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Timestamp: 2018-09-21 08:29:14+00:00

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SENTENCIA SP6348-2015 DE 25 DE MAYO DE 2015
CONTENIDO:QUIEN INDUCE A UN GRUPO SUBVERSIVO A CONSTREÑIR AL SUFRAGANTE RESPONDE PENALMENTE EN CALIDAD DE DETERMINADOR. EL CONSTREÑIMIENTO PUEDE SER VIOLENCIA FÍSICA O MORAL SOBRE EL SUFRAGANTE, CON EL FIN DE MANIPULAR SU VOLUNTAD Y AFECTAR SU LIBRE ALBEDRÍO EN EL PROCESO ELECTORAL, A PARTIR DEL MIEDO INFUNDIDO. ADEMÁS, PRECISÓ QUE QUIEN SOLICITA APOYO A UN GRUPO ARMADO ILEGAL, PARA QUE ESTE IMPIDA EL LIBRE DERECHO AL VOTO, Y EFECTIVAMENTE LOGRA QUE LOS ALZADOS EN ARMAS REALICEN ACCIONES INTIMIDATORIAS SOBRE LA POBLACIÓN, INCURRE EN ESA CONDUCTA PUNIBLE, COMO SUJETO DETERMINADOR, “PORQUE LA UTILIZACIÓN DE ESE MEDIO LLEVA IMPLÍCITA LA COACCIÓN SOBRE LOS HABITANTES DE LAS REGIONES BAJO SU DOMINIO POLÍTICO Y MILITAR, QUE LES IMPIDE OBRAR CON LIBERTAD, AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA EN EL EJERCICIO DE SU OPCIÓN POLÍTICA COMO ELECTORES”.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO ELECTORAL, CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE
Sentencia SP6348-2015/29581 de mayo 25 de 2015
Asunto: Culminada la audiencia pública, procede la Sala de Casación Penal a dictar sentencia dentro del juicio seguido contra el ex Senador de la República MIGUEL ALFONSO DE LA ESPRIELLA BURGOS, por el delito de constreñimiento al sufragante agravado.
(…) de acuerdo con la acusación formulada, la condición de miembro del ala política de las autodefensas, del doctor De la Espriella Burgos, determinó presuntamente la obtención de su curul en el Congreso en las elecciones de 2002 como objetivo perseguido por la organización, sin importar que tal fin se lograse mediante la intimidación que ejercía sobre la comunidad que habitaba la región de su injerencia en el departamento de Córdoba, gracias al control militar y político que el grupo armado ilegal tenía en dicha zona(2).
(…) Cuando la Corte asumió el estudio de la conducta lo hizo de acuerdo con la acusación formulada de manera integral, tomando en cuenta sus manifestaciones externas reflejadas en las reuniones donde se consolidaron las supuestas alianzas, como también los propósitos que inspiraron esos encuentros, los cuales, según lo proclaman las decisiones judiciales emitidas hasta el momento, se encaminaron a cerrar acuerdos de recíproco beneficio entre el doctor DE LA ESPRIELLA BURGOS y las autodefensas para que éste pudiera alcanzar una curul en el Congreso y los otros pudieran contar con un aliado en esa importante e influyente posición, comportamiento que dentro de la nueva hermenéutica, constituye un acto relacionado con el servicio cuyo principio de ejecución comenzó cuando se fraguó el pacto(3).
(…) Esto equivale tanto como a decir que, dentro de la escala probatoria determinada por nuestro estatuto procesal, de la probabilidad de la responsabilidad del justiciable que es el estado de espíritu en que se halla el juzgador al convocarlo a juicio, se debe pasar en este momento del proceso al más alto grado del conocimiento, el cual supone la eliminación de toda duda racional, deviniendo la seguridad de que los hechos han ocurrido de determinada manera que es lo que, en esencia, constituye la certeza.
Si de la prueba no se adquiere tal certidumbre, la absolución se torna inexorable por virtud legal. (CSJ SP, 17, May. 1995, Rad. 9621).
El que utilice las armas o amenace por cualquier medio a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos, o voto en blanco, o por los mismos medios le impida el libre ejercicio del derecho al sufragio, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público. (Se subraya)
El constreñimiento al sufragante como conducta punible que protege los mecanismos de participación democrática – Título XIV, Libro Segundo de la Ley 599 de 2000 -, se dirige a preservar el sufragio como derecho de aplicación inmediata y como instrumento primordial para “configurar las instituciones estatales, formar la voluntad política, y mantener el sistema democrático, a través de decisiones legítimas y vinculantes que resultan necesarias para su sostenimiento”(4). Por eso el voto es derecho-libertad, “de la misma manera que las libertades de culto, asociación, reunión, petición, elección de profesión u oficio”(5).
Esas expresiones que configuran el bien jurídico que se salvaguarda mediante el artículo 387 del Código Penal, explican la necesidad de proteger las instituciones estatales, que se legitiman por la libertad de opción política, de amenazas mediante las armas o por cualquier otro medio, encaminadas a obtener el apoyo ciudadano por determinado candidato o lista de candidatos, como lo prevé la norma con el fin de “garantizar que la decisión contenida en el voto sea una genuina expresión de la voluntad individual y no el producto del ejercicio de poderes sobre la persona”(6) que no deben manifestarse, necesariamente, en el acto de votación, porque si así fuera quedarían por fuera de la cobertura de la figura que describe el comportamiento ilícito las amenazas previas a ese momento, pese a que teleológicamente están dirigidas a perturbar la libertad de opción que se le reconoce a todo ciudadano.
