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Timestamp: 2018-05-27 04:57:48+00:00

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Fundamentos del Derecho Administrativo, Tema 14 [4272] | Fundamentos del Derecho Administrativi: Administrativo I (UB) | Unybook
Fundamentos del Derecho Administrativo, Tema 14 (2014)
Fundamentos del Derecho Administrativo, Tema 14
Jordi	Vallès	Balsells	LECCIÓN	XIV	EL	PROCEDIMIENTO	EN	LA	PRIMERA	INSTANCIA	Y	OTROS	PROCEDIMIENTOS.	LA	EJECUCIÓN	DE	SENTENCIAS	I.
Planteamiento.	La	variedad	de	procedimientos	Un	estudio	completo	del	procedimiento	y	sus	posibles	incidencias	requeriría	amplios	conocimientos	de	Derecho	procesal	y	no	seria	posible	en	una	obra	de	éstas	características.	Pero	sí	es	conveniente	desde	luego	que	expongamos	las	fases	fundamentales	del	procedimiento	más	común,	el	de	primera	instancia,	con	su	variedad	de	procedimiento	abreviado,	y	los	incidentes	más	relevantes	que	pueden	plantearse,	particularmente	la	solicitud	de	suspensión	del	acto	recurrido.	II.
Procedimiento	en	primera	o	en	única	instancia	1. Escrito	de	interposición	El	procedimiento	se	inicia	con	el	llamado	escrito	de	interposición,	un	escrito	muy	sencillo	en	el	que	se	deberá	citar	e	identificar	el	objeto	del	recuso	(acto	o	reglamento	concreto,	inactividad,	vía	de	hecho)	y	solicitar	que	se	tenga	por	interpuesto	el	recurso.	El	plazo	para	presentar	este	escrito	de	interposición	será:	a) Si	el	objeto	del	recurso	es	acto	expreso:	dos	meses	b) Si	es	un	acto	presunto:	seis	meses.	A	ese	escrito	de	interposición	se	tiene	que	adjuntar	la	documentación	acreditativa	de	la	representación	procesal,	de	la	legitimación,	copia	del	acto	o	resolución	objeto	del	recurso.	Aquí	también	el	tribunal	requerirá	los	documentos	que	falten.	El	órgano	jurisdiccional	requerirá	entonces	a	la	Administración	demandada	para	que	remita	el	expediente.	El	expediente	estará	formado	por	el	procedimiento	administrativo	que	fue	resuelto	por	el	acto	objeto	del	recurso,	informes,	alegaciones,…	Es	fundamental	identificar	el	órgano	de	gobierno	que	inicia	el	proceso	en	el	escrito	de	interposición.	2. Emplazamiento	a	los	interesados	y	admisión	del	recurso	La	administración	al	remitir	el	expediente	notificará	estas	actuaciones	a	los	interesados,	emplazándoles	para	que	puedan	personarse	como	demandados	en	el	proceso.	Una	vez	recibido	el	expediente,	el	juez	o	tribunal	comprobará	que	se	han	practicado	las	notificaciones	a	todos	los	interesados	para	que,	si	así	lo	desean,	puedan	comparecer	como	demandados.	En	esa	fase	inicial	del	procedimiento	es	cuando	el	órgano	jurisdiccional	ha	de	realizar	diversas	comprobaciones	no	ya	sólo	sobre	la	notificación	y	emplazamiento	de	los	interesados,	sino	también	sobre	las	condiciones	que	deben	concurrir	en	las	partes,	sobre	el	objeto	y	cuantía	del	proceso	que	se	abre,	etc.	Como	resultado	de	estas	comprobaciones,	el	juez	o	tribunal	puede	pronunciarse	declarando	la	inadmisibilidad	del	recurso:	-­‐ falta	de	competencia	jurisdiccional	-­‐ falta	de	legitimación	del	recurrente	-­‐ por	interponerse	contra	actividades	no	susceptibles	de	impugnación	-­‐ por	estar	interpuesto	fuera	de	plazo	si	el	recurso	no	se	declara	admisible,	el	procedimiento	sigue	entonces	su	curso.	3. La	decisiva	cuestión	de	las	medidas	cautelares	Según	el	art.	129.1	de	la	LJCA,	“los	interesados	podrán	solicitar	en	cualquier	estado	del	proceso	la	adopción	de	cuantas	medidas	aseguren	efectividad	de	la	sentencia”.	Jordi	Vallès	Balsells	Lo	más	frecuente	es	que	la	solicitud	de	medidas	cautelares	se	presente	con	interposición	del	recurso	contencioso,	o	en	la	fase	inicial	del	procedimiento	en	la	que	ahora	nos	situamos.	De	ahí	que	tratemos	ahora	el	sentido	y	régimen	de	estas	medidas.	A. Evolución,	funcionalidad	y	problemática	actual	de	las	medidas	a. La	evolución	desde	su	inicio	concepción	administrativa	Se	produce	un	cambio	de	prospectiva:	no	es	la	ejecución	del	acto,	y	su	excepcional	suspensión,	lo	que	ha	de	contemplarse	prioritariamente,	sino	la	efectividad	de	la	tutela	que	corresponde	dispensar	a	los	juzgados	y	tribunales,	también	por	supuesto	a	los	integrantes	del	orden	jurisdiccional	contencioso-­‐administrativo.	