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Timestamp: 2018-11-17 20:05:10+00:00

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﻿ SENTENCIA 2010-00640 DE JUNIO 23 DE 2010
SENTENCIA 2010-00640 DE 23 DE JUNIO DE 2010
CONTENIDO:PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTA. LA ACREDITACIÓN DE CALIDAD DE CONGRESISTA REQUIERE COPIA AUTÉNTICA DEL ACTO DE ELECCIÓN O CERTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ELECTORAL NACIONAL SO PENA DE RECHAZO DE LA SOLICITUD.
Sentencia 2010-00640 de junio 23 de 2010
Rad.: 11001-03-15-000-2010-00640-00(PI)
Actor: César Julio Gordillo Núñez
Demandado: Mauricio Jaramillo Martínez
El señor César Julio Gordillo Núñez solicita se decrete la pérdida de la investidura del señor Mauricio Jaramillo Martínez como senador de la República.
Por auto del 28 de mayo de 2010 se inadmitió la solicitud y se le concedió al actor el término de 10 días para que la adecuara a los requisitos exigidos por la Ley 144 de 1994 en consideración a que no anexó la acreditación sobre la calidad de senador del demandado expedida por la Organización Electoral Nacional, y porque tampoco adjuntó copia de los anexos para el traslado de ley.
Dentro del término concedido, el solicitante aportó los siguientes documentos:
— Oficio DGE-1188 del 3 de junio de 2010 del director de gestión electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el que le informa al señor César Julio Gordillo Núñez:
“Con toda atención y una vez revisados nuestros archivos, me permito enviar la constancia electoral de la participación del señor Mauricio Jaramillo Martínez, candidato por el Partido Liberal Colombiano para las elecciones a Congreso Nacional del 12 de marzo del 2006” (se resaltó, fl. 21, cdno. ppal.).
— Constancia expedida por el mismo funcionario de la Registraduría Nacional del Estado Civil, en el siguiente sentido:
“Que consultados los documentos que reposan en esta dirección, se encontró que el senador Mauricio Jaramillo Martínez, obtuvo un resultado de 38.728 votos para las elecciones a Congreso Nacional del 12 de marzo de 2006.
La presente se expide al cuarto (4) día del mes de junio de dos mil diez (2010).
Hace parte de esta constancia el siguiente documento:
• Resultados del escrutinio para Senado Nacional del 12 de marzo del 2006” (se resaltó, fl. 22, cdno. ppal.).
— Documento sin firma, con membrete de la Registraduría Nacional del Estado Civil titulado “Elecciones Congreso Nacional - 12 de marzo de 2006 resultados de escrutinios para Senado Nacional candidatos elegidos”, en el que figura que el señor Mauricio Jaramillo Martínez obtuvo 38.728 votos (fl. 23, cdno. ppal.).
— Copia de los estatutos del Partido Liberal Colombiano (fls. 5 a 141, cdno. 2).
Examinado el contenido de estos documentos se concluye que de ninguno de ellos se acredita legalmente la calidad de congresista del demandado, elección y expedición de la respectiva credencial que debe demostrarse aportando la copia auténtica del acto de elección o con la certificación en tal sentido que expida la misma autoridad administrativa electoral que declaró la elección.
En relación con los requisitos formales que para la demanda de pérdida de investidura establece el artículo 4º de la Ley 144 de 1994 la Corte Constitucional cuando decidió la demanda de inexequibilidad propuesta contra el mismo, sostuvo:
“El artículo cuarto, que señala los requisitos y datos que debe reunir la solicitud de pérdida de investidura cuando provenga de un ciudadano, se aviene a la Constitución, pues no hace nada diferente de exigir que quien, en ejercicio de un derecho reconocido por la Carta, acude al tribunal competente con el objeto de pedirle que declare la pérdida de la investidura de un congresista, lo haga identificándose, señalando e identificando al acusado, fundando su acusación y aportando o solicitando las pruebas a que haya lugar. Esto es necesario en toda demanda, por informal que sea, para que la autoridad judicial cuente con los elementos mínimos indispensables con el objeto de iniciar la actuación que le corresponde” (se resaltó)(1).
