Source: https://corporisreed.blogspot.com/
Timestamp: 2019-02-22 06:50:06+00:00

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Aplicación que carga celulares con wifi
El Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) informó de un invento desarrollado por el ingeniero español Tomás Palacios que podría ser el futuro de los dispositivos electrónicos que requieren de ser recargados con frecuencia, tales como teléfonos celulares, computadoras portátiles y otros como prendas usables conocidas como weareables.
El desarrollo de Palacios y su equipo consiste en un pequeño aparato capaz de transformar las ondas electromagnéticas de la red inalámbrica en electricidad, haciendo posible que en tan solo unos segundos los aparatos obtengan la carga necesaria para seguir funcionando. La idea principal de este invento es usar las señales de la red inalámbrica como cargadores, lo cual no es nuevo, ya que existen y se conocen como antenas rectificadoras “rectenas”, sin embargo, esta es la primera vez que esa tecnología se consigue en un dispositivo flexible que no requiere de grandes estructuras.
De acuerdo con Palacios, el funcionamiento consiste en “recoger” la señal inalámbrica y conectarla al dispositivo utilizando disulfuro de molibdeno (MoS2), uno de los semicoductores más finos del mundo. Una vez que las ondas han sido captadas, el MoS2 las convierte en electricidad, recargando los dispositivos.
De acuerdo con lo publicado en la revista Nature, este invento tiene grandes posibilidades, y es que no solo podría servir para cargar dispositivos en ciertos momentos, sino que puede ser capaz de almacenar energía las 24 horas del día, la cual podría ser utilizada en infinidad de aplicaciones "¿Y si pudiéramos desarrollar sistemas electrónicos que envolvieran un puente o una carretera y así traer inteligencia artificial a todo lo que nos rodea?", se preguntó el investigador.
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Advierte el SAT póngase al corriente
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Temas de interés público:
Publicado por Charolet MX en 6:51 No hay comentarios:
Sitios fraude en INTERNET
La siguiente recopilación de información realizada por el periodista Rodolfo Herrera Charolet , que forma parte de su libro FRAUDES, pretende alertar a los usuarios de Internet de los riesgos que corren y de algunas de las formas que se han encontrado para cometer fraude. Al final de la recopilación de información que se presenta, se indican los sitios fuente en los que el usuario puede ampliar la información que se presenta.
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Fraude con la Flor de la Abundancia
Fraudes en cadena
Les llaman ‘rueda de la amistad’, flor de la abundancia’, ‘mándala’, ‘telar de la abundancia’, ‘círculo de la prosperidad’, ‘células de gratitud’ o ‘bolas solidarias’ esos son solo algunos nombres del fraude que se ha puesto de ‘moda’ en redes sociales como WhatsApp y Facebook.
Debe 24 mil que invirtió en la Flor de la Abundancia
Si quieres saber más sobre la llamada 'Flor de la Abundancia' lee esto.
Ponzi el creador de las "flores"
No importa el nombre con el que lo conozcas. Los esquemas Ponzi tienen muchas identidades: "Esquema célula", "Esquema burbuja", "Esquema de pirámide", etc.
Este esquema se aprovecha de la confianza entre conocidos y muchos casos quienes entraron convencidos de que funcionaba tal vez no lo hicieron con mala intención, sino con el fin de ganar algo y compartir esa “abundancia”.
Esta persona consigue dos más que “la apoyan” en difundir la flor. Ellos deben mandar la información y mensajes de abundancia y ley de la atracción para convencer a más incautos.
Publicado por Charolet MX en 12:17 No hay comentarios:
1.- Del H. Congreso del Estado
a) La discusión, aprobación y expedición del decreto por el que se crea y entra en vigor Ley del Agua para el Estado de Puebla, publicado en EL Periódico Oficial del Estado 31 de Diciembre de 2012, y vigente a partir de esa misma fecha, específicamente por lo que se refiere a los artículos 99 fracción l, 128 Fracción XXIII, artículo 130 Fracción XVII, 133, 137 y 140 de la Ley en comento.
b) La aprobación y orden de publicación en el Periódico Oficial del Estado de los acuerdos tarifarios emitidos por el Consejo de Administración del Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de San Pedro Cholula de los años 2014, 2015, 2016 y 2017.
c) La discusión, aprobación y expedición del decreto por el que se crea y entra en vigor el Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, por lo que se refiere al Artículo 33.
2. El C. GOBERNADOR DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA.
a) La expedición y promulgación Ley del Agua para el Estado de Puebla, en lo sucesivo LEY DEL AGUA, publicado en EL Periódico Oficial del Estado 31 de Diciembre de 2012, y vigente a partir de esa misma fecha, específicamente por lo que se refiere a los artículos 99 fracción l, 128 Fracción XXIII, artículo 130 Fracción XVII, 133, 137 y 140 de la Ley en comento.
b) La expedición y promulgación del Código Fiscal Municipal del Estado Libre y Soberano de Puebla, en lo sucesivo CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL, por lo que se refiere al Artículo 33.
3.- De la autoridad responsable SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA en lo sucesivo SOSAPACH:
a) La aplicación de las disposiciones reclamadas en su resolución 400/2017 de fecha 6 de abril de 2017.
b) Acuerdo tarifario del año 2015 dictado por el Consejo de Administración del SOSAPACH.
c) Acuerdo tarifario del año 2016 dictado por el Consejo de Administración del SOSAPACH.
d) Acuerdo tarifario del año 2017 dictado por el Consejo de Administración del SOSAPACH.
e) La expedición reiterada de acuerdos indebidamente fundados y motivados, en la que pretende cobros ilegales por concepto de sanciones, recargos y otros conceptos por acceso al agua como derecho humano. Así como la amenaza de suspensión del servicio.
V.- PRECEPTOS CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS.
Artículos 4, 14, 16, 31 fracción IV, 35 16, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Así como tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano.
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que constituyen antecedentes de este acto reclamado los siguientes:
Relacionados con los agravios que conculcan garantías individuales y que afectan al demandante, como primer acto de aplicación de la LEY DEL AGUA y del CODIGO FISCAL MUNICIPAL
6.1.- Mediante resolución 400/2017 de fecha 6 de abril de 2017 y de la que me entero de su notificación el 21 de este mes y año, por no haberse realizado personalmente y haber sido entregada por un vecino; el Director del SOSAPACH determinó un adeudo por la cantidad de $6,107.35 por concepto de suministro de agua potable y saneamiento al 31 de marzo de 2017, además de recargos y sanciones, con amenaza de corte de suministro de agua potable y alcantarillado de no cubrirse el adeudo consignado en dicha resolución, presumiblemente en cumplimiento de la Ejecutoria de Amparo 416/2016, pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de fecha 24 de marzo de 2017. Que dejó sin efectos la resolución 513/2016 de fecha 1 de junio de 2016.
6.2.- Mediante resolución 513/2016 de fecha 1 de junio de 2016 el director del SOSAPACH dio cumplimiento a la sentencia de amparo, en el expediente 1945/2015 de fecha 15 de enero de 2016 del C. Juez cuarto de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, dictó y determinó un adeudo por el suministro de agua potable y saneamiento, sin fundamentación y motivación adecuada que cesaron los efectos de la pretensión de cobro de un recibió, en el que se estimaron consumos de agua potable y saneamiento en exceso, además de recargos y otros conceptos.
6.3.- El 12 de mayo de 2016 el demandante solicitó el procedimiento de verificación de volúmenes de consumo de agua potable, a fin de determinar una lectura correcta y acorde a los consumos reales y no a la estimación que había realizado el SOSAPACH, por la cual resultaba un cobro en exceso.
Hechos relacionados cronológicamente referidos a la Ley que se impugna y las reformas al artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, con relación al acceso al agua como un derecho humano.
7.1.- El 13 de Diciembre de 2012 la LVIII Legislatura del Estado, aprobó en TODOS sus términos la Ley del Agua para el Estado de Puebla, como consta en el acta de la Sesión Pública Ordinaria del día jueves 13 de diciembre de 2012.
7.2.- El 31 de diciembre de 2012 se publicó el DECRETO del Honorable Congreso del Estado, por el que expide la LEY DE AGUA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.
7.3.- El 1ero de abril de 2013 se REFORMA de la fracción I del artículo 45 de la LEY DE AGUA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.
7.4.- El 13 de septiembre de 2013 se REFORMA la fracción IV del artículo 31 y se adicionan la fracción IX al artículo 31 y el 118 Bis, todos de la LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.
7.5.- El 6 de noviembre de 2013, Se deroga el artículo 118 Bis de la LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.
7.6.- 30 de diciembre de 2013, Se REFORMAN el artículo 11, las fracciones XVII y XVIII del 13, el último párrafo del 18, las fracciones VI y VII del 21; se ADICIONAN la fracción XIX, el penúltimo y último párrafo al 13, las fracciones VIII y IX al 21, de la LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.
7.7.- El 4 de agosto de 2014 se REFORMA el artículo 49 de LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.
7.8.- 19 de octubre de 2015, Se REFORMAN las fracciones XVIII y XIX del artículo 13, las fracciones VIII y IX del 21, las fracciones XXXII y XXXIII del 23, las fracciones IV y V del 30, la fracción III y el último párrafo del 37, el acápite de la fracción III del 46, el último párrafo del 110, el 111, el 141, el acápite y el último párrafo del 143 y 147; y se adicionan las fracciones XX, XXI y XXII al 13, la fracción X al 21, las fracciones XXXIV, XXXV y XXXVI al 23, la fracción VI al 30, dos párrafos al 37, el 37 Bis, dos párrafos a la fracción III del 46 y el 46 Bis, dos párrafos a la fracción III del 46 y el 46 Bis, todos de la LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.
7.9.- El 6 de enero de 2017 en Sesión Pública Extraordinaria el H. Congreso del Estado aprobó la modificación del artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, los diputados de la legislatura aprobaron “Declaratoria del Decreto que reforma la fracción VI, del artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla”, incorporando en dicha fracción el texto siguiente (“Las leyes se ocuparán de:”), para quedar como sigue:
“VI.- Establecer el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, aceptable y asequible. El Estado conforme a las leyes regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural;”.
