Source: http://www.asesoriayempresas.es/jurisprudencia/JURIDICO/46107/sentencia-ts-sala-3-de-17-de-diciembre-de-2010-iva-derecho-comunitario-responsabilidad-patri
Timestamp: 2018-02-25 23:33:57+00:00

Document:
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Sexta por los Excmos. Srs. Magistrados arriba anotados, el recurso contencioso-administrativo número 370/07, interpuesto por el Procurador D. Santos Carrasco Gómez, en nombre y representación de "Transportes Urbanos de Mérida, S.L.", contra la desestimación presunta del Consejo de Ministros de la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador derivado de la limitación del derecho a la deducción del IVA soportado correspondiente a bienes y servicios financiados mediante subvenciones. Con fecha 8 de junio de 2007 se ha dictado Acuerdo por el Consejo de Ministros, desestimatoria de la reclamación. Se ha personado, como parte recurrida, LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el ABOGADO DEL ESTADO.
Primero.-El Procurador D. Santos Carrasco Gómez, en nombre y representación de "Transportes Urbanos de Mérida, S.L.", mediante escrito de fecha de presentación 4 de junio de 2007, interpuso recurso contencioso-administrativo contra la desestimación presunta del Consejo de Ministros de la reclamación de indemnización por responsabilidad patrimonial de Estado legislador planteada por la recurrente el 5 de octubre de 2006, con motivo de la regularización de las cuotas del IVA soportadas a causa de subvenciones, habiendo recaído resolución expresa denegatoria mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de junio de 2007.
Segundo.-Admitido a trámite el recurso, por providencia de fecha 2 de julio de 2007, se requirió a la Administración demandada la remisión del expediente administrativo, ordenándole que practicara los emplazamientos previstos en el artículo 49 de la LJCA.
Tercero.-En el momento procesal oportuno la parte actora formalizó la demanda mediante escrito presentado el 26 de septiembre de 2007, en el cual, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminó suplicando a la Sala se dictara sentencia "....por la que se anule y deje sin efecto la Resolución recurrida y se declare la responsabilidad patrimonial del Estado legislador, reconociéndose a Transportes Urbanos de Mérida, S.L. el derecho a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por un importe de 58.093,22 euros, más el importe de los intereses de demora devengados desde la fecha en que finalizó el plazo fijado legalmente para la devolución de la cuota tributaria hasta la fecha en que se ordene el pago efectivo de dicha devolución, aplicando el tipo de interés legal del dinero vigente a lo largo del período en el que resulte exigible, incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca otra cosa. Todo ello con expresa imposición de las costas procesales a la adversa como la vía más adecuada para el resarcimiento de los daños y perjuicios causados a esta parte debido al hecho de tener que acudir, obligatoriamente, en demanda de tutela ante esta Jurisdicción Contencioso-Administrativa".
Por medio de Otrosí Segundo Digo, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 62.1 LJCA, solicita suplica a la Sala se acuerde el trámite de conclusiones.
Por medio de Otrosí Tercero Digo, y al amparo del artículo 31.2 LJCA, solicita que se incluya dentro de la indemnización el gasto que su mandante ha tenido que soportar por la interposición del presente recurso contencioso-administrativo correspondiente a la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden contencioso-administrativo.
Cuarto.-El Abogado del Estado, en representación y defensa de la Administración General del Estado, contestó a la demanda mediante escrito presentado el 17 de octubre de 2007, en el cual, tras alegar los hechos y los fundamentos jurídicos que estimó oportunos, terminó suplicando se dictara sentencia "... declarando la íntegra desestimación del recurso de autos, con expresa imposición de costas a la parte recurrente".
Quinto.-Por providencia de 18 de octubre de 2007, la Sala acordó dar traslado para conclusiones a la recurrente, trámite que evacuó mediante escrito presentado el 12 de noviembre de 2007.
Por diligencia de ordenación de 14 de noviembre de 2007 se dio traslado para igual trámite al Abogado del Estado, quien presentó el escrito de conclusiones con fecha 21 de noviembre de 2007, siendo declaradas conclusas las actuaciones y pendientes de señalamiento para votación y fallo mediante diligencia de ordenación de 22 de noviembre de 2007.
