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Timestamp: 2016-10-23 20:24:17+00:00

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LEY 8/2006, de 18 de octubre, de transporte interurbano por carretera de La Rioja	LEY 8/2006, de 18 de octubre, de transporte interurbano por carretera de La Rioja Mis Leyes
LEY 8/2006, de 18 de octubre, de transporte interurbano por carretera de La Rioja Estado	:
Artículo 3. Principios básicos y objetivos.
CAPÍTULO II. PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y COORDINACIÓN. ÓRGANOS DE GESTIÓN, PARTICIPACIÓN Y ARBITRAJE.
SECCIÓN I. PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN. PLANES DE MOVILIDAD.
Artículo 4. Planificación y ordenación.
Artículo 5. Coordinación entre la Administración Autonómica y la Local.
Artículo 6. Planes de Movilidad. Definición.
Artículo 7. Contenido de los Planes de Movilidad.
Artículo 8. Tramitación y aprobación de los Planes de Movilidad.
SECCIÓN II. ÓRGANOS DE GESTIÓN, PARTICIPACIÓN Y ARBITRAJE.
Artículo 9. Órganos de gestión.
Artículo 10. Consejo Autonómico de Transportes de La Rioja.
Artículo 11. Junta Arbitral de Transporte de La Rioja.
CAPÍTULO III. DE LOS TÍTULOS HABILITANTES Y DE LAS CONDICIONES SUBJETIVAS Y OBJETIVAS PRECISAS PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DEL CONTROL ADMINISTRATIVO.
SECCIÓN I. DE LOS TÍTULOS HABILITANTES.
Artículo 12. Sujeción de las actividades a la obtención previa del título habilitante.
Artículo 13. Requisitos para el otorgamiento y pérdida de los mismos.
Artículo 14. Competencia y concurrencia.
Artículo 15. Limitaciones y restricciones en el acceso al mercado.
Artículo 16. Transmisión de los títulos habilitantes.
SECCIÓN II. CONDICIONES PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN.
Artículo 17. Condiciones de carácter subjetivo.
Artículo 18. Capacidad económica.
Artículo 19. Reconocimiento del cumplimiento de las condiciones para el ejercicio de la actividad a nacionales de países de la Unión Europea y de terceros países.
Artículo 20. Excepciones y modulación de los criterios.
SECCIÓN III. DE LAS CONDICIONES RELACIONADAS CON EL CONTROL POR LA ADMINISTRACIÓN Y LAS RESPONSABILIDADES.
Artículo 21. Del Registro.
Artículo 22. Fianza.
Artículo 24. Vehículos.
CAPÍTULO IV. SERVICIOS DE TRANSPORTE TITULARIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN.
Artículo 25. Reserva a la Administración y régimen jurídico.
Artículo 26. Establecimiento de los servicios.
Artículo 27. Formas de gestión.
Artículo 28. Principio de exclusividad.
Artículo 29. Plazo concesional.
Artículo 31. Modificaciones concesionales.
Artículo 32. De los vehículos adscritos a las concesiones y de su utilización.
Artículo 33. Concesiones zonales. Definición y ámbito.
Artículo 34. Concesiones zonales. Plan de explotación.
Artículo 35. Concesiones zonales. Concesiones y servicios preexistentes. Régimen jurídico.
Artículo 36. Unificación de concesiones.
Artículo 37. Extinción de las concesiones.
Artículo 38. Rescate y renuncia.
Artículo 39. Intervención del servicio.
Artículo 40. Embargo.
CAPÍTULO V. SERVICIOS REGLAMENTADOS DE TITULARIDAD PRIVADA.
SECCIÓN I. NATURALEZA JURÍDICA Y CLASIFICACIÓN.
Artículo 41. Naturaleza jurídica y clasificación.
SECCIÓN II. SERVICIOS REGULARES DE ESPECIALES CARACTERÍSTICAS.
Artículo 42. Servicios regulares permanentes y de uso general de baja ocupación.
Artículo 43. Servicios de transporte regular temporales.
Artículo 44. Servicios de transporte regular de uso especial.
SECCIÓN III. SERVICIOS DE TRANSPORTE DISCRECIONAL, TURÍSTICOS Y PRIVADOS.
Artículo 45. Servicios de transporte discrecional.
Artículo 46. Servicios de transporte turístico.
Artículo 47. Servicio de transporte privado.
SECCIÓN IV. SERVICIOS DE TRANSPORTE A LA DEMANDA.
Artículo 48. Clases de servicios de transporte a la demanda. Expediciones y horarios. Contratación y cobro.
Artículo 49. Títulos habilitantes.
Artículo 50. Canje de servicios regulares de uso general por servicios a la demanda.
CAPÍTULO VI. ACTIVIDADES AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS: ESTACIONES DE VIAJEROS.
Artículo 52. Criterios de establecimiento y características esenciales.
Artículo 53. Establecimiento de las estaciones de viajeros. Autorización, construcción y explotación.
Artículo 54. Ubicación.
Artículo 55. Explotación.
CAPÍTULO VII. RÉGIMEN FINANCIERO. SEGUROS.
Artículo 56. Autonomía en la explotación y equilibrio financiero.
CAPÍTULO VIII. DE LOS USUARIOS.
Artículo 60. Deberes de los usuarios.
CAPÍTULO IX. RÉGIMEN DE INSPECCIÓN.
Artículo 62. Documentos de control y distintivos.
SECCIÓN I. SUJETOS RESPONSABLES E INFRACCIONES.
Artículo 70. Competencia y procedimiento.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Actualización de cuantías pecuniarias.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Centros de Intermodalidad Ferrocarril-Carretera.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Transporte de personal sanitario.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Vigilancia de las condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Competencias de ejecución en materia ferroviaria.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Normas aplicables en ausencia de Reglamento.