7.10.- El 29 de Marzo de 2017 los grupos parlamentarios del H. Congreso del Estado suscribieron y presentaron nuevamente una INICIATIVA de reforma al artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, para quedar como sigue:
VI. Proteger el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
7.11.- el 20 de febrero de 2017 la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada a la Controversia Constitucional promovida José Juan Espinosa Torres en su calidad de Presidente del gobierno municipal de San Pedro Cholula, Puebla, con el número de expediente 57/2017 en contra de la reforma al artículo 12 de la Constitución local.
7.13.- El 1ero de Abril de 2017 el H. Congreso del Estado por conducto de su departamento de Comunicación Social emitió el comunicado 1102, en la que informa de la aprobación por los legisladores de la reforma al Artículo 12 de la Constitución local para reafirmar el derecho al agua, en los siguientes términos:
Aprueba Congreso reforma al Artículo 12 para reafirmar derecho al agua En el mismo sentido que el pronunciamiento del Gobernador … (…), y para reiterar a la población y a los 217 Ayuntamientos que el acceso al agua es un derecho fundamental, y que siguen teniendo a su cargo la prestación de servicios públicos como el agua potable, este día el Pleno del Congreso votó y aprobó por unanimidad la Reforma al Artículo 12 fracción VI de la Constitución Local, presentada por la Junta de Gobierno y Coordinación Política para reafirmar el derecho al agua y dar tranquilidad a las y los ciudadanos… (…) No obstante que la reforma inicial aprobada en enero fue legal, transparente y correcta jurídicamente, el legislador reiteró que se trata de una armonización con la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y obedece a un orden político más que jurídico, ya que de origen la reforma inicial siempre ha tenido el objeto de elevar el derecho al agua como derecho humano… (…) la Reforma establece textualmente “proteger el derecho que tiene toda persona al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, en los términos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Así mismo, informó que la prestación del servicio de agua potable sigue siendo atribución de los municipios. A pregunta expresa, refirió que para modificar la Ley Estatal del Agua se requiere que primero a nivel nacional el Congreso de la Unión expida la Ley General de Aguas…
1.- El 22 de febrero de 2016 Mediante Oficio No 800.920.00.01.048/2016 la Comisión Nacional del Agua informó:
“no se han impuesto sanciones al gobierno municipal de San Pedro Cholula y San Andrés Cholula, toda vez que en materia de aguas residuales, hasta el momento al realizar visitas de inspección, en los municipios en mención no se han detectado descargas hacia un cuerpo receptor de propiedad nacional debido a que sus drenajes están interconectados a red de colectores que administra el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Ciudad de Puebla (SOAPAP)… (…) las aguas residuales crudas de las localidades de San Pedro Cholula… (…) son tratadas en la Planta San Francisco, ubicada en la Ciudad de Puebla, en la cual se tratan mediante un proceso de tratamiento primario avanzado… (…) Administrado por… (…) SOAPAP… (…)”.
8.2.- El 22 de abril de 2015 El gobierno municipal de San Pedro Cholula, determinó revocar el contrato suscrito con el SOAPAP, como consta en el libro de Actas de Cabildo, Tomo III de la Administración Municipal 2014-2018, Acta Número 45.
Mediante el 12. PUNTO DE ACUERDO que somete a consideración el Ciudadano Presidente Municipal, por el cual se aprueba revocar el CONVENIO DE COORDINACIÓN para la ratificación de la entrega a favor del SOAPAP del Servicio Público de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado, Saneamiento y Disposición de Aguas Residuales que actualmente presta el SOAPAP y que dicho organismo asuma su prestación, en el área de cobertura comprendida por la circunscripción territorial que se delimita en los términos del Anexo 1 (Plano de Cobertura).
Dicho PUNTO DE ACUERDO fue aprobado por UNANIMIDAD DE VOTOS. El Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de San Pedro Cholula, en términos de la legislación aplicable asumió la prestación de este servicio público en términos del artículo 115 de la Constitución General de la República, y de conformidad con el inciso de la cláusula 5. ACUERDO que consta en el Acta de Cabildo referida, desistiendo de la aplicación de la LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE PUEBLA.
8.3.- El 22 de marzo de 2017 Diversos medios periodísticos informaron de la denuncia presentada en contra de José Juan Espinosa Torres, por el delito de concusión, al cobrar saneamiento del agua potable, cuando no la proporciona. En el mismo sentido el 3 de marzo de 2017 el Jefe de Oficina del gobernador del Estado, Javier Lozano Alarcón afirmó es el municipio de Puebla el que ofrece el servicio y Espinosa Torres cobra saneamiento y tratamiento de aguas residuales, sin brindar los servicios.
DE LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE PUEBLA, en lo sucesivo la LEY DEL AGUA.
PRIMERO.- El artículo 99 fracción l, de la LEY DEL AGUA, vulneran, además de tratados internacionales y los artículos 1, 4, 14, 16, 31 Fracción IV, 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo sucesivo CONSTITUCIÓN.
Como puede observarse el Artículo 99 fracción l de la LEY DEL AGUA establece que el Prestador de Servicios Públicos podrá suspender justificadamente los servicios hídricos en los siguientes casos: l.- Por falta del pago de los derechos, contribuciones de mejoras y productos correspondientes al servicio de que se trate;
Dicho ordenamiento contraviene tratados internacionales que el gobierno mexicano está obligado a cumplir, la exposición de motivos para la modificación del artículo 4° de la CONSTITUCIÓN, es clara al señalar que:
Con base en las reformas constitucionales en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011, y en términos de la letra y espíritu del artículo 1o., todas las personas en el país gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de que el Estado es parte.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas; la Organización Mundial de la Salud; la Asamblea General de las Naciones Unidas; y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículos 11 y 12); el apartado h) del párrafo 2 del artículo 14 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; y el apartado c) del párrafo 2 del artículo 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño; reconocen el derecho al agua potable y al saneamiento como un derecho humano imprescindible para la realización y disfrute de otros derechos como la vida, la salud y la alimentación, por tanto, obligan a los Estados partes de dichas instancias e instrumentos internacionales (como es el caso del Estado mexicano), a garantizar que los habitantes de su jurisdicción tengan el acceso y disfruten de este derecho fundamental.
Del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también se advierte que el derecho al agua potable y al saneamiento es fundamental e indispensable para la realización, goce y disfrute de los demás derechos humanos, cuya preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad es tarea fundamental tanto del Estado como de la sociedad, por cuanto a que tal derecho está basado en las premisas de un acceso al bienestar de toda la población, sustentado por los principios de igualdad y no discriminación, independientemente de las circunstancias sociales, de género, políticas, económicas o culturales propias de la comunidad en la que se opera.1
Este criterio debe ser visto a la luz de que el derecho humano al agua y al saneamiento entraña tanto libertades como derechos. Las primeras se refieren al derecho a mantener el acceso a un suministro necesario y a no ser objeto de cortes arbitrarios del mismo o a la no contaminación de los recursos hídricos. Los segundos comprenden el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la población igualdad de oportunidades en su disfrute.2
El denominado “oro azul” es un recurso natural limitado, un bien público fundamental para vivir dignamente y condición previa para la realización de otros derechos humanos. Al ser necesaria para fines domésticos o personales, o para evitar el hambre y las enfermedades, su suministro debe hacerse prioritariamente a satisfacer necesidades de consumo personal y domestico antes que algún fin lucrativo.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales elaboró la observación general número 15, de noviembre de 2002, cuyo punto 11 señala: “Los elementos del derecho al agua deben ser adecuados a la dignidad, la vida y la salud humanas... Lo adecuado del agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades volumétricas y tecnologías. El agua debe tratarse como un bien social y cultural, y no fundamentalmente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras”.3
Criterios de los tribunales colegiados de circuito en el país han señalado que, en correspondencia con el principio pro homine y buscando siempre la interpretación jurídica más favorable a la persona, el derecho humano al agua y al saneamiento consiste en disponer de la cantidad suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Ya que un abastecimiento adecuado es necesario para evitar la muerte, y para satisfacer las necesidades de consumo, cocina e higiene personal y doméstica, por lo que el abastecimiento de agua de cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos personales y domésticos. Y la cantidad disponible para cada persona debe corresponder a las directrices de la Organización Mundial de la Salud.4
Si el agua y los servicios e instalaciones deben ser accesibles a todos de hecho y de derecho, incluso para los sectores más vulnerables y marginados de la población, a fin de garantizar la tutela de este derecho humano, el Estado deben adoptar medidas para eliminar la discriminación cuando se prive a las personas de los medios o derechos necesarios para acceder a él.
En el país hay una deuda pendiente en esta materia, porque la asignación de los recursos de agua y las inversiones, no han facilitado su acceso a todos los miembros de la sociedad. En México aproximadamente 9 millones de personas no cuentan con el servicio de agua entubada y otras 13 millones, que habitan en zonas rurales y urbanas, a pesar de contar con el servicio reciben en sus hogares el líquido contaminado por falta de saneamiento.5
La asignación, el manejo y el acceso al agua y al saneamiento no deben ser en beneficio de una fracción privilegiada de la población. Las inversiones en servicios e instalaciones deben redundar en favor del bien común.
Reitero: el agua como recurso imprescindible para los seres humanos debe cumplir primordialmente la necesidad de consumo y usos domésticos de todos los individuos. En el manejo de los recursos hídricos debe darse prioridad al derecho a utilizarla cuando se pretenda con su suministro garantizar los derechos fundamentales a la vida, salud, dignidad humana y alimentación, y secundariamente a otros fines, como pudiera ser el comercial.6
Esto es así porque el derecho al agua y al saneamiento se erige como un beneficio colectivo basado en los principios de solidaridad, cooperación mutua, equidad y en condiciones dignas, por lo que debe ser “proclamado de prioridad y de seguridad nacional la preferencia del uso doméstico y público... en relación con cualquier otro uso, razones que excluyen la posibilidad de que pueda ser concebido atendiendo a intereses particulares o de grupos minoritarios, pues de ser así, imperaría un régimen de aprovechamiento del agua sin visión humana y social, con lo cual se atentaría contra la dignidad humana”.7
El derecho particular debe ceder al interés de la sociedad a tener acceso y gozar del agua como medio adecuado para el desarrollo y bienestar de las personas, y como derecho fundamental las autoridades gubernamentales deben velar a toda costa por ello.
