Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-3423-2004-01-06-2006-53031
Timestamp: 2018-12-16 17:59:28+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/3423/2004, 01-06-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/3423/2004 de 01 de Junio de 2006
Núm. Resolución: 00/3423/2004
Ante la existencia de anomalías sustanciales en la contabilidad y la imposibilidad de determinar el rendimiento en régimen de estimación directa, la Inspección acudió a la determinación de los resultados de la actividad por el método de estimación indirecta. La resolución del TEAR consideró que los procedimientos para determinar el importe de las compras y las ventas referentes a la actividad eran bastante fiables, si bien en cuanto a los otros gastos necesarios para determinar el resultado de la actividad no había tenido en cuenta determinados gastos y llamaba la atención la enorme diferencia de márgenes comerciales de un ejercicio a otro, por lo que debía realizarse una estimación de los gastos por cualquiera de los medios del artículo 50 de la LGT y en el supuesto de que los márgenes comerciales anuales que se obtuvieran fueran distorsionados, una justificación de los mismos. La Inspección en ejecución de la resolución, parte de datos extraídos de otra empresa del mismo sector de actividad de la que el obligado era socio y desarrollaba una actividad similar, poseyendo la Administración los registros obligatorios del IVA comprobado. Se confirma la segunda actuación en ejecución de la resolución del TEAR, ya que la remisión a la contabilidad de otra empresa se ha limitado a extraer algunos de los gastos que se consideran necesarios para la obtención de ingresos y que no se habían podido obtenerse de otra forma. A esto hay que añadir, que el reclamante se opone a la elección de esta referencia pero no ofrece otras alternativas a la misma, ni siquiera cuando en el curso de las actuaciones inspectoras estos fueron puestos en conocimiento del interesado. En cuanto a que no se ha tenido en cuenta un informe que fue aportado por el interesado en su defensa, ni los datos que derivan de las Encuestas Industriales Empresariales elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística, hay que partir de que los márgenes a los que llega la Inspección son el resultado de relacionar unos ingresos y unos gastos que se han obtenido específicamente para el obligado, tratando de ajustarse al máximo a la realidad económica de la actividad desempeñada, por lo que el hecho de que difieran de los que se han recogido por otros informes que se emiten respecto del sector y que tienen un carácter general, no implica que se deba hacer caso a los mismos porque ello restaría de validez a la estimación indirecta realizada por la Inspección.
En la Villa de Madrid, a 1 de junio de 2006 vista la reclamación económico-administrativa que, pende de resolución, ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, en virtud de la reclamación económico-administrativa interpuesta por D. ... con domicilio a efecto de notificaciones en ..., en nombre y representación de D.ª ... como heredera de D. ... contra resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de ... en relación con liquidación de IRPF 1992 y cuantía 229.283,83 € (38.149.619 pesetas).
PRIMERO: En abril de 1996 la Inspección de los Tributos procedió a incoar actas de disconformidad por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ejercicios 1991, 1992, 1993 y 1994 a D.ª ... como heredera de D. ... En ésta se indicaba que el obligado tributario había fallecido en ... de 1994, siendo heredera su viuda. Ambos habían presentado declaraciones conjuntas del IRPF en los ejercicios 1991, 1992 y 1993 y no se había presentado la correspondiente al ejercicio 1994. La actividad principal declarada por el sujeto pasivo en 1991 era el comercio al por mayor de ... (...) y en los ejercicios siguientes comercio al por mayor ... (...). La Inspección hacía constar la existencia de anomalías sustanciales en la contabilidad especificadas en el informe ampliatorio (falta de libros y registros obligatorios y de facturas, recibos y justificantes referidos a la actividad de venta al por mayor y menor) que exigían la determinación del rendimiento neto de la actividad por el procedimiento de estimación indirecta. Las liquidaciones propuestas ascendían a 6.220.394 ptas (37.385,32 €) para el ejercicio 1991, 34.666.990 ptas (208.352,81 €) ejercicio 1992, 14.118.274 ptas (84.852,54 €) ejercicio 1993 y 8.054.765 ptas (48.410,11 €) ejercicio 1994. Las propuestas fueron confirmadas por el Inspector Jefe en los acuerdos de liquidación respectivos. Contra dichos acuerdos interpone la interesada reclamaciones ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de ... (... y ...) que se resuelven acumuladas en fallo de 14 de enero de 1998.
