Source: https://issuu.com/comitecerezo/docs/manual_desaparicion_forzada
Timestamp: 2016-07-26 10:24:14+00:00

Document:
Manual ¿Que hacer en caso de desaparición forzada? by Comité Cerezo México - issuu
驴Qu茅 hacer en caso de
Desaparici贸n Forzada?
A exigir nuestro derecho a no ser
detenido-desaparecido por el Estado
Por la presentaci贸n con vida de los desaparecidos
Desaparición Forzada?
Comité Monseñor Romero, Comité Cerezo México,
Comité Hasta Encontrarlos, Nacidos en la Tempestad. A.C
Primera edici贸n 2010
Impreso y hecho en M茅xico
A Silvano Cantú Martínez de la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
A la Comisión de Mediación entre el gobierno federal
y el PDPR-EPR (COMED)
Elementos para identificar una desaparición forzada ........12
1. ¿Qué es la desaparición forzada de personas?......................12
2. La desaparición forzada como crimen contra la
humanidad de carácter múltiple, continuo,
imprescriptible y pluriofensivo .............................................14
3. La desaparición forzada y sus efectos psicosociales ..............17
Impacto psicosocial de las desapariciones.............................18
Impacto socioeconómico de las desapariciones....................19
Cuestiones sobre la seguridad de las familias
de los desaparecidos..........................................................19
Retos administrativos relacionados con el estatus
de persona desaparecida ...................................................19
4. La desaparición forzada como un mecanismo
de represión del Estado Mexicano .....................................20
Pasos a seguir ante una desaparición forzada......................23
5. Herramienta jurídica ante la desaparición forzada ...........23
6. Herramienta de derechos humanos ante
la desaparición forzada ........................................................31
¿Por qué es necesaria la documentación
en los casos de desaparición forzada?...............................31
a) La relatoría de hechos .......................................................32
b) Entrevista a una víctima de violación a los
derechos humanos (familiar o testigo del hecho) ............33
c) Llenar la Ficha de Desaparecido.......................................34
Formulario para enviar información sobre la
Desaparición Forzada o Involuntaria de
una persona.......................................................................34
Mecanismos de respuesta inmediata.....................................38
Acción urgente ......................................................................38
Cartas a la autoridad .............................................................38
7. Herramienta de denuncia pública (mediática)..................42
Boletín de prensa...................................................................42
Conferencia de prensa...........................................................43
Mecanismos para llamar al apoyo y solidaridad
de otros grupos, organizaciones y personas solidarias.....43
Solicitud de apoyo .................................................................43
Solicitud de adhesión a un pronunciamiento .......................44
Declaración urgente..............................................................44
Campañas ..............................................................................45
8. Herramienta de la movilización (plan de acción).............45
9. Herramienta psicosocial......................................................45
10. Cómo recurrir a las instancias internacionales.................47
(CIDH) .............................................................................47
Humanos de la ONU .......................................................49
Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas
o Involuntarias de una persona de la ONU .....................50
11. Formulario para acudir a instancias internacionales.......50
12. Algunos antecedentes históricos
de la desaparición forzada...................................................55
Anexos ........................................................................................61
Ante la situación alarmante de violaciones a los derechos
humanos y el incremento de casos de desapariciones forzadas en México, organizaciones de derechos humanos, sociales y de familiares de víctimas, decidimos emprender actividades conjuntas, lanzando una Campaña Nacional
contra la Desaparición Forzada de Personas, con la finalidad de exigir al Estado mexicano la presentación con vida de
todas las personas desaparecidas del país y el juicio y castigo a los responsables intelectuales y materiales de este crimen contra la humanidad.
En el marco de esta Campaña se presenta el Manual: ¿Qué
hacer en caso de desaparición forzada?, cuyo objetivo general es
proveer de información a la sociedad para identificar esta
grave violación a los derechos humanos y describir las herramientas jurídicas, de derechos humanos, mediáticas, psicosociales y políticas que pueden emplear los familiares, los
abogados o las organizaciones de derechos humanos que se
enfrentan ante este crimen contra la humanidad.
Este Manual está dirigido a toda la sociedad en su conjunto, si bien es cierto que históricamente el delito de la
desaparición forzada surgió como un método para reprimir
la lucha social, éste se ha extendido a otros sectores, por lo
que cabe hablar de desapariciones políticas y civiles. Por
consiguiente, consideramos que este manual puede ser de
gran utilidad a cualquiera, tanto para prevenir que una detención arbitraria devenga en una desaparición, como para
ayudar a los agraviados a tomar medidas inmediatas enca9
minadas a presionar al gobierno para que esclarezca el paradero de los detenidos-desaparecidos.
El miedo a las represalias, el desconocimiento sobre la
caracterización del delito de desaparición y la ausencia de
instancias cercanas y confiables a las cuales acudir, han ocasionado que muchas familias opten por no denunciar sus
casos, por lo que no hay una cifra aproximada del número
total de desapariciones forzadas a nivel nacional. Sin embargo, de acuerdo con los datos que manejan diversas organizaciones de derechos humanos, podría haber más de
1200 desaparecidos por razones políticas (desde 1968 a la
fecha),1 y un número indeterminado, pero no menor a tres
mil, de desaparecidos civiles.2
La falta de justicia para las víctimas de desaparición forzada es del 100%. Las más de seiscientas denuncias penales
que se han presentado ante la Procuraduría General de la
República (PGR) por desaparición forzada han sido incorrectamente tipificadas como “privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro”, delito que sólo
puede cometer un particular. Esta argucia favorece el deslinde institucional, por consiguiente, ningún servidor público ha sido consignado ni sentenciado por el delito de
desaparición forzada. La impunidad para los autores intelectuales y materiales de las desapariciones forzadas es absoluta.
Es momento de tomar conciencia de la gravedad del problema y de buscar soluciones de fondo para contrarrestar el
patrón estructural de violaciones graves a los derechos humanos e impunidad absoluta. Las medidas que propone este
Manual poco pueden hacer contra la negligencia instituhttp://www.desaparecidos.org/mex/
Podría haber más de 600 casos tan sólo entre 2006 y mediados de 2008. Gloria
Leticia Díaz, “El nuevo miedo: desaparecer”, Proceso, no. 1651, 22 de junio de
2008, p. 6-12.
cional y la falta de voluntad política de las autoridades para
acabar, aclarar y juzgar las desapariciones, pero representan un apoyo indispensable para las víctimas. Confiamos en
que el presente Manual llegue a las regiones del país que
han sido especialmente afectadas por la violencia que desde
hace décadas ejercen las corporaciones policíacas, militares,
los grupos paramilitares y del crimen organizado. Es nuestro deseo que las personas que sufren en silencio las consecuencias de una desaparición forzada sepan que no están
solas y que hay medidas que pueden y deben adoptar si se
deciden a emprender la lucha por la memoria, la verdad y la
justicia. Del mismo modo, esperamos que cualquier persona que lea este Manual, comprenda que la lucha contra la
desaparición forzada está intrínsecamente relacionada con
el saneamiento de las instituciones de la república, ya que no
es posible la existencia de democracia y libertad mientras
existan los desaparecidos.
Elementos para identificar una
1. ¿Qué es la desaparición forzada de personas?
La definición legal más aceptada de la desaparición forzada
en el derecho internacional humanitario es la que aparece
en el preámbulo de la Declaración de Protección de Todas
las Personas Contra las Desapariciones Forzadas de 1992.
[…] desapariciones forzadas, es decir, que se arreste,
detenga o traslade contra su voluntad a las personas,
o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna
otra forma por agentes gubernamentales de cualquier
sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su
apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, y que luego se niegan a revelar la suerte o
paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así de la protección de la ley, […]3
En esta definición se pueden identificar tres elementos,
que desglosamos para su análisis:4
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/%28Symbol%29/A.RES.47.133.
Sp?OpenDocument
4 Este apartado fue tomado del manual: “Usar el derecho contra las desapariciones forzadas. Guía práctica para familiares de personas desaparecidas y ONGs”,
Utrech, Aim for human rights, 2009, p. 20, versión digital en:
http://www.ediec.org/es/biblioteca/item/id/520/
1. Que se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a personas, o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma. La detención o privación
de libertad puede tomar muchas formas. Todas las situaciones de privación de libertad pueden conducir a la
desaparición forzada. En algunos casos la persona que
desaparece ya estaba detenida, a veces incluso por motivos legales. En muchos otros casos, la desaparición comienza al hacer prisionera a la persona fuera de un lugar
oficial de detención.
2. Que la detención sea llevada a cabo por funcionarios
gubernamentales de cualquier sector o nivel, por
grupos organizados o por particulares que actúan en
nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento. El gobierno
es el conjunto de los órganos directivos del Estado, por lo
que las detenciones son realizadas por agentes estatales.
Referirse al “Estado” como autor de las desapariciones
forzadas puede sonar muy abstracto, pero esto se traduce en la inclusión de todas las personas y entidades cuyo
funcionamiento pueda vincularse a la responsabilidad del
Estado. Las personas que cometen o participan en las desapariciones a menudo son individuos o grupos contratados por el Estado, como soldados, policías o agentes de
seguridad. También pueden ser otros actores que operan
con instrucciones de las autoridades o instituciones del
Estado, o que tienen la aprobación del mismo, como por
ejemplo los miembros de las patrullas de autodefensa, las
milicias privadas u otros grupos parapolicíacos y paramilitares que cometen crímenes siguiendo las instrucciones
de autoridades o instituciones estatales. Sin embargo,
cuando intervienen dichos actores en las desapariciones
forzadas, es difícil probar la conexión entre el Estado y
las personas que realmente ejecutaron la desaparición.