REFERENCIAS (NOTAS):
1 “Agua potable. Como derecho humano, la preferencia de su uso doméstico y público urbano es una cuestión de seguridad nacional”. Época: Décima. Registro 2001560. Instancia: Tribunales colegiados de circuito. Tipo de tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XII, septiembre de 2012, tomo 3. Materia: Constitucional. Tesis XI.1o.A.T.1 K (10a.), página 1502.
2 “El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)”, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, Ginebra Suiza, 11 a 29 de noviembre de 2002. Disponible en http://www.solidaritat.ub.edu/observatori/general/docugral/ONU_comentar iogeneralagua.pdf [última consulta: 3 de abril de 2015]
4 “Derecho de acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Tratándose de personas privadas de la libertad, aquél debe analizarse a la luz de los principios plasmados en la Constitución federal y en los tratados internacionales, a partir de una interpretación más amplia que les favorezca en todo momento (aplicación del principio pro persona previsto en el artículo 1o. de la Constitución federal)”. Época: Décima. Registro 2008053. Instancia: Tribunales colegiados de circuito. Tipo de tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo IV. Materia: Constitucional. Tesis I.9o.P.69 P (10a.), página 2928.
5 “Sin acceso a agua potable, 22 millones de mexicanos”, en Milenio, 29 de enero de 2014. Disponible en http://www.milenio.com/estados/acceso-agua-potable-millones-mexicanos_0 _235776434.html [última consulta: 3 de abril de 2014]
6 “Derecho fundamental al agua potable. Al ser las personas privadas de la libertad sujetos especialmente vulnerables, las autoridades carcelarias deben garantizarlo y reforzarlo en los centros de reclusión, con criterios de disponibilidad, calidad y accesibilidad”. Época: Décima. Registro 2008054. Instancia: Tribunales colegiados de circuito. Tipo de tesis: Aislada. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo IV. Materia: Constitucional. Tesis I.9o.P.68 P (10a.), página 2930.
7 “Agua potable. Como derecho humano, la preferencia de su uso doméstico y público urbano es una cuestión de seguridad nacional”. Obra citada.
Y como lo ha referido en sus resoluciones el:
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DECIMO PRIMER CIRCUITO al resolver Amparo directo 740/2011. Petronilo Pantoja Espinoza. 1 de marzo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Juan García Orozco. Secretario: Víctor Ruiz Contreras. Visible en: Época: Décima Época // Registro: 2001560 // Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL DECIMO PRIMER CIRCUITO // TipoTesis: Tesis Aislada. // Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta // Localización: Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3 // Materia(s): Constitucional // Tesis: XI.1o.A.T.1 K (10a.) // Pag. 1502 // [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro XII, Septiembre de 2012, Tomo 3; Pág. 1502 // AGUA POTABLE. COMO DERECHO HUMANO, LA PREFERENCIA DE SU USO DOMÉSTICO Y PÚBLICO URBANO ES UNA CUESTIÓN DE SEGURIDAD NACIONAL.
La LEY DEL AGUA y en específico el artículo 99 fracción I no puede estar por encima de la Constitución Mexicana, que considera el agua como un derecho humano, y los tribunales federales han considerado que ilegal los cortes del servicio por no pagar los servicios de agua potable y alcantarillado, entre otros por los siguientes motivos:
Es agua es la esencia de la vida. 2. El derecho al agua comprende el acceso al líquido necesario para mantener la vida, conservar la salud y satisfacer las necesidades fundamentales para la dignidad de todas personas. 3. El agua potable y el saneamiento son indispensables para la vida y la salud, así como fundamental para el goce de otros derechos humanos como la vida, salud, educación, vivienda, trabajo.4) El derecho al agua implica entre otras libertades, la de protección contra cortes arbitrarios o servicios de agua potable, saneamiento y drenaje. El derecho al agua no es un derecho solo en papel. Por lo que suspender los servicios de agua potable así como el drenaje no sólo pone en riesgo la salud de las personas que habitan el inmueble en que se efectuó el corte, también se podrían ocasionar enfermedades o padecimientos que afectaran la salud pública”
Los tribunales motivan sus resoluciones que aunque se reconoce el costo del servicio, el derecho debe ser asequible para todos y que nadie debe verse privado del acceso por no tener capacidad de pagar. “En el marco de los derechos humanos no se puede permitir el corte absoluto”.
En diversos juicios promovidos contra las resoluciones de carácter económico recaudatorio de los prestadores de servicios hídricos, los jueces federales han coincidido en que no puede restringirse el servicio de agua potable por razones económicas, ya que “ocasionaría daños y perjuicios de difícil reparación” al incidir en el “derecho humano de acceso al agua potable”. El Estado tiene que garantizar el derecho fundamental al agua para que sea “seguro, aceptable y asequible”, por lo que el suministro “debe basarse en criterios de equidad y bajo condiciones dignas de accesibilidad, razones que excluyen la posibilidad de que pueda ser restringido atendiendo a intereses de índole financiera con los objetivos a los que alude la autoridad recurrente”. De imperar los fines económicos, se alerta en las sentencias, “imperaría un régimen de aprovechamiento del agua sin visión humana y social, con lo cual se atentaría contra la dignidad humana, pues el interés social en la prestación del servicio se vería disminuido en perjuicio del principio de progresividad de los derechos humanos establecidos dentro del artículo 1ero constitucional”, el cual claramente indica que:
Así mismo el artículo 40 de la CONSTITUCIÓN advierte que el derecho al agua potable es fundamental e indispensable para la realización, goce y disfrute de los demás derechos humanos, cuya preservación en cantidad, calidad y sustentabilidad es tarea fundamental tanto del Estado como de la sociedad. “Tal derecho está basado en las premisas de un acceso al bienestar de toda la población, sustentado por los principios de igualdad y no de discriminación”.
El artículo 99 fracción I de la LEY DEL AGUA viola el artículo 4° de la CONSTITUCIÓN en virtud de que al concederse la facultad de suspender los servicios hídricos no acta la máxima disposición que establece, entre otros;
Artículo 4o… (…) Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
Es así que el artículo 99 fracción l de la LEY DEL AGUA, viola principios fundamentales que se han dictado en tratados internacionales de los derechos humanos y en la propia CONSTITUCIÓN.
La autoridad responsable como ejecutora repite la ilegalidad señalada párrafos anteriores al indicar amenazantemente y arbitrariamente en su resolución que se impugna en su punto SEXTO: “… Y en caso de persistir en el incumplimiento de las obligaciones de pago, procederé a ordenar se lleve a cabo la suspensión del servicio de agua potable”
SEGUNDO.- El artículo 128 Fracciones XXIII, de la LEY DEL AGUA establece que:
Para los efectos de esta Ley cometen infracción aquellas personas o Usuarios que incurran en las siguientes conductas: … XXIII. Omitir total o parcialmente el pago de derechos y productos, conforme a la Estructura Tarifaria, así como las contribuciones de mejoras;
Lo cual es contrario a los preceptos CONSTITUCIONALES en virtud de que dicho ordenamiento viola los principios de justicia y legalidad fiscal del artículo 31 Fracción IV.
El acceso al agua es un derecho humano que no está sujeto al previo pago o que se requiera un pago para continuar teniendo acceso al vital líquido. Por lo que la falta de pago, por cualquiera razón; insolvencia, incapacidad económica u otra, no establece una infracción.
El artículo 31 Fracción IV establece que son obligaciones de los mexicanos: … (…) IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.
El acceso al agua, es un servicio público que debe proporcionar el Estado, en este caso el gobierno municipal. La LEY DEL AGUA no define como DERECHO ni PRODUCTO el acceso al agua potable y alcantarillado, como consta su ausencia en el artículo 4° de la misma. El artículo 5° de la mencionada LEY afirma en su fracción I que el Estado deberá;
I.- Garantizar el acceso de cualquier persona a la disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; así como definir las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, los municipios y la ciudadanía para la consecución de dichos fines;
El artículo 7 del CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL establece:
II. Derechos son las contribuciones establecidas en la ley, por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Municipio, así como por recibir servicios que preste el Municipio en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por sus organismos. También son derechos, las contribuciones a cargo de sus organismos, por prestar servicios exclusivos del Municipio, y
III. Contribuciones de mejoras son las establecidas en la ley, a cargo de las personas físicas y morales que reciban un beneficio particular individualizable por la realización de obras públicas.
El acceso al agua no es un bien del dominio público del Municipio, ni tampoco el pago que exige es una contribución a cargo de su organismo por no ser servicio exclusivo del Municipio.
La Ley de Aguas Nacionales vigente por decreto publicado en el Periódico Oficial de la Federación el 1ero de diciembre de 1992 establece:
ARTÍCULO 2. Las disposiciones de esta Ley son aplicables a todas las aguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo. Estas disposiciones también son aplicables a los bienes nacionales que la presente Ley señala. Las disposiciones de esta Ley son aplicables a las aguas de zonas marinas mexicanas en tanto a la conservación y control de su calidad, sin menoscabo de la jurisdicción o concesión que las pudiere regir.
ARTÍCULO 14 BIS 5. Los principios que sustentan la política hídrica nacional son: I. El agua es un bien de dominio público federal, vital, vulnerable y finito, con valor social, económico y ambiental, cuya preservación en cantidad y calidad y sustentabilidad es tarea fundamental del Estado y la Sociedad, así como prioridad y asunto de seguridad nacional;
Resulta una violación a las normas federales y a los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, la pretensión del artículo 128 Fracción XXIII, al otorgarle carácter fiscal a una obligación del Estado, en este caso del Municipio, de que para garantizar el acceso al agua, en su caso el consumo imponga sanciones en su falta de pago, de un derecho humano al que tiene acceso.
El CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL establece:
En su artículo 1° que son autoridades fiscales, las autoridades fiscales municipales y los ORGANISMOS los organismos públicos municipales descentralizados. En donde los organismos públicos descentralizados no son autoridades fiscales municipales. Con mayor claridad debe señalarse que el C. Director del SOSAPACH, no es autoridad competente y carece de facultades para dictar resoluciones por las cuales pretenda su cobro a los particulares, en virtud de que el DECRETO publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha viernes 8 de julio de 1994 por medio del cual se crea el ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, no le otorgó la facultad de emitir resoluciones para el cobro de adeudos, como lo establece la fracción V del ARTÍCULO SEGUNDO del mencionado DECRETO, que afirma:
“… HACER EFECTIVO EL COBRO DE LOS ADEUDOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES, REMITIENDO A LA AUTORIDAD FISCAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO CHOLULA O, MUNICIPIOS QUE CORRESPONDA CONFORME A LOS CONVENIOS CELEBRADOS, LAS CUENTAS DE LOS USUARIOS MOROSOS, PARA SU RECUPERACIÓN A TRAVES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO POR EL TÍTULO SEPTIMO DEL CODIGO FISCAL DEL ESTADO”
Por lo que la LEY DEL AGUA contraviene disposiciones del CODIGO FISCAL MUNICIPAL y el DECRETO de creación de los ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS al otorgarles una calidad de autoridad fiscal municipal que no tienen, por no ser órganos que emanan de la voluntad popular y en su lugar son designaciones administrativas para cumplir los fines del gobierno municipal en cumplimiento de sus atribuciones del artículo 115 Constitucional, afirmar lo contrario, establece un conflicto y violación a la CONSTITUCIÓN, específicamente al artículo 16, 31 Frac. IV y 115.
En cuanto a los ingresos del Municipio el artículo 4°, 5°, 6° y 7° del CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL establece:
Artículo 4.- Los ingresos del Municipio se clasifican en:
I. Ingresos públicos ordinarios;
II. Ingresos públicos extraordinarios, y
III. Los demás que tenga derecho a percibir, en su carácter de persona moral de derecho público y de derecho privado, así como los de sus Entidades.
Artículo 5.- Son ingresos ordinarios los señalados en el artículo 2 del presente ordenamiento, los que se regirán por las leyes fiscales y demás ordenamientos que los regulen, en su defecto por este Código y supletoriamente por el derecho común.
Además de los ordenamientos mencionados en el párrafo que antecede, los productos se regularán por lo que prevengan los contratos o concesiones respectivos.
Las participaciones, aportaciones y demás ingresos que reciba el Municipio de la Federación y del Estado, también se regirán por los convenios de coordinación que se celebren con este último orden de gobierno.
Artículo 6.- Son ingresos extraordinarios aquellos cuya percepción se realice excepcionalmente, los cuales se causarán y recaudarán de conformidad con los ordenamientos, decretos o acuerdos que los establezcan.
Artículo 7.- Las contribuciones se clasifican en impuestos, derechos y contribuciones de mejoras, los que se definen de la siguiente manera:
I. Impuestos son las contribuciones establecidas en ley, que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas a las señaladas en las dos siguientes fracciones de este artículo;
Artículo 8.- Son productos las contraprestaciones por los servicios que preste el Municipio en sus funciones de derecho privado, así como por la explotación y aprovechamiento de sus bienes del dominio privado.;
Así mismo el acceso al agua como derecho humano no es un tributo, ni una contraprestación en la que deba mediar previamente su pago. Atendiendo a la esfera los tributos y contribuciones tenemos que:
TRIBUTOS. SU ESTUDIO DEBE REALIZARSE DE ACUERDO CON SU VERDADERA NATURALEZA JURÍDICA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DENOMINACIÓN QUE LE DEN LAS PARTES O INCLUSO LA LEY. Aun cuando la ley atacada de inconstitucionalidad llame al tributo controvertido ‘derecho’; y las autoridades responsables lo conceptúen como ‘derecho de cooperación’, y el quejoso se empeñe en sostener que es un ‘impuesto especial’, lo cierto es que este Supremo Tribunal debe analizar el gravamen de acuerdo con su verdadera naturaleza jurídica independientemente de la denominación que le den las partes.
Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 19/2003, de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, página 301, que es del tenor siguiente:
INGRESOS PÚBLICOS. PARA VERIFICAR SU APEGO A LOS PRINCIPIOS QUE CONFORME A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS RIGEN SU ESTABLECIMIENTO, LIQUIDACIÓN Y COBRO, DEBE ATENDERSE A SU NATURALEZA, CON INDEPENDENCIA DE LA DENOMINACIÓN QUE LES DÉ EL LEGISLADOR ORDINARIO. Si bien es cierto que el legislador ordinario puede definir en cada época cuáles son las contribuciones necesarias para cubrir el gasto público, de acuerdo con las circunstancias sociales y económicas que existan en cada momento, atendiendo a la evolución de la administración pública y a las responsabilidades que el Estado vaya asumiendo en la prestación y mantenimiento de los servicios públicos que aseguren el desarrollo integral de los individuos que componen la sociedad, también lo es que ello no obsta para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar la constitucionalidad de una prestación patrimonial de carácter público, con independencia de que formalmente se le considere como contribución o ingreso no tributario, desentrañe su verdadera naturaleza y, conforme a ésta, verifique si el contexto normativo que rige su establecimiento, liquidación y cobro se sujeta a las prerrogativas y obligaciones que se prevén en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto para los gobernados como para las autoridades constituidas, dependiendo de su naturaleza tributaria o no tributaria.
Cobra relevancia por su contenido lo señalado en la Tesis de Jurisprudencia 2a./J. 54/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Época: Novena Época, Registro: 175077, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Página: 281 cuyo rubro y texto señalan:
IMPUESTOS. TIENEN ESA NATURALEZA LAS PRESTACIONES PÚBLICAS PATRIMONIALES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 318 Y 319 DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL Y, POR TANTO, DEBEN CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Los artículos citados establecen que quienes construyan desarrollos habitacionales de más de 20 viviendas, o realicen obras, instalaciones o aprovechamientos de más de 200 metros cuadrados, deberán cubrir el pago por concepto de aprovechamientos para que la autoridad competente realice las acciones necesarias para prevenir, mitigar o compensar las alteraciones o afectaciones al ambiente y los recursos naturales, así como los efectos del impacto vial, a razón de una determinada cantidad por metro cuadrado de construcción, en el caso de los desarrollos mencionados, y conforme a las cantidades que se determinen por metro cuadrado de construcción, según la zona en que se realice la obra y el destino que se le dé, tratándose de construcciones de más de 200 metros cuadrados. En ese tenor, se concluye que aun cuando los artículos 318 y 319 del Código Financiero del Distrito Federal señalen que las prestaciones patrimoniales de carácter público que prevén se cubrirán en concepto de aprovechamientos, lo cierto es que tienen la naturaleza de un impuesto y, por ende, están sujetas al cumplimiento de los principios tributarios contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que son impuestas en forma unilateral y coactiva por el Distrito Federal; el hecho imponible lo realiza directamente el particular, que es la referida construcción o realización de obras, instalaciones o aprovechamientos, y se constituye sobre actos que reflejan una disponibilidad económica como consecuencia de la propiedad o posesión inmobiliaria, además de que no se vincula a la realización de un acto o actividad específicos a cargo de la administración pública local, ya que si ésta no realiza las acciones referidas, de cualquier forma nace la obligación tributaria y, por último, esas acciones constituyen gastos públicos indivisibles e indeterminados individualmente.
El acceso al agua no es un impuesto, producto ni aprovechamiento, tampoco es una contribución de mejoras por el cual se reciba un beneficio particular individualizable. Sino que es un DERECHO HUMANO vital e irrenunciable y que la CONSTITUCIÓN es clara al señalar:
Por lo que el Estado debe garantizar el acceso de cualquier persona a la disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. En ningún momento puede ser considerado el acceso a este derecho humano, como un impuesto, derecho, producto, aprovechamiento o contribución de orden fiscal, cuando preponderantemente es un elemento imprescindible para la vida y es función del Estado el garantizar su acceso.
Por lo tanto resulta ilegal y arbitrario el artículo 128 Fracciones XXIII, de la LEY DEL AGUA, por ser contrario al propio CODIGO FISCAL MUNICIPAL artículos 4°, 5°, 6° y 7°, a la CONSTITUCIÓN artículo 1° y 31 Fracc. IV. y a los tratados internacionales, en cuanto a la definición del acceso al agua como un derecho humano.
TERCERO.- La autoridad responsable de su ejecución además de las sanciones impuestas, pretende el cobro de recargos mensuales del 4% y 5% fundando (pero únicamente mencionando sin acatar dicha disposición) y en forma supletoria del artículo 33 del CÓDIGO FISCAL MUNICIPAL, sin embargo no realizó el cálculo en los términos que establece la norma, en su lugar utilizó los recargos mensuales acordados por su Consejo de Administración, desprovistos de representación popular para fijar dichos montos, cuyas resoluciones no trascienden a la esfera de los gobernados por no ajustarse a un REGLAMENTO autorizado o expedido por órgano competente de hacer leyes y tampoco es sometido a la consideración del poder legislativo.
Así mismo debe señalarse que los recargos que establecen los diversos ordenamientos hacen referencia a CONTRIBUCIONES y no al pago que deba realizarse por acceso al agua como DERECHO HUMANO indispensable para la vida.
Sin embargo tras mencionar que su resolución la motiva y funda supletoriamente en el numeral referido del CODIGO FISCAL MUNICIPAL, abandona su mecánica señalada para fijar la tasa máxima de recargos para tomar otra, que considera idónea para sus fines de violar la CONSTITUCIÓN y los diversos ordenamientos que su ilegal resolución cita.
Con mayor precisión, la autoridad responsable calcula los recargos de manera distinta a los establecidos en el artículo 33 del CODIGO FISCAL MUNICIPAL que establece, entre otros, que ”La tasa de recargos para cada uno de los meses de mora, será la que resulte de incrementar el 50% a la que mediante Ley fije anualmente el Congreso de la Unión” y las tasas de recargos establecidas por este poder soberano, es actualmente del 0.75% mensual que incrementando el 50% nos da el 1.125 % por cada mes de mora y desde el año 2004 a la fecha, los recargos no se han modificado y en ningún momento del 4% o 5% como ilegalmente pretende.
