Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/T-024-16.htm
Timestamp: 2019-05-26 09:38:06+00:00

Document:
T-024-16
La accionante, quien tiene 61 años de edad, se ha desempeñado como docente al servicio del Estado por más de 30 años, en distintos municipios del país como Villamaría en Caldas, y Chía, Cajicá y Cota en Cundinamarca, a cargo de la asignatura de lengua extranjera. Cuando se encontraba laborando en el Colegio San Gabriel de Cajicá, Seguros Bolívar S.A. le ofreció una póliza de seguros de vida grupo educadores de Colombia, con cobertura en caso de muerte accidental, desmembración o incapacidad total y permanente del primero[1]. La tutelante tomó la póliza el 16 de octubre de 2002, por un valor asegurado de cuarenta millones de pesos (40.000.000), cancelando una prima mensual de treinta mil pesos (30.000)[2] hasta el año 2007, en que incrementó la prima, correspondiendo a una suma mensual de cuarenta y cinco mil pesos (45.000), pues suscribió un seguro adicional por enfermedades graves por valor de veinte millones de pesos (20.000.000)[3].
Debido a que estuvo incapacitada entre el 13 de julio de 2010 y el 18 de marzo de 2011, superó el periodo de 180 días, razón por la cual la EPS Unión Termporal Medicol Salud, entidad que presta su servicio médico al magisterio, procedió a remitir su caso para la calificación de pérdida de capacidad laboral. La Junta de Calificación de Primera Oportunidad de esa institución determinó que sufría de una invalidez del 96% de origen profesional y con fecha de estructuración el 28 de enero de 2011. Con base en el dictamen señalado, a la accionante le fue reconocida la pensión de invalidez a través de la Resolución No. 00589 de junio de 2011, expedida por la Secretaría de Educación de Cundinamarca[4].
La señora González reiteró la petición a la aseguradora el 16 de abril de 2015, solicitándole que reconsiderara el pago de la póliza, con fundamento en el precedente aplicable, contenido en la sentencia T-830 de 2014[5]. En comunicación del 12 de mayo de 2015 la entidad mantuvo su decisión inicial y afirmó: “para que haya lugar a la cobertura solicitada, se deben reunir todos los supuestos del anexo, es decir, incapacidad de 150 días y que la causa por la que reclama produzca lesiones orgánicas o alteraciones funcionales que de por vida le impidan desempeñar cualquier trabajo remunerativo y en el caso particular no se cumple con dichos criterios. Y precisó además: “una calificación de pérdida de capacidad laboral, no incide en la definición de la reclamación, como se indicó anteriormente, esta calificación tiene efectos en el campo de la seguridad social, con el objeto de garantizar el amparo de las contingencias derivadas de la invalidez, mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinen en la ley laboral. En consecuencia de lo anterior, el asegurado no ha demostrado que reúne las condiciones del contrato para acceder al pago indemnizatorio.”.
La tutelante narró que dos (2) años antes disolvió la sociedad conyugal con el padre de sus dos hijos. Como acordaron la repartición de los bienes decidieron vender el apartamento en el que ella y los jóvenes viven, por lo que se encuentran buscado un lugar para arrendar. También afirmó que sus hijos dependen de ella, pues el menor está terminando bachillerato y la mayor finalizó universidad, pero no ha conseguido trabajo. Agregó que su exesposo no los apoya económicamente desde la separación. Incluso relata que el hijo menor actualmente recibe tratamiento psicológico, porque se deprimió a raíz del divorcio y su enfermedad, porque fueron meses de cirugías, hospitalizaciones y padecimientos. En resumen, la accionante informó que las tres personas sobreviven con la pensión que le reconoció la Gobernación de Cundinamarca[6].
El 26 de febrero de 2014 la señora Lida Obdulia Chaparro de Useche, quien tiene 72 años de edad, adquirió un crédito con el Banco Pichincha por valor de veintiocho millones quinientos mil pesos (28.500.000), a un plazo de 96 meses, por el cual se pactó el pago de una cuota mensual de quinientos setenta y cuatro mil ciento cuarenta y tres pesos (574.143), para ser descontados por libranza de su asignación pensional reconocida por la Gobernación del Valle del Cauca. El crédito se amparó con una póliza vida grupo deudores de la Aseguradora Solidaria de Colombia[7].
El 13 de junio del mismo año la señora Chaparro sufrió un accidente cerebro vascular hemorrágico. Por esa razón fue hospitalizada en la Fundación Valle del Lili de Cali y durante su instancia se le practicó una gastrostomía y adaptación de una sonda yeyunal para su alimentación. Cuando finalizó la hospitalización, la atención en casa se estableció sobre la base del siguiente diagnóstico: “paciente que presentó ECV hemorrágico, estuvo en UCI en estado crítico, intubada con tendencia a la mejoría sin embargo con compromiso neurológico que incluye hemiplejia izquierda, trastorno de la deglución y alteraciones neuropsiquiatrías secundarias, valorada por fisiatría en proceso de rehabilitación y manejo además por psiquiatría”[8].
Posteriormente, el 16 de agosto de 2014 la Junta de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca determinó que la agenciada sufría un 96.2% de pérdida de capacidad laboral, de origen común y fecha de estructuración el 13 de junio de 2014, día del accidente cerebro vascular[9].
El 10 de noviembre de 2014 el accionante solicitó a Seguros Bolívar S.A. reconocer el seguro suscrito en mayo de ese mismo año. El 6 de enero de 2015, la compañía objetó la reclamación argumentando que no se acreditó una “incapacidad total y permanente” en los términos establecidos en la condición primera del anexo, es decir, un porcentaje de invalidez que le impida desempeñarse laboralmente en una actividad lucrativa[10]. Está decisión fue confirmada por la misma entidad en oficio del 4 de febrero de 2015 al responder una nueva solicitud del actor en la cual pidió reconsiderar la objeción.
“… si mi poderdante tiene personas a cargo o no, no sería relevante. Valga decir que no las tiene, pero debe tenerse en cuenta que ni personas ni bienes productivos tiene y que el perjuicio se le está causando solo a él que es quien interesa en este momento. ¿Quién va a contratar a una persona con un índice de disminución de capacidad laboral del 82.95%? Esta situación no se contempló en la sentencia, no se analizó en la sentencia y simplemente se dio por sentado que mi poderdante tiene otros ingresos y, por ende, la acción de tutela no es procedente”[11].
El 3 de julio de 2013 la señora Deyci María Álvarez Hernández suscribió una póliza de seguro de vida grupo deudores, para respaldar un crédito adquirido con el Banco BBVA por valor de cien millones de pesos (100.000.000), con una prima anual del quinientos cincuenta y cuatro mil pesos (554.000). La póliza operaría por muerte o por incapacidad total y permanente del titular[12].
