Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=650579
Timestamp: 2019-05-19 21:41:57+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 83
PETICIÓN DE INTERPELACIÓN A MINISTRA DE SALUD.
V. ACUERDOS DE COMITÉS
PERFECCIONAMIENTO DE SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA. Modificaciones a los Códigos Penal y Procesal Penal. Primer trámite constitucional.
RECHAZO A PRUEBA NUCLEAR DE COREA DEL NORTE. Preferencia.
INCLUSIÓN DE TRABAJADORES EN CONSEJO NACIONAL DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD. (Votación).
RETIRO DE PROYECTO DE ACUERDO.
MODIFICACIÓN DE SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE HABILITACIÓN DE ACCESOS PARA DISCAPACITADOS.
RECONOCIMIENTO A DEPORTISTAS CHILENOS. Oficios.
ANTECEDENTES SOBRE EXPROPIACIÓN DE TERRENOS PARA ENSANCHE DE CARRETERA AUSTRAL. Oficio.
RESPUESTA DE LA CONADI DE LA DÉCIMA REGIÓN A OFICIOS DE TRIBUNALES. Oficio.
ANTECEDENTES SOBRE LICITACIÓN DE CASINO EN SEXTA REGIÓN. Oficios.
REVINDICACIÓN DEL GOBIERNO DE LA PRESIDENTA BACHELET.
DENOMINACIÓN “ORLANDO LETELIER” A NUEVO AEROPUERTO DE LA NOVENA REGIÓN. Oficios.
INFORMACIÓN SOBRE REGULARIZACIÓN DE TÍTULOS DE DOMINIO EN MELIPEUCO. Oficio.
INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL EN SECTORES DE LA NOVENA REGIÓN. Oficio.
SOLIDARIDAD CON CANAL DE TELEVISIÓN ITV.
PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA HUARA-COLCHANE. Oficios.
ALCANCES SOBRE RENUNCIA DE SUBSECRETARIO DE SALUD.
REIVINDICACIÓN DE DERECHOS DE COMUNIDAD REDUCCIÓN MANUEL CONTRERAS . Oficios.
INFORMACIÓN SOBRE LICITACIÓN DE ZONAS DE EXPLORACIÓN DE GAS Y PETRÓLEO EN MAGALLANES. Oficios.
SITUACIÓN CONTRACTUAL DE TRABAJADORES QUE PRESTAN SERVICIO EN LA EMPRESA NACIONAL DEL PETRÓLEO. Oficios.
ESTUDIOS PARA CREAR LA COMUNA DE RAHUE EN LA PROVINCIA DE OSORNO. Oficio.
RESOLUCIÓN JUDICIAL SOBRE CUASIDELITO EN ACCIDENTE DEL TRÁNSITO EN LA COMUNA DE FRESIA. Oficios.
Sesión 83ª, en martes 10 de octubre de 2006
(Ordinaria, de 11.05 a 14.10 horas)
Presidencia de los señores Leal Labrín, don Antonio; Burgos Varela, don Jorge, y Pérez Arriaga, don José.
I.ASISTENCIA II.APERTURA DE LA SESIÓN III.ACTAS IV.CUENTA V.ACUERDOS DE COMITÉS VI.ORDEN DEL DÍA VII.PROYECTOS DE ACUERDO VIII.INCIDENTES IX.DOCUMENTOS DE LA CUENTA X.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Petición de interpelación a ministra de Salud9
V.Acuerdos de Comités9
Perfeccionamiento de sistema de seguridad ciudadana. Modificaciones a los Códigos Penal y Procesal Penal. Primer trámite constitucional10
Rechazo a prueba nuclear de Corea del Norte. Preferencia33
Inclusión de trabajadores en Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad. (Votación)34
Retiro de proyecto35
Modificación de sanciones por incumplimiento de habilitación de accesos para discapacitados35
Reconocimiento a deportistas chilenos. Oficios38
Antecedentes sobre expropiación de terrenos para ensanche de Carretera Austral. Oficio39
Respuesta de la Conadi de la Décima Región a oficios de tribunales. Oficio39
Antecedentes sobre licitación de casino en Sexta Región. Oficios39
Reivindicación del Gobierno de la Presidenta Bachelet40
Denominación “Orlando Letelier” a nuevo aeropuerto de la Novena Región. Oficios40
Información sobre regularización de títulos de dominio en Melipeuco. Oficio41
Instalación de antenas de telefonía móvil en sectores de la Novena Región. Oficio41
Solidaridad con canal de televisión ITV42
Pavimentación de la ruta HuaraColchane. Oficios42
Alcances sobre renuncia de subsecretario de Salud43
Reivindicación de derechos de comunidad reducción Manuel Contreras. Oficios44
Información sobre licitación de zonas de exploración de gas y petróleo en Magallanes. Oficios45
Situación contractual de trabajadores que prestan servicio en la Empresa Nacional de Petróleo. Oficios46
Estudios para crear la comuna de Rahue en la provincia de Osorno. Oficio46
Resolución judicial sobre cuasidelito en accidente del tránsito en la comuna de Fresia. Oficios47
1.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual retira la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto sobre protección de derechos de la infancia y adolescencia. (boletín N° 379207)49
2.Solicitud interpuesta de conformidad con lo establecido en el artículo 52 N° 1 letra b), de la Constitución Política de la República y las disposiciones del Libro III Título IV bis, del Reglamento de la Cámara de Diputados, por 54 señores diputados con el objeto de citar a la ministra de Salud, señora Soledad Barría, para formularle preguntas en relación a materias vinculadas al ejercicio de su cargo, de acuerdo al formulario temático adjunto49
3.Primer informe de la Comisión de la Cultura y de las Artes recaído en el proyecto, iniciado en mensaje, que autoriza la construcción de un monumento en memoria del artista Roberto Matta Echaurren. (boletín N° 322504)50
4.Moción de los diputados señores Sepúlveda, don Roberto; Chauán, Aedo y Palma, que modifica la ley N° 17.344, que autoriza el cambio de nombres y apellidos en los casos que indica, con el objeto de precisar una causal de menoscabo moral que justifique solicitar dicho cambio. (boletín N° 459607)54
-Licencia médica acompañada por la diputada señora Nogueira, doña Claudia, por la cual acredita que deberá permanecer en reposo por un lapso de 84 días a contar del 01 de septiembre del año en curso.
De la Comisión de Minería y Energía constituida en Investigadora de las causas, consecuencias y responsabilidades en el derrumbe producido al interior del Mineral de Chuquicamata, de la División Codelco Norte, por el cual solicita autorización para sesionar simultáneamente con la Sala el jueves 12 de octubre, de 11 a 13 horas, para dar cumplimiento a su mandato.
De la Comisión Especial Investigadora Encargada de Recopilar los Antecedentes relativos a Intervención Electoral por el cual solicita el consentimiento de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala el día jueves 12 de octubre de 11 a 13 horas para recibir información sobre la materia.
- Del Presidente de la Corporación por el cual comunica que, de conformidad al Acuerdo Marco de Participación en Instancias Internacionales, durante el mes de octubre se llevarán a cabo las siguientes reuniones:
a) VI Reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate y Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado; y la VI Reunión de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias, los días 19 y 20 de octubre, en Montevideo, Uruguay, y a la cual asisten la diputada señora Turres, doña Marisol y el diputado señor Ascencio;
b) VI Reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación, días 23 y 24 de octubre , en Montevideo, Uruguay, y a la cual asiste la diputada señora Vidal, doña Ximena. Comunica, además, que en ambas reuniones participará el Vicepresidente del Parlatino, diputado señor Álvarez-Salamanca.
DiputadoAlvarado, información sobre parámetros rebaja de asignación de desempeño difícil en escuelas rurales de Aucar, Choen y Montemar, comuna de Quemchi.
DiputadoGalilea, información respecto de irregularidades acontecidas en la Seremi Metropolitana de Educación.
DiputadoAedo, listado de asignaciones de mantenimiento de escuelas y liceos de la ciudad de Copiapó, años 20052006.
DiputadoJaramillo, factibilidad de construir un jardín infantil en la localidad de Maíhue, comuna de Futrono.
Asistió, además, el ministro de Justicia, don Isidro Solis.
Se abrió la sesión a las 11.05 horas.
El acta de la sesión 78ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 79ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
Si le parece a la Sala, se autorizará a la Comisión de Minería y Energía para sesionar simultáneamente con la Sala el día jueves 12 de octubre, de 11 a 13 horas.
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición de la Comisión Especial investigadora encargada de recopilar los antecedentes relativos a intervención electoral para sesionar simultáneamente con la Sala el día jueves 12 de octubre, de 11 a 13 horas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 52, N° 1), letra b), de la Constitución Política de la República y las disposiciones de libro III, título IV bis, del Reglamento de la Cámara de Diputados, 54 señores diputados han solicitado citar a la ministra de Salud, señora Soledad Barría , para formularle preguntas en relación a materias vinculadas al ejercicio de su cargo, de acuerdo al formulario temático que se adjunta.
¿Habría acuerdo para acceder a esta petición.
La comparecencia de la señora ministra ha sido fijada para la sesión del día jueves 19 de octubre, a las 10.30 horas, inmediatamente después de la Cuenta.
Reunidos los jefes de los Comités Parlamentarios, bajo la presidencia del señor Leal , adoptaron los siguientes acuerdos:
1. Remitir por una semana a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia el proyecto que modifica la ley N°18.700, para permitir el voto de los chilenos en el extranjero, luego de lo cual deberá pasar a la Comisión de Hacienda;
2. Otorgar el respaldo oficial de la Corporación a la candidatura del senador Jorge Pizarro a la presidencia del Parlamento Latinoaméricano.
En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto, de origen en un mensaje, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal en materia de seguridad ciudadana y refuerza las atribuciones preventivas de las policías.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Juan Bustos .
- Mensaje, boletín N° 4321-07, sesión 47ª, en 11 de julio de 2006. Documentos de la Cuenta N° 1.
- Informe de la Comisión de Constitución, sesión 82ª, en 5 de octubre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 3.
Tiene la palabra el diputado Juan Bustos .
Señor Presidente, me corresponde informar el proyecto de ley, de origen en un mensaje de su excelencia la Presidenta de la República, que modifica los códigos Penal y Procesal Penal en materia de seguridad ciudadana y refuerza las atribuciones preventivas de las policías, cuyo texto se enmarca en la llamada “agenda corta” y está conformado por disposiciones legales orientadas a introducir mejoras en el sistema de enjuiciamiento criminal.
Para el estudio de esta iniciativa, la Comisión contó con la participación de los ministros del Interior y de Justicia, de los subsecretarios de ambas carteras, del fiscal Nacional del Ministerio Público, del defensor Nacional, del alto mando de Carabineros de Chile y de la policía de Investigaciones de Chile, de los presidentes del Instituto Chileno de Derecho Procesal y del Instituto de Estudios Judiciales, del gerente general de la Fundación Paz Ciudadana y de distinguidos profesores universitarios especialistas en la materia.
El proyecto recoge los objetivos perseguidos por distintas iniciativas parlamentarias orientadas a la consecución de similares propósitos. Así, se introducen diferentes modificaciones en los códigos Penal y Procesal Penal, las que se reseñan a continuación.
Debo señalar que en varias de las disposiciones se logró consenso en la Comisión y en otras hubo clara división, como se hará presente. En todo caso, en algunas disposiciones, en especial la de la reincidencia, profesores universitarios van a plantear críticas desde el punto de vista académico. Tratadistas, seguramente, van a hacer una dura crítica a ese aspecto.
El artículo 1° modifica el Código Penal. Su número 1) introduce una modificación totalmente lógica en lo relativo a la legítima defensa. La sodomía desapareció del código. Por lo tanto, la referencia se cambia a la de violación de un menor de 14 años, que en verdad era lo que se pretendía con la antigua disposición.
Su número 2) sustituye en la circunstancia agravante del N° 15 del artículo 12, haber sido condenado el culpable anteriormente por delito que merezca igual o mayor pena, la expresión “condenado” por “castigado”. O sea, la modificación tampoco es demasiado profunda.
Su número 3) introduce un nuevo párrafo 4 bis en el libro I del Código para establecer un conjunto de reglas especiales para sancionar con mayor dureza la reincidencia en determinados delitos, considerados de mayor connotación social o considerados extremadamente graves desde el punto de vista de su valoración social, y que son los siguientes: el secuestro, la sustracción de menores, la violación, la violación de menores de 14 años, el parricidio, el homicidio el robo con violencia o intimidación en las personas y el robo con fuerza en las cosas en lugar habitado o destinado a habitación. Se suprimió, justamente por estimarse que no era de la misma gravedad, algo que venía en el mensaje: el robo por sorpresa. Seguramente, la Alianza va a reponer la disposición en la Sala.
En segundo lugar, se aplica este criterio por considerarse todos estos delitos como de la misma especie, no obstante la diversidad de los bienes jurídicos protegidos. En esto seguramente habrá una fuerte crítica de los tratadistas y académicos.
En tercer lugar, en lo que se refiere a la penalidad por aplicar, modifica la aplicación de las atenuantes disponiendo su consideración solamente cuando sean múltiples y no concurran agravantes. En el caso de concurrir múltiples agravantes sin ninguna atenuante, se aplica la pena inmediatamente superior en grado.
En cuarto lugar, se hace aplicable la atenuante de reparar con celo el mal causado únicamente si la víctima reconoce judicialmente su satisfacción por la reparación efectuada por el imputado. Ello, porque, en general, hay abuso. Las personas depositan sólo mil pesos, cinco mil pesos o diez mil pesos, cada cierto tiempo, con lo cual se entiende que se da la atenuante de reparar con celo el mal causado. Pero hoy, desde la perspectiva de la víctima, dentro del proceso, se plantea que es necesario que en esta reparación como es lógico en todos los sistemas de reparación existentes en el derecho comparado haya satisfacción de su parte.
En quinto lugar, no serán inaplicables estas reglas especiales a quienes hayan sido sancionados con anterioridad por delitos de la misma especie, si entre la anterior condena y la época de la comisión del nuevo delito han transcurrido más de cinco o diez años, según se trate de simples delitos o crímenes, respectivamente. Es decir, de acuerdo con las reglas generales que también se dan en el derecho comparado de establecer de alguna manera caducidad de la reincidencia.
En sexto lugar, no se aplican tampoco a los menores de dieciocho años, afectos a la nueva normativa sobre responsabilidad penal de los adolescentes, vale decir, la leyN° 20.084. Con ello, entonces, quedan a salvo los jóvenes, los adolescentes, y se evita que, en virtud de de esta norma, la pena privativa de libertad, cual es excepcional, sea la más frecuente en su caso.
Su número 4) introduce algunas modificaciones al delito de receptación, incluyendo también algo que no estaba en la tipificación, la transformación de las especies, que se hace a menudo con joyas, oro, plata, etcétera, en que se funden y se transforman.
El artículo 2° modifica el Código Procesal Penal.
Su número 1) agrega al artículo 83, que trata de las actuaciones que puede practicar la policía sin necesidad de orden previa, en relación con el resguardo del sitio del suceso que se investiga, una medida aplicable a aquellos lugares en que no se cuenta con personal especializado que pueda, con la debida competencia, recoger los objetos, documentos o instrumentos de cualquier clase que constituyan la evidencia de la comisión de un delito, imponiendo que el personal policial que llegue al lugar recoja dicha evidencia y la haga llegar al ministerio público a la brevedad.
Su número 2) introduce cuatro modificaciones al artículo 85, que se refiere al control de identidad.
En primer lugar, permite a los funcionarios policiales solicitar, sin orden previa de los fiscales, la identificación de cualquier persona siempre que, de acuerdo a las circunstancias, estimaren fundadamente que existen indicios de que ha cometido un delito o falta, o que se dispone a cometerlo o que puede suministrar datos acerca de la comisión de un delito o falta. Es decir, no se trata de someter a control a una persona por una mera sospecha. Es necesario que haya indicios; es decir, algo objetivo que permita el control de la policía. Entre estos elementos objetivos, la modificación considera el hecho de encapucharse o embozarse con el abierto propósito de dificultar o disimular una persona su identidad.
En segundo lugar, facilita el registro de las vestimentas, equipajes o vehículo de la persona sujeta control, señalando que para ello no se necesitarán más indicios que los captados al momento de efectuar el control, evitando así las objeciones planteadas por algunos jueces, en el sentido de que no podría procederse al registro porque los indicios detectados sólo permitirían el control, resolución que termina, obviamente, con la declaración de la ilegalidad de la detención.
Asimismo, para evitar posibles interpretaciones acerca de términos que se caracterizan por su vaguedad, la norma autoriza la detención de la persona controlada a quien se sorprenda, a propósito del registro, en alguna de las situaciones que la ley considera como de flagrancia.
