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Timestamp: 2020-08-13 01:27:18+00:00

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Ley 20/2006, de 15 de diciembre, municipal y de régimen local de las Illes Balears. TÍTULO VIII. INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA ACTIVIDAD PRIVADA
Acción de fomento
La actividad de fomento se realizará de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, libre concurrencia, igualdad y respeto de las normas de libre competencia, y con adecuación a la legalidad presupuestaria.
1. Las entidades locales pueden otorgar ayudas económicas a entidades públicas o privadas y a las personas particulares que realicen actividades de interés público que complementen o suplan las de la entidad local.
2. En el otorgamiento de subvenciones, además de la legislación vigente en materia de subvenciones, se tendrán en cuenta, en su caso, los criterios, las directrices y las prioridades que establezcan los planes sectoriales de coordinación aprobados por la Administración del Estado o de la comunidad autónoma.
1. El fomento y la promoción de las actividades sociales o económicas de interés público puede ejercerse a través de la acción concertada.
2. Las bases de los conciertos que hayan de suscribirse serán aprobadas por el pleno, y en ellas deben determinarse, como mínimo, las obligaciones que asumirán las partes, así como las ayudas que haya de otorgar la entidad local.
3. El incumplimiento por las personas particulares de los compromisos asumidos determina la suspensión de la aplicación de los beneficios establecidos y el reintegro, si procede, de las ayudas económicas recibidas.
1. Los entes locales pueden intervenir en la actividad de la ciudadanía por los siguientes medios:
b) Sometimiento a licencia y actos de control preventivo.
c) Órdenes individuales constitutivas de mandato para ejecutar un acto o para prohibirlo.
d) Potestad sancionadora.
Número 1 del artículo 178 redactado por el número 1 del artículo tercero de la L [BALEARES] 12/2010, 12 noviembre, de modificación de diversas leyes para la transposición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.I.B.» 25 noviembre).
2. La actividad de intervención respetará los principios de legalidad, igualdad, proporcionalidad y congruencia con los motivos y los fines que justifican la potestad y el respeto a la libertad individual.
3. Las licencias o autorizaciones otorgadas por otras administraciones públicas no eximen a sus titulares de obtener las licencias correspondientes de los entes locales, respetándose en todo caso lo dispuesto en las correspondientes leyes sectoriales
1. Las entidades locales pueden sujetar a sus administrados y administradas al deber de obtener licencia previa para el ejercicio de sus actividades en los supuestos previstos en la ley, las disposiciones que la desarrollen, y los reglamentos y las ordenanzas municipales.
a) La competencia para otorgarlas corresponde a los órganos que se determinen en la legislación básica del Estado y en la legislación sectorial vigente.
b) Cuando el ejercicio de una actividad por las personas particulares requiera la obtención de la correspondiente autorización o licencia municipal y la de alguna de las administraciones autonómicas, puede establecerse un procedimiento de gestión coordinada que comportará una sola autorización de la administración autonómica o municipal correspondiente. La administración a la que no corresponda la adopción de la autorización final debe informar con carácter previo en relación con el ejercicio de sus competencias propias.
c) En los expedientes en que deban emitir informe o hayan de intervenir otras administraciones, y la resolución final corresponda a la entidad local, ésta recabará de aquéllas la realización de las actuaciones pertinentes conforme a la competencia que tengan atribuida. Cuando el informe deba ser emitido por la Administración de la comunidad autónoma, el plazo para su emisión, salvo que hubiera otro establecido, es de dos meses. Si no se emite, se entiende que es favorable.
d) Las autorizaciones o licencias se entienden concedidas si transcurrido el plazo de tres meses desde la solicitud no hay resolución expresa de la entidad local, a no ser que exista un plazo legal específico distinto o éste resulte de la tramitación del procedimiento aplicable al caso.
e) No obstante lo anterior, sin perjuicio de lo que disponga la normativa sectorial, no se entenderán otorgadas por falta de resolución expresa las solicitudes de autorización o licencia cuyo contenido sea contrario al ordenamiento jurídico ni las relativas a la utilización u ocupación de bienes del dominio público local.
