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Timestamp: 2019-09-23 02:29:37+00:00

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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 9 de Junio de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 31645567
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 9 de Junio de 2003
DEMANA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR ALMA LORENA CORTEZ AGUILAR CONTRA EL DECRETO EJECUTIVO N 41 DE 23 DE FEBRERO DE 2000 DICTADO POR EL ORGANO EJECUTIVO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO
Se ha recibido en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, demanda de Inconstitucionalidad interpuesta por la Licenciada ALMA L. CORTÉS A., contra el Decreto Ejecutivo No.41 de 23 de febrero de 2000, Por el cual se Modifica el Artículo Tercero y se Adicionan los Literales I, J,K y L al Artículo Cuarto del Decreto Ejecutivo No.26 del 3 de mayo de 1999 por el Concepto de Servicios de Cuarentena Agropecuaria, dictado por el Órgano Ejecutivo por Conducto del Ministro de Desarrollo Agropecuario.
La demanda antes planteada tiene como fundamento, los siguientes hechos:
Que nuestra historia Constitucional desde principios de nuestra era Republicana, y posterior, se dictaron Constituciones que contenían disposiciones programáticas, o sea, que requerían la dictación de normas complementarias para ponerlas en vigor y disposiciones dispositivas que son de aplicación inmediata.
Con la aprobación de la Constitución de 1946, la cual se limitó a cristalizar una serie de Instituciones y Principios, es considerada la primera Constitución que contenía un verdadero programa de transformaciones sociales, cuyas Instituciones programáticas y dispositivas eran de propósitos políticos que viabilizaban una dirección política, tendiente a introducir reformas de trascendencia política y social.
Con esta Constitución se fueron dictando una serie de Leyes que vinieron a desarrollar el programa de transformación nacional trazado en esta Carta Magna.
Entre las disposiciones que se consideran dispositivas, encontramos la contenida en el Artículo 48 de la Constitución Nacional, la cual es materia de desarrollo jurídico y las Leyes producto de su desarrollo, deben enmarcarse dentro del texto y el espíritu de la intención del legislador. De allí la existencia del Código Fiscal y demás L. complementarias que regula y desarrolla todo lo relativo a la figura de los Tributos.
Que cónsono con la disposición fundamental contenida en la citada norma de rango constitucional que denunciamos como infringida con la dictación del Acto Administrativo que demandamos de Inconstitucional, se establece de forma clara, que los particulares sólo están obligados a cumplir con una obligación tributaria única y exclusivamente ordenada mediante una Ley y en la misma se debe establecer el tipo de tributo, la forma de cobranza, el hecho imponible y todo lo relativo a esta estructura tributaria.
Que el tributo, supone una obligación de carácter F., generada por la explotación de bienes y servicios de los que el particular puede servirse, lucrar y utilizar libremente, sin más cargas y restricciones que las previstas en la Leyes, como bien lo establece de forma clara y sencilla la citada disposición Constitucional que consideramos vulnerada por el Acto demandado, objeto de esta acción.
Que en cuanto al hecho imponible, es precisamente el objeto material del tributo, es decir, lo que se grava, la actividad que produce el tributo y en este sentido, expresan los tratadistas P. de A. y G. lo siguiente: "Es la situación de hecho o elemento de la realidad social tomado en consideración por la norma para configurar cada tributo". (PEREZ DE AYALA, J.L.Y.G., EUSEBIO. Curso de Derecho Tributario, Tomo I, Sexta Edición, Editorial de Derecho Financiero/Editoriales de Derecho reunidas. Madrid 1991, página 212).
Que el artículo 179 numeral 14 de la Constitución Nacional, atribuye de forma exclusiva la potestad reglamentaria al Presidente de la República, de desarrollar y reglamentar todas las Leyes que lo requieran para su mejor cumplimiento, sin apartarse bajo ningún caso de su texto ni de su espíritu.
