Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/5406
Timestamp: 2020-01-22 17:44:30+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 146/2005
SENTENCIA 146/2005, de 6 de junio
ECLI:ES:TC:2005:146
En el recurso de amparo núm. 5266-2002, promovido por doña Isabel López Lavara, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Pilar Plaza Frías y asistida por el Letrado don Manuel López Álvarez, contra el Auto de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 16 de julio de 2002, que desestimó el recurso de súplica interpuesto contra el Auto de 30 de mayo de 2002, denegatorio de la extensión de los efectos de la Sentencia de 18 de abril de 2001, recaída en el recurso núm. 633/98. Ha sido parte el Abogado del Estado y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Magistrada doña Elisa Pérez Vera, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 18 de septiembre de 2002, la Procuradora de los Tribunales doña Pilar Plaza Frías, en representación de la recurrente, formuló demanda de amparo, impugnando las resoluciones mencionadas en el encabezamiento de esta Sentencia.
a) La demandante de amparo fue seleccionada como lectora de español en la Universidad de Manila (Filipinas) durante el curso 1996-1997, en virtud de la convocatoria aprobada por resolución de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) de 11 de marzo de 1996. La disposición séptima del anexo de la convocatoria establecía la posibilidad de optar a la prórroga de la ayuda dos cursos académicos como máximo, aportando la siguiente documentación: “Memoria de las actividades del curso finalizado. Certificado de la misma Universidad en el que conste la confirmación del puesto para el curso siguiente”.
b) La actora solicitó la prórroga de la ayuda, acompañando “Memoria del Lectorado en Filipinas 1996-1997”, elaborada por ella, y carta del Jefe del Departamento de Lenguas Europeas de la Universidad de Filipinas, dirigida a doña Inmaculada Zamora, Coordinadora de la Oficina Técnica de Cooperación de la AECI, expresándole que el Comité personal académico del departamento había recomendado la renovación del nombramiento de la Sra. López Lavara como profesora visitante en el departamento para el año escolar 1997-1998. La Comisión evaluadora de la AECI, a la vista de la documentación aportada, consideró que los resultados obtenidos durante el curso académico 1996-1997 no satisfacían los objetivos previstos, por lo que decidió colegiadamente no renovar la ayuda para el curso 1997-1998. La demandante de amparo no recurrió esta decisión en vía contencioso-administrativa.
c) Paralelamente, doña Beatriz Álvarez Tardío, que también fue seleccionada como lectora de español en la Universidad de Manila para el curso 1996-1997, solicitó igualmente la renovación de la ayuda aportando para acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria de 11 de marzo de 1996 para la prórroga de las ayudas, entre otros documentos, una carta de la Decana de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de Filipinas, fechada el 31 de marzo de 1997, dando traslado al Rector de la Universidad de copia de la carta dirigida a doña Inmaculada Zamora respecto a la recomendación para la renovación de los nombramientos de dos profesores españoles visitantes, incluyendo a la Profesora Beatriz Álvarez, e indicando que, aunque la recomendación sería tratada en la Junta ejecutiva de la Facultad en abril, al haber iniciado el proceso el Departamento de Lenguas Europeas y no haber gasto para la Universidad —según indicación de la Embajada española— no habría ningún problema para el nombramiento de la Srta. Álvarez; y un escrito del Rector de la Universidad de Filipinas dando traslado de la anterior a la Junta de Regentes de la misma Universidad.
