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Guia Legislación Turística Segundo Parcial 2018 Udal
Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurdica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurdicas de la UNAM www.juridicas.unam.
Clusulas abusivas en los contratos de adhesin* Abusive terms in adhesion contracts
Enrique Guadarrama Lpez**
RESUMEN El autor plantea que el hecho de calificar una clusula contractual como abusiva no es una tarea sencilla; por ello, realiza un estudio, tanto sobre sus beneficios prcticos, como acerca de la problemtica jurdica que representan los contratos de adhesin. Asimismo, expone que los contratos de adhesin en relaciones de consumo no son competencia registral de la Profeco. Aunado a lo anterior, trata los principios generales que rigen los contratos de adhesin de consumo y propone su identificacin con las clusulas abusivas. Finalmente, elabora las conclusiones que considera responden al cuestionamiento de la resistencia al anlisis jurdico de fondo al que se somete este modelo de contrato. PALABRAS CLAVE: contratos de adhesin, relaciones de consumo competencia registral, clusulas abusivas. ABSTRACT The author argues that construing a contractual clause as being abusive, is not a simple or straightforward task. Accordingly, the author studies both its practical dimensions as well as the legal problems adhesion contracts imply. The author also argues that adhesion contracts in consumer relations are not Profeco registrations competence matters. Additionally, he explores general legal principles of consumer adhesion contracts and suggests how to identify abusive clauses. Finally, he drafts the conclusions he considers that respond to the juridical analysis of this agreement model. KEY
Cuarta poca, Ao I, Nm. 2, Julio-Diciembre de 2012
adhesion contracts, consumer relations, registral competition, abusive terms.
* Agradezco a la licenciada Laura Corts Snchez la investigacin legislativa y jurisprudencial realizada, as como sus comentarios al trabajo. ** Director General de Asuntos Jurdicos de la UNAM. Egresado de la misma universidad.
DR 2012, Universidad Nacional Autnoma de Mxico, Instituto de Investigaciones Jurdicas
ENRIQUE GUADARRAMA LPEZ
1. Introduccin 2. Planteamiento 3. Beneficios prcticos y problemtica jurdica de los contratos de adhesin Espectro general de los CA 4. Situacin de los contratos de adhesin en relaciones de consumo que no son competencia registral de la Profeco 5. Principios generales en materia de contratos de adhesin de consumo A. Principios generales lato sensu B. Principios generales strictu sensu C. Principios generales especficos de los CA D. Principios generales derivados de interpretacin doctrinal 6. Propuesta de identificacin de clusulas abusivas en contratos de adhesin A. Prevenciones preliminares B. Criterios jurdicos de calificacin de las clusulas abusivas C. Criterios metajurdicos de calificacin de las clusulas abusivas D. Actuacin de las instituciones defensoras de los consumidores y usuarios para hacer valer la nulidad de las clusulas abusivas E. Anlisis del tema de nulidad e ilicitud de las clusulas abusivas de los modelos de CA 7. Conclusiones
1. Introduccin La tarea de calificar una clusula contractual como abusiva no es sencilla. Si tratndose de una relacin contractual comn celebrada entre dos personas (sean particulares o comerciantes) lo normal es que ambas partes busquen las mayores ventajas en la redaccin del clausulado, ms lo es en el caso de las relaciones de consumo comerciales o financieras en las que tanto los empresarios o proveedores, como las entidades financieras suelen tener detrs de s un slido respaldo econmico, publicitario y jurdico, as como los conocimientos y la experiencia de la prctica empresarial. Ese respaldo los pone en situacin de imponer las condiciones contractuales en los contratos de adhesin (en adelante, CA).
CLUSULAS ABUSIVAS EN LOS CONTRATOS DE ADHESIN
Es lgico imaginar que la redaccin clausular de los modelos de CA elaborados por los proveedores y prestadores de servicios financieros no incurre de manera directa en las previsiones prohibidas en la ley para calificar de abusiva una clusula. Ms bien, los comerciantes y las entidades financieras intentan dar una apariencia de equilibrio y de equidad en las condiciones contractuales. Sin embargo, es frecuente que tales modelos de CA no resistan un anlisis jurdico a fondo. Los proveedores y las entidades financieras logran que la firma de tales contratos se realice sin mayor cuestionamiento por parte del consumidor o del usuario aprovechndose de diversas circunstancias: El desconocimiento de las implicaciones jurdicas que acarrean las condiciones impuestas. La publicidad masiva y excesiva de productos o servicios con aparentes ventajas en su adquisicin o utilizacin. El esquema de ventas persuasivas, pero sin informacin mnima o suficiente para una toma de decisin razonada. El esquema de necesidades sociales inducidas e impuestas por el consumismo. La utilizacin de formatos de CA con letras chiquitas y clausulado extenso. Ante ese panorama de la prctica comercial emerge la relevancia de las instituciones garantes de los derechos de los consumidores. En nuestro pas, tanto la Profeco como la Condusef tienen la responsabilidad en los casos especficos de los CA, de salvaguardar los intereses y los derechos de los consumidores y de los usuarios de los servicios financieros, por medio de una funcin preventiva y de una funcin resarcitoria de derechos. El propsito del trabajo es exponer y analizar los elementos jurdicos, interpretativos y prcticos para lograr la identificacin de clusulas insertas en un CA que, con una apariencia de equilibrio jurdico, resultan ser abusivas por las condiciones excesivas, desiguales o desproporcionadas, en perjuicio de ingente cantidad de consumidores y usuarios que diariamente celebran relaciones de consumo comercial y financieras.
2. Planteamiento En nuestro pas, en materia de CA y de clusulas abusivas, a diferencia de lo que ocurre en otros mbitos, no se cuenta con un slido respaldo jurisprudencial suficiente, ni con la tradicin jurisdiccional de analizar los CA. Tampoco la de calificar la validez jurdica de las clusulas contractuales insertas en tales contratos, que por miles son celebrados con consumidores y con usuarios de servicios financieros. A pesar de que la figura del CA fue incorporada desde la original Ley Federal de Proteccin al Consumidor (en adelante, LFPC) de 1976,1 la labor de los tribunales mexicanos a lo largo de los aos haba sido mnima en materia de clusulas contractuales abusivas en las relaciones de consumo. Si acaso se haban referido a la definicin de lo que son los CA,2 pero
1 El artculo 4 estableca: Para los efectos de esta ley se entiende por contrato de adhesin aquellos cuyas clusulas hayan sido aprobados por alguna autoridad o redactadas unilateralmente por el proveedor, sin que la contraparte, para aceptarlo, pueda discutir su contenido. Al relacionar los trminos de este precepto con el artculo 2, que establece que quedan obligados por la ley, los comerciantes, los industriales y prestadores de servicios, se concluye que en la original LFPC la competencia de Profeco en materia de CA era muy amplia e irrestricta, pues no se particularizaba qu tipo de CA poda ser revisado, ni cules proveedores estaban obligados a utilizar CA en sus relaciones de consumo. Adems, la ley no prevea la instauracin del RPCA. 2 La SCJN estableci que el contrato llamado de adhesin supone que de acuerdo con la doctrina, una de las partes fija las condiciones a que debe sujetarse la otra en caso de aceptarlo, por ello dicha circunstancia no afecta su validez, ya que no implica la ausencia de la alternativa para aceptarlo o rechazarlo en forma total o parcial por parte de quien no interviene en su elaboracin, por lo que no puede decirse que la voluntad expresada por ste se encuentre viciada. SJF, Octava poca, t. X, tesis 3/LVI/92, p. 145, Amparo en revisin 944/91, 6 de julio de 1992. En otro criterio de los TCC se estableci que los contratos de adhesin son definidos como aquellos cuyas clusulas han sido redactadas por una autoridad o unilateralmente por las partes, sin que la contraparte, para aceptarlas, pueda discutir su contenido y se sostiene su naturaleza contractual, partiendo de la definicin que ofrece el artculo 1793 del Cdigo Civil para el Distrito Federal. As pues, en todo contrato, si bien debe existir libertad en las partes, esta libertad slo debe ser para celebrarlo, es decir, para producir o transferir derechos y obligaciones, o bien, para discutir su contenido o ambas cosas a la vez. De lo anterior se desprende que los principios fundamentales que rigen la libertad en el contrato son dos: 1. Libertad de contratar, que existe cuando se tiene la facultad para celebrar o no celebrar el contrato, as como para escoger a la persona con que se celebr, y 2. Libertad contractual, que se refiere a la facultad de las partes para convenir en cuanto a la forma y al contenido del contrato y habr contrato cuando existan los dos principios o slo uno, SJF, Octava poca, TCC, t. I, p. 794, Amparo directo 1477/87, 7 de diciembre de 1987. En este ltimo criterio lo que hace el TCC es reconocer validez jurdica a los CA, a pesar de que su caracterstica fundamental es la ausencia de libertad contractual del consumidor y
sin profundizar en su alcance y repercusin frente al consumidor, como ocurre en otros pases. Esa situacin se repite en el mbito de los CA financieros, pues si bien la inicial Ley de Proteccin y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (en adelante, LC) de 1999 los regul, no ha habido eco suficiente en los tribunales que ayude a clarificar sus particularidades, el bien jurdico tutelado, las responsabilidades jurdico-econmicas, etctera. Desde mi perspectiva, lo resuelto hasta ahora por el alto tribunal para los CA de consumo es aplicable a los CA financieros. Es hasta 2005, con la resolucin de la SCJN, del 16 de junio, que declar la constitucionalidad de la reforma de febrero de 2004 a la LFPC, cuando el Pleno del mximo tribunal emiti diversas tesis de jurisprudencia relacionadas con los CA, aunque tales tesis se enfocaron al sustento constitucional de la obligacin de los proveedores de inscribir los modelos de CA en el Registro Pblico de Contratos de Adhesin (en adelante, RPCA) de la Profeco y no se abord en particular la temtica de las clusulas abusivas.3 En ese lento avance jurisprudencial que se ha dado en nuestro pas, se destaca las resoluciones de diciembre de 2010 publicadas en marzo de 2011, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nacin (en adelante, SCJN) emite los primeros criterios utilizando la expresin clusulas abusivas en materia de CA. En nuestros das, encontramos una doble circunstancia en el anlisis del tema de los CA:
por extensin del usuario financiero. El TCC no entra al fondo del problema de determinar la validez del CA que contiene clusulas abusivas o, en todo caso, la consecuencia jurdica que acarrea para las partes una clusula abusiva en particular. 3 En general, cinco tesis tienen relacin con la obligacin de los proveedores de inscribir en el RPCA los modelos de CA. De manera especfica los temas analizados por la SCJN son: No violacin a la soberana de los estados en materia registral de los CA; Respeto a la libertad de comercio en la obligacin legal de registrar los modelos de CA; Origen de la obligacin de registrar los modelos de CA; Efectos de nulidad relativa en caso de no registrar el modelo de CA; Reconocimiento a la competencia en la va administrativa de la Profeco para resolver las controversias derivadas de los CA. Es claro que Profeco tiene facultad competencial para calificar como abusiva una clusula de un CA. Vase el anlisis temtico desglosado que se hace a cada una de las 13 tesis que se aprobaron con motivo de la resolucin del 16 de junio de 2005. Guadarrama Lpez, E., La proteccin jurdica de los consumidores en materia inmobiliaria, pp. 189-230.