SEGUNDO: En la resolución el TEAR indicaba que las actas eran formalmente correctas y era procedente acudir al régimen de estimación indirecta para determinar los rendimientos de la actividad. En cuanto a los rendimientos obtenidos por la Inspección el TEAR de ... consideraba que los procedimientos empleados por el actuario para determinar el importe de las compras y las ventas referentes a la actividad era bastante fiable, plenamente legítimo y daba lugar a unos resultados bastante lógicos. Sin embargo, en cuanto a los otros gastos necesarios para determinar el resultado de la actividad, si bien la Inspección había tenido en cuenta los gastos de personal a partir del modelo 190, los de reparación y conservación justificados y un 2% en concepto de gastos de difícil justificación, no había tenido en cuenta otros gastos como consumos de energía, teléfono, amortización, utensilios.... Asimismo el fallo del TEAR llamaba la atención por la enorme diferencia de márgenes comerciales de un ejercicio a otro: 11% ( 1991), 26% (1992), 19% (1993) y 20% ( 1994) sin que hubiera quedado fundamentada dicha oscilación en el informe ampliatorio. En consecuencia el fallo del TEAR consideraba procedente la aplicación del régimen de estimación indirecta pero estimaba insuficiente el medio empleado por la Inspección para determinar los rendimientos acordando que se realizará una estimación de los gastos por cualquiera de los medios del artículo 50 de la LGT y en el supuesto de que los márgenes comerciales anuales que se obtuvieran fueran distorsionados, una justificación de los mismos. En definitiva el fallo del TEAR estimó parcialmente la liquidación y acuerda retrotraer las actuaciones al momento previo a la determinación de la base imponible por el método de estimación indirecta para proceder al cálculo de los gastos de la actividad.
TERCERO.- En ejecución de dicho fallo la Inspección reanuda las actuaciones de comprobación encaminadas a determinar las bases tributarias atendiendo a las consideraciones del Tribunal e incoa nuevas actas de disconformidad en noviembre del año 2000. El acta correspondiente al ejercicio 1992 es el acta ... y determina una deuda tributaria de 38.127.752 ptas (229.152,4 €) que incluye cuota 22.795.414 ptas (137.003,2 €) e intereses de demora. Según se desprende del expediente, al objeto de ejecutar el fallo del TEAR se requiere a la obligada la aportación de documentación acreditativa de gastos, manifestando ésta la imposibilidad de aportar cualquier documentación. La Inspección procedió a tomar como referencia los importes por gastos similares registrados en los libros de la empresa ..., de la que el obligado tributario era socio y desarrollaba una actividad similar, poseyendo la Administración los Registros obligatorios del IVA de los años comprobados. El actuario recoge en el informe ampliatorio que se han considerado lo que podría denominarse gastos generales teniendo en cuenta incluso algunos gastos que la Empresa que se tomó como referencia no había declarado, habiéndose estimado también las amortizaciones a partir de un informe aportado por el contribuyente. Para el ejercicio 1992 los gastos se incrementan en 5.156.168 ptas (30.989,19 €). Asimismo la Inspección realiza una valoración de los márgenes comerciales y su oscilación en los ejercicios comprobados. El acuerdo de liquidación dictado por el Inspector Jefe el 22 de marzo de 2001 confirma la propuesta inspectora si bien rectifica el importe de los intereses de demora liquidados, ascendiendo finalmente la deuda tributaria a 38.149.620 ptas (229.283,83 €). Asimismo el acuerdo de liquidación rectifica el carácter del acta que se incoó como provisional y pasa a ser definitiva y se pronuncia sobre las distintas alegaciones formuladas por el interesado.
