Source: https://www.bioeteca.es/?m=200809
Timestamp: 2019-10-23 03:37:31+00:00

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septiembre | 2008 | Bioética. Noticias y recursos.
M.J. PÉREZ-BARCO<
Es hasta las 12 semanas cuando se producen el mayor porcentaje de abortos en España (87%). En 2006, fueron 89.340, aunque la mayor parte de ellos (62%) se practicaron antes de las ocho semanas. Otro momento clave. Es entonces cuando el embrión se convierte en feto y mide entorno a 1,5 y 2 centímetros. «A las cinco semanas empieza a latir el corazón, a la octava tenemos todo formado. Tenemos músculos, terminaciones nerviosas…», dice el doctor Chiva.
Por tanto, más allá de ese plazo interrumpir voluntariamente un embarazo no se considera abortar, por lo menos desde el punto de vista médico. El propio presidente de Sego, José Manuel Bajo, afirmó en su día que «cualquiera que haya visto una ecografía, que vea cómo se mueve un niño por encima de las 24 semanas… El sólo hecho de interrumpir ahí una gestación con una túrmix, con un destructor hasta hacerlo papilla literalmente para expulsarlo entra dentro de lo que nosotros no podemos apoyar». Representaba a más de 6.000 ginecólogos y obstetras.
http://www.abc.es/20080928/nacional-sociedad/principio-vida-20080928.html
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El organismo señala que la norma es «alarmista e innecesaria»
La Organización Médica Colegial (OMC) ha rechazado hoy el anteproyecto de ley andaluz de «muerte digna» porque considera que es innecesario y genera alarma en la sociedad. La OMC ha dado a conocer en rueda de prensa un documento consensuado en la última reunión de la junta permanente de este organismo en el que se muestra su oposición al anteproyecto de ley andaluz de Derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la Muerte, conocida como Ley de Muerte Digna.
El análisis coste-beneficio debe hacerse de forma global
Analizar económicamente las prestaciones sanitarias puede sonar ante oídos inexpertos a mercantilizar la asistencia. Sin embargo, un estudio global de coste-beneficio permite no sólo ahorrar, sino ayudar a que las decisiones tomadas sean las mejores para todos.
Enrique Mezquita. Valencia 25/09/2008
En nuestro país, cuando se habla de apostar por las políticas de salud que sean más coste-efectivas, la población se echa a temblar y piensa que ese anuncio es el primer paso para un recorte de prestaciones o el endurecimiento de las condiciones para acceder a ellas. Sin embargo, Andrew Jones, profesor de Economía en la Universidad de York, en Reino Unido, ha destacado que el análisis coste-beneficio que se hace en economía de la salud no debe generar conflictos, «ya que es un abordaje integral, lo cual implica que las decisiones que permite tomar son las mejores en términos de salud global de la población y, por tanto, socialmente aceptables».
Según Jones, que ha impartido un curso sobre la evaluación económica de las políticas de salud en la III Escuela de Verano en Negocios y Economía de Valencia, «la única fuente de conflictos puede partir de algo tan evidente como que los recursos son limitados, lo que obliga a los políticos a descartar otros programas o iniciativas».
Otras malinterpretaciones pueden surgir «porque la mayoría de la gente no entiende la terminología que se emplea en la evaluación de las políticas públicas», llegando a la conclusión de que coste-eficiencia y sanidad pública son conceptos prácticamente antagónicos. Jones, que desconoce cuál es la situación actual en España, sí ha podido señalar que «en Reino Unido, los métodos para evaluar las políticas de salud ya están plenamente integrados tanto en el Ministerio de Sanidad como en algunos departamentos relacionados con su diseño». En ellos se tiene en cuenta tanto la evaluación económica como aspectos relacionados con las tecnologías de salud, entre otros.
Para evaluar las políticas de salud ya existentes «de una manera fiable y creíble, son necesarios métodos que nos permitan un abordaje objetivo y medible. Los experimentos naturales son los más válidos, pero en su ausencia se puede apostar por otros que den medidas lo más parecidas posibles. Y la principal condición que requieren es la aleatoriedad».
