Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25314
Timestamp: 2020-07-07 18:49:40+00:00

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Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 46/2017
SENTENCIA 46/2017, de 27 de abril
a) Tras aludir al cumplimiento de los requisitos procesales exigibles, la demanda argumenta, en primer término, que la norma impugnada infringe el artículo 86.1 CE, por incumplimiento de los requisitos de “extraordinaria y urgente necesidad” exigidos en el citado precepto constitucional para la utilización de la figura del decreto-ley.
Se afirma que los motivos alegados en la exposición de motivos de la norma, para su aprobación por la vía del decreto-ley, se encuadrarían dentro de lo que el Tribunal Constitucional califica como de “coyunturas económicas problemáticas”. No se discrepa de la necesidad de las medidas adoptadas, pero sí del carácter extraordinario y urgente de las mismas, especialmente por el hecho de que carecen de inmediatez para dar respuesta a la situación contemplada, dado que algunas de ellas requieren para su efectividad y aplicación, bien de actos posteriores de intervención autonómica, bien del correspondiente complemento reglamentario, o tienen previsiones temporales propias, por lo que no existe adecuación de la norma a su presupuesto habilitante, en cuanto se trata de medidas que no modifican de manera instantánea la situación jurídica existente. En concreto, se cita que los artículos 4, 5 y 7 prevén los efectos de la norma en caso de inactividad de la Administración, en el plazo de seis meses.
3. Por providencia de 21 de octubre de 2014, el Pleno, a propuesta de la Sección Cuarta, acordó admitir a trámite el presente recurso de inconstitucionalidad; dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes; y publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado”.
Así, lo que resulta ajustado a la Constitución es que el Estado, utilizando de manera legítima un título competencial específico, incida, por razones constitucionalmente justificadas, de regulación general uniforme en un área más reducida o subsector específico, incluido bajo la proyección de una competencia autonómica más amplia. Esta posibilidad de incidencia transversal específica, cuando está justificada, por parte del título estatal en el ámbito más general de la competencia autonómica, es doctrina consolidada, en particular en relación con el ámbito de la regulación de los horarios comerciales y de determinados aspectos o áreas de la realidad económico-social del comercio minorista. Se cita al respecto lo señalado en las SSTC 140/2011 y 284/1993. De acuerdo con ello, la regulación por el Estado del régimen jurídico de la libertad de horarios comerciales o de algún aspecto de la realidad socioeconómica, puede formar parte de la categoría de las medidas legislativas susceptibles de ser encuadradas en el concepto de la “ordenación general de la economía” del país y, por tanto, en su caso, llegar a producirse normativa estatal derivada sobre la materia correspondiente, de modo legítimo bajo la cobertura del artículo 149.1.13 CE.
3. En lo que respecta a la impugnación dirigida contra el art. 5 y anexo I, la STC 214/2016, de 15 de diciembre vino a resolver el recurso de inconstitucionalidad formulado por el Gobierno Vasco contra la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, disposición legislativa que, como recuerda en su fundamento jurídico 2, “trae causa de la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de idéntico enunciado”. La citada Sentencia, en su fundamento jurídico 3 b), desestimó la impugnación dirigida al artículo 5 y el anexo I de la Ley, homólogos del Real Decreto-ley 8/2014, que habían sido recurridos también por exceder de la competencia estatal básica del artículo 149.1.13 CE, señalando al respecto lo siguiente:
“Por lo que se refiere al anexo I, ha sido impugnado por conexión con el artículo 4. Al enumerar los municipios que cumplen los criterios para la declaración de zona de gran afluencia turística, dicho anexo no hace otra cosa que completar la ordenación que contempla el artículo 4. De hecho la STC 195/2016 ya analizó la constitucionalidad del art. 4 en la medida en que dicho precepto se remitía al anexo I. Así pues, procede igualmente la desestimación, de acuerdo con los razonamientos expuestos en la STC 195/2016, FJ 6.
En cuanto al art. 5, la razón de su impugnación ha sido, al igual que los artículos 4 y 7, la del pretendido desplazamiento del órgano competente autonómico que supondría. El artículo 5 establece que si, en el plazo de dos meses desde su entrada en vigor, las Comunidades Autónomas competentes no hubiesen declarado al menos una zona de gran afluencia turística en los municipios que reúnan los términos establecidos en una determinada norma estatal, se considerará como tal todo el término municipal y los comerciantes dispondrán de plena libertad para la apertura de sus establecimientos durante todo el año. La regulación del precepto se asemeja a la del párrafo segundo del artículo 4: también aquí se dispone una idéntica consecuencia liberalizadora directa para el supuesto de que las Comunidades Autónomas competentes no hubiesen declarado al menos una zona de gran afluencia turística en determinados municipios (los recogidos en el anexo I). Como ya señaló la STC 195/2016, FJ 6, citando la STC 18/2016, de 4 de febrero, FJ 9, ´regular la plena libertad horaria es una opción a disposición de la Comunidad Autónoma para el caso de que decida no ejercer las posibilidades de regulación que le ofrece la norma estatal, modulando el alcance de la declaración en el sentido de limitar territorial o temporalmente la libertad de apertura que lleva implícita la declaración de zona de gran afluencia turística.”
4. Delimitado en estos términos el objeto del pronunciamiento, resta pues por examinar la impugnación formulada contra el artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2014, únicamente en lo que se refiere a la controversia competencial planteada, dado que la infracción del artículo 86.1 CE, fue ya rechazada por este Tribunal en la STC 199/2015, en relación a la totalidad de las previsiones contenidas en este Real Decreto-ley. El precepto dispone literalmente lo siguiente:
“Artículo 6 Modificación de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista.
