Source: http://www.legislaw.com.ar/juris/ajuste%20inflacion%20aplicabilidad%20cfape.htm
Timestamp: 2018-01-17 18:20:14+00:00

Document:
Jurisprudencia. Ajuste por Inflación
AJUSTE POR INFLACIÓN. MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA. PROCEDENCIA. ILEGITIMIDAD DE LAS NORMAS QUE IMPIDEN SU APLICACIÓN. VEROSIMILITUD DEL DERECHO
Causa 32.412/2003 - “ALFAJORES JORGITO S.A – INC MED C/ EN – AFIP DGI – LEY 24073 S/ MEDIDA CAUTELAR (AUTONOMA)”
Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, Sala V
AJUSTE POR INFLACION. AMPARO. LEGITIMIDAD. LESION AL DERECHO DE PROPIEDAD. ACREDITACIÓN. CONDICIONES
Causa “Santiago Dugan Trocello S.R.L. c/Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía s/amparo".
AJUSTE POR INFLACIÓN. MEDIDA CAUTELAR AUTÓNOMA. ILEGITIMIDAD DE LAS NORMAS QUE IMPIDEN SU APLICACIÓN. VEROSIMILITUD DEL DERECHO. PROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR.
Buenos Aires, 22 de junio de 2004
I – Que por decisorio de fs. 86/87 y vta. y 89 el señor Juez de la anterior instancia hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la actora.
II – Que contra tal decisorio interpuso recurso de apelación la demandada a fs. 96 expresando sus agravios a fs. 99/114 y vta. , cuyo traslado fue contestado por la parte actora a fs. 116/128.
III – Que, de acuerdo con reiterada jurisprudencia de los tribunales federales, la procedencia de medidas de la índole de la requerida, queda subordinada a la verificación de dos extremos insoslayables, a saber, la verosimilitud del derecho invocado y el peligro de un daño irreparable en la demora, ambos previstos en el art. 230 del Código Procesal, a los que debe unirse un tercero, establecido de modo genérico, para toda clase de medidas cautelares en el art 199 del citado texto adjetivo ( Conf. C. Fed en lo Cont Adm Sala II, in re: “ Irurzum”, sentencia del 23-2-82, entre muchas otras) –
Que, a su vez, la jurisprudencia y la doctrina han agregado que los requisitos antes citados se encuentran de tal modo relacionados que a mayor verosimilitud del derecho, cabe no ser tan exigente en la apreciación del peligro en la demora y –viceversa- cuando existe el riesgo de un daño extremo irreparable el rigor del fumus se puede atenuar ( Conf. C. Fed en lo Cont Ad, Sala II, in re: “ Pesquera del Atlántico SA c/ BCRA” sentencia del 14-10-85; Sala III in re: “Gibaut Hermanos”, sentencia del 8-9-83, esta Sala in re: “Ribereña de Rio Negro SA c/ DGI”, sentencia del 8-11-96, entre muchos otros; S.C Fassi: “ Código Procesal Civil y Comercial, Comentado, Anotado y Concordado”, segunda edición, tomo 1, n° 1186).-
IV – Que la procedencia de las medidas cautelares está subordinada a una estricta apreciación de los requisitos de admisión de los que surja acreditada prima facie la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta del accionar administrativo y un cuidadoso resguardo del interés público comprometido ( conf. Cámara Federal Contencioso Administrativo, Sala II, in re: “ T.V.A Televisión Abierta SRL c/ Poder Ejecutivo Nacional y otros s/ Medida Precautoria”, sentencia del 19-5-92).-
En efecto, a partir de la presunción de legitimidad de que goza el accionar administrativo, es requisito fundamental para admitir la pertinencia de medidas cautelares en su contra la comprobación de su manifiesta ilegalidad o arbitrariedad, pues sólo concurriendo dicha circunstancia resulta susceptible de ser enervada la recordada presunción (Sala I, in re: “Incidente de apelación medida cautelar en autos “ Mitjavila, Adrián C/ ANA s/ medida cautelar”, sentencia del 5-5-92).-
Ello así por cuanto en los litigios contra la Administración Pública o sus entidades descentralizadas, además de los presupuestos de las medidas de no innovar en general establecidos en el art. 230 del Código Procesal se requiere, como requisito especifico que la medida solicitada no afecte un interés público al que deba darse prevalencia ( Conf. Sala IV, in re: “ Banco Comercial del Norte SA y otro c/ Banco Central s/ Apelación resolución 582/91, sentencia del 9-10-92).-
V – Las medidas cautelares no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino solo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo agota su virtualidad ( Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re: “ Albornoz, Evaristo C/ Nación Argentina”, Fallos 306:2060, la Ley 1985-B, 212).-
Así ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa: “ Arizu, Enrique e Hijos SA C/ Provincia de Mendoza”, Fallos 307:2267; que la presunción de validez de los actos de los poderes públicos impide disponer por vía de una medida cautelar la suspensión de la aplicación de leyes o decretos si no se invoca la irreparabilidad del perjuicio que aquella pudiera producir a la actora. Ello obliga a una estricta apreciación de las circunstancias del caso, toda vez que a los requisitos usualmente exigibles para la admisión de una medida cautelar semejante debe agregarse la consideración ineludible del interés público.-
Que a mayor abundamiento cabe precisar, como lo ha expuesto la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa: “ Prodelco c/ PEN s/ Amparo”, sentencia del 7-5-98, que “…la restricción en la actuación del Poder Judicial… es de orden constitucional y fundado en el principio básico del sistema republicano de gobierno: la división de poderes, y en nada impide el ejercicio del deber – también constitucional – de controlar y revisar los actos de los otros poderes. Ello, por cuanto…la facultad de revisión judicial halla un límite que se encuentra ubicado en el ejercicio regular de las funciones privativas de los poderes políticos del Estado…el control de legalidad administrativa y el control de constitucionalidad que compete a los jueces en ejercicio del jurisdiccional no comprende la facultad de sustituir a la Administración en la determinación de políticas o en la apreciación de oportunidad ( doctrina de Fallos 308:2246; 311:2128).-
Que, en el caso sub exámine el comportamiento asumido por el poder administrador no aparece prima facie como ajustado a las situaciones económicas y a la realidad temporo-espacial; lo que certifica –sin lugar a dudas- la existencia de un derecho verosímil de quien recurre ante la Justicia en amparo de sus derechos constitucionales.
