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Timestamp: 2019-01-16 08:09:12+00:00

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Resolución de TEAC, 00/1368/2006, 11-09-2008 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1368/2006 de 11 de Septiembre de 2008
Núm. Resolución: 00/1368/2006
Son deducibles los servicios de apoyo a la gestión de la entidad únicamente en la parte que se refiere a los "management fees" facturados por una de las sociedades vinculadas, pero no las de los demás servicios, al no concurrir los requisitos establecidos en el artículo 16.5 de la LIS (Ley 43/1995). La Administración española no ha conculcado el Convenio 90/436/CEE, de 23 de julio de 1990, sobre ajustes por precios de transferencia en el ámbito de la Comunidad Europea, a la vista de los artículos 5, 6 y 8.1 del mismo.
Las dotaciones a la provisión por responsabilidades son improcedentes, por resultar incorrecta su imputación temporal en relación con lo establecido en el artículo 13.2.a) de la LIS. Se descarta la deducibilidad de las dotaciones a la provisión por primas pendientes de cobro, ya que se aportan alegaciones genéricas pero no justificación concreta de los créditos con la antigüedad aducida. Se desestima la deducibilidad de las dotaciones a las provisiones matemáticas adicionales, tanto en lo que se refiere al cálculo en los seguros individuales como en los seguros de grupo, por superar los mínimos establecidos en su normativa reguladora.
El ajuste practicado en un ejercicio por la entidad por las contribuciones en conceptos de "servicios pasados" efectuadas al Plan de Pensiones resulta improcedente, ya que la documentación relativa al Plan de Reequilibrio no fue presentada por la entidad hasta el año siguiente ante la Dirección General de Seguros y Planes y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía y Hacienda y el artículo 22.2 del Real Decreto 1588/1999 no sólo resulta aplicable a los planes de reequilibrio sometidos a autorización administrativa, sino también a los no sometidos a dicha autorización.
En la Villa de Madrid, a la fecha indicada (11 de septiembre de 2008), vistas las reclamaciones económico-administrativas que, en única instancia, penden de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, promovidas por la entidad W, S.A.E., con N.I.F. ..., y en su nombre y representación por D. ..., con domicilio a efectos de notificaciones en ..., contra las resoluciones, presunta de fecha 27 de febrero de 2006 y expresa de fecha 3 de mayo de 2006, de recurso de reposición interpuesto contra el acto administrativo de liquidación tributaria, y contra el acuerdo sancionador de fecha 6 de septiembre de 2006, dictados por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la A.E.A.T. relativos al Impuesto sobre Sociedades, ejercicios 1999, 2000 y 2001, y cuantía, 3.266.239,44 euros (la mayor).
PRIMERO.- Con fecha 11 de noviembre de 2005, los servicios de la entonces Oficina Nacional de Inspección incoaron a la hoy reclamante acta de disconformidad (A02) número ... por el impuesto y ejercicios antes citados. En dicha acta se hace constar, en síntesis, lo siguiente:
A) La fecha de inicio de las actuaciones inspectoras fue el 17-12-2003, y en el cómputo del plazo de duración de las mismas, debe atenderse a las siguientes circunstancias:
- Dilaciones imputables al obligado tributario, por los siguientes motivos:
De 01/08/2003 a 31/08/2003: Solicitud de aplazamiento del obligado tributario.
De 14/01/2004 a 02/02/2004: Solicitud de aplazamiento del obligado tributario.
De 02/08/2004 a 31/08/2004: Solicitud de aplazamiento del obligado tributario.
De 04/12/2004 a 08/02/2005: Retraso en la aportación de documentación.
De 08/02/2005 a 12/07/2005: Retraso en la aportación de documentación.
De 16/05/2005 a 12/07/2005: Retraso en la aportación de documentación.
De 01/07/2005 a 22/07/2005. Retraso en la aportación de documentación.
- En fecha 19 de noviembre de 2003 se acordó por el Inspector Jefe Adjunto-Jefe de la Oficina Nacional de Inspección, la ampliación del plazo máximo de duración de las actuaciones inspectoras a 24 meses, por concurrir las circunstancias previstas en el artículo 29 de la Ley 1/1998, al tratarse de actuaciones que revisten especial complejidad. Este acuerdo de ampliación del plazo fue notificado el 27 de noviembre de 2003.
