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Timestamp: 2019-06-18 06:14:01+00:00

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DESDE LA CAMPIÑA LOJANA: 2013
ÍNDICE DE LECTURA EN ECUADOR Y LOJA
La Unesco y otros organismos determinaron en meses pasados que el índice de lectura por persona en el Ecuador es de medio libro por año, dato que resulta sumamente preocupante si lo comparamos con los índices al 2011 de Suecia (47) España (10,3) Chile (5,4) Argentina (4,6) o Colombia (2,2) La verdad es que más allá de esas cifras, la falta de interés por la lectura en el Ecuador se la palpa a diario, lo cual nos ubica en enorme desventaja frente a países en los cuales la lectura es el mecanismo perfecto para ejercitar el intelecto, acrecentar la cultura y mejorar la calidad de los profesionales. De la escasa lectura que practicamos, la mayor parte se limita a textos faranduleros, sensacionalistas y de culebrones políticos, dejando de lado todo aquello que implica incremento sustancioso de nuestra cultura general: ensayos, novelas literarias, editoriales, reportajes, biografías, estudios históricos, revistas geográficas, ensayos filosóficos, etc., con el agravante de que nuestra insuficiente conducta intelectual es ejemplo observado y memorizado por nuestros niños y jóvenes, a quienes difícilmente podremos exigir hábitos y prácticas que no forman parte de nuestra personalidad. Me aferro a pensar que el problema social de la falta de lectura, tiene un menor impacto en Loja, uno porque no he logrado encontrar datos que indiquen el real índice de lectura en nuestra tierra, y dos porque la ciudad en donde nacieron Pablo Palacio, Pío Jaramillo, Benjamín Carrión, Angel F. Rojas, Alejandro Carrión y muchos otros, merece la presunción de que al ser culta se práctica la lectura. Lamentablemente este tipo de presunciones admiten prueba en contrario, por lo que es deber inexcusable de todos los lojanos demostrar que en Loja se honra a la lectura, practicándola en forma diaria; de lo contrario estaríamos viviendo de glorias alcanzadas en el pasado sin honrarlas.
Nació en 1918 en Mvezo Sudáfrica, y su vida la consagró por completo a la lucha pacífica contra la segregación racial en su país, en el cual por esas cosas absurdas de la vida, era un pecado y una aberración tener la piel obscura, paradójicamente en un país perteneciente por derecho natural y divino a la raza negra. Toda la fuerza que emanó de su grandiosa personalidad, fue contra el APARTHEID, inaceptable sistema de segregación racial que excluía la participación democrática de la raza negra; promovía la existencia de sitios separados de vivienda, estudio o de recreación para blancos y negros; y, prohibía matrimonios entre grupos raciales para mantener en el poder a la minoría blanca, lo cual le causó 27 años de prisión en las más precarias condiciones que no pudieron doblegar su espíritu incansable por ver una Sudáfrica multicolor y democrática. Recuperó su libertad en 1990 gracias a la presión de la comunidad internacional, logrando en 1993 el Premio Nobel de la Paz por su trabajo para la terminación pacífica del régimen del apartheid, y por sentar las bases de una nueva Sudáfrica democrática El sueño de millones de sudafricanos, se hizo realidad en 1994, en que fue elegido democráticamente como su primer presidente negro. Mandela, es un ejemplo imborrable de que aún la humanidad puede ser solidaria, doliente del dolor ajeno, equitativa, pacífica, igualitaria. Su nombre retumbará en los acordes del tiempo como uno de los hombres más grandes, trascendentes y buenos de los que se haya tenido noticia. Su desprecio a la ostentación, a la prepotencia y al poder político como arma para tener ventajas e imponerse sobre los demás, lo convierten en el ejemplo a seguir de los políticos correctos del planeta. Descansa en Paz "Madiba", te lo mereces, aunque océanos de lágrimas brotaran por tu ausencia en todos los rincones del mundo.
Es lamentable que en muchos países del mundo y por supuesto en el Ecuador, gran parte de la ciudadanía tenga un negativo criterio acerca de la política, considerándola una actividad perversa, mezquina, indecorosa, y deshonesta. Estos malos criterios respecto a la política, ha desalentado la participación de incontables hombres y mujeres honrados y talentosos, y, ha permitido salvo contadas excepciones, la participación de audaces personajes que sin medir consecuencias, ni sus propias capacidades, han saltado al ruedo político buscando figurar y defender sus propios intereses a costa del desconsuelo popular. A estos reales escenarios, se suma la intervención de verdaderas empresas electoreras, que gracias a la magia de la tecnología, el marketing y el mercadeo, proyectan ante la ciudadanía como salvadores de sus desgracias, a candidatos mediocres, carentes de ruta de trabajo y sin el más mínimo escrúpulo para atentar contra los intereses de la colectividad; por supuesto con el aval de irresponsables partidos, grupos o movimientos políticos hambrientos de votos y de poder. De ahí, la necesidad imperiosa de que las elecciones populares venideras, se convierten en una nueva oportunidad para revalorizar la política, lo cual será posible en la medida que a la ciudadanía se le propongan candidatos responsables, honestos, conocedores de la realidad social, serios, capaces, con propuestas planificadas y realizables para la solución de tantos problemas sociales que aquejan a las ciudades y provincias del país; lo contrario sería otra desilusión, que agravaría el descrédito de la política ecuatoriana. Los electores también tenemos la enorme responsabilidad de escoger a los mejores, a través de ese acto sagrado llamado voto, por el cual nos hacemos corresponsables del éxito o la desgracia de nuestra Patria.
