Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6957
Timestamp: 2018-05-27 07:57:31+00:00

Document:
Sentencia C-311 de 2002 Corte Constitucional
Gaceta de Corte Constitucional
COSA JUZGADA MATERIAL- Prohibición de reproducción de contenido material declarado inexequible por razones de fondo
COSA JUZGADA MATERIAL- Elementos para determinación/COSA JUZGADA MATERIAL- Requisitos y efectos
De conformidad el inciso segundo del artículo 243 de la Carta Política, para determinar si se esta en presencia del fenómeno de la cosa juzgada material, es preciso examinar cuatro elementos: 1)Que un acto jurídico haya sido previamente declarado inexequible. 2) Que la disposición demandada se refiera al mismo sentido normativo excluido del ordenamiento jurídico, esto es, que lo reproduzca ya que el contenido material del texto demandado es igual a aquel que fue declarado inexequible. Dicha identidad se aprecia teniendo en cuenta tanto la redacción de los artículos como el contexto dentro del cual se ubica la disposición demandada, de tal forma que si la redacción es diversa pero el contenido normativo es el mismo a la luz del contexto, se entiende que ha habido una reproducción. 3) Que el texto de referencia anteriormente juzgado con el cual se compara la "reproducción" haya sido declarado inconstitucional por "razones de fondo", lo cual significa que la ratio decidendi de la inexequibilidad no debe haber reposado en un vicio de forma. 4) Que subsistan las disposiciones constitucionales que sirvieron de fundamento a las razones de fondo en el juicio previo de la Corte en el cual se declaró la inexequibilidad. Cuando estos cuatro elementos se presentan, se está ante el fenómeno de la cosa juzgada constitucional material y, en consecuencia, la norma reproducida, también debe ser declarada inexequible por la violación del mandato dispuesto en el artículo 243 de la Constitución Política, pues éste limita la competencia del legislador para expedir la norma ya declarada contraria a la Carta Fundamental.
COSA JUZGADA MATERIAL- Inexequibilidad por reproducción de contenido material declarado inexequible
COSA JUZGADA MATERIAL- Inexistencia en sentido estricto ante exequibilidad
COSA JUZGADA MATERIAL- Supone declaración previa de inexequibilidad y reproducción posterior/NORMA EXEQUIBLE- Reproducción y pronunciamiento de fondo si lo amerita /COSA JUZGADA MATERIAL DE SENTENCIA DE EXEQUIBILIDAD- Clarificación de alcances y consecuencias
COSA JUZGADA MATERIAL DE SENTENCIA DE EXEQUIBILIDAD EN MATERIA DE PRECEDENTE- Diversas opciones/COSA JUZGADA MATERIAL DE SENTENCIA DE EXEQUIBILIDAD- Efectos
COSA JUZGADA MATERIAL DE SENTENCIA DE EXEQUIBILIDAD- Formas de procedencia
COSA JUZGADA MATERIAL DE SENTENCIA DE EXEQUIBILIDAD- Mantenimiento de la ratio decidendi
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL- Acceso ilegal o prestación ilegal de servicios de telecomunicaciones
Ver art. 243, Constitución Política , Ver Sentencia de la Corte Constitucional C-739 de 2000 , Ver Sentencia de la Corte Constitucional 1064 de 2001
Cosa juzgada material requisitos y efectos
"mediante copia o reproducción no autorizada por la autoridad competente de señales de identificación de equipos terminales",
mediante "derivaciones" y
mediante el "uso de líneas de telefonía pública básica conmutada local, local extendida o de larga distancia no autorizadas".
En cuanto a la expresión "o preste servicios o actividades de telecomunicaciones con ánimo de lucro no autorizados", afirma el interviniente que ésta se basa en expresas definiciones legales contenidas en la Ley 80 de 19931 y el Decreto ley 1900 de 19902, entre otras normas, que señalan de manera clara cuáles son los servicios de telecomunicaciones, en qué consiste la actividad de telecomunicaciones y cuáles de estos servicios o actividades requieren autorización del Ministerio de Comunicaciones, con lo cual nada queda a la interpretación subjetiva."