El 5 de septiembre de 2013 la actora sufrió un multi-infarto cerebral. Después de este episodio, el 7 de octubre de 2013 envió un derecho de petición a BBVA Seguros de Vida solicitando el reconocimiento de la póliza que respaldaba el crédito adquirido con Banco BBVA[13]. En comunicación del 25 de octubre de 2015 la entidad le informó a la tutelante: “teniendo en cuenta que al diligenciar la solicitud de seguro de vida grupo deudores, el día 3 de julio de 2013, se omitió declarar dichas patologías –síndrome del túnel carpiano, artritis, y trastornos mentales-, obligado a hacerlo en virtud del citado artículo, por tanto, BBVA Seguros de Vida Colombia S.A., dentro del término legal se permite objetar integra y formalmente la presente reclamación(…).”
La peticionaria solicita al juez de tutela que ordene a BBVA Seguros de Vida reconocer y pagar el monto de la póliza, con base en el dictamen mencionado. Afirmó que por razón de su enfermedad no se puede desempeñar laboralmente, y que en este momento tiene a cargo a dos hijos menores de edad (9 y 17 años), que demandan gastos permanentes de alimentación, educación, salud, vivienda y transporte, que deben ser sufragados por ella totalmente a través de la pensión de invalidez que recibe por valor igual al salario mínimo[14]. Agregó que no cuenta con ingresos fijos adicionales, dado que su esposo no puede asistirlos porque quedó invalido y tiene una pérdida de capacidad laboral del 66.55% desde abril del año 1996.
La accionante allega, para acreditar su precaria situación económica y entre otras pruebas, (i) declaración juramentada por parte del señor Carlos Alberto Álvarez Linares en la que afirma que ha venido ayudando económicamente a su hija, además de que ha asumido varios gastos del hijo mayor de la peticionaria[15]; (ii) constancias del Colegio Americano de Bogotá en el que sus hijos menores están estudiando, en las que se evidencia que han sido beneficiarios de subsidios e incluso de exoneración de matrícula por las condiciones económicas de la familia[16]; y, certificaciones bancarias tanto de la peticionaria como de su esposo que dan cuenta de que algunos productos, tarjetas de crédito, se encuentra en el cupo máximo y en mora[17].
El 30 de septiembre de 2013 el señor Héctor Mario Rubio Acevedo tomó la póliza No. 0110043 con BBVA Seguros de Vida, por un valor de cincuenta y un millones de pesos (51.000.000), cuya prima mensual tenía un costo de treinta y ocho mil doscientos cincuenta pesos (38.250)[18], para asegurar la cancelación del crédito de libre inversión adquirido con el Banco BBVA en caso de muerte o incapacidad permanente. El 24 de abril de 2014, la Junta Médico Laboral de la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional declaró que el señor Rubio presentaba una disminución de la capacidad laboral del cincuenta 50.30%, con fecha de estructuración el día de expedición del dictamen, y originada en las enfermedades trastorno adaptativo, síntomas depresivos, leishmaniasis cutánea, entre otros.
Con fundamento en el dictamen de pérdida de capacidad laboral, el accionante solicitó a BBVA Seguros de Vida el pago de la póliza. El 27 de enero de 2015 la entidad accionada objetó la solicitud. Aseguró que al momento de suscribir el contrato el accionante omitió declarar: “antecedentes patológicos de trastorno adaptativo con síntomas depresivos además de hipoacusia neurosensorial leve, desde el año 2012”, por lo cual, a su juicio, el accionante incurrió en reticencia[19].
Para efectos de acreditar su situación allega los registros civiles de sus tres hijos: un menor de 12 años[20], otro de 17 años[21] y de Geraldine Rubio Suárez de 20 años de edad[22]. Adjunta, además, el certificado expedido por la Universidad del Tolima según el cual Geraldine Rubio Suárez cursó la carrera de Medicina veterinaria y zootecnia del primer semestre de 2013 al segundo semestre de 2014, retirándose para el año 2015, por circunstancias que, según afirma el petente, tienen que ver con la precaria situación económica por la que atraviesa la familia. Precisa que todo el núcleo familiar depende de sus ingresos.
3.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, la protección de derechos fundamentales a través de la acción de tutela puede invocarse no solo contra la acción u omisión de autoridades públicas, sino de particulares. En este último caso, según el inciso 5 ídem, es procedente en aquellos eventos en los que, atendiendo a lo previsto en la Ley, los particulares están encargados de la prestación de un servicio público (i), su conducta afecta grave y directamente el interés colectivo (ii), o frente a ellos el afectado se encuentra en estado de subordinación o indefensión (iii)[23].
La regulación a que hace referencia el citado inciso se encuentra prevista en el artículo 42 del Decreto 2591 de 2001, “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada el artículo 86 de la Constitución Política”, que en su numeral 9 hace referencia a los casos en los que el amparo se invoca frente a quienes se ostenta una relación de subordinación o indefensión[24]. Igualmente, conforme a los numerales 1 y 2 la garantía constitucional de tutela es viable frente a los particulares que prestan servicios públicos[25].
Ahora bien, tanto la subordinación como la indefensión implican la ruptura del derecho a la igualdad, aunque su fuente es diferente. En el primer caso, la dependencia jurídica tiene fuente en el ordenamiento jurídico, mientras que en el segundo la fuente es una situación de orden fáctico. Al respecto, en la providencia T-222 de 2005[26], se afirmó:
El estado de indefensión no tiene origen en la obligatoriedad derivada de un vínculo jurídico sino en la situación fáctica de falta total o insuficiencia de medios físicos y jurídicos de defensa para resistir o repeler la agresión, amenaza o vulneración de sus derechos fundamentales. La indefensión no es una circunstancia que pueda ser analizada en abstracto, requiere de un vínculo entre quien la alega y quien infringe que permita asegurar el nexo causal y la respectiva vulneración del derecho fundamental.”[27]
En este caso la acción de tutela se invoca, en síntesis, contra aseguradoras, esto es, establecimientos privados que hacen parte del sistema financiero de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 literal d) del Decreto 663 de 1993[28]. En relación con esta condición, la Corte Constitucional ha manifestado que la actividad financiera, por lo menos, implica un interés público y que, además, debido a la posición dominante de sus operadores, coloca los usuarios que acuden al sistema en una situación muchas veces de indefensión.
En la sentencia T-152 de 2006[29] la Corporación analizó un caso en el que una aseguradora se negó a cubrir un procedimiento médico de su tomador y beneficiario porque, presuntamente, se configuraba un fenómeno de reticencia al momento de suscribir una póliza de seguro familiar de salud. En esa oportunidad se afirmó que la acción era procedente porque el peticionario se encontraba en indefensión, dado que no contaba con recursos económicos suficientes para oponerse a la aseguradora y se evidenciaba la afectación de los derechos a la vida y a la salud[30].