VI – Que la medida cautelar otorga, más que en el interés del solicitante de la misma, en la de la administración de justicia; ya que: “…cuando el Estado pone su autoridad al servicio del acreedor en peligro, no actúa solo en defensa de la satisfacción de un interés privado, sino en beneficio del orden jurídico en su integridad. La jurisdicción, también en este caso, no funciona uti cíngulo, sino uti civis. Tales decisiones se dirigen más que a defender los derechos subjetivos a garantizar la eficacia y por así decirlo la seriedad de la función jurisdiccional, el imperium judicis” ( Conf. Couture, “ Estudios de Derecho Procesal Civil “, Tomo 1, Desalma, 2° Edición, BsAs 1978, pág 999; conf. en sentido similar Amílcar Mercader, “ Estudios de Derecho Procesal “, Librería Editora Platense, La Plata, 1968, pág 196; José Acosta, “El Proceso de revocación Cautelar”, Ed. Rubinzal Culzoni, Bs As, 1986, pág 14)
Que respecto de la verosimilitud del derecho, no puede sino afirmarse que es apariencia de buen derecho, esto es, no solo apariencia. Por ello, lo que surge a la vista del juzgador como aparente, precisa que lo sea jurídicamente, de modo que pueda, preverse, según un cálculo de probabilidades, que en la decisión de fondo se declarará el derecho en lo Contencioso Administrativo Federal Sala I, in re: “ Asociación Civil Cruzada Civica para la DCUSP (Inc. Med.) c/ E. N” sentencia del 13-7-2000)
VII – Que la garantía cautelar aparece como puesta al servicio de la ulterior actividad jurisdiccional que deberá restablecer de un modo definitivo la observancia del derecho. La misma está destinada, más que a hacer justicia, a dar tiempo a la justicia de cumplir eficazmente su obra. En consecuencia, las medidas cautelares tienen por finalidad asegurar el resultado práctico de la sentencia que debe recaer en un proceso determinado, para que la justicia no sea burlada haciéndola de imposible cumplimiento ( conf. Alfredo Jorge Di Dorio “ Nociones sobre la teoría general de las medidas cautelares” LL 1978-B, pás 825/834).
VIII – Que en tanto el dictado de toda cautelar importa el anticipo de una eventual sentencia favorable, la verosimilitud del derecho debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa, por lo demás, improcedente el análisis exhaustivo de las relaciones que vinculan a las partes, cuya naturaleza y extensión han de ser dilucidadas con posterioridad ( conf. Cámara Federal Civil y Comercial Sala I, in re: “ Turisur SA c/ Estado Nacional – Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable – Administración de Parques Nacionales s/ nulidad de acto administrativo” sentencia del 24-02-2000)
IX – Que no escapa a este Tribunal que el juicio de verdad en materia de medidas cautelares se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, se agota su virtualidad ( CSJN, in re: “Dorisar c/ Tierra del Fuego, Provincia de s/ acción declarativa”, sentencia del 7-3-2000; Fallos 323:349). Como así también que cuando se trata de conceder o denegar medidas precautorias, a los jueces les está vedado adentrarse en la solución del fondo del asunto ( conf. CSJN, in re: “ Sociedad Aeronáutica San Fernando SRL y otros c/ Estado Nacional – Poder Ejecutivo Nacional”; Fallos 323:337).
X – Que, si bien la medida cautelar clásica nació en los ordenamientos procesales civiles, el transplante de las técnicas del derecho procesal civil al contencioso-administrativo no se produjo siempre de la misma manera, pues mientras algunos ordenamientos, como nuestros códigos provinciales en lo contencioso-administrativo, tipificaron la suspensión de los efectos del acto administrativo, otros sistemas acudieron a la aplicación analógica, de la normativa del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, cuyas prescripciones ampliaron el universo de las medidas cautelares contra la administración sobre la base de los clásicos requisitos procesales ( “fumus bonis iuris” y “periculum in mora”). esta fue, precisamente, la orientación seguida en el orden nacional que se adelantó, en muchos años, a la tendencia de muchos sistemas europeos reconociéndose a partir de mediados del Siglo XX, que los jueces disponían de plena potestad jurisdiccional para dictar medidas cautelares ( conf. Armando E. Grau “ Medida de no innovar contra la Administración Publica”, en Enciclopedia Jurídica Ameba, XX, Bs As, 1965, pag 273)
En los procesos cautelares contra los actos de los poderes públicos se enjuicia en forma preliminar la presunción de validez que ellos ostentan ( Conf. Cámara Nacional Contencioso Administrativo Sala I, in re: “ Aeropuertos Argentina 2000 SA c/ ORSNA – Resolución 69/99 y otro s/ Medida cautelar ( autónoma )” sentencia del 3-6-99).-
A los tres presupuestos básicos de procedencia de las medidas cautelares establecidos en el Código Procesal ( verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora y contracautela) corresponde añadir el atinente a que el derecho que con ellas se intenta proteger o garantizar pueda ser válida y útilmente reconocido en una sentencia ( conf. Cámara Nacional Cont. Adm. Sala IV, in re: “ Gonzalez, Alejandro Daniel y otros c/ Estado Nacional – M° de Cultura y Educación” sentencia del 7-4-98); situación –prima facie- no predicable respecto del caso en análisis.
