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Timestamp: 2020-08-06 07:30:41+00:00

Document:
Edicto. Modificación de medidas contencioso 55/2019.
Sentencia 00056/2019
En Oviedo, a ocho de noviembre de dos mil diecinueve.
Vistos por mí, D.ª Mónica Casado Gobernado, Magistrada-Juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Oviedo y su Partido, los autos de modificación de medidas seguidos con el número 55/19, a instancia de la Procuradora Sra. Tania Paz Santoveña, en nombre y representación de D.ª Estefanía Gutiérrez Romón, asistida por el Letrado Sr. Cecilia Díaz Fernández contra D. Antonio Moreno Manzano, en rebeldía procesal. Ha intervenido el Ministerio Fiscal en defensa de los intereses del hijo común de las partes, menor de edad, Eiden Moreno Gutiérrez, nacido el 5 de septiembre de 2016.
Primero.—El Procurador más arriba indicada presentó demanda de modificación de las medidas acordadas por el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Oviedo en sentencia de 7 de diciembre de 2016 dictada en el procedimiento de guarda, custodia y alimentos consensuado 898/2016, la cual aprobó el convenio regulador suscrito por la actora y el demandado en fecha 10 de noviembre de 2016, en lo que aquí nos ocupa respecto de la situación del hijo común de las partes, menor de edad, con base en los hechos y razonamientos jurídicos que expuso y se dan por reproducidos, terminando por suplicar que, previos los trámites legales oportunos, se dicte sentencia estimatoria de la demanda por la que se modificara la medida relativa al régimen de visitas reconocido al progenitor no custodio para disfrutar de la compañía del menor.
Segundo.—Fueron emplazados demandada y Ministerio Fiscal, y solo contestó éste último en los términos que constan y se dan por reproducidos, no habiendo contestado el demandado, por lo que se le declaró en rebeldía procesal.
Tercero.—Citadas las partes y el Ministerio Fiscal al acto de la vista, solo comparecieron la actora y el Ministerio Público. La primera, modificó su suplico en el sentido de que se suspendieran las visitas al padre por razón de los últimos acontecimientos que describió. El Ministerio Fiscal demoró su informe al trámite de conclusiones.
Cuarto.—Propusieron prueba, y la admitida concretada en el interrogatorio de la actora se practicó a continuación, exponiendo luego sus conclusiones las partes. En ellas, el Ministerio Fiscal interesó que se estimara la demanda en los términos en los que había sido modificada, y así la suspensión de las visitas a que pudiera tener derecho el padre, y ello por las razones que expuso y se dan por reproducidas en este punto. Tras ello, quedó el pleito visto para dictar sentencia.
Quinto.—Por sentencia de 15 de marzo de 2019 dictada en las Diligencias Urgentes 122/2019 de este Juzgado, se condenó a Antonio Moreno Manzano como autor responsable criminalmente de un delito de coacciones cometido sobre la persona de D.ª Estefanía Gutiérrez Romón a penas de trabajos en beneficio de la comunidad, privación del derecho a la tenencia y porte de armas y prohibiciones de aproximación y comunicación respecto de aquélla, penas accesorias éstas últimas que estarán en vigor entre los días 15/3/2019 y 8/3/2020.
En esa misma fecha y en el seno de dicho procedimiento penal, se dictó auto que reguló las medidas relativas a la situación del hijo común de las partes, menor de edad, a saber: que a partir de ese momento se aplicaría el régimen subsidiario de visitas contenido en la cláusula segunda del convenio regulador suscrito por las partes en fecha 10 de noviembre de 2016 y aprobado judicialmente por sentencia de 7 de diciembre de 2016 dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Oviedo en su procedimiento guarda, custodia y alimentos 898/2016, con entregas y recogidas en el Punto de Encuentro Familiar del domicilio del menor, a fecha actual Oviedo, cuyos técnicos emitirán informes periódicos a este Juzgado, con mantenimiento de las restantes medidas acordadas en la referida sentencia.
