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Timestamp: 2020-01-18 06:57:29+00:00

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Legislación: Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro ,
Tipo: Leyes de Consumo; Leyes de Leyes de Interés Area: Consumo ; Leyes de Interés
Fecha: 17/10/1980 Ambito: Nacional
(Se incluye Ley 26/2011, de 1 de agosto, por la que se modifica la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, publicada en el BOE núm. 184 de 02 de agosto de 2011)
(Se incluye Ley 22/2007, de 11 de julio, por la que se modifica la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, publicada en el BOE núm. 166 de 12 de julio de 2007)
(Se incluye Ley 26/2006, de 17 de julio, por la que se modifica la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, publicada en el BOE núm. 170 de 18 de julio de 2006)
(Se incluye Ley 34/2003, de 4 de noviembre, por la que se modifica la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato se Seguro, publicada en el BOE núm. 265 de 05 de noviembre de 2003)
(Se incluye Ley 22/2003, de 9 de julio, por la que se modifica la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, publicada en el BOE núm. 164 de 10 de julio de 2003)
(Se incluye Ley 44/2002, de 22 de noviembre, por la que se modifica la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, publicada en el BOE núm. 281 de 23 de noviembre de 2002)
(Se incluye Ley 18/1997, de 13 de mayo, por la que se modifica la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, publicada en el BOE núm. 115, de 14 de mayo de 1997)
(Se incluye Ley 30/1995, de 8 de noviembre, por la que se modifica la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, publicada en el BOE de 19 de noviembre de 1995)
(Se incluye Ley 21/1990, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, publicada en el BOE de 20 de diciembre de 1990)
(Se incluye Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.BOE núm. 166, de 12 de julio de 2007)
(Se incluye Ley 9/1992, de 30 de abril, de Mediación en Seguros Privados. BOE núm. 106, de 2 de mayo de 1992[Disposición derogada])
B.O.E. nº 250, de 17 de octubre de 1980
Sección Cuarta. Seguros de Enfermedad y Asistencia Sanitaria
Disposición adicional primera Soporte duradero
Disposición adicional segunda Contratación a distancia
Disposición adicional tercera Contratación electrónica
Disposición adicional cuarta No discriminación por razón de discapacidad
Según modificaciones presentadas por Ley 22/2007, de 11 de julio . BOE núm. 166, de 12 de julio de 2007 queda derogado el articulo sexto bis.
Según Ley 18/1997, de 13 de mayo, publicada en el BOE núm. 115, de 14 de mayo de 1997: El párrafo inicial del artículo 8 queda redactado de la siguiente forma:
Cuatro. Designación de los objetos asegurados y de su situación.
Según Ley 26/2006 de 17 de julio, publicada en el BOE núm. 170 de 18 de julio de 2006: El apartado 9 del artículo 8 pasa a tener la siguiente redacción:
Nueve. Si interviene un mediador en el contrato, el nombre y tipo de mediador
Según Ley 21/1990, de 19 de diciembre, publicada en el BOE de 20 de diciembre de 1990: Se añade al párrafo primero del artículo del artículo 10 el siguiente inciso:
El tomador del seguro tienen el deber, antes de la conclusión del contrato, de declarar al asegurador, de acuerdo con el cuestionario que éste le someta, todas las circunstancias por él conocidas que puedan influir en la valoración del riesgo.Quedará exonerado de tal deber si el asegurador no le somete cuestionario o cuando, aun sometiéndoselo, se trate de circunstancias que puedan influir en la valoración del riesgo y que no estén comprendidas en él.
El tomador del seguro o el asegurado deberán, durante el curso del contrato, comunicar al asegurador, tan pronto como le sea posible, todas las circunstancias que agraven el riesgo y sean de tal naturaleza que si hubieran sido conocidas por éste en el momento de la perfección del contrato no lo habría celebrado o lo habría concluido en condiciones más gravosas.
Según Ley 30/1995, de 8 de noviembre, publicada en el BOE de 19 de noviembre de 1995: Se da nueva redacción al artículo 20:
1º. Afectará, con carácter general, a la mora del asegurador respecto del tomador del seguro o asegurado y, con carácter particular, a la mora respecto del tercero perjudicado en el seguro de responsabilidad civil y del beneficiario en el seguro de vida.
