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Timestamp: 2020-08-13 00:23:24+00:00

Document:
Registro Oficial No.31- Viernes 07 de Julio de 2017 Suplemento
Última modificación: Viernes, 18 de agosto de 2017 | 12:37
Viernes, 7 de Julio de 2017 (R. O. SP 31, 7-julio-2017)
-?Apruébese la Enmienda de la Convención sobre la ProtecciónFísica de los Materiales Nucleares y las instalaciones nucleares?
NAC-DGERCGC17-00000345
Expídense las normas para establecer los factores de ajuste en procesos de determinación de impuesto a la renta mediante comunicaciones de diferencias y liquidaciones de pago y su forma de aplicación
Autoridad Portuaria Guayaquil:
APG-G-2016-072-R
Refórmese la Resolución Nro. APG-G-2016-063-R, de 6 de septiembre de 2016
EPNHV-GG-81-2017
Deléguense atribuciones al Gerente General
Nómbrese Subdirector Nacional de Gestión Procesal Penal y Subdirector Nacional de Gestión Procesal General
-Cantón Putumayo: Que regula la tarifa del servicio de agua potable
Que, de acuerdo al numeral 3 del Art. 419 de la Constitución de la República, y al numeral 3 del Art. 108 de de la Ley Orgánica de la Función Legislativa la ratificación de los tratados internacionales requerirá de aprobación previa de la Asamblea Nacional, cuando contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley;
Que, mediante oficio No. T.7309-SGJ-16-524, de 7 de septiembre de 2016, suscrito por el Presidente Constitucional de la República, Rafael Correa Delgado, se remite a la Asamblea Nacional, para el trámite respectivo, la ?Convención sobre la protección física de los materiales nucleares y las instalaciones nucleares, Enmienda? adoptada en Viena, el 8 de julio de 2005;
Que, conforme al numeral 1 del Art. 438 de la Constitución de la República, la Corte Constitucional declaró, mediante Dictamen No. 006-16-DTI-CC, de 27 de julio de 2016, que las disposiciones contenidas en la ?Convención sobre la protección física de los materiales nucleares y las instalaciones nucleares, Enmienda? adoptada en Viena, el 8 de julio de 2005, guardan armonía con la Constitución de la República del Ecuador;
Que, conforme al Art. 108 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral, emitió el informe referente a la ?Enmienda de la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares y las instalaciones nucleares? y,
?APROBAR LA ENMIENDA DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS MATERIALES NUCLEARES Y LAS INSTALACIONES NUCLEARES?
Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los veintisiete días del mes de junio de dos mil diecisiete.
No. NAC-DGERCGC17-00000345
Que el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador establece que son deberes y responsabilidades de los habitantes del Ecuador acatar y cumplir con la Constitución, ley y las decisiones legítimas de autoridad competente, cooperar con el Estado y la comunidad en la seguridad social y pagar los tributos establecidos por ley;
Que el artículo 68 del ibídem indica que el ejercicio de la facultad determinadora comprende la verificación, complementación o enmienda de las declaraciones de los sujetos pasivos; la composición del tributo correspondiente, cuando se advierta la existencia de hechos imponibles; y la adopción de las medidas legales que se estime convenientes para esa determinación;
Que en atención a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Régimen Tributario Interno, la Administración Tributaria efectuará la determinación directa o presuntiva, conforme lo dispuesto en el Código Tributario, en los casos en que fuere procedente;
Que los artículos 107A, 107B y 107C ibídem, establecen el proceso para la emisión de Comunicaciones de Diferencias a los contribuyentes cuando al confrontar sus declaraciones con otra información se encuentren diferencias a favor del fisco, indicando que para tales casos el contribuyente dispone de hasta 20 días hábiles para presentar la respectiva declaración sustitutiva y cancelar las diferencias, caso contrario el Servicio de Rentas Internas procederá con la emisión de la correspondiente ? Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración? o ?Resolución de Aplicación de Diferencias? y dispondrá su notificación y cobro inmediato, incluso por la vía coactiva o la afección que corresponda a las declaraciones siguientes, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si se tratare de impuestos percibidos o retenidos;
Expedir las normas para establecer los factores de
ajuste en procesos de determinación de impuesto a
a renta mediante comunicaciones de diferencias y
liquidaciones de pago y su forma de aplicación
Artículo 1. Ámbito.- Los factores de ajuste a los que se refiere la presente Resolución, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 275 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, podrán ser aplicables a aquellos casos en que la respectiva utilidad gravable en determinación, sea superior al coeficiente de estimación presuntiva de carácter general por ramas de actividad económica para la determinación presuntiva de impuesto a la renta, fijados por el Director General del Servicio de Rentas Internas mediante resolución, correspondiente a la actividad económica del sujeto pasivo, del ejercicio fiscal en determinación.
