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T del Fuego – Procedimientos Administrativos |
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T del Fuego – Procedimientos Administrativos	febrero 8, 2007
Posted by policiaonline in Codigos Provinciales, T. del Fuego.
Ley de Procedimientos Administrativos de Tierra del Fuego
LEY 141
LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.
Sanción: 29 de Abril de 1994.
Promulgación: 10/05/94 D.P. Nº 1104.
Publicación: B.O.P. 16/05/94.
Artículo 1º.- Esta Ley regirá toda la actividad administrativa estatal, con excepción de aquélla que tiene un régimen establecido por ley especial, caso en el que se aplicarán las disposiciones de la presente como supletorias.
COMPETENCIA DEL ORGANO
Artículo 2º.- La competencia de los órganos administrativos será la establecida por la Constitución de la Provincia, las leyes orgánicas administrativas y los reglamentos que se dicten en su consecuencia.
Artículo 3º.- La competencia es irrenunciable e improrrogable. Cuando la avocación o la delegación fueren procedentes, el acto dictado en su mérito será válido. La avocación será procedente mientras la competencia no haya sido asignada al órgano inferior en mérito a una idoneidad especialmente reconocida. La avocación no procede respecto de las entidades autárquicas.
Artículo 4º.- La incompetencia podrá ser declarada en cualquier estado del procedimiento, a pedido de parte o de oficio.
Artículo 5º.- Las cuestiones de competencia entre órganos dependientes de un mismo Ministerio o Secretaría de Estado serán resueltas definitivamente por el titular de dicha cartera. Si el conflicto fuere interministerial, o entre órganos centralizados o desconcentrados y entidades descentralizadas; o entre éstas, resolverá el Gobernador. En los demás casos será resuelto por el órgano inmediato superior a los en conflicto.
Artículo 6º.- En los conflictos de competencia deberán observarse las siguientes reglas:
a) Cuando distintas autoridades se encuentren entendiendo en el mismo asunto, cualquiera de ellas de oficio o a petición de parte se dirigirá a la otra reclamando para sí el conocimiento del asunto. Si la autoridad requerida mantiene su competencia, elevará sin más trámite las actuaciones al órgano administrativo encargado de resolver;
b) cuando distintos ministerios o entidades autárquicas rehusaren conocer en el asunto, el último que lo hubiere recibido deberá elevarlo al Gobernador.
En ambos casos se decidirá previo dictamen del Asesor Letrado de Gobierno.
Artículo 7º.- Cuando se trate de expedientes administrativos que no obstante referirse a un solo asunto y objeto hayan de intervenir con facultades decisorias dos o más órganos, se instruirá un solo expediente, el que tramitará por ante el organismo por el cual hubiera ingresado, excepto que fuera incompetente, debiéndose dictar una resolución única.
Artículo 8º.- No podrán intervenir en el procedimiento administrativo y deberán excusarse de inmediato los empleados y funcionarios de la Administración que:
a) Tuvieren o pudieran tener interés directo o indirecto en el asunto, o en otro semejante cuya resolución pueda influir en éste;
b) tuvieren cuestión litigiosa pendiente con alguna de las partes;
c) tuvieren parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado, o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados o con los letrados, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento;
d) tuvieren amistad íntima o enemistad manifiesta o relación de servicios con alguna de las personas mencionadas en el inciso precedente;
e) hubieren tenido intervención en el procedimiento como peritos o como testigos;
f) tuvieren con los interesados en el asunto, a juicio de los propios empleados o funcionarios, alguna situación asimilable a las anteriormente enunciadas.
Artículo 9º.- Los interesados podrán también recusar a los empleados y funcionarios comprendidos en una de las causales enunciadas en el artículo anterior, debiendo ofrecer en la misma presentación todas las pruebas en que se fundamente la impugnación.
Artículo 10.- Deducida la recusación o excusación dentro de los dos (2) días debe darse intervención al superior inmediato. Si el recusado admitiere la causal y ésta fuere procedente, aquél le designará reemplazante. Caso contrario resolverá dentro de los cinco (5) días. Si estimare necesario producir prueba, ese plazo podrá extenderse por otro lapso igual.
Artículo 11.- Las resoluciones que se dicten con motivo de los incidentes de recusación o excusación y las que los resuelvan serán irrecurribles.
PARTICIPACION EN LAS ACTUACIONES
Interesados, Representantes y Terceros
Artículo 12.- La actuación administrativa podrá iniciarse de oficio o a petición de cualquier persona física o jurídica pública o privada, que invoque la afectación de sus intereses. También tendrán el carácter de parte aquéllos a quienes el acto a dictarse pudiere afectar en sus intereses y que se hubieren presentado en las actuaciones a pedido del interesado originario, espontáneamente o por citación del organismo interviniente cuando éste advierta su existencia durante la sustanciación del expediente.
Artículo 13.- Los menores adultos tendrán plena capacidad para intervenir directamente en procedimientos administrativos como parte interesada en la defensa de sus propios intereses.
Artículo 14.- La parte interesada, su apoderado o letrado patrocinante tendrán acceso al expediente durante todo su trámite.
Artículo 15.- La persona que se presente en las actuaciones administrativas por un derecho o interés que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de representación legal, deberá acompañar con la primera presentación los documentos que acrediten la calidad invocada.
Artículo 16.- Si mediare urgencia, y bajo responsabilidad del presentante, podrá autorizarse a que intervengan quienes invocan una representación, la que deberán acreditar en el plazo de treinta (30) días de hecha la presentación, bajo apercibimiento de desglose del expediente y su devolución con el consiguiente archivo de las actuaciones, considerando como si aquélla nunca se hubiere efectuado.
Artículo 17.- El mandato también podrá otorgarse por acta ante la autoridad administrativa, en el modo y la forma que determine la reglamentación.
Artículo 18.- La representación cesa:
a) Por revocación expresa hecha en el expediente. No la revoca la presentación personal del interesado o de otro representante;
b) por renuncia, una vez notificada al domicilio real del representado;
c) por muerte o incapacidad del representante;
d) por muerte o incapacidad del representado.
En los supuestos contemplados en los incisos a), b) y c) se suspenderán los trámites desde que conste en el expediente la causa de la cesación hasta que venza el plazo que se le acuerde para comparecer personalmente u otorgar nueva representación.
En el supuesto contemplado en el inciso d) se suspenderá el procedimiento hasta que los herederos o representantes legales del causante se presenten en el expediente con los instrumentos legales que acrediten tal carácter y efectúen petición concreta.
Artículo 19.- Desde el momento en que el poder se presente a la autoridad administrativa y ésta admita la personería, el representante asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen y sus actos obligan al mandante como si personalmente los hubiese practicado. Está obligado a continuar la gestión mientras no haya cesado legalmente en su mandato y con él se entenderán los emplazamientos, citaciones y notificaciones, incluso las de los actos de carácter definitivo, salvo decisión o norma expresa que disponga que se notifique al mismo poderdante o que tengan por objeto su comparecencia personal.
Artículo 20.- Cuando un mandatario entorpeciera el trámite administrativo, formulare falsas denuncias, tergiversare hechos o procediera en el desempeño de su cometido con manifiesta inconducta, podrá ser sancionado con apercibimiento o multas de hasta el equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales de un agente de la Administración Pública Provincial.
DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Características del Procedimiento
Artículo 21.- El procedimiento se desarrollará con arreglo a criterios de imparcialidad, gratuidad, celeridad, sencillez y eficacia.
Artículo 22.- Será excusable la inobservancia por los interesados de exigencias formales no esenciales y que puedan ser cumplidas posteriormente.
La errónea calificación del derecho ejercido o peticionado no determinará el rechazo de lo solicitado.
Artículo 23.- Todas las actuaciones administrativas serán impulsadas de oficio por el órgano competente, lo cual no obstará a que también el interesado inste el procedimiento. Se exceptúan de este procedimiento aquellos trámites en los que medie el interés privado del administrado a menos que, pese a ese carácter, la resolución a dictarse pudiere llegar a afectar de algún modo el interés general.
Artículo 24.- Se guardará riguroso orden para el despacho de los asuntos de igual naturaleza, salvo cuando mediaren razones de excepcional urgencia que impongan su alteración. En tal caso deberán expresarse los motivos justificantes.
Artículo 25.- La autoridad administrativa queda facultada para regular el régimen disciplinario que asegure el decoro y el orden procesal. Este régimen comprende la potestad de aplicar multas de hasta el equivalente a cinco (5) salarios mínimos mensuales de un agente de la Administración Pública Provincial.
Artículo 26.- Se observarán las reglas del debido proceso adjetivo, respetándose las pertinentes garantías constitucionales, en especial:
a) Derecho a ser oído: De exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que se refieran a sus intereses, interponer recursos y hacerse patrocinar y representar profesionalmente. En los casos en que se planteen o debatan cuestiones jurídicas, la autoridad administrativa advertirá al interesado sobre la conveniencia de contar con asesoramiento jurídico para la mejor defensa de su derecho;
b) Derecho a ofrecer y producir pruebas: De ofrecer prueba y que ella se produzca, si fuere pertinente, dentro del plazo que fije la autoridad administrativa en cada caso, atendiendo a la complejidad del asunto y a la índole de la que deba producirse, debiendo ésta requerir y producir los informes y dictámenes necesarios para el esclarecimiento de los hechos y de la verdad jurídica objetiva, todo con el contralor de los interesados y sus profesionales, quienes podrán presentar alegatos y descargos, una vez concluido el período probatorio;
c) Derecho a acceder al expediente: De acceder personalmente o a través de su apoderado o letrado patrocinante al expediente durante todo su trámite;
d) Derecho a una decisión fundada: Que el acto decisorio haga expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas, en tanto hubieren sido conducentes a la solución del caso.
De los Expedientes
Artículo 27.- La identificación con que se inicie un expediente será conservada a través de las actuaciones sucesivas, cualquiera fueren los organismos que intervengan en su trámite.
Todas las unidades tienen la obligación de suministrar información de un expediente en base a su identificación inicial.
Artículo 28.- Comprobada la pérdida o extravío de un expediente se ordenará dentro de los cinco (5) días su reconstrucción, incorporándose las copias de los escritos y documentación que aporta el interesado, de los informes y dictámenes producidos, haciéndose constar los trámites registrados. Si se hubiere dictado resolución, se agregará copia autenticada de la misma, prosiguiendo las actuaciones según su estado.
De la Tramitación
Artículo 29.- Recibida una documentación para el inicio o la continuación de un trámite deberá ser remitida a la autoridad competente en el término improrrogable de tres (3) días.
En igual plazo de recibido todo escrito o despacho telegráfico deberá efectuarse el proveído de mero trámite.
De las Formalidades de los Escritos
Artículo 30.- Los escritos serán redactados en idioma nacional, salvándose toda testadura, enmienda o palabras interlineadas.
Serán suscriptos por los interesados, sus representantes legales o apoderados. En el encabezamiento de todo escrito, sin más excepción que el que iniciare una gestión, debe indicarse numeración y año del expediente a que corresponda, y en su caso, contendrá la indicación precisa de la representación que se ejerza.
Podrá emplearse el medio telegráfico, carta documento o pieza postal expreso o certificada para contestar traslados o vistas, e interponer recursos.
Los interesados o sus apoderados podrán efectuar peticiones de mero trámite mediante simple anotación en el expediente con su firma, sin necesidad de cumplir con los recaudos establecidos en los párrafos anteriores.
Artículo 31.- Todo escrito por el cual se promueve la iniciación de una gestión ante la Administración Pública deberá contener los siguientes recaudos:
a) Nombres, apellido, domicilio real y constituido del interesado de acuerdo con el artículo 43;
b) relación de los hechos y, si el interesado lo considera pertinente, la norma en que funda su petición;
c) la petición concretada en términos claros y precisos;
d) ofrecimiento de toda la prueba de que el interesado ha de valerse, acompañando la documentación que obre en su poder, y en su defecto, su mención con la individualización posible, expresando lo que de ella resulte y designando el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales;
e) firma del interesado, su representante legal o apoderado, y del letrado patrocinante si lo hubiere.