“La concepción del constreñimiento como figura típica es mucho más amplia, pues se trata de preservar tanto el “apoyo” o la “votación” por determinado candidato, en el marco de una conducta alternativa que se diferencia nítidamente de la destinada a “impedir por los mismos medios el derecho al sufragio”, que es una situación distinta(7).
Sobre el derecho a la participación política precisó la Corte Constitucional en sentencia T 324 de julio 14 de 1994 lo siguiente:
El voto constituye, sin lugar a dudas, uno de los elementos centrales de la democracia. No podría comprenderse la democracia sin la existencia de elecciones, en las cuales se eligen los gobernantes a través del voto de los ciudadanos. El ejercicio del voto constituye una manifestación de la libertad individual, en la medida en que la persona selecciona el candidato de su preferencia. Así mismo, constituye base de la legitimidad del sistema(9).
En palabras de la Corte Constitucional (sentencia C 759 de 2004):
(…) La prevalencia del derecho al sufragio libre sobre el mecanismo concreto de reforzamiento de la representación de ciertas comunidades se explica por la importancia axiomática del principio democrático. La soberanía popular que proclama la Constitución exige que los escrutinios reflejen de manera fidedigna la voluntad popular expresada en las urnas, pues cualquier circunstancia que desdibuje el resultado electoral corroe el reducto esencial del régimen democrático. Y cuando esa circunstancia es, como en el caso presente, la violencia física, hacer caso omiso de la invalidez de la elección que ello origina, en aras de mantener una representación congresional mínima, significaría permitir el acceso al poder por mecanismos de hecho y no de derecho (…).
(…) constituye violencia moral, aquel constreñimiento o coacción seria dirigida a la psiquis y determinada por la amenaza de un mal, que es empleada por el agente de la conducta a través de medios compulsivos puramente morales o espirituales, igualmente dirigidos a vencer la oposición de la víctima. (CSJ SP, 3, may. 2007, Rad. 20.809).
(i) El paramilitarismo y su influencia en el departamento de Córdoba.
(…) Las investigaciones que ha venido adelantando la Corte Suprema de Justicia en diversas regiones del país, le han permitido verificar que el proyecto paramilitar tuvo en todas ellas un desarrollo más o menos similar. Después de un período de penetración en el que, gracias a la voluntaria o forzada colaboración de algunos sectores de la comunidad —en especial del ganadero, como lo reconoce en sus orígenes Rodrigo García Caicedo, importante ganadero de la región y quien estableció los primeros contactos entre el Gobierno del Presidente Pastrana y las autodefensas— y a la intimidación lograda a través de las masacres y las amenazas contra otros que se reputaban pertenecientes o proclives a las organizaciones guerrilleras, los grupos paramilitares lograron un inicial apoderamiento de vastos territorios en los que impusieron sus reglas y asumieron, como lo sostuvo uno de sus máximos dirigentes(10), el control absoluto de las relaciones sociales: dirimían controversias civiles, solucionaban conflictos familiares, en fin, “ejercíamos un control territorial, político, social y económico pleno”.
Se producen en este período numerosas muertes de candidatos a cargos de elección popular y de alcaldes en ejercicio que se negaron a contemporizar con los jefes paramilitares, como sucedió con Pedro Pablo Montiel y Mauricio Garnica Díaz según lo refirieron los senadores DE LA ESPRIELLA BURGOS y MONTES ÁLVAREZ. Otros fueron obligados a renunciar o a desplazarse de sus municipios para despachar desde las capitales de los departamentos.
(…) En este sentido, se destacan declaraciones como las de Esmeralda Enith González Bechara(11), líder política de la época en el municipio de Canalete y afín con el movimiento del senador REGINALDO MONTES, quien sostuvo que la presencia de las autodefensas en ese (sic) era pública, nadie se atrevía a denunciar por temor, se tenían dificultades para hacer política, las autodefensas citaban a la gente, manejaban puestos, cobraban un porcentaje sobre los contratos de obras, solo podían aspirar los candidatos que permitían, convocaban a reuniones con los que se inscribían y los que asistían eran los que “alineaban”.
Aunque pudo haber ocurrido desde antes, para el año 2001 aparecen documentados unos acuerdos que fueron celebrados con la participación de jefes paramilitares, en los que se convenía la distribución territorial del electorado con la finalidad de acceder al Congreso de la República, se establecían pactos de apoyo a algunos aspirantes o simplemente se autorizaba el ejercicio de la actividad proselitista a determinados candidatos en territorios específicos, imponiendo además vetos generales o locales a algunos nombres (...)(13) (CSJ AP 14. May. 2007, Radicado 26942)
Se asentaron en la referida zona: el Bloque Norte, que operaba en los departamentos de Atlántico, Guajira, Magdalena, Cesar, Córdoba, Sucre, Norte de Santander y Bolívar, con un total de 14 frentes; el Bloque Cacique Nutibara, de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna” o “Adolfo Paz”, con influencia en la parte sur-oriental de Córdoba y en Valencia especialmente; el Bloque Élmer Cárdenas, al mando de Freddy Rendón Herrera, alias “El Alemán”, que tenía presencia en el Urabá Cordobés, donde ejerció control militar y político en los cinco municipios de la margen izquierda del río Sinú en el departamento de Córdoba (San Bernardo del Viento, Puerto Escondido, Los Córdobas, Moñitos y Canalete)(14); el Bloque Montes de María, que estaba posicionado de la parte costanera de Córdoba entre San Antero, Coveñas, Chimá y Momil; y el Bloque Central Bolívar, en el sur-este del departamento.