Los	hitos	y	factores	fundamentales	de	evolución	e	innovación	en	esta	materia	son	así	los	siguientes:	a) La	jurisprudencia	del	TC	que	fija	las	consecuencias	en	el	proceso	contencioso	del	reconocimiento	de	la	tutela	judicial	efectiva.	b) La	jurisprudencia	de	la	propia	jurisdicción	contencioso-­‐administrativa,	que	cambio	su	rumbo	ya	con	anterioridad	a	la	constitución,	y	también	algunas	sentencias	del	Tribunal	de	Justicia	de	las	Comunidades	Europeas	muy	atendidas	y	difundidas	por	la	doctrina	c) La	ampliación	del	objeto	del	recurso	que,	como	sabemos,	ya	no	se	circunscribe	a	los	actos	y	reglamentos,	reclamaba	también	medidas	cautelares	distintas	de	la	suspensión	para	hacer	asegurar	la	efectividad	de	la	sentencia	en	recursos	contra	la	inactividad	de	la	Administración	o	la	vía	de	hecho.	b. La	nueva	prospectiva	procesal	de	las	medidas	cautelares	y	los	problemas	de	la	justicia	cautelar:	la	“justicia	previa	definitiva”	Toda	esta	evolución	ha	cambiado	por	completo	el	sentido	y	el	régimen	de	las	medidas	cautelares,	que	han	pasado	de	la	antaño	dominante	visión	administrativa	a	otra	en	la	que	dominan	principios	procesales	hace	tiempo	asentados	y	solo	recientemente	incorporados	por	la	doctrina	y	jurisprudencia	administrativa,	comenzando	por	el	propio	término	de	medidas	cautelares.	El	régimen	utilizado	para	las	medidas	cautelares,	es	el	abierto	que	resulta	desde	luego	muy	favorable	a	su	propósito	de	asegurar	la	efectividad	de	la	sentencia,	pero	de	alguna	forma	puede	volverse	en	su	contra	cuando	se	plantea	el	problema	característico	y	fundamental	de	estas	medidas	en	ciertos	casos	que	no	es	otro	que	el	de	“adelantar	sentencia”.	Aunque	se	afirma	una	y	otra	vez,	como	así	debe	ser,	que	las	medidas	cautelares	tienen	un	carácter	instrumental,	lo	cierto	es	que	casos	hay	en	los	que	la	decisión	que	sobre	su	otorgamiento	adopte	el	tribunal	tiene	para	los	interesados	más	importancia	que	la	sentencia	misma.	El	problema	par	el	órgano	jurisdiccional	es	que	debe	adaptar	una	decisión	de	gran	relevancia	con	premura,	con	un	conocimiento	escaso,	basándose	en	apariencias	y	expectativas	cuya	principal	función,	sobre	todo	en	la	fase	de	instrucción,	es	precisamente	la	de	ilustrar	al	tribunal	y	proveerle	del	necesario	conocimiento	de	la	realidad	para	que	resuelva	mediante	sentencia.	B. Tramitación	de	la	solicitud	de	medidas	cautelares	a. La	conexión	con	la	solicitud	de	suspensión	en	el	recurso	administrativo	Es	perfectamente	posible	que	si	se	interpuso	previamente	recurso	administrativo	se	solicitara	entonces	la	suspensión	del	acto	y	que	ésta	se	hubiere	concedido.	Si	el	recurrente	quiere	mantener	la	suspensión	tiene	que	solicitarla	nuevamente	en	el	proceso	de	lo	contencioso-­‐ administrativo	(pedirla	en	vía	judicial),	pero	hasta	que	dicha	decisión	judicial	se	produce	se	abre	un	período	en	que	esa	suspensión	pudiera	estar	en	una	situación	incierta	y	hasta	Jordi	Vallès	Balsells	entenderse	decaída.	Para	superar	ese	posible	vacío,	la	LPC	tiene	un	puente	con	la	jurisdicción	contenciosa	al	establecer	que	la	suspensión	se	mantendrá	hasta	que	se	producía	el	correspondiente	pronunciamiento	judicial	sobre	la	solicitud	de	suspensión	en	esa	vía.	b. Apertura	de	pieza	superada	La	solicitud	de	medidas	cautelares	en	el	contencioso	se	tramita	y	resuelve	en	una	pieza	separada	del	procedimiento	principal.	Habrá	que	dar	audiencia	a	la	parte	contraria	y	a	otros	interesados.	Excepcionalmente	por	la	premura	y	urgencia	de	las	circunstancias,	es	admisible	la	concesión	de	la	medida	solicitada	por	una	parte	sin	audiencia	a	la	otra	parte,	pero	el	juez	o	tribunal	deberá	convocar	a	las	partes	e	interesados	en	un	plazo	de	tres	días	para	decidir	sobre	el	mantenimiento,	levantamiento	o	modificación	de	esa	medida.	c. Criterios	materiales	para	la	decisión	sobre	las	medidas	cautelares	Criterio	legal	de	partida:	se	podrá	otorgar	la	medida	cautelar	cuando	la	ejecución	del	acto	o	la	aplicación	del	reglamento	impugnado	hicieran	perder	su	finalidad	legítima	al	recurso.	