El poder cautelar general es la potestad jurisdiccional de ordenar las medidas provisorias que se juzguen adecuadas para evitar los eventuales perjuicios. Estamos en presencia de una norma casi en blanco. Este vastísimo poder tiene naturaleza discrecional. Pero discrecional no es arbitrariedad. Es solamente libertad de elección o de determinación, dentro de los límites de la ley. Se corresponde esta facultad con la inevitable existencia de lagunas dentro del orden jurídico, porque la ley, por su necesaria abstracción y generalidad, se ve a menudo imposibilitada de determinar las reglas de conducta para las peculiaridades infinitas de los casos concretos de los casos concretos. Aquí el juez debe ser verdaderamente juez, y la metodología a emplear no puede reducirse al viejo silogismo (premisa mayor: la ley, premisa menor: las circunstancias de hecho, conclusión: la decisión). Por el contrario, tratará de hacer posible la adaptación del derecho al problema concreto. Debe valorar independientemente, porque el legislador se ha confesado impotente para prever todas las facetas de la realidad. El poder cautelar general resulta ser entonces una facultad circunstancialmente atribuida a los jueces para decidir sobre los hechos de la causa o apreciar los elementos que obran en la misma, sin estar sujeto a previa determinación legal, con arreglo a su leal saber y entender. No es por lo tanto una discrecionalidad técnica. Hay una conocida máxima, recogida en algunas legislaciones procesales, que señala: cuando la ley dice: “ El juez puede o podrá”, se entiende que lo autoriza para obrar según su prudente arbitrio, consultando lo más equitativo o racional, en obsequio a la justicia. en esencia se trata, pues, de una facultad que hace honor a la parte más noble de la persona del juez: su razón y su conciencia, al servicio de la justicia ( Conf. Eduardo Néstor de Lazzari, Las medidas cautelares en el procedimiento penal de la Provincia de Buenos Aires, J.A: 1989-IV, pag 784 y s.s.)
Que si el Tribunal se ha extendido más de lo habitual en la cita que se efectúa en el considerando anterior no es sino, con el fin de poner de relieve el sutil análisis que cuestiones como las aquí debatidas exigen del juzgador.
En efecto, sin renunciar al principio de la jurisdicción, propio de todo tribunal, no puede admitirse que el ejercicio de tal poder pueda afectar la división de poderes de nuestro sistema republicano y provocar una interferencia en la percepción de las rentas públicas cuando, en definitiva, es también función del Poder Judicial mantener la integridad del Estado y auspiciar con su accionar el funcionamiento normal de las instituciones creadas y amparadas por nuestra Carta Magna ( Conf. esta Sala, in re: “Correo Argentino SA c/ Estado Nacional”, sentencia del 16-03-01).
XI – Que expuestas en líneas generales los principios fundamentales que rigen las medidas cautelares y aún sin perder de vista la particular aplicación que de ellos se debe formular cuando se trata de providencias de tal naturaleza dirigidas contra el Estado, sus entidades u órganos, y tampoco el criterio prudencial que preside las providencias cautelares en materia de percepción de la renta pública, cabe a continuación recordar que las vicisitudes del denominado ajuste por inflación se deben conectar con la circunstancia de haberse impuesto el 1° de abril de 1991 el régimen de convertibilidad de la moneda. Luego, el art. 4 de la ley 25.561, modificatorio de la ley n° 23.928, dispuso que se mantienen derogadas todas las normas legales y/o reglamentarias que establezcan o autoricen el reajuste de precios, costos, deudas, impuestos o tarifas de los bienes, obras o servicios. Por último, el art. 5 del decreto 214/02 excluyó de los mecanismos de ajustes previstos en su art. 4, las obligaciones de cualquier naturaleza que se generen después de la vigencia de la ley 25.561.
En tales condiciones se puede “ prima facie” concluir que el contexto normativo que impide realizar ajustes en el balance impositivo derivados de la inflación acaecida en el periodo fiscal 2002, se vincula a una de las razones esenciales de su conformación y que fue, justamente, la vigencia del régimen de convertibilidad, dentro del cual era incompatible la norma que si la autorizaba a liquidar el gravamen ( Conf.. ley n° 21.894).
Derogada la convertibilidad por la ley n° 25.561 y verificada la existencia de inflación en un periodo fiscal, adquiere verosimilitud el derecho que alega la pretensora en el sentido de que no se apliquen a su respecto las normas que impiden la liquidación del tributo, máxime en cuanto pudiese sustentarse en disposiciones del decreto n° 214/02, cuya validez constitucional ha sido impugnada por múltiples pronunciamientos – inclusive de esta Sala – en cuestiones que exhiben cierta simetría y que adecuadamente fundan la cautela pretendida, como lo admitió la resolución de la anterior instancia.
Que en aquello que atañe al requisito del peligro en la demora, cabe, por de pronto, observar que la intensidad que la verosimilitud del derecho en el caso muestra, justifica una menor exigencia en su consideración, sobre todo cuando las razones que esgrime la decisión apelada resultan a juicio de la Sala suficientes para admitir su concurrencia. Al respecto, es apropiado señalar que de no ser admitida la tutela el contribuyente puede ser constreñido al pago del impuesto calculado sobre una base imponible materialmente inexacta que, en última instancia, llevaría a tributar ganancias a quien tuvo pérdidas o a tributar por ganancias mayores a las efectivamente obtenidas.
Finalmente, de frente a las quejas deducidas por la Administración federal de Ingresos Públicos, corresponde poner de relieve que la cautela conferida no impide la recaudación de ingresos fiscales, sino que los limita temporariamente hasta que medie pronunciamiento definitivo en un proceso de trámite abreviado y sumarisimo, en función de restricciones que ponderan tanto circunstancias públicas notorias, como la secuencia normativa acaecida en el ámbito de la política monetaria y los eventuales efectos sobre la aplicación de las leyes tributarias correlativas.
XII – Que, si bien la cuestión implica una problemática técnica de tal envergadura que supera ampliamente el limitado ámbito de estudio que el dictado de toda medida cautelar presupone ( Conf. esta Sala, in re: “ Telecom Personal SA s/ medida cautelar autónoma”, sentencia del 22 de agosto de 2002); no cabe desatender la pretensión del recurrente.