(…) Si hay una región del país que pueda registrar en su historia sociodemográfica reciente la tragedia constante del desplazamiento forzado como consecuencia de la guerra es el departamento de Córdoba. En 1999 pobladores de municipios como Tierralta, Valencia y Puerto Libertador y Montelíbano se convirtieron en verdaderos trashumantes, en una zona en que se disputan territorios e influencia entre grupos paramilitares y guerrilleros….el desplazamiento en este departamento se caracterizó por éxodos en masa, causados por masacres y combates que afectaron a la población civil (…)(18).
Como lo manifestó RODRIGO TOVAR PUPO alias JORGE 40, en los “estados de autodefensa” la organización cumplía “funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, inclusive eclesiásticas…”(19). En similar sentido declaró IVAN ROBERTO DUQUE al señalar: “Una hoja no se movía en Córdoba sin las AUC y conocimiento de Mancuso; No había alcalde que no tuviera la bendición de ellos; Las AUC han intervenido en la política aprovechando el poder de las armas, de la intimidación”(20).
(…) ahí no se movía un ápice, una aspiración si no habían dado la bendición una de esas personas, más de uno fueron muertos; en Cereté, por ejemplo, mataron un diputado en el ejercicio de su representación, mataron concejales en Cereté; muchos dirigentes digamos de sindicatos fueron muertos en Cereté; a muchas personas que estaban en diferentes orillas ideológicas fueron muertas en Cereté y Montería; aquí hubo un derramamiento de sangre pavoroso, aquí hubo aspirantes al concejo y concejales muertos de Montería, en Sahagún, …aquí eso era una masacre absoluta (…)(21).
(…) PREGUNTADO. Tiene usted conocimiento quienes eran las personas que llegaron en una camioneta el día de las elecciones al Caramelo, iban estos armados o uniformados CONTESTO. Si eran miembros de las autodefensas, iban armados y uniformados PREGUNTADO. Cuáles fueron las personas que llevaron hasta la cantina y cuánto tiempo permanecieron allí CONTESTO. Fueron muchos pero no recuerdo ahora mismo porque éramos de diferentes partidos políticos. Ahí estuvimos como diez minutos. PREGUNTADO. Usted fue de las personas que llevaron hasta la mencionada cantina. CONTESTO. Si. PREGUNTADO Usted cuanto tiempo permaneció allí CONTESTO. Como diez minutos. PREGUNTADO. Las otras personas que fueron llevadas allí tiene usted conocimiento cuanto tiempo permanecieron allí CONTESTO. También los diez minutos porque la camioneta llegó y nos citó a la cantina yo estaba en la calle esperando que llegaran los carros que traían las personas a votar, nos preguntaron "ustedes saben por quién tienen que votar y les dijimos claro que sabemos por quién tenemos que votar" y nos preguntaron por quién íbamos a votar por la alcaldía yo les dije que yo si se por quién voy a votar por la alcaldía y me preguntaron por quién iba a votar para el concejo y les dije que yo sabía por quién iba a votar para el concejo, pero me dijeron "para el concejo usted puede votar por el candidato que usted le parezca, pero para la alcaldía no". Eso nos lo dijeron en la cantina. PREGUNTADO. Estas personas que usted dice eran de las. AUC conoce a alguno nos puede mencionar el nombre o alias de alguno de ellos CONTESTO. Si, SALOMON FERIS CHADID, alias 08, si había otro pero no recuerdo nombres PREGUNTADO. Le dijo SALOMON FERIS o las personas que lo acompañaban por quien debía votar para la alcaldía de Tierralta CONTESTO. Si, por SIGIFREDO SENIOR SOTOMAYOR. PREGUNTADO. Tiene usted conocimiento si personas armadas o integrantes de las AUC estuvieron en el sector donde estaban ubicadas las mesas de Votación en la vereda del Caramelo CONTESTO. Si, estuvieron durante las elecciones. PREGUNTADO. Supo usted o se enteró de alguna clase de presión de parte de los miembros de las AUC a los jurados de Votación CONTESTO. Si para que indicara que votaran a la alcaldía PREGUNTADO cómo supo usted lo que ha mencionado CONTESTO.-Porque a mí me lo sugirió el señor que estaba de las AUC, no conozco me dijo usted puede votar para el concejo libremente pero para la alcaldía no (…)(22) (Subrayas ajenas al texto)
(...) conocí a PEDRO PABLO MONTIEL en Canalete, era de la región de Canalete…lo mataron porque le exigieron que fuera a una reunión de las autodefensas y él no quiso ir a una reunión…cuando hacían una advertencia usted tenía que ir allá (…)(23).