La Comunidad Autónoma de La Rioja tiene la competencia exclusiva sobre los transportes por carretera que transcurran íntegramente por su territorio, de acuerdo con el artículo 8.Uno.15 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, aprobado por Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio. Con base en este precepto estatutario, el Parlamento de La Rioja ha regulado ya el transporte urbano mediante la Ley 8/2005, de 30 de junio, reguladora del transporte urbano por carretera. Por ello, el objeto de la presente Ley es la regulación del transporte interurbano.
El Capítulo I se refiere a las Disposiciones Generales, el objeto y ámbito de aplicación de la Ley, las definiciones y los principios básicos y objetivos. De este capítulo cabe resaltar que el artículo 2 incluye entre sus definiciones la del transporte a la demanda figura nueva que se espera sea de gran utilidad para resolver la demanda de movilidad en zonas rurales. Además, entre los principios básicos y objetivos hay que citar, por un lado, la modernización del transporte regular y por otro, la atención a los sectores sociales menos favorecidos, a las personas con movilidad reducida y a las zonas de baja densidad de población.
Regular el transporte interurbano por carretera de viajeros, equipajes y encargos, en vehículos construidos y acondicionados para tal fin, cuya capacidad sea superior a nueve plazas incluida la del conductor y que transcurra íntegramente en el ámbito territorial de La Rioja.
Proporcionar marco normativo a las estaciones de viajeros existentes y a las de nueva implantación.
Otorgar el marco legislativo adecuado para la implantación del transporte del área metropolitana de Logroño.
Impulsar la mejora del transporte interurbano regular de viajeros mediante la adopción de medidas que garanticen la modernización progresiva del parque de vehículos, la imagen corporativa homogénea de los servicios regulares de viajeros objeto de concesión administrativa, la adopción de medidas que faciliten el acceso a las personas de movilidad reducida y la incorporación de aquellas innovaciones tecnológicas que mejoren el servicio a los usuarios en general.
Garantizar que el transporte público interurbano favorezca el equilibrio y la integración territorial de La Rioja.
Transporte por carretera: El realizado en vehículos automóviles que circulen sin camino de rodadura fijo, y sin medios fijos de captación de energía, por toda clase de vías terrestres, urbanas o interurbanas, de carácter público, y asimismo, de carácter privado, cuando el transporte que con los mismos se realice sea público.
Transporte público: Aquél que se realiza por cuenta ajena mediante contraprestación económica.
Transporte privado: Aquél que se lleva a cabo por cuenta propia. Los transportes privados pueden ser particulares y complementarios. Los primeros tienen por finalidad satisfacer las necesidades de desplazamiento de carácter personal o doméstico del titular del vehículo y sus allegados; los segundos son los que se realizan como complemento necesario o adecuado de la actividad principal de empresas o establecimientos.
Transporte discrecional: Aquél que se lleva a cabo sin sujeción a itinerarios, calendarios ni horarios preestablecidos.
Transporte de uso general: Aquél que va dirigido a satisfacer una demanda general, siendo utilizable por cualquier interesado.
Transporte de uso especial: Aquél que está destinado a servir exclusivamente a un grupo específico de usuarios tales como escolares, trabajadores, militares o grupos homogéneos similares.
Transporte permanente: El que se realiza de forma continuada, para atender necesidades de carácter estable.
Transporte temporal: El destinado a atender tráficos de carácter excepcional o coyuntural y de duración temporalmente limitada, si bien puede darse en los mismos una repetición periódica, tales como los de ferias, mercados, vacaciones u otros similares.
Transporte urbano: El transporte público de viajeros que transcurre íntegramente dentro de un determinado término municipal.
Transporte interurbano: El transporte público de viajeros que se desarrolla entre dos o más términos municipales.
Transportes turísticos: Son transportes turísticos, a los efectos de esta Ley, los que, ya tengan o no carácter periódico, se prestan a través de las agencias de viaje conjuntamente con otros servicios complementarios tales como los de alojamiento, manutención, guía turística, etc., para satisfacer de una manera general las necesidades de las personas que realizan desplazamientos relacionados con actividades recreativas, culturales, de ocio, u otros motivos coyunturales.
Transporte a la demanda: Cuando la determinación del itinerario y/o del horario dependen de las solicitudes previas de los usuarios. La determinación concreta de los itinerarios se realiza en función únicamente de la demanda o bien dentro de un elenco de itinerarios preestablecido pero, en todo caso, se limitará a las relaciones de tráfico establecidas en el título habilitante. Los horarios se determinan en función de la demanda dentro de franjas horarias preestablecidas en el título habilitante. La contratación será por plaza y el cobro individual.
Satisfacción de las necesidades existentes con el máximo grado de eficacia y el mínimo coste social. Esto se entiende siempre sin perjuicio de garantizar atención especial a los sectores sociales menos favorecidos, al colectivo de personas con movilidad reducida y al mantenimiento de una oferta adecuada de transporte público en zonas de baja densidad de población.
Atención especial a facilitar en el transporte público los medios necesarios para la correcta utilización por los usuarios con problemas de movilidad de los servicios de transporte interurbano.
Impulso y mantenimiento de servicios de transporte interurbano públicos suficientes para garantizar la movilidad de los usuarios en las zonas de baja densidad de población como garantía de equilibrio territorial.
Respeto a los derechos de los usuarios.
Modernización del transporte regular de viajeros en todo el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Planificación y mejora de los diferentes flujos del transporte interurbano en el área metropolitana de Logroño.
Cooperación entre las Administraciones Públicas con competencias sobre el transporte de viajeros por carretera o que incidan en el mismo, de tal modo que se promueva la creación de una red integrada de transporte público en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Cooperación en la toma de decisiones que afecten al transporte público de viajeros y a sus infraestructuras.
La promoción del uso del transporte público.
La colaboración con las organizaciones representativas de los transportistas a fin de promover la formación, el asesoramiento a los transportistas y el asociacionismo empresarial.
Colaboración con los Ayuntamientos, dentro del máximo respeto a la autonomía municipal y con el resto de instituciones implicadas en materia de transportes en aplicación de los principios constitucionales de cooperación entre las administraciones.
