Source: https://es.scribd.com/doc/132463798/Aiodh-Informe-Juicio-Rabat-19-Marzo-2013
Timestamp: 2017-02-24 19:40:26+00:00

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NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosNoticias & RevistasPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarse INFORME	SOBRE	EL	JUICIO	CELEBRADO	ANTE	EL	TRIBUNAL	MILITAR	PERMANENTE	(RABAT,	1-­‐17	DE	FEBRERO	DE	2013)	EN	RELACIÓN	CON	LOS	HECHOS	ACAECIDOS	EN	EL	CAMPAMENTO	DE	GDEIM	IZIK	(SAHARA	OCCIDENTAL)	18	de	marzo	de	2013	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	ANTECEDENTES	I.	1.	LOS	ACONTECIMIENTOS	DE	GDEIM	IZIK.	LOS	HECHOS	2.	EL	INFORME	DE	LA	COMISIÓN	CONJUNTA	DE	LAS	ASOCIACIONES	DE	DEFENSA	DE	DERECHOS	HUMANOS	MARROQUÍES	A	PROPÓSITO	DE	LOS	ACONTECIMIENTOS	DEL	8	DE	NOVIEMBRE	DE	2010	EN	EL	AAIÚN	II.	LA	CUESTIÓN	DE	LA	COMPETENCIA	DEL	TRIBUNAL	1.	INCOMPETENCIA	DE	LOS	TRIBUNALES	MARROQUÍES	DE	CONFORMIDAD	CON	EL	DERECHO	INTERNACIONAL.	LA	CONDICIÓN	JURÍDICA	DEL	TERRITORIO	DEL	SAHARA	OCCIDENTAL	2.	INCOMPETENCIA	DE	LA	JURISDICCIÓN	MILITAR.	EL	CARÁCTER	EXCEPCIONAL	DE	LA	JURISDICCIÓN	MILITAR	2.1.	Incompetencia	de	la	jurisdicción	militar	de	conformidad	con	el	Derecho	internacional	2.2.	Incompetencia	de	la	jurisdicción	militar	de	conformidad	con	el	Derecho	marroquí	III.	LA	VISTA	ANTE	EL	TRIBUNAL	MILITAR	PERMANENTE	DE	RABAT	1.	LOS	INTERVINIENTES	EN	EL	PROCESO	Y	EL	DERECHO	A	LA	IDENTIDAD	SAHARAUI	DE	LOS	PROCESADOS	2.	ORGANIZACIÓN	DE	LAS	SESIONES	2.1.	Acceso	y	organización	de	la	Sala	2.2.	Audiencia	no	pública.	Los	problemas	de	la	traducción	2.3.	Presencia	en	el	interior	y	en	el	exterior	de	la	Sala	de	fuertes	contingentes	militares	y	policiales	2.4.	Las	cámaras	de	video	y	de	fotografía	como	forma	de	intimidación	2.5.	La	libertad	de	expresión	durante	el	juicio	2.6.	Las	actas	del	juicio.	El	papel	del	Secretario	2.7.	El	estado	físico	de	los	procesados	durante	la	vista	oral	3.	CONDICIONES	DE	UN	JUICIO	JUSTO	Y	EQUITATIVO	3.1.	Introducción	3.2.	Garantías	previas	al	proceso	3.2.1.	Derecho	a	la	asistencia	de	un	letrado	y	a	comunicarse	con	la	familia	3.2.2.	Derecho	a	ser	juzgado	en	un	plazo	razonable	o	en	caso	contrario,	a	ser	puesto	en	libertad	3.2.3.	Derecho	a	recibir	unas	condiciones	humanas	en	el	momento	de	la	detención	y	a	no	ser	sometido	a	tortura	a)	Obligaciones	de	Marruecos	de	conformidad	con	el	Derecho	internacional	b)	Obligaciones	de	Marruecos	de	conformidad	con	su	Derecho	interno	c)	Las	denuncias	de	tortura	en	la	vista	oral	3.3.	Garantías	durante	el	proceso	3.3.1.	Derecho	a	ser	juzgado	por	un	tribunal	independiente	e	imparcial.	El	principio	constitucional	de	la	división	de	poderes	3.3.2.	Derecho	a	citar	testigos	y	a	interrogarles	3.3.3.	Derecho	a	que	se	excluyan	los	elementos	de	prueba	obtenidos	mediante	tortura	o	en	ausencia	de	investigaciones	de	oficio	a)	Las	pruebas	aportadas	por	el	Ministerio	Fiscal	b)	El	acta	de	acusación	como	única	prueba	de	cargo	c)	La	ausencia	de	exámenes	médicos	d)	La	carga	de	la	prueba	y	la	presunción	de	inocencia	3.4.	Garantías	después	del	proceso.	La	inexistencia	de	doble	instancia	en	el	ámbito	penal	IV.	LA	SENTENCIA.	LA	CONDENA	EN	REBELDÍA	DE	UNO	DE	LOS	ACUSADOS	1.	LAS	CONDENAS	2.	LA	CONDENA	IN	ABSTENTIA	DE	UNO	DE	LOS	ACUSADOS	2.1.	El	principio	de	cosa	juzgada	2.2.	La	condena	en	rebeldía	V.	CONCLUSIONES	VI.	ANEXO.	SENTENCIA	DEL	TRIBUNAL	DE	PRIMERA	INSTANCIA	DE	EL	AAIÚN	(14-­‐2-­‐2011)	1	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	I.	ANTECEDENTES	1.	LOS	ACONTECIMIENTOS	DE	GDEIM	IZIK.	LOS	HECHOS	Desde	2010	la	creación	de	campamentos	en	las	afueras	de	las	ciudades	principales	del	Sahara	Occidental	se	ha	convertido	en	una	nueva	fórmula	de	protesta	pacífica	de	su	población	para	reclamar	derechos	económicos	y	sociales.	Así,	en	septiembre	de	ese	año	se	levantaron	dos	pequeños	campamentos	al	Norte	y	al	Este	de	El	Aaiún	con	este	objetivo,	aunque	sus	organizadores	procedieron	a	desmantelarlos	pacíficamente	tras	recibir	garantías	de	las	autoridades	marroquíes	de	atender	sus	reclamaciones.	Como	tales	promesas	no	se	cumplieron,	el	10	de	octubre	de	2010	se	inició	el	desplazamiento	progresivo	de	familias	saharauis	a	la	región	de	Gdeim	Izik,	a	12	km.	al	este	de	El	Aaiún,	hasta	configurar	un	campamento	de	más	de	7.000	jaimas,	que	superaba	la	cifra	de	20.000	personas.	En	las	primeras	semanas,	tanto	las	autoridades	marroquíes	como	los	medios	de	comunicación	elogiaron	el	éxito	de	la	organización	del	campamento,	la	legitimidad	de	las	reclamaciones	socio-­‐ económicas	y	el	quehacer	del	Comité	de	Diálogo,	interlocutor	del	campamento	en	las	conversaciones	mantenidas	con	las	autoridades	marroquíes	creado	a	instancias	de	éstas.	Incluso	la	cuestión	fue	objeto	de	debates	en	las	dos	Cámaras	del	Parlamento	de	Marruecos	y	tuvo	un	importante	eco	en	los	medios	de	comunicación	marroquíes.	El	18	de	octubre	las	autoridades	marroquíes	levantaron	un	muro	de	arena	alrededor	del	campamento,	custodiado	por	militares	y	policías,	para	restringir	las	entradas	y	salidas	del	mismo.	Desde	entonces	la	tensión	fue	aumentando	dado	que	se	impedía	por	la	fuerza	el	acceso	de	cientos	de	saharauis	al	campamento,	y	alcanzó	su	punto	álgido	cuando	se	produjo	la	muerte	de	NAJEM	ELGARHI,	de	14	años,	víctima	de	arma	de	fuego	cuando	trataba	de	entrar	en	el	campamento	junto	a	otros	5	jóvenes	el	día	24	de	octubre.	Según	la	Asociación	Marroquí	de	Derechos	Humanos	(en	adelante,	AMDH)	la	muerte	de	este	menor	se	produjo	como	consecuencia	de	los	tiros	de	armas	de	fuego	efectuados	por	las	fuerzas	de	seguridad	situadas	en	el	perímetro	del	campamento	sobre	el	vehículo	en	el	que	circulaba	la	víctima1.	El	5	de	noviembre	de	2010,	el	Gobierno	de	Marruecos,	representado	por	ABDELAZIZ	BENNANI,	Jefe	del	Estado	Mayor	del	Ejército	y	Comandante	de	la	Zona	Sur,	TAIEB	CHERKAOUI,	Ministro	del	Interior,	y	sus	colaboradores,	entre	los	que	se	encontraba	la	diputada	saharaui	en	el	Parlamento	marroquí,	GUEJMULA	EBBI,	alcanzó	un	acuerdo	con	el	Comité	de	Diálogo	para	atender	las	demandas	de	empleo	y	vivienda,	así	como	otras	medidas	individualizadas,	y	aseguró	su	aplicación	a	partir	del	día	8	de	noviembre	de	2010.	Para	ello	instaló	grandes	tiendas	de	campaña	equipadas	con	medios	informáticos	en	las	afueras	del	campamento	con	el	objeto	de	elaborar	un	registro	de	la	población	saharaui	que	se	encontraban	en	Gdeim	Izik.	Tras	darse	a	conocer	el	contenido	del	acuerdo,	se	abrió	la	entrada	del	campamento	a	quienes	deseaban	acceder	a	él.	1	Informe	de	la	Comisión	de	investigación	de	la	Asociación	Marroquí	de	Derechos	Humanos	sobre	los	acontecimientos	de	El	Aaiún	el	8	de	noviembre	de	2010.
2	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	Pese	a	que	el	acuerdo	suponía	el	desmantelamiento	pacífico	del	campamento	por	sus	propios	habitantes,	sin	que	se	conozcan	las	razones	para	ello,	el	día	7	el	Fiscal	del	Tribunal	de	Apelación	de	El	Aaiún	dictó	órdenes	de	búsqueda	y	captura	contra	los	procesados,	bajo	la	principal	acusación	de	haber	secuestrado	a	las	más	de	20.000	personas,	con	el	objeto	de	desestabilizar	la	zona	y	atentar	contra	la	seguridad	interior	de	Marruecos.	Ese	mismo	día	se	cerró	totalmente	el	acceso	al	campamento.	A	las	6	de	la	mañana	del	8	de	noviembre	de	2010,	fecha	teórica	de	la	puesta	en	marcha	del	acuerdo	entre	las	autoridades	marroquíes	y	la	Comisión	de	Diálogo2,	se	produjo	una	gran	operación	de	las	fuerzas	marroquíes	para	desmantelar	el	campamento,	en	el	curso	de	la	cual	se	utilizaron	medios	violentos	(mangueras	de	agua	caliente,	gases	lacrimógenos…)	para	dispersar	a	la	población,	produciéndose	enfrentamientos	entre	las	fuerzas	marroquíes	y	los	responsables	de	la	seguridad	del	campamento.	La	violencia	se	trasladó	a	las	calles	de	El	Aaiún,	donde	en	los	días	siguientes	fueron	detenidas	cerca	de	500	personas.	Estos	hechos	se	produjeron	el	día	en	que	daba	comienzo	la	ronda	de	conversaciones	no	oficiales	entre	Marruecos	y	el	Frente	POLISARIO	sobre	el	conflicto	bajo	los	auspicios	del	enviado	Personal	del	Secretario	General	de	las	Naciones	Unidas	en	Nueva	York.	El	día	1	de	febrero	de	2013	se	abrió	la	vista	oral	del	juicio	ante	el	Tribunal	Militar	Permanente	de	Rabat,	que	fue	pospuesta	hasta	el	día	8,	y	que,	desde	entonces,	se	prolongó	hasta	la	1h00	de	la	madrugada	del	día	17,	momento	en	que	el	Presidente	del	Tribunal	hizo	públicas	las	condenas.	El	presente	informe	es	el	resultado	del	trabajo	de	observación	realizado	por	los	miembros	de	AIODH	presentes	en	la	sede	del	Tribunal	Militar	Permanente	en	Rabat	a	lo	largo	de	toda	la	vista	oral.	2.	EL	INFORME	DE	LA	COMISIÓN	CONJUNTA	DE	LAS	ASOCIACIONES	DE	DEFENSA	DE	DERECHOS	HUMANOS	MARROQUÍES	A	PROPÓSITO	DE	LOS	ACONTECIMIENTOS	DEL	8	DE	NOVIEMBRE	DE	2010	EN	EL	AAIÚN	Aunque	el	Gobierno	marroquí	no	ha	permitido	que	se	lleve	a	cabo	una	investigación	independiente	y	en	profundidad	de	lo	ocurrido	en	Gdeim	Izik,	una	Coalición	de	ONGs	marroquíes	emitió	un	Informe,	que	formó	parte	de	uno	posterior	que	fue	presentado	ante	el	Comité	contra	la	Tortura	de	las	Naciones	Unidas	en	noviembre	de	20113,	y	que	permite	arrojar	alguna	luz	sobre	lo	sucedido.	2	Ibidem. 3 Rapport	de	la	Commission	conjointe	des	associations	des	défense	des	droits	de	l’Homme	d’investigation	à	propos	des	événements	du	8	novembre	2010	à	Laayoune	(Comisión	compuesta	por	las	siguientes	ONGs:	l’Association	des	Barreaux	du	Maroc,	la	Ligue	Marocaine	de	Défense	des	Droits	de	l’Homme,	l’Association	Marocaine	des	Droits	de	l’Homme,	le	Forum	Marocain	pour	la	Vérité	et	la	Justice,	le	Forum	Dignité	des	Droits	de	l’Homme,	le	Centre	Marocain	des	Droits	de	l’Homme,	3	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	Señala	este	informe	que	los	hechos	que	se	produjeron	en	Gdeim	Izik	se	inscriben	en	un	contexto	marcado	por	dos	cuestiones:	por	una	parte,	“el	debate	sobre	el	estatus	internacional	(territorio	no	autónomo)	del	Sahara	Occidental	y	la	reivindicación	de	una	parte	de	su	población	del	derecho	a	la	libre	determinación”,	y,	por	otra,	“las	secuelas	de	las	graves	violaciones	de	derechos	humanos	en	el	pasado	y	su	persistencia”.	En	relación	con	los	hechos	concretos	del	desmantelamiento	y	de	los	días	posteriores	al	mismo,	la	Coalición	denunció	lo	siguiente:	• el	breve	lapso	de	tiempo	que	se	concedió	a	la	población	desde	que	se	le	avisó	por	las	autoridades	marroquíes	de	que	debían	abandonar	el	campamento	hasta	el	momento	en	que	comenzó	la	intervención	policial4,	sin	tener	en	cuenta	la	presencia	de	ancianos,	mujeres,	menores	y	personas	discapacitadas.	• la	práctica	de	detenciones	con	violencia	de	los	habitantes	del	campamento.	• La	existencia	de	un	auténtico	estado	de	emergencia,	no	declarado,	y	por	tanto,	ilegal.	• las	detenciones	arbitrarias	practicadas	en	los	días	que	siguieron	al	desmantelamiento	del	campamento	en	la	ciudad	de	El	Aaiún,	en	las	que	se	produjeron	los	siguientes	hechos:	o entradas	ilegales	en	hogares	de	familias	saharauis	por	parte	de	miembros	de	las	fuerzas	de	seguridad	encapuchados,	fuera	de	las	horas	establecidas	por	la	Ley,	y	realizadas	sin	mandato	judicial;	o atentados	contra	la	dignidad	de	las	personas,	tales	como	insultos,	humillaciones	y	agresiones	físicas	delante	de	sus	familiares;	o actos	discriminatorios	contra	las	personas	por	el	hecho	de	ser	saharauis;	o arrestos	y	detenciones	arbitrarios,	incluyendo	menores	de	edad,	practicados	en	lugares	ilegales	(escuelas),	y	sin	informar	de	ello	a	las	familias,	y	o práctica	de	malos	tratos,	incluida	la	tortura,	contra	las	personas	detenidas5.	La	Coalición	de	ONGs	marroquíes	recomendó	en	su	informe	a	las	autoridades	marroquíes	la	adopción	de	las	medidas	necesarias	para	garantizar	una	l’Association	Adala-­‐Justice,	la	Ligue	Marocaine	Citoyenneté	et	Droits	de	l’Homme,	l’Organisation	Libertés	d’Information	et	d’Expression,	l’Organe	Marocain	des	Droits	de	l’homme,	le	Centre	des	Droits	des	Personnes).	4	“Todos	los	datos	recogidos	por	la	Comisión	conducen	a	pensar	que	la	ofensiva	desencadenada	contra	el	campamento	tuvo	lugar	a	las	6	horas	y	media	de	la	mañana	y	que	los	residentes	no	tuvieron	tiempo	suficiente	para	comprender	lo	que	pasaba	ni	de	prepararse	para	abandonar	el	lugar”	(Informe	de	la	Comisión	de	investigación	de	la	Asociación	Marroquí	de	Derechos	Humanos	sobre	los	acontecimientos	de	El	Aaiún	el	8	de	noviembre	de	2010) 5	La	AMDH	detalla	en	el	mencionado	informe	el	estado	en	que	encontraron	a	uno	de	los	detenidos,	M.	KACHBAR	AHMED:	“en	una	silla	de	ruedas,	con	profundas	heridas	en	la	cabeza,	y	múltiples	ecchymoses	en	la	espalda	y	en	los	ojos”.