(…) si señor lo que todo el mundo sabe…después la influencia paramilitar que era lo único que se veía en esa región y la gente tenía que hacer lo que ellos decían porque si no se tenía que atener a las consecuencias, si las autodefensas prohibían que los cerdos tenían que salir a la calle todo el mundo tenía que estar con sus marranos encerrados porque el que encontraran en la calle lo mataban, desde cosas tan pequeñas como esas en adelante…nadie se atrevía denunciar…ya la gente aspirantes a la política ellos hacían sus normas y tenían que hacer lo que ellos creían que era el bien entre comillas para la comunidad para la región, hacían citas los mandaban a llamar con ellos mismos. La gente que tomaba esa opción no la dejaban llegar al cargo público, ni siquiera a la urna, ni siquiera a inscribirse en los formularios porque era lo que ellos decían….eran los candidatos que ellos decían los que decían los que iban aspirar y si alguien más se inscribía en lista no los dejaban llegar a las veredas a hacer política... ellos hacían reuniones y la gente que llegaba a esas reuniones eran la gente que los que ellos alineaban y presiones de ellos mismos….ellos citaban a los que se inscribían a reuniones y la gente que no iba a esos reuniones se veía que estaban en contra de lo que ellos estaban imponiendo y a esas personas las sacaban por completo no los dejaban acercar a la comunidad….conocí a PEDRO PABLO MONTIEL, aspiró a la alcaldía y desgraciadamente no fue a las reuniones que ellos citaban y lo mataron en la plaza pública de canalete advertido de que se le iba a matar porque todo el mundo sabía que a él lo iban a matar… se hacía lo que las Autodefensas hacían, se postulaban pero tenían que hacer lo que ellos dijeran (…)(24).
(…) eso fue a la luz del día y públicamente…lo mataron… porque a él le mandaron una citación para que fuera y se presentara donde ellos y él no fue a la citación…como que no fue y lo mandaron a asesinar…las presiones las hacían más que todo en lo rural (…)(25).
(…) cuando ellos entraron a mi casa ellos se me identificaron como miembros de las autodefensas Colombia y me hicieron entrar hasta el cuarto de mi casa para hablar en privado…y entré al cuarto de mi casa con esos tres señores y me dijeron: “señor José García tenemos entendido que usted va a aspirar a la alcaldía de Cereté, venimos de parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, le pedimos el favor que se presente a un medio de amplia circulación y diga que usted no va a aspirar a la alcaldía porque le tenemos prohibido que usted aspire a la alcaldía de Cereté”…les dije yo no tengo ninguna garantía que ustedes sean unas personas que vienen de verdad, posiblemente sean de la otra campaña…. Sacaron las pistolas inmediatamente uno de ellos se dirigió al carro, regresó con una metralleta y me dijo: quiere otra prueba?” Sacaron un radio teléfono y comenzaron a hablar… oí claramente cuando le dijo uno de ellos: “si él no quiere aceptar eso ni quiere renunciar no saca un documento ahí o no va a la prensa, llévenlo ustedes a la prensa o hagan lo que tienen que hacer”; ya cuando vi esas cosas ahí si me asusté y yo me fui a la prensa….Ellos me dijeron usted hoy tiene que renunciar…cuando regresé a mi casa yo bajé tembloroso muy asustado…».
(…) O sea que usted requería de una autorización expresa de las AUC para hacer campaña política? (…) Claro, porque yo me presenté al Comandante de la Policía de Cereté de esa época, a la comandancia, le dije me está pasando esto, yo estoy asustado, protéjame, y de frente, el man me decía si no le dan el visto bueno allá dese por muerto y si sigue empecinado en eso lo matan no sea bobo y así le decían a muchas personalidades aquí, en el DAS, en todas partes, aquí la autoridad era de nombre apenas (…)(26)
(ii) El contexto en el cual se desarrollaron las elecciones parlamentarias en el departamento de Córdoba en 2002.
(iii) La relación de MIGUEL DE LA ESPRIELLA con los grupos paramilitares que operaban en el departamento de Córdoba.
(...) Respecto al Doctor MIGUEL DE LA ESPRIELLA adujo(27) que éste hizo parte del brazo político de la Autodefensas y que su función fue estrictamente política y social, que contribuyó enormemente a la consolidación de un proceso de paz con el actual Gobierno Nacional. Advirtió que el grupo de las Autodefensas(28) realizó acuerdos políticos con MIGUEL DE LA ESPRIELLA y ELEONORA PINEDA, básicamente porque se identificaban ideológicamente, razón por la cual le planteó a DE LA ESPRIELLA y a ELEONORA, la idea que aquel aspirara al Senado y ella a la Cámara de Representantes, para que buscaran un partido que les permitiera acceder a esas posiciones.
