Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2009/A060-09.htm
Timestamp: 2017-11-21 02:20:22+00:00

Document:
A060-09
Auto 060/09
CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA APARENTE ENTRE JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO-Acción de tutela por considerar que resolución contra DMG y ser inversionista de dicho grupo vulnera el derecho al debido proceso
ACCION DE TUTELA-Competencia de todos los jueces de la República
PRINCIPIO PERPETUATIO JURISDICTIONIS-No se puede declinar la competencia después de avocar el conocimiento pues su propósito es garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales
ACCION DE TUTELA CONTRA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES-Competencia de Tribunal Superior
Referencia: expediente ICC-1371
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito y la Sección Segunda, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Acción de tutela de María Edith Cargas de García contra la Superintendencia de Sociedades.
1. María Edith Vargas de García instaura acción de tutela contra la Superintendencia de Sociedades, por considerar que al haber dictado la resolución 400014079, contra DMG, y al ser ella inversionista de dicho grupo, le vulneran su derecho fundamental al debido proceso.
2. El tres (03) de diciembre de dos mil ocho (2008), el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito declinó su competencia para conocer de la tutela. En su concepto, “las Superintendencias están clasificadas dentro del sector central, y por lo tanto, al amparo de las reglas que regulan el reparto de la acción de tutela, la aquí presentada corresponde, por competencia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejo Seccional de la Judicatura, del lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, de acuerdo al artículo primero incisos 1 y 2 del Decreto 1382 de 2000”. Bajo ese entendido, decidió remitir las diligencias “al Tribunal Contencioso Administrativo, con sede en la Capital de la República, lugar donde tiene su asiento la Superintendencia aludida, y donde se ha generado la presunta violación de la que da cuenta el escrito referenciado”.
3. El diez (10) de diciembre del mismo año, la Sección Segunda, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, se rehusó a conocer del amparo. A su juicio, “no es posible avocar el conocimiento de la presente acción, toda vez que contrario a lo afirmado por la autoridad a que inicialmente correspondió su conocimiento, la Superintendencia de Sociedades, es un Organismo técnico, Adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, sin personería jurídica, (sic) a la luz del Decreto 1080 de 1996 ‘por el cual se estructura la Superintendencia de Sociedades y se dictan normas sobre administración y recursos” (Subrayas del original). Esto lleva a la Sección Segunda, Subsección A, del Tribunal Administrativo, que el conocimiento de la tutela le compete a los jueces de circuito. Así las cosas, suscita conflicto de competencias ante la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
4. El quince (15) de diciembre del dos mil ocho (2008), la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca ordenó remitir a la Corte Constitucional la acción de tutela, “[c]on el fin de que se dirima el Conflicto de Competencia negativo suscitado entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito Huila y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”.
1. En el presente caso se somete a consideración de esta Corporación un conflicto negativo de competencia, aparente,[1] entre el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito y la Sección Segunda, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. La discrepancia que origina el conflicto, se contrae a que el primero estima que la Superintendencia de Sociedades hace parte del sector central del orden nacional; mientras que la segunda, parece considerar que hace parte del sector descentralizado.
2. La acción de tutela fue presentada contra la Superintendencia de Sociedades. La actuación que supuestamente amenaza o viola los derechos fundamentales de la peticionaria, fue dictada en ejercicio de una facultad jurisdiccional, atribuida por el Decreto 4334 de 2008, ‘por el cual se expide un procedimiento de intervención en desarrollo del Decreto 4333 del 17 de noviembre de 2008’[2]. Por consiguiente, en principio parecería aplicable el último inciso del numeral 2°, artículo 1° del Decreto 1382, que prescribe, de modo específico:
3. Ahora bien, la Corte debe clarificar que esta es una regla de reparto, que no asigna competencias, ya que todos los jueces de la República son competentes para conocer de las acciones de tutela (arts. 86, C.P. y 37 del Dcto 2591 de 1991)[8]. Por otra parte, debe anotar que un juez, después de asumir competencia para conocer de una tutela, no puede declinarla, argumentando que las reglas de reparto no fueron observadas debidamente. Después de avocar conocimiento, rige el principio de la prepetuatio jurisdictionis, cuyo propósito es el de garantizar “la protección inmediata” de los derechos fundamentales (art. 86, C.P.).
4. Así pues, fundándose en sus competencias constitucionales y legales,[10] teniendo en cuenta los principios de celeridad y eficiencia de la administración de justicia[11] y el respeto a los derechos fundamentales de María Edith Vargas de García,[12] así como el hecho de que el accionante interpuso la tutela en el municipio de Pitalito por ser el lugar en el que ser producen los efectos de las decisiones de la Superintendencia cuestionada, la Corte Constitucional ordenará en el presente caso, de acuerdo a la reglamentación y su jurisprudencia, remitir el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial del Huila.
Primero.- REMITIR, por intermedio de Secretaría General, el expediente de la referencia al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, para que ejerciendo sus competencias constitucionales y legales, resuelva la acción de tutela de María Edith Vargas de García contra la Superintendencia de Sociedades.
Segundo.- COMUNICAR, por medio de Secretaría General, el presente auto al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pitalito y a la Sección Segunda, Subsección A, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de que tengan conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional. Para el efecto se remitirá copia de la presente providencia.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 060 DE 2009
[7] De hecho, el artículo 14 del Decreto 4334 dice, expresamente: “Artículo 14. Las actuaciones remitidas a los jueces civiles de circuito por la Superintendencia Financiera de Colombia, en donde no se hubiere avocado conocimiento, trasladados con ocasión de lo previsto en el Decreto 1228 de 1996, deberán ser enviadas a la Superintendencia de Sociedades para que asuma competencia en los términos de éste Decreto”
[9] Cfr., los Autos 262 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño y 157 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil. En el primero de ellos, la Corte dijo: “el Tribunal Administrativo del Cauca decidió avocar el conocimiento de la acción interpuesta mediante auto del 13 de septiembre de 2005, radicándose de esa manera la competencia (a prevención) en esa colegiatura, que conforme al principio perpetuatio jurisdictionis no puede ser alterada, dado que si ello ocurriera se afectarían gravemente la finalidad de la acción de tutela, cual es la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. || En este orden de ideas, el juez individual o colegiado de instancia en quien se radicó la competencia para decidir la acción de tutela no puede, so pretexto de observar una regla de reparto[9], suspender el trámite constitucional y omitir el pronunciamiento respectivo. En este contexto tiene aplicación la prohibición contenida en el artículo 86 Superior al establecer que “En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución.””. En el segundo Auto, la Corte Constitucional dejó sin efecto una declaración de nulidad, que había tenido como causa la decisión de tutela proferida por un juez al que no le correspondía el reparto.

References: resolución 
 resolución 
e contrario
 artículo 1
 artículo 14
 artículo 86