XIII – Que, en síntesis “prima facie” y en el estado larval del proceso no resulta desacertado acceder a la pretensión incoada.
Por ello es que, corresponde confirmar lo decidido por el Sr Juez fs. 86/87 y vta. y 89; con costas de esta instancia a la demandada vencida (arg. art. 68 del Código Procesal).
Dr. Pablo Gallegos Fedriani
Dr. Carlos Manuel Gnecco
Voto en disidencia del Dr. Luis César Otero:
El recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 96, fundado a fs. 99/114 vta., el que fue replicado a fs. 116/128, contra la resolución de fs. 86/89 y:
I – Por resolución apelada el Señor Magistrado –previo examen fáctico y jurídico de la medida cautelar autónoma requerida por la pretensora- confr. Considerando I, fs 86vta, resolvió concederla y ordenar a la AFIP DGI se abstenga de iniciar o proseguir trámites administrativos o judiciales tendientes a la ejecución del tributo en cuestión. Asimismo, dispuso que “para el caso en que hayan concluido las etapas administrativas, corresponde ordenar a la AFIP se abstenga de iniciar el proceso de ejecución fiscal; si lo inició, se abstenga de requerir embargo y, finalmente, si ya lo solicito y obtuvo la orden de embargo, se le ordena que solicite su levantamiento”. Además agregó que “los mismos motivos que llevan a considerar presente el requisito de verosimilitud ( presencia de quebrante en lugar de ganancia ), conducen lógicamente a valorar la juratoria como contracautela suficiente” (v. parte resolutiva de fs. 87vta.).
Tal resolución fue ampliada a fs. 89 declarando “ que la prohibición contenida en la parte dispositiva de la resolución asegurativa de referencia, no alcanza a la porción ni litigiosa del presente conflicto referida a la obligación del cálculo el tributo con ajuste por inflación”.-
II – Los argumentos que sustentaron tal decisión son:
1) Aún cuando las resoluciones precautorias son dictadas bajo responsabilidad de su peticionante, en el sentido en que se toman asumiendo la veracidad de los dichos de áquel dato el carácter e inaudita parte con que son dictadas ( art. 208 del CPCC) “en este caso, el actor ha dado un paso probatorio que tiene peso por si mismo más allá de no haber podido ser compulsado aún por la demandada, por cuanto ha aportado datos contables certificados por contador público matriculado”. “Ello así, ha acreditado que en su caso, obligar al cálculo del impuesto con base en las directrices de normas cuya vigencia obedeció a una realidad económica diferente de la actual, conduce a una inequidad tributaria, en tanto propicia la tributación tomando en cuenta una base imponible materialmente falsa que lleva a tributar por ganancias a quien tuvo pérdidas. Naturalmente, de confirmarse que los cálculos efectuados en las certificaciones contables presentados por la sociedad actora son correctos, estaríamos frente a una circunstancia modelo de violación del principio de capacidad contributiva, lo que provee de suficiente verosimilitud al planteo de Alfajores Jorgito SA” (v. Considerando 2, apartado segundo, tercero y cuarto).-
2) Respecto al requisito del peligro en la demora, entendió el señor Juez que también se verifica por cuanto con la documental presentada en autos queda demostrado que la accionante no se encuentra en condiciones de hacer frente al reclamo impositivo que impugna, en la medida que se trataría de un pago cuyo monto habría que sumar al del quebranto. Agrega que “Enmarcada en tal circunstancia, no parece que tener mayor sentido permitir a la AFIP desarrolle sus potestades ejecutivas puesto que todo conduce a pensar, por ahora, que tal actividad fiscal es potencialmente dispendiosa para el Fisco e innecesariamente agraviante para el actor” (v. considerando 2, apartado quinto, fs. 87 vta.).-
III – Previo a enunciar los agravios de la demandada, cabe señalar que la empresa actora ha deducido se decrete una medida cautelar autónoma a fin de que se ordene a la Administración Federal de Ingresos Públicos que permita a la pretensora aplicar los mecanismos de ajustes previstos por el Titulo VI de la Ley N° 20-628 del Impuesto a las Ganancias denominado “ Ajuste por Inflación” en los artículos 94 a 987 de dicha ley tributaria, que se encuentran actualmente suspendidos en su aplicación por disposición de lo normado por el art. 39 de la ley N° 24.073, para los ejercicios cerrados en el año 2002 y siguientes, inclusive sus anticipos. Dicha medida deberá a su vez ordenar a la Administración Federal de Ingresos Públicos que se abstenga de iniciar, promover o proseguir todo tipo de acción administrativa y/o judicial tendiente a determinar y/o percibir el impuesto a las ganancias por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2002 y siguientes, inclusive sus anticipos, cuando se pretenda basar cualquier determinación de deuda en la imposibilidad de practicar el ajuste por inflación antes descripto” (v. considerando II, fs 1vta.).-
IV – Los fundamentos de la AFIP DGI para impugnar la decisión del magistrado son:
1) La medida cautelar autónoma ha sido redactada como si fuera una sentencia de fondo (v. capitulo III, fs. 99vta./100).-
2) El derecho no es verosímil y con el fin de tener por acreditado tal presupuesto, el juez efectuó un análisis de la prueba por ella aportada y omitió toda consideración respecto de las normas que suspenden la aplicación del ajuste pretendido y que fueron reseñadas en el capitulo V de la expresión de agravios. En consecuencia, se ha apreciado la verosimilitud del derecho en forma claramente dogmática y mediante una interpretación arbitraria y poco razonada ha forzado una decisión favorable a la actora pero claramente improcedente (v. capitulo V, fs 101/102vta.)
