Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=uriserv:OJ.CE.2013.239.01.0074.01.SPA
Timestamp: 2019-07-23 23:25:30+00:00

Document:
Situación de la mujer en las guerras Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2012 , sobre la situación de la mujer en las guerras (2011/2198(INI))
02/02/2012; fecha de la votación
Parlamento Europeo, Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, Comisión de Desarrollo
consejo, Comisión, Estados miembros - parlamentos
INI 2011/2198
2011/2198/INI
52006IP0245
Situación de la mujer en las guerras
Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2012, sobre la situación de la mujer en las guerras (2011/2198(INI))
Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 10 de diciembre de 1948, y la Declaración y el Programa de Acción de Viena, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 25 de junio de 1993, en particular sus apartados I. 28-29 y II. 38, sobre violaciones sistemáticas, esclavitud sexual y embarazos forzados en situaciones de conflicto armado,
Vistas la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, de 20 de diciembre de 1993 (1),
Visto el nombramiento, en marzo de 2010, de una Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia sexual en los conflictos,
Vistas la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer el 15 de septiembre de 1995, y los posteriores documentos finales aprobados en los períodos extraordinarios de sesiones de las Naciones Unidas sobre Beijing+5 (2000), Beijing +10 (2005) y Beijing +15 (2010),
Vista la Resolución 54/134 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 7 de febrero de 2000, en la que se proclamó el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), aprobado por el Consejo Europeo en marzo de 2011 (2),
Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015» (COM(2010)0491),
Visto el Plan de Acción del Consejo de la UE para la igualdad de género en la cooperación al desarrollo (SEC(2010)0265), que debe asegurar que la igualdad de género se incluya en todo el trabajo de la UE con los países socios a todos los niveles,
Visto el informe de 2011 sobre los indicadores de la UE del Planteamiento global para la aplicación por la Unión Europea de las Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer y la paz y la seguridad (3),
Vistos los indicadores de 2010 del Planteamiento global para la aplicación por la Unión Europea de las Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer y la paz y la seguridad,
Vistos el Planteamiento global para la aplicación por la Unión Europea de las Resoluciones 1325 y 1820 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre las mujeres y la paz y la seguridad (4) y el documento operativo sobre la «Aplicación de la RCSNU 1325, reforzada por la RCSNU 1820, en el contexto de la PESD», aprobados en diciembre de 2008,
Vistas las directrices de la UE sobre la violencia y la discriminación contra las mujeres y las niñas,
Vistas las conclusiones del Consejo de 13 de noviembre de 2006 sobre el fomento de la igualdad entre los sexos y su integración en la gestión de crisis,
Vistas las normas generales de comportamiento del Consejo de 2005 para las operaciones de la PESD (5),
Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado el 17 de julio de 1998, en particular sus artículos 7 y 8, a cuyo efecto se entiende por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual,
Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre el décimo aniversario de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer y la paz y la seguridad (6),
Vista su Resolución, de 7 de mayo de 2009, sobre la integración de la perspectiva de género en las relaciones exteriores de la UE y en la consolidación de la paz y consolidación de los Estados (7),
Vista su Resolución, de 1 de junio de 2006, sobre la situación de las mujeres en los conflictos armados y su papel en la reconstrucción y el proceso democrático de los países en situaciones postconflicto (8),
Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la opinión de la Comisión de Desarrollo (A7-0429/2011),
Considerando los escasos progresos realizados en los últimos diez años desde la aprobación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; considerando que en algunos casos se han fijado cuotas para la participación de las mujeres en los gobiernos y que ha aumentado el número de mujeres en instituciones representativas; considerando que desde entonces se ha impuesto una mayor concienciación con respecto a las diferencias entre los sexos en los conflictos; considerando que, a pesar de los esfuerzos efectuados y salvo contadas excepciones, la participación de las mujeres en las negociaciones de paz sigue siendo inferior al 10 % de las personas que formalmente participan en las mismas (9);
