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Timestamp: 2020-05-30 03:11:24+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-1997-14409
Documento BOE-A-1997-14409
Ley 4/1997, de 20 de mayo, de Protección Civil de Cataluña.Ver texto consolidado
«BOE» núm. 156, de 1 de julio de 1997, páginas 20287 a 20303 (17 págs.)
BOE-A-1997-14409
https://www.boe.es/eli/es-ct/l/1997/05/20/4
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Cataluña ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artículo 33.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, promulgo la siguiente Ley 4/1997, de 20 de mayo, de Protección Civil de Cataluña.
El Tribunal Constitucional ha subsanado el vacío competencial integrando la protección civil como una vertiente de la seguridad pública, materia sobre la que se dan competencias concurrentes entre las distintas Administraciones públicas.
Según el Estatuto, corresponde a la Policía de la Generalidad la protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden público, funciones que le son reconocidas en el artículo 1 de la citada Ley Orgánica y en el artículo 3 de la Ley 10/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalidad-Mozos de Escuadra. Dichas competencias están estrechamente relacionadas con la protección civil, dado que esta materia tiene como finalidad principal, entre otras, la protección de personas y bienes en el supuesto de calamidad pública.
Las competencias de la Generalidad en materia de protección civil también se fundan en el artículo 13.2.b) y 3 del Estatuto, en la medida que atribuyen a la Generalidad competencias para la vigilancia y protección de los edificios e instalaciones de la Generalidad y la coordinación de las policías locales.
Así pues, se crea una estructura de protección civil que se configura como un sistema integrado, tanto en su dimensión interna o estrictamente catalana, Generalidad, entidades locales y particulares, como en la externa, al permitir su integración en el sistema estatal de protección civil.
El capítulo II de la Ley regula los derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas en lo referente a las tareas de protección civil. En cuanto a la regulación de los deberes de los mismos en situaciones de emergencia, la Ley es totalmente respetuosa con las reservas de ley que exige la Constitución. En este sentido, la Ley regula las distintas posibilidades de intervención, las obligaciones y las prestaciones cuya exigencia a los ciudadanos y ciudadanas pueda resultar útil para combatir las situaciones de emergencia, y, al objeto de ser respetuosa con los derechos constitucionales de los mismos, introduce las garantías y cautelas pertinentes.
Tiene una especial significación la regulación de los instrumentos de planificación, establecidos en la sección 3.ª de este capítulo, que se convierten en el principal instrumento de la acción pública en materia de protección civil. En este sentido, se establece una cuidada tipología de planes, con la finalidad de cubrir las distintas situaciones de riesgo que presenta la realidad y ofrecer un marco territorial y orgánico adecuado para hacerles frente. Los distintos planes se integran en cascada, así como horizontalmente, según los casos, en una estructura unitaria de intervención pública, objetivo que se logra mediante la regulación del contenido y la estructura, de los requerimientos básicos y mínimos y del procedimiento para la elaboración, aprobación y homologación de cada plan, del establecimiento de un mecanismo de asignación de recursos ajenos, de la previsión de creación de una red de alarmas y comunicaciones y de la concesión de facultades inspectoras a las autoridades de protección civil.
La aplicación de las medidas de intervención, establecidas en la sección 4.ª de este capítulo, conecta con la declaración formal de activación del correspondiente plan de protección civil, como elemento de garantía y seguridad. Asimismo, la superación de la situación de emergencia requiere igualmente la declaración formal de desactivación del plan aplicado. Por otra parte, se prevé igualmente la posibilidad de activación de planes superiores si la evolución de la emergencia lo requiere.
La recuperación de la normalidad, regulada también en la sección 5.ª de este capítulo, se prevé que se realice de forma eficaz, rápida, eficiente y ordenada. Con este propósito, y como elemento novedoso, la presente Ley incluye la previsión de elaboración de un plan de recuperación que ordene los esfuerzos en una dirección unitaria y que pueda servir, igualmente, como orientación para la actividad de los particulares. También posibilita la creación de una comisión de recuperación, con representantes de todas las Administraciones implicadas y con la finalidad de coordinar las ayudas establecidas en el plan.
El capítulo IV de la Ley establece, entre otras, la estructura organizativa de la protección civil, que está integrada por tres pilares: Las Administraciones públicas, los servicios de autoprotección y las asociaciones del voluntariado.
La sección 1.ª de este capítulo, dedicada a las disposiciones generales, además de establecer los tres pilares citados, señala con la máxima claridad a las autoridades de protección civil. Dicha condición se atribuye exclusivamente al Consejero o Consejera de Gobernación y a los Alcaldes o Alcaldesas, sin perjuicio de la posible intervención del Presidente o Presidenta de la Generalidad en el caso de delegación en emergencias declaradas «de interés nacional», según la legislación del Estado, y de la posible intervención del Consejero o Consejera de Gobernación en el caso de activación de un plan superior con respecto a los Alcaldes o Alcaldesas.
