Source: https://op.europa.eu/portal2012-portlet/html/downloadHandler.jsp?identifier=3e01b4c0-144e-11e2-8e28-01aa75ed71a1&format=HTML&language=es&productionSystem=cellar&documentIdentifier=3e01b4c0-144e-11e2-8e28-01aa75ed71a1.0007
Timestamp: 2020-01-19 16:36:49+00:00

Document:
C_2012309ES.01000801.xml
2012/C 309/03
Asunto de carácter urgente: La situación de Nigeria
Declaración de Alva Baptiste, Ministro de Asuntos Exteriores, Comercio Internacional y Aviación Civil (Santa Lucía), Presidente en ejercicio del Consejo ACP
Declaración de Christian Friis Bach, Ministro de Cooperación al Desarrollo (Dinamarca), Presidente en ejercicio del Consejo de la UE
Turno de preguntas al Consejo
Debate con el Consejo – Solicitud incidental de intervención («catch-the-eye»)
Retos y oportunidades de desarrollo urbanístico en las ciudades ACP
Intercambio de puntos de vista con Aisa Kacyira, Directora Ejecutiva Adjunta del programa Hábitat de las Naciones Unidas
Aprobación de las actas del lunes 28 de mayo y del martes 29 de mayo de 2012.
Votación de las propuestas de resolución incluidas en los informes presentados por las tres comisiones permanentes
Votación sobre la propuesta de resolución sobre asuntos de carácter urgente
Votación sobre la declaración.
Votación de las enmiendas al Reglamento de la Asamblea Parlamentaria Paritaria
Fecha y lugar de la 24a reunión de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE
Lista de presencia en la 23a sesión del 28 al 30 de mayo de 2012 en Horsens (Dinamarca)
Acreditación de los delegados no parlamentarios
Resolución sobre el impacto político del conflicto de Libia en Estados vecinos ACP y UE (ACP-UE/101.157/fin)
Resolución sobre la volatilidad de los precios, el funcionamiento de los mercados mundiales de productos agrícolas y su impacto en la seguridad alimentaria de los países ACP (ACP-UE/101.149/fin.)
Resolución sobre el impacto social y medioambiental de la minería en los países ACP (ACP-UE/101.156/fin.)
Resolución sobre la situación en Nigeria en lo concerniente a la seguridad (ACP-UE/101.170/fin)
Declaración sobre la reforma de la política europea de pesca y su impacto sobre los países ACP (ACP-UE/101.154)
ACTA DE LA SESIÓN DEL 30 DE MAYO DE 2012
(Se abre la sesión a las 9.00 horas)
PRESIDENCIA: Musikari KOMBO
1. Asunto de carácter urgente: La situación de Nigeria
José Costa Pereira (SEAE) abre el debate.
Intervienen: Bobbo Hamatoukour (Camerún), Filip Kaczmarek, Zita Gurmai, Assarid Ag. Imbarcaouane (Malí), Olle Schmidt, Abdourahamane Chegou (Níger), Peter Šťastný, Mohammed Mukhtar Ahmed (Nigeria), Catherine Bearder, Mariya Nedelcheva y Anna Zaborska.
El Décimo FED apoya las reformas en el sector de la justicia y la lucha contra la corrupción, el tráfico de drogas y la delincuencia organizada. El problema de Boko Haram debe situarse en el contexto de un Norte más pobre que sufre una creciente desertificación y requiere soluciones concretas y a largo plazo. La violencia se extiende, con posibles repercusiones regionales.
2. Declaración de Alva Baptiste, Ministro de Asuntos Exteriores, Comercio Internacional y Aviación Civil (Santa Lucía), Presidente en ejercicio del Consejo ACP
Alva Baptiste alaba la política de cooperación de Dinamarca. Informa a la Asamblea que el Consejo de Ministros Conjunto ACP-UE de Vanuatu tratará de los países de la «diferenciación» y de la «gradualización» en el contexto del ICD y declara que los criterios deben incluir la vulnerabilidad con respecto a las catástrofes producidas por el cambio climático, el elevado endeudamiento y la lejanía. Muestra su satisfacción por el mecanismo de revisión del Décimo FED y recuerda que los Estados ACP tienen el compromiso de llegar a un acuerdo sobre los AAE, pero que es necesario más tiempo para las negociaciones.
3. Declaración de Christian Friis Bach, Ministro de Cooperación al Desarrollo (Dinamarca), Presidente en ejercicio del Consejo de la UE
Christian Friis Bach informa a la Asamblea sobre la nueva estrategia danesa para el desarrollo. Subraya que, aunque 2011 ha sido un año difícil, la Unión Europea sigue comprometida con los ODM. El Consejo de la UE ha acogido favorablemente la Comunicación de la Comisión relativa al aumento del impacto del Programa para el Cambio, y tiene esperanzas en la Conferencia de las Naciones Unidas Rio+20. Las negociaciones sobre los AAE deben completarse pronto.
4. Turno de preguntas al Consejo
Alva Baptiste contesta a las siguientes preguntas y preguntas complementarias:
Pregunta no 2 de Olle Schmidt sobre el grupo de trabajo sobre los presos políticos.
Pregunta no 4 de Filip Kaczmarek sobre el envejecimiento de la población en los países en desarrollo.
Pregunta no 5 de Catherine Bearder sobre el tráfico de marfil y CITES.
Christian Friis Bach contesta a las siguientes preguntas y preguntas complementarias:
Pregunta no 12 de Patrice Tirolien sobre el objetivo de Ayuda Pública al Desarrollo (APD)..
Pregunta no 13 de Fiona Hall (sustituida por Olle Schmidt) sobre la inclusión en el presupuesto del FED.
Pregunta no 8 de Olle Schmidt sobre los ciudadanos de la UE mantenidos como rehenes en terceros países.
Pregunta no 10 de Horst Schnellhardt sobre la prevención de las crisis de hambruna en la región del Sahel.
Pregunta no 9, formulada por Michael Cashman (sustituido por Derek Vaughan), sobre la ratificación de la segunda revisión del Acuerdo de Cotonú.
Pregunta no 11 by Filip Kaczmarek sobre el envejecimiento de la población en los países en desarrollo.
Pregunta no 14 by Zita Gurmai sobre la estrategia europea de cara a las negociaciones post-ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio) y la inclusión de las personas con discapacidad..
Pregunta no 16 by Catherine Bearder sobre el tráfico de marfil y CITES.
Los autores de las preguntas no 2, 4, 5 9 y 11 no tienen preguntas complementarias.
Los autores de las preguntas no 1, 3, 6, 7 y 15 no están presentes.
5. Debate con el Consejo – Solicitud incidental de intervención («catch-the-eye»)
Intervienen: Cornelius T. Mwalwanda (Malawi), Musa Hussein Naib (Eritrea), Amadou Ciré Sall (Senegal), Anna Zaborska, Denis Polisi (Rwanda), Sithembile Mlotshwa (Zimbabue), Ibrahim Bundu (Sierra Leone) y Rose Francine Rogombe (Gabón).
Alva Baptiste y Christian Friis Bach contestan a las preguntas sobre temas tan variados como: el acceso a la energía, el nuevo programa de cooperación danés, el respeto de los derechos humanos en la UE, las negociaciones de los AAE, los programas de desarrollo en materia de salud sexual y reproductiva, las sanciones a Zimbabue y el posible envío de una misión de investigación de la Asamblea Parlamentaria Paritaria a este país, las deficiencias en la lucha contra el paludismo y el Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA, la tuberculosos y el paludismo.
6. Retos y oportunidades del desarrollo urbanístico en las ciudades ACP
Intervienen: Bobbo Hamatoukour (Camerún), Maurice Ponga, Musa Hussein Naib (Eritrea), Jutta Haug, Emmanuel Kwasi Bandua (Ghana), Olle Schmidt, Carlos Manuel (Mozambique), Mohammed Mukhtar Ahmed (Nigeria), Adjedoue Weidou (Chad), Anne Rose Akol (Uganda) el Copresidente Louis Michel.
Aisa Kacyira realiza una presentación sobre los retos y oportunidades del desarrollo urbanístico en las ciudades ACP. El número de personas que viven en barios de chabolas se ha reducido en los últimos años, pero los Estados ACP se urbanizan mucho más rápidamente que el resto del mundo, lo que tiene graves repercusiones en términos de abastecimiento de agua, electricidad, transporte y otros servicios básicos. Se abordan temas relacionados con la planificación estratégica urbana, la gobernanza urbana, la descentralización y los mecanismos de acceso a los terrenos.
(Se suspende la sesión a las 12.50 horas y se reanuda a las 15.00 horas)
PRESIDENCIA: Louis MICHEL
7. Aprobación de las actas del lunes 28 de mayo y del martes 29 de mayo de 2012.
8. Votación de las propuestas de resolución incluidas en los informes presentados por las tres comisiones permanentes
El Copresidente recuerda los procedimientos de votación a la Asamblea.
El impacto político del conflicto de Libia en Estados vecinos ACP y UE (ACP-UE/101.157/fin.)
Informe de Assarid Imbarcouane (Malí) y David Casa
Enmiendas aprobadas: 1, 2, 3, 4, 5.
El PPE pide una votación separada por representantes para el considerando Y, y el considerando es rechazado.
Se aprueba la resolución así modificada por unanimidad.
Volatilidad de los precios, el funcionamiento de los mercados mundiales de productos agrícolas y su impacto en la seguridad alimentaria de los países ACP (ACP-UE/101.149/fin.)
Informe de Cornelius T. Mwalwanda (Malawi) y David Martin
Se aprueba la resolución por unanimidad.
El impacto social y medioambiental de la minería en los países ACP (ACP-UE/101.056/fin.)
Informe de Job Ndugai (Tanzania) y Michèle Rivasi
Enmiendas aprobadas: 1 y 2.
El PPE pide una votación separada por representantes para el apartado 2, y el apartado es rechazado.
El PPE pide una votación separada por representantes para el apartado 4, y el apartado es aprobado.
9. Votación sobre la propuesta de resolución sobre asuntos de carácter urgente
Propuesta de Resolución sobre la situación en Nigeria en lo concerniente a la seguridad (ACP-UE/101.170/fin.)
Enmiendas aprobadas: 2, 3, 5.
Enmiendas rechazadas: 1, 4, 6.
El PPE pide una votación separada por representantes para el apartado 9, y el apartado es rechazado.
El PPE pide una votación separada por representantes para el apartado 10, y el apartado es rechazado.
10. Votación sobre la Declaración
Declaración sobre la reforma de la política europea de pesca y su impacto sobre los países ACP (ACP-UE/101.154/fin.)
La Declaración se aprueba por aclamación.
11. Votación de las enmiendas al Reglamento de la Asamblea Parlamentaria Paritaria
Musikari Kombo (Copresidente) pide oficialmente en nombre de la Asamblea Parlamentaria ACP que se posponga la votación para poder analizar mejor el contenido de las enmiendas. Los dos Copresidentes acuerdan posponer la votación.
13. Fecha y lugar de la 24a reunión de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE
La 24a reunión de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE se celebrará en Surinam del 26 al 28 de noviembre de 2012. Los Copresidentes organizarán las cuestiones prácticas sobre la base de los principios parlamentarios de la Asamblea, velando por que se tengan en cuenta plenamente las preocupaciones y posiciones de todas las partes.
