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Timestamp: 2017-07-22 17:20:39+00:00

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Revista dmd nº 74 by Asociación Derecho a Morir Dignamente - issuu
[nĂşm. 74]2017afdmd.orgRevista de la AsociaciĂłn Derecho a Morir DignamenteEl debate
de laLey de eutanasia
rechazado por el congresoPídele al presidente del gobierno y al resto de dirigentes políticos queApoyen una ley que regule el
Para muchas, centenares, tal vez miles de personas en nuestro país, cada nuevo día
es una dolorosa prueba: nos vemos obligados a depender de otras personas para las
acciones más elementales, como el simple aseo o incluso para cambiar de posición en la
cama, a la que ha quedado reducido nuestro horizonte. Somos una carga que no quisimos
ser; que nadie normal querría nunca tener que ser para su familia. Y, entiéndanme, no es
que no lo hagan con amor y dedicación, no. Lo que pasa es que el resto de dignidad que
nos queda en esta lamentable situación, no encuentra ningún sentido a este no vivir. Porque
la vida, señores, es mucho más que esperar la muerte y desearla como una liberación.
Para cientos o miles de personas, conciudadanos suyos a quienes tienen el deber
constitucional de proteger, la vida de la que el Presidente dijo un día ser partidario, se
reduce a esperar que el próximo minuto pueda ser, por fin, el último. Para bastantes
personas, permítame decírselo, hace tiempo que la vida dejó de ser un bien.
Les pedimos a ustedes, como responsables políticos, que no sigan empeñados, por acción
o por omisión, en negarnos el derecho a obtener la ayuda que necesitamos para poner fin a
este estado lastimoso e indigno. Su negativa no puede justificarse en razones morales que
no compartimos y que no comparte la inmensa mayoría de españoles y españolas, como
bien saben ustedes.
Señor Presidente del Gobierno, es muy probable que la actitud obstruccionista mostrada
hasta hoy por usted y su partido tenga los días contados: hasta cuando, previsiblemente,
se constituya una nueva mayoría parlamentaria sensible a nuestro sufrimiento, al de
nuestras familias y, sobre todo, respetuosa con los valores de dignidad y libertad que
consagra nuestra Constitución. Aún estaría usted a tiempo de hacerlo si fuera sensible a
nuestro día a día de sufrimiento e indignidad.
Apelamos, en todo caso, a las fuerzas que conformarán esa nueva mayoría para que
su acción política sea sensible a este derecho ciudadano de nuevo cuño: el derecho a
decidir sobre la propia vida y el propio cuerpo y tengan el coraje de despenalizar y regular
legalmente la ayuda altruista necesaria para lograrlo.Súmate con tu firma enwww.change.org/morirdignamente2E DITORIAL3No
todavíaLa proposición de
Ley Orgánica sobre
Un análisis crítico20El Congreso de los
Diputados dice NO a
la eutanasiaLas leyes de
un túnel del tiempoEl
23 AyuntamientoLos avatares
de la eutanasia2736
EntrevistaGeorges
L'Espérance830de Pamplona
dignaEl Parlament de Catalunya
puede reabrir el debate sobre
la eutanasia en el CongresoEl Ayuntamiento
de Barcelonab
con la eutanasia
y la muerte digna344042EXIT ACTION: Salvador
Cuando los políticos no legislan PánikerRevista AFDMD.org Editor: Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente
Dirección: Puerta del Sol, 6, 3.º izda. 28013 Madrid. Tf. 91 369 17 46. informacion@eutanasia.ws www.eutanasia.ws
Redacción: Fernando Soler, Fernando Pedrós, Fernando Marín, Loren Arseguet, María José Ania, Asunción Cambrón,
Carlos Martorell, Luis Javier Rodríguez, José Sarabia, Vanessa Pi, Sandra Llanas, Pablo Soler, Borja Robert.
ISSN 2171-5947, Depósito legal M-20421-2010No será todavía
El 21 de marzo, el Pleno del Congreso de los Diputados rechazó el proyecto de ley sobre la eutanasia
presentado por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. El previsible voto en
contra del PP, al que se sumaron las abstenciones de Ciudadanos y PSOE, impidió que el proyecto fuera
discutido siquiera en la Comisión de Justicia. Más allá del resultado, la sesión parlamentaria ha servido
para poner de manifiesto el carácter marcadamente conservador, reaccionario incluso, del discurso sobre
la eutanasia que mantiene el legislativo.
Un discurso antieutanásico que pretendía justificarse, una semana más tarde, con la aprobación casi
unánime del proyecto de “Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso
final de su vida”, de Ciudadanos. Una ley que se limita a reeditar y aplicar al proceso final de la vida,
derechos sanitarios reconocidos desde hace treinta años en la Ley General de Sanidad y consolidados
en la de Autonomía del Paciente de 2002. Como hemos insistido respecto a las iniciativas en el ámbito
autonómico, la única garantía del ejercicio de derechos ya reconocidos reside en la voluntad política para
exigir su cumplimiento, no en la reiteración legislativa. Esta nueva ley no sólo demuestra la incapacidad
de nuestros gobernantes para hacerlas cumplir sino que, a la luz de la experiencia acumulada por las
autonómicas, está condenada a la inutilidad.
Sólo una ley de eutanasia, como la rechazada por el Congreso, podrá garantizar una convivencia democrática
fundamentada en los valores superiores constitucionales: la libertad y el respeto a la autonomía personal
en que se sustancia la dignidad personal. No habrá libertad plena mientras sigamos siendo obligados a vivir
nuestro final sometidos a los imperativos morales de otros. De nada sirve escudarse en la voluntad de evitar
el sufrimiento –incluso si fuera posible– durante el proceso de morir. Porque no es el miedo al sufrimiento
sino el sentimiento de indignidad lo que lleva a las personas a anticipar su muerte.editorialLo que han hecho nuestros parlamentarios y parlamentarias ha sido desoír y dar la espalda a las
aspiraciones de la sociedad española que, por encima de opciones políticas y creencias legítimas, se
manifiesta decididamente partidaria de la despenalización de la eutanasia. Una mayoría –el 84% en la
última encuesta de Metroscopia– de la que ninguna otra reivindicación ciudadana había gozado hasta
hoy. Sobre la insensibilidad y ceguera del parlamento recae la responsabilidad de la muerte precoz y en
soledad de José Antonio Arrabal. No le dejaron otra salida.2 | DMDLamentamos que motivos tácticos de pequeña política hayan frustrado una vez más las legítimas
aspiraciones de la ciudadanía. Por nuestra parte, como siempre que se nos ha requerido para ello,
hemos colaborado junto con otras personas y entidades en la redacción de la ley de eutanasia que el
parlamento ha rechazado. Lo hemos hecho porque, aun no colmando nuestra reivindicación del derecho
a la libre disposición de la propia vida, supone sin duda un paso imprescindible en la buena dirección;
el único capaz de evitar, tanto los riesgos que entraña una muerte clandestina, como la inseguridad que
supone el Código Penal para los profesionales que, desde el pleno respeto a la autonomía individual,
estarían dispuestos a prestar su ayuda experta y altruista a quienes libremente lo solicitasen para morir.
Por nuestra parte, no renunciaremos nunca a seguir trabajando por una sociedad más justa en que se
garantice plenamente el respeto a decidir, en condiciones reales de igualdad, el modo de vivir el propio
final sin más sujeción que a las propias exigencias éticas. Por ello, recibimos con satisfacción la noticia
de que Unidos Podemos llevará nuevamente la eutanasia al Congreso, mediante una enmienda de
totalidad a la propuesta de Ciudadanos. Otra oportunidad que esperamos no sea nuevamente dilapidada
Avanzada ya la edición de este número de la revista, nos llega la noticia de la muerte de nuestro Presidente de
Honor, Salvador Pániker. El sentimiento por su pérdida se ve aliviado al conocer que la muerte le ha sido benigna,
alcanzándolo mientras dormía y tras una vida fecunda.
Su trabajo de décadas por la despenalización de la eutanasia será siempre un ejemplo y estímulo para cuantos
militamos en la Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente.
Con nuestro afecto y reconocimiento, incluimos algunas muestras del cariño de su círculo afectivo más cercano.
Que la tierra te sea leve, compañero.La proposición
de Ley Orgánica
eutanasiaUn análisis crítico
Redacción DMDEl 21 de marzo, el pleno del Congreso de los
Diputados rechazó tramitar la Proposición de
Ley sobre la eutanasia del Grupo Parlamentario
Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea. La decisión, que aleja sine die la discusión
parlamentaria de la ley, no debería silenciar el debate
público sobre la regulación de la eutanasia y la
garantía legal de ese nuevo derecho fundamental que
la sociedad reclama.La negativa del Congreso no
silenciará el debate público sobre
Conocer el contenido de la proposición permitirá,
además de enjuiciar críticamente las posiciones
esgrimidas por los diferentes grupos políticos,
determinar la idoneidad de la propuesta para ser
retomada más adelante.El caricaturista Julio César "Matador" expresó ácidamente la
situación de su padre, Ovidio González, primer solicitante de
eutanasia en Colombia. Finalmente lo consiguióVaya por delante que nuestro apoyo al texto que ha
rechazado debatir el Congreso no implica renunciar al
objetivo declarado de DMD: una ley de disponibilidad
de la propia vida. Un objetivo de más alcance, más
acorde con el fundamento ético de la muerte decidida:
la libertad, la autonomía individual para diseñar la
propia biografía. Un objetivo que no contradice la
urgencia de contar con una norma que complete el arco
de posibilidades legales para afrontar la propia muerte.El objetivo de la Proposición de LeyLa intención del proyecto de ley es modificar el
artículo 143.4 del Código Penal, despenalizando la
cooperación necesaria y directa, incluso ejecutiva, a la
muerte de otro en las circunstancias que la propia ley
Ese objetivo comporta dos consecuencias: la primera,
que debe ser una ley orgánica, como el Código Penal
que pretende modificar. Ello requiere la mayoría
absoluta de la cámara para su aprobación final –no
para su mera tramitación– es decir, al menos 176
votos a favor. En segundo lugar, al no ser una ley
DMD | 3Con ley de eutanasia, José Antonio Arrabal no habría tenido que morir clandestina y anticipadamentesanitaria, su ámbito de discusión hubiera sido la
Comisión de Justicia que teóricamente, hubiera
tenido una posición más favorable que la Comisión de
Sanidad, lastrada por el paternalismo médico.Disposición final primera.
Modificación del Código PenalEl artículo 143.4 de la Ley Orgánica 10/1995, de
23 de noviembre, del Código Penal se modifica para
quedar redactado de la siguiente manera:“No será punible la conducta de aquel que con
actos necesarios y directos coopere en o cause
la muerte a otro cuando este lo haya solicitado
de manera expresa, inequívoca y reiterada
con arreglo a lo que establezca la legislación
específica. La persona solicitante habrá de ser
una persona con una enfermedad grave que
conduzca necesariamente a su muerte
o que padezca sufrimientos físicos o psíquicos
que ella considere insoportables.”Fundamentación de la leyEl reglamento del Congreso estipula que las propuestas
contengan una exposición de motivos que, sobre no
tener carácter prescriptivo (no ordena ni prohíbe ninguna
conducta concreta) tiene una función importante porque
proporciona claves para interpretar la intención del
legislador en caso de controversia legal.
4 | DMDLa de la proposición contiene los argumentos
sociológicos, éticos y jurídicos en que se fundamenta.
Señala cómo los avances en el ámbito sociosanitario
han dado lugar a un cambio sustancial en la forma
de vivir el final: “A la vez que se alarga la vida, se
han generalizado sin embargo las experiencias de
sufrimiento personal, físico, psicológico, familiar
y social en el proceso de deterioro y muerte de
los pacientes”. Explican que esta realidad, unida
a las dos finalidades –de la misma categoría
e importancia– de la medicina en el siglo XXI:
prevenir y curar enfermedades, y ayudar a morir en
paz a los ciudadanos respetando sus decisiones,
han propiciado un apoyo social mayoritario a la
despenalización de la eutanasia. Un apoyo que
alcanza actualmente el 84% de la población. Para
los proponentes de la ley, el Parlamento no puede
permanecer ciego ante tal acuerdo ciudadano.
El argumento ético para la despenalización de
la eutanasia no se limita en el texto a una razón
compasiva, benéfica y solidaria con quien pide dejar de
sufrir. Su oportunidad reside en un valor que va más
allá: la autonomía. Afirma que el principio de autonomía
no puede ver limitadas las opciones disponibles, como
ahora. La autonomía obliga a configurar “un derecho
a la vida ligado al valor de la libertad y la dignidad
de la persona”, “lo que incluye tanto el derecho a la
eutanasia como al suicidio médicamente asistido”.
En la parte dispositiva de la ley, título primero, se
reiteran los principios y valores en que se basa la
proposición: la libertad y la plena dignidad humana
como derechos fundamentales. Y los principiosde autonomía, solidaridad, beneficencia y no
maleficencia como base sobre la que “toda persona”
que cumpla determinados requisitos podrá solicitar y
recibir ayuda médica para morir.La petición de eutanasia
debe ser libre, por escrito y
reiterarse en al menos 15 días
Es importante resaltar que, como el texto especifica,
cuanto se refiere en la ley a la eutanasia es aplicable
igualmente al suicidio médicamente asistido (SMA) y,
también, que los efectos de la ley alcanzarían tanto
a los centros públicos como privados, o al propio
domicilio si se deseara.Requisitos legales para acceder a la eutanasia
La solicitud de eutanasia quedaba restringida a
personas capaces y conscientes, con 18 años
cumplidos o menores emancipados legalmente. El
proyecto se ajusta a la reforma de la Ley Básica de
Autonomía del Paciente (LBAP) con la que el PP elevó
de 16 a 18 años la edad para consentir o rechazar
una actuación médica “de grave riesgo para la vida”.
No abordar ya el problema de los “menores maduros”
obligará a reabrir el debate más adelante y suministrará
coartadas para sostener el mito de “la pendiente
resbaladiza”.
Además, la persona debe “encontrarse en la fase
terminal de una enfermedad” o, alternativamente,
“padecer sufrimientos físicos o psíquicos que
considere intolerables”, y haber sido informado delos recursos terapéuticos y asistenciales existentes,
según lo dispuesto en la LBAP.
En caso de tratarse de una persona incapaz pero que lo
hubiera solicitado previamente mediante un documento
de voluntades anticipadas (testamento vital), tiene
derecho a la eutanasia si reúne el resto de requisitos.
La petición de eutanasia, que puede revocarse en
cualquier momento, debe hacerse de manera libre, sin
presión externa, por escrito, y reiterada en un plazo de
al menos 15 días, que pueden reducirse si la muerte,
o la pérdida de capacidad, son inminentes a juicio del
médico receptor de la petición.Papel del médico en la eutanasiaSe establecían dos tipos de obligaciones médicas.
Las primeras corresponden al ejercicio de las
competencias profesionales: la valoración diagnóstica
y pronóstica del solicitante, encaminada a determinar
si se dan las circunstancias (terminalidad o
padecimiento inaceptable). Como en cualquier
actuación médica, queda obligado a informar al
paciente sobre su situación, las expectativas
existentes y las opciones disponibles, incluyendo los
En segundo lugar, el proyecto de ley otorgaba al
responsable asistencial el papel de garante, tanto
de que se dan las condiciones exigidas por la ley,
como de que la petición es autónoma, sin presiones
externas. Es importante la obligación de compartir
con el resto del equipo asistencial la información,
especialmente con el equipo de enfermería. Un
reconocimiento de la importancia de este colectivo
sanitario, especialmente cercano e informado de la
realidad del paciente y su grupo afectivo-familiar.El discurso actual del PSOE niega su pasado de lucha por derechos ciudadanosDMD | 5Las garantías se reforzaban por la obligación de
consultar con otro profesional, competente en las
patologías que sufra el paciente, que ratificara
el cumplimiento de las condiciones exigidas,
emitiendo un informe corroborando el diagnóstico,
pronóstico y demás circunstancias del caso. Una
ratificación no exigida para ninguna otra actuación
Finalmente, el médico quedaba obligado a garantizar
el acceso a la prestación en los plazos que la persona
enferma determinase.Obligaciones del médico
tras la eutanasiaLa ley establece la obligación de informar de la
eutanasia a una comisión de control facultada para
comprobar que se han seguido las exigencias legales.
Realizada la eutanasia, en el plazo máximo de 4
días laborables, remitirá dos documentos diferentes:
el primero de ellos (documento 1) conteniendo los
datos de identificación de quien solicitó la eutanasia
y de cuantos intervinieron directamente o fueron
consultados por el médico responsable. El segundo
(documento 2) contiene datos demográficos y
técnicos de la asistencia con fines estadísticos y de
control de conformidad de lo actuado.
Estos dos documentos deben ser cumplimentados
y remitidos a la comisión aun en el caso de que
se deniegue la eutanasia. Tanto sea porque no se
cumplen los requisitos como porque el profesional
que recibe la petición se declare objetor de
conciencia. En el documento 2 debe especificar
los motivos de la denegación y en el caso de la
objeción, los datos de identificación del profesional no
objetor al que remitió la petición y los datos clínicos
necesarios al caso.La objeción de conciencia
a la eutanasiaLa ley admitía la negativa del profesional, médico o
de enfermería, a realizar una eutanasia por razones
de conciencia. En todo caso, el conflicto debía
resolverse a favor del derecho a la eutanasia. El
objetor quedaba obligado a informar por escrito a la
dirección del centro. También, inmediatamente, al
peticionario y ofrecerle otro profesional no objetor al
que debía facilitar los datos clínicos necesarios para
la valoración. La garantía del derecho a la eutanasia
corresponde a la institución pública y, en último
extremo a la Comisión de Garantías.
Conviene señalar que el texto de la propuesta sólo
obliga a garantizar el derecho a los centros públicos –ni
a privados ni a concertados–, abriendo la puerta a la
objeción por parte de instituciones privadas, aunque
la ley (artículo 12.3.b) limitase la objeción al ámbito
6 | DMDEl Parlamento holandés aprobó la primera ley de eutanasia en vigorMecanismos de control
El proyecto de ley establecía dos tipos de
comisiones para control, seguimiento y garantía.
Cada Comunidad Autónoma dispondría de una
Comisión de Evaluación dependiente de los
Servicios Regionales de Salud. A nivel estatal,
se creaba además una Comisión de Seguimiento
dependiente del Ministerio de Sanidad Servicios
Sociales e Igualdad (MSSSI).
A la Comisión Estatal de Seguimiento, le reservaba
el proyecto un papel de evaluación global del
cumplimiento de la ley, publicando un informe anual
a partir de los correspondientes de cada comunidad
autónoma. Su composición no quedaba definida.Se admitía la objeción de
conciencia pero garantizando el
derecho a obtener la eutanasia
Las funciones de control corresponden a las
sanitarias descentralizadas. Los integrantes de las
comisiones regionales debían ser elegidos por los
parlamentos autonómicos con criterios de paridad
de género, en un número de siete (dos con grado en
medicina, tres licenciados en derecho, otro sanitario que
puede ser de enfermería y una persona de la sociedad
civil implicada en la asistencia de personas con
enfermedades incurables).
Procede poner un reparo a la composición de las
comisiones regionales en el sentido de que debería
haberse asegurado la participación de al menos un
enfermero o enfermera implicadas en la asistencia
paliativa. Según el texto del proyecto (artículo
14.1.c) es opcional la condición de médico/a o
enfermero/a.Garantías del acceso a la eutanasia
Dadas las competencias sanitarias de las CCAA, la
garantía de acceso a la prestación corresponde a los
Servicios Públicos de Salud de cada una. Aunque la
prestación debería incluirse en la cartera básica de
servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), los
componentes básicos de la prestación se establecerían
por consenso del Consejo Interterritorial del SNS.
Esta disposición puede derivar en otra debilidad de
la proposición porque el consenso en el Consejo
Interterritorial no es fácil.Funciones de las Comisiones Regionales
de Evaluación (CRE)
Además de custodiar y archivar los documentos con
los datos sobre las eutanasias, tanto realizadas como
rechazadas, garantizan el ejercicio de los derechos
reconocidos, resolviendo las dudas que surgieran en
la aplicación de la norma y proponiendo reformas en
caso de detectar problemas de funcionamiento.
