Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-D-341.CODI.%29
Timestamp: 2019-12-12 18:17:39+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 341, de 24/04/2018
cve: BOCG-12-D-341
161/003197 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre mejoras en la actuación para personas desaparecidas en España... (Página8)
161/003200 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la prevención de fenómenos de radicalización en centros penitenciarios... (Página10)
161/003201 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los efectos de las condiciones climatológicas adversas en el ámbito de la Protección Civil y Emergencias... (Página11)
161/003182 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la aplicación con carácter retroactivo de la cobertura del nuevo Contrato Unificado de Seguros del Ministerio de Defensa para aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que estando adscritos a una misión internacional hayan sufrido accidente en acto de servicio en territorio español... (Página12)
161/003199 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la paralización de la venta de armas a Arabia Saudí y la revisión de la aplicación de la Ley 53/2007... (Página13)
161/003194 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para evitar brecha de género y techo de cristal en la Universidad Española... (Página15)
161/003195 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas relativas a mejorar la orientación educativa y profesional... (Página16)
161/003196 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la realización de un estudio sobre las funciones y desempeño de los orientadores en los centros educativos... (Página17)
161/003198 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a facilitar la integración de las niñas y niños españoles emigrados en el sistema educativo... (Página18)
161/003186 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a impulsar la ampliación de la prestación para el cuidado de hijos con cáncer o enfermedad grave... (Página20)
161/003190 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a adoptar las medidas necesarias a los efectos de garantizar que los presos españoles en el extranjero tengan derecho al subsidio en el momento de su excarcelación... (Página22)
161/003184 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la puesta en marcha de mecanismos para la aplicación efectiva del Reglamento EUTR de lucha contra la tala ilegal y su comercio asociado... (Página23)
161/003185 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno y a la Unión Europea a impulsar el Proyecto Serranía Celtibérica... (Página25)
161/003191 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la inclusión del poblado de Puntas de Calnegre en la relación de núcleos que se excluyen del dominio público marítimo-terrestre... (Página27)
161/003192 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a afrontar el grave deterioro que sufre la margen española del estuario del río Miño... (Página27)
161/003193 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se requieren a las Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana actuaciones relativas a la conservación de cauces y arroyos en la provincia de Córdoba... (Página28)
161/003183 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la mejora de la coordinación de las Administraciones Públicas en la atención a las personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), en especial la sociosanitaria... (Página30)
161/003188 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas para la adecuada atención de los pacientes con atresia de esófago y sus familias... (Página31)
161/003189 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la modificación de las condiciones de comercialización de los productos de juego que el Gobierno autoriza a la ONCE... (Página32)
161/002962 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a incluir una parada en la estación Lleida-Pirineus en el futuro servicio de tren de Alta Velocidad EVA entre Barcelona y Madrid. Pasa a tramitarse en la Comisión de Fomento... (Página34)
181/000961 Pregunta formulada por el Diputado don César Luena López (GS), sobre previsiones acerca de crear un nuevo Juzgado de lo Penal en La Rioja... (Página35)
181/000924 Pregunta formulada por el Diputado don Herick Manuel Campos Arteseros, Patricia Blanquer Alcaraz y Ana María Botella Gómez (GS), sobre opinión del Gobierno sobre si se da el suficiente apoyo y colaboración económica a la Autoridad Metropolitana de Valencia y, por tanto, a la movilidad en Valencia y su área metropolitana... (Página35)
181/000998 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM), sobre situación en la que se encuentra el pliego del Plan de Inversiones de Carreteras redactado por el Ministerio de Fomento, tras la disconformidad de su propuesta por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública y de la Abogacía del Estado... (Página36)
181/000948 Pregunta formulada por la Diputada doña Esther Peña Camarero (GS), sobre opinión del Ministro de Educación, Cultura y Deporte sobre una Evaluación de Bachillerato para Acceso a la Universidad (EBAU) única para toda España, así como previsiones acerca de promover las reformas necesarias para ponerla en marcha... (Página36)
181/000949 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Rocío de Frutos Madrazo (GS), sobre valoración de los aspectos que se recogen en el Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, expresados en sus puntos, así como actuaciones para revertir la situación... (Página37)
181/000962 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre opinión de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género acerca de que los criterios que se siguen en el Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa), sean similares a los de la Atención al Cliente de la empresa concesionaria Securitas Direct... (Página37)
181/000963 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre titulación y formación que deben tener los auditores autorizados del Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa)... (Página37)
181/000964 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre conocimiento que tiene la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de la sustitución de los profesionales cualificados y formados por personal sin titulación ni formación en el Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa)... (Página38)
181/000965 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre consciencia que tiene la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de que la empresa concesionaria está implantando un speech cerrado y cronometrado en vez de atención profesional individualizada hacia víctimas y agresores en lo relacionado a su seguridad y control en el Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa)... (Página38)
181/000966 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre consciencia que tiene la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de cómo se minimiza el tiempo dedicado a la atención de las víctimas en el Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa)... (Página38)
181/000967 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre conocimiento que tiene la Delegación del Gobierno de que se realicen encuestas de satisfacción a víctimas e inculpados en el Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa)... (Página39)
181/000968 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre periodicidad con la que se audita a la empresa concesionaria del Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa)... (Página39)
181/000969 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre conocimiento que tiene la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de que se están incumpliendo por la empresa concesionaria los niveles de servicio requeridos del Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa)... (Página39)
181/000970 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre consciencia que tiene la Delegación del Gobierno de lo que implica en términos de victimización secundaria para las víctimas la situación de los dispositivos electrónicos de los que dispone el Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa)... (Página40)
181/000971 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre sobrecarga de trabajo que supone la situación de los dispositivos electrónicos de los que dispone el Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa)... (Página40)
181/000972 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre conocimiento que tiene la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de los miles de informes y gestiones que se hacen desde el Centro Cometa por fallos y faltas de cobertura de los aparatos... (Página41)
181/000973 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre conocimiento que tiene la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de los problemas que provoca la tecnología desactualizada utilizada para el control telemático de los dispositivos GPS en el Centro Cometa... (Página41)
181/000974 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre operatividad de los dispositivos tecnológicos que proporciona el Gobierno para la protección de las víctimas de violencia de género en tecnología 2G y 3G, en lugar de en tecnología 4G y 5G... (Página41)
181/000975 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre consciencia que tiene la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de la obsolescencia tecnológica de los dispositivos electrónicos de los que dispone el Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa)... (Página42)
181/000976 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre conocimiento del trabajo colateral que conllevan los problemas técnicos de los dispositivos electrónicos de los que dispone el Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa)... (Página42)
181/000977 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre conocimiento de los problemas técnicos que están acarreando los dispositivos electrónicos de los que dispone el Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa)... (Página42)
181/000978 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre consciencia que tiene la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de que se están destinando a los inculpados los dispositivos de las víctimas previa modificación de software... (Página43)
181/000979 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre consciencia que tiene la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de la escasez de dispositivos tecnológicos de usuario requeridos para cubrir la demanda del servicio del Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa)... (Página43)
181/000980 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre conocimiento que tiene la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de que en los 8-9 años de servicio del Centro Cometa es la tercera vez que las trabajadoras de dicho centro, ante las precarias condiciones de trabajo, debe acudir al Comité de empresa, de la empresa concesionaria, con el temor a ser despedidas por el simple hecho de reclamar un mejor servicio... (Página43)
181/000981 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre opinión de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género sobre los conflictos laborales que están sucediéndose en el Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa)... (Página44)
181/000982 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre conocimiento que tiene la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de que, actualmente, no se exige ni titulación ni formación en violencia de género a las personas nuevas que se adscriben al Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa)... (Página44)
181/000983 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre conocimiento que tiene la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de que las rotaciones de personal del Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa), están disminuyendo el grado de cualificación del personal... (Página44)
181/000984 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre necesidad de incluir en el pliego de condiciones especificidades técnicas que impidan la sobrecarga de trabajo en el Centro Cometa... (Página45)
181/000985 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre control de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de la carga de trabajo de las trabajadoras/es del Centro Cometa... (Página45)
181/000986 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre conocimiento por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de la sobrecarga de trabajo que sufren las trabajadoras del Centro Cometa debido a la no dotación de los recursos humanos suficientes con el fin de abaratar costes por parte de la empresa concesionaria... (Página45)
181/000987 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre conocimiento que tiene la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de si existe una evaluación anual de riesgos psicosociales de la plantilla adscrita al Centro Cometa... (Página46)
181/000988 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre utilidad que tiene incorporar al pliego de condiciones tener acceso a encuestas de clima laboral... (Página46)
181/000989 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre acceso de la Delegación del Gobierno a las encuestas de clima laboral del Centro Cometa... (Página46)
181/000990 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre conocimiento que tiene la Delegación del Gobierno de la razón de la alta rotación de personal existente en el Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de las violencia de género (Centro Cometa)... (Página47)
181/000991 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre valoración de la incidencia en la especialización de un alto nivel de rotación del personal en el Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en al ámbito de la violencia de género (Centro Cometa)... (Página47)
181/000992 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre consciencia que tiene la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género del alto grado de rotación de personal existente en el Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa)... (Página47)
181/000993 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre cualificación que han tenido y tienen las coordinadoras y las trabajadoras de la sala operativa del Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa)... (Página48)
181/000994 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre cualificación que han tenido y tienen la coordinadora y el personal del área jurídico y de back office del Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa)... (Página48)
181/000995 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre cualificación que han tenido y tienen las coordinadoras y el personal del área de soporte técnico del Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa)... (Página48)
181/000996 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre cualificación de los supervisores del Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa)... (Página49)
181/000997 Pregunta formulada por la Diputada doña Ángeles Álvarez Álvarez (GS), sobre opinión de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de lo que significa personal cualificado, así como cualificación mínima que se requiere para los puestos de trabajo del Centro Cometa... (Página49)
181/000923 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre fecha prevista para cumplir lo aprobado en la Proposición no de Ley referida a los radares en Málaga y al incremento de velocidad de 80 a 90 Km/h en algunos tramos de las carreteras nacionales... (Página50)
184/032347 Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles
Logotipo del Pacto contra la Violencia de Género... (Página50)
161/003197
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre mejoras en la actuación para personas desaparecidas en España, para su debate en la Comisión de Interior.
Según los datos y las clasificaciones terminológicas aportadas en el informe "Personas Desaparecidas en España" 2018 hay actualmente 6.053 denuncias por personas desaparecidas en situación de activo en España, de las cuales 245, cerca de un 4 %, son denuncias activas de alto riesgo.
La mayoría de las desapariciones de alto riesgo corresponden a personas nacionales, constituyendo el 83% de las mismas.
En relación a las desapariciones de personas menores de edad, el 37,5 %, exactamente 2.273 denuncias, corresponden a menores desaparecidos en España.
Una especial problemática suponen las 978 denuncias activas en el sistema de Personas desaparecidas y Restos Humanos sin Identificar (PDyRH), correspondientes a menores de edad que se han fugado de centros de acogida, es decir, más del 16 % del total.
En el conjunto de las denuncias activas de alto riesgo confirmado (216) son 12 las que corresponden a menores de edad, lo que supone el 5,55 % del total de las denuncias clasificadas en este nivel,
Desde que existen datos registrados en la base de datos de Personas desaparecidas y Restos Humanos sin Identificar (PDYRH), a fecha de 31 de diciembre de 2017, en el sistema se han registrado un total de 146.042 denuncias por desapariciones de personas, de las cuales 6.053, un 4,1 % se encuentran en situación de activas.
En el ámbito territorial, las Comunidades Autónomas en las que se contabilizan un mayor número de denuncias activas por personas desaparecidas (incluyendo todos los niveles de riesgo existentes) son, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Canarias.
La angustia y la desaparición de los familiares y seres queridos de las personas desaparecidas no puede dejar insensible a los poderes públicos, porque no solo es un problema policial a resolver por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es un problema social que interpela a todas las Administraciones y al conjunto de efectivos policiales, exigiendo eficiencia y coordinación en los recursos disponibles para hacer frente a la estadística miles de denuncias por año en España.