Una aceptacin generalizada, tanto doctrinal como legislativa, de las consecuencias jurdicas que implica para los consumidores o usuarios el firmar un CA, respecto del cual los propios consumidores no tienen ninguna posibilidad de discutir su clausulado. La aceptacin generalizada desde mucho tiempo atrs, de que el CA es una figura propia de la disciplina del derecho de los consumidores. Aqu es donde surgi la expresin, donde se ha desarrollado legislativa, doctrinal y jurisprudencialmente y donde se presentan los mayores retos para una adecuada proteccin de los consumidores y usuarios financieros. A manera de adelanto, puede decirse que la identificacin de una clusula abusiva reside en dos aspectos, por un lado, cuando se pretende atenuar o suprimir la responsabilidad del proveedor o trasladarla al consumidor ante cualquier incumplimiento del contrato (inobservancia de lo acordado en cuanto a las condiciones del bien o del servicio) y, por otro, cuando se buscan condiciones econmicas ventajosas o excesivas en relacin al valor comercial del bien o servicio ofrecido. Respecto al primer supuesto de identificacin de una clusula abusiva, se trata del campo de accin propio de las instituciones defensoras de los consumidores o usuarios, cuya actuacin resulta decisiva para poner o no un alto a los abusos contractuales y de prctica empresarial de los proveedores. En cambio, el segundo supuesto encuentra mayor reticencia para ser reconocido como materia competencial de dichas instituciones, por referirse a cuestiones de libertad empresarial en la que el Estado tiene vedado intervenir. De hecho la mayor regla en el esquema de oferta y demanda econmica consiste en la libre determinacin del precio del bien, producto o servicio.4
4 Por mi parte, creo que la regla general de no injerencia del Estado en materia econmicoempresarial puede tener excepcin cuando involucra la afectacin de grandes sectores de la poblacin. Al respecto, adelante formulamos los razonamientos para sustentar un punto de vista de mayor proteccin a los consumidores, vase rubro 6.C.
3. Beneficios prcticos y problemtica jurdica de los contratos de adhesin A nadie escapa lo significativo que resulta en los actuales esquemas masivos de contratacin contar con los CA. Es muy claro que la utilizacin de ese instrumento jurdico brinda grandes beneficios:5 Simplificacin de la contratacin, lo que favorece mayormente al prestador del bien o servicio, sea comercial o financiero. Contar con un rgimen contractual seguro, en el que estn uniformadas y estandarizadas las prestaciones frente a la clientela. Fortalecer la posicin econmica del prestador del bien o servicio al reducir al mximo el valor de lo que ofrece a su clientela. En un esquema competitivo su posicin se torna ms difcil si aumenta el precio. Frente a los evidentes beneficios para la prctica empresarial que acarrean los CA para los proveedores y prestadores de bienes y servicios, en el mbito estrictamente jurdico emergen diversos aspectos problemticos que requieren ser analizados. Si se considera en una primera y muy general aproximacin al CA como el instrumento consensual celebrado entre dos partes, en el que una de ellas cuenta con un formato de contrato elaborado previamente, incluso impreso o en archivo electrnico, y solicita a su contraparte que nicamente proporcione sus datos generales y estampe su firma a lo sumo le concede la opcin de definir modalidades en el cumplimiento v. gr. fecha de pago, nmero de mensualidades, se pueden identificar dos tipos de problemas con los modelos de CA. a) De ndole dogmtica jurdica, en cuanto a que la moderna y masiva contratacin en las relaciones de consumo muestra la dificultad de analizar en lo particular cada contrato que celebra un consumidor o usuario con el proveedor o prestador de servicio.
Chuli, F., Compendio crtico de derecho mercantil, t. II, p. 51. Serra Rodrguez, A. seala que las ventajas son evidentes: el perfil de la conclusin (rapidez, uniformidad) y de la ejecucin del contrato (posibilidad de control, prevencin de litigios, previsibilidad de su xito), el clculo de riesgos y costes, y la elaboracin de una regulacin contractual ms funcional que legal, Clusulas abusivas en la contratacin. En especial, las clusulas limitativas de la responsabilidad, p. 19.
Ante esa circunstancia queda en entredicho o, mejor dicho, se pulveriza el principio general de la autonoma de la voluntad, pues se est en presencia de la modificacin de facto en el acuerdo de voluntades,6 con la consecuente desventaja para el consumidor o usuario. ste, por lo general, al no analizar a detalle el contenido clausular del contrato que firma tiene pocas posibilidades de exigir al proveedor o prestador de servicio cualquier incumplimiento. Para contrarrestar ese problema surge como una frmula de poltica jurdica de Estado elaborar el diseo legal adecuado para identificar dentro de los contratos masivos utilizados por los proveedores o prestadores de servicios aquellas clusulas que resultan abusivas y lesivas en contra de los consumidores creando una disciplina jurdica especial para estandarizar el contenido del clausulado. Esto no significa suprimir la libre determinacin empresarial de los proveedores y prestadores de bienes o servicios (nada les impide elegir la actividad empresarial, ni la cobertura de negocios ni la cobertura geogrfica, entre otras decisiones estrictamente de empresa), sino restringir y delimitar las relaciones contractuales que celebren con el pblico consumidor en general. b) De seguridad jurdica en el mbito prctico comercial. Frente a la bsqueda de los empresarios de abatir costos y economizar en los volmenes altos de su actividad comercial, as como de ahorrar tiempo en la celebracin de las relaciones de consumo, emerge la obligacin y responsabilidad del Estado de formular el diseo institucional que garantice la certeza y seguridad jurdica en la celebracin de las relaciones de consumo, mediante un esquema de equidad e igualdad en las condiciones contractuales masivas. El diseo institucional atraviesa por el establecimiento y el fortalecimiento de las instituciones protectoras de los derechos de los consumidores. La eficacia de tales instituciones se mide con tres parmetros: Por el alcance de las facultades legales otorgadas. Por la autonoma de su actuacin frente a autoridades y proveedores.
6 Se alega que ms que una crisis del modelo clsico del contrato, lo que hay es una crisis del modelo de consentimiento, basado en la negociacin entre las partes, Lorenzetti, R., Concepciones sobre el modelo de contrato, Derecho privado. Memoria del Congreso Internacional de Culturas y Sistemas Jurdicos Comparados, p. 226.
