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RECTIFICACIÓN DE ERRORES DE ACTOS ADMINISTRATIVOS | Franfustero's Blog
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1. Artículo 105.2 Ley 30/92 (ámbito administrativo) (precedente el art. 111 Ley de Procedimiento Administrativo):
“ Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.”
2. Artículo 267.2 LOPJ (ámbito procesal):
3. Artículo 214.3 LEC (ámbito civil):
4. Artículo 161, párrafo 3.º LECr (ámbito procesal penal):
“ Los errores materiales manifiestos y los aritméticos en que incurran las resoluciones de los Tribunales y Secretarios judiciales podrán ser rectificados en cualquier momento.”
1. Tiempo: en cualquier momento, una vez advertido el error.
2. Objeto: actos (de trámite, definitivos y de trámite cualificados) (no, por ejemplo, en un acta) que contengan (errores obstativos según Savigny):
a) Errores materiales (aquel caracterizado por “versar sobre un hecho, cosa o suceso, esto es acerca de una realidad independiente de toda opinión, criterio particular o calificación, estando excluido de su ámbito todo aquello que se refiera a cuestiones de apreciación de la trascendencia o alcance de los hechos indubitados, valoración legal de las pruebas, interpretación de disposiciones legales y calificaciones jurídicas que puedan establecerse”, STS de 25 de enero de 1984). b) Errores de hecho (“cuando el órgano administrativo que la dictó apoya su decisión en hechos inexistentes o no pondera otros que son reales y relevantes para lo que había de resolverse, STS de 26 de octubre de 2005, o según la STS de 19 de septiembre de 2004 “es sólo el que versa justamente sobre un hecho, cosa o suceso de forma independiente de toda opinión, criterio y calificación, excluyéndose toda cuestión jurídica y de apreciación de la trascendencia de hechos indubitados, incluso los hipotéticos errores jurídicos). Se define “como apreciación no ajustada a la realidad objetiva de los acontecimientos”, según el dictamen del Consejo de Estado n.º 4388/1998). Aunque parte de la doctrina y de la jurisprudencia afirma que el término “errores de hecho” es equívoco siendo el mismo término que el de “errores materiales”, ya que la concepción del “error de hecho” que tienen que supone una ruptura de la relación entre los hechos y el contenido de la decisión, exige procedimiento de revisión que en unos casos determina anulación (cuando afecte a los elementos esenciales del acto) y, en otros casos, convalidación (cunado afecte a elementos no esenciales del acto) (dependiendo de si procede la modificación del contenido del acto), por ejemplo la inadecuada apreciación de los datos por parte de la Administración (así lo establece el dictamen del Consejo de Estado n.º 2082/1995, de 5 de octubre)- c) Errores aritméticos: simples equivocaciones cometidas al consignar un determinado número o el resultado de operaciones aritméticas sometidas a reglas claramente establecidas
Requisitos: ostensible, manifiesto, indiscutible (STS de 15 de octubre de 1976) y evidente por sí mismo, sin necesidad de mayores razonamientos, y por exteriorizarse “prima facie” por su sola contemplación (STS 25-5-99) (dictamen Consejo de Estado n.º 55.115 de 27 de septiembre de de 1990). Deben advertirse de los datos obrantes en el expediente (o se deduce directamente del contenido de los Registros Públicos gestionados por la misma Administración, según dictamen del Consejo de Estado dictamen n.º 1636/1997, de 24 de marzo, sin acudir a interpretaciones de normas jurídicas. Debe ser imputable a la Administración (STS de 26 de octubre de 2005).
El error existe o no con independencia de sus consecuencias (puede ser nimio o de consecuencias importantes) (STS de 15 de octubre de 2003).
En resumen, se produce cuando la declaración de voluntad no coincide con el sentido exacto de la voluntad misma que se quiere expresar.
