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El TS sustituye una prisión permanente revisable por 24 años de prisión por aplicación indebida de un agravante
El acusado asesinó en 2016 a un hombre que sufría discapacidad a consecuencia de un ictus
Así, el Supremo sustituye la prisión permanente revisable en este caso por una condena de 24 años de cárcel, al calificar los hechos como asesinato con alevosía y ensañamiento, y deja sin efecto la hiperagravación por vulnerabilidad de la víctima prevista en el artículo 140.1.1 del Código Penal, que hubiera justificado la pena de prisión permanente revisable
La víctima padecía una discapacidad consecuencia de un ‘ictus’ sufrido hacía años, que le provocaba alteración del lenguaje y marcha inestable, por lo que su capacidad de reacción a estímulos era más lenta y torpe, según la sentencia de la Audiencia, que fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
ASESINATO AGRAVADO Con la concurrencia de alevosía y ensañamiento, el crimen hubiese sido un asesinato agravado, castigado con entre 20 y 25 años de prisión por el artículo 139.2 del Código Penal. La magistrado-presidente del jurado, sin embargo, entendió que la pena adecuada era la de prisión permanente revisable por ser la víctima persona especialmente vulnerable por razón de su enfermedad o discapacidad, de acuerdo a la hiperagravación recogida para esos casos en el artículo 140.1.1 del Código.
La sentencia recuerda que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya advirtió en su Informe al Anteproyecto que daría lugar a la reforma operada por Ley Orgánica 1/2015 que la circunstancia primera del artículo 140.1, “evidenciaba una tendencia al non bis in idem, pues buena parte de los supuestos a los que se refiere (menor de edad o persona especialmente vulnerable) terminarán en la alevosía en atención a la construcción jurisprudencial de la misma”.
En otro punto de sus sentencia, el Supremo contesta a una de las alegaciones de la defensa por ser el condenado adicto al videojuego World of Warcraft. Argumentaba que tanto la OMS como Proyecto Hombre, la consideran patología moderna, recientemente descubierta y la declaran enfermedad muy grave; al contemplarla como patología mental por trastorno extremo de la personalidad por videojuegos.
El Supremo responde que el trastorno de videojuegos, podría derivar en adicción, si bien apunta que “aún existente, por más que el juego en cuestión, sea de supervivencia, tal adicción, como enfermedad mental, sólo conlleva a una reiteración en el juego, que se presenta prioritario a cualquier otra actividad”.
Añade que “en modo alguno, desde una perspectiva abstracta del contenido y efectos de esta adicción, ni desde una concreción valorativa racional de la prueba practicada en autos, como explica la sentencia recurrida”, la obsesión del acusado con el videojuego en cuestión tuvo incidencia alguna en el delito cometido.
El decano de la Abogacía de Madrid, en contra de que abogados catalanes sean observadores en el juicio por el ‘procés’
Cuestiona la intención del Consejo de la Abogacía Catalana de presenciar la vista para garantizar la “máxima transparencia”
El decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, se ha mostrado este lunes contrario a que miembros de su profesión actúen como observadores en el juicio contra los líderes independentistas, que en las próximas semanas se iniciará en el Tribunal Supremo. “Tendía sentido en procedimientos opacos y arbitrarios más propios de Estados autoritarios”, ha afirmado en su cuenta personal de Twitter.
Alonso ha manifestado su opinión en la red social después de que el nuevo presidente del Consejo de la Abogacía Catalana (Cicac), Ignasi Puig, anunciase el pasado viernes que está estudiando la posibilidad de enviar observadores al juicio por el ‘procés’ en Cataluña, pues así lo habían planteado las comisiones de Derechos Humanos del Consejo. El objetivo es que la vista oral se celebre con “máxima transparencia”, según explicó en una entrevista radiofónica, ya que, a su entender, la justicia española se juega su credibilidad.
Ante esto, el decano de los abogados madrileños ha hecho este lunes un ‘hilo’ en Twitter en el que ha señalado que el principio de publicidad “operará”, es decir que la Justicia estará sometida “al control público”, gracias a la “asistencia de los medios de comunicación”, que actuarán “como intermediarios naturales entre la noticia y la generalidad de los ciudadanos”. Además, añade que el artículo 120 de la Constitución garantiza que la vista sea pública, salvo “excepciones que prevean las leyes del procedimiento”.
