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Timestamp: 2018-08-17 04:41:44+00:00

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﻿ Sentencia 2012-00445 de febrero 20 de 2013
SENTENCIA 2012-00445 DE 20 DE FEBRERO DE 2013
CONTENIDO:REGISTRO DE SANCIONES POR PARTE DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. EN EL CASO DE AUTOS EL HECHO DE QUE EL ACTOR HAYA CUMPLIDO CON LA PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD QUE LE FUE IMPUESTA NO IMPIDE QUE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN AÚN CONTINUÉ EN LOS CERTIFICADOS ORDINARIOS QUE EMITE, REGISTRANDO LA SANCIÓN PENAL QUE LE FUE IMPUESTA A UNA PERSONA, TODA VEZ QUE LOS CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES QUE EMITE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DEBEN CONTENER LAS PROVIDENCIAS EJECUTORIADAS QUE HAYAN IMPUESTO SANCIONES DENTRO DE LOS CINCO AÑOS ANTERIORES A SU EXPEDICIÓN, AUNQUE LA DURACIÓN DE LAS MISMAS SEA INFERIOR. LA BASE JURÍDICA DE ESTO SE ENCUENTRA EN EL INCISO 3° DEL ARTÍCULO 174 DE LA LEY 734 DE 2002.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL TRABAJO, ANTECEDENTES JUDICIALES, HÁBEAS DATA, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Sentencia 2012-00445 de febrero 20 de 2013
Rad.: 25000-23-37-000-2012-00445-01(AC)
En ejercicio de la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, Duber Jesús Díaz Capera, en nombre propio, acudió ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de solicitar la protección de los derechos al trabajo, habeas data, igualdad, paz, dignidad humana y de petición, presuntamente vulnerados por la Procuraduría General de la Nación.
Afirma que el 2 de junio de 2010 el juzgado 2º penal del circuito especializado de San Juan de Pasto, lo condenó a la pena principal de 33 meses de prisión como coautor de la conducta punible “de conservación de explosivos”. Agrega que como pena accesoria se le impuso inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término antes señalado.
Sostiene que el día 17 de mayo de 2012 por cumplir la pena principal que le fue impuesta, el juzgado 15 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá le concedió la libertad, y que está gozando nuevamente de esta desde el 22 de mayo de 2012.
Mediante sentencia del 19 de diciembre de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sección cuarta, subsección A, amparó los derechos fundamentales de habeas data y al trabajo del peticionario, y en consecuencia le ordenó al Procurador General de la Nación, que dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la mencionada providencia, “modifique el sistema de consulta en línea de antecedentes, de manera que toda vez que terceros sin un interés legítimo, al ingresar el número de cédula del hoy actor, registre o no antecedentes y siempre que no sea requerido por autoridad judicial, aparezca en la pantalla la leyenda: no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales”.
A renglón seguido destaca que de conformidad con el certificado de antecedentes expedido por la Procuraduría el 13 de junio de 2012, el peticionario registra anotaciones de carácter penal, en virtud de la providencia proferida por el juzgado 2º penal del circuito especializado de Pasto del 31 de enero de 2008.
Afirma que frente a la anterior anotación debe tenerse en cuenta que el juzgado 15 de ejecución de penas y medidas de seguridad, mediante Oficio 4990 del 21 de junio de 2012, radicado el día 24 del mismo mes y año, le comunicó a la Procuraduría que al accionante mediante providencia del 17 de mayo de 2012, se le concedió la libertad inmediata e incondicional por pena cumplida.
Reprocha que a pesar de la comunicación enviada a la Procuraduría General de la Nación el 21 de junio de 2012 por el juzgado 15 de ejecución de penas y medidas de seguridad, aquella mediante certificado de antecedentes proferido el 9 de octubre de 2012, continúe registrando respecto del demandante las mismas anotaciones que se encuentran contenidas en el certificado emitido el 13 de junio de 2012.