En providencia T-222 de 2014, esta tesis fue reiterada advirtiendo que en casos como los que aquí se cuestionan la procedencia formal de la acción frente a las aseguradoras se fundaba en dos argumentos relevantes: el primero, el de la prestación de un servicio público, o por lo menos de una actividad en el que era evidente el interés público, y el segundo, por el estado de indefensión[31]. Esta tesis fue reiterada en la sentencia T-830 de 2014, en la que se afirmó:
La situación de indefensión como criterio relevante al momento de valorar la procedencia de la acción de tutela contra establecimientos aseguradores, fue reiterada recientemente en la sentencia T-770 de 2015[32], en los siguientes términos:
(i) Expediente T-5158888. La señora Martha Lucía González solicitó el 13 de julio de 2012 a Seguros Bolívar S.A. el pago de la póliza vida grupo educadores, suscrita con la entidad, la que canceló por espacio de aproximadamente doce (12) años. La aseguradora objetó la reclamación. No obstante la tutelante reiteró su petición el 16 de abril de 2015, sobre la base de aplicar un precedente contenido en una sentencia T-830 de 2014[33]. La peticionaria radicó en la oficina de reparto la acción de tutela que es objeto de revisión el 14 de julio de 2015. Es decir que, transcurrieron menos de 3 meses entre la presentación de la acción constitucional y la última reclamación efectuada a la aseguradora, por lo que se satisface el requisito de inmediatez.
· 30 de enero de 2012, concepto: “paciente con cuadro clínico dado por síndrome manguito rotador derecho”. Concepto de medicina laboral: “1. Pérdida de la capacidad laboral del 96%. // 2. Fecha de estructuración de la invalidez 28 de enero de 2011. // 3. Continuar tratamientos médicos.” (fl. 42).
· 22 de enero de 2013, concepto: “paciente con cuadro clínico dado por antecedente de síndrome del manguito rotador derecho, con antecedente de 2 posoperatorios (2010 y 2011), asociado presenta epicondilitis derecha en tratamiento.”. Concepto de medicina laboral: “- Continuar con pérdida de la capacidad laboral del 96%. // Se tiene en cuenta concepto de ortopedista … // Continuar controles, tratamientos médicos por ortopedia y fisioterapia. // Fecha de estructuración de la invalidez 28 de enero del 2011.” (fl. 43).
· 16 de agosto de 2013, concepto: “paciente con cuadro clínico dado por antecedentes del síndrome del manguito rotador derecho, con antecedente de 2 posoperatorios (2010-2011), asociando presenta epicondilitis derecha en tratamiento.”. Concepto de medicina laboral: “Se certifica que la paciente padece condiciones médicas que le generan una discapacidad permanente progresiva, la cual afecta su movilidad.” (fl. 44).
· 27 de enero de 2014, concepto: “paciente con cuadro clínico dado por antecedente de síndrome del manguito rotador derecho, con antecedente de 2 posoperatorios (2010-2011), asociado presenta epicondilitis derecha en tratamiento.”. El concepto de medicina laboral es idéntico al dado en el dictamen de 22 de enero de 2013 (fl. 45).
· 28 de enero de 2015, en el que se rinde un concepto similar al que se había venido dando (fl. 47).
(iii) Los hechos que se exponen en esta acción de tutela han sido estudiados en un sinnúmero de decisiones previas por esta Corporación. La Corte ha sostenido que en casos como los que nos ocupan estamos frente a una de los presupuestos de procedencia de la tutela, contenido en el artículo 86 de la Constitución. Ello porque es evidente que el no pago de la póliza de seguros, agrava la situación de debilidad manifiesta de los actores, desde el punto de vista de su situación económica y la tutela procede como el mecanismo idóneo para resolver la controversia[34]. Pero además, se hace necesaria la intervención del juez constitucional para evitar un perjuicio irremediable comoquiera que los accionantes necesitan, para la satisfacción de sus derechos fundamentales, especialmente al mínimo vital, una respuesta pronta sobre el reconocimiento y pago del seguro, de manera que puedan afrontar mejor su situación de debilidad manifiesta.
En este caso, en concreto, se tiene que: (i) de conformidad con el dictamen médico, la disminución de la capacidad laboral del accionante se calificó como “permanente parcial - apto”; (ii) el afectado nació el 7 de abril de 1986, lo que permite concluir que a la fecha cuenta con 29 años de edad; (iii) según su propio dicho, no tiene personas a cargo; (iv) pese a que manifiesta no tener trabajo y la imposibilidad de conseguir uno en las condiciones médicas descritas, tampoco efectuó esfuerzo alguno para demostrar, por ejemplo, la situación de sus padres, a quienes incluyó en el año 2014 como beneficiarios del seguro tomado, ni de su núcleo familiar, que permita concluir que, en efecto, una reclamación ordinaria en su caso sería una carga que no está en condiciones de asumir; (v) aunado a lo anterior, tampoco se trata en este caso de un seguro grupo vida deudores que evidencie que debe cubrir una deuda que tampoco está en capacidad de hacerlo; y, (vi) finalmente, el interesado precisa que la dirección de sanidad de la Policía Nacional, entidad para la que laboró durante 7 años, cubre el servicio de salud.
4.1. Desde el punto de vista legal, el contrato de seguro se rige por las normas de derecho comercial y civil que lo regulan, y constituye una concreción del principio de la autonomía de la voluntad, de manera que prima en el negocio jurídico la intención de las partes. Además, la Corporación ha reconocido el carácter comercial de sus actividades. En el marco del derecho comercial, el contrato de seguros es consensual, bilateral, oneroso, aleatorio y de ejecución sucesiva, y de acuerdo con el artículo 1047 del Código de Comercio, sus cláusulas comprenden las condiciones generales de la póliza de seguro, así como las condiciones particulares que acuerdan los contratantes, en las cuales se hacen expresas las especificidades de sus coberturas[35].
En la sentencia T-832 de 2010[36] la Corte estudió la acción interpuesta por una persona de cincuenta y cuatro (54) años de edad, que en mayo de dos mil nueve (2009) fue calificada con una pérdida de capacidad laboral del (77.5%). Con fundamento en ese dictamen, la actora solicitó que se hiciera efectiva la póliza de seguro de vida grupo deudores que amparaba un crédito adquirido en diciembre de dos mil cinco (2005) con el banco tomador de dicha póliza. La compañía aseguradora objetó la reclamación, porque consideró que el evento generador de la pérdida de capacidad laboral total y permanente de la accionante no se llevó a cabo dentro de la vigencia de la póliza, ya que la enfermedad que causó la invalidez fue diagnosticada doce (12) años antes de que se le hubiera desembolsado el crédito.
