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Timestamp: 2018-02-19 19:22:27+00:00

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DE LOS PROCESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL
Por: Eddy Wálter Fernández Gutiérrez.
Se ha puesto parcialmente en vigencia anticipada el Nuevo Código Procesal Civil, instrumento legal que entrará en vigencia plena a partir del 6 de agosto del presente año. El objeto del nuevo código es el de brindar mayor acceso a la justicia, desformalizar el proceso, simplificar el procedimiento, reducir la sobrecarga judicial, agilizar las causas, transparentar las actuaciones judiciales, alcanzar una justicia pronta, eficaz y eficiente.
Se sustenta en algunos pilares, entre ellos, el proceso por audiencia, las notificaciones con actos procesales en Secretaría, facilidad en la obtención de medidas cautelares restringiendo la contracautela, introducción de los procesos de estructura monitoria, prevalencia de algunos procesos voluntarios, etc.
El nuevo diseño de los procesos ordinarios y extraordinarios tiene como referentes el proceso por audiencia para fijación de asistencia familiar, el proceso oral agrario y el juicio oral de orden penal, con los que guardan estrecha relación, en cuanto a su trámite se refiere.
I. DEL PROCESO ORDINARIO
Corresponde comenzar precisando que para el planteamiento del proceso ordinario resulta imprescindible que con carácter previo tenga que acompañarse con la demanda el acta de conciliación, con resultado negativo, como imperativamente lo establecen los arts. 292 y 362-II del Código Procesal Civil y art. 69-3) de la Ley del Órgano Judicial.
Por lo expuesto, corresponde a que en la vía del proceso preliminar se demande la conciliación previa, distinta a la conciliación intra procesal que debe cumplir el juez durante la audiencia preliminar; entonces el conciliador, que forma parte del personal del juzgado según el art. 83-1) de la Ley del Órgano Judicial, cumpliendo sus obligaciones previstas en el art. 89 de la referida ley debe observar el procedimiento previsto por el art. 296 del Código Procesal Civil. En caso de lograrse un resultado positivo el conciliador pondrá en conocimiento del Juez el acta de conciliación para su aprobación mediante auto definitivo, conforme a la facultad acordada por el art. 69-1) de la Ley del Órgano Judicial. Si la conciliación fuere desestimada, el procedimiento se tendrá por concluido y viabilizará el ingreso al proceso ordinario con el acompañamiento del acta pertinente que dé cuenta del resultado negativo.
Corresponde dejar claro que Bolivia al haberse constituido en un Estado Plurinacional, a partir de la Constitución Política del Estado de 07 de febrero de 2.009, ha diseñado un nuevo Estado pacifista que promueve la cultura de paz y el derecho a la paz, determinando en el art. 10-I lo siguiente: “Bolivia es un Estado pacifista, que promueve la cultura de la paz y el derecho a la paz, así como la cooperación entre los pueblos de la región y del mundo, a fin de contribuir al conocimiento mutuo, al desarrollo equitativo y a la promoción de la interculturalidad, con pleno respeto a la soberanía de los estados”.
En función de dicha política pacifista diseñada, ha establecido en el art. 108 que son deberes de las bolivianas y los bolivianos: “4. Defender, promover y contribuir al derecho a la paz y fomentar la cultura de paz”.
Luego, en la Ley del Órgano Judicial, siguiendo las directrices constitucionales se han regulado los principios que sustentan el Órgano Judicial, estableciendo, entre otros, en el art. 3-13 el siguiente principio: “Cultura de la Paz.- La administración de justicia contribuye a la promoción de la cultura de la paz y el derecho a la paz, a través de la resolución pacífica de las controversias entre los ciudadanos y entre éstos y los órganos del Estado”.
Según el Código de Procedimiento Civil abrogado se regulaba la conciliación en los arts. 180 al 183, no como un deber sino como una facultad o posibilidad de realizarse como diligencia previa a pedido de parte o durante el proceso a instancias del Juez. A diferencia del régimen anterior hoy en día la conciliación constituye un deber que impone la norma, por ello el art. 67 de la Ley del Órgano Judicial determina: “I. Las juezas y los jueces están obligados a promover la conciliación de oficio o a petición de parte, en todos los casos permitidos por ley. Las sesiones de conciliación se desarrollarán con la presencia de las partes y la o el conciliador. La presencia de abogados no es obligatoria.
