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Timestamp: 2014-04-18 15:39:12+00:00

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Control difuso de constitucionalidad y convencionalidad en materia tributaria
Sección: Galería de imagenes, Posiciones	Manuel Hallivis*
La reciente reforma constitucional relacionada con un mayor compromiso hacia los derechos humanos, publicada el 10 de junio de 2011,1 así como la decisión del caso “Rosendo Radilla Pacheco” por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han centrado la discusión de la comunidad jurídica en una variada gama de nuevos temas, entre ellos el control difuso.
Antes de la decisión de la Corte en el caso “Rosendo Radilla Pacheco” imperaba un control concentrado de la constitucionalidad, lo que cambió radicalmente con ese fallo, puesto que, entre otras cosas, se decidió que todos los jueces del Estado mexicano debían aplicar el control difuso de la constitucionalidad y la convencionalidad.
Para entender la trascendencia de esta medida primero debemos precisar que el Derecho internacional se forma a través de acuerdos denominados “tratados”, que adquieren su valor obligatorio por medio de la regla pacta sunt servanda,2 figura que proviene de la costumbre internacional,3 y que consiste en el deber de todo Estado de cumplir plenamente con sus obligaciones internacionales.4 Si no existiera este principio, se produciría un quiebre de las relaciones internacionales, ya que se dejaría a la voluntad de los Estados cumplir o no con lo pactado en los tratados que suscriban.5 Por lo que respecta a su jerarquía en nuestro país, desde 1999 la Suprema Corte de Justicia dejó en claro que los tratados internacionales, se encuentran situados inmediatamente por debajo de la Constitución.6
Completa esta idea Eduardo Ferrer, al resaltar que cuando los tratados internacionales han sido debidamente incorporados son derecho nacional de fuente internacional, lo que implica que se “va conformando implícitamente un bloque de constitucionalidad”.7 Este bloque de constitucionalidad se compone no sólo de la propia Constitución, sino de los tratados internacionales y de la legislación ordinaria.8
El principio pro personae y la interpretación conforme
Como parte de este entramado, tenemos que hacer referencia a dos conceptos establecidos en la reforma constitucional citada; en primer lugar, al principio pro personae, el cual consiste en que debe aplicarse la norma que sea más favorable o que otorgue mayor protección a la persona, sin importar que se encuentre en un tratado internacional (suscrito por México).9 Además, se introdujo la interpretación conforme, también denominada por Velluzzi “adaptativa”, que es aquella en la que se adecua el significado de una disposición de jerarquía menor al significado que se le haya establecido en otras normas de rango superior o a un principio general del Derecho. En el primer caso se trata de una interpretación condicionada por una jerarquía formal, mientras que en el segundo, por una jerarquía axiológica.10 Por ejemplo, si una norma tiene dos posibilidades de interpretación y una de ellas está de acuerdo con alguna norma constitucional, se prefiere, se adapta, la interpretación a la disposición constitucional, con el efecto de que se conserve la validez de los textos normativos, puesto que se evita declarar la invalidez o ilegitimidad de una norma.11
No podemos olvidar que los tratados forman parte de nuestra Ley Suprema y sus postulados deben prevalecer. Según la Suprema Corte, se debe “salvaguardar la unidad del orden jurídico nacional a partir del respeto y observancia de la Ley Suprema… debiendo prevalecer el que otorgue un mejor resultado para lograr la observancia del orden dispuesto por el Constituyente”,12 y del tratado, que es un compromiso celebrado por nuestro país.