Primero.—El artículo 775 LEC establece que, en todo caso, los cónyuges podrán solicitar del tribunal la modificación de las medidas convenidas por ellos o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta para aprobarlas o acordarlas, y que estas peticiones si se hicieran por ambos cónyuges de común acuerdo o por uno con el consentimiento del otro y acompañando propuesta de convenio regulador, regirá el procedimiento establecido en el artículo 777 de la misma Ley.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, sec. 1.ª, de 30-7-2010, n.º 278/2010, recurso 103/2010. Ponente: Azparren Lucas, Agustín, recoge los requisitos que se exigen por los tribunales para la modificación de las medidas adoptadas en resolución previa, y que pueden resumirse en los siguientes: “1) Que se acredite una modificación o alteración de las circunstancias tenidas en cuenta por las partes, o por el Juez, para la adopción de las medidas establecidas en el convenio regulador, o en la correspondiente resolución judicial, de tal manera que las existentes al tiempo de solicitar la modificación de aquellas medidas sean distintas de las existentes al tiempo de su adopción; 2) Que dicha modificación o alteración de las circunstancias sea sustancial, es decir, de tal importancia que haga suponer que, de haber existido tales circunstancias al momento de la ruptura de la convivencia, se hubieran adoptados medidas distintas, al menos en su cuantía por lo que hace a las prestaciones económicas; 3) Que tal modificación o alteración de circunstancias, no sea esporádica o transitoria, sino que se presente con caracteres de estabilidad o de permanencia en el tiempo, y 4) Que la referida modificación o alteración de circunstancias no haya sido provocada o buscada voluntariamente o de propósito para obtener una modificación de las medidas ya adoptadas, sustituyéndose por otras que resulten más beneficiosas al solicitante”.
Tercero.—En primer lugar, en esta materia es el interés del menor el principio esencial que debe atenderse, básicamente en aplicación del artículo 39.3 de la Constitución Española. Como dice en su preámbulo la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por España el 30 de noviembre 1990, en todas las medidas concernientes a los niños que se tomen por las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, se atenderá, como consideración primordial, al interés superior del niño (expresión esta que se repite reiteradamente a lo largo del texto), asegurándole la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes del artículo 3). En esta línea, debe de recordarse, por un lado, que el principio dispositivo resulta muy relativizado en esta materia por expresa disposición del artículo 751 LEC, y que, al respecto, la custodia del menor, como también el derecho a estar y disfrutar de la compañía del menor con el correspondiente régimen de visitas, no es incondicionado en su ejercicio sino subordinado exclusivamente al interés y beneficio del hijo (STS 21-7-1993) pues, como señala el artículo 3 de la Convención de los Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1989, en cuantas medidas hayan de tomar los Tribunales con respecto a los menores, “la consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”, también proclamado como principio general por la Ley de Protección del Menor de 1996. En definitiva, se ha de proclamar la supremacía de todo cuanto beneficie al menor más allá de las apetencias personales de sus padres, tutores o administraciones públicas, en orden a su desarrollo físico, ético y cultural y, entre ellos, desde luego, el derecho a no ser separados de cualquiera de sus progenitores salvo que sea necesario al interés del menor.
Debe destacarse en este punto, que las resoluciones dictadas en esta materia, son siempre eventuales y nunca definitivas, precisamente para poder modificar la solución acordada según las cambiantes circunstancias, el modo y manera en que vayan evolucionando las relaciones parentales (así STS de 22-5-1993, que a su vez cita la de la propia Sala de 9-3-1989) por la gran plasticidad de las actividades y comportamiento del ser humano, los cuales responden a una realidad no siempre previsible y a la que el Juzgador debe procurar dar la solución más idónea y proporcionada a los intereses puestos en juego, especialmente para el mantenimiento de la relación efectiva con ambos progenitores, evitando al menor (ex artículo 158.3 del Código Civil) los evidentes perjuicios que de su falta se derivarían para el logro de un adecuado desarrollo de su personalidad. Atendida esta premisa, ha de puntualizarse que para la adecuada consecución de estabilidad familiar, personal, social, escolar y de todo orden de un menor, es necesaria la referencia del progenitor no custodio, de cuya presencia se ve privado en lo cotidiano ahora, por consecuencia de la crisis del matrimonio, de manera que solo de concurrir razones graves, o incumplimientos también graves y reiterados, procede imponer restricciones a las comunicaciones y contactos (artículo 94 del vigente Código Civil), siendo lo adecuado diseñar, desde lo general en sede de proceso, el óptimo régimen de visitas que compense o contrarreste tal ausencia y permita contar con la adecuada presencia paterna, en función de las concretas circunstancias concurrentes, para garantizar el mantenimiento del vínculo afectivo entre el progenitor no custodio y el hijo, o a restaurarlo, fomentando el apego.
