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Timestamp: 2016-10-27 15:58:34+00:00

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119620982 FERNANDEZ MOLINA Ester EL INTERNAMIENTO de MENORES Una Mirada Hacia La Realidad de Su Aplicacion en Espana
BrowseBrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksComicsSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicRevista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología ISSN 1695-0194ARTÍCULOS RECPC 14-18 (2012)
EL INTERNAMIENTO DE MENORES
Una mirada hacia la realidad de su aplicación en España
Centro de Investigación en Criminología. Universidad de Castilla-La Mancha
_______________________________________________________________________________________ FERNÁNDEZ MOLINA, Esther. El internamiento de menores: Una mirada hacia la realidad de su aplicación en España. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (en línea). 2012, núm. 14-18, p. 18:1-18:20. Disponible en internet: http://criminet.ugr.es/recpc/14/recpc14-18.pdf ISSN 1695-0194 [RECPC 14-18 (2012), 25 dic] RESUMEN: En este trabajo se analiza el recurso a la privación de libertad para menores infractores en España como elemento de análisis que valore la orientación de la política criminal con jóvenes y menores. Para ello se ha analizado la aplicación práctica de la Ley que regula la responsabilidad penal de los menores empleando datos procedentes de las memorias de la Fiscalía General del Estado y del informe de 2009 de la Dirección General de Política Social, de las Familias y la Infancia. La hipótesis que ha tratado de verificarse es que una regulación que se ha ido haciendo cada vez más restrictiva implicará, consecuentemente, un aumento de las medidas privativas de libertad y, especialmente, del internamiento en régimen cerrado. Sin embargo, los resultados del análisis parecen indicar lo contrario ya que conforme se ha ido endureciendo la legislación, las medidas privativas de libertad, especialmente, las de régimen cerrado han disminuido. Estos resultados paradójicos son explicados como un ejercicio de resistencia de los operadores jurídicos al mayor rigor punitivo que propugna la ley. PALABRAS CLAVE: Menores infractores, medidas judiciales, internamiento, justicia de menores. Fecha de publicación: 25 diciembre 2012
SUMARIO: I. Introducción. 2. La regulación legislativa de la privación de libertad a menores infractores. 2.1. La perspectiva internacional. 2.2. La regulación de las medidas privativas de libertad en la LO 5/2000 y sus sucesivas reformas. 3. La LO 5/2000 como una ley descentralizadora que ha privatizado parte del sistema de ejecución de medidas judiciales. 4. La aplicación práctica de la normativa que regula la privación de libertad a menores infractores. 4.1. La privación de libertad: balance nacional. 4.2. La privación de libertad: valoración de la diversidad. 5. Discusión de los resultados. 5.1. La resistencia de los operadores jurídicos: cambios en las estrategias de judicialización. 5.2. Recursos y diversidad autonómica: las diferentes caras de la ejecución de medidas judiciales en España. 6. Conclusiones.
Nota: Quisiera agradecer a Cristina Rechea y a Mª José Bernuz las observaciones realizadas a la versión inicial de este artículo. Así mismo, me gustaría agradecer a Mercedes Botija la oportunidad que me ha dado para dirigir su Trabajo Fin de Master y su actual tesis doctoral que espero sea una importante contribución a la Criminología española sobre la realidad de los centros de internamiento en España, un ámbito tan poco explorado y de tanta trascendencia. RECPC 14-18 (2012) − http://criminet.ugr.es/recpc − ISSN 1695-0194
Esther Fdez. Molina
1. Introducción El incremento de la privación de libertad ha sido observado como el principal elemento que caracteriza el actual modelo de justicia penal como un modelo de control (Garland, 2001). Así, la mayoría de los países han visto incrementar su población penitenciaria en las últimas décadas, mientras que aquellos que no lo han hecho han tratado de indagar que les ha hecho resistentes a esta tendencia (LappiSeppälä, 2011). En España también se ha producido este incremento de la población penitenciaria por lo que no hay quién ha dudado ver en este dato un síntoma inequívoco del desarrollo de este modelo en nuestro país (Díez Ripolles, 2004). Esta orientación hacia un nuevo modelo también se ha observado en la justicia de menores (Muncie, 2004, Bailleau y Carteyvells, 2007). Un modelo que presenta una justicia mucho más compleja (Fernández Molina, 2008) y que en algunos aspectos presenta una versión idéntica hacia la que se orienta la justicia penal de adultos (García Pérez, 2005). No obstante, desde el momento que estas afirmaciones se realizaron hubo quién puso en duda esta hipótesis (Zedner, 2002) y quién dudó que este modelo tuviera inevitablemente que replicarse de igual modo en todos los países (Medina, 2006). Bernuz y Fernández (2008) afirmaron que efectivamente el modelo de justicia de menores había evolucionado y que la nueva orientación que había adoptado la política criminal de jóvenes y menores infractores en España estaba avanzando hacia un nuevo modelo que había abandonado alguna de las antiguas premisas. Sin embargo, advertían que esa orientación podía apreciarse sólo como fruto del análisis legislativo, por lo que recomendaban que sería necesario comprobar cómo se consagraba ese modelo en la práctica para poder afirmar si el análisis legislativo coincidía con el empírico. Es necesario recordar que la historia de la justicia de menores es una historia de resistencias internas en la que ley y práctica no siempre han ido en la misma dirección y en el que en ocasiones se han vivido procesos de resistencia interna tan fuertes que la disparidad ha sido absoluta (Fernández Molina, 2008). Por lo general, es frecuente advertir discrepancias entre ley escrita y práctica porque su objetivo último es bien distinto; mientras que el legislador tiene como objetivo satisfacer las demandas de la opinión pública y salvaguardar la propia legitimación del sistema, los operadores se centran exclusivamente en el interés del menor desde una perspectiva de prevención especial positiva (Bernuz, 2009). Por ello, y partiendo de ese punto de vista tan distinto de unos y otros, es imprescindible centrar el análisis en conocer si existen tales discrepancias y su alcance real y cómo pueden afectar éstas a la valoración general que se haga sobre la actual orientación de política criminal con jóvenes y menores infractores. En este trabajo se va a analizar el recurso a la privación de libertad para menores infractores en España como elemento de análisis que valore la orientación de la
