Source: https://contralaimpunidadya.wordpress.com/2012/12/10/las-mafias-sus-redes-en-espana-por-el-turismo-la-corrupcion-y-la-impunidad/
Timestamp: 2017-05-25 02:56:41+00:00

Document:
Las cifras del crimen organizado en España. Corrupción e impunidad les protegen. | Contra la impunidad ya!
10 diciembre, 2012 de patcolon	En la última década, las Fuerzas de Seguridad detectaron 5.409 bandas.
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6 pensamientos en “Las cifras del crimen organizado en España. Corrupción e impunidad les protegen.”	iñigo dijo:	12 abril, 2016 en 9:12 AM	Buenos días, me ha gustado mucho su articulo y ahora mismo estoy realizando un Proyecto de Fin de carrera sobre Crimen Organizado y me gustaría saber si usted podría ponerse en contacto conmigo para hablar del tema o facilitarme algo de información sobre ello. muchas gracias
Responder	federica dijo:	4 abril, 2016 en 4:24 PM	Buenos dias, por mis estudios necesitarìa hablar con el redactor de este articulo, si posible. Muchisimas gracias
Responder	Jenaro Rosemary Shepherd dijo:	28 noviembre, 2014 en 10:58 AM	UNIDAD DEL CRIMEN INVESTIGACIÓN CORRUPCIÓN
ESPAÑA SE SITUA A LA CABAZA DE EUROPA EN TODA LA TIPOLOGIA DE CORRUPCIÓN:
1. TIPOLOGÍA DE DELITOS Y FRAUDES
A la situación que existe en España desde hace tiempo, con cifras importantes de
economía sumergida y fraude fiscal, se le han sumado en los últimos años dos
fenómenos nuevos. Por un lado, una sucesión de casos de corrupción ligados al
urbanismo, y de casos de estafas o corrupción de tipo financiero, y, por otro, la
consideración de España por los organismos internacionales como paraíso para el
blanqueo de capitales. La situación existente exige una respuesta integral, clara y
rotunda, por parte del Gobierno, debiendo adoptar las medidas necesarias de todo tipo
para combatir no solo el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, sino cualquier tipo de
Podemos distinguir las siguientes figuras delictivas y fraudes:
• Corrupción de todo tipo.
• Tramas del IVA.
• Facturas falsas en el régimen de módulos.
• Fraudes fiscales de carácter organizado y delictivo, utilizando testaferros y
sociedades pantalla.
• Fraudes consistentes en la deslocalización nacional de personas o entidades.
• Fraudes relativos a la utilización abusiva de beneficios fiscales o regímenes
• Operaciones de ingeniería financiera.
• Fraude en el IVA en general.
• Fraude fiscal de carácter sectorial.
Este documento detalla las propuestas de la Organización de Inspectores de Hacienda del
Estado para luchar contra las formas más graves de fraude, así como las medidas que,
dentro del ámbito de actuación de la AEAT y Ministerio de Economía y Hacienda, deberían
adoptarse para combatir la corrupción y el blanqueo de capitales.
Hay que destacar que en determinadas ocasiones, las medidas idóneas no se adoptan
por decisiones de tipo político, entendiendo por tales, las que no se adoptan porque
priman otras circunstancias ajenas a lo estrictamente técnico y profesional, no porque
estén influenciadas por la ideología del partido gobernante.
Las influencias que a veces se han producido, o se pueden producir, en relación con las
medidas que se proponen en el presente documento, son las siguientes:
• Presiones de determinados centros de poder o instituciones.
• Competencias técnicas atribuidas a puestos de carácter eminentemente político.
• Necesidad de justificar unos determinados resultados numéricos ante los medios
de comunicación o en las comparecencias parlamentarias.
• Problemas de competencias entre diferentes órganos administrativos o
• Coste electoral de determinadas medidas.
• Repercusión en el propio partido político.
• Utilización política de las instituciones.
Además de lo anterior, en determinadas ocasiones se han intentado adoptar medidas que
van en directamente en contra de una actuación técnica, profesional e independiente. Así
ha ocurrido, por ejemplo, en la aprobación de último Reglamento de Gestión e Inspección
Tributaria, de desarrollo de la Ley General Tributaria, en el que se preveía en su proyecto
inicial, la intervención de una comisión, ajena a la propia inspección, para resolver las
actas más importantes o complejas.
En el informe global sobre la corrupción en España, emitido por Transparencia
Internacional, se reflejan determinados índices sobre la
percepción de la corrupción. Así, en el Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) , que
mide la percepción de un concepto de corrupción, como es el incumplimiento de normas
legales contra el soborno o cohecho para beneficio directo o indirecto, la percepción de
los expertos, ejecutivos y empresarios nacionales e internacionales, sitúa a España en el
lugar 23 (ranking de menos a más corruptos). En el índice de percepción ciudadana, el
66% de los españoles piensan que la corrupción afecta muy significativamente a la vida
En los últimos meses, la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado ha
mantenido numerosas reuniones con Asociaciones de funcionarios de la Administraciones
Central, Autonómica y Local, con funciones de control en sus diferentes vertientes,
compartiendo todos la misma preocupación por el nivel de corrupción que, en sus
distintas acepciones, se ha alcanzado en los últimos tiempos en España y que, de alguna
manera, está deteriorando la imagen de profesionalidad de las personas, funcionarios de
la Administración Pública, dedicadas al control del mismo. Los representantes de dichas
Asociaciones están de acuerdo en que no pueden seguir asistiendo, entre otros motivos
por razones de dignidad profesional, a la pasividad de los Poderes Públicos ante la
El fraude y la corrupción no alcanza sólo al área fiscal. Es una lacra general, como
últimamente han puesto de manifiesto casos de todos conocidos relacionados con el
mundo financiero y político. Resulta impensable que en un Estado plenamente de
Derecho, integrado en la Unión Europea, surjan de manera casi diaria, casos de
corrupción, ya sean relacionados con personas físicas, jurídicas o con instituciones, sin
que las distintas partes responsables de atajar esta lacra, Administración Pública Estatal,
Autonómica, Local y Partidos Políticos, hayan considerado este problema como
fundamental en el desarrollo de un Estado de Derecho.
La ciudadanía y los profesionales que tienen las funciones de control y supervisión
asisten atónitos al desarrollo de los casos descubiertos o denunciados, confiando muy
poco en que las Instituciones existentes sean capaces de adoptar las medidas necesarias
para combatirlos, ante la falta de iniciativa política en muchas de las situaciones.
Así lo ha entendido también el Parlamento, ya que entre las Resoluciones aprobadas por
el Pleno del Congreso de los Diputados el día 5 de julio de 2007, con motivo del
debate de política general en torno al estado de la Nación, fue aprobada la
Resolución núm. 14, sobre la lucha contra la corrupción urbanística, en la que el
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a liderar un Pacto de Estado contra la
Corrupción que contenga las siguientes medidas:
• Traer con la mayor urgencia al Parlamento un conjunto de reformas
legales previamente consensuadas:
􀂃 Proyecto de ley de reforma del Código Penal que contenga un endurecimiento
adecuado de las penas por delitos contra la ordenación del territorio,
malversación de caudales públicos, prevaricación con fines de lucro, cohecho,
tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o
privados, blanqueo de dinero y otros que concurren en este fenómeno, con el
fin de garantizar su efectividad en la lucha contra la corrupción ligada al
􀂃 Proyecto de ley de financiación de las Haciendas Locales que garantice el
principio de suficiencia financiera.
