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Timestamp: 2018-06-25 05:52:34+00:00

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Biblioteca PROUESPECULACIÓ - Prou Especulació!
Aunque se preveía el apoyo de los socialistas a esta iniciativa de los de Iglesias, el desencuentro vuelve a ser la tónica entre PSOE y Unidos Podemos en un asunto tan relevante como la vivienda y la gestión de los miles de pisos vacíos en el país. En la comisión de Fomento del Senado de este martes el Grupo de Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea presentó una moción para convertir el Fondo Social de Viviendas en “un instrumento capaz de garantizar el derecho a la vivienda de los grupos sociales más vulnerables”, en palabras de la formación.
Para ello, proponía obligar a la Sociedad de Gestión de Activos porcedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el llamado ‘banco malo’, a ceder su parque inmobiliario al Fondo Social de Viviendas. Por otro lado, promover la creación de un “registro de viviendas vacías y desocupadas” que actualmente son propiedad de los bancos, como paso previo a obligarlos también a colaborar con el mismo fondo “mediante la puesta a su disposición de sus viviendas desocupadas”.
Por último, la iniciativa de Unidos Podemos pedía que “el Fondo Social de Vivienda se coordine y colabore con las administraciones públicas competentes en materia de vivienda”, algo que en la actualidad no sucede y que, según el grupo, es “de sentido común”.
La moción fue bloqueada por PP y PSOE. Los socialistas incluyeron una enmienda de sustitución proponiendo “promover la flexibilización de los requisitos de acceso al Fondo Social de Vivienda” y “promover los acuerdos con la Sareb y las entidades bancarias para la cesión de sus viviendas vacías a las Administraciones autonómicas y locales, con el objeto de destinarlas al alquiler social”.
“Promover” frente a “obligar”: es la gran diferencia de las propuestas de PSOE y Unidos Podemos en la cuestión sobre si las Administraciones deben disponer del stock de viviendas vacías de la banca y del ‘banco malo’ de forma automática o mediante concesiones voluntarias de las propias entidades.
“Después de casi cuatro décadas desde la aprobación de la Carta Magna podemos afirmar que el acceso a una vivienda digna no ha sido una prioridad para los poderes públicos españoels”, argumenta Podemos en su moción, insistiendo en que “la provisión de vivienda se ha dejado en manos del mercado y los bancos: desahucios sin alternativa habitacional (más de medio millón desde que estalló la crisis en 2007) al tiempo que España acumula el 30% de las viviendas vacías de Europa (más de 3,4 millones de viviendas)”.
La propuesta del PP, que también incluye una enmienda de sustitución, propone ayudas para que estos “grandes tenedores” puedan animarse a ceder sus viviendas a colectivos vulnerables. Plantea que la comisión de Fomento del Senado “inste al Gobierno a que el Plan Estatal de Vivienda recoja un programa de ayudas que posibilite a los grandes tenedores de vivienda ofrecer sus viviendas desocupadas a quienes sean objeto de desahucio judicial y se encuentren en situación de vulnerabilidad”.
“Hora de que los bancos asuman responsabilidades”
En este sentido, la formación morada y sus confluencias entienden “que no es necesario explicar la responsabilidad de las entidades financieras en la grave situación que viven muchas familias españolas”. Recuerdan las sentencias europeas “que declaran la ilegalidad de la normativa hipotecaria española” para expresar que “es hora de que los bancos asuman responsabilidades y obligaciones”.
También le puede interesar todos los documentos escritos sobre legislación y ocupación del web prouespeculacio y el abogado José Angel GALLEGOS
Desde hace ya muchos años se viene ejecutando una campaña orquestada contra la ocupación y los ocupas mismos.
Esta campaña no es casual ni espontánea ni tienes fines nobles, sino bien espurios. La vivienda se viene empleando por la clase dominante como medio de explatación de la clase subalterna, obligando a pagar un elevado sobreprecio por alquileres e hipotecas. Sin embargo, este cerco no está completamente cerrado aún, tiene una vía de escape que es la ocupación. Por eso quieren acabar con ella.