CUARTO.- Contra dicha liquidación (y contra las relativas a los demás ejercicios comprobados -1991, 1993 y 1994- que se resuelven en única instancia y en acuerdo independiente) interpuso la obligada nueva reclamación ante el TEAR de ... el 4 de abril de 2001 y plantea en síntesis las siguientes alegaciones: El reclamante se opone al método seguido por el actuario para determinar el rendimiento de la actividad, considera que las actuaciones realizadas por la Inspección no permiten concluir un resultado veraz ni justifican las oscilaciones de los márgenes comerciales obtenidos en la actividad según los cálculos realizados, así, señala el reclamante numerosas críticas a las actuaciones inspectoras y en concreto: 1) la oscilación entre los márgenes obtenidos de las segundas actuaciones inspectoras es superior a la que derivó de las primeras. 2) el actuario prescinde del "Informe de la Dirección General de ... de ... que fue aportado por el interesado en su defensa al formular las alegaciones en la primera reclamación ante el TEAR y que el Tribunal tomo como prueba en la resolución inicial, además los datos de dicho informe son coherentes con los que derivan de las Encuestas Industriales Empresariales elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística, que tampoco han sido tomados en cuenta por el Tribunal y que difieren de los calculados por la Inspección. 3) el actuario para justificar lo elevado de los márgenes comerciales de la actividad de D. ..., dice que ésta presentaba ciertas peculiaridades pero no se refiere a éstas expresamente. 4) se opone también el reclamante a la extrapolación que hace el actuario de los datos de costes de un escenario (...) a otro (la actividad del sujeto pasivo) ya que no ha probado el Inspector que ambos escenarios sean similares en cuanto a tipo de actividad dimensiones y señala que pese a lo que manifiesta el actuario esos libros no se aportaron voluntariamente. 5) critica también el reclamante la utilización que hace el actuario de un artículo del periódico ... que carece de fundamento y cuyos datos no apoyan la conclusión lógica a la que el actuario pretende llegar. Estas son algunas de las críticas que hace el reclamante a la actuación inspectora para concluir que la Inspección ha omitido ceñirse a las directrices que el artículo 50 de la LGT le indica para efectuar una estimación indirecta, de forma que el actuario llega a unos resultados que no compara con los normales y que son inverosímiles. Queda además constancia de que la oscilación de los márgenes lejos de reducirse y explicarse se incrementa en la segunda actuación y queda sin explicación. Al margen de las anteriores alegaciones y que se refieren en definitiva a los cálculos realizados por el actuario y sus resultados alega el reclamante la prescripción del derecho de la Administración a liquidar los ejercicios comprobados pues desde el momento en que la Administración recibe el fallo del TEAR de 14 de enero de 1998 que debe ejecutar y el momento en que realiza un acto administrativo interno para continuar las actuaciones según indicaba el fallo transcurren más de seis meses con las consecuencias previstas en el artículo 31.4 del Reglamento General de la Inspección.
CUARTO.- El TEAR de ..., en resolución de 4 de marzo de 2004, desestima la reclamación formulada por el interesado y confirma íntegramente el acuerdo impugnado. Contra dicha resolución interpone el interesado recurso de alzada ante este Tribunal Económico Administrativo Central, en el que manifiesta que las alegaciones formuladas en el escrito presentado ante el TEAR el 12 de junio de 2001 no fueron desvirtuadas en la resolución dictada por ese Tribunal y que reproduce nuevamente las alegaciones formuladas anteriormente, adjuntando copia del escrito de aleaciones.
PRIMERO: Concurren los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, que son presupuesto para la admisión a trámite de la presente reclamación, en la que las cuestiones que se plantean se refieren a la prescripción del derecho de la Administración para liquidar y al procedimiento seguido por la Inspección para la determinación de los rendimientos netos de la actividad desempeñada por el sujeto pasivo.
