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Timestamp: 2019-07-21 02:39:20+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 544/2018 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 544/18
JUICIO: "CONSORCIO KONOIKE & ASOCIADOS C/ RES. SET CGD N° 740 DEL 17-02-12 Y RES. DENEGATORIA FICTA DICT. POR LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN, MINISTERIO DE HACIENDA”.
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los nueve días, del mes de octubre del año dos mil dieciocho, estando reunidos en Sala de Acuerdos los señores Ministros de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, SINDULFO BLANCO, LUIS MARÍA BENÍTEZ RIERA y MIRYAM PEÑA CANDIA, por Ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: "CONSORCIO KONOIKE & ASOCIADOS C/ RES. SET CGD N° 740 DEL 17-02-12 Y RES. DENEGATORIA FICTA DICT. POR LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN, MINISTERIO DE HACIENDA", a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuesto por el Abogado Avelino Francisco Cáceres Morel por la parte actora en estos autos, contra el Acuerdo y Sentencia N° 190 de fecha 8 de julio de 2015 y el Acuerdo y Sentencia N° 76 de fecha 13 de abril de 2016, dictados por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala.
Practicado el sorteo de Ley para determinar el orden de la votación, dio el siguiente resultado: BLANCO, BENÍTEZ RIERA y PEÑA CANDIA.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Doctor SINDULFO BLANCO dijo:
Por Acuerdo y Sentencia N° 190 de fecha 8 de julio de 2015, el Tribunal de Cuentas- Primera Sala resolvió: "1) NO HACER LUGAR A LA PRESENTE DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, promovida por el CONSORCIO KONOIKE Y ASOCIADOS contra la RESOLUCIÓN SET/CGD N° 740 DE FECHA 17/02/2012 Y RESOLUCIÓN DENEGATORIA FICTA, DICTADA POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA, de conformidad y de acuerdo a los fundamentos expresados en el exordio de la presente resolución; y en consecuencia por la no devolución, por su carácter de improcedencia manifiesta: 2) CONFIRMAR, la RESOLUCIÓN SET/CGD N° 740 DE FECHA 17/02/2012 Y RESOLUCIÓN DENEGATORIA FICTA, DICTADA POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA, en todos sus términos. 3) IMPONER, las costas a la Administración. 4) ANOTAR, notificar, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia."
Así mismo, por Acuerdo y Sentencia N° 76 de fecha 13 de abril de 2016, el mismo Tribunal resolvió: "1- NO HACER LUGAR AL RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por ley parte demandada contra el Acuerdo y Sentencia N° 190 de fecha 8 de julio de 2015 dictado por este Tribunal en los autos caratulados: "CONSORCIO KONOIKE & ASOCIADOS C/ RESOLUCIÓN SET/CGD N* 740 DE FECHA 17/02/2012 Y RESOLUCIÓN DENEGATORIA FICTA, DICTADA POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - MINISTERIO DE HACIENDA" por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente Resolución. 2- ACLARAR DE OFICIO el Acuerdo y Sentencia N° 190 de fecha 8 de julio de 2015 dictado por este Tribunal de Cuentas, Primera Sala, en los autos caratulados: "CONSORCIO KONOIKE & ASOCIADOS C/ RESOLUCIÓN SET/CGD N° 740 DE FECHA 17/02/2012 Y RESOLUCIÓN DENEGATORIA FICTA, DICTADA POR LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION - MINISTERIO DE HACIENDA" en el sentido de aclarar que en la parte del Considerando que dice "MI VOTO es por la confirmación del acto, no haciéndose lugar a la presente demanda y en consecuencia por la no devolución, por su carácter de improcedencia manifiesta, imponiendo costas a la Administración" (Voto del Dr. A Martín Ávalos) debe decir: "MI VOTO es por la confirmación del acto, no haciéndose lugar a la presente demanda y en consecuencia por la no devolución, por su carácter de improcedencia manifiesta, imponiendo costas a la parte perdidosa, la parte actor a" y, en consecuencia; 3- DISPONER que el punto N° 3 de ¡a parte resolutiva del Acuerdo y Sentencia N° 190 de fecha 8 de julio de 2015 quede redactado de la siguiente forma: "3) IMPONER las costas a la parte perdidosa", de conformidad al exordio de la presente resolución. 4- ANOTAR, notificar, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de justicia."
