Source: https://es.scribd.com/document/6672835/Manual-de-Derechos-Humanos
Timestamp: 2016-07-24 07:02:48+00:00

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Manual de derechos humanos: conceptos elementales y consejos prácticos
La presente edición del Manual de derechos humanos: conceptos elementales y consejos prácticos, contó con el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el marco del Programa de Relaciones con Organizaciones Sociales de este Organismo Nacional.
ISBN: 970-644-321-5 © Cadenas Humanas, A. C. Monteantuco núm 205, Col. Lomas de Chapultepec, C. P. 11010, México, D. F. Diseño de portada: Flavio López Alcocer Impreso en México Junio, 2003
INTRODUCCIÓN ........................................................................ ¿QUÉ ES CADENAS HUMANAS? ................................................ ¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS? ..................................... ¿QUÉ DERECHOS TENEMOS Y CÓMO NOS AMPARAN LAS LEYES? ............................................................................ El derecho internacional ........................................................ Garantías individuales ........................................................... Garantías constitucionales ................................................. Garantías de igualdad ..................................................... Garantías de libertad ...................................................... Garantías de seguridad ................................................... Garantías de propiedad ................................................... Garantías sociales ..........................................................
19 19 20 20 20 22 24 28 29
¿QUIÉNES DEFIENDEN LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO? El Estado .............................................................................. Juicio de Amparo .................................................................. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ..................... Funciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ............................................................ ¿En qué casos las Comisiones de Derechos Humanos no pueden intervenir? ........................................................... ¿Ante qué Comisión de Derechos Humanos podemos presentar una queja? ......................................................... Derechos humanos, sociedad civil y democracia ...................... ¿CÓMO PODEMOS ADVERTIR ALGUNA VIOLACIÓN A NUESTROS DERECHOS? ............................................................................. ¿Cuáles son las principales violaciones a los Derechos Humanos? ............................................................................ Dilación en la procuración de justicia .................................. Falsas acusaciones y detenciones arbitrarias o prolongadas ... Abusos en el interior de las prisiones .................................. VULNERABILIDAD SOCIAL ....................................................... Receptores de violencia familiar ............................................. Se considera delito no aportar la pensión alimenticia ...........
33 33 35 36 37 38 41 45
49 49 50 51 54 57 57 60
Niñas y niños en situación de calle ..................................... Adultos mayores ................................................................ Mujeres ............................................................................. Personas privadas de su libertad ......................................... Personas con discapacidad ................................................. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS .............. DIRECTORIO DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS ....
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otidianamente, entre nuestras amistades, vecinos, familiares o incluso a través de los medios informativos, somos testigos de eventos lamentables que tienen como común denominador el agravio, la intolerancia, el abuso, la coerción y la intimidación, circunstancias que en general, amenazan nuestra seguridad nuestra tranquilidad y nuestra libertad. Esta situación, vista desde un ángulo contemplativo, nos llevaría a escenarios vergonzantes y de complicidad. Pasar de la pasividad al activismo decidido implica reconocer nuestras capacidades y posibilidades de contribución en la búsqueda de soluciones que en el corto, mediano y largo plazos, haga más cordial nuestra convivencia en nuestro hogar,
nuestro barrio o colonia y, en esa medida, comenzar a cultivar una genuina cultura de respeto a nuestros derechos fundamentales. El Manual de derechos humanos: conceptos elementales y consejos prácticos, se traduce como una contribución más que Cadenas Humanas, A. C., con el apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hace en el rubro de la difusión de nuestros derechos básicos. Confiar en que esfuerzos como éste tendrán en el mediano plazo efectos benéficos para toda la colectividad, es reconocer y reafirmar que el conocimiento y la información es un mecanismo efectivo que reduce la brecha existente entre la impunidad y la aplicación de la justicia.
De este modo, el Manual de derechos humanos pretende constituirse como un instrumento útil y de acercamiento a nuestros derechos básicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, integra una serie de consejos que pueden ser de vital importancia ante una presunta violación a los mismos. Así, Cadenas Humanas, A. C., invita a la sociedad civil organizada, a agrupaciones políticas, instituciones, dependencias y ciudadanía en general, a escudriñar el presente documento y apropiarse de su contenido, y en
la medida de lo posible provocar la orientación de acciones y conductas más respetuosas de la pluralidad, más comprometidas con los valores de libertad e igualdad, para lograr una convivencia más armónica y plural. Se trata pues de que cada uno de quienes integramos nuestra comunidad, nos decidamos a construir entornos de vida más humanos, o como bien dice la filósofa española Adela Cortina, al menos, menos inhumanos.
Cristina Alcayaga Presidenta de Cadenas Humanas, A. C.
adenas Humanas, A. C., es una organización ciudadana integrada por profesionistas, empleados, especialistas y personas interesadas en realizar acciones dirigidas a la protección de los derechos humanos de las personas que integramos la colectividad. Consecuente con esta actitud, desde 1998, Cadenas Humanas, A. C., ha organizado y realizado foros de discusión, cursos-taller, capacitaciones, impresión de documentos y asesorías como contribución a la consolidación y fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos. Su misión está dirigida básicamente a:
porcionar la asesoría necesaria para la formulación de quejas ante las respectivas Comisiones de Derechos Humanos; b) Intervenir como coadyuvante de los quejosos en los trámites ante las Comisiones de Derechos Humanos, así como dar seguimiento a éstos; c) Formular y emitir pronunciamientos respecto de las quejas cuya investigación demuestre la existencia de violación a los derechos humanos; d) Promover la conciliación o amigable composición entre los quejosos y los servidores
a) Conocer de eventos de probables violaciones a los derechos humanos a fin de pro-
públicos responsables cuando el caso lo permita; e) Impulsar la observancia de los derechos humanos en el país; f) Proponer a las diversas instancias de la administración pública que en el exclusivo ámbito de su competencia promueva los cambios y modificaciones de disposiciones legislativas o reglamentarias, así como de procedimientos administrativos que a criterio de la Comisión coadyuven a la eficacia de la protección de los derechos fundamentales; g) Promover el estudio, conocimiento y difusión de los derechos humanos en el ámbito nacional; h) Desarrollar programas de capacitación a grupos comunitarios en temas relaciona-
dos con la protección y defensa de los derechos humanos; i) Editar y difundir a través de su órgano respectivo las acciones realizadas por la asociación a favor de la tutela de los derechos humanos; j) La defensa de los intereses generales y los particulares de los asociados, sin más limitantes que las señaladas por las leyes en vigor; k) La representación de sus asociados ante toda clase de autoridades federales, locales o cualquier otra persona física o moral, y la realización de las gestorías necesarias para el logro de los fines sociales; l) La adquisición de los bienes que se requieran para la mejor realización de sus fines sociales;
m)En general, el estudio, promoción y ejecución de toda clase de asistencia social, previsiones, planeación, organización, integración, dirección y control para la promoción, capacitación y actualización de grupos comunitarios en materia de derechos humanos.
En esta ocasión y en respuesta a esta serie de compromisos, Cadenas Humanas, A. C., ofrece a la ciudadanía un documento que integra una serie de conceptos y consejos prácticos para abundar en el conocimiento de los derechos humanos.
os derechos humanos son las facultades que tenemos los seres humanos, por el solo hecho de serlo, son inherentes a la persona humana y le permiten vivir y desarrollarse en condiciones de dignidad. Los gobiernos tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de estos derechos. Los derechos humanos se fundamentan en valores elementales como: la vida, la igualdad, la libertad, la seguridad, el desarrollo y la paz, entre otros. Desde que el ser humano existe, ha tenido que librar difíciles luchas por el reconocimiento de estos derechos. En la historia de todos los pueblos, siempre han existido personas que se sienten superiores a los demás o que entienden el poder como un instrumento de so-
metimiento y dominación, por lo que la idea que actualmente tenemos de los derechos humanos no es la misma que se tenía hace siglos; tampoco es y ha sido la misma en cualquier parte del mundo, esto quiere decir que aun cuando hoy son una conquista que se ve reflejada en las leyes, su cumplimiento en la vida cotidiana, en muchas ocasiones, se ve amenazada. La historia de estas luchas nos demuestra que la idea de ser humano se ha modificado, se han ido incluyendo grupos que originalmente no habían sido contemplados en el goce de los derechos más elementales, por ejemplo, el derecho a la vida, del que sólo gozaban las personas libres, ya que los esclavos podían ser privados de ella a juicio de sus dueños; las
primeras leyes que protegían la libertad, la igualdad, la justicia, la participación política y el trabajo digno no beneficiaban a todas las personas, pues dejaban desprotegidas, por ejemplo, a las mujeres, las minorías étnicas, los presos, los discapacitados, los grupos marginados y los ancianos, entre otros. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes internacionales reconocen derechos a todas las personas, sin importar su raza, sexo, religión, edad, condición social, orientación política, ideológica y sexual o cualquier otra característica. Estas leyes parten de la idea de que todos somos iguales y por lo tanto poseemos los mismos derechos. Sin embargo, y pese a los grandes acontecimientos sociales en que grupos de individuos
han expuesto o perdido su vida, su libertad y, en general, todos sus derechos, algunos de los valores que fundamentan a los derechos humanos siguen siendo aspiraciones, en virtud de que no se ha logrado vivir en condiciones de igualdad en el acceso a muchos derechos, tales como la salud, la educación, la alimentación, la justicia, el trabajo y la libertad. Hoy día, se sigue dependiendo de condiciones o características físicas, culturales, socioeconómicas o políticas, por lo que es importante señalar (en este intento de ubicar conceptualmente a los derechos humanos) que la parte fundamental en el tema de los derechos humanos es su aplicación y respeto, es decir, su vivencia. En este sentido, la creación de leyes es muy importante, pero más lo es su cumplimiento.