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El internamiento de menores: Una mirada hacia la realidad de su aplicación en España
política criminal con jóvenes y menores. Para ello se analizará en primer lugar la regulación de la privación de libertad que ha hecho la normativa internacional y la LO 5/2000, de 12 de enero, que regula la responsabilidad penal de los menores (en adelante LO 5/2000) y sus posteriores reformas en España. Posteriormente se analizará el resultado de la aplicación práctica de esas disposiciones empleando para ello datos oficiales. Los más de 10 años de vigencia del texto legislativo permitirán contar con el material necesario para realizar un análisis mucho más exhaustivo de los que se hicieron inicialmente. 2. La regulación legislativa de la privación de libertad a menores infractores 2.1. La perspectiva internacional El ámbito de la justicia de menores tiene una fuerte vocación internacional en la medida que ha estado tradicionalmente muy influido por la normativa supranacional, (Naciones Unidas y el Consejo de Europa, especialmente), fruto de su especial objeto de actuación, la infancia (Fernández-Molina, 2008). En este sentido la normativa internacional ha sido muy clara a la hora de exponer cuáles han de ser los mínimos que la normativa de los diversos países deben observar en relación con las actuaciones privativas de libertad con menores infractores. Así y ya con las Reglas Beijing elaboradas por Naciones Unidas en 1985 empezó a formularse lo que después fue un principio asumido claramente por la Convención de Derechos del Niño en 1989 y por lo tanto de observancia obligada para todos los Estados firmantes, la privación de libertad debe ser siempre la última ratio, esto es, debe imponerse cuando se hayan agotado todas las opciones educativas disponibles en el ámbito comunitario y, en su caso, debe imponerse siempre por el menor tiempo posible. Este principio ha sido asimilado y propugnado también por el Consejo de Europa en sus recomendaciones de 1987 (Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa (1987) 20, sobre reacciones sociales ante la delincuencia juvenil, de 17 de septiembre), de 2003 (Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa (2003) 20, sobre nuevas formas de tratar con la delincuencia juvenil y el rol de la justicia juvenil de 24 de septiembre) y de 2008 (Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa (2008) 11, sobre reglas europeas para delincuentes juveniles sujetos a sanciones o medidas, de 5 de noviembre). No obstante, y a pesar del impulso ofrecido por estas instancias supranacionales para compartir un modelo de justicia común, el cumplimiento de esta normativa es muy desigual en los distintos países y en la medida que mucha de esa normativa no es vinculante; a pesar del compromiso que todos los países dicen mantener al respecto, en muchas ocasiones se ha producido en la legislación y, especialmente, en
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la práctica de los países una aplicación de la ley que, en ocasiones, contraviene lo establecido por dichas instancias. Así, por ejemplo, se puede observar que las tasas de internamiento varían mucho de unos países a otros sin que sus legislaciones y sus cifras de delincuencia lo hagan en la misma dirección (Dünkel y Pruin, 2009). 2.2. La regulación de las medidas privativas de libertad en la LO 5/2000 y sus sucesivas reformas Inicialmente la legislación de menores española concibió la medida de internamiento en régimen cerrado exclusivamente para aquellos supuestos en los que en la descripción y calificación jurídica de los hechos se hubiera establecido que en su comisión se hubiera empleado violencia o intimidación en las personas o se hubiera actuado con grave riesgo para la vida o la integridad física de las mismas. Sin embargo, y fruto de la imagen de benevolencia e ineficiencia que se generó sobre la LO 5/2000 desde su publicación, el legislador español ha ido modificando algunos de sus preceptos, especialmente, aquellos que regulan las consecuencias al denominado núcleo duro de la delincuencia juvenil (Bernuz, 2005). Las modificaciones han ido encaminadas a ampliar los supuestos en los que se puede aplicar la medida de internamiento en régimen cerrado, a ampliar el período de duración de esta y otras medidas y a restringir el ámbito de discrecionalidad que tiene el juez de menores a la hora de modificar, suspender o sustituir las medidas (para ver esta evolución Fernández Molina, 2008). Tras la última reforma de la legislación que desarrolló la LO 8/2006, el Juez tiene un margen de maniobra menor y en determinadas ocasiones dada la naturaleza de los hechos pueda adoptar una duración mayor de la respuesta, e incluso, obliga a que ésta sea internamiento en régimen cerrado, tal y como muestra la siguiente tabla.
Tabla 1. Reglas especiales para la aplicación de medidas a menores infractores
Hecho/Edad Delitos graves 14-15 años 16-17 años Las medidas pueden alcanzar hasta 6 años. Si fuera una P.S.B.C. podrá alcanzar las 200 hs y hasta 16 fines de semana en la medida de permanencia de fines de semana* Las medidas pueden alcanzar hasta 6 años. Si fuera una P.S.B.C. podrá alcanzar las 200 hs y hasta 16 fines de semana en la medida de permanencia de fines de semana* Las medidas pueden alcanzar hasta 3 años. Si fuera una P.S.B.C. podrá alcanzar las 150 hs y hasta 12 fines de semana en la medida de permanencia de fines de semana Delitos menos graves, pero Las medidas pueden alcanzar que en su ejecución se haya hasta 3 años. Si fuera una empleado violencia o intimi- P.S.B.C. podrá alcanzar las dación en las personas o se 150 hs y hasta 12 fines de haya generado grave riesgo semana en la medida de para la vida o la integridad permanencia de fines de física semana
De 1 a 4 años en un centro De 1 a 8 años en un centro cerrado de internamiento + 3 cerrado de internamiento + 5 años de libertad vigilada (la años de libertad vigilada (la medida no puede ser modifi- medida no puede ser modificada hasta que no haya cada hasta que no haya transcurrido la mitad de la transcurrido la mitad de la duración de la medida de duración de la medida de internamiento impuesta) internamiento impuesta) * En estos supuestos cuando el caso revistiera extrema gravedad el Juez deberá imponer una medida de internamiento en régimen cerrado de 1 a 6 años y hasta 5 años de libertad vigilada (la medida no podrá ser modificada hasta que no haya transcurrido el primer año de internamiento) ** Cuando se trate de delitos conexos o continuados y al menos uno de ellos sea de alguno de los incluidos en esta cláusula el Juez podrá ampliar la duración del internamiento hasta los 5 años en el caso de los menores de 14 y 15 años y a 10 cuando el infractor tenga 16 o 17 años.