3. Que después los funcionarios gubernamentales se
nieguen a revelar la suerte o el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad,
sustrayéndolas así a la protección de la ley. La negativa u ocultación de información es un elemento sustancial del delito, por lo que no son válidas las declaraciones
en torno a la posible muerte de la víctima, mientras no
haya un esclarecimiento oficial de los hechos.
imprescriptible y pluriofensivo
En el ámbito de los derechos humanos, la desaparición forzada está clasificada como un delito de lesa humanidad de
carácter múltiple, continuo, imprescriptible y pluriofensivo.
Las desapariciones forzadas cometidas “de forma masiva y
sistemática” están consideradas en todo el mundo como crímenes contra la humanidad, a los cuales se les aplican jurisdicciones y sanciones específicas. Sin embargo, determinar si ciertas desapariciones forzadas se consideran “un
crimen contra la humanidad” o no depende de diferentes
acuerdos (legales) y/o normativas de los tribunales o cortes.5
La desaparición forzada es uno de los delitos más complejos que puedan existir, ya que tiene un carácter múltiple,
porque viola todos los derechos humanos fundamentales,
como el derecho a la libertad, a la dignidad y a la seguridad.
Como una desaparición crea condiciones en las cuales la
persona detenida está totalmente a merced de las personas
que le han detenido y se encuentra incomunicada, el derecho a las condiciones de detención adecuadas, el derecho a
un juicio justo y el derecho a la representación legal tamIbidem, p. 22
bién se violan. Como en una desaparición los autores por lo
general buscan obtener información de la víctima, ésta corre
el peligro de ser torturada. Como una desaparición crea las
condiciones y el riesgo para el detenido de ser asesinado sin
que queden pruebas, las desapariciones forzadas también se
consideran una violación del derecho a la vida. En muchos
casos de desaparición, se niega la mera existencia de la persona, por lo que se puede deducir fácilmente que se violan
fácilmente todos sus derechos. Recientemente el derecho a
no estar sujeto a una desaparición forzada y el derecho a saber la verdad se han nombrado explícitamente en una convención como dos nuevos derechos humanos específicos.
En resumen, la desaparición forzada viola los siguientes
derechos humanos fundamentales:
• el derecho a la integridad personal;
• el derecho a no ser arbitrariamente privado de
• el derecho a ser protegido por la ley;
• el derecho a ser reconocido como persona
• el derecho a no ser sometido a tortura o
tratamiento cruel, inhumano o degradante;
• el derecho a no ser desaparecido;
• el derecho a la verdad;
La desaparición forzada en algunos casos también puede
• el derecho a la libertad de pensamiento
• el derecho de asociación;
• el derecho a la libertad religiosa;
• los derechos de la familia y del niño;
• la prohibición general de todas las formas de
discriminación.6
La desaparición forzada y las violaciones que con ella se
generan, constituyen delitos de carácter continuo o permanente, debido a que se consuman momento a momento,
durante todo el tiempo que la víctima se encuentra desaparecida.
Los delitos no finalizan hasta que la desaparición se aclara. La aclaración sólo se considera suficiente cuando la persona desaparecida es presentada viva o, en caso de muerte,
sus restos se exhuman, se identifican y se devuelven a sus
familiares. Por consiguiente, las desapariciones son casos
del presente, sin importar que hayan ocurrido hace años o
Cuando se determina que una desaparición forzada es un
delito de lesa humanidad, se aplica el principio de imprescriptibilidad. En México, la Suprema Corte de Justicia de
la Nación (SJCN) estableció que el plazo para la prescripción del delito, en general, empieza a correr hasta que la
víctima es encontrada, viva o muerta.
Finalmente, la desaparición forzada es un fenómeno pluriofensivo, porque viola los derechos humanos tanto de la
persona desaparecida como de sus familiares, que se convierten en víctimas indirectas. La jurisprudencia internacional considera que la angustia, la incertidumbre, el sufrimiento, el miedo y el estrés causados a los familiares por la
desaparición de su ser querido constituyen una forma de
tortura o tratos crueles e inhumanos, además de que se viola
6 “Una guía de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada”, p. 6, versión electrónica en:
http://www.apdh-argentina.org.ar/relaciones_internacionales/2009/desaparicionforzada.pdf
su derecho a la vida familiar.7 Asimismo, el sentimiento de
inseguridad que genera esta práctica tiene efectos devastadores en las sociedades en las que se practica.
3. La desaparición forzada y sus efectos psicosociales
Desde el momento en que desaparece una persona, sus familiares están sometidos a un gran sufrimiento y a una variedad de dificultades prácticas. Mientras que para muchas
familias la necesidad de verdad y justicia es su prioridad central y emplean la mayor parte de su tiempo presionando
para que se investigue, otras familias necesitan una respuesta humanitaria mayor.8
Algunas de las dificultades que enfrentan las familias aparecen de forma inmediata, mientras que otras pueden tardar meses o incluso años en manifestarse. No todas las
familias reaccionan igual ni priorizan sus necesidades de la
misma forma. Depende mucho del estatus socioeconómico,
cultural y político de la familia.
El Estado está obligado a ofrecer asistencia humanitaria
inmediata a las familias después de que se produzca una desaparición. No significa que al prestar esta asistencia el caso
se cierre o se absuelva al Estado de su responsabilidad. Tampoco significa que el Estado reconozca simbólicamente que
es culpable de las desapariciones. Sin embargo, no ofrecer
estas medidas significará que el Estado no acata sus obligaciones.
7 Juan Carlos Gutiérrez Contreras, coord. Noche y niebla. Por los caminos de la
impunidad en México. Un estudio sobre tortura, desaparición forzada y justicia
militar. México, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos, A. C., 2009, p. 78.
8 Este apartado fue tomado del manual “Usar el derecho…”, op. cit. p. 113-114
Impacto psicosocial de las desapariciones
Una desaparición forzada puede tener un impacto profundo
y traumático en las familias y las comunidades. Muchos familiares de personas desaparecidas luchan con problemas
psicológicos y de salud, como estrés, depresión, ansiedad,
aumento de la tensión y problemas para dormir. Estos problemas pueden persistir durante un largo periodo y afectar
al funcionamiento de un sistema familiar completo.
La incertidumbre que causa la desaparición es permanente. No saber si el desaparecido está vivo o muerto genera una ambigüedad extremadamente angustiante. Ignorar
el destino y estado del ser querido, provoca que los familiares presupongan que está siendo torturado. El deseo de
liberarlo del sufrimiento ocasiona que se presentan ilusiones, ideas recurrentes de reencuentro donde los familiares
creen, por ejemplo, que lo han visto entre la gente.
Por otra parte, existe una alteración del proceso de duelo: no es posible el entierro del familiar pues no está muerto; no hay cuerpo para enterrar, pero tampoco la certeza de
que está vivo. Hasta que no aparezca y se sepa de su paradero siempre se tendrá la esperanza de encontrarlo.
El duelo inconcluso genera crisis emocionales y, como
consecuencia,se generan bloqueos para desarrollar proyectos personales y se dificulta seguir con las actividades habituales del trabajo y del hogar. Es recomendable que se
busque atención médica especializada y que se recurra a la
ayuda psicológica o psiquiátrica.
Con la desaparición se busca generar el aislamiento y el
silenciamiento de aquellos relacionados con el desaparecido. Frecuentemente, los vecinos, los amigos y otros
miembros de la comunidad evitan el contacto con los familiares de personas desaparecidas. Es altamente recomendable que las familias de los desaparecidos entablen comuni-
cación entre sí, a fin de que rompan el cerco social y tejan
lazos de solidaridad.9
Impacto socioeconómico de las desapariciones
Las desapariciones pueden causar una serie de problemas
socioeconómicos en las familias. La persona desaparecida
normalmente trabajaba y a menudo era la única persona de
la familia con ingresos. La pérdida de su sueldo puede producir un impacto profundo e inmediato en las familias. Además de la pérdida de este sueldo, muchas familias no tienen
acceso a las cuentas del banco y a las pensiones de la persona
desaparecida debido a la falta de claridad de su estatus social. Las desapariciones también pueden suponer nuevos
gastos para una familia. Es posible que tengan que emplear
más tiempo y recursos en buscar a su ser querido. A esto se
suma el alto costo de los servicios de un abogado. Ser familiar de alguien que ha desaparecido también puede causar un estigma que haga más difícil encontrar trabajo.
de las familias de los desaparecidos
Buscar a una persona desaparecida pone a los familiares y a
los que trabajan con ellos en riesgo de convertirse en víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos por parte
de funcionarios del Estado, por lo que, si es el caso, deberán acudir a instancias internacionales en busca de protección (véase apartado 11).
Retos administrativos relacionados
con el estatus de persona desaparecida
El estatus legal ambiguo de la persona desaparecida puede
crear problemas a las familias a la hora de realizar tareas ad9
ministrativas como divorciarse, tramitar una pensión o una
herencia. Se recomienda que las familias exijan a las autoridades que se les extienda un certificado de “Ausencia por desaparición” para poder realizar estos trámites.
de represión del Estado Mexicano
Una de las principales dudas que aqueja a las víctimas de
una desaparición es: ¿por qué las autoridades no siguieron
un proceso legal contra los detenidos-desaparecidos, a quienes se les acusaba de haber cometido presuntas violaciones
a la ley? La respuesta está en el contexto político y social: la
desaparición forzada surgió como un método ilegal para
desarticular la lucha social, para aniquilar a la insurgencia
armada y para controlar a la población. La desaparición forzada se emplea de forma sistemática en los periodos de reactivación de los movimientos sociales y armados porque:
• Evita el escándalo nacional e internacional que provocaría la aplicación masiva de la tortura y la pena de
muerte a cientos o miles de personas por parte del Estado.
