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Timestamp: 2020-01-25 16:37:57+00:00

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Boletín de Novedades núm. 2/2013 del mes de febrero.
La crisis económica sigue dominando el contenido de buena parte de las novedades normativas de este mes de febrero, aunque en este caso las reformas tienen contenidos diversos. Por un lado se continúa con el intento de reducir el gasto sanitario a través de la ampliación de la lista de medicamentos que quedan excluidos de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud. Por otro lado se corrige el régimen de las tasas judiciales recientemente aprobado por la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, con el fin, dice la exposición de motivos del Real Decreto ley 3/2013, de “garantizar una aplicación más adecuada de las tasas en el ámbito de la administración de justicia previstas en la Ley 10/2012, a la vez que se adelantan en el tiempo algunas de las previsiones de la futura nueva regulación de la asistencia jurídica”.
Con un sentido diverso, en este caso tratar de impulsar el crecimiento, se aprueba el Real Decreto ley 4/2013, de 22 de febrero, con el que trata de darse contenido a la estrategia de empadronamiento y empleo joven 2013-2016.
En la regulación del sector eléctrico destaca el Real Decreto ley 2/2013, de 1 de febrero, del que ya dimos cuenta en nuestra Newsletter 7/2013. La norma introduce nuevas medidas tendentes a corregir los desajustes entre los costes del sistema eléctrico y los ingresos obtenidos a partir de los precios regulados.
De nuevo debemos reiterar la crítica al abuso de los Reales Decretos leyes, que se han convertido en el recurso ordinario para aprobar normas con fuerza de ley, y sobre todo debemos criticar el uso de las llamadas leyes “sorpresivas”, es decir, aquellas normas con fuerza de ley que en sus disposiciones adicionales, finales y transitorias incluyen preceptos que no guardan relación alguna con el contenido de la norma principal y que da título a la misma. Así, el Real Decreto Ley 3/2013 incluye en su artículo 4, disposición adicional única, disposición transitoria segunda y las finales primera a cuarta, regulaciones que no guardan relación alguna con el contenido central del Real Decreto ley. Así, se incluyen modificaciones presupuestarias, normas en materia de arrendamientos urbanos, de mejora para la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, y de reestructuración y resolución de entidades de crédito.
La normativa catalana del mes de febrero también está marcada por la crisis económica, lo que tiene su reflejo en las normas relativas a la aprobación de los Presupuestos para 2013 (a destacar por otra parte que ya estamos en el mes de abril y aún no se ha presentado el Proyecto, por los problemas que plantea cuadrar los números y por las negociaciones para obtener un mayor margen de déficit).
La aprobación de los Estatutos de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitaria responde igualmente, aunque de forma indirecta, a la situación de crisis y reducción de gasto público. Como dice la exposición de motivos del Decreto 97/2013, la política de prevención sanitaria se hizo pivotar inicialmente sobre dos organismos que han evolucionado de forma relevante desde su creación, el Instituto de Estudios de la Salud y la Agencia de Información, Evaluación y Calidad en Salud. Sin embargo, la necesidad de lograr vías de mejora de la eficacia hacia una mejor atención al ciudadano y el ahorro del gasto, y la voluntad de racionalizar la estructura del sector público de la Generalidad de Cataluña, a través de la reordenación de las entidades que lo conforman, propiciaron la fusión de estas entidades en un único ente, mediante la creación, por el Decreto ley 4/2010, de 3 de agosto, de medidas de racionalización y simplificación de la estructura del sector público de la Generalidad de Cataluña, de la Agencia de Calidad y Desarrollo Profesional en Salud, actualmente Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña, de acuerdo con la nueva denominación dada por la Ley 11/2011, de 29 de diciembre, de reestructuración del sector público para agilizar la actividad administrativa. Ahora se aprueban los estatutos del nuevo ente.
Finalmente se debe destacar la creación de dos órganos de “asesoramiento”, uno de ellos con funciones realmente singulares, como es el prestar consejo sobre la llamada “transición nacional”. Veremos qué nos aporta este órgano de singular composición y atribuciones.
PAREJO ALFONSO, L. Director. Autorizaciones y licencias, hoy. Un análisis sectorial tras la Directiva de Servicios. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2013.
