Source: https://grupocamacho.com/2020/04/
Timestamp: 2020-08-11 07:45:23+00:00

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abril 2020 - Grupo Camacho
¿Cómo manejar mi negocio en épocas de crisis?
in: Artículo,Consultoría en Estrategia y Negocios,COVID-19
Tags: estrategia de negocios, Gestión de crisis
Cuando recién abríamos por primera vez el negocio, pudimos haberlo hecho de varias formas:
Era una costumbre familiar y de repente vimos que tenía potencial de negocio, simplemente teníamos un hobby que le encontramos la forma de convertirlo en dinero. Tal vez la oportunidad de negocio se nos dio y teníamos los recursos necesarios para ello; o, por supuesto: nos convencimos de abrir un negocio, estudiamos al mercado, buscamos su necesidad, pensamos en cuál valor agregado daríamos, cuáles serían nuestras ventajas competitivas, consideramos nuestros medios de contacto, analizamos nuestro precio de venta y realizamos todo el análisis propio de la estrategia y táctica que tendría el negocio.
Es probable que esta última posibilidad nunca se haya dado y realmente muchos empresarios hoy en día prefieren su instinto antes que cualquier análisis y uso de herramientas que se han desarrollado con los años.
No es de asombrar, pues realmente ese instinto les ha sido funcional. Sin embargo, puede que sea el momento de menospreciar las formas diferentes de hacer las cosas.
Cuando se estudia consultoría y se trabaja en ella se aprende algo valioso. Por una parte, que las herramientas sirven como los mejores tacos, balón, campo de juego y todo el resto para jugar el partido de nuestras vidas, pero… lo cierto es que, si no se cuenta con ese tiburón interno que es el talento de negocios, el partido nunca será de clase mundial. Claro cuando se mezclan herramientas y talento es cuando surge Walmart, Coca Cola, P&G, etc; ideas destinadas a ser los gigantes del mundo.
Esta reflexión es funcional en épocas de COVID – 19. La pandemia nos lleva a entender un nuevo mundo. Los patrones de consumo han variado y la realidad que estábamos acostumbrados a tener se ha modificado. Es muy probable que los cambios vayan más allá del plazo del confinamiento. El aprender a subsistir a partir de compras en línea, hará del e-commerce una práctica común. El éxito del teletrabajo por COVID – 19 modificará los patrones y políticas de horario y espacio físico de cientos de miles de empresas.
Esta nueva realidad representa nuevos retos que debemos saber manejar. Sin duda, los grandes jugadores saldrán adelante, pero si estos grandes jugadores a su vez se permiten ayudar con herramientas que les simplifique un poco el partido, definitivamente no está de más y sobretodo, es una excelente oportunidad que les potenciará sus resultados.
El día que Costa Rica jugó contra Holanda, no se dudó del talento de la “Sele”, pero todas las ayudas extra que hubiéramos podido tener, sin duda habrían sido un posible diferenciador. Un papel con un mensaje, una manera de bloquear el miedo psicológico o cualquier estrategia habría aportado para sobrevivir en ese mundial.
La mejor recomendación para los empresarios es que es momento para volver a la mesa de dibujo. Replantear su nicho de mercado, su ventaja competitiva. Definir si la puede seguir manteniendo o no, si su valor agregado sigue existiendo o no.
Por poner un ejemplo, antes los grandes gimnasios tenían como ventaja competitiva sus buenas instalaciones, ese diferenciador ya hoy no está. Deben echar mano de la imaginación, del conocimiento y del análisis para encontrar un nuevo diferenciador si quieren sobrevivir.
La lluvia de ideas siempre es buena y debe de ser un hábito en las compañías, pero para sacar mejor provecho de herramientas de planeación, innovación y definición estratégica es mejor acompañarse por gente experta, que le lleve de ese ejercicio conceptual a un análisis de mercados, prueba de productos, o análisis de las mismas compañías para saber cuáles son las fortalezas, eso potenciará los resultados.
Desde Grupo Camacho tenemos la experiencia y las ganas de acompañarlo en esta nueva aventura, permítanos brindarle nuevas herramientas de trabajo, diferentes perspectivas de mundo, ayudarle a auto descubrirse como empresa.
“Esta empresa no es mía… es para mis hijos”
in: Artículo,Family Business,Negocios familiares,Sucesión empresarial,Sucesión familiar
Tags: Negocios familiares, Sucesión empresarial
“Esta empresa será suya en el futuro, he trabajado arduamente durante muchos años para que usted herede y dé continuidad a este negocio…”
Mensajes similares a este son frecuentes entre padres y madres de familia y sus hijos e hijas. Palabras que salen del corazón pero que pueden producir mucho daño, y más bien provocar que los hijos eviten relacionarse con la empresa familiar.
¿Cómo hacer para que los hijos se interesen por la empresa familiar, sin limitarles su derecho y libertad para escoger su propio futuro? ¿Cómo hacer para preparar sus competencias y despertar la pasión de hacer negocios en un ambiente cada vez más competido y complejo?
Primero, la familia necesita definir sus valores fundamentales.
Hablar de valores fundamentales es importante. Son la base para el desarrollo de planes familiares y empresariales sólidos. Conocer, examinar y cuestionar los valores que comparten como familia le ayuda a cada individuo a relacionarse y desarrollar un propósito compartido junto al resto de los miembros familiares. También, le permite decidir si quiere o no continuar unido al proyecto de la familia. Propicia que esta decisión sea auténtica y de libre elección y no la resultante de una huella sembrada de generación en generación.
Es evidente, en muchos casos, que los valores fundamentales de la primera generación son distintos a los valores fundamentales de la segunda generación; haciendo de la continuidad de la empresa familiar un proyecto difícil de alcanzar. Ahí radica la importancia de que la familia logre, como grupo unido, establecer cuáles son los valores que los guían y guiarán en el futuro.
Segundo, lograr que la familia tenga una visión compartida, que todos sueñen con un futuro similar, es uno de los ingredientes principales para planificar la continuidad de la empresa familiar con éxito.
Una visión compartida inspira a los miembros de la familia para trabajar fuertemente. Les prepara para superar los obstáculos que encontrarán mientras caminan hacia el logro de las metas y objetivos. Entre otras cosas, facilita el alineamiento de la estrategia empresarial, la planificación del patrimonio y la capacitación de los futuros líderes familiares. Desarrollar una visión compartida no es tarea sencilla; toma tiempo, algunas veces años.
