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Timestamp: 2019-02-18 02:10:24+00:00

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Casos prácticos – Página 3 – Derecho por la vida
Requisito previo para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa
Casos prácticos fin vía administrativa, recursos
Caso práctico nº 21 de Derecho Administrativo
El Director General de Energía ha impuesto una sanción de 100.000 euros a una de las compañías que operan en el sector eléctrico, por considerar que ha incurrido en una de las infracciones tipificadas como leves en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. La compañía ha recurrido dicha sanción ante la jurisdicción contencioso-administrativa y ha formalizado ya la correspondiente demanda. Vd., que en este caso defiende a la Administración del Estado, tiene un plazo de 20 días para contestar a la demanda. Sin embargo, está pensando realizar un escrito de alegaciones previas por considerar que puede concurrir una causa de inadmisibilidad del recurso. ¿Puede explicar cuál?
La inadmisión por falta de jurisdicción se refiere o bien a que la materia no es competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo conforme a los artículos 1 a 5 de la Ley 29/1998, de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa (en adelante LRJCA) o bien que, tratándose de una cuestión competencia del mismo, el órgano ante el que se ha interpuesto el recurso no es competente para conocer de él en los términos de los artículos 6 y ss de la LRJCA.
Teniendo en cuenta el ámbito que para la Jurisdicción Contencioso- administrativa define el artículo 1.1 de la LRJCA es claro que de las sanciones administrativas conoce dicha Jurisdicción. Por otra parte, el supuesto de hecho no dice en ningún momento ante qué órgano se está sustanciando el recurso, esto es, que se haya interpuesto ante los Juzgados de lo Contencioso-administrativo por lo que no sabemos si efectivamente puede haber o no falta de jurisdicción.
Sin embargo el supuesto sí da datos suficientes para saber que existe otra causa diferente de inadmisión de las previstas en el artículo 69 en relación con el acto impugnado. La causa de inadmisibilidad del recurso interpuesto frente a la resolución del Director General de Energía que alegaría el representante de la Administración sería la prevista en el artículo 69.1.c) de la LRJCA, es decir, que dicho acto no es susceptible de impugnación, por aplicación del artículo 25.1 de la LJCA.
El motivo por el que el acto no es susceptible de recurso contencioso-administrativo es porque la resolución del Director General de Energía (en la actualidad Dirección General de Política Energética y Minas) no pone fin a la vía administrativa, que es lo primero que debe analizarse. Y no pone fin a la vía administrativa porque no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRPAC), dado que de una parte, la normativa sobre el procedimiento sancionador (constituida en el presente caso por los artículos 75 y ss de la LSE 24/2013, los artículos 134 y ss de la LRPAC y el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto por el que se aprueba el reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora) en ningún caso establece que la resolución del procedimiento ponga fin a la vía administrativa (a diferencia por ejemplo de lo que ocurre en el procedimiento para exigir responsabilidad patrimonial) y de otra, porque el Director General que dicta la resolución no carece de superior jerárquico, sino que tiene uno, el Secretario de Estado de Energía (según el artículo 2.2 del Real Decreto 344/2012, de 10 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo) y por tanto cabrá interponer ante él recurso de alzada de conformidad con el artículo 114 de la LRPAC.
No obstante, el TS en la STS de 27 de febrero de 2012 rec. 56/2010 indica “la inadmisión de parte de las pruebas propuestas no decide directa ni indirectamente el fondo del asunto, desde luego no impide la continuación del procedimiento ni tiene por qué producir indefensión o perjuicios irreparables a derechos e intereses legítimos, como quiere el art.25.1 de la Ley de la Jurisdicción para admitir la impugnación separada de los actos de trámite cualificados.” Añadiendo: “En estas condiciones, caracterizadas por la concurrencia, no de certezas sino de hipótesis de incierta confirmación sin que se haya producido consecuencia real alguna para el interesado, no puede tenerse al acto recurrido por uno de los de trámite susceptibles de recurso conforme al citado art.25.1 de la Ley de la Jurisdicción.“
La ejecución de sentencias en el procedimiento administrativo: la inembargabilidad de bienes comunales de las Administraciones Públicas
Casos prácticos bienes comunales, Haciendas Locales, imprescriptibilidad, inalienabilidad, inembargabilidad, principio de legalidad presupuestaria
Caso práctico nº 16 de Derecho Administrativo
El Ayuntamiento de una pequeña localidad de la costa española levantina ha sido condenado por sentencia firme a indemnizar a los propietarios de un edificio de viviendas que ha sido demolido por haber sido realizada al amparo de una licencia que ha sido declarada ilegal por contravenir el correspondiente plan urbanístico.
Las viviendas eran fundamentalmente usadas en época estival, pero aún así estaba construido con materiales de primera calidad, por lo que la indemnización es cuantiosa. El Ayuntamiento no tiene dinero para pagar la indemnización, por lo que no ha podido cumplir la sentencia. Los propietarios acuden a Vd., que es Abogado, para que les asesore sobre la forma en que podría cobrar su deuda. Le sugieren la posibilidad de solicitar el embargo de ciertos bienes municipales, pero no están seguros de que ello sea posible, porque han oído que los bienes de las Administraciones Públicas son inembargables. ¿Qué les aconseja?