Por ello, descarta la necesidad de la presencia de “observadores de la Abogacía” en el citado juicio porque “sólo tendría sentido en procedimientos opacos y arbitrarios más propios de Estados autoritarios que nada tienen que ver con el Estado español”.
“El español es un Estado social y democrático de Derecho, indiscutiblemente garantista y respetuoso con los derechos humanos, y en el que operan la integridad de nuestros jueces y la independencia del propio Poder Judicial”, enfatiza en uno de los mensajes publicados en Twitter.
Por último, Alonso asegura que confía en que los propios letrados de la defensa de los 12 acusados por participar en el proceso soberanista en Cataluña “además de inamovibles y responsables, son independientes, estando sometidos, también en este caso, únicamente al imperio de la ley”.
Lesmes clausura hoy los actos del ‘Día Europeo de la Mediación’.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, presidirá hoy en la sede del órgano de gobierno de los jueces la clausura de los actos del ‘Día Europeo de la Mediación’. Al acto asistirán, entre otros, los vocales del Consejo General del Poder Judicial Rafael Mozo, Álvaro Cuesta, Pilar Sepúlveda y Concepción Sáez, encargados de Mediación.
La intervención del presidente del Supremo y del CGPJ tendrá lugar tras la conferencia magistral que pronunciará la vicepresidenta del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, Lourdes Arastey Sahún, bajo el título “El diálogo, la Justicia y el Estado de Derecho”.
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, han firmado este jueves un protocolo de colaboración en materia de medidas de apoyo judicial que permitirá agilizar la tramitación de los refuerzos en los juzgados y tribunales que tengan un especial retraso o una excepcional carga de trabajo .
Según han informado ambas instituciones en sendos comunicados el protocolo establece la dotación presupuestaria destinada a este tipo de actuaciones así como su gestión económica.
En concreto, se prevé que la Comisión Permanente del CGPJ pueda prorrogar directamente, por un periodo máximo de seis meses, un total de 53 medidas de apoyo, consideradas “estructurales”, y que se han venido prorrogando de forma reiterada desde hace más de dos años.
El sistema está previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya reforma se aprobó el pasado diciembre, y dispone que sea el órgano de gobierno de los jueces el que acuerde la necesidad de estos refuerzos. Sin embargo, deben contar con la autorización del Ministerio de Justicia, que tan sólo se podrá oponer a la propuesta del CGPJ por motivos de disponibilidad presupuestaria.
APROBADAS LAS MEDIDAS QUE FUERON PRORROGADAS
Así con la firma de este acuerdo, el departamento que dirige Delgado da por autorizadas las medidas adoptadas para responder a las situaciones de excepcional retraso o acumulación de asuntos que fueron prorrogados sistemáticamente.
Por otro lado, el protocolo determina también el procedimiento para aprobar las medidas de refuerzo que no pueden considerarse estructurales. El CGPJ deberá comunicar cada mes al Ministerio de Justicia la relación de medidas de refuerzo que tiene previsto autorizar.
Deberá detallar cuál es el plan de actuación, la situación del órgano judicial, la razón que ha provocado el retraso, el volumen de trabajo y el número de asuntos pendientes. Tras ello, el Ministerio, con periodicidad mensual, tendrá que validar esas medidas y tampoco podrá oponerse, salvo insuficiencia económica.
APOYO A LOS JUECES DE ADSCRIPCIÓN TERRITORIAL
Asimismo, el protocolo incluye una cláusula para que las medidas de apoyo que se aprueben no afecten a las funciones de refuerzo que vengan realizando los Jueces de Adscripción Territorial (JATs) con anterioridad a la entrada en vigor –mañana– de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece el nuevo régimen de llamamientos.
De este modo, los 164 JATs que a fecha de hoy desempeñan labores de refuerzo continuarán en su destino actual, ya que esas asignaciones se entenderán vigentes mientras subsistan las necesidades de excepcional retraso o acumulación de asuntos que motivaron la autorización de las mismas.