• Aterroriza a la población e inhibe su toma de partido a
favor de los llamados “subversivos”, “terroristas” o
• Advierte a los opositores que se les aplicará una pena
peor que la capital si no desisten de su lucha, lo cual
puede minar su capacidad de respuesta.
• Elimina a los líderes de forma tal que desorienta y desestructura a sus organizaciones, las cuales se ven ante el
dilema de seguir reconociendo a sus dirigentes en cautiverio clandestino o reemplazarlos por otros nuevos.
• Borra la identidad de los enemigos del Estado, tanto
físicamente como en la memoria colectiva, a fin de
ofrecer una fachada de “unidad nacional”.
• Cancela el derecho a la sepultura y, por ende, evita que
haya multitudes llorando por sus héroes, o que los sepelios se conviertan en actos de protesta masiva.
• Garantiza la impunidad del Estado, debido a que hace
difícil la existencia de pruebas, testigos y huellas.
• Permite responder fácilmente a la inquietud que deja
la sustracción de una persona de su red social, difundiendo la idea de que no es ésta desaparecida porque
sea culpable, sino que es culpable por ser desaparecida. (“Por algo será”, “seguramente ella se lo buscó”,
“se lo merece por andar de terrorista”, “es un enemigo
de México”, “es un traidor a la patria”, etc.). Esto significa que en los hechos el gobierno parte de la presunción de culpabilidad, contraviniendo las garantías
procesales en materia penal.
• Somete a los familiares de los desaparecidos a un chantaje permanente, pues al mantener la expectativa de
que sus deudos están vivos, el gobierno los induce a
no protestar para evitar el maltrato o ejecución de los
detenidos. En caso contrario, es muy probable que se
amenace a la familia con nuevas desapariciones.
• Representa un castigo ejemplar y una tortura continua para estas familias, a las que se responsabiliza por
no compartir o fomentar entre sus miembros supuestos valores nacionalistas. Con el tiempo, los familiares
quedan atrapados en duelos inconclusos que, en la mayoría de los casos, los inhabilitan para protestar.
El Estado se mueve en un plano de irrealidad contra el
que aparentemente no se puede hacer nada y termina imponiendo una dictadura de olvido y silencio que tiene un
efecto funesto entre los familiares, amigos y compañeros de
lucha de las víctimas.
En el caso de las desapariciones forzadas en contra de
personas que no está relacionadas con el movimiento social, las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares ejercen el terror contra la población civil como una forma de
garantizar la hegemonía de los grupos de poder a los que representan. Aunque su objetivo primordial sea económico
(la dominación territorial para realizar actividades lucrativas), el objetivo subyacente es la desmovilización y el control social, pues una sociedad desgarrada y paralizada por
el miedo es permisiva ante la vulneración sistemática del
Pese a todo, las víctimas no deben quedarse con la idea
de que no es posible hacer nada contra el Estado. La experiencia de los comités contra la desaparición forzada en el
mundo demuestra que es posible trabajar en la defensa integral de un desaparecido. Aquí presentamos algunas recomendaciones prácticas al respecto.
Pasos a seguir ante una
Herramientas con las que cuentan los familiares
y organizaciones sociales y de derechos humanos
en caso de desaparición forzada
Los familiares, abogados, colectivos, organizaciones sociales y de derechos humanos que se enfrentan a la desaparición forzada pueden hacer uso de una serie de herramientas
jurídicas, de derechos humanos, mediáticas y psicosociales
que pueden potenciar su lucha por la presentación con vida
de los desaparecidos y por el castigo a los culpables de las
desapariciones forzadas, las cuales describiremos en este capítulo.
5. Herramienta jurídica ante la desaparición forzada
La herramienta jurídica es una de las más importantes
en el caso de una desaparición forzada, pues mientras más rápido se emprendan acciones legales hay
más probabilidades de que la víctima sea presentada
Las medidas jurídicas indispensables ante un caso de desaparición forzada que tienen que llevar a cabo los familiares de víctimas de desapariciones forzadas, los abogados y
las organizaciones de derechos humanos y sociales son las
Ante las instancias jurídicas nacionales
La denuncia marca el inicio del procedimiento penal, que
inicia con la averiguación previa. Ésta es la parte del procedimiento penal que desarrolla el Ministerio Público. La
averiguación previa es la parte del procedimiento penal en
que la denuncia es presentada ante la autoridad investigadora (MP), la cual evalúa las pruebas que le son proporcionadas e investiga las acciones que llegan a su conocimiento
para determinar si se ha cometido o no el delito de desaparición forzada. La función del Ministerio Público (MP) es
representar a la sociedad en la persecución de los delitos.
El procedimiento penal sigue las siguientes etapas:
1. Denuncia ante el MP.
2. El MP investiga con el apoyo de la policía de investigación.
3. MP manda la denuncia al juez penal, solicitándole orden
4. El juez recibe la denuncia y revisa si cumple con los requisitos procesales y si los hechos se ajustan al tipo
penal, determinando sobre la presunta responsabilidad
5. El juez gira orden de aprehensión o desecha la solicitud
6. Si se verifica la primera, la policía judicial pone a disposición del juez a la persona.
7. La policía judicial detiene a la persona.
8. El juez toma declaración preparatoria.
9. Después de analizar las pruebas, el juez dicta auto de
formal prisión o auto de libertad.
10. Si se verifica la primera, se desahogan las pruebas de las
partes ante el juez.
11. Se ofrecen las conclusiones de las partes.
12. El juez dicta sentencia, resolviendo sobre la culpabilidad
o no del acusado.
13. Si la sentencia no es favorable para la víctima, la familia
puede Apelar y luego meter el recurso del Amparo Indirecto.
Si se cierra el caso y se da por agotada la instancia nacional,
se puede acudir a la Comisión Interamericana de Derechos
El amparo está diseñado de tal manera que no resulta efectivo en el caso de una desaparición forzada, pues según los
artículos 117 y 17 de la Ley de Amparo,10 debe señalarse a
la autoridad responsable, el lugar en que se privó de la libertad a la persona y ratificarse la demanda por la víctima
físicamente presente. Lamentablemente, la autoridad responsable rara vez es una persona conocida, el lugar de la privación de la libertad suele ser incierto y la persona, toda vez
que está desaparecida, está imposibilitada para presentarse
a ratificar la demanda de juicio de amparo. Sin embargo, el
10 Artículo 117 de la Ley de Amparo: Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento
judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la
Constitución Federal, bastará, para la admisión de la demanda, que se exprese en
ella el acto reclamado; la autoridad que lo hubiese ordenado, si fuere posible al
promovente; el lugar en que se encuentre el agraviado, y la autoridad o agente
que ejecute o trate de ejecutar el acto. En estos casos la demanda podrá formularse
por comparecencia, levantándose al efecto acta ante el juez.
Artículo 17. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la
vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación
o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución
Federal, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo,
podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad.
En este caso, el juez dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado, y, habido que sea, ordenará que se le requiera para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo; si el interesado la
ratifica se tramitará el juicio; si no la ratifica se tendrá por no presentada la demanda, quedando sin efecto las providencias que se hubiesen dictado.
amparo se debe promover inmediatamente no contra la
desaparición forzada sino por comparecencia, a nombre de
la persona que presumimos está detenida-desaparecida.
Para hacer un amparo no se necesita ser abogado, pero se
sugiere la ayuda o asesoría de alguna persona que tenga conocimiento jurídico o de una organización de derechos humanos que cuente con un área jurídica.
El artículo 17 de la Ley de Amparo señala que en caso de
ataques a la libertad fuera de procedimiento judicial, por
ejemplo cuando la detención se da sin orden de aprehensión,
cualquier persona puede solicitar un amparo por comparecencia señalando, necesariamente, un lugar determinado
donde presumimos o suponemos se encuentra la persona
detenida. Además, debemos solicitar con base en artículo
13711 de la Ley de Amparo que el juez requiera a las autoridades responsables a que lo presenten ante él. El juez dictará todas las providencias necesarias para que se requiera
al quejoso –es decir a la persona incomunicada o detenidadesaparecida– con la finalidad de que ratifique él mismo la
Si las autoridades acusadas de ser los autores de la desaparición forzada niegan tener a la víctima en su poder en el
lugar donde los familiares presumen que se encuentra, el juez
requerirá a quien promovió el amparo para que señale otro
lugar donde presumiblemente se localiza el detenido-desaparecido. Cuando esto suceda es necesario que los familiares o
la organización de derechos humanos que acompaña el caso
digan que no hay otro lugar. Eso tendrá como consecuencia,
según lo establecido en el artículo 18 de la Ley de Amparo,
suspender el procedimiento. Le corresponderá, entonces, al
MP ejercer la acción penal o no, y consignar ante el Juez.
11 El artículo señala que cuando haya temor fundado que las autoridades traten
de burlar la orden del juez o de ocultarlo o trasladarlo a otro lugar el juez de distrito podrá hacerlo comparecer a su presencia para hacer cumplir dichas órdenes.
Es importante que los familiares, los abogados o la organización de derechos humanos insistan en que la denuncia
ante el MP sea asentada por desaparición forzada y no por
privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o
secuestro. No olvidar también que, si transcurre un año sin
que se ratifique la demanda se tendrá por no puesta.
Desgraciadamente, el delito de desaparición forzada, tipificado en el artículo 215-A del Código Penal Federal no
está adecuado a los estándares internacionales en la materia
(véase anexo sobre tratados internacionales), debido a que
sólo contempla a los servidores públicos y no a las terceras
personas que actúan con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, lo cual permite a grupos paramilitares o
similares cometer este delito impunemente.
