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Timestamp: 2019-05-25 19:24:21+00:00

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﻿ SENTENCIA 2004-00504/41702 DE MAYO 18 DE 2017
SENTENCIA 2004-00504 DE 18 DE MAYO DE 2017
CONTENIDO:FALLA DEL SERVICIO POR LA MUERTE DE UN CONCEJAL COMO CONSECUENCIA DE LA OMISIÓN EN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD. LA JURISPRUDENCIA HA CONSIDERADO QUE EXISTE UN DEBER ESPECIAL DE PROTECCIÓN EN CABEZA DEL ESTADO FRENTE A PERSONAS QUE, POR LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES EN EL GRUPO POLÍTICO AL QUE PERTENECEN O EL CONTEXTO SOCIAL EN QUE OPERAN, DEBEN SER RESGUARDADAS DE CUALQUIER ATAQUE EN SU CONTRA, AUN SI NO HAN SOLICITADO FORMALMENTE LA PROTECCIÓN DE LAS AUTORIDADES. ASÍ MISMO, SE PRECISÓ QUE CUANDO UNA PERSONA QUE ESTÁ AMENAZADA ELEVA LA DENUNCIA RESPECTIVA ANTE LAS AUTORIDADES Y, A PESAR DE ELLO, ESTAS ADOPTAN UNAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PRECARIAS E INSUFICIENTES PARA PROTEGERLA SE HA ACEPTADO EL INCUMPLIMIENTO DEL DEBER ESPECIAL DE PROTECCIÓN A CARGO DE LA NACIÓN. EN ESTE MISMO SENTIDO, LA JURISPRUDENCIA HA MANTENIDO LA EXIGENCIA DEL DEBER DE PROTECCIÓN FRENTE A AQUELLAS ENTIDADES ANTE LAS CUALES LA VÍCTIMA ELEVÓ LA DENUNCIA POR LAS AMENAZAS RECIBIDAS, A PESAR DE QUE NO FUERA LA LLAMADA A BRINDAR EL SERVICIO DE PROTECCIÓN, SIEMPRE Y CUANDO LE SEA REPROCHABLE A ESTA ÚLTIMA LA OMISIÓN DE PONER EN CONOCIMIENTO LAS CIRCUNSTANCIAS A LA AUTORIDAD COMPETENTE. HA CONSIDERADO LA SALA QUE, SI BIEN, EL DEBER DE PROTECCIÓN SE PREDICA ESPECIALMENTE DE LOS ORGANISMOS ENCARGADOS DE GARANTIZAR Y MANTENER EL ORDEN PÚBLICO, COMO LO ES LA POLICÍA O EL EJÉRCITO NACIONAL, TAL CARGA RECAE TAMBIÉN SOBRE TODOS LOS ENTES DEL APARATO ESTATAL, LOS CUALES DEBEN OBRAR CONFORME A DICHA OBLIGACIÓN EN RELACIÓN CON SUS FUNCIONES Y COMPETENCIA, SIN PERDER DE VISTA EL DEBER DE COLABORACIÓN ARMÓNICA EN LA CONSECUCIÓN DE LOS FINES DEL ESTADO TAL COMO LO PREVÉ EL ARTÍCULO 113 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. EN EL CASO CONCRETO, ERA UN HECHO NOTORIO PARA LA FUERZA PÚBLICA LA SITUACIÓN DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN EL DEPARTAMENTO Y LOS ATAQUES SELECTIVOS PERPETRADOS EN CONTRA DE LOS CONCEJALES A LO ANCHO Y LARGO DEL PAÍS ESTUDIADOS PARA LA FECHA DE LOS HECHOS, LA CUAL A PESAR DE ELLO NO IMPLEMENTÓ MEDIDAS PREVENTIVAS PARA PROTEGERLOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, MEDIDAS DE SEGURIDAD, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CONCEJAL MUNICIPAL, AMENAZA A CONCEJAL, APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, DEBER DE SEGURIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Sentencia 2004-00504/41702 de mayo 18 de 2017
Rad.: 540012331000200400504-01
Exp.: 41702
Actor: Cruz Celina Contreras Peinado y otros
Demandados: Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y otros
8. La Sala observa que es competente para resolver el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander en un proceso que, por su cuantía (fl. 8, cdno. 5)(2), tiene vocación de doble instancia.
9. La publicación en el diario El Colombiano, publicada el día 16 de agosto de 1997, titulada “El miedo rondó el oriente” (fl. 93, cdno. 1), y la contenida en el mismo diario, en la misma fecha en cuyo titular se lee “No entiendo por qué atentaron contra nosotros” se valorarán en consideración a lo siguiente:
9.1. Ha establecido la jurisprudencia que las noticias difundidas en medios escritos, verbales o televisivos no dan fe de la ocurrencia de los hechos que allí se reseñan sino, simplemente, de la existencia de la información(3). Es decir que, los recortes de prensa pueden ser apreciados como prueba documental y como tal dan certeza de la existencia de la información, pero no de la veracidad de su contenido.
9.2. Así mismo, la Sección Tercera —Subsección C— del Consejo de Estado admitió que estos documentos podían tenerse como un indicio contingente si valorados racional, ponderada y conjuntamente con la totalidad del acervo probatorio resultaban indicativos de la veracidad de la ocurrencia de los hechos(4).
9.3. La Sala Plena en un primer momento(5) señaló que los informes de prensa no tienen, por sí solos, la entidad suficiente para probar la existencia y veracidad de la situación que narran y/o describen, por lo que su eficacia probatoria depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente(6), posición morigerada en fallo de Sala Plena posterior(7), en el que se consideró que dicha coincidencia probatoria no era necesaria en dos casos particulares: “La regla expuesta será reiterada por la Sala Plena Contenciosa en esta ocasión, pero a partir de esta decisión, aquella será complementada en estos dos eventos: i) cuando en dichos medios se reproducen hechos públicos y/o notorios y ii) cuando en ellos se reproducen declaraciones y/o manifestaciones de servidores públicos, v. gr. congresistas, Presidente de la República, ministros, alcaldes, gobernadores, etc.”.
9.4. Esta postura resulta acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que al respecto ha señalado que los documentos de prensa aportados por las partes pueden ser apreciados, “cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, no rectificadas, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso y acreditados por otros medios”(8).
9.5. En consideración a lo anterior, la Sala acogerá el precedente trazado por la Sala Plena de la corporación y, en consecuencia, dará valor probatorio a los recortes de prensa publicados en diferentes periódicos de circulación nacional, siempre y cuando la información que se narre en ellos guarde correspondencia con las otras pruebas documentales y testimoniales aportadas al proceso.
10. De conformidad con las pruebas incorporadas al expediente, que pueden ser valoradas, están debidamente acreditados los siguientes hechos relevantes:
10.1. El señor Israel Enrique Sierra Uribe, fue electo como concejal del municipio de Convención, departamento de Norte de Santander, durante los comicios electorales realizados el 29 de octubre del año 2000, para el periodo constitucional de 2001 a 2003. El 9 de enero de 2001, fue designado como presidente de esta corporación pública (copia de la certificación expedida por la Registraduría Municipal del Estado Civil de Convención, fl. 18, cdno. 1; copia del acta de la sesión de instalación del Concejo Municipal de Convención, fl. 20, cdno. 1).
10.2. En la sesión ordinaria 70 llevada a cabo el 10 de diciembre de 2001, el concejo municipal, por unanimidad, aprobó la solicitud de designar un escolta personal al señor presidente de la corporación dadas las amenazas de las que venía siendo objeto, solicitud que sería tramitada por intermedio de la Defensoría del Pueblo con destino a la Policía Nacional (copia del acta de la sesión 70 adelantada el 10 de diciembre de 2001, fls. 22-27, cdno. 1).
