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Timestamp: 2018-09-26 09:27:44+00:00

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﻿ SENTENCIA SP723-2015 DE FEBRERO 4 DE 2015
SENTENCIA SP723-2015 DE 04 DE FEBRERO DE 2015
CONTENIDO:TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO- PREACUERDO FISCALÍA. LOS MECANISMOS DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO, QUE OBEDEZCAN A LA VOLUNTAD DEL IMPUTADO DE COLABORAR CON LA JUSTICIA, POR MEDIO DE UN PREACUERDO CON LA FISCALÍA, POR EJEMPLO, DA LUGAR A QUE, AUN HABIENDO COMETIDO DELITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 1121 DEL 2006, QUE LIMITA EL OTORGAMIENTO DE SUBROGADOS PENALES, SE DE LA INAPLICACIÓN DEL INCREMENTO PUNITIVO DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 890 DE 2004.
TEMAS ESPECÍFICOS:FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, COAUTOR DEL DELITO, EXTORSIÓN, PREACUERDO, INCREMENTO DE LA PENA
Sentencia SP723/2015 de febrero 4 de 2015
SP723-2015
Radicación: 42.300
Acta: 32
Bogotá D.C., cuatro de febrero de dos mil quince.
1. El defensor de Ricardo Miguel Tovar Collazos, demanda la revisión de la sentencia dictada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Neiva, que confirmó la condenatoria proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento de esa ciudad.
Son dos las censuras propuestas contra la decisión, ambas al amparo de la causal contenida en el numeral 7º de la Ley 906 de 2004, como se pasa a explicar:
1.1. La primera, se encamina a que se le conceda la rebaja de la pena por reparación integral a Tovar Collazos, como así lo avala el artículo 269 del Código Penal para quienes indemnicen los perjuicios ocasionados a la víctima en los delitos contra el patrimonio económico, contenidos en el título VII ejusdem y como quiera que fue condenado por el delito de extorsión en la modalidad de tentativa, contenido en ese acápite.
Para ello, el defensor trajo a colación las decisiones CSJ SP, 29 de junio de 2008, Rad. 29.788; CSJ SP, 1º de julio de 2009, Rad. 30.800; y CSJ STP, 10 de agosto de 2010, para decir que allí varió la Sala de Casación Penal su postura, en el entendido de que «se trata de un derecho que le asiste al imputado o acusado, de reparar los daños y perjuicios que se generaron con ocasión de la comisión de un delito y así obtener con ella la rebaja correspondiente de pena».
1.1.1. Para el caso, el 14 de diciembre de 2010, el defensor de Tovar Collazos presentó un recibo de consignación hecha en la cuenta de depósitos judiciales en favor de la víctima por valor de ciento veintiún mil pesos ($121.000), con el respectivo avalúo hecho por un perito auxiliar de la justicia, afirmando que con esa suma se reparaban el daño emergente y el lucro cesante ocasionados con la conducta, por lo que pidió al Juez, aplicar a su prohijado la rebaja de pena de que trata el artículo 269 del Código Penal(5).
A tal solicitud accedió el a quo, tras argumentar, con sustento en jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que dicha rebaja «se trata de un derecho no consagrado dentro de las prohibiciones del artículo 26, Ley 1121 de 2006», razón por la cual redujo la pena de 96 meses de prisión en las tres cuartas partes y la dejó en 24 meses. Misma situación que sucedió con la sanción de multa, que de 2.000 salarios mínimos, pasó a 500 smmlv.
La Fiscalía interpuso el recurso de apelación contra la sentencia, estimando que debía imponerse no la máxima proporción de que trata el artículo 269, sino la mínima, es decir, la mitad, en razón a que la indemnización consignada por el condenado, no correspondía realmente al daño sufrido por la ofendida.
El Tribunal Superior de Neiva hizo eco de las pretensiones del ente acusador y por tal razón, luego de observar que no habían sido reparados los perjuicios morales ocasionados a la víctima y la indemnización había sido tardía, modificó la rebaja punitiva para reconocerla en la mitad.