Artículo 32.- Cualquier omisión o defecto en los recaudos establecidos en el artículo anterior, deberá ser subsanado por el interesado dentro de los tres (3) días de su notificación, bajo apercibimiento de continuar con las actuaciones según su estado, en caso de que ello fuere posible.
Artículo 33.- Cuando un escrito sea suscripto a ruego por no poder o por no saber hacerlo el interesado, la autoridad administrativa lo hará constar, así como el nombre del firmante y que fue autorizado en su presencia o se ratificó ante él la autorización, exigiéndose la acreditación de la identidad personal de los que intervinieren.
Si no hubiere quien pueda firmar a ruego del interesado, el funcionario procederá a darle lectura y certificará que éste conoce el texto del escrito y ha estampado la impresión digital en su presencia.
Artículo 34.- En caso de duda sobre la autenticidad de una firma, podrá la autoridad administrativa llamar al interesado para que en su presencia y previa justificación de su identidad, ratifique la firma o el contenido del escrito.
Si el citado negare el escrito, se rehusare a contestar o citado personalmente no compareciere, se tendrá al escrito como por no presentado.
De la Presentación de Escritos, Fecha y Cargo
Artículo 35.- Todo escrito inicial o en el que se deduzca un recurso o reclamación deberá presentarse en Mesa de Entradas o Receptoría del organismo competente. Podrá remitirse por correo.
Los escritos posteriores se presentarán o remitirán a la oficina donde se encuentre el expediente.
La autoridad administrativa deberá dejar constancia en cada escrito de la fecha en que fue presentado poniendo al efecto el cargo pertinente o sello fechador.
Artículo 36.- Los escritos recibidos por correo se considerarán presentados en la fecha de su imposición en la oficina postal, a cuyo efecto se agregará el sobre sin destruir y su sello fechador, o bien en la que conste en el mismo escrito y que surja del sello fechador impreso por el agente postal habilitado, a quien se hubiera exhibido el escrito en sobre abierto en el momento de ser despachado.
A pedido del interesado el referido agente postal deberá sellarle una copia para su constancia.
Artículo 37.- En caso de duda deberá estarse a la fecha enunciada en el escrito, y en su defecto, se considerará que la presentación se hizo en término.
Artículo 38.- Cuando se empleare el medio telegráfico para contestar traslados o vistas o interponer recursos, se entenderá presentado en la fecha de su imposición en la oficina postal.
Artículo 39.- De toda actuación que se inicie en Mesa de Entradas o Receptoría se dará una constancia con la identificación del expediente que se origine.
Los interesados que hagan entrega de un documento o escrito podrán además pedir verbalmente que se les certifique una copia de los mismos. En tal caso, la autoridad administrativa dejará constancia que el interesado ha hecho entrega de un documento o escrito bajo manifestación de ser el original de la copia suscripta.
Artículo 40.- Los documentos que se acompañen a los escritos y aquéllos cuya agregación se solicita a título de prueba podrán presentarse en su original, en testimonios expedidos por autoridad competente o en copia que certificará la autoridad administrativa previo cotejo con el original de conformidad al procedimiento indicado en el artículo precedente, el que se devolverá luego al interesado.
Podrá solicitarse la reserva de cualquier documento, libro o comprobante que se presente, en cuyo caso se procederá a su guarda bajo constancia.
Artículo 41.- Los documentos expedidos por autoridad extranjera deberán presentarse debidamente legalizados. Los redactados en idioma extranjero deberán acompañarse con su correspondiente traducción hecha por traductor matriculado.
Artículo 42.- Los documentos y planos que se presenten, excepto los croquis, deberán estar firmados por profesionales inscriptos en la matrícula pertinente.
De la Constitución y Denuncia de Domicilios
Artículo 43.- Domicilio especial. Toda persona que comparezca ante la autoridad administrativa, por derecho propio o en representación de terceros, deberá constituir un domicilio especial dentro del ámbito provincial.
La constitución del domicilio se hará en forma clara y precisa indicando calle, número, piso y letra del departamento. No podrá constituirse domicilio en las oficinas públicas, pero sí en el real de la parte interesada.
Artículo 44.- Si el domicilio no se constituyera conforme a lo dispuesto en el artículo anterior o si el que se constituyera no existiera o desapareciera el local o edificio elegido o la numeración indicada, se intimará a la parte interesada en su domicilio real para que constituya domicilio en debida forma bajo apercibimiento de continuar el trámite sin su intervención o disponer su archivo, según corresponda.
Artículo 45.- El domicilio constituido producirá todos sus efectos sin necesidad de resolución y se reputará subsistente mientras no se designe otro.
Artículo 46.- El domicilio real de la parte interesada debe ser denunciado en la primera presentación que haga aquélla personalmente o por apoderado o representante legal.
Si no lo hiciere, o no denunciare el cambio y se hubiere constituido domicilio especial se intimará que se subsane el defecto, bajo apercibimiento de notificar en este último todas las resoluciones, incluso las que deban efectuarse en el real.
De las Vistas
Artículo 47.- La parte interesada, su apoderado o letrado patrocinante podrán tomar vista del expediente durante todo su trámite, con excepción de aquellas actuaciones, diligencias, informes o dictámenes que a pedido del órgano competente, y previo asesoramiento del servicio jurídico correspondiente, fueren declarados reservados o secretos mediante resolución fundada del superior.
Artículo 48.- El pedido de vista podrá formularse verbalmente y se concederá sin necesidad de resolución expresa al efecto en la oficina en que se encuentre el expediente al momento de ser requerida, debiendo el funcionario interviniente solicitarle la acreditación de su identidad, de todo lo cual se dejará constancia escrita en el mismo.
Artículo 49.- Si el peticionante solicitare la fijación de un plazo para tomar vista, éste se dispondrá por escrito dentro de los tres (3) días de presentada la solicitud.
Ninguna vista será otorgada por un plazo menor de tres (3) días.
El día de vista se considera que abarca sin límites el horario de funcionamiento de la oficina en la cual se encuentra el expediente.
A pedido del interesado, y a su cargo, se facilitarán las fotocopias de las piezas que solicitare.
Artículo 50.- La mera presentación de un pedido de vista suspende el curso de los plazos, tanto para recurrir, para reclamar, como para accionar judicialmente. Ello sin perjuicio de la suspensión que cause el otorgamiento de la vista, que no podrá exceder el plazo de cinco (5) días, contado a partir de la providencia que la acordó.
De las Notificaciones
Artículo 51.- Deberán ser notificados a la parte interesada:
a) Los actos administrativos de alcance individual que tengan carácter definitivo y los que sin serlo obsten a la prosecución de los trámites;
b) los actos que resuelvan un incidente planteado o en alguna medida afecten intereses;
c) los actos que decidan emplazamientos, citaciones, vistas o traslados;
d) los actos que se dicten con motivo o en ocasión de la prueba y los que dispongan de oficio la agregación de actuaciones;
e) los demás actos que excepcionalmente por su naturaleza o importancia la autoridad así lo dispusiere.
Artículo 52.- En las notificaciones se transcribirán íntegramente los fundamentos y la parte dispositiva del acto objeto de notificación, salvo cuando se utilicen los edictos, la radio o teledifusión, en cuyos supuestos sólo se comunicará la parte dispositiva del acto.
En las cédulas y oficios se podrá reemplazar la transcripción agregando una copia íntegra y autenticada del acto a notificarse, dejándose constancia en el cuerpo del instrumento notificatorio.
Artículo 53.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 67, las notificaciones se diligenciarán dentro de los cinco (5) días, computados a partir del día siguiente al del acto objeto de la notificación e indicarán los recursos que se puedan interponer contra el mismo y el plazo dentro del cual deberán deducirse o, en su caso, si el acto agota las instancias administrativas indicando las acciones judiciales deducibles y el plazo para su interposición.
Artículo 54.- Si en la notificación no se indicaren los recursos, se iniciará un plazo perentorio de noventa (90) días a partir del siguiente de producida aquélla, en el cual podrá deducirse el recurso administrativo correspondiente. Si se omitiese la indicación de que el acto agotó la vía administrativa, el plazo para deducir la demanda judicial comenzará a correr transcurrido el lapso precedentemente indicado. En los procedimientos especiales en que se prevean recursos judiciales directos, siempre que en el instrumento de notificación se omitiere indicarlos, el plazo se iniciará transcurridos sesenta (60) días desde la notificación del acto.
Artículo 55.- Las notificaciones podrán realizarse por cualquier medio que dé certeza de la fecha de recepción del instrumento en que se recibió la notificación y en su caso, del contenido del sobre cerrado, si éste se empleare. Podrá realizarse:
a) Por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente, dejándose constancia expresa y previa justificación de identidad del notificado. Se certificará copia íntegra del acto, si fuere solicitada;
b) por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal de la que resulten estar en conocimiento fehaciente del acto respectivo;
c) por cédula. El empleado designado para efectuar la notificación llevará por duplicado una cédula en que esté transcripta o en que conste agregada una copia íntegra autenticada de la resolución que deba notificarse de conformidad a los artículos 52 y 53. Una de las copias la entregará a la persona a la cual debe notificar o en su defecto a cualquiera del domicilio. En la otra copia destinada a ser agregada al expediente se pondrá constancia del día, hora y lugar de la entrega, requiriendo la firma de la persona que manifiesta ser del domicilio o poniendo constancia de que se negó a firmar.
Cuando el empleado no encontrase la persona a la cual va a notificar y ninguna de las otras personas del domicilio quiera recibirla, la fijará en la puerta del mismo, dejando constancia en el ejemplar destinado a ser agregado en el expediente;
d) por telegrama o carta documento con aviso de entrega;
e) por oficio impuesto como certificado expreso con aviso de recepción. En este caso el oficio y los documentos anexos deberán exhibirse en sobre abierto al agente postal habilitado, antes del despacho, quien lo sellará conjuntamente con las copias que se agregarán al expediente;
f) por cualquier empresa dedicada a la remisión de correspondencia siempre que cumplimente los recaudos establecidos en el inciso e).
Artículo 56.- El emplazamiento, la citación y las notificaciones a personas inciertas o cuyo domicilio se ignora, se hará en la forma que determina el Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de la Provincia.
Artículo 57.- La publicación del edicto y su radio o teledifusión se acreditará con los comprobantes emanados de los organismos respectivos.
Artículo 58.- Toda notificación que se hiciere en contravención de las normas precedentes carecerá de validez y el empleado notificador responderá por los perjuicios que cause al interesado o a la Administración.
Artículo 59.- Los plazos se contarán por días hábiles administrativos, salvo disposición legal en contrario o habilitación resuelta a petición de parte.
Serán obligatorios tanto para los interesados como para la Administración.
Artículo 60.- Los plazos se computarán a partir del día siguiente al de la notificación. Si se tratare de plazos relativos a actos que deban ser publicados regirá lo dispuesto por el artículo 2º del Código Civil.
Artículo 61.- Se considerarán dentro del plazo las presentaciones efectuadas en la oficina correspondiente dentro de las dos primeras horas de iniciado el horario administrativo del primer día hábil posterior al de su vencimiento.
Artículo 62.- Cuando no se hubiera establecido un plazo especial para la realización de trámites, notificaciones y citaciones, cumplimiento de intimaciones y emplazamientos y contestación de traslados, vistas e informes, aquél será de cinco (5) días.
Artículo 63.- Antes del vencimiento de un plazo podrá la Administración, de oficio o a pedido del interesado, disponer una prórroga por el tiempo razonable que considere mediante resolución fundada y siempre que no resulten perjudicados derechos de terceros. La denegatoria será irrecurrible. El pedido de prórroga del plazo no suspende el cómputo de los términos.
Artículo 64.- Cuando razones de interés público lo aconsejen, la Administración podrá acordar, de oficio o a instancia del interesado, la aplicación del procedimiento de urgencia en el cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de los recursos. Cuando los plazos del procedimiento ordinario fueren impares, las fracciones de día que resulten de dividirlos por dos, se computarán por días completos. La resolución que acuerde o deniegue el carácter de urgente del procedimiento será irrecurrible.