10.3. El 14 de abril de 2002, fue asesinado el señor Israel Enrique Sierra Uribe en el municipio de Convención, Norte de Santander, sin que hasta la fecha de presentación de la demanda fuera posible determinar los autores del hecho punible (copia del certificado civil de defunción, fl. 14, cdno. 1; certificación expedida por el personero municipal, fl. 16, cdno. 1; publicación del semanario Ocaña 7 Días, fl. 28, cdno. 1).
10.4. El señor Israel Enrique Sierra Uribe era cónyuge de Cruz Celina Contreras Peinado y padre de Karen Margarita y Óscar Enrique Sierra Contreras (copia del registro civil de matrimonio, fl. 15, cdno. 1; original de los registros civiles de nacimiento, fls. 12-13, cdno. 1).
VI. (sic) Problema jurídico
11. Corresponde a la Sala determinar si, como lo consideró el a quo, la muerte del concejal Israel Enrique Sierra Uribe se produjo como consecuencia del hecho exclusivo y determinante de un tercero, lo que exoneraría de responsabilidad a las entidades públicas demandadas o si, como lo estima la parte demandante, la omisión en el deber de protección al funcionario público contribuyó eficientemente en la materialización del daño alegado.
11.1. Para ello deberá revisar la carga obligacional asignada a cada una de las entidades demandadas en lo que a la protección de servidores de elección popular se refiere, y si en el análisis del contexto en donde se inscribieron lo hechos, permitía establecer que el riesgo al que estaba expuesto la víctima les era alta y razonablemente previsible.
12. A propósito del juicio de responsabilidad, la Sala advierte que, demostrado como está el daño invocado en la demanda, esto es, la muerte del señor Israel Enrique Sierra Uribe —supra párr. 10.3—, corresponde establecer su imputabilidad a las demandadas.
13. Por regla general los daños ocasionados por agentes no estatales no comprometen la responsabilidad patrimonial del Estado en la medida en que no le resultan imputables desde un punto de vista fáctico. No obstante, la jurisprudencia ha considerado que los daños derivados de ataques cometidos por grupos insurgentes contra personas ajenas al conflicto, pueden ser imputados a la administración si esta ha contribuido en su producción a través de acciones u omisiones que se relacionan con el incumplimiento de sus funciones(9).
13.1. De esta forma, la corporación ha considerado que el concepto de falla del servicio opera como fundamento del deber de reparar en aquellos casos en los que agentes estatales intervienen en la producción del daño por ineficacia, retardo u omisión en el cumplimiento de las funciones a su cargo, lo cual se ha entendido que ocurre cuando (i) la falta de cuidado o previsión del Estado facilita la actuación de los grupos ilegales(10); (ii) la víctima, o la persona contra quien iba dirigido el acto, solicita protección a las autoridades y estas la retardan, omiten o la prestan de forma ineficiente(11); (iii) el hecho era previsible, en razón de las especiales condiciones que se vivían en el momento, pero el Estado no realiza ninguna actuación dirigida a evitar o enfrentar eficientemente el ataque(12); y (iv) la administración omite adoptar medidas para evitar o atender adecuadamente una situación de riesgo objetivamente creada por ella(13).
13.2. Al respecto, la jurisprudencia de esta corporación ha considerado que existe un deber especial de protección en cabeza del Estado frente a personas que, por la naturaleza de sus funciones, el grupo político al que pertenecen o el contexto social en que operan, deben ser resguardadas de cualquier ataque en su contra, aún si no han solicitado formalmente protección a las autoridades.
13.3. Así, por ejemplo, en la sentencia que analizó la responsabilidad del Estado por la muerte del exministro Enrique Low Murtra, quien debido a sus acusaciones contra el cartel de Medellín había sido amenazado por las mafias del narcotráfico, se estipuló que los organismos de seguridad del Estado —Policía Nacional y DAS— debían conocer el riesgo que corría su vida y, en consecuencia, estaban obligados a adoptar medidas para protegerlo, aún si no hubiera hecho una solicitud concreta de protección:
“Quien a nombre del Estado, en cumplimiento de los deberes que un cargo público le impone, enfrenta una lucha en contra del crimen, la cual genera amenazas en contra de su vida e integridad personal, debe ser protegido por los organismos de seguridad del Estado, de por vida si ello es necesario, y sin que sea menester que medie una solicitud de protección; porque esa es precisamente la función de los organismos de seguridad, porque si se arriesga la vida para enfrentar una lucha que corresponde al Estado, tal acto debe ser compensado al menos, con la protección de la vida. Quienes al ocupar un cargo público, por servir a la comunidad exponen su vida frente a la lucha que el Estado libra contra las mafias del crimen organizado, tienen derecho como mínimo a que se les garantice la protección de su vida, sin que tengan que hacer solicitudes concretas al respecto(14).
13.4. En la decisión que declaró al Estado responsable por la muerte del dirigente político Jaime Pardo Leal, se determinó que, dada la naturaleza de sus actividades —era líder del partido “Unión Patriótica”, un colectivo perseguido y diezmado por grupos armados ilegales—, tanto a la Policía Nacional como a los organismos de seguridad les correspondía velar por su protección, sin necesidad de que mediara un requerimiento previo:
“Ese deber, general y abstracto en principio, se particulariza y concreta cuando quiera que alguna persona invoque la protección de la fuerza de policía por hallarse en especiales circunstancias de riesgo o cuando, aún sin mediar solicitud previa, la notoriedad pública del inminente peligro que corre el ciudadano hace forzosa la intervención del organismo armado.
El carácter de líder de la oposición, presidente de un partido político perseguido y diezmado violentamente, debería, por esa sola circunstancia, ser suficiente para que el doctor Pardo Leal recibiera del Estado a través de la Policía Nacional y demás organismos de seguridad, sin necesidad de requerimiento previo, la protección adecuada para garantizarle la vida, si no de manera absoluta, al menos en el mayor grado posible”(15).
13.5. En el fallo que encontró responsable al Estado por la muerte del señor Luis Alfonso Herrera García, inspector de trabajo del municipio de Envigado, Antioquia, quien debido a las autorizaciones que otorgó desde el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social para el despido masivo de trabajadores en distintas empresas del departamento, fue amenazado y luego asesinado por sicarios anónimos, se decidió que en el contexto de un orden público turbado por la violencia no es necesario requerir a las autoridades para que estas actúen en función de proteger a quienes se sabe que se encuentran en peligro:
“Lo que la Sala Plena ha sostenido de manera constante en esta materia de falla del servicio y consecuente responsabilidad administrativa es que en circunstancias de especial conmoción, de quebrantamiento del orden público, de perturbación de la normalidad ciudadana, de zozobra y peligro colectivos, en suma, de anormalidad en términos de convivencia social, no es indispensable que la autoridad sea requerida para que accione, prevenga el daño que pueda presentarse y sea capaz de precaver el hecho que pueda lesionar la vida, honra y bienes de los ciudadanos. (...).
La relación del Estado frente al ciudadano implica, no solo necesariamente la existencia de poderes y deberes, que en el derecho anglosajón se denominan “obligaciones funcionales del Estado”, y que son verdaderas obligaciones jurídicas cuyo incumplimiento acarrea algún tipo de consecuencia o sanción. No podría ser de otra manera, para el caso objeto de juzgamiento, como quiera que el deber del Estado se traducía en su poder y en la necesidad de proteger los derechos del ciudadano, en este caso la vida, aún sin que hubiera mediado solicitud por parte del señor Luis Alonso Herrera”(16).
