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Timestamp: 2019-08-23 12:03:57+00:00

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Boletin Correspondiente a 2015-07-29Regresar
La base gravable del impuesto a la riqueza es el valor del patrimonio bruto de las personas jurídicas y sociedades de hecho poseído a 1º de enero de 2015, 2016 y 2017 menos las deudas a cargo de las mismas vigentes en esas mismas fechas, y en el caso de personas naturales y sucesiones ilíquidas, el patrimonio bruto poseído por ellas a 1º de enero de 2015, 2016, 2017 y 2018 menos las deudas a cargo de las mismas vigentes en esas mismas fechas,determinados en ambos casos conforme a lo previsto en el Título II del Libro I de este Estatuto, excluyendo el valor patrimonial que tengan al 1º de enero de 2015, 2016 y 2017 para los contribuyentes personas jurídicas y sociedades de hecho, y el que tengan a 1º de enero de 2015, 2016, 2017 y 2018 las personas naturales y las sucesiones ilíquidas, los siguientes bienes:
( 2015-07-29) Consultar
Quien realice pagos o abonos a nombre propio o de terceros, deberá retener a título del impuesto sobre la renta y complementarios por los conceptos y porcentajes que le corresponda a los contribuyentes beneficiarios de los mismos.
Indistintamente, se utilice cualquier medio de cobro, llámese cuenta de cobro, que factura, bono, etc ... y en razón a que el pago se realiza en cumplimiento de una obligación que no se encuentra expresamente excluida de la aplicación de la retención en la fuente, esta se deberá efectuarse obligatoriamente”.
Artículo 319. Aportes a sociedades nacionales.
El aporte en dinero o en especie a sociedades nacionales no generará ingreso gravado para estas, ni el aporte será considerado enajenación, ni dará lugar a ingreso gravado o pérdida deducible para el aportante, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
Decreto 1766 de 2004 artículo 3º inciso quinto:
Artículo 3º. Oportunidad de la deducción
Si el activo fijo real productivo se deja de utilizar en la actividad productora de renta o se enajena, antes del vencimiento del término de depreciación o amortización del bien, el contribuyente deberá incorporar el valor proporcional de la deducción solicitada como renta líquida gravable en la declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementarios del período fiscal en que ello ocurra, teniendo en cuenta la vida útil pendiente de depreciar o amortizar según la naturaleza del bien.
Solicita se aclare si lo dispuesto en el parágrafo 4° del artículo 56 la Ley 1739 de 2014 (relativo a condiciones especiales de pago) aplica también para aquellos contribuyentes cuya declaración no tenga saldo a pagar, sino que por el contrario, se genere un saldo a favor, o no tenga saldo a pagar, lo anterior fundamentado en la redacción de la norma que a su tenor literal dispone que la presentación de su denuncio tributario se debe hacer “con pago total”.
Me refiero a su escrito vía correo electrónico, radicado con el número 2015 – 01 – 259560, mediante el cual formula una consulta relacionada con el asunto de la referencia, en los siguientes términos:
¿Es posible utilizar el sistema de prima en colocación cuando se va a hacer una transferencia de acciones y no una emisión?
Es decir, un socio pretende transferir parte de sus acciones a un socio nuevo, y quieren darle un mayor valor sobre el nominal o sobre el costo del aporte a la transferencia.
Al respecto, este Despacho se permite hacer las siguientes precisiones jurídicas
i) Como es sabido, la prima en colocación de acciones debe tener origen en un contrato de suscripción y como tal, corresponde a una opción legalmente válida, que se materializa cuando una sociedad emite algún tipo de acciones (ordinarias o preferenciales) de las que componen su capital social, y el accionista o accionistas que las suscriben paga por su concepto un mayor valor al nominal asignado a cada acción, en cuyo caso ese valor cancelado en exceso constituye para la sociedad una “prima en colocación de acciones”.
Me refiero a su comunicación radicada con el número 2015-01-255234, mediante la cual pregunta acerca del procedimiento para obtener los derechos cambiarios por parte de un accionista extranjero que adquiere las acciones pertenecientes a un socio nacional Colombiano y, cuyo pago por parte del extranjero, se hace en divisas en el exterior o con los dividendos obtenidos por el socio extranjero, que aún no se han girado a su país de origen.