¿Qué derechos tenemos y cómo nos amparan las leyes?
El derecho internacional las contenidas por esta Ley Suprema. Las más representativas son: — La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. — El Pacto de Derechos Civiles y Políticos de 1966. — El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. — La Convención Americana de Derechos Humanos de 1969. Estos documentos se acordaron debido a las severas violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial, con el propósito de que no se repitieran nunca jamás atrocidades en contra de la dignidad humana.
l reconocimiento y garantía de los derechos humanos ha sido motivo de consenso o acuerdo internacional, por lo que éstos se ordenan en documentos internacionales, así como nacionales. Nuestro país ha participado en diversas reuniones que han tenido como resultado Declaraciones, Acuerdos, Convenios y Tratados que se han aceptado a través de su firma y ratificación, mismos que le obligan a respetar los derechos de cualquier persona, incluidos los extranjeros que habiten dentro del territorio mexicano. Nuestra Constitución Política Federal ordena en su artículo 133 que las leyes internacionales son obligatorias y que tienen la misma jerarquía que
Los derechos contenidos en estos documentos son en esencia los consagrados en nuestra legislación, bajo la denominación de “Garantías Individuales y Sociales”, contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 1o. al 29, así como el 123, y que para su estudio han sido clasificadas en cuatro grandes grupos:
Nos garantizan: — Protección igual ante la ley. Sin importar raza, sexo, nacionalidad, condición social, económica, orientación política, sexual o ideológica, ni cualquier otra característica (artículo 1o.).
— Prohibición de la esclavitud. Nadie será esclavo y las personas que tengan esa condición en su país, al entrar a territorio mexicano serán libres y tendrán la protección de las leyes mexicanas (artículo 2o.). — Igualdad entre hombres y mujeres. Hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, por lo que podemos acceder a los mismos servicios y debemos ser tratados y juzgados sin discriminación (artículo 4o.). — Prohibición de títulos de nobleza y honores hereditarios. En nuestro país está prohibido ostentar títulos de nobleza o cualquier otra distinción que represente trato exclusivo o de privilegio. Asimismo, dentro de nuestro territorio no tienen validez aquellos honores otorgados en otros países (artículo 12). — No ser juzgado por leyes privativas, ni en tribunales especiales. Salvo el fuero mili-
tar para miembros de las fuerzas armadas, todos debemos ser juzgados por leyes iguales. Está prohibido someter a cualquier persona a tribunales especiales (artículo 13).
Establecen: — La libertad de trabajo. Por lo que podemos elegir dedicarnos a cualquier profesión, trabajo u oficio, siempre y cuando sean lícitos (artículo 5o.) — La libertad de expresión. Que nos permite manifestar nuestras ideas con libertad y con la garantía de no ser objeto de represión judicial o administrativa, teniendo como única limitación el no perjudicar la moral o los derechos de otra persona. Nos garantiza también el derecho a la información (artículo 6o.).
— La libertad de imprenta. Que hace posible escribir y publicar de manera libre sobre cualquier tema o materia, sin ser objeto de censura, siempre y cuando no atenten contra la vida privada de otros, la moral y la paz pública (artículo 7o.). — El derecho de petición. Que consiste en que podemos hacer peticiones ante cualquier institución pública, por escrito y de manera respetuosa; los funcionarios públicos tienen la obligación de contestar por escrito en un tiempo breve (artículo 8o.). — La libertad de reunión y asociación. Nos da la libertad de reunirnos de manera pacífica con cualquier propósito lícito, o asociarnos para cualquier fin legal; para fines políticos, esta libertad está concedida sólo a los ciudadanos mexicanos (artículo 9o.). — La libertad para poseer armas en el domicilio. Nos faculta a tener en nuestro domi-
cilio armas que no estén prohibidas por la ley, por ser de uso exclusivo de las fuerzas armadas, para la seguridad y legítima defensa; éstas deberán cumplir con las condiciones de registro que señala la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y su utilización deberá ser conforme a lo dispuesto en los Códigos Penales y de Procedimientos Penales de los Estado Unidos Mexicanos y del Distrito Federal (artículo 10). — La libertad de tránsito. Que reconoce el derecho a entrar a cualquier parte del país, salir de él, viajar por su territorio, mudar de residencia, sin necesidad de permiso, pasaporte, salvoconducto u otra limitación, este derecho puede restringirse por decisión judicial (artículo 11). — La libertad de culto. Nos permite profesar la religión de nuestra preferencia y realizar ceremonias o actos de culto, siempre que con ella no se cometan delitos (artículo 24).
— No retroactividad de la ley. Que consiste en que no se aplicarán leyes que no existan en el momento de los hechos, cuando puedan perjudicar, salvo que sean en beneficio (artículo 14). — Audiencia. Toda persona tiene derecho a ser oída y enjuiciada, con todas las posibilidades de defenderse. A nadie se le puede privar de la vida, libertad, propiedades, ni derechos sin previo juicio (artículo 14). — Prohibición de celebrar tratados para la extradición de reos políticos o esclavos. Nuestro país no puede extraditar a personas que sean perseguidas por cuestiones políticas o que en su país de origen tengan la calidad de esclavos (artículo 15). — Prohibición de actos de molestia en contra de la persona, el domicilio, las posesiones,
la familia o los papeles. Ninguna persona puede ser objeto de injerencias arbitrarias dentro de su domicilio (cateo), ni en su persona, familia o papeles, si ésta no es sorprendida en el momento de cometer un delito, o bien, existe una orden de aprehensión dictada por un juez que señale los motivos y las leyes que fundamenten tal orden. El Ministerio Público sólo cuenta con 48 horas para dejar en libertad o consignar ante el juez a cualquier detenido; cuando se trate de delincuencia organizada, este plazo se ampliará a 96 horas (artículo 16).
— Derecho a la impartición de justicia, prohibición de ser apresado por deudas de carácter puramente civil. Ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar sus derechos. El Estado debe impartir justicia de manera pronta, imparcial y gratuita. Nadie puede ser privado de su libertad por alguna deuda civil (deber dinero, algún crédito o ha-
ber firmado algún pagaré, por ejemplo), siempre y cuando no obtenga de esta deuda algún lucro o lo haya obtenido a través de engaños (artículo 17). — Organización del sistema penitenciario. Los centros de reclusión deberán organizarse en todo el país para lograr la readaptación social de los delincuentes, por lo que habrá posibilidades de capacitación, trabajo y educación dentro de los penales y quedarán prohibidos la corrupción y el abuso en contra de los presos y sus familiares (artículo 18). — Prohibición de las detenciones prolongadas ante la autoridad judicial y maltrato durante las mismas. Está prohibido todo maltrato en las detenciones, aprehensiones o en la prisión; la autoridad deberá utilizar solamente la fuerza necesaria para someter al probable responsable de un delito y quedará prohibido también cualquier cobro o contribución. El juez cuenta con un plazo
de 48 horas para dictar la formal prisión o la libertad del indiciado (artículo 19). — Derechos del inculpado. Toda persona señalada como probable responsable de un delito, tiene los siguientes derechos: — Su libertad provisional bajo caución, si no cometió delito grave y puede garantizar el monto de la reparación del daño. — A declarar, en presencia de su defensor, sin que sea intimidado, incomunicado o torturado, si no cuenta con recursos para contratar un defensor privado, el gobierno deberá asignarle un defensor de oficio, de manera gratuita. — A que se le haga saber quién le acusa y de qué se le acusa. — A ser careado ante quienes declaren en su contra.
— A ser juzgado en un plazo no mayor de cuatro meses si la pena para el delito que cometió no excede de dos años, y un plazo de un año cuando la pena sea mayor de dos años. — División de funciones entre autoridades administrativas y judiciales. Los servidores públicos sólo pueden hacer lo que la ley les permite y los únicos facultados para imponer las penas son los jueces; el Ministerio Público debe investigar y perseguir los delitos y, con el auxilio de la policía (judicial o ministerial) y los servicios periciales y la autoridad administrativa (juez cívico o juez calificador), imponer multas o arrestos hasta por 36 horas a los infractores de los reglamentos gubernativos y de policía (artículo 21). — Prohibición de aplicar penas contra la dignidad humana. Está prohibido imponer penas de mutilación o infamia, las marcas,
los azotes, el tormento, los palos, las penas que trasciendan a otras personas o las que no estén contenidas en las leyes penales (artículo 22). — Prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo delito. Ningún juicio puede tener más de tres instancias, después de haber sido agotadas, o bien, que el término para intentarlas haya transcurrido, esa persona tendrá que ser absuelta o condenada y no podrá volver a ser juzgada por el mismo delito.