(…) Necesario entonces es concluir que el Ex Senador MIGUEL ALFONSO DE LA ESPRIELLA BURGOS, como brazo político del grupo armado de las Autodefensas se concertó con ánimo de permanencia en el tiempo con los miembros de esta organización obteniendo como beneficio la autorización o beneplácito del grupo armado para realizar su labor política en la zona. Acuerdo que se deduce claramente por lo admitido por el Doctor de la ESPRIELLA, lo referido por SALVATORE MANCUSO y como si fuera poco, por el contenido del pacto de Ralito, en el que se compromete el acusado, junto a otras personas, con la organización, para refundar la patria, en el sentido de reconocer y apoyar la idea que el único Estado era aquel que contara con la complacencia de estos grupos armados al margen de la ley y compartiera los objetivos previamente trazados por estos (…)(29).
(iv) La utilización por parte del procesado de la fuerza intimidante de las AUC para sus propósitos electorales en 2002.
(...) MIGUEL me dijo “mono” como me decía en el Colegio, estudiamos juntos, yo no tengo un caudal electoral suficiente que me permita llegar al Senado de la República y de paso sacar a ELEONORA, que nadie conoce como Representante a la Cámara, le dije por eso no te preocupes Miguel, eso déjamelo a mí, las poblaciones creen en nosotros, nosotros hemos solucionado los problemas que el Estado no le ha solucionado a ellos, hemos venido además haciendo un trabajo político con ellos desde el año 97, que nos permite sin ningún tipo de inconveniente sin reñir con los otros actores políticos del Departamento, elegirte a ti y a ELEONORA; “dispón” de tu caudal electoral y yo me encargo del resto (…)(32).
(…) con Miguel Alfonso de la Espriella y Eleonora Pineda sí hubo acuerdos políticos con la organización de autodefensas, básicamente porque nos identificamos ideológicamente (…)(33).
(…) en la zona que yo tenía decía que entren todos los líderes de ellos, pero como yo llamaba a sus líderes les decía, ustedes tienen unos compromisos con nosotros, ¿quién les ha brindado seguridad, quién les ha buscado solucionar problemas sociales económicos políticos? ¡Nosotros! ¿A quién le deben gratitud ustedes?:; ¡a nosotros!, así que pueden dejar entrar a todos ellos, los que quieran pero votan por quienes nosotros hemos DIRECCIONADO, Y ASÍ LO HACIAN.(34)
(…) yo hablé con los diferentes líderes políticos del Departamento de Córdoba, y mis comandantes también lo hicieron, les dijimos por qué queríamos impulsar congresistas que tuviesen un sentido de pertenencia con los temas de la paz, la reconciliación, la función social del Estado (…)(35).
(…) queremos que ustedes señores líderes participen apoyando con un cinco, con un diez por ciento de la votación, que ustedes les ponen a sus caciques políticos colóquensela a Eleonora y Miguel Alfonso, ese acuerdo hicimos nosotros, yo particularmente, con los diferentes líderes que cité a esa zona de Tierralta del alto Sinú y me reuní con muchísimos de ellos, centenares de ellos (…)(36).
(…) les pedimos que nos apoyaran con el 5 o 10% de la votación, o con lo que ellos consideraran conveniente; recursos económicos nunca les entregué directamente a ellos, mis comandantes se encargaron de todo el tema logístico, de las manifestaciones públicas, del transporte de la propaganda, de todo lo concerniente que normal y comúnmente se da en las elecciones y en las campañas políticas (…)(37).
Las manifestaciones de SALVATORE MANCUSO, lejos de ser favorables al procesado MIGUEL DE LA ESPRIELLA, según lo pretende la defensa, lo incriminan como determinador del comportamiento ilegal que se le atribuye, no solo porque el declarante reconoce la existencia de un «acuerdo político» celebrado entre ellos para que las autodefensas le dieran su apoyo a DE LA ESPRIELLA en la consecución de votos suficientes para acceder al Congreso, junto con su compañera de fórmula ELEONORA PINEDA, sino también porque MANCUSO admite que para lograr ese propósito él y sus comandantes se reunieron con diferentes líderes políticos del departamento de Córdoba, acordaron con ellos porcentajes de votación a favor de la lista encabezada por DE LA ESPRIELLA, y realizaron en pro de esa postulación actividades logísticas, de propaganda y proselitismo.
MONTERIA 9.263 10.242
CERETE 6018 7016
Como se puede apreciar, el mayor crecimiento en las votaciones a favor de MIGUEL DE LA ESPRIELLA se registra en Tierralta y Valencia, municipios en los que el control político y militar de las autodefensas era más fuerte. Recuérdese que MANCUSO aludió a Tierralta como el asiento de la guardia estratégica de las AUC(39). Por su parte, el líder comunitario del corregimiento de El Caramelo, LUIS MANUEL CÓRDOBA DEL CASTILLO, se refirió a esos dos municipios como zonas controladas por las autodefensas comandadas por MANCUSO, en donde «impulsaron» a votar por la fórmula ELEONORA PINEDA – MIGUEL DE LA ESPRIELLA al Congreso de la República en 2002, para lo cual se reunieron con líderes de las comunidades(40).
En los municipios de Planeta Rica, San Antero y Pueblo Nuevo, también bajo influencia de los paramilitares, se observa un patrón similar de incremento en la votación favorable al candidato de las autodefensas MIGUEL DE LA ESPRIELLA, en las elecciones parlamentarias de 2002. Como se concluye en un estudio del CTI, en general en el departamento de Córdoba “los sufragios obtenidos por el ex Senador Miguel Alfonso de la Espriella Burgos (…), para el año 2002 son de mayor índice que los otros dos años (1998 y 2006), concordando de esta manera con la época en que las AUCU (sic) hacen mayor presencia tanto territorial como en número de hombres”(43).