Delitos que se cometan en grupo o el menor perteneciere o actuare al servicio de una banda, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades Asesinato, Homicidio, Violación, Terrorismo y delitos que en el Código penal de adultos lleve aparejada más de 15 años de prisión**
Las medidas pueden alcanzar hasta 3 años. Si fuera una P.S.B.C. podrá alcanzar las 150 hs y hasta 12 fines de semana en la medida de permanencia de fines de semana
Las medidas pueden alcanzar hasta 6 años. Si fuera una P.S.B.C. podrá alcanzar las 200 hs y hasta 16 fines de semana en la medida de permanencia de fines de semana*
Así, tal y como establece el artículo 10, si los hechos delictivos son delitos graves; o son menos graves pero en su ejecución se ha empleado violencia o intimidación en las personas o se ha generado grave riesgo para la vida o la integridad física de las mismas; o se trata de delitos que se han cometido en grupo o se ha constado que el menor pertenece o actúa al servicio de una banda, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, el Juez puede extender la duración de la medida hasta tres años en el caso de los menores de 14 y 15 años de edad y a 6 años si el infractor es un menor de de 16 y 17 años. Además, en el caso de estos últimos, si el hecho revistiera especial gravedad el Juez deberá imponer una medida de internamiento en régimen cerrado de 1 a 6 años complementada con hasta 5 años de libertad vigilada, sin que la medida pueda ser modificada ni sustituida hasta que no haya transcurrido el primer año de internamiento. Es necesario precisar que el legislador considera especial gravedad aquellos supuestos en los que se apreciara reincidencia sin que explique en ningún caso qué es reincidencia1. Así mismo, si el menor hubiera cometido cualquiera de los delitos previstos en la cláusula del artículo 10.2, esto es, delitos tipificados en los artículos 138, 139,179, 180 y 571 a 580 del Código Penal, o de cualquier otro delito que tenga señalada en dicho Código o en las leyes penales especiales pena de prisión igual o superior a quince años, el Juez deberá imponer un internamiento en régimen cerraUn análisis crítico respecto al uso de la reincidencia como elemento que puede agravar la consecuencia jurídica puede verse en García Pérez (2000) y García Rivas (2005). RECPC 14-18 (2012) http://criminet.ugr.es/recpc/14/recpc14-18.pdf
do de 1 a 5 años de duración, complementada en su caso por otra medida de libertad vigilada de hasta 3 años si el infractor es un menor de 14 o 15 años y de 1 a 8 años más 5 años de libertad vigilada si tiene 16 o 17. En este caso, el legislador precisa que la medida no podrá ser modificada, suspendida o sustituida hasta que no haya transcurrido al menos, la mitad de la duración de la medida impuesta. Hay que insistir que en ambos supuestos (delincuentes que cometan delitos graves, menos graves violentos o en banda y que además sean reincidentes y delincuentes que cometan hechos delictivos de especial intensidad) no es que se amplíe el ámbito de discrecionalidad para que el Juez pueda, si lo desea, proporcionar una respuesta más severa, sino que le obliga a acudir al internamiento en régimen cerrado sin que pueda modificarse hasta que haya transcurrido un año en el primer supuesto o la mitad de la duración de la medida en el segundo. Se trata pues de una obligación que anula la discrecionalidad del Juez de menores que es la piedra angular sobre la que se sostiene una justicia individualizada como debe ser la justicia de menores. Finalmente, si se tratara de infracciones conexas o continuadas y alguna de las infracciones perteneciera a esa clausula de delitos recogida en el artículo 10.2. la medida puede extenderse hasta los 6 años para los menores de 14 y 15 más 3 de libertad vigilada y hasta 10 más 5 de libertad vigilada para los de 16 y 17 años. Además de la ampliación de los supuestos en los que se puede adoptar la medida de internamiento en régimen cerrado, el legislador en la última reforma de 2006 también ha endurecido el régimen de cumplimiento de la medida de internamiento en régimen semiabierto, al modificar lo previsto inicialmente respecto a cuáles son las actividades que el menor puede hacer dentro y fuera del centro una vez está sometido a dicho régimen. Así, inicialmente las personas sometidas a la medida de internamiento en régimen semiabierto estaban obligadas a residir en el centro, pero el resto de actividades formativas, educativas, laborales y de ocio se realizaban fuera del mismo. Con la nueva regulación esto no ocurrirá siempre ya que la realización de actividades fuera del centro queda condicionada a la evolución de la persona y al cumplimiento de los objetivos previstos en las mismas, pudiendo el Juez de Menores suspenderlas por tiempo determinado, acordando que todas las actividades se lleven a cabo dentro del centro. De esta manera se modifica el régimen previsto lo que implica que en ocasiones el cumplimiento de las medidas de régimen semiabierto se convertirá de facto en un régimen cerrado, al no tener el menor contacto con el ámbito comunitario e impedírsele realizar actividades en los servicios normalizados de su entorno. De este modo, y tras las sucesivas reformas, puede observarse cómo se ha generado una respuesta más contundente hacia la delincuencia juvenil de especial intensidad que ha sido tildada por muchos autores como excesiva, al tomar la parte por el todo (Bernuz y Fernández, 2008), ineficaz desde el punto de vista de la intervenRevista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2012, núm. 14-18, p. 18:1-18:20 − ISSN 1695-0194