Artículo 2. Excepciones.- No serán aplicables factores de ajuste sobre ingresos provenientes o generados por:
Actividades acogidas al régimen impositivo simplificado; y,Loterías, rifas y similares.
Artículo 3. Factores de ajuste.- Como factores de ajuste se aplicarán los coeficientes de carácter general para la estimación presuntiva de impuesto a la renta por ramas de actividad económica, fijados por el Director General del Servicio de Rentas Internas mediante resolución, para el respectivo ejercicio fiscal determinado.
Artículo 4. Aplicación de los factores de ajuste.- El factor de ajuste se aplicará multiplicándolo por el rubro de activos, ingresos, costos y gastos determinados por el Servicio de Rentas Internas, según corresponda, y se escogerá el mayor de los resultados para establecer la base imponible.
Los factores de ajuste señalados en la presente Resolución serán aplicados en procesos de control de diferencias, para lo cual el Servicio de Rentas Internas notificará mediante la respectiva ?Comunicación de Diferencias? los valores de aquellas detectadas en la base o bases imponibles.
El contribuyente dentro del plazo de veinte (20) días hábiles siguientes a partir de la notificación, podrá presentar la respectiva declaración sustitutiva y cancelar dichas diferencias o justificar las mismas de conformidad con el artículo 273 del Reglamento para la aplicación a la Ley de Régimen Tributario Interno vigente. Si el contribuyente no realizare la respectiva declaración sustitutiva considerando el valor comunicado, o no presenta los respectivos descargos, el Servicio de Rentas Internas, en atención a lo dispuesto en el artículo 275 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, procederá con la emisión de la correspondiente ?Liquidación de Pago por Diferencias en la Declaración? y dispondrá su notificación y cobro inmediato, incluso por la vía coactiva, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si se tratare de impuestos percibidos o retenidos.
DISPOSICIÓN GENERAL ÚNICA.- Los factores de ajuste señalados en la presente Resolución podrán ser aplicables en procesos de comunicación de diferencias y liquidaciones de pago efectuados inclusive respecto del impuesto a la renta correspondiente a ejercicios fiscales anteriores al 2016, considerando los plazos de caducidad de la facultad determinadora de la Administración Tributaria.
Quito, D. M., a 29 de junio de 2017.
Dictó y firmó la Resolución que antecede, el Economista Leonardo Orlando Arteaga, Director General del Servicio de Rentas Internas, en Quito D.M., a. 29 de junio de 2017.
