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Timestamp: 2018-02-23 01:04:19+00:00

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Decreto 50/2014, de 18 de septiembre, por el que se amplia el Catálogo de Actividades Comerciales y Servicios a los que resulta aplicable la inexigibilidad de licencias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Artículo único Ampliación del catálogo de actividades comerciales y servicios previstos en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios
ANEXO . Actividades incluidas en el ámbito de aplicación de este Decreto
Agrupación 06. Otras explotaciones ganaderas n.c.o.p
Agrupación 16. Captación, tratamiento y distribución de agua y fabricación de hielo
Agrupación 33. Construcción de máquinas de oficina y ordenadores (incluida su instalación)
Agrupación 35. Fabricación de material electrónico (excepto ordenadores)
Agrupación 37. Construcción naval, reparación y mantenimiento de buques
Agrupación 83. Auxiliares financieros y de seguros, actividades inmobiliarias
Agrupación 91. Servicios agrícolas, ganaderos, forestales y pesqueros
Agrupación 95. Asistencia y servicios sociales
No obstante, no cabe duda que una apuesta por la dinamización de la actividad económica exige abandonar el tradicional control administrativo apriorístico, en muchos casos caracterizado por su lentitud, para resultar sustituido por un control ex post que no retrase ni paralice el normal desarrollo de la actividad empresarial. Estas ideas básicas hunden sus raíces en el derecho comunitario, de modo que, las exigencias derivadas de la importante Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, fueron traspuestas por la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la anterior. Dicha adaptación afectó, entre otras, a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, que incorporan la comunicación previa y la declaración responsable como técnicas de intervención de las administraciones públicas en la actividad de los ciudadanos.
Con posterioridad, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, introdujo en la citada Ley 7/1985, de 2 de abril, los artículos 84 bis y 84 ter, estableciendo con carácter general la inexigibilidad de licencia u otros medios de control preventivos para el ejercicio de actividades, salvo que resultase necesario para la protección de la salud o seguridad públicas, el medioambiente o el patrimonio histórico-artístico, o cuando requiriesen de un uso privativo y ocupación del dominio público pero, en todo caso, condicionando su exigibilidad a un juicio de necesidad y proporcionalidad.
No obstante, el impulso decidido en esta materia se debe sustancialmente al Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, nacido con el objetivo de impulsar y dinamizar la actividad comercial minorista y de determinados servicios. La norma establece un régimen más flexible de apertura mediante la eliminación de cargas y restricciones administrativas existentes que afectan al inicio y ejercicio de la actividad comercial, en particular, mediante la supresión de las licencias de ámbito municipal vinculadas con los establecimientos comerciales, sus instalaciones y determinadas obras previas.
Dicho Real Decreto-Ley fue posteriormente convertido en la vigente Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, que ha sido fundamentalmente modificada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización y por la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. En todo caso, la Disposición final décima de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, en la reciente redacción dada por la Disposición final tercera, apartado 2, de la Ley 20/2013 habilita a las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, para ampliar el umbral de superficie y el catálogo de actividades comerciales y servicios, previstos en su Título I y en su anexo así como determinar cualesquiera otros supuestos de inexigibilidad de licencias. Asimismo, podrán establecer regulaciones sobre estas mismas actividades con menor intervención administrativa, incluyendo la declaración de inocuidad. En este sentido, la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, se configura como una norma abierta y de mínimos ampliables por las Comunidades Autónomas.
Por otra parte, el artículo 24.13 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, aprobado por la Ley Orgánica 8/1980, de 30 de diciembre, atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de comercio interior, sin perjuicio de la política general de precios, de la libre circulación de bienes en el territorio del Estado y de la legislación sobre defensa de competencia. Estas competencias debe ejercerlas de acuerdo con las bases y la ordenación de la actuación económica general y la política monetaria del Estado, en los términos de los artículos 38, 131 y en los párrafos 11º y 13º del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución Española.
Además de las competencias en materia de comercio interior, ha de recordarse que dentro de las competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma reguladas en el artículo 24 del Estatuto de Autonomía y que directamente inciden en el presente decreto, destaca el apartado 6 en materia de trasportes terrestres, el apartado 9 en materia de agricultura, ganadería e industrias agroalimentarias, el apartado 20, en materia de turismo, el apartado 30 en materia de industria y el apartado 35 en materia de Cajas de Ahorro, todo ello teniendo en cuenta además las competencias de ejecución en materia de crédito, banca y seguros según lo dispuesto en el artículo 26.15 del Estatuto de Autonomía de Cantabria.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del 18 de septiembre de 2014.
La ampliación operada por el presente Decreto no resultará aplicable a los procedimientos administrativos iniciados con anterioridad a su entrada en vigor que se regirán por la normativa anterior que les resultase de aplicación, salvo que el interesado desistiese del procedimiento iniciado de conformidad con los artículos 90 y 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Lo previsto en el presente Decreto se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental y demás preceptos de concordante aplicación.
Grupo 465. Fabricación de objetos diversos de madera (excepto muebles)
Epígrafe 465.9. Otros objetos diversos de madera (excepto muebles), n.c.o.p. (con maquinaria con potencia inferior a 5kW de manera individual y 25kW en conjunto. Excluida la confección en serie).
Epígrafe 613.9. Comercio al por mayor de accesorios del vestido y otros productos textiles n.c.o.p. (con carga de fuego inferior a 3 millones de MJ).
Para el cálculo de la carga de fuego en la agrupación 61 se aplicará lo establecido en el Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, o la norma que lo sustituya.
Epígrafe 849.9. Otros servicios independientes n.c.o.p.
Epígrafe 855.9. Alquiler de otros medios de transporte n.c.o.p.
Grupo 859 Alquiler de otros bienes muebles n.c.o.p. (sin personal permanente)
Epígrafe 922.1. Servicios de limpieza de interiores (edificios, oficinas, establecimientos comerciales, residencias,....).
Epígrafe 942.9. Otros servicios sanitarios sin internado n.c.o.p.

References: artículo 24
 artículo 149
 artículo 24
 artículo 26
 artículo 9
 Real Decreto