Source: http://izquierda-ezkerra.org/noticia.php?id=741
Timestamp: 2018-01-23 23:54:24+00:00

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I-E presenta una una ley de reconocimiento a las "otras victimas"
El Grupo Parlamentario de Izquierda-Ezkerra, formula con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara y para su tramitación por el procedimiento ordinario, la siguiente:
Corregir una injusticia y poner en marcha todos los mecanismos necesarios para resarcir el daño causado y esclarecer al máximo los hechos es una actitud necesaria a nivel social e institucional cuando han existido episodios de violencia causados por funcionarios públicos en el contexto de violencia de motivación política.
Además de las víctimas ocasionadas por la violencia de ETA, están las que se han dado en llamar las “otras” víctimas: las originadas por grupos de extrema derecha o parapoliciales y las victimas de motivación política causadas por la violencia ilegítima del Estado.
En los últimos años se han dado avances significativos en la reparación y reconocimiento hacia las víctimas de diferentes episodios trágicos de nuestra historia. En su momento fue aprobada la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, más conocida como “Ley de Memoria histórica”, que venía a corregir parcial y tardíamente años de olvido institucional hacia las víctimas del franquismo que habían sufrido un sinfín de penurias y humillaciones.
La Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, vino a proteger social, económica y políticamente a las víctimas causadas por la violencia de organizaciones terroristas entre las que se encuentran grupos como ETA, GAL y BVE. En el pasado estas víctimas no habían tenido el reconocimiento social preciso y tocaba, en este caso, dignificar su memoria y colocarlas en un lugar destacado de nuestro imaginario colectivo.
En Navarra también se realizó un esfuerzo normativo por compensar el daño causado por la violencia, con la aprobación de dos leyes fundamentales. A partir del Decreto Foral 100/1985, de 15 de mayo, que reguló la concesión de ayudas a los afectados por terrorismo se dictaron diversas disposiciones reglamentarias que culminan con la vigente Ley Foral 9/2010 de 28 de abril, de ayuda a las víctimas del terrorismo que ordenó y articuló la forma en la que las administraciones navarras iban a desarrollar el tratamiento hacia las víctimas del terrorismo estableciendo una serie de mecanismos económicos y sociales, dando protección así a los derechos que asisten a estas víctimas.
En segundo lugar, no podemos dejar de mencionar la declaración del Parlamento de Navarra del 10 de marzo del 2003 en pro del reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros fusilados a raíz del golpe militar de 1936, así como la Ley Foral 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936, que fue pionera en el estado español. Esta reciente norma, corrigió años de imperdonable olvido oficial hacia las más de 3.400 personas asesinadas por defender los valores republicanos.
Sin querer establecer analogías excesivas, ni relatos compensatorios sobre la existencia de diferentes tipos de víctimas, ésta es a día de hoy la elaboración normativa existente. Pero siendo justa y necesaria es también insuficiente.
En la necesaria lucha contra ETA no podía valer todo. Las tropelías cometidas, impulsadas o toleradas desde instituciones del Estado son tan injustificables como las de ETA e igual que éstas causaron múltiples daños. Los informes parciales que abarcan desde 1968 hasta la actualidad nos hablan de 72 muertos y 324 heridos causadas por organizaciones de extrema derecha o parapoliciales, entre 93 y 122 personas asesinadas y entre 629 y 666 heridas por parte de la violencia ilegítima del Estado, sumando un total de 165-215 muertos y 953-990 heridos, según la Asociación pro-derechos humanos Argituz.
Un informe del Departamento de Justicia del Gobierno Vasco del año 2008, arroja la cifra de 109 muertos y 538 heridos de motivación política por la violencia ilegítima del Estado y de 75 muertos y de 236 heridos por grupos fascistas y parapoliciales, con un total de 184 muertos y de 774 heridos. Ninguna de las dos fuentes considera completos sus informes. Hace años que no se producen asesinatos promovidos por organizaciones de estas características. La última persona asesinada por el GAL data del 24 de Julio de 1987, aunque el final del GAL no supuso el fin de los asesinatos por motivaciones políticas. A esto hay que sumarle las personas que han sufrido torturas o sufrimientos injustos.
