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Ley 2/1998, de 26 de marzo, de Sociedades Cooperativas de Extremadura. TITULO II. De la Administración Pública y las sociedades cooperativas (Vigente hasta el 19 de Enero de 2007).
Ley 2/1998, de 26 de marzo, de Sociedades Cooperativas de Extremadura (Vigente hasta el 19 de Enero de 2007).
Vigencia desde 02 de Julio de 1998. Esta revisión vigente desde 01 de Enero de 2002 hasta 19 de Enero de 2007
De la Administración Pública y las sociedades cooperativas
Del fomento del cooperativismo
En aplicación del mandato contenido en el artículo 129.2 de la Constitución Española, la Comunidad Autónoma de Extremadura asumirá como tarea de interés público la promoción, estímulo y desarrollo de las sociedades cooperativas y de sus estructuras de integración económica y representativa, cuya libertad y autonomía garantiza.
La Junta de Extremadura estimulará la actividad que desarrollen las sociedades cooperativas, a través de medidas que favorezcan la inversión empresarial, la creación de empleo, la elevación del nivel de formación profesional y preparación técnica de los socios y el asociacionismo cooperativo.
De los conflictos individuales y colectivos
Véase D. [EXTREMADURA] 245/2000, 5 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Arbitraje, Conciliación y Mediación Cooperativos («D.O.E.» 12 diciembre).
1. Los conflictos que surjan entre varios socios y/o asociados y la sociedad cooperativa a que pertenece, entre varias sociedades cooperativas, entre la sociedad cooperativa o sociedades cooperativas y la federación en que se integren, así como entre las federaciones de sociedades cooperativas, pueden ser sometidos a la consideración del Consejo Superior del Cooperativismo de Extremadura, mediante las instituciones de la mediación, la conciliación y el arbitraje. La mediación consistirá en la intervención del Consejo para la aproximación de las distintas posturas de las partes en conflicto. La conciliación requerirá, además, la emisión de propuesta por el Consejo. El arbitraje consistirá en la adopción de un laudo de obligado cumplimiento.
2. Los procedimientos para la solicitud y tramitación de los mecanismos de sustanciación de conflictos colectivos se desarrollarán reglamentariamente.
1. Los conflictos que surjan entre algún socio y la sociedad cooperativa a la que pertenece, así como entre ésta y la federación en la que se integra, pueden ser sometidos a la consideración del Consejo Superior de Cooperativas de Extremadura, mediante las instituciones de la mediación, de la conciliación y el arbitraje voluntario.
2. La solicitud y tramitación de este procedimiento de sustanciación de conflictos individuales se desarrollarán reglamentariamente.
1. El conocimiento y resolución de los conflictos de derecho, tanto individuales como colectivos que surjan al amparo de la presente Ley, se sustanciarán por parte de jurisdicción competente, de conformidad con lo que determinen las Leyes procesales de enjuiciamiento.
2. Todo ello sin perjuicio de los mecanismos de la mediación, la conciliación y el arbitraje, que tendrán carácter voluntario y previo.
Del régimen sancionador, de la descalificación y de la intervención temporal
La función inspectora sobre el cumplimiento de la legislación cooperativa se ejercerá por la Consejería de Presidencia y Trabajo de la Junta de Extremadura, a través de la Inspección de Trabajo, sin perjuicio de la función inspectora que corresponde a otras Consejerías en el ámbito de sus competencias en virtud de la legislación específica que le sea aplicable en atención al objeto social de cada sociedad cooperativa.
1. El incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las normas que la desarrollen y complementen reglamentariamente, así como las que se contengan en los Estatutos sociales, dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a responsabilidades civiles, por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento, incluso la reposición de la situación alterada por el infractor a su estado originario.
2. Las sociedades cooperativas son sujetos responsables de las acciones y omisiones contrarias a esta Ley y su Reglamento de desarrollo, y a los Estatutos sociales y, en todo lo que les sea personalmente imputable a los miembros del Consejo Rector, a los Interventores y a los Liquidadores.
3. La comisión de la infracción dará lugar a responsabilidad administrativa, aun a título de simple inobservancia.
4. La responsabilidad administrativa es compatible con cualquier tipo de responsabilidad, si bien no podrá sancionarse por hechos que hayan sido reprochados penalmente cuando se aprecien identidad de sujeto, hecho y fundamento.
En los supuestos en que las infracciones pudieran ser constitutivas de delito y siempre que se aprecie la identidad descrita anteriormente, la Administración pasará el tanto de culpa al órgano judicial competente o al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad no dicte sentencia firme o resolución que ponga fin al procedimiento.
