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Timestamp: 2017-12-13 13:03:19+00:00

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Blog Marcos Guerrero: 2016
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Del Pacto de Punto Fijo Al Pacto de la Habana. Autor de resumen: Eduardo Paez Pumar. Coautora del libro en el área educativa: María Antonieta Angarita de María Antonieta Angarita Sergent
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EL ASCENSO NAZI AL PODER Y LA NATURALEZA DE SU RÉGIMEN
Causas del acceso nazi al poder: algunas reflexiones preliminares. ¿Cómo pudo el *nazismo haber llegado al poder en *Alemania? ¿Cómo, en la década de 1930, una nación de ochenta millones de habitantes que constituía el corazón geográfico y cultural de Europa cedió tan fácilmente, sin ofrecer resistencia, a uno de los peores regímenes dictatoriales en la historia de la humanidad? ¿Fue el ascenso del régimen nazi un resultado inevitable y fatal de todo el curso de la historia alemana? ¿Pudo haber sido evitado? A medida que el 30 de enero de 1933, día en que *Hitler fue designado primer ministro de Alemania por el anciano presidente Paul von *Hindenburg, se aparta de la memoria viva para adquirir el carácter de una fecha más en la historia escrita, estas preguntas continúan rondando la imaginación y ejercitando la mente de todos los interesados en la historia de Alemania y del siglo XX. El gran volumen de literatura histórica y la profusa controversia que estos asuntos han generado son prueba, no sólo del interés que son capaces de despertar, sino también del hecho de que no pueden ser resueltos por una respuesta simple y definitiva. Una cosa parece
cierta: el ascenso nazi al poder tuvo origen en más de una causa y se presta a más de una explicación razonable. Hay quienes, tratando de desentrañar lo que consideran una falla estructural básica en la psique nacional alemana y su concepción deformada de la política nacional, retroceden incluso hasta la reforma religiosa del siglo XVI. Otros prefieren centrar su atención en el ascenso y caída de movimientos fascistas en el siglo XX, y enfatizar las raíces europeas compartidas del nazismo. Sea como fuere, uno tendría aún que explicar por qué los precursores ideológicos del movimiento nazi, fragmentados grupos extremistas con cosmovisiones völkisch –populismo basado en la conexión del pueblo germano con la naturaleza y con su pasado mítico– y antisemitas, no tuvieron oportunidad de hacer un impacto serio en la vida política alemana antes de la Primera Guerra Mundial ni –menos aún– de tomar control del gobierno. En el intento de esclarecer las circunstancias específicas que fundamentaron y posibilitaron el ascenso de Hitler al poder, parecería aconsejable no retroceder en el tiempo, y focalizar nuestra atención en la historia de la problemática democracia de la República de *Weimar, predecesora inmediata del régimen nazi.
… Pulsar enlace y seguir leyendo… https://dl.dropboxusercontent.com/u/78354253/rise_of_the_nazis_fraenkel%20%281%29.pdf
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BLOQUE CONSTITUCIONAL DE VENEZUELA LA SENTENCIA Nº 09-2016 DEL 1º DE MARZO DE LA SALA CONSTITUCIONAL ES UNA INMORALIDAD “Murmurar de los jueces es un crimen; criticar sus decisiones u opiniones con justas e ilustradas razones es elevada función ciudadana” (Luis Loreto). El Bloque Constitucional de Venezuela comparte plenamente las opiniones expresadas por voceros autorizados de la Asamblea Nacional, de la Federación de los Colegios de Abogados de Venezuela, y los Colegios de Abogados que suscriben el presente, con relación a la Sentencia Nº 09-2016, del 1º de marzo de 2016, de la Sala Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, por la que, abusando de su facultad para interpretar la Constitución, pretende modificar normas constitucionales relativas a las funciones de control político y de investigación de la Asamblea