Un ejemplo de experimento natural recogido en la literatura sobre económica de la salud es el que surgió a raíz del programa Progreso, impulsado por el Gobierno mexicano. «El punto de partida era comprobar si dar dinero a las familias, previo cumplimiento de unas condiciones de higiene, alimentación, etc., mejoraba la salud de los niños. Pero como no tenían dinero suficiente para financiar todo el proyecto, se decidió de forma aleatoria repartirlo entre un grupo de familias, lo cual permitió comparar sus resultados con el grupo similar que no lo recibió».
En otras ocasiones la ausencia de un hecho aleatorio en el diseño inicial del experimento requiere la búsqueda de alternativas, que pueden ser un hecho imprevisto o al que nadie puede anticiparse.
Por ejemplo, «cuando se reunificó Alemania, el gobierno occidental decidió hacer una transferencia de un día para otro de población alemana en el Este y, al tratarse de una situación inesperada, se pudo emplear para analizar si afectaba a la salud o no».
http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/gestion/es/desarrollo/1168486.html
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23 de Septiembre de 2008 | escrito por Carlos | clasificado en Gestión Sanitaria, cajon de sastre
http://medicablogs.diariomedico.com/inquietudesap/2008/09/23/la-cultura-de-las-%E2%80%9Cfilas%E2%80%9D/
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El debate sobre el aborto revela falta de política social
Coloquio sobre la nueva ley del aborto
Las feministas critican que se escriba la historia de las mujeres sin contar con ellas
De izquierda a derecha, Joaquín Catalán, Belarmina Martínez, Alina López, María José Guerra Palmero y Margarita Rábago de Luccini. jesús bilbao
L.P. | SANTA CRUZ DE TENERIFE El debate suscitado tras el anuncio del Gobierno de Rodríguez Zapatero de la elaboración de una nueva ley del aborto, tras 23 años de vigencia de una norma que despenaliza este acto en tres supuestos, ha dejado en evidencia la falta de ayudas sociales públicas dirigidas a las mujeres y de programas de educación sexual, que eviten tener que recurrir a este tipo de medidas.
Así lo pusieron de manifiesto las participantes en un debate sobre si se debe despenalizar el aborto o no organizado por el Club La Opinión. En la mesa se sentaron Belarmina Martínez, presidenta de la Federación de asociaciones de mujeres de Canarias Arena y Laurisilva; María José Guerra Palmero, experta en Bioética; Alina López, portavoz del Foro canario de la Familia; y Margarita Rábago de Luccini, del Centro de Estudios y Orientación Familiar de Tenerife. Belarmina Martínez, pese a celebrar la medida, criticó al Estado por «escribir la historia de las mujeres sin contar con ellas», mientras que las ponentes pro-vida reiteraron que el aborto es un «asesinato».
El acto se enriqueció con los testimonios personales y laborales de los asistentes que mostraron la complejidad de este asunto, al narrar casos de mujeres que han abortado en hasta tres ocasiones o de otras que tras someterse a técnicas de fecundación in vitro tienen que abortar por complicaciones con el feto.
Ante esto, la experta en bioética María José Guerra Palmero expuso que hay que elaborar una ley que se aproxime lo más posible a la realidad social.
Al cierre del debate una de las asistentes abogó por no juzgar y hacer sentir culpable a una mujer que al abortar se enfrenta a un momento especialmente dramático.
http://www.laopinion.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008092400_9_172168__Sociedad-debate-sobre-aborto-revela-falta-politica-social
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‘Derecho a Vivir’ pide a PP, CiU y PNV unión contra el aborto
La plataforma Derecho a Vivir se dirigió al PP, CiU y PNV para que se posicionen en contra de la ley de plazos que propone el Gobierno. Esta plataforma ha creado un comité de expertos que elaborará informes «para que la sociedad no reciba una visión parcial del aborto».
Gonzalo de Santiago 24/09/2008
Con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre el drama que supone el aborto y que no se apruebe finalmente la nueva ley impulsada por el Gobierno se ha creado la plataforma Derecho a Vivir, que se presentó ayer en Madrid. Su presidente, Ignacio Arsuaga, declaró que pretenden que el Gobierno retire el proyecto o que no reciba suficiente apoyo parlamentario. Por ello, instó al PP, PNV y CiU a posicionarse a favor del derecho la vida.