Michael Gahler hace hincapié en la posición de los miembros europeos.
Los Copresidentes agradecen a las autoridades danesas su compromiso en la organización de la reunión, la excepcional acogida, la calidad de la infraestructura y el alto nivel de la participación política.
(Se levanta la sesión a las 15.20 horas)
Musikari KOMBO, EGH
Mohamed Ibn CHAMBAS y
KOMBO EGH, (KENYA), Copresidente
CONGO (República del) (VP)
YIBUTI (VP)
REPÚBLICA DOMINICANA (VP)
IBOVI (Congo, República del) (VP)
GRANADA (VP)
MAURICIO (VP)
NÍGER (VP)
TAMAPUA (SAMOA), Copresidente
MNKANDHLA (ZIMBABUE), VC
ROGOMBE (GABÓN), VC
YEHOUETOME (BENÍN)
IBOVI (CONGO, República del)
DABA (ETIOPÍA)
KUBUABOLA (FIYI)
DESRAS (HAITÍ)
TOZAKA (ISLAS SALOMÓN)
SLATER (SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS)
MAPHIKE (SUAZILANDIA)
STRIFFLER ATEYE (YIBUTI)
SALL (SENEGAL), Copresidente
BUTUSOL (VANUATU), VC
KUTEKALA KAAWA (CONGO, República Democrática del)
LOBOSO (KENIA)
MWALWANDA (MALAWI)
RAYMOND (SANTA LUCÍA)
KLOPPER (SUDÁFRICA)
DIKWENI (SUDÁFRICA)
MOHAMMED AHMED (SUDÁN)
PARMESSAR (SURINAM) SPERONI
TAINE (TONGA)
SEEMUNGAL (TRINIDAD Y TOBAGO)
LATASI (TUVALU)
NDUGAI (TANZANIA), Copresidente
CABO VERDE DE SARNEZ
SENYSZYN COMORAS
MARSTERS (ISLAS COOK)
MAPHIKE (LESOTHO)
RAKOTOARIVELO (MADAGASCAR)
CHEGOU (NÍGER)
LISTA DE PRESENCIA EN LA SESIÓN DEL 28 AL 30 DE MAYO
EN HORSENS (DINAMARCA)
KOMBO, EGH (Kenia), Copresidente
NTISEZERANA (Burundi) (VP)
NGON-BABA (República Centroafricana)
MWANDO NSIMBA (Congo, República Democrática del)
SOUBANEH ATTEYE (Yibuti) (VP)
JIMÉNEZ (República Dominicana)(VP)
DABA WAKJIRA (Etiopía)
VOCEA (Fiyi) (1)
NOEL (Granada) (VP)
LABOSO (Kenia)
RAKOTOARIVELO (Madagascar) (1)
BANDA (Malawi) (VP)
OULD GUELAYE (Mauritania) (VP)
DEERPALSING (Mauricio) (VP)
CHEGOU (Níger) (VP)
JEAN MARIE (Santa Lucía)
TAMAPUA (Samoa)(VP)
GAMEDZE (Suazilandia)
KLOPPER (Sudáfrica) (1)
ATTARD-MONTALTO (1) (por MARTIN)
TOSAKA (Islas Salomón)
MUSA (Sudán)
PARMESSAR (Surinam)
SANTOS (Timor Oriental)
BUTUSOL (Vanuatu) (VP)
MNKANDHLA (Zimbabue)
BAUER (2), (3)
CASTEX (2), (3)
CHRISTENSEN (2), (3)
DE KEYSER (2)
GUERRERO SALOM (2), (3)
GURMAI (por FERREIRA, E.)
KORHOLA (3), (4)
PONGA (por DE MITA)
RINALDI (por GOERENS) (2)
SCHNIEBER-JASTRAM (por KLASS) (2), (3)
SCICLUNA (3), (4)
SPERONI (VP) (2), (3)
ZÁBORSKÁ (por STRIFFLER)
Asisten asimismo:
OUOBA NABA
NIJEBARIKO
PENN MENSAH
MOGNANGAR
TEKILIO MAHAMAT
LOGUELE
APALA PEN'APALA LUTUNDULA
KUTEKALA KAAWA
RAJERISOLO
NDISALE
CHITEYEYE
DIKWENI
ABDEL MAGID AAMIRE
CONSEJO ACP
BAPTISTE, Ministro de Asuntos Exteriores, Comercio Internacional y Aviación Civil (Santa Lucía), Presidente en ejercicio del Consejo ACP
FRIIS BACH, Ministro de Cooperación al Desarrollo (Dinamarca), Presidente en ejercicio del Consejo de la UE
SKERRIT-ANDREW
HEDEGAARD, Comisaria Europea de Acción por el Clima
PIEBALGS, Comisario de Desarrollo
DE GUCHT, Comisario de Comercio Internacional
IGUEH OFLEH
CHAMBAS, cosecretario general
AGUIRIANO NALDA, cosecretario general
(1) País representado por una persona que no es un diputado.
(2) Presente(s) el 28 May 2012
(3) Presente(s) el 29 May 2012
(4) Presente(s) el 30 May 2012
ANEXO DE LA SESIÓN DEL 28 DE MAYO DE 2012
S.E. Peceli V. VOCEA
Embajador de Fiyi
Presidente del Congreso de Transición
sobre el impacto político del conflicto libio en los países vecinos ACP y de la UE
Reunida en Horsens (Dinamarca) del 28 al 30 de mayo de 2012,
Visto el artículo 18, apartado 1, de su Reglamento,
Vista la decisión de la Asamblea de la Unión Africana, de 25 de mayo de 2011, sobre la resolución pacífica de la crisis de Libia, en la que se recordó que los países africanos vecinos de Libia están soportando el mayor impacto del conflicto generado en Libia, tanto en lo que se refiere a seguridad como a las consecuencias socioeconómicas, y en la que se hizo hincapié en que la resolución duradera de la crisis de Libia requiere una importante contribución por parte de África y una estrecha coordinación entre todas las partes implicadas,
Vistas sus resoluciones de 18 de mayo de 2011 sobre «Las revueltas democráticas en el Norte de África y Oriente Medio: consecuencias para los países ACP, para Europa y para el mundo» (2) y de 23 de noviembre de 2011«sobre el impacto de la Primavera Árabe sobre los Estados subsaharianos circundantes» (3),
Vistos los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Facultativos de 1977,
Vista la Resolución 1970 (2011) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
Vista la declaración del Consejo Europeo extraordinario de 11 de marzo de 2011 (4),
Vistas las conclusiones del Consejo de 21 de marzo, 23 de mayo y 18 de julio de 2011 y de 23 de marzo de 2012 sobre Libia,
Vista la decisión del Consejo de 21 de diciembre de 2011 sobre el desbloqueo de fondos libios (5),
Vista la Comunicación conjunta de la Comisión Europea al Consejo Europeo, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 8 de marzo de 2011, titulada «Asociación para la democracia y la prosperidad compartida con los países del Mediterráneo meridional» (COM(2011) 200 final),
Visto el informe «Holding Libya together: security challenges after Qadhafi» del International Crisis Group de 14 de diciembre de 2011,
Visto el informe de la Comisión de Asuntos Políticos (ACP-UE 101.157/fin.),
Considerando que la Primavera Árabe, incluida la revolución libia, brinda una oportunidad única para que la UE fomente la estabilidad, la democracia y la prosperidad en una región fundamental para la estabilidad de los países vecinos de la UE y de la ACP; considerando asimismo que la UE y los países ACP comparten el interés común de respaldar la democratización en esta región;
Considerando que, a pesar de la muerte del coronel Gaddafi y la caída de su régimen, la situación sigue siendo frágil en algunos antiguos feudos de los partidarios de Gaddafi;
Considerando la importancia de abordar las consecuencias humanitarias del conflicto libio y la suerte de los nacionales que se enfrentan a una situación precaria en Libia;
Considerando que numerosos ciudadanos extranjeros están siendo acusados injustamente de ser mercenarios a sueldo de Gaddafi;
Considerando que, en el momento de su intervención en Libia, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y sus aliados de la coalición internacional, actuando de conformidad con una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para proteger a la población civil libia, no tuvieron suficientemente en cuenta las consecuencias colaterales, tanto en el plano humanitario como desde el punto de vista de la seguridad, de la caída del régimen de Gaddafi para los países ACP, en concreto los de la región sahelo-sahariana;
Considerando que la UE ha declarado reiteradamente su compromiso de apoyar los derechos humanos, la sociedad civil, la seguridad y las reformas políticas y sociales dirigidas a alcanzar una auténtica democracia y luchar contra los regímenes autoritarios y la corrupción, para garantizar así unas mejores condiciones económicas y sociales en la región;
Considerando que Amnistía Internacional ha denunciado graves violaciones de los derechos humanos en las regiones ocupadas que han sido abandonadas por sus habitantes, dado que todos los hospitales que habían sido saqueados ni siquiera podían proporcionar los servicios de asistencia esencial mínimos;
Considerando que, al tiempo que se respeta plenamente el hecho de que la transición nacional es una cuestión básicamente libia, la Unión Europea y sus Estados miembros, con la cooperación de las Naciones Unidas, deberían aumentar sus esfuerzos y prestar el apoyo y la asistencia necesarios para apoyar al pueblo libio, en concreto en lo que respecta a la protección de los derechos humanos, la reconciliación nacional, la justicia social, el apoyo a la sociedad civil, la educación y el proceso de desmilitarización, desarme y reintegración;
Considerando que ambas partes han expresado su compromiso de fortalecer las relaciones y la cooperación en diversos ámbitos, incluida la seguridad, la gestión fronteriza, la sociedad civil, la salud y la educación;
Considerando que una de las consecuencias políticas del conflicto libio para la UE ha sido la llegada masiva de inmigrantes regulares e irregulares, que ha supuesto una carga desproporcionada para los Estado miembros meridionales de la UE;
Considerando que los flujos de migración tras el conflicto libio fueron más bien horizontales y no de sur a norte; que los Estados miembros de la UE han asumido una parte mínima de la responsabilidad de ayudar, recibir y acoger refugiados de Libia durante los sucesos de 2011 en comparación con los esfuerzos de los países vecinos en África; considerando que convendría reconocer y aplaudir los esfuerzos de algunos Estados miembros de la UE que han asumido voluntariamente una mayor parte de esta responsabilidad;
Considerando las consecuencias económicas, sociales y políticas que el regreso precipitado de inmigrantes ACP a Libia conlleva tanto para numerosas familias, que se ven privadas de su principal fuente de ingresos, como para los Gobiernos de los países de origen que se ven obligados a asumir el elevado coste que supone recoger e integrar a los repatriados;
Considerando la falta de adecuación en la cooperación entre el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y la UE en la coordinación de las medidas internacionales para ayudar a los cerca de 5 000 refugiados no libios procedentes de Libia que siguen viviendo en campamentos improvisados en Túnez y Egipto;
Considerando que el conflicto libio ha dado lugar a la proliferación, en la región sahelo-sahariana, de enormes cantidades de armas que, en manos de los diversos grupos terroristas, grupos delictivos y narcotraficantes que azotan esta región, constituye una grave amenaza para la seguridad y la estabilidad del conjunto de la subregión;
Considerando que los excombatientes que vuelven de Libia con importantes cantidades de armas y municiones son potenciales reclutas de los movimientos rebeldes, los grupos afiliados a Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQMI) y las bandas delictivas;
Considerando que esta revolución, combinada con el resurgimiento del irredentismo tuareg en países como Mali y Níger, puede poner en peligro la estabilidad y la integridad territorial de los países de la región sahelo-sahariana, especialmente Mauritania y Burkina Faso;
Considerando la gran preocupación por la ocupación en el norte de Mali, donde, apoyados por islamistas de Ansar Eddine, miembros de AQMI y otros combatientes, grupos de tuaregs que han regresado de Libia y se autoproclaman miembros del Movimiento Nacional de Liberación de Azawad (MNLA) han lanzado ofensivas mortales en varias ciudades, que han causado numerosas víctimas civiles y militares y provocado la huida de miles de personas hacia los países vecinos;
Considerando que durante la noche del 21 al 22 de marzo de 2012 el Presidente de Mali, Amadou Toumani Touré, fue derrocado en un golpe que puso fin a un largo proceso democrático que se había iniciado más de dos décadas atrás;
Considerando que los autores del golpe de Estado citan entre sus motivaciones la incompetencia del anterior Gobierno a la hora de hacer frente a la rebelión tuareg;
Considerando que las tropas del MNLA, de Ansar Eddine, de AQMI y de otros grupos rebeldes, aprovechando la confusión en la jefatura del Estado malí y la ruptura de la cadena de mando del ejército de ese país, han ocupado las tres regiones administrativas del norte de Mali, y que el MNLA proclamó unilateralmente la independencia de este territorio, que denomina Azawad y que representa dos terceras partes del territorio de Mali;