Los poderes públicos velarán para la coordinación de actuaciones, unidad de criterios, celeridad, simplificación procedimental y eficacia administrativa en las decisiones.
Los poderes públicos buscarán la armonización de las condiciones de competencia entre diferentes empresas de transporte, tendiendo a evitar situaciones de competencia desleal, protegiendo el derecho de libre elección del usuario y la libertad de gestión empresarial.
PLANIFICACIÓN, ORDENACIÓN Y COORDINACIÓN. ÓRGANOS DE GESTIÓN, PARTICIPACIÓN Y ARBITRAJE.
Ámbito territorial del Plan.
Análisis de la oferta incluida la realizada mediante vehículos de turismo.
Medidas para mejorar y garantizar la coordinación de servicios de transporte, incluidas, en todo caso, las medidas de determinación de itinerarios y nivel mínimo de oferta así como el establecimiento de áreas de prestación conjunta para el servicio del taxi.
Gestión de los servicios, incluyendo las medidas que deban afectar a los servicios ya existentes y las compensaciones que resulten necesarias en su caso.
Medidas de fomento y apoyo al transporte público o determinadas clases del mismo, si procedieran.
DE LOS TÍTULOS HABILITANTES Y DE LAS CONDICIONES SUBJETIVAS Y OBJETIVAS PRECISAS PARA EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD DEL CONTROL ADMINISTRATIVO.
Los requisitos exigidos por el artículo 17.
Las obligaciones de carácter fiscal, laboral y social establecidas por la legislación vigente.
Los requisitos específicos para la prestación del servicio o realización de actividad establecidos de forma expresa para cada clase de título habilitante.
2. La pérdida de los requisitos del artículo 17 con excepción de lo dispuesto en el último párrafo del inciso b de dicho artículo, así como el incumplimiento reiterado de alguna de las obligaciones establecidas en el párrafo anterior dará lugar a la revocación por la Administración del título habilitante.
2. Los servicios de titularidad pública regulados en el Capítulo IV de la presente Ley se prestarán por las empresas a las que se adjudique por la Administración el correspondiente título concesional mediante concurso; la prestación del servicio se realizará como regla general bajo el principio de exclusividad de los tráficos concesionales con arreglo a lo previsto en el artículo 28 de esta Ley.
Cuando existan desajustes entre la oferta y la demanda que impliquen unas condiciones de mercado tales que no quede asegurada la correcta prestación de las actividades o servicios.
Cuando en una situación de mercado equilibrado el aumento de la oferta sea susceptible de producir desajustes y disfunciones expresados en el apartado anterior.
Cuando el adecuado funcionamiento del sistema de transporte exija una dimensión idónea de la capacidad de las empresas.
Cuando pueda ser perjudicado el funcionamiento del sistema de transporte en su conjunto.
Otorgamiento de los títulos con imposición de determinadas condiciones, obligaciones modales o restricciones de circulación.
Fijación de cupos o contingentes máximos de las distintas clases de títulos habilitantes a expedir en los períodos de tiempo que se señalen.
Suspensión o limitación temporal del otorgamiento de nuevos títulos.
Establecimiento de servicios de transporte a la demanda de la forma establecida en los artículos 48 y siguientes de la presente Ley.
Que la transmisión se efectúe a favor de personas físicas o jurídicas que cumplan los requisitos del artículo 13.
Que se cumplan los requisitos específicos que para la transmisión de cada clase de título habilitante establezca la Administración.
Que no se trate de títulos declarados intransmisibles por el órgano administrativo competente.
Tener nacionalidad de cualquier estado miembro de la Unión Europea o bien de un país con el que, en virtud de lo dispuesto en tratados, convenios o acuerdos internacionales suscritos por España, no sea exigible el citado requisito, o en otro caso, contar con las autorizaciones y permisos de trabajo necesarios, con arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente sobre derechos y libertades de extranjeros en España.
Acreditar la adecuada capacitación profesional, entendida como posesión de aquellos conocimientos necesarios para el ejercicio de la actividad de transportista.
Cumplir el requisito de honorabilidad, esto es, no hallarse comprendido en alguna de las circunstancias siguientes:
Haber sido condenado por sentencia firme por delitos dolosos con pena de prisión, en tanto no se haya obtenido la cancelación de la pena.
Haber sido condenado por sentencia firme a penas de inhabilitación o suspensión, salvo que se hubieran impuesto como accesorias y la profesión de transportista no tuviera relación directa con el delito cometido.
Haber sido sancionado de forma reiterada, por resolución firme, por infracciones muy graves en materia de transportes, en los términos que reglamentariamente se determinen.
La Administración podrá exigir a las personas que hayan de ser titulares de los títulos habilitantes a que se refiere la sección I de este capítulo, la constitución de fianzas u otras garantías. Su finalidad será la de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades administrativas que resulten de los citados títulos.
SERVICIOS DE TRANSPORTE TITULARIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN.
En cercanías de grandes ciudades.
De forma excepcional, cuando el volumen de tráficos permita la introducción de más de un operador, con respeto en todo caso a lo dispuesto en la vigente legislación de contratación pública en relación con el derecho de los concesionarios al restablecimiento del equilibrio económico concesional.
No obstante, el órgano concedente podrá aumentar, en su caso, el plazo de la concesión unificada cuando ello resulte justificado para una más adecuada prestación del servicio, de acuerdo con las características de la concesión unificada. Dicho aumento de plazo no podrá exceder del 20 % del que en otro caso correspondería.
Transcurso del tiempo por el que hubieren sido otorgadas.
Caducidad de la concesión con arreglo a lo previsto en el artículo 68.2 de la presente Ley.
Muerte del empresario individual o extinción de la empresa gestora del servicio, salvo que se produzca la transmisión de las mismas en los términos que reglamentariamente se determinen. No se considerará que se ha producido la extinción de la empresa, cuando cambie simplemente su forma jurídica, pero se mantenga aquélla en sus aspectos económico y laboral.
