Source: https://www.scribd.com/document/125745936/Noticias-Uruguayas-sabado-16-de-febrero-del-2013
Timestamp: 2018-05-26 14:08:11+00:00

Document:
QUE SE VAYA LA CORTE “se va a acabar, se va a acabar la impunidad en Uruguay”
"Que se vayan, que se vayan" los ministros de la Corte, gritaban los manifestantes, que ingresaron al edificio en protesta por el traslado de la jueza Mariana Mota a la justicia civil Unas 300 personas, entre las que se encuentran el músico Daniel Viglietti, el extupamaro Jorge Zabalaza, la abogada Hebe Martínez Burlé, el escritor Eduardo Galeano y el diputado Luis Puig, participan de la manifestación convocada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Hijos Uruguay, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), Crisol
y el Colectivo Denunciantes Octubre 2011. A los aplausos y al grito de “se va a acabar, se va a acabar la impunidad en Uruguay”, los manifestantes se concentraron una hora antes del horario previsto para la jura, pautado para las 11 de la mañana
Ciudadanos realmente demócratas han ido a manifestar su solidaridad con la Jueza Mariana Mota rechazando la "purga express" llevada adelante por la ex Corte Suprema de Justicia, hoy conocida como la Corte de Suprema INJUSTICIA. Ciudadanos que han comprendido que a la Jueza Mota la han sacado del medio como el primer paso para la imposición del objetivo reclamado por el fascismo: LA CONSOLIDACIÓN TOTAL Y DEFINITIVA DE LA IMPUNIDAD PARA LOS CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD. El Ministro del Interior Bonomi, torturado y preso cuando la dictadura ha enviado a los Coraceros, grupo de choque policial entrenado según los modelos yanquis aplicados en Irak y Afganistán y los modelos de los genocidas del estado racista de Israel. Los demócratas que acudieron a
manifestarle su apoyo a la Jueza Mota y su repudio a la decisión de la SC de Injusticia han resistido el desalojo policial. Ha sido la misma Jueza Mota, demostrando una altura de miras que opaca a todos sus detractores y verdugos, la que ha evitado que los incidentes llegaran a mayores. Estamos en un momento decisivo. Mujica y el FA que están preparándose para ir a encontrarse con el asesino masivo Obama, y simultaneamente preparando las próximas elecciones del 2014.Dentro de esos preparativos está el "limpiar" el ámbito judicial de los jueces y fiscales que APLICAN LOS PRINCIPIOS DE LA JUSTICIA con los que Mujica se hace aplaudir en las tribunas internacionales. Nadie podrá y DEBERÁ OLVIDAR que fué justamente Mujica el que instigó y reclamó públicamente de la SCJ medidas contra la Jueza Mota. Lo que, en esos ámbitos, no es otra cosa que echar a la Jueza Mota. Y así ha sido. Los caraduras de la SCJ se atreven a decir que no han habido presiones políticas cuando ellas fueron divulgadas con altavoces por todos los medios. Nadie les cree. Y si por acaso algún ingenuo todavía les creía los NO ELEGIDOS POR EL PUEBLO miembros de la SCJ acaban de iniciar una ofensiva en todos los frentes para ESTABLECER DEFINITIVAMENTE LA IMPUNIDAD. La purga de Mota es la primera salva. Ya anuncian que - para ellos - los remiendos mujiquistas a la ley de impunidad son ilegales. Lo que significa, ni más ni menos, que todos los procesos en curso se liquidan, cierran, archivan, anulan. Se pretenden borrar como si nunca hubieran existido. Entre ellos los 55 casos en los que estaba al frente la Jueza Mota, muchos de los cuales iban en camino de definición y sentencia. Un trámite normal han dicho los NO ELEGIDOS POR EL PUEBLO, Mota debe de conocer también el derecho civil han sostenido, como si la gente en Uruguay fueran igual de retardados que sus alcahuetes. La verdad que ocultan y sobre la que mienten descaradamente (actitudes ambas que de suyo inhiben a estos "personajes" a seguir un minuto más al frente del supuestamente órgano máximo de la Justicia en Uruguay) es bien sencilla: les han exigido echar a la Jueza Mota, los militares, tanto los retirados como los activos, así como también lo han hecho los asesinos condenados, se lo ha reclamado la derecha cómplice y parte de la dictadura fascista y públicamente lo ha manifestado el Presidente Mujica que los ha conminado a deshacerse de la Jueza Mota. Una verdadera coalición de toda la cúpula del poder. Un verdadero "eje del mal" sobre el cual no caben diferenciaciones, que derecha e izquierda, que demócratas o fascistas ya que el "hecho que los une" en la concreta es el resumen de todos los males: LA IMPUNIDAD. Están todos envueltos en el patoteo contra la solitaria y VALIENTE JUEZA MOTA que dicta cátedra no solo jurídicamente sino también MORALMENTE, virtud que
el "eje del mal" o nunca tuvo o tiró por la borda a cambio de las "mieles del poder" como es el caso del gobierno del FA calificado como aliado preferido del genocida imperialismo yanqui. La SCJ piensa decretar que los crímenes de lesa humanidad, a lo sumo, son delitos comunes. Es decir que el sistemático robo de bebés cae en la misma categoría que los asaltos o crímenes pasionales. Que la desaparición forzada de cientos de uruguayos es un delito "común" dicen. Común sí, en los ámbitos del fascismo, común sí, entre los cómplices del asesino Obama (como el gobierno uruguayo lo es) que masacran centenares de civiles en todo el mundo, mantienen la totalmente ilegal prisión de Guantánamo, invaden paises y no hay leyes internacionales que valgan para sus fechorías cuyo fin como es bien sabido, es el robo y el saqueo. Delitos que la SCJ seguramente también considerará "comunes". Sí, claro, es "común" en esos ámbitos asesinar, torturar, detener ilegalmente y masacrar para robarle los bienes a esos pueblos que caen víctimas de su codicia. La SCJ piensa ponerse en situación de desacato ante la Corte Interamericana de Justicia que claramente ha manifestado el carácter de delitos de lesa humanidad para estos que ellos pretenden titular comunes. Crímenes de Lesa Humanidad significa que no prescriben, los comunes prescriben y por lo tanto todos los asesinos podrán ser absueltos, declarados inocentes y hasta liberados TAL CUAL MUJICA HA MANIFESTADO QUE ES SU OBJETIVO ANTES DE ENTREGAR EL GOBIERNO. Y después se atreven a hablar de que no han habido "presiones"!. Crímenes de Lesa Humanidad que no prescriben significa que la desaparición forzada de personas es un DELITO PERMANENTE, QUE SE RENUEVA DÍA A DÍA, QUE A CADA HORA QUE UNA PERSONA SECUESTRADA POR EL ESTADO NO APARECE O SE DESCONOCE SU SUERTE O DESTINO SE ESTÁ COMETIENDO UN DELITO QUE NO PRESCRIBE. La Corte Interamericana de Justicia está por encima de las disposiciones nacionales.(fueron ustedes los que aplaudieron la "globalización" y las "Cortes Internacionales", claro está, siempre que se tratase de otros) pero lo cierto es que Uruguay debe de someterse a sus dictámenes. Y como bien lo explica Juan Gelman, en la medida en que aún el estado uruguayo no ha aclarado la desaparición del padre y de la madre de Macarena, ni tampoco su secuestro y robo como bebé, el caso sigue abierto y no está resuelto. Eso reclama la Corte Interamericana de Justicia cuando los VITALICIOS NO ELECTOS POR NADIE DE LA SCJ piensan colocar a todos los crímenes de lesa humanidad en la categoría de comunes. Alegan que no se puede juzgar retroactivamente. Demostrando que pisotean todo el derecho internacional acerca de los crimenes contra la
humanidad. Se juzga en la Corte Internacional de La Haya a culpables o no , dictadores o no, del África, por criímenes contra la Humanidad. Ninguno de los países de orígen de los sentenciados nunca había firmado tales acuerdos. Como tampoco lo habían hecho los nazis que fueron colgados al término de la Segunda Guerra Mundial por crímenes contra la humanidad. Ahí sí que lo de retroactivo no corrió. Si en el presente encuentran a algún verdugo nazi que mandó a la muerte a centenares de judíos, digamos por caso desde Francia, se lo captura, juzga y condena así sean casi centenarios. Sin consideración alguna a que ni los nazis ni el gobierno títere de Vichy en Francia habían reconocido la figura jurídica crímenes contra la humanidad. La SCJ está mintiendo, está estafando con total frialdad y se propone barrer con todo lo que han sido los modestos logros en materia de juicios contra criminales de lesa humanidad. Utilizan artilugios leguleyos que ni ellos mismos se los creen y que serán motivo de escarnio internacional. No les importa porque estan jugados a un pareciera "ahora o nunca" que viene desde la cueva de Domingo Arena pasando por los despachos de los "demonios" civiles que colaboraron y que sienten que el peligro de un deschave completo de su actuación durante el período del fascismo asesino se acerca. En ese contexto hay que ver a la purga contra la Jueza Mota y a las medidas ya anunciadas que la SCJ tiene en preparación. Serán verdaderos baldes de agua fría para una opinión pública que se había conformado con el emparche mujiquista de última hora cuando el tratamiento de la ley de caducidad. La gente piensa, en éste tema como en muchos otros, qué "algo es algo". Pero un algo tan endeble deviene o devendrá, sí la SCJ se sale con la suya, en un volver a empezar de cero, en un nada sobre todo lo ya hecho en materia de procesamientos y en una victoria del fascismo que levantará cabeza. Repitiendo el reiterado decir del Presidente Mujica cuando habla de huelgusitas, las SCJ le abre la puerta a Hitler. Y según parece quiere abrirle todos los portones y dejar pasar el tropel revanchista hoy en día envalentonado por la política del gobierno mujiquista y...por los "acuerdos estratégicos" firmados con el imperialismo yanqui. Antes, siempre la izquierda marcó a fuego a los golpistas y fascistas de toda laya definiéndolos como lacayos del imperio, seguidores de sus orientaciones, aliados a él, receptores de ayudas. Hoy resulta que todo eso lo ha hecho el gobierno del FA a nombre de la izquierda lo que -lógicamente- conduce a que los asesinos golpistas consideren que tenían razón en aliarse y ser servidores del imperialismo, tanto es así que su enemigo del pasado hoy en día lo reconoce con hechos. Ellos tenían en muchos casos una colaboración clandestina. Mitrione por ejemplo. Hoy en día es abierta y hasta firmada y también filmada. Es lógico pues que se consideren vencedores. Siempre han dicho que
"ganaron la guerra" (de la misma manera qué Bush y Obama han proclamado varias "guerras ganadas") ahora pueden -además- decir que en lo estratégico, también han ganado esa guerra en el plano ideológico. La estrategia imperial en America Latina es combinada como se ha denunciado, explicado e informado. Están las bases militares, están las "minibases", están los "acuerdos estratégicos" así como las reuniones con embajadores, con Obama, con el Comando Sur etc, pero también están como componentes las variantes Honduras y Paraguay, por ejemplo. Que en concreto son "golpes blandos" cubiertos de una cierta "legalidad". "Institucionales" les llaman a los que se dota de cierta "legitimidad" para hacer posible su aceptación internacional e incluso de sectores medios en los países afectados. A la sombra de esa "institucionalidad" se suceden las masacres, los escuadrones de la muerte y la sangría permanente de militantes y dirigentes de las organizaciones sindicales, campesinas, movimientos sociales, organizaciones de los DDHH, jueces, fiscales, abogados y periodistas díscolos, es decir los qué no están con el régimen. Esta estrategia, se ha basado en los "veredictos" y aceptación por parte de las SCJ nacionales qué de esta manera legalizan golpes de estado. Y así, como por arte de magia, quedan limpios de la estigmatización como golpistas reduciendo el conflicto a cuestiones de trámites administrativos. Por eso queremos decir: CUIDADO!, MUCHO CUIDADO! CON LA CAMARILLA DE LOS NO ELECTOS DE LAS SCJ ! . Queda desde ya planteada la interrogante de sí ya hemos comenzado un proceso de actuación activa de la SCJ inmiscuyéndose en el destino político del país y dando legalidad a las fuerzas retrógradas. Los antecedentes están y el peligro existe. Por lo tanto tratemos qué lo de hoy sea un llamado de atención para tratar de poner en pie un vasto movimiento social y popular que frene estos ataques a la democracia. Empezando por los que tienen en marcha, es decir la pretensión de anular el carácter de los crímenes de lesa humanidad. La purga a la Jueza Mota fue el disparo inicial, las municiones pesadas vendrán pronto si es que no hay una respuesta contundente por parte del movimiento popular. Para seguir en éste proceso debería ponerse en el debate el carácter de la SCJ y las formas de su elección. Y si hubiera que reformar o cambiar la Constitución, debería hacerse de manera urgente ya que con la situación como esta ahora la SCJ SON UN PELIGRO !. Aunque ya podrían empezar ese proceso YÉNDOSE ! porque están poniendo en peligro a la democracia tratando de borrar los crímenes de lesa humanidad. Que se vaya la Corte ! Colectivo del Blog Noticias Uruguayas
La Policía ingresó a la fuerza al edificio de la Suprema Corte de Justicia para desalojar a los manifestantes que ingresaron en la mañana de este viernes en horas en que la jueza Mariana Mota se apresta a jurar en su nuevo cargo en la justicia civil. El ingreso se produjo al canto de “que se vayan, que se vayan” los ministros de la Corte. Un grupo de organizaciones sociales se convocaron esta mañana en la Plaza Cagancha, frente a la sede del Poder Judicial, en protesta por el traslado de la jueza penal Mariana Mota. Unas 300 personas, entre las que se encuentran el músico Daniel Viglietti, el extupamaro Jorge Zabalaza, la abogada Hebe Martínez Burlé, el escritor Eduardo Galeano y el diputado Luis Puig, participan de la manifestación convocada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Hijos Uruguay, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), Crisol y el Colectivo Denunciantes Octubre 2011. A los aplausos y al grito de “se va a acabar, se va a acabar la impunidad en Uruguay”, los manifestantes se concentraron una hora antes del horario previsto para la jura, pautado para las 11 de la mañana. No faltan las pancartas acusadoras: “Basta de impunidad. Justicia para los crímenes de lesa humanidad”, “Suprema Corte de Injusticia” y “Huidobro mafioso”, haciendo referencia a los enfrentamientos que la jueza Mota tuvo con el ministro a raíz de las causas que llevaba. Al llegar la magistrada un grupo numeroso de manifestantes ingresó con ella al edificio, lo que dio lugar a la actuación de la Policía. Mota tenía a su cargo 50 casos vinculados a los derechos humanos durante la última dictadura. A su vez, se había enfrentado en dos oportunidades al ministro de Defensa
Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, cuando le prohibió a la magistrada realizar una inspección ocular en el Batallón 14 y cuando el ministro no acató la orden de continuar con la búsqueda del avión Air Class, que cayo en junio pasado cerca de la isla de Flores. “Ante el traslado de la jueza Mariana Mota, una nueva señal de debilitamiento de los avances en las causas vinculadas a enjuiciar a los criminales del terrorismo de Estado, nos pronunciamos: es un nuevo atropello a la Justicia, la lucha contra la impunidad continúa”, señalaba este jueves el comunicado con que las organizaciones convocaron la manifestación.