Por la ejemplaridad de su actuacin a favor de las grandes mayoras de consumidores, frente a pocos, pero grandes proveedores empresariales de enorme podero econmico. As, la medicin de la eficacia institucional no debe partir de la actuacin que tenga la institucin protectora de derechos de los consumidores en asuntos individuales frente a muchos prestadores de bienes y servicios que tienen poco representatividad en el espectro empresarial del pas, v. gr. tintoreras, lavanderas, talleres mecnicos. En este caso, el criterio muestra un enfoque meramente numrico y cuantitativo, siendo que lo relevante es que sea un criterio sustantivo y cualitativo. Lamentablemente, en nuestro pas predomina el criterio numrico en la evaluacin institucional de las dos instituciones defensoras de derechos de los consumidores y de usuarios de servicios financieros, a pesar de que tales instituciones se convierten en garantes del debido respaldo jurdico para los consumidores y usuarios en las relaciones de consumo plasmadas en los CA. Nuestra exigencia debe ir en un doble plano. Por un lado, que haya eficacia institucional cualitativa en asuntos de relaciones de consumo de mayor repercusin social, entre ellos las de aquellos CA de fuerte impacto entre los consumidores y usuarios, v. gr. los inmobiliarios, los tiempos compartidos, el autofinanciamiento, los de servicios telefnicos, los de televisin por paga y los de mutuo con garanta. Por otro lado, es preciso mejorar la metodologa de revisin y de aprobacin de esos modelos de CA por parte de las instituciones protectoras de derechos de los consumidores (vase la propuesta que formulamos adelante, rubro 6). Espectro general de los CA Es cierto que donde mayormente se ha analizado la problemtica de los CA es en el terreno del derecho de los consumidores. Aqu ha encontrado el terreno natural de desarrollo legislativo y doctrinal, al grado de considerar que el tema de los CA es un tpico propio del derecho de los consumidores. Se puede aseverar que es aqu donde ha adquirido carta de naturalizacin, pues hablar de CA conlleva la identificacin con los con147
tratos celebrados entre proveedores y consumidores, tanto en el mbito comercial como financiero. Esta identificacin temtica no otorga exclusividad al derecho de los consumidores, pues nada impide ni excluye la utilizacin de CA en relaciones jurdicas distintas a las relaciones de consumo, reguladas en otras disciplinas jurdicas. Por aadidura, en esos CA que plasman diversas relaciones jurdicas en general, pero no relaciones de consumo en particular, tambin se presenta la posibilidad de que haya clusulas abusivas. Sin embargo, por tratarse de relaciones jurdicas que no son de consumo no son del conocimiento de las instituciones protectoras de los derechos de los consumidores. Con independencia de que en cada mbito de aplicacin jurdica se establecen reglas de salvaguarda para las partes signantes, lo cierto es que donde mayor impacto jurdico y social tienen los CA es en el terreno econmico-financiero, por involucrar a un mayor sector poblacional, un mayor nmero de operaciones jurdicas, una mayor cantidad de contratos firmados, una mayor incidencia en el pblico, una mayor publicidad de bienes y servicios y una mayor bsqueda y obtencin de ganancias econmicas. 4. Situacin de los contratos de adhesin en relaciones de consumo que no son competencia registral de la Profeco Existen mltiples relaciones de consumo que se plasman en CA y que repercuten en el pblico consumidor, entre otros, las de telecomunicaciones (televisin de paga, telefona mvil), las de servicios areos y las de suministro de gas,7 cuyas leyes reguladoras nada establecen respecto a la utilizacin de CA aunque comnmente los usan, ni a la obligacin de inscripcin registral, tampoco al control del clausulado contractual, ni a una proteccin especfica reconocida a una institucin en particular.
En su momento las relaciones de consumo de carcter financiero y las de prstamo con mutuo no eran de la competencia de Profeco. Por decisin de poltica jurdica se determin que Condusef conociera de los CA financieros, y que los CA de prstamo con mutuo recayera en la competencia de Profeco (reforma a la LFPC del 6 de junio de 2006). En este momento, la Profeco est analizando y proyectando la NOM en las materias de telecomunicaciones, de aviacin y de suministro de gas.
En el caso de relaciones de consumo plasmadas en CA que no son de inscripcin obligatoria en el RPCA, la interrogante a dilucidar es si la Profeco puede pronunciarse sobre el contenido clausular de esos modelos de CA utilizados por los proveedores, para determinar si hay o no clusulas abusivas que puedan violentar derechos especficos de los consumidores reconocidos en la LFPC. Ante la obligada bsqueda de una efectiva proteccin de los derechos de los consumidores frente a proveedores que no estn obligados a someter su modelo de CA a escrutinio de Profeco ni a inscribirlo en el RPCA, el camino es recurrir al criterio de interpretacin que ms favorezca a los intereses del pblico consumidor. Se puede construir y establecer como un principio general en materia de consumo el principio in dubio pro consumidor, a partir de la aplicacin mutatis mutandi del principio penal,8 lo que se traduce en aplicar la norma jurdica que resulte con mayor cobertura de proteccin al pblico consumidor, esto implicara que en una relacin de consumo en la que el consumidor denunciara una actuacin abusiva de un proveedor corresponder a ste la carga de la prueba de que no hay tal abuso. En el caso especfico de los modelos de CA el principio in dubio pro consumidor se traducira en que ante cualquier duda en el clausulado del contrato se resolver en funcin de lo que mejor convenga al pblico consumidor. En ese sentido, habra correspondencia con la resolucin del TCC de diciembre de 2010, en la que se estableci que al analizar los CA, la interpretacin debe ser la ms favorable al consumidor, para lo cual se debe recurrir a los principios favor libertatis y favor debilis.9 El primero se traduce en que en caso de duda, una clusula debe interpretarse contra quien ha estipulado algo y en liberacin de quien aqul
La aplicacin mutatis mutandi del principio penal desarrollado jurisprudencialmente sera el siguiente: en lo penal el principio in dubio pro reo goza de de jerarqua constitucional el acusado no est obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisin de un delito, en tanto que no tiene la carga de probar su inocencia, sino que incumbe al Ministerio Pblico acreditar la existencia de los elementos constitutivos del delito y la culpabilidad del inculpado. Semanario Judicial de la Federacin , Novena poca, TCC, Tesis 1.4.P .36 P , t. XXV, enero de 2007, p. 2295. 9 Semanario Judicial de la Federacin, Novena poca, TCC, t. XXXI, diciembre de 2010, p. 1748, Tesis I.7.C.154 C.
ha obligado. El segundo se traduce en proteger a la parte dbil, deudor o acreedor. De esa manera, adems de recurrir a ese principio general propuesto, como al establecido en la resolucin jurisprudencial, es dable reconocer a la Profeco la atribucin de analizar CA que no estn sealados en la LFPC ni en alguna NOM. Por si fuera poco hay otros argumentos para hacer valer esa atribucin: Existe una relacin de consumo que no tiene establecida una competencia especfica en favor de una autoridad. Debido a que no puede haber un vaco jurdico en el esquema protector de los consumidores, se requiere determinar cul es la instancia que debe asumir el rol de carcter general en la defensa de los consumidores. El carcter de instancia protectora de carcter general lo asume la Profeco por tres razones: histrica, legal y sustantiva. En lo histrico, se trata de la primera institucin a la que el legislador mexicano reconoci la funcin de velar por la defensa de los derechos de los consumidores en las relaciones de consumo entabladas con los proveedores. En lo legal, el artculo 3 de la LFPC precisa que a falta de competencia especfica de determinada dependencia de la administracin pblica federal, corresponde a la Profeco vigilar se cumpla con lo dispuesto en la propia ley y sancionar su incumplimiento. En lo sustantivo, la LFPC no slo fue la primera ley en la materia, sino que establece los principios generales que rigen las relaciones de consumo, as como las caractersticas, las condiciones y las consecuencias jurdicas de la utilizacin de los CA. Adems, fija las reglas procedimentales para la investigacin y resolucin de las quejas y denuncias de los consumidores. Existe un doble criterio jurisprudencial que precisa lo establecido en los artculos 1, 3, 5, 6 y 24 de la LFPC.10 De ambas tesis se desprende lo siguiente:
10 Se transcribe en lo conducente lo establecido en ambos criterios: la insercin de los entes de las administraciones pblicas federal, estatal o municipal como sujetos obligados de la ley en su calidad de proveedores, no debe entenderse bajo la connotacin literal de la fraccin II del indicado artculo 2 (LFPC), esto es, como la persona fsica o moral que
a) La frase a falta de competencia especfica de determinada dependencia del Ejecutivo Federal del artculo 3 de la LFPC no implica que las controversias derivadas de relaciones de consumo de una dependencia gubernamental sean resueltas por la propia dependencia aplicando las reglas de la LFPC. Se requiere que tal atribucin le sea reconocida en ley de manera expresa. b) Profeco tiene facultades para resolver las controversias derivadas de relaciones de consumo celebradas por un consumidor y una dependencia gubernamental, a la que se asigna para esos efectos el carcter de proveedor. c) La relacin de consumo lleva aparejada una actividad lucrativa que no especulativa por parte de la dependencia de gobierno, lo que genera la posibilidad de obtener ganancias econmicas. Esto no significa que lo caracterstico para la dependencia gubernamental sea la intencin lucrativa, lo que dificultara acreditar el carcter de acto de comercio y, por ende, de relacin de consumo. En este sentido, el criterio jurisprudencial es claro al sealar que se trata de una relacin comercial con actividades que generan lucro, que es distinto a una relacin comercial con intenciones lucrativas o especulativas.