Un nuevo libro sobre la Directiva de Servicios. Destacamos su contenido ya que en esta obra colectiva se trata de examinar la realidad de la intervención administrativa preventiva mediante autorizaciones y licencias tras la Directiva de servicios 123/2006. Es decir, a través de un análisis sectorial que comprende diversos ámbitos de la intervención administrativa sobre actividades de contenido económico, desde los espectáculos públicos hasta las oficinas de farmacia, pasando por las licencias de obras, de apertura, de actividades en la vía pública, de establecimiento y explotación de redes de comunicaciones electrónicas, , de actividades industriales, de instalaciones de gas y nucleares, de centros sanitarios, de laboratorios clínicos o de investigación biomédica, se lleva a cabo un examen riguroso de cuál es la realidad de la intervención administrativa.
El libro nos permite constatar que los cambios introducidos en la figura de la autorización administrativa por la Directiva 123/2006 son importantes , pero también que esta técnica pervive aunque sea adaptada a las exigencias del derecho comunitario.
DÍAZ GONZÁLEZ, GM.- Las oscilaciones del Tribunal Constitucional en su doctrina sobre el principio de seguridad jurídica. Reflexiones a propósito de la STC 37/2012. Revista General de derecho administrativo, 32, 2013.
Este mes queremos traer a colación un artículo de la Revista General de Derecho Administrativo por su propio interés y con el fin de resaltar el contenido de una Revista que, por el hecho de ser publicada exclusivamente en soporte electrónico por la editorial Iustel, tal vez aún no tenga el reconocimiento que se merece.
A raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional que conoció de una cuestión de inconstitucionalidad, cuyo tema de fondo era la prescripción de las infracciones y sanciones administrativas, el autor del artículo que destacamos reflexiona sobre diversas cuestiones de interés.
Por un lado la doctrina general del Tribunal Constitucional sobre el principio de seguridad jurídica. Por otro el alcance de la cuestión de inconstitucionalidad, dado que la misma se planteó en este caso no frente a una disposición con fuerza de ley sino respecto de la doctrina del Tribunal Supremo en relación con los apartados 2 y 3 del artículo 132 de la Ley 30/1992. Por último, se analizan las dudas surgidas respecto del artículo 100.7 de la Ley Jurisdiccional 29/1998 y su compatibilidad con el principio de independencia judicial del artículo 117.1 CE, al imponer el carácter vinculante de la doctrina del Tribunal Supremo a los otros Tribunales.
En definitiva, un conjunto de reflexiones de interés a partir del examen concreto de la legislación en materia de prescripción de infracciones y sanciones.
• Resolución de 17 de enero de 2013, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, por la que se publica el Acuerdo del Pleno de 20 de diciembre de 2012, de modificación de la instrucción general relativa a la remisión al Tribunal de Cuentas de los extractos de los expedientes de contratación y de las relaciones de contratos y convenios celebrados por las entidades del Sector Público Estatal y Autonómico, aprobada por Acuerdo del Pleno de 26 de marzo de 2009 (BOE núm. 28, de 1 de febrero de 2013).
• Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero (BOE núm. 29, de 2 de febrero de 2013).
• Real Decreto 52/2013, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 256/2012, de 27 de enero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (BOE núm. 31, de 5 de febrero de 2013).
• Orden HAP/183/2013, de 8 de febrero, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para los meses de abril, mayo y junio de 2012, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas (BOE núm. 37, de 12 de febrero de 2013).
• Resolución de 15 de febrero de 2013, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se adoptan medidas sobre estructura organizativa y se modifica la Resolución de 21 de septiembre de 2004, por la que se establece la estructura y organización territorial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (BOE núm. 41, de 16 de febrero de 2013).
• Orden IET/221/2013, de 14 de febrero, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2013 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial (BOE núm. 41, de 16 de febrero de 2013).
• Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita (BOE núm. 47, de 23 de febrero de 2013).
• Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo (BOE núm. 47, de 23 de febrero de 2013).
• Resolución de 18 de febrero de 2013, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se procede a la actualización de la lista de medicamentos que quedan excluidos de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud y se establece visado para los medicamentos que han sido excluidos de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud pero permanecen financiados excepcionalmente para las indicaciones establecidas en función del grupo terapéutico al que pertenecen (BOE núm. 49, de 26 de febrero de 2013).
• Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano (BOE núm. 50, de 27 de febrero de 2013).