La ocupación es la principal arma de la clase trabajadora en su lucha por el derecho a la vivienda. La ocupación es al derecho a la vivienda lo que la huelga es al derecho al trabajo. Con ella el ocupa tira a la baja de los sobreinflados precios de alquileres e hipotecas. Por tanto, su lucha beneficia al conjunto de la sociedad, incluso a aquellos que les rechazan porque se han dejado lavar el cerebro por efecto de esa demagógica campaña en su contra.
Con esta campaña a fuerza de repetirla quieren convertir en verdad la mentira que la ocupación es ilegal. Sus promotores creen que su admirado Goebbels tenía razón al afirmar que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Pero la cruda realidad es que la mentira tiene la patas muy cortas.
La ocupación, es y siempre ha sido completamente legal. Hasta tal punto lo es, que el Derecho la considera un medio lícito de adquirir la propiedad. Por ejemplo, el último párrafo del artículo 609 CC establece la adquisición de la propiedad por prescripción y los artículos 1957 y 1959 CC los requisitos en el caso de inmuebles. Esto es lo que se llama la usucapión, término que si alguno le suena a latín ya le habrá dado una pista para saber que este modo de adquirir la propiedad es tan antiguo como los romanos.
La ocupación, es y siempre ha sido completamente legal. Hasta tal punto lo es, que el Derecho la considera un medio lícito de adquirir la propiedad. Por ejemplo, el último párrafo del artículo 609 CC.
Lo anterior no va en contra del derecho a la propiedad ni deja desprotegido a los propietarios, pues estos disponen de suficientes medios en el ordenamiento jurídico para proteger su propiedad. Por ejemplo los apartados 2º, 4,º y 7º del artículo 250.1 LEC que establecen procesos sumarios para recuperar la posesión en el menor tiempo posible. Si la Administración de Justicia estuviera bien dotada de medios personales y materiales como para resolver los procesos en tiempo razonable, los propietarios podrían recuperar la posesión en breve plazo y las ocupaciones solo prosperarían en el caso de inmuebles a los que sus propietarios han renunciado.
La otra gran mentira de la campaña de odio contra los ocupas es la que pretende confundir allanamiento de morada con ocupación. La ocupación solo se refiere a inmuebles en desuso, o dicho más claramente desocupados mientras que el allanamiento de morada tiene que ver con las viviendas habitadas. Sabedores que la entrada en viviendas habitadas ajenas no puede causar más que repulsa, estos charlatanes insisten en confundir a la gente para que crean la ocupación es o incluye el allanamiento de morada, cuando nada tiene que ver con ello. Para hacer creer a gente fácilmente manipulable que mientras están fuera de su casa en sus quehaceres diarios o de vacaciones, pueden encontrar a la vuelta sus casas “ocupadas”. Si eso sucediera no estaríamos ante una ocupación, sino ante un allanamiento de morada y la Policía podría desalojar e incluso detener a los allanadores de la morada, que no ocupas, pero lo que sin duda si haría es desalojarlo.
La otra gran mentira de la campaña de odio contra los ocupas es la que pretende confundir allanamiento de morada con ocupación.
Otra de las mentiras de la campaña contra la ocupación es que los ocupas son unos vividores. Suelen ir acompañada de la mentira que ocupan casas de lujo. La mentira sobre su condición de vividores es similar a la mentiras sobres los trabajadores en paro que tienen que soportar que se les califique de gandules y se les diga que si no tienen trabajo es porque no quieren, porque el que busca trabajo encuentra. O sea que lo del paro es un cuento. Al parecer el que exista gente que no pueda pagarse una vivienda de alquiler o compra también debe ser un cuento.
Pues bien, yo no he conocido ningún ocupa de estos vividores, todos los que conozco son personas que no tenía otro medio de conseguir una vivienda. Pero si conociera a alguien que pudiendo pagarse una vivienda optase por ocupar no le reprocharía nada sino que le aplaudiría porque la ocupación es una lucha, una lucha por el derecho a la vivienda, y la gente que tiene suficiente dinero para vivir e incluso para malvivir suele rehuir la lucha. En cuanto a lo de las casas de lujo, no he visto a ningún ocupa en una casa de lujo. Y quienes les acusan de tal cosa no saben lo que es una casa de lujo, ¿cómo iban a mantener una casa de lujo? Para mantener una auténtica casa de lujo hay que ser rico y no conozco a ningún ocupa rico. Lo que si he visto es ocupar casas grandes y nuevas. Y me parece bien, porque eso significa que se considera una persona digna y que por ello no va a ocupar un cuchitril, sino la mejor casa posible.