Posteriormente, en la sentencia T-751 de 2012[37] la Corte estudió dos acciones de tutela acumuladas, interpuestas por personas a quienes se les negó la cancelación de unas pólizas de seguro de vida grupo deudores que amparaban sendas obligaciones crediticias. En el primero de los procesos, la acción de tutela fue interpuesta por una docente que adquirió un crédito hipotecario en el año dos mil cuatro (2004), y que en marzo de dos mil diez (2010) fue calificada con una pérdida de capacidad laboral del (91.15%) por padecer esquizofrenia y alteraciones emotivas. La compañía aseguradora se negó a hacer efectiva la póliza, porque en la historia clínica de la actora existía un diagnóstico de cáncer en febrero de dos mil (2000) que no fue reportado por ella en su declaración de asegurabilidad, omisión que la compañía calificó como una reticencia de la asegurada. En el segundo proceso, la acción fue presentada por una persona que adquirió un crédito con una entidad bancaria en junio de dos mil ocho (2008), cuyo pago fue garantizado por una póliza de vida grupo deudores. En marzo de dos mil diez (2010), el asegurado fue calificado por una junta regional de calificación de invalidez con una pérdida de capacidad laboral del (85.50%). Sin embargo, cuando este solicitó que se hiciera efectiva la póliza de vida grupo deudores, la compañía aseguradora objetó el siniestro argumentando que en la declaración de asegurabilidad el actor había manifestado que no padecía enfermedad alguna, pero para ese momento ya se le había diagnosticado diabetes mellitus, pie diabético, hipertensión arterial y enfermedad coronaria.
Asimismo, en la sentencia T-342 de 2013[38] se tutelaron los derechos a la vida, al mínimo vital, a la familia, a la alimentación, a la salud y a la dignidad humana de un docente calificado con un 97% de pérdida de capacidad laboral, que previamente había adquirido créditos respaldados con una póliza de seguro de “vida deudores”. Al solicitar que se cancelara la póliza debido a la ocurrencia del siniestro, su reclamación fue objetada por la compañía aseguradora porque el asegurado habría incurrido en reticencia. A juicio de la Sala Sexta de Revisión la aseguradora: “(…) omitió realizar los respectivos exámenes médicos o exigir la entrega de unos recientes, para determinar el estado de salud del demandante. Además, lo consignado en las denominadas condiciones del contrato de seguro tampoco justifica tal proceder, pues como se explicó, ello evidentemente coloca al actor en indefensión frente a la aseguradora. No es admisible entonces que ante la ocurrencia del riesgo asegurado, Equidad Seguros alegue que la enfermedad que lo ocasionó es anterior al ingreso del señor Jorge Octavio Ortiz Álvarez a la póliza de seguro de vida deudores”. Por ello, ordenó a la aseguradora efectuar los trámites necesarios para pagar los saldos insolutos de las obligaciones crediticias adquiridas por el actor.
Finalmente, en la sentencia T-222 de 2014[39] se estudiaron varios casos en los cuales unos ciudadanos adquirieron créditos con entidades financieras, respaldados por contratos de seguros celebrados con diferentes compañías. Los accionantes fueron declarados inválidos, pese a lo cual, al solicitar que se cancelaran las pólizas de seguros, las compañías se negaron a proceder en dicha forma, por considerar que habían incurrido en reticencia. La Sala Novena de Revisión concluyó que si bien la no declaración de una condición de salud (preexistencia) puede dar lugar a la configuración de reticencia, para que esta se configure la aseguradora debe probar la mala fe del tomador. En tal sentido indicó: “la reticencia significa la inexactitud en la información entregada por el tomador del seguro a la hora de celebrar el contrato. Esta figura es castigada con la nulidad relativa. En otros términos, sanciona la mala fe en el comportamiento del declarante. Ello implica que, (i) no necesariamente los casos de preexistencias son sinónimo de reticencia. El primer evento es objetivo mientras que el segundo es subjetivo. Por tal motivo, (ii) es deber de la aseguradora probar la mala fe en los casos de preexistencias, pues solo ella es la única que sabe si ese hecho la haría desistir de la celebración del contrato o hacerlo más oneroso. En todo caso (iii), no será sancionada si el asegurador conocía o podía conocer los hechos que dan lugar a la supuesta reticencia”[40].
Aunado a lo anterior, hay que resaltar que las personas que padecen de una disminución de sus condiciones físicas, mentales o sensoriales, gozan de especial protección a la luz de los artículos 13 y 47 de la norma superior[41]. La incapacidad para ser económicamente productivo afecta directamente las condiciones materiales de vida de la persona, y es precisamente para escenarios como éste que se toma una póliza con coberturas para el pago de deudas contraídas previamente, con el fin de alivianar la carga que supone para el afectado pagar obligaciones dinerarias, pudiendo destinar sus recursos escasos a mejorar su condición de vida.
Sobre el particular, en la sentencia T-136 de 2013[42] la Sala Quinta de Revisión conoció el caso de una persona que tomó un seguro para el pago de un crédito insoluto en caso de muerte o incapacidad total y permanente y cuya reclamación se fundamentó en haber perdido el 56.60% de su capacidad laboral. La aseguradora objetó el siniestro, argumentando que la cobertura ofrecida no operaba en personas mayores a 69 años y el actor tenía 74.
Los deberes antes enunciados fueron establecidos en la sentencia T-316 de 2015[43]. En esa oportunidad la Sala Primera de Revisión conoció el caso de una acción de tutela que presentó una mujer contra la asegurada con la cual había suscrito un contrato de aseguramiento, que la amparaba frente a los riesgos de muerte e invalidez total y permanente o incapacidad asimilada. De forma posterior la accionante fue diagnosticada con un 71.14% de pérdida de capacidad laboral, por lo cual solicitó el pago del seguro, pero la seguradora negó el reconcomiendo aduciendo que la tutelante contaba con una serie de preexistencias como hipertensión arterial, trastornos de ansiedad, depresión y dislipidemia, entre otras.
A propósito de la respuesta dada a la accionante, especialmente, haber alegado prexistencia sobre la base de que aquella sufría diversas enfermedades que no fueron excluidas expresamente del contrato, la Sala de Revisión explicó cada uno de los deberes enunciados: (i) claridad: hace referencia a que las cláusulas contractuales. La póliza debe estar escrita en un leguaje accesible para la parte interesada y contener conceptos precisos, para que no se presenten confusiones en la aplicación de sus cláusulas, (ii) información: la aseguradora debe suministrarle al tomador en forma completa las condiciones, coberturas y exclusiones del seguro. Este deber incluye la asesoría en todas las etapas del trámite, inclusive en la reclamación cuando se materializa el riesgo asegurado; (iii) confirmación: consiste en la necesidad de corroborar la información suministrada por el tomador del seguro, por medio de la realización de exámenes médicos o la exigencia de aportar su historia clínica o exámenes recientes sobre pruebas clínicas que considere necesarias; y (iv) lealtad: se traduce en que en el marco de la relación contractual cada parte cumpla sus deberes conforme fueron pactados originalmente, sujetándose al principio de buena fe en las actuaciones que desplieguen, con miras a no afectar los derechos fundamentales de la contraparte[44].
