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Timestamp: 2016-10-29 00:34:38+00:00

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RESOLUCION de 20 de mayo de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Valencia, don Francisco Badía Gascó, contra la negativa del registrador de la propiedad número 1, de Gandia, a inscribir una escritura de dación en pago de deuda
RESOLUCION de 20 de mayo de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Valencia, don Francisco Badía Gascó, contra la negativa del registrador de la propiedad número 1, de Gandia, a inscribir una escritura de dación en pago de deuda Mis Leyes
RESOLUCION de 20 de mayo de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Valencia, don Francisco Badía Gascó, contra la negativa del registrador de la propiedad número 1, de Gandia, a inscribir una escritura de dación en pago de deuda Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Valencia, don Francisco Badía Gascó, contra la negativa del registrador de la propiedad número 1, de Gandia, a inscribir una escritura de dación en pago de deuda.
En el recurso interpuesto por el Notario de Valencia Don Francisco Badía Gascó contra la negativa del Registrador de la Propiedad, titular del Registro número uno de Gandia, Don Enrique Colomer Sancho, a inscribir una escritura de dación en pago de deuda.
El día 27 de mayo de 2002 Don Francisco Badía Gascó, Notario de Valencia, autorizó una escritura por virtud de la cual, Don R.C. B. M. transmitió a la entidad B., S.A., representada por Don G. P. G., a título de dación en pago de una deuda, el pleno dominio de una vivienda, sita en Gandia.
En dicha escritura de dación en pago de deuda se expresa, respecto de la representación, que Don G. P. G. interviene en nombre y representación de la entidad B., S.A. y que «hace uso del poder del que conforme al artículo 98 de la Ley 24/2001 de 27 de diciembre y doctrina de la DGRN, hago constar: a) Reseña identificativa: PODER, conferido por esta entidad, en escritura autorizada en Madrid por el Notario Don Agustín Sánchez Jara con fecha 11 de enero de 1989, cuya copia auténtica me exhibe y rubricada devuelvo. En dicha copia figura nota de haber sido inscrito en el Registro Mercantil en el folio de la sociedad, como inscripción 151. b) Juicio de suficiencia: A mi juicio y bajo mi responsabilidad, las facultades representativas que el poder reseñado confieren al apoderado y que éste asevera vigentes. son suficientes para representarle en esta escritura de dación en pago de deuda».
Presentada copia de la anterior escritura dación en pago de deuda en el Registro de la Propiedad número uno de Gandia, causó el asiento 2024 del diario 109, y fue objeto de la siguiente calificación:
«Registro de la Propiedad de Gandía uno. Calificación negativa (Art. 19, bis LH).
En relación al documento de fecha 27 de mayo de 2002 del Notario de Valencia, Don/Doña Francisco Badía Gasco, número de protocolo/ expediente 2002/01485, presentado por Recibido por Telefax el día 27 de mayo de 2002 a las 13,31 horas, con el número entrada 9999/02, asiento 2024 del Diario 109, que fue retirado y devuelto el 19 de junio pasado, pongo en su conocimiento que, he acordado con fecha 2 de julio de los corrientes su calificación negativa ya que para su inscripción/ anotación, es necesario:
Que se haga la relación o transcripción somera pero suficiente de las facultades representativas que en unión de la reseña identificativa del documento mediante el que se acredite la representación y de la valoración notarial de la suficiencia, requiere la Resolución de fecha 12 de abril de 2002 por la que se resuelve la consulta vinculante formulada por el CGN, como particulares bastantes para que el Registrador califique la
capacidad del otorgante con relación al acto que se pretende inscribir¨¨
(Fundamentos de derecho 5 párrafo sexto y 6, párrafo segundo). Gandia a 3 de julio de 2002.
El Registrador [Firma ilegible. Existe un sello con el nombre Enrique Colomer Sancho]».