Según los expertos, hoy es imposible dar unas cifras suficientemente documentadas sobre personas muertas y heridas producidas por la violencia ilegítima del Estado y se requerirá de una investigación exhaustiva para subsanar esta grave laguna y así completar lo acontecido. Esta carencia de datos indica el abandono en el que se encuentran estas víctimas.
En el caso del Estado español, además, las personas condenadas por estos hechos han sido más bien pocas y cuando lo han sido posteriormente se han beneficiado de indultos, lo cual ha ahondado en la sensación de impunidad y arbitrariedad. Un rasgo esencial, propio de las violaciones de derechos humanos por parte del poder es la involucración de funcionarios del Estado y, consiguientemente, el altísimo riesgo de ocultación de los hechos por las mismas instancias que deberían proceder a su esclarecimiento y persecución.
Impunidad que se da también en el actuar de ETA, como demuestra un informe del Observatorio contra la impunidad basado en datos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que fija en 314 los crímenes de ETA ocurridos a partir del año 1977 aún sin esclarecer.
Respecto a las víctimas de ETA su situación ha sido muy penosa. Al daño causado –irreversible con la muerte- se añade hasta fechas recientes la insensibilidad de una parte fundamental de nuestra sociedad, su invisibilidad y la desconsideración ha sido a veces extrema y humillante. Aspectos todos ellos que han constituido una gran injusticia. Y esta misma situación se está produciendo con “las otras víctimas” como lo denunciaba Leonor Regaño, viuda del policía nacional Manuel Jódar (asesinado por ETA) y ex-presidenta de la Asociación de víctimas del terrorismo de Euskadi, en un acto promovido por el Gobierno Vasco en el cual reivindicó a “las otras víctimas afectadas por grupos terroristas diferentes de ETA, que están pasando hoy por una situación similar a la que vivimos las víctimas de ETA hace años: la indiferencia de la sociedad, el abandono de las instituciones y la falta de reconocimiento”.
Procede dejar claro que no se trata de equiparar a ETA y a las instituciones democráticas. No hay dos violencias equivalentes que haya que extirpar. Hay una organización violenta que ha pretendió imponerse a la sociedad de modo totalitario y antidemocrático y unas instituciones democráticas plenamente legítimas y elegidas por la ciudadanía. Unas instituciones que rigen los asuntos públicos de nuestra sociedad y que tenían el deber de impedir los asesinatos y demás tropelías cometidas por ETA contra personas por pensar diferente o por representar a la otra identidad respetando los derechos humanos. En esto no hay ni puede haber equiparación alguna. En lo que sí debe haber equiparación es en los derechos que les asisten a todas las víctimas.
Por ello, ninguna persona de nuestra comunidad podría entender que pretendamos cerrar bien este capítulo de nuestra historia sin hacer justicia a las navarras y navarros que han muerto por estos motivos. Es una anomalía democrática inhumana e injusta que todavía estén pendientes de esclarecimiento y reconocimiento oficial casos como los de José Luis Cano, después de 37 años de su muerte, Germán Rodríguez, después de 36 años, Mikel Arregi, después de 35 años, Gladys del Estal, después de 35 años, Mikel Zabalza, después de 29 años, entre otros.
Como se ha apuntado, en los últimos años, tras el abandono durante los años 80 y en parte de los 90, las víctimas de ETA han recibido un trato, un reconocimiento y una reparación adecuada y justa por parte de las distintas instituciones democráticas y por buena parte de la sociedad. Ahora queda pendiente completar este cuadro con un tratamiento similar para las “otras” víctimas.
