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Timestamp: 2018-09-21 02:55:15+00:00

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﻿ Sentencia 40610 de mayo 7 de 2014
SENTENCIA 40610 DE 07 DE MAYO DE 2014
CONTENIDO:LOS EMPLEADORES OMISOS DE AFILIACIÓN Y PAGO DE APORTES A LA PENSIÓN DEBEN, EXPEDIR BONOS O TÍTULOS PENSIONALES. LA DESATENCIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES QUE AFECTEN PRERROGATIVAS PENSIONALES CUYA CONSOLIDACIÓN OPERE BAJO EL IMPERIO DE LA LEY 100 DE 1993, PUEDE COMPROMETER LA RESPONSABILIDAD DE LOS EMPLEADORES INCUMPLIDOS, AUNQUE DE DISTINTAS MANERAS, DEPENDIENDO DEL PERJUICIO IRROGADO AL TRABAJADOR O AFILIADO Y DEL RÉGIMEN PENSIONAL AL CUAL SE HAYAN ACOGIDO. PARA LOS EVENTOS EN QUE EL TRABAJADOR O AFILIADO PERMANEZCA EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA, LA OBLIGACIÓN SE DETERMINA CON BASE EN EL CÁLCULO ACTUARIAL REFERIDA AL TÍTULO PENSIONAL, Y CUANDO HAYA TRASLADO AL FONDO DE AHORRO INDIVIDUAL, DEBEN, EXPEDIR BONOS O TÍTULOS PENSIONALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADOR, BONO PENSIONAL, APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES, OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR, CÁLCULO DEL BONO PENSIONAL, OBLIGACIONES LABORALES, PENSIÓN A CARGO DEL EMPLEADOR
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:512 DE AGOSTO DE 2014, PÁG.1464
Sentencia 40610 de mayo 7 de 2014
Rad. 40610
Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado judicial de Ingenieros Civiles y Eléctricos “Ingetec S.A.” contra la sentencia de 12 de diciembre de 2008 corregida el 9 de febrero de 2009, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario promovido contra la recurrente y la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., por Jesús María Sierra Madriñán.
1. Jesús María Sierra Madriñán demandó a Ingeteg S.A., y que se vinculara al proceso a Protección S.A., con el fin en lo que interesa al recurso extraordinario, de que sea condenada a pagar el capital constitutivo de la diferencia de lo que debía valer el bono pensional a que tenía derecho al día 25 de abril de 2002 —fecha en la que cumplió 62 años de edad—, si la demandada hubiera efectuado las cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales durante todo el tiempo de trabajo del demandante, y la suma por la que realmente se constituyó en razón de la omisión de la demandada.
Como consecuencia de lo anterior, pidió se condenara a Ingetec S.A. a consignar en la cuenta individual de ahorro pensional que posee en protección el capital constitutivo de esas diferencias, y a su vez se ordenara a esta administradora de pensiones recibir dicha suma de dinero. Así mismo solicitó intereses de mora a partir del 25 de abril de 2002 y hasta cuando se efectúe la respectiva consignación en la cuenta de ahorro individual.
Indicó en apoyo de sus pretensiones que fue empleado de Ingeteg S.A. entre el 8 de julio de 1963 y el 28 de febrero de 1965; y luego del 11 de julio de 1966 al 10 de julio de 1986. En este último periodo su sede de trabajo fue la ciudad de Bogotá, salvo el lapso entre el 1º de febrero de 1971 y el 30 de junio de 1972, cuando se desempeñó como ingeniero asociado —jefe de ingeniería del proyecto Chivor en el municipio de Santa María— departamento de Boyacá.
Señaló que el 1º de noviembre de 1997 se trasladó del Instituto de Seguros Sociales al Fondo de Pensiones administrado por Protección, y siguió cotizando para su pensión de vejez en calidad de trabajador independiente.