Autoría material e intelectual
La denuncia por desaparición forzada es “contra quienes
resulten responsables”, pero en este tipo de crímenes interviene una compleja estructura de mandos civiles y de las
corporaciones policíacas y militares.
Uno de los principales obstáculos en un juicio sobre desaparición forzada, así como en todo caso de violencia de Estado contra los particulares, es la visión predominante entre
las autoridades investigadoras según la cual no puede aplicarse a estos casos la doctrina de la responsabilidad de mando en la forma como aparece en el derecho internacional.
Aunado a este prejuicio procesal, se presenta la situación
de falta de peritos capacitados y adecuados para esclarecer
delitos de sistema, tales como analistas militares, historiadores y científicos políticos que complementen la investigación de los crímenes subyacentes en un campo tradicionalmente dominado por policías y fiscales, con una visión
constreñida a aspectos de dogmática jurídica. Sin embargo,
la presentación de peritajes sobre el contexto de la desaparición forzada puede aportar muchos elementos de juicio al
operador jurídico (el juez) para valorar la situación y determinar si cabe deslindar responsabilidades penales sobre cadenas de mando, aún cuando no hubiera posibilidad de determinar de manera específica a los autores materiales del
En ese sentido, es recomendable que cuando no haya elementos suficientes para determinar a la persona o personas
que cometieron el ilícito, se demuestre la existencia de un
patrón sistemático de violencia, cuando proceda, que conduzca a la identificación de una cadena de mando que permita la imputación del delito a personas concretas, requisito
básico para construir la causa penal, recordando que no cabe
denuncia ni acción penal alguna contra personas morales.
Una gran mayoría de los casos de desaparición forzada de
personas es cometida por elementos castrenses, los cuales se
amparan en el fuero militar para no ser juzgados por tribunales civiles. El artículo 13 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos impone un límite preciso a la
extensión del fuero castrense:
Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. […]. Subsiste el fuero de guerra para los
delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán
extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan
al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.
No obstante, el Código de Justicia Militar ofrece una interpretación extensiva de la disciplina militar, permitiendo
así que cualquier delito cometido por militares, sin importar cuál sea el bien jurídico afectado, sea investigado por la
procuraduría castrense y juzgado por las autoridades del
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoI
DH) declaró nula la reserva interpuesta por el Estado mexicano al artículo IX de la Convención Interamericana
sobre Desaparición Forzada de Personas (CIDFP), que pretendía justificar la aplicación extensiva del fuero militar a
este tipo de casos, por ir en contra del objeto y fin del tratado.12 Sin embargo, ya que la reserva es un acto del Estado
mexicano ante la Secretaría General de la OEA, ésta sigue
teniendo vigencia jurídica en el ámbito nacional, aunque
carezca de efectividad ante la CoIDH. De ahí que se deba
invocar el párrafo 312 de la Sentencia del caso Rosendo Radilla en cada caso particular en que se funde la demanda por
desaparición forzada en términos de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas.
Denuncia o queja ante la Comisión Estatal
Los familiares de una víctima de desaparición forzada, de ser
posible, junto con una organización de derechos humanos,
deben presentarse ante la Comisión Estatal de Derechos
Humanos respectiva si presumen que fueron autoridades
estatales o municipales quienes cometieron la desaparición,
Párrafo 312 de la Sentencia del caso Rosendo Radilla:
http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm?idCaso=330
y ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por
tratarse de un delito del orden federal.
Los datos de la CNDH son:
México, Distrito Federal, C.P. 10200
Atención las 24 horas: 56 81 51 12 ó 56 81 81 25,
extensiones 1123 y 1242.
Fax 56 81 84 90.
Teléfono de larga distancia gratuita: 01 800 715 2000.
Derechos Humanos (CoIDH)
En los casos en los que se tienen los mínimos datos para suponer que la detención la llevaron a cabo agentes gubernamentales –término que incluye cualquier servidor– al mismo
tiempo que se promueve el amparo ante instancias nacionales, se debe hacer una solicitud de medida precautoria a la
CIDH con fundamento en el artículo 46.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece
como excepción a los requisitos de admisibilidad la no existencia de un recurso eficaz contra el hecho que se reclama.
Se debe explicar brevemente que uno de los requisitos del
amparo por comparecencia de una persona es el señalar el
lugar donde se encuentra (art. 117). De tal manera que si la
Comisión pregunta sobre lo realizado en México, se le responde que ya se interpuso el amparo. En caso de que no se
tenga conocimiento de la reacción de la CIDH, en cuanto
el juez requiera que se señale otro lugar comunicarlo inmediatamente a la CIDH.
Es necesario que nuestra comunicación ante la CIDH:
• No exceda las tres cuartillas y
• esté lo mejor documentada posible, esto quiere decir
que tenga datos concretos como día, hora, lugar y una
relatoría de hechos clara y que no genere confusión.
Además de las dos medidas antes mencionadas es necesario:
• Enviar una comunicación al Relator Especial sobre
ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de
Ambas comunicaciones son con base en la información
que se envío solicitando medidas precautorias.
6. Herramienta de derechos humanos ante la
La herramienta de los derechos humanos tiene como base
fundamental la documentación, la cual consiste, en caso de
una violación a los derechos humanos (como lo es la desaparición forzada) en reunir los datos necesarios para sistematizarlos, analizarlos y poder actuar de acuerdo a las posibilidades de respuesta que permiten los derechos humanos.
¿Por qué es necesaria la documentación en los casos
de desaparición forzada?
Porque los hechos suelen tener una temporalidad efímera
(si no se registran se pierden con el paso del tiempo).
Porque esos mismos hechos pueden ocurrir en otros lugares (pero nadie lo sabrá a menos que se documente).
Porque permite que la información llegue a más personas,
la difunde.
Porque una documentación bien hecha es fundamental
para una denuncia penal y a futuro, puede abrir las posibilidades para llevar un caso ante instancias internacionales.
Porque una vez que se ha sistematizado la información,
esta puede ser utilizada para diversos ámbitos que no sólo
contemplan el campo de los derechos humanos como lo es la
denuncia pública, la lucha jurídica y la movilización social.
La documentación de los casos de desaparición forzada
es de vital importancia. Lo ideal es que una organización
de derechos humanos sea quien realice esa labor pero, por
lo general, los familiares se enfrentan a que no tienen el
contacto con una organización de derechos humanos y ellos
mismos deben aprender a documentar sus casos.
Tres son los documentos básicos de la documentación
que las organizaciones de derechos humanos, sociales o familiares de las víctimas pueden aprender para comenzar con
la documentación de un caso de desaparición forzada.
a) La relatoría de hechos
La relatoría de hechos es lo primero que tenemos que hacer
antes una desaparición forzada. Consiste en una narración
breve, precisa y objetiva de los hechos que ocurrieron. La
relatoría debe contener los siguientes datos:
• Hora, fecha y lugar.
• ¿Quién o quiénes son las víctimas? Datos concretos sobre
la persona desaparecida: nombre completo, edad, rasgos
físicos, altura, vestimenta, etc.
• ¿Quién o quiénes son los victimarios? (no sólo referir al
sujeto o sujetos sino dar datos concretos, si se tienen,
acerca de éstos: altura, vestimenta, rasgos físicos).
• ¿Cómo? (no hay que perder de vista que para explicar
cómo sucedieron los hechos, aunque debemos ser sumamente descriptivos, no debemos perder objetividad).
Es importante que las relatorías se elaboren lo más inmediato posible con el objetivo de que no se pierdan datos
importantes. Con una relatoría bien elaborada podemos nutrir cualquiera de las herramientas de derechos humanos de
documentación que revisaremos a continuación.
En el caso de desaparición forzada es necesario hacer relatorías de cuando se presenta la denuncia ante el MP,
cuando se recurre a la Comisión Nacional de Derechos Humanos o a las respectivas comisiones estatales de derechos
humanos y en caso de amenazas u hostigamientos por parte
del Estado a los familiares de las víctimas.
b) Entrevista a familiares de una víctima
de desaparición forzada o a testigos del hecho
Cuando realizamos una entrevista debemos de tener en cuenta que los familiares o testigos se encontrarán en un estado de
ánimo alterado, por lo que se recomienda establecer una
relación de confianza, de comprensión y, de ser posible y
necesario, sugerirle atención médica.
La entrevista la podemos realizar a través de la recopilación de los datos con pluma y papel o mediante una grabadora. En ambos casos es necesario mantener una actitud
madura, honesta y neutral para poder obtener una declaración precisa y veraz que nos permita fundamentar la denuncia para que ésta pueda ser defendible.
En el compromiso de defender los derechos humanos
debemos tener cuidado de no prometer a la persona afec-
tada la solución inmediata o crearle falsas expectativas sobre
su caso, pero sí podemos invitarla a denunciarlo y a que, en
forma conjunta, vigilemos el proceso de la denuncia hasta
encontrar la solución favorable que restituya sus derechos
c) Llenar la Ficha de Desaparecido
Esta ficha, que a su vez es el Formulario para enviar información sobre la Desaparición Forzada o Involuntaria de
una persona al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones forzadas o Involuntarias de la ONU, se debe llenar en cuanto
se ha constatado que se está ante una desaparición forzada.
Se puede acudir a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México a fin de pedir asesoría sobre cómo
llenarla y enviarla.
Desaparición Forzada o Involuntaria de una persona
Importante: Los elementos marcados con (*) son obligatorios.