Mediante escritos recibidos el 12 de diciembre de 2001, los ciudadanos Xenia Isabel Espinosa Guzmán, en representación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom, Carlos Ovidio Sarria Salcedo, y David Abella Abondano, solicitan que la norma cuestionada sea declarada exequible, pero por tratarse de intervenciones ciudadanas extemporáneas no serán tenidas en cuenta.
Mediante otro escrito recibido el 13 de diciembre de 2001, la ciudadana Xenia Isabel Espinosa Guzmán, en representación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Telecom presenta un concepto técnico sobre la imposibilidad de clonar teléfonos celulares utilizando líneas de telefonía pública básica conmutada. En escrito recibido el 14 de diciembre de 2001, el ciudadano Nódier Agudelo Betancur, solicita que la norma cuestionada sea declarada exequible. Y, finalmente, mediante escrito recibido el 16 de enero de 2002, la ciudadana María del Pilar Fernández Tobón, asesora externa de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, S.A., solicita que la norma cuestionada sea declarada constitucional y que la Corte aclare el sentido de la sentencia C-739/00, pues a su juicio, ese fallo ha dado a lugar a pronunciamientos contradictorios de la Fiscalía. Estas tres intervenciones también fueron extemporáneas y por lo tanto no serán tenidas en cuenta por la Corte.
a) ¿Es el artículo 257 de la Ley 599 de 2000, una reproducción del contenido material del artículo 6 de la Ley 422 de 1998 declarado parcialmente inexequible por razones de fondo en la sentencia C-739 de 2000 y, por lo tanto, se configura el fenómeno de la cosa juzgada material?
b) ¿Viola el artículo 257 de la Ley 599 de 2000, en los apartes demandados, el principio de legalidad establecido en el artículo 29 de la Constitución ?
a) Que un acto jurídico haya sido previamente declarado inexequible.
b) Que la disposición demandada se refiera al mismo sentido normativo excluido del ordenamiento jurídico, esto es, que lo reproduzca ya que el contenido material del texto demandado es igual a aquel que fue declarado inexequible. Dicha identidad se aprecia teniendo en cuenta tanto la redacción de los artículos como el contexto dentro del cual se ubica la disposición demandada, de tal forma que si la redacción es diversa pero el contenido normativo es el mismo a la luz del contexto, se entiende que ha habido una reproducción.3
c) Que el texto de referencia anteriormente juzgado con el cual se compara la "reproducción" haya sido declarado inconstitucional por "razones de fondo", lo cual significa que la ratio decidendi de la inexequibilidad no debe haber reposado en un vicio de forma.
d) Que subsistan las disposiciones constitucionales que sirvieron de fundamento a las razones de fondo en el juicio previo de la Corte en el cual se declaró la inexequibilidad.4
1.1. La inexequibilidad previa
DECLARAR EXEQUIBLE el artículo 6º de la Ley 422 de 1998, salvo los segmentos "u otro servicio de telecomunicaciones", "o preste servicios o actividades de telecomunicaciones con ánimo de lucro no autorizados" de su primer inciso, que se declaran inexequibles.
"Igual aumento de pena sufrirá quien facilite a terceras personas el acceso, uso ilegítimo o prestación no autorizada del servicio de que trata este artículo."5 (subrayado fuera de texto)
1.2. La identidad de contenidos normativos entre el artículo 257 de la Ley 599 de 2000 y el artículo 6 de la Ley 422 de 1998
En el artículo 257 de la Ley 599 de 2000, se emplea la locución "comunicaciones", en lugar de la expresión "telecomunicaciones", utilizada en el artículo 6 de la Ley 422 de 1998.
En el artículo 257 de la Ley 599 de 2000, se adicionó la expresión "por la autoridad competente", mientras que en el artículo 6 de la Ley 422 de 1998 sólo se utilizaba la expresión "no autorizada".
El artículo 257 de la Ley 599 de 2000 establece una pena de prisión más leve que la norma anterior.
Aún cuando en el artículo 257 de la Ley 599 de 2000 el legislador utiliza la expresión "comunicaciones", esta variación en realidad no modifica el sentido de la norma, pues en este evento el legislador la usó como sinónimo de la alocución "telecomunicaciones", como puede observarse por su empleo en el título del tipo penal, en la descripción de la conducta sancionada en el inciso primero, y en las referencias que hace el legislador en los incisos segundo ¿ de manera explícita- y tercero ¿ por referencia- del artículo 257. Por lo que a la luz del contexto normativo el contenido material de estas dos disposiciones sigue siendo el mismo.