Considerando que el deterioro de la situación en materia de seguridad ha provocado el colapso del sector turístico, así como la ralentización, o incluso la interrupción, de los proyectos de desarrollo en curso en varios países de la subregión, dejando en paro a numerosos jóvenes, cuya vulnerabilidad puede beneficiar a los grupos terroristas o delictivos;
Considerando que la inmensidad de este territorio poco poblado y la longitud de sus fronteras, poco delimitadas, requieren una buena coordinación regional de las informaciones y de las acciones;
Considerando el agravamiento de la crisis humanitaria y alimentaria provocada por los ataques violentos de los rebeldes tuaregs, aliados a los grupos de islamistas radicales de AQMI, que han provocado el desplazamiento de 81 000 personas hacia el interior del país y hacia los países vecinos (Mauritania, Níger y Burkina Faso), donde una grave sequía ha provocado escasez de alimentos y de agua en los últimos años;
Considerando que la hambruna se está extendiendo fuera de la zona ocupada dada la situación sin precedentes;
Considerando que el terrorismo en el Sahel debe combatirse en parte mediante una política activa que promueva el desarrollo, la justicia social, el Estado de Derecho y la integración; considerando asimismo que es necesario que los grupos de población locales tengan unas perspectivas económicas que supongan una alternativa a la economía criminal;
Considerando que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene un papel importante que desempeñar en la resolución de conflictos en todo el mundo;
Considerando que, en vista de la transición política en Libia, los libios deberían ser respaldados en su intento por establecer una democracia pluralista, sin demora y con una constitución redactada tras realizar un proceso de amplia consulta pública;
Recuerda la responsabilidad compartida de los Estados miembros en la reubicación de los beneficiarios de la protección internacional y los solicitantes de asilo desplazados a la UE por el conflicto libio, especialmente en aquellos casos en que el Estado miembro de acogida está sometido a una presión importante;
Pide en este contexto la formalización de un sistema de «solidaridad obligatoria e irrevocable» con los Estados miembros expuestos a presiones específicas y desproporcionadas en forma de deslocalizaciones dentro de la UE, junto con una mayor cooperación con Libia;
Pide a la UE y a sus Estados miembros que pongan a disposición la financiación adecuada para la deslocalización dentro de la UE;
Elogia al ACNUR por sus acciones a favor de los refugiados y los desplazados del conflicto libio, y le alienta a aumentar los esfuerzos para garantizar un regreso seguro y digno de los migrantes y a facilitar la integración inmediata de los repatriados;
Invita a la comunidad internacional y a la UE en particular a movilizar una asistencia humanitaria de emergencia para prestar ayuda a los grupos de población del norte de Mali;
Considera que procede apoyar con carácter de urgencia las iniciativas destinadas a fortalecer el diálogo y aumentar la capacidad de las comunidades locales para resistir y contrarrestar el atractivo del terrorismo y la captación de jóvenes por parte de grupos terroristas y otros grupos delictivos, por ejemplo, mediante el apoyo al empleo juvenil y la formación;
Invita a la UE y al conjunto de la comunidad internacional a prestar la asistencia necesaria a los países ACP afectados, a fin de ayudarlos a establecer las estructuras necesarias para la acogida y la reinserción de sus trabajadores migrantes procedentes de Libia;
Preocupada por las graves violaciones de los derechos humanos, los saqueos y otras acciones que cometen las fuerzas de ocupación contra poblaciones civiles indefensas, una gran parte de la cuales se han visto obligadas a exiliarse en países vecinos;
Pide a las nuevas autoridades libias que adopten todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores migrantes africanos en Libia;
Acoge favorablemente la decisión del Consejo, de 21 de diciembre de 2011, relativa al desbloqueo de los fondos y los activos del Banco Central de Libia y el Banco Exterior Libio-Árabe retenidos en la UE, con el fin de apoyar la reconstrucción del país y la recuperación de la economía libia y ayudar a las nuevas autoridades libias;
Pide a la Comisión y al Consejo que aceleren la capacidad de respuesta de la UE en el ámbito de la gestión integrada de las fronteras, y que respalden a la sociedad civil y a los medios de comunicación, tal y como acordaron en la conferencia internacional de París de 2 de septiembre de 2011;
Saluda la respuesta de la Unión Europea a la Primavera Árabe y al conflicto libio, en concreto la creación de una «Asociación para la democracia y la prosperidad compartida con los países del Mediterráneo meridional» como el principal instrumento para apoyar a los Estados que están acometiendo reformas en la vecindad meridional de Europa;
Condena la proliferación de armas durante el conflicto y el saqueo de los alijos de armas existentes, y pide que se adopte con urgencia una estrategia para desarmar, desmovilizar y reintegrar a los combatientes rebeldes y a los civiles que tenga en cuenta la realidad política, subrayando al mismo tiempo que el desarme, la desmovilización y la reintegración deben ser una prioridad para la estabilización de Libia y la región limítrofe;
Exhorta a los Estados de la región sahelo-sahariana, a las nuevas autoridades libias y a las agencias multilaterales competentes a tomar todas las medidas necesarias para detener la proliferación de armas en la región y a establecer mecanismos adecuados para controlar y proteger las fronteras nacionales en la región, incluida la transferencia de armas de pequeño calibre y armas ligeras, e implementar programas para reunir y destruir armas de pequeño calibre y armas ligeras ilegales, además de instaurar medidas para el intercambio de información y la puesta en marcha de operaciones conjuntas en materia de seguridad en la región;
Celebra la creación en 2010 del Comité de Estado Mayor Operativo Conjunto (CEMOC) por Argelia, Mali, Mauritania y Níger con el fin de coordinar la lucha contra el terrorismo, la delincuencia organizada y el tráfico de drogas en la región sahelo-sahariana;
Pide al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que apruebe una resolución urgente en el marco de la pacificación de la zona sahelo-sahariana;
Destaca la situación de extrema pobreza y violencia que sufren los grupos de población del norte de Mali, que agrava la crisis humanitaria y alimentaria;
Condena firmemente las actividades de las bandas armadas en la región, en particular la ocupación del norte de Mali por las tropas del MNLA, de Ansar Eddine, de AQMI y otros grupos, y pide la retirada inmediata e incondicional de dichas tropas;
Condena firmemente el golpe de Estado dirigido por determinadas facciones del ejército malí, y pide la reinstauración inmediata de la democracia y la plena aplicación del plan de salida preconizado por la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO) y la Unión Africana;
Condena, en particular, las atrocidades cometidas contra la población civil, especialmente por las fuerzas de ocupación, de las que han sido víctimas sobre todo las mujeres y los niños, y condena, en particular, el uso del secuestro y la violación como armas de guerra; pide que se lleve a cabo una investigación sobre las atrocidades cometidas en Mali en los últimos meses;
Pide a la UE y a los Estados miembros que presten especial atención a la situación de las mujeres y las niñas en la región del Sahel y que tomen todas las medidas necesarias para garantizar su protección frente a cualquier tipo de violencia y violación de sus derechos humanos;
Reafirma su empeño en la consolidación de la democracia y la integridad territorial de los países afectados por el conflicto libio;
Insiste en la necesidad de que las nuevas autoridades libias apliquen las normas del Derecho internacional; invita, por tanto, a la Unión Europea a que aporte recursos y ayuda a Libia para este fin, lo que permitiría reforzar la seguridad jurídica y garantizar la ayuda humanitaria a las víctimas del conflicto;
Rechaza enérgicamente la declaración de independencia del norte de Mali por parte del MNLA y la considera nula y sin efecto; reafirma su compromiso con la unidad y la integridad territorial de Mali;
Acoge con satisfacción las iniciativas de la CEDEAO de cara a la pacificación del norte de Mali y de la eliminación de todos los obstáculos que impiden la plena soberanía de Mali sobre esta parte región; invita a la comunidad internacional a apoyar igualmente estas iniciativas y a adoptar medidas adecuadas para atenuar los efectos colaterales del conflicto libio en los países vecinos, en particular con respecto al compromiso de la OTAN y sus aliados de la coalición internacional que han luchado en Libia;
Expresa su inquietud por el acuerdo concluido entre el MNLA y el movimiento islamista con vistas a crear en el norte de Mali un Estado islámico, y pide a la Unión Africana y a la Unión Europea que establezcan una estrategia a corto, medio y largo plazo para poner fin a la ocupación del norte de Mali por parte de estas fuerzas armadas ilegales;
Invita a la comunidad internacional en general, y a la UE en particular, a intensificar su cooperación con los países de la zona sahelo-sahariana y con la CEDEAO en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada en la subregión, especialmente mediante el aumento de los recursos de los que dispone el Comité de Estado Mayor Operativo Conjunto (CEMOC) en su misión para garantizar la seguridad en la región sahelo-sahariana;
Pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que apoyen los esfuerzos destinados a reforzar las capacidades de los Estados de la región y que movilicen todos los medios disponibles para proteger a la población y promover la seguridad y el desarrollo de la región, en cooperación con los Estados de la región y las organizaciones interestatales CEDEAO y la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMAO);
Espera que una misión en el marco de la política europea de seguridad y defensa (PESD) ayude a los países de la subregión a controlar sus fronteras de manera más efectiva y, concretamente, a combatir el tráfico de armas, drogas y seres humanos;
Pide a los países de la región que implanten medidas para favorecer los intercambios de información en materia de seguridad, especialmente en relación con las incautaciones de armas, a través de sistemas de intercambio de información existentes como los que usan el Centro Africano de Estudios e Investigación sobre terrorismo de la Unión Africana, la INTERPOL y las Naciones Unidas;
Subraya que la introducción de una nueva constitución o de un marco jurídico para Libia debe respetar los derechos humanos fundamentales;
Invita al nuevo Gobierno libio a ampliar su cooperación con la CEDEAO a fin de adoptar todas las medidas necesarias para oponerse a los ataques de grupos delictivos terroristas aliados a AQMI que apoyan la rebelión tuareg en el norte de Mali;
Invita a la UE a que apoye los esfuerzos de las autoridades provisionales libias destinados a lograr una transición integradora con vistas a la instauración de la paz en Libia, y exhorta al Consejo Nacional de Transición a que lleve a cabo un amplio proceso de reconciliación que llegue a todos los libios y que permita una transición democrática, pacífica y transparente en el país;
Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Parlamento Europeo, al Consejo de Ministros ACP-UE, a la Comisión Europea, a las instituciones de la Unión Africana y al Secretario General de las Naciones Unidas.