Por ello, modificó la condena impuesta para dejarla en cuarenta y ocho (48) meses de prisión y multa de 1.000 salarios mínimos.
1.1.2. Ahora bien, invoca el demandante las decisiones CSJ SP, 29 de junio de 2008, Rad. 29.788; CSJ SP, 1º de julio de 2009, Rad. 30.800; y CSJ STP, 10 de agosto de 2010, como sustento de la causal invocada en lo que respecta al reconocimiento de la rebaja de pena por reparación integral del artículo 269 del Código Penal.
Pero dos yerros cometió en la sustentación de la causal por este aspecto. El primero, se funda en que las decisiones que trae a colación, son anteriores a la ejecutoria de la decisión condenatoria dictada contra su prohijado (en firme el 14 de marzo de 2011), por lo que no podría hablarse en el caso de un cambio jurisprudencial favorable hecho por la Corte, frente al criterio jurídico que sustentó la decisión condenatoria.
El segundo, se centra en que contrario al dicho del defensor, los funcionarios de conocimiento sí le reconocieron a Ricardo Miguel Tovar Collazos, la rebaja por indemnización integral de que trata el artículo 269 del Código Penal, como se explicó en el acápite antecedente.
Esa tesis, parte de la base de que la norma del 2006 prohíbe conceder cualquier tipo de prebendas cuando, como en este caso, se trate del delito de extorsión, razón por la cual es desacertado aplicar el aumento allí señalado, si de lo que se trata es de propiciar una justicia premial.
1.2.2. Los lineamientos plasmados en el cambio jurisprudencial que invoca el demandante, se cumplen en el evento considerado, pues cabe recordar que Ricardo Miguel Tovar Collazos, debidamente asesorado por su defensor, celebró un preacuerdo con la Fiscalía para admitir su responsabilidad por el delito de extorsión agravada en la modalidad de tentativa.
Ahora bien, la pena a imponer fue uno de los aspectos considerados en el preacuerdo y se observa, que al llevar a cabo la labor de dosificación punitiva, el ente acusador aplicó al delito de extorsión, el aumento contemplado en el artículo 14 de la Ley 890 del 2004, pero le negó a Tovar Collazos «rebajas de ninguna clase por prohibición del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006»(6) (7).
Entonces, se impone declarar fundada la causal contenida en el numeral 7º del artículo 192 de la Ley 906 de 2004 en lo que a este tópico respecta y de contera, dar cabida a la postura adoptada por la Corte a partir de la decisión CSJ SP, 27 de febrero de 2013, Rad. 33.254, lo cual comporta una redosificación de la pena por cumplir, descartando de ella el aumento del artículo 14 de la Ley 890 del 2004, con respeto a los criterios pactados en el preacuerdo y avalados por los jueces de instancia.
La Fiscalía aplicó el artículo 244 del Código Penal que, sin el agravante de la Ley 890, señala prisión de 12 a 16 años y multa de 600 a 1200 smmlv Además, contempló la circunstancia de agravación contenida en el numeral 3º del artículo 245, que fija la multa de 3.000 a 6.000 salarios y dispone que la prisión se aumente hasta en una tercera parte, proporción que, hecho el cálculo según el artículo 60.2 penal, deja los topes de 12 a 21,33 años (o 144 y 256 meses).
En aplicación del dispositivo amplificador del tipo de la tentativa, previsto en el artículo 27 del Código Penal(8), los límites quedan de 6 a 16 años de prisión (o 72 y 192 meses) y 1.500 a 4.500 salarios de multa.
Establecidos los extremos mínimo y máximo de movilidad entre 6 y 16 años, que equivalen a 72 y 192 meses, respectivamente, se determinó el ámbito punitivo en 120 meses (192-72) y se dividió en cuartos, para un resultado de 30 meses, que a su vez equivalen a 2 años y 6 meses. Entonces:
72 mesesa 192 meses
1.500 a 2.250 smlmv 2.251 a 3.000 smlmv 3.001 a 3.750 smlmv 3.751 a 4.500 smlmv
La Fiscalía solicitó al juzgador «que se imponga el mínimo de la pena que indica el tipo penal en este caso; pena que se fija de la que se determina de la pena mínima indicada, previa consideración de las circunstancias de menor punibilidad».