3) Las probanzas valoradas por el Juez han sido emitidas de manera unilateral y sin intervención de la AFIP lo que lleva necesariamente a concluir que en absoluto puede estarse a los datos en ella contenidos y tomar los mismos como reales y darles, en consecuencia, el alcance probatorio que le da la sentencia cuestionada (v. capitulo. fs 102vta/103).-
4)La actora no acreditó, ni siquiera se detuvo a esbozar una demostración que el cumplimiento de la presentación de la declaración jurada de ganancias del ejercicio objeto del presente proceso, de conformidad con la suspensión vigente del régimen por ajuste por inflación, la colocaría en una situación de grave perjuicio económico ( v. capitulo V, fs 103vta.). Basta recordar al efecto que la actora avala el supuesto peligro en la demora en una simple certificación contable no verificada por la AFIP.-
5) En tal sentido y en lo que hace al debido proceso adjetivo debe tenerse presente que ya sea a través del procedimiento de determinación de oficio o, en su caso, de la repetición, los contribuyentes cuentan con la posibilidad de plantear su postura e interpretación de las normas aplicables para la determinación de los tributos y de acceder a la justicia, en el supuesto de que ducha postura e interpretación no sea receptada en sede administrativa. Es decir, la ley de procedimiento tributario a la vez que faculta a este organismo a determinar y/o exigir el tributo que dentro del marco legal considera se le adeuda, plenamente resguarda el derecho de defensa de los administrados mediante la previsión de una serie de recursos o acciones, siendo de destacar que si ciertos que si en ciertos y determinados supuestos el pleno ejercicio de ese derecho recién podrá concretarse luego del pago del tributo, ello responde a circunstancias particulares y a la propia voluntad del legislador. De modo tal, la cautelar esta vedando los procedimientos previstos expresamente por el legislador para asegurar a los contribuyentes la posibilidad de plantear aquello que justamente ha buscado a través de la presente acción y, en ese contexto, donde la medida cautelar resulta irrazonable y además, ilegitima por apartarse de las normas especiales aplicables al caso. Además la cautelar decretada prescinde de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no ha visto modificada, respecto de que es “importante afirmar que el régimen de medidas cautelares suspensivas en materia de reclamos y cobro fiscales debe ser examinado con particular estrictez” (“Firestone de Argentina SAIC, Fallos 313:1420).-
Es de destacar que recientemente con fecha 19 de septiembre de 2002 el Máximo Tribunal ratificó la doctrina arriba transcripta al compartir el dictamen del procurador general en los autos “ Magnelli Daniel Héctor c/ Administración Federal de Ingresos Públicos-Dirección General Impositiva s/ Recurso de Hecho”. Es más, no es correcto que los procedimientos que por la cautelar se ordena a este organismo abstenerse de iniciar, harían tardío el posterior reconocimiento de los derechos constitucionales invocados por el actor, pues el contribuyente tiene en su caso, los derechos y acciones para garantizar su derecho a la defensa en juicio. Además, la sentencia atacada es excesiva en cuanto impide iniciar los referidos procedimientos determinados por el impuesto y periodo en cuestión. En síntesis, no sólo no existe un peligro en la demora que justifique la medida cautelar decretada, sino que la misma constituye o se funda en una falacia ya que la protección de los derechos invocados por el actor precisamente estaban asegurados por los procedimientos que se vedan por aquella y que en forma expresa contempló el legislador para que los contribuyentes ejercieran su derecho de defensa. Por ello se ha utilizado una vía procesal que no es idónea los fines perseguidos, dado que la determinación de oficio que pueda realizar la Administración es reparable habida cuenta que tiene establecido por ley vías para atacar el criterio fiscal. En efecto, si el contribuyente sostiene que ve afectado su derecho de propiedad y el principio de capacidad contributiva, el marco más idóneo –dada su especialidad técnica, jurídica y la bilateralidad que presupone- para demostrarlo era el procedimiento de determinación de oficio, el que al ser impedido por la medida cautelar que nos ocupa, hace que aquella manifestación sea imposible de verificar, constituyendo por ende, una mera afirmación dogmática ( v. capitulo V, fs. 105vta/107).-
6) La actora cuestiona normas impositivas de base legal dictadas por el Congreso de la Nación (v. capitulo VI, fs. 107vta) y además la medida cautelar afecta una función pública que son propias y exclusivas del Fisco Nacional como organismo recaudador. La gravedad de la resolución, importa un avasallamiento al principio de división de poderes: el Juez no puede obligar a la AFIP –mediante una cautelar- a que resigne la función de control y determinación del impuesto con arreglo a la legislación vigente (v. capitulo VII, fs. 108vta/109).-
7) La contracautela es insuficiente (v. capitulo VIII, fs 110vta/111).-
8) El fallo es arbitrario (v. capitulo IX, fs 111vta.) y la prueba acompañada por la actora – por la cual se apreció la concesión de la cautela requerida- es incompleta y carece de información complementaria. Por lo demás el Fisco no está en condiciones de discutir judicialmente una situación económica financiera que no ha podido analizar previamente a través de sus libros y su documentación respaldatoria (v. capitulo X, fs 111vta./114).-
V – La actora, por su parte, contesta los agravios de la demandada pero, esencialmente, con argumentos ya desarrollados en presentaciones anteriores ( v. inicio de demanda, fs 1/19vta.) y rebatiendo a través de la documental acompañada (v. fs 25/85).-
VI – El a quo en las consideraciones de la precautoria concedida anticipa fundamentos que hacen al fondo de la temática planteada, pues opina que con los datos contables aportados por el actor, y aún cuando ello no pudo ser compulsado por la demandada tal como lo reconoce el juzgador ( fs. 89 primer párrafo), se habría configurado una ”inequidad tributaria”, en tanto propicia la tributación tomando en cuenta una base imponible materialmente falsa que lleva a tributar por ganancias a quien tuvo pérdidas”.-
A ello agrega que en base a dicha documentación “la accionante no se encuentra en condiciones de hacer frente al reclamo impositivo que se impugna, en la medida en que se trataría de un pago cuyo monto habría que sumar al del quebranto”.-
Que no se advierte la factibilidad jurídica de conceder medidas cautelares cuyo objeto signifique anticipar los criterio sustentables de una sentencia definitiva, pues esta enmarca su contenido en el juicio de verdad ajena a la finalidad de la cautelar requerida que no puede anticipar la declaración de certeza de la existencia del derecho pretendido.-
VII – Siendo ello así, teniendo especialmente en cuenta, que mediante las medidas cautelares no es posible que su contenido provoque la satisfacción plena del juicio, y tal como fundamenté en mi voto en los autos “Kentavros SA”, sentencia del 19/05/2004, causa N° 174.610/2002 ( resolviendo la revocación de la medida cautelar que había sido concedida) a cuyos fundamentos corresponde, por razones de economía y celeridad procesal remitirse, acompañándose la copia respectiva como parte integrante de la presente.-
En tales condiciones, corresponde revocar la medida cautelar, con costas por su orden atento la complejidad de la materia en debate ( art 68, segunda parte, del Código Procesal).-
Por lo expuesto SE RESUELVE, por mayoría: Confirmar los decidido por el Sr. Juez a fs. 86/87 y vta y fs. 89. Las costas de esta instancia se imponen a la demandada vencida ( art 68 del Código Procesal)
PABLO GALEGOS FEDRIANI
LUIS CESAR OTERO ( EN DISIDENCIA)
