Source: https://elderecho.com/la-resurreccion-del-retracto-y-el-derecho-de-consumo-cuestiones-procesales-y-sustantivas
Timestamp: 2020-07-03 13:46:33+00:00

Document:
Control de las cláusulas abusivas en contratos con condiciones
Foro 10-01-2018 Coordinador: Jacinto José Pérez Benítez
El artículo 1535 del Código Civil -
El artículo 1535 del Código Civil -EDL 1889/1 (CC) regula el denominado retracto de crédito litigioso. Se trata de una institución que, con el tiempo, había ido cayendo en desuso. Pero la crisis financiera y económica producida desde finales de 2008 a raíz de la quiebra de Lehman Brothers la ha devuelto a la actualidad. Más que la propia crisis, sus consecuencias. En los últimos años, precisamente como efecto de la crisis, han proliferado las operaciones de venta en bloque de créditos en situación de incumplimiento por parte del deudor. Y la celebración de esas operaciones ha provocado un fenómeno que por los autores se ha llamado de diversas maneras: se habla, en efecto, de la “revitalización” de esta figura (MOYA FERNÁNDEZ, A. J., PÉREZ-PUJAZÓN, M. E. y TRIGO Y SIERRA, E., “Cesión de créditos y cuestiones prácticas de interés: retracto de crédito litigioso y titulización”, en Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 44-2016, pp. 48 y ss.); o de su “inesperado nuevo auge” (CARRASCO PERERA, A., “Sobre la problemática cesión y ‘retracto’ de créditos litigiosos”, en Análisis GA_P, noviembre 2017). Esa revitalización se ha producido porque se han multiplicado los casos en que el deudor de un crédito incluido en una operación de esas características pretende hacer uso del artículo 1535 CC y extinguir su deuda mediante el pago al cesionario de la cantidad que éste abono por la adquisición del crédito.
Se plantea, entonces, un número no menor de cuestiones sobre la posible aplicación del artículo 1535 CC -EDL 1889/1 y las condiciones y requisitos en que, en su caso, podría tener lugar.
La doctrina y la práctica judicial que se han planteado la aplicabilidad del artículo 1535 CC -EDL 1889/1 al supuesto analizado coinciden de manera generalizada en comenzar el análisis con una referencia a los antecedentes y la finalidad del retracto de crédito litigioso reconocido a favor del deudor cedido. En cuanto al origen, SENÉS MOTILLA, C., “Implicaciones procesales del derecho del deudor a extinguir el crédito litigioso objeto de cesión”, en Revista General de Derecho Procesal, 40-2016, pp. 2 y 3, refiere que “con origen histórico en la Lex Anastasiana -de donde toma su equívoca denominación de ‘retracto anastasiano’-, el fundamento del derecho del deudor a extinguir el crédito litigioso es doble. Por una parte, persigue dispensar al deudor un trato de favor o de humanidad frente a la especulación de los compradores de créditos en litigio; y por otra, pretende favorecer la finalización del proceso mismo, favoreciendo con ello el restablecimiento de la paz social”. Lo explican en detalle, con referencia a su antecedente inmediato (el artículo 1699 del Código Civil francés) y a elementos de Derecho comparado, MOYA FERNÁNDEZ, A. J., PÉREZ-PUJAZÓN, M. E. y TRIGO Y SIERRA, E., op. cit., pp. 49 y 50. Por lo que se refiere a su función económico-social, MARTÍNEZ VELENCOSO, L. M., “Artículos 1535 y 1536”, en CAÑIZARES LASO, A., DE PABLO CONTRERAS, P., ORDUÑA MORENO, J. y VALPUESTA FERNÁNDEZ, R. (Dirs.), Código Civil Comentado, Libro IV – De las obligaciones y contratos. Contratos en particular, derecho de daños y prescripción (arts. 1445 al final), Vol. IV, Pamplona, 2016, p. 321, la describe de la siguiente manera, con referencia a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 19 de octubre de 2006: “el titular del crédito litigioso, que no tiene recursos para arrastrar los gastos y azares del pleito que viene siguiendo para obtener la declaración jurídica de su existencia, opta por cederlo a un potentior que guiado por el ánimo de la especulación, lo adquiere para lucrarse y persigue más despiadadamente al deudor; de ahí que tales cesiones de créditos hayan sido tratadas por los legisladores, con cierta prevención, permitiendo a los vendidos, liberarse del crédito mediante el reembolso al cesionario del precio real de la cesión y de los demás gastos legítimos que hubiese realizado”.
3. Aplicabilidad (rectius, inaplicabilidad) del artículo 1535 CC -EDL 1889/1 a las operaciones de venta de cartera de créditos
Se está haciendo referencia a operaciones en las que se procede a la transmisión de créditos en situación de incumplimiento (non performing loans, en la terminología inglesa). El cedente es normalmente una entidad financiera. El adquirente o cesionario suele ser un fondo de inversión, la mayoría de las veces extranjero. El objeto es lo que se denomina una cartera o paquete de créditos, es decir, un conjunto de préstamos y créditos impagados de todo tipo y en toda suerte de situaciones de reclamación. De hecho, es habitual que, cuando se realice la operación, ya se hayan iniciado los correspondientes procedimientos judiciales para la obtención de su cobro e incluso puede ocurrir que los deudores se encuentren en situación concursal. La variedad de supuestos y situaciones es inmensa. Lo describe en términos gráficos VEIGA COPO, A., “Compraventa de carteras de créditos y retracto de créditos litigiosos”, en CARRASCO PERERA, A. (Dir.), Tratado de la Compraventa, Homenaje al profesor Rodrigo Bercovitz, Tomo I, Pamplona, 2013, p. 694: “créditos dudosos, litigiosos, controvertidos, impagados, defectuosos, con y sin garantía, con un mayor o por el contrario menor riesgo, en procesos de ejecución, etc., delimitan y contornean la cartera, amén de dotarle de singularidad y heterogeneidad a la vez. Una heterogeneidad que, en definitiva, marcará el precio de la compraventa así como la situación específica de los créditos -saldos reales y vivos, capacidad de solvencia y pago de los deudores, posible pago del deudor antes de la perfección del contrato dado que no todos estarán al mismo tiempo o dado un tiempo determinado, de corte en la cartera, en una homogénea situación. Circunstancias tales como criterios subjetivos, cuantitativos, espaciales o geográficos en la composición de la cartera, garantías reales y personales, preferencias, rangos, marcarán no sólo el precio de la misma, sino el atractivo de la propia cartera de créditos a potenciales compradores”. En definitiva, se sigue diciendo, “la transmisión de la cartera de créditos es una transmisión holística de un conjunto, una globalidad de créditos uni acto, no individualizada y segregadamente de todos y cada uno de los créditos que se transmiten”. La operación se instrumenta normalmente a través de un contrato de compraventa, con complejos y sofisticados pactos relativos no sólo a la determinación de su objeto (la cartera), sino a cuestiones tan relevantes como la fijación del precio y la gestión de la cartera en el período intermedio, las declaraciones y garantías del vendedor, el saneamiento de vicios, la notificación de la cesión a los deudores y la entrega de la documentación de los créditos. La dinámica y problemas más habituales de este tipo de operaciones son descritos con detalle por PÉREZ LÓPEZ, A., MOYA FERNÁNDEZ, A. J. y TRIGO Y SIERRA, E., “Cuestiones prácticas de las ventas de carteras de créditos”, en Actualidad Jurídica Uría Menéndez, 33-2012, pp. 45 y ss.