A pesar de que la ley estatal de víctimas del terrorismo contempla ayudas a las víctimas de los GAL y BVE, se están denegando esas ayudas en base a la excepcionalidad concretada en el artículo 8.2 del Convenio Europeo sobre indemnizaciones a víctimas de delitos violentos, ratificado por España en 2001, por el que se establece la limitación de las ayudas a personas vinculadas con el crimen organizado o que hayan cometido algún delito. Y lo hace sin aportar sentencias firmes y en base sólo a informes policiales que nunca puede suponer una prueba de cargo suficiente si no existe una sentencia firme sobre la pertenencia a una organización terrorista o la comisión del delito. Aunque el tratamiento de las víctimas que a su vez han sido victimarios es un asunto difícil y que provoca no pocos problemas éticos, no puede superarse ese pasado sin atender de forma conveniente todas las muertes injustas.
Esta ley se inspira en el principio de protección de los derechos que asisten a las personas que han sufrido la violencia de motivación política, por ello en los artículos 1 y 2 se resume el espíritu de la misma en base a tres ideas; derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, o lo que es lo mismo verdad, justicia y reparación, conceptos que se utilizan universalmente a la hora de abordar las políticas públicas sobre las víctimas de violencia política. Valores basados en el reconocimiento de unos hechos violentos que han tenido lugar en nuestra tierra, en la reparación del daño causado y en el esclarecimiento al máximo de las vulneraciones de los derechos humanos.
En este sentido, el primer objetivo es subsanar una injusticia manifiesta sufrida por personas de nuestra comunidad o por personas que la han padecido en Navarra. El buen gobierno y la convivencia requieren una actitud absolutamente consecuente en la defensa de los derechos humanos, en el rechazo de la vulneración de los mismos, en el reconocimiento y en la plena solidaridad y equidad con todas las víctimas. Esta regla también debe ser válida, con más motivo, cuando son el Estado o sus agentes quienes los vulneran, pues están para proteger y garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía en una sociedad democrática.
Por ello, estas víctimas deben recibir el mismo trato, la misma justicia, la misma reparación en todos los órdenes: económico, social, atención a sus demandas judiciales. No puede haber víctimas de primera y de segunda. Que la vía de tratamiento haya de ser diferente no quiere decir que el reconocimiento de derechos deba de ser desigual. Y evitar la tentación de un trato diferente es lo que pretende el artículo 6, cuando como referencia para concretar las cuantías y los sistemas de compensación se hace mención a la Ley Foral 9/2010, de 28 de abril, de ayuda a las víctimas del terrorismo.
E, igualmente, esas víctimas deben recibir el reconocimiento del daño causado por parte de sus autores y en algunos casos por parte del Estado. Al Estado democrático de derecho y a sus instituciones se les debe exigir una declaración sobre su deber inexcusable de respetar los derechos fundamentales y de que bajo ningún concepto pueden impulsar, amparar o tolerar guerras sucias. Es completamente necesario el reconocimiento y la reparación de las demandas de las víctimas de la guerra sucia o de torturas. Por criterios de justicia y de equidad; pero también por criterios de prudencia política y de educación en una sociedad demasiado poco sensible en estos asuntos. Y se requiere, asimismo, que estas víctimas formen parte de la memoria colectiva que se transmita desde las instituciones.
Y precisamente esa idea es la que inspira el artículo 3 que crea la llamada Comisión de Investigación.
Este texto normativo, se fundamenta además en torno a otras dos cuestiones. En primer lugar, para el reconocimiento de las víctimas de grupos organizados de extrema derecha o de funcionarios policiales se establecen dos fases temporales; la consolidación de nuestra democracia fue contradictoria, mejorable y sin duda dejó sin abordar cuestiones importantes y lo que es peor, en ese periodo no se logró terminar con la violencia ejercida por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos. A partir de 1978 se fueron consolidando algunos de los derechos democráticos de nuestro sistema político y, aunque de forma imperfecta, las bases de nuestra democracia fueron asentándose gracias a la lucha de miles de personas que antes tuvieron valor, coraje y dignidad para hacer frente a una dictadura inhumana y luego prosiguieron en la lucha por la consolidación democrática.
En segundo lugar, la espina dorsal y la base de esta Ley Foral es la Comisión de Investigación que resulta determinante para el buen cumplimiento del articulado. Dada la complejidad de las compensaciones económicas, la falta en muchos casos de sentencias, datos y noticias sobre los hechos se ha considerado que sea una Comisión de Investigación independiente quién establezca los criterios y las fórmulas precisas, antes de determinarlas en esta ley y que no sean suficientes para abarcar la enorme casuística y las dificultades existentes.