— Derecho a la tierra y a la propiedad privada y social. El Estado mexicano tiene la propiedad originaria sobre las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio mexicano, pero puede transmitirla a los particulares. Así se constituye la propiedad pri-
vada, la cual puede expropiarse sólo por causas de utilidad pública. Se protege la propiedad sobre la tierra para los núcleos de población ejidales y comunales (artículo 27).
— Derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a ingresar a las instituciones de educación pública, laicas y gratuitas. El Estado tiene la obligación de garantizar este derecho en la educación preescolar, primaria y secundaria, y los padres tienen la obligación de enviar a sus hijos a la escuela (artículo 3o.). — Derecho a protección de la salud. El Estado debe establecer instituciones públicas de salud para beneficio de la población, que le permitan a ésta el acceso a los servicios de salud biopsicosocial (artículo 4o.).
— Derecho a formar una familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número y espaciamiento de sus hijos (artículo 4o.). — Derecho a una vivienda digna. Toda persona tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, a través de los apoyos del Estado (artículo 4o.). — Derecho a la protección de los grupos indígenas. Se reconoce la composición pluricultural de nuestra sociedad y el Estado se compromete a proteger y promover las lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas de organización de los grupos indígenas y a tomar en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los juicios en que estos grupos se vean involucrados (artículo 4o.). — Derechos de los trabajadores y la seguridad social. Todos los trabajadores tienen los siguientes derechos:
A una jornada máxima de trabajo de ocho horas. En caso de trabajo nocturno, ésta será de siete horas. Se prohíbe el trabajo a los menores de 14 años. Se protege a las mujeres embarazadas contra trabajos peligrosos o que requieran de un esfuerzo considerable. Se les ordena descanso forzoso durante seis semanas antes y después del parto. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades de la familia en el orden material, social y cultural. A trabajo igual le corresponderá salario igual. A recibir participación en las utilidades de la empresa.
A declarar la huelga para armonizar los derechos con los factores de la producción. A gozar de servicios médicos y demás prestaciones de seguridad social, incluida la protección contra los accidentes de trabajo y las pensiones derivadas de la incapacidad o edad avanzada (artículo 123). NOTA: Todos estos derechos deberán ser respetados por cualquier persona, en cualquier tiempo y lugar de nuestro territorio, pero podrán ser suspendidos o limitados de manera temporal y en áreas geográficas determinadas cuando así lo requiera la estabilidad política y seguridad nacional. Esta suspensión sólo será válida cuando previamente lo determine el Presidente de la República con aprobación del Senado, en caso de invasión, perturbación grave de la paz, conflicto, emergencia o cualquier otra circunstancia que ponga en grave peligro a la sociedad. Esta excepción no será aplicable a un solo individuo (artículo 29).
¿Quiénes defienden los derechos humanos en México?
El Estado s importante recordar que el Estado tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, por lo que debe crear instituciones que nos permitan condiciones de vida digna; los servidores públicos son los primeros defensores de nuestros derechos, por lo que están obligados a actuar conforme a la ley y con la sensibilidad suficiente para darnos una atención adecuada, por lo que médicos, profesores, jueces, policías, agentes del ministerio público y demás empleados del gobierno deben realizar su trabajo conforme a los siguientes principios: Imparcialidad: Esto quiere decir que deben brindar un trato igual para todas las personas, sin importar nuestra apariencia, género, condición social o económica ni ninguna otra cualidad. Legalidad: Los servidores públicos deben fundamentar siempre su trabajo en la ley; únicamente pueden hacer aquello que ésta les ordene y deben evitar incurrir en excesos o abusos de autoridad. Oportunidad: Es muy importante que cuando solicitemos algún servicio, las autoridades actúen con prontitud, pues cualquier retardo injustificable se considera negligencia y evita que nuestros derechos se protejan de manera adecuada, lo cual puede provocarnos afectaciones más graves. Lealtad y honradez: El Estado puede proteger nuestros derechos gracias a que nosotros
aportamos impuestos o contribuciones que están dispuestos en las leyes, por lo que los servidores públicos tienen prohibido solicitar o recibir cualquier cantidad de dinero por la prestación de un servicio público que debe ser gratuito, o bien por no ejecutar la ley cuando alguna persona la transgrede. Cualquier persona puede transgredir nuestros derechos. Como ejemplo están las personas que atentan contra la propiedad, nuestra integridad física, la libertad, la familia, la casa o cualquier otra posesión, en todos esos casos estaríamos ante la presencia de delitos y tendríamos el derecho a que se administre justicia; es decir, a la investigación, persecución e impartición de justicia, funciones que están a cargo de las procuradurías, los juzgados y las autoridades administrativas; todos ellos deben actuar con eficiencia, de manera gratuita y respetuosa de nuestros derechos, además deben informar de los pasos que debemos seguir en cualquier trámite y deben auxiliarnos, brindando información de las instituciones a las que
se puede acudir, en caso de que no sepamos con certeza cuál es la instancia competente. Cuando las instituciones públicas, a través de sus autoridades o servidores públicos, no actúan adecuadamente o lo hacen con negligencia, con prepotencia, discriminación, abusan de su autoridad, omiten brindar un servicio, no protegen o defienden nuestros derechos conforme lo establece la ley, o simplemente no hacen nada para evitar que alguien afecte nuestras garantías individuales, es decir, lo tolera, está violando nuestros derechos. Lamentablemente, esto ocurre con mayor frecuencia de lo que pensamos, por lo que nos hemos acostumbrado a presenciar tales abusos y en ocasiones no hacemos nada para evitarlos.
podemos recurrir al juicio de amparo contra esos actos, para nuestra protección y restablecimiento de nuestros derechos fundamentales, como son la libertad, el juicio justo, la familia, la propiedad, la posesión, etcétera. Cuando vemos amenazados nuestros derechos sin causa justificada, podemos pedir el amparo de la justicia federal, a través de la tramitación de este juicio. Existen muchas personas que lo solicitan para protegerse contra: — Una detención arbitraria. — El despojo de sus posesiones (el departamento que rentan, por ejemplo). — La suspensión de sus derechos económicos. — Su libertad personal, entre otros. No obstante que es un instrumento que ayuda a la defensa de nuestros derechos, este juicio en ocasiones resulta inaccesible para personas cuyos recursos no les permite la contratación de un abogado o la erogación de los gastos para la tramitación del mismo. Cabe
Juicio de Amparo La propia Constitución señala que en caso de que las autoridades violen nuestros derechos,
destacar que por la especialidad de este procedimiento, es casi imposible que una persona que no sea abogado realice el trámite para conseguir la protección contra el acto de autoridad que lo está perjudicando.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos Recientemente, en nuestro país se crearon instituciones idóneas para la defensa contra los actos de autoridad que violan las garantías de cualquier persona (se llama Ombudsman en otros países, como Suecia); así, en 1990 se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, actualmente existe una Comisión de Derechos Humanos con competencia local en cada entidad de la República, incluyendo el Distrito Federal, cuyas funciones consisten en la protección, defensa y vigilancia de los derechos humanos.
Funciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Aun cuando pareciera que estas funciones ya las cumplía el juicio de amparo, estos organismos tienen características que los diferencian y que ofrecen ventajas para las víctimas de abusos por parte de alguna autoridad o servidor público, entre las cuales se encuentran las siguientes: — No se requiere de abogado; la investigación y gestiones las realizan servidores públicos especializados de principio a fin, de tal forma que los quejosos no tienen que pagar absolutamente ningún servicio. — Su procedimiento es ágil y antiburocrático. En general, las investigaciones que realizan las Comisiones de Derechos Humanos no pueden tardar más de tres meses y, en casos urgentes, se otorgan medidas cautelares o de protección para evitar graves afecta-
ciones a las personas, como por ejemplo, pérdida de la vida, de la salud, de la libertad, o de la integridad física o psicológica. — Aunque sus resoluciones no son obligatorias como las de los jueces, tienen una eficacia comprobada, dada su autoridad moral y la publicación de sus Recomendaciones, de tal forma que la opinión pública ejerce presión para que éstas se cumplan. — Son autónomas, es decir, no dependen de ninguno de los Poderes de la Unión; no reciben instrucciones de ninguna autoridad, a diferencia de las unidades de contraloría con las que cuentan las dependencias de gobierno. — Son apartidistas, lo cual quiere decir que no tienen orientación política alguna, por lo que es muy importante que su titular sea una persona que no milite activamente en ningún partido político.
¿En qué casos las Comisiones de Derechos Humanos no pueden intervenir?