Decenas de manifestantes ingresaron este viernes a la sede de la Suprema Corte de Justicia en medida de rechazo al traspaso a la órbita civil de la jueza, Mariana Mota, que lleva decenas de causas de delitos cometidos durante la última dictadura militar (19731985).
Manifestantes protestando en la Suprema Corte / AFP La jueza ingresó al recinto, donde estaba previsto el juramento para efectivizar su traslado, notoriamente emocionada en medio de una ovación de cientos de manifestantes. Tras su paso, decenas de los presentes decidieron ingresar con pancartas y en medio de cantos de apoyo a la sala donde iba a producirse la ceremonia, que está demorada. “Yo no me quería ir”, dijo la jueza al periodista a su llegada. Pasado el mediodía la Policía ingresó para sacar a los manifestantes, sin tener resultado. A las 13h00 locales (15h00 GMT) las autoridades volvieron a entrar y lentamente siguen intentando desalojar a los presentes en medio de protestas. “(Tengo) muchas causas de importancia” y “por el mejor servicio de la justicia debería continuarlas porque tengo conocimiento de los expedientes, y porque tengo mucho
más para dar”, señaló Mota en una entrevista publicada este viernes por el semanario Brecha. Mota fue duramente cuestionada cuando en 2011 participo de la “Marcha del Silencio”, que organizan anualmente familiares de detenidos desaparecidos en memoria de las víctimas de la dictadura. La jueza se defendió diciendo que simplemente estaba en el lugar pero no marchó. Además mantuvo diferencias con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, por el caso de un avión comercial que cayó en aguas del Río de la Plata ocasionando la muerte de sus dos ocupantes. “Estamos acá en protesta de Mariana Mota a un juzgado civil cuando ella (…) era quien estaba llevando las causas más importantes de derechos humanos, es un retroceso absoluto para estas causas, creemos que es injusto”, dijo a la AFP la abogada y defensora de los derechos humanos Hebe Martínez Burlé. La dictadura militar dejó como saldo más de 200 desaparecidos, la mayoría en la vecina Argentina. El escritor Eduardo Galeano estuvo al principio de la manifestación fuera del recinto junto a activistas de derechos humanos. AFP Relacionadas de la nota
BONOMI MANDÓ A LOS CORACEROS A REPRIMIR A LOS DEMÓCRATAS. QUÉ PUDRICIÓN MORAL !! A ESTO LE LLAMAN "PROGRESISMO", DEFENDER A LOS ASESINOS, ECHAR A LA JUEZA MOTA Y ENCIMA REPRIMIR USANDO LOS MÉTODOS DEL FASCISMO. EL MINISTRO DEL INTERIOR BONOMI EL MISMO TORTURADO, VEJADO Y PRESO EN EL PASADO RECURRE A LA METODOLOGÍA DE LOS CRIMINALES DE LESA HUMANIDAD. COMO EX TORTURADO Y EX PRESO DEBERÍA HABER ESTADO ALLÍ MANIFESTANDO EN DEFENSA DE LA JUSTICIA Y DE LA JUEZA MOTA.
Cientos de personas de diversas organizaciones sociales participan en este momento de una movilización en rechazo al traslado de la jueza penal Mariana Mota. Tras el pedido de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) hace minutos ingresó la Policía para desalojarlos de la antesala debido a las dificultades para realizar el juramento de la jueza. Los coraceros que habían ingresado no pudieron hacer salir a la gente y decidieron, para evitar más enfrentamientos, retirarse hacia afuera. Fuentes del organismo dijeron a EL PAIS digital que se está esperando desalojar a los manifestantes, entre los que se encuentran el músico Daniel Viglietti, el extupamaro Jorge Zabalaza, la abogada Hebe Martínez Burlé, el escritor Eduardo Galeano y el diputado Luis Puig, para que la jueza pueda prestar juramento en su nuevo cargo.
En la convocatoria, que ayer circuló en las redes sociales, se indicó que la intención es rendirle un "reconocimiento" a Mota ya que "retomó y proyectó la mejor historia uruguaya de independencia republicana de poderes y de compromiso valiente por la tutela de los Derechos Humanos". La movilización es promovida, entre otros, por la Federación de Estudiantes Universitarios, la agrupación de madres y de hijos de desaparecidos y agrupación de ex presos políticos Crysol. Allí, los manifestantes aseguraron a gritos que "son todos unos corruptos y ladrones" e indicaron que "se va a acabar, se va acabar la impunidad en el Uruguay". Mota ha sido duramente cuestionada por los centros sociales militares ya que consideraron que su proceder en torno a los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura no fue imparcial. Asimismo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Ruibal Pino descartó categóricamente cualquier presión del Poder Ejecutivo en el traslado de la jueza Mariana Mota a la órbita civil. "Descarto totalmente que haya presiones del Poder Ejecutivo sobre la Suprema Corte. No la aceptaría ni yo ni ninguno de los cuatro compañeros", dijo Rubial en declaraciones a Telebuendía en canal 4. Sobre la posibilidad de la jueza de recurrir al fallo de la Suprema Corte, Ruibal Pino dijo que la magistrada está en su derecho de hacerlo y que puede pedir impugnar la resolución en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sin embargo rechazó las declaraciones de Mota sobre la independencia del Poder Judicial. "No es cierto y lo desmiento categóricamente...", insistió. " Varias veces la SCJ falló contra la decisión del Parlamento, la decisión oficial y luego cambiando la decisión de la corte, la decisión se modificó. Hay muchas decisiones contrarias al Poder Ejecutivo" dijo. El magistrado añadió que no descarta medidas de seguridad adicionales pero confía en que será una manifestación pacífica. Asimismo, Mota fue consultada por radio Sarandí señaló que resolverá si recurre cuando se le presente la resolución esta mañana y dijo que cuando "a un juez que tiene casos importantes se lo cambia intempestivamente sin que tenga fundamento" a su juicio "se obstaculiza la visión de Justicia". El País Digital
Montevideo, Uruguay. 15/Febrero/2013. Santiago Mazzarovich Más de mil personas se movilizaron frente a la Suprema Corte de "Justicia (SCJ) para apoyar a la Jueza Mariana Motta. La movilización se trasladó en gran parte hacia el interior de la Corte, y la policía respondío intentando reprimir a pedido de los Ministros de la SCJ. Ante un primer intento de represión, la gente aguantó el avance de cinco policías con escudos, y se tuvieron que retirar. A la hora volverion a salir pero esta vez cerca de 15 milicos e intentaron nuevamente desocupar el edificio. La policía avanzó forcejeando con ancianas, viejos y manifestantes, atropellando a todo lo que hubiera enfrente. Cerca de las 14:30 la jueza Motta prestó juramento junto al resto de jueces. Con lo sucedido hoy se consolida la persecución a Mariana Motta por parte de la SCJ por el compromiso de la jueza de cara a los DD.HH. y la lucha por verdad y justicia. Motta estaba siguiendo 50 causas relacionadas con los DD.HH. Mariana Motta declaró el Viernes a Brecha: "“La gente llega pidiendo esa cosa gigante que es la justicia, y el Poder Judicial tiene el deber de investigar y de hacer todo lo posible por tratar de colmar esa expectativa… y yo siento que el Poder Judicial no lo está haciendo…. Yo sé que hice todo lo que pude, pero no llegué a cumplir con todo lo que era necesario".
Ante el intento inútil de la Policía por desalojar a los manifestantes del edificio de la Suprema Corte de Justicia y los incidentes registrados durante la acción policial, la jueza Mariana Mota, quien se aprestaba a jurar en su nuevo cargo, tuvo que intervenir para calmar los ánimos. Finalmente la Policía acordó con las organizaciones de Derechos Humanos desalojar a sus integrantes en forma pacífica y sin detenciones posteriores. Nacional - CASO JUEZA MOTA
Ante el intento inútil de la Policía por desalojar a los manifestantes del edificio de la Suprema Corte de Justicia y los incidentes registrados durante la acción policial, la jueza Mariana Mota, quien se aprestaba a jurar en su nuevo cargo, tuvo que intervenir para calmar los ánimos. Finalmente la Policía acordó con las organizaciones de Derechos Humanos desalojar a sus integrantes en forma pacífica y sin detenciones posteriores. En la mañana de este viernes, la Policía se vio obligada a ingresar a la fuerza al edificio del Poder Judicial, que minutos antes se había visto invadida por manifestantes de las organizaciones sociales, que a las 10 de la mañana se hicieron presentes en la Plaza Cagancha para protestar contra el traslado de la jueza penal, Mariana Mota a la justicia civil. Al canto de “que se vayan, que se vayan”, los ministros de la Corte, los manifestantes ingresaron al edificio en el mismo momento en que lo hizo la magistrada. Unas 300 personas, entre las que se encuentran el músico Daniel Viglietti, el extupamaro Jorge Zabalaza, la abogada Hebe Martínez Burlé, el escritor Eduardo Galeano y el diputado Luis Puig, participan de la manifestación convocada por Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Hijos Uruguay, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), Crisol y el Colectivo Denunciantes Octubre 2011. A los aplausos y al grito de “se va a acabar, se va a acabar la impunidad en Uruguay”, los manifestantes se concentraron una hora antes del horario previsto para la jura, pautado para las 11 de la mañana. No faltan las pancartas acusadoras: “Basta de impunidad. Justicia para los crímenes de lesa humanidad”, “Suprema Corte de Injusticia” y “Huidobro mafioso”, haciendo referencia a los enfrentamientos que la jueza Mota tuvo con el ministro a raíz de las causas que llevaba.
