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Timestamp: 2016-12-05 09:23:28+00:00

Document:
RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2001 aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación al informe de fiscalización del Ayuntamiento de Torres de la Alameda (Madrid), ejercicios 1991 a 1995
RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2001 aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación al informe de fiscalización del Ayuntamiento de Torres de la Alameda (Madrid), ejercicios 1991 a 1995	RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2001 aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación al informe de fiscalización del Ayuntamiento de Torres de la Alameda (Madrid), ejercicios 1991 a 1995 Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2001 aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación al informe de fiscalización del Ayuntamiento de Torres de la Alameda (Madrid), ejercicios 1991 a 1995 Estado	:
BOE 304/2001	Fecha Disposición	:
20/09/2001	Fecha Publicación	:
20/12/2001	Órgano Emisor	:
CORTES GENERALES	RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2001 aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en, relación, al informe de fiscalización del Ayuntamiento de Torres de la Alameda. (Madrid), ejercicios 1991 a l995.
La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 20 de septiembre de 2001, a la vista del informe remitido por ese alto Tribunal acerca del informe de fiscalización del Ayuntamiento de Torres de la Alameda (Madrid), ejercicios 1991 a 1995, acuerda:
1. Instar al Ayuntamiento de Torres de la Alameda al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe de fiscalización de los ejercicios 1991 a 1995.
2. Instar al Tribunal de Cuentas a que remita al Pleno de dicho Ayuntamiento las conclusiones y recomendaciones contenidas en dicho informe de fiscalización, instando, además, a dicho Ayuntamiento a que dé estricto cumplimiento de las recomendaciones realizadas.
3. Hacer constatar las múltiples irregularidades existentes en el sis tema contable de los ejercicios fiscalizados, existiendo una falta absoluta de control interno y un incumplimiento sistemático de normas legales, siendo especialmente grave la falta de expedientes contractuales en la ejecución de las partidas presupuestarias, existiendo cantidades que no han sido justificadas, en especial por la Comisión de Festejos, que no ha rendido cuentas de los ejercicios realizados.
4. Constatar, además, las numerosas irregularidades sobre actuaciones urbanísticas que no se han ajustado a las prescripciones legales, como
la formalización de Convenios urbanísticos a través del Alcalde en los que se incluían cláusulas contrarias a la normativa urbanística, la adjudicación de viviendas sin acreditar los pagos por los adquirientes, la falta de concurso en la enajenación de parcelas y la vulneración de los principios de publicidad y consecuencia en la ejecución de las obras, por lo que insta al Tribunal de Cuentas a que por la Sección de Enjuiciamiento de dicho Tribunal, se estudien las posibles responsabilidades que puedan generarse por los hechos comprobados en el citado informe de fiscalización.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2001.-El Presidente de la Comisión, Gabino Puche Rodríguez-Acosta.-El Secretario Primero, Juan Antonio García Talavera Casonas.
INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE TORRES
DE LA ALAMEDA (MADRID), EJERCICIOS 1991 A 1995
El Pleno del Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de su función fiscalizadora, establecida en los artículos 2.a), 9 y 21.3.a) de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, y a tenor de lo previsto en los artículos 12 y 14.1 de la misma disposición y concordantes de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, ha aprobado, en su sesión de 27 de septiembre de 2000, el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Torres de la Alameda (Madrid), ejercicios 1991 a 1995. Asimismo, de acuerdo con lo prevenido en el artículo 28 de la Ley de Funcionamiento, ha acordado su elevación a las Cortes Generales, para su tramitación parlamentaria, a la Asamblea de Madrid y al Pleno de la Corporación Local correspondiente.
1.1 Objetivos, alcance y limitaciones
1.2 Características del municipio y organización de la corporación
1.3 Principales magnitudes económico-financieras
1.5 Trámite de alegaciones
2.1 Festejos
2.3 Endeudamiento
3. FESTEJOS
4.1	Transferencias otorgadas
4.2	Transferencias recibidas
5. ENDEUDAMIENTO FINANCIERO
6. ACTUACIONES URBANÍSTICAS
6.1	Unidad de actuación número 2 (UA.2) de las normas subsidiarias de 1987
6.2 Unidades de actuación (UU.AA) números 4, 5 y 6 de las normas subsidiarias de 1991
6.3 Unidad de actuación número 18 (UA-18) de las normas subsidiarias de 1987
7. CONTRATACIÓN
7.1	Construcción de pabellón polideportivo cubierto
7.2 Pista de atletismo en polideportivo cubierto
7.3 Finalización de graderío de la pista de atletismo
7.4 Construcción del edificio del nuevo Ayuntamiento
7.5	Construcción de 34 viviendas y garajes y de edificio de equipamiento y locales comerciales
en ronda Santa Susana y c/ Viento
7.6 Residencia deportiva
7.7 Mobiliario del Ayuntamiento
8.1	Sobre control interno
8.2 Sobre festejos
8.3 Sobre transferencias otorgadas
8.4 Sobre transferencias recibidas
8.5 Sobre endeudamiento financiero
8.6 Sobre actuaciones urbanísticas
8.7 Sobre contratación
9.1 Sobre control interno
9.2 Sobre festejos
9.3 Sobre transferencias
9.4 Sobre endeudamiento financiero
9.5 Sobre actuaciones urbanísticas y contratación
1. INTRODUCCIÓN 1.1 Objetivos, alcance y limitaciones
El Pleno del Tribunal de Cuentas, en sesión de 23 de octubre de 1997 y a iniciativa de la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), acordó incluir en su programa de actuaciones para 1998 la fiscalización del Ayuntamiento de Torres de la Alameda -Madrid- (en adelante Ayuntamiento, Entidad o Corporación), correspondiente al período comprendido entre 1991 y 1995. No obstante, de conformidad con la petición de la Asamblea de Madrid, la fiscalización se ha extendido, en lo referente a las actuaciones urbanísticas y a la contratación, a las realizadas en otros ejercicios.
De conformidad con lo dispuesto en el mi. 11 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, en concordancia con la iniciativa de la Asamblea de la CAM y con las Directrices técnicas aprobadas por el Pleno del Tribunal de Cuentas, los objetivos de la fiscalización fueron los siguientes:
a) Analizar los procedimientos de control interno en las áreas a fiscalizar.
b) Verificar que la gestión económico-financiera de las áreas a fiscalizar se ha realizado conforme a la normativa de aplicación.
c) Comprobar la fiabilidad de los registros contables y la representatividad de los estados, cuentas y anexos en lo referente a las áreas a fiscalizar.
Las áreas a fiscaliza, previstas en las Directrices téomicas, fueron las siguientes: festejos, transferencias, endeudamiento, actuaciones urbanísticas y contratación.
Los objetivos pretendidos han estado condicionados por las siguientes limitaciones o carencias de documentos:
1. Los libros de contabilidad principal o auxiliar, elaborados mediante procesos informáticos, no están encuadernados, diligenciados, sellados y foliados, por lo que, además de no garantizar su fiabilidad e inalterabilidad, no se ajustan a las reglas 45 y 47 de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, tratamiento especial simplificado para Entidades locales de ámbito territorial con población de derecho inferior a 5.000 habitantes (ICAL(s)), aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 17 de julio de 1990.
2. No se dispuso de un inventario actualizado en el que figuren los bienes identificados por sus características físicas, económicas y jurídicas, según las exigencias de la regla 135 de la ICAL(s).
3. El Ayuntamiento no ha elaborado los siguientes estados contables de rendición obligatoria:
a) El de compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros.
b) El de gastos con financiación afectada.
c) El de situación y movimiento de valores.
Asimismo, el Ayuntamiento no ha llevado los libros de pagos ajustificar y de anticipos de caja tija.
4. El Ayuntamiento no ha facilitado la documentación acreditativa que sustenta las relaciones nominales de acreedores presupuestarios de los ejercicios 1991 a 1994, ni de los extrapresupuestarios de 1991 a 1995. Asimismo, tampoco se ha dispuesto de relaciones de deudores para todo el período fiscalizado.