a la/s noviembre 28, 2013 No hay comentarios.:
"FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LAS OFERTAS CONTRACTUALES"
“FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LAS OFERTAS CONTRACTUALES” Dr. Santiago Armijos Valdivieso Mg.Sc. Especialista Superior en Contratación Pública 1.1. Antecedentes Jurídicos.- Para abordar el presente tema, y atendiendo el principio constitucional de jerarquización de la norma jurídica, en relación a las ofertas contractuales, es necesario resaltar lo establecido en el numeral 16, del Art. 66 de la Constitución de la República del Ecuador, que en su parte pertinente textualmente dice: “Art. 66.- Se reconoce y garantiza a las personas... 16. El derecho a la libertad de contratación.”; lo cual sin duda, determina como premisa básica en el proclamado Estado constitucional de derechos ecuatoriano, la más amplia libertad de contratación para las personas, tanto en el ámbito público como privado. Como otro antecedente jurídico de la oferta en materia de contratación pública, podemos mencionar a uno de los principios rectores de los procesos precontractuales, denominado de concurrencia, el cual impone normas y reglas que permitan una amplia y numerosa participación de oferentes en favor de la más amplia posibilidad de elección del ente público contratante, para escoger a la oferta más conveniente a los intereses nacionales e institucionales. Por otro lado, cabe indicar que la oferta contractual, que tiene como fin suscribir un contrato público con el Estado o con las entidades del sector público, en su mayor parte proviene del sector privado, es decir de personas particulares naturales o jurídicas nacionales o extranjeras; aunque también pueden surgir de un ente público, como por ejemplo, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Ecuatoriano. Lo dicho me permite afirmar que las ofertas contractuales pueden tener naturaleza privada como pública, dependiendo de la esencia del oferente: público o privado, el primero con un interés colectivo y el segundo con interés individual. El doctor Roberto Dromi, connotado tratadista jurídico argentino del derecho administrativo, afirma que la oferta contractual es un acto complejo, por las siguientes reflexiones: “La etapa del procedimiento licitatorio en la contratación administrativa, que generalmente denominamos la oferta, comprende una serie de actos de significación jurídica, que emiten licitador y licitante respectivamente: a) elaboración; b) presentación; c) recepción; d) apertura; e) apertura; e) aclaraciones y observaciones; f) suscripción del acta, y g)admisión o inadmisión. La oferta en sí misma no es un acto aislado, ni encausado, sino que es la respuesta a un convite y la causa de otros comportamientos administrativos por venir en el decurso procedimental de preparación del contrato ” Tal afirmación, la comparto plenamente, no solo porque su contenido se adapta a las normas positivas que rigen la contratación pública ecuatoriana, sino porque realmente, la oferta más allá de ser en gran número un acto jurídico particular (oferente privado), que abarca un formal y solemne ofrecimiento de celebrar un contratado administrativo, es el desarrollo progresivo y sistemático de una serie de actos que se inician con la presentación de la misma y culminan con su aceptación o rechazo. 1.2. Definición. Existen algunas definiciones sobre la oferta contractual, por lo que creo necesario analizar su significado, bajo la lupa de diferentes ópticas. En el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, de Guillermo Cabanellas, oferta es: “...una propuesta o promesa de dar, hacer, cumplir o ejecutar, es una iniciativa contractual...” . Esta definición aunque a primera vista resulte simple, y siendo muy general y no necesariamente particularizada a la oferta contractual, resulta interesante, ya que es indiscutible que la oferta contractual es una promesa de dar, como el caso de una adquisición de bienes, de hacer, como el caso de una ejecución de obra o de una prestación de un servicio. Es necesario hacer notar que en la presentación de una oferta está implícita por ley, la obligación del oferente de cumplir con la suscripción del contrato en caso de resultar adjudicatario. Para Roberto Dromi, oferta es: “…En general se denomina oferta a la proposición firme y completa para celebrar un contrato. Es decir, que es la manifestación de la voluntad dirigida a otro sujeto, de querer concluir con él un contrato, mediante su sola aceptación”. Tal concepto, resulte probablemente más específico y especializado con relación a la oferta contractual, pues se refiere por un lado a una proposición para celebrar un contrato y por otra a la manifestación de voluntad dirigida a otro sujeto, lo cual es realmente acertado. En la obra jurídica ecuatoriana denominada “Régimen de Contratos Públicos” de la prestigiosa Corporación de Ediciones Legales, se da también una acertada definición de lo que es la oferta, en los siguientes términos: “La oferta o propuesta es un acto jurídico, particular, unilateral, significativo, que lo hace el interesado a la contratante en forma clara, incondicional, indubitable, secreta y escrita, ofreciendo ejecutar un contrato y acreditando su idoneidad moral, técnica y financiera y cumpliendo con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y en la Ley Es de advertir, que en esta definición se recalca el hecho de que la oferta es un acto jurídico particular, aunque como ya lo había manifestado, esto no es absolutamente cierto, por cuanto si es posible la oferta contractual de un ente público. Así mismo, se menciona algo que realmente resulta interesante, esto es que la oferta es incondicional, es decir no sujeta a condición alguna. Tal vez la utilización del término incondicional, se deba al hecho de que la contratación administrativa en la cual interviene el Estado y las entidades que conforman el sector público, no presenta igualdad de derechos entre las partes, pues, el interés público goza de privilegios y ventajas en relación con los intereses individuales del contratista particular, el cual, desde que presenta la oferta en la suscripción del documento precontractual llamado “Carta de Presentación y Compromiso”, reconoce y se somete a los privilegios y majestad contractual del Estado. Fusionando las tres definiciones anteriores, me atrevo a dar una de tipo personal. La oferta contractual es un acto jurídico realizado por un particular o por un ente público legalmente autorizado para aquello, consistente en una promesa escrita y solemne que se realiza al Estado, para la celebración de un contrato administrativo, en el caso de ser escogido para ello por parte la entidad contratante. 1.3. Características. Para entender el real sentido jurídico de la oferta contractual, es necesario destacar que la misma tiene ciertas características para su vigencia y validez. Existen algunos criterios en torno al tema, voy a tomar como referencia lo enunciado por el tratadista argentino, Roberto Dromi en su obra “La Licitación Pública”, en la cual indica que a la oferta contractual se le debe atribuir las siguientes características: unilateral, inicial, completa, firme y recepticia. Unilateral.- En razón de que proviene de la libre voluntad de un oferente, el mismo que por su propia iniciativa decide ofrecer a la entidad pública contratante la celebración de un contrato administrativo. Su interés será obtener un margen de utilidad que compense el trabajo realizado. Inicial.- Es inicial por cuanto es la primera voluntad que se manifiesta en la posible relación contractual con el Estado, ante lo cual éste último, deberá responder con su aceptación o no aceptación a la misma. En todo caso si no hay oferta no puede haber respuesta del ente público contratante. Completa.- En virtud de que la oferta debe contener la información pertinente y necesaria, determinada y exigida por la ley y por los documentos precontractuales, para que el ente público pueda contar con los elementos de juicio suficientes para poder resolver si la acepta o la rechaza. Por lo tanto no se podría pensar en una oferta incompleta o a medias, ya que así, el ente público no podría decir sobre su conveniencia o inconveniencia y más bien optaría por un rechazo a la misma. Firme.- Presentar una oferta contractual al Estado, resulta una tarea de gran responsabilidad, por los efectos jurídicos que esta trae y por las obligaciones que de ésta nacen, pues contiene la manifestación de voluntad del oferente de contratar con el Estado en caso de resultar adjudicataria. De no cumplir con tal obligación el oferente estaría expuesto a sanciones jurídicas establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, como por ejemplo la declaratoria de adjudicatario fallido y la consecuente inhabilidad para contratar con el Estado por tres años. Recepticia.