Al llegar la magistrada un grupo numeroso de manifestantes ingresó con ella al edificio, lo que dio lugar a la actuación de la Policía. Mota tenía a su cargo 50 casos vinculados a los derechos humanos durante la última dictadura. A su vez, se había enfrentado en dos oportunidades al ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, cuando le prohibió a la magistrada realizar una inspección ocular en el Batallón 14 y cuando el ministro no acató la orden de continuar con la búsqueda del avión Air Class, que cayo en junio pasado cerca de la isla de Flores. “Ante el traslado de la jueza Mariana Mota, una nueva señal de debilitamiento de los avances en las causas vinculadas a enjuiciar a los criminales del terrorismo de Estado, nos pronunciamos: es un nuevo atropello a la Justicia, la lucha contra la impunidad continúa”, señalaba este jueves el comunicado con que las organizaciones convocaron la manifestación.
Incidentes en Suprema Corte La balanza popular
15.02.2013 08:34 En medio de un clima tenso, con cientos de personas coreando cánticos contra la Justicia, decenas de coraceros llegaron a la Suprema Corte para calmar los ánimos de los manifestantes. La abogada Hebe Martínez Burlé confirmó a Montevideo Portal que Mariana Mota no pudo asumir y que la situación dentro de la sede es "complicada". La convocatoria en apoyo de la jueza Mariana Mota, frente a la Suprema Corte de Justicia, derivó hoy en varios episodios complicados a raíz de los ánimos de los manifestantes y la posterior llegada de la policía. Más de 300 personas se reunieron frente a la SCJ, mientras otro grupo de allegados entró en las instalaciones de la sede judicial para manifestar su apoyo a Mota en el momento de su asunción como jueza civil. La abogada Hebe Martínez Burlé, que se encuentra dentro de la sala donde se realizan los actos protocolares, dijo a Montevideo Portal que el clima está "muy pesado" y que Mota ni siquiera pudo asumir.
Burlé confirmó que un grupo de coraceros llegó al lugar y entró incluso en la sede, con el objetivo de impedir el ingreso de más gente. "Creo que si la Justicia hubiera sabido lo que se iba a provocar, hubiera pensado dos veces la decisión", manifestó. La jueza Mota intervino finalmente para que se calmaran los ánimos, explicó la letrada, pero su asunción del cargo fue suspendida por el momento. Algunos empujones e insultos se produjeron cuando los efectivos ingresaron al lugar con el objetivo de desalojarlo. Fuera de la SCJ, los manifestantes corean cánticos dedicados a la "corrupción" de la Justicia y portan caricaturas en la que se ridiculiza la decisión de la Suprema Corte y el papel de la Justicia. Convocatoria En un comunicado, los convocantes manifiestan que "a la hora 11 la extraordinaria Jueza Mariana Mota será condicionada a jurar un nuevo destino fuera de la órbita Penal donde tiene a su cargo un medio centenar de causas por delitos de Lesa Humanidad, vale decir Terrorismo de Estado en Uruguay". Agrega que "rendiremos público reconocimiento a quien retomó y proyectó la mejor historia uruguaya de independencia republicana de poderes y de compromiso valiente por la tutela de DD.HH. fundamentales. Publicitaremos crítica y rechazo a la medida y reclamaremos defensa del proceso institucional para superar la impunidad de torturadores y homicidas terrorista de Estado" Respaldo A través de un comunicado, el Partido Por la Victoria del Pueblo declaró su "rechazo enfático a una medida arbitraria, cuyos fundamentos no se explicitan sino por trascendidos que refieren a la actuación de la jueza Mota en la investigación y sanción penal en los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, así como otras investigaciones en curso con efectos políticos trascendentes". Denunció también "las sucesivas presiones ejercidas por distintos operadores políticos en la búsqueda de un desenlace como el que ahora se sucede, que pone en tela de juicio la independencia de un poder que debe velar por el ejercicio de la Justicia". Descargos La jueza Mota se refirió a estas concentraciones y su reemplazo en el Juzgado Penal esta mañana, en conversación con Informativo Sarandí. "Me parece un reconocimiento al trabajo y me parece muy bien. Yo simplemente trabajé", dijo Mota sobre las convocatorias, destacando las diferencias con su entorno judicial, ya que "la Asociación de Magistrados no dijo nada". En primer lugar, Mota explicó que difiere de la visión de Jorge Chediak, miembro de la
SCJ, que veía el traslado como un "premio". "La situación es igual, no veo cuál sería el premio. Yo no lo veo así", manifestó. "Es un organismo que lo que hace es administrar Justicia, que tiene que garantizar el servicio de Justicia. Creo que con todo el respeto por la colega que viene en mi lugar, cuando se cambia sin fundamentos a un juez -independientemente de quien sea- que lleva a cabo investigaciones que precisaban o estaban en situación de investigación, que son casos importantes, se obstaculiza el servicio de Justicia", señaló. Sobre las versiones que indican que su reemplazo obedece a sus problemas con el ministro de Defensa, Eleuterio Fernández, en el marco del caso Air Class, replicó: "No habla bien del Poder Judicial si cuando hay un problema de un funcionario judicial con otro del Poder Ejecutivo se cambie al del Poder Ejecutivo, si es que eso es así". Montevideo Portal
La Policía intenta desalojar del hall de la Suprema Corte de Justicia a un grupo de manifestantes pertenecientes a organizaciones de derechos humanos, que se concentraron en esa sede para protestar por el traslado de la jueza Mariana Mota de lo penal a lo civil. Desde las 10 de la mañana, una hora antes de la toma de posesión de Mota, se está realizando la marcha frente a la Suprema Corte de Justicia. Algunos de los manifestantes ingresar al recinto y entonaron cánticos en desaprobación del traslado de Mota. Los ministros le pidieron a la Policía que ingrese a la SCJ para proceder al desalojo. Hasta que no haya silencio y no estén las condiciones dadas para realizar el juramento de la jueza, indicaron los jueces, éste no se va a llevar a cabo. Aunque por el momento las autoridades intentan alcanzar el desalojo negociando con los manifestantes, se produjeron incidentes entre algunos manifestantes y la Guardia Metropolitana. Hasta el momento no se logró desalojar el hall de la SCJ. La jueza Mota tenía a su cargo unos 50 casos por violaciones a los derechos humanos. Las agrupaciones que convocaron a la marcha destacaron en un comunicado que su objetivo es rendirle un “reconocimiento” a la jueza, ya que “retomó y proyectó la mejor historia uruguaya de independencia republicana de poderes y de compromiso valiente por la tutela de los Derechos Humanos”. En los últimos tiempos, Mota fue protagonista de algunos hechos que generaron controversia y tuvo discrepancias públicas con dirigentes de la oposición, primero, y
con integrantes del Poder Ejecutivo, más recientemente. Sin embargo, varios ministros de la Suprema Corte han indicado que el traslado no implica una sanción encubierta, como denuncian los convocantes a la marcha. El lugar de Mota será ocupado por la magistrada Beatriz Larrieu, quien hasta el momento era jueza suplente. En entrevista con el Semanario Brecha, la Dra. Mota lamentó la decisión de la SCJ, y confirmó que recurrirá su traslado. “Hace siete años que estoy en materia penal, estudié, me profecionalicé, hice cursos, me preocupé por especializarme en lo penal y en materia de DDHH vinculados con lo penal, algo que la SCJ no promueve. Y de buenas a primeras me pasan a civil”, dijo la magistrada. Para la doctora Mota, con esta decisión, la SCJ está obstaculizando las investigaciones en torno a las causas de DDHH que estaban en su Juzgado, al obligar a una nueva jueza a estudiar unas 50 causas de casi 600 fojas cada una. Eso implica “pasarse mucho tiempo leyendo, no solo los expedientes, sino jurisprudencia, doctrina, convenciones, convenios internacionales, asociar hechos o declaraciones de unas causas con las otras, trazarse estrategias de investigación según las circunstancias de cada caso”, aseguró. Sobre los reclamos de familiares de víctimas de la dictadura, Mota afirmó: “La gente llega pidiendo esa cosa gigante que es la justicia, y el Poder Judicial tiene el deber de investigar y de hacer todo lo posible por tratar de colmar esa expectativa… y yo siento que el Poder Judicial. No lo está haciendo…. Yo sé que hice todo lo que pude, pero no llegué a cumplir con todo lo que era necesario”, sentenció.
CARTA ABIERTA SOBRE EL TRASLADO DE LA JUEZA MARIANA MOTA DE UN JUZGADO PENAL A UN JUZGADO CIVIL
Como académicos interesados en el tema de la justicia transicional y los derechos humanos en América Latina, y con especial preocupación por el Uruguay, nos dirigimos a Ud. en relación al anuncio del traslado de la Juez Penal Mariana Mota del juzgado penal 7 al juzgado civil uno. La Doctora Mota tenía a su cargo más de 50 causas de crímenes cometidos durante la última dictadura en el Uruguay. En 2010, la Juez condenó a prisión al ex dictador Juan Maria Bordaberry por su papel en llevar a cabo el golpe de estado de 1973.