El anuncio de la creación del Centro Nacional de Desaparecidos, realizado por el Ministro del Interior en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados el 21 de diciembre de 2016 y en el Senado, el 1 de marzo de 2017, ha generado grandes expectativas a las personas afectadas por desapariciones en España, así como a las principales Asociaciones que se dedican a esta causa. Expectativas que no
han estado a la altura de los hechos, ya que la gestión del Ministerio del Interior ha adolecido de retrasos injustificables, de desinformación y falta de transparencia inaceptables en un tema tan delicado, tanto en lo que concierne a la propia creación del órgano o entidad del Centro Nacional de Desaparecidos, como a la ausencia de información parlamentaria.
Cinco meses después de haber sido aprobada por la mayoría de la Comisión de Interior en el Congreso de os Diputados una Proposición no de Ley para la puesta en marcha y plan de acción del Centro nacional de Desaparecidos en fecha 19 de octubre de 2017, con el voto en contra del Partido Popular, el Gobierno no ha comparecido en la Comisión de Interior del Congreso para explicar las características, funciones y presupuesto de este Centro.
Aunque el Gobierno había anunciado ya la creación del Centro Nacional de Desaparecidos en 2017, con una gran ambigüedad de términos, es la Instrucción núm. 2/2018 de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior la que realmente pone en marcha el nuevo centro, con una dotación de nueve personas, sin presupuesto específico y si ninguna información ni visibilidad, ní en el organigrama ni en la web ministerial.
Se dan las circunstancias objetivas para impulsar la acción del Gobierno para el cumplimiento de las expectativas creadas a las Asociaciones y familias de personas desaparecidas en España y la urgencia de actualizar y mejorar, a partir de las experiencias de los últimos años, los protocolos policiales de atención a los afectados por esta problemática, víctimas de esta situación, así como para promover las modificaciones legislativas pertinentes,
1. Promover un cambio normativo relativo al estatuto jurídico de la Persona Desaparecida, para dar respuesta al vacío legal al que se enfrentan las familias de personas desaparecidas en España.
2. Incrementar los recursos humanos y materiales destinados al Centro Nacional de Desaparecidos en particular y con carácter general, de efectivos disponibles y específicamente formados en la naturaleza de esta problemática en el ámbito de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
3. Impulsar la formalización de protocolos específicos para la máxima coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el resto de cuerpos policiales en los ámbitos autonómico y local, así como los protocolos de colaboración con Fuerzas de Seguridad de otros países.
4. Avanzar en el cumplimiento de los trabajos encomendados al Centro Nacional de Desaparecidos, como el Observatorio de datos actualizados de Personas Desaparecidas y Restos Humanos y los convenios con medios de comunicación, entidades, empresas, Comunidades Autónomas y Municipios, para lograr la máxima operatividad y eficiencia de los recursos disponibles.
5. Revisar y actualizar la Instrucción 1/2009 de la Secretaria de Estado de Seguridad sobre actuación policial ante la desaparición de menores de edad y otras desapariciones de alto riesgo y la Instrucción 14/2014 de la Secretaria de Estado de Seguridad que regula el sistema de alerta temprana por desaparición de menores.
6. Dotar el servicio de Atención Ciudadana y Formación del Centro Nacional de Desaparecidos, para la asistencia permanente e información a los familiares de las personas desaparecidas, de forma directa y en colaboración con asociaciones y fundaciones de la sociedad civil que se dedican a las personas desaparecidas sin causa aparente."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2018.-Ana María Botella Gómez, Antonio Hurtado Zurera y David Serrada Pariente, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la prevención de fenómenos de radicalización en centros penitenciarios, para su debate en la Comisión de Interior.
Existen numerosas experiencias de radicalización yihadista en prisiones, algunas de ellas también en España. Se trata de puntos débiles que afectan a la relación entre internos yihadistas y presos comunes de origen musulmán, a la vigilancia y control de la vida cotidiana de los internos, de la posible difusión de documentos radicales dentro de las prisiones y de las comunicaciones entre el interior y exterior de los centros.
La administración penitenciaria viene desarrollando desde al menos 2014 programas orientados a la prevención de ese tipo de radicalización en las prisiones españolas, a fin de que éstas no se conviertan en puntos de captación para la causa radical islámica. Esta actuación se complementa con planes específicos para los reclusos ya radicalizados, a fin de que se desvinculen del "extremismo ideológico".
A lo largo de estos años se han incorporado iniciativas de detección de riesgos de radicalización difundidas por la Red de Prevención de la Radicalización (RAN), a nivel europeo, junto a la experiencia penitenciaria en el tratamiento del terrorismo autóctono. El resultado ha sido muy positivo, ya que se ha logrado la detección temprana de fenómenos de radicalización yihadista con un aumento significativo del número de internos en seguimiento. Han pasado de 87 en el año 2014 a la cifra actual de 280.
En esta línea, cabe destacar asimismo la Instrucción 2/2016 dictada por Instituciones Penitenciarias para la prevención y seguimiento de aquellos internos vinculados o susceptibles de vinculación a la causa yihadista, así como para controlar a los internos más peligrosos y evitar que propaguen las consignas del Estado Islámico entre la población reclusa. Un protocolo para la detección del fenómeno yihadista en prisión, que a través de la observación y del intercambio de información ha permitido establecer una categorización de los reclusos yihadistas en tres grupos de seguimiento -A, B y C-.
Las iniciativas penitenciarias, integradas en el Plan Estratégico Nacional de Prevención de la Radicalización violenta, han de invertir toda la potencialidad preventiva y recuperadora de que dispone la Administración Penitenciaria, para disminuir el riesgo de amenaza futura, aprovechando el tiempo de ingreso en prisión; así como para evitar el riesgo que para el personal penitenciario y el resto de la población reclusa pudiera venir de la actuación fanatizada de esta forma de criminalidad.
Resulta, por tanto, conveniente y oportuno que, en las prisiones españolas se sigan desarrollando proyectos y programas para combatir este fenómeno, y el personal que defiende la libertad de los ciudadanos en los Establecimientos Penitenciarios sienta el respaldo y apoyo de la Cámara en esta trascendental tarea.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar la posibilidad de continuar introduciendo medidas orientadas a la prevención de fenómenos de radicalización en Centros Penitenciarios y la intervención a través de programas específicos con los internos radicalizados."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los efectos de las condiciones climatológicas adversas en el ámbito de la Protección Civil y Emergencias, para su debate en la Comisión de Interior.
Numerosos episodios de desastres naturales han afectado nuestro país en los últimos años. La creciente ocupación del suelo para nuevos usos, la construcción de grandes infraestructuras y los nuevos hábitos sociales, así como la incidencia del cambio climático por la aceleración del calentamiento global, hacen que cada vez haya más territorio y más población expuesta a los riesgos naturales. Los cambios socioeconómicos y culturales han conformado la sociedad que hoy tenemos con una distribución territorial específica, pero también con una amplia movilidad, lo que aumenta la vulnerabilidad de la población frente a los efectos de los fenómenos climatológicos adversos.
Las fuertes lluvias y las inundaciones son uno de los riesgos más recurrentes en determinadas zonas de nuestra geografía. Recordemos las inundaciones del año 2016, en las que perdieron la vida cinco personas por las lluvias caídas en el sureste peninsular; o los fuertes vientos o vendavales como los que el año 2017 azotaron el territorio y tuvieron efectos nefastos en numerosas poblaciones, sin olvidar nevadas como la del pasado mes de enero, donde varias vías principales se vieron colapsadas.
Otro de los riesgos que afectan de manera importante a nuestro territorio son los incendios forestales, como los que recientemente tuvieron lugar en la comunidad gallega y el norte peninsular, y que se cobraron la vida de cuatro personas y dejaron varias decenas de heridos.
En este sentido, debe señalarse que la actual Ley del Sistema Nacional de Protección Civil (Ley 17/2015, de 9 de julio), ya prevé una serie de mecanismos y herramientas para incrementar los aspectos preventivos, en los que estarían incluidos de forma general, las condiciones climatológicas adversas.
Así, desde las diferentes administraciones se trabaja de forma continua para disponer de mayores herramientas con las que gestionar estos desastres. Actualmente, tanto los Planes Estatales de Protección Civil, como los propios Planes Especiales de las distintas Comunidades Autónomas, e incluso aquellas entidades locales que disponen de su propio plan de Protección civil, tienen identificados como generadores de graves emergencias, que pueden exigir una rápida respuesta por parte de los servicios de protección civil, los riesgos climatológicos y meteorológicos siguientes: sequías, grandes nevadas, grandes tormentas, avalanchas, temperaturas extremas.
En consecuencia, los planes de emergencia frente a temporales en el ámbito de la Protección Civil son una herramienta esencial que permite mejorar la gestión de las actuaciones y la coordinación entre los diferentes grupos operativos en una emergencia. Por ello, es necesario continuar actualizando y perfeccionando protocolos de actuación en dicho ámbito a fin de proteger a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los efectos de las condiciones climatológicas adversas.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la actual estrategia de prevención de los efectos de las condiciones climatológicas adversas con el objetivo de reforzarla, en el ámbito de la Protección Civil y Emergencias, en aquellos aspectos que sean necesarios."
161/003182
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no Ley sobre la aplicación con carácter retroactivo de la cobertura del nuevo Contrato Unificado de Seguros del Ministerio de Defensa para aquellos miembros de las Fuerzas Armadas que estando adscritos a una misión internacional hayan sufrido accidente en acto de servicio en territorio español, para su debate en la Comisión de Defensa.
Mediante un anuncio publicado en el "Boletín Oficial del Estado" con fecha de 10 de febrero de 2018, de formalización de contratos de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa se da publicidad al Contrato unificado de seguro colectivo de Defensa.
El valor estimado de este nuevo contrato es de 28.889.650 euros y se compone de 8 lotes relativos a: seguros de vida y accidentes, responsabilidad derivada de accidentes de circulación, responsabilidad civil sanitaria, accidentes, responsabilidad patrimonial, responsabilidad civil de embarcaciones, transporte de mercancías y bienes de interés cultural, y responsabilidad civil de aviación.
Cabe destacar que en virtud de este nuevo Contrato, se entiende como accidente ocurrido en acto de servicio "todo accidente que haya sufrido un militar en el cumplimiento de sus específicos cometidos y que legalmente le corresponden. Se entiende así como "acto de servicio", cualquier actividad o acción desarrollada con ocasión, como consecuencia, o en el ejercicio de los deberes, cometidos, facultades o responsabilidades, que el personal militar tenga atribuidas y sean propias de la condición militar.
Así pues, en virtud de este nuevo contrato de seguro colectivo, a partir del año 2018, se equiparan las cuantías indemnizatorias por accidente en territorio nacional a las que ya reconocía el Real Decreto-ley 8/2004, de 5 de noviembre, para accidentes de personal militar adscrito a una misión internacional ocurrido en territorio extranjero.
Ello comporta que a partir del año 2018, los accidentes que sufra en territorio nacional el personal militar adscrito a una misión internacional van a generar las mismas cuantías indemnizatorias que las que ya venía percibiendo el personal militar adscrito a una misión internacional que hubiere sufrido un accidente en territorio extranjero.
Se trata así una novedad que era de justicia que por fin estuviese contemplada en el contrato de seguro colectivo pero que genera al mismo tiempo un agravio comparativo en virtud de la fecha en la que el accidente referido haya tenido lugar, por lo que este Grupo Parlamentario considera necesaria la retroactividad de esta nueva regulación relativa a la cobertura del seguro colectivo.
De esta forma, reconociendo el carácter retroactivo del nuevo sistema indemnizatorio por el que se amplía la cuantía indemnizatoria a aquellos accidentes ocurridos en el desarrollo de una misión en territorio nacional, permitiríamos limar el agravio comparativo que se produce entre los accidentes ocurridos a partir del año 2018 y los producidos anteriormente, permitiendo así que los militares afectados o sus familiares vean recompensados adecuadamente su dedicación a la vida militar.
1.º Realizar un estudio sobre la aplicación con carácter retroactivo de la cobertura del Seguro de Vida y Accidentes para el personal de las FAS, que ha entrado en vigor a partir del año 2018 a los accidentes sufridos en territorio nacional por el personal militar adscrito a una misión internacional.