Importa señalar que las CRE no tienen competencia
para valorar la praxis médica, cosa lógica dada su
composición no exclusivamente sanitaria. En este
sentido, la previsión legal era: en caso de que desde
un centro sanitario se requiera a la CRE para verificar
la buena praxis de una eutanasia concreta, la comisión
estudiará, a partir del documento 2, si se han cumplido
los requisitos legales. En caso de duda, se consultaría el
documento 1 y, en su caso, se solicitará al médico que
practicó la eutanasia la información clínica relacionada.
La decisión de conformidad se comunicará en el plazo
máximo de dos meses. Si, a juicio de dos tercios
de los componentes de la CRE (para evitar bloques
profesionales) no se han cumplido las previsiones de la
ley, se pondrá el hecho en conocimiento de la fiscalía en
quien recaería en todo caso la investigación.
Un aspecto mejorable en el futuro se refiere a la
posibilidad de que desde un centro sanitario se pueda
plantear a la CRE la verificación de que se ha actuado
correctamente no sólo en el caso de una eutanasia
realizada sino también en el caso de las rechazadas.
Es cierto que la ley contempla la posibilidad de que
la persona a quien se le niega la eutanasia acuda
en amparo a la CRE pero, dadas las características
emocionales del momento puede llegar a darse
indefensión, máxime porque el artículo 8.6 no exige la
conformidad de un consultor sobre el no cumplimiento
Una ley de eutanasia que quiera garantizar realmente
el ejercicio del derecho debe poner el mismo empeño
en evitar abusos por exceso como por defecto.Puesto que la ley de eutanasia tiene carácter de ley
básica, habría sido deseable que el proyecto de ley
hubiera establecido ya los componentes básicos de la
prestación dejando el desarrollo y eventual ampliación
para cada comunidad autónoma.En caso de incumplimiento
sería la fiscalía la encargada de
Otro tanto cabe decir respecto del que es un
instrumento fundamental para garantizar el acceso
a la eutanasia: el plan de prestación de servicios,
cuya redacción –en un plazo máximo de 3 meses–
encomendaba el proyecto de ley a los servicios
autonómicos de salud. Sin establecer previamente
unas condiciones mínimas comunes para todo el
estado, podrían darse diferencias sustantivas en el
acceso a la eutanasia entre comunidades. Lo mismo
cabe decir respecto al “manual de buenas prácticas”
que cada CRE debe elaborar, sin indicación de plazo.
Parece que en la redacción de la ley se hayan querido
evitar los conflictos de competencias y recursos de
inconstitucionalidad subsiguientes.En conclusiónEl proyecto rechazado por el Congreso era
perfectamente válido como punto de partida de
la discusión en comisión. Desde luego, hubiera
podido ser mejorado en algunos aspectos mediante
enmiendas respetuosas con el espíritu de la ley. Un
consenso inicial suficiente, como el que cabía esperar,
y las mejoras introducidas en el trámite, habrían
garantizado una ley de eutanasia al nivel de las
existentes en otros países de nuestro entorno.
Pero no todo está perdido ni resulta descabellado
esperar que pueda retomarse la iniciativa en esta
legislatura. La institución que representa la soberanía
nacional no podrá seguir negándose mucho más
tiempo a canalizar legislativamente una aspiración
colectiva tan amplia y que afecta tan radicalmente al
núcleo de la libertad individual.
DMD | 7El Congreso
a la eutanasia
El pleno del 21 de marzo rechazó
tramitar la proposición de ley
orgánica sobre la eutanasia del
grupo confederal Unidos PodemosEn Comú Podem-En Marea
Fernando SolerTeníamos la certeza de que sin el apoyo del PSOE la
ley sería rechazada y, también, de que su posición
era bastante predecible. Desde luego no facilitaba
el optimismo recordar las veces que, en las últimas
legislaturas, no tuvo reparo en unir su voto al del PP
para acerrojar iniciativas similares de otros grupos.
Ni la razón ni la experiencia; tan sólo la necesidad
urgente del cambio sostenía, a duras penas, la
esperanza de que, esta vez sí, fuera posible que
el Parlamento acometiese el debate tantas veces
aplazado. Al fin y al cabo, lo que se le pedía al
pleno esa tarde no era todavía la aprobación de una
ley de eutanasia; tan sólo el permiso para debatir
abiertamente sobre una propuesta similar a las
leyes de otros países de nuestro entorno cultural.
Hasta la tarde previa fue posible una tenue ilusión;
desde luego, no resultaría fácil justificar la negativa
a iniciar el debate, toda vez que los desacuerdos
con el articulado del proyecto podrían sustanciarse
en enmiendas durante el trámite parlamentario. Aún
quedaba un resquicio para la esperanza.
No lo permitieron. Cuando el 21 de marzo la
presidenta del congreso abrió la sesión plenaria,
la convicción de que la ley sería rechazada era
ya general. Mediada la tarde, el diputado de
Compromís, Joan Baldoví, dejando el hemiciclo para
saludar al grupo de personas que se manifestaban
pacíficamente frente al Congreso, confirmó la noticia
que desde horas antes circulaba de móvil en móvil:
el PSOE había ratificado que se abstendría en la
votación y el proyecto sería rechazado. Tampoco
podría ser esta vez. La noticia, derramada como
agua fría entre los concentrados a las puertas del
Congreso, tenía para uno de ellos –José Antonio
8 | DMDArrabal– un significado muy especial: sus señorías
necesitaban pensárselo más tiempo. Un tiempo del
que él no disponía ya.Una responsabilidad compartidaSin pretender minimizar el papel jugado por el PSOE,
considero que no sería útil ni justo atribuirle en
exclusiva la responsabilidad de un fracaso en el que
han participado más actores; simples figurantes
algunos, otros coprotagonistas. Desde luego, sin
eludir el reparto de culpas, considero prioritario
analizar los argumentos que los grupos políticos
expresaron desde la tribuna para justificar el sentido
de su voto. Un ejercicio que pueda contribuir en
algo a elevar el nivel del debate sobre la eutanasia.
Porque si una cosa ha puesto de manifiesto la sesión
plenaria del Congreso es que algunos de nuestros
parlamentarios parecen incapaces de diferenciar una
falacia de un argumento válido. Ciertamente resulta
descorazonador el déficit argumentativo visto en el
Congreso respecto a la eutanasia.La abstención del PSOE
cerró la puerta a la ley
Cierto que en algún caso, el empleo de argumentos
endebles puede ser sólo la forma de ocultar los
auténticos, menos presentables ante la opinión
pública. Por apuntar un ejemplo; cuando la diputada
del PP, Pilar Cortés, dijo ufanamente desde la tribuna
“no hablaré, aunque algunos lo esperen, de santos
padres ni de sumos pontífices” puede que en realidadEl divorcio entre calle y Parlamento. Dibujo de Sandra Llanasno considerase políticamente correcto desvelar la
plena sintonía de su partido con esos “santos padres
y sumos pontífices” en la consideración de la vida
como un bien sagrado e indisponible. Un argumento
que sería individualmente válido si no se intentara
imponerlo al conjunto, como se hace.
Antes de entrar al análisis de los diferentes discursos
conviene poner a cada cual ante su responsabilidad
y, para común conocimiento, desglosar los resultados
globales por partido y número de diputados. Son los
que muestra la tabla 1:GRUPO
FAVOREN
CONTRAABSTENCIÓNPOPULAR-130-SOCIALISTA--83UP-ECP-EM67--CIUDADANOS--32ESQ. REPUBLICANA9--VASCO-PNV5--MIXTO527(PDE-CAT)--(6)(COMPROMIS)(4)--(EH-BILDU)(1)--(FORO ASTURIAS)-(1)-(NUEVA CANARIAS)--(1)(UPN)-(1)-TOTAL86132122Tabla 1. Resultados de la votación sobre la admisión a trámite de la
ley de eutanasiaLa primera consideración es la perplejidad ante el
hecho de que respecto a una cuestión que cuenta con
un respaldo tan aplastantemente mayoritario entre la
población, hasta el punto de que tan sólo un 7% de ella
se manifiesta totalmente contrario a la aprobación de la
eutanasia, reciba un rechazo tan abultado, del 39%, en la
cámara legislativa que representa a esa misma población.
Sólo desde el paternalismo, propio de la derecha –aunque
no exclusivo–, se explica esta falta de sintonía. Se mire
desde donde se mire, la única justificación posible del
paternalismo es la creencia en que el pueblo es menor
de edad, que en realidad no sabe lo que quiere y es
necesario protegerlo de si mismo.
No es menos sorprende la abstención (ni a favor ni
en contra) de un significativo número de diputados
y diputadas, el 36% del total, casi el mismo que la
rechazó. La abstención podría entenderse como
indefinición, esto es, que no se tiene clara la posición
al respecto, cosa difícil de entender a estas alturas y
estando el debate tan claro a nivel ciudadano. También
podría ocurrir que algún partido contrario a la eutanasia
se abstuviera por considerar que, garantizado el
rechazo con la negativa mayoritaria de otros, era
innecesario declarar abiertamente su verdadera
posición. Finalmente, tampoco puede descartarse que,
estando alguno a favor de la despenalización –más
o menos amplia– de las conductas eutanásicas, se
abstuviese por considerar inadecuado el momento; el
ya clásico “ahora no toca”.El debate: la ponencia se explicaAntes de que se materializase la votación, los
representantes de los distintos grupos expusieron
desde la tribuna los argumentos con que justificaban
su voto. Como integrante de la ponencia, abrió las
DMD | 9La ponente, Marta Sibina, interpela a una bancada socialista con demasiadas ausenciasintervenciones la diputada de Unidos Podemos, Marta
Sibina. Comenzó reconociendo y agradeciendo el
trabajo de cuantos han colaborado para hacer posible
esta ley. Recordó a continuación el alto respaldo social
con que cuenta la eutanasia, repasando brevemente
las principales encuestas al respecto. Acto seguido,
interpeló a la bancada socialista en lo que habría
parecido un ataque preventivo, de no ser porque era
ya conocida la posición que el PSOE tomaría. Desde
el estrado les conminó: “Por favor, explíquenlo aquí,
en esta tribuna, que la gente lo escuche alto y claro;
díganle a la cara a la gente que la sociedad no está
madura y que no hay consenso social. Díganlo y que
conste en el Diario de Sesiones” y, poniendo cara y
nombre a los perjudicados, “explíquenselo a José
Antonio, enfermo de ELA, que desea estar muerto cada
mañana que abre los ojos. Díganle a José Antonio
que el debate se hará más adelante, cuando ustedes
decidan que la sociedad ya está madura”.
La intervención, que podría parecer inoportuna o
inapropiada al no ser pública todavía la decisión
del PSOE, era en realidad la única oportunidad
para reprocharles su abstención –que le habían
comunicado la tarde anterior, según dijo– porque las
intervenciones de los grupos en este tipo de debate
son únicas y, exclusivamente, para fijar posturas. No
cabía esperar pues a turnos de réplica para hacerlo.
Así, la primera intervención de la ponencia tuvo que
compaginar el reproche al PSOE, cuya abstención
hacía naufragar el intento, con la exposición
argumental en apoyo de un proyecto que ya se
sabía destinado al fracaso. Cierto que el grueso de
la argumentación buscó provocar la compasión (la
solidaridad, si se prefiere para evitar resonancias
religiosas) de sus señorías con las situaciones de
10 | DMDsufrimiento e indignidad que atenazan las vidas de
muchas personas en su etapa final y les condenan,
a causa del Código Penal que se pretendía modificar,
a una muerte demorada y según los cánones de
dignidad impuestos por otros. Una argumentación
que, visto lo visto, no aspiraba tanto a conseguir la
empatía de la bancada socialista como a echarle en
cara su insensibilidad y falta de valor.Los paliativos no son la soluciónUn aspecto concreto dentro de esta apelación a
evitar el sufrimiento es la constatación de que
existen personas “a quienes los cuidados paliativos,
ejecutados a la perfección, no les dan respuesta a
su sufrimiento y que no pueden más”, una afirmación
que tiene un valor especial de experiencia vivida por
la propia diputada, enfermera de profesión. Con rabia
mal contenida, exigió a los socialistas que dijeran
claramente a estas personas que “ya hablarán
sosegadamente de cuándo debe tenerse este
debate.” La realidad, de la que es testigo preferente
la diputada Marta Sibina, desmiente la falacia de
quienes afirman que los paliativos son capaces de
resolver todas las situaciones de sufrimiento. Hasta
el punto de presentarlos como el antídoto contra la
eutanasia (sic).
Aunque ya digo que su argumento-fuerza apelaba a los
sentimientos de diputados y diputadas, como si no
diese por perdida del todo la posibilidad de provocar
un cambio de última hora en el voto del PSOE, no se
quedó en ese nivel elemental del discurso a favor.
Claramente, en una exigencia cargada de reproche
les conminó: “Díganle a la gente que su libertad
está secuestrada en esta Cámara, que el derecho
a decidir sobre nuestra vida está secuestrado enesta Cámara”. La libertad irrumpía así nítidamente
como argumento de justificación de la eutanasia, el
verdadero meollo de la cuestión. Volveremos a ello.Profundizando en la argumentaciónTras Marta Sibina, intervinieron sus compañeros de
grupo, Alberto Garzón y Pablo Iglesias. La intervención
con que cerró Iglesias consistió en la lectura de
la carta que un enfermo en situación terminal,
consumido por un cáncer, tuvo que dictar a su amigo,
el periodista Rafael Lutzardo, quien la publicaría en
2008, en el diario digital la opinión.es de Tenerife.No tardando, la eutanasia
será en España un derecho civil
Aunque a primera vista pudiera interpretarse como
una nueva apelación a la compasión, dada la terrible
situación que describe, el texto es en realidad un
tremendo alegato por la libertad y la autonomía
dirigido a los políticos. Para ellos leyó Pablo Iglesias
uno de los textos más lúcidos y conmovedores de un
ser humano atenazado por el sufrimiento: “Quiero
morir, pero no me dejan. No lo entiendo, ¿dónde
está mi libertad? Vosotros, los que me negáis este
derecho, habéis olvidado que estáis donde estáis
porque así lo hemos querido todos y también habéis
olvidado que vuestra obligación es la de proveer en
todo lo posible nuestras necesidades. ¿A santo de
qué podéis negarme el derecho a disponer de mi
existencia?”. Un reproche que no atravesó la coraza
Entre la intervención de Sibina y la de Iglesias,
Alberto Garzón pronunció un rotundo alegato de ética
política, enmarcando el derecho a decidir sobre el
propio final entre los derechos civiles que “como los
derechos sociales –dijo– se conquistan, son parte
de la presión ciudadana, de movimientos sociales,
de gente que […] se organiza con antelación a los
partidos políticos”. Expresó su convicción de que con la
eutanasia sucederá como “sucedió con la legalización
del divorcio y con la legalización del matrimonio entre
personas del mismo sexo, que hoy son unos derechos
civiles absolutamente asentados gracias a la lucha
de muchos colectivos, de muchas organizaciones y
también de partidos políticos”. Y de paso, reprochó la
hipocresía de aquellos que en su momento se pusieron
“en contra de la aprobación de aquellos derechos y
que hoy se está beneficiando de aquellos éxitos”. Una
realidad evidente que confirma en la práctica cómo
la ampliación de derechos, además de resolver el
problema del colectivo concretamente afectado, sirve al
conjunto de la sociedad y la hace más libre.A los socialistas, tras reconocer y recordarles su
papel determinante en la aprobación de aquellos
derechos, les reprochó el haberse ahora “colocado en
el otro lado” y “no querer avanzar hacia la conquista
de nuevos derechos civiles”. Señaló también la
incongruencia de haber promovido o apoyado
en comunidades autónomas algunas iniciativas
solicitando al Congreso una ley sobre la eutanasia y
haberle cerrado la puerta al presentarse la primera
Más allá de los reproches, defendió su convicción
de que los valores que informan su proposición
coinciden y representan “los valores de la sociedad
española, el valor de la solidaridad pero también
de la compasión”. Apuntó la idea de la compasión
como la “respuesta civilizada” que nuestra sociedad
debe dar al sufrimiento, del que nadie está a
salvo. Encuadró la ley como una consecuencia de
“principios como el de autonomía, el de tener claro
que somos nosotros y nosotras los únicos que
tenemos la capacidad para decidir sobre nosotras
y nosotros mismos, que nadie puede decidir por
nosotros y por nosotras”.
Afirmó también que su ley tiene un sólido fundamento
jurídico y que, sobre ser “una propuesta muy seria y
muy rigurosa” habría seguido un trámite parlamentario
en el que hubieran querido “trabajarla con el Grupo
Socialista, con Ciudadanos e incluso con la vena
cristiana del Grupo Popular, si todavía le queda algo
que le haga entender qué significa la compasión en
una sociedad desarrollada”. Una mano tendida que
los actores del fracaso despreciaron.
Garzón no se arredró; considerando la negativa
del pleno como “un traspié” afirmó el compromiso
de su grupo de no rendirse y seguir contribuyendo
“a que la eutanasia algún día esté presente en el
imaginario de nuestro país como un derecho social,
como un derecho civil conquistado”. Terminaría su
intervención poniendo el foco en la que aparenta ser
la principal razón de los abstencionistas: evitar que
Unidos Podemos se apuntase el tanto del avance en
derechos. “Por favor, Grupo Parlamentario Ciudadanos
y Grupo Parlamentario Socialista, modifiquen su voto.
No queremos que dentro de diez años se recuerde
que esta iniciativa la propusimos nosotros. No es
eso lo que nos interesa, sino que haya una ley de
Tras las intervenciones de los ponentes lo
hicieron el resto de los grupos, de menor a mayor
representación. En primer lugar intervinieron, como
integrantes del Grupo Mixto, los representantes
de Foro Asturias, Compromís y Partido Demócrata
Europeo Catalán (antigua Convergencia Democrática
de Cataluña).DMD | 11Foro Asturias, en contra de la tramitaciónComo era previsible, el diputado Martínez Oblanca
anunció el voto en contra de Foro Asturias. En primer
lugar porque, según él, la aprobación de la eutanasia
“no forma parte de las prioridades de la sociedad
española de 2017”; en segundo lugar se sumó a la
falacia del derecho a la vida como el primero de todos
y preeminente sobre el resto, el que hace posible la
existencia misma de los derechos pues sin vida nadie
puede ser sujeto de derechos. El tercer argumento de
su negativa giró en torno de los cuidados paliativos
que, a tenor de su exposición, parecen agotar el
contenido de la dignidad de la persona. No deja
de ser chocante que, en su afán de presentar los
paliativos como la única opción válida, no dudase en
pintar un panorama irreal que choca con las quejas
desde el paliativismo sobre la insuficiente dotación
y extensión. Para Martínez Oblanca, sin embargo,
“España es un país en el que se presta una buena
asistencia sanitaria y, de hecho, en relación con los
cuidados paliativos, ha habido un rápido crecimiento
de los programas y servicios que responden al
mandato de nuestra Constitución sobre la dignidad de
la persona recogido en el artículo 10”.
Respecto a si la eutanasia figura o no entre las
prioridades de la sociedad española, lo que debería
aclarar el señor diputado de Foro es cómo mide las
prioridades de la sociedad. Porque lo cierto es que
los estudios sobre preocupaciones de la ciudadanía
que el CIS viene realizando y publicando desde
1985, bajo el rótulo “percepción de los principales
problemas de España”, la eutanasia no ha figurado
nunca entre los ítems que la encuesta propone a
la elección de los entrevistados. Malamente podría
competir en grado de preocupación con el paro o la
corrupción política que sí se ofrecen como opciones
elegibles. Desde luego, no es necesario insistir en la
importancia y valoración de la ciudadanía cuando el
propio CIS (estudio 2803, mayo 2009, por ejemplo) se
interesó por la opinión sobre la eutanasia. Sin duda,
el diputado de Foro conoce las encuestas al respecto
aunque los resultados no convienen a su negación de
Que la vida es condición sine qua non para el ejercicio
de cualquier derecho, es una obviedad a medias –los
cadáveres mantienen ciertos derechos– pero, sobre
todo, es una evidente artimaña dialéctica. Porque no
revindicamos derechos tras la muerte sino derechos
en vida, precisamente los que afectan al modo de
vivir la muerte. A quien se le obliga a vivir contra su
voluntad no se le está permitiendo el ejercicio del
derecho a vivir sino que se le impide el derecho a
decidir sobre su persona. La vida como obligación
no es fuente de derechos sino un trato indigno que
claramente rechaza el artículo 15 de la Constitución.
