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Timestamp: 2017-03-28 04:16:00+00:00

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- Flagrancia - Audiencia multipropósito - Juez que informa con antelación que no admite fiscales auxiliares. UTSUPRA
Fallo Completo. | Origen: Argentina : Fecha 03/17/2017. Citar como: Protocolo A00399434812 de Utsupra.
Ref. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Sala: V. Causa: 1.626/2017. Autos: V., F. J. s/sobreseimiento. Cuestión: Flagrancia - Audiencia multipropósito - Juez que informa con antelación que no admite fiscales auxiliares – Sobreseimiento - Apelación fiscal tardía y por escrito – Improcedencia - Confirmación. Fecha: 23-FEB-2017. // Cantidad de Palabras: 2150 Tiempo aproximado de lectura: 7 minutos Compartir este Artículo:Twittear Nota de la Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca.-
El fallo de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos “V., F. J. s/sobreseimiento” (causa n° 1.626/2017) rta. 23/2/2017, donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por el fiscal contra la resolución por la cual se sobreseyó al imputado en el marco de la audiencia prevista en el art. 353 ter y quater del C. P. (Ley 27.272). En el caso, el magistrado notificó al ministerio público fiscal, en forma previa a la audiencia, su criterio de no aceptar fiscales auxiliares y, ante la concurrencia de un fiscal auxiliar, dispuso el sobreseimiento. El fiscal titular, dos días después de la audiencia, recurrió la resolución. Los vocales confirmaron el sobreseimiento.
Precisaron que, tal como lo prevé el artículo 353 bis, tercer párrafo, de la ley 27.272 de flagrancia, “...las decisiones jurisdiccionales…se adoptaran en forma oral en audiencia pública y contradictoria, respetándose los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración…” y “…las resoluciones se notificaran oralmente en la misma audiencia y los recursos de reposición y apelación se interpondrán y concederán del mismo modo…”. Que el ministerio publico fiscal debió haber planteado el recurso de apelación en formar oral y en la audiencia correspondiente. Finalmente resaltaron la importancia de la presencia de los titulares fiscales en las audiencias multipropósito "(...) que, por su naturaleza, requieren estar a cargo de magistrados independientes e idóneos para enfrentar las eventualidades y distintos planteos que puedan surgir en el desarrollo de las mismas. En caso contrario, si le delega esa facultad a un funcionario auxiliar, deberán estar en condiciones de aceptar las consecuencias que esa decisión pueda tener sobre la continuación de la acción pública o el devenir de la investigación. En todo caso si lo que plantea la parte acusadora era cuestionar la negativa del magistrado en brindarle legitimación a la “Fiscal Auxiliar” este debía –en tanto podía- ejercer las facultades recursivas que la ley le brinda, situación que omitió pese a la legitimación que alegaba".
Citar: CCC., Sala V, en autos “V., F. J. s/sobreseimiento” (causa n° 1.626/2017) rta. 23/2/2017, difundido por el servicio de correo electrónico de la Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca
CCC 1626/2017
I. Motiva la intervención del Tribunal, el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra el sobreseimiento de F. J. V. dispuesto en el marco de la audiencia celebrada de conformidad con las previsiones de los arts. 353 ter y quáter del Código Procesal Penal (fs. 66/67).
El Sr. Fiscal, Dr. Mauricio Agustín Viera, se agravió de la resolución adoptada por el magistrado de grado -en tanto sostuvo que era inválida la presencia de una auxiliar fiscal en la audiencia multipropósito porque el art. 5° de la ley 24.946 preveía que sólo pueden hacerlo los fiscales titulares-, pues sostuvo que la ley actual del Ministerio Público Fiscal –n° 27.148- prevé en su art. 44, inc. “g”, la existencia de los miembros auxiliares y asistentes fiscales. Esa normativa, a su vez, determina las características de sus atribuciones (entre ellas, asistir a las audiencias y realizar diversas diligencias, todo ello bajo las órdenes y la responsabilidad del titular fiscal) y los requisitos que deben reunir para su designación –arts. 51, “b” y 52-.
Asimismo argumentó que la Procuración General de la Nación delegó en los fiscales titulares la facultad de designar a los auxiliares, como en el caso bajo estudio, en el cual el Dr. Giménez designó a la funcionaria auxiliar para concurrir a la audiencia, cuya designación acompañó en el acto, y expresó las razones de urgencia que le impidieron concurrir personalmente.