Criterios	jurisprudenciales	de	apreciación	y	concreción:	para	apreciar	si	ello	es	así,	se	manejan	unos	criterios	jurisprudenciales	muy	asentados	procedentes	de	la	jurisdicción	civil:	1. Periculum	in	mora:	peligro	de	que	se	produzcan	situaciones	que	priven	a	la	sentencia	de	su	efectividad,	resultando	una	sentencia	inútil.	2. Criterio	de	la	ponderación:	en	el	caso	de	que	se	considere,	atendiendo	a	los	criterios	anteriores,	una	medida	cautelar,	podrá	ésta	denegarse	si	de	ella	pudiera	seguirse	perturbación	grave	de	los	intereses	generales	o	de	tercero	que	el	juez	o	tribunal	pendrará	en	forma	circunstanciada.	3. Fumus	boni	iuris:	la	apariencia	de	buen	derecho,	lo	que	requiere	aventurarse	a	valorar	si	quien	solicita	la	medida	cautelar	tiene	un	derecho	bien	fundado	que	conviene	proteger	porque	el	acto	recurrido	podría	no	ser	válido.	La	medida	cautelar	se	resolverá	mediante	auto	y	en	5	dias	puede	recurrirse	mediante	un	recurso	de	suplico.	Si	éste	es	negado	cabrá	la	posibilidad	de	un	Recurso	de	Casación	ante	el	TS.	4. Demanda,	contestación	y	alegaciones	previas	El	expediente	se	entrega	al	recurrente	para	que	pueda	hacer	uso	de	la	información	en	él	contenida	para	redactar	la	demanda	en	la	que	hará	exposición	de	los	hechos	y	de	los	fundamentos	de	Derecho	de	las	pretensiones	que	formula.	El	plazo	es	de	20	días.	Además,	el	los	cinco	primeros	días	de	que	disponen	para	contestar,	los	demandados	podrán	alegar	los	motivos	que	pudieran	determinar	la	incompetencia	del	órgano	jurisdiccional	o	la	inadmisibilidad	del	recurso.	La	demanda	debe	constar	formalmente	de	6	partes:	1. Fundamentos	de	hecho	2. Fundamentos	de	Derecho	3. Suplico	(todas	las	pretensiones,	que	después	no	se	podrán	modificar)	4. Petición	de	prueba	-­‐ Identificar	los	hechos	a	probar	-­‐ Identificar	los	métodos	de	prueba	para	cada	hecho	a	probar	5. Elegir	preferencia	de	vista	o	conclusiones	6. Indicar	si	la	cuantía	es	determinada	o	indeterminada	5. Prueba	La	practica	de	la	prueba	solo	podrá	solicitarse	en	el	escrito	de	demanda,	en	el	de	contestación	o	en	el	de	alegaciones	previas.	También	podrá	acordarla	de	oficio	el	juez	o	tribunal.	Jordi	Vallès	Balsells	6. Las	opciones	de	la	fase	final.	Vista	y	conclusiones	Al	final	de	este	periodo,	las	partes	pueden	solicitar	alguna	de	estas	tres	opciones	contempladas	por	la	LJCA:	A. Que	sin	más	trámite	quede	el	pleito	visto	ya	para	sentencia	Si	no	se	ha	practicado	prueba	alguna	y	no	se	registra	novedad	desde	los	escritos	de	demanda	y	contestación,	lo	normal	y	lo	lógico	es	que	no	se	realice	trámite	alguno	y	se	proceda	a	dictar	sentencia.	B. Celebración	de	vista	oral	La	celebración	de	vista	oral	tiene	su	sentido,	aun	que	el	caso	de	que	no	haya	novedad	tras	la	demanda	y	contestación,	si	hubiera	aspectos	necesitados	de	la	concreción	matización	que	puede	alcanzarse	a	traes	de	un	dialogo	contrastado	entre	las	partes	bajo	la	dirección	del	juez	o	magistrado	y	abierto	también	a	sus	preguntas	e	indicaciones.	C. Presentación	de	escrito	de	conclusiones	La	presentación	de	escritos	de	conclusiones	parece	necesaria	si	se	han	practicado	pruebas	que	arrojan	resultados	e	informaciones	que	confirman	o	contradicen	las	posiciones	de	las	partes.	Sea	cual	sea	la	opción	seguida,	se	produce	finalmente	la	sentencia.	7. La	sentencia.	Contenido	y	efectos	La	sentencia	pronunciará	alguno	de	los	fallos	siguientes:	-­‐ inadmisibilidad	del	recurso	contencioso-­‐administrativo	-­‐ estimación	o	desestimación	del	recurso	contencioso-­‐administrativo	A. Inadmisibilidad	del	recurso	Si	se	declara	la	inadmisibilidad	del	recurso,	el	juez	o	tribunal	no	entra	entonces	a	decidir	la	cuestión	de	fondo:	A)	falta	de	jurisdicción,	competencia	para	conocer	y	resolver	el	asunto,	del	juez	o	tribunal;	B)	falta	de	capacidad,	legitimación	o	representación	de	quien	interpuso	el	recurso;	C)	falta	de	objeto,	pues	se	presenta	como	tal	algo	que	no	puede	ser	objeto	de	fiscalización	por	la	jurisdicción	contencioso-­‐administrativa;	D)	recurso	interpuesto	fuera	de	plazo.	