Por otro lado esta Ley Foral trata de avanzar en la puesta en marcha efectiva de mecanismos de prevención e investigación ante vulneraciones de los Derechos Humanos, especialmente en dependencias policiales.
Por ello, ocupa un lugar central la cuestión de la tortura y otros malos tratos respecto de la cual el derecho internacional establece la prohibición absoluta e inderogable, tanto en su dimensión física como psicológica. La Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (en adelante Convención contra la Tortura) establece tres pilares principales que son la obligación de los Estados de garantizar la justicia, de prevenir todos los actos referidos y de resarcirlos. En particular, la obligación de investigar resulta fundamental para la puesta en práctica de estos tres pilares.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH) ha dictado desde el año 2004, seis sentencias (casos Martínez Sala en 2004, San Argimiro Isasa en 2010, Beristain Ukar en 2011, Otamendi Egiguren en 2012, Etxebarría Caballero en 2014 y Ataun Rojo en 2014), concluyendo que el Estado Español había vulnerado el art.3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante CEDH) por no investigar de modo suficiente y eficaz las denuncias de torturas por hechos ocurridos todos ellos en situaciones de incomunicación. El TEDH concluyó que limitarse, por parte de los tribunales españoles, al examen de los informes de los forenses, sin examinar diligentemente todas las pruebas y sin llevar a cabo otras medidas de investigación profundas y efectivas destinadas a la obtención de pruebas, no era suficiente para cumplir con las exigencias del artículo 3 CEDH.
En las seis ocasiones, el TEDH reiteró que el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) consagra uno de los valores fundamentales de las sociedades democráticas y que incluso en las circunstancias más difíciles, como la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, el Convenio prohíbe en términos absolutos las torturas y las penas y tratos inhumanos o degradantes, doctrina que ya había sido establecida en otras sentencias referidas a diferentes países europeos.
En muchas ocasiones las víctimas de este tipo de violencia han vivido una doble victimización; por la impunidad y por el hecho violento sufrido. Por ello es preciso tener en cuenta que mientras no haya un reconocimiento hacia todas las víctimas habrá quienes legítimamente vivan en una sensación de agravio permanente.
El 3 de abril de 1995, un año antes de ser asesinado por ETA en su despacho de la Universidad Autónoma de Madrid, Francisco Tomás y Valiente, catedrático de Historia del Derecho y ex presidente del Tribunal Constitucional, decía que “la mayor vileza imaginable es la tortura (...); la tortura degrada, humilla y destruye (...); por eso no podemos soportar la imagen de unos hombres torturando a otro sin sentirnos también ofendidos”.
En la sentencia Chahal contra Reino Unido de 15 de noviembre de 1996 el citado Tribunal señaló que incluso admitiendo las enormes dificultades que para un Estado implicaba proteger a su población de la violencia terrorista, la prohibición de las torturas o las penas o tratos inhumanos o degradantes tenía carácter absoluto.
Precisamente es necesario subrayar que diversas organizaciones a favor de los Derechos Humanos reconocen las dificultades que encuentran los agentes de policía para cumplir con su deber cuando se enfrentan a personas que pueden ser peligrosas y violentas, así como los riesgos personales que corren. Tal reconocimiento no impide sin embargo ratificarse en la opinión de que un Estado de Derecho no puede amparar ni legitimar la utilización de la tortura con la coartada de protegerse frente a quienes pretenden socavarlo y como medida para mantener el propio Estado de Derecho.
Por su parte, el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes instauró los llamados “mecanismos nacionales de prevención”. Por Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre se atribuyó al Defensor del Pueblo el ejercicio de las competencias propias del Mecanismo nacional de Prevención de la Tortura (MNP) en España. Ahora bien, el art. 17 del Protocolo permite de manera expresa la existencia de “mecanismos establecidos por entidades descentralizadas”, los cuales “podrán ser designados como mecanismos nacionales de prevención a los efectos del presente Protocolo si se ajustan a sus disposiciones.”