La plataforma organizará concentraciones e intentará que su mensaje llegue a toda España. «La idea es movilizar y sensibilizar a la sociedad para que conozca la verdadera realidad del aborto y de la nueva ley que propone el Gobierno».
Además, se ha creado un comité independiente de expertos compuesto por juristas, médicos y bioéticos que elaborará informes para dar a conocer la otra cara del aborto. Entre sus miembros se encuentra Carlos Pérez del Valle, magistrado y profesor de la Escuela Judicial; José Luis Requero, magistrado y vocal del CGPJ; Mónica López-Barahona, consultora para Bioética de Naciones Unidas, y Luis Granados, ginecólogo del Hospital MD Anderson. «La creación de este comité tiene que ver con la negativa del Gobierno de incluir en el creado por el Ministerio de Igualdad a ningún miembro defensor del derecho a la vida. Buscamos que la sociedad no reciba una información parcial de lo que supone el aborto», afirmó Gádor Joya, portavoz de la plataforma.
Este órgano elaborará informes de forma paralela al del Ministerio de Igualdad. Los documentos se harán públicos y se remitirán al Gobierno y a los grupos parlamentarios.
Joya manifestó que la intención del Gobierno «es crear una nueva ley que permita que el aborto se convierta en una prestación más de la Seguridad Social y que se pueda abortar libremente, lo que generará más muerte, sufrimiento y dolor». En este sentido, manifestó que la intención de Derecho a Vivir es «que se proteja el derecho a la vida, reconocido en la Constitución y que se promuevan políticas de ayuda a la maternidad para que una mujer no se encuentre sola en ese trance».
Además, señaló que la despenalización del aborto ha provocado más de un millón de muertes en España y que cientos de miles de mujeres sufran las consecuencias de perder un hijo. «Estas mujeres se vieron empujadas a abortar por la presión social y nadie les informó de las alternativas ni les ofreció ayuda».
Por último, señaló que el aborto «ha enriquecido a unas cuantas personas que lo han convertido en un negocio» defraudando la ley con la complicidad de la Administración.
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Francisco del Baño López: «Todos somos iguales ante una urgencia vital»
Francisco del Baño López es médico adjunto de urgencias desde hace 25 años. Trabaja en el IMAS desde 1994 y en el Hospital del Mar, de Barcelona, desde el año 2001.
Karla Islas Pieck. Barcelona 22/09/2008
¿Cómo ha vivido el proceso migratorio de los últimos años?
-Cada vez hemos tenido más población de fuera en los servicios de urgencias. Al principio provenían del norte de África, después aumentaron los procedentes de la zona subsahariana, y en los últimos años hay más personas de Pakistán y América central y del sur. Ahora se empiezan a ver también a más personas de los países del Este de Europa.
¿La adaptación le ha significado un reto?
-Es una adaptación paulatina que va en función de las personas que van llegando. Todo el mundo piensa que el principal problema son las barreras del idioma, pero yo creo que las barreras culturales son mucho más difíciles de superar, tanto por parte de los profesionales como de los propios pacientes extranjeros.
¿Cómo se ha resuelto el problema del lenguaje?
-Con la gente que viene de Latinoamérica no hay tanto problema; con los que provienen del Magreb solemos comunicarnos en francés, y con las personas que vienen de Asia lo más común es que nos entendamos en inglés. Con los que no saben ninguno de estos idiomas es más complicado, pero igualmente creo que el verdadero problema es cultural.
¿Cómo afrontan estas diferencias los médicos?
-Los mediadores culturales son una figura clave en los servicios de urgencias porque nos facilitan el contacto tanto con el paciente como con la familia. Nos introducen a nosotros en sus costumbres a la vez que les ayudan a ellos a introducirse en el sistema y a entenderlo.
¿Qué aspectos le han impactado más de otras culturas en su relación con la salud?
