Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/decreto-2641-de-diciembre-17-de-2012?documento=legcol&contexto=legcol_d60d66b3c9de009ce0430a010151009c&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-18 22:59:43+00:00

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DECRETO 2641 DE 17 DE DICIEMBRE DE 2012
CONTENIDO:SE REGLAMENTA LA LEY 1474 DE 2011 – ANTICORRUPCIÓN, EN LO CORRESPONDIENTE A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN, PLANEACIÓN Y DESARROLLO, FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, RENDICIÓN DE CUENTAS DEL GOBIERNO, SEGURIDAD DEL CIUDADANO, PROTECCIÓN AL CIUDADANO
“Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”.
Que mediante el Decreto 4637 de 2011 se suprimió el Programa presidencial de modernización, eficiencia, transparencia y lucha contra la corrupción, y creó a su vez en el departamento administrativo de la Presidencia de la República la secretaría de transparencia, asignándole dentro de sus funciones, el “Señalar la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaborar anualmente las entidades del orden nacional y territorial, de conformidad con lo señalado en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011...”, así como también, “señalar los estándares que deben tener en cuenta las entidades públicas para la organización de las unidades o dependencias de quejas, sugerencias y reclamos...”.
ART. 1º—Señálese como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.
ART. 2º—Señálense como estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, los contenidos en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.
ART. 3º—El documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” es parte integrante del presente decreto.
ART. 4º—La máxima autoridad de la entidad u organismo velará directamente porque se implementen debidamente las disposiciones contenidas en el documento de “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. La consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, estará a cargo de la oficina de planeación de las entidades o quien haga sus veces, quienes además servirán de facilitadores para todo el proceso de elaboración del mismo.
ART. 5º—El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.
ART. 6º—El documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” será publicado para su consulta en las páginas web del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, del Departamento Nacional de Planeación y del Departamento Administrativo de la Función Pública.
ART. 7º—Las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán publicar en un medio de fácil acceso al ciudadano su Plan anticorrupción y de atención al ciudadano a más tardar el 31 de enero de cada año.
PAR. TRANS.—Para el año 2013, las entidades tendrán como máximo plazo, para elaborar u homologar y publicar el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano el 30 de abril de 2013.
El diseño de la metodología para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos desarrollada en el primer componente, tomó como punto de partida los lineamientos impartidos por el Modelo Estándar de Control Interno, MECI, contenidos en la Metodología de administración de riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública. Sin embargo, desarrolla en forma diferente algunos de sus elementos, en el entendido que un acto de corrupción es inaceptable e intolerable y requiere de un tratamiento especial. Como elemento fundamental para cerrar espacios propensos para la corrupción, en el segundo componente se explican los parámetros generales para la racionalización de trámites en las entidades públicas. Esta política viene siendo liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de la Dirección de control interno y Racionalización de trámites y las altas consejerías para el buen gobierno y la eficiencia administrativa y para la gestión pública y privada.
Presentar una metodología estándar para la formulación, seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que contiene la estrategia señalada en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011(1).
En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en coordinación con la Dirección del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, ha diseñado la metodología para elaborar la estrategia de Lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que debe ser implementada por todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal.
Cada responsable o jefe de las diferentes áreas o líderes de los procesos al interior de las entidades, debe elaborar el mapa de riesgos de corrupción, estructurar las medidas para controlarlos, evitarlos y realizar el seguimiento a la efectividad de dichas acciones. La consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, estará a cargo de la oficina de planeación de las entidades o quien haga sus veces, la cual además servirá de facilitadora para todo el proceso de elaboración del mismo. Por su parte, el jefe de control interno o quien haga sus veces es el encargado de verificar y evaluar la elaboración, visibilización, el seguimiento y control del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
2. Componentes del plan.
A. Identificación de riesgos de corrupción.
i. Riesgo de corrupción.
ii. Establecer las causas.
Se busca de manera general “identificar un conjunto sistemático de situaciones que por sus características, pueden originar prácticas corruptas”(2), asociándolas a cada uno de los procesos y procedimientos de la respectiva entidad. Para el efecto, pueden utilizarse diferentes fuentes de información, como los registros históricos o informes de años anteriores y en general toda la memoria institucional. De igual forma, es conveniente analizar los hechos de corrupción presentados en procesos similares de otras entidades.
iii. Descripción del riesgo de corrupción.
— Concentración de autoridad o exceso de poder.
— Extralimitación de funciones.
— Ausencia de canales de comunicación.
— Amiguismo y clientelismo.
— Inclusión de gastos no autorizados.
— Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración.
— Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión.
— Archivos contables con vados de información.
— Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica.
— Estudios previos o de factibilidad superficiales.
— Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación (estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular).
— Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular.
— Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular, como la media geométrica.
— Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en el pliego de condiciones.
— Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados.
— Urgencia manifiesta inexistente.
— Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función.
— Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal.
— Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar en procesos específicos, que no cuentan con experiencia, pero sí con músculo financiero.
— Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.
— Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.
— Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.
— Deficiencias en el manejo documental y de archivo.
— Fallos amañados.
— Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.
— Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación.
— Exceder las facultades legales en los fallos. Soborno (cohecho).
— Decisiones ajustadas a intereses particulares.
— Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente).
— Soborno (cohecho).
— Cobro por realización del trámite, (concusión).
— Tráfico de influencias (amiguismo, persona influyente).
— Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.
— Cobrar por el trámite (concusión).
— Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso.
— Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales.
B. Análisis del riesgo: probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción.
En la terminología de gestión del riesgo, “la probabilidad hace referencia a la oportunidad de que algo suceda, medido o determinado de manera objetiva (basado en datos y hechos históricos) o subjetiva (bajo criterios de experiencia o experticia de quien analiza), utilizando términos generales o matemáticos (como la probabilidad numérica) o la frecuencia en un periodo de tiempo determinado”(3). Se busca por lo tanto determinar el grado en el cual se puede materializar un evento.
En cuanto al impacto o consecuencia, este se refiere al “resultado de un evento que afecta los objetivos. Un evento puede generar un rango de consecuencias, las cuales se pueden expresar cualitativa o cuantitativamente. Las consecuencias iniciales pueden escalar a través de efectos secundarios”(4). Para el análisis propuesto, el impacto de la materialización de un riesgo de corrupción es único, por cuanto lesiona la imagen, la credibilidad, la transparencia y la probidad de las entidades y del Estado, afectando los recursos públicos, la confianza y el cumplimiento de las funciones de la administración, siendo por tanto inaceptable la materialización de un riesgo de corrupción.
C. Valoración del riesgo de corrupción.
En relación con los controles se debe llevar un registro para su valorización basados en la Guía para la administración del riesgo (DAFP-2011)(5), se presenta el siguiente modelo para ser implementado por las entidades (ver cuadro 1):
D. Política de administración de riesgos de corrupción.
La política de administración de riesgos es el conjunto de “actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo”(6). Esta política debe estar alineada con la planificación estratégica de la entidad, con el fin de garantizar de forma razonable la eficacia de las acciones planteadas frente a los posibles riesgos de corrupción identificados.
Evitar el riesgo: “Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas”(7).
Reducir el riesgo: implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad (medidas de prevención). “La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles”(8).
Para estos efectos, se debe tener en cuenta la política general de administración de riesgos, que según los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública, contempla: (i) los objetivos que se esperan lograr; (ii) las estrategias para establecer cómo se va a desarrollar las políticas, a largo, mediano y corto plazo; (iii) los riesgos que se van a controlar; (iv) las acciones a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los responsables y el talento humano requerido y (v) el seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de las políticas(9).
E. Seguimiento de los riesgos de corrupción.
F. Mapa de riesgos de corrupción.
Nº Descripción Tipo de control
Segundo componente: Estrategia antitrámites.
— Respeto y trato digno al ciudadano, rompiendo el esquema de desconfianza para con el Estado.
— Contar con mecanismos y herramientas que restablezcan la presunción de la buena fe.
— Facilitar la gestión de los servidores públicos.
— Mejorar la competitividad del país.
— Construir un Estado moderno y amable con el ciudadano.
• Identificación de trámites: Se identifican los elementos que integran los trámites y procedimientos administrativos, con el fin de evaluar a pertinencia, importancia y valor agregado para el usuario(10), posteriormente se registran en el SUIT. El resultado es un inventario de trámites y un registro en el Sistema Único de Información de Trámites, SUIT,
Revisión de los procesos: consiste en la identificación de trámites y procedimientos administrativos. Los procesos comúnmente utilizados son: estratégicos, misionales, de apoyo/ operativos y los de evaluación/seguimiento. Los trámites o procedimientos administrativos a identificar se ubican dentro de los procesos misionales.
— Una actuación del usuario (entidad o ciudadano —persona natural o jurídica—).
— Tiene soporte normativo.
— El usuario ejerce un derecho o cumple una obligación.
