel del norte es el mismo del sur peruano y no tiene que ver con el de la Octava Región.
Por todas esas razones, señor Presidente , rechazo la solicitud del Gobierno.
El señor HORVATH.- Señor Presidente , en primer término, quiero señalar, como Presidente de la Comisión , que entrevistamos a la señora Susana Jiménez Schuster -es economista y, además, tiene una serie de especialidades-, para contar con una visión objetiva y dar fe de que cumple con todos los requisitos exigidos para integrar el Consejo Nacional de Pesca.
Los miembros de dicho órgano técnico le formularon preguntas. Y en el informe se da cuenta de la participación de los Senadores Orpis, Rossi , Bianchi , etcétera.
En la sesión pertinente se le plantearon varios temas: cómo será modificada la Ley de Pesca el próximo año, cuáles son sus posiciones, en fin.
Respecto a la cuestión específica expuesta recién por el colega Rossi , quedó bien claro que doña Susana Jiménez no tiene un enfoque que represente a un grupo o a alguna zona en particular (la norte o la sur). De manera que, además, ese es un punto a favor en cuanto a sus posibilidades de ser consejera nacional de pesca.
Ahora, la verdad es que el Consejo Nacional de Pesca no dispone de tantas atribuciones como aquí se ha dicho. Aprueba o no determinadas presentaciones del Ejecutivo, pero no juega un papel muy sancionador. De hecho, el Gobierno puede entenderse directamente con el Parlamento en lo referente a reformas legales y actuar en consecuencia.
De otra parte, nosotros mismos hemos respaldado estudios para definir los diversos stocks del jurel y postular, por parte del Ejecutivo y con fondos públicos, un marcaje de la especie, todo lo cual es realmente necesario para reglar la situación y actuar con mayor justicia en la asignación de cuotas.
Ahora, el Consejo Nacional de Pesca se halla integrado por representantes de los distintos sectores industriales; de los pesqueros artesanales; del ámbito acuícola; de las organizaciones de trabajadores, y de una cantidad relevante de expertos.
En consecuencia, yo no haría un juicio tan rápido sobre dicho organismo.
Por lo demás, tuvieron 20 años para financiar estudios que podrían tenernos en buen pie para tomar mejores decisiones.
Este año, asimismo, se ha reducido el Fondo de Investigación Pesquera.
En tal sentido, aprovecho la oportunidad para solicitar, por intermedio del señor Presidente , que se completen las cifras históricamente destinadas a tal objeto, con el fin de justificar y fundamentar en forma más adecuada la asignación de cuotas y asegurar la sustentabilidad del recurso.
Con esos antecedentes, en cuanto Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura, de manera unánime, votamos favorablemente la designación de la señora Susana Jiménez Schuster como integrante del Consejo Nacional de Pesca.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, comparto por completo el diagnóstico que hizo el Senador Rossi.
Debo recordar que con el colega Gómez y el resto de los Senadores de la zona norte formulamos la presentación ante la Contraloría General de la República.
Y este problema no es de ahora. A decir verdad, la Subsecretaría de Pesca no ha cumplido la resolución del Órgano Contralor desde hace prácticamente seis o siete meses; nunca ha querido aplicarla.
En definitiva, la Contraloría dictaminó que la cuota había sido determinada ilegalmente, pues debió asignarse por unidades de pesquería, en función de los antecedentes técnicos, en el caso de la especie en cuestión.
Las partes -en particular la zona sur- interpusieron recursos ante las Cortes de Apelaciones pertinentes. Fueron declarados inadmisibles. Se notificó a la Subsecretaría de Pesca. Y lo cierto es que desde hace mucho tiempo no se ha querido cumplir la resolución del Organismo Contralor.
Entiendo la molestia existente, pues se han realizado todos los esfuerzos, a través de distintos mecanismos, conducentes a que las unidades de pesquería adquieran mayor grado de autonomía y el Consejo Nacional de Pesca refleje mejor la realidad de la pesquería nacional y no solo determinadas mayorías ubicadas en territorios específicos.