2º. Será aplicable a la mora en la satisfacción de la indemnización, mediante pago o por la reparación o reposición del objeto siniestrado, y también a la mora en el pago del importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber.
3º. Se entenderá que el asegurador incurre en mora cuando no hubiere cumplido su prestación en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro o no hubiere procedido al pago del importe mínimo de lo que pueda deber dentro de los cuarenta días a partir de la recepción de la declaración del siniestro.
4º. La indemnización por mora se impondrá de oficio por el órgano judicial y consistirá en el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en el 50 por 100; estos intereses se considerarán producidos por días, sin necesidad de reclamación judicial.
5º. En la reparación o reposición del objeto siniestrado la base inicial de cálculo de los intereses será el importe líquido de tal reparación o reposición, sin que la falta de liquidez impida que comiencen a devengarse intereses en la fecha a que se refiere el apartado
6.º subsiguiente. En los demás casos será base inicial de cálculo la indemnización debida, o bien el importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber.6º. Será término inicial del cómputo de dichos intereses la fecha del siniestro.
7º. Será término final del cómputo de intereses en los casos de falta de pago del importe mínimo de lo que el asegurador pueda deber, el día en que con arreglo al número precedente comiencen a devengarse intereses por el importe total de la indemnización, salvo que con anterioridad sea pagado por el asegurador dicho importe mínimo, en cuyo caso será término final la fecha de este pago. Será término final del plazo de la obligación de abono de intereses de demora por la aseguradora en los restantes supuestos el día en que efectivamente satisfaga la indemnización, mediante pago, reparación o reposición, al asegurado, beneficiario o perjudicado.
8º. No habrá lugar a la indemnización por mora del asegurador cuando la falta de satisfacción de la indemnización o de pago del importe mínimo esté fundada en una causa justificada o que no le fuere imputable.
9º. Cuando el Consorcio de Compensación de Seguros deba satisfacer la indemnización como fondo de garantía, se entenderá que incurre en mora únicamente en el caso de que haya transcurrido el plazo de tres meses desde la fecha en que se le reclame la satisfacción de la indemnización sin que por el Consorcio se haya procedido al pago de la misma con arreglo a su normativa específica, no siéndole de aplicación la obligación de indemnizar por mora en la falta de pago del importe mínimo. En lo restante, cuando el Consorcio intervenga como fondo de garantía, y, sin excepciones, cuando el Consorcio contrate como asegurador directo, será íntegramente aplicable el presente artículo.
10º. En la determinación de la indemnización por mora del asegurador no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 1108 del Código Civil, ni lo preceptuado en el párrafo cuarto del artículo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, salvo las previsiones contenidas en este último precepto para la revocación total o parcial de la sentencia.
Según Ley 26/2006 de 17 de julio, publicada en el BOE núm. 170 de 18 de julio de 2006: El artículo 21 se modifica en los siguientes términos:
Según Ley 21/1990, de 19 de diciembre, publicada en el BOE de 20 de diciembre de 1990: El párrafo primero del artículo 28 se redacta:
No obstante lo dispuesto en el artículo veinticinco, las partes, de común acuerdo, podrán fijar en la póliza o con posterioridad a la celebración del contrato el valor del interés asegurado que habrá de tenerse en cuenta para el cálculo de la indemnización.
Según Ley 30/1995, de 8 de noviembre, publicada en el BOE de 19 de noviembre de 1995: Se añade un nuevo artículo 33.a):
c) Que el coaseguro se haga mediante un único contrato, referente al mismo interés, riesgo y tiempo y con reparto de cuotas determinadas entre varias aseguradoras, sin que exista solidaridad entre ellas, de forma que cada
una solamente estará obligada al pago de la indemnización en proporción a la cuota respectiva.
Según Ley 22/2003, de 9 de julio, publicada en el BOE núm. 164 de 10 de julio de 2003: El artículo 37 queda redactado de la forma siguiente:
Cuando no haya acuerdo entre los Peritos, ambas partes designarán un tercer Perito de conformidad; y de no existir ésta, la designación se hará por el Juez de Primera Instancia del lugar en que se hallaren los bienes, en acto de jurisdicción voluntaria y por los trámites previstos para la insaculación de Peritos en la Ley de Enjuiciamiento Civil. En este caso el dictamen pericial se emitirá en el plazo señalado por las partes o, en su defecto, en el de treinta días, a partir de la aceptación de su nombramiento por el Perito tercero.