El Consejo Nacional Electoral que efectúa el escrutinio general de toda votación nacional y hace la declaratoria de elección expidiendo las credenciales a que haya lugar, como lo dispone el artículo 265 numeral 8º de la Constitución Política, es el llamado a certificar lo pertinente sobre la condición de los congresistas elegidos popularmente.
El director de gestión electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil no tiene a su cargo esta función ni es competente para el efecto.
El Decreto 1010 de junio 6 de 2000 establece “la organización interna de la Registraduría Nacional del Estado Civil y se fijan las funciones de sus dependencias; se define la naturaleza jurídica del Fondo Social de Vivienda de la Registraduría Nacional del Estado Civil; y se dictan otras disposiciones”. El artículo 36 de dicho decreto contiene las funciones de la dirección de gestión electoral y en ninguna de ellas se precisa que le competa expedir constancias que acrediten la condición de los congresistas(2).
La postura sobre la exigencia de este requisito ya ha sido observada en el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado. Es así como en auto de ponente del 4 de febrero de 2009, se rechazó solicitud de pérdida de investidura por no acreditarse la condición del congresista demandado con documento proveniente del Consejo Nacional Electoral. Se expresó en esa providencia, lo siguiente:
“De conformidad con la disposición antes transcrita [se refiere al artículo 4º de la Ley 144 de 1994] resulta claro que el documento idóneo y además exigido en la ley para acreditar la condición de congresista respecto de la persona contra quien se dirige la demanda, consiste en la certificación emitida por la respectiva Organización Electoral Nacional, es decir por el Consejo Nacional Electoral y no por la secretaría o subsecretaría de la célula legislativa a la cual habría de pertenecer el demandado.
(...) la prueba exigida de manera formal y expresa en la Ley 144 para probar la condición de congresista del accionado, puesto que no proviene de la Organización Electoral Nacional —Consejo Nacional Electoral— y, por tanto, debe entenderse como un incumplimiento por parte del actor frente a tal exigencia legal” (se resaltó)(3).
Y pese a que la acción de pérdida de investidura es de naturaleza pública y por ende sin excesivos tecnicismos jurídicos, ello no significa que pueda dejarse de atender al contenido de la demanda y sus anexos en los términos como lo dispone la normativa que regula esta acción. Así lo ha entendido el precedente de esta corporación.
En providencia interlocutoria de ponente del 25 de mayo de 2000, a propósito de una solicitud pérdida de investidura en la que no se acreditaron los requisitos mínimos, el despacho señaló:
“La solicitud, que no es denominada demanda por el legislador, no puede someterse a tecnicismos ni rigorismos propios de otras causas judiciales, que pudieran señalarse como ajenos a su naturaleza esencialmente popular.
Tratándose de la deprecación de una pretensión única, con una sanción única —sin graduación posible—, y por cierto, la más grave que puede afrontar un ciudadano elegido para una corporación popular, debe a la vez garantizar a la ciudadanía su invocación y al demandado el ejercicio de sus derechos. Para equilibrar sin desnaturalizar la institución, el libelo, si bien informal, no puede desconocer los requisitos mínimos para de esta manera remitir el peso total de su formulación, instrucción y fallo a la carga del juez del conocimiento, así como por el hecho de ser un procedimiento expeditivo, llevarse al terreno de desconocer las garantías que la propia Constitución establece para la totalidad de los asociados.
El ejercicio de la acción en cuestión, que tiene un contenido eminentemente ético, debe así mismo obedecer a una inspiración semejante y conducirse dentro del marco de la legalidad (...).
La formulación de la demanda, para la cual no hay caducidad, impone al demandante la necesidad de procurarse la información, por los medios y conductos legalmente establecidos y para ello cuenta con mecanismos jurídicos, pues la actuación pública no es reservada, y de esta manera contribuye a un mejor conocimiento por parte del fallador, sin convertirlo en investigador in genere, lo cual le impide cumplir su misión a cabalidad dentro de los términos establecidos en la ley”(4).
Adicionalmente aprecia el despacho que de la constancia expedida por el director de gestión electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil no se determina la condición de congresista del demandado, pues en la misma se hace constar:
• Que el señor Mauricio Jaramillo Martínez participó en las elecciones a Congreso Nacional del 12 de marzo de 2006.