5. En relación con las áreas fiscalizadas, no han sido facilitados al Tribunal, además de los que puntualmente se señalan, los siguientes documentos o antecedentes:
a) El preceptivo expediente de contratación en ocho operaciones de gastos de festejos en concepto de suministros por cuantía superior a 500.000 ptas.
b) En las dependencias municipales no obran las cuentas que debería rendir la Comisión de Festejos ni la documentación acreditativa de la aplicación de los cargos de la cuenta corriente abierta para los cobros y pagos de las operaciones realizadas por dicha Comisión.
c) El Ayuntamiento no ha entregado al Tribunal los documentos acreditativos de la aplicación de dos transferencias otorgadas, que en conjunto suponen 0,7 millones de ptas., así como 6 expedientes de transferencias.
d) En relación con las actuaciones urbanísticas, el Ayuntamiento no ha facilitado la totalidad de documentación solicitada o presentado ésta con notables retrasos, destacando entre ésta el proyecto de urbanización y el contrato de ejecución de las obras de la Unidad de actuación (UA) número 2 de las NN.SS de 1987, y de las Unidades de actuación (UU.AA) números 4, 5 y 6 de las NN.SS de 1991.
e) Respecto a la contratación, el Ayuntamiento no ha entregado al Tribunal todos los mandamientos de pago, la liquidación de las obras y algunos justificantes de abono a las empresas adjudicatarias.
1.2	Características del Municipio y organización de
El Municipio de Torres de la Alameda, perteneciente a la CAM, tiene una superficie de 43 lanr y su población de derecho en el año 1995 era de 3.777 habitantes I.
En el período fiscalizado la organización de la Corporación era concordante con las previsiones del art 35 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (ROE, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, que para este tipo de entidades prevé la existencia de los siguientes órganos necesarios:
a) El Alcalde, puesto desempeñado durante el período fiscalizado por dos titulares: el primero hasta
' Fuere; población de derecho de los Municipios españoles, publicada por el Instituto Nacional de Estadística Ministerio de Economía y Redunde).
el 17 de junio de 1995 y el segundo desde esta techa hasta el 31 de diciembre de 1995; este último continúa en la actualidad.
b) Tres Tenientes de Alcalde, por lo que se cumplen las previsiones del art 46.2 del ROE en el sentido de que el número de aquéllos no podrá exceder del de los miembros de la Comisión de Gobierno.
c) El Pleno, formado por once Concejales.
d) La Comisión de Gobierno, presidida por el Alcalde e integrada por tres Concejales, conforme al art 52.2 del ROE
Como órganos complementarios, previstos en el art 119 del ROF, funcionaron los siguientes:
- Concejales-Delegados, regulados en el mi. 120 del ROF, con competencias de carácter genérico en relación con las áreas municipales, y específicas para servicios concretos.
- Comisiones Informativas, reguladas en los mis. 123 a 126 del ROF, en número de cinco e integradas cada una de ellas por tres Concejales, excepto la de Hacienda, Patrimonio, Empleo y Especial de Cuentas, formada por cuatro Concejales además del Alcalde.
- Comisión Especial de Cuentas, de constitución preceptiva, según el mi. 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), que actuó como Comisión Informativa Permanente para los asuntos relativos a economía y hacienda.
En el período fiscalizado el Ayuntamiento era titular de la totalidad de las acciones de las siguientes Sociedades mercantiles:
- Empresa Municipal de Torres de la Alameda, S.A. (EMTASA), constituida en 1988 con un capital de 42 millones de ptas., materializado en 420 acciones de 100.000 ptas. cada una, íntegramente desembolsado. Su objeto social consiste en la ejecución de las obras adjudicadas por el Ayuntamiento.
- Centro de Empresas de Torres de la Alameda, S.A. (CESTASA), creada en 1991 con un capital social de 179,7 millones de ptas., y siendo dicho capital en 1995 de 103,2 millones de ptas., representado por 103.209 acciones de 1.000 ptas. cada una.
1.	La estructura de los presupuestos de los ejercicios
fiscalizados es la siguiente:Ver TABLA 1
De lo anterior se deduce que el resultado presupuestario fue negativo en los ejercicios 1991 a 1994, ambos inclusive. No obstante, todos los presupuestos fueron aprobados con equilibrio inicial o con superávit (1993 y 1994).
2.	El nivel de ejecución del presupuesto de ingresos muestra una tendencia errática, según se deduce de los siguientes datos:Ver TABLA 2
Al respecto hay que señalar que la Corporación no adoptó las medidas de saneamiento previstas en el art 174 de la LHL, al no compensar los Remanentes negativos de ninguno de los ejercicios fiscalizados.
Las disposiciones reguladoras de la actividad económicofinanciera y de los aspectos referentes a las actividades incluidas en los objetivos de la fiscalización y para los ejercicios analizados se incluyen, con carácter general, en los siguientes textos legales:
- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL).
- Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local (TRRL), aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
- Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales (LHL).
- Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 20 de septiembre de 1989, sobre estructura de los presupuestos de las Entidades locales.
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril (RD 500/1990), por el que se desarrolla, en materia de presupuestos, el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales.
- Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, tratamiento especial simplificado para Entidades locales de ámbito territorial con población de derecho inferior a 5.000 habitantes (ICAL(s)), aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 17 de julio de 1990.
- Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen jurídico de las Entidades Locales (ROE, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre.
- Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL), aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio.
- Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre reforma del Régimen Urbanístico y Valoración del Suelo (LRRUVS).
- Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (TRLRSOU), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio.
- Texto articulado de la Ley de Contratos del Estado (LCE), aprobado por Decreto 923/1965, de 8 de abril.
- Reglamento General de Contratación del Estado (RGCE), aprobado por Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre.
- Ley 4/1984, de 10 de febrero, sobre medidas de disciplina urbanística de la Comunidad Autónoma de Madrid.
En cumplimiento del art 44 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas (LFICu), los resultados de las actuaciones practicadas fueron remitidos, el día 16 de mayo de 2000, al Alcalde durante el período fiscalizado y a quien ostenta el cargo en la actualidad, para que aquél y la Corporación alegaran y presentaran los documentos y justificantes que estimasen pertinentes, habiendo solicitado ambos ampliación del plazo inicialmente concedido, tras la cual aquéllos remitieron las alegaciones que, en virtud de lo dispuesto en el mencionado art 44, se incorporan a este Informe.
En relación con el contenido de las alegaciones y su tratamiento, con independencia de las aclaraciones y puntualizaciones que se incluyen en los diversos apartados de este Informe, con carácter general es preciso señalar lo siguiente:
1. En los supuestos en los que se entiende necesario formular alguna matización, ésta se presenta en nota a pié de página.
2. Salvo los casos concretos que lo requieren, no se realizan valoraciones respecto alas alegaciones que:
a) Confirman las deficiencias o irregularidades advertidas por el Tribunal.
b) Plantean criterios u opiniones sin soporte documental o normativo.
c) Pretenden explicar, aclarar o justiticar determinadas actuaciones, sin rebatir el contenido del Informe.
d) Señalan que las deficiencias o irregularidades se han subsanado con posterioridad al período fiscalizado.
3. En los casos en que se ha modificado el contenido del Informe, se indica expresamente en nota a pié de página.
2. CONTROLINTERNO
En los sistemas y procedimientos de control interno implantados por la Corporación se constatan diversas deficiencias y debilidades que, con carácter general, afectan a la totalidad de la gestión municipal, y otras que inciden especialmente en las áreas fiscalizadas, destacándose entre las primeras las siguientes:
1. Los presupuestos de todos los ejercicios fiscalizados no fueron elaborados, tramitados ni aprobados en los plazos previstos en el mi. 150.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales (LHL), debiendo recurrirse, en consecuencia, de un modo sistemático a la prórroga de los del ejercicio anterior, en virtud del apartado 6 del mencionado art 150 de la LHL. No obstante, el Ayuntamiento no ha procedido, en ninguno de los ejercicios fiscalizados, a la operaciones de contabilización inherentes a dicha prórroga, previstas en la regla 97 de la ICAL(s).