Añade que “la vulneración se presenta, por el desconocimiento de los principios de finalidad, necesidad, utilidad y circulación restringida de la información personal sobre antecedentes penales, contenida en la base de datos que administra la Procuraduría General de la Nación; y por la renuencia de la entidad de suprimir de forma relativa dicha información, a pesar del oficio remitido por el juzgado 15 de ejecución de penas y medidas de seguridad, distinguido con el número 4990 de 21 de junio de 2012, radicado el 24 del mismo mes y año, en el que le comunica que mediante providencia del 17 de mayo de 2012, se le concedió al hoy actor libertad inmediata e incondicional por pena cumplida y, en consecuencia, se deben actualizar los datos correspondientes (C.N., art. 15)”.
Respecto de los demás derechos invocados indica que no se encuentra acreditada su vulneración, por lo que deben negarse las pretensiones de la demanda relacionada con aquellos.
En ese orden ideas indica que “no es posible parametrizar el certificado con la leyenda ordenada por su despacho, … no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales (…) De otra parte es imposible para esta entidad conocer si una persona tiene o no asuntos pendientes con las autoridades judiciales porque en nuestra base de datos solamente se registran las condenas y no “órdenes de captura o decisión de detención o de resolución de acusación” lo cual impide jurídicamente colocarle a los certificados la citada leyenda, con lo cual, entre otras, invadiríamos una órbita de competencia no atribuida por el legislador a este organismos de control, y configuraría un despropósito frente a la disposición legal antes transcrita (CUD, art. 174). Adicionalmente, tampoco es viable para la Procuraduría General de la Nación determinar electrónicamente si un usuario de la página web es “un tercero con o sin un interés legítimo” para bloquear su acceso a los antecedentes de otro ciudadano”.
Considera que con la orden del a quo se puede estar propiciando que el accionante acceda a un cargo público o suscriba un contrato estatal para el cual está inhabilitado, frente a lo cual considera necesario dejar constancia, para que cualquier responsabilidad sea asumida por la Nación-Rama Judicial-Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Finalmente, aporta el certificado ordinario de antecedentes del peticionario del 8 de enero de 2013, en el que se indica “no registra sanciones ni inhabilidades vigentes” (fl. 111), aclarando que para proferir el mismo fue “necesario realizar ajustes y modificaciones técnicas al sistema”.
Estima que a pesar de que una de las características de la acción de tutela es su carácter informal, la sentencia de primera instancia no cumple con los requisitos mínimos que debe tener una providencia, y reitera que se limitó a transcribir un fallo de la Corte Constitucional, sin advertir las diferencias existentes entre el caso tratado por esta y el de autos.
Sobre el particular la entidad accionada indica que “si de forma libre y espontánea es el empleador el que solicitando u obteniendo la información contenida en el sistema de antecedentes SIRI, el cual insistimos es público, determina contratar o no a una persona como consecuencia de la información allí obtenida, es el empleador quien exige un documento que no debería exigir y da efectos paralegales al certificado; por tanto, es quien realiza el mencionado ejercicio o maniobra a quien se le pudiera endilgarse alguna conducta discriminatoria o agresiva frente a los derechos fundamentales de la persona que aplica para un empleo”.
Por lo anterior sostiene que “mal puede concluirse que la Procuraduría General de la Nación en el ejercicio legítimo de una obligación legal (administrar y registrar la información de antecedentes disciplinarios en el sistema SIRI), por este solo hecho afecte derecho fundamentales de la ciudadanía y ordene emitir un paracertificado dirigido al sector privado que de fe de la inexistencia de antecedentes disciplinarios de una persona que efectivamente los registra en el sistema. Incurriendo así formal y objetivamente en falsedad”.
Respecto a las anotaciones de inhabilidad para contratar con el Estado precisa, que tal anotación no corresponde a una sanción o pena impuesta, sin embargo que realiza tal registro, teniendo en cuenta que de conformidad con el literal d, numeral 1º del artículo 8º de la Ley 80 de 1993, no podrán celebrar contratos con el Estado quienes hayan sido condenados a pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas, como ocurrió en el caso del actor.