Por otra parte, la adición de la expresión "por la autoridad competente" tampoco modifica el contenido material del artículo 257, pues aun cuando en el artículo 6 se habla solamente de copia o reproducción "no autorizada", dicha expresión supone implícitamente que sólo la autoridad competente es la que puede permitir dicha copia o reproducción de señales de identificación de equipos terminales de telecomunicaciones. Por lo cual, esta modificación tampoco altera el sentido normativo de la disposición demandada. Tanto para el tipo descrito en el artículo 6 de la Ley 422 de 1998, como en el artículo 257 de la Ley 599 de 2000, la facultada para autorizar es el Ministerio de Comunicaciones.6
En relación con los demás elementos del tipo descrito en el inciso primero los textos son idénticos. Ambas disposiciones se refieren a un sujeto activo indeterminado como quiera que cualquier persona puede realizar la conducta sancionada por las normas; protegen los servicios de telecomunicaciones, el sujeto pasivo d la conducta es el Estado, como quiera que es éste quien tiene a su cargo la gestión y control del espectro electromagnético de que trata el artículo 75 de la Carta; utilizan los mismos verbos rectores, se refieren a los mismos servicios de telecomunicaciones, contienen los mismos elementos técnicos cuya definición se encuentra precisada en las normas reglamentarias del sector de las telecomunicaciones.7
1.3. Las razones de fondo que llevaron a la declaratoria de inexequibilidad parcial del artículo 6 de la Ley 422 de 1998
En la sentencia C-739 de 20008, la Corte, siguiendo la doctrina constitucional, según la cual tanto en materia penal como disciplinaria la garantía constitucional del principio de legalidad impone al legislador la obligación de definir de manera previa, precisa e inequívoca las conductas consideradas como reprochables y las sanciones en las que incurrirá quien incurra en las conductas prohibidas,9 encontró que varias expresiones del artículo 6 de la Ley 422 de 1998 eran contrarias al artículo 29 de la Carta, pues por su amplitud hacían ambiguo el tipo penal, y con ello violaban el principio de legalidad y de reserva de ley. El cargo del demandante se dirigió contra toda la norma y se fundó en la violación del debido proceso.
"En cuanto a los incisos segundo y tercero del artículo 6º de la Ley 422 de 1998, al referirse ellos, para efectos de agravación de la pena, a "servicios de telecomunicaciones no autorizados", expresión, que como quedó demostrado, en el ámbito de lo penal por su amplitud se torna ambigua e imprecisa, éstos también y por las razones expuestas, serán declarados inexequibles."10 (negrillas originales, subrayado fuera de texto)
1.4. Subsistencia de las disposiciones constitucionales que sirvieron de referencia en la sentencia C-739 de 2000
Una vez reproducida la norma exequible, la Corte debe apreciar si en el nuevo contexto dentro del cual fue expedida, ésta adquirió un alcance o unos efectos distintos, lo cual justificaría un fallo de fondo en un sentido diferente al anterior. Lo mismo sucedería en caso de que la Corte encuentre razones poderosas para introducir ajustes en su jurisprudencia o cambiarla.11
De esta forma, la Corte clarifica los alcances y las consecuencias de la llamada cosa juzgada material de un fallo de exequibilidad: El fallo anterior constituye un precedente respecto del cual la Corte tiene diversas opciones, ya que no queda absolutamente autovinculada por sus sentencias de exequibilidad12. La primera, es seguir el precedente, en virtud del valor de la preservación de la consistencia judicial, de la estabilidad del derecho, de la seguridad jurídica, del principio de la confianza legítima y de otros valores, principios o derechos protegidos por la Constitución13 y ampliamente desarrollados por la jurisprudencia de esta Corte14. En esta primera opción la Corte decide seguir la ratio decidendi anterior, mantener la conclusión que de ella se deriva, estarse a lo resuelto y, además, declarar exequible la norma demandada. Otra alternativa es apartarse del precedente, esgrimiendo razones poderosas para ello que respondan a los criterios que también ha señalado la Corte en su jurisprudencia, para evitar la petrificación del derecho y la continuidad de eventuales errores15. También puede la Corte llegar a la misma conclusión de su fallo anterior pero por razones adicionales o diversas. En conclusión, los efectos de la cosa juzgada material de un fallo de exequibilidad son específicos y no se asimilan a los del derecho procesal general. Se inscriben dentro de la doctrina sobre precedentes judiciales en un sistema de tradición romano germánica, son los propios del proceso constitucional y responden a la interpretación de una Constitución viviente.