Las secciones 2.ª y 3.ª de este capítulo, relativas a la Administración de la Generalidad y a las Administraciones locales, respectivamente, establecen una regulación cuidada de las funciones y competencias de cada una de las citadas Administraciones. En este sentido, se ha conjugado la coordinación de actuaciones y la integración de planes, medios y servicios con el respeto a la autonomía de las entidades locales, especialmente de los municipios. Tienen una especial relevancia los mecanismos de asistencia y apoyo a las funciones municipales de protección civil, en los que los Consejos Comarcales tienen también un papel importante.
La sección 4.ª de este capítulo dispone que los servicios de autoprotección formen parte, igualmente, de la estructura integrada de protección civil en Cataluña, y, a tal efecto, se establecen las medidas de control y colaboración, y, finalmente, la sección 5.ª de este capítulo posibilita la participación ciudadana específica en tareas de protección civil mediante la constitución de las asociaciones de voluntarios y voluntarias. La presente Ley regula la cuestión con la finalidad de establecer una colaboración eficaz y ordenada de los ciudadanos y ciudadanas que signifique una ayuda y una contribución real a las tareas de protección civil y, por lo tanto, no derive hacia otros propósitos o genere nuevos problemas.
Asimismo, la sección 7.ª de este capítulo IV establece un gravamen sobre los elementos patrimoniales afectos a actividades de las que pueda derivar la activación de planes de protección civil y que estén situados en el territorio de Cataluña. Si bien la voluntad es gravar todos los elementos patrimoniales citados sin excepciones, por razones de imperativo legal se han excluido las operaciones de transporte que implican el desplazamiento de mercancías peligrosas.
En este sentido, el producto del gravamen debe destinarse íntegramente a las actividades de previsión, prevención, planificación, información y formación, definidas en la presente Ley, pudiendo constituirse un fondo de seguridad, que debe nutrirse del producto del gravamen, sin perjuicio de las aportaciones públicas y privadas.
La regulación del gravamen se completa, entre otros, con el establecimiento de determinadas exoneraciones del pago del gravamen de tipo subjetivo concedidas a favor de elementos patrimoniales afectos a actividades desarrolladas directamente por el Estado, la Generalidad, las corporaciones locales y los respectivos organismos autónomos administrativos.
El capítulo V regula las relaciones interadministrativas y las actuaciones que pueden derivar de las mismas, partiendo de la base que la protección civil en Cataluña forma una estructura integrada y que todas las Administraciones implicadas tienen el deber de colaborar con ella, recíprocamente y con lealtad, dentro del ejercicio de sus competencias. De este modo, la Ley establece el intercambio de información, la asistencia y el auxilio, la audiencia previa, la posibilidad de establecer convenios, la coordinación y la sustitución como mecanismos para hacer efectivas las relaciones interadministrativas y el deber de colaboración.
La Ley establece, en el capítulo VI, el régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que define. Las infracciones y sanciones se regulan respetando el principio de legalidad, tal como el Tribunal Constitucional lo ha interpretado, en relación a la potestad sancionadora de las Administraciones públicas. Como el resto de la Ley, el régimen sancionador parte de la concepción de la presente Ley como ley general en la materia que es objeto de la misma.
1. Esta Ley regula la protección civil en Cataluña, que comprende las acciones destinadas a la protección de las personas, los bienes y el medio ambiente ante situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofes y calamidades públicas.
2. La organización y actuación en materia de protección civil deben orientarse por los principios de continuidad, descentralización, planificación, coordinación, subsidiariedad, proporcionalidad, celeridad y eficacia.
c) La planificación de las respuestas ante las situaciones de grave riesgo colectivo y las emergencias, así como la estructura de coordinación, las comunicaciones, el mando y el control de los distintos organismos y entidades que actúan en estas respuestas.
Artículo 4. Derecho de información.
Artículo 6. Derecho y deber de colaboración.
2. Los ciudadanos y ciudadanas tienen el deber de colaborar en las tareas de protección civil, de acuerdo con esta Ley y con las instrucciones de las autoridades de protección civil.
Artículo 7. Obligación de autoprotección.
1. Las personas, las empresas y, en general, las entidades y los organismos que realizan actividades que pueden generar situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe o calamidad pública, así como los centros e instalaciones, públicos y privados, que pueden resultar afectados de forma especialmente grave por situaciones de este carácter, están obligados a la adopción de medidas de autoprotección y a mantener los medios personales y materiales necesarios para hacer frente a situaciones de riesgo y emergencia.
Artículo 8. Sujeción a instrucciones.
Artículo 9. Medidas de emergencia para la población.
