Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-913-13.htm
Timestamp: 2019-01-17 13:29:48+00:00

Document:
C-913-13
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL RESPECTO DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD EN PENSION FAMILIAR-Configuración respecto de los beneficiarios en régimen de prima media/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuración
La Corte evidenció que mediante sentencia C-613 de 2013 (M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub) se resolvieron cuestionamientos de acuerdo con los cuales el literal k) del artículo 151C de la Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 3° de la Ley 1580 de 2012 desconocía el derecho a la igualdad de otros grupos excluidos de la pensión familiar, y en dicha oportunidad el precepto fue declarado exequible por ajustarse a la Constitución, por lo que encuentra que la precitada decisión tiene efectos de cosa juzgada constitucional e impide a la corporación volver a pronunciarse sobre el mismo asunto, en la medida que existe identidad no sólo en cuanto al literal demandado, sino también sobre el cargo formulado.
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-Ausencia de claridad, certeza, pertinencia y suficiencia/INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Configuración por ineptitud sustantiva de la demanda
En relación con el cargo de violación al derecho a la seguridad social del literal k del articulo 151C de la ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 3º de la ley 1580 de 2012, la Corte encuentra que los argumentos expuestos para soportar tal ataque son insuficientes y en parte contradictorios, toda vez que pretermiten que la finalidad de la pensión familiar no es acumular tiempo de aportes de quienes individualmente sí pudieron acceder a su pensión sino, por el contrario, acumular semanas de cotización de quienes no alcanzaron el mínimo requerido por la ley. En consecuencia, el cargo carece de claridad, certeza, pertinencia y suficiencia, además que corresponde a una interpretación que el actor efectúa del literal acusado y no deriva de la norma en sí misma.
En el caso de los primeros, estos pueden acceder a la pensión familiar, independientemente de su clasificación o no en el Sisben[1] y recibir la garantía de pensión mínima, mientras que los segundos, esto es, los eventuales beneficiarios de la pensión familiar afiliados al RPM, solo pueden acceder a este derecho si están clasificados en los niveles 1 o 2 del Sisben u otro sistema equivalente.
Para reforzar este reproche continúa exponiendo (f. 2): “Entonces, resulta inconstitucional que la clasificación en el Sisben sea un determinante para acceder a una pensión, desconociendo que las pensiones de vejez en el régimen de prima media con prestación definida han estado históricamente determinadas por requisitos de edad y semanas cotizadas, siendo absurdo que ahora, por efecto de la norma demandada, la condición económica asociada a la pobreza extrema, se convierta en un requisito adicional que generará discriminaciones injustificadas”.
Considera que de acuerdo con la norma, quienes habiendo sido encuestados por el Sisben y no quedaron clasificados en los niveles 1 o 2 (de 6 existentes), no serían destinatarios de la pensión familiar si están afiliados al RPM, mientras si lo serían si están vinculados al RAIS. Ello, reitera, promueve inequidad.
1) Contiene una clasificación sospechosa, ya que la clasificación del Sisben puede resultar altamente subjetiva y podría constituirse en un limitante formal para desconocer derechos pensionales a familias que a pesar de poder acumular un ahorro pensional se les desconocerá la pensión, así estén en niveles 3, 4, 5 o 6 del Sisben, categorías que igual evidencian que se trata de personas que pertenecen a la población pobre y vulnerable de nuestro país.
2) En concordancia con lo anterior, la norma demandada afecta fundamentalmente a personas que se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta, a grupos marginados o discriminados, a sectores sin acceso efectivo a la toma de decisiones o a minorías insulares y discretas. Lo anterior resulta evidente si se observa que muchas de las personas que podrían ser destinatarias de la pensión familiar en el régimen de prima media con prestación definida, hoy día se encuentran excluidas por el sistema en la medida que por si solas no podrán acceder a una pensión que les permita una vejez digna. Igualmente como ya se expuso, la medida afectará a personas de los niveles 3, 4, 5 y 6 del Sisben que igualmente hacen parte de la población pobre y vulnerable.
3) La medida demandada limita exageradamente la posibilidad de que el derecho fundamental a la seguridad social tenga un verdadero aumento en su cobertura, generando diferencias odiosas entre parejas similares que, en conjunto, lograron acumular las semanas cotizadas necesarias para acceder a la pensión familiar, pero que sin embargo por una clasificación odiosa del Sisben se les termina negando un derecho irrenunciable.
4) La medida examinada convierte un derecho, generado en la edad y en las semanas cotizadas, en un privilegio derivado de una clasificación que está dirigida a focalizar el sistema subsidiado de pensiones y no a limitar el acceso a los beneficios derivados del sistema contributivo, siendo entonces la norma acusada objeto de discriminaciones subjetivas y desproporcionadas.”
Derecho a la seguridad social. En cuanto al desconocimiento de la garantía prevista en el artículo 48 constitucional, el actor expone que, quienes como afiliados al RPM han cumplido individualmente (no como pareja) los requisitos de edad y semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez, quedan por fuera de la pensión familiar lo que, considera, atenta contra los derechos adquiridos y en particular el derecho irrenunciable a la seguridad social.
En su relato continúa: “Entonces, resulta evidente que la restricción contenida en la norma demandada resulta inconstitucional por desconocer los derechos adquiridos e irrenunciables de una pareja que a pesar de cumplir las edades requeridas y de completar de manera conjunta la cantidad de semanas cotizadas exigidas por el régimen de prima media con prestación definida se le niegue la pensión por efecto de un requisito que resulta formal y que desconoce el espíritu de la ley, que finalmente es permitir que la suma del esfuerzo conjunto de semanas cotizadas por una pareja se vea reflejada una pensión continua.”
