Source: https://doctrina-administrativa.vlex.es/vid/resolucion-11-febrero-2016-615265838
Timestamp: 2019-04-21 20:14:22+00:00

Document:
Resolución de 11 de febrero de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad de Oropesa del Mar n.º 1, por la que se suspende la constancia registral de la publicación de un edicto ordenado en documento presentado en soporte en papel con código seguro de verificación en el caso de inmatriculación de una finca. - Doctrina Administrativa - VLEX 615265838
CODIGO SEGURO DE VERIFICACION. Se puede hacerse constar la publicación de edictos en el Ayuntamiento a los efectos de inmatriculación conforme a lo que dispone el artículo 205 de la Ley Hipotecaria, mediante documento expedido por el Ayuntamiento en el que costa un código seguro de verificación y se usa como firma electrónica el sello de Secretaría del Ayuntamiento.
Mediante instancia suscrita por doña Estrella Borrás Moreno, como alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Cabanes, de fecha 23 de octubre de 2015, y dirigida al Registro de la Propiedad de Oropesa del Mar número 1, se hizo constar lo siguiente: «Adjunto remito anuncio después de su exposición pública en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento de: - F. S. E. y D. T. T. En Cabanes, a la fecha de la firma electrónica expresada al margen». Se incorpora la diligencia de exposición, firmado con código seguro de verificación.
Dicho documento fue objeto de la siguiente calificación: «Notificación de calificación negativa En aplicación de los art. 19-bis y 322 LH Hechos: Habiéndose presentado en esta oficina para su despacho la devolución del edicto, tras su exposición pública en el Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Cabanes, correspondiente a la inmatriculación de la finca registral del municipio de Cabanes número 11647, inscrita a favor de los consortes don F. S. E. y doña D. T. T., al amparo del art. 205 de la Ley Hipotecaria. Presentado el: veintiséis de Octubre del año dos mil quince Asiento: 1450 Diario: 31 De conformidad con lo establecido en el artículo 99 del Reglamento Hipotecario, cuyo tenor literal es el siguiente: «La calificación registral de documentos administrativos se extenderá, en todo caso, a la competencia del órgano, a la congruencia de la resolución con la clase de expediente o procedimiento seguido, a las formalidades extrínsecas del documento presentado, a los tramites e incidencias esenciales del procedimiento, a la relación de éste con el titular registral y n los obstáculos que surjan del Registro.» - Se considera no inscribible lo relacionado a continuación en base a los siguientes: Argumentos y fundamentos de Derecho: Para cumplir lo ordenado en el art. 205 de la Ley Hipotecaria en relación dada con anterioridad a la Ley 13/2015 de 24 de Junio y art. 298 del Reglamento Hipotecario, es necesario la publicación del edicto durante un mes en el tablón de anuncios del Ayuntamiento respectivo, edicto que deberá ser devuelto al Registro la propiedad en el plazo de tres meses desde su expedición, en el que conste acreditada la publicación aludida anteriormente mediante certificación firmada por el Secretario del Ayuntamiento, con el visto bueno del Alcalde. Si no se devolviera en el indicado plazo, caducará la inmatriculación practicada y será necesario volver a realizarla con nueva publicación de edicto. RDGRN 23 de Junio de 2005. Por tanto es necesario aportar la certificación que acredite la exposición del edicto firmada por el Secretario del Ayuntamiento con el Visto Bueno del Señor Alcalde, (art. 204 y art. 205 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.). RD 1174/1987, de 18 de Septiembre, por el que se regula el régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, articulo 1. Por todo ello, en aplicación de los art. 19-bis y 322 de la Ley Hipotecaria, acuerdo suspender la inscripción del documento. La presente calificación lleva consigo la prórroga del asiento de presentación de conformidad con lo que dispone el art. 323 de la Ley Hipotecaria. Contra esta decisión (…) Este documento ha sido firmado con firma electrónica reconocida por María Belén Gómez Valle registrador/a de Registro Propiedad de Oropesa de Mar (Orpesa) 1 a día once de Noviembre del año dos mil quince».
Doña Estrella Borrás Moreno, alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Cabanes, interpuso recurso contra la anterior calificación mediante escrito que tuvo entrada en el Registro de la Propiedad de Oropesa del Mar número 1 el día 19 de noviembre de 2015, en el que, resumidamente, alega lo siguiente: Que los artículos 204 y 205 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se refieren a la emisión de certificaciones de los acuerdos y actos administrativos, no siendo éste el caso que nos ocupa; Que la publicación de edictos en el tablón electrónico del Ayuntamiento y firmado con sello electrónico de Administración Pública, pudiendo contener la identidad de la persona titular, viene regulado en los artículos 12 y 18 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos; Que el sello del órgano para actuaciones administrativas automatizadas del Ayuntamiento de Cabanes fue aprobado por resolución de fecha de 21 de noviembre de 2014 (Boletín Oficial de la Provincia de 2 de diciembre de 2014), y que el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos señala «las copias realizadas en soporte papel de documentos públicos administrativos emitidos por medios electrónicos y firmados electrónicamente tendrán la consideración de copias auténticas siempre que incluyan la impresión de un código generado electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o entidad emisora».
Mediante escrito, de fecha 25 de noviembre de 2015, la registradora de la Propiedad de Oropesa del Mar número 1, doña María Belén Gómez Valle, informó y elevó el expediente a esta Dirección General.