Que mediante la Ley No.51 de diciembre de 1977, expedida por el Consejo Nacional de Legislación, se autoriza al Ministro de Desarrollo Agropecuario, para establecer el cobro de tasas por servicios que preste. Esta Ley fue publicada en la Gaceta Oficial No.18,477 de diciembre de 1977, y en sus artículos 1 y 2, dispone la autorización al Ministerio de Desarrollo Agropecuario para cobrar tasas en concepto de fumigación e inspección de cuarentena a todo vehículo aéreo, marítimo y terrestre que ingrese al País............... Y en el artículo 2, se le autoriza "para el cobro por la expedición y renovación de permiso de exportación, importación, tránsito o traslado de animales y de productos o sub-productos de origen animal o vegetal".
Esta Ley fue derogada por la Ley No.23 del 15 de julio de 1997, publicada en la Gaceta Oficial No.23,340 del 26 de julio de 1997, tal como lo dispone el artículo 88.
Que el Decreto Ejecutivo No.41 del 23 de febrero de 2000, objeto de esta Acción de Inconstitucionalidad, introduce una modificación al Decreto Ejecutivo No.26 del 3 de mayo de 1999, que reglamenta la precitada Ley No.23 del 15 de julio de 1997, en cuanto a lo establecido en el Artículo 10 que autoriza al Ministerio de Desarrollo Agropecuario a establecer y cobrar tarifas por los servicios técnicos o sanitarios que preste en cumplimiento del Título I de la Ley en mención y que dichas tarifas serán ajustadas de acuerdo al costo de los servicios que brinde, quedando así:
"ARTICULO PRIMERO: M. el artículo tercero del Decreto Ejecutivo No.26 de 23 de mayo de 1999, el cual quedará así:
Artículo Tercero: La tarifa por la expedición de cada licencia fitozoosanitaria de exportación, importación, tránsito de animales, o subproductos de origen animal o vegetal y cada expedición de certificado F. será de Cinco Balboas (B/.5.00). La solicitud de estas licencias tendrá una tarifa de Un balboa (B/.1.00).
Artículo Segundo: Adiciónese los literales i), j), k) y l) al artículo cuarto del Decreto Ejecutivo No.26 del 3 de mayo de 1999, así:i) Treinta y Cinco Balboas (B/.35.00) por custodia de paso canoa (sic) a Chiriquí Grande.j) Sesenta Balboas (B/.60.00) por custodia de Paso Canoa a Divisa.
k) Veinte Balboas (B/.20.00) por custodia de Paso Canoa a David.l) Veinte Balboas (B/.20.00) por custodia de Paso Canoa a Puerto Armuelles.
ARTÍCULO TERCERO: El presente Decreto Ejecutivo modifica el Artículo Tercero y se adicionan los literales i,j, k y l al Artículo Cuarto del Decreto Ejecutivo No.26 de 3 de mayo de 1999.
ARTÍCULO CUARTO: Este Decreto empezará a regir a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial".
Se desprende de forma clara, que el Decreto Ejecutivo No.41 de febrero de 2000 que modificó el Decreto Ejecutivo No.26 de mayo de 1999, que reglamentaba la Ley No.23 de 1997, autoriza al Ministerio de Desarrollo Agropecuario para el cobro de tarifas por los servicios públicos que describe la citada excerta legal. Con esta modificación se introduce la figura del tributo, conocida como tasas (tarifas) gestión que realiza una reforma a la precitada Ley No.23 de 1997 a todas luces Inconstitucional.
Que en reiterados Fallos de nuestra Máxima Corporación de Justicia, se ha declarado la Inconstitucionalidad de Resueltos dictados por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario: Sentencia del 5 de mayo de 1993, Sentencia del 16 de julio de 1993, así como la Inconstitucionalidad de Decretos Ejecutivos que establecían impuestos: Fallo del 18 de febrero de 1949, por medio del cual la Corte Suprema de Justicia declaro (sic) Inconstitucional parte de un artículo del Decreto No.107 de 1937, que establecía un impuesto sobre mercados públicos de propiedad particular, Fallo de 28 de febrero de 1951, que facultaba al Ministro de Hacienda y Tesoro para crear un impuesto sobre el alcohol de la melasa y la Sentencia del 2 de julio de 1992, por el cual se establece el cobro de tasa para algunos de los servicios que presta el Ministerio de Salud.