􀂃 Proyecto de ley que endurezca el régimen de incompatibilidad de cargos
públicos en las distintas esferas de la Administración que tuvieren relación con
la planificación del territorio y de las infraestructuras.
En particular, se regulará la incompatibilidad de los altos cargos de gobierno
municipales y de los miembros de las Comisiones provinciales y autonómicas
de Urbanismo, en relación con responsabilidades empresariales o profesionales
de nivel directivo vinculadas a la construcción y el urbanismo.
• Desarrollar con la mayor urgencia las medidas preventivas contempladas
en la nueva Ley de Suelo frente a la especulación y la corrupción, con especial
atención a la transparencia, información pública y participación ciudadana en los
acuerdos e instrumentos de planeamiento urbanístico, incluyendo los convenios
• Incrementar y mejorar los recursos humanos y materiales de las Fiscalías
de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas,
especialmente en aquellas más afectadas por este tipo de delitos.
• Reforzar la Agencia Tributaria, con mayor dedicación de sus efectivos a la
aplicación de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal, intensificando la
investigación y persecución de los incrementos desmesurados del
patrimonio carentes de justificación.
• Reforzar el Pacto Antitransfuguismo y velar por el cumplimiento del
compromiso de no formar gobiernos municipales o autonómicos con quienes
hayan abandonado sus respectivas formaciones políticas firmantes.
• Impulsar un «Código Ético» suscrito por las formaciones políticas, que
trasladarán a sus respectivos estatutos y recogerá el compromiso de denunciar
ante la Fiscalía cualquier dato de corrupción que conozcan y a separar de las
instituciones a las personas imputadas o condenadas por delitos de corrupción.
Los casos de corrupción descubiertos hasta ahora han puesto de manifiesto la existencia
simultánea de delitos fiscales, de blanqueo de capitales y de otras figuras delictivas,
como el cohecho. En todos ellos existen circunstancias comunes, como el movimiento de
grandes sumas de dinero, el enriquecimiento desproporcionado de algunas personas, la
utilización de redes de sociedades interpuestas, y la utilización de testaferros, sociedades
pantalla y de paraísos fiscales. Hay que destacar que en estas operaciones el dinero
entregado suele ser “dinero negro”, es decir, sin declarar. Por ello, la AEAT debería
disponer de los medios e instrumentos necesarios para poder detectar dichas situaciones.
En la Disposición adicional novena de la Ley del Suelo recientemente aprobada, (Ley
8/2007, de 28 de mayo) se modifican, entre otros, el artículo 75.7 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, estableciéndose lo siguiente:
«Los representantes locales, así como los miembros no electos de la Junta de
Gobierno Local, formularán declaración sobre causas de posible
incompatibilidad y sobre cualquier actividad que les proporcione o pueda
proporcionar ingresos económicos.
Formularán asimismo declaración de sus bienes patrimoniales y de la
participación en sociedades de todo tipo, con información de las
sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los
impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades.
Tales declaraciones, efectuadas en los modelos aprobados por los
plenos respectivos, se llevarán a cabo antes de la toma de posesión,
con ocasión del cese y al final del mandato, así cuando se modifiquen
las circunstancias de hecho.
Las declaraciones anuales de bienes y actividades serán publicadas con
carácter anual, y en todo caso en el momento de la finalización del mandato,
en los términos que fije el Estatuto municipal.
Tales declaraciones se inscribirán en los siguientes Registros de intereses, que
tendrán carácter público:
a) La declaración sobre causas de posible incompatibilidad y actividades que
proporcionen o puedan proporcionar ingresos económicos, se inscribirá en el
Registro de Actividades constituido en cada Entidad local.
b) La declaración sobre bienes y derechos patrimoniales se inscribirá en el
Registro de Bienes Patrimoniales de cada Entidad local, en los términos que
establezca su respectivo estatuto.
Medida 1. Plan especial de comprobación de alcaldes, concejales de
urbanismo y otros representantes públicos.
Se propone la inclusión en plan de inspección de los alcaldes y concejales de urbanismo
de los Ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes (141 municipios en
toda España) y de aquellos otros en los que se hayan adoptado importantes medidas
La inclusión en plan se ha de realizar al finalizar cada mandato electoral de 4 años, o, en
su caso, en el momento del cese. Los criterios del plan han de ser públicos, para evitar
suspicacias de utilización política de una medida de este tipo.
En este plan se deberán llevar a cabo las medidas complementarias de investigación
necesarias para descubrir la posible utilización de testaferros o sociedades pantalla.
Medida 2. Remisión de información a la Agencia Tributaria.
Se establecerá la obligatoriedad de remitir a la Agencia Tributaria, en la forma, plazos y
modelos que se determinen, la información obrante en los Registros de Bienes
Patrimoniales de cada Entidad Local, así como en cualquier registro oficial de este tipo
existente en otros órganos e instituciones.
Medida 3. Seguimiento patrimonial especial por la AEAT de las personas
condenadas por corrupción.
Establece el artículo 127 del Código Penal que toda pena que se imponga por un delito o
falta dolosos llevará consigo la pérdida de los efectos que de ellos provengan y de los
bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como las
ganancias provenientes del delito o falta, cualesquiera que sean las transformaciones que
hubieren podido experimentar. Los unos y las otras serán decomisados, a no ser que
pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito que los haya adquirido
Se propone como medida la atribución a la AEAT de la competencia legal para el
seguimiento patrimonial de aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos de
corrupción y que no hayan reintegrado los bienes y dinero procedentes de los mismos.
Medida 4. Tipificar como delito, castigado con penas de prisión, la no entrega
o falseamiento de datos en la declaración de los bienes
patrimoniales y de la participación en sociedades de todo tipo.
Debe perseguirse penalmente la omisión de datos o el falseamiento, dado el objetivo que
persigue dicha declaración de transparencia de los cargos públicos.
Medida 5. Reforzamiento de la denuncia pública.
En los delitos de corrupción existe mucha información que no llega a las instituciones y
órganos encargados de investigarlos. Deben regularse los cauces adecuados que
garanticen la necesaria confidencialidad a los ciudadanos, o empleados de empresas o
instituciones, que disponiendo de información relevante quieran transmitirla.
Medida 6. Potenciar la fiscalía anticorrupción, incrementando el número de
inspectores y técnicos, para que auxilien a la fiscalía en la
persecución de este tipo de delitos.
Medida 7. Aprobación de una ley anticorrupción.
En línea con la resolución aprobada en el Parlamento, debería promoverse por el
Gobierno un pacto contra la corrupción, que derivara en la aprobación de una ley
anticorrupción. En la tramitación de dicha ley deberían ser oídas necesariamente todas
las asociaciones profesionales de funcionarios que tengan atribuidas legalmente
funciones de supervisión y control, con el objetivo de conocer las deficiencias y
necesidades de los órganos de supervisión y control y dotarles de las facultades legales y
de los medios necesarios.
La Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del
blanqueo de capitales definía el blanqueo de capitales como la adquisición,
utilización, conversión o transmisión de bienes que proceden de alguna de las actividades
delictivas relacionadas con drogas, bandas armadas y organizaciones o grupos
terroristas, para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado
en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, así como la
ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, localización, disposición,
movimientos o de la propiedad o derechos sobre los mismos, aun cuando las actividades
que las generen se desarrollen en el territorio de otro Estado.
