Source: http://www.libertadidioma.com/2003/20030524.htm
Timestamp: 2020-05-30 12:14:59+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Sábado 24 Mayo 2003
Faustino F. Álvarez La Razón 24 Mayo 2003
La crispación de una campaña desenfocada
Editorial ABC 24 Mayo 2003
El lío vasco de mañana
Lorenzo Contreras La Razón 24 Mayo 2003
Zancadillas a la ley
Editorial El Ideal Gallego 24 Mayo 2003
Esther Esteban El Ideal Gallego 24 Mayo 2003
Reflexión de víspera
Antonio Casado El Ideal Gallego 24 Mayo 2003
No hablemos de dignidad
Cartas al Director ABC 24 Mayo 2003
Cartas al Director El Correo 24 Mayo 2003
Garzón envía a prisión a un alcalde y dos ediles de Batasuna por colaborar con ETA
F. Velasco - Madrid.- La Razón 24 Mayo 2003
La baza de los constitucionalistas para frenar el plan Ibarretxe
J. J. SALDAÑA ABC 24 Mayo 2003
Prisión incondicional para cinco de los etarras de Udalbiltza, entre ellos el profesor de la UPV
EFE Libertad Digital 24 Mayo 2003
Sabino Arana perjudicó al vascuence
Carlos Ibáñez Quintana La Razón 24 Mayo 2003
FABIÁN LAESPADA El Correo 24 Mayo 2003
Dieciséis miembros de una misma familia se presentan a las elecciones municipales de mañana en el País Vasco. Son los Abascal: tres generaciones de origen gallego, que se han distribuido en candidaturas del Partido Popular en diversos municipios. Me da lo mismo que se presenten por una u otra formación política, lo que llama la atención es esa coincidencia de todo el clan en la política municipal, cuando familia tan numerosa ya es en sí misma una opción, y podría ser un orfeón o un equipo de fútbol con reservas, y entrenador y hasta árbitro incluidos. El epicentro del entusiasmo político de los Abascal es la abuela, quien rechaza de una forma ejemplar el terrorismo y quiere contribuir a erradicarlo. Aquí tenemos un claro ejemplo de unas personas que no buscan más que hacer el bien, dar la cara, y arriesgarse con su valeroso testimonio frente a la cobardía de quienes mañana eludirán su compromiso democrático o pasearán, con un silencio amenazante, por las cercanías de las urnas.
Los Abascal quieren vivir en la normalidad en una tierra que, por desgracia, atraviesa una delicada situación política por la amenaza de los etarras, que son el brazo armado de alguna organización ilegalizada. Cada día comprueban que la normalidad es imposible, que hay que tomar medidas de protección, que los escoltas son imprescindibles, y que hablar claro puede tener un alto precio. Los he visto en la televisión, y forman una familia serena y alegre, con la afectividad a flor de piel, y a más de un guionista se le puede ocurrir una serie televisiva o una película a partir de esta singular situación. Podría ser una comedia humana, o una denuncia del horror que amenaza a estos inocentes: viejos, gentes maduras, niños, y todos ellos unidos por la idea de que siempre el bien termina venciendo sobre el mal. Estas personas, que podrían esconderse en el anonimato, han optado por rendir homenaje a la paz del pueblo que los acoge, e intentan erradicar la violencia de ese territorio. Forman parte de la hermosa gente que no se asusta cuando la salida del túnel apenas se ve, y puede ser una ilusión óptica del voluntarismo o un hermoso sueño que aún no llega. Por lo demás, es imposible que todos los Abascal piensen lo mismo sobre las mismas cosas: cada uno es hijo también de su tiempo, y no se ve la realidad del mismo modo a los veinte años que a los ochenta. En ese aspecto también son admirables: han convertido la discrepancia en diálogo, y las divergencias en enriquecimiento.
Aunque sea llamativo este caso, seguro que no es único, o al menos no lo es su espíritu: gentes que buscan, como nexo superpuesto a la consanguineidad o al parentesco, un servicio a los demás en la política o en la filantropía. Que el ejemplo despierte a los tibios, y que escandalice a los arribistas de la política.
EN la pasada medianoche se cerraba una de las campañas electorales más crispadas de los últimos años. Los quince días oficiales estipulados para que los partidos pidan el voto tuvieron unas vísperas demasiado largas, en el afán de la oposición por rentabilizar asuntos coyunturales que poco tenían que ver con los méritos, deméritos y proyectos que presentan los candidatos municipales y autonómicos. Afortunadamente, la violencia que precedió al comienzo de la campaña -con ataques a sedes del PP y persecución a cargos de este partido- no ha llegado a alcanzar a esta quincena. Bastó con que nadie avivara esa llama (que antes había alcanzado un punto de ignición inquietante) para que la calma volviera a las calles. Ese punto de cordura fue una buena noticia para la democracia y la libertad de cada cual.
Pero evitado el riesgo físico, lo cierto es que la tensión y el tono han alcanzado unas dimensiones y un grosor nada habituales en los últimos procesos electorales. Desde PSOE e IU se ha tratado de establecer un desenfocado panorama de lo que se debate el 25-M y desplazar la yema de la elección a un indefinido concepto ético o una especie de talante vital de «los buenos y los malos». La intolerancia se ha campaneado de forma preocupante, invadiendo incluso otras esferas, como la cultural. Nada importaba que la contienda bélica hubiese acabado hace más de un mes ni que, al final, los países que se oponían a la intervención en Irak fuesen acudiendo al lugar donde España está desde hace meses, hasta avalarla implícitamente anteayer en el Consejo de Seguridad de la ONU. También se sacó «a pasear» en los mítines el asunto del «Prestige», pese a que, en muchos aspectos, la situación ya está normaliza en aquellas costas tan trágicamente heridas el pasado invierno. Tampoco importó a sus exhibidores que las ayudas a los afectados por el vertido se cobraran a tiempo, que los pescadores faenen desde hace semanas o que la campaña turísticas gallega en Semana Santa fuese más que aceptable. Ni Zapatero ni Llamazares, que han presentado un mensaje fornidamente unívoco (de nuevo el «todos contra el PP») se han podido sustraer a la tentación de que la realidad les estropee un buen mitin.