ción educativa, ya que existe la creencia generalizada entre los agentes del sistema de justicia de menores de que lo que no se consiga en un año o a lo sumo en dos difícilmente podrá conseguirse (Ornosa, 2003 y Garrido et. al, 2006) y simbólica porque muchas de sus premisas no son sino un intento de acallar una alarma social conmocionada por la delincuencia juvenil violenta (Fernández y Tarancón, 2010). Sin embargo, esta regulación no sólo es excesiva, ineficaz y simbólica sino que además supone en alguna de sus previsiones una clara vulneración de los tratados internacionales ratificados por España y más concretamente de la Convención de Derechos del Niño de 1989. Como se advertía al inicio de este texto, el mandato que realiza Naciones Unidas a los Estados firmantes es que la privación de libertad debe ser siempre la ultima ratio que debe adoptarse cuando se hayan agotado todas las posibilidades comunitarias. Así, y con la regulación que ha realizado el legislador español es muy factible que un menor, tras una conciliación o un desistimiento del expediente, pueda cumplir como primera medida judicial una medida privativa de libertad e, incluso, un internamiento en régimen cerrado si entra en alguno de los supuestos del artículo 10. Finalmente, y no por ello menos importante, habría que mencionar que esta regulación tan restrictiva, en algunos supuestos hace al menor infractor de peor condición que al adulto, ya que prevé consecuencias más gravosas para aquél que para éste. Buen ejemplo de ello es el período de seguridad que establece el artículo 10 que es más restrictivo que el que establece el Código Penal en el artículo 36. En el ámbito de adultos el Juez de Vigilancia Penitenciaria es el que acuerda el régimen general de cumplimiento y la clasificación en tercer grado (excepto para un número reducido de delitos en que no puede hacerlo) mientras que en el ámbito de los menores, el Juez de menores no puede modificar de manera alguna el cumplimiento de esa medida durante el período de seguridad (Montero, 2011), o las consecuencias jurídicas más gravosas que recibe el menor por pertenecer a una banda o actividad organizada algo que no sucede en el ámbito de adultos (Bernuz y Fernández, 2011) o la condición de reincidente que en el ámbito de los adultos tan sólo ha conseguido establecerse como una agravante pero, en ningún caso, puede incrementar por sí sola la gravedad del hecho, como si sucede en el caso de los menores infractores reincidentes (García Rivas, 2005). 3. La LO 5/2000 como una ley descentralizadora que ha privatizado parte del sistema de ejecución de medidas judiciales La LO 5/2000, como ya hiciera en su día la LO 4/1992, concedió la competencia para ejecutar las medidas judiciales impuestas por los Jueces de menores a las comunidades autónomas bajo el control de aquellos (artículos 44 y 45). De esta manera se apostaba por dejar el ámbito de la intervención educativa con los meno-
res infractores en manos de los servicios autonómicos que manejan una visión integral de la protección del menor. Esta opción presenta ventajas de cara a la inmediatez y a la cercanía del sistema que tiene que llevar a cabo la intervención, pero puede abocar también a situaciones de desigualdad por la falta de seguridad jurídica que el RD 1774/2004 que desarrolla la Ley no ha podido evitar, en tanto que es una regulación de mínimos. Esta decisión que supone una descentralización del ius puniendi del Estado (la manifestación más genuina de la soberanía del Estado), preocupa, especialmente, en el ámbito de las medidas privativas de libertad, más en concreto en el régimen cerrado, en donde se produce una restricción de derechos tan importante. Además de esta descentralización la LO 5/2000 otorga la posibilidad de que las entidades autonómicas puedan establecer los convenios o acuerdos de colaboración necesarios con otras entidades, bien sean públicas, de la Administración del Estado, Local o de otras Comunidades Autónomas, o privadas sin ánimo de lucro, para la ejecución de las medidas de su competencia. Esta opción da al discurso una vuelta de tuerca más, en la medida que ya no se está hablando solamente de descentralización sino también de privatización del sistema de ejecución de medidas, incluidas las privativas de libertad. En definitiva y para concluir, la regulación que ha establecido la LO 5/2000 y sus posteriores reformas sobre la aplicación y ejecución de las medidas judiciales impuestas a menores infractores, presenta un sistema que recurre en demasiadas ocasiones a la privación de libertad y más en concreto al internamiento en régimen cerrado, que para los casos más graves limita la discrecionalidad del Juez de menores que, en ocasiones, hace al menor de peor condición que al adulto y que prevé para su aplicación un sistema de ejecución de medidas descentralizado que puede contemplar la utilización de servicios privados o concertados. 4. La aplicación práctica de la normativa que regula la privación de libertad a menores infractores A continuación se realiza una valoración de la aplicación práctica de la LO 5/2000 en relación con la adopción y ejecución de las medidas privativas de libertad. Para realizar este análisis se van a emplear datos procedentes de las memorias de la Fiscalía General del Estado (en adelante FGE) y del informe de 2009 de la Dirección General de Política Social, de las Familias y la Infancia. En principio, se ha optado por estas fuentes porque se considera que son las mejores de las disponibles. Como ya se ha dicho en otras ocasiones (Fernández Molina, 2008), la LO 5/2000 otorgó al Ministerio público, definitivamente y con los recursos necesarios, el impulso y la instrucción del procedimiento de reforma de menores. Para ello, en el año 2001 se crearon las Secciones Únicas en cada Fiscalía, que cuentan con personal y medios