La modificación producida en dicha ley, en el año 2003, define el blanqueo de una forma
más amplia, regulando las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos para
prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, así como de otros sectores de
actividad económica, para el blanqueo de capitales procedentes de cualquier tipo de
participación delictiva en la comisión de un delito castigado con pena de prisión
Así pues, con la normativa actual, el blanqueo de capitales también incluye la
adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que procedan de la
comisión de delitos fiscales, ya que estos delitos tienen establecidas penas de
cuatro a seis años de prisión.
Todos los indicadores señalan a España como un verdadero paraíso para el blanqueo de
capitales. Así se manifiesta en los informes emitidos por el Grupo de Acción
Financiera (GAFI), organismo internacional dependiente de la OCDE encargado de
coordinar las acciones contra estos delitos, al que pertenecen 31 países, entre ellos
España. Los países miembros se someten cada año a ejercicios de evaluación y, cada
cierto tiempo, a un examen global respecto de las 49 recomendaciones que los Estados
miembros se comprometen a cumplir.
El GAFI emitió un informe en el año 2006 sobre la situación en España, señalando en el
mismo que de las 49 recomendaciones, España cumple totalmente 10, cumple
ampliamente 14, sólo parcialmente 11 y suspende en tres. Además, señala el GAFI que
España no cumple con el control de las cuentas de corresponsales que tienen las
entidades bancarias en el extranjero, que la legislación española no cumple con las
recomendaciones del Organismo de prohibir a dichas entidades tener relaciones con los
denominados bancos pantalla (en paraísos fiscales) y que España no ha tomado las
medidas adecuadas para una eficaz vigilancia de los clientes de alto riesgo o personas
políticamente expuestas.
También destaca dicho organismo que no existe una adecuada supervisión de las
actividades que desarrollan los despachos de abogados, notarias, inmobiliarias,
registradores, joyerías, casinos, auditores y el resto de actividades que han de
suministrar información cuando detecten operaciones sospechosas de blanqueo.
Las conclusiones del informe del GAFI sobre España se han visto tristemente superadas
en la práctica por los recientes escándalos de corrupción descubiertos en la Costa del Sol,
donde se ha puesto de manifiesto el estrepitoso fracaso de los controles sobre el
blanqueo de capitales en España. Todo ello es consecuencia de la información escasa y
de poca calidad transmitida por las personas y entidades obligadas a ello, y por los
escasos medios de que dispone el SEPBLAC, como órgano dependiente del Banco de
España encargado de analizar la información recibida.
La Ley de Blanqueo de Capitales establece la obligación de comunicar las operaciones
sospechosas que tienen las Entidades de Crédito, Las Entidades Aseguradoras
autorizadas para operar en el ramo de vida, Sociedades y Agencias de Valores,
Instituciones de Inversión colectiva, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión
colectiva y de Fondos de Pensiones, Sociedades Gestoras de Cartera, Sociedades
emisoras de Tarjetas de Crédito, personas físicas o jurídicas que ejerzan actividad de
cambio de moneda, casinos de juego, actividades de promoción inmobiliaria, agencia,
comisión o intermediación en la compra-venta de inmuebles, personas físicas o jurídicas
que actúen en el ejercicio de su profesión como auditores, contables externos o asesores
fiscales, y notarios, abogados y procuradores.
Según los datos que figuran en la memoria del SEPBLAC, en el año 2006 el número de
comunicaciones recibidas de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y
financiación del terrorismo fue de 2.251, lo que supone un descenso del 11,15% respecto
al año anterior. Figura también que, como en años anteriores, sigue siendo bajo el
número de personas físicas o jurídicas que realizan las actividades profesionales o
empresariales señaladas en la Ley 19/1993 que han comunicado operaciones. Así, en el
año 2006 solamente se comunicaron los siguientes asuntos sospechosos: 94 procedentes
de los notarios, 19 de los abogados, 25 de las inmobiliarias y constructoras, y 3 de los
casinos. Dichas cifras suponen comparativamente una diferencia muy grande entre las
operaciones comunicadas en España y los países de nuestro entorno como Francia y
Bélgica. Los datos correspondientes al año 2004 son 2.296 operaciones en España,
10.842 en Francia y 11.234 en Bélgica.
Medida 1. Creación de una OFICINA NACIONAL ANTIFRAUDE.
La lucha contra el fraude fiscal, y la persecución del blanqueo de capitales asociado a
éste u otro tipo de delitos, no puede acometerse a partir de diferentes organismos o
instituciones que ataquen sólo parcialmente dicho fenómeno en el ámbito de las
competencias que les son propias, sino que debe ser objeto de una persecución más
integrada. En este sentido, la contemplación unitaria de la delincuencia fiscal hace
imprescindible la creación de un organismo multidisciplinar que, bajo la dependencia
funcional de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, integre, entre otros,
funcionarios de la Inspección de Hacienda, del Servicio Ejecutivo de la Comisión de
Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ministerio Fiscal. Un organismo de tal naturaleza
estaría en condiciones de abordar con garantías de éxito la lucha contra las grandes
tramas de fraude que tan relevantes perjuicios causan al conjunto de los ciudadanos al
tiempo que constituiría un órgano especializado de apoyo y colaboración permanente con
La Oficina Nacional Antifraude se crearía a partir de la existente Oficina Nacional de
Investigación del Fraude (ONIF), ampliando sus competencias y su despliegue territorial,
mediante la creación de 100 unidades de investigación en todas las CCAA, integradas en
la estructura de las Dependencias Regionales de Inspección.
La Oficina Nacional Antifraude asumiría las competencias de investigación del blanqueo
de capitales y de todo tipo de delincuencia económica, financiera, y de carácter
organizado, dependiendo de ella la policía fiscal, cuya constitución se propone en la
siguiente medida.
Medida 2. Creación de la Policía Fiscal.
En la Ley de creación de la AEAT, Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1991, ya se contemplaba la creación de la Policía Fiscal,
habiendo transcurrido quince años sin que se haya adoptado dicha medida.
La lucha contra el fraude debe contemplar la creación de una policía fiscal dependiente
de la Agencia Tributaria en la cual se integrarían unidades especializadas de la Policía
Nacional y de la Guardia Civil, junto a las Unidades Operativas de Vigilancia Aduanera.
Tales unidades mantendrían su dependencia orgánica respectiva, bajo la dependencia
funcional de la Oficina Nacional Antifraude.
En la normativa reguladora de la futura policía fiscal se ha de contemplar el
reconocimiento expreso de su carácter de Policía Judicial para la investigación penal de
los delitos fiscales, de contrabando, de blanqueo de capitales, alzamientos de bienes y
La creación de una Policía Fiscal es un elemento clave en la lucha contra el fraude,
especialmente el fraude organizado. Existen modelos internacionales de eficacia
contrastada, como EE.UU e Italia.
En el primer borrador del PLAN DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL, antes de su
cambio de nombre por el de “prevención”, figuraba, en su página 185, la siguiente
3. Policía Fiscal.
A pesar de lo previsto en la Ley de creación de la Agencia Tributaria, las
actuaciones de investigación y lucha contra la delincuencia organizada no se
ven respaldadas por una Policía Fiscal interna, que debe crearse a partir de la
experiencia de Vigilancia Aduanera en tareas de lucha contra el narcotráfico y
􀂃 Creación de una Policía Fiscal en la Agencia Tributaria, a partir de la
experiencia de Vigilancia Aduanera.