Ahora,	en	la	sentencia,	el	juez	o	tribunal	puede	considerar	otras	dos	causas	de	inadmisibilidad	del	recurso:	a)	que	recayera	sobre	cosa	juzgada;	B)que	existiera	litispendencia.	B. Estimación	o	desestimación	La	sentencia	estimara	el	recurso	contencioso-­‐administrativo	cuando	el	acto,	el	reglamento	o	la	actuación	incurrieran	en	cualquier	infracción	del	ordenamiento	jurídico,	incluso	la	desviación	de	poder.	Es	también	muy	habitual	que	el	recurso	se	estime	parcialmente,	acogiendo	sólo	alguna	de	las	pretensiones	del	recurrente	y	desestimando	las	restantes.	En	unos	casos	declarara	la	anulación	total	o	parcial	de	los	actos.	En	otros,	será	el	reconocimiento	o	restablecimiento	de	una	situación	jurídica	individualizada.	En	otros,	será	el	reconocimiento	del	Derecho	a	una	reparación	económica	cuya	cuantía	exacta	se	fijara	en	la	propia	sentencia	o	se	establecerán	en	ella	los	criterios	para	su	cuantificación,	que	se	realizara	en	la	fase	de	ejecución	de	la	propia	sentencia.	-­‐ Estructura	de	la	Sentencia:	fundamentos	de	hecho	-­‐	fundamentos	de	derecho	–	fallo	-­‐ Congruencia:	la	sentencia	puede	aceptar	o	denegar	sólo	aquellas	peticiones	incluidas	en	el	Suplico	de	la	demanda.	-­‐ Posibles	finales	sin	sentencia:	allanamiento	(la	parte	demandada	se	aparta	del	proceso),	desistimiento	(la	parte	demandante	se	aparta	del	proceso),	conciliación	(ambas	partes	llegan	a	un	acuerdo	antes	de	que	termine	el	proceso).	Jordi	Vallès	Balsells	III.
Procedimiento	abreviado	1. Su	novedad	–un	procedimiento	sin	antecedentes-­‐	y	su	objetivo	El	que	acabaos	de	conocer	en	sus	trazos	más	generales	es	el	procedimiento	ordinario	en	primera	instancia,	que	es	claramente	el	continuador	del	modelo	instaurado	por	la	anterior	ley	de	1956.	Pero	la	LJCA	regula	el	procedimiento	abreviado.	Se	trata	de	un	procedimiento	radicalmente	novedoso,	que	se	introdujo	en	una	enmienda	de	las	cortes	al	realizar	el	anteproyecto	de	la	LJCA.	Con	este	procedimiento	se	eliminan	algunos	tramites,	se	abrevian	otros	y	se	concentran	las	principales	actuaciones	en	la	vista	oral.	Presenta,	como	no	podría	ser	menos,	la	ventaja	de	la	simplicidad	y	la	celeridad,	al	tiempo	que	apunta	algunas	deficiencias	y	limitaciones	en	la	practica	de	ciertos	trámites.	2. Procedimiento	El	procedimiento	abreviado	se	inicia	con	la	presentación	de	la	demanda	por	el	recurrente.	En	este	primer	escrito	que	se	presenta	habrá	de	precisarse	el	objeto	del	recurso,	acreditarse	la	legitimación	y	representación	procesal,	las	pretensiones,	los	hechos	y	los	fundamentos	de	Derecho.	Es	al	recibir	la	demanda	cuando	por	vez	primera	el	juez	conoce	el	objeto	del	proceso,	las	pretensiones	y	las	condiciones	subjetivas	del	recurrente.	Si	el	jue	admite	el	recurso	dará	entonces	traslado	de	la	demanda	a	la	Administración	demandada.	C. Vista	oral	Es	un	trámite	obligado	en	este	procedimiento,	mientras	que	en	el	ordinario	depende,	como	sabemos,	de	la	solicitud	de	las	partes	y	del	criterio	del	tribunal.	En	la	vista	oral	se	prevén	tres	intervenciones:	-­‐ del	recurrente,	que	planteara	sus	pretensiones	y	expondrá	sus	argumentos.	-­‐ Del	demandado,	que	primero	formulará,	si	lo	estima	conveniente,	alegaciones	sobre	la	posible	incompetencia	del	juzgado	para	conocer	del	asunto,	o	sobre	la	falta	de	condiciones	subjetivas	procesales;	también	podrá	oponerse	por	supuesto	a	las	pretensiones	del	recurrente	y	cuestionar	los	fundamentos	de	Derecho	en	los	que	las	sustenta.	-­‐ Puede	producirse	la	intervención	directa	de	las	personas	que	sean	parte	en	el	recurso	para	que	expongan	de	palabra	lo	que	crean	oportuno.	Ésta	intervención,	que	constituye	una	total	novedad	en	el	proceso	contencioso,	se	produce	sólo	si	esas	personas	lo	solicitan	y	el	juez	les	da	la	venia	para	ello.	Caso	de	producirse,	la	intervención	de	las	partes	tendrá	lugar	al	final	del	procedimiento.	B. Singularidades	en	la	práctica	de	la	prueba	La	rapidez	que	se	quiere	imprimir	a	este	procedimiento	impone	una	serie	de	limitaciones	a	la	práctica	de	las	pruebas,	puesto	que	en	principio	han	de	practicarse	en	la	propia	vista.	IV.