La conciliación no sólo ha sido impuesta a los operadores de justicia sino también a los abogados, como un deber inexcusable, de ahí que el art. 9-8) de la Ley Nro. 387 de 09 de julio de 2.013 Ley del Ejercicio de la Abogacía, dispone que las abogadas y los abogados, tienen los siguientes deberes: “Facilitar o promover la conciliación u otros medios alternativos de solución de conflictos cuando se encuentren previstos por Ley”.
Es obvio que la ley de Arbitraje y Conciliación Ley Nro. 1770 de 10 de marzo de 1.997, al tratarse de una norma especial, aplicable en la administración de justicia y en órganos colegiados de orden privado, como las Cámaras de Comercio, Colegios de Abogados, Universidades y otros organismos que cuenten con Centros de Conciliación, fortalece este medio alternativo de resolución de controversias.
Con el respaldo normativo descrito queda claro que se pretende transformar esa vieja y arraigada costumbre beligerante o de confrontación (cultura adversarial) por una cultura de paz, de entendimiento o de negociación concertada, por lo mismo la mayoría de las universidades estatales y privadas del país han incorporado en sus planes de estudios de las carreras de derecho la asignatura de “sistemas alternativos de resolución de controversias” y han creado sus propios centros de conciliación universitarios, en la esperanza de formar nuevos profesionales abogados con perfil pacifista y conciliador para que su labor sea mucho más eficiente y eficaz en el foro.
El resultado de la conciliación previa impuesta en el Nuevo Código Procesal Civil, contribuirá notablemente a descongestionar la abundante, cuando no, excesiva carga procesal existente en casi la totalidad de los juzgados y tribunales del país, lo que permitió a su vez, rediseñar el rol del Juez para permitirle trabajar de mejor manera admitiendo, tramitando y resolviendo casos irreconciliables o parcialmente conciliados.
Ahora bien, el nuevo proceso ordinario que resulta ser de naturaleza mixta, porque combina el sistema escrito con el oral, privilegiando el proceso por audiencia, tiene su inicio con los actos de proposición, a los que nos referimos a continuación:
DE LA DEMANDA.- La misma debe ser redactada cumpliendo rigurosamente con todos los requisitos de admisibilidad previstos en el art. 110 del Código Procesal Civil; entre dichos requisitos, en el numeral 8 del citado artículo se mantiene la cuantía, cuando su estimación fuere posible, aspecto que no se justifica, toda vez que la cuantía no es ya un factor que determina la competencia de los jueces al desaparecer la clasificación jerárquica de juzgados en lo civil en instrucción y de partido, porque todos ahora resultan ser juzgados públicos en lo civil con igual competencia, es de suponer entonces que al haber mantenido la cuantía como un requisito de la demanda, se lo ha hecho con el único propósito de que se cancele por el demandante o actor el derecho de ingreso de causa nueva sobre el valor del bien litigado, lo que encarece la justicia y viola el principio de gratuidad previsto por los arts. 178- I de la Constitución Política del Estado, 3-8), 10) y disposición transitoria décima segunda de la Ley del Órgano Judicial y 1-9) del Nuevo Código Procesal Civil.
Por mandato del art. 111 del Código Procesal Civil debe acompañarse con la demanda la prueba documental relativa a la pretensión del actor, en caso de no disponerse de la misma en dicha oportunidad procesal, debe indicarse el contenido y el lugar donde se encuentren y se solicitará su incorporación al proceso. Al propio tiempo, debe señalarse los otros medios legales de prueba de los que se intentará valer, precisando los hechos que se quiere demostrar, como suele hacérselo en los denominados procesos sumarios regulados por el Código de Procedimiento Civil, todavía vigente, esto por no existir otra oportunidad para hacerlo, quedando a salvo siempre la posibilidad de acompañarse documentos de fecha posterior a la demanda o, siendo anteriores, bajo juramento o promesa de no haberse tenido conocimiento de los mismos, como lo prevé el art. 112 de dicho código.