Artículo 65.- La interposición de recursos administrativos interrumpirá el curso de los plazos, aunque aquéllos hubieren sido mal calificados, adolezcan de defectos formales insustanciales o fueren deducidos ante órganos incompetentes por error excusable.
Artículo 66.- La Administración, de oficio o a pedido de parte, podrá disponer la producción de prueba respecto de los hechos invocados y que fueren conducentes para la decisión, fijando un plazo para su ofrecimiento, en el caso que correspondiere para su producción y su ampliación, atendiendo a la complejidad del asunto y a la índole de la que deba producirse. Se admitirán todos los medios de prueba, salvo los que fueren manifiestamente improcedentes, superfluos o meramente dilatorios.
Artículo 67.- La providencia que ordene la producción de prueba se notificará a las partes interesadas indicando cuáles son admitidas y la fecha de la o las audiencias que se hubieren fijado.
La notificación se diligenciará con una anticipación de cinco (5) días por lo menos a la fecha de la audiencia.
Artículo 68.- Informes. Sin perjuicio de los informes y dictámenes cuyo requerimiento fuere obligatorio, podrán recabarse, mediante resolución fundada, cuantos otros se estimen necesarios al establecimiento de la verdad jurídica objetiva, los que se deberán solicitar directamente o mediante oficio, de lo que se dejará constancia en el expediente.
Las dependencias de la Administración, cualquiera sea su situación jerárquica, quedan obligadas a prestar su colaboración permanente y recíproca.
Artículo 69.- El plazo para evacuar los informes de carácter técnico será de quince (15) días pudiendo ampliarse hasta por otro período igual si existieren motivos atendibles y a pedido de quien deba producirlos.
Respecto de los informes administrativos no técnicos deberán evacuarse en el plazo máximo de diez (10) días. Si los terceros ajenos a la Administración no contestaren los informes que les hubieren sido requeridos dentro del plazo fijado o de la ampliación acordada, o se negaren a responder, se prescindirá de esta prueba. Si llegaran con posterioridad, podrán agregarse siempre que no retrotraigan el procedimiento.
Artículo 70.- Testigos. Toda persona mayor de dieciocho (18) años podrá ser propuesta como testigo.
No podrán ser ofrecidos como testigos los consanguíneos o afines en línea directa de las partes, ni el cónyuge, aunque estuviere separado o divorciado de hecho o legalmente, excepto si se tratare de reconocimiento de firmas.
Artículo 71.- Los testigos serán examinados en la sede del organismo competente por el agente que se designe al efecto.
Se fijará día y hora para la audiencia de los testigos y una supletoria para el caso de que no concurran a la primera. Ambas audiencias serán notificadas conjuntamente por la autoridad administrativa, pero el proponente tendrá a su cargo asegurar la asistencia de los testigos. La incomparecencia de éstos a ambas audiencias hará perder al proponente el testimonio de que se trate, pero la ausencia de la parte interesada no obstará a la declaración de los testigos presentes siempre que hubiere acompañado previamente el correspondiente interrogatorio.
Artículo 72.- Antes de declarar los testigos prestarán juramento o formularán promesa de decir verdad, a su elección, y serán informados de las consecuencias penales a que pueden dar lugar las declaraciones falsas o reticentes.
Los testigos serán siempre preguntados:
a) Por su nombre y apellido, edad, estado civil, profesión, domicilio, nacionalidad y número de documento;
b) si es pariente por consanguinidad o afinidad de la parte y en qué grado;
c) si tiene interés directo o indirecto en las actuaciones;
d) si es amigo íntimo o enemigo del proponente;
e) si es dependiente, acreedor o deudor, o si tiene algún otro tipo de relación con la parte.
Artículo 73.- Los testigos serán libremente interrogados por la autoridad sobre los hechos, sin perjuicio de los interrogatorios propuestos por las partes interesadas, los que pueden ser presentados hasta el momento mismo de la audiencia.
Se labrará acta en que consten las preguntas, respuestas y repreguntas no consignadas en el interrogatorio, debiendo ser suscripta, bajo pena de nulidad, por todos los comparecientes y la autoridad administrativa.
Artículo 74.- Las preguntas no contendrán más de un hecho, debiendo ser claras y concretas. No se formularán las que estén concebidas en términos afirmativos, sugieran la respuesta o sean ofensivas o vejatorias.
El testigo podrá rehusarse a contestar las preguntas en los siguientes supuestos:
a) Si las respuestas lo expusieren a enjuiciamiento penal o comprometieren su honor;
b) si no pudiere responder sin revelar un secreto profesional, militar, científico, artístico o industrial.
El testigo deberá dar siempre razón de sus dichos.
Artículo 75.- Exceptúase de la obligación de comparecer a prestar declaración testimonial a los funcionarios que se determinen por reglamentación.
Dichos testigos declararán por escrito, con la manifestación de que lo hacen bajo juramento o promesa de decir verdad dentro del plazo que a tal fin fije la Administración, debiendo entenderse que no excederá de diez (10) días si no se lo hubiese indicado especialmente.
Artículo 76.- Peritos. Los interesados podrán proponer la designación de peritos a su costa. La Administración se abstendrá de designar peritos por su parte debiendo limitarse a recabar informes de sus agentes y oficinas técnicas y de terceros, salvo que resultare necesario designarlos para la debida sustanciación del procedimiento y por la complejidad y especialidad del asunto de que se trate.
Artículo 77.- Esta prueba sólo será admisible cuando la apreciación de hechos controvertidos requiera conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria, profesión o actividad técnica especializada.
En el acto de solicitarse la designación de un perito, el proponente precisará el cuestionario sobre el que deberá expedirse. La Administración podrá agregar otros puntos de pericia o eliminar aquéllos que considere superfluos.
Artículo 78.- Dentro del plazo de cinco (5) días de notificado el nombramiento el perito aceptará el cargo en el expediente. Vencido dicho plazo sin que ello acontezca y no habiéndose requerido reemplazante dentro de los dos (2) días subsiguientes, se perderá el derecho a la producción de la prueba. Si designado un reemplazante, éste no aceptare la designación en el plazo indicado en primer término, se perderá el derecho a producir esta prueba.
Artículo 79.- Corresponderá al proponente instar la diligencia y adelantar los gastos razonables que requiriera el perito según la naturaleza de la pericia. La falta de depósito dentro del plazo que se le fije, importará el desistimiento de la prueba.
Artículo 80.- Los peritos podrán ser recusados por idénticas causales que las previstas en el artículo 8º de la presente.
Artículo 81.- El perito deberá presentar el informe dentro del plazo razonable que al efecto fije la Administración, de acuerdo a la complejidad y extensión del asunto.
Dicho informe deberá ser presentado por escrito con copias para cada una de las partes proponentes, debiendo contener la explicación minuciosa de las operaciones técnicas detalladas y de los principios científicos en que se funde, con sus respectivos anexos de corresponder.
Artículo 82.- Del informe presentado se dará vista al proponente por el plazo de cinco (5) días, debiendo éste y la Administración, de considerarlo oportuno, formular las observaciones y solicitar las aclaraciones y explicaciones dentro de dicho plazo. Si la Administración lo considerase pertinente, podrá disponer que dichas aclaraciones sean formuladas por escrito o fijar una audiencia a la que deberá concurrir perito y proponentes.
Artículo 83.- Documental. En materia de prueba documental se estará a lo dispuesto en los artículos 31, inciso d), 39, 40, 41 y 42 de la presente Ley.
Artículo 84.- Apreciación. Las pruebas enunciadas en el presente Título se apreciarán de conformidad con las reglas de la sana crítica.
Artículo 85.- Alegatos. Sustanciadas las actuaciones, se dará vista de oficio y por diez (10) días a la parte interesada para que, si lo creyera conveniente, presente un escrito acerca de lo actuado, y en su caso, para que alegue también sobre la prueba que se hubiere producido.
Artículo 86.- El órgano competente podrá disponer la producción de nueva prueba:
a) De oficio y como medida para mejor proveer;
b) a pedido de parte interesada, si ocurriere o llegare a su conocimiento un hecho nuevo.
Dicha medida se notificará a la parte interesada y con el resultado de la prueba que se produzca, se dará otra vista por cinco (5) días a efectos de alegar.
Artículo 87.- Dentro del plazo de diez (10) días de presentado el alegato o de vencido el plazo para hacerlo, sin más trámite que el dictamen jurídico, si éste correspondiere, se dictará el acto administrativo que resuelva las actuaciones.
De las Formas de Concluir el Procedimiento
Artículo 88.- Los trámites administrativos concluyen por resolución expresa, por caducidad o por desistimiento del procedimiento o del derecho.
Artículo 89.- La resolución expresa se ajustará a lo dispuesto por los artículos 26, inciso d), 97 y 99.
Artículo 90.- Transcurridos sesenta (60) días desde que un trámite se paralice por causa imputable al administrado, el órgano competente le notificará que si transcurrieren otros diez (10) días de inactividad, se declarará de oficio la caducidad del procedimiento, archivándose el expediente.
Se exceptúan de la caducidad los trámites relativos a previsión social y los que la Administración considere que deben continuar por sus particulares circunstancias donde esté comprometido el interés público.
Artículo 91.- Operada la caducidad, el interesado podrá no obstante ejercer sus pretensiones en un nuevo expediente, ello sin perjuicio de la prescripción o preclusión que pudieren haberse operado, en el que podrá hacer valer las pruebas ya producidas. Las actuaciones practicadas con intervención del órgano competente producirán la suspensión de los plazos de caducidad, inclusive los relativos a la prescripción, los que se reiniciarán a partir de la fecha en que quedare firme el acto declarativo de caducidad.
Artículo 92.- Todo desistimiento deberá ser formulado fehacientemente y por escrito por la parte interesada, su representante legal o apoderado con facultades expresas para ello.
Artículo 93.- El desistimiento del procedimiento importará la clausura de las actuaciones en el estado en que se hallaren, pero no impedirá que ulteriormente vuelva a plantearse igual pretensión, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de caducidad o prescripción. Si el desistimiento se refiere a los trámites de un recurso, el acto impugnado se tendrá por firme pasando en autoridad de cosa juzgada respecto de quien lo formulare.
Artículo 94.- El desistimiento del derecho en que se fundó una pretensión impedirá promover otra por el mismo objeto y causa.
Artículo 95.- Si fueren varias las partes interesadas, el desistimiento de sólo alguna o algunas de ellas al procedimiento o al derecho no incidirá sobre los restantes, respecto de quienes seguirá sustanciándose el trámite respectivo en forma regular.
Artículo 96.- Si la cuestión planteada pudiere llegar a afectar de algún modo el interés general, el desistimiento del procedimiento o del derecho no implicará la clausura de los trámites, lo que así se declarará por resolución fundada, prosiguiendo las actuaciones hasta que recaiga la decisión pertinente. Esta podrá beneficiar incluso a quienes hubieren desistido.
De los Actos Administrativos
Artículo 97.- El acto administrativo se manifestará expresamente y por escrito e indicará el lugar y fecha en que se lo dicta y contendrá la firma de la autoridad que lo emite. Sólo por excepción, y si las circunstancias lo permitieren, podrá utilizarse una forma distinta.
Artículo 98.- Cuando deban dictarse una serie de actos administrativos de la misma naturaleza, podrán consignarse en un único documento que deberá especificar las circunstancias que individualicen a cada uno de los actos.
Artículo 99.- Son requisitos esenciales del acto administrativo:
a) Ser dictado por autoridad competente;
b) sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable;
c) el objeto debe ser cierto y física y jurídicamente posible, debe decidir todas las peticiones formuladas, pero puede involucrar otras no propuestas, previa audiencia del interesado y siempre que ello no afecte derechos adquiridos;
d) antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo que establezcan otras normas especiales, considérase también esencial el dictamen jurídico cuando el acto pudiere afectar derechos o intereses;
e) ser motivado, expresándose en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto, consignando los recaudos indicados en el inciso b) del presente artículo;
f) cumplir con la finalidad que resulte de las normas que otorgan las facultades pertinentes del órgano emisor, sin poder perseguir encubiertamente otros fines, públicos o privados, distintos de los que justifican el acto, su causa y objeto. Las medidas que el acto involucre deben ser proporcionalmente adecuadas a aquella finalidad.