AMPARO. AJUSTE POR INFLACION. LEGITIMIDAD. LESION AL DERECHO DE PROPIEDAD. ACREDITACIÓN. CONDICIONES
S. 96. XL.
S. 1771. XXXIX.
Santiago Dugan Trocello S.R.L. c/ Poder
Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía
s/ amparo.
A fs. 246/251, la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó lo resuelto en la instancia anterior y, en consecuencia, ratificó la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.073, del art. 41 de su similar 25.561 y del art. 51 del decreto 214/02, así como de toda otra norma que impida aplicar el mecanismo de ajuste por inflación establecido en los arts. 94 y siguientes de la ley 20.628 (t.o. por decreto 649/97) para liquidar el impuesto a las ganancias del ejercicio fiscal iniciado el 11 de agosto de 2001 y finalizado el 31 de julio de 2002.
Recordaron los jueces que el principio de capacidad contributiva impide gravar con ese impuesto rentas nominales, inexistentes o ficticias, como asimismo que él hace a la validez del gravamen pues, en caso contrario, se afectaría el derecho de propiedad, al incidir sobre otros bienes que no integran su hecho imponible y a los que el contribuyente deberá recurrir para satisfacer el pago. Por
ello, agregaron, el título VI de la ley 20.628 admite el ajuste por inflación, como forma de obtener un resultado impositivo de base real, no desnaturalizado por la incidencia de variaciones en los precios.
Precisaron que el decreto 1269/02 ya había reconocido la significativa alteración producida por la inflación en los estados contables durante el primer semestre del 2002 y, consecuentemente, permitió su reajuste, ante el peligro de desaparición -por pérdida del capital social- de las sociedades comerciales.
Sin embargo, concluyeron que en los resultados impositivos se verifica idéntico fenómeno, sin que exista una respuesta acorde a la plasmada en aquel reglamento. Por el contrario, el art. 39 de la ley 24.073 impide actualizar con posterioridad a marzo de 1992, mediante una solución que pudo ser adecuada a la realidad del momento en el cual fue instaurada, pero no al período sub judice.
En tales condiciones, valoraron que el actor había arrimado abundante prueba de su objeto social y de sus posiciones en el impuesto a las ganancias, en aras a demostrar las diferencias que -a la hora de abonar la gabela- resultaba de liquidar el tributo con y sin ajuste por inflación, de lo cual surgía sumariamente que, sin el empleo de este último mecanismo, el gravamen podría afectar su capital neto, en violación de los principios que prohíben la confiscación y que declaran inviolable la propiedad.
Por ello, entendieron que la prohibición de aplicar el ajuste por inflación, según lo ordenan los arts. 39 de la ley 24.073, 41 de su similar 25.561 y 51 del decreto 214/02, viola los principios constitucionales citados en el párrafo anterior y no guarda razonabilidad con la situación de hecho verificada en el período sub lite, por lo que debe readmitirse la aplicabilidad del título VI de la ley 20.628 para impedir que se tribute sobre ganancias inexistentes o
Disconforme, la demandada interpuso el recurso extraordinario de fs. 254/265, que fue concedido a fs. 276/277 en cuanto se puso en tela de juicio la interpretación y alcance de normas de carácter federal, al tiempo que se lo desestimó en lo referente a arbitrariedad y gravedad institucional.
Ante esta decisión, la apelante presentó recurso de hecho que corre agregado por cuerda.
En primer lugar, se opuso a la procedencia formal de la acción, ante la inexistencia -a su criterio- de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en las normas atacadas.
También agregó que las afirmaciones de la actora, relativas al impacto de la inflación en sus resultados, solo se fundan en la prueba documental que ha acompañado, elaborada sin posibilidad de control por parte del Fisco Nacional.
Negó, por lo tanto, que se encuentre acreditada la existencia de un daño concreto y grave, requerido para que proceda el remedio intentado y aseveró que su demostración necesita de un amplio margen de debate y prueba, ajeno a este tipo de procesos.
En cuanto al fondo del asunto, puntualizó que la fijación del valor de la moneda es un acto reservado por la Constitución al Congreso Nacional, en cuya virtud lo decidido por el a quo configura un grave peligro para el orden de la República, pues altera el principio de división de poderes.
Negó que el fenómeno económico vivido en el 2002 responda técnicamente al término "inflación" en cuanto a alzas generalizadas de precios, sino que lo circunscribió a alteraciones puntuales de aquéllos, en términos relativos y durante un tiempo acotado.