Asimismo, los expedientes de tramitación de los presupuestos no incluyen, en ninguno de los ejercicios fiscalizados, el avance de al menos seis meses de la liquidación del presupuesto de ejercicio corriente, exigido en el art 18.1.b) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril (RD 500/1990), por el que se desarrolla, en materia de presupuestos, el capítulo primero del título sexto de la Ley 39/1988, reguladora de la Haciendas Locales.
2. El Ayuntamiento ha carecido de planes de inversión a medio y largo plazo y de programas de inversión, actuaciones y financiación de la Empresa EMTASA, previstos en el art 12 del RD 500/1990.
3. Los planes de inversión urbanística y de vivienda no se han coordinado con un programa financiero adecuado, incumpliendo el al. 147.2 de la LHL.
Respecto a las áreas analizadas, las principales deficiencias de control interno se sintetizan en los siguientes epígrafes.
1. La recaudación de los ingresos, que se realizó desconociendo tanto el concepto presupuestario al que corresponden como el sujeto pasivo, provocó la indebida aplicación de aquéllos al presupuesto.
2. En algunos gastos no se han formado los correspondientes expedientes contractuales ni se han seguido los trámites exigidos legalmente en la ejecución de los presupuestos, al no constar en los mismos la autorización del gasto o del pago o la fiscalización previa de ambos, en tanto que en otros casos no se identifica el perceptor de los fondos derivados de dichos gastos.
3. La Comisión de Festejos no ha rendido cuentas de las entregas recibidas con cargo al capítulo 2 y depositadas en una cuenta corriente abierta en Entidad financiera, en la que se exigían, conjuntamente, dos firmas para disponer de fondos por algunos de los siguientes ordenadores: Alcalde, Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Empleo y Especial de Cuentas, y Presidente de la Comisión de Información, Cultura y Deportes.
2.2.1 Transferencias otorgadas
1. El Ayuntamiento careció, durante el período fiscalizado, de Bases reguladoras que definan la finalidad de las transferencias, requisitos concurrentes en los beneficiarios y cuantía; únicamente en las Bases de ejecución de los presupuestos se contiene una referencia a los plazos para la justiticación por los perceptores de los fondos recibidos. Estas deficiencias son contrarias al mi. 81 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo1091/1988, de 23 de septiembre, y no garantizan el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia y objetividad.
2. Algunas transferencias o subvenciones a terceros revisten, indistintamente, la modalidad de entrega de una cantidad a los beneficiarios o el pago directo de facturas a los proveedores de éstos (adquisición de material deportivo, honorarios de arbitraje, desplazamientos, etc.), circunstancia que determina que una parle de las transferencias, corrientes o de capital, se imputen incorrectamente como gastos en bienes corrientes y servicios del capítulo 2.
3. Ninguno de los expedientes analizados contiene la propuesta del gasto, la fiscalización previa, el certificado de existencia de crédito y la subsiguiente retención de crédito.
4. Las ayudas facilitadas a los compradores de viviendas de promoción pública, como rebaja del precio de las mismas, no se reflejan en la contabilidad municipal.
2.2.2 Transferencias recibidas
1. Una gran parte de las transferencias procedentes de la CAM, tanto corrientes como de capital, se imputan incorrectamente al capítulo 3. Asimismo, ingresos de particulares para la inscripción en actividades diversas, que corresponden al capítulo 3, figuran indebidamente en el capítulo 4. Además, en el capítulo 7 se incluyen diversas transferencias corrientes.
2. En el 24% de las transferencias de la CAM, por 120,9 millones de ptas., se incumple el principio de devengo, al haberse contabilizado como del ejercicio corriente en el posterior al de la efectiva percepción del ingreso.
1. Los saldos que se reflejan en los balances de situación son inferiores, en lo referente a la deuda viva por préstamos al cierre del ejercicio, a los que se deducen de la información facilitada por la propia Intervención municipal, a los que figuran en las respuestas de las Entidades financieras a la circularización, así como a los que se han obtenido de las verificaciones del Tribunal, cuantificándose estas diferencias en el epígrafe correspondiente.
Asimismo, en cuanto a las operaciones de tesorería existen diferencias, no conciliadas ni aclaradas por los servicios de la Corporación, entre el saldo al cierre del ejercicio 1994 y el inicial de 1995.
2. El Ayuntamiento ha renegociado y suscrito nuevas operaciones de préstamo y tesorería a pesar de que la Intervención municipal señaló en varios informes la difícil situación económica y que la carga financiera podría superar el límite previsto legalmente (25% de los recursos corrientes), circunstancia que concurría en el ejercicio 1995. Por otra parle, no se han cumplido las previsiones del mi. 54.2 de la LHL, que exige la previa autorización del Ministerio de Economía y Hacienda o de la Comunidad Autónoma para la concertación de nuevas operaciones de crédito, atendiendo a la situación económica de la Entidad local.
Las ordenanzas fiscales municipales aplicadas en los ejercicios fiscalizados fueron las siguientes:
1. La reguladora de la tasa por actividades lúdicas de carácter socio-cultural y deportivo realizadas en los espacios de uso y dominio público al aire libre. Respecto a la correspondiente al ejercicio 1992, la Delegación de Gobierno en la CAM requirió al Ayuntamiento, el 11 de mayo de 1992, su anulación, por cuanto en
Párrafo ¡codificado en función de las alegaciones del Alcalde durante el periodo.
su regulación no concurría el supuesto previsto en el mi. 20 de la LHL (no tratarse de un servicio de solicitud o percepción obligatoria). En este sentido, la ordenanza del ejercicio 1993 fue aprobada por el Pleno municipal con una simple modificación del texto, consistente en eximir de la misma a "aquellos sujetos pasivos que no deseen participar en alguna actividad lúdica y así lo manifiesten".
2. La reguladora del precios públicos de acceso a espectáculos y atracciones.
3. La reguladora del precio público de actividades recreativas (puestos callejeros, barracas, casetas, etc.).
Las obligaciones reconocidas con cargo a la partida 4220001004 (denominada hasta 1993 "Festejos populares" y "Actividades de ocio y tiempo libre" a partir de 1994) han sido las siguientes:Ver TABLA 3
Las obligaciones reconocidas han superado a los créditos definitivos en tres de los cinco ejercicios fiscalizados (3,1 millones de ptas. ---rin 12%-en 1991, 2,6 millones de ptas. ---rin 9%en 1994 y 9,9 millones de ptas. ---rin 45 % en 1995).
En el análisis de 30 expedientes de gasto, por24.572.386 ptas., se constata lo siguiente:
1. De las 12 operaciones de suministros por importe igual o superiora 500.000 ptas., límite a partir del cual es necesaria la apertura de expediente de contratación, no consta éste en 8 casos, por importe conjunto de 8.447.450 ptas.
2. En el 53% de los casos (16 expedientes por 9.979.076 ptas.) la ordenación del gasto no está firmada por el Alcalde. Asimismo, en el 57% de las operaciones (17 expedientes por 6.221.926 ptas.) el gasto no ha sido objeto de fiscalización previa.
3. En el 26% de los casos (8 expedientes por 4.773.100 ptas.) no aparece autorizado el pago por el ordenador correspondiente, en tanto que aquél no fue fiscalizado en el 20% (6 expedientes por 3.372.176 ptas.).
4. En el 37% de los casos (11 expedientes por 10.498.436 ptas.) no se identifica el perceptor de los fondos.
Para la gestión de las actividades relacionadas con una parte de los festejos se constituyó una Comisión especial que dispuso de una cuenta abierta en una Entidad financiera de cuyos fondos pueden disponer, con la
firma conjunta de dos de ellos, el Alcalde, el Presidente	p
de la Comisión de Hacienda, Patrimonio, Empleo y
Especial de Cuentas, y el Presidente de la Comisión de
Información, Cultura y Deportes. En dicha cuenta se
abonan tanto las transferencias del presupuesto municipal como otras cantidades que, según manifestación de los responsables de los servicios municipales, son aportadas por empresas y particulares de las cuales no existe constancia documental sobre el motivo del ingreso y
el sujeto que lo realiza.