4.6. Un último asunto a tratar como parte de los argumentos jurisprudenciales que fundamentan la decisión a adoptar por la Sala, y en estrecha relación con el deber de confirmación antes enunciado, es el hecho de que las aseguradoras no pueden objetar válidamente el pago de un siniestro alegando la figura de la preexistencia, cuando no existe mala fe del tomador al momento de suscribir la póliza y sus anexos. En ese sentido se pronunció la Sala Segunda de Revisión en la sentencia T-684 de 2015[45] al decidir sobre la acción de tutela presentada por una familia contra una compañía aseguradora porque aquella negó el pago de la deuda insoluta pese a que la tomadora falleció, aduciendo que al momento de suscribir el aseguramiento la interesada había sido reticente en la declaración sobre algunas enfermedades que padecía.
Al momento de tomar el seguro a la accionante se le preguntó solamente: ¿“ha sufrido alguna enfermedad?”[46] y ella respondió “no”. Por lo demás, no reposan en la contestación a la acción por parte de la compañía, pruebas de los exámenes médicos realizados a la actora, o una valoración previa, y en la póliza que el agente oficioso adjuntó al proceso no se leen exclusiones al aseguramiento[47].
Pero, adicionalmente, revisada la historia médica de la señora Lida Obdulia Chaparro de Useche, antes de la suscripción de la póliza asistió a cita médica el 25 de enero de 2014[48], refiriendo “dolor en la columna”, como antecedente se precisa: “paciente con antecedente de HTA + hipotiroidismo quien refiere lumbalgia asociada a dolor en glúteo derecho desde hace 1 año exacervado (sic) con la actividad física”. Adicionalmente, y en los aspectos relevantes, se concluyó en el examen físico que el sistema neurológico, nervioso central y periférico, cardiovascular estaba normal. Esta situación evidencia que su afirmación sobre las condiciones normales de salud por parte de la accionante no eran infundadas y que para esa fecha, tal como venía sucediendo, la situación relacionada con la hipertensión arterial estaba controlada, prueba que, contrario a lo que afirma de manera general la aseguradora, prueba la buena fe de la señora Chaparro de Useche al momento de suscribir la póliza en estudio.
La señora Deyci María Álvarez Hernández como el señor Héctor Mario Rubio Acevedo tomaron pólizas vida grupo deudores, para cubrir los saldos insolutos de crédito que tomaron con el Banco BBVA. En el formato correspondiente se establece como condición para efectuar el aseguramiento que: “para efectos de este beneficio, incluyendo los regímenes especiales, se entiende por incapacidad total y permanente, la sufrida por el asegurado como resultado de una lesión o enfermedad, que le impida total y permanentemente realizar cualquier actividad u ocupación. Dicha incapacidad se considerará siempre y cuando haya persistido por un periodo continuo no inferior a ciento veinte (120) días comunes y cuando la pérdida de la capacidad laboral calificada en primera instancia por el médico determinado por la aseguradora y en las demás instancias por las juntas regional y nacional de calificación de invalidez, sea superior al 50% y no haya sido provocada a sí mismo por el asegurado”[49].
En cuanto a la declaración de asegurabilidad, los peticionarios contestaron “no” cuando se les preguntó a través de varios interrogantes generales si habían sufrido una enfermedad en particular. Igualmente, de las cláusulas que componen el contrato no se deduce que pueda la entidad realizar una valoración posterior de la historia clínica del interesado. Se entiende que la información sobre la salud de los tomadores estará disponible siempre para el uso de la entidad porque aquella se guarda el derecho a acceder a esa información[50], sin embargo, conforme el precedente fijado, esa reserva no se constituye en un mecanismo para que la aseguradora reinterprete o modifique las condiciones del aseguramiento inicialmente pactado, en perjuicio del interesado. El deber de medir el riesgo asegurable es previo y no es aceptable ninguna modificación posterior, menos, excluir enfermedades o padecimientos, cuya comprobación, para determinar que tuvo conexidad con la que ocasionó la invalidez, es discutible, pues ni siquiera se aportan pruebas al respecto.
Pero, además, analizado el contrato de seguro suscrito por la accionante no se encuentra la determinación de un régimen objetivo en virtud del cual se pueda determinar a partir de qué porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral se entiende configurado el siniestro, indeterminación que no puede dejarse a la libre valoración de la aseguradora, y que, por tanto, ha permitido a la Sala en ocasiones anteriores afirmar que deben seguirse los criterios generales legislativamente establecidos para considerar a una personas en condiciones de invalidez. Al respecto, en la sentencia T-490 de 2009[51], se afirmó:
Primero.- REVOCAR el fallo de única instancia proferido por el Juzgado Treinta y Tres Civil Municipal de Bogotá, el veintinueve (29) de julio de dos mil quince (2015), que declaró la improcedencia de la acción de tutela presentada por Martha Lucía González López contra Seguros Bolívar S.A, y en su lugar, amparar los derechos fundamentales de la tutelante a la vida digna y al mínimo vital. En virtud de esta decisión, ORDENAR a Seguros Bolívar S.A. que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia, reconozca y pague a la accionante la indemnización pactada en la póliza Nº 3177 del seguro de vida grupo educadores de Colombia.
Segundo.- REVOCAR el fallo de segunda instancia proferido por el Juzgado Décimo Civil del Circuito de Oralidad de Cali, el diez (10) de junio de dos mil quince (2015), que revocó la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Veintidós Civil Municipal de Cali, el siete (07) de mayo de dos mil quince (2015), en el que se ampararon los derechos fundamentales de la señora Lida Obdulia Chaparro de Useche en el proceso de tutela iniciado por Harold Humberto Useche Chaparro actuando como su agente oficioso, contra la Aseguradora Solidaria de Colombia, el Banco Pichincha y Delima Marsh S.A. En virtud de esta decisión, ORDENAR a la Aseguradora Solidaria de Colombia que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia, reconozca y pague a la señora Chaparro la póliza Nº 994000000001 del seguro de vida grupo deudores. Para tales efectos la entidad deberá cancelar el valor insoluto de la deuda que la accionante tiene con el Banco Pichincha, y lo hará desde el 13 de junio de 2014 (fecha de estructuración de su invalidez). Y comoquiera que es posible que la accionante continuara pagando las cuotas del crédito incluso de forma posterior a la declaratoria de su estado de invalidez, una vez la aseguradora cubra el valor insoluto directamente con la entidad financiera, deberá desembolsar a su favor el monto de las cuotas que haya asumido hasta este momento.