Conforme se desprende del escrito de expresión de agravios presentado por el Abogado Avelino Francisco Cáceres Morel en representación del Consorcio Konoike & Asociados, a fs. 261-269 el recurrente alega que las resoluciones impugnadas se encuentran viciadas de nulidad, en razón de que contravienen a lo dispuesto en los Artículos 15 y 404 del Código Procesal Civil.
Señala que los fallos impugnados, basados en el voto del miembro preopinante, no hicieron lugar a la demanda, utilizando como fundamento que no era posible precisar con exactitud las razones del rechazo por parte de la Administración respecto a lo solicitado por el consorcio accionante, calificando ello como una deficiencia que imposibilitaba al contribuyente conocer las causas de denegación, agregando además que al no haberse pronunciado la administración respecto a la devolución solicitada y al no haber agotado la parte actora los mecanismos administrativos, le estaba vedado al Tribunal resolver la cuestión planteada. Con ello, manifiesta el nulidicente que el a- quo ha inobservado el Principio de Congruencia, desconociendo además que la Administración había dictado la Resolución SET-CGD N° 740 de fecha 17 de febrero de 2012, obrante a fs. 30.
En esa línea argumentativa, prosigue sus agravios manifestando a fs. 265: "Que, el A-quo ha recaiga en una incongruencia con relación a la pretensión procesal, siendo arbitrario y parcialista. En este tipo de incongruencia se aprecia una disfunción en el manejo de las pretensiones, un tratamiento inadecuado por parte del Tribunal de Cuentas con respecto a los elementos objetivos y subjetivos de la pretensión procesal: el petitorio, la causa pretendí y elementos subjetivos de la pretensión (demandante - demandado), que es el caso de la Litis." En ese orden de ideas - continúa expresando - -quo recayó en una incongruencia extra-petita al resolver la cuestión fundamentándose fuera de lo pedido por las partes.
Por otro lado, pasando a referirse al Acuerdo y Sentencia N° 76 de fecha 13 de abril de 2016 (aclaratoria de oficio del Acuerdo y Sentencia N° 190/15), manifiesta que: "...en forma suspicaz el A-quo ha modificado su decisorio, en contra del PRINCIPIO DE LEGALIDAD conforme a lo que enuncia el Código Procesal Civil en su Artículo 386... la regla general establece que el Recurso de Aclaratoria... en ningún caso debe el juez o tribunal, con motivo de la aclaración efectuada, alterar lo sustancial de la decisión, es decir, volver a estudiar los supuestos de hecho y de derecho para otórgales una sentido opuesto, hecho acaecido en autos, cambiando el sentido del VOTO y por consiguiente el PUNTO 3 del Acuerdo y Sentencia N° 190 de fecha 8 de julio de 2015...".
En base a lo expresado, culmina sus argumentos de nulidad solicitando la anulación tanto del Acuerdo y Sentencia N° 190, como su aclaratoria, el Acuerdo y Sentencia N° 76, dictado en estos autos.
CONTESTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA:
En contestación a los agravios de nulidad - más bien refiriéndose por igual tanto a los agravios de nulidad como a los de apelación - la representación del Ministerio de Hacienda procedió a contestar cuanto sigue: "...El representante convencional de la parte actora, funda su expresión de agravios, en los mismos argumentos que ya han sido expuestos en la Instancia Inferior, sin aportar ni arrimar nuevos elementos de juicio, ni rebatir en forma razonada los argumentos esgrimidos por el Tribunal de Cuentas como fundamentos de la Resolución apelada...". En ese orden de ideas, recalca lo dispuesto por el Artículo 419 del Código Procesal Civil, con lo que solicita se declare desierto tanto el Recurso de Nulidad como el de Apelación. Agrega además que "...la apelante centra su recurso de apelación en los mismos argumentos que su recurso de nulidad -incurriendo en un grave error procesal-, dado que como hemos expuesto más arriba, no son sustentables con base justa. // Ello es así, porque en primer lugar, tal y como ya hemos señalado ut supra, la adversa centra sus argumentos en cuestiones ya estudiadas, debatidas y justiciadas en la instancia inferior...".
Expuestos así a modo de síntesis las posturas sustentadas respectivamente por las partes con respecto a la nulidad, pasamos a analizar si efectivamente los Acuerdos y Sentencia dictados por el Tribunal de Cuentas en estos autos se encuentran viciados de nulidad.
