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Timestamp: 2019-12-06 13:49:23+00:00

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0687 | Impuesto sobre la renta | Ahorro
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Trabajo 3 conta-1
Nota de Estudios II Trim 2012 (Informe Macroeconómico)
DEDUCCIONES PERSONALES Y ESTÍMULOS FISCALES PARA EL EJERCICIO 2017
2a. quincena, abril 2018
Siccopreguntas
Ventajas para las empresas al contratar personal con discapacidad
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En las semanas recientes, he tenido lecciones, que bien pueden resumirse en una ilustración:
“La caverna de Platón”
Los invito a reflexionar sobre cuántas cosas, no son lo que parecen ser, sin im - portar la situación que se trate.
Salgamos a ver lo que hay fuera de la caverna, seguramente nos encontraremos con gratas sorpresas.
¡Les deseo una quincena llena de reflexión y éxito!
Lic. Marcela Gasca
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6 FISCALES-LABORALES
70 VENTAJAS PARA LAS EMPRESAS AL CONTRATAR PERSONAL CON DISCAPACIDAD C.P. Heriberto Damián Antúnez
75 INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA: NUEVA FIGURA ORGANIZATI- VA EN LA ERA DIGITAL C.P. Wilfredo Fabian García
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10 DEDUCCIONES PERSONALES Y ESTÍMULOS FISCALES PARA EL EJERCICIO 2017 L.C. y M.I. Daniel Cadena C.
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FISCALES - LABORALES
Mtro.José de Jesús Ceballos Caballero
1.- Cuando solicite el CFDI por las colegiaturas de mis hijos, ¿debe incluir la CURP del alumno?
Deberá incluir la CURP en el CFDI de conformidad a la regla 11.3.2 de la Reso - lución Miscelánea Fiscal para 2018 (RMF-2018).
2.- Estoy inscrito en el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) con trabajadores a mi cargo, ¿cuándo debo pagar la Participación de las Utilidades (PTU)?
El plazo máximo será el 29 de junio de acuerdo a la regla 3.13.21 de la RMF-
3.- Si estoy inscrito en el RIF, y mis deducciones fueron ma - yores a mis ingresos en el 1er bimestre de 2018, ¿qué pro - cede?
Se considerará como deducción, la cual, podrá aplicarse en los periodos siguien - tes hasta agotarlas de acuerdo a la regla 3.13.20 de la RMF-2018.
4.- Por el giro de mi empresa, la mayoría de mis trabajado - res no cuenta con correo electrónico, ¿cómo puedo entre - garles el XML de sus recibos de nómina?
Cumpliendo con lo señalado en la regla 2.7.5.2 de la RMF-2018, que a la letra dice:
Entrega del CFDI por concepto nómina 2.7.5.2. Para los efectos de los artículos 29,
fracción V del CFF y 99, fracción III de la Ley del ISR, los contribuyentes entregarán o en -
viarán a sus trabajadores el CFDI en archivo con el formato electrónico XML de las remuneraciones cubiertas. Los contribuyentes que se encuentren impo - sibilitados para cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, podrán entregar una
Los contribuyentes que pongan a disposición de sus tra - bajadores una página o dirección electrónica que les permita obtener la representación impresa del CFDI, tendrán por cumplida la entrega de los mismos. Los empleadores que no puedan realizar lo señalado en el párrafo que antecede, podrán entregar a sus trabaja - dores las representaciones impresas del CFDI de forma semestral, dentro del mes inmediato posterior al término de cada semestre. La facilidad prevista en la presente regla será aplicable siempre que al efecto se hayan emitido los CFDI corres- pondientes dentro de los plazos establecidos para tales efectos.
representación impresa del CFDI. Dicha re - presentación deberá contener al menos los siguientes datos:
La clave en el RFC del empleador.
5.- ¿Cuándo entra en vigor la obligación de expedir el CFDI con el complemento de recepción de pagos?
De acuerdo al artículo séptimo transitorio de la RMF-2018, para los efectos de la regla 2.7.1.35, los contribuyentes podrán optar por expedir CFDI usando la versión 3.3 del Anexo 20, sin incorporar el complemento para recepción de pagos hasta el 31 de mar- zo de 2018.
7.- ¿Cuál es el monto de la tasa de recar- gos para 2018?
2.1.23 Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 21 del Código Fiscal de la Federación (CFF) y con base en la tasa de recargos mensual establecida en el artículo 8, fracción I, de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), la tasa mensual de recargos por mora aplicable en el ejer- cicio fiscal de 2018 es de 1.47%.
Fundamento: Regla 2.1.23 de la RMF-2018
Fundamento: Artículo séptimo transitorio de la RMF-2018
8.- ¿Qué valor probatorio tienen la con - traseña (antes llamada CIEC)?
6.- ¿Existe alguna sanción si co - meto errores en la asignación de la clave de producto o servicio, en el CFDI 3.3?
De acuerdo a la regla 2.2.1 de la RMF 2018 la contraseña se considera una firma electrónica que funciona como mecanismo de acceso en los servicios electrónicos que brinda el SAT a través de su por tal, conformada por la
clave en el RFC del contribuyente, así como por una
De conformidad al artículo décimo transitorio de la RMF-2018, cuando los contribuyentes
registren en el CFDI una clave de unidad de medida, o una clave de producto o servicio, que no corresponda con los productos o ser- vicios o con la unidad de medida facturados,
tal situación no se considerará infracción
a las disposiciones fiscales, siempre que se describa de manera correcta el citado pro - ducto, servicio o la unidad de medida en los campos “Descripción”, “Cantidad” y “Unidad” del CFDI. Esto sólo será vigente hasta el 30 de junio de 2018.
Fundamento: Artículo décimo transitorio
de la RMF-2018
contraseña que él mismo elige, la cual podrá cambiarse a través de las opciones que el SAT disponga para tales efectos en el refe - rido portal.
La Contraseña sustituye la firma autógrafa y produce los mismos efectos que las leyes otorgan a los documentos correspondien - tes, teniendo igual valor probatorio.
Fundamento: Regla 2.2.1 de la RMF-2018
9.-¿Tiene un período de vigencia la con - traseña (antes CIEC)?
De acuerdo a la regla 2.2.1 de la RMF-2018 en caso de que la contraseña no registre actividad en un periodo de tres años con secutivos, ésta quedará sin efectos, de - biendo el contribuyente realizar nuevamente su trámite a través de su e.firma en el Portal del SAT o en cualquier módulo de servicios tributarios de las Administraciones Desconcentradas de Servicios al Contribuyente (ADSC).
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En 2017 hubo una reforma fiscal integral, en cuanto a la obligaciones declaradas a través de las tecnologías de la información. Se homologaron nuevas característi - cas en los CFDI, en el buzón tributario, en el envío de la contabilidad electrónica, etc. Esto, porque el SAT quie - re hacer eficiente el correcto control y cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes. Sin embargo, la autoridad fiscal no considera que, algu - nos contribuyentes no están preparados para dichos cambios, o, peor aún, hay quienes los desconocen.
Las personas físicas, pueden aplicar las de - ducciones personales reguladas en el artí - culo 151 de la Ley de Ingresos Sobre la Ren - ta (LISR), las cuales, solo pueden aplicarse en la declaración anual -pero no en los pagos provisionales, conforme al régimen fiscal de cada contribuyente- dependiendo del tipo de ingresos que generen, y que sean inde - pendientes a las deducciones autorizadas para cada tipo de ingreso.
En el contexto de dicha reforma, aquí trataremos el tema de las deducciones gravables, las cuales se aplican año tras año para disminuir la base del Impuesto Sobre la Renta (ISR), con lo cual disminuye la carga tributaria, y, dado el caso, se obtiene saldo a favor en el ISR. Recuer - de que, el saldo a favor puede ser pedido a devolución o compensación, según la elección del contribuyente.
Es necesario aclarar que, al no ser gastos estrictamente indispensables para las ac - tividades del contribuyente, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) trasladado, no podrá acreditarse, y se considerará como parte de la deducción personal para el ISR.
A continuación, mencionamos algunas de -
ducciones personales
y estímulos fiscales
1 Gerente de lmpuestos en el área Fiscal. Consultor Fiscal de la firma Buenrostro & Cadena.
para 2017, considerando la serie de requisitos que de - ben cumplir para su deducibilidad, y con ello, no sean rechazadas por la autoridad hacendaria.
Comprende los honorarios médicos y dentales. Con fundamento en el artículo 64 del Reglamento del Im - puesto Sobre la Renta (RISR), los gastos indispensables por compra o alquiler de aparatos para el restableci - miento o rehabilitación del paciente, medicinas (siempre que estén incluidas en los documentos que expidan los hospitales), los gastos de enfermeras, análisis y estudios clínicos, prótesis y lentes ópticos graduados para corre - gir defectos visuales, hasta por un monto de $ 2,500.00 por cada uno de los beneficiarios,debiendo contar con la descripción de los lentes en el comprobante fiscal, o con el diagnóstico oftalmológico.
Después de la reforma fiscal, se concede como deduc - ción personal, los pagos realizados por consultas a pro - fesionales de psicología y nutrición, siempre y cuando, el prestador de esos servicios cuente con título profe - sional.
Los beneficiarios de la deducción serán: el contribuyen - te, su cónyuge, las personas ascendientes y descendien - tes directos (incluyendo hijos adoptivos), la persona con quien viva en concubinato; siempre que estos terceros no hubieran percibido ingresos en el ejercicio de canti - dad igual o superior al equivalente de la UMA elevada al año, $ 27,538.80.
Esta fracción no ha sufrido modificaciones respecto a ejercicios recientes anteriores, sigue permitiendo realizar erogaciones por gastos de funeral para su cónyuge, ascen - diente o descendiente en línea directa (in - cluyendo a los hijos adoptivos), y la persona con quien viva en concubinato. El gasto no podrá exceder el límite de $27,538.80.
Las erogaciones para cubrir funerales a futu - ro solo procederán hasta el ejercicio donde se utilice el servicio (artículo 266 RLISR).
Donativos no onerosos ni remu - nerativos
Los donativos otorgados a la federación, en - tidades federativas, municipios, organismos descentralizados, que tributen en el Título III de la LISR y donatarias autorizadas.
El total por donativos deducibles no excede - rá el equivalente al 7% de los ingresos acu - mulables del ejercicio inmediato anterior. Se hace una precisión respecto a lo que debe - mos entender por ingresos acumulables: son aquellos antes de aplicar las deducciones referidas en el artículo 151 de la LISR.
Cuando se realicen donativos a favor de la federación, de los estados, de los municipios
o de sus organismos descentralizados, el monto deducible no podrá exceder el 4% de los ingresos acumulables, sin que en ningún caso en conjunto, exceda del 7%.
Intereses reales de créditos hi - potecarios
Deben ser efectivamente pagados en el ejercicio y corresponder a créditos hipote - carios destinados a la casa habitación del contribuyente; no olvidar que esta deduc - ción de intereses hipotecarios solo aplica por un inmueble, y condicionado a que sean créditos contratados con integrantes del sis - tema financiero.
El monto total de los créditos no podrá ex- ceder las 750,000 unidades de inversión (UDIS), lo cual limita considerablemente la posibilidad de inversión en inmuebles desti - nados a casa-habitación.
del inmueble, cuando únicamente uno de
ellos perciba ingresos acumulables para los efectos del ISR, éste podrá deducir la totalidad de los intereses rea - les pagados (artículo 256 RLISR).