Tercero.- CONFIRMAR el fallo de segunda instancia proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Ibagué, el seis (6) de agosto de dos mil quince (2015), que a su vez confirmó la decisión de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Ibagué, el veintinueve (29) de mayo de dos mil quince (2015), en la cual se negó la protección invocada por el señor John Alexander Triana Rodríguez en su proceso de tutela contra Seguros Bolívar S.A., de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
Cuarto.- REVOCAR el fallo de segunda instancia proferido por el Juzgado Cuarenta y Siete Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, el ocho (8) de septiembre de dos mil quince (2015), que a su vez confirmó el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Veinticuatro Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, el veintiséis (26) de junio de dos mil quince (2015), en el cual se declaró la improcedencia de la acción de tutela de Deyci María Álvarez Hernández contra Banco BBVA y BBVA Seguros de Vida, y en su lugar, amparar los derechos fundamentales de la tutelante a la vida digna y al mínimo vital. En virtud de esta decisión, ORDENAR a BBVA Seguros de Vida que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia, reconozca y pague a la señora Hernández la póliza suscrita el 3 de julio de 2013 en la modalidad seguro de vida grupo deudores. Para tales efectos la entidad deberá cancelar el valor insoluto de la deuda que la accionante tiene con Banco BBVA, y lo hará desde el 5 de septiembre de 2013 (fecha de estructuración de su invalidez). Y comoquiera que es posible que la accionante continuara pagando las cuotas del crédito incluso de forma posterior a la declaratoria de su estado de invalidez, una vez la aseguradora cubra el valor insoluto directamente con la entidad financiera, deberá desembolsar a su favor el monto de las cuotas que haya asumido hasta este momento.
Quinto.- REVOCAR el fallo de segunda instancia proferido por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá, el cuatro (4) de septiembre de dos mil quince (2015), que a su vez confirmó el fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Treinta y Nueve Civil Municipal de Bogotá, el cinco (5) de agosto de dos mil quince (2015), que negó la protección invocada por Héctor Mario Rubio Acevedo en su proceso de tutela contra Banco BBVA y BBVA Seguros de Vida, y en su lugar amparar los derechos fundamentales de los tutelantes a la vida digna y al mínimo vital. En virtud de esta decisión, ORDENAR a BBVA Seguros de Vida que en el término de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia, reconozca y pague al señor Rubio la póliza suscrita el 30 de septiembre de 2013 en la modalidad seguro de vida grupo deudores. Para tales efectos la entidad deberá cancelar el valor insoluto de la deuda que el accionante tiene con el Banco BBVA, y lo hará desde el 24 de abril de 2014 (fecha de estructuración de su invalidez). Y comoquiera que es posible que el actor continuara pagando las cuotas del crédito incluso de forma posterior a la declaratoria de su estado de invalidez, una vez la aseguradora cubra el valor insoluto directamente con la entidad financiera, deberá desembolsar a su favor el monto de las cuotas que haya asumido hasta este momento.
[1] En la condición primera del aseguramiento se establece: “para todos los efectos de este anexo se entiende por incapacidad total y permanente la sufrida por el asegurado, que haya sido ocasionada y se manifieste estando protegido por el presente anexo, que produzca lesiones orgánicas o funcionales incurables que de por vida impidan a la persona desempeñar cualquier trabajo remunerativo, siempre que dicha incapacidad haya existido por un periodo continuo no menor de ciento cincuenta (150) días y haya sido provocada por el asegurado”.
[2] Póliza de seguro de vida grupo (folios 11 a 12). Para la toma del seguro a la accionante se le hizo firmar una declaración de asegurabilidad, con el siguiente contenido definido: “(…) declaro que: 1. Tanto mi estado de salud como el de mi conyugue asegurado es normal, no padecemos no hemos padecido enfermedades tales como: enfermedades congénitas, afecciones cardiovasculares, VIH-Sida, hipertensión arterial, cáncer, diabetes, hepatitis B, cirrosis, insuficiencia renal, enfermedades neurológicas, psiquiátricas o pulmonares. 2. En los últimos dos (2) años no hemos sido sometidos ni se nos han programado tratamientos o intervenciones quirúrgicas en razón a enfermedades tales como las enunciadas anteriormente o de dolencias directamente relacionadas con ellas, en forma causal o consecuencial. 3. En la actualidad no sufrimos síntomas, enfermedades crónicas o adicciones que incidan sobre nuestro estado de salud. 4. No tenemos limitación física algunas (…)” (folio 12).
[3] Renovación del aseguramiento, efectuado el 1 de octubre de 2007 (folio 14).
[4] Folios 16 y 17 del cuaderno de revisión de tutela.
[6] El valor de la pensión es de $3´123.000, de los cuales recibe neto solamente $2´216.00, que debe utilizar para “impuestos, facturas, mercados, administración del conjunto, transporte para mis hijos y para mí, ropa, útiles y casi todas las veces salud porque las EPS generalmente no tienen los medicamentos que nos formulan o son de mala calidad porque hasta los medicamentos hoy por hoy tienen estrato.” (folio 15 expediente principal).
[7] Cabe resaltar que al escrito de tutela se encuentra anexa una fotocopia de la declaración de asegurabilidad suscrita por la accionante en la cual se le pregunta al deudor si “¿ha sufrido alguna enfermedad?”, a lo cual la agenciada contestó “no” (folio 96).
[8] Historia clínica de la agenciada (folios 14 a 61).
[9] Dictamen de pérdida de capacidad laboral expedido por la Junta Regional de Calificación de la Invalidez del Valle del Cauca (folios 5 a 12).
[10] Folio 22.
[11] Folios 132 y 133, escrito de impugnación al fallo de primera instancia.
[12] Folio 19 del cuaderno de revisión de tutela.
[14] Afirmación que se confirma con la información suministrada por la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A., obrante a folios 199 a 201.
[15] Folio 61. Declaración juramentada de 10 de abril de 2015, ante la Notaría Setenta y Tres (73) del Círculo de Bogotá.
[16] Folios 62 a 65.
[17] Folios 71 a 84.
[18] Póliza de seguro visible en el folio 103 del cuaderno de la primera instancia del expediente T-5201786.
[19] Folio 27 y 28.
[20] Copia del registro civil de Gabriel Rubio Suárez, con fecha de nacimiento 4 de noviembre de 2003 (folio 24).