A través de apoderado, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó a la Corte, i) acumular la demanda con el expediente D-9405, por existir coincidencia entre el literal aquí atacado y uno de los allí acusados; ii) declararse inhibida para decidir de fondo por encontrar que la demanda no cumple los requisitos desarrollados por esta Corte para emitir un pronunciamiento de fondo, o en su defecto, iii) declarar la exequibilidad del literal demandado.
Tal como lo hiciera en el concepto emitido para cumplir su obligación constitucional en la demanda radicada bajo el número D-9405[2], el Ministerio Público solicita la declaratoria de inexequibilidad del literal demandado, porque en el proyecto de ley inicial la pensión familiar en el RPM estaba dirigida a todas las personas que cumplieran los requisitos para reclamar la indemnización sustitutiva, y no solamente a las clasificadas en los niveles 1 y 2 del Sisben, sino a todas las afiliadas al sistema que, alcanzada la edad para pensionarse, no cumplieran el requisito de tiempo (semanas) para acceder a la pensión de vejez.
3. Cuestión previa de ineptitud sustantiva de la demanda
Para ello debe constatarse si los argumentos presentados para contrastar el literal impugnado frente a los artículos 13 y 48 de la Constitución, se avienen a lo preceptuado en el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991 y a lo expuesto por este tribunal, respecto de la necesidad de que, además de indicar las normas acusadas como inconstitucionales y las preceptivas superiores presuntamente violadas, se plantee por lo menos un cargo concreto de inexequibilidad, con argumentos claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes[3], que despierten duda sobre la constitucionalidad de la normativa acusada.
4. De la existencia de cosa juzgada constitucional
Téngase en cuenta, sin embargo, que en este caso la demanda fue admitida cuando la Corte Constitucional aún no se había pronunciado en torno a lo demandado en el expediente D-9405[4], y al abordar este asunto ya no era posible acumularla al referido expediente sobre la exequibilidad del mismo literal acusado.
Llegado su momento, la Corte profirió una decisión de fondo en la sentencia C-613 de septiembre 4 de 2013[5] (M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), decisión que tiene efectos de cosa juzgada constitucional e impide a la corporación volver a pronunciarse sobre el mismo asunto.
En esa oportunidad se resolvieron cuestionamientos de acuerdo con los cuales el literal k)[6] del artículo 151C de la Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 3° de la Ley 1580 de 2012 desconocía el derecho a la igualdad de otros grupos excluidos de la pensión familiar, examinados los cuales el precepto demandado fue declarado exequible por ajustarse a la Constitución, concluyendo (páginas 55 y 56 de la sentencia):
“… los cargos formulados por el demandante son infundados: en primer lugar, los grupos que identifica el actor no son comparables, toda vez que en todos los casos existe un criterio importante de diferenciación: (i) la condición de vulnerabilidad socioeconómica a la luz de la distribución del subsidio implícito en la pensión familiar en el RPM, (ii) el sistema de financiación de la pensión familiar en el RPM y en el RAIS, y (iii) la mayor cantidad de subsidio estatal necesaria para financiar la pensión familiar en RPM versus la pensión individual de vejez.
En segundo lugar, si en gracia de discusión se admitiera que los colectivos a los que se refiere la demanda son comparables, en todo caso las medidas bajo estudio están justificadas, pues (a) persiguen finalidades importantes a la luz de la Carta: distribuir de forma equitativa los subsidios estatales implícitos en la pensión familiar en el RPM –dando prioridad a los cotizantes en mayor condición de vulnerabilidad socioeconómica-, y extender progresivamente la cobertura del sistema, pero procurando su sostenibilidad financiera; y (b) se valen de medios idóneos para el efecto: por una parte, utilizar el Sisben para elegir a los beneficiarios y seleccionar a quienes, según ese sistema, están en mayor nivel de vulnerabilidad, y por otra, limitar el monto de la mesada para evitar un amento no previsible de los recursos necesarios para financiar el subsidio estatal implícito.”
Primero. INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo, por ineptitud sustancial de la demanda, sobre la constitucionalidad del literal k) del artículo 151C de la Ley 100 de 1993, introducido por el artículo 3° de la Ley 1580 de 2012, por el cargo de violación del derecho a la seguridad social, formulado en esta demanda.
Segundo. ESTARSE a lo resuelto en la sentencia C-613 de septiembre 4 de 2013, que declaró EXEQUIBLE el literal k) del artículo 151C de la Ley 100 de 1993, introducido por el artículo 3° de la Ley 1580 de 2012.
[1] Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales.
[2] Que dio origen a la sentencia C-613 de septiembre 4 de 2013, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[3] Cfr. C-1052 de 2001 y C-568 de 2004, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.
[4] Acumulado con el D-9411, actores Julián Arturo Polo Echeverri y Bonifacio Navarrete Velandia.
[5] En tal providencia se resolvió, en lo pertinente: ”Declarar EXEQUIBLES los literales k) y m) del artículo 151C de la Ley 100 de 1993 introducidos por la Ley 1580 de 2012, por los cargos analizados en esta sentencia.”
[6] En esa ocasión, pero no en ésta, fue demandado también el literal m) del artículo 151C de la Ley 100 de 1993, adicionado por el artículo 3° de la Ley 1580 de 2012.

References: artículo 151
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 48
 artículo 2
 artículo 151
 artículo 3
 artículo 151
 artículo 3
 artículo 151
 artículo 3
 artículo 151
 artículo 151
 artículo 3