Eso ha perjudicado seriamente el desarrollo de la pesca, sobre todo en el norte de Chile.
Por lo tanto, comparto plenamente el diagnóstico recién efectuado y valoro los esfuerzos comunes que hemos hecho para desarrollar la pesca en el norte y no tener trabas como las descritas.
Empero, estamos ante una situación distinta: el nombramiento como consejera nacional de pesca de una profesional que reúne todos los requisitos exigidos y que, de manera muy objetiva, contestó en la Comisión todas las consultas que le hicimos sus miembros, lo que motivó nuestra aprobación unánime a la solicitud del Presidente de la República .
El señor GÓMEZ ( Vicepresidente ).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, hemos dicho y reiterado en esta Sala que el Consejo Nacional de Pesca requiere importantes, profundas, decisivas modificaciones.
El nombramiento de Susana Jiménez, profesional destacada, con un posgrado en Economía de la Universidad Católica y quien se desempeñaba hasta hace poco en el Instituto Libertad y Desarrollo, responde a una clara opción política. El organismo al que es postulada se integra sobre la base de una representación de esa índole respecto del Presidente de la República . ¡Gravísimo error!
Todos los expertos nacionales e internacionales dicen que 50 por ciento de las pesquerías en Chile se encuentran en una situación irrecuperable; 30 por ciento, colapsadas, y solo 20 por ciento se maneja de manera sostenible.
La situación de la sardina y la anchoveta es cada día más grave y en el Consejo, para el cual se nos pide hoy apoyar la nominación de una representante del Primer Mandatario , se ha aprobado siempre más de cien por ciento de lo recomendado por los científicos.
Quiero más científicos en esa entidad y menos economistas de la Universidad Católica. Me interesa que allí se apruebe efectivamente lo que el país necesita para la sostenibilidad pesquera y no lo que pretendan los empresarios del sector. Porque estos, mediante el chantaje del empleo, presionan en esa instancia -afirman que se van a perder mil, dos mil puestos de trabajo-, y, en definitiva, se ha hecho desaparecer la biomasa de los más importantes recursos del país.
¡Ahí están los tripulantes pescando a mil 400 millas! Cuando uno se corta un brazo, se accidenta, llega muerto al continente, a la comuna de Coronel.
Entonces, lo que se requiere es un gran debate, y no estoy disponible para seguir aprobando miembros de un Consejo Nacional de Pesca que no cumple el objetivo para el cual fue creado: equilibrar la adecuada entrega de los recursos pesqueros.
El Subsecretario de Pesca tampoco ha mejorado mucho las cosas. Criticaba mucho a Felipe Sandoval , pero ha hecho exactamente lo mismo: repartir pescados a diestra y siniestra.
En consecuencia, nada ha cambiado y parece ser un sector que cuesta mucho regular.
Por mi parte, espero que durante esta Administración, a la cual debiera interesarle regular la pesca -de no hacerlo, se va a acabar toda la actividad industrial y artesanal-, podamos tener un sano debate sobre cuál es el Consejo que el país requiere y no sobre la representación sectorial, económica, que hoy día refleja.
Voy a votar en contra, señor Presidente , porque creo que ese organismo no puede seguir integrándose de manera política, y menos por economistas. ¡Estos han hecho un desastre de su funcionamiento! Y han creado un grave problema, porque la curva de la ecuación de crecimiento económico que sacan no es la correspondiente al crecimiento del jurel, al que se sigue pescando de 26 centímetros. Y se continúan extrayendo ejemplares de sardinas y anchovetas -lo advierto aquí, y, desde luego, pediré oficiar sobre este punto al Servicio Nacional de Pesca y a todos los organismos pertinentes- llenas de huevos, en plena etapa de reproducción.