La legislación internacional es clara y extensa respecto de la adopción de medidas por parte de los poderes públicos que aseguren una protección real y eficaz de los derechos fundamentales.
El artículo 3 del CEDH en su vertiente procesal impone la obligación positiva a los Estados de investigar de forma eficaz las alegaciones de tortura y malos tratos por actuaciones de la policía o de otros servidores públicos. Dicha vertiente adquiere una enorme relevancia como vía de prevención de los hechos y protección a la víctima.
De lo anterior se deduce que no es suficiente con el cumplimiento de las garantías formales que deben rodear toda declaración del detenido/a, esto es, la información de derechos y la asistencia de abogado, sino que es necesario adoptar una serie de garantías materiales que permitan descartar que la declaración está viciada por los actos de tortura o malos tratos que hubieran podido ser sufridos por el detenido/a.
Garantías materiales como el retraso de la declaración judicial, permitir la entrevista previa con el abogado, o practicar nuevos exámenes médicos físicos y psicológicos. Otras medidas positivas como la instalación de cámaras de video y audio contribuyen sin duda a conseguir que los responsables de posibles malos tratos rindan cuentas de sus actos, y sirven además para proteger a las presuntas víctimas de los malos tratos y a los agentes que puedan ser víctimas de las falsas denuncias.
También como se ha señalado es importante asegurar una buena atención médica, garantista y clara, en los casos de personas detenidas. Por lo que resulta un instrumento válido, y de enorme interés, que la Policía Foral y las diferentes policías locales se doten de un protocolo de actuación cuando una persona sea detenida, que contemple actuaciones durante la detención y en la finalización de la misma.
En el artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes se expone la definición legal de la tortura acordada a nivel internacional, definición que es aceptada e incluida por esta Ley Foral:
Un texto normativo como el presente, además, supone una decisiva contribución a la deslegitimación del uso de la violencia al reforzar las reglas del estado de derecho y al eliminar espacios de impunidad.
Por ello el artículo 7 contempla esas medidas e implica a la Administración Foral para que las ponga en marcha. No como producto de la cultura de la sospecha, sino como pedagogía de la prevención.
Es imprescindible también impulsar una cultura de derechos humanos que penetre en nuestra sociedad, que cuente con el respaldo inequívoco de nuestras instituciones, que adquieran carta de naturaleza entre la ciudadana frente a la violencia de ETA y también frente a la vulneración de los derechos humanos por parte de agentes públicos, cuando se produzcan. De ahí que los artículos 8 y 9 se introduzcan en el campo de la educación y el fomento de valores entre la población en general y específicamente entre las personas al servicios de las administraciones públicas.
Es un hecho relevante que, de forma mayoritaria, las instituciones públicas han dedicado poca atención a estas víctimas tal y como se describe en esta exposición de motivos. Por ello se ha considerado importante que las instituciones, a través de homenajes como lo contempla la Disposición Adicional Primera o, como se ha dicho, por medio de los programas educativos existentes como lo concreta el artículo 8 se reconozcan en otra praxis.
La labor de sensibilización de la población sobre la gravedad e importancia de las violaciones de derechos humanos, baluarte fundamental en la lucha contra la tortura, constituye un ámbito propicio para la intervención de todas las instituciones públicas con esfuerzos dirigidos al logro de una verdadera cultura de paz y de una convivencia pacífica duradera, que ha de fundamentarse en la concienciación de toda la ciudadanía en la garantía y promoción de los derechos humanos.
Y no nos cabe la menor duda de que con esta manera de proceder fortaleceremos el bien común, la convivencia entre diferentes, la cohesión social y en definitiva el estado democrático de derecho. Y, por el contrario, si no practicamos el principio de justicia y de equidad cometeremos una gran injusticia y debilitaremos el citado estado democrático de derecho. No en vano el empleo de la tortura y otros tratos inhumanos o degradantes constituye una violenta ruptura de la legalidad que mina las bases de la confianza ciudadana en las instituciones.
Texto de la PROPOSICION DE LEY.-
1. Esta Ley Foral tiene como objetivo poner todos los medios para que las víctimas de motivación política generadas por la acción violenta de grupos de extrema derecha o por parte de funcionarios públicos sean reconocidas como tales víctimas y por tanto, como personas beneficiarias de los correspondientes derechos de reconocimiento y reparación integral.
1. La presente Ley Foral se dirige a reparar el daño sufrido por personas asesinadas o agredidas en el contexto de violencia de motivación política desde el 1 de enero de 1960
2 La presente Ley Foral será de aplicación a las personas físicas que hayan sufrido daños en Navarra o que, ostentando la condición política de navarros, hayan sufrido algún tipo de daño fuera del territorio de la Comunidad Foral siempre que los mismos daños no hayan sido objeto de reparación por las instituciones del Estado o de otra Comunidad Autónoma.
3. Tendrán consideración de agresiones, atentados o vulneraciones graves de los Derechos Humanos aquellas que hayan tenido como consecuencia el fallecimiento de la persona afectada o la producción de lesiones graves y/o permanentes. La graduación de las lesiones se aplicará con arreglo a la legislación existente sobre la materia.
4. El concepto de tortura, malos tratos, inhumanos o degradantes será interpretado conforme al artículo 1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Artículo 3. Comisión de Investigación
1. La Comisión de Investigación estará compuesta por personas independientes y con alto prestigio social y moral, y tendrá competencia directa en cuanto a la fijación e investigación de los hechos con base en instrumentos internacionales homologados, como el Protocolo de Estambul y al margen de toda interferencia en el plano penal. En caso de que no existiera una sentencia aclaratoria sobre la autoría de los hechos se determinará, de forma veraz y coherente una interpretación que esclarezca lo sucedido y así se determinen las personas beneficiarias de los derechos contemplados en esta Ley Foral.
2. La Comisión de Investigación estará integrada por nueve miembros, todos ellos personas físicas con suficiente cualificación y experiencia profesional, procurando el equilibrio entre hombres y mujeres en su composición.
3. Los miembros de la Comisión de Investigación deberán ser nombrados entre personas que trabajen o hayan trabajado en el campo de la magistratura, la fiscalía, profesores de Universidad, funcionarios públicos, abogados o miembros activos de organizaciones o asociaciones pro derechos humanos, debiendo acreditar una reconocida competencia en el ejercicio activo de su profesión o actividad.
4. El cargo de miembro de la Comisión de Investigación es incompatible con el desempeño de cualquier cargo político o administrativo en la administración general del Estado, de la Comunidad Foral de Navarra y de las entidades locales y con el desempeño de funciones directivas en los partidos políticos y sindicatos.
5. Los miembros de la Comisión de Investigación serán elegidos para un periodo de cinco años por el Pleno del Parlamento de Navarra por mayoría de dos tercios. De entre ellos uno será designado, dentro del mismo procedimiento de elección, como Presidente.
6. Todas las instituciones públicas están obligadas a colaborar con la Comisión de Investigación para el cumplimiento de sus objetivos. A tal fin, dispondrá de las mismas potestades que el ordenamiento jurídico otorga a las comisiones de investigación del Parlamento de Navarra.
7. Anualmente la Comisión elaborará y publicará una memoria, en la que dará cuenta de los resultados de las investigaciones, las características de los datos recabados, las solicitudes presentadas y cualquier otro dato que ayude a tener un conocimiento exhaustivo y real de lo sucedido.
8. Los acuerdos de la Comisión de Investigación se adoptarán por mayoría de sus miembros.
1. Las solicitudes para la declaración de la condición de víctima de motivación política conforme a esta Ley Foral, se dirigirán al departamento de la Administración de la Comunidad Foral competente en la materia. Dicho departamento trasladará la petición a la Comisión de Investigación para su examen. La Comisión deberá resolver sobre la solicitud planteada en el plazo de un año desde su recepción.
2. La solicitud contendrá una descripción lo más detallada posible de los hechos que podrá acreditar mediante documentación aportada a tal fin, sin perjuicio de las actuaciones que realice la Comisión para la investigación y acreditación de los hechos.