Cada miembro de la familia debe conocer cuál es su sueño individual, cuál es su propia visión del futuro. Principalmente debe sentir la libertad de perseguir ese sueño y de poder comunicarlo al resto de la familia, sin verse perjudicado por hacerlo o inhibido por el sentido de traición a las expectativas que en él o ella se han depositado.
Es lógico y normal que los sueños individuales de cada familiar sean diferentes uno del otro. La esperanza es que contengan algunas similitudes; puntos de encuentro que les permitan desarrollar una visión compartida.
La facilidad con la cual la familia logre definir sus valores fundamentales y luego establecer un sueño común, o lo que es lo mismo una visión compartida, dependerá de múltiples factores.
Por ejemplo, no sería de extrañar que los hijos visualicen su futuro lejos de la empresa familiar, si durante su niñez la empresa familiar fue una fuente de conflicto y alto estrés para papá y mamá; así como, si fue frecuente la ausencia afectiva y presencial en el día a día familiar del líder empresarial, precisamente por estar atendiendo asuntos del negocio.
Las familias que han logrado planificar la continuidad de la empresa familiar con éxito comprenden que la sucesión no es un evento puntual en el tiempo, sino un proceso a lo largo de la vida que involucra a toda la familia. Encuentran un balance mediante el cual logran que las nuevas generaciones comprendan que son miembros de una familia cuyos antepasados crearon algo único y especial, una empresa que ha beneficiado y beneficiará a muchos.
Un paso fundamental para aumentar las probabilidades de que los hijos se interesen por el negocio familiar es darles el espacio y la libertad para que expresen sus aspiraciones y sueños futuros. En las conversaciones de familia los padres pueden comunicar a los hijos su visión, mostrando pasión y entusiasmo por la empresa familiar; pero siempre respetando las aspiraciones e intereses de ellos.
Principalmente asegurándose que sus acciones sean consecuentes con el mensaje que dan a los hijos.
Según la revista Forbes, más de 90% de las empresas en México considera que un plan de sucesión es vital para darle continuidad a los negocios y que la empresa no pierda su valor, pero solo 16% dijo contar con uno. Al igual que en México, en toda Latinoamérica, a muchos líderes de empresas familiares se les dificulta conversar y planificar la continuidad. Guardan la esperanza de que con el mensaje trillado y errado de “esta empresa será suya en el futuro…” sea suficiente para motivar y atraer a sus hijos al negocio familiar. Aunque en el fondo saben que lo correcto sería trabajar a diario en el plan de continuidad.
Cambio de parámetros en fiscalización y criterios bancarios
in: Artículo,COVID-19,La República - Carlos Camacho Córdoba
Tags: covid19, Fiscalización bancaria
Como consecuencia de la singular situación que vivimos en este momento como humanidad, surgen una serie de retos que son absolutamente inusitados pero que debemos enfrentar en medio de esta turbulencia. Debemos concientizar cada uno para poder abordarlos y en la medida de lo posible, resolverlos.
Dedicaremos esta entrega al análisis de cambios en los parámetros fiscales y financieros como instrumento para la toma de decisiones, en especial de reguladores y regulados del sector financiero.
En cuanto a los parámetros fiscales, debemos considerar el efecto COVID-19 en la determinación de criterios de selección de contribuyentes, para ser fiscalizados. habrá que ser cuidadosos en la selección de los parámetros que están usando, tanto aquellos de inclusión, como los que sugerimos se revisen para su exclusión o redimensionamiento del motivo de selección.
En cuanto a los criterios de inclusión vemos que los fiscos estarán, o deberían estar si actúan con lógica y sensatez, altamente interesados en gestionar procesos intensivos de fiscalización, de los sectores económicos que se han visto favorecidos por esta pandemia, al menos los más evidentes.
Quienes se encuentran en estos sectores deben estar conscientes de la situación y ser cautos en el uso – en particular en el abuso – de los medios para palear las utilidades extraordinarias que se han generado en sus negocios, las cuales tienen características singulares, algunas más sostenibles en el tiempo que otras.
Los fiscos por su parte deben ser prudentes en no querer hacer pesca ilegal con redes a mar abierto. Pueden llegar a ser falsos positivos los que lleguen a capturar en sus procesos de fiscalización, si no segmentan de manera granulada, las características propias de los sujetos a fiscalizar.
Debemos entender que sectores como salud y alimentos son grandes “ganadores” temporales de esta pandemia. La pregunta que debemos plantearnos es si todos los elementos del sector específico, que incluye una variedad múltiple de actividades, está experimentando de manera paritaria esta condición.
Eso dependerá de muchísimos factores, que, de carecerse de la inteligencia adecuada y su aplicación de previo a la selección, puede toparse con que se mezclen productos o servicios de salud, que no son sensibles en igual dirección positiva que los que son más consumidos en los tiempos del Covid-19.
En el sector alimentos encontrarán retos de índole igualmente diverso. Los hábitos de consumo de la población han cambiado de manera importante durante la pandemia. Se seguirán experimentando cambios, conforme los consumidores que tenían capacidad adquisitiva se formen en las filas de los desempleados; teniendo que reconvertir sus canastas de hábitos alimenticios – para quienes tengan la fortuna de lograr darse el lujo de comer – de acuerdo a su nueva condición, que aunque en principio es temporal, su duración es indeterminada en este momento.
Factores de exclusión en salud son aquellos servicios que se han dado en convertirse en postergables por motivos económicos o de las condiciones especiales de prioridades de los centros de prestación de los servicios. Tales como los servicios de odontología, cirugía estética, entre otros, que por sus características simplemente requieren o contacto cercano, o acercan al paciente receptor a factores de riesgo que puede postergar en su uso.
Es decir, tanto en alimentos como en salud podemos ver la gran necesidad de una minuciosa minería para detectar sectores que, fiscalizarlos basados en la premisa de ser ganadores, puede ser imprecisamente peligroso, a la vez de erosivo de la ya de por sí difícil situación, que puedan estar enfrentando algunos de estos agentes económicos.
Un factor que al cierre de este año será crítico, será el efecto que estas distorsiones, tanto positivas como negativas, tendrán en la determinación de comparabilidad de transacciones susceptibles de ser valoradas por metodologías de precios de transferencia, debido a las obligaciones que se establecen en la ley de impuesto sobre la renta y su reglamento.