Esas circunstancias indican, a su criterio, que la presencia de esa funcionaria se ajusta a la normativa citada y a la jurisprudencia emanada por esta Sala en casos similares -cita la causa n° 75563/16, “C.”, rta. 28/12/16, entre otras-, máxime cuando el juez no tacho de inconstitucional esas normas al momento de resolver.
Asimismo afirmó que la funcionaria presente en la audiencia no introdujo planteos en esa ocasión pues el juez de grado no la habría dejado intervenir, circunstancia que se evidencia del hecho de que aquella no suscribió el acta.
Finalmente, toda vez que la fiscalía impulsó la acción desde el comienzo de las actuaciones y que la concurrencia de la funcionaria auxiliar es válida en virtud de la normativa reseñada, sostuvo que no resulta aplicable la doctrina emanada del fallo “Tarifeño” y que corresponde revocar el sobreseimiento.
Por su parte, la defensora oficial Dra. Julieta Mattone, dividió sus argumentos en tres partes:
a) planteó la improcedencia del recurso por la forma en la que fue materializado, pues el fiscal apeló la resolución por escrito.
Al respecto, destacó que el art. 353 bis, tercer párrafo, de la ley de flagrancia n° 27.272, establece expresamente que los planteos, decisiones e impugnaciones deben hacerse en forma oral. Esa norma no prevé que se pueda hacer por escrito, como lo hizo el fiscal de grado, por lo que aceptar su procedencia afectaría el principio de legalidad.
En la misma línea, resaltó que la funcionaria auxiliar concurrió a la audiencia en cuestión –pese a que el juez de grado notificó en forma previa a la audiencia al fiscal Giménez de su criterio en relación a los funcionarios auxiliares, como también al fiscal de cámara para que designe un fiscal titular nuevo- y no efectuó ningún planteo, ni pidió la palabra para dejar asentado los agravios que le generaba la decisión adoptada sobre su legitimación.
b) También planteó la improcedencia en relación a la forma en la que se instrumentó, en tanto se hizo extemporáneamente porque fue presentada –por escrito- dos días después de celebrada la audiencia.
De la ley de flagrancia surge que los cuestionamientos deben plantearse inmediatamente después de conocida la decisión que se intenta modificar. Reiteró que si bien la auxiliar se encontraba presente en la audiencia, no pidió la palabra ni introdujo algún planteó sobre lo decidido por el magistrado a quo.
Asimismo, destacó que el artículo 450 del código adjetivo no es aplicable supletoriamente al procedimiento especial de flagrancia, cuya ley es específica y posterior.
c) Finalmente, para el supuesto caso de que esta Sala entienda que el recurso de apelación es procedente, expuso que la decisión impugnada resulta acertada.
En ese sentido, argumento que el precedente de esta Sala citado por el fiscal en la audiencia no se aplica al presente caso, pues allí se cuestionó la legitimidad de los auxiliares fiscales en las audiencias de cámara, pero no en las de primera instancia extremo que, a su entender, marca una diferencia fundamental.
Ello pues manifestó no es fácticamente posible que un magistrado le de instrucciones a un funcionario sobre todas las eventualidades o planteos sorpresivos que puedan surgir en el desarrollo de una audiencia de esas características.
Asimismo, introdujo un planteo constitucional relativo a la ausencia de requisitos de la funcionaria para actuar como fiscal titular.
Concretamente, sustentó su argumento en lo previsto en el parágrafo 84 del informe de la CIDH sobre “la garantía para la independencia de los/las operadores de la justicia” (2013), pues esos funcionarios carecen del requisito de independencia que se exige en los magistrados (no son designados por el proceso adecuado, carecen de estabilidad y garantía de permanencia en el cargo). Desde esa óptica constitucional, el impulso de la acción solo puede llevarla adelante un magistrado que reúna esas características. Finalmente, requirió que se rechace el recurso interpuesto y confirme el sobreseimiento, pues una decisión distinta afectaría la garantía de la cosa juzgada y el ne bis inidem.