Artículo 179 redactado por el número 2 del artículo tercero de la L [BALEARES] 12/2010, 12 noviembre, de modificación de diversas leyes para la transposición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior («B.O.I.B.» 25 noviembre).
Las autorizaciones y licencias pueden ser de las siguientes clases:
a) Licencias urbanísticas para la realización de actos de edificación y uso del suelo de acuerdo con la normativa urbanística que sea de aplicación.
b) Licencia ambiental para las actividades e instalaciones que sean susceptibles de causar molestias o daños a las personas, bienes, o al medio ambiente, cuando estén sujetas a intervención municipal de acuerdo con la legislación aplicable.
c) Licencias integradas de actividades.
d) Licencias de ocupación, que se exigirán para la primera utilización de los edificios y la modificación de su uso, cuando no sea necesaria la de apertura.
f) Aquellas otras establecidas por imposición legal o que los municipios establezcan para finalidades diferentes de las anteriores de conformidad con las leyes, las ordenanzas y los reglamentos locales.
Las licencias, las autorizaciones y demás actos de control producen efectos entre la entidad local y la persona solicitante, y se entienden otorgadas salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio de terceras personas.
1. Las autorizaciones o licencias quedan sin efecto al finalizar el plazo por el que fueron otorgadas, así como cuando su titular incumple las condiciones a que están subordinadas, y deben ser revocadas cuando desaparecen las circunstancias que motivaron su otorgamiento, o cuando sobrevienen otras que, de haber existido en el momento de su otorgamiento, hubieran justificado su denegación.
2. También pueden revocarse las licencias cuando la corporación adopte nuevos criterios de apreciación en el ejercicio de las potestades discrecionales conferidas por la normativa aplicable, en cuyo caso deberá indemnizarse a la persona particular por el perjuicio causado.
3. No procederá en ningún caso indemnización cuando el otorgamiento de la licencia o autorización haya sido debido a dolo, culpa o negligencia grave imputable a la persona interesada.
4. Las licencias son anulables en los supuestos previstos en la legislación sobre procedimiento administrativo común, sin perjuicio de los supuestos previstos respecto de las licencias urbanísticas en la legislación específica.
1. Con carácter general, las instalaciones de las compañías de servicios públicos serán subterráneas y transcurrirán por el lugar establecido al respecto en el plan o en la disposición urbanística municipal correspondiente. Sólo pueden transcurrir por la superficie con la autorización previa y expresa del ayuntamiento respectivo.
2. Las compañías de servicios públicos cuyas instalaciones estén emplazadas total o parcialmente en el subsuelo de un término municipal, han de elaborar y librar al ayuntamiento respectivo un plano de situación de sus instalaciones, que deberá ser actualizado periódicamente.
3. El ayuntamiento afectado determinará los supuestos en que los diferentes servicios han de instalarse obligatoriamente en galerías de utilización conjunta por las diferentes compañías suministradoras.
1. Los ayuntamientos de las Illes Balears podrán acordar la aprobación de las ordenanzas fiscales reguladoras de la imposición y la ordenación o, en su caso, la supresión del gravamen municipal sobre las tarifas eléctricas que deben ser satisfechas por las personas consumidoras del abastecimiento eléctrico, para atender los costes de soterramiento de los tendidos aéreos de su municipio.
2. Los ayuntamientos determinarán la tipología y el alcance del gravamen en función de las características del municipio i de los tendidos aéreos a soterrar.
3. Los municipios que decidan establecer el gravamen indicado en el apartado anterior, deberán adoptar el acuerdo de imposición y ordenación pertinente y aprobar la ordenanza fiscal correspondiente, con sujeción a lo dispuesto en la normativa reguladora en materia de haciendas locales.
4. Los acuerdos municipales de aprobación de los proyectos de soterramiento, de integración medioambiental y de integración urbanística de las redes de transporte, así como de distribución de energía eléctrica en el correspondiente término municipal y sus planes de financiación, requerirán el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación local respectiva.