Nota: Si desea que determinados datos de la presente información se consideren confidenciales, escriba la palabra
“CONFIDENCIAL” junto a dichos datos.
CASOS TRANSMITIDOS POR ORGANIZACIONES: Por favor,
tenga en cuenta que si el caso lo transmite una organización,
es necesario que dicha organización sea capaz de llevar el seguimiento del caso en el futuro, transmitiendo a la familia la
información recibida del Gobierno y enviada por el Grupo de
Trabajo, así como la información enviada por la familia al Grupo
de Trabajo, hasta que se determine el destino o paradero de la
persona. En este sentido, por favor, indique si la familia de la
víctima ha dado su consentimiento expreso de que es su organización la que transmite el caso al Grupo de Trabajo en su
nombre y si su organización será capaz de llevar a cabo el seguimiento del caso entre la familia y el Grupo de Trabajo.
*Consentimiento de la familia de la víctima dado expresamente a su organización para transmitir este caso:
*Si el caso lo transmite una organización, podrá dicha organización llevar a cabo el seguimiento del caso, transmitiendo la información entre la familia y el Grupo de Trabajo:
(a) Apellido (*): ________________________________________
(b) Nombre (*): ________________________________________
(c) Sexo: __ hombre __ mujer
(d) Fecha de nacimiento: _______________________________
(e) Documento de identidad: ___________________________
Núm.: _________________________________________________
Fecha de expedición: ___________________________________
Lugar de expedición: ___________________________________
(f) Domicilio habitual: __________________________________
(g) Indígena: __ sí __ no
(h) Embarazada: __ sí __ no
2. Fecha en que tuvo lugar la desaparición (al menos, mes
y año) (*): Fecha de la desaparición: _____________________
3. Lugar en que la persona fue detenida o secuestrada o
lugar en que la persona fue vista por última vez (*):
Lugar (si es posible, indíquese la calle, ciudad, provincia u otra
información relevante): _________________________________
4. Fuerzas (estatales o apoyadas por el Estado) a las que
se considera responsables de la desaparición (*):
(a) Si se cree que los presuntos autores son agentes del Estado, por favor especifique (militar, policía, personas uniformadas o no, agentes de los servicios de seguridad, unidad a
la que pertenecen, cargo y funciones, etc.) e indique por qué
se cree que son responsables; sea lo más preciso posible:
(b) Si no es posible identificar a los agentes del Estado que realizaron la detención o el secuestro, indique la razón por la
que cree que se trata de agentes del Estado o personas vinculadas a ellos.
(c) Si la detención o el secuestro tuvieron lugar en presencia
de testigos, proporcione sus nombres. Si los testigos no desean dar sus nombres, indique si se trata de familiares, testigos circunstanciales, etc. Si existen pruebas, por favor
especifíquelas:
5. Acciones llevadas a cabo por los familiares u otras personas para localizar a la persona (investigación con la policía, prisiones, comisión de derechos humanos, petición
del habeas corpus, etc.) (*):
(a) Indique si se han denunciado los hechos, cuándo, por
quién, y ante qué órgano.
(b) Otras medidas tomadas:
6. Datos de la persona que proporciona la presente información (*):
(a) Apellido: ___________________________________________
(b) Nombre: ___________________________________________
(c) Relación con la persona desaparecida: _________________
(d) Organización (si procede): ___________________________
(e) Dirección (teléfono, fax, e-mail): _______________________
Por favor, añada cualquier información que pueda ser relevante y que no haya contestado en las preguntas anteriores.
Si no pudo contestar a alguno de los elementos marcados
con (*), por favor, indique por qué.
Dirección para enviar los casos:
Fax: 4122 917 9006, Atención: WGEID
Dirección de correos: WGEID. OHCHR, Palais des Nations.
8-14 Avenue de la Paix. CH-1211 Geneva 10. Switzerland
Los mecanismos de respuesta inmediata en el ámbito de los
derechos humanos sirven para responder ante casos graves
y urgentes de violaciones a los derechos humanos como lo
es la desaparición forzada.
Qué es una acción urgente
La acción urgente (AU) es un mecanismo que multiplica la
información, esto quiere decir que su efectividad consiste
en aumentar la visibilidad y la presión que las personas pueden ejercer sobre las autoridades a través de esa visibilidad.
Su objetivo principal es detener las violaciones graves que
están ocurriendo y prevenir aquellas que pudieran desprenderse de éstas primeras.
Una acción urgente es una petición que se envía a muchas
personas, en la que se les solicita que se comuniquen con las
autoridades competentes (es decir aquellas que están involucradas con las violaciones graves a los derechos humanos),
para hacerles saber que están enterados de la situación, que
los acontecimientos les preocupan y que si existiesen consecuencias graves la autoridad competente será la responsable. Además, es una forma de exigir que se garanticen los
Que formato tiene una acción urgente
Una acción urgente debe contener los siguientes datos:
• Título (que resuma las violaciones más graves).
Para poder cumplir este requisito es necesario que se
conozcan los derechos humanos violados.
• Número de registro creado por la organización.
• Fecha en que se emite la AU.
• Nombres y direcciones a quien envía la Acción Urgente. Es importante comprender que una acción urgente debe ir dirigida a las autoridades que aparecen
como responsables de las violaciones a los derechos
humanos, y a quienes, por tanto, compete tomar cartas en el asunto. Nunca se debe enviar una acción urgente a una autoridad a la que no le compete el asunto.
También se debe enviar a los organismos de derechos
humanos tanto nacionales como internacionales (incluidas instituciones y Organizaciones No Gubernamentales) con el objetivo de que estén al tanto de
los hechos, y en caso de ser posible, tomen cartas en el
asunto. El nombre de la persona debe ir acompañado
del cargo y del correo electrónico o dirección de ese
funcionario. Para poder cumplir con este apartado es
necesario que la organización que lleve el caso se haya
dado a la tarea de generar los directorios necesarios
para las acciones urgentes; estos directorios deben
contemplar a las autoridades del país, y a las instituciones y organizaciones de derechos humanos tanto
nacionales como internacionales, además deben de
estar actualizándose constantemente.
• Nombre y dirección de quien emite la acción urgente
• Cuerpo de la denuncia
• Relatoría de los hechos que implican las violaciones graves. A continuación se debe poner un resumen de la relatoría que explique los hechos ocurridos,
estos van al principio ya que son los hechos que deseamos destacar.
• Relatoría de antecedentes y contexto. En caso de
que hubiera elementos que han ocurrido con anterio-
ridad y que son importantes para entender o dimensionar las violaciones a los derechos humanos que se
han suscitado, es importante agregarlos en este apartado.
• Fundamento legal nacional e internacional que
consideramos para los hechos. Es importante que podamos identificar qué violaciones a los derechos humanos se han cometido o es posible que se cometan y su
fundamento jurídico, este paso es opcional, pero le da
fuerza a la denuncia.
• Lista de peticiones a las autoridades competentes.
En este aparatado se debe incluir una lista de las peticiones que se hacen a las autoridades competentes. Es
muy importante considerar que dichas peticiones deben ser cosas que la autoridad esté en posibilidad de
realizar y que se encuentren dentro del marco de los
derechos humanos, de lo contrario la acción urgente
• Firma. Se incluye el nombre de la organización que
emite la AU y el cargo del responsable, así como su
firma. En caso de que otras organizaciones apoyen con
su firma, sólo se mencionarán las organizaciones.
Otros aspectos de la acción urgente
No debemos perder de vista que los elementos con los que
se realiza una acción urgente deben ser datos corroborados
y fehacientes, y que el lenguaje que utilicemos debe ser de
derechos humanos, de lo contrario, este mecanismo en
lugar de mostrarse como benéfico puede traernos problemas de descrédito o de efectividad en el objetivo que perseguimos. Es cierto que, las acciones urgentes, para ser
atendidas, deben estar firmadas por organizaciones que
hayan ganado cierto prestigio en la veracidad de sus datos,
por lo que es posible que en un inicio los familiares no puedan emitir sus propias acciones urgentes ellos solos, tendrían que buscar que ciertas organizaciones los respalden y
los acompañen en el proceso de creación de acciones urgentes.
Ahora bien, como hemos visto las acciones urgentes funcionan gracias a la multiplicación de la información, pero
esto será imposible si la organización no cuenta con una
amplia base de contactos a la cual dirigir la acción urgente,
ya que entonces el mecanismo pasará desapercibido.
Por último es necesario que sepamos que cuando mandamos una acción urgente lo que esperamos es que la gente que la reciba reenvíe esa AU a las autoridades y direcciones que hemos marcado en el documento.
Existen dos maneras de responder a una acción urgente:
• Pedir que la gente emita la carta a las autoridades vía
e-mail, (por medio del reenvío de la acción urgente
que les hemos hecho llegar).
• Pedir que la gente emita la carta vía correo ordinario
(cartas a la autoridad). Esta forma tiene mucho mayor
impacto, pero tarda mucho más.
Las cartas a la autoridad son una forma directa de comunicación, y por lo tanto sus efectos son mucho más contundentes. Para elaborar una carta a la autoridad debemos
• Síntesis de los hechos
• Relatoría de hechos completa
• Derechos violados
• Solicitud de resolución
También es válido que la carta que enviemos a las autoridades sea una copia completa del formato de acción urgente
Visualizar los casos de desaparición forzada es de vital importancia para las organizaciones y familiares de las víctimas.
Con la información de la documentación que nos brindó la
relatoría, la entrevista o el llenado de la ficha de desparecido,
se puede acceder a denunciar con mayor efectividad el caso
de desaparición forzada ante la opinión pública, a través de
El boletín de prensa es una síntesis o un resumen sobre un
caso de violación a los derechos humanos (ya sea específica
o sistemática), en este caso de una desaparición forzada. Es
un mecanismo de denuncia, ya que busca a través de la difusión y visualización amplia del caso, aumentar la presión
sobre las autoridades por medio de la opinión pública. Los
boletines de prensa, debido a sus objetivos concretos, son
documentos que se elaboran para los medios de comunicación. Un boletín de prensa debe contener los siguientes
Para que los boletines de prensa puedan ser elaborados de
manera adecuada las organizaciones o familiares de las víctimas deben contar con un directorio de medios de comunicación oficiales y alternativos, es decir, con una lista de
periódicos, revistas, estaciones de radio y televisión, agencias de noticias y portales informativos de Internet a nivel
local, regional, nacional e incluso internacional.
La conferencia de prensa es una reunión de diferentes medios de comunicación (oficiales y alternativos) a los que se
les cita en un lugar específico con el objetivo de ampliar la
información del boletín de prensa. Acompañar la emisión
de un boletín de prensa de una rueda de prensa acrecienta,
por mucho, la visibilidad del caso.
Mecanismos para llamar al apoyo y solidaridad de
otros grupos, organizaciones y personas solidarias
También podemos instrumentar algunas herramientas que
sirven para que otros sectores, grupos u organizaciones
aporten y ayuden a llevar o difundir un caso de desaparición forzada.
La solicitud de apoyo es una petición o una carta que busca
que otras organizaciones den respaldo y apoyo. Existen organizaciones que, por su trabajo, tienen un peso político
importante, y en este sentido es que pueden colaborar para
hacer más fuerte la denuncia por desaparición forzada. Para
poder utilizar este mecanismo es necesario tener un directorio de las organizaciones sociales y grupos solidarios. Las
solicitudes de apoyo también se pueden dirigir a algunas
autoridades o en su defecto, a ciertos servidores públicos.
Lo importante es que lo que solicitemos competa o esté
dentro de las posibilidades de las personas a quienes nos dirigimos. Una solicitud de apoyo debe incluir:
El objetivo de este formato es solicitar a un conjunto de organizaciones que se unan en torno al tema de desaparición
forzada; dicha unión deberá plasmarse por medio de la firma de un pronunciamiento. En estos casos no existe un formato específico ya que el pronunciamiento puede variar de
acuerdo a las circunstancias concretas.
Es una invitación a que una serie de grupos generen un proceso organizativo que haga frente o detenga hechos graves
de violaciones de derechos humanos, como lo es una desaparición forzada. Este formato no es incluido dentro de
los mecanismos de acción inmediata ya que tan sólo llama
a reaccionar de manera urgente. El formato de este mecanismo también puede variar mucho de acuerdo a las circunstancias.
Una campaña es una articulación de todas las herramientas
que hemos estudiado para hacer que confluyan de manera
organizada y por un objetivo común. Las campañas pueden
incluir: pega de carteles con la información y la fotografía
del desaparecido, repartición de volantes, eventos de divulgación para hablar sobre el tema, actividades culturales para
recaudar fondos, foros de denuncia, conferencias, conciertos, proyección de películas o documentales, festivales,
8. Herramienta de la movilización (plan de acción)
Los familiares, organizaciones sociales y de derechos humanos pueden realizar, en ejercicio del derecho a la manifestación y libertad de expresión, marchas, mítines, foros,
huelgas de hambre y plantones para exigir la presentación
con vida de los desparecidos. Las acciones tendrán mayor
impacto si van enfocadas a lograr que, internacionalmente,
se conozca que el Estado está aplicando la desaparición forzada de personas. Y para lograrlo es necesario que se establezcan lazos de solidaridad con la mayor cantidad de
Es importante que la organización o familiares de la víctima de desaparición forzada elaboren un plan de acción a
9. Herramienta psicosocial
Las víctimas indirectas de la desaparición forzada tienen derecho a exigir al Estado una reparación integral del daño en
los términos de la resolución aprobada por la Asamblea Ge-
neral de la Organización Naciones Unidas en diciembre
del 2005, la cual lleva por nombre: “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”.13
De acuerdo con este documento, el Estado tiene la obligación de aplicar el sistema universal de los derechos humanos para garantizar a las víctimas el acceso equitativo y
efectivo a la justicia, la verdad y la reparación integral,
adecuada y rápida del daño. Esto se traduce en investigaciones que conduzcan al enjuiciamiento y castigo de los
responsables, la restitución de las víctimas (su liberación)
o el esclarecimiento de su paradero, y la toma de medidas
encaminadas a garantizar la seguridad y el bienestar físico y
psicológico de las familias afectadas. Entre estas medidas se
• la rehabilitación, que consiste en la atención médica
y psicológica y el ofrecimiento de servicios jurídicos y
sociales por parte del Estado;
• la satisfacción, que debe incluir, entre otras cosas, la
búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestrados y de los cadáveres de
las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos,
identificarlos y volver a inhumarlos según las prácticas
culturales de la familia; la revelación pública y completa de la verdad; una declaración oficial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la
víctima; una disculpa pública por la responsabilidad
Por su importancia, recomendamos la lectura de este documento en su totalidad en la siguiente dirección:
estatal en el crimen y la realización de conmemoraciones y homenajes a las víctimas;
• la indemnización, que ha de concederse de forma
proporcional a la gravedad del daño, no para pagar un
precio por el desaparecido, sino para reintegrarle a sus
familiares el derecho de rehacer una vida digna y
• el establecimiento de las garantías de no repetición
de estos crímenes, creando las condiciones para que
no vuelvan a suceder.
Las obligaciones descritas también son contempladas en
la Convención Internacional para la protección de todas las
personas contra la desaparición forzada que, aún cuando no
ha entrado en vigor, fue firmada por el Estado mexicano.
Aunque frecuentemente no hay voluntad política por parte
del gobierno para ejecutar estas medidas, se recomienda que
las familias o las organizaciones de derechos humanos presenten cartas ante la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la oficina de la Presidencia
de la República en las que se exija su cumplimiento.
10. Cómo recurrir a las instancias internacionales
Ante una desaparición forzada, los familiares de la víctima,
su abogado o una organización de derechos humanos pueden presentar una denuncia de violación a los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH), así como también solicitar que ésta
otorgue medidas cautelares a la víctima de desaparición forzada o a los familiares si éstos últimos están en una situación
de inminente riesgo.
La CIDH, es una instancia que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que tiene como mandato “promover la observancia y la defensa de los derechos
humanos y servir como órgano consultivo de la organización en esta materia”.14 México es un Estado miembro de la
OEA y por lo tanto tiene obligaciones ante ella.
Criterios de admisibilidad de la CIDH
Los casos sólo se pueden abrir con la presentación por escrito, en donde el representante legal de las víctimas hace
una declaración manifiestamente fundada de por qué la
CIDH debería atender el caso. Es obligatoria la ayuda de un
abogado calificado, dada la complejidad de los procedimientos. Es preciso que la organización o el abogado que lleven el
caso demuestren ante la CIDH que cuentan con la autorización de la familia. Para que una petición o comunicación presentada sea admitida por la CIDH, de acuerdo con la
Convención Americana de Derechos Humanos, se requerirá:
d) que la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la
profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la
Las disposiciones de los incisos a y b. no se aplicarán
a) no exista en la legislación interna del Estado de que se
trata el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;
b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna,
o haya sido impedido de agotarlos, y
En caso de que desee presentar alguna denuncia ante la
CIDH, los datos de la Comisión son:
Washington D.C., 20006, Estados Unidos de América
Humanos de la ONU (OACDH)
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos es el
principal funcionario de derechos humanos de las Naciones Unidas. El Alto Comisionado encabeza la OACDH y
dirige los esfuerzos de las Naciones Unidas en materia de
derechos humanos.15
Es muy importante que los familiares de la víctima de
desaparición forzada o la organización de derechos humanos que acompañe a los familiares comuniquen a la Oficina
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la
ONU en México16 los hechos para que ésta pueda estar informada de lo sucedido.
La dirección de la Oficina del Alto Comisionado para los
Derechos Humanos de la UNO en México es la siguiente:
Alejandro Dumas No 165 Col. Polanco. Del. Miguel Hidalgo.
o Involuntarias de una persona de la ONU
El Formulario para enviar información sobre la Desaparición Forzada o Involuntaria de una persona de la ONU es
el mismo que se ha mencionado anteriormente como la
ficha de desaparecido.
Es importante que los familiares de la víctima de desaparición forzada o alguna organización de derechos humanos llenen y envíen el formulario para que el Grupo de
Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias
de una persona de la ONU pueda activar los mecanismos
establecidos de antemano por dicha institución.
11. Formulario para acudir a instancias internacionales
El formulario de denuncia ante la CIDH es el siguiente:
FOR M U L A R I O
I. P ER SONA O G R U P O DE P E R SONA S QU E P R E S EN TAN L A
P ETICIÓN SO B R E V IOL AC ION E S COM ETI DAS E N S U CONTR A (“V ÍCTI MA”) O COM ETIDAS E N CONTR A DE OTR A P ERSO N A O G R U P O D E P E R SO N A S ( “ P ET I C I O N A R I O ” )
E - mail: ______________________________________________
¿Desea usted que la CIDH mantenga su identidad en reserva
durante el procedimiento? Sí ____
I I. E S TA D O (M I E M B R O D E L A O E A ) R E S P O N S A B L E P O R
L A S VIO L ACION E S D E DE R ECH OS H U M AN OS A LEG A DAS
P O R EL P ET I C I O N A R I O :
I II. H ECHO O S ITUACIÓN D EN U N CIADA
Relate los hechos especificando el lugar y fecha de las violaciones a los derechos humanos alegadas por usted:________
Señalar los documentos que acreditan las violaciones arriba
denunciadas y que puedan ser remitidos a la Comisión, por
ejemplo, piezas de expedientes judiciales, informes forenses,
fotografías, filmaciones, etc. (No adjuntar originales sino copias. En principio no es necesaria que las copias sean certificadas por funcionario o notario público): _________________
Identificar a los testigos de las violaciones arriba denunciadas.
En caso de que hayan rendido declaración ante las autoridades judiciales, remitir copia del testimonio correspondiente o
señalar si es posible remitirlo en el futuro: _________________
Identificar a las personas y/o autoridades responsables por
los hechos arriba denunciados: __________________________
IV. D E R ECHOS H U MAN OS V IOL AD OS (E n cas o de se r po s i b l e , e s p ec i f i q u e l a s n o r m a s d e l a C o n v e n c i ó n A m er i c a n a
u o t r o s i n s t r u m e n t o s a p l i c a b l e s q u e c o ns i d e r e v i o l a d a s
p o r c a u s a d e l o s h e c h o s a r r i b a d e t a l l a d o s) : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
V. N OM B R E Y DATOS D E L A P E R SON A O P E R SON AS AF ECTADA S POR L AS VIOL ACION E S A LOS DE R E CHOS H U M AN OS AR R I BA S EÑ AL A DA S , E N C A SO DE S E R DI STI NTOS A
LOS D E L A P E R S ON A O P E R SO N AS Q U E P R E S E N TA N L A
P ET I C I Ó N ( v e r p u n t o I ) .
En caso de que la víctima haya fallecido, identificar también a
sus familiares cercanos: _________________________________
VI. R ECU R SOS J U DIC IALE S D EST I NAD OS A R EPA R AR L AS
CON SEC U E NC IA S D E LOS H EC HOS DE N U NCIA DOS .
Detalle las gestiones emprendidas por la víctima o el peticionario ante los jueces, los tribunales o las autoridades administrativas del país responsable por los hechos denunciados.
Señale si se ha visto impedido de iniciar o agotar este tipo de
gestiones debido a que:
(1) no existe en la legislación interna del Estado el debido
proceso legal para la protección del derecho violado;
(2) no se le ha permitido el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos;
(3) hay retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.
En caso de que los hechos denunciados involucren delitos de
orden público (homicidio, torturas, etc.), señalar si se ha efectuado la investigación judicial correspondiente y su resultado
o si se ha producido un retardo injustificado en alcanzar la
decisión correspondiente: _______________________________
En caso de que se hayan agotado los recursos judiciales destinados a reparar las consecuencias de los hechos denunciados, señalar la fecha en la cual la víctima fue notificada de la
decisión final: _________________________________________
VI I. IN DIC AR S I E L R ECL AMO CONTE N I DO EN S U P ETICIÓN
H A S I D O P R E S E NTA D O A N TE E L COM ITÉ DE D E R EC HO S
H U MA NOS DE L A S NACION ES U N I DAS U OT RO ÓRG ANO
I NTE R NACIONAL D E S IM I L AR E S C AR ACTE RÍSTIC AS : ______
Fecha: ______________________________________________17
Las desapariciones forzadas a gran escala fueron iniciadas
por el régimen nazi de Alemania a partir de 1941, con la
promulgación del decreto “Noche y niebla”, durante la Segunda Guerra Mundial. Como política de Estado, la desaparición forzada se aplicó en el contexto global de la
guerra fría, en la segunda mitad del siglo XX. En América
Latina, ante el auge de las organizaciones guerrilleras durante las décadas de los sesenta y setenta, Francia y Estados
Unidos implementaron los modelos de la lucha antisubversiva o contrainsurgente la cual implicaba, entre otras
cosas, el ejercicio sistemático de la tortura, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada por parte de las fuerzas
de seguridad contra los movimientos social y armado. El
primer país en aplicar estos métodos fue Guatemala, seguido de México. A partir de 1964, con el surgimiento del
primer brote guerrillero en el estado de Chihuahua, comenzó a aplicarse la doctrina contrainsurgente. De esta manera dio inicio un periodo oscuro de la historia mexicana
reciente, caracterizado por las violaciones masivas a los derechos humanos, al cual se le conoce como la “guerra su cia”. Las primeras desapariciones forzadas conocidas se
llevaron a cabo dentro de los movimientos campesino y estudiantil, a partir del año de 1968. Puesto que en aquellos
años no existía la cultura de los derechos humanos, la mayoría de los casos no eran denunciados, al grado de que ni
siquiera se conocen todos los nombres de los civiles que
fueron heridos, asesinados o desaparecidos durante la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, episodio que
se convirtió en el emblema del terrorismo de Estado.
La indefensión jurídica de los ciudadanos ante el Estado
autoritario llevó a muchos de ellos a formar organizaciones
armadas, las cuales fueron combatidas con mecanismos violatorios de la legalidad entonces vigente. Así, entre 1974 y
1978 se dio un incremento exponencial de los casos de desaparición forzada, los cuales definieron la esencia de la
“guerra sucia”. El terror dejó de ser público y masivo, como
en Tlatelolco, y se volvió clandestino y selectivo: se impusieron el silencio, el ocultamiento de la información, la negación de las detenciones de los luchadores sociales, el
desvanecimiento de su identidad oficial y la invención de
vidas paralelas, con el fin de desaparecerlos de la faz de la
tierra sin informar nunca sobre su destino a nadie, para así
desestructurar y desincentivar la lucha social.
En el estado de Guerrero, donde surgieron las guerrillas
encabezadas por Genaro Vázquez y Lucio Cabañas, el terrorismo estatal cobró las dimensiones de un genocidio, con
más de mil quinientas víctimas fatales.18 Sin embargo, también en los estados de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Nuevo
León, Jalisco, Michoacán, Chiapas, Estado de México y el
Distrito Federal, hubo un número considerable de víctimas.19 Es muy importante señalar que una porción de ellas
no pertenecía a ningún movimiento social o armado. Bastaba que una persona tuviera lazos de parentesco con luchadores sociales o que viviera cerca de la zona de operaciones de la guerrilla para ser detenida-desaparecida. De
este modo, familias enteras fueron desaparecidas.
Entre 1968 y 1982, el común denominador en las más
de mil desapariciones fue que los ciudadanos, fueran o no
culpables de infringir la ley, en lugar de ser sometidos al
proceso penal correspondiente, eran detenidos sin orden
de aprensión en sus casas, lugares de trabajo, centros de actividad política o en sus rutas de viaje, por agentes de alhttp://www.jornada.unam.mx/2002/11/18/012n1pol.php?origen=index.html
http://www.cndh.org.mx/lacndh/informes/espec/desap70s/graficas/fr_
graficas.htm
guna corporación policíaca o militar y eran llevados a cárceles clandestinas. Tanto el gobierno federal, responsable
de la política de desapariciones, como sus sucesores, negaban permanentemente la detención arbitraria y la información sobre el paradero de la víctima, dando lugar a una complicidad transexenal. Al fincar responsabilidades jurídicas y
recorrer la escala de mandos, todos los presidentes que han
estado a la cabeza del ejecutivo pueden ser acusados de este
delito, tanto por comisión (autoría intelectual) como por
omisión o aquiescencia (falta de voluntad política para resolver los crímenes).
El fin de la “guerra sucia” estuvo marcado por la disolución de los organismos especializados en la contrainsurgencia y, por consiguiente, por la disminución de las desapariciones forzadas. Sin embargo, la represión persistió
bajo un nuevo patrón: en el transcurso de la década de los
ochenta, hubo incontables ejecuciones extrajudiciales de luchadores sociales. Así, comparativamente en la década de
los setenta, hubo más desapariciones forzadas, mientras que
en la de los ochenta destacan las ejecuciones extrajudiciales.
Las escasas desapariciones registradas entre 1983 y 1993
fueron resultado de conflictos locales, en los que el gobier no federal, si bien no intervino directamente, falló una vez
más en su obligación de garantizar investigaciones imparciales y expeditas.
Con el surgimiento de nuevas agrupaciones armadas en
la década de los noventa, tales como el Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN), El Ejército Popular Revolucionario (EPR) y sus desprendimientos, se reactivó la guerra
contrainsurgente. No obstante, lo característico de este
nuevo conflicto de baja intensidad es que el Estado paulatinamente ha sustituido la acción de confrontación de las corporaciones policíacas y militares con grupos paramilitares
que actúan esporádicamente y mantienen una tensión per-
manente en las zonas de conflicto, con el objetivo de desgastar a las bases de apoyo de la guerrilla. En este contexto
de desregulación de la guerra, se ha producido un número
desconocido e incuantificable de desaparecidos en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Aparentemente, el gobierno no es el responsable directo, sin embargo, al analizar
el fenómeno se observa una conexión explícita entre tales
desapariciones y la política de Estado en torno a la guerra.
En la primera década del siglo XXI el gobierno federal
trajo consigo la “guerra contra el narcotráfico”. De un modo semejante a como ocurre en la guerra contrainsurgente,
el Estado mexicano ha fomentado la proliferación de grupos paramilitares y escuadrones de la muerte, con una potencia de fuego notable, los cuales cumplen con la función
de establecer el control territorial de ciertos cárteles o bien
de la eliminación y neutralización de los grupos o personas
que están en contra de las políticas económicas y de seguridad impulsadas desde el gobierno federal o desde los diferentes gobiernos estatales, como ocurre claramente en
estados como Oaxaca.