La demanda puede ser ampliada y modificada hasta antes de la contestación, puede contener una o múltiples pretensiones, puede ser subsanada en caso de ser considerada defectuosa, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada, resultando novedoso que pueda, también, ser rechazada de plano con resolución fundamentada, si resultara manifiestamente improponible. Resulta, igualmente, novedoso que el domicilio procesal pueda constituirse en el radio de 20 cuadras con respecto al asiento del juzgado en las capitales de Departamento y en el resto de 10.
Dentro el plazo de 10 días de haberse admitido la demanda, debe procederse a la citación personal, por cédula, por comisión o por edictos, según corresponda, del demandado, observando las reglas fijadas al efecto por los arts. 73 al 79 y 117 del Código Procesal Civil.
DE LA CONTESTACIÓN.- Citado el demandado debe contestar en el plazo de 30 días, por escrito, observando los requisitos de admisibilidad previstos en el art. 110 y la forma y contenido previstos en el art. 125, ambos del Código Procesal Civil. El demandado podrá optar por las actitudes siguientes: allanarse a la pretensión, plantear excepciones previas, asumir actitud de mera expectativa, contestar negativamente o deducir reconvención. Si optare por más de una de estas actitudes, lo hará en forma simultánea y en el mismo acto.
DE LAS EXCEPCIONES PREVIAS.- La nueva legislación procesal, por la modalidad del proceso por audiencia, sólo regula las excepciones previas, de las que algunas tienen efecto dilatorio (subsanatorio) y otras resultan de efecto perentorio o extintivo de la acción. Dichas excepciones resultan ser, según el art. 128 de la norma adjetiva, las siguientes:
2. Incapacidad de la parte demandante o impersonería de su apoderada o apoderado.
3. Falta de legitimación o interés que surja de los términos de la demanda.
6. Demanda defectuosamente propuesta, trámite inadecuadamente dado por la autoridad judicial a la misma o indebida acumulación de pretensiones.
7. Demanda interpuesta antes de ocurrido el vencimiento del término o el cumplimiento de la condición.
8. Emplazamiento de terceros, en los casos que corresponda.
9. Prescripción o caducidad.
10. Cosa juzgada.
11. Transacción o conciliación.
12. Desistimiento del derecho.
Se faculta a la autoridad judicial declarar, aun de oficio, la incompetencia, la incapacidad del actor o de su representante, la cosa juzgada y la transacción, determinando que la prescripción y la caducidad sólo podrán declararse a instancia de parte.
Las referidas excepciones, una vez corridas en traslado al demandante, éste debe contestarlas en el plazo de 15 días, salvo que medie reconvención, en cuyo caso el plazo será el previsto para la contestación a la reconvención (30 días).
DE LA RECONVENCIÓN.- El demandado tiene la posibilidad de plantear reconvención, observando los requisitos previstos para la demanda, también le está permitido modificar o ampliar la misma hasta antes de la contestación por la parte actora. Con la mutua petición se correrá en traslado y se citará a la parte reconvenida mediante cédula, en el domicilio procesal señalado en la demanda y ya no en el domicilio real o particular, como lo establece el art. 74-III del C.P.C., para que la responda en el plazo de 30 días, observando las formas previstas para la contestación, con el advertido de que si actúa por medio de apoderado, éste está obligado a responder la reconvención, aun cuando no se le hubiera conferido mandato especial para tal acto, tal como lo dispone imperativamente el art. 42-II del código de referencia, lo que constituye otra novedad a diferencia del Código de Procedimiento Civil que no lo permitía. Es obvio que la reconvención se sustancia y resuelve juntamente con la demanda principal.
DE LAS PRUEBAS.- La carga de la prueba está siempre impuesta a las partes litigantes, sin perjuicio de la incitativa probatoria que puede ejercer la autoridad judicial en aplicación del principio de verdad material, durante el desarrollo del proceso y hasta antes del pronunciamiento de la sentencia.