Declaración de concurso del concesionario que imposibilite la prestación del servicio.
Supresión o rescate del servicio por razones de interés público.
Renuncia del concesionario en los casos legal o reglamentariamente previstos.
Mutuo acuerdo entre la Administración y el concesionario.
Unificación de varias concesiones de acuerdo con lo previsto en el artículo 36.
Incumplimiento de las obligaciones impuestas en el título concesional.
Cuando se haya producido la caducidad por incumplimiento del concesionario, y la utilización prevista en el punto anterior se realice en el plazo de los doce meses siguientes a la declaración de caducidad.
Cuando la utilización regulada en este artículo traiga origen de la renuncia del concesionario, si el preaviso de éste se ha producido con una antelación inferior a doce meses, en cuanto a la utilización subsiguiente, hasta completar el referido plazo de doce meses.
SERVICIOS REGLAMENTADOS DE TITULARIDAD PRIVADA.
Servicios regulares de especiales características: Servicios regulares de uso general y permanentes de baja ocupación, servicios regulares temporales y servicios regulares de uso especial.
Servicios discrecionales, turísticos y privados.
Que la adaptación a las necesidades de transporte que hayan de cubrirse suponga una modificación sustancial en las condiciones de explotación del servicio coincidente, establecidas en la correspondiente concesión.
Que las necesidades de transporte que hayan de cubrirse, reúnan tales requisitos de especificidad que hagan recomendable el establecimiento de un servicio independiente.
Que se mantenga siempre el cumplimiento de los requisitos previstos en la normativa sobre seguridad en el transporte escolar.
Que se trate de servicios de transporte escolar a centros públicos o privados siempre que la contratación del servicio se realice por la Consejería competente en materia de Educación.
Que el transporte se realice en vehículos de más de 5 plazas.
Que el transporte se realice en zonas de baja densidad de población y que no haya servicios regulares coincidentes.
Que las tarifas que paguen los usuarios de carácter general se aprueben con carácter general por el Consejero competente en materia de Transportes.
En los pliegos de los concursos debidamente convocados por la Consejería competente en materia de Educación se hará constar el número estimado de alumnos a transportar, que será actualizado tanto a principio de cada curso escolar como cada vez que sea preciso a lo largo del mismo por necesidades de escolarización.
El transportista deberá llevar el control de los usuarios no escolares, y procederá a reflejar la totalidad de los ingresos mensuales obtenidos de estos usuarios en las facturas que presente a la Consejería competente en materia de Educación para su detracción del precio final.
Los usuarios deben ser trabajadores de los respectivos centros de trabajo o asistentes a los mismos, en los términos que reglamentariamente se determinen.
Los vehículos utilizados deberán ser como regla general propiedad de las empresas, si bien podrán ser arrendados en los términos que reglamentariamente se determine.
Los vehículos deberán ser conducidos en todo caso por personal propio de la empresa o establecimiento.
El transporte no podrá ser contratado independientemente, excepto si el precio no excede del coste estricto del transporte.
1. Los servicios de transporte a la demanda definidos en el artículo 2.n se clasifican de la siguiente forma:
Servicios en que los itinerarios se concretan totalmente en función de las demandas formuladas por los usuarios, dentro de las relaciones previstas en el título habilitante.
Servicios en que el título habilitante establece un elenco de itinerarios que se concretan en función de las demandas formuladas por los usuarios.
2. En todo caso, en los servicios a que se refiere el párrafo a el título habilitante fijará un número mínimo de vehículos-kilómetro a efectuar. En los servicios a que se refiere el párrafo b el título habilitante fijará un número mínimo de expediciones para cada uno de los itinerarios.
ACTIVIDADES AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS: ESTACIONES DE VIAJEROS.
2. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior cuando se den las características que aconsejen el establecimiento de una estación de viajeros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 52 y el Ayuntamiento afectado no ejerza la iniciativa presentando el correspondiente proyecto, la Comunidad Autónoma podrá requerirle al efecto y si dicho requerimiento es desestimado o transcurren dos meses sin que se formalice la iniciativa, la Comunidad Autónoma podrá construir y explotar la estación. En este caso, la medida se adoptará por el titular de la Consejería competente en materia de transportes previo dictamen favorable del Consejo de Transportes de La Rioja.
RÉGIMEN FINANCIERO. SEGUROS.
Derecho de audiencia en la elaboración de los Reglamentos y también de las Órdenes de carácter sectorial que les afecten de acuerdo con lo previsto en la legislación de protección de los consumidores y usuarios y en la Ley 4/2005, de 1 de junio, de Funcionamiento y Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Derecho a ser informados por la Administración de las prestaciones del sistema de transportes a su disposición y de sus condiciones.
Derecho a ser informados por los operadores de los servicios ofrecidos y de sus condiciones, especialmente del lugar de las paradas, del horario y del precio del servicio.
Derecho a un trato correcto por parte del personal de los operadores.
Derecho a formular reclamaciones y a obtener en los vehículos y terminales libros y/o hojas de reclamaciones.
Derecho a que el servicio se preste en condiciones de comodidad, higiene y seguridad.
Derecho a obtener la devolución del precio del viaje, en caso de suspensión del servicio.
Derecho al cambio de moneda metálica o billetes hasta la cantidad que se determine reglamentariamente.
Derecho a la expedición del correspondiente título de transporte con especificación de al menos: número de asiento, hora de salida, hora de llegada prevista, lugar de salida, lugar de llegada, número de vehículo y precio.
Derecho a portar maletas o bultos en el maletero o bodega del vehículo cuyo peso y volumen totales no excedan de los que reglamentariamente se determinen.
Derecho a la accesibilidad a los vehículos de transporte público para las personas de movilidad reducida, en concordancia con lo dispuesto al respecto en la legislación de La Rioja sobre promoción de la accesibilidad y la disposición transitoria segunda de la presente Ley.