Que el artículo 153 numeral 10 de la Constitución Nacional, señala que es función de la Asamblea Legislativa la expedición de las Leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de las funciones del Estado, consignadas en la Constitución y entre ellas está precisamente la facultad exclusiva y privativa de este Organo de Gobierno de establecer impuestos y contribuciones nacionales, así como rentas y monopolios oficiales para atender los servicios públicos.
Confrontando las disposiciones Constitucionales antes mencionadas, observamos que si la Asamblea Legislativa tiene la función exclusiva de expedir las Leyes de la república, relativas a la fijación de impuestos y contribuciones nacionales, rentas y monopolios oficiales para atender los servicios públicos, estos deben establecerse de forma precisa y debidamente identificado el hecho imponible y la forma de cobranza en el instrumento legal correspondiente, o sea, la Ley. D. esta facultad privativa de un Organo de Gobierno a un R. del Organo Ejecutivo, es flagrantemente Inconstitucional esta delegación.
Que las tarifas establecidas por medio del Decreto No.41 de febrero de 2000, constituye un impuesto a la actividad de trámite administrativo para la expedición de Licencias Fitozoosanitarias, que incluyen la expedición de los certificados fitozoosanitarios, así como el impuesto para la obtención de las solicitudes para estos trámites. De igual forma, constituye un impuesto la fijación de tarifas por la prestación de servicios públicos de custodia que presta la Dirección de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario al particular que requiera este servicio.
Que este impuesto introducido como tarifa, ha sido establecido por Decreto Ejecutivo, esto es, por la Vía Ejecutiva y no por la Vía Legislativa; lo que constituye una abierta violación al numeral 10 del artículo 153 de la Constitución Nacional vigente, que dispone expresamente que está entre las funciones legislativas de la Asamblea, "establecer impuestos y contribuciones nacionales, rentas y monopolios oficiales para atender los servicios públicos".
A tal efecto el Decreto Ejecutivo No.41 de 2000, por el cual se establece el cobro de tarifas para algunos de los servicios que presta el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, RESULTA INCONSTITUCIONAL por violatorio del artículo 153 numeral 10 de la Constitución Nacional vigente; y así debe ser declarado por la Honorable Corte Suprema de Justicia, por cuanto la contribución, tasa o impuesto (tarifa) no ha sido fijada legalmente como lo establece de igual forma el artículo 48 de la Constitución Nacional, que trata de las "Garantías Fundamentales".
Que el Decreto Ejecutivo No.41 del 23 de febrero de 2000, fija un catálogo de precios que deben ser pagados por el particular al momento en que opten realizar cualquier actividad que involucre la prestación del servicio público de cuarentena agropecuaria. Conocido es, que en estricto Derecho Fiscal, este precio único constituye una tasa, misma que la doctrina ha definido en los siguientes términos:
"Son aquellos ingresos tributarios que se establecen unilateralmente por el Estado, pero solo se hacen exigibles en el caso de que el particular decida utilizar el servicio público correspondiente". (BRAVO, A., J.R.. Fundamentos de Derecho Administrativo Aduanero. Ediciones Librería El Profesional. Bogotá Colombia, 1984).
Planteado lo anterior, las tasas son entonces, un tipo de tributo y en virtud de esta condición están sometidas al principio Nulum Tributum Sine Lege, es decir, que no existe tributo si no hay Ley previa que lo establezca en sentido objetivo: el hecho generador, la cuantía y la forma de cobranza. Indica esto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia del 16 de enero de 1992, indicó en parte pertinente lo siguiente:
".......ya que nadie está obligado a pagar impuestos o contribuciones que no estén legalmente establecidos, la legalidad en este caso consiste, en que los tributos sólo pueden ser establecidos por Ley o debidamente autorizados por una Ley....". (El énfasis es nuestro). (Registro Judicial, Enero de 1992, página 21-27).