Artículo 100.- Los contratos que celebren las distintas dependencias de la Administración Pública Provincial, los permisos, autorizaciones y concesiones que otorgue, cualquiera fuere su especie, se regirán por sus respectivas leyes especiales, sin perjuicio de la aplicación analógica de las normas referidas a los actos administrativos de la presente Ley, si ello fuere procedente.
Artículo 101.- La Administración se abstendrá:
a) De comportamientos materiales lesivos de un derecho o garantía constitucionales;
b) de poner en ejecución un acto estando pendiente algún recurso administrativo de los que en virtud de norma expresa impliquen la suspensión de los efectos ejecutorios de aquél o, que habiéndose resuelto, no hubiere sido notificado.
Artículo 102.- El silencio de la Administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto se interpretará como negativa.
Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo.
Si las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de cuarenta y cinco (45) días.
Artículo 103.- Vencido el plazo que corresponda, el interesado podrá requerir pronto despacho.
El requerimiento de pronto despacho es optativo, pero interpuesto éste, deberán transcurrir otros quince (15) días sin que medie resolución para que se considere que hay silencio de la Administración. Deducido el pronto despacho el interesado no podrá entablar la acción prevista en el artículo 161 de la presente hasta tanto no se encuentre vencido el plazo indicado anteriormente.
Artículo 104.- Para que el acto administrativo de alcance particular adquiera eficacia debe ser objeto de notificación al interesado, y el de alcance general de publicación.
Artículo 105.- El acto administrativo se presume legítimo. Su fuerza ejecutoria faculta a la Administración, sin consentimiento del interesado, a ponerlo en práctica por sus propios medios a menos que la ley o la naturaleza del acto requieran la intervención judicial.
Artículo 106.- Los recursos que interpongan los administrados no suspenden la ejecución del acto ni sus efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario.
Artículo 107 – La Administración podrá suspender la ejecución del acto:
a) Si éste causare o pudiere causar daños o perjuicios graves o de difícil o imposible reparación;
b) cuando con la ejecución se causare un daño proporcionalmente mayor que los perjuicios que la suspensión pudiere acarrear al interés público;
c) cuando la nulidad del acto fuere manifiesta; y
d) por razones de interés público.
Artículo 108.- El acto administrativo sólo podrá tener efectos retroactivos, y siempre que no se lesionaren derechos adquiridos, cuando:
a) Se dictare en sustitución de otro revocado;
b) se dictare para sanear un acto anulable;
c) se dictare para aprobar el acto sometido a condición suspensiva de aprobación;
d) se trataren de actos declarativos, interpretativos o meramente aclaratorios;
e) se trataren de actos que favorecieren al particular y no produjeren daño alguno;
f) si así se dispusiere por ley de orden público.
De la Nulidad y Caducidad del Acto
Artículo 109.- El acto administrativo viciado en cualquiera de sus elementos será de nulidad relativa, salvo los supuestos de nulidad absoluta que establece expresamente el artículo siguiente.
Artículo 110.- Será nulo de nulidad absoluta el acto que hubiere sido dictado con:
a) Incompetencia del órgano en razón de la materia, territorio o tiempo;
b) objeto ilícito o imposible;
c) violación absoluta del procedimiento legal;
d) falta de causa o motivación;
e) violación de la finalidad;
f) exclusión de la voluntad por violencia o dolo.
Artículo 111.- La invalidez de una cláusula accidental o accesoria de un acto administrativo no importará la nulidad de éste siempre que fuere separable y no afectare la esencia del acto emitido.
Artículo 112.- La Administración podrá declarar unilateralmente la caducidad de un acto cuando el interesado no cumpliere las condiciones fijadas en el mismo.
De la Revocación
Artículo 113.- El acto administrativo afectado de nulidad absoluta debe ser revocado o sustituido por razones de ilegitimidad aun en sede administrativa.
No obstante, si el acto estuviere firme y consentido y hubiere generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, sólo se podrá impedir su subsistencia y la de los efectos aún pendientes mediante declaración judicial de nulidad.
Sin embargo podrá ser revocado o sustituido en sede administrativa, aun cuando hubiere generado derechos subjetivos en vías de cumplimiento, si el interesado hubiere conocido el vicio o si el derecho se hubiere otorgado expresa y válidamente a título precario.
Artículo 114.- En el supuesto del acto administrativo contemplado en el artículo 110 del que hubieren nacido derechos subjetivos a favor de los administrados, no podrá ser revocado, modificado o sustituido en sede administrativa una vez notificado.
Sin embargo, podrá ser revocado, modificado o sustituido de oficio en sede administrativa si el interesado hubiere conocido el vicio o si el derecho se hubiere otorgado expresa y válidamente a título precario.
El acto legítimo podrá ser revocado, modificado o sustituido por razones de oportunidad, mérito o conveniencia indemnizándose los perjuicios causados.
Del Saneamiento y Conversión del Acto
Artículo 115.- El acto administrativo afectado de nulidad relativa también será susceptible de:
a) Ratificación por el órgano superior, cuando el acto hubiere sido emitido con incompetencia en razón de grado y siempre que la avocación, delegación o sustitución fueren procedentes;
b) confirmación por el órgano que dicte el acto subsanando el vicio que le afecte.
Los efectos del saneamiento se retrotraerán a la fecha de emisión del acto objeto de ratificación o confirmación de acuerdo a lo previsto en el inciso b) del artículo 108.
Artículo 116.- Si los elementos válidos de un acto administrativo nulo permitieren integrar otro que fuere válido, podrá efectuarse su conversión en éste, consintiéndolo el administrado. La conversión tendrá efectos a partir del momento en que se perfeccione el nuevo acto.
Artículo 117.- El órgano competente para dictar el acto, salvo disposición expresa en contrario, lo será para revocar, modificar o extinguir el mismo.
DE LOS RECURSOS
Artículo 118.- Los actos administrativos de alcance individual podrán ser impugnados por medio de recursos administrativos en los casos y con los alcances que se determinan en el presente Título.
Los recursos podrán fundarse tanto en razones vinculadas a la legitimidad, como a la oportunidad, mérito o conveniencia del acto impugnado.
Artículo 119.- Los organismos administrativos subordinados por relación jerárquica no podrán recurrir los actos del superior. Los agentes de la Administración podrán hacerlo en defensa de un derecho propio.
Artículo 120.- Los entes autárquicos no podrán recurrir actos administrativos de otros de igual carácter ni de la Administración Central, pero ante la existencia de una controversia interadministrativa podrá requerir el pronunciamiento del Ministro en cuya esfera común actúen o del Poder Ejecutivo, según el caso, sin que ello obste a la iniciación de las acciones legales a que se crea con derecho.
Artículo 121.- Si a los efectos de articular un recurso administrativo la parte interesada necesitare tomar vista de las actuaciones, quedará suspendido el plazo para recurrir de conformidad a lo previsto por el artículo 50.
Artículo 122.- La presentación de los recursos administrativos deberá ajustarse a las formalidades y recaudos previstos en los artículos 30 y 31, indicándose además, de manera concreta, el acto que el recurrente estimare como ilegítimo, inoportuno, inconveniente o falto de mérito.
Advertida alguna deficiencia formal esencial, el recurrente será intimado a subsanarla dentro del plazo perentorio de tres (3) días, bajo apercibimiento de desestimarse el recurso.
Artículo 123.- El organismo interviniente, de oficio o a petición de parte interesada, podrá disponer la producción de prueba cuando estimare que los elementos reunidos en las actuaciones no son suficientes para resolver el recurso.
Serán de aplicación, en cuanto fueren compatibles, las disposiciones de los artículos 66 al 87 de la presente.
Artículo 124.- Las medidas preparatorias de decisiones administrativas, inclusive informes y dictámenes, aunque sean de requerimiento obligatorio y efecto vinculante para la Administración, no son recurribles.
Artículo 125.- Los recursos deberán proveerse y resolverse cualquiera sea la denominación que el interesado les dé, siempre que resulte indudable la impugnación del acto administrativo.
Artículo 126.- Al resolver un recurso, el órgano competente podrá limitarse a desestimarlo o ratificar o confirmar el acto de alcance particular impugnado, si ello correspondiere, o bien a aceptarlo, revocando, modificando o sustituyendo el acto, sin perjuicio de los derechos de terceros.
Del Recurso de Reconsideración
Artículo 127.- El recurso de reconsideración debe interponerse dentro de los diez (10) días de notificado el acto, ante el mismo órgano que lo dictó.
Procede contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del administrado y contra los interlocutorios o de mero trámite que lesionen un interés.
Artículo 128.- Si el acto hubiere sido dictado por delegación, el recurso de reconsideración será resuelto por el órgano delegado sin perjuicio del derecho de avocación del delegante. Si la delegación hubiere cesado al tiempo de deducirse el recurso, éste será resuelto por el delegante.
Artículo 129.- El órgano competente resolverá el recurso de reconsideración dentro de los treinta (30) días, computados desde su interposición o, en su caso, desde la presentación del alegato o del vencimiento del plazo para hacerlo si se hubiere recibido a prueba.
Si el recurso de reconsideración no fuere resuelto dentro del plazo fijado, el interesado podrá reputarlo denegado tácitamente.
Artículo 130.- El recurso de reconsideración contra actos definitivos o asimilables a ellos lleva implícito el recurso jerárquico o, en su caso, el de alzada en subsidio.
Artículo 131.- Cuando expresa o tácitamente hubiera sido rechazada la reconsideración, las actuaciones deberán ser elevadas de inmediato, de oficio o a petición de parte, según que hubiere recaído o no resolución denegatoria expresa.
Artículo 132.- Dentro de los cinco (5) días de notificado que las actuaciones fueron recibidas por el superior, el interesado podrá mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso.
Del Recurso Jerárquico
Artículo 133.- El recurso jerárquico procederá contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del interesado. No será necesario haber deducido previamente recurso de reconsideración. Si se lo hubiere hecho, no será indispensable fundar nuevamente el jerárquico, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 134.- El recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dictó el acto impugnado dentro de los quince (15) días de notificado y será elevado de inmediato y de oficio, para su tramitación, al Ministerio o Secretaría en cuya jurisdicción actúe el órgano emisor del mismo. El superior jerárquico inmediato resolverá definitivamente el recurso. Cuando el acto impugnado emanare de un Ministro o Secretario el recurso será resuelto por el Gobernador, agotándose en ambos casos la instancia administrativa.
Artículo 135.- El plazo para resolver el recurso jerárquico será de treinta (30) días, a contar desde el vencimiento del plazo establecido por el artículo 132, o en su caso de la presentación del alegato o vencimiento del plazo para hacerlo, si se hubiere recibido a prueba.
Artículo 136.- Si el recurso se hubiere interpuesto contra la resolución del Ministro o Secretario o si corresponde establecer jurisprudencia administrativa uniforme, o la índole del asunto o el interés económico comprometido requiera tal atención, será también obligatorio el dictamen del Asesor Letrado de Gobierno o del Asesor Legal y Técnico, según disponga el Gobernador.
Artículo 137.- Los recursos deducidos en el ámbito de los entes autárquicos se regirán por las normas que contengan las leyes especiales, teniendo la presente Ley carácter supletorio.
Del Recurso de Alzada
Artículo 138.- Contra los actos administrativos definitivos o que impidan totalmente la tramitación del reclamo o pretensión del recurrente emanados del órgano superior de un ente autárquico o jurídicamente descentralizado, procederá a opción del interesado, el recurso administrativo de alzada o la acción judicial pertinente, salvo que la ley especial determine como única vía esta última.
La elección de la vía judicial hará perder la administrativa, pero la interposición del recurso de alzada no impedirá desistirlo en cualquier estado a fin de promover la acción judicial, ni obstará a que se articule ésta una vez resuelto el recurso administrativo.
Artículo 139.- El Gobernador será competente para resolver el recurso de alzada, pudiendo delegar tal facultad en el Ministro o Secretario en cuya esfera actúe el ente autárquico o jurídicamente descentralizado. Cuando quien deba resolver el recurso de alzada ya hubiese intervenido en la resolución del recurso de reconsideración o jerárquico, deberá excusarse y será reemplazado para la emisión del acto por quien lo subrogue legalmente.