Análisis normativo: Consiste en realizar un riguroso análisis jurídico de los soportes legales de cada trámite, para evitar futuras reclamaciones o demandas, que puedan afectar el proceso de racionalización de trámites de la entidad(11). Una vez identificadas las normas reguladoras de los trámites de la entidad, se puede establecer el inventario de trámites que deben ser inscritos en el SUIT(12).
El artículo 40 del Decreto-Ley 19 de 2012 dispone que sin perjuicio de las exigencias generales de publicidad de los actos administrativos, para que un trámite o requisito sea oponible y exigible al particular, deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de información de trámites, SUIT, al Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP, le corresponde verificar que el trámite cuente con el respectivo soporte legal. Priorización de trámites a intervenir: A partir de la información recopilada en el inventario de trámites, se identifican aquellos que requieren mejorarse para garantizar la efectividad institucional y la satisfacción del usuario. El objetivo de esta fase es priorizar los trámites que requieran intervención. El resultado es un cronograma de actividades.
— Complejidad: Excesivo número de pasos y requisitos o documentos innecesarios exigibles al ciudadano.
— Costo: Cantidad excesiva de recursos que invierte la entidad para la ejecución del trámite.
— Tiempo: Mayor duración entre la solicitud y la entrega del bien o servicio.
— Pago: Cobros innecesarios al usuario para la realización del trámite.
—PQR: Análisis de las peticiones, quejas, y reclamos presentadas por los usuarios durante la ejecución del trámite.
— Auditorías: Hallazgos o acciones de mejora encontrados en los resultados de las auditorías tanto internas como externas.
— Consulta ciudadana: Mecanismo de participación democrática por medio del cual los usuarios exponen sus percepción o criterio frente al desarrollo de los trámites objeto de intervención, con el propósito de establecer un diagnóstico de la prestación de los servicios permitiendo así la búsqueda de soluciones conjuntas e incentivar la participación de la ciudadanía en las actividades públicas.
— Reducción de costos operativos en la entidad.
— Reducción de costos para el usuario.
— Reducción de documentos.
— Reducción de requisitos.
— Reducción del tiempo de duración del trámite.
— Reducción de pasos al usuario y del proceso interno.
— Modernización en las comunicaciones.
— Relaciones entre entidades.
— Aumento de puntos de atención.
— Reducir tiempo en puntos de atención.
— Consultas entre áreas o dependencias de la entidad.
— Seguimiento del estado del trámite por internet y teléfonos móviles.
Interoperabilidad: La definición de interoperabilidad se toma del documento marco de interoperabilidad de Gobierno en línea versión 2010. “Interoperabilidad es el ejercicio de colaboración entre organizaciones para intercambiar información y conocimiento en el marco de sus procesos de negocio, con el propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a ciudadanos, empresas y a otras entidades”(13). Los resultados de la interoperabilidad se deben reflejar en intercambio de información por parte de las entidades, mediante mecanismos tales como web services, cadenas de trámites y/o ventanillas únicas.
— Escenario 1: Necesidad de modernizar procesos interinstitucionales.
— Escenario 2: La entidad requiere información de otra entidad.
— Escenario 3: Solicitud de otras entidades para compartir información.
— Escenario 4: Desarrollo o mantenimiento de una nueva solución informática.
— Escenario 5: Obtener voluntad política para el intercambio de información.
— Escenario 6: Aumento inesperado en la cantidad de información que debe intercambiar la entidad.
B. Beneficios de la implementación de las fases de racionalización.
C. Experiencias exitosas en materia de racionalización de trámites.
• Eliminación de la presentación de certificado de supervivencia para el cobro de pensiones. Las entidades de la Seguridad Social que requieran verificar la fe de vida (supervivencia) de una persona podrán hacerlo a través de la página web del Ministerio de Salud y Protección Social.
• Eliminación de la doble matrícula de los vehículos automotores que han sido rematados o adjudicados por la DIAN. Para estos casos, se prevé un traspaso de la propiedad que tendrá como soporte documental el acta de adjudicación reduciendo tiempo y costos en este tipo de transacciones.
• Prohibición de la exigencia de la presentación de documentos físicos como el SOAT, la revisión técnico mecánica, la existencia de comparendos por la comisión de infracciones de tránsito, entre otros, los cuales han sido migrados al sistema RUNT por quienes generan la información. De esta manera se reducen los costos y demoras injustificadas en los trámites del RUNT.
• Para el Orden Territorial, se podrían eliminar los certificados de permiso de ocupación, de residencia y nomenclatura, toda vez que los datos de estos registros públicos se pueden consultar internamente por las entidades que los solicitan. Se evita de esta manera el desplazamiento de los ciudadanos y se contribuye a la política de cero papel.