El principio de interpretación conforme con la Constitución y los tratados internacionales implica un control de convencionalidad que deben realizar los jueces nacionales. La doctrina considera que este control surge del principio iura novit curia, que implica que el juzgador debe “aplicar las disposiciones pertinentes en una causa, aun cuando las partes no las invoquen expresamente”. Asimismo, se deriva de los artículos 1° y 2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que obliga a los Estados suscriptores a garantizar los derechos y las garantías reconocidos en ella y a adoptar las medidas para asegurar el respeto a esos derechos y al principio pacta sunt servanda.”13
El control de convencionalidad debe llevarse a cabo confrontando el Derecho interno con los diversos tratados y aplicando el que otorgue mayores beneficios a la persona; a partir del resultado que se obtenga, se debe realizar la confrontación de la legislación interna. Con esto, “los tratados de derechos humanos podrán ser utilizados como parámetros del control de constitucionalidad de las leyes.”14 Es decir, primero hay que confrontar a la Constitución con los tratados y posteriormente ese resultado deberá confrontarse con la legislación secundaria.
Control difuso de la convencionalidad
Como se comentó, en México se seguía un control concentrado de la constitucionalidad y la convencionalidad,15 lo que cambió en julio de 2011, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el expediente 912/2010, relativo a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Rosendo Radilla Pacheco versus los Estados Unidos Mexicanos, entre otras cosas resolvió que resultaban obligaciones para los jueces del Estado mexicano, “particularmente al ejercer el control de convencionalidad.”16
Abarcó tres aspectos distintos a los que hay que atender; en primer lugar, la obligación de todos los juzgadores del país de verificar que las leyes que aplican se ajustan a la Constitución federal y a los tratados internacionales sobre derechos humanos; en segundo lugar, la obligación de realizar el control difuso confrontando las normas de Derecho interno contra la Constitución y la CIDH, tomando en cuenta la interpretación realizada por la Corte Interamericana; y en tercer lugar, la posibilidad para los jueces de todo el Estado mexicano de dejar de aplicar al caso concreto las normas que resulten contrarias a la Constitución o los tratados internacionales.17
Así, el control difuso de la convencionalidad obliga a los jueces a que en su tarea no sólo tomen en cuenta la Constitución y los tratados, sino “también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.”18 Asimismo, debe ejercerse de oficio, es decir, “con independencia de que las partes lo invoquen”, lo que implica que en cualquier circunstancia los jueces deben realizar dicho control, ya que “esta función no debe quedar limitada exclusivamente por las manifestaciones o actos de los accionantes en cada caso concreto.”19
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que el control de convencionalidad presupone tres pasos: “a) realizar la interpretación conforme en sentido amplio. Ello significa que los jueces del país, al igual que todas las demás autoridades del Estado mexicano, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. b) Interpretación conforme en sentido estricto. Ello significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos. c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Ello no afecta o rompe con la lógica del principio de división de poderes y del federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces, al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte.”20
En la primera instancia contenciosa, el juicio contencioso administrativo, la posible confrontación será primero, como se dijo, entre la Constitución y los tratados.21 Se trata de buscar una interpretación en la que se aplique el tratado cuando éste reconozca mayores derechos que la Constitución. Ese resultado que se obtenga es lo que se confrontará con la legislación interna, y si esta última no ofrece un mejor derecho o una mayor protección se dejará de aplicar, aplicándose el tratado o la Constitución directamente.
Philip Baker considera que aun cuando se podría pensar que imposición y derechos humanos son conceptos irreconciliables, los derechos humanos son un aspecto fundamental de la imposición, ya que limitan lo que los gobiernos pueden hacer a sus ciudadanos o a las personas que resulten afectadas por sus decisiones.22 La idea es brindar protección a los contribuyentes frente al Estado. En la relación jurídico-tributaria, el contribuyente se encuentra en una posición más débil, puesto que depende exclusivamente de la decisión del legislador, por lo que se debe cuidar que no se presenten desvíos de poder o abusos.23
Por lo que toca a México, los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que a nuestro juicio tienen más relación con la materia tributaria son el 7, el 8 y el 12, los cuales, en términos generales, hablan de igualdad ante la ley, protección contra la discriminación, derecho al acceso a los medios de defensa, principio de legalidad, etcétera.24 De la misma forma, encontramos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos los artículos 25 y 29a, que también, en términos generales, se refieren a la igualdad, a la no discriminación, al derecho a un recurso ante tribunales contra actos que violen sus derechos fundamentales y, en particular, el 8.1, que establece el derecho a ser oído “por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley… para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden… fiscal o de cualquier otro carácter…”25 Asimismo, los convenios para evitar la doble tributación contienen algunos preceptos que protegen derechos humanos, como los relacionados con la no discriminación.