Es previsible que los factores de comparabilidad tanto interna como externa sean severamente retados a requerir minuciosos medios de documentación de los factores que tuvieron incidencia en estas variaciones positivas o negativas. Los comportamientos de los comparables, tanto internos como externos, provenientes los últimos de bases de datos históricas tendrán serias tareas de efectuar en la medida de lo viable, la comparabilidad exigida por la norma legal y técnica de las guías de la OCDE.
No podemos dejar de enfocar los cambios que se requieren en la parametrización y la visión de riesgo por asumir que los agentes económicos del sector financiero deben, a nuestro criterio, realizar, para poder evitar riesgos sistémicos que puedan convertirse en el fantasma de la profecía autocumplidora.
Los bancos deben entrar con ojos frescos a evaluar a los sujetos de crédito, sin mantenerse en los viejos paradigmas del pánico, prestando solo a quien no lo necesita, por contar con los medios para garantizar de manera apropiada sus operaciones, para dejarlos dormir bien a ellos y a los reguladores.
Pues esta crisis económica requiere de reguladores valientes y banqueros y agentes económicos del sector financiero verdaderamente conocedores del concepto de financiar en tiempos de crisis.
Financiar en tiempos de crisis, con los parámetros tradicionales, es una negativa del crédito en la puerta de la institución financiera. Es un no en el bolsillo para quien realmente lo necesita. El empresario que requiere acceso directo a crédito, o los colaboradores de este que, por la crisis, debieron ser cesados de sus empleos y se encuentran ahora con operaciones financieras activas que sí fueron aceptadas y riesgos que fueron asumidos en condiciones diferentes a las extraordinarias que hoy vivimos. Una cartera que fácilmente se le puede enfermar a los regulados temerosos.
El precio de la falta de coraje y visión de reguladores y regulados en adecuar, no aflojar, los parámetros de otorgamiento de financiamiento de rescate financiero para la pandemia económica, puede llegar a ser la condición de incapacidad de impago de carteras que ya tienen “sanas” los actores del sector financiero.
Empezarán a desmejorarse poco a poco, y por tanto, darán inicio a la caída en pérdidas sistémicas, de los conservadores reguladores y regulados. Es decir, por evitarlo terminarán provocándolo, no de la forma que ven sino de la manera que he descrito.
Todos los elementos están interrelacionados: Sin crédito, no hay producción de bienes o servicios, sin estos no hay empleo, sin empleo no hay consumidores…
Así hasta los negocios saludables a quienes sí les estarían dispuestos a prestar los reguladores y regulados en la visión tradicional, de seleccionar las frutas con caña de pescar, empezarán a ver la caída de sus ingresos. Esto desmejorará las capacidades de generación de nuevos créditos y las entidades se quedarán con sus recursos, pagando rendimientos exiguos a sus ahorrantes, los que queden, sin poder colocar sus recursos, pues sus anacrónicos parámetros les alertan no de riesgo, sino de terror.
Regulados, adecúense a la nueva realidad. Reguladores ubíquense en el rol histórico que les ha correspondido. El libro con el que venían regulando unos y asumiendo riesgos otros, se ha quedado caduco a la realidad de hoy y corresponde a ustedes escribir el nuevo texto de gestión. Tanto reguladores como regulados, tienen en sus manos la importante tarea de dar cuenta a la historia de cómo contribuyeron al éxito o a propiciar el fracaso de sus clientes, los generadores de la riqueza real, no financiera que ustedes administran.
En el entramado económico de la interdependencia de la economía, se requiere de manera muy especial y particular enfocarse en las pequeñas y medianas empresas. Los piñones fundamentales del sistema económico. Estos son los primeros eslabones en los que se fundamenta el empleo e inicia la cadena de valor, hasta desembocar en los grandes conglomerados.
Es decir, en esta interdependencia, al generar un encadenamiento que ayude con condiciones efectivamente accesibles a las PYME, estaremos propiciando el estimulo de la demanda agregada mediante la reducción de la necesidad de cierre y destrucción de unidades de producción y sus consecuentes consecuencias en el empleo.
Es fundamental apreciar la incidencia directa que tiene el destino de las PYMES, no solo en el encadenamiento activo de la producción, sino en los niveles que derivan en la generación de rentas pasivas al sector inmobiliario. Un sistema en manos de fondos de inversión inmobiliaria, que de resfriarse infectará sistémicamente el aparataje financiero. Un aumento en desocupación de locales y comercios por el mal momento de las PYMES se convierte en incapacidad de pago de deudas por parte de los fondos inmobiliarios y por ende, en una infección del sistema financiero.
Publicado en el periódico La República el 28 de abril del 2020
Diferimiento del pago del IVA: Regulación para arreglos de pago
in: Artículo,COVID-19,Impuesto al Valor Agregado,Impuestos
La Ley de Alivio Fiscal otorgó la posibilidad de diferir el pago del IVA y el Impuesto Selectivo de consumo de los meses de abril, mayo y junio, para cancelarlos a más tardar el 31 de diciembre de 2020.
Además contempla que el contribuyente pueda establecer un arreglo de pago con la Administración en los casos en los que le sea imposible hacer el pago antes del 31 de diciembre.
Para optar por un arreglo de pago, se contemplan lo siguientes requisitos según la Resolución DGT-R-09-2020:
Que se prevea no poder cancelar la totalidad de los impuestos a más tardar el 31 de diciembre de 2020.
Presentar la solicitud de facilidades de pago a más tardar el 15 de Octubre 2020.
Las deudas tributarias deben sumar más de medio salario base (¢225.100).
No se puede aplicar sobre deudas tributarias que hayan sido objeto de denuncia penal.
Debe estar al día con las obligaciones formales y materiales.
Cancelar la prima inicial de 20% del monto total adeudado de previo a la presentación de la solicitud.
Por otra parte, la solicitud deberá ser presentada ante la Administración Tributaria que le corresponda a cada contribuyente. Existe posibilidad de solicitar aplazamiento o fraccionamiento de la deuda tributaria, para lo cual se deberá utilizar los formularios que se encuentran en el sitio web: www.hacienda.go.cr/contenido/13009-facilidades-de-pago
Para efectos de la presentación:
Se debe enviar a los correos electrónicos dispuestos para cada Administración Tributaria.
Se puede firmar con firma digital o con firma física. En el caso de que no se tenga firma digital, se debe imprimir la solicitud escanearla y enviarla junto con la imagen del documento de identidad por ambos lados.
En caso de representantes de personas jurídicas debe adjuntar certificación literal de la sociedad que acredita sus capacidades de actuación.