13.6. Además, sobre el particular, ha manifestado la Corte Constitucional que habrá lugar a proceder a reconocer el amparo del derecho a la seguridad personal, identificar el tipo de amenaza que se cierne sobre la persona y definir de manera oportuna las medidas y medios de protección específicos, adecuados y suficientes para evitar la consumación de un daño, “especialmente cuando se trata de personas que por su actividad misma están expuestas a un nivel de amenaza mayor, como sería el caso de los defensores de derechos humanos, altos funcionarios, periodistas, líderes sindicales, docentes en zona de conflicto, minorías políticas o sociales, reinsertados, personas en condiciones de indigencia, desplazados por el conflicto armado, personas privadas de la libertad, soldados que prestan servicio militar obligatorio, niños y niñas y sujetos de un especial grado de protección por su notoria situación de indefensión”(17).
14. En el caso concreto, está demostrado que los hechos ocurrieron en una zona del territorio nacional afectada por una fuerte presencia de grupos armados organizados al margen de la ley, y en un momento histórico caracterizado por una agudización del conflicto a causa del incremento de las acciones cometidas por grupos al margen de la ley. Esta circunstancia permite afirmar que los habitantes del municipio de Convención (Norte de Santander), se encontraban en situación permanente de riesgo que, por su gravedad y notoriedad, no podía escapar al conocimiento de las autoridades.
14.1. Así mismo, de los elementos de prueba allegados se tiene que el Concejo Municipal de Convención, resaltó la importancia de solicitar un escolta personal para el señor Israel Enrique Sierra Uribe dadas las amenazas realizadas en su contra, requerimiento que sería tramitado ante la Policía Nacional por conducto de la Defensoría del Pueblo, información de la que no es posible determinar su último destinatario. No obstante, lo cierto es que el servidor público en compañía de los demás concejales dej[ó] plasmada tal necesidad en un documento público que debió ser direccionado a las entidades encargadas de mantener el orden público en aras de ofrecer la protección requerida, sin que sea de recibo en caso de presentarse una omisión en el trámite, atribuirle las consecuencia[s] fatales a quien puso en conocimiento la existencia de tal amenaza.
14.2. En estos casos, cuando la persona que está amenazada eleva la denuncia respectiva ante las autoridades y, a pesar de ello, estas adoptan unas medidas de protección precarias e insuficientes para protegerla, esta Subsección ha señalado(18):
“La jurisprudencia de la Sala ha admitido que el incumplimiento del deber especial de protección a cargo de las autoridades compromete la responsabilidad patrimonial del Estado. Con base en este criterio, ha indicado que cuando el daño es causado por un agente no estatal, la administración será obligada a reparar si existe prueba de que la víctima o la persona contra la cual estaba dirigido el atentado solicitó protección a las autoridades y que estas la retardaron, la omitieron o la prestaron de forma ineficiente”.
14.3. También se ha establecido la responsabilidad cuando el Estado omite remitir el caso a la entidad encargada de prestar el auxilio oportuno. La Corte IDH ha manifestado que no le corresponde a las víctimas conocer cuáles son las autoridades competentes para solicitar la respectiva protección, y que basta con el conocimiento que alguna autoridad tenga del riesgo que se cierne contra el denunciante, para que, en virtud de la coordinación armónica que debe existir entre las distintas entidades del Estado, le sea exigible el deber de poner en conocimiento dicha circunstancia a quien sí es competente y permita así, la protección pronta de la persona amenazada(19). En el caso López Luna vs Honduras(20), señaló:
“127. Respecto de las medidas adoptadas por el Estado, la Corte considera necesario recordar que corresponde a las autoridades estatales que toman conocimiento de una situación de riesgo especial, identificar o valorar si la persona objeto de amenazas y hostigamientos requiere de medidas de protección o remitir el asunto a la autoridad competente para hacerlo, así como ofrecer a la persona en riesgo información oportuna sobre las medidas disponibles. La valoración sobre si una persona requiere medidas de protección y cuáles son las medidas adecuadas es una obligación que corresponde al Estado y no puede restringirse a que la propia víctima lo solicite a “las autoridades competentes”, ni que conozca con exactitud cuál es la autoridad en mejor capacidad de atender su situación, ya que corresponde al Estado establecer medidas de coordinación entre sus entidades y funcionarios para tal fin”(21).
14.4. En este mismo sentido, la jurisprudencia de la corporación ha mantenido la exigencia del deber de protección frente a aquellas entidades ante las cuales la víctima elevó la denuncia por las amenazas recibidas, a pesar de que no fuera la llamada a brindar el servicio de protección, siempre y cuando le sea reprochable a esta última la omisión de poner en conocimiento las circunstancias a la autoridad competente. Ha considerado la Sala que, si bien, el deber de protección se predica especialmente de los organismos encargados de garantizar y mantener el orden público, como lo es la Policía o el Ejército Nacional, tal carga recae también sobre todos los entes del aparato estatal, los cuales deben obrar conforme a dicha obligación en relación con sus funciones y competencia, sin perder de vista el deber de colaboración armónica en la consecución de los fines del Estado tal como lo prevé el artículo 113 de la Constitución Política, “no siendo posible que la falta de comunicación o descoordinación de los estamentos respectivos recaiga de manera injustificada sobre los administrados”(22).
15. Con relación al contexto en el lugar de los hechos se deja de presente que fuentes oficiales, como el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Presidencia de la República, otras de organismos regionales que hace[n] parte del sistema de la ONU como la oficina del Alto Comisionado para Refugiados “ACNUR”, y otras que no revisten de dicho carácter oficial, como publicaciones del Centro de Investigación y Educación Popular - Cinep, y artículos de prensa de El Tiempo, semanario Ocaña 7 Días, el diario La Opinión(23), se revisarán para corroborar con mayor detalle el contexto puesto de presente en la demanda, acerca de la difícil situación de violencia presentada en el municipio de Convención, departamento de Norte de Santander, años antes del 2002, fecha de ocurrencia de los hechos.
15.1. Como pruebas acerca del contexto en el municipio de Acevedo, Norte de Santander, lugar de ocurrencia de los hechos se tiene:
15.2. En la publicación titulada “Asesinado el concejal Israel Sierra Uribe” en el semanario Ocaña 7 Días, edición 226 de abril de 2002, aportado por la parte actora, en la que además de hacer una referencia a la vida política del servidor público, se indica la situación de violencia vivida al interior de ese municipio. Así lo relató el medio de comunicación (fl. 28, cdno. 1):
“Hasta el momento las autoridades desconocen los móviles y autores del crimen que consternó de gran de manera a un pueblo que sigue sufriendo los rigores de la violencia que sigue sufriendo los rigores de la violencia (sic). Las exequias de Sierra Uribe se efectuaron en la tarde del lunes anterior en medio del repudio de miles de convencionistas que siguen abogando porque algún día llegue la paz para su tierra”.
15.3. En el mismo sentido lo mencionó el diario La Opinión, página 1 y 6A, publicación en la que se detalló la manera en cómo fue encontrado el cuerpo sin vida del señor Sierra Uribe (fl. 29, cdno. 1).
15.4. El diario nacional El Tiempo igualmente dedicó un espacio en su sesión de redacción para poner de presente la difícil situación que afrontaban los concejales del país para ese momento, año 2002, debido a las constantes amenazas realizadas por los grupos subversivos. Para el efecto señaló(24):
“Estos hechos, ratifican las declaraciones dadas por Antonio Galán Sarmiento, presidente de la Asociación Nacional de Concejales, en el sentido de que los concejales, no solo de Cundinamarca, sino de todo el país, siguen en la mira de las FARC.
Proteger a un alcalde es mucho más fácil que proteger a un concejal. La administración departamental y la nacional han puesto todos sus esfuerzos para la seguridad de los mandatarios locales, sin embargo, los concejales no hemos contado con la misma suerte, denunció Galán.
Por su parte, Luis Farfán, concejal de La Peña, dijo que la situación es difícil. No tenemos otra opción de seguridad que echarnos la bendición dos veces por la mañana y cambiar constantemente la rutina.