Existen hechos que necesariamente deben ser probados y otros que al haber sido admitidos por la parte adversa o que resulten notorios o evidentes, conocidos por la generalidad de las personas o cuya existencia se acredite por sí misma, no requieren prueba alguna.
Las pruebas deben ser producidas en audiencia, excepcionalmente se comisionará su recepción a autoridades judiciales o administrativas de las Secciones, Provincias o Departamentos del Estado Boliviano, ajenos a la jurisdicción territorial del juzgador, ocurriendo lo propio cuando deba recepcionarse la prueba en el extranjero.
Cobra relevancia jurídica la regulación de la prueba trasladada, que permite que las pruebas legalmente producidas en un proceso tengan la misma validez y eficacia en otro seguido entre las mimas partes, siempre que en el primero se hubieren producido por una de las partes contra la otra.
CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA.- Constituyen medios legales de prueba: los documentos, la confesión, las declaraciones de testigos, la inspección judicial, la reconstrucción de hechos , el peritaje, las presunciones y la prueba por informe, esto, sin perjuicio de los documentos y firmas digitales y los documentos generados mediante correo electrónico y cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la ley, que se consideren conducentes a la demostración de las pretensiones.
En relación con la prueba documental, de manera novedosa, el art. 151 del Código Procesal Civil permite al abogado de la parte solicitar directamente, especificando el proceso a que será destinado, la obtención de testimonio, copia o fotocopia legalizada de documentos que se encuentren en oficinas públicas. El propio litigante que haya intervenido en el acto, ya no necesita autorización judicial para su otorgamiento, resultando suficiente la solicitud verbal. Dicha petición formulada por el abogado o por el litigante no podrá ser negada por la autoridad o institución requerida. Esta nueva conducta permitirá la obtención oportuna de prueba documental que se encuentre en oficinas públicas, desburocratizando su forma de obtención anterior.
En cuanto concierne a la confesión, si bien se mantiene su clasificación en: judicial (provocada y espontánea) y extrajudicial, resulta importante destacar que por mandato del art. 158-II del C.P.C., la confesión necesariamente debe absolverse de manera personal, salvo que la ley expresamente disponga lo contrario, con ello se excluye la confesión a través de apoderado, como ya se había hecho costumbre, por cuanto se ha previsto que cuando la parte actúe en el proceso por intermedio de apoderado, por tener domicilio real en lugar distante a la sede del tribunal, que haga razonablemente admisible su inconcurrencia, o que tuviere domicilio constituido en el extranjero, la recepción de la confesión podrá ser comisionada a la autoridad judicial competente del lugar, como lo prevé el art. 167 del aludido código.
Al excluirse al apoderado, de la confesión, se pretende evitar se burle a la justicia y que el principio de inmediación permita al juez conocer la verdad de boca propia del emplazado, con las connotaciones de orden psicológico que supone la sola presencia y participación del confesante en audiencia pública y contradictoria.
Respecto de la prueba testifical la única variante que se observa es de que el Código de Procedimiento Civil permitía actuar como testigo a toda persona mayor de 14 años de edad, en cambio el actual Código Procesal Civil lo hace respecto de los mayores de 16 años.
Con relación a la prueba de inspección, privilegia su diligenciamiento frente a otros medios de prueba, permitiendo su celebración dentro de los 10 días siguientes a su providenciación en la audiencia preliminar, para que se cuenten con los suficientes elementos a tiempo de la audiencia complementaria.
La reconstrucción de hechos tiene por objeto comprobar si ellos se realizaron o pudieron haberse realizado de una manera determinada.
Es posible que a ambas actuaciones puedan concurrir también peritos y testigos.
Sobre la prueba pericial que requiere de conocimientos especializados en alguna ciencia, arte, industria o técnica, corresponde a la autoridad judicial resolver en audiencia preliminar sobre su procedencia, designación y fijación de los puntos sobre los que versará la pericia, de acuerdo con las proposiciones de las partes y los que considere necesarios.