La doctrina anterior refleja la práctica generalizada de la jurisprudencia constitucional. La Corte constata que cuando en sus sentencias ha encontrado que se presenta el fenómeno de la cosa juzgada material respecto de una norma declarada exequible - no inexequible ni exequible con condicionamiento - ha procedido de la siguiente manera. Primero, ha registrado la existencia del fallo anterior y ha reiterado lo plasmado en él.16 Segundo, en la parte resolutiva de sus fallos no ha decidido estarse a lo resuelto, sino que ha fallado de fondo declarando exequible la nueva norma, salvo contadas excepciones.17 Tercero, cuando la Corte ha considerado que no debía seguirse estrictamente el fallo anterior, lo ha sostenido así y ha esgrimido razones poderosas para apartarse del precedente.18
"En cuanto a los conceptos técnicos involucrados en el inciso primero de la norma impugnada, éstos remiten al juez a otras normas legales que los definen de manera precisa y para la materia, (decretos, reglamentos, resoluciones, acuerdos, etc., que en el caso específico existen como bien lo señalan varios de los intervinientes)19; sin embargo, si se diera el caso de conceptos que carezcan de definición legal precedente, el tipo penal no requiere de tal remisión para adquirir sentido, pues las mismas pueden entenderse de acuerdo con el uso común que se les da, tal como lo establece el artículo 28 del Código Civil20, dado que el hecho de que sean de carácter técnico no implica, necesariamente, que sean ajenas a una definición en el lenguaje cotidiano; ahora bien, también, si el juez o funcionario judicial competente lo considera pertinente, tales expresiones pueden ser dilucidadas por expertos a los que él acuda en ejercicio de la potestad que le otorga el artículo 257 del Código de Procedimiento Penal.21
1. Artículo 33 de la Ley 80 de 1993: Artículo 33. De la concesión de los servicios y de las actividades de telecomunicaciones. Se entiende por actividad de telecomunicaciones el establecimiento de una red de telecomunicaciones, para uso particular y exclusivo, a fin de satisfacer necesidades privadas de telecomunicaciones, y sin conexión a las redes conmutadas del Estado o a otras redes privadas de telecomunicaciones. Para todos los efectos legales las actividades de telecomunicaciones se asimilan a servicios privados. Se entiende por servicios de telecomunicaciones aquellos que son prestados por personas jurídicas, públicas o privadas, debidamente constituidas en Colombia, con o sin ánimo de lucro, con el fin de satisfacer necesidades específicas de telecomunicaciones a terceros, dentro del territorio nacional o en conexión con el exterior. Para efectos de la presente ley, la clasificación de servicios públicos y de las actividades de telecomunicaciones será la establecida en el Decreto-ley 1900 de 1990 o en las demás normas que lo aclaren, modifiquen o deroguen. Los servicios y las actividades de telecomunicación serán prestados mediante concesión otorgada por contratación directa o a través de licencias por las entidades competentes, de acuerdo con lo dispuesto en el decreto-ley 1900 de 1990 o en las normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen. Las calidades de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y los requisitos y condiciones, jurídicos y técnicos, que deben cumplir los concesionarios de los servicios y actividades de telecomunicaciones, serán los previstos en las normas y estatutos de telecomunicaciones vigentes. Parágrafo. Los procedimientos, contratos, modalidades de asociación y adjudicación de servicios de telecomunicaciones de que trata la ley 37 de 1.993, continuarán rigiéndose Decreto Ley 1900 de 1990, Artículo 2º. Para efectos del presente Decreto se entiende por telecomunicación toda emisión, transmisión o recepción de señales, escritura, imágenes, signos, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza por hilo, radio, u otros sistemas ópticos o electromagnéticos. Se entiende por operador una persona natural o jurídica, pública o privada, que es responsable de la gestión de un servicio de telecomunicaciones en virtud de autorización o concesión, o por ministerio de la ley. Artículo 27. Los Servicios de telecomunicaciones se clasifican, para efectos de este Decreto, en básicos, de difusión, telemáticos y de valor agregado, auxiliares de ayuda y especiales. Artículo 39. Corresponde al Ministerio de Comunicaciones autorizar previamente el establecimiento, uso, explotación, ampliación, ensanche y renovación de los servicios de telecomunicaciones. Dicha autorización podrá tener carácter general si se inscribe dentro de un plan o programa aprobado por el Ministerio de Comunicaciones por lo previsto en dicha ley y en las disposiciones que la desarrollen o complementen. Los servicios de televisión se concederán mediante contrato, de conformidad con las normas legales y disposiciones especiales sobre la materia.