En el ámbito interno nos encontramos con los principios constitucionales de las contribuciones.26 Además de los derechos procedimentales, que surgen por la gestión o el cobro de las contribuciones, por el procedimiento sancionatorio o por el trámite de los recursos administrativos; y, asimismo, los derechos procesales, que surgen en el proceso contencioso administrativo.27 Al respecto, sin intentar hacer una relación exhaustiva, la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, en sus artículos 2, 3 y 4, consigna, entre otros, los derechos a ser informado y asistido en el cumplimiento de sus obligaciones; a la devolución de impuestos cuando proceda; a conocer el estado de tramitación de los procedimientos y la identidad de autoridades que los tramiten; a que la autoridad le facilite el cumplimiento; al trato respetuoso y considerado; a corregir su situación fiscal, y a acceder a registros del expediente abierto a su nombre. Por su parte, el Código Fiscal de la Federación contiene en su título segundo, denominado “Derechos y obligaciones de los contribuyentes”, ciertos derechos, como devolución, acreditamiento, compensación y declaraciones complementarias, pago en parcialidades y límites en el ejercicio de las facultades de comprobación.
Para la protección de estos derechos se cuenta con diversos medios de defensa que establece el Código Fiscal de la Federación, como la justicia de ventanilla o los plazos en las visitas domiciliarias para presentar pruebas que desvirtúen las observaciones de los visitadores, además del recurso de revocación. Asimismo, en el ámbito contencioso contamos con el juicio contencioso administrativo, con el juicio de amparo ante el Poder Judicial y con los procedimientos amistosos para la solución de controversias establecidos en los tratados internacionales.
Por lo que respecta a la primera instancia contenciosa (juicio contencioso administrativo), el posible contraste o confronta será, como ya se dijo, entre Constitución y tratados internacionales, prefiriendo el precepto que reconozca mejores y mayores derechos, cuyo resultado se contrastará a su vez con la legislación secundaria y ahí, cuando otorgue mayores beneficios o protección a la persona, el tratado prevalecerá sobre la legislación interna. Para esto se inaplicará la legislación interna, sin que esto signifique que va a existir una derogación del precepto que se inaplique, sino precisamente que se estará aplicando el que otorgue mayores beneficios o proteja de mejor manera a la persona. Éste es un procedimiento resumido porque, como se comentó atrás, primero se deberá tratar de aplicar el control difuso en sentido amplio (es decir, buscar armonizar la legislación con la Constitución o con los tratados), pero si esto no es posible, aplicar el control difuso en sentido estricto (preferir la interpretación que mejor se adecue a la Constitución o a los tratados) y, sólo también si esto no es posible, inaplicar la ley.
Apenas se ha iniciado la instrumentación de este tema. Lo abordado anteriormente es sólo una pequeña parte de la metodología, por lo cual es lógico que persista una serie de interrogantes en relación con esta herramienta. Sin embargo, precisamente un buen comienzo es ponernos de acuerdo en la metodología aplicable. El control difuso implica una nueva y delicada facultad que nos permitirá caminar hacia una completa impartición de justicia.
* Doctor en Derecho por la UNAM y magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
1 Según el dictamen de la comisión correspondiente, la idea central fue que los derechos humanos (adicionales a los que ya consigna nuestra Constitución) que se reconocieran en los tratados internacionales adquirieran reconocimiento y protección constitucional, y que cualquier norma relacionada con derechos humanos se interpretara de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia “favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia”. Cámara de Senadores, Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Reforma del Estado, respecto la minuta proyecto de decreto que modifica la denominación del capítulo I del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos, México, 17 de febrero de 2011, p. 7.