La prueba por informe está referida a la obtención de informes de entidades públicas o privadas, cuando recaigan sobre puntos claramente individualizados y referidos a hechos o actos que resulten de la documentación, archivo o registro del órgano informante, resultando novedoso el derecho extensivo previsto en el art. 205 del aludido código, que permite a los abogados, y en general a quienes actúen en representación de otro, solicitar en cualquier oficina, pública o privada, testimonio, copia legalizada o fotocopia autenticada del documento que les interese o de la actuación administrativa que se pretenda, aclarando que lo hacen para presentarlo como prueba en proceso iniciado o por iniciarse, o para cualquier finalidad lícita.
En relación a la prueba para mejor proveer, debe destacarse que el art. 207-II del código de referencia, concluida la audiencia de juicio, permite al juzgador, excepcionalmente, disponer la prueba que considere necesaria para mejor proveer y que fuere importante para la formación de su criterio, disponiendo sobre la forma y el tiempo en que deberá ser recibida. En este caso, dejará constancia de las razones por las cuales no dispuso oportunamente su diligenciamiento durante el curso del proceso. Cuando se haga uso de dicha facultad, la audiencia para dictar sentencia se postergará por un tiempo no mayor a 30 días, en cuya oportunidad se diligenciará la prueba que pudiere ser recibida, se oirá a cada parte y el juez puede decretar cuarto intermedio, levantado el cual pronunciará sentencia fundada.
DEL PROCEDIMIENTO A OBSERVARSE EN EL PROCESO POR AUDIENCIA.- Vencido el plazo para contestar a la demanda o la reconvención, con respuesta o sin ella, el juez convocará de oficio a audiencia preliminar en un plazo no mayor a 5 días, a la que deben comparecer las partes en forma personal, salvo motivo fundado que justifique la intervención de apoderado.
Dicha audiencia podrá postergarse por una sola vez, por inasistencia de una de las partes, por razones de fuerza mayor que deberá justificarse documentalmente en el plazo de 3 días de suspendida la audiencia. Vencido dicho plazo y ante la inasistencia no justificada de la parte actora o reconviniente se tendrá como desistimiento de la pretensión, con todos sus efectos. Si la ausencia injustificada fuera de la parte demandada en la nueva audiencia, facultará a la autoridad judicial a dictar sentencia de inmediato, teniendo por ciertos los hechos alegados por la parte actora.
Por determinación del art. 366 del Código Procesal Civil, en la audiencia preliminar se cumplirán las siguientes actividades:
1. Ratificación de la demanda y de la contestación, y en su caso, de la reconvención y su contestación; igualmente, alegación de hechos nuevos que no modifiquen las pretensiones o las defensas, así como aclarar extremos oscuros, contradictorios o imprecisos a juicio de la autoridad judicial o de las partes.
2. Tentativa de conciliación que deberá realizar la autoridad judicial respecto de todos o algunos de los puntos controvertidos.
3. Recepción de prueba relativa a excepciones, si existieren hechos que, siendo susceptibles de prueba, ésta hubiere sido pedida juntamente con las excepciones.
4. Saneamiento del proceso, pronunciándose auto interlocutorio para resolver las excepciones o nulidades advertidas por la autoridad judicial o acusadas por la parte, incluyendo la improponibilidad de la demanda y la legitimación en la causa, cuando éstas puedan ser resueltas al comienzo de la sustanciación.
5. Prórroga de la audiencia cuando no se hubiere podido producir la totalidad de la prueba o dictar resolución de saneamiento. En el primer caso, podrá diferirse la recepción hasta otra audiencia que se realizará en plazo no mayor de diez días.
6. Fijación definitiva del objeto del proceso; determinación, ordenamiento y diligenciamiento de los medios de prueba admisible; recepción de las pruebas cuyo diligenciamiento fuere posible en la audiencia, o convocatoria a audiencia complementaria respecto de las que no se hubieren producido hasta su conclusión.