Se podría preguntar: "¿Y el Consejo sigue autorizando cuotas de investigación?". Resulta que estas son todas mentirosas. Lo único que hace tal medida es permitir cuotas de subsistencia, y hoy día se está destruyendo una biomasa muy importante de sardina y anchoveta, sin que dicha entidad evidencie una preocupación sobre el particular.
Por cierto, las cifras macroeconómicas son importantes, pero no reflejan el daño causado.
En consecuencia, señor Presidente , más allá de la persona de la señora Susana Jiménez , a quien no tengo el gusto de conocer, lo que hago es rechazar una nominación que no cumple con los requisitos básicos.
Chile requiere un instituto de investigación pesquera autónomo. No lo tiene. El Instituto de Fomento Pesquero no lo es. ¡Allí se mueren de hambre! Tienen que "ratonear" y ganar algún proyecto para defender a los pescados. ¡Si estos votaran, se manifestaría una gran preocupación! ¡Como no votan, cero preocupación! Lo que quiero es un organismo que defienda la biomasa, que salvaguarde el recurso natural.
Se lo dijimos en la Sala al Presidente del Banco Central: se necesita una cuenta nacional sobre la pesca, porque esta última, como el sector forestal y el minero, es una de las fuentes básicas del desarrollo nacional. No existen esas cuentas nacionales ni ambientales, lo que ha tenido como resultado la destrucción. Los Consejeros, como son nominados por el Primer Mandatario, tampoco lo plantean.
Por tanto, el Consejo Nacional de Pesca no sirve para dichos objetivos.
El señor LETELIER.- Señor Presidente , estoy muy contento de que se halle en la Sala el Ministro señor Larroulet , porque lo primero que me gustaría hacer es establecer un criterio que es sano en democracia: que cuando el Ejecutivo pretenda hacer designaciones entienda que el Senado de la República no es un buzón, en el cual se conversa con uno para tratar de imponer lógica entre todos. Y menos cuando se trata de una actividad económica tan estratégica como la pesca, no solamente por el empleo o el nivel de inversión que involucra, sino también porque lo que está en juego es un área de nuestros recursos naturales renovables que es preciso cautelar, conforme al espíritu esencial de la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Muchos de nosotros somos sumamente críticos respecto del quehacer del Consejo Nacional de Pesca. Tenemos la percepción de que es objeto de presiones en demasía y de que, producto de ello, tiende a valorar más el empleo, la inversión en capital, que su función principal: cautelar la sostenibilidad del proceso extractivo en las doce pesquerías del país.
Entendemos -se lo digo con todo respeto al señor profesor de Filosofía presente en la Sala- que las críticas a quienes pueden integrar el Consejo no deben ser en función de qué estudiaron en la universidad. No tengo ninguna duda de que la señora Susana Jiménez puede ser una persona idónea, una buena profesional. No quiero que se la denueste por ser economista o ingeniero comercial. No es ese el punto.
Estamos dispuestos a colaborar también con los equilibrios políticos.
Pero deseo representarle al Ejecutivo por su intermedio, señor Presidente , que es bueno que se contemplen procesos como el que nos ocupa, más aún cuando en el último tiempo se ha registrado un tremendo conflicto, sosteniendo algunos interpretaciones legales distintas. Hay quienes creen que la Contraloría General de la República puede instruir a un cuerpo ejecutivo acerca de lo que debe hacer en materia de distribución de cuotas. Otros tenemos una opinión diferente.
Más allá de ese punto y de los legítimos intereses que puede tener una pesquería en el norte de que le asignen mayores cuotas, denegadas en esta coyuntura, planteo la posibilidad de celebrar una sesión especial a fin de definir cuáles son las acciones del Consejo Nacional de Pesca para garantizar la sostenibilidad del proceso extractivo en las doce pesquerías.
Porque tiendo a compartir lo expuesto por el Senador señor Navarro , con excepción de su desliz acerca de las opciones profesionales... No concluyo tampoco que los profesores de Filosofía no sean idóneos para pertenecer a esta Corporación...
