Source: https://www.juntadeandalucia.es/boja/2005/74/2
Timestamp: 2019-04-26 10:03:31+00:00

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El artículo 36.1 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, de conformidad con el artículo 148.1.1ª de la Constitución
Española, prescribe: "El régimen jurídico y administrativo del Consejo de Gobierno y el Estatuto de sus miembros serán regulados por ley del Parlamento Andaluz, que determinará las causas de incompatibilidad de aquéllos. El Presidente y los Consejeros no podrán ejercer actividad laboral, profesional o empresarial alguna".
La Ley del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma, sin embargo, no regulaba las incompatibilidades de los restantes altos cargos de la Administración andaluza, por lo que se aprobó la Ley 5/1984, de 23 de abril, regulando tal cuestión, siendo modificada posteriormente por las Leyes
4/1990, de 23 de abril, y 3/1994, de 5 de abril.
Por último, se regula detalladamente el régimen sancionador derivado de la inobservancia de la Ley tanto en materia de incompatibilidades como en la de la declaración de las
actividades, bienes e intereses. En este sentido, se tipifican las infracciones y sanciones correspondientes, pudiendo conllevar éstas el cese inmediato del infractor y la
imposibilidad de ser nombrado para el desempeño de alto cargo por un período de tiempo de hasta diez años.
h) Los Presidentes, Directores y quienes ejerzan la función ejecutiva de máximo nivel de las demás entidades de la
Administración de la Junta de Andalucía, y de las fundaciones y consorcios con participación directa de la misma superior al cincuenta por ciento, tanto si son nombrados por el Consejo de Gobierno como si son nombrados por los propios órganos de gobierno de las mismas.
k) Los demás altos cargos de libre designación que sean calificados como tales en normas con rango de ley o
a) Los Consejeros electivos del Consejo Consultivo de
Andalucía que desempeñen sus funciones sin exclusividad.
1. El ejercicio de un alto cargo deberá desarrollarse en régimen de dedicación absoluta y exclusiva, siendo
incompatible con el desarrollo por sí o mediante sustitución de cualquier otro cargo, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, arancel, participación o cualquier otra forma
especial, incluida la docencia y los cargos electivos de representación popular en
colegios, cámaras o entidades que tengan atribuidas funciones públicas.
3. En consecuencia con lo previsto en el apartado 1, no podrá percibirse más de una remuneración con cargo a los
presupuestos de las Administraciones Públicas, ni de los organismos, entidades y empresas de ellos dependientes o con cargo a los órganos constitucionales.
1. Los titulares de altos cargos podrán formar parte de los órganos colegiados o de otra naturaleza de las
Administraciones Públicas cuando les corresponda con carácter institucional o para los que fuesen designados en función del cargo.
2. Igualmente, los titulares de altos cargos podrán
representar a la Administración de la Junta de Andalucía en los órganos de gobierno o consejos de administración de empresas con capital público.
Artículo 5. Compatibilidad con la administración del
patrimonio personal o familiar.
Las actividades derivadas de la mera administración del patrimonio personal o familiar no están sujetas a lo dispuesto en el artículo 3, salvo el supuesto de participación superior al diez por ciento entre el titular del alto cargo, su
cónyuge, pareja de hecho inscrita en el correspondiente Registro, hijos menores y personas tuteladas en el capital de sociedades que tengan conciertos, contratos o concesiones de cualquier naturaleza con el sector público estatal, autonómico o local.
a) Con todo otro cargo que figure al servicio o en los
presupuestos de las administraciones, organismos o empresas públicas, o con cualquier actividad por cuenta directa o indirecta de las mismas, así como las funciones públicas retribuidas mediante arancel, participación o cualquier otra forma especial.
b) Con el desempeño por sí o por persona interpuesta de cargos de todo orden, funciones de dirección o de representación, así como de asesoramiento y mediación de empresas o sociedades concesionarias, empresas inmobiliarias, contratistas de obras, servicios o suministros, o con participación o ayudas del sector público cualquiera que sea la configuración jurídica de aquellas, con la excepción prevista en el artículo.c) Con el ejercicio de cargos, por sí o por persona interpuesta, que lleven anejas funciones de dirección, representación o
asesoramiento de toda clase de compañías, sociedades
mercantiles y civiles, y consorcios de fin lucrativo, aunque unas y otros no realicen fines o servicios públicos ni tengan relaciones contractuales con las administraciones, organismos o empresas públicas.
d) Con el ejercicio por sí o por persona interpuesta o
mediante sustitución de la profesión a la que por razón de sus títulos o aptitudes pudiera dedicarse, salvo que se trate de actividades culturales o científicas efectuadas de forma no continuada.
f) Con el ejercicio de toda clase de actividades en
instituciones culturales o benéficas, salvo autorización del órgano que los nombró o que fueran anejas al cargo.
i) Con el ejercicio de funciones de dirección en cámaras, colegios profesionales, sindicatos y organizaciones