Para algunos, proteger la vida es obligar a vivirla
incluso contra la voluntad del titular. Sin embargo, el
12 | DMDacuerdo muy mayoritario entre juristas e intérpretes
de nuestro texto constitucional es que la vida en él
protegida es necesariamente una vida digna y que los
requisitos de esa dignidad sólo puede establecerlos
el titular de la vida. Por decirlo con una expresión ya
consolidada: la vida es un derecho, no una obligación.Toda persona tiene derecho
a disponer de su cuerpo y su
vida, eligiendo cuándo y cómo
Compromís, a favorLa intervención del diputado Joan Baldoví en
representación de Compromís tuvo dos ejes: el primero,
negar que la intención al presentar la ley fuera “ponerse
una medalla” en detrimento de la imagen del resto de
grupos que podrían estar a favor de la eutanasia pero
no de que un grupo rival se alzase con el mérito. Al
grupo Socialista le pidió “la misma valentía que tuvieron
ustedes cuando propusieron el matrimonio homosexual.
Ese día se ganaron libertades, ese día se avanzó,
ese día fueron ustedes valientes. Hoy no se trata de
ponerse medallas, hoy se trata de ser humanos, de ser
valientes, de avanzar y de ir más lejos”. Es importante
reparar otra vez en el reconocimiento del papel jugado
en el pasado por el PSOE en cuanto se refiere a
derechos ciudadanos. Porque desde las filas socialistas
resuena con frecuencia la queja sobre la falta de
reconocimiento de la tarea realizada en el pasado. La
realidad es que no se les niega lo hecho, simplemente
se echa de menos hoy una valentía pareja en lo que se
refiere a la eutanasia.
El otro eje discursivo de Baldoví se refirió al
fundamento ético de la reivindicación de la eutanasia:
“el derecho de toda persona a disponer libremente
de su cuerpo y de su vida y, por tanto, también
de su muerte, respetando el derecho de elegir
libremente el momento y los medios para finalizarla”.
Un planteamiento que suele orillarse desde los
fundamentalismos para no tener que desvelar a quién
o quiénes corresponde, a su juicio, la propiedad de la
vida que niegan a su titular.
Sobre la base de la libertad para disponer de la propia
vida en exclusiva, sin intromisiones de otros, planteó
la derogación del artículo 143 del CP como el avance
que su grupo quiere para el estado español tal como
ocurre ya en otros países de nuestro entorno.La incomprensible postura de los catalanes
del PDE-Cat
A la defensa de Compromís, siguió una
desconcertante intervención de la diputada delPDE-Cat, Lourdes Ciuró. Desconcertante porque,
tras afirmar que además de garantizar unos
cuidados paliativos “veinticuatro horas, siete días
a la semana”, debería también despenalizarse
“a quien expresa su deseo a morir dignamente”,
con la garantía de que se evitan los riesgos para
las personas vulnerables y afirmar que “Todo ello
debe abordarse en una ley como la que ustedes
plantean”, terminó absteniéndose y contribuyendo
al rechazo de la tramitación. La razón de este
comportamiento paradójico parece, a tenor del
resto de intervención, un asunto de estrategia
Compartió con la cámara que “cuatro de los seis
grupos actualmente presentes en el Parlament de
Catalunya van a enviar al Congreso de los Diputados
una proposición de consenso”. “El Partit Socialista,
Junts pel Sí, la CUP y Catalunya Sí que es Pot se
han puesto de acuerdo en un documento que van
a remitir a esta Cámara”. Lo que no aclaró es que
el documento, propuesto por Catalunya Sí que es
Pot, y apoyado por el resto de grupos salvo el PPC
(en contra) y Ciudadanos (abstención) propondrá
al Parlamento Español la despenalización de la
eutanasia.No habiendo contradicción entre lo que el Parlament
va a proponer y lo que se estaba debatiendo en
el Congreso de los Diputados, es difícilmente
comprensible la abstención en éste. Su afirmación
de que “el Partit Demòcrata no será quien rompa el
consenso que se ha labrado en la Cámara catalana”
no resulta coherente. Más bien, lo que compromete
ese consenso es precisamente su abstención aquí.
Nada impedía votar a favor de las dos iniciativas.
Habría sido más coherente, me parece.El PNV se manifestó a favor
con un discurso fundamentado
Una sólida defensa del Grupo Vasco-PNVTras la fijación de posiciones del Grupo Mixto,
intervino el Grupo Vasco-PNV por medio del diputado
Joseba Agirretxea que pronunció uno de los discursos
más estructurados y coherente a favor del proyecto.
Comenzó formulando las cuestiones fundamentales a
dilucidar. Desde si “es éticamente aceptable ayudar
a morir a una persona que así lo desea a causaJoseba Agirretxea, del PNV: “No tenemos miedo a debatir estas cuestiones”DMD | 13les corresponde legislar para asegurar un marco
asistencial adecuado durante el proceso de morir,
así como instar al Parlamento y al Gobierno del
Estado a que levante las restricciones al ejercicio
de la libertad individual que supone el 143 del CP. A
las Cortes Generales por su parte les toca ampliar
el espectro de posibilidades para vivir ese final con
plena autonomía. En este sentido no evitó la crítica
al Parlamento por ocuparse en “otros debates que
se quieren traer y corresponden a comunidades
autónomas”, en clara alusión a las proposiciones de
“leyes de muerte digna” presentadas por Ciudadanos
y PSOE. La primera de ellas obtuvo la autorización una
Como conclusión, tras afirmar que algunos aspectos
parciales de la ley que se debatía le parecían
mejorables con el trabajo en comisión, mostró su
determinación a debatirla. “No tenemos miedo a
debatir, no tenemos miedo a que se traten estas
cuestiones” y, en una clara alusión a otras posiciones:
“Creemos que es bueno que se traten, es bueno que
se formulen las propuestas que cada uno estime
oportunas y que cada uno se posicione en esta
Ester Capella de ERC: una lección de ética política y parlamentariade su tremendo sufrimiento”, hasta la ponderación
entre el derecho a recibir ayuda y el de objetar a la
práctica de la eutanasia. Pasando por el rechazo del
encarnizamiento terapéutico y el empeño en retrasar
una muerte inevitable para preservar una vida que no
es deseada por su titular. “Estas preguntas y muchas
más –afirmó– llegan a nuestra mente cuando desde
la experiencia personal o cercana nos enfrentamos
a situaciones que legislativamente en muchos casos
no encuentran una respuesta satisfactoria, pero se
necesita una respuesta real”.
Describió los cambios en la forma en que afrontamos
hoy el periodo final de la vida, con un aumento en
su extensión y el deterioro como consecuencia
inevitable, y también el cambio en el paradigma de la
atención sanitaria a “un modelo de responsabilidad
compartida en el que la persona enferma participa
cada vez más de la toma de decisiones en su proceso
de curación, tratamiento o incluso final de la vida”.
No dudó en expresar su convicción de que “vivimos
en una sociedad abierta y avanzada, preparada para
afrontar y resolver con total normalidad este tipo de
situaciones”, una afirmación que choca con quienes
le niegan preparación a la sociedad.
Interesante también el planteamiento que hizo
respecto a las capacidades y obligaciones de las
comunidades autónomas y el Parlamento. Afirmó
que a aquellas, dentro de sus competencias,
14 | DMDEsquerra Republicana de Catalunya se suma
al proyectoTras el Grupo Vasco subió a la tribuna Ester Capella,
diputada por ERC, para dar una verdadera lección de
ética política y parlamentaria. La lección comenzó
centrando el objeto del debate: “Libertad para
afrontar la vida y libertad para afrontar también
la muerte. Hoy, en la toma en consideración de
esta proposición de ley, hablamos de libertad, de
autonomía de la voluntad, de la libertad para afrontar
la vida como la queremos vivir, pero también como
queremos que sea esa parte final de la vida: la
muerte”. Así de claro: el debate de la eutanasia
trata de la libertad y no necesita referirse a la
compasión por el sufrimiento ajeno. No hay nada que
se requiera debatir sobre el alivio del sufrimiento
porque es una obligación de cualquier sociedad que
se tenga por civilizada.
Continuó con un sutil reproche porque en la
proposición se olvidó mencionar la contribución de
ERC en legislaturas anteriores. Lo hizo reivindicando
los esfuerzos de ERC al presentar propuestas de
despenalización que siempre “toparon contra el muro
del Partido Popular y el muro del Partido Socialista
Obrero Español”. Por su parte, rindió un merecido
tributo a los diputados y diputadas de su grupo que
trabajaron y presentaron iniciativas en defensa de “el
derecho a la libertad, el derecho a decidir que tiene
toda persona de qué manera quiere vivir y de qué
manera quiere abordar el final de sus días”.
Aludiendo al contenido del artículo 10 de la
Constitución –la misma Constitución cuyos preceptosse les exigen a menudo como sacrosantos e
invariables– “cuando proclama la dignidad de
la persona, los derechos inviolables que le son
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el
respeto a la ley y a los derechos de los demás como
fundamento del orden político y la paz social”, terminó
afirmando que “el Estado debe proteger la vida, debe
garantizar el derecho a una vida digna. Lo que no
puede hacer el Estado es imponer vivir en todas las
circunstancias. La concepción del derecho a la vida
que implica el mantenimiento de ésta incluso en
contra de la voluntad de su titular debe ceder el paso
a concepciones más acordes con las de un Estado
aconfesional, el respeto a la libertad individual y el
derecho de autodeterminación que tenemos como
personas”. Una lección de constitucionalismo que
debería hacer sonrojar a quienes conciben el texto
constitucional como un límite y no como un mínimo.
A quienes ponen tanto empeño en “proteger”
colectivos vulnerables que terminan por parecer más
interesados en impedir el ejercicio del derecho, les
recordó que “es necesario proteger la libertad de la
persona, pero también a quien practica la eutanasia
y en qué condiciones es practicada. Deben existir
mecanismos que permitan confirmar la voluntad de la
persona y que su decisión sea fruto de una decisión
libre, informada y consciente” pero sin olvidar que
“estamos hablando de regulación, de poder hacer
efectivo un derecho, de no impedir el derecho a la vida
digna y a una muerte digna”.
Frente a posturas paternalistas que lo niegan, afirmó
rotundamente que “la sociedad sí está preparada.
Existe una mayoría de ciudadanos a favor de la
regulación”, citando nuevamente las encuestas que
lo atestiguan. Terminó su intervención planteando un
interesante punto de vista: presentó el artículo 143 y
la negativa del Parlamento español a derogarlo, como
el marco legal que impide a Cataluña legislar para
garantizar a los catalanes una muerte en libertad. “A
Cataluña solo le falta que se derogue o que, en todo
caso, se regule de forma distinta el artículo 143.4
del Código Penal” por ello, “el Parlament presentará
a la Mesa del Congreso una proposición de ley para
la despenalización de la eutanasia y la ayuda al
suicidio” porque para ERC morir dignamente “también
incluye la despenalización de la eutanasia y el suicidio
médicamente asistido”. Por todo ello, anunció el voto
afirmativo de su grupo parlamentario.Ciudadanos se abstiene con los argumentos
Tras la intervención de ERC, comenzó el turno para
los responsables del rechazo a la tramitación de la
ley. El primero en hacerlo fue Francisco Igea, diputado
por Ciudadanos. Su intervención podría ilustrar a la
perfección la posibilidad que apunté al principio de
que algún grupo se hubiera abstenido aun estandototalmente en contra de la ley, para desmarcarse de
la postura reaccionaria del PP (al que, sin embargo,
sostienen permanentemente con sus votos), y poder
mantener su imagen de liberales (liberales del siglo
XIX como les había denominado Garzón poco antes).
El discurso del diputado Igea, médico de profesión,
fue una demostración en vivo del paternalismo más
rancio que lastra la profesión médica, acompañado
de un ejercicio autolaudatorio del papel jugado por
su grupo parlamentario, Ciudadanos, en defensa de
los intereses de los enfermos; un colectivo al que
conoce al parecer mejor que nadie de la cámara.
Comenzó por negarle a Pablo Iglesias la exclusividad
en la compasión; exclusividad, por cierto, que no
habían reclamado en ningún momento ni Iglesias
ni ninguno de los anteriores intervinientes. Según
Igea, las apelaciones a la compasión previas
habían sido una “lamentable demagogia” de la que,
condescendientemente, tal vez más por enfermera
que por mujer, excluyó a la diputada Sibina a la que
reconoció “la compasión y el corazón”.Un Estado aconfesional
debe proteger la vida
respetando la libertad y el
Dibujó un retrato trasnochado y decimonónico de
sí mismo sedando “en sus brazos” –literalmente–
a “mucha gente”, para ilustrar su concepto de
compasión. Un concepto tan alejado de la empatía,
a tenor de su discurso, como cercano a la lástima.
Un discurso tradicional que no acaba de interiorizar
que las personas enfermas –esa “gente” que ha
“atendido” durante 30 años– lo que merecen, por
ley, no es sólo compasión, sentimiento noble que
se le supone a todo ser humano, sino respeto a la
autonomía de su voluntad. Es muy frustrante que
treinta años después de que el principio de autonomía
entrase a formar parte de la buena praxis médica,
sigamos asistiendo a tics paternalistas de corte
hipocrático en tantos profesionales sanitarios.
Contrariamente al retrato satisfecho que se dibuja
desde los sectores opuestos a la regulación de la
eutanasia, el diputado Igea reconoció que “en España
se muere mal, es verdad”, y desgranó a continuación
toda una serie de circunstancias de esa mala muerte:
“Con dolor, en habitaciones de tres” porque “nadie
ha pautado una bomba de morfina”, “ahogándose
durante semanas […] porque nadie les ha explicado
que tienen el derecho a recibir sedación”, “gente que
se muere en la ansiedad y el desconocimiento de
que se está muriendo porque nadie le ha informado
de qué es lo que le pasa”. Y tras el reconocimiento
DMD | 15palmario de lo que ocurre en la práctica diaria, el
reproche: “Todo eso es verdad, pero de nada de eso
habla su ley”.
Tras el reproche a los adversarios, la autoreivindicación
del propio partido: “¿Por qué nadie, salvo Ciudadanos,
ha traído una iniciativa a esta Cámara para
acabar con eso?”, se preguntó entre los aplausos
satisfechos de su bancada. Un ataque de inmodestia
para reivindicar que “el primer partido que trajo una
ley a este Parlamento fue el nuestro, los liberales
del XIX”. Inmodestia que le reprocharía enseguida su
compañero de abstención, el PSOE, reclamando el
mérito de haber presentado varias legislaturas antes
una ley, presuntamente de muerte digna, sin recorrido
parlamentario alguno que, con leves retoques, espera
nuevamente la autorización del Parlamento para su
tramitación.El Parlamento está para
ampliar derechos, no para
reeditar los ya existentes
A lo visto, ni Ciudadanos ni PSOE prestaron suficiente
atención a la intervención del representante del PNV
que, minutos antes, les había centrado el marco
competente para cada tipo de ley: los parlamentos
autonómicos para explicitar en su territorio lo
que las leyes estatales, especialmente la Básica
de Autonomía del Paciente, establecen de modo
general. Las Cortes Generales para abrir el marco
de posibilidades que están vedadas a las CCAA. De
haberle atendido, habrían comprendido por qué la
ley que se discutía allí y rechazaba el señor Igea, no
trataba de derechos que ya están tan sobradamente
reconocidos como escasamente implantados. No
hace falta que una ley de eutanasia establezca
obligaciones que están en las leyes desde hace 30
años. Lo que hace falta es voluntad política para
hacerlas cumplir y no leyes nuevas. La de Unidos
Podemos y las convergencias pretendía ampliar el
marco jurídico de posibilidades para el ejercicio de la
autonomía y lo hacía en la sede de la soberanía del
conjunto del estado; en el Congreso de los Diputados.
No dejó de criticar algunos aspectos de la ley,
retorciendo la realidad de una forma bastante pueril al
identificar el plazo de reiteración de 15 días entre al
menos dos peticiones previsto en el proyecto de ley,
con el tiempo que necesita un paciente para superar su
diagnóstico. Sin sonrojo aparente, preguntó “¿Alguno
de ustedes superaría en 15 días el diagnóstico de una
esclerosis lateral amiotrófica? ¿Alguno de ustedes
superaría en 15 días una depresión mayor? ¿Alguno
de ustedes superaría en 15 días una tetraplejia? Pues
16 | DMDesto es lo que dan ustedes, 15 días”. Una simpleza
que fue nuevamente acogida con aplausos. Nadie
pide la eutanasia a los 15 días de un diagnóstico
infausto sino después de años de sufrimiento sin
esperanza. Como profesional de la medicina al que
se le supone conocedor del medio, sólo es posible
interpretar semejante acusación como de mala fe, sin
otra intención que desacreditar a quienes plantean
aumentar el marco de derechos.
Remató su intervención con una contradicción
clásica del discurso conservador antieutanasia.
Aquella que por un lado expresa la confianza en la
medicina, sus avances, su capacidad para evitar el
sufrimiento humano y el compromiso con la vida de
los médicos, que rechazan su participación en la
muerte voluntaria y, al mismo tiempo, no duda que
si se aprobase la eutanasia, garantías incluidas,
esos mismos profesionales se precipitarían por esa
presunta pendiente hasta eliminar a las personas
sin su consentimiento. No puede entenderse de
otra manera lo que dijo –dirigiéndose a Marta
Sibina– como colofón de su discurso: “El día que
llegue mi hora me gustaría tener una enfermera
como usted, pero una ley como la mía”. Por lo visto,
ésa persona a la que parece considerar una buena
profesional dejaría de serlo con una ley permisiva.
Por eso considera necesario que las leyes restrinjan
las opciones sobre como morir. Ya se sabe que
la libertad es siempre sospechosa de tender al
libertinaje.Los argumentos de la derecha reaccionaria,
en boca del PSOE
Vivir para ver. Tras conocerse que el PSOE se
abstendría y haría fracasar la proposición, cabía
esperar una explicación de su voto centrada en
la falta de oportunidad de la ley. La imagen que
los socialistas han trasmitido en el pasado es
que estaban a favor de la eutanasia pero, siendo
un debate complejo, todavía no era momento
de plantearlo. Sin sonrojo alguno han afirmado
reiteradamente que la sociedad española no estaba
todavía en condiciones de abordarlo con madurez.Pero nunca se habían manifestado en contra de la
eutanasia. Basta reparar en su posicionamiento
reciente en las iniciativas de varios parlamentos
autonómicos pidiendo al Gobierno la derogación del
143 y la regulación de la eutanasia. Especialmente
ilustrativa la intervención de Miren Gallástegui,
parlamentaria del PSOE en el Parlamento Vasco (ver
n.º 71 Revista DMD, pág. 11-14) quien, imagino, habrá
sentido vergüenza por la postura de su partido en el
Con estos antecedentes, nadie esperaba que su
falta de determinación política les llevara a utilizar
la tribuna del congreso para asumir los argumentosreaccionarios propios de la derecha clásica. Pero eso
exactamente hizo el diputado Gregorio Cámara en
nombre del PSOE. Comenzó su intervención con una
nueva alusión a que el derecho a la vida es esencial y
troncal puesto que sin él “los restantes derechos no
tendrían existencia posible”. Como ya he señalado,
lo que esta obviedad intenta trasmitir es la idea de
que la vida es siempre un bien máximo –sin él no
es posible ninguno– al que debe plegarse cualquier
otro; libertad y dignidad incluidas. La cuestión es
que la gran mayoría de la sociedad considera que la
vida es un bien evaluable por su titular y que, cuando
no reúne las condiciones mínimas de dignidad, el
derecho a vivir no puede convertirse en la obligación
de hacerlo. Lo cierto es que el Tribunal Constitucional,
al que invocó Cámara, no ha afirmado nunca esa
presunta obligación de vivir. Es más, en la sentencia
en que autorizaba al Estado a alimentar a los
presos del GRAPO en huelga de hambre, evitando su
muerte, la razón no era la prioridad de la vida sino la
obligación protectora del Estado con los GRAPO que
tenían una especial relación de sujeción por estar
encarcelados. En la propia sentencia, el tribunal
afirmó que la cuestión sería diferente en el caso de
ciudadanos en plenitud de sus derechos.