Si bien el acceso al agua como derecho humano no es una contribución ni tiene el carácter fiscal que se le pretende otorgar en la LEY DEL AGUA, el artículo 112 de dicha norma establece indebidamente que:
Artículo 112: En caso de que por cualquier causa imputable al Usuario no se pague la boleta dentro del plazo otorgado, independientemente de las sanciones derivadas del incumplimiento en términos de la legislación fiscal, en el recibo siguiente se señalará cualquier adeudo anterior más los recargos correspondientes, sin embargo su falta de especificación en el recibo respectivo no libera al Usuario deudor del pago del adeudo respectivo.
Artículo 115: El Prestador de Servicios Públicos procederá a la determinación presuntiva de contribuciones, de presentarse cualquiera de los siguientes supuestos.
Como podrá apreciarse con claridad, no existe una definición exacta de la pretensión en el cobro de acceso al agua potable, puesto que en algunos ordenamientos se refiere a un derecho y en otros a una contribución, sin que exista la certeza jurídica de la naturaleza que se pretende otorgar al servicio de acceso al agua, para fundar y motivar su cobro.
La LEY DEL AGUA, define en su artículo 7 que son “Derechos las contribuciones establecidas en la ley, por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público del Municipio, así como por recibir servicios que preste el Municipio en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por sus organismos” por lo tanto el acceso al agua como Derecho Humano no es considerado una contribución de mejora que proporcione su organismo descentralizado o desconcentrado.
Como ya se advirtió el acceso al agua para consumo humano, como derecho humano indispensable para la vida, es un bien de DOMINIO PÚBLICO DE LA NACIÓN y no del municipio. Así mismo dicho acceso no puede ser condicionado a su pago como una CONTRIBUCIÓN y mucho menos que en su afán recaudatorio la autoridad responsable de su cobro, imponga RECARGOS y SANCIONES que provoquen montos de insolvencia para el pago original de la presunta CONTRIBUCIÓN o derecho de acceso al servicio que tiene como DERECHO HUMANO.
Pretender imponer sanciones y recargos a los cobros de acceso al agua como derecho humano, en los términos del artículo 7, 112 de la LEY DEL AGUA, contravienen ordenamientos de la CONSTITUCIÓN que se traduce en la violación de las garantías individuales del gobernado, en virtud de que dichos ordenamientos viola los principios de justicia y legalidad fiscal del artículo 31 Fracción IV, cuyo contenido ya fue analizado y hecho valer, agregando que:
Los derechos humanos del gobernado son de cumplimiento obligatorio para el estado y no están condicionados a su pago. Dicho más simple, las contribuciones a mejoras no es lo mismo que el concepto general de “contribuciones” y la LEY DEL AGUA no aclara ni medianamente el carácter, presumiblemente, fiscal que le pretende dar al cobro por cumplir una función pública que es imprescindible y necesaria para la vida de los gobernados.
CUARTO.- Como puede observarse la autoridad demandada cono ejecutante, en este caso el Director de SOSAPACH. Dictó una resolución carente de la debida fundamentación y motivación, repitiendo el acto que inicialmente fue combatido, agregando contraprestaciones que resultan excesivas y arbitrarias, sin fundar ni motivar el cobro de recargos a razón del 4% y 5% mensual, ni sanciones máximas, sin razonar o motivar su imposición. Así mismo el plazo otorgado de 10 días, sin alternativas de pago que eviten el corte del servicio público de manera inmediata, transgreden garantías individuales y humanas, en donde no se han agotado los mecanismos que tiene la autoridad fiscal de allegarse de la garantía de pago. Violando en mi perjuicio los artículos 14 y 16 Constitucionales.
Nuevamente la autoridad responsable como ejecutora es omisa en cumplir la ley y en su caso, fundar adecuadamente su resolución en virtud de que no acató lo dispuesto en el artículo 33 del CODIGO FISCAL MUNICIPAL y que confiesa que lo realiza en manera supletoria, tras citar dicho numeral y al no estar debidamente fundado y motivada su resolución, está viciada en el fondo, por no cumplir con dicho ordenamiento, no obstante que lo indicó en su resolución.
En cuanto a la aplicación supletoria del artículo 33 del CODIGO FISCAL MUNICIPAL que hace valer la autoridad responsable como ejecutora, en el que funda y motiva la imposición excesiva de recargos, los tribunales han sido claros como lo indica la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la supletoriedad de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales establecidos en otras leyes; asimismo, señaló que para que dicha figura jurídica es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos. B) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente. C) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. D) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate.
Como se pronunció en la jurisprudencia 2ª)J. 34/2013 (10a.), publicada en la página 1065, Libro XVIII, Tomo 2, Marzo de 2013, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
En la especie, la autoridad responsable de la resolución que se impugna, pretende que se aplique supletoriamente el artículo 33 del CODIGO FISCL MUNICIPAL; sin embargo el artículo 1 de la LEY DEL AGUA no establece cuando y como debe expresamente la aplicación supletoria, o que el órgano embestido de autoridad para hacerlo, aplique sus propios porcentajes o montos.
Independientemente de que también se recurre como ilegal la aplicación del artículo 33 del CODIGO FISCAL MUNICIPAL, la autoridad responsable como ejecutora, no cumple con dicho ordenamiento.
Al respecto los tribunales han sido claros tras señalar que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 Constitucional, establece que todo acto de autoridad, debe encontrarse debidamente fundado y motivado. Fundamentar un acto implica indicar con precisión qué ley o leyes y cuáles de sus artículos son aplicables al caso, originan y justifican su emisión.
Motivar un acto consiste en describir las circunstancias de hecho que hacen aplicable la norma jurídica al caso concreto. La motivación es la adecuación lógica del supuesto de derechos a la situación subjetiva del particular.
Los Tribunales Administrativos de nuestro país han pronunciado un sinnúmero de criterios jurisprudenciales en los que han definido lo que debe entenderse por fundamentación y motivación. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.”
Amparo en revisión 8280/67. Augusto Vallejo Olivo. 24 de junio de 1968. Cinco votos. Ponente: José Rivera Pérez Campos. // Amparo en revisión 9598/67. Oscar Leonel Velasco Casas. 1o. de julio de 1968. Cinco votos. Ponente: Alberto Orozco Romero. // Amparo en revisión 7258/67. Comisariado Ejidal del Poblado de San Lorenzo Tezonco, Ixtapalapa, D.F. y otros. 24 de julio de 1968. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. // Amparo en revisión 3713/69. Elías Chaín. 20 de febrero de 1970. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. // Amparo en revisión 4115/68. Emeterio Rodríguez Romero y coagraviados. 26 de abril de 1971. Cinco votos. Ponente: Jorge Saracho Alvarez.
Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca.
Revisión No. 1367/87.- Resuelta en sesión de 2 de agosto de 1990, por unanimidad de 7 votos.- Magistrado Ponente: Armando Díaz Olivares.- Secretaria: Lic. Ma. de Jesús Herrera Martínez. // R.T.F.F. Tercera Época. Año III. No. 32. Agosto 1990. p. 20
Para que tenga validez una resolución o determinación de las Autoridades responsables, se debe citar con precisión el precepto legal aplicable, así como también las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión de ese acto; además de que exista una adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, o sea, que en un caso específico se configuren las hipótesis normativas, requisitos sin los cuales, no puede considerarse como debidamente fundado y motivado el acto de autoridad.
RRV-12/84-5272/83.- Parte Actora: Rosa Cañón de Andrade.- 4 de noviembre de 1986.- Unanimidad de 5 votos.- Ponente: Mag. Lic. Pedro Enrique Velasco Albin.- Secretario: Lic. Francisco Campos Salgado. // RRV-570/85-3986/85.- Parte Actora: Eduardo Tirán Arroyo.- 4 de noviembre de 1986.- Unanimidad de 5 votos.- Ponente: Mag. Lic. César Castañeda Rivas.- Secretario: Lic. José Morales Campos. // RRV-219/86-5223/85.- Parte Actora: Mónica Seas de la Cruz.- 5 de noviembre de 1986.- Unanimidad de 5 votos.- Ponente: Mag. Lic. Victoria Eugenia Quiroz de Carrillo.- Secretaria: Lic. María Carrillo Sánchez. // RRV-187/85-7961/84.- Parte Actora: Amalia V. Uribe Martínez.- 5 de noviembre de 1986.- Unanimidad de 5 votos.- Ponente: Mag. Lic. Victoria Eugenia Quiroz de Carrillo.- Secretario: Lic. Daniel Rámila Aquino. // RRV-142/81-11095/80. Parte Actora: Raúl Alfredo Hudlet Yáñez.- 7 de noviembre de 1986.- Unanimidad de 5 votos.- Ponente: Mag Lic. Moisés Martínez y Alfonso.- Secretario: Lic. Raúl Nava Alcázar.
No basta que la autoridad responsable del acto, cite el numeral, sino que debe apegarse a su norma, en su caso aplicar el procedimiento, monto y en su caso determinar el recargo correspondiente en los términos que el precepto determina y no acudir a procedimientos extraños o arbitrarios por antojo.
Antes de analizar y hacer valer el agravio de AUTORIDAD NO COMPETENTE PARA DICTAR RESOLUCIONES, se hace valer por cuestiones de naturaleza jurídica, la resolución que se combate y que pretende hacer valer la responsable, así como el alcance del artículo 33 del CODIGO FISCAL MUNICIPAL, sirviendo de apoyo en este sentido, algunas consideraciones vertidas por la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 39/92, consultable en las páginas 246 a 277 del Tomo XII, correspondiente al mes de diciembre de 1993, Semanario Judicial de la Federación.
El objeto de dotar de mayor eficacia a las resoluciones, para fijar nuevas cuando se declare la nulidad de las que fueron recurridas, buscan evitar que, bien por ignorancia o por mala fe, la autoridad responsable de nueva cuenta, emita una resolución ilegal, que obligaría al particular a promover una y otras juicios en menoscabo de los principios de seguridad y certeza jurídica. Que en la especie ocurre, tras haberse dictado en más de una ocasión resoluciones que se han combatido ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación.