La Constitución Política Mexicana establece en su artículo 102, apartado B, los casos de incompetencia de las Comisiones Públicas, que son: — Asuntos laborales. Como en el caso de despidos injustificados, huelgas, contratos colectivos, etcétera, este impedimento se fundamenta en que ya existe un organismo que se encarga de defender los derechos de los trabajadores, que es la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo; sin embargo, durante el procedimiento ante una Junta de Conciliación y Arbitraje hay una irregularidad, hay dilación, se presume corrupción o hay discriminación por parte de los servidores públicos, sí se puede acudir a la Comisión de Derechos Humanos respectiva.
— Asuntos electorales. Las Comisiones de Derechos Humanos deben trabajar bajo el principio de apego a la legalidad, sin mezclarse en cuestiones políticas, ya que ello puede lesionar su autoridad moral, por lo que no pueden intervenir en las controversias electorales; sin embargo, sí pueden conocer de violaciones relacionadas con el derecho de voto y participación política de los mexicanos, por lo que si alguna autoridad impide que se ejerza de manera libre el voto o condiciona servicios a cambio de pertenecer a alguna agrupación política, estaría violentando los derechos individuales. — Asuntos jurisdiccionales. Es decir, las decisiones de jueces o autoridades administrativas que ponen fin a una controversia, o que definen una situación jurídica, por ejemplo las sentencias o laudos. Las Comisiones de Derechos Humanos no pueden intervenir en el fondo de los procesos, decidiendo a quién le asiste la razón, mucho
menos liberando de responsabilidad o sancionando cualquier conducta, sin embargo, cuando en un procedimiento hay vicios, cohecho, presión, dilación, negligencia o maltrato por parte de la autoridad, entre otras irregularidades, estos casos pueden denunciarse ante las Comisiones de Derechos Humanos. — Controversias entre particulares. Aun cuando es cierto que cualquier particular puede violar nuestros derechos fundamentales, es decir: algún familiar, amigo, vecino o cualquier desconocido, privando a alguien arbitrariamente de la libertad (secuestro), de la vida (homicidio), de la propiedad (robo), de dinero (fraude), etcétera, todas estas conductas tendrán que ser denunciadas ante autoridades como el Ministerio Público o los juzgados; las Comisiones de Derechos Humanos no tienen competencia entre personas que no sean servidores públicos.
Para acceder a las Comisiones de Derechos Humanos no se requiere acreditar ninguna representación legal, ya que cualquier persona puede presentar una queja.
¿Ante qué Comisión de Derechos Humanos podemos presentar una queja?
Con la reforma al artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1993, nuestro país creó todo un sistema de protección de los derechos humanos, diferente al que ya existía y que anteriormente mencionamos, que es el jurisdiccional; este sistema es no jurisdiccional (Ombudsman) y lo conforman: — Una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que interviene cuando las violaciones provienen de autoridades federales: Procuraduría General de la República, Secretarías de Estado, Organismos de carác-
ter federal como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, etcétera, tiene su sede en cada uno de los 31 estados de la República y el Distrito Federal. — Una Comisión Estatal de Derechos Humanos en cada entidad federativa, en algunos estados les llaman Procuradurías de Derechos Humanos, como en Baja California, y cada una de ellas intervienen cuando los hechos violatorios son cometidos por autoridades locales, es decir, del Gobierno de los estados. — Una Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal, que conoce de violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades del gobierno del Distrito Federal. Todas estas Comisiones son autónomas entre sí, pero en casos relevantes, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos puede ejercer su facultad de atracción, esto es, intervenir en lugar de la Comisión local, en virtud de que su infraestructura es más amplia que la de las Comisiones locales. Para presentar una queja ante estas Comisiones, es recomendable hacerlo por escrito y de manera personal, aunque también: — Se puede hacer verbalmente, incluso la pueden presentar familiares o cualquier persona, incluyendo los Organismos No Gubernamentales. — En casos urgentes, se puede presentar por correo, fax, internet, teléfono o cualquier medio electrónico (en estos casos se tiene que ratificar posteriormente, siempre que sea posible, pues desde luego, los enfermos y las personas privadas de su libertad no pueden hacerlo). Dentro del escrito de queja se debe incluir:
— Los datos personales del quejoso, incluyendo nombre, firma, domicilio, teléfono y todos los datos que permitan conocer la identidad del quejoso y los datos suficientes para establecer comunicación con él. Es muy importante aclarar que no se reciben quejas anónimas, y que todo quejoso tiene la garantía de la confidencialidad con la que la Comisión atiende todas las quejas. — Los datos que permitan identificar a las autoridades responsables de los hechos, como son los nombres, la descripción física, los sobrenombres, el número de la patrulla, la delegación o el ayuntamiento, etcétera. — La fecha y el lugar en que ocurrieron los hechos, de la manera más detallada posible. — La narración de los hechos, señalando de ser posible a las personas que los hubieran
presenciado, así como los datos para facilitar la investigación. Existen quejas que se concluyen sin investigación, porque no son de la competencia de las Comisiones, ya sea porque pertenecen a autoridades que son de otra jurisdicción, por ejemplo, se presentan en el Distrito Federal y se trata de autoridades del Estado de México, por lo que son canalizadas a la Comisión correspondiente, o bien, por tratarse de problemas jurisdiccionales: la liberación de una persona por ejemplo, o conflictos entre particulares, lesiones intrafamiliares, conflictos laborales, despido injustificado y otros casos similares en los cuales las Comisiones orientan jurídicamente y canalizan ante la instancia correspondiente. Una vez que se recibe la queja, las Comisiones de Derechos Humanos la calificarán en poco tiempo (generalmente lo hacen en 24 horas). Cuando alguna queja es calificada como probable violación a los derechos humanos, es
investigada por abogados (visitadores), que establecen contacto con las autoridades y realizan toda clase de estudios, incluidos los periciales, para poder conocer si efectivamente se violaron los derechos humanos o no, emitiendo dos clases de resoluciones:
Derechos humanos, sociedad civil y democracia
En nuestro país aún falta reforzar la cultura de respeto a los derechos humanos. Esta tarea no es exclusiva del Estado, la sociedad civil ha consolidado su presencia en el contexto político y social de nuestra vida nacional; los Organismos No Gubernamentales (ONG) hoy son reconocidos como los interlocutores más genuinos de las demandas ciudadanas, por ello, mediante la difusión, la capacitación y la promoción de nuestros derechos fundamentales, la tarea de la sociedad civil organizada se erige como un mecanismo efectivo y eficiente para la consolidación de una cultura de respeto y protección de los derechos humanos. La tarea que el Estado y la sociedad civil tienen en común es la de garantizar que con el concurso del gobierno y la sociedad organizada se garantice el pleno respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía. En
Recomendación. Cuando se logró comprobar la violación a los derechos humanos, en cuyo caso se buscará resarcir a la persona afectada en el uso de sus derechos, además de solicitar la aplicación de medidas correctivas a los superiores jerárquicos de las dependencias, con la finalidad de evitar en ocasiones posteriores abusos semejantes. Acuerdo de No Responsabilidad. Cuando se comprueba que no hubo violaciones a derechos humanos, en donde algún servidor público actuó de manera adecuada y es necesario no solamente exonerarlo de responsabilidad, sino hacerlo público a la sociedad.
este sentido, fomentar la denuncia es el mecanismo básico con que cuenta el ciudadano común para evitar ser víctimas de conductas que atentan contra nuestros derechos básicos. Como parte de la estructura institucional con que contamos los mexicanos para tutelar el respeto a nuestros derechos humanos son las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que tienen como uno de sus objetivos fundamentales promover el conocimiento de los derechos humanos y dar la seguridad de que estos organismos actúan conforme a la ley, pero además con sensibilidad para abordar cada uno de los casos puesto que en caso de violación a nuestros derechos básicos hay afectaciones en la vida personal y familiar muy considerables, es conveniente, entonces, acudir a estos organismos para conocer los programas con que cuentan para evitar que transgredan nuestros derechos.
La defensa de los derechos humanos en nuestro país no se inicia con el trabajo del Ombudsman (Comisiones de Derechos Humanos), la sociedad civil organizada, tanto nacional como internacional, ha logrado proteger los derechos de la población, sobre todo de aquella que se encuentra en condición vulnerable. Este movimiento ha permitido resolver la problemática de personas que no gozaban de recursos o información para la defensa de sus derechos de manera individual y han logrado también avances considerables para la creación de leyes que protejan la situación de las niñas y los niños, los indígenas, las personas sometidas a juicio, las mujeres, los refugiados, los discapacitados, etcétera. También la implementación de políticas públicas o acciones afirmativas, la participación y demanda de los organismos civiles ha permitido el tránsito a contextos más democráticos y más respetuosos de nuestros derechos, pues no podemos hablar de vigencia de los derechos humanos sin democracia.
¿Cómo podemos advertir alguna violación a nuestros derechos?