Se debe aportar declaración jurada que indique
Que ha enfrentado situaciones de naturaleza económico-financieras que le impiden pagar la deuda dentro del plazo de la moratoria, es decir, a más tardar el 31 de diciembre de 2020.
Que está en capacidad de generar los flujos de efectivo necesarios para cumplir con la facilidad de pago.
Cuando el monto adeudado supere los cien salarios base (¢45.020.000) debe rendir una garantía de acuerdo al artículo 182 bis, del Reglamento de Procedimiento Tributario.
En los casos en los que se deba rendir garantía por la cuantía de lo adeudado, se deben seguir las siguientes reglas:
La garantía debe ser, en orden de prelación:
Garantía a la primera demanda o compromiso incondicional de pago, emitida por una empresa aseguradora o bancaria.
Aval bancario o fianza solidaria emitida por una institución financiera.
Las entidades aseguradoras o financieras a que se refiere el presente artículo, deberán ser las supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) o la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), respectivamente.
Todos los costos y gastos asociados a la constitución y vigencia de la garantía correrán por cuenta del obligado tributario.
Las garantías deben otorgarse en todos los casos a favor del Ministerio de Hacienda.
Decreto ejecutivo: Protocolo para Centros de Trabajo
in: Artículo,COVID-19
Para regresar a las oficinas post COVID 19 es necesario una serie de compromisos y medidas por parte de empleadores, encargados de salud ocupacional y trabajadores.
A continuación el texto del Decreto Ejecutivo Nº 42317-MTSS-S al respecto:
LA MINISTRA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Y
Con fundamento en los artículos 21, 50, 66, 140 inciso 8) y 146 de la Constitución Política;
los artículos 25, 28 inciso 2) subinciso b) de la Ley General de la Administración Pública, Ley
número 6227 del 2 de mayo de 1978; los artículos 273, 274, 282, 283, 284, inciso ch), 288 y
300 del Código de Trabajo, Ley número 2 del 27 de agosto de 1943; el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, Ley número 4229 del 11 de diciembre de 1968; el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Ley número 4229 del 11 de
diciembre de 1968; Convención Americana sobre Derechos Humanos, Ley número 4534 del
23 de febrero de 1970 Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Ley número 7907 del 03 de
septiembre de 1999; los numerales 1, 2, 5, 6, 88 a 102 de la Ley Orgánica del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, Ley número 1860 del 21 de abril de 1955; Reglamento de
Comisiones y Oficinas o Departamentos de Salud Ocupacional, Decreto Ejecutivo número
39408-MTSS del 23 de noviembre de 2015; el artículo 41 del Reglamento General de los
Riesgos del Trabajo, Decreto Ejecutivo número 13466-TSS del 24 de marzo de 1982; los
artículos 1, 2, 3, 10, 11 del Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020;
I. Que los artículos 21 y 50 de la Constitución Política regulan los derechos
fundamentales a la vida y salud de las personas, así como el bienestar de la
población, que se constituyen en bienes jurídicos de interés público que el Estado
está obligado a proteger, mediante la adopción de medidas que les defiendan de
toda amenaza o peligro.
II. Que el Estado de Costa Rica es respetuoso de los Derechos Humanos que han sido
consagrados en los diferentes instrumentos jurídicos a nivel internacional y
nacional en procura de hacer realidad los principios de igualdad de derechos y
III. Que según los artículos 4, 6, 7, 337, 338, 340, 341, de la Ley General de Salud, Ley
Nº 5395 del 30 de octubre de 1973 y los ordinales 2 inciso b) y 57 de la Ley Orgánica
del Ministerio de Salud, Ley Nº 5412 del 08 de noviembre de 1973, las normas de
salud son de orden público. Ante ello, el Ministerio de Salud como autoridad
competente podrá ordenar y tomar las medidas especiales para evitar el riesgo o
daño a la salud de las personas, o que estos se difundan o agraven, así como para
inhibir la continuación o reincidencia en la infracción de los particulares. Dichas
normas legales que establecen la competencia del Ministerio de Salud en materia
de salud consagran la potestad de imperio en materia sanitaria, que le faculta para
dictar todas las medidas técnicas que sean necesarias para enfrentar y resolver los
estados de emergencia sanitarios.
IV. Que las autoridades están obligadas a aplicar el principio de precaución en materia
sanitaria en el sentido de que deben tomar las medidas preventivas que fueren
necesarias para evitar daños graves o irreparables a la salud de los habitantes.
V. Que mediante Decreto Ejecutivo número 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020, se
declaró estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República de
Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria provocada por la
enfermedad COVID-19.
VI. Que, debido al estado de emergencia nacional, resulta imperante aplicar medidas
inmediatas de prevención, atención y mitigación de la alerta sanitaria por COVID-
19, así como garantizar el cumplimiento efectivo de los protocolos del Ministerio
de Salud y conjuntamente, tomar medidas preventivas que contribuyan al
adecuado manejo de la problemática objeto de la presente regulación.
VII. Que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social es el órgano encargado de fiscalizar
el cumplimiento administrativo de las normas laborales y buscar la armonización
de las relaciones laborales, previendo mecanismos de control generales y
específicos de seguridad e higiene en el trabajo.
VIII. Que el Estado costarricense, como patrono, debe proveer a las personas
trabajadoras del Sector Público un lugar de trabajo libre de riesgos por causa de la
IX. Que las instituciones y empresas deben tomar las medidas necesarias para la
higiene y seguridad del trabajo, con el fin de proteger la vida, la salud y la
integridad de las personas trabajadoras en el ejercicio de su actividad laboral.
X. Que es competencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por medio del
Consejo de Salud Ocupacional, promover la reglamentación necesaria que
garantice, en todo centro de trabajo, las condiciones óptimas de salud
XI. Que los fundamentos esgrimidos en los criterios técnicos y técnico jurídicos
especializados en la materia propia de la competencia en salud ocupacional,
devienen de las normas supraconstitucionales, constitucionales, legales y también
reglamentarias que, al amparo del ordinal 282 del Código de Trabajo, Ley número
2 del 27 de agosto de 1943, al ser emitidos y aprobados por el Consejo de Salud
Ocupacional, en cuanto Cuerpo Colegiado legalmente constituido, se convierten
en vinculantes para todos los centros de trabajo públicos y privados del país.
XII. Que de conformidad con los artículos 288 y 300 del Código de Trabajo, las
empresas e instituciones, que cuenten con 10 o más personas trabajadoras
deberán constituir Comisiones de Salud Ocupacional y con más de cincuenta
personas permanentes trabajadoras están obligadas a mantener Oficina o
Departamento de Salud Ocupacional.