Procedimientos	especiales	1. Los	procedimientos	previstos	en	la	LJCA	Si	los	dos	anteriores	son	los	que	podrían	ser	considerados	procedimientos	ordinarios,	hay	otros	procedimientos	establecidos	por	la	LJCA	que	tiene	la	consideración	de	especiales	y	que	son	regulados	en	el	título	V,	que	lleva	precisamente	este	rótulo	“Procedimientos	especiales”:	Son	tres	los	procedimientos	especiales	que	se	regulan	en	este	titulo:	a)	Procedimientos	para	la	protección	de	los	derechos	fundamentales	de	la	persona;	b)	Cuestión	de	ilegalidad	contra	reglamentos¨;	c)Procedimiento	en	los	casos	de	suspensión	administrativa	previa	de	acuerdos.	Jordi	Vallès	Balsells	Solo	prestaremos	atención	a	los	elementos	y	trámites	fundamentales	del	primero	de	ellos,	destacando	su	funcionalidad	característica.	2. Procedimiento	para	la	protección	de	los	derechos	fundamentales	de	la	persona	Este	procedimiento	viene	exigido	por	la	propia	CE	para	la	protección	judicial	efectiva	de	los	derechos	fundamentales	que	reconoce.	Pero	debe	precisarse	de	inmediato	que,	como	es	lógico	y	coherente	con	la	naturaleza	de	la	jurisdicción	contenciosa,	a	través	de	este	procedimiento	sólo	se	conoce	de	posibles	vulneraciones	de	estos	derechos	fundamentales	y	libertades	públicas	que	resulten	imputables	a	la	Administración	y	puedan	ser	objeto	de	recurso	contencioso-­‐administrativo:	un	acto	administrativo,	un	reglamento,	vía	de	hecho	e	inactividad	administrativa,	tal	como	viene	caracterizada	en	la	LJCA.	3. Las	características	más	destacadas	de	este	procedimiento	A. Carácter	preferente	y	sumario	-­‐ imposición	del	recurso	directamente	ante	la	jurisdicción	contencioso-­‐administrativa,	sin	necesidad,	por	tanto,	de	interponer	recurso	administrativo	previo.	-­‐ Brevedad	de	tramites	y	plazos.	-­‐ Tramitación	preferente	sobre	otros	recursos.	B. Centralidad	de	la	tutela	de	un	derecho	fundamental.	Se	pone	de	manifiesto	en	dos	momentos	o	trámites	fundamentales.	a) En	el	escrito	de	interposición	del	recurso	en	el	que	habrá	de	expresarse	con	apreciación	y	claridad	el	derecho	o	derechos	cuya	tutela	se	pretende	b) En	los	tramites	que	giran	en	torno	a	la	posible	declaración	de	inadmisión	que	constituye	si	duda	un	momento	clave	de	este	procedimiento	que	sólo	puede	seguirse	si	el	juez	o	tribunal	considera	la	actividad	administrativa	objeto	de	recurso	incide	sobre	un	derecho	fundamental.	Si	se	decide	por	el	juez	o	tribunal	“la	prosecución	del	procedimiento	especial”	es	ue	se	reconoce	esa	incidencia	sobre	un	derecho	fundamental	y	será	entonces	la	sentencia	la	que	decidirá	si	esa	incidencia	se	ajusta	o	no	a	Derecho.	V.
Recursos	contra	las	resoluciones	judiciales.	Recursos	contra	providencias,	autos	y	sentencias	dictadas	en	primera	instancia	1. La	tipología	de	las	decisiones	judiciales	en	el	proceso	De	una	serie	de	decisiones,	una	de	ellas	es	la	sentencia	con	la	que	concluye	el	proceso,	pero	en	el	procedimiento	que	la	precede	se	plantean	diversos	trámites	e	incidentes:	la	suspensión,	la	parte	demandada	puede	alegar,…	Todos	éstos	trámites	e	incidencias	se	abren	y	cierran,	o	se	resuelven,	a	través	de	decisiones	del	propio	juez	o	tribunal	que	instruye	el	procedimiento	judicial.	Estas	decisiones	tienen	un	formato	o	cobertura	formal	diferente	en	función	de	la	importancia	y	trascendencia	que	la	ley	les	reconoce.	A. Sentencias	Son	las	decisiones	más	importantes	por	sus	efectos	resolutorios	y	porque	recaen	sobre	las	cuestiones	más	transcendentales.	Por	supuesto,	la	resolución	final	de	un	procedimiento	judicial	se	produce	mediante	sentencia,	pero	hay	otras	decisiones	que	se	adoptan	mediante	sentencia	en	un	momento	anterior	del	procedimiento	y	que	de	este	modo	lo	finalizan	anticipadamente.	Jordi	Vallès	Balsells	Cuando	hay	una	sentencia	de	inadmisión	se	produce	por	los	motivos	ya	estudiados:	falta	de	legitimación	o	representación	procesal	del	recurrente,	falta	de	jurisdicción	o	competencia	del	propio	órgano	jurisdiccional,	interposición	extemporánea	del	recurso.	B. Autos	Son	decisiones	muy	relevantes	aunque,	a	diferencia	de	las	sentencias,	no	resuelven	el	procedimiento.	