¿Cuáles son las principales violaciones a los Derechos Humanos? Por la frecuencia con que ocurren estas violaciones, en ocasiones no las podemos percibir, pues son actitudes normales, lamentablemente no contamos con una cultura de respeto a los derechos humanos. Durante la década de los noventas se empieza a hablar de derechos humanos, no obstante que han existido siempre, por eso es importante que, con base en lo mencionado en el segundo capítulo de este manual, se presenten las quejas correspondientes por cualquier violación a los derechos humanos que, como se especifica en el tercer capítulo, existen muchas instancias para hacerlo. A continuación se describen cuáles son los principales casos de violación a los derechos humanos que se presentan ante las Comisiones de Derechos Humanos:
un cuando el gobierno debe procurar y velar porque los derechos humanos sean respetados, existen servidores públicos o autoridades que a menudo no los cumplen, ya sea porque incurren en excesos o porque no hacen lo que tienen que hacer para defenderlos, es decir, omiten realizar sus responsabilidades o exigen el pago de servicios que deben ser gratuitos, discriminan a la gente por su apariencia, condición socioeconómica, sexo, orientación sexual, preferencia política, o cualquier otra característica, en cuyas situaciones están violando los derechos humanos de la ciudadanía.
Cualquier persona puede ser víctima de algún delito, su primer derecho es denunciarlo y que la procuraduría respectiva lo investigue para que el juez pueda sancionarlo, esto debe ser de manera rápida, pues el probable responsable, puede escapar para evadir su responsabilidad, sin embargo, es muy frecuente que el Ministerio Público tarde mucho tiempo en integrar las averiguaciones, en algunos casos llegan a presentarse casos de corrupción, por lo que estos funcionarios no actúan con la celeridad con que debieran hacerlo y los delitos cometidos a las víctimas quedan impunes, esto genera más inseguridad, pues los delincuentes actúan con la confianza de que nunca los van a detener. Cabe recordar que como víctima de un delito se tienen los siguientes derechos: — Respeto a la dignidad. — Derecho a la justicia y a la reparación del daño que se haya sufrido (físico o moral).
— A que se facilite la participación en los procesos judiciales y administrativos. — A que se permita estar presente en las etapas del proceso. — A que se preste asistencia a lo largo de todo el proceso judicial. — A que se proteja la vida y se vele por la seguridad, contra intimidaciones y represalias. — A evitar demoras innecesarias. — A que se preste atención física y psicológica por parte del Estado.
Falsas acusaciones y detenciones arbitrarias o prolongadas
Cualquier persona puede ser señalada como probable responsable de algún delito, como ya lo explicamos anteriormente, para que una persona sea detenida es necesario que la encuentren en flagrancia o que alguien la señale como probable responsable de algún delito y que le encuentren los elementos que com-
prueben que efectivamente pudo haberlo cometido, o bien, mediante una orden de aprehensión dictada por un juez. Algunas autoridades abusan de sus facultades y detienen a personas sin ajustarse a estos principios que dicta la Constitución, y basta señalar a alguien como “sospechoso” o “parecido” para detenerlo con una falsa acusación y utilizando de manera irracional la fuerza. Frente a ello es importante saber que pueden utilizarla, pero sólo la necesaria para someter a una persona que se resiste a una detención, las detenciones arbitrarias se caracterizan por el exceso de violencia, la extorsión y la intimidación; a menudo, los cargos por los que detienen a una persona no existen y la única finalidad de estas prácticas es el robo de los objetos de la persona que es detenida, incluso después se puede amenazar a los familiares e incurrir en la privación ilegal de la libertad, y a bordo de las patrullas o de vehículos de particulares, normalmente sin placas de circulación, “pasean” a la persona y piden
alguna cantidad de dinero u objetos de valor a la familia para “soltar” al detenido. Estos casos son frecuentes y en ocasiones los ejecutan personas que no son servidores públicos sino los conocidos como “madrinas”, en cuyos casos, los responsables también son los servidores públicos que les autorizan a realizar este tipo de acciones, por lo que debes tener en cuenta que las leyes te protegen. En caso de que seas señalado como probable responsable de un delito tus derechos son: Que se te informe quién te acusa y de qué. Que no seas incomunicado, intimidado y/o torturado. Que te presente de manera inmediata ante el Ministerio Público. Que se identifiquen como servidores públicos, en su caso muestren la orden de presentación o cateo, y no te obliguen a declarar.
Que te revise un médico y dé fe del estado en que eres presentado por los policías. Que permitan por lo menos hacer una llamada telefónica a cualquier abogado o persona de tu confianza. Que esté presente tu defensor en el momento en que rindas la declaración preparatoria (dentro de las 48 horas siguientes). Debes ser considerado inocente, hasta que se te demuestre lo contrario. Serás proveído de la alimentación indispensable durante tu detención. Todos los demás derechos del acusado explicados en el capítulo segundo. Es importante tener presente que cualquier abuso podrá ser denunciado ante el órgano interno de quejas de la procuraduría respectiva o ante las Comisiones de Derechos Humanos.
Estos hechos ocurrieron en la ciudad de México el 17 de junio de 1998 y los policías judiciales responsables fueron aprehendidos por los delitos de allanamiento de morada, lesiones, daño en propiedad ajena y abuso de autoridad, además de homicidio.
No obstante que la Constitución ordena que las prisiones deben buscar la readaptación de los delincuentes, en realidad son escenarios de abusos, impunidad, corrupción y gran contaminación, fenómenos que hacen casi imposible que estos individuos, al salir de la cárcel, se reintegren a la sociedad y no vuelvan a delinquir. En la gran mayoría de los casos, aprenden técnicas para cometer delitos más graves de los que fueron acusados y por los que fueron privados de su libertad. Al interior de los centros penitenciarios existe una gran corrupción de la que no sólo son víctimas
los internos, sino también sus familiares, independientemente de los privilegios de que gozan algunos presos. Son quejas recurrentes en este ámbito: El cobro indebido de los servicios que deben ser gratuitos, tales como la visita íntima, el ingreso de alimentos, la seguridad personal, los dormitorios, el agua potable, etcétera. Maltrato. Hacinamiento. Alimentación insuficiente para los internos. El goce, para algunos internos, de privilegios relacionados con la posesión de aparatos eléctricos, teléfonos celulares y estancias con servicios de lujo. La revisión corporal de las personas que visitan al interno por parte del personal no especializado no apegadas a lo que estipula el Reglamento Interno y que atentan contra el pudor y la dignidad de las personas. La negligencia por parte del personal médico de los penales.
e ha insistido en que los derechos humanos protegen a la persona y que las garantías individuales aseguran el respeto de nuestros derechos, sin embargo, éstos pueden ser violentados y cualquier persona es susceptible de sufrir estas violaciones, aunque existen grupos que, por condicionamientos sociales, económicos, culturales, políticos y de género, entre otros, están expuestos con mayor frecuencia a estas violaciones, ya sea por particulares o por servidores públicos. Algunos de estos sectores han sido identificados como “Grupos Vulnerables”, de los que se han derivado programas, leyes nacionales, así como tratados, convenios, declaraciones y acuerdos internacionales, cuyo objetivo principal es generar medidas concretas de protección para
estos grupos, reconociendo que tienen necesidades específicas, y que se deben atender como prioridad del Estado. A continuación se mencionarán los derechos reconocidos para los grupos más representativos, pero es de resaltar que en cada localidad existen organismos públicos (del gobierno) y no gubernamentales a los que se puede acudir en caso de sufrir alguna afectación a sus derechos que brindan atención para los diferentes sectores, en los cuales se puede recibir atención o, en su caso, asesoría u orientación. Receptores de violencia familiar Se dice que la familia es la célula básica de la sociedad, y lo que ocurre dentro de ella reper-
cute en los acontecimientos sociales. Las relaciones dentro de la familia se dan en función de creencias y valores que habitualmente se heredan de generación en generación. En nuestra cultura, habitualmente observamos que dentro de la familia prevalecen valores relacionados con la superioridad masculina, el control y la subordinación, lo que con frecuencia desemboca en conductas y formas violentas de relacionarse. Este fenómeno alcanza todas las esferas socioeconómicas, aunque está asociado con la pobreza y la ignorancia, lo cierto es que se da también en cualquier nivel socioeconómico, sus consecuencias pueden ser devastadoras, pues afectan la integridad emocional y/o física de las personas que la padecen, impide el buen desarrollo de los individuos y en ocasiones provoca la pérdida de vidas. Reconociendo todo ello, nuestro gobierno y muchos gobiernos más han dejado de considerar a la violencia familiar como un asunto privado, protegiendo a quienes son víctimas de ella a través de la legislación y de medidas tenden-
tes a prevenirla y atenderla. También ha sido preocupación de la Organización de las Naciones Unidas, que en sus reuniones internacionales no solamente la ha reprobado, sino que ha comprometido a los gobiernos a generar legislación que proteja a las víctimas (generalmente mujeres, ancianos, niñas y niños) y a establecer programas públicos para prevenirla y erradicarla. En varias entidades de nuestro país estas medidas se han ido dando paulatinamente hasta considerar a la violencia familiar como delito en donde el Código Civil lo prevé como causal de divorcio. Se entiende a la violencia familiar (también llamada intrafamiliar) como un delito, y por lo tanto, sus víctimas tienen derecho a: — Que su denuncia sea recibida en el momento en que lo decidan; — Que nadie modifique su declaración, ni los instigue a desistirse de la acción o a otorgar el perdón;
— Que se les otorgue protección cuando su integridad y la de sus familiares esté en riesgo; — Que la denuncia se pueda presentar contra cualquier miembro de la familia formal o a cualquiera de las personas que aun no teniendo parentesco, o no vivan en el mismo domicilio, sí interactúan de manera constante con la familia; como en el caso de los padrinos o los ex cónyuges. En la legislación del Distrito Federal, que es la más avanzada en esta materia, se establece que si se repiten las agresiones, después de la primera denuncia, es decir, si hay reincidencia, la pena aumenta. Cualquier delito que cometa un miembro de la familia contra otro tendrá una pena mayor, es decir, se agravará, salvo cuando esta agresión se cometa en defensa de su integridad o la de algún otro miembro de la familia. El juez debe establecer medidas suficientes para detener la violencia familiar o evi-
tar mayores daños para las víctimas, tales como ordenar a quien agrede que salga de la casa o permitir que las víctimas salgan de ella, sin que se considere abandono de hogar; prohibir amenazas u ofensas, y prohibir que los agresores se acerquen a lugares determinados.