No obstante, antes debemos recordar que - procesalmente hablando - la sanción de nulidad es la más grave que puede recaer dentro de un proceso jurisdiccional, no siendo suficiente expresar el disenso con la resolución a la cual arribó el juzgador un motivo suficiente para calificar que dicho pronunciamiento haya sido inválido.
Cabe agregar además aquel viejo adagio que enseña que "no cabe la nulidad por la nulidad misma", y en ese sentido, el Artículo 111 de nuestro Código Procesal Civil, dispone: "Ningún acto del proceso será declarado nulo si ¡a nulidad no está conminada por ¡a ley. Podrá, no obstante, pronunciarse la nulidad, si el acto carece de un requisito formal o material indispensable. Si el acto ha alcanzado su fin, aunque fuere irregular, no procederá su anulación."
En ese sentido, sostenemos que un error en las apreciaciones fácticas del magistrado, respecto a los elementos puestos en tela de juicio y sometidos a análisis, no pueden tomarse como fundamentos suficientes que viabilicen la declaración de nulidad. Con eso dicho, no encontramos que se hayan vulnerado las disposiciones del Artículo 15 CPC, ni el Principio de Congruencia. Lo cual no significa que esté vedada la posibilidad de revisión de los fallos impugnados, por la vía de la apelación y los argumentos concernientes al mismo, a fin de determinar si procede o no la revocación de las resoluciones atacadas.
Con relación específicamente al Acuerdo y Sentencia N° 76 (aclaratoria del Acuerdo y Sentencia N° 190), es menester señalar que de la lectura de ambos fallos, se colige claramente el sentido de la imposición de costas, no denotándose un cambio en el sentido del voto, sino del cual se desprende meramente la corrección de un error material dentro de la parte resolutiva - motivo por el cual tampoco corresponde su declaración de nulidad.
Por lo expresado, me permito concluir que no resulta procedente anular los fallos impugnados, siendo en consecuencia procedente RECHAZAR el Recurso de Nulidad planteado por la parte actora contra el Acuerdo y Sentencia N° 190 de fecha 8 de julio de 2015 y su aclaratoria, el Acuerdo y Sentencia N° 76 de fecha 13 de abril de 2016. ES MI VOTO.
A sus turnos los Ministros BENÍTEZ RIERA y PEÑA CANDIA manifiestan que se adhieren al voto del distinguido Ministro preopinante por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Señor Ministro BLANCO prosiguió diciendo: conforme al escrito de expresión de agravios obrante a fs. 260- 285, a partir de fs. 269 última parte se observan los agravios de apelación de la parte actora, de lo cual en lo medular resumimos a continuación:
ARGUMENTO DE LAS PARTES:
AGRAVIOS DE APELACIÓN DE LA PARTE ACTORA:
Señala el apelante un error de apreciación in-iudicando por parte del Tribunal de la instancia inferior, calificando de superficial la apreciación de los hechos y las instrumentales rendidas en autos. Manifiesta así que ha habido una deficiente motivación en la Resolución SET-CGD N° 740 de fecha 17 de febrero de 2012 y su confirmación por resolución denegatoria ficta.
Luego de ello, pasa a versar sus agravios sobre tres interrogantes, a saber: 1- si la Administración Tributaria se ha pronunciado o no respecto a la procedencia de la devolución de crédito fiscal del contribuyente; 2- si se ha agotado la instancia administrativa previa, y; 3- si el contribuyente Consorcio Konoike & Asociados tiene o no responsabilidad solidaria o subsidiaria respecto a la retención del Impuesto a la Renta y los supuestos incumplimientos de sus proveedores y agentes de retención.
De ese modo, y con relación al primer cuestionamiento, el apelante señala que el a-quo ha quebrantado el Principio de Congruencia, al haberse expedido respecto a una cuestión que no fuera planteada por las partes tras referir que la Administración Tributaria no se ha pronunciado respecto a la procedencia de la devolución solicitada, y por ende la parte actora no ha agotado la instancia administrativa. Contra esto, continúa manifestando el apelante que la Administración había dictado la Resolución de Devolución de Créditos Fiscales N° 7530002950 del 24/01/2012, y tras la objeción por parte de la firma contribuyente, la Administración dictó la Resolución SET-CGD N° 740 de fecha 17 de febrero de 2012, que fuera luego confirmada por resolución denegatoria ficta.