􀂃 Reconocimiento expreso de su carácter de Policía Judicial para la
investigación penal de los delitos fiscales, de contrabando, de blanqueo
de capitales, alzamientos de bienes y falsedades documentales.
Según manifestaba la Organización de Inspectores de Hacienda en el informe emitido de
diciembre de 2004, en el Plan de Prevención del Fraude Fiscal (página 3) presentado
por el Gobierno no figuraba ya la creación de la policía fiscal.
A partir de ese momento, en todas las propuestas que ha realizado la Organización de
Inspectores de Hacienda dirigidas a la lucha contra el fraude ha incluido, entre otras, la
necesidad de crear la policía fiscal. Así se reflejó en el documento “Propuestas para la Ley
de Medidas contra el Fraude Fiscal”, de octubre de 2005, en el documento sobre el
Anteproyecto de Ley de Medidas contra el fraude, de enero de 2006, y, por último, en el
documento remitido a todos los Grupos Parlamentarios con ocasión del Proyecto de
Reforma del Código Penal, que está tramitándose actualmente en el Parlamento.
Medida 3. Atribución, mediante ley, a la Agencia Tributaria de la función de
investigar el fraude fiscal de carácter organizado y el blanqueo de
capitales en funciones de auxilio a la Justicia.
Todas las actuaciones relacionadas con la prevención y lucha contra el blanqueo de
capitales deben depender de la Secretaría de Estado de Hacienda y no de la de
Economía, atribuyéndose, mediante ley, a la AEAT la función investigar los fraudes de
carácter delictivo, en auxilio de la justicia.
Medida 4. Especialización en la Fiscalía y en los Tribunales de Justicia en
relación con los delitos económicos.
Resulta totalmente necesaria dicha especialización, sobre todo en los delitos de blanqueo
y delitos contra la Hacienda Pública en sus diversas modalidades.
5.1. CIFRAS DE FRAUDE FISCAL EN ESPAÑA
Ningún Gobierno ha querido realizar hasta ahora un estudio en profundidad sobre la
economía sumergida y el fraude fiscal existente en España. De esta forma, si no se
reconoce el problema, no se tiene que justificar la falta de adopción de medidas para
erradicar dicha lacra social.
Algunos datos existentes sobre el fraude fiscal son los siguientes:
• Estudio de la Comisión Europea, publicado en 2002.
Señala que entre 1998 y 2002, la economía sumergida en España pasó del 15% al
22% del PIB.
• Informe del año 2002 presentado por el responsable de política económica del
PSOE, Jordi Sevilla, en el que se calculaba en 25.000 millones de euros el importe
que dejaba de cobrar Hacienda cada año como consecuencia del fraude fiscal
• Estudio del Instituto de Estudios Fiscales elaborado por los profesores Miguel
Gómez González y Ángel Alagón en agosto de 2003.
Según dicho estudio, la economía sumergida suponía el 21% del PIB, por un
importe de alrededor de 130.000 millones de euros. Se manifiesta también en
este estudio que la economía sumergida nunca había alcanzado el 20% antes del
• Instituto de Crédito Oficial.
El presidente del Instituto de Crédito Oficial manifiesta que la economía
sumergida podría situarse entre el 20% y el 25% del PIB.
• Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Noviembre de 2004: La economía
sumergida se sitúa en torno al 20% del PIB.
• Estudio de Consumar, del Grupo Ero ski: Seis de cada diez inmobiliarias aceptan
mediar con dinero negro en operaciones de compraventa de vivienda.
• Informe de la Revista Mercado de Dinero, editada por Ausbanc Empresas. 2004.
La economía sumergida supone una cifra del 21% del PIB. Ha aumentado 5,4
puntos desde 1980 hasta 2000.
• Según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de julio de
2007, el 82,70% de los encuestados creen que en España existe mucho o
bastante fraude fiscal, y el 80,90% cree que el fraude fiscal es mayor o igual que
• El dinero en metálico en España supone el 10% del PIB, frente al 5% de la zona
euro y el 6% de Estados Unidos, y ello a pesar de que España dispone de una de
las redes de cajeros automáticos y sucursales bancarias más utilizadas de Europa.
• Billetes de 500 euros. Actualmente circulan en España 111 millones de euros en
billetes de 500 euros, cuantía que supone un 30% del total emitido en la Unión
Europea y el 64% del valor total del efectivo en manos de los españoles. La cifra
de este tipo de billetes se ha multiplicado por siete respecto de los existentes en
el año 2002, año de puesta en circulación del euro. Según los primeros datos
aportados por la AEAT de las investigaciones que se están realizando, la
utilización de estos billetes corresponde en una parte importante a operaciones
5.2. ACTUACIONES DE LA ORGANIZACIÓN DE INSPECTORES DE HACIENDA.
Desde el congreso de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado celebrado
en Zaragoza en octubre de 2003, la situación de fracaso en la lucha contra el fraude
fiscal ha sido una preocupación constante en el seno de nuestra Organización,
elaborando multitud de documentos en los que se han analizado la situación existente,
sus causas y las propuestas y medidas necesarias para corregirlo.
La postura de denuncia de la situación ha sido mantenida por la Organización de
Inspectores de Hacienda, independientemente del signo político del partido gobernante.
Así, poníamos de manifiesto la situación de fracaso en el año 2003, denunciando planes
que buscaban principalmente lograr un efecto mediático, y lo hemos vuelto a poner de
manifiesto en los últimos años, con otro gobierno de signo diferente, ante la insuficiencia
de las medidas adoptadas, tanto en el Plan de Prevención del Fraude como en la ley
aprobada a tal efecto.
En relación con la situación actual de la lucha contra el fraude fiscal, nuestra
opinión consta en el escrito que la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado
remitió en el mes de marzo de 2007 al Presidente del Gobierno, en el que se manifestaba
“La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado representa
al 90% del colectivo. En los últimos años hemos denunciado la situación de
fracaso en la lucha contra el fraude fiscal, analizando sus causas y efectuando
multitud de propuestas, sin que hayamos conseguido hasta ahora que las
Autoridades Tributarias adoptaran las medidas necesarias y adecuadas para
erradicar esta lacra social, siendo una vergüenza para todos nosotros que en
este tema estemos a la cabeza de la Unión Europa. Dicha situación genera una
enorme insatisfacción profesional en nuestro colectivo, que se agrava cuando
la sociedad y los medios de comunicación nos responsabilizan de ella a
nosotros, como ha ocurrido en los recientes casos, ligados a la corrupción
urbanística, que han tenido amplia difusión en los medios de comunicación. Le
adjuntamos un dossier con la multitud de escritos y documentos que hemos
remitido a las autoridades del Ministerio de Economía y Hacienda y de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, así como a los Grupos
Parlamentarios del Congreso de los Diputados.
Hace ya casi tres años que su Gobierno, cuando ganó las elecciones, manifestó
que una de sus líneas de actuación prioritaria iba a ser la lucha contra el
fraude fiscal. A pesar de dicho anuncio, las medidas aprobadas, un Plan de
Prevención, sin la dotación de los medios necesarios, y una Ley de Medidas,
sin medidas significativas, sabemos que no van a acabar con el enorme fraude
fiscal existente en España. Puede preguntar a cualquiera de sus colaboradores,
pero estamos seguros de que ninguno le podrá decir que con dichas medidas,
en los próximos años, esta lacra social se habrá terminado. Por ello, este será
uno más de los muchos planes que los diferentes Gobiernos, los anteriores y el
suyo, han aprobado persiguiendo fundamentalmente fines mediáticos de cara
a la opinión pública. Por supuesto que alguna de las medidas adoptadas son
positivas, pero insuficientes para acabar con el fraude existente, en línea de lo
que manifestó su Gobierno.