Se considera delito no aportar la pensión alimenticia
El abandono físico, económico o emocional de familiares también es un delito, aun cuando queden al cuidado de terceras personas o se viva con ellas. Si alguien que está obligado a aportar la pensión alimenticia, voluntariamente se queda en estado de insolvencia, renunciando a su trabajo, comete un delito y puede ser sancionado. Finalmente, cabe enfatizar que las personas víctimas de violencia familiar que deci-
den denunciar, deben ser tratadas con sensibilidad por las autoridades y con respeto a su dignidad, evitando estigmatizarlas, agredirlas moralmente, ya que deben ser atendidas debidamente, puesto que toda conducta contraria a estos principios puede ser denunciada ante los organismos correctivos o de recepción de quejas de cada dependencia o ante la Comisión de Derechos Humanos correspondiente. Por las secuelas que ocasiona la violencia familiar, es muy importante recibir oportunamente información referente a la atención psicoterapéutica y de rehabilitación con que cuentan las instituciones públicas y los Organismos No Gubernamentales. Este fenómeno, más que un asunto privado, se encuentra como prioridad de los gobiernos e impacta las realidades de todos los integrantes de la sociedad y produce secuelas graves para el buen desarrollo de los grupos más vulnerables dentro de la familia, como son las mujeres, los ancianos, las niñas y los niños.
Gozar de libertad, igualdad, seguridad, integridad y los demás derechos humanos no está condicionado a la edad, por lo que para las niñas y los niños debiera estar garantizada su vigencia, sin embargo, frecuentemente pensamos que no saben lo que dicen, por lo que no se respeta su libertad a expresarse, a participar dentro de la familia o en su comunidad, se cree que requieren formarse y por lo tanto están obligados a obedecer y, de no hacerlo, sus tutores harán uso de la fuerza física, convirtiéndolos en víctimas de muchos abusos más. Incluso pueden ser blanco de innumerables abusos ya que son altamente vulnerables al maltrato, a la desnutrición, a no enviarlos a la escuela y negarles las necesidades afectivas. La comunidad internacional, reconociendo la importancia de proteger a los menores, se reunió en repetidas ocasiones y en el año de 1989 la ONU aprobó la “Convención sobre los
Derechos del Niño” y nuestro país la firmó un año después, en 1990. Cabe destacar que este documento es adoptado por casi todos los países del mundo; esta Convención señala varios principios que deben regir la atención de la niñez en el mundo como asunto prioritario, bajo el interés superior del niño, lo cual significa que todas las actividades tanto públicas como privadas deben estructurarse bajo el interés superior del niño. Estos principios se resumen de la siguiente manera:
Provisión. La familia y, a falta de ésta, el Estado, deben facilitar a las niñas y a los niños los elementos que les permitan un nivel de vida adecuado para desarrollarse física, mental, espiritual, moral y socialmente, para lo que deben proveerles:
Educación básica, gratuita y obligatoria; se prohíben en la escuela los castigos que vayan en contra de la dignidad de las niñas y los niños.
Alimentación que ayude al desarrollo y el acceso a los servicios de salud, el Estado debe prohibir las prácticas que perjudiquen la salud de las niñas y los niños. Respeto a la vida privada de las niñas y los niños. Permanencia en todo lo posible de las niñas y los niños junto a sus padres; en caso de su separación continuar conviviendo con ambos. Recibir ayuda especializada y participar plena y dignamente en la sociedad en caso de padecer algún problema físico o mental. Tener un nombre y una nacionalidad y el cuidado de sus padres.
Protección. Se refiere a medidas que la familia o el Estado debe adoptar para:
La prevención contra maltratos y agresiones y a recibir tratamientos adecuados para la atención de las niñas y lo
niños maltratados que les permitan volver a gozar de una vida sana y feliz. La protección y prevención contra el abuso sexual. La protección contra el uso de drogas y la prohibición de utilizar a menores para la venta y producción de esas sustancias. La protección de los derechos fundamentales, en los casos de menores infractores y la defensa por parte de un abogado en estos casos. La protección contra torturas, castigos inhumanos o la pena de muerte. La protección contra la explotación y trabajos que afecten la salud de los menores o que afecten su desarrollo o educación, así como el establecimiento de condiciones de trabajo y horarios y el rango mínimo de edad permitida para el trabajo infantil. La protección y cuidados especiales en caso de guerra y prohibición para que participen en ellas.
Participación. Se refiere al respeto de las formas de expresión y a la toma de decisiones de las niñas y los niños para:
Poder hablar, contar y escribir sus ideas, siempre que no se afecten los derechos de otras personas. Poder reunirse libremente de manera pacífica y a formar agrupaciones. Poder expresarse conforme a su propia cultura e idioma, así como practicar su propia religión. Poder jugar, descansar, participar en actividades artísticas y culturales. Las niñas y los niños deben ser protegidos de manera prioritaria. Requieren de la tutela de los padres, y a falta de ellos, la familia o el Estado deben garantizar su seguridad, pero cualquier persona está obligada moralmente a denunciar cualquier abuso contra los menores, ya sea por algún desconocido o por sus familiares.
Uno de los grupos de la población que enfrenta graves afectaciones a sus derechos es el de las personas adultas mayores, también llamadas de la tercera edad, sobre todo aquellas con necesidad económica y en condiciones de aislamiento, con muy reducidas expectativas de empleo remunerado, particularmente las mujeres que en su juventud se dedicaron al trabajo doméstico y que por consiguiente no gozan de jubilación; la situación de los adultos mayores se agrava con el padecimiento de enfermedades, algunos de ellos con algún tipo de discapacidad y la carencia de seguridad social. Para proteger los derechos que las personas adultas mayores tienen, la ONU y nuestro país han promulgado los siguientes derechos: — Recibir un trato respetuoso y sin discriminación al acceder a cualquier tipo de servicio.
— Acceder a la educación, al trabajo, a los servicios y a los cuidados básicos. — Gozar de un entorno seguro y recibir el apoyo necesario para poder residir en su domicilio, tanto tiempo como sea posible. — Recibir protección contra toda forma de maltrato físico o de cualquier otra índole. — Participar o formar asociaciones que trabajen en su favor. — Recibir la protección de los servicios sociales, jurídicos y de la salud. — Acceder a los recintos culturales, espirituales y recreativos. — A ser valorados dentro de la familia y la sociedad, independientemente de su contribución económica.
Este grupo, aunque no constituye una minoría dado que representan por lo menos la
mitad de la humanidad, ha sido motivo de atención en las reuniones de la Organización de las Naciones Unidas, por la presencia de problemáticas como la discriminación, la inseguridad, la violencia y la marginalidad de que son objeto en casi todas las latitudes del mundo. Los estudios en materia de género reflejan que aun cuando existen instrumentos internacionales y nuestra Constitución en su artículo 4o. disponen la igualdad entre hombres y mujeres y muchos países así lo ordenan en sus constituciones, la realidad es muy diferente. La problemática de desigualdad que padecen las mujeres se refleja de manera clara en los ámbitos:
Laboral. Cuando por prejuicios y estereotipos se siguen privilegiando ciertos puestos y cargos para los hombres, por lo que se ha establecido en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer que:
Deben existir las mismas oportunidades de empleo para hombres y mujeres y que se aplicarán los mismos criterios de selección. Debe remunerarse igual el trabajo de los hombres como el de las mujeres; tener las mismas prestaciones e igual valoración del mismo; las mismas oportunidades de ascenso, estabilidad en el empleo, a la formación profesional y readiestramiento. Debe prohibirse el despido por motivos de embarazo, licencia de maternidad o discriminación sobre la base del estado civil. Debe prestarse atención especial a las mujeres durante el embarazo en los tipos de trabajo que puedan resultar perjudiciales para ellas.