-Recuerdo que hace años vino una pareja porque la mujer estaba enferma. El marido no me permitía hablar con la mujer y me impedía explorarla. Aquella pareja se fue sin que yo hubiera podido atender a la enferma. El marido decía que no y que no, y prefirió irse y llevársela con él. Yo no podía entender cómo estando tan mal se la podía llevar a su casa a pesar del riesgo de que se pusiese más grave todavía.
En un caso así, ¿quién debe adaptarse a quién?
-Creo que debe ser por las dos partes; nosotros ya nos hemos adaptado intentando hablar en los idiomas que sabemos y por señas.
A ellos les toca adaptarse necesariamente porque los sistemas son muy rígidos.
Por ejemplo, en Asia las personas están acostumbradas a ver el sistema sanitario como quien llega a una casa y, si la puerta está abierta, es que están y, si está cerrada, es que han salido.
Ellos deben entender que aquí un determinado doctor trabaja de 8 a 5, y eso les cuesta.
¿Considera que los inmigrantes acuden más a urgencias?
-Yo no lo creo. En mi opinión, lo que pasa es que no acaban de adaptarse a una normalización diferente en la que hay determinados horarios y circuitos asistenciales, pero finalmente acaban apegándose a ellos. Las dos partes hacen esfuerzos y creo que existe un equilibrio. El problema de la mala utilización de las urgencias, que es tanto por parte de los que vienen de fuera como de los nativos, yo creo que se debe a la propia naturaleza del sistema, que es abierto. El servicio de urgencias es una de las puertas más grandes que hay; y está abierta los 365 días del año y las 24 horas del día. Además, la gente lo ve como una puerta que les puede abrir el acceso a otros muchos sitios.
¿Qué ha aprendido de otras culturas?
-Una de las cosas que más me llaman la atención son los circuitos que establecen las comunidades de un determinado país y la forma en la que se organizan. Se agrupan y siempre hay alguna persona que hace de líder o de portavoz y que consigue solucionar los problemas.
En el ámbito clínico, ¿existen diferencias importantes entre culturas?
-Lo que les pasa a las personas es casi lo mismo, independientemente de su origen. La emergencia o urgencia vital es igual; en ese punto es en el que todos los seres humanos somos iguales y reaccionamos de forma muy parecida.
¿El lenguaje no verbal es universal cuando se trata de la salud?
-Sí, el lenguaje de gestos es muy importante y llegamos a establecer un idioma sublime que está ahí.
http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/profesion/es/desarrollo/1166875.html
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Grupos pro vida preguntan qué tipo de bioética apoya aborto hasta los 6 meses
HazteOír y el Foro de la Familia han criticado hoy la decisión del Gobierno de aprobar una nueva ley del Aborto así como la propuesta del Comité de Bioética de Cataluña, ante la que se preguntan ‘qué tipo de bioética pide que se legalice el aborto hasta los seis meses de gestación’.
El presidente de HazteOír (HO), Ignacio Arsuaga, ha denunciado que detrás del dictamen del Comité de Bioética entregado a la Generalitat hay una ‘estrategia conjunta’ con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para establecer el aborto libre en España.
Arsuaga observa en este contexto un ‘reparto de papeles’ en el que el Ejecutivo catalán pide la interrupción libre del embarazo hasta los seis meses, para que el Gobierno central ‘pueda aprobarlo hasta los cuatro meses’.
El dirigente de HO se pregunta qué clase de ‘bioética’ invoca un Comité que postula el aborto libre, y aventura que detrás de este informe hay una estrategia ‘muy simple’.
‘Yo pido el aborto libre hasta seis meses de embarazo -incluyendo a fetos completamente viables-, luego coges tú, lo apruebas hasta cuatro meses, y quedas como el moderado. La famosa estrategia del poli bueno-poli malo’, ha explicado.
A su juicio, los socialistas ‘han montado todo un aparato de propaganda que avanza cada día cual apisonadora’, y en esta maniobra ‘propagandística’ engloba los comités y subcomités ‘creados o utilizados por el señor de la muerte’, como ha calificado a Rodríguez Zapatero.
El presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, ha advertido de que es ‘irracional’ la propuesta de legalizar el aborto hasta las veinticuatro semanas de gestación, sobre todo ‘hecha por un comité precisamente ético’.
Ha esgrimido que ‘legitimar el aborto’ mientras el niño no es viable fuera del útero de la madre es ‘éticamente una aberración de juicio’ ya que la ‘lógica humanitaria lleva precisamente a lo contrario, a establecer un deber especial de protección en beneficio de aquellos que no se pueden defender por si mismos’.
El Foro ha manifestado que la resolución del Comité oficial presidido por la profesora Victoria Camps es ‘terrible’, porque ‘demuestra hasta qué punto Zapatero va a por el aborto libre’.
Blanco ha alegado que el que esto lo suscriba un comité de bioética resulta ‘sarcástico’, puesto que ‘la ética nunca puede legitimar la violencia frente al indefenso’.
Ambas organizaciones consideran cada vez más evidente que algunas propuestas en materia de interrupción del embarazo ‘no tienen otra finalidad que garantizar, a quienes han convertido el aborto en un negocio, un marco jurídico que les inmunice frente a los tribunales’.
Por esta razón, piden que al menos no se encubran estas posturas sobre la ampliación de la Ley del Aborto bajo una supuesta ‘reflexión ética’.-
http://actualidad.terra.es/sociedad/articulo/grupos-pro-vida-preguntan-bioetica-2755467.htm
Esta entrada se publicó en Aspectos legales, Aspectos médico-sociales, Comités de ética asistencial y de investigación, Opinión y está etiquetada con aborto, Comité de Bioética de Cataluña, Hazte Oir, Victoria Camps en 19 - 09 - 2008 por janavgon.
La tribuna de opinión de Federico de Montalvo (ver noticia) sobre las «irregularidades» del Anteproyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte de Andalucía contiene, a mi entender, notables imprecisiones.
La primera es su crítica de que el anteproyecto no cite en la exposición de motivos el artículo 15 de la Constitución Española, que establece «el derecho que protege la vida». Lo cierto es que este precepto no sólo protege la vida, sino que también establece el derecho de los ciudadanos a que «en ningún caso, puedan ser sometidos ( ) a tratos inhumanos o degradantes», algo que conecta muy bien con el espíritu de este anteproyecto. Mi interpretación subjetiva es que el artículo 15 nos permite hablar tanto de vida digna como de muerte digna, las dos caras de la misma moneda.
En segundo lugar, sorprende la crítica de la citada Ley 41/2002, a la que se acusa de ser la madre del «encarnizamiento legislativo» que actualmente padecemos. Creo que el autor no está apreciando el impacto beneficioso que esa ley ha tenido en el mundo sanitario. Ello siempre y cuando se considere beneficioso aumentar la libertad de los ciudadanos para decidir sobre su salud y su enfermedad.
Esto último es lo que el autor parece dudar, puesto que nos advierte contra «el encarnizamiento informativo» en la relación médico-paciente generado por ella. Pero así el autor va claramente a contracorriente de la legislación comunitaria e internacional sobre estas materias, y en contra de todos los acuerdos internacionales de bioética.
Una tercera cuestión es el término «eutanasia». Federico de Montalvo habla del «atrevimiento» del anteproyecto al tratar de «determinar cuál es el contenido del artículo 143.4 del Código Penal», pero no creo que sea exacta esa interpretación, ni el «atrevimiento» tan malo como se pretende. El término «eutanasia» está en el centro del debate ético, jurídico, social y político en torno a la «muerte digna». Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico no lo utiliza en ningún momento. No hay por tanto una definición normativamente establecida a la que haya que atenerse.
Pero con frecuencia, cualquier actuación en ese campo ha tendido a ser automáticamente etiquetada como «eutanasia» e incluida bajo el paraguas del artículo 143.4 del Código Penal. Pero hoy sabemos (Inmaculada Echevarría o sedaciones de Leganés) que dicha interpretación tan extensiva del término es abusiva. La exposición de motivos parte pues de este hecho y avanza una propuesta de definición de eutanasia que es la que se está extendiendo a nivel internacional. Este esfuerzo de clarificación no puede ser negativo, sino todo lo contrario.