III. Planteada la cuestión en estos términos, compartimos las consideraciones introducidas por defensora oficial en la audiencia, relativas a la forma y oportunidad en la que fue presentado el recurso de apelación de la fiscalía. Si bien hacen a la procedencia de la impugnación, lo cierto es que se encuentra íntimamente vinculadas a la legitimación y la actuación de la Fiscal Auxiliar en la audiencia de flagrancia. Por estas razones, sin perjuicio de los resuelto a fs. 103, es razonable analizarlas en el caso presentado.
En efecto, el artículo 353 bis, tercer párrafo, de la ley 27.272 establece que “...las decisiones jurisdiccionales...se adoptaran en forma oral en audiencia pública y contradictoria, respetándose los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración...”. Asimismo prevé que “...las resoluciones se notificarán oralmente en la misma audiencia y los recursos de reposición y apelación se interpondrán y concederán del mismo modo...”.
De la lectura de esa normativa se advierte que el legislador no previó supuestos de excepción que habiliten a las partes a hacer presentaciones por escrito y/o en una oportunidad distinta de la misma audiencia en la que se adoptan las resoluciones.
En esa dirección debe resaltarse que la oralidad de la audiencia materializada en los términos del artículo 454 del ritual para analizar el recurso que presentó oportunamente el Fiscal Titular por escrito 48 horas después de concluida la audiencia, no subsana la omisión en la que incurrió la fiscalía al no plantear el recurso de apelación oralmente y en la audiencia correspondiente. La audiencia ante esta Cámara no resulta equiparable a las multipropósitos contempladas en los arts. 353 ter, quater y quinquies que regulan las audiencias de inicio y clausura de esta forma del proceso, y cuyas notas distintivas resultan ser la inmediación, continuidad, bilateralidad y contradicción (artículo 353 bis del CPPN); principios que se erigen como garantías para el imputado.
Con base en ello, la presentación por escrito que obra a fs. 80/82 y en forma extemporánea -dos días después de celebrada la audiencia-, resulta improcedente (art. 353 bis del CPPN, tercer párrafo, que regula en forma específica la cuestión).
Más aun si se valora que la funcionaria que compareció a la audiencia de flagrancia, como Fiscal Auxiliar cuya legitimación el juez cuestionó, pese a que la fiscalía fue notificada con anterioridad a la apertura de ese acto sobre el criterio del juez interviniente relativo a la falta de validez de la presencia de fiscales auxiliares –es decir, que no se trató de un planteo sorpresivo para la parte-, no objetó ninguna de las decisiones adoptadas en esa ocasión, que se presentaba como la única oportunidad para introducir los agravios que aquellas le producían al Ministerio Público Fiscal.
Tal como surge del video de la audiencia esta funcionaria se encontraba presente y no protestó ni cuestionó su falta de legitimación ni recurrió la resolución que ahora pretende en forma extemporánea plantear.
Esta circunstancia, además, no hace más que evidenciar la importancia de la presencia de los titulares fiscales en las audiencias multipropósito que, por su naturaleza, requieren estar a cargo de magistrados independientes e idóneos para enfrentar las eventualidades y distintos planteos que puedan surgir en el desarrollo de las mismas. En caso contrario, si le delega esa facultad a un funcionario auxiliar, deberán estar en condiciones de aceptar las consecuencias que esa decisión pueda tener sobre la continuación de la acción pública o el devenir de la investigación.
En todo caso si lo que plantea la parte acusadora era cuestionar la negativa del magistrado en brindarle legitimación a la “Fiscal Auxiliar” este debía –en tanto podía- ejercer las facultades recursivas que la ley le brinda, situación que omitió pese a la legitimación que alegaba.
Por los motivos expuesto, el tribunal RESUELVE:
I. CONFIRMAR la resolución impugnada de fs. 66/67, en cuanto fuera materia de recurso con los alcances expuestos (art. 353 bis, 3° párrafo, del CPPN).
II. ACOMPAÑAR el audio de la audiencia.
El juez Pociello Argerich no interviene en la presente por hallarse cumpliendo funciones en la Sala VI.
Ricardo M. Pinto Mirta López González
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DOCTRINA | Societario. Estipulaciones Prohibidas en la Ley de Sociedades, análisis del art. 13. DOCTRINA | Derechos de usuarios y su reclamación vía medida autosatisfactiva. El fallo Protectora c/ CNRT, Mendoza.

References: resolución 
 artículo 353
 resolución 
 resolución 
 artículo 450
 artículo 353
 artículo 454
 resolución 
 resolución