d) La prórroga le fue denegada por la Comisión evaluadora de la AECI por la misma razón utilizada para no concederla a la demandante de amparo, por lo que la Sra. Álvarez Tardío interpuso recurso administrativo ordinario, que fue desestimado por Resolución del Ministro de Asuntos Exteriores de 8 de septiembre de 1997. Frente a esta decisión promovió recurso contencioso-administrativo, que fue estimado por Sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 18 de abril de 2001. Entre otros razonamientos, la Sala, tras exponer los requisitos exigidos por la disposición séptima del Anexo de la convocatoria para poder optar a la prórroga, argumentó lo siguiente:
“Dª. Beatriz Álvarez Tardío presentó instancia el 26 de Marzo de 1997, solicitando la renovación de la ayuda, acompañando la documentación requerida, entre otras, carta procedente de la Universidad de Manila recomendando la renovación del nombramiento de Dª. Beatriz Álvarez como profesora visitante en el Departamento de Lenguas Europeas en las Facultades de Artes y Letras de la Universidad de Filipinas para el año escolar 1997-98. ... La convocatoria en la que participó la actora en 1996, daba la opción de renovar, por lo que, contrariamente a lo que dice el Abogado del Estado, la norma aplicable era aquélla y no la posterior de 11 de marzo de 1997. ... El Abogado del Estado incurre en el error de querer aplicar la base séptima de la convocatoria de 1997, que regiría para los que fueren elegidos en esa convocatoria. Para los de la convocatoria de 1996, lo aplicable es la condición séptima de esta última.
En virtud de lo expuesto, nos encontramos con que en esa condición se decía literalmente: ‘Se podrá optar a la prórroga de la ayuda de dos cursos académicos como máximo, solicitándolo conforme al apartado cuarto, aportando la siguiente documentación: Memoria de las actividades del curso finalizado. Certificado en la misma Universidad en el que conste la confirmación del puesto para el curso siguiente.’
La demandante cumplió todos estos requisitos por lo que se la debió renovar sin más trámites.”
e) La demandante de amparo presentó escrito el 14 de noviembre de 2001, solicitando a la Agencia Española de Cooperación Internacional que acordara aplicarle los efectos de la Sentencia de 18 de abril de 2001. Ante la falta de contestación expresa, el 6 de marzo de 2002 formuló su petición ante la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, alegando, en síntesis, la existencia de una identidad de situaciones entre ella y la favorecida por el fallo.
f) Mediante Auto de 30 de mayo de 2002, la Sala denegó la extensión de efectos de la Sentencia. En el segundo de sus fundamentos jurídicos, se argumentaba lo siguiente:
“sólo cabrá la posibilidad de extensión de efectos de la sentencia si la actora se encuentra en idéntica situación, algo fundamental que aquí no consta.
Establecía esa disposición que existía la posibilidad de optar a la prórroga de ayuda, dos cursos como máximo, aportando la siguiente documentación: 1) Memoria de las actividades del curso finalizado. 2) Certificado de la misma Universidad en el que conste la confirmación del puesto para el curso siguiente.
En consecuencia no se ha aportado la documentación que exigía la normativa, con lo que queda claro que doña Isabel López Lavara no ha probado estar en la misma situación jurídica que Dª. Beatriz Álvarez Tardío”.
g) Contra la anterior resolución interpuso la actora recurso de súplica, que fue desestimado por Auto de la misma Sala de 16 de julio de 2002, en el que se argumentó que la recurrente no presentó el certificado requerido, de forma que no acreditó reunir los mismos requisitos de la demandante inicial, añadiendo la consideración de que la carta a la que aludía la actora para demostrar encontrarse en la misma situación que la demandante originaria, “no tiene el mismo valor que un certificado, con lo que no existe la identidad de situaciones pretendida”.
3. En la demanda de amparo alega la actora que la resolución judicial recurrida en amparo se aparta arbitrariamente de los antecedentes tenidos en cuenta en la Sentencia de 18 de abril de 2001, estimatoria del recurso interpuesto por doña Beatriz Álvarez Tardío, y acuerda denegar la extensión de efectos solicitada por la recurrente, pese a haber acreditado encontrarse en idénticas condiciones que aquélla, pues ambas presentaron iguales documentos, contrariamente a lo que la misma Sala estimó, en su día, acreditado y cumplido por la anterior recurrente. De este modo, la misma carta que se menciona en la anterior Sentencia como fundamento jurídico de la estimación del recurso, en el caso de la demandante de amparo no surte ningún efecto. Por ello, la resolución judicial, al no extender los efectos de la Sentencia invocada, vulneró los derechos fundamentales de la actora a la tutela judicial efectiva y a la igualdad, ya que no sólo se aparta arbitrariamente del precedente de la mencionada Sentencia, sino que, además, su razonamiento es discriminatorio, por dispensarle un trato distinto pese a haber acreditado encontrarse en idénticas condiciones que la Sra. Álvarez Tardío.