El miércoles 13 de febrero la Juez Mota fue informada de la decisión de la Suprema Corte de su traslado a juzgado civil. Se desconoce la razón detrás de esta decisión. Aunque la ley uruguaya permite a la Corte llevar a cabo este tipo de acción, la falta de fundamento público de esa decisión sobre una juez cuyo trabajo ha sido reconocido por su imparcialidad frente a casos de suma complejidad, nos encontramos desconcertados. El cambio de la Juez Mota genera incertidumbre sobre el futuro de las investigaciones y los procedimientos judiciales de las causas de derechos humanos que ella tenía a su cargo. En nuestra opinión como académicos, resulta extraño que se decida el traslado de un juez sin que éste lo haya pedido o haya cometido alguna falta. Mucho más grave en este caso específico es que, debido a la naturaleza y el alto número de causas de terrorismo de estado que la Juez tenía a su cargo, es altamente probable que estas causas se vayan a trancar y demorar muchísimo. Es asombroso que eso ocurra apenas unos meses después de que el parlamento uruguayo ratificara la imprescritibilidad de los delitos de lessa humanidad y derogara así la Ley de Caducidad de la Pretención Punitiva del Estado, que por más de veinte años permitió vivir en impunidad a asesinos, violadores, y torturadores. Con esta resolución de la Suprema Corte y a pesar de la condena de la Corte IDH en el caso Gelman vs. Uruguay, nuevamente se facilita la impunidad de los criminales. Aún mas grave, estos impedimentos han sido motivados desde la sede de Justicia que debería tener la responsabilidad de avanzar las causas y no entorpecerlas. Es entonces de alta preocupación para los abajo firmantes, y para la comunidad internacional en general, que existan presiones de este tipo hacia jueces actuantes en causas notorias recientemente desarrolladas en derechos humanos. Además es altamente preocupante que se quiera alejar a una Juez competente, formada, y eficiente desde su juzgado, y de reconocida trayectoria. Es fundamental para la libertad y la democracia en el Uruguay la preservación de su carácter republicano ampliamente conocido en el mundo. Y para lo cual es indispensable que se respete el trabajo independiente de los jueces abocados a estas causas rechazando las presiones que desde el orden público o la prensa se ejercen. Cualquier medida que se adopte siguiendo rumores de prensa o declaraciones del ejecutivo será interpretada como injerencia en la independencia del poder judicial y como en su triste pasado, Uruguay volverá a integrar la lista de naciones donde la libertad de acción y la independencia de la justicia son violadas, y el estado de derecho no es respetado. Exigimos que la Corte Suprema de Justicia fundamente las razones del traslado de la Juez Mota. De no existir fundamentos válidos consideramos que debería continuar en su juzgado para permitir que siga investigando las causas de derechos humanos que hasta ahora permanezcan en la impunidad. Atentemante, Dra Francesca Lessa, Latin American Centre Universidad de Oxford (UK) Dra Jo-Marie Burt, Profesora de Ciencias Políticas y Directora del Programa de Estudios Latinoamericanos, George Mason University (USA) Dra Gabriela Fried Amilivia, Department of Sociology/ Latin American Studies Program, California State University. Los Angeles (EE.UU); Investigadora Asociada,
Agencia Nacional de Investigacion (ANII) -Uruguay (USA/Uruguay) Dra. Naomi Roht-Arriaza, Professor of Law, University of California, Hastings College of Law (USA) Dra Mariana Achugar, Associate Professor of Hispanic Studies and SLA, Department of Modern Languages, Carnegie Mellon University (USA) Dra Victoria Ruétalo, Associate Professor of Spanish and Latin American Studies, Department of Modern Languages and Cultural Studies, University of Alberta (Canada) Dr. Henry Frank Carey, Dept. of Political Science. Georgia State University (USA) Fabiana Larrobla, Lic. en Ciencia Política. Universidad de la República (Uruguay) Francisco Soberón, Director-Fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) y Presidente de la Asociacion Nacional de Centros (Perú) Dra. Katherine Hite, Frederick Ferris Thompson Chair of Political Science, Vassar College (USA) Dra Elin Skaar, Profesora de Ciencias Políticas y Investigadora, Chr. Michelsen Institute (Bergen, Noruega) Dra. Victoria Sanford, Director, Center for Human Rights & Peace Studies, Lehman College & the Graduate Center at City University of New York (USA) Dr Cara Levey, Teaching Fellow in Latin American Studies,Department of Spanish, Portuguese and Latin American Studies, School of Modern Languages and Cultures, University of Leeds (UK) Dr María Soledad Montañez, Lecturer in Spanish and Latin American Studies, Division of Literature and Languages, University of Stirling (Scotland, UK) Dr David Martin-Jones, Senior Lecturer in Film Studies, Director of the Centre for Film Studies, University of St Andrews (UK) Dr. Julio Ríos Figueroa, Profesor Investigador, División de Estudios Políticos, CIDE (Mexico) Dra. Karina Ansolabehere, Profesora-Investigadora, FLACSO-México Dra. J. Patrice McSherry, Professor of Political Science and Director, Latin America and Caribbean Studies Program, Long Island University Dr. Raul Molina, Adjunct Professor of History, Long Island University Dra. Louise Mallinder, Transitional Justice Institute, University of Ulster, Northern Ireland (UK) Julie Guillerot, consultora internacional en temas de justicia transicional (Francia/Peru)
Unas 100 personas de diversas organizaciones sociales participan en este momento de una movilización en rechazo al traslado de la jueza penal Mariana Mota. En la convocatoria que ayer circuló en las redes sociales, se indicó que la intención es rendirle un "reconocimiento" a Mota ya que "retomó y proyectó la mejor historia uruguaya de independencia republicana de poderes y de compromiso valiente por la tutela de los Derechos Humanos". La movilización es promovida, entre otros, por la Federación de Estudiantes Universitarios, la agrupación de madres y de hijos de desaparecidos y agrupación de ex presos políticos Crysol.
Mota ha sido duramente cuestionada por los centros sociales militares ya que consideraron que su proceder en torno a los casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura no fue imparcial. Asimismo, el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Ruibal Pino descartó categóricamente cualquier presión del Poder Ejecutivo en el traslado de la jueza Mariana Mota a la órbita civil. "Descarto totalmente que haya presiones del Poder Ejecutivo sobre la Suprema Corte. No la aceptaría ni yo ni ninguno de los cuatro compañeros", dijo Rubial en declaraciones a Telebuendía en canal 4. Sobre la posibilidad de la jueza de recurrir al fallo de la Suprema Corte, Ruibal Pino dijo que la magistrada está en su derecho de hacerlo y que puede pedir impugnar la resolución en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sin embargo rechazó las declaraciones de Mota sobre la independencia del Poder Judicial. "No es cierto y lo desmiento categóricamente...", insistió. " Varias veces la SCJ falló contra la decisión del Parlamento, la decisión oficial y luego cambiando la decisión de la corte, la decisión se modificó. Hay muchas decisiones contrarias al Poder Ejecutivo" dijo. El magistrado añadió que no descarta medidas de seguridad adicionales pero confía en que será una manifestación pacífica. Asimismo, Mota fue consultada por radio Sarandí señaló que resolverá si recurre cuando se le presente la resolución esta mañana y dijo que cuando "a un juez que tiene casos importantes se lo cambia intempestivamente sin que tenga fundamento" a su juicio "se obstaculiza la visión de Justicia". El País Digital
El canciller Luis Almagro se mostró preocupado por la decisión de trasladar a la jueza Mariana Mota del juzgado penal. "Habrá dinosaurios contentos", dijo Almagro, para quien "pierden las víctimas" y Uruguay pierde "posicionamiento internacional", porque Mota "cabalmente aplicaba las convenciones internacionales y de derechos humanos". En el medio de la polémica por el traslado de la jueza Mariana Mota y las especulaciones sobre las motivaciones de la Suprema Corte de Justicia, el canciller Luis Almagro sumó una voz de apoyo a la magistrada. En conversación con la diaria advirtió que con esto Uruguay pierde "posicionamiento internacional", porque Mota "cabalmente aplicaba las convenciones internacionales y de derechos humanos". El canciller aseguró que "pierden las víctimas" y que "habrá dinosaurios contentos, pero es importante que se dé un mensaje firme de reconocimiento al trabajo que hizo Mota, para dar una señal a aquéllos que pueden ser futuros Mariana Mota de que es importante que se haga ese trabajo". Para Almagro, Mota es una "jueza extraordinaria" y que ha logrado estar "cerca del ideal que se pretende del derecho y la justicia". El canciller va más allá y asegura que "es el miembro del Poder Judicial que más cabalmente entendió la dimensión del tema de los derechos humanos y la vigencia de los convenios internacionales". Sin embargo, Almagro no coincidió con Mota en que su traslado es una "obstaculización al servicio de Justicia que debe prestar la Corte", como dijo esta mañana la magistrada en informativo Sarandí. Almagro espera que "esto no signifique en ningún caso que haya un campo de interpretación de obstaculización de la Justicia". Otra figura política que se mostró en sintonía con Almagro fue el diputado Rafael Michelini, según consigna la diaria. Michelini se mostró "sorprendido, indignado por la falta de explicaciones que motivaron esta decisión y preocupado por la posición de la SCJ ante la lucha contra la impunidad". Michelini incluso cree que el traslado de Mota podría tratarse "directamente de una represalia". Montevideo Portal
No conocemos los verdaderos motivos del traslado de la Dra. Mariana Motta, pero un hecho objetivo es que la magistrada penal fue objeto de hostigamiento permanente por parte de un sector de la sociedad que no quiere que se avance en las causas de violaciones a los derechos humanos y, lamentablemente, otro hecho objetivo es que como consecuencia de la decisión adoptada por la Suprema Corte, la jueza es ahora apartada de dichas causas judiciales. Hechos objetivos. Tan claros como la trayectoria de la Dra. Motta en su profesionalidad para la recopilación de pruebas, su sensibilidad con las víctimas y una fundamentada y avanzada idea del derecho que debe regir para crímenes de lesa humanidad. Por supuesto que molestaba a los indagados, a todos los que pregonan el olvido y a los que fueron poderosos, otrora tiranos desaparecedores de la democracia y de personas. No seamos ingenuos. La Suprema Corte de Justicia ha afirmado que el traslado a sede civil debe verse como un ascenso en la carrera judicial de la Dra. Motta. Si hubieran querido darle un ascenso, la hubieran nombrado Ministra del Tribunal de Apelaciones. Por el contrario y a la luz de los hechos objetivos reseñados, cualquier observador puede legítimamente sospechar que, frente a las infundadas y reiteradas denuncias formuladas por interesados en obstruir las causas de derechos humanos, la Corte no adoptó ninguna resolución en su momento pero sin embargo ahora, en una etapa de “recambio de jueces”, todo queda disimulado y la “premian” con un “ascenso” (con vista a la
Suprema Corte, ya que el juzgado donde asumirá está ubicado, precisamente, frente por frente al edificio de la Corte). Es llamativo que, inmediatamente, voceros de los exmilitares declararan su conformidad con la decisión. No seamos ingenuos. Recuerdo el caso del juez Dr. Alejandro Recarey, actual juez en lo civil, quien siendo magistrado penal, en el año 2003 ordenó excavar en los cuarteles por la causa de Elena Quinteros. También lo trasladaron casi inmediatamente. Sigue siendo un excelente juez pero en materia civil. Este tipo de “ascensos” en el sistema judicial no solo conoce antecedentes en jueces. Tengo presente el reciente caso del Dr. Ricardo Percivale, fiscal de crimen organizado a cargo de causas muy sensibles, “trasladado” sin explicación por el Fiscal de Corte, de sede penal a sede civil. No seamos ingenuos. Resulta sorprendente que la Suprema Corte adopte esta decisión de trasladar a la Dra. Motta cuando era inminente la finalización de la fase indagatoria en varias causas, entre ellas la del homicidio de Aldo Perrini (el “heladero de Carmelo”) que involucra al ex Gral. Barneix o las sádicas torturas a presos y presas en la base aérea de Boiso Lanza estando aun pendiente ubicar los restos de Arpino Vega. Si el verdadero motivo de la Suprema Corte fue apartarla de la investigación y juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos, asistimos a un verdadero desprestigio del Poder Judicial y sería hora de repensarlo en su funcionamiento interno y en su cabeza, íntegramente. Es otro hecho objetivo que ningún ciudadano elije jueces (no estoy proponiendo la elección directa de jueces –aunque sería muy interesante su debate- sino en reflexionar sobre Democracia y Poder Judicial). Si el verdadero motivo de la Suprema Corte fue –dicen sus voceros- otorgarle un ascenso en su carrera, se trató de una decisión notoriamente desafortunada, considerando el momento actual por el que transitan varias causas de derechos humanos. Es lastimoso que la decisión de la Suprema Corte de Justicia genere este tipo de conjeturas. Vaya si la Dra. Motta se merece un ascenso. Ojalá que algún día la podamos ver jurar como miembro de la Suprema Corte de Justicia. Sabrá cumplir con el legado de Jacinta Balbela de Delgue. ¿Qué pasará ahora con las causas de derechos humanos que tenía a su cargo? En cualquier cancha y con cualquier juez: las pruebas están, el derecho aplicable es clarísimo y las víctimas tienen razón. Pero no seamos ingenuos y estemos alerta. Por otra parte, el debate sobre el Poder Judicial, su transparencia y democratización, lo está planteando la propia actitud de la Suprema Corte de Justicia. Dr. Oscar López Goldaracena Enviado Nestor Durante
Celebran en la cárcel algunos torturadores, celebran -aún más- la mayoria que sigue impune. La lista es conocida de la justicia: unos 200 sujetos: Barneix, Perdomo; Ferro; Lacasa son algunos de los notorios.