Del análisis de los movimientos de la cuenta
corriente y de la información que obra en el Ayuntamiento se deduce lo siguiente:
1. En el período 1991 a 1994 se han transferido a
la cuenta corriente fondos del presupuesto municipal
por 53,1 millones de ptas., de los que únicamente figuran abonados en aquélla 48,6 millones de ptas., no justiticándose el destino de los restantes 4,5 millones de ptas.
2. Además de las transferencias municipales, en la
cuenta corriente figuran los siguientes ingresos, de los
que no se concreta ni acredita con documentos el concepto presupuestario al que corresponden ni la persona
o entidad que los aporta:Ver TABLA 4
3. No se acredita la aplicación de los cargos de la
cuenta corriente, su naturaleza y perceptores de los fon
dos, y cuyo importe se eleva a 70,7 millones de ptas.
4.1 Transferencias otorgadas
En las liquidaciones de los presupuestos de los ejercicios fiscalizados constan las siguientes obligaciones
reconocidas con cargo a los capítulos 4 y 7:
En el análisis de 20 transferencias, por un montante conjunto de 5,4 millones de ptas., se ha constatado lo siguiente:Ver TABLA 5
1. únicamente en cinco casos, por un total de 3 millones de ptas., se han tramitado los correspondientes expedientes, aunque en ninguno de éstos se acredita la propuesta de gasto, la fiscalización previa, el certificado de existencia de crédito y el certificado de retención de crédito.
Asimismo, en dichos expedientes se observan otras deficiencias meramente formales, por cuanto dos ayudas a particulares en situación de necesidad, por un importe conjunto de 120.000 ptas., se imputan incorrectamente al capítulo 2; por el contrario, el gasto de la Casa de Niños, por 150.517 ptas., corresponde a un servicio municipal y se considera incorrectamente como una transferencia corriente.
2. En cuanto a otras nueve transferencias, por un importe total de 1,6 millones de ptas., se ha observado lo siguiente:
a) Cuatro operaciones, por un total de 816.000 ptas. carecen del justificante del gasto.
b) En ocho transferencias, por un total de 1.565.900 ptas., no consta la acreditación del pago.
c) En una transferencia de 400.000 ptas. no consta la firma del ordenador del pago, en tanto que no aparece la del Interventor en dos, por 276.000 ptas.
d) No consta la firma del perceptor de los fondos en los mandamientos de pago de tres transferencias, por un montante global de 919.900 ptas.
En el registro contable de otras transferencias se han apreciado los siguientes defectos formales:
1. En el capítulo 2 se incluyen incorrectamente 35,5 millones de ptas. que corresponden a los conceptos de "Ayuda de emergencia social", "Servicios sociales generales", "Festejos populares" y "Actividades de ocio y tiempo libre", que por su naturaleza se trata de transferencias corrientes.
2. Con cargo al capítulo 7 (transferencias de capital) en el ejercicio 1994 se han realizado pagos en las partidas 6770001000 (Agentes locales de desarrollo), por 1,6 millones de ptas., y 6771001011 (Iniciativas locales de empleo), por 0,5 millones de ptas., que corresponden a gastos de personal (capítulo 1) y a gastos en bienes corrientes y servicios (capítulo 2).
Respecto a las transferencias de capital, cuya mayor parte está constituida por subvenciones a diversas empresas instaladas en el Municipio en virtud del programa de Iniciativas locales de empleo, cofinanciado por el Ayuntamiento (10%) y la CAM (90%), el mayor importe de aquéllas se concentró en el ejercicio 1994, en el que, a pesar de que las previsiones contemplaban
un gasto conjunto de 40 millones de ptas. (4 millones de ptas. a cargo del Ayuntamiento y 36 millones de ptas. a aportar por la CAM), únicamente se otorgaron transferencias de capital por 33,1 millones de ptas., de las que 11,3 millones de ptas. (el 34% del montante conjunto) lo fueron a cargo del propio Ayuntamiento, por lo que ésteaporto 7,3 millones de ptas. en exceso sobre los compromisos adquiridos (4 millones de ptas.).
Por otra parte, el Ayuntamiento ha adjudicado 42 viviendas a diversas personas mediante un baremo en el que se establece una bonificación sobre el precio de venta en concepto de subvención con cargo al capítulo 7 (transferencias de capital), por un montante conjunto de 25,2 millones de ptas.Del análisis des adjudicaciones, en las que la bonificación aprobada en el Pleno supuso 773.991 ptas. por vivienda en cuatro casos y 771.780 ptas. en el restante, se constata que ninguna de ellas se refleja en contabilidad, puesto que las cantidades abonadas por los adjudicatarios se contabilizan por su importe neto, contraviniendo lo establecido en los ares. 146.3 de la LHL y 11.1 del RD 500/1990, que previenen que los derechos y las obligaciones reconocidos se aplicarán a los presupuestos por sus importes íntegros.
4.2 Transferencias recibidas
En las liquidaciones de los presupuestos de los ejercicios tiscalizados figuran los siguientes derechos reconocidos en los capítulos 4 y 7:Ver TABLA 6
En el análisis de 14 expedientes se han observado las siguientes deficiencias e irregularidades:
1. Seis transferencias, por importe conjunto de 90,5 millones de ptas., no incluyen la justificación del gasto al que están afectadas.
2. En la contabilización de algunas transferencias se constatan los siguientes defectos formales:
a) En los ejercicios 1991, 1992, 1993 y 1995 se contabilizan algunas transferencias, en su mayor parte procedentes de la CAM, en capítulos no concordantes con su
naturaleza, en particular en el 3, partida 39900001000 (Otros ingresos diversos), siendo su detalle el siguiente:Ver TABLA 7
En sentido contrario, los ingresos procedentes de particulares para la inscripción en cursos de natación, campamentos de verano, actividades del Polideportivo, etc., a imputar al capítulo 3 (tasas y otros ingresos), se consideran incorrectamente como transferencias corrientes.
b) Una de las transferencias de capital de 1994 por 16,2 millones de ptas., correspondiente al programa de "Iniciativas locales de empleo", vinculada a la inversión en el Polígono Industrial y a la creación de empleo, ha sido contabilizada erróneamente como transferencia corriente en el capítulo 4 (partida 45500040100).
3. La representatividad de los estados contables, en lo concerniente a las transferencias recibidas, está condicionada por las siguientes deficiencias:
a) Al cierre del ejercicio 1992 figuran indebidamente como derechos pendientes de cobro de ejercicios cerrados 38 millones de ptas., correspondientes a una subvención de la CAM para los Convenios del Ayuntamiento con empresas del Polígono Industrial, puesto que dichas transferencias ya habían sido cobradas en 1991.
b) En 1995 se registra un ingreso de ejercicios cerrados por 5,2 millones de ptas. correspondientes a una subvención del Instituto Nacional de la Salud para el mantenimiento del Centro de Salud Municipal, importe que no figuraba como pendiente de cobro en ejercicios anteriores.
Del contraste entre las respuestas a la circularización realizada y los registros contables del Ayuntamiento se deduce lo siguiente:
1. Respecto a la Participación en los tributos del Estado:
a) El Ministerio de Economía y Hacienda ha practicado retenciones por deudas del Ayuntamiento con la Seguridad Social en los meses de febrero de 1991 (0,7 millones de ptas.), abril y julio de 1994 (0,5 millones de ptas. en ambos casos) y diciembre de 1995 (1,7
millones de ptas.), contabilizándose incorrectamente el ingreso de tres de ellos por su importe neto. b) Las entregas realizadas en diciembre de 1991 (3,6 millones de ptas.) y 1993 (2 millones de ptas.) fueron registradas en enero y febrero, respectivamente, del ejercicio siguiente a aquél en que se ingresaron. c) En la contabilidad del Ayuntamiento no constan las entregas de los meses de septiembre de 1992 y abril, julio y noviembre de 1994, cuyo importe global asciende a 9,4 millones de ptas.
