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Timestamp: 2018-02-25 23:47:27+00:00

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LA “ELECTRONIFICACIÓN” DE LA ADMINISTRACIÓN A TENOR DE LO PREVISTO EN LA LEY 39/2015, DE 1 DE OCTUBRE, DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 46/2016 - BGyC Abogados
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ETIQUETAS: Electronificación – LPACA -Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas -Notificación Administrativa -Derecho Administrativo
Este año 2016 trae consigo la “electronificación” de las Administraciones. El término “electronificación” es empleado por la doctrina mercantilista para referirse a la sustitución de los actos jurídicos documentados en formato papel, por actos jurídicos documentos en soportes electrónicos; sin embargo, desde que se ha implantado la comunicación a través de medios electrónicos, tanto en la Administración de Justicia, como en las Administraciones Públicas, la “electronificación” también sirve para referirnos a este tipo de comunicaciones entre Administraciones y particulares.
Así, desde el 1 de enero, con motivo de lo contemplado en la Disposición final duodécima Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil[1], la presentación de escritos procesales y las notificaciones judiciales se realizarán obligatoriamente por vía telemática, para el conjunto de profesionales de la justicia, órganos y oficinas judiciales y fiscales[2].
Si bien el uso de la comunicación telemática en vía judicial es ya una realidad, los administrados tenemos aún de tiempo para prepararnos ante la inminente “electronificación” de la Administración Pública, que viene introducida por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas[3] (en adelante LPACA) , y que entra en vigor el 1 de octubre de 2016, salvo las previsiones
relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la Administración y archivo único electrónico, que producirán efectos a partir del 1 de octubre de 2017 según la Disposición Final Séptima.
En su preámbulo, la LPACA reconoce la inexorable repercusión que ha tenido el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación en las relaciones entre Administración y Administrados, circunstancia que, de forma muy somera, ya había sido recogida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre; y más tarde en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, a través de la cual, se estableció el derecho a que los ciudadanos pudieran relacionarse vía electrónica con las Administraciones Públicas, para las cuales, se estableció la obligación de que se dotasen de los medios y sistemas precisos para garantizar el ejercicio de tal derecho.
Actualmente, la comunicación vía electrónica forma parte de nuestro día a día, y parece lógico, incluso deseable, que la Administración no sea ajena a este nuevo medio de comunicación. Es por ello que, con la entrada en vigor de la LPACA, la comunicación vía telemática deja de ser una opción más a través de su configuración como “derecho de los administrados”, para convertirse en un “derecho-deber”, configurándose como la principal forma de gestión de la actuación de las Administraciones Públicas.
¿A quién afecta la obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas?
El artículo 14 LPACA establece quiénes están sometidas a la obligación de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, y quienes no. Las personas físicas siguen poseyendo ese derecho a elegir entre la comunicación telemática, o por el medio tradicional; mientras que los sujetos contemplados en el párrafo segundo del artículo 14 – personas jurídicas, entidades sin personalidad y profesionales, esencialmente- tienen el deber de utilizar los medios electrónicos para relacionarse con las Administraciones Públicas.
Por tanto, la LPACA mantiene un sistema de “convivencia” entre ambos medios, pero sólo y exclusivamente las personas físicas, pueden comunicarse con las Administraciones Públicas a través de los medios tradicionales, v. gr. a través de formato papel.
El Registro Electrónico General
En cuanto a la presentación de documentos, la LPACA mantiene como lugares válidos las oficinas de Correos, las representaciones diplomáticas y oficinas consulares, e introduce una novedad, el registro electrónico de la Administración y Organismo al que se dirijan los documentos, en el que se efectuará el correspondiente asiento de todo documento que sea presentado.