Tercer componente: Rendición de cuentas.
El documento Conpes 3654 del 12 de abril de 2010 señala que la rendición de cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno(14).
Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición de cuentas a la ciudadanía debe ser un ejercicio permanente que se oriente a afianzar la relación Estado - ciudadano. Por su importancia, se requiere que las entidades elaboren anualmente una estrategia de rendición de cuenta y que la misma se incluya en las estrategias del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
• Se estructura como un proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo”(15).
• Se convierte en un instrumento que implica la obligación de informar y el derecho de ser informado, es un proceso permanente y una relación de doble vía entre el gobierno, los ciudadanos y los actores interesados en los resultados y en la gestión pública”(16).
Cuarto componente: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
A. Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano.
— Procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios al ciudadano.
— Procedimientos de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad.
• identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna.
— Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos.
— Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad.
— Tiempos de entrega de cada trámite o servicio.
— Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos.
— Horarios y puntos de atención.
— Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo.
• Establecer procedimientos, diseñar espacios físicos y disponer de facilidades estructurales para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.
B. Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos.
• Desarrollarlas competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos, mediante programas de capacitación y sensibilización.
C. Fortalecimiento de los canales de atención.
• Implementar un sistema de turnos que permita la atención ordenada de los requerimientos de los ciudadanos.
• Adecuar los espacios físicos de acuerdo con la normativa vigente en materia de accesibilidad y señalización.
• Integrar canales de atención e información para asegurar la consistencia y homogeneidad de la información que se entregue al ciudadano por cualquier medio.
• Petición: es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su pronta resolución(17).
— Queja: es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones(18).
— Reclamo: es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud(19).
— Sugerencia: es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión de la entidad.
• Denuncia: Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria o ético profesional.
Deber de denunciar: Es deber de toda persona denunciar a la autoridad competente las conductas punibles de que tenga conocimiento. Para los servidores públicos tiene connotación constitutiva de infracción de conformidad con el artículo 6º de la Constitución Política.
• Recepción: Con el fin de asegurar la existencia de un registro y número de radicado único de las comunicaciones, se debe facilitar el control y el seguimiento de los documentos. Las actividades de recepción radicación y registro de documentos las deben realizar únicamente las dependencias de correspondencia o quien haga sus veces(20).
— La entidad deberá disponer de un enlace de fácil acceso, en su página web, para la recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias, de acuerdo con los parámetros establecidos por el Programa Gobierno en Línea (www.goviernoenlinea.gov.co).
— Diseñar formatos electrónicos que faciliten la presentación de peticiones, quejas, reclamos y denuncias por parte de los ciudadanos.
— Construir un sistema de registro ordenado de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias.
— Informar a la ciudadanía sobre los medios de atención con los que cuenta la entidad para recepción de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de actos de corrupción.
• Consideraciones generales: Las dependencias encargadas de la gestión de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos deberán cumplir con los términos legales. Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante este, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho o que se resuelva una situación jurídica, que se le preste un servicio, que se le entregue información, se le permita consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos.
Conforme al artículo 14 de la Ley 1437 de 2011(21), los términos para resolver son:
— Para cualquier petición: 15 días siguientes a la recepción.
— Para la petición de documentos: 10 días siguientes a la recepción.
— Consultas de materias a su cargo: 30 días siguientes a la recepción.
— Peticiones entre autoridades: 10 días siguientes a la recepción.
El servidor público que conozca de la comisión de una conducta punible que deba investigarse de oficio, iniciará la investigación, si tuviere competencia. De lo contrario, pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad competente(22).
iii. Disponer de un registro público sobre los derechos de petición de acuerdo con Circular Externa 1 del 2011 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control interno de las Entidades del orden nacional y territorial.
i. Oficina de Control Disciplinario interno: Las entidades deben organizar una oficina, que se encargue de adelantar los proceso disciplinarios en contra sus servidores públicos(23).
E. Veedurías ciudadanas: Se debe
ii. Evaluar los correctivos que surjan de las recomendaciones formuladas por las veedurías ciudadanas(24).
iii. Facilitar y permitir a las veedurías ciudadanas el acceso a la información para la vigilancia de su gestión y que no constituyan materia de reserva judicial o legal(25).