La respuesta por parte de los miembros de su Gobierno a nuestras propuestas
ha sido siempre el silencio, acompañado de determinadas actitudes que han
supuesto un menosprecio hacia nuestro colectivo y el trabajo que realizamos,
demostrándonos que no quieren contar con nosotros para acabar con el fraude
fiscal, o que no les importa erradicarlo…
Los documentos elaborados por la Organización de Inspectores de Hacienda del
Estado en los últimos años y remitidos a los Grupos Parlamentarios del Congreso de los
Diputados y a las Autoridades Tributarias, han sido los siguientes:
• La situación de la lucha contra el fraude fiscal: diagnostico y algunas propuestas
de mejora. Octubre 2003.
• Causas de la situación actual de la lucha contra el fraude fiscal. Noviembre 2003.
• Comentarios al plan general de control tributario 2004. Febrero 2004.
• Informe sobre la nueva Ley General Tributaria. Junio 2004
• Un modelo alternativo de lucha contra el fraude. Octubre 2004.
• Informe sobre el plan de prevención del fraude fiscal. Diciembre 2004.
• El Estatuto Orgánico de la Agencia Tributaria. Febrero 2005.
• El modelo de control de la Agencia Tributaria. Mayo 2005.
• Utilización abusiva de las instituciones de inversión colectiva. Junio 2005.
• Informe sobre la falta de voluntad política para luchar contra el fraude fiscal.
• Observaciones sobre el proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla el texto
refundido de la Ley del Catastro. Septiembre 2005.
• Informe sobre la propuesta de nuevo estatuto para Cataluña. Octubre 2005.
• Propuestas para la ley de medidas contra el fraude fiscal. Octubre 2005.
• Propuestas para el Proyecto de Ley General de Presupuestos 2006. Escrito
remitido a todos los Grupos Parlamentarios. Octubre 2005.
• Necesidades de medios humanos en la lucha contra el fraude fiscal. Noviembre
• Informe sobre el anteproyecto de ley de medidas para prevención del fraude
fiscal. Enero 2006.
• Informe sobre las limitaciones a las competencias de la Inspección en las
comprobaciones más importantes en el Proyecto de Reglamento que prepara el
Gobierno. Febrero 2006.
• Responsabilidades fiscales en el “Caso Marbella”. Abril 2006.
• Los aspectos fiscales del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. Abril 2006.
• Agencia tributarias autonómicas y consorcios. Octubre 2006.
• Propuestas para el Proyecto de Ley General de Presupuestos 2007. Escrito
remitido a todos los Grupos Parlamentarios. Octubre 2006.
• Reforma del código penal: propuestas para modificar el delito fiscal y otras
medidas para combatir el fraude fiscal. Enero 2007.
• Funciones de la Agencia Tributaria de Cataluña y del futuro consorcio. Julio 2007.
• Análisis sobre los recursos humanos en la AEAT. Octubre 2007.
Además de los documentos anteriores, han sido numerosos los escritos remitidos a las
autoridades tributarias reclamando reformas de tipo organizativo. Así, cabe hacer
mención, entre otros, a los siguientes:
• Al Director del Departamento de Inspección. Junio de2005. Sobre objetivos y
• Al Director de la AEAT. Junio de 2005. Sobre estudio de retribuciones.
• Al Secretario de Estado de Hacienda. Remitiendo los documentos aprobados en el
XV congreso de la Organización celebrado en Granada.
• Al Ministro de Hacienda. Diciembre de 2005. Solicitando el urgente e
inmediato cese del Secretario de Estado de Hacienda y Presidente de la
AEAT, D. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por falta de voluntad en la
• Al Director de la AEAT. Enero de 2006. Sobre objetivos, baremo y productividad.
• Al Director de la AEAT. Enero de 2006. Sobre propuestas para la defensa jurídica
de los Inspectores de Hacienda del Estado.
• Al Secretario de Estado de Hacienda. Marzo de 2006. Sobre temas pendientes de
contestar y solicitud reunión.
• Al Director de la AEAT. Abril de 2006. Sobre objetivos, baremo y productividad.
• A la Secretaria General de Hacienda y al Director de la AEAT. Mayo de 2006.
Relativo a propuestas sobre tribunales remitidas a la Dirección de la AEAT y del
• Al Director de la AEAT. Mayo de 2006. Sobre propuestas de productividad.
• Al Director de la AEAT. Mayo de 2006. Sobre propuestas de carrera
• Al Director de la AEAT. Junio de 2006. Escrito al Director de la AEAT, firmado por
más de 1.000 inspectores, sobre la creación de otros cuerpos del grupo A.
• Al Director de la AEAT. Septiembre de 2006. Sobre los expedientes de Marbella.
• Al Director de la AEAT. Noviembre de 2006. Escrito solicitando reunión urgente.
• Al Ministro de Hacienda. Enero de 2007. Sobre la situación en la lucha
contra el fraude y cuestiones profesionales.
• Al Director de la AEAT. Enero de 2007. Sobre objetivos y bolsas de productividad.
• Al Secretario de Estado de Hacienda. Enero de 2007. Sobre puestos a ocupar por
• Al Director de la AEAT. Marzo de 2007. Sobre necesidad de reformas organizativas
• Al Presidente del Gobierno. Marzo de 2007. Denunciando la falta de
adopción de medidas contra el fraude fiscal.
• Al Director de la AEAT. Junio de 2007. Sobre productividad por objetivos.
• Al Secretario de Estado de Hacienda. Agosto de 2007. Sobre los Inspectores
destinados en los tribunales Económico Administrativos.
• Al Secretario de Estado de Hacienda y al Director de la AEAT. Septiembre de
2007. Documento sobre recursos humanos en la AEAT.
5.3. MANIFESTACIONES DE LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS.
En relación con La situación de la lucha contra el fraude fiscal, las Autoridades Tributarias
reconocen que falta mucho por hacer, como lo ponen de manifiesto las siguientes
El Director General de la AEAT, D. Luis Pedroche, ha manifestado que “Queda mucho
por hacer en la lucha de Hacienda contra el fraude” (La Razón, 6-03-2007)
El Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, a su vez Presidente de la
AEAT, D. Carlos Ocaña, en una entrevista bajo el titular “ Hacen falta más medios contra
el fraude”, manifiesta que hacen falta más medios, pero sobre todo usarlos mejor: frente
a la actividad de comprobar declaraciones, más investigación. No ir al que ha declarado,
sino al que no lo ha hecho. ¿Hacen falta más recursos? Sí. Estamos aumentándolos. Pero
no es lo único”. (El País, 3-12-2006).
El Ministro de Economía y Hacienda, D. Pedro Solbes, a la pregunta de “Los
Inspectores dicen que no se ponen todas las medidas suficientes para combatir el
fraude”, responde: “No conozco a nadie que considere que le sobran recursos. Siempre
se puede hacer más y mejor, y por eso no debemos ser complacientes, pero la mejora en
estos dos años ha sido sustancial”. (El País, 22 de julio de 2007).