Continuó el diputado socialista con otra obviedad al
afirmar torticeramente que “son todavía muy escasos
los ordenamientos jurídicos que permiten la eutanasia
y el suicidio asistido”. Un recurso a la conocida falacia
naturalista: si las cosas son así es que así deben
ser. La idea que se desprendería es que si la mayoría
de países penalizan la eutanasia, la eutanasia debe
seguir castigada. La conclusión del comentario sobre la
escasez de leyes permisivas tiene claramente la misión
de evitar que el nuestro se sume a esa lista. En lo que
no parece haber reparado el diputado socialista es que,
históricamente, ha ocurrido así con todos los avances
en derechos; desde la abolición de la esclavitud hasta
el matrimonio entre personas del mismo sexo que su
partido legalizó y entonces, por cierto, eran muy pocos
los países que tenían una legislación similar.funcionan como completas mentiras. Por ejemplo
cuando dijo que la ley de suicidio médicamente
asistido en el estado de Oregón, fue declarada
inconstitucional por un tribunal federal. Cierto, pero
se le olvida que la ley fue finalmente aprobada en
referéndum por amplia mayoría de la población y
sigue en vigor 20 años después. No es honesto un
debate en que se induce intencionalmente a creer en
Sin salirse del guión antieutanásico, recurrió a la
autoridad de instituciones europeas haciéndoles decir
lo que no dicen. El Tribunal de Derechos Humanos que
cita (caso Pretty contra el Reino Unido), sentenció en
efecto que del artículo 2 de la Convención Europea no
puede deducirse que exista un derecho fundamental
a morir especular al derecho de vivir. Pero negar que
el derecho a morir sea en la legislación europea un
derecho fundamental de igual rango que el derecho a
vivir, no niega legitimidad a la eutanasia. La realidad
es que sobre la despenalización y regulación de la
eutanasia, la doctrina europea es que se trata de
una cuestión interna que compete a cada estado. No
que sean contrarias, sólo que no les compete. Las
instituciones europeas son, al respecto, neutrales.
Para un diputado, debería ser una prueba suficiente
de que las instituciones europeas no prohíben ni
desaprueban la eutanasia el que tres países en suLo que es muy difícil de entender es que al
representante de un partido que se dice progresista,
y ha dado pruebas de ello en el pasado, haga
falta explicarle que, en todo tiempo y lugar, el
reconocimiento de derechos ha sido siempre
dificultoso, ha requerido luchas muy duras de la
población y que cada país que ha logrado acceder a un
derecho ha originado un efecto llamada, el contagio,
en los de su entorno; un estímulo para el progreso.
Resistirse a estar entre los primeros aduciendo que se
trata de un debate “espinoso, complejo, necesitado de
aclaración” es propio de la derecha más reaccionaria.
No casa con la historia del PSOE.
Menos tolerable aún es que, para ilustrar lo
controvertido del tema deslice medias verdades queAplausos socialistas al discurso reaccionario de su portavozDMD | 17seno cuentan ya con leyes de eutanasia y suicidio
asistido y siguen perteneciendo a Europa. Ninguna
instancia europea, ni política ni jurisdiccional, ha
encontrado contradicción entre las leyes de eutanasia
en vigor y las de rango europeo.
En la misma línea de utilizar la opinión –tergiversándola
incluso– de instituciones de solvencia moral
reconocida para oponerse a la regulación de la
eutanasia, se alineó con la derecha al citar la opinión
de la Asociación Médica Mundial a favor de las tesis
antieutanásicas. No es posible que el señor diputado
ignore que la tal asociación no es sino un club médico
privado, de un marcado carácter conservador, por
cierto. Su opinión –respetable como cualquier otra–
sólo representa una forma, superada para muchos,
de entender la profesión médica. No puede, al menos
desde posiciones políticas progresistas, confundir
la opinión de los médicos con la de aquellos que
pretenden hablar en su nombre.
El intento de identificar muerte digna con el mero
ejercicio de los derechos ya reconocidos tampoco es
propio de un partido de izquierdas, que se supone
conoce el significado de la libertad. Cuando Gregorio
Cámara descubre que “la prioridad de nuestra
formación política es dotar a España de una buena y
evolucionada ley básica de muerte digna que todavía no
existe y del desarrollo de todos los servicios y recursosnecesarios en el Servicio Nacional de Salud para hacer
realidad, para hacer exigible el derecho a una muerte
digna en todo el territorio del Estado”, incurre en la
misma falacia tan común a la derecha. Primero, porque
los derechos que las leyes denominadas de muerte
digna, tanto las en vigor en CCAA como la del PSOE,
presentada por segunda vez en sede parlamentaria
en esta legislatura, no incluyen ningún derecho que no
esté ya reconocido en las leyes existentes, o los que se
presentan como nuevos son en realidad ficticios. Por
ejemplo: derecho a morir en una habitación individual…
si es posible. Derecho a la sedación terminal… si está
médicamente indicada. Derecho a recibir cuidados
paliativos… sin consignación presupuestaria para
implantarlos realmente… La falacia sigue por la
identificación de dignidad con un ejercicio parcial de
derechos, los ya reconocidos. No se puede asumir que
una muerte es digna sin libertad, con la imposición
externa del cómo y el cuándo puede uno morir.
Sin que aminore la responsabilidad contraída por el
PSOE al asumir una posición contraria a la eutanasia,
identificándose con la línea argumental de la derecha,
su representante cerró su intervención dejando
escapar la que parece ser la verdadera razón para su
bloqueo de la iniciativa: “Ustedes no han buscado el
consenso, si así fuera hubieran recurrido a nosotros
para presentar una iniciativa conjunta. Ustedes han
buscado ponerse la medalla tratando de humillar a
otros grupos de esta Cámara”. Mal estamos si para
evitar que otro grupo “se ponga una medalla” no se
tiene inconveniente en convertir en rehenes al 84% de
la sociedad. Mal, muy mal.Sin sorpresas con el PPCerró el turno de intervenciones, la representante
del PP, diputada Pilar Cortés. Aunque buena parte
de su argumentario clásico había sido expuesto por
Ciudadanos y –lamentablemente– por el PSOE, hizo
algunas aportaciones que merecen un comentario.
Algunas falacias pueden resultar muy convincentes
para quien no tiene una preparación específica en el
tema. Nuestra obligación, como colectivo interesado
en la seriedad del debate, es descubrirlas.Panel de votaciones: la responsabilidad de la abstención18 | DMDPor ejemplo, cuando afirma que “en la eutanasia
están comprometidos derechos fundamentales como
el derecho a la vida y a la integridad física y moral, los
principios de la dignidad humana y el libre desarrollo
de la personalidad, el valor de la libertad, la libertad
ideológica y religiosa”, dice verdad. Tanto la libertad
en sí misma, como la ideológica y religiosa, el libre
desarrollo de la personalidad, la integridad no sólo
física, también moral, son desde luego elementos
imprescindibles que configuran la dignidad personal.
Lo que la señora Cortés hace es retorcer o, más bien,
pervertir el argumento porque no es la legalización
de la eutanasia la que pone en riesgo la libertad y
ese conjunto de bienes. Es todo lo contrario: es laprohibición y penalización de la eutanasia la que
cercena la libertad, impide el libre desarrollo de la
personalidad, y destruye la integridad moral de aquel
a quien se obliga a vivir en contra de su dignidad.
En otro momento de su intervención afirmó que la
sociedad está dividida entre “quienes afirman que la
capacidad de autodeterminación del ser humano es
total y absoluta, de manera que estaría legitimado
para ejercer esa libertad y decidir poner fin a la propia
vida” y otros “que entienden que la vida se debe
administrar autónomamente, pero esa capacidad
de autodeterminación no se puede traducir en una
disponibilidad absoluta”. No hace falta decir que
cada cual –precisamente en uso de su libertad–
puede adscribirse a uno u otro grupo. Desde luego
parece claro que ella y su partido se sitúan entre
los que creen que la vida “se debe administrar”,
una expresión clásica de la moral religiosa: la vida
es de dios, no somos propietarios de ella, sólo
administradores. La consecuencia de esa condición
de meros usufructuarios de la vida es que no nos
corresponde una “disponibilidad absoluta”. Digámoslo
una vez más: esa creencia es legítima. Lo que pasa
con las creencias es que tienen un carácter individual
y no pueden imponerse a los demás.
El resto de la intervención dejó algunas perlas
que podrían muy bien figurar en una antología
del disparate. Por ejemplo cuando preguntó a los
diputados: “Si un ciudadano español decidiese
vender su cuerpo y dedicar su vida a la esclavitud
¿permitirían que fuese un esclavo o una esclava?
¿Querrían que elaborásemos una ley que regulase y
despenalizase otra vez la esclavitud?” Una verdadera
boutade asimilar la condición de esclavo con la de
quien decide poner fin a una vida, desprovista de
dignidad, la suya, precisamente en uso de su libertad.
Hay que ser muy torpe o muy malvado para identificar
las dos situaciones. Por no hacer referencia a qué tipo
de ideologías justificaron durante siglos la esclavitud y
cuáles lucharon contra ella hasta abolirla.
Otra perla: “Si reconocemos el derecho de una persona
a obtener ayuda a la hora de morir, simétricamente
estamos creando para otra persona una obligación de
matar, señorías”. La diputada debía saber sin duda que
el contenido de la ley no obliga a nadie a participar en
una eutanasia. Es de suponer que la habrá leído. En un
debate serio no es admisible mentir y esa afirmación
es, directamente, mentira.
Aunque ya habían sido apuntados por otros
intervinientes, la diputada del PP, trató con más
detenimiento dos clásicos. El primero, el daño que la
aprobación de la eutanasia haría a la profesión médica:
“Por mucho que intentemos negarlo, se produciría un
cambio en el rol del médico o en la imagen profesional,
porque ese médico que está obligado a curar y a mitigarel dolor pasaría a convertirse, señorías, en ejecutor de
muertes cuasi oficiales”. Por más que intente hacer
aparecer al médico que practica una eutanasia como
un ejecutor, un verdugo, la experiencia demuestra que
son precisamente los médicos más generosos, más
comprometidos, los que ponen el interés y la libertad
de la persona enferma por delante de su tranquilidad.
Por otra parte, no se entiende por qué se opone tanta
resistencia a que el listado de médicos objetores a la
eutanasia sea de conocimiento público. Sería la forma
de dejar patente a potenciales pacientes aquellos
médicos que mantienen ese rol hipocrático que la
diputada parece identificar con la mejor praxis. Lo cierto
es que, a tenor de las encuestas publicadas, más
parece que el 84% de las personas que enfrenten su
muerte agradecerá que su médico no sea objetor.
El otro pseudoargumento al que me refería es el
clásico de la pendiente resbaladiza, una falacia
dialéctica que se conoce precisamente con ese
nombre y que consiste en suponer que si se permitiera
legalmente una conducta que, desde el punto de
vista moral no resulta rechazable, se produciría una
cascada de acontecimientos delictivos y contrarios a
los intereses de la sociedad. Lo describió muy bien
la diputada: “Su legalización llevaría en la práctica
a la eutanasia no solicitada […] Podemos correr el
riesgo de que, una vez legalizada la eutanasia en
caso de solicitud voluntaria, el clima social pueda
deslizarse hacia una aplicación en casos de enfermos
inconscientes o incapaces que no hayan expresado
esa autorización”. Lo expresó con toda claridad el
Tribunal Supremo de Canadá en la sentencia que obligó
al gobierno a despenalizar y regular la ayuda médica a
morir cuando dijo que además de resultar inaceptable
que se impida el ejercicio de un derecho basándose en
meras suposiciones, resulta que la ya larga experiencia
en países como Holanda no ha demostrado que
esos temores se cumplan. Por mi parte, preguntaría
a la representante del PP si estaría de acuerdo en
prohibir por ley todas las actividades humanas que
tienen acreditada (no sólo sospechada) su capacidad
para deslizarse hacia conductas delictivas, desde
la pederastia a la corrupción urbanística, por poner
ejemplos. Seguro que no lo estaría.
Finalmente, sus señorías votaron y rechazaron el
proyecto. La eutanasia seguirá en la clandestinidad
y su práctica sin garantías. También en el morir
seguirá dándose la injusticia de que sólo quienes
dispongan de fuerza y recursos económicos para
ello podrán, legalmente, recurrir al exilio –que no
turismo– eutanásico en Suiza. La experiencia histórica
demuestra que la prohibición de una conducta que
responde a una necesidad no impide la conducta; la
hace insegura y desigual.
Se ha perdido una batalla, sin embargo la guerra
DMD | 19Las leyes
de muerte digna:
Fernando Marín"Gatito, gatito", dijo Alicia tímidamente, "¿te importaría
decirme, por favor, qué camino debo tomar desde aquí?".
"Eso depende en gran medida de adónde
quieres ir", dijo el Gato.
"¡No me importa mucho adónde...!", dijo Alicia.
"Entonces, da igual la dirección".“Si hay una prioridad en la política sanitaria y una
prioridad en la política sanitaria de Ciudadanos es y
será siempre acabar con el sufrimiento de nuestros
pacientes”. Así comenzó su exposición el diputado
de C’s que presentó en el Congreso su propuesta
de ley de derechos y garantías de la dignidad de la
persona ante el proceso final de su vida, un texto
que, al ser un copia y pega de las nueve leyes
autonómicas ya aprobadas, otros grupos denominaron
ley Frankenstein.
Como si estuviéramos en la película del día de la
marmota, el debate nos introdujo en un túnel del
tiempo, que nos trasladaba a la ley andaluza de
muerte digna de 2010. Después, ocho CCAA más han
hecho leyes similares y otras cuatro están en ello. Por
si fuera poco, el Congreso también se apunta a esta
moda con la ley de C’s y otra del PSOE, pendiente de
20 | DMDLo que la ciudadanía quiere es poder decidir su finalAcabar con el sufrimiento de los pacientes es un
deseo tan absurdo como un hospital sin dolor o, ya
puestos, sin enfermedades. Del dicho al hecho hay
un trecho, que pareciera que los políticos ignoran. Las
leyes de muerte digna comparten un grave error de
partida (no conocer cómo morimos), confunden los
medios (paliativos) con los fines (la buena muerte),
no disponen de herramientas para la evaluación de
sus propuestas y se estrellan con la contradicción de
defender la libertad sólo a medias.
Son un compendio de declaraciones de buenas
intenciones que no parten de un análisis mínimamente
riguroso de la realidad. Para avanzar es imprescindible
ir más allá de lugares comunes como las afirmaciones
genéricas sobre “lo mal que murió mi vecino”, la
poca información que reciben los pacientes, el uso
desproporcionado de la tecnología y los tratamientos
o la obstinación terapéutica de los profesionales (a
veces consecuencia de las demandas ilimitadas de
los ciudadanos), la confusión entre dolor y sufrimiento
al final de la vida o algunas cifras poco contrastadas
sobre las necesidades de asistencia paliativa. Como
dijo el diputado de C’s, es verdad que demasiadas
personas mueren mal, demasiados enfermos de
cáncer reciben una quimioterapia durante sus últimas
semanas que empeora su calidad de vida sin aumentarde esta ley, que elabore una lista de indicadores y
que se evalúe periódicamente el cumplimiento y el
alcance de nuestra ley”, decía C’s. Muy bonito, pero
para eso el Ministerio ya dispone de medios como
la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos y del
Consejo Interterritorial y una ley mal planteada que
invade competencias de las CCAA no tiene futuro.
Curiosamente, la comunidad con total cobertura de
paliativos y más números testamentos vitales, que es
Cataluña, no dispone de ley de muerte digna.Las leyes de muerte digna
desconocen cómo morimos,
confunden los medios
–paliativos­– con los fines
–la buena muerte– no evalúan
su impacto real y limitan
la libertad del individuosu supervivencia y demasiados enfermos terminales
son reanimados o ingresados en la UVI. Pero ¿De
cuántas personas hablamos? Y, sobre todo, ¿Por qué
ocurre esto? ¿Cuáles son las razones de la mala
muerte? Mientras no tengamos estas respuestas,
si desconocemos de dónde partimos, es imposible
saber qué se pretende conseguir y, por supuesto, nada
de esto va a cambiar porque lo diga una ley, ya sea
autonómica, estatal o europea.
Las leyes de muerte digna confunden los medios con
los fines. Existe un derecho al alivio del sufrimiento,
pero no a los cuidados paliativos (CP), que no son
un objetivo, sino un medio, que debe ser evaluado.
Porque también se puede morir mal con CP. La ley
de muerte digna no puede ser ajena al contexto de
precariedad del sistema sanitario. Para no hacer
leña del árbol caído, el desarrollo de los CP no puede
hacerse a costa del deterioro de la atención primaria,
verdadera protagonista de la asistencia al final de la
vida. Por eso, solicitar paliativos para todo el mundo
y apoyar los recortes en la sanidad pública es una
incongruencia de suma cero.
“En España se legisla con mucha facilidad y se incumple
la ley con más facilidad. Nosotros queremos que el
Ministerio de Sanidad sea garante del cumplimiento¿Se muere mejor en Cataluña que en Andalucía? No
lo sabemos, por eso necesitamos herramientas como
el Observatorio de la Muerte Digna que valoren la
calidad de la muerte y proponga medidas de mejora
cuya eficacia se pueda comprobar posteriormente.
Los médicos son los máximos responsables de los
éxitos y de los fracasos del sistema sanitario. Pero
la mala muerte es una experiencia compleja que
no se resuelve con una enumeración de derechos
y obligaciones en una ley, ni con amenazas de
sanciones a los profesionales. La responsabilidad
es compartida con la población, que niega la muerte
y demanda una asistencia ilimitada que facilita la
obstinación diagnóstica y terapéutica. El reto del
Observatorio es valorar cómo se atiende el proceso
de morir, como una herramienta de mejora que, en
lugar de juzgar a los profesionales, valore el trabajo
bien hecho y marque las pautas para aumentar la
calidad de muerte. En el debate sobre la ley de C’s,
el diputado del PSOE habló del Observatorio, que no
aparece en su ley, ni lo han puesto en marcha en las
CCAA donde gobiernan, pero bueno, bienvenido sea.
Finalmente, la gran contradicción de las leyes de
muerte digna está en su supuesta defensa de la
autonomía de cada persona, pero excluyendo la
libertad de morir. Entonces ya no; en ese caso que
“se busque la vida” y se suicide o busque un amigo
que le ayude a morir y asuma el riesgo del castigo
del Código Penal. El diputado de C’s puso de relieve
esta contradicción al citar a Inmaculada Echevarría,
la mujer que hace diez años murió voluntariamente
tras rechazar la máquina que la mantenía con vida.
DMD | 21Que la vida sea disponible sólo cuando depende de
un tratamiento, pero no con una muerte asistida
libremente elegida es un absurdo, máxime en
una Cámara de representantes que, a diferencia
de las CCAA, si tiene capacidad para modificar el
ordenamiento jurídico.Con la eutanasia penalizada,
hablar de dignidad y libertad en
el morir es sólo un brindis al sol
Lo que necesitamos no es una ley, sino una cultura
de la muerte digna que promueva su afrontamiento
desde la infancia a la vejez. Una educación sobre la
muerte desde la escuela, fomentar la responsabilidad
de los ciudadanos sobre su salud, que la gente
conozca el testamento vital, investigar el proceso
de morir y definir qué es una buena muerte, de una
forma operativa para poder valorarla, situarla como un
objetivo más con indicadores de calidad asistencial y
respetar las decisiones de cada persona.¿Tan difícil es de comprender?Mientras no se regule la eutanasia, las declaraciones
sobre la dignidad y la libertad serán un brindis al sol.