La resolución que se impugna, realiza una incorrecta fundamentación y motivación de los recargos que pretende, puesto que utilizando un procedimiento distinto a la norma establecida del artículo 33 del CODIGO FISCAL MUNICIPAL, pretende el cobro en montos distintos que el propio ordenamiento establece. Dicho más simple, la autoridad responsable como ejecutora cita el ordenamiento pero es omisa en su aplicación textual y en su lugar utiliza uno distinto desprovisto de fundamentación y motivación.
La resolución que se combate transgrede el orden jurídico al violar en perjuicio del demandante lo establecido por el artículo 16 de la CONSTITUCIÓN.
QUINTO.- La resolución que se combate dictada por la Autoridad Ejecutora del acto de molestia transgrede diversos ordenamientos CONSTITUCIONALES, además de la falta de fundamentación y motivación adecuada al acto de molestia, puesto que es dictada por una AUTORIDAD QUE CARECE DE FACULTADES PARA DICTARLA, además del cobro excesivo de recargos, sanciones y la amenaza de suspensión de servicio de agua potable.
El artículo 140 de la LEY DEL AGUA que ordena que “contra los actos y resoluciones de los Prestadores de Servicios Públicos, el afectado podrá interponer el recurso administrativo de revisión”, esto es, si quien emite dicha resolución tiene facultad o es autoridad competente para dictar dichas resoluciones, dicho más simple, si la autoridad demandada y que emite la resolución tiene competencia en el asunto o es considerada como tal en la legislación aplicable. Sin embargo el C. DIRECTOR DEL SOSAPACH, NO ES AUTORIDAD COMPETENTE y carece de facultades para dictar resoluciones por las cuales imponga cargas a los particulares. En virtud de que el DECRETO publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha viernes 8 de julio de 1994 por medio del cual se crea el ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO, no le otorgó la facultad de emitir resoluciones para el cobro de adeudos, como lo establece la fracción V del ARTÍCULO SEGUNDO del mencionado DECRETO, que afirma:
Por lo tanto resultan actos ilegales, no fundados ni motivados por una autoridad, en este caso un funcionario de la ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL DE SAN PEDRO CHOLULA, por carecer de facultades para emitir resoluciones no es susceptible agotar un procedimiento que no podrá conocer, toda vez, que la INCONSTITUCIONALIDAD del acto de molestia que se combate proviene de una autoridad que carece de facultades y por lo tanto su pretensión es ilegal y arbitraria. No puede solicitarse ni iniciarse un procedimiento administrativo ante una AUTORIDAD SIN COMPETENCIA y por lo tanto el acto por sí mismo, es nulo y una violación clara a la norma Constitucional. Puesto que al agotar un recurso ante AUTORIDAD SIN COMPETENCIA equivale a reconocer sus actos como legales, cuando carece de dicha facultad.
Cuando la Constitución en su artículo 16 establece que “nadie puede ser molestado…”, se refiere a toda clase de sujeto que tenga interrelación con el Estado, en donde el derecho se refiere principalmente al caso de particulares frente a la acción del Estado, aunque es posible también que personas morales oficiales puedan invocar la violación a estos derechos en los casos de afectación a su patrimonio cuando estén en una relación de subordinación frente a otro ente estatal, o estando en situación de coordinación, cuando exista una invasión a su esfera de atribuciones en los casos de controversia constitucional a que se refiere la fracción del artículo 105 constitucional. Excepcionalmente, podría invocarse la violación a estos derechos en acción de inconstitucionalidad, cuando el acto sea dictado por autoridad incompetente o cuando no se cumpla con el requisito de fundamentación y motivación substantivo, esto es que la medida legislativa sea inconstitucional o inconvencional.
Al respecto el artículo 140 de la LEY DEL AGUA resulta ilegal, si contra los actos y resoluciones de los Prestadores de Servicios Públicos, el afectado deba interponer el recurso administrativo de revisión, cuando dichos actos son dictados por autoridades SIN FACULTAD LEGAL para dictar dichas resoluciones.
No es posible que una autoridad sin facultad legal pueda conocer y resolver sobre sus resoluciones dictadas ilegalmente. Es de explorado derecho que únicamente pueden conocer de los Recursos de Revisión, en este caso administrativa, las autoridades que los emitan y tengan facultades para ello, tanto para dictar el acto de molestia como de conocer del procedimiento administrativo, en este caso el de Revisión, para ratificar, anular o rectificar su resolución. Sin embargo en este CASO CONCRETO, la autoridad que dictó el acto de molestia CARECE DE FACULTADES LEGALES para hacerlo.
Derivado de la ambigüedad en la resolución del artículo 140 de la LEY DEL AGUA, resulta ilegal pretender obligar a los quejosos el de agotar un Recurso de Revisión contra resoluciones dictadas por autoridades administrativas que carecen de facultad legal.
En el caso del Organismo Público Descentralizado llamado “Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de San Pedro Cholula” carece de facultades fiscales para hacer efectivo el cobro de los adeudos, puesto que DEBE REMITIR A LA AUTORIDAD FISCAL DEL MUNICIPIO para su recuperación, que en los hechos no realizó.
Por lo tanto la resolución y el recurso administrativo señalado en el artículo 140 de la LEY DEL AGUA, es ilegal por carecer de una debida fundamentación y motivación. Así mismo por no hacer el señalamiento, que únicamente este recurso administrativo puede conocerlo la AUTORIDAD FACULTADA LEGALMENTE. Puesto que afirmar lo contrario sería otorgarle una FACULTAD LEGAL a quien no se le ha otorgado, siendo una violación de las garantías individuales que consagra la CONSTITUCIÓN.
La Carta Magna distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto a los actos de molestia, pues en estos últimos, pese a constituir una afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho que en su caso DEBE ser dictado por AUTORIDAD CON COMPETENCIA LEGAL PARA ELLO, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento.
Atento a lo anterior, podemos afirmar que una autoridad puede realizar un acto de acuerdo a las formalidades a las que dicho acto está sujeto para su validez constitucional, cuyos efectos sean temporales, provisionales o de naturaleza preventiva, los sujetos obligados estarán obligados para la validez de su actuación, “solamente” a contar con facultades legales para dictar el acto y a fundar y motivar la causal legal de su actuar.
Además de que el acto de molestia debe ser por escrito y firmado por la autoridad, es necesario que se cumpla el segundo requisito para su validez, que es el concepto de autoridad competente, debe entenderse que es indispensable que el funcionario que emite el acto de molestia tenga facultades para dictar la resolución. Al respecto la competencia está íntimamente ligada con el principio de legalidad, en el que mientras que el particular puede hacer todo aquello que no le está expresamente prohibido, a la autoridad corresponde únicamente hacer aquello que la ley expresamente le permite, ya que de lo contrario, se caería en el régimen de lo arbitrario.
El artículo 16 constitucional establece que nadie podrá ser molestado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esto último implica que la autoridad, para ser competente, debe haber sido creada legalmente por quien constitucionalmente tenga facultades para hacerlo, y es claro que no cualquier ciudadano puede crear órganos de autoridad.
Por lo anterior, si la resolución que se impugnó en el juicio de amparo cuya sentencia se recurre fue dictada por una autoridad sin competencia legal, sin fundar ni motivar su resolución, lo cierto es que es inaplicable el artículo 140 de la LEY DEL AGUA, toda vez que no puede conocer del procedimiento que el ordenamiento propone.
En cuanto al fondo y redacción del artículo 140 de la LEY DEL AGUA, resulta ilegal, toda vez que se le otorgan facultades a órganos que carecen de autoridad o disposición expresa en su DECRETO de creación para emitir resoluciones. Siendo un ordenamiento vago e impreciso que contraviene disposiciones CONSTITUCIONALES consagradas en el artículo 16.
SEXTO.- El Artículo 119 otorga el carácter de autoridad fiscal y a los adeudos de un derecho humano de acceso al agua de crédito fiscal, como lo indica:
Los particulares, mediante una concesión, nunca podrán suplir o reemplazar al gobierno electo, sea del poder ejecutivo o legislativo; sea municipal, estatal o federal. Toda vez que es potestad exclusiva del gobierno y no de los particulares. Los integrantes de un ÓRGANO PÚBLICO DESCENTRALIZADO no es electo y en su lugar es designado o en su caso otorgada una concesión, los cuales, establecen relaciones con los particulares por conducto de un contrato de prestación de servicios, pero en ningún momento se someten a una potestad tributaria.
El artículo 119 de la LEY DEL AGUA viola los principios fundamentales de legalidad y otorga indebidamente facultades a particulares que transgreden el artículo 16 y 31 Fracc. IV de la CONSTITUCIÓN.
La ley que regula lo referente a aguas nacionales, su uso y aprovechamiento, es la Ley Federal de Aguas Nacionales, en los artículos 1, 2 y 3, fracciones I, L y LVI, ya que en ellos se define en qué consiste y cómo se presta el servicio de agua potable a los hogares, y también qué se entiende por “uso doméstico”; definiciones a partir de las cuales se debe interpretar el artículo 2-A, fracción II, inciso h), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.--- -Que el servicio de agua para uso doméstico se presta de manera fundamental como un “sistema” que comprende como una parte “esencial” al drenaje o alcantarillado, y que el diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, al definir la palabra “esencia”, la toma, en una de sus acepciones, como condición inseparable de algo, por lo que drenaje, al ser un elemento esencial del sistema de agua potable y alcantarillado, no puede ser un servicio independiente del abastecimiento de agua potable a los hogares.
Las tarifas, cuotas, actualizaciones, gastos y demás cobros que pretende la Responsable, son ilegales puesto que no fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, para poder aplicar lo establecido en el Código Fiscal de la Federación (Código Fiscal Federal), toda vez, que todos los cobros de Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos que se encuentran considerados en dicho Código deben publicarse en el Diario Oficial de la Federación. A contrario sensu, la no publicación de dichas cargas tributarias es ilegal.