Al parecer, a partir de la anterior apreciación, el a quo trae a colación la sentencia SU-458 de 2012 de la Corte Constitucional(1), que consideró contrario al derecho de habeas data, que se permitiera por internet el acceso indiscriminado de terceros sin interés al registro de antecedes penales cualquier persona.
“En efecto, la vulneración se presenta, por el desconocimiento de los principios de finalidad, necesidad, utilidad y circulación restringida de la información sobre antecedentes penales, contenida en la bases de datos que administra la Procuraduría General de la Nación; y por la renuencia de suprimir de forma relativa dicha información, a pesar del oficio remitido por el juzgado 15 de ejecución de penas y medidas de seguridad, distinguido con el número 4990 de 21 de junio de 2012, radicado el 24 del mismo mes y año, en el que le comunica que mediante providencia de 17 de mayo de 2012, se le concedió al hoy actor libertad inmediata e incondicional por pena cumplida y, en consecuencia, se deben actualizar los datos correspondientes (C.N., art. 15)”.
En el punto quinto de dicha providencia que se anexa, en consecuencia deberán actualizarse los datos correspondientes (C.N., art. 15) y deberán los organismos de seguridad del Estado cancelar los antecedentes que le figuren por cuenta de esta actuación.
De igual manera expidió certificaciones para las entidades de control como la Procuraduría, Policía Nacional, y otros dichos argumentos (sic) pero hasta la fecha estas autoridades no dieron cumplimiento a esto entrando a tener conflicto a la hora de presentarme a un trabajo y es así que es la misma Procuraduría la que se abstiene de borrar registro de antecedentes penales”.
En ese orden de ideas, en el presente caso el actor no está reprochando que cualquier persona pueda ingresar al sistema de antecedentes que maneja la Procuraduría para consultar su información, sino que esta en su criterio no se ha actualizado, en el sentido de cancelar aquellas anotaciones relacionadas con la pena que cumplió.
Por la anterior circunstancia considera la Sala que la sentencia SU-458 de 2012 en la que justifica su decisión el juez de primera instancia, no es totalmente pertinente para el caso de autos, comoquiera que en la referida providencia el principal reproche que realizó la Corte Constitucional, consistió en el acceso indiscriminado de terceros sin interés legítimo a la información penal de una persona, asunto que se insiste no fue el que motivó la interposición de la presente acción. Además, debe considerarse que en el fallo de unificación la Corte se pronunció respecto de los antecedentes que administraba el DAS y actualmente el Ministerio de Defensa-Policía Nacional, y no respecto de aquellos que lleva la Procuraduría General de la Nación, que como más adelante se expondrá tienen ciertas particularidades, frente a las cuales valga la pena resaltar, el a quo no se pronunció.
De conformidad con la copia de la providencia del 17 de mayo de 2012 del juzgado 15 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá (fls. 5-7), el actor fue condenado a 33 meses de prisión y e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo, como coautor de la conducta de conservación de explosivos, mediante sentencia del 2 de junio de 2010 del juzgado 2º penal del circuito de San Juan de Pasto, providencia que fue confirmada el 12 de agosto de 2010 por el tribunal superior de San Juan de Pasto.
En relación con la mencionada conducta, se advierte a folios 8 y 9 del expediente dos documentos expedidos por la Procuraduría General de la Nación, de un lado una copia del certificado ordinario de antecedentes del actor del 13 de junio de 2012, y de otro, un reporte de la consulta de estos realizada el 9 de octubre de 2012, en los que se relaciona como providencia con fundamento en la cual se realizan las anotaciones respectivas, la emitida el 31 de enero de 2008 por el juzgado 2º penal de circuito especializado de Pasto, respecto del cual se indica como “fecha de efectos jurídicos” el 20 de agosto de 2010. En consonancia con dicha información, en los referidos documentos se indica que el demandante está inhabilitado para contratar con el Estado, entre el 20 de agosto de 2010 al 19 de agosto de 2015.
Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro”. (Destacado fuera de texto)
La mencionada demanda fue resulta por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-1066 de 2002(2), a través de la cual después de realizar algunas consideraciones frente al derecho de habeas data, consideró que el último inciso del artículo 174 de la Ley 734 de 2002 debía permanecer en el ordenamiento jurídico, “en el entendido de que sólo se incluirán en las certificaciones de que trata dicha disposición las providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento”.
“Tal derecho al olvido, planteado en relación con la información negativa referente a las actividades crediticias y financieras, es aplicable también a la información negativa concerniente a otras actividades, que se haya recogido “en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”, como lo contempla el artículo 15 superior, por existir las mismas razones y porque dicha disposición no contempla excepciones.
Para tal efecto es oportuno recordar que las sanciones consagradas en el mismo Código Disciplinario Único (arts. 44 y 45), son las siguientes: i) destitución e inhabilidad general, es decir, la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo o función, por el término señalado en el fallo; ii) suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial, o sea, la imposibilidad de ejercer la función pública en cualquier cargo distinto de aquel en cuyo desempeño se originó la falta disciplinaria, por el término señalado en el fallo; iii) suspensión; iv) multa, y v) amonestación escrita.
En reciente pronunciamiento esta corporación resolvió declarar exequible la expresión “pero cuando la falta afecte el patrimonio económico del Estado la inhabilidad será permanente” contenida en el primer inciso del artículo 46 de la Ley 734 de 2002 “bajo el entendido que se aplica exclusivamente cuando la falta sea la comisión de un delito contra el patrimonio del Estado, conforme a lo dispuesto en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política”(3).
Dicho carácter continuado de las sanciones disciplinarias y penales y de las inhabilidades, señaladas en el inciso 1º del artículo 174 del Código Disciplinario Único, explica que el inciso 3º del mismo disponga que “[l]a certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento”.
Por lo anterior, con fundamento en el principio de conservación del ordenamiento jurídico, esta corporación declarará la exequibilidad condicionada de la disposición impugnada, en el entendido de que sólo se incluirán en las certificaciones de que trata dicha disposición las providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento”. (Subrayado y destacado fuera de texto).
De los apartes antes expuestos puede apreciarse que la Corte Constitucional al analizar el artículo 174 del Código Disciplinario Único, y en especial su inciso 3º, consideró que la certificación de antecedentes por parte de la Procuraduría debe contener las providencia ejecutoriadas que hayan impuesto sanciones dentro de los 5 años anteriores a su expedición, aun cuando la duración de estas sea menor a 5 años. Adicionalmente precisó que el referido certificado debe reportar las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes al momento de su expedición, aun cuando hayan transcurrido más de 5 años, y por supuesto las de carácter intemporal.
En ese orden de ideas se destaca, que la función de la Procuraduría General de la Nación respecto del registro de sanciones, tiene su sustento normativo en el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, frente al cual a propósito del término en que deben permanecer las anotaciones respectivas, existe un pronunciamiento judicial con fuerza de cosa juzgada constitucional (Sent. C-1066/2002).
A partir de las consideraciones expuestas, estima la Sala que en el caso de autos el hecho de que el actor haya cumplido con la pena privativa de la libertad que le fue impuesta y confirmada mediante sentencias del 2 de junio y 12 de agosto de 2010 del juzgado 2º penal del circuito especializado de San Juan de Pasto y del tribunal superior del mismo distrito judicial respectivamente(4), no impide que la Procuraduría General de la Nación aún continué en los certificados ordinarios que emite, registrando la sanción penal que le fue impuesta al demandante, toda vez que aún no han transcurrido los 5 años a que hace referencia el inciso 3º del artículo 174 de la Ley 734 de 2002.
Por las razones expuestas, considera la Sala que no hay lugar a acceder al amparo solicitado, por lo que en principio habría lugar a revocar la sentencia de primera instancia que amparó los derecho de habeas data y al trabajo del accionante, así como la orden que se emitió en protección de estos.