Los diputados del PP y C’s lo saben, pero como en una
sociedad plural no se puede defender que el valor de
la sacralidad de la vida se imponga a todo el mundo,
utilizan subterfugios como la ley de muerte digna y los
cuidados paliativos. A los diputados del PSOE no hay
quien les entienda, pero todavía tenemos esperanza
de que en esta legislatura apoyen que la eutanasia se
debata en el Congreso. Esperemos que así sea.Se reclama que la ley permita el diseño autónomo de la propia vida y muerte22 | DMDLos avatares políticos
Fernando PedrósRamón Sampedro inició el debate sobre el sentido de la dignidad en la muerteEl rechazo en el Congreso del proyecto de ley de
eutanasia de Unidos Podemos por la abstención del
grupo socialista y del de Ciudadanos me lleva a recordar
otros traspiés legislativos sobre la misma cuestión
en tiempos de democracia. Cuando leí los programas
electorales de finales de 2016 y más adelante vi que
una coalición política se atrevía a trabajar por una ley
de eutanasia, confié que otros partidos se decidirían a
entrar en el diálogo, pero la historia volvía a repetirse
y esta vez el PSOE no daba un “no”, pero suavemente
con una abstención no aceptaba la invitación al diálogo
sobre la eutanasia que se le ofrecía.Ya en 1994 un congreso
internacional de juristas en
Málaga declaró necesaria la
Reforma de 1995: se esfuma una ilusiónLa reforma legal del artículo 143 del Código Penal
(CP) que castiga con penas de prisión la ayuda al
suicidio y la eutanasia siempre ha sido el objetivo
prioritario de la asociación DMD. Al año siguiente de
su fundación (1984) celebró en Barcelona un acto denotoria importancia por la gran aceptación de público
que tuvo y por su resonancia en los medios. En una
mesa redonda se reunieron penalistas, filósofos,
una fiscal y un médico de medicina legal sobre el
tema “El derecho a morir dignamente y la reforma
del Código Penal”. Desde sus inicios DMD sabía
y lo manifestaba públicamente que “los médicos
forman un cuerpo fuerte, con gran poder social y es
posible que se nos opongan. Muy probablemente lo
harán el partido conservador y algunos miembros
de la iglesia católica”. No obstante tanto Pániker
como Teresa Betancor –presidente y vicepresidenta
de la asociación– en diferentes artículos de prensa
manifestaban que España tenía todavía con la
reforma del CP “la oportunidad histórica de ser el
primer país que conceda al ser humano la plena
posesión de su destino”. Para ello se estudió y se
preparó un texto alternativo al entonces vigente
art. 409 CP. A comienzos de 1993 se publicó el
Manifiesto, inspirado por DMD y en la misma línea
de la enmienda presentada a los partidos políticos.
Apoyados en el derecho humano a decidir sobre
la propia muerte los firmantes solicitaban que “se
autorice la ayuda a morir de forma indolora a quienes
así lo hayan solicitado” de entre los enfermos en
situación irreversible de sufrimiento o dolor. Eran 58
firmantes entre intelectuales y personas de la cultura.
Como aportación a la reforma del CP el Grupo de
DMD | 23Una muerte en soledad y tecnificada no es una muerte dignaLa comisión sobre la eutanasia y el derecho a una muerte
digna del Senado fue un fracaso: ni se debatieron las cuestiones
de la agenda de trabajo, ni se llegó a ninguna conclusión
Estudios de Política Criminal (GEPC), integrado por
un numeroso grupo de catedráticos y profesores de
Derecho Penal, magistrados y fiscales, emitió un
“Manifiesto a favor de la disponibilidad de la propia
vida”. Al año siguiente 1992 este colectivo de juristas
y magistrados presentó una “Propuesta alternativa
al tratamiento jurídico de las conductas de terceros
relativas a la disponibilidad de la propia vida”. No hay
que olvidar que en pleno trabajo de la reforma en abril
de 1993 Ramón Sampedro empezó su reclamación
judicial de tribunal en tribunal a favor de que quien
le ayudase a morir no fuera perseguido, y que en
noviembre de 1994 hubo en Málaga un encuentro
internacional de juristas que declaró necesario
despenalizar la eutanasia. Era, pues, un toque de
aviso a los parlamentos europeos, pero sobre todo
al español, para que la reforma que se iba a abordar
tuviera un enfoque liberalizador.
Como la espera se hacía larga y sospechosa
Teresa Betancor en una tribuna en El País (2.3.94)
manifestaba la postura de la asociación DMD ante
el largo silencio del gobierno y del ministro Belloch
respecto a la reforma de la norma sobre la eutanasia.
También aludía a la necesidad de atender la demanda
social manifiesta en las encuestas y a la sentencia
de la Audiencia de Barcelona sobre el caso Ramón
Sampedro en que tanto el tribunal, en su sentencia,
como el fiscal urgían al gobierno a que atendiese
a la nueva sensibilidad social y rellenase el vacío
legal existente respecto a la eutanasia, modificando
el artículo que impide la ayuda al suicidio. Esta
24 | DMDsentencia provocó un sonoro pleno del Congreso en
que se vivió el careo político de Pilar Rahola, portavoz
de un grupo parlamentario que urgía la legalización de
la eutanasia, con el ministro de Justicia Belloch.
A pesar de que en diciembre de 1992 se había
aprobado en Holanda una ley en que se describían
los pasos que el médico debía dar para notificar una
muerte por eutanasia, los socialistas españoles no se
atrevieron a dar un paso adelante, aunque el mismo
ministro Belloch confesaba en el Congreso que el
gobierno consideraba “insatisfactoria” la regulación
del CP respecto a la eutanasia activa. La diputada
Pilar Rahola había pedido en su propuesta y discurso
parlamentarios que se aprobase una ponencia para
entablar un debate “por encima de las dialécticas
políticas” y resolver el vacío legal. Debemos tener
en cuenta –decía– que “no dejarán de existir
llamadas de auxilio como la de Ramón Sampedro,
moderadas y maduradas a través de 25 años de
una existencia sin mínimos de dignidad”. El ministro
asentía con Rahola que las encuestas de opinión
mostraban una creciente demanda social para una
regulación apropiada, pero ante los riesgos de una
despenalización el gobierno se decidía por la pena
Con la aprobación en el Congreso del art. 143 CP
(1995) se evidenciaba la postura timorata del PSOE
en la presentación del texto de reforma y la de otras
formaciones políticas en el debate parlamentario.
Hubo dos posturas radicalmente enfrentadas:Federico Trillo (PP) solo aceptaba la rebaja de penas
para la eutanasia activa y Diego López Garrido (IU)
pedía la despenalización absoluta de la eutanasia
activa. Carmen del Campo, diputada del PSOE,
defendió una posición tímida que derivaba en
una negativa al cambio. Solo, pues, IU asumió la
enmienda de DMD.El revuelo del caso Sampedro y la comisión
senatorialEl único planteamiento formal y crítico sobre la
eutanasia que podía haber sido significativo se dio
en 1998. El revuelo mediático y de opinión pública
que provocó la muerte de Ramón Sampedro llevó al
PSOE, en la oposición, a criticar al PP por no decidirse
a regular las conductas eutanásicas y exigir en el
Congreso una comisión de estudio. Los populares
hábilmente aceptaron la comisión, pero en el Senado
donde dominaban el espacio político. En marzo de
1998 se constituyó la llamada Comisión Especial
de estudio sobre la eutanasia y el derecho a una
muerte digna, y casi en enero de 2000 se clausuraba
habiendo celebrado solo 13 sesiones en que
comparecieron 38 personas de los 120 intervinientes
invitados. No se discutió ninguna de las cuestiones de
la agenda de trabajo, no se llegó a ninguna conclusión
a no ser la de solicitar al CIS una encuesta de
opinión, exigida por los socialistas.
El programa electoral del PSOE (2004) se atrevió
a hacer una promesa: “promoveremos la creación
de una Comisión en el Congreso de los Diputados
que permita debatir sobre el derecho a la eutanasia
y a una muerte digna”. Muy probablemente esta
promesa era posible porque el partido no esperaba
vencer en las urnas. La realidad fue que el PSOE pudo
formar gobierno y dominó el espacio del parlamento,
pero en la legislatura del 2004 a 2008 el gobierno
socialista ni siquiera aludió a abrir camino al debate
de la eutanasia. Es más, si el 14 de marzo fue el
triunfo electoral, seis meses más tarde la ministra de
Sanidad, Elena Salgado, afirmaba en el Congreso de
los Diputados que “no se ha producido en la sociedad
el necesario debate en profundidad, ni tampoco
existe una demanda real”. De esta manera justificaba
la postura del gobierno que no tenía intención de
estudiar la regulación de la eutanasia.
Llegado el momento de la preparación del nuevo
programa en vísperas de las elecciones de marzo
de 2008, la eutanasia fue un tema de litigio. Entre
las enmiendas a un texto previo de ponencia del
congreso socialista (julio de 2008) había una que,
tras hablar de los testamentos vitales y de la
sedación paliativa, proponía que “en los próximos
años, a medida que los anteriores componentes
del derecho a la dignidad del proceso de muerte
se hayan consolidado, la sociedad debería abrir el
debate hacia la posible regulación legal del derechode los pacientes afectados por determinadas
enfermedades terminales o invalidantes a solicitar
de los profesionales una intervención más activa que
la descrita en los párrafos anteriores para garantizar
su derecho a una muerte digna”. Pero el congreso
socialista trató el tema con guante blanco y, una vez
ganadas las elecciones, el jefe de gobierno catalogó
la cuestión eutanásica como tarea sine die del PSOE
y quedaba otra vez fuera de calendario.El ministro Bernat Soria
quiso abrir el debate; al salir del
gobierno nos dejó en herencia
una gran encuesta del CIS
Hubo, sin embargo, un momento en que personalmente
pensé que por fin el PSOE se decidía a que llegase el
día E para la eutanasia. Casi por sorpresa el ministro
de Sanidad, Bernat Soria, a la vuelta de vacaciones
del verano del 2008 hablaba de que en unos meses el
tema de la eutanasia iba a ser materia de un debate
público. La eutanasia que había quedado en varias
ocasiones arrinconada y fuera de agenda política,
parece ser que iba a ser tema de deliberación política.
Dados los vaivenes socialistas quedaba el dilema de
si era un anuncio en serio o un eslogan político. El
presidente del Gobierno en el programa de TV1 “Tengo
una pregunta para Vd”. lo aclaró diciendo que el tema
de la eutanasia no iba a entrar en esta legislatura. Al
parecer, al Gobierno no le gustó ni la propuesta de la
supuesta Comisión Soria ni que este encargase al CIS
una encuesta bien desglosada acerca del problema
de la eutanasia que nunca fue comentada por el
gobierno o aparato socialista. Y casi a continuación
de la dimisión de Soria la nueva ministra de Sanidad
y Política social, Trinidad Jiménez, a los pocos días de
ser nombrada en una entrevista a un diario daba las
razones de la nueva desaparición de la regulación de la
eutanasia de la agenda política socialista. Reconocía la
ministra que en el último congreso del PSOE se había
aprobado una moción para avanzar en el tema, pero
–en su opinión o en la del presidente del Gobierno–
“no existe un clima social que demande ese tipo de
legislación”. A simple vista la postura socialista era la
misma, aunque esta vez el estribillo de ayer –falta de
demanda social– cambiaba ahora a que no hay “clima
Las palabras de Zapatero en el plató de TV tuvieron
repuesta de DMD. El presidente entonces de DMD
Salvador Pániker, en contestación a Zapatero dijo ese
mismo día a los medios de prensa que “la sociedad
española está madura para regular la eutanasia, pero no
los políticos”. A su juicio, el ejecutivo “se ha desgastado
mucho frente a la Iglesia en cuestiones como el aborto
DMD | 25era derrotada por 293 votos en contra, 18 a favor y 5
abstenciones. De esta manera el Congreso rechazaba
con los votos de PSOE, PP y CiU y las abstenciones
de PNV admitir a trámite un proyecto legislativo en
que estuviera “exento de pena quien, mediante
actos necesarios o de cooperación activa, permitiere,
propiciare o facilitare la muerte digna y sin dolor de
otra persona, a petición expresa, libre e inequívoca de
ésta, en caso de que sufriera una enfermedad grave
que hubiera conducido necesariamente a su muerte
o le produjera graves padecimientos permanentes y
difíciles de soportar”. El diputado Cervera, portavoz
del PP, manifestó que la propuesta era una “iniciativa
oportunista que no forma parte de las preocupaciones
y prioridades de los españoles”, que “los ciudadanos
ya tienen reconocido el derecho a una muerte digna”.
La diputada socialista y vicepresidenta de la Comisión
de Sanidad, Pilar Grande, esquivaba todo compromiso
con la excusa de que no era “el momento oportuno
para plantear el debate y es necesario un debate
sostenido en el tiempo con todos los operadores
jurídicos, científicos, asistenciales e institucionales”.Muerte digna, pero sin libertadBernat Soria: intento fallidoy el matrimonio homosexual”. Sin duda el gobierno de
Zapatero y el grupo parlamentario socialista tuvieron
una preocupación por los derechos civiles y valores
constitucionales. Se aprobaron leyes sobre el matrimonio
homosexual, sobre procesos de separación y divorcio,
reproducción asistida, derecho de transexuales y el
cambio de sexo en el registro, ley de dependencia, etc.
Es curioso que días antes de la aprobación de la ley de
regulación del matrimonio homosexual el CIS publicaba
una encuesta en que el 66 por ciento de la población
apoyaba dicha legalización. Sin embargo, la encuesta
(2009) sobre las conductas eutanásicas con unos
porcentajes superiores no tuvo unas consecuencias
parecidas. Los principales incumplimientos electorales
de Zapatero fueron la reforma de la ley de supuestos del
aborto de 1984 que debía transformarse en una ley de
plazos y la legalización de las conductas eutanásicas que
Los socialistas, al estar en el gobierno siempre se
han mostrado tímidos y con reticencias respecto a la
eutanasia. Y su mentalidad confusa ante las conductas
eutanásicas y su miedo les ha llevado a lo largo de dos
legislaturas de 2004-2011 a rechazar un buen número
de iniciativas y propuestas que grupos minoritarios de
izquierda han presentado. A manera de modelo para
analizar el comportamiento socialista traeré a colación
uno de los impulsos parlamentarios por regular la
eutanasia. La propuesta de ERC, apoyada por IU e ICV,
26 | DMDLos socialistas salieron del gobierno dejando tachada la
eutanasia de un plumazo. El vicepresidente Rubalcaba
presentó el proyecto de Ley de Cuidados Paliativos y
Muerte Digna que regula el derecho de los enfermos
terminales “a morir sin dolor”. Este era el punto final de
dos legislaturas desaprovechadas y del escaso recorrido
ético de los socialistas en el tema de la muerte
digna. Este proyecto que al poco tiempo, terminada
la legislatura, quedó archivado, el grupo socialista
volvió a presentarlo en 2015 y ahora recientemente
ha sido reflotado con pocas variaciones y registrado
en el Congreso. Y el último eslabón de esta cadena
de episodios socialistas ha sido la abstención en la
toma en consideración del proyecto de ley de eutanasia
presentado por Unidos Podemos, última expresión del
“no” socialista a las conductas eutanásicas.
Respecto a esta etapa más actual, me limito a
reproducir la voluntad socialista manifestada en su
último programa electoral: “Promulgar una ley de
muerte digna y de cuidados paliativos. Si en la próxima
legislatura hay un consenso al respecto, abriremos
el debate sobre la eutanasia” (PSOE, programa
electoral 2015). Han cumplido los socialistas con su
promesa presentando su ley de muerte digna, pero
queda pendiente la segunda parte. En mi opinión no
importaba que el texto de Unidos Podemos no fuera
su texto, pero como toda propuesta pide diálogo –el
parlamento se inventó para hablar, deliberar, confrontar
y caminar hacia el consenso– los socialistas tenían
ya abierto el diálogo y el debate… Y con el diálogo
se iniciaba la confrontación dialéctica y el debate
y, además, la posibilidad de enriquecer el texto y el
reconocimiento del ejercicio de la libertad ética del
ciudadano ante la muerte.Luis Javier RodríguezLa votación del Pleno del Congreso impidiendo el
debate sobre la Eutanasia evoca el recuerdo de una
anécdota citada en un libro muy recomendable1:
“Un hombre está preocupado porque su mujer se está
quedando sorda, y decide consultar a un médico. El
médico le sugiere que realice una prueba muy simple
con ella cuando estén en casa: que se coloque detrás
y le pregunte algo, primero desde lejos, luego a unos
tres metros y finalmente muy cerca de ella.
El hombre llega a casa y ve a su mujer trasteando en
la cocina, cara a los fogones.
—¿Qué hay para cenar? —pregunta desde la puerta.
—¿Qué hay para cenar? —repite después de
aproximarse un poco.
Sigue sin haber respuesta. Finalmente, se coloca
justo detrás de ella y pregunta:
—¿Qué hay para cenar? La mujer se vuelve y grita:
—Por tercera vez: ¡pollo!”.1 Cathcart, Thomas, y Daniel Klein. Platón y un ornitorrinco entran
en un bar.DMD | 2728 | DMDEn SIETE parlamentos autonómicos en los últimos
años se votaron iniciativas para despenalizar la
eutanasia y el suicidio asistido.Dada la mayoría parlamentaria cabría suponer que en
las Cortes Españolas se pudiese llegar a discutir el
tema por lo menos, en correspondencia con lo votado
en las comunidades autónomas.No fue así. La abstención contradictoria de la
representación del PSOE en el Parlamento Español
fue decisiva e impidió tener la mayoría necesaria
ni siquiera para discutir la proposición de ley sobre
eutanasia.Vistas y oídas las explicaciones de sus señorías, para
tratar de justificar su sordera ante la realidad objetiva
y el clamor ciudadano, cabe decir :
¡Ya os vale señorías ! ¿Hasta cuándo?Como resultado de este trabajo, el pleno del
Ayuntamiento de Iruña-Pamplona acordó una serie de
medidas concretas:1. P
 ara ello, sería necesario sensibilizar y formar
a los trabajadores municipales y realizar
campañas divulgativas entre la ciudadanía.El Ayuntamiento
Redacción DMDA raíz de la Jornada Municipalista celebrada el
2 de noviembre de 2016 entre representantes
territoriales de DMD y el Ayuntamiento de
Barcelona, para reflexionar sobre el papel de
los ayuntamientos en lo relativo al derecho de
los ciudadanos a morir dignamente, algunas de
nuestras organizaciones están trasladando a sus
corporaciones municipales las conclusiones de
aquellas jornadas. Fruto de este trabajo político
es el compromiso de algunos ayuntamientos,
sensibilizados con los derechos humanos, de llevar
a cabo diversas actuaciones a favor del derecho
ciudadano a una muerte digna.
Desde la asociación de DMD en Navarra han
iniciado un proceso de comunicación con diversos
representantes de los municipios de la Comunidad
Foral trasladándoles algunas sugerencias para que
el derecho a morir dignamente sea reconocido para
todos los ciudadanos. Por su cercanía, la implicación
municipal es crucial para dignificar la vida de las
personas hasta el final. Aunque sometidas a las
restricciones de carácter legal que impone el Código
Penal, los ayuntamientos tienen competencias para
facilitar el ejercicio de derechos ya reconocidos en
relación con la muerte. Sobre todo en lo que se
refiere a la pedagogía ciudadana sobre tales derechos
y, muy especialmente en lo relativo al testamento vital
como instrumento para definir la manera en la que las
personas quieren morir.2. C
 olaborar en la difusión del Testamento Vital.