2. Decreto 1900 de 1990, Artículo 2. Para efectos del presente Decreto se entiende por telecomunicación toda emisión, transmisión o recepción de señales, escritura, imágenes, signos, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza, por hilo, radio, u otros sistemas ópticos o electromagnéticos. Se entiende por operador una persona natural o jurídica, pública o privada, que es responsable de la gestión de un servicio de telecomunicaciones en virtud de autorización o concesión, o por ministerio de la ley.
3. Ver entre otras las sentencias C-427 de 1996. MP: Alejandro Martínez Caballero, donde la Corte señaló que el fenómeno de la cosa juzgada material se da cuando se trata, no de una norma cuyo texto normativo es exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino cuando los contenidos normativos son iguales.
4. En la sentencia C-447/97, MP. Alejandro Martínez Caballero, donde la Corte sostuvo que "la cosa juzgada material no debe ser entendida como una petrificación de la jurisprudencia sino como un mecanismo que busca asegurar el respeto al precedente. Todo tribunal, y en especial la Corte Constitucional, tiene la obligación de ser consistente con sus decisiones previas. Ello deriva no sólo de elementales consideraciones de seguridad jurídica -pues las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles- sino también del respeto al principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez. (¿) Por ello la Corte debe ser muy consistente y cuidadosa en el respeto de los criterios jurisprudenciales que han servido de base (ratio decidendi) de sus precedentes decisiones. Esto no significa obviamente que, en materia de jurisprudencia constitucional, el respeto al precedente y a la cosa juzgada constitucional deban ser sacralizados y deban prevalecer ante cualquier otra consideración jurídica, puesto que ello no sólo puede petrificar el ordenamiento jurídico sino que, además, podría provocar inaceptables injusticias."
5. Corte Constitucional, Sentencia C-739/00, MP: Fabio Morón Díaz, parte resolutiva de la sentencia.
6. Ver entre otras, las siguientes normas: Decreto 1900 de 1990, Artículo 5. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comunicaciones, ejercerá las funciones de planeación, regulación y control de las telecomunicaciones. Artículo 39. Corresponde al Ministerio de Comunicaciones autorizar previamente el establecimiento, uso, explotación, ampliación, ensanche y renovación de los servicios de telecomunicaciones. Dicha autorización podrá tener carácter general si se inscribe dentro de un plan o programa aprobado por el Ministerio de Comunicaciones. Para expedir estas autorizaciones el Ministerio de Comunicaciones sólo considerará razones de orden técnico. Artículo 43. Las concesiones para la prestación de los servicios de telecomunicaciones serán otorgadas por el Ministerio de Comunicaciones. Podrán ser otorgadas también por las entidades territoriales o las asociaciones legalmente constituidas en que éstas participen, en el ámbito de su jurisdicción, con la autorización previa del Ministerio de Comunicaciones que podrá ser específica o por tipo de servicio. Si un operador público o privado no garantiza la adecuada prestación del servicio, su calidad y la ampliación de su cobertura, el Ministerio de Comunicaciones, podrá excepcionalmente disponer que el servicio sea asignado a una entidad pública especializada u otorgado en concesión. Artículo 46. Las concesiones de que trata el presente Decreto sólo podrán ser cedidas o transferidas con autorización previa del Ministerio de Comunicaciones.
Decreto 2458 de l997, Artículo 12. Otorgamiento de la licencia. "El Ministerio de Comunicaciones podrá otorgar licencias para el ejercicio y desarrollo de actividades de telecomunicaciones que utilicen sistemas de radiomensajes en el establecimiento de redes privadas de telecomunicaciones a solicitud de parte, siempre y cuando las solicitudes cumplan con los requisitos técnicos, administrativos y jurídicos que se señalen en el presente decreto. Dichas concesiones no podrán cederse a ningún titulo."