Las características de opacidad y anonimato de los paraísos fiscales los convierten en
territorios que se utilizan para ocultar todo tipo de rentas, incluidas las provenientes de
actividades delictivas, como el terrorismo, tráfico de armas y drogas. Puede resultar
extraño que un puñado de pequeños países tengan en jaque al resto del mundo y más
cuando se ha demostrado que los paraísos fiscales se han utilizado también en la
El artículo 56 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea prohíbe las restricciones
a los movimientos de capitales y a los pagos entre Estados miembros, y también entre
estos y terceros países. Este principio rige sobre cualquier otro. Hubiera sido muy fácil
aislar financieramente y, por tanto, eliminar los paraísos fiscales, si en dicho Tratado se
hubiera incluido como excepción a la libertad de los movimientos de capitales los
movimientos efectuados entre los Estados miembros y los territorios calificados como
No obstante, a pesar de dicho principio, cuando a la Unión Europea le ha interesado, ha
conseguido que dichos territorios proporcionen información, como ha ocurrido con la
aplicación de la Directiva sobre Fiscalidad del Ahorro, para evitar la competencia de
los paraísos en este tema. Así, se establece la obligatoriedad de intercambio de
información, pero, y esto es quizás lo más importante, solamente relacionada con la
fiscalidad del ahorro. En el Consejo de Economía y Finanzas de la Unión Europea de
diciembre de 1997 se estableció que el intercambio de información que se pretendía
lograr en el ámbito de fiscalidad del ahorro entre los Estados miembros de la Unión
Europea debía ir acompañado de acuerdos en los que se adoptaran medidas equivalentes
por una serie de países terceros, cuyos mercados financieros compiten directamente con
los Estados miembros. En aplicación de dicha directiva, el Consejo de Ministros español
diversos territorios dependientes y asociados de Reino Unido y Países Bajos, calificados
como paraísos fiscales, en materia de intercambio automático de información sobre los
rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses.
Las medidas a adoptar en España están condicionadas por la normativa comunitaria. En
este sentido, se han incorporado medidas normativas y operativas, en relación con
los paraísos fiscales, que se pueden calificar como lógicas y necesarias, aunque sean
ineficaces e insuficientes. Algunas de estas medidas son:
En primer lugar, las medidas normativas han consistido en:
• Determinadas modificaciones en los impuestos estatales, aplicando el valor de
mercado a las operaciones que se realizan con dichos territorios.
• Modificaciones de la legislación sobre el régimen jurídico de los movimientos de
capitales y de las transacciones económicas con el exterior, imponiendo la
obligación de comunicar las transferencias superiores a un determinado importe.
• Modificaciones en las obligaciones de comunicar información del sistema
financiero y de otros sectores de actividad económica para la prevención del
Con estas medidas se ha conseguido reducir en un porcentaje importante la inversión
española en los paraísos, pero se refiere a la inversión y movimientos declarados, no a
las rentas ocultas.
En el Plan de Prevención del Fraude Fiscal aprobado por el Gobierno en el mes de
febrero de 2005, se reflejaron 350 medidas para la prevención del fraude, entre las que
figuran algunas relativas a los paraísos fiscales y a los llamados territorios de baja
tributación. En relación con los paraísos fiscales se dice en dicho Plan que son
territorios con regímenes de tributación muy favorables cuyas Administraciones no
proporcionan información a otros Estados y aparecen relacionados en el Real Decreto
1.080/1991. No obstante, se trata de una relación que irá disminuyendo
progresivamente en la medida en que dichos territorios suscriban acuerdos de
intercambio de información con otros países.
El contenido del Plan de Prevención del Fraude es reflejo de lo que ocurre también en la
Unión Europea. Se intenta que con la firma de acuerdos de intercambio de información,
aunque sean parciales, se eliminen las listas de paraísos fiscales. Así, si no hay listas
negras, no hay que soportar la mala imagen que proporciona la nula intención de acabar
La Ley 36/2006, de 29 de noviembre, de medidas para la prevención del fraude
fiscal, se ha limitado a regular en su disposición adicional primera los conceptos de
paraíso fiscal, de nula tributación y de efectivo intercambio de información tributaria, sin
que exista en dicha norma ninguna medida de calado contra la utilización de los paraísos.
En la misma línea, en la disposición adicional segunda del Proyecto de Real Decreto,
por el que se desarrolla esta ley que puede verse en la web del Ministerio de
Economía y Hacienda, se desarrollan los supuestos legales en los que se entiende que
existen limitaciones en el intercambio de información tributaria.
Podemos concluir que hasta ahora las medidas legales aprobadas no tienen demasiada
eficacia, ya que resultan fáciles de burlar, como ocurre en el supuesto de que el
contribuyente interponga en sus operaciones otro país entre España y el paraíso, con lo
que ya no resultaría de aplicación las normas antiparaíso.
Tampoco va a tener mucha efectividad lo dispuesto en el artículo 8.2 de la nueva Ley
de IRPF, Ley 35/2006, que establece que no perderán la condición de contribuyentes
por este impuesto las personas físicas de nacionalidad española que acrediten su nueva
residencia fiscal en un país o territorio considerado como paraíso fiscal. Esta regla se
aplicará en el período impositivo en que se efectúe el cambio de residencia y durante los
cuatro períodos impositivos siguientes. Se puede burlar fácilmente el supuesto legal
fijando una residencia previa en un país que no sea paraíso fiscal.
Dentro de las medidas operativas, hay que destacar que en los Planes de Control
Tributario de la Agencia Tributaria de los últimos años siempre se ha considerado como
línea prioritaria de actuación la investigación de operaciones en las que se hayan
utilizado los paraísos fiscales, con evidentes resultados negativos, aunque la realidad ha
demostrado que en cualquier escándalo financiero, contable o de corrupción, siempre
aparece la utilización de los paraísos fiscales, a veces utilizando bancos situados en el
Pues bien, a pesar de las menciones específicas a las actuaciones sobre paraísos fiscales
como línea prioritaria de investigación, dichas actuaciones se diluyen entre los más de
100 planes de inspección en los que se desglosa cada año el Plan de Control Tributario,
conscientes de las dificultades de erradicar el fraude mediante la utilización de los
Las medidas que la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado propone, ante la
falta de voluntad política de la Unión Europea de aislar económica y financieramente a los
paraísos fiscales, son las siguientes:
Para los ciudadanos en general resulta inadmisible, vergonzosa e insolidaria, la postura
de muchos artistas y deportistas que se pasean por todo el mundo como españoles, pero
que tienen fijada su residencia, de forma ficticia o real, en territorios calificados de
paraísos fiscales. La consecuencia de de dicha situación es que no pagan impuestos ni en
España ni en ningún otro lugar. Sin embargo, dichas personas consideran negativo para
su imagen que se conozca por los ciudadanos españoles dicha situación.
Se deberá elaborar un censo permanente de artistas y deportistas de nacionalidad
española que no tengan fijada su residencia en España, siendo objeto de actuaciones
inspectoras al objeto de verificar su residencia real en el momento en que se detecte
En el supuesto de que realmente tengan su residencia en territorios calificados como
paraísos fiscales, no podrán representar a España en ningún acontecimiento o
competición deportiva. Por otro lado, en la información relativa a dichas personas que se
emita por los medios de comunicación públicos, como radio y televisión, se hará
referencia siempre a su lugar de residencia.
hecho imponible nuevo que todo movimiento de fondos, que tenga como origen o destino
un territorio calificado como paraíso fiscal, debe tributar en España al tipo del 24%.