Incluyendo en la página web municipal el
acceso directo a los distintos modelos de
3. F acilitar desde las Oficinas de Atención
Ciudadana la información necesaria para
ayudar a tramitar y registrar el Testamento
 romover desde los distintos servicios
municipales el acceso y solicitud al Testamento
Vital de las personas usuarias.5. R
 ecabar información sobre cómo muere
la ciudadanía en el ámbito municipal, para
elaborar propuestas de mejora.6. P
 romover colaboraciones con la Universidad
Pública de Navarra para facilitar trabajos de
investigación sobre este tema.7. F ormar parte de una Red de Municipios por la
Muerte Digna, que pueda constituirse.Desde la AFDMD invitamos a nuestras organizaciones
en el ámbito municipal a promover iniciativas en este
sentido, a colaborar en la puesta en marcha de las
diversas medidas y al seguimiento de los avances en
el cumplimiento de los compromisos. Sin olvidar, por
supuesto, la apertura y mantenimiento del debate
más trascendente: la reivindicación de la eutanasia y
el suicidio asistido en el marco de la disponibilidad de
DMD | 29La intensa actividad política desarrollada
por DMD-Catalunya durante los últimos
meses ha dado algunos frutos: el pleno
del Parlament ha aprobado presentar al
Congreso de los Diputados la reforma del
artículo del Código Penal que actualmente
penaliza la eutanasia y la ayuda al suicidioEl Parlament de
Catalunya puede
Grupo Incidencia Política de DMD CatalunyaDebate del 26 de abril en el Parlament desde la tribuna de invitados con nutrida representación de DMDEl 18 de enero, el mismo día que Podemos registraba
en el Congreso de los Diputados su Propuesta de
ley sobre la eutanasia, los partidos catalanes Junts
pel Sí (JxSí), Catalunya Sí Que es Pot (CSQP), el
Partit Socialista de Catalunya (PSC) y la Candidatura
d’Unitat Popular (CUP), registraban en el Parlament,
a instancias de DMD-Catalunya, la “Propuesta para
presentar a la Mesa del Congreso de los Diputados
la Proposición de ley de reforma de la Ley orgánica
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de
despenalización de la eutanasia y la ayuda la suicidio”
El 26 de abril, el Pleno del Parlament debatió la admisión
a trámite de esta Propuesta frente a la enmienda a la
totalidad presentada por el Partido Popular de Catalunya
(PPC). La votación de dicha enmienda ha obtenido solo 9
votos a favor del PPC frente a los 92 votos en contra de
los proponentes y 24 abstenciones de Ciudadanos. Por
30 | DMDlo tanto esta iniciativa continúa su tramitación hacia el
Este ha sido un punto álgido del largo camino que
DMD-Catalunya empezó a recorrer, como explicamos
en revistas anteriores, a principios de 2015.
Ya la Mesa Redonda de Partidos organizada el
22 de junio de 2015 permitía prever una futura
mayoría parlamentaria en Catalunya favorable a la
despenalización de la eutanasia. Pero esta decisión
queda fuera del alcance de las Instituciones
catalanas, puesto que ello supone la modificación
del Código Penal, y esta es una competencia
exclusiva del Congreso de los Diputados.
Lo máximo que puede hacer el Parlament es
presentar a la Mesa del Congreso una Proposición deLey de modificación de dicho Código Penal. Y este ha
sido el objetivo hacia el que hemos trabajado.
Queremos destacar algunas particularidades
importantes del camino elegido y de la relación de
DMD-Catalunya con los grupos políticos:
Como explicaba Miguel Ángel Presno en la Revista
número 71, algunos Parlamentos autonómicos
(Euskadi, País Valencia, Navarra y Asturias) se han
definido a favor de la despenalización instando
al Gobierno estatal a que presente un proyecto
de ley orgánica de reforma del código penal que
despenalice el suicidio asistido y la eutanasia. Estas
iniciativas de gran interés tienen, institucionalmente,
un corto recorrido, ya que el Gobierno estatal puede
desestimar la instancia sin tener que dar siquiera
En Catalunya, elegimos acogernos al artículo 87.2 de
la Constitución: “Las Asambleas de la Comunidades
Autónomas podrán (…) remitir a la Mesa del Congreso
una Proposición de Ley, delegando ante dicha
Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea
encargados de su defensa”.
Una ventaja de esta vía es que, si es admitida a
trámite en el Congreso, aunque haya posteriormente
cualquier cambio de legislatura, el debate de la
Proposición de Ley se traslada automáticamente a la
nueva Cámara después de las elecciones. Así que,
tarde o temprano, deberá discutirse en el Congreso
Acabamos de decir: “si es admitida a trámite”. Y es
lógico objetar: ¿qué hace pensar que será admitida a
trámite, cuando la Proposición de Ley sobre eutanasia
presentada por Podemos-En Comú Podem-En Marea
acaba de ser rechazada? Cierto. Puede no ser
admitida a trámite, y se acabó. Pero las siguientes
consideraciones nos permiten ser algo optimistas:
■ En primer lugar, la Propuesta del Parlament de
Catalunya se asienta en una propuesta del Comité
Consultivo de Bioética de Catalunya. Un organismo
creado por la Generalitat, que ya en su Informe
sobre la eutanasia y la ayuda al suicidio publicado
en 2006 a petición del Departamento de Salud,
pedía la modificación del Código Penal.
■ En segundo lugar, llega sin el estigma de la lucha
entre partidos que se evidenció, entre Podemos y
el PSOE, en el debate de la Ley sobre eutanasia.
Al contrario: gracias al esfuerzo de DMD-Catalunya
para conseguir la máxima unidad, la Propuesta
llega con el apoyo de un amplio abanico político: el
Partit Socialista de Catalunya (PSC), Catalunya Sí
Que es Pot (CSQP), Junts Pel Sí (JxSí), que incluye a
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y al PartitDemòcrata (PDECat), la antigua Convergència, y la
Candidatura d’Unitat Popular-Congrés Constituent
(CUP-CC).
■ Y en tercer lugar, mientras la Propuesta de
Podemos desarrolla completamente la Ley y,
como disposición final, requiere la modificación
del artículo 143.4 del Código Penal, la Propuesta
del Parlament consta de un único punto:
la modificación del artículo 143.4 del Código
Penal, para despenalizar la eutanasia y la ayuda
al suicidio. Y esta despenalización conllevará
necesariamente el futuro desarrollo de una
Ley de disposición de la propia vida.
Esta Ley la deberá desarrollar el Congreso, pero
también la pueden desarrollar aquellas Comunidades
con competencias en Salud.
Esta tercera consideración, si bien facilita la admisión
a trámite al ser una propuesta más abierta, conlleva
también el peligro de que el resultado de la negociación
no sea tan coherente como la propuesta ya completa
y muy bien argumentada y justificada que presentó
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, con el
asesoramiento de personas muy relevantes del campo
del Derecho, la Bioética y de la Asociación DMD-Federal.
En cuanto a las relaciones con los grupos políticos del
Parlament de Catalunya, los esfuerzos realizados para
conseguir el máximo apoyo han dado, como hemos
visto, sus frutos. DMD-Catalunya se ha reunido con
todos los grupos parlamentarios, informando sobre
nuestras propuestas y ofreciéndonos para debatir
cualquier duda.El Parlament pide
modificar el Artº 143.4 del CP,
despenalizando la eutanasia
CSQP, que ya llevaba la despenalización en su
programa, y el PSC, nos ofrecieron su apoyo desde el
La CUP-CC, independentistas, que no se presentan a
las Elecciones Generales, y poco dados a pedir nada
al Congreso, tampoco han dudado en dar su apoyo.
La coalición JxSí tardó en decidirse dada su
composición. Por una parte, Esquerra Republicana
de Catalunya, decidida defensora desde el
principio del derecho a la eutanasia. Por otra,
el Partit Demòcrata (PDECat), sucesor de la
antigua Convergència, que se había opuesto a la
DMD | 31despenalización en anteriores ocasiones. Tras
insistir, el debate en el seno del PDeCAT finalizó
con una consulta a su militancia que reveló que el
82% estaba a favor. De esta forma JxSí, la coalición
de gobierno en Catalunya, apoyó finalmente nuestra
Propuesta (si bien cuatro diputados del PDeCat se
abstuvieron de votar).
Con Ciudadanos hemos hablado y seguiremos
hablando. Se han comprometido a introducir el debate
en su partido y, aunque de momento no hay síntomas,
no descartamos la posibilidad de una modificación en
sus posiciones en el futuro.La propuesta del Parlament
abrirá el debate sobre
la eutanasia en el Congreso
Incluso con el Partido Popular, después de que en
su último congreso eliminaran de sus estatutos
el párrafo “El Partido Popular está en contra de la
eutanasia” seguimos insistiendo, de momento sin
éxito alguno, para que den libertad de voto.
Resueltas las dificultades políticas en Catalunya,
nos enfrentamos ahora a unos plazos a contrarreloj.
Una vez admitida la Propuesta en el Parlament,
debe superar diversos trámites de comparecencias
y enmiendas antes de ser aprobada definitivamente
en un Debate Final para ser presentada a la Mesa
del Congreso y defendida por tres miembros
elegidos por el Parlament. Llegados aquí, el
Congreso deberá reabrir en un momento u otro
el debate sobre la eutanasia a partir de esta
Si bien se cuenta con apoyos políticos más que
suficientes, si los plazos se dilataran y antes de dicho
Debate Final se convocaran elecciones en Catalunya
–esperamos que no sea así– habría que volver a
empezar. Con mucho trabajo realizado, pero volver a
En cualquier caso, más allá de las decisiones políticas,
el avance de la conciencia social a favor del derecho
a la eutanasia es un hecho indiscutible. Nunca como
en estas últimas semanas o meses se había tratado
el tema con tanta intensidad en los medios de
El debate en el Parlament ha tenido lugar pocas
semanas después de la impactante noticia del
suicidio de José Antonio Arrabal, socio de DMD-Madrid,
y el vídeo difundido por El País. La prensa, la radio
32 | DMDy la televisión se han hecho eco de la noticia con
entrevistas, reportajes y debates abrumadoramente
favorables a la despenalización. En Catalunya
han participado en muchos de los debates,
Isabel Alonso, Presidenta de DMD-Catalunya o
profesionales cómo Núria Terribas, directora de la
Fundación Grífols, que formó parte del grupo asesor
para la Propuesta de ley de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea.
¡Cuánto rodeo para lograr algo tan innegable como
el derecho a decidir sobre el propio destino, sobre la
propia vida y sobre la propia muerte! Pero así ha sido
siempre la lucha por los derechos humanos.Los grupos parlamentarios de Cataluña
se definen sobre la despenalización de la
eutanasiaEl veinticuatro de febrero pasado, DMD-Cataluña
convocó a una mesa redonda a parlamentarios de
todos los grupos políticos catalanes para que dieran a
conocer públicamente su postura ante las propuestas
de despenalización de la eutanasia que llegarían al
Participaron también en este acto exparlamentarios
que en su momento defendieron el derecho a la
eutanasia en el Congreso de los Diputados o en el
Parlament de Catalunya: Joan Ridao, Rosa Barenys,
Roc Fuentes y Ramón Espasa. Joan Saura, Rosa
Maria Bonàs, Carmen Garcia Suárez y Joan Tardà nos
hicieron llegar sus comunicados de apoyo.
El orden de las intervenciones se estableció a partir
del número de escaños en el Congreso. Estas fueron
algunas de las cosas que oímos a los diputados
actuales:Fernando Sánchez Costa
Diputado del Partit Popular en el Parlament
“Hay una línea que nosotros no queremos
traspasar, la de la eutanasia y el suicidio asistido
(…). En primer lugar, lo que hay que hacer es ir
a las causas del síntoma y no sólo al síntoma.
Cuando la gente expresa la voluntad de acabar
con su vida es por el dolor y la soledad y lo
que tenemos que hacer es tratar las causas
y no poner fin al síntoma. En segundo lugar,
la despenalización de la eutanasia conduce a
una pendiente resbaladiza que es claramente
contraproducente. Finalmente, nos parece que
una despenalización como la que se propone
podría trastocar la misión médica.”Lidia Guinart MorenoEsther Capella FarréDiputada del Partit Socialista de Catalunya-PSOE
en el CongresoDiputada de Esquerra Republicana de Catalunya
en el Congreso“Sobre la eutanasia no hemos entrado a
regular. El PSOE está absolutamente abierto al
debate, pero sin tener fijada, en este momento,
una posición clara (…). En el derecho de la
ciudadanía a morir dignamente, igual que
en el derecho de las personas a vivir de
manera digna, nos pondremos siempre de
acuerdo. Sin embargo, será necesario buscar
el máximo consenso entre todas las fuerzas
políticas, hacerlo pronto y sin caer en el error
–esperemos que no suceda– de no llegar a
ningún sitio por querer correr demasiado.”“Libertad para afrontar la vida y libertad para
afrontar la muerte. Desde ERC lo hemos
defendido siempre y nos hemos manifestado a
favor de la despenalización de la eutanasia (…).
Es evidente que Cataluña, en estos momentos,
no puede regular en relación a la despenalización.
Dado que no tenemos competencias, lo tiene
que hacer el Estado Español (…). Nos sentimos
cómodos con la proposición de ley que ha
planteado Unidos Podemos-En Comú Podem-En
marea y no nos sentimos tan cómodos con las
proposiciones que no van más allá de lo que
tenemos.”Marta Sibina Camps
Diputada de En Comú Podem en el Congreso
“El posicionamiento de nuestro grupo es
clarísimo: queremos que se despenalice la
eutanasia y por eso hemos redactado una ley. En
ella se habla de garantías para el paciente y de
garantías para el personal sanitario (…). Esta ley
no la ha redactado nuestro grupo parlamentario
en solitario, sino que ha sido elaborada con
todo un grupo de gente, externo a nuestro
grupo parlamentario y independiente, que se ha
reunido con nosotros (…) como expertos. Gente
de todos los ámbitos: médicos, enfermeras,
juristas, filósofos, gente que lleva muchos años
trabajando este tema”.Sergi Miquel Valentí
Diputado del Partit Demòcrata Catalá en el
“Hay prácticamente unanimidad en la mesa,
y seguramente en la calle, sobre que la
despenalización es necesaria y tiene que ser,
además, inminente (…). Nos toca ponernos a
trabajar en este sentido y, superada la primera
fase, la de buscar unanimidades y mayorías,
comienza una segunda fase más compleja (…).
Un tema como este requiere grandes consensos,
debates profundos (…). Es fundamental que el
debate se aborde ahora y que seamos capaces
entre todos de buscar consensos.”Martín Barra LópezAlbert Botran PahissaDiputado de Ciudadanos en el ParlamentDiputado de la CUP en el Parlament de Cataluña“Una ley que regulara la eutanasia y el suicidio
asistido no sería de utilidad para las personas
que están en el proceso final de su muerte sin
cuidados paliativos. En el Parlament se debatió
la moción que presentó Catalunya Sí que És Pot
y nuestro grupo se abstuvo en el punto en el que
se pedía al Congreso que modificara el artículo
143.4 del Código Penal (…). Nuestro partido no
ha tomado aún una posición definitiva (…). Lo
estamos debatiendo y tenemos interés en que se
debata. Lo vamos a debatir abiertamente, pero,
desde nuestro punto de vista, es importante la
participación de más entidades, de las que
están a favor y de las que están en contra.”“La muerte digna tiene que ver con la vida digna.
No hay contraposición (…). La postura de nuestro
grupo es favorable a la despenalización de la
eutanasia (…). En el trámite que pueda seguir en
el Congreso no tenemos nada que decir. Votamos
a favor de que prosperara, pero no tenemos
presencia en el Congreso. Tenemos presencia
en el Parlament de Catalunya y trabajamos para
que tenga todas las competencias, para que
podamos ser una república catalana libre (…).
En esta república catalana, las mayorías sociales
y políticas darían para que se despenalizara la
eutanasia.”DMD | 33El Ayuntamiento
con la eutanasia y
Decíamos hace unos meses en esta revista, en
un artículo dedicado al encuentro municipalista de
DMD celebrado el dos de noviembre de 2016 en
Barcelona: “en relación a las agendas municipales
hubo unanimidad en reconocer que el tema (de la
muerte digna) no está presente”. Como colofón de
aquel encuentro nos proponíamos “la incorporación
del tema a las agendas municipales”. Bien, pues se ha
empezado a andar el camino.
El pasado tres de abril, el ayuntamiento de Mataró
acordó una Declaración Institucional con ocho acuerdos
relacionados con la muerte digna. El número 7 dice:
“Manifestamos la necesidad de instar al Congreso
de los Diputados a modificar la legislación actual (…)
para despenalizar la eutanasia y la ayuda al suicidio
(…)”. Dos días después, el ayuntamiento de Pamplona
aprobaba un texto centrado en la promoción del
El veintiocho de abril, el ayuntamiento de Barcelona
aprobaba también una Declaración Institucional. El texto
empieza así: “El 2 de noviembre de 2016, Barcelona
acogió un encuentro con diferentes representantes de
la Federación Estatal de Derecho a Morir Dignamente
(DMD). Además de la ciudad anfitriona, participaron
ciudades como Lérida, Gerona, Tarragona, A Coruña,
Bilbao, Madrid, Pamplona, Salamanca, Valencia y
Zaragoza (…) se acordó impulsar mociones en los
ayuntamientos para profundizar en el debate de las
políticas municipalistas para favorecer el proceso por
una muerte digna”. Pasa después a citar el artículo
primero de la declaración universal de los Derechos
Humanos (1948) y el artículo 10 de la Constitución
Española (1978) para poner en evidencia la
34 | DMDcontradicción que existe entre ellos y el artículo 143.4
del Código Penal. Tras asentar el documento en estas
y otras bases legales, el Ayuntamiento de Barcelona
pasa a recoger la denuncia que reiteradamente hace
nuestra organización: “la experiencia de DMD, obtenida
a partir de la atención personalizada a centenares de
hombres y mujeres a lo largo de los últimos años, nos
permite afirmar que demasiadas personas continúan
teniendo un sufrimiento innecesario al final de su vida”.
Y entre las causas que explican esta situación coloca
“la penalización de la ayuda a morir en el artículo 143.4
del Código Penal español”. A partir de aquí, se llega en
el documento a la conclusión de que “para conseguir
ampliar el derecho a morir dignamente de la ciudadanía
es necesario despenalizar la eutanasia” además de
impulsar las medidas que actualmente permiten las
leyes.Para avanzar en el derecho
a la muerte digna
se requiere la implicación
¿Pueden los ayuntamientos hacer algo en este
sentido? Claramente sí, según esta declaración
institucional: “Para avanzar en el derecho a la muerte
digna también es necesaria la toma de conciencia de
los ayuntamientos y su implicación” ya que “son las
instituciones más próximas a la ciudadanía y, como
tales, tienen que jugar un papel importante (…) desde
la convicción de que el derecho a una muerte digna esDMD-Cat en el Ayuntamiento de Barcelona con Jaume Asens, teniente de alcalde del área de Derechos de la Ciudadaníauno de los derechos humanos y que el ayuntamiento
tiene que velar por su defensa y cumplimiento”.
Por eso, apoya “las propuestas presentadas por la
asociación Derecho a Morir Dignamente-Cataluña” y
“se compromete a promover la cultura de la muerte
digna” mediante una serie de puntos:
1. L a formación de las trabajadoras y trabajadores
municipales (servicios sociales, centros culturales,
policía municipal, residencias, centros de día,
asistencia a domicilio, etc.) sobre los derechos de
la ciudadanía al final de la vida y el Documento de
Voluntades Anticipadas (DVA).
 l ejercicio de una pedagogía cívica,
específicamente a través de los Consejos
de Salud de los Distritos, divulgando esta
declaración institucional, así como el DVA, e
impulsar charlas informativas y actividades en
centros asistenciales, educativos y culturales
dependientes del ayuntamiento, campañas en los
medios de comunicación municipales y edición de
trípticos, que estarán disponibles en los puntos de
información municipales.
3. Dar más apoyo administrativo para facilitar el trámite
del Documento de Voluntades Anticipadas (DVA),
mediante la disponibilidad en las Oficinas de Atención
Ciudadanía del ayuntamiento de la información
necesaria para tramitar y registrar el DVA.
4. Colaborar con el Parlamento y la Generalitat de
Cataluña en la simplificación del trámite del DVA
para ofrecer a la ciudadanía la posibilidad de firmar
el documento ante un funcionario público municipal.5. Interceder para que se garantice la asistencia de
PADES 24 horas al día y 7 días a la semana, de
acuerdo con la planificación del Departamento de
Salud, ejerciendo un control de estos servicios
cuando los ofrecen empresas privadas.