7. Entre otras, ver por ejemplo, la Ley 72 de 1989, el Decreto Ley 1900 de 1990, la Ley 37 de 1993, los Decreto 741 y 2061 de 1993, el Decreto 1641 de 1994 y el Decreto 2343 de 1996.
8. Corte Constitucional, Sentencia C-739/00, MP: Fabio Morón Díaz.
9. Corte Constitucional, Sentencia C-843/99, MP: Alejandro Martínez Caballero. En esta sentencia la Corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 26 de la Ley 491 de 1999, por no determinar de manera clara las conductas prohibidas y las penas aplicables, lo cual violaba según la Corte el principio de estricta legalidad y la prohibición de la ambigüedad en la descripción de las penas.
10. Corte Constitucional, Sentencia C-739/00, MP: Fabio Morón Díaz, considerando 7 de la sentencia.
11. Corte Constitucional, Sentencia C-836 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil (aclaración de voto de Manuel José Cepeda Espinosa y Marco Gerardo Monroy Cabra y salvamento de voto de Jaime Araujo R., Alfredo Beltrán S., Alvaro Tafur G y Clara Inés Vargas) así como los antecedentes jurisprudenciales específicos sobre el precedente constitucional citados en la nota 14 de esta providencia.
12. Sentencia C-447 de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
13.Sobre la aplicación del concepto de precedentes en sistemas no anglosajones y su relación con el concepto de cosa juzgada, en especial en Alemania, España, Francia e Italia, ver Neil MacCormick y Robert Summers (Ed) Interpreting precedents. París, Ashgate Darmouth, 1997.
14. Sentencias C-131 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-083 de 1995 M.P. Carlos Gaviria Díaz, T-123 de 1995 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, SU-047 de 1999 M.P. Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero, SU-168 de 1999 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
15. Sentencia C-774 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
16. C-1216/01, MP: Jaime Araujo Rentería; C-1046/01, MP: Eduardo Montealegre Lynett; C-774/01, MP: Rodrigo Escobar Gil, C-1192/01 Marco Gerardo Monroy Cabra; C-1216/01, MP: Jaime Araujo Rentería; C-782/99, MP: José Gregorio Hernández Galindo.
17. Ver por ejemplo, las sentencias de la Corte Constitucional: C-1216/01, MP: Jaime Araujo Rentería, C-782/99, MP: José Gregorio Hernández Galindo, en las que la Corte declaró la exequibilidad de las nuevas normas. En contraste con este tipo de decisiones, en algunos fallos, realmente pocos, una vez constatada la existencia de un fallo anterior, la Corte ha resuelto estarse a lo decidido, sin declarar la constitucionalidad de la nueva norma. Como ejemplos de esta aproximación excepcional se pueden ver las sentencias C-427/96, MP: Alejandro Martínez Caballero, C-094/98, MP: José Gregorio Hernández Galindo y C -1293/01, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
18. Ver por ejemplo las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-1046/00, MP: Eduardo Montealegre Lynett; C-774/01, MP: Rodrigo Escobar Gil; C-1192/01, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra; C-266 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; C-228 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; y C-1064 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa (salvamento de voto de Jaime Araujo R, Alfredo Beltrán S, Rodrigo Escoba G y Clara Inés Vargas).
19. Ley 72 de 1989, Decreto Ley 1900 de 1990, Ley 37 de 1993.
20. Artículo 28 C.C.: "Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará a éstas su significado legal."
21. Corte Constitucional

References: artículo 243
 artículo 243
 artículo 257
 artículo 6
 artículo 257
 artículo 29
 artículo 6
 artículo 257
 artículo 6
 artículo 257
 artículo 6
 artículo 257
 artículo 6
 artículo 257
 artículo 257
 artículo 257
 artículo 257
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 257
 artículo 75
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 29
 artículo 6
 artículo 28
 artículo 257
 Artículo 33
 Artículo 33
 Artículo 2
 Artículo 27
 Artículo 39
 Artículo 2
 Artículo 5
 Artículo 39
 Artículo 43
 Artículo 46
 Artículo 12
 artículo 26
 Artículo 28