Nacional, para reducirla a un poder meramente decorativo, lo que violenta el sistema democrático del Estado de Derecho. Sentencia ésta que, por tanto, contraría los valores, principios, garantías del Estado democrático de Derecho; y, además, los principios éticos que deben regir el ejercicio de la función jurisdiccional de probidad, rectitud, transparencia, decoro, imparcialidad, que son determinantes de la conducta moral de jueces y magistrados, de cuyo cumplimiento depende la confianza de la sociedad en su integridad e independencia. Violaciones todas estas, que jurídicamente, justifican que tanto la Asamblea Nacional, como la ciudadanía, desconozcan le validez y eficacia de la referida sentencia. Para el Bloque Constitucional de Venezuela la Sentencia Nº 09-2016, del 1º de marzo de 2016, de la Sala Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, es un acto inmoral por parte de sus magistrados. En efecto, la imparcialidad de la función jurisdiccional es el supuesto indispensable para la correcta administración de justicia, por lo que el magistrado o juez que se halle incurso en alguna causal de inhibición, o que viere comprometida su imparcialidad por alguna circunstancia previa o sobreviniente al proceso del cual debe conocer, debe separarse inmediatamente del mismo sin esperar a que se le recuse. Razón por la cual el Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana, que rige igualmente la conducta de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, establece que de estar incursos en alguna causal de inhibición o recusación previstas en los códigos y leyes procesales, perderán la idoneidad para el ejercicio del cargo, según terminantemente se consagra consagra en los artículos 1º y 5º, de dicho Código. Ahora bien, según la Nota de Secretaria estampada al final de la Sentencia Nº 09-2016, del 11 de marzo de 2016, los magistrados Calixto Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos y Lourdes Benicia Suárez Anderson, no firmaron la anterior sentencia, porque no asistieron por motivos justificados. Estos magistrados al recibirse y al darse cuenta en la Sala Constitucional de la demanda que dio lugar a la susodicha sentencia, se informaron que uno de sus planteamientos fue el de la supuesta invalidez de la Comisión Especial creada por la misma Asamblea Nacional para revisar la elección de Magistrados Principales del Tribunal Supremo de Justicia, por parte de la Asamblea Nacional cuyo período legislativo feneció en diciembre del año pasado; dentro de los cuales se encontraban los nombramientos de los prenombrados magistrados. Por tanto, conforme los artículos señalados del referido Código de Ética, éstos debieron inhibirse por encontrarse incursos en la causal de inhibición prevista en el numeral 4º, del artículo 82, del Código de Procedimiento Civil, de tener interés directo en la resolución de la demanda en cuestión, que les era aplicable por mandato del artículo 54, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el numeral 1 de su artículo 62. Deber moral este que ratifica el artículo 84, del mencionado Código, que los obligaba igualmente por la disposición del indicado artículo 5. La propia Sala mencionada ha considerado como la violación al deber de la ética judicial la no inhibición por parte de los jueces que conociendo que están incursos en una de sus causales, sin embargo, no cumplen con esa obligación moral. En efecto, respecto de estos deberes éticos, dicha Sala ha sostenido que la referida obligación de inhibición, es garantía de la imparcialidad del juzgador (Sentencia Nº 7 del 16.01.2003), y que su incumplimiento afecta el principio de la imparcialidad, por el cual se pone en juego el prestigio de los tribunales en una sociedad democrática (Sentencia Nº 2.140 del 07.08.2003), por cuanto la imparcialidad tiene una dimensión objetiva para generar confianza en la administración de justicia (Sentencia Nº 2714/2001 del 30 de octubre). Y