- En razón de que una oferta contractual no podría alcanzar su esencial objetivo que es el de celebrar el contrato administrativo, si es que ésta no es conocida por el ente público contratante. 1.4. Requisitos. Para que una oferta contractual tenga validez jurídica es necesario que observe y respete los diferentes requisitos previstos en las normas jurídicas positivas previstas en la ley y en los documentos precontractuales. Doctrinariamente se han clasificado estos requisitos en subjetivos, objetivos y formales. REQUISITOS SUBJETIVOS. Roberto Dromi, se refiere a los requisitos subjetivos de la siguiente manera: “Los presupuestos subjetivos de la propuesta se relacionan con la persona o sujeto de derecho que puede ofertar. Más propiamente, se refieren a quién puede ser oferente u ofertante. Las leyes generales que regulan la contratación administrativa (LOP, RCE, entre otras) y los pliegos de bases y condiciones, contienen normalmente requisitos subjetivos que deben reunir los posibles participantes, en especial para verificar su capacidad e idoneidad empresarial y técnica” Es decir, a través de estos requisitos se determina en forma precisa quién o quiénes pueden participar en el proceso precontractual de selección, presentando ofertas; pues, es necesario que el interesado en suscribir el contrato administrativo, desde el momento de la presentación de la oferta se muestre legalmente capaz para obligarse con el Estado, a través de la suscripción del contrato como fuente de obligaciones. El Código Civil del Ecuador, en su Art. 1461, establece que para que una persona se obligue con otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario que sea legalmente capaz, precisando en su último inciso que la capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, y sin el ministerio o la autorización de otra. El Art. 1462 del citado cuerpo legal, establece como norma general que toda persona es legalmente capaz, con excepción de aquellas que la ley los declare incapaces. Complementariamente el Código Civil aunque no en forma expresa, determina la existencia de tres clases de incapacidades: absolutas, relativas y particulares. Para referirse a los incapaces absolutos el primero y segundo inciso del Art. 1463 ibídem, señalan lo siguiente: “...Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito. Sus actos no surten ni aun obligaciones naturales, y no admiten caución...” En cuanto a los incapaces relativos el tercer inciso de la norma jurídica antes citada, prescribe que: “...Son también incapaces los menores adultos, los que se hallan en interdicción de administrar sus bienes, y las personas jurídicas. Pero la incapacidad de estas clases de personas no es absoluta, y sus actos pueden tener valor en ciertas circunstancias y bajo ciertos respectos determinados por las leyes...” Finalmente el cuarto inciso de dicha norma jurídica se refiere a las incapacidades especiales o particulares en los siguientes términos: “...Además de estas incapacidades hay otras particulares, que consisten en la prohibición que la ley ha impuesto a ciertas personas para ejecutar ciertos actos”. En esta clase de incapacidades especiales, es pertinente indicar que la Ley Orgánica del Sistema de Contratación Pública en sus Arts. 62 y 63, ha establecido las siguientes prohibiciones: "Art. 62.- Inhabilidades Generales.- No podrán celebrar contratos previstos en esta Ley con las Entidades Contratantes: 1. Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas por el Código Civil, o en las inhabilidades generales establecidas en la Ley; 2. El Presidente, el Vicepresidente de la República, los ministros y secretarios de Estado, el Director General o la Directora y demás funcionarios del Servicio Nacional de Contratación Pública, los legisladores, los presidentes o representantes legales de las Entidades Contratantes previstas en esta Ley, los prefectos y alcaldes; así como los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de los dignatarios, funcionarios y servidores indicados en este numeral; 3. Los servidores públicos, esto es, funcionarios y empleados, que hubieren tenido directa o indirectamente vinculación en cualquier etapa del procedimiento de contratación o tengan un grado de responsabilidad en el procedimiento o que por sus actividades o funciones, se podría presumir que cuentan con información privilegiada; 4. Quienes consten suspendidos en el RUP; 5. Los que, no habiendo estado inhabilitados en el procedimiento precontractual, al momento de celebrar el contrato, lo estuvieren; y, 6. Los deudores morosos del Estado o sus instituciones." Art. 63.- Inhabilidades Especiales.- No podrán celebrar contratos con la Entidad Contratante: 1. Los consejeros provinciales, los concejales municipales y los vocales de las juntas parroquiales, en su respectiva jurisdicción; 2. Las personas naturales o jurídicas, incluidos sus representantes legales, que hubieren realizado los estudios, los diseños y los proyectos de ingeniería o arquitectura, que presenten algún tipo de vinculación respecto a los ejecutores de las obras; y, los que hubieren elaborado las especificaciones de los bienes a adquirirse; salvo que el contrato se refiera a fiscalización, supervisión, o actualización de los estudios, diseños o proyectos; 3. Los miembros de directorios u organismos similares o de la Comisión Técnica de la entidad convocante, sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; 4. Los funcionarios, servidores o empleados que hayan intervenido en la etapa precontractual o contractual y que con su acción u omisión pudieren resultar favorecidos, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, así como las personas jurídicas de derecho privado o sociedades de hecho en las que los indicados funcionarios, servidores o empleados, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad tengan participación, aún en el caso de que los referidos funcionarios, servidores o empleados hubieren renunciado a sus funciones; y, 5. Los que de manera directa hayan estado vinculados con la elaboración, revisión o aprobación de los pliegos, relacionados con el contrato a celebrarse. Si se comprobare la intervención de un oferente inhábil, éste quedará eliminado del respectivo proceso precontractual, sin derecho a reclamo alguno.” Al requisito subjetivo de la capacidad legal se podrían agregar otros, como la capacidad técnica y la capacidad económica financiera del oferente, para ello, me permito realizar los siguientes comentarios: El oferente a más de demostrar su capacidad legal para obligarse, debe evidenciar en la oferta su capacidad técnica para ejecutar el posible contrato administrativo a suscribir con el Estado, es decir si el objeto de la contratación es la construcción de un puente, el oferente tendrá que demostrar que tiene la capacidad profesional y técnica suficiente para llevar adelante tal obra o en su defecto que tiene el personal profesional idóneo para ello. Normalmente tal situación, se la demostrará mediante la acreditación de experiencia, disponibilidad del equipo, maquinaria y material necesario, etc. Así mismo, el oferente tendrá que demostrar en su oferta que es económicamente solvente, como para afrontar las obligaciones que podrían nacer de la suscripción del contrato administrativo. REQUISITOS OBJETIVOS.