Por último, rechazó la supuesta afectación del capital neto de la accionante y la confiscatoriedad del impuesto a las ganancias en el período de autos, ante la inexistencia de prueba cabal que permita demostrar la absorción -por parte del Estado- de una parte sustancial del capital o de la renta, en las condiciones requeridas por la jurisprudencia de la Corte.
Estimo que, por razones de economía procesal, es conveniente tratar de manera conjunta lo referido a la apelación extraordinaria de fs. 254/265 y a la queja que corre por cuerda y, por la índole del planteo y sus efectos propios, en primer término los agravios de la demandada referentes a la aptitud de la vía escogida por el actor.
Ya desde sus orígenes, ha sostenido el Tribunal que es elemental, en nuestro sistema constitucional, la atribución que tienen y el deber en que se hallan los tribunales de justicia, de examinar las leyes en los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolos con el texto de la Ley Fundamental para averiguar si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse de aplicarlas si las encuentran en oposición con ella, siendo esta atribución moderadora uno de los fines supremos y fundamentales del poder judicial nacional y una de las mayores garantías con que se ha entendido asegurar los derechos consignados en la Constitución, contra los abusos posibles e involuntarios de los poderes públicos (Fallos: 33:162).
Esta doctrina no se debilita ni desvirtúa por la necesidad de que tal función jurisdiccional se lleve a cabo en la vía procesal adecuada, de conformidad con los hechos e intereses que juegan en el caso concreto, incluso en el amparo.
Ha sido claro el Tribunal al puntualizar que la aparente rigidez del art. 21, inc. d), de la ley 16.986 no puede ser entendida en forma absoluta, porque ello equivaldría a destruir la esencia misma de la institución que ha sido inspirada en el propósito definido de salvaguardar los derechos sustanciales reconocidos por la Constitución, cuando no existe otro remedio eficaz al efecto (Fallos:
267:215; 306:400). Este principio, que ya había sido sostenido por la Corte con anterioridad a la sanción de la ley citada (Fallos: 252:167; 253:15, entre otros) fue aplicado, por otra parte, a las normas legales y reglamentarias de alcance general, categorías entre las que V.E. sostuvo que no cabe formular distinciones a este fin (Fallos: 252:167).
Por ello, es asentada doctrina que el art. 21, inc. d), de la ley 16.986 halla su quicio en tanto se admita el debate de inconstitucionalidad en el ámbito del proceso de amparo, cuando al momento de dictar sentencia se pudiese establecer si las disposiciones impugnadas resultan o no clara, palmaria o manifiestamente violatorias de las garantías constitucionales que este remedio tiende a proteger (confr. doctr. de Fallos: 267:215; 306:400, entre otros). Impedir este análisis en el amparo -como se enfatizó en Fallos 313:1513 (cons. 13)- es contrariar las disposiciones legales que lo fundan al establecerlo como remedio para asegurar la efectiva vigencia de los derechos constitucionales, explícitos o implícitos, así como la.función esencial de la Corte, de preservar la supremacía constitucional (arts. 31 y 117, Constitución Nacional). Este criterio no ha variado, sin más, por la sanción del nuevo art. 43 de la Constitución Nacional, pues reproduce -en lo que aquí importa- el art. 11 de la ley reglamentaria, imponiéndose idénticos requisitos para su procedencia (Fallos: 319:2955; 323: 1825, entre otros).
En tales condiciones, no advierto que se configure en autos el supuesto de procedencia examinado anteriormente, en las condiciones fijadas por la jurisprudencia del Tribunal, dado que la restricción consagrada por los arts. 39 de la ley 24.073 y 41 de su similar 25.561, así como por el art. 51 del decreto 214/02, no se evidencia -en mi criterio- como clara, palmaria o manifiestamente contraria a las disposiciones constitucionales invocadas.
En efecto, el art. 39 de la ley 24.073 dispuso –a los fines de las actualizaciones de valores previstas en la ley 11.683 y en las normas de los tributos por ella regidos, no alcanzados por las disposiciones de la ley 23.928- que las tablas e índices que a esos fines elabora la Dirección General Impositiva para ser aplicados a partir del 11 de abril de 1992, deberán, en todos los casos, tomar como límite máximo las variaciones operadas hasta marzo de 1992
A su turno, el art. 41 de la ley 25.561 modificó -en lo que aquí interesa- el texto de los arts. 71 y 10 de la ley 23.928. Con su nueva redacción, el art. 71 dispone: "El deudor de una obligación de dar una suma determinada de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá.actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su
causa, haya o no mora del deudor, con las salvedades previstas en la presente ley".
Por su parte, el art. 10 ahora establece: "Mantiénense derogadas, con efecto a partir del 1º de abril de 1991, todas las normas legales o reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria, variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional -inclusive convenios colectivos de trabajo- de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda pagar".
Es evidente, en mi criterio, que tanto el art. 39 de la ley 24.073 como el art. 41 de la ley 25.561 –que sustituyó el texto de los arts. 71 y 10 de su similar 23.928- representan una decisión clara y terminante del Congreso Nacional de ejercer las funciones que le encomienda el art. 67, inc. 10, de la Constitución Nacional (texto anterior a la reforma de 1994, vigente a la promulgación de la ley 24.073. Actual art. 75, inc. 11).
Creo necesario recordar que, con sustento en idéntico precepto constitucional, V.E. ratificó la competencia del Congreso Nacional para dictar la ley 23.928 y aclaró que, a partir de tal acto legislativo, no sólo habían quedado derogadas disposiciones legales sino que, además, debían ser revisadas las soluciones de origen pretoriano que admitían el ajuste por depreciación, en cuanto, precisamente, se fundaron en la falta de decisiones legislativas destinadas a enfrentar el fenómeno de la inflación (Fallos: 315:158, 993).