La	decisión	de	un	incidente	mediante	auto	puede	tener	gran	transcendencia	pero	el	procedimiento	sigue	su	curso,	no	termina	con	un	auto.	C. Providencias	Son	las	decisiones	sobre	asuntos	de	trámite	a	través	de	las	cuales	avanza	el	procedimiento	judicial.	Decisiones	en	las	que	se	señala	el	día	para	la	celebración	de	vista	oral,	en	las	que	se	admite	la	práctica	de	una	determinada	prueba,	etcétera.	Lógicamente	las	decisiones	de	mayor	relevancia	y	transcendencia	están	sujetas	a	un	régimen	de	recursos	más	estricto,	mientras	que	las	decisiones	de	trámite	son	reversibles	de	manera	más	informal.	2. El	régimen	de	recursos	contra	estas	decisiones	A. Recursos	contra	providencias	no	susceptibles	de	apelación	Puede	ser	objeto	de	recurso	de	súplica.	Se	trata	de	recursos	que	se	presentan	ante	el	propio	juzgado	o	tribunal	que	también	las	resuelve.	Su	tramitación	es	muy	simple	y	muy	rápida:	el	recurso	se	presenta	en	los	cinco	primeros	días,	y	el	órgano	jurisdiccional	resolverá	dentro	del	tercer	día	tras	la	presentación	del	recurso	de	súplica.	B. Recursos	contra	autos	La	ley	contempla	dos	vías:	-­‐ Determinados	autos,	los	que	resuelven	las	cuestiones	más	relevantes,	pueden	ser	susceptibles	de	apelación	ante	el	tribunal	superior.	Entre	los	autos	que	son	susceptibles	de	apelación	deben	destacarse	los	que	deciden	y	ponen	término	a	la	pieza	separada	de	medidas	cautelares,	entre	ellas	y	destacadamente	la	solicitud	de	suspensión	del	acto	recurrido.	-­‐ Los	restantes	autos,	no	susceptibles	de	apelación	ante	el	tribunal	superior,	están	abiertos	al	régimen	de	impugnación	que	se	establece	para	las	providencias.	C. Recursos	de	apelación	contra	las	sentencias	en	primera	instancia	de	los	juzgados	Las	sentencias	dictadas	en	primera	instancia	son	susceptibles	de	apelación	ante	la	instancia	superior,	éste	es	el	supuesto	normal.	VI.
Recursos	contra	otras	sentencias.	Los	recursos	de	casación	En	primer	lugar	hemos	de	referirnos	a	los	diversos	tipos	de	recursos	de	casación	que	se	contemplan	en	la	ley.	Los	rasgos	comunes	y	característicos	de	los	recursos	de	casación	son	fundamentalmente	dos:	-­‐ uno	es	de	carácter	competencial,	pues	el	conocimiento	y	la	resolución	de	los	mismos	se	atribuye	a	la	Sala	de	lo	Contencioso-­‐Administrativo	del	Tribunal	Supremo.	-­‐ El	segundo	rasgo	característico	de	los	recursos	de	casación	es	que	han	de	fundarse	en	unos	motivos	rigurosamente	tasados	y	definidos	por	la	propia	LJCA	1. Recurso	de	casación	contra	sentencias	dictadas	ante	primera	instancia	El	recurso	de	casación	típico	u	ordinario,	es	el	que	puede	interponerse	contra	las	sentencias	dictadas	en	primera	instancia	por	las	salas	de	lo	contencioso-­‐administrativo	de	los	tribunales	superiores	de	Justicia	o	la	sala	de	lo	Contencioso-­‐Administrativo	de	la	Audiencia	nacional.	Estos	tribunales	hemos	visto	que	conocen,	en	segunda	instancia,	de	los	recursos	de	apelación	contra	las	sentencias	de	los	juzgados	de	lo	contencioso	(los	de	las	provincias	y	de	los	juzgados	Jordi	Vallès	Balsells	centrales).	Las	sentencias	en	las	que	se	resuelven	etas	apelaciones	no	son	a	su	vez	apelables	o	recurribles	en	casación.	El	criterio	de	la	LJCA	es	el	de	las	dos	instancias.	La	sentencia	que	resuelve	el	recurso	en	segunda	instancia	deviene	irme.	Se	pretende	con	ello	evitar	una	sucesión	de	instancias	que	no	hacen	sino	dilatar	la	resolución	final	y	recargar	a	los	tribunales.	Como	ya	sabemos,	estos	tribunales	que	ahora	contemplamos	conocen	en	primera	instancia	de	una	serie	de	asuntos	y	materias	que	la	LJCA	determina.	Este	recurso	de	casación	se	delimita	de	manera	rigurosa.	-­‐ Primero,	excluyendo	la	LJCA	de	este	recurso	a	las	sentencias	que	recaen	sobre	una	serie	de	materias.	-­‐ Segundo	y	fundamental,	como	es	inherente	al	recurso	de	casación,	los	motivos	por	los	que	puede	interponerse	están	rigurosamente	tasados:	o Abuso,	exceso	o	defecto	en	el	ejercicio	de	la	jurisdicción.	o Incompetencia	o	inadecuación	del	procedimiento	o Quebrantamiento	de	las	formas	esenciales	del	juicio	o Infracción	de	las	normas	del	ordenamiento	jurídico	y/o	de	la	jurisprudencia	que	fueran	aplicables	para	resolver	las	cuestiones	objeto	de	debate.	