habitual o peridicamente ofrece, distribuye, vende, arrienda o concede el uso o goce de bienes, productos y servicios, sino que para que tengan tal carcter y, por tanto, sus actos sean regulados por dicho ordenamiento, deben llevarse a cabo dentro de una relacin comercial con actividades de lucro y no en un plano de Estado-gobernado, pues en este caso su proceder como autoridad puede impugnarse mediante los respectivos recursos o medios de defensa (ordinarios o extraordinarios), instituidos al efecto. Por tanto, la citada procuradura carece de competencia para conocer y resolver las quejas promovidas contra las sealadas entidades gubernamentales, cuando el conflicto derive de la prestacin de un servicio en ejercicio de su funcin pblica. Semanario Judicial de la Federacin, Novena poca, TCC, t. XXIX, Tesis II.T.Aux.1 A, p. 1939. El otro criterio establece la frase a falta de competencia especfica de determinada dependencia del Ejecutivo Federal est restringida a la aplicacin y vigilancia en la esfera administrativa de las disposiciones de la presente ley (Ley Federal de Proteccin al Consumidor), esto es, la competencia especfica de determinada dependencia del Ejecutivo Federal se refiere nica y exclusivamente a la facultad expresa para aplicar y vigilar el cumplimiento de la ley invocada, no para aplicar la ley de la materia que rija a la dependencia del Ejecutivo Federal que corresponda, puesto que sta es una facultad inherente a la propia existencia de todo rgano del Estado que se rija por un ordenamiento legal especfico. En efecto, la Secretara de Comunicaciones y Transportes no tiene facultad expresa (competencia especfica) para aplicar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de las disposiciones de la Ley Federal de Proteccin al Consumidor, sino que goza de una competencia totalmente distinta. Semanario Judicial de la Federacin, Sptima poca, TCC, vols. 217-228, Sexta parte, Tesis, 97/2005, p. 469.
d) Aunque no haya referencia especfica en ambas tesis de jurisprudencia a los CA, lo cierto es que de recibir quejas en lo individual o de forma colectiva relacionadas con clusulas abusivas en modelos de CA utilizados por las entidades gubernamentales, la Profeco est obligada a conocer del tema. No es dable evadir su responsabilidad mediante la falacia de un procedimiento de conciliacin. Es preciso exigir a la Profeco entrar al fondo del problema consistente en la calificacin de una clusula abusiva de un modelo de CA pblico. Si la actuacin de la Profeco opera bajo un sistema de competencia incluyente (ex artculo 5, LFPC), por mayora de razn la Profeco tiene competencia para analizar y calificar las clusulas abusivas de CA no previstos en la LFPC ni en una Norma Oficial Mexicana en adelante, NOM) en particular. Esto no significa que tales CA que derivan de la competencia incluyente de la Profeco deban inscribirse en el RPCA de la propia institucin. La inscripcin registral no es un criterio exclusivo para reconocer competencia a la Profeco en materia de CA.11 El que la Profeco pueda analizar el contenido clausular de un CA, sea pblico el utilizado por una entidad gubernamental federal, local o municipal- o privado -el utilizado por un empresario o comerciante-, no implica, como se dijo, la exigencia al proveedor (empresario o dependencia gubernamental) de registrar el modelo de CA en el RPCA, cuando no hay obligacin legal al respecto, aunque tampoco est impedido para hacerlo de manera voluntaria. En esa situacin, lo nico que se exige aunque es fundamental es que la Profeco deba pronunciarse sobre el modelo de CA y optar por alguna de estas alternativas:
11 Surge la interrogante en CA en materia de arrendamiento de inmuebles, en que el arrendador tiene el carcter de proveedor al ser una empresa mercantil con fines lucrativos. La materia de arrendamiento quedo excluida de la competencia de la Profeco en junio de 1993 (vase Guadarrama Lpez, E., La proteccin, op. cit., pp. 26 y 27), sin embargo, no habra impedimento para que la Profeco analizara e hiciera un pronunciamiento general respecto a clusulas abusivas en modelos de CA que se utilizan masivamente por empresas arrendadoras de inmuebles, pues lo que no es competencia de la Profeco es resolver las controversias derivadas del contrato de arrendamiento.
1. Solicitar a las autoridades competentes en la materia del CA en cuestin que tomen cartas en el asunto cuando haya clusulas abusivas, a fin de superar la desventaja que padecen los consumidores. 2. Plantear el ajuste legal que corresponda, recurriendo a los medios a su alcance, como lo puede ser el cabildeo legislativo o la presencia en los medios de comunicacin. 3. Recurrir ante tribunales para demandar la declaratoria judicial de clusula abusiva de un modelo de CA, haciendo valer la accin colectiva en representacin de grupos de consumidores afectados (artculos 24, fraccin III, y 26 LFPC). 5. Principios generales en materia de contratos de adhesin de consumo El desarrollo de este rubro tiene la finalidad de generar elementos argumentativos para la tarea de calificacin de las clusulas abusivas en los CA. Los principios generales en materia de CA en el mbito de consumo son los criterios de razn jurdica que se deben tener como referente obligado en situaciones especficas derivadas de la relacin de consumo plasmada en un modelo de CA. El fundamento de los principios generales deriva de la esencia, los fines y el espritu de la ley y de la normatividad protectora de los derechos de los consumidores. El carcter de principio general lo determina el legislador, pero puede ser precisado por el juzgador y, en su caso, por el intrprete de la norma jurdica. Para la determinacin de los principios generales en el mbito de la proteccin de los consumidores es necesario acudir a los primeros artculos de la LFPC, en los que se enuncian los llamados principios bsicos en las relaciones de consumo encaminados a procurar un equilibrio jurdico y de conocimiento sobre el alcance y consecuencias derivadas de la celebracin de la relacin de consumo. Los principios generales en materia de CA derivados de la LFPC se pueden distinguir en:
Principios generales lato sensu. Tienen correspondencia con lo establecido de manera similar en otras disciplinas jurdicas. Principios generales strictu sensu. Se establecen como principios bsicos en la LFPC. Principios generales especficos de los CA. Principios generales derivados de interpretacin doctrinal.
A. Principios generales lato sensu Las normas reguladoras en el mbito de los consumidores son de orden pblico e inters social. Para su explicacin se recurre a los conceptos vertidos en diversos criterios jurisprudenciales. Los TCC emitieron una resolucin en la que desarrollan los conceptos de inters social y el orden pblico aplicados al mbito del derecho de los consumidores.12 El contenido de la resolucin aprobada recoge lo que en diversas tesis la SCJN ha delimitado para los conceptos generales de orden pblico e inters social, esto es, que en ambos se debe procurar la salvaguarda de los beneficios que las leyes reconocen a la colectividad social y evitar en su contra afectaciones que pueden resultar de difcil resarcimiento. En la hiptesis de una contraposicin de intereses colectivos e intereses particulares, las disposiciones legales precisan la prevalencia de aqullos. Lo que hace la tesis de jurisprudencia de los TCC al aplicar tales conceptos a la proteccin de los consumidores es realizar una concatenacin de supuestos: La LFPC tiene por objeto proteger los intereses de los integrantes de la sociedad en su carcter de consumidores. En virtud de que la universalidad del grupo social puede tener en todo momento el carcter de consumidor, el legislador reconoce en los consumidores el inters social predominante en la relacin de consumo. Se busca que las disposiciones de la ley sean un instrumento gil y eficaz para salvaguardar los derechos de los consumidores. Por ello,
Ibidem, pp. 226-230.
la facilidad en el acceso a la institucin, la gratuidad de los servicios que presta, las reglas encaminadas a la debida informacin y a generar una relacin de consumo equilibrada y equitativa. Mediante de la seguridad jurdica en las relaciones de consumo que se entablan entre proveedores y consumidores para la adquisicin de bienes, productos y servicios se alcanza el equilibrio en las transacciones comerciales. En funcin de esos supuestos, el orden pblico en materia de proteccin de los consumidores est determinado por las restricciones que la LFPC impone a los comerciantes, siempre que sean necesarias para asegurar la eficacia de los derechos de los consumidores como colectividad. De no hacer la restriccin se corre el riesgo de que los derechos de la colectividad resulten deteriorados o disminuidos con clara afectacin del bienestar e inters colectivo. En suma, los TCC resuelven que las disposiciones de la LFPC son de orden pblico porque son benficas para la colectividad. En una relacin de consumo prevalece el inters social por encima del inters de los proveedores, que si bien pueden ser identificados como grupo social (pueden constituir cmaras o asociaciones empresariales por sectores econmicos especializados), lo cierto es que representaran un componente minoritario respecto al grupo de consumidores, a quienes va destinada la eficacia de los preceptos legales. Las normas protectoras de los consumidores son irrenunciables para stos. Esto significa que es nula de pleno derecho cualquier argucia o artimaa reflejada en una clusula en la que un consumidor voluntariamente acepta por as convenir a sus intereses la no aplicacin al contrato o una aplicacin menguada de disposiciones de la LFPC. Contra la observancia de las normas protectoras de los consumidores no puede alegarse costumbre, usos, prcticas convenios o estipulaciones en contrario. Se trata de un principio general del mbito civil que alcanza mayor amplitud en el mbito de los consumidores, particularmente en el rubro de los CA. La prctica empresarial, que es de clara inclinacin lucrativa no puede estar encima del inters social de los consumidores, por lo que no se puede pretextar la existencia de tal prctica para hacer una insercin en el clausulado de un CA.