4. Por resolución de 23 de septiembre de 2004 la Sala Segunda, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11.2 LOTC, acordó conocer del recurso de amparo y, a tenor del art. 51 LOTC, librar atenta comunicación a la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiese certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso núm. 633/98, debiendo proceder, con carácter previo, al emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que, en el término de diez días, pudieran comparecer en el presente proceso constitucional.
5. El 30 de septiembre de 2004 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal escrito del Abogado del Estado, personándose en el presente recurso de amparo.
6. Mediante diligencia de ordenación de 16 de diciembre de 2004 se tuvo por personado y parte el Abogado del Estado en la representación que ostenta, acordándose entender con él las sucesivas actuaciones. Asimismo, se dio vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que pudieran formular las alegaciones que estimaran pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC.
7. El Abogado del Estado presentó su escrito de alegaciones el 28 de diciembre de 2004, interesando que se desestime el recurso de amparo. En primer lugar, apunta la existencia de una causa de inadmisión, por no haberse agotado la vía judicial previa, de acuerdo con lo exigido por el art. 44.1 a) LOTC. En este sentido, afirma que el Auto impugnado resolvió denegar la pretendida extensión de efectos de la Sentencia de 18 de abril de 2001 con fundamento en el art. 110 LJCA, que permite la comunicación de efectos de una sentencia respecto de actos diversos, incluso no impugnados, cuando exista una perfecta identidad entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en el que ésta sea invocada. Pues bien, afirma el Abogado del Estado que, conforme a lo previsto en el art. 87.2 LJCA, los autos dictados en aplicación de los arts. 109 y 110 de la misma Ley son recurribles en casación “en todo caso”, de forma que ha de reconocerse que no se ha cumplido con el requisito del agotamiento previo de la vía judicial.
Asimismo, entiende el representante de la Administración que, al margen de la afirmación de la demandante de amparo acerca de la existencia en el expediente de la Sra. Álvarez Tardío de una comunicación interna que parece unificar las cartas de aceptación de la Universidad para las tres lectoras de español en la Universidad de Filipinas en el curso 1996- 1997, queda claro que, conforme al apartado 7 de la convocatoria, resultaba necesaria la conformidad de la AECI, que es lo que no se dio en este caso, al menos. Además, entiende que de ese texto se infiere con bastante claridad la razón por la que no puede identificarse la carta de la Universidad de Filipinas con una certificación: porque no se pronuncia sobre la labor realizada por las lectoras, punto que, acaso, se pasó por alto en la Sentencia, pero, en cualquier caso, ante la solicitud de extensión del fallo, la Sala ha tomado conciencia de la cuestión.
8. La representación de la demandante de amparo, en escrito que tuvo entrada en este Tribunal el 14 de enero de 2005, alegó que la denegación de la extensión de efectos de la Sentencia de 18 de abril de 2001 se fundó en el hecho de no haber presentado certificado de la Universidad confirmando la renovación del puesto para el curso siguiente, documento que la Sala entendía presentado por la Sra. Álvarez Tardío. Sin embargo, como puede comprobarse en las actuaciones referentes al recurso núm.633/98 así como a la extensión de efectos solicitada por la demandante de amparo, en ambos casos se presentaron cartas, esencialmente iguales, procedentes de la Universidad, recomendando la renovación del puesto para el curso siguiente, pero no certificado alguno, habiendo considerado la mencionada Sentencia que dicho requisito quedaba plenamente acreditado con los documentos aportados por la Sra. Álvarez Tardío. De igual modo la actora ha acreditado el cumplimiento de este requisito con aportación de la carta dirigida por la Universidad a la Sra. Inmaculada Zamora de la Cooperación Internacional Española, recomendando la renovación del puesto para el curso siguiente. Por tanto, a pesar de estar ambas profesoras en supuestos esencialmente iguales, se deniega a la recurrente la extensión de efectos solicitada.