En estas condiciones, intentar disfrazar la situación planteando el acuerdo de la comunidad con las actividades del grupo armado ilegal, no resulta más que un argumento falaz, como quiera que la aparente complacencia de la ciudadanía con “sus ejecutorias” fue producto de un régimen del terror impuesto por las AUC en vastas regiones de Córdoba, en las que éstas hacían proselitismo armado y restringían el pluralismo político(44).
(…) ACCIONES POLÍTICAS
Las AUC, en desarrollo de su accionar político, han incrementado registros de reuniones con gremios políticos en sus zonas de injerencia, planteando sus estrategias políticas referentes a las próximas elecciones parlamentarias del 2002. La ACCU, presionan a los sectores políticos del departamento de Córdoba, para que apoyen a candidatos postulados por esa organización en el evento electoral del 2002. Las presiones sobre los sectores políticos son evidentes, las ACCU han asesinado a los ex alcaldes de los municipios de Tierralta y Valencia y al Diputado Manuel Ruiz Álvarez. Las ACCU pretenden ejercer control sobre los entes de los poderes locales (Alcaldía, Consejos, Asamblea etc).
(…) Para el proceso electoral del 2002 se referencias (sic) fuertes presiones de las ‘AUC’, sobre los sectores políticos del departamento y el incremento de injerencia en área general del departamento(51).
En fin, aunque MANCUSO manifieste que solo utilizó «la palabra» como instrumento de persuasión a favor de la candidatura al Senado del doctor DE LA ESPRIELLA, asegure que en los territorios controlados fueron a hacer campaña otros candidatos sin inconvenientes y niegue que se haya coaccionado a los sufragantes en las elecciones parlamentarias de 2002, tales manifestaciones —invocadas por la defensa— carecen de credibilidad para la Sala, habida consideración de la apabullante realidad de intimidación a la que estaba sometida la población en las regiones del departamento de Córdoba dominadas política y militarmente por las AUC, en especial las de Tierralta y Valencia.
Con gobernadores no tuve relaciones, con senadores fue con MIGUEL ALFONSO DE LA ESPRIELLA donde se le apoyó en San Jacinto del Cauca para el Senado, yo no me acuerdo la fecha, se le obligó a la población civil a votar para el Senado de la República por el señor MIGUEL ALFONSO DE LA ESPRIELLA (…)(55).
De igual manera, rindieron declaración sobre el mismo asunto los ex Representante a la Cámara ALFONSO LÓPEZ COSSIO y NÉSTOR GERMÁN VIANA GUERRERO, la ex Alcaldesa de San Jacinto del Cauca ÁNGELA MARÍA BARRAGÁN y el ex Registrador de ese municipio JONIS OLIVA NÚÑEZ. Los dos primeros, quienes aspiraron a la Cámara de Representante en las elecciones de 2002, manifestaron no haber tenido conocimiento sobre presiones de las AUC a los votantes en ese municipio, en dichos comicios. Por su parte, la ex Alcaldesa y el ex Registrador Municipal coincidieron en señalar que las mencionadas elecciones transcurrieron en condiciones de absoluta tranquilidad y normalidad, sin constreñimiento a los electores.
Son hechos indicativos de la veracidad de lo expuesto por el testigo ÉDER PEDRAZA, que el doctor MIGUEL DE LA ESPRIELLA, siendo un desconocido en San Jacinto del Cauca, como aquél lo indica, no solo hizo campaña política en ese municipio del departamento de Bolívar, con la anuencia de los paramilitares que allí operaban, por tratarse del candidato al Senado promovido por la organización, sino que obtuvo una votación superior a la de los demás aspirantes esa corporación, lo cual se explica ciertamente por el apoyo que le ofrecieron los líderes, a cambio de la fallida promesa de electrificación, pero también por el respaldo obtenido del grupo de autodefensas que operaba en la zona.
Considera la Sala que el procesado es determinador del delito de constreñimiento al sufragante, porque, por la vía de un acuerdo ilegal con el líder paramilitar SALVATORE MANCUSO, indujo a éste a utilizar el poder intimidante que el grupo ejercía sobre la comunidad que habitaba en las zonas bajo su dominio en el departamento de Córdoba, para obtener su apoyo a las aspiraciones que tenía de alcanzar una curul al Senado de la República en las elecciones de 2002.
(…) en el ámbito de la participación el concurso de personas en la ejecución del tipo penal admite la determinación, condición ésta por la que se condenará al doctor Araújo Castro —y no como coautor, según la acusación de la Fiscalía—, por haberse probado que él no realizó materialmente la acción, pero sí que con ocasión del acuerdo ilegal ingresó en la esfera de un aparato de poder que requería consolidar su penetración de lo público, para lo cual resultaba indispensable garantizar que personas de algún modo vinculadas con la organización alcanzaran importantes cuotas de poder; apareciendo incontrovertible el interés del procesado en lograr esos resultados, hasta el punto que de allí se puede inferir que estuvo de acuerdo y en ese grado de consenso determinó ese comportamiento ilegal (CSJ SP, 18 mar 2010, Rad. 27032. En sentido análogo: CSJ SP, 7 dic 2011, Rad. 33015).