2. El Ayuntamiento refleja en su contabilidad 118 transferencias de la CAM, por 498,7 millones de ptas., cuyo detalle es el siguiente:Ver TABLA 8
En el análisis de estas operaciones se constata lo siguiente:
a) El 30% de las operaciones (en número de 35 y por 120,9 millones de ptas. X124% del total-) se contabilizan como del ejercicio corriente en el inmediato posterior al de la efectiva percepción del ingreso correspondiente. b) 17 ingresos por 47,5 millones de ptas., que la CAM comunica haber transferido al Ayuntamiento, no figuran en la contabilidad municipal. En sentido contrario, en los registros de la Corporación aparecen 24 ingresos, por 98,2 millones de ptas., que no se reflejan en la información suministrada por la Administración Autonómica.
Los datos del endeudamiento reflejados en los balances de situación al cierre de los ejercicios tiscalizados1 son los siguientes:Ver TABLA 9
Hay que señalar que los empréstitos figuran en el pasivo del balance de situación con signo negativo, sin que la Corporación haya facilitado al Tribunal justificación alguna de esta anomalía.
Los saldos de préstamos no concuerdan con los que se deducen de los registros contables y de la información facilitada por las Entidades financieras, siendo las diferencias las siguientes:Ver TABLA 10
Estas diferencias se deben a las siguientes causas:
1. La correspondiente al 31 de diciembre de 1992 (10,3 millones de ptas.) tiene su origen a que en el balance de situación no se incluyen los saldos pendientes de amortizar con el Banco de Crédito Local (BCL) para pavimentación de calles 2,6 millones de ptas---, Instituto para la Vivienda de Madrid (IVIMA) para el suministro de agua y alcantarillado 0,7 millones de ptas- y Caja de Cooperación de la CAM para obras de planes provinciales 7 millones deptas.
2. La diferencia a 31 de diciembre de 1993 (142,6 millones de ptas.) es debida a que en el pasivo del balance de situación no figuran los saldos pendientes de amortizar con el BCL (2,2 millones de ptas.), IVIMA (0,6 millones de ptas.), Caja de Cooperación de la CAM (3,5 millones de ptas.) y de otro préstamo concertado con Cajamadrid por 136,3 millones de ptas. para la construcción de 24 viviendas.
3. La diferencia a 31 de diciembre de 1994 (278, 2 millones de ptas.) es debida a que el Ayuntamiento no incluye en el balance de situación los saldos pendientes de amortizar con el BCL (1,6 millones de ptas.), IVIMA (0,5 millones de ptas.), Caja de Cooperación de la CAM (1,8 millones de ptas.) y Cajamadrid por dos operaciones (con saldos de 61,3 y 213 millones de ptas.), este último para la construcción de 34 viviendas, en el que sólo se computa el saldo dispuesto (97 millones de ptas.) y no la totalidad del crédito concedido (310 millones de ptas.).
Respecto a estas últimas hay que señalar que el funcionamiento de las operaciones de crédito con disposición gradual de fondos para inversiones presenta la particularidad de que, una vez vencido el período de disposición, el importe pendiente tiene la consideración de deuda con la Entidad financiera, puesto que ésta sitúa dichas cantidades en una cuenta especial de depósito irregular sin interés, de las queel Ayuntamien
to no puede disponer libremente, ya que están restringidas exclusivamente para asegurar la suficiencia legal y económica de la garantía establecida y la finalidad inversora pactada. En este sentido, el Plan General de Contabilidad Pública para la Administración Local no tiene previsto este tipo de operaciones, por lo que no determina ni la cuenta de imputación ni los motivos de cargo y abono. Con posterioridad al período fiscalizado, la Intervención General de la Administración del Estado emitió respuesta a la consulta 11/96, en la que se concluía que estos fondos deberán contabilizarse en tesorería, a través de la cuenta 572- Cuentas restringidas de recaudación. No obstante esta interpretación, la naturaleza de la operación admite criterios diferentes, toda vez que su consideración como saldos Uquidos es relativa, ya que no se trata de fondos de libre disposición. Así, atendiendo a la naturaleza de la operación, los saldos de las "cuentas de abono de créditos no dispuestos" pudieran también ser considerados como depósitos afectos al cumplimiento de los requisitos dejustificación.
4. La diferencia en 1995 (370,8 millones de ptas.) se debe a que en el balance de situación no se incluye el saldo pendiente de amortizar con el BCL (un millón de ptas.), IVIMA (0,2 millones de ptas.), Caja de Cooperación de la CAM (1,8 millones de ptas.), y por tres créditos con Cajamadrid por 347,2 millones de ptas. y otro con el BCL por 70,2 millones deptas. para la construcción del nuevo edificio del Ayuntamiento. Además, no han podido determinarse las causas del exceso (49,6 millones de ptas.) entre el total de los préstamos no contabilizados (420,4 millones de ptas.) y la diferencia señalada anteriormente (370,8 millones de ptas.).
Las operaciones de crédito han generado unos gastos financieros elevados, cuantificados en 1995 en 72 millones de ptas., un 11% de las obligaciones reconocidas frente a un 2% de media de los Municipios de la CAM en el estrato al que pertenece la Entidad fiscalizada.
Por otra parte, se han concedido avales cuyo importe, a 31 de diciembre de 1995, ascendía a 271 millones de ptas., de los que 130 millones de ptas. correspondían a EMTASA y los restantes 141 millones de ptas. a una escritura de afianzamiento mediante la constitución de una hipoteca sobre dos fincas propiedad del Ayuntamiento para responder por 15 particulares adquirentes de otras tantas viviendas.
En relación con la suscripción de los préstamos o créditos hay que señalar lo siguiente:
1. Todas las operaciones fueron elevadas al Pleno para su aprobación, acompañadas por el informe del Interventor, que en algunos casos señalaba el elevado riesgo en que se incurría, amparándose en la difícil situación económico-financiera del Ayuntamiento para poder atender los compromisos derivados de aquéllas, así como por superar el límite establecido legalmente
para la carga financiera', circunstancia esta última especialmente relevante en el informe de la Intervención de 26 de enero de 1996, en el que, fuera del período fiscalizado pero con referencia a la situación a finales de 1995, cuantificaba dicha carga financiera en el 46% de los recursos corrientes s, muy superior al límite máximo legal (25%) s.
2. En la mayor parte de los casos se ha incumplido con lo previsto en el al. 54.2 de la LHL, que establece que la concertación de préstamos o créditos exigirá la autorización de los órganos competentes del Ministerio de Economía y Hacienda o de la Comunidad Autónoma que tengan atribuida esta competencia. También se ha incumplido con este requisito en la concesión de avales a EMTASA, que solo en 1995 se elevaron a 130 millones de pesetas 7.
3. No se ha efectuado un seguimiento de la deuda, a efectos de disponer de información sobre las operaciones concertadas, su amortización, intereses, etc., necesaria, asimismo, para la elaboración, entre otros, del "estado de los compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros", exigido por la regla 235 de la ICAL(s).
La carga financiera del ejercicio 1995 presenta la siguiente estructura:Ver TABLA 11
Por otra parte, el Ayuntamiento concertó, desde 1992, diversas operaciones de tesorería que en algunos casos no se destinaron a atender necesidades transitorias de financiación sino que se han utilizado para cancelar préstamos o créditos anteriores, convirtiéndose de facto en préstamos a largo plazo e incumpliendo la restricción del mi. 180.1 de la LHL, que indica que aquéllas tendrán como finalidad exclusiva la de cubrir déficits temporales de liquidez. Al respecto hay que señalar que las operaciones de tesorería se concertaron, en su mayor parte, para financiar inversiones (en concreto la construcción de viviendas).
De acuerdo con el estado correspondiente, los saldos de dichas operaciones de tesorería al cierre de los ejercicios fiscalizados son los siguientes:Ver TABLA 12
El saldo reflejado en cuentas a 31 de diciembre de 1995 (20 millones de ptas.) no se corresponde con la deuda notificada al Tribunal por la propia Intervención del Ayuntamiento y con la que se deduce de las respuestas de las Entidades financieras, que triplican dicho importe, cuantificándolo en 60,2 millones de ptas. (20,2, 20 y 20 millones de ptas., por operaciones concertadas en el BCL, Banco Popular Español y Cajamadrid, respectivamente).