SEGUNDO: En primer lugar, hay que valorar antes de entrar a analizar las actuaciones realizadas por la Inspección, si como señala el reclamante cuando éstas se realizaban ya estaba prescrito el derecho de la Administración a liquidar los ejercicios comprobados. El reclamante se ampara en los apartados 3 y 4 del artículo 31 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos y señala que desde que la Inspección tuvo conocimiento del fallo del TEAR (se refiere a una fecha de junio de 1998 en la que indudablemente la Inspección ya tenía conocimiento de la misma en virtud de una carta dictada por la Unidad de Gestión de actas para cancelar el embargo que existía sobre bienes de la reclamante) hasta que se realiza el primer acto administrativo interno encaminado a continuar las actuaciones inspectoras, en abril de 1999, transcurren más de seis meses y en consecuencia, las actuaciones estuvieron interrumpidas de forma injustificada y no interrumpieron la prescripción de los ejercicios comprobados. Considera el reclamante que en la primera resolución del TEAR de ..., el Tribunal indicaba al órgano inspector que debía continuar las actuaciones de la Inspección, y no iniciar otras distintas, en consecuencia entre un acto y otro a no debería rebasarse dicho período de 6 meses. Esta cuestión ha sido planteada ante la Administración en el escrito de alegaciones formulado al acta y ante el TEAR en la reclamación presentada, ambos órganos resuelven sobre la misma y la desestiman, razonando que no puede considerase que las actuaciones estuvieran paralizadas durante más de seis meses y que el plazo de seis meses de interrupción, previsto en el artículo 31 del Reglamento, no sería de aplicación en la fase de ejecución del fallo del TEAR y en este mismo sentido se ha resuelto esta cuestión en anteriores resoluciones (de 6 de octubre de 2000, de 26 de marzo de 2004, de 25 de noviembre de 2005) cuando se ha planteado ante este Tribunal Central. Así hay que aclarar que estos actos de la Inspección realizados en ejecución de un fallo del TEAR de ... que estimaba en parte las alegaciones del reclamante, no pueden insertarse en el principio de continuidad en el proceso inspector al que se refiere el artículo 31.4 del RGIT, sino que se encuadran dentro del ámbito de ejecución de un fallo, tal doctrina ha sido corroborada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2003 en recurso de casación nº 5328/1998 que establece "no ha lugar a plantear la prescripción sobre la base de la paralización de las actuaciones de la Inspección de los Tributos en relación a la adopción de los actos de ejecución de las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos y órganos Jurisdiccionales, al amparo de lo dispuesto en el artículo 31.4 del RGIT , aprobado por RD 939/1986, de 25 de abril porque la doctrina jurisprudencial reiterada y completamente consolidada, sobre la interpretación de este precepto se refiere a la injustificada paralización de las actuaciones de la Inspección de los Tributos, a partir del momento de iniciación de su actividad de comprobación e investigación, hasta la notificación del acto resolutorio del expediente incoado, pero no al retraso en que los órganos competentes de la Inspección de Hacienda puedan incurrir en la ejecución de las resoluciones de los Tribunales Económico-Administrativos y órganos jurisdiccionales, ejecución que se regula en el primer caso en el Reglamento de Procedimiento Económico-Administrativo, aprobado por RD 1999/1981, de 20 de agosto vigente en el caso de autos, y en el segundo caso por la Ley de 27 de diciembre de 1956 de la jurisdicción Contencioso-Administrativa también vigente en el caso de autos, y, porque, además, cuando los órganos competentes de la Inspección de los Tributos, ejecutan una resolución de un Tribunal Económico-Administrativo o una Sentencia de un Tribunal Contencioso Administrativo no están propiamente ejerciendo una actividad inspectora es decir no se trata de una "actuación de la Inspección" a los efectos del artículo 31.4 del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, aprobado por RD 939/1986, de 25 de abril". Por lo que no siendo aplicable en el presente supuesto el precepto mencionado, no es ajustada a Derecho la alegación de la interesada de la prescripción del derecho de la Administración a dictar el acuerdo de liquidación de IRPF 1992. Debiendo desestimarse según lo expuesto en este Fundamento Jurídico las pretensiones de la reclamante de prescripción.