sobre la volatilidad de los precios, el funcionamiento de los mercados mundiales de productos agrícolas y su impacto en la seguridad alimentaria de los países ACP
Visto el Acuerdo de asociación ACP-UE firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 y modificado en 2005 y 2010,
Vista la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de 8 de septiembre de 2000, por la que se establecen los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como objetivos establecidos de forma conjunta por la comunidad internacional para erradicar la pobreza y el hambre y, en particular, el ODM 1 consistente en erradicar la extrema pobreza y el hambre,
Visto el Convenio sobre Ayuda Alimentaria, firmado en Londres el 13 de abril de 1999, cuyos objetivos consisten en contribuir a la seguridad alimentaria mundial y mejorar la capacidad de la comunidad internacional para responder a las situaciones de emergencia alimentaria y a otras necesidades alimentarias de los países en desarrollo,
Vistas las Directrices Voluntarias de la FAO en apoyo a los esfuerzos encaminados a alcanzar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional,
Vista la Declaración de Maputo sobre Agricultura y Seguridad Alimentaria, firmada en 2003, por la que los Gobiernos africanos se comprometieron a destinar a la agricultura como mínimo el 10 % de sus presupuestos anuales nacionales,
Vistas las orientaciones de la UE sobre política agraria de noviembre de 2004,
Visto el 7o período extraordinario de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrado en Ginebra el 22 de mayo de 2008, sobre «el efecto negativo en la realización del derecho a la alimentación del empeoramiento de la crisis alimentaria mundial, causada, entre otras cosas, por el incremento de los precios de los alimentos»,
Vista la Declaración Conjunta sobre la Seguridad Alimentaria Mundial adoptada en L'Aquila el 10 de julio de 2009,
Vista la iniciativa de las Naciones Unidas sobre la protección social mínima,
Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de enero de 2009, sobre la política agrícola común y la seguridad alimentaria en el mundo,
Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de noviembre de 2009, sobre la Cumbre de la FAO y la seguridad alimentaria,
Vistas la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada «Un marco estratégico de la UE para ayudar a los países en vías de desarrollo a enfrentarse a los retos relativos a la seguridad alimentaria» (COM(2010)0127), adoptada el 31 de marzo de 2010, y las conclusiones del Consejo adoptadas el 10 de mayo de 2010,
Vista su Resolución sobre seguridad alimentaria, adoptada en Kinshasa el 4 de diciembre de 2010,
Vistas las ocho recomendaciones al G-20 publicadas por el Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, de 29 de enero de 2011,
Visto el informe interinstitucional, coordinado por la FAO y la OCDE, para el G2 sobre la «Volatilidad de los precios en los mercados de alimentos y productos agrícolas: Respuestas políticas» de 2 de junio de 2011,
Visto el informe del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre seguridad alimentaria y nutrición relacionado con la volatilidad de los precios y la seguridad alimentaria, de julio de 2011,
Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de septiembre de 2011, sobre ayudar a los países en desarrollo a enfrentarse a los retos en materia de seguridad alimentaria,
Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Económico, Asuntos Financieros y Comerciales (ACP-UE/101.149/fin.),
Considerando que, según la FAO, el número de personas que padecen hambre ascendió a 925 millones en 2010;
Considerando que solo 62 de los 118 países en desarrollo van por buen camino para conseguir el ODM 1 y que 29 países del mundo se enfrentan actualmente a escasez de suministro de alimentos y necesitan ayuda alimentaria externa;
Considerando que está previsto que la demanda de productos agrícolas aumente entre el 70 % y el 100 % en 2050 y que la población mundial ascienda a 9 000 millones de personas ese año;
Considerando que la inseguridad alimentaria, que se encuentra en el origen de las disturbios ocasionados por la hambruna y que puede plantear problemas de seguridad colectiva a escala mundial, se ve exacerbada por las cuestiones relacionadas con la propiedad de la tierra, la falta de políticas agrícolas adecuadas, la degradación del suelo, el cambio climático, la inseguridad en la tenencia de las tierras, la demanda de combustibles agrícolas y las políticas energéticas, la especulación sobre las materias primas, así como el aumento de los precios de los alimentos en gran parte artificial y debido a la especulación;
Considerando que mes a mes se ha registrado un aumento de los precios de los alimentos desde agosto de 2010, cuyos niveles son ahora superiores a los registrados en 2008;
Considerando que el Banco Mundial, en informe de Alerta sobre precios de los alimentos de agosto de 2011, afirma que unos precios elevados y volátiles de los alimentos en todo el mundo ponen en peligro a las personas más pobres de los países en desarrollo y son un factor que contribuye a la situación de emergencia en el Cuerno de África;
Considerando que los precios volátiles de las materias primas afectan no solo a los consumidores, sino también a los productores, de forma que a los agricultores ACP les resulta sumamente difícil prever la producción y comercialización de sus productos; que el porcentaje de la renta de los agricultores procedente de la cadena alimentaria ha disminuido considerablemente, mientras que los beneficios de los transformadores y los minoristas han experimentado un aumento constante;
Considerando que la fertilidad del suelo se ha reducido hasta alcanzar niveles alarmantes en muchas zonas, lo que ha dado lugar a una reducción de los rendimientos y una sobreexplotación de suelos agotados; y que las evidencias científicas muestran que es posible recuperar la fertilidad del suelo, aumentar los rendimientos, proteger las explotaciones contra los fenómenos meteorológicos extremos, mejorar la biodiversidad y diversificar e incrementar la renta de los pequeños agricultores mediante sistemas agroecológicos que combinan los cultivos con los bosques y la ganadería;
Considerando que ha habido una reducción drástica en el nivel de ayuda al desarrollo destinada a la agricultura desde la década de los ochenta, que ha caído a tan solo el 3,8 % de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD); teniendo en cuenta que el porcentaje del gasto público en agricultura también ha caído, hasta alcanzar un promedio del 7 % en los países en desarrollo;
Considerando que la mayoría de los Gobiernos africanos han expresado su preocupación por que los beneficios de la liberalización del comercio mundial tienden a ser mínima en el África subsahariana, debido a la prematura exposición a la competencia real —proveniente de productores de países en desarrollo y desarrollados— a que se ven sometidas las incipientes industrias agrícolas, y que la apertura del mercado debería ser gradual en lugar de súbita;
Considerando que el aumento de las adquisiciones de tierras, principalmente por inversores extranjeros, ha hecho que los precarios sistemas agrícolas y alimentarios de los países ACP sean incluso más vulnerables;
Considerando que se ha incrementado el uso de productos agrícolas para la producción de biocombustibles, con la consiguiente vinculación de la volatilidad de los mercados del petróleo a la volatilidad de los mercados de los productos básicos y su repercusión en la subida de los precios de los alimentos y en la inseguridad alimentaria;
Considerando que la especulación financiera y la mayor liberalización de los mercados financieros y de la comercialización de los productos agrícolas contribuyen significativamente a la volatilidad de los precios; considerando que los instrumentos derivados basados en los mercados de alimentos y productos básicos agrícolas han pasado a ser extremadamente populares y de fácil acceso para los inversores en todo el mundo y han dejado de ser exclusivos para los inversores profesionales;
Recuerda que el derecho a una alimentación adecuada forma parte de los derechos humanos universales; insta a todos los países a que apliquen las Directrices Voluntarias de la FAO sobre el derecho a la alimentación;
Destaca que la estabilidad política también es una condición necesaria para desarrollar y, de este modo, mejorar la seguridad alimentaria y pide a todas las partes implicadas que muestren la voluntad política necesaria para garantizar esa estabilidad;
Agricultura y acaparamiento de tierras
Pide que se destine un porcentaje más alto de la ayuda oficial al desarrollo de la UE a la agricultura y al desarrollo rural en los países ACP a fin de fomentar la seguridad alimentaria; insta a la comunidad internacional a cumplir los compromisos de la cumbre celebrada en L'Aquilla y destinar 22 000 millones USD para apoyar a los agricultores de los países en desarrollo y para combatir el hambre, de dicha cantidad se ha entregado hasta el momento una quinta parte;
Considera que es necesario que los Gobiernos de los países ACP contribuyan significativamente a colmar la gran brecha de inversión existente en el ámbito del desarrollo rural en estos países, de modo que pueda surgir un sistema agrícola integral que permita la autosuficiencia;
Considera que las pequeñas explotaciones pueden ser la respuesta al desafío de la seguridad alimentaria y pide a la UE que interrumpa las exportaciones subvencionadas que desestabilizan a los pequeños agricultores de los países en desarrollo, y preste más ayuda y apoyo a los pequeños agricultores sostenibles, campesinos y productores agrícolas sostenibles a media escala que son el principal sustento de la seguridad alimentaria;
Destaca el papel fundamental de las mujeres y los jóvenes en los ámbitos de la seguridad alimentaria y nutricional, y de la producción agrícola; invita a la Comisión Europea y a los Gobiernos de los países ACP a invertir en programas destinados a apoyar específicamente a las mujeres y a pequeños agricultores (por ejemplo, programas educativos y de formación sobre agricultura sostenible y respetuosa con el medio ambiente; un acceso más fácil a préstamos y microcréditos sin ánimo de lucro);
Destaca que es crucial que los pequeños agricultores y las organizaciones agrícolas locales participen en la aplicación de las políticas agrícolas en los países ACP, y que la Unión Europea debe esforzarse en afianzar y trabajar con los pequeños agricultores y otras asociaciones locales, de modo que se garantice la protección de los intereses de las comunidades locales;
Hace hincapié en la necesidad de aumentar la inversión pública en investigación en materia de sistemas de producción agroecológica sostenible, que incluyan cultivos, bosques y ganado, y pide a la UE y a los países ACP que desarrollen instrumentos conjuntos en materia de investigación, aumento de la formación sobre métodos agrícolas sostenibles y nuevas tecnologías, sobre todo, a través de asociaciones públicas-privadas y sociedades mixtas;
Expresa su profunda preocupación por las adquisiciones de tierras a gran escala que están realizando inversores extranjeros en los países en desarrollo, lo que también va en detrimento de los pequeños y medianos agricultores locales; pide, por tanto, a la UE que aliente a los Gobiernos de los países ACP a que lleven a cabo una reforma agraria a fin de garantizar los títulos de propiedad de tierras de los pequeños y medianos agricultores autóctonos, en particular las mujeres, y de evitar las prácticas de apropiación de tierras de las grandes empresas;
Invita a los Estados ACP a revisar sus políticas de tierras con vistas a identificar y designar determinadas zonas como agrícolas, teniendo debidamente en cuenta las cuestiones vinculadas a la utilización y la gestión de la tierra;
Solicita a la Comisión Europea que facilite una evaluación independiente de los efectos que tienen las políticas de apertura comercial en el aumento de las superficies agrícolas que dejan de servir a la satisfacción de las necesidades alimentarias nacionales de los países en desarrollo para pasar a servir a las empresas agroalimentarias exportadoras, y que presente propuestas concretas para detener este fenómeno y los problemas que de él se derivan, como el acaparamiento masivo de tierras y el deterioro acelerado de la seguridad alimentaria;