que la imparcialidad, idoneidad, transparencia, autonomía, independencia y responsabilidad, que reviste la Justicia, según el artículo 26, de la Constitución, se diluyen si se incumple con el deber de inhibición de los jueces, por “la serie de suspicacias y dudas respecto de la función del órgano jurisdiccional que ponen en tela de juicio su imparcialidad” (Sentencia Nº 2.140, citada). Dudas que surgen, cuando existe una vinculación subjetiva entre el juzgador con el objeto de la causa sometida a su conocimiento (Sentencia Nº 7, citada). En ese mismo orden de ideas, la Sala Constitucional, ha asentado que “La trasparencia en la administración de justicia, que garantiza el artículo 26 de la Constitución, se encuentra ligada a la imparcialidad del Juez” (Sentencia Nº 2.140, antes mencionada). Por tanto, la supuesta no asistencia de los magistrados Calixto Ortega Ríos, Luis Fernando Damiani Bustillos y Lourdes Benicia Suárez Anderson por motivos justificados, no especificados, para no aparecer suscribiendo una sentencia de cuya causa han debido inhibirse, constituye un fraude a la ley, o subterfugio legal, cuando suscribieron otras sentencias dictadas en la misma audiencia, para evadir una obligación impretermitible e inexcusable. Fraude este que convalidaron los otros magistrados, quienes, como administradores de la justicia, tenían igualmente la obligación de garantizar la imparcialidad de la función jurisdiccional por parte de la referida Sala, porque al admitir la violación del deber moral señalado, contribuyeron con la infracción a los principios de la imparcialidad, idoneidad, transparencia, autonomía, independencia y responsabilidad, que según el artículo 26, de la Constitución, han de orientar la Justicia, y de cuya integridad dichos magistrados son sus guardianes. Para el Bloque Constitucional de Venezuela, la Sentencia 09-2016, del 1º de marzo de 2016, además de una violación de los valores, principios, garantías democráticas constitucionales es una inmoralidad desde el punto de vista de la ética judicial y de los estándares de comportamiento ético para jueces a que se contraen los Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura de 1985, y los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial, de 2002, ambos instrumentos aprobados por la ONU; violaciones que jurídicamente justifican que la Asamblea Nacional y la ciudadanía desconozcan la validez y eficacia de la pretendida sentencia. Caracas, 07 de marzo de 2016. Por el Bloque Constitucional de Venezuela: Coordinación Nacional: Cecilia Sosa Gómez, Román Duque Corredor, Jorge Rosell Senhenn, Blanca Rosa Mármol y Alberto Arteaga Sánchez. Coordinación Ejecutiva: Miguel Angel Martin, Perkins Rocha y Juan Carlos Apitz. Magistrados, Académicos y Profesores: Aníbal Rueda, Pedro Rondón Haz, Julio Elías Mayaudón, Ramón Escovar León, Carlos Ayala Corao, Rafael Badell Madrid, Ana María Ruggeri, Luis Beltrán Guerra, Salvador Yanuzzi, Alvaro Badell Madrid, Rene Molina Galicia, Rodrigo Rivera Morales, Rubén Pérez Silva, Alejandro Canónico, Iván Pérez Rueda, Franklin Hoet, Gustavo Linares Benzo, Nelly del Valle Mata, José Francisco Comte, Gustavo Briceño, Marcos Solis Saldivia, Mariana León Mármol, Flor Zambrano, Rafael Chavero Gazdik, Eustoquio Martínez, Carlos Camero. Federación de Colegios de Abogados de Venezuela: Marlene Robles. Presidentes de Colegios de Abogados de Venezuela: Lourdes Vallenilla (Amazonas), Luis Beltrán Calderón Mejías (Anzoátegui), Rosalino Medina (Aragua), Roldan Torres (Apure), Rombet Camperos (Barinas), Nelson Riedi (Carabobo), Roberto Andery (Cojedes), Omer Figueredo (Delta Amacuro), Yvett Lugo (Distrito Capital), Wilme Pereira (Falcón), Mary de Muguesa (Guárico), Enrique Romero (Lara), Eliseo Moreno (Mérida), Letty Piedrahita (Miranda), Jesús Ramos (Monagas), Pedro Arévalo (Nueva Esparta), Zoila Calderón (Portuguesa), Orlando Velásquez (Sucre), José Neira (Táchira), Mario Torres (Zulia).
