Source: https://registrocivildetodos.blogspot.com.es/2016/
Timestamp: 2017-06-24 07:02:47+00:00

Document:
Informamos a continuación sobre las últimas novedades conocidas sobre la tramitación de las solicitudes de adquisición de nacionalidad española por residencia, ante las numerosas quejas de ciudadanos extranjeros que acuden a nuestras oficinas por el retraso en resolver sus solicitudes. La información que ofrecemos tiene su procedencia en la referencia que dos páginas web (Legalteam.es y Parainmigrantes.info) ofrecen sobre la conferencia dada por Jesús Santa-Bárbara, Subdirector General de Nacionalidad y Estado Civil, en el I Congreso de Nacionalidad Española y Estado Civil celebrado en Leganés los días 16 y 17 de noviembre. Esta información la complementamos con lo que día a día vivimos en los Registros Civiles. Según resulta de dicha conferencia, la Dirección General de Registros y del Notariado ha estado prácticamente bloqueada resolviendo los más de 40.000 recurso interpuestos contra denegaciones de nacionalidad española tramitadas por los Registradores de la Propiedad. En este blog ya hemos advertido muchas veces que la resolución de los expedientes de nacionalidad mediante la tres encomiendas de gestión firmadas con el Colegio de Registradores de la Propiedad, por muchos expedientes que se hayan resuelto, no ha sido una bicoca: el número de requerimientos para presentar documentación adicional, mucha de ella ya en poder de la propia Administración, se ha disparado, así como las denegaciones de nacionalidad, muchas de ellas absurdas. Así se ha llegado a la increíble cifra de 40.000 recursos interpuestos (y los que no se han interpuesto por falta de información, ignorancia o desidia de los solicitantes), de los que se han resuelto ya el 75 %. El trabajo que ha tenido que dar la resolución de estos recursos ha sido y es ingente; va a resultar que al resolver el atasco de los expedientes de nacionalidad los registradores han creado un nuevo atasco con los recursos interpuestos contra denegaciones mal fundamentadas o con defectos fácilmente subsanables. Dice el Sr. Subdirector General que el número de expedientes de nacionalidad presentados a lo largo del 2016 es similar al de otros años, lo que no nos creemos porque vemos en nuestros registros el volumen de solicitudes presentadas, y aun cuando podamos dar por buena la cifra de que un 10 % de solicitudes se presentan ya de forma telemática (¿para cuándo se va a permitir que desde los Registros Civiles también lo podamos remitir de forma telemática?) el descenso de trabajo es superior al 10 %. En palabras del Sr. Subdirector General, a día de hoy en espera de resolución hay más de 40.000 expedientes correspondientes a los años 2010-2013; constan además unos 300.000 expedientes correspondientes a los años 2014 y 2015: 150.661 solicitudes del año 2014 (nosotros creemos que gran parte de éstos ya están resueltos), y 151.314 presentadas en 2015. En lo que va de 2016 se han presentado unas 100 mil nuevas solicitudes de nacionalidad. 108.140 extranjeros han obtenido la Nacionalidad Española en lo que va de año 2016.
Extractos de los preámbulos a las Leyes provisionales Matrimonio y de Registro Civil de 1870, elaborado por D. Eugenio Montero Ríos, Ministro de Gracia y Justicia, con motivo de la presentación a las Cortes Constituyentes del Proyecto de dichas Leyes. “El conocimiento perfecto del estado civil de las personas es de tan grave interés, que todo sacrificio debe parecer escaso ante la ventaja de poseer los medios de adquirirlo a toda hora. Sin embargo, en tan importante materia, los actos más trascendentales, y de los cuales surgen alteraciones más profundas en los derechos privados, no tienen hoy deparada en ninguna parte una comprobación plena y satisfactoria… Sustituir, pues, a los registros eclesiásticos, en cuanto sea concerniente al estado civil de los españoles, un registro también de carácter esencialmente civil, inexcusable para todos, más comprensivo, mejor ordenado y más perfecto, constituye el objeto de este proyecto de ley, el cual depurado de los defectos que contenga por la sabiduría de las Cortes, llenará un vacío importantísimo en nuestra actual legislación….