En tercer lugar, se permite que la persona sujeta a un control de identidad, que ha sido conducida a la unidad policial más cercana, por haberse negado o no haber podido identificarse, sea también objeto en dicha unidad del cotejo solamente del cotejo de las órdenes de detención en su contra, puesto que resulta imposible efectuarlo en el lugar en que se realizó el control si no se conoce su identidad.
En cuarto lugar, con el propósito de otorgar un mayor plazo para permitir la realización de las diligencias que dan lugar a un control de identidad, se aumenta de seis a ocho horas el término total para llevar a cabo estas diligencias, accediendo así a una petición expresa de Carabineros.
Al respecto, hubo una larga discusión. En general, se trataba de mantener las tres horas, pero hubo acuerdo para aumentarlas a ocho. Por lo demás, ésa fue la disposición acordada por la Cámara de Diputados y que fue cambiada por el Senado a seis horas.
Su número 3) precisa en el artículo 130 el concepto de “tiempo inmediato”. La ley emplea esta expresión en dos casos: Primero, el que, en un tiempo inmediato a la perpetración de un delito, fuere encontrado con objetos procedentes de aquél o con señales, en sí mismo o en sus vestidos, que permitieren sospechar su participación en él, o con las armas o instrumentos que hubieren sido empleados para cometerlo. Segundo, el que fuere señalado por la víctima de un delito o por testigos presenciales como autor de un delito cometido en un tiempo inmediato.
La falta de precisión acerca de estos términos ha sido fundamento de frecuentes declaraciones de ilegalidad en la detención, por considerar los jueces que el tiempo transcurrido entre la comisión del hecho y la detención, excede lo que debiera entenderse por un “tiempo inmediato”, con la consiguiente frustración de la labor policial. Por ello se propone precisar que este tiempo, mencionado en las dos hipótesis señaladas, es de seis horas entre la comisión del hecho y la captura del imputado. Hubo una larga discusión y las opiniones se plantearon entre tres horas en general, por parte de la Concertación y doce horas por parte de la Alianza, y se llegó al acuerdo de seis horas.
El número 4), referido al artículo 132, permite a los abogados asistentes del fiscal comparecer a la primera audiencia judicial y, actuando expresamente facultados por éste, formalizar y solicitar las medidas cautelares que resulten procedentes; como también, contando con la misma autorización, solicitar una ampliación del plazo de detención, hasta por tres días, si no fuere posible formalizar en la primera audiencia.
Con esta modificación, se trata de resolver el problema que se presenta a las fiscalías por el recargo de trabajo.
Esta misma modificación fue complementada por el nuevo artículo 4° que se agregó al proyecto, el que añade un nuevo inciso al artículo 48 de la ley N° 19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, para hacer extensivas a los abogados asistentes del fiscal, en lo pertinente, las mismas disposiciones sobre responsabilidad disciplinaria aplicable a éstos.
Esto es muy importante, porque si se les dan facultades, también tienen que tener las mismas responsabilidades.
Por el número 5) se agrega el artículo 132 bis, nuevo, para hacer apelable la resolución que declare la ilegalidad.
En este artículo hay un pequeño equívoco, un problema de forma que podría arreglarse sobre la marcha, en cuanto a que se apela de la decisión de ilegalidad, no de la resolución, porque ésta podría ser en uno u otro sentido. Al apelario de la resolución que declare la ilegalidad de la detención en los casos correspondientes a delitos de mayor connotación social, el recurso se conocerá sólo en el efecto devolutivo. Es decir, no suspende la resolución del juez, esto es, la libertad de la persona, pudiendo el fiscal, no obstante la declaración, proceder a formalizar y a solicitar las medidas cautelares que procedan.
Es decir, esta norma, ateniéndose a los propósitos perseguidos en el proyecto, permite, por excepción, apelar de la resolución que declare la ilegalidad de la detención y, aunque dicha apelación no impide la libertad del imputado, habilita para formalizar y pedir medidas cautelares, entre las cuales se encuentra la prisión preventiva. De este modo se logra un justo equilibrio ya que se evita que, en el caso de que el imputado tenga efectivamente antecedentes suficientes, el juez pueda declarar su prisión preventiva y así evitar que evada la acción de la justicia.
En el número 6) hay simplemente un problema de referencia al artículo 134.
El número 7) sustituye el inciso tercero del artículo 140 que señala los requisitos que deben observarse para ordenar la prisión preventiva.
La modificación, en lo esencial, establece criterios sólo para orientar la resolución de los jueces, en el sentido de indicarles cuándo puede entenderse que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad. Agrega, además de los delitos existentes, la circunstancia de que los delitos que se imputan sean aquellos a los que la ley considera como de mayor connotación social, como el hecho de que el imputado haya sido condenado anteriormente por delitos a los que la ley señale igual o mayor pena, sea que haya o no cumplido la correspondiente condena y que encontrare sujeto a una medida cautelar personal, en libertad condicional, o gozando de algún beneficio alternativo a la ejecución de las penas privativas o restrictivas de libertad.
Lo importante es destacar, entonces, que la norma solamente es de carácter orientador y que el juez, de todas maneras, tiene todas las prerrogativas constitucionales para estimar si existe o no el peligro, y para acceder o denegar la prisión preventiva.
El número 8) se refiere al artículo 144, que permite modificar de oficio o a petición de parte la resolución que ordena o rechaza la prisión preventiva. Esta disposición permite al juez rechazar la solicitud del imputado para revocar la medida cautelar o para citar a una audiencia destinada a debatir la subsistencia de los requisitos que justifican su mantención. Esta citación es obligatoria una vez transcurridos dos meses desde la última vez en que se debatió sobre el tema.
La modificación suprime la obligatoriedad de esta última citación, dejándola solamente a criterio del juez.
El número 9) modifica el artículo 149, que permite apelar de la resolución que se pronuncia sobre la solicitud de prisión preventiva cuando se la dicte en una audiencia. La modificación exige, tratándose de delitos de mayor connotación social, que si la medida es revocada por el tribunal, siempre quede el imputado, mientras dicha resolución no se encuentre ejecutoriada, afecto a la medida cautelar de sujeción a la vigilancia de una persona o de institución determinada.
Lo anterior permite la revisión de la resolución por el tribunal superior, pero evita el riesgo de fuga del imputado mientras se resuelve el recurso.
Su número 10) modifica el artículo 150, referido a la ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva. La modificación afecta los permisos de salida que el juez, excepcionalmente, puede conceder al imputado, suprimiendo, con el propósito que no se vulneren los objetivos perseguidos con la medida cautelar, la posibilidad que se pueda conceder dicho permiso de salida con carácter indefinido. Actualmente, es indefinido, con lo cual la prisión preventiva deja de ser tal. En el caso de delitos más graves o de mayor connotación social, exige que tales permisos se concedan mediante resolución fundada y por el tiempo estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines que motivaron su solicitud.
Su número 11) modifica el artículo 153, disposición que declara terminada la medida cautelar de prisión preventiva desde que se dictare sentencia absolutoria o sobreseimiento definitivo o temporal, aunque tales resoluciones no se encontraren ejecutoriadas. La modificación, atendiendo que la libertad, en estos casos, es un derecho constitucional de la persona beneficiada, solamente se limitó a establecer, tratándose de delitos de mayor connotación social, resguardo respecto de la persona del imputado sólo en caso de sobreseimiento temporal, que es siempre una resolución que puede modificarse en cualquier momento, y que se hubiese decretado por dos causales: necesidad de resolver previamente una cuestión de carácter civil o la circunstancia de haber caído, el imputado, luego de haber cometido el delito, en estado de enajenación mental. El resguardo consiste en que el imputado siempre deberá quedar afecto a la medida cautelar de sujeción a la vigilancia de un persona o institución.
Su número 12) modifica el artículo 187, disposición referida a los objetos, documentos o instrumentos que pudieran haber servido o haber estado destinados a la comisión del delito o que se encontraren en el sitio del suceso, todos los que deberán ser recogidos y conservados bajo sello. La modificación, en atención a la importancia que tales objetos, documentos e instrumentos pueden tener para la investigación del delito, agregó, entre aquellos que puedan ser incautados de inmediato a los que se encontraren en el sitio del suceso, cualquiera que fuere su procedencia.
Su número 13) agrega un nuevo artículo, para permitir la anticipación de prueba de los menores de edad. El Código establece la posibilidad de rendir prueba anticipada cuando, una vez efectuada la declaración del testigo ante el fiscal, circunstancias especiales, como la imposibilidad del deponente de asistir al juicio oral o la de estar afectado por alguna enfermedad que haga temer su fallecimiento o cualquier otra causal sobreviniente de similar naturaleza, le impida declarar ante el juicio oral. En estos casos, el fiscal puede solicitar al juez de garantía que reciba la declaración anticipada.
La modificación, considerando la situación emocional especial en que puede encontrarse un menor de 18 años, que ha sido víctima de delito de carácter sexual, vale decir, de violación, estupro o abusos deshonestos, como las coacciones a que puede ser sometido, todo lo que puede hacer perder consistencia a sus declaraciones, agregó un nuevo artículo para admitir la declaración anticipada de los menores que se encuentren en tal situación.
Su número 14) modifica el artículo 206, disposición que autoriza a las policías para entrar en lugares cerrados y registrarlos, sin autorización del dueño o encargado ni autorización judicial previa, cuando llamadas de auxilio, desde su interior u otros signos evidentes indicaren que en el lugar se está cometiendo un delito. La modificación consiste en sustituir la palabra “judicial” por la expresión “u orden”, de manera que queda claro que no son necesarias la orden judicial y del fiscal, para proceder.
Asimismo, se acordó agregar un inciso segundo a ese artículo para obligar a las policías a dar cuenta al fiscal, inmediatamente de terminado el procedimiento, con el objeto de establecer las garantías correspondientes y el justo equilibrio entre una medida y otra.
Su número 15) modifica el artículo 277, disposición que regla las menciones que debe contener el auto de apertura del juicio oral y que, en su letra e), incluye las pruebas que deben rendirse en el juicio oral, mención que fue objeto de una adición para incluir la probanza destinada a acreditar las circunstancia que modifican la responsabilidad penal. La modificación salva el vacío que se produce como consecuencia de que, una vez pronunciada por el tribunal la decisión de condenar al imputado debe, en seguida, analizar las circunstancias concurrentes que aminoran o agravan su responsabilidad, para lo cual deberá considerar la prueba que se rinda en tal sentido. El auto de apertura complementario en el que deberán señalarse las pruebas que habrán de rendirse en la audiencia correspondiente, deberá remitirse en sobre cerrado al tribunal competente. Así se evita que se conozcan las pruebas y que el juez pierda su imparcialidad respecto de lo que está resolviendo, ya que el defensor no puede plantear la absolución y, al mismo tiempo, las atenuantes, porque su alegato carecería de la convicción correspondiente.
Su número 16) modifica el artículo 280, disposición que permite solicitar, también, la rendición de prueba anticipada durante la audiencia de preparación del juicio oral cuando concurriera alguna de las circunstancias que autorizan tal anticipación.
La modificación se coloca en la situación que, con posterioridad a la audiencia de preparación del juicio oral, pero antes del inicio del mismo, sobreviniera alguna de las causales que impiden a los testigos declarar en audiencia de dicho juicio o bien se tratare de menores de 18 años.
Su número 17) sustituye el inciso segundo del artículo 307, disposición que trata de la individualización del testigo. En esto caso, se trata de protegerlo, por lo que el presidente de la sala o el juez podrán autorizarlo a indicar sólo su nombre.
Su número 18) modifica el artículo 343, que trata de la audiencia de decisión sobre absolución o condena. Como ya se dijo al tratar la modificación del artículo 277, en el auto de apertura del juicio oral debe mencionarse también la prueba que deberá rendirse para acreditar la concurrencia de circunstancias ajenas al hecho punible que aminoren o agraven la responsabilidad del imputado. Es decir, terminado el juicio oral, el juez debe pronunciarse y abrir el sobre cerrado para determinar las agravantes o atenuantes cuando haya establecido la condena del imputado.
Por último, el artículo 3° dispone que Carabineros y la Policía de Investigaciones deberán mantener un banco de datos unificado y actualizado de personas respecto de las cuales existan ordenes de detención pendientes, a fin de evitar que las policías, por falta de coordinación, la dejen en libertad en caso de detención.
Una vez ejecutada la detención o declarada prescrita la acción penal que motivó la orden, los datos de las personas serán inmediatamente eliminados del registro. Y se permite que toda persona podrá solicitar a las policías un certificado en el que consten todos los antecedentes del peticionario que figuren en el registro.
Las modificaciones reseñadas fueron aprobadas en la Comisión, algunas por mayoría y otras por unanimidad.
En gran medida, gracias a la colaboración del Ministerio de Justicia y a la discusión que promovieron los miembros de la Concertación, se logró equilibrio entre la efectividad que se ha querido dar al Código Procesal Penal, a la acción de la justicia y de las policías, y los derechos fundamentales, porque no implica más represión ni tampoco trasgresión de los principios constitucionales o de los establecidos en las convenciones suscritas y ratificadas por Chile, sin perjuicio de que algunas normas todavía pueden ser perfeccionadas.
Para iniciar el debate, tiene la palabra el diputado señor Burgos .
Señor Presidente, en primer lugar, haré algunas consideraciones de orden general.
Sólo en noviembre de 2005 se publico la ley N° 20.074, que introdujo numerosas modificaciones al Código Procesal Penal. Sin embargo, antes de un año de su entrada vigencia, ya se tramitan en esta Cámara nuevas reformas.
Me parece que la legislación que hoy analizamos no responde a una mayor maduración ni a estudios rigurosos que justifiquen la necesidad, en menos de un año, de hacer modificaciones profundas al Código Procesal Penal, sino a hechos coyunturales.
El director Ejecutivo del Centro de Estudios de Justicia, don Juan Enrique Vargas , quien además fue miembro de la Comisión que, luego de la postergación de la reforma en la Región Metropolitana, hizo un seguimiento de aquellas cuestiones que eran faltantes y una de cuyas recomendaciones fue el fundamento de aquella reforma que recordé al inicio de mi intervención, señala en un artículo publicado en el diario “La Segunda”, el 3 de julio recién pasado: “Es conveniente recordar que ya, desde fines de 2003, se contaba con un diagnóstico claro de las medidas que deben adoptarse para mejorar las capacidades del nuevo sistema de justicia criminal para responder frente a los temas de seguridad ciudadana. En esa oportunidad, y ante la postergación de la entrada en vigencia de la Reforma en la Región Metropolitana, se constituyó una Comisión de Expertos, la que, sin perjuicio de destacar el gran avance que el nuevo sistema significa para la lucha contra el delito en comparación con el antiguo e ineficiente sistema inquisitivo, señaló un conjunto de medidas que debían adoptarse para mejorar sus resultados. La mayoría de esas medidas eran, precisamente, reformas a la organización y funcionamiento de las instituciones del sector, las que se priorizaban frente a las sugerencias de reformas legales que también se hacían. ¿Qué es lo que sucedió? Sólo las propuestas legislativas fueron efectivamente aceptadas y transformadas sólo algunas de ellas en la ley 20.074, que luego de una larga tramitación parlamentaria terminó por publicarse en el mes de noviembre del año 2005, es decir, casi dos años después de concluido el trabajo de la Comisión.
“En todo este tiempo poco se ha avanzado” sostengo que sigue sin avanzarse mucho “en los cambios funcionales que se consideraron esenciales. Las recomendaciones abarcaban tanto a las policías, como a los tribunales, al Ministerio de Justicia y al Ministerio Público. El mayor número de sugerencias se centraba” y se sigue centrando “en esta última institución, con una serie de propuestas tendientes a que asumiera un papel más decidido en la lucha contra el delito,” se refiere al Ministerio Público “tales como fijar metas explícitas al respecto,” que no las tiene; en consecuencia, el accountability o la cuenta pública no tiene una contraparte que pueda decir: “Mire, esto se cumplió y esto no se cumplió.” “generar un trabajo en conjunto con la comunidad, coordinarse con otras instituciones públicas con responsabilidad en el tema, etc”.
“Por otra parte, se instaba también a que la Comisión de Coordinación Interinstitucional practicara evaluaciones públicas sobre la marcha de la reforma procesal penal, lo que si bien efectivamente se ha hecho, hasta la fecha se mantienen bajo reserva sus resultados, sin conocerse las medidas adoptadas para responder a los mismos”.
