Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/153
Timestamp: 2019-02-18 10:33:13+00:00

Document:
1.° Declarar que el Estado ostenta la titularidad de la competencia controvertida en los presentes conflictos seguidos bajo los núms. 223 y 228/1981.
2.° Alzar la suspensión de la vigencia del art. 1.° y de la disposición adicional segunda del Real Decreto 642/1981, de 27 de marzo, y de la resolución de 2 de mayo del mismo año, que fue acordada por resolución de 11 de agosto de 1981 y de las Ordenes del Ministerio de Administración Territorial de 15 y 31 de julio de 1981, por las que se hacían nombramientos de Secretarios de primera y tercera categoría, Interventores y Depositarios de Fondos que fue acordada por resolución de 6 de octubre.
Fecha de resolución 07/04/1983
Síntesis Descriptiva Promovidos por el Gobierno Vasco contra el Real Decreto 642/1981, por el que se regula el régimen de los concursos de traslado de los funcionarios de cuerpos nacionales de Administración local. Votos particulares
1. No es posible transferir las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma en virtud del Estatuto de Autonomía, pues su titularidad pertenece a aquélla. Sólo en las denominadas «preautonomías» las competencias se adquirieron por medio de traspasos y esta modalidad puede todavía funcionar hoy respecto de aquellas competencias que no se mencionen en el Estatuto.
2. La atribución de competencias por el Estatuto implica la posibilidad de su ejercicio inmediato si para ello no se requieren especiales medios personales o materiales, por lo que tampoco es posible hablar de transferencia del ejercicio de las competencias. Sólo cuando el traspaso de servicios es necesario e imprescindible, se convierte en condición del pleno ejercicio de la competencia, caso en que es lícito que el Estado las ejerza mientras los servicios no sean transferidos.
3. Por «principios», «bases» y «directrices» hay que entender los criterios generales de regulación de un sector del ordenamiento jurídico o de una materia jurídica, que deben ser comunes a todo el Estado. Esta idea posee un sentido positivo y otro negativo; el sentido positivo manifiesta los objetivos, fines y orientaciones generales para todo el Estado, exigido por la unidad del mismo y por la igualdad sustancial de todos sus miembros; en sentido negativo, constituye el límite dentro del cual tienen que moverse los órganos de las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias, cuando, aun definiéndose éstas como exclusivas, la Constitución y el Estado las dejan así limitadas.
4. Todo aquello que sea preciso para la preservación de la normativa de una institución considerada como básica, debe ser entendido asimismo como básico por vía de consecuencia o de conexión.
5. La existencia de los Cuerpos de Secretarios, Interventores y Depositarios de Fondos de Administración Local como Cuerpos con carácter nacional y la selección de funcionarios dentro de los citados Cuerpos ha de considerarse como básica. También, que el sistema utilizado para la adscripción de tales funcionarios a plazas concretas sea el de concurso de carácter nacional, pues ello otorga a los funcionarios en cuestión una igualdad de oportunidades y permite una valoración objetiva de los méritos, garantizando asimismo los derechos de los administrados en la misma forma en todo el territorio nacional.

References: Real Decreto 
 resolución 
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 Real Decreto