Y, cómo no, el País Vasco, donde se han mezclado esperanzadoras noticias con otras más preocupantes. Por primera vez, los Ayuntamientos de esta Comunidad conocerán unos comicios sin la contaminación antidemocrática del brazo político de ETA, amparada por un rosario de decisiones judiciales incontestable. Lo inquietante llega de donde siempre: los nacionalistas se enrocan y ponen piedras a la decisión de la Justicia.
Ese error de planteamiento (convertir las municipales y autonómicas en una especie de primarias de las generales) motivó la intervención de los líderes de los partidos, desdibujando el papel de los candidatos que realmente contienden en las urnas, a pesar de los esfuerzos de estos por intentar explicar lo que tienen pensado hacer si son elegidos para gobernar autonomías, ciudades y pueblos. Y esto último es, en realidad, lo que está en juego.
Pese a ese intento de confundir los planos de lo que realmente se elige, resulta pueril el intento de convertir el 25-M en una especie de primera vuelta de los comicios de 2004. Los resultados, sean los que sean, no tienen traslación alguna a unas generales. Como ejemplo, baste citar que de los 21,5 millones de sufragios emitidos en las municipales de 1999, los partidos con representación parlamentaria obtuvieron poco más de 18 millones. Es más, sólo las candidaturas englobadas en el epígrafe «resto» (menos de 8.000 votos) fueron votadas por más de 1,2 millones de personas. Más de tres millones de votos pueden decidir no sólo una victoria en la generales, sino una mayoría absoluta.
Las elecciones municipales y autonómicas de mañana se van a celebrar con un problema vasco de fondo. La resolución del Tribunal Supremo para que se disuelva «sin demora» el grupo Sozialista Abertzaleak en el Parlamento de Vitoria, ha empezado a tropezar con lo que se estaba temiendo: la resistencia de las fuerzas predominantes en la Cámara a obedecer, invocando motivos formales basados en que el actual reglamento no contempla la disolución de un Grupo sin una reforma previa. Objeciones filibusteras aparte, lo que se ventila es la actitud política del «Tripartito», la conjunción PNV-EA-IU, frente a lo que allí llaman poderes de Madrid. Prisionero de sus compromisos en Euskadi, Javier Madrazo, miembro de un partido o coalición estatal como es Izquierda Unida, anunció que presentaría una proposición no de ley para que se interponga desde «Lakua» un conflicto de jurisdicción dirigido a suspender la resolución del Supremo.
Como se sabe, el presidente del Parlamento vasco, señor Atucha, amenaza con dimitir en protesta por la situación límite en la que dice encontrarse y por coherencia institucional respecto a la autonomía de la Cámara frente al Poder Judicial, cuya resolución interpreta la Mesa que preside como una «invasión de la autonomía» y una contravención del principio constitucional de división de poderes.
Lo que vaya a significar el 25 de mayo no acabará en unos resultados más o menos polémicos, sino que prolongará su conflictividad en los días sucesivos. La tentación de la «desobediencia civil» late en el verdadero y definitivo trasfondo del asunto. Hay motivos para la preocupación política, por más que el Gobierno blasone, lógicamente, de su capacidad resolutiva cuando promueve acciones legales basadas en disposiciones del mismo tipo. El optimismo de Aznar ya se ha manifestado respecto al desarrollo de la jornada electoral de mañana cuando ha dicho en su último mitin vasco que «estas elecciones son las mejores y más bonitas que se han hecho nunca en la historia de la democracia española».
Bonitas o no, el conflicto se plantea en términos políticos de tensiones. El portavoz de la formación cuya disolución se ordena, Arnaldo Otegui, da por fracasadas las ilegalizaciones. Considera que el poder del Estado no logrará «diseminar ni destruir nuestra base electoral el 25 de mayo» ni «acallar nuestra voz en el Parlamento de Gasteiz». Pero lo más significativo de su postura es la desconfianza que dedica al tripartito PNV-EA-IU, al que ha acusado de sabotear mítines, apalear independentistas, practicar detenciones y robar papeletas. O sea, que entre los propios independentistas de uno u otro matiz existe un auténtico diálogo de sordos.
Los nacionalistas vascos han dicho todo tipo de disparates durante la campaña electoral; sólo uno se les ha olvidado: que el Poder Judicial ha tratado de condicionar la voluntad de los votantes para que mañana den su apoyo a los partidos constitucionalistas. Ésa ha sido la única acusación que no han lanzado contra los jueces, aunque todavía están a tiempo, sobre todo después de que Baltasar Garzón dictase auto de prisión contra cinco de los seis responsables de Udalbitza Kursaal, la asamblea de electos de Batasuna, que se hallaban detenidos por un presunto delito de participación y colaboración con banda armada. No obstante, la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional es la menos trascendente de cuantas se han adoptado en las salas de Justicia durante las dos semanas que han precedido a la cita con las urnas; en cambio, la de más peso, la que obliga a disolver el grupo de Sozialista Abertzaleak en el Parlamento de Vitoria, ha ido a parar al limbo por obra y gracia del supuesto sentido del honor que tiene el presidente de la cámara, Juan María Atutxa, y de las mendaces interpretaciones de la ley que han hecho sus compañeros de partido y los servicios jurídicos de la propia asamblea legislativa vasca. Esa actitud supone negar la vigencia de postulados constitucionales como el que recoge la división de poderes o el que encomienda a los jueces juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. No obstante, la Carta Magna contempla la posibilidad de suspender una autonomía cuando su gobierno o su parlamento no se atengan a la Ley. Una opción que cada día parece menos desdeñable.