4	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	investigación	eficaz,	exhaustiva,	independiente	e	imparcial	de	los	hechos,	cuyas	conclusiones	se	hagan	públicas,	con	el	fin	de	identificar	a	las	personas	responsables,	llevarlas	ante	un	tribunal	civil	independiente,	competente	e	imparcial,	y	aplicarles	las	sanciones	penales,	civiles	y/o	administrativas	previstas	por	la	ley,	así	como	proporcionar	una	indemnización	adecuada	a	las	víctimas.	5	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	II.	LA	CUESTIÓN	DE	LA	COMPETENCIA	DEL	TRIBUNAL	1.	INCOMPETENCIA	DE	LOS	TRIBUNALES	MARROQUÍES	DE	CONFORMIDAD	CON	EL	DERECHO	INTERNACIONAL.	LA	CONDICIÓN	JURÍDICA	DEL	SAHARA	OCCIDENTAL	Como	punto	de	partida	de	este	informe	debe	subrayarse	una	cuestión	clave	en	este	procedimiento.	Si	la	situación	de	los	derechos	humanos	en	el	territorio	de	Marruecos	es	una	preocupación	constante	de	las	principales	organizaciones	internacionales	de	derechos	humanos,	en	el	caso	del	Sahara	Occidental	esta	preocupación	es	cualitativamente	mayor,	ya	que,	de	conformidad	con	la	Carta	de	las	Naciones	Unidas,	se	trata	de	un	Territorio	No	Autónomo,	pendiente,	por	tanto,	de	descolonización6.	El	elemento	que	agrava	esta	situación	es	el	hecho	de	que	no	se	trata	de	la	violación	de	los	derechos	humanos	de	la	población	por	su	propio	gobierno,	sino	por	el	gobierno	de	un	tercer	Estado.	A	este	respecto	cabe	recordar	que	el	informe	de	Hans	Corell,	Jefe	de	la	Asesoría	Jurídica	de	la	ONU,	emitido	a	instancias	del	Presidente	del	Consejo	de	Seguridad	en	2002,	afirmó	que	“El	Acuerdo	de	Madrid	no	transfirió	la	soberanía	sobre	el	Territorio	ni	confirió	a	ninguno	de	los	signatarios	la	condición	de	Potencia	administradora,	condición	que	España,	por	sí	sola,	no	podía	haber	transferido	unilateralmente.	La	transferencia	de	la	autoridad	administrativa	sobre	el	Territorio	a	Marruecos	y	Mauritania	en	1975	no	afectó	la	condición	internacional	del	Sáhara	Occidental	como	Territorio	no	autónomo”7.	El	conflicto	del	Sahara	Occidental	sigue	siendo	analizado	anualmente	por	la	Comisión	de	Descolonización.	Por	esta	razón,	después	de	casi	40	años	de	ocupación,	ningún	Estado	ha	reconocido	la	anexión	del	Sahara	Occidental	por	Marruecos 8 .	Tal	y	como	han	afirmado	en	numerosas	ocasiones	los	órganos	principales	de	las	Naciones	Unidas,	Marruecos	es	la	potencia	ocupante	del	territorio 9 .	Esta	ocupación	y	la	negación	al	pueblo	saharaui	del	derecho	de	6	El	26	de	febrero	de	1976	España	comunicó	al	Secretario	General	que	a	partir	de	dicha	fecha	daba	por	terminada	su	presencia	en	el	Territorio	y	se	consideraba	exenta	de	toda	responsabilidad	de	carácter	internacional	en	relación	con	la	administración	del	Territorio.	Pese	a	ello,	la	Asamblea	General	de	la	ONU	reitera	anualmente	que	se	trata	de	un	conflicto	de	descolonización	que	debe	ser	resuelto	por	el	pueblo	del	Sahara	Occidental.	Tal	y	como	ha	señalado	este	órgano,	"a	falta	de	una	decisión	de	la	propia	Asamblea	General,	en	el	sentido	de	que	un	Territorio	No	Autónomo	había	alcanzado	la	plenitud	del	gobierno	propio	de	conformidad	con	el	Capítulo	XI	de	la	Carta,	la	Potencia	administradora	interesada	debía	seguir	transmitiendo	información	en	virtud	del	inciso	e)	del	artículo	73	de	la	Carta	con	respecto	a	ese	territorio”.	De	acuerdo	con	esta	Resolución,	jurídicamente	España	sigue	siendo	la	potencia	administradora	del	territorio,	y	Marruecos	es	una	potencia	ocupante	ilegal	del	mismo	(Resolución	40/51	de	la	AG,	de	2	de	diciembre	de	1985).	7	Informe	del	Secretario	General	de	12	de	febrero	de	2002	(S/2002/161). 8	Desde	antes	de	la	Marcha	Verde,	el	Consejo	de	Seguridad	requirió	a	Marruecos	para	que	no	la	llevara	a	cabo,	y,	una	vez	realizada,	le	exhortó	para	que	se	retirara	del	territorio	-­‐Resoluciones	379	(1975),	de	2	de	noviembre,	y	380	(1975),	de	6	de	noviembre-­‐.	9	Así,	cuando	tras	la	retirada	del	conflicto	bélico	de	Mauritania,	Marruecos	ocupó	la	parte	del	territorio	que	dejaba	este	país,	la	Resolución	34/37	de	la	Asamblea	General	de	la	ONU,	de	21	de	noviembre	de	1979,	además	de	legitimar	la	lucha	armada	del	Frente	POLISARIO,	deploraba	profundamente	“la	agravación	de	la	situación,	como	consecuencia	de	la	persistente	ocupación	del	Sahara	Occidental	por	Marruecos,	y	de	la	ampliación	de	esa	ocupación	al	territorio	recientemente	evacuado	por	Mauritania”.	En	el	mismo	sentido,	véase,	por	ejemplo,	E/CN.4/L.1489,	o	la	Resolución	4	(XXVI),	de	15	de	febrero	de	1980.	6	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	autodeterminación,	reconocido	por	la	Asamblea	General,	el	Consejo	de	Seguridad	y	la	Corte	Internacional	de	Justicia,	es	el	origen	y	causa	de	todas	las	violaciones	de	derechos	humanos	que	se	producen	en	el	territorio10.	De	conformidad	con	lo	establecido	por	la	Resolución	2625	(XXV)	de	la	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	el	Derecho	marroquí	no	es	aplicable	en	el	territorio	del	Sahara	Occidental,	puesto	que	“el	territorio	de	una	colonia	u	otro	territorio	no	autónomo	tiene,	en	virtud	de	la	Carta	de	las	Naciones	Unidas,	una	condición	jurídica	distinta	y	separada	de	la	del	territorio	del	Estado	que	lo	administra,	y	esa	condición	jurídica	distinta	y	separada	conforme	a	la	Carta	existirá	hasta	que	el	pueblo	de	la	colonia	o	territorio	no	autónomo	haya	ejercido	su	derecho	de	libre	determinación	de	conformidad	con	la	Carta	y,	en	particular,	con	sus	propósitos	y	principios”.	Aunque	esta	resolución	se	refiere	a	los	deberes	de	la	potencia	administradora	(España,	en	el	caso	del	Sahara	Occidental),	con	más	razón	es	aplicable	a	la	potencia	que	ocupa	ilegalmente	el	territorio.	Los	actos	por	los	que	fueron	procesados	los	24	activistas	saharauis	se	produjeron	en	Gdeim	Izik,	a	12	km	de	El	Aaiún	(Sahara	Occidental),	por	lo	que	los	tribunales	de	Marruecos	no	son	competentes	para	entender	del	asunto.	Pese	a	que	la	causa	principal	alegada	por	las	autoridades	marroquíes	para	llevar	a	cabo	la	intervención	era	que	los	acusados	habían	secuestrado	a	más	de	20.000	personas	con	el	objeto	de	desestabilizar	la	zona	y	atentar	contra	la	seguridad	interior	de	Marruecos,	el	delito	de	secuestro	no	es	ni	siquiera	mencionado	en	el	acta	de	acusación.	Por	otra	parte,	dada	la	condición	jurídica	del	Sahara	Occidental,	en	ningún	caso	puede	considerarse	que	las	actividades	de	los	activistas	atenten	contra	la	seguridad	interior	marroquí,	puesto	que	el	Territorio	no	forma	parte	de	Marruecos.	Del	Derecho	de	la	ocupación,	aplicable	al	territorio	saharaui,	y	regulado	en	especial	por	el	Reglamento	de	La	Haya	de	1907	(arts.	42-­‐56),	el	IV	Convenio	de	Ginebra	(arts.	27-­‐34	y	47-­‐78)11,	el	Protocolo	Adicional	I	y	el	Derecho	internacional	humanitario	consuetudinario12,	se	deriva,	entre	otras	consecuencias,	el	hecho	de	que	el	Estado	ocupante	no	adquiere	soberanía	sobre	el	territorio	y	su	obligación	de	respetar	las	leyes	vigentes	en	el	territorio	ocupado13.	10	La	Resolución	12	(XXXVII),	de	6	de	marzo	de	1981,	de	la	Comisión	de	Derechos	Humanos	sobre	"Negación	al	pueblo	del	Sahara	Occidental	de	su	derecho	a	la	libre	determinación	y	de	otros	derechos	humanos	fundamentales	como	consecuencia	de	la	ocupación	de	su	territorio	por	Marruecos",	"deplora	la	persistente	ocupación	del	Sahara	Occidental	por	Marruecos". 11	La	población	saharaui	es	destinataria	de	la	protección	del	IV	Convenio,	que	protege	“a	las	personas	que,	en	cualquier	momento	y	de	la	manera	que	sea,	estén,	en	caso	de	conflicto	o	de	ocupación,	en	poder	(…)	de	una	Potencia	ocupante	de	la	cual	no	sean	súbditas”. 12	Tal	y	como	señala	el	art.	42	del	Reglamento	de	La	Haya	de	1907,	"se	considera	un	territorio	como	ocupado	cuando	se	encuentra	de	hecho	colocado	bajo	la	autoridad	del	ejército	enemigo”.	La	calificación	de	ocupación	no	depende,	por	tanto,	de	la	sumisión	de	facto	de	un	territorio	y	de	su	población	a	la	autoridad	de	un	ejército	enemigo. 13	Como	consecuencia	de	las	presiones	del	Gobierno	de	Marruecos	en	el	incidente	que	se	produjo	en	el	aeropuerto	de	Lanzarote	con	la	activista	saharaui	Aminetu	Haidar,	el	Gobierno	español	emitió	un	Comunicado	en	el	que	señalaba	que	"mientras	se	resuelve	el	contencioso	de	conformidad	con	las	resoluciones	de	Naciones	Unidas,	España	constata	que	la	Ley	marroquí	se	aplica	en	el	territorio	del	Sáhara	Occidental",	lo	que	no	significa	el	reconocimiento	de	la	anexión,	como	pretendía	el	Gobierno	marroquí,	pues	tal	y	como	señalara	al	día	siguiente	del	Comunicado	Leire	Pajín,	Secretaria	de	Organización	del	PSOE,	“España	no	reconoce	la	soberanía	de	Marruecos	sobre	el	Sahara	Occidental”	(El	País,	21	de	diciembre	de	2009).
7	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	A	este	respecto,	cabe	recordar	que	el	Relator	Especial	sobre	la	tortura	y	otros	tratos	crueles,	inhumanos	o	degradantes,	Sr.	Méndez	(en	adelante	el	Relator	Especial),	aclara	en	su	Informe	de	28	de	febrero	de	2013	que	acudió	al	territorio	como	titular	de	un	mandato	independiente,	y	que	su	visita	no	debía	interpretarse	como	expresión	de	una	opinión	política	concerniente	al	estatus	actual	o	futuro	del	territorio	no	autónomo	del	Sahara	Occidental,	refiriéndose	expresamente	al	mismo	en	los	siguientes	términos:	“territorio	sometido	al	derecho	de	autodeterminación	de	conformidad	con	los	principios	enunciados	en	las	Resoluciones	de	la	Asamblea	General	1514	(XV)	y	1541	(XV)”14.	En	este	mismo	sentido,	el	Informe	de	la	Comisión	de	Investigación	de	la	Asociación	Marroquí	de	Derechos	Humanos	sobre	los	acontecimientos	de	El	Aaiún	de	8	de	noviembre	de	2013 15 se	refiere	al	territorio	en	los	términos	de	“Sahara	Occidental,	antigua	colonia	española,	invadida	por	Marruecos	en	1975”,	y	afirma	“la	necesidad	de	encontrar	una	solución	democrática	al	conflicto	en	el	Sahara,	una	solución	que	puede	evitar	nuevas	violaciones	de	derechos	humanos	en	la	región,	permitiendo	la	realización	de	la	unidad	de	los	pueblos	del	Magreb,	la	construcción	de	la	democracia	y	el	despegue	del	desarrollo	económico	y	social	de	la	región.	En	efecto,	las	protestas	sociales	y	las	violaciones	de	derechos	humanos	que	los	acompañan	en	muchos	casos,	y	la	persistencia	de	situaciones	de	tensión	y	enfrentamiento	entre	los	ciudadanos	y	el	poder	son	alimentados	por	las	condiciones	creadas	por	el	conflicto	del	Sahara,	que	continúa,	y	que	ha	durado	ya	demasiado”.	En	conclusión,	debe	afirmarse	con	carácter	general	que	los	tribunales	marroquíes	no	tienen	competencia	para	entender	de	los	hechos	objeto	del	procedimiento,	por	tratarse	de	hechos	producidos	en	un	Territorio	No	Autónomo.	2.	INCOMPETENCIA	DE	LA	JURISDICCIÓN	MILITAR.	EL	CARÁCTER	EXCEPCIONAL	DE	LA	JURISDICCIÓN	MILITAR	2.1.	Incompetencia	de	la	jurisdicción	militar	de	conformidad	con	el	Derecho	internacional	Marruecos	es	Estado	Parte	de	la	mayoría	de	tratados	internacionales	del	ámbito	de	la	ONU	relativos	a	los	derechos	humanos16.	La	Defensa	recordó	la	14	A/HRC/22/53/Add.2,	p.	1.
de	la	Commission	d’enquête	de	l’Association	Marocaine	des	Droits	Humains	su	les	événements	de	Laâyoune	du	8	novembre	2010	(Disponible	en:	http://saharadoc.files.wordpress.com/2011/01/association-­‐marocaine-­‐des-­‐droits-­‐ humainsc2a0.pdf). 16	En	especial,	de	los	relacionados	con	la	lucha	contra	la	tortura:	el	Pacto	Internacional	de	Derechos	Civiles	y	Políticos,	la	Convención	contra	la	Tortura	y	otros	tratos	o	penas	crueles,	inhumanos	o	degradantes,	la	Convención	sobre	los	Derechos	del	Niño,	la	Convención	Internacional	sobre	la	Eliminación	de	Todas	las	Formas	de	discriminación	Racial,	la	Convención	Internacional	sobre	la	Protección	de	los	Derechos	de	Todos	los	Trabajadores	migratorios	y	de	sus	Familiares,	la	Convención	sobre	el	Estatuto	de	los	Refugiados.	Es	Estado	signatario	del	Estatuto	de	Roma	de	la	Corte	Penal	Internacional,	pero	no	lo	ha	ratificado	aún,	y	es	parte	en	la	Convención	para	la	Prevención	y	la	Sanción	del	Delito	de	Genocidio.
8	15 Rapport	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	necesaria	aplicación	en	este	proceso	de	las	convenciones	internacionales	de	las	que	Marruecos	es	Parte,	por	tener	un	valor	superior	a	la	Constitución,	y	se	refirió	expresamente	al	art.	10	de	la	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	de	1948	(“Toda	persona	tiene	derecho,	en	condiciones	de	plena	igualdad,	a	ser	oída	públicamente	y	con	justicia	por	un	tribunal	independiente	e	imparcial,	para	la	determinación	de	sus	derechos	y	obligaciones	o	para	el	examen	de	cualquier	acusación	contra	ella	en	materia	penal”),	a	los	Pactos	Internacionales	de	Derechos	Civiles	y	Políticos	de	1966,	y	a	las	reglas	internacionales	que	regulan	las	condiciones	de	un	juicio	justo	y	equitativo.	Ciertamente,	ninguna	disposición	de	la	Constitución	menciona	la	aplicación	automática	de	las	convenciones	internacionales	en	el	Derecho	marroquí,	pero	Marruecos	es	Estado	Parte	en	la	Convención	de	Viena	sobre	el	Derecho	de	los	Tratados	(1969),	en	virtud	de	la	cual	“todo	tratado	en	vigor	obliga	a	las	Partes	y	debe	ser	cumplido	por	ellas	de	buena	fe	(pacta	sunt	servanda)”	(art.	26),	y	“una	parte	contratante	no	puede	invocar	disposiciones	de	su	Derecho	interno	para	justificar	la	no	ejecución	de	un	tratado”	(art.	27).	La	práctica	de	los	últimos	veinte	años	del	Comité	de	Derechos	Humanos	de	la	ONU	se	ha	dirigido	a	limitar	la	competencia	de	los	tribunales	militares	a	los	delitos	de	naturaleza	estrictamente	militar,	cometidos	por	personal	militar.	De	igual	modo,	la	jurisprudencia	del	Tribunal	Europeo	de	Derechos	Humanos,	de	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	de	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos	y	de	la	Comisión	Africana	de	Derechos	Humanos	y	de	los	Pueblos	es	unánime	al	respecto17.	El	documento	que	quizás	mejor	recoge	la	posición	de	las	Naciones	Unidas	sobre	esta	cuestión	es	el	Informe	presentado	por	el	Relator	Especial	de	la	Subcomisión	de	Promoción	y	Protección	de	los	Derechos	Humanos,	Emmanuel	Decaux,	titulado	“La	administración	de	justicia	por	los	tribunales	militares”18.	Este	informe	incluye	un	Proyecto	de	principios	sobre	la	administración	de	justicia	por	los	tribunales	militares,	entre	los	que	se	seleccionan	por	su	aplicación	al	caso,	los	siguientes:	• Principio	nº	1.	Los	tribunales	militares	deberían	formar	parte	integrante	del	sistema	judicial	general.	• Principio	nº	2.	Los	tribunales	militares	deberían	aplicar,	en	cualquier	caso,	las	normas	y	los	procedimientos	reconocidos	en	el	ámbito	internacional	en	garantía	de	un	juicio	imparcial,	incluidas	las	normas	del	Derecho	internacional	humanitario.	entre	otras	muchas,	la	CIDH	ha	afirmado	que	“en	un	Estado	democrático	de	derecho	la	jurisdicción	penal	militar	ha	de	tener	un	alcance	restrictivo	y	excepcional	y	estar	encaminada	a	la	protección	de	intereses	jurídicos	especiales,	vinculados	a	las	funciones	propias	de	las	fuerzas	militares”	(Sentencia	del	caso	Rosendo	Radilla	contra	Estados	Unidos	Mexicanos,	CIDH	2009,	párr.	272). 18 Documento	Oficial	de	las	Naciones	Unidas	E/CN.4/2006/58,	de	13	de	enero	de	2006	(el	destacado	es	añadido).	9	17	Así,	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	• Principio	nº	5.	Los	órganos	judiciales	militares	deberían,	por	principio,	ser	incompetentes	para	juzgar	a	civiles.	En	cualquier	caso,	el	Estado	velará	por	que	los	civiles	acusados	de	una	infracción	penal,	sea	cual	fuere	su	naturaleza,	sean	juzgados	por	tribunales	civiles.	• Principio	nº	8.	La	competencia	de	los	órganos	judiciales	militares	debería	estar	limitada	a	las	infracciones	cometidas	dentro	del	ámbito	estrictamente	castrense	por	el	personal	militar.	Los	órganos	judiciales	militares	podrán	juzgar	a	las	personas	que	tengan	asimilación	militar	por	las	infracciones	estrictamente	relacionadas	con	el	ejercicio	de	su	función	asimilada.	• Principio	nº	12.	Toda	persona	privada	de	libertad	tendrá,	en	cualquier	caso,	derecho	a	interponer	un	recurso,	como	el	de	hábeas	corpus,	ante	un	tribunal,	a	fin	de	que	éste	resuelva	sin	demora	sobre	la	legalidad	de	su	detención	y	ordene	su	puesta	en	libertad	si	la	detención	fuere	ilegal.	El	derecho	a	instar	el	procedimiento	de	hábeas	corpus	o	interponer	otro	recurso	judicial	de	naturaleza	análoga	deberá	considerarse	como	un	derecho	de	la	persona	cuya	garantía	corresponderá,	en	todos	los	casos,	a	la	competencia	exclusiva	de	la	jurisdicción	ordinaria.	• Principio	nº	13.	La	organización	y	el	funcionamiento	de	los	órganos	judiciales	militares	deberían	garantizar	plenamente	el	derecho	de	toda	persona	a	un	tribunal	competente,	independiente	e	imparcial	en	todas	las	fases	del	proceso,	de	la	instrucción	al	juicio	oral	y	la	sentencia.	Las	personas	seleccionadas	para	desempeñar	funciones	judiciales	en	los	tribunales	militares	deberán	ser	íntegras	y	competentes,	y	poseer	la	formación	y	las	calificaciones	jurídicas	necesarias.	El	estatuto	de	los	jueces	militares	deberá	garantizar	su	independencia	e	imparcialidad,	en	especial	con	respecto	a	la	jerarquía	militar.	• Principio	nº	15.	Garantía	del	derecho	de	defensa	y	del	derecho	a	un	juicio	justo	e	imparcial	• Principio	nº	17.	En	todos	los	casos	en	que	existan	órganos	judiciales	militares,	su	competencia	debería	estar	limitada	a	la	primera	instancia.	Por	consiguiente,	los	recursos,	especialmente	el	de	apelación,	deberían	ejercitarse	ante	los	tribunales	ordinarios.	En	todos	los	supuestos,	el	control	de	legalidad	debe	quedar	en	manos	de	la	suprema	instancia	de	la	jurisdicción.	Como	se	puede	comprobar,	el	carácter	excepcional	de	los	tribunales	militares	está	fuera	de	toda	duda.	La	jurisprudencia19	y	las	normas	internacionales	Así, por ejemplo, en el caso Othman v. Reino Unido, el demandante alegó la violación del derecho a un juicio equitativo por el carácter militar del tribunal, sobre la base de los siguientes argumentos, consolidados en la jurisprudencia: "249. In respect of the military composition of the State Security Court, the applicant relied first, on the Human Rights Committee’s condemnation of the practice of trying civilians before military courts (see paragraphs 157–159 above). Second, he relied on specific international criticism of Jordan’s State Security Court. This criticism centred on: the possibility of extended periods of incommunicado detention without judicial review (at the instance of the Public Prosecutor, a military officer); the State Security Court’s failure to investigate properly allegations of torture; and the court’s lack of independence and impartiality. The applicant also relied on the unfairness of Jordanian rules of evidence relating to confessions. Even on the evidence of Mr Al-Khalila and Mr Najdawi, it appeared that the Court of Cassation had taken the approach that, once a confession was
AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	existentes	en	la	materia	afirman	con	rotundidad	que	la	competencia	de	esta	jurisdicción	para	procesar	a	civiles	es	contraria	a	las	normas	que	garantizan	un	juicio	justo	y	equitativo,	y	que	atenta	abiertamente	contra	el	principio	de	división	de	poderes.	Estas	críticas	son	aplicables	mutatis	mutandis	al	Tribunal	Militar	Permanente	de	Rabat	en	relación	con	el	procesamiento	de	los	24	activistas	saharauis.	2.2.	Incompetencia	de	la	jurisdicción	militar	de	conformidad	con	el	Derecho	marroquí	La	defensa	alegó	en	la	primera	sesión,	celebrada	el	1	de	febrero,	la	incompetencia	del	Tribunal	Militar	por	no	tener	los	acusados	la	condición	de	militares,	por	ser	la	militar	una	jurisdicción	de	excepción,	prohibida	expresamente	por	la	Constitución	marroquí	de	2011,	y	por	quebrantar	el	principio	constitucional	de	la	división	de	poderes.	Pero	es	que,	tal	carácter	excepcional	ni	siquiera	fue	cuestionado	por	el	Presidente	del	Tribunal,	que	denegó	la	excepción	de	competencia	por	entender	que,	si	bien	la	Constitución	prohíbe	este	tipo	de	jurisdicciones,	no	existe	una	norma	de	desarrollo,	y	que	a	falta	de	tal	norma,	la	jurisdicción	militar	sigue	siendo	la	competente.	Aplicando	estrictamente	lo	establecido	por	el	Código	de	Justicia	Militar 20 el	Tribunal	afirmó	su	propia	competencia	para	conocer	“en	tiempo	de	paz	de	actos	cometidos	contra	las	Fuerzas	Armadas	o	contra	la	seguridad	exterior	del	Estado”.	Sin	embargo,	el	art.	127	de	la	Constitución	marroquí	de	2011	afirma	que	“Las	jurisdicciones	ordinarias	o	especializadas	son	creadas	por	la	Ley”	y	que	“No	pueden	crearse	jurisdicciones	de	excepción”.	Desde	la	perspectiva	de	un	Estado	que	se	pretende	de	derecho,	es	inaceptable	la	interpretación	que	hace	el	Tribunal	Militar	Permanente:	es	un	principio	básico	que,	a	partir	de	la	entrada	en	vigor	de	la	nueva	Constitución,	todas	las	normas	que	entran	en	conflicto	con	ella	dejan	de	ser	aplicables.	Como	ha	afirmado	abiertamente	el	profesor	marroquí	Mohammed-­‐Jalal	ESSAID,	“las	jurisdicciones	militares	son	tribunales	de	excepción.	Tal	y	como	son	concebidos	y	regulados,	no	responden	a	las	exigencias	de	un	juicio	equitativo	(…)	es	constatable	que	la	justicia	militar	ofrece	muy	pocas	garantías	a	los	justiciables”21.	En	este	sentido,	y	en	relación	con	el	proceso	celebrado	entre	el	1	y	el	17	de	febrero,	el	Relator	Especial	ha	denunciado	que	el	hecho	de	que	el	caso	se	sustancie	ante	un	tribunal	militar	y	no	civil	“contribuye	a	la	falta	de	transparencia	y	a	la	negativa	a	investigar	las	denuncias	de	abusos”22.	repeated before the Public Prosecutor, it was for the defendant to prove that the Prosecutor was complicit in obtaining it involuntarily. If the defendant did not so prove, the confession was admissible regardless of any prior misconduct by the GID. 250. In this context, he submitted that the State Security Court in Jordan was even more open to question than the Turkish State Security Court considered in Ergin (no. 6), cited above. Both Al-Moayad, cited above and Drozd and Janousek v. France and Spain, 26 June 1992, Series A no. 240 suggested that trial by a military court would, in itself, amount to a flagrant breach of Article 6” (case of Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom (Application no. 8139/09), Sentencia de 17 de enero de 2012). 20	Dahir	n°1-­‐56-­‐270	de	10	de	noviembre	de	1956. 21 Mohammed-­‐Jalal	ESSAID,	Le	Procès	équitable	Dans	le	Code	de	Procédure	Pénale	de	2002,	Collection	Reforme	du	Droit	et	Développement	socio-­‐économique,	Vol.	1,	marzo	2008,	p.	134. 22	A/HRC/22/53/Add.2,	párr.	66.