Según reconoce el Notario autorizante de la escritura, la citada calificación negativa se notificó el día 3 de julio de 2002; y aquél interpuso recurso gubernativo contra la misma mediante escrito de 24 de julio de 2002.
En dicho recurso, que entró en el Registro de la Propiedad número uno de Gandia el 26 de julio de 2002, alegó: 1.° Respecto de la forma de la nota de calificación: A) Que la nota de calificación no cumple la exigencia sustantiva del nuevo artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria pues aunque señala las que a su juicio son las causas impeditivas no razona la motivación jurídica de las mismas. B) Que al no estar publicado el cuadro de sustituciones para las calificaciones negativas no puede el recurrente acudir a otros Registradores, que en su calificación sí admiten justificación de la representación en la forma que consta en la escritura calificada. C) Que llama la atención de la nota el que se solicite «que se transcriban en forma suficiente en la escritura el poder que se cita», cuando el artículo 98 de la Ley de 27 de diciembre de 2001, al hablar de las medidas sobre la justificación de la representación y el juicio de suficiencia de la representación o apoderamiento por el Notario no pide en ningún momento la
«transcripción» sino «una reseña identificativa» del documento auténtico del que resulte la representación y la expresión de que «a su juicio son suficientes» las facultades acreditadas, todo lo cual «harán fe suficientes por si solas» de la representación acreditada, bajo responsabilidad del Notario». 2.º Que como argumentos a favor de la inscripción del documento se señalan los siguientes: A) Legales: a) El texto del artículo 98 de la Ley de 27 de diciembre de 2001. b) La recta interpretación de la Resolución de esta Dirección General de 12 de Abril de 2002, a la consulta formulada por el Consejo General del Notariado. c) La doctrina establecida por esta Dirección General en la Resolución de 23 de abril de 2002. d) Los derivados de los principios generales del derecho tales como «ley posterior» deroga ley anterior (disp. Derogatoria de la Ley de 27 de diciembre e 2001), ley especial deroga ley general y el principio «in claris non fit interpretatio». B) De Lógica: a) El de la redacción primitiva del artículo 18 Ley Hipotecaria y el verdadero y real contenido del ámbito de la calificación registral. b) La transcripción exigida por el artículo 166 del Reglamento Notarial no tenía más finalidad que la de dejar justificación documental de la calificación de suficiencia del Notario, por lo que el artículo 98 de la Ley de 27 de diciembre de 2001 lo que hace es dispensar al Notario de transcribir o insertar, bastando para justificar su calificación de suficiencia que el poder se reseñe y el Notario dé fe expresa de que a su juicio las facultades representativas son suficientes. 3.º Que lo que ha hecho el artículo 98 citado ha sido establecer el momento en que debe hacerse la calificación de la capacidad de los otorgantes.
El Registrador de la Propiedad emitió su informe y elevó el expediente a esta Dirección General mediante escrito con fecha de 1 de agosto de 2002. En tal informe añadió determinados fundamentos de derecho no expresados en la calificación impugnada. En cambio, no constan datos necesarios para examinar la regularidad del expediente, como fecha y forma de la notificación de la calificación (que únicamente figura en el escrito de recurso, por reconocerlo así el recurrente).
1. El objeto del presente recurso consiste en dilucidar si el Notario ha cumplido con las exigencias dimanantes del artículo 98 de la Ley 24/ 2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, al reseñar el poder del que emanan las facultades representativas del apoderado e incorporar un juicio de suficiencia de tales facultades atendido el negocio jurídico concluido, esto es una dación en pago de deuda.