El asedio a la ocupación no se limita a la propaganda, sino que existe una activa guerra sucia por parte de jueces corruptos y policías corruptos, que sistemáticamente privan de sus derechos a los ocupas. Son de lo más normal las prevaricaciones favorables a los propietarios en pleitos que legalmente deberían ganar los ocupas. Son muy habituales también los desalojos extrajudiciales llevados a cabo por iniciativa propia de policías que integran una suerte de escuadrones de la muerte antiocupación.
De la enésima y una de las últimas escaramuzas de esta guerra sucia contra la ocupación ya hemos hablado en anteriores entradas: La ocupación no es ilegal y La ocupación tiene la culpa de todo. Pero tenemos que volver a hablar porque los propagandistas de este sucio ejército irregular contra la ocupación, han decidido que aún se podía exprimir más para sacar otro libelo.
La situación de la ocupación en el pueblo de Calafell
En sus tres primeros párrafos se dice que el Ayuntamiento de Calafell va a instaurar un Estado policial contra la ocupación. Aunque quienes conocen Calafell dirán que no es que lo vayan a instaurar porque ya existe desde no se sabe cuantos años, sino que el Estado policial calafellense va a ampliar sus actividades al tema de la ocupación. Como todo Estado policial entre los miembros de sus cuerpos represores no solo se encuentran policías y ejército sino también una red de civiles que actúan de espías, delatores y chivatos. Por eso la primera medida del jefe del Estado policial calafellense, el Alcalde Ramón Ferré, ha sido una llamada a los ciudadanos que quieran integrar este cuerpo de chivatos. Y por lo que cuenta en estos primeros párrafos parece que ser que ha tenido éxito.
Los Estados policiales suelen reprimir actividades y suprimir libertades a los ciudadanos que en otros Estados no tan autoritarios, parecen normales. Esta premisa también se da en el Estado policial calafellense antiocupación. Pues la ocupación no es ilegal y por tanto al impedir a los ciudadanos ocupar viviendas esta perpetrando los delitos de coacciones y de organizacion criminal. Por ello el Estado policial calafellense es además un Estado criminal.
Además de a ciudadanos individuales, el jefe del Estado policial y criminal calafellense, el Alcalde Ramón Ferré, también ha pedido la colaboración en su guerra sucia contra la ocupación a dos supuestas asociaciones de defensa del derecho a la vivienda con presencia en su territorio, la PAH y 500×20 Costa Daurada. En el último párrafo del libelo se dice que a esta última le ha faltado tiempo para atender la petición del Caudillo de Calafell y ofrecerse con entusiasmo para ello. Los que la conocemos ya sabíamos que es una falsa asociación de defensa del derecho a la vivienda y de su servilismo hacía el Caudillo de Calafell. Así que no nos ha sorprendido en absoluto. Es una gran fichaje para el Estado policial y criminal calafellense, porque ¿qué mejor arma contra el derecho a la vivienda que una asociación que supuestamente defiende el derecho a la vivienda? Esto lo entendió muy bien la Banca cuando decidió crear la PAH para convencer a los hipotecados que lo mejor era entregar sus viviendas a la Banca en lugar de luchar por ellas.