11	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	En	consecuencia,	el	Tribunal	Militar	debió	declarar	su	falta	de	competencia	y	derivar	el	procedimiento	a	los	tribunales	civiles	(Tribunal	de	Apelación	de	El	Aaiún).	En	este	sentido,	una	vez	dictada	sentencia,	el	Relator	Especial	ha	recomendado	al	Gobierno	de	Marruecos	que	reconsidere	la	competencia	del	Tribunal	Militar	para	juzgar	a	los	civiles	en	este	caso,	para	garantizar	que	personas	civiles	no	puedan	ser	condenadas	por	tribunales	militares,	y	que	abra	una	investigación	seria	e	imparcial	para	establecer	los	hechos	y	determinar	la	responsabilidad	de	los	miembros	de	la	policía	o	las	fuerzas	de	seguridad,	y	que	investigue	todas	las	alegaciones	de	tortura	y	malos	tratos23.	Esta	última	posibilidad	tendría	razón	de	ser	si	se	tienen	en	cuenta	las	declaraciones	del	propio	rey	Mohamed	VI,	efectuadas	el	4	de	marzo	de	2013,	en	las	que,	tras	recibir	el	informe	del	Consejo	Nacional	de	Derechos	Humanos	sobre	la	reforma	del	Tribunal	Militar,	que	trata	de	armonizar	el	Derecho	marroquí	con	la	nueva	Constitución,	preconiza	que	los	poderes	de	este	tribunal	“se	van	a	restringir,	para	que	los	civiles	no	puedan	ser	llevados	ante	esta	jurisdicción	de	excepción”24.	23	A/HRC/22/53/Add.2,	párr.	97. 24	Ver	el	diario	marroquí	Le	Matin	de	4	de	marzo	de	2013	y	http://www.atlasinfo.fr.	12	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	III.	LA	VISTA	ANTE	EL	TRIBUNAL	MILITAR	PERMANENTE	DE	RABAT	1.	LOS	INTERVINIENTES	EN	EL	PROCESO	Y	EL	DERECHO	A	LA	IDENTIDAD	SAHARAUI	DE	LOS	PROCESADOS	El	Tribunal	Militar	Permanente	(compuesto	por	el	Presidente	y	cuatro	asesores	militares)	estuvo	presidido	por	el	magistrado	Sr.	NOURE	ADINE	ZAHAFE.	La	representación	del	Ministerio	Público	(Procureur	du	Roi)	corrió	a	cargo	del	Sr.	ABD	ALKARIME	HAKIMI.	Al	objeto	de	una	mejor	identificación	de	las	personas	procesadas	y	condenadas	en	el	presente	procedimiento,	en	este	informe	se	utilizan	los	nombres	oficiales	que	Marruecos	impone	a	los	ciudadanos	del	Sahara	Occidental	(apellido	del	padre,	seguido	del	nombre	de	la	persona	de	que	se	trate)	y	no	los	que	les	corresponden	de	acuerdo	con	su	tradición	(nombre	de	la	persona,	seguido	del	nombre	del	padre).	Debe	recordarse	que	desde	que	se	aprobara	la	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	de	1948,	el	derecho	a	la	identidad	forma	parte	del	núcleo	duro	de	los	derechos	fundamentales	de	las	personas,	y	que	Marruecos,	en	su	condición	de	Potencia	ocupante	del	Territorio,	tiene	la	obligación	de	respetar	y	mantener	la	identidad,	los	nombres	de	los	ciudadanos	saharauis,	de	conformidad	con	sus	tradiciones.	Siguiendo	la	denominación	marroquí,	los	acusados	eran:	ABDALAHI	ABHAH,	ISMAILI	BRAHIM,	SIDAHMED	LEMJAYED,	ABDALAHI	LEJFAWNI,	MOHAMED	BANI,	AHMED	SBAI,	ABDELJALIL	LARUSI	LEMGHAIMAD,	MOHAMED	ELBACHIR	BUTENGUIZA,	HASSANA	AALIA	(en	rebeldía),	NAAMA	ASFARI,	CHAIJ	BANGA,	MOHAMED	BURIAL,	DAH	HASSAN,	HOSSEIN	ZAUI,	MOHAMED	EMBAREK	LEFKIR,	DAICH	DAFI,	MOHAMED	LAMIN	HADDI,	ABDELAHI	TOUBALI,	MOHAMEDJUNA	BABAIT,	BACHIR	JADDA,	MOHAMED	TAHLIL,	MOHAMED	SUELIM	LAYUBI,	SIDI	ABDERRAHMAN	ZEYU	y	TAKI	ELMACHDOUFI.	La	representación	de	los	acusados	estuvo	compuesta	por	dos	grupos	de	letrados,	uno	saharaui	y	otro	marroquí,	que	llevaron	a	cabo	la	defensa	conjunta	de	los	acusados.	El	saharaui	estuvo	formado	por	los	letrados	Srs.	MOHAMED	LAHBIB	ERGUEBI,	MOHAMED	BOUKHALED,	MOHAMED	FADEL	LEILI,	LAHMAD	BAZED,	y	ABDALA	CHALOUKE.	El	marroquí	lo	integraron	letrados	miembros	de	asociaciones	marroquíes	de	derechos	humanos	pertenecientes	al	Colegio	de	Abogados	de	Casablanca	(NOUR	EDDIN	DALIL	y	MOHAMED	EL	MASAOUD	-­‐miembro	de	la	Asociación	Marroquí	de	Derechos	Humanos,	AMDH-­‐),	al	Colegio	de	Abogados	de	Marrakech	(MUSTAFA	RACHDI,	miembro	igualmente	de	la	AMDH),	y	del	Colegio	de	Abogados	de	Rabat	(AOUBIED	EDDINE	y	MUSTAFA	JAIAF,	que	defendieron	al	acusado	HOSSEIN	ZAOUI).	13	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	2.	ORGANIZACIÓN	DE	LAS	SESIONES	2.1.	Acceso	y	organización	de	la	Sala	El	Tribunal	organizó	el	acceso	del	público	y	de	los/las	observadores/as	a	la	Sala	con	cuidado,	lejos	del	maltrato	a	que	sometió	tanto	a	los	acusados	como	a	las	misiones	de	observación	en	los	últimos	juicios	celebrados	ante	la	jurisdicción	civil	en	Casablanca.	El	trato	fue	educado	en	todo	momento.	Desde	la	primera	sesión	el	Presidente	del	Tribunal	insistió	tanto	a	la	Defensa	como	a	los/las	observadores/as	internacionales	presentes	en	un	número	considerable	(aproximadamente	40),	a	los	representantes	de	dos	embajadas	europeas	y	a	varios	diputados	del	Parlamento	Europeo,	que	iba	a	ser	un	juicio	justo	y	equitativo.	Durante	los	nueve	días	que	duró	la	vista	oral,	tanto	el	Presidente	del	Tribunal	como	el	Fiscal	insistieron	reiteradamente	en	esta	afirmación	aunque,	en	su	intervención	final,	al	valorar	cómo	se	había	desarrollado	el	juicio,	concluyó	textualmente	que	“el	juicio	ha	sido	justo…	o	casi	justo”.	Incluso	llegó	a	argumentar	en	defensa	de	tal	equidad	y	justicia	el	hecho	de	que	el	único	testigo	que	llegó	a	declarar	a	propuesta	de	la	Fiscalía	no	había	sido	preparado	por	ésta,	“ya	que	ha	respondido	espontáneamente”.	2.2.	Audiencia	no	pública.	Los	problemas	de	la	traducción	Pese	al	ambiente	tranquilo	en	la	Sala,	la	audiencia	no	fue	pública,	como	afirmó	el	Presidente	del	Tribunal,	en	principio	obliga	la	Constitución25	y	reitera	el	principio	nº	14	del	mencionado	Proyecto	de	principios	sobre	la	administración	de	justicia	por	los	tribunales	militares	(“Al	igual	que	en	la	jurisdicción	ordinaria,	la	regla	general	es	que	el	juicio	debe	ser	público,	y	la	celebración	de	vistas	a	puerta	cerrada	debería	de	ser	totalmente	excepcional	y	requerir	una	decisión	específica,	motivada	y	recurrible”)26,	pues	se	impidió	la	presencia	tanto	de	familiares	de	los	acusados	como	de	las	víctimas	saharauis	que	murieron	los	días	24	de	octubre	(NAYEM	ELGARHI,	de	14	años)	y	12	de	noviembre	(IBRAHIM	DAUDI,	de	40	años).	Igualmente	se	impidió	la	entrada	de	los	intérpretes	saharauis	que	debían	hacer	la	traducción	a	los/las	observadores/as	internacionales.	Este	problema	fue	resuelto	parcialmente	cuando	algunos	de	los	saharauis,	identificándose	ante	las	autoridades	como	miembros	de	asociaciones	de	derechos	humanos	reconocidas	legalmente	en	Marruecos,	pudieron	acceder	a	la	Sala.	El	Presidente	trató	de	dar	una	imagen	de	ecuanimidad	ante	las	misiones	de	observación	internacional,	y	para	salvar	la	ausencia	de	intérpretes	saharauis,	cuya	presencia	es	imprescindible	dado	que	la	lengua	utilizada	por	los	acusados	es	el	Hassania	(en	varias	oportunidades	el	Presidente	pidió	a	los	acusados	que	se	expresaran	en	árabe	clásico,	ya	que	no	les	entendía),	decidió	hacer	un	pequeño	resumen	personal,	que	a	su	vez	era	traducido	al	francés,	al	inglés	y	al	español.	En	un	momento	dado	el	Presidente	llegó	a	“comunicar	a	la	audiencia”	que	la	única	traducción	“válida”	era	la	que	se	hacía	de	esa	manera,	dando	a	entender	que	la	que	hacían	los	intérpretes	que	se	encontraban	con	los	observadores	no	era	fiable.	Pero	25	Art.	123	:	"Las	audiencias	son	públicas	salvo	cuando	la	ley	disponga	lo	contrario". 26	A/HRC/22/53/Add.2,	párr.	49.
14	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	cierto	es	que	el	“resumen”	de	aproximadamente	dos	minutos	que	hacía	el	lo	Presidente	sobre	lo	acontecido	durante	varias	horas	en	la	Sala	era	una	versión	muy	personal,	extremadamente	abreviada,	y	que	se	contradecía	en	ocasiones	con	lo	que	se	había	dicho	realmente.	Por	otra	parte,	no	siempre	coincidían	las	traducciones	de	los	diferentes	traductores	jurados	entre	sí.	Así,	por	ejemplo,	en	varias	ocasiones	cuando	la	intérprete	de	lengua	francesa	se	refería	a	“tortura”,	el	de	lengua	española	hablaba	de	“malos	tratos”.	Los	errores	de	traducción	continuaron	a	lo	largo	de	los	nueve	días.	Así	ya	el	segundo	día	de	la	vista	(9	de	febrero)	NAAMA	ASFARI	había	denunciado	que	el	intérprete	no	traducía	lo	que	había	dicho,	ya	que	su	“secuestro”	por	la	policía	fue	traducido	por	el	intérprete	como	“detención”,	y	culpó	de	este	hecho	al	Presidente.	2.3.	Presencia	en	el	interior	y	en	el	exterior	de	la	Sala	de	fuertes	contingentes	militares	y	policiales	Al	igual	que	los	exteriores	del	Tribunal,	la	bancada	de	la	Sala	estuvo	en	todo	momento	rodeada	de	un	numerosísimo	grupo	de	policías	y	militares,	vestidos	tanto	de	uniforme	como	de	civil.	Igualmente	numerosos	policías	y	militares	estuvieron	presentes	durante	el	juicio	sentados	entre	el	público.	Aunque	mantuvieron	en	todo	momento	un	comportamiento	correcto,	su	mera	y	abrumadora	presencia	denotó	las	características	militares	del	procedimiento	y	constituyó	una	forma	de	presión	sobre	acusados	y	observadores/as	internacionales	que	condicionó	el	desarrollo	de	la	vista	oral,	poniendo	en	entredicho	las	formas	que	deben	presidir	un	juicio	justo	y	equitativo.	2.4.	Las	cámaras	de	video	y	de	fotografía	como	forma	de	intimidación	En	los	prolegómenos	de	todas	y	cada	una	de	las	sesiones,	cámaras	de	video	y	máquinas	fotográficas,	oficialmente	prohibidas	en	la	entrada	a	la	sala	(a	partir	de	la	sesión	del	día	8	de	febrero	se	retiraron	las	cámaras	fotográficas,	los	ordenadores	y	los	teléfonos	móviles	a	cuantas	personas	accedían	al	edificio	del	Tribunal),	filmaron	a	quienes	entraban	en	la	Sala,	de	la	misma	forma	que	venía	ocurriendo	en	juicios	anteriores,	como	forma	de	intimidación.	Pese	a	ser	planteada	la	cuestión	por	la	Defensa	al	Tribunal,	su	Presidente	señaló	que	mientras	él	se	encontraba	en	la	Sala	eso	no	ocurría,	y	que	no	estando	él	presente,	no	era	de	su	incumbencia.	En	relación	con	esta	cuestión,	cabe	señalar	que	el	propio	Relator	Especial	denunció	que,	en	las	reuniones	que	llevó	a	cabo	con	la	sociedad	civil	para	elaborar	su	informe,	fue	objeto	de	seguimiento	por	las	autoridades	y	los	medios	de	comunicación,	estando	las	cámaras	presentes	en	su	llegada	a	todos	los	lugares	donde	iba,	creando	un	clima	de	intimidación	que	afectó	a	muchas	personas	que	entrevistó	durante	su	visita27.	De	la	misma	manera,	las	cámaras	de	fotos	y	video	intimidaron	a	los	familiares	de	los	acusados	que,	dado	que	se	les	impidió	la	entrada	en	la	Sala	del	Tribunal,	permanecieron	manifestándose	en	el	exterior	durante	los	nueve	días	que	duró	la	vista	oral.	Como	se	pudo	comprobar	con	posterioridad,	no	se	trataba	sólo	de	una	forma	de	intimidación,	ya	que	algunos	de	estos	familiares	fueron	retenidos	27	A/HRC/22/53/Add.2,	párr.	85.
15	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	durante	varias	horas	en	la	noche	en	que	se	hizo	pública	la	condena	y	en	los	días	posteriores.	Estas	personas,	que	han	denunciado	que	fueron	objeto	de	malos	tratos	durante	la	detención,	fueron	puestas	en	libertad	sin	cargos.	El	temor	de	que	se	produjeran	este	tipo	de	acciones,	desgraciadamente	confirmado	por	los	hechos,	fue	denunciado	incluso	por	el	propio	Relator	Especial28.	Es	ésta,	por	tanto,	una	técnica	de	intimidación	bien	conocida	por	las	misiones	de	observación	internacional,	que	constituye	un	elemento	más	en	contra	del	carácter	equitativo	del	juicio.	2.5.	La	libertad	de	expresión	durante	el	juicio	A	diferencia	de	lo	sucedido	en	las	últimas	sesiones	ante	el	Tribunal	de	Casablanca	(en	el	denominado	“Juicio	contra	los	siete”),	debe	destacarse	que	cada	vez	que	los	acusados	entraron	en	la	Sala	pudieron	decir	en	voz	alta	sin	sufrir	la	violencia	policial,	tanto	en	Hassanía	como	en	español,	eslóganes	tales	como	“Dos	pueblos,	dos	Estados”,	“La	autodeterminación	es	la	solución”,	“Pedimos	a	la	ONU	que	amplíe	las	competencias	de	la	MINURSO	para	que	pueda	supervisar	los	derechos	humanos	en	el	Sahara	Occidental”,	“Viva	la	lucha	del	pueblo	saharaui”,	“Viva	la	RASD”	(República	Árabe	Saharaui	Democrática),	“Viva	el	Frente	POLISARIO”,	y	cantar	el	himno	saharaui	haciendo	la	«V»	de	la	victoria.	Por	el	contrario,	cuando	trataron	de	repetir	estas	frases	tras	comunicárseles	las	condenas,	en	la	madrugada	del	día	17	de	febrero	de	2013,	fueron	expulsados	de	la	Sala	a	empujones.	En	el	curso	del	juicio,	y	como	consecuencia	del	plante	de	los	abogados	de	la	Defensa	ante	la	actitud	del	Presidente,	que	no	permitía	a	los	acusados	referirse	a	los	hechos	previos	a	su	detención	ni	a	los	sucedidos	durante	la	larga	prisión	preventiva	(alegaciones	de	torturas),	ni	explicar	las	razones	por	las	que,	a	su	juicio,	eran	procesados	(sus	convicciones	políticas),	el	Tribunal	terminó	por	permitir	que	los	acusados	hicieran	referencia	a	estas	cuestiones.	Pese	a	ello,	el	Presidente	escuchó	estoicamente	las	declaraciones,	negándose	a	debatirlas	y	a	tener	en	cuenta	lo	que	se	dijera	en	este	sentido,	y	dio	instrucciones	al	Secretario	para	que	no	levantara	acta	de	las	mismas.	2.6.	Las	actas	del	juicio.	El	papel	del	Secretario	El	Secretario	del	Tribunal	levantaba	acta	de	las	sesiones	de	forma	manual.	En	varias	ocasiones	se	solicitó	por	la	defensa	que	se	leyeran	las	declaraciones	recogidas	en	acta,	y	éstas	no	se	correspondían	con	las	realmente	efectuadas,	de	forma	que	el	Secretario	tuvo	que	modificar	lo	ya	escrito.	En	relación	con	las	denuncias	de	los	acusados	de	haber	sufrido	tortura,	los	denunciantes	tuvieron	que	acercarse	al	Presidente	y	al	Fiscal	para	enseñarles	las	28	“Le	Rapporteur	spécial	exhorte	le	Gouvernement	à	agir	pour	prévenir	les	représailles,	y	compris	sous	la	forme	d’acte	d’intimidation,	de	mesures	disciplinaires	et	de	mauvais	traitements,	à	l’encontre	de	détenus,	de	victimes	de	la	torture	et	de	membres	de	leur	famille,	d’activistes	et	d’autres	personnes	qui	se	sont	entretenus	avec	le	Rapporteur	spécial	pendant	sa	visite,	et	d’enquêter	rapidement	sur	les	actes	de	représailles	et	de	punir	leurs	auteurs”	(A/HRC/22/53/Add.2,	párr.	85).
16	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	huellas	de	las	torturas	(desde	quemaduras	en	la	piel	y	cicatrices	en	el	cuerpo,	hasta	las	uñas	nacidas	irregularmente	por	haber	sido	arrancadas	con	tenazas,	tal	y	como	denunciaron	algunos	de	los	procesados).	El	Presidente	y	el	Fiscal	eran	quienes	decidían	según	su	propio	criterio	si	se	trataba	o	no	de	torturas	y	el	Presidente	señalaba	al	Secretario	lo	que	debía	hacer	constar	en	el	acta.	Pese	a	las	reiteradas	peticiones	de	la	Defensa,	el	Presidente	rechazó	siempre	la	posibilidad	de	que	se	realizaran	exámenes	médicos.	A	lo	largo	de	los	nueve	días	de	vista	oral,	a	pesar	de	que	había	razones	más	que	evidentes	para	ello,	no	hizo	acto	de	presencia	ningún	médico	forense,	desempeñando	aparentemente	tal	función	el	Presidente	del	Tribunal	que,	como	queda	dicho,	indicaba	al	Secretario	lo	que	debía	figurar	en	acta.	2.7.	El	estado	físico	de	los	procesados	durante	la	vista	oral	El	estado	físico	de	los	procesados	en	el	comienzo	de	la	vista	oral	no	era	bueno,	pero	fue	visiblemente	empeorando	a	medida	que	pasaban	los	10	días	y	las	más	de	100	horas	de	juicio.	Tras	dos	días	continuados	de	sesiones	maratonianas	de	12-­‐14	horas,	los	procesados	solicitaron	que	se	suspendiera	la	sesión	hasta	el	día	siguiente	(eran	las	19h00	y	la	sesión	había	dado	comienzo	a	las	9h00).	Ante	la	denegación	del	Presidente,	los	acusados	se	negaron	a	seguir	declarando	por	puro	agotamiento	físico,	tras	aclarar	que	su	descanso	por	la	noche	se	reducía	a	menos	de	5	horas,	ya	que	llegaban	a	las	00h00	a	la	prisión	y	les	despertaban	a	las	5h00	de	la	mañana	para	volver	a	la	sede	del	Tribunal.	Previamente,	el	día	9	de	febrero	ENAAMA	ASFARI	había	denunciado	ante	el	Presidente	que	no	habían	podido	descansar	porque	les	hacían	levantarse	a	las	5h00,	y	tenían	que	defenderse	de	cargos	que	podrían	llevarles	a	la	pena	de	muerte.	El	Fiscal	explicó	que	la	razón	de	que	les	despertaran	a	esas	horas	era	evitar	los	problemas	de	tráfico	(la	sede	del	tribunal	está	situada	a	menos	de	30	minutos	de	la	prisión	de	Salé	I).	Finalmente,	el	Presidente	se	vio	obligado	a	suspenderlo,	y	al	día	siguiente,	sonriendo,	preguntó	al	primero	de	los	acusados	en	declarar	“¿has	descansado	bien?”	El	día	10	uno	de	los	acusados,	ABDELJALIL	LARUSI	LEMGHAIMAD,	sufrió	una	subida	de	tensión	y	vértigos,	por	lo	que	el	proceso	tuvo	que	suspenderse.	Tras	su	traslado	al	hospital,	y	de	un	informe	médico	que	prescribía	que	debía	permanecer	48	horas	ingresado,	la	defensa	solicitó	la	suspensión	de	la	vista,	ya	que	se	trata	de	un	procedimiento	conjunto	contra	todos	los	acusados.	El	Presidente	rechazó	la	suspensión,	y	aclaró	que	él	mismo	tomaría	nota	de	lo	que	se	pudiera	decir	durante	la	vista	respecto	del	acusado	y	que	se	lo	comunicaría	cuando	volviera.	Igualmente,	otros	dos	acusados,	AHMED	SBAI	(con	problemas	de	salud	en	los	pulmones)	y	DAICH	DAFI	(diabético),	sufrieron	sendos	desvanecimientos.	El	primero	de	ellos	tuvo	que	ser	hospitalizado.	MOHAMED	SUELIM	LAYUBI,	además	de	las	secuelas	de	las	torturas29,	padece	también	de	diabetes.	De	forma	general,	se	puede	afirmar	que	el	estado	físico	de	los	acusados	era	muy	frágil.	29
Ver nota número 53 de este informe.