Militares retirados calificaron el traslado de la jueza Mariana Mota como una "muestra" de que "todavía se puede confiar en la Justicia". "Aún hay gente que es independiente. Esto es una demostración clara de eso", aseguró a EL PAÍS digital el presidente del Círculo Militar, Guillermo Cedrez. El militar retirado insistió en que Mota cometió "irregularidades de todo tipo" y aseguró que no era "imparcial", algo "inadmisible para un juez". "Discriminaba a las personas de nuestro sector cuando interrogaba. Pasó varias veces que eran indagados y los citaba como testigos para que no tuvieran asesoramiento legal durante el interrogatorio, y después los pasaba a indagados cuando ya estaba todo el pescado vendido", comentó el militar retirado. La participación de Mota en la "Marcha del Silencio" y sus declaraciones al diario argentino Página 12, donde cuestionó al gobierno uruguayo porque, dijo, no promueve el esclarecimiento de los casos de violaciones a los derechos humanos, fueron dos hechos que causaron revuelo y que, según Cedrez, pesaron en la decisión del traslado. "No creo que lo del avión (de Air Class) tenga nada que ver. Eso es una tontería", opinó. El juzgado que tenía a su cargo Mota tramita unas 50 denuncias por casos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. La labor de Mota en relación a estos casos es destacada por los familiares de las víctimas y las organizaciones sociales, al tiempo que ha sido duramente cuestionada por los centros sociales militares y los abogados de los oficiales que están siendo investigados. El País Digital
Rubio quiere que SCJ dé explicaciones Festejen acusados, festejen
El senador frenteamplista Enrique Rubio planteó convocar a la SCJ al Parlamento, para que fundamente cuáles fueron los motivos del traslado de la jueza Mariana Mota a la Justicia Civil. Rubio dijo que “es sano” para el sistema democrático que la Justicia dé sus explicaciones, y aseguró que muchos de los involucrados en las diversas causas que llevaba Mota “deben estar festejando”. El senador frenteamplista Enrique Rubio dijo este viernes que planteará que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia comparezcan ante el Parlamento para que expliquen cuáles fueron los fundamentos que pesaron en el traslado de la jueza Mariana Motta a la esfera Civil.
En conversación con Radio Sarandí, Rubio señaló que se buscará el mecanismo, en cualquiera de las Cámaras, para "invitar" a los magistrados al Parlamento. El legislador entiende que el caso generó "alarma pública" en todos los sectores vinculados a las causas de los Derechos Humanos, y apuntó que esta convocatoria "puede no tener antecedentes", pero detalló que representantes de la Corte concurren "habitualmente" al Legislativo "para asesorar" o cuando se tratan temas presupuestales. Rubio dijo que "es sano desde el punto de vista institucional" que concurran, y agregó que "todos los que tenían la lupa encima deben estar festejando", porque se trata de causas "numerosas y complejas" en las que no es sencillo interiorizarse. "Son miles de fojas, testimonios, cosas muy pesadas" para que puedan ser abordadas por un nuevo juez que desconozca las causas, y "por ello resulta llamativo este tipo de modificación, que no se puede decir que sea una cosa rutinaria", opinó. Además, dijo que "Uruguay no puede estar en una noria, girando siempre en el mismo punto. Nunca terminamos de resolver nada, y tampoco incumplir mandatos internacionales en materia de Derechos Humanos". El senador agregó que "gran parte de la sociedad se ha sentido conmocionada, y me parece importante mantener el prestigio de todos los poderes del Estado, y la transparencia es un tema clave". Recordó que nuestro país tiene responsabilidades, "la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llamado la atención", y Uruguay tiene un prestigio, y debe "ser consecuente con esa línea de acción".
Columna de opinión. Hasta el comienzo de los 90 eran muy valorados los "kremlinólogos", intérpretes de mínimos indicios políticos en la cúpula del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS). A falta de información confiable sobre lo que ocurría en el Kremlin propiamente dicho, o sea, en la sede del gobierno soviético, estas personas monitoreaban la ubicación o remoción de retratos en sus muros, la disposición de los dirigentes del PCUS en los palcos del teatro Bolshoi o en los estrados cuando presenciaban desfiles militares, el uso de determinadas frases, la jerarquización de artículos en Pravda, el diario del partido, y otros detalles por el estilo, para formular teorías más o menos sensatas acerca de las ideas y las carreras políticas que se hallaban en ascenso o en declive. La opacidad de la política soviética determinaba que las opiniones de los kremlinólogos se cotizaran muy bien en los medios de comunicación y en los entornos gubernamentales de otras potencias. Algo semejante ocurre con los "vaticanólogos", que elaboran y difunden hipótesis sobre las relaciones de poder en el gobierno de la Iglesia católica. Sus servicios son especialmente apreciados cuando, como ahora, crece la apetencia de relatos sobre los entretelones de la política vaticana, siempre apasionantes porque hablan de una organización muy antigua e influyente, cuya historia está repleta de intrigas y secretos. Toda institución poderosa y opaca crea una demanda de las explicaciones que niega, incluso en la reducida escala que corresponde a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de la República Oriental del Uruguay. El traslado de la jueza Mariana Mota de la rama penal a la civil del Poder Judicial, dispuesto por la SCJ, es un acontecimiento inexplicado, pero no parece inexplicable. Mota es muy trabajadora pero no entró en caja: en vez de avenirse al sentido común que campea en las alturas del poder, cultivando beneficiosos vínculos en el Club Armonía u otros cenáculos, se obstinó en pensar y actuar con independencia en pos de la justicia. Aplicó, por ejemplo, normas reconocidas por la comunidad internacional y aceptadas en los papeles- por Uruguay, según las cuales la dictadura cometió delitos de lesa humanidad que no prescriben jamás. La Corte Interamericana de Derechos Humanos coincide con su criterio, pero el establishment criollo le respondió con una feroz campaña de desprestigio, cuyo fruto es, hoy, la noción de que la jueza no daba garantías de imparcialidad, por lo cual su traslado fue una decisión sensata y previsible (una decisión que tuvo escaso destaque ayer en la mayoría de nuestros medios de prensa, mucho más atentos a la victoria de Peñarol en Chile, a la discusión sobre el impuesto a la concentración de la propiedad de tierras y a las posibilidades de reemplazo del ministro de Salud Pública). La palabra "kremlin" significa "fortaleza" o "ciudadela", un recinto amurallado, y las murallas que protegen a la SCJ son, en gran medida, ideológicas: está muy arraigada la creencia de que cuestionar lo que hacen sus integrantes socava la separación de poderes del Estado y la institucionalidad democrática. Pero es necesario y saludable para la democracia socavar ciertas murallas: las que defienden y mantienen lejos del escrutinio ciudadano a cualquier recinto del poder, amparando el accionar sigiloso de las logias y los pactos -tácitos o no- entre "distinguidos colegas" o "ex combatientes".
El senador del Frente Amplio Enrique Rubio (Vertiente Artiguista), dijo a El Observador que convocará a la Suprema Corte de Justicia para que explique en el Parlamento los motivos concretos de por qué traslado a la jueza Mariana Mota de un juzgado penal a otro civil. “Tenemos que ver cuáles son los criterios de cambios de jerarquías dentro del Poder
Judicial. Estos son temas de alta sensibilidad que provocan alarma pública, o por lo menos en determinada parte de la sociedad”, dijo Rubio. El legislador planteará el tema a la bancada del FA para que se los convoque a la comisión de Constitución y Códigos de Diputados o del Senado. No hay antecedente en la historia democrática reciente de una convocatoria de los ministros de la Corte al Parlamento. De todas formas, según dijo Rubio, la SCJ va todo el tiempo a las comisiones para opinar como asesores o a cuando se discute el presupuesto. Los legisladores no tienen armas legales para obligarlos a concurrir –como sí ocurre con los ministros del Poder Ejecutivo- pero se le cursará de todas formas la convocatoria. “No hay ningún impedimento jurídico. Es una invitación”, agregó el legislador. “Respetando la independencia del Poder Judicial nosotros estimamos que es necesario convocar al Parlamento a la Suprema Corte de Justicia”, dijo Rubio. “Estas cosas que generan enorme cantidad de dudas no son buenas para el sistema institucional”, señaló. “Es una decisión tomada la convocatoria por el caso Mota”, finalizó diciendo Rubio.
El canciller Luis Almagro se refirió al traslado de la jueza Mariana Mota desde la justicia penal a la civil y manifestó que Uruguay pierde “posicionamiento internacional” con la remoción, según dijo a la diaria. El ministro de Relaciones Exteriores señaló que Mota “cabalmente aplicaba las convenciones internacionales y de derechos humanos”. “Pierden las víctimas. Habrá dinosaurios contentos, pero es importante que se dé un mensaje firme de reconocimiento al trabajo que hizo Mota, para dar una señal a aquellos que pueden ser futuros Mariana Mota de que es importante que se haga ese trabajo”, agregó. El canciller calificó a Mota como una “jueza extraordinaria”, quien ha estado “cerca del ideal que se pretende del derecho y la justicia”, según dijo a la diaria. “Es el miembro del Poder Judicial que más cabalmente entendió la dimensión del tema de los derechos humanos y la vigencia de los convenios internacionales”, destacó Almagro, quien espera que “esto no signifique en ningún caso que haya un campo de interpretación de obstaculización de la Justicia”. Este viernes Mota jurará para asumir su nuevo cargo y al mismo tiempo se llevará a cabo una movilización por parte de organizaciones de DDHH, quienes se oponen al movimiento de la jueza.
Almagro sobre Mota: Uruguay pierde “posicionamiento internacional” y sólo quedan contentos “los dinosaurios” Ayer continuaron las repercusiones en el ámbito político por el traslado de la jueza Mariana Mota desde la órbita penal a un tribunal civil. Hoy se llevará a cabo una movilización frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en repudio de la decisión, que ha generado además el rechazo de organismos internacionales vinculados a la defensa de los derechos humanos. El canciller Luis Almagro advirtió, en diálogo con la diaria, que con esto Uruguay pierde “posicionamiento internacional”, porque Mota “cabalmente aplicaba las convenciones internacionales y de derechos humanos”. “Pierden las víctimas. Habrá dinosaurios contentos, pero es importante que se dé un mensaje firme de reconocimiento al trabajo que hizo Mota, para dar una señal a aquéllos que pueden ser futuros Mariana Mota de que es importante que se haga ese trabajo”, sintetizó. Almagro dijo que Mota es una “jueza extraordinaria”, que ha estado “cerca del ideal que se pretende del derecho y la justicia”. “Es el miembro del Poder Judicial que más cabalmente entendió la dimensión del tema de los derechos humanos y la vigencia de los convenios internacionales”, agregó. Aclaró que no le corresponde opinar sobre la declaración de la SCJ aunque espera que “esto no signifique en ningún caso que haya un campo de interpretación de obstaculización de la Justicia”. Ayer el ministro de la SCJ Jorge Chediak dijo a Radio Sarandí que a la hora de trasladar a un juez se toma en cuenta su perfil, y admitió que eso pudo haber determinado esta decisión. Por eso recordó los cruces de Mota con el ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, y las declaraciones a Página 12 que motivaron “una observación muy firme” a la jueza. También mencionó la “inadecuada” decisión de la jueza de estar en la Marcha del Silencio del 20 de mayo de 2011: “Para la Corte se apartó de su deber ético, porque no hay que exponerse a que un tercero imparcial pueda llegar a dudar de la imparcialidad del magistrado”, lo cual violaría el Código Iberoamericano de Ética Judicial, según Chediak. En los últimos meses la jueza Mota recibió críticas de figuras públicas como Gonzalo Aguirre, Jorge Batlle, Fernández Huidobro y el presidente José Mujica. En declaraciones al semanario Búsqueda y a propósito de las críticas que Mota, en entrevista con Página 12, hizo de la política uruguaya de derechos humanos, el mandatario había afirmado que le “llamó la atención” que “ni la Suprema Corte de Justicia (SCJ) ni nada parecido” se hubiera pronunciado sobre el hecho. “Esperé a ver qué pasaba, a ver si había naturales manifestaciones tras esas declaraciones, pero por ahora no las hubo”, deslizó Mujica en aquella ocasión.