2 Dionisio Anzilotti, Curso de Derecho internacional, traducción de la 3ª ed. por Julio López Olivan, Reus, Madrid, 1935, pp. 61-62. En la Antigüedad se habló de un fundamento religioso de la inviolabilidad de los tratados y de que esta sacralidad se debía a que “Dios mismo es testigo, garante y juez de las obligaciones contraídas”. Agustín Basave Fernández del Valle, Filosofía del Derecho internacional. Iusfilosofía y politología de la sociedad mundial, UNAM, México, 2001, pp. 97-103, cita en la p. 99.
3 Véase Modesto Seara Vázquez, Derecho internacional público, 22ª ed., Porrúa, México, 2005, pp. 74-75 y 86.
4 El artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece que “todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”.
5 El artículo 26 se complementa con el 27: “El Derecho interno y la observancia de los tratados”: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su Derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”.
6 En un principio se había resuelto que las “leyes federales y tratados internacionales tienen la misma jerarquía normativa”. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tesis P. C/92, núm. 60, diciembre de 1992, p. 27. Sin embargo, afortunadamente se varió el criterio a través de la tesis: tratados internacionales, se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la constitución federal, Semanario Judicial de la Federación, tesis: P. LXXVII/99, registro: 192867, tomo X, noviembre de 1999, p. 46; criterio que fue refrendado a través de: tratados internacionales, son parte integrante de la ley suprema de la unión y se ubican jerárquicamente por encima de las leyes generales, federales y locales, Semanario Judicial de la Federación, tesis: P. 1X/2007, registro: 172650, tomo XXV, abril de 2007, p. 6.
7 Eduardo Ferrer Mac-Gregor, “Prólogo”, en La incorporación de los tratados internacionales sobre derechos humanos en España y México, José Luis Caballero Ochoa (coord.), Porrúa, México, 2009, p. XXIII. Al respecto, Carbonell considera que con la interpretación conforme se crea “una especie de bloque de constitucionalidad (integrado no solamente por la Carta Magna, sino también por los propios tratados internacionales), a la luz del cual se deberá interpretar el conjunto del ordenamiento mexicano”. Miguel Carbonell, “La reforma constitucional en materia de derechos humanos”, El Mundo del Abogado, México, año 14, núm. 147, julio de 2011, p. 30.
8 De hecho, el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos considera a los tratados internacionales, celebrados de conformidad con la misma, como parte de la “Ley Suprema de la Unión”, lo que, aunado al hecho de que se ha reconocido la primacía de los tratados sobre la legislación ordinaria por la SCJN y que los tratados deben celebrarse “conforme” a la Constitución, implica que cuando se trasgrede algún tratado se viola nuestro Derecho interno.
9 También llamado pro homine o pro persona, que en la iniciativa se expresa así: “Si un derecho reconocido en un tratado internacional otorga más amplia protección a la persona que cualquier ordenamiento local o federal, incluso la propia Constitución, se aplicará lo establecido en el instrumento internacional”. Cámara de Senadores, op. cit.
10 Vito Velluzzi, “Interpretación sistemática. ¿Un concepto realmente útil? Consideraciones acerca del sistema jurídico como factor de interpretación”, Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, núm. 21-I, traducción por Amalia Amaya, Universidad de Alicante, 1998, pp. 80-81.
11 Riccardo Guastini, Estudios sobre la interpretación jurídica, 5ª ed., traducción por Marina Gascón y Miguel Carbonell, Porrúa-UNAM, México, 2003, pp. 47-48. Cf. Riccardo Guastini, Distinguiendo. Estudios de teoría y metateoría del Derecho, Gedisa, Barcelona, 1999, pp. 231-233.
12 Tesis P. IV/2008, rubro: interpretación conforme en acciones de inconstitucionalidad, cuando una norma admita varias interpretaciones debe preferirse la compatible con la constitución, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 170280, acción de inconstitucionalidad 27/2005, ponente: Juan N. Silva Meza, tomo XXVIII, febrero de 2008, p. 1343. También se podrían citar las tesis 2ª. XCIII/2007, rubro: principio de interpretación de la ley conforme a la constitución, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro: 171956, ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos tomo XXVI, julio de 2007, p. 381.