propios. Este hecho significa que, por vez primera en la justicia de menores, la Fiscalía se convirtió en el principal referente, para todos aquellos que estén en contacto con menores y/o tengan conocimiento de un hecho delictivo cometido por menores de edad. Por lo que los datos que proporciona esta fuente hacen referencia a los asuntos desde el inicio de su tramitación, es decir, la información de la FGE es la única que permite conocer todos los asuntos que tienen que ver con los menores infractores (los denunciados en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policías locales, Juzgados de guardia y directamente en Fiscalía) y desde la incoación del asunto como diligencia previa hasta el final del proceso sea este el que sea. Por otra parte, el informe de 2009 de la Dirección General de Política Social, de las Familias y la Infancia, a pesar de sus limitaciones es la única fuente que permite conocer datos sobre las diferencias autonómicas. La información que aparece en este informe se realiza cumplimentando un boletín de Estadística Básica de Medidas Impuestas (Notificadas y Ejecutadas) a los menores infractores que recoge los datos directamente de Comunidades Autónomas y que el Ministerio lleva recopilando desde 2001 para poder conocer las consecuencias de la descentralización de los servicios de ejecución de medidas judiciales impuestas a menores. Como el propio informe reconoce, las dificultades de homogeneización de criterios para poder cumplimentar el boletín2 provoca que dicha fuente tenga importantes sesgos para poder conocer el número de medidas notificadas y ejecutadas; por lo que se considera que los datos que proporciona la FGE al respecto, son mucho más fiables debido a la homogenización de criterios que existe para su recogida. No obstante, este informe permite conocer algunas características de los recursos (su titularidad, capacidad, etc.) por lo que lo convierte en un punto de partida importante desde el que analizar la diversidad autonómica del país. La hipotesis de partida de este análisis es que una regulación que se ha ido haciendo cada vez más restrictiva implicará, consecuentemente, un aumento de las medidas privativas de libertad y, especialmente, del internamiento en regímen cerrado. 4.1. La privación de libertad: balance nacional Tal y como puede observarse en la figura 1, en los primeros años la privación de libertad y las medidas comunitarias evolucionaron de manera similar, de tal forma que las medidas comunitarias parecieron no ser una alternativa para la privación de
El informe advierte de las dificultades en algunas comunidades autónomas para recopilar los datos con el nivel de desagregación requerido (tipo de medida, género y edad), debido a la falta de automatización de los sistemas de registro y archivo, o bien no disponer de alguna de las variables necesarias en sus ficheros. En la mayoría de las comunidades autónomas, las entidades públicas encargadas de proporcionar la información solicitada carecen de datos sobre las medidas de prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima, amonestación, privación del permiso de conducir, e inhabilitación absoluta, ya que es en los propios juzgados donde se ejecutan estas medidas concretas (página 3). RECPC 14-18 (2012) http://criminet.ugr.es/recpc/14/recpc14-18.pdf
libertad sino para otras medidas que, en otros tiempos, la falta de recursos convirtieron en opción prioritaria de respuesta, como podía ser la amonestación (Fernández Molina, 2008). Sin embargo, en los últimos años y, a pesar de la regulación más restrictiva, la tendencia se ha invertido demostrando una apuesta clara de los poderes públicos hacia la desinstitucionalización y el trabajo comunitario con menores infractores. En efecto, aunque el número en datos absolutos es cada año mayor, ya que el número de medidas judiciales impuestas es cada año superior (ver figura 1), si se observa en la figura 2 la distribución porcentual entre internamientos y medidas comunitarias, atribuye una mayor representatividad a estas últimas.
Figuras 1 y 2. Evolución de la desinstitucionalización en España 2002-2009. Datos absolutos y distribución porcentual. Fuente: elaboración propia a partir de FGE
Si se analiza más detenidamente cómo han evolucionado las diferentes modalidades de privación de libertad (ver figura 3) se comprueba que precisamente es el régimen cerrado el que más ha disminuido a favor del semiabierto.
Figura 3. Evolución de los distintos regímenes de privación de libertad en España 2002-2009. Fuente: elaboración propia a partir de FGE
4.2. La privación de libertad: valoración de la diversidad A continuación pasa a realizarse un análisis de la privación de libertad teniendo en cuenta las diferencias autonómicas. En primer lugar, y tal y como muestra la figura 4, el balance internamiento vs. medidas comunitarias no es idéntico en todas las comunidades y aunque la desinstitucionalización es un hecho y la respuesta comunitaria es mayoritaria en todas las comunidades autónomas, hay algunas en las que el recurso a las medidas privativas de libertad es mucho más alto que el 18%, que es la media nacional. Así, comunidades como la de Murcia, Galicia, Madrid o Cataluña superan el 20%, siendo la primera de ellas la que ostensiblemente emplea las medidas privativas de libertad en mayor medida.
Figura 4. Evolución de la desinstitucionalización por comunidades autónomas. Año 2009 (distribución porcentual). Fuente: elaboración propia a partir de FGE
No obstante, esta panorámica autonómica varía un poco si el análisis se realiza teniendo en cuenta, el uso que se realiza en cada autonomía de los distintos regímenes (ver figura 5). Así, hay dos datos que merece la pena destacar, por un lado, hay comunidades autónomas que recurren a la privación de libertad en régimen cerrado en un porcentaje mucho mayor de ocasiones, como es el caso de Cataluña, en la que más del 40% de las privaciones de libertad son en medio cerrado o el caso de Aragón, Murcia o Castilla-La Mancha que, aunque en menor medida que la primera, superan la media nacional. Por otro lado, es destacable el desigual uso del internamiento terapéutico que se realiza por comunidades autónomas; así en el caso de Cantabria, Canarias, Aragón o Castilla-La Mancha su aplicación es muy superior a la media nacional.