A ello accedió el juez de conocimiento, quien determinó que la pena pactada «se ajustó a la legalidad», razón por la cual la fijó en el tope mínimo del cuarto inferior(9).
Trasladados esos lineamientos al ámbito que se impone aplicar, se tiene que la pena final sería de 6 años (72 meses) y multa de 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2010.
Empero, como derivado del recurso de apelación formulado por la Fiscalía, el ad quem le disminuyó el reconocimiento de la rebaja de pena contenida en el artículo 269 del Código Penal(10) a la mitad, es preciso reajustar la tasación anteriormente descrita, en esa misma cuantía, respetando los argumentos contenidos en la sentencia de segundo grado, que llevaron al Tribunal a modificar la de primera instancia en ese monto.
Por lo anterior, se declararán sin valor, parcialmente, las Sentencias del 15 de diciembre de 2010 y del 4 de marzo de 2011, proferidas por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Neiva y la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, exclusivamente para dejar las penas principales de prisión, en 3 años (36 meses) y la de multa en 750 smmlv para el año 2010, sanciones que debe cumplir Ricardo Miguel Tovar Collazos, como coautor responsable del delito de extorsión agravada en la modalidad de tentativa por el que fue condenado.
2. No se pronunciará la Sala sobre la libertad del condenado, como quiera que, verificado el sistema de información de la Rama Judicial, se evidencia que el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, mediante auto del 7 de febrero de 2014, la decretó, en razón del cumplimiento de la pena impuesta por cuenta de este proceso(11).
Se ordenará, por secretaría de la Sala, i) oficiar al Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Neiva, para que libre a las autoridades correspondientes, las comunicaciones a que haya lugar; y ii) remitir copia de esta determinación a los Juzgados Primero y Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, para lo de su cargo, respecto de la sanción penal que en la actualidad purga Tovar Collazos.
1. Declarar Fundada la causal 7ª de revisión invocada por el defensor de Ricardo Miguel Tovar Collazos, en lo que respecta a la inaplicación del incremento punitivo del artículo 14 de la Ley 890 de 2004.
2. Dejar Sin Valor, Parcialmente, las Sentencias del 15 de diciembre de 2010 y del 4 de marzo de 2011, proferidas por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Neiva y la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, exclusivamente para dejar las penas principales de prisión, en 3 años (36 meses) y la de multa en 750 smmlv para el año 2010, sanciones que debe cumplir Ricardo Miguel Tovar Collazos, como coautor responsable del delito de extorsión agravada en la modalidad de tentativa por el que fue condenado. En el mismo monto que la privativa de la libertad, quedará la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
5. Ordénese, por secretaría de la Sala, i) oficiar al Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento de Neiva, para que libre a las autoridades correspondientes, las comunicaciones a que haya lugar; y ii) remitir copia de esta determinación a los Juzgados Primero y Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, para lo de su cargo, respecto de la sanción penal que en la actualidad purga Tovar Collazos.
1. Las sentencias de primera y segunda instancia se dictaron el 15 de diciembre de 2010 y el 4 de marzo de 2011, respectivamente.
2. Folios 26 a 30 de la carpeta original 1.
3. Folio 42 del cuaderno de la Corte.
4. Folio 102 del cuaderno de la Corte.
5. Folios 84 a 87 del cuaderno original 1.
6. Artículo 26. Exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz.
7. Ver folios 27 a 32 del cuaderno original 1.
8. El que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada.
9. Folio 92 ídem.
10. Artículo 269. Reparación. El juez disminuirá las penas señaladas en los capítulos anteriores de la mitad a las tres cuartas partes, si antes de dictarse sentencia de primera o única instancia, el responsable restituyere el objeto material del delito o su valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado.
11. Folio 107 y ss. del cuaderno de la Corte.
Debo previamente precisar, como ya lo hice en pasada oportunidad(1), que estuve de acuerdo con la parte resolutiva de la providencia que motiva esta aclaración, porque allí se materializa una decisión proferida por la Corte que, a términos del numeral 7º del artículo 192 de la Ley 906 de 2004, constituye jurisprudencia favorable para el sentenciado, por cuya virtud en este instante resulta de obligatoria aplicación en sede de revisión.