13 Juan Pablo Gomara, Agustín Matías Lavalle y Raúl Vicente Zurita, “Del control de constitucionalidad hacia el control de convencionalidad”, versión electrónica de 8 pp. Consultable en: www.defensa.pública.org.ar/jurisdiccional/doctrina/.
14 Ernesto Rey Cantor, op. cit., nota 9, pp. LIII.
15 La jurisprudencia del pleno de la SCJN aplicable es la J. 74/99: “control difuso de la constitucionalidad de normas generales. no lo autoriza el artículo 133 de la constitución”.
16 Dirección General de Comunicación y Vinculación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tarjeta informativa, México, 12 de julio de 2011, p. 3. Asimismo, consultar la versión preliminar sujeta a correcciones ortográficas y mecanográficas de la sesión pública ordinaria del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el martes 12 de julio de 2011, pp. 6 y 8.
17 Suprema Corte de Justicia de la Nación, op. cit., p. 12.
18 Cita del caso Almonacid Arellano vs. Chile, punto 125, en el punto 13 del voto razonado del juez ad hoc Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot en relación con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México del 26 de noviembre de 2010, p. 4.
19 Cita del párrafo 128, in fine, del caso Trabajadores cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, en el voto razonado del juez ad hoc Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot en relación con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México, del 26 de noviembre de 2010, punto 42, p. 12. Completa Ferrer: “Pudiera suceder, incluso, que en el ámbito interno procedan recursos o medios de defensa adecuados y eficaces para combatir la falta o inadecuado ejercicio del “control difuso de convencionalidad” por algún juez (por ejemplo, a través de una apelación, recurso de casación o proceso de amparo), al no haberse realizado ex officio dicho control. Se trata de una nueva vertiente del principio iura novit curia (el juez conoce el Derecho y la jurisprudencia convencional)”. Punto 43, p. 12.
20 Engrose de la sentencia del caso Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos, expediente Varios 912/2010, ponente: ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, encargado del engrose: ministro José Ramón Cossío Díaz, secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, sesión privada del 20 de septiembre de 2011, p. 34.
21 Ahora bien, para la interpretación de tratados internacionales tributarios se debe seguir la metodología adecuada iniciando por la aplicación de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y, en su caso, los comentarios al modelo de la OCDE y la legislación tributaria interna, pero por cuestiones de espacio sólo se remite para esa discusión al libro del autor de este ensayo: Interpretación de tratados internacionales tributarios, Porrúa, México, 2011.
22 Philip Baker. “Taxation and Human Rights”, en GITC Review, volumen I, número 1, Londres, noviembre de 2001, p. 1. Consultable en http://www.taxbar.com/documents/gitc_review:v1.pdf. Baker mismo aclara que la protección a la propiedad es un derecho humano y todo gravamen es una “interferencia prima facie” al derecho a disfrutar sus posesiones, puesto que, simplemente si no hubiera impuesto uno tendría más propiedades que disfrutar. Philip Baker, “Taxation and the Human Rights Act 1998”, versión electrónica, p. 3.
23 Agnieszka, Leszcynska, “The European Convention on Human Rights as an Instrument of Taxpayer Protection”, en Protection of Taxpayer’s Rights, European, International and Domestic Tax Law Perspective, Nykiel Wlodzimiers y Sek Malgorata (coords), Wolters Kluwer Business, Varsovia, 2009, pp. 82-103.
24 Jesús, Rodríguez Y Rodríguez, Instrumentos internacionales sobre derechos humanos, ONU-OEA, tomo I, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, diciembre de 1994, p. 21.
25 Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, aprobación publicada en el Diario Oficial de la Federación del 9 de enero de 1981; entrada en vigor para México el 24 de marzo de 1981; promulgación publicada el 7 de mayo de 1981.