1. Los titulares de altos cargos están obligados a inhibirse del conocimiento de los asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas, entidades o sociedades en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiesen tenido alguna parte ellos, su cónyuge, pareja de hecho
inscrita en el correspondiente Registro o persona de su familia dentro del segundo grado civil.
2. Igualmente se abstendrán de desarrollar actividades
privadas directamente relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese en el desempeño de dicho alto cargo.
Artículo 8. Consecuencias de las situaciones de
2. La incompatibilidad a que alude el apartado b) del artículo
6 implica:
4. Los que lo fueran en el apartado d) deberán cesar
igualmente en el ejercicio profesional activo mediante
sustitución, mientras sirvan el cargo.
6. La incompatibilidad señalada en el apartado g) del artículo
6 conlleva la prohibición de las actividades referidas durante el ejercicio del cargo y hasta dos años después de su cese, en lo que compete a la Administración de la Junta de Andalucía.
Artículo 9. Acreditación de no incompatibilidad en
Las empresas, entidades o sociedades que tomen parte en licitaciones públicas, contraten o hayan de encargarse de la gestión de cualquier servicio público, ya sea prestado direc
tamente por la Administración de la Junta de Andalucía o a través de sus entes instrumentales, deberán acreditar,
mediante la oportuna certificación expedida por su órgano de dirección o representación competente, que no forma parte de los órganos de gobierno o administración persona alguna a los que se refiere esta disposición, rechazándose aquellas
proposiciones que no acompañen dicha certificación, junto a los documentos requeridos en cada caso.
Artículo 10. Obligación de declarar sobre causas de
incompatibilidad y plazo para efectuar la declaración.
Los altos cargos a los que se refiere la presente Ley estarán obligados a declarar sobre las causas de posible
incompatibilidad con arreglo al modelo que aprobará la
Consejería competente por razón de la materia. Dicha
declaración se efectuará en el plazo que se determine
Los altos cargos y otros cargos públicos estarán obligados, conforme se establezca reglamentariamente, a formular
declaración de sus actividades, bienes e intereses.
1. La declaración a que se refiere el presente Capítulo se efectuará en el momento de la toma de posesión, cese o
modificación de las circunstancias de hecho, en el plazo que se determine reglamentariamente.
2. Los altos cargos y otros cargos públicos deberán aportar copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, en su caso, del Impuesto sobre el
Patrimonio de cada ejercicio económico, que no serán objeto de la publicidad establecida en el artículo 14, al Registro de Actividades, Bienes e Intereses, durante el mes siguiente al de la finalización del plazo en que aquéllas deban presentarse ante la Administración Tributaria.
Artículo 15. Infracciones.1. A efectos de esta Ley, se
consideran infracciones muy graves:
a) El incumplimiento, por los titulares de altos cargos, de las normas sobre incompatibilidades, y sobre abstención e inhibición a que se refieren los artículos 3 y 6, y 7,
respectivamente, de la presente Ley, cuando se haya producido daño manifiesto a la Administración de la Junta de Andalucía.
b) La falsedad de los datos y documentos que deben ser
presentados conforme a lo establecido en esta Ley.
c) La omisión de datos y documentos que sean relevantes por su importancia o trascendencia social, y que deban ser
respectivamente, de la presente Ley, y no constituyan
infracción muy grave de las previstas en la letra a) del apartado anterior.b) La omisión de datos y documentos que deban ser presentados conforme a lo previsto en esta Ley y no constituyan infracción muy grave de la previstas en la letra
c) del apartado anterior.
3. Se considera infracción leve: La no declaración de
actividades, bienes e intereses en el correspondiente
Registro, dentro de los plazos establecidos, cuando se subsane tras el requerimiento que se formule al efecto.
3. Con independencia de las sanciones por infracciones muy graves y graves que les sean impuestas, los infractores deberán, en su caso, restituir las cantidades percibidas indebidamente por el desempeño de actividades públicas
incompatibles o que por razón de indemnización tras el cese tengan derecho, de la forma que se establezca
Si las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración pasará el tanto de culpa al órgano
jurisdiccional competente, y se abstendrá de seguir el
procedimiento mientras por la autoridad judicial no se dicte resolución poniendo fin al proceso penal.
3. En la graduación de las medidas previstas en este artículo se valorará la existencia de perjuicios para el interés público si no se hubiera tenido en cuenta para tipificar la infracción, el tiempo transcurrido en situación de
incompatibilidad, la repercusión de la conducta en los
administrados y, en su caso, la percepción indebida de
cantidades por el desempeño de actividades públicas
El órgano competente para resolver el procedimiento podrá acordar motivadamente, como medida de carácter provisional, la suspensión de empleo y sueldo con los efectos previstos en la legislación en materia de función pública, así como de
cualquier autorización de libramientos a quienes estén
incursos en un procedimiento sancionador por infracción de lo establecido en la presente Ley.