17	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	3.	CONDICIONES	DE	UN	JUICIO	JUSTO	Y	EQUITATIVO	3.1.	Introducción	El	Derecho	de	la	ocupación,	regulado	en	especial	en	el	IV	Convenio	de	Ginebra,	y,	como	queda	dicho,	aplicable	al	territorio	del	Sahara	Occidental,	establece	que	las	personas	acusadas	de	infracciones	penales	deben	ser	enjuiciadas	mediante	procesos	que	respeten	las	garantías	judiciales	reconocidas	en	el	plano	internacional.	Pero	es	ésta	una	referencia	también	recogida	en	la	práctica	totalidad	de	instrumentos	internacionales	que	regulan	los	derechos	humanos,	en	especial	a	partir	de	la	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	de	1948	(arts.	10	y	11).	Aunque	sin	referencia	a	los	cánones	internacionales,	también	el	Derecho	de	Marruecos	recoge	este	principio.	Los	estándares	mínimos	establecidos	en	el	ámbito	internacional	sobre	las	garantías	que	deben	respetarse	para	que	un	juicio	sea	justo	y	equitativo	son,	resumidamente,	los	siguientes:	• Antes	del	proceso:	derecho	a	la	asistencia	de	un	abogado	y	a	comunicarse	con	la	familia,	derecho	a	ser	juzgado	en	un	plazo	razonable	o	en	caso	contrario,	a	ser	puesto	en	libertad,	y	derecho	a	recibir	un	trato	humano	en	la	detención	y	a	no	ser	sometido	a	tortura.	• Durante	el	proceso:	derecho	a	ser	juzgado	por	un	tribunal	independiente	e	imparcial,	derecho	a	citar	testigos	y	a	interrogarles,	y	derecho	a	que	se	excluyan	los	elementos	de	prueba	que	hayan	sido	obtenidos	mediante	tortura	o	en	ausencia	de	investigaciones	de	oficio.	• Tras	el	proceso:	derecho	de	apelación	3.2.	Garantías	previas	al	proceso	3.2.1.	Derecho	a	la	asistencia	de	un	letrado	y	a	comunicarse	con	la	familia	La	Constitución	marroquí	establece	en	su	art.	23	que	“toda	persona	detenida	debe	ser	informada	inmediatamente,	de	una	forma	que	le	sea	comprensible,	de	los	motivos	de	su	detención	y	sus	derechos,	incluido	el	derecho	a	guardar	silencio;	debe	beneficiarse,	lo	antes	posible,	de	asistencia	jurídica	y	de	la	posibilidad	de	comunicarse	con	su	familia,	conforme	a	la	ley”.	El	Código	de	Procedimiento	Penal	(en	adelante	CPP)	permite	una	entrevista	de	media	hora	con	un/a	abogado/a	autorizado/a	por	la	Oficina	del	Fiscal	durante	las	primeras	veinticuatro	horas	de	detención,	en	presencia	de	un	oficial	de	la	policía	judicial.	Una	vez	transcurridas	las	primeras	veinticuatro	horas	bajo	custodia	policial,	y	a	petición	de	este	último,	la	Oficina	podrá	retrasar	este	contacto	con	el	abogado	durante	doce	horas	más.	Durante	la	vista	oral	los	procesados	denunciaron	que	no	se	les	permitió	comunicarse	con	sus	familiares	hasta	pasados	varios	días	desde	el	momento	de	su	detención,	y	que	hasta	entonces	no	se	les	comunicó	a	éstas	su	paradero.	Tal	y	como	denunciaron	igualmente	tanto	los	acusados	como	sus	defensores,	el	primer	18	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	contacto	entre	ambos	no	se	produjo	en	ningún	caso	antes	de	comparecer	ante	el	Juez	de	Instrucción.	Según	afirmó	la	defensa	durante	la	vista	oral,	algo	que	ni	siquiera	fue	rebatido	por	el	Ministerio	Fiscal,	la	asistencia	letrada	sólo	se	produjo	tras	la	segunda	comparecencia	ante	el	Juez	de	Instrucción.	En	este	mismo	sentido	se	pronunció	el	informe	del	Relator	Especial,	a	la	vista	de	los	testigos	que	se	entrevistaron	con	él30.	3.2.2.	Derecho	a	ser	juzgado	en	un	plazo	razonable,	o	en	caso	contrario,	a	ser	puesto	en	libertad	Los	procesados	han	permanecido	durante	más	de	27	meses	en	prisión	preventiva,	después	de	dos	suspensiones	cuyos	motivos	no	fueron	justificados	ni	notificados	a	la	Defensa31,	contraviniendo	lo	que	establece	el	artículo	120	de	la	nueva	Constitución,	que	señala	que	“toda	persona	tiene	derecho	a	un	proceso	equitativo	y	a	un	juicio	en	un	plazo	razonable”.	Después	de	2	años	y	3	meses,	y	dos	suspensiones	del	juicio	no	razonadas,	el	Tribunal	decidió	suspender	la	primera	sesión,	celebrada	el	día	1	de	febrero,	para	que	la	defensa	pudiera	preparar	el	dossier,	y	se	convocó	nuevamente	para	el	día	8	de	febrero,	pese	a	que	la	defensa	solicitó	expresamente	que	se	retrasara	al	menos	15	días	para	tener	más	tiempo	para	hacerlo.	Como	ha	señalado	en	numerosas	ocasiones	el	Tribunal	Europeo	de	Derechos	Humanos	(en	adelante	TEDH),	a	cuya	jurisprudencia	se	refirió	expresamente	el	Ministerio	Fiscal	en	su	intervención	final	en	la	vista	oral,	“al	exigir	el	respeto	del	plazo	razonable,	el	Convenio	destaca	la	importancia	que	se	atribuye	a	que	la	justicia	no	sea	administrada	con	retrasos	susceptibles	de	comprometer	su	eficacia	y	credibilidad”32.	Un	periodo	de	más	de	dos	años	de	prisión	preventiva	constituye	una	evidente	violación	de	este	precepto	constitucional.	3.2.3.	Derecho	a	recibir	un	trato	humano	en	la	detención	y	a	no	ser	sometido	a	tortura	a)	Obligaciones	de	Marruecos	de	conformidad	con	el	Derecho	internacional	El	Convenio	contra	la	Tortura	y	otros	Tratos	o	Penas	Crueles,	Inhumanos	o	Degradantes	está	en	vigor	en	relación	con	Marruecos	desde	el	21	de	julio	de	199333.	Su	art.1	entiende	por	tortura,	“todo	acto	por	el	cual	se	inflija	intencionadamente	a	una	persona	dolores	o	sufrimientos	graves,	ya	sean	físicos	o	mentales,	con	el	fin	de	obtener	de	ella	o	de	un	tercero	información	o	una	confesión,	de	castigarla	por	un	acto	que	haya	cometido,	o	se	sospeche	que	ha	cometido,	o	de	intimidar	o	coaccionar	a	esa	persona	o	a	otras,	o	por	cualquier	razón	basada	en	cualquier	tipo	de	discriminación,	cuando	dichos	dolores	o	sufrimientos	sean	infligidos	30	A/HRC/22/53/Add.2,	párr.	26. 31	En	el	mismo	sentido	se	pronuncia	el	Relator	Especial,	A/HRC/22/53/Add.2,	párr.	66. 32	Entre	otras,	ver	TEDH,	Asunto	Serrano	Contreras	c.	España,	(Demanda	n.	49183/08),	Sentencia	20	de	marzo	de	2012. 33	En	el	momento	de	la	ratificación	Marruecos	emitió	una	reserva	al	artículo	20	de	la	Convención,	rechazando	la	competencia	del	Comité	contra	la	tortura.
19	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	por	un	funcionario	público	u	otra	persona	en	el	ejercicio	de	funciones	públicas,	a	instigación	suya,	o	con	su	consentimiento	o	aquiescencia.”	En	relación	con	este	Convenio34 ,	la	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas	aprobó	el	4	de	diciembre	de	2000	los	Principios	relativos	a	la	investigación	y	documentación	eficaces	de	la	tortura	y	otros	tratos	o	penas	crueles,	inhumanos	o	degradantes,	que,	entre	otras	cuestiones	señala	lo	siguiente:	“Los	Estados	velarán	por	que	se	investiguen	con	prontitud	y	efectividad	las	quejas	o	denuncias	de	torturas	o	malos	tratos.	Incluso	cuando	no	exista	denuncia	expresa,	deberá	iniciarse	una	investigación	si	existen	otros	indicios	de	que	puede	haberse	cometido	un	acto	de	tortura	o	malos	tratos.	Los	investigadores,	que	serán	independientes	de	los	presuntos	autores	y	del	organismo	al	que	éstos	pertenezcan,	serán	competentes	e	imparciales.	Tendrán	autoridad	para	encomendar	investigaciones	a	expertos	imparciales,	médicos	o	de	otro	tipo,	y	podrán	acceder	a	sus	resultados.	Los	métodos	utilizados	para	llevar	a	cabo	estas	investigaciones	tendrán	el	máximo	nivel	profesional	y	sus	conclusiones	se	harán	públicas”35.	Por	otra	parte,	como	ha	señalado	el	TEDH,	la	prohibición	de	la	tortura	es	absoluta,	y	no	admite	excepción:	“El	artículo	3	consagra	uno	de	los	valores	fundamentales	de	las	sociedades	democráticas.	Incluso	en	las	circunstancias	más	difíciles,	tal	como	la	lucha	contra	el	terrorismo	y	el	crimen	organizado,	el	Convenio	prohíbe	en	términos	absolutos	la	tortura	y	las	penas	o	tratos	inhumanos	o	degradantes.	El	artículo	3	no	prevé	restricciones,	lo	cual	contrasta	con	la	mayoría	de	las	cláusulas	normativas	del	Convenio	y	de	los	Protocolos	y	según	el	artículo	15,	no	sufre	ninguna	derogación,	ni	siquiera	en	caso	de	peligro	público.	La	prohibición	de	la	tortura	o	de	las	penas	o	tratos	inhumanos	o	degradantes	es	absoluta,	cualquiera	que	sean	las	conductas	imputadas	a	la	víctima”36.	Estos	principios	constituyen	la	esencia	de	lo	que	un	Estado	Parte	en	el	Convenio	debe	hacer	para	luchar	contra	la	tortura.	Pese	a	ello,	como	queda	dicho,	las	sucesivas	instancias	a	las	que	recurrieron	los	procesados	rechazaron	durante	más	de	dos	años	llevar	a	cabo	tales	exámenes:	ni	el	Juez	de	Instrucción,	ni	el	Tribunal	de	Apelación	de	El	Aaiún,	ni	el	propio	Tribunal	Militar	(los	procesados	denunciaron	haber	sufrido	torturas	en	la	misma	Sala	del	Tribunal	Militar	donde	se	celebraba	la	vista,	a	lo	que	el	Ministerio	Fiscal	se	limitó	a	dudar	si	se	trataba	de	esa	o	de	otra	Sala)	accedieron	en	ningún	momento	a	su	realización.	Por	otra	parte,	las	autoridades	no	sólo	no	procedieron	a	realizar	exámenes	médicos	de	ningún	tipo,	sino	que	tampoco	llevó	a	cabo	investigación	alguna	sobre	las	condiciones	de	la	detención	ni	de	la	permanencia	de	los	procesados	en	los	centros	penitenciarios.	En	este	sentido,	cabe	recordar	que	el	TEDH	ha	llegado	a	condenar	a	los	Estados	que	no	han	cumplido	con	la	obligación	de	investigar	posibles	casos	de	torturas	o	malos	tratos,	aunque,	precisamente	por	esa	razón,	no	se	haya	podido	llegar	a	probar	tales	prácticas:	otra	parte,	y	dada	su	condición	de	potencia	ocupante,	Marruecos	está	obligado	por	lo	establecido	en	la	IV	Convención	de	Ginebra,	que	en	su	artículo	32	establece	la	prohibición	de	tortura,	y	en	el	37	afirma	que	“las	personas	que	estén	en	detención	preventiva	o	cumpliendo	un	castigo	de	privación	de	libertad	serán	tratadas,	durante	su	detención,	con	humanidad”. 35	Principios	adoptados	por	la	Asamblea	General	en	su	Resolución	55/89	Anexo,	de	4	de	diciembre	de	2000. 36	TEDH,	Asunto	Chahal	c.	Reino	Unido,	sentencia	de	15	noviembre	de	1996,	n.	79,	Repertorio	de	sentencias	y	decisiones	1996	–V.
20	34	Por	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	“El	Tribunal	recuerda	que,	cuando	un	individuo	afirma	de	forma	defendible	haber	sufrido,	a	manos	de	la	policía	o	de	otros	servicios	del	Estado,	graves	sevicias	contrarias	al	artículo	3,	dicha	disposición,	combinada	con	el	deber	general	impuesto	al	Estado	por	el	artículo	1	del	Convenio	(…)	de	«reconocer	a	toda	persona	dependiente	de	su	jurisdicción	los	derechos	y	libertades	definidos	(...)	en	el	Convenio»,	requiere,	por	implicación,	que	se	realice	una	investigación	oficial	eficaz.	Dicha	investigación,	a	ejemplo	de	la	resultante	del	artículo	2,	debe	poder	llegar	a	identificar	y	castigar	a	los	responsables	(…)37.	b)	Obligaciones	de	Marruecos	de	conformidad	con	su	Derecho	interno	El	Derecho	interno	marroquí	obliga	a	las	autoridades	a	garantizar	que	la	detención	se	produzca	en	condiciones	humanas	y	a	que	no	se	someta	a	tortura	a	los	detenidos.	En	este	sentido,	el	art.	22	de	la	Constitución	de	2011	establece	que	“Ninguna	persona,	pública	o	privada,	puede	atentar	bajo	ninguna	circunstancia	contra	la	integridad	física	o	moral	de	nadie.	Nadie	debe	infligir	a	otra	persona,	bajo	ningún	pretexto,	tratos	crueles,	inhumanos,	degradantes	o	que	puedan	atentar	contra	la	dignidad.	La	práctica	de	la	tortura,	bajo	todas	sus	formas,	y	con	independencia	de	su	autoría,	es	un	crimen	castigado	por	la	ley"38.	Por	su	parte,	el	art.	231.1	del	Código	Penal	define	la	tortura	como	“todo	acto	que	cause	dolor	o	sufrimiento	físico	o	mental,	que	sea	intencionadamente	cometido	por	un	funcionario	público	o	a	instigación	suya,	o	con	su	consentimiento	expreso	o	tácito,	infligido	a	una	persona	con	el	fin	de	intimidar	o	presionar	a	ella	o	a	una	tercera	persona	para	obtener	informaciones,	confesiones,	para	castigarle	por	un	acto	que	ella	o	una	tercera	persona	haya	cometido	o	se	sospeche	que	haya	cometido,	o	cuando	dichos	dolores	o	sufrimientos	sean	infligidos	por	cualquier	otro	motivo	basado	en	una	forma	de	discriminación	de	cualquier	tipo”,	y	prohíbe	“la	utilización	de	declaraciones	hechas	bajo	tortura	como	medio	de	prueba”	El	CPP	dispone	en	su	art.	134	que	el	Juez	de	Instrucción,	a	petición	del	acusado	o	de	su	abogado,	debe	someter	al	acusado	a	una	prueba	pericial	médica.	El	Juez	“debe	tomar	la	decisión	de	manera	espontánea	si	aprecia	en	el	demandado	indicios	que	justifiquen	tal	medida,	tales	como	huellas	de	tortura”.	Además,	el	art.	324.5	establece	que	“si	un	tribunal	decide	declarar	nulas	ciertas	piezas	de	un	expediente	(por	haber	sido	obtenida	bajo	tortura,	por	ejemplo),	debe	ordenar	en	consecuencia	su	retirada	del	expediente.	En	tal	caso,	el	tribunal	puede	decidir	que	se	lleve	a	cabo	una	investigación	complementaria”.	El	informe	presentado	en	noviembre	de	2011	al	Comité	contra	la	Tortura	de	las	Naciones	Unidas	por	la	mencionada	Coalición	de	ONGs	marroquíes39	critica,	por	una	parte,	que	pese	a	las	mencionadas	disposiciones,	el	Derecho	marroquí	no	37	TEDH,	Asunto	Martínez	Sala	y	otros	c.	España,	Sentencia	de	2	de	noviembre	de	2004,	párr.	156. 38	Royaume	de	Maroc.	Bulletin	Officiel	nº	5952	bis,	14	rejeb	1432	(17	juin	2011) 39	Rapport	alternatif.	Evaluation	de	la	mise	en	oeuvre	de	la	Convention	contre	la	torture	et	autre	peine	ou	traitement	cruel,	inhumain	ou	dégradant	par	le	Maroc,	soumis	au	Comité	contre	la	torture	des	Nations	Unies	à	l’occasion	de	l’examen	du	4e	rapport	périodique	du	Maroc	(47e	session,	novembre	2011),	p.	11..	Esta	coalición	estaba	formada	por	el	Comité	Marroquí	contra	la	Tortura	(MT),	la	Asociación	Marroquí	de	Derechos	Humanos	(AMDH)	y	la	Organización	Marroquí	de	Derechos	Humanos	(OMDH).
21	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	prohíbe	expresamente	la	utilización	de	las	actas	que	contengan	informaciones	o	firmas	obtenidas	bajo	tortura,	y,	por	otra,	que	la	falta	de	garantías	judiciales	permite	a	los	oficiales	de	policía	obtener	informaciones	e	incluso	la	firma	de	las	actas	mediante	la	utilización	de	violencia.	Las	ONGs	marroquíes	denuncian	en	este	informe	numerosos	casos	en	los	que	los	jueces,	haciendo	uso	de	su	poder	discrecional,	han	aceptado	y	utilizado	actas	que	contienen	confesiones	obtenidas	bajo	coacción	o	tortura.	El	hecho	es	que,	tal	y	como	denuncia	el	Relator	Especial,	“en	los	casos	que	afectan	a	la	Seguridad	del	Estado	(terrorismo,	pertenencia	a	movimientos	islamistas	o	apoyo	a	la	independencia	del	Sahara	Occidental)	hay	una	práctica	anclada	de	tortura	en	el	momento	del	arresto	y	de	la	detención	por	parte	de	la	policía,	y	en	especial	de	los	agentes	de	la	Direction	de	la	surveillance	du	territoire	(DST).	Muchas	personas	han	sido	obligadas	a	confesar	y	han	sido	condenadas	a	prisión	con	base	en	tales	confesiones.	A	menudo,	estas	personas	siguen	siendo	víctimas	de	violaciones	durante	la	ejecución	de	la	pena”40.	En	consecuencia,	el	Relator	Especial	hace	al	gobierno	marroquí	las	siguientes	recomendaciones	generales:	• que	modifique	el	CPP	para	establecer	que,	ante	un	caso	de	denuncia	de	tortura	o	malos	tratos,	la	carga	de	la	prueba	recaiga	sobre	la	acusación,	que	debe	demostrar	más	allá	de	toda	duda	razonable,	que	la	confesión	presentada	a	la	Corte	no	fue	obtenida	por	medios	ilegales;	que	lleve	a	cabo	investigaciones	imparciales	y	exhaustivas	sobre	todas	las	denuncias	de	tortura	y	tratos	crueles,	inhumanos	o	degradantes	que	se	presenten,	sin	que	sea	necesaria	una	queja	por	escrito,	de	conformidad	con	el	artículo	13	de	la	Convención	contra	la	Tortura;	que	establezca	procedimientos	para	investigar	de	oficio	los	casos	de	tortura	y	malos	tratos,	independientemente	de	la	forma	en	que	se	denuncien,	incluidos	los	casos	en	que	las	víctimas	no	utilizan	los	procedimientos	prescritos	por	la	ley	para	denunciarlas;	•
Ya	en	concreto,	y	refiriéndose	a	los	sucesos	de	Gdeim	Izik,	el	Relator	Especial	recomienda	que	se	investiguen	con	prontitud	todas	las	denuncias	de	tortura	y	malos	tratos	producidos	durante	y	después	de	las	manifestaciones	y	en	la	prisión	de	El	Aaiún,	se	determine	quiénes	son	los	responsable	de	estos	actos,	y	se	indemnice	a	las	víctimas.	c)	Las	denuncias	de	tortura	en	la	vista	oral	La	práctica	totalidad	de	acusados	denunciaron	que	sus	declaraciones	fueron	obtenidas	bajo	tortura,	negaron	todos	los	cargos	imputados,	y	afirmaron	que	en	los	interrogatorios	no	se	les	preguntó	sobre	cuestiones	relacionadas	con	la	organización	del	campamento	de	Gdeim	Izik,	sino	por	su	vinculación	personal	con	el	Frente	POLISARIO	y	su	militancia	como	activistas	de	derechos	humanos.	Si	como	todo	parece	indicar,	estas	afirmaciones	son	ciertas,	la	tortura	no	tendría	por	objeto	40	A/HRC/22/53/Add.2,	párr.	72.