2.º En caso de que las conclusiones derivadas de dicho estudio considerasen oportuno el reconocimiento del carácter retroactivo, reconocer el derecho a compensación económica de los heridos y de los familiares de los fallecidos acaecidos en ese tipo de accidentes de acuerdo con los criterios y
cuantías del nuevo Contrato Unificado de Seguros del Ministerio de Defensa que ha entrado en vigor el enero de 2018."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2018.-Francisco Javier Cano Leal, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003199
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los Diputados de Compromís doña Marta Sorlí Fresquet y don Enric Bataller i Ruiz, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la paralización de la venta de armas a Arabia Saudí y la revisión de la aplicación de la Ley 53/2007, para su debate en la Comisión de Defensa.
El 31 de octubre de 2014, el Estado Español ratificó el Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas (TCA), dicho tratado sienta las bases de un acuerdo internacional que contribuyera a cambiar la manera de funcionar del comercio de armas con el fin de salvar vidas regulando una industria rodeada de secretismo y poca transparencia. Así pues, el Tratado Internacional de Comercio de Armas es el primer acuerdo legalmente vinculante en el mundo en esta materia.
Tal y como menciona el Instituto Español de Estudios Estratégicos la entrada en vigor del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas es la primera negociación global que ha logrado conectar el respeto del derecho internacional humanitario y los derechos humanos a las transferencias de armas, creando, al más alto nivel, un marco jurídico común de responsabilidades y rendición de cuentas.
A raíz del voto favorable de Naciones Unidas a la puesta en marcha de TCA y de la fuerte presión social a nivel estatal, el 28 de diciembre de 2007, entraría en vigor la Ley 53/2007, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. Dicha Ley supuso un avance en la adecuación de su legislación sobre comercio exterior de material de defensa y de productos y tecnologías de doble uso dado que se establece la obligación de aplicar los criterios del Código de Conducta de la Unión Europea que impiden la transferencia de armas a países en conflicto o donde haya un riesgo de que puedan ser utilizadas para vulnerar los derechos humanos, entre otras limitaciones. Además, la Ley abre la puerta a un mayor control parlamentario y a poner en conocimiento de la ciudadanía de manera detallada el material de defensa y doble uso que exporta España.
A pesar de la citada legislación, el Ministerio de Defensa reconoce que no cuenta con un protocolo de fiscalización del destino final de las armas que comercializa la industria española de armamento y que simplemente se fía del compromiso del país receptor.
Tal y como viene publicado en la página web del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad sobre los informes de las exportaciones españolas de material de defensa, otro material y productos y tecnologías de doble uso, disponibles en: http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/informacion-sectorialfmaterial-de-defensa-y-de-doble-uso/PDF/publicaciones/INFORMEESTAD %C3 %8DSTICAS2016.pdf, España exportó en 2016 material de defensa por un valor superior a los 4.000 millones de euros de los cuales 116.2 millones de euros fueron destinados a Arabia Saudí o 52,7 millones de euros fueron destinados a la venta de munición de artillería y para arma ligera y vehículos blindados para Irak. Además, recientemente conocíamos a través del informe "Exportaciones españolas de Material de Defensa, de Otro Material y de Productos y Tecnologías de Doble Uso en el primer semestre de 2017" elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio en el que recoge como el valor de las exportaciones realizadas en el primer semestre de 2017 fue de 2.041,6 millones de euros, de los cuales se vendieron 66,4 millones de euros a Arabia Saudí.
Durante este año, el 12 de abril de 2018, España cerró la venta de cinco corbetas Avante 2200 a Arabia Saudí, un país reprobado por el pleno de la Eurocámara por incumplir los criterios de exportación exigidos por la Unión Europea. El 30 de noviembre de 2017, el Parlamento Europeo aprobó una resolución no vinculante que solicitaba el embargo de armas de Arabia Saudí y que ya han adoptado otros Estados de la UE como Alemania, Suecia o Bélgica.
Consultoras independientes han alertado y aportado documentación que demuestra la presencia de armas de fabricación española en la Guerra de Yemen, un conflicto del que se cumplen ya tres años desde que una coalición de varios gobiernos del Golfo Pérsico, dirigida por Arabia Saudí, comenzara los ataques en el país contra las milicias de los huzíes. Dicho conflicto ha derivado en que se hayan producido violaciones del derecho internacional en ataques a civiles y se estima que tres millones de personas hayan tenido que huir del país, según Naciones Unidas.
Los ejemplos de Arabia Saudí e Irak anteriormente citados, son sólo dos ejemplos de las operaciones que resultan especialmente preocupantes en la venta de armas por el riesgo de su uso llevadas a cabo por parte del estado español. En reiteradas ocasiones Organizaciones No Gubernamentales como Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón han exigido el cese de la venta de armas españolas ante el riesgo de que estás pudieran estar siendo para la violar los derechos humanos, por ejemplo, en el conflicto armado de Yemen o por la posibilidad de que acaben en manos del autodenominado Estado Islámico.
Después de una década de la entrada en vigor de la Ley 53/2007 sobre control de comercio de armas, y tres desde la ratificación por parte del Estado Español del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas, consideramos necesaria una revisión en la legislación para blindar la aplicación de su articulado, garantizar la transparencia y evitar que los efectos prácticos de la norma queden debilitados. Consideramos que estaríamos haciendo un flaco favor a la seguridad del Estado, así como a todos los avances llevados a cabo a nivel global en materia de persecución de comercio ilegal de armamento si continuamos permitiendo la exportación de armas a países en los que se dan preocupantes contextos de violencia armada y cuya utilización de dichas armas procedentes de España pudieran ser utilizadas para cometer graves violaciones de los derechos humanos como es en el caso de la venta a: Arabia Saudí, Bahréin, Brasil, Colombia, Egipto, Irak, Israel y Turquía.
Por todo ello los Diputados de Compromís, doña Marta Sorlí Fresquet y don Enric Bataller i Ruiz en nombre del Grupo Parlamentario Mixto presentan la siguiente
"El Congreso reafirma su compromiso en virtud del Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas (TCA) de no exportar armas a aquellos países donde exista un riesgo preponderante para cometer violaciones flagrantes de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en conflicto armado interno y donde haya peligro de exportación de armas a países en conflicto como es el caso de Yemen.
El Congreso insta al Gobierno a:
1. Promover activamente la universalización del Tratado sobre el Comercio de Armas.
2. Realizar una revisión de la aplicación de la Ley 53/2007 en la que se identifique las medidas para reforzar los mecanismos de trasparencia, control de las exportaciones, el control parlamentario y donde se tenga en cuenta la opinión de la sociedad civil.
3. Reforzar los controles sobre las exportaciones y sobre la retransferencia de armas, así como llevar a cabo las investigaciones en profundidad pertinentes que esclarezcan cualquier tipo de duda ante las denuncias de presuntas violaciones de la legislación sobre la venta de armas por parte del estado español cuando exista el riesgo de que pudieran ser utilizadas para cometer o facilitar violaciones flagrantes de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.
4. Embargar la venta de armas a Arabia Saudí, como solicitó el Parlamento Europeo en una resolución del pleno de la Eurocámara en noviembre de 2017 de noviembre, o a cualquier otro Estado cuando exista un riesgo sustancial de que las armas puedan ser utilizadas para cometer o facilitar violaciones flagrantes de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2018.-Marta Sorlí Fresquet, Diputada.-Enric Bataller i Ruiz, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003194
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para evitar brecha de género y techo de cristal en la Universidad Española, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
No hubo una mujer en el puesto de rectora de universidad en España hasta 1982, y desde entonces apenas ha habido quince más. La nada en casi ocho siglos de Universidad y sin olvidar que hasta 1910 ellas no podían matricularse en cualquier estudio.
También es preocupante que determinados estudios como las carreras tecnológicas y algunas de las científicas, tengan una proporción de mujeres muy inferior a la de hombres.
La situación no es más preocupante si atendernos a los órganos de gobierno de las universidades. Actualmente solo hay cinco mujeres rectoras de las 50 universidades públicas que existen en España y su presencia en otros órganos de gobierno de la universidad es siempre muy inferior a la de los hombres.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en coordinación con el Consejo de Universidades y la Conferencia General de política Universitaria, un programa de promoción de la igualdad
de género en el sistema científico y universitario español que lleve a cabo acciones positivas en favor de las mujeres para:
1. Corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres en las universidades españolas.
2. Establecer medidas para compensar paradas de investigación asociadas a situaciones derivadas de la maternidad y conciliación.
3. Establecer medidas para que desaparezca progresivamente la brecha de género en las plazas de profesor titular y catedrático así como en los órganos de gobierno de las universidades españolas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2018.-María Luz Martínez Seijo, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003195
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para mejorar la orientación educativa y profesional, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
Es deseable que nuestros jóvenes reciban una educación lo más completa y ajustada posible a las necesidades de nuestra sociedad. Educación y formación son elementos imprescindibles en el futuro de nuestros jóvenes, que no solo requieren una formación sólida para poder acceder al mercado laboral, sino también una educación en ciudadanía, en valores democráticos y sociales ejerciendo sus derechos y deberes como ciudadanos responsables en nuestra sociedad.
El sistema educativo español tiene la obligación de dar respuesta a estos dos objetivos a lo largo de la escolarización obligatoria, preparar el camino para que nuestros jóvenes empiecen a tomar decisiones orientadas a su futuro laboral, pero a la vez, respetando el derecho a la educación y garantizando los principios de igualdad de oportunidades y de equidad.
Nuestro sistema educativo debe ser por tanto permeable al ámbito empresarial y laboral, conectando ambas realidades y generando vías de comunicación y de trabajo en común que deben estar presentes en la vida escolar de los alumnos y alumnas a lo largo de las distintas etapas educativas. En este sentido, la orientación educativa y profesional que se oferte en los centros debe jugar un papel más amplio y tener mayor protagonismo de lo que hasta ahora ha ocupado. El objetivo es claro, orientar más y mejor para que nuestros jóvenes afronten su futuro profesional con una información clara, realista y objetiva y a la vez evitar itinerarios educativo-profesionales erróneos y en muchos casos irreversibles.
La orientación juega un papel clave en el futuro y en las expectativas de la mayoría de nuestros jóvenes y puede minimizar elevadas cifras de un preocupante paro juvenil. España sufre sobrecualificación, es decir, más trabajadores con empleo inferior a su nivel de estudios.
En relación a la Formación Profesional, se puede afirmar que los trabajadores con titulaciones en estudios de FP son especialmente valorados en el ámbito de las empresas y se encuentran entre los que tienen mejores posibilidades de inserción en el mercado de trabajo.
A pesar de la creciente demanda de titulados en FP, los titulados universitarios siguen capitalizando las ofertas de empleo; cerca del 44 % de las ofertas piden de forma expresa entre los requisitos mínimos que los aspirantes tengan un grado o similar. Una demanda de empleo que debería corresponderse con el porcentaje de titulados en cada enseñanza, de FP y de universitarios.
Diversos estudios indican que la orientación recibida en los centros educativos es insuficiente, una razón importante para redirigir los programas de orientación, fundamentalmente la orientación individual al alumnado.
Una explicación para ello puede deberse a la falta de especialización de los tutores, docentes no especializados en orientación pero responsables de esta tarea, una carencia no sólo española, sino también de diversos países europeos.
Un aspecto relevante relacionado con la orientación de los estudiantes es el desajuste entre la percepción de la profesión para la que estudian y la realidad.
Algunos jóvenes comienzan estudios profesionales con una imagen idealizada y construida sobre una profesión que poco tiene que ver con la situación y circunstancias de la profesión; por ello es fundamental que la orientación profesional que se realice sea lo más objetiva posible y cuando esta imagen preconcebida no se ajuste a la realidad, es importante que se produzca una rápida reorientación, antes de que el joven se desmotive y tome decisiones difícilmente reversibles.
Mejorar la orientación implica proporcionar mayor conocimiento y objetividad para optar a una formación adecuada que proporcione una salida profesional y laboral más ajustada a las expectativas de nuestros jóvenes.
- Introducción en las distintas etapas educativas de sesiones laborales: visitas a empresa, entornos laborales y llevando a los centros distintos tipos de experiencias Laborales, colaborando familias y entorno laboral y social.
- Información actualizada y práctica sobre itinerarios educativos y sus salidas profesionales.
- Formación sobre distintos tipos de empleos y profesiones, las diferentes salidas profesionales y los requisitos académicos necesarios vinculados.