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Intereses Moratorios de Tributos No Pagados y Exigibles
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Etiquetas: administración tributaria, Blog Marcos Guerrero, Derecho Tributario, Intereses moratorios, Marcos Guerrero, tributos
VOTO DE CENSURA A LA SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA POR ATENTAR CONTRA LA INDEPENDENCIA Y LA AUTONOMÍA DE LA ASAMBLEA NACIONAL
El Colegio de Abogados del Distrito Capital, se pronunció en contra de las sentencias emitidas por los magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por “inconstitucionales” ya que pretenden desconocer “la legitimidad de la Asamblea Nacional valiéndose de maniobras y triquiñuelas jurídicas”. El cuerpo colegiado insistió en que el TSJ mediante la “implementación del Decreto de Emergencia Económica le otorga al Ejecutivo facultades para regular derechos fundamentales de manera amplia, así como castra la función del Legislativo al anular su función contralora”, cuestión que deben “desconocer los demás abogados y funcionarios del país”, por lo que exhortan al pueblo venezolano a estar atentos contra lo que consideran los profesionales como un “Golpe jurídico”.
El comunicado sirve para recordar que legalmente y por la vía constitucional la Asamblea Nacional debe desacatar cualquier sentencia que sea contraria a la ley. Sobre esto existe incluso un precedente, en los tiempos en los que la ahora diputada Cilia Flores –PSUV- presidía el Parlamento, cuando desconoció una sentencia del máximo tribunal, por “modificar una ley”, en este caso concreto la Ley del Impuesto sobre la Renta, durante la sesión del 22 de marzo de 2007. Esto fue recordado por el alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, en entrevista con Nelson Bocaranda. En ese entonces el argumento de Flores era que “solo el Parlamento tenía facultades para aplicar y desaplicar normas, artículos y leyes”, a lo que la también diputada –en ese período- Iris Varela argumentó “la usurpación de funciones” por parte de los magistrados.
A continuación el comunicado en su totalidad;
El Consejo Superior Extraordinario de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela integrado por el Directorio de la Federación de colegios de abogados de Venezuela, el Presidente del Instituto de Previsión Social del Abogado y los presidentes de los colegios de abogados de los estados Amazonas, Anzoátegui, Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Sucre, Táchira y Zulia; constituido en sesión permanente, ante la actual situación de desconocimiento de la soberanía popular que se produce como consecuencia de la decisión dictada por parte de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, quienes mediante maniobras “jurídicas” pretenden anular a la Asamblea Nacional, legítimamente electa por el pueblo venezolano el 06-12-15, quienes expresaron la urgente necesidad de cambio que permita salir de la crisis humanitaria, económica, social, jurídica y política imperante en el país; en nuestra condición de representantes del gremio de Abogados de Venezuela expresamos:
Castrar a la Asamblea Nacional ejercer su función contralora al limitarla sólo al Ejecutivo Nacional y a la Administración Pública Nacional definida en esta sentencia en un concepto restringido.
Impedir a la Asamblea Nacional, que en ejercicio de su facultad revise y anule sus propios actos cuando no estén ajustados a derecho, con la intención de asegurar la permanencia en ese Máximo Tribunal de magistrados cuestionados por no reunir los requisitos exigidos en la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y además írritamente designados, motivo por el cual no gozan de “derecho adquirido” alguno, ya que no puede permanecer en un cargo público quien ha sido designado ilícitamente;
Vulnerar el derecho de quienes han impugnado este proceso por la Asamblea Nacional por los vicios denunciados en defensa de su derecho a una justicia administrada por jueces probos, honorables, con carrera judicial que garanticen el derecho a un juicio justo y a una justicia “gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles” (art. 26 Constitucional).
Amenazar a la Asamblea Nacional, para que no alterare la conformación del Tribunal Supremo de Justicia mediante una reforma de la Ley: “Permitir tal desviación jurídica y ética implicaría defraudar la máxima expresión de soberanía popular confiada al Texto Constitucional y a este Máximo Tribunal de la República…Ominisis… como también lo sería pretender alterar, sin justificación racional y válida alguna y, por tanto, al margen de la Constitución, la conformación de este Tribunal Supremo de Justicia, mediante una creación o reforma legislativa vinculada al mismo, máxima representación de un Poder Público independiente del resto de los poderes, incluyendo al Poder Legislativo Nacional; y cualquier acción en ese sentido sería incurrir en el supuesto de desviación de poder contemplado en el artículo 139 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.”