La noticia divulgada el miércoles generó más reacciones en el oficialismo. El diputado Felipe Michelini (Nuevo Espacio) se mostró “sorprendido, indignado por la falta de explicaciones que motivaron esta decisión y preocupado por la posición de la SCJ ante la lucha contra la impunidad”. Opinó que Mota es una magistrada “responsable, profesional y calificada”, y que con esta decisión la SCJ ratifica “la insensibilidad” que ha mantenido en estos años “poniéndose siempre en la vereda de enfrente de las víctimas”. Consultado por las declaraciones de Chediak sobre el perfil de Mota, evaluó
que podría tratarse “directamente de una represalia”. “Chediak confunde las cosas: estar comprometido con una causa como la defensa de los derechos humanos no es flechar la cancha”, matizó. Michelini manifestó que para Uruguay “es un retroceso y nos deja en evidencia”. “Hemos llevado adelante de buena manera la presidencia del Consejo de Derechos Humanos, intentando llevar adelante la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ahora, cuando vayamos a Ginebra, a fines de marzo, a entregar el Informe sobre desaparición forzada de personas, tenemos que ir con esta noticia. No vamos a quedar bien parados”, alertó. El diputado pretende que el Frente Amplio (FA) emita “una declaración como partido, con una sola postura clara sobre el tema”, y dijo que apoyará un posible pedido de explicaciones al Parlamento, en línea con lo planteado por el senador nacionalista Jorge Larrañaga.
Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Hijos Uruguay, Crysol y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) recordaron ayer, en un comunicado, que Mota tiene a su cargo más de 50 casos relacionados a violaciones a los derechos humanos, y que los ha tratado “con rigor, seriedad y respeto”. Denuncian que la práctica de trasladar jueces involucrados en estas investigaciones “se manifiesta de forma reiterada e inequívoca a lo largo de estos años, lo que evidencia la intención de mantener intacta la impunidad”. Reclaman que la SCJ garantice a sus magistrados el ejercicio pleno de las funciones “sin tener que estar expuestos a la voluntad o presión de otros poderes públicos o a cualquier opinión, sea cual fuere el lugar de donde provengan”. También alertan de otros problemas que generan estos movimientos en la estructura judicial: “Mientras un nuevo magistrado toma conocimiento de cada expediente para reconstruir nuevamente las pruebas, dilatando los procesos por años”. Además, las organizaciones critican la “falta de voluntad política para colaborar en el cumplimiento de la sentencia pronunciada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que recae sobre nuestro país”. Ayer se reunió la comisión directiva de la Institución Nacional de Derechos Humanos para evaluar la situación. “El tema está fuera de la competencia de la institución, ya que la ley así lo establece. Por esa razón no se van a realizar declaraciones como institución ni a título personal, ni se concurrirá a las marchas y actividades de apoyo a Mota fijadas para los próximos días”, explicó Juan Raúl Ferreira a la salida del cónclave. Para hoy a las 10.00 está confirmada una concentración frente a la sede de la SCJ. La convocan Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, Hijos Uruguay, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, Crysol, Colectivo Denunciantes Octubre 2011, Serpaj, Fundación Mario Benedetti y el PIT-CNT. La Diaria
En primer lugar la SCJ debería exigir que se ABRAN TODOS LOS ARCHIVOS. Es su elemental deber. No lo ha hecho y en lugar de ello echan a Mota. Ni siquiera hay que preguntarse las razones: ESTÁN OCULTANDO A DELINCUENTES. Vaya SCJ que no quiere hacer justicia ni esclarecer la verdad. Todo dicho. Jueza Mota: “obstaculizan investigaciones” de “archivos militares ocultos”
Jueza Mariana Mota Mota entiende que su cambio de la órbita Penal a la Civil, complica las investigaciones en tanto su sucesor “hereda” unas 50 causas con un promedio de 600 fojas cada una, así como los archivos digitalizados “de los tribunales militares en cada caso”. Para Mota se está perdiendo la independencia del Poder Judicial, lo que quedó en evidencia tanto en la prohibición con que los militares impiden sacar fotos durante procedimientos judiciales que se cumplen en predios donde podría haber enterrados restos de detenidos desaparecidos, como el más reciente caso del avión de First Class, donde el ministro Fernández Huidobro se opuso a continuar la investigación judicial. “Ahí correspondía que el Poder Judicial saliera a defender su independencia y señalara con claridad que se debía cumplir con la orden que había impartido la jueza, pero yo no sentí nada de eso” dijo Mota en declaraciones que recoge el semanario Brecha. La omisión de la Corte por desapariciones forzadas Para la jueza la declaración de 50 casos en investigación como crímenes de lesa humanidad, y por ende inamnistiables e imprescriptibles, es una decisión que la Suprema Corte, “ha ido evitando” sin conocerse las razones de fondo. “Después de una excelente sentencia de inconstitucionalidad de la ley de caducidad, solo rescato el voto discorde del exministro Leslie van Rompaey, el único que dijo que se puede aplicar la figura de la desaparición forzada en estos casos”, enfatizó la jueza. Uruguay pasa a quedar así “muy atrás en la jurisprudencia latinoamericana de derechos humanos”, según entiende la magistrada, incluso peor que Bolivia, Paraguay o Argentina, donde se han “acompasado a la evolución internacional, pero no Uruguay”. Finalmente Mota explicó que su pase a la Justicia Civil le implica todo un cambio de metas, en tanto se había especializado en “derechos humanos vinculados con lo penal, algo que la Suprema Corte de Justicia no promueve” con lo que ahora, deberá “empezar otra vez”.
Mota tramitaba cincuenta causas por violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura. Estaba en la mira de militares que criticaron su participación en la marcha del silencio en reclamo por los desaparecidos. Por Adrián Pérez
En un enroque que despertó la indignación de los organismos de derechos humanos, la jueza uruguaya Mariana Mota fue apartada del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 7º turno donde tramitaba cincuenta causas por violaciones a los derechos humanos cometidas en la dictadura. Anteayer la Suprema Corte de Justicia la destinó al fuero civil, donde reemplazará a Loreley Opperti, jueza ascendida al rango de ministra del Tribunal de Apelaciones. Beatriz Larrieu, por su parte, tomará el lugar de la jurista desplazada por motivos no explicados, pero cercanos a una sanción. “Se le habían sacado varias tarjetas amarillas. Era una cuestión de tiempo”, publicó el diario El Observador citando declaraciones de un ministro de la SCJ brindadas al semanario Búsqueda. En solidaridad con Mota, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, HIJOS Uruguay, la Asociación de Ex Presos Políticos Crisol y la Federación de Estudiantes Universitarios, más el Colectivo de Denunciantes Octubre de 2011, convocaron a concentrarse hoy a partir de las 10 frente a la Corte. Aunque intempestivo, el desplazamiento de Mota es la crónica de una salida anunciada:
estaba en la mira de militares críticos a los juicios por violaciones a los derechos humanos y de un sector de la prensa que suele amplificar voces como la de Guillermo Cedrez, difundida por el diario El País. “El militar retirado insistió en que Mota cometió „irregularidades de todo tipo‟ y aseguró que no era „imparcial‟, algo „inadmisible para un juez‟”, cita el medio uruguayo, en su edición de ayer, al presidente del Círculo Militar. “Aún hay gente que es independiente. Esto es una demostración clara de eso”, afirmó a ese diario Cedrez. El presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, señaló que el organismo entendió que la doctora Mota “ya cumplió su ciclo en lo penal y es bueno que desempeñe otra materia en su carrera”. Y agregó: “Tuvo algunos sumarios, algunos de los que ya terminaron sin responsabilidad para ella”. En marzo del año pasado, Página/12 conversó con la magistrada sobre el sistema jurídico uruguayo, en ocasión de una actividad organizada en la Facultad de Derecho, por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Durante la entrevista, Mota resaltaba dilaciones en la investigación de los crímenes de la dictadura en su país. Por ese artículo, el diario Búsqueda la presentó enfrentada al gobierno del presidente José Mujica. También criticó su participación en la marcha del silencio, organizada por los organismos de derechos humanos que reclaman por sus desaparecidos. Con la confirmación de su traspaso al fuero civil, este cronista conversó nuevamente con la jueza. Mota siente impotencia y mucha tristeza por esa medida y afirma que el punto es qué hace el Poder Judicial por las personas que reclaman justicia. “Entiendo que el sistema judicial no ha hecho lo suficiente por las víctimas de derechos humanos que reclaman, desde hace muchos años, para conocer la verdad”, evalúa. A su vez, se muestra emocionada por el apoyo recibido de los organismos de derechos humanos. No pidió traslado, no está sancionada, no pesa sumario en su contra. La Corte le avisó por teléfono que debe jurar hoy a las 11 en el juzgado de primer turno de Montevideo. “Con muchas audiencias complejas fijadas e investigaciones que avanzan, no es de buen proceder de una administración de justicia que saquen al juez que está en la causa”, completa. La directora del Area de Litigio del CELS, Carolina Varsky, señala que el desplazamiento de la jueza del fuero penal es muy preocupante. La abogada recuerda que Mota estaba a cargo de más del 40 por ciento de las causas en las que se investigan crímenes de lesa humanidad durante la dictadura uruguaya. Su desplazamiento – considera– es un retroceso para el proceso de verdad y justicia, no sólo para Uruguay, sino para toda la región. Desde el otro lado del río, Valentín Enseñat (HIJOS Uruguay) sostiene que si pudiera esperarse una señal del Poder Judicial, el desplazamiento de Mota sería de lo más negativa. “Ante el debe de justicia que el Uruguay aún mantiene, cuando un juez es sensible y responsable en este tipo de causas y que sea relegado no lo consideramos para nada serio. Sin duda, es la jueza que más complicaciones le ha traído al sistema de impunidad todavía instituido y lejos de ser quebrado del todo”, sentencia. A fines del año pasado se creó un observatorio formado por organizaciones sociales, encabezado por la central sindical PIT-CNT, con el objetivo de realizar un seguimiento, desde las organizaciones sociales, de las causas de derechos humanos. Según Enseñat, desde que la Ley de Caducidad dejó de ser un impedimento jurídico para que las causas avancen, empieza a aparecer otro tipo de trabas: causas archivadas hace más de veinte
años se reabren, pero no necesariamente se reactivan, porque el denunciante ya no está para retomar su seguimiento o la denuncia aparece en la cola de causas que ese juzgado tiene para analizar. “Lo que hicieron con Mota es una vergüenza nacional. En primera instancia, lo que uno siente es indignación”, apura Oscar Urtasún. El integrante de la Asociación Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos cree que la salida de la jueza era de lo más lógico porque estaba todo orquestado para que sucediera. “La gente que se compromete en este tipo de tareas, tanto en lo jurídico como en lo político, dura poco. Ponen piedras en el camino. El Ministerio de Defensa es una vergüenza. Como que la impunidad está demasiado prendida en todos los estamentos”, asegura. Asimismo, advierte cierta tristeza de los familiares por la decisión de la SCJ. “La jueza es una gran señora, sencilla, muy sensible, comprometida, no se merecía esto. Con su partida lo que más se resiente es la verdad y la justicia.” Como otros uruguayos, Urtasún lleva más de 35 años luchando por justicia. Adelanta que mañana asistirá a la protesta frente a la Corte. Y concluye: “La verdad y la justicia son imprescindibles para que nunca más estos bandidos se les ocurra quebrar las instituciones y aplicar el terrorismo de Estado”.