Pues bien, según la Sala mayoritaria, resulta improcedente el incremento generalizado de penas consagrado en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 para las conductas enlistadas en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 con el fin de permitir un margen de maniobra a la Fiscalía en procura de conseguir fallos anticipados por vía de los acuerdos y allanamientos, porque con tal aumento se violaría el principio de proporcionalidad de la sanción(2).
i) “Atendiendo los fundamentos del sistema acusatorio, que prevé mecanismos de negociación y preacuerdos, en claro beneficio para la administración de justicia y los acusados, se modifican las penas…”(3) (subrayas fuera de texto).
ii) “La razón que sustenta tales incrementos (de las penas establecidas en la Ley 599 de 2000, se aclara) está ligada con la adopción de un sistema de rebaja de penas, materia regulada en el Código de Procedimiento Penal, que surge como resultado de la implementación de mecanismos de ‘colaboración’ con la justicia que permitan el desarrollo eficaz de las investigaciones en contra de grupos de delincuencia organizada y, al mismo tiempo, aseguren la imposición de sanciones proporcionales a la naturaleza de los delitos que se castigan”(4) (subrayas fuera de texto).
iii) “El primer grupo de normas (aquellas relativas a la dosificación de la pena, se aclara), está ligado a las disposiciones del estatuto procesal penal (Ley 906 de 2004, se precisa) de rebaja de penas y colaboración con la justicia, que le permitan un adecuado margen de maniobra a la Fiscalía, de modo que las sanciones que finalmente se impongan guarden proporción con la gravedad de los hechos, y a la articulación de las normas sustantivas con la nueva estructura del proceso penal”(5) (subrayas fuera de texto).
iv) “Teniendo en cuenta que se hace necesario ajustar las disposiciones del Código Penal a los requerimientos que implica la adopción y puesta en marcha del sistema acusatorio, solicitamos a la Plenaria de la Cámara de Representantes dar segundo debate al proyecto de Ley número 251 de 2004 Cámara, 01 de 2003 Senado”(6) (subrayas fuera de texto).
v) “El actual proyecto de ley, insisto hasta la saciedad, únicamente tiene una justificación y una explicación: permitir poner en funcionamiento el Código de Procedimiento Penal, que se convertirá en ley de la república y que fue expedido por esta Corporación”(7) (subrayas fuera de texto).
vi) “Lo que hay que modificar son algunos artículos del Código, en razón a que como entra a operar el sistema acusatorio será necesario aumentar algunas penas para que haya margen de negociación, porque de lo contrario la sociedad se vería burlada con base en las rebajas que pueda hacer el fiscal”(8).
1. Aclaración presentada a la Sentencia del 16 de diciembre de 2014 (Rad. 42301).
2. Cfr. Sentencia de 26 de febrero de 2013, Rad. 33254.
3. Exposición de motivos del Proyecto de ley por el cual se modifica la Ley 599 de 2000.
4. Ponencia para primer debate al Proyecto de Ley 01 de 2003 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Senado.
5. Informe de ponencia para primer debate al Proyecto de Ley 251 de 2004 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Cámara de Representantes.
6. Informe de ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley 251 de 2004 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Cámara de Representantes.
7. Intervención del Vicefiscal General de la Nación en el segundo debate al Proyecto de Ley 251 de 2004 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Cámara de Representantes.
8. Discusión en segundo debate del Proyecto de Ley 251 de 2004 por el cual se modifica la Ley 599 de 2000. Cámara de Representantes.

References: ARTÍCULO 26
 ARTÍCULO 14
 artículo 269
 artículo 269
 artículo 26
 artículo 269
 artículo 269
e contrario
 artículo 269
 artículo 14
 artículo 26
 artículo 192
 artículo 14
 artículo 244
 artículo 245
 artículo 60
 artículo 27
 artículo 269
 artículo 14
 Artículo 26
 Artículo 269
 artículo 192
 artículo 14
 artículo 26