En relación a las disposiciones constitucionales que se consideran infringidas y el concepto de la infracción de las mismas, se indica que el Decreto Ejecutivo No.41 de 2000 viola el artículo 48 de la Constitución Nacional, ya que entre otras cosas:
Planteada la idea anterior, consideramos que la norma constitucional contenida en el artículo 48 precitado, no sólo dispone un principio fundamental, sino que se constituye en una norma de carácter dispositivo que sostiene toda la legislación tributaria panameña a la cual están sometidas los administrados por mandato del Estado. Desde el punto de vista de la estructura legislativa de nuestro sistema impositivo panameño, establecer tributos, ya sean impuestos, tasas o contribuciones especiales sin la expedición de una Ley que consigne el cumplimiento del principio tributario Nulum Tributum Sine Lege, es sencillamente una fracción flagrante de nuestro sistema constitucional tributario y por consiguiente, se produce el fenómeno jurídico de Inconstitucionalidad de la normativa que establezca tributos sin tener la categoría de Ley, y la misma debe ser declarada como tal.
Externado lo anterior, es más que ostensible la infracción constitucional demandada por conducto de esta acción, pues el Decreto Ejecutivo No.41 del 2000 dictado por el Organo Ejecutivo, independientemente que se ampare bajo una legislación vigente como es el caso de la Ley No.23 de 1997 que autoriza al Ministerio de Desarrollo Agropecuario "a establecer y cobrar tarifas por los servicios técnicos o sanitarios.........", no deja de ser Inconstitucional a la luz de la infracción constitucional alegada y por ello a contrario sensus(sic) de que sea legal, no significa que sea Constitucional, como hemos dejado claro en nuestro análisis.
De igual forma, considera el recurrente que se viola el numeral 10 del artículo 153 de la Carta Magna por las siguientes consideraciones:
El citado ordinal 10 del Artículo 153 precitado, contiene tres presupuestos jurídicos; 1- Sólo la Asamblea Legislativa, puede establecer impuestos y contribuciones nacionales por medio de Leyes; 2- Sólo la Asamblea Legislativa por conducto de Leyes puede establecer rentas y monopolios oficiales, y, 3- Estas deben ser para atender los servicios públicos que perciben los particulares.
Nuestro Derecho Constitucional Patrio, tradicionalmente ha aplicado, aceptado y delegado en la Asamblea Legislativa como Poder del Estado la elaboración y expedición de las Leyes de la República; función de gobierno por medio de la cual sólo este Organo(sic) del Estado puede expedir las Leyes que requieran la administración para la imposición de impuestos y toda clase de tributos, lo que significa que sólo la Asamblea Legislativa que es la representación del poder del pueblo a través de sus legisladores, es la única Institución del Estado que puede establecer impuestos mediante Leyes formales, y no el Organo Ejecutivo mediante reglamentaciones inferiores.
Así lo expuesto, resulta concluyente, que nuestra Constitución Política vigente, dispone la forma idónea y jurídicamente legal, de establecer impuestos y contribuciones nacionales, a tenor de lo indicado en el artículo 153, ordinal 10 ibídem, cuya función por derecho privativo es de la Asamblea Legislativa. Significa entonces, que por la Vía Ejecutiva so pretexto de la existencia de una disposición legal que autoriza a un funcionario público del Organo Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Desarrollo Agropecuario a establecer y cobrar tarifas, no es posible, constitucionalmente, establecer impuestos ni contribuciones nacionales, como mal ha pretendido hacerse mediante la expedición del Decreto Ejecutivo No.41 de 2000, el cual acusamos de Inconstitucional.