XIII. Que con apego a lo prescrito en el artículo 301 del Código de Trabajo, todas las
dependencias públicas o instituciones del Estado están obligadas a prestar la
colaboración que solicite el Consejo de Salud Ocupacional para el mejor
XIV. Que el Poder Ejecutivo debe intervenir ante acciones laborales que atenten contra
la dignidad humana y la igualdad de oportunidades.
XV. Que el Consejo de Salud Ocupacional mediante el acuerdo número 002-2020
tomado en sesión extraordinaria número 012-2020 del día lunes 23 de marzo del
2020, elaboró la presente disposición para que sea oficializada y emitida por el
LA ACTIVACIÓN DE PROTOCOLOS Y MEDIDAS SANITARIAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO
POR PARTE DE LAS COMISIONES Y OFICINAS O DEPARTAMENTOS DE SALUD
OCUPACIONAL ANTE EL COVID-19
Artículo 1°. – Objetivo. Este Decreto Ejecutivo tiene como objetivo promover que las
comisiones y oficinas o departamentos de salud ocupacional colaboren con la divulgación e
implementación de los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud, el Poder Ejecutivo y
demás autoridades públicas en materia sanitaria, ante la declaratoria de estado de
emergencia nacional en todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación
de emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19.
Artículo 2°. – Ámbito de aplicación. El presente Decreto Ejecutivo rige para todo el país y es
de aplicación obligatoria en todos los centros y lugares de trabajo, públicos o privados.
Artículo 3°. – De las obligaciones de la persona empleadora. Las personas empleadoras en
el ejercicio de sus funciones deberán:
a) Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias y las indicadas en los protocolos y
medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud, el Poder Ejecutivo y demás
autoridades públicas, para los centros de trabajo ante la declaratoria de emergencia
sanitaria del COVID-19.
b) Informar a las personas trabajadoras sobre el contenido de los protocolos establecidos por
las autoridades públicas para los centros de trabajo ante la emergencia sanitaria del
c) Mantener los centros de trabajo en las condiciones de inocuidad y seguridad establecidas
en los protocolos por las autoridades públicas.
Artículo 4°. – De las obligaciones de las estructuras preventivas en salud ocupacional. Las
personas que conforman las comisiones y oficinas o departamentos de salud ocupacional en
a) Identificar y evaluar las áreas de mayor riesgo con relación al contagio del virus COVID-19
y verificar cumplimiento de los protocolos emitidos por las autoridades públicas en estas
b) Vigilar que en el centro de trabajo se cumplan las disposiciones legales y reglamentarias
establecidas en los protocolos emitidos por las autoridades públicas para la prevención del
c) Establecer una estrecha comunicación con la persona empleadora y las personas
trabajadoras con relación a los lineamientos establecidos en los protocolos emitidos por
d) Promover actividades de información sobre la prevención de los riesgos laborales
asociados al contagio del virus COVID-19.
Artículo 5°. – De las obligaciones de la persona trabajadora. Las personas trabajadoras en el
ejercicio de sus funciones deberán:
a) Someterse a los lineamientos y disposiciones indicadas en los protocolos y medidas
sanitarias emitidos por las autoridades públicas para los centros de trabajo ante la
emergencia sanitaria del COVID-19.
b) Colaborar y participar en los programas que procuren su capacitación, en materia de
prevención y abordaje de la enfermedad COVID-19.
c) Mantener una constante y estricta vigilancia de su salud, para detectar síntomas de
d) Reportar cualquier situación de riesgo de contagio del COVID-19 que identifique en el
e) Utilizar, conservar y cuidar los equipos y elementos de protección personal que se le
f) Manejar adecuadamente los desechos bioinfecciosos.
Artículo 6º.-Vigencia. El presente Decreto Ejecutivo rige a partir de su publicación en el diario
Dado en la Presidencia de la República, a los veinte días del mes de abril del dos mil veinte
GEANINNA DINARTE ROMERO
DANIEL SALAS PERAZA
Lo tendremos que pagar… ¿Cómo lo haremos?
Tags: Crisis económica, desempleo
Hemos visto un movimiento singular en lograr tener un marco legal, que al menos en el corto plazo sea apto – en la medida de las posibilidades país – para atender la peor parte de la pandemia, que es la larga cola del fenómeno de salud, en el ámbito de lo económico.
En el sector privado hemos visto con beneplácito la demostración que se ha hecho evidente: con voluntad política todo acuerdo – inclusive en materias altamente sensibles – se logra con aplastantes mayorías en el Congreso. Tanto si son con impulso propio o de iniciativas del Poder Ejecutivo, así como de instancias sometidas de manera indirecta por grupos desinteresados de la sociedad civil por medio de los respetables diputados de la mayoría de las fracciones legislativas.
Estamos seguros de la capacidad de resiliencia de la humanidad ante situaciones catastróficas como las que vive el mundo entero hoy, de inusitados antecedentes. Lo indeterminado aún es, precisamente ¿cómo lograr que haya un reparto adecuado de las cargas y costes asociados al levantamiento del peso muerto que genera la gestión de esta crisis?
Hasta hoy, hemos visto programas solidarios tendentes a atender el creciente nivel de desempleo, que nos toma en la boca de apertura del 2020 en uno de los niveles más vergonzosos que hemos tenido en la historia de los últimos 40 años. Un balance de apertura del 12.4% de desempleo abierto según datos oficiales, sin contabilizar los altos niveles de subempleo, informalidad y desempleo estructural; tan común y contradictorio en Costa Rica antes del inicio de la pandemia. Este es nuestro punto de partida para enfrentar tanto la crisis de salud como la económica derivada.
Estamos ahora de cara a cifras espeluznantes de niveles de más del 30%; que superan las tasas históricas alcanzadas en lo profundo del cráter de la crisis estructural de 1982. Esto según escenarios que pueden llegar a ser hasta del 50% bajo proyecciones del propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Esto por si mismo se califica y descalifica a la vez.
¿En que medida hay respuesta del Gobierno Central a aportar a la solución de manera sostenible en el tiempo?
A pesar de los elogios que se han ganado, también debemos decir que es poco el tiempo que hay, como para tomarse más tiempo para actuar sobre un largo pendiente estructural. Extrañamos y resentimos que, cuando hubo oportunidad de hacer una reforma ordenada y paulatina, ahora haya urgencia y deba ser más bien drástica y unísona.