La consolidación del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano estará a cargo de la oficina de planeación de las entidades o quien haga sus veces, quienes además servirán de facilitadores para todo el proceso de elaboración del mismo. “La verificación de la elaboración, de su visibilización, el seguimiento y el control a las acciones contempladas en la herramienta “Estrategias para la construcción del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano” le corresponde a la oficina de control interno. Las entidades del orden nacional, departamental y municipal deberán publicar en un medio de fácil accesibilidad al ciudadano las acciones adelantadas, en las siguientes fechas: 31 de enero, abril 30, agosto 31 y diciembre 31. Para estos efectos en el cuadro Nº 3. ‘Formato seguimiento a las estrategias del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano’, se propone el mecanismo de seguimiento y control, el cual podrá ser utilizado por las oficinas de control interno”.
A. Gobierno en línea.
La Estrategia de Gobierno en línea (www.gobiernoenlinea.gov.co) tiene el propósito de contribuir a la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo; contribuye a que los ciudadanos tengan acceso en tiempo real a la información sobre la administración pública. Permite agilizar los trámites y favorece el ejercicio del control ciudadano, mediante el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, TIC.
B. Visibilización de los pagos.
El Gobierno Nacional cuenta con el Portal de Transparencia Económica, (www.pte. gov.co) para garantizar el buen uso de los recursos del Presupuesto General de la Nación, haciendo visible el manejo de los mismos. En él se encuentra la información de la ejecución presupuestaria y de pagos de las entidades del orden nacional que hacen parte del Presupuesto General de la Nación.
C. Publicación de la gestión contractual.
Con el fin de garantizar los postulados que gobiernan la función administrativa, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, las entidades deben publicar la totalidad de las actuaciones de la gestión contractual, en sus etapas precontractuales, contractuales, de ejecución y poscontractuales de los contratos celebrados o a celebrar. Dependiendo del régimen de contratación de la entidad, se debe publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal, ECOP, (www.contratos.gov.co) o en la página web de la entidad.
D. Gestión documental.
(1) Ley 1474 de 2011. ART. 73.—“Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
PAR.—En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral de administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este sistema con la definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción”.
(2) Departamento Administrativo de la Función Pública. Mapas de riesgos, aproximación teórica y práctica al estudio e identificación de riesgos de corrupción. Bogotá. 1998, pág. 60.
(3) Icontec. Norma Técnica Colombiana NTC31000. Gestión del riesgo. Principios directrices. Bogotá. 2011, pág. 22
(5) Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía para la Administración del Riesgo. Bogotá. 2011, pág. 32.
(6) Icontec. NTC31000:2011 Gestión del Riesgo: Principios, Directrices. Bogotá. 2011. Numeral 2.2, pág. 19.
(7) Ibídem, cit. 6, pág. 33.
(8) Ibíd., cit. 6, pág. 33.
(9) Ibíd., cit. 6, pág. 40.
(10) Ley 962 de 2005. “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos”.
(11) Ibíd., cit. 10. ART. 1º—(...) “Para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento de obligaciones, únicamente podrán exigirse las autorizaciones, requisitos o permisos que estén previstos taxativamente en la ley o se encuentren autorizados expresamente por esta” (...).
(12) Decreto-Ley 19 de 2012, artículo 41.
(13) Tomado de: http://progiama.gobiernoen1inea.gov.co/apc-aa files/da4567033d075590cd305059875622 2c/Marco de Interoperabilidad_GEL.pdf
(14) Proyecto de ley de “Promoción y Protección del Derecho a la Participación Democrática”. Artículo 48.
(15) Conpes 3654 de 2010. “Política de rendición de cuentas de la rama ejecutiva a los ciudadanos”.
(16) Conpes: Rendición de cuentas: “En búsqueda del buen gobierno”. Diciembre de 2011.
(17) Ley 1437 de 2011, artículo 13.
(18) Cómo atender adecuadamente las quejas ciudadanas. Veeduría Distrital -Alcaldía de Bogotá, diciembre 2010.
(19) Ibídem, cit. 18.
(20) Para tales efectos se deben seguir los lineamientos que dicte el Archivo General de la Nación en la materia.
(21) Artículo inexequible, con efectos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2014. Sentencia C-818-11, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(22) Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, artículo 14.
(23) Ley 734 de 2002. Artículo 76.
(24) Ley 489 de 1998. Artículo 35, literal a. Concordancia con la Ley 850 de 2003.
(25) Ibídem, literal b).

References: artículo 73
 artículo 73
 artículo 76
 artículo 73
 artículo 73
 artículo 40
 artículo 6
 artículo 23
 artículo 14
 artículo 209
 artículo 41
 Artículo 48
 artículo 13
 artículo 14
 Artículo 76
 Artículo 35