Infortunadamente, somos muchos y la mayoría residen en las veredas y dentro de la escala de funcionarios públicos somos los más indefensos. Ya hemos informado nuestra situación al Ministerio del Interior pero no hemos recibido ninguna garantía ni muestras de solidaridad, dijo Farfán, quien está refugiado en Bogotá”.
15.5. Por su parte el Observatorio de Derecho Humanos y de Derecho Internacional Humanitario de la Presidencia de la República en su publicación de julio de 2006, titulada “Dinámica reciente de la confrontación armada en el Catatumbo” la cual se ocupó de hacer un seguimiento a la situación de derechos humanos, de violencia y de confrontación armada en el país, señaló que para el periodo comprendido entre 1999 y 2002, se evidenció un incremento significativo de los homicidios y la disputa entre las autodefensas y grupos subversivos por el dominio de la zona. En estos términos fue relatado:
“El segundo periodo, entre 1999 y 2002, está marcado por la incursión más sistemática de los grupos de autodefensa, que se expresa en un incremento importante de la tasa de homicidio que alcanzó 160 homicidios por cada cien mil habitantes —HPCH— en 2000, el doble del punto más alto del periodo anterior, y a 180 HPCH en 2002, el punto más alto de la serie; el secuestro llegó a su pico en 1999, y desde 2000 su tendencia es a la disminución por efecto de las actuaciones de las autodefensas que limitaron la capacidad de la guerrilla en este ámbito; la intensidad de la confrontación bajó momentáneamente en 2000, como efecto de la entrada de las autodefensas, no obstante sube nuevamente en 2001 y 2002, como resultado de la reorganización de los dispositivos del ELN y las FARC, que actuaban en esos años cada vez más en las zonas intermedia y de cordillera.
En la zona de cordillera, las acciones armadas en su conjunto fueron ascendiendo cada vez más: 11 en 1999, 19 en 2000, 30 en 2001 y 27 en 2002 y a un ritmo mayor que los contactos armados. La confrontación armada se desplazó entonces cada vez más hacia las zonas montañosas, predominando los ataques a bienes civiles y los hostigamientos, los cuales se incrementaron especialmente en Convención, Teorama, El Carmen, y San Calixto, al tiempo que se mantuvieron en Ocaña. En este periodo, se elevaron los contactos armados desarrollados por la Fuerza Pública hasta doblar las acciones desplegadas por la guerrilla, que consistieron principalmente en ataques contra el oleoducto y hostigamientos dispersos. En esta zona, las FARC fueron ante todo objeto de combates por parte de las Fuerzas Militares y el EPL realizó principalmente hostigamientos en Ocaña y San Calixto”.
15.6. Sobre las condiciones de orden público vividas en el departamento de Norte de Santander para los años 2001-2002, el estudio “Deuda con la humanidad, paramilitarismo de Estado 1988-2003” del Centro de Investigación y Educación Popular - CINEP(25) registró el asesinato de 8 concejales de los municipios de Gramalote(26), Zulia(27), Convención(28), Tibú(29), Hacarí(30), Salazar(31), Herrán(32) y Arboledas(33) ubicados en este departamento, entre los años 2001 y 2002, homicidios que precedieron el perpetrado en contra de Israel Sierra Uribe.
15.7. La oficina del Alto Comisionado de Las Naciones Unidas para Refugiados “ACNUR” en su estudio sobre la “Situación de derechos humanos de los concejales en Colombia” para el año 2006, reflejó el siguiente panorama(34):
“Entre los años 2000-2006, un total de 251 concejales han sido asesinados, de los cuales 23 corresponden al presente año (2006). Los años 2002 y 2003 fueron los más críticos con 79 y 74 asesinatos, respectivamente, lo cual es atribuible a las acciones de grupos armados ilegales como las FARC que en el año 2002 declararon objetivo militar a todos los concejales del país.
Al revisar los departamentos más afectados por homicidios de concejales en el lapso 2000-2006, sobresalen Antioquia, Huila, Tolima, Cundinamarca, Caquetá, Arauca, Cesar, Norte de Santander, Santander y Valle del Cauca que, en ese orden, son los 10 departamentos que mayor número de asesinatos registran”.
15.8. La Sala además encuentra que era de tal magnitud el estado de vulnerabilidad que afrontaban estos servidores de elección popular, que el Gobierno Nacional adoptó varias medidas tendientes a brindarles protección. Entre otras, se destaca el Decreto Legislativo 2255 de 2002 “Por el cual se adoptan medidas relacionadas con los concejos municipales para su normal funcionamiento”(35), a través del que se autorizó a los concejales a realizar sesiones no presenciales dada las constantes amenazas que se cernieron en su contra. Así mismo, se promulgó el Decreto 1386 de 2002, que intentó brindar protección a alcaldes, concejales y personeros municipales en atención a la[s] acciones perpetradas en su contra por parte de grupos ilegales, las que no solo comportaron amenazas, desplazamientos forzados sino además asesinatos sistemáticos.
15.9. En atención al anterior análisis, la Sala tiene por acreditada la difícil situación de violencia declarada entre grupos paramilitares y la guerrilla en la gran mayoría de los municipios de Norte de Santander, los asesinatos sistemáticos de líderes regionales, la declaración de objetivo militar hecha por las Fuerzas Armadas de Colombia —FARC— en contra de los concejales del país, delitos que en el caso de la referencia constituyen el daño causado a los actores, esto es, la muerte del concejal del municipio de Convención, Israel Sierra Uribe.
15.10. En este orden de ideas se tiene que el daño puesto de presente en la demanda de reparación directa comporta hechos notorios para la fuerza pública, en atención a la preocupante situación de violación de derechos humanos en el departamento de Norte de Santander y los ataques selectivos perpetrados en contra de los concejales a lo ancho y largo del país estudiados para la fecha de los hechos, la cual a pesar de ello no implementó medidas preventivas para protegerlos.
16. Acerca de la asignación de responsabilidad de las entidades demandadas, se tiene que, en los términos del artículo 218 de la Constitución Política(36), la Policía Nacional tiene como fin primordial mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz(37), lo que, de conformidad con el Decreto 1355 de 1970(38), se concreta en la obligación de conservar el orden público, es decir, prevenir y eliminar las perturbaciones de la seguridad, de la tranquilidad de la salubridad y la moralidad públicas, función que cumplen bajo la dirección y coordinación de gobernadores y alcaldes(39), no cabe duda de que, ante el conocimiento fundado de las amenazas en contra de la vida e integridad personal de los líderes comunitarios y dirigentes políticos de la región, de la que daba[n] cuenta los sistemáticos asesinatos que precedieron el cometido en contra de Israel Sierra Uribe, esta última estaba en el deber calificado o reforzado de tomar medidas eficaces para evitar que dicha amenaza se concretara o, en su defecto, que pudiera ser repelida a la mayor brevedad posible(40) y para garantizar la protección de estos funcionarios de elección popular.
16.1. Por su parte, revisada la carga obligacional(41) de la Alcaldía Municipal de Convención en materia de orden público, la Sala advierte que su actuación debía propender por su mantenimiento o, en su defecto, lograr su restablecimiento, en caso de ser necesario, para lo cual podía adoptar cualquiera de las siguientes medidas: (i) restringir y vigilar la circulación de personas por la vía y espacios públicos; (ii) decretar el toque de queda; (iii) requerir el auxilio de la fuerza armada en los casos permitidos por la Constitución y la ley, deberes que fueron inobservados por parte de esta entidad territorial pese a su conocimiento previo del asesinato de otro concejal del municipio para el mismo año y a los homicidios selectivos de 7 más de ellos al interior del departamento de Norte de Santander.