Refiriéndose a si se ha agotado o no la instancia administrativa previa, a fs. 274 de autos, el representante del consorcio accionante expresa: "...contrario de lo manifestado por el A-quo, es de suma importancia de contar con una ley reglamentaria de la competencia del Tribunal de Cuentas como órgano creado por la Constitución. Sin embargo, la disposición legal (LEY TRIBUTARIA) no vulnera y reglamenta la norma constitucional porque responde a los objetivos para el cual fue creado, otorgarle competencia a dicho órgano en el ámbito de lo contencioso administrativo, en virtud de la cual ahora puede entender en los conflictos, litigios o contiendas que se susciten entre la administración pública y los administrados o entre entes administrativos, en la que uno de los litigantes es la administración pública y el otro un particular que reclama contra las resoluciones definitivas de aquella, que causan estado, dictadas en uso de sus facultades regladas y que vulneren derechos o interés de carácter administrativo, establecidos en la ley, y otra disposición prexistente, siendo el caso concreto de autos."
Por otro lado, y sobre el mismo punto, el apelante recalca todas las actuaciones que han tenido lugar en sede administrativa con relación al presente caso (dos recursos de reconsideración con sus respectivas denegatorias), tras lo cual concluye que el Consorcio Konoike & Asociados ha agotado todos los mecanismos administrativos ante la Administración Tributaria, causando estado sus resoluciones, y por ende quedando habilitada la vía para accionar en sede jurisdiccional.
En lo que respecta a si el Consorcio contribuyente es o no responsable solidario o subsidiario por los incumplimientos u omisiones de los agentes de retención, proveedores, se remite primeramente a lo dispuesto por el Artículo 180 de la Ley N° 125/91 concordada con la Ley N° 2421/04, el cual señala que la responsabilizó por infracciones tributarias es personal del autor.
Prosigue refiriéndose a lo que califica como una conjetura por parte del Tribunal, respecto a la validez de las Notas de Crédito, expresando al efecto que: "...la emisión de la NOTA DE CREDITO tiene 2 efectos formales, por una parte genera un crédito fiscal a favor del emisor "CONSORCIO KONOIKE & ASOCIADOS" y a la vez genera un débito fiscal al receptor "MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES", por tanto sería anular un exceso de débito fiscal con un exceso de crédito fiscal, lo que pretende la Administración Tributaria es anular solo el crédito fiscal con ello se configura la figura del enriquecimiento sin causa, pues el M.O.P.C. pago el debido fiscal generado por la NOTA DE CREDITO, pero en contraposición el fisco procura desconocer el crédito fiscal del contribuyente generado por el mismo comprobante." (sic, fs. 280). Expresa además que lo anterior tuvo lugar en razón del contrato celebrado entre el Consorcio Konoike & Asociados y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, en el marco del Préstamo N° PG-P13 suscrito entre el Estado Paraguayo y JBIC. Reforzando este extremo, trae a colación lo dispuesto por el Decreto N° 6806/05, y manifiesta: "...la FACTURA emitida en los Contratos de Obras de construcción...queda rezagada por el CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRA, siendo el hecho imponible que configura la obligación fiscal, es el documento donde se detalla los servicios, materiales e insumos utilizados, conforme a la reglamentación mencionada, DECRETO N° 6.806/05..." (sic, fs. 282).
Por último, con respecto al Acuerdo y Sentencia N° 76 también impugnado, el apelante argumenta: "...como habíamos expuestos en el RECURSO DE NULIDAD, el A-quo ha distorsionado la figura jurídica del Recurso de Aclaratoria, y suplantar la negligencia de la demandada que ha presentado un Recurso de Reposición contra una Acuerdo y Sentencia, propiciando un estéril debate sobre la procedencia del mismo, considerando una acto pernicioso del Tribunal de Cuentas - Primera Sala en contra de las garantías consagradas en la Constitución Nacional del contribuyente, en contra del PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD.” (sic, fs. 283).
Tras todo lo argumentado in extenso, la representación de la parte actora culmina su escrito de agravios (aquí transcripto en apretada síntesis) solicitando la revocación de los fallos impugnados, dictados en estos autos por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala.