22	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	obtener	informaciones,	sino	castigar	los	acusados	por	su	condición	de	activistas	de	derechos	humanos.	La	defensa	solicitó	en	el	momento	de	la	segunda	comparecencia	de	los	acusados	ante	el	Juez	de	Instrucción	-­‐la	primera	con	presencia	de	los	abogados-­‐	que	se	procediera	a	su	examen	médico	(según	la	defensa	y	los	testimonios	de	los	procesados,	éstos	estaban	ensangrentados	como	consecuencia	de	las	torturas	sufridas).	El	Juez	les	indicó	que	debían	cursar	tal	petición	por	escrito.	Este	escrito	fue	presentado	inmediatamente,	y	dos	días	más	tarde	el	Juez	de	Instrucción	denegó	la	práctica	de	tales	exámenes	médicos,	por	entender	que	no	había	razones	visibles	para	ello.	La	defensa	recurrió	esta	resolución	ante	el	Tribunal	de	Apelación	de	El	Aaiún,	que	confirmó	la	decisión	del	Juez	de	Instrucción,	rechazando	de	nuevo	la	práctica	de	tales	pruebas	médicas.	Durante	la	vista	oral	ante	el	Tribunal	Militar	los	acusados	denunciaron	haber	sufrido	torturas	no	sólo	en	el	momento	de	su	detención,	sino	también	a	lo	largo	de	los	dos	años	y	tres	meses	de	prisión	preventiva.	La	defensa	solicitó	en	varias	ocasiones	durante	el	juicio	que,	ante	tales	denuncias	y	evidencias	(tanto	el	Presidente	del	Tribunal	como	el	Fiscal	pudieron	apreciar	visualmente	secuelas	evidentes	de	torturas)	se	procediera	a	practicar	exámenes	médicos	a	los	procesados,	pero	el	Presidente	los	rechazó	sin	dar	mayores	explicaciones.	3.3.	Garantías	durante	el	proceso	3.3.1.	Derecho	a	ser	juzgado	por	un	tribunal	independiente	e	imparcial.	El	principio	constitucional	de	la	división	de	poderes	El	Proyecto	de	principios	sobre	la	administración	de	justicia	por	los	tribunales	militares,	referido	anteriormente,	afirma	que	el	principio	de	la	separación	de	poderes	corre	parejo	con	la	exigencia	de	garantías	legales	establecidas	al	más	alto	nivel	de	la	jerarquía	normativa,	por	la	Constitución	o	por	la	ley,	evitando	toda	injerencia	del	poder	ejecutivo	o	de	la	autoridad	militar	en	el	funcionamiento	de	la	justicia41.	De	acuerdo	con	este	informe,	los	tribunales	militares	deben	respetar	en	cualquier	caso	los	principios	de	Derecho	internacional	en	materia	de	juicio	imparcial,	pues	se	trata	de	garantías	mínimas,	incluso	en	situaciones	de	crisis,	pues	“a	falta	de	esas	garantías	fundamentales,	nos	encontraríamos	sencillamente	ante	una	denegación	de	justicia”42.	El	principio	de	la	división	de	poderes,	afirmado	en	el	art.	1	de	la	Constitución	de	2011	(“El	sistema	constitucional	del	Reino	se	basa	en	la	separación,	equilibrio	y	colaboración	de	los	poderes,	así	como	en	la	democracia	ciudadana	y	participativa,	así	como	en	los	principios	de	la	buena	gobernanza	y	la	correlación	entre	la	responsabilidad	y	la	rendición	de	cuentas”)	fue	violado	en	este	procedimiento	porque	los	acusados	eran	civiles,	mientras	que,	tanto	las	víctimas,	como	las	personas	que	practicaron	las	detencionesy	el	mismo	tribunal	que	juzgó	los	hechos	son	militares.	42	Ibid.,	párr.	15. 41	E/CN.4/2006/58,	de	13	de	enero	de	2006,	párr.	13.
23	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	La	presencia	de	un	magistrado	civil	ejerciendo	las	funciones	de	Presidente	del	Tribunal	en	ningún	caso	es	garantía	del	respeto	de	ese	principio,	máxime	cuando,	como	señala	el	Código	de	Justicia	Militar	(en	adelante	CJM),	las	cuatro	personas	que	acompañan	al	Presidente	tienen	la	condición	de	“asesores	militares”	según	se	desprende	literalmente	del	art.	11.2	de	dicho	texto	legal.	Como	en	este	sentido	ha	señalado	el	profesor	ESSAID,	“debe	ponerse	fin	al	sistema	de	asesores	sin	formación	jurídica	(…)	La	independencia	no	puede	asegurarse	más	que	por	una	institución	comparable	al	Consejo	Superior	de	la	Magistratura”.	En	opinión	de	este	destacado	jurista	marroquí,	la	única	vía	posible	para	garantizar	los	derechos	de	las	partes	es	“la	supresión	pura	y	simple	del	tribunal	militar	permanente,	en	tiempo	de	paz”43.	Como	en	este	sentido	ha	señalado	el	TEDH,	la	mera	presencia	de	un	juez	militar	en	un	tribunal	hace	discutible	la	independencia	de	éste	respecto	del	Poder	Ejecutivo44,	y	en	el	caso	del	juicio	de	Rabat	cuatro	de	los	miembros	del	tribunal	eran	militares.	3.3.2.	Derecho	a	citar	testigos	y	a	interrogarles	En	la	primera	sesión	del	juicio,	celebrada	el	día	1	de	febrero	de	2013,	la	defensa	solicitó	que	declararan	como	testigos	varias	decenas	de	personas,	entre	las	cuales	muchas	habían	sido	testigos	presenciales	de	los	hechos	acaecidos	en	el	momento	del	levantamiento	del	campamento,	y	otras	habían	participado	en	las	negociaciones	con	el	Comité	de	Diálogo	en	el	lado	del	gobierno	marroquí.	Por	su	parte,	la	Fiscalía	solicitó	la	testifical	de	nueve	personas,	sin	facilitar	su	identidad.	Sin	dar	explicación	alguna	al	respecto,	el	Tribunal	aceptó	únicamente	a	cinco	de	los	testigos	propuestos	por	la	defensa	y	decidió	reservarse	la	decisión	sobre	la	admisión	de	los	nueve	propuestos	en	ese	mismo	momento	por	el	Ministerio	Fiscal.	La	identidad	de	los	cinco	testigos	de	la	defensa	fue	pública	desde	el	momento	en	que	se	solicitó	su	presencia	por	parte	de	la	defensa,	mientras	que	sólo	se	llegó	a	conocer	la	de	uno	de	los	propuestos	por	la	Fiscalía	en	el	momento	mismo	de	su	declaración,	puesto	que	el	resto	no	llegó	a	declarar	y,	por	tanto,	nunca	se	llegó	a	saber	de	quiénes	se	trataba.	Es	cierto	que	los	artículos	80	y	91	del	CJM	otorgan	al	Presidente	un	poder	absoluto	en	esta	materia45,	pero	no	lo	es	menos	43 Mohammed-­‐Jalal	ESSAID,	Le	Procès	équitable	Dans	le	Code	de	Procédure	Pénale	de	2002,	Collection	Reforme	du	Droit	et	Développement	socio-­‐économique,	Vol.	1,	marzo	2008,	p.	136. 44	“When	a	military	judge	has	participated	in	one	or	more	interlocutory	decisions	that	continue	to	remain	in	effect	in	the	criminal	proceedings	concerned,	the	accused	has	reasonable	cause	for	concern	about	the	validity	of	the	entire	proceedings,	unless	it	is	established	that	the	procedure	subsequently	followed	in	the	national	security	court	sufficiently	dispelled	that	concern.	More	specifically,	where	a	military	judge	has	participated	in	an	interlocutory	decision	that	forms	an	integral	part	of	proceedings	against	a	civilian,	the	whole	proceedings	are	deprived	of	the	appearance	of	having	been	conducted	by	an	independent	and	impartial	court”	(TEDH,	Caso	ÖCALAN	v.	TURKEY,	(Application	no.	46221/99),	Sentencia	de	12	de	mayo	de	2005,	párr.	115) 45	El	art.	80	del	CJM	señala	lo	siguiente	:	"L'inculpé	doit,	de	son	côté,	notifier	au	commissaire	du	Gouvernement	(…)	la	liste	des	témoins	qu’il	se	propose	de	faire	entendre.	A	défaut	de	ces	notifications,	aucun	témoin	ne	peut	être	appelé	soit	par	le	ministère	public,	soit	par	l'inculpé,	sans	l'assentiment	du	président».	Por	su	parte,	el	art.	91	afirma	que	«Le	président	est	investi	d'un	pouvoir	discrétionnaire	pour	la	direction	des	débats	et	la	découverte	de	la	vérité.	Il	peut,	dans	le	cours	des	débats,	faire	apporter	toute	pièce	qui	lui	paraît	utile	à	la	manifestation	de	la	vérité	et	appeler,	même	par	des	mandats	de	comparution	ou	d'amener,	toute	personne	dont	l'audition	lui	24	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	que	provoca	una	grave	indefensión	de	los	acusados.	Es	esta	una	de	las	razones	por	las	que	el	juicio	ante	la	jurisdicción	militar	no	puede	ser	justo	ni	equitativo,	ya	que,	con	independencia	de	la	personalidad	del	Magistrado,	el	procedimiento	adolece	de	graves	déficits	democráticos	y	no	es	suficientemente	garantista.	Por	otra	parte,	y	aunque	durante	la	celebración	de	la	vista	oral	la	defensa	insistió	en	ello,	el	Tribunal	rechazó	la	posibilidad	de	que	se	tomara	declaración	como	testigo	a	GUEJMULA	EBBI,	que	conoció	de	primera	mano	todo	lo	que	rodeó	a	las	negociaciones	entre	el	Gobierno	marroquí	y	la	Comisión	de	Diálogo.	Tras	el	desmantelamiento	del	campamento,	esta	parlamentaria	había	denunciado	la	forma	en	que	se	había	realizado	la	intervención	y	que	ni	siquiera	se	le	había	notificado	que	se	iba	a	llevar	a	cabo.	Era	una	testigo	fundamental	para	conocer	las	razones	que	llevaron	al	Gobierno	a	intervenir	de	forma	violenta,	si	es	que	las	había.	3.3.3.	Derecho	a	que	se	excluyan	los	elementos	de	prueba	obtenidos	mediante	tortura	o	en	ausencia	de	investigaciones	de	oficio	a)	Las	pruebas	aportadas	por	el	Ministerio	Fiscal	Durante	la	celebración	de	los	primeros	nueve	días	de	vista	oral	las	piezas	de	convicción	de	las	que	supuestamente	se	incautó	la	policía	en	el	momento	del	desmantelamiento	del	campamento	(12	teléfonos	móviles,	3	Walkie-­‐Talkies,	6	cuchillos	de	cocina,	2	hachas,	1	machete,	2	bengalas,	1	carnet	de	identidad	y	1	ordenador)	estuvieron	expuestas	al	público,	sin	que	fueran	objeto	de	debate	alguno	ante	el	Tribunal.	Ninguna	de	ellas	tenía	huellas	de	ningún	tipo	(sangre,	huellas	digitales…)	ni	estaba	aislada	en	bolsas	de	plástico	para	impedir	su	contaminación.	Tan	sólo	en	un	momento	de	la	vista	el	Presidente	hizo	alusión	a	ellas	para	preguntar	a	uno	de	los	acusados	si	reconocía	su	móvil.	No	existía	ningún	expediente	de	cada	prueba	separada,	ni	se	identificaba	ninguna	de	ellas	con	ningún	acusado	en	concreto.	Simplemente	“estaban	ahí”.	No	consta	que	desde	que	se	produjeron	los	hechos	se	haya	practicado	ninguna	autopsia.	Ni	siquiera	ha	habido	un	reconocimiento	de	las	víctimas.	Se	desconoce	cómo,	cuándo	y	de	qué	forma	se	produjo	su	muerte.	Pero	hay	algo	aún	más	grave:	ni	siquiera	se	conoce	el	número	de	muertos	entre	las	fuerzas	policiales.	Según	el	acta	de	acusación	fueron	9;	el	Fiscal	se	refirió	en	varias	ocasiones	a	11;	en	el	vídeo	que	se	proyectó	se	podía	leer	que	habían	sido	10.	Si	se	hace	el	recuento	de	las	personas	que,	según	el	acta,	asesinó	cada	uno	de	los	acusados,	estaríamos	hablando	de	más	de	20.	Esta	indeterminación	es	de	especial	gravedad,	pues	condenar	a	una	persona	por	el	asesinato	genérico	“de	personas”	es	contrario	a	los	más	elementales	principios	de	la	justicia.	Por	otra	parte	debe	tenerse	en	cuenta	el	derecho	de	las	familias	de	las	víctimas	a	conocer	la	forma	en	que	éstas	fallecieron,	y	a	conocer	la	identidad	concreta	de	sus	autores.	paraît	nécessaire.	Si	le	ministère	public	ou	le	défenseur	demande,	au	cours	des	débats,	l'audition	de	nouveaux	témoins,	le	président	décide	si	ces	témoins	devront	être	entendus"	(Le	6	rebia	II	1376,	10	novembre	1956).
25	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	Pese	a	que,	según	el	acta	de	acusación,	la	forma	más	utilizada	por	los	acusados	de	atacar	a	las	fuerzas	públicas	era	el	atropello	con	vehículos	4	x	4,	no	existe	ninguna	relación	de	vehículos,	ni	matrículas,	ni	posibles	abolladuras	en	la	carrocería	que	pudieran	indicar	que	habían	sido	utilizados	para	atropellar	a	las	víctimas.	En	la	pantalla	se	pudo	ver	una	de	las	pruebas	que	presentó	la	Fiscalía:	tarjetas	en	las	que	se	podía	leer	“OFICINA	DE	SEGURIDAD	DEL	CAMPAMENTO”	o	“YO	PROTESTO”.	Los	acusados	no	negaron	que	fueran	ciertas	estas	pruebas,	sino	que	solo	probaban	que	el	campamento	estaba	bien	organizado,	a	través	de	comités	como	el	Comité	de	Seguridad,	Comité	de	Limpieza,	Comité	de	Salud,	etc.	Esta	buena	organización	había	sido	destacada	por	el	propio	Gobierno	marroquí.	Como	destacaron	en	sus	intervenciones,	sin	organización	hubiera	sido	imposible	la	convivencia	de	más	de	20.000	personas	durante	un	mes.	Durante	la	vista	oral	no	se	practicó	ninguna	de	las	pruebas	solicitadas	por	la	defensa	en	relación	con	los	hechos	que	precedieron	a	la	intervención	del	8	de	noviembre	de	2010	en	Gdeim	Izik.	Cuando	los	acusados	se	refirieron	a	tales	hechos,	el	Presidente	insistió	reiteradamente	en	que	no	se	tendrían	en	cuenta,	e	impidió	que	se	abordaran	cuestiones	clave	en	este	procedimiento,	tales	como	las	condiciones	de	la	detención	en	los	locales	de	la	policía,	las	del	traslado	al	Tribunal	Militar	o	las	de	las	audiencias	y	confesiones.	Curiosamente	fue	el	representante	del	Ministerio	Fiscal	quien	presentó,	no	una,	sino	dos	pruebas	que	nada	tenían	que	ver	con	los	hechos	producidos	el	día	8	de	noviembre	en	Gdeim	Izik,	sin	que	el	Presidente	del	Tribunal	se	inmutara	por	ello.	Por	una	parte,	exhibió	una	serie	de	fotografías	de	los	acusados	en	compañía	de	los	dirigentes	del	Frente	POLISARIO,	realizadas	en	los	campamentos	de	población	refugiada	de	Tinduf	(Argelia)	y	en	una	conferencia	internacional	celebrada	en	Argel,	a	la	que	acudieron	los	activistas	saharauis.	Estas	fotografías	fueron	tomadas	con	mucha	anterioridad	al	desmantelamiento	del	campamento.	El	Ministerio	Fiscal	pidió	que	estas	fotografías	se	distribuyeran	no	sólo	entre	los	abogados	de	la	defensa,	sino	también	entre	el	público,	lo	que	se	evitó	gracias	a	la	categórica	protesta	de	la	defensa.	Su	presentación	dio	pie	a	la	defensa	y	a	alguno	de	los	acusados	a	agradecer	al	Sr.	Fiscal	la	que,	en	su	opinión,	era	la	prueba	más	contundente	de	la	razón	por	la	que	estaban	siendo	procesados:	por	sus	ideas;	por	defender	el	derecho	de	autodeterminación	de	su	pueblo.	Por	otra	parte,	el	Fiscal	proyectó	un	vídeo	de	pésima	calidad,	titulado	“Diario	de	un	extremista	en	el	campamento”,	en	el	que	se	fundían	imágenes	de	dos	videos	diferentes.	En	las	del	primero	de	ellos,	tomadas	desde	una	altura	aproximada	de	150	metros	desde	un	helicóptero,	se	veía	en	el	campamento	de	Gdeim	Izik	a	un	grupo	de	manifestantes	que	lanzaba	piedras,	entre	los	cuales	algunos	exhibían	cuchillos	(uno	de	ellos	vestía	pantalones	blancos).	En	las	del	segundo,	difundidas	por	Internet	hace	mucho	tiempo,	y	que	habían	sido	grabadas	con	un	móvil,	se	veía	cómo	una	persona,	también	vestida	con	pantalones	blancos,	degollaba	a	otra.	En	estas	últimas	imágenes	no	se	identificaba	ni	el	lugar	donde	habían	sido	filmadas,	ni	se	veía	la	cara	de	las	personas	que	aparecían	en	el	video,	que	sólo	fueron	filmadas	de	cintura	hacia	abajo.	En	opinión	del	Fiscal	la	prueba	26	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	irrefutable	de	que	se	trataba	de	la	misma	persona	era	el	color	de	sus	pantalones	(sic).	Estos	hechos	se	habrían	producido,	según	el	representante	del	Ministerio	Fiscal,	en	la	ciudad	de	El	Aaiún,	el	día	9	de	noviembre	(aunque	pudieron	haber	sucedido	en	cualquier	otro	lugar	del	mundo	y	en	cualquier	otra	fecha,	pues	ni	siquiera	aparecen	en	el	video	datos	relacionados	con	la	fecha	de	su	grabación).	Como	queda	dicho,	el	Presidente	ni	siquiera	se	pronunció	sobre	la	conveniencia	de	una	prueba	que	no	hacía	referencia	a	lo	sucedido	en	Gdeim	Izik,	sino	a	unos	hechos	producidos	supuestamente	al	día	siguiente	del	desmantelamiento.	En	un	segundo	video	se	ve	a	una	persona	orinando	sobre	un	cuerpo	aparentemente	sin	vida.	Aunque	en	el	acta	se	acusa	a	dos	de	los	procesados	de	participar	en	estos	hechos,	en	el	video	aparece	una	sola	persona,	que,	además,	no	puede	ser	identificada	con	ninguno	de	ellos.	Ni	siquiera	hay	evidencia	alguna	de	que	tales	hechos	se	produjeran	en	esa	fecha	y	en	ese	lugar.	Pese	a	ello	el	Tribunal	condenó	a	dos	de	ellos	como	autores	de	tales	profanaciones,	lo	que	constituye	la	violación	de	uno	de	los	principios	fundamentales	que	deben	presidir	un	juicio	justo	y	equitativo,	como	es	el	principio	de	personalidad	de	los	delitos	y	de	las	penas,	además	de	considerar	culpables	a	los	acusados	de	una	inaceptable	noción	de	“responsabilidad	colectiva”.	b)	El	acta	de	acusación	como	única	prueba	de	cargo46	Tal	y	como	señala	el	art.	287	del	CPP,	los	tribunales	“solo	pueden	basar	su	decisión	en	pruebas	presentadas	en	la	vista	oral	y	discutidas	oral	y	contradictoriamente	ante	ellos”.	El	art.	189	del	mismo	texto	legal	señala	que	“las	actas	de	acusación	o	informes	realizados	por	los	oficiales	y	agentes	de	la	policía	judicial,	funcionarios	y	agentes	encargados	de	ciertas	funciones	de	la	policía	judicial	no	tienen	fuerza	de	prueba	más	que	si	son	regulares	en	la	forma	y	si	su	autor,	actuando	en	el	ejercicio	de	sus	funciones,	informa	sobre	lo	que	ha	visto	u	oído	personalmente	sobre	una	materia	de	su	competencia”.	En	este	sentido	debe	recordarse	que	el	propio	Fiscal	reconoció	en	la	vista	oral	(día	9	de	febrero)	que	las	actas	de	acusación	fueron	elaboradas	por	policías	que	no	presenciaron	la	comisión	flagrante	de	delitos.	Por	otra	parte,	el	art.	293	del	CPP	afirma	que	las	confesiones	están	sujetas	a	la	apreciación	del	juez,	y	que	cualquier	prueba	obtenida	mediante	tortura	es	inadmisible.	El	Relator	Especial	señala	en	su	informe	que	ha	tenido	conocimiento	de	que	habitualmente	los	tribunales	y	los	fiscales	marroquíes	no	cumplen	su	obligación	de	abrir	una	investigación	de	oficio	pese	a	que	haya	motivos	razonables	para	creer	que	las	confesiones	fueron	obtenidas	mediante	tortura	y	malos	tratos,	ni	de	ordenar	inmediatamente	un	examen	médico	independiente:	“Los	jueces	parecen	dispuestos	a	aceptar	una	confesión	sin	tratar	de	apoyarse	en	otras	pruebas,	incluso	si	la	persona	se	retracta	ante	la	Corte	y	dice	haber	sido	torturada”.	Recuerda	el	Relator	que,	en	ausencia	de	otras	pruebas,	en	muchos	casos	los	tribunales	se	basan	46	A	los	efectos	del	presente	informe	se	utiliza	la	expresión	“Acta	de	acusación”	para	referirse	a	la	expresión	francesa	“Procés-­‐Verbaux”.	27	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	exclusivamente	en	la	confesión	del	acusado,	creando	unas	condiciones	en	las	que	se	fomenta	la	tortura	y	los	malos	tratos	de	los	sospechosos47.	El	CCDH	en	su	informe	anual	sobre	la	situación	de	los	derechos	humanos	en	Marruecos	de	2003	afirmaba	que	“la	fuerza	probatoria	atribuida	por	el	legislador	a	las	actas	en	materia	delictiva	no	es	conforme	a	la	presunción	de	inocencia	y	limita	el	poder	de	apreciación	del	juez”,	y,	en	consecuencia	defendía	que	estas	actas	no	deben	tener	más	valor	que	el	de	“simples	informaciones”.	En	este	mismo	sentido	el	informe	del	Relator	Especial	cuestiona	la	independencia	y	justicia	de	este	procedimiento,	y	hace	las	siguientes	recomendaciones	al	Gobierno	marroquí	• que	modifique	el	artículo	290	del	CPP	para	que	se	aplique	a	las	infracciones	penales	el	estándar	de	prueba	penal	que	rige	los	delitos	y	faltas	a	fin	de	que	todos	los	informes	preparados	por	la	policía	durante	los	procesos	penales	sean	considerados	como	elementos	de	prueba	entre	otros;	• que	establezca	un	mecanismo	de	investigación	penal	y	de	procedimiento	independientes,	y	que	haga	efectivo	el	derecho	de	queja	que	asegure	que	los	defensores	tengan	la	posibilidad	de	denunciar	las	torturas	y	abusos	que	hayan	podido	sufrir	los	detenidos;	• que	vele	por	que	las	declaraciones	o	confesiones	de	las	personas	privadas	de	libertad	que	no	se	realicen	en	presencia	de	un	juez	y	con	la	asistencia	de	un	abogado	no	tengan	valor	probatorio;	• que	se	garantice	que	los	informes	realizados	por	la	policía	judicial	durante	la	investigación	no	sean	admisibles	en	el	marco	de	un	proceso	como	parte	de	la	acusación	en	el	que	incumbiéndole	a	ésta	la	carga	de	la	prueba,	no	ha	probado	su	veracidad	y	validez	jurídica	de	conformidad	con	el	CPP;	• que	instaure	mecanismos	de	queja	independientes,	eficaces	y	accesibles	en	todos	los	centros	de	detención.	Según	el	acta	de	acusación,	NAAMA	ASFARI,	presunta	“cúspide	de	la	pirámide	de	la	organización”	del	campamento,	“dio	a	las	6h30	el	día	8	de	noviembre	instrucciones	estrictas	al	resto	de	acusados	de	enfrentarse	y	resistir	a	las	fuerzas	públicas	hasta	la	muerte,	con	el	objeto	de	producir	el	mayor	número	posible	de	víctimas,	ya	fuera	mediante	armas	blancas,	ya	fuera	atropellando	con	los	vehículos	a	los	agentes”.	Según	el	acta	de	acusación,	fue	detenido	en	su	jaima	del	campamento,	donde	se	le	incautaron	5.000	euros,	500	Dirhams,	10.000	dólares	EEUU,	y	300.000	dinares	argelinos,	además	de	dos	machetes	y	una	espada.	La	declaración	de	dos	de	los	testigos	propuestos	por	la	defensa	acreditó	que	el	acusado	fue	detenido	en	El	Aaiún	el	día	7	de	noviembre,	en	la	casa	de	un	vecino.	Ante	esta	evidencia,	el	Fiscal	señaló	que,	pese	a	ello,	“éste	bien	podía	haber	dirigido	las	órdenes	de	atacar	desde	fuera	del	campamento”,	y	que	“solo”	en	este	caso	es	falsa	el	acta.	El	Fiscal	reconoció	de	esta	forma	que	el	acta	estaba	falsificada	en	relación	con	la	acusación	de	NAAMA	ASFARI.	Es	decir,	que	ni	siquiera	el	acta	de	acusación,	única	prueba	de	que	disponía,	era	una	prueba	válida.	La	mayor	parte	de	47	A/HRC/22/53/Add.2,	párr.	27.