Pide a la Comisión Europea que actualice sus orientaciones sobre política agraria en lo relativo a la acumulación de tierras y que presente medidas destinadas a mejorar la información y supervisión de las compras de tierras a gran escala que impliquen a inversores europeos;
Especulación de los mercados financieros en los mercados de productos básicos
Considera que ha de aumentarse de forma sostenible la transparencia de los mercados agrícolas mundiales; en este sentido, elogia el establecimiento del SIMA (sistema de información de los mercados agrícolas) solicitado por los ministros de agricultura del G-20 con el fin de abordar la cuestión de la volatilidad de los precios de los alimentos con información más oportuna, precisa y transparente sobre los mercados alimentarios mundiales;
Pide a las Naciones Unidas y al G-20 que intensifiquen sus esfuerzos para acordar un reglamento mundial destinado a acabar con la especulación sobre los productos básicos agrícolas y a coordinar la creación de mecanismos preventivos contra la fluctuación excesiva de los precios de los alimentos a escala mundial;
Pide que se determine con claridad qué interlocutores participan en el comercio de productos alimentarios y en los mercados de productos básicos agrícolas, y que se analicen pormenorizadamente los mecanismos de transmisión en materia de especulación sobre productos alimentarios en los mercados locales y mundiales; insta a todas las partes interesadas a establecer conjuntamente un mecanismo internacional para el seguimiento de las actividades comerciales con productos básicos y derivados agrícolas;
Recalca que el acceso a los mercados es el mayor obstáculo que deben superar los pequeños y medianos agricultores de los países ACP, y que es necesario eliminar urgentemente los regímenes comerciales desfavorables y las barreras comerciales, en particular aquellos que impiden las exportaciones de los países ACP a los mercados de los países desarrollados;
Considera que las políticas comerciales actuales, en particular, las subvenciones agrícolas en los países ricos y las restricciones a la exportación durante la crisis, han de modificarse para limitar los efectos de la volatilidad de los precios de los alimentos; subraya el compromiso de la UE de suprimir gradualmente las subvenciones a la exportación, paralelamente a otras medidas similares que están adoptando diferentes socios de la Organización Mundial del Comercio (OMC); insta a la UE a mejorar aún más la coordinación de sus políticas de desarrollo y comercio;
Subraya que el incremento del comercio regional puede brindar seguridad alimentaria y ofrecer a los productores un entorno de mercado más estable;
Pide la supresión de las subvenciones y los incentivos fiscales distorsionadores en apoyo de los biocombustibles, lo que provocaría que solamente se produjeran biocombustibles cuando dicha producción fuese económicamente viable, limitando así el impacto de la producción de biocombustibles sobre la seguridad alimentaria;
Considera necesario encontrar el equilibrio adecuado entre los objetivos de seguridad alimentaria y los objetivos energéticos; pide a la UE que estudie el impacto que tienen en la seguridad alimentaria sus objetivos estratégicos en el sector de los biocarburantes y que los revise en función de los resultados de esta evaluación de impacto;
Insta a los Gobiernos de los países ACP a estudiar y reforzar las medidas destinadas a mitigar las consecuencias de la volatilidad de los precios, por ejemplo, concediendo a las personas pobres alimentos subvencionados o dinero en efectivo a través de redes de seguridad flexibles;
Pide que las reservas materiales de cereales y alimentos de emergencia a escala nacional y regional aumenten, se gestionen y almacenen mejor, mediante el refuerzo de la coordinación y el control internacionales de los precios y de las reservas (existencias), con el fin de contrarrestar de esta forma la volatilidad del precio de los alimentos, a fin de poder reaccionar mejor y más rápido a las crisis alimentarias;
Pide a la UE y a los países ACP que contribuyan a la conservación, mejora y promoción de las variedades de semillas locales que a menudo están mejor adaptadas a las necesidades de las poblaciones locales y a las condiciones climáticas de los países en desarrollo, que garanticen el derecho de los agricultores a reproducir sus propias semillas, y que impidan que las normas sobre propiedad intelectual permitan el acaparamiento de estas semillas por quien sea;
Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo de Ministros ACP-UE, al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, a la Presidencia del Consejo de la UE, a la FAO y al G-20.
sobre el impacto social y medioambiental de la minería en los países ACP
Visto el Acuerdo de Asociación ACP-CE («Acuerdo de Cotonú») y, en particular, el artículo 8, apartado 4, sobre la no discriminación,
Visto el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y las Líneas Directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales por las que se articulan los principios de conducta empresarial responsable,
Vista la Iniciativa Mundial de 2005 para la erradicación del trabajo infantil en la minería y la cantería de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
Vista la «Visión de la Minería Africana», adoptada por los Jefes de Estado de la Unión Africana en febrero de 2009,
Vista la Declaración de Bruselas sobre desarrollo y gestión sostenibles de la industria de recursos minerales de los Países ACP (ACP/89/008/10), aprobada en la primera Reunión de Ministros ACP responsables de la industria de recursos minerales, celebrada del 13 al 15 de diciembre de 2010 en Bruselas (Bélgica),
Vistos el alcance y las actividades del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)/Grupo Internacional sobre Uso Sostenible de los Recursos Naturales,
Visto el estudio de la Organización Internacional del Trabajo sobre «El trabajo infantil en las minas de oro: el problema» (junio de 2006),
Vista la Resolución del PE, de 15 de diciembre de 2010, sobre el futuro de la Asociación estratégica UE-África a raíz de la tercera Cumbre UE-África (P7_TA(2010)0482),
Vista la Resolución del PE sobre «una estrategia eficaz para Europa en relación con las materias primas» (P7_TA(2011)0364),
Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre la responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio internacional (P7_TA(2010)0446),
Visto el estudio en materia de explotación mineral, sostenibilidad medioambiental y desarrollo sostenible del Centro de Políticas Comerciales de África en las regiones CAO, SADC y CEDEAO (2009),
Visto el informe del Grupo de Expertos de las Naciones Unidas sobre Recursos naturales y conflictos en África: transformación de un obstáculo para la paz en un elemento de paz (2006),
Vistas las resoluciones de las Naciones Unidas sobre los «diamantes manchados de sangre», y en particular la Resolución 1459 (2003) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el sistema de certificación del Proceso de Kimberley,
Vista la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, aprobada en 1998,
Vista la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas,
Visto el principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo formulado en el Tratado de Lisboa (artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) y la obligación jurídica legal en virtud de la CPD de consultar a los países ACP (artículo 12 del Acuerdo de Asociación de Cotonú),
Visto el informe de la Comisión de Asuntos Sociales y Medio Ambiente (ACP-UE/101.156/fin),
Considerando que, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), los recursos minerales no renovables se clasifican en tres categorías: minerales energéticos como petróleo, gas, uranio y carbón; minerales metálicos como cobre, cobalto y bauxita; y minerales no metálicos como piedras preciosas (diamantes);
Considerando que la mayoría de los países ACP, especialmente en África, poseen recursos minerales abundantes como metales, petróleo, diamantes, oro, hierro, cobalto, uranio, cobre, bauxita o plata y que, a pesar de estas riquezas, la mayoría de la población vive en la pobreza;
Considerando que la mayoría de los minerales se exportan a granel, minerales, concentrados o metales sin que ello suponga mucho valor añadido en los países productores ACP;
Considerando que la opacidad y la confidencialidad de los contratos o acuerdos mineros ha contribuido a la manipulación de Estados débiles y a la anulación del escrutinio parlamentario;
Considerando que, en ausencia de Gobiernos conscientes de los problemas y de su responsabilidad respecto a la regulación y el control del sector de la minería, las actividades de las compañías mineras de los países ACP han provocado importantes daños medioambientales locales, sociales y de salud;
Considerando que las actividades mineras de Gobiernos, empresas nacionales y transnacionales han conducido a un acaparamiento de tierras, que ha tenido como consecuencia el desplazamiento de las poblaciones autóctonas y la limitación de las posibilidades para las poblaciones locales de garantizar la seguridad alimentaria a través de las actividades agrícolas;
Considerando que el trabajo en las minas causa graves problemas de salud física y psicológica, así como una tasa de mortalidad extremadamente elevada entre los mineros;
Considerando que es sabido que los ingresos procedentes de la minería ilegal avivan los conflictos internos; Considerando que la explotación ilegal de recursos naturales en países más expuestos y devastados por conflictos sigue constituyendo una de las causas que contribuye a que estos surjan y se reanuden, como en Angola, la República Democrática del Congo, Sierra Leona y Liberia;
Considerando que el estudio de 2010 solicitado por la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo sobre el uso potencial de materiales mineros contaminados por radioactividad, procedentes de la explotación de uranio a cielo abierto, en la construcción de viviendas residenciales en Gabón y Níger indica que existen importantes problemas en estos países en relación con el funcionamiento de las minas de uranio y la seguridad de las minas para la población local; considerando que este estudio critica la falta de transparencia con respecto a los datos de las empresas sobre contaminación radioactiva y, en un caso, afirma que se han utilizado materiales radioactivos para la construcción y que los recursos hídricos y el suelo que rodean a los pueblos mineros se han visto afectados;
Considerando que el trabajo infantil sigue estando muy extendido, sobre todo en la explotación minera a pequeña escala y que los niños están expuestos a graves riesgos de lesión, exposición a sustancias químicas tóxicas o a peligros mortales debido a estas actividades; considerando que las anteriores iniciativas de los Gobiernos en cuestión a menudo no han producido los efectos deseados;
Considerando que la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas (ITIE) —un organismo voluntario compuesto por empresas mineras— señala la importancia de que los Gobiernos y las empresas sean transparentes con respecto a las industrias extractivas y la necesidad de mejorar la gestión y la responsabilidad financiera pública;
Considerando que desde la década de los noventa hasta 2008 la producción mundial de 14 minerales importantes aumentó de un millón de toneladas a aproximadamente 2,5 millones; considerando que se espera que la demanda global aumente de forma significativa, dado que la población alcanzará los 9 000 millones de personas para 2050 en un contexto de crecimiento, urbanización y consumo; considerando que se espera que la demanda de cobre, mineral de hierro y aluminio se duplique en los próximos quince a veinte años;
Considerando que el Centro de Políticas Comerciales de África ha concluido que «muchas compañías mineras retienen la mayoría de sus ganancias en cuentas extraterritoriales, conservando una porción muy pequeña en cuentas nacionales a fin de cubrir costes operativos locales»;
Considerando que la concentración de personas en las zonas mineras a pequeña escala da lugar a una deficiencia de saneamiento con propensión a la malaria, la disentería y otras enfermedades; considerando que el aumento de la mano de obra migrante en estas zonas se ha asociado a un aumento de la prostitución, lo que ha provocado inevitablemente un incremento de los embarazos adolescentes, las familias monoparentales y las enfermedades de transmisión sexual, en particular el VIH/SIDA, como ha ocurrido en Ghana y en Togo (OIT 2006);