Derecho a ser indemnizado en caso de incumplimiento del contrato de transporte o de alguna de sus condiciones principales.
Viajar con título de transporte adecuado al servicio que se recibe.
Comportarse de forma correcta tanto respecto al personal de las empresas como a los otros usuarios.
Abstenerse de toda conducta que pueda interferir con la conducción del vehículo y generar algún peligro.
No manipular, deteriorar o forzar los mecanismos de apertura o cierre de las puertas de los vehículos o de cualquiera de sus compartimentos.
Viajar en los lugares habilitados para los usuarios.
Atender las indicaciones realizadas por el personal de la empresa prestadora del servicio y relacionadas con éste, así como las indicaciones que consten en los carteles situados en lugar visible de los vehículos y las estaciones de viajeros.
Viajar con el cinturón de seguridad abrochado en aquellos vehículos cuyos asientos estuvieran dotados de estos sistemas de seguridad.
En las infracciones cometidas con ocasión de la realización de transportes o actividades sujetas a concesión o autorización administrativa, a la persona física o jurídica titular de la concesión o de la autorización.
En las infracciones cometidas con ocasión de la realización de transportes llevados a cabo sin la cobertura del preceptivo título administrativo habilitante, o cuya realización se encuentre exenta de la obtención de éste, a la persona física o jurídica propietaria o arrendataria del vehículo o titular de la actividad.
En las infracciones cometidas por usuarios y, en general, por terceros que, sin estar comprendidos en los anteriores apartados, realicen actividades que se vean afectadas por esta Ley, a la persona a la que vaya dirigido el precepto infringido o a las que las normas correspondientes atribuyan específicamente la responsabilidad.
La realización de transportes públicos o alguna de sus actividades auxiliares o complementarias careciendo de la concesión o autorización que, en su caso, resulte preceptiva para ello.
La prestación de servicios de transporte público que excedan del ámbito territorial específicamente autorizado.
La realización de transportes públicos o de alguna de sus actividades auxiliares y complementarias careciendo de autorización por no haber realizado su visado reglamentario, salvo que dicha conducta deba calificarse como infracción leve de conformidad con lo dispuesto en el artículo 67.
La organización, establecimiento o realización de servicios regulares de transporte de viajeros sin ser titular de la correspondiente concesión o autorización especial, ya sean propios o ajenos los medios con los que se presten y aún cuando se posea autorización de transporte discrecional.
La prestación material de servicios regulares de transporte de viajeros careciendo de la preceptiva concesión o autorización especial, aún cuando la correspondiente empresa no contrate con los usuarios y se limite a actuar bajo la dirección del organizador del transporte, siempre que en dicho caso la Administración haya hecho advertencia del carácter ilegal del transporte.
El transporte de personas o grupos distintos de aquellos a que específicamente se encuentra referida la correspondiente autorización durante la realización de un transporte regular de uso especial, salvo en el supuesto regulado en el artículo 44.3 de la presente Ley.
La realización, al amparo de autorizaciones de transporte privado complementario, de servicios que no cumplan alguna de las condiciones expresamente reguladas en el artículo 47.
La realización de servicios con cobro individual o con reiteración de itinerario o turísticos al exclusivo amparo de autorizaciones de transporte discrecional, fuera de los supuestos expresamente permitidos o incumpliendo las condiciones establecidas para ello.
La realización de transportes públicos sin llevar a bordo del vehículo el original de la correspondiente copia certificada de la autorización, o de la documentación acreditativa que resulte asimismo necesaria para controlar la legalidad del transporte, cuando la autorización hubiera sido expedida sin condicionar los vehículos concretos con los que el transporte haya de llevarse a cabo.
La realización de transportes públicos careciendo de autorización, aún cuando se lleve a bordo del vehículo una autorización o licencia, o una copia de éstas, que se encuentre caducada, revocada o que por cualquier causa hubiera perdido su validez o debiera haber sido devuelta a la Administración en cumplimiento de normas legal o reglamentariamente establecidas.
La realización de transporte público al amparo de autorizaciones que únicamente habiliten para efectuar un tipo de transporte de características distintas del efectivamente realizado.
La realización de transporte público o de actividades auxiliares o complementarias del transporte, incumpliendo alguno de los requisitos exigidos en el artículo 17.
La realización de transporte público o de actividades auxiliares y complementarias del mismo, incumpliendo alguno de los requisitos exigidos en los incisos b y c del párrafo 1 del artículo 13.
La cesión o autorización, expresa o tácita, de títulos habilitantes por parte de sus titulares a favor de otras personas.
El abandono de las concesiones de transporte regular de viajeros o la paralización de los servicios de las mismas sin causa justificada durante el plazo que reglamentariamente se determine, sin el consentimiento de la Administración.
La negativa u obstrucción a la actuación de los servicios de inspección que imposibiliten total o parcialmente el ejercicio de las funciones que legal o reglamentariamente tengan atribuidas, así como la desatención total o parcial a las instrucciones o requerimientos de los miembros de la Inspección del Transporte o de las fuerzas que legalmente tienen atribuida la vigilancia de dicha clase de transporte.
El quebrantamiento de las órdenes de inmovilización o precintado de vehículos o locales, así como la desatención a los requerimientos formulados por la Administración en los términos señalados en el artículo 68.
La falsificación de títulos administrativos habilitantes para la realización del transporte por carretera o de sus actividades auxiliares y complementarias, o de alguno de los datos que deban constar en aquéllos, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan.
El falseamiento de los documentos que hayan de ser aportados como requisito para la obtención de cualquier título, certificación o documento que haya de ser expedido por la Administración a favor del solicitante o de cualquiera de los datos que deban constar en aquéllos, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan.
El falseamiento de cualesquiera documentos contables, estadísticos o de control que la empresa se encuentre obligada a llevar o de los datos obrantes en los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades penales que correspondan.