28	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	declaraciones	de	los	procesados	que	figuran	en	el	acta	de	acusación,	en	las	que	las	se	autoinculpan	de	“haber	atropellado	a	muchas	personas	dándoles	muerte”	o	de	“haber	acuchillado	a	muchos	miembros	de	la	fuerza	de	seguridad”	(MOHAMED	EMBAREK	LEFKIR,	MOHAMED	BANI,	MOHAMED	SUELIM	LAYUBI,	ABDELJALIL	LARUSI	LEMGHAIMAD,	ABDELAHI	LEKHFAWNI)	coincide	en	señalar	que	la	mañana	del	día	8	de	noviembre	recibieron	órdenes	directas	de	NAAMA	ASFARI	para	hacer	frente	con	violencia	a	las	fuerzas	armadas.	Todas	estas	declaraciones	están	claramente	viciadas,	en	la	medida	en	que	NAAMA	ASFARI	estaba	a	esas	horas	detenido.	El	acta	de	acusación	es,	por	lo	tanto,	nula	de	pleno	derecho.	Por	otra	parte,	cuando	la	defensa	requirió	al	Fiscal	para	que	explicara	las	razones	por	las	que	al	pie	de	muchas	de	las	declaraciones	de	los	acusados	figuraba	la	impresión	de	sus	huellas	dactilares	en	vez	de	sus	firmas,	cuando	se	trataba	de	personas	que	sabían	escribir,	éste,	por	toda	respuesta,	manifestó	que	lo	ignoraba.	En	el	mismo	sentido,	es	de	destacar	que	la	decisión	sobre	la	autenticidad	o	falsedad	de	las	firmas	de	las	declaraciones	realizadas	ante	el	Juez	de	Instrucción	quedó	en	manos	del	Presidente	del	Tribunal	y	del	Fiscal,	sin	que	se	realizara	siquiera	una	prueba	pericial	caligráfica.	Incluso,	cuando	el	propio	Presidente	reconoció	que	algunas	de	las	firmas	ni	siquiera	se	parecían	entre	sí,	pidió	a	algunos	de	los	acusados	(caso	de	ABDELJALIL	LARUSI	LEMGHAIMAD)	que	firmaran	varias	veces	en	un	papel	ante	el	Tribunal	para	poder	comparar	estas	firmas	con	las	que	figuraban	en	las	declaraciones	ante	el	Juez	de	Instrucción.	Pese	a	reconocer	que	no	se	parecían	entre	sí,	el	representante	del	Ministerio	Fiscal	concluyó	sin	más	explicaciones	que	se	trataba	simplemente	de	un	“cambio”	de	firma	del	acusado.	Igualmente	debe	destacarse	el	hecho	de	que	en	el	caso	de	otros	acusados	(caso	de	MOHAMED	LAMIN	HADDI)	el	Presidente	del	Tribunal	reconoció	que	una	parte	de	la	declaración	figuraba	después	de	la	firma	del	acusado.	Tal	y	como	afirma	el	Relator	Especial,	el	sistema	judicial	marroquí	se	basa	en	gran	medida	en	las	confesiones	como	principal	fuente	de	prueba,	y,	puesto	que,	pese	a	que	el	artículo	293	del	CP	establece	que	no	es	admisible	ninguna	confesión	o	declaración	obtenida	bajo	coacción,	numerosas	denuncias	indican	que	la	tortura	es	utilizada	por	los	funcionarios	del	Estado	para	obtener	pruebas	o	confesiones	durante	el	interrogatorio	inicial,	especialmente	en	casos	de	terrorismo	o	que	afecten	a	la	seguridad	nacional48.	El	juicio	por	los	acontecimientos	de	Gdeim	Izik	es	buena	prueba	de	ello.	c)	La	ausencia	de	exámenes	médicos	El	derecho	a	solicitar	un	examen	médico	por	quienes	denuncian	haber	sufrido	tortura	o	malos	tratos	es	ampliamente	reconocido	en	el	Derecho	marroquí.	Así,	los	arts.	73	y	74	del	CPP	reconocen	el	derecho	del	acusado	a	solicitar	tales	exámenes	ante	el	Ministerio	Fiscal.	A	su	vez,	tan	pronto	como	tenga	conocimiento	de	un	acto	de	abuso	o	se	le	pida	que	investigue	sobre	el	hecho,	el	Fiscal	debe	ordenarlo	(art.	74.8).	En	el	mismo	sentido,	el	artículo	234.5	exige	al	juez	que	48	A/HRC/22/53/Add.2,	párr.	76.
29	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	ordene	la	realización	inmediata	del	examen	médico	de	cualquier	persona	que	muestre	signos	de	tortura.	Pese	a	ello,	el	Relator	Especial	ha	denunciado	que	no	se	realizan	exámenes	forenses	de	forma	sistemática	ni	al	azar	en	el	momento	de	la	detención	y	en	el	de	la	puesta	en	libertad,	y	afirma	que	“es	necesario	establecer	con	urgencia	mecanismos	para	garantizar	un	examen	forense	imparcial	e	independiente	de	los	prisioneros,	que	sea	llevado	a	cabo	por	personal	cualificado,	incluso	cuando	las	autoridades	policiales	o	judiciales	no	lo	soliciten49.	Durante	la	celebración	de	la	vista	oral	no	se	admitió	la	práctica	de	ningún	tipo	de	examen	médico	-­‐lo	que	ha	sido	denunciado	por	el	Relator	Especial50-­‐,	más	allá	de	trasladar	a	los	procesados	al	hospital	universitario	militar	cuando,	durante	dicha	vista	oral	sufrieron	desmayos,	taquicardias	y	subidas	de	tensión,	provocadas	por	el	deteriorado	estado	físico	que	presentaban	después	de	más	de	dos	años	de	prisión,	en	el	curso	de	los	cuales,	según	afirmaron	los	acusados,	fueron	objeto	de	continuos	malos	tratos	y	de	tortura.	El	Presidente	accedió	en	los	últimos	días	del	juicio	a	que	uno	de	los	acusados,	DAICH	DAFI,	aquejado	de	problemas	de	visión,	fuera	atendido	por	un	oftalmólogo,	ya	que	desde	su	ingreso	en	prisión,	más	de	dos	años	atrás,	lo	había	solicitado	y	siempre	se	le	había	denegado.	También	accedió	a	que	ABDELJALIL	LARUSI	LEMGHAIMAD,	que	sufrió	un	desvanecimiento	en	el	juicio,	fuera	enviado	al	hospital,	donde	un	médico	hizo	un	informe	en	el	que	explicaba	la	causa	del	desvanecimiento	(elevadas	constantes	de	tensión)	y	aprovechaba	para	indicar	que	las	secuelas	que	tiene	en	una	pierna,	y	que	el	acusado	denunció	como	secuelas	de	la	tortura,	se	debían	a	la	práctica	del	deporte,	situando	el	origen	de	la	lesión	cinco	años	atrás.	Este	certificado	médico	fue	leído	por	el	Presidente	en	la	Sala,	como	si	se	tratara	de	un	informe	de	un	médico	forense.	En	relación	con	la	práctica	de	exámenes	médicos	en	este	contexto	de	tortura	y	malos	tratos	en	Marruecos,	después	de	examinar	una	amplia	muestra	de	certificados	médicos,	el	Relator	Especial	señaló	con	preocupación	que	la	mayor	parte	de	ellos	no	habían	sido	realizados	por	expertos	forenses,	sino	por	médicos	ordinarios	pertenecientes	a	las	listas	de	"expertos"	de	los	tribunales.	Como	señala	en	su	informe,	estas	personas	no	tienen	formación	o	experiencia	específica	en	medicina	forense;	los	informes	médicos	tras	las	denuncias	de	tortura	y	malos	tratos	son	de	muy	mala	calidad;	no	cumplen	con	los	estándares	mínimos	internacionales	que	rigen	los	exámenes	forenses	a	los	que	tienen	derecho	las	víctimas,	y	no	son	aceptables	como	pruebas	forenses.	“Ni	el	personal	sanitario	de	las	prisiones	ni	los	clínicos	que	actúan	como	expertos	en	los	tribunales	tienen	la	formación	necesaria	para	evaluar,	interpretar	y	documentar	los	actos	de	tortura	y	malos	tratos51.	En	su	opinión	esa	puede	ser	la	causa	de	la	no	aplicación	de	la	regla	de	la	exclusión	de	los	elementos	de	prueba	obtenidos	bajo	tortura,	ya	que	su	mala	calidad	los	hace	inservibles,	de	forma	que	se	hace	valer	la	confesión,	sin	llevar	a	cabo	ninguna	investigación	seria	para	perseguir	la	tortura	y	castigar	a	los	49	A/HRC/22/53/Add.2,	párr.	34. 50	A/HRC/22/53/Add.2,	párr.	66. 51	A/HRC/22/53/Add.2,	párr.	35.
30	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	52.	responsables Como	queda	dicho,	durante	la	vista	oral	los	procesados	solicitaron	ser	sometidos	a	exámenes	médicos	al	objeto	de	que	se	determinara	el	origen	de	las	lesiones	y	secuelas	que	arrastraban.	Todos	ellos	explicaron	las	torturas	a	que	fueron	sometidos:	tras	ser	detenidos	violentamente,	fueron	esposados,	les	vendaron	los	ojos,	fueron	golpeados,	les	aplicaron	la	tortura	denominada	“el	avión”,	golpes	en	las	plantas	de	los	pies,	a	algunos	les	arrancaron	las	uñas	de	las	manos	y	de	los	pies	con	tenazas,	muchos	de	ellos	fueron	violados	sexualmente,	les	orinaron	encima,	fueron	pisoteados	en	el	suelo	del	avión	que	les	trasladó	desde	El	Aaiún	a	Rabat,	donde	les	llevaron	atados	por	el	cuello,	en	los	primeros	meses	no	les	dejaron	ver	el	sol	o	dormir	durante	días…	El	Presidente	denegó	siempre	estas	peticiones,	señalando	que,	dado	el	tiempo	transcurrido	desde	que	se	produjeron	los	hechos	denunciados,	un	médico	no	podría	determinar	su	origen,	argumento	que	fue	tachado	de	inaceptable	por	la	defensa,	dados	los	avances	tecnológicos	experimentados	en	la	medicina	forense	que,	en	casos,	por	ejemplo	de	violación	sexual,	permitirían	determinar	con	un	mínimo	error,	si	se	produjo	tal	violación	y	cuándo.	Ante	la	denegación	de	exámenes	médicos,	los	acusados	mostraron	en	el	mismo	estrado	las	marcas	y	huellas	de	torturas	visibles	en	su	cuerpo.	El	Presidente	y	el	Fiscal	tomaban	la	decisión	sobre	la	inexistencia	de	tales	torturas,	sin	exámenes	forenses	de	ningún	tipo,	llegando	incluso	a	bromear	sobre	una	cuestión	tan	grave	con	alguno	de	los	acusados.	Así,	por	ejemplo,	cuando	uno	de	los	procesados	dijo	al	tribunal	que	tenía	marcas	de	los	golpes	de	la	policía	en	el	cuero	cabelludo,	el	Presidente	le	respondió	sonriendo	“si	querías	que	te	las	viésemos,	haberte	afeitado	la	cabeza”.	En	algunos	casos	los	acusados	facilitaron	fechas,	lugares	y	nombres	de	quienes	les	torturaron,	incluso	uno	de	ellos	(MOHAMED	LAMIN	HADDI)	afirmó	que	uno	de	los	torturadores	era	el	Secretario	del	Juzgado	de	Instrucción,	y	pese	a	las	peticiones	de	la	defensa,	que	recordaban	al	Fiscal	su	obligación,	una	vez	que	tenía	los	datos	que	estaban	facilitando	los	acusados,	de	poner	en	marcha	una	investigación,	éste	hizo	caso	omiso.	Aunque	en	el	momento	en	que	se	realiza	este	informe	no	ha	sido	posible	contrastar	más	que	visualmente	la	veracidad	de	las	torturas	denunciadas,	en	el	caso	de	uno	de	los	acusados,	MOHAMED	SUELIM	LAYUBI,	que	fue	puesto	en	libertad	en	diciembre	de	2011,	existen	exámenes	médicos	que	permiten	confirmar	que,	en	efecto,	fue	torturado	y	que	le	han	quedado	graves	secuelas	por	ello53.	52	A/HRC/22/53/Add.2,	párr.	36.