2.- Ciudadano rumano con residencia en España desde el año 2001, expediente del año 2013. Quieren que aporte ahora copia de su tarjeta de residencia, cuando en la Administración, en concreto en el Ministerio del Interior, obran datos para saber si tiene o no tarjeta de residencia en vigor. Y como éstos ha habido desde las encomiendas de gestión requerimientos absurdos a mansalva. Gran gestión, Sr. Aguilera. Mientras tanto, no se resuelven apenas expedientes, y el Ministerio de Justicia lleva sin registrar, digitalizar ni metadatar los expedientes remitidos para su resolución desde enero de 2015, y el personal de los Registros se harta de decir a los ciudadanos extranjeros que acuden para saber qué pasa que tienen que tener paciencia. Sin comentarios. No hay comentarios:
Los Jueces y Juezas Decanos de España han mantenido entre los días 24 y 26 de octubre en Málaga sus XXVI jornadas nacionales, en las que como siempre proceden a analizar la problemática actual de la Administración de Justicia. En dicha reunión se ha aprobado un documento de "conclusiones" en el que, "en nombre de los más de 2.000 jueces a los que representamos y que
desempeñan su trabajo hasta el último Juzgado del partido más recóndito de
España, demandamos con urgencia un Pacto de Estado con una hoja de ruta
clara que indique claramente dónde queremos ir y certifique la voluntad política
de apostar por la modernización judicial. No se trata sólo de aprobar leyes, ya
muy numerosas; sino, sobre todo, de una nueva organización y de suficiente
dotación presupuestaria, hoy muy escasa.
A tal fin proponemos en el presente documento una serie de puntos a nuestro
juicio esenciales:
f) Registro civil.- Si bien es adecuada la tendencia a la desjudicialización
de ciertas materias que propugnamos desde hace años cuando no se trata del
ejercicio de la función jurisdiccional, ante la inaceptable situación actual
derivada de la suspensión de la entrada en vigor de la Ley de Registro Civil de
2011 durante cinco años, que no tiene precedente en España, así como los
problemas y las reticencias para asumir el servicio por otras profesiones
jurídicas, lo más adecuado es que la llevanza del Registro civil continúe en
manos de quienes más cualificadamente pueden seguir asumiendo esta
función, que desempeñan desde 1870, que son los propios Jueces y los
Letrados de la Administración de Justicia, eso sí, con la oportuna inversión,
adaptación, reorganización y modernización del actual Registro Civil, lo que
resulta viable y económicamente asumible. En otro caso el Registro Civil
continuará ocupando el primer lugar entre las quejas de los ciudadanos."
Twitter: Plat.R.C. Público
@RegistroCivil17 Facebook: https://www.facebook.com/Plataforma-por-un-Registro-Civil-P%C3%BAblico-y-Gratuito-252651371797766/?fref=ts ¡EL REGISTRO CIVIL NO SE VENDE, SE DEFIENDE! Estimado Sr. Director: Esta Plataforma está formada por funcionarios de toda España, cansados de que
se utilice la Administración de Justicia en general y al Registro Civil en particular,
como mero peón para intereses espúreos. Aún cuando se pueda suponer que la privatización del Registro Civil se ha
dejado sin efecto o, al menos, está paralizada; nada más lejos de la realidad.
Ya que subrepticiamente, el Gobierno está dando los pasos, poco a poco
y de manera silenciosa, para privatizar el Registro Civil. Pero ese ansía de
hacerlo, no quedará ahí. Ya lo estais viendo. Desde la PLATAFORMA POR UN REGISTRO CIVIL PÚBLICO Y GRATUITO,
pretendemos revertir dicha intención, a costa de nuestro esfuerzo y lucha, pero
en este camino, no podemos estar solos, si no que con la unión de todos SÍ
podremos conseguir que siga perteneciendo a la Administración de Justicia.