Figura 5. Evolución de los distintos regímenes de privación de libertad por Comunidades Autónomas. Año 2009 (distribución porcentual). Fuente: elaboración propia a partir de FGE
También es destacable el desigual uso que se hace de la medida de internamiento en régimen abierto, siendo inexistente su uso en muchas comunidades mientras que en otras su aplicación revela una aplicación superior al 10%, como es el caso de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia o Murcia. Así mismo, los datos también revelan que hay comunidades autónomas que realizan una apuesta fundamental por el régimen semiabierto como es el caso de La Rioja, Andalucía, Asturias o Navarra, en las que parece que la privación de libertad de los menores infractores es bastante homogénea. Finalmente, y para concluir esta análisis de la diversidad española, faltaría por valorar las diferencias autonómicas en la diferente configuración de los servicios autonómicos que van a ejecutar las medidas judiciales privativas de libertad impuestas a los menores infractores. Así, y tal y como muestra la figura 6, en este caso el panorama autonómico nos deja muestras de una gran heterogeneidad. Mientras que hay comunidades autónomas que hacen una clara apuesta por la titularidad pública, como es el caso de Ceuta, Melilla, Cataluña o Aragón; hay otras comunidades, como Navarra, Valencia o Baleares en las que la opción es radicalmente la contraria y optan por servicios concertados o privados.
Figura 6. Tipo de gestión de los servicios autonómicos empleados para ejecutar las medidas privativas de libertad. Fuente: elaboración propia a partir del informe de 2009 de la Dirección General de Política Social, de las Familias y la Infancia
Pero las diferencias no sólo radican en la opción público-privado, sino que es posible apreciar otros matices, por ejemplo, al analizar la tasa por número de habitantes de 14 a 17 años del número de plazas que oferta para el cumplimiento de las medidas privativas de libertad cada comunidad autónoma. Así, empleando los datos de número de plazas que ofrece el informe de 2009 de la Dirección General de Política Social, de las Familias y la Infancia y los datos de población 14-17 años para 2009 que proporciona el INE, hay comunidades autónomas con una tasa de nº de plazas de 7,2 por 1.000 habs en Melilla, o 6,6 en Ceuta o 4,2 en Canarias, frente a la media nacional que es de 1,8 por 1.000 habs., o comunidades como la de Navarra con 0,4 plazas por 1.000 habs. Además de este dato, habría que tener en cuenta las características de los distintos centros: el número de plazas de cada centro (si son macrocentros o pequeños grupos de convivencia), la cercanía que tiene cada centro del núcleo urbano que puede facilitar en mayor o menor medida las posibilidades de realizar actividades en el entorno normalizado, la adscripción que tiene cada servicio de ejecución de medidas a diferentes órganos de gobierno (en principio, habrá diferencias sustanciales si el servicio depende de justicia o si depende de infancia o servicios sociales), etc. (Botija, 2010). 5. Discusión de los resultados De la valoración de los resultados expuestos parece concluirse que, en contra de lo que cabría esperar, tras la entrada en vigor de una regulación cada vez más restrictiva, el uso de la privación de libertad presenta una tendencia a la baja, y más concretamente si se habla del internamiento en régimen cerrado.
RECPC 14-18 (2012) http://criminet.ugr.es/recpc/14/recpc14-18.pdf
5.1. La resistencia de los operadores jurídicos: cambios en las estrategias de judicialización Ante este balance cabe preguntarse si este descenso en la aplicación de las medidas más gravosas puede deberse a un cambio en la conducta delictiva de los más jóvenes, esto es, a que cometan delitos menos graves y no violentos que justifiquen la menor intensidad de la respuesta. Sin embargo, si se valora la información que presentan al respecto los datos oficiales, esta explicación no tiene mucho sustento ya que la tendencia en los últimos años ha sido la de una disminución significativa de los delitos contra el patrimonio y un aumento que, aunque no es significativo, presenta cada año más delitos violentos cometidos por los más jóvenes (Fernández Molina et al. 2009). Por lo tanto, si la realidad delictiva no puede explicar ese menor uso de la privación de libertad, incluso la contradice, habrá que pensar que es posible que esta tendencia se deba a un cambio en las estrategias de judicialización que están aplicando los operadores jurídicos, Fiscales y Jueces de menores. En este sentido, merece la pena destacar algunos aspectos respecto a la estrategia de control que se está ejerciendo en los últimos años con los jóvenes infractores españoles. Por un lado, mientras que los datos oficiales y no oficiales presentan unas tendencias delictivas que en general van a la baja en la última década (Fernández Molina et. al, 2009); los datos que ofrecen las instancias oficiales revelan que cada año el número de asuntos que éstas incoan es mayor, es decir, existe un mayor control por parte de las instancias de control formal que han hecho descender la cifra negra de delincuencia juvenil. Al tiempo que el número de diligencias y expedientes es cada año mayor, también ha aumentado el número de medidas judiciales que los Jueces de menores adoptan como respuesta al comportamiento delictivo, siendo evidente que las estrategias de desjudicialización se están resintiendo en los últimos tiempos, fruto de una regulación que reduce mucho su ámbito de aplicación, que obliga inevitablemente a que se haya de judicializar gran parte de las conductas delictivas (Fernández Molina y Rechea, 2005). Ahora bien, una vez que es seguro que podemos apreciar una mayor intensificación en el control formal que se ejerce sobre los jóvenes y menores infractores españoles, también es cierto, que parece existir un convencimiento por parte de los operadores jurídicos de que ese mayor control se ejerza a través de mecanismos lo menos lesivos para aquellos, intentando adoptar siempre que sea posible respuestas comunitarias que permitan trabajar con los menores en su ámbito de referencia. En efecto, si se analizan los documentos que la FGE ha desarrollado en los últimos años para unificar la interpretación que los Fiscales de menores deben hacer de las nuevas reformas, se observa una llamada constante a interpretar el mandato legal de modo restrictivo. Un buen ejemplo de ello puede ser la Circular 1/2007 de la Fiscalía General del Estado (FGE), sobre criterios interpretativos tras la reforma de la legislación penal de menores de 2006, que entre otras cosas, insiste en que la reRevista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2012, núm. 14-18, p. 18:1-18:20 − ISSN 1695-0194