- Información habitual de los datos de inserción laboral.
- Conexión con los servicios de empleo de manera permanente, con las entidades locales y con el tejido empresarial e industrial del entorno de los centros educativos.
- Refuerzo de la orientación individualizada a alumnos en riesgo de abandono escolar.
- Disponibilidad de reorientación educativa y profesional a antiguos alumnos que han abandonado prematuramente el sistema educativo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2018.-María Luz Martínez Seijo, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003196
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la realización de un estudio sobre las funciones y desempeño de los orientadores en los centros educativos, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
La orientación educativa debe ser entendida como un proceso continuo dirigido al desarrollo íntegro de la persona, considerando así, al orientador/a como agente de cambio social, cuyas funciones deben estar centradas en la prevención, desarrollo e intervención social y en tres grandes ámbitos de intervención: acción tutorial, atención a la diversidad y orientación académica y profesional.
La situación de los orientadores en España es muy desigual, como es desigual el tamaño de los centros educativos y la atención que se recibe en educación infantil y primaria y educación secundaria.
En los centros de infantil y primaria (CEIP), los orientadores/as trabajan por zonas en la mayoría de las Comunidades Autónomas. Existen equipos de atención que atienden a varios centros y con una amplia población que atender, lo que dificulta la detección temprana y el seguimiento de los alumnos y alumnas en una fase esencial para su formación y desarrollo.
En Educación Secundaria los centros cuentan con un orientador/a por centro, aunque es una cifra en muchos casos insuficiente cuando hay muchos centros educativos que cuentan con más de 700 alumnos/as matriculados donde solo hay un orientador/a.
Las funciones establecidas en la normativa de Educación Primaria y Educación Secundaria son muy amplias y difíciles de atender con las cifras actuales de orientadores, por tanto se limita el desarrollo y aplicación de las funciones que la normativa atribuye en las distintas etapas educativas desde Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato a Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior.
Es importante señalar además la función de coordinación y apoyo que los orientadores deben realizar con los agentes educativos -profesorado, alumnado, tutores/as, equipos directivos, y familias- y que requiere una parte importante de su horario.
La Orientación no es solo evaluación psicopedagógica, sino que exige trabajo en igualdad, educación emocional, prevención de la violencia machista, promoción de hábitos de vida saludables, resolución pacífica de conflictos, mediación, prevención e intervención del acoso y ciberacoso, etc..., es decir, muchas áreas de importancia en la educación y formación integral de niños y niñas que requieren la atención debida.
Los organismos internacionales recomiendan la reducción de la ratio del alumnado por cada profesional de la orientación. La figura de orientador/a en los centros educativos es una de las figuras clave para que se desarrollen adecuadamente los proyectos educativos, se mejoren los resultados académicos y se mejore en igualdad de oportunidades entre todos los alumnos/as. Es por ello que resulta necesario analizar la situación existente para que haya garantías de poder prestar un servicio de orientación adecuado a las necesidades actuales y futuras de nuestro sistema educativo y de su alumnado.
- Analizar las funciones y desempeño de los orientadores y poder establecer una ratio orientativa del alumnado por cada profesional de la orientación, la conveniencia de la creación de plazas de orientadores en centros de infantil/primaria, Educación Secundaria Obligatoria y etapas postobligatorias.
- Estudiar la conveniencia de las titulaciones de Pedagogía, Psicología o Psicopedagogía como requisitos para ser orientador/a."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2018.-María Luz Martínez Seijo, Guillermo Antonio Meijón Couselo y Juan Jiménez Tortosa, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003198
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa del Diputado Javier Sánchez Serna, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en Comisión de Educación y Deporte, relativa a facilitar la integración de las niñas y niños españoles emigrados en el sistema educativo.
El artículo 3 de nuestra Constitución establece la obligación de todos los españoles de conocer la lengua española y, además, señala a los poderes públicos como garantes de la educación de dichos ciudadanos.
La Ley 40/2006 de 14 de diciembre del Estatuto de la Ciudadanía Española en el exterior señala la responsabilidad del Estado y las comunidades autónomas para que los residentes españoles en el exterior cuenten con una adecuada atención educativa. Asimismo, dicha ley insta a que se facilite la integración de los españoles emigrados en el sistema educativo.
En su Exposición de motivos, esta misma ley reconoce que, años antes, en el movimiento de retorno acaecido en los años 80 con la llegada de la democracia, "a pesar de que este proceso tiene lugar en un contexto económico favorable para España, no se adoptaron las medidas necesarias para atender integralmente a dicho retorno". Por ello, se establece una serie de pautas y obligaciones para que las comunidades autónomas coordinen los planes integrales de retorno que "permitan coordinar actuaciones para un mejor y más eficaz aprovechamiento de los recursos públicos, garantizando el regreso a España en las condiciones más favorables".
El pasado 15 de marzo conocimos los datos estadísticos del Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero correspondientes al 1 de enero de 2017. En dicho documento, el INE cuantificaba en 371.033 los españoles menores de dieciséis años que residen actualmente en el extranjero. Un dato relevante que ofrece el INE es que, solo en el año 2016, se han inscrito 60.041 menores de 16 años en los consulados españoles. Del total, 20.135 nacieron en España y emigraron a lo largo del 2016, mientras que 39.906 niños nacieron de padres españoles fuera de España en el mismo periodo, fruto esto -sin duda- del asentamiento de nuestros jóvenes que han debido abandonar el país desde el comienzo de la crisis en 2008. En un país con los problemas que tiene España de envejecimiento de la población no podemos permitirnos el lujo de seguir perdiendo a una generación sin poner los medios necesarios para que puedan volver a nuestro país si así lo desean.
La ciudad de Ceuta, cuyas competencias en educación recaen sobre el M.E.C., ha perdido de este modo a 463 menores en ocho años, entre 2008 y 2016. Por su parte, en la ciudad de Melilla esta cifra aumenta a 587 menores migrantes en el mismo periodo según el INE. Pero no son estas las únicas pérdidas, como se pueden observar en el siguiente cuadro:
Comunidad Autónoma;Total;Menores de 19 años entre enero 2008 y junio 2016
Andalucía;276.341;12.090
Aragón;41.925;2.972
Asturias;129.296;1.653
Cantabria;42.896;997
Castilla La Mancha;37.410;3.619
Castilla y León;170.500;3.429
Cataluña;284.378;26.478
Ceuta;3.447;463
Extremadura;30.654;869
Galicia;511.830;5.043
Islas Baleares;32.863;3.798
Islas Canarias;167.899;5.701
La Rioja;18.367;946
Madrid;367.434;34.056
Melilla;6.620;587
Murcia;37.955;4.382
Navarra;31.560;2.043
País Vasco;87.583;4.121
Comunidad Valenciana;127.662;12.608
Todos y cada uno de estos niños y niñas sufrirán, al igual que los adultos, el sentimiento de doble pertenencia o el sentimiento apátrida, el desarraigo de su tierra de origen. A decir verdad, en la mayoría de los casos, estos niños no llegarán a conocer su tierra ni nuestra riqueza cultural y, a duras penas, conocerán a sus familiares.
Una niña o un niño que crece sin conocer la tierra en la que nació o la tierra en la que crecieron sus padres y donde está su familia directa, no sentirá nunca ni interés ni necesidad de retornar a ella, pues será una tierra en la que no tiene ningún entorno emocional que le sea propio.
Como se ve, España tiene una deuda moral con las familias que se han visto obligadas a marcharse así como la obligación de facilitarles el retorno, siempre que estos lo quisieran. Si, en lo específico, hablamos de los menores que se han visto obligados a emigrar o que ya han nacido fuera, dicho compromiso con ellos resulta aún más ineludible, pues aunque estos niños no decidieron irse, queremos darles el derecho de volver.
El programa que proponemos no supondría ningún desembolso para las arcas públicas, sin embargo, para los menores esta iniciativa supondría un cambio cualitativo tanto en el aprendizaje de la lengua y de la cultura como en su arraigo y posibilidades de retorno a la comunidad.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a convocar en colaboración con las Comunidad Autónomas la Conferencia Sectorial de Educación con el objeto de poner en marcha las siguientes propuestas:
1. Eliminar el requisito de empadronamiento para niños y niñas de nacionalidad española que residan en el extranjero y que realicen estancias en centros educativos públicos de España de una duración mínima de una semana y máxima de tres semanas (no sujetas a evaluación).
2. Que la adjudicación de centro, para estas estancias, se realice teniendo en cuenta las plazas vacantes en los centros públicos cercanos al lugar de residencia de los familiares directos del menor, así como las características lingüísticas del país de acogida del menor.
3. Aplicar estos mismos criterios en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla donde las competencias educativas corresponden al MEC."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2018.-Javier Sánchez Serna, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003186
de Ley para instar al Gobierno a impulsar la ampliación de la prestación para el cuidado de hijos con cáncer o enfermedad grave, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
La Seguridad Social es el principal sistema de protección social del Estado. Tiene por objetivo garantizar unas prestaciones sociales concretas e individualizadas para hacer frente a determinadas contingencias que puedan situar a una persona, y a quienes dependan de ella, en situación de necesidad y especial vulnerabilidad.
Entre otras prestaciones la acción protectora del Sistema de la Seguridad Social contempla una prestación económica destinada a los progenitores, adoptantes o acogedores que reducen su jornada de trabajo para el cuidado del menor a su cargo afectado por cáncer u otra enfermedad grave.
Es una responsabilidad social apoyar a las familias que se ven afectadas por el diagnostico de un cáncer u otra enfermedad grave en un hijo o hija. Ante esta dramática situación, además del trauma personal y afectivo que ello implica, es habitual que uno de los progenitores, o ambos, se vean obligados a reducir su jornada laboral para atender y cuidar del niño enfermo.
Este subsidio tiene por objeto compensar la pérdida de ingresos que sufren los progenitores al tener que reducir su jornada por la necesidad de cuidar de manera directa, continua y permanente a los hijos o menores a su cargo, durante el tiempo de su hospitalización y tratamiento continuado de la enfermedad.
La Ley General de la Seguridad Social y el Estatuto de los trabajadores establecen los principios por los que se reconoce esta prestación. En concreto, la Seguridad Social ofrece esta prestación para los padres y madres de niños con cáncer u otras enfermedades graves, afiliados y en alta que reduzcan su jornada de trabajo en, al menos, el 50 por ciento.
El importe económico de la ayuda se calcula sobre el 100 por 100 de la base reguladora establecida para la prestación por incapacidad temporal, derivada de contingencias profesionales. La prestación se extingue cuando cesa la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente del menor o cuando éste alcanza la mayoría de edad.
Durante el año 2017 el Ministerio de Empleo y Seguridad Social reconoció un total de 2.642 prestaciones para el cuidado de hijos con cáncer u otras enfermedades graves. Siendo el número de procesos vigentes a 31 de diciembre de 4.263, un 29 % más que el año anterior. Estos índices ponen de manifiesto la importancia de esta prestación que permite a los trabajadores simultanear el cuidado de sus hijos con sus responsabilidades laborales.
Hasta el momento, la prestación cubre el tratamiento hospitalario del menor enfermo, si bien, recientemente, tanto el Secretario de Estado de Seguridad Social como el Presidente del Gobierno, han anunciado que trabajarán para ampliar el alcance de la prestación, a fin de que ésta también cubra todo el periodo que necesiten los progenitores para el cuidado domiciliario del menor, y no sólo el tratamiento hospitalario como hasta ahora.
Desde el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, entendemos fundamental y prioritaria la ampliación de esta prestación en los términos anunciados. Nos encontramos ante una medida muy positiva para apoyar a las familias afectadas que están atravesando una situación difícil, buena para el hijo que estará acompañado por sus padres mientras está enfermo, y también para la empresa, puesto que evita bajas sin justificación, además de contribuir a fidelizar a su empleado.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar trabajando de manera prioritaria en la mejora de la prestación para el cuidado de hijos con cáncer o enfermedad grave, a fin de ampliar su alcance, para que cubra todo el periodo que necesiten los progenitores para el cuidado domiciliario del menor, además del tratamiento hospitalario como hasta el momento."