En consecuencia, la Corte declarará penalmente responsable al procesado MIGUEL ALFONSO DE LA ESPRIELLA BURGOS, en calidad de determinador del delito de constreñimiento al sufragante agravado, previsto en el artículo 387 inc. 3º de la Ley 599 de 2000.
4.1. Para el efecto de cuantificar la pena, se tiene en cuenta que el doctor MIGUEL ALFONSO DE LA ESPRIELLA BURGOS será declarado responsable y condenado por el delito de constreñimiento al sufragante agravado (art. 387 inc. 3º de la Ley 599 de 2000), luego le corresponde una pena de prisión de 3 a 6 años (36 a 72 meses), aumentada de una tercera parte a la mitad (48 a 108 meses).
4.2. No hay lugar a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por impedirlo un requisito objetivo: el artículo 63-1 (modificado por el 29 de la ley 1709 de 2014) solo autoriza el subrogado frente a la imposición de una pena de prisión que no exceda de 4 años, condición que no se cumple en este caso(57).
(ii) El ilícito de constreñimiento al sufragante no está incluido en el listado del inciso 2º del artículo 68 A de la Ley 599 de 2000. Por manera que, respecto de esta conducta es posible acceder al beneficio de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión intramuros, por tratarse de un delito no excluido de su amparo.
(iii) Los elementos de prueba allegados a la actuación demuestran el arraigo familiar y social del condenado: el doctor MIGUEL DE LA ESPRIELLA es casado y tiene tres hijos, reside con su familia en Montería (Córdoba), se conoce su lugar de domicilio (Calle 64 A # 3 -116 Barrio Recreo de esa ciudad, teléfono 095 7851785), y ha comparecido a este juicio cuando se le ha requerido.
La ejecución de la medida de prisión domiciliaria se acompañará de un mecanismo de vigilancia electrónica, conforme con lo dispuesto en los artículos 38 D y 38 F del Código Penal, adicionados por los preceptos 25 y 27 de la Ley 1709 de 2014.
4.5. Por último, no hay lugar a la condena en perjuicios porque éstos no se encuentran establecidos de manera concreta en el proceso.
2 Cuaderno original 19, folio 8.
3 Cuaderno original 19, folio 130.
4 Corte Constitucional, Sentencia T 603 de 2005.
6 Corte Constitucional, sentencia C 142 de 2001.
7 Sentencia 16/05/2008 radicación 26.470.
8 Corte Constitucional, sentencia C142 de 2001
10 Cfr. Versión de Salvatore Mancuso el día 16 de enero de 2007 ante la Fiscalía de Justicia y Paz y del 21 de marzo del mismo año en el proceso de la Corte, Radicado 26625.
11 Cuaderno 2 folio 45-46. (Nota fuera del texto original)
12 Cuaderno 2 folio 47-48. (Nota fuera del texto original)
13 Cuaderno 8 folios 28-124.
14 También lo hizo en el Urabá antioqueño y chocoano.
15 Así lo afirmó Salvatore Mancuso en sus versiones ante Justicia y Paz y ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
16 Tribunal Superior Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, sentencia de 7 de diciembre de 2011, proceso 2006-81366, M.P. Léster María González Romero, Bogotá D.C.
17 Las estadísticas de desplazamientos se basan en la información reportada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional —Acción Social—, documentos allegados por el Dr. Reginaldo Montes Álvarez, folios 216 a 224 cuaderno 6.
18 Fuentes Codhes, boletín número 28 del 2000, titulado”1999: Desplazamiento sin tregua” Folios 217-218 cuaderno 6.
19 Declaración de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, folios 25 a 107 cuaderno 13.
20 Folio 40 cuaderno 4.
21 Folio 60 cuaderno 6.
22 Folios 225 a 246 cuaderno 9 y folio 65 cuaderno 16.
23 Declaración JUAN MANUEL BRUNAL CUITIVA, folio 25 cuaderno 6.
24 Declaración ESMERALDA ENITH GONZÁLEZ BECHARA, folio 8 cuaderno 6.
25 Declaración LUIS CARLOS GONZÁLEZ FLÓREZ, folio 29 cuaderno 6.
26 Declaración de JOSÉ ANTONIO GARCÍA ORDÓÑEZ, folio 60 cuaderno 6.
27 Se refiere a la Declaración de Salvatore Mancuso. (Nota ajena al Texto)
28 En la zonas sometidas a su control.
29 Sentencia proferida el 28 de febrero de 2008, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, cuaderno “cambio de Radicación” folios 34-67.
30 Diligencia de ampliación de indagatoria de Miguel de la Espriella Folio 228 cuaderno 13.
31 Así lo afirmó Salvatore Mancuso en sus versiones ante Justicia y Paz y ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
32 Declaración de Salvatore Mancuso folios 130 a 133 cuaderno 13.
33 Declaración Salvatore Mancuso, folio 130 a 133 cuaderno 13.
34 Versión de Salvatore Mancuso en Justicia y Paz, mayo 15 de 2007.
35 Versión Salvatore Mancuso Justicia y Paz, mayo 15 al 17 de 2007
36 Versión de Salvatore Mancuso ante Justicia y Paz, sesiones del 15 al 17 de mayo de 2007.
37 Versión de Salvatore Mancuso ante Justicia y Paz, sesiones del 15 al 17 de mayo de 2007 en igual sentido declaración obrante a folio 130 a 133 cuaderno 13.