• Que obtuvo 38.728 votos.
• Listado de los votos obtenidos por candidato según escrutinios para senado. No especifica de qué tipo de escrutinios se obtuvieron esos datos, si el señor Mauricio Jaramillo Martínez fue declarado electo y mediante qué acto, y tampoco si se le expidió credencial como senador de la República.
Así las cosas, es conclusión obligada que el solicitante de la pérdida de investidura no atendió a la corrección que en este sentido se le impuso en el auto del 28 de mayo de 2010, atinente a acreditar la calidad de congresista del demandado señor Mauricio Martínez Jaramillo de la forma como lo dispone el literal b) del artículo 4º de la Ley 144 de 1994 (“Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de investidura de los congresistas”), esto es, aportando copia auténtica del acto de elección o certificación de la Organización Electoral Nacional que para el caso corresponde concretamente al Consejo Nacional Electoral.
En consecuencia, acorde con lo que dispone el artículo 7º de la Ley 144 de 1994, en concordancia con el artículo 143 del Código Contenciosos Administrativo, se impone el rechazo de la solicitud de pérdida de investidura.
Como el demandado a folio 19 pide se le certifique “la fecha en que fue radicada con el número 2010-640 la demanda de pérdida de investidura contra mí y si fue admitida o no, le ruego adjuntarme copia del auto que la admite o no”, a ello se accederá una vez ejecutoriada la presente providencia, ordenando que por secretaría se proceda de conformidad.
1. RECHAZAR la solicitud de pérdida de investidura presentada por el señor César Julio Gordillo Núñez contra el señor Mauricio Jaramillo Martínez.
2. EXPEDIR la certificación solicitada a folio 19 del cuaderno principal, una vez quede ejecutoriada esta providencia.
(1) Sentencia C-247 del 1º de junio de 1995, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(2) “ART. 36.—Dirección de gestión electoral. Son funciones de la dirección de gestión electoral:
1. Programar, dirigir y evaluar las funciones de las dependencias y funcionarios a su cargo y rendir los informes correspondientes a la registraduría delegada en lo electoral.
2. Contribuir con la registraduría delegada en la formulación de políticas, determinación de métodos y procedimientos de trabajo.
3. Velar por la actualización de los archivos electrónicos sobre datos de la población municipal y la estructura de zonificación.
4. Dirigir el diseño y la elaboración de los manuales de procedimientos y formularios electorales.
5. Coordinar con el apoyo de la dependencia de informática, el diseño de las aplicaciones requeridas para la ejecución de los procesos.
6. Coordinar la elaboración de los planes de comunicación de resultados electorales y de capacitación.
7. Coordinar la elaboración de las tarjetas electorales.
8. Coordinar el diseño de los procedimientos a seguir en las etapas que conforman los eventos electorales.
9. Coordinar el suministro, elaboración y distribución de los formularios, elementos y demás insumos que requiera la preparación y desarrollo de los eventos electorales y los mecanismos de participación.
10. Coordinar la elaboración y difusión de los calendarios electorales.
11. Coordinar la elaboración de las estadísticas electorales y organizar su publicación y difusión.
12. Coordinar la actualización de los archivos de la división político-administrativa de Colombia.
13. Elaborar las resoluciones que fijen los términos para la entrega de documentos electorales.
14. Proyectar las resoluciones que fijen el número de concejales que se pueden elegir en los municipios.
15. Definir los procedimientos para la inscripción de candidatos y el desarrollo de los sorteos para identificar a los aspirantes en las tarjetas electorales.
16. Fijar los parámetros para determinar las zonas y los puestos en los municipios zonificados.
17. Proporcionar información sobre estadísticas electorales”.
(3) Radicado 110010315000200900044 00; actor: Jorge Alberto Méndez García; demandado: Jorge Enrique Gómez Montealegre; M.P. Mauricio Fajardo Gómez. En el mismo sentido providencia interlocutoria del 2 de febrero de 2009 dentro del radicado 110010315000200801421 00 del mismo ponente.
(4) Radicado AC-10532; actor: Emilio Sánchez Alsina; demandado: Carlos Ardila Ballesteros, M.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

References: artículo 4
 artículo 265
 artículo 36
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 143