Nuestra Doctrina Nacional ha reiterado a través de innumerables tratadistas, estudiosos del derecho Constitucional, y entre ellos citamos de forma oportuna al Dr. C.Q. en su Obra Derecho Constitucional, editada en San José Costa Rica en 1967, al referirse al ordinal 22 del artículo 118 de la Constitución de ese entonces, el cual se corresponde al artículo 153 numeral 10 de la Constitución vigente, lo que a la letra expresa:
Este ordinal contiene tres preceptos: a)-Sólo la Asamblea por medio de Ley, puede establecer impuestos; b).Sólo la Asamblea por medio de Ley, puede establecer monopolios oficiales; c)- Estos deben ser para atender a los servicios públicos.....
"No hay imposición sin representación". Se desprende de estas profundas reflexiones, que sólo los legítimos representantes del pueblo que son los reales contribuyentes, estaban facultados para establecer impuestos a través de los gravámenes que imponían a los hechos generadores de la actividad económica nacional.
Definitivamente, el principio Nulum Tribuna (sic) S.L., tantas veces citado, tiene como fundamento teórico y llevado a la práctica tributaria, el sagrado postulado de que sólo los representantes del pueblo, es decir, los Legisladores, tenían la facultad por su identificación con el desarrollo socioeconómico popular, la objetividad para determinar los impuestos o contribuciones cargados a los contribuyentes.
Después de analizarse la mencionada Acción de Inconstitucionalidad, se determinó que la misma cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley, razón por la cual fue admitida y en consecuencia se corrió traslado a la Procuradora de la Administración para que emitiera el respectivo concepto.
En vista de lo anterior, es oportuno citar algunos de los planteamientos más relevantes manifestados por la Procuradora de la Administración, quien en su momento indicó:
Esta Procuraduría concuerda con la demandante en el sentido que todo tributo debe estar contenido en una Ley, toda vez que la potestad tributaria del Estado constituye un elemento dimanante de su soberanía fundamentada en la Constitución y la Ley, tal como lo ha manifestado la Corte Suprema de Justicia al referirse a la potestad tributaria, su naturaleza, clases y limitaciones.
En nuestro ordenamiento constitucional la potestad tributaria tiene una serie de limitaciones dentro de las cuales debe ejercerse. Si bien la potestad tributaria es ilimitada en cuanto a las manifestaciones de riqueza que puede gravar con tributos (impuestos, tasas o contribuciones especiales), como lo ha destacado el tratadista italiano L.R. (DirittoT., 3a edición, E.C., Padua, 1987, pág 136), no es menos cierto que esa potestad está limitada, ya que debe ejercerse de acuerdo con el principio de legalidad tributaria, consagrado en el artículo 48 de nuestra Constitución Política.
Esa norma fundamental constituye una garantía para que ninguna persona pueda ser obligada a pagar un tributo: impuesto o una contribución especial que no esté previamente establecida en la Ley; ya que ello evita que la redacción de normas sobre gravámenes se haga de manera que permita a los que deban interpretarla establecer tributos innominados.
Ahora bien, el principio de legalidad que recoge el artículo 48 de la Constitución Política solamente se refiere a los impuestos y a las contribuciones excluyendo omisivamente a las tasas; sin embargo, es nuestro criterio que el artículo 48 constitucional, en estricta hermenéutica legal, al referirse al término genérico de tributo incluyó las tasas.
En el caso específico de las tasas, se ha dicho que éstas no son más que las remuneraciones que deben pagar los particulares por la prestación de un servicio por parte del Estado. Constituyen el precio pagado por el usuario de un servicio público no industrial en contraprestación de las prestaciones o ventajas que él recibe de ese servicio y generalmente no cubre el monto total del mismo (RESTREPO, J.C.. Hacienda Pública. Universidad Externado de Colombia. Bogotá.1992-122-123).
Las tasas son, pues, especies de tributos. Por tal razón, se encuentran igualmente sometidas al principio Nullum Tributum Sine Lege, es decir, no hay tributo sino hay ley previa que lo establezca.