Como todo en la vida lo que no se paga temprano, se termina pagando, aunque sea tarde y quizá de las formas en que menos esperábamos que ocurriera.
El sector privado ha aplaudido, hasta hoy, lo que de manera constructiva se ha hecho para aliviar la crisis económica. Pero debemos decir que, si queremos evitar la destrucción masiva y sostenible del aparato productivo y el aumento irreversible del desempleo, es fundamental cambiar el paradigma de las finanzas y la velocidad en que se lance el financiamiento masivo del sector privado.
El efecto multiplicador de cada día sin flujo de caja deteriora de forma irreparable la capacidad productiva y alarga el plazo de la recuperación de lo que quiera que vaya a ser recuperable; en particular, en los sectores más afectados por esta crisis económica: Los sectores de servicios y las Pyme, ni que decir de los prestadores de servicios autónomos, que suman más de medio millón de personas, según datos del INEC.
El financiar al sector privado con dispensa de trámites, poniendo el dinero donde y cuando se necesita, es la única manera de evitar llegar a las cifras de desempleo indicadas y que una vez ahí ubicadas, solo atizan la hoguera de la recesión preexistente al Covid-19.
Para esto, hay que partir del principio de escasez de los recursos, lo que se va a dar a unos no se puede dar a otros que, aunque suene a obviedad se ha perdido de vista.
Hemos censado en el sistema financiero con la resultante de que, los trámites en lugar de expeditos se advierten desde la puerta – cuando la abren, virtual o física –como más lentos de lo usual.
Cuando se solicitan los nuevos requisitos, para la obtención del crédito empresarial de estas condiciones, no solo son los mismos anteriores, sino que los criterios de evaluación financiera permanecen inmutables a la nueva realidad. Tanto como la exigencia de garantías inclusive con refuerzo ante el aumento del riesgo.
Se requiere que, desde las autoridades rectoras del sector financiero, se pase de la instancia a la exigencia de revaloración de plazos de trámite, reducción y adecuación de la parametrización financiera a la condición real y actual, que se elimine el celo de garantías que al final se deberán devorar los bancos, si los negocios no sobreviven.
Solo revisen la historia de la crisis inmobiliaria de 2008 en España y experimenten en cabeza ajena, ya que en la propia será irreversible desde la óptica económica y social.
El otro asunto que ya está en sala de emergencias y de impostergable corrección es entrarle frontalmente a la eliminación de las redundancias del Estado. O hacemos eso para aumentar capacidad de generar riqueza, o nos garantizamos que ese escaso recurso financiero vaya a alimentar al mórbido tamaño del Estado, en detrimento de las finanzas de los que generamos la riqueza del país que, por cierto, somos la fuente de recursos sanos para financiar el nuevo tamaño del Estado, a través de los impuestos de las actividades que pervivan.
Es indudable que la opción para esta inherente escasez de recursos es o un colón de riqueza incremental, o un colón de pobreza incremental, no hay vuelta de página ni tiempo.
La celeridad con que se tramitaron los urgentes proyectos de flexibilidad de jornadas, alivio fiscal y otras medidas, que van en la dirección correcta, pero en dosis insuficientes para salvar el aparato productivo, debe ser urgentemente acompañada de una reducción del gasto público, que evite la desleal competencia entre la demanda de fondos del Ministerio de Hacienda en la colocación de papel deuda – en apariencias más seguro que colocar en créditos – y la capacidad de aumentar inclusive recaudación incremental, sea recursos sanos, si se dirigen la misma cantidad de recursos al sector productivo.
Debe tenerse claro que estamos en tiempos extraordinarios, donde seguir resolviendo los asuntos de manera ordinaria no es aplicable.
El Estado empleador, redundante, improductivo y gastón debe abandonarse ya. Ciertamente aumentará el nivel de desempleo, pero liberará capacidad de producción que genere empleo para que haya consumidores y se reactive la economía que estamos esperando hace ya nueve meses, que nos digan cómo la iban a reactivar y seguimos a la espera. El momento es ahora.
Debemos tomar conciencia, que la razón de déficit fiscal incrementado nos pone en condiciones altamente limitadas de tomar créditos accesibles de los organismos financieros internacionales. Lo que nos lleva a fuentes de financiamiento encarecidos a tasas que no serían nada favorables para el país, escenario tristemente semejante al que hundió a Costa Rica en el abismo de la miseria en al inicio de la década de 1980.
El retroceso es insalvable, e insostenible, las condiciones no dan para pensar mucho respecto del camino a tomar, hay pocos chances de equivocarse siendo valientes en las dos líneas generales indicadas, con alto riesgo en la lentitud o en la excesiva pensadera.
A la vez, si se desea contar con el apoyo del sector productivo del país para medidas de orden recaudatorio y compromisos con el sostenimiento de los empleos, hay que poner en acción esta postergada medida.
Recordemos que la aprobación con beneplácito privado de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas fue bajo el entendimiento de aplicación de una regla fiscal, que ha sido repudiada por las ilustradas instituciones del Poder Judicial, las Universidades y un plural de actores que se han dado el lujo de comportarse como ciudadanos de otra República. La de los de la Costa Rica pujante, mientras los demás somos los de la Costa Rica que puja, para tratar de sacar el barco de la tormenta, si estamos ya enfrentando los costes de la Ley indicada, ese pacto se ha roto, debe ser inmediatamente reestablecido.
Esta tormenta que hoy enfrentamos nos toma con proa floja. No tenemos la fortaleza de finanzas públicas para ser presentables ante acreedores institucionales; a no ser por una mínima cuantía resultante de la necesidad de cambios estructurales, como los que en su momento generó aquella legendaria crisis de ajustes estructurales severos. Los de mayor edad podemos testimoniar que fueron muy dolorosos e inevitables entonces, como podrían llegar a serlo pronto si no actuamos ya.
Debemos nivelar la cancha o nos hundimos todos, sin distinción. ¿Es esto por lo que queremos optar? Ya las Cámaras empresariales han hecho vehemente llamado al Poder Ejecutivo para que actúe en las líneas de: financiar ya, a los sectores productivos y reducir ya el gasto público. El menú esta en la mesa, hay que actuar, nótese que no hablamos de opciones de acción sino de conjunción de estas.
Además, todas las transferencias que para palear temporalmente la crisis se han generado, no solo han hecho decrecer, aunque sostener en algo, la capacidad de consumo de los nuevos desempleados. Esto no es sustentable y además debe pagarse, la pregunta después de racionalizar la lógica obligación de pago es ¿Cómo lo haremos?
