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Timestamp: 2019-01-16 18:57:08+00:00

Document:
Mosmann, María Victoria “El expediente electrónico en el proceso civil. Reforma procesal necesaria para su plena implementación”
Publicado en: LLNOA2016 (mayo), 285
Cita Online: AR/DOC/1509/2016
Sumario: 1. El debate entre escritura y oralidad: ¿es un tertium genus el expediente electrónico?.— 2. La crisis del proceso escriturario. — 3. Los avances realizados y las necesidades actuales para lograr el arribo del expediente electrónico.— 4. Un modelo local: el caso de la provincia de Salta. — 5. A modo de Conclusión.
1. El debate entre escritura y oralidad: ¿es un tertium genus el expediente electrónico?
Durante mucho tiempo nos hemos debatido en ámbitos de análisis de reforma al proceso civil, sobre los méritos y deméritos de los modelos del proceso escrito u oral.
La oralidad fue puesta en debate en gran medida por el impulso que significó el Código Modelo del Proceso Civil para Ibero América, dado en el marco del proceso de recuperación institucional latinoamericana, circunstancia que en nuestro país no traspaso los límites del debate sin lograr efectivizar ese gran cambio en la realidad, en tanto la mayoría de las provincias continúan con un proceso escrito.
Pero en paralelo y desde la década de los 90, las provincias argentinas comenzaron un proceso de informatización que fue imponiéndose en los hechos. Así desde una férrea oposición de los actores del sistema a la incorporación de la computadora, hemos pasado a una nueva era de un grado casi total de informatización del servicio de justicia.
Así mientras aquel debate continuaba, la vida del sistema de justicia había superado cualquier previsión —incluso la normativa- y se había impuesto con diversos grados de alcance, el proceso electrónico.
En el año 2010 en una conferencia dada en la ciudad de Cartagena, Colombia, el profesor Petronio Calmon (1)se preguntaba si el proceso electrónico es oral o escrito?, o ¿si se trata de un tertium genus?. El planteo se centraba en analizar si en el proceso electrónico prevalece el modelo escrito u oral, se realiza de una forma mixta, o se trata verdaderamente de un nuevo medio de concretar los actos procesales y comunicarlos. Se dice que hoy es posible potenciar las virtudes de la escritura y la oralidad, prescindir de sus defectos y así superarlos a través de una nueva modalidad informática del lenguaje, para tomar lo bueno y desechar lo malo de la escritura y de la oralidad e incluso para superar los mejores rendimientos posibles aislados de cada una, ha venido en auxilio nuevamente la tecnología, ahora a través de la computadora como punto físico de ingreso y salida de información (2)
Sin tratar de agotar el tema que aparece como un gran interrogante que ha sembrado la realidad en el ámbito de la academia, podemos decir que la informatización del servicio de justicia surgió como una forma de emplear las ventajas que aportan los adelantos tecnológicos a la gestión del mismo, cuando sufría serias críticas respecto a su rigidez y morosidad, dando más de lo esperado, y ahora — tal como analizaremos- esperando más de lo que el legislador le ha dado.
2. La crisis del proceso escriturario
El número excesivo de causas, la morosidad judicial, su costo, la inaccesibilidad para muchos litigantes y respecto de muchos conflictos, así como la inequidad de los resultados y sus efectos psicológicos son problemas que el proceso escriturario enfrenta en la actualidad, pero que son puestos de resalto desde hace ya mucho tiempo.
Entre dichos males, la morosidad judicial es uno de los puntos más críticos que debe analizarse a la hora de pensar en la mejora del sistema en tanto la solución del conflicto en un plazo razonable hace al restablecimiento mismo del derecho mostrando la utilidad del sistema de justicia, e integrando el derecho humano de acceso a la justicia.
El dogmático apego al soporte papel encuentra en su dilatado trámite la necesidad de su cambio y para ello debemos reflexionar que el sistema escriturario es una forma de dar orden de los actos procesales, es una forma de racionalización del expediente y el trámite del proceso, más no implica un principio de verdad intrínseco, por lo cual puede ser cambiado siempre que no se afecten -claro está- principios constitucionales o garantías respecto de ellos, y en tanto y en cuanto se abone a la agilidad de la resolución de los litigios.