Las asociaciones de jueces y fiscales han afirmado este miércoles que el Ministerio de Justicia, dirigido por Dolores Delgado, les ha comunicado que la convocatoria de tan solo 100 plazas para jueces y fiscales que se prevén en 2019, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, es un “error” y que se corregirá con la presentación de una enmienda en la que se reflejará la creación de 500 nuevos puestos.
Fuentes de las siete asociaciones –cuatro de jueces y tres de fiscales– han informado a Europa Press que Delgado se puso este martes en contacto para informarles de que lo previsto en las cuentas presentadas este lunes por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados es un “error” en la transcripción de la cifra y que su departamento tiene la voluntad de convocar 500 plazas.
Algunas de las fuentes consultadas confiesan que este ‘lapsus’ “suena raro” y apuntan que la titular de Justicia les aseguró que el grupo parlamentario socialista presentará una enmienda para subsanar la equivocación. No obstante, para que el cambio se lleve a cabo, los presupuestos de Pedro Sánchez primero deben superar el debate de totalidad y luego sumar los apoyos necesarios para que se incluya.
Ante esta situación, el vicepresidente primero del Congreso y portavoz de Justicia de Ciudadanos, Nacho Prendes, ha criticado que dicha enmienda sea una respuesta a las “presiones” de las asociaciones, después de “jugar con las promesas y las necesidades de la Justicia en la convocatoria de plazas de jueces y fiscales”.
Según un comunicado de la formación ‘naranja’, Prendes ha reprochado la ministra quiera “quitarse de en medio en un asunto de tal gravedad con una disculpa tan ridícula” que, a su juicio, “sólo refleja su falta de compromiso con las necesidades de la Justicia”.
Consideran que esta cantidad no servirá para hacer frente a todas las “necesidades” y no demuestra “ningún interés”
Las asociaciones de jueces y fiscales ven “insuficientes” los 1.869 millones de euros que se destinarán para Justicia, según el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019, que se han presentado este lunes en Congreso de los Diputados. Según han explicado sus portavoces a Europa Press, estas partidas demuestran que el Poder Judicial no es de “ningún interés” para el Ejecutivo.
Según la documentación entregada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el importe destinado al departamento que dirige Dolores Delgado recibirá un cinco por ciento más que en 2018. De este importe, 1.463 millones de euros, es decir el 78,3 por ciento del total del presupuesto, servirán para financiar los “gastos de personal” integrantes de la política de Justicia.
Aún así, las asociaciones consideran que esta cantidad de dinero es “insuficiente” para hacer frente a las “necesidades que tiene la Administración de justicia”, tal y como ha dicho el presidente de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) en declaraciones a Europa Press.
“NO ES UNA MEJORA”
“Ha subido (el presupuesto) pero no es una mejora”, sino que se mantiene “en la misma línea” que las anteriores cuentas, ha afirmado la portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Natalia Velilla, que ha hecho hincapié en que la creación al número de plazas de jueces y fiscales es inferior al prometido. Según ha recordado Velilla, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, aseguró que se mantendría la convocatoria 300 plazas para jueces y fiscales, cifra que estimó el anterior Gobierno, el de Mariano Rajoy.
Para el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar, el incremento del cinco por ciento se “difumina” en las inversiones en el Centro de Estudios Jurídicos o en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), “pero no se plasma en mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia”.
Es más, Almenar ha indicado que en los presupuestos no se concreta cuántas nuevas unidades judiciales se crearán y que la convocatoria de nuevas plazas “ni siquiera cubre las jubilaciones” de los miembros de las carreras judicial y fiscal. “Demuestra el más absoluto desprecio por las necesidades de la Justicia y la obligación del Gobierno de garantizar una Justicia eficaz para los ciudadanos”, ha añadido.
En el mismo sentido se ha manifestado la presidenta de Foro Judicial Independiente (FJI), Concepción Rodríguez, que ha afirmado sentirse “indignada” con los medios económicos que se destinarán a Justicia –a falta de ser aprobados por las cámaras parlamentarias–. Ha explicado que los presupuestos para el 2019 no podrán afrontar toda la creación de unidades judiciales necesarias para toda la demanda existente, mientras la carga de trabajo es “mayor”.