Hay mayoría en la Suprema Corte contra la ley interpretativa de la Caducidad Los ministros debaten si se
debe declararla inconstitucional o inaplicable
La Suprema Corte de Justicia Por Natalia Roba En la Suprema Corte de Justicia (SCJ) hay una posición mayoritaria para fallar en contra de la ley interpretativa de la caducidad (ley 18.831) por la cual se eliminó la prescripción de los delitos cometidos durante de la dictadura para que los jueces pudieran seguir investigando y procesando a los militares. Sin dicha norma las causas debían archivarse al prescribir los delitos el 1° de noviembre de 2011, de acuerdo con la posición mayoritaria de la jurisprudencia. Después de resolver la inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración de la Tierra (ver página 7), los ministros se aprestan a fallar en otro polémico tema. Según supo El Observador, los magistrados vienen debatiendo los aspectos de la norma y más allá de que hay ministros que entienden que la ley es inconstitucional, hay también una posición que sostiene que la ley es inaplicable. Esta postura sostiene que el decreto del Poder Ejecutivo emitido en 2011, que dejó fuera de la ley de Caducidad a todos los casos de Derechos Humanos, revocó lo dispuesto por gobiernos anteriores que amparaban casos de militares en la ley de Caducidad. Según esta postura, ese decreto hace perder sentido a la ley interpretativa, porque con el decreto ya sería suficiente. A su vez, los ministros están enfrascados en un análisis sobre la prescripción de los delitos de la dictadura. La SCJ ratificó en una sentencia –de fecha 6 de mayo de 2011– que los delitos cometidos durante la dictadura son ilícitos comunes y no de lesa humanidad por lo que prescriben. Tres de los cinco ministros que hoy integran la Suprema Corte de Justicia se mantienen firmes en esa posición. A su vez, al menos esos tres ministros consideran inconstitucional los artículos 1 y 2 de
la ley interpretativa (ver texto de la ley). Esos ministros le dan la razón al fiscal penal Enrique Rodríguez, quien también presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley, donde señaló que se violan disposiciones constitucionales porque la ley penal no puede aplicarse retroactivamante. Pero otro punto no menor del debate es la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que se debe remover todo obstáculo que permita la impunidad y debe ser dejada sin efecto. Algún ministro ha planteado que de acuerdo a ese fallo los jueces nacionales deben adecuar el derecho interno a la sentencia de la SCJ. Coincidente con esa posición el fiscal de Corte, Jorge Díaz, ya opinó que la ley que anuló la caducidad es inaplicable. A juicio de Díaz la ley 18.381 no tiene razón de ser. Y en su opinión los casos se deben investigar al amparo de la setencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con todos los elementos sobre la mesa los ministros se aprestan a fallar en las próximas semanas. Pero uno de ellos aclaró que más allá de la posición mayoritaria no se puede decir que sea un caso cerrado.
Según informó hoy el diario El Observador, citando fuentes de la corporación, la mayoría de los ministros de la SCJ creen que los artículos 1 y 2 son inconstitucionales, porque la ley penal no puede aplicarse retroactivamante. En 2011, la SCJ determinó que los crímenes cometidos contra detenidos durante
dictadura son delitos comunes y no de lesa humanidad. Con este cambio en la jurisprudencia los delitos deberían haber prescripto en noviembre de ese año. Sin embargo, desde el Parlamento se impulsó la ley interpretativa de la caducidad, por la cual las Justicia continúa investigando crímenes cometidos en la dictadura. Además, el Poder Ejecutivo, mediante un decreto revocó los anteriores creados en otros gobiernos, que incluían decenas de casos dentro de la ley de caducidad y por lo tanto no se podía realizar una investigación judicial. En medio de este debate jurídico, se suma la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ella se establece que se debe remover todo obstáculo que permita la impunidad y debe ser dejada sin efecto. En los hechos esto significa que se debe dejar sin efecto la ley de caducidad. Uno de los ministros, señaló que más allá de la posición mayoritaria no se puede decir que sea un caso cerrado. El País Digital
La Suprema Corte de Justicia uruguaya: hazmerreír internacional. Lo que ellos califican de "delitos comunes", son por ejemplo, ESTOS: Argentina: Hablaron los pilotos y tripulantes que arrojaron a las Madres al mar
por Casapueblos Viernes, 15 de Febrero de 2013 08:22
En el juicio de la ESMA, citados a declarar por primera vez pilotos y tripulantes de los vuelos de la muerte. Noticia de Casapueblos-AEDD Hoy se vivió uno de los momentos más esperados del juicio: fueron citados por primera vez a declarar en un juicio oral y público por delitos de lesa humanidad pilotos y tripulantes de los vuelos de la muerte. El otro civil del juicio: Gonzalo Dalmacio Torres de Tolosa Hoy fue citado a declarar el abogado y ex secretario del Juzgado de Instrucción Nº 9 por los delitos de lesa humanidad cometidos en la ESMA. Está imputado por más de 500 víctimas. Como civil, formó parte del Grupo de Tareas 3.3.2. Tras su negativa a ampliar su declaración indagatoria, los jueces resolvieron leer los dichos anteriores, de mayo del año 2011, en la instrucción de la causa, a cargo del Juez Sergio Torres. Las Madres de Plaza de Mayo y los vuelos de la muerte Torres de Tolosa está imputado por los casos de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo y otros familiares secuestrados entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977 por el Grupo de Tareas de la ESMA y llevados a la ESMA. Luego, el 14/12/1977, fueron "trasladados": llevados a los vuelos de la muerte. Un civil en la ESMA "En octubre de 1976 fui por primera vez a la ESMA a almorzar con Jorge Acosta", dijo en esa oportunidad ante Torres. "No conozco los nombres ni los apellidos de las personas que se indican como víctimas", en referencia a los más de 500 casos por los que está acusado. Un amigo del "Tigre Acosta" Torres de Tolosa contó sobre su relación con Jorge Eduardo "El tigre" Acosta, también imputado en la megacausa ESMA: "él me preguntaba qué decía la gente afuera y yo le contestaba que la gente estaba tranquila, que no tenía idea de la guerra". También dijo que trabajó en Cancillería a pedido de Acosta.
El imputado contó en 2006 que "iba a almorzar a la salida de Tribunales, ahí se comía muy bien", en referencia a sus comidas con Acosta. "Comía en la cámara de oficiales" desde octubre de 1976 hasta finales del Mundial de 1978. "Mientras él almorzaba, secuestraban a mi mamá en la ESMA", dijo entre el público de la sala Paula, hija de una sobreviviente de la ESMA. A pesar de haber estado en la ESMA, dijo que "nunca tuve conocimiento de ninguna detención en la ESMA". El "yo no sé" como método En la misma declaración indagatoria del 2006, Torres de Tolosa dijo que "no tuve conocimiento de tales vuelos". "Nunca vi ni escuché nada", sostuvo en referencia a los detenidos-desaparecidos. Asumió haber visto al hijo de Rubén Jacinto Chamorro, director de la ESMA. También admitió que "conocí a Perrén y a Pazos" (ambos fallecidos) y que "vi a un juez de Neuquén". En línea con su negación de las acusaciones en su contra, dijo que "no participé en ninguna sesión de torturas". Otro Torres de Tolosa en la ESMA: el hermano "Yo tenía un hermano, Álvaro Diego (fallecido). Todas sus tareas, según me decía, eran secretas. No vi a mi hermano en la ESMA y tampoco él me contaba nada". Y agregó: "yo sabía de un grupo de oficiales que combatía la subversión, pero no conocía el funcionamiento". Sobre las acusaciones en su contra, sostuvo que "no fui nunca a Automotores, ni me llamaban teniente Vaca", en referencia al alias adjudicado al imputado. "Conocí a Scilingo. Era alcohólico y Acosta me pedía que lo sacara a pasear", dijo sobre Adolfo Scilingo, quien admitió que Torres de Tolosa fue parte de la tripulación de los vuelos de la muerte. "Se enojó conmigo cuando no lo pude convencer a Acosta de que lo metiera en operativos". Antes del juicio por la ESMA En 1997 fue citado por el juez español Baltasar Garzón, tras haber sido señalado por el represor Adolfo Scilingo como parte de la tripulación de los vuelos de la muerte. Como abogado, ejerció la defensa de otras personas acusadas por delitos de lesa humanidad, como Antonio del Cerro, alias “Colores”. Rubén Ormello: mecánico aeronáutico (retirado) de la Armada Convocado por los jueces, el imputado se negó a prestar declaración indagatoria. Entre llantos, decidió ratificar sus declaraciones anteriores prestadas en la instrucción de la causa. Ormello está imputado en la causa por haber sido parte de la tripulación de los vuelos de la muerte, es decir que es juzgado como partícipe necesario. Está acusado por los casos de más de 30 víctimas de la ESMA. El "grupo de la Santa Cruz" Ormello también está imputado por los casos de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo y otros familiares secuestrados entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977 por el Grupo de Tareas de la ESMA y llevados a la ESMA. Luego, el 14/12/1977, fueron "trasladados": llevados a los vuelos de la muerte. La inocencia como recurso "Rechazo de plano las acusaciones que aquí se me han leído, niego haber cometido los hechos que se me imputan porque yo lo digo y es palabra de honor. Dios y yo sabemos que estos delitos que se me imputan no los cometí". Tras su negativa a hablar, el Tribunal dispuso leer las indagatorias anteriores de mayo del año 2011.
"Hace dos años que estoy injustamente detenido por lo que han declarado falazmente algunas personas, poniendo en boca mía una historia que jamás conté", declaró en el armado de la causa, a cargo del Juez de Instrucción Sergio Torres. "Más allá de la falta de credibilidad y justicia para con estos juicios de lesa humanidad, guardo aún la esperanza de que ustedes se van a interiorizar en mi situación y van a revisar las pruebas. Desde mi humilde punto de vista, no es necesario aportar más nada y van a ver que es falsa e insostenible la acusación que se me hace". Con respecto a las acusaciones por su participación en los vuelos, Ormello dijo que "niego categóricamente haber participado de los vueltos de la muerte. Soy mecánico en tierra, no de vuelo". En esas mismas declaraciones agregó que "mi esencia es netamente socialista, por ende no comulgo con el régimen castrense". Sobre su paso por la ESMA, dijo que participaba en la selección de vóley de la ESMA, no hacía guardias ni desfilaba. "Jamás mantuve la conversación que los testigos de la causa dicen que tuve". La estrategia del distraído "Yo vivía preso en la Armada porque estaba contra el régimen. Me siento culpable por haber estado ahí y no haber visto nada. Cuando me enteré que donde trabajaba pasaban esas cosas me quise morir". "No conocía los llamados vuelos de la muerte, sólo me enteré por los medios". Según consta en el requerimiento de elevación a juicio del fiscal Eduardo Taiano, entre el 16/3/1977 y el 1/3/1979 estuvo destinado a la 2ª Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Móvil (EA5 2). Alejandro Domingo D´Agostino: el primer piloto en el banquillo El imputado, Prefecto Principal retirado, se negó a ampliar su declaración indagatoria y ratificó sus dichos anteriores en la instrucción del juicio. El Tribunal dispuso leer las indagatorias. Antes de pasar a la lectura, el acusado dijo: "soy inocente de los cargos que se me imputan, jamás he visto trasladar a nadie en los aviones de Prefectura". El "grupo de la Santa Cruz" D´Agostino también está imputado por los casos de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo y otros familiares secuestrados entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977 por el Grupo de Tareas de la ESMA y llevados a la ESMA. Luego, el 14/12/1977, fueron "trasladados": llevados a los vuelos de la muerte. En la etapa de instrucción de la causa, D´Agostino presentó un escrito al juez Torres, en el que sostuvo que la suya "es una infundada y arbitraria solicitud de detención". Y agregó: "no existe constancia fehaciente que diga que el grupo de familiares y religiosas conocido como el grupo de la Santa Cruz haya sido trasladado en el vuelo del 14/12/1977". Integró la División Aviación de la Prefectura Naval (DAVI). De su legajo de conceptos de la Prefectura surge que entre el 1/1 y el 31/7/1976 fue Jefe de Pasaje, Correspondencia y Cargas. De ese mismo legajo y las planillas de vuelo, surge que realizó vuelos durante todos los meses de los años 1976, 1977, 1978 Y 1979, y en 1980, excepto septiembre, en 1981, excepto febrero, y en 1983, excepto enero, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre. Enrique José De Saint Georges: el segundo piloto en declarar El imputado decidió declarar, pero con la lectura de un documento. "Fui designado instructor de vuelo, pero ese cargo no figura en ningún legajo, era un cargo informal". Su declaración fue muy similar a la del imputado D´Agostino. El "grupo de la Santa Cruz"
De Saint Georges está imputado por los casos de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo y otros familiares secuestrados entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977 por el Grupo de Tareas de la ESMA y llevados a la ESMA. Luego, el 14/12/1977, fueron "trasladados": llevados a los vuelos de la muerte. Sobre estos vuelos, dijo que "si están anotados en las planillas de vuelos los debo haber realizado, pero no recuerdo el vuelo del 14/12/1977". "No puede sostenerse que el Grupo de Tareas operara en la clandestinidad y que, a su vez, quedara registrado el vuelo". Los dibujos de un represor El imputado presentó dibujos de su autoría para explicar el funcionamiento de los vuelos. Fueron expuestos ante toda la sala, con detalles del interior de los aviones. D´Agostiono integró la División Aviación de la Prefectura Naval (DAVI). De su legajo de conceptos surge que entre el 1/1 y el 31/7/1976 fue Jefe la Oficina de Bienestar y Oficial Jefe de la Sección Criptografía. Según consta en el mismo legajo, realizó vuelos durante 1976, 1977 y el primer semestre de 1978. Una jornada histórica http://juicioesma.blogspot.com.es/2013/02/hablaron-los-pilotos-y-tripulantes-que.html
Falso testimonio y ocultamiento de la verdad, son razones más que suficientes para que Ruibal Pino renuncie, se vaya, y no siga favoreciendo a los criminales de lesa humanidad. Sostiene que no hay "motivos ocultos", el solo tener que decirlo revela que SÍ, QUE LOS HAY. No les cree nadie, VÁYANSE !.