De no haberse estimado la existencia de delito, la Administración continuará el expediente sancionador en base a los hechos que los Tribunales hayan considerado como probados.
En todo caso, podrán acordarse las medidas de intervención temporal previstas en esta Ley.
1. Son infracciones a la normativa de las sociedades cooperativas las acciones u omisiones que incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas de los Estatutos sociales sujetos a responsabilidad conforme a la presente Ley.
2. Las infracciones se calificarán en leves, graves y muy graves en atención a la naturaleza del deber infringido y la entidad del derecho afectado, de conformidad con los artículos siguientes de la presente Ley.
a) No acreditar las aportaciones al capital social de títulos, libretas o anotaciones en cuenta de carácter nominativo.
c) No formular, por escrito, en el plazo legalmente establecido, el Interventor o los Interventores de cuenta su informe sobre las cuentas anuales.
a) No convocar la Asamblea general en tiempo y forma.
b) No renovar o cubrir los cargos de los órganos sociales cuando corresponda por imperativo legal o estatutario.
c) Incumplir las normas establecidas sobre participación del personal asalariado de la sociedad cooperativa en el Consejo Rector o en los excedentes disponibles.
d) Fijar, abonar o acreditar por las aportaciones al capital social un tipo de interés superior al establecido legalmente como máximo o, en su caso, inferior al establecido legalmente como mínimo.
e) Acreditar retornos cooperativos a quien no tenga la condición de socio o hacerlo por causas distintas a las previstas legal o estatutariamente.
f) La transgresión de los derechos de los socios o, en su caso, de los asociados en materia de información; como elector y elegible para los cargos de los órganos sociales; a participar, por sí o por delegación, con voz y voto en la Asamblea general; a participar en la actividad empresarial que desarrolle la sociedad cooperativa para el cumplimiento de su fin social, sin ninguna discriminación y demás derechos que resulten de la presente Ley.
a) No someter las cuentas anuales a auditoría externa, en los supuestos que establezcan la presente Ley, la Ley de Auditoría de Cuentas, los Estatutos sociales o los acuerdos de la Asamblea general.
b) Aplicar cantidades del fondo de educación y promoción a finalidades distintas de las previstas legalmente.
c) Incumplir las normas reguladoras del destino del resultado de la regulación del Balance de la sociedad cooperativa o de la actualización de aportaciones de los asociados al capital social.
d) Repartir entre los socios y, en su caso asociados el fondo de reserva o, en el supuesto de liquidación de la sociedad cooperativa, el Activo sobrante.
e) No imputar las pérdidas del ejercicio económico o imputarla vulnerando las normas establecidas en la Ley, los Estatutos o los acuerdos de la Asamblea general.
f) No destinar a dotar al fondo de reserva obligatorio o al de educación y promoción, en los supuestos y por el importe que establecen la Ley, los Estatutos o los acuerdos de la Asamblea general.
1. Las sanciones por las infracciones tipificadas en los artículos anteriores podrán imponerse en los grados mínimo, medio y máximo, atendiendo a los siguientes criterios:
- Número de socios afectados.
- Repercusión social.
- Malicia o falsedad.
- Capacidad económica de la sociedad cooperativa.
- Incumplimiento de las advertencias y requerimientos previos de la Inspección de Trabajo.
2. Cuando el acta de la Inspección de Trabajo que dé inicio al expediente sancionador gradúe la infracción en grado medio o máximo deberá explicitar los criterios tenidos en cuenta para la graduación efectuada, bastando un solo criterio para la proposición del grado medio y dos para el grado máximo. Dichos criterios deberán constar, igualmente, en la resolución administrativa correspondiente.
Cuando no se considere relevante, a estos efectos, ninguno de los criterios enumerados anteriormente o no conste en los actos administrativos citados en el párrafo anterior, la sanción se impondrá en grado mínimo.
3. Las sanciones se graduarán de la siguiente manera:
En su grado mínimo, de 10.000 a 25.000 pesetas.
En su grado medio, de 25.001 a 50.000 pesetas.
En su grado máximo, de 50.001 a 100.000 pesetas.
En su grado mínimo, de 100.001 a 200.000 pesetas.
En su grado medio, de 200.001 a 350.000 pesetas.
En su grado máximo, de 350.001 a 500.000 pesetas.
En su grado mínimo, de 500.001 a 1.000.000 de pesetas.
En su grado medio, de 1.000.001 a 5.000.000 de pesetas.
En su grado máximo, de 5.000.001 a 10.000.000 de pesetas.
4. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes, se harán públicas en la forma que se determine reglamentariamente.
Existe reincidencia cuando se comete una infracción del mismo tipo y calificación que la que motivó una sanción anterior en el término de un año desde la comisión de ésta. En tal supuesto, se requerirá que la resolución sancionadora hubiera adquirido firmeza.
Si se apreciase reincidencia, la cuantía de las sanciones consignadas en el artículo anterior podrá incrementarse hasta el duplo del grado de la sanción correspondiente o la infracción cometida, sin exceder, en ningún caso, del tope máximo previsto para las infracciones muy graves.
Las infracciones a la normativa en materia de sociedades cooperativas prescriben: Las leves, a los seis meses; las graves, a los dos años; y las muy graves, a los tres años, contados desde la fecha de la infracción.
1. La competencia para la imposición de sanciones corresponderá:
a) Al Jefe del Servicio Territorial de la Consejería de Presidencia y Trabajo, hasta 100.000 pesetas.
b) Al Director General de Trabajo de la Consejería de Presidencia y Trabajo, desde 100.001 hasta 1.000.000 pesetas.
c) Al Consejero de Presidencia y Trabajo, desde 1.000.001 hasta 5.000.000 de pesetas.
d) Al Consejo de Gobierno, desde 5.000.001 hasta 10.000.000 de pesetas.
2. En el supuesto de pluralidad de infracciones recogidas en único expediente sancionador, será órgano competente para imponer la sanción por la totalidad de dichas infracciones el que lo sea para imponer la de mayor cuantía.
Las infracciones tipificadas conforme a la presente Ley serán objeto de sanciones tras la instrucción del oportuno expediente sancionador, a propuesta de la inspección de trabajo, de conformidad con el procedimiento administrativo especial para la imposición de sanciones del orden social, previsto en la Ley de infracciones y sanciones de tal ámbito y sus normas de desarrollo.
De la descalificación de las Sociedades Cooperativas
1. Podrán ser causas de descalificación de una sociedad cooperativa:
a) Las señaladas en el artículo 96 de esta Ley, a excepción de las previstas en las letras a), f) y h).
b) La comisión de cualesquiera infracciones enumeradas en esta Ley como muy graves, cuando provoquen o puedan provocar importantes perjuicios económicos o sociales o que supongan vulneración reiterada esencial de los principios cooperativos.
a) Deberá informar preceptivamente la Inspección de Trabajo y facultativamente aquellos que el órgano instructor estime conveniente. Si no se hubieren emitido los informes en el plazo de veinte días, se entenderá por evacuados.
b) En el trámite de audiencia a la sociedad, se personará el Consejo Rector o, en su defecto, un número de socios no inferior a tres. Cuando no se produjere o no fuere posible dicha comparecencia, el trámite se cumplimentará publicando el correspondiente aviso en el «Diario Oficial de la Comunidad Autónoma de Extremadura», en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en que tenga fijado su domicilio social la sociedad cooperativa y en un diario de gran difusión en Extremadura.
d) Será competente para acordar la descalificación el Consejero de Presidencia y Trabajo de la Junta de Extremadura.
4. La resolución acordando la descalificación, si se impugnara, será anotada preventivamente en el Registro de Sociedades Cooperativas de Extremadura.
De la intervención temporal de las Sociedades Cooperativas
1. Cuando en una sociedad cooperativa concurran circunstancias que pongan en peligro intereses de los terceros o de los socios o asociados, la Administración Pública podrá acordar las siguientes medidas:
a) La designación de uno o más funcionarios con la facultad de establecer el orden del día de la Asamblea general, convocarla y presidirla, a fin de que pueda adoptar los pertinentes acuerdos.
b) La intervención temporal de la sociedad cooperativa por los funcionarios que se designen, sin cuya aprobación los acuerdos adoptados y las decisiones tomadas por los órganos rectores de la sociedad cooperativa no tendrán validez y serán nulos de pleno derecho.
c) La suspensión temporal de la actuación de los órganos sociales de la sociedad cooperativa, nombrando uno o varios Administradores provisionales, que asumirán las funciones de aquéllos.
2. Será órgano competente para la adaptación de las medidas señaladas en el párrafo a) del número anterior el Director General de Trabajo de la Consejería de Presidencia y Trabajo.
Será órgano competente para la adopción de las medidas contempladas en párrafo b) y c) del número anterior el Consejero de Presidencia y Trabajo.
3. El acuerdo será ejecutivo desde el día de su publicación en el «Diario Oficial de la Comunidad Autónoma de Extremadura».

References: artículo 129
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 96
 resolución