No existe todavía un pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la cuestión que se está analizando. Tiene, en cambio, relevancia la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 abril de 2015, relativa a un supuesto de transmisión en bloque por sucesión universal de un conjunto de relaciones de crédito en una operación de modificación estructural de segregación de una parte del patrimonio de la sociedad acreedora. Para el Tribunal Supremo, “la segregación a que se refiere el art. 71 de la Ley 3/2009 -EDL 2009/25042 es una figura muy extendida en el tráfico mercantil, que supone un solo negocio jurídico consistente en un traspaso en bloque por sucesión universal de una o varias partes del patrimonio de una sociedad, cada una de las cuales forma una unidad económica, a favor de una o varias sociedades, recibiendo a cambio aquella acciones de las sociedades beneficiarias”. De ello se concluye que “en la segregación no hay individualización de los créditos, ni una pluralidad de negocios jurídicos de cesión, porque estos se transmiten en bloque, por sucesión universal, formando una unidad económica” y, por tanto, “no cabe proyectar la figura del retracto de crédito litigioso cuando éste ha sido transmitido conjuntamente con otros, en bloque, por sucesión universal, no de forma individualizada”. En un supuesto de fusión por absorción esa tesis es mantenida por el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 18 de febrero de 2015. Y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo de 25 de septiembre de 2015 utiliza el mismo razonamiento para afirmar que el retracto de crédito litigioso tampoco cabe en los supuestos de transmisión de unidades productivas en el seno de un procedimiento concursal.
De hecho, esta misma solución se ha dado por el propio legislador en otro sector del ordenamiento: el de los contratos de arrendamiento urbano. En concreto, el artículo 25.7 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos EDL 1994/18384 -, excluye los derechos de tanteo y retracto de los arrendatarios cuando se produce una venta conjunta, es decir, cuando el objeto de la venta es un edificio entero o, al menos, todas las viviendas del mismo edificio propiedad del arrendador.
Mantienen esta opinión MOYA FERNÁNDEZ, A. J., PÉREZ-PUJAZÓN, M. E. y TRIGO Y SIERRA, E., op. cit., pp. 52 y 53. Se muestran en contra (y, por tanto, a favor de la aplicabilidad del artículo 1535) SENÉS MOTILLA, C., op. cit., pp. 4-6 y, eso sí, antes de la Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de abril de 2015, VEIGA COPO, A., op. cit., pp. 698 y 699. Una posición intermedia mantiene CARRASCO PERERA, A., op. cit., p. 4: rechaza la aplicabilidad del artículo 1535 CC -EDL 1889/1 salvo si existe un “precio claramente singularizado por cada crédito”.
Entre las dos posturas, la práctica judicial viene decantándose de forma mayoritaria por la que rechaza la aplicabilidad del artículo 1535 CC -EDL 1889/1-. El principal exponente es la Audiencia Provincial de Madrid, que ha sostenido ese planteamiento a través un numeroso grupo de resoluciones recientes. Se citan, a título de ejemplo, las Sentencias de 29 de septiembre -EDJ 2016/230332 y 23 de diciembre de 2016 -EDJ 2016/280781-, de 6 de marzo -EDJ 2017/98754-, 26 de junio -EDJ 2017/154921 y 24 de julio de 2017 -EDJ 2017/194132 y el Auto de 1 de junio de 2017. En los razonamientos de estas resoluciones se explica que “el artículo 1535 del Código habla expresamente en singular de un crédito y no de una venta de una cartera de créditos o un paquete de créditos en plural”, que “el retracto exige una perfecta identidad entre lo retraído y lo vendido”, que “dicha identidad no se daría en el presente caso en donde el objeto de cesión o venta es una cartera de créditos, y el retracto requiere que se haya producido la cesión de un crédito individualizado lo que comporta que se haya pagado por el mismo un precio ad hoc, lo que en el presente caso no se produce sino que el precio lo es por la totalidad de los que componen la cartera vendida, debiendo abundarse que precisamente el precio se paga por el global por toda la cartera, y derivado del hecho de que con frecuencia se trata de créditos fallidos y de dudoso cobro lo que determina que el precio pueda ser inferior, lo que se justifica además por simples motivos de economías de escala pues es notorio que el coste por unidad es inferior en caso de adquisición por un solo comprador de múltiples existencias de un mismo producto, a lo que se añade que en estos casos se adquieren las carteras con tasas de descuento a cambio de asumir el riesgo y ventura de su reclamación y recuperación a sabiendas de que buna parte de los créditos puedan resultar incobrables”.
A ese criterio se han sumado otras Audiencias Provinciales como la de Barcelona (Sentencia de 14 de julio de 2016 -EDJ 2016/167171 y Autos de 30 de enero y 16 de marzo de 2017), Cádiz (Auto de 31 de mayo de 2017) o Burgos (Sentencia de 31 de julio de 2017). La Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 1ª) de 30 de junio de 2017 considera que la norma “hoy tiene una eficacia limitada, en la medida en que no se reconoce, -según opinión mayoritaria-, en los casos de cesiones de carteras de créditos”. En cambio, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra (Sección 3ª) de 26 de enero de 2017 -EDJ 2017/13206-entiende aplicable el artículo 1535 CC -EDL 1889/1 en atención a los términos del contrato de compraventa de la cartera: “Estipulación SEGUNDA, 4: ‘El Precio que se atribuye es el resultado de aplicar el porcentaje del 4,15% a la cantidad que para crédito figura en la columna denominada ‘Unpaid Principal Balance’ del mismo Anexo 1”. Sobre la base de esta estipulación, se concluye que existe un “precio específico e individualizado” del crédito objeto del procedimiento y que, por tanto, procede la aplicación del artículo 1535 CC. Este razonamiento, sin embargo, es más que discutible. Cabe, en efecto, que en el contrato global de compraventa de la cartera se establezca un importe por cada crédito, mediante una cantidad a tanto alzado o un porcentaje sobre el principal adeudado. De hecho, es la práctica más extendida. Pero eso no significa que se pueda hablar de una cesión individualizada de cada crédito, porque, como se decía antes, el importe asignado a cada crédito se habrá establecido en atención al conjunto de circunstancias concurrentes en la operación global. El importe sin duda habría sido muy diferente de haberse realizado una cesión individual del crédito.
Como se ha explicado, de las consideraciones expuestas se extrae como conclusión que el artículo 1535 CC -EDL 1889/1 no resulta de aplicación en los casos de ventas de carteras o paquetes de créditos. El análisis de la cuestión podría, pues, dejarse en este punto. Si no es aplicable el artículo 1535 CC, no tiene sentido plantearse otros problemas relativos a la interpretación de ese precepto. No obstante, el comentario no se deja aquí, sino que se extiende a la referencia de qué se ha de entender por crédito litigioso a efectos del artículo 1535 CC. La referencia se considera oportuna precisamente porque esta revitalización de los intentos de aplicación del precepto a que se hace referencia ha servido para establecer criterios de utilidad en la determinación del concepto de crédito litigioso, en el bien entendido que ello se refiere a casos de cesiones de créditos distintas de las operaciones de venta de carteras o paquetes de créditos.