161/003190
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para adoptar las medidas necesarias a los efectos de garantizar que los presos españoles en el extranjero tengan derecho al subsidio en el momento de su excarcelación, para su debate en Comisión de Empleo y Seguridad Social.
A pesar de que el Gobierno del Partido Popular se niega a centrar su mirada, en la situación de los 1.075 presos españoles en prisiones extranjeras los cuales continúan viviendo en oscuros agujeros, en una situación de indignidad, miedo y miseria, así como en aquellos que ya excarcelados y que se encuentran en el extranjero en libertad pero en condiciones muy precarias. La mayoría de ellos, sin techo para cobijarse y ni tan siquiera recursos para pagar las tasas consulares por expedición de pasaporte. Unos y otros, presos y expresos, todos ellos, son ciudadanos españoles absolutamente olvidados.
Es escasa la ayuda económica a los presos por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de las Oficinas Consulares, no en vano, en 2016, la ayuda media anual por preso fue de 324,022 euros; siendo la media mensual/preso de 27,001 euros, lo cual resulta miserable, cuando nuestros presos, de forma mayoritaria, no tienen recursos; ni para contratar a un abogado y porque las carencias alimenticias, sanitarias, de higiene, las enfermedades y los riesgos para la integridad física y psíquica son elementos constitutivos de la vida carcelaria.
En este orden de cosas y en la misma línea de ausencia de asistencia y de recursos, la Defensora del Pueblo, que ha analizado 224 expedientes de presos españoles recluidos en 27 países, ha detectado además un importante problema: qué ocurre con los presos españoles que salen en libertad tras cumplir su condena en el extranjero y es que no tienen recursos para volver a España y se quedan abandonados en el país que les condenó.
Por este motivo nuestro grupo entiende que para garantizar una vida digna y dar un tratamiento de igualdad a los presos en cárceles españolas y a aquellos que cumplan condena en el extranjero, es preciso garantizar el mismo derecho a recibir una ayuda para la reinserción social, como es el subsidio de excarcelación.
La protección de las personas que abandonan un centro penitenciario, puede llevarse a cabo tanto por la vía de la protección contributiva, como a través de la protección asistencial por desempleo.
El artículo 264 de la Ley General de la Seguridad Social, establece un subsidio para las personas que dejen la cárcel tras haber permanecido privadas de libertad durante más de seis meses, y el artículo 16 del Real Decreto 782/2001 establece que la inclusión de los internos en el RGSS, se limita a la protección por desempleo cuando sean liberados de prisión. Este subsidio es una ayuda por importe de 430,27 euros.
Los requisitos para poder solicitar el cobro de este subsidio de excarcelación son: estar en desempleo, estar inscrito como demandante de empleo un mes tras salir de la prisión, suscribir el Compromiso de Actividad, las llamadas, no haber rechazado oferta de colocación adecuada, no tener rentas propias ni derecho a la prestación contributiva por desempleo.
Según señala Ricardo Esteban Legarreta catedrático de Derecho del Trabajo, el fundamento de este subsidio de excarcelación está en la necesidad de proteger la desconexión con el mercado de trabajo, que exige de un apoyo específico, De ahí que, según se ha sugerido por otros autores tampoco impediría el acceso al subsidio el cumplimiento de la pena en otros países, ya que "no existe determinación territorial del ámbito geográfico donde han estado privados de libertad los españoles, con lo que incluso tienen derecho los excarcelados en el extranjero, siempre que retomen a España".
Creemos que es preciso establecer los mecanismos necesarios para garantizar que los presos españoles en el extranjero tengan derecho a un subsidio en el momento de excarcelación, pues la situación los coloca en una situación de vulnerabilidad y discriminación inadmisible en un estado de derecho.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar que los presos españoles en el extranjero tengan derecho a un subsidio en el momento de su excarcelación, en los términos establecidos en el artículo 264 del Real Decreto Legislativo 8/2015 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2018.-María del Rocío De Frutos Madrazo y María Dolores Galovart Carrera, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003184
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, relativa a la puesta en marcha de mecanismos para la aplicación efectiva del Reglamento EUTR de lucha contra la tala ilegal y su comercio asociado.
El pasado año, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente publicó un informe en el que se concluía que:
- la tala ilegal es el primer delito medioambiental a escala global,
- la tala ilegal supone entre el 50 y el 90 % del conjunto de actividades forestales en zonas forestales tropicales que son productoras clave,
- el 30 % de la madera que se comercializa en el mundo es ilegal,
- este delito movió en 2016 entre 50.700 y 152.000 millones de dólares estadounidenses, frente a los 30.000 y 100.000 millones de 2014.
El Banco Mundial estima que los gobiernos de todo el mundo pierden entre 10.000 millones y 15.000 millones de dólares cada año como resultado de la tala ilegal.
En octubre de 2010, el Parlamento Europeo aprobó el Reglamento (EU) 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera, más conocido por Reglamento EUTR (European Union Timber Regulation) de lucha contra la tala ilegal y su comercio asociado.
Según este Reglamento EUTR, las empresas que comercializan con madera y otros productos forestales en la Unión Europea están obligadas a proceder con la diligencia debida y establecer sistemas de evaluación de riesgo que descarten madera de aquellas empresas, regiones o países donde exista un riesgo considerable o elevado de adquirir madera ilegal debido al incumplimiento de las leyes forestales, corrupción, falta de transparencia, conflictos bélicos, violaciones de derechos humanos, etc.
Solo en 2015, y solo tras la apertura de un proceso de infracción a España por parte de la Comisión Europea por no hacer efectivo el Reglamento EUTR y una amenaza de llevar a España al Tribunal de Justicia de la UE, finalmente en diciembre el Gobierno aprobó el Real Decreto 1088/2015, de 4 de diciembre, para asegurar la legalidad de la comercialización de madera y productos de la madera, que por fin permitía la aplicación del Reglamento EUTR en nuestro país.
Así, el sábado 3 de marzo de 2018 se cumplieron 5 años de la entrada en vigor de la legislación puesta en marcha para combatir la tala ilegal y el comercio derivado de madera y productos de madera dentro de las fronteras de la Unión Europea.
El problema en España es que, a pesar de que existe la legislación al respecto, muchas de las comunidades autónomas no han nombrado una autoridad responsable que controle la entrada de madera talada de forma ilegal. La norma europea establece la obligación por parte de las empresas comercializadoras de productos forestales de evitar la entrada de madera procedente de talas ilegales.
Mientras la depredación de los recursos naturales sigue produciendo muertes y madera barata para el mercado internacional, en España la inacción del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, sigue demorando la aplicación del Real Decreto 1088/2015, que debería asegurar la legalidad de la comercialización de madera y productos derivados. A los años de retraso en la aprobación y aplicación del Reglamento EUTR, se suma la maraña burocrática creada y la absoluta falta de transparencia por parte del MAPAMA sobre los controles realizados, los expedientes abiertos, las multas impuestas o la madera incautada por el incumplimiento de esta legislación.
Los bosques son cruciales en la lucha contra el cambio climático al constituir el único sumidero gestionable. Más allá de reducir sus propias emisiones es el único sector que puede compensar las de otros. Hoy, el crecimiento del stock forestal compensa el 20 % del total de emisiones de CO2 de España, además de importantes beneficios climáticos adicionales por almacenaje temporal gracias al uso de productos forestales de larga duración, sobre todo madera en la construcción, y por la sustitución de materias primas y energías no renovables.
- los bosques cubren un tercio de la superficie del planeta y albergan más de la mitad de las especies terrestres de vegetales y animales.
- Los árboles de los bosques son acueductos naturales, redistribuyen hasta el 95 % del agua que absorben donde más se necesita. Mantienen el agua en el suelo, evitando la erosión, y luego la liberan de nuevo a la atmósfera, produciendo un efecto de enfriamiento.
- Los árboles son un gran sumidero de carbono, con los bosques del mundo se eliminan un estimado de 2,1 gigatoneladas de dióxido de carbono anualmente (o lo que es lo mismo, 2,1 millones de toneladas). Esto, sin duda, tiene una función fundamental en el equilibrio del ciclo del carbono del mundo y en ayudar a combatir el cambio climático.
- El mundo está experimentando una pérdida neta de 3,3 millones de hectáreas de superficie forestal al año.
- Los bosques gestionados de manera sostenible constituyen la principal materia prima para el papel, que es renovable, y uno de los materiales más reciclados del mundo: alrededor del 55 % o 225 millones de toneladas de toda la fibra utilizada para la producción de papel proviene hoy del papel recuperado.
El tráfico ilegal de madera tiene un efecto devastador sobre los bosques, pero también sobre las poblaciones que dependen de estos recursos. Una mejor gobernanza forestal (cómo se toman y se hacen cumplir las decisiones sobre el manejo, uso y conservación de los bosques) tiene múltiples beneficios:
- preserva la biodiversidad,
- reduce las emisiones de carbono,
- protege los bosques para futuras generaciones,
- rompe los ciclos de producción y pobreza,
- hace medios de vida sostenibles.
Por tanto, la aplicación efectiva del Reglamento EUTRes fundamental para evitar la desaparición de los bosques, la pérdida de biodiversidad y el agravamiento del cambio climático.
1. Desarrollar e implementar el Sistema Estatal de Información del comercio de madera en España, tal y como establece el artículo 10 del Real Decreto 1088/2015, habilitando las herramientas y los recursos necesarios para que sea posible conocer el número de controles realizados a las empresas, los expedientes abiertos o las medidas correctoras impuestas por incumplir los requerimientos del Reglamento EUTR.
2. Ampliar los mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de la diligencia debida por parte de las empresas en sus operaciones comerciales, así como la aplicación de medidas correctoras en los casos de incumplimiento, para evitar la impunidad en el sector.
3. Agilizar la entrada en vigor y aplicación del actual régimen sancionador contemplado en la Ley de Montes (multas e incautación de madera).
4. Poner en marcha, de forma centralizada, registros públicos y transparentes con la información disponible, completa y actualizada, acerca de las autoridades competentes EUTR de las diferentes Comunidades Autónomas.
5. Elaborar y garantizar la disponibilidad para su consulta pública de los informes anuales que se requieren por parte la Comisión Europea, tal y como dispone el artículo 3 del RD 1088/2015."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de abril de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno y a la UE a impulsar el Proyecto Serranía Celtibérica, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Sin lugar a dudas, la constante presencia del tema de la despoblación en los medios de comunicación en el último año ha puesto en valor uno de los problemas a los que se enfrenta el Reino de España. Un problema que junto al reto demográfico, han asumido un protagonismo vital en la agenda política.
No hace falta insistir en que existe un consenso absoluto sobre ambas cuestiones, y prueba de ello es la puesta en marcha por el Gobierno y las CC.AA. de distintos grupos de trabajo que junto a la sociedad civil han venido aportando trabajos al respecto.
El Senado aprobó una Comisión Especial en 2013, donde comparecieron más de 50 ponentes y emitió su Informe en junio de 2015. En él se establecían una serie de medidas normativas y administrativas, 35 propuestas y recomendaciones, para que las zonas de montaña puedan progresar, atendiendo a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos, especialmente la agricultura, la ganadería, pesca, artesanía, turismo rural, etc., dándoles un trato especial de acuerdo al mandato constitucional recogido en el art. 130 CE. Además se constituyó una Ponencia de Estudio para la adopción de medidas en relación con la despoblación, donde durante diez sesiones, comparecieron 130 expertos que aportaron su visión desde el territorio.
El Consejo de Ministros aprobó el 27 de enero de 2017 un Real Decreto por el que se crea el Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, regulando su funcionamiento. Por primera vez se gestionaba una estrategia transversal ante la gravedad de un problema de Estado.
El desequilibrio de la pirámide poblacional, fenómeno común en los países de nuestro entorno, es especialmente grave en España, diez CC.AA. cuentan con un saldo vegetativo negativo. Se ha pronosticado una pérdida de más de medio millón de habitantes en 2031 y más de cinco millones de habitantes en 2066.
La Conferencia de Presidentes, el 17 de enero de 2017, acordó impulsar medidas específicas y encomendó al Gobierno de España, con la colaboración de las distintas AA.PP., elaborar una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico.