3. Los avances logrados y las necesidades actuales para el arribo del expediente electrónico
El proceso civil se empantano en el debate respecto a la oralidad, enredado en el principio dispositivo y sus abusos. Este enredo permitió que el proceso se convierta en un juego de expertos, a quienes se faculta en la práctica a manejar las pretensiones como si el derecho procesal no fuese una rama del derecho público, que debe estar destinada a resolver los conflictos con decisiones justas. El proceso se convirtió en un fin en sí mismo, y como ejemplifica el profesor Santiago Pereira Campos citando a Borges, así se vuelve un invento similar a un laberinto, esto es una creación realizada al sólo efecto de lograr que las personas se pierdan en él.
Tal como hemos sostenido (3), el derecho procesal no tiene un fin en sí mismo, y como consecuencia de ello se sostiene que sus reglas no tienen valor absoluto que las sobreponga a las del derecho sustancial y a las exigencias sociales de pasificación de conflictos (4). El sistema pierde legitimidad a través de la aplicación abstracta y descontextuada de las formas, y atenta contra sí mismo al abandonar el sentido de su existencia. Es necesario esclarecer el fin o fines que se pretenden obtener a través del empleo del medio para justificar su desarrollo.
La celeridad y la eficiencia esperada respecto al proceso civil en nuestro país, han sido motivo de numerosos diagnósticos, y su carencia fue puesta en evidencia por la Corte Interamericana de Derecho Humanos en el caso "Furlan"(5).
El retraso legislativo en atender dichos males de la garantía del derecho de acción y su sucedáneo el acceso a la justicia, han encontrado un paliativo en el uso de las nuevas tecnologías. Se lograron avances centrados en mejoras referidas a los tiempos del proceso, acceso a la información y transparencia de los actos judiciales, fidelizar el registro de las audiencias a través de grabaciones de imagen y sonido permitiendo la revisión en instancia recursiva de los actos ocurridos en audiencias.
Pero estos adelantos logrados, han sido el fruto de estas mejoras de hecho que no dejan de ser un paliativo, ya que como dice Granero (6) seguimos pensando el proceso electrónico con cabeza de papel, sin que así podamos extraer todo su potencial por verse inmersas las nuevas tecnologías en un proceso que fue legislado para "ser de papel".
Si bien la reforma procesal civil requiere muchos cambios, y la implementación del proceso electrónico es nada más que una parte de la solución, sí creemos en su potencialidad para aportar más debido proceso, más garantías, más efectividad, y menos tiempo de gestión del trámite del proceso.
Pero para lograr el despliegue de todas las posibilidades que estimamos tiene el uso de la nuevas tecnologías, ya no alcanza con el hecho de su mero uso, sino que necesitamos de una urgente reforma procesal que regule los actos procesales, las nulidades, los incidentes, las pruebas, los recursos incluyendo esta modalidad de producción de los actos procesales, permitiendo así el pleno arribo del expediente electrónico con las particularidades que lo caracterizan y que superan la reglamentación actual destinada al expediente en soporte papel.
4. Un modelo local: el caso de la provincia de Salta
Los antecedentes locales muestran que el Poder Judicial de Salta cuenta con una extensa trayectoria en materia de informatización ya que en el año 1992 creó la Secretaría de Informática dependiente orgánicamente de la Corte de Justicia. La Acordada N° 7263 fue la que dio inicio a este camino, y en su Anexo I enumeró las funciones asignadas a dicha secretaría, entre las que se encuentran la planificación, organización, funcionamiento y control de la informatización del Poder Judicial. La estructura de esta Secretaría fue modificándose y creciendo conforme al desarrollo de la informatización y las necesidades que el sistema fue mostrando (Acordada N° 6557, N° 8962, y N° 10.045). Las misiones y funciones se encuentran detalladas en la Resolución N° 186 del 28 de mayo de 2008.
Ya en el año 2008 se aprobaron las "Reglas para el uso de los servicios de la red Internet en el Poder Judicial de Salta", por el que se autorizó la ampliación del servicio de navegación en Internet para los Magistrados y Funcionarios de los Tribunales Colegiados y Unipersonales, y a profesionales del Poder Judicial, limitando dicho acceso a páginas de interés jurídico o acorde a las funciones que desempeñan de acuerdo a un lista de sitios que enumera la Acordada N° 9678.