Si no lo paramos, seguirán privatizando la Administración,
desmembrándola, dándosela al mejor postor. No solo luchamos contra dicha privatización en bloque, también para que
tampoco se haga a trozos y que, con ello, nos perjudiquemos tanto los
ciudadanos como nosotros, los funcionarios. Desde esta Plataforma, hemos estado haciendo cosas:
- Mociones en Ayuntamientos. - Carta a los diputados, poniendo en su conocimiento dicha situación. - Artículos a los medios de comunicación. - Movilizaciones de funcionarios. - Uso intensivo de las nuevas tecnologías para poner en conocimiento
público, de los ciudadanos, lo que se pretende y lo que le va a costar a la
sociedad. No es hora de lamentaciones, ni de
pasividad, ignorancia o verborrea. Porque no
basta, porque no sirve.
Porque si les dejamos, la Administración de
Justicia dejará de ser tal y como la
conocemos. Por querer hasta privatizar las
funciones y responsabilidades funcionariales,
de la estructura judicial.
Todo ello puede parecer una entelequia, una
utopia, pero están en ello. Por eso necesitamos de la concienciación,
compromiso y lucha de todos y cada uno, no solo de los funcionarios si no
también de los ciudadanos, de todos y cada uno de nosotros. Porque entre
todos, podremos conseguirlo. No será un camino de rosas. Pero tampoco lo es
nuestro trabajo, al que le dedicamos una buena parte de nuestras jornadas
laborales, de nuestras vidas. Si queremos un trabajo profesional, un sueldo digno, unas funciones y
responsabilidades adecuadas, no podemos hacer dejación de nuestra
responsabilidad por luchar por ello. Estos no se nos han concedido por “el
Espíritu Santo hecho paloma que bajó del cielo”. Si no por que otros
compañeros, antes que nosotros, lucharon y consiguieron. ¿Vamos a ser
nosotros quienes dejemos a nuestros hijos las migajas? La Administración de Justicia es de todos, no es un cortijo particular.
La Administración de Justicia ha de ser seguir siendo un Servicio Público
por el propio concepto de su creación y existencia; no puede quedarse en
manos para intereses particulares ajenos a los intereses de la sociedad, para
que se aprovechen unos pocos (y es esto último, lo que se pretende). Dentro de la Administración de Justicia, está la solución (no fuera de ella);
se puede organizar, estructurar y gestionar desde lo Público, sin que suponga
mayor coste económico (incluso sería menor dicha cuantía), si efectivamente
nos dejasen a los profesionales de la Administración, llevarlo a cabo. Pero hay intereses espúreos, ajenos, a los intereses, no ya respecto a los
funcionarios, si no respecto a los ciudadanos.
La Administración de Justicia, no es de unos pocos, es de TODOS, por
esto y por ser un Servicio Público, debe seguir siéndolo y defenderlo. ¡LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA NO SE VENDE, SE DEFIENDE!”
Sería necesario que se nos expliquen desde el Ministerio de Justicia los motivos que existen por los que desde los Registros Civiles no es posible la presentación de forma electrónica y gratuita de las solicitudes de nacionalidad por residencia y sí se potencie desde el Ministerio de Justicia la privatización de estos servicios, porque como reconoce la misma nota del Ministerio de Justicia: " el ciudadano puede optar entre la presentación en papel en los Registros Civiles y oficinas de la Administración General del Estado o la solicitud en la sede electrónica del Ministerio de Justicia, bien por el propio interesado o a través de un representante legal o voluntario." Es decir, el Ministerio de Justicia permite la opción de presentar en papel en los Registros Civiles al mismo tiempo que propicia la presentación telemática mediante pago a través de profesionales con ánimo de lucro.
CCOO saca la misma conclusión que le trasladamos el lunes en la reunión: que el Ministerio de Justicia sigue desmantelando el servicio público, despojándolo de competencias y medios, mientras va dotando de más y más medios a las entidades privadas. No podemos ocultarle que nos ha vuelto a crear más y más desconfianza en que su voluntad de no privatizar el Registro Civil sea sincera.