TERCERO: Respecto a las demás cuestiones que plantea el expediente, se refieren en definitiva al procedimiento seguido para la determinación de los resultados de la actividad, a la fundamentación seguida por el actuario, a los márgenes comerciales que resultan de los cálculos efectuados... El recurrente se limita a señalar, en el recurso de alzada presentado, que las alegaciones que en su día se formularon ante el TEAR de ... no han sido desvirtuadas en la resolución dictada por ese Tribunal, y da por reproducidas íntegramente en el Recurso de Alzada todas las alegaciones que en su día se expusieron ante el Tribunal en primera instancia. Ahora bien, de la lectura del escrito de alegaciones presentado el 12 de junio de 2001 ante el Tribunal Regional (las alegaciones recogidas en el mismo son en síntesis las que expone el Antecedente de Hecho Tercero), y del análisis de la resolución dictada por el Tribunal Regional el día 4 de marzo de 2004, se desprende que los hechos alegados por el reclamante son todos ellos objeto de análisis por el Tribunal Regional, desestimando las alegaciones del reclamante. Hay que tener en cuenta que pese a que el reclamante se opone al procedimiento seguido para la determinación del rendimiento de la actividad criticando directamente los resultados que derivan de la misma, la crítica se dirige al hecho fundamental de que los márgenes derivados de la actividad empresarial realizada por el obligado difieren de los que derivan de Informes generales del sector. A este respecto hay que señalar que el sujeto pasivo, en el ejercicio 1992 estaba dado de alta fiscal en el epígrafe ... de las tarifas del IAE, en la actividad de comercio ... y determinó en la declaración de IRPF 1992 presentada, el rendimiento de la actividad en régimen de estimación objetiva por signos, índices y módulos. De las iniciales actuaciones inspectoras se concluyó que el obligado había venido realizando en ese ejercicio la actividad de venta al por mayor de ... (...). Para la determinación del rendimiento neto de la actividad se requirió la aportación de documentación contable, facturas o de cualquier documentación relacionada con el ejercicio de la misma, la inexistencia de contabilidad y de cualquier registro de compras y ventas supuso la necesidad de efectuar los cálculos por el procedimiento de estimación indirecta. Para ello la Inspección efectuó numerosos requerimientos dirigidos a clientes y proveedores del obligado tributario, conocidos a través del modelo 347, al no recibirse la totalidad de las facturas notificadas fue necesaria una estimación de parte de las mismas, en concreto para el ejercicio 1992 de las 1667 emitidas por el cliente, obraron en poder de la Inspección 1286, habiendo de estimarse el resto y se procedió también a la estimación del coste de los productos vendidos. La primera resolución dictada por el TEAR de ... el 14 de enero de 1998 confirmó la calificación de la actividad económica realizada por el sujeto pasivo y la procedencia de la estimación indirecta de la base imponible, considerando procedentes los datos de los que partía la Inspección en cuanto a las cifras de ingresos de la actividad, al coste de las compras necesarias y parte de los gastos necesarios para la obtención de ingresos, si bien el Tribunal entendía que no se habían tenido en cuenta todos los gastos necesarios y ordenaba retrotraer actuaciones al momento previo a la determinación de la base imponible por el régimen de estimación indirecta para proceder al cálculo de los gastos de la actividad. Por tanto la determinación del rendimiento de la actividad en régimen de estimación indirecta fue necesaria habida cuenta de las circunstancias y de la falta de información que permitiera una determinación directa del resultado de la actividad y conforme al artículo 50 de la Ley General Tributaria, "Cuando la falta de presentación de declaraciones o las presentadas por los sujetos pasivos no permitan a la Administración el conocimiento de los datos necesarios para la estimación