Es una “subida absurda para los grandes cambios que necesita la Administración de Justicia”, ha destacado Rodríguez, al tiempo que ha señalado que tampoco se han fijado mejoras retributivas, pese a todas las reuniones que han mantenido las asociaciones con Justicia.
“Parece que no somos de interés, ni lo tienen en mejorar las condiciones”, ya que “se pone de manifiesto la escasa relevancia que se da al Poder Judicial”, ha concluido la presidenta de la Asociación de Fiscales (AF), Cristina Dexeus.
“La decepción es máxima”, ha indicado el portavoz de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APFI), Miguel Pallarés, que también ha apuntado a que no hay “nada de nada” relacionado con una de las principales reivindicaciones de jueces y fiscales: el incremento salarial.
Así las cosas, las asociaciones han coincidido en la necesidad de fijar nuevas medidas de movilización por la “decepción” con el equipo ministerial de Delgado, tal y como anunciaron en un comunicado tras la última reunión.
El Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) ha rechazado este viernes la intención del Gobierno de limitar el secreto profesional de los abogados de empresa, mostrando su “honda preocupación” al tratarse de un derecho del colectivo.
Así lo ha expresado en un comunicado en el que comparte la posición al respecto del Consejo General de la Abogacía Española, subrayando que el secreto del abogado es “un valor a preservar legislativamente” y que trabajará para que esta pretensión “no se materialice”.
“Se trata de una prerrogativa de la persona que ejerza profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento y consejo jurídicos, del que ninguna ley interna hace distinción, matiz o excepción”, señala.
Asimismo, ha recordado la Directiva (UE) 2018/822, del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE, y que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información, y cuya transposición constituye el asidero al que pretende agarrase la Administración.
De este modo, el ICAM ha indicado que aunque pudiera sostenerse que tal Directiva no impide, al menos expresamente, que los Estados miembros adopten medidas análogas en el ámbito interno, esto “no supone sin más una validación indirecta de la supresión del secreto profesional de los abogados que presten servicios por cuenta ajena”.
Prosigue seálando que la propia Directiva reconoce el secreto profesional y la necesidad de preservarlo, concretamente en los apartados 5 y 6 del artículo 8 bis ter de la Directiva 2011/16/UE, que es introducido por la citada Directiva 2018/822.
Por tanto, el colegio ha reseñado que dicho “asidero” sería “un subterfugio intolerable para el fin pretendido al conllevar un menoscabo injustificado de derechos inalienables del profesional de la abogacía y de las personas para las que presta sus servicios, hasta tal punto que quedaría en entredicho la misma figura del abogado de empresa”.
Ante ello, el colegio ha anunciado que trabajará sin reservas, junto con el Consejo General de la Abogacía Española, para que la anunciada intención de la Administración Tributaria de limitar o neutralizar el secreto profesional de los abogados de empresa “en modo alguno se materialice”.
Lesmes pide a los nuevos jueces que defiendan el “carácter irrenunciable” del imperio de la ley
Recuerda que el Poder Judicial es un “pilar fundamental” para garantizar la convivencia “en cada uno de los rincones de nuestro país”
El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo en funciones, Carlos Lesmes, ha pedido este martes a los nuevos jueces que defiendan “el carácter irrenunciable” del imperio de la ley fijada en la Constitución y el respeto a los derechos individuales y colectivos que protegen los postulados “más básicos de la convivencia”.
Así lo ha dicho en el acto formal de entrega de despachos a los integrantes de la sexagésimo octava promoción de la Escuela Judicial, que ha sido presidido por el Rey Felipe VI, y que en esta edición se ha trasladado a Madrid con motivo del 40 aniversario de la Constitución.
Durante su discurso, Lesmes ha compartido la “alegría” de las 40 mujeres y 23 hombres que reciben hoy sus despachos, pero les ha advertido de que la tarea y “responsabilidad” que tienen encomendada a partir de ahora “no estará exenta de dificultades”. “Las decisiones que tendréis que tomar no serán fáciles y, ciertamente, no siempre los jueces desarrollamos nuestra labor en unas condiciones óptimas”, ha indicado.