“Finalmente, y en uno de los temas más sensibles hoy en día, se le pedía al Ministerio de Justicia que desarrollara un sistema de control y seguimiento de las medidas cautelares, esencial para que las condiciones y restricciones que fijan los jueces sobre las personas que no son sometidas a prisión preventiva efectivamente se cumplan. Hasta la fecha ello no existe, al igual que se carece de un sistema adecuado de control de las suspensiones condicionales del procedimiento y de las penas alternativas.”
Estas dos cuestiones finales son esenciales. Si no queremos que exista impunidad; si aspiramos a que las medidas cautelares que dicten los jueces de garantía se cumplan fielmente, necesitamos de instrumentos que permitan hacerles seguimientos. No obstante, ninguno de esos instrumentos se incluyen en el proyecto en discusión. Incluso, todavía no se decide cuándo se enviarán las reformas legales o reglamentarias que permitan el seguimiento de las medidas cautelares distintas a las preventivas, que son la mayoría. Acabamos de ver ayer que la actuación de un fiscal permitió la detención de quien se presume realizó actos en contra de la propiedad privada en los hechos del 11 de septiembre pasado, pero el juez del tribunal de garantía lo dejó en libertad porque sostuvo que no era necesaria la prisión preventiva, lo que puede parecer razonable; no obstante, le aplicó medidas cautelares. En consecuencia, el seguimiento de esas medidas es esencial, porque, de lo contrario, habrá impunidad.
Dicho eso, señor Presidente, quiero referirme a algunas de las modificaciones del proyecto, las que voté negativamente o me abstuve en la Comisión, respecto de las cuales deseo mantener dicha votación en Sala.
En primer lugar, me referiré a la prisión preventiva.
Se introdujo una serie de modificaciones al artículo 19 de la Constitución, muchas de las cuales surgieron de iniciativas de los diputados, en especial del señor Bustos y de otros miembros de la Comisión, que permitieron poner al día el texto constitucional. Sin embargo, la norma que dice relación con la prisión preventiva, artículo 19, N° 7°, no fue objeto de modificación, porque se estimó correcta para proteger la libertad de las personas. La letra e) de ese número señala lo siguiente: “La libertad del imputado procederá a menos que la detención o prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla.” Es decir, el constituyente señala que la libertad del imputado, que es el derecho esencial que concede la Constitución, o sea, de quien aún no recibe sentencia, no procederá cuando la prisión preventiva sea necesaria para cautelar las investigaciones, la seguridad del ofendido o la sociedad.
El Código Procesal Penal, tanto con la modificación de fines de los 90 como con la modificación de 2005, a mi juicio, entrega la regla necesaria a los jueces de garantía y a las cortes de apelaciones para dar cumplimiento a la norma constitucional. No puede una legislación infraconstitucional, bajo ningún aspecto, ni en la forma ni en el fondo, condicionar aquello que el constituyente ha establecido como de la esencia. Me parece que la norma, sin perjuicio de que fue mejorada con las indicaciones presentadas en la Comisión, sigue teniendo un inconveniente básico respecto de lo que establece la Constitución. Desde luego, si uno revisa el texto, podrá encontrar una cosa que suena rara, a lo menos, ya que dice que el juez deberá ponderar, en base al proceso, la peligrosidad que representa el acusado para la sociedad, para el ofendido o para las medidas pendientes del proceso.
Sin embargo, lo anterior se borra con el codo con la redacción de los incisos que reemplazan al inciso tercero del artículo 140, ya que expresan: “Se entenderá que la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de sociedad, cuando los delitos imputados sean aquellos señalados en el artículo 78 bis del Código Penal…;”.
Más adelante dispone: “No obstante lo señalado en el inciso anterior, si el tribunal estimare que la libertad del imputado no resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad, podrá así declararlo denegando la prisión preventiva.”
¿En qué quedamos? Al juez hay que darle reglas claras para conceder o negar la libertad, conforme a la Constitución; pero aquí se le da una regla semi imperativa y, acto seguido, se le dice lo contrario. Eso no tiene mucho sentido desde el punto de vista de la aplicación del derecho, en mi modestísima opinión.
No quiero latear respecto del significado que tiene la libertad provisional en el marco jurídico de un país. Hay pocas instituciones más marcadoras del tipo de juridicidad de un país que la prisión preventiva. La prisión preventiva amplia y permanente, que prácticamente responde a penas anticipadas y al momento que vive la opinión pública, es propia de los regímenes autoritarios. En cambio, son mucho más democráticos los sistemas que permiten que la seguridad de la sociedad no choque con los derechos de las personas.
Creo que el constituyente, incluso el de 1980, hizo un aporte importante en esta materia, si lo comparamos con el del 1925. En consecuencia, a mi modesto entender, no debiéramos retroceder en eso.
Por lo tanto, pido votación separada para el artículo 2°, numeral 7), que se refiere al tema de la prisión preventiva.
La otra consideración se refiere al artículo 138 bis.
Se hizo un esfuerzo muy notable respecto de la propuesta del Ejecutivo, que señalaba: “Tratándose de los delitos establecidos en el artículo 78 bis del Código Penal, será apelable la resolución que declare la ilegalidad de la detención. Mientras dicha resolución no se encuentre ejecutoriada, no se pondrá en libertad al detenido.” Es decir, se daba el absurdo de que se podría apelar de la resolución de un juez de la República que declarase ilegal una detención; pero mientras se apela, la persona sigue detenida. Obviamente, eso es un contrasentido brutal, mayúsculo y dramático respecto de lo que debe ser un Estado de derecho.
Eso fue mitigado en forma bastante notable en la propuesta de la Comisión, que dice que esa apelación se concederá en el sólo efecto devolutivo; no obstante lo cual, esa declaración de ilegalidad no impedirá que el fiscal formalice la investigación y solicite las medidas cautelares procedentes.
Tengo algunas dudas al respecto, por lo que me gustaría escuchar ya sea a los diputados señor Bustos o señora Soto , o algún otro de la Alianza que esté interesado en la materia, para que explique qué lógica tendría que la declaración de ilegalidad fuera, acto seguido, acompañada de solicitudes de formalización con medidas cautelares, en circunstancias de que lo central ya fue declarado ilegal. ¿Cómo un juez de garantía que declaró ilegal una decisión, acto seguido pueda dictar una medida cautelar respecto de aquel acto principal que fue declarado ilegal?
Hay otra consideración que, a mi juicio, es bien importante y dice relación con las modificaciones al Código Penal. Para no seguir citando autores, me atendré a lo expresado, entre otros, por el profesor Raúl Tavolari , quien dijo que le parecía muy grave y preocupante que se consideraran delitos de la misma naturaleza los que se señalan en el artículo 78 bis, toda vez que la naturaleza de los bienes jurídicos que cautelan es diversa. Me merece atención que diga que estamos alterando algunas cuestiones esenciales del derecho penal.
Al respecto, quiero decir al señor ministro de Justicia, por intermedio del señor Presidente, que dio una buena noticia a Chile hace algún tiempo, cuando dijo que pronto se enviaría al Congreso, si no me equivoco, en el segundo semestre de 2007, la proposición de un nuevo Código Penal. Creo que es una muy buena noticia, porque el vigente, si no me engaña la memoria, es decimonónico y requiere de una modernización sustancial. Se han hecho importantes esfuerzos desde hace muchos años en ese sentido, como el del diputado Bustos , entre otros, que datan de veinte o treinta años; pero, por angas o por mangas, no se han concretado, ya que sólo hemos ido haciendo modificaciones parciales, de las cuales todos somos reos, particularmente quienes hemos estado en el Congreso en distintas épocas; es decir, me estoy autoflagelando respecto de nuestra impotencia para modificar un código que, obviamente, está obsoleto.
No sé si es mejor esperar el envío de una modificación más extensa que aprobar una de la envergadura que se propone en el informe. Es cierto que, como en todas estas cuestiones de derecho penal, hay algunos entusiastas con el informe y otros menos entusiastas. Ojalá que el Gobierno envíe ese proyecto no en el segundo semestre, sino que en el primer semestre de 2007, con el objeto de que tengamos un nuevo Código Penal que esté al día respecto del avance del ensamblaje jurídico del país.
Mi última consideración se relaciona con el artículo 3°, que señala una cuestión que parece natural y necesaria, cual es que Carabineros e Investigaciones deberán mantener un banco de datos unificado y actualizado respecto de personas que tengan órdenes de detención pendientes, lo que evitaría que una persona pudiera burlar, por ejemplo, un control de identidad de Carabineros, porque su orden de detención figura en los registros de Investigaciones, razón por la cual quedaría libre y fuera del alcance de la justicia.
Voté favorablemente ese artículo, pero tengo la duda de si es necesario que esto se establezca por ley, ya que, a mi juicio, podría ser materia de un reglamento.
Pongámonos en el supuesto de que es indispensable que esto se haga a través de una norma legal. Bien, pero me parece que hay una cuestión compleja en la propuesta que hemos hecho. Lo digo así porque yo la voté favorablemente, cual es que los datos de esas órdenes pendientes se deberían entregar al defensor judicial. El análisis que hice me creó una duda al respecto, porque si se trata de detenciones pendientes, significa que no se ha incoado un proceso o una investigación. Si uno entrega estos antecedentes al defensor judicial, aunque no sea parte del proceso, le va a estar diciendo: “Mire, estas personas tienen órdenes de detención pendientes.” ¿Y qué va a hacer el defensor judicial? Va a comunicárselo a esas personas, y muchas de ellas dirá: “Con este dato, me escondo más todavía, porque no quiero enfrentar la investigación.”
En consecuencia, tengo algunas dudas respecto de la necesidad de informar al defensor judicial. Más aún, si la lógica fuera que se debe informar de esto a todos, en consideración al principio del debido proceso, lo que obligaría a incluir en algunos casos al abogado particular. ¿Por qué no se podría hacer en circunstancias de que una persona puede tener un abogado particular? En ese caso, tal como está redactado, quedaría fuera de esa información.
Insisto, creo que la norma crea dudas, porque las órdenes de detención se intiman, pero allí no se ha exigido su cumplimiento. Hay todo un procedimiento para intimarlas formalmente, y en ese momento la persona tendrá un abogado particular o un defensor público, de acuerdo con la ley; pero me parece complejo desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones.
Dicho eso, entiendo que la idea, señor Presidente, es votar las indicaciones, por lo que me acercaré a la Mesa para pedir que algunas normas se voten en forma separada.
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Eluchans .
Señor Presidente, sin duda, esta Corporación tiene una inmensa responsabilidad, ya que debemos pronunciarnos sobre un proyecto de ley que aborda uno de los problemas que más afligen a la sociedad chilena: la delincuencia. Todas las encuestas de opinión, mediciones y estadísticas demuestran que quizás es el problema más grave que enfrenta el país.
Sin embargo, un problema como este no se soluciona pura y simplemente con leyes, con modificaciones legales para aumentar penas, ni tampoco con el otorgamiento de más facultades a las policías para prevenir los delitos. El problema es mucho más complejo: requiere una política criminal adecuada, precisa de cárceles donde los internos puedan vivir dignamente. Hasta el delincuente más malvado es un ser humano y tiene derechos. Sobre la materia, hay que considerar lo que ocurre con los jóvenes. La sociedad chilena tiene una obligación con el joven que delinque por primera vez, porque si va a la cárcel perfeccionará la forma de delinquir. En la actualidad, la delincuencia es una actividad habitual y muy rentable para mucha gente.
Es necesario trabajar en las penas alternativas. El diputado Burgos mencionó algo al respecto. Lamentablemente, hace algunos meses, en esta misma Corporación debimos postergar la entrada en vigencia de la ley sobre responsabilidad penal juvenil. Ciertamente, en ella el tema se trata como corresponde. Por eso hacemos votos para que el Gobierno cumpla con lo que se requiere para su entrada en vigencia.
Los gobiernos de la Concertación tienen una gran deuda con la sociedad chilena en relación con las cárceles, tema que siempre ha estado en los discursos, pero no en sus preocupaciones. Hay recursos y los ha habido siempre. Su negligencia y mala gestión han sido la causa por la cual debimos postergar la entrada en vigencia de esa ley.
Debemos enfrentar el trágico momento que vive el país en materia de delincuencia, y si no somos capaces de hacerlo, quiere decir que en este ámbito vamos directamente al despeñadero. Por otro lado, no es posible que, por no haber cárceles adecuadas o porque el Estado no está en condiciones de cumplir su obligación de rehabilitar, no hagamos nada. No podemos quedarnos de brazos cruzados. La sociedad exige que el Estado haga algo.
Mientras se solucionan los problemas de las cárceles, de las penas alternativas y de la rehabilitación, nos parece que se debe legislar.
En ese sentido, el Gobierno ha enviado tres proyectos de ley: el primero, para crear el Ministerio de Seguridad Pública, que califico como malo. Entendemos que el Gobierno ha decidido estudiar otra iniciativa.
El segundo es un buen proyecto y fue aprobado rápidamente por esta Corporación hace algunas semanas. Elimina funciones administrativas que debía cumplir Carabineros, con lo cual va a quedar en condiciones de dedicar la mayor parte de su tiempo a la prevención de los delitos y a la seguridad ciudadana.
El tercer proyecto es el que estamos discutiendo, en virtud del cual se modifican disposiciones del Código Penal y del Código Procesal Penal. Nos parece que su mensaje es mucho mejor que su contenido. El mensaje enfrenta los problemas urgentes; sin embargo, nos parecen insuficientes las propuestas concretas de disposiciones legales.
Por esa razón, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia los diputados de la Alianza por Chile presentamos una treintena de indicaciones destinadas a mejorar el proyecto. De ellas, con algunas modificaciones que surgieron del debate, aproximadamente diez fueron aprobadas y están contenidas en el proyecto que hoy se somete a la consideración de la Sala. Creemos haber hecho una contribución importante al perfeccionamiento de la iniciativa.
En el debate se demostró que algunas indicaciones resultaban inapropiadas e inconvenientes, por lo cual las retiramos. Otras 14 fueron rechazadas por la Comisión. Estamos reponiéndolas, porque nos parece de la mayor importancia que, al menos parte de ellas sean ley.
Por lo tanto, pedimos al presidente que recabe la unanimidad de la Sala para que las votemos hoy. Nuestro propósito no es demorar el despacho del proyecto. Las indicaciones son buenas y constituyen un aporte al proyecto. Por eso nos interesa que se voten ahora.
También solicitaremos votación separada respecto de muchas propuestas del Ejecutivo que fueron aprobadas con nuestro voto en contra.
Por último, vamos a reponer como indicación una disposición que contemplaba el proyecto original y que lamentablemente los diputados de la Concertación, con su mayoría en la Comisión, lograron excluir. Se refería al famoso robo con sorpresa.
Si tuviéramos que definir los objetivos fundamentales del proyecto, uno de ellos es la creación de un estatuto especial para la reincidencia en los delitos graves, que el proyecto precisa, a saber, secuestro, sustracción de menores, homicidio, parricidio, violación y el que había incluido el Gobierno: robo con sorpresa, que fue rechazado, lo que nos parece grave. Es una mala señal, porque es uno de los que con más frecuencia se concrete en el diario vivir. Creemos que se le debe aplicar este estatuto especial de la reincidencia.
Sé que en el debate particular vamos a disponer de tiempo para explicar las indicaciones. Ahora quiero dedicar especial atención a tres o cuatro, porque nos parecen de la mayor importancia.
La primera es relativa al estatuto especial para la reincidencia. No sólo vamos a reponer como indicación la propuesta del Ejecutivo de incluir el robo con sorpresa, sino también la relativa a la incorporación en los delitos graves los de la ley de drogas, porque, lamentablemente, en la Comisión fue rechazada, y queremos insistir porque la consideramos sumamente importante.
Otra indicación que me merece especial comentario es la que propusimos para modificar el artículo 83 del Código Procesal Penal con el objeto de que, en casos de delitos graves precisamente los del artículo 78 bis, sin esperar la instrucción del fiscal, Carabineros o Investigaciones procedan a realizar las primeras diligencias e informar de ello al Ministerio Público. Está demostrado que la demora en el inicio de una investigación frustra la labor de la justicia. Por eso nos interesa insistir en ese aspecto.
Otro tema que merece nuestra especial atención es la libertad condicional. Como se sabe, cuando la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad, aquélla puede ser negada. El artículo 140 del Código Procesal Penal incluye un listado de casos. Nosotros solicitamos a la Comisión fue rechazado que se agregara el caso de un imputado formalizado en dos o más investigaciones por iguales delitos. Lo vemos a diario, es una “puerta giratoria”, entran y salen permanentemente.
Creemos que cuando una persona ha sido formalizado en dos o más investigaciones, se puede establecer claramente que ella es un peligro para la sociedad. En consecuencia, corresponde restringir su libertad.