Expresa su profunda preocupación por el hecho de que, a pesar de que muchos países en desarrollo, particularmente países africanos, cuentan con abundantes recursos minerales, los intercambios comerciales actuales, según los cuales los países en desarrollo exportan materias primas y compran productos manufacturados a los países industrializados, las estructuras económicas nacionales y las estrategias de desarrollo de los países en cuestión no han contribuido a luchar contra la pobreza;
Pide a los Gobiernos de los países ACP-UE que pongan fin a la «maldición de los recursos» y que coloquen la riqueza mineral de los países ACP, particularmente de África, en el núcleo de su estrategia de desarrollo en beneficio de toda la población, en lugar de enriquecer a inversores y élites sin otorgar beneficios a los ciudadanos de a pie;
Pide a los países ACP que comprueben que los contratos existentes respetan las normas internacionales para lograr un uso sostenible y orientado al interés público de los recursos nacionales, que ofrezcan incentivos a la inversión y hagan más eficientes los sistemas fiscales, que luchen de manera global contra la corrupción en la administración pública y entre las autoridades de control y que inviertan los beneficios resultantes de la exportación de recursos en el desarrollo del país (infraestructuras, sistema social, industria de producción, etc.);
Insta a los países ACP a desplegar un equipo de expertos cualificados y con experiencia a la hora de negociar contratos sobre minerales con las compañías mineras;
Destaca el importante papel que los parlamentos nacionales y las organizaciones de la sociedad civil pueden desempeñar en la supervisión de acuerdos o contratos de minería para cumplir con su responsabilidad ante sus ciudadanos, romper con la cultura del secretismo y luchar contra la corrupción a todos los niveles; pide a los Gobiernos de los países ACP que cumplan su obligación de informar a los Parlamentos nacionales y que hagan partícipes a los responsables políticos y a los representantes de la sociedad civil en los procesos de adopción de decisiones sobre la utilización de los recursos nacionales;
Destaca la necesidad de marcos legislativos y regulatorios sólidos, transparentes y ejecutables que regulen la industria de los recursos minerales en los países ACP; pide a los Gobiernos y Parlamentos de los países ACP que adopten políticas y regulen la inversión extranjera directa (IED) en pro del interés público, en consulta con la sociedad civil, de modo que ofrezca un entorno legal estable que fomente la inversión directa, beneficie a la economía local, genere valor añadido nacional y fomente el desarrollo;
Pide a los Gobiernos de los países ACP que pongan fin a las salidas financieras masivas procedentes de sus países, considerando que se estima que, entre 1970 y 2008, el flujo financiero ilícito procedente de África, incluyendo la evasión fiscal, ascendió a 865 000 millones USD, según Global Financial Integrity (GFI);
Insiste en abordar el asunto del blanqueo de capital que, a tenor del director del Grupo intergubernamental de tareas contra el blanqueo de dinero en África occidental (GIABA), representa 337 000 millones EUR solo en África occidental, incluyendo una parte importante de evasión fiscal, mientras que el 10o Fondo Europeo de Desarrollo para los países ACP asciende a 22 682 millones EUR y cubre un período de cinco años (2008-2013);
Insiste, en este sentido, en la necesidad de crear o desarrollar y defender unos servicios públicos de calidad, en particular en el ámbito de la lucha contra la fuga, el blanqueo de capital y la evasión fiscal, como forma de combatir el usufructo ilícito de los ingresos procedentes de la actividad minera;
Acoge con satisfacción los debates, a nivel europeo, en relación con la adopción de una iniciativa europea para la transparencia, la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de determinados tipos de empresa, que han sido suscitadas por la Ley Dodd Frank, por la que se obliga a todas las empresas petroleras, de gas y mineras que cotizan en bolsa en los Estados Unidos de América a publicar lo que pagan al Gobierno y a comunicar la utilización de minerales de guerra; invita a todos los socios internacionales a trabajar para adoptar requisitos similares;
Acoge favorablemente las propuestas de la Comisión Europea de modificar las Directivas de transparencia y contabilidad para exigir a las empresas que cotizan en bolsa en la UE y a las grandes empresas que no cotizan que operan en la industria extractiva y en la tala de bosques primarios que transmitan información desglosada por países y por proyectos de los pagos que realizan a los Gobiernos locales, regionales y nacionales de terceros países; insta a la Comisión Europa a presentar propuestas legislativas europeas comparables al artículo 1502 de la Ley Dodd Frank, que obliga a las empresas estadounidenses que suministran minerales procedentes de la República Democrática del Congo y las zonas colindantes a ejercer la diligencia debida en sus cadenas de abastecimiento;
Pide a los Gobiernos de los países ACP y de la UE, en sus respectivas capacidades, que presenten una propuesta legislativa sobre la divulgación automática de los beneficios y los impuestos abonados por parte de las empresas multinacionales en cada uno de los países en desarrollo, a fin de acabar con los paraísos fiscales, la evasión fiscal y las fugas ilícitas de capital;
Destaca que los países ACP deben garantizar que las licencias mineras incluyan disposiciones jurídicamente vinculantes que incorporen normas sociales y medioambientales; pide a la UE que incluya obligaciones y deberes a fin de que los inversores extranjeros que operen en los países en desarrollo respeten los derechos humanos, las normas medioambientales y las normas laborales fundamentales de la OIT; considera que las empresas que operan en terceros países deben tener los mismos derechos y obligaciones que en sus países de origen;
Señala que la minería artesanal y a pequeña escala (MAPE) puede desempeñar un papel vital en la vida local, proporcionando empleo e ingresos a un gran número de personas; pide a los países ACP que regulen este sector, que legislen contra la utilización de sustancias tóxicas prohibidas a nivel internacional, tales como el mercurio y el cianuro, que ofrezcan unas condiciones de trabajo seguras a los mineros artesanales y a pequeña escala, facilitando acceso a los microcréditos para que puedan equiparse con tecnologías inocuas y respetuosas con el medioambiente, y que respeten sus derechos humanos;
Señala que el trabajo infantil sigue estando muy extendido, sobre todo en la explotación minera a pequeña escala y que los niños están expuestos a graves riesgos de lesión, a sustancias químicas tóxicas o a peligros mortales debido a estas actividades; destaca la necesidad de llevar a cabo campañas de sensibilización sobre la peligrosidad de las condiciones de trabajo en la minería a pequeña escala para la salud de los niños; exige con carácter de urgencia a los países ACP y a los socios en materia de desarrollo, incluida la Unión Europa, que pongan en marcha iniciativas de lucha contra el trabajo infantil;
Pide a los Gobiernos de los países ACP que adopten las medidas necesarias para garantizar que los residuos mineros se gestionan de forma que no ponen en peligro la salud humana y que no se aplican procesos o métodos potencialmente perjudiciales para el medio ambiente, y que prohíban el abandono, el vertido y la eliminación incontrolada de residuos;
Insta a los socios en materia de desarrollo, incluida la Unión Europea, a que presten asistencia técnica a los países mineros de ACP para evaluar el impacto medioambiental y social pasado y presente de las actividades mineras, con el propósito de establecer responsabilidades en materia de daños medioambientales y a la salud a todos los niveles, compensar a las víctimas y rehabilitar el ecosistema, de conformidad con el principio «quien contamina, paga»; destaca la necesidad anteponer la protección de la vida silvestre y las preocupaciones medioambientales a las preocupaciones comerciales en la minería e insta a los países ACP a pensárselo dos veces antes de conceder licencias de prospección en zonas en las que habitan especies raras o amenazadas, por ejemplo el parque nacional de Virunga en Uganda;
Señala que la Unión Europea financia programas para la conservación de la biodiversidad en los países ACP, por ejemplo en el marco del décimo y del próximo undécimo Fondo Europeo de Desarrollo, cuyos objetivos se ven frustrados por el asentamiento de empresas petrolíferas y mineras en las zonas que deben protegerse; pide a los Gobiernos de los países ACP afectados que se esfuercen por cumplir las leyes nacionales y las convenciones internacionales de protección del medio ambiente;
Lamenta que las actividades mineras en ocasiones provoquen un acaparamiento de tierras y la expulsión de las poblaciones de sus tierras de origen; insiste en que las empresas mineras presenten planes de reasentamiento y reubicación cuando sea el caso y que no abandonen los pozos, las zanjas y los terrenos a cielo abierto sin rehabilitarlos;
Hace hincapié en que deben reconocerse los derechos sobre las tierras comunitarias en sus distintas formas (ya sean individuales o colectivos), a fin de proteger a los miembros de la comunidad y de ofrecer una protección adecuada en caso de inversiones en el sector de la minería o en otros sectores;
Pide a los países ACP y los Estados miembros de la UE que trabajen para prohibir las sustancias tóxicas, no autorizadas a nivel internacional, en la minería y que participen en el Comité Intergubernamental de Negociación encargado de desarrollar un instrumento jurídico sobre el mercurio vinculante a nivel mundial bajo los auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA);
Anima a los países ACP a crear o fortalecer organismos nacionales dedicados a la ciencia, la tecnología y la innovación, así como la capacidad de supervisión, con el fin de promover el uso de tecnologías ecológicas y la adquisición de conocimientos en la exploración y la minería;
Señala la importancia de que la política sobre materias primas de la UE tenga debidamente en cuenta el crecimiento económico sostenible en los países en desarrollo (como se establece en el artículo 208 del TFUE) y que garantice la coherencia entre la política de desarrollo y la iniciativa sobre las materias primas; cree, por lo tanto, que la UE debería ayudar también a los países en desarrollo a diversificar sus economías, reducir su dependencia de las exportaciones de materias primas y aumentar el valor de sus productos mediante la fabricación y la transformación nacionales;
Insta a la UE y a los Gobiernos de los países ACP a atajar el problema del trabajo infantil, puesto que representa un gran riesgo para los niños que trabajan a una edad muy temprana en entornos peligrosos y que por lo general carecen de derechos básicos y protección;
Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo de Ministros ACP-UE, al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, a la Presidencia del Consejo de la UE, a la Unión Africana, al Parlamento Panafricano y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
sobre la situación en Nigeria en lo concerniente a la seguridad
Visto el artículo 18, apartado 2, de su Reglamento,
Vistas sus anteriores resoluciones,
Vistas sus anteriores Resoluciones sobre las violaciones de los derechos humanos en Nigeria,
Vista su Resolución sobre la situación en África occidental de 21 de marzo de 2001, y en concreto los apartados relativos a Nigeria,
Vistas las Declaraciones de la Vicepresidenta/Alta Representante de la Unión Europea, Catherine Ashton, de 26 de diciembre de 2011, sobre los atentados del día de Navidad y de 22 de enero de 2012 sobre los atentados de Kano (Nigeria),
Vista la Declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 27 de diciembre de 2011 sobre los atentados en Nigeria,
Vista la Reunión Ministerial entre Nigeria y la UE, celebrada el 8 de febrero de 2012 en Abuja,
Vista la segunda revisión del Acuerdo de Cotonú 2007-2013, ratificada por Nigeria el 27 de septiembre de 2010,