Corrido el traslado respectivo, a fs. 290-305 se presentó el Abogado Hugo A. Campos Lozano en representación del Ministerio de Hacienda, a fin de contestar los agravios vertidos por la representación del Consorcio Konoike & Asociados. Al efecto, a fs. 293 de autos manifiesta: "...Si bien ello podría parecer repetitivo en extremo, resulta necesario hacer notar a la Excma. Corte Suprema, que la base de la presente demanda, la constituye la posición de la Sub Secretaría de Estado de Tributación, plasmada en el Informe Técnico elevado por la Dirección General de Grandes Contribuyentes, a través de su Departamento de Créditos y Franquicias Fiscales, individualizado como Informe NDDCFF/C Ns 12 de fecha 24 de enero de 2012..." (sic).
Respecto a la devolución de tributos, a fs. 299, la parte demandada argumenta: "En tal sentido, como cuestión previa, y tomando en consideración las argumentaciones de la adversa, debemos señalar que la Resolución citada fue emitida conforme expresa autorización legal (art. 186 de la Ley N° 125/91), y su intangibilidad como norma reglamentaria de aplicación general (so pena de violar el principio de igualdad consagrado en nuestra Constitución Nacional) encuentra asidero y fundamento en diversas doctrinas que destacan el carácter "legítimo" y "ejecutorio" de los actos de esta naturaleza." (sic).
Con relación a las diferencias detectadas en lo que respecta a las retenciones, la Administración argumenta que "...el acto administrativo atacado por esta vía...fueron cotejados los valores obrantes en las DDJJ del IRACIS del CONSORCIO KONOIKE & ASOCIADOS, con los que constan en los comprobantes de retención, teniendo como resultado el siguiente resumen..." (sic, fs. 300); enfatizando igualmente que es responsabilidad del receptor del comprobante de retención de tributos, exigir que las fechas consignadas sean correctas, en caso contrario no teniendo la Administración otra opción más que considerar inválido su contenido.
En lo atinente a las notas de crédito y la diferencia cambiaria, la representación del Ministerio de Hacienda pone de relieve que las operaciones fueron facturadas por el Consorcio en moneda nacional, y en ese entendimiento agrega: “...Si ambas partes sostienen sin lugar a dudas que la factura que instrumenta la operación comercial, y por ende la existencia del hecho generador del tributo - en la especie, el IVA - y de ella se desprende que ¡a operación fue realizada en moneda nacional, sostener que la fluctuación de cambio con relación a la moneda extranjera afecta los montos facturados, no tiene sustento jurídico, y por ende, la impugnación de estas operaciones por parte de la Administración Tributaria, al momento de determinarse que créditos no son pasibles de devolución, se halla ajustada a derecho." (sic, fs. 303).
Sobre la deducibilidad de gastos generados recíprocamente entre los miembros del consorcio, expone la Administración que los comprobantes respectivos no cumplen con lo establecido en el Decreto N° 6539/05, específicamente en lo que refiere a la descripción detallada del servicio prestado; y en ese sentido, agrega además que la deficiencia de las facturas imposibilita controlar lo establecido en el Artículo 8 de la Ley N° 125/91.
Por último, la Administración Tributaria expresa que el saldo financiero solicitado por el Consorcio accionante proviene de Retenciones IRACIS computables y no compensadas con el Tributo obrante en declaraciones juradas del impuesto a la renta correspondiente a los años 2004 hasta el 2010; manifestando a ese efecto que el contribuyente ya había solicitado la devolución de Gs. 2.790.797.821 por retenciones no compensadas entre los años 2004 y 2007, de lo cual el mismo ya recuperó la suma de Gs. 2.693.646.425.
Tras todo lo argumentado in extenso en el escrito de contestación de agravios, la representación del Ministerio de Hacienda culmina solicitando la confirmación íntegra del Acuerdo y Sentencia N° 190 de fecha 8 de julio de 2015 así como de su aclaratoria, Acuerdo y Sentencia N° 76 de fecha 13 de abril de 2016 dictados por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala, con costas.
Procedemos a efectuar un análisis razonado de la resolución apelada, de los documentos obrantes en autos así como de los argumentos esgrimidos respectivamente por las partes, de lo cual se constata que en fecha 18 de octubre de 2011, el Consorcio Konoike & Asociados había efectuado una solicitud de devolución por pago en exceso del Impuesto a la Renta (IRACIS) ante la Subsecretaría de Estado de Tributación. En el marco de tal solicitud, la Administración Tributaria dictó la Resolución de Devolución de Créditos Fiscales N° 7530002950 de fecha 24 de enero de 2012, por la cual se rechazó el valor solicitado de Gs. 140.474.620.