Cuando la administradora de Fondo de Pensiones del Régimen de Ahorro Individual solicitó al Instituto y al Ministerio de Hacienda su historia de cotizaciones para efectos del bono pensional, se pudo constatar que Ingetec S.A., solo había cotizado 191 semanas correspondientes a los siguientes periodos:
— 2 días del año 1980;
— 853 días entre el 1º de septiembre de 1982 y el 31 de diciembre de 1984;
— 334 días de febrero a diciembre de 1985; y
— 150 días de febrero a junio de 1986.
La empresa trató de justificar su omisión con el argumento de haber prestado el trabajador servicios en sitios del país donde no había cobertura del instituto, lo cual no es cierto, como se dejó explicado.
En abril de 2002, se le informó por parte de Protección que la empresa había aumentado las cotizaciones a 313 semanas, existiendo todavía un déficit importante, pues él prestó servicios por más de 20 años.
Con las 313 semanas según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el valor del bono pensional sería de $ 45.924.000 a 1º de noviembre de 1997, el cual solo podría redimirse en el año 2010. Si la empresa hubiera cotizado todo el tiempo laborado, el valor del bono pensional sería de $ 245.154.000 a 1º de noviembre de 1997, y su valor actualizado y capitalizado al 25 de abril de 2002, hubiera sido de $ 456.261.589 fecha en que el bono hubiera tenido su redención normal, cuando cumplió 62 años de edad.
2. Ingetec S.A. respondió el libelo, admitió los extremos de la vinculación laboral, que el demandante por el lapso que indicó, prestó servicios en el departamento de Boyacá, municipio de Santa María y que dirigió varias comunicaciones a la empresa. Los demás hechos lo negó y aclaró que según el contrato de trabajo las partes pactaron que el actor podía prestar servicios en cualquier parte del país. Se opuso a las pretensiones y adujo en su defensa que la Ley 100 de 1993 no resultaba aplicable, pues entró a regir más de 7 años después de haber finalizado el contrato de trabajo con el demandante. Propuso las excepciones de prescripción, cobro de lo no debido, inexistencia de las obligaciones y la genérica.
Por su parte Protección S.A. manifestó no oponerse a las pretensiones que tienen que ver con ella, como es la de recibir el capital constitutivo de la diferencia en el valor del bono pensional; frente a los hechos relacionados con Ingetec S.A, dijo que le son ajenos y por lo tanto no le constan. Aceptó la afiliación del actor a esa administradora de fondos de pensiones, lo que ocurrió el 17 de octubre de 1997. Propuso las excepciones de imposibilidad legal para reconocer un derecho pensional supuesto, buena fe, y la innominada.
3. Mediante fallo de 25 de septiembre de 2007, el Juzgado Trece Laboral de Circuito de Bogotá, condenó Ingeteg S.A., a emitir un bono o título pensional a favor del demandante:
“el cual deberá ser liquidado acorde con los decretos 1887 de 1994 y 1474 de 1997, en la suma que represente las semanas dejadas de cotizar al Seguro Social por el periodo del 1º de enero de 1967 al 10 de julio de 1986 descontando las semanas que acredite haber pagado, para de esta forma completar con el bono reconocido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el monto total de la pensión a satisfacción del fondo Protección S.A. a cargo de quien está dicha prestación y los intereses moratorios los cuales se deberán liquidar en la forma ordenada por el artículo 3º del Decreto 1474 de 1997 en concordancia con el artículo 12 del Decreto 1748 de 1995...”.
Declaró no probadas las excepciones propuestas por Ingetec S.A., y absolvió a Protección S.A. de todos los cargos.
La Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, que conoció en virtud de la apelación de la parte demandada Ingetec S.A., mediante sentencia de 12 de diciembre de 2008 corregida el 9 de febrero de 2009, confirmó el fallo del juzgado en su integridad.
En lo que interesa a los efectos de esta decisión, el juzgador de segundo grado precisó que no existía controversia sobre los extremos de la relación laboral, de conformidad con los cuales el actor prestó servicios a Ingeteg S.A. entre el 8 de julio de 1963 y el 28 de febrero de 1965; y desde el 11 de julio de 1966 hasta el 10 de julio de 1986.