Considerando que se ha creado el cargo, actualmente ocupado por Margot Wallström, de Representante Especial de las Naciones sobre la Violencia Sexual en los Conflictos;
Considerando que la violencia sexual en forma de violaciones en masa, trata de seres humanos y otras formas de abuso sexual de mujeres y niños se sigue utilizando, de modo inaceptable, como táctica de guerra en regiones en conflicto en todo el mundo; considerando que el vacío de poder que se produce en las zonas que han salido de un conflicto puede llevar al deterioro de los derechos de las mujeres y las niñas, como ha ocurrido en Libia y Egipto;
Considerando que los efectos de los actos de violencia sexual cometidos durante las guerras, tanto físicos (riesgo de esterilidad, incontinencia y enfermedades de transmisión sexual) como sicológicos, son devastadores para las víctimas, dado que, con frecuencia, éstas son estigmatizadas, rechazadas y maltratadas y se considera que han sido deshonradas y en muchos casos son excluidas de sus comunidades y, a veces, incluso asesinadas;
Considerando que las familias de las víctimas también resultan gravemente afectadas y sufren la violencia sexual como una humillación; considerando que los niños que son producto de una violación pueden ser objeto de rechazo; considerando que este rechazo puede ser brutal y consistir en el abandono del recién nacido o el infanticidio;
Considerando que la Declaración de Viena, aprobada el 25 de junio de 1993 por la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos, afirma que «los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales»;
Alarmado por el hecho de que, en la mayoría de los casos, los autores de actos de violencia sexual quedan impunes, como muestra el ejemplo de Colombia, donde, en una situación de conflicto armado, la violencia sexual contra las mujeres es una práctica sistemática y encubierta, que goza de total impunidad, y que esta forma de violencia debe ser considerada un crimen de guerra;
Reconociendo el hecho de que las mujeres enroladas en el ejército o que trabajan en organizaciones civiles que participan en el mantenimiento de la paz desempeñan un importante papel como modelos de referencia y mediadores interculturales, que, a nivel local, incentivan la promoción de las mujeres y contribuyen a derribar estereotipos en el caso de los hombres y que también se comunican mejor con las mujeres locales;
Considerando que en la mayor parte de los países no se atribuye una elevada prioridad a la actuación en materia de género, considerándose el género un problema subsidiario y poniéndose como excusa las prácticas culturales, religiosas y socioeconómicas para obstaculizar el progreso en el ámbito de la igualdad de género y de los derechos de la mujer;
Considerando que desde el comienzo mismo de la planificación de misiones civiles y de seguridad ha de hacerse hincapié en la cuestión del género; considerando que las misiones de mantenimiento de la paz han demostrado ser cruciales para la introducción de la perspectiva de género en el ámbito de la prevención, la desmovilización y la reconstrucción tras un conflicto;
Considerando que la historia ha demostrado que la guerra es una actividad fundamentalmente masculina y que, por lo tanto, cabe esperar que las aptitudes específicas de la mujer por lo que respecta al diálogo y la no violencia puedan contribuir muy positivamente a la prevención y gestión pacíficas de los conflictos;
Considerando que la importancia de la participación de las mujeres y de la perspectiva de género se ve reforzada por el hecho de que, cuanto mayor es el número de mujeres que participa en los procesos de resolución de conflictos y de consolidación de la paz, así como en las negociaciones de paz, más son los ámbitos que se abordan para la reconstrucción y la consolidación de la paz: infraestructuras de mercado, carreteras rurales, clínicas, escuelas accesibles, guarderías, etc.;
Considerando que en 2010 se aprobaron 17 indicadores para el planteamiento global (10) y que hasta la fecha se han realizado esfuerzos eficaces para presentar en 2011 el primer informe de supervisión basado en dichos indicadores (11); considerando que son necesarios informes de supervisión globales de la UE basados en una metodología clara y en indicadores adecuados;
Considerando que los Planes de acción nacionales sobre la mujer, la paz y la seguridad son esenciales y deben basarse en normas mínimas europeas uniformes por lo que respecta a sus objetivos, aplicación y supervisión en toda la UE;
Considerando que el 31 de agosto de 2011 la Comisión decidió aportar 300 millones de euros más para la paz y la seguridad en África; considerando que en 2011 al menos 12 países africanos, con una población total estimada de 386 600 000 habitantes, son calificados de regiones actualmente en conflicto;
Considerando que en las situaciones posteriores a los conflictos en las que se están llevando a cabo acciones de reconstrucción y reintegración, los mecanismos y compromisos institucionales en favor de la igualdad de género constituyen primeras medidas eficaces de cara a la protección y la promoción de los derechos de las mujeres; considerando que la participación de todas las partes interesadas, como los gobiernos y los representantes políticos, la sociedad civil y los universitarios, así como la participación directa de las organizaciones, grupos y redes de mujeres —que deberían recibir ayuda política, financiera y jurídica para la elaboración de programas que incluyan a los miembros más vulnerables de la población, como los migrantes, los desplazados internos y las mujeres refugiadas y repatriadas—, constituye una condición previa fundamental para la consolidación de la paz y para la consecución de un desarrollo sostenible y una sociedad democrática que respete los derechos de las mujeres y la igualdad de género;
Considerando que las causas subyacentes de la vulnerabilidad de las mujeres en las situaciones de conflicto residen a menudo en su limitado acceso a, entre otras cosas, la educación y el mercado laboral, y que, por consiguiente, su participación, en igualdad de condiciones, en la economía es una condición previa necesaria para combatir la violencia de género en los conflictos armados; considerando que la participación de las mujeres en la gobernanza, en las mesas de negociaciones y en papeles activos en las transiciones pacíficas, sigue siendo limitada, pero continúa siendo una prioridad máxima y un elemento decisivo para la consecución de la igualdad de género;
Mujeres en puestos de liderazgo en el ámbito de la paz y la seguridad
Pide que la ayuda de la UE a los procesos de paz se condicione a la participación de las mujeres en los equipos internacionales que lideran las negociaciones de paz; pide que se realicen progresos a fin de lograr la inclusión permanente de mujeres dirigentes, organizaciones locales de derechos de la mujer y grupos de la sociedad civil en las negociaciones a lo largo de todo el proceso de paz;
Destaca la importancia del diálogo político para la capacitación de las mujeres, e insta a las delegaciones de la UE a que, en su diálogo político y sobre derechos humanos con el gobierno de acogida, incluyan cuestiones relativas a las mujeres, la paz y la seguridad; exhorta a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y a los Estados miembros a que fomenten y apoyen activamente la capacitación de las mujeres para participar en sus relaciones con los países y organizaciones que no pertenecen a la Unión Europea;
Acoge con satisfacción el Plan de acción de la UE sobre igualdad de género y capacitación de las mujeres en el desarrollo y pide a la Alta Representante de la UE que adopte todas las medidas necesarias para proporcionar formación adecuada y efectiva a los miembros de las delegaciones de la UE en cuanto a los enfoques sensibles al género relativos al mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y la construcción de la paz; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen una prestación de asistencia técnica y financiera adecuada en apoyo de programas que permitan a las mujeres participar plenamente en el desarrollo de las negociaciones de paz y que las capaciten en la sociedad civil en su conjunto;
Insta a la UE y a los Estados miembros a que promuevan activamente el incremento del número de mujeres en el ejército y en operaciones civiles de mantenimiento de la paz, especialmente en puestos de liderazgo, y a este fin pide:
la celebración de campañas nacionales destinadas a promover las fuerzas armadas y la policía como una opción viable tanto para las mujeres como para los hombres, a fin de derribar posibles estereotipos; y que estas campañas incluyan actos informativos y jornadas de puertas abiertas y ofrezcan información objetiva sobre opciones de formación y empleo en las fuerzas armadas,
la revisión de la política de promociones en las fuerzas armadas, para examinar si las mujeres han resultado desfavorecidas en las promociones, a pesar de ser iguales a sus compañeros varones, independientemente de su género,
la inclusión en las fuerzas armadas de políticas orientadas a la mujer, como la posibilidad de gozar de permiso de maternidad,
la promoción de modelos de referencia —mujeres que han sido valientes y que con su actuación han logrado cambios,
la inclusión de más mujeres, especialmente en las operaciones civiles, en puestos de alto rango y en las relaciones con las comunidades locales,
una formación profunda de los hombres y las mujeres que participan en acciones civiles en aspectos relacionados con la cuestión de género, la protección, necesidades específicas y derechos humanos de las mujeres y los niños en situaciones de conflicto y la cultura y las tradiciones de los países de acogida, con el fin de mejorar la protección de los que toman parte en ella e impedir que haya diferencias entre hombres y mujeres en dicha formación;
Pide una financiación adecuada de la UE, inclusive con cargo al Instrumento de Estabilidad, destinada a apoyar la participación efectiva de las mujeres en instituciones representativas a nivel nacional y local y en todos los niveles del proceso de toma de decisiones en el contexto de la resolución de conflictos, las negociaciones de paz, la consolidación de la paz y la planificación posterior a los conflictos, así como su contribución a dichas instituciones;
Señala la necesidad de elaborar un código de conducta para el personal de la UE destinado en misiones militares y civiles en el que se establezca claramente que la explotación sexual constituye una conducta injustificable y criminal, y pide que este código se aplique rigurosamente, mediante duras sanciones administrativas y penales, en casos de violencia sexual cometida por personal de agencias humanitarias, representantes de instituciones internacionales, fuerzas de mantenimiento de la paz y diplomáticos; pide tolerancia cero para la explotación sexual de niños y mujeres en los conflictos armados y en los campos de refugiados y, a este fin, acoge con satisfacción las recientes investigaciones de las Naciones Unidas sobre las denuncias de explotación sexual en que estaban involucrados miembros de sus fuerzas de mantenimiento de la paz en la operación de las Naciones Unidas en Costa de Marfil;
Efectos de los conflictos armados en las mujeres
Condena firmemente el uso continuo de la violencia sexual contra las mujeres como arma de guerra, equiparándolo a un crimen de guerra; reconoce las profundas heridas físicas y psicológicas que estos abusos causan a las víctimas, así como las dramáticas consecuencias para sus familias; hace hincapié en que este fenómeno debe ser abordado mediante programas de apoyo a las víctimas, e insta a la movilización de los líderes políticos con objeto de adoptar una serie de medidas coordinadas para impedir y reducir el uso de la violencia sexual; señala, a este respecto, la continua situación de horror en el Congo; recuerda que entre el 30 de julio y el 4 de agosto de 2010 se perpetraron violaciones colectivas en masa en el distrito minero del Congo oriental, que en 2009 se denunciaron al menos 8 300 violaciones en dicha zona del país y que en el primer trimestre de 2010 se han denunciado al menos 1 244 violaciones de mujeres, lo que supone una media de 14 violaciones al día; señala que esta situación no ha cambiado en 2011; insta a las dos misiones de la UE en la República Democrática del Congo —EUPOL RD Congo y EUSEC RD Congo— a que den la máxima prioridad a la lucha contra la violencia sexual y a la participación de las mujeres en los trabajos de reforma del sector de la seguridad del país;
Destaca que dado que la violencia sexual, que castiga sobre todo a las mujeres y los niños, se ve agravada, entre otros factores, por las diferencias entre géneros, la propagación de la violencia —tanto en general como por la militarización de la sociedad en particular— y el desmoronamiento de la estructura social, se debe prestar especial atención a la prevención de estos crímenes de guerra y asignar recursos al efecto;
Pide a los Estados miembros que promuevan la adopción de medidas destinadas a limitar los efectos negativos de los conflictos armados en la vida familiar;
Pide una mayor cooperación con las organizaciones locales de mujeres con objeto de establecer un sistema de alerta temprana y, si es posible, capacitarlas para impedir los abusos o reducir su incidencia;
Pide a la Comisión que apoye a las agrupaciones locales de la sociedad civil, en particular a las agrupaciones de mujeres y a las agrupaciones cuya actividad es sensible a las cuestiones de género, mediante una financiación accesible y la creación de capacidades, con el fin de que puedan desempeñar plenamente su función de vigilancia, especialmente en el contexto de los Estados fallidos;
Muestra su consternación por que los autores de actos de violencia sexual siguen quedando impunes; pide encarecidamente que se ponga fin a dicha impunidad; insta a las autoridades nacionales a que velen por que se cumpla la legislación relativa a la impunidad y pide que se refuerce el sistema judicial formando a los jueces y fiscales en materia de investigación y sanción de los actos de violencia sexual; pide, por lo tanto, una gran visibilidad y publicidad de los juicios como medio de difundir la idea de que dichas prácticas son intolerables;
Pide que la cuestión de la impunidad sea un factor primordial en las negociaciones de paz, dado que no debe haber paz sin justicia, y que los autores sean juzgados y se enfrenten a las consecuencias penales de sus actos; hace hincapié en que la impunidad no debe ser negociable; lamenta que los procedimientos judiciales contra los autores de actos de violencia sexual en tiempo de guerra suelan ser demasiado lentos, lo que ocasiona más sufrimiento a las víctimas, y, por tanto, pide que se administre una justicia fiable y equitativa dentro de plazos razonables que respete la dignidad de las mujeres víctimas de la guerra;
Destaca que la educación desempeña una función crucial, no solo en la emancipación de las mujeres y las niñas, sino también en la lucha contra los estereotipos y la evolución de la mentalidad de las personas; pide que se lancen campañas de sensibilización o que se refuercen las existentes como parte de los programas educativos, poniendo en primer plano el respeto de la dignidad de las mujeres;
Pide que las fuerzas armadas dispongan de clínicas para mujeres que traten la violencia sexual y psicológica en las zonas de guerra;
Exige que las mujeres víctimas de malos tratos y violencia durante los conflictos puedan presentar denuncias ante tribunales internacionales, en condiciones compatibles con su dignidad y bajo la protección de estos tribunales contra las agresiones físicas y los traumas derivados de interrogatorios en los que no se tiene ninguna consideración por esos traumas; pide que, en esos casos, las mujeres afectadas obtengan reparación, tanto en el plano civil como penal, y que se apliquen programas de ayuda para que puedan lograr su reinserción económica, social y psicológica;
Insta a la UE y a los Estados miembros a que apoyen eficazmente la aplicación de las directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres y las niñas mediante medidas específicas como:
el establecimiento de un sistema eficaz para la supervisión de todos los procedimientos jurídicos, así como de su seguimiento, relacionados con casos de la mencionada violencia;
la adopción de medidas, estrategias y programas que no solo se centren en los aspectos de protección y enjuiciamiento, sino, sobre todo, en la prevención;
programas para la prestación de asesoramiento sanitario y sicológico gratuito a las víctimas de la violencia en su lengua vernácula y de forma acorde con su cultura y costumbres y, cuando sea posible, por parte de médicas;
programas que ofrezcan cursos sanitarios y literatura de fácil acceso, en particular sobre salud reproductiva y sexual, dirigidos a las mujeres y a los hombres, y campañas de sensibilización adaptadas a las culturas de la población a la que van dirigidas;
medidas concretas para garantizar que las mujeres en situaciones de conflicto tienen un acceso justo a los sistemas de sanidad pública (12), en particular, a la asistencia sanitaria primaria, incluida la protección de la mujer y del hijo como establece la Organización Mundial de la Salud (13), y a la atención ginecológica y obstétrica;
elaboración de programas de protección de los testigos, a fin de proteger a las víctimas y alentarlas a que, bajo garantía de protección, comparezcan y testifiquen contra sus agresores;
Subraya la importancia crucial de velar por que las mujeres estén en situación de igualdad en los procesos de reforma de la justicia o en los procesos de justicia de carácter transnacional a fin de que puedan abogar de manera eficaz por la aplicación de la igualdad de derechos en los sistemas judiciales nacionales;
Pide a la Comisión, al SEAE y a las delegaciones del Parlamento que busquen modos de promover la firma, ratificación y puesta en práctica del Estatuto de Roma de 1998 (por lo que respecta a la Corte Penal Internacional) por los países en desarrollo que aún no lo han hecho, como medida necesaria para la protección de los derechos sexuales de las mujeres en tiempos de guerra y para evitar la impunidad de los autores de los delitos;
Condena la toma de rehenes y pide un castigo más severo para la utilización de escudos humanos durante los conflictos;
Pide que las mujeres prisioneras sean alojadas separadas de los hombres, en particular para evitar abusos sexuales;
Subraya la importancia del derecho a conocer el destino de los familiares desaparecidos, y pide a las partes de los conflictos armados que adopten todas las medidas posibles para dar cuenta de las personas dadas por desaparecidas;
Pide disposiciones específicas que, como ámbitos prioritarios del Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo para el periodo 2014-2020, proporcionen protección adicional a las mujeres contra las violaciones, la prostitución forzada y todo atentado a su pudor, así como una asistencia especial a las mujeres embarazadas y a las madres de niños pequeños en lo que se refiere a la provisión de alimentos, vestimenta, evacuación, transporte y servicios médicos, a fin de evitar embarazos indeseados y enfermedades de transmisión sexual;
Pide a la Comisión que examine la posibilidad de crear unidades de respuesta rápida compuestas por personal formado (como médicos, psicólogos, sociólogos, asesores jurídicos, etc.) destinadas a prestar asistencia inmediata e in situ a las víctimas de delitos de género;
Acoge con satisfacción la aprobación de la Resolución 1960 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en la que se pide información detallada sobre los presuntos autores de actos violencia sexual durante conflictos armados; insta a los Estados miembros a que redoblen sus esfuerzos para la aplicación de la Resolución 1960;
Pide que se analice la posibilidad de indemnizar adecuadamente a las víctimas, teniendo en cuenta asimismo las repercusiones psicológicas para sus familias e hijos, de conformidad con el Derecho nacional e internacional aplicable;
Pide a la Comisión y a los Estados miembros que capaciten a las mujeres por lo que respecta a sus derechos y acceso a la tierra, a las sucesiones y al crédito y al ahorro en las situaciones posteriores a un conflicto, en particular en los países en los que los derechos de propiedad de las mujeres no son jurídicamente vinculantes o no están reconocidos socialmente;
Subraya la necesidad de sustituir la imagen de las mujeres como víctimas vulnerables por una imagen de las mujeres como grupo altamente diferenciado de actores sociales que poseen recursos y capacidades valiosos y que tienen sus propias prioridades; señala que las mujeres influyen en el curso de los acontecimientos y que deben configurar el proceso de desarrollo; considera que las mujeres que han sido víctimas de la guerra deberían dejar de ser vistas solo como tales y ser consideradas agentes de estabilización y de resolución de conflictos; subraya que las mujeres en general solo podrán desempeñar ese papel cuando se encuentren representadas en condiciones de igualdad en el proceso decisorio a nivel político y económico;
Señala que el grado de comprensión sobre el papel de las mujeres en las sociedades de posguerra y su contribución a la reconstrucción debe ir mas allá de la retórica universalista sobre la experiencia de las mujeres en tiempos de guerra, y que debe reconocerse la especificidad y la diversidad de las experiencias de las mujeres;
Pide que en el seno del SEAE se cree el puesto de Representante especial de la UE para las mujeres, la paz y la seguridad, con objeto de incorporar transversalmente la perspectiva de género y establecer una mejor colaboración con su homólogo de las Naciones Unidas; pide que, a fin de asegurar coherencia y eficacia, todas las políticas, grupos de trabajo y unidades/puntos de contacto pertinentes de la UE que se ocupan de las cuestiones de seguridad y género sean coordinados por dicho Representante especial y estén vinculados a él, y que se apliquen de modo sistemático, coherente y exhaustivo las estrategias y acciones que se aprueben;
Pide que se apoye y reconozca al Grupo de trabajo informal sobre mujeres, paz y seguridad;
Pide que se preste especial atención a la integración de la perspectiva de género en el contexto de la investigación sobre la paz, la prevención y resolución de conflictos, las operaciones de mantenimiento de la paz y la rehabilitación y reconstrucción postconflicto, así como que los documentos de estrategia nacionales incluyan la integración de la perspectiva de género;
Alienta firmemente al SEAE, a la Comisión y a los Estados miembros a que incorporen las cuestiones de desarrollo – en particular el reconocimiento del derecho de las madres a recibir protección y apoyo y a cuidar y educar a sus hijos, así como la salud y la seguridad económica de las mujeres, prestando especial atención a los derechos de propiedad, en particular en relación con la propiedad y el cultivo de la tierra – en las acciones que afecten a las mujeres en zonas de conflicto;
Acoge con satisfacción la decisión de la UE de adoptar una lista de 17 indicadores de aplicación para evaluar su propia actuación en materia de cuestiones de género en países frágiles, en situación de conflicto y de postconflicto; señala que es necesario mejorar esos indicadores, que deben incluir asimismo medidas cualitativas; pide a la Comisión y al SEAE que tengan en cuenta las conclusiones de este proceso de evaluación durante las fases de programación y puesta en práctica;
Pide al SEAE, de conformidad con el artículo 9 de la Decisión 2010/427/UE del Consejo de 26 de julio de 2010, que asegure que la programación, aplicación y seguimiento de las iniciativas por país para promover la perspectiva de género en situaciones de preconflicto, conflicto y postconflicto se gestionan a nivel de delegación con el fin de abordar mejor las características de cada contexto y la posible existencia de una dimensión regional;
Insta a los Estados miembros a que aprueben, apliquen y supervisen sus Planes de acción nacionales sobre las mujeres, la paz y la seguridad; reitera su llamamiento a la UE y a los Estados miembros para que, en sus planes y estrategias, elaboren una serie de normas mínimas que comprendan objetivos realistas con indicadores específicos, criterios de referencia, plazos, presupuesto asignado y un mecanismo de supervisión eficaz; destaca la importancia de la participación de las ONG en la elaboración, aplicación y supervisión de los planes de acción;
Insta a la UE a que vele por una contratación equilibrada en las misiones y operaciones y a que promueva a más mujeres a puestos directivos, por ejemplo como jefas de delegación de la UE en terceros países y jefas de misión de la UE;
Pone de relieve la petición de la Comisión de que la UE apoye a terceros países en el cumplimiento y la aplicación de obligaciones internacionales como las derivadas de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Programa de Acción de El Cairo, la Plataforma de Acción de Beijing y la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas;
Apoya firmemente la inclusión, en la misiones que se lleven a cabo en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) y en las delegaciones de la UE, de asesores en materia de igualdad entres los sexos o de puntos de contacto en la misma materia, e insta a la Alta Representante/Vicepresidenta a que impida la duplicación de funciones y a que las dote de recursos y autoridad adecuados;
Subraya la importancia de las campañas de sensibilización en la lucha contra los estereotipos, la discriminación (por motivos de género, de cultura o de religión) y la violencia doméstica, así como la importancia de la igualdad de género en general; observa que estas campañas deberían complementarse con la promoción de una imagen positiva a través de modelos de referencia femeninos en el contexto de los medios de comunicación, la publicidad, los materiales educativos e Internet;
Pide que se instauren procedimientos públicos de denuncia adecuados en el contexto de las misiones de la PCSD, dado que ello favorecería especialmente la denuncia de actos de violencia sexual y de género; pide a la Vicepresidenta/Alta Representante que, en la evaluación semestral de las misiones de la PCSD, incluya un informe detallado sobre las mujeres, la paz y la seguridad; recuerda que las misiones de la PCSD son una de las herramientas más importantes de que dispone la UE para demostrar su compromiso con los objetivos de las Resoluciones 1820 y 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en los países y las regiones afectados por crisis;
Pide que se asigne un presupuesto específico para la evaluación y supervisión de los datos recabados sobre la base de los indicadores elaborados a nivel de la UE; pide que se prevean líneas presupuestarias específicas para expertos en materia de igualdad entre hombres y mujeres, así como proyectos y actividades sobre las mujeres, la paz y la seguridad en las misiones de la PCSD;
Pide a la Autoridad Presupuestaria de la UE que aumente los recursos financieros destinados a la promoción de la igualdad de género y los derechos de la mujer en los futuros instrumentos de financiación del desarrollo para el período 2014-2020;
Pide a la Alta Representante de la UE y a la Comisión que adopten las medidas necesarias para mejorar la complementariedad y oportuna movilización de todos los instrumentos financieros de la acción exterior de la UE, a saber: el Fondo Europeo de Desarrollo, el Instrumento de Cooperación al Desarrollo, el Instrumento de Vecindad y Asociación Europea, el Instrumento de Asistencia a la Preadhesión, el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos y el Instrumento de Estabilidad, con el fin de evitar la fragmentación de la respuesta de la UE a la situación de las mujeres en las guerras;
Pide un apoyo específico del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para la recopilación, procesamiento y difusión de prácticas eficaces en materia de integración de la dimensión de género en la aplicación de los indicadores de Beijing en el ámbito de las mujeres y los conflictos armados;
Destaca la importancia de la Asociación entre la Comisión Europea y las Naciones Unidas sobre la igualdad de género para el desarrollo y la paz, cuya finalidad es buscar soluciones para integrar la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres en nuevas modalidades de ayuda, prestar ayuda a los esfuerzos de los socios nacionales por dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales relativas a la igualdad de género y completar su compromiso con la igualdad de género con dotaciones económicas adecuadas en los programas y presupuestos de desarrollo nacionales; destaca que este proyecto se centra específicamente en el papel de las mujeres en situaciones de conflicto y posteriores a un conflicto, y en especial en la correcta aplicación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
Pide que, cuando ofrezca ayuda para la reconstrucción tras un conflicto, la Unión se centre en la creación de escuelas para mejorar la educación de los niños y las niñas;
Acoge con satisfacción las diferentes iniciativas de creación de indicadores específicos de alerta rápida relacionados con el género y de vigilancia de conflictos, como las adoptadas por ONU Mujeres, el Consejo de Europa, la Fundación suiza para la Paz, International Alert y el Forum on Early Warning and Early Response;
Hace hincapié en la importancia de poner a las mujeres en el centro de las políticas de abastecimiento de agua, salubridad e higiene en zonas que sufren o han sufrido un conflicto; destaca, por consiguiente, la importancia de aumentar el acceso al agua potable salubre, a unas condiciones de salubridad adecuadas y al agua para usos productivos;
Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos de los Estados miembros.
(2) Anexo a las conclusiones del Consejo de 7 de marzo de 2011.
(3) Documento 09990/2011 del Consejo de 11 de mayo de 2011.
(4) Documento 15671/1/2008 del Consejo de 1 de diciembre de 2008.
(5) Documento 08373/3/2005 del Consejo de 18 de mayo de 2005.
(6) Textos Aprobados, P7_TA(2010)0439.
(7) DO C 212 E de 5.8.2010, p. 32.
(8) DO C 298 E de 8.12.2006, p. 287.
(9) Ten-year Impact Study on Implementation of UN Security Council Resolution 1325 (2000) on Women, Peace and Security in Peacekeeping, Informe definitivo para el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno, 2010.
(10) Documento 11948/2010 del Consejo de 14 de julio de 2010.
(11) Documento 09990/2011 del Consejo de 11 de mayo de 2011.
(12) Como se establece en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Carta Social Europea (revisada) del Consejo de Europa, parte I, principio 11.
(13) 56a Asamblea Mundial de la Salud A56/27, punto 14.18 del orden del día provisional, 24 de abril de 2003, Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata: 25o aniversario, Informe de la Secretaría.

References: Resolución 

Resolución 
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 Resolución 
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 artículo 9
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 artículo 25