26 Como relatan Elizondo Mayer-Serra y Pérez de Acha, fue hasta 1951 cuando la segunda sala de la Suprema Corte consideró que la violación al artículo 31, fracción IV, sí constituía una violación de garantías individuales, “por lo que no se podía negar la protección a los contribuyentes”, criterio que en 1962 se convirtió en una jurisprudencia, lo que se ha sostenido hasta la fecha y ha sido base para una evolución muy importante del derecho tributario gracias a las interpretaciones judiciales, en especial en lo relativo a la proporcionalidad y a la equidad de los gravámenes. Carlos Elizondo Mayer-Serra y Luis Manuel Pérez de Acha, “Separación de poderes y garantías individuales. La Suprema Corte y los derechos de los contribuyentes”, Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, IIJ-UNAM, México, núm. 14, enero-junio de 2006, pp. 91-130, específicamente las pp. 102-103, tesis: “impuestos, equidad y proporcionalidad de los…”, Semanario Judicial de la Federación, quinta época, registro núm. 319,226, tomo CIX, Segunda Sala, p. 545, y tesis: “impuestos, equidad y proporcionalidad de los…”, Semanario Judicial de la Federación, registro núm. 389,838, apéndice de 1995, tomo I, parte HO, tesis 385, pleno, p. 357.
27 Eduardo García de Enterría y Tomás-Ramón Fernández, Curso de Derecho administrativo II, 7ª ed., Madrid, 2001, pp. 556-557.
8 Comentarios en “Control difuso de constitucionalidad y convencionalidad en materia tributaria”
Mirna Valenzuela Dijo:
Comentario del día abril 9, 2012 a las 12:16 pm ... Dijo:
Interesante los conceptos pro personae e interpretación conforme…
Comentario del día abril 10, 2012 a las 6:05 am Humberto León Dijo:
Me surgió una duda, ¿en un procedimiento contencioso administrativo se puede aplicar por interpretación la Constitución Federal y en su caso los tratados internacionales en materia de derechos humanos? ¿ello no significa un control constitucional reservado únicamente al Poder Judicial Federal? Muy interesante el artículo.
Comentario del día abril 10, 2012 a las 10:43 am lic. karlota Dijo:
con respecto a dudas, el articulo es muy bueno, peor hay que dejar en claro una cosa, el concepto pro personae, es aplicado en cuando que la piramide de Kelsen, ya no esta en vigor, ya que ahora se debe de actuar en favor del acusado, a lo que se refiere que si lo que dice un tratado internacional va mas en favor del reo, que la mismca constitucion, regura lo que indica el tratado de internacional.
Comentario del día abril 24, 2012 a las 2:46 pm Emeline Dijo:
Hola Susana, actualmente todaveda no tcaomos esa regif3n y desconocemos quie9n pudiera aplicar carboxiterapia. Si tuvie9ramos alguna noticia nos pondremos en contacto.Un saludo y gracias por visitarnos.
Comentario del día mayo 7, 2012 a las 5:33 pm LIC. OLIVER AMARO Dijo:
En tanto a lo que respecta al control difuso de convencionalidad, y control constitucional, es aplicable en todas y cada uno de aquellas autoridades judiciales y jurisdiccionales, es decir, desde un juez mixto municipal, hasta la suprema corte, es su deber aplicar el principio pro persona, ya no es aplicable la famosa pirámide de Kelsen, en la cual hablaba al respecto de la jerarquía de leyes, ya estamos en un sistema judicial que hay que verlo como un bloque, donde la persona esta en medio, y le es aplicable la ley o reglamento que mas le favorezca,,,,, esto en respuesta a humberto, saludos desde xalapa, veracruz,
Comentario del día febrero 17, 2013 a las 7:51 pm myriam dominguez Dijo:
sin lugar a dudas, tendrán mas cuidado los Jueces al resolver los asuntos y partiendo de ese punto, mayores beneficios para quien procura justicia.
Comentario del día mayo 30, 2013 a las 2:22 pm Jorge Rios Dijo:
interesante ponte a estudiar esto.
Comentario del día julio 25, 2013 a las 1:25 pm Nombre: (obligatorio)

References: artículo 26
 artículo 26
 artículo 133
 artículo 133
in fine
 artículo 31