Luego agregó el juzgador:
“Es así como, conforme a las pruebas aportadas al plenario, se establece que el 25 de abril de 2002, el actor cumplía la edad de 62 años, fecha de exigibilidad, del bono pensional, por la eventual causación de la pensión de vejez, en este caso, en el entendido que el actor se encontraba antes de trasladarse al fondo de pensiones afiliado al Instituto de Seguros Sociales, este último, debía emitir el bono pensional, precisando que para la causación de la pensión de vejez en el régimen de ahorro individual con solidaridad, el actor debía acreditar un mínimo de 1.150 semanas de cotización al sistema; sin embargo, según reporte del Instituto de Seguros Sociales, el total de semanas cotizadas a esa entidad por su exempleador, solo ascendía a 313 (fls. 20 a 21, 250).
Como del tiempo de servicio, que se hizo relación anteriormente, el actor laboró para Ingetec S.A., desde el 8 de julio de 1963 hasta el 28 de febrero de 1965 y desde el 11 de julio de 1966 hasta el 10 de julio de 1986; se tiene por esta corporación, que la demandada, si bien afilió al señor Madriñan (sic), al Instituto de Seguros Sociales, no cotizó todo el tiempo, situación que se verifica con la certificación emitida por el Instituto de Seguros Sociales (fls. 156-157), que es igualmente corroborado con el interrogatorio de parte, absuelto por el representante legal de la demanda, quien confesó lo siguiente:
‘Pregunta Nº 3. Diga como es cierto si o no que en el segundo contrato de trabajo que rigió entre las partes entre los años 1966 y 1986 la empresa demandante solo efectuó cotizaciones al ISS por un total de 313 semanas, según certificación del ISS.
Contesto: No es cierto y aclaró, en primer término debo aceptar que durante un tiempo la empresa no afilió ni cotizó para la seguridad social por dos razones, la primera por que el sitio donde temporalmente prestó sus servicios el demandante al ISS, no había asumido los riegos, y en segundo término porque en otra época la empresa por una equivocación no lo hizo. No sé exactamente el número de semanas cotizadas y se me está remitiendo una certificación del ISS, que presumo correcta’.
Visto lo anterior, concluye esta corporación, que la demandada incumplió con la afiliación y el pago de aportes a favor del demandante, durante el período comprendido entre el 1º de enero de 1967, fecha en la cual el ISS, asumió los riesgos por pensiones, hasta el 10 de julio de 1986, fecha en la cual terminó el contrato de trabajo, razón por la cual, se confirmará la sentencia de primera instancia, en el sentido de condenarla a emitir un bono o título pensional, el cual complementará el reconocido por el Ministerio de Crédito y Hacienda Pública; pues con antelación, no estaba obligado”.
En apoyo de sus argumentaciones, citó la sentencia de esta Sala, CSJ SL, 25 de mayo de 2005, Radicado 25165.
Cargo primero. Acusa la sentencia por vía directa:
“Por aplicación indebida, los artículos 113, 115 a 127 y 139 numeral 5º de la Ley 100 de 1993 en relación con los artículos 2º, 4º, 14 y 17 del Decreto-Ley 1299 de 1994; 71 del Acuerdo 044 de 1989, 67 del Decreto 2665 de 1988; 1º del Decreto 1887 de 1994; 7 del Decreto 510 de 2003; 1º del Decreto 1513 de 1998”.
En la sustentación afirma el impugnante que dentro de las hipótesis previstas en el artículo 14 del Decreto-Ley 1299 de 1994, no se prevé que las empresas particulares que hubieren incumplido la “obligación de afiliación y pago de aportes a favor del trabajador”, tengan que emitir y expedir un bono pensional en esos eventos.
“Si el tribunal hubiera advertido que mi prohijada no se enmarca dentro de los ‘emisores’ que taxativamente consagra la norma en comento, habría concluido que tampoco se encuentra legitimada para expedir un título valor, aspectos estos que de manera copulativa e inexorable deben ser satisfechos para el reconocimiento de un bono pensional y que el tribunal desconoció (D. 510/2003, art. 7º y D. 1513/98, y art. 1º).