La modificación sustancial que alega la madre se ve refrendada por el informe de los técnicos del Punto de Encuentro Familiar unido a los autos, que manifiestan no haber podido contactar con el padre, el cual tampoco ha comparecido en el procedimiento ni, en concreto, en el acto de la vista, ni tampoco ha mostrado interés alguno en el estado de su hijo, tal y como refirió en su interrogatorio la madre demandante. Si se observa, como reseña la actora, el contexto en que se comete el delito de coacciones por el que se penó al demandado, y que éste después, tras ser condenado, no haya demostrado ni el más mínimo interés ni petición con el fin de ver o saber de su hijo, si además se parte del absoluto incumplimiento de sus obligaciones económicas y de alimento de su hijo, conforme a la versión de la madre, única de la que se dispone, se está en la tesitura de estimar la pretensión sobrevenida de la actora, con la que se mostró conforme el Ministerio Fiscal en defensa de los intereses del menor, pues no puede mantenerse una expectativa de visita en aquél o en la madre que es irreal y que le haría albergar, una vez creciera, falsas esperanzas de protección y atención y cuidados por parte de su progenitor no custodio. Así las cosas, se aprecian las razones graves que la jurisprudencia más arriba expuesta ha venido exigiendo, y en atención también al contexto de violencia de género contra la madre en que se vino conduciendo el padre, tal y como ampara la Ley Orgánica Integral en la materia, procede privarle de visitas a su hijo en atención a las circunstancias que concurren en este momento, modificándose la medida de régimen de visitas contenida en el convenio judicialmente aprobado, con mantenimiento de las restantes.
Cuarto.—En cuanto a las costas, dada la especial naturaleza de este tipo de procedimientos, no procede hacer especial imposición de las mismas.
Que estimando íntegramente la demanda de modificación de medidas interpuesta por la Procuradora Sra. Tania Paz Santoveña, en nombre y representación de D.ª Estefanía Gutiérrez Romón, contra D. Antonio Moreno Manzano, en rebeldía procesal, debo modificar y modifico el régimen de visitas contenido en la estipulación segunda del convenio regulador de fecha 10 de noviembre de 2016 suscrito por las partes y aprobado judicialmente por el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Oviedo en sentencia de 7 de diciembre de 2016 dictada en el procedimiento de guarda, custodia y alimentos de mutuo acuerdo 898/2016, suspendiéndolo, privando de las mismas al padre demandado, manteniéndose las demás medidas acordadas en la indicada sentencia.
No se hace pronunciamiento sobre las costas.
Remítase testimonio de la presente al Juzgado de Primera Instancia número 7 de Oviedo para su procedimiento consensuado de guarda, custodia y alimentos 898/2016.
Así por esta mi sentencia, contra la que cabe recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial, que deberá interponerse ante este Juzgado en el plazo de los veinte días siguientes a su notificación, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación.—Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Magistrada-Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública en día de su fecha, doy fe.
Oviedo, a 8 de noviembre de 2019.—La Magistrada-Juez.—Cód. 2019-13763.

References: artículo 775
 artículo 777
 resolución 
 resolución 
 artículo 39
 artículo 3
 artículo 751
 artículo 3
 artículo 158