Una problemática transversal, reto demográfico y despoblación, que unidas establecen uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad española. España cuenta con 3.867 municipios, que ocupan el 47 % de su territorio, donde solo viven el 2,76 % de su población, 1.286.679 personas, menos que la mitad de la ciudad de Madrid, pero con un índice de envejecimiento del 340 %.
Una situación extrema fruto de una continua emigración del campo a la ciudad, al igual que está sucediendo en el resto del mundo, pero con la particularidad de que España es el único país de toda la UE donde se concentra la despoblación. Un fenómeno bautizado por la investigadora M.a Pilar Burilio con el nombre de "demotanasia", suma de demos, población, y tanatos, dios de la muerte pacífica. "Un proceso que tanto por acciones políticas directas o indirectas, como por omisión de las mismas está provocando la desaparición lenta y silenciosa de la población de un territorio, que emigra y deja la zona sin relevo generacional y con todo lo que ello significa, como la desaparición de una cultura milenaria."
Por ello, es necesario armonizar una unidad de acción a todos los niveles, socioeconómicos, académicos e institucionales, para impulsar un proyecto de sostenibilidad de ese siempre olvidado mundo rural.
Y en este sentido, alrededor del proyecto es importante la implicación y apoyo de esa Red de Universidades de la Serranía Celtibérica, que agrupa a 10 Universidades y a una serie de especialistas que están desarrollando un proyecto de investigación I+D+i, centrado en una ciudad celtibérica, qué es Segeda, y en proyecto Serranía Celtibérica.
Una región montañosa y una zona rural remota, escasamente poblada, que cumple con todos los criterios que la UE estableció en el Tratado de Adhesión de Finlandia y Noruega, donde se definió que es un territorio despoblado: aquel que tiene menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. Hasta ahora solo había una interregión, Laponia, y ahora la Serranía Celtibérica.
Dado el amplio apoyo social y académico, así como el acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea, en su sesión del día 8 de octubre de 2015, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, propone para su debate y votación, la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, a que en combinación con la UE:
1. Se impulse el reconocimiento de la identidad interregional de la Serranía Celtibérica, en el Marco de la Europa de las Regiones, como Región Escasamente Poblada, Región Montañosa y Zona Rural Remota.
2. Previo acuerdo del Consejo de Patrimonio Histórico y su grupo de trabajo de Patrimonio Mundial, apoyar y defender en las instancias internacionales oportunas, la candidatura de la "Serranía Celtibérica" como Patrimonio de la Humanidad.
3. Impulsar la investigación en esta materia llevada a cabo por la Red de Universidades de la Serranía Celtibérica, en particular los proyectos de redes de coordinación de los distintos grupos de investigación, trabajando la problemática de la despoblación desde una perspectiva interdisciplinar y con miras a la transferencia de sus resultados en beneficio del Desarrollo Rural. Así como, llegado el caso, tras las reuniones mantenidas con el Gobierno, impulsar también la creación del "Instituto de Investigación de Desarrollo Rural Serranía Celtibérica" , con sede en el Campus de Teruel y en el Parque Arqueológico de Segeda.
4. Colaborar e impulsar con las CC.AA. implicadas, y en función de sus competencias, declaren la Serranía Celtibérica como Inversión Territorial Integrada.
5. Impulsar la puesta en marcha de las medidas previstas en el Informe de la Comisión Especial de Estudio del Senado, a través de la Estrategia Nacional Frente al Reto Demográfico."
161/003191
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la inclusión del Poblado de Puntas de Calnegre en la Relación de núcleos que se excluyen del dominio público marítimo-terrestre, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El poblado de Puntas de Calnegre, con casi 300 años de antigüedad, viene viendo amenazada su existencia desde hace más de 40 años, generando una inquietud e inseguridad a los habitantes y propietarios de este histórico asentamiento, a las que hay que dar solución.
En los años 1975 y 1977 se realizaron los deslindes, cuya ejecución fue acordada por Orden Ministerial en el año 2005, confirmado posteriormente a través de sentencias, tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo.
En el año 2010, y como forma de intentar frenar la ejecución del deslinde, se procedió a la incoación de un expediente de Declaración del Poblado de Puntas de Calnegre como Bien de Interés Cultural. Un expediente que, por razones que desconocemos, se dejó caducar, procediéndose a su archivo en junio de 2013.
La Ley 2/2013, que reformó la Ley 22/1988 de Costas, introdujo un régimen especial en su disposición adicional 7.a que excluía ciertos núcleos, concretamente 12, del Dominio Público Terrestre, por cumplir una serie de requisitos.
Se da la circunstancia de que el poblado de Puntas de Calnegre cumple todos y cada uno de esos requisitos pero, sorprendentemente, no se incluyó en la relación de poblados indultados. Además, también concurre la circunstancia diferenciadora de otros núcleos, excluidos o no del dominio público, de que en el caso que nos ocupa, la modificación del deslinde que impuso la Orden Ministerial de 11 de agosto de 2005, se hizo en contra del espíritu de la propia norma, expresado en su consideración 1, y se realizó prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para practicar el deslinde del dominio público, con indefensión de los afectados que no pudieron personarse al no ser convocados al efecto.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que proceda a impulsar la tramitación legislativa de la modificación del Anexo "Relación de núcleos que se excluyen del dominio público marítimo-terrestre en virtud de la disposición adicional séptima, en la extensión que se fija en la planimetría" recogida en la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, para incluir el Poblado de "Puntas de Calnegre" entre los núcleos excluidos del Dominio Público Marítimo-Terrestre, tras comprobar el cumplimiento de todos los requisitos exigidos.
Asimismo, se insta al Gobierno a revisar el citado Anexo para valorar la inclusión también de aquellos otros núcleos que cumplan con los requisitos exigidos para ello."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2018.-María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003192
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a afrontar el grave deterioro que sufre la margen
española del estuario del río Miño, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El estuario del río Miño en el Ayuntamiento de A Guarda, en la provincia de Pontevedra, está sufriendo un grave deterioro que se ha visto muy agravado como consecuencia de los últimos temporales y mareas vivas.
La playa de Lamiña-Forte corre el riesgo de desaparecer en su totalidad por culpa del retroceso dunar y la continua caída de árboles, así como el conjunto de la zona dunar y boscosa de Feno.
Además, en la zona de Codesal, la escollera de protección reparada por Costas en 2016 ha quedado destrozada, demostrando que la solución implementada quizás sirva para cauces de ríos, pero no para el estuario.
Ante estos hechos, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
1. Acometer con urgencia las actuaciones necesarias que pongan solución al grave deterioro que se está produciendo en la playa de Lamiña-Forte, en el estuario del Miño, que frenen la destrucción del litoral, recuperen la zona de playa y protejan la zona dunar y boscosa de Feno.
2. Proceder de forma urgente a la reparación de la escollera de la zona de Codesal, implementando soluciones adecuadas y permanentes acordes con una zona de estuario, teniendo en cuenta los procesos provocados por las mareas vivas y temporales.
3. Poner en marcha, en coordinación con la administración portuguesa, las actuaciones necesarias para solucionar la problemática causada por los cambios de los canales de navegación y los consiguientes arrastres de arena que están provocando la destrucción de la línea de costa en la margen española del estuario del río Miño."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2018.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y María Dolores Galovart Carrera, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003193
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley por la que se requiere a Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana actuaciones relativas a la conservación de cauces y arroyos en la provincia de Córdoba, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
En los últimos años los Ayuntamientos de la provincia de Córdoba están detectando una falta de actuación por parte de las diferentes Confederaciones Hidrográficas que tienen competencias en nuestra provincia. Las actuaciones de conservación, mantenimiento, desbroce, limpieza de los cauces y arroyos son muy escasas y la situación actual puede propiciar problemas de insalubridad, desbordamientos e inundaciones como consecuencia de la acumulación de malezas, detritos y residuos que han proliferado, donde al ser arrastrados por las aguas entorpecen que la corriente del agua discurra con normalidad, afectando directamente a la seguridad hidrológica.
Las Confederaciones Hidrográficas tienen entre sus competencias y funciones:
- La elaboración del plan hidrológico de cuenca, así como su seguimiento y revisión.
- La administración y control de los aprovechamientos de interés general o que afecten a más de una Comunidad Autónoma.
- El proyecto, la construcción y explotación de las obras realizadas con cargo a los fondos propios del organismo, y las que les sean encomendadas por el Estado.
- Las que se deriven de los convenios con comunidades autónomas, corporaciones locales y otras entidades públicas o privadas, o de los suscritos con los particulares.
Por tanto, las Confederaciones Hidrográficas tienen la competencia de administración y control del dominio público hidráulico y están obligadas a desarrollar un programa de conservación, mantenimiento, desbroce, limpieza de los cauces y arroyos y cuantas actuaciones sean aconsejables para favorecer tanto la conservación de ecosistemas como el discurrir de las aguas ordinarias o por avenidas extraordinarias.
El régimen económico de la provincia de Córdoba se basa en la agricultura y la agroganadería, ámbitos muy afectados con estos desbordamientos. El drama que supone un acontecimiento de este tipo debería evitarse si todas las administraciones cumplieran sus funciones. Los Ayuntamientos se ven desbordados cuando ocurren este tipo de situaciones.
La responsabilidad del mantenimiento y limpieza de cauces de ríos y arroyos en zonas rurales es ajena a las Entidades Locales, las cuales siempre se brindan a colaborar en la medida de sus capacidades que, por otro lado, han sido mermadas con la implantación de normativas tan restrictivas como la LRSAL y la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas. A las limitaciones y pérdida de competencias que nos somete el Gobierno del Partido Popular hay que sumar las consecuencias que emanan de este tipo de normas, produciendo una restricción que no permite ejercer la propia autonomía local invirtiendo sus propios ahorros y remanentes de tesorería positivos, así como la imposibilidad de cumplir la tasa de reposición óptima que haga cubrir las necesidades de las Entidades Locales.
La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está incumpliendo la ley que establece la obligación de establecer por cada área inundable un plan de actuación que permita reducir el riesgo de inundaciones y aminorar los daños humanos y materiales en caso de que se produzcan las inundaciones.
Las áreas inundables más pobladas están en Córdoba en el entorno de Alcolea, Villarubia y El Higuerón, en Palma del Río, Almodóvar del Río, Villafranca de Córdoba, Villa del Río, Lucena o Monturque, entre otros municipios.
Por contra, la CHG ha planificado, a través del Plan de Gestión de riesgos de inundaciones, actuaciones puntuales en solo cinco de estas áreas.
1. Que las Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana pongan en marcha un programa de actuaciones de carácter hidrológico forestal, de restauración de cauces fluviales, prevención, mantenimiento y limpieza de cauces en la provincia de Córdoba, que elimine el enorme riesgo que en la actualidad existe de desbordamientos como consecuencia de la suciedad y deterioro del dominio público hidráulico.
2. Que las Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana realicen estudios sobre los daños provocados, estableciendo un plan específico de intervención que sirva para minimizar y reponer los daños ocasionados.
3. Que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ponga en marcha Planes de actuación específicos para abordar el riesgo de inundaciones en cada una de las 27 áreas inundables definidas en el mapa de riesgos de inundación para la provincia de Córdoba."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2018.-Antonio Hurtado Zurera y María Jesús Serrano Jiménez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003183
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de don Íñigo Alli Martínez y don Carlos Salvador Armendáriz, Diputados de Unión del Pueblo Navarro/UPN, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento, presentan la siguiente Proposición no de Ley para la mejora de la coordinación de las Administraciones Públicas en la atención a las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), en especial la sociosanitaria, para su debate en Comisión.
La esclerosis lateral amiotrófica (en adelante, ELA) se diagnostica en tres personas al día en España. Por tanto, tres personas y sus familias que reciben el "mazazo" de esta enfermedad hoy sin tratamiento, y que con una expectativa media de vida de 2 a 5 años desde el diagnóstico, con el paso del tiempo les impedirá hablar, comer, mover y respirar de forma autónoma.
La ELA es una enfermedad de nuestro siglo. En concreto, es la tercera enfermedad neurodegenerativa en incidencia después de la demencia y el Parkinson. Cada vez más frecuente, llega anualmente a casi 1.000 españoles, estimándose en 4.000 los enfermos en nuestro país a fecha de hoy -son cifras estimadas porque no hay un registro de pacientes-.