En ese orden de ideas, no es jurídicamente viable aplicar instituciones que nacen con ocasión de la Ley 100 de 1993 a situaciones pasadas consolidadas incluso antes de la expedición de la Constitución Política de 1991, pues la norma en comento en lo benéfico de sus instituciones no puede convertirse en panacea para enmendar los eventuales errores o ajuste propios de sistema patronal o de seguros sociales”.
“De conformidad con el artículo 71 del Acuerdo 044 de 1989 el empleador responde por las prestaciones que se causaron con anterioridad a la fecha de inscripción, por tanto son diferentes las consecuencias de la falta de afiliación al sistema de las de la afiliación tardía, porque los empleadores que no afilien a los trabajadores a la seguridad social deben asumir directamente la obligación de pago de las prestaciones correspondientes, pero no los que sí afilien pero lo hagan extemporáneamente, a quienes no se les puede condenar a una obligación irredimible, pues por el contrario se redime con el pago de cotizaciones atrasadas con los intereses moratorios y eventualmente con las sanciones que tenga a bien imponer la respectiva entidad administradora de pensiones.
Así lo ha entendido la honorable Corte Suprema de Justicia en diferentes sentencias, entre otras, en la del 8 de junio de 2000, Radicado 13.724, reiterada en sentencia del 30 de agosto de 2005, Rad. 21378, y del 31 de julio de 2007, Rad. 27.333”.
Son hechos establecidos en el proceso y que no se discuten dada la orientación jurídica del cargo que: i) el actor laboró para Ingeteg S.A. entre el 8 de julio de 1963 y el 28 de febrero de 1965; y desde el 11 de julio de 1966 hasta el 10 de julio de 1986; ii) fue afiliado por cuenta de la demandada al Instituto de Seguros Sociales a partir del 1º de junio de 1980 y hasta el 30 de junio de 1986, habiendo cotizado en ese periodo 313 semanas; iii) se trasladó al Fondo de Ahorro Individual con solidaridad administrado por Protección S.A. el 1º de noviembre de 1997; iv) cumplió 62 años de edad el 25 de abril de 2002.
1. Cuestiona el recurrente la decisión del tribunal, porque estima que dentro de las hipótesis previstas en el artículo 14 del Decreto 1299 de 1994, no está contemplada la posibilidad de que las empresas particulares que hubieren incumplido el deber “de afiliación y pago de aportes a favor del trabajador”, tengan la obligación de emitir y expedir un bono pensional y en esa medida, tal precepto resultó indebidamente aplicado.
En efecto, el sentenciador invocó concretamente la Sentencia CSL SL, 25 de mayo 2005, Radicación 25165, según la cual cuando el empleador incumple la obligación de afiliar a sus trabajadores a la seguridad social o no paga los aportes de conformidad con los salarios realmente devengados por ellos, asume las consecuencias de su omisión y debe reconocer “el reajuste correspondiente al bono pensional, de conformidad con la liquidación que realice la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.
Ahora bien, en esa misma providencia, que en el punto fuera reiterada en la Sentencia CSJ SL, 22 noviembre 2011, Radicado 40250, clarificó esta corporación que las empresas privadas podían expedir bonos pensionales, y que cuando la Ley 100 de 1993 en el artículo 33 hacía referencia a empleadores que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, comprendía aquellos que tuvieran un deber pensional, entre otras razones, por no haber afiliado o no cumplir oportuna y suficientemente con el deber de cotizar. Dijo textualmente la Sala:
“Sobre el punto central del cargo, es decir que la empresa demandada, legalmente no es emisora de bonos pensionales, es pertinente anotar que si bien el artículo 118 de la Ley 100 de 1.993 al determinar las clases de bonos pensionales, en su ordinal c señala a los expedidos por empresas privadas o públicas, o por cajas pensionales del sector privado que hayan asumido exclusivamente a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, la restricción por dedicación exclusiva se ha de entender limitada a las cajas pensionales, mas no a las empresas, pues esa especialización solo puede ser atribuida a un ente que tenga función propia reconocer y pagar pensiones; no debe caber duda de esta interpretación al concordar la norma en comento con otros artículos de la misma ley, que reglamentan por separado las exigencias para las empresas de las de las cajas provisionales; así por ejemplo, en el artículo 115, en literal c se habla de los bonos pensionales de las empresas, y el d, de los de las cajas provisionales, y aquel condicionamiento solo está erigido para estas últimas entidades.