La resolución del Tribunal Supremo es impecable “no existen dentro del Estado poderes autónomos o autoinmunes”. Todas las instituciones se rigen por el respeto a la legalidad vigente y, en última instancia, por el respeto a la Constitución. Eso significa reiterar una obviedad que a estas alturas de nuestra democracia y del desarrollo del Estado de las Autonomías nadie debiera poner en cuestión. Aquí, mal que les pese a algunos, estamos en un Estado pleno de Derecho, está perfectamente establecida la separación de poderes y ni el Parlamento vasco ni nadie se puede situar al margen de la Ley.
La Mesa del Parlamento debe ejecutar de forma inmediata la resolución del Supremo para disolver el grupo Sozialista Abertzaleak y que sus siete diputados pasen a formar parte del grupo mixto. El alto tribunal le ha dicho a Juan María Atutxa que debe cumplir la ley y hacerla cumplir y, por lo tanto, la desobediencia a este auto sería una cuestión de extrema gravedad, intolerable y por supuesto perseguible penalmente.
Habría que recordarle al tripartito que aquí, como en cualquier país libre, no puede haber espacios para la impunidad. Nadie puede ampararse en los márgenes de libertad de una democracia adulta y consolidada para hacer de su capa un sayo.
Por lo tanto, pueden intentar dilatar el cumplimiento del auto, pero está cantado que tendrán que cumplirlo por mucho que Gorka Knorr se desgañite diciendo que los magistrados del Supremo “se han equivocado de tiempo y de lugar porque el Parlamento vasco no son las Cortes franquistas” ¡que barbaridad!, ¡que despropósito!
Por mucho que les pese a los de la doble moral y el doble rasero ETA no estará presente en las urnas ni en las instituciones vascas. Ése es el resultado final de esta cuestión y, ante eso, no hay medias tintas. El PNV puede intentar pescar todo lo que quiera en el caladero electoral de los etarras, pero lo que no puede y lo sabe es burlar a su antojo la ejecución de esta resolución judicial.
Tal vez ahí les duele, porque el asunto les pone frente a un espejo donde se ve claramente el lado oscuro de sus contradicciones. Los demócratas en este país estamos de enhorabuena. Es un secreto a voces que ETA está mas débil que nunca por muchos balones de oxígeno que se le intente suministrar. En su agonía final sin duda habrá sangre, dolor y sufrimiento pero su estado letal es irreversible. ¡que así sea!
Malévolo como siempre, González hace su síntesis en vísperas del último paso de Aznar por las urnas: “Si queda bien entenderá que ha ganado un plebiscito, y si queda mal, dirá que sólo se trataba de unas elecciones municipales”. En eso Aznar no se distingue de él ni de otros políticos, tan propensos a la benevolencia consigo mismos ante cualquier tipo de resultado electoral.
Pero como estamos en lo que estamos habrá que reconocer en jornada de reflexión que ésta ha sido una campaña personalizada por Aznar y por Zapatero. Ambos han ocupado el espacio con asuntos que pueden tener impronta territorial, pero forman parte de la agenda nacional básica: terrorismo, unidad de España, la guerra de Irak, seguridad ciudadana, empleo, emigración, etcétera.
A ver cómo sostiene la mirada Zapatero si, después de las tres puñaladas en el costado electoral del PP (huelga general, “Prestige”, guerra), no se distancia a escala nacional en la suma de votos municipales o no logra recuperar sustanciales cuotas. Y a ver cómo la sostiene Aznar si las urnas confirman la moción de censura que ya le plantearon en las calles, pero no el Parlamento por su posición belicista.
Lo que no estaría mal es que desde el lunes los dos protagonistas del debate continuo, en el que uno va de aspirante a La Moncloa y otro ya empieza a preparar las maletas, se quitasen la máscara impuesta por la liturgia electoral y se reencontrasen en los grandes temas de interés general donde han de ir unidos. Por ejemplo, en esa batalla del Estado para defenderse de ETA y su entorno político, cuyo último lance ha sido la disolución del grupo parlamentario de Batasuna.
Es una pena que, por culpa de la campaña, la insumisión del nacionalismo vasco ante una sentencia del Supremo no haya encontrado una respuesta conjunta PP-PSOE. Al menos para subrayar la absurda resistencia del brazo parlamentario de ETA a disolverse como grupo en la cámara de Vitoria. Carece de lógica que quienes repudian un determinado marco jurídico, porque se sienten incómodos y desean cambiarlo por otro, no quieran disolver un grupo cuya legitimidad se asienta precisamente en el marco que se pretende desbordar. ¿Por qué habitar una casa donde están tan a disgusto?
Atutxa, el encargado de hacer cumplir la sentencia del Supremo, amenaza con dimitir como presidente del Parlamento vasco. No se siente cómodo en un ámbito legal que le obliga a perder la dignidad si ordena lo que dice la sentencia. Entonces hace lo que es coherente con su pensamiento. ¿Lo hará? ¿Y por qué no se van también los siete diputados de Batasuna si tanto odian la legitimidad que les hizo diputados? Deberían tomar ejemplo de Atutxa.