Artículo 10. Prestaciones personales y requisas.
1. Una vez activado un plan de protección civil o en las situaciones de emergencia declarada, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3, la autoridad competente de protección civil puede ordenar a las personas la prestación de servicios destinados a hacer frente a la emergencia, de forma proporcionada a la situación creada y a las posibilidades de cada uno. La prestación de estos servicios es obligatoria y no da lugar a indemnización por esta causa.
2. Una vez activado un plan de protección civil o en las situaciones de emergencia declarada, siempre que la naturaleza de la emergencia lo haga necesario, la autoridad competente de protección civil puede ordenar la requisa, la intervención y la ocupación temporal y transitoria de los bienes necesarios para hacer frente a la emergencia. Debe indemnizarse a quien sufra daños y perjuicios causados por estas actuaciones, de acuerdo con las leyes. En las mismas condiciones, puede ordenar la ocupación de locales, industrias y toda clase de establecimientos.
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 51.1.k) de la Ley 8/1987, municipal y de régimen local de Cataluña, en los municipios que no dispongan de plan de protección civil corresponde al Alcalde o Alcaldesa declarar la situación de emergencia y adoptar, en su caso, las medidas establecidas en los artículos 8, 9, 10 y 11.
Artículo 11. Medios de comunicación.
Sección 1.ª Previsión
Artículo 12. El Mapa de protección civil.
Sección 2.ª Prevención
Artículo 13. Reducción del riesgo.
Las actuaciones de todas las Administraciones públicas en Cataluña, en el ejercicio de las competencias que les son propias, deben estar orientadas a la reducción del riesgo.
Artículo 14. Legislación sectorial.
1. La legislación urbanística y de planificación territorial, así como la sectorial que afecte las actividades de riesgo según el Catálogo previsto por el artículo 7 y el Mapa de protección civil, previsto por el artículo 12, deben tener en cuenta las necesidades de protección civil en estos ámbitos y establecer, si procede, medidas de prevención de riesgos y de minimización del impacto de eventuales catástrofes y calamidades.
Sección 3.ª Planificación
Artículo 15. Clases de planes.
Artículo 16. El Plan de protección civil de Cataluña.
Artículo 17. Los planes territoriales.
Artículo 18. Los planes especiales.
Artículo 19. Los planes de autoprotección.
1. Los planes de autoprotección prevén, para determinados centros, empresas e instalaciones, las emergencias que pueden producirse como consecuencia de su propia actividad y las medidas de respuesta ante situaciones de riesgo, catástrofes y calamidades públicas que puedan afectarles.
2. Las personas físicas y jurídicas y los responsables de los centros e instalaciones indicados en el artículo 7 están obligados a adoptar y mantener planes de autoprotección, en los términos fijados por reglamento. Estos planes de autoprotección deben establecer, junto a los riesgos generados por su propia actividad, la relación de coordinación con planes territoriales, especiales y específicos que les afecten.
3. Las autoridades de protección civil pueden requerir a la persona, al centro o la entidad, en general, obligados a ello que aprueben, modifiquen, actualicen o revisen el correspondiente plan de autoprotección, fijando un plazo adecuado a tal efecto. Transcurrido el plazo, si no se ha atendido al requerimiento, la autoridad de protección civil debe ordenar, sin perjuicio del ejercicio de la potestad sancionadora, la aplicación de las medidas de autoprotección que se consideren necesarias a costa del sujeto obligado, el cese de la actividad que genere el riesgo o bien la clausura del centro o de las instalaciones, hasta el cumplimiento de la actuación requerida.
4. Las empresas, los centros y las entidades que deban disponer de un plan de autoprotección han de colaborar con las autoridades de protección civil en la elaboración de los planes de protección civil a los que estén vinculados, especialmente facilitando toda la información que les sea requerida al respecto, así como los medios técnicos y materiales necesarios para la resolución correcta de las emergencias que han generado, si afectan también al exterior de las instalaciones.
5. Los planes de autoprotección elaborados para hacer frente a las emergencias generadas por la actividad propia deben ser aprobados, cuando sea procedente, por parte del órgano competente en la correspondiente materia y deben ser homologados, en todo caso, por la Comisión de Protección Civil de Cataluña, previo informe favorable del Ayuntamiento correspondiente.
Artículo 20. Contenido de los planes.
2. El Gobierno ha de determinar por reglamento la estructura del contenido de los planes básicos de emergencia municipal, los planes de actuación municipal, los planes específicos, los planes de autoprotección y los planes especiales. Los planes de autoprotección no es preciso que incluyan, con carácter general, los servicios y los medios a que se refieren las letras e) y k) del apartado 1 ni el centro de coordinación operativa y los centros de mando avanzado a que se refiere la letra g) del apartado 1.