38 Folios 46-50 cuaderno 16 y folio 249 a 254 cuaderno1.
39 Declaración de 21 de septiembre de 2007.
40 Declaración rendida ante la Fiscalía el 30 de enero de 2008.
41 Folio 48, cuaderno 16.
42 Folios 42 vuelto y 48, cuaderno 16.
43 Informe del CTI 382599 de febrero 4 de 2008, folio 79, cuaderno 16.
44 LUIS MANUEL CÓRDOBA DEL CASTILLO pone de manifiesto en su declaración de 30 de enero de 2008 cómo las autodefensas controlaban el ingreso a las zonas bajo su dominio a candidatos distintos de los promovidos por la organización.
45 Testimonio de 4 de agosto de 2005, folio 60, cuaderno 16. MANCUSO manifestó para la época de las desmovilizaciones que el 30 o 35% de los candidatos al Congreso de la República fueron elegidos en zonas de influencia de las autodefensas.
46 Así lo manifestó LUIS MANUEL CÓRDOBA DEL CASTILLO en declaración rendida ante la Fiscalía, el 30 de enero de 2008.
47 A ellos se refiere MANCUSO como el “acumulado solidario comunitario”.
48 El CTI reportó mediante informe de 4 de junio de 2008, obrante a folio 212 del cuaderno 16, la ausencia de denuncias sobre presiones a los electores para apoyar en las elecciones de 2002 a los candidatos al Congreso de la República MIGUEL DE LA ESPRIELLA y ELEONORA PINEDA.
49 Testimonio del Coronel HENRY CAICEDO GARCÍA, Comandante de la Policía de Córdoba entre noviembre de 2000 y agosto de 2002, folio 174, cuaderno 16.
50 Testimonios de ALBERT ANTONIO BEHAINE ABDALLAH y REMBERTO MANUEL YANEZ ARCIA, folios 192 a 197, cuaderno 16.
51 Inspección practicada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Montería en el Departamento de Policía Córdoba al libro denominado Boletín Informativo Policial, correspondiente al año 2002, folios 230 a 246 cuaderno 16.
52 Al referirse al poder de SALVATORE MANCUSO, el testigo LUIS MANUEL CÓRDOBA DEL CASTILLO, en declaración de 30 de enero de 2008, fue ilustrativo al manifestar que una sugerencia del comandante paramilitar a los líderes comunitarios de votar por un candidato suponía una obligación, dada la intimidación y el respeto que él generaba.
53 Sería el caso de ÉDER ANTONIO DE HOYOS DORIA, concejal del municipio de Valencia para el año 2002, por el Partido Liberal Colombiano, quien manifiesta haber apoyado en 2002 las candidaturas al Congreso de la República de MIGUEL ALFONSO DE LA ESPRIELLA y ELEONORA PINEDA. Folio 230, cuaderno 20.
54 Este frente paramilitar operaba en jurisdicción de San Jacinto del Cauca, Nechí, Achí, Guaranda, Puerto Rico, Montecristo, Sucre y San Marcos, según lo manifestado por ÉDER PEDRAZA PEÑA en su declaración de 16 de diciembre de 2013.
55 Folio 147, cuaderno original 20.
56 Cuaderno original 21, folio 119. El total de votos depositados al Senado en esa población fue de 750. Para la Cámara de Representante la votación total fue de 4.278 y la mayor votación la obtuvo JOSÉ MARÍA IMBETT BERMÚDEZ, con 2.215 sufragios, folio 120 cuaderno 21.
57 El precepto modificado de la Ley 599 de 2000 consagraba como requisito de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que la pena impuesta fuera de prisión que no excediera de tres (3) años.
58 Los artículos 38 y 68 A fueron, en su orden, modificados por los preceptos 22 y 32 de la ley 1709 de 2014; por su parte, el artículo 38 B fue adicionado por el 23 de la misma ley.
59 Resulta más favorable al sentenciado la regulación sobre prisión domiciliaria contenida en la ley 1709 de 2014 que la prevista en el artículo 38 de la ley 599 de 2000, en cuanto aquella amplió el factor objetivo de 5 a 8 años de prisión, sustituyó el subjetivo -que exige mirar el desempeño personal, laboral, familiar y social, en orden a establecer seria y fundadamente que no colocará en peligro a la comunidad y no evadirá el cumplimiento de la pena- por la demostración del arraigo familiar y social del condenado —cuyo análisis se muestra menos exigente que aquél— y no incluyó el constreñimiento al sufragante entre los delitos que impiden la aplicación de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión.
60 De acuerdo con la información registrada en el portal web de la rama judicial, esta sentencia quedó ejecutoriada el 27 de febrero de 2009.

References: artículo 387
 artículo 387
 artículo 63
 artículo 68
 artículo 38
 artículo 38