forma legal de dicho año introduce una ampliación del margen de maniobra de los operadores jurídicos considerable y que los Fiscales deberán acudir a la excepción a la regla general de duración de la medida de internamiento, esto es, a la posibilidad de su ampliación, sólo cuando lo requiera el interés del menor; o también cuando matiza que la mera comisión de un delito “en grupo” no debe suponer un endurecimiento de la respuesta a no ser que quede demostrado que el grupo de jóvenes ha actuado en grupo para debilitar la defensa del ofendido o para facilitar la impunidad de los autores, tal y como establece el art. 22.2. del Código penal para los adultos, instando a los Fiscales de menores a realizar una exégesis restrictiva del precepto 9.2., considerando que deben quedar fuera del mismo los supuestos en los que la actuación colectiva no revista especial lesividad y no sea más que una manifestación de las tendencias grupales tan frecuentes durante la adolescencia (Bernuz y Fernández, 2011). Del mismo modo los Jueces de menores han recordado también en los últimos años en sus Conclusiones3 elaboradas tras jornadas de intercambio de experiencias, que el internamiento debe ser siempre la última ratio, siendo la última opción a adoptar (Conclusiones de 2009). No obstante, aunque a juzgar por los datos generales esta parece ser la tendencia habitual, hay también datos preocupantes que evidencian que en ocasiones hay operadores jurídicos que haciendo caso omiso a esas llamadas a la restricción del enfoque punitivo de sus colegas, encuentran en la nueva regulación amparo suficiente para adoptar respuestas, quizás, excesivamente rigurosas. Así, en un estudio realizado en el año 2006 de carácter nacional, se informó que al 33,1% de los menores infractores a los que se le impone la medida de internamiento en centro, consta que ésta es su primera medida, dato que se eleva a un 36,8% cuando la primera medida es un internamiento en régimen cerrado. De este 33,1% en un 15,9% de los casos, los Jueces de menores se vieron obligados a adoptar directamente esta medida porque se trataba de menores reincidentes de mayor edad que habían cometido delitos graves y violentos; si bien en el otro 17,2% restante fueron los Jueces los que decidieron optar en primer lugar por la respuesta más restrictiva, la privación de libertad, sin haber agotado antes otras estrategias educativas que pueden llevarse a cabo en el ámbito comunitario (Fernández Molina, 2008b). Esto no solo parece contraproducente desde el punto de vista de la intervención educativa llevada a cabo con menores, sino que como decíamos al principio vulnera los tratados internacionales firmados por España, que exigen que los menores sólo podrán ser internados, cuando se hayan agotado previamente todas las opciones comunitarias. Si bien como se decía más arriba esta tendencia parece ser la excepción y no la regla.
Aunque con el tiempo el valor de estos acuerdos denominados conclusiones han perdido efecto en la jurisdicción de menores habría que recordar que en otros tiempos estos acuerdos tuvieron tanto valor como la ley escrita, convirtiéndose en la práctica en fuente de derecho (Fernández Molina y Rechea, 2007). RECPC 14-18 (2012) http://criminet.ugr.es/recpc/14/recpc14-18.pdf
5.2. Recursos y diversidad autonómica: las diferentes caras de la ejecución de medidas judiciales en España En otro orden de cosas, sería posible interpretar los datos que presentan las instancias oficiales como consecuencia de los recursos que el sistema tiene para ejecutar las medidas judiciales impuestas por los Jueces de menores. De tal manera, que sería posible que el menor uso de la privación de libertad de los últimos años fuera una consecuencia de la falta de plazas o del alto coste que supone su utilización. En este sentido, habría que recordar que en los primeros años de aplicación el debate sobre la eficacia de la Ley y del sistema, quedó circunscrito exclusivamente a la falta de recursos y a la necesidad de crear las infraestructuras necesarias. Así, especialmente, y quizás por la imagen de benevolencia que se mostró de la Ley, que iba a dejar en la calle a numerosos delincuentes juveniles, las primeras acciones fueron encaminadas a la creación de centros de internamiento. En el año 2002 el informe del Defensor del Pueblo hacía referencia a 59 centros de internamiento (1380 plazas), en el año 2004 el entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales informaba de 85 centros de internamiento, en 2006 la Dirección General de las Familias y la Infancia cifraba en 97 el número de centros (2881 plazas) y en el último informe realizado por la Dirección General de Política Social, de las Familias y la Infancia, se señalaba que en 2009 el número de centros era 114 (3194 plazas). Como puede observarse especialmente en los primeros años el número de centros creció muchísimo, en 2006 se contaba casi con el doble de centros que en 2002; este dato podría justificar el aumento en estos años del número de internamientos, especialmente si se tiene en cuenta que la dotación de los servicios de medio abierto ha sufrido una evolución constante y progresiva4; sin embargo, el aumento de centros de internamiento y plazas aunque más lentamente no ha dejado de producirse. Y es que con la inversión que se ha realizado en el país en el ámbito de la justicia de menores5, parece no tener mucho sentido pensar que el descenso en la aplicación de las medidas de internamiento se deba a la coyuntura de la estructura del sistema, ya que el sistema parece poder hacer frente y, por lo general, no se puede considerar que las listas de espera son un problema habitual en el sistema de justicia juvenil6. Hay que tener en cuenta que en el 81,2% de los casos la duración de las medidas
Los equipos de medio abierto pasaron de una ratio de 2,9 equipos por 100.000 menores en 2002, a una ratio de 4,2 en 2006, de 5,1 en 2008 y de 4,9 en 2009. 5 En el III y IV Informe de la aplicación de la CDN en España de 2008, se apuntaba que el presupuesto total destinado para el menor infractor había pasado de 182.936.000€ en 2002 a 347.981.000€ en 2007, esto es, desde el momento inicial de aplicación de la Ley cuando ya se había hecho un esfuerzo inversor importante el presupuesto para menores infractores casi se ha duplicado en los últimos años. 6 Tal y como ha informado la FGE en sus memorias anuales, lo que en 2004 era una realidad, la existencia de listas de espera y no sólo para cumplir medidas en centro de internamiento sino también para el cumplimiento de otras medidas comunitarias, la última vez que se hace mención por parte de esta institución de algún problema en este sentido es en el año 2008 y, exclusivamente, respecto a la comunidad autónoma andaluza. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. 2012, núm. 14-18, p. 18:1-18:20 − ISSN 1695-0194