Atutxa debe ser consciente de que su negativa a ejecutar lo ordenado por el Tribunal Supremo constituye un ilícito penal del que se declara culpable e incluso avisa de que el instrumento que va a utilizar para cometerlo es la dimisión. La referencia al Reglamento es un pretexto absolutamente pueril, máxime en una persona que declaró pomposamente la nulidad de pleno derecho de resoluciones judiciales de la Audiencia Nacional. ¿O es que ese reglamento incluye la facultad del presidente de declarar nulidades de pleno derecho de algo? De lo sublime a lo ridículo ya se avisó que no hay más que un paso. La dignidad de la Camara que tan indignamente preside fue ofendida desde el punto y hora en que una banda de forajidos ejercientes ilustraron al mundo de cómo el hampa podía sentar sus reales, no ya sólo en el Parlamento, sino incluso en la Comisión de Derechos Humanos, con el beneplácito, la ayuda y la protección del PNV. No mencione la dignidad, Atutxa. J. C. Antón Nárdiz. Madrid.
José María López/Vitoria-Gasteiz Cartas al Director El Correo 24 Mayo 2003
La sentencia firme adoptada por unanimidad por el Tribunal Supremo, que conmina a la disolución del grupo parlamentario de la extinta Herri Batasuna, ahora disfrazada de Socialista Abertzaleak, ha sido respondida por el señor Atu-txa, presidente del Parlamento vasco, como un ataque inadmisible a la dignidad de la institución. Como siempre, los nacionalistas salen en defensa de los amigos, cómplices y brazo político de los asesinos de ETA. Un Parlamento que en todas las democracias occidentales tiene la misión de legislar, se permite el lujo de incumplir las sentencias del máximo tribunal del pais, desafiando al estado de derecho. ¿Con qué autoridad puede exigir este Parlamento que se cumplan las normas que promueve cuando él mismo hace caso omiso a sentencias cuando no son de su agrado? En este pais seguimos batiendo records de irracionalidad. Los legisladores incumplen sistemáticamente la ley. Y, por cierto, señor Atutxa, ¿dónde estaba su 'presunta' dignidad cuando se permitió formar parte de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco al terrorista Josu Ternera, en la actualidad huído de la justicia? Lo que decíamos, el mundo al revés; los asesinos a los órganos del Parlamento y el más alto tribunal del Estado, desafiado desde el mismo lugar. Viva la indignidad.
El juez coincide con el TS en que la banda quería concurrir con «candidaturas electorales»
El alcalde de Ondárroa, dos concejales de Lezo y Urrechu, todos ellos de Batasuna, formación deslegalizada por el Tribunal Supremo, junto con un ex dirigente de Kas y el recién nombrado profesor de la Universidad del País Vasco Joseba Garmendia ingresaron ayer en prisión como presuntos responsables de la Asamblea de Electos de Batasuna. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón les imputa un delito de colaboración con banda armada. El alcalde de Oyarzun evitará la cárcel si paga una fianza de 50.000 euros. Todos prestaron su colaboración a ETA a través de Udalbiltza.
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decretó ayer el ingreso en prisión incondicional sin fianza de cinco de los seis principales responsables de la Asamblea de Electos de Batasuna, Udalbiltza Kursaal, mientras que dejó en libertad bajo fianza de 50.000 euros ¬unos 8.300.000 pesetas¬ al alcalde de Oyarzun (Guipúzcoa), Javier Iragorri Gamio. El fiscal, Enrique Molina, había solicitado al magistrado prisión para los seis imputados.
El magistrado, una vez finalizada las comparecencias, en la que los acusados negaron cualquier vinculación con la banda terrorista ETA, ordenó el ingreso de prisión del alcalde de Ondarroa (Vizcaya) y principal responsable de la Asamblea, Loren Arcocha; los concejales de las localidades guipuzcoanas de Lezo y Urretxu, Imanol Esnaola y Miren Josu Aramburu; el histórico de KAS Javier Alegría y Joseba Mikel Garmendia Albarracín, quien recientemente fue nombrado profesor de la Universidad del País Vasco. Estos dos últimos ya se encontraban en prisión. A todos ello, Garzón imputa un delito de colaboración con banda armada.
La resolución afirma que estos habrían participado o colaborado «en el desarrollo de las actividades de la organización terrorista ETA-Ekin con el fin de obtener la realización del proyecto revolucionario, que constituye su esencia y que trata de conseguir la independencia de una parte del territorio español mediante la presión de la violencia terrorista» a través de Udalbiltza.
El juez afirma en su resolución que Udalbiltza «queda vinculada, desde el primer momento» a ETA y llegó a convertirse en la «columna estratégica» del Mlnv». La financiación de Udalbiltza Kursaal se ha producido, en gran parte, por los fondos públicos destinados a ella desde los ayuntamientos del País Vasco y Navarra controlados por Batasuna, en un porcentaje que oscilaba entre el 1 y el 1,4 por ciento de los gastos ordinarios.
Por otro lado, Garzón considera acreditado que desde que el TS deslegalizó Batasuna, los responsables de ETA-Ekin desarrollaron dos líneas de actuación. La primera, reactivar Udalbiltza Kursaal, «que encarna el proyecto revolucionario» de la banda; y, la segunda, destinada a «burlar las resoluciones judiciales», consistente en presentar «candidaturas electorales locales, pretendidamente independientes, que aseguren su presencia y control del ámbito municipal y que, a su vez, sirvan de base, tanto económica como política» a Udalbiltza Kursaal y que constituyese el «embrión» del partido que sustituya a Socialista Abertzaleak.
En este sentido, el magistrado destaca que en documentos incautados a miembros de Ekin sobre Udalbiltza Kursaal se reconoce que esas plataformas electorales «no se han creado simplemente para ser sustitutorias de Batasuna, sino para alcanzar una nueva acumulación de fuerzas».