Por ello, Lesmes –en funciones como máximo representante del órgano de gobierno de los jueces desde el pasado 4 diciembre, cuando expiró su mandato– ha pedido a estos nuevos miembros de la carrera judicial que con sus decisiones contribuyan “a la paz social” y defiendan “el carácter irrenunciable de los principios y postulados más básicos de nuestra convivencia: el imperio de la ley y el respeto a los derechos individuales y colectivos”.
En este sentido, el presidente del órgano del CGPJ ha recordado que la Justicia, “nació con la Constitución” y está administrada por los jueces y magistrados “independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
MISIÓN DEL PODER JUDICIAL: “GARANTIZAR LA CONVIVENCIA EN LIBERTAD”
Asimismo, Lesmes ha señalado que los nuevos jueces forman ahora parte de un Poder del Estado que, “constituye hoy un pilar fundamental dentro del entramado institucional” y ha insistido en que su “misión esencial” es la de “garantizar la convivencia en libertad en cada uno de los rincones de nuestro país y la protección de los derecho de todos”.
Pese a las “importantes carencias organizativas y de medios” que aún es necesario “mejorar” en la Justicia, ha señalado Lesmes, el “nivel de exigencia” de los jueces es “altísimo”, ya que son “correa de transmisión de estos principios a la sociedad”. Para ello, les ha aconsejado “mantener intacta” su vocación y tener una “actitud personal y profesional intachable” para que se ganen la “confianza” de la sociedad.
Al inicio de su intervención, en la que ha estado acompañado por la ministra de Justicia, Dolores Delgado; la fiscal general del Estado, María José Segarra; y el director de la Escuela Judicial, Jorge Jiménez; el presidente del CGPJ ha querido agradecer al Rey su apoyo al Poder Judicial porque, según ha dicho, su “cercanía” les “fortalece” y “alienta”.
AGRADECIMIENTO AL APOYO DE LA CORONA
“El apoyo de la Corona a la institución judicial de España, solo puede ser correspondido mediante nuestro más firme compromiso con la Jefatura del Estado, en cuyo nombre administramos Justicia, tal y como establece expresamente el artículo 117 de nuestra Carta Magna”, ha afirmado.
Por último, el presidente del Poder Judicial ha hecho referencia a la reciente celebración del 40 aniversario de la Constitución –motivo por el que este acto ha sido trasladado este año a Madrid, después de que llevase celebrándose durante 20 años en Barcelona–, de la cuál emanó el órgano de gobierno de los jueces.
Además, también se cumplen 25 años que el Consejo asumió la competencia en materia de selección y formación de jueces y magistrados, inaugurando en 1997 la Escuela Judicial, cuya sede está en Barcelona. “Hoy hemos querido conmemorar también aquellos importantes momentos, entregando los despachos en la capital de España, sede del Consejo General y ciudad donde fueron seleccionados y formados los jueces de aquellas primeras promociones”, ha añadido.
NO PERDER LOS IDEALES
Antes del discurso de Lesmes, ha tomado la palabra el director de la Escuela Judicial, que ha pedido a los nuevos jueces que “no pierdan sus ideales” que les llevaron a optar por la carrera judicial. Según ha dicho Jiménez, “cada caso es distinto y único” y ante esto les ha recomendado que no piensen que “siempre” estarán en la “posesión de la verdad”, sino que escuchen las opiniones de los demás porque les pueden “enriquecer” o incluso “dar soluciones distintas a los problemas que tengáis que afrontar”.
Entre las autoridades que han asistido al acto se encuentran el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, presidentes de Sala del Tribunal Supremo como Manuel Marchena (Penal) o Luis Díez-Picazo (Contencioso-Administrativo); el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso; representantes de las asociaciones judiciales; el presidente del Consejo General de los Procuradores, Juan Carlos Estévez o altos cargos policiales como el actual jefe de los Mossos d’Esquadra, Miquel Esquius.
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References: artículo 140
 artículo 139
 artículo 140
 artículo 140
 artículo 120
 artículo 8
 artículo 117