La Acordada N° 8473 del año 2000 diagramó el primer plan estratégico para el Poder Judicial de Salta. Este instrumento fijo como línea rectora que "...se concibe a la administración de justicia como un servicio que se presta en forma ágil, eficiente y de fácil acceso; en donde se asegure una atención adecuada, calidad de servicio, celeridad, eficiencia, exactitud, información confiable y oportuna, infraestructura adecuada, simplicidad en los trámites y seguridad jurídica...", y fue la Acordada N° 9701 del 2006 la que aprobó el documento llamado "Plan Estratégico II" con vigencia entre los años 2007 a 2011. En este plan se proyecta el restablecimiento del equilibrio entre la demanda de la sociedad y los recursos asignados al sistema de justicia, y fija como objetivo general alcanzar y mantener una relación adecuada entre la demanda del servicio de justicia y los recursos del Poder Judicial para su atención. Para ello se propone mejorar la planificación anual operativa del Poder Judicial, y como objetivos específicos y beneficios esperados enumera los siguientes: 1.-Desarrollar un sistema de planificación de la gestión operativa del Poder Judicial sobre la base de una "perspectiva de la demanda" respecto al servicio de justicia. 2. Formular el Plan Operativo Anual sobre la base de niveles de atención de la demanda del servicio acordes con el desarrollo socioeconómico alcanzado por la Provincia de Salta, expresado a través de sus indicadores relevantes. 3. Integrar el proceso de formulación del Presupuesto Anual como continuidad del proceso de elaboración del Plan Operativo Anual.
El proyecto de modernización de la organización judicial busca optimizar el funcionamiento de las dependencias judiciales, y diseña como actividad la implementación de nuevos proyectos para la incorporación de tecnologías de la información y las comunicaciones.
Se proponen objetivos específicos tales como implementar portales de servicios vía página web para ciudadanos, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, empleados y auxiliares de la justicia, mejorar los servicios a abogados y partes externas intervinientes en los procesos judiciales, incluyéndose servicios de notificaciones electrónicas, acceso ágil a jurisprudencia, guía de trámites judiciales y normativa en general. Ampliar los canales de comunicación con los auxiliares de justicia, para lograr un ágil acceso a la información disponible. Culminar la implementación del "Plan de tecnología de Firma Digital en el Poder Judicial de Salta". Planificar la aplicación del proyecto de notificación electrónica con Firma Digital. Avanzar en la implementación del proyecto de informatización en curso, tendiente a la conformación gradual del expediente digital. Capacitar e informar adecuadamente a magistrados, funcionarios y profesionales a través de la ampliación de los servicios de información y comunicación, para asistirlos en la toma de decisiones. Mantener la infraestructura informática al menor costo, con una calidad de servicio óptima. Proteger la infraestructura tecnológica con medidas de seguridad física e informática óptimas
Se ha buscado conseguir flujos de trabajo interno simplificado, procesos de gestión rediseñados mediante el apoyo de tecnologías informáticas, tareas redistribuidas en orden a los estudios realizados, a la carga de trabajo existente y a las características de la actividad procesal pertinente, como también nuevas estadísticas de fácil obtención para ayudar en la mejora de gestión y ayuda en toma de decisiones.
Es evidente que esta segunda fase de planificación estratégica del Poder Judicial de Salta se ha visto fuertemente marcada por la informatización en todos los ámbitos de trabajo que comprende el sistema judicial.
La Corte de Justicia de Salta en el año 2003 firmó un convenio con el Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta que permitía el acceso por parte de los letrados colegiados a la consulta por medios electrónicos de expedientes judiciales en trámite. Este convenio autorizó dicha consulta con las limitaciones que imponía la ley 25.326 de protección de datos personales. Esta habilitación generó dos formas de publicidad de los expedientes. La primera referida a la publicidad que el Colegio de Abogados daría en su página web institucional respecto de los fallos, siempre que no afectasen datos sensibles, permitiendo el acceso y amplia difusión de la jurisprudencia local, y la segunda es la que permitía el acceso de los abogados a la información de los expedientes en los cuales tienen intervención profesional (Acordada N° 9070), a través del sistema informático IURIX.
4.1. La mejora producida en el sistema judicial civil en la Provincia de Salta.La necesaria reforma procesal para lograr la implementación del expediente electrónico.