Artículo 140.- El recurso de alzada sólo será procedente por razones vinculadas a la legitimidad del acto. En caso de aceptarse el recurso, la resolución se limitará a revocar el acto impugnado, no pudiendo modificarlo, reformarlo o sustituirlo.
Revocado el acto procederá la devolución de las actuaciones para que el ente dicte uno nuevo ajustado a derecho.
Serán de aplicación supletoria las normas contenidas en los artículos 134, primera parte y 135.
Del Recurso Extraordinario de Revisión
Artículo 141.- Podrá solicitarse en sede administrativa la revisión de un acto firme:
a) Cuando después de dictado se recobraren o descubrieren documentos decisivos cuya existencia se ignoraba o no se pudieron presentar como prueba por fuerza mayor o por obra de terceros;
b) cuando hubiere sido dictado basándose en documentos o testigos cuya declaración de falsedad se desconocía o se hubiere declarado después de emanado el acto;
c) cuando hubiere sido dictado mediante cohecho, prevaricato, violencia o cualquier otra maquinación fraudulenta o grave irregularidad comprobada.
Artículo 142.- Podrá interponerse el recurso extraordinario de revisión dentro de los treinta (30) días de recobrarse o hallarse los documentos o cesar la fuerza mayor u obra de terceros, o de comprobarse en legal forma los hechos indicados en los incisos b) y c) del artículo anterior, ante el órgano que emitió el acto.
De la Denuncia de Ilegitimidad
Artículo 143.- Una vez vencidos los plazos establecidos para interponer recursos administrativos se perderá el derecho para articularlos. Ello no obstará a que se considere la petición como denuncia de ilegitimidad por el órgano que hubiere debido resolver el recurso, salvo que éste dispusiere lo contrario por motivos de seguridad jurídica o que, por estar excedidas razonables pautas temporales, se entienda que medió abandono voluntario del derecho. La decisión será irrecurrible.
De la Queja
Artículo 144.- Podrá ocurrirse en queja ante el superior jerárquico inmediato contra los defectos de tramitación e incumplimiento de los plazos legales o reglamentarios en que se incurriere durante el procedimiento y siempre que tales plazos no se refieran a los fijados para la resolución de recursos.
Artículo 145.- La queja se resolverá dentro de los cinco (5) días, sin otra sustanciación que el informe circunstanciado que se requerirá si fuere necesario del inferior, debiendo evitar la suspensión del procedimiento principal. Las resoluciones que se dicten serán irrecurribles.
De la Rectificación de Errores Materiales
Artículo 146.- En cualquier momento podrán rectificarse errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.
De la Aclaratoria
Artículo 147.- Dentro de los cinco (5) días computados desde la notificación del acto definitivo, podrá pedirse aclaratoria cuando exista contradicción en su parte dispositiva o entre su motivación y la parte dispositiva para suplir cualquier omisión en que se haya incurrido. La aclaratoria será solicitada al mismo órgano emisor del acto y deberá resolverse dentro del plazo de cinco (5) días.
DE LOS RECLAMOS
Artículo 148 – Son impugnables por vía de reclamo administrativo:
a) Los hechos u omisiones administrativas;
b) los actos de alcance general y los reglamentos, de conformidad con lo previsto en el artículo 156.
Artículo 149.- La reclamación deberá interponerse dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de la toma de conocimiento, ante el órgano autor del hecho, comportamiento, omisión o emisión del acto de alcance general o reglamento, debiendo ofrecerse en tal oportunidad toda la prueba de que ha de valerse.
Artículo 150.- Por vía de reclamo podrá peticionarse:
a) La cesación del hecho, omisión, comportamiento, conducta o actividad;
b) la derogación, modificación, sustitución total o parcial de los actos de alcance general o reglamentos o su inaplicabilidad al caso concreto.
Artículo 151.- El pronunciamiento acerca del reclamo deberá efectuarse dentro de los treinta (30) días. Vencido ese plazo el interesado podrá requerir pronto despacho y si transcurrieran otros quince (15) días sin resolverse se considerará que hay silencio de la Administración.
Artículo 152.- No será necesario interponer el reclamo previsto en este Título cuando:
a) Se tratare de repetir lo pagado al Estado en virtud de una ejecución o de repetir un gravamen pagado indebidamente;
b) se reclamaren daños y perjuicios contra el Estado o se intentare una acción de desalojo contra él o una acción que no tramite por vía ordinaria;
c) mediare una clara conducta del Estado que haga presumir la ineficacia cierta del procedimiento, transformando la presentación en un ritualismo inútil.
DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE ALCANCE GENERAL
Y LOS REGLAMENTOS
Artículo 153.- Los actos administrativos de alcance general y los reglamentos producirán efectos a partir de su publicación oficial y desde el día que en ellos se determine. Si no designan tiempo, producirán efectos después de los ocho (8) días, computados desde el siguiente al de su publicación oficial.
Artículo 154.- Exceptúanse de lo dispuesto en el artículo anterior los reglamentos que se refieren a la estructura orgánica de la Administración y las órdenes, instrucciones o circulares internas no reglamentarias, que entrarán en vigencia sin necesidad de aquella publicación y estarán sujetos a su régimen particular de comunicación.
Artículo 155.- Los actos administrativos de alcance general y los reglamentos a los que la autoridad hubiera dado o comenzado a dar aplicación podrán ser impugnados indirectamente por medio de recursos administrativos en los casos y con los alcances que se prevé en el Título VI de la presente.
Artículo 156.- Asimismo podrá interponerse reclamo de conformidad a lo dispuesto en el Título VII de la presente ante la autoridad que dictó el acto de alcance general o el reglamento cuando afecte o pueda afectar en forma cierta e inminente su interés.
Artículo 157.- Los actos administrativos de alcance general y los reglamentos podrán ser derogados, total o parcialmente y reemplazados por otros, de conformidad a lo dispuesto en los artículos precedentes.
DE LA IMPUGNACION INSTITUCIONAL
Artículo 158.- En los supuestos contemplados en el artículo 12 de la Ley Provincial Nº 133, no serán de aplicación las normas contenidas en los Títulos VI y VII de esta Ley, debiendo observarse las disposiciones del presente Título, sea que se impugnen actos administrativos de alcance individual o general, hechos u omisiones.
Artículo 159.- No habrá plazos para deducir la impugnación previa en sede administrativa, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción. El plazo para resolver es de cuarenta y cinco (45) días.
Artículo 160.- Para que quede expedita la vía judicial, la impugnación previa de que trata este Título será siempre obligatoria, aunque el acto, hecho u omisión emane de la autoridad máxima de alguno de los poderes del Estado Provincial o de los municipios o comunas.
AMPARO POR MORA
Artículo 161.- El que fuere parte en un expediente administrativo podrá solicitar judicialmente se libre orden de pronto despacho. Dicha orden será procedente cuando la autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos fijados y en caso de no existir éstos, si hubieren transcurrido cuarenta y cinco (45) días sin emitir la resolución de mero trámite o de fondo que requiera el interesado. La petición tramitará conforme a lo normado en el artículo 48 de la Constitución Provincial.
Artículo 162.- La desobediencia a la orden de pronto despacho emitida por el Juez, en que incurrieren los funcionarios y empleados de la Administración, será puesta en conocimiento de la autoridad superior correspondiente a los mismos, a efectos de la sanción disciplinaria que proceda, todo ello sin perjuicio de que el Juez interviniente le dé intervención a la justicia penal, por si la desobediencia importare la comisión de un delito.
NORMAS PROCESALES SUPLETORIAS
Artículo 163.- El Código Contencioso Administrativo de la Provincia será aplicable supletoriamente para resolver cuestiones no previstas expresamente y en tanto no fueren incompatibles con el régimen establecido en la presente Ley de Procedimiento Administrativo.
Artículo 164.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará para su ámbito de competencia la presente Ley dentro del plazo de sesenta (60) días computados a partir de su vigencia, determinando cuáles son los procedimientos especiales actualmente aplicables que continuarán vigentes.
Artículo 165.- La presente Ley entrará a regir a los treinta (30) días de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Artículo 166.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Ley Nº 133
CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Sanción: 25 de Marzo de 1994.
Promulgación: 13/04/94 D.P. Nº 851.
Publicación: B.O.P. 18/04/94.
Competencia del Superior Tribunal de Justicia
Artículo 1º.- El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia conocerá y decidirá en instancia única, en las controversias regidas por el Derecho Administrativo, originadas en la actuación del Estado Provincial, las municipalidades, comunas y sus entidades autárquicas y jurídicamente descentralizadas.
Artículo 2º.- La competencia contencioso-administrativa del Superior Tribunal de Justicia también comprende:
a) Las controversias originadas entre usuarios y prestadores de servicios públicos o concesionarios de obra pública, en cuanto se rijan por el Derecho Administrativo;
b) las controversias en que sean parte las empresas o sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado Provincial,
municipalidades y comunas, y sus entes autárquicos y jurídicamente descentralizados, en la actividad regida por el Derecho Administrativo, en tanto no se trate de cuestiones que se susciten con sus empleados o funcionarios;
c) los recursos contra sanciones administrativas que no sean revisables por otro órgano judicial.
Competencia del Juzgado de Primera Instancia
Artículo 3º.- El Juzgado de Primera Instancia del Trabajo entenderá en primera instancia en los casos de jurisdicción contencioso-administrativa previstos en el artículo 154, inciso 2), de la Constitución de la Provincia. Conocerá en las demandas o reclamaciones de los agentes públicos y de la Administración en todo lo relacionado con el contrato de empleo o función públicos.
Artículo 4º.- Toda actuación de los órganos y entes estatales en función administrativa se presume de tal índole, salvo que de ella o de sus antecedentes surja que está sometida a un régimen jurídico de derecho privado.
Artículo 5º.- El Tribunal que reconozca su incompetencia deberá remitir la causa al Superior Tribunal de Justicia para que éste atribuya el conocimiento del proceso, previo dictamen fiscal. Al efecto bastará la mención simple del juez acerca de la finalidad del envío, en el decreto de elevación.
Las cuestiones de competencia entre un Tribunal Ordinario de la Provincia y el Superior Tribunal de Justicia como órgano jurisdiccional en lo contencioso administrativo, serán resueltas por éste, de oficio o a petición de parte, previo dictamen del Fiscal ante el Superior Tribunal.
La decisión causará ejecutoria.
IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS
Artículo 6º.- Cuando un interés jurídicamente tutelado fuere vulnerado o controvertido en forma actual o inminente, el interesado podrá deducir las acciones previstas en este Código.
Impugnación de Actos Administrativos
De alcance particular
Artículo 7º.- Podrá ser impugnado por vía judicial un acto de alcance particular:
a) Cuando revista calidad de definitivo y se hubiesen agotado a su respecto las instancias administrativas;
b) cuando pese a no decidir sobre el fondo de la cuestión, impida totalmente la decisión del reclamo o recurso interpuesto, previo agotamiento de las instancias administrativas;
c) cuando la denegatoria se produjese por silencio de la Administración, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Procedimientos Administrativos.
De alcance general
Artículo 8º.- El acto de alcance general será impugnable por vía judicial:
a) Cuando un interesado a quien el acto afecte o pueda afectar en forma actual o inminente en sus intereses, lo haya impugnado ante la autoridad que lo dictó y el resultado fuere adverso o transcurriese desde su interposición el plazo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos para tenerlo por denegado tácitamente;
b) cuando la autoridad de ejecución del acto de alcance general le haya dado aplicación mediante actos definitivos y contra tales actos se hubiese recurrido sin éxito ante la autoridad emisora de aquél;
c) cuando se tratase de disposiciones de carácter general que hubiesen de ser cumplidas por los administrados directamente, sin necesidad de un previo acto de requerimiento o sujeción individual, y el interesado lo hubiese impugnado en los términos del inciso a).
Artículo 9º.- La falta de impugnación directa de un acto de alcance general, o su desestimación, no impedirá la impugnación de los actos de aplicación individuales.