completa de las bases imponibles o de los rendimientos, o cuando los mismos ofrezcan resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora o incumplan sustancialmente sus obligaciones contables, las bases o rendimientos se determinarán en régimen de estimación indirecta utilizando para ello cualquiera de los siguientes medios: A) Aplicando los datos y antecedentes disponibles que sean relevantes al efecto; B) Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten existencia de los bienes y de las rentas, así como de los ingresos, ventas, costes y rendimientos que sean normales en el respectivo sector económico, atendidas las dimensiones de las unidades productivas o familiares que deban compararse en términos tributarios; C) Valorando los signos, índices o módulos que se den en los respectivos contribuyentes, según los datos o antecedentes que se posean en supuestos similares o equivalentes." Esta estimación no debe coincidir obligatoriamente con la que resultaría de aplicar otros regímenes existentes; no obstante, ha de aproximarse, lo más posible, a las cifras que se hubieran fijado en el caso de aplicar un régimen normal de determinación, constituyendo el único procedimiento para determinar la base en aquellos sujetos pasivos que hayan incumplido sus obligaciones fiscales en términos tales que no permitan comprobar, en función del soporte registral contable y de archivo, los rendimientos objeto de imposición.
CUARTO: La segunda actuación inspectora que se deriva de la ejecución del fallo del TEAR parte por tanto de la consideración como válidos de los importes estimados de ventas y compras y de los gastos que se calcularon en las primeras actuaciones, si bien se ha encaminado a determinar otros posibles gastos propios de la actividad que no fueron inicialmente tenidos en cuenta por la Inspección, en concreto el fallo del TEAR se refería a gastos de consumo de energía, teléfono, amortización, utensilios... A estos efectos la Inspección toma como magnitudes indicativas los importes por gastos similares registrados en los libros de la Empresa ... El reclamante se opone a la remisión que hace la Inspección a los gastos contables de la entidad ..., porque entre otras razones considera que la Inspección debe probar que existe identidad entre una actividad y otra y en cuanto a las dimensiones de ambas. La Inspección ha justificado sin embargo su remisión a los datos contables de esta empresa en varios razones, y lo más importante es señalar que la determinación del rendimiento neto por una estimación indirecta pretende acercarse en la medida de lo posible al rendimiento efectivamente obtenido cuando como en este caso resulta imposible su determinación a partir de la información obtenida. En este caso y según consta repetidas veces a lo largo del procedimiento, se ha requerido en numerosas ocasiones la aportación de justificación de los gastos y esta ha sido imposible obtenerla. La Entidad cuya contabilidad se ha tomado como referencia desarrollaba una actividad similar a la del contribuyente, además se da la circunstancia de que éste era socio de la misma y además la Inspección disponía de los libros registro fiscales de ésta, la remisión a su contabilidad se ha limitado a extraer algunos de los gastos que se consideran necesarios para la obtención de ingresos y que no se habían podido obtener de otra forma. A esto hay que añadir, que el reclamante se opone a la elección de esta referencia pero no ofrece otras alternativas a la misma, ni siquiera cuando en el curso de las actuaciones inspectoras estos fueron puestos en conocimiento del interesado. Así y en lo que se refiere a los gastos por amortizaciones éstas se estimaron directamente por la Inspección a partir de un informe aportado por el interesado. Hay por tanto que desestimar las pretensiones del interesado en este sentido concluyendo que la remisión que se hacía a esta entidad era para determinar unos gastos que en definitiva iban a beneficiar al interesado al minorar los rendimientos de la actividad.