16.2. De otro lado y, teniendo en cuenta que, en los términos del artículo 216 de la Constitución Política(42), el Ejército Nacional tiene como fin primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, y de manera excepcional, la preservación del orden público cuando sea requerido por las autoridades públicas, gobernadores o alcaldes, o por la Policía Nacional(43), supuesto fáctico que para el caso concreto no se produjo, pues no existe ningún elemento de prueba que permita evidenciar que las autoridades en mención requirieron el apoyo de la fuerza pública para conjurar la grave situación de orden público presentada, de lo que se concluye que no le asiste responsabilidad en la causación el daño que se intenta reparar.
16.3. Así las cosas, la Policía Nacional y la Alcaldía Municipal de Acevedo, Norte de Santander incurrieron en una falla en la prestación del servicio, en la medida que no adoptaron las medidas necesarias para conjurar el respeto por la vida e integridad personal del concejal Israel Sierra Uribe.
16.4. La responsabilidad patrimonial por el daño causado a los demandantes es imputable en proporciones de 70% del valor total de la condena que corresponda en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y el 30% restante en contra de la Alcaldía Municipal de Acevedo, Norte de Santander, pues fue la desatención de las obligaciones que en materia de protección a la vida e integridad personal del funcionario de elección popular de la primera de las nombradas que se materializó el asesinato del servidor público, al paso que el ente territorial al omitir adoptar las medidas que l[a] ley le permitía de cara a conjurar la grave situación de orden público contribuyó eficientemente en que se concretara el riesgo que enfrentaba el concejal Israel Sierra Uribe. Ahora bien, la parte demandante podrá reclamar el pago de la totalidad de las sumas reconocidas en la presente providencia ante la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional o ante la Alcaldía Municipal de Acevedo, esto sin perjuicio que aquellos puedan ejercer las acciones tendientes a obtener el rembolso de las sumas pagadas contra aquel que no realizó el pago estando obligada a ello.
VI. (sic) Liquidación de perjuicios
17. Las demandantes solicitaron como indemnización por concepto de perjuicios inmateriales en la modalidad de perjuicios morales la suma correspondiente a 1500 gramos oro a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia para cada uno de ellos.
17.1. En torno a los perjuicios morales por la muerte o las lesiones personales padecidas por un ser querido, la Sala recuerda que, según la jurisprudencia de esta corporación, basta la acreditación del parentesco para que pueda inferirse su causación a los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad(44) y primero civil, esto es, respecto de los padres, hermanos —mayores o menores—, abuelos, hijos y cónyuge o compañero(a) permanente de la víctima principal. Las razones que sustentan el paso del hecho indicador del parentesco, a la circunstancia de que el daño causado a una persona afecta moralmente a sus parientes, se fundamentan en que: a) la experiencia humana y las relaciones sociales enseñan que entre los parientes existen vínculos de afecto y ayuda mutua y b) la importancia que tiene la familia como núcleo básico de la sociedad (C.P., art. 42)(45).
17.2. Así pues y acreditado como está que las demandantes se encuentran emparentadas con el señor Israel Sierra Uribe, la Sala estima procedente el reconocimiento de esta tipología de perjuicio a favor de Cruz Celina Contreras Peinado, Karen Margarita y Óscar Enrique Sierra Contreras —ver párrafo 10.4—.
17.3. Ahora bien, en lo que tiene que ver con el quantum de la condena se tiene que, de conformidad con la jurisprudencia unificada de la Sección Tercera, se reconocen en estos eventos(46), la suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la cónyuge e hijos de la víctima. Así las cosas el monto de la liquidación por perjuicios morales en favor de Cruz Celina Contreras Peinado, al igual que para Karen Margarita y Óscar Enrique Sierra Contreras será de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
18. De otro lado, y a propósito de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante solicitados en la demanda a favor de Cruz Celinda Contreras Peinado(47), la Sala en apoyo de la jurisprudencia consolidada de esta corporación mediante la cual se ha definido que, con la muerte de sus respectivos compañeros y padres, dejan de percibir el lucro derivado del sostén económico que estos últimos les brindaban, la Sala procederá a su reconocimiento.
18.1. En torno a su liquidación, es preciso establecer el monto de los ingresos devengados por el señor Israel Sierra Uribe, que como consta en los hechos probados de esta sentencia para el momento de su asesinato se desempeñaba como concejal del municipio de Acevedo —ver párrafo 10.1—.
18.2. Para acreditar el monto de estos ingresos, la parte demandante solicitó en su demandada se oficiara al Concejo Municipal de Acevedo a fin de que certificara el monto de los honorarios percibidos por el señor Sierra Uribe. En respuesta al requerimiento realizado por el tribunal, la secretaría de esta corporación púb[l]ica señaló (fl. 54, cdno. 1):
“Que el señor Israel Enrique Sierra Uribe (q.e.p.d.) identificado con la cédula de ciudadanía 12.257.063 [d]el Banco Magdalena, se desempeñó como concejal de este municipio desde el 5 de enero de 1998 hasta el 12 de abril de 2002 (durante un periodo de (4) cuatro años (4) cuatro meses y (12) doce días); así mismo la remuneración que recibió durante los últimos cuatro periodos (febrero, mayo, agosto, noviembre del 2005) fue la suma de $3.984.000 y con descuento fue de $3.546.680 pesos”.
18.3. Ahora bien, analizado este documento la Sala encuentra que su contenido no permite establecer el ingreso básico mensual devengado por el concejal, pues no es claro respecto de la periodicidad del pago así como tampoco en la fecha para cual ejerci[ó] el cargo, pues allí se indicó el año 2005, momento para el cual ya se había perpetrado su lamentable asesinato.
18.4. No obstante la falencia probatoria referida, la Sala acudirá a los parámetros establecidos en la Ley 136 de 1994 para fijar los honorarios devengados por el concejal Sierra Uribe al momento de su deceso.
18.5. En primer lugar, este cuerpo normativo establece que los honorarios de los concejales se causarán de acuerdo al número de sesiones ordinarias y extraordinarias que realicen estas corporaciones de elección popular, pago que no comporta remuneración laboral ni el reconocimiento de prestaciones sociales. Así mismo esta codificación legal fijó que los honorarios percibidos por estos servidores públicos se encontraban supeditados a dos factores a saber: (i) la categorización legal(48) del municipio para el que resultaron electos y; (ii) un porcentaje del monto devengado por la primera autoridad administrativa del respectivo municipio.
18.6. Para el caso del municipio de Acevedo, Norte de Santander se encuentra que corresponde a un municipio de quinta categoría y la asignación establecida para su alcalde municipal en el año 2002, de conformidad con el Decreto 694(49) del mismo año, ascendía a la suma de $1.799.398. Tal como se refirió en precedencia, los horarios establecidos para los concejales electos para esta categoría de municipios se limitaron hasta en un 50% del salario diario asignado a su burgomaestre y máximo por 12 sesiones en el mes(50).
18.7. Así las cosas, el salario devengado por el señor Sierra Uribe corresponde a doce días(51) de salario del alcalde del municipio, esto es, $719.759, monto que será actualizado de acuerdo a la fórmula matemática aceptada por el Consejo de Estado:
18.6. Así entonces, el ingreso básico de liquidación corresponde a la suma de un millón cuatrocientos quince mil trescientos noventa y cuatro pesos(53) ($1.415.394) sobre el cual se liquidará el lucro cesante. De este valor, se resta un 25% correspondiente a lo que el señor Sierra Uribe destinaba para sus gastos personales, de lo cual se obtiene el valor de $1.061.546 m/cte., cifra que destinaría al sostenimiento de su núcleo familiar.
18.7. Se precisa que la presente indemnización será reconocida a favor de la señora Cruz Celina Contreras Peinado tal como fue solicitado en la demanda, en su calidad de cónyuge de la víctima —ver párrafo 10.4—, tanto para el periodo consolidado como futuro. El primero va desde el momento de la muerte del señor Israel Sierra Uribe, hasta la fecha en que se profiere esta sentencia, periodo en el cual transcurrieron 181.17 meses.