Nro. APG-G-2016-072-R
Guayaquil, 29 de septiembre de 2016
Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: ?El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes?;
Que, Autoridad Portuaria de Guayaquil es una institución que forma parte del sector público, conforme lo dispuesto en el artículo 225 de la Constitución de la República del Ecuador, por tanto se rige en cuanto a su organización y administración, por las disposiciones contenidas en la Ley General de Puertos, la Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional y demás disposiciones que le son aplicables conforme la Constitución y la ley;
Que, el artículo 227 de la antedicha Carta Magna, dispone: ?La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración; descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación?;
Que, el artículo 6, literal d) de la Ley de Régimen Administrativo Portuario Nacional, señala entre las atribuciones de las Autoridades Portuarias, en sus respectivas jurisdicciones la siguiente: ?Aplicar las leyes portuarias y reglamentos referentes al uso de los servicios y facilidades. Los manuales y reglamentos correspondientes, serán aprobados de conformidad con lo que dispone al respecto la Ley General de Puertos.?;
Que, la letra l) del numeral 7, del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador establece lo siguiente: ?l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho??;
Que, con fecha 31 de agosto de 2016, la máxima autoridad aprobó el ?Manual de Normas que Regulan el Uso del Estacionamiento de Vehículos Pesados denominado Centro de Atención Logístico al Transporte CALT de Autoridad Portuaria de Guayaquil?, expedida mediante Resolución Nro. APG-G-2016-063-R, de fecha 6 de septiembre de 2016, que en su parte ?Disposición Final?, se indicó: ?? Del cumplimiento de la presente Resolución que entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a la Dirección de Gestión de Asesoría Jurídica??;
Que, el Estatuto Régimen Jurídico Administrativo Función Ejecutiva, Erjafe, en su artículo 98, ?Rectificaciones? se establece que: ??Los errores de hecho o matemáticos manifiestos pueden ser rectificados por la misma autoridad de la que emanó el acto en cualquier momento??; igualmente el artículo 170, ibídem, habla de la ?Revocación de actos y rectificación de errores?, en su numeral 2, expresa lo siguiente: ??La Administración Pública Central podrá, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos??;
Que, dentro de las funciones y atribuciones conferidas al Gerente de las Autoridades Portuarias dentro de los literales k) del artículo 13 de la ley ibídem, se establece la de: ?k) Elaborar los proyectos de Reglamentos, tarifas o modificaciones, programas de acción y de inversiones, asignación de fondos presupuestarios para tales programas, proformas de orgánicos de personal y cualquier otra mejora en la organización y administración, que estimare conveniente para la buena marcha de la institución?;
Que, los literales c) y g) del artículo 10 literal B ?Gestión Estratégica Institucional?, del Estatuto Orgánico por Procesos de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, establecen como atribuciones y responsabilidades del Gerente de la Entidad las siguientes: ?c) Dirigir la planificación administrativa, técnica, económica y la gestión estratégica de la institución?; g) Legalizar los actos administrativos?;
Que el suscrito en uso de sus atribuciones, motivado por los considerandos que anteceden, en el ejercicio de sus facultades legales,
PRIMERO.- Rectificar la ?Disposición Final?, contenida en la Resolución Nro. APG-G-2016-063-R, de fecha 6 de septiembre de 2016, a través de la cual mediante sesión de fecha 31 de agosto de 2016, se aprobó el ?Manual de Normas que Regulan el Uso del Estacionamiento de Vehículos Pesados denominado Centro de Atención Logístico al Transporte CALT de Autoridad Portuaria de Guayaquil?, que dice: ??Del cumplimiento de la presente Resolución que entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a la Dirección de Gestión de Asesoría Jurídica??, se modifica de la siguiente manera:
??Del cumplimiento de la presente Resolución que entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, estará a cargo de la Dirección de Gestión de Control de Concesionarias??
De la elaboración de la presente Resolución de Rectificación que entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a la Dirección de Gestión de Asesoría Jurídica.
Dado en la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los veintiún días del mes de septiembre del año 2016.
Ing. Jorge Xavier Vera Armijos, Gerente.
No. EPNHV-GG-81-2017
DE HÁBITAT Y VIVENDA
Que el artículo 315 de la Constitución de la República dispone que ?El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, para la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas... estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos pertinentes de acuerdo con la Ley; funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales....?.