En nuestro derecho constitucional, según ya se ha visto, el principio de legalidad en materia tributaria está contenido en el artículo 48 de la Carta Fundamental. En esa norma se establece que nadie está obligado a pagar contribución o impuesto "que no estuvieren legalmente establecidos y cuya cobranza no se hiciere en la forma prescrita por las Leyes". La norma supra legal citada guarda relación directa con la atribución constitucional asignada al Órgano Legislativo por el numeral 10, del artículo 153 constitucional de establecer impuestos y contribuciones nacionales, rentas y monopolios oficiales para atender los servicios públicos.
Con respecto a estas dos normas constitucionales es pertinente aclarar, que aún cuando en las mismas no se utilice el vocablo "tasas", ello no es razón suficiente para desconocer la legalidad a que están sometidas.
En el caso subjúdice se le ha dado cumplimiento al principio de legalidad consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política, toda vez que las tasas por la expedición de cada licencia fito o zoosanitaria de exportación, importación, tránsito de animales, o subproductos de origen animal o vegetal y cada expedición de certificado F. o zoosanitario y la solicitud de esas licencias han sido debidamente creadas mediante una ley formal expedida por el Órgano Legislativo, siguiendo los procedimientos constitucionales y legales establecidos para tal efecto.
Es cierto, como afirma la demandante que en la Ley no se estableció la cuantía de la obligación tributaria; no obstante, también es cierto que en el artículo 10 de la Ley 23 de 1997 (que aprueba el Convenio de Marrakech constitutivo de la Organización Mundial del Comercio que contiene el Protocolo de Adhesión de Panamá a dicho Acuerdo, sus Anexos y listas de compromisos) autoriza al MIDA a cobrar tarifas por los servicios técnicos o sanitarios que se presten.
Como es fácil advertir, en las disposiciones acusadas no se establece ningún procedimiento o regla para hacer efectiva aquella autorización, por lo que resulta evidente la necesidad de adoptar las medidas que hagan posible su ejecución. En la práctica, ello es posible en virtud del ejercicio de la llamada "potestad reglamentaria" que el numeral 14, del artículo 179 de la Constitución Política atribuye al Órgano Ejecutivo.
De acuerdo a la mencionada norma, dentro de las funciones que le corresponde ejercer al P. de la República con la participación del Ministro respectivo, se encuentra la de reglamentar las leyes que así lo requieran para su mejor cumplimiento, sin apartarse en ningún caso de su texto ni de su espíritu.
Consecuentemente con los planteamientos anteriores, la Corte estimó que con fundamento en la autorización dada por el Órgano Legislativo a través de una ley formal, así como en la potestad reglamentaria que el texto constitucional atribuye al Órgano Ejecutivo, es jurídicamente posible que en el ejercicio de dicha potestad reglamentaria el Ejecutivo establezca o modifique la cuantía de una tasa, pero sujeto, desde luego, a los límites, parámetros o condiciones establecidas en la propia ley. Debe entenderse, contrario a lo afirmado por el actor, que no se trata de una potestad discrecional, puesto que de acuerdo al aludido numeral 14, del artículo 179 constitucional, el Ejecutivo debe reglamentar las leyes "sin apartarse en ningún caso de su texto ni de su espíritu".
Cabe resaltar que la facultad del Ejecutivo en el establecimiento y modificación de la cuantía de las tasas, como una consecuencia de su potestad reglamentaria, está condicionada no sólo a una expresa autorización contenida en una norma legal, sino también, a las limitaciones impuestas en la misma.
Por todo lo expuesto, debe entenderse que la Ley 23 de 1997 (expedida por la Asamblea Legislativa conforme al procedimiento constitucional) es la que crea el tributo y, por ende, otorga la potestad del Ministerio de Desarrollo Agropecuario para cobrar las tarifas por los servicios técnicos a los que alude la precitada Ley, las cuales pueden establecerse a través de Decretos Ejecutivos reglamentarios.
Por todo lo expuesto, no se vulneran los artículos 48, 153, numeral 10, ni algún otro de la Carta Magna.