Por otro lado, desde un punto de vista objetivo, se ha discutido tradicionalmente qué ha de entenderse por crédito litigioso; o, más bien, qué significa el adjetivo “litigioso”. La referencia fundamental utilizada por la doctrina y la práctica judicial es la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 1991 (junto con otras más antiguas, como las de 8 de abril de 1904 y 16 de diciembre de 1969). Para el Alto Tribunal la estructura del crédito litigioso exige la existencia “de un debate judicial iniciado y no resuelto acerca de la existencia, naturaleza, extensión, cuantía, modalidades, condiciones o vicisitudes de la expresada relación, pero ha de hacerse constar que nunca cabe referir el concepto a una relación jurídica agotada o consumida”. En relación con esta aseveración, se insiste de forma reiterada en que la oposición a la reclamación del crédito debe ser de fondo y no de carácter meramente formal o procesal. Es decir, crédito litigioso es aquél cuya existencia, cuantía o exigibilidad están siendo discutidas en cuanto al fondo al tiempo de producirse la cesión y de ser esta conocida por el deudor cedido. Por poner sólo algunos ejemplos, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos de 31 de julio de 2017 dice que “crédito litigioso no es todo aquel impugnado en un procedimiento judicial. Sólo aquellos créditos respecto los cuales esté planteado un procedimiento que tenga por objeto determinar la existencia, validez y exigibilidad de la deuda y mientras el proceso no esté terminado”; mientras que la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 24 de julio de 2017 -EDJ 2017/194132 coincide en señalar que “se ha descartado la consideración como crédito litigioso en aquellos casos en que el demandado se haya limitado a contestar a la demanda sobre la mera oposición de excepciones formales, sin cuestionar su existencia o legitimidad” y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de 23 de julio de 2014 indica que “crédito litigioso es aquel que, habiendo sido reclamada judicialmente la declaración de su existencia y exigibilidad por su titular, es contradicho o negado por el demandado, y precisa de una sentencia firme que lo declare como existente y exigible; es decir, el que es objeto de una ‘litis pendentia’, o proceso entablado y no terminado, sobre su declaración”.
Por un lado, se ha convertido en práctica frecuente que empresarios, sean personas físicas o jurídicas, aleguen como causa de oposición la existencia en el título de cláusulas abusivas, normalmente a través de la invocación de las normas sobre protección de consumidores y usuarios. La alegación suele obedecer a varios propósitos. El más evidente es la dilatación de la ejecución. Pero también la generación de una situación de litigiosidad que pudiera activar el derecho del artículo 1535 CC -EDL 1889/1 y permitir al ejecutado la extinción de la deuda con el pago del precio de la cesión fijado entre cedente y cesionario. En estos casos, la práctica judicial viene rechazando que la formulación de esa causa de oposición convierta al crédito en litigioso, ya que es evidente que no resulta de aplicación la normativa de consumidores y usuarios y, por tanto, la oposición carece manifiestamente de fundamento. En un caso que responde a esta situación, la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Barcelona de 18 de octubre de 2017 rechaza una demanda deducida en ejercicio del artículo 1535 CC, entre otros motivos, porque se fundamentaba en el planteamiento por el deudor en sede de ejecución de “un motivo basado en la posible existencia de cláusula abusiva, pese a que no es consumidor y no tiene legitimación para invocar tal abusividad”. El fenómeno es explicado por MOYA FERNÁNDEZ, A. J., PÉREZ-PUJAZÓN, M. E. y TRIGO Y SIERRA, E., op. cit., p. 54: “el exponente de esta táctica es la gran cantidad de oposiciones planteadas por promotoras, constructoras, inmobiliarias y personas físicas con ellas relacionadas con base en la presencia de cláusulas abusivas en los préstamos que recibieron para su actividad mercantil, pese a que según la jurisprudencia su invocación está reservada solamente a los deudores que sean consumidores, condición que obviamente no ostentan”.
Estos intentos están abocados al fracaso. Como antes se ha dicho, la condición de litigioso del crédito debe ser preexistente al negocio de cesión y mantenerse en el momento en que el deudor pretenda valerse del derecho reconocido en el artículo 1535 CC -EDL 1889/1-. Si antes de comunicarse la sucesión procesal en los términos del artículo 540 LEC -EDL 2000/77463 el crédito no era litigioso (por no haber merecido oposición del deudor en cuanto al fondo en tiempo y forma), no podrá adquirir esa condición como consecuencia de un repentino cambio de actitud del deudor al conocer la existencia de la cesión. Lo indica de forma tajante CARRASCO PERERA, A., op. cit., p. 3: “el deudor cedido no puede convertir el crédito en litigioso después de la cesión ni cuando el cesionario ya le demanda el pago. Me parece que la razón para esta interpretación estricta de la norma procede de que el privilegio del deudor cedido tiene sentido cuando el crédito era litigioso antes de la cesión, y por esta razón el cesionario (se presume) lo compró a la baja; es decir, resulta preciso que el crédito no se haya hecho litigioso precisamente en consideración al subsiguiente ‘retracto’. En consecuencia, si el deudor cedido excepciona por primera vez el crédito cuando le reclame el cesionario, no podrá pretender acumuladamente ni en pleito aparte el privilegio de redención del artículo 1535 del Código Civil”. En cualquier caso, adicionalmente, es evidente que el trámite del artículo 540 LEC no es el cauce procesal adecuado para plantear el posible retracto de crédito litigioso. Ello habría de tener lugar, en su caso, a través del correspondiente procedimiento, independiente del proceso en el que se esté formulando la reclamación del crédito.
Nos plantean en esta ocasión dos preguntas en relación con el artículo 153...
Antes de abordar las dos cuestiones planteadas debemos hacer alguna reflexión acerca de este precepto. En primer lugar, debemos recordar que no es un derecho que proceda de la tradición jurídica española sino que (como recuerda el Tribunal Supremo en su conocida Sentencia de 31 de octubre de 2008 -EDJ 2008/203570-) fue introducido primero en el Proyecto de Código Civil de 1851 y, definitivamente, en el Código Civil en 1889 -EDL 1889/1 por inspiración del Código Civil francés que, a su vez, lo toma del derecho romano. En concreto de la Lex Anastasiana (año 506 d.C., Anastasio a Eustaquio, Ley 22, Tít. XXXV, Libro 4º del Código del Corpus Iuris Civilis) y que se justificaba por razones de humanidad y benevolencia (tam humanitatis quam benevolentiae plena).
De esta forma, hasta fechas muy recientes, el artículo 1535 -EDL 1889/1 se había invocado sólo en casos de cesiones de créditos individuales. Por ello, la doctrina y nuestros tribunales habían estudiado diversas cuestiones acerca de este precepto (como, cuál es el concepto de crédito véase la citada STS de 31 de octubre de 2008 -EDJ 2008/203570-; cuándo debe entenderse que el mismo es litigioso; si su naturaleza jurídica es la de un retracto – esto es, un derecho de adquisición preferente – o es una forma de extinción de la obligación). Sólo al producirse la proliferación de las operaciones de venta de carteras de créditos que, además, en muchas ocasiones, se trata de créditos concedidos a consumidores (y, por lo tanto, afectados por las normas de especial protección de los mismos), nuestros tribunales han empezado a plantearse la aplicación de este precepto en estos supuestos.