Las partes podrán proponer nuevos medios de prueba que, a juicio de la autoridad judicial, se refieran a hechos nuevos o rectificaciones hechas en la propia audiencia.
RECURSOS CONTRA RESOLUCIONES PRONUNCIADAS EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR.- De acuerdo al art. 367 del Código Procesal Civil, las resoluciones pronunciadas en la audiencia preliminar admitirán los siguientes recursos:
1. Las providencias de mero trámite, recurso de reposición planteado en la misma audiencia y resuelta en forma inmediata.
2. El auto interlocutorio que resolviere excepciones previas, admitirá recurso de apelación con efecto diferido.
3. La resolución que declare probadas las excepciones de incompetencia, prescripción, caducidad, transacción, conciliación y cosa juzgada, admitirá recurso de apelación en el efecto suspensivo.
Igualmente, en esta audiencia podrán adoptarse las siguientes medidas:
1. Si el auto interlocutorio declarare probada la excepción de litispendencia, se ordenará el archivo de obrados o la acumulación, cuando corresponda.
2. Si se acogiere la excepción de demanda defectuosa, la parte demandante podrá subsanar los defectos en la misma audiencia, en cuyo caso se permitirá a la parte demandada complementar su contestación en mérito de las aclaraciones formuladas por la parte actora.
3. Si se acogiere la excepción de falta de capacidad, personería o representación, se concederá un plazo de diez días para la subsanación de lo omitido, bajo apercibimiento de tenerse por no presentada la demanda.
4. Si se dispusiere la intervención de un tercero, se procederá a su citación conforme a derecho. En este caso, como en el anterior, se suspenderá la audiencia a sus efectos.
Las excepciones, nulidades y otras cuestiones propuestas por las partes serán resueltas en una sola resolución dictada en audiencia para sanear el proceso, salvo que la autoridad judicial se declare incompetente, en cuyo caso no se resolverán otras cuestiones.
Si el asunto fuere de puro derecho o siendo de hecho, se hubiere diligenciado totalmente la prueba, o se resolviere prescindir de la aún no diligenciada, serán oídas las alegaciones de las partes y se pronunciará sentencia.
Todo cuanto expusiere, declarare u ordenare la autoridad judicial en la audiencia preliminar no significa prejuzgamiento.
DE LA AUDIENCIA COMPLEMENTARIA.- Sobre el particular, el art. 368 del Código Procesal Civil establece las siguientes reglas a observarse:
I. Si en la audiencia preliminar no se hubiere podido diligenciar totalmente la prueba, se convocará a las partes para audiencia complementaria que se realizará dentro de los quince días siguientes, durante cuya vigencia se verificarán necesariamente las diligencias que se hubiere dispuesto realizar fuera de audiencia, como inspecciones, pericias, informes y otras similares, a fin de que estén cumplidas en oportunidad de la audiencia complementaria.
II. No se suspenderá la audiencia complementaria, ni se dejará de diligenciar la prueba por ausencia de una de las partes, salvo el único caso de fuerza mayor debidamente comprobado. La audiencia podrá ser prorrogada, por única vez, de oficio o a petición de parte, si faltare diligenciamiento de alguna prueba que deba cumplirse fuera del asiento judicial, en cuyo caso la autoridad judicial fijará nueva fecha para reanudación de la audiencia, dentro de los quince días siguientes.
III. La inasistencia de la parte a la audiencia complementaria significará presunción desfavorable para ella.
IV. En la audiencia complementaria serán recibidos todos los medios de prueba. Los testigos y peritos, una vez oídos por su orden, permanecerán en el acto a efecto de aclaraciones o careos posibles, salvo autorización de la autoridad judicial para su retiro. Los testigos y peritos suscribirán el acta correspondiente.
V. Se labrará acta resumida de todo lo actuado y se acumularán al expediente los informes y demás documentos recibidos. En particular, fuera de las aclaraciones o complementaciones de las partes, se harán constar las resoluciones de la autoridad judicial sobre la admisión o rechazo de alguna prueba controvertida, así como sobre la interposición de recursos.