Primero.-El presente recurso contencioso-administrativo se interpuso inicialmente frente a la desestimación presunta del Consejo de Ministros de la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador formulada por la recurrente en fecha 5 de octubre de 2007, como consecuencia de la regularización de las cuotas del IVA soportadas a causa de subvenciones, habiendo recaído resolución expresa c on fecha 8 de junio de 2007, desestimatoria de la reclamación presentada.
Segundo.-El Abogado del Estado opone a la pretensión actora en primer lugar la falta de prueba sobre el alcance del derecho concedido al particular por la Directiva invocada y, más concretamente, que se haya acreditado ser sujeto pasivo total a los efectos de autos. En segundo lugar, niega la existencia de una "violación suficientemente caracterizada" del Derecho Comunitario por parte de la norma nacional para que de ello pueda derivarse una responsabilidad patrimonial. Tampoco acepta en este caso la necesaria relación de causalidad y la existencia de un daño antijurídico, por cuanto el administrado y hoy recurrente tenía el deber jurídico de soportar el daño. Finalmente, y con carácter subsidiario, alega prescripción de la acción por haberse superado el plazo fijado en el Ordenamiento para el ejercicio de las acciones de devolución de ingresos tributarios indebidos, falta de prueba completa acerca de la realidad y entidad del daño causado, e improcedencia de adicionar intereses de demora.
Cuarto.-Según consta en el Antecedente 1 del Acuerdo impugnado, "La entidad "Transportes Urbanos de Mérida, S.L." presentó las correspondientesdeclaraciones-liquidaciones en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) relativas al ejercicio 2003. Levantada acta por los Servicios de Inspección competente, en aplicación, por lo que estrictamente atañe a la cuestión aquí suscitada (prorrata de deducción del IVA soportado por los sujetos que efectúan únicamente operaciones gravadas y limitación del derecho a la deducción correspondiente a la compra de bienes o servicios financiados mediante subvención), a lo establecido en los artículos 102 y siguientes de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (...), en su versión modificada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre . De resultas de tal acta se formuló la pertinente liquidación por el impuesto y período impositivo referidos, liquidación que devino firme, por consentida, al no haber sido impugnada por la Entidad interesada".
Consta en el expediente administrativo que ante la solicitud de la entidad recurrente de rectificación del Acta A01 73641176, la Administración tributaria dictó Resolución de 12 de abril de 2006, desestimatoria de la rectificación, y que mediante escrito de 25 de septiembre de 2006 la recurrente solicitó inicio de un procedimiento de revocación de la citada Acta.
Conocida la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 6 de octubre de 2005 (Asunto C-204/03) a la que nos hemos referido en el anterior fundamento, la parte hoy recurrente formuló, al amparo de los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado legislador, solicitando ser indemnizada en la cuantía de 58.093,22 €, a los efectos de resarcir los perjuicios económicos que entendía le habían sido ocasionados como consecuencia de la limitación que sufrió de su derecho a la deducción del IVA soportado, al haber incumplido el Estado Español las obligaciones que le incumbían en virtud del Derecho Comunitario y, en particular, de los artículos 17, apartados 2 y 5, y 19 de la Directiva 77/388/CEE del Consejo, de 17 de mayo de 1977, Sexta Directiva en materia de IVA.
La indemnización debe comprender el importe de lo indebidamente ingresado a favor de la Hacienda Pública, cincuenta y ocho mil noventa y tres euros con veintidós céntimos de euro (58.093,22 €), cuya procedencia resulta justificada pues, como obra en el expediente, la parte hoy recurrente presentó reclamación de responsabilidad patrimonial el día 5 de octubre de 2006, y en ella se hacía constar que como consecuencia de la regularización llevada a cabo por la Inspección de Tributos en relación con el Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicio 2003, se minoró, por aplicación de lo dispuesto en el apartado Dos del artículo 104 de la Ley 37/1992, el IVA soportado deducible a 34.071,05 € frente a los 92.083,93 € que figuraban en la autoliquidación del impuesto, lo que supone que el IVA soportado deducible es minorado en 58.093,22 €.