Recordemos que el artículo 1535 -EDL 1889/1 establece que: “Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que se hubiesen ocasionado y los intereses del precio desde el día en que este fue satisfecho. Se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste a la demanda relativa al mismo. El deudor podrá usar de su derecho dentro de los nueve días desde que el cesionario le reclame el pago”.
Con este ejemplo trataba de ilustrar que una de las cuestiones más relevantes en la adquisición de carteras de créditos masivas es, de hecho, la fijación del precio. Como veremos, uno de los problemas más relevantes que plantea la aplicación en estos casos del 1535 CC -EDL 1889/1 es que el cesionario no comunica el precio de la cesión. Algunas resoluciones judiciales dictadas en procedimientos judiciales, en las cuales se ha comunicado la cesión del crédito, han requerido al cesionario comunicar el precio (para aplicar el 1535 CC) y se han encontrado sin respuesta (o con una respuesta poco satisfactoria). Precisamente esta situación es la que ha llevado a algunos tribunales (en concreto, que conozcamos, al Juzgado de Primera Instancia número 11 de Vigo y al Juzgado de Primera Instancia número 38 de Madrid) a plantearse la relación de este artículo con la legislación (especialmente protectora) de los consumidores, como veremos a continuación.
Entrando ya en las cuestiones que se plantean, en primer lugar, se pregunta si el 1535 CC -EDL 1889/1 es admisible para el consumidor cedido en las cesiones de las carteras de crédito. Es indudable que la aplicación del retracto permite al deudor cedido liberarse de su obligación pagando un importe inferior (el precio del crédito). Por esta razón, las cuestiones prejudiciales a las que nos referíamos no se refieren tanto a si el 1535 CC debe aplicarse por ser más beneficioso para el consumidor, si no si no se debería hacer una interpretación extensiva del precepto para que, en toda cesión de cartera, fuera posible que el deudor se liberase de la obligación pagando el crédito de la cesión.
Así, el Juzgado de Primera Instancia número 11 de Vigo en el auto de 11 de noviembre de 2015 pregunta si no es incompatible con la legislación europea de protección a los consumidores una interpretación del 1535 CC -EDL 1889/1 que limite su aplicación a la fase declarativa del procedimiento, impidiendo su aplicación en fase ejecutiva (en otras palabras, si no debería aplicarse el 1535 CC cuando el crédito ha dejado de ser litigioso).
Debemos recordar que, en relación a las transmisiones masivas de créditos, el Tribunal Supremo (Sentencia de 1 de abril de 2015 -EDJ 2015/51594-) y las Audiencias Provinciales (de Barcelona, sección 14ª, Sentencia de 14 de julio de 2016 -EDJ 2016/167171-, Valencia, sección 7ª, de 20 de junio de 2016, Alicante, sección 8ª, de 17 de marzo de 2017) concluyen que no es posible acudir al retracto del crédito litigioso cuando “este ha sido transmitido conjuntamente con otros, en bloque, por sucesión universal, no de forma individualizada”. Lo que lleva a algunos autores (vid. TRIGO SIERRA y otros, cit. supra) y Audiencias Provinciales que no cabe la aplicación del retracto del crédito litigioso en los supuestos de cesión de carteras (véase la SAP Madrid, sección 9ª, de 29 de septiembre de 2016 -EDJ 2016/230332 o la SAP Madrid, sección 18ª, de 26 de junio de 2017 -EDJ 2017/154921-). Por el contrario, otras resoluciones entienden que sí será posible la aplicación del retracto de créditos litigiosos en operaciones de ventas de carteras, cuando estén “claramente determinados e individualizados los créditos sobre los cuales se ejercita el derecho de extinción del art.1535 del CC” y se haya podido acreditar el precio individualizado pagados por ellos (SAP Sevilla, sección 8ª, de 3 de noviembre de 2011) o fuera individualizable (SAP Pontevedra, sección 3ª, de 26 de enero de 2017 -EDJ 2017/13206-).
En mi opinión, no se puede aplicar el artículo 1535 CC -EDL 1889/1 en las cesiones de carteras de créditos. En primer lugar, en términos generales, porque, como indicaba antes, en la mayor parte de las ocasiones es imposible individualizar el precio de los créditos cedidos (téngase en cuenta que, cuando se pacta un porcentaje del valor nominal de la cartera, el precio se fija atendiendo tanto a los créditos litigiosos como a los que no lo son, tanto a los que tienen una posibilidad de recuperación más elevada, como a las que tienen menos, se aplican criterios de economías de escala de forma que se compensa la menor rentabilidad de unos con otros, de forma que el precio que se alcanza es siempre por la globalidad). En segundo lugar, y centrando la cuestión en el ámbito de las cláusulas abusivas en materia de consumidores, porque, como señala el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el Auto de 5 de julio de 2016, la finalidad de la Directiva 93/13 CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 -EDL 1993/15910-, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores es aproximar las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados Miembros sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores, sin embargo, conforme al artículo 1.2, “las cláusulas contractuales que reflejen disposiciones legales o reglamentarias imperativas no estarán sometidas” a las disposiciones de la Directiva. El TJUE explica que esta exclusión a las normas nacionales imperativas se extiende a las disposiciones del derecho nacional que se apliquen entre partes contratantes con independencia de su elección o aplicables por defecto; concluye que el artículo 1535 CC tiene la consideración de disposición imperativa. Además, el TJUE también explica que la exclusión de las normas imperativas “se justifica por el hecho de que es legítimo presumir que el legislador nacional ha establecido un equilibrio entre el conjunto de derechos y obligaciones de las partes en determinados contratos, equilibrio que el legislador de la Unión ha decidido expresamente preservar”. Por ello, el TJUE entiende que la Directiva 93/13/CEE debe interpretarse en el sentido de que no es aplicable a la normativa nacional del retracto del crédito litigioso.
Una de las condiciones más relevante para el ejercicio del retracto del crédito litigioso es que debe realizarse el pago o la consignación de los conceptos indicados en el 1535 CC -EDL 1889/1 (precio, costas e intereses desde el pago) en el plazo, de caducidad, de 9 días. Este requisito es, a mi juicio, ineludible (véase la Sentencia de la AP de Barcelona, sección 19ª, de 19 de octubre de 2006, SAP Madrid, sección 9º, de 7 de octubre de 2002 y SAP las Palmas de Gran Canaria, sección 5ª, de 19 de mayo de 2001)). Sin embargo, sentencias más recientes, (SSAP Madrid, sección 12ª, de 26 de junio de 2014 y 18 de febrero de 2015), concluyen que esta consignación no es exigible, en la medida en que no nos encontramos ante un auténtico retracto (si no ante un derecho del deudor a extinguir su obligación).