- En cuanto a los requisitos objetivos Roberto Dromi expresa: “...La oferta debe cumplimentar también recaudos atinentes a su objeto o contenido, relativos a la prestación requerida por el licitante: objeto, condiciones, plazos, precios...” En definitiva los requisitos objetivos se relacionan con el objeto, plazo y precio de la oferta. Respecto al objeto, la oferta contractual debe ajustarse estrictamente a lo requerido por la entidad pública contratante. No hay que dejar de observar, que el Estado siempre contrata lo estrictamente necesario, ni más ni menos, para atender una necesidad social determinada insatisfecha, por lo que, la oferta debe respetar exactamente el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los diseños y planos incluidos en los documentos precontractuales o bases, según corresponda al tipo de contrato. También, es necesario que la oferta contenga el ofrecimiento irrestricto de cumplir con el contrato dentro del plazo máximo exigido por la entidad contratante, pues tal plazo, no es el resultado de un capricho o un antojo irreflexivo, sino el producto de la real necesidad social de que se ejecute la obra para atender una necesidad colectiva insatisfecha. Por otro lado, la oferta debe contener como requisito, un precio que debe estar lo suficientemente precisado en forma clara, cierta e incondicional. El precio en sí, no es más que la contraprestación solicitada por el oferente a la entidad pública contratante por la ejecución del contrato administrativo. En los actuales momentos en el Ecuador, por el nuevo sistema monetario adoptado por el Gobierno Nacional, el precio de las ofertas se formulan en dólares de los Estados Unidos de América, pudiendo hacérselo excepcionalmente en otro tipo de monedas, principalmente por el cumplimiento de convenios internacionales de financiamiento. Es necesario manifestar que en el caso de contratos de ejecución de obras, por regla general el precio de la oferta tiene que detallar precios unitarios por rubros, de acuerdo a las exigencias determinadas en las bases del proceso de selección, lo cual resulta un tanto complejo, si comparamos con el precio de la oferta en un contrato administrativo de adquisición de bienes muebles. Sin embargo por excepción es posible contratar una obra a través del procedimiento especial de contratación integral por precio fijo, señalado en el Art. 53 y siguientes de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. REQUISITOS FORMALES.- Los requisitos formales se refieren a los presupuestos de forma que deben cumplir las ofertas contractuales, se refieren a detalles externos que deben cumplir por así estar determinados en la legislación vigente. Dentro de estos requisitos se podría indicar que las ofertas necesariamente deben ser escritas y en idioma castellano, los documentos presentados en otro idioma, por variadas circunstancias deberán ser traducidos por un intérprete debidamente identificado. Si los documentos de la oferta no cumplen con este requisito se entenderán como no presentados. Por otro lado, la oferta debe ser firmada, por parte del oferente para dar mayor seguridad a la identificación de la oferta con el oferente. Nuestra legislación nacional, exige básicamente la firma en el documento precontractual llamado “Carta de Presentación de Compromiso” y en los formularios de la oferta. También la oferta debe ser clara, incondicional e indubitable, para permitir que la entidad pública contratante tenga claridad absoluta respecto de los términos de la oferta, y así, con precisión y objetividad, pueda seleccionar a la más conveniente a los intereses colectivos Adicionalmente, la oferta no debe contener ninguna cláusula o texto de condición. Al respecto en la obra “Régimen de Contratos Públicos” de la Corporación de Ediciones Legales, se dice lo siguiente: “...La escritura debe ser clara, incondicional e indubitable, es recomendable el uso de máquina de escribir o computadora. Sin enmiendas o borrones, que pongan en duda su significado; de haberse producido alguno, deben estar salvados al final de la página o del documento con la firma de responsabilidad del oferente….” Otro requisito formal importante de la oferta contractual, es el secreto de la misma hasta su apertura, para así garantizar una mayor posibilidad de selección del mejor oferente por parte del ente público, evitando acuerdos perjudiciales o fraudulentos entre los oferentes en desmedro de los intereses colectivos. En relación a este requisito, Roberto Dromi, hace el siguiente comentario: “...El secreto de las ofertas conduce a la mejor oferta posible, sobre la base de la competencia y de la prudencia, sin poner en peligro el interés de la Administración licitante ni del oferente…” La oferta contractual también debe ser garantizada o asegurada durante todo la época de su vigencia, respetando las exigencias impuestas en el procedimiento precontractual de selección por la entidad pública contratante y debe ser presentada en forma impostergable en el lugar, fecha, y hora establecidos en los documentos precontractuales, caso contrario la oferta será desconsiderada del proceso de selección. 1.5. Clasificación.- Respecto a la oferta contractual no existe un clasificación determinada e invariable, pues la clasificación estará dada, en función del punto de vista que se la mire; por ello a continuación me enuncio algunas clases o tipos de oferta que, a mi criterio resultan ser las más importantes. OFERTA LEGAL.- Es aquella que es formulada y presentada, en apego irrestricto a los normas y requerimientos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y en los respectivos documentos precontractuales o bases. OFERTA ALTERNATIVA.- La que presenta el oferente por así permitirlo expresamente los documentos precontractuales que rigen el proceso de selección, en forma adicional a la oferta principal y obligatoria. En nuestra legislación vigente las ofertas alternativas son aceptadas siempre y cuando los documentos precontractuales lo permitan en forma expresa. OFERTA UNICA.- Es aquella que en forma única, se presenta en un proceso precontractual convocado legalmente por la entidad pública contratante. La oferta única en la legislación ecuatoriano es aceptada, según se puede colegir del contenido del Art. 33 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 1.5. Los actos jurídicos relacionados con las ofertas contractuales. Como se había indicado anteriormente, la oferta contractual comprende una serie de actos jurídicos, que provienen tanto de la voluntad del oferente como de la entidad contratante. Entre estos actos jurídicos, que se relacionan con la oferta, creo que es de importancia, analizar los de mayor significación jurídica, empezando en primer lugar por entender la significación de acto jurídico. Arturo Alessandri y Manuel Somarriva, dan la siguiente definición de acto jurídico: “...Puede definirse el acto jurídico como la declaración unilateral o bilateral de voluntad, ejecutada con arreglo a la ley, y destinada a producir efectos jurídicos (creación, conservación, modificación, transferencia, transmisión o extinción de un derecho).” Del concepto enunciado, se podría decir que el acto jurídico es una manifestación de voluntad de una o más personas, que tienen la intención de producir efectos jurídicos. En la oferta contractual estas manifestaciones de voluntad que producen efectos jurídicos llamadas actos jurídicos, son sucesivas y cada una de ellas presenta distintas connotaciones legales, aunque tienen por lo general el propósito común de conseguir la adjudicación del contrato administrativo. Entre los de mayor importancia puedo señalar los siguientes: La presentación de las ofertas.- Para Manuel María Diez, citado por Roberto Dromi, “El acto de presentación de una oferta o propuesta es una declaración de voluntad del particular, dirigida a producir un doble efecto. Por un lado, que lo admitan en el procedimiento de selección convocado por la administración, y por el otro, que se acepte su oferta y se cree el vínculo contractual. Se entiende que el primer objetivo lo alcanzarán todos los que reúnan los requisitos exigidos para ello. El segundo, únicamente, uno de entre todos los oferentes”. En el sistema jurídico del Ecuador, la presentación de la oferta debe ser realizada en la forma y en el tiempo previsto en los documentos precontractuales. A través del acto de presentación el oferente inicia una relación precontractual con el ente contratante. Es justamente, a partir de la presentación de la oferta que nacen obligaciones del oferente para con la entidad pública contratante. Esta presentación de ofertas puede ser directa ante el ente contratante, en el lugar previamente determinado por las bases, y realizada por el oferente o por un delegado. Actualmente con el avance vertiginoso de la informática, las ofertas pueden ser presentadas a través del denominado "Portal de Compras Públicas" el cual es administrado por el Servicio Nacional de Contratación Pública (Ex Instituto Nacional de Compras Públicas INCOP) Tal presentación impone la necesidad de que el ente público que recibe la oferta, entregue al oferente una constancia de tal suceso que generalmente se la expresa a través de la entrega de un recibo de propuesta, en el cual se hace constar, la fecha y la hora de recepción. El acto jurídico denominado presentación de la oferta, es de tal importancia que si este no es realizado de acuerdo a lo establecido en la ley y en las bases, causaría la descalificación inmediata de la oferta. La Recepción de la oferta.