privativas de libertad no es superior a 12 meses (Fernández Molina, 2008b), por lo que año tras año se produce una renovación de la población de internos. No obstante, también se ha podido observar que el catálogo de recursos y las modalidades en su gestión son bastante heterogeneos en todo el panorama español. De tal manera que aunque con los datos oficiales pueda realizarse un balance global, en realidad, las diferencias entre autonomías permiten hacernos pensar que la heterogeneidad es mucha y que las realidades son muy diferentes dependiendo de la comunidad en la que los menores infractores deban cumplir esas medidas de internamiento. Por un lado, hay diferencias por la política general con la que cada entidad pública plantea el aspecto de la intervención educativa con menores infractores. Así, el simple hecho de que el servicio dependa de una Consejería de justicia o una de infancia o asistencia social, va a condicionar el enfoque que se le de a la intervención. Por otra parte, la realidad de los recursos permiten hablar de notorias diferencias entre unas comunidades y otras. Así, hay comunidades autónomas que apuestan por grandes centros que permiten cumplir todos los regímenes de privación de libertad, que se encuentran alejados del centro de las poblaciones y que por lo tanto conciben las medidas de internamiento como veraderas privaciones de libertad; mientras, existen otras comunidades que plantean para el cumplimiento de estas medidas de internamiento pequeños centros, cercanos a la ciudad que permitan hacer parte o gran parte de las actividades pautadas en servicios normalizados de la comunidad, dándole así un enfoque a la privación de libertad que mira hacia la comunidad y la normalización de la vida del menor fuera del centro (Botija, 2010). Finalmente, la opción de algunas comunidades autónomas de apostar por centros públicos gestionados directamente por la administración choca frontalmente con la apuesta de otras comunidades que encomiendan la gestión a servicios concertados o directamente privados. Este aspecto, poco explorado desde un punto de vista empírico en España, permite intuir que el planteamiento de ambas opciones sea diferente. En principio y desde los argumentos que han llegado al debate público, la principal diferencia estaría en las condiciones de los trabajadores. Así, los trabajadores de servicios públicos tendrían un perfil más cercano al de un funcionario especializado que realiza su trabajo en condiciones laborales de mayor estabilidad y garantía en cuanto a privilegios y derechos adquirdos, que pueden consolidar una carrera profesional en este ámbito; frente a ellos, los trabajadores de servicios concertados contarían con una situación laboral más inestable y peores condiciones laborales que genera con frecuencia una rotación mayor de los profesionales, ante el abandono de los que llevan más tiempo a la búsqueda de mejores condiciones laborales7.
En 2009 en el Informe realizado por el Defensor del Pueblo sobre centros de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social, se señalaba lo siguiente: “En muchos casos, el personal se RECPC 14-18 (2012) http://criminet.ugr.es/recpc/14/recpc14-18.pdf
Además, de la cuestión de las condiciones laborales de unos y otros servicios en relación con el personal, sería necesario explorar también si existen diferencias respecto a la gestión diaria, a las infraestructuras y recursos, a la transparencia del gasto, a la formación del personal, al diseño de los proyectos educativos de centro y al reglamento interno, que aunque bajo el paragüas de una normativa común pueden revelar, en definitiva, la existencia de diferentes filosofías entre los centros gestionados por entidades públicas frente a los gestionados por servicios concertados o privados, que se necesita conocer para poder realizar una valoración lo más ajustada posible a la realidad. En principio, cabe entender que la planificación o la política general que establezca cada comunidad autónoma como titular, la cantidad de dinero, recursos e infraestructras que aporte, la inspección que realice sobre la actividad realizada, sumado a la realidad de cada lugar y de cada entidad gestora que vaya a ejecutar la medida, condicionara la calidad del servicio que se preste. 6. Conclusiones En definitiva, el balance final que puede realizarse tras este análisis es que, en efecto, en España existe una resistencia por parte de los profesionales al rigor punitivo en la aplicación de la ley, poniendo en evidencia aquellos analisis iniciales que concluyeron quizás precipitadamente que en España se había producido al igual que en los países anglosajones un giro hacia un modelo de control. Y, aunque se cuenta con una legislación que en rigor puede ser extremadamente punitiva, el margen de discrecionalidad que todavía alberga y el uso que los operadores jurídicos han hecho de él, permiten hablar de una realidad nacional que aunque comparte premisas con los países del entorno, presenta también espeficificidades en la práctica aplicada. En este sentido, quizás una de las principales especificidades que se producen en el panorama nacional es la diversidad autonómica, que permite hablar de modelos u opciones de intervención que se intuyen e incluso se puede comprobar que son muy diferentes. No obstante, en este como en otros muchos campos en la Criminología española es necesario abundar en el análisis empirico de estas realidades para poder hacer valoraciones mucho más ajustadas a la realidad, ello proporcionará también al debate público información relevante sobre las distintas opciones que se pueden albergar en la intervención con jóvenes y menores infractores.
encuentra desmotivado por un trabajo muy estresante, con escaso soporte y formación continua, con horarios variables, una exigencia de disponibilidad total, un salario no especialmente motivador, y un proyecto cuya gratificación se percibe a medio/largo plazo. Eso da lugar a numerosas bajas temporales y ceses voluntarios, con la consiguiente rotación continua de la plantilla” (página 400). Hay que precisar que en el caso de este informe se habían visitado 58 centros de protección y reforma, de los cuales solo 3 eran de gestión pública. Por lo que puede ser un buen indicador de ese sentir general.
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