[21] Copia del registro civil de Carlos Mario Rubio Suárez, nacido el 15 de febrero de 1998 (folio 25).
[22] Según registro civil obrante a folio 26, nació el 7 de diciembre de 1995.
[23] Frente a la procedencia de la acción contra particulares, la Corte en sus primeras decisiones precisó: “"Las relaciones entre los particulares discurren, por regla general, en un plano de igualdad y de coordinación. La actividad privada que afecte grave y directamente el interés colectivo, adquiere una connotación patológica que le resta toda legitimación, máxime en un Estado social de derecho fundado en el principio de solidaridad y de prevalencia del interés general. De otro lado, la equidistancia entre los particulares se suspende o se quebranta cuando a algunos de ellos se los encarga de la prestación de un servicio público, o el poder social que, por otras causas, alcanzan a detentar puede virtualmente colocar a los demás en estado de subordinación o indefensión. En estos eventos, tiene lógica que la ley establezca la procedencia de la acción de tutela contra los particulares que prevalecidos de su relativa superioridad u olvidando la finalidad social de sus funciones, vulneren los derechos fundamentales de los restantes miembros de la comunidad (CP art. 86). La idea que inspira la tutela, que no es otra que el control al abuso del poder, se predica de los particulares que lo ejercen de manera arbitraria" (T-251 de 1993 MP Eduardo Cifuentes Muñoz, reiterada en la C-134 de 1994 MP Vladimiro Naranjo Mesa - unánime).
[24] Este apartado inicialmente precisaba que esa procedencia estaba vinculada a la protección de los derechos a la vida o integridad, sin embargo, la Corte Constitucional en la sentencia C-134 de 1994 declaró la inexequibilidad de tal delimitación, afirmando que la competencia del legislador prevista en el inciso 5º del artículo 86 de la Carta no permitía la restricción de la procedencia de la acción a unos derechos fundamentales cuando se compromete la actuación u omisión de particulares. (MP Vladimiro Naranjo Mesa - unánime).
[25] “Con todo, esta Corporación considera que, respecto de los numerales 1o. y 2o. del artículo 42 del decreto 2591, la acción de tutela debe proceder contra cualquier particular que preste un servicio público. Lo anterior porque, como se ha establecido, el servicio público de interés general prestado por un particular hace que éste asuma una posición de primacía material, con relevancia jurídica, que hace que ese particular, al trascender el plano de la justicia conmutativa que enmarca una relación de igualdad entre todos los seres de un mismo género, pueda, por medio de sus actos, cometer "abusos de poder" que atenten contra algún derecho fundamental de una o varias personas. Por ello ese "particular" debe ser sujeto de las acciones pertinentes, dentro de las cuales se encuentra la acción de tutela, que determinan la responsabilidad de quienes, se repite, han vulnerado o amenazado un derecho constitucional fundamental de cualquier persona.”. Ibídem.
[26] MP Clara Inés Vargas Hernández (unánime).
[27] Reiterada en la sentencia T-098 de 2015 MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub (unánime).
[28] “Por medio del cual se actualiza el estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración.”.-
[29] MP Rodrigo Escobar Gil (unánime).
[30] En el mismo sentido, esto es, la situación de indefensión de asegurados frente a aseguradoras existe copiosa jurisprudencia. Al respecto ver, entre otras, las sentencias T-057 de 1995 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-1165 de 2001 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-1085 de 2002 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-608 de 2004 (M. P. Clara Inés Vargas Hernández), T-018 de 2005 (M. P. Alfredo Beltrán Sierra), T-863 de 2005 (M. P. Álvaro Tafur Galvis), T-306 de 2007 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-832 de 2010 (MP Nilson Pinilla Pinilla), T-662 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas Silva).
[31] Esta tesis fue recientemente reiterada en providencia T-316 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa, SP Luis Guillermo Guerrero Pérez), así: “3.1. En reiterada jurisprudencia, esta Corte ha sostenido que la acción de tutela es procedente frente a particulares que ejercen actividades bancarias. Esto tiene fundamento en que: (i) estos se ocupan del manejo de recursos captados del público y, por lo tanto, su actividad puede ser considerada como un servicio público; (ii) las entidades bancarias detentan una posición dominante frente al usuario, por lo que es necesario equilibrar las posiciones en que se encuentran ubicadas cada una de las partes negociales.”.
[32] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, AV y SP Luis Ernesto Vargas Silva y AV Alberto Rojas Ríos.
[33] MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
[34] Ver en este sentido la sentencia T-832 de 2010 (MP. Nilson Pinilla Pinilla).
[35] Resulta ilustrativo citar la sentencia de dos (2) de mayo de dos mil (2000) de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en donde se explican las diferencias entre las anotadas condiciones de los contratos de seguros: “las condiciones generales de contratación, denominadas comúnmente condiciones o cláusulas generales del negocio o del contrato, son la columna vertebral de la relación asegurativa y junto con las condiciones o cláusulas particulares del contrato de seguros conforman el contenido de éste negocio jurídico, o sea el conjunto de disposiciones que integran y regulan la relación. Esas cláusulas generales, como su propio nombre lo indica, están llamadas a aplicarse a todos los contratos de un mismo tipo otorgados por el mismo asegurador o aún por los aseguradores del mismo mercado y están destinadas a delimitar de una parte la extensión del riesgo asumido por el asegurador de tal modo que guarde la debida equivalencia con la tarifa aplicable al respectivo seguro y, de otra, a regular las relaciones entre las partes vinculadas al contrato, definir la oportunidad y modo de ejercicio de los derechos y observancia de las obligaciones o cargas que de él dimanan.” Y agregó “de otro lado, las condiciones particulares del contrato de seguro se elaboran de manera individual y específica para cada contrato y de manera conjunta entre el asegurador y el tomador y reflejan asimismo, pero en forma específica para el negocio acordado, la voluntad de los contratantes”. Ver también, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, sentencia del dos (02) de mayo de dos mil (2000). Expediente No. 6291 (MP. Jorge Santos Ballesteros). Esta posición ha sido reiterada por la Sala de Casación Penal, en sentencia del treinta (30) de enero de dos mil trece (2013), expediente 35594 (MP. Luis Guillermo Salazar Otero), y por la Sala de Casación Civil en sentencia del tres (03) de marzo de dos mil quince (2015), expediente 0253 (MP Jesús Vall de Rutén Ruiz).
[36] Corte Constitucional, sentencia T-832 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
[37] Corte Constitucional, sentencia T-751 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa).
[38] Corte Constitucional, sentencia T-342 de 2013 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla).