Ejemplos: errores de expresión, equivocaciones gramaticales o de cálculo, de fechas, de nombres o transcripciones de documentos.
a) El error de derecho: tiene un carácter de calificación jurídica, seguida de una declaración basada en ella (STS de 15 de febrero de 2006). Por ejemplo errores en la aplicación de las normas, esto es en la apreciación del supuesto de hecho, en la identificación de la norma aplicable o de las circunstancias determinantes de su aplicación o en las consecuencias propias de ésta.
b) El error de hecho.
3. Finalidad: reconducir el acto a los propios términos en que debió ser pronunciado (subsistencia del acto rectificado), y no consiste en anularlo o modificarlo con estimaciones nuevas o distintas. Es una intervención de carácter meramente instrumental y subordinado y no alberga una decisión sustantiva (STS de 05 de junio de 2006). Aquí voluntad y declaración de voluntad no coinciden, es la voluntad la que debe prevalecer, de acuerdo con la teoría del acto administrativo e incluso de cualquier expresión de voluntad (STS de 25 de febrero de 2003). 4. Límites (SSTS de 26 de noviembre de 1991, 23 de diciembre de 1992 y 06 de octubre 1994) (dictamen del Consejo de Estado n.º 611/1999):
a) Simultáneamente no se proceda de oficio a la revisión de los actos mismos (SSTS 11 de marzo y 4 de octubre de 1997).
b) No produzca una alteración fundamental o substancial en el contenido o sentido del acto, ni implique nueva valoración o calificación jurídica (Dictamen del Consejo de Estado 1n.º 284/1992) y, en consecuencia, afectar a derechos subjetivos que reconoce. (STS 16 de noviembre de 1998, FJ 2.º).
c) No padezca la subsistencia del acto administrativo (que no equivalga a la anulación, revocación o sustitución del mismo por uno nuevo sobre bases diferentes y sin las debidas garantías formales) (STS de 23 de diciembre de 1991).
d) No suponga error de derecho (aplicación de revisión de oficio, declaración de lesividad, revocación y recursos administrativos).
e) Artículo 106.1 Ley 30/1992, referidos principalmente a la salvaguarda de los derechos de los administrados, y más en concreto, a la protección de la apariencia creada por el acto erróneo: en la medida en que el error de hecho crea una apariencia tal que lleva a los administrados de buena fe al error de derecho o a una actuación determinada, la potestad rectificadora no puede ser utilizada.
5. Aplicación de esta potestad de rectificación (diferente a la potestad de revisión): de forma restrictiva (para ser rectamente entendida) (dictamen Consejo de Estado n.º 3.490/1997, de 17 de julio). El dictamen del Consejo de Estado n.º 2082/1995 establece que: “La mera existencia de una duda razonable sobre si realmente se trata o no de un simple error de los referidos en el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, debe llevar a la utilización de los procedimientos garantistas” (como por ejemplo la revisión de oficio). La Administración, una vez percibido el error, tiene la obligación de corregirlo (STS de 27 de diciembre de 1991, FJ 1.º y 2.º), pero siempre y cuando se de ese error, si no se da tiene obligación de iniciar y tramitar, y, en mi opinión, de resolver y notificar el procedimiento específico de rectificación. 6. Principios jurídicos de esta potestad:
a) Conservación de acto (conservatio acti), que es manifestación del principio de eficacia.
c) Indemnidad por actos ajenos (SSTS de 5 de diciembre de 1990 y 27 de diciembre de 1991, FJ 2.º, entre otras), manifestación del principio de eficacia.
d) Responsabilidad patrimonial de las AAPP, en virtud de un defectuoso funcionamiento del servicio público (STS de 30 de septiembre de 1986, considerando 5.º).