Los empleadores que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, tomando un aparte de la literalidad del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, son aquellos que frente al actor tienen un deber pensional, porque no fueron subrogados totalmente por una administradora de pensiones, ora porque no se afilió el trabajador al sistema, ora se hizo luego de diez años de servicios, ora no se cumplió oportuna y suficientemente con el deber de cotizar”.
En idéntica línea, la reforma al artículo 33 de la Ley 100 de 1993, verificada por el artículo 9º de la Ley 797 de 2003, que en el literal d) previó para el cómputo de semanas para pensión de vejez en el régimen de prima media “El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador”, lo hizo a condición de que el empleador omiso, traslade “con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional”; todo lo cual refrenda la viabilidad legal de que los empleadores omisos no solo puedan sino que deban, expedir bonos o títulos pensionales.
Para el régimen de ahorro individual esa posibilidad está prevista en los artículos 60 literal h) de conformidad con lo esclarecido por la Corte en la Sentencia CSJ SL, 22 noviembre 2011, Radicado 40250, —donde debe entenderse que los empleadores que tienen a su cargo el reconocimiento y pago de la pensión, comprende aquellos que tengan un deber pensional pendiente frente al trabajador o afiliado—, y en el artículo 65 sobre garantía de pensión mínima de vejez, de la Ley 100 de 1993, que son del siguiente tenor:
“ART. 60.—El régimen de ahorro individual con solidaridad tendrá las siguientes características:
Y como se vio líneas atrás, esos parágrafos del artículo 33 de la Ley 100, prevén la expedición de bonos o títulos pensionales por parte de los empleadores privados omisos, dado que cuando el literal d) del parágrafo 1º ya citado, se refiere a: “El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador”, no hace distinción, por lo que quedan comprendidos naturalmente los empleadores privados.
En la Sentencia CSL SL de 20 de marzo de 2013, Radicación 42398, que conviene rememorar, y que fue reiterada en la CSJ SL 646-2013, señaló esta Sala de la Corte que la obligación del empleador de responder por el tiempo servido por el trabajador sin la afiliación debida, ha existido desde el momento mismo en que surgió el deber de afiliar al trabajador al instituto, y que cuando la pensión no se causó antes de la Ley 100 de 1993, existe una expectativa sobre ese derecho que queda regulado por esa normatividad y sus modificaciones.
En otras palabras, la desatención total o parcial, de las obligaciones frente al régimen existente en la materia en épocas precedentes a la vigencia de la Ley 100 de 1993, cuando afecte prerrogativas pensionales cuya maduración o consolidación opere bajo el imperio de esta normatividad, puede comprometer la responsabilidad de los empleadores incumplidos con sujeción a las reglas del nuevo sistema, aunque de distintas maneras, dependiendo del perjuicio irrogado al extrabajador o afiliado, y del régimen pensional al cual se hayan acogido. En algunos casos deberá responder íntegramente por la prestación (L. 100/93, art. 133); pagar cotizaciones y sus intereses moratorios; cálculos actuariales; o títulos o bonos pensionales; o la diferencia en el valor de estos o de las prestaciones.
“Juzga conveniente la Corte comenzar por recordar que la falta de afiliación o la afiliación tardía del trabajador al sistema general de pensiones, para el cubrimiento de las contingencias de invalidez, vejez y muerte, no acarrea rigurosa e inexorablemente a cargo del empleador remiso el pago de la prestación que hubiere otorgado dicho sistema en el evento de haberse cumplido con la obligación de inscribirlo. Lo anterior porque, a no dudarlo, existen eventos en los cuales el empleador debe reparar el perjuicio de una forma diferente al de asumir directa y exclusivamente la pensión o, incluso, hay situaciones en donde al empleador no le corresponda adjudicarse ninguna carga económica”.