- Presentada la oferta por parte del oferente, es necesario que en forma obligatoria la entidad pública contratante recepte la misma, en debida forma. Roberto Dromi comenta respecto a la recepción de la oferta contractual lo siguiente: “…El acto de recepción consiste en la simple aceptación del sobre, caja o paquete que contiene la propuesta y no produce, por tanto y en principio, efectos jurídicos directos e inmediatos. Sin embargo, implica la obligación para la Administración de su análisis y estudio, a los fines de la admisión...” La apertura de las ofertas.- Es un acto jurídico de importancia que se da en forma verbal (principalmente para procedimientos de licitación) , a través del cual, se da a conocer a los oferentes, en el lugar, el día y la hora determinados en los documentos precontractuales, las distintas ofertas presentadas. Con la realización de dicho acto, los oferentes tienen la posibilidad de constatar en parte como se está llevando el procedimiento precontractual de selección, pueden verificar si la entidad pública está respetando el principio de igualdad para con los participantes, y en fin, pueden formarse una idea más o menos clara, sobre la actuación parcializada o imparcializada del ente público contratante. Tal acto es necesario que sea plasmado en un acta que contendrá el detalle de la realización del mismo. La admisión de las ofertas.- Receptadas las ofertas y una vez que se ha cumplido con la apertura de los sobres, el ente público contratante debe tomar la decisión respecto a la admisibilidad de las ofertas presentadas que van a competir por la tan anhelada adjudicación del contrato administrativo. En nuestra legislación ecuatoriana no tenemos en forma expresa norma o normas jurídicas que traten sobre el acto de admisión de las ofertas, aunque sería conveniente que existan, ya que el acto de apertura de las ofertas se limita a una revisión y constatación de ofertas superficial y apresurada, lo cual evidentemente limita al ente público contratante, a dar un pronunciamiento inmediato sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de las ofertas presentadas. Sin embargo en la doctrina jurídica, podemos determinar que se da mucha importancia a este acto denominado de admisión de las ofertas, ya que mediante el mismo, se legitima como parte del proceso de selección al oferente. 1.6. Bibliografía. 1. Arturo Alessandri y Manuel Somarriva, Derecho Civil, Tomo I, Santiago de Chile, Imprenta Universal. 2. Cabanellas Guillermo, Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Argentina. Editorial Heliasta. 3. Dromi Roberto, “Licitación Pública”, Argentina, Editorial Ciudad Argentina, . 4. Ediciones Legales, Régimen de Contratos Públicos, Guía Práctica, Tomo I, Ecuador 5. Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública
Leer un buen libro resultará siempre un placer que nutre la inteligencia y el espíritu. A través de los libros conocemos países y ciudades que jamás conoceremos. Por la lectura viajamos en el tiempo hacia el pasado o hacia el futuro y podemos conocer civilizaciones enteras. Los libros nos permiten resucitar a grandes personajes de la historia para que nos cuenten sobre sus glorias y sus tragedias. La lectura hace posible que los sueños se conviertan en realidad y nos permite saborear vidas que anhelamos distintas a las nuestras. Digerir un libro no basta si éste no es compartido y comentado con los amigos y con la sociedad. Todo aquello motivó a cuatro lojanos Angel Riofrío, César Ojeda, José Rodrigo Sánchez y a quien escribe este artículo, ha constituir el Grupo de Lectura "Loja", espacio cultural para compartir experiencias literarias, generar ideas y sumar esfuerzos para proyectar la cultura de Loja. Tuve el privilegio de que la primera reunión fuera en mi casa. Todos participamos con entusiasmo y arrancamos con el tema "Los Griegos y su influencia en la cultura de Occidente", hablamos de Sócrates, fundador de la "Academia", maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo. En esa misma reunión hablamos de Miguel de Unamuno, ilustre Rector de la Universidad de Salamanca y su filosofía acerca del hombre universal. La reunión terminó con la tarea y privilegio a la vez, de leer para comentar en la próxima reunión, la novela "Y las montañas hablaron" del escritor afgano Khaled Hosseini, quien con maestría describió los horrores de los talibanes, en sus dos primeros libros "Cometas en el Cielo" y "Mil Soles Espléndidos". Esperemos que el grupo cultural se consolide y podamos invitar a más personas, a intercambiar el exquisito sabor de la literatura, en el mejor de los escenarios la ciudad de Loja.
a la/s noviembre 14, 2013 1 comentario:
Como muchos amigos de mi generación, tuve la suerte de ser alumno del Lcdo. Adriano Torres Iñiguez, en la querida Escuela "La Salle" regentada por los Hermanos Cristianos. Lo conocí algún día del mes de octubre de 1979, en el aula de 3er Grado "A", cuando se presentó ante inquietos niños, que curiosos escudriñábamos la personalidad de quien sería nuestro líder, ejemplo y héroe durante todo un año escolar. Su voz sonora, llena de sabiduría y experiencia, pronunció la lista de sus alumnos, y ello fue suficiente para darnos cuenta del profesional bondadoso y paciente que era, lleno de virtudes para enfrentar la dura tarea de enseñar a traviesos niños. Dominaba el libro "LNS Don Bosco", texto enciclopédico para la enseñanza de ese entonces y gracias a ello, nos enseño diversos temas del saber, con tanta abnegación, que hasta ahora recuerdo que con su imperturbable vocación de maestro repetía los temas como tantas veces pedían sus estudiantes. Su camioneta ISUZU color azul, fue transporte gratuito desde y hacia la escuela de tantos niños como permitiera el espacio y los amortiguadores. Guardo como especial recuerdo su habilidad para enseñar la Historia Ecuatoriana, al punto que hasta tengo claro el nombre, período y principales virtudes y errores de los Presidentes del Ecuador, sin dejar de mencionar la lectura bien pronunciada, y la ortografía bien respetada. Siendo también mi profesor de 4to Grado y consciente de que difícilmente podría seguir siendo mi maestro en otro grado más, recuerdo el sentimiento de tristeza que me embargó, solo comparable al de extrañar a un pariente cercano. Su partida hacia el reino de la luz y de la paz no impedirán que me siga enseñando, solo que ahora será a través de mis sueños. Descanse en paz querido maestro, se lo merece luego de hacer el bien a tantos niños y jóvenes. Mi solidaridad con todos sus familiares y de manera especial a sus hijas Leyda y Soledad, y, a sus sobrinos Héctor, Marco Boris, Gorky y César, distinguidos y apreciados amigos.
a la/s noviembre 03, 2013 1 comentario:
"DRAGOS EN COLOMBIA"
En reciente viaje realizado a la impresionante ciudad de Bogotá, tuve la oportunidad de visitar la fabulosa librería del Centro Cultural "Gabriel García Márquez", en donde se puede adquirir a precios sumamente cómodos, miles de libros para todos los gustos literarios. Al visitar dicho templo del saber, y estando en la tierra del realismo mágico, de la cumbia, del café y de la guayaba, creí imperdonable dejar de comprar obras de autores colombianos. Es así que decidí adquirí obras dignas de recomendación, entre otras: "El Crimen del Siglo" y "El Incendio de Abril", de autoría de Miguel Torres, en las cuales se describe magistralmente los detalles del condenable asesinato del líder colombiano Jorge Eliecer Gaitán, la vida de su asesino Juan Roa Sierra y las terribles consecuencias sociales de tan duro acontecimiento. También conseguí los libros: "Muchas Cosas que contar" y, "Gabo. Cartas y Recuerdos", de Plinio Apuleyo Mendoza, en las que su brillante autor narra con exquisito manejo del idioma, retazos de su memoria acerca de experiencias junto a escritores, artistas y políticos del mundo entero –García Márquez, Neruda, Mario Vargas Llosa, Fernando Botero, Alfonso López Michelsen, entre otros–. Particular alegría y orgullo lojano, me causó ver que en los estantes de tan importante librería, se encontraba esperando a los lectores de Colombia y el mundo, la obra "DRAGOS" de autoría de mi amigo y coterráneo José Rodrigo Sánchez Puertas, interesante y bien trazado libro de relatos, que convivía con las grandes obras de la literatura. Este esfuerzo intelectual de José Ródrigo, es la clara muestra de que la cultura de Loja, no solo vive de glorias pasadas. Mi felicitación al amigo, y mi ferviente deseo para que todos los lojanos sigamos su ejemplo y proyectemos hacia el mundo la cultura de nuestra patria chica.