La responsabilidad del Estado mexicano tanto en las desapariciones forzadas como en las desapariciones perpetradas
por la delincuencia es ineludible. En el primer caso ya sea
porque el Estado ordenó al ejército o a la policía que ejecutaran la desaparición forzada, porque no hizo nada para
evitarla y mantienen en la impunidad a los culpables o porque mandató a civiles para que éstos cometieran la desaparición forzada. En el segundo caso, porque no genera las
condiciones estructurales para evitar que la delincuencia
siga cometiendo desapariciones impunemente.20 En este
20 Al momento de redactar este Manual, se habían cuantificado más de tres mil
“levantones”, que son en realidad detenciones arbitrarias. De las 28 mil ejecuciones registradas hasta el momento, hay una porción que podría estar relacionada
también con desapariciones, sobre todo aquellos casos en los que las víctimas apa-
sentido el hecho de que desde el Estado se fomente la impunidad y un marco legal inadecuado para erradicar estas
prácticas, condena al desamparo jurídico a las víctimas.
Desgraciadamente, el sólo hecho de vivir en los territorios en disputa entre los cárteles de la droga, donde la presencia del ejército y de la policía está al orden del día o
donde la lucha social se desarrolla, pone a los ciudadanos
en peligro de ser víctimas de una detención-desaparición.
De forma dolosa, las autoridades pretenden asociar a
todas las víctimas con la delincuencia organizada como una
estratagema para no desarrollar las indagaciones ministeriales, aún cuando el secuestro y la desaparición forzada son
delitos federales que se deben perseguir de oficio. Esto se ha
observado en los casos de las desapariciones sistemáticas de
mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua (a partir de 1993),21
los 38 trabajadores de PEMEX de Cadereyta Jiménez, Nuevo León, desaparecidos en 2007,22 los once periodistas desaparecidos en los últimos diez años,23 el caso de los
militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario, Edmundo Reyes
Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en 2007 y los cientos de ciudadanos, trabajadores y profesionistas, desaparecidos en Sinaloa, Baja California, Chihuahua, Coahuila,
Nuevo León, Tamaulipas y Guerrero en los últimos dos sexenios, por citar algunos.
La lección histórica que nos dejan estos acontecimientos
es que, ya sea que se trate de una guerra contrainsurgente o
de una “contra la delincuencia”, la principal víctima siempre es la población civil. Por eso resulta de primera imporrecen desmembradas o en fosas clandestinas sin que se investigue su identidad ni
a los autores materiales o intelectuales del crimen.
21 http://www.mujeresdejuarez.org/
22 Rodríguez García, Arturo, “Las víctimas sindicalistas”, Proceso, no. 1651, 22
de junio de 2008, p. 12-13.
23 http://www.libertad-expresion.org.mx/informes/
tancia brindar a la ciudadanía información de calidad, que
la oriente en la protección de sus derechos humanos fundamentales.
Algunos instrumentos jurídicos internacionales
relacionados con los derechos humanos en general y el
delito de desaparición forzada en particular, firmados por
• Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por
la ONU en 1948, firmada por México en 1948:
• Convenciones de Ginebra que regulan el derecho internacional
humanitario, adoptadas por la ONU en 1949, suscritas por México en 1952:
• Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de
guerra y de lesa humanidad, adoptada por la ONU en 1968, en
vigor desde 1970, ratificada por México en 2002:
http://www2.ohchr.org/spanish/law/crimenes_guerra.htm
• Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada
en 1969 por la Organización de Estados Americanos, entró en
vigor en 1978 y fue ratificada por México hasta 1981:
• Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de
Personas, adoptada en 1994 por la Organización de Estados
Americanos, entró en vigor en 1996, fue firmada por México en
2001 y ratificada en 2002, con reservas interpretativas para preservar el fuero militar y establecer la prescripción de los delitos
• Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado en
1998 por la ONU, en vigor desde 2002, firmado por México en
2000 y ratificado en 2005:
• Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada, adoptada por la ONU en
2006 y firmada por México en 2007, sin entrar en vigor aún:
http://www2.ohchr.org/spanish/law/disappearance-con
vention.htm
El caso de Rosendo Radilla, líder comunitario detenido-desaparecido por el Estado mexicano en 1974, es el primer caso por desaparición forzada admitido por la CIDH y la CoIDH. La Corte
emitió una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano y lo
emplazó a cumplir con la legalidad internacional. Aún cuando el
Estado dista de acatar la sentencia, este es un logro simbólico de
los comités de familiares de desaparecidos que llevan décadas de
lucha. Por su importancia, recomendamos la lectura completa de
la sentencia:http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm?idCaso=330
Crimen continuo: Violación a la ley o a los derechos fundamentales que se prolonga en el tiempo, así como sus consecuencias.
Crímenes de guerra: Crímenes de naturaleza serial o masiva que se
cometen durante un conflicto armado, sea internacional o no.
Crímenes de lesa humanidad: Actos inhumanos que causan graves sufrimientos o atentan contra la salud mental o física de
como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una
población civil y con conocimiento de dicho ataque.Por su naturaleza atroz, agravian a toda la humanidad en su conjunto.
Criterios de admisibilidad: Requisitos establecidos por un órgano
internacional para admitir alegaciones.
Derechos humanos: Derechos inherentes a cada persona por el
simple hecho de su condición humana. Se reflejan en documentos internacionales que reconocen y protegen a todos los
individuos sin distinción.
Derecho Internacional: Normas que rigen las interacciones y relaciones entre los Estados.
Derecho Internacional Humanitario: Agrupación de las distintas
normas, en su mayoría reflejadas en las Convenciones de Gi-
nebra en 1949 y los Protocolos adicionales de 1966 que tienen
como objetivo principal la protección de los derechos humanos de los individuos en conflictos armados.
Detenido-desaparecido: Persona detenida arbitrariamente por
agentes del Estado o por grupos particulares con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado.
Ejecución extrajudicial: También llamadas arbitrarias o sumarias,
son un caso de violación a los derechos humanos que consiste
en el homicidio de manera deliberada de una persona por parte
de un servidor público que se apoya en la potestad de un Estado para justificar el crimen.
Estado de derecho: Sistema que asegura que cualquier forma de
gobierno está sujeta a las leyes y que la justicia y la protección
de las personas están garantizadas por su cumplimiento.
Garantías de no repetición: Garantías que ofrece un gobierno de
que un crimen determinado no se volverá a producir. Estas garantías son un modo de reparación del daño.
Imprescriptibilidad: Dícese de la ausencia de vencimiento de un
plazo tras la comisión de un delito, por lo que no hay obstáculos temporales para el ejercicio de la acción penal, para el enjuiciamiento, y
la eventual condena.
Indemnización: Compensación por lesiones o pérdidas que puedan medirse por el daño sufrido y por los cuales pueda establecerse un equivalente económico.
Medidas precautorias: También llamadas provisionales o cautelares, son los acuerdos temporales para evitar daños irreparables a las víctimas o testigos o que los Estados necesitan llevar
a cabo con urgencia antes de una decisión judicial.
Medidas preventivas: Acciones, intervenciones o medidas que
contribuyen a evitar que algo suceda. En el caso de las desapariciones forzadas, las medidas preventivas son aquellas dirigidas a impedir que las personas desaparezcan por la fuerza.
Rehabilitación: Medidas dirigidas a la recuperación física y psicológica de las víctimas y su reinserción en la sociedad. En el
caso de las desapariciones forzadas, la rehabilitación a menudo
incluye medidas para restablecer la reputación de las personas
Reparación: Conjunto de medidas que se toman para beneficiar
a las víctimas de daños o lesiones causados por crímenes o violaciones de derechos humanos. La reparación puede realizarse
de diferentes formas, y a menudo combina: compensación monetaria, satisfacción, restitución, garantías de no repetición y
Restitución: Acciones que benefician a las víctimas de crímenes y
violaciones de los derechos humanos dirigidas a restablecer la
situación de la víctima antes del crimen o violación.
Satisfacción: Reparación que consiste en medidas no económicas
dirigidas a restablecer la dignidad y la reputación de los desaparecidos y sus familiares. En algunos casos se puede obtener
mediante una sentencia que condene la desaparición y se
puede completar con una disculpa pública, el reconocimiento
de culpabilidad, una conmemoración pública o un monumento.
Tortura: es el acto de causar daño físico o psicológico intencionadamente, vinculado principalmente al dolor físico, que
puede o no desembocar en la muerte de la víctima. El objetivo
puede ser variado: obtener una confesión o información de la
víctima o de una tercera persona, como venganza por un hecho
cometido por la víctima o por una tercera persona, como preludio de una ejecución (en cuyo caso se habla de muerte-suplicio) o simplemente para el entretenimiento sádico del
Víctima material: Persona directamente afectada por un crimen
o una violación. En una desaparición forzada, la víctima material es la persona a la que se ha hecho desaparecer.
Víctima indirecta: Persona indirectamente afectada por un crimen o una violación.
Contra la Desaparición Forzada, se
presenta el Manual: ¿Qué hacer en caso de
desaparición forzada?, cuyo objetivo
general es proveer de información a la
sociedad para identificar esta grave
describir las herramientas jurídicas, de
derechos humanos, mediáticas,
psicosociales y políticas que pueden
emplear los familiares, los abogados o las
que se enfrentan ante este crimen contra
Manual ¿Que hacer en caso de desaparición forzada?
Un manual que nos esclarece qué es una desaparición forzada y cuáles son los pasos a seguir, en México, ante este crimen de Estado

References: Artículo 117
 artículo 22

Artículo 17
 artículo 22
 artículo 17
 artículo
13711
 artículo 18
 artículo 215
 artículo 13
 artículo 46
 resolución

 resolución