La prestación del servicio de agua potable, se lleva a cabo mediante la celebración de un contrato administrativo de prestación de servicios y suministro de agua, en el que se estipulan las obligaciones y contraprestaciones entre las partes, donde el prestador de servicios y el beneficiario adquieren derechos y obligaciones recíprocos, por lo que la relación jurídica existente entre el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento y, el usuario del servicio no corresponde a la existente entre una autoridad y un gobernado, sino la colaboración voluntaria y de correspondencia entre el interés del prestador del servicio de agua y el particular; por tanto, el ejercicio de la facultad del organismo operador de cobrar por el servicio prestado, es una consecuencia lógica y jurídica de la contraprestación estipulada en dicho contrato de prestación de servicios y suministro de agua. Pero nunca considerarse un Crédito Fiscal, por no ser de los considerados; Impuestos, Derechos, Productos o Aprovechamientos, establecidos en el Código Fiscal Federal.
Así mismo la resolución que se combate no deriva de un Crédito Fiscal, en virtud de que no pude considerarse que por el motivo de realizar un cobro, se determinen créditos fiscales, ya que en ellos no se establece un adeudo en cantidad líquida que derive de un procedimiento fiscalizador instaurado por una autoridad, tampoco determinan la existencia de una obligación fiscal ni se establece un plazo perentorio para que el actor cubra dicho adeudo con el apercibimiento que de no hacerlo, se hará efectivo a través del procedimiento administrativo de ejecución.
En la resolución que se combate, puede apreciarse que el acuerdo no deriva de un crédito fiscal, en virtud de que si bien se sabe de una pretendida cantidad total a pagar por diversos conceptos, entre ellos multas y sanciones excesivas, e impuesto al valor agregado, lo cierto es que ello no la convierte en una resolución determinante de un crédito fiscal.
La resolución que se combate en su caso se deriva de la celebración del contrato de prestación de servicios y suministro de agua, implica que el Organismo Operador Municipal de Agua Potable en donde el particular tienen obligaciones y derechos recíprocos, lo que evidencia que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de una autoridad y un gobernado, sino a una relación de coordinación y correspondencia entre el interés del organismo operador y el particular usuario del servicio. Al respecto cita la tesis:
P. /J. 92/2001, de rubro: “AGUA POTABLE. CUANDO EL ESTADO PRESTA EL SERVICIO MEDIANTE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE ADHESIÓN, LA RELACIÓN JURÍDICA ENTRE LAS PARTES NO CORRESPONDE A LA DE SUPRA A SUBORDINACIÓN QUE EXISTE ENTRE UNA AUTORIDAD Y UN GOBERNADO, SINO A UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN VOLUNTARIA ENTRE EL PRESTADOR DEL SERVICIO Y EL PARTICULAR.” Sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible en la página 693 del Tomo XIV, julio de dos mil uno, con número de registro 920119.
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009. EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO PRIMERO, AL ESTABLECER UN DERECHO Y NO UN APROVECHAMIENTO, SE RIGE POR LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA FISCAL PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que para analizar la validez constitucional de una disposición normativa que establece una prestación patrimonial pública o contribución, por la cual se allega de un ingreso público, debe atenderse a su verdadera naturaleza jurídica con independencia de la denominación que le otorguen el legislador, las autoridades exactoras o el quejoso; tal proceder resulta metodológicamente adecuado en la medida en que para emprender el estudio constitucional de una disposición normativa, en principio debe partirse de su naturaleza jurídica para que se determinen los cánones o parámetros que a la postre deberá cumplir. En ese sentido, del análisis de la naturaleza jurídica de los "aprovechamientos" establecidos en el artículo 10, párrafo primero, de la Ley de Ingresos de la Federación para 2009, se advierte que sus supuestos normativos son idénticos al hecho imponible de los derechos previstos en el artículo 289, fracción I, de la Ley Federal de Derechos vigente en 2005, por lo que aun cuando el legislador los denomine "aprovechamientos", en realidad se trata de una contribución en su categoría o especie de derechos, al existir identidad en la materia gravable, esto es, se cobra por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación (espacio aéreo mexicano) o por la prestación de servicios en el ejercicio de las funciones de derecho público por los que no se establecen derechos o que por cualquier causa legal no se paguen (derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espacio aéreo). De ahí que el artículo 10, párrafo primero, de la Ley de Ingresos de la Federación para 2009, se rige por los principios de justicia fiscal previstos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Época: Décima Época; Registro: 2000386; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1; Materia(s): Constitucional; Tesis: 1a. XXXIX/2012 (10a.); Página: 279:
LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2009. EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO PRIMERO, AL ESTABLECER UN DERECHO Y NO UN APROVECHAMIENTO, TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA. El referido precepto legal en la porción normativa señalada establece que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, queda autorizado para fijar o modificar los aprovechamientos que se cobrarán en el ejercicio fiscal mencionado, por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación o por la prestación de servicios en el ejercicio de las funciones de derecho público por los que no se establecen derechos o que por cualquier causa legal no se paguen. Ahora, del análisis de la naturaleza jurídica de los "aprovechamientos" establecidos en el citado precepto y porción normativa de la ley de ingresos para dicho ejercicio, se advierte que sus supuestos normativos son idénticos al hecho imponible de los derechos previstos en el artículo 289, fracción I, de la Ley Federal de Derechos vigente en 2005, por lo que aun cuando el legislador los denomine "aprovechamientos", en realidad se trata de una contribución en su categoría o especie de derechos, al existir identidad en la materia gravable, esto es, se cobra por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación (espacio aéreo mexicano) o por la prestación de servicios en el ejercicio de las funciones de derecho público por los que no se establecen derechos o que por cualquier causa legal no se paguen (derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación del espacio aéreo). En consecuencia, si el principio de legalidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exige que sea el legislador y no las autoridades administrativas quien establezca los elementos cualitativos de las contribuciones (sujeto y objeto), mediante un acto formal y materialmente legislativo, en aras de que, por una parte, se cumpla con el principio de autoimposición y, por otra, exista certeza sobre la forma en cómo los contribuyentes deben cumplir sus obligaciones fiscales, de manera que no quede margen a la arbitrariedad de las autoridades exactoras, es inconcuso que el artículo 10, párrafo primero, de la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal de 2009 transgrede dicho principio, pues delega en el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la fijación o modificación de los derechos -no de los aprovechamientos, como los denominó el legislador- que se cobrarán en el ejercicio fiscal mencionado, por los supuestos que establece, con lo cual no es el legislador sino una autoridad administrativa quien determinará la contribución a pagar, lo que evidentemente subvierte el canon constitucional mencionado.
Consecuentemente, se vulnera el principio de legalidad y de seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la Constitución Federal, al pretender la autoridad responsable clasificar como una CONTRIBUCIÓ el ingreso diverso por acceso al agua como derecho humano y sujeto a un pago para continuar con dicho derecho como lo pretende el artículo 117 y 119 de la LEY DEL AGUA.
SEPTIMO.- El artículo 117 de la LEY DEL AGUA establece la Estructura Tarifaria para el cobro de los derechos, de los productos y de las contribuciones de mejoras, pero en ninguna parte de dicho ordenamiento incluye el de RECARGOS.
La ilegalidad del artículo 133 de la LEY DEL AGUA establece que:
Para sancionar las infracciones anteriores, el Prestador de Servicios Públicos calificará las conductas correspondientes, tomando en consideración lo siguiente:
Sin embargo dicha norma es omisa cuando la resolución que se emite es en cumplimiento de una sentencia por actos responsabilidad de la autoridad que la emitió y se deriva de actos viciados de origen, esto es, cuando la falta de pago se deriva de un litigo y dado el resultado a favor del quejoso, la autoridad pretende satisfacer su pretensión de cobrar cargas, que por el transcurso del tiempo resultan en daño al patrimonio del quejoso, cuando en los hechos, el motivo de su queja fue una violación a sus garantías individuales.
En la resolución que también se combate por esta vía, debe señalarse que la misma carece de la debida fundamentación en cuanto a la pretensión en el cobro del 75% del importe de CONTRIBUCIONES y RECARGOS como SANCIÓN de una resolución que fue dictada ilegalmente por la responsable y no por el quejoso. En donde el tiempo transcurrido y la orden SUSPENSIÓN del acto de molestia se debe a violación de las garantías individuales del quejoso.
En cuanto a la pretensión de la autoridad responsable como ejecutora de imponer una sanción fija y excesiva del 75% del total de CONTRIBUCIONES y RECARGOS calculados a su arbitrio, en términos del artículo 130 de la LEY DEL AGUA, resulta ilegal y arbitrario, por los diversos planteamientos jurídicos vertidos hasta aquí, así mismo resulta un importe FIJO sin tener argumentación alguna, ni fijar dicho ordenamiento un máximo y mínimo, ni un análisis del planteamiento por la cual impone dicha sanción, cuando la falta de pago de la presunta CONTRIBUCIÓN se deriva de irregularidades del ORGANISMO o autoridad responsable como ejecutora. Al respecto resulta relevante los criterios que han establecido los tribunales al considerar que:
MULTAS FIJAS. INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTICULO 76, FRACCION III DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, QUE LAS AUTORIZA. El artículo 22 de la Constitución General de la República, proscribe la imposición excesiva. Aunque dicho numeral no lo explica, por multa excesiva debe entenderse según la acepción gramatical del término "excesivo" y de las interpretaciones realizadas por la doctrina y jurisprudencia, todas aquellas sanciones pecuniarias que rebasen el límite de lo ordinario o razonable; estén en desproporción con la gravedad del ilícito fiscal, ya sea por sus consecuencias, por lascondiciones en que se cometió o por el monto de la cantidad cuya contribución se omitió si éste es el caso; que resulten desproporcionadas con el monto del negocio; y por último, que estén en desproporción con la capacidad económica del multado. Lo anterior es lógico, si se toma en cuenta que la finalidad que persigue este tipo de sanciones es, además de intimidatoria, la de evitar la reincidencia de los infractores, mas no la de terminar con sus patrimonios, a lo cual inevitablemente se llegaría de aceptarse la imposición de multas que rebasen su capacidad económica, circunstancia ésta que adquiere mayor relevancia en tratándose de sociedades o empresas, pues se acabaría con fuentes de empleo y se dejarían de
percibir los impuestos generados tanto por ella como por sus empleados, con el correspondiente perjuicio para la sociedad y el propio Estado. Ahora bien, como es evidente que la única forma de evitar la imposición de sanciones pecuniarias irrazonables o desproporcionadas, y por tanto excesivas que contraríen la disposición constitucional comentada, es otorgándole a la autoridad pleno arbitrio para valorar la gravedad del ilícito en
los términos ya anotados, el monto del negocio y las condiciones económicas del infractor, y además para imponer las sanciones que consideren justas dentro de un mínimo y un máximo, necesariamente habrá de concluir que todas aquellas leyes o preceptos que no concedan a la autoridad estas facultades, aunque sea implícitamente, y a menos, claro está, que la multa autorizada sea indiscutiblemente mínima como las contempladas en el artículo 21 de nuestra Carta Magna o sus equivalentes en tratándose de personas morales, riñen directamente con la
garantía consagrada en el artículo 22 de este mismo cuerpo de leyes. En tal orden de ideas, si el artículo 76, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, en que se apoyó, la Sala Fiscal
responsable para confirmar la multa que reclama la sociedad quejosa, autoriza la imposición
de una multa fija, equivalente al 150 % sobre la contribución omitida, debe concluirse entonces que dicho precepto resulta inconstitucional por no permitir la aplicación de una multa acorde con los extremos de que se trata y, por ende, con el mandato contenido en el artículo 22, de nuestra Carta Fundamental.