Una de las características de los paraísos fiscales es la nula información, circunstancia
que los hace apetecibles para erradicar allí el dinero negro, o servir de pantalla para
realizar todo tipo de operaciones, aunque sean de carácter delictivo.
Dado que en nuestra normativa mercantil resulta de especial importancia el conocimiento
de los socios de las entidades mercantiles, se debe reformar la legislación mercantil con
el objetivo de no reconocer personalidad jurídica en España a las entidades constituidas
en paraísos fiscales, ante la falta de información de la identidad de sus socios.
establecimientos abiertos en paraísos fiscales, salvo que suministren a la Administración
Tributaria española la misma información que sobre las operaciones realizadas en
territorio nacional, y , en concreto, la obligatoriedad de identificación de los clientes de
sucursales de entidades españolas radicadas en dichos territorios.
Se debería incluir en la reforma del Código Penal el agravamiento de las penas cuando el
fraude fiscal se cometa utilizando territorios calificados como paraísos fiscales.
7.1. SITUACIÓN
La existencia de tramas de entidades que se dedican a defraudar en el IVA, utilizando el
denominado “fraude carrusel” es un problema europeo. Así, en un informe de la Comisión
Europea (CE) de fecha 28 de diciembre de 2000 la Comisión deploraba que no se
avanzara lo suficiente en la cooperación administrativa y en el control del IVA. Por
consiguiente, el 5 de junio de 2000, el Consejo ECOFIN invitó a la comisión y a los
Estados miembros a iniciar una serie de acciones para reforzar la lucha contra el fraude
fiscal en el marco del régimen actual del IVA, ya que se rechaza la reforma de la
regulación legal del IVA para combatir el fraude fiscal, pese a las propuestas realizadas
en este sentido por las autoridades nacionales, académicos y organizaciones
En cuanto al volumen del fraude y medidas a adoptar, un Informe de la Comisión del año
2004 refleja lo siguiente:
Aunque el índice de detección de fraude es incierto y la cantidad exacta de
dinero en juego resulta difícil de cuantificar, las cantidades son
indudablemente considerables. Algunos Estados miembros han calculado
pérdidas de hasta un 10% en la recaudación neta de IVA.
Se ha demostrado que el VIES1 es una herramienta inadecuada en la lucha
contra el fraude carrusel por el lapso de tiempo que transcurre antes de que la
información sobre las adquisiciones intracomunitarias esté disponible para los
Estados miembros. Normalmente transcurren por lo menos tres meses entre la
fecha de la transacción y la fecha de la correspondiente transmisión de datos,
que a menudo es más que lo que un operador fraudulento necesita para
Dentro de las medidas propuestas por la Comisión, destacan:
􀂃 la que trata de impedir la entrada de los operadores carrusel en el
sistema del IVA, debiendo las Administraciones fiscales identificar a las
empresas ficticias que solicitan el Registro del IVA con el único objetivo
de llevar a cabo operaciones fraudulentas.
􀂃 Retención de las devoluciones al comprador, en espera del resultado de la
􀂃 La introducción de una responsabilidad fiscal solidaria.
􀂃 La creación de unidades antifraude.
Se han identificado 40 sectores diferentes en los que se produce el fraude
carrusel, destacando aquellos que comercian con bienes de alto valor que son
fáciles de transportar, como componentes informáticos y teléfonos móviles.
La Comisión constata el éxito registrado en la lucha contra el fraude carrusel
por los Estados miembros (en particular Países Bajos y Reino Unido) que ya
han aplicado las medidas específicas de detección y control.
1 Instrumento de información de aplicación informática.
Igual que ocurre con los paraísos fiscales, en el caso de las tramas del IVA, España está
condicionada por la normativa comunitaria, y por tanto, no puede aprobar medidas
individuales. La Unión Europea es consciente del gran problema que tiene, pero los
países miembros no se ponen de acuerdo en las medidas para solucionarlo. Con unos
tipos impositivos del IVA que oscilan del 15% de Luxemburgo al 25% de Dinamarca y
Suecia, o el 22% de Polonia y Finlandia, los intentos de modificar la normativa chocan
con intereses nacionales que hace fracasar las negociaciones, ya que, como es sabido,
cualquier cambio en las normas europeas sobre fiscalidad requiere unanimidad.
Mientras tanto, los presupuestos comunitarios y los de sus estados miembros se ven
mermados en cantidades muy importantes de cuotas de IVA, y no es que se dejen de
pagar, sino que lo más grave es que consiguen obtener devoluciones importantes de
cuotas que previamente nadie ha ingresado.
Las propuestas que se han puesto encima de la mesa recientemente son muy diferentes,
sin que ninguna haya satisfecho al conjunto de los países miembros. Así, se han
realizado propuestas consistentes en que en las operaciones entre empresas superiores a
5.000 euros, el suministrador comunitario no aplicaría IVA y la empresa compradora se
encargaría de realizar la autoliquidación a Hacienda. Otra propuesta consiste en eliminar
la exención del IVA en las ventas transfronterizas, pero tiene el problema de la existencia
de la horquilla tan grande de tipos (del 15 al 25%). Se ha propuesto también como
solución la obligación de presentar el libro de IVA repercutido para poder deducir el IVA
soportado, solución impensable cuando nació el IVA, pero que ahora, con los avances
informáticos podría ser una medida adecuada.
En este tipo de fraude, España ha seguido las recomendaciones de la Comisión
mencionadas anteriormente. La importancia y magnitud del fraude la pone de manifiesto
el hecho de que la Agencia Tributaria, como consecuencia de la aplicación de estas
medidas preventivas, ha dado de baja a 120.000 empresas del Registro Intracomunitario
de Operadores (ROI) para evitar este fraude.
Cuestión diferente es valorar si merece la pena llevar a cabo estas actuaciones, en las
que se está empleando actualmente el 30% de los efectivos de la inspección. Las redes
creadas para cometer este fraude se van amoldando a las actuaciones de la
Administración Tributaria para descubrirlas. Así, como conocen que se han establecido
filtros para controlar la creación de empresas de sectores como telefonía móvil o
componentes informáticos, ahora las crean simulando que actúan en otros sectores, por
lo que los filtros preventivos dejan de tener eficacia.
7.2. MEDIDAS
Medida 1. Armonización de la normativa europea, eliminando el régimen de
exención de las operaciones intracomunitarias.
Sería la única medida que podría terminar con el fraude de las tramas del IVA, que
tendría que ir acompañada de requisitos adicionales para deducir las cuotas soportadas,
como justificación de los medios de transporte y el pago de dichas cuotas al proveedor,
para evitar fraudes de falsificación, aprovechando factores como el geográfico, la
deficiente información proporcionada por algunos países o el idioma.
Medida 2. Creación de una base de datos comunitaria elaborada por la
Administración tributaria española.
La propia Comisión reconoce el fracaso del instrumento de información que es la
aplicación informática denominada VIES. Por otro lado, se reconoce a nivel internacional
la eficacia de las bases de datos y de los avances tecnológicos e informáticos logrados
por la Administración Tributaria española. Por ello, se propone como medida que la
Administración española proponga a la Comisión Europea liderar el diseño y creación de
una base de datos de intercambio de información, que sea de uso obligatorio por todos
La situación de utilización abusiva del régimen de módulos no resulta nueva y es
conocida por los Inspectores desde hace muchos años, sin que las autoridades tributarias
hayan querido introducir las modificaciones necesarias en dicho régimen. Así, en un
documento elaborado por la Organización de Inspectores en el año 2003 se ponía de
manifiesto la necesidad de una reforma profunda del sistema de módulos. Asimismo, en
un informe del Tribunal de Cuentas sobre las actuaciones de control que realiza la
Agencia Tributaria en relación con estos contribuyentes se destacaban importantes
deficiencias en su actividad de control referida a los años 2002 y 2003.