El 24 de febrero de 1986 el Ayuntamiento aprobó el documento de Bases para la revisión y adaptación del planeamiento al Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (TRLS), aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, y encomendó la elaboración y formulación de las normas subsidiarias (NN.SS) a la CAMs, delimitando 18 UU.AA9. El 28 de febrero de 1991, el Pleno del Ayuntamiento aprobó provisionalmente la revisión de aquéllas 1°, justificándose en el crecimiento de la población, el incremento de su capacidad gestora y la necesidad de "decuarlas a la legislación vigente, estando a dicha fecha pendientes de iniciar y desarrollar las UU.AA números 1, 9, 10, 16 y 17, delimitándose 11 UU.AA correspondientes a las parcelas incluidas en los planos de ordenación y gestión de las mismas.
Posteriormente en concreto el 2 de febrero de 1993-el Pleno del Ayuntamiento procede a una nueva revisión de las NN.SS ° para su adaptación al Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (TRLRSOU), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, estableciendo la delimitación de 5 Unidades de actuación/ejecución que recogen algunas de las vigentes en ese momento y no desarrolladas y modifican otras.
La fiscalización del Tribunal se ha realizado sobre las actuaciones urbanísticas que se relacionan en el anexo 5 realizadas durante el periodo 1989 a 1995, ambos inclusive. La ejecución de las obras correspondientes a dichas actuaciones fue encomendada a EMTASA " y en las mismas se han apreciado anomalías de carácter general que se señalan a continuación y otras que, por su particularidad y relevancia, serán objeto de tratamiento independiente en otros epígrafes. Entre las primeras hay que destacar las siguientes:
1. El Ayuntamiento no ejerció las facultades de vigilancia previstas en el mi. 175.3 del Reglamento de Gestión Urbanística (RGU), aprobado por Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, para el desarrollo de las UU.AA por el sistema de compensación ", ya que se incumplen deberes urbanísticos por los particulares, sin que aquél haya adoptado las medidas previstas en las NN.SS y en la normativa urbanística 1°.
2. La falta de diligencia del Ayuntamiento en la defensa de los intereses municipales en relación con las actuaciones urbanísticas de iniciativa particular, habida cuenta que los propietarios incumplieron los plazos para urbanizar y las obras fueron asumidas por aquél sin que se exigiesen las garantías previstas en las NN.SS y normativa urbanística para la financiación de las mismas, es decir sin constar las aportaciones de aquéllos, la disposición de terrenos o el pago anticipado de las cuotas, previstos en los arts. 177 y 189 del RGU y 155.2 del TRLRSOU y los contratos formalizados por la Junta de Compensación para la ejecución de las obras, en su caso, en los que se incluyesen las circunstancias señaladas en el mi. 176.3 del RGU (compromiso de la empresa constructora de realizar las obras de conformidad con
los proyectos de urbanización aprobados, los supuestos de incumplimiento que puedan dar lugar a la resolución del contrato así como las indemnizaciones por inobservancia de las características de las obras y plazos de ejecución, retención de los pagos que haya de efectuar la Junta en garantía de la correcta ejecución de las obras y forma y plazos para abono por la Junta de las cantidades a cuenta en función de la obra realizada).
3. La concertación de préstamos y obligaciones por el Ayuntamiento con Entidades bancarias para la financiación de actuaciones de iniciativa privada, que originaron gastos indebidos 1s.
4. El Alcalde acudió, con carácter habitual, a la firma de Convenios urbanísticos con los propietarios ", supliendo las funciones de los proyectos de compensación exigidos por las NN.SS para el desarrollo de las UU.AA, sin que conste, además, autorización del Pleno para su tirma (órgano competente en virtud de lo dispuesto en los arts. 22 y 47 de la LRBRL). Además, estos Convenios contienen cláusulas contrarias a la normativa urbanística °, ya que en los mismos se concierta lo siguiente:
a) Compromisos relativos a la concesión de licencias de edificación con anterioridad a la realización de las obras de urbanización, sin que se justifique debidamente ni se garantice la ejecución de las obras, en contra de lo dispuesto en los arls.20 y 33.2 del TRLRSOU y 1.3 de la Ley 4/1984, de 10 de febrero, sobre Medidas de Disciplina Urbanística de la CAM, y en las propias NN.SS II.
b) La exención de la constitución de la Junta de Compensación, sin que concurran los supuestos previstos en el art 157.3 del RGU para su autorización
-cuando todos los terrenos pertenecen a un solo propietario o a una comunidad proindiviso-. c) Condiciones en la ejecución de las obras de urbanización con los propietarios mayoritarios al margen de la Junta de Compensación, infringiendo los Estatutos y Bases de actuación de ésta. d) Fraccionamientos y aplazamientos de pagos en las cuotas de urbanización cuando los propietarios habían solicitado licencia para edificar antes de finalizar las obras de urbanización, infringiendo el art 190 del RGU.
5. En relación con las obras de urbanización hay que señalar lo siguiente:
a) Los proyectos son considerados como obras ordinarias, por lo que no siguen la tramitación prevista en el Reglamento de planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (RPU), aprobado por Real Decreto 2159/1978, de 23 dejunio, y en el Decreto Ley 3/1980, de 14 de marzo, de creación de suelo y agilización de la gestión urbaatstica, y Real Decreto Ley 16/1981, de 16 de octubre, y en el al. 117 del TRLRSOU. b) Los propietarios incumplen los plazos a que están obligados a realizar las obras de urbanización en las diferentes UU.AA/UU.EE a desarrollar por el sistema de compensación, sin que el Ayuntamiento notifique la iniciación del procedimiento declarativo del incumplimiento, lo que constituye una prórroga tácita, según dispone el mi. 42.3 del TRLRSOU. c) No constan los informes defiscalizaciónprevia a la adopción por el Ayuntamiento de los acuerdos de modificación del sistema de actuación de las UU.AA/UU.EE de iniciativa privada a pública, asumiendo aquél las obras que restaban por ejecutar, comprometiendo fondos públicos en ocasiones de cuantía indeterminada- y sin acreditar, además, la existencia de crédito y el sistema de financiación. d) Los informes jurídicos emitidos por el Secretario del Ayuntamiento no tienen en cuenta la legislación urbanística aplicable, circunstancia que ha originado que cuando se ha procedido al cambio del sistema de compensación a cooperación " el Ayuntamiento asumiera el gasto de las obras de urbanización que restaban por ejecutar y cuyo coste correspondía íntegramente a los propietarios, así como que se impusieran, sin justificación, contribuciones especiales para la financiación de las obras incluidas en los proyectos de urbanización en desarrollo de las UU.AA de iniciativa privada -cuando todos los gastos son a cargo de los particulares-.
e) Las obras de urbanización, que se realizan por el sistema de cooperación, fueron encomendadas a EMTASA, citando el convenio de 9 de junio de 1992 -cuya existencia no se acreditaque debía actuar como marco regulador de las relaciones en el encargo efectuado por el Ayuntamiento a la empresa, invocando el al. 187.2 del RGU m.
6. No consta la debida actuación del Ayuntamiento en defensa de sus intereses, exigiendo las cuotas de participación a los propietarios de las parcelas incluidas en las UU.AA de desarrollo por iniciativa privada, gastos a los que estaban obligados por las NN.SS de planeamiento y los propios Estatutos y Bases de actuación o haberse así estipulado, en su caso, además, en los Convenios urbanísticos.
7. No se acredita la existencia del Registro de Transferencias de Aprovechamientos que exige el am. 197 del TRLSOU. Además, el Inventario de bienes no habla sido actualizado desde 1989.