El Ministro de Justicia en funciones Rafael Catalá mantuvo ayer una reunión con el Presidente del Consejo General de Procuradores de España, con quien trató varios puntos de interés para este colectivo profesional, entre ellos, la posible colaboración entre ambas partes en cuanto a las funciones de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), así como la cooperación en materia de tramitaciones de nacionalidad por residencia que se va a concretar en la firma de un convenio entre el Consejo y la Dirección General de los Registros y del Notariado, similar al ya firmado con el Colegio de Gestores Administrativos. Mientras tanto, el Ministro de Justicia se obceca en incumplir y no desarrollar lo dispuesto en el apartado 2 de la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1004/2015, que establece que la remisión de documentos desde los Registros Civiles a la Dirección General de los Registros y del Notariado se llevará a cabo, siempre que sea posible, de modo telemático, previa digitalización de los documentos, en las condiciones que determine la referida Dirección General. Transcurrido cerca de un año desde la entrada en vigor del nuevo Procedimiento para la obtención de la nacionalidad española por residencia el Ministerio de Justicia, a través de su Dirección General de los Registros y del Notariado, no ha establecido las condiciones que permitan a los Registros Civiles la digitalización de las solicitudes y documentos y su remisión a la Dirección General de Registros y del Notariado, para su instrucción. Sin embargo, sí que ha tenido tiempo para desarrollar cómo se podrá presentar la nacionalidad española a través de profesionales (ya los Gestores Administrativos, ahora los Procuradores) que, como es lógico, cobrarán por sus servicios. Además, teniendo en cuenta que la presentación telemática, debidamente indexada y metadatada, de las solicitudes de nacionalidades facilitará la resolución de los expedientes, si el Ministerio de Justicia no desarrolla previamente la posibilidad de remisión telemática de dichas solicitudes desde los Registros Civiles, está abriendo dos vías: una, la de pago, que será la rápida, a través de los profesionales cuyos Colegios suscriban el Convenio; y otra, la gratuita pero lenta, que será la que se realice a través de los Registros Civiles. Y ello es contrario al principio de igualdad que debe regir en la relación de la Administración con sus administrados, pues se estaría privilegiando a unos frente a otros en función de si pagan o no los servicios de unos profesionales ajenos a dicha Administración. De esta forma, una vez más, se perjudica un servicio público en beneficio de unos operadores privados: la vía del servicio público que se presta desde los Registros civiles vendría lastrada por la falta de digitalización de los expedientes, lo que supondría el retraso en su resolución frente a los presentados telemáticamente y previo pago a través de profesionales. El sindicato CCOO elevó al respecto en el mes de julio una queja a la Oficina del Defensor del Pueblo, la cual está pendiente de tramitación. Pero al Ministro en funciones le da igual, está plenamente operativo para favorecer los intereses privados y perjudicar los servicios públicos. No hay comentarios:
Adjuntamos por su interés enlace a la resolución de la DGRN de 22 de agosto de 2016 por el que se estima el recurso interpuesto por unos padres y se acepta como nombre propio de su hijo el de "Lobo". Compartiendo su interpretación sobre las normas y limitaciones sobre imposición y rechazo de nombres propios que se contienen en los fundamentos IV a VI de la resolución, sin embargo resulta algo artificiosa la fundamentación recogida en el apartado VII, pues para refutar la argumentación del Juez Encargado del Registro Civil que denegó la imposición de dicho nombre (consideró Lobo como un apellido, lo que podría inducir a confusión, tal y como había resuelto la propia DGRN en el año 2005) el Director General de Registros y el Notariado dice que "acomoda su doctrina a la realidad social actual", ..." admitiéndolo como nombre precisamente porque no es un apellido específico y la realidad social venía aceptándolo también como nombre propio". Debe ser que el Director de la DGRN vive una realidad social distinta de la del resto de los españoles, pues no teníamos constancia de que la sociedad española venía aceptando "Lobo" como nombre propio, a