VITORIA. Los alaveses que hace cuatro años dieron la espalda al PNV decidirán en estas elecciones el futuro próximo del País Vasco. El «pacto tácito» que existe entre el PP y PSE para que el nacionalismo no vuelva a gobernar este territorio y «frenar» el intento de ruptura con España pone en serio peligro al plan Ibarretxe.
La «batalla» entre el PP y el PNV por el control de este territorio va más allá de los límites de Álava y de la propia Comunidad, ante la apuesta soberanista del Ejecutivo vasco. Tanto es así que Ibarretxe, por la coalición nacionalista; Javier Arenas y Jaime Mayor Oreja, por el PP, y José Luis Rodríguez Zapatero, por el PSOE, abrieron la campaña electoral en esta provincia en la que parece que prevalecerá el acuerdo entre constitucionalistas para frenar a los nacionalistas.
Hace cuatro años, Álava vivió un momento histórico al convertir al PP en la primera fuerza política y enviar al PNV a la oposición, con el apoyo del PSE y de UA, formación con la que los populares han gobernado esta legislatura. El PP venció a la coalición nacionalista por apenas 441 votos -en el ayuntamiento, la diferencia fue de más de 7.000 papeletas a favor de los populares-. Las fuerzas constitucionalistas, PP, PSE y UA, sumaron 27 escaños frente a los 24 de PNV-EA, la ilegalizada Euskal Herritarrok -sin grupo propio a diferencia de lo que sucede en el Parlamento vasco- e IU-EB, la tercera «pata» del Ejecutivo de Ibarretxe.
Las «espadas» están en alto
Ahora, con Patxi López al frente del PSE-EE y la vista puesta en los comicios generales, las «espadas» están en alto. El candidato del PSE a diputado general de Álava, Javier Rojo, afirma que el PP es igual de adversario que el PNV en estas elecciones aunque, añade a renglón seguido, que los socialistas «no dejarán que el nacionalismo vuelva a gobernar en Álava».
Aunque con recelos, esta declaración de intenciones y la oferta del PP al PSOE de formar gobierno tras el 25-M permiten hablar de un «pacto tácito» que dejaría a Álava en manos de los constitucionalistas, ya que el PNV tendría que dar un «vuelco electoral» sin precedentes para superar en votos al PP y al PSE. La coalición nacionalista, que en las autonómicas de mayo de 2001 -con una participación excepcional del 80 por ciento- ganó al PP en Álava por cerca de 2.000 votos, no le bastaría con ser la lista más votada. Algo que las encuestas predicen, sobre todo, a raíz de la ilegalización de las candidaturas de la izquierda abertzale, un hecho que perjudicará, en mayor medida, al PP en este territorio.
Frente a las encuestas que auguran al PNV como la lista más votada, lo cierto es que, según los resultados de las últimas elecciones, los constitucionalistas vienen ganando en Vitoria con el margen suficiente como para enjugar el voto nacionalista mayoritario en la provincia. De ahí, su pretendida reforma de la ley electoral para primar el voto de la zona rural frente al de la capital.
Ante la incuestionable mayoría nacionalista de Vizcaya y Guipúzcoa, Álava es el territorio en el que, según populares y socialistas, se juega el futuro de la Comunidad. Se trata, según los mensajes de campaña, de «frenar» el plan Ibarretxe, y apostar por el bienestar, por lo construido en estos 25 años: la moderación y la convivencia entre vascos y con el resto de españoles. Cuestiones por las que este territorio siempre ha apostado.
Campaña desleal
Ante la importancia de esta batalla. desde el Partido Popular sostienen que el PSE ha hecho una campaña «desleal» por su discurso equidistante entre el PNV y el PP, y por haber presentado, por primera vez en estos comicios, candidaturas en el total de los 51 municipios alaveses. «Esto sólo dispersará el voto necesario para vencer al PNV», aseguran desde el PP. Ante esta polarización, el candidato a la reelección a diputado general de Álava por el PP, Ramón Rabanera, ha apelado en la recta de campaña electoral al «voto útil» ya que «hoy por hoy el PP es el único que puede ganar en Álava al PNV».
El PP y el PSE - a esta última formación las encuestas la sitúan al alza- compiten por atraer el voto moderado y el de los nacionalistas decepcionados con gestos como la incorporación a sus candidaturas del ex parlamentario del PNV Javier Guevara, en el caso del PP, y de su hermano, Emilio Guevara, ex diputado general de Álava, del PSE-EE.
A pesar de la grave situación de falta de libertad, el Partido Popular ha conseguido, tras cuatro años de Gobierno, incluir en sus listas a figuras representativas de la sociedad civil alavesa y a figuras destacas como la que fuera ex secretaria de organización del PSE en Álava, Carmen Asiaín, seguidora de Nicolás Redondo Terreros, o al fundador de Unidad Alavesa, José Antonio Pizarro.
La formación foralista, que reclama la separación de Euskadi y un estatuto similar al de Navarra, concurre a estos comicios prácticamente absorbida por los populares con los que ha compartido gobierno y «plancha electoral» en las dos últimas citas electorales. Entre los partidos con expectativas de incrementar el voto, además, de los socialistas, está IU-EB, convertida en una sección más del nacionalismo en el País Vasco, que podría arañar votos del mundo abertzale.
LA TRAMA DE ETA EN LOS AYUNTAMIENTOS
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó este viernes el ingreso en prisión incondicional para 5 de los 6 responsables de la Asamblea de Electos de Batasuna (Udalbiltza) citados a declarar. Entre ellos, Xabier Alegría, también relacionado con "Egunkaria" y la Federación de Ikastolas y el profesor etarra, responsable de la ingeniería financiera de ETA Joseba Garmendia.