SUELIM LAYUBI	fue	detenido	el	día	8	de	noviembre	de	2010,	trasladado	a	la	Cárcel	Negra	de	El	Aaiún,	y	posteriormente	a	Rabat	a	la	cárcel	Sale	II.	Permaneció	allí	hasta	el	13	de	diciembre	de	2011,	cuando	fue	excarcelado	por	razón	del	quebrantamiento	de	su	salud.	“Durante	su	detención	administrativa	en	la	Gendarmería	de	El	Aaiún	pasó	un	día	y	una	noche	donde	refiere	haber	sido	golpeado.	Posteriormente,	en	una	de	las	palizas	en	la	cárcel,	de	una	patada	le	dañaron	en	el	hombro	derecho.	No	le	mandaron	a	ningún	hospital.	Fue	golpeado	de	forma	repetida	en	los	pies	(falanga)	y	desde	entonces	camina	con	gran	dificultad.	Fue	inyectado	en	la	propia	cárcel	por	parte	de	un	sanitario	con	algún	analgésico.	A	los	pocos	días	el	hombro	se	inflamó	y	le	dolía	mucho	y	al	ir	a	inyectarle	salió	pus.	Fue	operado	de	una	infección	en	dicha	articulación.	El	examen	muestra	una	cicatriz	en	cara	postero-­‐externa	del	hombro	derecho,	con	atrofia	importante	del	deltoides,	y	una	gran	limitación	de	la	movilidad	del	mismo;	múltiples	cicatrices	de	heridas	en	todo	el	cuerpo:	31	53	MOHAMED
AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	Como	ha	señalado	el	Relator	Especial,	“las	denuncias	de	tortura	y	malos	tratos	deberían	ser	aceptadas	en	cualquier	momento	del	procedimiento,	y	los	tribunales	están	obligados	a	abrir	una	investigación	de	oficio	cuando	haya	motivos	razonables	para	creer	que	se	han	cometido	actos	de	tortura	o	de	malos	tratos”54.	Pero	el	caso	es	que,	ni	en	el	momento	de	la	detención,	ni	en	los	años	transcurridos	desde	entonces	se	ha	abierto	investigación	de	oficio	alguna,	ni	se	ha	admitido	la	práctica	de	examen	médico	alguno.	Y	lo	que	es	más	sorprendente	en	un	juicio	que	se	pretende	justo	y	equitativo:	en	ningún	momento	hizo	acto	de	presencia	ningún	médico	forense.	Como	ha	señalado	el	Relator,	en	la	práctica,	en	los	casos	denunciados	de	tortura,	los	exámenes	médicos	son	poco	frecuentes,	y	deliberadamente	tardíos.	Cabe	destacar,	además,	que,	como	ha	señalado	el	TEDH,	incluso	la	realización	tardía	de	una	investigación	en	casos	de	tortura	puede	ser	inútil,	y	tener	como	consecuencia	la	impunidad	de	los	presuntos	autores55:	El	Tribunal	estima	que	los	elementos	de	que	dispone	no	le	permiten	establecer,	más	allá	de	cualquier	duda	razonable,	que	el	demandante	ha	estado	sometido	a	tratos	que	han	alcanzado	un	mínimo	de	gravedad,	contrarios	al	artículo	3	del	Convenio.	A	este	respecto,	quiere	subrayar	que	esta	imposibilidad	emana	en	gran	parte	de	la	ausencia	de	una	investigación	profunda	y	efectiva	por	las	autoridades	nacionales	en	respuesta	a	la	queja	presentada	por	el	demandante	por	malos	tratos56.	El	documento	titulado	Principios	relativos	a	la	investigación	y	documentación	eficaces	de	la	tortura	y	otros	tratos	o	penas	crueles,	inhumanos	o	degradantes57,	mencionado	anteriormente,	establece	cómo	deben	realizarse	las	pruebas	médicas,	y	qué	cualificación	profesional	deben	poseer	quienes	las	practiquen58.	Sin	embargo,	tal	y	como	señala	el	informe	del	Relator	Especial,	el	muñecas,	pies,	torso,	etc.;	incapacidad	para	la	marcha	autónoma,	necesitando	del	uso	de	bastón	para	ello;	dolor	y	signos	post-­‐flebíticos	en	miembros	inferiores,	con	retorno	venoso	enlentecido	y	dolor	en	pantorrillas.	El	testimonio	proporcionado	por	el	entrevistado,	la	exploración	física	y	la	imagen	radiológica	son	congruentes	con	el	relato	de	los	hechos	que	manifiesta	la	víctima,	que	presenta	una	lesión	en	ambos	pies,	con	toda	seguridad	derivada	de	las	sesiones	de	falanga,	en	las	que	la	circulación	precaria	de	los	pies	(se	trata	de	un	diabético	importante)	con	alteraciones	de	la	microcirculación	distal,	pueden	condicionar	una	lesión	irreparable	de	la	almohadilla	grasa	plantar,	y	que	estén	en	el	origen	de	la	incapacidad	para	una	marcha	sin	ayuda.	La	cicatriz	del	hombro	izquierdo	y	el	estudio	radiológico	que	hemos	valorado	nos	ponen	delante	de	un	proceso	infeccioso	de	la	articulación	del	hombro,	probablemente	causado	por	las	punciones	referidas	en	un	ámbito	de	poca	asepsia	(la	cárcel)	y	en	una	persona	diabética	en	la	cual	hay	que	ser	especialmente	cuidadoso,	por	la	gran	facilidad	con	que	puede	desarrollar	infecciones,	a	veces	graves.	En	la	radiografía	parece	apreciarse	que	existió	alguna	fractura	en	el	cuello	de	la	escápula,	fuente	de	los	terribles	dolores	que	refiere	en	el	hombro	y	motivo	por	el	que	le	inyectaban	analgésicos	(MARTÍNEZ,	A.	e	HIDALGO,	Mª	A.	(20I2),	Informe	de	Evaluación	de	Casos	de	Tortura	en	el	Sáhara	Occidental,	Sevilla,	2012,	cit.	en	MARTÍN	BERISTAIN.	C.,	y	GONZÁLEZ	HIDALGO,	E.,	El	oasis	de	la	memoria.	Memoria	histórica	y	violaciones	de	Derechos	Humanos	en	el	Sahara	Occidental,	p.	391,	54	A/HRC/22/53/Add.2,	párr.	79. 55	El	TEDH	ha	afirmado	que	“la	ausencia	de	prontitud	y	de	diligencia	en	la	investigación	(sobre	las	posibles	torturas)	tuvo	como	consecuencia	la	cuasi	impunidad	de	los	miembros	del	Cuerpo	de	Guardia	del	Primer	Ministro,	presuntos	autores	de	actos	de	violencia	contra	el	recurrente,	y	convertir	el	recurso	penal	en	ineficaz”	(asunto	Okkalı	c.	Turquie,	n.	52067/99,	§	78,	CEDH	2006-­‐XII,	párr.	62) 56	Asunto	Beristain	Ukar	c.	España,	n.	40351/05,	Sentencia	de	8	de	marzo	de	2011,	párr.	42. 57	Principios	adoptados	por	la	Asamblea	General	en	su	Resolución	55/89	Anexo,	de	4	de	diciembre	de	2000. 58	“6.	a)	Los	peritos	médicos	que	participen	en	la	investigación	de	torturas	o	malos	tratos	se	conducirán	en	todo	momento	conforme	a	las	normas	éticas	más	estrictas	(…).	El	reconocimiento	32	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	actual	sistema	forense	de	Marruecos,	en	el	que	los	presos	son	sometidos	a	exámenes	por	médicos	sin	especialización	en	medicina	forense,	no	es	conforme	a	las	normas	internacionales59;	los	mecanismos	de	denuncia	actuales	no	son	eficaces	e	independientes.	Por	ello,	hace	las	siguientes	recomendaciones	al	Gobierno	marroquí:	• que	invierta	en	los	campos	de	la	psiquiatría	y	la	medicina	forense,	así	como	en	la	formación	especializada	de	expertos	forenses	que	puedan	decidir	sobre	los	casos	de	tortura	y	malos	tratos,	de	conformidad	con	las	normas	internacionales,	incluido	el	Protocolo	de	Estambul;	• que	vele	por	que	el	personal	médico	de	los	centros	de	detención	sea	verdaderamente	independiente,	y	que	reciba	formación	en	relación	con	el	Protocolo	de	Estambul;	• que	autorice	el	acceso	a	exámenes	médicos	independientes,	efectuados	sin	supervisión	o	interferencia	por	parte	de	oficiales	de	la	policía	o	del	Ministerio	Fiscal,	y	garantice	el	acceso	a	exámenes	médicos	independientes	en	el	momento	de	la	detención,	durante	el	traslado	a	otro	lugar	de	detención	o	cuando	sea	solicitado.	d)	La	carga	de	la	prueba	y	la	presunción	de	inocencia	Como	ha	señalado	ESSAID,	“la	carga	de	la	prueba	incumbe	a	la	acusación”60.	Se	trata	de	una	regla	admitida	por	todas	las	legislaciones	penales	positivas	y	los	tratados	internacionales.	Es	al	Ministerio	Público	a	quien	corresponde	probar	los	delitos	de	los	procesados,	respetando	de	esta	forma	el	principio	de	presunción	de	inocencia.	deberá	respetar	las	normas	establecidas	por	la	práctica	médica.	Concretamente,	se	llevará	a	cabo	en	privado	bajo	control	de	los	peritos	médicos	y	nunca	en	presencia	de	agentes	de	seguridad	u	otros	funcionarios	del	gobierno.	b)	El	perito	médico	redactará	lo	antes	posible	un	informe	fiel,	que	deberá	incluir	al	menos	los	siguientes	elementos:	i)	Las	circunstancias	de	la	entrevista:	el	nombre	del	sujeto	y	la	filiación	de	todos	los	presentes	en	el	examen;	la	fecha	y	hora	exactas;	la	situación,	carácter	y	domicilio	de	la	institución	(incluida	la	habitación,	cuando	sea	necesario)	donde	se	realizó	el	examen	(por	ejemplo,	centro	de	detención,	clínica,	casa,	etc.);	las	circunstancias	del	sujeto	en	el	momento	del	examen	(por	ejemplo,	cualquier	coacción	de	que	haya	sido	objeto	a	su	llegada	o	durante	el	examen,	la	presencia	de	fuerzas	de	seguridad	durante	el	examen,	la	conducta	de	las	personas	que	acompañaban	al	preso	o	posibles	amenazas	proferidas	contra	la	persona	que	realizó	el	examen);	y	cualquier	otro	factor	pertinente;	ii)	Historial:	exposición	detallada	de	los	hechos	relatados	por	el	sujeto	durante	la	entrevista,	incluidos	los	presuntos	métodos	de	tortura	o	malos	tratos,	el	momento	en	que	se	produjeron	los	actos	de	tortura	o	malos	tratos	y	cualquier	síntoma	físico	o	psicológico	que	afirme	padecer	el	sujeto;	iii)	Examen	físico	y	psicológico:	descripción	de	todos	los	resultados	obtenidos	tras	el	examen	clínico	físico	y	psicológico,	incluidas	las	pruebas	de	diagnóstico	correspondientes	y,	cuando	sea	posible,	fotografías	en	color	de	todas	las	lesiones;	iv)	Opinión:	interpretación	de	la	relación	que	exista	entre	los	síntomas	físicos	y	psicológicos	y	las	posibles	torturas	o	malos	tratos.	Tratamiento	médico	y	psicológico	recomendado	o	necesidad	de	exámenes	posteriores;	v)	Autoría:	el	informe	deberá	ir	firmado	y	en	él	se	identificará	claramente	a	las	personas	que	llevaron	a	cabo	el	examen”	(Principios	adoptados	por	la	Asamblea	General	en	su	Resolución	55/89	Anexo,	de	4	de	diciembre	de	2000). 59	A/HRC/22/53/Add.2,	párr.	78. 60 Mohammed-­‐Jalal	ESSAID,	Le	Procès	équitable	Dans	le	Code	de	Procédure	Pénale	de	2002,	Collection	Reforme	du	Droit	et	Développement	socio-­‐économique,	Vol.	1,	marzo	2008,	p.	147.
33	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	Como	a	este	respecto	ha	señalado	el	TEDH,	“Cuando	los	acontecimientos	en	cuestión,	en	su	totalidad	o	en	gran	parte,	son	conocidos	exclusivamente	por	unas	autoridades,	como	en	el	caso	de	las	personas	sometidas	a	su	control	en	detención	preventiva,	cualquier	herida	o	fallecimiento	sobrevenido	durante	este	periodo	de	detención,	da	lugar	a	fuertes	presunciones	de	hecho.	Conviene	de	verdad	considerar	que	la	carga	de	la	prueba	pesa	sobre	las	autoridades,	que	deben	proporcionar	una	explicación	satisfactoria	y	convincente61.	En	el	proceso	sustanciado	ante	el	Tribunal	Militar	Permanente	la	carga	de	la	prueba	de	la	existencia	de	tortura	se	ha	hecho	recaer	en	los	acusados,	lo	que	constituye	la	violación	del	principio	fundamental	que	rige	cualquier	procedimiento	judicial	justo	y	equitativo:	la	presunción	de	inocencia62.	3.4.	Garantías	después	del	proceso.	La	inexistencia	de	doble	instancia	en	el	ámbito	penal	El	Principio	nº	17	del	Proyecto	de	Principios,	mencionado	anteriormente,	afirma	la	necesidad	de	que	en	los	casos	en	que	existan	órganos	judiciales	militares,	su	competencia	esté	limitada	a	la	primera	instancia.	Por	consiguiente,	“los	recursos,	especialmente	el	de	apelación,	deberían	ejercitarse	ante	los	tribunales	ordinarios.	En	todos	los	supuestos,	el	control	de	legalidad	debe	quedar	en	manos	de	la	suprema	instancia	de	la	jurisdicción”.	El	principio	de	doble	instancia	supone	el	derecho	de	los	acusados	a	recurrir	en	apelación	ante	un	tribunal	jerárquicamente	superior	al	que	dicta	la	sentencia,	que	puede	revisar	la	sentencia	del	inferior	y	subsanar	los	posibles	errores	cometidos	por	éste.	Pero	en	este	caso	no	sólo	se	cuestiona	el	carácter	civil	de	la	segunda	instancia,	sino	su	existencia	misma.	Obviamente,	el	recurso	de	casación,	único	posible	tras	la	sentencia	del	Tribunal	Militar	Permanente,	que	se	limita	a	verificar	el	respeto	de	las	reglas	de	derecho	y	de	los	aspectos	formales,	no	cumple	esta	función.	Como	ha	señalado	ESSAID,	el	procedimiento	de	apelación	debe	extenderse	igualmente	a	las	jurisdicciones	excepcionales,	y	la	militar	lo	es”63.	El	sistema	de	doble	instancia	es	uno	de	los	principios	que	caracterizan	un	sistema	judicial	democrático,	y	es	recogido	por	la	inmensa	mayoría	de	convenios	internacionales	en	vigor64 .	La	inexistencia	de	una	segunda	instancia	supone	una	grave	quiebra	de	las	garantías	que	deben	presidir	un	juicio	justo	y	equitativo.	61	Asunto	Salman	c.	Turquía,	n.	21986/93,	n.	100,	CEDH	2000-­‐VII. 62	“En	lo	que	concierne	a	El	Aaiún	en	el	Sahara	Occidental,	el	Relator	Especial	ha	llegado	a	la	conclusión	de	que	se	infligieron	torturas	y	malos	tratos	en	el	momento	de	las	detenciones,	en	los	centros	policiales	y	en	la	prisión	de	El	Aaiún”	(A/HRC/22/53/Add.2,	párr.	84).	63 Mohammed-­‐Jalal	ESSAID,	Le	Procès	équitable	Dans	le	Code	de	Procédure	Pénale	de	2002,	Collection	Reforme	du	Droit	et	Développement	socio-­‐économique,	Vol.	1,	marzo	2008,	p.	162.	64 Así, por ejemplo, véanse el art. 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (“Derecho a un doble grado de jurisdicción en materia penal”), o el art. 3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (“Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”).
34	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	IV.	LA	SENTENCIA	1.	LAS	CONDENAS	En	su	última	intervención	ante	el	Tribunal	Militar	todos	los	acusados	destacaron	el	carácter	pacífico	de	sus	reivindicaciones;	mostraron	sus	condolencias	a	las	víctimas	tanto	marroquíes	como	saharauis;	rechazaron	el	uso	de	la	violencia;	afirmaron	su	convicción	de	que	no	habían	sido	juzgados	por	los	hechos	que	se	le	imputaban,	sino	por	su	condición	de	activistas	de	derechos	humanos;	proclamaron	que	continuarían	luchando	pacíficamente	por	la	autodeterminación	del	pueblo	saharaui;	y	pidieron	que	se	realizara	una	investigación	internacional	independiente	para	el	esclarecimiento	de	los	hechos	y	que	se	condenara	a	los	autores65.	El	Tribunal	Militar	Permanente	comunicó	in	voce	las	condenas	a	las	00h45	el	día	17	de	febrero	de	2013,	sin	que	en	el	momento	en	que	se	redacta	este	informe	se	haya	hecho	aún	pública	la	sentencia,	por	lo	que	no	cabe	hacer	una	valoración	de	la	misma.	Las	condenas	son	las	siguientes:	Cadena	perpetua:	• ABDALAHI	ABHAH,	acusado	de	formar	parte	de	banda	criminal	con	el	objeto	de	ejercer	la	violencia	contra	miembros	de	la	fuerza	pública	que	se	encontraban	de	servicio,	con	resultado	de	muerte,	y	de	profanación	de	un	cadáver.	ISMAILI	BRAHIM,	acusado	de	participar	en	actos	de	violencia	contra	los	miembros	de	la	fuerza	pública	que	se	encontraban	de	servicio,	con	resultado	de	muerte.	SIDAHMED	LEMJAYED,	acusado	de	participar	en	actos	de	violencia	contra	los	miembros	de	la	fuerza	pública	que	se	encontraban	de	servicio,	con	resultado	de	muerte.	ABDALAHI	LEJFAWNI,	acusado	de	formar	parte	de	banda	criminal	con	el	objeto	de	ejercer	la	violencia	contra	miembros	de	la	fuerza	pública	que	se	encontraban	de	servicio,	con	resultado	de	muerte.	MOHAMED	BANI,	acusado	de	formar	parte	de	banda	criminal	con	el	objeto	de	ejercer	la	violencia	contra	miembros	de	la	fuerza	pública	que	se	encontraban	de	servicio,	con	resultado	de	muerte.	65	En	este	sentido,	cabe	recordar	que	el	Parlamento	Europeo	ha	señalado	que	“toma	nota	de	la	•
constitución	por	parte	del	Parlamento	marroquí	de	una	comisión	de	investigación	encargada	de	investigar	el	curso	de	los	acontecimientos	que	condujeron	a	la	intervención	de	las	autoridades	marroquíes,	pero	considera	que	las	Naciones	Unidas	serían	el	órgano	más	adecuado	para	llevar	a	cabo	una	investigación	independiente	a	nivel	internacional	para	esclarecer	los	hechos,	las	muertes	y	las	desapariciones	(Resolución	del	Parlamento	Europeo,	de	13	de	diciembre	de	2012,	sobre	el	Informe	anual	sobre	los	derechos	humanos	y	la	democracia	en	el	mundo,	de	2011	y	la	política	de	la	Unión	Europea	al	respecto).
35	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	•
AHMED	SBAI,	acusado	de	formar	parte	de	banda	criminal	con	el	objeto	de	ejercer	la	violencia	contra	miembros	de	la	fuerza	pública	que	se	encontraban	de	servicio,	con	resultado	de	muerte.	ABDELJALIL	LEMGHAIMAD,	acusado	de	formar	parte	de	banda	criminal	con	el	objeto	de	ejercer	la	violencia	contra	miembros	de	la	fuerza	pública	que	se	encontraban	de	servicio,	con	resultado	de	muerte.	MOHAMED	ELBACHIR	BUTENGUIZA,	acusado	de	formar	parte	de	banda	criminal	con	el	objeto	de	ejercer	la	violencia	contra	miembros	de	la	fuerza	pública	que	se	encontraban	de	servicio,	con	resultado	de	muerte,	y	de	profanación	de	un	cadáver.	HASSANA	AALIA	(en	rebeldía),	acusado	de	formar	parte	de	banda	criminal	con	el	objeto	de	ejercer	la	violencia	contra	miembros	de	la	fuerza	pública	que	se	encontraban	de	servicio,	con	resultado	de	muerte.	•
30	años	de	prisión:	• NAAMA	ASFARI,	acusado	de	participar	en	actos	de	violencia	contra	miembros	de	la	fuerza	pública	que	se	encontraban	de	servicio,	con	resultado	de	muerte.	CHAIJ	BANGA,	acusado	de	participar	en	actos	de	violencia	contra	miembros	de	la	fuerza	pública	que	se	encontraban	de	servicio,	con	resultado	de	muerte.	MOHAMED	BURIAL,	acusado	de	participar	en	actos	de	violencia	contra	miembros	de	la	fuerza	pública	que	se	encontraban	de	servicio,	con	resultado	de	muerte.	DAH	HASSAN,	acusado	de	participar	en	actos	de	violencia	contra	miembros	de	la	fuerza	pública	que	se	encontraban	de	servicio,	con	resultado	de	muerte.	•
25	años	de	prisión:	• HOSSEIN	ZAUI,	acusado	de	participar	en	actos	de	violencia	contra	miembros	de	la	fuerza	pública	que	se	encontraban	de	servicio,	con	resultado	de	muerte.	MOHAMED	EMBAREK	LEFKIR,	acusado	de	participar	en	actos	de	violencia	contra	miembros	de	la	fuerza	pública	que	se	encontraban	de	servicio,	con	resultado	de	muerte.	DAICH	DAFI,	acusado	de	participar	en	actos	de	violencia	contra	miembros	de	la	fuerza	pública	que	se	encontraban	de	servicio,	con	resultado	de	muerte.	MOHAMED	LAMIN	HADDI,	acusado	de	participar	en	actos	de	violencia	contra	miembros	de	la	fuerza	pública	que	se	encontraban	de	servicio,	con	resultado	de	muerte.	36	•
AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	•
ABDELAHI	TOUBALI,	acusado	de	participar	en	actos	de	violencia	contra	miembros	de	la	fuerza	pública	que	se	encontraban	de	servicio,	con	resultado	de	muerte.	MOHAMEDJUNA	BABAIT,	acusado	de	participar	en	actos	de	violencia	contra	miembros	de	la	fuerza	pública	que	se	encontraban	de	servicio,	con	resultado	de	muerte.	•
20	años	de	prisión:	• BACHIR	JADDA,	acusado	de	participar	en	actos	de	violencia	contra	miembros	de	la	fuerza	pública	que	se	encontraban	de	servicio,	con	resultado	de	muerte.	MOHAMED	TAHLIL,	acusado	de	participar	en	actos	de	violencia	contra	miembros	de	la	fuerza	pública	que	se	encontraban	de	servicio,	con	resultado	de	muerte.	MOHAMED	SUELIM	LAYUBI,	acusado	de	formar	parte	de	banda	criminal	con	el	objeto	de	ejercer	la	violencia	contra	miembros	de	la	fuerza	pública	que	se	encontraban	de	servicio,	con	resultado	de	muerte.	•
2	años	y	3	meses	de	prisión,	que	se	corresponden	con	la	prisión	preventiva	cumplida:	• SIDI	ABDERRAHMAN	ZEYU,	acusado	de	participar	en	actos	de	violencia	contra	miembros	de	la	fuerza	pública	que	se	encontraban	de	servicio,	con	resultado	de	muerte.	TAKI	ELMACHDOUFI,	acusado	de	formar	parte	de	banda	criminal	con	el	objeto	de	ejercer	la	violencia	contra	miembros	de	la	fuerza	pública	que	se	encontraban	de	servicio,	con	resultado	de	muerte.	•