B) Se propone la regularización de la situación tributaria del sujeto pasivo por los siguientes motivos:
- No deducibilidad de los servicios de apoyo a la gestión facturados por la entidad vinculada Y, N.V., por los siguientes conceptos: "Management fees", "Proyecto ..." y "EB Expenses".
- No deducibilidad de los "investment management fees" por gastos repercutidos por la entidad vinculada YY, B.V.
- No deducibilidad de una dotación a la provisión por depreciación del inmovilizado material.
- Improcedencia de dotaciones a la provisión por responsabilidades, derivada de incorrectas imputaciones temporales de las mismas.
- No deducibilidad de las dotaciones a la provisión por primas pendientes de cobro.
- No deducibilidad de las dotaciones a las provisiones matemáticas adicionales.
- No deducibilidad en el Impuesto sobre Sociedades de los importes de retenciones no ingresadas, correspondientes a percepciones satisfechas a determinados asegurados.
- Improcedencia del ajuste practicado por la entidad en el ejercicio 2001 por las contribuciones en conceptos de "servicios pasados" efectuadas al Plan de Pensiones, en base al Plan de Reequilibrio presentado por la entidad.
SEGUNDO.- Presentadas alegaciones por la entidad, el Jefe de la Oficina Técnica dictó en fecha 27 de diciembre de 2005 acuerdo de liquidación, en el que se rectifica la propuesta de regularización contenida en el acta, en los siguientes aspectos:
- Se admite la deducibilidad de los "investment management fees" por gastos repercutidos por la entidad vinculada YY, B.V., en lo que respecta a los ejercicios 2000 y 2001.
- Se admite la deducibilidad de la dotación a la provisión por depreciación del inmovilizado material.
- En cuanto a las dotaciones a la provisión por primas pendientes de cobro, en lo que se refiere a créditos con entidades de Derecho público o del grupo, en contra del criterio del actuario, no se admite la deducción cualquiera que sea la antigüedad del crédito.
La deuda tributaria resultante asciende a 3.266.239,44 €, de los que 2.634.817,96 € corresponden a la cuota y 631.421,48 € a los intereses de demora. Este acuerdo fue notificado al obligado tributario el mismo 27 de diciembre.
Con fecha 6 de septiembre de 2006 se dictó acuerdo sancionador. De los ajustes practicados, sólo se consideran sancionables los relativos a la deducción de las partidas "Proyecto ...", "EB Expenses" e "Investment Management Fee", así como de las retenciones IRPF. Realizada la comparativa entre los regímenes sancionadores, de acuerdo con la Disposición Transitoria 4ª de la Ley 58/2003, y no resultando más favorable dicha Ley, se impone una sanción de 269.721,82 euros, como consecuencia de la comisión de la infracción tributaria grave, tipificada en el artículo 79.a) de la Ley 230/1963, consistente en "dejar de ingresar ...".
Dicho acuerdo fue notificado al obligado tributario el 8 de septiembre de 2006.
CUARTO.- Disconforme con el acuerdo de liquidación, la entidad interpuso el 27 de enero de 2006 recurso de reposición. Transcurrido el plazo de un mes desde la interposición sin haberse notificado resolución expresa, la entidad interpuso, el 24 de marzo de 2006, contra la resolución presunta, reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Económico-Administrativo Central (RG 1368/2006).
Con fecha 3 de mayo de 2006, el Jefe de la Oficina Técnica de la D.C.G.C. dictó resolución expresa por la que se desestimaba el recurso de reposición interpuesto. Dicha resolución expresa, notificada el 5 de mayo siguiente, ha sido objeto de nueva reclamación económico-administrativa ante este TEAC, interpuesta por la interesada con fecha 19 de mayo de 2006 (RG 1836/2006).
Disconforme con el acuerdo sancionador, la entidad interpuso el 6 de octubre de 2006 reclamación económico-administrativa también ante este Tribunal Económico-Administrativo Central (RG 3417/2006).
QUINTO.- Puestos de manifiesto los expedientes, formuló, en síntesis, las siguientes alegaciones:
1) Sobre el plazo de duración del procedimiento inspector:
- Existen errores materiales en el acuerdo de liquidación en relación con el cómputo de algunas dilaciones imputadas, que evidencian el exceso del plazo de duración de las actuaciones.
- Algunas de las dilaciones imputadas corresponden con el periodo de vacaciones, y en otras, no se ha producido realmente una dilación material y real de la actuación inspectora.