Equidad en las relaciones de consumo. Esto se corresponde con la bsqueda de proporcionalidad y racionalidad en las obligaciones y beneficios para las partes. Este principio, en materia de CA, juega un papel fundamental al momento de hacer la calificacin del clausulado. B. Principios generales strictu sensu Relacin de consumo con la mayor y adecuada informacin. Este principio tiene una doble vertiente: informacin respecto de los productos, bienes o servicios que se ofrecen al consumidor e informacin para la adecuada defensa de los intereses de los consumidores ante las instituciones protectoras de los derechos de los consumidores y ante instancias jurisdiccionales. Acceso expedito y sin mayores formalidades a instituciones protectoras de los consumidores. Este principio genera la obligacin a las instituciones defensoras de los derechos de los consumidores de brindar asistencia y asesora jurdica, as como el establecer procedimientos giles para la presentacin de quejas y denuncias y para la investigacin y resolucin de las mismas. Contra la publicidad engaosa opera todo el sistema de proteccin jurdica y legal de los consumidores. Esto implica que se hagan valer no slo las disposiciones legales en ese rubro especfico, sino todo el andamiaje jurdico, legislativo y jurisprudencial al momento de analizar el clausulado de un modelo de CA. Libre albedro del consumidor para celebrar una relacin de consumo. Este principio implica el reconocimiento a la facultad de autodeterminacin del consumidor para decidir libremente cundo, dnde, cmo y con quin celebra una relacin de consumo. El principio es fundamental al calificar el clausulado de un CA, porque es comn la prctica comercial de presionar al consumidor bajo un esquema de venta agresivo para que adquiera el bien o contrate el servicio ofertado. Es posible reconocer como vlido el esquema de venta, pues es parte de la estrategia empresarial, pero requiere estar acorde con clusulas contractuales equilibradas y equitativas. De manera casustica el esquema de venta debe ser ponderado y valorado en la calificacin de una clusula, pues est de por medio el princi156
pio de libre albedro del consumidor, v. gr. contrato de tiempo compartido (cualquiera que sea su denominacin), en el que se reconoce el derecho de cancelacin del contrato dentro de los cinco das posteriores a su firma. La interpretacin tendra que ser favorable al consumidor en cuanto a que ese plazo empiece a correr a partir de que concluya la estancia en el hotel o estn de vuelta a su lugar de origen y no durante el tiempo en que permanecen en el lugar vacacional, pues es ah donde se les presiona para la firma del contrato. Esa interpretacin no aplicara en caso de firma de contrato en oficina o casa del consumidor, pues se entiende que el consumidor est en condiciones ordinarias o normales para analizar y determinar el alcance de la firma contractual. Esquema de educacin y divulgacin de un consumo adecuado. Este principio es acorde con la bsqueda de una cultura del consumo inteligente, consistente en la adquisicin de bienes, productos y servicios que sean necesarios como satisfactores en la vida cotidiana de un consumidor. No se refiere a la inteligencia individual de cada consumidor, sino que se busca evitar el consumo intil, absurdo o innecesario. Privacidad de datos personales. Este principio se corresponde con el esquema del Registro Pblico de Consumidores en materia publicitaria Profeco (en adelante, RPC) que busca blindar los datos personales de los consumidores ante la embestida publicitaria de proveedores y comerciantes. Se tiene el caso de la clusula de autorizacin para el envo de publicidad incorporada en los CA financieros, al que los usuarios firman sin cuestionamiento alguno. En virtud del principio de privacidad de datos personales y de la irrenunciabilidad de derechos en materia de proteccin de consumidores, es posible calificar de abusiva tal clusula. Reconocimiento de derechos incorporados en tratados internacionales. Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federacin del 10 de junio de 2011, la materia de proteccin al consumidor tambin sale beneficiada para hacer valer lo establecido en los tratados internacionales, pues es claro que los derechos de los consumidores y usuarios en cuanto derechos sociales se ubican en la categora de derechos humanos.
C. Principios generales especficos de los CA Control clausular a travs del RPCA. A pesar de que la LFPC establece para determinados proveedores un sistema de inscripcin registral de los modelos de CA, surge la duda si se trata de un mecanismo de control de condiciones generales de contratacin. En realidad, el RPCA cumple una doble funcin: a) Registrar modelos de CA. Esto siempre est relacionado con un proveedor, una empresa, un sector econmico o un tipo de actividad empresarial determinada. b) Controlar las clusulas de los modelos de CA para que lo inscrito no resulte abusivo o desproporcionado en perjuicio de los consumidores. Aqu el problema es determinar si la Profeco puede exigir la insercin de determinadas clusulas, es decir, que un proveedor presente un modelo de CA muy escueto, que no incluya ninguna clusula abusiva, pero que no contemple diversas circunstancias propias de la actividad comercial relacionadas con el CA que s impacte al consumidor y que el proveedor alegue que se estar a las condiciones generales civiles o mercantiles. Podra pensarse en el esquema de suplencia legal. Empero, el problema estriba en la complejidad de aspectos especficos de una materia comercial determinada. En un afn de mayor cobertura de proteccin la Profeco puede exigir la insercin de determinadas clusulas en los modelos de CA. Efectos de la no inscripcin registral. La LFPC de manera expresa establece en el artculo 87 que los contratos que deban registrase y no se registren, as como aquellos cuyo registro sea negado, no producirn efectos contra el consumidor. Ante lo que resulta aparentemente una tajante disposicin legal, en realidad es una desproporcin del legislador, pues no se dimensiona la repercusin que puede haber en la prctica comercial, al fijar una nulidad relativa generalizada. Aqu se debe considerar en un mismo plano de afectacin tanto al proveedor, como al consumidor y a las relaciones de comercio. El RPCA no tiene ni se pretende que tenga efectos constitutivos de derechos. Simplemente se busca que la inscripcin de los modelos de CA
garantice el equilibrio y equidad jurdica que debe privar en las relaciones de consumo. Por ello, en determinados modelos de CA (inmobiliarios, tiempo compartido y autofinanciamiento) la LFPC exige un clausulado mnimo. De esa manera la falta de inscripcin de un modelo de CA o cuyo registro sea negado no debera provocar que el o los mltiples contratos celebrados en la prctica comercial al amparo de dicho modelo queden sin efecto, pues tales casos no tendran que ubicarse en los supuestos de la nulidad contractual previstos en la legislacin civil. En cambio, para el proveedor que no registra su modelo de contrato le acarrea la imposicin de una infraccin administrativa por parte de la Profeco en los trminos de su ley. Si bien la redaccin de la ltima parte del artculo 87 no es la ms afortunada y denota una imprecisin del legislador, lo cierto es que se debe considerar que la falta de inscripcin registral no repercute en todos los contratos particulares que se celebren, sino que genera una sancin al proveedor que deja de observar la ley. As, al tiempo en que se sanciona al proveedor infractor, se debe procurar el beneficio al consumidor no reconociendo efectos a las clusulas que le resulten desfavorables. Por fortuna, el artculo 47 del RLFPC aclara que lo dispuesto en el artculo 87 de la LFPC se refiere a disposiciones o clusulas de los contratos (infra, rubro 6.E). D. Principios generales derivados de interpretacin doctrinal Principio in dubio pro consumidor. Con base en el desarrollo jurisprudencial del principio penal in dubio pro reo se puede aplicar mutatis mutandi al mbito de proteccin al consumidor. En lo penal los TCC establecieron que:
el principio in dubio pro reo goza de jerarqua constitucional el acusado no est obligado a probar la licitud de su conducta cuando se le imputa la comisin de un delito, en tanto que no tiene la carga de probar su inocencia, sino que incumbe al Ministerio Pblico acreditar la existencia de los elementos constitutivos del delito y la culpabilidad del inculpado.13
13 Semanario Judicial de la Federacin, Novena poca, TCC, Tesis 1.4.P .36 P , t. XXV, enero de 2007, p. 2295.
En el mbito de proteccin del consumidor el principio in dubio pro consumidor implicara que en una relacin de consumo, en la que el consumidor denunciara una actuacin abusiva de un proveedor corresponder a ste la carga de la prueba de que no hay tal abuso. En el caso especfico de los modelos de CA el principio se traducira en que ante cualquier duda en el clausulado del contrato se resolver en funcin de lo que mejor convenga al pblico consumidor. Control general de las clusulas de lo que no es obligatorio inscribir en el RPCA. Ya se desarroll (supra, rubro 5) la argumentacin jurdica para sustentar la facultad de la Profeco de analizar y calificar clusulas de modelos de CA de no inscripcin obligatoria en el RPCA. Principio de interpretacin de CA favorable a los consumidores. Este principio ya fue reconocido en la resolucin del TCC de diciembre de 2010, en la que se estableci que al analizar los CA, la interpretacin debe ser la ms favorable al consumidor, para lo cual se debe recurrir a los principios favor libertatis y favor debilis.14 El primero se traduce en que en caso de duda, una clusula debe interpretarse contra quien ha estipulado algo y en liberacin de quien aqul ha obligado. El segundo se traduce en proteger a la parte dbil, deudor o acreedor. Este principio se fortalece con aspectos de lgica jurdica: el consumidor o usuario no es experto empresarial en la materia objeto del contrato que celebra, no es experto en materia jurdica contractual, no cuenta con respaldo empresarial, ni es su actividad profesional. 6. Propuesta de identificacin de clusulas abusivas en contratos de adhesin Con lo analizado en los anteriores rubros es dable disear una suerte de protocolo de identificacin de las clusulas abusivas en los CA. Para ello, hay que formular prevenciones preliminares y enumerar los criterios jurdicos de calificacin. Dado que estos aspectos pueden resultar insuficientes para determinar lo abusivo de una clusula, en el protocolo de identifica14 Semanario Judicial de la Federacin, Novena poca, TCC, Tesis I.7.C.154 C., t. XXXI, diciembre de 2010, p. 1748.