Vistos los artículos 3, 18, 19 bis, 20, 21, 65, 99, 205, 322, 323, 325, 326 y 328 de la Ley Hipotecaria; 99 y 298 del Reglamento Hipotecario; 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica; 107 y 112 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 46, 56 y 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 2, 10, 18, 19 y 30 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos; 12 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia; 20 y 21 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, y las Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 6 de marzo de 2012 y 13 de enero de 2016 (1ª).
La cuestión que se plantea en el presente recurso es determinar si puede hacerse constar la publicación de edictos en el Ayuntamiento a los efectos de inmatriculación conforme a lo que dispone el artículo 205 de la Ley Hipotecaria, mediante documento expedido por el Ayuntamiento de Cabanes en el que costa un código seguro de verificación y se usa como firma electrónica el sello de Secretaría del Ayuntamiento de Cabanes.
La cuestión que debe abordarse para la resolución del presente expediente, es el criterio fijado por este Centro Directivo (Resolución 6 de marzo de 2012) relativo a la aplicabilidad al ámbito registral de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, ley en que funda su vigencia y eficacia el documento con código seguro de verificación.
Procede pues entrar en el estudio del código seguro de verificación. Como se ha señalado anteriormente, la figura del código seguro de verificación de firma, sin perjuicio de la regulación que del mismo también hace la Ley 18/2011, de 5 de julio, en el ámbito de la Administración de Justicia, se regula principalmente con la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y el Real Decreto 1671/2009, que desarrolla parcialmente dicha Ley. En dicha regulación pueden encontrarse distintos tipos de código seguro de validación, a saber:
Primero. El «código generado electrónicamente» permite contrastar la autenticidad del documento, de conformidad con el artículo 30.5 de la Ley 11/2007. Éste constituye la simple referencia lógica -alfanumérica o gráfica- que identifica, dentro de la sede electrónica, cada documento electrónico, previamente autorizado, también en forma electrónica. Es una referencia o identificador que hace posible «contrastar la autenticidad del documento, mediante el acceso a los (correspondientes) archivos electrónicos», siempre que el documento haya sido objeto de autorización, mediante alguno de los sistemas de firma previsto por la Ley.
Segundo. El código seguro de validación configurado en el artículo 18.1.b de la Ley 11/2007 y el sello de Administración Pública, órgano o entidad de derecho público artículo 18.1.a de la ley 11/2007, como un sistema independiente de firma electrónica, reservado para la autorización documental en «la actuación administrativa automatizada», que representa una firma distinta de la firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones Públicas y caracterizada por: a) admitir la posible existencia de una «persona firmante del documento», lo que parece contradecir el carácter automatizado de la actuación administrativa para la cual dicho sistema de firma aparece legalmente reservado (tal como expresamente menciona el propio título, y establece el apartado 1, del artículo 18 de la Ley). Esta contradicción, sin embargo, desaparece si se atiende a los supuestos a los que mejor se ajusta dicho código seguro como sistema de creación de firma, como son aquellos documentos en los que la automatización deriva, exclusivamente, de su carácter masivo o en serie, es decir, los documentos que son objeto de autorización en bloque, como conjunto o grupo que participa de caracteres análogos, fruto del ejercicio consciente y voluntario de la propia competencia, cuando la misma se extiende a todas las situaciones de hecho que han de documentarse, aunque no como proceso automático y permanente, para cualesquiera circunstancias iguales, definidas de antemano por el órgano al que se imputan, sin necesidad de decisión o voluntad consciente específica, y b) por permitir «la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente», lo que deriva inmediatamente del «carácter único» del código seguro de validación, como «código generado para cada documento» (en palabras del artículo 20 del Reglamento de la Ley) y de la propia «responsabilidad del titular» de la sede electrónica, «respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información», que impone el artículo 10 de la Ley.
Tercero. El código seguro de validación configurado como firma electrónica «mediante medios de autenticación personal» para el personal al servicio de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes de conformidad con los artículos 18 de la Ley 11/2007 y 21.c de su Reglamento. A dicho sistema de firma se aplica, con las debidas adaptaciones, lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento para el código seguro de validación en el desarrollo de actuaciones automatizadas, de modo que en este caso: siempre existe firma electrónica «personal» utilizada por el personal al servicio de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos vinculados o dependientes; no se trata de actuaciones automatizadas; el código seguro de validación permite «la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente», y además deberá acreditar la identidad y condición del firmante.
En relación a lo que debemos entender por actuación administrativa automatizada, el artículo 5 de la Ley 11/2007 señala que «a efectos de la presente ley, los términos que en ellas se emplean tendrán el sentido que se establece en su anexo». En este sentido en el anexo lo define como «actuación administrativa producida por un sistema de información adecuadamente programado sin necesidad de intervención de una persona física en cada caso singular. Incluye la producción de actos de trámite o resolutorios de procedimientos, así como de meros actos de comunicación».
En el presente expediente, se presenta en el Registro de la Propiedad diligencia del Ayuntamiento de Cabanes en la que se hace constar que el edicto ha estado publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante un mes, firmado con sello de la Secretaría del Ayuntamiento de Cabanes.
Madrid, 11 de febrero de 2016.–El Director General de los Registros y del Notariado, Francisco Javier Gómez Gálligo.
Cuestión Vinculante nº V2236-12 de Dirección General de Tributos, Subdirección General de Impuestos sobre el consumo, 20 de Noviembre de 2012

References: artículo 205
 artículo 99
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 30
 Real Decreto 
 artículo 205
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 30
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 20
 artículo 10
 artículo 20
 artículo 5