Estos quintacolumnistas de 500×20 Costa Daurada aprovechan para arremeter contra los ocupas a que se refiere esta noticia del mismo medio de lavado de cerebros de masas. Esta familia es una más de las muchas familias a las que al estallar la actual crisis, el Estado español gobernado por el PSOE y el PP dejo tiradas, es una de las muchas familias desahuciadas en la gran estafa hipotecaria al no poder continuar pagando su préstamo. Después de eso alquilaron una vivienda, hasta que ya no pudieron pagar más. Entonces ocuparon una vivienda usurpada por un banco, es decir, en el Registro de la Propiedad constaba como propietario un banco. Este banco les denunció por usurpación, delito del fueron absueltos. La vivienda lleva más de tres años en su posesión y por tanto, legalmente no se les puede privar de su posesión. Unos aprovechados que dicen ser los propietarios de esa vivienda, pero que en absoluto lo son, compraron al banco usurpador la vivienda a bajo precio por el hecho de estar ocupada y a sabiendas que estaba ocupada. ¿Pueden explicar estos traidores de 500×20 Costa Daurada porque están en contra de esta familia? No es necesario, simplemente porque están al servicio del poder y en contra del derecho a la vivienda como colaboracionistas.
El Consejo de Ministros del pasado viernes 27 de abril ha recurrido las leyes y normativas aprobadas solemnemente por unanimidad por el Parlament de Catalunya conocida como la “ley 24/2015 de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética“. Esta ley que fue fruto de una ILP impulsada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) ha sido recurrida delante del Tribunal Constitucional dentro del plazo que termina el día 5 de mayo. A falta del dictamen del Tribunal el Gobierno interino del PP recurre contra determinados apartados: los artículos 2, 3, 4, 5, 7, y las disposiciones adicional transitoria segunda y final tercera de la mencionada Ley.
¿Qué se recurre exactamente?
Contra lo que pudiera haberle parecido u oido no se ha recurrido la emergencia energética. La misma Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, califica el articulado sobre emergencia energética como “miserable… todo menos ambiciosa“. La ley catalana, aprobada por todos los partidos incluido el PP, lo que hace es: “si tú no pagas la luz este mes, lo pagas dentro de tres meses… con los intereses, te estoy acumulando una deuda… o bien el Gobierno paga a través de un fondo social que hay que crear“.
Tampoco se recorre el Decret-Llei 1/2015 sobre tanteo y retracto de pisos provinentes de ejecuciones hipotecarias (se compran pisos a los bancos que se los cobran dos o más veces). Igualmente la normativa de multas a los pisos vacios de grandes tenedores del Decret-Llei 14/2015 tampoco se recurre.
Los que sí se recurren son los artículos de la ley 24/2015 referidos a la emergencia habitacional porque invaden competencias estatales y/o hacen peligrar el derecho a la propiedad privada y generan un daño especial a una clase de entidades que forman parte del sistema financiero (se puede ver la nota de prensa del Consejo de Ministros al final de esta entrada en prouespeculacio.org).
Se recurre especialmente el artículo 5 que impone el alquiler social tasado, por 3 años nada más, en los procesos de desahucio de ejecuciones hipotecarias y de alquiler porque pone trabas a la libre competencia en el mercado inmobiliario. Este artículo se aplica sólo a los hogares en riesgo de lanzamiento pero tiene su contrapartida. La ley catalana en su intento de evitar la foto de la familia desalojada exige al gran tenedor de vivienda que ofrezca un alquiler social. Pero para la realización del contrato de alquiler el ejecutado debe aceptar pacíficamente la pérdida definitiva de la posesión de la vivienda. El gran tenedor resuelve así por la vía pacífica con la ley en la mano el desalojo violento que tanta ampolla levantó estos años. En cierto sentido, la moratoria de Guindos es más beneficiosa pues desde que se aprobó en el 2012, no ha permitido desalojos y las familias no pierden la posesión de la vivienda. Esa es la razón por la que ahora los Fondos de Titulización y la Banca están usando masivamente la ley catalana por medio de requerimientos de alquiler social de 3 años. Es un poco perverso porqué precisamente la posesión de la vivienda es la última arma para negociar la deuda pendiente. En poco menos de tres años la Banca y los Fondos inmobiliarios habrán limpiado sus balances y tienen a tiro echar a los inquilinos con la dictadura de la LAU (Ley de Arrendamientos Urbanos).