cin se agregan los que denomino criterios metajurdicos de calificacin de las clusulas abusivas. Finalmente, planteo la operatividad para hacer valer la nulidad de las clusulas que son calificadas de abusivas. A. Prevenciones preliminares A manera de aproximacin inicial hay que considerar que la identificacin de una clusula abusiva deviene fundamentalmente de dos situaciones: la pretensin del proveedor de evadir su responsabilidad contractual o de trasladarla al consumidor y la bsqueda del propio proveedor de conseguir condiciones econmicas ventajosas o excesivas en relacin al valor comercial del bien o servicio objeto del CA. La redaccin del clausulado siempre tendr una apariencia de claridad jurdica, por lo que se debe hacer un anlisis detallado de cada clusula El anlisis particular de cada clusula para determinar si es abusiva debe realizarse en el contexto integral de todo el CA, pues no puede haber contradiccin ni diferencias entre clusulas del mismo contrato. Al cotejar la clusula frente al resto del clausulado se puede apreciar, entre otras cosas, cuando hay facilidad para firmar el contrato, pero trabas y exceso de trmite y de tiempo para la cancelacin del mismo. Por supuesto sta sera una clusula inequitativa. Tambin se puede apreciar cuando el proveedor incluye diversos mecanismos para no incurrir por su parte en incumplimiento contractual, sin que se reconozca el mismo beneficio al consumidor v. gr. fijar un plazo adicional al establecido para cumplir la obligacin de reembolsar cantidades a favor del consumidor, aunque en otra clusula se fije un mismo porcentaje por concepto de pena convencional para ambas partes. La justificacin o explicacin de un proveedor respecto a una clusula que tiene visos de ser abusiva puede servir para entender el propsito de su contenido, sin que ello signifique que basta con que la entienda el analista de los CA para ser autorizada, sino que la claridad y la comprensin del clausulado debe ser para el consumidor o usuario. Los encargados de analizar las clusulas deben asumir que su labor se corresponde con la de asesores de los mltiples consumidores que habrn de firmar el CA, por lo que su funcin es fundamental en el cumplimiento
de las funciones de las instituciones defensoras de derechos de los consumidores y usuarios de promover relaciones de consumo equilibradas y equitativas. B. Criterios jurdicos de calificacin de las clusulas abusivas De manera particular, a continuacin se enumeran los aspectos de ndole jurdico que conllevan a identificar una clusula abusiva: Ser contrarias o evasivas de disposiciones legales. Es frecuente que el proveedor recurra a mecanismos para eludir obligaciones legales v. gr. recabar firma de autorizacin del consumidor o usuario para recibir publicidad o utilizar sus datos personales para efectos publicitarios. Tambin se recurre a los contratos vinculantes entre dos o ms proveedores, en que uno es quien aparece en la relacin de consumo frente al consumidor o usuario, mientras el otro evade su responsabilidad en caso de incumplimiento. Se debe precisar el nexo entre ambos y fijar la obligacin solidaria ante el consumidor o usuario, en trminos de los artculos 73 y 79 de la LFPC. Otra clusula es la que establece la negativa ficta en las solicitudes de aclaracin de cargos en el estado de cuenta bancarios cuando no se resuelva en el trmino legal de 45 das hbiles (artculo 23-III, LTOSF). En general, el artculo 90 LFPC recoge el esquema de la directiva comunitaria europea de enumerar los supuestos de clusulas abusivas. Las califica de nulas y se consideran no puestas.15 Este precepto es el sustento para la reclamacin individual y para la accin institucional de cancelacin en trminos del artculo 90 bis.
15 El artculo 90 de la LFPC establece: No sern vlidas y se tendrn por no puestas las siguientes clusulas de los contratos de adhesin ni se inscribirn en el registro cuando: I. Permitan al proveedor modificar unilateralmente el contenido del contrato, o sustraerse unilateralmente de sus obligaciones; II. Liberen al proveedor de su responsabilidad civil, excepto cuando el consumidor incumpla el contrato; III. Trasladen al consumidor o a un tercero que no sea parte del contrato la responsabilidad civil del proveedor; IV. Prevengan trminos de prescripcin inferiores a los legales; V. Prescriban el cumplimiento de ciertas formalidades para la procedencia de las acciones que se promuevan contra el proveedor; y VI. Obliguen al consumidor a renunciar a la proteccin de esta ley o lo sometan a la competencia de tribunales extranjeros.
Ser contrarias a los principios generales en materia de CA. Basta que una clusula no respete alguno de los principios generales expuestos en el rubro 5, para que se califique de abusiva. Es importante conocer y tener presente todos y cada uno de tales principios generales para hacerlos valer en la calificacin del clausulado de los modelos de CA. A guisa de ejemplo: a) Ser contrarias al orden pblico e inters pblico, v. gr., clusula de pena convencional o de pago de daos y perjuicios en caso fortuito o de fuerza mayor o en la que se establezcan las dos obligaciones con exigencia simultnea. b) Ser contrarias al libre albedro del consumidor para celebrar una relacin de consumo, v. gr. clusula de exclusividad en que ms que cliente consentido se obligue al consumidor o usuario a ser un cliente cautivo.16 c) Ser contraria al acceso expedito a instituciones protectoras de los derechos de los consumidores, v. gr. establecer un procedimiento conciliatorio o arbitral ante la unidad especializada de quejas y reclamaciones del proveedor como requisito de procedibilidad para acceder a la Profeco o a la Condusef. Que provoquen confusin en el pblico consumidor. Es el caso de la denominacin de un tipo de contrato cuando en realidad se trata de otro y que arroje consecuencias distintas a las propias del contrato en cuestin, v. gr., que se trate de una compraventa de inmueble y se pretenda ubicarlo como una asociacin en participacin;17 que sea un contrato de tiempo compartido y se presente como de hospedaje; que se trate de un contrato de prestacin de servicio de reparacin y se denomine de extensin de garanta.
En el caso de la relacin del consumidor intermedio-proveedor es frecuente la insercin de la clusula de exclusividad en el respectivo CA. Sin embargo, aunque no hay obligacin de inscripcin del modelo de CA. en el RPCA, ya sealamos que la Profeco s podra analizar y resolver sobre el contenido clausular del modelo de CA. Cfr. Guadarrama Lpez, E., La proteccin, op. cit. pp. 65 y 66, en donde sealo que el artculo 2 de la LFPC delimita el alcance de aplicacin de la Ley al Consumidor intermedio. 17 Se conoci el caso de una desarrolladora inmobiliaria que pretenda que el propietario de un inmueble firmara un contrato de A. en P . para construir condominios y, por otro lado, ofrecer al pblico la transmisin de la propiedad.
Que sean desproporcionadas las obligaciones entre las partes. Se presenta cuando es excesiva la carga al consumidor para cumplir sus obligaciones contractuales, v. gr., exigir la firma de pagar como garanta de cumplimiento con el monto total del contrato caso de contrato inmobiliario o de adquisicin de un vehculo. Cabra el caso de establecer mayores hechos por los cuales cobrar comisiones (en ocasiones empezar ofreciendo un servicio de manera gratuita y luego establecer la comisin, as sea baja, ejemplo pagos domiciliarios). Si bien el artculo 17 de la LTOSF prohbe ms de una comisin por un mismo hecho nada impide establecer ms hechos con cobro de comisin. El punto es determinar dentro del servicio derivado del contrato todos los hechos que de manera lgica y obligatoria debe cumplir la entidad financiera para estar en una situacin de equidad contractual. De lo contrario sera desproporcionado aumentar los hechos objeto de cobro de comisiones. Sera una clusula abusiva la simple enumeracin de hechos y el monto de la comisin. Tendra que haber un anlisis jurdico y econmico del alcance de la obligacin a cumplir por la entidad financiera en cuanto al servicio que se obliga a realizar. Que sean inequitativas las obligaciones entre las partes. Se presenta cuando hay trato desigual entre las partes en situaciones similares, esto es, se rompe el equilibrio jurdico, lo que provoca consecuencias distintas, v. gr., plazo distinto de cumplimiento, porcentajes diferentes por concepto de pena convencional, clusula de aceptacin tcita por transcurrir un tiempo determinado y no rechazar de manera expresa un servicio que primeramente se ofrece gratis. Aqu se engloban las situaciones de la prctica comercial en las que los proveedores y prestadores de servicios de manera paralela a las condiciones jurdicas obtienen mayores ventajas econmicas en la relacin de consumo. C. Criterios metajurdicos de calificacin de las clusulas abusivas Se corresponden con situaciones fcticas que se relacionan con la firma del CA y colocan al proveedor en una posicin abusiva frente al consumidor y son:
Existencia del binomio publicidad engaosa-esquema agresivo de ventas. En el anlisis integral del CA se debe considerar que este binomio puede jugar decididamente en contra del buen juicio del consumidor o usuario que firma un CA. El consentimiento del consumidor si bien no est coaccionado al plasmar la firma en el contrato si est condicionado o influenciado por la manera cmo le venden el bien o producto y cmo recibe informacin respecto a las condiciones contractuales de lo que est por firmar, as como a lo que ha recibido publicitariamente previo a la firma del contrato. Nadie cuestiona que los empresarios recurran al binomio publicidadesquema de ventas como estrategia empresarial para obtener mejores ganancias, pero al hacerlo, ese binomio debe desarrollarse de manera sana tanto en el mbito de competencia empresarial como de transparencia comercial. Igualmente, para que el binomio publicidad-esquema de ventas tenga validez a la luz de los CA debe tener plena correspondencia con las caractersticas reales del bien, producto o servicio ofertado a los consumidores o usuarios y con las clusulas contractuales, que deben ser equilibradas y equitativas. Los dos componentes del binomio tienen reflejo en dos de los principios generales en materia de CA. Por un lado, el principio relativo a que contra la publicidad engaosa opera todo el sistema de proteccin jurdica y legal de los consumidores. Por otra parte, el principio de libre albedro del consumidor para celebrar una relacin de consumo. De esa manera, al calificar el clausulado de los modelos de CA nada impide que se analice la correspondencia entre lo que anuncia la publicidad en cualquiera de sus manifestaciones, con lo establecido en el CA. Igualmente, de forma casustica se puede hacer un ejercicio de ponderacin y valoracin del esquema de venta para calificar una clusula, pues est de por medio el principio de libre albedro del consumidor. Existencia de la prctica comercial abusiva. En el anlisis integral del CA se debe tener presente que el proveedor puede imponer a los consumidores y usuarios condiciones fcticas y no jurdicas. Hay que tener cuidado con situaciones en las que el contrato no tiene problema clausular, sin embargo, la aplicacin real muestra un abuso de los proveedores, v. gr., el caso del redondeo en las relaciones de consumo telefnico, en las que