Artículo 21. Asignación de recursos a los planes.
5. La asignación de recursos y servicios ajenos a un plan municipal supone su adscripción funcional por un período determinado, en las condiciones que se convenga, que deben ser expresamente indicadas en el plan.
Artículo 22. Red de alarmas y comunicaciones.
Artículo 23. Infraestructuras asociadas a los planes.
2. El Gobierno puede ejecutar, por substitución, las correspondientes obras, a cargo de la Administración o entidad responsable, en los términos establecidos en el artículo 71, sin perjuicio del ejercicio de la potestad sancionadora, cuando corresponda.
Artículo 24. Adaptación y revisión de los planes.
3. Las autoridades de protección civil deben disponer las medidas adecuadas para la adaptación y revisión permanente de los planes, de acuerdo con lo que determine por reglamento el Gobierno y de acuerdo con las disposiciones propias de los planes.
2. Las autoridades de protección civil pueden igualmente inspeccionar los servicios y recursos asociados a planes de ámbito inferior, siempre que estén asignados también a los planes de ámbito superior en los que se integren, y a fin de garantizar su operatividad. En este supuesto, la inspección consiste en una solicitud de información sobre el estado operativo de los recursos y servicios dirigida al órgano superior de la correspondiente Administración y, si procede, en un requerimiento para corregir los defectos que se encuentren.
Artículo 26. El Registro de Planes de Protección Civil.
Sección 4.ª Intervención
Artículo 27. Activación de los planes de protección civil.
1. Si se producen las eventualidades contenidas en un plan de protección civil, el Director o Directora del mismo debe declarar formalmente su activación, por el procedimiento establecido en el propio plan.
3. A partir de la declaración de activación deben adoptarse las medidas establecidas por el plan. En particular, la declaración de activación del plan supone:
e) El aviso a la población, según el mecanismo de publicidad establecido por el plan o, en su defecto, por la vía de los medios de comunicación social que determine el Director o Directora del plan, si procede.
Artículo 28. Activación de los planes de autoprotección.
Artículo 29. Declaración de interés de Cataluña.
Sección 5.ª Rehabilitación
Artículo 30. Actuaciones de rehabilitación.
Artículo 31. El Plan de recuperación.
1. Los plenos de las corporaciones locales, en el caso de haberse activado exclusivamente planes municipales, los consejos comarcales o el Gobierno, en los demás supuestos, pueden aprobar un plan de recuperación de la normalidad, una vez finalizada la situación de emergencia, en el que deben hacer constar:
2. Si el plan de recuperación supone ayudas de otras Administraciones, el plan debe contar con la aprobación de las mismas, previo informe de la Comisión de Recuperación, regulada en el artículo 33.
Artículo 32. Restablecimiento de servicios esenciales.
Artículo 33. La Comisión de Recuperación.
Para la ejecución de los planes de recuperación, debe crearse una comisión de recuperación, integrada por representantes de la Administración del Estado, la Administración de la Generalidad y la local, con la misión de coordinar las medidas y ayudas que el plan establece para las distintas Administraciones y, a tales efectos, establecer el procedimiento para la solicitud de ayudas y para la materialización de los mismos.
Artículo 34. Restauración de infraestructuras, servicios y suministros.
Sección 6.ª Información y formación
Artículo 35. Preparación de la población.
2. Para las actividades a que se refiere el aparta do 1, están obligadas a colaborar con la Administración, en los términos fijados por reglamento, todas las organizaciones, entidades y empresas privadas cuyas actividades puedan ser generadoras de riesgo en los términos fijados por esta Ley.
Artículo 36. Formación escolar.
Artículo 37. Estudio e investigación.
Artículo 38. Formación del personal.
2. Las actividades de formación en materia de protección civil deben llevarse a cabo a través de las instituciones y entidades vinculadas con esta materia o bien con los planes de protección civil. La formación especializada debe realizarse a través de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, la Escuela de Policía de Cataluña, la Escuela de Bomberos de Cataluña y demás centros que determine el Consejero o Consejera de Gobernación, sin perjuicio de otras actividades de formación que dispongan, también, otras autoridades de protección civil.
3. Los organismos competentes para la formación del personal a que se refiere el apartado 1 deben incluir, en los correspondientes programas de capacitación, la formación específica en atención sanitaria inmediata en los términos establecidos por reglamento.
6. Al ejercicio de las funciones establecidas en el presente artículo debe procurarse destinar el personal de protección civil que esté en segunda actividad.
Artículo 39. Estructura general.
Artículo 40. Autoridades de protección civil.
b) El Consejero o Consejera de Gobernación, en el ámbito de Cataluña, sin perjuicio de las funciones que correspondan al Presidente o Presidenta de la Generalidad en caso de delegación en emergencias declaradas «de interés nacional», según la legislación del Estado.