Salud. Evidentemente, las mujeres tienen necesidades especiales, debido a la función reproductiva, por lo que tienen derecho a:
Acceder a los servicios de atención médica en igualdad de circunstancias que los hombres. Acceder a servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto. Que le sean proporcionados servicios gratuitos cuando fuere necesario y el aseguramiento de una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia.
Derechos económicos y sociales. Una parte fundamental para el desarrollo de las mujeres es el aspecto económico, en este rubro tienen los siguientes derechos:
Obtener préstamos bancarios, hipotecas y otras formas de crédito financiero. Participar en actividades de esparcimiento, deportes y en todos los aspectos de la vida cultural. Participar directamente en los programas de seguridad social que les provean me-
jores condiciones de vida y eliminar la feminización de la pobreza, tales como vivienda, servicios sanitarios, electricidad, abastecimiento de agua, transporte, comunicaciones, educación y capacitación para el empleo. Igualdad en el acceso a las oportunidades de beneficio económico.
Derechos civiles y protección contra la violencia. En este rubro, las legislaciones deben garantizar:
Igual capacidad jurídica entre hombres y mujeres, e iguales derechos dentro del matrimonio y la familia como la custodia, la tulela y la adopción. La protección contra la violencia familiar e institucional, mediante la sanción efectiva de los agresores y la generación de una cultura de relaciones igualitarias.
Las personas privadas de su libertad padecen violaciones a sus derechos fundamentales, quienes son víctimas de abusos u omisiones por parte de las autoridades, recordemos que la Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza la presunción de inocencia, esto es, que toda persona es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad. Este documento, y nuestra Constitución ordenan además el respeto a la dignidad del detenido o de la persona privada de su libertad y la práctica de un juicio justo. Cualquier persona puede estar en calidad de indiciado, siendo acusado de haber cometido un delito, ya se trate de delitos intencionales o imprudenciales, como ejemplos podemos mencionar: — Daño en propiedad ajena (accidentalmente causas un daño a tus vecinos por una fuga de agua en tu departamento).
— Lesiones u homicidio (conduciendo un automóvil chocas y de este percance resultan personas lesionadas o fallecidas). — Otros delitos o situaciones que presencies en un lugar donde se cometa un delito y puedas aparecer involucrado (al efectuar un operativo para la detención de personas que trafican contrabando, droga, objetos robados o piratería). — Cualquier otro delito, ya sea que ciertamente se cometa o que alguien sea señalado como agresor; de cualquier forma, la ley nos protege y asegura la integridad personal y dignidad humana, por lo que la imposición de castigos o coacción para declarar en contra de alguien, la corrupción cometida por autoridades con la finalidad de inculparnos injustamente o los malos tratos dentro de la prisión constituyen graves violaciones a nuestros derechos, que se oponen a las garantías individuales que establece nuestra Constitución, la cual, en su artículo 18, señala que la privación de la
libertad tiene como finalidad la readaptación social, a través de la capacitación, la educación y el empleo. Nuestra legislación hace posible la privación de la libertad como medida preventiva para ciertos casos, con el objetivo de proteger a la sociedad, evitando que algunas personas se evadan de la acción de la justicia y con ello generar impunidad, de tal forma que pueden ser privadas de su libertad durante el proceso al final del cual esa persona puede ser condenada o absuelta; en caso de ser condenada, tendrá que purgar su pena, sin menoscabo del respeto que se merece como ser humano. Los derechos de las personas privadas de su libertad son: — Disponer de un defensor de oficio desde el momento de ingreso al Centro de Readaptación Social designado. — La asignación de un traductor en caso de no hablar el idioma español.
— Decidir libremente sobre sus declaraciones y el derecho a que esté presente su defensor durante todas las diligencias. — Ser examinado y atendido por un médico en caso necesario y sobre todo cuando sea víctima de maltrato o tortura, cuyo dictamen será remitido al Director del centro penitenciario. — No ser incomunicado, tener acceso a la comunicación telefónica y recibir correspondencia. — Recibir alimentación y condiciones dignas de alojamiento. — Acceder a la información y a los datos que requiera sobre su proceso. — Participar sin discriminación en las actividades educativas, recreativas, de capacitación y laborales que se desarrollen en el centro penitenciario. — Recibir visitas familiares y visita íntima por lo menos una vez por semana, así como la visita de organismos protectores de los derechos humanos y ministros religiosos.
— Recibir alimentación, estancia y seguridad libres de costo, se prohiben los privilegios. — En el caso de las personas sujetas a prisión preventiva, recibir sentencia dentro de un plazo de cuatro meses a un año después de la detención. — Si la persona ya fue sentenciada, le será computado el tiempo que hubiere pasado en prisión preventiva. — Recibir los beneficios de preliberación o libertad anticipada en los términos que marca la ley. — Solicitar su traslado al centro de readaptación social cercano a su ciudad u origen de residencia.
La Ley General de Salud contempla a estas personas bajo la denominación de personas que sufren invalidez y señala que ésta es “la limitación en la capacidad de una persona para
realizar por sí misma actividades necesarias para su desempeño físico, mental, social, ocupacional y económico, como consecuencia de una insuficiencia somática, psicológica o social”. Dado que estas personas tienen requerimientos especiales, pues no pueden subvenir por sí mismas en su totalidad o en parte sus necesidades más elementales, los Estados miembros de la ONU han trabajado conjuntamente con la finalidad de prevenir la incapacidad física y mental y de ayudar a los impedidos a desarrollar sus aptitudes en las más diversas esferas de actividad, así como a fomentar su incorporación a la vida social. En noviembre de 1975 se proclamó la Declaración de Derechos de los Impedidos, en la que se disponen los derechos de estas personas, en donde se señala que: — Tienen derecho a que se respete su dignidad humana, cualquiera que sea su origen, la naturaleza o la gravedad de sus trastor-
nos o deficiencias, tienen los mismos derechos fundamentales que cualquier persona, por lo que deben disfrutar de una vida decorosa, lo más normal y plena que sea posible. Tienen los mismos derechos civiles y políticos que cualquier otra persona, con la única excepción de posibles limitaciones o supresión de esos derechos para los impedidos mentales, éstos están establecidos en las leyes. Tienen derecho a disfrutar de las medidas destinadas a permitirles lograr la mayor autonomía posible. Tienen derecho a recibir atención médica, psicológica y funcional, incluidos los aparatos de prótesis y ortopedia, así como a la readaptación médica y social Tienen derecho a la información, la educación, la formación y readaptación profesionales, a los servicios de colocación la-
boral para el aprovechamiento máximo de sus facultades y aptitudes, que aceleren el proceso de integración y reintegración social. Tienen derecho a la seguridad económica y social, de ser posible, a conservar su empleo, a ejercer una ocupación útil, productiva y remunerada. Tienen derecho a vivir en el seno de la familia, o de una casa de asistencia y a participar en todas las actividades sociales, creadoras y recreativas. Tienen derecho a ser protegidos contra toda forma de discriminación, explotación, tratos abusivos o degradantes. En caso de que fueran sometidos a algún procedimiento judicial, se deberán tomar en cuenta sus condiciones físicas y mentales. Tienen derecho a que se les facilite el acceso a edificios públicos y a los sistemas de transporte público.
l 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto completo se reproduce en las páginas siguientes. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los países miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera “distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios”.
Preámbulo Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias, Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de
Declaración Universal de Derechos Humanos Fecha de adopción: 10 de diciembre de 1948
Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión, Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones, Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, Considerando que los Estados miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso,
Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. ARTÍCULO 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. ARTÍCULO 2. 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. ARTÍCULO 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y la seguridad de su persona. ARTÍCULO 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
ARTÍCULO 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. ARTÍCULO 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. ARTÍCULO 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación. ARTÍCULO 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. ARTÍCULO 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
ARTÍCULO 10. Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. ARTÍCULO 11. 1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. 2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. ARTÍCULO 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. ARTÍCULO 13. 1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. ARTÍCULO 14. 1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. ARTÍCULO 15. 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. ARTÍCULO 16. 1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. ARTÍCULO 17. 1. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. 2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
ARTÍCULO 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. ARTÍCULO 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. ARTÍCULO 20. 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
ARTÍCULO 21. 1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. ARTÍCULO 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
ARTÍCULO 23. 1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. ARTÍCULO 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. ARTÍCULO 25. 1. Toda persona tiene derecho a un nivel adecuado que le asegure, así como
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. ARTÍCULO 26. 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. ARTÍCULO 27. 1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
ARTÍCULO 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. ARTÍCULO 29. 1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. ARTÍCULO 30. Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.