La UA.2 fue delimitada en las NN.SS de planeamiento del Ayuntamiento aprobadas definitivamente por la CAM el 8 de mayo de 198711 y su desarrollo estaba previsto por el sistema de compensación mediante la presentación de proyecto de urbanización, compensación y parcelación. Su superficie total era de 25.620 m', según consta en la ficha de las NN.SS correspondiente a aquélla, con unas cesiones de 11.700 m, equivalentes al 45%, por lo que resta una superficie neta de 13.920 m
En el expediente analizado se ha observado lo siguiente:
1. No se constituyó la Junta de Compensación, al haber sido solicitada por el promotor (persona física) la exención, aunque no consta que el Pleno del Ayuntamiento la autorizase, sin que, por otra parte, dicha solicitud se encontrase amparada en los supuestos del am. 157.3 del RGUtratarse de terrenos de un solo propietario o de una Comunidad proindiviso en la que no exista oposición de ningún propietario-, ya que aquéllos pertenecían, además de al promotor, al Ayuntamiento y a un tercer propietario. Por esta circunstancia, no se tramitó el proyecto de compensación, pre
sentándose en su lugar uno de reparcelación y urbanización por el promotor (propietario de la mayoría de los terrenos y con parentesco de consanguinidad con el titular de la Alcaldía en dicha techa), que fue aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el 8 de noviembre de 1990.
2. En el expediente figura informe de un técnico municipal relativo al proyecto de reparcelación y urbanización con firma ilegible, de fecha 7 de noviembre de 1990 y en el que se menciona un Estudio de Detalle que incumple las NN.SS, sin que el mismo haga referencia al proyecto de reparcelación".
3. En el proyecto denominado "Reparcelación y Urbanización" no constan los criterios de valoración de las indemnizaciones, las reglas para decidir la adjudicación, así como la distribución de los costes de urbanización, asignándose las parcelas resultantes según los criterios "del porcentaje inicial de suelo y lo más cerca del terreno original que aporta cada propietario", incumpliéndose el art 172 del RGU". Estos criterios se fijan posteriormente en el Convenio formalizado el 28 de enero de 1991 entre el Alcalde, el promotor y el representante de los propietarios de la otra parcela, señalando que la cuota de participación del Ayuntamiento es de un 5,50%, la del promotor de un 82,25% y el 12,25% de los restantes propietarios. En este Convenio se observa lo siguientes°:
a) Se formalizó por órgano incompetente, dado que el contenido del mismo, que establece cesiones, asigna parcelas y cuotas de participación a los propietarios, constituye el objeto del proyecto de compensación que debería haber presentado la Junta y, en su caso, del proyecto de parcelación, cuya aprobación correspondía al Pleno del Ayuntamiento. Además, el
Alcalde debía haberse abstenido de firmar un Convenio con el promotor de la urbanización con el que tenía una relación de parentesco directo, a tenor de lo dispuesto en los arts. 21 del ROE y 20 de la Ley de 17 de julio de 1958, sobre Procedimiento Administrativo. A pesar de todo ello, el Convenio fue ratificado por el Pleno del Ayuntamiento del de febrero de 19913.
b) Se procedió a la asignación de metros y porcentaje de participación y parcelas entre las tres partes intervinientes, así como a la cesión al Ayuntamiento de 7.897 mr y 4.569,38 m' de viales, y se adjudicó por título de reparcelación al promotor la finca número 7033, que procedía de la rústica número 5046 que había obtenido por permuta el 26 de julio de 1990valorada en un millón de ptas- y posteriormente fue donada mediante escritura pública, de 26 de diciembre de 1991, al Alcalde, quien constituyó hipoteca sobre la misma por importe de 8 millones de ptas. y que aparece tasada por una entidad financiera en el doble de la cuantía de dicha hipoteca.
c) En el Convenio formalizado el 28 de enero de 1991 y en el proyecto de reparcelación y urbanización se observan las anomalías siguientes:
- No se tuvo en cuenta la superficie correspondiente al camino de los Angeles que debía computar como bien de dominio publico conforme al art 154.2 del TRLSOU, ya que la sustituibilidad no opera al no proceder estos terrenos de cesiones gratuitas.
- En el proyecto de reparcelación se produjo un incremento de la superficie de la UA de 3,73 % respecto de la fijada en la ficha de ordenación de las NN.SS de 1987, sin que consten informes que lo justítiquen ni que este correspondiese únicamente alas parcelas de la promotora que realizo dos excesos de cabida el 23 de octubre de 1991 de 612 m' y 1.300 mr respectivamente".
4. En cuanto ala ejecución del proyecto de urbanización, con un presupuesto de ejecución material de 32,4 millones de ptas., hay que destacar lo siguiente:
a) No consta el contrato formalizado por los propietarios para realizar las obras de urbanización, desconociéndose su inicio, finalización y, en su caso, la cesión de las obras al Ayuntamiento.
b) La licencia de reparcelación y urbanización se liquida compensándose el importe que por aquélla debía abonar el promotor con la cuota que correspondería al Ayuntamiento por su participación en la UA, resultando con esta compensación un saldo deudor a favor del promotor por 662.098 ptas. Esta actuación es contraria al art. 146.3 de la LHL, que indica que los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la Ley lo autorice de modo expreso, circunstancia esta última no concurrente en el supuesto de referencia.
c) En el expediente consta un informe del Servicio de Normativa y Régimen Jurídico de la Dirección General de Urbanismo y Planificación Regional de la CAM, de 16 de marzo de 1999, en el que se pone de manifiesto la existencia de desajustes importantes de las obras realizadas en relación con las NN.SS, consistentes en la invasión de un camino público por una calle, disminución de zonas verdes, acceso a varias parcelas edificadas a través de zona verde, no corresponder el viario con el que figura en el plano de clasificación del suelo urbano y encontrarse uno de los edificios construidos, en parte, sobre un viario, señalando que las resoluciones municipales que autorizan las obras incurren en una infracción del ordenamiento urbanístico, por lo que se requiere al Ayuntamiento para que proceda a subsanar las deficiencias y dar solución al problema planteado en la UA17.
Los hechos anteriores y la concesión de licencia contraria al planeamiento son calificados por el al. 40.2 de la Ley 4/1984 como infracción urbanística grave y ponen de manifiesto que el Ayuntamiento no ha ejercido las facultades de vigilancia sobre las obras de urbanización que establece el mi. 175.3 del RGU.
6.2	Unidades de actuación (UU.AA) números 4, 5
y 6 de las normas subsidiarias de 199111
Las UU.AA números 4, 5 y 6, estaban delimitadas en las NN.SS de 1991 cuyo desarrollo se realizaba
inicialmente a través del sistema de compensación". En el análisis del expediente se ha observado lo siguiente:
1. La Comisión de Gobierno aprobó definitivamente el proyecto de compensación a resultas de que la Junta de Compensación presentase el documento de aprobación de éste, trámite que no consta haberse realizado ".
2. Las obras de urbanización se iniciaron con anterioridad a la aprobación del proyecto de compensación, dado que cuando se acordó ésta se indicaba que estaban realizadas en un 50% y restaban por ejecutar obras por un valor aproximado de 200 millones de ptas., lo que contrasta con el presupuesto aprobado para ellas, que ascendió a 279,1 millones de ptas.
3. No se acredita la publicación de la aprobación definitiva del proyecto de urbanización en el BOCAM, en cumplimiento del mi. 141.4 del RPU.
4. Las obras de urbanización se paralizaron por no poder realizar los propietarios mayoritarios la adquisición de los terrenos de los minoritarios que no efectuaban aportación. Ante esta circunstancia, el Ayuntamiento no ejerció las funciones de órgano tutelante de la Junta de Compensación, atribuidas por el art 5 de sus Estatutos, y de vigilancia que establece el al. 175.3 del RGU, ya que:
a) No exigió la constitución de avales, como se había estipulado en el Convenio de 17 de diciembre de 1989 entre el Ayuntamiento y los socios mayoritarios sr.
b) Ante la falta de abono de las cuotas de los propietarios, no adoptó las medidas previstas en las NN.SS de planeamiento del Municipio -3.3.5 y 3.3.7-, en los propios Estatutos de la Junta-art 5y en las Bases de actuación números 14 y 16, utilizan
do la vía de apremio -señalada en el art. 181 del RGU-, o la expropiación prevista igualmente en dicho articulo y en el 160 del TRLRSOU-medidas que, además, habían sido solicitadas por el Presidente de la Junta de Compensación y ratificadas por la Asamblea extraordinaria
5. Se incumplieron los plazos para urbanizardado que las obras deberían haber finalizado el 23 de abril de 1993-, sin que el Ayuntamiento adoptase ninguna medida hasta el 20 de enero de 1994, fecha en la que el Pleno acordó modificar el sistema de actuación de compensación a cooperación y facultó al Alcalde para adjudicar la finalización de las obras.