Por mi parte, voy a votar a favor de la nominación.
Entiendo que, en el fondo, el Ejecutivo está pidiendo un apoyo para alguien más bien de su inclinación y no queremos ser un obstáculo para ello, mas le pido que aprenda a dialogar sobre estos asuntos. Le decía, en broma, al señor Ministro Secretario General de la Presidencia que un amigo muy cercano, de nuestras bancadas, siempre dialogaba, con todos, en esta materia y que nos gustaría que esa práctica se mantuviera, sin entenderse que al conversar con una persona se conversa con todos. Es necesario tratar este tipo de cuestiones tanto con quienes somos de Oposición como con quienes pertenecen a la Alianza, porque implican un debate que nos interesa a todos, que es el cuidado de los recursos renovables, en particular de la pesquería, que tanto empleo da y es tan importante para Chile.
Voy a votar a favor, señor Presidente , con la reserva hecha respecto del procedimiento y solicitando la posibilidad de llevar a cabo una sesión especial sobre el tema de fondo: qué pasa con las doce pesquerías y con el rol del Consejo Nacional de Pesca, el cual, muchas veces, parece ser objeto de presiones que van más allá de los intereses del país.
El señor PIZARRO (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Matthei.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente , estimo interesante lo planteado por diversos Senadores. No pensaba intervenir, pero me gustaría agregar que en primer lugar se les debiera pedir tanto a la Subsecretaría como al Consejo Nacional de Pesca que finalmente tomen alguna determinación respecto de la pesca de investigación. Porque es una vergüenza: constituye, en realidad, una actividad totalmente comercial, pero que se les entrega a algunas universidades para que hagan negocio. ¡Hasta cuándo!
En seguida, el Honorable señor Rossi hacía presente que los jureles del sur son distintos de los del norte. Sucede que una de las primeras iniciativas legales que nos tocó tramitar hace veinte años en el recién instalado Congreso fue justamente la relativa a la pesca, y ahí escuché ese argumento. Entonces, no puedo creer que después de 20 años todavía nadie haya determinado si son o no lo mismo.
¿Cómo no se puede hacer un marcaje, ver cuál es la edad o el tamaño de maduración sexual, establecer si es algo que se relaciona con la temperatura del agua, o bien, si son especies distintas? ¡Por favor, que alguien nos dé una respuesta al respecto, porque las resoluciones que se toman acerca de las cuotas de pesca dependen bastante de ello!
Y, por último, creo que sería muy conveniente enviar una transcripción de todo lo dicho acá a la señora Jiménez , de tal manera que ella, que es economista de la Universidad Católica de Chile, entienda que lo que todos queremos es estrictez y la aplicación de criterios que permitan la sostenibilidad de la pesca. Porque, en efecto, las presiones que se reciben de los armadores, de los trabajadores, de los mismos parlamentarios muchas veces, son brutales, pero nosotros esperamos que los consejeros hagan bien su pega y que las pesquerías no colapsen.
Voto a favor de la designación, señor Presidente, mas creo que en materia de pesca hay muchas cuestiones que todavía debemos abordar.
--Por 27 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, se aprueba la proposición del Presidente de la República para designar a la señora Susana Jiménez Schuster como consejera del Consejo Nacional de Pesca.
Votaron por la afirmativa las señoras Matthei, Pérez (doña Lily) y Rincón y los señores Allamand, Bianchi, Cantero, Chadwick, Chahuán, Coloma, Espina, García, Gómez, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag, Walker (don Ignacio) y Walker (don Patricio).
Votaron por la negativa los señores Navarro y Rossi.
Se abstuvieron los señores Girardi, Lagos y Quintana.
El señor LARROULET ( Ministro Secretario General de la Presidencia ).- Señor Presidente , solo quiero expresar que esta Corporación ha nombrado integrante del Consejo Nacional de Pesca a una destacada profesional, a quien conozco personalmente. Y, siguiendo la tradición, ello registró la unanimidad de los miembros de la Comisión de Pesca, validándose, de esa manera, un procedimiento democrático que es el que corresponde, a mi juicio, en esta materia.