En lo que respecta a las condiciones procesales, la cuestión es bastante más complicada y sólo ha sido tratada (y de forma limitada) por la doctrina (con carácter previo a la Ley de Enjuiciamiento Civil -EDL 2000/77463 actual, véase NAVARRO PÉREZ, J.L. “El retracto de créditos litigiosos”, Ed. Comares y con la actual LEC por SENES, C. op.cit.). El primer autor citado apunta a dos vías procesales que también son posibles al amparo de la LEC actual. Estas son (i) la cuestión incidental de previo pronunciamiento y (ii) el proceso declarativo ordinario en el que se ejercite la acción de retracto. La segunda autora rechaza que se pueda plantear en los motivos de oposición (art.557.1.7ª LEC) y plantea la posibilidad de que se asimile a un procedimiento de tercería de mejor derecho.
La primera vía, la cuestión incidental de previo pronunciamiento ser prevé (en los artículos 387 a 393 LEC -EDL 2000/77463 para tratar cualquier otra incidencia que ocurra durante el juicio y cuya resolución sea absolutamente necesaria, de hecho o de derecho, para decidir sobre la continuación del juicio por sus trámites ordinarios o su terminación (art.391.1.3º LEC). En la medida en que la LEC no prevé ningún trámite especial para el ejercicio del derecho de retracto de crédito litigioso parece que esta vía funcionaría (de hecho, parece que fue como se planteó en las STS de 4 de febrero de 1952 o 28 de febrero de 1991). Sin embargo, si no se admitiera esta vía incidental, plantear un procedimiento declarativo posterior seguramente no sería posible, al haber caducado la acción.
El Auto del Tribunal de Justicia de la Unión (Sala Quinta) de 5 de julio de ...
El Auto del Tribunal de Justicia de la Unión (Sala Quinta) de 5 de julio de 2016, en el procedimiento C-7/16, al analizar –en el ámbito de la cuestión prejudicial que se le había planteado la compatibilidad del artículo 1535 CC -EDL 1889/1 con la Directiva 93/13 -EDL 1993/15910-, consideró que “esa disposición es una disposición imperativa que se aplica entre las partes contratantes con independencia de su elección o en defecto de un pacto al respecto(…)que ni el artículo 1535 del Código Civil ni la jurisprudencia nacional que lo interpreta pretenden determinar la amplitud de las facultades del juez nacional para apreciar el carácter abusivo de una cláusula contractual. Por todas las consideraciones precedentes se ha de responder a las cuestiones planteadas que la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no es aplicable a una normativa nacional, como la que es objeto del litigio principal, relativa al derecho del deudor de un crédito cedido por el acreedor a un tercero a extinguir su deuda reembolsando a éste el precio que haya pagado por esa cesión”.
Por otro lado, tampoco parece que pueda decirse que el artículo 1535 CC -EDL 1889/1 sea incompatible con la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior.
Lo anterior nos conduce a analizar cuáles son los requisitos exigidos para el ejercicio de retracto de créditos litigiosos en el artículo 1535 CC -EDL 1889/1 y comprobar si concurren –y en qué casos en el supuesto de cesiones de cartera de créditos.
Por lo que aquí interesa, el artículo 1535 CC -EDL 1889/1 dispone que “Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo…”. Esto nos indica que, para que nazca el derecho del deudor cedido al ejercicio del retracto del crédito litigioso, es preciso que concurran:
El precepto, al referirse a la venta de “un crédito” ha generado la discusión –crucial para el caso que se plantea de si nace el derecho de retraer sólo cuando se vende un crédito individualizado o si, también nace, cuando se enajena una globalidad de créditos.
La exigencia de que el retracto recayera sobre un crédito cedido individualizado y no sobre una globalidad de créditos la había asumido nuestra jurisprudencia. Así se desprende de la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 31 de octubre de 2008 -EDJ 2008/203570-, según la cual “se argumenta por un importante sector doctrinal, en apoyo de una ‘interpretación extensiva, por analogía’, que el precepto del art. 1.535 CC -EDL 1889/1 no tiene carácter excepcional ya que responde a un criterio general de nuestro ordenamiento jurídico (así art. 1.459.5 CC), sin embargo la postura acerca de si es o no un precepto de excepción no es pacífica en nuestra más moderna doctrina. Los argumentos de la doctrina (de orden histórico, lógico y sistemático, fundamentalmente) son consistentes, y se comparten plenamente por esta Sala, y, por consiguiente, debe entenderse que el precepto se refiere a todos los derechos (y acciones) individualizados y que sean transmisibles”.
La posición consistente de la jurisprudencia ha sido desfavorable al ejercicio del derecho de retracto de créditos litigiosos en los casos de transmisión conjunta por sucesión universal, considerando, además, que su reconocimiento obstaculizaría la culminación de la modificación estructural. En dicho sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 1 de abril de 2015 (RJ\2015\1175), dispone que “la cuestión nuclear que es objeto de debate en el presente recurso versa sobre la aplicación del art. 1535 CC -EDL 1889/1 que regula el retracto de un crédito litigioso, cuando éste conjuntamente con otros créditos litigiosos o no, ha sido objeto de un traspaso en bloque por sucesión universal(…) La segregación a que se refiere el art. 71 de la Ley 3/2009 -EDL 2009/25042 es una figura jurídica muy extendida en el tráfico mercantil, que supone un solo negocio jurídico consistente en un traspaso en bloque por sucesión universal de una o varias partes del patrimonio de una sociedad, cada una de las cuales forma una unidad económica, a favor de una o varias sociedades, recibiendo a cambio aquella acciones de las sociedades beneficiarias. La diferencia fundamental frente a la escisión total o parcial reside en que la contraprestación a la aportación la recibe la propia sociedad segregada y no los socios de ésta. Razón por la cual, por la segregación, no es necesario que se extinga la entidad transmitente. En la segregación no hay individualización de los créditos, ni una pluralidad de negocios jurídicos de cesión de créditos, porque estos se transmiten en bloque, por sucesión universal, formando una unidad económica. A la vista de cuanto antecede, podemos concluir que no cabe proyectar la figura del retracto de crédito litigioso cuando éste ha sido transmitido conjuntamente con otros, en bloque, por sucesión universal, no de forma individualizada, de acuerdo con la doctrina sentada por esta Sala y que, ahora, confirmamos”.
La cuestión no es ni evidente ni pacífica. Tan es así que la Generalitat de Cataluña, con una indudable limitación de eficacia geográfica, promulgó la Ley 24/2015, de 29 de julio -EDL 2015/132844-, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, en cuya Disposición Adicional Primera, se establece –en este caso sí explícitamente para supuestos específicos que “En la cesión de créditos, el acreedor puede ceder su crédito contra el deudor si el crédito ha sido garantizado con la vivienda del deudor y este es un consumidor. Si la cesión es a título oneroso, el deudor queda liberado de la deuda abonando al cesionario el precio que este ha pagado más los intereses legales y los gastos que le ha causado la reclamación de la deuda”.
Es bastante unánime la opinión de que la cualidad de litigioso en un crédito finaliza –y con ello la posibilidad de ejercicio adecuado de la acción de retracto con la decisión judicial firme sobre su existencia y exigibilidad en el procedimiento declarativo.