1. Las personas propietarias de los edificios, además de las obligaciones que les atribuyen las normas aplicables, han de mantener las fachadas visibles desde el dominio público en buen estado de conservación tanto para mantener la buena imagen como para evitar cualquier peligro para las personas usuarias de las vías públicas. Las ordenanzas municipales pueden regular estas obligaciones, incluida la de acreditar periódicamente la seguridad del inmueble y la existencia de una póliza de seguros del edificio que sea suficiente para cubrir estas contingencias. El ayuntamiento respectivo velará por el cumplimiento de las normas establecidas sobre conservación y rehabilitación de edificios.
2. Los planes generales municipales incluirán la fijación del porcentaje de suelo nuevo con uso residencial que debe destinarse forzosamente a la construcción de viviendas de protección pública o a otro régimen que permita tasar el precio máximo de venta o alquiler. A este efecto, la reserva de terreno será como mínimo de un 30% del suelo destinado a uso residencial, que comprenda al menos un 30% igual del aprovechamiento de los usos residenciales plurifamiliares, tanto de suelo urbano no consolidado por la urbanización que no esté destinado a planes de reconversión o a planes especiales de reconversión, como del urbanizable de crecimiento. Quedan excluidos de esta obligación los ayuntamientos con un número de habitantes de población inferior al que se establece reglamentariamente o, en su defecto, los ayuntamientos con población inferior a 3.000 habitantes. Los ayuntamientos tiene que haber localizado la reserva de suelo prevista en este apartado en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta ley.
3. Los ayuntamientos tienen derecho de tanteo y retracto sobre todo el suelo calificado para la ejecución de construcciones nuevas destinadas a viviendas de protección pública en el planeamiento municipal. El procedimiento para el ejercicio de este derecho se regulará reglamentariamente.
1. Las ordenanzas locales, en las materias de competencia de las entidades locales, pueden completar y adaptar el sistema de infracciones y sanciones previsto en las leyes, así como establecer, en defecto de normativa sectorial específica o cuando ésta sea insuficiente y sea indispensable complementarla, las infracciones y sanciones que procedan por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en dichas ordenanzas.
2. La clasificación de las infracciones en leves, graves y muy graves, se ajustará a los criterios establecidos en la legislación básica de régimen local.
3. Salvo que exista una previsión legal distinta en la ley sectorial aplicable por razón de la materia, las multas por infracciones de ordenanzas locales no pueden exceder de las siguientes cuantías: infracciones leves, hasta 750 euros; graves, hasta 1.500 euros; y muy graves, hasta 3.000 euros.
4. Las ordenanzas locales, además de las multas, pueden establecer otras medidas de carácter sancionador, como la prohibición de uso o acceso a bienes o instalaciones de las entidades locales, la pérdida de la autorización que permita el ejercicio de una actividad, o el cierre de instalaciones o servicios, graduando el carácter temporal o definitivo de estas medidas atendiendo a la gravedad de la infracción. Estas sanciones, cuando tienen carácter temporal no pueden superar los seis meses de duración.
5. Los procedimientos sancionadores pueden determinar, en su caso, el alcance de los daños producidos y la obligación de reposición o restauración de los bienes afectados por la conducta infractora. Las obligaciones de reposición o restauración serán independientes de las sanciones que puedan imponerse, pudiendo acudirse para su efectivo cumplimiento a los procedimientos de ejecución forzosa previstos en la normativa en vigor.
6. Corresponde al presidente o a la presidenta de la corporación la iniciación y la resolución de los procedimientos sancionadores, salvo que la ley o, en su caso, las ordenanzas locales, lo atribuyan a otro órgano de la corporación.
7. La instrucción de los procedimientos sancionadores corresponde al funcionario o a la funcionaria, a la unidad administrativa o al órgano que se determine en el acuerdo de iniciación o, con carácter general, en las ordenanzas locales.
8. Las infracciones y sanciones prescriben según lo dispuesto en las leyes que las establecen. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos años, y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescriben a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años, y las impuestas por faltas leves al año.

References: artículo 178
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 179
 resolución