Pero, a propósito de lo expuesto por el Honorable señor Letelier , quiero decir también que el Ejecutivo , en cada uno de los nombramientos que ha realizado en estos meses -tal como le consta al señor Presidente del Senado -, ha establecido un proceso de consulta que recoge todos los elementos tendientes a mantener los equilibrios correspondientes.
El señor HORVATH.- Pido la palabra.
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Ya está despachada la designación, Su Señoría.
El señor HORVATH.- Quisiera hacer un comentario, señor Presidente .
El señor PIZARRO ( Presidente ).- Puede intervenir.
El señor HORVATH.- Solo deseo consignar que la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura está ocupada -no preocupada- precisamente de la materia.
De partida, la biodiversidad en el país, en lo que a recursos marinos se refiere, no se halla asegurada, porque apenas protegemos 0,03 por ciento de nuestra zona económica exclusiva. Pero se ha avanzado. Existe un compromiso con el Gobierno en el sentido de incorporar parte importante de la zona económica exclusiva de la isla Salas y Gómez , con lo cual se subiría a 10 por ciento, más otras áreas que se han ido creando en forma incipiente. Porque si se cuenta con áreas resguardadas aumenta, desde luego, la biodiversidad del ecosistema y, con eso, también se benefician los sectores pesqueros.
Ahora, en lo atinente a la "carrera olímpica" que tenía lugar antes del límite máximo de captura por armador, se alcanzó a capturar más de 4 millones de toneladas en el caso del jurel. Hoy día apenas se logra un millón, habiendo más cuota. Tratándose de la merluza austral -para dar dos ejemplos de pesquerías económicamente importantes-, se llegó, históricamente, a 80 mil toneladas, y hoy apenas se registran 20 mil. Y es preciso garantizar la sustentabilidad.
Esta materia vamos a analizarla pesquería por pesquería, y, desde luego, informaremos al Congreso y a la Sala de la Corporación.
En cuanto al jurel de la zona norte, no es que no se haya estudiado, sino que no se ha hecho el marcaje. Se ha realizado el análisis biológico, de los otolitos -ello tiene que ver con el sistema auditivo de los peces-, de larvas y parásitos que portan, genético, pero se requiere una revisión.
Otro aspecto muy importante, vinculado a la realidad, es que si llega a haber un stock en el norte, debilitará nuestras pretensiones en el mar afuera ante la Organización Regional de Pesca (ORP), lo que también es necesario tener claro.
Todo lo anterior vamos a estudiarlo en profundidad -repito- y daremos a conocer las conclusiones al Senado.
La señora MATTHEI.- ¿Y la pesca de investigación?
El señor HORVATH.- Por ley, la cuota se rebajó a 5 por ciento. Antes constituía un "bolsillo" que daba para todo, sin límites.
Y se tiene que apuntar efectivamente a una investigación, desde luego, que también incluya, entre otros, los efectos sociales.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminado el Orden del Día.
El señor PIZARRO (Presidente).- Proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señor Zaldívar, señoras Alvear y Rincón y señores Letelier, Navarro, Quintana, Ruiz-Esquide y Sabag, referido a la prórroga del Programa de Empleo de Emergencia.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1290-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 44ª, en 18 de agosto de 2010.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El propósito de la iniciativa es pedir al Ejecutivo que se prorrogue hasta el 31 de diciembre próximo el Programa de Empleo de Emergencia en las comunas más afectadas por el terremoto y el maremoto del 27 de febrero.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (16 votos a favor).
Votaron la señora Matthei y los señores Chahuán, Coloma, Escalona, Espina, Horvath, Lagos, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro, Orpis, Pizarro, Quintana, Rossi, Sabag y Tuma.
El señor PIZARRO (Presidente).- Terminado el Tiempo de Votaciones.