Para terminar, me interesa llamar la atención acerca de otra indicación que vamos a reponer y que también nos parece sumamente importante. La modificación al artículo 307 del Código Procesal Penal permite que la identidad del testigo se mantenga en reserva cuando su publicidad pueda implicar algún peligro para él. Pero, además, nosotros sugerimos que la identidad de los testigos menores de edad siempre sea reservada, porque creemos que va en resguardo de él y de su familia.
Señor Presidente, sin duda, este proyecto es uno de los que despierta mayor interés en nuestra sociedad. En efecto, para nadie resulta un secreto que en todas las muestras de opinión que se han realizado durante los últimos años, la seguridad, o más bien dicho la inseguridad ciudadana, se ha situado dentro de los tres grandes problemas que señala la población.
Para nosotros este tema es una de nuestras principales prioridades, sobre todo, porque en los distritos constantemente somos interpelados respecto de estea materia por quienes representamos.
Por ello, hoy he decidido intervenir en esta sesión, aunque no desde el punto de vista técnico, ya que ello hay que dejárselo a nuestros constitucionalistas, como la diputada señora Laura Soto y los diputados señores Ceroni , Burgos , Bustos y Eluchans , y a las demás autoridades que han participado activamente en esta iniciativa.
Para el que habla, el problema de la seguridad ciudadana tiene dos caras claramente perceptibles. Por un lado, el problema objetivo que nos entregan las estadísticas respecto del aumento o la disminución de los delitos en determinados territorios o épocas. Por el otro, el problema de la seguridad subjetiva, que no es otra cosa que la sensación de seguridad o inseguridad de la población, de que cada persona se sienta protegido o desprotegido, tanto ella como su familia.
Esa situación de inseguridad nos preocupa. De nada sirve que las cifras se estabilicen o disminuyan si la sensación de inseguridad se mantiene o aumenta. Es algo que se ha ido instalando en nosotros. Sabemos que en los últimos años se han hecho esfuerzos importantes para mejorar los instrumentos, la infraestructura y dotación de personal para la lucha contra este problema. Así podemos observar la implementación de importantes planes y programas, como el Plan Cuadrante, el Plan Comuna Segura, el Plan Barrio Seguro, los programas de intervención de Conace, los encuentros Policía Comunidad, de los cuales también somos actores constantemente en los distritos que representamos. Pero también es importante implementar otras iniciativas destinadas a mejorar los niveles de seguridad de nuestra población a nivel de comunas y de barrios, donde estén involucrados los distintos actores. Dentro de esta iniciativa incluyo a quienes estamos en el Gobierno y a quienes están en una Oposición constructiva, porque todos buscamos una solución para lograr este anhelo ciudadano que significa la seguridad. Ésa es una tarea de todos. En esta materia, el ministro de Justicia, don Isidro Solís, ha tenido un duro trabajo.
Por otra parte, son importantísimas las iniciativas legislativas aprobadas para modernizar la estructura y el funcionamiento de la justicia que se ha implementado o que están en proceso de hacerlo, como la reforma procesal penal y el nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil; también podríamos agregar la creación de los juzgados de familia, que en los próximos meses debería mejorar considerablemente su atención. En ello se está trabajando, con el indudable aporte que significa el establecimiento de nuevos mecanismos de solución de conflictos al interior de ese sensible núcleo social que es el matrimonio y la familia en general.
Pero, pese a todos los avances que he señalado, nos quedan aún algunos nudos que debemos desatar para mejorar la eficacia de nuestro sistema de enjuiciamiento en términos de la persecución y el juzgamiento de los delitos, pues a nadie le cabe duda que uno de los elementos que provoca la mayor sensación de inseguridad en la población es la llamada “puerta giratoria”, recientemente mencionada en su intervención por el diputado señor Eluchans , y que no es otra cosa que los imputados queden en libertad con demasiada facilidad lo que hoy es un hecho real, utilizando resquicios de nuestra legislación procesal. Eso se produce a pesar de todo el esfuerzo que realizan el Gobierno, las policías y el Ministerio Público para prevenir, perseguir y castigar el delito. Poner término a ese hecho es una tarea para los parlamentarios constitucionalistas, los cuales son bastantes y tremendamente eficientes.
Al escuchar las intervenciones de los diputados señores Eluchans y Burgos, y la relación del diputado Bustos , no tengo duda de que se superará el problema y que lo que la ciudadanía nos ha planteado como un desafío, la seguridad, más temprano que tarde va a ser una realidad.
Éste es un proyecto muy importante, que viene a mejorar y a fortalecer el sistema procesal penal para asegurar de mejor manera la investigación de los delitos, la determinación de los responsables y su castigo. Por ello, considero positivas y necesarias las normas relacionadas con la legítima defensa en materia de violación de menores, las que fustigan con mayor rigor al delincuente en caso de reincidencia en delitos graves, las que mejoran la mecánica en los procedimientos de control de identidad y las que precisan y perfeccionan la flagrancia. Son instrumentos necesarios para que las policías puedan realizar una labor más efectiva.
A lo anterior, quiero agregar que el uso de bases de datos comunes para las policías lo que explicitó muy bien explicitado acá por el diputado señor Eluchans , y el que los ayudantes del fiscal puedan participar en las audiencias de control de detención y las precisiones para la concesión de la cautelar de prisión preventiva se entenderá que la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad cuando los delitos que se le atribuyen son aquellos señalados en el artículo 78 bis, sin duda, son elementos que van a ayudar a una labor más eficiente y oportuna de los agentes del Estado en materia de control de la delincuencia. Es una tarea difícil, pero que no escapa a la capacidad del ministro de Justicia. Aprovecho su presencia en la Sala para decirle que es duro su trabajo en este tema, ya que es el principal problema que hoy padece nuestra sociedad.
En la medida en que los instrumentos legales que elaboramos contribuyan eficazmente a dar a la gente esa tranquilidad y seguridad, un tanto perdidas, lo seguiremos apoyando con fuerza.
No me voy a referir in extenso a las modificaciones propuestas, ya que mis colegas de la Comisión de Constitución lo han hecho y lo van a seguir haciendo.
Tiene la palabra el diputado señor Cristián Monckeberg .
El señor MONCKEBERG (don Cristian).-
Señor Presidente, para la bancada de Renovación Nacional esta iniciativa es un orgullo, porque hemos participado intensamente en la elaboración de propuestas legislativas que apuntaban en el mismo sentido del proyecto del Gobierno de la llamada “agenda corta”. Tanto es así, que el propio mensaje menciona a una serie de proyectos de ley presentados por diputados de Renovación Nacional y de la UDI.
Las bases fundamentales del proyecto pasan por crear delitos más graves, un estatuto especial para la reincidencia en dichos delitos y mejorar las normas sobre control de identidad, flagrancia, apelación en materia de detención ilegal en especial para los delitos más graves y prisión preventiva.
La bancada de Renovación Nacional se va a sumar a las indicaciones que van a presentar diputados de la Alianza por Chile para mejorar aún más el proyecto, y espera que si la unanimidad de la Sala así lo estima, sean votadas a la brevedad.
Pero no sólo me quiero referir a temas relativos al control o a la represión. Creemos que el combate a la delincuencia y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en todo lo que dice relación con la seguridad ciudadana pasa por prevención y rehabilitación.
Con el perfeccionamiento de la normativa propuesta en este proyecto y con las indicaciones creemos que lo mejorarán aún más, tendremos suficiente control y represión. Pero falta mucho todavía y esa es la deuda histórica en prevención y en rehabilitación.
Simplemente, me quiero detener en lo que se señaló en un informe anual sobre derechos humanos realizado por la Universidad Diego Portales. Entrega una visión muy negativa de la realidad carcelaria en Chile y de las posibilidades de reinserción. Hay sobrepoblación, hacinamiento, maltrato a los reclusos y corrupción. Eso se ha planteado al interior de Gendarmería; además, hay disminución de la inversión en programas de rehabilitación y, lo que es peor, existe poco interés de las autoridades para hacer frente a esta dramática situación.
En Chile, hay datos que son escalofriantes. Hay un preso por cada cuatrocientas diez personas libres. Somos el octavo país, a nivel mundial, con mayor tasa de presos. La mantención anual de un preso le cuesta al fisco 3 millones de pesos. Actualmente, según las cifras, 39 mil reclusos cumplen condena, y lo que es peor, Gendarmería invierte 31 mil pesos y fracción anuales por recluso en rehabilitación.
El ministro de Justicia ha señalado en entrevistas que en el Presupuesto de la Nación, que prontamente analizará la Cámara, esa cifra aumentaría significativamente, lo cual nos alegra, porque lo que hoy existe es nada es una burla. De esa manera, es imposible que una persona después de cumplir condena logre algún grado de reinserción en la sociedad.
Hoy, la rehabilitación es una situación dramática, según este estudio, sólo se traduce en 9 mil talleres laborales. En consecuencia, de los 39 mil reclusos a que me refería, 30 mil no pueden acceder a ellos. Por otra parte, los programas de rehabilitación de drogadictos atienden sólo a 440 reclusos, en circunstancias de que esto es lo peor de todo Gendarmería reconoce que hay 15 mil adictos. Éste es un problema muy serio, sobre todo si se considera que el 57 por ciento de los condenados por robo con violencia declara haber cometido el delito bajo los efectos del alcohol o de alguna droga.
Es más, desde 1998, el número de internos que trabajan en empresas instaladas en las cárceles ha disminuido en 60 por ciento.
En la actualidad, la tasa de reincidencia se estima en 50 por ciento, pudiendo alcanzar el 60 por ciento en áreas altamente pobladas. Según una encuesta a reclusos realizada por Adimark en 1997, ante la pregunta si previamente habían estado alguna vez en la cárcel, el 75,3 por ciento de ellos respondió afirmativamente.
Ésta es la situación que viven los reclusos que cumpen una condena. ¿Por qué me he detenido en esto? Porque vemos que el debate se ha centrado en las normas de control y represión. Si bien hemos dicho que son necesarias y que el proyecto apunta en esa dirección, nos habría gustado lo reitero que hubieran tenido una mejor acogida las indicaciones que presentó la Alianza por Chile y que hoy vamos a reponer para que sean discutidas por la Sala. Pero, en verdad, falta muchísimo por hacer en materia de prevención y, específicamente es a lo que acabo de referirme, de rehabilitación. Falta educación para la no violencia, faltan programas deportivos y recreativos después de las horas de clases, faltan centros educativos para los jóvenes que tienen problemas de desempeño, comportamientos emocionales o de aprendizaje, falta participación de las policías en la tutoría de niños y jóvenes en riesgo social y delictivo, falta intervención temprana de ofensores menores de 14 años esperamos que la nueva ley sobre responsabilidad penal juvenil solucione este problema, falta algo que la propia Presidenta de la República comprometió en su programa de Gobierno: un subsidio a la contratación de jóvenes que buscan trabajo por primera vez. En verdad, hay que avanzar mucho más en materia de prevención.
También se ha dicho mucho que las municipalidades tienen responsabilidad en el control de la delincuencia. Pero, ¡por favor! Eso es absolutamente imposible, si no les entregamos facultades para ese efecto. Hoy día, incluso, se ha usado como caballito de batalla señalar que los alcaldes son los responsables del aumento de la delincuencia en ciertas comunas, situación que es absolutamente imposible de revertir si no se les otorgan las facultades legales que les permitan actuar.
Por lo tanto, si es necesario, avancemos en las necesarias modificaciones a la ley orgánica constitucional de Municipalidades, de manera que los alcaldes puedan trabajar en forma coordinada con el Ministerio del Interior, que es el principal responsable del combate a la delincuencia. Cuando hemos visto que ha habido alguna coordinación, ésta es sólo de buena crianza o porque las autoridades a nivel central y comunal se dan cuenta de que es necesario actuar en conjunto; pero no existe disposición legal alguna que así lo establezca.
Asimismo, es necesario es un anhelo de todos y hemos escuchado el compromiso del Ministro de Justicia, presente en la Sala, en ese sentido un nuevo Código Penal. El actual ha sido aprovechado y estrujado suficientemente durante más de 100 años. Resulta urgente la presentación de un proyecto de ley que proponga su modificación en forma sustancial. La comisión de estudio que logre avanzar en esa materia debe seguir adelante. Le planteamos al ministro de Justicia que todos los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia están disponibles para participar en ese estudio, que creemos necesario. Ese cuerpo legal contempla delitos y penas que no deberían existir, pero no se han establecido penas mayores para determinados delitos.
En cuanto a la rehabilitación, es necesario modificar la ley N° 18.216, que dispone medidas alternativas para el cumplimiento de las penas. Las penas alternativas a la reclusión representan hoy el 70 por ciento de todas las que se aplican. Pero, en verdad, este sistema presenta serias carencias, en relación con el adecuado control de quienes están sujetos a él, como también en la apertura de reales oportunidades de rehabilitación. Las personas que se someten al sistema de beneficios alternativos los cumplen en libertad, pero nadie los controla ni existe capacidad para llevar adelante ese control. Asimismo, quienes cumplen su condena en libertad tienen pocas posibilidades de rehabilitarse.
Por eso, hay que avanzar en buscar la rehabilitación y que los reclusos que no son peligrosos cumplan sus penas en libertad. Así es como lograremos que las personas que están en el círculo vicioso de la delincuencia y que causan daños a terceros, en definitiva, entren en el círculo virtuoso ya no vicioso y que cuando cumplan efectivamente su condena por haber causado un perjuicio a la sociedad, sean un aporte para ésta. Así, no obstante haber cometido un error, podrán ponerse de pie y con el material y la información que les proporcione el Estado podrán iniciar una nueva etapa en sus vidas, pero como corresponde.
En materia de rehabilitación, también sería necesario y urgente establecer beneficios tributarios para la contratación de los reclusos menos peligrosos. Nada sacamos con que ellos cumplan sus condenas incluso en libertad en virtud del sistema de medidas alternativas, si no le damos incentivos al empresariado, que es el que genera empleo, para que los contraten. Esas personas jamás conseguirán un trabajo si no se incentiva tributariamente a los empresarios, a fin de que los acojan y les den una nueva oportunidad.
Para terminar, quiero detenerme en lo que dice relación con la evaluación de los jueces y con su comportamiento en el combate a la delincuencia.
Mucho se ha hablado de la responsabilidad de los parlamentarios y de la ley, pero nada se ha dicho sobre la responsabilidad de los jueces. El combate a la delincuencia debe ser considerado en su conjunto. Hay una responsabilidad importantísima, primordial y fundamental del Ejecutivo; después, del Parlamento, que debe aprobar las leyes necesarias para que esto funcione bien; pero son los jueces los encargados de interpretar y de aplicar la ley. Creo que en muchas oportunidades esto no ha ocurrido; queda mucho por hacer en ese sentido. Los parlamentarios nada sacamos con seguir dictando leyes para hacer más eficiente el control y el combate a la delincuencia, si no tenemos jueces que estén en la misma sintonía. No queremos jueces que condenen por condenar ni que busquen la portada de algún diario aplicando más penas, sólo pretendemos que la ley se interprete bien y se aplique con buen criterio. Eso es lo que nos enseñaron en las aulas, cuando éramos estudiantes de Derecho: que los jueces debían actuar de esa forma. Hoy, según nuestro parecer, muchos proceden en forma correcta, como corresponde, pero otros no. Para muestra un botón: el informe que elaboramos en conjunto con el Instituto Libertad y Desarrollo, que incluye un ranking de los jueces, relacionado con determinados delitos en la Región Metropolitana, demuestra que hay una directa relación entre los jueces de mano blanda es decir, los que no aplican la ley como corresponde, y el aumento de la delincuencia dentro de la jurisdicción de ese tribunal.
Aprovecho la presencia del ministro de Justicia para decirle que es necesario avanzar en un sistema de evaluación de los jueces distinto al existente. No pretendemos que se elija a los jueces popularmente no creemos que sea la fórmula adecuada, pero sí consideramos que debe haber un sistema de nombramiento y evaluación diferente al que se usa hoy día.
Hay un proyecto de ley, aprobado en general por la Sala del Senado, radicado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, hace algunos años, a la cual debió volver porque fue objeto de indicaciones, donde sigue durmiendo el sueño de los justos. No es la mejor iniciativa, pero permite avanzar en el sentido que señalé. Su despacho es un anhelo de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Creemos que es absolutamente necesario. Incluso, así lo hemos escuchado de algunos invitados. El diputado Patricio Walker también ha hecho muchos esfuerzos para que pueda prosperar este sistema de evaluación de los jueces.