7. Procedimiento administrativo específico:
a) Inicio: de oficio o a instancia de los interesados (esta última es una acción de rectificación, que es por medio de una solicitud -con el contenido establecido en el art. 70 de la Ley 30/1992 – se equipara a la interposición del recurso administrativo previo al contencioso, equivalente al recurso de reposición previo y necesario a la via contenciosa-administrativa de la desestimación expresa o presunta de dicha solicitud, STS de 14 de mayo de 1986, FJ 2.º. Aunque se equipara, técnicamente no es un recurso, a diferencia de este la solicitud no tiene plazos preclusivos y tiene una clara limitación de la pretensión) (Auto TS de 17 de julio de 1987).
b) No hay un procedimiento expresamente establecido. No es necesario mayores exigencias procedimentales y sin necesidad del dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la CCAA, si requiere audiencia de las partes interesadas (sobre todo cuando se inicia a instancia de estas. El plazo para resolver y notificar de forma expresa no se establece, pero se aplica el general de 3 meses. Los efectos de no hacerlo es la caducidad del procedimiento si se inicia de oficio y si es a instancia se aplica el silencio administrativo. c) Competencia: no se establece expresamente, aunque se entiende que es el mismo órgano que dictó el acto, pero aun así la STS de 5 de junio de 2006 establece que no requiere la intervención del órgano competente para la resolución final del procedimiento.
d) Aparte de este procedimiento específico, podría alegarse sobre los actos de trámite no cualificados con la interposición del posible recurso administrativo ante la resolución administrativa o el acto de trámite cualificado, en virtud de un principio de economía procesal.
8. Contenido del acto administrativo rectificador (STS de 15 de febrero de 2006):
Ha de mostrar idéntico contenido dispositivo, sustantivo y resolutorio que el acto rectificado, sin que pueda la Administración, so pretexto de su potestad rectificatoria de oficio, encubrir una auténtica revisión. 9. Interposición:
Debe darse pie de recurso a los actos resolutorios y de trámite cualificados con la posibilidad de interponer recurso administrativo y con posterioridad contencioso-administrativo.
9. Incumplimiento:
Supone un “fraus legis”, incurre en causa de nulidad de pleno derecho ex artículo 62.1.e) y f) de la Ley 30/1992 (STS de 25 de mayo de 2007, para la letra f).
10. Mejoras de posible incorporación:
a) Artículo 148 del Código de Procedimiento Administrativo de Portugal afirma que: debe poseer efectos retroactivos y adoptarse bajo la forma y con la publicidad empleadas para dictar el acto objeto de rectificación.
b) En el artículo 74.2 de la Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las Administraciones Públicas de Cataluña afirma que: la competencia le corresponde al órgano que ha dictado el acto (también lo establece así el artículo 56.1 de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, así como el artículo 65 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, y el artículo 116.4 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía). Así lo establecía el artículo 55.1 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, matizando en el apartado 3 de dicho artículo lo siguiente: “Las erratas en el texto publicado, respecto del texto recibido, en el «Boletín Oficial de Navarra», podrán ser corregidas por el órgano encargado del Boletín, comunicándolo previamente al órgano del cual haya emanado el acto o la disposición objeto de corrección”. El artículo 51, párrafo primero de la Ley 4/2005, de 1 de junio, de funcionamiento y régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de de La Rioja establece que los podrán hacer los órganos competentes para instruir y resolver(también lo afirma el artículo 56.3 de la Ley Balear mencionada, así como el art. 99 de la Ley 1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y el artículo 57 del Decreto Legislativo 2/2001, de 3 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón). c) Artículo 55.2 de la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, afirma que la rectificación de errores deberá especificar, en su caso, los efectos jurídicos que de ella se deriven, y se deberá notificar o publicar preceptivamente cuando se refiera a actos que hayan sido objeto de notificación o publicación (también lo afirma el artículo 56.2 de la Ley Balear mencionada).
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rosa villar	abril 15, 2013 en 11:35 pm	Responder	Hola queria conocer que caducidad tiene la rectificacion de errores en relacion a hacienda , en concreto es un error en el iva , se equivocaron en la liquidacion que me hicieron.
Habia oido que eran 4 o 5 años , pero no se , ademas queria consultarte si se toma como referencia `para computarlo el trimestre de iva en cuestion o a partir de la fecha en que se dicto la liquidacion.
franfustero	mayo 22, 2013 en 11:30 am	Responder	Aplicación de los artículos 213.2 (supuestos de hecho de revisión) y 220 (rectificación de errores) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. El plazo es el establecido para la prescripción tributaria (si es en el Estado 4 años).
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