En el auto notificado este viernes, el juez ordena el encarcelamiento del presidente de Udalbiltza y alcalde de Ondarroa, Loren Arkotxa, de los concejales Imanol Esnaola y Miren Josu Aranburu, del ex responsable de KAS Xabier Alegría y del profesor etarra Joseba Mikel Garmendia; y dejó en libertad bajo fianza de 50.000 euros al alcalde de Oyarzun, Xabier Iragorri.
La resolución afirma que estos habrían participado o colaborado "en el desarrollo de las actividades de la organización terrorista ETA-Ekin con el fin de obtener la realización del proyecto revolucionario, que constituye su esencia y que trata de conseguir la independencia de una parte del territorio español mediante la presión de la violencia terrorista" a través de Udalbiltza.
La presencia en los órganos de gestión de Udalbiltza de Alegría y Garmendia -el primero en prisión desde febrero por su relación con el clausurado diario Egunkaria y el segundo encarcelado desde abril de 2002 tras la operación contra el entramado de las "herriko tabernas"- demuestra, según el juez, "la importancia que dicha entidad asume como expresión alegal del proyecto subversivo de ETA".
En este sentido, el juez considera que, tras la suspensión de actividades de Batasuna, y con el objetivo de mantener abierto el llamado "Frente Político-Institucional", ETA "concentró su actividad en los ámbitos que hasta ese momento no habían resultado afectados por la resolución judicial": el grupo Sozialista Abertzaleak (SA) y la plataforma Udalbiltza. Del primero dice, además, que es la "fórmula" que sigue utilizando Batasuna para mantener su actividad "debido a la falta de aplicación por parte de la Mesa del Parlamento vasco" de la resolución en la que acordó la suspensión de esta formación política.
En cuanto a Udalbiltza, señala que su integración en ETA está "claramente demostrada" y que, por tanto, se encuentra "fuera de la ley", lo que destaca expresamente "respecto de los terceros de buena fe que hayan podido tener relación o vinculación con dicha estructura y sus responsables sin conocer su verdadera naturaleza".
Respecto a los imputados, Garzón afirma que Arkotxa "tiene la responsabilidad máxima en la estructura"; que Alegría es el "coordinador de diferentes áreas de Udalbiltza", tarea en la que tras su detención en febrero le sustituyeron Esnaola y Aranburu; y que Garmendia es uno de los responsables "de las actividades de financiación" de la plataforma. Este último aspecto, el de la financiación de Udalbiltza, es analizado detenidamente por el juez en el auto, en el que dice que "se deberá tener en cuenta el capítulo (...) del Código Penal sobre malversación de caudales públicos" y avanza que "deberá desarrollarse la investigación iniciada".
Según los indicios que obran en la causa, "se habría dispuesto de cantidades de dinero pertenecientes a los presupuestos ordinarios de diversos Ayuntamientos del País Vasco y Navarra controlados por HB-EH-Batasuna-SA para una finalidad claramente ilícita cual es la financiación de una organización terrorista y sus proyectos".
El porcentaje que los consistorios controlados por Batasuna destinaban a Udalbiltza con cargo al presupuesto de gastos ordinarios era inicialmente del 1%, y pasó a ser del 1,4% tras la Asamblea General que esta plataforma celebró el 15 de febrero de 2001. "En este ámbito -añade Garzón- tiene una relevancia especial Loren Arkotxa, dada su cualidad de alcalde y de máximo responsable de Udalbiltza-Kursaal y, por tanto, con posibilidad de disposición de fondos y de decisión sobre la distribución de los mismos".
Carlos Ibáñez Quintana es ingeniero industrial La Razón 24 Mayo 2003
Suena muy duro, ¿no es cierto? Vamos a los hechos para ver si exagero o no.
Sabino Arana tuvo como primera lengua el castellano. Aprendió el vascuence estudiándolo. Ello prueba su amor por el idioma, pues en aquellos tiempos no abundaban los textos y los que había eran poco aptos para el estudio. Su dedicación al vascuence fue muy intensa. Pero en esto, como en política, le dio por innovar. A toda costa tenía que mantener la idea de la pureza racial de los vascos y su no «contaminación» con extraños a lo largo de su historia. El conocimiento del vascuence que iba adquiriendo le demostraba la intensa romanización experimentada ya en los tiempos del Imperio. En efecto, en el vascuence existen palabras de origen latino que conservan la pronunciación primitiva, la de los tiempos clásicos. Sirvan de ejemplo:
¬parkatu (en vascuence), perdonar (en castellano) y parcere (en latín); errege (en vascuence), rey (en castellano) y rex, regis (en latín); lege (en vascuence), ley (en castellano) y lex, legis (en latín).
La cristianización constituyó otro vehículo de latinización. Es natural que los conceptos que la nueva religión importaba se expresasen en el idioma extraño, como con el fútbol se introdujeron en el castellano: «penalty», «córner», «off-side» (en mi pueblo decíamos «orsa»), etcétera.
Sabino propugnó la eliminación de todos esos términos. Había que purificar el idioma. Cada uno que eliminaba suponía un problema. Para evitar la supresión de algunos proclamó el origen vasco de los mismos, asegurando que era el latín el que había adoptado el préstamo lingüístico. Así, convirtió la palabra «lege» en «lagi» atribuyéndola una fantástica etimología. Como fantástica fue la que asignó a «arimea» (el alma), que hacía derivar de «ari» (materia) «mea» (delgada, sutil).