Desde esta perspectiva, no cabe sino reafirmar aquí que la prohibición al reajuste de valores así como de cualquier otra forma de repotenciar las deudas, ordenada por los preceptos cuestionados, es un acto reservado al Congreso Nacional por disposiciones constitucionales expresas y claras, pues es quien tiene a su cargo la fijación del valor de la moneda y no cabe pronunciamiento judicial ni decisión de autoridad alguna ni convención de particulares tendientes a su determinación (Fallos: 225:135; 226:261 y sus citas).
En mi postura, entonces, el reconocimiento de tal facultad impide -dentro del limitado marco del presente proceso- acceder a lo peticionado por el amparista, no sólo porque la decisión legislativa así adoptada no puede ser tachada de "manifiestamente" arbitraria o ilegítima (cfr. Fallos: 314:258, cons. 21), sino también porque la declaración de inconstitucionalidad es la más delicada de las funciones susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico (Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300: 241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708 y 324:920, entre otros); por lo que no cabe formularla sino cuando un acabado examen del precepto conduce a la convicción cierta de que su aplicación conculca el derecho o la garantía constitucional invocados (Fallos:315:923; 321:441), principio que debe aplicarse con criterio estricto cuando la arbitrariedad e ilegalidad invocada requiere mayor debate y prueba.
La arbitrariedad "manifiesta", a mi modo de ver, tampoco encuentra sustento en el incremento de la carga tributaria que supuestamente trae aparejada la prohibición de emplear el mecanismo de ajuste establecido en el título VI de la ley 20.628, a poco que se repare -aún para el caso de verificarse tal aumento- que las leyes cuestionadas emanan del único poder del Estado investido de la atribución para el establecimiento de impuestos, contribuciones y tasas (Fallos: 155:290; 248:482; 303:245; 312:912; 316:2329; 319:3400, entre otros) y han cumplido también con el requisito del art. 52 de la Constitución Nacional (ley 24.073, aprobada por la Cámara de Diputados en la sesión del 11 y 18 de marzo de 1992 y por el Senado en la sesión del 1 y 2 de abril de 1992; ley 25.561, aprobada por la Cámara de Diputados en la sesión del 5 de enero de 2002 y por el Senado en la sesión del 6 del mismo mes y año).
En tales condiciones, no puede desconocerse que el acierto o el error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba pronunciarse (Fallos: 313:410), por lo que la declaración de inconstitucionalidad de una ley –acto de suma gravedad institucional- exige que la repugnancia de la norma con la cláusula constitucional sea manifiesta, clara e indudable (Fallos: 314:424; 320:1166). Y que quien tacha de inconstitucional una norma tributaria aduciendo que viola sus derechos de propiedad e igualdad debe probar de modo concluyente cómo tal afectación ha tenido lugar (arg. Fallos: 314:1293 y 320:1166).
También se ha cuestionado el art. 51 del decreto 214/02, el cual dispuso que el coeficiente de estabilización de referencia, aplicable a los depósitos y deudas especificados en el art. 41 del mismo reglamento, no deroga lo establecido por los arts. 7º y 10º de la ley 23.928 (texto según art. 4º, ley 25.561) y ratificó que las obligaciones de cualquier naturaleza u origen que se generen con posterioridad a la sanción de la ley 25.561 no podrán contener ni ser alcanzadas por cláusulas de ajuste.
Entiendo que el análisis de la inconstitucionalidad de este precepto deviene abstracto, atento a lo dicho más arriba respecto del art. 39 de la ley 24.073 y 41 de su similar 25.561, en cuyas disposiciones encuentra fundamento suficiente la restricción cuestionada por la actora (Fallos: 293:708; 312:995).
Para finalizar, creo necesario destacar que las consideraciones anteriores no importan abrir juicio definitivo sobre la legitimidad de la pretensión sustancial de la amparista en orden a los derechos que entienden le asisten, la que podrá -entonces- ser debatida y dilucidada por la vía pertinente.
Por lo expuesto, opino que corresponde dejar sin efecto la sentencia de fs. 246/251 en cuanto fue materia de apelación extraordinaria y rechazar in limine la demanda de amparo
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2004
Es Copia ESTEBAN RIGHI.
Buenos Aires, 30 de junio de 2005.
Vistos los autos: "Santiago Dugan Trocello S.R.L. c/
Poder Ejecutivo Nacional - Ministerio de Economía s/
amparo".
Que las cuestiones planteadas han sido adecuadamente consideradas en el dictamen del señor Procurador General de la Nación, cuyos fundamentos son compartidos por el Tribunal, y al que corresponde remitirse a fin de evitar reiteraciones innecesarias.
Sin perjuicio de ello, se estima pertinente agregar que el mero cotejo entre la liquidación del impuesto efectuada sin el ajuste por inflación, y la suma que correspondería abonar por el tributo en caso de aplicarse tal mecanismo de ajuste no es apto para acreditar la afectación al derecho de propiedad alegado por la actora. En efecto, pese a que en el segundo supuesto el importe sería sensiblemente inferior y al margen de que se trata de cálculos presentados por la demandante sobre una materia compleja, como lo es la determinación del impuesto a las ganancias, efectuados sin intervención y sin haberse dado oportunidad de un adecuado control al organismo recaudador resulta aplicable lo expresado al respecto por el Tribunal en un caso que guarda cierta analogía con el sub examine (Fallos: 320:1166) en el sentido de que "tal compulsa no trasciende el ámbito infraconstitucional, y sólo podría derivar de ella la mayor o menor bondad o equidad de un sistema por sobre el otro, pero no la demostración de la repugnancia de la solución establecida por el legislador con la cláusula constitucional invocada", máxime habida cuenta de que para que proceda la declaración de inconstitucionalidad se requiere que tal repugnancia sea "manifiesta, clara e indudable".
Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada y se rechaza la demanda. Con costas. Agréguese el recurso de hecho a los autos principales, y reintégrese el depósito de fs. 74.
Notifíquese y devuélvanse las actuaciones al tribunal de origen. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - JUAN CARLOS MAQUEDA - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO – CARMEN M. ARGIBAY.

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