Directorio de las Comisiones de Derechos Humanos
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Presidente: Dr. José Luis Soberanes Fernández Av. Periférico Sur Núm. 3469 Col. San Jerónimo Lídice C. P. 10200 Del. Magdalena Contreras México, D. F. Tels.: 0155 5581 7998, 681 8032 Fax: 5681 7199 AGUASCALIENTES Presidente: Lic. Fernando Jiménez Patiño Av. Ignacio Zaragoza Núm. 204, P. B. Zona Centro C. P. 20000 Aguascalientes, Ags. Tel.: 0144 9916 8778 Fax: 915 2380 BAJA CALIFORNIA Procurador: Lic. Raúl Ramírez Baena Blvd. Agua Caliente Núm. 10440-7 Edificio Barranquita C. P. 22400 Tijuana, B. C. Tel.: 0166 4681 8977
BAJA CALIFORNIA SUR Presidente: Lic. Eréndira Real Castro Av. 5 de Mayo Núm. 715, Esq. con Valentín Gómez Farías Zona Centro C. P. 23000 La Paz, B. C. S. Tel.: 0161 2123 2332
CAMPECHE Presidente: Lic. María Eugenia Ávila López Calle 8 Núm. 209 Zona Centro C. P. 24000 Campeche , Camp. Tel.: 0198 1811 4571 Fax: 811 4563 COAHUILA Presidente: Lic. Miriam Cárdenas Cantú Av. Jesús Acuña Narro Núm. 113, 5o. piso, Despacho 503 C. P. 25280 Saltillo, Coah. Tels.: 0184 4416 2050 y 416 6196 Fax: 416 2110 COLIMA Presidente: Lic. Ángel Reyes Navarro Calle Díaz Mirón Núm. 571 Zona Centro C. P. 28000 Colima, Col. Tel.: 0131 2314 7795 Fax: 314 7186
CHIAPAS Presidente: Lic. Pedro Raúl López Hernández Boulevard Comitán Núm. 143 Col. Moctezuma C. P. 29030 Tuxtla Gutiérrez, Chis. Tel.: 0196 1602 5607 Fax: 612 5506 CHIHUAHUA Presidente: Lic. José Francisco Yáñez Franco Calle Décima y Mínima Núm. 1000 Zona Centro C. P. 31000 Chihuahua, Chih. Tel.: 0161 4410 0828 DISTRITO FEDERAL Presidente: Mtro. Emilio Álvarez Icaza Longoria Av. Chapultepec Núm. 49 Del. Cuauhtémoc Zona Centro C. P. 06040 México, D. F. Tel.: 0155 5229 5600 Fax: 5578 2578
DURANGO Presidente: Lic. Norma Beatriz Pulido Herrera Calle Independencia Núm. 220 Sur Zona Centro C. P. 34000 Durango, Dgo. Tels.: 0161 8813 7541 y 813 7481 ESTADO DE MÉXICO Comisionado Mtro. en la Deleg. 28 Mtro. en Derecho Miguel Ángel Osorno Zarco Instituto Literario Pte. Núm. 510, Esq. Villada, Zona Centro C. P. 50000 Toluca, Méx. Tel.: 0172 2213 0883 Fax: 214 0870 GUANAJUATO Presidente: Dr. Manuel Vidaurri Aréchiga Mariano Escobedo Núm. 2601, Esq. Verdi Col. León Moderno C. P. 37480 León, Gto. Tel.: 0147 7770 0844 Fax: 770 0837
GUERRERO Presidente: Lic. Juan Alarcón Hernández Av, Juárez Esq. Galo Soberón y Parra Col. Centro C. P. 39000 Chilpancingo, Gro. Tel.: 0174 7471 0378 HIDALGO Presidente: Lic. Alejandro Strafon Ortiz Av. Juárez Esq. Iglesia s/n. Col. Centro C. P. 42000 Pachuca, Hgo. Tels.: 0177 1718 7144 y 718 7196 JALISCO Presidente: Lic. Carlos Manuel Barba García Pedro Moreno 1616 entre Gral. San Martín y Marsella Col. Americana C. P. 44160 Guadalajara, Jal. Tels.: 0133 3630 3385 y 33 3630 3425
MICHOACÁN Presidente: Encargada Ma. de la Luz Hernández Pacheco Calle 15 de Octubre Núm. 74 Col. Lomas de Hidalgo C. P. 58240 Morelia, Mich. Tel.: 0144 331 5728 Fax: 315 7371 MORELOS Presidente: Lic. José Fco. Coronato Rodríguez Calle Madero Núm. 210 Col. Miraval C. P. 62270 Cuernavaca, Mor. Tel.: 0177 7312 6675 Fax: 312 4942 NAYARIT Presidente: Lic. Luz Ma. Parra Cabeza de Vaca Calle Prisciliano Sánchez Núm. 8 Sur Esq. Allende, Zona Centro C. P. 63000, Tepic, Nay. Tels.: 0131 1212 5766 Fax: 213 8986
NUEVO LEÓN Presidente: Lic. Daniel Garza García Calle Morones Prieto Núm. 21 10 Pte. Edificio Manchester Local 2 C. P. 64710 Monterrey, N. L. Tel.: 0181 8345 8803 Fax: 8344 9199 OAXACA Presidente: Dr. Sergio Segreste Ríos Calle de los Derechos Humanos Núm. 210 Col. América. C. P. 68050 Oaxaca, Oax. Tels.: 01 9513 5185/97 PUEBLA Presidente: Lic. Jorge Ramón Morales Díaz Av. 15 de Mayo Núm. 2929 A Fracc. Las Hadas, C. P. 72070, Puebla, Pue. Tel.: 0122 2248 5022
QUERÉTARO Presidente: Dr. Bernardo Romero Vázquez Amealco Núm. 102, esq. Corregidora Sur Col. Estrella C. P. 76030 Querétaro, Qro. Tels.: 0144 2212 00 y 42 Fax: 214 0880 QUINTANA ROO Presidente: Lic. Gaspar Armando García Torres Av. Adolfo López Mateos Núm. 424, Esq. Nápoles Col. Campestres C. P. 77000 Chetumal, Q. Roo. Tels.: 0198 3832 9965 y 832 7090 SAN LUIS POTOSÍ Presidente: Lic. Magdalena Beatriz González Vega Calle. Benigno Arriaga Núm. 525 Col. Tequisquiapan C. P. 78230 San Luis Potosí, S. L. P. Tel.: 0144 811 5115 Fax: 0144 4811 4710
SINALOA Presidente: Lic. Jaime Cinco Soto Calle Hidalgo Núm. 370 Pte. C. P. 80000 Culiacán, Sin. Tels.: 0166 714 6447 y 59 SONORA Presidente: Lic. Miguel A. Bustamante Maldonado Blvd. Luis Encinas y Periférico Pte. Col. Choyal C. P. 83000 Hermosillo, Son. Tel.: 0166 2216 3032 Fax: 216 3188 TABASCO Presidente: Lic. María Luisa Salcedo Lopez Andrés Sánchez Núm. 844 Altos, Esq. Mina Col. Atasta C. P. 86100 Villa Hermosa, Tab. Tel.: 0199 3314 0780 Fax: 315 3467
TAMAULIPAS Presidente: Lic. Rafael Torres Hinojosa Calle Núm. 223, Esq. Río Bravo Fracc. Zozaya C. P. 87070 Cd. Victoria, Tamps. Tel.: 0183 4315 7039 Fax: 312 4565 TLAXCALA Presidente: Lic. Celina Pérez Rodríguez Calle Arquitectos Núm. 27 Col. Loma Bonita C. P. 9090 Tlaxcala, Tlax. Tels.: 0124 6462 9160 y 462 1630 VERACRUZ Presidente: Mtro. Jorge Luis Rivera Huesca Carrillo Puerto Núm. 21 C. P. 91000 Jalapa, Ver. Tel.: 0122 8812 3743 Fax: 812 0952
YUCATÁN Presidente: Abogado Sergio Salazar Vadillo Calle 61 Núm. 444, entre Calle 50 y 52 C. P. 97000 Mérida, Yuc. Tel.: 0199 9927 8596 ZACATECAS Presidente: Dr. Eladio Navarro Bañuelos Juan Reyes Heroles Núm. 204 Col. Javier Barros Sierra C. P. 09809, Zacatecas, Zac. Tels.: 0149 2924 2683, 924 0369 y 924 1437
DIRECTORIO DE CADENAS HUMANAS, A. C.
Presidenta: Cristina Alcayaga Director Ejecutivo: Francisco Bedolla Cancino Tesorero: Fernando Rojas Espinosa Presidenta de la Comisión de Vigilancia: Ma. del Carmen Rodríguez Moroleón Secretaria General: Cristina Ruiz de Velasco
Manual de Derechos Humanos: conceptos elementales y consejos prácticos, editado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se terminó de imprimir en junio de 2003 en los talleres de GAMA IMPRESORES EN OFFSET Y SERIGRAFÍA, S. C. DE R. L. DE C. V., Av. Plutarco Elías Calles núm. 336, col. Los Reyes Iztacalco, C. P. 08620, México, D. F. El cuidado de la edición estuvo a cargo de la Dirección de Publicaciones de esta Comisión Nacional. El tiraje consta de 2,000 ejemplares.
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