La labor y las circunstancias que enfrentamos es para estadistas, no para nadie de mente corta. Es con las acciones que mediremos el efectivo calibre de nuestros gobernantes. No hay espacio para mucho pensar, será indispensable que se declare una ampliación del Estado de emergencia para atender, Dios mediante, no la pandemia sanitaria, sino sus graves secuelas que son una pandemia económica de urgente acción.
El sistema económico puede componerse por dos vías: por las políticas con que se le dirija y estimule, o por medios autocompositivos. Los primeros pueden ser dolorosos, pero el dolor es susceptible de ser administrado y dosificado. Dejar que sean las fuerzas de la autocomposición del mercado las que tomen las riendas del futuro económico, aparte de una imperdonable traición a la Patria, es una acción genocida de lesa humanidad.
Así como la virtud del gobierno en materia de salud fue dejar que especialistas en esta materia tomaran control de la pandemia, con un papel de dirección de orquesta – entre más imperceptible mejor –, asimismo debe el Gobierno dejar que los especialistas en materia de política económica hagan lo propio, generando un clima propicio de gestión como facilitador en la Asamblea Legislativa.
Quedamos a la espera, el tiempo se agota.
Publicado en el periódico La República el 21 de abril del 2020
“Papá empresario, hijo millonario, nieto mendigo”
Tags: Family Business, Negocios familiares, Sucesión empresarial, Sucesión familiar
Crear una empresa exitosa requiere de una enorme cantidad de talento y trabajo duro. Lograr que esa empresa perdure en el tiempo es tarea ardua. La mayoría fracasa en el intento. Más difícil aún, si estamos hablando de una empresa familiar.
Estadísticas a nivel mundial indican que el 70% de las empresas familiares desaparece en la transición de la primera a la segunda generación. El 95.5% de las empresas no logra pasar de la tercera generación. En gran medida estos fracasos se deben a la falta de planificación, ya que los líderes en la empresa familiar no dedicaron tiempo para pensar y desarrollar el plan de continuidad.
En Latinoamérica una gran mayoría de las empresas son familiares; muchas son dirigidas por sus fundadores y además dan empleo y sustento a otros miembros de la familia. Durante los próximos años muchas de esas empresas, obligadas por el paso natural del tiempo, tendrán que afrontar un proceso de cambio en su liderazgo.
Perdurarán aquellas que logren desarrollar un proceso exitoso mediante el cual un nuevo líder o grupo de líderes asuma las riendas del negocio. El resto formará parte de las estadísticas de empresas que desaparecen durante una transición generacional. ¿A cuál grupo le gustaría que pertenezca su empresa? ¿Cuánto tiempo dedica a la planificación de la continuidad?
Aunque la planificación no garantiza el éxito en la sucesión, definitivamente mejora las probabilidades.
Las empresas familiares exitosas aprenden a sobreponerse a la adversidad, incluyendo el conflicto familiar, los desacuerdos en la toma de decisiones, y las diferencias en los criterios de reinversión.
Superando estos desafíos es como logran mantenerse robustas empresas familiares como Walmart, BMW, Volkswagen, Cargill, Bimbo y Samsung. Ellos le apostaron a la continuidad y mediante la planificación lograron perdurar en el tiempo. ¿Cuáles son algunos de los temas que planifican las empresas familiares exitosas?
La propiedad (patrimonio)
Planificar la propiedad
¿Quién o quiénes son los dueños de la empresa, y quién o quienes van a ser los dueños futuros? ¿Cuál es la estructura legal que tiene la empresa, es una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada o una empresa individual?
La estructura y distribución de la propiedad tienen un impacto importante y por consiguiente deben tomarse en cuenta al planificar la continuidad de un negocio. Es esencial preparar a las nuevas generaciones para que comprendan y asuman sus derechos y responsabilidades como propietarios.
Planificar la familia*
La familia es considerada una de las instituciones sociales de mayor relevancia. Al planificar la continuidad de la empresa familiar es necesario participar a todos los miembros de la familia y comprender que cada uno de ellos puede estar viviendo una etapa diferente en el ciclo de la vida.
¿Cuál es la visión y metas futuras de cada individuo? ¿Es posible lograr una visión única familiar? La unión familiar puede ser el factor de mayor incidencia en la continuidad de la empresa familiar.
Planificar la empresa
¿Está la estrategia de la empresa alineada con los valores y la visión de la familia? A pesar de que todas las empresas tienen similitudes, es necesario al planificar la continuidad, tomar en cuenta la edad, el tamaño, la estructura y la capacidad financiera del negocio.
Todos estos son factores que inciden de manera particular durante el proceso.
La mayoría de los líderes dedican poco tiempo a la planificación de la continuidad. Según un artículo publicado por el Diario El Espectador, en Colombia más del 86% de las empresas son empresas familiares y el 60% de ellas no cuenta con un plan de continuidad. Las cifras son similares para México y Centroamérica.
Mientras estas cifras no cambien, el conocido refrán popular “abuelo empresario, padre millonario, nieto mendigo”, seguirá siendo una realidad. Pero está en usted dejar atrás ese presagio.
Afectación de la suspensión total o parcial de la producción de los activos de propiedad planta y equipo a consecuencia del COVID 19
Por: Arturo J Baltodano
Este artículo fue orginalmente publicado por BCR Consultores miembros de la red global HLB Internacional y aliados de GCI.
La pandemia mundial del COVID 19 y las medidas gubernamentales adoptadas para disminuir sus efectos, están generando impactos significativos en la actividad de muchas empresas. Las medidas dictadas por el Gobierno de la República, a través del Ministerio de Salud, Misterio de Seguridad Pública, la Caja Costarricense del Seguro Social entre otras entidades del sector público, buscan contener la propagación del virus; entre estas podemos citar: acoger la opción del teletrabajo, cierres de Bares, Discotecas, Teatros, Cines , cierre de las Playas, cancelación de eventos que tenga que ver con aglomeraciones que puedan representar un riesgo de contagio, restricción vehicular, cierre de fronteras y aislamiento general de la población. Dichas acciones han producido una interrupción temporal en gran parte de la actividad económica del país, disminuyendo sustancialmente los niveles de demanda y precios, por ende, con impactos importantes en los resultados finales de las empresas. Se presupuesta que este escenario afectará prácticamente a la totalidad de las empresas, factores directos o indirectos, en función del tipo de sector y actividad.