‘Artículo 6. Apertura, traslado o ampliación de establecimientos comerciales.
Las autorizaciones podrán transmitirse a terceros previa comunicación a la administración otorgante’.”
Como ya se puso de manifiesto en la STC 195/2016, FJ 2, esta novación que, en el caso que nos ocupa, supone la sustitución absoluta del Decreto-ley 8/2014, por la Ley 18/2014, no implica la desaparición del objeto del presente proceso constitucional, pues “en cuanto a la tacha competencial denunciada en el proceso, la doctrina de este Tribunal acerca de la pérdida de objeto de los recursos de inconstitucionalidad con contenido competencial es que esta pérdida no se produce cuando la norma es derogada y sustituida por otra que plantea esencialmente los mismos problemas competenciales. Por ello, en la medida en que el recurso discute la competencia estatal para dictar los preceptos impugnados, la controversia trabada no se ve alterada por su sustitución por otros del mismo tenor literal, por lo que subsiste el interés de un pronunciamiento de este Tribunal Constitucional sobre la titularidad de la competencia discutida”, lo que determina pues que debamos entrar en el examen de lo dispuesto en este precepto.
Afirmado lo anterior, y ampliamente reconocida por la doctrina constitucional la legítima competencia del Estado para dictar normas básicas en materia de establecimientos comerciales, al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13 CE, decae también el argumento contenido en la demanda, conforme al cual no existe una justificación suficiente para apelar a las normas básicas estatales en esta materia que, a su juicio ya se encuentran en la Directiva 2006/1237CE, de 12 de diciembre, relativa a los servicios del mercado interior. Y ello porque, como reiteradamente hemos señalado, la intervención del derecho comunitario europeo no altera el reparto constitucional interno de competencias en una materia y no nos corresponde verificar la corrección de la afirmación de que la normativa europea absorbe la regulación básica de un concreto ámbito material, dado que nuestro enjuiciamiento debe circunscribirse a determinar si las concretas normas impugnadas pueden considerarse o no dictadas en el legítimo ejercicio de la competencia que la Constitución atribuye al Estado (en sentido similar, STC 34/2013, FJ 7) .
1. Voto particular que formula el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré a la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 5972-2014, y al que se adhiere el Magistrado don Cándido Conde-Pumpido Tourón
Madrid a veintisiete de abril de dos mi diecisiete.
2. Voto particular que formula el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos respecto de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 5972-2014
Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 5972-2014
Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía respecto de diversos preceptos del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
Se enjuicia la inconstitucionalidad de diversos preceptos del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, que regulan la declaración de zonas de gran afluencia turística en los municipios en relación con los horarios comerciales y la no sujeción a régimen de autorización, con carácter general, para la apertura, traslado o ampliación de establecimientos comerciales.
Se desestima el recurso. Por un lado, la Sentencia, en aplicación de la doctrina contenida en la STC 195/2016, de 24 de septiembre, afirma la existencia tanto del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad del Real Decreto-ley, como de la conexión de sentido entre la urgencia declarada y las medidas adoptadas para subvenirla. Por otro lado, en relación con el posible exceso de la normativa básica y la invasión de competencias autonómicas en materia de comercio, se concluye que el Estado puede disponer que deban limitarse todos aquellos regímenes de autorización que no estén justificados por una razón imperiosa de interés general y asegurar, de este modo, que los controles administrativos previos para el ejercicio de la actividad comercial, no constituyan obstáculos indebidos para el acceso al mercado.
Reitera la STC 195/2016 sobre concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad del Real Decreto-ley [FJ 2].
Doctrina sobre normas básicas en materia de establecimientos comerciales (SSTC 124/2003 y 26/2012) [FJ 4].
La doctrina de este Tribunal acerca de la pérdida de objeto de los recursos de inconstitucionalidad con contenido competencial es que esta pérdida no se produce cuando la norma es derogada y sustituida por otra que plantea esencialmente los mismos problemas competenciales; por ello, en la medida en que el recurso discute la competencia estatal para dictar los preceptos impugnados, la controversia trabada no se ve alterada por su sustitución por otros del mismo tenor literal, subsistiendo el interés de un pronunciamiento de este Tribunal sobre la titularidad de la competencia discutida (STC 195/2016) [FJ 4].
La intervención del derecho comunitario europeo no altera el reparto constitucional interno de competencias en una materia; y no nos corresponde verificar la corrección de la afirmación de que la normativa europea absorbe la regulación básica de un concreto ámbito material, dado que nuestro enjuiciamiento debe circunscribirse a determinar si las concretas normas impugnadas pueden considerarse o no dictadas en el legítimo ejercicio de la competencia que la Constitución atribuye al Estado (en sentido similar, STC 34/2013) [FJ 4].
Artículo 86.1, ff. 1, 4, VP I, VP II
Artículo 6, f. 4, VP I
Artículo 6 (redactado por el Real Decreto-ley 8/2014), f. 4
Artículo 6 (redactado por la Ley 1/2010, de 1 de marzo), f. 4
Artículo 58.1.1 , f. 4
Artículo 17.1 b), f. 4
Artículo 4, ff. 1 a 3, VP I
Artículo 4 párrafo 2, f. 3
Artículo 5, ff. 1, 3, VP I
Artículo 6, ff. 1, 4, VP I
Artículo 7, ff. 1 a 3, VP I
Anexo I, ff. 1, 3, VP I
Competencias en materia de planificación económicaCompetencias en materia de planificación económica, ff. 2, 4
Controversias de contenido competencialControversias de contenido competencial, f. 4

References: artículo 86
 artículo 34
 artículo 149
 artículo 5
 artículo 149
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 86
 artículo 149

Artículo 86

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 58

Artículo 17

Artículo 4

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7