La realización de transporte público regular de viajeros por carretera de uso general cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
La falta de explotación del servicio por el propio concesionario, salvo los supuestos de colaboración expresamente permitidos.
El incumplimiento de los tráficos, itinerario, expediciones o puntos de parada establecidos cuando no constituya abandono de la concesión en los términos señalados en el apartado 5 de este artículo.
Denegar la venta de billetes o el acceso al vehículo a quienes los hubieran adquirido, salvo que se den circunstancias legal o reglamentariamente establecidas que lo justifiquen.
La realización del servicio transbordando injustificadamente a los usuarios durante el viaje.
La realización de transportes públicos regulares de viajeros de uso especial cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
En los transportes de uso especial de escolares y de menores, la ausencia de una persona mayor de edad idónea, distinta del conductor, encargada del cuidado de los menores.
En los transportes de uso especial de escolares y de menores, la falta de plaza o asiento para cada menor, así como la inexistencia de plazas cercanas a las puertas de servicio que sean necesarias para personas de movilidad reducida.
La realización de transporte público regular de viajeros por carretera de uso especial incumpliendo cualquiera de las condiciones señaladas en la correspondiente autorización con el carácter de esenciales cuando dicho incumplimiento no se encuentre expresamente tipificado de otra manera en esta Ley.
La realización de transportes discrecionales de viajeros cuando se incumpla alguno de los siguientes requisitos:
La autonomía económica y de dirección en la explotación de los servicios por parte del titular de la autorización, gestionando el transporte a su riesgo y ventura, con los medios personales y materiales integrantes de su propia organización empresarial.
La obligación del titular de la autorización o licencia de transporte de asumir la posición de porteador en todos los contratos de transporte que realice al amparo de dicha autorización o licencia.
El incumplimiento de la obligación de suscribir los seguros que resulten preceptivos conforme a lo dispuesto en el artículo 58 de la presente Ley.
No disponer del número mínimo de vehículos o el incumplimiento por éstos de las condiciones exigidas en el título concesional.
No prestar los servicios suplementarios ofertados por el adjudicatario de la concesión y recogidos en el título concesional.
Incumplir la obligación de transporte gratuito del equipaje de los viajeros en los supuestos y hasta el límite en que ello resulte obligatorio.
Vender un número de plazas por vehículo superior al de las autorizadas en el título concesional.
Realizar transporte público regular de viajeros por carretera de uso general incumpliendo cualquiera de las condiciones señaladas en el título concesional o autorización especial con el carácter de esenciales cuando dicho incumplimiento no se encuentre expresamente tipificado de otra manera en esta Ley.
El incumplimiento de la obligación de devolver a la Administración una autorización o licencia de transporte, alguna de sus copias o cualquier otra documentación cuando, por haber sido caducada, revocada o por cualquier otra causa legal o reglamentariamente establecida, debiera haber sido devuelta, siempre que el documento de que se trate conserve apariencia de validez.
La obstrucción que dificulte gravemente la actuación de los servicios de inspección cuando no concurra alguno de los supuestos que, conforme a lo señalado en el apartado 6 del artículo anterior, implicarían que dicha obstrucción debiera ser calificada como infracción muy grave.
La realización de transportes privados complementarios careciendo de la autorización o licencia que, en su caso, resulte preceptiva para ello de conformidad con las normas reguladoras del transporte terrestre, salvo que dicha infracción deba calificarse como leve al amparo de lo dispuesto en el artículo 67.7.
La prestación de servicios públicos de transporte, utilizando la mediación de personas físicas o jurídicas no autorizadas para dicha mediación, sin perjuicio de la sanción que al mediador pueda corresponderle de conformidad con lo previsto en el artículo 65.1.
La connivencia en actividades de mediación no autorizadas o en la venta de billetes para servicios de transporte de viajeros no autorizados en locales o establecimientos públicos destinados a otros fines. La responsabilidad corresponderá al titular de la industria o servicio al que esté destinado el local.
La venta de billetes para servicios de transporte de viajeros no autorizados y, en general, la mediación en relación con los servicios o actividades no autorizados, sin perjuicio de calificar la infracción como muy grave, de conformidad con el artículo 65.1, cuando no se posea título habilitante para realizar actividades de mediación.
El incumplimiento del régimen tarifario reglamentariamente establecido, salvo que, por tratarse de un transporte público regular de viajeros de uso general, deba calificarse como infracción muy grave de conformidad con lo establecido en el artículo 65.11.e.
El reiterado incumplimiento injustificado superior a 15 minutos de los horarios de salida en las cabeceras de las líneas de servicios públicos regulares de transporte de viajeros de uso general, en los términos y condiciones que reglamentariamente se determinen.
La carencia, falta de diligenciado o falta de datos esenciales de la documentación de control, estadística o contable cuya cumplimentación resulte obligatoria, así como la ocultación o falta de conservación de la misma y demora injustificada de la puesta en conocimiento o la falta de comunicación de su contenido a la Administración, incumpliendo lo que al efecto se determine reglamentariamente, salvo que deba ser calificada como infracción muy grave de conformidad con lo dispuesto en los apartados 6 y 10 del artículo 65.
La contratación del transporte con transportistas o intermediarios que no se hallen debidamente autorizados.
El incumplimiento de las condiciones establecidas en el título concesional, autorización o reglamento de explotación de las estaciones de autobuses.
La prestación de servicios de transporte con vehículos que incumplan las prescripciones técnicas sobre accesibilidad de personas con movilidad reducida que, en cada caso, les resulten de aplicación.
El incumplimiento por los usuarios de la obligación establecida en el artículo 60.3 de la presente Ley cuando se genere peligro para el conductor, para los ocupantes del vehículo o para terceros.
Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo anterior cuando por su naturaleza, ocasión o circunstancia no deba ser calificada como muy grave, debiendo justificarse la existencia de dichas circunstancias y motivarse la resolución correspondiente.