La mejora producida en el sistema de judicial civil ha sido de singular trascendencia, la consulta remota de los expedientes a través del sistema IURIX, ha significado una importante descongestión de las mesas de entradas de los juzgados, pero aún así, dado que el sistema se ha implementado sin una correlativa reforma procesal, nos encontramos con que los letrados deban mantener la defensa de su cliente en el fuero civil a través del expediente papel, en razón que las diligencias realizadas sobre el expediente digital no encuentran correlato en el sistema procesal vigente y en consecuencia no producen efectos procesales.
Así las cosas, los tiempos procesales no se han visto disminuidos, y por el contrario se han producido —aunque en un grado no significativo- incidencias en razón de la publicación o no de algunas actuaciones judiciales en el sistema informático. A modo de ejemplo podemos decir que en efecto, la publicación en internet de los expedientes en la "lista diaria" que reúne los expedientes que en el día de la fecha han salido a la mesa de entradas del tribunal con la providencia dictada, ha generado que los abogados litigantes depositen su confianza en ella realizando sólo un control remoto de tales decretos de mero trámite, abandonado la legislada carga de comparecer a controlar la nota que consta en el expediente papel a través de la cual opera la notificación ministerio legis. Esta circunstancia dio lugar a planteos de aquellos litigantes que habiendo consultado de modo mediato aquella "lista diaria" no encontraron publicado el expediente en cuestión y luego encontraron que la providencia dictada se encontraba notificada por nota y no agregada al sistema de aquella lista. Tales planteos no prosperaron en razón que el sistema implementado no cuenta con respaldo legislativo, siendo el sistema legal de notificaciones el obligatorio y válido en estos supuestos (7).
La dilatada práctica del expediente digital implementada en la provincia y el ya aludido estado actual de familiaridad con las herramientas tecnológicas ha generado que en breves se logre la concreción del uso de la firma digital con el Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta como entidad certificante, quien además se hará cargo del otorgamiento de una cuenta de correo electrónico oficial a cada uno de los matriculados a fin de que allí se practiquen las notificaciones electrónicas ordenadas en los expedientes, y la actual vigencia de la notificación electrónica de las actuaciones que tramiten ante la Corte de Justicia local. Todos estos avances siguen abonando la idea que sostenemos respecto a la necesidad de regulación legal de una práctica que cuenta con un alto grado de aceptación.
4.2. Notificación electrónica en la Provincia de Salta:
Desde el año 2009, con la reforma introducida por la ley 7.566 al Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Salta (8), se encuentra incorporada en el artículo 144, la notificación por medios electrónicos, informáticos y similares. El texto de dicha norma dice "cuando los Juzgados y Tribunales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación dispusieren de medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones, o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y en su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, las notificaciones podrán efectuarse por aquellos medios, con el acuse de recibo que proceda. Las partes y los profesionales que intervengan en el proceso deberán comunicar al Tribunal el hecho de disponer de los medios antes indicados y su dirección". Esta habilitación del uso de la notificación electrónica no fue implementada en la Provincia sino hasta la actualidad.
Por Acordada N° 12.063 de la Corte de Justicia de Salta se aprobó la implementación de la notificación electrónica con firma digital en la Secretaria de Actuación de la Corte de Justicia, a partir del primer día hábil del mes de mayo de 2016, y de modo obligatorio.
Dicha disposición es acompañada por dos anexos que reglamentan su uso. El Anexo I fija el ámbito de aplicación delimitado a los procesos judiciales que se encuentren en trámite actualmente o que tramiten en el futuro por ante la Corte de Justicia, garantizando su normal y correcto funcionamiento. En particular se notificarán por vía electrónica aquellos actos procesales que deban ser notificadas por cédula al domicilio constituido, y una vez remitidas al domicilio electrónico surtirán los efectos de la notificación.
Manda a los letrados a constituir domicilio electrónico, bajo apercibimiento de notificar las resoluciones que allí deban serlo por notificación por nota conforme lo disponen los articulo 41 y 133 del Código Procesal Civil y Comercial (9). La constitución de domicilio procesal declarando su dirección postal y su dirección electrónica deberá realizarse en su primera presentación
El domicilio electrónico será otorgado a pedido de parte por el Poder Judicial, con un código de usuario que le permitirá usar la cuenta del servidor oficial. El beneficiario es responsable de su uso, y el uso indebido podrá ocasionar la remisión de los antecedentes al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta. Para garantizar la identidad de cada comunicación y la integridad de su contenido los usuarios del sistema deben contar con un certificado de firma digital otorgado por la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI). Los funcionarios de la Corte de Justicia habilitados para firmar notificaciones electrónicas cuentan también con un certificado de firma digital.