- En la dilación segunda, de 16-1-2004 a 2-2-2004, la solicitud de aplazamiento se efectúa el viernes 16-1, por lo que la dilación debería contarse desde el lunes 19-1.
- En la dilación cuarta, de 7-12-2004 a 9-2-2005, la advertencia de la documentación pendiente no se efectúa hasta el 28-1-2005.
- No resulta imputable la dilación quinta, de 9-2-2005 a 12-7-2005, por no haberse aclarado una discrepancia relativa a un importe que se considera menor (principio de proporcionalidad), que así fue tratado en las reuniones con los inspectores actuarios, sin que la aclaración además fuera necesaria.
2) En relación con la regularización practicada por la Inspección:
- Resultan deducibles los servicios de apoyo a la gestión, así como los "investment management fees". La Inspección Tributaria ha incumplido el procedimiento previsto en el Convenio 90/436/CEE, de 23-7-1990, relativo a la supresión de la doble imposición en caso de corrección de los beneficios de empresas asociadas.
- Las dotaciones a la provisión por responsabilidades se han imputado al ejercicio correcto, por lo que resultan deducibles.
- En la regularización de las dotaciones a la provisión por primas pendientes de cobro, se han incluido créditos con antigüedad superior al año.
- Resultan deducibles las dotaciones a las provisiones matemáticas adicionales.
- Por lo que se refiere a las retenciones no ingresadas, correspondientes a percepciones satisfechas a determinados asegurados, se alega indefensión al desconocer el motivo del ajuste.
- Se cumplen los requisitos para practicar el ajuste en el ejercicio 2001 por las contribuciones en conceptos de "servicios pasados" efectuadas al Plan de Pensiones, en base al Plan de Reequilibrio presentado por la entidad.
3) Sobre la sanción, se alega ausencia de culpabilidad en la actuación de la entidad.
PRIMERO.- Concurre en el presente expediente el requisito de competencia de este Tribunal Central, por razón de la materia y de la cuantía de los actos impugnados, para conocer en única instancia de las presentes reclamaciones económico-administrativas, habiéndose interpuesto en forma y plazo hábil, por persona con capacidad y legitimación suficientes, siendo las cuestiones a resolver las siguientes: 1º) si ha prescrito la acción administrativa para liquidar como consecuencia del incumplimiento del plazo de duración del procedimiento inspector; 2º) en su caso, procedencia de la regularización practicada; y 3º) en su caso, procedencia de la sanción impuesta.
A este respecto, el artículo 29 de la Ley 1/1998, de Derechos y Garantías del Contribuyente, dispone:
2. A los efectos del plazo previsto en el apartado anterior, no se computarán las dilaciones imputables al contribuyente, ni los períodos de interrupción justificada que se especifiquen reglamentariamente".
De forma similar, el artículo 31 (red. RD 136/2000) del RGIT señala que "Las actuaciones de comprobación, investigación y las de liquidación se llevarán a cabo en un plazo máximo de doce meses contados desde la fecha en que se notifique al obligado tributario el inicio de tales actuaciones hasta la fecha en que se dicte el acto administrativo que resulte de las mismas, salvo que se acuerde la ampliación de dicho plazo en la forma prevista en el artículo 31 ter de este Reglamento.
Igualmente, el art. 31 bis.2 (red. RD 136/2000) del RGIT dispone que "A su vez, se considerarán dilaciones imputables al propio obligado tributario, el retraso por parte de éste en la cumplimentación de las solicitudes de información, requerimientos o comparecencias formuladas o solicitadas por la inspección dentro del ámbito de sus competencias, así como el aplazamiento o retraso de las actuaciones solicitado por el propio contribuyente en los casos en que se considere procedente. Las solicitudes que no figuren íntegramente cumplimentadas no se tendrán por recibidas a efectos de este cómputo hasta que no se cumplimenten debidamente, lo que se advertirá al interesado. A efectos de dicho cómputo, el retraso debido a dilaciones imputadas al contribuyente se contará por días naturales".
Las dilaciones habidas con anterioridad al acta fueron las siguientes, según se computan en el acuerdo de liquidación, corrigiendo en algunos casos lo computado en el acta:
De 16/01/2004 a 02/02/2004: Solicitud de aplazamiento del obligado tributario.
De 07/12/2004 a 09/02/2005: Retraso en la aportación de documentación.