Aportaciones voluntarias y aportaciones complementarias de retiro
Las aportaciones complementarias de retiro realizadas directamente en la subcuenta de aportaciones com - plementarias de retiro, en los términos de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, o en las cuentas de planes personales de retiro , siempre que las aportacio - nes cumplan con los requisitos de permanencia, esta - blecidos para los planes de retiro conforme al segundo párrafo de esta fracción.
El monto de la deducción a que se refiere esta fracción será de hasta el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente en el ejercicio, sin que dichas aportacio - nes excedan el equivalente a cinco UMA elevadas al año.
Se consideran planes personales de retiro, aquellas cuen- tas o canales de inversión, que se establezcan con el único fin de recibir y administrar recursos destinados exclusiva- mente para utilizarse cuando el titular alcance los 65 años de edad, o en los casos de invalidez, incapacidad, del titu- lar para realizar un trabajo personal remunerado de con - formidad con las leyes de seguridad social.
Las primas por seguros de gastos médicos complemen - tarios o independientes de los servicios de salud propor- cionados por instituciones públicas de seguridad social, siempre que el beneficiario sea el propio contribuyente, su cónyuge o la persona con quien vive en concubinato, o sus ascendientes o descendientes en línea directa.
Cabe señalar que los seguros contratados en el extran - jero no pueden deducirse.
Gastos por transporte escolar
Los gastos destinados al transporte escolar de los des - cendientes en línea directa del contribuyente, cuando ésta sea obligatoria en los términos de las disposiciones jurídicas del área donde se encuentre ubicada la escue - la, o cuando se incluya como gasto en la colegiatura para todos los alumnos.
Cuando se incluya como gasto en la colegiatura, deberá separarse en el comprobante el monto que corresponda al concepto de transporte y efectuarse mediante che - que nominativo del contribuyente, transferencias elec - trónicas de fondos (cuentas propias), tarjeta de crédito, de débito, o de servicios.
Recordemos que este estímulo es independiente de las deducciones personales establecidas en el artículo 151
de la LISR, y de sus requisitos y limitaciones.
Se otorga un estímulo a las personas físicas por los pagos por servicios de enseñanza en los diferentes tipos de educación básica y media superior, efectuado para el propio contribuyente, para su cónyuge o concubi - na, y para sus ascendientes o descendientes en línea directa, siempre que no perciban ingresos en cantidad igual o superior a una UMA elevada al año ($ 27,538.80) y cumplan con lo siguiente:
I. Que los pagos se realicen a instituciones educativas privadas que tengan autori - zación o reconocimiento de validez ofi - cial de estudios en los términos de la Ley General de Educación, y
II. Que los pagos sean para cubrir única - mente los servicios correspondientes a la enseñanza del alumno, de acuerdo con los programas y planes de estudio que en los términos de la Ley General de Educación se hubiera autorizado para el nivel educativo de que se trate.
El estímulo a que se refiere el presente artí - culo no será aplicable a los pagos:
I. Que no se destinen directamente a cubrir el costo de la educación del alumno II. Correspondientes a cuotas de inscripción o reinscripción.
Para los efectos de este artículo, los adop - tados se consideran como descendientes en línea directa del adoptante y de los ascen - dientes de éste.
dades fueron erogadas en el ejercicio correspondiente. Las cantidades que se podrán disminuir conforme al Ar- tículo 1.10 del DECRETO no excederán, por cada una de las personas a que se refiere el citado artículo, de los límites anuales de deducción que para cada nivel educa - tivo corresponda, conforme a la siguiente tabla:
Límite anual de
Conforme al Artículo 1.9 del DECRETO 1 , los pagos deberán realizarse mediante cheque nominativo del contribuyente, transferen - cias electrónicas de fondos desde cuentas abiertas a nombre del contribuyente, o me - diante tarjeta de crédito, de débito o de ser - vicios, y comprobar, con documentación que reúna requisitos fiscales, que dichas canti -
Es de suma importancia considerar que, cuando los con - tribuyentes realicen en un mismo ejercicio fiscal, por una misma persona, pagos por servicios de enseñanza correspondientes a dos niveles educativos distintos, el límite anual de deducción que se podrá disminuir, será el que corresponda al monto mayor de los dos niveles, independientemente de que se trate del nivel que con - cluyó o el que inició.
1 DECRETO que compila diversos beneficios fiscales y establece medidas de simplificación administrativa Articulo 1.8 Diario Oficial de la Federación (DOF) 26/12/13
La limitante establecida en el último párrafo del artículo 151 de la LISR no será aplicable a la cantidad que refiere el primer párrafo de este artículo.
operación respectiva, la leyenda: “se constituye en los términos del artículo 185 de la Ley del Impuesto sobre la Renta”.
La institución de seguros debe desglosar en el contrato de seguro la prima que cubre el seguro de vida.
Cuentas personales para el ahorro
Conforme al artículo 185 de la LISR, podrán disminuirse de la base gravable del contribuyen - te los siguientes conceptos: los depósitos realizados en cuentas personales especiales para el ahorro; los pagos de primas de contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones relacionados con la edad, jubi - lación o retiro; la adquisición de acciones de las sociedades de inversión.
Se consideran cuentas perso - nales especiales para el ahorro, cualquier depósito o inversión que se efectúe en una institución de crédito, siempre que el con - tribuyente manifieste por escri - to a dicha institución, que el de - pósito o la inversión se efectúa en los términos del artículo 185 de la LISR, y el banco asiente en
la documentación que ampare la
El importe de los depósitos, pagos o adquisiciones que podrán de - ducirse de la base gravable del ISR, no podrán exceder en el año de calendario de que se trate, los $152,000.00, considerando todos los conceptos señalados.
Las cantidades que se hubieran disminuido por estos conceptos se considerarán ingresos acumulables en el ejercicio en que sean reci - bidas o retiradas de su cuenta personal, especial para el ahorro, del contrato de seguro de que se trate, o de la sociedad de inversión de la que se hubieran adquirido las acciones.
A diferencia de las deducciones personales que se hubieran eroga - do efectivamente en el ejercicio en el cual se pretenda efectuar su deducción, los pagos contemplados en el artículo 185 de la LISR podrán erogarse a más tardar el día que la persona física presente su declaración del ejercicio.
Sin lugar a duda, para las autoridades hacendarias es indispensable maximizar el ahorro, y, por ende, el cos - to fiscal que generan los ingresos obtenidos durante el ejercicio por parte de las personas físicas, pero siempre dentro del marco de la legalidad tributaria.
De los pocos beneficios y estímulos fiscales que todavía podemos considerar, se encuentran las deducciones per- sonales aquí comentadas, que, a pesar de estar limitadas por un monto máximo, podemos obtener una disminución considerable en nuestra base gravable para efectos de la declaración anual 2017.
Es indispensable contemplar todas las posibles deduccio- nes personales que podemos aplicar, sin dejar de lado los requisitos fiscales que cada una de ellas exige para su co- rrecta deducción, para evitar molestias por parte de la au- toridad fiscal.
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Los pagos provisionales son pagos mensuales que las personas morales de - berán calcular y enterar a cuenta del impuesto del ejercicio. La fecha límite para enterar estos anticipos será el día 17 del mes siguiente al que corresponda el pago. Por ejemplo, los pagos provisionales calculados en marzo, deberán ente - rarse, a más tardar, el 17 de abril.
Para determinar los pagos provisionales es necesario obtener un coeficiente de utilidad en cualquier ejercicio de 12 meses, de los últimos cinco años, conside - rando el más reciente de ellos.
La retención por pago de intereses en el periodo, en los términos del artí - culo 54 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR).
Ejemplo para determinar los pagos provisionales
1.- Cálculo del coeficiente de utilidad
a) Cuando existe utilidad fiscal:
b) Cuando existe pérdida fiscal:
2.- Determinación del impuesto por enterar en el pago provisional
Consideraciones importantes para calcular los pagos provisionales
1. Respecto a los ingresos utilizados para calcular los pagos provisionales, debe tomar en cuenta lo siguiente:
a) Los ingresos nominales del periodo serán los ingresos acumulables ob - tenidos desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes por el que se calcule el pago provisional.
b) En el caso de créditos u operaciones denominados en unidades de inver- sión (UDIS), se considerarán ingresos nominales los intereses conforme se devenguen, incluyendo el ajuste co - rrespondiente al principal, por estar los créditos u operaciones denomina - dos en dichas unidades.
c) Los ingresos que no se deben conside -
rar, son los siguientes:
Los provenientes de fuente de ri - queza ubicada en el extranjero que hayan sido objeto de retención por concepto del ISR.
• Los atribuibles a establecimientos ubi- cados en el extranjero que sean pro - piedad de la persona moral, cuando los ingresos estén sujetos al pago del ISR en el país en el que se encuentren ubicados dichos establecimientos.
2. Las personas morales del régimen general de la Ley
del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que apliquen el estí - mulo fiscal por deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo para efectos del cálculo del coeficiente de utilidad, adicionarán a la utilidad fiscal, o, reducirán de la pérdida fiscal del ejercicio por el que se calcule el coeficiente, según sea el caso, con el importe de la referida deducción.
3. El coeficiente de utilidad se calculará hasta el diezmi -
lésimo. En esta práctica se calculó hasta 0.1567.
4. Las personas morales del régimen general de la LISR
que apliquen el estímulo fiscal por deducción inmediata de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, podrán dis- minuir de la utilidad fiscal determinada, el monto de esa deducción efectuada en el mismo ejercicio. El monto de la deducción inmediata, se disminuirá, por partes iguales, en los pagos provisionales del ejercicio que se trate, a partir del mes en el que se realice la inversión. La disminución se realizará en los pagos provisionales del ejercicio de mane - ra acumulativa.
5. Las personas morales del régimen general de la LISR
podrán disminuir de la utilidad fiscal determinada, el monto de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) pagada en el ejercicio. El monto de la PTU, se disminuirá por partes iguales, en los pagos pro - visionales de mayo a diciembre del ejercicio. La disminu - ción se realizará en los pagos provisionales del ejercicio de manera acumulativa.
6. Durante el ejercicio de 2017, la tasa que se emplea -
rá para calcular los pagos provisionales del ISR será del
Artículo 14. Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impues- to del ejercicio, a más tardar el día 17 del mes inmediato poste - rior a aquel al que corresponda el pago, conforme a las bases que a continuación se señalan:
I. Se calculará el coeficiente de utilidad correspondiente al últi- mo ejercicio de doce meses por el que se hubiera o debió haber- se presentado declaración. Para este efecto, la utilidad fiscal del ejercicio por el que se calcule el coeficiente, se dividirá entre los ingresos nominales del mismo ejercicio.
Tratándose del segundo ejercicio fiscal, el primer pago provisional comprenderá el primero, el se - gundo y el tercer mes del ejerci- cio, y se considerará el coeficien - te de utilidad fiscal del primer ejercicio, aun cuando no hubiera sido de doce meses.
Cuando en el último ejercicio de
doce meses no resulte coeficien -
te de utilidad conforme a lo dis- puesto en esta fracción, se apli - cará el correspondiente al último ejercicio de doce meses por el que se tenga dicho coeficiente, sin que ese ejercicio sea anterior en más de cinco años a aquel por el que se deban efectuar los pa - gos provisionales.