El señor PIZARRO (Presidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
Al señor Ministro de Salud , requiriéndole considerar REAPERTURA DE FAENADORA DE AUTOCONSUMO "TRELKE AIKE", DE PUERTO NATALES, y restablecer NÚMERO DE PERCAPITADOS VALIDADOS EN FONASA EN COMUNA DE NATALES;
al señor Ministro de Energía , consultando por PROYECTO DE LEY SOBRE REGULACIÓN TARIFARIA DE GAS DOMICILIARIO EN REGIÓN DE MAGALLANES Y EVENTUAL DISTRIBUCIÓN DIRECTA POR ENAP,
y al señor Director del Fondo Nacional de Salud , referente a RESTABLECIMIENTO DE NÚMERO DE PERCAPITADOS VALIDADOS EN FONASA EN COMUNA DE NATALES.
Al señor Ministro de Agricultura y a la señora Ministra de Bienes Nacionales , solicitándoles PRONUNCIAMIENTO SOBRE PROYECTO ACERCA DE GÉISERES DE EL TATIO (Segunda Región),
y al Consejo Regional de Antofagasta, para pedir INVESTIGACIÓN SOBRE FUENTES DE CONTAMINACIÓN Y MEDIDAS PARA REDUCCIÓN DE MORTALIDAD POR CÁNCER Y MALES PULMONARES.
Al señor Ministro de Obras Públicas , a la señora Subsecretaria de Obras Públicas y al señor Director Nacional de Vialidad , para pedir REPLANTEO EN TERRENO DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA ENTRE HORNOPIRÉN Y CALETA GONZALO;
a la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo , con el objeto de solicitar AUMENTO DE SUBSIDIOS HABITACIONALES PARA REGIÓN DE AYSÉN;
al señor Ministro de Agricultura , a fin de requerir DEROGACIÓN DE DECRETO EXENTO Nº 654, DE 2009, DE MINISTERIO DE AGRICULTURA,
y a la señora Ministra de Bienes Nacionales y al señor Jefe del Cuerpo Militar del Trabajo , para pedir RESTITUCIÓN DE INMUEBLE EN LA JUNTA (REGIÓN DE AYSÉN) A SEÑOR PABLO LEAL PEÑA Y FAMILIA.
A los señores Ministro del Interior y Ministro de Energía , a fin de consultar por SUBSIDIO PARA REPOSICIÓN DE EMPALMES Y MEDIDORES ELÉCTRICOS EN ZONAS DE CATÁSTROFE,
y al señor Ministro de Energía , con el objeto de que informe acerca de DEMORA DE PROYECTO DE LEY SOBRE REPOSICIÓN DE EMPALME Y MEDIDORES ELÉCTRICOS Y COBRO DE CARGO FIJO EN SITUACIONES DE CATÁSTROFE.
De las señoras RINCÓN y PÉREZ (doña Lily):
A la señora Directora del Trabajo , para solicitarle FISCALIZACIÓN DE JORNADA LABORAL EN SUPERMERCADOS DURANTE BICENTENARIO.
--Se levantó a las 17:33.
Lo dispuesto en los artículos 1°, 5°, 19°, 32° numeral 14 y 63° numeral 20° de la Constitución Política de la República y en la Ley 18.050.
Que la teoría política consagra la división de los poderes del Estado en los tradicionales Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que ejercen sus atribuciones con independencia, respetándose la autonomía de cada cual.
Que, sin embargo, las diversas modalidades de Gobierno que asumen las naciones implican esferas de complementación e incluso de intervención de éstos.
Que corresponde exclusivamente al Poder Judicial, según la Constitución Política de la República, la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado.
Que, sin embargo, desde antiguo nuestras Cartas Fundamentales han entregado al Presidente de la República la facultad de dictar indultos particulares, que implican una revisión de los fallos judiciales.