A priori, la presentación de documentos en el Registro Electrónico, es opcional, no obstante, el artículo 16.5, en su párrafo segundo, prevé la posibilidad de que, mediante desarrollo reglamentario, se establezca la obligación de presentar determinados documentos por medios electrónicos, para ciertos para ciertos procedimientos y colectivos de personas físicas, que, en resumidas cuentas, tengan acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios. Además, dicho artículo exige que los registros de todas las Administraciones sean interoperables, a fin de garantizar la transmisión telemática de los asientos registrales y de los documentos que se presenten, con independencia del lugar donde se presenten.
El meritado artículo, impone a la Administración el deber de digitalizar aquellos documentos que se presentan de forma presencial, así como de mantener un archivo electrónico único de los documentos electrónicos que correspondan a procedimientos finalizados (esto último en el artículo 17 LPACA).
En su artículo 6, la LPACA, establece que tanto la Administración General del Estado, como las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, dispondrán de un registro electrónico general de apoderamientos, en el que se deberán inscribir los apoderamientos generales de quienes participen en el procedimiento en calidad de interesados.
El artículo 9 LPACA, establece como deber de la Administración el de identificar a los interesados, que, por otra parte, podrán identificarse electrónicamente a través de cualquier sistema que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad, señalando en particular alguno de ellos.
En cuanto a la firma, la LPACA insiste en que podrán firmar “a través de cualquier medio que permita acreditar la autenticidad de la expresión de su voluntad y consentimiento”, señalando los medios válidos para el caso en que los interesados opten por la firma electrónica.
Para dotar de eficiencia todas estas novedades tendentes a la total “electronificación” de la Administración, la LPACA establece que las Administraciones deben garantizar las relaciones telemáticas entre interesados y Administración, y para ello, obliga a poner a disposición de los administrados, canales de acceso, así como sistemas y aplicaciones que sean precisos para cada caso.
Además, los interesados que no están obligados a utilizar los medios telemáticos, esto es, las personas físicas, serán asistidos en el uso de los medios electrónicos, y si alguno no dispusiera de medios electrónicos necesarios, en los casos de identificación o firma electrónica, podrá realizarlos el funcionario público, siempre y cuando el interesado se identifique y preste, expresamente, su consentimiento.
Como importantísima novedad, se introduce el cómputo de plazos por horas (artículo 30), no es de extrañar, habida cuenta que, con los medios telemáticos, la presentación de documentos se puede hacer, teóricamente, a cualquier hora, ya que el Registro Electrónico permitirá la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas (artículo 31).
El cómputo de los plazos, se contará de hora en hora y de minuto en minuto desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate.
Por otro lado, la LPACA se une al criterio de días hábiles contemplado para la vía judicial, y por tanto, salvo que otra Ley establezca lo contrario (y se haga constar dicha circunstancia en la correspondiente notificación), serán inhábiles los sábados, los domingos y los declarados festivos.
Otra novedad que introduce la LPAC es que se establece que las notificaciones se practiquen de forma preferente por medios electrónicos (art. 41.1). En las notificaciones, opera nuevamente la distinción de sujetos, presentando una dicotomía entre quienes en todo caso deben ser notificados por vía telemática, y para quienes la notificación telemática es otra opción a la notificación tradicional, ya que éstos, podrán decidir y comunicar en cualquier momento si quieren que las notificaciones sucesivas se practiquen o no por medios electrónicos, además de que, si el procedimiento se ha iniciado a solicitud del mismo, éste señalará el medio por el que prefiere que sea notificado.
Se prevén dos de supuestos en los que la Administración podrá practicar por medios no electrónicos a los interesados, regulados en el artículo 41 LPACA.
Por todos es sabido, que las notificaciones “mal hechas” son un jugoso yacimiento de recursos para los interesados “descontentos” con una resolución.
Este filón de las “notificaciones defectuosas”, sin duda, puede verse menguado con este nuevo sistema, ya que se contempla que “con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.”
Al igual que sucede con el supuesto de las comunicaciones de los interesados con la Administración, se podrá establecer la obligación de practicar electrónicamente las notificaciones a ciertos colectivos y para determinados procedimientos.