La falta de comunicación de cualquier dato o circunstancia que deba figurar en el registro a que hace referencia el artículo 21 de la presente Ley o que exista obligación por otra causa de poner en conocimiento de la Administración, con arreglo a lo que reglamentariamente se determine.
La carencia de los preceptivos rótulos o avisos de obligada exhibición para conocimiento del público usuario.
El incumplimiento en los transportes interurbanos de viajeros contratados por plaza con pago individual de la obligación de expedir billetes, de las normas establecidas para su despacho o devolución, así como expedirlos sin las menciones esenciales.
La realización de transportes públicos o privados o de actividades auxiliares o complementarias careciendo de la autorización o licencia que, en su caso, resulte preceptiva para ello de conformidad con la norma reguladora, siempre que la misma se hubiese solicitado, acreditando el cumplimiento de todos los requisitos exigidos para su otorgamiento, en el plazo máximo de 15 días, contados desde la notificación del inicio del expediente sancionador.
La realización de transportes públicos o privados sin llevar a bordo del vehículo la documentación formal que acredite la posibilidad legal de prestarlos o que resulte exigible para la determinación de la clase de transporte que se está realizando, salvo que dicha infracción deba ser calificada como muy grave o grave conforme a lo dispuesto en los artículos 65.1 y 66.4.
La realización de transporte público regular de viajeros por carretera de uso general incumpliendo el calendario establecido.
La realización de transportes públicos regulares de viajeros de uso especial incumpliendo el itinerario, calendario, horario, expediciones, puntos de parada o alguno de los requisitos establecidos en la correspondiente autorización de uso especial.
La vulneración de los derechos de los usuarios establecidos en el artículo 59 de la presente Ley, excepto en los casos en que tales vulneraciones tengan otra tipificación.
En el transporte escolar y de menores, el incumplimiento de la obligación de exigir la entidad contratante al transportista los documentos o justificantes que, con arreglo a las normas que regulan la seguridad en dichos transportes, deba exigirle.
La realización de transporte público regular de viajeros por carretera de uso general o especial incumpliendo cualquiera de las condiciones señaladas en el título concesional o autorización especial sin el carácter de esenciales cuando dicho incumplimiento no se encuentre expresamente tipificado de otra manera en esta Ley.
La carencia de los distintivos o rótulos exigidos por la normativa vigente, relativos a la naturaleza o al tipo de transporte que aquél esté autorizado a realizar, llevarlos en lugar no visible o en condiciones que dificulten su percepción, utilizarlos de forma inadecuada o llevar en lugar visible del vehículo el distintivo correspondiente a un ámbito territorial o clase de transporte para cuya realización no se halle facultado por el necesario título habilitante.
El incumplimiento por los usuarios de las obligaciones que les correspondan de acuerdo con el artículo 60 de la presente Ley, excepto en el supuesto tipificado en el artículo 66.14.
La realización del transporte con vehículos ajenos sobre los que no se tengan las condiciones de disponibilidad legalmente exigibles, así como utilizar para el transporte vehículos arrendados a otros transportistas o utilizar la colaboración de éstos fuera de los supuestos o incumpliendo las condiciones legalmente establecidas, salvo que deba ser considerada infracción muy grave, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 65. En idéntica infracción incurrirán las empresas que actúen como colaboradores, incumpliendo las obligaciones que les afecten.
Cualquiera de las infracciones previstas en el artículo anterior cuando, por su naturaleza, ocasión o circunstancias, no deba ser calificada como grave, debiendo justificarse la existencia de dichas circunstancias y motivarse la resolución correspondiente.
Las infracciones leves se sancionarán con apercibimiento y multa de entre 100 y 400 euros.
Las infracciones graves se sancionarán con multa de entre 401 a 2.000 euros.
Las infracciones muy graves se sancionarán con multa de 2.001 a 6.000 euros. Además, se sancionarán con multa de entre 6.001 y 18.000 euros, las infracciones tipificadas en los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del artículo 65 cuando el responsable de las mismas ya hubiera sido sancionado, mediante resolución que ponga fin a la vía administrativa, por la comisión de cualquier otra infracción muy grave de las previstas en esta Ley en los doce meses anteriores.
7. En todos aquellos supuestos en que se constate la comisión de alguna de las infracciones tipificadas en el apartado 1 del artículo 65, ó 1.a y 1.b del artículo 66, a la notificación del inicio del expediente sancionador se acompañará un requerimiento para que, en el plazo de un mes, el titular de la actividad acredite haber subsanado la deficiencia constitutiva de la infracción de que se trate y, cuando así no lo hiciere, se procederá a incoar un nuevo expediente sancionador, que se tramitará independientemente del anterior, por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 65.7.
2. Con objeto de establecer la posible existencia de alguno de los supuestos de reincidencia o habitualidad en la conducta infractora contemplados en este capítulo, la tramitación de todo procedimiento sancionador por la comisión de las infracciones tipificadas en esta Ley deberá incluir expresamente la consulta al Registro del artículo 21 de esta Ley, que permita conocer si existen sanciones previas que determinen dicha reincidencia o habitualidad.
En zonas de baja densidad de población la Administración competente en materia de Salud podrá contratar con las empresas de transporte sanitario el transporte de personal sanitario desde los Centros de Salud o consultorios a los lugares donde deban efectuarse las visitas domiciliarias. Dicho transporte se realizará mediante los vehículos y el personal de las empresas contratadas. Los vehículos deberán cumplir los requisitos aplicables a los vehículos a que se refiere el último inciso del párrafo 2.1 del artículo 133 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y contar con la correspondiente autorización.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Convalidación de concesiones. 1. Los actuales concesionarios de servicios regulares de transporte de viajeros podrán optar entre:
a. Mantener sus vigentes concesiones, en cuyo caso éstas se extinguirán una vez cumplido su plazo concesional actual, sin que los concesionarios disfruten de ninguna clase de preferencia, en su caso, en los posteriores procedimientos concursales.
b. Convalidar sus concesiones por las reguladas en esta Ley, para lo cual deberán presentar una solicitud motivada, manifestando las mejoras que pretenden introducir en el servicio, de la forma que se detalla en el párrafo siguiente de esta disposición transitoria. Las concesiones convalidadas tendrán una duración de entre 10 y 25 años.
c. De acuerdo con lo previsto en el párrafo a anterior las concesiones no convalidadas se extinguirán por el transcurso del plazo por el que fueron otorgadas.
e. Adaptación a las medidas de planificación elaboradas por la Administración, especialmente en cuanto al transporte de ámbito metropolitano.
f. Cuantas propuestas puedan ofrecer para mejora de los servicios.