Movido de su espíritu reformador encontró muchos defectos en el vascuence. Como la irregularidad del tiempo pasado del verbo y la numeración vigesimal. Como tenía tiempo e imaginación para ello, inventó nuevos tiempos pasados y vocablos para las decenas prescindiendo de los «veinte y diez», «dos veinte», «dos veinte y diez», etcétera, que todo vascoparlante dice y que, hasta él, todos los escritores habían respetado.
Sabino Arana envió al señor obispo de Vitoria un «Análisis y corrección del Pater Noster del euskera usual», y el prelado le contestó que para sus experimentos lingüísticos no utilizara algo tan sagrado como la oración dominical, a la vez que le pedía que se abstuviera de difundir la nueva fórmula. Sabino no atendió la petición y dio a conocer un Padre Nuestro que no había vasco que lo entendiese.
El mismo himno a San Ignacio de Loyola no se libró de la inquisición renovadora de Sabino. En mi pueblo, a pesar de ser castellanoparlante, se cantaba dicho himno en vascuence. A raíz de la República, los seguidores de Sabino intentaron sustituir el texto «impuro» por el sabiniano. La solución que adoptó el párroco fue cantarlo en castellano.
No se puede negar la evidencia: declarando la guerra a los vocablos vascos de origen latino, Sabino Arana se manifestó enemigo de la lengua que hablaba el pueblo, del vascuence que decía defender.
Lo malo es que Sabino creó escuela. En su partido aceptaron sus aberraciones lingüísticas sin rechistar. Y empezaron a circular escritos en un idioma que decían «euzkera», pero que los vascoparlantes no entendían. No todos los nacionalistas estaban de acuerdo con las novedades sabinianas. El alcalde nacionalista de Guernica se opuso a ellas y se quejaba de que los vascoparlantes preferían leer los programas de fiestas bilingües en su versión castellana.
El mal que con ello se infringió al idioma fue considerable. Fue el primer tercio de este siglo el momento ideal para familiarizar a los vascoparlantes con el idioma escrito. El vascuence purismo de Sabino no pudo cumplir ese fin. Se perdió la oportunidad de dar vida a un mundo cultural que llenase las aspiraciones de los vascoparlantes, de manera que éstos no se sintieran impulsados a abandonar el uso de su lengua. Pero además originaba en los vascoparlantes el complejo de que el idioma que de sus padres habían aprendido era algo bajo, de poca categoría, que había que abandonar. En más de una ocasión hemos oído a personas que, aún hablando castellano, muestran la impronta que el vascuence ha dejado en ellos: «Vosotros sí lo habláis bien, pero nosotros...». ¿Y nos lo decían mientras admirábamos la elegancia con que se expresaban y la precisión con que, sin haber leído un libro, observaban las reglas gramaticales! Al principio hemos indicado la manera con que Sabino aprendió el vascuence y el amor que con ello demostró por el idioma. Pero, lamentablemente, su afán purista le llevó a unas absurdas posturas que mantuvo con obcecación y que, a la larga, han causado un gran perjuicio al idioma y han sido causa de su retroceso, mucho más que la malquerencia de ciertas autoridades, que los nacionalistas califican de persecución.
FABIÁN LAESPADA/MIEMBRO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE GESTO POR LA PAZ El Correo 24 Mayo 2003
Silvio Rodríguez nos contaba y cantaba, hace más de veinte años, la fábula de tres hermanos que se echaron al mundo, cada cual con una forma distinta de caminar, pero cada uno de ellos con un error de partida. Uno miraba tanto hacia el horizonte que tropezaba con la piedra inmediata en sus pies. Otro, por el contrario, sólo anduvo atento al hoyo que no había de pisar y el cuello ya no se le enderezó y se quedó con su corta visión. El último, el más listo, con una pupila a lo lejos y la otra frente a sus pies, caminó mucho más, pero bizco se nos quedó. Ninguno de los tres llegó lejos. Me he acordado a menudo de esta canción cada vez que constato alguna de nuestras actuaciones individualistas y desdeñosas, porque en cierta manera hay un comportamiento de 'allá los demás', como si fuéramos de un solo trazo, como si tuviéramos un único modo de ver y entender las cosas de nuestro alrededor. Y, ciertamente, estamos con las pupilas extraviadas, porque parece que hemos perdido el sentido del trabajo conjunto y consensuado, del pacto como forma de aglutinar la mayor cantidad posible de adhesiones y, en consecuencia, de constituir una sociedad que, más allá de sus errores o confusiones, no pierde de vista que lo importante, lo básico, es decir, la convivencia en libertad, que eso ni se cuestiona y que en eso somos una piña. Y se echa en falta que lo digan todos.
Estamos atravesando un fuerte temporal que arranca de la visión excluyente y particular de que lo que cada cual propone es la única solución posible y que el resto está a la deriva, sin reparar en modo alguno en las consecuencias de semejantes codazos. La democracia es voluminosa, caben muchas ideas, todas las palabras, pero no admite cualquier forma de articularlas. En ella cabemos todos los que aceptemos un mínimo de reglas convivenciales, sin imposición, con el arma de la palabra como ariete. En Gesto por la Paz siempre hemos estado en esta orilla de las reglas de juego, siempre hemos respetado cuantas propuestas nazcan y preserven el respeto a los derechos humanos, los principios democráticos y sean capaces de aguantarse con los hilos de la palabra. Hemos reconocido con sinceridad los logros obtenidos, sin deificar el marco en el que nos encontramos pero tampoco tumbándolo con ese desdén que ahora tanto se estila.