Ha resultado evidente que la atribución a las Dependencias de Gestión de la AEAT de las
competencias de comprobación inspectora de este régimen han corregido este fraude,
aunque se hayan efectuado visitas a la totalidad del censo de contribuyentes que tributan
en este régimen. No quiere esto decir que dichas Dependencias no hayan efectuado
correctamente el trabajo encomendado, sino que éste se limitaba, de acuerdo con la
legalidad vigente, a la comprobación de los signos, índices o módulos de la actividad.
En el informe elaborado por la Organización de Inspectores sobre el Plan de Prevención
del Fraude, se proponía que las actuaciones de control de contribuyentes en el régimen
de módulos fueran efectuadas de forma integral por el Departamento de Inspección, en
orden a la verificación tanto de los signos o índices por los que tributan, como de la
verificación de la posible existencia de facturas falsas.
En el Plan de Prevención del Fraude, aprobado por el Gobierno en febrero de 2005, se
manifestaba que no ha existido una estrategia definida sobre el papel en nuestro sistema
tributario de los regímenes objetivos de tributación, proponiéndose como medida para
combatir el fraude existente en este régimen –que afecta fundamentalmente a utilización
de facturas falsas– la práctica de una retención. En opinión de los Inspectores de
Hacienda, con esta medida no se corregirá el fraude consistente en la emisión de
Medida 1. Aplicación del régimen de módulos en exclusiva para ventas a
Se propone modificar la normativa del IRPF para que la estimación objetiva se aplique a
los contribuyentes que realicen actividades agrícolas o actividades económicas cuando,
en el periodo en curso o en alguno de los tres anteriores, al menos el 80% del valor de
sus bienes entregados o servicios prestados se destinen a contribuyentes sin derecho a
ninguna deducción o beneficio tributario por tales adquisiciones.
Medida 2. Obligaciones de documentación.
Los contribuyentes que tributen en el régimen de módulos han de conservar todas las
facturas emitidas y recibidas, debidamente ordenadas. En caso del incumplimiento de
dicha obligación, deberán tributar en el año de incumplimiento en régimen de estimación
directa, o de estimación indirecta de bases, si la Administración no dispone de datos
suficientes para determinar los ingresos y gastos reales de la actividad. Asimismo, se
agravarán las sanciones existentes por incumplimiento de las obligaciones de facturación
y conservación de la documentación.
9.1. SITUACIÓN
Una de las características de los fraudes de carácter organizado y delictivo es la
utilización de paraísos fiscales, testaferros y sociedades pantalla.
En ocasiones se ha de invertir el proceso de investigación, es decir, no intentar descubrir
el entramado de fraude o su origen, ya que ha sido diseñado para dificultar su
descubrimiento, sino actuar a través de los instrumentos utilizados. Este tipo de
actuaciones puede resultar fácil de realizar utilizando los avances tecnológicos y técnicas
informáticas existentes.
9.2. MEDIDAS
Medida 1. Plan especial de testaferros y personas interpuestas.
Se realizará la obtención de información permanente y sistemática para descubrir
personas físicas que son utilizadas como testaferros para ocultar la verdadera identidad
de los titulares de rentas y bienes. A veces se han utilizado como testaferros a personas
insolventes, indigentes, enfermos internados en psiquiátricos o enfermos terminales.
Puede servir de ejemplo, el caso descubierto en el que un abogado y un director de una
sucursal bancaria habían ideado el sistema de recoger a indigentes de la calle, a los que
en una mañana se les adecentaba, se les cortaba el pelo, se les compraba ropa nueva y
se les entregaba una pequeña cantidad de dinero. Al final de la mañana pasaban por el
banco a firmar, en teoría, recibos de los donativos recibidos, cuando lo que realmente
estaban firmando eran los documentos de titularidad y de compraventa de activos
financieros por cientos de millones.
Medida 2. Plan especial de sociedades pantalla e instrumentales.
Se ha de obtener información permanente y sistemática del Registro Mercantil respecto
del censo de entidades. Situaciones que resultan habituales y se tendrían que investigar
son, por ejemplo, los llamados “nichos de sociedades”, en lo que resulta habitual la
existencia de decenas de sociedades en el mismo domicilio fiscal, creadas a la espera de
poder ser utilizadas.
Asimismo, deberían ser investigados de forma sistemática las personas que figuren como
administradores de una red de decenas de sociedades.
Medida 3. Creación de un régimen especial para determinados contribuyentes
La normativa tributaria y sus procedimientos regulan las actuaciones de comprobación e
investigación relativas a contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias
formales. Cuando el obligado tributario presenta unas características diferentes, resulta
muy difícil realizar las actuaciones, provocando con ello que los defraudadores más
resistentes se aprovechen de la propia normativa tributaria para entorpecer, dilatar o
impedir las actuaciones de la Administración. Un ejemplo de dicha situación se produce
cuando el obligado tributario, titular de una actividad empresarial o profesional, no ha
presentado declaraciones y al ser requerido para efectuar la comprobación no comparece
Las características de este régimen especial que se propone son las siguientes:
• Se incluirán en dicho régimen a los contribuyentes que figuren en alguna de las
situaciones que se regulen legalmente, entre las que se encontrarán las
􀂃 Personas o entidades ilocalizadas.
􀂃 Personas o entidades que no comparecen reiteradamente en la
Administración, a pesar de haber sido notificadas al efecto.
􀂃 Personas o entidades que se hayan utilizado como testaferros, sociedades
pantalla, personas o entidades interpuestas, etc.
􀂃 Personas o entidades que figuren en una trama organizada de defraudación.
• Este régimen especial se aplicará a todos los contribuyentes que determine el
Director de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, mediante acuerdo
motivado, susceptible de recurso. Igualmente por acuerdo motivado podrá ser
excluido de este régimen especial.
• Se creará un Registro de Contribuyentes en Situaciones Especiales en el que
figurarán los contribuyentes respecto de los que se haya acordado su inclusión en
• Los efectos de la inclusión de un obligado tributario en el Registro Especial serán
􀂃 Se regularán los efectos de la inclusión en el Registro en los procedimientos de
aplicación de los tributos, en especial los referentes al inicio de actuacione
Responder	Aurelio. dijo:	1 enero, 2013 en 11:50 AM	Lo más grave de lo que sucede en España, es la impunidad con la que actúan las mafias policiales, así ha sucedido muy recientemente con el juicio a la mafia policial de Valencia, han dejado a delincuentes con placa con penas irrisorias, una auténtica burla al Estado de derecho, con sentencias como esa se refuerza la impunidad de los policías que delinquen.
Responder	eltrotamundosdeodelot dijo:	11 diciembre, 2012 en 5:42 PM	Reblogged this on eltrotamundosdeodelot.
Responder	elloboandaluz dijo:	10 diciembre, 2012 en 10:41 PM	Muy buena informnación. Se agradece por su valor para el estudio del tema.
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References: Resolución 
 artículo 75
 artículo 127
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 56
 Real Decreto

 artículo 8