Se entenderá prorrogada la duración de la concesión durante el plazo que medie entre la solicitud de convalidación que efectúe el titular y la notificación de la resolución final definitiva dictada por la Administración competente.
En la tramitación de los expedientes se observará el trámite de audiencia así como el de información pública por un período no inferior a 20 días.
La presente Ley entrará en vigor al mes de su publicación en el Boletín Oficial de La Rioja.
En Logroño, a 18 de octubre de 2006.
Redacción según Ley 6/2007, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2008 Disposición transitoria segunda (apdo. 1 letras e, f y último párrafo):
Añadido por Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2009 Cerrar
LEY 5/2008, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2009Resolución de 15 de julio de 2009 del Consejero de Vivienda y Obras Públicas, por la que se. convalida y adjudica provisionalmente el servicio de transporte público regular permanente de. viajeros de uso general entre Logroño y Estollo (VLR-108)Resolución de 15 de julio de 2009 del Consejero de Vivienda y Obras Públicas, por la que se. convalida y adjudica provisionalmente el servicio de transporte público regular permanente de. viajeros de uso general entre Logroño y La Villa de Ocón (VLR-104)Resolución de 15 de julio de 2009 del Consejero de Vivienda y Obras Públicas, por la que se. convalida y adjudica provisionalmente el servicio de transporte público regular permanente de. viajeros de uso general entre Logroño y Robres del Castillo (VLR-102)Resolución de 15 de julio de 2009 del Consejero de Vivienda y Obras Públicas, por la que se. convalida y adjudica provisionalmente el servicio de transporte público regular permanente de. viajeros de uso general entre Aguilar del Río Alhama y Arnedo (VLR-114)Resolución de 3 de agosto de 2009 del Consejero de Vivienda y Obras Públicas, por la que se. convalida y adjudica provisionalmente el servicio de transporte público regular permanente de. viajeros de uso general entre San Millán de Yécora y Haro (VLR-106)Resolución de 3 de agosto de 2009 del Consejero de Vivienda y Obras Públicas, por la que se. convalida y adjudica provisionalmente el servicio de transporte público regular permanente de. viajeros de uso general entre Nájera y Haro (VLR-105)Orden 2/2009, de 29 de septiembre, de la Consejería de Vivienda y Obras Públicas por la que. se determina el procedimiento para la obtención del carné de transporte a los estudiantes y se. establecen las bases para la concesión de subvenciones como compensación a las. reducciones tarifarias que se establecen a los mismosResolución de 18 de septiembre de 2009 del Consejero de Vivienda y Obras Públicas, por la. quese convalida y adjudica provisionalmente el servicio de transporte público regular. permanente de viajeros de uso general entre Logroño y Miranda de Ebro (VLR-113)Resolución de 18 de septiembre de 2009 del Consejero de Vivienda y Obras Públicas, por la. quese convalida y adjudica provisionalmente el servicio de transporte público regular. permanente de viajeros de uso general entre Logroño y Laguna de Cameros (VLR-101)Resolución de 18 de septiembre de 2009 del Consejero de Vivienda y Obras Públicas, por la. quese convalida y adjudica provisionalmente el servicio de transporte público regular. permanente de viajeros de uso general entre Logroño y Rincón de Soto (VLR-107)Resolución de 14 de octubre de 2009 del Consejero de Vivienda y Obras Públicas, por la que. se convalida y adjudica provisionalmente el servicio de transporte público regular permanente. de viajeros de uso general entre Logroño y Canales de la Sierra (VLR-110)Resolución de 14 de octubre de 2009 del Consejero de Vivienda y Obras Públicas, por la que. se convalida y adjudica provisionalmente el servicio de transporte público regular permanente. de viajeros de uso general entre Logroño y Nájera (VLR-109)Resolución de 16 de octubre de 2009 del Consejero de Vivienda y Obras Públicas, por la que. se convalida y adjudica definitivamente el servicio de transporte público regular permanente de. viajeros de uso general entre Cornago y Alfaro(VLR-112)Resolución de 8 de octubre de 2009 del Consejero de Vivienda y Obras Públicas, por la que. se convalida y adjudica definitivamente el servicio de transporte público regular permanente de. viajeros de uso general entre Aguilar del Río Alhama y Arnedo (VLR-114)Resolución de 16 de octubre de 2009 del Consejero de Vivienda y Obras Públicas, por la que. se convalida y adjudica definitivamente el servicio de transporte público regular permanente de. viajeros de uso general entre Haro y Belorado (VLR-111)Resolución de 8 de octubre de 2009 del Consejero de Vivienda y Obras Públicas, por la que. se convalida y adjudica definitivamente el servicio de transporte público regular permanente de. viajeros de uso general entre Nájera y Haro (VLR-105)Resolución de 8 de octubre de 2009 del Consejero de Vivienda y Obras Públicas, por la que. se convalida y adjudica definitivamente el servicio de transporte público regular permanente de. viajeros de uso general entre Logroño y Robres del Castillo (VLR-102)Resolución de 4 de noviembre de 2009 del Consejero de Vivienda y Obras Públicas, por la que.se convalida y adjudica definitivamente el servicio de transporte público regular permanente de viajeros de uso general entre Logroño y Laguna de Cameros (VLR-101)	Cerrar PDF
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 artículo 65
 artículo 65
 artículo 65
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