El	recurso	de	casación	se	prepara	ante	la	misma	sala	que	hubiere	dictado	la	resolución	recurrida	en	el	plazo	de	diez	días	a	contar	desde	el	siguiente	de	su	notificación.	En	el	escrito	debe	manifestarse	la	intención	de	interponer	el	recurso,	con	sucinta	exposición	de	la	concurrencia	de	los	requisitos	de	forma	exigidos.	En	el	procedimiento	del	recurso	de	casación	se	contemplan	las	exigencias	y	trámites	habituales.	Emplazamiento	de	las	partes,	y	posible	declaración	de	inadmisión	del	recurso	por	no	concurrir	las	condiciones	subjetivas	u	objetivas	que	la	LJCA	establece.	2. Recurso	de	casación	para	la	unificación	de	jurisprudencia	(poco	habitual)	Puede	interponerse	contra	las	sentencias	dictadas	en	única	instancia	por	las	salas	de	lo	contencioso-­‐administrativo	del:	a)	Tribunal	Supremo.	B)	Audiencia	Nacional.	C)	Tribunales	superiores	de	justicia.	Pero	lo	más	definitorio	de	este	recurso	es	el	presupuesto	en	el	que	necesariamente	ha	de	justificarse	su	interposición,	que	sólo	se	da:	“cuando,	respecto	los	mismos	litigantes	u	otros	diferentes	en	idéntica	situación	u,	en	mérito	a	hechos,	fundamentados	y	pretensiones	sustancialmente	iguales,	se	hubiere	llegado	a	pronunciamientos	distintos”.	El	plazo	es	de	30	días.	Si	la	sentencia	estimase	el	recurso,	no	sólo	casará	la	sentencia	recurrida,	sino	que,	como	es	de	esperar	en	este	recurso,	modificará	las	declaraciones	y	la	doctrina	vertidas	en	la	sentencia	recurrida,	así	como	las	situaciones	creadas	por	ella	y	que	se	opongan	a	la	doctrina	correcta.	3. Recursos	de	casación	en	interés	de	la	ley	Se	trata	de	recursos	que	se	pueden	interponer	por	la	Administración	o	por	entidades	o	corporaciones	que	ostenten	la	representación	y	defensa	de	intereses	de	carácter	general	o	corporativo	contra	sentencias	que	“estimen	gravemente	dañosas	para	el	interés	general	y	errónea	la	resolución	dictada”.	VII.
Recurso	de	revisión	Hay	un	último	recurso	de	carácter	rigurosamente	excepcional,	contra	las	sentencias	firmes,	las	sentencias	que	han	ganado	firmeza	y	que	no	son	susceptibles	de	recurso.	La	excepción	la	ofrece	únicamente	el	recurso	de	revisión	cuyos	estrictos	motivos	se	adscriben	a	la	variación	Jordi	Vallès	Balsells	sustancial	en	el	conocimiento	de	los	hechos	que	se	tomaron	en	consideración	al	dictar	la	sentencia	recurrida	cuyo	contenido	previsiblemente	habría	sido	otro.	Los	motivos	rigurosamente	tasados	son	los	siguientes:	a) Si	se	recobraren	documentos	decisivos,	no	aportados	por	causa	de	fuerza	mayor	o	por	obra	de	la	parte	en	cuyo	favor	se	hubiere	dictado.	b) Si	la	sentencia	recurrida	se	hubiera	dictado	en	virtud	de	documentos	declarados	falsos.	c) Si	la	sentencia	se	hubiera	dictado	en	base	a	prueba	testifical	y	los	testigos	hubiesen	sido	condenados	por	falso	testimonio.	d) Si	la	sentencia	se	hubiera	dictado	en	virtud	de	cohecho,	prevaricación,	violencia	u	otra	maquinación	fraudulenta.	VIII.
Costas	procesales	Se	trata	de	una	posible	carga	o	gravamen	económico	que	hay	que	considerar.	1. En	primera	instancia	En	primera	instancia	la	regla	de	principio	es	que	al	recurrente	no	se	le	imponen	las	costas	aunque	su	recurso	haya	sido	inadmitido,	por	cuestiones	formales,	o	desestimado	por	cuestiones	de	fondo.	Para	que	esta	regla	queda	excepcionada:	-­‐ Mala	fe	o	temeridad	en	la	interposición	de	los	recursos	o	el	mantenimiento	de	su	acción	por	la	parte	a	la	que	se	condena	en	cotas.	-­‐ El	juez	o	tribunal	ha	de	razonar	debidamente	la	concurrencia	de	las	anteriores	circunstancias.	2. En	segunda	instancia	En	segunda	instancia	el	criterio	de	la	LJCA	se	invierte	por	completo.	El	principio	es	que	al	recurrente	se	le	imponen	las	costas	si	se	desestima	totalmente	el	recurso.	Se	admite	excepción	si	se	razona	debidamente.	En	el	caso	de	que	se	impusieran	las	costas,	el	juez	tiene	la	capacidad	de	modular	la	cuantía	al	disponer	de	tres	modalidades	de	imposición	de	costa:	a)	a	la	totalidad;	b)	a	una	parte	de	ellas;	c)	hasta	una	cifra	máxima.	IX.