Por otra parte, los diputados de las bancadas socialista y del PPD, y los diputados de Renovación Nacional y de la UDI, que formamos parte de dicha Comisión, también estamos haciendo los esfuerzos del caso para avanzar en que los jueces se pongan la camiseta de verdad, junto con los parlamentarios y con el Ejecutivo, que son los principales implicados en el combate a la delincuencia y en la seguridad ciudadana.
Por eso, creemos que el proyecto va por buen camino, pero le falta mucho; lo he repetido ya un par de veces. Nos gustaría que las indicaciones que presentamos y que vamos a reponer en la Sala sean tratadas con altura de miras y, en lo posible, aprobadas.
Señor diputado, ha terminado el tiempo de su primer discurso. Puede hacer uso del tiempo de su segundo discurso.
Es lo que buscamos y pretendemos, razón por cual anuncio que Renovación Nacional va a votar favorablemente en general el proyecto, pero con las salvedades que formulé, relacionadas con las indicaciones.
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Walker .
Señor Presidente, quiero destacar algunos aspectos del proyecto que me parecen fundamentales, pero sólo los voy a enunciar, a fin de no alargar mi intervención.
En primer lugar, el que dice relación con el estatuto de la reincidencia, en particular, en un aspecto que mencionó el diputado Juan Bustos . En relación con las atenuantes y las agravantes, por ejemplo, cuando una persona prueba que quiere reparar el mal causado, generalmente, se le aplica una sanción baja y, muchas veces, puede obtener la libertad. Caso típico: un delito sexual contra menores. Si el abusador hace un depósito en la cuenta de ahorro o en la cuenta corriente de la víctima o de la familia de la víctima, recibe una sanción baja. Considero importante exigir la satisfacción de la víctima, de manera que esto pueda operar como atenuante.
En segundo lugar, respecto del Código Procesal Penal, me parece relevante que se haya establecido la posibilidad de controlar la identidad de las personas que actúan encapuchadas, y no como proponían algunos diputados de la Alianza por Chile, en cuanto a que este hecho fuera configurado como un delito. Se trata de individualizar a las personas que no dan la cara y que, muchas veces, actúan cobardemente protagonizando actos vandálicos.
Asimismo, considero importante haber dejado claramente consignado que el control de identidad incluye el registro de vestimentas y vehículos. Nos hemos encontrado con fallos insólitos de algunos jueces de garantía que han declarado ilegal la detención de algunas personas, argumentando que fueron detenidas porque aunque les encontraron especies robadas, éstas fueron detectadas porque esas personas fueron registradas, a propósito del control de identidad. Y esos mismos jueces dicen que el control de identidad no autoriza para registrar las vestimentas, lo que resulta absolutamente absurdo. Por eso, es necesario dejarlo claramente establecido, a fin de que el día de mañana no se cometan estos errores.
En relación con la flagrancia, también es importante que se pueda detener a una persona cuando ésta es descubierta “con las manos en la masa”; es decir, cuando el sospechoso ha cometido o va a cometer un delito. En este caso, también nos encontramos con resoluciones absurdas de jueces de garantía respecto de alguna persona que, por haber transcurrido 20 minutos desde que cometió el delito, dicen que ya no hay delito flagrante y, en consecuencia, la detención es ilegal, lo que resulta absurdo. Por eso, se establece un plazo equilibrado. La Alianza por Chile y la Concertación acordaron un plazo suficiente seis horas para que se pueda detener a los sospechosos.
También es importante lo relacionado con la prisión preventiva. Creo que el diputado Juan Bustos fue muy claro al señalar que los criterios que establecimos sobre la materia sirven para orientar a los jueces. Quiero dejar en claro, a raíz de toda la discusión que ha generado la “puerta giratoria”, que si los jueces siempre aplicaran la ley con buen criterio, hoy día, tal vez, no tendríamos esta discusión. Si los jueces siempre aplicaran la ley con buen criterio, cuando un delincuente comete ilícitos en forma reiterada no el primerizo, no el joven que comete un delito por primera vez, sino aquel que hace del delito su profesión habitual y, además, comete un delito grave homicidio, violación, tráfico de drogas, robo con violencia, etcétera, no habría sido necesario “rayarle la cancha” en este proyecto de ley.
Lamentablemente, nos hemos encontrado con jueces que señalan que la culpa es de los parlamentarios, del Congreso Nacional. Al decir que ellos sólo aplican la ley, explícitamente indican que la culpa es de quienes hacemos las leyes. Pues bien, cuando algunos parlamentarios presentamos un proyecto de ley orientado a restringir la facultad de los jueces para conceder la libertad de un reincidente o de una persona que ha cometido delitos graves, la Corte Suprema de Justicia reaccionó con mucha diría ira, y nos dijo que no nos metiéramos en las facultades de los jueces.
Por lo tanto, de ello se puede concluir o inferir es que cuando los jueces dicen que pueden ejercer sus facultades jurisdiccionales y que el Poder Legislativo no debe meterse con sus facultades, tenemos el derecho a exigirles que asuman su responsabilidad y que no sigan echándole la culpa al empedrado.
Insisto, tenemos derecho a exigirles que asuman su responsabilidad. El problema es que en nuestro país los jueces no dan cuenta de sus actos. Si los diputados lo hacemos mal, nos mandan para la casa a los cuatro años; si el Gobierno lo hace mal, la gente lo cambia a través del voto popular. Sin embargo, si los jueces se equivocan en sus fallos, no asumen su responsabilidad y quedan en la impunidad.
Por eso, comparto lo señalado por el diputado Monckeberg en el sentido de que hay que trabajar en el control, en el accountability, es decir, en la posibilidad de que la ciudadanía sancione el cometido de los jueces o busquemos otra fórmula para que sean objeto de accountability y de un mayor control social. Mientras ello no ocurra, seguiremos escuchando a los jueces justificándose y diciendo: “Miren, yo resuelvo como quiero y no tengo por qué dar explicaciones”, muchas veces con visiones dogmáticas y sin considerar las circunstancias particulares de cada caso.
Debo ser franco: tampoco comparto lo planteado por algunos diputados de la Alianza de que cuando una persona ha sido formalizada por dos o más delitos sea objeto de prisión preventiva. Más allá de la buena intención de la indicación, eso puede generar algunos efectos indeseados, por ejemplo, establecer una especie de “condena por sospecha”, que puede ser grave.
Por eso, creo que el texto elaborado en la Comisión es lo mejor que se pudo redactar. Cuando se propuso una indicación más dura, los jueces reaccionaron a través de la Corte Suprema como todos sabemos. Pero insisto en que siempre la última palabra la tienen los jueces. En consecuencia, es importante avanzar en un mayor control social.
En el tema de la prueba anticipada, algunos parlamentarios de la Alianza presentaron una indicación muy parecida a la mía. Hoy, cuando un niño es víctima de abuso sexual y le cuenta al juez de garantía qué le ocurrió, sufre un trauma tremendo. Cuando se le exige que narre lo mismo ante el tribunal penal oral, se le produce un nuevo trauma, una revictimización, lo que es muy grave. Además, puede ser presionado en el tiempo que transcurre entre la primera y la segunda declaración. También puede ocurrir que se le olviden detalles de la situación que le tocó vivir. Por eso, al igual que en otros países, es muy importante permitir lo que se conoce como la anticipación de la prueba de los menores de edad. Hoy lo establecimos explícitamente y el fiscal podrá solicitar la declaración anticipada de los menores de 18 años cuando han sido objeto de delitos sexuales.
La redacción fue flexible, en el sentido de permitir que si se modifican las circunstancias que motivaron la prueba anticipada se rinda de nuevo en el juicio oral. Ello, además, es plenamente coherente con la Convención de los Derechos del Niño, porque se establece que deberá realizarse en una sala acondicionada con los implementos adecuados a la edad y a la etapa evolutiva del o de la menor de edad.
Esto constituye un gran avance, porque los traumas que sufren los niños que deben declarar varias veces ante los tribunales, ante los fiscales o ante los jueces es un tema que debíamos abordar.
Concuerdo con algunos planteamientos de que si no nos preocupamos de analizar estos temas los problemas no se van a solucionar.
La rehabilitación al interior de las cárceles es algo fundamental y me alegro de que el señor ministro esté trabajando sobre la materia.
Hace dos meses fui con los diputados Ascencio y Silber a la Penitenciaría. Es cierto que ahí hay una situación anómala, que en diciembre estará lista la nueva cárcel y que la mitad de los internos se va a trasladar; en consecuencia, habrá una menor sobrepoblación. En buena hora, pero al estar ahí uno se da cuenta de que es absolutamente imposible que los internos se rehabiliten en esas condiciones.
Es imprescindible establecer más talleres laborales. Hoy, los reclusos que están ociosos pelean entre ellos para liberar sus energías. Vimos en unos videos cómo hacen estoques y espadas con algunos fierros de los somieres. ¿Por qué no liberar esa misma energía trabajando, aprendiendo un oficio, juntando plata en una cuenta de ahorro para dársela a sus familias y sentirse útiles? ¿Por qué no juntar un “colchón” que al recuperar su libertad les permita contar con recursos para no volver a delinquir? No es posible que cerca del 50 por ciento de los internos reincida.
Nadie pone en duda las bondades de las cárceles concesionadas, pero eso no nos impide reconocer que tenemos una deuda histórica tremenda en la materia.
Sería bueno permitir el uso de una pulsera electrónica para controlar a los internos con arresto domiciliario me interesa que el ministro escuche esto, o a personas que, siendo un peligro para la sociedad, gozan de libertad provisional, o a quienes han sido beneficiados con medidas alternativas para el cumplimiento de penas, como la libertad vigilada, la reclusión nocturna o la remisión condicional de la pena. Tal vez sea una buena opción controlar a esas personas mediante el uso de pulsera electrónica.
Debemos abordar esos temas. Así ocurre en Europa, en Estados Unidos y en muchos otros países. Hoy, Chile tiene una tasa muy alta de reclusos, creo que un 0,25 por ciento de la población.
Es muy importante lo que nos pueda decir el ministro respecto del sistema del control satelital de la pulsera electrónica, que no atenta contra la dignidad del ser humano. No se trata de un brazalete expuesto a la vista de todos; tampoco como la Ley Megan de Estados Unidos, que pone una foto de los violadores en el frontis de sus casas para que todos los vecinos se enteren quien vive allí. Es una pulsera que se puede poner en el interior de una manga de la camisa o dentro de los calcetines. Repito: no atenta contra la dignidad del ser humano, es mucho más digno que estar dentro de las cárceles.
Para un mejor control, soy partidario de que en determinadas circunstancias se permita a los jueces aplicar esa medida. Por supuesto, en algunos casos especialmente cuando se trata de reincidentes de delitos graves, violadores, que claramente son un peligro para la sociedad, la reclusión necesariamente debe cumplirse en la cárcel. Pero, dicen por ahí que lo perfecto es enemigo de lo bueno.
Finalmente, concluyo diciendo y lo ha señalado Paz Ciudadana en todos sus informes que no basta con invertir en control del delito y en represión; debemos invertir en prevención, especialmente en rehabilitar a los drogadictos, en prevenir el consumo de drogas. Hay una relación directamente proporcional entre el consumo de droga y la ejecución de los delitos.
Por eso, como decía el primer ministro Blair , duro contra la delincuencia, pero mucho más duro y mucho más firme contra las causas que generan la delincuencia, si sólo invertimos en represión y en control y no en prevención, no seremos exitosos en el combate contra la delincuencia.
También debemos invertir en la prevención de la deserción escolar, para que sea cada día menor; en más espacios deportivos, en más áreas de recreación, en más trabajo para los jóvenes, en más oportunidades para las embarazadas adolescentes. En definitiva, una política mucho más proactiva, mucho más progresista y mucho más sólida en prevención.
Tiene la palabra el diputado Felipe Ward .
Señor Presidente, éste es el segundo de los dos proyectos de ley que forman parte de lo que se ha denominado la agenda corta. El objetivo central de esta agenda creo que no hay que perder de vista este aspecto es disminuir los niveles y los grados de delincuencia que hay en Chile. Algunos sostenemos que ha ido en aumento algunas cifras así lo indican; otros sostienen lo contrario, pero, en definitiva, ése es el objetivo central de ambos proyectos.
El primero de ellos fue despachado sin mayor dificultad por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, debido a que su objetivo era disminuir las funciones administrativas de Carabineros, tema sobre el cual todos estuvimos de acuerdo.
En este proyecto ha pasado algo muy diferente. Ha sido objeto de una discusión y un debate muy arduo, de mucho contenido, que nos ha tomado varias semanas de trabajo legislativo doble, martes y miércoles, por la importancia de las materias que aborda.
La pregunta de fondo es si contribuirá realmente a disminuir los niveles de delincuencia que estamos viviendo en Chile. Personalmente y creo representar a los demás parlamentarios de mi bancada, me surgen legítimas dudas en relación con la respuesta a esa interrogante.
En primer lugar, porque estamos abordando como dijo hace un rato el diputado Cristián Monckeberg una de las materias fundamentales relativas a los delitos: la represión y el control. En materia de prevención hay muy poco. Algo hay en la agenda corta; quizás en la agenda larga que envíe el Gobierno más adelante se aborde el tema, lo esperamos con ansias.
Se invierte muy poco en prevención del delito. Es más barato qué duda cabe prevenir que lamentar, prevenir que controlar, prevenir que reprimir y nos parece que, lamentablemente, el Gobierno no ha comprendido esta fácil relación.
Un preso le cuesta al país varios millones de pesos al año. Hay diferencias respecto de cuál es la cifra exacta, pero es muy alta y, como es obvio, eso sustenta lo que acabo de señalar.
Surgen dudas también en relación con la postergación de la ley de responsabilidad penal juvenil.
Por su intermedio, señor Presidente, quiero señalar al ministro que no vamos a hablar de eso hoy, porque ya lo hicimos en su oportunidad en el tratamiento de la ley que postergó por un año su entrada en vigencia; lo tratamos detenidamente y en forma muy seria también en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, ocasión en que le pregunté al ministro si el Gobierno nos daba garantías de que ésa iba a ser la única postergación que tendría este proyecto, de manera que no estuviéramos un año después discutiendo exactamente lo mismo en la misma Comisión y en el mismo hemiciclo.
No puedo culpar a la actual administración de ello, porque asumió sus funciones el mismo día en que lo hicimos nosotros como parlamentarios. Pero yo entendí, de acuerdo con la discusión que tuvimos en su oportunidad en la Comisión y con los argumentos que nos dio el Gobierno que, en buen chileno, se había postergado porque se había postergado.
Insisto, no se puede responsabilizar a la actual Administración, pero sí a las anteriores, que forman parte de la misma coalición de gobierno.
Repito, la adopción de medidas se postergó porque se postergó, lo que trajo consecuencias nefastas que sólo han beneficiado a los delincuentes menores de edad.
Otra duda se refiere a la relación que existe entre la comisión de delitos y el consumo de drogas. En efecto, de acuerdo con cifras oficiales y estudios ampliamente reconocidos, cerca del 73 por ciento de los delitos son cometidos por personas que han consumido algún tipo de droga. Hoy, lo que se invierte por no decir que se gasta en materia de rehabilitación y de prevención, ni siquiera favorece al 1 por ciento de la población penal. El diputado señor Cristián Monckeberg señaló que se trataría de aproximadamente 400 reclusos al año, cifra claramente insuficiente e, incluso más, diría ridícula y vergonzosa. El presupuesto total que se invierte en rehabilitación de la población penal del país es equivalente, por ejemplo, al que, al año, se gasta en la cárcel de Rancagua, cifra importante, pero bajísima en relación con lo que se debería invertir en esta materia, sobre todo si se considera que el 73 por ciento de los delitos de mayor connotación social es cometido por consumidores de algún tipo de droga. Por intermedio del señor Presidente, pido al señor ministro que nos corrija si estamos equivocados.
Asimismo, también surgen dudas en otro orden de cosas, porque el Gobierno ha preferido privilegiar la comodidad de los delincuentes a la seguridad de los ciudadanos honestos. Así, por ejemplo, en el proyecto de ley en estudio, decidió no incorporar el robo con sorpresa dentro del tratamiento de la reincidencia, para lo cual entregó una argumentación sorprendente que, en forma pública, denunciamos en su oportunidad. En buen chileno, se nos dijo que en las cárceles no existen vacantes.