2. Las autoridades de protección civil son los Directores o Directoras de los planes de los respectivos ámbitos territoriales. En caso de impedimento ante las emergencias, deben substituirles las personas indicadas en el correspondiente plan.
4. El Consejero o Consejera de Gobernación puede delegar funciones directivas en los delegados o delegadas territoriales del Gobierno y en los Alcaldes o Alcaldesas.
Sección 2.ª La Administración de La Generalidad
Artículo 41. Participación de todos los departamentos.
Artículo 42. Competencias del Gobierno.
Artículo 43. Competencias del Consejero o Consejera de Gobernación.
m) Ejercer las demás funciones que le otorgue la legislación vigente.
3. El Consejero o Consejera de Gobernación puede delegar sus funciones, salvo las establecidas en el apartado 2.a), b), c), f) y l). Las competencias establecidas en el apartado 2.e) y g) son delegables en los términos indicados en el artículo 40.
Artículo 45. El Centro de Coordinación Operativa de Cataluña.
2. El CECAT es un órgano Administrativo, sin personalidad jurídica propia, adscrito al Departamento de Gobernación.
Artículo 46. La Comisión de Protección Civil de Cataluña.
e) Ser informada del funcionamiento material de los planes y las actuaciones de respuesta, evaluar sus resultados y formular las propuestas adecuadas.
Sección 3.ª Las Administraciones Locales
Artículo 47. Los municipios.
a) Aprobar el Plan básico de emergencia municipal, los planes específicos municipales, los planes de actuación municipal y, en general, cualquier otro instrumento de planificación de protección civil de ámbito municipal.
Artículo 48. Competencias del Alcalde o Alcaldesa.
a) Elaborar y someter a aprobación del pleno del Ayuntamiento el Plan básico de emergencia municipal, los planes específicos municipales, los planes de actuación municipal, y, en general, cualquier otro instrumento de planificación de protección civil de ámbito municipal.
e) Ejercer la dirección y mando superiores y la coordinación e inspección de todos los servicios y recursos afectos al plan municipal activado y de las actuaciones que se realicen, sin perjuicio de las funciones que corresponden al Consejero o Consejera de Gobernación en caso de activación de un plan de la Generalidad.
3. El Alcalde o Alcaldesa puede delegar sus funciones, salvo las establecidas en el apartado 2.a), c), e), j) y k). Las competencias establecidas en el apartado 2.f) son delegables en los términos indicados en el artículo 40.
Artículo 49. Los Centros Municipales de Coordinación Operativa (CECOPAL).
Artículo 50. Las comarcas.
2. Los Consejos comarcales deben prestar apoyo, asistencia y cooperación a las funciones municipales de protección civil.
Artículo 51. Las comisiones locales de protección civil.
1. Los municipios con más de cincuenta mil habitantes, los municipios que, sin alcanzar esta población, tienen en su término empresas, entidades, centros o instalaciones obligados a adoptar planes de autoprotección, según lo establecido en el artículo 7, y los municipios de carácter especial tipificados en el artículo 17.2 deben crear una Comisión Municipal de Protección Civil. En los demás municipios, la creación de esta comisión es facultativa y corresponde decidirlo, si procede, al pleno del Ayuntamiento.
2. La Comisión Municipal de Protección Civil está integrada por el Alcalde o Alcaldesa, quien la preside, y por representantes del ayuntamiento y demás Administraciones que disponen de servicios afectos a los planes municipales; por representantes de las entidades colaboradoras en funciones de protección civil y de la asociación de voluntarios y voluntarias, si existe; por los Directores o Directoras de los planes de autoprotección de las empresas y los centros del municipio que sean convocados, así como el personal técnico que se considere necesario.
Sección 4.ª Los servicios de autoprotección
Artículo 52. Integración en la protección civil.
Artículo 53. Dirección de los planes de autoprotección.
Sección 5.ª El voluntariado de Protección Civil
Artículo 54. Colaboración voluntaria.
Los ciudadanos y ciudadanas pueden colaborar regularmente de forma voluntaria y desinteresada en las funciones de protección civil a través de las asociaciones del voluntariado de protección civil establecidas en el artículo 55, sin perjuicio y con independencia del derecho y el deber de colaboración a que se refiere el artículo 6.
Artículo 55. Las asociaciones del voluntariado de protección civil.
3. Las asociaciones a que se refiere el apartado 2 deben inscribirse, además, en un registro especial que ha de llevar el Departamento de Gobernación, de acuerdo con lo establecido por reglamento.
Artículo 56. El Estatuto del voluntariado de protección civil.
Sección 6.ª Distinciones
Artículo 57. Distinciones.