18.9. De otro lado, la indemnización del periodo futuro a favor de Cruz Celina Contreras Peinado, deberá reconocerse en abstracto, por cuanto no se tiene conocimiento de su edad, factor indispensable a la hora de establecer cuál de las expectativas de vida de los cónyuges resulta menor luego de su comparación. Para el efecto, la parte interesada deberá promover un trámite incidental, dentro de los 60 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, para lo cual deberá aportar prueba documental que informe de manera inequívoca la fecha de nacimiento de la señora Contreras Peinado. Posteriormente y haciendo uso de la tabla de mortalidad prevista para el periodo comprendido entre 2002 a 2005, visible a folio 74 de cuaderno 1, deberá identificar la menor expectativa de vida, número de meses del que descontará el periodo indemnizado en el lucro cesante consolidado. El cálculo de este periodo deberá ceñirse a la siguiente fórmula:
19. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
REVOCAR la sentencia del 11 de febrero de 2011 proferida por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda, y en su lugar:
1. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa Policía Nacional y la Alcaldía Municipal de Acevedo, Norte de Santander, por la muerte del concejal Israel Enrique Sierra Uribe, conforme a las consideraciones expuestas en esta sentencia.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y la Alcaldía Municipal de Acevedo, Norte de Santander, al pago de forma solidaria, de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de ellos, a favor de Cruz Celina Contreras Peinado, Karen Margarita Sierra Contreras y Oscar Enrique Sierra Contreras, con sujeción a la parte motiva de esta providencia.
3. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y la Alcaldía Municipal de Acevedo, Norte de Santander, al pago de forma solidaria, a favor de Cruz Celina Contreras Peinado de cuatrocientos doce millones cuatrocientos veintiséis mil quinientos setenta pesos ($412.426.570) por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado, con sujeción a la parte motiva de esta providencia.
4. CONDENAR EN ABSTRACTO a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y la Alcaldía Municipal de Acevedo, Norte de Santander, al pago de forma solidaria, a favor de Cruz Celina Contreras Peinado, de la suma que se logre establecer por concepto de lucro cesante futuro, con sujeción a la parte motiva de esta providencia.
8. CUMPLIR la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del CCA.
2 La Sala encuentra que este proceso tiene vocación de doble instancia, comoquiera que la cuantía asciende a la suma de $1.100.000.000, la cual resulta superior a los 500 SMLMV, exigidos por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo para las acciones de reparación directa iniciadas en el año 2004 ($179.000.000), y teniendo en cuenta que la misma se obtiene de la sumatoria de la totalidad de las pretensiones acumuladas al momento de la presentación de la demanda de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley 1395 de 2010.
3 Al respecto, véanse, entre otras, las siguientes sentencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: 10 de junio de 2009, Exp. 18108, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; 9 de junio de 2010, Exp. 19283, C.P. Enrique Gil Botero; 11 de agosto de 2011, Exp. 20325, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
4 Sentencias de 25 de julio de 2011, Exp. 19434, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; 19 de octubre de 2011, Exp. 20861, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; y 15 de febrero de 2012, Exp. 20880, C.P. Olga Mélida Valle de De la Hoz.
5 Exp. 110010315000201101378-00, C.P. Susana Buitrago Valencia.
6 Cabe señalar que este planteamiento acerca del valor indiciario de los recortes de prensa fue objeto de una aclaración de voto expresada en los siguientes términos por los magistrados Stella Conto Díaz del Castillo y Danilo Rojas Betancourth: “Centralmente debe advertirse que, en determinados eventos, atendiendo, verbi gratia, la naturaleza de la noticia, el espectro de difusión y la calidad de los medios que la comunicaron, puede el juez considerar que se trata de un hecho notorio que no requiere prueba adicional, pues las notas periodísticas otorgan esa naturaleza.|| Es que, por ejemplo, casos como desastres naturales de repercusión nacional que son registrados en detalle por todos los medios de comunicación no podrían recibir el mismo trato, ni tampoco debería aplicarse la jurisprudencia vigente para hechos que impactan al colectivo en general y por lo mismo son registrados por la opinión pública hasta convertirse en temas de discusión en cualquier foro social.|| Por tanto, el llamado de la presente aclaración tiene por objeto morigerar el precedente vigente para que en cada caso el juez, orientado por su sana crítica, pueda darle a las notas e informaciones periodísticas un alcance superior al de la simple veracidad de su sola difusión y pueda, dependiendo del sub judice, tener el hecho como notorio y por lo mismo relevarlo de cualquier exigencia de prueba adicional, estimando entonces cierto el contenido que a nivel nacional registren los medios de comunicación, atendiendo también a su grado de credibilidad social.|| Además, no puede desconocerse que la publicación de determinada información, puede tenerse como un indicio que, apoyado con otras pruebas, permita alcanzar un grado de convencimiento sobre la certeza del hecho noticioso, esto a partir de su confiabilidad”.
8 Esta fue la postura asumida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las siguientes sentencias: 4 de julio de 2007, caso Escué Zapata vs. Colombia, párr. 28, y 11 de mayo de 2007, caso Bueno Alves vs. Argentina, párr. 46. Sin embargo, cabe señalar que en fallos anteriores, la Corte había impuesto menos condicionamientos para la valoración de estos documentos. Así, en varias sentencias proferidas en 2006 (entre otras, la de 29 de noviembre de 2006, caso La Cantuta vs. Perú, párr. 65; de 4 de julio de 2006, caso Ximenes Lopes vs. Brasil, párr. 55; de 1º de julio de 2006, caso de las masacres de Ituango vs. Colombia, párr. 122) indicó que los documentos de prensa aportados por las partes podrían ser apreciados “cuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, o cuando corroboren aspectos relacionados con el caso”. Previamente, en la sentencia de 29 de julio de 1988, caso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, había señalado que los recortes de prensa tienen valor probatorio “en cuanto reproducen textualmente declaraciones públicas, especialmente de altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, del Gobierno o de la propia Corte Suprema de Justicia de Honduras, como algunas emanadas del presidente de esta última; [mientras que] otros tienen importancia en su conjunto en la medida en que corroboran los testimonios recibidos en el proceso respecto de las desapariciones y la atribución de esos hechos a las autoridades militares o policiales de este país” (párr. 146).
9 En el sistema interamericano de protección de derechos humanos también se ha admitido la posibilidad de imputar responsabilidad al Estado por violaciones de derechos humanos cometidos por agentes no estatales. En estos casos, el fundamento de la obligación de reparar se sustenta en el incumplimiento de las obligaciones de protección y garantía consignadas en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sobre el particular, pueden consultarse, entre otras, las siguientes sentencias: caso de la masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, sentencia de 31 de enero de 2006, párr. 123; caso de la masacre de Mapiripán vs. Colombia, sentencia de 15 de septiembre de 2005, párr. 111.
10 En este sentido, véase la sentencia el 11 de julio de 1996, Exp. 10822, C.P. Daniel Suárez Hernández, mediante la cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por la muerte del comandante de guardia de la cárcel del municipio de Cañasgordas (Antioquia) durante un ataque armado perpetrado por presuntos guerrilleros, aprovechando las deficientes condiciones de seguridad que presentaba el establecimiento carcelario.
11 Este fue el título de imputación a partir del cual la Sección Tercera del Consejo de Estado declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños causados a las víctimas de la Toma del Palacio de Justicia. Al respecto, véanse, entre otras, las sentencias del 16 de febrero de 1995, Exp. 9040, C.P. Juan de Dios Montes; del 27 de junio de 1995, Exp. 9266, C.P. Juan de Dios Montes; del 3 de abril de 1995, Exp. 9459, C.P. Juan de Dios Montes; y del 29 de marzo de 1996, Exp. 10920, C.P. Jesús María Carrillo.