Por su parte el artículo 7, sobre la función social de la vivienda, proponía la cesión obligatoria de los pisos de grandes tenedores para alquiler social que impide maniobrar con facilidad con propiedades vacías u ocupadas exigiendo el alquiler social forzoso. Podemos concluir que se recurre aquel articulado que no permite a la Banca, a los fondos de titulización hipotecaria adquirir en pleno dominio las viviendas que una tras otra caen en sus manos después de fraudulentos procesos de ejecución donde ni siquiera son titulares de la deuda ni de la garantía. Esa es la razón: crean inseguridad jurídica que desmejora la carátula de los folletos de emisión de las titulizadoras ante los inversores o posibles bonistas-rentistas. Igualmente las SOCIMI tienen mermadas durante tres años su pleno derecho de propiedad al verse obligadas en los casos de familias en riesgo de negociar un alquiler social.
Es una tímida ley a la que ahora se le despoja de cualquier molestía que retrase los negocios inmobiliarios. Por eso, no compartimos totalmente el entusiasmo de los portavoces políticos y sociales que calificaron la ley catalana como “la más garantista de Europa” (1). Nuestra crítica a esa ley se fundamentaba en que no había un desarrollo normativo y además después de un año tampoco hay partidas presupuestarias que la avalen y que el mismo Conseller Vila cifraba en 800 millones de euros. El ahogo financiero de Catalunya desde el ministerio de Montoro hace casi imposible su aplicación si no es por la vía directa del enfrentamiento soberanista (2). Por eso nosotros la calificabamos esa ley de BRINDIS AL SOL, poco antes de las trascendentales elecciones catalanas del pasado año.
La inseguridad jurídica de las titulaciones hipotecarias son las que han empujado al PP a recurrir.
No, no somos aguafiestas en nuestra Asociación 500×20 o prouespeculacio.org. Creemos firmemente en que la verdad se debe explicar a la gente para que el pueblo pueda tomar decisiones valientes y sabias. No compartimos los llamamientos a la supuesta maldad innata de PP. El PP ha movido pieza, no porqué tenga miedo a la ley catalana, sino porqué como partido del régimen representa, al igual que otros, los intereses de las élites financieras del país. Y esa ley catalana creaba inseguridad jurídica a las emisiones de las titulizadoras españolas en el mercado de renta fija que anda muy paralizado.
Hablamos del motor financiero de la banca, de la financiación de la burbuja, de la creación privada de dinero con la deuda hipotecaria. Ese es el ojo del huracán.
No tenemos espías en el Consejo de Ministros. Tampoco sabemos los caminos obscuros por los que los poderes financieros hacen llegar hasta el Consejo de Ministros sus necesidades. Tal vez más de un ministro es lobista de la Banca. No, nuestra información la tenemos a la vista como todo el mundo: Grandes bancos españoles y algunos de los mayores fondos de inversión del mundo esperaban que el Consejo de Ministros anunciase la decisión del Gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional la Ley 24/2015 de la Generalitat de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética (3). VoxPupuli publicaba esa noticia sin tan siquiera el periodista citar la titulización hipotecaria. Esa palabra maldita que no hay manera que aparezca en los medios de comunicación.
La Asociación 500×20 cree firmemente en el uso de las titulizaciones hipotecarias como arma contra la banca y creemos que la entrega de los pisos de las familias a los bancos sólo redunda en la estafa financiera. Por eso estamos con la mosca detrás de la oreja cada vez que oímos grandes cifras en el negocio hipotecario: “BBVA se encomienda hoy a Soraya Sáenz de Santamaría para reactivar la venta de hipotecas por 1.500 millones”…. dice el periodista de VoxPopuli.
¿Venta de hipotecas del BBVA por 1500 millones?
No, el BBVA no va a vender préstamos hipotecarios, para reactivar el mercado inmobiliario. Lo que ocurre es que el BBVA, en una situación de pérdidas y con el balance cogido con pinzas, quiere vender una cartera de 1500 millones de euros en hipotecas ya concedidas, durante el 2015 y 2016, creando un fondo de titulización para cobrarlas y volver a la ruleta. La fuente del periodista la desconocemos pero si sabemos ver que el mercado de titulizaciones del BBVA, como mínimo, anda seco desde hace un año. Será la ley catalana, el soberanismo o el singobierno del país pero Europea de Titulizaciones SGFT, la titulizadora del BBVA, no saca un fondo hipotecario desde el RMBS15 BBVA del 11/05/2015 (4). Un año entero cuando lo normal ha sido incluso dos emisiones por año en medio de la crisis financiera.
