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Timestamp: 2020-05-29 12:34:34+00:00

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Sentencia nº Rol 3381-17 de Tribunal Constitucional, 26 de Septiembre de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 694331977
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Eduardo Romo Martínez respecto del artículo 22°, incisos primero, segundo, quinto y octavo del DFL N° 707, en los autos sobre giro doloso de cheques, seguidos ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, bajo el RIT 333-2017, RUC 1710000918-8. Mostrar Síntesis Síntesis STC ROL N° 3381 (3382)-17 INA a) Atribución en ejercicio de la cual se dicta. Inaplicabilidad por inconstitucionalidad (art. 93 N° 6 CPR). b) Norma impugnada. Artículo 22, incisos primero, tercero,... (ver resumen completo)
Con fecha 6 de marzo de 2017, E.R.M. y J.M.C.I. deducen requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 22°, incisos primero, segundo, quinto y octavo del DFL N° 707, para que surta efectos en los autos sobre giro doloso de cheques, seguidos ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, bajo el RIT 333-2017, RUC 1710000918-8.
El texto de los preceptos legales impugnados disponen, en su parte ennegrecida:
En relación con la gestión judicial en que incide el requerimiento, los actores reseñan que se sigue en su contra ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago causa penal en delito de acción penal privada por delito de giro doloso de cheques.
La acción iniciada guarda relación con la presunta emisión de un cheque girado por los señores C. y R. por la suma de $115.000.000.-, protestado por causal falta de fondos.
Se encuentra pendiente, a esta fecha, la realización de la audiencia de conciliación y eventual preparación de juicio oral.
Los actores refieren que la preceptiva impugnada generaría, en su aplicación en la gestión penal pendiente, diversos resultados contrarios a la Carta Fundamental.
De esta forma, la Ley Delegatoria N° 18.127, de 1982, habilitó a fijar textos refundidos, incorporando derogaciones expresas o tácitas y cambios formales, en un contexto en que la Constitución de 1980 no contempló una norma transitoria que dejara a salvo los Decretos con Fuerza de Ley anteriores a ella que se refieran a materias de delegación prohibida, lo cual hace más patente su inconstitucionalidad.
Así, en los preceptos impugnados no se está en presencia de una ley en sentido estricto y, por ende, la preceptiva impugnada no puede ser fuente del Derecho Penal, dado que tanto la conducta típica como la sanción aparejada a ésta, se encuentran establecidas en un Decreto con Fuerza de Ley creado en uso de una potestad delegada.
Por otra parte, argumentan como infringido el principio de culpabilidad, así como su función, y concluyen que la preceptiva impugnada establece un estatuto de responsabilidad penal objetiva, por lo que presume de derecho la responsabilidad penal y se impone una pena aflictiva a un acto o conducta carente de dolo y culpabilidad, que sería atípico, en que los actores habrían girado un cheque entregado con tiempo de antelación, sólo con la finalidad de garantizar cuestiones contractuales.
A este respecto, refieren que en la gestión judicial pendiente, la aplicación del precepto impugnado genera en la imposibilidad de generar prueba en contrario para desacreditar la objetivización con que, eventualmente, serían sancionados, ya que no hubo de su parte dolo con ánimo de defraudar.
En este apartado, hacen presente que la aplicación de la norma reprochada genera la privación de su libertad, como consecuencia del no pago de un cheque cuyo objeto era garantizar el pago futuro de los créditos concedidos, transformándose en el supuesto prohibido por el Constituyente, esto es, una verdadera prisión dado un incumplimiento contractual civil o comercial.
Así, argumentan que el derecho de castigar del Estado debe ser ejercido de manera racional y limitada, ya que es una excepción a la regla general de la libertad de los individuos. De esta forma, sostienen que no resulta adecuado para satisfacer el interés jurídico del tenedor del cheque y acreedor suyo, la aplicación de una gravosa sanción penal, cuestión que no garantizará que la obligación civil incumplida sea satisfecha.
Los requerimientos causa R.N.°s 3381-17-INA y 3382-17-INA se acogieron a trámite a través de resolución de la Primera Sala de este Tribunal Constitucional, de fecha 15 de marzo de 2017, oportunidad en la que fue suspendido el procedimiento en la gestión en que incide, oficiándose a tal efecto y, previo traslado a las partes de la gestión pendiente, fueron declarados admisible en resolución del día 10 de abril de 2017.
Luego, con fecha 26 de mayo de 2017, fueron acumuladas ambas presentaciones, a efectos de su tramitación conjunta bajo la causa Rol N° 3381-17-INA. Conferidos los traslados sobre el fondo a los órganos constitucionales interesados, así como a las partes interesadas de la gestión pendiente, no fueron evacuadas observaciones a tal respecto.
Con fecha 3 de agosto de 2017 se verificó la vista de la causa, oyéndose la relación pública y los alegatos por los requirentes de los abogados doña Catherine Lathrop Rossi y Sebastián Vargas Sandoval. Con igual fecha se adoptó acuerdo de estilo.
I.- Asuntos sobre los que no corresponde a esta M. pronunciarse.
PRIMERO.- Que, antes de entrar al fondo, consideramos necesario formular algunas precisiones relevantes.
En primer lugar, cabe advertir que la determinación de si la conducta desplegada por los requirentes resulta subsumible o no en la norma del artículo 22 del DFL N°...
Causa nº 309/2017 (Reforma procesal penal). Resolución nº 25874 de Corte de Apelaciones de Valdivia, de 6 de Junio de 2017

References: artículo 22
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