Entiendo que en este problema tampoco tiene total responsabilidad la actual administración; pero dejar de lado del tratamiento de la agenda corta en materia de seguridad ciudadana un delito que afecta a miles de ciudadanos, como es el robo con sorpresa, porque no hay “vacantes” en las cárceles, me parece que es el reflejo de una vergonzosa improvisación. O, ¿acaso las autoridades no conocían esa argumentación al momento de enviar a tramitación al Congreso Nacional el proyecto de ley en estudio, iniciativa que forma parte de dicha agenda corta? ¿Acaso no tenían conocimiento de un dato tan importante como que la población penal aumentaría en una cantidad significativa? Durante el tratamiento del proyecto en la Comisión de Constitución, ¿qué nuevo dato surgió del que no se tuviera conocimiento al momento de enviar al Congreso las iniciativas que se enmarcan en la agenda corta de seguridad ciudadana? A mi juicio, ninguno. Por eso, en forma responsable, podemos decir que hubo improvisación. En efecto, cuando se hace una cosa y, a los veinte minutos, a los veinte días o a los dos meses se modifica sin tener ningún fundamento nuevo para hacerlo, sino simplemente porque no se consideró el argumento de fondo, la respuesta es que existe una tremenda improvisación, y es necesario que la gente lo sepa.
También surgen dudas en otro sentido. En la Comisión de Constitución hemos avanzado bastante en materia de aumento de las penas. Sin embargo, además de ese aspecto, debemos trabajar con ahínco en otro, que espero sea considerado en la agenda larga en materia de seguridad ciudadana que proponga el Gobierno, que dice relación con las probabilidades de que el autor de algún delito reciba la condigna condena. En países como Estados Unidos de América y Alemania, las probabilidades de condena alcanzan a 25 y 30 por ciento, respectivamente, y en nuestro país ni siquiera alcanzan el 10 por ciento. Por lo tanto, en Chile, la actividad delictual es una de las más rentables y seguras. Esto puede sonar a chiste, pero no lo es. La gente que nos acompaña en las tribunas y la que sigue este debate por las pantallas del canal de televisión de la Cámara de Diputados y que ha sufrido algún tipo de acción delictual en la calle, en alguna plaza, en su casa o en su vehículo, sabe perfectamente que lo que digo es verdad.
Reitero, la actividad delictual se ha convertido en altamente rentable y segura.
¿Cuál es la situación actual? Quiero remitirme a cifras de 2004, entregadas por el gobierno del Presidente Lagos. En esa oportunidad, se dio a conocer el resultado del sondeo llevado a efecto por la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, que, en forma responsable tengo que decirlo, comparó los resultados obtenidos con los índices internacionales disponibles en la época, lo que reflejó una cruda realidad, dado que ubicó a nuestro país como uno de los peor evaluados en materia de políticas públicas y de seguridad ciudadana.
Sobre el particular, deseo entregar sólo algunos ejemplos.
Robo o hurto de vehículos. De acuerdo con cifras de 2004, entregadas por el Gobierno y comparadas a nivel internacional, Chile se ubicaba en la quinta peor posición a nivel mundial.
En robo o hurto desde vehículos, aparece con el porcentaje más alto en materia de victimización, muy lejos de países como Colombia, Argentina y Costa Rica.
En robo a la propiedad o hurto, aparece ubicado en la quinta peor posición, después de países como Bolivia, Colombia y Argentina.
En robo con violencia delito que nos preocupa en forma especial, dado lo que señalamos en relación con el delito de robo con sorpresa, aparece en la séptima peor posición, después de Brasil, Colombia, Paraguay, Argentina, Bolivia y Costa Rica.
Hablamos de cifras oficiales, no interpretadas o tergiversadas por alguna organización de carácter privado. Son cifras proporcionadas por el Gobierno, comparadas a nivel internacional, que hablan de la responsabilidad del gobierno de la época, al menos en lo que se refiere a la transparencia, lo que lamentablemente no ha sido replicado por el actual Gobierno. En efecto, si me refiero a las cifras de 2004 de la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana es simplemente porque no contamos con datos actualizados para efectuar una comparación oficial.
No existe ley alguna capaz de solucionar un problema de mala gestión. Nosotros creemos que la situación puede mejorar, quizás en forma insuficiente, mediante la aplicación de algunas de las normas que hoy discutimos. Sin embargo, subyace el problema de gestión. Por lo tanto, mientras no se comprenda la relación entre consumo de drogas y comisión de delitos, seguiremos en las mismas y, con franqueza, este proyecto de ley no será suficiente para terminar con ese problema. Asimismo, mientras no se comprenda la importancia de la prevención y las acciones se limiten a la represión y al control, seguiremos en las mismas.
En consecuencia, vuelvo a la pregunta de fondo que, a mi juicio, se hacen todos los chilenos y, en forma especial, las personas que han sufrido algún delito en el último tiempo: ¿Qué grado de utilidad tendrá el proyecto de ley en estudio para reprimir y terminar con los índices de violencia que han afectado al país durante el último tiempo? Tengo mis legítimas dudas, en las que creo representar no sólo a mi bancada, sino a mucha gente que sigue este debate. Se han dejado de lado temas muy importantes, que en esta oportunidad no vale la pena repetir, tratados en forma responsable en la Comisón, con el tiempo requerido y con criterios técnicos. A mi juicio, en la gente subsisten esas mismas dudas, porque no sabe qué tan útil será está legislación en relación con el objetivo propuesto.
Por lo tanto, anuncio que, una vez que el proyecto sea ley de la República, haremos un seguimiento, mediante la utilización de indicadores precisos, a la aplicación de las normas que se debaten en esta oportunidad.
Señoras y señores diputados, hemos llegado al término del Orden del Día. Hay una importante cantidad de señoras diputadas y señores diputados inscritos para intervenir, por lo cual la discusión del proyecto proseguirá en la sesión ordinaria de mañana.
Señores diputados, ¿habría acuerdo para tratar en primer lugar, sobre Tabla, el proyecto de acuerdo 223, suscrito por colegas de todas las bancadas, que dice relación con el rechazo a la prueba atómica efectuada por Corea del Norte?
Proyecto de acuerdo N° 223, de los diputados señores Correa, Urrutia, Cardemil ; de la diputada señora Turres, doña Marisol ; de los diputados señores Dittborn , García, Jaramillo ; de la diputada señora Soto, doña Laura , y de los diputados señores Hales y Olivares .
Que la comunidad internacional ha tomado conocimiento de un grave hecho que afectará gravemente la seguridad de las naciones, al confirmarse que Corea del Norte se convirtió en una potencia nuclear, efectuando exitosamente, según fuentes oficiales del país, una prueba atómica subterránea en la localidad de Hwadaeri;
Que el rechazo internacional a esta prueba atómica no se ha hecho esperar, ya que, en ningún caso, una detonación de esta naturaleza puede pasar inadvertida, porque, sin duda, pone en peligro la seguridad de la región como también la seguridad mundial, al crear necesariamente la disposición de todas la naciones del orbe a reestudiar sus sistemas de seguridad interna para afrontar, eventualmente, un ataque tan devastador como sería el estallido de una bomba nuclear en su territorio;
Que América de Sur, particularmente Chile, debe adoptar de manera inmediata las acciones tendentes a reclamar ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), haciendo presente su más enérgico rechazo a una prueba nuclear, ya que no se condice con la realidad actual del mundo. Cabe reafirmar que Chile es una nación amante de la paz y de la seguridad internacional, y
Que, del mismo modo, la Cancillería debería notificar de inmediato a todas las embajadas del continente, a fin de coordinar la postura del más enérgico rechazo a la República de Corea del Norte por este atentado a la paz y a la seguridad internacional, al objeto de inhibir cualquier protagonismo local ante un hecho intrínsecamente dañino.
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, sin perjuicio de respetar irrestrictamente el principio de no interferencia en la libre determinación de los pueblos, instruya al canciller para que Chile rechace de la manera más enérgica ante todos los organismos internacionales a los que pertenece la prueba nuclear efectuada por la República de Corea del Norte, por afectar la paz y la seguridad internacional.”
Señores diputados, aclaro que la Presidenta Bachelet entregó de inmediato las instrucciones sobre la materia, y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, con el voto de Chile, rechazó la acción del gobierno norcoreano. Sin perjuicio de ello, no es malo insistir sobre la materia.
En consecuencia, si le parece a la Sala, el proyecto se aprobará por unanimidad.
Señoras y señores diputados, corresponde votar por última vez este proyecto de acuerdo.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Aedo Ormeño René ; Alinco Bustos René ; Allende Bussi Isabel ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Cardemil Herrera Alberto ; Correa De La Cerda Sergio ; Chahuán Chahuán Francisco ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; EnríquezOminami Gumucio Marco ; Escobar Rufatt Alvaro ; Farías Ponce Ramón ; García García René Manuel ; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Leal Labrín Antonio ; Meza Moncada Fernando ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Mulet Martínez Jaime ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Palma Flores Osvaldo ; Pascal Allende Denise ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Soto González Laura ; Súnico Galdames Raúl ; Tohá Morales Carolina ; Turres Figueroa Marisol ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Venegas Cárdenas Mario ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe .
Proyecto de acuerdo N° 163, de los diputados señores Errázuriz , Dittborn , Tuma , Barros; de la diputada señora Pacheco, doña Clemira; del diputado señor Delmastro; de la diputada señora Allende, doña Isabel ; del diputado señor Sabag y de la diputada señora Rubilar , doña Karla.
Que, el 12 de julio de 2006, un grupo Hezbollah atacó a una unidad militar israelita, capturó a dos soldados y mató a otros ocho.
Que, debido a esto, Israel declaró la guerra al Líbano, responsabilizándolo de lo sucedido.
Que el gobierno libanés ratificó no estar al tanto de este ataque, que no lo ampara y no puede hacerse responsable del mismo.
Que, pese a ello y sabiendo que el Líbano carece de fuerza militar, Israel lo sitió desde tierra, mar y aire: bombardeó el aeropuerto, los puertos de Beirut, Sidón , Tiro, Trípoli y Junieh , todos los puentes del país y diversas rutas. También atacó los pueblos del sur, conminando a los ciudadanos a que abandonaran sus casas para evitar morir. Más de doscientos mil debieron abandonar sus hogares. Asimismo, embistió contra contingentes de ellos dejando centenares de muertos en los caminos, muchos de los cuales murieron quemados dentro de sus propios vehículos. Igualmente destruyó el faro de Beirut y las centrales de electricidad, la central telefónica y la autopista internacional.
Que el bombardeo se produjo, precisamente, en la época del mayor turismo en el Líbano, lo que ha significado la muerte de ciudadanos de Brasil, Kuwait , Alemania y Canadá .
Que, aun condenando la acción irresponsable y criminal del grupo Hezbollah, la respuesta de Israel resulta del todo desproporcionada.
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que requiera del Embajador de Chile en las Naciones Unidas para que el Consejo de Seguridad de ese organismo se reúna en forma urgente e intervenga para detener la violencia desatada en el Líbano y adopte las medidas que sean necesarias para asegurar la paz a los ciudadanos y extranjeros que viven o visitan ese país.”
Señores diputados, por tratarse de un proyecto de acuerdo extemporáneo, dado que en su momento la Cámara se pronunció sobre la materia mediante una sesión especial, deseo recabar la unanimidad de sus autores a fin de proceder a su retiro.
Proyecto de acuerdo N° 167, de los diputados señores Aedo , Barros, Accorsi , Jaramillo , Sepúlveda, don Roberto ; Mulet, Sabag ; de la señora Rubilar , doña Karla , y de los diputados señores García y Monckeberg , don Cristián.
Que el inciso primero del artículo 21 de la ley N° 19.284, sobre integración social de personas con discapacidad, establece que las nuevas construcciones, ampliaciones, instalaciones sean éstas telefónicas, eléctricas u otras y reformas de edificios de propiedad pública o privada, destinadas a un uso que implique la concurrencia de público, así como también las vías públicas y de acceso a medios de transporte público, parques, jardines y plazas deberán efectuarse de manera que resulten accesibles y utilizables sin dificultad por personas que se desplacen en sillas de ruedas. Si contaren con ascensores, éstos deberán tener capacidad suficiente para transportarlas;
Que el inciso segundo de la citada disposición prescribe que los organismos competentes modificarán las normas de urbanismo y construcción vigentes, de manera que ellas contengan las condiciones a que deberán ajustarse gradualmente los proyectos, el procedimiento de autorización y fiscalización, las sanciones que procedieren por su incumplimiento y el plazo y prioridades para que las edificaciones ya existentes se adecuen a las exigencias previstas en el inciso precedente;
Que, el 29 de diciembre de 1998, se dictó el decreto supremo N° 201, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el que fijó un plazo de tres años para adecuar las normas de urbanismo y construcción, en la forma dispuesta por el artículo 21 de la ley N° 19.284, prescribiendo, en el inciso final de su artículo único, que una vez vencido el plazo de tres años fijado, el incumplimiento de lo dispuesto será constitutivo de infracción para todos los efectos legales, la que podrá ser denunciada por el director de Obras Municipales al Juzgado de Policía Local;
Que el decreto citado precedentemente fue modificado mediante el decreto supremo N° 32, de 28 de enero de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, estableciéndose como plazo final el 31 de diciembre de 2003, para la adecuación de las normas de urbanismo y construcción citadas, cuyo incumplimiento será sancionado, previa denuncia del respectivo director de Obras Municipales al Juzgado de Policía Local, con multas equivalentes a diez Unidades Tributarias Mensuales (UTM), en el caso de no haberse solicitado los permisos correspondientes, y de veinte Unidades Tributarias Mensuales (UTM), para el evento de no haberse ejecutado las obras, sanciones que se consideran inocuas para el infractor, ya que no permiten incentivar la corrección de su falta de cumplimiento;
Que, no obstante estas normas, aún existe una gran cantidad de edificios que no han dado cumplimiento a las disposiciones señaladas, según consta de informes de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y
Que, en tal virtud y a fin de dar irrestricto cumplimiento a lo dispuesto en la ley para que no se convierta en letra muerta y se logre realmente la integración social de las personas con discapacidad, se requiere contar con sanciones ejemplarizadoras y eficaces, por lo que cabe aumentar el monto de las mismas, o bien imponer otras que alcancen el objetivo fijado.
Solicitar a S.E. la Presidente de la República que, en uso de su potestad reglamentaria, disponga la modificación del decreto supremo N° 201, de 29 de diciembre de 1998, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al objeto de modificar las sanciones que en el mismo se imponen a quienes aún no cumplen con el plazo dispuesto para la adecuación de normas para la accesibilidad de las personas con discapacidad en las edificaciones señaladas en el artículo 21 de la ley N° 19.284.”
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor René Aedo .
Señor Presidente, a través de este proyecto de acuerdo se solicita a su excelencia la Presidenta de la República que disponga modificar las sanciones establecidas por el no cumplimiento de la habilitación de accesos para discapacitados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la ley N° 19.284, sobre integración de personas con discapacidad, en el que se establece que las instalaciones públicas y privadas destinadas al uso público se modificarán, al igual que los medios de transportes públicos, jardines y plazas, de manera que resulten accesibles y sean utilizables sin dificultad por personas con discapacidad que se desplazan en sillas de ruedas. Asimismo, se establecen las sanciones que procedieren.
El decreto supremo N° 201, del 29 de diciembre de 1988, en el inciso final de de su artículo único, establece un plazo de tres años y que su incumplimiento será constitutivo de infracción.
El decreto supremo N° 32, del 28 de enero de 2002, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, establece como plazo final el 31 de diciembre de 2003 y que su incumplimiento será sancionado, previa denuncia al juzgado de policía local respectivo por el director de obras municipales, con multas de diez y veinte unidades de fomento.
Se considera que estas multas son inocuas para el infractor y no incentivan la habilitación de que se trata. Hoy existe un gran número de edificios en los que no se ha dado cumplimiento a estas normas, por lo que se han convertido en letra muerta y para lograr la real integración social de los discapacitados se requiere contar con sanciones eficaces.
Por estas razones hemos presentado el proyecto de acuerdo que se someterá a votación.
Señor Presidente, deseo recalcar el aspecto humano del proyecto de acuerdo, que tiene que ver, precisamente, con la situación en la que se encuentran decenas de miles de discapacitados a lo largo y ancho de Chile.
Recordemos que más del 10 por ciento de los chilenos padece algún tipo de discapacidad, pero se hace oídos sordos a la ley que pretende favorecerlos y, por lo tanto, no se aplican las multas a aquellos que la infringen.
No es posible que los discapacitados no puedan acceder a edificios públicos a realizar trámites o a cumplir con las obligaciones que les impone el Estado. Es necesario que las autoridades se den cuenta de que se están postergando los derechos del 10 por ciento de los chilenos que tienen algún grado de discapacidad.