Sección 7.ª Financiación
1. Con la finalidad exclusiva de contribuir a la financiación de las actividades de previsión, prevención, planificación, información y formación a que se refieren las secciones del presente capítulo, se establece, en los términos contenidos en los artículos de la presente sección, un gravamen sobre los elementos patrimoniales afectos a las actividades de las que pueda derivar la activación de planes de protección civil y situados en el territorio de Cataluña.
2. A efectos de lo establecido en el apartado 1, debe constituirse un fondo de seguridad, a nutrir con el producto del gravamen, sin perjuicio de otras aportaciones públicas y privadas.
3. El producto de la recaptación del gravamen debe destinarse íntegramente a financiar las actividades de previsión, prevención, planificación, información y formación en materia de protección civil, adjudicándose a las Administraciones que, según la Ley, son competentes en la materia, de acuerdo con un plan aprobado por el Gobierno.
Artículo 59. Sujeción y cuantía del gravamen.
1.º Las instalaciones industriales o los almacenes en los que se utilicen, almacenen, depositen o produzcan una o varias sustancias de las consideradas peligrosas de acuerdo con el anexo III del Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, y con el anexo II del Real Decreto 952/1990, de 29 de junio, siempre que la cantidad presente en la instalación o grupo de instalaciones de que se trate supere el 10 por 100 de las que figuran en el anexo III del Real Decreto 886/1988 o en la columna derecha del anexo II del Real Decreto 952/1990. En todo caso, quedan excluidas del gravamen las instalaciones de gestión de residuos.
b) En los supuestos a que se refieren el apartado primero y la letra a), la base del gravamen debe constituirse con la cantidad media anual de sustancia presente en la instalación o grupo de instalaciones, expresada en kilogramos.
c) El tipo aplicable debe determinarse para cada sustancia dividiendo 250 por las cantidades, expresadas en toneladas, que aparecen en el anexo III del Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, y en la columna derecha del anexo II del Real Decreto 952/1990, de 29 de junio.
2.º Las instalaciones y estructuras destinadas al transporte de sustancias peligrosas, en el sentido a que se refiere el apartado primero, efectuado por medios fijos.
a) En las conducciones de gas canalizado de presión igual o superior a 36 kilogramos por centímetro cuadrado, el tipo de gravamen es de 35 pesetas por milímetro.
3.º Los aeropuertos y aeródromos, sin perjuicio del gravamen sobre las instalaciones industriales anexas que procedan, de acuerdo con el apartado primero. La base del gravamen debe constituirse con el movimiento medio de los cinco años anteriores al devengo, expresado en número de vuelos. El tipo es de 1.000 pesetas por vuelo.
4.º Las presas hidráulicas: La base del gravamen debe constituirse con la capacidad de la presa, expresada en metros cúbicos. El tipo es de 0,025 pesetas por metro cúbico.
5.º Las centrales nucleares y demás instalaciones y estructuras destinadas a la producción o transformación de energía eléctrica: La base del gravamen debe constituirse con la potencia nominal, expresada en megavatios. El tipo de gravamen es de 5.000 pesetas por megavatio para las centrales nucleares, y de 2.500 pesetas por megavatio para las demás instalaciones.
6.º Las instalaciones y estructuras destinadas al transporte o suministro de energía eléctrica, de acuerdo con la siguiente tarifa:
a) Entre 26 y 110 kilovatios: 0,1 pesetas por metro.
b) Entre 111 y 220 kilovatios: 0,5 pesetas por metro.
c) Entre 221 y 400 kilovatios: 1 peseta por metro.
d) Más de 400 kilovatios: 4 pesetas por metro.
2. La cantidad máxima a ingresar por el sujeto obligado al pago del gravamen no puede superar los 10.000.000 de pesetas, de acuerdo con la siguiente escala:
a) Hasta 500.000.000 de facturación: Una cuantía máxima de 1.000.000 de pesetas.
b) De 501.000.000 hasta 2.000.000.000 de facturación: Una cuantía máxima de 2.500.000 pesetas.
c) De 2.001.000.000 hasta 5.000.000.000 de facturación: Una cuantía máxima de 5.000.000 de pesetas.
d) Más de 5.001.000.000 de facturación: Una cuantía máxima de 10.000.000 de pesetas.
3. Si las empresas sometidas al gravamen están afectadas por un plan especial de protección civil expresamente destinado a los riesgos que puedan derivar de las mismas, la cantidad del gravamen se fija en la ley de presupuestos de la Generalidad de forma que la recaudación prevista no supere los costes del citado plan, en cuya elaboración deben ser escuchadas las empresas afectadas. Las demás empresas sometidas al gravamen deben seguir el régimen de cuantificación establecido en el apartado 1.