En efecto, no se trata sólo de que la calificación sea un acto de Administración en el sentido ya expuesto, al ser el Registrador un funcionario público que presta una función pública, sino que es el mismo Legislador el que, tras la modificación operada en la Ley Hipotecaria, ha entendido que a dicho funcionario se le debe exigir el mismo deber y extensión en la motivación que a cualquier otro órgano administrativo. El hecho de que la Ley Hipotecaria no utilice la expresión empleada en el artículo 54 de la Ley 30/1992 «Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho», no obsta a que sea de aplicación dicho deber de motivación y con idéntica extensión, pues no otra es la interpretación adecuada que ha de darse a la expresión «. y la motivación jurídica de las mismas [causas impeditivas, suspensivas o denegatorias de la inscripción], ordenada en hechos y fundamentos de derecho» que utiliza el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria.
Pues bien, el Tribunal Supremo entiende que la motivación y su suficiencia es exigible a toda Administración dado que es el único medio a través del cual el administrado interesado en la inscripción-puede conocer si el órgano administrativo Registro de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles-sirve con objetividad a los intereses generales y con pleno sometimiento a la Ley según exige el artículo 103.1 de la Constitución (cfr. Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de febrero y 23 de abril de 1990 y 13 de junio 1997).
Aplicada la precedente jurisprudencia a la calificación recurrida se aprecia, sin más, que la misma no se encuentra debidamente motivada, ya que el funcionario calificador se ha limitado a citar una Resolución de este Centro Directivo; y no llega a proporcionarse al interesado razón lógica suficiente por la cual considera el funcionario calificador que el Notario debe hacer una relación o transcripción de las facultades representativas de quien actúa en nombre de la entidad de crédito sin que sea suficiente con expresar que considera suficientes las facultades representativas acreditadas para la dación en pago de deuda que se formaliza.
Examinado el título presentado a calificación se observa que el Notario ha reseñado adecuadamente el documento del que nacen las facultades representativas. Así, se manifiesta que se trata de un poder conferido, mediante escritura pública, autorizada por el Notario que se identifica, añadiendo la fecha del poder, el número de protocolo y los datos de inscripción en el Registro Mercantil; así mismo, se expresa que el apoderado asevera la vigencia de la representación que ejercita (aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible, según la doctrina de este Centro Directivo cfr., por todas, la Resolución de 28 de mayo de 1999-, pues aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una práctica reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de apoderado que hace el representante en el momento del otorgamiento). Nada hay que objetar, pues, a la existencia y regularidad de la reseña.
Respecto del juicio de suficiencia el Notario expresa en el título lo siguiente en relación con la escritura de poder cuya copia autorizada se exhibe: «Juicio de suficiencia: A mi juicio y bajo mi responsabilidad, las facultades representativas que el poder reseñado confieren al apoderado y que éste asevera vigentes. son suficientes para representarle en esta escritura de dación en pago de deuda».
Resulta evidente que el juicio de suficiencia contenido en la escritura es congruente y coherente con el negocio jurídico documentado en dicho título y con el mismo contenido de éste, ya que se trata de una escritura de dación en pago de deuda.
Carecen, por tanto, de virtualidad alguna los obstáculos manifestados por el Registrador, ya que atendidos los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, el Notario no tiene por qué transcribir o reseñar en modo alguno el contenido del documento del que nacen las facultades representativas; en idéntico sentido, no puede el Registrador exigir que se le acompañe documento alguno, pues con tal actuación está infringiendo los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 17 bis de la Ley del Notariado, al tener que ejercer su función calificadora por lo que resulte del título y de los asientos del Registro, sin acudir a medios extrínsecos de calificación; por último, el juicio de suficiencia del Notario está suficientemente motivado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico documentado en el título, siendo este aspecto capital el que debería haber calificado el Registrador, esto es, si es con gruente el juicio de suficiencia emitido por el Notario con el contenido del título, examinado el negocio jurídico concluido.
Sr. Registrador de la Propiedad de Gandia número 1.

References: RESOLUCIÓN 
 artículo 98
 Resolución 
 artículo 19
 artículo 98
 artículo 98
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 18
 artículo 166
 artículo 98
 artículo 98
 artículo 98
 artículo 54
 artículo 19
 artículo 103
 Resolución 
 Resolución