En la reforma verificada al artículo 33 de la Ley 100 de 1993, a través del artículo 9º de la Ley 797 de 2003, el legislador al introducir el literal d) contempló expresamente la posibilidad de sanear las situaciones irregulares generadas por la inobservancia del deber de afiliación incluso antes de la vigencia del sistema general de pensiones —que ya había sido admitida por la jurisprudencia, Sentencia Radicado 40250 citada—, toda vez que la norma no distingue, y porque precisamente el objetivo de la disposición es abrir la puerta a la convalidación de esos tiempos de servicios precedentes para que se traduzcan en semanas de cotización para efectos de la pensión de vejez del sistema general de pensiones, de aquellos trabajadores o afiliados que efectivamente prestaron esos servicios subordinados, pero que por omisión no fueron afiliados o lo fueron tardíamente.
Lo que sucede es que lo que varía es la consecuencia, para los eventos en que el trabajador o afiliado permanezca en el régimen de prima media, la obligación se determina con base en el cálculo actuarial referida al título pensional, y cuando haya traslado al fondo de ahorro individual como en este caso, en la medida en que el perjuicio irrogado al afiliado fue la diferencia en el valor del bono pensional tipo A modalidad 2, debe responder por ella de conformidad con las reglas propias que rigen su cálculo. Esta solución fue adoptada por ejemplo, en sentencia CSJ SL, de 5 de julio 2005, Radicado 23216.
Vale la pena igualmente, traer a colación las enseñanzas de la Corte plasmadas en la Sentencia CSJ SL, 20 de abril de 2010, Radicado 37.173, recordadas en la providencia CSJ SL 646-2013, donde se afirmó que:
“... la seguridad social resulta ser un todo jurídico integral favorable al beneficiario, cuando se cumple con los requisitos que perentoriamente exige la ley tanto al empleador como al trabajador. Y en el caso de que sea el empleador quien no los cumpla (por ejemplo incumplir el deber de afiliar al trabajador), deberá el primero responder por los beneficios sociales a que tiene derecho quien debiendo ser afiliado por él no lo fue,...”.
“En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 20 del Decreto 1748 de 1995, el bono pensional del señor Jesús María Sierra Madriñán se redimirá normalmente el 30 de enero de 2011, fecha más tardía entre que el beneficiario cumpla 62 años de edad, y la fecha en que completaría 1000 semanas de vinculación laboral válida, suponiendo que trabajara ininterrumpidamente a partir de FC”.
Cargo segundo. Acusa la sentencia porque:
“Incurrió en una violación medio de los artículos 305 del Código de Procedimiento Civil; 66 A del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social; 29 de la Constitución Política, lo que lo condujo a que violara indirectamente por aplicación indebida los artículos 113, 115 a 127 y 139 numeral 5º de la Ley 100 de 1993 en relación con los artículos 2º, 4º, 14 y 17 del Decreto-Ley 1299 de 1994; 71 del Acuerdo 044 de 1989, 67 del Decreto 2665 de 1988; 1º del Decreto 1887 de 1994; 7º del Decreto 510 de 2003; 1º del Decreto 1513 de 1998”.
“1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el actor tiene derecho a un bono pensional tipo A que debe ser expedido por Ingenieros Civiles y Eléctricos S.A. ‘Ingetec S.A.’
2. No dar por demostrado, estándolo, que la verdadera pretensión del señor Jesús María Sierra Madriñán radicaba en que se condenara a mi prohijada a pagar el capital constitutivo de la diferencia entre lo que debía valer el bono pensional a que tiene derecho el accionante si hubiera efectuado la totalidad de las cotizaciones al ISS durante el tiempo de trabajo”.