No, no es el PP, arcángel del mal, … es Mordor el Señor al que hay que matar!!
Lo que es seguro que estaremos todos los movimientos sociales en la calle juntos para defender el derecho a la vivienda independientemente de los matices y opiniones.
(1) .- VientoSur : “Tenemos la ley más garantista de Europa. Ahora falta voluntad política”.
(2).- VientoSur : Quema de la Constitución, pobreza energética y vivienda.
(3).- VoxPopuli. BBVA se encomienda hoy a Soraya Sáenz de Santamaría para reactivar la venta de hipotecas por 1.500 millones.
(4).- ET-SGFT.- Listado de fondos de titulización.
RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY DE CATALUÑA DE MEDIDAS PARA AFRONTAR LA EMERGENCIA EN LA VIVIENDA
El Consejo de Ministros ha solicitado al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de Cataluña de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda. Además, se solicita la suspensión cautelar de la norma al amparo del artículo 161.2 de la Constitución.
El artículo 2 regula un procedimiento extrajudicial, al que se atribuyen facultades que podrían tener efectos sobre los procedimientos judiciales o en órganos administrativos, como las Comisiones de Valoración. Por ello, ha de considerarse inconstitucional, ya que infringe las competencias que el artículo 149 reserva al Estado en materia de legislación civil y procesal.
El artículo 3 regula el procedimiento judicial para la resolución de situaciones de sobreendeudamiento, un procedimiento distinto al que contiene la Ley Concursal, de competencia estatal exclusiva.
El artículo 4 alude a la extensión al fiador de la cancelación del pasivo no satisfecho, por lo que vulnera las competencias estatales, ya que este precepto no se encuentra entre las competencias autonómicas en materia de consumo.
El artículo 5, la disposición transitoria segunda y la final tercera vulneran la competencia estatal en materia de legislación procesal, al establecer un requisito previo a la interposición de una demanda judicial de ejecución hipotecaria. Introduce, como novedad, que la propuesta de alquiler social se efectúe antes de la adquisición de la vivienda, por lo que se entiende que la regulación autonómica condiciona la libertad civil de contratación y el ejercicio de acciones judiciales, y vulnera las competencias estatales sobre la legislación civil y procesal.
El artículo 7 hace referencia a la cesión obligatoria de viviendas y constituye una transferencia coactiva y temporal de la titularidad de la vivienda que incide en el derecho de propiedad que reconoce el artículo 33 de la Constitución. Supone, además, una discriminación arbitraria de las personas jurídicas o grandes tenedores de vivienda, a las que se imponen obligaciones más gravosas. Esta normativa genera un daño especial a una clase de entidades que forman parte del sistema financiero.
La disposición adicional prevé que, en caso de cesión de un crédito garantizado con la vivienda, el deudor podrá liberarse de la deuda abonando el precio que haya pagado el propietario más los intereses legales y los gastos que haya causado la reclamación de la deuda. En esta materia, la norma catalana presenta lagunas esenciales que determinan un apartamiento de la regulación civil, competencia del Estado.
Estructura de la presentación de Proceso a la Banca:
11h. Presentación movimiento y ponentes. Marta Afuera
11,15h. Sistema Monetario y emisión moneda. Ramón FRANQUESA.
11,35h. Mercados de Renta Fija y Titulització Hipotecaria. J.M.Novoa
11,55h. Deuda pública y deuda privada. Iolanda Fresnillo
12,15h. El Tratado TTIP. Mónica VARGAS
12,30h. Presentación del primer Tribunal Popular. Proceso a la Banca
12,35h. Debate y respuesta de ponentes.
14h Cierre.