Una quinta afirmación impactante es que el uso del concepto «dignidad» conlleve «inseguridad jurídica». Pero el propio artículo 10 de la Constitución Española tiene entonces ese mismo problema. Es por tanto muy importante avanzar en la concreción jurídica de esos contenidos para evitar la mera retórica. La virtualidad del anteproyecto es que trata de regular sólo los contenidos de lo que puede considerarse «muerte digna» que tienen reconocimiento generalizado y base jurídica amplia en nuestro ordenamiento: derecho a los cuidados paliativos en primer lugar, derecho a la sedación paliativa, derecho a la información y el consentimiento, derecho al rechazo de tratamiento y evitación de la obstinación terapéutica.
Cataluña. El comité ético de la Generalitat pide un sistema de plazos
Implantar de manera efectiva la educación sexual y reproductiva en las escuelas y planificar campañas orientadas a los grupos más vulnerables para prevenir los embarazos no deseados, además de retocar los plazos previstos en la ley para la interrupción del embarazo son algunas de las recomendaciones que ha emitido el Consejo Consultivo de Bioética de la Generalitat de Cataluña, que dirige Victoria Camps, al Departamento de Salud.
Karla Islas Pieck. Barcelona 17/09/2008
El Comité Consultivo de Bioética de la Generalitat de Cataluña, que dirige Victoria Camps, considera que es necesario cambiar el marco legislativo actual por una nueva norma que contemple la introducción de un sistema de plazos que permita interrumpir el embarazo dentro de un periodo no inferior a 16 semanas ni superior a 24, con el consentimiento de la mujer como único requisito.
Entre las recomendaciones que ha hecho al Departamento de Salud de Cataluña destaca que se contemple la posibilidad de interrumpir la gestación sin que exista un límite de tiempo en el supuesto de riesgo para la salud física o psíquica de la mujer, o bien, existan malformaciones fetales graves. En su opinión, la nueva ley debe reconocer explícitamente que las mujeres tienen derecho a la autonomía reproductiva y que la voluntad de la mujer es lo que debe primar en la toma de estas decisiones en el marco previsto por la ley.
Las propuestas para establecer el límite temporal máximo para la interrupción de la gestación deben tener en cuenta el criterio de la viabilidad fetal. Según Camps, la nueva ley debería establecer de manera clara el límite que estaría entre las 16 y las 24 semanas.
Una de las recomendaciones del Comité Consultivo de Bioética hace énfasis en la necesidad de prevenir los embarazos no deseados en los grupos de riesgo. Según las cifras actuales sobre la interrupción del embarazo en Cataluña las tasas son mucho más elevadas en las mujeres que provienen de países en los que no existen programas de salud sexual y reproductiva y en los que el legrado es considerado un método de planificación familiar. Por este motivo, es recomendable que se planifiquen campañas y estrategias preventivas orientadas a estos grupos vulnerables.
http://www.diariomedico.com/edicion/diario_medico/normativa/es/desarrollo/1165453.html
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«En la práctica habitual el único momento en el que una persona es realmente capaz de tomar una decisión sobre su participación en una investigación clínica es cuando firma el documento de consentimiento informado», señalan los autores del estudio, que argumentan que existe un problema al consultar esta decisión a los participantes «de una vez para siempre», ya que una muestra biológica que es utilizada en una investigación podría ser usada en un estudio futuro pasados unos años. «El consentimiento informado debería ser visto como un proceso en curso entre el investigador y el participante y no como una decisión que se hace para siempre sobre la muestra que se va a donar». Los autores creen que cualquier investigación que use un almacenamiento de muestras preexistente necesita ser explicada a los que donaron dichas muestras para que den su apoyo si lo consideran oportuno. Esta nueva comunicación podría comprender encuentros cara a cara o en grupo, o hacerse por correspondencia convencional o electrónica.