Que en el Registro Oficial Suplemento No. 48 de 16 de octubre de 2009 se publicó la Ley Orgánica de Empresas Públicas, cuyo artículo 1, estipula que la disposiciones contenidas en dicho cuerpo normativo ?regulan la constitución, organización, funcionamiento, fusión, escisión y liquidación de las empresas públicas que no pertenezcan al sector financiero y que actúen en el ámbito internacional, nacional, regional, provincial o local; y, establecen los mecanismos de control económico, administrativo, financiero y de gestión que se ejercerán sobre ellas, de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución de la República?;
Que el artículo 10 de la norma citada en el párrafo anterior determina que: ?La o el Gerente General de la empresa pública ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa y será en consecuencia el responsable de la gestión empresarial, administrativa, económica, financiera, comercial, técnica y operativa.? Y en el mismo sentido el artículo 11 establece que El Gerente General, como responsable de la administración y gestión de la empresa pública, tendrá los siguientes deberes y atribuciones:
(?)4. Administrar la empresa pública (...)8. Aprobar y modificar los reglamentos internos que requiera la empresa, excepto el señalado en el numeral 8 del artículo 9 de esta Ley;
Que el artículo 9 y el literal a), numeral 1) del artículo 77 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado dispone como responsabilidad de la máxima autoridad de cada organismo del sector público, el establecimiento de políticas, métodos y procedimientos de control interno para salvaguardar sus recursos;
Que el literal e) del artículo 77 de la norma ibídem dispone que las máximas autoridades de las instituciones del Estado son responsables de los actos, contratos o resoluciones emanados de su autoridad y establece para éstas, entre otras atribuciones y obligaciones específicas la de: ?e) Dictar los correspondientes reglamentos y demás normas secundarias necesarias para el eficiente, efectivo y económico funcionamiento de sus instituciones (...);
Que de acuerdo con el artículo 1 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicada en el R.O. 100; Segundo Suplemento, de fecha 14 de octubre de 2013, son delegables todas las facultades y atribuciones previstas en esta Ley para la máxima autoridad de las entidades y organismos que son parte del sistema nacional de contratación pública;
Que el artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública señala ?Delegación.- Si la máxima autoridad de la Entidad Contratante decide delegar la suscripción de los contratos a funcionarios o empleados de la entidad u organismos adscritos a ella o bien a funcionarios o empleados de otras entidades del Estado. Deberá emitir la resolución respectiva sin que sea necesario publicarla en el Registro Oficial, debiendo darse a conocer en el Portal COMPRASPUBLICAS (...)?;
Que el artículo 4 del Reglamento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 588 de 12 de mayo del 2009, señala: ?Delegación.- En aplicación de los principios de Derecho Administrativo son delegables todas las facultades previstas para la máxima autoridad tanto en la Ley como en este Reglamento General, aun cuando no conste en dicha normativa la facultad de delegación expresa. La Resolución que la máxima autoridad emita para el efecto, determinará el contenido y alcance de la delegación (...)?;
Que el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en su artículo 55 señala que: ?Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por Ley o por Decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial.?
Que la Norma No. 200-05, contenida en las Normas de Control Interno para las Entidades, Organismos del Sector Público y de las Personas Jurídicas de Derecho Privado que dispongan de Recursos Públicos, emitidas por la Contraloría General del Estado, mediante Acuerdo No. 039 CG 2009, publicadas en el Registro Oficial Suplemento No. 87 del 14 de diciembre del 2009 , establece que la delegación de autoridad, constituye la asignación de responsabilidad que permiten el seguimiento de las actividades, objetivos, funciones operativas y requisitos regulatorios, incluyendo la responsabilidad sobre sistemas de información y autorizaciones para efectuar cambios;
Que la Norma de Control Interno No. 200-05 señala que la asignación de responsabilidad, delegación de autoridad y el establecimiento de políticas conexas conlleva no sólo la exigencia de la responsabilidad por el cumplimiento de los procesos y actividades correspondientes, sino también la asignación de la autoridad necesaria a fin de que los servidores puedan emprender las acciones más oportunas para ejecutar su cometido de manera expedita y eficaz;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 622 de 17 de marzo de 2015 publicado en el R.O. No. 474 de 7 de abril de 2015, se crea la Empresa Pública Nacional de Hábitat y Vivienda EP, como una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa, operativa y de gestión, acorde con los objetivos establecidos en el Sistema Nacional Descentralizada de Planificación Participativa y disposiciones de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y dicho decreto ejecutivo;
Que con fecha 01de abril de 2016 el Directorio de la EMPRESA PÚBLICA NACIONAL DE HÁBITAT Y VIVIENDA EP, nombra a la economista Monserrat Benedito Benet como Gerente General de la misma. En el mismo acto, la economista Monserrat Benedito Benet tomó posesión de su cargo;
Que mediante Resolución de Directorio de XX enero de 2017, se expidió el Estatuto Orgánico por procesos de la Empresa Pública Nacional de Hábitat y Vivienda, en el cual se establecen los procesos institucionales en función de su grado de contribución o valor agregado que aporten al cumplimiento de la misión institucional;
Que es necesario dar mayor agilidad y atender con eficacia, eficiencia y oportunidad los diferentes trámites que realiza la institución, especialmente referentes a la contratación de bienes, servicios y obras; de gestión del recurso humano; y, para el manejo financiero, a nivel nacional; y,
En ejercicio de las atribuciones Que le confiere la Ley Orgánica de Empresas Públicas y el Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva;
Art. 1.- Delegar las siguientes atribuciones y responsabilidades establecidas legalmente al Gerente General de la Empresa Pública Nacional de Hábitat y Vivienda, en adelante ?la EPV?, como representante legal y máxima autoridad de la institución, a favor del abogado Gonzalo Mendoza Ojeda, con la finalidad de realizar una gestión inmediata a las actividades y requerimientos institucionales.