Pero el tablero en el que se dirime/conforma esta democracia lleva -desde hace excesivo tiempo- en esta tierra nuestra un aspa, una equis, una cruz, un no apto, un borrón... que enturbia groseramente su sentido: tenemos un problema de violencia ejercida por unos fanáticos, una estrategia terrorista que trabaja para el capricho de unos pocos, a costa de la humillación, aislamiento, desistimiento y hasta eliminación física de muchas personas que representan -y son arte y parte- a un gran corpus de la ciudadanía vasca. Han transitado de asesinar por el uniforme a asesinar por la ideología, del bombazo terrorista para amedrentar a la población y arrodillar al Gobierno en una negociación al bombazo donde se pueda y como salga, igual da.
Y desde hace algo más de tres años -lo llevamos desde entonces denunciando a pie de calle- pusieron en marcha la estrategia de la amenaza individualizada, el acoso con destinatario concreto, con nombres y apellidos, con espeluznantes muestras del más solvente terror solapado pero efectivísimo: enviar al acosado una copia de la llave de su portal, quemarle el coche a él o a su primo, atacar el comercio de su cónyuge o familiar, pintarrajear con insultos ('zu hurrengoa': 'el próximo eres tú') el ascensor, colocar impunemente una pancarta insoportable delante del domicilio, destrozarle a uno la Nochevieja con amenazas de muerte y cánticos desde el portal, enviar misivas -anónimas, claro, son increíblemente valientes- en las que dejan caer que conocen los horarios e itinerarios de los hijos, colocar un animal degollado en el parabrisas, y, en fin, lamentablemente un largo etcétera.
Estamos en tiempo de elecciones, lo cual siempre -desde que tenemos esta mejorable pero importantísima democracia- ha sido un motivo de ilusión y esperanzas para los candidatos y una suerte de ánimos renovados y anhelos en los demás ciudadanos, algo no exento de críticas razonadas de muchas personas hacia sus representantes, a los que sólo ven por estas fechas. Pero lo que quiero destacar es que esa ilusión, esa sana pugna por conquistar el voto, ese juego más o menos regulado y no muy sucio, está empañado, tiene el virus de la intolerancia metido dentro, no se va a poder desarrollar en plenas condiciones de igualdad. El grupo terrorista asesino de personas e ilusiones y sus irredentos monaguillos han escrito que están amenazados de muerte todos aquellos que se opongan a su autodenominada causa nacional o, sencillamente, que no trabajen en pos de ella. En su espeluznante línea, vamos.
Así que en esta organización pacifista estamos persuadidos desde hace ya bastante tiempo de que la solidaridad es un término muy magro como para que se disuelva sin más en un tímido rechazo de la violencia, ya que va mucho más lejos y se demuestra en la acera o en el bar, se vive, se trabaja, se abraza, se traspasa, porque el perseguido la necesita de verdad. Convencidos de que la cercanía y el contacto con el amenazado suponen reparar su dignidad como persona y su valor como representante de la ciudadanía, hemos tratado de ser vecinos del perseguido, hemos pretendido encauzar también el apoyo de sus paisanos y, de paso, hacerle llegar un ramo de solidaridades y calor humano de tantos que no se lo decimos pero que sí lo sentimos.
Estuvimos con Patxi y Jakes, con Aniceto, con Antonio y Dimas, con Santi, Raúl, Ana y Mikel, con Mª Carmen y sus hijas, y con muchos concejales y amenazados desde Zarautz o Mallabia-Ermua hasta Salvatierra. Y en Durango, corazón de Euskadi y lugar de resistencia y convivencia ética ante la violencia, estuvimos expresándoles a todas y a todos los que se presentan, especialmente en las candidaturas amenazadas, que les estamos muy agradecidos por el valor que anteponen a la comodidad que a todos nos asiste y porque contribuyen a impedir que se derribe la democracia.
El dolor o la herida que no tiene drenaje, que no deriva hacia su alivio, acaba resultando insufrible. Así que todos nosotros tenemos que ser la prolongación de ese compromiso social de quienes se presentan con alto peaje para su tranquilidad, de tal manera que nuestra solidaridad y cercanía, en cierta medida, encauce esa presión y les haga ver que tienen detrás a una ciudadanía que, más allá de lo que luego cada cual deposite en la urna, apoya su necesaria labor. Les necesitamos para que nos representen -cosa primordial en democracia- y a la vez necesitan que nosotros estemos cerca de ellos.
Por otra parte, y siendo conscientes de que son cuestiones de muy distinta naturaleza e importancia, observamos con verdadera preocupación la alarmante situación por la que está atravesando nuestra democracia a causa de la oscura forma de ejercer el poder legislativo e intentar contaminar el judicial. Pretendiendo eficacia en la lucha antiterrorista, se encuentran en la cuerda floja principios fundamentales de nuestro sistema democrático y el derecho a la representatividad política. Nos parece que la aplicación de la Ley de Partidos en lo referente a la sucesión de clones políticos no cumple las garantías básicas exigibles, al limitar un derecho fundamental del sistema democrático: participación política. Ha resultado muy sospechosa esa extraordinaria brevedad de los plazos, esa unificación de todas las impugnaciones o la inexistencia de un trámite de prueba con las debidas condiciones. Estamos ante una cuestión grave y requiere una valoración serena y seria de lo que se ha dirimido en los tribunales. Mejor que estentóreas reacciones de cara a la galería, habrá que valorar y -en su caso- instar a corregir los errores cometidos. Parece necesario recordar a quienes se esfuerzan por extinguir el terrorrismo que la democracia y el Estado de Derecho hay que aplicarlos siempre y para todos, quizás con más convicción todavía a quienes pretenden tumbarlo. Defender una democracia de calidad no será nunca complicidad con el asesino o el liberticida, sino desenmascarar, aún más si cabe, su falacia argumental y su totalitarismo intolerable.

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