La falta de impugnación de los actos individuales que aplican un acto de alcance general tampoco impedirá la impugnación de éste si no se hallaren vencidos los plazos para tal fin, sin perjuicio de los efectos propios de los actos individuales que se encuentren firmes y consentidos.
Artículo 10.- Los hechos de la Administración no generan directamente acciones judiciales. Será necesario un previo pronunciamiento denegatorio para que aquéllas sean proponibles ante la jurisdicción correspondiente.
Artículo 11.- Las vías de hecho administrativas serán directamente demandables en la jurisdicción correspondiente.
Artículo 12.- Será admisible la acción contencioso-administrativa contra los actos de los Poderes del Estado Provincial en función administrativa que vulneren los intereses jurídicamente tutelados que el ordenamiento normativo reconoce a los municipios y comunas.
La impugnación previa efectuada por el municipio o comuna deberá ser resuelta por la máxima autoridad del órgano emisor, previo dictamen del servicio jurídico de asesoramiento, dentro de los treinta (30) días de presentada.
Vencido dicho plazo y no mediando resolución expresa, los entes territoriales podrán entablar la demanda ante el Superior Tribunal de Justicia.
Cuando la afectada fuere la Provincia por un acto de los órganos de gobierno municipales o comunales, deberá formular impugnación previa ante tales órganos, la que se sujetará a lo dispuesto en los párrafos precedentes.
En caso de intervención federal a la Provincia, municipios o comunas y de intervención provincial a estos últimos, el plazo para impugnar en sede administrativa o demandar judicialmente comenzará a correr a partir del día hábil siguiente al cese de la intervención.
Cuestión litigiosa
Artículo 13.- La acción contencioso-administrativa deberá versar sobre los mismos hechos planteados en sede administrativa.
Requisito impositivo
Artículo 14.- No será necesario el pago previo para promover la acción contra las decisiones que impongan obligaciones de dar sumas de dinero, salvo el pago de contribuciones fiscales vencidas en la parte que no constituyan sumas accesorias debidas por intereses punitorios o multas.
Si durante la sustanciación del proceso venciera el plazo de cumplimiento de la obligación, el interesado deberá acreditar que la ha cumplido dentro de los diez (10) días del vencimiento, bajo apercibimiento de tener por desistida la acción.
Respecto de los intereses punitorios o multas, la Administración podrá requerir, dentro del plazo para oponer excepciones, que se afiance debidamente su importe, en cuyo caso el Tribunal intimará al actor a que constituya la fianza en el plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de tener por desistida la acción.
Los requisitos de pago previo de las contribuciones fiscales vencidas o afianzamiento de intereses punitorios o multas, no serán exigibles cuando impliquen denegatoria de justicia por imposibilidad absoluta de cumplimiento.
Artículo 15.- Salvo expresión en contrario, todos los plazos fijados en esta Ley se computarán por días hábiles judiciales, y comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación correspondiente, o al de la última notificación si fuesen comunes.
Los plazos son perentorios e improrrogables para el Tribunal, el Ministerio Fiscal y las partes, salvo convenio escrito entre las mismas.
Todo traslado o vista que no tenga establecido otro plazo específico en la Ley deberá ser evacuado en cinco (5) días.
Artículo 16.- Las cuestiones contencioso-administrativas se regirán por el procedimiento establecido en la presente Ley.
Se aplicarán las normas del Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero, en cuanto fuesen aplicables a la materia y no mediase reglamentación expresa de los institutos en esta Ley.
Generalidades. Oportunidad
Artículo 17.- Sin perjuicio de las medidas precautorias que fuesen procedentes de acuerdo con el Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero conforme a los requisitos genéricos y específicos allí establecidos, podrán solicitarse en forma previa, simultánea o posterior a la interposición de la acción, cuantas medidas cautelares fuesen adecuadas para garantizar los efectos del proceso, incluso aquéllas de contenido positivo y la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado, aunque lo peticionado coincida con el objeto sustancial de la acción promovida.
Procedimiento de las medidas cautelares en general
Artículo 18.- El Tribunal dará vista por el plazo de tres (3) días a la demandada, vencido el cual resolverá la solicitud en igual término, salvo que por la naturaleza de la medida solicitada o la urgencia en su provisión, deba hacerlo sin sustanciación.
La petición tramitará por incidente que se sustanciará por cuerda separada, sin interrumpir el curso del proceso principal.
Si se acogiera la pretensión cautelar, se fijará la naturaleza y monto de la fianza que deberá rendir el peticionante.
Si el peticionante de la medida cautelar fuera el Estado, estará libre de prestar fianza.
De la suspensión de la ejecución del acto administrativo
Artículo 19.- Si el acto administrativo fuera aún pasible de impugnación en sede administrativa, para requerir la suspensión de ejecución por vía judicial, previamente deberá haber sido planteada en aquélla y que la Administración la haya denegado o no se hubiese expedido en un plazo razonable, que dependerá de la naturaleza del asunto y de la urgencia del caso, y que no podrá exceder el establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos.
Artículo 20.- La suspensión de la ejecución procederá cuando:
a) Fuere solicitada por la Administración, previa declaración de lesivo al interés público de un acto o contrato administrativo cuya anulación pretenda, y la ilegitimidad apareciera como manifiesta;
b) la ejecución o cumplimiento causase o pudiese causar grave daño al actor, o de difícil o imposible reparación posterior, siempre que de ello no resulte un grave perjuicio para el interés público;
c) el acto o contrato apareciese como manifiestamente ilegítimo.
Artículo 21.- No será procedente la suspensión en los siguientes casos:
a) Si se tratase de decisiones administrativas dictadas en ejercicio del poder de policía en tutela de la seguridad, salubridad, moralidad pública, u otro interés público eminente, previo dictamen técnico y jurídico de los organismos competentes;
b) tratándose de la cesantía o exoneración de agentes públicos;
c) si el acto tiene por objeto la autotutela de bienes del dominio público.
Artículo 22.- Si la autoridad administrativa, en cualquier estado del proceso principal o cautelar, alegase que la suspensión provoca un grave daño al interés público o que es urgente el cumplimiento de la decisión, el Tribunal, previo traslado a la contraria por tres (3) días, resolverá sobre el levantamiento o mantenimiento de la suspensión, por auto fundado.
En el caso en que se resuelva dejar sin efecto la suspensión, declarará a cargo del peticionante la responsabilidad por los perjuicios que irrogue la ejecución en el supuesto de que se hiciese lugar a la demanda.
Artículo 23.- La suspensión dispuesta antes de la interposición de la acción caducará:
a) Automáticamente, sin necesidad de petición judicial, si la demanda no se deduce en el plazo de caducidad prescripto por el artículo 24 de este Código, cuyo curso no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar, si el acto cuestionado fuera definitivo y causase estado;
b) a pedido de parte, si la demanda no se deduce en el plazo de caducidad prescripto por el artículo 24 de este Código, cuyo curso no se interrumpe ni se suspende por la petición de la medida cautelar, computado a partir del dictado del acto que agota la vía administrativa;
c) si la promoción de la demanda se hallase sujeta a un plazo de prescripción, se producirá la caducidad a que se refiere el párrafo anterior si la acción no se deduce en el plazo de treinta (30) días de decretada la medida cautelar.
La suspensión dispuesta por una petición anterior o simultánea con la interposición de la acción, caducará si el actor no cumple con la carga procesal de presentar al Tribunal la cédula de notificación del traslado de la demanda dentro del plazo de cinco (5) días de notificado de la providencia que lo ordena.
LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA
SU CONTESTACIÓN Y EXCEPCIONES
DEMANDA, ADMISIBILIDAD, TRASLADO
Interposición de la acción
Artículo 24.- La demanda contencioso-administrativa deberá interponerse dentro del plazo de noventa (90) días contados desde la notificación o publicación de la decisión que, causando estado, controvierte o vulnera el interés postulado, o desde que el interesado tuviese conocimiento pleno de dicha decisión exteriorizada en el expediente administrativo.
La demanda podrá iniciarse en cualquier momento cuando el agotamiento de la instancia administrativa se configure a través de denegatoria tácita, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción.
Acumulación de pretensiones
Artículo 25.- El actor podrá acumular en su demanda las acciones y pretensiones que no sean incompatibles entre sí y se deduzcan en relación con un mismo acto, o con varios cuando unos sean reproducción, confirmación o ejecución de otros, en cuyo caso no será necesario el agotamiento de la vía administrativa respecto de estos últimos, o exista entre ellos conexión directa. Igualmente podrá peticionar la declaración de inconstitucionalidad de las normas en que se funde el acto.
Si el Tribunal no estimase pertinente la acumulación ordenará a la parte que deduzca por separado las acciones en el plazo de diez (10) días, con apercibimiento de tenerla por desistida de la que señale.
Artículo 26.- La demanda se deducirá por escrito y contendrá:
a) Los requisitos establecidos en el Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero, respecto de la identificación y domicilio de ambas partes;
b) la individualización del expediente o actuaciones administrativas y la indicación y contenido del acto impugnado, si lo hubiese, precisándose en qué forma y por qué motivo dicho acto agravia el interés jurídicamente tutelado de la parte actora;
c) una relación ordenada, clara, precisa y sucinta de los hechos;
d) el derecho aplicable, debiendo indicarse -al menos- las normas que se consideran vinculadas con el caso;
e) la justificación de la competencia del Tribunal;
f) el ofrecimiento de toda la prueba;
g) la petición en términos claros, precisos y positivos.
Documentos y copias
Artículo 27.- Se deberá acreditar con la demanda la personería del accionante y se acompañará la documentación con que la Administración notificó el acto impugnado, y todos los documentos que se vinculan directamente con la cuestión que se plantea. En el supuesto de no haberse podido obtener esas constancias, deberá expresarse la razón de ello y se indicará el lugar o expediente donde se hallen.
De la demanda y documentación acompañada se presentarán tantas copias para traslado como partes sean demandadas.
Artículo 28.- El Presidente del Superior Tribunal de Justicia o el Juez en su caso, verificará si la demanda reúne los presupuestos procesales comunes y si así no fuera, resolverá por auto que se subsanen los defectos u omisiones en el plazo que señale, el que no podrá exceder de cinco (5) días. Si así no se hiciese, la presentación será desestimada por el Tribunal sin sustanciación.
Si el Tribunal advirtiese que la demanda es manifiestamente improponible, la rechazará de plano expresando los fundamentos de su decisión. Si se interpone recurso de reposición contra la sentencia interlocutoria, el Tribunal dará conocimiento de la misma y conferirá traslado del recurso al demandado. La resolución final que recaiga en este último caso, tendrá eficacia para ambas partes.
Artículo 29.- Presentada la demanda en forma, o subsanadas las deficiencias, el Tribunal requerirá a la máxima autoridad del órgano emisor del acto impugnado, dentro de los dos (2) días siguientes, los expedientes administrativos directamente relacionados con la acción. Estos deberán ser remitidos dentro de los diez (10) días bajo apercibimiento de estar a los hechos que resultasen de la exposición del actor a fin de merituar la admisión del proceso, siendo responsables los agentes o funcionarios que desobedeciesen a dicho requerimiento, sin perjuicio del derecho de la Administración demandada para ofrecer y producir como prueba el mismo expediente.
Resolución de admisibilidad
Artículo 30.- Recibidas las actuaciones administrativas o vencido el plazo a que se refiere el artículo anterior, el Tribunal se pronunciará sobre la admisión del proceso dentro de los diez (10) días.
Artículo 31.- Se declarará inadmisible la demanda por:
a) No ser susceptible de impugnación por esta vía el acto o decisión objeto del proceso, conforme a las reglas de este Código y demás leyes;
b) haberse interpuesto la acción después de estar vencido el plazo para hacerlo.
Irrevisibilidad de oficio
Artículo 32.- La resolución que declare la admisibilidad de la instancia y la competencia del Tribunal no será revisable de oficio en el curso del proceso ni en la sentencia. Sólo podrá serlo si la cuestión fuere planteada por la demandada o el tercero coadyuvante en tiempo y forma.
Traslado de la demanda. Plazo
Artículo 33.- Declarada la habilitación de la instancia se correrá traslado de la demanda con citación y emplazamiento de treinta (30) días a la demandada para que comparezca y la conteste.