Contra esta Resolución, el Consorcio solicitante interpuso recurso de reconsideración, el cual fuera resuelto por Resolución SET-CGD N° 740 de fecha 17 de febrero de 2012, en sentido denegatorio a la pretensión del contribuyente. Nuevamente, contra ésta última el consorcio interpuso recurso de reconsideración, en el marco del cual recayó una denegatoria ficta, en los términos dispuestos por el Artículo 234 de la Ley N° 125/91.
Ante tal situación, y considerando conculcados sus derechos, el Consorcio Konoike & Asociados se presentó ante el fuero de lo contencioso-administrativo, a los efectos de obtener la revocación de las mencionadas resoluciones que le resultaren adversas. De tal manera, instaurada que fuere la presente demanda y una vez tramitados los estadios procesales de rigor, el Tribunal de Cuentas-Primera Sala dictó el Acuerdo y Sentencia N° 190 de fecha 8 de julio de 2015, que a su vez fuera objeto de aclaratoria vía Acuerdo y Sentencia N° 76 de fecha 13 de abril de 2016.
Siendo que en virtud a tales fallos, las pretensiones de la parte actora no tuvieron una acogida favorable, el Consorcio accionante de la presente demanda se alzó en apelación, motivándose así su análisis ante esta instancia de alzada.
En este estado, nos detenemos a analizar la siguiente interrogante: ¿Se encuentran ajustados a derecho los fallos dictados por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala, o corresponde que los mismos sean revocados?
Para contestar, pasamos a analizar las disposiciones legales pertinentes, entre ellas primeramente el Artículo 217 de la Ley N° 125/91: "Repetición de pago. El pago indebido o en exceso de tributos, intereses o recargos y multas, dará lugar a repetición. // La devolución de tributos autorizada por leyes o reglamentos, a título de incentivo, franquicia tributaria o exoneración estará regida por la ley o el reglamento que la conceda y solo supletoriamente se someterá al presente procedimiento. // Los pagos a cuenta o anticipos excesivos serán devueltos de oficio o de acuerdo a las normas pertinentes."
Por otro lado, la Resolución General N° 52/11 "Por la cual se reglamentan las disposiciones legales relativas a la devolución de impuestos, repetición de pagos indebidos o en exceso, compensación de deudas y créditos líquidos y exigibles, transferencia de créditos a terceros y se establecen sus procedimientos", en su Artículo 3 dispone: "La Devolución de Impuestos y la Repetición por pagos indebidos o en exceso, están supeditadas al cumplimiento de la presentación de los documentos exigidos por la Administración Tributaria, las pruebas requeridas y las medidas de mejor proveer dispuestas por la autoridad tributaria. //Al tiempo de ingresar la solicitud de Devolución o Repetición o la operación de Compensación o Transferencia a Terceros, deberá detallarse el tipo de solicitud u operación que se desea efectuar, a expensas que el Contribuyente se encuentre al día en el cumplimiento de sus obligaciones formales, así como a la disponibilidad y legitimidad del crédito invocado. En el caso de Devoluciones del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a que se refiere el Art. 18 de la presente resolución deberá indicarse si se está optando por el régimen general o el acelerado previstos en la ley."
Pasando entonces al cotejo de la Resolución SET-CGD N° 740 de fecha 17 de febrero de 2012 - así como su confirmación por resolución denegatoria ficta - encontramos que la misma tiene como fundamento el Informe DGGC/DCFF/C N° 64/2012 emitida por el Departamento de Créditos y Franquicias Fiscales. De tales documentos, se desprende que la Administración se ha expedido respecto a lo solicitado por el Consorcio accionante. Así mismo, habiendo recaído la resolución denegatoria ficta, en los términos dispuestos por el Artículo 234 de la Ley N° 125/91. Con ello, ha quedado agotada la vía administrativa, quedando el contribuyente sin óbice alguno para instaurar la presente acción contencioso-administrativa.