Soria resalta la importancia de que la población sepa que «puede morir sin dolor»
JANO.es y agencias · 15 Septiembre 2008 11:50
El ministro de Sanidad declara que ese es el mensaje que se quiere transmitir en el contexto del debate sobre la legalización del suicidio asistido
El ministro de Sanidad, Bernat Soria, se defendió de las críticas del Partido Popular y otras organizaciones contra la decisión del Gobierno de abrir un debate sobre la legalización del suicidio asistido señalando que lo importante es que los españoles «sepan que pueden morir sin dolor» y que es «completamente legal» no tener que sufrir por una enfermedad.
«Las calumnias retratan más al calumniador que al calumniado. Lo que es importante en un país como el nuestro, que tiene un buen Sistema Nacional de Salud, es que los ciudadanos sepan que pueden morir sin dolor. Un cáncer genera una situación en la que el paciente sufre mucho y acaba muriéndose. Sabemos que no hay derecho y es completamente legal en España no tener dolor», manifestó Soria en declaraciones a la Cadena Ser.
En este sentido, Soria habló de los cuidados paliativos y aclaró que son una opción legal de la que disponen todos los pacientes, por estar recogida en una estrategia nacional de salud.
«A un paciente hay que adelantarle que disponemos de métodos para que no sufra cuando el dolor es muy intenso, la sedación puede tener como consecuencia la pérdida de funciones vitales. Se llama sedación terminal. Esos son los cuidados paliativos», apuntó.
Al referirse a la sedación terminal, Soria citó el caso de Inmaculada Echevarría. «Es legal en España por la Ley de Autonomía del Paciente. El paciente toma las decisiones sobre su cuerpo. Inmaculada Echevarría llevaba años conectada a un ventilador. El paciente tiene derecho, puede decidir que no quiere estar conectado a un ventilador y la obligación del sistema sanitario es atender a los derechos de los pacientes», indicó.
«Hay gente que piensa que las decisiones sobre mi cuerpo pertenecen a otro colectivo. Sobre mi cuerpo decido yo. Eso es lo que defendemos mucha gente, no sólo los socialistas. El pensamiento de izquierdas se ha caracterizado por defender al ciudadano. Yo lo que hago es garantizarle el derecho a decidir sobre su cuerpo», apuntó.
«Hay que garantizar esos derechos. Estamos procurando que eso que es legal se extienda a todos los ciudadanos. La ley, por el hecho de ser publicada, no produce efectos. Avanzar en el conocimiento de ese campo es toda una línea de pensamiento de ampliación de derechos», defendió el ministro respecto a la sedación terminal.
http://www.jano.es/jano/actualidad/ultimas/noticias/janoes/agencias/soria/resalta/importancia/poblacion/sepa/puede/morir/dolor/_f-11+iditem-3996+idtabla-1
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Esto es lo que ha sucedido en el caso estudiado por la Audiencia Provincial de Vizcaya en el que la paciente demandaba una indemnización, entre otras causas, por un defecto en la información en una operación cataratas. Los magistrados admiten que el documento que se entregó a la paciente es «un prototipo impreso», pero aclaran que existen «una serie de requisitos que determinan su validez como expreso consentimiento».
Así, en el texto firmado por la paciente constan sus datos personales y una explicación sobre las posibles secuelas y complicaciones, «constando cómo por parte del oftalmólogo se le había facilitado a la paciente todos los detalles en términos comprensibles». Aun cuando la resolución reconoce que el impreso no hacía referencia al tipo de intervención que se iba a realizar, la audiencia precisa que «no puede estimarse que la paciente no conocía la operación».
El fallo, facilitado por Aranzadi, aclara que la demandante «había sido paciente del oftalmólogo desde hacía más de treinta años, se le había intervenido por el mismo cirujano en el otro ojo de la misma operación y, además, se le había intentado la operación anteriormente «.
Sin embargo, la Audiencia de Vizcaya interpreta que esa relación -la paciente residía en Bilbao y se desplazaba a Zaragoza para ser atendida por el especialista- «no sólo refleja una confianza consolidada en el tiempo, sino que corrobora que cuando la enferma suscribió el consentimiento conocía perfectamente el tipo de operación, sus alternativas, riesgos y posibles consecuencias». Por tanto, «se estima cumplido el consentimiento».

References: resolución 
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 143
 artículo 143
 artículo 10
 resolución