Si fueran dos (2) o más los demandados el plazo será común.
Si procediera la suspensión o ampliación respecto de uno, se suspenderá o ampliará respecto de todos.
Artículo 34.- La demanda se notificará por cédula al Fiscal de Estado cuando la demandada fuere la Provincia o alguno de sus poderes. Conjuntamente se cursará oficio al Gobernador, Presidente del Superior Tribunal o Presidente de la Legislatura, según sea el caso.
Si lo fuera una Municipalidad o Comuna, al encargado del Ejecutivo o Legislativo municipal o comunal, según el caso.
Si se promoviese contra un ente estatal autárquico o jurídicamente descentralizado, o contra el Tribunal de Cuentas, al presidente del órgano o cargo equivalente. Conjuntamente se cursará oficio al Fiscal de Estado.
En la acción de lesividad, a los beneficiarios del acto impugnado.
Interposición
Artículo 35.- Dentro de los primeros quince (15) días del plazo para contestar la demanda el demandado podrá oponer las siguientes excepciones de previo pronunciamiento:
a) La inadmisibilidad de la instancia conforme a las reglas del artículo 31, o por impugnarse un acto confirmatorio de otro anterior consentido;
b) la incompetencia del Tribunal;
c) el defecto en el modo de proponer la demanda o la indebida acumulación de pretensiones;
d) la incapacidad del actor o de su representante, o la falta de personería de este último;
e) la falta de legitimación para obrar en el actor o en el demandado, cuando surja manifiestamente de los propios términos de la demanda;
f) la cosa juzgada;
g) la transacción, la conciliación y el desistimiento del derecho;
h) la litispendencia;
i) la prescripción.
Las excepciones enumeradas en los incisos d) a i) podrán también oponerse como defensas de fondo al contestar la demanda.
Artículo 36.- Si el demandante no tuviese domicilio real o bienes inmuebles en la Provincia, será también excepción previa la del arraigo por las responsabilidades inherentes a la demanda.
Artículo 37.- Se deberá formular como excepción previa el requerimiento de pago o de afianzar establecido en el artículo 14.
Efecto sobre el plazo para contestar la demanda
Artículo 38.- La interposición de excepciones previas suspende el plazo para contestar la demanda.
Artículo 39.- Con el escrito en que se dedujesen las excepciones, se agregará toda la prueba instrumental y se ofrecerá la restante. De todo ello se dará traslado al actor, quien deberá cumplir con idéntico requisito y contestarlas dentro del plazo de quince (15) días.
Evacuado el traslado o vencido el término para hacerlo y no habiéndose ofrecido prueba, el Tribunal llamará autos para resolver, debiendo pronunciarse en el plazo de diez (10) días.
Si se hubiera ofrecido prueba, el Tribunal fijará un plazo no mayor de diez (10) días para producirla, vencido el cual se procederá conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior.”
Artículo 40.- Si se hiciese lugar a las excepciones se ordenará, según el caso, el archivo de las actuaciones o la subsanación de las deficiencias dentro del plazo que se fije, bajo apercibimiento de caducidad de la acción.
Desestimadas las excepciones o subsanadas las deficiencias dentro del plazo fijado, se dispondrá la reanudación del curso del plazo para contestar la demanda, lo que se notificará por cédula.
Artículo 41.- La contestación de la demanda será formulada por escrito y contendrá, en lo pertinente, los requisitos establecidos para aquélla.
En la contestación opondrá el demandado todas las defensas de fondo.
En esa oportunidad, la demandada deberá reconocer o negar en forma categórica cada uno de los hechos expuestos en el escrito de demanda, la autenticidad de los documentos que se le atribuyen y la recepción de las comunicaciones a ella dirigidas, cuyas copias se le entregaron con el traslado. El silencio o la contestación ambigua o evasiva podrá considerarse como reconocimiento de los hechos, de la autenticidad de los documentos y de su recepción.
Artículo 42.- Si fuesen individualizables terceros, con nombre y domicilio conocidos, que pudieran tener interés directo en el mantenimiento del acto impugnado, será obligación de la demandada denunciarlos al contestar la demanda, a fin de hacerles conocer la promoción de la instancia.
Artículo 43.- Al contestar la acción, el demandado y el tercero coadyuvante podrán alegar argumentos que no se hubiesen hecho valer en la decisión administrativa impugnada pero que se relacionen con lo resuelto en ella.
Artículo 44.- La demandada podrá deducir reconvención, guardando las formas prescriptas para la demanda, siempre que las pretensiones que deduzca se deriven de la misma decisión administrativa impugnada o fuesen conexas a las invocadas en la demanda, no permitiéndose pedir condenaciones extrañas a dicha decisión.
Traslado de la reconvención y de los documentos
Artículo 45.- Propuesta la reconvención o presentándose documentos por el demandado, se dará traslado al actor, quien deberá responder dentro de treinta (30) o cinco (5) días respectivamente, observando las normas establecidas para la contestación de la demanda.
Si al contestar la reconvención el actor agregase nueva prueba documental, se deberá correr traslado de la misma a la otra parte por cinco (5) días para que reconozca o desconozca su autenticidad, lo que se notificará por cédula.
Artículo 46.- Procederá la apertura y producción de la prueba por el plazo de veinte (20) días, siempre que se hubiesen alegado hechos conducentes acerca de los cuales no mediase conformidad entre las partes, aplicándose al respecto las disposiciones del Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero, en tanto no se opongan a las de esta Ley.
Artículo 47.- Vencido el plazo establecido en los artículos 33 ó 45, el Presidente del Tribunal o el Juez en su caso se pronunciará sobre la admisión de la prueba dentro de los tres (3) días. Dispondrá, si correspondiese, la apertura a prueba de la causa y dictará las medidas necesarias para su producción, lo que se notificará por cédula.
Toda denegatoria deberá ser fundada. La decisión será susceptible de impugnación mediante recurso de reposición cuando fuese dictada por el Superior Tribunal de Justicia en los supuestos de su competencia.
Artículo 48.- Será causal de recusación de los peritos, la circunstancia de que sean agentes estatales, a excepción de los integrantes del Cuerpo de Peritos de planta del Poder Judicial, aun cuando no se encontrasen bajo dependencia jerárquica directa del órgano emisor del acto que dio origen a la acción.
Cuando no se contare con peritos de planta o no se registrasen inscriptos en la especialidad, podrá convocarse a los agentes o funcionarios públicos.
La actuación pericial de los agentes o funcionarios públicos designados en virtud de sus conocimientos específicos en la ciencia, arte o técnica que la pericia requiere, cuando fuesen convocados para la producción de prueba dispuesta de oficio por el Tribunal, no generará honorarios a su favor salvo cuando requieran una dedicación que excede de la propia del contrato de función pública que los vincula con el Estado.
Prueba inadmisible.
Artículo 49.- No será admisible la absolución de posiciones ni el interrogatorio de las partes.
Clausura del término de prueba
Artículo 50.- Resueltas definitivamente todas las cuestiones relativas a la prueba se certificará la que se haya producido.
CONCLUSIÓN DE LA CAUSA PARA DEFINITIVA
Sustanciación del pleito
Artículo 51.- Si no hubiese hechos controvertidos y el Tribunal no dispusiese medidas de prueba, se declarará la causa de puro derecho y se correrá un nuevo traslado por su orden por el plazo de cuatro (4) días a cada parte, para que argumenten en derecho.
Artículo 52.- Si se abrió la causa a prueba, una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 50, los autos se pondrán a disposición de las partes, por su orden, para alegar sobre el mérito de la prueba si lo creyesen conveniente.
Cada parte podrá retirar el expediente por el plazo de seis (6) días, considerándose como una sola parte a quienes actúen bajo representación común.
Transcurrido el plazo sin que el expediente haya sido devuelto, la parte que lo retuviese perderá el derecho de alegar sin que se requiera intimación y quedará automáticamente suspendido el curso del término para alegar desde la fecha en que el expediente debió ser devuelto hasta que se notifique por cédula a la otra parte que éste se encuentra a su disposición en Secretaría.
El plazo para presentar los alegatos es común y comenzará a correr desde la última notificación de la providencia que pone los autos a disposición de las partes para alegar.
Llamamiento de autos
Artículo 53.- Sustanciado el pleito en el caso del artículo 51, presentados los alegatos o vencido el término para hacerlo, se decretará la vista al Ministerio Público Fiscal para que se expida sobre la existencia de afectación al orden público por el plazo de diez (10) días. Con el dictamen fiscal se llamará autos para sentencia, pudiendo decretar el Tribunal las medidas indicadas en el artículo siguiente, que suspenderán el plazo para el dictado de la sentencia, en su caso.
Medidas para mejor proveer
Artículo 54.- El Tribunal podrá ordenar de oficio la producción de pruebas que considere pertinentes, o la ampliación de las ya producidas, para la averiguación de la verdad de los hechos. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier estado del proceso y aun después de llamados los autos para sentencia, aunque las partes no hubiesen ofrecido esas medidas, u ofrecidas no instasen su producción o se opusiesen a que se practique. La decisión será irrecurrible.
Las partes podrán controlar la producción de la prueba de oficio, mas no podrán formular cuestiones durante su realización.
Si se produjesen después de las oportunidades establecidas en los artículos 51 y 52 se dará traslado a cada parte, por el plazo de tres (3) días, para alegar a su respecto.
Artículo 55.- La sentencia deberá ser pronunciada en el plazo de cuarenta (40) días a contar desde la fecha en la cual el proceso quedó en estado.
Subsanación de vicios
Artículo 56.- El Tribunal podrá subsanar de oficio, si no hubiesen sido objeto de incidentes por las partes, los vicios de procedimiento que advirtiese y que por su naturaleza pudiesen determinar la nulidad de la sentencia, o de trámites anteriores a ella.
Si la gravedad del vicio lo justificase, el Tribunal podrá declarar de oficio la nulidad de lo actuado, mandando retrotraer el proceso al estado en que se hallaba cuando aquél se produjo.
Artículo 57.- La sentencia deberá contener todos los requisitos formales y sustanciales establecidos por los artículos 152 y 153 de la Constitución Provincial y en el Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero.
Costas. Principio General
Artículo 58.- La sentencia impondrá a la parte vencida en el juicio el deber de pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando ésta no lo hubiese solicitado.
Costas. Excepciones
Artículo 59.- Además de los supuestos establecidos en el artículo 68, el Tribunal podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrase mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad.
En materia previsional y de empleo público, cuando la parte vencida fuere el administrado, el Tribunal le impondrá las costas sólo cuando hubiese sostenido su acción con temeridad, o hubiere incurrido en pluspetición inexcusable, en relación a la parte excedida.(Derogado por el Artículo 40 de la Ley Provincial Nº 460.Sanc:15/12/99-Prom:27/12/99-Publ: 05/01/00)
Artículo 60.- La sentencia sólo tendrá efecto entre las partes, salvo cuando se hubiese impugnado un acto de alcance general, supuesto en el que la sentencia declarará la extinción del acto impugnado, mandando a notificar su anulación a la autoridad que lo dictó, teniendo aquélla efectos erga omnes y pudiendo ser invocada por terceros.
El caso previsto en el artículo 159 de la Constitución Provincial se regirá por esa norma.
El rechazo de la acción, en estos supuestos, no produce efectos de cosa juzgada para quienes no tuvieron intervención en el proceso.
PROCESO – SUMARIO
Artículo 61.- En oportunidad de entablar la demanda, la parte actora podrá optar por su tramitación sumaria en los siguientes supuestos:
a) Si la prueba se limitase a la contenida e incorporada en las actuaciones administrativas directamente relacionadas con la pretensión objeto del proceso y la documental acompañada con la demanda;
b) si la demanda tuviese por objeto la pretensión de anulación del acto administrativo que concluye un procedimiento licitatorio, de concurso, o de cualquier otro procedimiento de selección; o de actuaciones cumplidas dentro de los mismos que causen gravamen irreparable;
c) si se tratase de cuestiones previsionales o de empleo público.