Asistir y decidir a nombre de la Gerencia General en reuniones, juntas de fideicomiso y demás relacionadas a las actividades comerciales de la Empresa Pública;
Suscribir memorandos, oficios, contratos de la EPV a nombre de la Gerencia General
Iniciar, continuar, desistir y transigir en procesos judiciales y en los procedimientos alternativos solución de conflictos, de conformidad con la ley y los montos establecidos por el Directorio.
Adoptar e implementar las decisiones comerciales que permitan la venta de productos o servicios para atender las necesidades de los usuarios en general y del mercado, para lo cual podrá establecer condiciones comerciales específicas y estrategias de negocio competitivas
Primera.- La autoridad delegante, cuando lo considere procedente, podrá tomar las atribuciones delegadas en virtud de la presente resolución, sin necesidad de que este sea reformado o derogado.
Segunda.- Encárguese a las Gerencias institucionales de la EPV de la ejecución de la presente resolución en el ámbito de sus competencias y dispóngase a la Gerencia Jurídica la notificación del contenido de la presente Resolución a todo el personal de la EPV.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de mayo de 2017.
f.) Montserrat Benedito Benet, Gerente General, Empresa Pública Nacional de Hábitat y Vivienda.
EMPRESA PÚBLICA DE VIVIENDA.- Fiel copia del original.- Fecha: 01/06/17.- Firma: Ilegible.
No. 085-2017
Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del Ecuador, prescribe: ?El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial.?;
Que, el artículo 170 de la Constitución de la República del Ecuador, prevé: ?Para el ingreso a la Función Judicial se observarán los criterios de igualdad, equidad, probidad, oposición, méritos, publicidad, impugnación y participación ciudadana.?;
Que, el artículo 176 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: ?Los requisitos y procedimientos para designar servidoras y servidores judiciales deberán contemplar un concurso de oposición y méritos, impugnación y control social; se propenderá a la paridad entre mujeres y hombres.?;
Que, el artículo 228 de la Constitución de la República del Ecuador, dictamina: ?El ingreso al servicio público, el ascenso y la promoción en la carrera administrativa se realizarán mediante concurso de méritos y oposición, en la forma que determine la ley??;
Que, el primer inciso del artículo 36 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece como principios rectores: ?En los concursos para el ingreso a la Función Judicial y en la promoción, se observarán los principios de igualdad, probidad, no discriminación, publicidad, oposición y méritos.?;
Que, el artículo 52 del Código Orgánico de la Función Judicial, manifiesta: ?Todo ingreso de personal a la Función Judicial se realizará mediante concurso público de oposición y méritos, sujeto a procesos de impugnación, control social y se propenderá a la paridad entre mujeres y hombres; a través de los procedimientos establecidos en este Código.?;
Que, el artículo 72 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala: ?Los que aprobaren el curso de formación inicial, habiendo sido declarados elegibles en los concursos de oposición y méritos y sin embargo no fueren nombrados, constarán en un banco de elegibles que tendrá a su cargo la Unidad de Recursos Humanos.
De este banco también se escogerá a quienes deban reemplazar a los titulares en caso de falta, impedimento o contingencia. La permanencia en el banco de elegibles será de seis años.
Se valorará como mérito el haber integrado el banco de elegibles para nuevos concursos, de conformidad con el reglamento respectivo.?