diferencia de "Vega" o "León" a los que equipara en su recurso, que claramente sí que se vienen utilizando desde hace tiempo como nombres propios. Hubiera bastado, Sr. Director General, con afirmar que "Lobo" no constituye de forma específica un apellido. Pero más allá de compartir o no la resolución del recurso, el daño ya está hecho. Y es que como dijimos en otro post el problema no está en si se acepta o no dicho nombre propio, o si han cambiado los usos sociales, sino en que tras la polémica surgida porque un Juez Encargado de Registro Civil haya denegado la imposición de este nombre propio a un recién nacido, remitiéndose a la doctrina elaborada por la DGRN, y el Ministerio Fiscal le haya apoyado en la denegación de la imposición de dicho nombre, el Sr. Director General de Registros y del Notariado saliera a los medios de comunicación para afirmar que en vía de recurso aceptará dicho nombre. De esta forma el Director de la DGRN puso en la picota de forma pública la autonomía e independencia en el ejercicio de la función registral, lo que a nuestro juicio le inhabilita para el ejercicio del cargo que ostenta. No hay comentarios:
La pequeña victoria que “parece” logramos los trabajadores y las ciudadanas al paralizar la privatización del registro civil, cuando el Ministro de Justicia derogó en abril de este año el proyecto de ley que acordaba entregar la encomienda de su gestión a los registradores de la propiedad (por cierto declarado inconstitucional recientemente), pudiera parecer una cortina de humo diseñada por el mismo para continuar con sus planes. Efectivamente, y como “buen profesional de la política”, lo que el pueblo diga, y si el pueblo quiere su registro civil, no lo privatizo, actúo con discreción y externalizo sus funciones para conseguir el mismo objetivo. La Ley 19/2015 de 13 de julio 2015 de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil, contiene una disposición final séptima en la cual se determina que el procedimiento para la obtención de la nacionalidad española tendrá carácter electrónico, y su instrucción corresponderá a la Dirección General de los Registros y del Notariado. Remite a un Real Decreto, por el que se aprueba el reglamento que regulará la tramitación de ese expediente. Las novedades principales son: para acreditar el grado de integración en la sociedad española se requiere la superación de dos pruebas que diseña el Instituto Cervantes (conocimiento básico de la lengua española y de la constitución española y de la realidad social y cultural españolas previo pago de 85 euros por la primera y 124 euros por la segunda); el procedimiento está sujeto al pago de una tasa de 100 euros. A simple vista, para evidente que el Ministerio de Justicia trata de facilitar al ciudadano extranjero su camino hacia la obtención de la nacionalidad española, derecho legalmente reconocido, y al que muchas veces se ve advocado, por la incertidumbre que le genera las dificultades cada vez mayores para obtener o renovar su permiso de residencia. Sin embargo, un examen más detallado de la nueva regulación permite extraer algunas ideas: Más información »
La realización de trámites administrativos o registrales a través de profesionales no merece atajos. O el Ministro de Justicia no tiene ni idea, o desinforma a posta, o busca privilegiar la realización de trámites por medio de profesionales que cobran por sus servicios. La información que se ofrece sobre la tramitación electrónica de las solicitudes de nacionalidad por residencia da para pensar en todo ello. Sabido es que el Colegio de Gestores Administrativos de España ha firmado un Convenio con el Ministerio de Justicia que posibilita el establecimiento de una plataforma electrónica por medio de la cual este colectivo pueda presentar las solicitudes de nacionalidad española de los extranjeros que lo deseen, previo pago de sus servicios. Al efecto, aparece en El Derecho un artículo firmado por Marc Giménez, Doctor en Derecho y Gestor Administrativo, en el que informa someramente sobre la tramitación electrónica de la nacionalidad por residencia que van a realizar los Gestores Administrativos. Al efecto, no supone nada nuevo que la tramitación de las solicitudes de adquisición de la nacionalidad española por residencia se haga por medio de Gestores Administrativos o Abogados, pues así se ha venido realizando desde hace ya mucho tiempo. Ello, en realidad, no solía