En cuanto a la naturaleza de la notificación electrónica, la califica como instrumento público por constituir un documento digital en los términos de la ley 25.506 y artículo 2 de la Ley Provincial 7850. Esta calificación genera interrogantes respecto a la forma en que habrá de ser eventualmente cuestionada su validez, ya que la calidad de instrumento público implicaría el necesario planteo de una redargución de falsedad, lo que parece en extremo complejo cuando de lo que se trata es de agilizar el sistema y no de complejizarlo. Esta previsión se muestra así —en principio- de dudosa utilidad y pertinencia para lograr los fines buscados.
El contenido de la cédula de notificación electrónica es remitido a las disposiciones vigentes de los Códigos Procesales respectivos (10). Dicho contenido sólo podrá ser visto, copiado o impreso, pero no podrá ser modificado por el destinatario. En caso de tener que acompañar documentación a la notificación, si estuviesen disponibles en formato digital se adjuntarán a la cédula, la que contendrá un detalle preciso de lo que se adjunta. Si la documentación sólo se encontrara contenida en soporte material, las copias quedarán a disposición del notificado en la Secretaría de Corte de Actuación lo que constara en la cédula, teniéndose por cumplida la notificación en ambos casos en el momento en que se recepcione la comunicación y quede visible y consultable por el destinatario.
El acuse de recibo es la constancia que emite el sistema informático a la Secretaría de Actuación de la Corte indicando fecha y hora de recepción del mensaje.
Tal como dijimos, hemos incorporado ya las ventajas del uso de las nuevas tecnologías en el trámite del proceso civil, desarrollo que se fue dando en los hechos y ganando, a través del tiempo, aceptación en los usuarios. Pero dicho avance no ha sido acompañado de una reforma procesal que habilite el despliegue de todo el potencial que el expediente electrónico puede aportar a la tramitación de los litigios. Este derrotero muestra que se ha utilizado nuevas tecnologías para un proceso legislado para "ser de papel", en tanto el marco normativo no ha variado sustancialmente.
Estos adelantos requieren una pronta recepción legislativa para lograr abonar la buscada eficiencia en el proceso civil. Para ello debemos considerar que la reforma que reclamamos -como ya dijimos- se enmarca en un escenario favorable generado por el alongado uso de los sistemas informáticos, siendo este punto un aspecto de singular trascendencia, ya que la resistencia a los cambios en el proceso es uno de los puntos de mayor incidencia al momento de su implementación.
Las experiencias locales, entre ellas la que enunciamos en este trabajo, también cimientan este cambio en la legislación procesal, que debe darse con la finalidad de alcanzar un vuelco definitivo al proceso de construcción de facto del expediente electrónico, para llegar a su uso pleno y con el despliegue de todo su potencial, al ser incorporado con sus particularidades en las normas procesales.
(1) Petronio Calmon, publicación del XXXI Congreso Colombiano de Derecho Procesal, 2010.
(2) SOSA, Toribio Enrique, La sentencia multimedia y las particularidades del trámite recursivo, Tratado de Derecho Procesal Electrónico, Carlos Enrique Camps Director, Editorial AbeledoPerrot, T. II, pag. 292.
(3) Civil Procedure Review, v.5, n.1: 59-70, jan-apr., 2014 ISSN 2191-1339 — www.civilprocedurereview.com
(4) DINAMARCO, Candido, A Instrumentalidade do Processo, 14 Edición, Malheiros Editores, San Pablo, 2009, pág. 180
(5) En dicho precedente el Estado Argentino fue declarado responsable por la Corte Interamericana de haber excedido el plazo razonable en el proceso civil por daños, vulnerar el derecho a la protección judicial, y el incumplimiento de la obligación de garantizar sin discriminación el derecho de acceso a la justicia, consideró la especial situación de vulnerabilidad del actor y el control de convencionalidad ex officio de la legislación procesal interna. En el fallo se dijo que si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo resultará necesario que el proceso avance con mayor diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve. Para determinar la razonabilidad del plazo empleado en el proceso analizó cuatro elementos: a) complejidad del asunto, a cuyo fin utilizó diversos criterios: la complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas, el tiempo transcurrido desde la violación, las características del recurso consagradas en la legislación interna y el contexto en el que ocurrió la violación; b) actividad procesal del interesado; c) conducta de las autoridades judiciales, y d) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso considerando para ello la materia objeto de controversia. Respecto a la legislación interna de nuestro país, si bien no prosperó el pedido de las partes referido a las reformas legales al procedimiento civil y a la ejecución de sentencias cuando ellas involucren a menores de edad y personas con discapacidad, la Corte recordó que el art. 2 de la Convención obliga a los Estados Parte a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de la Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades protegidos por la Convención. Los Estados deben evitar promulgar aquellas leyes que impidan el libre ejercicio de estos derechos, y evitar que se supriman o modifiquen las leyes que los protegen. Reafirmó que siendo la Argentina un Estado parte de la Convención, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer ex officio un "control de convencionalidad" entre las normas internas y la Convención Americana, en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. Esta condena de la comunidad internacional por la actividad desplegada por la justicia civil en la Argentina, se suma a las anteriores respecto de la mora judicial en el fuero penal, imponiéndose así la imperiosa necesidad de poner a disposición de los justiciables los medios necesarios para hacer que la justicia llegue a tiempo.