Los artículos 1535 y 1536 CC -
Los artículos 1535 y 1536 CC -EDL 1889/1 regulan el retracto de los créditos litigiosos en los siguientes términos. Según el primero de los artículos, “vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo, reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que se le hubieren ocasionado y los intereses del precio desde el día en que éste fue satisfecho. Se tendrá por litigioso el crédito desde que se conteste a la demanda relativa al mismo. El deudor podrá usar de su derecho dentro de 9 días, contados desde que el cesionario le reclame el pago”. El artículo 1536 CC exceptúa de lo dispuesto en el artículo anterior la cesión o ventas hechas: 1. a un coheredero o condueño del derecho cedido, 2. a un acreedor en pago de su crédito, 3. al poseedor de una finca sujeta al derecho litigioso que se ceda.
Tal como manifiesta la SAP de Girona de 16 de mayo de 2011 -EDJ 2011/146287 el retracto de créditos litigiosos se configura “como una facultad del deudor de un crédito litigioso cedido para extinguir por confusión dicho crédito, reembolsando para ello al cesionario el precio que pagó por la cesión, las costas que se le originaron y determinados intereses”. Por lo que respecta a los antecedentes y razones de su implementación, la misma Sentencia aclara que esta figura tiene su origen en el Código Civil francés “donde este «retracto» se articuló como mecanismo protector del deudor ante ciertos abusos en cesiones de créditos litigiosos, tradicionalmente vistas con disfavor por el ánimo especulativo que se les ha venido atribuyendo” y ello, para evitar que el crédito, como refiere la SAP de Burgos de 15 de diciembre de 2016 -EDJ 2016/246081-, “cuando está puesto en litigio entre acreedor y deudor, pase a manos de tercero, de modo que se le permite, humanitatis causa … extinguirlo con el pago del precio de la cesión….. (lo cual) supone, en definitiva, una restricción legal al principio de libre circulación y transmisión de los créditos, proclamado en el artículo 1112 CC -EDL 1889/1-”.
También se ha puesto de manifiesto la improcedencia del término “retracto” y la relación del crédito litigioso cuando el deudor ocupa la posición también de garante. Así la SAP de Burgos de 15 de diciembre de 2016 -EDJ 2016/246081 considera que “ni por su finalidad ni por su dinámica puede ser considerado un verdadero retracto, pues no hay subrogación alguna del retrayente en la posición jurídica del retraído (como observa ya la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de octubre de 2008 -EDJ 2008/203570-) sino pura, simple y directa extinción del crédito, mediante el pago, no de la prestación a que venía obligado el deudor, sino la del precio de la cesión, que se supone menor o más ventajoso que aquélla … La precisión es de importancia, pues si el derecho lo ejercitase un garante (posibilidad que, ha de ser admitida), no se subrogaría éste en la posición del acreedor cesionario y no podría ejercitar la acción, por esa presunta subrogación, frente al deudor, sino que, a lo sumo, podría reclamar a éste, en estricta acción de reembolso, lo que hubiese pagado efectivamente para extinguir el crédito”.
En lo que respecta al carácter litigioso del crédito, por todas puede mencionase la SAP de Burgos de 15 de diciembre de 2016 -EDJ 2016/246081 o la SAP de Barcelona, Sección 19, de 2 de marzo de 2011 que sobre la base de las SSTS de 8 de abril de 1904 y de 28 de febrero de 1991 manifiestan que “el carácter litigioso de un crédito debe reputarse del puesto en el pleito desde que se conteste a la demanda, en el que se cuestione su existencia y exigibilidad, y en el que no exista sentencia o resolución firme que lo declare” o, “que está en pleito” como manifiesta la SAP de Girona de 16 de mayo de 2011, es decir a través del juicio declarativo correspondiente como concreta la SAP de Asturias de 3 de febrero de 2017 -EDJ 2017/22029 sobre la base del Auto del TJUE de 5 de julio de 2016 resolviendo la C 7/16 planteada por el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Vigo; perdiéndose el carácter de crédito litigioso tan pronto queda firme la sentencia.
Así, por ejemplo, la SAP Madrid 26 de junio de 2017 -EDJ 2017/154921 al poner de relieve que la cesión debe ser mediante precio, matiza que “no basta cualquier transmisión, pues quedan excluidas las gratuitas, sean inter vivos o mortis causa, las ventas en globo en las que se incluye la transmisión por operación societaria de todo el patrimonio de una persona jurídica a otra, y aquellas en que, aun siendo onerosas, la contraprestación de la cesión no se fija mediante un precio determinado, sino por otra contraprestación, como es el caso de la permuta. En unos casos, es la constatación de no existir idea alguna de especulación, en otros, la indeterminación del precio de la cesión, y en otros, la inoperatividad de la figura, que no permitiría el pago por el deudor de lo que ha hecho efectivo el cesionario”.
La SAP de Asturias de 3 de febrero de 2017 -EDJ 2017/22029 aclara esta cuestión en los casos de los procesos de ejecución y supuestos de cesión en masa de créditos, en los siguientes términos: “esta Sala no desconoce que existen ciertas opiniones doctrinales y resoluciones de algunos órganos judiciales que entienden que es posible de oficio hacer aplicación del citado precepto dentro del ámbito de los procesos de ejecución y en especial en los supuestos de cesión de créditos en masa; si bien no compartimos dicho criterio, al igual que han hecho otras Audiencias Provinciales, así el Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 25ª de 2 de diciembre de 2016; Auto de Audiencia Provincial de Córdoba, Sección 1ª de 14 de noviembre de 2016; Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª de 9 de noviembre de 2016 o Auto Audiencia Provincial de Cádiz, Sección 2ª de 24 de mayo de 2016, por citar los más recientes.
Y ello en base a las siguientes consideraciones: a) en primer lugar por cuanto entendemos que el citado art. 540 de la LEC -EDL 2000/77463 a los efectos de la sucesión procesal no exige más requisitos que el comprobar la existencia de un documento fehaciente que acredite la cesión del crédito, que se trate de un derecho trasmisible y si las condiciones de la cesión perjudican el derecho de defensa del deudor, b) en segundo término, de oficio no pueden pedirse datos, documentos y aclaraciones distintos de los que integran el título de ejecución que es el mismo e idéntico, y en el que solo ha cambiado la persona del acreedor, c) el retracto de crédito litigioso es cuestión que solo incumbe al deudor a través del declarativo correspondiente, y así se ha pronunciado el TJUE en su Auto de 5 de julio de 2016 resolviendo la C 7/16 planteada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 11 de Vigo ….. señalando que la Directiva 93/13 debe interpretarse en el sentido de que no es aplicable a una normativa nacional, como la que es objeto del litigio principal, relativa al derecho del deudor de un crédito cedido por el acreedor a un tercero a extinguir su deuda reembolsando a éste el precio que haya pagado por esa cesión; d) no puede entenderse que un crédito es litigioso si no se formalizó la oposición a la ejecución por parte de los ejecutados, como así ha sucedido en el presente supuesto, e) por último, en todo caso si se deniega la sucesión procesal no procede el sobreseimiento del procedimiento”.