La	ejecución	de	sentencias.	El	camino	legislativo	hasta	la	afirmación	de	la	plena	competencia	de	la	jurisdicción	contencioso-­‐administrativa	1. Las	determinaciones	constitucionales	que	atribuyen	a	los	tribunales	la	potestad	jurisdiccional	de	ejecución	“El	ejercicio	de	la	potestad	jurisdiccional,	juzgado	y	haciendo	ejecutar	lo	juzgado,	corresponde	exclusivamente	a	los	juzgados	y	tribunales	determinados	por	las	leyes”.	El	afán	por	reformar	el	antiguo	régimen	de	la	ley	de	1956	acaba	por	cristalizar	en	una	regulación	legal	que	afirma	categóricamente	que	la	ejecución	de	las	sentencias	condenatorias	de	la	Administración	corresponde	en	plenitud	a	la	jurisdicción	contencioso-­‐administrativa	pero	que,	sin	embargo,	no	ofrece	a	los	juzgados	y	tribunales	los	medios	de	ejecución,	sobre	todo	ejecución	forzosa,	más	efectivas	y,	por	ello	mismo,	también	los	más	conocidos.	La	LJCA	afirma	categóricamente	que	“la	potestad	de	hacer	ejecutar	las	sentencias	y	demás	resoluciones	judiciales	corresponde	exclusivamente	a	los	juzgados	y	tribunales	de	este	orden	jurisdiccional	y	su	ejercicio	compete	al	que	haya	conocido	del	asunto	en	primera	o	única	instancia”.	X.
Las	previsiones	sobre	ejecución	forzosa	de	las	sentencias	La	LJCA	tiene	en	efecto	una	serie	de	previsiones	para	los	casos	en	que,	ante	el	incumplimiento	de	la	Administración,	hubieran	de	adoptarse	medidas	de	ejecución	forzosa	de	la	sentencia,	dotando	para	ello	a	los	órganos	jurisdiccionales	de	ciertas	facultades.	1. Sentencias	que	condenan	al	pago	de	una	cantidad	líquida	Jordi	Vallès	Balsells	Se	contemplan	en	la	ley	varias	medidas	para	superar	el	incumplimiento	de	la	Administración	al	no	pagar	la	cantidad	a	la	que	está	obligada	por	la	sentencia.	Podemos	destacar	tres:	a) Si	la	Administración	no	dispone	de	una	partida	o	consignación	presupuestaria	suficiente	para	cumplir	con	el	pago	que	le	impone	la	sentencia,	entonces	deberá	promover	una	modificación	del	presupuesto	para	cumplir	con	esa	obligación.	b) Pago	de	interés	legal	que	el	juez	o	el	tribunal	puede	incrementar	en	dos	puntos	como	medida	de	ejecución	forzosa	si	han	transcurrido	tres	meses	desde	que	se	notifico	la	sentencia.	c) Posibilidad	de	compensación	con	créditos	que	pueda	tener	la	Administración	contra	el	recurrente	que	obtiene	la	sentencia	que	obliga	a	la	administración	a	pagarle	una	cantidad	liquida.	2. Sentencias	que	comportan	obligaciones	de	hacer	Si	la	sentencia	condenare	a	la	Administración	a	realizar	una	determinada	actividad	o	dictar	un	acto,	por	lo	general	se	optara	al	carácter	sustitutorio.	La	LJCA	ofrece	al	respecto	dos	modalidades:	a) la	sustitución	se	produce	al	ejecutar	el	juez	o	tribunal	la	sentencia	a	través	de	sus	propios	medios	o	requisitos	la	colaboración	de	agentes	de	la	propia	administración	condenada	o	de	otra	Administración.	b) Adoptar	el	juez	o	tribunal	las	medidas	que	se	consideren	necesarias	para	que	el	fallo	adquiera	eficacia,	entre	las	que	se	incluyen	la	ejecución	subsidiaria	con	cargo	a	la	Administración	condenada.	3. Limitaciones	a	la	ejecución	de	sentencias	Lo	cierto	es	que	existen	importantes	limitaciones	al	topar	la	voluntad	ejecutora	con	las	defensas	de	que	dispone	la	Administración	con	el	reconocimiento	y	respaldo	inequívoco	del	ordenamiento	jurídico.	Entre	esas	defensas	destaca	la	levantada	para	la	protección	de	sus	bienes.	Los	bienes	que	utilizan	las	Administraciones	para	la	prestación	de	sus	servicios	y	el	ejercicio	de	sus	competencia	están,	con	toda	lógica	y	justificación,	severamente	protegidas	por	el	ordenamiento	jurídico.	XI.
La	extensión	de	la	ejecución	y	efectos	de	la	sentencia	a	sujetos	que	no	han	sido	parte	en	el	proceso	La	LJCA	limita	el	ámbito	material	en	el	que	esta	opción	puede	producirse,	al	tiempo	que	la	sujeta	a	requisitos	formales:	A)	Que	los	interesados	se	encuentren	en	idéntica	situación.	B)	que	el	juez	o	tribunal	que	dicta	la	sentencia	sea	competente	par	conocer	de	la	pretensión	de	los	otros	interesado.	C)	Que	se	solicite	la	extensión	de	la	sentencia	en	el	plazo	de	un	año.	...

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