Artículo 62.- Dentro del quinto día de efectivizado el traslado dispuesto en el artículo 33, la parte demandada podrá oponerse, fundadamente, a la tramitación del proceso por la vía sumaria, por considerar necesaria la producción de otras pruebas además de la señalada en el inciso a) del artículo anterior, o porque la demanda no encuadre en la materia establecida en los incisos b) y c) de aquel artículo. La oposición suspenderá el emplazamiento a contestar la demanda y oponer excepciones.
De la oposición se correrá traslado al actor por el plazo de tres (3) días. Evacuado el traslado o vencido el término para hacerlo, el Tribunal dictará en igual plazo resolución que será irrecurrible.
Si acogiera la oposición, dispondrá la tramitación del juicio por las reglas del proceso ordinario y la reanudación del plazo suspendido.
Si el Tribunal al sentenciar en definitiva considerase que la prueba producida resultó innecesaria, inútil o superflua, cuestión sobre la cual deberá expedirse, aplicará a quien dedujo la oposición las sanciones por temeridad y malicia.
Reglas específicas
Artículo 63.- El proceso sumario se regirá por las reglas del proceso ordinario, con las siguientes modificaciones:
a) Se correrá traslado de la demanda o de la reconvención con citación y emplazamiento por quince (15) días;
b) de la documental acompañada con la contestación de la demanda o reconvención en su caso, no se correrá nuevo traslado;
c) las excepciones previas deberán interponerse dentro del plazo para contestar la demanda y de ellas se correrá traslado por cinco (5) días;
d) el plazo de prueba será de diez (10) días;
e) contestada la demanda o la reconvención, o vencido el plazo para hacerlo, o contestadas las excepciones o defensas, o vencido el plazo para su contestación, se agregarán las pruebas y se llamarán los autos para sentencia, en los supuestos del inciso a) del artículo 61, o se decretará la apertura de la causa a prueba en los supuestos de los incisos b) y c) del mismo artículo;
f) la sentencia deberá pronunciarse en el plazo de treinta (30) días, y resolverá todas las cuestiones, inclusive las excepciones previas.
Contra providencias y resoluciones del Superior Tribunal de Justicia
Artículo 64.- Contra las providencias y resoluciones dictadas por el Superior Tribunal de Justicia en las causas cuya competencia se determina en los artículos 1º y 2º, sólo procederán los siguientes recursos:
a) De reposición, si se tratase de providencias simples y resoluciones interlocutorias que causen un gravamen irreparable por la sentencia definitiva;
b) de aclaratoria o ampliación, cuya interposición interrumpirá el plazo para interponer otros recursos locales, si se tratase de resoluciones interlocutorias o de la sentencia definitiva;
c) de revisión, contra la sentencia definitiva o resolución interlocutoria que pone fin al proceso.
Contra providencias y resoluciones del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo.
Artículo 65.- Contra las providencias y resoluciones dictadas por el Juez de Primera Instancia del Trabajo en las causas cuya competencia se determina en el artículo 3º, procederán los recursos previstos en el Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero.
La sentencia de la Cámara de Apelaciones será recurrible ante el Superior Tribunal de Justicia por las vías establecidas en dicho Código.
En estos casos, la decisión del Superior Tribunal no será pasible de otros recursos en el orden local, salvo los de aclaratoria, ampliación y revisión.
OTROS MODOS DE TERMINACIÓN DEL PROCESO
Norma de remisión
Artículo 66.- Regirán en estos juicios las disposiciones sobre allanamiento, desistimiento, conciliación, transacción y perención de instancia que se establecen en el Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero, en cuanto sean compatibles con la naturaleza de las acciones contempladas en esta Ley.
Los representantes del Estado y de sus entidades autárquicas y jurídicamente descentralizadas deberán en tales casos estar expresamente autorizados por la autoridad competente, excepto en la perención de instancia, agregándose a los autos copia auténtica del respectivo acto administrativo.
Satisfacción extraprocesal de las pretensiones
Artículo 67.- Si después de interpuesta la demanda el ente u organismo accionado satisficiese totalmente en sede administrativa las pretensiones de la parte actora, cualquiera de las partes podrá ponerlo en conocimiento del Tribunal que, previa comprobación de esa circunstancia, dispondrá el archivo de las actuaciones.
Artículo 68.- En los supuestos establecidos en los artículos 66 y 67 las costas se aplicarán del siguiente modo, salvo lo que pudiesen acordar las partes en contrario:
a) Si mediase allanamiento oportuno de la demandada se impondrán por el orden causado. Si aquél se plantease ante una acción que reprodujese en sustancia lo pedido en sede extrajudicial y su denegatoria dio lugar al juicio, las costas se impondrán al demandado salvo que el accionante ofreciese nueva prueba esencial para la fundamentación de su derecho;
b) si mediase desistimiento lo serán a cargo de la parte que desista;
c) si mediase sustracción de materia por conducta extraprocesal de la Administración, serán a cargo de la accionada;
d) si mediase conciliación o transacción, se impondrán por el orden causado;
e) si se declarase la perención de instancia se aplicarán al demandante, incidentista o recurrente, según sea el caso.
Carácter ejecutorio
Artículo 69.- Las sentencias que dicte el Tribunal tendrán efecto ejecutorio, y su cumplimiento se regirá por las disposiciones del Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero, en tanto no contradigan las de esta Ley.
Artículo 70.- El ente u organismo estatal vencido en juicio dispondrá de treinta (30) días, computados desde que se hubiesen resuelto todos los recursos previstos en el orden local con efecto suspensivo de la ejecución de la sentencia condenatoria, para dar cumplimiento a las obligaciones en ella impuestas, salvo cuando se trate de dar sumas de dinero que no sean de carácter alimentario, en cuyo caso serán de aplicación los artículos 73 a 77.
Ejecución directa
Artículo 71.- Vencido el plazo que establece el artículo anterior sin que la sentencia haya sido cumplida, a petición de parte el Tribunal dispondrá su ejecución directa, ordenando que el o los funcionarios o agentes correspondientes, debidamente individualizados, den cumplimiento a lo dispuesto en aquélla, determinando concretamente lo que deben hacer y el plazo en que deben realizarlo.
Artículo 72.- Los funcionarios y agentes a quienes se ordene cumplir la sentencia son personal y solidariamente responsables con la entidad estatal respectiva por los daños y perjuicios que ocasione su irregular actuación. La acción de responsabilidad se tramitará ante el mismo Tribunal, como conexa al juicio que le dio origen.
Pago de sumas de dinero
Artículo 73.- La sentencia firme que condene a los entes u organismos estatales al pago de sumas de dinero tendrá carácter declarativo hasta tanto no se produzca la circunstancia prevista en el artículo 76, con excepción de las cuestiones de carácter alimentario.
Previsión presupuestaria
Artículo 74.- La Administración condenada deberá incluir en el proyecto de presupuesto para el ejercicio siguiente la imputación con la que se atenderán las erogaciones que resulten de las sentencias condenatorias mencionadas en el artículo anterior, con relación a los juicios en los que exista liquidación firme y notificada al día 20 de agosto de cada año.
Las imputaciones necesarias para el cumplimiento de las condenas en los juicios en que la liquidación quede firme y notificada con posterioridad a tal fecha y hasta el 31 de diciembre de cada año, deberán incluirse en la ampliación del presupuesto referido en el párrafo anterior, que a tal fin deberá remitirse a la Legislatura Provincial hasta el día 31 de marzo del año siguiente.
Inembargabilidad
Artículo 75.- Serán inembargables los bienes y demás recursos del Estado Provincial, municipalidades y comunas, sus órganos y entes, afectados a la prestación de servicios esenciales.
Artículo 76.- Cesa el carácter declarativo de la sentencia condenatoria y el acreedor estará legitimado para solicitar la ejecución judicial de su crédito a partir del día 31 de diciembre del año de ejecución del presupuesto en el que se debía efectuar la imputación a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 77.- Al momento de cumplimiento de la sentencia se deberán adicionar los intereses que establezca el fallo para mantener el principio de integralidad de la condena.
Artículo 78.- Serán personalmente responsables los funcionarios que omitan la inclusión de los créditos y sus intereses en el presupuesto, por los daños y perjuicios que genere la omisión.
SUSTITUCIÓN E INEJECUCIÓN DE LA SENTENCIA
Artículo 79.- La autoridad administrativa, dentro de los diez (10) días desde que se hubiesen resuelto todos los recursos previstos en el orden local con efecto suspensivo de la ejecución de la sentencia condenatoria, podrá solicitar al Tribunal la sustitución de la forma o modo de su cumplimiento, o la dispensa de su ejecución, por grave motivo de interés u orden público, acompañando el acto administrativo que expresará con precisión las razones específicas que así lo aconsejan y ofreciendo satisfacer la indemnización de los daños y perjuicios que ocasionase.
Artículo 80.- La sustitución o inejecución de la sentencia podrá disponerse cuando:
a) Determinase la supresión o afectación prolongada de un servicio público;
b) causase la privación del uso colectivo de un bien afectado al mismo;
c) trabase la percepción de contribuciones fiscales;
d) por la magnitud de la suma que deba abonarse, provocase graves inconvenientes al tesoro público. En este caso, el Tribunal podrá ordenar el pago en cuotas;
e) se alegasen fundadamente y probasen fehacientemente otras circunstancias que constituyan un daño grave e irreparable para el interés u orden públicos.
Artículo 81.- Del pedido de sustitución o inejecución se correrá traslado por cinco (5) días a la contraparte. Si ésta no se allanase, el Tribunal abrirá el incidente a prueba por el plazo de diez (10) días.
Si se tratase de un supuesto establecido en el inciso b) del artículo anterior que conllevase la expropiación del bien, la Administración podrá solicitar al Tribunal la fijación de un plazo mayor al establecido en el artículo 70 para gestionar el dictado de la ley pertinente y el pago de la indemnización previa.
El Tribunal deberá dictar resolución dentro de los diez (10) días de encontrarse los autos en estado.
Si resolviese la sustitución o inejecución, fijará el plazo de ésta, que será el mínimo indispensable para el cumplimiento del objetivo de la medida, y el monto de la indemnización en todos los casos, que se regirá por lo dispuesto para el pago de sumas de dinero en los artículos respectivos.
ACCIÓN DE LESIVIDAD
Artículo 82.- Los órganos o entes administrativos podrán promover la acción contencioso-administrativa tendiente a lograr la declaración de nulidad de los actos viciados e irrevocables en sede administrativa, si mediase declaración administrativa de encontrarlo lesivo a los intereses públicos por razones de ilegitimidad.
Artículo 83.- La demanda deberá interponerse dentro del plazo de noventa (90) días, contados a partir del día siguiente de dictada la resolución que declare al acto lesivo para los intereses públicos, sin perjuicio de la prescripción, que podrá ser invocada por el demandado para repeler la acción.
Artículo 84.- La acción será promovida contra quien resulte beneficiado por el acto o contrato administrativo impugnado.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA
Artículo 85.- Se regirán por este Código los juicios, recursos y ejecuciones de sentencias que se inicien a partir de los quince (15) días de la publicación de la presente Ley.
Artículo 86.- Hasta tanto se dicte el Código Procesal, Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de la Provincia, regirán supletoriamente en su lugar las leyes de procedimiento nacionales aplicables en la Provincia.
Artículo 87.- Respecto de lo dispuesto en el artículo 65 los recursos de aclaratoria y ampliación suspenden el plazo para interponer los demás locales.
Artículo 88.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Un pitbull terrier casi le devoró el rostro
Una joven de 18 años asesinó de 5 puñaladas a su abuela
Hallan muerta a una joven que buscaban desde hace tres días y su novio admitió que la mató
Apedrearon el vehículo que utiliza el ministro de Seguridad
Dos heridos en un accidente en la ruta 9
Espectacular choque y vuelco en la zona sur
Atrapado y golpeado cuando intentaba cometer un robo
Ley de Procedimientos Administrativos para la Provincia de Salta
Ley de Contravenciones Policiales de Tucuman
Proyecto de crear la Agencia Nacional de Inteligencia
El Sistema de Inteligencia Argentino
Reglamentacion de la Ley de Inteligencia Nacional
Ley de Inteligencia Nacional
Reglamento de Procedimientos Administrativos
Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Ley 19549
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