suponer acelerar la tramitación de los expedientes de nacionalidad, pues al fin y al cabo siempre había que pasar por el filtro de la instrucción en el Registro Civil correspondiente (más o menos ágil, en función de la localidad) y sobre todo por el de los trámites a realizar en la DGRN, donde todos los expedientes acababan durmiendo invariablemente el sueño de los justos. Sin embargo el artículo, en aras de justificar y vender la tramitación por medio de Gestores Administrativos que, como es lógico y como profesionales que son, cobrarán por sus servicios, contiene ciertas afirmaciones incorrectas, incompletas o inexactas, posiblemente por información incorrecta facilitada por el Ministerio de Justicia. A continuación, en cursiva, damos cuenta de lo que dice el artículo y lo que sucede en la realidad:
La almoneda que el Ministerio de Justicia de Mariano Rajoy y Catalá ha convertido la llevanza del Registro Civil, con grave desprecio a quienes hasta la fecha han sido sus servidores, está sirviendo para que todo el que pueda se autopostule para llevarse un trozo de nuestro servicio público. El último el Vicepresidente del Consejo General del Notariado, que reclama para su colectivo la potestad de acceder directamente al Registro Civil y registrar por sí solos todos los actos que los Notarios autoricen. Según informe Elderecho.com se está celebrando la Universidad Internacional Menendez Pelayo un seminario en el que, un año después de su entrada en vigor, el Consejo General del Notariado analiza el alcance y utilidad de la nueva normativa de Jurisdicción Voluntaria, aprobada por Ley 15/2015 y que dedica la mitad de su articulado a cuestiones ajenas a dicha Jurisdicción. En virtud de esta Ley competencias que hasta entonces eran propias de la Administración de Justicia fueron asumidas por los Notarios, unas de forma exclusiva (declaraciones de herederos ab intestato de colaterales, pues ya tenían los de línea recta y cónyuge) y otras de forma compartida con la propia Administración de Justicia (separaciones y divorcios de mutuo acuerdo sin hijos menores de edad, monitorios, subastas, expedientes de matrimonio a partir de junio de 2017, etc), siendo los grandes beneficiados de esta ley, que con la excusa de " descarga de trabajo para los tribunales y una agilización del trámite" (se ve que los divorcios de mutuo acuerdo sin hijos menores colapsaban el funcionamiento de los juzgados) encontraron una nueva y sustancial fuente de ingresos que quieren consolidar. Ya hemos comentado en este blog lo que nos parece la Ley 15/2015, y a ello nos remitimos. Salvador Torres Ruiz, vicepresidente del Consejo General del Notariado, en la inauguración del seminario "Jurisdicción Voluntaria: expedientes notariales", reclamó que la adecuada aplicación de la Ley de Jurisdicción Voluntaria precisa llevar a cabo algunas iniciativas, como "el incremento de la colaboración de los órganos colegiales o la creación de un órgano de coordinación entre el CGN y el Consejo General del Poder Judicial". "Esta colaboración es especialmente urgente en todas aquellas materias relacionadas con el Registro Civil. Matrimonios, separaciones, divorcios, constancia del régimen económico-matrimonial, cuya inscripción telemática prevé la ley, deberían poderse inscribir ya de este modo. Los notarios deberíamos contar con un acceso telemático al Registro Civil, no sólo para inscribir estos casos, sino para inscribir otros, como el nombramiento de tutores o los poderes preventivos; así como para obtener telemáticamente certificaciones cuando lo requiera nuestra función", apuntó el vicepresidente del Notariado.
Es decir, el Vicepresidente del Consejo General del Notariado defiende que ellos mismos inscriban en el Registro Civil las capitulaciones que otorguen, los matrimonios que celebren, los apoderamientos preventivos, los nombramientos de tutor en caso de devenir incapaz, los patrimonios protegidos, y por qué no, el reconocimiento de filiación no matrimonial otorgado ante Notario, o las juras de nacionalidad previa encomienda. Ya de paso, los sacerdotes deberían poder acceder directamente al Registro Civil e inscribir los matrimonios que ellos autoricen, los Jueces las sentencias de separación, divorcio, incapacidad y resoluciones sobre tutelas; los padres los nacimientos de sus hijos, las funerarias las defunciones y cada uno las inversiones de sus propios apellidos. ¿Por qué no?