II. La utilidad fiscal para el pago provisional se determinará mul- tiplicando el coeficiente de utili- dad que corresponda conforme a la fracción anterior, por los ingresos nominales correspon - dientes al periodo comprendi - do desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que se refiere el pago.
III. Los pagos provisionales se - rán las cantidades que resulten de aplicar la tasa establecida en el artículo 9o. de esta Ley, sobre
la utilidad fiscal que se determi-
ne en los términos de la fracción que antecede, pudiendo acredi- tarse contra el impuesto a pa - gar los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. También podrá acreditarse contra dichos pagos provisionales la retención que se le hubiera efectuado al contribu - yente en el periodo, en los térmi - nos del artículo 54 de esta Ley.
Tratándose del ejercicio de liqui- dación, para calcular los pagos provisionales mensuales corres- pondientes, se considerará como coeficiente de utilidad para los efectos de dichos pagos provi- sionales el que corresponda a la última declaración que al térmi- no de cada año de calendario el liquidador hubiera presentado o debió haber presentado en los términos del artículo 12 de esta Ley o el que corresponda de con - formidad con lo dispuesto en el último párrafo de la fracción I de este artículo.
Los ingresos nominales a que se refiere este artículo serán los ingresos acumulables, excepto el ajuste anual por inflación acu - mulable. Tratándose de créditos o de operaciones denominados en unidades de inversión, se considerarán ingresos nomina -
les para los efectos de este ar- tículo, los intereses conforme se devenguen, incluyendo el ajuste que corresponda al principal por estar los créditos u operaciones denominados en dichas unida - des.
Los contribuyentes que inicien operaciones con motivo de una fusión de sociedades en la que surja una nueva sociedad, efec- tuarán, en dicho ejercicio, pagos provisionales a partir del mes en el que ocurra la fusión. Para los efectos de lo anterior, el coefi - ciente de utilidad a que se refiere el primer párrafo de la fracción I de este artículo, se calculará considerando de manera conjun - ta las utilidades o las pérdidas fiscales y los ingresos de las so - ciedades que se fusionan. En el caso de que las sociedades que se fusionan se encuentren en el primer ejercicio de operación, el coeficiente se calculará utilizan - do los conceptos señalados co - rrespondientes a dicho ejercicio.
Cuando no resulte coeficiente en los términos de este párrafo, se aplicará lo dispuesto en el último párrafo de la fracción I de este artículo, considerando lo señala - do en este párrafo.
Los contribuyentes que inicien operaciones con motivo de la escisión de sociedades efectua - rán pagos provisionales a partir del mes en el que ocurra la es- cisión, considerando, para ese ejercicio, el coeficiente de utili- dad de la sociedad escindente en el mismo. El coeficiente a que se refiere este párrafo, también se utilizará para los efectos del último párrafo de la fracción I de este artículo. La sociedad es- cindente considerará como pa - gos provisionales efectivamente enterados con anterioridad a la escisión, la totalidad de dichos pagos que hubiera efectuado en el ejercicio en el que ocurrió la escisión y no se podrán asignar a las sociedades escindidas, aun cuando la sociedad escindente desaparezca.
Los contribuyentes deberán pre - sentar las declaraciones de pa - gos provisionales siempre que haya impuesto a pagar, saldo a favor o cuando se trate de la primera declaración en la que no tengan impuesto a cargo. No deberán presentar declaracio - nes de pagos provisionales en el ejercicio de iniciación de opera - ciones, cuando hubieran presen - tado el aviso de suspensión de actividades que previene el Re -
glamento del Código Fiscal de la Federación ni en los casos en que no haya impuesto a cargo ni saldo a favor y no se trate de la primera declaración con esta ca - racterística.
Los contribuyentes, para deter- minar los pagos provisionales a que se refiere el presente artícu - lo, estarán a lo siguiente:
a) No se considerarán los in - gresos de fuente de rique - za ubicada en el extranjero que hayan sido objeto de retención por concepto de impuesto sobre la renta ni los ingresos atribuibles a sus establecimientos ubicados en el extranjero que estén sujetos al pago del impuesto sobre la renta en el país don - de se encuentren ubicados estos establecimientos.
b) Los contribuyentes que es - timen que el coeficiente de utilidad que deben aplicar para determinar los pagos provisionales es superior al coeficiente de utilidad del ejercicio al que correspon - dan dichos pagos, podrán, a partir del segundo semes - tre del ejercicio, solicitar autorización para disminuir
el monto de los que les correspondan. Cuando con motivo de la autorización para disminuir los pagos provisionales resulte que los mismos se hubieran cu - bierto en cantidad menor a la que les hubiera correspondido en los términos de este artículo de haber tomado los da - tos relativos al coeficiente de utilidad de este artículo declaración del ejercicio en el cual se disminuyó el pago, se cubrirán recargos por la diferencia entre los pa - gos autorizados y los que les hubieran correspondido.
TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO; DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SER - VICIOS; DE LA LEY FEDERAL DE DERE - CHOS, SE EXPIDE LA LEY DEL IMPUES - TO SOBRE LA RENTA, Y SE ABROGAN LA LEY DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, Y LA LEY DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (DOF
11/XII/2013)
VI. Los contribuyentes que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del Impuesto sobre la Renta, hubiesen sufrido pérdidas fiscales en los términos del Capítulo V del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, que no hubiesen sido disminuidas en su totalidad a la fecha de entrada en vigor de esta Ley, disminuirán dichas pérdidas en los términos del Capítulo V del Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, considerando únicamente el saldo de dicha pérdida pendiente de dis- minuir, conforme a la Ley del Impuesto sobre la Renta que se abroga, se encuentre pendiente de disminuir.
DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DERO - GAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IM - PUESTO SOBRE LA RENTA, DE LA LEY DEL IMPUES - TO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILI - DAD HACENDARIA (DOF 18/XI/2015)
Artículo tercero. Para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta se aplicarán las siguientes disposiciones:
II. Se otorga el siguiente estímulo fiscal a los contribu - yentes que a continuación se señalan:
Artículo noveno.- En relación con la Ley del Impuesto sobre la Renta a que se refiere el artículo séptimo de este Decreto, se estará a lo siguiente:
I) Quienes tributen en los términos de los Títulos II o IV, Capítulo II, Sección I de esta Ley, que hayan obtenido ingresos propios de su actividad empresarial en el ejer- cicio inmediato anterior de hasta 100 millones de pesos.
El estímulo consiste en efectuar la deducción inmedia - ta de la inversión de bienes nuevos de activo fijo, en lugar de las previstas en los artículos 34 y 35 de esta Ley, deduciendo en el ejercicio en el que se adquieran los bienes, la cantidad que resulte de aplicar al monto original de la inversión, únicamente los por cientos que se establecen en esta fracción. La parte de dicho monto que exceda de la cantidad que resulte de aplicar al mis- mo el por ciento que se autoriza en esta fracción, será deducible únicamente en los términos de la fracción III.
conforme a los porcentajes previstos en di- cha fracción. Los contribuyentes a que se refiere la citada fracción II, podrán aplicar la deducción por las inversiones que efectúen entre el 1o. de
septiembre y el 31 de diciembre de 2015, en los términos previstos en dicha fracción para el ejercicio 2016, al momento de presentar la declaración anual del ejercicio fiscal de
Los contribuyentes que apliquen el estímulo fiscal previs- to en esta fracción, para efectos del artículo 14, fracción I de esta Ley, adicionarán a la utilidad fiscal o reducirán de la pérdida fiscal del ejercicio por el que se calcule el coeficiente, según sea el caso con el importe de la de - ducción a que se refiere esta fracción.
Artículo 10. Se calculará hasta el diezmilési- mo el coeficiente de utilidad a que se refiere el artículo 14, fracción I de la Ley.
Quienes apliquen este estímulo, podrán disminuir de la utilidad fiscal determinada de conformidad con el artí- culo 14, fracción III de esta Ley, el monto de la deduc- ción inmediata efectuada en el mismo ejercicio, en los términos de esta fracción. El citado monto de la deduc - ción inmediata, se deberá disminuir, por partes iguales, en los pagos provisionales correspondientes al ejercicio fiscal de que se trate, a partir del mes en que se realice la inversión. La disminución a que refiere esta fracción se realizará en los pagos provisionales del ejercicio de manera acumulativa. Para efectos de este párrafo, no se podrá recalcular el coeficiente de utilidad determinado en los términos del artículo 14, fracción I de esta Ley.
Artículo 14 . Para efectos del artículo 14, pá - rrafo séptimo, inciso b de la Ley, la solicitud de autorización para disminuir el monto de los pagos provisionales a partir del segundo semestre del ejercicio que corresponda, se presentará a la autoridad fiscal un mes an - tes de la fecha en la que se deba efectuar el entero del pago provisional que se solicite disminuir. Cuando sean varios los pagos pro - visionales cuya disminución se solicite, dicha solicitud se deberá presentar un mes antes de la fecha en la que se deba enterar el pri- mero de ellos.
IV. La deducción prevista en la fracción II, únicamente será aplicable en los ejercicios fiscales de 2016 y 2017,
Ley de Ingresos de la Federación 2017 (DOF
15/XI/2016)
Artículo 16.- Durante el ejercicio fiscal de 2017, se estará a lo siguiente:
VIII. Se otorga un estímulo fiscal a los contri- buyentes que tributen en los términos del Tí- tulo II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, consistente en disminuir de la utilidad fiscal determinada de conformidad con el artículo 14, fracción II de dicha Ley, el monto de la participación de los trabajadores en las uti- lidades de las empresas pagada en el mismo ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Uni- dos Mexicanos. El citado monto de la partici- pación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, se deberá disminuir, por partes iguales, en los pagos provisionales correspondientes a los meses de mayo a di- ciembre del ejercicio fiscal. La disminución a que se refiere este artículo se realizará en los pagos provisionales del ejercicio de manera acumulativa. Conforme a lo establecido en el artículo 28, fracción XXVI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el monto de la participación de los trabajadores en las utilidades que se dis- minuya en los términos de este artículo en ningún caso será deducible de los ingresos acumulables del contribuyente. Para los efectos de lo previsto en la presente
fracción, se estará a lo siguiente:
a) El estímulo fiscal se aplicará hasta por el monto de la utilidad fiscal determinada para el pago provisio - nal que corresponda.
Como se puede apreciar, para la elaboración de los pa - gos provisionales de las personas morales sociedades mercantiles se debe actuar con estricto apego a la nor- matividad citada en el artículo en comento, con el ob - jetivo de evitar errores en el cálculo y llenado del pago provisional, ya que los errores son motivo de multas, las cuales, se tratarán en otro número de nuestra revista.
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Mtro. Manuel Cuauhtémoc Parra Flores 1 Mtro.Erick Manuel Aranda Hernández 2 M.I. Mauricio Reyna Rendón 3
El artículo 17 de la Constitución Política de los Esta - dos Unidos Mexicanos indica, respecto al derecho hu - mano de acceso a la justicia, lo siguiente:
“Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justi - cia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las le - yes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta,
completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colecti - vas. Tales leyes determinarán las mate - rias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de repara - ción del daño. Los jueces federales co - nocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.
Las leyes preverán mecanismos alter- nativos de solución de controversias.
ericktributario2012@hotmail.com Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, cuenta con experiencia como Secretario del Tribunal Contencioso Ad - ministrativo del Estado de Guerrero, Encargado del Módulo del Registro del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal Federal de Justicia 685 Fiscal y Administrativa. Actualmente es abogado de empresa, socio del despacho Estrategas Tributarios Integrales, y, Director del despacho Consultores en Impuestos. 28 " id="pdf-obj-29-28" src="pdf-obj-29-28.jpg">
ericktributario2012@hotmail.com Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, cuenta con experiencia como Secretario del Tribunal Contencioso Ad - ministrativo del Estado de Guerrero, Encargado del Módulo del Registro del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal Federal de Justicia 685 Fiscal y Administrativa. Actualmente es abogado de empresa, socio del despacho Estrategas Tributarios Integrales, y, Director del despacho Consultores en Impuestos. 28 " id="pdf-obj-29-30" src="pdf-obj-29-30.jpg">
1 Contador Público certificado en el área fiscal, abogado con maestría en Derecho Fiscal, doctorante en Derecho Fiscal en el Colegio Mayor de San Carlos, Campus Pacifico. Es catedrático de las licenciatura y maestría en Derecho y Contaduría Pública. Actualmente se desempeña en la práctica legal como abogado y contador público independiente. manuel_fusion@hotmail.com
2 Abogado con especialidad y maestría en Impuestos, doctorante en Derecho Fiscal en el Colegio Mayor de San Carlos, Campus Pacifico. Es catedrático de licenciatura, especialidad y maestría, en universidades de Guerrero y Morelos. Actualmente se desempeña en la práctica legal como abogado independiente. ericktributario2012@hotmail.com
3 Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Guerrero, cuenta con experiencia como Secretario del Tribunal Contencioso Ad - ministrativo del Estado de Guerrero, Encargado del Módulo del Registro del Sistema de Justicia en Línea del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa. Actualmente es abogado de empresa, socio del despacho Estrategas Tributarios Integrales, y, Director del despacho
Consultores en Impuestos.
En la materia penal regularán su apli - cación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial.
Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser ex- plicadas en audiencia pública previa citación de las partes.
Las leyes federales y locales estable - cerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.
La Federación y las entidades federa - tivas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de ca - lidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profe - sional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que corres- pondan a los agentes del Ministerio Pú - blico. Nadie puede ser aprisionado por deu - das de carácter puramente civil.”
Sobre el derecho humano de acceso a la jus - ticia, mediante una tesis aislada, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó:
Época: Décima Época Registro: 2003018 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tesis: 1a. LXXIV/2013 (10a.) Materia(s): Constitucional Página: 882
SUS ETAPAS. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre De - rechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determina - dos factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efecti - vos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, como se señaló en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: “GARANTÍA A LA TUTELA JURIS - DICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNI - DOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.”, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de - finió el acceso a la tutela jurisdiccional como el de - recho público subjetivo que toda persona tiene, den - tro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales indepen - dientes e imparciales, a plantear una pretensión o a
defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres de - rechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el
derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del dere -
cho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pro - nunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden las garantías del debido proceso;
y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Los derechos antes men - cionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autorida - des que, al pronunciarse sobre la determinación de de - rechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales. 1
De la tesis transcrita con anterioridad, se desprende que el acceso a la justicia es el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas for- malidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión.
“Una de la formas en que se justifica la existencia del Estado, mediante los órganos encargados, es impar- tir justicia, la cual debe ser gratuita; de otra manera no acudirían a los tribunales todas las personas, so - bre todo las de escaso recursos, ante la imposibilidad de pagar los derechos respectivos que se cobrarían en su caso, lo que implicaría una real denegación de justicia. Para evitarlo, la Constitución dispone que el servicio por tal concepto es gratuito.” 2
medio de la fuerza, cada uno la utilizaba para defender su posición, ya que en aque - llos tiempos, no había un tercero imparcial que tuviera la competencia para resolver las controversias.
“Originariamente la acción, se refería a una actividad privada: matar, castigar. Considerada la acción, como derecho au- tónomo, a esta etapa se le conocía como el régimen de autodefensa. Así, el poder público no interviene en esta época en la tutela y restablecimiento del derecho. El sujeto que se consideraba amenazado u ofendido solía reaccionar de manera vio - lenta, ya que la fuerza es el único medio de que cada uno disponía para la salva - guardia de sus intereses, así el presunto agraviado se convertía de este modo en juez y parte.” 3 “Corresponde al particular la facultad de defender su derecho, repeler los ataques dirigidos contra éste, y conseguir por toda suerte de medios, cuando la viola - ción se ha consumado, el restablecimien - to de las cosas a su estado anterior” 4
Este tipo de defensa es denominado por la doctrina como régimen de autodefensa, o, autotutela ...
Es de hacer mención, que hace mucho tiempo, en la épo - ca primitiva de la humanidad, cuando surgían conflictos
consiste en la imposición de la pre -
ajeno.” 5
entre las personas, éstas arreglaban los problemas por
tensión propia en perjuicio del interés
1 Tesis: 1a. LXXIV/2013 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. I, marzo de 2013, p. 882.
2 Carrasco Iriarte, Hugo, “Derecho fiscal constitucional”, 4a. ed., México, Oxford, 1999, p. 83.
3 Martínez Ferríz, José L. J.,”La coacción en el derecho”, en Sánchez de la Torre, Ángel, Fuertes-Planas Aleix, Cristina, “Fundamentos de cono - cimiento jurídico. Principios jurídicos en la definición del derecho. Principios del derecho III”, Madrid, Dykinson, 2016, p. 257.
4 García Máynez, Eduardo, “Introducción al estudio del derecho”, 59a. ed., México, Porrúa, 2006, p. 227.
5 Ovalle Favela, José, “Teoría general del proceso”, 6a. ed., México, Oxford, 2010, p. 8.
Por el contrario, actualmente dicho régimen de autode - fensa está prohibido constitucionalmente, dejándose la solución de las controversias, en la generalidad de los casos, al Estado. El artículo 17 de la Constitución Polí - tica de los Estados Unidos Mexicanos menciona en su parte toral lo siguiente:
“Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justi - cia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las le - yes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (…)”
“La segunda garantía de seguridad jurídica que descubrimos en el artículo 17 constitucional consiste en que ‘ninguna persona puede hacer- se justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho’. En términos estrictos, esta disposición constitucional no contiene una garan - tía individual propiamente dicha. (…) la preven - ción constitucional (…) impone al sujeto deberes negativos: No hacerse justicia por su propia mano y no ejercer violencia para reclamar su derecho. Además (…) contiene tácitamente para los gober- nados, un deber positivo (…) y que estriba en acu - dir a las autoridades estatales en demanda de justicia o para reclamar sus derechos.” 6
Es decir, como bien lo mencionamos en pá - rrafos anteriores, en la actualidad nadie pue - de reclamar por sí mismo un supuesto dere - cho, ya que para ello está el Estado, como encargado de dirimir los conflictos surgidos entre particulares, por medio de tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes respectivas.
“Por extensión, se ha considerado que el artículo 17 constitucional, también rige a los particulares, los que tampo - co pueden hacerse justicia por propia mano. La vindicta privata ya pertenece al pasado. La existencia de autoridades judiciales que resuelvan controversias en nombre del Estado excluye la justicia por propia mano.” 7
La función de dirimir conflictos por parte del estado, se denomina función jurisdiccional.
“La función jurisdiccional ésta organi - zada para dar protección al derecho, para evitar la anarquía social que se produciría si cada quien se hiciera jus - ticia por su propia mano; en una pala - bra, para mantener el orden jurídico y para dar estabilidad a las situaciones de derecho” 8 .
Por lo tanto, cuando el gobernado considere que una disposición jurídica en materia fiscal es inconstitucional, podrá acudir a los tribu - nales federales en los términos y plazos que
6 Burgoa, Ignacio, “Las garantías individuales”, 41a. ed., México, Porrúa, 2009, p. 636. 7 Arellano García, Carlos, “Teoría general del proceso”, 17a. ed., México, Porrúa, 2009, p. 60. 8 Fraga, Gabino, “Derecho administrativo”, 24a. ed., México, Porrúa, 1985, p. 52.
fija la Ley de Amparo, a interponer el Juicio de Amparo Indirecto ante los Juzgados de Distrito, con el objetivo de solicitar el ampa - ro y protección de la justicia federal.
Mexicanos.El amparo protege a las personas fren - te a normas generales, actos u omisiones por par- te de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley.”
El artículo 1 de la Ley de Amparo indica tex- tualmente:
Por otra parte, en el artículo 3 de la Ley de Amparo se indica:
I. Por normas generales, actos u omi- siones de autoridad que violen los de - rechos humanos reconocidos y las ga - rantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Esta - dos Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omi- siones de la autoridad federal que vul- neren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos recono - cidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omi- siones de las autoridades de los Esta - dos o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autori- dad federal, siempre y cuando se vio - len los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Cons-
titución Política de los Estados Unidos
“Artículo 3o. En el juicio de amparo las promocio -
nes deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audien - cias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna.
Los escritos en forma electrónica se presenta - rán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emi - ta el Consejo de la Judicatura Federal.
La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sis- tema electrónico del Poder Judicial de la Federa - ción y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notifi- caciones oficiales, así como consultar acuerdos, re - soluciones y sentencias relacionadas con los asun - tos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos ju - risdiccionales están obligados a que el expedien - te electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes.
El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente im - preso. Los titulares de los órganos jurisdiccio - nales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promo - ciones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resolu - ciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser in - corporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada pro - moción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le con - fiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el co - rrecto funcionamiento de la Firma Elec- trónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley.”
Bajo esta línea de raciocinio, cuando un con - tribuyente considere que una disposición
jurídica en materia fiscal es inconstitucional, el medio idóneo será el juicio de amparo indirecto, el cual en el artículo 107 de la Ley de Amparo se indica:
I. Contra normas generales que por su sola en - trada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.
Para los efectos de esta Ley, se entiende por nor - mas generales, entre otras, las siguientes:
a) Los tratados internacionales aprobados en los
términos previstos en el artículo 133 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexica - nos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos;
c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto
de Gobierno del Distrito Federal;
g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resolu -
ciones de observancia general;
II. Contra actos u omisiones que provengan de au - toridades distintas de los tribunales judiciales, ad - ministrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones prove - nientes de un procedimiento administrativo segui- do en forma de juicio, siempre que se trate de:
a) La resolución definitiva por violaciones come -
tidas en la misma resolución o durante el proce -
dimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y
b) Actos en el procedimien- to que sean de imposible reparación, entendiéndo - se por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi- canos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;
IV. Contra actos de tribuna - les judiciales, administrati- vos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido.
Si se trata de actos de eje - cución de sentencia sólo po - drá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reco - noce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumpli- miento, o las que ordenan el archivo definitivo del expe - diente, pudiendo reclamar- se en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento
que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución.
En los procedimientos de remate la última resolución es aqué - lla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escri- tura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible repa - ración, entendiéndose por ellos los que afecten materialmen - te derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacio - nales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a perso - nas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investi- gación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o decli- nar la competencia o el conocimiento de un asunto, y IX. Contra normas generales, actos u omisiones de la Comi - sión Federal de Competencia Económica y del Instituto Fede - ral de Telecomunicaciones.
Tratándose de resoluciones dictadas por dichos órganos emanadas de un procedimiento segui- do en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones come - tidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida.”
Procedimiento para presentar una demanda de amparo indirecto vía online
Estimados lectores de la revista PAF, a continuación les mostramos el procedimiento a seguir para pre - sentar una demanda de amparo indirecto vía online.
I ngresar a la página principal del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. La dirección electrónica es:
http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea
Es recomendable registrarse como usuario, para poder acceder a todas las opciones de la platafor-
ma. Antes de enviar la demanda de amparo, procederemos a registrarnos. Daremos click en “Juzga -
dos de Distrito y Tribunales de Circuito”.
Para continuar, se deberá dar click en “Registrar Usuario”.
Los primeros datos solicitados son los siguientes:
Nombre Apellido Paterno Apellido Materno CURP C orreo electrónico Usuario Contraseña Confirmar tu contraseña Código de verificación
Tel.: (55) 8437-5029
(55) 8437-5030
SIN OPE
ventas@sinope.com.mx
I nmediatamente después de ingresar los datos solicitados, se deberá dar click en el recuadro “Ya
cuentas con Firma Electrónica”.
El sistema solicitará los archivos correspondientes y contraseña, por lo que se deberán ingresar,
pudiendo escoger entre la FIREL y la FIEL.
Después, damos click en “Registrar Usuario”.
L a plataforma mostrará un cuadro de texto, daremos click en “Aceptar”.
I nmediatamente después, abriremos el correo electrónico que ingresamos. Abriremos el mensaje
que nos enviaron, el cual es el siguiente:
Para continuar, en el correo electrónico deberemos dar click en “Aquí”.
H echo lo anterior, la plataforma del Poder Judicial de la Federación indicará que el registro fue exi - toso. Se deberá dar click en “Ir al Inicio”.
En la página de inicio, para presentar la demanda de amparo indirecto se deberá dar click en “De - manda de Amparo”.
L a plataforma del Poder Judicial presentará un nuevo campo de trabajo.
S e deberá ingresar la siguiente información:
Después de ingresar la información, daremos click en “Siguiente”.
A continuación, elegiremos la entidad federativa.
I nmediatamente después, elegiremos la ciudad correspondiente.
L a plataforma solicitará la oficina de correspondencia común.
Para continuar, daremos click en “Continuar”.
Se ingresará la demanda, ya sea mediante plantilla o archivo.
Opción plantilla
En caso de elegir la opción “Archivo”, seleccionar los archivos a “subir” y dar click en “Siguiente”.
Realizados los pasos anteriores, se presentará el resumen de la demanda.
Para continuar, daremos click en “Firmar documentos”.
Procederemos a firmar los documentos, ya sea con la FIREL o FIEL.
Por último, ingresaremos el código verificador y daremos click en “Presentar Demanda”.
L a plataforma presentará un cuadro de dialogo, elegiremos la opción más adecuada y daremos click en “Aceptar”.
L a plataforma presentará el acuse de presentación de la demanda.
Cuando los contribuyentes consideren que una disposición jurídica en materia fiscal es inconstitucional, pueden acudir a los tribunales federales a interponer el juicio de amparo indirecto, por lo anterior, en el presente artículo mostramos el procedimiento a seguir para realizarlo vía online, no sin antes mencionar algu - nos fundamentos jurídicos relativos al tema.
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Mtro. Erick Manuel Aranda Hernández 1 Mtro. Manuel Cuauhtémoc Parra Flores 2
Haciendo una recapitulación de todo lo observado en las partes anteriores del artículo, mencionamos que los juicios mercantiles están regulados por leyes fede - rales, sin embargo, conforme a nuestra Constitución Política, cuando las controversias solo afecten intereses particulares, los litigios pueden resolverse a elección del actor ante tribunales locales o federales.
Entre los diferentes juicios y procedimientos mercanti - les, están los juicios ejecutivos mercantiles, que son la vía procesal idónea para lograr el cobro de títulos que traen aparejada ejecución, verbigracia, los títulos de crédito, tales como el pagaré, letra de cambio, cheque, etc.
Presentada la demanda, junto con el título de crédito, ante el juzgado competente, éste emitirá un primer auto,
con efectos de mandamiento en forma, conocido como
auto de exequendo, para que el deudor sea requerido de pago; y no haciéndolo, se le embarguen bienes suficientes, para poste - riormente emplazarlo a juicio.
También presentamos a los lectores de la revista PAF, un título de crédito denomina - do “pagaré”, la demanda correspondiente, el auto de radicación-exequendo en el juzgado local, otro auto de radicación-exequendo en un juzgado federal, y por último, el acta rela - tiva a la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento.
En posterior entrega, recalcamos la impor- tancia de la confesión judicial en la diligen - cia de exequendo, así como el tema relativo al domicilio del demandado señalado en la demanda, y que a la postre no resulta ser
1 Abogado con especialidad y maestría en impuestos, doctorante en Derecho Fiscal en el Colegio Mayor de San Carlos, Campus Pacifico. Es catedrático de licenciatura, especialidad y maestría, en universidades de Guerrero y Morelos. Actualmente se desempeña en la práctica legal como abogado independiente. 2 Contador Público certificado en el área fiscal, abogado con maestría en Derecho Fiscal, doctorante en Derecho Fiscal en el Colegio Mayor de San Carlos, Campus Pacifico. Es catedrático de licenciatura y maestría en Derecho y Contaduría Pública. Se desempeña en la práctica
legal como abogado y contador público independiente.
correcto. Hicimos hincapié que puede seña - larse el nuevo domicilio cuando es conocido posteriormente.
En el número anterior, les presentamos sen - dos escritos donde se solicitaba al juzgado, la emisión de los oficios respectivos para lle - var a cabo la inscripción del embargo ante el Registro Público. En ellos, también acu - sábamos la rebeldía del demandado por no contestar la demanda, tanto, para que se de - clarará precluido su derecho ha hacerlo con posterioridad, como, para dar impulso pro - cesal al juicio, y con ello, evitar la caducidad de la instancia. Así, al final de la entrega, les presentamos cómo es un auto admisorio de pruebas.
Sepa usted que, el resumen expuesto co - rresponde al caso: cobro de un pagaré por la cantidad de $160,000.00, en el que recalca - mos: NO SE CONTESTO LA DEMANDA, Y SE LE ACUSÓ DE REBELDÍA, QUEDANDO EN LA ETAPA DEL AUTO ADMISORIO DE PRUEBAS.
En el presente artículo, volveremos un poco atrás en el procedimiento, para mostrarles un caso diferente en donde sí se contestó la demanda.
Una vez que el actor presenta su demanda mercantil ante el juzgado, éste emitirá un primer auto denominado de exequendo, para requerirse de pago al deudor, y, en caso de no hacerlo, se le embargarán bienes
suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas. Acto seguido, se le emplazará a juicio.
El artículo 1394 del Código de Comercio (CCo) indica:
“Artículo 1394. La diligencia de embargo se ini - ciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entien - da, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entien - de la diligencia, para que señale bienes suficien - tes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho deman - dado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo
1061.”
Por lo tanto, si el deudor en la diligencia de requeri - miento de pago, no lo satisface, se le embargarán bienes suficientes y posteriormente se le emplazará a juicio. El artículo 1396 del CCo. Indica:
“Artículo 1396.- Hecho el embargo, acto continuo se notificará al demandado, o a la persona con quien se haya practicado la diligencia para que dentro del término de ocho días, el que se compu - tará en términos del artículo 1075 de este Código, comparezca la parte demandada ante el juzgado a hacer paga llana de la cantidad reclamada y
las costas, o a oponer las excepciones que tuviere para ello. Artículo 1075.- Todos los términos judiciales em - pezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que hayan surtido efectos el emplazamiento o notificaciones y se contará en ellos el día de ven - cimiento. Las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se hayan practicado, y las demás surten al día siguiente, de aquel en que se hubie - ren hecho por boletín, gaceta o periódico judicial, o fijado en los estrados de los tribunales, al igual que las que se practiquen por correo o telégrafo, cuando exista la constancia de haberse entrega - do al interesado, y la de edictos al día siguiente de haberse hecho la última en el periódico oficial del Estado o del Distrito Federal. Cuando se trate de la primera notificación, y ésta deba de hacerse en otro lugar al de la residencia del tribunal, aumentará a los términos que señale la ley o el juzgador, un día más por cada doscientos kilómetros o por la fracción que exceda de cien, pudiendo el juez, según las dificultades de las co - municaciones, y aún los problemas climatológicos aumentar dichos plazos, razonando y fundando debidamente su determinación en ese sentido.”
bien, obtener sentencia favorable en forma parcial o total.” 3
Por lo tanto, si el deudor no pretende rea - lizar el pago, tendrá que oponer las excep - ciones que tuviere para ello, bajo pena que precluya su derecho para hacerlo con pos - terioridad.
“Artículo 1078.- Una vez concluidos los términos fijados a las partes, sin ne - cesidad de que se acuse rebeldía, se - guirá el juicio su curso y se tendrá por perdido el derecho que debió ejercitar- se dentro del término correspondiente.
Artículo 1379.- Las excepciones que tenga el demandado, cualquiera que sea su naturaleza, se harán valer simul- táneamente en la contestación y nunca después, a no ser que fueren superve - nientes.”
Respecto a las excepciones y defensas en materia mercantil, un tribunal colegiado de circuito se pronunció de la siguiente manera:
La excepción “es el derecho subjetivo que posee la per- sona física o moral, que tiene el carácter de demanda - da o de contrademandada en un proceso, frente al juz- gador y frente a la parte actora o reconviniente en su caso, para contradecir lo establecido por el actor en la demanda o lo determinado por el reconviniente en la contrademanda, y cuyo objeto es detener el proceso o
Época: Octava Época Registro: 208421 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Tesis Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Ju - dicial de la Federación
3 Arellano García, Carlos, “Teoría general del proceso”, 17a. ed., México, Porrúa, 2009, p. 303.
Tesis: VI.2o.545 C Materia(s): Civil Página: 336
EXCEPCIONES Y DEFENSAS EN MATE - RIA MERCANTIL. DEBEN OPONERSE EN
LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. Es cierto que en materia mercantil la acción debe ser estudiada de oficio según se advier- te de los artículos 1194 y 1326 del Código de Comercio que establecen que el actor está obligado a probar su acción, y que cuando el actor no probare su acción será absuelto el demandado. Pero no ocurre lo mismo con las excepciones, las cuales no pueden ser consideradas de oficio por el juez, sino que es necesario que las haga valer el demanda - do para que formen parte de la litis. Por lo tanto, las excepciones o defensas que la par- te demandada tenga frente al actor en con - tra de la acción intentada, debe oponerlas expresamente al contestar el libelo, porque si no lo hace precluye su derecho para tal efecto y el juzgador no puede tomarlas en consideración al dictar sentencia, por dispo - sición expresa del artículo 1327 del Código de Comercio.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo 86/89. Enrique Martínez López. 25 de abril de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Se - cretario: Humberto Schettino Reyna. 4
Es decir, las excepciones y defensas deben oponerse al contestar la demanda, pues en caso contrario, precluye su derecho, y el juzgador no tendría por qué ocuparse de cuestiones que no forman parte de la Litis, dado que el procedimiento se rige por estricto derecho y no le es permitido al juzgador la suplencia de la queja en favor del demandado.
Época: Novena Época Registro: 204466 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Tesis Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Tesis: XX.26 C Materia(s): Civil Página: 497
DEFENSAS Y EXCEPCIONES EN EL JUICIO EJE - CUTIVO MERCANTIL. EL JUEZ NATURAL Y EN SU MOMENTO LA SALA RESPONSABLE NO TIENE PORQUE OCUPARSE DE CUESTIONES QUE NO FORMAN PARTE DE LA LITIS SI EL DEMANDADO DEJA DE ACOMPAÑAR LOS DOCUMENTOS INDU - BITABLES A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 1061, FRACCIÓN III, Y 1062 DEL CÓDIGO DE CO -
MERCIO Y NO PRECISA CON EXACTITUD LAS. Si en un juicio ejecutivo mercantil el demandado se opuso a la ejecución negando la procedencia de la acción inten - tada en su contra, realizando manifestaciones genéricas que no precisan con exactitud su defensa, dejando de acompañar los documentos indubitables a que se refie -
ren los artículos 1061, fracción III, y 1062 del Código de
4 Este criterio ha integrado la jurisprudencia VI.2o.C. J/262, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, marzo de 2006, página 1837, de rubro: “EXCEPCIONES Y DEFENSAS EN MATERIA MERCANTIL. DEBEN OPONERSE EN LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.”
Comercio, el juzgador natural y, en su momento oportu - no, la Sala responsable no tenían porqué ocuparse de esas cuestiones que no formaron parte de la litis, lo que tiene como fundamento la necesidad de que el proce - dimiento no carezca de firmeza y seguridad, pues de lo contrario faltarían éstas, vulnerándose la congruencia indispensable entre las actuaciones del juicio, tradu - ciéndose en una injustificada suplencia de la queja en favor del demandado en una materia en la que impera en forma irrestricta el principio de estricto derecho.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGESIMO CIRCUITO. Amparo directo 129/95. Guillermo González Cinco. 27 de abril de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Fran - cisco A. Velasco Santiago. Secretario: José Gabriel Cle - mente Rodríguez.
relacionándolas con los hechos y acom- pañando los documentos que exige la ley para las excepciones.”
Es decir, las excepciones y defensas oponi - bles en contra de un título de crédito son li - mitadas, pues éstos constituyen una prueba preconstituida de la acción ejercitada, al ser documentos cuya existencia es autónoma e independiente de la operación de que de - riva y, por sí mismo, constituye una prueba preconstituida de la obligación incondicio - nal de los deudores de pagar la cantidad que ampara el título de crédito, en la forma y términos que ahí constan.
Por lo tanto, si el deudor y ahora demandado en el juicio mercantil, no realiza o no pretende realizar el pago, ten - drá la carga procesal de contestar la demanda. Sin em - bargo cuando el actor ejercita la acción derivado de un título de crédito, el demandado solo podrá oponer las excepciones de artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Época: Novena Época Registro: 192600 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Tesis Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Ju - dicial de la Federación Tesis: I.8o.C.215 C Materia(s): Civil Página: 1027
“Artículo 1399. Dentro de los ocho días siguientes al requerimiento de pago, al embargo, en su caso, y al emplazamiento, el demandado deberá contestar la demanda, refiriéndose concretamente a cada hecho, oponiendo únicamente las excepciones que permite la ley en el artículo 1403 de este Código, y tratándose de títulos de crédito las del artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, y en el mismo escrito ofrecerá pruebas,
PAGARÉS. SON PRUEBA PRECONSTI - TUIDA, Y ES AL DEMANDADO A QUIEN CORRESPONDE PROBAR SUS EXCEP -
CIONES. El pagaré tiene el carácter de título ejecutivo, y constituye una prueba preconstituida de la acción, pues el propio documento contiene la existencia del dere - cho, define al acreedor y al deudor, y deter- mina la prestación cierta, líquida y exigible
de plazo y condiciones cumplidos, como pruebas todas ellas consignadas en el título; en tal virtud, es al demandado a quien co - rresponde probar sus excepciones.
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MA - TERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 508/99. Aurelio Flores Del - gado. 7 de junio de 1999. Unanimidad de vo - tos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hi - dalgo. Secretaria: Edith Alarcón Meixueiro. 5
El artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC) establece:
“Artículo 8o.- Contra las acciones derivadas de un título de crédito, sólo pueden oponer - se las siguientes excepciones y defensas:
I.- Las de incompetencia y de falta de perso - nalidad en el actor; II.- Las que se funden en el hecho de no ha - ber sido el demandado quien firmó el docu - mento; III.- Las de falta de representación, de poder bastante o de facultades legales en quien subscribió el título a nombre del demanda - do, salvo lo dispuesto en al artículo 11; IV.- La de haber sido incapaz el demandado al suscribir el título; V.- Las fundadas en la omisión de los requi- sitos y menciones que el título o el acto en él consignado deben llenar o contener y la ley
no presuma expresamente, o que no se hayan satisfecho dentro del término que señala el artículo 15; VI.- La de alteración del texto del documento o de los demás actos que en él consten, sin perjuicio de lo dis- puesto en el artículo 13; VII.- Las que se funden en que el título no es negociable; VIII.- Las que se basen en la quita o pago parcial que consten en el texto mismo del documento, o en el depósi - to del importe de la letra en el caso del artículo 132; IX.- Las que se funden en la cancelación del título, o en la suspensión de su pago ordenada judicialmente, en el caso de la fracción II del artículo 45;
X.- Las de prescripción y caducidad y las que se basen en la falta de las demás condiciones necesarias para el ejercicio de la acción; XI.- Las personales que tenga el demandado contra el actor.”
5 Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, página 266, tesis 398, de rubro: “TÍTULOS EJECUTI - VOS.” y Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, agosto de 1993, página 596, tesis VI.2o.854 C, de rubro: “TÍTULOS EJECUTIVOS. EXCEPCIONES CONTRA LA ACCIÓN DERIVADA DE LOS. CARGA DE LA PRUEBA.”
A continuación mostramos parte de una sentencia en donde el demandado opuso otras excepciones sin fundarse en el artículo 8 de la LGTOC:
Por otro lado, una vez que el demandado oponga las ex- cepciones que mejor crea conveniente, apegándose a lo dispuesto por el artículo 8 de la LGTOC, deberá acom - pañar las documentales respectivas en las que funde las mencionadas excepciones, bajo la pena de que el juzga -
dor no las admita. El artículo 1400 del CCo. indica:
“Artículo 1400.- Si el demandado de- jare de cumplir con lo dispuesto por el artículo 1061 de este ordenamiento res- pecto de las documentales en que funde sus excepciones, el juez dejará de admi- tirlas, salvo las que sean super venientes.
En caso de que el demandado hubiere exhibido las documentales respectivas, o cumplido con lo que ordena el artícu - lo 1061 de este ordenamiento, se ten - drán por opuestas las excepciones que permite la ley, con las cuales se dará vista al actor por tres días para que ma - nifieste y ofrezca las pruebas que a su derecho convenga.”
Por otro lado, el artículo 1061 del CCo. men - ciona:
“Artículo 1061.- Al primer escrito se acompañarán precisamente:
I. El poder que acredite la personalidad del que comparece en nombre de otro; II. El documento o documentos que acrediten el carácter con que el litigan - te se presente en juicio, en el caso de tener representación legal de alguna persona o corporación, o cuando el de - recho que reclame provenga de habér- sele transmitido por otra persona I II. Los documentos en que el actor fun - de su acción y aquellos en que el de - mandado funde sus excepciones. Si se tratare del actor, y carezca de algún documento, deberá acreditar en su de - manda haber solicitado su expedición con la copia simple sellada por el ar- chivo, protocolo, dependencia o lugar
en que se encuentren los originales, para que, a su costa, se les expida certificación de ellos, en la forma que prevenga la ley. Si se tratare del deman - dado deberá acreditar la solicitud de expedición del documento de que carezca, para lo cual la co - pia simple sellada por el archivo, protocolo o de - pendencia, deberá exhibirla con la contestación o dentro de los tres días siguientes al del vencimien - to del término para contestar la demanda.
Se entiende que las partes tienen a su disposición los documentos, siempre que legalmente puedan pedir copia autorizada de los originales y exista obligación de expedírselos. Si las partes no tuvie - ren a su disposición o por cualquier otra causa no pudiesen presentar los documentos en que funden sus acciones o excepciones, lo declararán al juez, bajo protesta de decir verdad, el motivo por el que no pueden presentarlos. En vista a dicha manifes- tación, el juez, ordenará al responsable de la ex- pedición que el documento se expida a costa del interesado, apercibiéndolo con la imposición de alguna de las medidas de apremio que autoriza la ley.
Salvo disposición legal en contrario o que se trate de pruebas supervenientes, de no cumplirse por las par- tes con alguno de los requisitos anteriores, no se le re- cibirán las pruebas documentales que no obren en su poder al presentar la demanda o contestación como tampoco si en esos escritos no se dejan de identificar las documentales, para el efecto de que oportuna- mente se exijan por el tribunal y sean recibidas;
IV. Además de lo señalado en la fracción III, con la demanda y contestación se acompañarán to - dos los documentos que las partes tengan en su poder y que deban de servir como pruebas de su
parte; y, los que presentaren después, con viola - ción de este precepto, no le serán admitidos, sal- vo que se trate de pruebas supervenientes, y V. Copia simple o fotostática siempre que sean le - gibles a simple vista, tanto del escrito de demanda como de los demás documentos referidos, inclu - yendo la de los que se exhiban como prueba según los párrafos procedentes para correr traslado a la contraria; así como del Registro Federal de Contri - buyentes (RFC), de la Clave Única de Registro de Población (CURP) tratándose de personas físicas, en ambos casos cuando exista obligación legal para encontrarse inscrito en dichos registros, y de la identificación oficial del actor o demandado. Lo dispuesto en la fracción anterior, se observará también respecto de los escritos en que se oponga la excepción de compensación o se promueva re - convención o algún incidente.”
Además de los documentos que se deban acompañar, en el primer escrito se deberá señalar lo siguiente, de conformidad con el artículo 1069 del CCo:
“Artículo 1069.- Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera diligencia judicial, deben de - signar domicilio ubicado en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente
deben designar el domicilio en que ha de hacer-
se la primera notificación a la persona o personas contra quienes promueven. Cuando un litigante no cumpla con la primera parte de este artículo las noti - ficaciones se harán conforme a las Re - glas para las notificaciones que no de - ban ser personales, hasta en tanto sea señalado domicilio para los efectos re - feridos. Si no se designare domicilio de la contraparte, se le requerirá para que lo haga, y si lo ignoran se procederá en los términos del artículo siguiente.
Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para in - terponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caduci- dad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesa - rio para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un terce - ro. Las personas autorizadas confor- me a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legal - mente autorizadas para ejercer la pro - fesión de abogado o licenciado en De - recho, debiendo proporcionar los datos
correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este artículo.
Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables de los daños y perjui- cios que causen ante el que los autorice, de acuer- do a las disposiciones aplicables del Código Civil Federal, relativas al mandato y las demás conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado al tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia.
Respecto a la contestación de la demanda, debe cumplir los mismos requisitos exigidos para la demanda, los cuales están regulados en el artículo 1378 del CCo.:
“Artículo 1378. La demanda deberá reunir los requisitos siguientes:
I. El juez ante el que se promueve; II. El nombre y apellidos, denominación o razón social del actor, el domicilio que señale para oír y recibir notificaciones, su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), su Clave Única de Registro de Población (CURP) tratándose de per- sonas físicas, en ambos casos cuando exista obligación legal para encontrar- se inscritos en dichos registros, y la cla - ve de su identificación oficial;
Los tribunales llevarán un libro de registro de cé - dulas profesionales de abogados, en donde po - drán registrarse los profesionistas autorizados.
Las partes podrán designar personas solamente autorizadas para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquiera con capacidad legal, quien no gozará de las demás facultades a que se refie - ren los párrafos anteriores.
El juez al acordar lo relativo a la autorización a que se refiere este artículo deberá expresar con toda claridad el alcance con el que se reconoce la auto - rización otorgada.”
III. El nombre y apellidos, denomina - ción o razón social del demandado y su domicilio; IV. El objeto u objetos que se reclamen con sus accesorios; V. Los hechos en que el actor funde su petición en los cuales precisará los do - cumentos públicos o privados que ten - gan relación con cada hecho, así como si los tiene a su disposición. De igual manera proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que hayan pre - senciado los hechos relativos.
Asimismo, debe numerar y narrar los hechos, exponiéndolos sucintamente con claridad y precisión; VI. Los fundamentos de derecho y la clase de acción procurando citar los preceptos legales o principios jurídicos aplicables; VII. El valor de lo demandado; VIII. El ofrecimiento de las pruebas que el actor pretenda rendir en el juicio, y IX. La firma del actor o de su represen - tante legítimo. Si éstos no supieren o no pudieren firmar, pondrán su huella digital, firmando otra persona en su nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias.
Respecto al requisito mencionado en la fracción V el actor deberá mencionar los documentos públicos y privados que tengan relación con dicha demanda, así como si los tiene o no a su disposi- ción debiendo exhibir los que posea, y acreditar haber solicitado los que no tengan en los términos del artículo 1061. De igual manera, proporcionará los nombres y apellidos de los testigos que hayan presenciado los hechos con - tenidos en la demanda, y las copias simples prevenidas en el artículo 1061.
Admitida la demanda se emplazará al demandado para que produzca su contestación dentro del térmi- no de quince días. Con el escrito de contestación a la demanda se dará vista al actor, para que manifieste lo que a su derecho convenga dentro del término de tres días y para que mencione a los testigos que hayan pre - senciado los hechos, y los documentos relaciona - dos con los hechos de la contestación de demanda.
El escrito de contestación se formulará ajustán - dose a los términos previstos en este artículo para la demanda.
El demandado, al tiempo de contestar la demanda, podrá proponer la reconvención. Si se admite por el juez, ésta se notificará personalmente a la parte ac- tora para que la conteste en un plazo de nueve días. Del escrito de contestación a la reconvención, se dará vista a la parte contraria por el término de tres días para que mencione a los testigos que hayan pre - senciado los hechos, y los documentos relacionados con los hechos de la contestación a la reconvención. El juicio principal y la reconvención se discutirán al propio tiempo y se decidirán en la misma sentencia.”
Una vez analizados todos los elementos anteriores, pre - sentamos una contestación a la demanda, haciendo la observación que algunos de los requisitos que exige el 1378 del CCo, no se plasmaron, dado que el fundamen - to jurídico fue recientemente modificado por parte del legislador.
Para finalizar, les presentamos estimados lectores de la revista PAF, el auto que determina por contes - tada la demanda:
En la presente parte del artículo, analizamos varios elementos de la contestación de la demanda. Obsérvese que en la contesta - ción plasmada con anterioridad se solicitó una audiencia de conciliación, etapa que no existe como tal en el juicio ejecutivo mer- cantil. A diferencia del juicio oral mercantil, si hay una secuela procesal para tal fin.
Lo anterior no es obstáculo para que pueda llevarse a cabo una conciliación; tan es así, que el propio juzgado determinó fecha para realizarse, por lo tanto, en el si - guiente numero seguiremos analizando más cuestiones relativas al juicio ejecutivo mercantil, recordándoles que el caso originalmente expuesto del cobro del pagare por $ 160,000.00 será continuado con posterioridad, una vez agotadas otras cuestiones previas.
C.P. Heriberto Damián Antúnez 1
En el mundo, dentro de los grupos más vulnerables que sufren desigual - dad laboral, está el grupo de trabajadores con discapacidades físicas. Éste, ad emás de enfrentarse con la dificultad de incorporarse al mercado laboral, también suele padecer discriminación, ya sea porque percibe un ingreso me - nor, o está desempeñando funciones en lugares no acondicionados para sus discapacidades físicas. A pesar de esto, la Organización Internacional del Tra - bajo (OIT) ha reconocido que muchos países están impulsando la inclusión l aboral de personas con discapacidades físicas.
En México, particularmente, se aplican diversos programas. Uno de ellos es el “El programa Nacional el Trabajo y Empleo para las Personas con Discapa - cidad 2014-2018”, el cual tiene por objetivo brindar los elementos necesarios pa ra capacitar, rehabilitar, profesionalizar e incorporar en el mercado labo - ral, en igualdad de condiciones, a personas con discapacidades físicas. Otras iniciativas para la inclusión laboral, son promovidas por empresas y organi - zaciones de la sociedad civil, por ejemplo, “Éntrale. Alianza para la inclusión l aboral de personas con discapacidad”, impulsada por el Consejo Mexicano de Negocios.
1 Integrante de la Comisión de Seguridad Social- Sur del Colegio de Contadores Públicos de México.
El Estado mexicano -a través del sistema tributario- también se suma a la promoción del empleo para personas con discapaci - dad, pues otorga estímulos fiscales a las empresas o patrones que los contratan.
Estos estímulos pueden ser:
1. Deducción del cien por ciento del Im - puesto Sobre la Renta (ISR) retenido y en terado
Es uno de los estímulos fiscales que el sis - tema tributario mexicano otorga a los pa -
trones que contraten personas con discapacidad: a) física, que requieran utilizar permanentemente pró - tesis, muletas o sillas de ruedas; b)mental; c) auditiva o de lenguaje, en un ochenta por ciento o más de la capacidad normal o tratándose de invidentes. Podrán deducir de sus ingresos el cien por ciento del impuesto sobre la renta retenido y enterado -de cada trabajador con discapacidad- conforme al Capítulo I, del Título IV, de la Ley del ISR (LISR). Siempre y cuando, el patrón inscriba en el régimen obligatorio del seguro social a los trabajadores conforme lo marca el artículo 12 de la Ley del Seguro Social (LSS), y, obtenga el certificado de incapacidad que señale el tipo y grado de la disca -
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pacidad del trabajador. (Artículo 186 en la LISR, Título VII “De los estímulos fiscales”, Capítulo II “De los patrones que contraten a personas que padezcan discapacidad y adultos mayores”).
2. Inversión en adaptaciones o remodela - ción de activos fijos
En el artículo 34, fracción XII, de la LISR, se establece que las inversiones en adapta - ción de instalaciones que impliquen adicio - nes o mejoras al activo fijo, como rampas, elevadores, pasamanos, estacionamientos, entre otros, podrán deducir el cien por ciento del importe invertido en las modi - ficaciones, siempre y cuando, la finalidad s ea: facilitar el acceso o el tránsito, dentro de las instalaciones, de las personas con discapacidad a que se refiere el artículo 186 de ésta misma Ley.
3. Deducción del veinticinco por ciento del salario pagado a personas discapaci - tadas
diente, un monto adicional equivalente al veinticinco po r ciento del salario efectivamente pagado al perso - nal con alguna discapacidad motriz, que para superar- la, requieran usar permanentemente prótesis, muletas o silla de ruedas; discapacidad auditiva o de lenguaje en un ochenta por ciento o más de la capacidad nor- mal; discapacidad mental; o bien, cuando se empleen invidentes. Para estos efectos, se deberá considerar la totalidad del salario que sirva de base para calcular, en el ejercicio que corresponda, las retenciones del ISR
del trabajador que se trate, en los términos del artícu - lo 96, de la LISR.
El siguiente estímulo, se otorga a través de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) y se menciona en el artículo 16, fracción X, consistente en deducir de los ingresos acumulables del contribuyente para efec -
tos del ISR por el ejercicio fiscal correspon -
Lo dispuesto en la presente fracción será aplicable siempre que el contribuyente cumpla, respecto de los trabajadores a que se refiere la presente fracción, con las obligaciones contenidas en el artículo 15 de la LSS, las de retención y entero a que se refiere el Título IV, Capítulo I de la LISR, y, obtenga, respecto de los tra -
bajadores a que se refiere este artículo, el certificado de discapacidad del trabajador expedido por el Instituto Mexicano del Se - guro Social (IMSS).
Los contribuyentes que apliquen el estí - mulo fiscal previsto en esta fracción por la contratación de personas con discapaci - dad, no podrán aplicar en el mismo ejerci - cio fiscal, respecto de las personas por las
q ue se aplique este beneficio, el estímulo fiscal a que se refiere el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Finalmente, es importante señalar que, con estas me - didas, se busca incentivar a las empresas y patrones p ara que participen con una mayor inclusión de per- sonas con un grado de discapacidad en el mercado l aboral, con lo cual, además, se mejora la reputación corporativa de forma interna y externa, generando un efecto positivo a nivel organizacional.
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INSTITUCIONES DE TECNOLOGÍA FINANCIERA: NUEVA FIGURA ORGANIZATIVA EN LA ERA DIGITAL
C.P. Wilfredo Fabian García*
El pasado 30 de octubre, el pleno de la Comisión Federal de Competencia Econó - mica (COFECE), remitió al senado de la re - pública una serie de consideraciones sobre la iniciativa de ley, con el objeto de potenciar la competencia e innovación en el mercado de los servicios financieros, cuyo objetivo es elevar la calidad para promover una mayor variedad y reducir los costos para los usua - rios de tales servicios financieros.
Fue así que hasta el 7 de diciembre del año pasado, se aprobó en el senado la “Ley Fin - tech” por unanimidad y se turnó a la cámara de diputados para su análisis y aprobación. El 1 de marzo de 2018 se aprobó en lo ge - neral y particular el dictamen que expide la ley para regular las instituciones de tecno - logía financiera con 264 votos a favor, 61 en contra y una abstención, posteriormente se envió al ejecutivo para su publicación en el diario oficial de la federación el día 9 de mar- zo del año en curso.
El término Fintech deriva de las palabras “finance tech - nology”, se utiliza para denominar a las empresas que ofrecen productos y servicios financieros, haciendo uso de tecnologías de la información y comunicación, como páginas de internet, redes sociales y aplicaciones para celulares. De esta manera, prometen que sus servicios sean menos costosos y más eficientes que los ofrecidos por la banca tradicional. Actualmente operan alrededor de 158 Fintech en el país.