La impresionante ciudad de Bogotá . Primera Parte. Visitar una ciudad virreinal de las características y el tamaño de Bogotá, resultará para cualquiera emocionante, curioso e impresionante; pero para un habitante de ciudad pequeña como yo, que admira con pasión las obras literarias de autores colombianos como Gabriel García Márquez, Plinio Apuleyo Mendoza, Héctor Abad Faciolince, Jorge Franco, Santiago Gamboa, y, a través de ellos ha tenido el privilegio de conocer referencias históricas, tradiciones, novelas, tragedias y alegrías de esa gran nación hermana llamada Colombia, es algo supremo que constituye un nutritivo alimento cultural y espiritual, y, porque no decirlo, una fabulosa lección para aspirar a ser un ciudadano del mundo. La ciudad fue fundada por Gonzalo Jimenez Quesada el 6 de agosto de 1538, tiene un área de 1.732 de Km2, con una población cercana a los 8 millones de habitantes y esta situada a 2.640 metros sobre el nivel del mar. Mi arribo fue el lunes 19 de agosto del 2013, en horas de la noche, quedando deslumbrado incluso antes del aterrizaje, gracias al hermoso paisaje luminoso que me regaló la ventana del formidable avión Airbus que me trajo desde el cielo ecuatoriano al cielo colombiano. Ya en la terminal aérea "El Dorado", y en el forzoso recorrido para recoger mi maleta de viaje, me pude percatar de que la ciudad era destino turístico de miles de visitantes provenientes de los cinco continentes. El aeropuerto funciona con total orden, lo cual genera una sensación de tranquilidad y seguridad para propios y extraños. No es que haya viajado mucho en mi vida, pero en las contadas ciudades grandes que he conocido, he tenido especial preocupación por el primer taxi que tomo desde el aeropuerto al hotel, más aún cuando se viaja con la familia. Ventajosamente este temor con o sin razón, que no sólo es mío sino de muchos, fue superado en el Aeropuerto El Dorado, dado que existe un sitio específicamente destinado al estricto control de taxis que salen y llegan al aeropuerto. Para el descanso nocturno por primera vez en cielo bogotano, elegí el Hotel "Las Terrazas", ubicado en el Barrio de Chapinero Alto, por recomendación de mi hermano Pedro, quien en años anteriores se me adelantó en conocer la principal ciudad colombiana, agradeciéndole por tan acertada sugerencia. Siempre tuve curiosidad para dar con las razones por las que Colombia es uno de los principales destinos turísticos del mundo, a pesar de los terribles problemas sociales que la azotan, y la respuesta la tuve con solo llegar a la recepción del Hotel y escuchar unas dulces y deliciosas palabras de bienvenida de doña Adela, la administradora del hotel, por quien tengo el grato placer de poder decir, que me sentí como un bogotano más. Si la calidad de los hoteles se mediría por la cordialidad y simpatía de quienes atienden al turista, la maravillosa forma de ser de doña Adela, obligaría a ponerle por lo menos unas 10 estrellas a su Hotel. Es hora de dormir y soñar con las fascinantes sitios que espero conocer en Bogotá, ofreciendo compartirlos a través de este Blog llamado por identificación "Desde la Campiña Lojana"
Dr. Santiago Armijos Valdivieso Mg.Sc. EL ACTO ADMINISTRATIVO 1.- CONSIDERACIONES PRELIMINARES.- Todas las instituciones y entidades que forman parte de la administración pública, requieren para el cumplimiento de sus funciones tomar una serie de decisiones administrativas que permitan la atención de las necesidades de los ciudadanos, así como también para solucionar los diferentes problemas que se suscitan entre el Estado, los entes públicos y los administrados. Para ello, es necesario que toda decisión administrativa se enmarque dentro del ordenamiento jurídico y sea el resultado de un consciente, planificado y reflexivo proceso que sin dejar de proteger los intereses colectivos, reconozca y garantice los derechos constitucionales y legales de los ciudadanos. Las decisiones administrativas producen efectos jurídicos y en muchos de los casos de gran trascendencia social; es por ello que con acierto la ley ha determinado expresas características para que éstas tengan validez jurídica y obliguen a las personas que ostentan una función administrativa a tomarlas con límites jurídicos que impidan los abusos y las arbitrariedades. En el caso del Ecuador, las decisiones administrativas que provienen tanto de la denominada Administración Pública Central como de la Administración Pública Institucional, están reguladas desde el Art.64 hasta el Art.99 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Pública, en los que se ha determinando cinco categorías dentro de las cuales y dependiendo del asunto, la administraciones públicas deben tomar las distintas resoluciones administrativas. Dichas categorías son las siguientes: • Actos Administrativos; • Actos de Simple Administración; • Contratos Administrativos; • Hechos Administrativos; y, • Actos Normativos. En el presente ensayo, trataré de abordar con fines didácticos la primera categoría, esto es el Acto Administrativo, enfocándome principalmente a su definición, características jurídicas, vigencia, presunción de legitimidad, e impugnación. 2. DEFINICIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL ACTO ADMINISTRATIVO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ECUATORIANO.- El Art. 65 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, define al Acto administrativo en los siguientes términos: “Es toda declaración unilateral efectuada en el ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa.” De la definición contenida en la norma jurídica antes transcrita, se puede identificar claramente los siguientes elementos jurídicos que rodean al Acto administrativo: • Es una declaración unilateral; • Es efectuada en el ejercicio de la función administrativa; • Produce efectos jurídicos individuales; y, • Produce efectos jurídicos directos. 2.1. EL ACTO ADMINISTRATIVO ES UNA DECLARACIÓN UNILATERAL.- Sin duda alguna, el acto administrativo es una declaración, es decir una decisión con la cual se exterioriza la voluntad positiva o negativa de la administración pública, en relación a un determinado tema relacionado con el administrado. Sin la existencia de tal declaración la administración pública no tomaría decisiones y con ello incumpliría con sus funciones consagradas en la Constitución y la Ley. Por supuesto que ésta declaración para ser tomada no requiere del consentimiento o aceptación del administrado, pues la misma se la debe tomar en función del privilegio jurídico que tiene la administración pública para resolver los distintos asuntos que le competen. No obstante de aquello, cabe precisar que este “privilegio” que tiene la administración pública para tomar decisiones unilaterales, debe ser motivada de acuerdo a lo establecido en el literal l), numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador, que textualmente dice: “…l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.” Dicha norma constitucional es contundente y clara en establecer la obligatoriedad que tiene la administración pública representada por los servidoras y servidores públicos de tomar decisiones motivadas, reflexivas, fundadas en normas jurídicas, lo cual constituye un límite que protege a los administrados de abusos del poder público que lamentablemente se dan. Cabe así mismo resaltar que la falta de motivación en la expedición de los actos administrativos se considerarán nulos. 2.2. EL ACTO ADMINISTRATIVO EFECTUADO EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN ADMINISTRATIVA. Este elemento es de fundamental importancia en el acto administrativo, pues el funcionario de la administración pública que lo decide y lo expide, lo hace haciendo uso de las atribuciones que le concede el ordenamiento jurídico y la función administrativa que ostenta, mas no su título personal o de cualquier otra índole. No está por demás recordar que el Art. 226 de la Carta Magna, al referirse al Estados y sus dependencias, prevé lo siguiente: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”. La norma constitucional transcrita claramente establece el límite bajo el cual pueden actuar los funcionarios de la administración pública, el cual no es otro que las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley, ni más ni menos. Consecuentemente si un acto administrativo es tomado más allá de esos límites, no tendrá valor jurídico alguno. Así mismo y para completar lo dicho, es pertinente citar lo establecido en los artículos 84 y 85 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Pública, los cuales en forma expresa se refieren a la competencia administrativa como medida de la potestad administrativa: “Art.84.