9. El Ministerio Fiscal, en escrito de alegaciones registrado el 14 de enero de 2005, interesó que se dicte Sentencia desestimando el recurso de amparo. Tras exponer los antecedentes del caso e identificar las pretensiones de la actora, recoge el Fiscal la doctrina de este Tribunal sobre el art. 14 CE, señalando que, en el caso de la recurrente, no cabe duda de que el órgano judicial que dictó tanto la Sentencia de la que trae causa la petición de efectos extensivos como los Autos que resolvieron ésta, es el mismo, y que los presupuestos de la situación personal de la recurrente son idénticos a los de doña Beatriz Álvarez Tardío, pues tanto una como otra fueron seleccionadas por la AECI en el mismo proceso para desempeñar la plaza de profesora visitante, prestando servicios como lectoras de español en la Universidad de Filipinas. Igualmente, afirma el Fiscal que el clausulado del contrato de ambas era idéntico, contemplándose la posibilidad de prórrogas anuales hasta un máximo de dos cursos lectivos, siendo preciso para optar a ellas, además de la elaboración de una memoria explicativa de las actividades desarrolladas, una certificación de la Universidad recomendando su continuidad para el siguiente curso. Por último, las dos —recurrente y compañera ofrecida como término de comparación— presentaron sus solicitudes de renovación y también fueron rechazadas una y otra por la Comisión de evaluación de la AECI.
10. Por providencia de 2 de junio de 2005 se señaló para deliberación y fallo de la presente Sentencia el día 6 del mismo mes y año.
1. La demandante de amparo impugna el Auto de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 16 de julio de 2002, por el que se desestimó el recurso de súplica formulado frente al Auto de la misma Sala de 30 de mayo de 2002, que denegó la extensión de los efectos de la Sentencia de 18 de abril de 2001, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 633/98, seguido a instancia de doña Beatriz Álvarez Tardío. Afirma la recurrente que se ha producido la vulneración de los arts. 14 y 24.1 CE, pues se le ha denegado la extensión de efectos de la referida Sentencia pese a haber acreditado encontrarse en idénticas condiciones que doña Beatriz Álvarez Tardío, apartándose el órgano judicial de forma arbitraria de los antecedentes que se tuvieron en cuenta en la mencionada Sentencia. Asimismo, considera vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, en la vertiente del derecho a que las resoluciones judiciales sean ejecutadas en sus propios términos, porque la Sala ha resuelto de forma contraria a lo que ella misma estimó en su día acreditado y cumplido por la anterior recurrente.
2. Con carácter previo, es preciso realizar una aclaración en relación con la resolución impugnada. Aunque en el encabezamiento de la demanda de amparo se afirma que la actora dirige su impugnación contra el Auto de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 16 de julio de 2002, lo cierto es que, como de forma patente se deduce de la propia demanda, tal mención obedece al hecho de ser la resolución que pone fin a la vía judicial previa, desestimando el recurso de súplica interpuesto contra el Auto de la misma Sala de 30 de mayo de 2002 pero, en realidad, las quejas de la recurrente se dirigen también, y de una forma especial, contra éste, que fue el que denegó la extensión de los efectos de la Sentencia recaída en el recurso núm. 633/98, siendo, asimismo, la resolución que, de acuerdo con la argumentación plasmada en la demanda, habría vulnerado los derechos fundamentales de la recurrente a la igualdad y a la tutela judicial efectiva sin indefensión. Pues bien, es doctrina de este Tribunal que cuando se impugna en amparo una resolución judicial confirmatoria de otras, que han sido lógica y cronológicamente presupuesto de aquélla, han de entenderse también recurridas las precedentes resoluciones judiciales confirmadas (SSTC 130/2001, de 4 de junio, FJ 1; 115/2002, de 20 de mayo, FJ 2; 187/2002, de 14 de octubre, FJ 1, entre otras).