Según Ley 30/1995, de 8 de noviembre, publicada en el BOE de 19 de noviembre de 1995: El artículo 44 adopta la siguiente redacción:
No será de aplicación a los contratos de seguros por grandes riesgos, tal como se delimitan en esta Ley, el mandato contenido en el artículo 2 de la misma
Según Ley 21/1990, de 19 de diciembre, publicada en el BOE de 20 de diciembre de 1990: El párrafo segundo del artículo 48 queda redactado del siguiente modo:
Primero. Los daños que ocasionen las medidas necesarias adoptadas por la autoridad o el asegurado para impedir, cortar o extinguir el incendio, con exclusión de los gastos que ocasione la aplicación de tales medidas, salvo pacto en contrario.
Segundo. Los gastos que ocasione al asegurado el transporte de los efectos asegurados o cualesquiera otras medidas adoptadas con el fin de salvarlos del incendio.
Tercero. Los menoscabos que sufran los objetos salvados por las circunstancias descritas en los dos números anteriores.
Cuarto. El valor de los objetos desaparecidos, siempre que el asegurado acredite su preexistencia y salvo que el asegurador pruebe que fueron robados o hurtados.
Quinto. Cualesquiera otros que se consignen en la póliza.
Primero. El valor del interés asegurado cuando el objeto asegurado, efectivamente sea sustraído y no fuera hallado en el plazo señalado en el contrato.
Segundo. El daño que la comisión del delito, en cualquiera de sus formas, causare en el objeto asegurado.
Primera. Por negligencia grave del asegurado, del tomador del seguro o de las personas que de ellos dependan o con ellos convivan.
Segunda. Cuando el objeto asegurado sea sustraído fuera del lugar descrito en la póliza o con ocasión de su transporte, a no ser que una u otras circunstancias hubieran sido expresamente consentidas por el asegurador.
Según Ley 21/1990, de 19 de diciembre, publicada en el BOE de 20 de diciembre de 1990: La causa 3ª del artículo 52 queda redactada como sigue:
Tercera. Cuando la sustracción se produzca con ocasión de siniestros derivados de riesgos extraordinarios.
Primera. Si el objeto asegurado es recuperado antes del transcurso del plazo señalado en la póliza, el asegurado deberá recibirlo, a menos que en ella le hubiera reconocido expresamente la facultad de su abandono al asegurador.
Segunda. Si el objeto asegurado es recuperado transcurrido el plazo pactado, y una vez pagada la indemnización, el asegurado podrá retener la indemnización percibida abandonando al asegurador la propiedad del objeto asegurado, o readquirirlo, restituyendo, en este caso, la indemnización percibida por la cosa o cosas restituidas.
Primero. Se considerarán comprendidos en los gastos de salvamento del artículo diecisiete los que fuere necesario o conveniente realizar para reexpedir los objetos transportados.
Segundo. En caso de pérdida total del vehículo el asegurado podrá abandonarlo al asegurador, si así se hubiese pactado, siempre que se observen los plazos y los demás requisitos establecidos por la póliza.
Primero. La pérdida de beneficios que produzca el siniestro durante el período previsto en la póliza.
Segundo. Los gastos generales que continúan gravando al asegurado después de la producción del siniestro.
Tercero. Los gastos que sean consecuencia directa del siniestro asegurado.
Primero. Cuando haya sido declarado en quiebra mediante resolución judicial firme.
Segundo. Cuando haya sido aprobado judicialmente un convenio en el que se establezca una quita del importe.
Tercero. Cuando se haya despachado mandamiento de ejecución o apremio, sin que del embargo resulten bienes libres bastantes para el pago.
Cuarto. Cuando el asegurado y el asegurador, de común acuerdo, consideren que el crédito resulta incobrable.
En caso de siniestro, la cuantía de la indemnización vendrá determinada por un porcentaje establecido en el contrato, de la pérdida final que resulte de añadir al crédito impagado los gastos originados por las gestiones de recobro, los gastos procesales y cualesquiera otros expresamente pactados.