[39] Corte Constitucional, sentencia T-222 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[40] En el mismo sentido se puede consultar las sentencia T-402 de 2015 y T-316 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa), que también desarrollan y reiteran la línea de protección fijada por esta Corporación en relación con el asunto. En la última de las sentencias citadas, la Sala Primera de Revisión concluyó, sobre el particular que “(…) se tiene que: (i) la falta de declaración de cualquier pre-existencia médica no constituye en sí misma reticencia, puesto que para que pueda hablarse de esta última es necesario probar la mala fe del tomador; (ii) debido a la necesidad de preservar el interés público, representado en el equilibrio de las partes contractuales, las aseguradoras tienen un conjunto de cargas o deberes que deben cumplir para impedir que con su actuar lesionen derechos fundamentales de sus usuarios, entre ellas, (iii) deben proveer información tan completa como sea posible a los tomadores de seguros en relación con los alcances, exclusiones y cualquier otra circunstancia relativa al contrato de seguro; asimismo, (iv) han de abstenerse de utilizar cláusulas genéricas y ambiguas en sus contratos de seguros para objetar la cancelación de la póliza, bajo el argumento de que el tomador/asegurado incurrió en reticencia; (v) las aseguradoras no pueden alegar en su defensa que el tomador/asegurado incurrió en reticencia si conocían o podían conocer los hechos que dieron lugar a dicha reticencia, como en aquellos eventos en los que se abstuvieron de comprobar el estado de salud del asegurado al momento de tomar el seguro, por medio de la práctica de exámenes médicos o la exigencia de unos recientes.”
[41] Las personas que sufren una situación incapacitante tienen derecho a ser protegidas especialmente. Dicha protección se materializa de tres formas: (i) tienen derecho a ser asistidos en el ámbito familiar, social y laboral, o a través de las prestaciones que el Estado disponga para atenderlas, de manera que puedan superar las barreras que les impone la disminución de sus capacidades. Además, están llamados (los particulares, la sociedad y el Estado) a adoptar los ajuste razonables en relación con esta población, cuando hayan cargas desproporcionadas que dadas las condiciones de discapacidad, obstaculicen o hagan nula la satisfacción de sus derechos; (ii) en esos mismos ámbitos, cualquier acción que se ejerza, que amenace o vulnere sus derechos constitucionales es discriminatoria, pues se presume que se originó en la condición de discapacidad; y (iii) se debe entender que las limitaciones físicas, mentales o sensoriales no son barreras para disfrutar de sus derechos o participar activamente de la sociedad en la medida en que la discapacidad no debe ser una condición limitante para desarrollar un plan de vida autónomo
[42] Corte Constitucional T-136 de 2013 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio).
[43] Corte Constitucional, sentencia T-316 de 2015 (M.P. María Victoria Calle Correa). En similar sentido se pueden revisar las sentencias T-196 de 2007 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-751 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa), T-136 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-268 de 2013 (M.P. Jorge Iván Palacio Palacio), T-222 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva) y T-865 de 2014 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado).
[44] En concreto, la Sala Primera de Revisión afirmó sobre los deberes enunciados: “[l]a carga de claridad se refiere a la transparencia y accesibilidad del lenguaje utilizado para definir las cláusulas del contrato de seguro, el formulario de asegurabilidad y cualquier otro documento referido a la póliza. En los contratos de seguro la claridad en la definición de las condiciones de celebración y ejecución del acto jurídico reviste especial importancia, debido a que la ambigüedad de los acuerdos pactados tiene la potencialidad de afectar el equilibrio contractual que rige las relaciones entre las partes. La carga de claridad es, en este sentido, una salvaguarda que pretende evitar la vulneración de derechos fundamentales de los particulares y garantizar el correcto desarrollo del objeto negocial. De igual forma, a las compañías de seguros les resulta exigible una carga de información, referida a dotar al tomador de la póliza de todos los datos necesarios para que al momento de celebrar el negocio jurídico relativo al contrato de seguro, el mismo lo haga desde una base de consentimiento informado. La carga de información implica que esta sea veraz y completa, de tal suerte que se evite inducir a error al usuario del servicio. Ello implica, a su vez, un deber de prestar asistencia al asegurado en relación con los trámites y procedimientos necesarios para adquirir la póliza y solicitar su ejecución. Debido a las dificultades que puede representar la complejidad de la documentación referida al contrato de seguro para el tomador, es deber de la aseguradora explicarle a este último cualquier situación que el mismo no comprenda e incluso aquellas cuestiones que, por su propia naturaleza, pueden resultar confusas para el particular. Adicionalmente, las aseguradoras tienen una carga de comprobación, que consiste en verificar lo señalado por el tomador o asegurado al momento de adquirir la póliza de seguros. Esta carga tiene una especial relevancia en cuanto a las declaraciones de asegurabilidad referidas al estado de salud. Debido a la necesidad de velar por la efectividad del principio de autonomía privada de la voluntad, las compañías de seguro han de cerciorarse que la condición de salud declarada por el cliente sí corresponde a la realidad. Esta carga se fundamenta en que las personas, al adquirir una póliza de seguro, pueden no estar al tanto de su estado actual de salud, por lo que se hace necesario corroborar lo declarado por el cliente. De igual forma, la carga de comprobación también se encuentra justificada en que es la aseguradora la que conoce qué tipos de condiciones médicas son relevantes a la hora de decidir celebrar un contrato de seguro, por lo que es aquella quien debe indagar por dichas condiciones. El deber de comprobación puede materializarse de múltiples formas, incluyendo la práctica de exámenes médicos o la exigencia de presentar unos recientes para certificar sus condiciones vitales. Por último, existe una carga de lealtad que puede entenderse como un mandato general para la aseguradora de evitar cualquier conducta que pueda inducir a error al tomador o que le genere detrimento de forma ilegítima. Esta carga puede entenderse como una prohibición para las aseguradoras de abusar de la autonomía privada de la voluntad para afectar los intereses de su contraparte, en desconocimiento de los mandatos constitucionales.”
[45] Corte Constitucional, sentencia T-684 de 2015 (M.P. Myriam Ávila Roldán). Ver en similar sentido las sentencias T-832 de 2010 (M.P. Nilson Pinilla Pinilla), T-751 de 2012 (M.P. María Victoria Calle Correa) y T-222 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), entre otras.
[46] Folio 96.
[47] Folio 96.
[48] Folios 93 y 94.
[49] Folios 16 y siguientes del cuaderno de revisión.
[50] Folio 106.
[51] MP Luis Ernesto Vargas Silva (unánime). Oportunidad en la que la Sala ordenó la materialización de la póliza de seguro de vida grupo por concepto de incapacidad total, a una persona que acreditaba una pérdida de la capacidad laboral del 59,31%.

References: Resolución 
 artículo 86
 artículo 42
 artículo 86
 artículo 1
 artículo 86
 artículo 1047
 artículo 86
 artículo 42