se cobra como consumo por minuto, las miles de llamadas cuya duracin concluye en segundos o en minutos ms segundos. No se puede alegar imposibilidad tecnolgica, simplemente no se est cumpliendo ni garantizando el cumplimiento de lo ofrecido en el contrato. Otro ejemplo de prctica comercial abusiva se tiene en los contratos de tiempos compartidos, en que hay un esquema agresivo de ventas, con ofrecimiento de supuestos obsequios o regalos para conseguir la firma del consumidor. Empero, cuando ste decide en el plazo de los cinco das cancelar el contrato,18 el camino para recuperar la cantidad en dinero inicialmente aportada resulta muy tortuoso. En los casos de prcticas comerciales abusivas suele ocurrir que el CA es vlido, pero hay situaciones excesivas en la prctica comercial y financiera, que deben considerarse al momento de calificar de abusiva la clusula. Existencia de beneficios econmicos excesivos del proveedor. No se cuestiona el sistema de libre mercado y de no regulacin de precios. Sin embargo, si consideramos que el espritu de la LFPC y de la LC es que haya una relacin de consumo equilibrada, se debe cuidar el esquema de sanciones econmicas al consumidor por incumplimiento contractual, cuyo monto debe ser proporcional a la prestacin econmica principal. Aunque no es factible la regulacin de precios, ello no es impedimento para exigir al proveedor que derivado del CA no haya lucro excesivo o exorbitante. En la actualidad, los esquemas empresariales tienen en las penas convencionales y en la fijacin de las tasas de inters mecanismos para obtener ganancias desmedidas. Aqu es donde se requiere precisar que si bien es libre la determinacin de los intereses derivados del contrato, stos no pueden estar por encima de manera desproporcionada, a lo que se establece en el mercado bancario y financiero. Es cierto que no se puede fijar por concepto de ganancias una cifra mxima o una cantidad numrica especfica o un porcentaje determinado, pero ello no impide calificar de excesiva la obtencin de ganancias en
18 Es lo que se denomina como derecho de desistimiento del consumidor. Vase Costas Rodal, L., Los derechos de aprovechamiento por turno, pp. 131-134. Esta autora realiza un anlisis de la directiva comunitaria y la incorporacin en la ley espaola. Destaca en un comparativo con la legislacin mexicana que el plazo para ejercer el derecho de desistimiento sea de diez das en Europa y slo de cinco das en nuestro pas.
un CA en concreto, en funcin del tiempo de duracin del contrato, del monto total de la operacin, de las causales de terminacin imputables al consumidor y de los requisitos al consumidor para cancelar el contrato. La regla se construye a partir del hecho de que el equilibrio jurdico de la relacin de consumo debe presentarse al firmar el contrato, pero debe perdurar durante el tiempo de su vigencia y al momento de su conclusin por incumplimiento de alguna de las partes. Un ejemplo se encuentra en los tiempos compartidos, cuyo contrato suele establecer que en caso de incumplimiento por parte del consumidor se aplicar por concepto de pena convencional el equivalente al 30% o 40% del total del precio de la operacin en el contrato. Se puede dar el absurdo e inequitativa situacin de que el contrato establezca cuatro o cinco aos para pagar a plazos el monto total del contrato y que el incumplimiento sea a los dos o tres meses de firmado el contrato. Resulta excesiva la sancin econmica al consumidor. Esa situacin abusiva podra dar lugar a que el proveedor busque frmulas para que el consumidor incurra en incumplimiento, pues le acarrea mayores ganancias. Una frmula de solucin sera que se incluya en el contrato una tabla de valores o equivalencias cuyos parmetros sean: duracin del contrato, fecha en que se presenta el incumplimiento, porcentajes por concepto de pena convencional con dos rubros como referentes: el monto total del contrato y el tiempo restante para el vencimiento del contrato. Al respecto es importante identificar el riesgo empresarial y que ste no se traslade al consumidor o usuario. Debe quedar a cargo del proveedor la prueba del costo del proceso productivo, esto es, a cunto asciende la inversin individual del producto o servicio plasmado en el CA, as como el margen de prdidas en caso de incumplimiento. De esa manera, el empresario debe asumir parte de las prdidas, para no trasladarlas en su totalidad al consumidor incumplido. D. Actuacin de las instituciones defensoras de los consumidores y usuarios para hacer valer la nulidad de las clusulas abusivas Las consecuencias jurdicas de calificacin de clusula abusiva de un modelo de CA difieren en funcin de la obligacin o no de los proveedores y
entidades financieras de efectuar la inscripcin registral en el RPCA y en el Regisgro de Contratos de Adhesin Condusef (en adelante, RCA). Esta circunstancia condiciona la actuacin de las instituciones defensoras de los derechos de los consumidores y usuarios. a) Tratndose de modelos de CA de registro obligatorio, el paso siguiente a la calificacin de abusiva de una clusula dentro de un CA consiste en negar la inscripcin registral. En este supuesto, el proveedor solicitante del registro tiene la opcin de corregir el clausulado para obtener el registro o bien impugnar jurisdiccionalmente la resolucin. b) Tratndose de modelos de CA de no registro obligatorio para proveedores particulares, cuando por una cuestin de imagen se solicita a la Profeco la inscripcin voluntaria. La institucin tiene la obligacin de utilizar el mismo rigor de revisin como si se tratara de un modelo de CA de registro obligatorio.19 Al respecto, cabe sealar que se presentaron por parte de la Profeco tres demandas en contra de tres empresas de televisin de paga Sky, Dish, Cablevisin, las cuales haban solicitado el registro voluntario del modelo de CA, que les fue negado por presentar diversas clusulas abusivas, entre otras, fijar el cobro del decodificador sin establecer un monto; fijar un plazo mnimo forzoso por el uso del equipo; obligar a aceptar el envo de publicidad aunque se hubiera dado de alta el nmero telefnico en el RPC. Aunque se tiene reconocida la facultad de recurrir a la va jurisdiccional, resulta altamente conveniente para el fortalecimiento de la funcin de la Profeco reconocerle la facultad de formular lo que se denominara declaratoria general de clusula abusiva, a la que se dara amplia
19 En los casos de registro voluntario de modelos de CA se aplican las disposiciones legales previstas para los modelos de registro obligatorio. Si bien no hay precepto que lo establezca de manera expresa, lo cierto es que sera ilgico suponer que se registran slo para ostentarse frente a consumidores, pero no asumen ninguna consecuencia jurdica en cuanto a obligaciones derivadas del registro, por ejemplo, utilizar en la prctica un modelo de CA distinto al que fue registrado. En ese sentido, la Profeco hace el anlisis del clausulado de un modelo de CA de registro voluntario con el mismo rigor jurdico que uno de registro obligatorio. Esa debe ser la interpretacin del artculo 88 de la LFPC. Cfr. Guadarrama Lpez, E., La proteccin, op. cit., p. 139.
publicidad, para hacerla del conocimiento del pblico consumidor y se obligara al proveedor a retirarla del modelo de CA correspondiente. c) Tratndose de modelos de CA de no registro obligatorio para proveedores pblicos, tendra que considerarse la opcin legislativa de ampliar las facultades de la Profeco para revisar de oficio cualquier modelo de CA, sean de carcter privado o de carcter pblico; sean o no de registro obligatorio en el RPCA. E. Anlisis del tema de nulidad e ilicitud de las clusulas abusivas de los modelos de CA Un anlisis en conjunto del captulo X de la LFPC, relativo a los CA, permite distinguir tres supuestos en lo relativo a las clusulas de los contratos que no se ajustan al contenido ni al propsito de la ley: Clusulas que no producirn efectos contra el consumidor por contener alguna de las hiptesis a que se refiere el primer prrafo del artculo 86 de la ley.20 Clusulas que no sern vlidas y se tendrn por no puestas en los contratos por incluir algn punto de los enumerados en el artculo 90.21 Clusulas que no producirn efectos contra el consumidor al acreditarse que no se apegan a otras disposiciones de la Ley y a la normatividad aplicable, segn se desprende del artculo 85.22
El precepto refiere a las clusulas que impliquen o puedan implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas o que conlleven altas probabilidades de incumplimiento. 21 El precepto enumera seis supuestos: I. Permitan al proveedor modificar unilateralmente el contenido del contrato, o sustraerse unilateralmente de sus obligaciones; II. Liberen al proveedor de su responsabilidad civil, excepto cuando el consumidor incumpla el contrato; III. Trasladen al consumidor o a un tercero que no sea parte del contrato la responsabilidad civil del proveedor; IV. Prevengan trminos de prescripcin inferiores a los legales; V. Prescriban el cumplimiento de ciertas formalidades para la procedencia de las acciones que se promuevan contra el proveedor; y VI. Obliguen al consumidor a renunciar a la proteccin de esta ley o lo sometan a la competencia de tribunales extranjeros. 22 El precepto establece dentro de las caractersticas de los CA que sus clusulas no violen las disposiciones legales. Sin embargo, con un criterio analgico, la disposicin se aplica a la normatividad relacionada con la materia a que se refiere el contenido del contrato en especfico.