Amparo directo 248/88. Ley, S.A. 8 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente:Enrique R. García Vasco. Secretario: Humberto Bernal Escalante. Amparo directo 25/90. Gonhermex, S.A. de C.V. 6 de septiembre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos Carreón. Secretario: Humberto Bernal Escalante. Amparo directo 410/91. Salvador González López. 20 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José R. Cuevas Zavala. Secretario: José Luis Borrego Verdín. Amparo directo 295/91. Cristahielo, S.A. de C.V. 27 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José R. Cuevas Zavala. Secretaria: Carmen Alicia Bustos Carrillo. Amparo directo 273/92. Distribuidora V. del Noroeste, S.A. 4 de febrero de 1993.Unanimidad de votos. Ponente: José R. Cuevas Zavala. Secretaria: Carmen Alicia Bustos215769. V.1o. J/21. Tribunales Colegiados de Circuito. Octava Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 67, Julio de 1993, Pág. 48. Carrillo.
El artículo 130 Y 133 de LA LEY DEL AGUA resulta ilegal y arbitrario al otorgarle ventajas económicas al Prestador de Servicios Públicos en contra del gobernado. Al no establecer con claridad y absoluta imparcialidad las excepciones para su cobro. Lo cual contraviene el artículo 14, 16, 22 y 31 Fracc. IV de la CONSTITUCIÓN.
OCTAVO.- Resulta ilegal el Artículo 137 de la LEY DEL AGUA que afirma:
Podrán beneficiarse con un descuento del cincuenta por ciento sobre el monto de las multas impuestas, sin necesidad de resolución que la autorice, los infractores que dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución a que se refiere el artículo anterior, paguen al Prestador de Servicios Públicos las multas correspondientes. Dicho pago implicará el reconocimiento de la infracción y el consentimiento de la multa así como de la resolución que determine las mismas
El pago con descuento del cincuenta por ciento en multas impuestas, no es garantía de que el Prestador de Servicios Públicos actúe dentro de la legalidad, es y debe ser, una forma de garantizar un adeudo, pero el particular podrá hacer valer sus derechos, no obstante el haber pagado dicho adeudo “con descuento”, en virtud de que los actos de autoridad viciados de origen o arbitrarios contravienen el orden CONSTITUCIONAL. El de afirmar lo contrario, se estaría en la hipótesis de que los fines económicos están sobre los legales y es función del estado o en este caso del Prestador de Servicios Públicos, el de allegarse recursos económicos por convenios que de fondo pueden ser arbitrarios o ilegales, lo cual se traduce en una vulneración de las defensas jurídicas del gobernado y corrupción de la función pública, en violación flagrante al artículo 1°, 14°, 16° y 31 Fracc. IV de la CONSTITUCIÓN.
LEGISLADOR ORDINARIO, ALCANCE DE LAS FACULTADES DEL, PARA DICTAR NORMAS SOBRE INSTITUCIONES JURIDICAS ESTABLECIDAS. Las facultades otorgadas por la Constitución al legislador ordinario para dictar normas sobre las instituciones jurídicas establecidas y cuya existencia supone el legislador constituyente, no abarcan las de trastornar la naturaleza de dichas Instituciones, esto es, la facultad de desnaturalizarlas, ni las de sustituir por otras sus elementos esenciales, por lo que mediante una simple declaración legislativa no se puede cambiar una obligación de fuente contractual de naturaleza mercantil, en un crédito fiscal, lo cual contraría nuestro Pacto Fundamental, que solo autoriza al H. Congreso de la Unión para legislar en materia de comercio, es decir, para la promulgación de leyes encaminadas al mejor régimen normativo de los actos, problemas o situaciones de tal naturaleza; pero no para cambiar la esencia jurídica de los actos, ni para darles un doble carácter pretendiendo que para los particulares sean de derecho privado y declarando que para el Estado son de derecho público, pues nuestra Carta Magna reserva al legislador constituyente esta clase de facultades expresas, es claro que al no estar consignadas en la Constitución para el legislador ordinario, éste no puede arrogárseles. Consecuentemente, si nos encontramos en presencia de una obligación puramente contractual, que por su esencia y naturaleza jurídicas repugna y excluye los caracteres que identifican el crédito fiscal, debe concluirse que nunca una obligación contractual que se rige por el derecho privado puede ser transformada en crédito fiscal regido por el derecho público, sin desnaturalizar las instituciones jurídicas y los principios generales de derecho, además de que, para esto las autoridades no tienen facultades constitucionales, toda vez que nuestra Constitución no funda precisamente estos principios generales de derecho y los acepta, así como sus instituciones, al mencionarlas en su articulado sin dar definición de las mismas, cambiando o tratando de variar alguno de sus elementos.
Es de destacar que ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostener que los ingresos públicos deben determinarse de conformidad con su naturaleza y no en virtud de su denominación. En ese sentido, el acceso al agua en cantidad suficiente para uso doméstico como un derecho humano por el cual la LEY DEL AGUA pretenda darle un carácter de CREDITO FISCAL desvirtuando su naturaleza y equiparar la misma actividad como una contribución.
NOVENO.- No se agota ni ocurre a realizar el RECURSO DE REVOCACIÓN de la RESOLUCIÓN que se combate en virtud, de que como la misma establece es dictada en atención al CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA DE AMPARO, y al respecto el artículo 145 de la LEY DEL AGUA establece en su fracción III.- “Sean el mismo acto por el que el recurrente haya interpuesto otro recurso o medio defensa… (…) V.- Sean resoluciones dictadas en el recurso administrativo de revisión, en cumplimiento de éstas o de sentencias.” en este caso la demanda de amparo resuelta por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.
DECIMO.- La autoridad responsable como ejecutora funda y motiva indebidamente su actuación a los ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN del SOSAPACH y refiere a un ordenamiento con artículos y fracciones, sin que sea un REGLAMENTO o LEY expedida por autoridad competente y/o poder soberano. Lo cual se traduce en una violación a las garantías individuales del gobernado, en este caso del quejoso, tras conculcarse sus derechos consagrados en el artículo 14 y 16 Constitucionales. Por lo que la resolución que se combate contraviene disposiciones de orden CONSTITUCIONAL al no estar debidamente fundado y motivado, refiriéndose en algunos casos a ordenamientos legales inexistentes o viciados de validez.
DECIMO PRIMERO.- La autoridad responsable como ejecutora NO PROPORCIONA EL SERVICIO DE SANEMIENTO como lo demuestran los hechos que se han citado en el capítulo respectivo, por lo cual no existe daño ni corresponde sanción a un cobro por servicio que no proporciona.
Siendo contrario a las disposiciones establecidas en la LEY DEL AGUA y diversos ordenamientos citados con anterioridad que se solicita se tengan aquí reproducidos. Por lo que el cobro de un servicio que no proporciona, se traduce en una indebida fundamentación y motivación de la resolución que se impugna y transgresor del artículo 16 Constitucional.
DÉCIMO SEGUNDO.- Por lo anteriormente expuesto debe señalarse que:
GASTO PÚBLICO. EL PRINCIPIO DE JUSTICIA FISCAL RELATIVO GARANTIZA QUE LA RECAUDACIÓN NO SE DESTINE A SATISFACER NECESIDADES PRIVADAS O INDIVIDUALES. El principio de justicia fiscal de que los tributos que se paguen se destinarán a cubrir el gasto público conlleva que el Estado al recaudarlos los aplique para cubrir las necesidades colectivas, sociales o públicas a través de gastos específicos o generales, según la teleología económica del artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza que no sean destinados a satisfacer necesidades privadas o individuales, sino de interés colectivo, comunitario, social y público que marca la Ley Suprema, ya que de acuerdo con el principio de eficiencia -inmanente al gasto público-, la elección del destino del recurso debe dirigirse a cumplir las obligaciones y aspiraciones que en ese ámbito describe la Carta Fundamental. De modo que una contribución será inconstitucional cuando se destine a cubrir exclusivamente necesidades individuales, porque es lógico que al aplicarse para satisfacer necesidades sociales se entiende que también está cubierta la penuria o escasez de ciertos individuos, pero no puede suceder a la inversa, porque es patente que si únicamente se colman necesidades de una persona ello no podría traer como consecuencia un beneficio colectivo o social.
Por lo tanto, una vez acreditada la inconstitucionalidad en forma individual de los diversos ordenamientos de la LEY DEL AGUA, artículos 99 fracción l, 128 Fracción XXIII, artículo 130 Fracción XVII, 133, 137 y 140, así como el 33 del CODIGO FISCAL MUNICIPAL, al pretender dichos dispositivos rebasar los principios de justicia y legalidad fiscal consagrados en el artículo 31, fracción IV, y en contra del espíritu y protección de los artículos 1°, 14° y 15° de la CONSTITUCIÓN y al respecto los tribunales han sido claros al otorgar:
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Artículo 6

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