2.	LA	CONDENA	IN	ABSENTIA	DE	UNO	DE	LOS	ACUSADOS	2.1.	El	principio	de	cosa	juzgada	El	principio	de	cosa	juzgada,	principio	de	carácter	procesal	basado	en	el	principio	superior	de	seguridad	jurídica,	es	admitido	sin	discusión	no	sólo	en	el	Derecho	internacional	sino	en	el	marroquí.	Así,	es	reconocido	tanto	por	los	artículos	9	del	Estatuto	del	Tribunal	Penal	Internacional	para	Ruanda,	10	del	Estatuto	del	Tribunal	para	la	ex	Yugoslavia66,	y	20	del	Estatuto	de	la	Corte	Penal	66	Ambos	artículos	son	del	mismo	tenor	literal:	“Non	bis	in	idem.	1.	Nadie	puede	ser	convocado	ante	una	jurisdicción	nacional	por	hechos	constituyentes	de	graves	violaciones	del	derecho	internacional	humanitario	en	el	sentido	entendido	en	el	presente	Estatuto	si	ya	ha	sido	juzgado	por	esos	mismos	hechos	por	el	Tribunal	Internacional	para	Ruanda.	2.	Quienquiera	haya	sido	convocado	ante	una	jurisdicción	nacional	por	hechos	constitutivos	de	graves	violaciones	del	derecho	internacional	humanitario	no	puede	ser	subsecuentemente	llevado	ante	el	Tribunal	Internacional	para	Ruanda,	excepto	si:	a)	El	hecho	por	el	cual	ha	sido	juzgado	estaba	calificado	como	crimen	de	derecho	común;	ó	b)	La	jurisdicción	nacional	no	ha	resuelto	de	forma	imparcial	o	independiente,	la	finalidad	de	los	procedimientos	llevados	a	cabo	ante	ella	tenía	como	fin	sustraer	al	acusado	de	su	responsabilidad	penal	internacional,	o	las	diligencias	no	fueron	llevadas	a	cabo	37	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	67,	como	por	los	artículos	1	del	CPP	y	119	de	la	nueva	Constitución	Internacional marroquí	de	2011.	En	virtud	de	este	principio,	las	sentencias	que	ponen	fin	al	proceso	penal	adquieren	fuerza	de	cosa	juzgada	material	una	vez	que	son	firmes.	La	principal	consecuencia	es	que	no	cabe	un	nuevo	proceso	contra	el	mismo	imputado	por	un	mismo	hecho.	En	el	procedimiento	objeto	de	este	informe,	debe	destacarse	que	el	día	14	de	noviembre	de	2010	se	dictó	la	orden	de	búsqueda	y	captura	contra	HASSANA	AALIA,	por	su	participación	en	los	hechos	de	Gdeim	Izik.	Después	de	permanecer	escondido	varias	semanas,	el	día	5	de	enero	de	2011	fue	detenido	en	las	calles	de	El	Aaiún.	Al	día	siguiente,	el	Tribunal	de	Primera	Instancia	le	puso	en	libertad	provisional,	con	la	advertencia	de	que	debía	personarse	nuevamente	ante	el	Tribunal	el	día	31	de	enero	de	2011,	para	la	celebración	del	juicio.	El	14	de	febrero	de	2011	el	Tribunal	de	Primera	Instancia	de	El	Aaiún	dictó	sentencia	condenándole	a	la	pena	de	4	meses	de	prisión,	sin	ejecución,	ya	que	carecía	de	antecedentes	penales,	por	entender	que	no	había	pruebas	de	que	hubiera	participado	en	las	agresiones	contra	las	fuerzas	de	seguridad	(se	incluye	la	Sentencia	como	anexo	al	presente	informe).	Pese	a	ello,	una	vez	cumplida	la	condena,	el	15	de	noviembre	de	2011,	mientras	se	encontraba	en	España,	el	acusado	tuvo	conocimiento	de	que	había	sido	nuevamente	inculpado	por	los	mismos	hechos	y	de	que	había	sido	declarado	en	situación	de	fugitivo	en	búsqueda	y	captura.	El	17	de	febrero	de	2013	el	Tribunal	Militar	Permanente	le	condenó	a	perpetuidad	por	los	mismos	cargos	por	los	que	el	Tribunal	de	Primera	Instancia	le	había	condenado	dos	años	antes	a	cuatro	meses	de	privación	de	libertad.	El	procesamiento	por	segunda	vez	y	por	los	mismos	hechos	de	HASSANA	AALIA	constituye	una	gravísima	violación	del	principio	de	cosa	juzgada,	y,	en	consecuencia,	en	todo	lo	que	se	refiere	a	este	acusado,	el	proceso	es	nulo	de	pleno	derecho,	porque	no	debió	llevarse	a	cabo	nunca	por	falta	de	objeto	(without	cause),	incurriendo	el	Tribunal	en	un	defecto	insubsanable.	correctamente.	3.	Para	decidir	la	pena	a	imponer	a	una	persona	condenada	por	un	crimen	contemplado	en	el	presente	Estatuto,	el	Tribunal	Internacional	para	Ruanda	debe	tener	en	cuenta	la	pena	que	dicha	persona	ya	haya	podido	cumplir	por	el	mismo	hecho,	y	que	le	haya	sido	impuesta	por	una	jurisdicción	nacional”.	67	“Cosa	juzgada.	1.	Salvo	que	en	el	presente	Estatuto	se	disponga	otra	cosa,	nadie	será	procesado	por	la	Corte	en	razón	de	conductas	constitutivas	de	crímenes	por	los	cuales	ya	hubiere	sido	condenado	o	absuelto	por	la	Corte.	2.	Nadie	será	procesado	por	otro	tribunal	en	razón	de	uno	de	los	crímenes	mencionados	en	el	artículo	5	por	el	cual	la	Corte	ya	le	hubiere	condenado	o	absuelto.	3.	La	Corte	no	procesará	a	nadie	que	haya	sido	procesado	por	otro	tribunal	en	razón	de	hechos	también	prohibidos	en	virtud	de	los	artículos	6,	7	u	8	a	menos	que	el	proceso	en	el	otro	tribunal:	a)	Obedeciera	al	propósito	de	sustraer	al	acusado	de	su	responsabilidad	penal	por	crímenes	de	la	competencia	de	la	Corte;	o	b)	No	hubiere	sido	instruido	en	forma	independiente	o	imparcial	de	conformidad	con	las	debidas	garantías	procesales	reconocidas	por	el	derecho	internacional	o	lo	hubiere	sido	de	alguna	manera	que,	en	las	circunstancias	del	caso,	fuere	incompatible	con	la	intención	de	someter	a	la	persona	a	la	acción	de	la	justicia”.	38	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	La	condena	en	rebeldía	2.2.	Una	vez	establecido	que	el	Tribunal	Militar	violó	uno	de	los	principios	más	básicos	del	Derecho	desde	los	tiempos	del	Derecho	Romano,	como	es	el	principio	de	la	cosa	juzgada,	corresponde	si,	incluso	en	el	caso	de	que	no	hubiera	sido	res	iudicata,	el	tribunal	Militar	podía	condenar	in	absentia	al	acusado.	Tomando	en	consideración	la	práctica	internacional	de	la	última	década,	en	la	que	se	ha	conformado	definitivamente	el	Derecho	Internacional	Penal	como	un	sector	especializado	del	ordenamiento	internacional,	de	la	que	son	reflejo	el	Tribunal	Penal	Internacional	para	la	antigua	Yugoslavia,	el	Tribunal	Penal	Internacional	para	Ruanda,	y,	en	especial,	el	Estatuto	de	la	Corte	Penal	Internacional,	puede	afirmarse	que	la	presencia	del	inculpado	en	un	proceso	penal	es	un	derecho	elemental	que	debe	respetar	todo	juicio	que	pretenda	ser	justo	y	equitativo.	En	todos	ellos	se	prohíbe	la	posibilidad	de	enjuiciar	y	condenar	en	rebeldía	a	un	acusado.	Así,	por	ejemplo,	el	artículo	63.1	del	Estatuto	de	la	Corte	Penal	Internacional	señala	expresamente	que	“el	acusado	estará	presente	durante	el	juicio”.	La	práctica	de	estos	tribunales	es	muy	clara	en	este	sentido,	y	no	se	ha	dictado	ninguna	sentencia	en	rebeldía.	El	informe	del	Secretario	General	de	la	ONU	previo	a	la	aprobación	de	la	Resolución	827	(1993)	advertía	ya	de	que	“a	trial	should	not	commence	until	the	accused	is	physically	present	before	the	International	Tribunal.	There	is	a	widespread	perception	that	trials	in	absentia	should	not	be	provided	for	in	the	statute	as	this	would	not	be	consistent	with	article	14	of	the	International	Covenant	on	Civil	and	Political	Rights,	which	provides	that	the	accused	shall	be	entitled	to	be	tried	in	his	presence”68.	Esta	opinión	quedó	implícitamente	reflejada	en	los	artículos	21.4.	b)	y	20.4.	b)	de	los	Estatutos	de	los	Tribunales	para	la	ex	Yugoslavia	y	para	Ruanda,	respectivamente,	en	los	que	se	reconoce	el	derecho	del	acusado	a	hallarse	presente	en	el	proceso,	lo	que	ha	sido	entendido	por	la	mayoría	de	la	doctrina	y	por	los	propios	jueces	de	los	tribunales	ad	hoc	como	una	prohibición	de	celebrar	juicios	en	rebeldía.	La	práctica	de	estos	Tribunales	se	resume	perfectamente	en	las	palabras	de	Richard	GOLDSTONE,	que	en	aquel	momento	era	Fiscal	del	tribunal:	“such	trials	tend	not	to	satisfy	calls	for	justice	and	create	an	impression	of	being	‘show	trials’.	The	evidence	is	untested	and	any	conviction	and	sentence	that	may	follow	are	empty	shells	and	would	be	so	perceived.	If	the	person	‘convicted’	is	later	arrested	and	brought	for	trial	the	earlier	proceedings	would	have	to	be	disregarded	and	a	trial	would	begin	de	novo”69.	Además	de	ser	aplicables	a	este	caso	todas	y	cada	una	de	las	irregularidades	apuntadas	en	relación	con	el	resto	de	acusados	el	Tribunal	Militar	Permanente	de	Rabat	incurrió	en	otra	grave	quiebra	de	los	principios	que	deben	presidir	un	juicio	justo	y	equitativo,	al	condenar	en	rebeldía	al	acusado,	al	que,	además,	le	impuso	la	pena	de	cadena	perpetua.	68	Informe	del	Secretario	General	S/25704,	párr.	101	(la	cursiva	es	añadida).	69	Opening	Statement	by	Justice	Goldstone,	Caso	Nikolic	(IT-­‐94-­‐2-­‐R-­‐61),	9	de	octubre	de	1995.	39	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	V.	CONCLUSIONES	La	medida	del	carácter	justo	de	un	juicio	no	la	da	sólo	la	suma	de	las	garantías	individuales	analizadas	en	este	informe,	sino	la	apreciación	en	conjunto	de	todas	ellas.	Del	mismo	modo,	la	equidad	del	mismo	se	mide	en	función	de	la	forma	en	que	se	desarrolla	el	proceso.	Teniendo	en	cuenta	estos	criterios	de	valoración,	del	análisis	del	procedimiento	y	de	la	vista	oral	cabe	extraer	las	siguientes	conclusiones:	1.	EL	TRIBUNAL	MILITAR	PERMANENTE	NO	ES	COMPETENTE	PARA	ENTENDER	DEL	ASUNTO	• De	conformidad	con	el	Derecho	internacional	la	justicia	marroquí	no	es	competente	para	entender	de	los	sucesos	acaecidos	en	el	Sahara	Occidental,	dada	su	condición	de	territorio	no	autónomo,	pendiente	de	descolonización,	que	permanece	ocupado	por	Marruecos	desde	1975.	• De	conformidad	con	el	Derecho	marroquí,	y,	en	concreto,	con	su	Constitución	de	2011,	que	prohíbe	las	jurisdicciones	de	excepción,	la	jurisdicción	militar,	que	tiene	ese	carácter	excepcional,	no	es	competente	para	entender	de	los	sucesos	de	Gdeim	Izik,	dada	la	condición	civil	de	los	acusados.	2.	LAS	CONDICIONES	EN	QUE	SE	CELEBRÓ	LA	VISTA	ORAL	NO	GARANTIZARON	UN	JUICIO	JUSTO	Y	EQUITATIVO.	• Pese	a	que	el	acceso	y	organización	de	la	Sala	donde	se	desarrolló	la	vista	fue	ordenada	y	mejoró	sensiblemente	las	experiencias	de	las	misiones	de	observación	internacional	de	juicios	precedentes,	la	vista	oral	no	se	desarrolló	realmente	en	audiencia	pública.	Se	prohibió	la	entrada	en	la	Sala	de	intérpretes	saharauis	que	iban	a	realizar	la	traducción	para	los/las	observadores/as	internacionales,	lo	que	el	Tribunal	pretendió	compensar	por	medio	de	una	traducción	“oficial”	al	francés,	inglés	y	español.	Esta	traducción	era	parcial	y	en	muchas	ocasiones	no	se	correspondía	con	la	realidad	de	lo	que	se	había	dicho	en	la	vista.	• La	abrumadora	presencia	en	el	interior	y	en	el	exterior	de	la	Sala	de	fuertes	contingentes	militares	y	policiales	puso	de	relieve	las	características	militares	del	procedimiento	y	condicionó	seriamente	las	formas	que	deben	presidir	un	juicio	justo	y	equitativo.	• Se	reprodujo	la	ya	habitual	presencia	de	las	cámaras	de	video	y	de	fotografía	en	la	Sala	como	forma	de	intimidación.	• Después	de	un	duro	enfrentamiento	verbal	mantenido	con	el	Presidente	del	Tribunal	en	los	primeros	días	de	la	vista,	los	acusados	pudieron	explicar	la	forma	en	que	fueron	arrestados,	denunciar	las	torturas	sufridas	entonces	y	durante	su	cautiverio	y	explicar	la	que,	en	su	opinión,	era	la	causa	de	su	procesamiento:	su	condición	de	activistas	de	derechos	humanos	y	su	lucha	40	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	pacífica	por	la	autodeterminación	del	pueblo	saharaui.	Pese	a	ello,	el	Presidente	dio	instrucciones	expresas	al	Secretario	para	que	no	levantara	acta	de	tales	manifestaciones.	• Las	actas	del	juicio	fueron	redactadas	manualmente	por	el	Secretario	del	Tribunal,	que	interpretaba	libremente	lo	que	debía	incluir	en	ellas.	En	varias	ocasiones	se	pudo	comprobar	que	su	contenido	no	se	correspondía	con	lo	que	se	había	dicho	durante	la	vista.	• Las	condiciones	físicas	de	los	procesados	durante	la	vista	oral	eran	muy	malas.	Varios	de	ellos	hubieron	de	ser	trasladados	al	hospital	universitario	militar.	Tras	sesiones	de	10-­‐12	horas	tan	solo	se	les	permitía	descansar	5	horas.	3.	DURANTE	EL	PROCEDIMIENTO	NUNCA	SE	GARANTIZARON	LAS	CONDICIONES	DE	UN	JUICIO	JUSTO	Y	EQUITATIVO	• A	los	procesados	no	se	les	permitió	la	asistencia	de	un	letrado	hasta	su	segunda	comparecencia	ante	el	Juez	de	Instrucción,	ni	se	les	permitió	comunicarse	con	sus	familias	hasta	pasados	varios	días.	• No	se	respetó	el	derecho	de	los	procesados	a	ser	juzgados	en	un	plazo	razonable,	ya	que	transcurrieron	más	de	dos	años	entre	su	detención	(noviembre	de	2010)	y	la	apertura	de	la	vista	oral	(febrero	de	2013).	• No	se	respetó	el	derecho	de	los	procesados	a	ser	juzgados	por	un	tribunal	independiente	e	imparcial	ni	el	principio	constitucional	de	la	división	de	poderes,	ya	que,	al	tener	quienes	practicaron	las	detenciones	y	cuatro	de	los	miembros	del	Tribunal	Militar	Permanente	la	misma	condición	militar	que	las	víctimas,	se	erigieron	a	la	vez	en	juez	y	parte.	• No	se	respetó	el	derecho	de	los	acusados	a	citar	testigos	clave	en	el	proceso	y	a	interrogarles,	pese	a	tratarse	de	testigos	presenciales	tanto	de	las	negociaciones	como	de	los	hechos	sucedidos	durante	el	desmantelamiento	violento	del	campamento,	lo	que	constituye	una	gravísima	causa	de	indefensión.	• Las	autoridades	rechazaron	reiteradamente	tanto	las	denuncias	de	tortura	y	malos	tratos	como	las	solicitudes	de	exámenes	médicos	presentadas	por	los	procesados,	no	sólo	en	el	momento	de	la	detención	o	durante	el	periodo	en	que	permanecieron	en	prisión,	sino	incluso	en	la	vista	oral.	La	ausencia	de	una	investigación	de	tales	denuncias	por	parte	de	las	autoridades	marroquíes	constituye	una	violación	del	Convenio	contra	la	Tortura	y	otros	Tratos	o	Penas	Crueles,	Inhumanos	o	Degradantes,	del	que	Marruecos	es	Parte,	y	del	propio	ordenamiento	jurídico	marroquí.	• Durante	todo	el	procedimiento	se	violó	el	principio	de	presunción	de	inocencia,	uno	de	los	pilares	de	la	justicia	en	un	Estado	democrático,	al	hacer	recaer	en	los	acusados	la	carga	de	la	prueba	cuando	afirmaban	que	sus	declaraciones	habían	sido	obtenidas	mediante	tortura.	41	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	• Pese	a	que	la	causa	principal	del	procesamiento	de	todos	los	acusados	era	haber	secuestrado	a	las	más	de	20.000	personas	que	se	encontraban	en	Gdeim	Izik,	en	ningún	momento	se	les	acusó	formalmente	del	delito	de	secuestro.	• Falta	de	pruebas.	El	Tribunal	condenó	a	los	acusados	sobre	la	única	prueba	de	sus	propias	declaraciones,	realizadas	en	el	momento	de	la	detención.	o El	Ministerio	Público	basó	toda	su	acusación	en	las	declaraciones	efectuadas	por	los	acusados	sin	asistencia	letrada,	y,	según	denunciaron,	bajo	tortura.	Los	cánones	internacionales	establecen	que	las	declaraciones	de	los	acusados	solo	pueden	servir	de	“información”,	pero	nunca	de	prueba	de	culpabilidad.	o El	video	que	proyectó	el	Ministerio	Fiscal	no	tiene	ningún	valor	probatorio.	No	hay	constancia	de	que	las	imágenes	se	correspondan	con	los	hechos	producidos	en	Gdeim	Izik,	algunas	de	ellas,	según	el	propio	Ministerio	Fiscal,	se	produjeron	en	El	Aaiún,	y	en	él	no	aparece	ninguno	de	los	acusados.	o Aunque	las	supuestas	piezas	de	convicción	estuvieron	expuestas	al	público	en	la	Sala	a	lo	largo	de	toda	la	vista	oral,	prácticamente	nunca	se	hizo	referencia	a	ellas.	A	simple	vista	se	podía	comprobar	la	ausencia	de	restos	de	sangre	que	pudieran	relacionarlos	con	los	sucesos,	y	no	estaban	aisladas	de	posibles	contaminaciones	ambientales,	por	lo	que	no	tienen	ningún	valor.	o La	testifical	de	la	Defensa	acreditó	además	la	falsedad	de	las	actas	de	acusación.	Quedó	probado,	y	el	Fiscal	llegó	a	admitir	tácitamente,	que	el	principal	acusado	de	organizar	y	dar	instrucciones	de	resistir	violentamente	a	las	fuerzas	públicas	el	día	8	de	noviembre	en	Gdeim	Izik	había	sido	detenido	un	día	antes	en	El	Aaiún.	El	resto	de	las	declaraciones	de	los	acusados	que	figuraban	en	el	acta	partían	también	de	esta	afirmación,	y	son,	por	lo	tanto,	igualmente	falsas.	o En	la	vista	se	puso	de	relieve	la	existencia	de	graves	irregularidades	en	las	actas.	Así,	por	ejemplo,	se	pudo	comprobar	que	algunas	firmas	estaban	falsificadas,	y	el	Ministerio	Fiscal	no	pudo	explicar	por	qué	algunas	de	las	declaraciones	llevaban	huellas	dactilares	en	vez	de	firma,	cuando	se	trataba	de	personas	con	estudios	universitarios.	o Desde	el	momento	de	la	detención	no	se	ha	realizado	examen	médico	alguno,	pese	a	haberlo	solicitado	en	numerosas	ocasiones	los	procesados.	En	el	único	examen	médico	que	se	ha	podido	realizar	a	uno	de	los	acusados,	por	encontrarse	en	libertad	provisional	desde	diciembre	de	2011,	se	ha	podido	comprobar	que	sufrió	tortura	y	malos	tratos	y	que	le	han	quedado	por	ello	graves	secuelas	tanto	físicas	como	psíquicas.	42	AIODH	Asociación	Internacional	para	la	Observación	de	los	Derechos	Humanos	o No	se	ha	practicado	autopsia	alguna	que	permita	conocer	al	menos	las	causas	de	las	muertes,	pues	ni	siquiera	se	sabe	si	las	víctimas	murieron	como	consecuencia	de	atropello,	de	heridas	de	arma	blanca	o	de	golpes	de	piedras	o	de	todas	estas	causas	juntas.	o No	existe	un	relato	de	los	hechos	que	explique	de	qué	forma	concreta	alguno	de	los	acusados	dio	muerte	a	alguna	de	las	víctimas.	Las	condenas	se	basan	en	el	acta	de	acusación,	que	relacionan	a	los	acusados	con	la	muerte	genérica	de	“varias”	de	las	víctimas.	No	existe	ninguna	prueba	que	relacione	a	procesado	alguno	con	las	muertes	de	las	víctimas.	Los	familiares	de	las	víctimas	tienen	derecho	a	saber	quién	fue	el	autor	material	de	la	muerte	y	la	forma	en	que	ésta	se	produjo.	o Lo	único	que	consiguió	probar	el	Ministerio	Público	al	presentar	fotografías	de	los	acusados	junto	a	los	líderes	del	Frente	POLISARIO	es	la	identificación	de	los	acusados	con	el	objetivo	de	este	movimiento	de	liberación	nacional,	reconocido	por	las	Naciones	Unidas	como	único	y	legítimo	representante	del	pueblo	saharaui:	su	común	y	pacífica	reivindicación	del	derecho	de	autodeterminación,	reconocido	por	la	ONU.	• El	procedimiento	viola	el	principio	de	doble	instancia,	uno	de	los	principios	fundamentales	que	garantiza	el	carácter	justo	y	equitativo	de	un	juicio.	• El	procedimiento	viola	en	el	caso	del	acusado	HASSANA	AALIA	el	principio	de	cosa	juzgada,	reconocido	sin	ambages	tanto	en	el	ámbito	internacional	como	en	el	marroquí.	4.	POR	TODAS	ESTAS	RAZONES,	DEBE	AFIRMARSE	CON	ROTUNDIDAD	QUE	TANTO	EN	EL	PROCEDIMIENTO	SUSTANCIADO	DESDE	LA	DETENCIÓN	DE	LOS	ACUSADOS	COMO	EN	EL	SEGUIDO	DURANTE	LA	VISTA	ORAL	SE	HAN	VIOLADO	PRÁCTICAMENTE	TODAS	Y	CADA	UNA	DE	LAS	GARANTÍAS	DE	UN	JUICIO	JUSTO	Y	EQUITATIVO.	LAS	CONDENAS,	DE	UNA	DUREZA	EXTREMA,	SE	HAN	ESTABLECIDO	SIN	PRUEBA	ALGUNA,	POR	LO	QUE	NI	SIQUIERA	CABE	HABLAR	DE	DESPROPORCIONALIDAD	EN	SU	DURACIÓN,	YA	QUE	CUALQUIER	CONDENA,	POR	MÍNIMA	QUE	SEA,	CONSTITUYE	EN	EL	PRESENTE	CASO	UNA	AUTÉNTICA	ABERRACIÓN	JURÍDICA.	43	Leer más sobre este usuarioSkip carouselComunicado AFAPREDESA Reaccion Resolucion de la ONU abril 2014Informe delegación diciembre 2013LA VERDAD ES DIFICIL DE OCULTARColegio de Abogados de Nueva York Parte IVCOMUNICADO ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS POR EL SÁHARA OCCIDENTAL Marzo 2013Relacion de Presos Politicos Saharauis Grupo 24 Gdeim-izikAssociation Internationale des Juristes DémocratesConclusiones Juicio Grupo de Los 24Crónica Juicio GRUPO DE LOS 24 (13-02-2013)Carta Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui juicio del grupo de los 24Crónica Juicio GRUPO DE LOS24 (10-02-2013).pdf_Rapport de mission d’observation judiciaire au procès des 24 de SaléCrónica Juicio_del_GRUPO DE LOS 24 (01-02-2013)Resol UN 14-01-2013 EnglishResol ONU_14_01_2013_EspañolResol ONU_14_01_2013_FrançaisAsamblea General ONUGeneral Assembly ONUAssemblée générale onuParte II Informe Nybar v.l. 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