6. No consta que se realizase la cesión de las obras de urbanización, ejecutadas hasta entonces, por la Junta de Compensación a favor del Ayuntamiento y la recepción por éste de aquélla, que podría referirse a una parte de la UA si ésta hubiera constituido una unidad directamente utilizable, según se prevé en el art 180.2 del RGU.
6.2.1	Modificación del sistema de actuación y finalización de las obras
En cuanto al cambio del sistema de actuación de compensación a cooperación es de resaltar lo siguiente:
1. El Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 20 de enero de 1994, por el que se decide cambiar el sistema de compensación que desarrolla las UU.AA números 4, 5 y 6 por el de cooperación, se adoptó antes de haberse procedido a la valoración de las obras realizadas y las pendientes".
2. Con anterioridad a que el Ayuntamiento aprobase definitivamente el cambio del sistema de actuación, el Alcalde encarga la ejecución de las obras a EMTASA y la presentación de un presupuesto, señalando que aquéllas se deben iniciar al día siguiente. Sin embargo, no consta la presentación del oportuno proyecto y su tramitación, exigidos en el art 117 del TRLRSOU u.
3. No se acredita el traslado del acuerdo de modificación del sistema de actuación a la Dirección Gene
tal de Urbanismo de la CAM, que había efectuado en su momento la anotación en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.
4. Con anterioridad a que la Junta de Compensación aprobase el presupuesto para la finalización de las obras de urbanización, el Alcalde concertó un préstamo con una Entidad bancaria por 50 millones de ptas. y formalizó un Convenio con los propietarios mayoritarios -que representaban el 72,40% de los terrenos-, acordando la aprobación del presupuesto presentado por EMTASA, por importe de 137,2 millones de ptas., Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) incluido, siendo de resaltar de aquél lo siguiente:
a) Carece de justíficación, ya que en la revisión de las NN.SS se disponía que el sistema de gestión de la Unidad de ejecución (UE) número 5 (que comprendía las anteriores UU.AA números 4, 5 y 6) se realizarla por el sistema de cooperación y, además, la Junta de Compensación habla acordado disolverse-hecho que no se acredita-, cuando se hubiesen hecho efectivas las aportaciones de los integrantes de la Junta e inscrito el proyecto de compensación.
b) Incluyó cláusulas contrarias al ordenamiento jurídico tales como las siguientes:
- Pactar modificaciones y variaciones en las obras pendientes de ejecutar incluidas en el proyecto de urbanización inicial, así como en las condiciones técnicas impuestas al mismo por la Comisión de Gobierno al aprobar aquél.
- Posibilitar aplazamiento de pagos hasta seis meses desde que fuesen requeridos por el Ayuntamiento y, a su vez, permitir a los socios mayoritarios el inicio en la tramitación de los expedientes de obras que considerasen necesario desarrollar en las parcelas asignadas, supuesto en el que no era posible el fraccionamiento o aplazamiento de pago, a tenor del art 190.4 del RGU.
- Permitir a uno de los propietarios liquidar parte de las cuotas mediante suministro del hormigón o de otras unidades de obras y aplazamientos de abono al Ayuntamiento.
- Imponer condiciones y limitaciones al Ayuntamiento en cuanto a criterios y características de las viviendas de promoción pública que construyese éste-incluso señalando el número y tipología de las viviendas a construir en la parcela número 8 así como las condiciones de adjudicación".
- Vulnerar los Estatutos de la Junta de Compensación al invadir facultades que correspondían a la Asamblea General.
5. En marzo de 1995 las obras estaban ejecutadas en e1 70% y la gran mayoría de los propietarios no había abonado el importe de las cuotas que les correspondían. Ante esta situación, el Ayuntamiento, en lugar de acudir a la vía de apremio, acordó refinanciar el préstamo solicitado anteriormente por la cuantía de 30 millones de ptas. a que ascendía la cantidad pendiente de amortización, asumiendo totalmente la financiación de unas obras en las que no tenla cuota de participación.
6. No constan todas 17 las certificaciones ni la documentación relativa a la ejecución y pago de las obras y su finalización. No obstante, en la liquidación del presupuesto de 1996 aparecen créditos iniciales para la urbanización de las UU.AA números 4, 5 y 6 por 121,3 millones de ptas. y obligaciones reconocidas por 18 millones de ptas., sin que se acredite que los propietarios hayan hecho efectivas las aportaciones a que estaban obligados, pudiendo el Ayuntamiento en consecuencia, haber realizado pagos indebidos ss.
6.2.2	Construcción y adjudicación de 18 viviendas de
precio tasado en la Calle Calvario
6.2.2.1 Adjudicación de las viviendas
En este expediente se ha observado lo siguiente:
1. El Pleno del Ayuntamiento aprobó el baremo para la adjudicación de estas viviendas, señalando únicamente que se concedía preferencia a los naturales del Municipio, sin especificar los criterios que servirían de base para concretar aquélla, en contra de lo dispuesto en el Decreto 23/1987, de26 de marzo, de la CAM, que regula las condiciones de adjudicación de viviendas de Protección Oficial de Promoción Pública y establece condiciones mínimas para su adjudicación y los criterios para baremación y adjudicación.
2. El precio de cada vivienda ascendió a 13,8 millones de ptas., con excepción de las viviendas números 14 y 15, que fue de 13,6 millones de ptas., subvencionando el Ayuntamiento las mismas entre un 5,5% y un 5,6%, sin que se motive y se justífique la concesión de estas subvenciones al amparo del art 5.2 del Real Decreto 2225/1993, de 15 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento del procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones públicas 19.
3. El 19 de diciembre de 1994, el Alcalde dirige un escrito a una Entidad bancaria en el que propone afianzar los préstamos hipotecarios que suscriban los propietarios de estas viviendas "en la manera que el banco determine a través de la puesta a disposición de dos propiedades patrimoniales de 100.000 m' de terrenos urbanos de tipología industrial", excediendo esta actuación del ámbito de sus facultades, por lo siguiente:
a) El Pleno no había autorizado aún la constitución de la garantía patrimonial sobre las tincas, que se realiza tres días después.
b) La CAM no habla autorizado el gravamen sobre las tincas municipales para garantizar los préstamos hipotecarios, autorización exigida por el al. 109 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (RBEL), aprobado por Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, ya que el valor de las tincas que se gravaban era superior al 25% de los recursos ordinarios del presupuesto municipal
c) Según informe del Arquitecto municipal de 20 de diciembre de 1994, a las tincas que se gravaban eran de aplicación las ordenanzas urbanísticas: "dotaciones y equipamientos", "sistemas de espacios libres y zonas verdes", "red viaría" e "industrial y almacenes", implicando, por ello, la imposibilidad de destinarlas a otros usos sin modificar las NN.SS.
d) La garantía patrimonial no se realiza en defensa de los intereses municipales sino de los propietarios de las viviendas, careciendo, por ello, de justificación alguna.
4. Las escrituras públicas de los contratos de adjudicación de las viviendas fueron firmadas el 24 de enero de 1995, señalándose expresamente en su clausulado que el precio de aquéllas estaba totalmente pagado. No obstante, en la misma fecha se firmaron escritos de reconocimientos de deudas en los que los propietarios hicieron constar que "aún cuando en la escritura de adjudicación se manifiesta que el precio está totalmente pagado es más cierto que adeudaban al Ayuntamiento de Torres de la Alameda ...." determinadas cantidades".
RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2001 aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación al informe de fiscalización del Ayuntamiento de Torres de la Alameda (Madrid), ejercicios 1991 a 1995	Trámites

References: RESOLUCIÓN 
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 artículo 28
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