Pues por una razón muy sencilla: La inscripción en el Registro Civil constituye prueba plena de los hechos inscritos, de forma que se presume que los hechos inscritos existen y los actos son válidos y exactos mientras el asiento correspondiente no sea rectificado o cancelado en la forma prevista por la ley. Para acceder un hecho o un acto al Registro Civil alguien imparcial, que es el Encargado del Registro Civil, debe calificar, debe comprobar de oficio la realidad y legalidad de los hechos y actos cuya inscripción se pretende, según resulte de los documentos que los acrediten y certifiquen, examinando en todo caso la legalidad y exactitud de dichos documentos. Es esta calificación objetiva e independiente sobre los hechos y actos inscribibles lo que configura a las inscripciones del Registro Civil como la prueba plena de los hechos inscritos. Por esto los Notarios no pueden registrar a su vez los actos en los que intervienen. Porque alguien distinto al Notario otorgante tiene que calificar si el hecho es inscribible (no lo son los simples apoderamientos, las liquidaciones del régimen económico matrimonial ni los nombramientos de tutores para hijos no incapacitados, que más de una vez hemos recibido en los Registros), si el documento cumple con las formalidades extrínsecas para ello (apoderamientos preventivos comunicados en un folio simple, no en copia autorizada o testimonio en relación), o en el futuro la posible existencia de un matrimonio de conveniencia. Sólo desde la independencia del Registrador es admisible el valor probatorio pleno que se otorgan a las inscripciones del Registro Civil. Por tanto, Sr. Vicepresidente del Consejo General del Notariado, se equivoca al reclamar para su colectivo la posibilidad de registrar por sí mismos los hechos en que intervienen. No me lo imagino reclamando a sus "hermanastros" registradores de la propiedad y mercantiles el registro de las compraventas en que intervienen o las sociedades que constituyen. Sólo en la provisionalidad y desprecio que Rajoy y Catalá han dejado al Registro Civil se pueden atrever a hacer postulados como éstos. Estamos de acuerdo en que accedan telemáticamente a las inscripciones de Registro Civil como el resto de Administraciones públicas y funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, para comprobar on line las inscripciones que tengan relación con los actos que ustedes autoricen, pero de ahí a que ustedes registren directamente dichos actos va un trecho. Al final hasta los curas van a pedir lo mismo.
La firma de un convenio entre el Ministerio de Justicia y los Gestores Administrativos para presentar las solicitudes electrónicas de nacionalidad por residencia anunciada en la página web del Ministerio de Justicia con fecha 14 de julio, sin haber desarrollado previamente la tramitación electrónica desde los Registros Civiles tal y como establece la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto 1004/2015, de 6 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, supone a juicio de CCOO un paso más en la labor del Ministerio de Justicia de desvirtuar el servicio público que se presta desde los Registros Civiles, de desmantelar las funciones que en tramitación de expedientes han tenido desde su creación y de atribuir a operadores privados competencias hasta ahora de administraciones públicas objetivas e independientes. CCOO denuncia que el Ministerio de Justicia del Partido Popular sigue en su programa de quitar competencias a los Registros Civiles, favoreciendo a colectivos profesionales que cobran sus honorarios por sus servicios y desvirtuando el servicio público y gratuito que se presta desde los Registros Civiles. El hecho de estar en funciones no les impide avanzar en sus objetivos de desmantelar el servicio público que se ha venido prestado desde los Registros Civiles mediante la atribución de parte de sus competencias a operadores privados que de esta forma ven ampliadas sus posibilidades de hacer negocio. Más información »
Esto es lisa y llanamente un escándalo. No hay comentarios:

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto