Source: http://ctacapmacadiz.blogspot.com/2014/10/
Timestamp: 2020-07-08 00:04:28+00:00

Document:
Seccion Sindical CTA, en Consejeria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible-Cadiz.: octubre 2014
Listados definitivos Bolsa. Monitor Escolar (3061) OEP 2007
Resolución de 29 de octubre de 2014, de la Directora General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se aprueba la relación definitiva de la entrega única de la bolsa de trabajo para la categoría profesional de Monitor Escolar (3061)
Fecha del contenido: 31/10/2014
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&c=81434&n=noticias
C.T.A. INFORMA crédito horario Cristobal Nieto, octubre 2014
El Gobierno andaluz ha iniciado 15 expedientes más de reintegro de ayudas concedidas, de forma que reclama al sindicato que devuelva otros 10,4 millones, que se suman a la cifra que le reclamaba de 4,9 millones por otros 5 expedientes.
Europa Press, Sevilla | Actualizado 30.10.2014 - 12:44
La Junta de Andalucía ha reclamado a la UGT-A la devolución de 15,3 millones de euros por las irregularidades detectadas en 21 expedientes de subvenciones por importe de 25,5 millones recibidas por el sindicato a raíz de la investigación abierta por el caso de las presuntas facturas falsas. El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, José Sánchez Maldonado, ha comparecido hoy en el Parlamento andaluz para informar de los procedimientos de revisión de las subvenciones de UGT, que inició la Junta hace más de un año tras la publicación de un presunto desvío de subvenciones sindicales para sufragar gastos corrientes del sindicato con facturas falsas y que ha derivado en una investigación judicial.
En su segunda comparecencia sobre este caso, Maldonado ha elevado a 10,4 millones el importe que reclama en los procedimientos de reintegros, que se suman a los 4,9 millones que había cifrado hasta principios de septiembre, aunque, según UGT, estos últimos expedientes sumaban 3,5 millones. Maldonado ha detallado que de los 10,4 millones, 3,9 millones corresponden a siete expedientes de subvenciones otorgadas por la Dirección General de Relaciones Laborales. En este caso, y hasta la fecha, la UGT-A ha interpuesto recurso contencioso administrativo en dos de esas resoluciones por importe de 1,8 millones.
En el caso del SAE, el sindicato UGT ha presentado un recurso en tres de estas resoluciones solicitando la suspensión de la resolución de reintegro por importe de 3,1 millones. El consejero ha asegurado que el Gobierno andaluz no hace una "causa general", sino que se trata de un caso particular que había generado "alarma social", y ha garantizado el rigor de la investigación administrativa que la Junta ha llevado a cabo durante más de un año sobre 21 expedientes de ayudas a UGT y en los que se han detectado que las cantidades "no estaban bien justificadas".
El diputado del PP Rafael Carmona ha llamado la atención por el hecho de que le reclame la devolución de más de la mitad del importe de los expedientes investigados, ya que suman casi 26 millones y les exigen el reintegro de 15,3 millones. También ha emplazado al consejero a que desvele si había o no facturas falsas y, en el caso de que sea así, le ha recordado que está obligado a adoptar actuaciones judiciales por indicios de delitos penales, al tiempo que le ha preguntado si la Junta ha seguido dando subvenciones a UGT tras este caso.
http://www.diariodecadiz.es/article/andalucia/1889170/la/junta/sube/millones/la/cantidad/pide/ugta/por/las/facturas/falsas.html
Es decir, esta norma obliga a los políticos (y gestores públicos) a informar en qué gastan el dinero público y permite a los ciudadanos consultar las subvenciones, los contratos o los sueldos de los cargos públicos, así como solicitar más información al respecto.
La ley establece cerca de cuarenta infracciones, la mayoría muy graves, en materia de gestión económico-presupuestaria y disciplinarias. El régimen sancionador se divide en tres ámbitos: "infracciones en materia de conflicto de intereses, en materia de gestión económico-presupuestaria y en el ámbito disciplinario".
Los ministros o secretarios de Estado que vulneren el Código de Buen Gobierno serán sancionados por el Consejo de Ministros. Los demás altos cargos de la administración estatal serán sancionados por el Ministerio de Hacienda. En el caso de infracciones graves, podrá haber un cese en el cargo político así como una inhabilitación política entre un periodo entre cinco y diez años.
La titularidad del derecho de acceso a la información pública "se reconoce a todas las personas". Los ciudadanos podrán dirigir una solicitud de información adicional al titular del órgano administrativo que posea la información, sin necesidad de motivarla. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante, de la información que solicita y de una dirección de contacto, preferentemente electrónica, a efectos de comunicaciones.
La Ley no permite que se pueda solicitar información de manera anónima.
El Código Ético de la Función Pública del que hemos hablado en innumerables ocasiones establece que los empleados públicos:
Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas.
El poner en conocimiento de los órganos de Inspección presuntas infracciones del ordenamiento jurídico y por una mala administración no protege al denunciante, lo vemos cada día. Lo sentimos en “nuestras carnes” cada día.
Elisa de la Nuez Sánchez-Cascado, Abogado del Estado, nos cuenta como es necesaria en España una ley que proteja a quienes, en la tesitura de cumplir con el código ético no lo hacen “a pecho descubierto” por el acoso laboral (seguridad y salud) que ello supone, y proceden a denunciar hechos demostrados tras el anonimato, y que incluso bajo el anonimato son perseguidos sin rubor por aquellos que hacen de la transparencia y buen gobierno todo lo contrario.
En otros países democráticamente más avanzados y con menores índices de corrupción no solo existe una normativa para proteger a los denunciantes de la corrupción, sino que incluso hay sanciones para los que simplemente intentan averiguar quien ha filtrado o denunciado un caso de corrupción.
En Suecia es delito tratar de averiguar la persona que ha filtrado una noticia. En España es exactamente al revés, los que sufren persecución y acoso son los denunciantes. En definitiva, cada vez que salta un nuevo escándalo de corrupción se busca al “topo” desesperadamente.
Atribuyen a Camilo José Cela la explicación definitiva de la diferencia entre un gerundio y un participio. "No es lo mismo estar dormido que durmiendo, como no es lo mismo estar jodido que jodiendo".
La dicotomía es aparentemente irresoluble. De un lado están los gobernados, en su participio; de otro, los que están gobernando, sacando pecho de su gerundio y de esas medidas duras y difíciles que nunca les afectan a ellos. Están a punto de que les mandemos a freír espárragos, que es infinitivo pero que debiera ser imperativo.
La gravedad de esta situación es evidente. No solo están desactivadas en su mayor parte las alarmas internas del control sino que si algún empleado público honesto se atreve a dar la voz de alarma –ya sea utilizando los medios de comunicación, redes sociales o los recursos disponibles en el ordenamiento jurídico- sobre la existencia de una trama o de un caso de corrupción es perseguido con saña precisamente por aquellos que supuestamente deberían velar porque estos casos de corrupción no sucedan.
Resulta bastante curioso que el alto cargo o gestor público de turno tenga mucho más interés en que no trasciendan los casos de corrupción que en investigarlos, denunciarlos a la Fiscalía o a los Tribunales y exigir las correspondientes responsabilidades.
Las causas de estas conductas resultan difíciles de comprender salvo que los “perseguidores” tengan algún tipo de responsabilidad política o jurídica directa por acción o por omisión en el caso denunciado o que, en el mejor de los casos, sean defensores de una supuesta “razón de Estado” que llevaría a evitar, no ya que los trapos sucios se laven fuera de casa, sino que se laven, a secas.
La excusa, como no, es el énfasis que se pone en España en la protección del honor y la privacidad y por supuesto el uso –y el abuso- de la normativa de protección de datos, refugio ideal para todo el que prefiere no dar a conocer su nómina, sus gratificaciones, productividades o donde viaja con el dinero de los contribuyentes. La normativa de protección de datos de carácter personal no está pensada para la protección de las cloacas.
Pero lo más preocupante es que la reacción sea abrir un expediente informativo para localizar al denunciante, con la colaboración de los funcionarios del organismo en cuestión -suponemos que deseosos de evitar ser confundidos con el topo-. El mundo al revés. Paradoja del Buen Gobierno en el Guadalquivir.
No nos engañemos, mientras los empleados públicos honestos y neutrales no tengan libertad para decir la verdad, no avanzaremos mucho en la lucha contra la corrupción, dado que ellos saben mejor que nadie lo que ocurre en sus lugares de trabajo. Así lo entienden también los informes de la Unión Europea que han estudiado la corrupción en España y que insisten en introducir la protección del whistleblower-denunciante anónimo.
¿Cuánto tiempo?, ¿cuánto sabes?, ¿cuánto tienes?, ¿cuánto vales?...
Nadie, ¿qué sabe nadie?...Si nadie sabe de qué hablo: Detrás de un número de puesto de trabajo existe una persona que intenta frenar injerencias y abusos políticos, víctima de la deshonestidad de los "otros".
Si no se pone remedio a estas situaciones de desamparo, parafraseando a Cela, con tantos usando gerundios (jodiendo), vamos a acabar todos sumidos en el participio (bien jodidos).
Publicado por Plataformaaguapublica en 14:17
http://plataformaaguapublica.blogspot.com.es/2014/10/el-buen-gobierno-en-el-guadalquivir-la.html
A CTA nos llena de asombro e indignación la noticia publicada enCordópolis y otros medios de comunicación de nuestra provincia, en la que se da a conocer que Endesa urge al Juez titular de lo Mercantil número 1 de Córdoba a liquidar ya a Laboratorios Pérez Giménez, y le insta a que dicte “de una vez” sentencia resolutoria sobre el concurso de acreedores en el que está inmerso el Laboratorio.
Queremos hacer saber a toda la sociedad que, en la situación en la que nos encontramos, los que de verdad NO PODEMOS más y ya estamos en la ruina somos los trabajadores del Laboratorio y también los trabajadores de los pequeños acreedores que tendrán que “echar el cierre” tras la liquidación por lotes de la compañía. Que la situación que atraviesan las familias afectadas sí que es verdaderamente grave después de tener pendientes de pago cerca de 30 nóminas, y que a más de uno de nuestros hogares, los que han terminado de dar la puntilla han sido las “eléctricas” con los repetidos cortes de luz que hemos sufrido más de uno, negándonos la poca energía que nos quedaba.
Respetando el derecho que tiene la suministradora a pedir lo que le venga en gana, les recordamos que atenta contra sus propios intereses económicos que la sentencia sea desfavorable, ya que el sentido del concurso es la de salvaguardar los derechos de los acreedores y sería una grave pérdida para todos, entendiendo que una resolución negativa y una venta por lotes sería demoledora para la economía de los trabajadores ya que sólo cobraríamos un ridículo porcentaje de lo que se nos debe, al igual que ustedes y el resto de acreedores que se verían perjudicados por tal decisión. Hablando claramente… que sus 750.000 € quedarían en nada,… en una irrisoria cantidad. Lo que deberían de pedir al Sr. Juez es que no cese la actividad para que así las ofertas por compra sean más sustanciosas y que condene como culpables a todos y cada uno de los gestores (si así se les puede llamar) y a sus cómplices que han pasado en los últimos años por el laboratorio, dado que son los verdaderos causantes de la situación, y que se les exija hasta el último céntimo que han expoliado y malgastado de la compañía y por todo el daño que han causado a las familias de los trabajadores y a la economía de nuestra ciudad; así los trabajadores y acreedores podríamos cobrar algo más de lo que se nos debe, se mantendrían nuestros puestos de trabajo por los que tanto hemos luchado y nuestra maltrecha provincia mantendría una de las pocas industrias que le queda.
Esperamos que todos los trabajadores del Laboratorio, sus familias, vecinos y todos los cordobeses y ciudadanos en general que, por sus exigencias al juez, se sientan dolidos por la “falta de tacto” de Endesa hacia los verdaderos afectados, hagan uso de su derecho a elegir suministradora eléctrica. También le pedimos a la “energética” que intente coordinar y dar un poco de sentido común a sus departamentos de marketing y jurídico, ya que su nueva campaña publicitaria (“Creemos en la energía de este País”) no destila nada más que mentira, demagogia e incoherencia a la vista de los hechos.
Publicado por CTA-LPG en 15:11 http://ctalpg.blogspot.com.es/2014/10/trabajadores-de-perez-gimenez-contestan.html
Fecha del contenido: 30/10/2014
Formalización del contrato de suministro deampliación de la infraestructura de servidores de la Consejería deHacienda y Administración Pública.
Resolución de 16 de octubre de 2014, de la Dirección General de Política Digital de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se anuncia la formalización del contrato de suministro de ampliación de la infraestructura de servidores de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
PDF (BOE-B-2014-38253 - 1 pág. - 162 KB)
b) Descripción: Ampliación de la infraestructura de servidores de la Consejeríade Hacienda y Administración Pública.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 48800000-6.
4. Valor estimado del contrato: 867.768,60 euros.
5. Presupuesto base de licitación. Importe neto: 867.768,60 euros. Importe total:1.050.000 euros.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/30/pdfs/BOE-B-2014-38253.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2014/212/BOJA14-212-00002-18019-01_00057396.pdf
http://juntadeandalucia.es/eboja/2014/211/index.html
Publicado por CTA CÁDIZ en 7:29 No hay comentarios:
Fecha del contenido: 28/10/2014
Acusa a la juez de convertir su juzgado en un "órgano especial de Instrucción" para formar una causa general.
Jorge Muñoz, Sevilla | Actualizado 28.10.2014 - 06:47
La juez Mercedes Alaya, a su llegada a los juzgados de Sevilla. / EFE
Una ofensiva legal en toda regla y con dos frentes bien definidos. La Junta de Andalucía quiere apartar a la juez Mercedes Alaya de la instrucción del caso de los cursos de formación y a la vez ha recurrido ante la Audiencia de Sevilla la petición en la causa de los ERE de entregar todas las actas de los "consejillos" celebrados entre 2001 y 2012, aunque ha decidido colgar estos documentos en su web.
En el primero de los frentes jurídicos abiertos, la Junta pide a la magistrada que se aparte de la investigación de los cursos de formación, al considerar que la remisión a la Guardia Civil del testigo clave, el jefe de departamento de Formación Profesional en Sevilla, Teodoro Montes, vulneró el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que solicita que declare la nulidad del auto de 7 de marzo de 2014, por el que se abren estas diligencias -al considerar que se ha vulnerado el derecho al juez predeterminado por la ley- y se envíe la causa al decanato de los juzgados de Sevilla para su reparto entre los 20 órganos de Instrucción que hay en la capital hispalense. En el escrito, la Junta acusa a Alaya de haber convertido su juzgado en una "suerte de órgano especial de instrucción, que se quiere hacer conocedor de todas las posibles irregularidades o ilícitos penales que acontezcan en el ámbito de la formación dentro de la Consejería de Empleo de la Junta" y de dar lugar a formar una "causa general" contra la Administración.
En un escrito remitido al juzgado de Alaya, los servicios jurídicos señalan que en fechas anteriores al 22 de agosto de 2013, Teodoro Montes acudió a este juzgado para formular denuncia en materia de cursos de formación, y fue entonces cuando se le "indicó que realizara la denuncia ante la Guardia Civil". La representación jurídica de la Junta entiende que el hecho de remitir al denunciante a la Guardia Civil "implica vulnerar el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal", por cuanto este precepto señala que "los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, y al Juez de instrucción".
El Gobierno andaluz subraya que Teodoro Montes, como funcionario que conoce de hechos presuntamente delictivos por razón de su cargo, "bien hizo en acudir a la autoridad judicial para denunciar tales hechos como así era y es su obligación. Es la actuación del juzgado la que no se puede compartir. Atendiendo al texto del artículo 262 de la Lecrim, no es entendible que se remitiera a Teodoro Montes a la Guardia Civil (además a la UCO, cuya sede se encuentra en Madrid) y no a la Fiscalía o al juzgado de Guardia".
El documento concluye que "si se santifica la forma de actuar que en este caso ha servido para que ese juzgado se autoatribuya el conocimiento de esta causa, nada impediría que este mismo juzgado de Instrucción número 6 pudiera conocer ya no sólo de todo lo actuado en el seno del ámbito competencial de la Consejería de Empleo en materia de formación, sino de todo lo actuado en el seno de la Junta, desde su origen y en cualquier materia. Pues bastaría con que cualquier interesado se personara en ese juzgado queriendo denunciar unos hechos presuntamente delictivos, referidos al ámbito competencial de la Junta, para que este juzgado lo derivará a la UCO y ésta a su vez remitiera a ese juzgado aquella denuncia. Tal como ha acontecido en el presente caso".
En el suplico del escrito, la Junta pide que se retrotraiga la presente instrucción al momento en que es recibido el oficio de 13 de septiembre de 2013 de la UCO donde se recoge la denuncia que realiza ante esta unidad, en una doble comparecencia (los días 22 y 27 de agosto de 2013), a fin de que "deduzca el testimonio correspondiente, remitiendo los originales al decanato para su correcto reparto", al tiempo de declarar nulo todo lo actuado desde el auto de incoación de 7 de marzo de 2014.
Para el Ejecutivo autonómico, la toma de declaración de Teodoro Montes no se realizó en el seno de ningunas diligencias previas y tampoco consta que, tras la denuncia, la UCO llevara a cabo diligencia de investigación alguna antes de remitirla al juzgado en un oficio fechado el 13 de septiembre, por lo que "se desconoce el motivo que lleva a la UCO a no remitir inmediatamente a la autoridad judicial o a la Fiscalía la denuncia realizada por el funcionario".
En un oficio del 11 de septiembre de 2013 remitido a Alaya, la UCO analiza la relación del conseguidor de los ERE Juan Lanzas con las empresas de formación y "se alude ya por primera vez a las declaraciones de Teodoro Montes si bien sin adjuntar tales declaraciones". El siguiente paso lo da Alaya, el 12 de septiembre cuando en el marco de la causa de los ERE (diligencias previas 174/11) dicta un auto en el que acuerda testimoniar el atestado 33/2013 de la UCO relativo a las actividades de Juan Lanzas, y ese mismo 12 de septiembre se dicta otro auto por el que se incoan las diligencias previas 6344/13 por malversación y tráfico de influencias y se declara el secreto de sumario. Un día después de incoarse las diligencias previas 6344/13, la UCO remite a Alaya el testimonio de Montes.
La UCO, una vez concluida la declaración del funcionario, el 27 de agosto de 2013, "debió enviar la misma al juzgado decano para su reparto ordinario", sin embargo tarda "16 días" en remitir las declaraciones a la autoridad judicial "sin que exista motivo conocido para ello" y además no lo hace al juzgado decano sino a Alaya.
El Gobierno andaluz recuerda que los hechos ya fueron objeto de una denuncia en mayo de 2012, que investigó y archivó el juzgado de Instrucción número 4 de Sevilla, y añade que el propósito de esa denuncia es "esencialmente el mismo" que el motiva la nueva comparecencia del funcionario ante la UCO, pero no se pidió testimonio de esas diligencias.
"La inaplicación y/o violentación de las oportunas normas de reparto, necesarias y existentes, cuando dentro de un territorio, existen más de un órgano judicial de igual competencia objetiva y funcional, da lugar a una situación que genera una clara inseguridad jurídica, que podría definirse, según la doctrina, como de anarquía competencial y procesal. Así ha acontecido en el presente caso", concluye el escrito.
http://www.diariodecadiz.es/article/andalucia/1886935/la/junta/inicia/una/batalla/legal/para/apartar/alaya/la/causa/los/cursos.html
La Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que se anuncia la licitación
*Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que se anuncia la licitación del servicio que se cita. (PD. 3078/2014).
b) Descripción: Servicios de gestión y dinamización en el equipamiento de uso público Centro de
Visitantes Cortes de la Frontera, t.m. Cortes de la Frontera (Málaga).
d) Lugar de ejecución: Cortes de la Frontera (Málaga).
f) Admisión de prórroga: Doce (12)+ Doce (12) meses.
4. Valor estimado del contrato: 67.800,00 € (IVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación: 82.038,00 € (IVA incluido).
http://juntadeandalucia.es/eboja/2014/210/BOJA14-210-00001-17835-01_00057217.pdf
*Resolución de 22 de octubre de 2014, de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía, por la que se anuncia la licitación del servicio que se cita. (PD. 3079/2014).
b) Descripción: Servicios técnicos para la migración y actualización a la solución Peoplesoft HCM 9.2 en
la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.
4. Valor estimado del contrato: 185.000,00 € (IVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación: 223.850,00 € (IVA incluido).
http://juntadeandalucia.es/eboja/2014/210/BOJA14-210-00001-17837-01_00057219.pdf
Trabajos de análisis de modernización, optimización y mejora de las presas de Olivargas y Cueva de la Mora.
Resolución de la Delegación Territorial de la Consejería Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Junta de Andalucía, por la que se anuncia procedimiento abierto para la contratación del Servicio de Trabajos de análisis de modernización, optimización y mejora de las presas de Olivargas y Cueva de la Mora.
PDF (BOE-B-2014-37708 - 2 págs. - 172 KB)
b) Descripción: Trabajos de análisis de modernización, optimización y mejora delas presas de Olivargas y Cueva de la Mora.
1) Domicilio: Mozárabes, 8.
2) Localidad y código postal: Huelva, 21002.
i) CPV (Referencia de Nomenclatura): 71631400
4. Valor estimado del contrato: 372.648,84 euros.
a) Importe neto: 372.648,84 euros. Importe total: 450.905,10 euros.
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/27/pdfs/BOE-B-2014-37708.pdf
Las presas de Cueva de la Mora y Olivargas, han sido responsabilidad de entidades privadas pero tras la desaparición de estas, su titularidad ha revertido recientemente (año 2013) a la Junta de Andalucía en la zona de Huelva de los Distritos Hidrográfico de Tinto- Odiel – Piedras y Guadalquivir.
Actualmente la Consejería no dispone de los medios materiales suficientes para acometer esta actuación y no pudiendo por tanto realizar los trabajos que requiere una serie de medios humanos y materiales pluridisciplinares y altamente especializados.
Por lo anteriormente expuesto se requiere una contratación externa que complemente y suplan las labores asistencia técnica indicadas (por su grado de especialización, medios materiales especiales o necesidad de personal) no puedan ser afrontadas con el personal propio de la Delegación Territorial de Medio Ambiente.
¿¡Hay dinero para traer a más empresas, ¡¡¡Y YA VEREMOS QUIEN ACABA COGIENDO EL TRABAJO!!!, y no para contratar a personal propio?!.
¡¡¡¡ESPERAMOS ANSIOSOS QUE SAQUEN A CONCURSO LA PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, por incapacidad de gestionar la misma de quien/es la ostentan!!!!
De hace pocos días...para reflexionar
Anuncio de Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía por el que se licita la contratación del NET248455: Servicio de mantenimiento y conservación de las presas de Andévalo, Chanza, Piedras, Los Machos, Corumbel y Jarrama, Provincia de Huelva.
PDF (BOE-B-2014-35918 - 2 págs. - 172 KB)
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/14/pdfs/BOE-B-2014-35918.pdf
Página del documento firmado por el interventor general y dirigido a su subordinado en Empleo.
Un escrito del 18 de octubre de 2004 dirigido por el interventor general de la Junta, Manuel Gómez Martínez, a su subordinado en la Consejería de Empleo muestra que en esa fecha Gómez no ponía inconveniente alguno a la utilización de las transferencias de financiación para “el pago de ayudas excepcionales a terceros”. Por ello, ordenaba al interventor delegado de Empleo, Ramón Gutiérrez de la Chica, que retuviera del presupuesto de la consejería 38,2 millones de euros para “garantizar la suficiencia financiera del instituto [IFA]” con el fin de poder pagar las ayudas sociolaborales comprometidas.
Cuando Gómez firmó esta instrucción ya estaba prácticamente ultimado el informe de 2005 de la propia Intervención General donde se contenía la demoledora frase –repetida en tantos autos judiciales y letal para la imagen pública de la Junta– de que la Consejería de Empleo estaba tramitando “subvenciones excepciones prescindiendo de formal total y absoluta del procedimiento administrativo establecido”.
En una fecha posterior, antes de concluir el año, el interventor levantaría la retención a Empleo para que el dinero fuera enviado al IFA y éste cumpliera sus compromisos de pago, garantizando así “la necesaria salvaguarda de los derechos adquiridos por terceros afectados y nacidos de vínculos jurídicos válidamente establecidos”, dice el texto. Este documento fue aportado por el exinterventor delegado de Empleo Gutiérrez de la Chica en su declaración ante la Guardia Civil el 11 de julio de 2012, y remitido posteriormente a la causa.
NINGÚN PROBLEMA EN OCTUBRE DE 2004…
El primer folio del escrito del interventor a su subordinado hace una referencia inicial al convenio marco de 17 de julio de 2001 entre Empleo y el IFA y a continuación recuerda que ambas partes firmaron, “durante el ejercicio de 2003, convenios de colaboración por los que la Dirección General encarga o encomienda al Instituto el pago de ayudas excepcionales a terceros por importes diversos. En los convenios se prevé la financiación de las ayudas con cargo a transferencias de financiación en la aplicación 0.13.00.01.00.440.51.031L”.
En ese documento, pues, Manuel Gómez admite que se trata de “subvenciones excepcionales” y admite que se pagan “con cargo a transferencias de financiación”, sin mostrar alarma alguna por ello.
Lo que implícitamente parece estar diciendo Gómez en ese escrito es que el procedimiento es válido y que las ayudas que paga el IFA son tan perfectamente legales que hay que preservar los fondos para atenderlas.
No cuestiona, por tanto, la legalidad del método, sino más bien todo lo contrario. Como no cuestiona o al menos no parece alarmarse por el hecho de que “las cuentas anuales del IFA del ejercicio 2003 registran un déficit de financiación por importe de 38.225 miles de euros”.
…Y MUCHOS EN JULIO DE 2005
Las conclusiones, sin embargo, del informe de la Intervención enviado en julio de 2005 al IFA, a Empleo y a Hacienda, son muy distintas, pese a estar redactadas en el mismo periodo de tiempo. En la primera de esas conclusiones se hace referencia a que el IFA ha superado en 38,3 millones de euros el límite de créditos comprometidos en sus convenios con la Dirección General de Empleo. Y ­–con una severidad que contrasta con la descripción que de se mismo hecho hacía el interventor en su instrucción– concluye: “Se han generado así obligaciones para la Junta de Andalucía sin cobertura presupuestaria”.
Las conclusiones 2 y 3 del informe son todavía más contundentes. Decían esto:
“2. El procedimiento administrativo utilizado por la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, transferencia de financiación de explotación, no se considera adecuado para financiar la concesión de ayudas excepcionales efectuada.
3. El desfase financiero y la superación de los créditos que se ha producido, podría haberse evitado con la utilización de la figura de la subvención excepcional”.
En la fecha en que el interventor general firmó la orden dirigida a su subordinado de Empleo, el 18 de octubre de 2004, el informe que contenía esas conclusiones estaba muy avanzado o prácticamente concluido, ya que su versión provisional fue enviada a primeros de enero de 2005 al IFA para que este hiciera las alegaciones que estimara pertinentes.
LA BOMBA INVISIBLE
La instrucción a Gutiérrez de la Chica parece desmentir al propio Manuel Gómez, imputado en la causa de los ERE por la juez Alaya. En la carta remitida en noviembre de 2012 al presidente del Parlamento de Andalucía, Gómez Martínez recordaba que advirtió hasta 15 veces de “las irregularidades que se estaban produciendo en la gestión de las subvenciones del programa 31L y ninguno de los destinatarios de las auditorías hizo absolutamente nada durante casi diez años para corregirlas, cuando podían haber terminado con el nido de corrupción en 24 horas si hubieran tenido voluntad de hacerlo”.
En esa carta, Manuel Gómez llegó a acusar al presidente Griñán de “cebar la corrupta partida presupuestaria de los ERE”. Pero eso fue en 2012: ocho años antes el propio Gómez no parecía ver bomba alguna en pagar “subvenciones excepcionales” mediante “transferencias de financiación”.
Las defensas de distintos imputados han venido alegando que, pese a lo aparatoso del diagnóstico de la Intervención, los reproches no eran más que meras discrepancias de procedimiento que no llegaban ni a irregularidad administrativa, y que por ello la Intervención no emitió el denominado informe de actuación, que habría paralizado los pagos y el propio procedimiento.
La candidez del argumento no aviene bien, sin embargo, con la escandalosa discrecionalidad con que, con cargo a esa partida y con ese instrumento de pago, se concedieron numerosas ayudas a empresas e instituciones sin que saltara ninguna alarma.
De hecho, el uso deliberadamente inadecuado o ilegal de las transferencias de financiación para pagar subvenciones excepcionales es la piedra angular que sostiene todo el edificio de la instrucción de Alaya.
En su escrito al Supremo justificando que la instrucción debe pasar al alto tribual al haber apreciado indicios delictivos en nuevo aforados, la juez Alaya argumenta así la gravedad de haber hecho uso de las transferencias de financiación: “La consecuencia de evitar (…) el crédito adecuado para la concesión de subvenciones y usar para el mismo fin las transferencias de financiación al IFA (…) era permitir de manera intencionada (…) eludir el procedimiento legalmente previsto para el otorgamiento de subvenciones (…) Se producía pues una auténtica subversión del ordenamiento jurídico”.
http://www.andalucesdiario.es/politica/un-documento-embarazoso/
jorge muñoz, sevilla | Actualizado 23.10.2014 - 16:40
http://www.diariodecadiz.es/article/andalucia/1884017/alaya/pide/mas/documentacion/la/junta/la/intervencion/general/y/la/camara/cuentas.html
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/24/
Las aguas bajan revueltas y turbias en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, es época de tormentas. Todo gira alrededor de una ineficiente y caprichosa voluntad todopoderosa y arbitraria.
Desde el nacimiento del río Guadalquivir en Jaén hasta su desembocadura en Cádiz el Guadalquivir es algo más que un río. Un río con “cara” y “cruz”.
Con estupor observamos cómo responsables políticos incumplen, sin ningún pudor, normas de rango superior, cómo critican decisiones de los tribunales cuando consideran que lesionan sus intereses o su ego, cómo los que deberían ser los máximos defensores del entramando institucional se dedican a minarlo. Así las cosas, ¿qué podemos esperar?.
Lo anterior trae causa, inequívocamente, a los Reales Decretos de Transferencia y Devolución del Guadalquivir emanados del Poder Ejecutivo (Consejo de Ministros) y no del Poder Legislativo (Congreso de los Diputados).
Los empleados públicos del Guadalquivir nos acostamos con una decisión del Ejecutivo y nos levantamos con otra distinta sobre el mismo asunto. No sabemos a qué atenernos. Un día se nos obliga mediante Real Decreto a marchar a otra administración pública distinta de la del Estado, generándose con ello unos derechos económicos y profesionales y, al día siguiente se anula lo anterior porque por un “error” se procedió indebidamente.
De la noche a la mañana no sólo se perdieron esos derechos generados, sino unos derechos comunes al resto de empleados públicos de ambas administraciones que estos últimos núnca perdieron.
Estigmatizados, marcados con un hierro candente, y esta vez por decisión del Poder Legislativo, el 31 de diciembre de 2012 tenemos unas garantías y el 1 de enero de 2013 no hay garantía que valga porque “ha cambiado la normativa”.
El tan pregonado principio de seguridad jurídica para los empleados públicos del Guadalquivir es vulnerado reiteradamente pues resulta que este principio está íntimamente ligado a la justicia. Justicia que se ha visto alterada, modificada y violentada con respecto al resto de empleados públicos de todas las administraciones públicas. De todo esto se deduce que los empleados públicos del Guadalquivir afectados por estas decisiones "indebidas" formamos parte de esa minoría que siempre recibe un trato diferente, discriminatorio, por parte de otro individuo o colectivo con mayor poder.
Hoy por hoy, vulnerados los derechos de los afectados por esta "tramitación un tanto gris", el Estado como garante de la protección necesaria y reparación de las infracciones cometidas por su mala administración debe ser responsable de arbitrar los instrumentos jurídicos necesarios para el restablecimiento de los derechos perturbados.
Pero además, así las cosas, ¿qué podemos esperar?, lo anterior lleva a otras causas en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que están siendo objeto de investigación, de inspección, de preguntas ante el Senado y de preguntas ante el Congreso de los Diputados, a raíz de determinadas denuncias de las que se hace eco “El Confidencial” en relación con: presuntas irregularidades en las adjudicaciones realizadas, irregularidades en alguna que otra obra de emergencia como la limpieza y adecuación del cauce del río Guadalquivir a su paso por Córdoba, anormalidad en la externalización de tareas como la vigilancia de la seguridad de las presas y otras funciones de Comisaría de Aguas y de Secretaría General que requieren potestades públicas. Asuntos, parece ser, sobre los que "está actuando el Gobierno con todo rigor", y a cuyas conclusiones habrá que esperar pues el procedimiento sigue abierto.
Como colofón, el negocio de unos pocos con este servicio público (que es de todos) ha quebrado las leyes fabricadas al servicio de los intereses privados, políticos y personales. Así las cosas, ¿qué podemos esperar?.
http://plataformaaguapublica.blogspot.com.es/2014/10/aguas-revueltas-y-turbias-en-la.html
Situación de la Bolsa de Laborales actualizada al día de la fecha.
Listado ordenado por categorías y grupos de la Bolsa de Laborales, actualizados al día de la fecha, con indicación de las Ofertas de Empleo Público a la que pertenecen cada una de las categorías relacionadas (1996-1999, 2003-2005, 2006-2007 y 2009).
Fecha del contenido: 23/10/2014
https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/emp-detail-.html?p=/Categorias_Principales/&c=61657&n=noticias
Alaya advierte que abrirá una causa a quien se querelle contra el testigo clave
La instructora considera que los anuncios de las entidades Faisem y CCOO de demandar al denunciante pueden constituir un delito de obstrucción a la Justicia que "no va a consentir".
Jorge Muñoz, sevilla | Actualizado 23.10.2014 - 09:06
Teodoro Montes, en las inmediaciones de los juzgados del Prado. / Juan Carlos Muñoz
Una defensa a ultranza del testigo clave y un claro aviso a navegantes. La juez Mercedes Alaya, que investiga el fraude de los cursos de formación, elevó ayer el tono de la instrucción judicial al realizar una severa advertencia a las Fundación Pública Andaluza Para la Integración de Personas con Enfermedad Mental (Faisem) y al sindicato CCOO, a los que en una decisión insólita ha avisado de que si se querellan contra el funcionario Teodoro Montes podrían incurrir en un delito de obstrucción a la Justicia que ella misma se encargaría de denunciar.
Durante una nueva comparecencia en el jugado del jefe de departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional, Teodoro Montes, Alaya afirmó que no va "a consentir" ningún tipo de presiones o coacciones al jefe de departamento de Gestión de Formación Profesional Ocupacional, Teodoro Montes. La juez considera que las querellas anunciadas podrían constituir incluso un delito contra la Administración de Justicia por parte de estas entidades.
La Fiscalía Anticorrupción mostró su "conformidad" con el acuerdo de la instructora e incluso pidió que se adopten las medidas legales para declarar "testigo protegido" a Teodoro Montes, quien en los últimos días ha denunciado ante la juez graves y numerosas irregularidades en las actividades formativas financiadas con fondos públicos pero que no ha aportado pruebas. El acuerdo de la juez y la Fiscalía se produjo cuando el denunciante volvió a última hora de la mañana de ayer al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla con la finalidad de proceder a la firma de las actas definitivas de sus declaración, que se ha prolongado durante 31 horas y media a lo largo de siete interminables jornadas.
Cuando la instructora le preguntó si tenía algo más que añadir, Teodoro Montes pidió que se incorpore a la causa para su investigación el expediente de un curso del laboratorio Torrecilla Fuentes al que accedió su hija Jara, después de que se haya difundido que la joven recibió la formación a pesar de que podría no reunir los requisitos.
Al término de la comparecencia, la magistrada anunció sobre las querellas de Faisem y CCOO que "no va a consentir ningún tipo de presión o coacción" hacia el funcionario y advirtió que esa querellas "pueden constituir delitos contra la Administración de Justicia", según dijeron fuentes del caso, que añadieron que la juez afirmó que si el juzgado tiene conocimiento de las demandas "deducirá el oportuno testimonio para que se ventilen en las pertinentes diligencias", es decir, que abrirá una investigación por ese delito.
La Fiscalía Anticorrupción no sólo mostró su "conformidad" con las aseveraciones de la juez, sino que solicitó que se lleve a cabo el acuerdo de la instructora y que además se pongan en marcha las medidas que prevé la ley de Protección de Testigos y Peritos, "con la finalidad de asegurar no solamente la integridad del testigo y su familia, sino también asegurar las resultas del presente procedimiento".
De otro lado, el testigo volvió a pronunciarse sobre las ayudas concedidas a la empresa Prescal del ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda y afirmó que en 2007 o a principios de 2008 esta entidad empezó a tener algún curso, pasando "de la nada a todo".
El denunciante ha opinado que existe un "mapa político" con respecto a la asignación de cursos a los entes locales, destacando asimismo la "pésima programación" de los cursos, en los que además se hacían por la tardes "sin necesidad". Teodoro Montes añadió que aparecieron una "infinidad de fundaciones" y se da un trato singular a algunas entidades.
http://www.diariodecadiz.es/article/andalucia/1883292/alaya/advierte/abrira/una/causa/quien/se/querelle/contra/testigo/clave.html
Reiteramos escrito sobre Agua Potable en los Hurones

References: Resolución 
 resolución 
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Resolución 
 artículo 262
 artículo 262
 artículo 262

Resolución 
 Real Decreto