Artículo 60. Exoneración del pago.
c) Las estaciones transformadoras de energía eléctrica cuya tensión en el primario sea igual o inferior a 25 kilovatios, así como las redes de distribución de tensión igual o inferior a 25 kilovatios.
d) Las instalaciones de producción de energía eléctrica incluidas en el régimen especial reguladas por la Ley del Estado 40/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, en el capítulo II, artículos 26 y siguientes, y el Real Decreto 2366/1994, de 9 de diciembre, de potencia nominal inferior a 50 megavatios.
e) Las conducciones de gas propano y gas natural canalizado de presión inferior a 36 kilogramos por centímetro cuadrado.
Artículo 61. Sujetos obligados al pago.
1. El gravamen se devenga a 31 de diciembre de cada año natural en el que se hayan realizado las actividades de riesgo que determinan su exigencia.
2. Si las actividades se realizan durante un período inferior al año, la cuota se prorratea en función de los días transcurridos.
Artículo 63. Gestión.
1. La gestión del gravamen corresponde privativamente al Departamento de Economía y Finanzas de la Generalidad de Cataluña.
Artículo 64. Determinación de la norma aplicable y habilitación en la ley de presupuestos.
1. Las referencias al Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, y al Real Decreto 952/1990, de 29 de junio, contenidas en la presente sección, se entienden dirigidas a las normas del Estado que las modifican en ejecución de las Directivas comunitarias en la materia, siempre que las citadas normas hayan entrado en vigor el primer día del año natural.
Artículo 65. Deber de colaboración.
Artículo 66. Intercambio de información.
Artículo 67. Asistencia y auxilio.
Artículo 68. Audiencia previa.
Artículo 69. Convenios.
Artículo 71. Sustitución.
1. Si, en los supuestos previstos en el apartado 2, una entidad local no realiza la actuación obligada por ley, la Administración de la Generalidad puede sustituirla, previo requerimiento del Consejero o Consejera de Gobernación. Transcurrido un mes desde el requerimiento sin llevarse a cabo la actuación requerida ni justificarse suficientemente los motivos, el Consejero o Consejera de Gobernación ha de declarar su incumplimiento y adoptar la resolución de ejecución subsidiaria, a costa de la entidad local que esté obligada a ello. No es necesario dejar transcurrir el plazo de un mes desde la formulación del requerimiento si la actuación requerida es urgente y si, de no realizarse, puedan ponerse en peligro a personas y bienes o pueda agravarse la situación de riesgo.
2. Procede la sustitución en los casos en que la entidad local no realice las siguientes actuaciones:
a) Aprobar los planes obligatorios de protección civil.
c) Activar los planes correspondientes de protección civil si se producen los presupuestos para ello.
b) No modificar, actualizar y revisar los planes de autoprotección en los supuestos en que proceda, de acuerdo con el artículo 19.3, dentro de los plazos a establecer por reglamento.
d) No respetar las medidas de prevención y minimización del impacto de eventuales catástrofes y calamidades públicas, establecidas en la legislación sectorial específica, y adoptarlas activamente, si se está obligado a ello.
3. Tienen la consideración de infracciones graves las infracciones leves cometidas durante la situación de activación de un plan de protección civil y que hayan puesto en peligro la vida o integridad de las personas o hayan aumentado la situación de grave riesgo colectivo o las consecuencias de la catástrofe o calamidad pública.
d) No acudir, los miembros de los servicios afectados, de acuerdo con el artículo 56.2.b), a los puestos respectivos siguiendo la orden de movilización en caso de simulacro.
1. Las infracciones muy graves se sancionan con multa de hasta 100.000.000 de pesetas. Además, puede ser ordenada la clausura temporal del local, el centro o la instalación, o la suspensión temporal de las actividades de riesgo.
2. Las infracciones graves se sancionan con multa de hasta 25.000.000 de pesetas.
3. Las infracciones leves se sancionan con multa de hasta 1.000.000 de pesetas.
Artículo 76. Competencias sancionadoras.
a) A los Alcaldes o Alcaldesas de los municipios de menos de 20.000 habitantes, hasta un límite de 2.000.000 de pesetas.
b) A los Alcaldes o Alcaldesas de los municipios de más de 20.000 habitantes, hasta un límite de 10.000.000 de pesetas.
c) Al Consejero o Consejera de Gobernación, hasta un límite de 25.000.000 de pesetas.
d) Al Gobierno de la Generalidad, hasta 100.000.000 de pesetas.
3. Los límites a que se refiere el apartado 2 se entienden referidos a las cuantías máximas para sancionar infracciones muy graves. Las infracciones graves son sancionadas por cada órgano con una cuantía máxima que debe representar el 50 por 100 del límite que le corresponde por infracciones muy graves, y las infracciones leves, con una cuantía máxima que debe representar el 10 por 100 de este mismo límite.