De 09/02/2005 a 12/07/2005: Retraso en la aportación de documentación.
De 17/05/2005 a 12/07/2005: Retraso en la aportación de documentación.
A dichas dilaciones se deben unir 10 días más de dilación correspondientes a la ampliación del plazo para presentar alegaciones al acta, solicitado por el obligado tributario.
Alega al respecto el contribuyente, en primer lugar, que existen los siguientes errores materiales en el acuerdo de liquidación, en relación con el cómputo de algunas dilaciones imputadas, que evidencian el exceso del plazo de duración de las actuaciones:
1º.- Tercera dilación: de 2-8-2004 a 31-8-2004. Mediante escrito de 28-7-2004 la entidad solicita "se conceda el aplazamiento desde el 2 de agosto hasta el 31 de agosto de 2004". La Inspección accede a dicha solicitud mediante escrito notificado a la entidad el 3 de agosto. La Inspección computa 30 días de dilación, mientras que la reclamante considera que deben computarse sólo 28, al entender que el día inicial de cómputo es el 3-8 (el 2-8 aún no sabía si estaban aplazadas las actuaciones) y el día final el 30-8.
Dicha pretensión no puede prosperar. Como se ha indicado, la Inspección accedió a la solicitud, advirtiendo que "la dilación que media entre los días 2 de agosto y 31 de agosto, ambos inclusive, se computa como imputable al contribuyente ...". Por otra parte, la entidad en su solicitud señalaba que "debido fundamentalmente al periodo vacacional del mes de agosto, se solicita ...". En consecuencia, no parece que la entidad pretendiera ser citada en el mes de agosto, por lo que el cómputo de 30 días realizado por la Inspección resulta correcto.
2º.- Dilaciones superpuestas en el periodo 9-2 a 22-7-2005. La Inspección computa 163 días de dilación, mientras que la entidad considera que son sólo 162. Ambas partes excluyen del cómputo el día inicial, el 9-2. La discrepancia radica en el último día, el 22-7, que la Inspección incluye en el cálculo, considerando la reclamante que no se puede computar porque en ese día se puso de manifiesto el expediente a la entidad.
Dicha pretensión no puede tampoco prosperar. Como ya tiene dicho este Tribunal en resolución de 01-06-2006 (RG 3077/03), el cómputo de la dilación tiene como día inicial el siguiente al día en que el contribuyente debió aportar la documentación solicitada y como día final el día en que cumplimenta plenamente la solicitud. No obstante, en el caso que nos ocupa, la solicitud no fue finalmente cumplida, al ponerse de manifiesto el expediente para alegaciones el 22-7-2005. Sin embargo, ello no quiere decir que la dilación abarque hasta el día anterior, el 21-7, sino hasta el mismo 22-7, pues dispone al respecto el apartado 4 del artículo 31 bis.2 del RGIT que "La interrupción del cómputo del plazo de duración de las actuaciones inspectoras no impedirá la práctica de las que durante dicha situación pudieran desarrollarse". Es decir, el 22-7 se puede realizar la actuación inspectora de puesta de manifiesto, regulada en el artículo 33 ter.2 del RGIT, al mismo tiempo que se computa ese día como dilación. De lo contrario, se haría de peor condición al que cumple la solicitud el 22-7, que al que no la cumple.
TERCERO.- También en relación con el plazo de duración del procedimiento, la interesada alega que algunas de las dilaciones imputadas corresponden con el periodo de vacaciones.
Por lo que respecta a la consideración de los periodos de vacaciones del personal de las entidades como dilación provocada por el contribuyente nada dice el Reglamento de Inspección. Simplemente se infiere de su articulado un plazo máximo de las actuaciones inspectoras, debiendo entender que los doce meses a los a que se hace referencia es el plazo que se atribuye a la Inspección para que, bajo su responsabilidad, realice la actuación inspectora. Y nos referimos al término "bajo su responsabilidad" porque de dicho plazo sólo se podrían excluir aquellas situaciones que hagan imposible el ejercicio efectivo de la actuación inspectora por causas ajenas a la propia Inspección, como serían las dilaciones causadas por el contribuyente o las interrupciones justificadas que se escapan del propio control del órgano inspector (solicitud de informe a otro órgano, remisión de actuaciones al ministerio fiscal o fuerza mayor). Por tanto, del plazo de duración de las actuaciones inspectoras se establece como un plazo máximo que limita temporalmente las actuaciones de la inspección evitando que por su propia responsabilidad se produzca un excesivo alargamiento de las mismas. Así, podría decirse que dentro del plazo máximo de las actuaciones deben incluirse los periodos vacacionales del personal funcionario al servicio de la Inspección, puesto que estaríamos ante una interrupción sólo imputable a la Inspección y, por tanto, no se excluiría del cómputo total de los doce meses.