Estas empresas financieras operan como intermediarios en transferencias de dinero, prestamos, compras y venta de títulos financieros; también ofrecen asesoría en áreas como pagos y remesas, gestión de finanzas personales, gestión de inversiones, seguros, y educación financiera.
*Maestrante en Impuestos; Encargado de despacho WF Asesoría, Tuxtla Gutierrez, Chiapas. Facebook: WF Asesoría; Twitter: WF Asesoría
Para organizarse y operar como Instituciones de Tecnología Fi - nanciera (ITF), se requiere ob - tener una autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con previo acuerdo del Comité Interinstitu - cional. Dicho comité se integrará por seis miembros propietarios, dos de los cuales serán repre - sentantes de la Secretaría, dos del Banco de México y dos de la CNBV, designados por los res - pectivos titulares de dichas au - toridades financieras. Por cada miembro propietario se desig- nará un suplente. Fungirá como presidente del Comité Interins - titucional uno de los represen - tantes de la CNBV designado con tal carácter por su titular y, en su ausencia, el otro miembro de la CNBV.
Las instituciones de tecnología financiera que obtengan la auto - rización deberán agregar en su denominación las palabras “Insti- tución de Financiamiento Colec- tivo”, o “Institución de Fondos de Pago Electrónico”, según sea el caso. Asimismo, las ITF estarán obligadas a difundir de manera notoria -a través de los medios
por los cuales contacten a sus
clientes- que se encuentran auto - rizadas, reguladas y supervisadas por las autoridades financieras. Los títulos representativos del capital social de las ITF serán de libre suscripción, por lo tanto, las instituciones de crédito, ca - sas de bolsa, sociedades finan - cieras de objeto múltiple, entre otras instituciones financieras, podrán, como excepción a lo dis - puesto en sus respectivas leyes y de acuerdo con la ley Fintech , invertir directa o indirectamente en el capital social de las ITF.
Ni el gobierno federal, ni las entidades de la administración pública paraestatal, podrán responsabilizarse o garantizar los recursos de los clientes que sean utilizados en las operacio - nes que celebren con las ITF o frente a otros; tampoco asumi - rán responsabilidad alguna por las obligaciones contraídas por las ITF o por algún cliente fren - te a otro, en virtud de las ope - raciones que celebren. Las ITF deberán señalar expresamente lo mencionado en este párrafo en sus respectivas páginas de in - ternet, en los mensajes difundi - dos a través de las aplicaciones informáticas, medios de comu - nicación electrónica o digital, o cualquier medio utilizado para
el ofrecimiento y realización de
sus operaciones, así como en los contratos celebrados con sus clientes.
ciamiento colectivo
El principal objeto social de es - tas instituciones será vincular al publico en general entre sí, con el fin de otorgar financiamiento de manera habitual y profesional entre ellos, a través de aplica - ciones informáticas, interfaces, páginas de internet o cualquier otro medio de comunicación electrónico o digital.
Existirán dos tipos de clientes para esta institución:
Inversionistas: Se consideran inversionistas a las personas fí - sicas o morales que aporten re - cursos a los solicitantes.
Solicitante: Se consideran soli - citantes a las personas físicas o morales que hubieren requerido tales recursos a través de la ins - titución de financiamiento colec - tivo.
Los clientes de una institución de financiamiento colectivo po - drán efectuar entre ellos, y a través de dicha institución, las operaciones siguientes:
Financiamiento colectivo de deuda. Los inversionis - tas otorgan préstamos, créditos, créditos mutuos, o cualquier otro financiamiento causante de un pasivo directo o contingente, a los solicitantes.
Financiamiento colectivo de capital. Los inversionis - tas compran o adquieren títulos representativos del capital social de personas morales que actúen como solicitantes.
III. Financiamiento colectivo de copropiedad o regalías. Los inversionistas y solicitantes celebran entre ellos asociaciones en participación o cualquier otro tipo de convenio, por el cual el inversionista adquiera una parte alícuota o participación en un bien presente, futuro, ingresos, utilidades, regalías, o pérdidas que se obtengan de la realización de una o más activida - des -o proyectos- del solicitante.
Las operaciones serán en moneda nacional, aunque, las instituciones de financiamiento colectivo podrán rea - lizar operaciones en moneda extranjera, o con activos virtuales, siempre y cuando acaten las condiciones que el Banco de México establece mediante las disposicio - nes de carácter general para tal efecto.
Obligaciones de las instituciones de finan- ciamiento colectivo
De conformidad con el artículo 18,
financiamiento colectivo deberán cumplir con las obliga - ciones siguientes:
I. Es tablecer y dar a conocer a los posibles inversio - nistas, los criterios de selección de los solicitantes y proyectos objeto de financiamiento.
II. Analizar e informar a los posibles inversionistas, de
forma sencilla y clara, sobre el riesgo de los solicitantes y los proyectos, in - cluyendo indicadores generales sobre su comportamiento de pago y desem - peño, entre otro.
O btener de los inversionistas, una constancia electrónica donde recono - cen los riesgos a que está sujeta su in - versión en la institución.
Después de realizar alguna operación, facilitar a los inversionistas que estén participado en ella, toda la información acerca del comportamiento de pago del solicitante, de su desempeño, o cualquier otra que sea relevante para ellos.
Proporcionar a los clientes los medios necesarios para lograr la formalización de las operaciones.
VI. S er usuarias, de al menos una sociedad de información crediticia, debiendo proporcionar periódicamente la infor- mación de los solicitantes de financia - miento, en los términos previstos en la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Esta obligación solo será para las instituciones de fi - nanciamiento colectivo de deuda.
VII. Entregar los recursos de los inversio - nistas a los solicitantes que hubieren seleccionado los propios inversionis - tas, y, previo a dicha entrega, permi - tir al inversionista retirar sus recursos destinados a la inversión de que se tra - te, sin restricción o cargo alguno.
VIII. E stablecer esquemas para compartir con los inversionistas los riesgos de las operaciones de financiamiento colecti - vo de deuda, los cuales deberán incluir el pacto del cobro de una proporción de las comisiones, sujeto a la condición de que se lleve a cabo la liquidación to - tal del financiamiento o el desempeño del proyecto en los términos ofrecidos, o bien cualquier otro esquema que per- mita la alineación de incentivos entre la ITF y los inversionistas.
informáticas, interfaces, páginas de internet o cualquier otro medio de comunicación electrónico o digital.
Entre las funciones que deben de cumplir se destacan las siguientes:
I. Abrir y llevar una o más cuentas de fondos de pago electrónico por cada cliente.
II. Realizar transferencias de fondos de pago electróni - co entre sus clientes mediante los respectivos abo - nos y cargos en las correspondientes cuentas.
IX. C ontar con los mecanismos necesarios para segregar cada tipo de operación, así, los inversionistas podrán distinguir de manera inequívoca el tipo de ope - raciones de que se trata, por ejemplo, cuando se celebren dos o más tipos de operaciones de financiamiento colecti - vo, se efectúe la venta o adquisición de los títulos intercambiados o derechos adquiridos a través de ellas.
Las instituciones de financiamiento colecti - vo serán responsables por los daños y per- juicios que causen a sus clientes.
III. Realizar transferencias con determinadas cantida - des de dinero en moneda nacional, o, previa autori - zación del Banco de México, en moneda extranjera o de activos virtuales, mediante los respectivos abo - nos y cargos en las correspondientes cuentas.
IV. Entregar una cantidad de dinero, o activos virtuales, equivalente a la misma cantidad de fondos de pago electrónico, en una cuenta de fondos de pago elec - trónico, mediante el respectivo cargo en dicha cuen - ta.
V. M antener actualizado el registro de cuentas a que se refiere la fracción I de este artículo.
El principal objeto social de estas institucio - nes es la prestación de servicios realizados con el público de manera habitual y profe - sional, consistentes en la emisión, adminis - tración, redención y transmisión de fondos
de pago electrónico a través de aplicaciones
Para efectos de esta ley, se considerarán fondos de pago electrónico aquellos fondos que estén contabilizados en un registro electrónico de cuentas transaccionales que, al efecto, lleve una institución de fondos de pago electrónico y que:
A. Q ueden referidos a un valor monetario, equivalente a una cantidad determinada de dinero, en moneda nacional o, previa autorización del Banco de Méxi - co, moneda extranjera, o un número determinado
de unidades de un activo virtual determinado por el Banco de México.
B. C orrespondan a una obligación de pago a cargo de su emisor, por la misma cantidad de dinero o de uni - dades de activos virtuales a que se refiere la fracción I de este artículo.
C. S ean emitidos contra la recepción de la cantidad de dinero o de activos virtuales a que se refiere la frac - ción I de este artículo, con el propósito de abonar, transferir o retirar dichos fondos, total o parcialmen - te, mediante la instrucción que, para esos efectos, dé el respectivo tenedor de los fondos de pago elec - trónico.
D. S ean aceptados por un tercero como recepción de la cantidad de dinero o de activos virtuales.
Los interesados en obtener la autorización para actuar como ITF deberán ser sociedades anónimas constitui - das -o por constituirse- de conformidad con la legisla - ción mexicana, y establecer en sus estatutos:
I. C ontemplen en su objeto social, la realización de forma habitual o profesional, de alguna de las activi - dades previstas en esta ley.
en función del tipo de actividades que realicen y riesgos que enfrenten. Previo a la emisión de dichas disposiciones, se requiere del acuerdo del Comité Inte - rinstitucional.
La CNBV deberá publicar en el Diario Ofi - cial de la Federación (DOF) las autorizacio - nes que otorgue conforme a la presente ley.
Con la entrada en vigor de la Ley Fintech , uno de los objetivos principales es prevenir y mitigar el riesgo de lavado de dinero y fi - nanciamiento al terrorismo; establecer un marco regulatorio aceptado y aprobado en diversos países del mundo. Hasta el momen - to hay muchas dudas con respecto a la cons - titución de este tipo de sociedades; ahora, podremos conocer cuáles y cuántas son las entidades reguladas, a través de las publi - caciones periódicas de las CNBV, de la ley de sociedades mercantiles y algunas otras leyes.
II. Es tablecer que para la realización de su objeto so - cial, se ajustarán a lo previsto en la presente ley y en las disposiciones generales aplicables.
III. E stablecerán su domicilio en territorio nacional.
IV. Fijar un capital mínimo necesario para llevar a cabo las actividades de acuerdo con lo previsto en las dis - posiciones de carácter general, que para tal efecto, emita la CNBV. El capital podrá estar diferenciado
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 Artículo 1
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 artículo 185
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Artículo 14
 artículo 9
 artículo 54
 artículo 12
 artículo 14

Artículo 10
 artículo 14
 artículo 14

Artículo 14
 artículo 14

Artículo 16
 artículo 14
 artículo 123
 artículo 28
 artículo 17
 ARTÍCULO 17
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 15
 artículo 107
 artículo 133
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1394
 artículo
1061
 artículo 1396
 artículo 1075
 Artículo 1075

Artículo 1379
 artículo 1327
 artículo 8
 artículo 1403
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 11
 artículo 15
 artículo 13
 artículo 132
 artículo 45
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 1400
 artículo 1061
 artículo 1061
 artículo 1069
 artículo 1378
 artículo 1061
 artículo 1061
 artículo 12
 artículo 34
 artículo 186
 artículo 16
 artículo 15
 artículo 186
 artículo 18