- De la competencia.- La competencia administrativa es la medida de la potestad que corresponde a cada órgano administrativo. La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación, cuando se ejerzan en la forma prevista en este Estatuto.” “Art.85.- Razones de la competencia.- La competencia administrativa se mide en razón de: a) La materia que se le atribuye a cada órgano, y dentro de ella según los diversos grados; b) El territorio dentro del cual puede ejercerse legítimamente dicha competencia; y, c) El tiempo durante el cual se puede ejercer válidamente dicha competencia.” De las normas transcritas, queda claro que el ejercicio de la función administrativa, está sujeta a expresas normas, y para que los funcionarios públicos puedan ejercerla en la expedición de los actos administrativos deben respetarlas de manera estricta, caso contrario los mismos serán injurídicos. 2.3. PRODUCE EFECTOS JURÍDICOS INDIVIDUALES.- Otra característica fundamental de los actos administrativos es que producen efectos jurídicos individuales, es decir efectos jurídicos para una persona o en el mayor de los casos para un conjunto de personas determinadas, excluyendo sus efectos para la colectividad o sociedad en general. Cito como ejemplo el que una determinada persona acuda a la institución respectiva que forme parte de la administración pública para solicitar un permiso o autorización para explotar un cantera de material pétreo, obteniendo como resultado un acto administrativo que niegue la pretensión expresada. En el referido caso el acto administrativo tiene efectos individuales porque afecta únicamente a la determinada persona que solicitó la autorización, más no al resto de la sociedad. 2.4. PRODUCE EFECTOS JURÍDICOS DIRECTOS. Los actos administrativos producen efectos jurídicos directos por cuanto, no están subordinados a otras decisiones administrativas; es decir por sí solos causan efectos jurídicos para el ciudadano - administrado en el cual recaen. Evidentemente que previo al acto administrativo como parte de la formación de la voluntad administrativa, puede necesitarse de informes u opiniones técnico-jurídico que vendrían a ser actos de simple administración, los cuales ayudan e iluminan a los funcionarios de la administración pública para tomar los actos administrativos pero finalmente son éstos los que exteriorizan la voluntad de la administración pública. 2.5. EL ACTO ADMINISTRATIVO PARA EN LA DOCTRINA Como complemento a lo expresado respecto al acto administrativo en el ordenamiento jurídico ecuatoriano considero necesario referir lo que dice sobre el mismo tema, el connotado tratadista argentino Roberto Dromi, en su obra "DERECHO ADMINISTRATIVO", Editorial de Ciencia y Cultura "Ciudad Argentina".2001. "Acto administrativo. Es toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales en forma directa". La definición transcrita de autoría de Roberto Dromi respecto al acto administrativo coincide plenamente con la definición que nuestra legislación ecuatoriana enunciada en el Art. 65 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, lo cual confirma que el acto administrativo tiene características jurídicas básicas: declaración unilateral, tomada en ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos individuales y directos. Por su parte Manuel Ossorio, en su obra Diccionario de Ciencias Jurídicas, Sociales y Políticas, define al acto administrativo de la siguiente manera: "La decisión general o especial que, en ejercicio de su funciones, toma la autoridad administrativa, y que afecta a derechos, deberes e intereses de particulares o de entidades públicas" En la definición de Ossorio, se puede identificar otro elemento del acto administrativo, el cual se refiere a precisar que los actos administrativos no solo afectan a los particulares sino también a las entidades públicas, lo cual es absolutamente acertado si consideramos que también las entidades públicas pueden ser afectadas por la expedición de actos administrativos emanados de otras entidades públicas. No nos olvidemos que el acto administrativo es un tema que se enmarca dentro del Derecho Administrativo, el cual entre otras cosas se encarga de regular las relaciones entre las distintas entidades que conforman el sector público. 3. VIGENCIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO.- Una vez que la administración pública ha dictado el acto administrativo, éste debe ser notificado o comunicado al administrado para que tenga plena validez jurídica, caso contrario no producirá ningún efecto jurídico. Roberto Dromi en la obra antes citada con claridad señala lo siguiente: "...El acto que no ha sido notificado no produce efectos jurídicos inmediatos. No es acto administrativo en el concepto que hemos señalado. Por lo tanto la notificación es elemento del acto, forma parte de él. El acto administrativo carece de eficacia mientras no sea notificado al interesado, La comunicación del acto afecta a la vinculación o sujeción del administrado. La notificación no debe ser imprecisa ni ambigua, con el objeto de no violar la garantía que consagra el art. 18 de la Constitución..." Lo afirmado por Dromi es tan cierto que incluso guarda plena armonía con el literal a) del numeral 7 del Art. 74 de la Constitución de la República del Ecuador, que prevé lo siguiente:"...7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías: a)Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento." Por lo tanto, se puede afirmar que la notificación del acto administrativo, es de tal importancia que de no existir, el acto administrativo no tiene ninguna validez jurídica y consecuentemente no produce ningún efecto jurídico para el administrado. Ahora, cabe establecer cuales serías las formas de notificación que el ordenamiento jurídico ecuatoriano permite. Para ello recurriré a transcribir el Art. 127 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva que en forma acertada establece una serie de precisiones para realizar las notificaciones de resoluciones administrativas entre las que se encuentran los actos administrativos, dicha norma dice textualmente lo siguiente: "Art. 127.- Práctica de la notificación. 1. Las notificaciones se practicarán por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado. La acreditación o razón de la notificación efectuada se incorporará al expediente. 2. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar que éste haya señalado a tal efecto en la solicitud. Cuando ello no fuera posible, en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo. Cuando la notificación inicial se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de entregarse la notificación podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, bajo juramento, junto con el día y la hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres días siguientes. 3. Para que la notificación se practique utilizando medios telemáticos se requerirá que el interesado haya señalado dicho medio como preferente o consentido expresamente su utilización, identificando además la dirección electrónica correspondiente, que deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Comercio Electrónico. En estos casos, la notificación se entenderá practicada a todos los efectos legales en el momento en que se produzca el acceso a su contenido en la dirección electrónica. Cuando, existiendo constancia de la recepción de la notificación en la dirección electrónica, transcurrieran diez días plazo sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en el siguiente apartado, salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. 4. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite siguiéndose el procedimiento. 5. Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o el medio a que se refiere el punto 1 de este artículo, o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de anuncios en un diario de amplia circulación nacional. En el caso de que el último domicilio conocido radicara en un país extranjero, la notificación se efectuará mediante su publicación en el tablón de anuncios del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente. La Administración Pública Central podrá establecer otras formas de notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de notificar conforme a los dos párrafos anteriores. 6. La publicación, en los términos del artículo siguiente, sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos en los siguientes casos: a. Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la notificación efectuada; y, b. Salvo lo previsto en leyes especiales, cuando se trata de actos integrantes de un procedimiento de selección o contratación pública. ". De la norma transcrita puedo concluir que la notificación de un acto administrativo y de manera general toda resolución administrativa, dada la importancia que tiene para la plena validez jurídica de las mismas, debe ser realizada atendiendo el tenor literal de lo dispuesto en el Art. 127 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, lo cual es absolutamente conveniente porque impide que el trascendental momento de la notificación del acto administrativo no quede al libre albedrío de la administración pública. 4. PRESUNCIÓN DE LEGITIMIDAD Y EJECUTORIEDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS.- El Art. 68 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, establece que los actos administrativos se presumen legítimos y deben cumplirse desde que se dicten y, de ser el caso, se notifiquen, salvo casos de excepción previstos expresamente dicho cuerpo jurídico. La presunción de legitimidad de los actos administrativos establecida en la norma citada, permite que éstos sean cumplidos en forma inmediata por los administrados, en razón de que se entiende que fueron expedidos al amparo de lo que establece el ordenamiento jurídico y de que al expedirse existe la suficiente motivación exigida por la Constitución de la República. Lamentablemente esto no siempre sucede y los administrados quedan en complicadas situaciones jurídicas que les obliga a defenderse en el ámbito constitucional o legal de acuerdo al caso, ocasionándoles cuantiosos gastos, perjuicios y estados emocionales de inmensa preocupación. De ahí la necesidad de que todo acto administrativo debe ser el resultado de un accionar responsable, ético y jurídico de los funcionarios encargados de expedirlos. En todo caso, considero que la presunción de legitimidad de los actos administrativos es acertada, dada las posibles acciones injustificados que pueden tomar los administrados para evitar su ejecución, pues al fin y al cabo los intereses colectivos siempre deberán estar por sobre los intereses particulares. 5. IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Los actos administrativos son impugnables en dos vías: la administrativa y la judicial. La impugnación en vía administrativa se la tramitará ante la propia administración pública de la que emanó el acto administrativo y se sujetará a las normas previstas en el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva que establece tres tipos de recursos administrativos: 1. El Recurso de Reposición; 2. El Recurso de Apelación; y, 3. El Recurso Extraordinario de Revisión RECURSO DE REPOSICIÓN. De acuerdo a lo establecido en el Art. 174 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, se puede interponer recurso de reposición en los siguientes casos: 1. Los actos administrativos que no ponen fin a la vía administrativa podrán ser recurridos potestativamente, a elección del recurrente, en reposición ante el mismo órgano de la administración que los hubiera dictado o ser impugnados directamente en apelación ante los ministros de Estado o ante el máximo órgano de dicha administración. 2. Son susceptibles de este recurso los actos administrativos que afecten derechos subjetivos directo del administrado. El plazo para el recurso de reposición será de 15 días, si el acto administrativo fuera expreso; si no lo fuera el plazo será de dos meses. RECURSO DE APELACIÓN. De acuerdo a lo establecido en el Art. 176 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, se puede interponer recurso de reposición en los siguientes casos: 1. Las resoluciones y actos administrativos, cuando no pongan fin a la vía administrativa, podrán ser recurridos en apelación ante los ministros de Estado o ante el máximo órgano de dicha administración. El recurso de apelación podrá interponerse directamente sin que medie reposición o también podrá interponerse contra la resolución que niegue la reposición. De la negativa de la apelación no cabe recurso ulterior alguno en la vía administrativa. 2. Son susceptibles de este recurso los actos administrativos que afecten derechos subjetivos directos del administrado. El plazo para el recurso de apelación será de 15 días a partir de su notificación, si el acto administrativo fuera expreso; si no lo fuera el plazo será de dos meses. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN.- De acuerdo a lo establecido en el Art. 178 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo, los administrados o los ministros de Estado o las máximas autoridades de la Administración Pública Central autónoma, en el caso de resoluciones expedidas por dichos órganos, por sus subordinados o por entidades adscritas, podrán interponer ante los ministros de Estado o las máximas autoridades de la Administración Pública Central autónoma la revisión de actos o resoluciones firmes cuando concurran alguna de las causas siguientes: a) Que hubieren sido dictados con evidente error de hecho o de derecho que aparezca de los documentos que figuren en el mismo expediente o de disposiciones legales expresas; b) Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor trascendental ignorados al expedirse el acto o resolución que se trate; c) Cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios falsos declarados en sentencia judicial, anterior o posterior a aquella resolución; y, d) Cuando la resolución se hubiere expedido como consecuencia de uno o varios actos cometidos por funcionarios o empleados públicos tipificados como delito y así declarados en sentencia judicial firme. El recurso de revisión se podrá interponer en el plazo de tres años a partir del inicio de su vigencia en los casos de los literales a) y b), y de tres meses a partir de la ejecutoria de la sentencia condenatoria, siempre que no hayan transcurrido cinco años desde el inicio de la vigencia del acto de que se trate en los otros casos. El órgano competente para la resolución del recurso podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite, cuando el mismo no se funde en alguna de las causas previstas en este artículo. El órgano competente para conocer el recurso de revisión deberán pronunciarse no sólo sobre la procedencia del recurso, sino también, en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido. IMPUGNACIÓN EN LA VÍA JUDICIAL.- La impugnación en la vía judicial se la tramitará ante los Tribunales de lo Contencioso Administrativo y se sujetará para ello a las normas previstas en la Ley de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa que establece dos tipos de recursos contenciosos administrativos: 1. El de plena jurisdicción o subjetivo; y, 2. El de anulación u objetivo. El recurso de plena jurisdicción o subjetivo ampara un derecho subjetivo del recurrente, presuntamente negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente por el acto administrativo de que se trata. El recurso de anulación, objetivo o por exceso de poder, tutela el cumplimiento de la norma jurídica objetiva, de carácter administrativo, y puede proponerse por quien tenga interés directo para deducir la acción, solicitando al Tribunal la nulidad del acto impugnado por adolecer de un vicio legal. De acuerdo a lo establecido en el Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa, el término para deducir la demanda en la vía contencioso administrativa será de noventa días en los asuntos que constituyen materia del recurso contencioso de plena jurisdicción, contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución administrativa que se impugna; y, en los casos que sean materia del recurso contencioso de anulación u objetivo se podrá proponer la demanda hasta en el plazo de tres años, a fin de garantizar la seguridad jurídica. En los casos que sean de materia contractual y otras de competencia de los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo, se podrá proponer la demanda hasta en el plazo de cinco años. 6. BIBLIOGRAFÍA.- 1. Constitución de la República del Ecuador. Corporaciones de Estudios y Publicaciones. Quito - Ecuador. 2. DROMI, Roberto. "DERECHO ADMINISTRATIVO", Novena Edición, Editorial de Ciencia y Cultura "Ciudad Argentina". 2001. Imprenta Fareso S.A. Madrid - España. 3. Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. Corporaciones de Estudios y Publicaciones. Quito - Ecuador. 4. Ley de la Jurisdicción Contencioso - Administrativo. Corporaciones de Estudios y Publicaciones. Quito - Ecuador. 5. OSSORIO, Manuel."DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS POLÍTICAS Y SOCIALES". Vigésima Edición Actualizada, Corregida y Aumentada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Editorial Heliasta. 1992. Argentina.
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