Artículo 21. Organos competentes del procedimiento
3. Corresponde al Consejo de Gobierno la imposición de
sanciones por infracciones muy graves y, en todo caso, cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Consejo de Gobierno. La imposición de sanciones por infracciones graves o leves corresponderá al titular de la Consejería que tenga atribuidas las funciones en materia de incompatibilidades de altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de declaración de actividades, bienes e intereses de altos cargos y de otros cargos públicos.
Al cesar en el cargo, los ex presidentes de la Junta de Andalucía tendrán derecho a una asignación económica,
determinada de acuerdo con lo previsto en el artículo 10, número cinco, norma primera, de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año
Al cesar en el cargo, los ex vicepresidentes y ex consejeros de la Junta de Andalucía tendrán derecho a una asignación económica determinada de acuerdo con lo previsto en el
artículo, número cinco, norma primera, de la Ley 74/1980, de
29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1981.
1. Al cesar en el cargo, los ex altos cargos de la Junta de Andalucía, con excepción de los citados en los artículos 22 y
23, tendrán derecho a una asignación económica temporal de una mensualidad de las retribuciones del cargo en que se cesa por cada año de ejercicio, con un mínimo de tres mensualidades y un máximo de doce.
3. A estos efectos, son altos cargos los titulares de los centros directivos de los servicios centrales de las
Consejerías y de los Organismos Autónomos, así como los Delegados del Gobierno de la Junta de Andalucía, siempre que todos ellos hayan sido nombrados por Decreto del Consejo de Gobierno.
Las asignaciones económicas establecidas en los artículos 22,
23 y 24 de esta Ley son incompatibles con la percepción de retribuciones que pudieran corresponder a las personas que cesan en el ejercicio de los respectivos cargos a los que se refieren dichos artículos, caso de ser designados de nuevo para alguno de los cargos de referencia, o altos cargos de otras Administraciones Públicas, así como con cualquier otra percepción o prestación económica a que tuvieran derecho como consecuencia del cese en los citados cargos.
1. Los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo para el personal de la Administración de la Junta de Andalucía, que, durante más de dos años continuados o tres con interrupción, desempeñen o hayan desempeñado a partir del día 28 de abril de 1978 puestos en la Administración de la Junta de Andalucía o en sus organismos autónomos, comprendidos en el ámbito de aplicación previsto en el artículo 2.1 de la presente Ley, exceptuados los puestos de Gabinete con
categoría inferior a Director General, percibirán, desde su reincorporación al servicio activo, y mientras se mantengan en esta situación, el complemento correspondiente a su categoría profesional, incrementado en la cantidad que resulte de la diferencia entre el valor del complemento de destino que la Ley de Presupuesto de la Comunidad Autónoma fije anualmente para el cargo que se hubiere desempeñado y la suma de las cuantías de los complementos de categoría profesional y de convenio colectivo, hasta igualarlo al complemento de destino que dicha Ley de Presupuesto fije para el cargo de Director General de la Junta de Andalucía.2. Lo dispuesto en el
apartado anterior será de aplicación, con los mismos efectos, a aquellos trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Convenio Colectivo para el personal de la Administración de la Junta de Andalucía que durante una legislatura completa hayan ostentado la condición de diputado del Parlamento de Andalucía.
1. Al producirse la pérdida de la condición de diputado del Parlamento de Andalucía, o el cese de los altos cargos a los que se refiere el apartado 3 del artículo 24, y siempre que en dichos casos tengan la condición de personal de la
Administración de la Junta de Andalucía, unos y otros tendrán derecho a un permiso no retribuido de adaptación a la vida
laboral o administrativa de un mes por cada año en el
ejercicio del cargo, con una duración máxima de doce meses.
2. El permiso a que se refiere el apartado anterior se
solicitará conjuntamente con el reingreso al servicio activo, y se empezará a disfrutar desde el momento en que se produzca dicho reingreso.
Hasta la aprobación del Reglamento de desarrollo de la
presente Ley, se mantiene el Registro de Intereses y Bienes creado al amparo de lo previsto en la Ley 5/1984, de 23 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Queda derogada la Ley 5/1984, de 23 de abril, de
Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración Andaluza. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones, de igual o inferior rango, se opongan a lo establecido en la presente Ley.
1. El Consejo de Gobierno aprobará un Reglamento que
desarrolle las previsiones establecidas en el Capítulo III de la presente Ley en el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de la misma.
Lo dispuesto en los artículos 26 y 27 de la presente Ley tendrá efectos desde el día 1 de enero de 2005."

References: artículo 36
 artículo 148

Artículo 5
 artículo 3
 resolución 

Artículo 8
 artículo
6
 artículo
6

Artículo 9

Artículo 10
 artículo 14

Artículo 15
 resolución 

Artículo 21
 artículo 10
 artículo 2
 artículo 24