6. Interceder para que se refuercen y mejoren los
servicios de paliativos domiciliarios en la ciudad
con el aumento del servicio de atención a domicilio
(SAD) para las personas atendidas por los equipos
de PADES (actualmente tres horas a la semana),
así como promover el acompañamiento de calidad
a las personas cuidadoras.
 xpresar el compromiso del Ayuntamiento de
Barcelona a participar en el estudio de un
observatorio de calidad de la muerte. Este
observatorio estaría formado por representantes
de las instituciones y de la sociedad civil. Este
observatorio será el encargado de investigar
y analizar la calidad de la muerte. Entre sus
funciones estaría hacer un seguimiento de las
políticas públicas y elaborar informes; contaría con
capacidades no sólo consultivas sino también de
control, seguimiento, denuncia y de propuestas en
 poyar la propuesta del Parlamento de Cataluña
pidiendo la despenalización de la eutanasia al
Ahora nos proponemos el seguimiento de las políticas
aquí enumeradas y que más ayuntamientos se sumen
a estas iniciativas.DMD | 35Entrevista:“Georges
Presidente de AQDMD
Quebequense del Derecho
a Morir Dignamente–“Los médicos y los legisladores no pueden cerrarse
indefinidamente a lo que dice la población cuando expresa
su hartazgo porque no la escuchen“Canadá despenalizó la eutanasia en 2016, pero la
provincia de Québec ya había aprobado en 20141(*)
una ley dentro del ámbito sanitario provincial que,
respetando los límites legales entonces vigentes,
permitía el acceso a la ayuda médica a morir bajo
ciertas condiciones. Vía parlamentaria y vía jurídica
se aunaron para llegar a la coexistencia, no siempre
exenta de dificultades, de dos leyes que permiten
el acceso a la ayuda médica a morir en la provincia
de Québec: la ley federal C14 y la ley 52 de ámbito
provincial. A principios de marzo de este año, se
realizó esta entrevista a Georges L’Espérance, que
preside la AQDMD –Asociación Quebequense para
el Derecho a Morir Dignamente– desde 2014. En
ese momento en España una propuesta de Ley
Orgánica de Regulación de la Eutanasia había
sido registrada en el Congreso de los Diputados
y se estaba a la espera de su examen en el
pleno de la asamblea. Nos pareció interesante
conocer en detalle cómo había sido el proceso
de despenalización de la eutanasia en el país
americano y, concretamente en Québec, así como
la situación real un año después.1 (*) Ver Revista DMD nº73/2016 - “Dossier Canadá” pp. 33 a 39.36 | DMDEn Canadá, la provincia de Québec es un caso
especial ya que tenía una ley propia que incluía la
Ayuda Médica a Morir antes del voto de la ley federal
que despenalizó este supuesto. ¿Cómo se llegó a
esta situación en la cual coexisten dos leyes, que
problemas se plantean?
Es importante entender que Canadá es un país federal
donde el código penal es válido en todo el país, pero
son las provincias las encargadas de aplicarlo, y
coexisten dos regímenes diferentes: en las provincias
anglófonas se aplica la “Common Law” (derecho
anglosajón) mientras que en Québec se aplica el
código civil de origen napoleónico, revisado en 1990.
Dicho de otra manera, no es como en Estados Unidos,
no hay fiscales federales que pueden acusar a alguien
en una provincia. Siempre son las provincias las que
acusan en función del código criminal.
Por otra parte, el ámbito de la salud depende
constitucionalmente de cada provincia. Por esta razón
el Parlamento de Québec creó en 2009 la comisión
“Morir con Dignidad” que entregó su informe en 2012.
Durante sus más de 2 años de trabajo, la comisión
generó un intenso debate en toda la sociedad de
Québec. Al término de su trabajo y en conformidadcon sus conclusiones, el parlamento provincial decidió
redactar una ley enmarcada en la ley sanitaria y regular
en este marco la ayuda médica a morir. El parlamento
votó por unanimidad en junio 2014 la “Ley sobre los
cuidados al final de la vida” que incluye algunos artículos
dedicados a la ayuda médica a morir. Se buscó un difícil
equilibrio para mantener el texto en el ámbito sanitario
y no caer del lado criminal. En efecto en el código penal
canadiense, existían 2 artículos –los artículos 14 y 241–
que prohibían la ayuda médica a morir. La ley se empezó
a aplicar a partir de diciembre 2015, bajo el paraguas
de una histórica sentencia pronunciada por el Tribunal
Supremo en Febrero 2015.
En efecto, cuando la ley de Québec fue votada, había
una causa pendiente en el Tribunal Supremo de
Canadá, la conocida como “causa Taylor/Carter”,
que venía de Columbia Británica. En esta causa, dos
enfermas –una de ELA y otra con una mielopatía
cervical muy avanzada– solicitaban que se les ayudase
legalmente a morir. La sentencia pronunciada por el
Tribunal Surpemo en febrero 2015, fue una sentencia
unánime, firmada “La Cour” (El Tribunal), sin detallar el
nombre de los jueces, lo que representa, en nuestro
sistema británico, la decisión jurídica de más alto
rango posible. Se trata de una decisión inatacable,
porque viene avalada por la “Carta de los Derechos y
Libertades” que enmarca todo el sistema, incluido el
código penal. En esta sentencia, el Tribunal Supremo
expresó su acuerdo total con la ayuda médica a morir,
sin precisar mucho en cuanto a criterios específicos
de accesibilidad. El alto tribunal daba 12 meses al
gobierno federal para modificar el código penal.
Había entonces un gobierno federal conservador que no
hizo nada hasta las elecciones. Se perdió mucho tiempo.
Cuando el nuevo gobierno liberal entró en funciones en
noviembre, tuvieron que trabajar rápido para cumplir con
la sentencia del Tribunal Supremo que les dio 4 meses
más de plazo. Finalmente, en junio 2016 el parlamento
federal aprobó la ley C-14 que despenaliza la ayuda
médica a morir si la practica un médico o un miembro
del personal sanitario. La ley exime también de delito
a las personas que podrían aconsejar esta práctica por
su trabajo, por ejemplo los psicólogos, los trabajadores
sociales, los farmacéuticos, etc.
Este es el punto en el cual nos encontramos ahora.
La ley de Québec, enmarcada en la ley provincial de
sanidad, estipula un cierto número de criterios ya que
tuvo que adaptarse a un momento en que la ayuda
médica a morir era ilegal. El gobierno federal, por
falta de tiempo y de trabajo preparatorio, ha hecho
simplemente un copiado-pegado de estos criterios.
El problema es que la modificación del código criminal
por la ley C14 resulta muy restrictiva comparada
con la sentencia del Tribunal Supremo. Esta es la
situación actual, y este es el punto donde se va a
situar la batalla durante los 4 o 5 próximos años.La batalla en las cámaras federales en el momento
del debate parlamentario se situó sobre todo
alrededor del criterio de “muerte en un plazo
razonablemente previsible”...
Nosotros, la AQDMD, consideramos que este
requisito no tiene sentido. ¡A partir del momento
en que nacemos, la muerte es “razonablemente
previsible”! En Québec, para permanecer en el marco
de los cuidados sanitarios, nos habíamos puesto
de acuerdo muy rápidamente en que un plazo de 0
a 12 meses era aceptable. El problema es que esta
condición lleva a descartar totalmente las patologías
neurológicas degenerativas, y por otra parte, la
exigencia de consentir en el momento descarta las
patologías degenerativas cognitivas (las demencias).
La sentencia del Tribunal Supremo no formulaba tales
restricciones al acceso a la ayuda médica a morir. La
oposición principal, como en todos lados, es sobre
todo de orden religioso. La actual ministra federal
de Sanidad tiene una concepción mormónica muy
estricta, pero antes en el gobierno Harper, tuvimos un
ministro de Ciencias creacionista...
Hay actualmente una causa abierta en Columbia
Británica: se trata de una mujer de 28 años que
padece una enfermedad neurológica degenerativa, la
ELA, y quiere llegar hasta el Tribunal Supremo para
conseguir la ayuda médica a morir. Buscamos causas
como esta para volver al Tribunal Supremo y que
vuelva a considerar la situación. Queremos conseguir
que se modifique la ley y se tome en cuenta en su
integridad la sentencia de febrero de 2015.
Hace ahora un poco más de un año que el sistema
sanitario quebequense ofrece la ayuda médica a
morir. ¿Existen datos estadísticos?
En 2016 se realizaron efectivamente 461 ayudas
médicas a morir, 295 en los últimos 6 meses del año.
Este importante aumento en el segundo semestre
es normal en el caso de un procedimiento nuevo que
se está implementando. Un problema detectado es
el planteado por las solicitudes rechazadas: no se
sabe cuáles fueron las razones del rechazo dado
que la comisión de verificación no tiene ninguna
obligación de informar al respecto. La ayuda médica
a morir representa en 2016 alrededor del 1% de los
fallecimientos. Pienso que seguiremos exactamente
la misma curva que los países donde se ha
despenalizado la eutanasia.
Es difícil para un paciente acceder a la información y
a la ayuda médica a morir?
Por lo que sé, las cosas van ahora bastante bien.
En los hospitales, los trabajadores sociales están
perfectamente capacitados. En cuanto un paciente
formula la petición, el procedimiento está bien rodado.
DMD | 37El acceso a la información es fácil y nosotros, como
asociación, contribuimos activamente a difundirla en
toda la sociedad.Sin embargo existe un problema, provocado por el
gobierno federal al inmiscuirse en el proceso. La ley
sanitaria de Québec no exige prácticamente ningún
plazo entre la solicitud y la realización del acto. Sólo 24
horas para que el médico vuelva a validar la decisión
con el paciente. El gobierno federal ha introducido un
plazo de 10 días que justificó con la necesidad de que
la decisión del paciente fuese consecuencia de una
reflexión seria. Esta razón para mí, que soy neurocirujano,
es un absurdo. Alguien que padece de cáncer o de una
enfermedad degenerativa desde hace 2, 4 o 5 años, ya
ha reflexionado. No se trata de decisiones que surgen
de un día para otro. Lo que pasa es que, como expliqué
anteriormente, la ley penal es federal, pero su aplicación
se realiza a nivel provincial. Y el acuerdo social es tal
que ningún fiscal de Québec perseguirá a un médico
que no respete estos 10 días. Este plazo es un absurdo
impuesto en realidad por la derecha religiosa.
La prensa anglófona denuncia muchas dificultades de
acceso a la ayuda médica a morir en la importante red de
hospitales confesionales. ¿Esto no ocurre en Québec?
No. En Québec este problema prácticamente no
existe porque ya no hay hospitales estrictamente
confesionales al contrario de lo que ocurre en
Ontario o en Alberta. Pero allí donde se ha planteado
el problema, su actitud ha suscitado numerosas
protestas porque se sostienen con dinero público. La
libertad de conciencia existe para los individuos, pero
no para las instituciones. Donde sí tenemos problemas
en Québec es en los centros de cuidados paliativos. No
las unidades de cuidados paliativos de los hospitales,
sino los centros privados de cuidados paliativos que
están en su gran mayoría controlados por el Opus
Dei. En estos centros, la oposición a la ayuda médica
a morir es prácticamente total y los médicos sufren
presiones. Sólo 2 centros de cuidados paliativos sobre
36 aceptan practicar la ayuda médica a morir. Esta
oposición sistemática en un país como el nuestro es
inverosímil y no la podrán mantener por mucho tiempo:
¿se imagina lo que supone trasladar un enfermo a otro
centro en pleno invierno canadiense?
¿Cuál es la posición de las organizaciones de
médicos sobre la ayuda médica a morir?
El colegio de médicos de Québec ha sido muy
proactivo. Su antiguo presidente –un psiquiatra–
38 | DMDabrió el debate sobre el tema hace unos 6 o 7
años, para conocer la opinión de los colegiados
sobre la eutanasia. El Colegio de médicos de
Québec desarrolló toda una reflexión y finalmente se
pronunció favorablemente de manera oficial a favor de
la ayuda médica a morir por razones de compasión.
En la actualidad, el Colegio apoya a los médicos,
respetando los límites marcados por la ley, frente a
las ambigüedades aparecidas con las modificaciones
de la ley federal.
En otras provincias, la situación es diferente. Los
Colegios médicos son más renuentes. Excepto en
Québec y Columbia Británica que son dos provincias
tradicionalmente más progresistas, en las otras
provincias la situación es más complicada porque nos
enfrentamos a posiciones más conservadoras.
Hasta hace poco, la prensa se hacía eco de
problemas importantes alrededor de la comisión
Efectivamente. Resulta que la presidenta de la
comisión de evaluación se había pronunciado
anteriormente contra la ayuda médica a morir, y que
un abogado católico militante, feroz opositor, formaba
parte de la misma. Se lanzaron a exigir a los médicos
que justificasen sus diagnósticos. Tanto el Colegio de
Médicos como el Ministerio intervinieron y ahora la
cosa se ha calmado.
¿Qué líneas de acción son consideradas como
prioritarias por la AQDMD actualmente?
Fundamentalmente veo dos, y las dos representan
batallas de resistencia. La primera batalla será
para abrir el acceso a la ayuda médica a morir a las
personas con patologías neurológicas que no se
encuentren en situación terminal. Son los casos sobre
los cuales se pronunció el Tribunal Supremo: Carter
padecía una mielopatía cervical muy avanzada y
Taylor una ELA. Estamos en la situación en que estos
dos casos, que han motivado la sentencia del alto
tribunal, no podrían todavía hoy acceder a la ayuda
médica a morir, ya que en ninguno de los dos casos
se trata de enfermedades terminales. Por ahora
los casos que pueden acceder a la ayuda médica a
morir según los criterios definidos en la ley C14 son
esencialmente los casos de cáncer.
El segundo problema concierne a las directrices
anticipadas. En la ley de Québec, redactada antes de la
sentencia del Tribunal Supremo, tuvimos que actuar con
una prudencia extrema. Aquí, las Directrices Anticipadas
tienen realmente fuerza de ley. Las Directrices
Anticipadas una vez cumplimentadas, se mandan al
gobierno. Cuando un paciente llega al hospital, le piden
su nombre, su fecha de nacimiento, y las directrices
anticipadas aparecen automáticamente en la pantalladel ordenador. Si el paciente
entra en coma, y aparece
la frase “no quiero que me
reanimen”, tiene fuerza
de ley. El problema es que
nuestra ley de Québec
indicaba que no se podía
solicitar la ayuda médica
a morir en las directrices
anticipadas, y este punto
se transcribió tal cual en la
ley federal. Hoy en día, si un
paciente está diagnosticado
de enfermedad cognitiva
degenerativa, sabe que
dentro de un tiempo ya no será competente para tomar
decisiones, pero la primera condición para solicitar la
ayuda médica a morir es precisamente ser competente:
este paciente podría solicitarla ahora, pero la ley no se
lo permite, y más adelante ya no cumplirá el requisito
de competencia... Esta batalla va a ser larga porque
supone llevar una profunda reflexión de la sociedad.“
“En Europa, el paternalismo
médico es todavía importante,
y esto no ayuda“¿Qué lecciones se podrían sacar, en su opinión,
de la experiencia quebequense?
Pienso que la lección principal, lo que nos ha ayudado
mucho a avanzar en Québec, ha sido la comisión
parlamentaria Morir con Dignidad, que ha viajado
durante más de 2 años por todo el país. La andadura
de la comisión se inició a finales de 2009, y entregó su
informe en 2012. La comisión estaba integrada por 12
diputados de todas las formaciones políticas y consultó
a 32 expertos en medicina, derecho, psicología, ética,
y sociología. Se desplazó a 8 ciudades de la provincia
para tener encuentros con la ciudadanía y recibió
más de 16.000 comentarios en forma de correos
electrónicos, cartas, memorias... Fue un inmenso
trabajo de concienciación de la población, de debate
alrededor de los argumentos a favor y en contra. En las
otras provincias donde no existió este largo proceso
de discusión, las dificultades son mayores. Se siguen
oyendo los mismos viejos argumentos: la ayuda
médica a morir es lo que hacían los nazis, van a matar
a los ancianos y a los débiles, etc. Es absolutamente
necesario desarrollar todo un proceso de información y
debate. Esto sería el primer punto.
Por otra parte es importante ir paso a paso, para
evitar el desastre francés de la ley Leonetti. Es
necesario promover una reflexión sobre la finalidadMaterial informativo empleado por la Comisión "Morir con Dignidad"de los cuidados médicos. El ser humano existe desde
hace 1 o 2 millones de años, pero la esperanza de
vida no ha cambiado hasta el siglo XX, durante el cual
ha aumentado enormemente, gracias en particular
a los progresos de la medicina. Pero aparecieron
también efectos secundarios muy importantes. Hay
que ayudar a que la población entienda –y no es
sencillo– que la vida es una enfermedad mortal y
que la medicina no da la inmortalidad. Para esto, es
importante buscar ejemplos, casos para alimentar
la reflexión y convencer que es mucho mejor morir
dignamente, humanamente, rodeado por su familia
que al final de una radioterapia.
En cuanto a los médicos... Creo que en Europa, el
paternalismo médico es todavía importante, y esto
obviamente no ayuda. Si los médicos se sienten
movidos por una vocación o por algo que tiene que
ver casi con una deificación, hay problema. Antes
era así en Québec, porque somos de origen francés.
Pero esto ha cambiado: la gente pregunta cada vez
más y los médicos se han bajado de su pedestal, lo
que está muy bien. Es fundamental que los médicos
entiendan que lo principal en materia de tratamiento o
de cuidados no son ni su voluntad ni sus deseos sino
lo que dice el paciente. Aquí en Québec, se respeta
la autonomía del paciente. La primera etapa es que
pueda renunciar a un tratamiento, y la etapa siguiente
lógicamente es decir “estoy harto de sufrir, de
depender de otros para todo y como de todas formas
voy a morir, ayúdenme”.
Quiero insistir en que, en Québec, lo decisivo ha
sido el trabajo de la Comisión Morir con Dignidad. El
Tribunal Supremo –lo que no había ocurrido nunca– la
ha citado como ejemplo de proceso ciudadano. Es
importante dedicar un año, 18 meses para escuchar
a la población, escuchar lo que la gente –toda la
gente– tiene que decir. Los médicos y los legisladores
no pueden cerrarse indefinidamente a lo que dice la
población cuando expresa su hartazgo de que no la
escuchen y la traten sin miramientos.
DMD | 39Philip Nitschke, el primer médico que realizó una eutanasia legal en 1996EXIT ACTION:
Cuando los políticos no legislan…
A principios de abril en nuestro país, José Antonio
Arrabal, enfermo de ELA, se ha quitado la vida solo,
en clandestinidad. Lo hizo pocos días después de que
el Congreso de los Diputados haya rechazado tomar
en consideración un proyecto de ley de eutanasia
presentado por el grupo Unidos Podemos y sus
A finales de febrero en Italia, DJ Fabo –tetrapléjico y
ciego después de un accidente ocurrido en 2008–
tuvo que exiliarse a Suiza para poner fin a una vida
que juzgaba indigna. El tesorero de la fundación
Luca Coscioni, Marco Cappato, le acompañó y se
autoinculpó, para forzar un debate repetidamente
aplazado en un parlamento italiano que debate ahora
con dificultad una ley de testamento vital.
En Inglaterra, Noel Conway, enfermo terminal, está
litigando en los tribunales, para conseguir el derecho a
que le ayuden a morir, ya que el parlamento no modifica
una ley que persigue penalmente toda ayuda al suicidio.
En Francia actualmente, Anne Bert, enferma de ELA,
interpela a los candidatos en plena campaña electoral
para las elecciones presidenciales y reclama una ley de
eutanasia. Ha anunciado ya que, llegado el momento
y antes de que su estado se lo impida, irá a Bélgica
donde la eutanasia ha sido legalizada hace 15 años.
La ley francesa sólo permite la sedación terminal.
40 | DMDSon cuatro casos de nuestro entorno inmediato que
ocupan o han ocupado las primeras páginas de los
periódicos este año, y todos ponen de manifiesto la
inmensidad del dolor que alimenta la inacción de los
políticos, pero también la capacidad de las personas
para luchar y coger su destino en sus manos.
Frente a la sordera de los políticos, la población se
conmueve y todas las encuestas demuestran que
no ha cesado de aumentar en los últimos años el
apoyo a una legislación que permita la eutanasia.