Crear un estado de impunidad que promueve la corrupción al desaplicar los artículos del 21 al 26 de la Ley sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios y Funcionarias Públicos o los y las particulares ante la Asamblea Nacional o sus Comisiones, que establecen las sanciones a quienes siendo emplazados a comparecer a las interpelaciones o a responder preguntas por escrito u oralmente se nieguen o no lo hagan en el acto, en la fecha, hora y lugar fijados en la citación de comparecencia sin motivo justificado.
DESTACAMOS, la importancia del necesario equilibrio de poderes de una sana democracia, y entre dicho poderes la Asamblea Nacional se erige como el órgano legislativo, foro político y ente contralor de la actividad de todos los demás órganos del Estado para vigilarlos en nombre del Pueblo. No sólo es el creador de la legislación para delinear el Estado de Derecho, es también el principal protagonista en la estructuración del entramado institucional del Poder Público y todos sus actostienen un valor jurídico además del político, ya que por ser un órgano deliberativo, es un reflejo de la vida nacional, elegido por el Pueblo mediante sufragio universal, secreto y directo para que sean su voz.
El Consejo Superior Extraordinario de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela en sesión permanente.
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Las vías constitucionales para salir del Presidente de la República y solucionar la crisis a mi entender son estas: Reforma Constitucional, Enmienda, Renuncia, Revocatorio, Constituyente o abandono del cargo. La ruta que escoja la MUD la población la va a apoyar, y sencillamente porque se quiere salir perentoriamente de la nefasta crisis que acompaña al inepto e incapaz Presidente que desgobierna. Y es que es tan incompetente que mientras la crisis consume aceleradamente la calidad de vida de los venezolanos el régimen totalitario designa a un improvisado como ministro de economía, y fue tanta la insolvencia intelectual para administrar el cargo, que se vio obligado a renunciar.
La salida Constitucional, de las antes anunciadas, más expedita pareciera ser la enmienda constitucional, o las tres enmiendas constitucionales para recortar el período por igual al Presidente de la República, Asamblea Nacional y Tribunal Supremo de Justicia. Y planteado así no hay críticas en cuanto a que se iba a actuar de manera discriminatoria en contra del Poder Ejecutivo. Tal como lo señala el Presidente de la Asamblea Nacional, Diputado Henry Ramos Allup, al referirse a la enmienda Constitucional dice: “es la vía más expedita, menos complicada, ya que se puede aprobar por mayoría simple de la Cámara y requiere posteriormente sólo la mayoría de los votos en una consulta popular. De este modo, iríamos todos a consulta de la voluntad popular, a ver quién supera ese escrutinio”.
Ahora bien, otorgándole la razón al Presidente de la Asamblea Nacional, pareciera que el gobierno va a obstaculizar la vía de la enmienda constitucional, y prefiere el referéndum revocatorio por cuanto allí tiene más capacidad de manipular para retrasarlo con los otros apéndices del Ejecutivo Nacional, el CNE y el TSJ. Ciertamente a la Enmienda Constitucional le van a poner las mayores de las trabas para que obligatoriamente tengamos que optar por el referéndum revocatorio y se implemente la operación morrocoy para que el mismo a la final no surta ningún efecto, es decir pase el tiempo y nada se logre, o que el gobierno busque tiempo para maniobrar como en otras oportunidades ha ocurrido.
La salida constitucional tiene que ser un recurso que logre concretarse y consolidarse de manera urgente. Este país ya no soporta más calamidades y no tengo ninguna duda que al discutir y lograr el consenso la MUD, todos vamos a salir a defender la propuesta planteada por cuanto lo que se escucha en la calle es las ganas de que este gobierno termine, cual pesadilla que nos atormenta a todos, y poder conceder seguridad jurídica, tanto a los propios como a los extranjeros para que puedan invertir en este noble país y volver al país de las oportunidades, de las empresas prósperas y de los trabajadores con un salario digno y no con salario que prácticamente puede considerarse en la indigencia.
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References: artículo 82
 resolución 
 artículo 54
 artículo 62
 artículo 84
 artículo 5
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 139