Vista la Constitución de la República Federal de Nigeria y, en particular, las disposiciones relativas a la protección de la libertad de religión contenidas en su capítulo IV – Derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión,
Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, ratificado por Nigeria el 29 de octubre de 1993,
Vista la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981, ratificada por Nigeria el 22 de junio de 1983,
Vista la Declaración de 1981 de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones,
Considerando que la violencia infligida por el grupo Boko Haram, un grupo islamista radical, ha causado la muerte de varios cientos de inocentes, incluidos musulmanes, cristianos y personas de otras religiones;
Considerando que la secta islámica fundamentalista, popularmente llamada Boko Haram, cobró importancia en 2009 durante los violentos enfrentamientos entre este misterioso grupo y la policía nigeriana;
Considerando que esta secta es conocida por predicar en contra de lo que considera la influencia de corrupción de la educación occidental y defender la introducción de la Sharia o ley islámica en el país;
Considerando que este grupo militante presuntamente recluta a sus miembros principalmente entre los estudiantes coránicos itinerantes (Almajirai), matones políticos y otros jóvenes descarriados;
Considerando que varios informes recientes indican una posible conexión entre Boko Haram y Al-Qaida en el Magreb Islámico (AQMI) y Al-Shabaab en Somalia, lo que podría plantear una grave amenaza para la paz y la seguridad en la región del Sahel y en África occidental, tal como han demostrado los últimos sucesos acaecidos en Mali;
Considerando que el vínculo entre estos grupos terroristas y su cooperación en materia de logística y entrenamiento son considerados factores que contribuyen a los ataques mortales perpetrados por la secta Boko Haram en Nigeria;
Considerando que la longitud de las fronteras de Nigeria constituye un importe problema en materia de seguridad y que ha complicado el control del tráfico de armas ligeras y de pequeño calibre durante los años, como han demostrado en la década pasada las actividades de bandas armadas de antiguos rebeldes procedentes de Chad o de Níger a lo largo de las carreteras del noreste de Nigeria;
Considerando que la estabilidad política y étnica de Nigeria tiene repercusiones más allá de sus fronteras, debido al papel de primer orden que desempeña el país en la región y en el África subsahariana en su conjunto;
Considerando que la Boko Haram constituye actualmente el peor problema en materia de seguridad al que se enfrenta Nigeria, y que se ve exacerbado por la proliferación de armas de pequeño calibre, especialmente tras la caída del régimen de Gaddafi en Libia;
Considerando que la libertad de religión, la libertad de credo, la libertad de conciencia y la libertad de pensamiento son valores fundamentales y universales y elementos esenciales de la democracia;
Considerando que, en respuesta a la oleada de violencia, el Presidente Goodluck Jonathan declaró el 31 de diciembre de 2011 el estado de emergencia en varias zonas gubernamentales locales del norte del país, y cerró temporalmente las fronteras con Chad, Camerún y Níger;
Considerando que el grupo sufrió un fuerte revés y se vino abajo tras la muerte de su líder y que muchos seguidores están en manos de la policía;
Considerando que esta secta militante se reagrupó y resurgió en 2011 con ataques mortales contra políticos locales y fuerzas de seguridad en el noreste del país y que estas atrocidades se han expandido rápidamente a muchas partes del norte de Nigeria;
Considerando que Boko Haram ya ha reivindicado la responsabilidad de los ataques mortales, incluidos los del 20 de enero en Kano, en los que murieron 185 personas, y los cometidos en iglesias el día de Navidad de 2011, que costaron la vida a 40 personas;
Considerando que Boko Haram ha incendiado más de una docena de escuelas en el norte desde el pasado mes de marzo;
Considerando que la secta utiliza cada vez más armas sofisticadas y artefactos explosivos improvisados para sembrar el caos y destruir a gran escala propiedades públicas y privadas, desatando el miedo y el pánico entre la población;
Considerando que varias organizaciones de derechos humanos han documentado la implicación de Boko Haram en ataques contra comisarías de policía, instalaciones militares, oficinas de seguridad, mezquitas, iglesias, escuelas y bancos, así como en el atentado suicida con bomba contra la sede de las Naciones Unidas, en el que perdieron la vida al menos 24 personas y resultaron heridas más de 100;
Considerando que los atentados suicidas, un fenómeno nuevo en el país, ahora son frecuentes y causan víctimas mortales;
Considerando que el número de muertes ocasionadas por la violencia desencadenada por los asesinatos de Boko Harman y por las operaciones de contraataque de la fuerza especial de seguridad conjunta (Joint Security Task Force) ha alcanzado hasta la fecha las 1 500 como mínimo;
Considerando que en Nigeria también se han producido atentados no reivindicados desde principios de año, lo que refuerza el clima de violencia;
Considerando que las fuerzas de seguridad no han sido capaces hasta el momento de poner fin a la campaña de violencia de Boko Haram;
Considerando que los cuerpos y fuerzas de seguridad han detenido a pocos miembros destacados de Boko Haram;
Considerando que se está explorando la posibilidad de diálogo y negociación entre el Gobierno federal y la secta;
Considerando que se cree que Boko Haram ya no es un grupo homogéneo y que está siendo explotado por organizaciones delictivas implicadas en robos a bancos, secuestros y asesinatos políticos;
Considerando que la mayoría de los nigerianos quieren vivir juntos en una entidad indivisible;
Considerando que no existe ningún conflicto subyacente entre musulmanes y cristianos en el país;
Considerando que, aunque Nigeria es uno de los principales productores y exportadores de petróleo del mundo, en 2011 aproximadamente el 60 % de la población vivía con menos de 1 USD al día; considerando que la corrupción endémica, la pobreza omnipresente y la falta de mecanismos de redistribución de la riqueza son factores responsables de la inseguridad general que reina en el país y han creado un entorno propicio para el reclutamiento de jóvenes desempleados por parte de grupos extremistas, y que la resolución pacífica de conflictos también implica tener un acceso justo a recursos y la redistribución equitativa de los ingresos;
Considerando que el elevado desempleo ha hecho que los jóvenes sean vulnerables al adoctrinamiento, la manipulación y el reclutamiento por parte de grupos islámicos fundamentalistas como Boko Haram;
Considerando que el Parlamento nacional de Nigeria, en reconocimiento de la amenaza a la seguridad nacional que plantea la insurgencia violenta, promulgó en 2011 la Ley de lucha contra el terrorismo;
Considerando que la seguridad nacional ha sido la principal beneficiaria de los fondos recibidos del presupuesto federal de Nigeria en 2012;
Considerando que la Comisión Europea y el Gobierno Federal de Nigeria firmaron el 12 de noviembre de 2009 el Documento Estratégico de la Comisión correspondiente a Nigeria y el Programa Indicativo Nacional para el período 2008-2013, en virtud del cual la UE financiará proyectos orientados, entre otros, a la paz, la seguridad y los derechos humanos;
Condena enérgicamente la reciente ola de violencia, en particular los ataques perpetrados por la secta islámica fundamentalista Boko Haram, y la trágica pérdida de vidas en las regiones afectadas de Nigeria, y hace extensivas sus condolencias a los familiares de las víctimas y a los heridos;
Pide a la secta Boko Haram que entregue las armas para crear un entorno propicio al diálogo y a la negociación con el Gobierno;
Insta al Gobierno a que desarme con urgencia a todas las personas y grupos que se encuentren en posesión ilegal de armas de fuego en el país;Insta a todas las comunidades a que se contengan y busquen medios pacíficos para resolver las diferencias entre grupos religiosos y étnicos en Nigeria;
Reitera su preocupación por lo que se refiere al respeto pleno y efectivo del derecho a la libertad religiosa de las minorías religiosas de Nigeria;
Pone de relieve, en este contexto, que la libertad de culto no es más que una de las vertientes de la libertad de religión, ya que esta última incluye la libertad para cambiar de religión y para manifestar dicha religión, individual o colectivamente, en público o en privado o en la esfera institucional, a través de la enseñanza, la práctica y la observancia;
Anima al Gobierno de Nigeria a intensificar sus esfuerzos para poner fin a la violencia lo más rápido posible, garantizar la seguridad y la protección de su población y respetar los derechos humanos, así como evitar por todos los medios posibles nuevos ataques, continuar alentando el diálogo interreligioso y mejorar la libertad de pensamiento, conciencia y religión; Reconoce la necesidad de que el Consejo Interreligioso de Nigeria (NIREC) intensifique sus esfuerzos por fomentar la armonía, el diálogo y la paz entre religiones;
Pide a las autoridades que sigan investigando las causas de la violencia más reciente y que se aseguren de que los autores son llevados ante la justicia de manera justa y transparente; destaca la importancia de un sistema judicial independiente, imparcial y accesible para acabar con la impunidad e incrementar el respeto por el Estado de Derecho y los derechos fundamentales de la población;
Pide al Gobierno de Nigeria que intensifique la lucha contra la corrupción, la pobreza y la desigualdad, y que promueva reformas sociales, políticas y económicas que respeten los derechos humanos, lo que también requiere la distribución justa y equitativa de los recursos y la riqueza;
Pide a los organismos donantes que apoyen al Gobierno de Nigeria en la creación de empleos para la gran cantidad de jóvenes desempleados en el país;
Acoge con satisfacción el proyecto piloto inminente del Gobierno de Nigeria para introducir en todas las escuelas, independientemente de cuál sea su carácter, los fundamentos educativos básicos de democracia, Estado de Derecho, pluralismo y tolerancia;
Lamenta el asesinato del ciudadano británico Chris McManus y del ciudadano italiano Franco Lamolinara, dos ingenieros que trabajaban para una empresa de construcción italiana y que permanecieron secuestrados a lo largo de diez meses al norte de Nigeria, durante un intento de rescate fallido el 8 de marzo de 2012, y hace extensivas sus condolencias a los familiares de las víctimas;
Invita a la comunidad internacional, en particular las Naciones Unidas, la Unión Africana y la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO), a que apoyen a Nigeria en sus esfuerzos por abordar la amenaza del terrorismo, la proliferación de armas ligeras y los delitos transfronterizos, equipando y formando al personal de los cuerpos de seguridad en la recopilación eficaz de información reservada y en la lucha contra el terrorismo actual;
Reconoce la colaboración y el apoyo prestado a Nigeria por parte de la Unión Europea, los Estados Unidos y otros actores internacional en sus esfuerzos determinados en la lucha contra el terrorismo;
Fomenta una mayor cooperación regional para luchar contra la amenaza que plantea una posible relación entre Boko Haram y AQMI;
Anima a los países en la región a que profundicen en su cooperación, también mediante las organizaciones regionales pertinentes, para evitar sinergias entre Boko Haram y AQMI, así como para proteger las fronteras marítimas y terrestres de Nigeria contra la infiltración de grupos armados; Pide a las instituciones de la UE y a los Estados miembros que presten su apoyo a estos esfuerzos regionales;
Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo de Ministros ACP-UE, al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea y a la Unión Africana.
sobre la reforma de la política europea de pesca y su impacto sobre los países ACP
La política pesquera común de la UE, por la que se rigen las políticas pesqueras de los Estados miembros de la UE en aguas comunitarias, y asimismo la dimensión exterior de esta política, está sujeta actualmente a un proceso de revisión cuya conclusión está prevista para 2013.