VI. La autoridad judicial oirá seguidamente los alegatos de las partes, a cuyo objeto fijará el tiempo necesario que no excederá de diez minutos para cada una y que podrá ser prorrogado por un lapso similar. Por excepción, tratándose de asuntos de notoria complejidad, también podrá conceder una ampliación que satisfaga la necesidad de alegaciones adecuadas a dicha situación.
VII. A continuación, la autoridad judicial pronunciará sentencia.
Sin embargo, el art. 216 del referido ordenamiento permite al juez dictar solamente la parte resolutiva y diferir la fundamentación del fallo para una ulterior audiencia, que debe realizarse en un plazo no mayor de 20 días.
Contra la sentencia que pone fin al litigio en primera instancia, a pedido de parte o de oficio, resulta viable la aclaración, enmienda y complementación, pedido que suspenderá el plazo para interponer el recurso de alzada, el mismo que comenzará a correr a partir de la notificación con el auto que accede o deniega la petición.
El proceso ordinario comprende una etapa postulatoria escrita, con los actos de proposición y otra oral a partir de la audiencia preliminar hasta el pronunciamiento de la sentencia, lo que constituye el proceso por audiencia; en él entran en vigor los principios de publicidad, inmediación, concentración y contradicción, entre otros, posibilitando el contacto personal del juez con las partes de manera organizada, evitando distorsiones en la percepción de los hechos y coadyuva eficientemente en la búsqueda de la verdad material; obliga a las partes actuar con lealtad procesal, redimensiona el rol del juzgador, haciéndolo más participe, activo y con iniciativa probatoria y en cuanto a los abogados se refiere les permite poner en práctica su pericia, destrezas, habilidades y conocimientos sobre los hechos y el derecho y para concluir ya no existe más la figura de pérdida de competencia del juzgador cuando no se pronuncia el fallo en el plazo correspondiente, por tanto el litigante ya no será víctima de la nulidad de procesos por dicho motivo, situación que dará lugar a la responsabilidad única del juez, en el orden disciplinario.
II. DEL PROCESO EXTRAORDINARIO
A diferencia del proceso ordinario antes referido el proceso extraordinario regulado en los arts. 369 al 374 del Código Procesal Civil se caracteriza porque se sustancia en una sola audiencia en la que se concentra todo el trámite y el pronunciamiento de la sentencia sobre el fondo de la pretensión jurídica sustentada en la demanda, así como sobre la defensa y las excepciones opuestas por la contraparte.
Se tramitan bajo esta modalidad las controversias referidas a los interdictos de conservar y recuperar la posesión, así como los de obra nueva perjudicial, de daño temido y desalojo de vivienda, sin perjuicio de conciliación previa o adopción de medidas preparatorias y cautelares, como lo establece el art. 368 del Código procesal Civil.
Cabe destacar que en este tipo de procesos no se admite demanda reconvencional.
El procedimiento que debe observarse es el similar al fijado para el proceso ordinario, con algunas variantes introducidas en el art. 370 del referido código, como ser:
1.- Se convocará a una sola audiencia para promover de oficio la conciliación intra procesal, fijarse los puntos de debate, diligenciarse los medios de prueba y, sin necesidad de alegatos, dictarse sentencia.
2.- Contestada la demanda, se dispondrá la recepción de la prueba que solicitada por las partes, no pudiere diligenciarse en la audiencia, de manera que en oportunidad de ella la prueba se halle incorporada.
Finalmente, el Juez se pronunciará en sentencia sobre todas las excepciones y defensas opuestas, dejando constancia que contra dicho fallo final sólo procede el recurso de apelación en el efecto devolutivo, no siendo admisible el recurso de casación.
Hacemos votos porque este nuevo instrumento legal, con los vacios y deficiencias que pueda tener, como toda obra perfectible, colme las expectativas de la población Boliviana y esté acompañado del respaldo presupuestario que conduzca al éxito de la reforma, con recursos humanos debidamente capacitados que se constituyan en los agentes del cambio, para que aprovechando las experiencias del pasado y del presente contribuyan a construir una nueva cultura de conciliación y litigación judicial.

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