Artículo 6. Víctimas de motivación política desde el 28 de diciembre de 1978 hasta nuestros días
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los anteriores artículos, la Comisión de Investigación elaborará un Informe sobre las víctimas de motivación política producidas desde el 28 de diciembre de 1978. Dicho informe deberá ser elaborado por la Comisión en el plazo de 18 meses desde su constitución y se presentará ante el Parlamento de Navarra para su debate y aprobación.
a) Cuantificación solvente y veraz del número de atentados, agresiones, torturas o cualquier otra vulneración de los derechos humanos producidas en Navarra o sufridos por personas domiciliadas en Navarra, desde el 28 de diciembre de 1978.
c) Memoria de conclusiones y recomendaciones
Artículo 7. Prevención de los malos tratos
1. La Policía Foral y las policías locales de Navarra asumirán las recomendaciones publicadas por el Comité y Sub-Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, Relator Especial sobre la cuestión de la Tortura de Naciones Unidas y Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. Especialmente en los aspectos referidos a los medios materiales que garanticen la protección del derecho a la integridad personal así como una investigación profunda y eficaz de las denuncias cuando existen indicios razonables de tortura o malos tratos, inhumanos o degradantes.
2. En el plazo de 6 meses a la entrada en vigor de esta ley se habilitarán los mecanismos necesarios para la grabación en vídeo y audio de todas las zonas de custodia de las comisarías de la Policía Foral e instalaciones de las policías locales de Navarra y de cualquier otro lugar donde las personas detenidas puedan estar presentes, de tal manera que la persona detenida sea grabada durante todo el periodo de detención, evitando que existan zonas oscuras, excepto donde esto pueda constituir una violación de su derecho a la intimidad o a consultar en privado con un abogado o un médico. Estas grabaciones deben conservarse y custodiarse en un lugar seguro durante un periodo razonable para garantizar su disponibilidad para la inspección por la autoridad judicial si así lo solicitan.
3. En el plazo de 6 meses, el Gobierno de Navarra establecerá un protocolo para la asistencia médica a personas detenidas, con la finalidad de determinar las actuaciones que han de producirse inmediatamente después de la detención, durante la misma y, por último, con carácter previo a su finalización.
Artículo 8. Educación para la paz y la convivencia
En el marco del programa anual de Educación para la Paz y los Derechos Humanos y en el marco de los programas desarrollados por el Departamento competente en materia de educación se tendrá en cuenta los objetivos y principios contenidos en la presente Ley Foral.
Artículo 9. Información y prevención
1. El Gobierno de Navarra pondrá en marcha ciclos, cursos, seminarios o congresos para la información a la sociedad en general y de reflexión en torno a la gravedad e importancia de las violaciones de derechos humanos producidos en el contexto de la violencia de motivación política.
2. El Gobierno de Navarra emprenderá programas de capacitación y sensibilización en cuanto a las normas internacionales de derechos humanos y los principios de prevención de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes para:
b) Agentes de la Policía Foral y de las Policías Locales de Navarra.
d) Demás empleados públicos de las Administraciones Públicas de Navarra.
3. El Gobierno de Navarra apoyará el reconocimiento y la acreditación de asociaciones, colectivos y organizaciones que promueven y protegen los derechos humanos y a las víctimas de graves daños o sufrimientos injustos en el contexto de la violencia a la que se refiere la presente ley.
4. El Gobierno de Navarra promoverá que las universidades navarras incluyan y fomenten en todos los ámbitos académicos la formación, docencia e investigación en Derechos Humanos, estableciendo convenios de colaboración para:
- Impulsar la investigación y la profundización teórica;
- Elaborar estudios sociológicos sobre la realidad de la vulneración de los derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política.
El Gobierno de Navarra publicará y difundirá entre la ciudadanía los informes elaborados por la Comisión de Investigación.
Esta Ley Foral entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Navarra.
Pamplona-Iruña a 12 de noviembre de 2014

References: artículo 8
 artículo 6
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 1

Artículo 3

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9