Por eso, solicito a las diputadas y diputados presentes que aprueben este proyecto de acuerdo y que estemos vigilantes para que este derecho humano intransable se respete.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa: 79 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Accorsi Opazo Enrique ; Aedo Ormeño René ; Aguiló Melo Sergio ; Allende Bussi Isabel ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Barros Montero Ramón ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Burgos Varela Jorge ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Díaz Del Río Eduardo ; Díaz Díaz Marcelo ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Errázuriz Eguiguren Maximiano ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Estay Peñaloza Enrique ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Fuentealba Vildósola Renán ; Galilea Carrillo Pablo ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Girardi Briere Guido ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Herrera Silva Amelia ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Latorre Carmona Juan Carlos ; Leal Labrín Antonio ; León Ramírez Roberto ; Meza Moncada Fernando ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Moreira Barros Iván ; Mulet Martínez Jaime ; Muñoz D’Albora Adriana ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pacheco Rivas Clemira ; Paredes Fierro Iván ; Pascal Allende Denise ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Recondo Lavanderos Carlos ; Robles Pantoja Alberto ; Rojas Molina Manuel ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Soto González Laura ; Sule Fernández Alejandro ; Súnico Galdames Raúl ; Turres Figueroa Marisol ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Valcarce Becerra Ximena ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vallespín López Patricio ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe
Se sumarán los votos por la afirmativa de la diputada María Angélica Cristi , y de los diputados Salaberry , Moreira , Uriarte y Marcelo Díaz.
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabra el diputado Manuel Rojas .
Señor Presidente, en primer lugar, quiero recordar el éxito deportivo que han tenido la selección femenina de hockey sobre patines y el deportista de dilatada trayectoria “Chaleco” López. En ambos casos, obtuvieron un título mundial y ojalá la Cámara les retribuya ese honor con un homenaje en el corto plazo.
Se sabe que en Chile no hay una política deportiva de Estado, lamentablemente. Por ende, esos logros son consecuencia de los esfuerzos de la agrupación de niñas, en el primer caso, y de propio “chaleco” López, en el segundo.
En este sentido, vale la pena hacer presente que con anterioridad ha habido otros títulos mundiales, como el de caza submarina, por ejemplo, y también logros individuales: como los de Massú y González, en el tenis.
Por eso, reitero, es importante que la Cámara, en el corto plazo, les rinda un homenaje. Para ello, pido a la Mesa de la Corporación que arbitre las medidas del caso.
Solicito que se envíe mi reconocimiento a la Federación Chilena de Hockey sobre patines y a la Federación de Motociclismo.
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con la adhesión, si les parece a los señores diputados, de la Sala.
Señor Presidente, hace tres o cuatro años, se iniciaron los trabajos para ensanchar la carretera Austral entre Puerto Montt y caleta La Arena, entre Quillaipe y Pichiquillaipe, precisamente.
La verdad es que los trabajos de pavimentación en esa zona han durado muchísimo tiempo. En 17 años, todavía no está pavimentado hasta caleta La Arena.
El objeto de mi intervención es solicitar que se oficie al ministro de Obras Públicas para que informe acerca del estado de tramitación de las expropiaciones que se realizaron para ensanchar la carretera Austral entre Quillaipe y Pichiquillaipe . Algunos pobladores me han hecho presente que desconocen si se les ha depositado algún monto, si existe proceso, en qué tribunal está, etcétera.
Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas para que informe los roles de los procesos, los montos que se han pagado, la suma en que fueron tasados los terrenos y el nombre de las distintas personas cuyas propiedades fueron expropiadas, sin perjuicio de otros antecedentes que les facilite la entrega de lo que les corresponde por ley.
Se enviará el oficio solicitado por sus señoría, con la adhesión de los diputados que así lo manifiestan.
Señor Presidente, sólo deseo solicitar un oficio para que el director regional de la Conadi de la Décima Región informe las razones por las cuales no ha dado respuesta a la petición de certificados por parte de tribunales de justicia, en relación con procesos que se están llevando en la provincia de Osorno, los cuales, por esta razón, se han dilatado en exceso.
Quiero que se diga cuáles son las dificultades que ha tenido la Conadi para que en los últimos 120 días no haya evacuado los certificados que los tribunales han solicitado para avanzar en procesos de saneamiento de terrenos indígenas, fundamentalmente.
Se enviará el oficio solicitado por su señoría, al que se adjuntará copia de su intervención.
En el tiempo del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela .
Señor Presidente, quiero insistir ante el contralor General de la República para que responda el oficio que le envié, a petición del alcalde de Rancagua, en el sentido de si es lícito o no el ofertón de porcentajes en su recaudación que ha hecho al municipio de San Francisco de Mostazal, a propósito de la licitación de casinos que existe en esa región.
Además, pido que se oficie a la subsecretaria de Hacienda para que el consejo resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego aclare la siguiente denuncia:
Se ha establecido que el gerente de la empresa Paihuén , señor Ernesto Vilches y su padre, son académicos asociados a la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Bíobío, la cual ha sido contratada por la Superintendencia para evaluar proyectos en la región del Libertador General Bernardo O ´Higgins . Esto, de ser así, a mi juicio, sería una falta bastante grave en cuanto a que no se omitan, como consultores de esos proyectos, a instituciones donde hay parientes vinculados con empresas que están participando en dichos procesos.
La subsecretaria de Hacienda es presidenta de la comisión que debe resolver en relación con nexos entre empresas y, eventualmente, personas vinculadas a la consultoría.
Finalmente, señor Presidente, quiero hacer un comentario político.
Durante la última semana distrital, numerosos habitantes de mi distrito, mujeres, en particular, me pidieron que reinvindicara al gobierno de la Presidenta Bachelet y deplorara la actitud machista, odiosa, de parte de la Derecha, que vive denostando con la cantinela de “falta de autoridad” e inventando fantasmas sobre cualquier cosa. Su último espectáculo fue criticar a nuestro vecino pobrísimo, Bolivia, que ni siquiera tiene pavimentado todavía el camino entre Santa Cruz de la Sierra y Asunción, y que una de sus pocas riquezas es la producción de soya y de maíz que puede exportar a través del río Paraguay y del Atlántico. Sin embargo, acá la Derecha vuelve a rasgar vestiduras y a señalar presuntas debilidades de nuestro Gobierno y de la Presidenta.
Pido respeto para la Presidenta de la República. Pido y digo a quienes hablan de autoritarismo, que no confundan autoridad con andar golpeando la mesa. Se tiene mucha autoridad moral cuando se genera consenso, cuando se crean políticas sociales y eficaces para nuestro pueblo, donde se mira el bien común del país con un sentido de futuro, que es lo que está haciendo la Presidenta Bachelet .
Con esto respondo al clamor de ciudadanos de mi distrito.
Ofrezco la palabra, a continuación, al diputado señor Jaime Quintana .
Señor Presidente, en la región de La Araucanía deberá construirse, próximamente, un nuevo aeropuerto, fundamentalmente por el estado de congestión en que se encuentra el actual aeródromo Maquehue y también por su mala ubicación. Por lo tanto, el nuevo aeropuerto tendrá que tener otro estándar, incluso de carácter internacional. Hoy se discute acerca de su ubicación.
Pero, más allá de su ubicación, porque todavía hay que resolver algunos temas con la Comisión Regional del Medioambiente, y también una cierta oposición de algunas comunidades mapuches, que encuentro muy legítima, mucha gente en el país se ha enterado hace poco que el ex canciller Orlando Letelier , asesinado hace treinta años en Washington, nació justamente en Temuco y vivió parte importante de su vida en la región de La Araucanía. Ahora, porque justamente los aeropuertos deben llevar el nombre de una persona que haya honrado al país, y porque Chile, además, se encuentra inserto en una política de cielos abiertos, es que estimamos necesasrio, con muchos actores políticos, ciudadanos, que una forma de honrar a Orlando Letelier en la región de La Araucanía donde, reitero, muy pocos sabían que él había nacido allí, a quien prestigió al país con su accionar, con su servicio diplomático, como ministro de Defensa, como canciller, como embajador en las Naciones Unidas, donde dejó muy bien puesto el nombre de Chile hasta el momento de su asesinato, que el nuevo aeropuerto lleve su nombre.
Por tal razón, solicito que esta aspiración de mucha gente sea considerada tanto por el Ministerio de Obras Públicas como por la Dirección de Aeronáutica Civil en el momento en que esa obra se ejecute, más allá del lugar donde se disponga su materialización.
Pido, asimismo, que se oficie al ministro de Obras Públicas y a la ministra de Defensa, para que la Dirección de Aeronáutica también pueda considerar este anhelo ciudadano y nos señale el camino para concretar este homenaje póstumo tan necesario en la región de La Araucanía.
Señor Presidente, en segundo lugar, solicito que se envíe un oficio a la ministra de Bienes Nacionales con el objeto de que nos informe acerca de la posibilidad de regularizar títulos de dominio que en muchos sectores rurales de mi región concretamente en la comuna de Melipeuco, no se ha llevado a cabo como quisiéramos. Sus habitantes me plantearon esta inquietud el fin de semana pasado. Distintos sectores quisieran ser parte de este programa.
Solicito que el Ministerio de Bienes Nacionales, en conjunto con el municipio de la comuna, elabore un plan para identificar a las familias cuyas viviendas aún tienen pendiente este trámite.
Señor Presidente, en tercer lugar, pido que se envíe un oficio al Ministerio de Trasportes y Telecomunicaciones para que la Subsecretaría de Telecomunicaciones nos informe acerca de la instalación de antenas de telefonía móvil en lugares donde la concentración de población es mínima.
Incluso, hubo una sesión especial de la Cámara para analizar los graves problemas a la salud de las personas que pueda provocar la concentración de dichas antenas. Aquí hay un negocio y, naturalmente, el mercado determina su ubicación, según el número de usuarios. Entonces ¿qué ocurre con aquellos sectores donde la densidad poblacional es muy baja? Claramente, no es del interés de ninguna empresa de telecomunicaciones prestar allí servicio de telefonía móvil.
En el caso de Melipeuco, la gente ha comprado los aparatos, pero solamente los puede usar en la ciudad cabecera, o sea, en el pueblo de Melipeuco, pero en sectores rurales como Alpehue, entre otros, no tienen posibilidad de comunicarse, aun en casos de emergencia.
Por lo tanto, pido que la Subsecretaría de Telecomunicaciones nos pueda orientar respecto de los pasos a seguir para la instalación de antenas en sectores aislados, con baja densidad poblacional.
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, tiene la palabra la diputada señora Marta Isasi .
La señora ISASI (doña Marta).-
Señor Presidente, en primer lugar, deseo solidarizar con el canal de televisión ITV, una señal regional que ha sido menoscabada y que el hecho de que no tenga posibilidades de transmitir atenta contra la libre expresión.
Espero, de verdad, que esta situación se pueda resolver con la mayor celeridad posible.
En segundo lugar, señor Presidente, deseo también aprovechar esta oportunidad para expresar que me parecieron, por decir lo menos, increíbles las declaraciones vertidas por el subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Eduardo Saldivia , en su reciente visita a la Primera Región de Tarapacá, en el sentido de que la recuperación de la ruta 5 Norte es prioridad por sobre la ruta A55, que se extiende entre Huara y Colchane . Como iquiqueña, como diputada regionalista, sé lo que realmente necesita nuestra provincia y por algo he planteado, incluso a la Presidenta señora Michelle Bachelet , las características topográficas, hidrológicas, climáticas y de tránsito que deben ser consideradas en el momento de adoptar la solución definitiva, de una vez por todas, de pavimentar la ruta A55.
El subsecretario, si bien reconoce la importancia de la mencionada vía, asegura que, tras tomar una decisión estructural muy importante, los recursos se han destinado principalmente a la recuperación de la ruta 5. Desconoce, al parecer, que en la pavimentación de la ruta HuaraColchane se han invertido cerca de 250 millones de pesos por kilómetro, suma, incluso, mayor que el promedio para este tipo de obras.
El problema radica en la destrucción prematura de la ruta en sectores recientemente pavimentados y que no han alcanzado a cumplir ni siquiera la mitad de su vida útil. Ello se debe, sin lugar a dudas, a que no se consideraron las diferentes variables de ese sector altiplánico.
Estos antecedentes, a mi juicio, debieron ser minuciosamente considerados y estudiados por los especialistas en vialidad, a fin de que el diseño fuera apropiado.
De acuerdo con los análisis que se han hecho, el MOP pavimentó todo el camino con doble tratamiento asfálticoelastomérico que, por ser económico, es apropiado para tránsitos medianos y semipesados, y puede ser adecuado en los primeros treinta kilómetros de la ruta A55. Sin embargo, a partir del kilómetro 30, dadas sus características, era conveniente otro tipo de carpeta asfáltica, aun cuando demante mayor costo.
Además, todos los proyectos elaborados por el MOP han carecido de estudios hidrológicos y de saneamiento de aguas superficiales y subsuperficiales que convergen al camino, lo cual es un error garrafal, puesto que cualquiera sea el pavimento por utilizar, si las aguas provenientes de las precipitaciones u otras inundan y circulan por la plataforma del camino, éste será irremediablemente destruido.
Quiero recordar a esta Cámara que en enero y febrero sufrimos el invierno altiplánico, a pesar de ser el desierto más árido del mundo.
Por lo tanto, en la Primera Región, específicamente en la provincia de Iquique, seguimos esperando reiteradas promesas que datan de 1990.
Quiero recordar también a la Presidenta señora Bachelet que fue un compromiso de campaña terminar a la brevedad la ruta HuaraColchane y hoy el subsecretario casi lo desconoce. Ese compromiso no es solamente con una parte de la región, sino con toda la provincia de Iquique, con los transportistas, con los comerciantes, con los empresarios y, sobre todo, con los trabajadores, porque esa zona depende de la zona franca y del puerto, y es una conexión internacional medular para todos los que habitamos esa querida tierra nortina.
Desde acá, quiero recalcar al señor subsecretario de Obras Públicas que para nuestra provincia, para el puerto y la zona franca, es prioridad número uno la ruta Huara-Colchane. Basta con seguir prometiendo, sobre todo en épocas electorales, y después olvidarse de los compromisos! Es una falta de respeto para toda nuestra gente. Aquí lo que se necesita es sumar y no restar, como en este momento lo está haciendo el MOP.
Solicito que se oficie, exponiéndoles lo indicado, al ministro y al subsecretario de Obras Públicas.
Señor Presidente, no conozco a don Ricardo Fábrega ; sólo se que es militante de la Democracia Cristiana y que el martes 3 de octubre renunció al cargo de subsecretario de Salud. ¿Y por qué debió renunciar? Por haber cometido el “delito” de negarse a reintegrar a cuatro funcionarios del hospital de Concepción, que fueron despedidos como consecuencia de las movilizaciones. Ese hecho tenía al hospital de Concepción paralizado. La Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud, Confenats , amenazó con reanudar el conflicto en caso de que no fueran reincorporados, pese a que había llegado a un acuerdo con los parlamentarios de las comisiones de Salud del Congreso.
Lo más insólito fue la llamada por teléfono que le hizo el senador Guido Girardi al subsecretario de Salud, don Ricardo Fábrega , para presionarlo a fin de que reincorporara a esos cuatro funcionarios. El subsecretario le contestó que no podía hacerlo igual respuesta le dio al Gobierno porque iba a sentar un pésimo precedente. Si los funcionarios estaban implicados en actos que ameritaban su despido y la decisión estaba tomada, bien o mal, pero estaba tomada, no podía dejarla sin efecto, por mucha presión que ejercieran los trabajadores de la Salud.
Finalmente, la Presidenta Michelle Bachelet conversó con Ricardo Fábrega ; ejerció una última presión y le exigió que visara favorablemente la reincorporación de esos cuatro funcionarios. Don Ricardo Fábrega , bajo esa presión, aprobó la reincorporación de esos cuatro funcionarios y luego renunció al cargo.
Me impresiona que un subsecretario, que ha actuado con honestidad, con rectitud, que tomó una decisión, bien o mal, pero la tomó, por presiones de personas ajenas a su cartera, como un senador y la Presidenta de la República, se vea obligado a dejar sin efecto una decisión ya adoptada.
Eso debilita a la autoridad. No defiendo a la Democracia Cristiana ni al señor Ricardo Fábrega . Sólo digo que cuando se toma una decisión, la autoridad debe respaldar a quien la tomó; de lo contrario, está debilitando no sólo a don Ricardo Fábrega , sino que a cualquier ministro o subsecretario que el día de mañana tome una decisión.
Este es un hecho extraordinariamente grave, porque sienta un pésimo precedente. Y los hechos constituyen precedente por sólo ocurrir. Una persona no puede decir que tal hecho no va a constituir precedente, porque basta que el hecho ocurra para que constituya precedente.
No nos extrañemos que, en el futuro, por presiones, se dejen sin efecto órdenes que puedan haber dado los subsecretarios o los ministros; no nos extrañemos si la Presidenta de la República le exige al funcionario que deje sin efecto una resolución tomada en uso de sus atribuciones.