En el presente caso debemos advertir la posibilidad que existe hoy en día de solicitar el embargo de bienes patrimoniales de las Administraciones Públicas y en concreto los de las Entidades Locales como consecuencia del pronunciamiento del Tribunal Constitucional en la Sentencia 166/1998, de 15 de julio que pueden seguir haciendo click en el siguiente enlace:
STC 166/1998, de 15 de julio
La redacción original del artículo 154.2 de la antigua Ley Reguladora de las Haciendas Locales 39/1988, de 28 de diciembre señalaba que “Los Tribunales, Jueces y Autoridades administrativas no podrán despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra los derechos, fondos, valores y bienes en general de la Hacienda Local ni exigir fianzas, depósitos y cauciones a las Entidades locales”.
La Ley 66/1997, de 30 de Diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social, añade a dicho artículo el inciso “… excepto cuando se trate de la ejecución de hipotecas sobre bienes patrimoniales inmuebles no afectados directamente a la prestación de servicios públicos”. Es decir, que ya admite la embargabilidad, pero solo para la ejecución de hipotecas constituidas sobre bienes patrimoniales que no estén afectados a la prestación de servicios públicos.
Así la citada STC 166/1998 (seguida después por las Sentencias 211/1998, y 228/1988) declara la inconstitucionalidad y anula el inciso “y bienes en general” de dicho artículo 154.2 en la medida que excluye de la inembargabilidad los bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público, al considerarlo contrario, al derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24.1 de la CE, que garantiza a todos en su vertiente de derecho subjetivo a la ejecución de resoluciones judiciales firmes.
El artículo 154.2 de la LRHL 39/1988 fue modificado en consonancia con la declaración del TC por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social: «2. Los Tribunales, Jueces y Autoridades administrativas no podrán despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra los derechos, fondos, valores y bienes de la Hacienda Local ni exigir fianzas, depósitos y cauciones a las Entidades Locales, excepto cuando se trate de bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público.»
Dicha redacción es la que ha pasado al actual artículo 173.2 del actual Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La consecuencia, en lo que a nuestro caso se refiere, es que ante la iliquidez del Ayuntamiento para hacer frente a la ejecución de la Sentencia, efectivamente el juez de lo contencioso administrativo podrá decretar el embargo de bienes patrimoniales de la entidad local al amparo del artículo 112 de la LJCA que se refiere a “las medidas que necesarias para lograr la efectividad de lo mandado”.
Una cuestión interesante es el de la vinculación presupuestaria que tienen los ingresos procedentes de la enajenación de bienes patrimoniales para las Entidades Locales. Efectivamente la Ley 8/2010 de 23 de junio de de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana en su artículo 188.5 señala que “Los ingresos obtenidos por la enajenación de bienes no podrán destinarse a financiar gastos corrientes, salvo que se trate de parcelas sobrantes de vías públicas no edificables o de efectos no utilizables en servicios municipales o provinciales”. Esta limitación que se recoge igualmente en otras normativas autonómicas sobre régimen local proviene del antiguo artículo 5 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, y que se recoge actualmente en el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales 2/2004, y cuya justificación se encuentra en la intención de que los Entes Locales no se descapitalicen como resultado de la venta de su patrimonio.
Dicho esto, y siendo el tratamiento presupuestario de la indemnización por ejecución de sentencia efectivamente el de una transferencia corriente, no podemos considerar aplicable al supuesto de ejecución de un sentencia la vinculación presupuestaria prevista para los ingresos procedentes de enajenación de bienes patrimoniales por dos motivos: el primero porque cuando la normativa local alude o regula dicha limitación presupuestaria lo hace en el marco de los procedimientos de enajenación voluntaria de bienes por las EELL, pero en el caso de la ejecución de una sentencia se trata ya de un procedimiento judicial; el embargo y venta posterior será un procedimiento judicial fuera del ámbito de la enajenación voluntaria por la entidad local que es a lo que se refiere la limitación presupuestaria comentada. Pero además, y sobre todo, porque considerar que no es posible el embargo y enajenación judicial de un bien para hacer frente a la ejecución de una sentencia, supondría en la práctica la imposibilidad de ejecución de la misma mediante embargo de bienes patrimoniales, posibilidad que ampara otro precepto del propio TRLRHL , el 173.2 que hemos comentado anteriormente.
La estabilidad en el empleo público 7 septiembre, 2018
La Evaluación Ambiental Estratégica de Planes y Programas 23 agosto, 2018
La demanda reconvencional. Supuesto práctico 25 junio, 2018
El control de las normas con rango de ley en la jurisdicción contencioso-administrativa

References: artículo 1
 artículo 69
 resolución 
 artículo 69
 artículo 25
 resolución 
 artículo 109
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 114
 artículo 154
 artículo 154
 artículo 24
 artículo 154
 artículo 173
 Real Decreto 
 artículo 112
 artículo 188
 artículo 5
 artículo 5