Con ello, damos respuesta a las dos primeras interrogantes sostenidas por el apelante en su escrito de agravios. Así mismo el Consorcio accionante cuestiona además si el mismo tiene responsabilidad subsidiaria u obligatoria con respecto las obligaciones de los agentes de retención o sus proveedores, a lo cual cabe recordar el criterio ya hartamente sustentado por esta Sala Penal, que encuentra sustento en el Artículo 180 de la Ley N° 125/91, respecto a que la responsabilidad ante la Administración Tributaria es personal del autor.
Empero, hemos de puntualizar que si bien la responsabilidad es personal, la cuestión debatida en estos autos no se centra en si es responsabilidad del Consorcio el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los agentes de retención o sus proveedores, sino que, tratándose de una solicitud de repetición conforme a lo dispuesto por el Artículo 217 de nuestra Ley Tributaria (125/91), a los efectos de su procedencia o no resulta menester ajustarnos a lo que dispone su reglamentaria dada por la Resolución General N° 52/11 - ello en virtud al Principio de Legalidad que impera en el campo del Derecho Administrativo.
De este modo, el Artículo 3 de la mentada Resolución General N° 52/11 es clara al disponer que el crédito invocado por el contribuyente-solicitante debe estar disponible, además de ser legítimo; y bien, conforme se desprende del informe técnico transcripto como fundamentación de la Resolución SET-CGD N° 740 de fecha 17 de febrero de 2012 (fs. 30/33), la Administración no ha podido determinar con grado de certeza que lo solicitado por el contribuyente sea un crédito fiscal legítimo, a consecuencia de no estar disponible la suma reclamada.
Todo lo antes señalado, conllevan al convencimiento de esta Magistratura que los actos administrativos impugnados se encuentran ajustados a derecho. Siendo que esta es la determinación a la cual se arriba en los Acuerdos y Sentencia presentemente apelados, nos permitimos concluir que no resulta procedente revocar éstos, ya que concluimos igualmente que no existen méritos para hacer lugar a las pretensiones de la parte actora. Ahora bien, específicamente con relación al Acuerdo y Sentencia N° 76, el apelante argumenta que el mismo debe ser revocado en razón que el Ministerio de Hacienda debe solventar las costas por aplicación de los Artículo 53 y 56 del Código Procesal Civil, debemos recalcar que si bien los representantes fiscales han sido advertidos en el presente juicio, no ha recaído en estos autos una declaración como litigantes de mala fe, por lo que no se puede dar aplicación al Artículo 56, en el sentido de condenar en costas, en este caso al Ministerio de Hacienda.
POR TANTO, y en virtud a los fundamentos que anteceden, sostenemos el criterio que corresponde RECHAZAR el Recurso de Apelación interpuesto por el Consorcio Konoike & Asociados contra el Acuerdo y Sentencia N° 190 de fecha 8 de julio de 2015 y su aclaratoria, Acuerdo y Sentencia N° 76 del 13 de abril de 2016 dictados por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala. En cuanto a las costas, en virtud a lo dispuesto por el Artículo 203 inciso a) del Código Procesal Civil, las mismas deben imponerse a la parte apelante, Consorcio Konoike & Asociados. ES MI VOTO.
Con lo que se dio por terminado el acto firmado SS.EE., todo por ante mí, de que certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:
Asunción, 09 de octubre de 2018.
1) RECHAZAR el Recurso de Nulidad planteado por la parte actora contra el Acuerdo y Sentencia N° 190 de fecha 8 de julio de 2015 y su aclaratoria, el Acuerdo y Sentencia N° 76 de fecha 13 de abril de 2016 dictados por el Tribunal de Cuentas- Primera Sala.
2) RECHAZAR el Recurso de Apelación planteado por la parte actora contra el Acuerdo y Sentencia N° 190 de fecha 8 de julio de 2015 y su aclaratoria, el Acuerdo y Sentencia N° 76 de fecha 13 de abril de 2016 dictados por el Tribunal de Cuentas-Primera Sala, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

References: RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
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 RESOLUCIÓN 
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 Resolución 
 Artículo 386
 Resolución 
 Artículo 419
 resolución 
 Artículo 111
 Artículo 15
 Resolución 
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 Resolución 
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 Artículo 234
 Artículo 217
 Resolución 
 Artículo 3
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 Resolución 
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 Artículo 234
 Artículo 180
 Artículo 217
 Resolución 
 Artículo 3
 Resolución 
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 Artículo 56
 Artículo 203