Dicho porcentaje no podrá comprender los beneficios del asegurado, ni ser inferior al cincuenta por ciento de la pérdida final.
Primero. A exhibir, a requerimiento del asegurador, los libros y cualesquiera otros documentos que poseyere relativos al crédito o créditos asegurados.
Segundo. A prestar la colaboración necesaria en los procedimientos judiciales encaminados a obtener la solución de la deuda, cuya dirección será asumida por el asegurador.
Tercero. A ceder al asegurador, cuando éste lo solicite, el crédito que tenga contra el deudor una vez satisfecha la indemnización.
Según Ley 30/1995, de 8 de noviembre, publicada en el BOE de 19 de noviembre de 1995: Se añade un nuevo párrafo al artículo 73, del siguiente tenor:
Será obligatorio el seguro de responsabilidad civil para el ejercicio de aquellas actividades que por el Gobierno se determinen. La Administración no autorizará el ejercicio de tales actividades sin que previamente se acredite por el interesado la existencia del seguro. La falta de seguro, en los casos en que sea obligatorio, será sancionada administrativamente.
Según Ley 21/1990, de 19 de diciembre, publicada en el BOE de 20 de diciembre de 1990: Se añade un nuevo título con el siguiente contenido:
Según Ley 21/1990, de 19 de diciembre, publicada en el BOE de 20 de diciembre de 1990: La Sección Novena ("Reaseguro") del Título II pasará a ser la Sección Décima.
Según Ley 44/2002, de 22 de noviembre, publicada en el BOE núm. 281 de 23 de noviembre de 2002: Se modifica el artículo 83 que quedará redactado como sigue:
No se podrá contratar un seguro para caso de muerte sobre la cabeza de menores de catorce años de edad o de incapacitados. Se exceptúan de esta prohibición, los contratos de seguros en los que la cobertura de muerte resulte inferior o igual a la prima satisfecha por la póliza o al valor de rescate
Según Ley 30/1995, de 8 de noviembre, publicada en el BOE de 19 de noviembre de 1995: Se añade un nuevo artículo 83.a):
Artículo 83 a
Según modificaciones presentadas por Ley 22/2007, de 11 de julio . BOE núm. 166, de 12 de julio de 2007 queda derogado el articulo 83.a
Según Ley 34/2003, de 4 de noviembre, publicada en el BOE núm. 265 de 05 de noviembre de 2003: El artículo 83.a) pasa a tener la siguiente redacción:
Según Ley 22/2007, de 11 de julio, publicada en el BOE núm. 166 de 12 de julio de 2007: Queda derogado el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 83.a):
2. La facultad unilateral de resolución del contrato deberá ejercitarse por el tomador mediante comunicación dirigida al asegurador a través de un soporte duradero, disponible y accesible para éste y que permita dejar constancia de la notificación.
Según Ley 22/2007, de 11 de julio, publicada en el BOE núm. 166 de 12 de julio de 2007: Del apartado 2 del artículo 83.a) el inciso que dice: «Tratándose de un contrato de seguro comercializado a distancia, la comunicación se hará de acuerdo con las instrucciones que el tomador haya recibido de conformidad con lo previsto en el apartado queda derogado:
Tratándose de un contrato de seguro comercializado a distancia, la comunicación se hará de acuerdo con las instrucciones que el tomador haya recibido de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 60 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
La referida comunicación deberá expedirse por el tomador del seguro antes de que venza el plazo indicado en el apartado anterior.
Según Ley 21/1990, de 19 de diciembre, publicada en el BOE de 20 de diciembre de 1990: Se añade el Título IV, regulador de las Normas de Derecho Internacional Privado:
TÍTULO IV NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
Según Ley 30/1995, de 8 de noviembre, publicada en el BOE de 19 de noviembre de 1995: Se da nueva redacción a los artículos 107, 108 y 109:
a) Cuando se refiera a riesgos que estén localizados en territorio español y el tomador del seguro tenga en él su residencia habitual, si se trata de persona física, o su domicilio social o sede de gestión administrativa y dirección de los negocios, si se trata de persona jurídica.b) Cuando el contrato se concluya en cumplimiento de una obligación de asegurarse impuesta por la ley española.2. En los contratos de seguro por grandes riesgos las partes tendrán libre elección de la ley aplicable.
Se consideran grandes riesgos los siguientes:
a) Los de vehículos ferroviarios, vehículos aéreos, vehículos marítimos, lacustres y fluviales, mercancías transportadas (comprendidos los equipajes y demás bienes transportados), la responsabilidad civil en vehículos aéreos (comprendida la responsabilidad del transportista) y la responsabilidad civil de vehículos marítimos, lacustres y fluviales (comprendida la responsabilidad civil del transportista).b) Los de crédito y de caución cuando el tomador ejerza a título profesional una actividad industrial, comercial o liberal y el riesgo se refiera a dicha actividad.c) Los de vehículos terrestres (no ferroviarios), incendio y elementos naturales, otros daños a los bienes, responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles (comprendida la responsabilidad del transportista), responsabilidad civil en general, y pérdidas pecuniarias diversas, siempre que el tomador supere los límites de, al menos, dos de los tres criterios siguientes:- Total del balance: 6.200.000 ecus.
- Importe neto del volumen de negocios: 12.800.000 ecus.
- Número medio de empleados durante el ejercicio: 250 empleados.
Si el tomador del seguro formara parte de un conjunto de empresas cuyo balance consolidado se establezca con arreglo a lo dispuesto en los artículos 42 a 49 del Código de Comercio, los criterios mencionados anteriormente se aplicarán sobre la base del balance consolidado.
a) Cuando se refiera a riesgos que estén localizados en territorio español y el tomador del seguro no tenga en él su residencia habitual, domicilio social o sede de gestión administrativa y dirección de los negocios, las partes podrán elegir entre la aplicación de la ley española o la ley del Estado en que el tomador del seguro tenga dicha residencia, domicilio social o dirección efectiva.b) Cuando el tomador del seguro sea un empresario o un profesional y el contrato cubra riesgos relativos a sus actividades realizadas en distintos Estados del Espacio Económico Europeo, las partes podrán elegir entre la ley de cualquiera de los Estados en que los riesgos estén localizados o la de aquél en que el tomador tenga su residencia, domicilio social o sede de gestión administrativa y dirección de sus negocios.c) Cuando la garantía de los riesgos que estén localizados en territorio español se limite a los siniestros que puedan ocurrir en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo distinto de España, las partes pueden elegir la ley de dicho Estado.
b) Cuando el tomador del seguro sea una persona jurídica y tenga su domicilio, su efectiva administración y dirección o su principal establecimiento o explotación en territorio español
Se aplicarán al contrato de seguro las normas generales de Derecho internacional privado en materia de obligaciones contractuales, en lo no previsto en los artículos 107 y 108.»
Según Ley 34/2003, de 4 de noviembre, publicada en el BOE núm. 265 de 05 de noviembre de 2003: . Se añaden las siguientes disposiciones adicionales
Según modificaciones presentadas por Ley 22/2007, de 11 de julio . BOE núm. 166, de 12 de julio de 2007 queda derogada la disposición adicional dos:
Según Ley 22/2007, de 11 de julio, publicada en el BOE núm. 166 de 12 de julio de 2007: Queda derogada la disposición adicional segunda:
Según Ley 26/2011, de 1 de agosto, publicada en el BOE núm. 184 de 02 de agosto de 2011: Se añade una nueva disposición adicional se añade una nueva disposición adicional con la siguiente redacción:
No se podrá discriminar a las personas con discapacidad en la contratación de seguros. En particular, se prohíbe la denegación de acceso a la contratación, el establecimiento de procedimientos de contratación diferentes de los habitualmente utilizados por el asegurador o la imposición de condiciones más onerosas, por razón de discapacidad, salvo que se encuentren fundadas en causas justificadas, proporcionadas y razonables, que se hallen documentadas previa y objetivamente

References: artículo 8
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 20
 artículo 1108
 artículo 921
 artículo 21
 artículo 28
 artículo 33
 artículo 37
 artículo 44
 artículo 2
 artículo 48
 artículo 52
 resolución 
 artículo 73
 artículo 83
 artículo 83

Artículo 83
 artículo 83
 artículo 83
 resolución 
 artículo 83
 artículo 60