3. Una vez precisado el anterior extremo, y antes de analizar las vulneraciones de derechos fundamentales que constituyen la queja de la recurrente, es necesario analizar el óbice procesal aducido por el Abogado del Estado. Afirma éste que la actora no ha agotado la vía judicial previa, conforme a lo exigido por el art. 44.1 a) LOTC, porque no interpuso recurso de casación y, según dispone el art. 87.2 de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), son susceptibles de tal recurso, en todo caso, los Autos dictados en aplicación del art. 110 de la misma Ley, que es el supuesto que aquí nos ocupa. De constatarse la concurrencia del obstáculo alegado por el Abogado del Estado, habría de procederse a un pronunciamiento de inadmisión en el presente momento procesal, ya que, como tenemos declarado, los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan subsanados porque haya sido inicialmente admitido a trámite (por todas, SSTC 18/2002, de 28 de enero, FJ 3; y 158/2002, de 16 de septiembre, FJ 2).
4. No obstante lo anterior, sí se puede apreciar la efectiva concurrencia de la causa de inadmisión del art. 50.1 a) LOTC en cuanto a la queja que denuncia la vulneración del art. 24.1 CE en el aspecto referido al derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales en sus propios términos, porque la demandante de amparo no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el art. 44.1 c) de la misma Ley, ya que no ha invocado previamente en la vía judicial el derecho fundamental que considera vulnerado.
5. Una vez examinadas las anteriores objeciones, nos resta por analizar la otra cuestión planteada por la actora que, como se expuso anteriormente, denuncia la vulneración de los arts. 14 y 24.1 CE porque la resolución impugnada le ha denegado la extensión de efectos de la Sentencia de 18 de abril de 2001, recaída en el recurso núm. 633/98, pese a haber acreditado encontrarse en idénticas condiciones que la favorecida por ella.
b) La existencia de alteridad en los supuestos contrastados, es decir, de la “referencia a otro” exigible en todo alegato de discriminación en aplicación de la Ley, excluyente de la comparación consigo mismo.
6. Aplicando la doctrina expuesta al supuesto que nos ocupa, podemos concluir que no existe la vulneración del derecho a la igualdad denunciada por la demandante de amparo, ya que lo que ésta presenta como una diferencia en la aplicación de la ley a personas que se encuentran en idéntica situación no constituye un auténtico tertium comparationis que pueda ser enjuiciado desde la perspectiva del art. 14 CE. En efecto, lo que aquí se plantea no es que la actora haya promovido un procedimiento contencioso-administrativo paralelo al iniciado a instancia de la Sra. Álvarez Tardío y que, ante una identidad de circunstancias, haya obtenido del mismo órgano judicial una respuesta dispar a la conseguida por aquélla, sino que la discrepancia se suscita respecto de la decisión que se produjo en un procedimiento derivado de aquél, a través del cual intentaba conseguir la extensión de efectos de la sentencia firme recaída en el recurso interpuesto por la otra interesada, al amparo de la previsión del art. 110 LJCA (en la redacción anterior a la introducida por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre), y, más en concreto, en cuanto a uno de los presupuestos legales que permitían acogerse a esta posibilidad.
7. Excluida la vulneración del art. 14 CE, queda por dilucidar si, como afirma la recurrente, se ha lesionado su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión por la valoración que la resolución impugnada realiza de los documentos que aportó para obtener la prórroga de la ayuda, que, a su juicio, se aparta arbitrariamente de los antecedentes tenidos en cuenta en la Sentencia de 18 de abril de 2001.
8. La aplicación de la anterior doctrina al supuesto enjuiciado conduce a examinar si la resolución judicial que denegó la extensión de efectos de la Sentencia de 18 de abril de 2001, resulta o no arbitraria, como afirma la demandante, esto es, si ha supuesto un actuar sin razones formales ni materiales y que resulta de una simple expresión de la voluntad (STC 164/2002, de 17 de septiembre, FJ 4).