Deseo dejar expresa constancia de este hecho, porque estas cosas, en lugar de resolver los temas, los agravan y, con todo el respeto que me merece, le digo al senador Girardi que actuó mal.
He presentado un proyecto para eliminar las trabas que existen para desaforar a un parlamentario por injuria o calumnia, porque, sencillamente, no se puede llevar a efecto en virtud del fallo que se dictó en el caso de Guido Girardi , que yo lo respaldo plenamente. Sin embargo, su actitud o la de cualquier parlamentario para presionar a una autoridad de gobierno es altamente inconveniente.
En el tiempo del Comité Demócracia Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas .
Señor Presidente, deseo solicitar a las autoridades nacionales y regionales que se hagan cargo de un problema de insospechadas consecuencias, que afecta a una importante comunidad de mi distrito. Me refiero a la comunidad reducción Manuel Contreras , de la comuna de Traiguén. Se trata de una antigua comunidad que, desde hace varias décadas, ha venido desarrollando un proceso de reivindicación de sus tierras ancestrales, que recibieron en virtud de una merced de tierras del año 1884, siglo XIX. Diversas situaciones posteriores la llevaron a perder parte significativa de esos terrenos.
En el marco de la ley indígena, la comunidad se postuló a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) para obtener ampliación de tierras en aquellos territorios que le pertenecían, de acuerdo con la merced referida. No obstante, para sorpresa de ellos, la postulación se rechazó, porque plantearon la aplicación de la letra a) del artículo 20 de la ley N° 19.253, en lugar de la letra b), es decir, tierras en conflicto, según se les contestó.
Hicieron los trámites pertinentes. Lamentablemente, se encontraron con la sorpresa de que la Conadi, durante la gestión del director anterior, don Haroldo Cayún , resolvió adquirir esos terrenos para una comunidad de Collipulli, la que también tiene derecho a obtener tierras, si reúne los requisitos. El problema está en que se produjo una colisión de intereses, toda vez que las tierras que se le asignarían formarían parte de los terrenos que le pertenecían a la comunidad Manuel Contreras . Como esta última no está dispuesta a aceptar esa asignación, ha realizado innumerables gestiones ante las actuales autoridades de la Conadi para que corrijan ese error y así evitar la tensión que podría presentarse. Entienden que la comunidad de Antonio Paillacoi, de Collipulli, tiene el legítimo derecho a que se le adquieran tierras, pero sostienen que ellos también tienen el mismo legítimo derecho a defender lo que fue su territorio ancestral, y lamentan que decisiones de autoridades administrativas pongan en tensión y en conflicto a gente de una misma etnia.
Esta situación me fue informada personalmente en la comunidad y quiero dejar constancia de mi preocupación. En la Décima Región han ocurrido situaciones similares que han terminado, incluso, con muertes entre miembros de las comunidades.
Por eso, pido que se oficie al ministro del Interior, a la ministra de Mideplán, al director de la Conadi, a la directora de la Conadi sur, al intendente de la Novena Región, dándoles a conocer estos antecedentes a fin de evitar un conflicto.
Asimismo, pido que se envíe copia de mi intervención al presidente de la comunidad reducción Manuel Contreras y, a su werken, don José Contreras .
El señor PEREZ (Vicepresidente).-
Tiene la palabra la diputada señor Carolina Goic .
La señor GOIC (doña Carolina) .-
Señor Presidente, hace días que se viene anunciando la licitación para adjudicar tres bloques Caupolicán , Lenga y Coirón para la exploración de gas. La ministra de Minería y Energía, personalmente, ha dado cuenta del interés de cerca de 10 petroleras extranjeras en participar; también ha señalado que su cartera se encuentra trabajando en la elaboración de las bases respectivas. Ese anuncio se da sólo a meses de que la Empresa Nacional del Petróleo, Enap, confirmara la existencia de gas natural y petróleo en el lago Mercedes.
Los bloques señalados son considerados de alto riesgo. Por eso, se ha dejado para la Enap la prioridad de aquellos bloques donde existe mayor certeza de producción.
Nos habría gustado deseo que comparto con muchos magallánicos, que la Enap hubiese asumido todas las exploraciones, pero sabemos que con los recursos actuales y dada la urgencia que el país requiere, eso no es posible
Sin embargo, existe una serie de inquietudes respecto de la situación actual y futura de la Enap, en Magallanes, y de los contratos, en particular, que van a originar las licitaciones señaladas.
Una de esas inquietudes se refiere al pago de derechos de explotación. De acuerdo con la ley N° 19.275, que crea el fondo de desarrollo de Magallanes, la recaudación por concepto de derecho de explotación por la Enap ingresa a un fondo de desarrollo productivo para la región, pero no existe igual exigencia para los privados que exploten el gas.
Hemos consultado, y la respuesta que hemos recibido del Ministerio de Hacienda, y de acuerdo con lo señalado por la Dirección de Presupuestos, es que se acoge la inquietud planteada y, de acuerdo con lo normado en el decreto ley N° 2.312, se establece el pago de derechos de explotación y el ingreso de la recaudación al Fondema para todo aquel que explote yacimientos de gas o de petróleo, cualquiera sea su naturaleza jurídica: una empresa estatal o inversionista privado, sea nacional o extranjero. Se nos dice, en la respuesta, que dicha modificación debiera llevarse a cabo en el corto plazo, dado el gran interés demostrado por empresas nacionales y extranjeras por participar en nuevas actividades exploratorias. Por lo tanto, se requiere un marco jurídico claro y no modificable una vez acordado.
A pesar de la respuesta, que nos parece muy satisfactoria y positiva, a la fecha, y sólo a meses de terminar el año, no existe claridad respecto de ese marco jurídico claro y no modificable, que haga transparente la licitación.
Por lo tanto, pido que se oficie a los ministros de Hacienda y de Minería para que nos señalen la fórmula jurídica que se utilizará para garantizar que los recursos provenientes de los derechos de explotación que paguen los privados que participen en la explotación de gas y de petróleo en Magallanes, también ingresen al Fondema.
Se enviaran los oficios solicitados por su señoría, con copia de su intervención.
Señor Presidente, quiero referirme a la situación contractual de los trabajadores en la Enap, en tanto empresa del Estado. No voy abrir debate sobre si corresponde privatizarla o no, porque eso no está en cuestión. Compartimos que la Enap es una empresa del Estado y así debe seguir. Sin embargo, no dejan de preocupar las restricciones de recursos humanos en sus operaciones diarias y los tipos de contratos que se están celebrando con muchos trabajadores que, de un contrato seguro con la empresa, pasan a ser empleados de un contratista, realizando el mismo trabajo que hacían, pero con un sueldo significativamente inferior y sin las garantías logradas durante años de lucha de los trabajadores del petróleo.
Me parece que debemos dar el ejemplo. La prioridad de una empresa del Estado es dar a sus trabajadores un empleo decente. Por eso, pido que se oficie a los ministros de Hacienda y de Minería, y por ese intermedio a la Empresa Nacional del Petróleo, para que informen acerca de las modificaciones en los contratos que existen hoy con la entrada en vigencia de la ley de subcontratación; si se eliminarán los contratos que permiten que otros trabajadores realicen actividades propias del giro de la empresa y qué cambios podrían esperar sus trabajadores.
Me parece que si tenemos un futuro auspicioso para el gas en Magallanes, debemos compartirlo con los trabajadores de esa empresa, lo que se podría lograr mediante el otorgamiento de estabilidad laboral.
Señor Presidente, solicito oficiar al ministro del Interior, con el objeto de que disponga que la Subsecretaría Nacional de Desarrollo Regional dé inicio a los estudios técnicos para la creación de la comuna de Rahue en la provincia de Osorno y que incluya a esta comuna en el plan de estudio y análisis, en conformidad con el proyecto de acuerdo que esta Sala aprobó por una amplia mayoría en su oportunidad y con los compromisos asumidos por el Gobierno en tal sentido, en razón de que cumple cabal y plenamente con los requisitos exigidos.
En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza .
Señor Presidente, en primer lugar, me sumo las palabras del diputado Sergio Ojeda respecto de la creación de la comuna de Rahue en la provincia de Osorno.
Señor Presidente, hace un par de semanas me correspondió intervenir en esta Sala para solicitar al fiscal nacional, señor Guillermo Piedrabuena , que intervenga en un caso que ha conmocionado a la Décima Región, en particular a la comuna de Fresia. Me refiero al deceso de un joven matrimonio ocurrido el 9 de julio de 2005 en el camino a Fresia, luego de ser embestido por un camión marca Chevrolet , a tan sólo cinco kilómetros de la citada comuna.
Un obrero agrícola que desempeñaba labores en el campo del propietario del camión, don Antonio Rebhein Carrillo , se autoinculpó durante ocho meses de haber ido manejando el camión el día del accidente, pero la investigación dijo lo contrario.
Desde esa fecha se inició una exhaustiva investigación para dar con el verdadero chofer del camión que embistió a ese matrimonio, compuesto por don Luis Oyarzo y doña Elizabeth Lambert .
Tengo la plena convicción, según los antecedentes que han llegado a mi poder, de que la Policía de Investigaciones de Puerto Varas entregó hace más de sesenta días a la fiscalía de dicho lugar los antecedentes que dan cuenta de quien era en verdad el chofer del camión que quitó la vida a ese joven matrimonio fresiano. No obstante, todavía no se toman resoluciones judiciales que permitan que la comunidad de la provincia de Llanquihue y de la región sepan la verdad de lo ocurrido, que, repito, ha conmocionado a una comuna pequeña, de gente humilde y de esfuerzo, como la de Fresia.
Señor Presidente, si una persona lleva un apellido connotado en este país, ¿significa que no tiene que cumplir sus deberes ante la justicia si comete una ilegalidad o un delito? ¿Es necesario preguntarse si la justicia ya hubiese actuado si la persona sospechosa en este caso fuese un señor de apellido Llaicaleo , Pérez o González?
Todos sabemos que el señor Antonio Rebhein Carrillo tiene una fuerte influencia en la zona. Su familia fue conocida en los años en que se dividió a los chilenos, ya que sus miembros fueron colaboradores civiles para que cientos de personas fueran torturadas en el sur de Chile, en particular en Fresia, pero esas influencias de su familia no lo pueden hacer inmune ante la justicia.
Por lo tanto, solicito oficiar al fiscal nacional, señor Guillermo Piedrabuena , con el objeto de señalarle que toda una región y una provincia esperan desde hace sesenta días que la justicia actúe respecto de este caso.
Cuando aprobamos la reforma procesal penal en esta misma Sala, lo hicimos para que la gente tuviera claro que la justicia iba a ser igualitaria para todos y ágil en su proceder.
Asimismo, respecto de otra materia, pero relacionada con el mismo personaje, el señor Antonio Rebhein Carrillo , este diputado ha recibido el fin de semana antecedentes que señalan que esta persona tiene una deuda con el fisco superior a los 30 millones de pesos por no pago de contribuciones y de otras obligaciones; no obstante, su caso se encuentra durmiendo en los tribunales de la zona. Lamentablemente, la Tesorería General de la República no ha hecho nada o ha hecho muy poco para hacer cumplir la ley, como ocurriría si se tratase de cualquier otro chileno.
Es vergonzoso ver llegar a nuestras oficinas parlamentarias a familias que han perdido su casa o están a punto de perderlas porque se atrasaron en cinco o seis dividendos, pero resulta más bochornoso ver que personas que tienen un gran poder económico puedan eludir la justicia, a pesar de tener deudas millonarias por el no pago de contribuciones durante largos años.
Por lo tanto, solicito oficiar al ministro de Hacienda, con el objeto de que la Tesorería General de la República nos informe por qué no se ha aplicado la ley en esta materia, como ocurriría en el caso de cualquier otro chileno.
Por último, este diputado ha recibido en estos días facturas de la Sociedad Agrícola y Comercial Padre Hurtado. En ellas aparecen en reiteradas oportunidades los nombres de Devorita Mayorga Aros y Teodoro Rebhein Neumann . Estas personas figuran como acreedoras del Servicio Agrícola y Ganadero de la Décima Región por subsidios en fertilizantes, que superan los 10 millones de pesos. No obstante, ellos han manifestado que jamás han postulado a un subsidio en el Servicio Agrícola y Ganadero, a pesar de que en la factura aparecen los timbres de conformidad de dicho Servicio, de que otorgaron esos subsidios millonarios a esas personas.
Una vez más, el señor Antonio Rebhein Carrillo aparece detrás de estos hechos.
Por lo tanto, solicito oficiar a la Contraloría General de la República, con el objeto de que investigue exhaustivamente estos hechos, para que nos informe si el SAG entregó efectivamente esos millonarios recursos a la señora Devorita Mayorga Aros , del sector Polizones , de Fresia, quien ni siquiera tiene un campo en el que pudiera utilizar esos fertilizantes.
Asimismo, solicito la intervención del Consejo de Defensa del Estado, porque aquí estamos hablando de recursos de todos los chilenos que, eventualmente, han sido mal utilizados. En la factura aparece la firma del señor Antonio Rebhein Carrillo y en otras figura la firma de un señor Marcos Bellidos , que nadie conoce.
Se enviarán los oficios solicitados por su señoría, con copia de los antecedentes que están en su poder, los cuales solicito que haga llegar a la Secretaría.
Moción de los diputados señores Sepúlveda, don Roberto; Chahuán, Aedo y Palma.
Modifica la ley Nº 17.344, que autoriza el cambio de nombres y apellidos en los casos que indica, a fin de precisar una causal de menoscabo moral que justifique solicitar dicho cambio. (boletín N°4596-07)
La ley Nº 17.344, publicada el 22 de Septiembre de 1970, establece en su artículo 1º, tres casos en que una persona puede solicitar, por una vez, que se la autorice para cambiar sus nombres o apellidos, o ambos a la vez.
El primero de estos casos se encuentra contemplado en la letra a) del referido artículo 1º, señalando que puede solicitarse dicho cambio, cuando los nombres o apellidos sean ridículos, risibles o menoscabe moral o materialmente al solicitante.
El artículo 2º de la misma ley, fija las normas de competencia y procedimiento judicial para materializar estos cambios, estableciendo los casos en que debe publicarse la solicitud respectiva y la posibilidad de admitir oposición a tal solicitud.
En cuanto al menoscabo moral que pueda sufrir una persona por llevar determinados nombres o apellidos, estimamos que tal concepto es muy amplio, y que es necesario precisar que concurre este tipo de menoscabo cuando se trate de un menor que haya sido abusado sexualmente o violado por su progenitor, y que así haya sido establecido en la correspondiente sentencia judicial, debidamente ejecutoriada.
Un ilícito de esta naturaleza deja secuelas psicológicas y emocionales permanentes en los menores que hayan sido víctimas de ellos, por lo que consideramos que resulta legítimo que en estos casos, se les autorice el cambio de nombre y apellidos.
De igual modo, se estima que para este tipo de casos no es necesaria la publicación contemplada en el artículo 2º de la ley, ni tampoco debe admitirse oposición a la correspondiente solicitud.
En virtud de las consideraciones que anteceden, sometemos a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente
Artículo único: Modifícase la ley Nº 17.344, en la forma que a continuación se indica:
1.En su artículo 1, letra b), agrégase después de la palabra “materialmente”, seguida de un punto y coma (;) que se reemplaza por un punto seguido (.), la siguiente oración:
“Se entenderá que constituye menoscabo moral, el hecho de que el solicitante haya sido víctima de violación o abuso sexual por parte de su progenitor, así establecido por sentencia judicial debidamente ejecutoriada”.
2. Modifícase el texto del inciso octavo de su artículo 2, por el siguiente:
“No será necesaria la publicación a que se refiere el inciso segundo del presente artículo, ni se admitirá oposición en el caso de menoscabo moral por haber sido víctima de abuso sexual o violación, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1 letra a), ni en el caso del inciso tercero del artículo 1.”

References: RESOLUCIÓN 

Resolución 
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 1
 artículo 12
 artículo 2
 artículo 83
 artículo 85
 resolución 
 artículo 130
 artículo 132
 artículo 4
 artículo 48
 artículo 132
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 134
 artículo 140
 resolución 
 artículo 144
 resolución 
 artículo 149
 resolución 
 resolución 
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 artículo 150
 resolución 
 artículo 153
 resolución 
 artículo 187
 artículo 206
 artículo 277
 artículo 280
 artículo 307
 artículo 343
 artículo 277
 artículo 3
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 140
 artículo 78
 artículo 2
 artículo 138
 artículo 78
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 78
 artículo 3
 artículo 83
 artículo 78
 artículo 140
 artículo 307
 artículo 78
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 21
 resolución 
 artículo 20
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 1