La ELA es una enfermedad con una edad media de inicio entre los 50-60 años (aunque hay casos más precoces, incluso en niños, dos de ellos en España). La ausencia de información para su prevención, de diagnóstico precoz -se estima en una media de 12,6 meses para obtener un diagnóstico certero para la ELA- y de tratamiento farmacológico por el momento, unido a una supervivencia estimada de 2 a 5 años desde el diagnóstico, nos permiten hablar de una patología única.
No obstante, debido a su alta mortalidad, posee una baja prevalencia, considerándose hoy como una enfermedad rara.
El incremento de la longevidad de nuestro tiempo presentará previsiblemente un notable aumento de los casos en los próximos años constituyendo la ELA, junto con otras enfermedades neurodegenerativas, uno de los grandes retos a los que se enfrente nuestro sistema social y sanitario. Es, por tanto, un deber no mirar hacia otro lado y prestarle atención promoviendo soluciones asistenciales distintas e innovadoras, puestas en marcha y coordinadas desde diferentes Administraciones y profesionales.
Según la Fundación Luzón, un paciente de ELA es un enfermo distinto, porque esta enfermedad afecta a multitud de funciones de su cuerpo:
- en un plazo de 2 a 5 años su cuerpo tendrá paralizada su musculatura esquelética interfiriendo en su autonomía motora,
- su musculatura respiratoria se verá afectada, produciendo una limitación ventilatoria progresiva y, finalmente una insuficiencia respiratoria global, que es la causa de mortalidad más común,
- el trasporte de los alimentos de la boca al estómago también se verá afectado con el tiempo, generando desnutrición, deshidratación y riesgos de aspiración e infección respiratoria, neumonía y asfixia,
- su comunicación oral se perderá, causando limitaciones importantes en la actividad diaria y un aislamiento social del paciente,
- además, el 10 % de los enfermos de ELA manifestarán una demencia frontotemporal y un 50 % de ellos sufrirán un deterioro cognitivo leve desde el inicio. Los trastornos neuropsicológicos más comunes son la disfunción ejecutiva, los trastornos de atención y los problemas de memoria.
Según lo anterior, se pone de manifiesto que para tratar a un enfermo de ELA se necesita el conocimiento y el saber hacer de diferentes médicos especialistas en la enfermedad que trabajen de forma coordinada entre ellos, así como con los equipos de Atención primaria. Adicionalmente, y al ser la ELA una enfermedad que transcurre en el hogar familiar, es vital poner en marcha equipos de atención domiciliaria activos desde el diagnóstico (no solo en la fase de paliativos) y coordinados con el equipo hospitalario y de Atención primaria.
Por otra parte, la ELA es un pasaporte a la exclusión social, sintiéndose frecuentemente el enfermo y sus familiares "desahuciados sociales", sobre todo si tienen una situación económica precaria. Es la familia la que asume el coste promedio de una enfermedad que hoy está cifrada en 34.594? anuales principalmente destinados a cuidadores, ayudas técnicas y servicios asistenciales de salud.
El pasado año se aprobó la Estrategia Nacional de Esclerosis Lateral Amiotrófica Lateral, en el seno del Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que trata de mejorar el abordaje de la enfermedad.
Pero además, tal y como defiende la Asociación Española de ELA y la Fundación Luzón, adquiere extraordinaria relevancia para el acceso a la asistencia sintomática y rehabilitadora de las personas con ELA y sus familias, el incremento de coordinación en dos ámbitos esenciales: por un lado, la coordinación entre los diferentes servicios sociales y clínicos actuales, y por otro, la coordinación y colaboración entre administraciones, especialmente la autonómica.
Por todo lo expuesto, se propone la siguiente
"La Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a mejorar de modo urgente la coordinación de las distintas Administraciones Públicas competentes en la atención a las personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), en especial la asistencia sociosanitaria que amplíe los servicios previstos en la Estrategia Nacional de Esclerosis Lateral Amiotrófica."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2018.-Íñigo Jesús Alli Martínez y Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Diputados.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003188
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Carles Campuzano i Canadés,.Diputado del Partit Demòcrata, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, una Proposición no de Ley para la adecuada atención de los pacientes con atresia de esófago y sus familias.
La atresia esofágica es un trastorno congénito caracterizado por una falta de continuidad en el trayecto del esófago. En la mayoría de los casos, la parte superior del esófago termina y no se conecta con su parte inferior, ni con el estómago, y el segmento inferior del esófago se conecta a la tráquea a través de una fístula traqueoesofágica (FÍE). Pero también, hay otros tipos de atresia esofágica menos frecuentes, en concreto en total, 5 tipos principales. Mayoritariamente, se presenta durante el período neonatal, pero en los lactantes con fístula de tipo H puede no presentarse o detectarse la enfermedad hasta etapas más tardías.
La atresia esofágica es la atresia digestiva más frecuente. La incidencia estimada es de 1 cada 3.500 nacidos vivos. A menudo los recién nacidos con atresia esofágica también nacen con otros trastornos congénitos del tubo digestivo, del corazón y otros órganos. Hasta en el 50 % de los casos hay otras malformaciones congénitas. Dos síndromes en particular se asocian con atresia esofágica, VACTERL
(anomalías vertebrales, atresia anal, malformaciones cardíacas, fístula traqueoesofágica, anomalías renales y aplasia radial, y anomalías de los miembros) y CHARGE (coloboma, defectos cardiacos, atresia de las coanas, retardo del desarrollo mental o físico, hipoplasia genital y anomalías del oído). Alrededor del 19 % de los lactantes con atresia esofágica tienen criterios de VACTERL. La atresia esofágica y otros trastornos asociados no fueron compatibles con la vida hasta el año 1939.
La atresia esofágica es una enfermedad más común de lo que podemos llegar a pensar, y son muchas las familias que se enfrentan a este trastorno. Ante esta realidad, parece conveniente que el Ministerio de Sanidad elabore una lista de Centros Hospitalarios de referencia para el tratamiento de la atresia de esófago en España. Los neonatos con atresia de esófago necesitan cirugía pediátrica y UCI pediátrica con las prestaciones más avanzadas. Debería evitarse que fueran atendidos en centros que no disponen de todos los avances necesarios, con el riesgo que esto atañe para los neonatos.
Las familias deberían contar asimismo, con ayudas y apoyo suficiente para atender y cuidar adecuadamente a sus hijos. Padres o madres deben dejar de trabajar y el gasto por familia con un hijo afectado de atresia duplica y en muchos casos triplica el de una familia con un hijo sano. Cualquier soporte en la dirección de aligerar la carga económica que este contexto supone sería de gran ayuda para las familias de los niños con el citado trastorno.
Por otra parte, sin duda, a pesar de contar con centros de referencia y de disponer en ellos de laboratorios y centros de investigación, el volumen de recursos destinado a la investigación es muy limitado. Es imprescindible incrementar esfuerzos en esta línea y también en materia de concienciación y sensibilidad social. Muchos niños y niñas tienen y tendrán que aprender a hacer frente a numerosas dificultades a lo largo de su infancia en el entorno escolar; ayudar a difundir la atresia esofágica y auspiciar un buen entorno en este sentido puede contribuir a reducir y eliminar estas dificultades.
Por ello, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata presentan la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las CC.AA., a:
- Elaborar una lista de Centros Hospitalarios de referencia para el tratamiento de la atresia de esófago en España.
- Facilitar la difusión de los avances y novedades médicas relacionadas con este trastorno.
- Promover y facilitar el apoyo a las familias y pacientes con atresia esofágica y atender adecuadamente sus necesidades.
- Incrementar los recursos destinados a la investigación de enfermedades raras y, en concreto, de la atresia de esófago."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003189
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la modificación de las condiciones de comercialización de los productos de juego que el Gobierno autoriza a la ONCE, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
Corresponde al Gobierno ejercer la tutela de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) a través del Consejo de Protectorado cuya presidencia recae en la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Es a este Consejo de Protectorado a quien compete las autorizaciones y modificaciones de
las modalidades de juego y condiciones de comercialización de la ONCE, correspondiendo al Consejo de Ministros la aprobación del que ha venido en denominarse acuerdo ONCE-Gobierno.
La continuación de las pérdidas en la recaudación y la mala situación que atravesaba la economía de la ONCE justificaron el 25 de septiembre de 2009 un acuerdo del Consejo de Ministros mediante el que se anuló la condición histórica de que los juegos de la ONCE fueran vendidos en exclusiva por su plantilla de personas con discapacidad, autorizando a que pudiera hacerse a través de canales externos y distintos a la plantilla del personal vendedor y autorizando incluso, en modificaciones posteriores, que la ONCE pudiera comercializar productos fuera de España.
La autorización de venta de juegos ONCE fuera de plantilla ha supuesto que desde 2010 la dirección de la ONCE haya venido profundizando en dar sus productos de juego inicialmente a estancos, kioscos de prensa, gasolineras y posteriormente a supermercados, establecimientos de diversa índole y más recientemente a las oficinas de Correos. Mientras todos estos establecimientos, agrupados en el denominado por la ONCE "canal físico complementario", venden juegos ONCE sin sujetarse a condicionante alguno, la dirección de la ONCE va modificando su política laboral y comercial:
- Condicionando las nuevas contrataciones y renovaciones de contrato a cifras de productividad semanal por encima incluso de los mínimos tasados en convenio. Y ello a pesar de que es la ONCE quien decide unilateralmente el punto de venta, el horario, los descansos o los juegos que se asignan.
- Penalizando, incluso con expedientes disciplinarios por baja productividad, a los vendedores que no alcanzaban los mínimos de convenio (210 euros diarios) durante dos meses consecutivos. Si bien en el último convenio colectivo se ha dado una nueva redacción al régimen disciplinario desapareciendo la referencia a la rentabilidad por debajo del mínimo exigido durante dos meses continuados, lo cierto es que el convenio sigue recogiendo como falta muy grave la disminución continuada y voluntaria en el rendimiento del trabajo normal o pactado.
- Suprimiendo como derecho estatutario la concesión como empleo de la venta a toda persona ciega. En palabras del propio vicepresidente del Consejo General de la ONCE, la tasa de desempleo de los afiliados a la ONCE en situación activa es de un 6,9 %.
El pasado día 17 de mayo de 2017, en sesión de la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad del Congreso de los Diputados, tuvo lugar una comparecencia del vicepresidente primero del Consejo General de la ONCE para responder a las preguntas de los grupos parlamentarios sobre los efectos del canal físico complementario y su repercusión en la plantilla del personal vendedor.
De dicha comparecencia puede concluirse que existen personas ciegas a las que no se les concede la venta; que existen personas con otras discapacidades a las que no se les renueva por no alcanzar las ratios de venta que fija unilateralmente la dirección; que no existe límite geográfico ni de distancia entre los puntos de venta de plantilla y los del canal físico complementario; que han existido sanciones por la denominada "baja rentabilidad"; o que la recaudación por ventas de la ONCE ya está en crecimientos significativos según los cierres de 2015 y 2016.
En cuanto a los efectos de las ventas a través del canal físico complementario sobre el conjunto de las ventas de la institución, cabe decir que desde la implantación del citado canal en el año 2010 las ventas
totales no superaron las ventas del año 2009 (1.980,69 millones de euros), que lo fueron en exclusiva por el canal principal, es decir, por los vendedores y vendedoras de la ONCE. Excepto en el año 2017 que las ventas totales han sido superiores en 12 millones de euros. Y ello a pesar del número importante de establecimientos que conforma el citado canal complementario.
En cuanto al indicador de las medias de venta por vendedor/a y año, los datos son bien claros: si bien en los años 2015 y 2016 ha habido un aumento de las ventas totales, la media de venta por vendedor/a y año ha sido menor que la alcanzada en el año 2009, anterior a la implantación del canal físico complementario en 2010. Al igual que en las ventas totales, la media de venta por vendedor/a solamente ha sido superior en el año 2013 a la del año 2009.
En cuanto a cifras de empleo neto (personal vendedor y no vendedor), las cifras también indican que su evolución a partir de la implantación del canal físico complementario ha sido negativa respecto a la plantilla existente en el año 2009. En ese año 2009 la plantilla total de la ONCE era de 25.918 personas, mientras que en el año 2016 fue de 23.305, evidenciándose la falta de creación de empleo directo en la ONCE.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas para que se condicione la autorización a la ONCE de venta al margen de su plantilla en los términos siguientes:
1. La ONCE vendrá obligada a contratar a toda persona ciega que no esté incapacitada o inhabilitada legalmente para ello.