9. Como ha quedado expuesto, las resoluciones impugnadas por la actora recayeron en el procedimiento regulado en el art. 110 LJCA (en la redacción anterior a la introducida por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre), procedimiento excepcional que permite, en materia tributaria y de personal al servicio de la Administración pública, que los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situación jurídica individualizada a favor de una o varias personas se extiendan a otras, siempre que concurran determinadas circunstancias, entre las que destaca que “los interesados se encuentren en idéntica situación jurídica que los favorecidos por el fallo” [apartado 1 a)]. Pues bien, sin entrar en otras consideraciones que podría plantear la pretensión de la actora a la luz de la citada normativa (como pudieran ser las consecuencias de la distinta actuación procesal de las personas involucradas en una y otra decisión) es lo cierto que, en todo caso, la apreciación de la identidad de situación es, según ya se indicó anteriormente, una cuestión de legalidad ordinaria que correspondía realizar en exclusiva a la Sala ante la que se planteó la cuestión, en ejercicio de la función jurisdiccional que le atribuye el art. 117.3 CE.
Valorando las circunstancias del caso, la Sala consideró que no concurría el reseñado presupuesto, entendiendo que la actora no había probado encontrarse en la misma situación jurídica que doña Beatriz Álvarez Tardío que en opinión de la Sala había presentado la documentación requerida en la convocatoria de 11 de marzo de 1996, cumpliendo de esta forma todos los requisitos exigidos en la condición séptima de esta última, mientras que la demandante de amparo no aportó “la certificación de la Universidad [acreditativa de la confirmación del puesto para el curso siguiente] que era requisito imprescindible”, sin que, como se razona en el Auto de 16 de julio de 2002 (desestimatorio del recurso de súplica interpuesto por la recurrente), fuera suficiente la carta de la Universidad a la que aludía la Sra. López Lavara, pues “no cabe duda que una carta no tiene el mismo valor que un certificado”.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 5266-2002
Promovido por doña Isabel López Lavara frente a los Autos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que denegaron la extensión de los efectos de la Sentencia recaída en un litigio contra la Agencia Española de Cooperación Internacional sobre ayudas como lectora de español en universidades extranjeras.
No existe vulneración del derecho a la igualdad, ya que lo que la demandante presenta como una diferencia en la aplicación de la ley a personas que se encuentran en idéntica situación no constituye un auténtico tertium comparationis que pueda ser enjuiciado desde la perspectiva del art. 14 CE [FJ 6].
Doctrina constitucional sobre el principio de igualdad, en su vertiente de aplicación judicial de la ley y sus requisitos (STC 29/2005) [FJ 5].
El órgano judicial ha entendido que la favorecida por el fallo, a quien se concede la prorroga de la ayuda recurrida, y la recurrente en amparo no se encontraban en la misma situación jurídica, porque no habían aportado los mismos documentos [FJ 5].
La desigualdad en la aplicación judicial de la ley que este Tribunal puede controlar es únicamente la que resulta de la diferencia en la interpretación de las normas, no la que se origina en la valoración de unos hechos idént126/2003) [ FJ 6].
No existe vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de sentencia funda en derecho, por parte de la resolución judicial que denegó la extensión de efectos de la Sentencia aportada [FJ 9].
No corresponde a este Tribunal dilucidar el valor que ha de darse a los documentos presentados por una y otra interesadas, ni examinar si se daban o no los requisitos establecidos en la convocatoria de la AECI, ya que es una cuestión de legalidad ordinaria y, en todo caso, la apreciación de la identidad de situación también lo es [FFJJ 8, 9].
La constatación de diferente documentación presentada por una y por otra basta para concluir que las resoluciones judiciales impugnadas no son arbitrarias, pues su argumentación no resulta fruto de un mero voluntarismo judicial ni expresa un proceso deductivo irracional o absurdo (STC 96/2005) [FJ 9].
Artículo 24.1, ff. 1, 4, 5, 7, 9
Artículo 117.3, ff. 8, 9
Artículo 110, ff. 3, 6 a 9
Igualdad en la aplicación de la leyIgualdad en la aplicación de la ley, Doctrina constitucional, ff. 5, 6
Motivación de las resoluciones judicialesMotivación de las resoluciones judiciales, Respetado, ff. 8, 9
Resolución fundada en DerechoResolución fundada en Derecho, Respetado, ff. 8, 9

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 24

Artículo 117

Artículo 110

Resolución