Que la Real Academia Española de la Lengua define indulto como aquella “gracia que excepcionalmente concede el jefe del Estado, por la cual perdona total o parcialmente una pena o la conmuta por otra más benigna.”
La doctrina jurídica, por su parte, le conceptualiza como la “gracia acordada al condenado por sentencia ejecutoriada, que le remite, total o parcialmente, la pena o penas que le fueron impuestas o se le conmuta por otra u otras más leve.”
Que la razón fundamental de la existencia de esta facultad excepcional radica en la potestad suprema que se le supone al gobernante, disponiéndole todas las herramientas necesarias para la mantención de la paz social.
El origen de esta institución se encuentra en la antigüedad, existiendo ya en Grecia y Roma, desde donde pasa a los distintos textos jurídicos del mundo occidental.
Que, con algunos matices, los distintos ordenamientos constitucionales que ha tenido nuestra patria han consignado esta atribución, a veces entregándola al Primer Mandatario, en otras al Congreso Nacional o incluso a ambos, según la naturaleza de la condonación o remisión, como en nuestro actual texto fundamental.
Que la validez y conveniencia de esta institución, fundamentalmente en el caso de los indultos particulares, resulta muy discutida.
Sus detractores señalan que se trata de una intervención excesiva del Poder Ejecutivo respecto de las decisiones judiciales que implica desatender el cumplimiento de la ley y favorecer la impunidad y la arbitrariedad.
Que, sin perjuicio de la posibilidad de discutir la legitimidad y pertinencia del indulto particular, mientras éste subsista en nuestra legislación debe encontrarse regulado adecuadamente con el objeto de disminuir el margen al abuso y la falta de transparencia.
Que la regulación a que está sometida esta facultad, la Ley 18.050, de 1981 resulta muy vaga, especialmente respecto de la necesidad de que la ciudadanía conozca la identidad de los favorecidos y las causas por las que merecieron esta gracia.
En este sentido, creemos que la naturaleza excepcional del beneficio debe imponerse sobre la privacidad, sin perjuicio de la posibilidad posterior del beneficiado de acceder a la limpieza de sus antecedentes penales, conforme a las reglas generales.
Que, lamentablemente, tratándose de una facultad presidencial, los parlamentarios nos hallamos impedidos de realizar una modificación legal, que sería el camino más viable y sencillo, quedando sólo la vía constitucional para ello.
Por lo anterior, el senador que suscribe viene en presentar el siguiente:
Artículo único.- Intercálese en el numeral 14° del artículo 32° de la Constitución Política de la República, a continuación del punto seguido que sucede a la palabra “ley” y antes de la expresión “El, lo siguiente:
“Dicha gracia será otorgada, en todos los casos, a través de un decreto supremo fundado de carácter público, que exprese, en términos generales, las razones que se hubieran considerado en favor del beneficiario.”
(Fdo.): Pedro Muñoz Aburto, Senador.- Isabel Allende Bussi, Senadora.- Camilo Escalona Medina, Senador.-
Nuestra legislación laboral dispone una institución excepcional de término de la relación laboral denominada autodespido o despido indirecto, que invierte la situación fáctica que prima por regla general en materia laboral. En efecto, el artículo 171° del Código del Trabajo establece claramente el derecho que asiste al trabajador de poner término a la relación laboral en el evento que el empleador incurra en alguna de las causales de término de la relación laboral sin derecho a indemnización dispuestas en el artículo 160º del mismo cuerpo legal.
Una de las situaciones reguladas por el autodespido o despido indirecto es la causal de término de la relación laboral determinada por actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o al funcionamiento del establecimiento, a la seguridad o a la actividad de los trabajadores o a la salud de éstos. Esta causal hace una referencia expresa a situaciones que afecten la seguridad de los trabajadores, es decir, que de alguna u otra manera ponga en riesgo su vida o integridad física. Debemos considerar que esta causal está construida desde el punto de vista de la generación del peligro o amenaza por parte de un trabajador, sin embargo, al incluirse esta causal de término de la relación laboral dentro de las hipótesis del autodespido o despido indirecto se invierte el punto de vista señalado, por cuanto será el trabajador quién imputará la conducta contenida en la hipótesis normativa del artículo 160 Nº 5 del Código del Trabajo al empleador, es decir le imputará el poner en riesgo la vida o integridad física de los trabajadores, debiendo probar en juicio las conductas señaladas.