Los procedimientos relacionados con el registro de la inversión extranjera en Colombia, están contenidos en el capítulo 7, de la Circular DCIN 083 actualizada el 8 de noviembre de 2013, de cuya lectura se infiere que la operación planteada constituye una inversión extranjera directa en divisas, las que deben canalizarse a través del mercado cambiario mediante el diligenciamiento de la declaración de cambio por inversiones internacionales (Formulario No. 4), conforme a lo señalado en el punto 7.2.1.6 del citado Capítulo 7, o a través de cuentas de compensación caso en el cual deberá conservarse la información a disposición de la autoridad competente, sin que se requiera su envío al Banco de la República.
Al cumplirse dos meses de la expedición de los 21 decretos de unificación normativa por parte de diferentes sectores de la administración, el Gobierno ha realizado más de 10 modificaciones.
En total, ha expedido 16 nuevos decretos, de los cuales tres corresponden al Ministerio de Justicia (1227, 1310 y 1526); tres al Ministerio del Interior (1534, 1535 y 1294) y dos al Ministerio de Agricultura (1449 y 1298). Además, están los sectores de Hacienda, Función Pública, Vivienda, Presidencia, Trabajo, Minas, Comercio y Educación.
Si bien la mayoría de modificaciones tienen que ver con la inclusión de nuevos temas, como los contemplados en la reciente reforma tributaria, la agilización del trámite de cambio de sexo en documentos públicos ante notarías o la corrección de errores encontrados, llama la atención, por ejemplo, la supresión de un artículo completo del decreto único del sector Justicia. por incorporar una disposición sin vigencia, que establecía que el notario no podía permitir el otorgamiento del instrumento público cuando no se le comprobara la definición de la situación militar de los comparecientes.
Igual sucedió con algunos apartes del decreto único del sector Interior relacionados con consulta previa, que fueron derogados porque la Sección Primera del Consejo de Estado declaró la nulidad de algunas disposiciones del Decreto 3770 del 2008.
Para dar por terminado el contrato de trabajo a una trabajadora con fuero de maternidad, el empleador debe solicitar autorización al inspector de trabajo, aduciendo alguna de las justas causas contempladas en el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo.
El Ministerio del Trabajo recordó que el despido sin el cumplimiento de este requisito no produce ninguna consecuencia jurídica, tal y como lo establece el artículo 241 del Código Sustantivo del Trabajo, sobre nulidad del despido, lo que significa que la relación laboral se mantiene, la trabajadora sigue bajo las órdenes del empleador, aunque este no utilice sus servicios, y tiene derecho a percibir los salarios y las prestaciones sociales de rigor, pudiendo recurrir para su cobro ante los jueces laborales.
Si bien existe igual prohibición de despedir a la trabajadora durante la época de lactancia, posterior a la licencia de maternidad, no se contempló la presunción prevista para el despido durante el embarazo y licencia de maternidad, por lo que le corresponde a la trabajadora demostrar que el despido se produjo en razón de la lactancia y sin ninguna justa causa. (Mintrabajo, Concepto 115407, Jun. 30/15)
Los errores o falencias en que se incurra en una declaración con beneficio de auditoría no impiden que opere la firmeza de la misma ni la adquisición de los beneficios que se deriven de este evento, precisó la Dian.
En Sentencia 15770 del 2007 del Consejo de Estado se señaló que en nada afecta la validez de la declaración presentada con el fin de acceder al beneficio el no acumular en la misma el total de las sanciones que había liquidado y cancelado en los denuncios que con esta se corrigen, pues la normativa pretende el incremento del impuesto, que es lo que debe verificarse sin entrar a discutir las partidas declaradas.
De acuerdo con el fallo, actuar de otra manera haría nugatorio el sentido de la ley, cuya finalidad es evitar el proceso de determinación del tributo a cambio del incremento voluntario del impuesto sobre la renta.
De otra parte, aclaró la entidad, la expresión “las retenciones en la fuente declaradas son inexistentes” prevista en el artículo 689-1 del Estatuto Tributario, sobre beneficio de auditoría, se utiliza para mencionar situaciones en que las retenciones que se presenten en las declaraciones objeto del beneficio no existen, no son reales o verdaderas o no fueron practicadas. (DIAN, Cpto. 675 (14394), Mayo 19/15)

References: Artículo 319
 artículo 3

Artículo 3
 artículo 56
 artículo 62
 artículo 241
 artículo 689