Que, el artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial, menciona: ?Los resultados de los concursos y de las evaluaciones realizadas a los cursantes de la Escuela Judicial serán vinculantes para las autoridades nominadoras las que, en consecuencia, deberán nombrar, para el puesto o cargo, al concursante que haya obtenido el mejor puntaje en el concurso, ya sea de ingreso o de promoción de categoría, dentro de la escala de puntuación, mínima y máxima, correspondiente
Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: ?10. Expedir (?) resoluciones de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y efi ciencia de la Función Judicial.?;
Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 16 de octubre de 2013, mediante Resolución 157-2013, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 114 de 1 de noviembre de 2013, resolvió: ?UNIFICAR LOS BANCOS DE ELEGIBLES DE LOS CONCURSOS CONVOCADOS POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA A PARTIR DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2011 PARA LLENAR VACANTES DE JUEZAS Y JUECES EN VARIAS MATERIAS A NIVEL NACIONAL?;
Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 27 de diciembre de 2013, mediante Resolución 212-2013, publicada en el Registro Oficial No. 177 de 5 de febrero de 2014, resolvió: ?REALIZAR UN NUEVO CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA ASPIRANTES A JUEZAS Y JUECES A NIVEL NACIONAL?;
Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 7 de abril de 2014, mediante Resolución 054-2014, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 248 de 19 de mayo de 2014, resolvió: ?APROBAR EL INFORME DE RECALIFICACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DEL EXAMEN DE CONOCIMIENTO ESCRITO Y EXAMEN PRÁCTICO ORAL DEL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL DE ASPIRANTES A JUEZAS Y JUECES A NIVEL NACIONAL Y DECLARAR ELEGIBLES A LOS POSTULANTES QUE APROBARON CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA ASPIRANTES A JUEZAS Y JUECES A NIVEL NACIONAL?;
Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión de 17 de abril de 2015, mediante Resolución 072-2015, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 492 de 4 de mayo de 2015, resolvió: ?UNIFICAR EN UN SOLO BANCO DE ELEGIBLES A LAS PERSONAS QUE APROBARON EL CURSO DE FORMACIÓN INICIAL QUE CONSTAN EN LA RESOLUCIÓN 070-2015 Y LAS PERSONAS QUE CONFORMABAN EL BANCO DE ELEGIBLES PRODUCTO DE LA RESOLUCIÓN 157-2013, PARA LLENAR VACANTES DE JUEZAS Y JUECES EN VARIAS MATERIAS A NIVEL NACIONAL, AL 17 DE ABRIL DE 2015?;
Que, mediante Memorandos CJ-DNTH-SA-2017-2450 de 22 de mayo de 2017, y CJ-DNTH-SA-2017-3028 de 6 de junio de 2017, suscritos por la ingeniera Nancy Herrera Coello, Directora Nacional de Talento Humano, pone en conocimiento de la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), el ?Informe No. 004-2017 postulante a Juezas y Jueces a Nivel Nacional?; y, el ?? proyecto de resolución para la validación respectiva?;
Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció los Memorandos CJ-DG-2017-2386 de 29 de mayo de 2017 y CJ-DG-2017-2580 de 7 de junio de 2017, suscritos por el doctor Tomás Alvear Peña, Director General, quien remite los Memorandos CJ-DNJ-SNA-2017-651 y CJ DNJ-SNA-2017-683, de 24 de mayo de 2017 y de 7 de junio de 2017, respectivamente, suscritos por la abogada Paola Chávez Rodríguez, Directora Nacional de Asesoría Jurídica (e), que contiene el proyecto de resolución para: ?NOMBRAR JUEZAS Y JUECES A NIVEL NACIONAL?; y,
Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el siete de junio de dos mil diecisiete.
CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución el siete de junio de dos mil diecisiete.
NOMBRAMIENTO DE JUECES DE LA FUNCIÓN JUDICIAL A NIVEL NACIONAL
VACANTE, POR TRASLADO DE GINA BRAVO, EN
GUAYAS SE SUGIERE EL NOMBRAMIENTO DEL BANCO DE ELEGIBLES 1027.
0300649621

References: Resolución 
 artículo 83
 artículo 68
 artículo 23

Artículo 1
 artículo 275

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4
 Resolución 
 artículo 273
 artículo 275
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 82
 artículo 225
 artículo 227
 artículo 6
 artículo 76
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 98
 artículo 170
 artículo 13
 artículo 10
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 315
 artículo 1
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 1
 artículo 61
 resolución 
 artículo 4
 Resolución 
 artículo 55
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 178
 artículo 170
 artículo 176
 artículo 228
 artículo 36
 artículo 52
 artículo 72
 artículo 73
 artículo 264
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 resolución