2. No podrán denegarse renovaciones de contrato por no alcanzar productividad semanal cuando las cifras sean iguales o superiores a los mínimos diarios establecidos por el XVI convenio, ni materializar extinciones o despidos esgrimiendo baja rentabilidad.
3. Se recuperará el compromiso inicial de la ONCE de que el canal físico complementario se implante allí donde, por circunstancias específicas, no pueda haber un vendedor o vendedora de la ONCE."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2018.-María Isabel Salud Areste, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002962
Autor: Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Sr. Presidente.
Solicitud de reconsideración del acuerdo de la Mesa de la Cámara de enviar a la citada Comisión la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a incluir una parada en la estación Lleida-Pirineus en el futuro servicio de tren de Alta Velocidad EVA entre Barcelona y Madrid.
Teniendo en cuenta el contenido del presente escrito, disponer el conocimiento de la Proposición no de Ley de referencia por la Comisión de Fomento. Comunicar este acuerdo a la citada Comisión, a la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa, al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 306, de 27 de febrero de 2018.
181/000961
¿Piensa el Gobierno crear un nuevo Juzgado de lo Penal en La Rioja?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de marzo de 2018.-César Luena López, Diputado.
181/000924
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Hacienda y Función Pública
Diputadas doña Patricia Blanquer Alcaraz y doña Ana María Botella Gómez
¿Cree el Gobierno que se da el suficiente apoyo y colaboración económica a la Autoridad Metropolitana de Valencia, y por tanto a la movilidad en Valencia y su área metropolitana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2018.-Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado.-Patricia Blanquer Alcaraz y Ana María Botella Gómez, Diputadas.
181/000998
Diputado don Félix Alonso Cantorné
¿Puede aclarar la situación en la que se encuentra el pliego del Plan de Inversiones de Carreteras redactado por el Ministerio de Fomento, tras la disconformidad de su propuesta por parte del Ministerio de Hacienda y de la Abogacía del Estado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2018.-Félix Alonso Cantorné, Diputado.
181/000948
Diputada doña Esther Peña Camarero
¿Es partidario el Ministro de Educación de una EBAU única para toda España?
¿Va a promover las reformas necesarias para ponerlo en marcha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2018.-Esther Peña Camarero, Diputada.
Diputada doña María del Rocío de Frutos Madrazo
¿Qué valoración hace el Gobierno de cada uno de los aspectos que se recogen en el Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, expresado en cada uno de sus puntos?
¿Piensa el Gobierno realizar alguna actuación para revertir esta situación en los distintos aspectos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2018.-María del Rocío de Frutos Madrazo, Diputada.
181/000962
Respecto del Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa), nos consta que se siguen criterios muy similares a los de la Atención al Cliente de la empresa concesionaria Securitas Direct.
¿Cree la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género que los criterios son asimilables en uno y otro caso?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de abril de 2018.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.
181/000963
En cuanto al personal que audita (auditorías internas) a las trabajadoras del Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa), dado que las auditorías internas de la empresa concesionaria deben estar aprobadas en modo y forma por la Delegación del Gobierno:
¿Qué titulación y formación deben de tener, según el Pliego de prescripciones técnicas que rigen la contratación del servicio, los auditores/as autorizados/as por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género?
¿Cuáles son los objetivos en cada área que persigue dicha auditoría?
181/000964
Respecto del Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa):
¿Tiene conocimiento la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de que las profesionales más cualificadas y formadas que defienden para la intervención criterios de calidad por la calidad y una atención profesional individualizada, frente a criterios de "cantidad", están siendo despedidas por este motivo y reemplazadas por personal sin titulación ni formación alguna de la central receptora de alarmas de la concesionaria?
181/000965
¿Es consciente la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de que la empresa concesionaria está implantando un speech cerrado y cronometrado en vez de atención profesional individualizada hacia víctimas y agresores en lo relacionado a su seguridad y control?
181/000966
¿Es consciente la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de cómo se minimiza el tiempo dedicado a la atención de las víctimas como consecuencia del gran número de señales técnicas no vinculadas a peligrosidad, sino a desajustes técnicos de los aparatos, que recibe el centro de control?
181/000967
¿Tiene conocimiento la Delegación del Gobierno de que se realicen encuestas de satisfacción a víctimas e inculpados?
¿Cuál es el resultado de las encuestas de satisfacción realizadas por la empresa concesionaria a las víctimas e inculpados?
181/000968
¿Con qué periodicidad se audita a la empresa concesionaria?
181/000969
En cuanto al nivel de servicio del Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa):
¿Tiene conocimiento la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de que se estén incumpliendo los niveles de servicio requeridos en el Pliego de prescripciones técnicas que han de regir la contratación del "servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género"?
181/000970
En cuanto a los dispositivos electrónicos de los que dispone el Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa):
¿Es consciente la Delegación del Gobierno de lo que implica en términos de victimización secundaria para las víctimas esta situación? ¿Es conocedora la Delegación del Gobierno de las consecuencias que están teniendo estos desajustes para los inculpados? ¿Qué medidas ha tomado en relación a ambas situaciones?
181/000971
¿Es consciente de la sobrecarga de trabajo que esto supone para los agentes implicados, incluidos los juzgados o las UFAM?
181/000972
¿Es conocedora la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de los miles de informes y gestiones que se hacen desde el Centro Cometa por fallos y faltas de cobertura de los aparatos?
181/000973
¿Es conocedora la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género que esta tecnología desactualizada utilizada para el control telemático de los dispositivos GPS provoca que las trabajadoras del Centro Cometa deban dedicar gran parte de su jornada laboral a atender llamadas de agresores y víctimas relacionadas con la pérdida de cobertura, generando a fin de evitar costes para la empresa concesionaria, una sobrecarga de trabajo y un estrés añadido a dichas trabajadoras que ven cómo no pueden atender con calidad situaciones de riesgo extremo, para dar prioridad a la cantidad?
181/000974
¿Se merecen las víctimas de violencia de género que los dispositivos tecnológicos que les proporciona el Gobierno para su protección operen en tecnología 2G y 3G en contados casos, cuando la actualidad tecnológica ya opera en 4G y 5G?
181/000975
¿Es la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género consciente de la obsolescencia tecnológica de los dispositivos, que originan pérdidas de cobertura habituales con la consiguiente revictimización a la víctima y daño psicológico hacia los agresores?
181/000976
¿Es consciente del trabajo colateral que conllevan dichos problemas técnicos (recepción de señales, activación de protocolos, elaboración de informes jurídicos...)?
181/000977
¿Es consciente de los problemas técnicos que eso está acarreando?
181/000978
¿Es la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género consciente de que se están destinando a los inculpados los dispositivos de las víctimas previa modificación de software?
181/000979
¿Es la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género consciente de la escasez de dispositivos tecnológicos de usuario requeridos para cubrir la demanda del servicio?
181/000980
¿Es conocedora la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de que en los 8-9 años de servicio del Centro Cometa es la tercera vez que las trabajadoras de dicho centro ante las precarias condiciones de trabajo deben acudir al Comité de empresa, de la empresa concesionaria, con el temor a ser despedidas por el simple hecho de reclamar un mejor servicio?
181/000981
¿Qué opina la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de los conflictos laborales que están sucediéndose en el Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa)?
181/000982
¿Tiene conocimiento la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de que, actualmente, no se exige ni titulación ni formación en violencia de género a las personas nuevas que se adscriben al Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa)?
181/000983
Nos consta que las rotaciones de personal del Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa) están disminuyendo el grado de
cualificación del personal, actualmente no se exige ni titulación ni formación en violencia de género a las personas que entran nuevas al centro.
¿Tiene conocimiento la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de que las rotaciones de personal del Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa) están disminuyendo el grado de cualificación del personal?
181/000984
Nos consta que el Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa) tiene un altísimo grado de rotación de personal, el mayor de toda la empresa concesionaria.
¿Cree necesaria la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género incluir en el pliego de condiciones especificidades técnicas que impidan la sobrecarga de trabajo en el Centro Cometa?
181/000985
¿Tiene control la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de la carga de trabajo de las trabajadoras/es del Centro Cometa?
¿Es conocedora la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de la sobrecarga de trabajo que sufren las trabajadoras del Centro Cometa debido a la no dotación de los recursos humanos suficientes con el fin de abaratar costes por parte de la empresa concesionaria?
181/000987
¿Conoce la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género si existe una evaluación anual de riesgos psicosociales de la plantilla adscrita al Centro Cometa?
181/000988
¿Cree útil la Delegación del Gobierno incorporar al pliego de condiciones tener acceso a dichas encuestas de clima laboral?
181/000989
¿Tiene acceso la Delegación del Gobierno a las encuestas de clima laboral del Centro Cometa?
181/000990
¿Conoce la Delegación del Gobierno la razón de dicha alta rotación?
181/000991
Nos consta que el Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa) tiene un altísimo grado de rotación de personal, el mayor de toda la empresa concesionaria,
¿Cómo ha valorado la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género la incidencia en la especialización de un nivel tan alto de rotación del personal?
181/000992
¿Es consciente la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género de este hecho?
181/000993
En el área de operaciones del Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa):
¿Qué cualificación (titulación en rama social/experiencia/formación en violencia de género) han tenido y tienen las coordinadoras y las trabajadoras de la sala operativa?
181/000994
En el área jurídico y de back office del Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa):
¿Qué cualificación (titulación jurídica/experiencia/formación en violencia de género) ha tenido y tienen la coordinadora y el personal del área?
181/000995
En el área de soporte técnico del Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa):
¿Qué cualificación (titulación técnica/experiencia/formación en violencia de género) han tenido y tienen las coordinadoras y el personal de dicha área?
181/000996
El Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa) ha tenido siete responsables del Centro de Control (Supervisores/as) desde el inicio del proyecto.
¿Qué cualificación (titulación/experiencia/formación en violencia de género) han tenido dichos supervisores/as?
¿Se ha supervisado por parte de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género que dichos supervisores tuviesen la titulación/experiencia/formación en violencia de género que estipula el pliego de condiciones?
¿Ha permitido que sean personas no formadas en la materia?
181/000997
En relación al Centro de control de medidas de alejamiento con control telemático en el ámbito de la violencia de género (Centro Cometa), el pliego de prescripciones técnicas que han de regir la contratación del "servicio integral del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género", exige personal cualificado para la contratación del servicio.
¿Qué entiende la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género por personal cualificado (titulación/experiencia/formación en violencia de género)?
¿Qué cualificación mínima se requiere para puesto de trabajo del Centro Cometa? Indicando puesto y cualificación, expertizaje en cada caso.
181/000923
Pregunta con respuesta oral en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
¿Cuándo va a cumplir el Gobierno lo aprobado en la Proposición no de Ley con número de expediente 2346 presentada en la Comisión de Seguridad Vial y movilidad el pasado día 22 de noviembre de 2017, referida a los radares en Málaga y al incremento de velocidad de 80 a 90 Km/h en algunos tramos de las carreteras nacionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de abril de 2018.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.
184/032347
Autor: Álvarez Álvarez, Ángeles (GS).
Logotipo del Pacto contra la Violencia de Género.
1. En cuanto a la solicitud de copia del desarrollo gráfico del logotipo del Pacto contra la Violencia de Género, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo núm. expte. 186/001388).
Doña Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada por Madrid, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
El Gobierno ha presentado, a través de una comunicación a las Comunidades Autónomas, el logotipo del Pacto contra la Violencia de Género:
¿Por qué no lo ha acordado con todos los Grupos comprometidos con el acuerdo?
¿Qué empresa ha diseñado dicho logotipo?
¿Cuánto ha costado el diseño de dicho logotipo?
¿Qué desarrollo gráfico del mismo se ha elaborado?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de marzo de 2018.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.

References: artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 resolución 
 resolución 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 resolución 
 artículo 193
 artículo 3
 artículo 193
 artículo 264
 artículo 16
 Real Decreto 
 artículo 264
 Real Decreto 
 artículo 193
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 10
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 193
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 185