“En el desarrollo argumenta que: El tribunal apreció erróneamente la demanda (fls. 2-11) pues de ella se desprende de forma paladina que la pretensión principal del demandante consistía en que se condenara a Ingetec a pagar el capital constitutivo de la diferencia entre lo que debía valer el bono pensional a que tiene derecho el accionante si hubiera efectuado la totalidad de las cotizaciones al ISS durante el tiempo de trabajo con destino a la cuenta individual de ahorro pensional que posee el demandante en el Fondo de Pensiones y Cesantías Protección (fls. 2 y 3), y no obstante ello, el tribunal decidió confirmar la sentencia de primera instancia en la que, como se mencionó anteriormente, el juez ordenó a la demandada a emitir un bono o título pensional a favor del demandante, lo cual no se compadece del tenor literal de las pretensiones y que además lo llevó a vulnerar las normas que se acusan en la proposición jurídica”.
Como lo afirmó la Corte en Sentencia CSJ SL, 4 de diciembre de 2007, Radicado 29693, con la emisión del bono se titulariza el derecho del afiliado a ese capital, y él se traduce en dinero “contante y sonante” al momento de su redención, “es decir, cuando el afiliado cumpla la edad que se tomó como base para el cálculo del respectivo bono pensional, o cuando se cause la pensión de invalidez o de sobrevivencia, o cuando haya lugar a la devolución de saldos de conformidad con la Ley 100 de 1993, de conformidad con el artículo 11 del Decreto 1299 de 1994”.
“Cuando se cause el derecho a redención de un bono aún no emitido, se hará el pago, sin que sea necesaria la expedición física del título, y el valor del bono se calculará de acuerdo con lo establecido en este decreto”.
Cargo tercero. Acusa la sentencia de “violar directamente, por aplicación indebida, los artículos 3º del Decreto 1474 de 1997 en concordancia con el artículo 12 del Decreto 1748 de 1999”.
“En efecto, mediante Decreto 1748 de 1995, el Presidente de la República, en uso de las facultades que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, expidió las normas para la emisión, cálculo, redención y demás condiciones de los bonos pensionales y se reglamentan los decretos leyes 656, 1299 y 1314 de 1994, y los artículos 115, siguientes y concordantes de la Ley 100 de 1993. Y a través del Decreto 1474 de 1997 se derogó, modificó y adicionó algunos artículos del Decreto Reglamentario 1748 de 1995 y dictó otras disposiciones.
Así las cosas, no se puede pretender darle efectos retroactivos a una disposición que regula las situaciones configuradas con posterioridad al 1º de abril de 1994 y darle aplicación a la misma respecto de hechos que se consolidaron antes de julio de 1986, bajo el amparo de otras disposiciones normativas”.
En lo que toca con la condena a los intereses moratorios, y para dar respuesta al opositor, es de anotar que en el escrito de apelación de la empresa Ingetec S.A. (fls. 276-278), se consignó: “La empresa Ingeteg S.A., no está obligada por ley a expedir dicho bono, como tampoco a cancelar los intereses que fija la sentencia, sino hay lugar a lo principal menos a lo accesorio, me remito al artículo 115, literal c) de la Ley 100 de 1993 y al literal c) del artículo 2º del Decreto 1299, ...”; si bien se trató de una apelación consecuencial respecto de la eventual caída de la condena principal, no puede afirmarse que no se controvirtió el aspecto relativo a dichos intereses.
Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte recurrente y en favor de los opositores en un 50% a cada uno. Las agencias en derecho se fijan en la suma de $ 6.300.000. Por secretaría tásense las demás costas.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 12 de diciembre de 2008, corregida el 9 de febrero de 2009, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en el proceso ordinario promovido por Jesús María Sierra Madriñán contra Ingenieros Civiles y Eléctricos “Ingetec S.A.” y la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A.
Magistrados: Rigoberto Echeverri Bueno—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Elsy del Pilar Cuello Calderón—Clara Cecilia Dueñas Quevedo—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas—Carlos Ernesto Molina Monsalve—.

References: artículo 3
 artículo 12
 artículo 14
 artículo 71
 artículo 14
 artículo 33
 artículo 118
 artículo 115
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 9
 artículo 65
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 9
 artículo 20
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 189
 artículo 115
 artículo 2