12 La providencia del 12 de noviembre de 1993, Exp. 8233, C.P. Daniel Suárez Hernández, responsabiliza al Estado por los daños causados con la destrucción de un bus de transporte público por parte de la guerrilla del ELN, en protesta por el alza del servicio de transporte entre los municipios de Bucaramanga y Piedecuesta (Santander). A juicio de la Sala, el daño es imputable a título de falla del servicio porque, aunque la empresa transportadora no solicitó protección a las autoridades, estas tenían conocimiento que en esa región “el alza del transporte genera reacciones violentas de parte de subversivos en contra de los vehículos con los cuales se presta ese servicio público”.
13 Esta fue la postura asumida por la Sección Tercera del Consejo de Estado al resolver la acción de reparación directa originada en la toma guerrillera a la base militar de Las Delicias en el departamento de Putumayo, sentencia de 25 de mayo de 2011, Exps. 15838, 18075, 25212 (acumulados), C.P. Jaime Orlando Santofimio. En este caso la responsabilidad que se imputa al Estado “es por el resultado en atención a que i) no hubo o no se emplearon suficientes instrumentos de prevención (frente a lo que los altos mandos militares reflejan su omisión y desatención); ii) la calidad de la respuesta que se tuvo para defender a los miembros de la fuerza militar (...) fue limitada, tardía, insuficiente y propia de la falta absoluta de planeación y coordinación que exige la estrategia y desarrollo militar (pese a que nuestra fuerza militar tiene instituciones y forma a sus cuadros en escuelas militares de las mejores en el mundo), y; iii) a que el apoyo o reacción del Estado fue tardío, insuficiente y drásticamente limitado, lo que llevo a dejar sin alternativa alguna a los ciudadanos soldados, que produjo la muerte de uno de ellos y las lesiones de los otros dos. Por lo tanto, se sustenta dicha atribución, en su conjunto, en la falta absoluta de la “debida diligencia” que debía aplicar el Estado en el caso concreto de la toma de la base militar de Las Delicias por parte de un grupo armado insurgente”.
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 19 de junio de 1997, Exp. 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández.
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de octubre de 1997, Exp. 10958, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 4 de diciembre de 2007, Exp. 16894, C.P. Enrique Gil Botero.
17 Corte Constitucional, Sentencia T-078 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Este fallo de tutela amparó los derechos fundamentales a la vida y a la seguridad personal del líder indígena Yecid Brines Polo Che, gobernador de la comunidad indígena Chenche Buenavista, ubicada en el municipio de Colaina, Tolima, presidente de las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia y beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), otorgadas a los indígenas del pueblo Pitao. La providencia ordenó a la Unidad Nacional de Protección, adscrita al Ministerio del Interior, disponer de manera ininterrumpida la continuidad de las medidas de protección otorgadas al tutelante por parte de la CIDH.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de febrero de 2012, Exp. 22373, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
19 Así, en el caso López Luna vs. Honduras, sentencia del 10 de octubre de 2013, la Corte encontró responsable al Estado por la muerte de Carlos Luna López, quien se desempeñaba como defensor ambientalista, ocurrida el 18 de mayo de 1998, en las afueras de la Corporación Municipal de Catacamas; de un lado, verificó la existencia de una situación de especial riesgo para los defensores del medio ambiente en la época de los hechos, y del otro, afirmó que el Estado tuvo conocimiento del riesgo real e inmediato contra la vida de la víctima, a raíz de la denuncia de amenaza de muerte que elevó ante el Ministerio Público, evento que permitía dar por cumplida su obligación de activar los órganos responsables de ofrecer una respuesta al riesgo que enfrentaba. De forma similar, en Vélez Restrepo y familiares vs. Colombia, del 3 de septiembre de 2012, la Corte declaró la responsabilidad del Estado colombiano por los hostigamientos, amenazas e intento de privación de la libertad del periodista Luis Gonzalo Vélez Restrepo. Esa instancia internacional resaltó que para la época de los hechos la víctima puso en conocimiento las amenazas realizadas en su contra ante la unidad de investigaciones especiales de la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, pero que “El Estado no cumplió con su deber de prevenir la vulneración de los derechos del señor Vélez Restrepo y su familia a través de la adopción de medidas oportunas y necesarias de protección, sino recién después de que el señor Vélez Restrepo sufriera un intento de privación de la libertad” ( párr. 203).
21 Cfr. Caso Vélez Restrepo y familiares Vs. Colombia. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 3 de septiembre de 2012, serie C, Nº 248, párr. 201.
22 Sentencia del 8 de julio de 2016, Exp. 31987, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Ver nota al pie 45. En la sentencia del 31 de mayo 2013, Rad. 199903222 (30522), C.P. Danilo Rojas Betancourth (E), se declaró la responsabilidad del Estado por la muerte del personero del municipio de Guarne, Antioquia, ocurrida el 25 de septiembre de 1997. Meses antes, el funcionario alertado por un tercero de que se preparaba un atentado en su contra, denunció ese hecho ante la unidad seccional de la Fiscalía de Guarne, solicitando que se le brindaran medidas de protección. Vía fax, también dio aviso de la situación a varias entidades y en la tarde se reunió en su oficina con tres agentes del Cuerpo Técnico de Investigación, quienes le hicieron recomendaciones de seguridad. Ese mismo día, fue abordado por desconocidos, quienes con armas de fuego cegaron su vida. La corporación condenó a la Fiscalía General de la Nación, por cuanto no adelantó las funciones a su cargo en materia de protección de víctimas y no informó a la Policía Nacional y a los organismos de seguridad del Estado la situación de riesgo real e inminente en que se encontró el personero.
23 La Sala valorará la información hallada en esos sitios web, toda vez que el artículo 10 de la Ley 527 de 1999 admite como medios de pruebas los mensajes de datos, entendidos como “la información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos”. El mismo criterio ha sido aplicado antes por la Subsección C y el pleno de la Sección Tercera, como una forma de propender por la utilización de las nuevas tecnologías en la dinámica de las relaciones intersubjetivas, y por supuesto en la actividad probatoria dentro de los procesos judiciales. Véanse la sentencia de 24 de octubre de 2013, Exp. 26690 y el auto de 6 de diciembre de 2012, Exp. 45679, ambos con ponencia de Jaime Orlando Santofimio.
24 http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1376311
25 Editorial Códice Ltda., Bogotá, 2004.
26 Paramilitares de las AUC arribaron al casco urbano, en horas de la noche, ingresaron a un establecimiento público de propiedad del municipio y sacaron por la fuerza al concejal Niño Ramírez y al administrador del lugar; según la fuente “atados de manos recorrieron las despobladas calles, hasta la salida del pueblo”, allí el concejal fue ejecutado de seis impactos de bala y la otra persona de cinco impactos. Los cadáveres fueron hallados al día siguiente boca abajo, con múltiples heridas y las manos atadas a la espalda. El grupo paramilitar al retirarse dejó consignas en las paredes de algunas viviendas, donde escribieron, “llegamos para quedarnos, somos 100, AUC”.
27 “El cadáver del concejal de El Zulia, de filiación liberal, Francisco Rodríguez, fue hallado con varios impactos de bala en la cabeza, en el sitio El Tablazo, vereda Santa Rosa”.
28 “El concejal de Convención, Alcides Angarita, fue ejecutado de cinco impactos de bala por paramilitares en un establecimiento comercial en zona urbana. El hecho se presentó hacia el mediodía”.
29 “Paramilitares ejecutaron de un impacto de bala de fusil en la inspección de policía La Llana, a un concejal de Tibú. La víctima estudiante de quinto semestre de ingeniería civil, había sido bajado del vehículo en que se movilizaba del caserío Campo Dos hacia la ciudad de Cúcuta”.
30 “El exconcejal de la localidad Luis Castilla, fue muerto de diez impactos de bala al interior de su vivienda por guerrilleros del Frente Armando Cacua Guerrero del ELN”.