En los dos primeros supuestos ya se seal que subsiste la relacin jurdica contractual celebrada por las partes y que lo controvertido es la o las clusulas que encuadran en los supuestos anteriores. En el tercer supuesto, con independencia de la responsabilidad del proveedor por la infraccin a la ley, el consumidor tiene la opcin de que se pueda subsanar en su favor la clusula en cuestin (nulidad relativa), en cuyo caso el proveedor est obligado a entregar el bien o suministrar el servicio de acuerdo con los trminos y condiciones ofrecidos o implcitos en la publicidad o informacin desplegados (artculo 42, LFPC). Sin embargo, la interrogante estriba en determinar si hay sinonimia entre una clusula que no produce efectos contra el consumidor, una clusula nula por ir en contra de disposiciones legales o normativas y una clusula que no es vlida y se tiene por no puesta en el contrato. Para dilucidar la duda se requiere analizar el contenido y alcance de los artculos 85, 86 y 90: a) Una clusula que sea contraria a la ley o a la normatividad aplicable es ilegal y, por ende, es nula. Los efectos entre las partes quedan supeditados al tipo de nulidad.23 b) Lo ilegal de una clusula puede derivar de cualquier aspecto de la LFPC y no slo de lo relativo a los CA, v. gr., la renuncia de un consumidor a la informacin que debe proporcionarle un proveedor inmobiliario o la no coincidencia de lo ofertado por el proveedor a travs de la publicidad, con las caractersticas del bien o producto estipulado en el contrato. c) Una clusula ilegal generalmente se encontrar en contratos que no se exige sean inscritos en el RPCA, pues los que son inscritos son sometidos a un anlisis detallado. De cualquier manera el artculo 90 bis prev la posibilidad de que un modelo de CA registrado incluya clusulas contrarias a la ley, en cuyo caso se proceder a su cancelacin. d) Una clusula nula se referir a cualquier aspecto contrario a la ley que sea diferente a los enumerados en el artculo 90, ya que en los casos que enumera dicho precepto no se reconoce validez a la clusula contractual que incluya tales puntos.
Para determinar la nulidad de una clusula se siguen las reglas de las nulidades previstas en el artculo 1812 y ss. del CCF. Por supuesto, la nulidad de una clusula puede repercutir en la nulidad del contrato.
e) El tener por no puesta una clusula debe interpretarse como que no forma parte del contrato y no surte efectos entre las partes. En ese sentido el artculo 86 quarter establece que de haber diferencias entre el texto de un modelo de CA inscrito y el utilizado en la prctica se tendr por no puesta. Aqu simplemente se hace el cotejo entre los dos textos y se aplica el que est inscrito en el RPCA. No hay repercusin en la validez de la clusula diferente a la registrada.24 f) En el artculo 90 se enumeran los casos en que se tiene por no puesta una clusula y se considera como no vlida. Aqu el legislador pens en la generalidad de los contratos que reflejan una relacin de consumo, es decir aquellos que no son de registro obligatorio en el RPCA.25 La paradoja est en que para hacer valer la no validez de la clusula corresponder al consumidor presentar la queja o denuncia ante la Profeco, ya que la verificacin que sta hace se circunscribe a que el modelo de CA, en su caso, est registrado, pero no a la verificacin del contenido del contrato respectivo. g) Ante el sealamiento de que no son vlidas las clusulas que incluyan alguno de los aspectos previstos en el artculo 90, el problema estriba en la correccin de la clusula que est en ese supuesto. Una posibilidad para que no se afecte al contrato correspondiente es que se considere a contrario sensu lo establecido en la clusula, por ejemplo, si se establece que el proveedor pueda modificar unilateralmente el contrato, se considera que no lo puede hacer; si se pretende liberar de responsabilidad civil al proveedor, lo contrario sera que se aplican las reglas de responsabilidad para el proveedor; los trminos de prescripcin inferiores a los de la ley, se consideran aplicables los previstos en la ley. Claro que se trata de un criterio de interpretacin que slo podra aplicarse en la Profeco cuando se presente una queja. h) En suma, no hay sinonimia entre una clusula nula con una clusula no vlida. Empero, en ambos casos no se producen efectos jurdicos contra el consumidor.
24 Claro que en ese supuesto se genera responsabilidad del proveedor a quien se puede iniciar un procedimiento por infracciones a la ley. Si la Profeco tuvo conocimiento de esa situacin con motivo de una verificacin, es procedente lo dispuesto en el artculo 98 bis de que se publicite por cualquier medio la situacin de anomala del proveedor para hacerlo del conocimiento de los consumidores, quienes harn valer el texto inscrito en el RPCA. 25 En caso de modelos de CA registrados, que por alguna circunstancia contuvieran alguna clusula prevista en el artculo 90, se aplica lo dispuesto por el artculo 90 bis, esto es, procede la cancelacin.
i) Por otra parte, en cuanto a la expresin contratos, a que alude la ltima parte del artculo 87, se tienen dos opciones de interpretacin: Que la referencia a contratos con la que inicia el prrafo en cuestin se entendiera como modelo de CA lo cual implicara que al no estar inscritos en el RPCA no podran ser utilizados por los proveedores. Que la expresin contratos se refiere al instrumento jurdico que sustenta la relacin proveedor-consumidor y que la previsin no producirn efectos contra el consumidor, se entendiera referida a las clusulas del contrato celebrado entre un proveedor y un consumidor que afectarn a ste, pero sin dejar sin efecto jurdico al contrato en s. De optarse por la primera opcin el problema que se generara sera la imposibilidad de imponer una sancin para la relacin de consumo en particular, ya que slo se podra aplicar la sancin al proveedor por concepto de infraccin a la ley, pero no habra ninguna repercusin favorable al consumidor. En cambio en la segunda opcin, adems de la sancin por infraccin a la ley, al no inscribir el modelo de CA o al negarse su registro, se tiene la posibilidad de dejar sin efecto jurdico aquellas clusulas que resulten contrarias a los intereses jurdicos del consumidor.26 Esta opcin es la ms conveniente para la debida proteccin de los consumidores. Sin embargo, la SCJN interpret tal precepto legal antes de la aprobacin del Reglamento de la Ley Federal de Proteccin al Consumidor (en adelante, RLFPC) estableciendo una nulidad relativa de los contratos que celebre el proveedor con sus clientes cuando no cumple con la obligacin de inscribir su modelo de CA en el RPCA. En estricto sentido jurdico, la frmula del artculo 47 del RLFPC evita el debate sobre la ltima parte del artculo 87 al acotar que no se trata de una declaratoria de nulidad por disposicin legal, sino de una repercusin
26 La decisin legislativa recae en la segunda opcin. En efecto, el artculo 47 del RLFPC establece: A las disposiciones o clusulas en los contratos que debiendo registrarse no hayan sido registrados y que contravengan los intereses o derechos de los consumidores, les ser aplicable lo dispuesto por el artculo 87 segundo prrafo de la Ley.
a ciertas clusulas del contrato que sean contrarias a los intereses que la ley protege a los consumidores. 7. Conclusiones 1. El desarrollo jurisprudencial, a partir de la LFPC de 1976, respecto a la relacin CA-clusulas abusivas muestra poco avance. Los tribunales han tenido mayor inclinacin por la figura del CA. Hasta hace poco tiempo se plante la temtica de las clusulas abusivas. El recorrido jurisprudencial an es largo. 2. Ante la problemtica jurdica de las clusulas abusivas en los CA se requiere recurrir a una doble frmula de solucin. De poltica jurdica, a travs del diseo legal adecuado para la mejor identificacin de las clusulas abusivas y para la estandarizacin del contenido del clausulado. De diseo institucional, mediante el fortalecimiento competencial de las instituciones defensoras de los derechos de los consumidores y usuarios financieros. 3. Para la identificacin de las clusulas abusivas en los CA es preciso una interpretacin legislativa favorable a los consumidores tal como lo han reconocido los TCC-, la cual se consigue, por una parte, con la conformacin de los principios generales en materia de CA, que obligadamente deben ser observados por todo modelo de CA y, por otra parte, con los que denominamos criterios metajurdicos, en los que primordialmente se incorporan cuestiones econmicas, publicitarias y de riesgo empresarial. 4. Para el fortalecimiento institucional es necesario reconocer a la Profeco la facultad de revisar el clausulado de cualquier modelo de CA, sea de ndole pblico o privado, sin importar que sean o no de registro obligatorio en el RPCA.
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