QUINTO: El reclamante manifiesta que no se ha tenido en cuenta ni el "Informe de la Dirección General de ... de ... "que fue aportado por el interesado en su defensa, ni los datos que derivan de las Encuestas Industriales Empresariales elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística. Si bien la base de la crítica reside en que los márgenes comerciales que derivan de ambos estudios difieren de los calculados por la Inspección. Ahora bien, ha quedado ya dicho que el TEAR ya en la primera resolución confirmaba la procedencia de la estimación indirecta y consideraba válidos las cifras de ventas y de compras y los gastos deducibles, requiriendo de una segunda actuación de la Inspección para calcular de una forma más ajustada los gastos, una vez calculados y confirmados estos gastos, el rendimiento neto que se deriva de la actuación inspectora es el que se considera más ajustado a la realidad económica del contribuyente, porque para eso se han hecho sucesivas estimaciones partiendo de los datos que se conocía y de las circunstancias propias del contribuyente. Es decir los márgenes a los que llega la Inspección son el resultado de relacionar unos ingresos y unos gastos que se han obtenido específicamente para este obligado, tratando de ajustarse al máximo a la realidad económica de la actividad desempeñada, el hecho de que estos difieran de los que se han recogido por otros informes que se emiten respecto del sector y que tienen un carácter general, no implica que se deba hacer caso a los mismos porque ello restaría de validez a la estimación indirecta realizada por la Inspección. Es decir lo que está pretendiendo es que se prime un margen que se establece como media para el sector respecto de un margen específico que se ha calculado para el sujeto pasivo en cuestión. Si el reclamante no estaba de acuerdo con los cálculos efectuados y con los resultados derivados de los mismos debía oponer razones concretas para contradecirlos pero no unos datos genéricos del sector que no tienen porque coincidir con los de la actividad del obligado, ya que son en definitiva cálculos medios. Por otra parte esta información suministrada por el obligado si se tiene en cuenta y se valora por el actuario, así el cálculo de los gastos por amortización parte de la misma, pero ello no implica que el actuario deba aceptar como resultados del obligado los que contiene la misma y que se refieren al sector. Igualmente y respecto del artículo de ... al que se refiere el reclamante, éste no ha sido la base de la argumentación del actuario, sino que solo ha hecho una breve referencia al mismo relativa a la evolución de los precios entre los años 1991 y 1999 con el objeto de aclarar que las empresas intermediarias en el sector operaban con unos márgenes amplios, pero no ha utilizado datos del mismo para la estimación del resultado del obligado. Cabe por tanto concluir confirmando los criterios recogidos por la Inspección en la liquidación de 22 de marzo de 2001 y los expuestos por el TEAR en la resolución recurrida (de 4 de marzo de 2004) reiterando por último lo dispuesto en la misma respecto de la oscilación de los márgenes comerciales, ya que los mismos resultan de las magnitudes de compras y ventas que se han considerado correctas y del cálculo de los demás gastos que se ha efectuado por la Inspección y la resolución inicial del TEAR no exigía que desaparecieran dichas oscilaciones sino que requería de una ampliación de la explicación relativa a las mismas la cual se encuentra recogida ya en la liquidación final.
ESTE TRIBUNAL ECONOMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en la reclamación interpuesta ante este Tribunal Económico-Administrativo Central por D. ... en nombre y representación de D.ª ... como heredera de D. ... contra resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de ... en relación con liquidación de IRPF 1992 y cuantía 229.283,83 € (38.149.619 pesetas). ACUERDA: Desestimar la reclamación y confirmar la resolución impugnada.
Sentencia Administrativo Nº 189/2013, TSJ Andalucia, Sala de lo Contencioso, Sec. 3, Rec 319/2007, 25-01-2013
Orden: Administrativo Fecha: 25/01/2013 Tribunal: Tsj Andalucia Ponente: Macho Macho, Santiago Num. Sentencia: 189/2013 Num. Recurso: 319/2007
Sentencia Administrativo Nº 1224/2009, TSJ Cataluña, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 459/2006, 03-12-2009
Orden: Administrativo Fecha: 03/12/2009 Tribunal: Tsj Cataluña Ponente: Fernandez De Benito, Maria Jesus Emilia Num. Sentencia: 1224/2009 Num. Recurso: 459/2006
Resolución de TEAF Gipuzkoa, 26.205, 22-06-2005

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 50
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 artículo 31
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