La SAP de Madrid de 26 de junio de 2017 -EDJ 2017/154921 recoge el supuesto de cesiones de créditos bajo la modalidad de las modificaciones estructurales sobre la base de la Sentencia nº 165/2015 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 1 de abril de 2015. En concreto, sobre la aplicación del artículo 1535 CC -EDL 1889/1 cuando el retracto de un crédito litigioso, conjuntamente con otros créditos litigiosos o no, ha sido objeto de un traspaso en bloque por sucesión universal a consecuencia de una segregación de una parte del patrimonio de la sociedad acreedora que conforma una unidad económica, recibiendo a cambio la sociedad segregada acciones de la sociedad beneficiaria al amparo del artículo 71 de la ley 3/2009, de 3 de abril -EDL 2009/25042-, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. De esta manera señala que el "vocablo crédito comprende todo derecho individualizado transmisible", refiriéndose a todos los derechos (y acciones) individualizados y que sean transmisibles, mientras que en la segregación no hay individualización de los créditos, ni una pluralidad de negocios jurídicos de cesión de créditos, porque estos se transmiten en bloque, por sucesión universal, formando una unidad económica, concluyendo que a la vista de cuanto antecede, “no cabe proyectar la figura del retracto de crédito litigioso cuando éste ha sido transmitido conjuntamente con otros, en bloque, por sucesión universal, no de forma individualizada, de acuerdo con la doctrina sentada por esta Sala”.
La cuestión que se debate en relación al retracto de los deudores en los ca...
La cuestión que se debate en relación al retracto de los deudores en los casos de cesiones de carteras de créditos es la relativa al alcance de la facultad a que se refiere el art 1535 del Código Civil -EDL 1989/1 conforme a cual, “vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo, reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses del precio desde el día en que éste fue satisfecho” y en particular si puede en todo caso el deudor cedido satisfacer su crédito conforme a este precepto y en consecuencia, extinguir su crédito pagando, no el importe natural del mismo sino el precio abonado por el cesionario, operación especialmente relevante en los casos de cesiones de cartera de créditos que de ordinario se adquieren a precios muy inferiores al importe de la deuda como medio, de un lado y en lo que hace al cedente, de sanear balances -mejorando sus resultados, liquidez, ratios e índices de morosidad y en cuanto al cesionario, de hacer negocio al adquirir un importante volumen de créditos por precio muy inferior al importe real de la deuda que el conjunto de créditos representan.
También conviene recordar que cuando se trata de entidades financieras intervenidas por el FROB, resulta de inaplicación el derecho de recompra de un créditio litigioso conforme al art. 1535 CC -EDL 1889/1 al haberse exceptuado para el caso de la transmisión de créditos litigiosos -art 29-4.b) Ley 11/2015 -EDL 2015/97422-.
Pareciera suficiente con esta doctrina para tener por solventadas las cuestiones. Pero tan no es así cuando se trata el cedido de un consumidor que incluso ya se han planteado por dos órganos judiciales, el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Vigo y por el Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona, cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia cuestionando la conformidad del art. 1535 CC -EDL 1889/1 con el derecho de la Unión y en particular, con la práctica de las empresas en las operaciones de cesión de carteras de no ofrecer al consumidor la posibilidad de extinguir la deuda pagando al cesionario el precio satisfecho, intereses, gastos y costas del proceso.
Y es que la sucesión procesal, tanto en la fase declarativa (art 17 LEC -2000/77463-) como en la ejecutiva -art 540 LEC permiten a los cedentes y cesionarios que articulen su negocio jurídico eludiendo los efectos propios del art. 1535 CC -EDL 1889/1 ya que si para ejercitar el derecho de retracto y recomprar, en consecuencia, el crédito por el precio de adquisición del cesionario, es necesario que pueda calificarse de litigioso el crédito, es decir, que el crédito sea objeto de litigio -STS 233/2014, de 22 de mayo-, resulta ser lo cierto que ni el art. 17 ni el art. 540 citados contemplan mecanismo alguno con el que complementar el derecho que al cedido confiere de retracto del CC.
En efecto, desde que el procedimiento declarativo concluye, no es posible ejercitar el derecho de recompra del art. 1535 CC -EDL 1889/1 ni, desde luego, tampoco cuando se ceden con anterioridad a ser reclamados judicialmente. En consecuencia, dado que el art. 17 LEC -EDL 200/77463 se refiere a la cesión del objeto litigioso, entendiendo por tal aquél que está pendiente de juicio, sin contemplar la obligación de informar sobre el negocio de cesión al cedido para que pudiera ejercitar su derecho de retracto, basta que se deje transcurrir el proceso para que, promovida la sucesión vía art. 540 LEC, es decir, en fase de ejecución donde no se prevé la aplicación del derecho de recompra, no quepa ya el beneficio del retracto crediticio.
Si la ejecución dimana de una resolución judicial de la que resulte la declaración del crédito, cabe entender que no cabría la asimilación propuesta. Sin embargo si se tratara de la ejecución de un título no judicial, mientras no esté precluida la fase de oposición, incluido el art. 559 LEC -EDL 2000/77463-, sería dable entender que el crédito es litigioso y en consecuencia, acudir a la figura de la cesión, aunque de nuevo se plantea la cuestión de acudir a un procedimiento distinto y autónomo en el que ejercitar, en plazo, el derecho del art 1535 CC -EDL 1889/1 ya que no ha previsión de ejercicio en el propio proceso ejecutivo.
El art. 1535 del Código civil -
El art. 1535 del Código civil -EDL 1889/1 (CC) determina que «vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo, reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses del precio desde el día en que éste fue satisfecho» y aclara que «se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste a la demanda relativa al mismo». La norma establece, por tanto, la facultad del deudor para proceder a la extinción de un crédito que haya sido transmitido una vez que ya pueda considerarse litigioso, mediante el pago de la cantidad satisfecha por el adquirente (aunque ésta sea inferior a la deuda pendiente de pago), incrementada en las costas que se hubiesen ocasionado y los intereses del precio desde el día en que éste fue satisfecho. Se trata de una medida que hunde sus raíces en el Derecho Romano y cuya finalidad principal es desincentivar a los «especuladores de pleitos» reduciendo el número y duración de los mismos.
La primera cuestión que se plantea en esta edición del Foro, se refiere a si resulta admisible el retracto de créditos litigiosos en las operaciones de cesión de cartera de créditos. A este respecto, el art. 1535 CC -EDL 1889/1 no parece limitar su ámbito de aplicación a los supuestos de transmisión aislada o individual de un crédito (aun cuando también se ha podido interpretar así por quienes realizan una lectura literal del precepto que se refiere a la venta o transmisión de «un crédito litigioso») por lo que, en principio, nada se opondría a que, cuando en una operación de cesión de un conjunto (cartera) de créditos se incluyan también créditos litigiosos, quepa el ejercicio del derecho al retracto atribuido por dicha norma al deudor siempre, obviamente, que se cumplan los requisitos formales y materiales a los que se supedito su ejercicio y que la operación no quede comprendida dentro de las excepciones al reconocimiento del derecho que se contienen en el art. 1536 CC. Cuestión distinta es que la cesión del conjunto de créditos se inserte en una operación más compleja de sucesión universal o, incluso, aún sin sucesión universal, de cesión de un conjunto de bienes globalmente considerado («ciertos derechos, rentas o productos», al que se refiere el art. 1532 CC), supuestos en los cuales se ha de entender excluida la aplicación del derecho de retracto como consecuencia de la aplicación de la propias normas que establecen los efectos conectados a dichas operaciones (vid. la STS de 1 de abril de 2015, en el que se rechaza la aplicación del derecho de retracto en un supuesto de segregación y, por tanto, de transmisión en bloque por sucesión universal de un conjunto de créditos litigiosos junto a otros créditos y otros activos patrimoniales, realizada al amparo del art. 71 de la Ley 3/2009, de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles -EDL 2009/25042-). De este modo, mientras que la agrupación de los créditos para su transmisión resulte de una decisión puramente convencional, sin ningún otro elemento de cohesión interno, podrá resultar aplicable el derecho de retracto (en este sentido, por todos, RUBIO GIMENO, G., «Cessió de crèdits litigiosos i protecció del deutor cedit», Indret, 4/2016, pág. 20). Lo sustantivo es, por tanto, determinar si ha habido una transmisión de una pluralidad de créditos individualizados que se suman por voluntad de las partes (en cuyo caso, cabría el derecho de retracto) o, por el contrario, una auténtica cesión de créditos unitaria o en bloque, independientemente de que éstos se enumeren o no (en cuyo caso, se excluirá dicho derecho).