No hay duda de que las medidas detalladas en el párrafo anterior, representan indicios de deterioro del valor de los activos, es por esta razón que, las entidades del Sector Público obligadas a usar el marco de referencia de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las empresas del sector privado que utilicen dicho marco, deben determinar el valor recuperable de sus activos de propiedad planta y equipo. Por otra parte, las empresas que presenten su información financiera bajo el marco de las NIIF para Pymes, deben aplicar los criterios de la Sección 27 del deterioro del valor y las entidades públicas que presentan su información contable bajo el marco de referencia de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP), deben aplicar las NICSP 21 correspondiente al deterioro de activos no generadores de ingreso y la NICSP 26 asociada con el deterioro del valor de los activos generadores de ingreso.
Las mejores prácticas contables, en la determinación del deterioro del valor de los activos de propiedad planta y equipo, por lo general requieren estimar los importes recuperables de estos activos. Para tal efecto, las entidades tienen como política utilizar el método del flujo de efectivo traído a valor presente, esto debido a que la determinación del valor razonable a través de la valoración de los activos, requiere un costo mayor. Para la realización de estos flujos de efectivo se basan en proyecciones, inversiones y supuestos de sus planes estratégicos.
Adicionalmente, las entidades que frecuentan la aplicación del método basado en el flujo de efectivo a valor presente, buscan tasas razonables de crecimiento según el sector de su industria, estas tasas también han sido afectadas por los efectos del Covid 19.
Así las cosas, debemos poner especial atención a entornos excepcionales y probables impactos significativos que provengan del Covid 19, las nuevas estimaciones y suposiciones, van a demandar valiosas calidades de juicio, como además, mayores niveles de presentación y revelación en la información financiera.
Los activos de propiedad, planta y equipo, sometidos a estos razonamientos de deterioro, se asocian a todo tipo de activo generador o no generador de ingresos. No podemos olvidar que, la estimación se debe aplicar a todos los activos individuales y a las unidades generadoras de efectivo (UGE). Dicho procedimiento se aplicará basándonos en las normas relacionadas al deterioro del valor, sean estas aplicables a entidades públicas, privadas o Pymes. Una unidad generadora de efectivo (UGE), es el grupo identificable de activos más pequeño, capaz de generar entradas de efectivo que sean, en buena medida, independientes de los flujos de efectivo derivados de otros activos o grupos de activos.
El cálculo del deterioro del valor de los activos, independientemente del tipo de empresa y de la industria en que esta se desenvuelva, va a requerir de niveles de cuidado y evaluación distintos.
Subutilización de los activos de propiedad, planta y equipo a consecuencia de las medidas de orden sanitario.
Uno de los factores más comunes que pueden generar indicios de deterioro en los activos de propiedad, planta y equipo, es la subutilización. Por lo tanto, en el caso de la pandemia provocada por el COVID 19 y las medidas tomadas por las autoridades sanitarias, como los cierres de las empresas, especialmente en el sector turismo, comercio y servicios, se está provocando una baja significativa en los ingresos de dichas empresas. Estos eventos pueden suponer que las empresas se vean obligadas a utilizar el activo en su estado actual, durante un periodo que se extenderá mas allá de su vida útil o vida económica, o reconsiderar su depreciación, si esta se basa en el método del patrón de consumo, sugerido por la NIC 16 de propiedad, planta y equipo.
Esto significa que, a diferencia de lo que sucede en otros escenarios, podría ser apropiado un período de estimación de vida útil más largo.
En este sentido, es importante recordar que cualquier cambio en la vida útil y el método de depreciación, deberá ser tratado como un cambio de estimación y, por tanto, su efecto será tratado de forma prospectiva en la presentación de los estados financieros anuales.
De acuerdo al marco jurídico tributario de Costa Rica, todo obligado tributario de conformidad con el artículo 57 del Reglamento a la Ley del Impuesto sobre la Renta y de acuerdo con la reforma efectuada el 10 de setiembre de 2012, al artículo 128 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la contabilidad debe hacerse con arreglo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Sin embargo, la Dirección General de Tributación Directa en su Resolución 029-2018, hace una serie de acotaciones sobre las interpretaciones de las NIIF.
Es así como, en su artículo N° 7 inciso a, hace referencia a la NIC 16 de propiedad, planta y equipo, además de la NIC 36 del Deterioro de valor, en la cual, el inciso b de dicha resolución detalla lo siguiente:
No es deducible la pérdida originada por deterioro en el valor de los activos, por cambios en el valor de mercado. La disminución del valor de mercado de un activo debe considerarse como un deterioro del activo, según la NIC 16 Y 36, sin embargo, para la determinación de la obligación tributaria, a pesar de que el bien o activo sea utilizado en la generación directa de rentas gravables, este gasto deberá considerarse como gastos no deducibles de conformidad con lo que se establece en el RLISR, por corresponder a estimaciones realizadas para cuantificar su deterioro.
El señor Presidente de la República, manifestó en una de sus conferencias de prensa, que eventos extraordinarios deben ser atendidos con medidas extraordinarias. Ahora bien, la pandemia provocada por el COVID 19 es un evento extraordinario que está afectando la economía y los resultados de las empresas, entonces, por qué la Dirección General de Tributación Directa, no toma medidas extraordinarias y por única vez en el periodo 2020, permite que el deterioro del valor de los activos, se considere como decible de la renta imponible. Considero que, las diferentes Cámaras y los Colegios Profesionales, pueden hacer la sugerencia al señor Ministro de Hacienda.
Las medidas de orden fiscal dadas por las autoridades de Hacienda, se enfocaron en una moratoria del IVA, “que al final se debe de pagar” y una exoneración del IVA a los arrendamientos por un periodo de tres meses; no se observan medidas razonables en la cédula de renta a las utilidades. Poder deducir de la Renta los efectos del deterioro del valor de los activos a consecuencia del COVID 19, representa una medida razonable y justa, además, valorar una doble deducibilidad de los costos por salarios, esto quizá, hubiese motivado a los empresarios a no realizar tantas reducciones en su nómina.
Arturo Baltodano y su equipo de trabajo en BCR Consultores son aliados de Grupo Camacho Internacional para temas de Normas Internacionales de Información Financiera y otras prácticas relacionadas.
Ellos también son miembros de la Red Internacional de Consultoría e Impuestos HLB Internacional.

References: Resolución 
 artículo 182
 artículo 41
 artículo 301

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6
 artículo 57
 artículo 128
 Resolución 
 resolución