En el ámbito de la política pesquera común de la UE, los acuerdos de colaboración en el sector pesquero y las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) ofrecen el principal marco político para las relaciones pesqueras ACP-UE. En la actualidad, la UE cuenta con 21 acuerdos de colaboración en el sector pesquero, de cuales 15 están en vigor. Once son acuerdos sobre el atún y cuatro son acuerdos para múltiples especies (Mauritania, Guinea-Bisáu, Marruecos y Groenlandia).
Los ecosistemas costeros de los países tropicales, como las zonas económicas exclusivas de los países ACP, destacan entre los más ricos en recursos pesqueros. Esta riqueza de recursos resulta atractiva para todas las naciones que pescan en aguas lejanas, incluidos los Estados miembros de la UE.
Las flotas exteriores de los países de la UE se componen actualmente de más de 700 buques y solo en torno a la mitad participan de acuerdos de colaboración en el sector pesquero, mientras que los demás trabajan conforme a acuerdos de licencia privados. Otros 400 buques aproximadamente de origen europeo operan en forma de empresas conjuntas constituidas en terceros países, incluidos los países ACP. Los acuerdos pesqueros ahora abarcan menos del 0,5 % de las actividades de las flotas de la UE, y la captura pesquera conforme a acuerdos pesqueros representa aproximadamente el 3 % del suministro total de pescado al mercado de la UE, mientras que las importaciones de los países ACP representan en torno al 10 % de las importaciones de pescado de la UE.
Cabe destacar también que los mercados europeos dependen en más de un 60 % de las importaciones, de las que los países ACP representan en torno al 10 % y, además, el 68 % de las exportaciones de pescado de los países ACP se destinan actualmente al mercado de la UE.
En los acuerdos pesqueros actuales, la proporcionalidad entre la capacidad pesquera negociada y la cantidad de contribución financiera ampliada al sector ha dado lugar a que los Gobiernos de los países ACP concedan niveles insostenibles de acceso a la pesca. Asimismo, esto ha provocado que algunos países ACP reciban más financiación de la que realmente pueden absorber, o una financiación insuficiente en comparación con sus necesidades.
Anteriormente, algunos grupos de países ACP (del Pacífico, del Océano Índico o de África occidental) han propuesto negociar acuerdos de acceso pesquero de ámbito regional. Sin embargo, la Comisión Europea ha favorecido por lo general los acuerdos bilaterales. En la propuesta actual se da este caso, aunque se proponen algunos pasos para que exista una mayor coherencia entre los enfoques regionales y bilaterales de la política exterior de la UE, «reuniendo los intereses bilaterales de la UE en una región determinada bajo un enfoque regional integrado».
En su Comunicación sobre la dimensión exterior, la Comisión Europea indica que tiene intención de «poner en marcha una iniciativa de alto nivel para debatir las posibilidades de reducción de la capacidad a escala mundial para 2013. Esta iniciativa tendrá en cuenta las aspiraciones de los países en vías de desarrollo y será coherente con la reforma de la política pesquera común, que propondrá una gestión basada en los derechos como uno de los principales mecanismos para conseguir una reducción de la capacidad».
Pide a la UE que garantice que todos los elementos de las relaciones pesqueras con los países en vías de desarrollo contribuyan a la pesca sostenible. Con tal fin, la UE debe desarrollar asociaciones para el desarrollo sostenible de la pesca, cuyo objetivo principal debe ser crear en el tercer país en vías de desarrollo correspondiente un entorno favorable para desarrollar actividades sostenibles en el plano medioambiental, social y económico;
Pide a la UE que logre que el futuro Reglamento de la UE sobre la PPC, el relativo a la organización común de los mercados de la pesca y los productos de la acuicultura (OCM) y que asimismo se refiere a determinadas medidas relativas a los países que autorizan una pesca no sostenible con la finalidad de conservar las poblaciones de peces, contribuyan a la aplicación de una pesca sostenible en los países ACP;
Pide a la UE que cree un entorno favorable para la inversión privada de la UE en operaciones de pesca sostenibles en países ACP, que cree empleos decentes y un valor añadido elevado en los países ACP, al tiempo que haga de la buena gobernanza un elemento central de los futuros acuerdos pesqueros;
Considera que la dimensión exterior de la futura PPC debe promover la integración regional de los países ACP, mediante la armonización de las medidas desarrolladas en el marco del acuerdo de pesca sostenible (APS), el apoyo a la cooperación regional científica y de vigilancia, y el aumento del apoyo a la participación efectiva de los países ACP en las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) y a su lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada;
Acoge con satisfacción la propuesta de desvincular el apoyo sectorial de la UE de los pagos de derechos de acceso en las aguas de los países ACP y de definir el apoyo sectorial a la luz de las necesidades y la capacidad de absorción de los países socios; pide a la UE que apoye la capacidad de absorción de las ayudas por los terceros países;
Considera que la participación de los países ACP en los organismos regionales es fundamental para permitirles ejercer sus derechos y establecer o desarrollar el acceso a los recursos marinos, y particularmente a las poblaciones altamente migratorias y transzonales, como los recursos de atún y de pequeños pelágicos, para sus flotas locales, así como cumplir sus responsabilidades y compromisos con la explotación sostenible, con arreglo a unos planes adecuados para el desarrollo de la pesca y con la mejora de la contribución del sector pesquero a la seguridad alimentaria en los países ACP;
Pide el establecimiento de un mecanismo de diálogo participativo y transparente con todas las partes interesadas para satisfacer las prioridades de los países en vías de desarrollo en aras del desarrollo sostenible de su sector pesquero;
Solicita una evaluación de los impactos económicos, sociales y medioambientales de todas las políticas de la UE que afectan al desarrollo de la pesca en el tercer país objeto del acuerdo pesquero de que se trate; dicha evaluación debe hacerse pública para todas las partes interesadas, a fin de que se fomente la participación con plenos conocimientos en el diálogo político de la UE y los países ACP correspondientes;
Acoge con satisfacción la propuesta de incluir una cláusula de transparencia en los futuros acuerdos pesqueros, a fin de garantizar que se conozca el esfuerzo pesquero acumulado (por las flotas locales y todas las flotas de terceros países activas en una zona económica exclusiva determinada). dicha cláusula, junto con la mejora en la recopilación de datos y la investigación, facilitará la evaluación del nivel de excedentes disponibles; considera que existe la necesidad de que haya mayor transparencia en la aplicación del acuerdo de pesca sostenible (APS) en relación a la publicación de evaluaciones ex ante y ex post, que contienen datos importantes como, por ejemplo, el valor de las capturas de las flotas de la UE en las aguas de los países ACP;
Insiste en que los buques propiedad de la UE y aquellos que enarbolan el pabellón de la UE y que pescan en aguas de los países ACP han de regirse conforme a un acuerdo en que se estipulen las condiciones por las que los agentes de la UE puedan desarrollar actividades pesqueras en los terceros países correspondientes, entre otras:
las capturas de las flotas europeas en aguas de los países ACP deberían basarse en un excedente;
la UE debe garantizar que los buques de la UE solo desarrollen prácticas, métodos y artes pesqueros adecuados en consonancia con la naturaleza y el volumen de los recursos pesqueros que se vayan a explotar;
la UE debe garantizar que haya desembarques de al menos una parte de las capturas en los países ACP, con el fin de promover el desarrollo de las industrias de procesamiento locales;
Pide a la UE que garantice plena transparencia en la aplicación de acuerdos de pesca sostenible con los países socios, incluso en la negociación de acceso a la pesca, la gestión de actividades pesqueras y la evaluación de los resultados de negociación;
Pide asimismo una transparencia total en la ordenación pesquera en sus aguas por parte de los países ACP-UE en el marco de los acuerdos que firman con países asociados; esto requiere unos esfuerzos concertados de las diferentes partes interesadas para garantizar que se comparta públicamente, especialmente con las organizaciones locales de la sociedad civil, la información principal y que los parlamentarios dispongan de la capacidad y los medios necesarios para utilizar esta información y para que sus Gobiernos puedan rendir cuentas de sus decisiones y de la prestación de servicios;
Considera que, en el contexto de la reforma de la OCM, el cumplimiento de las importaciones de los países ACP con las futuras normas de la UE relacionadas con la pesca sostenible, la protección ambiental, las normas laborales y el respeto de los derechos humanos debe ayudar a promover la pesca sostenible en los países ACP y, por otro lado, no ha de utilizarse con fines proteccionistas ni para inclinar el campo de juego a favor de los agentes de los buques de la UE;
Insiste en que las inversiones europeas en la pesca de los países ACP han de basarse en las necesidades de desarrollo de estos países, a saber, creación de empleo, seguridad alimentaria, ingresos de exportación, etc. Las pequeñas y medianas empresas del sector pesquero de los países ACP, en particular las empresas de pesca a pequeña escala, de elaboración y exportación, están abordando con eficacia y de forma explícita muchas de estas necesidades y, en este sentido, las inversiones de la UE han de tener como prioridad respaldar el desarrollo de las PYME en el sector pesquero;
Señala que los acuerdos pesqueros con los países ACP deben, a medio plazo, animar a los terceros países a explotar de manera sostenible sus propios recursos, tanto para consumo interno como para exportación para que la riqueza así creada se quede en estos países para su propio beneficio;
Defiende que los acuerdos pesqueros entre la UE y terceros países deben ir precedidos de un amplio debate, que permita una participación efectiva de las poblaciones y las organizaciones sociales de los distintos países, y en el que participen los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo, a fin de garantizar el carácter democrático y la transparencia de las negociaciones en el marco del funcionamiento de las instituciones de cada país;
Insta a sus Copresidentes a que remitan esta declaración al Consejo ACP-UE, a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo.
(1) Aprobada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE el 30 de mayo de 2012 en Horsens (Dinamarca).
(2) DO C 327 de 10.11.2011, p. 38.
(3) ACP-UE/101.111/11/fin.
(4) EUCO 7/1/11.
(5) 18765/11.
(6) Aprobada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE el 30 de mayo de 2012 en Horsens (Dinamarca).
(7) Aprobada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE el 30 de mayo de 2012 en Horsens (Dinamarca).
(8) Aprobada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE el 30 de mayo de 2012 en Horsens (Dinamarca).
(9) Aprobada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE el 30 de mayo de 2012 en Horsens (Dinamarca).

References: resolución 
 resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 18
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 8
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1502
 artículo 208
 Resolución 
 artículo 18
 Resolución 
 resolución 
 Resolución