Manifiesto proceso a la Banca: manifiesto castellano -.- català
SICOM Televisió, Asociación Hipotecados Activos, ATTAC-Acordem, PAH girona-Salt, Plataforma Sortida Euro, Associació 500×20
La peor complicidad es aquella que en tiempos de crisis pretende mantenerse equidistante o cubrirse de neutralidad, al abrigo de la ley. Unos alegan que el Estado de Derecho nos protege, a todos los ciudadanos, otros que la democracia acaba siempre imponiéndose, los más te dicen que si no haces política, otros la harán por ti. Hay que preguntarse quién saca beneficio de todo esto.
Estamos hablando de los desahucios!
Todos los movimientos sociales están de acuerdo en la gravedad del problema y además hablamos de crisis económica, de mala praxis bancaria, de coyuntura global, de necesidades básicas humanas, de bienestar económico social (buen vivir). Hasta se habla de reconocimientos de nuestros derechos ciudadanos, aunque, con demasiada facilidad se pasen por alto.
O se confunden los conceptos, o no se entienden!
Un desahucio, una dación, o incluso abandonar tu vivienda para empezar otra vez de nuevo en otra ciudad o país, no deja de ser una renuncia, aceptando que la culpa es nuestra y por eso claudicamos como perdedores convirtiendo la entrega de la vivienda en una rendición incondicional. Ni tan siquiera la gente conoce que vendieron sus deudas a terceros y que se entrega la vivienda a unos estafadores (titulizacion). La clase política legisló, por imposición de las élites financieras, que la gente no debería saber varias cosas esenciales de las hipotecas que conceden la Banca. Primero que el montante de la hipoteca se creó en el momento de la firma del deudor, ese dinero no existía antes. Segundo que luego de hacer aflorar el dinero en la pantalla de un ordenador se vendió la deuda a un tercero (titulización) por lo que recuperó el dinero que supuestamente había prestado. Luego la ignorancia, de ese proceso, es la que permite que la gente entregue su vivienda de manera sumisa y culpabilizada a la Banca cuando ya no puede hacer frente a la hipoteca. Con ello, el banco vuelve a cobrar por segunda vez. Pero además ya cobró enormes sumas de dinero de intereses y amortización e incluso puede quedarse con la vivienda de los avalistas. Querer esconder o ignorar estos métodos de extorsión es muy peligroso socialmente.
Unos pierden y otros ganan!
Ya saben, la banca siempre gana, los políticos elección tras elección también ganan, sea en intención de voto, en nº de votos, en escaños, etc., la justicia no puede perder, está en el centro de la balanza, el estado garantiza la seguridad, el orden y el control de todo, y hasta eso lo tiene ganado. Deberíamos los ciudadanos exigir, junto con los movimientos sociales, que se nos tenga más en cuenta, a los otros movimientos sociales también.
Hablemos de exigencias, ….
la Pah habla de CIN-CO,…no se entiende bien, se confunden,…el orden es importante.
Primero, ante todo, deberíamos exigirnos: STOP DESAHUCIOS, así continuaríamos viviendo en nuestras casas, es un DERECHO.
Segundo, se nos deberían garantizar los SUMINISTROS BÁSICOS, agua, luz, gas, electricidad, porque también, es un DERECHO.
Tercero, los desahuciados, facilitarles acceso a VIVIENDA PÚBLICA Y SOCIAL, son más de seiscientos mil desde el 2007, eso es un DERECHO.
Cuarto, garantizándoles a las familias, un ALQUILER ASEQUIBLE, y es un DERECHO,….solo CUATRO, pero…
PEDIMOS a los partidos políticos, a nuestros representantes, alcaldesas incluidas, que la DACIÓN sea una EXIGENCIA?, La dación no puede ser una exigencia. En todo caso una opción, que por cierto esta prohibida por el Código Civil (artículo 1859)
¡No! no puede ser una exigencia. Si se cumplieran las cuatro primeras, son CUATRO, serían más justas, necesarias pues las personas no entregarían como corderos su vivienda.
Ha empezado la campaña electoral pero también dentro de los movimientos sociales hay otras opciones.
+++ INFO sobre #NIdaciónNIpago

References: artículo 609
 artículo 609
 artículo 250
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 161
 artículo 2
 artículo 149
 artículo 3
 resolución 
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 33