Respecto de la alegación de que el retraso en la aportación de documentación en ningún caso ha supuesto una interrupción de la actividad de la Inspección, que fue realizando otras actuaciones, debemos citar nuevamente el apartado 4 del artículo 31 bis.2 del RGIT, según el cual "La interrupción del cómputo del plazo de duración de las actuaciones inspectoras no impedirá la práctica de las que durante dicha situación pudieran desarrollarse", teniendo dicho este Tribunal, entre otras en resoluciones de 05-05-2006 (RG 7409/06) y 18-05-2006 (RG 2479/04) que, de conformidad con la norma expuesta, la no aportación de la documentación requerida sí constituye dilación imputable al contribuyente, y no impide que durante dicho período de tiempo se realicen otras actuaciones por la Inspección.
En siguiente lugar, alega la reclamante que, en la dilación segunda, de 16-1-2004 a 2-2-2004, la solicitud de aplazamiento se efectúa el viernes 16-1, por lo que la dilación debería contarse desde el lunes 19-1. Sin embargo, a lo anterior resulta aplicable la previsión contenida en el artículo 31 bis.2 del RGIT, según la cual, "a efectos de dicho cómputo, el retraso debido a dilaciones imputadas al contribuyente se contará por días naturales".
En la dilación cuarta, de 7-12-2004 a 9-2-2005, alega la interesada que la advertencia de la documentación pendiente no se efectúa hasta el 28-1-2005.
Sin embargo, como ya tiene dicho este Tribunal en resolución de 01-06-2006 (RG 3077/03), "La advertencia no supone que la dilación empiece a contar desde la siguiente visita, ya que no se trata de una especie de "amenaza" para que el contribuyente aporte la documentación". La advertencia debe hacerse con el fin de poner en conocimiento del contribuyente (que por otro lado en todo caso es consciente de lo que se le solicita y de lo que aporta) que la solicitud no ha sido plenamente cumplimentada a los efectos de que la cumplimente por entero, pero la dilación se debe computar tal y como dice el RGIT.
Finalmente, la reclamante rechaza como imputable la dilación quinta, de 9-2-2005 a 12-7-2005, por no haberse aclarado una discrepancia relativa a un importe que considera menor (principio de proporcionalidad), que así fue tratado en las reuniones con los inspectores actuarios, sin que la aclaración además fuera necesaria.
Dichas alegaciones no pueden acogerse. Es de destacar al respecto que el citado artículo 31 bis.2 del RGIT no subordina la imputación de la dilación a que la documentación o aclaración finalmente aportada sea de mayor o menor importe cuantitativo o monetario en el conjunto de la regularización. Por lo que se refiere a la innecesidad de la aclaración, debe indicarse que la Inspección advirtió dicha discrepancia, solicitando, en el ejercicio de sus facultades, una aclaración, cuyo origen, como señala el acuerdo de liquidación, sólo la entidad podía conocer.
Por lo anterior, habiéndose notificado el inicio de las actuaciones inspectoras el 17-2-2003, ampliado el plazo a 24 meses, habiéndose dictado el acuerdo de liquidación el 27-12-2005, y siéndole imputables al contribuyente las dilaciones objeto de controversia, es claro que no se ha sobrepasado el plazo máximo de duración de las actuaciones.
CUARTO.- Pasando a las cuestiones de fondo, relativas a la regularización practicada, se plantea, en primer lugar, la deducibilidad de los servicios de apoyo a la gestión facturados por la entidad vinculada Y, N.V., así como la deducibilidad de los "investment management fees" por gastos repercutidos por la entidad también vinculada YY, B.V. Ambas cuestiones, dada su similitud, se tratarán conjuntamente en el presente fundamento y en el siguiente.
A fin de enmarcar adecuadamente la cuestión, han de resaltarse una serie de hechos que se desprenden del expediente: así, el denominado "Y Group" está formado, entre otras, por la entidad Y, N.V., que participa al 100 por 100 en el capital de YS, la cual posee el 100 por 100 del capital de YR, la cual a su vez posee el 99,99 por 100 del capital de W, S.A.E. A su vez, la citada Y, N.V. detenta asimismo indirectamente el 100 por 100 del capital de YY, B.V.