El inciso 1° del Decreto Supremo Nº 132 que establece el Reglamento de Seguridad Minera dispone la obligatoriedad del empleador en otorgar a los trabajadores, en forma gratuita, los elementos de seguridad personal adecuados con la función que desempeñan. En este sentido, podemos observar que el empleador, en el caso específico la empresa minera, tiene la obligación legal de entregar todos los implementos necesarios para la seguridad de los trabajadores de acuerdo con la función que desempeñan en la faena minera, no obstante aquello, el trabajador no tiene ninguna herramienta legal para poner a resguardo su vida e integridad física ante el incumplimiento del empleador.
Una interpretación extensiva de la norma contenida en el artículo 160 Nº 5 del Código del Trabajo permitiría establecer que dicha hipótesis normativa puede entenderse contenida, en materia de autodespido o despido indirecto, respecto de la conducta del empleador que en la faena minera no entrega, en forma gratuita, todos los elementos necesarios al trabajador para resguardar su vida e integridad física en función de la labor que realiza o desempeña. Sin embargo, creemos que dicha situación no brinda una herramienta legal eficiente al trabajador para resguardarse frente a omisiones del empleador que pongan en peligro su vida e integridad física por cuanto, se deberá a estar a la interpretación que hagan los tribunales de la norma en cuestión, los cuales muchas veces se oponen a las interpretaciones extensivas de las mismas. Es por esta razón que creemos que debemos modificar nuestro Código del Trabajo para que contenga expresamente una norma que entregue la prerrogativa a los trabajadores de faenas mineras, para poner término a la relación laboral cuando el empleador no cumpla sus obligaciones en materia de seguridad minera, poniendo en riesgo la vida e integridad física de los trabajadores, sin perder el derecho a percibir las indemnizaciones por falta de aviso o por años de servicios, establecidas en los artículos 162° y 163° del Código del Trabajo, como ocurre al aplicarse las causales de mutuo acuerdo o renuncia dispuestas en el artículo 159° del mismo cuerpo legal, que constituyen aquellas causales en que el trabajador pone término a la relación laboral.
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer expresamente en el Código del Trabajo una norma que permita al trabajador de faenas mineras poner término a la relación laboral, en el evento que el empleador no cumpla con sus obligaciones en materia de seguridad minera, es decir, no entregue gratuitamente los elementos de protección personal adecuados a la función que desempeña el trabajador, poniendo en riesgo su vida e integridad física.
Es sobre la base de estos antecedentes que vengo en proponer el siguiente:
Art. Único.- Agréguese un nuevo inciso final al artículo 171° del Código del Trabajo del siguiente tenor:
“Se aplicará lo dispuesto en este artículo en las faenas mineras en que el empleador no cumpla con la obligación establecida en el inciso 1° del artículo 32° del Decreto Supremo Nº 132 que establece el Reglamento de Seguridad Minera. Para todos los efectos legales, se entenderá que el trabajador de la faena minera, en esta situación particular, invoca como causal de término de la relación laboral la establecida en el numeral 5° del artículo 160 de este Código”.
(Fdo.): Isabel Allende Bussi, Senadora.- Ximena Rincón González, Senadora.- Pedro Muñoz Aburto, Senador.- Fulvio Rossi Ciocca, Senador.-

References: artículo 77
 artículo 66
 artículo 1
 artículo 118
 artículo 118
 artículo 77
 artículo 53
 resolución 
 resolución 
 artículo 32
 artículo 171
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 160
 artículo 159
 artículo 171
 artículo 32
 artículo 160