Por otra parte, en el Acuerdo del Consejo de Ministros impugnado no se niega en ningún momento que la actividad principal de "Transportes Urbanos de Mérida, S.L." estaba sujeta y no exenta de IVA, y que era un sujeto pasivo total, ni se niega que la aplicación de la regla de prorrata se produce exclusivamente por razón de subvenciones percibidas, y que por aplicación de las normas del IVA nacionales el reclamante había dejado de deducir la cantidad de 58.093,22 €. Es más, en dicho acuerdo se hacía constar que a la mercantil recurrente se le levantó acta por los Servicios de Inspección competente "... en aplicación, por lo que estrictamente atañe a la cuestión aquí suscitada (prorrata de deducción del IVA soportado por los sujetos que efectúan únicamente operaciones gravadas y limitación del derecho a la deducción correspondiente a la compra de bienes o servicios financiados mediante subvención), a lo establecido en los artículos 102 y siguientes de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (...), en su versión modificada por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre ", y que de resultas de tal acta se formuló la pertinente liquidación. Además, el Abogado del Estado, en su escrito de contestación a la demanda, no cuestiona fundadamente la diferencia de cantidad minorada. Precisamente en esta falta de deducción, que podría haber practicado si se hubiera aplicado correctamente la normativa comunitaria, es donde el actor concreta el daño sufrido.
Respecto de la alegación subsidiaria de prescripción de la acción formulada por el Abogado del Estado, la misma debe rechazarse, pues el acto impugnado es el Acuerdo del Consejo de Ministros de 8 de junio de 2007, por el que se desestima la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado Legislador en razón de la vulneración del Derecho Comunitario por la Ley 37/1992, no estando, por lo tanto, ante una reclamación de devolución de ingresos indebidos.
Además, el principio general en materia de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado es el de la "restitutio in integrum" o reparación integral del daño, lo que obliga no solo al abono de la cantidad indebidamente satisfecha a las arcas públicas sino también, en aras de ese principio de plena indemnidad, reconocido en la jurisprudencia de esta Sala (SSTS de 5 de febrero y 15 de julio de 2000, entre otras muchas) y en la propia Ley 30/1992 (art. 141.3) al abono de los intereses legales de la cantidad a devolver desde el día en que se presentó la reclamación administrativa hasta la fecha de notificación de esta Sentencia, a partir de la cual se cuantificarán los intereses de acuerdo con lo establecido en el art. 106, apartados 2 y 3 de la Ley Jurisdiccional, todo ello teniendo en cuenta que la cantidad se reconoce en concepto de responsabilidad patrimonial, y no en concepto de devolución de ingresos indebidos. Todo ello teniendo en cuenta que la cantidad se reconoce en concepto de indemnización por responsabilidad patrimonial y no de devolución de ingresos indebidos.
Decimotercero.-Por lo que respecta a la solicitud de que se condene a la Administración al pago de la tasa judicial que ha tenido que abonar la parte recurrente para la interposición del presente recurso contencioso-administrativo, tratándose dicho pago de un gasto del proceso, debe estarse a lo que se disponga en orden al pago de las costas, y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, no procede hacer una especial imposición de las costas causadas.
Primero.-ESTIMAR EN PARTE el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Transportes Urbanos de Mérida, S.L.", contra el Acuerdo del Consejo de Ministros, de fecha 8 de junio de 2007, por el que se desestima la solicitud de indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado legislador formulada por el recurrente, en fecha 5 de octubre de 2006, como consecuencia de la limitación del derecho a la deducción del IVA soportado correspondiente a las subvenciones percibidas. Acuerdo que anulamos por ser contrario a derecho.
R la responsabilidad patrimonial del Estado, reconociendo el derecho de "Transportes Urbanos de Mérida, S.L." a ser indemnizada en la cantidad de cincuenta y ocho mil noventa y tres euros con veintidós céntimos de euro (58.093,22 €), más los intereses legales que procedan en los términos expresados en el fundamento undécimo de esta sentencia.

References: resolución 
 artículo 49
 Resolución 
 artículo 62
 artículo 31
 resolución 
 Resolución 
 artículo 104
 artículo 139