Sin embargo, observa la Sala de la comparación de la providencia del 17 de mayo de 2012 del juzgado 15 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá, a través de la cual se le concedió la libertad al actor, y de los certificados ordinarios de antecedentes del peticionario que obran en el expediente, que existe información contradictoria en cuanto a la fecha en que se profirió la sentencia del juzgado 2º penal de circuito judicial especializado de San Juan de Pasto, que le impuso al accionante la pena privativa de la libertad.
Lo anterior porque en el auto del 17 de mayo de 2012, se indica que la sentencia del juzgado 2º penal de circuito judicial especializado de San Juan de Pasto es del 2 de junio de 2010 (fls. 5-7), mientras en los referidos certificados de antecedentes se afirma que la autoridad judicial antes señalada profirió la sentencia condenatoria el 31 de enero de 2008 (fls. 8, 9, 65-66).
Se estima que si la mencionada diferencia obedece a un error de la información que reposa en las bases de datos de la Procuraduría General de la Nación, el mismo en estricto sentido puede afectar el derecho fundamental de habeas data, según el cual la información personal del accionante debe corresponder a la realidad(5).
En consecuencia, se modificará la orden que profirió el juez de primera instancia, para en su lugar disponer que la entidad accionada en el término de 5 días siguientes a la notificación de la presente decisión, adelante las gestiones que sean pertinentes para verificar la fecha en que el juzgado 2º penal de circuito judicial especializado de San Juan de Pasto le impuso al actor la pena principal privativa de la libertad de 33 meses de prisión por el delito de porte ilegal de municiones y explosivos, y accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término antes señalado, para que en el evento que en los certificados que emite existe alguna inconsistencia, proceda a corregir la misma.
1. CONFÍRMASE parcialmente la sentencia proferida el 19 de diciembre de 2012, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, únicamente en cuanto amparó el derecho fundamental de habeas data, por las razones expuestas en esta providencia.
2. MODIFÍCASE la orden emitida por el a quo, para en su lugar ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación, que en el término de 5 días siguientes a la notificación de la presente decisión, adelante las gestiones que sean pertinentes a fin de verificar la fecha en que el que juzgado 2º penal de circuito judicial especializado de San Juan de Pasto le impuso al actor la pena principal privativa de la libertad de 33 meses de prisión por el delito de porte ilegal de municiones y explosivos, y accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el término antes señalado, para que en el evento que en los certificados que emite existe alguna inconsistencia, proceda a corregir la misma.
Magistrados: Gerardo Arenas Monsalve—Víctor Hernando Alvarado Ardila—Bertha Lucía Ramírez de Páez.
(1) M.P. Adriana María Guillén Arango.
(3) Sentencia C-948 de 2002. M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(4) Teniendo en cuenta sobre el particular la providencia del 17 de mayo de 2012 del juzgado 15 de ejecución de penas y medidas de seguridad de Bogotá, mediante la cual se le concedió al actor su libertad inmediata, y adicionalmente lo indicado por el actor en el escrito de tutela.
(5) la Corte Constitucional en la Sentencia C-748 de 2011, describió el contenido mínimo del derecho de habeas data en los siguientes términos: “De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, dentro de las prerrogativas —contenidos mínimos— que se desprenden de este derecho encontramos por lo menos las siguientes: i) el derecho de las personas a conocer —acceso— la información que sobre ellas está recogida en bases de datos, lo que conlleva el acceso a las bases de datos donde se encuentra dicha información; ii) el derecho a incluir nuevos datos con el fin de se provea una imagen completa del titular; iii) el derecho a actualizar la información, es decir, a poner al día el contenido de dichas bases de datos; iv) el derecho a que la información contenida en bases de datos sea rectificada o corregida, de tal manera que concuerde con la realidad; v) el derecho a excluir información de una base de datos, bien porque se está haciendo un uso indebido de ella, o por simple voluntad del titular —salvo las excepciones previstas en la normativa”. (Destacado fuera de texto).

References: ARTÍCULO 174
 artículo 86
 resolución 
 artículo 8
 artículo 174
 artículo 15
 artículo 46
 artículo 122
 artículo 174
 artículo 174
 artículo 174
 artículo 174