Ruibal Pino: Mota "no tiene asuntos más importantes que los demás" El magistrado dijo que "no hay motivos ocultos" en el cambio de la jueza a la justicia civil
Jorge Ruibal Pino, presidente de la Suprema Corte de Justicia El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) dijo este viernes que la jueza Mariana Mota "no tiene asuntos más importantes que los demás", en referencia a los cincuenta expedientes vinculados a delitos cometidos durante la última dictadura que llevaba adelante la magistrada y deberá abandonar tras su paso a la justicia civil. "Nos no son distintos (...) porque si no estaríamos diciendo esta jueza está en un nivel superior". Según indicó Ruibal Pino en una entrevista con Telebuendía, "todos los asuntos que deja un juez son importantes".
Sobre el cambio de Mota a la órbita civil, el presidente de la SCJ dijo que "no hay motivos ocultos" y que "ocurre normalmente". Según afirmó, "el juez es juez para todo. La especialización es buena, pero tampoco el estancamiento". En el caso de la magistrada en Mota, Ruibal reconoció que influyó la "sobreexposición" que tuvo y que "no es para un juez". También agregó que la jueza tiene tres investigaciones administrativas que hoy están clausuradas y una que está en trámite. Estos expedientes pesaron en el traslado de Mota. El presidente de la SCJ descartó "totalmente" que existan presiones del gobierno hacia el Poder Judicial. Argumentó su posición en que "varias veces la Suprema Corte falló contra la decisión" del Parlamento y el Poder Ejecutivo. "Lo único que puede haber es criterios distintos", opinó Ruibal Pino. El ICIR, la marihuana y la ley interpretativa de la Caducidad A propósito del fallo sobre el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), el presidente de la Corte dijo: "Cada ministro votó y tiene su opinión al respecto", y agregó que "hay una mayoría y esto se sabrá en los próximos días". La información que trascendió este jueves es que la mayoría de los ministros apoya la inconstitucionalidad de la norma. Ruibal sostuvo que "si hay una declaración eventual de inconstitucionalidad", afectará solamente a quienes hicieron la demanda. El recurso puede presentarse "hoy, mañana o dentro de diez años, según el magistrado. La legalización de la venta de la marihuana fue otro tema que abordó en las últimas horas el presidente de la SCJ. Este jueves dijo que "el Estado tendría que dar marihuana gratis". Ruibal explicó hoy su posición, que dice no dar como presidente de la Corte sino como "idóneo en el tema". Para el magistrado, "el paciente adicto es un enfermo" y "el adicto necesita estar registrado, controlado sanitariamente y necesita un elemento que sabemos que es malo (...) para sacarlo de algo peor". Ruibal Pino también se refirió a la discusión por el fallo sobre la ley 18.831 interpretativa de la ley de Caducidad-, que eliminó la prescripción de los delitos cometidos durante la dictadura para que los jueces pudieran investigar y procesar a los militares involucrados. Sostuvo a Telebuendía que no puede dar su opinión sobre el tema "porque está a punto de tomarse una decisión". El Observador informó hoy que en la SCJ hay una posición mayoritaria para declarar inconstitucional la ley en cuestión. El presidente del organismo sostuvo que "tal vez uno pueda cambiar de opinión, o pueda cambiar la eventual mayoría que había y pasar a ser otra la mayoría". Consultado por si hay o no mayoría en la SCJ, dijo: "Simplemente no hay decisión".
Están defendiendo y protegiendo a los criminales de lesa humanidad a los que pretenden darle IMUNIDAD TOTAL. Ellos son responsables de OCUPAR TODO UN PAÍS, a MANO ARMADA, para SAQUEARLO Y ROBAR A SUS CIUDADANOS. Los criminales que ponen bajo su alero OCUPARON TODOS LOS EDIFICIOS PÚBLICOS EMPEZANDO POR EL PARLAMENTO. No sean tan cínicos ! Váyanse ! SCJ denunció penalmente la ocupación
Y te cobran penal 15.02.2013 18:03
La Suprema Corte de Justicia denunció penalmente la ocupación de su sede, por entender que con ella se intentó impedir un acto judicial. El caso está ahora en manos de la jueza Gabriela Merialdo. La Suprema Corte de Justicia resolvió este jueves denunciar penalmente la ocupación de su sede, por entender que se trató, con ella, de impedir un acto judicial, explicó el vocero del Poder Judicial, Raúl Oxandabarat a Subrayado. "Fue la ocupación de un edificio público y por ello se solicitó a la policía el desalojo", dijo el funcionario. El caso recayó en jurisdicción de la magistrada Gabriela Merialdo, que recibirá imágenes y fotografías de los incidentes, con el fin de que tome las medidas correspondientes. Montevideo Portal
Denuncia penal por ocupación de la SCJ FOTOS Vea la galería completa
El vocero de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Raúl Oxandabarat, expresó ante la prensa que esa corporación "lamenta profundamente estos hechos porque se entiende que estos hechos implican la obstrucción del libre ejercicio de un poder del Estado como es el Poder Judicial". El vocero manifestó que tras la intención de la gente de impedir la realización de la juramentación de la jueza Mariana Mota, quien fuera trasladada de su cargo en la sede Penal , la SCJ "no tuvo otra solución que solicitar a la Policía el desalojo de la sede del Poder Judicial del Palacio Piria". Según expresó Oxandabarat, de los hechos fueron puestos en conocimiento la Justicia Penal competente. En este caso actuó la jueza de turno, Gabrielda Merialdo, quien dio las instrucciones a la Policía de desalojar a los ocupantes del lugar. "Esta se hizo sin que tuviéramos que lamentar ningún daño material o ningún daño personal de identidad", subrayó el vocero de la Corte. Según la SCJ la ocupación del Palacio Piria "tuvo el propósito de impedir un acto que legítimamente corresponde al Poder Judicial y es este quien tiene la competencia de designar a sus jueces en sus nuevos destinos y que ellos juramenten en estos recintos como habitualmente se hace en la magistratura uruguaya desde hace muchos años". PRESENCIA DE BONOMI . "Los ministros de la SCJ son la cabeza de un poder del estado por lo tanto su comunicación con las fuerzas policiales es directamente con el Ministerio del Interior y con la cúpula jerárquica de la jefatura de Montevideo", comunicó Oxandabarat a los medios. El vocero dijo que tanto el jefe de Policía de Montevideo como el ministro del Interior tuvieron injerencia directa en esta situación. Bonomi concurrió al lugar con los ministros de la SCJ una vez que se había desalojado el lugar y se había realizado el acto. Asimismo, se informó que por la ocupación no hay detenidos hasta el momento. El País Digital
Porque los demócratas manifestaron su solidaridad y reconocimiento a la Jueza Mota se les acusa de que " impidieron el “normal funcionamiento de un poder del
estado” y la dictadura implementada por los asesinos a los que la SCJ les va a garantizar impunidad ? no impidieron el normal funcionamiento de todo un país incluyendo sus poderes ?. Basta de jugar con la gente!
+ El Observador - 15.02.2013, 17:27 hs - ACTUALIZADO 17:45 Texto: -A / A+ La Suprema Corte de Justicia (SCJ) denunció penalmente los hechos ocurridos este viernes en la sede del Poder Judicial, cuando la jueza Mariana Mota se disponía a jurar en su nuevo cargo, dado que se “impidió el normal funcionamiento de un poder del Estado”. “Esta gente mediante la ocupación estaba impidiendo el normal desarrollo de la labor de este poder del Estado. Le impedía funcionar con normalidad”, explicó a El Observador el vocero de la SCJ, Raúl Oxandabarat, quien indico que la jura de los jueces finalmente se concretó tres horas después de lo estipulado. “Para la Corte esto es un hecho lamentable que no debiera suceder en un estado de derecho”, agregó Oxandabarat. La denuncia fue recibida por la jueza letrada de turno, Gabriela Merialdo, quien inmediatamente dispuso el desalojo del local y ahora deberá de seguir las actuaciones del caso. Los manifestantes que ingresaron este viernes a la sede del Poder Judicial protestaban por el traslado de la jueza Mota de la órbita penal a la civil. Mota tenía a su cargo más de 50 casos de violación de derechos humanos durante la dictadura.
Sacaron a Mota, además porque exigió y llevó adelante investigación sobre el caso. Saboteada por Huidobro como es conocido, al frente de los militares. Cual es el temor de que se sepa lo que llevaba el avión ? y como cayó al mar o, quienes los derribaron ? La Jueza Mota uno de los bastiones de verdad y justicia era un peligro para las mafias de ayer y de hoy. Air Class: Bado retoma búsqueda
El buzo Héctor Bado confirmó a Montevideo Portal que el lunes reanudará la búsqueda del avión de Air Class. “La idea es salir a las 5 am del lunes, y vamos a utilizar a Isla de Flores como base hasta que se acaben las provisiones”. Según Bado el área de búsqueda no cambió desde julio y quedan por sacar las piezas más pequeñas del avión. El buzo Héctor Bado confirmó a Montevideo Portal que el lunes reanudará la búsqueda del avión de Air Class, accidentado el 6 de junio de 2012 en el entorno de Isla de Flores. "La idea es salir a las 5 am del lunes. La decisión está sujeta al clima, y el pronóstico que tenemos no es alentador. Vamos a utilizar a Isla de Flores como base hasta que se acaben las provisiones. El motivo de tener la base en la isla es que cada ida hasta el lunes del accidente insume dos horas, más otras dos horas para volver. La idea es salir bien temprano para optimizar el tiempo", destacó Bado. El buzo, que reside en Estados Unidos, fue el responsable de encontrar los restos del avión y la primera caja negra en julio de 2012. "Pienso que el lugar del accidente no cambió mucho. Vimos como un pesquero levantó la puerta del avión en el entorno de la zona de búsqueda. Aparentemente está en buen estado. El único inconveniente no pasa por la conservación, sino por el tamaño de las piezas que vamos a buscar. Las partes que ya se sacaron son las más grandes y quedan las pequeñas", explicó Bado.
Buque pesquero En la madrugada del domingo 10 de febrero, el barco pesquero Dartesa I encontró la puerta de un avión que podría pertenecer al Air Class, accidentado el 6 de junio de 2012. El hallazgo se realizó a tres millas al este del área de exclusión, y apareció entre las redes de la embarcación. La Comisión Investigadora de Accidentes Aéreos de la Fuerza Aérea, que es la que lleva adelante la investigación, determinará si pertenece o no al avión de Air Class. Desde el lunes, Bado trabajará con dos de sus colaboradores habituales. Además, contará con su propio sonar de barrido lateral y otros implementos que normalmente utiliza en sus búsquedas submarinas. Montevideo Portal
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