A este respecto, se ha formulado diversos argumentos contrarios a admitir el ejercicio del derecho de retracto en los supuestos de transmisión en bloque de una cartera de créditos. El argumento más sólido, a nuestro juicio, viene constituido por la necesidad, como presupuesto para la existencia del derecho de retracto, de que exista una perfecta identidad entre lo transmitido y lo retraído que en este caso, en principio, no se daría (no habría coincidencia entre lo transmitido, la cartera de créditos, y lo retraído, un concreto crédito litigioso incluido en dicha cartera). La función económica de las operaciones de cesión de cartera de créditos explica su configuración jurídica como transmisión del conjunto como un todo al que resultaría aplicable el art. 1532 CC -EDL 1889/1 (en cuya virtud el cedente «cumple con responder de la legitimidad del todo en general; pero no estará obligado al saneamiento de cada una de las partes de que se compongan, salvo en el caso de evicción del todo o de la mayor parte»), lo que permitiría entender excluido el reconocimiento del derecho de retracto. No obstante, como señalábamos anteriormente, la cesión de una cartera de créditos podría también configurarse como transmisión de una pluralidad de créditos individualizados, en cuyo caso podría entenderse aplicable dicho derecho.
En cualquier caso, de admitirse la aplicación del retracto, la cuestión principal radica en la consideración de un crédito como litigioso. Para ello, en la interpretación asumida por el TS, sería necesario, ante todo, la existencia de una obligación crediticia vencida y cuyo pago no se ha efectuado voluntariamente, un procedimiento judicial declarativo iniciado, pero aún no resuelto (en el que se cuestione la existencia, naturaleza, extensión, cuantía, modalidades o las condiciones o vicisitudes del crédito) y una oposición activa del deudor (contestación a la demanda). A este respecto, el TS parece admitir sin embargo la oposición tácita derivada de la rebeldía del deudor en los términos previstos en el art. 496.2 LEC -EDL 2000/77463 (vid. la STS de 31 de octubre de 2008 -EDJ 2008/203570-, a pesar de la opinión contraria expresada por MOYA FERNÁNDEZ, A.J., PÉREZ-PUJAZÓN, E. y TRIGO SIERRA, E., «Cesión de créditos y cuestiones prácticas de interés: retracto de crédito litigioso y titulización», Actualidad jurídica Uría-Menéndez, 44, 2016, págs. 48 a 64). En suma, crédito litigioso es aquél que, habiendo sido reclamada judicialmente la declaración de su existencia y exigibilidad por su titular, es contradicho o negado por el demandado y precisa de una resolución judicial firme que lo declare como existente y exigible (SAP de Barcelona, Sección 19ª, de 19 de octubre de 2006 y VALERO FERNÁNDEZ, A., «La aplicación de la Ley 2/2009, de 31 de marzo -EDL 2009/22582-, por la que se regula la contratación con los consumidores de préstamos o créditos hipotecarios y de servicios de intermediación para la celebración de contratos de préstamo o crédito, a las sociedades extranjeras adquirentes de carteras de créditos hipotecarios. El retracto de crédito litigioso», en Boletín del Colegio de Registradores, núm. 43, 2017, págs. 2159 a 2173).
A partir de aquí se plantean, no obstante, varias dudas interpretativas. En primer lugar, si para considerar que el crédito tiene carácter litigioso basta simplemente con que el deudor demandado haya contestado a la demanda o si, por el contrario, es necesario que la contestación esté fundamentada en razones de fondo, sin que sea suficiente que se dirija únicamente a la oposición de excepciones procesales (así parece entenderse con carácter general; vid. MOYA FERNÁNDEZ, PÉREZ-PUJAZÓN y TRIGO SIERRA, cit. y VALERO FERNÁNDEZ, A., cit. y la STS de 31 de octubre de 2008 -EDJ 2008/203570 que se refiere a ello como una exigencia doctrinal). Sin embargo, el art. 1535 CC -EDL 1889/1 determina, literalmente, que un crédito se considera litigioso «desde que se conteste a la demanda», sin exigir la alegación de causas concretas. Piénsese que la cesión de la cartera de créditos que incluya al cuestionado se habrá realizado con posterioridad a ese momento (es decir, a la contestación a la demanda) pues, de otro modo, no tendría la consideración de crédito litigioso; y, por tanto, el deudor al evacuar el trámite de contestación no conocerá la futura cesión, por lo que no puede entenderse que dicha contestación se utilice únicamente de manera estratégica para convertir el crédito en litigioso en orden al eventual ejercicio del derecho de retracto. Y tampoco parece que el deudor vaya a ejercer el retracto si tiene razones a su juicio suficientemente fundadas para oponerse al pago. Si, además, ha de admitirse la oposición tácita derivada de la rebeldía (art. 496 LEC -EDL 2000/77463 y STS de 31 de octubre de 2008 -EDJ 2008/203570-), no se entiende por qué no habría de admitirse que la contestación a la demanda y, en suma, la oposición al pago del crédito se fundamente en cualquier causa, también en excepciones procesales. En todo caso, lo que en nuestra opinión no parece aceptable es que, además de haber alegado razones de fondo, se exija también para considerar que el crédito es litigioso, que la pretensión del deudor haya sido estimada mediante resolución judicial firme (entendiéndose, por tanto, que el ejercicio del derecho se realiza sometido a la condición resolutoria de que posteriormente la demanda sea desestimada por el juez).

References: artículo 1535
 artículo 1535
 artículo 1535
 artículo 1535
 artículo 1535
 artículo 1699
 artículo 1535
 artículo 25
 artículo 1535
 artículo 1535
 artículo 1535
 artículo 1535
 artículo 1535
 artículo 1535
 artículo 1535
 artículo 1535
 artículo 1535
 artículo 1535
 artículo 1535
 artículo 1535
 artículo 540
 artículo 1535
 artículo 540
 artículo 153
 artículo 1535
 artículo 1535
 artículo 1535
 artículo 1
 artículo 1535
 resolución 
 artículo 1535
 artículo 1535
 artículo 1535
 artículo 1535
 artículo 1535
 artículo 1536
 artículo 1112
 resolución 
 artículo 1535
 artículo 71
 resolución 
 resolución 
 resolución