• Resolución de 19 de febrero de 2013, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se revisa el coste de producción de energía eléctrica y las tarifas de último recurso a aplicar a partir de 1 de marzo de 2013 (BOE núm. 51, de 28 de febrero de 2013).
• Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Protocolo sobre las preocupaciones del pueblo irlandés con respecto al Tratado de Lisboa, hecho en Bruselas el 13 de junio de 2012.
• Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.
• Proyecto de Ley de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.
• Proyecto de Ley por la que se establece la financiación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de determinados costes del sistema eléctrico, ocasionados por los incentivos económicos para el fomento a la producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energías renovables y se concede un crédito extraordinario por importe de 2.200.000.000 euros en el presupuesto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
• Proposición de Ley Orgánica para la lucha contra la corrupción.
• Proposición de Ley para permitir el Derecho de Autodeterminación de los Pueblos.
• Proposición de Ley sobre prestaciones económicas en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las administraciones públicas y órganos constitucionales.
• Proposición de Ley de medidas de apoyo a la creación de empresas por parte de emprendedores y a su financiación por parte de inversores de proximidad.
• Proposición de Ley de modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido para establecer el criterio de caja en el devengo del IVA para las PYMES.
• Proposición de Ley de modificación de la Ley de 18 de junio de 1870 del ejercicio de la Gracia de Indulto.
• Decreto 96/2013, de 5 de febrero, de modificación del Decreto 25/2013, de 8 de enero, de reestructuración del Departamento de Economía y Conocimiento (DOGC núm. 6310, de 7 de febrero de 2013).
• Decreto 97/2013, de 5 de febrero, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (DOGC núm. 6310, de 7 de febrero de 2013).
• Resolución SLT/151/2013, de 22 de enero, por la que se da publicidad a la clasificación de las áreas básicas de salud de acuerdo con la Ley 31/1991, de 13 de diciembre, de ordenación farmacéutica de Cataluña (DOGC núm. 6310, de 7 de febrero de 2013).
• Decreto 113/2013, de 12 de febrero, de creación del Consejo Asesor para la Transición Nacional (DOGC núm. 6315, de 14 de febrero de 2013).
• Acuerdo GOV/18/2013, de 19 de febrero, por el que se incluyen determinadas obras y actuaciones en la planificación hidrológica de las cuencas internas de Cataluña (DOGC núm. 6320, de 21 de febrero de 2013).
• Orden GRI/29/2013, de 18 de febrero, por la que se crea la Comisión de Expertos para la Reforma de la Administración Pública y su sector Público (DOGC núm. 6321, de 22 de febrero de 2013).
• Orden ECO/27/2013, de 19 de febrero, por la que se modifica la Orden ECO/166/2012, de 18 de junio, por la que se dictan las normas para elaborar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña para el año 2013 (DOGC núm. 6321, de 22 de febrero de 2013).
• Decreto 118/2013, de 26 de febrero, de reestructuración del Departamento de la Presidencia (DOGC núm. 6325, de 28 de febrero de 2013).
• Acuerdo GOV/19/2013, de 26 de febrero, por el que se adoptan medidas excepcionales de reducción de los gastos de personal para el ejercicio presupuestario 2013 (DOGC núm. 6325, de 28 de febrero de 2013).
• Proyecto de ley de accesibilidad
• Proposición de ley para una nueva ciudadanía y para la igualdad efectiva de hombres y mujeres
• Proposición de ley de modificación del texto refundido de la ley de organización comarcal de Catalunya, aprobado por decreto legislativo 4/2003, de 4 de noviembre.
• Proposición de ley de modificación de la ley 13/2008, de 5 de noviembre de la presidencia de la Generalitat y del Gobierno.
• Proposición de ley de modificación de la ley 12/2009, del 10 de julio, de educación.
• Proposición de ley de consultas populares no referendarias.
• Proposición de ley sobre la renta mínima de inserción.
• Proposición de ley electoral de Catalunya.
• Proposición de ley de modificación del artículo 14 de la ley 1/2006, de 16 de febrero de la iniciativa legislativa popular.
05/2013. Boletín de Novedades núm. 3/2013 del… 03/2013. Boletín de Novedades núm. 1/2013 del…

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 4
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 132
 artículo 100
 artículo 117
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 14