Es común entre los grupos multinacionales que pongan a disposición de sus miembros una serie de servicios técnicos, financieros, comerciales, administrativos, etc. Estos servicios en ocasiones comprenden los servicios que la filial, si fuera empresa independiente, estaría dispuesta a pagar a un tercero por ellos, pero pueden incluir también funciones de gestión, coordinación y control para el conjunto del grupo que en ocasiones no reporta beneficio específico alguno para la filial, siendo rechazado por las autoridades fiscales de los respectivos países la merma de beneficio, y consiguientemente, de tributación en tal país que ello conlleva. El coste de estos servicios los asume inicialmente la sociedad matriz o un miembro del grupo especialmente designado, distribuyéndolos posteriormente entre los miembros del grupo en función de los criterios determinados al efecto.
Así la cuestión, de lo que se trata por tanto es de constatar si a cambio de los importes facturados por los conceptos que la Inspección rechaza existe un servicio efectivamente suministrado; o lo que es lo mismo, que los pagos hechos por la filial española tienen como contrapartida una auténtica contraprestación que reporta un beneficio o utilidad cierta a la entidad española y no una mera distribución entre los miembros del grupo de gastos incurridos por la coordinadora o central, y cuya repercusión, por consiguiente, aún cuando fuera acorde con lo pactado entre ellas, no será admisible en cuanto a su deducibilidad en términos fiscales.
Este análisis depende en cada caso de los hechos y circunstancias concretas que se aprecien en el expediente. Ha de hacerse hincapié en que, tratándose de la deducibilidad de un gasto cuestionado por la Inspección, se requiere, según confirma reiterada jurisprudencia, el cumplimiento de los requisitos de realidad, justificación documental del gasto, contabilización, imputación al ejercicio correspondiente y, en los períodos que nos ocupan, 1999 a 2001, su correlación con los ingresos.
Es importante precisar que la Ley 43/1995 no ha suprimido en modo alguno la exigencia de que resulte acreditada la realidad y efectividad del gasto; su artículo 14.e) recoge expresamente como no deducibles "los donativos y liberalidades", no deducibilidad que ese mismo precepto considera determinada por el incumplimiento del requisito de la correlación del gasto con los ingresos de la entidad, requisito asimismo exigido en el artículo 19 de la misma Ley.
Este Tribunal ya ha sostenido, ..., que los gastos controvertidos, además de tener que cumplir los requisitos del artículo 16.5 de la Ley, han de cumplir los requisitos generales para su deducibilidad fiscal, cuya exigencia se encuentra latente en el reseñado artículo 16.5; es decir, su justificación, requiriendo una suficiente acreditación documental, su correlación con los ingresos y su realidad.
Dicho precepto dispone lo siguiente: "La deducción de los gastos en concepto de servicios de apoyo a la gestión prestados entre entidades vinculadas estará condicionada a que su importe se establezca en base a un contrato escrito, celebrado con carácter previo, a través del cual se fijen los criterios de distribución de los gastos incurridos a tal efecto por la entidad que los presta. Dicho pacto o contrato deberá reunir los siguientes requisitos:
b) Establecerá los métodos de distribución de los gastos atendiendo a criterios de continuidad y racionalidad".
QUINTO.- Por lo que se refiere a los servicios de apoyo a la gestión facturados por Y, N.V., resultan excesivos a juicio de la Inspección por no respetar lo establecido al efecto por el citado artículo 16.5 de la Ley 43/1995. Los conceptos en los que la Inspección aprecia deducciones excesivas son los siguientes:
- "Management fees", por los siguientes importes (cifras en pesetas):
EJERCICIO GASTOS GASTOS DIFERENCIA
Sentencia Administrativo AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 290/2012, 14-05-2015
Orden: Administrativo Fecha: 14/05/2015 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Cabrera Lidueña, Trinidad Num. Recurso: 290/2012

References: Resolución 
 artículo 16
 artículo 13
 artículo 22
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 29
 artículo 79
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 artículo 29
 artículo 31
 artículo 31
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 artículo 31
 artículo 33
 artículo 31
 artículo 31
 resolución 
 artículo 31
 artículo 14
 artículo 19
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16