4. En caso de que la comisión de una infracción grave o muy grave que corresponda sancionar al Alcalde haya causado un riesgo especial o bien alarma social, la potestad sancionadora puede ser ejercida por el Consejero o Consejera de Gobernación o por el Gobierno, a solicitud del Alcalde o a iniciativa propia, previa audiencia del Alcalde.
Artículo 77. Reglamento sancionador.
Disposición adicional primera. El Plan de salvación marítima de Cataluña.
a) Coordinar la actuación de los distintos medios capaces de realizar operaciones de búsqueda y salvación de vidas humanas y lucha contra la contaminación marina, tanto los pertenecientes a las Administraciones públicas catalanas como los de instituciones públicas y privadas.
Disposición adicional segunda. Centrales nucleares.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las centrales nucleares de potencia quedan sujetas al gravamen regulado en la presente Ley, dado que tienen elementos patrimoniales situados en el territorio de Cataluña y afectos a actividades que pueden originar la activación de planes de protección civil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 58.1, y la activación de estos planes supone la incorporación de medios de la Generalidad.
Disposición adicional tercera. Los municipios afectados por riesgos.
Los municipios afectados por riesgo nuclear y otros riesgos que supongan la aprobación de los correspondientes planes deben disponer, de acuerdo con las Administraciones competentes en razón de la materia, de un único plan municipal que coordine y unifique todas las actuaciones derivadas de los distintos riesgos.
Disposición adicional cuarta. Los planes de autoprotección.
Disposición adicional quinta. Actualización de los gravámenes.
Los gravámenes establecidos en la presente Ley quedan fijados a partir de la entrada en vigor de la misma, a efectos de referencia, y deben ser actualizados anualmente a 1 de enero de cada año natural, añadiendo la suma correspondiente a la cantidad de referencia más la suma correspondiente al incremento de los precios según el índice de precios al consumo, o cualquier otro índice que le sustituya, del año anterior.
Palacio de la Generalidad, 20 de mayo de 1997.
XABIER POMÉS I ABELLA,
(Publicada en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña» número 2.401, de 29 de mayo de 1997)
Fecha de entrada en vigor: 18/06/1997
Publicada en el DOGC núm. 2401, de 29 de mayo de 1997.
el art. 60.a); SE AÑADE el 63 bis y la disposición transitoria 2 y se reenumera la única como 1, por Ley 5/2017, de 28 de marzo (Ref. BOE-A-2017-7353).
Art. 59.2 y 3, por Ley 14/2015, de 21 de julio (Ref. BOE-A-2015-9206).
los arts. 59.1 y 60, por Ley 12/2014, de 10 de octubre (Ref. BOE-A-2014-11991).
los arts. 58, 59 y 62, por Ley 2/2014, de 27 de enero (Ref. BOE-A-2014-2999).
SE AÑADE la disposición adicional 7, por Ley 10/2011, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2012-547).
el art. 59, por Ley 7/2011, de 27 de julio (Ref. BOE-A-2011-13896).
arts. 58, 59, 62, 63 y se añade la disposición adicional 6, por Ley 26/2009, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2010-737).
lo indicado del art. 59.1, por Ley 21/2005, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2006-2013).
SE DECLARA, en el Recurso 3726/2002, su desestimación en relación con los arts. 58 a 64, por Sentencia 168/2004, de 6 de octubre de 2004 (Ref. BOE-T-2004-19068).
SE MODIFICA el art. 59.2, por Ley 7/2004, de 16 de julio (Ref. BOE-A-2004-16713).
SE DEROGA la disposición adicional 5, por Ley 21/2001, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2002-1485).
SE DESARROLLA el art. 59.3, por Ley 20/2001, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-2002-1484).
los arts. 59 y 64, por Ley 4/2000, de 26 de mayo (Ref. BOE-A-2000-11470).
el art. 63, por Ley 15/1997, de 24 de diciembre (Ref. BOE-A-1998-2361).
SE DECLARA, en el Recurso 3726/1997, el levantamiento de suspensión de vigencia de los arts. 58 a 64, por Auto de 16 de diciembre de 1997 (Ref. BOE-A-1998-34).
CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 163, de 9 de julio de 1997 (Ref. BOE-A-1997-15194).
Ley 40/1994, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1994-28996).
Ley 10/1994, de 11 de julio (Ref. BOE-A-1994-18777).

References: artículo 33
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 13

Artículo 4

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10
 artículo 51

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14
 artículo 7
 artículo 12

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19
 artículo 7
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Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23
 artículo 71

Artículo 24

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31
 artículo 33

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43
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Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48
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Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54
 artículo 55
 artículo 6

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 59
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Artículo 60
 Real Decreto 

Artículo 61

Artículo 63

Artículo 64
 Real Decreto 
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Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 71
 resolución 
 artículo 19
 artículo 56

Artículo 76

Artículo 77
 artículo 58