En España, el 84% de la población está a favor de
regular la eutanasia según el último sondeo de
Metroscopia realizado en febrero pasado. En 2015, la
revista The Economist1 publicó una encuesta realizada
en 15 países, y si nos referimos sólo a los países
correspondientes a los casos citados anteriormente,
un 63% de los italianos, un 70% de los británicos y
un 83% de los franceses apoyaban la aprobación de
la legalización de la eutanasia. El divorcio entre la
población y sus representantes es patente.El caso de AustraliaAustralia es un caso curioso: el parlamento de la
provincia de los Territorios del Norte aprobó en 1996
una ley que regulaba la eutanasia, llamada Rights of the1 Ver revista DMD nº 70/2015, p.29.Terminally Ill Act. Al amparo de esta ley, el médico Philip
Nitschke fue el primer médico del mundo en realizar una
eutanasia legal. De hecho tuvo tiempo para ayudar a
morir a cuatro pacientes, enfermos en estado terminal,
antes de la derogación de la ley por el parlamento
federal australiano, apenas unos meses después, en
1997. Un médico como Nitschke, que no vive en la
inopia, sensible y próximo por su práctica a pacientes
en situaciones extremas, entendió que en ciertos casos,
cuando la enfermedad conlleva un deterioro muy grande
de las condiciones de vida del enfermo, la muerte es
la única solución, una muerte responsable, pensada,
preparada, libremente decidida. Coherente con sus
convicciones, creó Exit International2, para luchar a favor
de la legalización de la eutanasia, pero también para
informar y apoyar no sólo a personas enfermas, como
José Antonio Arrabal, DJ Fabo o Anne Bert, sino a toda
persona que considere que la dignidad va unida con la
libertad de decidir sobre uno mismo: “En Exit, pensamos
que poder decidir cuándo poner un punto final a la vida y
poder hacerlo de una manera segura, rápida y sin dolor,
es un derecho fundamental para todo ser humano sano
de juicio.(...) Pensamos que el control sobre la propia vida
y la propia muerte es un derecho civil fundamental del
cual ninguna persona razonable debería ser desposeída”.Una ciudadanía activa y empoderada:
Exit ActionNo esperaremos sentados
diez años más a que los
políticos se dignen legislarExit Action es un subgrupo de Exit International, una
propuesta más radical, basada en la solidaridad y la
desobediencia civil. El punto de partida es la crítica
de lo que Nitschke llama el “modelo médico” que
considera la eutanasia como “un privilegio otorgado
por los médicos a personas muy enfermas”. La idea
central del nuevo proyecto es que los ciudadanos se
pueden organizar para construir los instrumentos que
les permitan tomar su destino en sus manos y tener
el control sobre el final de sus vidas: “Ya no se trata
de mendigar el derecho a decidir, sino de ejercerlo”, tal
como hicieron José Antonio Arrabal, Ramón Sampedro
y tantos otros que no conocemos. “Una muerte
elegida y el acceso a los mejores productos para
conseguirla son un derecho de todo adulto competente,
independientemente de su estado de salud y del
permiso que otorgue un médico”, declara Nitschke.“
““P. Nitschke
Exit International, a imagen de su fundador, es una
organización muy activa pero también controvertida
por la radicalidad de sus planteamientos y sus
manifestaciones a menudo provocadoras, destinadas a
remover conciencias y sacudir el inmovilismo reinante.
Más allá de la visibilidad de sus acciones, realiza un
trabajo constante, de un valor innegable: consciente
desde el principio de que las nuevas tecnologías y en
particular Internet, estaban abriendo unas posibilidades
hasta ahora desconocidas pero no exentas de peligros,
la organización puso en marcha en 2006 la publicación
en formato papel y online del Peacefull Pill Handbook
(Libro de la Píldora Apacible), un análisis y una guía
documentada y seria de los métodos para alcanzar la
muerte de manera segura y rápida. Las informaciones
sobre la fiabilidad de los datos que circulan en Internet
son puestas al día trimestralmente. Este trabajo,
sumamente útil, evita que personas como José Antonio
Arrabal sean timados, y en el peor de los casos reciban
productos cuyos efectos podrían ser mucho peores que
una muerte deseada.2 (www.exitinternational.net)Desde 1997, la eutanasia sigue castigada penalmente
en Australia; la situación prácticamente no ha
avanzado aunque parece que este año el estado de
Victoria podría aprobar una ley que autorice la ayuda
médica a morir para enfermes terminales, una “ley
muy restrictiva”, según palabras de Philip Nitschke.
En España, desde el suicidio de Ramón Sampedro en
1998, tampoco han avanzado las cosas. En Italia, el
22 de abril pasado, la asamblea de los diputados ha
aprobado por fin una ley sobre el testamento vital que
está ahora a la espera de su aprobación en el senado.
En Francia, la ley votada el año pasado permite la
sedación paliativa, pero encuestas recientes muestran
que los médicos la aplican con cuentagotas.
Tomando acta de esta casi total inercia legislativa frente
a la evolución de las mentalidades y a una demanda
creciente de la ciudadanía, y coherente con la vocación
de Exit, Nitschke anunció en diciembre pasado la
creación de Exit Action: “No vamos a esperar sentados
diez años más para que los políticos se dignen legislar
sobre la eutanasia”, declaró al periódico británico The
Guardian. Se trata de un paso más en la lucha a favor
de la eutanasia llevada a cabo por la asociación.Exit Action pretende ser un instrumento útil en este
empoderamiento de las personas. Además de promover
campañas, organizar talleres y difundir información,
el grupo está barajando la idea de organizar “clubs
de compra” de productos en internet, y han puesto a
punto una app para móviles que permite analizar el
grado de pureza de los productos comprados. Gracias
a los progresos de la tecnología, a internet, a médicos
valientes como Nitschke y a organizaciones como Exit,
se rompe el tabú que rodea la muerte y mientras los
legisladores siguen chapoteando en sus dudas, las
personas encuentran soluciones solidarias. Nitschke lo
explica de un modo muy gráfico: “La puerta del establo
está abierta y ya se están escapando los caballos”.
DMD | 41Aproximación a
Agustín PánikerLa vida y la obra de Salvador Pániker
(1927-2017) se espejean mutuamente. Su
experiencia vital y su pensamiento filosófico
se entretejen y se retroalimentan de manera
irremisible. Cierto, esto sucede con casi todo
quisque; pero pocos escritores han tenido la
lucidez de darse cuenta de ello.
¡Y de sacarle partido!
Por ello Salvador siempre concibió su escritura
como una forma de autoterapia; o como él decía:
“una manera de tenerse en pie”. Se entiende,
pues, que el género que más cultivó –sobre todo
en sus últimos veinte años– fue el dietario. Ahí
trasluce el Salvador más íntimo, a la vez seductor y
frágil, aquejado por sus déficits de salud; como el
charmant hombre público; y, por supuesto, el filósofo
Pániker, que nos deslumbra con reflexiones nunca
escuchadas en castellano; lecciones magistrales
sobre ciencia de vanguardia, acerca de los
vericuetos del lenguaje, sobre música, a propósito
del ápeiron de Parménides, etcétera. La serie de
sus cinco diarios (Cuaderno amarillo, Variaciones 95,
Diario de Otoño, Diario de un anciano averiado y el
casi póstumo Adiós a casi todo) dan buena cuenta.
Es en este género donde su prosa directa y sobria
adquiere tonalidades literarias y cotas poéticas
muy infrecuentes entre los intelectuales. Sus dos
volúmenes autobiográficos (Primer testamento y
Segunda memoria) sirven asimismo para ilustrar
–y contextualizar– a la perfección esa dialéctica
entre pensamiento y trayectoria vital.
Es en sus textos propiamente filosóficos
(Aproximación al origen, Ensayos retroprogresivos,
Filosofía y mística o Asimetrías) donde despliegan
sus innovadoras ideas sobre la hibridez, la
interdisciplinariedad, el pluralismo, la complejidad o
la retroprogresión. Ante todo, Pániker busca huir de
reduccionismos simplones. Es demasiado lúcido. Por
ello recurre a la ciencia lo mismo que a la mística; a
los músicos o a los sociólogos. Su máxima filosófica
podría condensarse en una combinación entre nodualismo y pragmatismo; o lo que es lo mismo, entre
el pensamiento de las antiguas Upanishads hindúes y
el escepticismo postmoderno de un Richard Rorty, por
caso. O entre el clave bien temperado de su estimado
Juan Sebastián Bach y la espontaneidad del anónimo
sabio taoísta.
42 | DMD"Adiós a casi todo", el último libro de SalvadorÉl supo amplificar el clamor
social por la muerte digna
y asentarlo sobre fundamentos
Salvador tenía una innata inclinación a conciliar,
combinar y jugar con las tensiones entre polos
asimétricos (que él llevaba inscritos hasta en los
genes). En su esquema de retroprogreso, lo masculino
y lo femenino, Oriente y Occidente, la niñez y la adultez,
lo místico y lo prosaico… todo deja de ser antitético.
Él valora lo complejo, los márgenes, lo ambiguo, lo
contradictorio. Sabe de las trampas del lenguaje o de
la razón. Y escribe en su último libro: “Lo cierto es que
nos pasamos la vida sin entender gran cosa de lo que
sucede y apenas nada de lo que nos sucede”. Él no se
resigna a ignorar lo que nos sucede; y saca partido de
su infinita curiosidad intelectual e inquietud espiritual
para salir del sonambulismo. De lo que se trata –piensa
Pániker– es de aproximarse al “origen”, es decir, a la
no-dualidad original, previa a los condicionantes del
lenguaje, la educación, la sociedad… La suya es una
búsqueda –no de una Verdad mayúscula–, sino de una
manera lúcida de discurrir en el mundo, más allá de los
automatismos y la superficialidad.“Nos pasamos la vida sin entender gran cosa de lo que
sucede y apenas nada de lo que nos sucede”, escribió en su
Salvador tuvo su faceta de empresario (primero con
el viejo negocio familiar de su padre, luego al fundar y
dirigir Editorial Kairós), tuvo su preocupación política
(aunque muy pronto desertara de la mayoría de -ismos
conocidos) y una amplia carrera de periodista (con
la que irrumpió con éxito y brillantez en la década
de los sesenta, con sus clásicos Conversaciones en
Cataluña y Conversaciones en Madrid; a las que luego
seguirían otras recopilaciones de artículos, como La
dificultad de ser español. Pero si en algún aspecto su
talante escéptico y relativista cedió el paso a unas
convicciones muy sólidas fue en el compromiso social,
que él canalizó –con mucho más ahínco del que
sospechábamos los que le conocimos bien– a través
de su dedicación en favor de una muerte digna y una
eutanasia activa. Él supo amplificar un clamor social y
asentarlo sobre fundamentos sólidos y realistas.
Decía Salvador –con su fina ironía–, a propósito del
trabajo de periodismo, que “todo entrevistado queda
reducido a las categorías mentales del entrevistador”
(una máxima que él mismo bautizó como “teorema
de Pániker”). Pues bien, me temo que en esta breve
aproximación al pensamiento y la obra de Salvador
Pániker, este ha quedado reducido a las categorías
mentales de su glosador. Espero, al menos, que algún
destello de su sensatez haya quedado aquí plasmado.
(Al menos, algo de sus genes parece que deben
correr por ahí.) Y podamos atisbar hasta qué punto
su vida y su obra han representado un revulsivo para
el –por momentos anquilosado– paisaje intelectual de
estas latitudes.Salvador en una imagen de madurezLa juventud de un ser no se mide por los años que tiene,
(Salvador Paniker)Ni los años ni su "mala salud de hierro" mermaron su inmensa curiosidadDMD | 43Gracias, Salvador!
María José AníaCuaderno amarillo: diario con "filosofía de la vida"De la muerte de Salvador Pániker se han hecho eco
numerosos medios de comunicación, glosando su
figura poliédrica de filósofo, ingeniero, escritor, editor,
profesor... Pero una de las facetas relevantes que no
ha dejado de mencionarse en todas las necrológicas,
obituarios y reseñas que se han publicado, es
precisamente la de su activismo en favor de la
legalización de la eutanasia y su firme defensa de
la libertad personal para elegir la propia muerte. “La
religión católica ha intentado monopolizar el miedo a la
muerte. Por eso se opone a la eutanasia. Tengo derecho
a dimitir cuando mi vida se degrada más allá de ciertos
límites. La vida no es un valor absoluto”, afirmaba.
Pániker acogió con entusiasmo la idea de publicar
un libro sobre la historia de DMD, una propuesta
que se hizo realidad por el empeño de María
Benítez, la anterior presidenta de DMD Catalunya.
Fue él quien redactó el prólogo del libro1 y quien1 Una mirada a la historia de la Asociación DMD: los primeros años
en defensa del derecho de las personas a decidir sobre la propia
muerte. Associació Dret a Morir Dignament Catalunya (ed.), 2015.44 | DMDSi hay un nombre clave en la historia de
nuestra Asociación, nadie pone en duda que
es el de Salvador Pániker. Fue presidente
de DMD Federal entre 1989 y 2008, cuando
le sustituyó Luis Montes. A partir de ese
momento redujo su activismo en la lucha por
la muerte digna, aunque no su compromiso,
aceptando el cargo simbólico de presidente
de honor. Murió el pasado
1 de abril a los 90 años, mientras dormía
plácidamente. Tuvo, pues, la buena muerte
que siempre había deseado: “La decrepitud
me asusta mucho más que la muerte.
Me gustaría morirme yéndome a dormir
y no despertando.
“Eso estaría muy bien”, había declarado en
una entrevista a raíz de la publicación,
en noviembre de 2015, de su libro
Diario del anciano averiado.
financió personalmente la mitad del coste de
edición. En uno de los párrafos del prólogo, leemos:
“La eutanasia voluntaria –y subráyese lo de
voluntaria– es, ante todo, un derecho humano, un
derecho de libertad. Un derecho que se inscribe en
el contexto de una sociedad laica y pluralista, en la
que se respetan las distintas opciones personales,
y en la que no se cree ya que el sufrimiento
innecesario tenga algún sentido”. Y concluye: “Ha
llegado la hora de levantar el tabú de la muerte y
afrontar con lucidez la finitud humana. Ha llegado la
hora de que los médicos se conciencien, las leyes
se actualicen, y se conceda al ser humano la plena
posesión de su destino”. Este era su pensamiento
respecto a los objetivos de DMD, y así lo difundió
incansablemente en conferencias, artículos y
El reconocimiento de Pániker a la tarea de las
personas voluntarias que dedicamos tiempo y
esfuerzo a la lucha por la libertad y la muerte digna,
queda también recogido en el prólogo del libro: “Lo
conseguido por la Asociación DMD no habría sido
posible sin la labor entusiasta y desinteresada de“sus voluntarios”, a lo que sigue una larga relación
de nombres que, si fuera hoy, seguro que incluiría
muchos más.“Es hora de levantar el tabú
de la muerte y afrontar con
lucidez la finitud humana“Nuestra gratitud infinita a quien fue un referente
para todos los que formamos parte de DMD.
Fuimos muchos los que acudimos al Monasterio de
Pedralbes en Barcelona el día 3 de abril para decirle
adiós y participar en esa “ceremonia laica en un
espacio místico”, como dijo su hijo Agustín. La cinta
que envolvía el magnífico centro de rosas blancas
enviado por la Asociación Federal DMD, expresaba un
mensaje de gratitud y también de compromiso. Decía
exactamente eso:Gracias, Salvador!
Continuamos la lucha...
Las huellas de la edad en sju mano sabia"Me gustaría morirme yéndome a dormir y no despertando. Eso estaría muy bien"DMD | 45La acción política de Salvador Pániker
en DMD
Juana Teresa Betancor, ex vicepresidenta de DMD
y de la WFRtD (Federación Mundial de Asociaciones Derecho a Morir)
En la vida de Salvador hay una conocida anécdota:
su brevísima incursión en política. En 1977
salió como diputado de UCD por Barcelona, pero
entendió que ese compromiso le impediría seguir
su vida de empresario e intelectual. Renunció ipso
facto al acta de diputado y ahí se acabó el asunto.
En diciembre de 2014, el Colegio de Periodistas
de Barcelona le dedicó un homenaje. Alguno de
los participantes (Xavier Rubert de Ventós, Beatriz
de Moura, Ivan Tubau y Jorge Herralde), afirmó
que la única militancia política que Salvador había
realizado era en la asociación DMD. Comparto
plenamente esa afirmación, en el sentido de ser
la más afín al arte de obtener logros del poder
público para el bien común.
Su aceptación de la Presidencia de DMD potenció
la naciente organización en España. Como
Vicepresidenta desde 1993 a 2004, puedo dar
testimonio de sus más destacadas acciones
de carácter político. Se trataba de aprovechar
momentos clave en los que pudiésemos influir,
haciendo abstracción de la ideología de los actores
políticos, para avanzar en los objetivos de DMD.
En 1994, tuvimos reuniones con Cesáreo
Rodriguez Aguilera (senador independiente por
el PSOE) y varias personas de DMD, como Josep
Arnau, médico, Jorge Arroyo, abogado, Salvador
y yo. El Gobierno preparaba el Código Penal “de
la democracia”. En el despacho de Cesáreo
se elaboró el Art. 143. Aunque no logramos la
despenalización total de la ayuda a morir... caso de
que la víctima sufriera una enfermedad grave que
hubiera conducido necesariamente a su muerte o
difíciles de soportar, por vez primera, una ley penal
recogió la posibilidad de la eutanasia voluntaria.
Por su parte, en 1993, Salvador redactó un
manifiesto pro Derecho a Morir Dignamente.
Casi un centenar de figuras, como Nuria Espert,
Fernando Savater, Carlos Castilla del Pino,
Santiago Dexeus, Pilar Miró y otros intelectuales,
artistas y profesionales no dudaron en suscribirlo.
“No tienes ni idea de las horas que me he pasado
al teléfono”, recuerdo que me comentó riendo y
con cierta carraspera.46 | DMDY llegaron los Testamentos vitales. En 1993, asistí
como delegada de DMD en Kyoto, con Aurora Bau,
al congreso de la WRtDF, sobre ese tema. Regresé
con un entusiasmo contagioso. Explicaba en
conferencias y asambleas de DMD la posibilidad de
dejar nuestra voluntad expresa sobre cómo morir
y escribí artículos pioneros. Agradezco a Salvador
su apoyo incondicional en esta tarea de “política
internacional”, ya iniciada por Lerma, el fundador de
DMD. Un defensor de la “globalización” en muchos
aspectos, como era Salvador, comprendió que los
contactos personales eran insustituibles en una red
de intercambios y ayuda como la WFRtD. También
recibió en su casa a Miguel Trías Fargas, presidente
de la Asociación de Colombia, trató a ponentes de la
Federación y presidió la única presentación pública
intercongresual de la WFRtD en Barcelona en 2001.
En 1996, Salvador solicitó al Conseller de Sanitat,
Eduard Rius, una entrevista, a la que asistió el Dr.
Montset, presidente de la Comisión de Bioética de
Cataluña. Salvador era un excelente conversador.
Sin duda, su simpatía, y el voluminoso dossier
sobre Testamentos Vitales que preparé, agradaron
a Ríus, quien entregó el dossier a Montset.
En 1997, tras contactar con su amigo Joan Raventós
y con Roc Fuentes, vinculado a Catalunya Verds,
éste convocó en sesión informativa a la Comisión
de Justicia del Parlament. Asistimos Salvador, Joan
Josep Queralt, catedrático de Derecho Penal, y yo
misma, como Vicepresidenta de DMD y experta
en Bioética. En un ambiente de consenso, el
Dr. Montset recibió el encargo de trasladar a la
Comisión de Bioética un estudio sobre diversos
aspectos clínicos y el Testamento Vital.
En diciembre del 2000, el Parlament aprobó por
unanimidad la ley 21/2000 “Sobre los derechos
de información, concernientes a la salud y a la
autonomía del paciente, y a la documentación
clínica”, que incluye en su artículo 8 las Voluntades
Anticipadas. Fue la primera legislación al respecto
en España y una de las pioneras en Europa.
El ponente expositor, Joan Ridao, diputado en
el Parlament por Esquerra Republicana, nos
agradeció a Salvador y a mí el esfuerzo realizado
por nosotros y por la asociación.Siempre es buen
momento paraasociarse
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Difusión en la sociedad de los ﬁnes de la Asociación promoviendo una opinión
y colectivos ciudadanos, para inﬂuir social y políticamente.
Atención al socio en relación con el ﬁnal de su vida: derechos, recursos, testamento
vital, grupo de ayuda mutua, etc...Servicios que te ofrece DMD
Información actualizada sobre la muerte digna.Página web con acceso a una zona exclusiva de socios, envío periódico de
Atención personalizada al ﬁnal de la vida.
públicos y privados, red de sanitarios por una muerte digna), decisiones al ﬁnal de la
vida, guía de autoliberación (socios con 3 meses de antigüedad).entra en www.eutanasia.ws y asóciate
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 artículo 2
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 artículo 87
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 artículo 8