(6) GRANERO, Horacio R., El expediente Digital, Tratado de Derecho Procesal Electrónico, Carlos Enrique Camps Director, Ed. AbeledoPerrot, t. II.
(7) "la publicación del expediente en la lista diaria de despacho (dispuesta como consecuencia de la incorporación del sistema informático a la función judicial y por una razón de orden en la relación de los encargados de Mesa y los letrados) no tiene efectos notificatorios legales ni reemplaza al sistema de la notificación por nota. Que es necesario advertir en este punto que la exigencia al letrado que ha introducido alguna petición concreta, señalada inveteradamente por la jurisprudencia, de concurrir al tribunal para conocer el resultado de su petición en función de los principios del impulso procesal y el interés, se hace ineludible los días martes y jueves o el siguiente hábil si alguno de ellos fuese feriado, en virtud de las consecuencias que podrían derivarse de lo normado en el art. 133 del mismo Código y que el único sistema que garantiza plenamente la defensa de los derechos, es el de la notificación por nota (CApelCC Salta Sala III, t. año 2011 fº 424/426, Expte. Nº 326.078/10)
(8) Ley 7.566, publicada en el Boletín Oficial del 1 de agosto de 2009.
(9) Art. 41. Del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Salta- Falta de constitución y denuncia de domicilio. Si no se cumpliere con lo establecido en la primera parte del artículo anterior, o no compareciere quien haya sido debidamente citado, las sucesivas resoluciones se tendrán por notificadas en la forma y oportunidad fijadas por el artículo 133°, salvo la citación a la audiencia para absolver posiciones y la notificación de la sentencia. Si no se denunciare el domicilio real o su cambio, las resoluciones que deban notificarse en dicho domicilio se notificarán en el lugar que se hubiere constituido el procesal y, en defecto también de éste, se observará lo dispuesto en el párrafo anterior.Art. 133. Del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Salta - Principio general. Salvo los casos en que procede la notificación por cédula y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, las resoluciones judiciales quedarán notificadas en todas las instancias, los días martes y jueves, o el siguiente hábil, si alguno de ellos fuere feriado, salvo el caso que el apoderado o letrado se encontrare en uso de licencia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50°. No se considerará cumplida la notificación si el expediente no se encontrase en Secretaría y se hiciera constar la comparecencia y requerimiento del interesado con la firma del registro respectivo, que deberá llevarse a ese efecto, en el que se hará constar la nómina de expedientes salidos a Mesa de Entradas. Incurrirá en falta grave el Secretario que no mantenga a disposición de los litigantes y profesionales el registro aludido.
(10) Art. 136. del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Salta - Contenido de la cédula. La cédula de notificación contendrá: 1º) Nombre y apellido de la persona a notificar o designación que corresponda y su domicilio, con indicación del carácter de éste; 2º) Juicio en que se practica; 3º) Juzgado y secretaría en que tramita el juicio; 4º) Transcripción de la parte pertinente de la resolución; 5º) El objeto claramente expresado, si no resultare de la resolución transcripta; 6º) Fecha de presentación y firma. En el caso de acompañarse copias de escritos o documentos, la cédula deberá contener detalle preciso de aquéllos.

References: resolución 
 Resolución 
 artículo 144
 artículo 2
 artículo 133
 artículo 50
 resolución