Una interesante prerrogativa que se introduce para el administrado, es que, éste podrá identificar un dispositivo electrónico y/ o correo electrónico para que sea avisado, esto es, con independencia de cómo se practique la notificación, la Administración enviará un aviso al dispositivo electrónico y/o correo electrónico avisándole de la puesta a disposición de la notificación.[4]
La regla general a la notificación electrónica encuentra su excepción en dos supuestos en los que no podrá notificarse por medios electrónicos, que son:
La LPACA muestra especial interés en garantizar una adecuada notificación a los particulares, tal es así, que dispone que, cuando no fuera posible realizar la notificación a través de los medios indicados por el interesado, “se practicará por cualquier medio” que permita tener constancia de la recepción por el mismo. (Art. 41.3)
Para el caso en que el interesado fuera notificado por varias de las vías previstas en la LPACA, la fecha de notificación será la primera que se haya efectuado.
El art. 43.1 LPACA, determina que las notificaciones electrónicas, se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica, esto es, el acceso del interesado –o representante- al contenido de la notificación. Si transcurrieran diez días naturales desde la puesta a disposición a la notificación sin que se haya accedido a su contenido, se tendrá por rechazada – siempre y cuando sea un sujeto obligado a la notificación electrónica o una persona física que así lo haya elegido-.
Otras novedades en la LPACA tendentes a la “electronificación” del procedimiento administrativo común
Se mantiene el concepto de Expediente Administrativo (artículo 70), sin embargo, se introduce el expediente electrónico, ya que la LPACA exige que tengan este formato, y en él deberá constar la copia electrónica certificada de la resolución que se adopte. La remisión del expediente electrónico, se hará de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en las correspondientes Normas Técnicas de Interoperabilidad, debiéndose autentificar el índice, con el fin de garantizar la integridad e inmutabilidad del expediente electrónico.
El impulso (art. 71) será a través de medios electrónicos, sin que la LPACA se pronuncie sobre la posibilidad de hacerlo mediante la vía tradicional.
Los actos de instrucción (art. 75) también quedan sometidos a los medios electrónicos, y para ello, obliga a que las aplicaciones y sistemas de información utilizados para la instrucción de los procedimientos, garanticen el control de los tiempos y plazos, la identificación de los órganos responsables y la tramitación ordenada de los expedientes, así como facilitar la simplificación y la publicidad de los procedimientos.
Otra novedad es que los informes serán emitidos a través de medios electrónicos (art. 80) – cumpliendo los requisitos para la emisión de documentos contemplados en el artículo 26- como norma general, en el plazo de diez días.
Respecto al trámite de Información pública (art. 83), el anuncio, además de constar el lugar de exposición, debe estar a disposición de los interesados en la sede electrónica correspondiente, determinado así el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a 20 días.
En definitiva, todas estas novedades, suponen un cambio importantísimo en la forma de comunicarse con la Administración, un cambio que, por otra parte, se adecua a una sociedad que vive prácticamente en sintonía con las nuevas tecnologías, y que busca dinamizar y agilizar los trámites en vía administrativa. Se trata de una ley inspirada en los principios de eficiencia y eficacia, que persigue, entre otros fines, facilitar la comunicación con la Administración y servir eficientemente a los administrados, con la esperanza de que con el tiempo y la práctica, consigamos una Administración ágil y transparente entre todos.
[1] https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10727
[2] Dicha obligación sólo opera para los procedimientos iniciados a partir del 1 de enero de 2016 según lo estipulado en la Disposición Adicional Primera, por lo que, para los procedimientos ya iniciados, podrá seguir presentándose en formato papel.
[3] https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-10565
[4] Sin embargo, es importante señalar, que la ausencia de aviso no invalidará la notificación.

References: artículo 14
 artículo 14
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 6
 artículo 9
 artículo 41
 resolución 
 artículo 26