31 El cadáver del concejal de Arboledas (Norte de Santander), Ramiro Pabón, con señales de tortura fue hallado en el sito Fincas Corderos. El hecho se presentó en horas de la noche.
32 “Hombres armados asesinaron de varios impactos de bala a tres personas, miembros de una misma familia e hirieron a otra a las 7:00 p.m., en el corregimiento Siberia. Juan era concejal en Herrán”.
33 “Guerrilleros del Frente Juan Fernando Porras del ELN vistiendo ropa camuflada y portando armamento largo y corto dieron muerte al concejal de este municipio, de filiación política conservadora. El hecho se presentó hacia las 5:30 de la madrugada cuando la víctima de 41 años, fue sacada de su finca ubicada en la vereda Chicagua. Actualmente el político asumía el cargo en reemplazo de Ramiro Pabón asesinado en febrero pasado”.
34 http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_1817.pdf
35 Estudio de constitucionalidad mediante la Sentencia C-008 de 2003 del 23 de enero de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
36 “La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.
37 Antes de la Constitución Política de 1991, el artículo 1º del Decreto 1355 de 1970 “Por el cual se dictan normas sobre policía”, ya prescribía: “La policía está instituida para proteger a los habitantes del territorio colombiano en su libertad y en los derechos que de esta se derivan, por los medios y con los límites estatuidos en la Constitución Nacional, en la ley, en las convenciones y tratados internacionales, en el reglamento de policía y en los principios universales del derecho”.
38 Artículo 2: “A la policía compete la conservación del orden público interno. || El orden público que protege la policía resulta de la prevención y eliminación de las perturbaciones de la seguridad, de la tranquilidad de la salubridad y la moralidad públicas. || A la policía no le corresponde remover la causa de la perturbación” y artículo 34: “La protección del orden público interno corresponde a cuerpos de policía organizados con sujeción a la ley y formados por funcionarios de carrera, instruidos en escuelas especializadas y sujetos a reglas propia de disciplina. || Los cuerpos de policía son civiles por la naturaleza de sus funciones”.
39 Artículo 39 del Decreto 1355 de 1970: “Los gobernadores, como agentes del Gobierno Nacional, dirigirán y coordinarán en el departamento el servicio nacional de policía y lo relativo a la policía local. || Los alcaldes, como agentes del gobernador, son jefes de policía en el municipio”.
40 Se recuerda que si bien es cierto que, de conformidad con el artículo 109 del Decreto 522 de 1971, “[p]ara preservar el orden público la policía empleará solo medios autorizados por ley o reglamento y escogerá siempre, entre los eficaces, aquellos que causen menor daño a la integridad de las personas y de sus bienes. Tales medios no podrán utilizarse más allá del tiempo indispensable para el mantenimiento del orden o su restablecimiento”, no cabe duda que, en todos los casos, la Policía Nacional está en la obligación de escoger medios eficaces para garantizar la protección del orden público amenazado.
41 Ley 136 de 1994 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”.
42 “La Nación tendrá para su defensa unas Fuerzas Militares permanentes constituidas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Militares tendrán como finalidad primordial la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. La ley determinará el sistema de reemplazos en las Fuerzas Militares, así como los ascensos, derechos y obligaciones de sus miembros y el régimen especial de carrera, prestacional y disciplinario, que les es propio.
43 Decreto 522 de 1971, artículo 112 y 113 “Cuando la policía no fuere suficiente para contener grave desorden, procede la solicitud de asistencia a las Fuerzas Militares”.
“Los gobernadores, el alcalde de Bogotá (los intendentes y los comisarios especiales) podrán requerir el auxilio de las Fuerzas Militares, cuando las circunstancias de orden público lo exijan”. Por el cual se dictan normas sobre Policía, ya prescribía: “La policía está instituida para proteger a los habitantes del territorio colombiano en su libertad y en los derechos que de esta se derivan, por los medios y con los límites estatuidos en la Constitución Nacional, en la ley, en las convenciones y tratados internacionales, en el reglamento de policía y en los principios universales del derecho”.
44 El artículo 37 del Código Civil consagra: “Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número de generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y dos primos hermanos en cuarto grado de consanguinidad entre sí”.
45 Sección Tercera, sentencias de 10 de abril de 2003, Exp. 13834, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; 10 de julio de 2003, Exp. 14083, C.P María Elena Giraldo Gómez; 12 de febrero de 2004, Exp. 14955, C.P. Ricardo Hoyos Duque; 24 de febrero de 2005, Exp. 14335, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; 10 de marzo de 2005, Exp. 14808; 8 de marzo de 2007, Exp. 15459, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; 23 de abril de 2008, Exp. 16186, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; 19 de noviembre de 2008, Exp. 28259, C.P. Ramiro Saavedra Becerra. De la Subsección “B”, ver por ejemplo, sentencia de 8 de febrero de 2012, Exp. 23308, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
46 Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2014, Exp. 27709, C.P. Carlos Alberto Zambrano.
47 Numeral 2.1 del acápite de declaraciones y condenas “2.1. A la señora Cruz Celina Contreras Peinado, los daños y perjuicios materiales, por concepto del lucro cesante, en una suma igual o superior a mil millones de pesos ($1.000.000.000) representados en la sumas de dinero dejados de percibir por el señor Israel Enrique Sierra Uribe, como consecuencia de la muerte violenta de la que fue objeto, por manifiesta desprotección de las autoridades, ya que de haber continuado con vida, habría incrementado su patrimonio”.
48 Ley 617 de 2000 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional”.
49 “Por el cual se fijan los límites máximos salariales mensuales de los gobernadores y alcaldes y se dictan disposiciones en materia prestacional”.
50 “ART. 66.—Causación de honorarios. (Modificado. art. 7º, L. 1148/2007; art. 1º, L. 1368/2009; art. 20, L. 617/2000). El pago de honorarios a los concejales se causará durante los periodos de sesiones ordinarias y extraordinarias que celebren estas corporaciones, y no tendrán efecto legal alguno con carácter de remuneración laboral ni derecho al reconocimiento de prestaciones sociales. En los municipios de categorías especial, primera y segunda los honorarios serán equivalentes al ciento por ciento (100%) del salario básico diario que corresponde al alcalde respectivo, por sesión, y hasta por veinte (20) sesiones en el mes. En los municipios de categorías tercera y cuarta, serán equivalentes al “setenta y cinco por ciento (75%) del” salario del alcalde y hasta por doce (12) sesiones en el mes. En los municipios de las demás categorías, serán equivalentes “al cincuenta por ciento (50%) del” salario diario del alcalde y hasta por doce (12) sesiones en el mes.
PAR.—Los honorarios son incompatibles con cualquier asignación proveniente del tesoro público, excepto con aquellas originadas en pensiones o sustituciones pensionales”.
51 Se toma el número máximo de sesiones ordinarias atendiendo a la certificación expedida por el secretario general del Concejo Municipal de Convención, mediante la cual informó: “Que el señor Israel Enrique Sierra Uribe, identificado con la cédula de ciudadanía 12.576.063 expedida en el Banco Magdalena, honorable concejal de este municipio, asistió puntualmente a las sesiones ordinarias y extraordinarias realizadas durante el año 2001, lo mismo que a las realizadas desde el mes de febrero hasta el día 12 de abril del año 2002”.
52 [69.22] Índice de precios al consumidor establecido para la fecha de la muerte del concejal Sierra Uribe, 14 de abril de 2002.
53 A este valor no se le adicionará el 25% de prestaciones sociales en obedecimiento a lo reglado por la Ley 136 de 1994.

References: ARTÍCULO 113
 artículo 113
 artículo 218
 artículo 216
 artículo 55
 artículo 132
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 10
 artículo 1
 Artículo 2
 artículo 34
 Artículo 39
 artículo 109
 artículo 112
 artículo 37