Siguiendo con el procedimiento en materia constitucional, se fijó edicto, para que posteriormente las partes o cualquier otra persona presentara de forma escrita, los argumentos que sobre el caso se tuviera.
Por lo que, los Licenciados ALMA CORTÉS, I.G., MARIO MOLINO Y JAIME PADILLA, presentaron en un mismo escrito sus alegatos. Los cuales fueron basados en los siguientes planteamientos:
El Decreto Ejecutivo No.41 de 23 de febrero de 2000, incurre en una violación clara y suscinta del artículo 48 de la Constitución Nacional, esta disposición jurídica no solo dispone un principio fundamental, sino que constituye una norma de carácter dispositivo que sostiene toda la legislación tributaria panameña a la cual están sometidas los administrados por mandato del Estado. Desde el punto de vista de la estructura legislativa de nuestro sistema impositivo panameño, establecer tributos, ya sean impuestos, tasas o contribuciones especiales sin la expedición de una Ley que consigne el cumplimiento del principio tributario Nulum Tributum Sine Lege, es sencillamente una infracción flagrante a nuestro sistema constitucional tributario y por consiguiente, se produce el fenómeno jurídico de Inconstitucionalidad de la normativa que establezca tributos sin tener la categoría de Ley, y la misma debe ser declarada como tal.
Como observamos, la Ley No.23 de 1997, que aprueba el Acuerdo de Marrakech, constitutivo de la Organizaciones Mundial del Comercio, que contiene el protocolo de adhesión de Panamá a dicho Acuerdo, sus nexos y listas de compromisos; y se adecua a la legislación interna a la normativa internacional, y se dictan otras disposiciones. Si bien es cierto, que en el artículo 10 de la citada Ley, se autoriza al Ministerio de Desarrollo Agropecuario a establecer y cobrar tarifas por los servicios técnicos o sanitarios que se presten en cumplimiento del Título I de la citada Ley, y que dichas tarifas sean ajustadas de acuerdo al costo de los servicios que se brinden, no es eximente de la infracción de Inconstitucionalidad que alegamos en esta acción, ya que igual suerte jurídica corre esta disposición proveniente de un Tratado Multinacional, pues vulnera de forma directa por comisión el artículo 48 de nuestra Constitución Política vigente, que denunciamos como infringido.
Expuesto lo anterior, es más ostensible la infracción constitucional demandada por conducto de esta acción, pues el Decreto Ejecutivo No. 41 del 2000 dictado por el Organo Ejecutivo, independientemente que se ampare bajo una legislación vigente como es el caso de la Ley No.23 de 1997 que autoriza al Ministerio de Desarrollo Agropecuario "a establecer y cobrar tarifas por los servicios técnicos o sanitarios.....", no deja de ser Inconstitucional a la luz de la infracción constitucional alegada y por ello a contrario sensus de que sea legal, no significa que sea Constitucional, como hemos dejado claro en nuestro análisis presentado con nuestra acción de inconstitucionalidad.
Consideran los recurrentes que el artículo 153 numeral 10 ha sido violentado por las siguientes razones:
Nuestro Derecho Constitucional Patrio, tradicionalmente ha aplicado, aceptado y delegado en la Asamblea Legislativa como Poder del Estado la elaboración y expedición de las Leyes de la República, función de gobierno por medio de la cual sólo este Órgano del Estado puede expedir las Leyes que requiera la administración para la imposición de impuestos y toda clase de tributos, lo que significa que sólo la Asamblea Legislativa que es la representación del poder del pueblo a través de sus legisladores, es la única Institución del Estado que puede establecer impuestos mediante Leyes formales, y no el Órgano Ejecutivo mediante reglamentaciones inferiores.
Señalado lo anterior, cada uno de los presupuestos contenidos en al artículo
153 numeral 10 de la Constitución Nacional, tiene una vigencia universal y representa la función y tradición de un estado de derecho y es congruente y contemporánea con las proclamaciones de los derechos humanos universales realizados a fines del Siglo XVII, y declarados en la Revolución Francesa.
Así lo expuesto, resulta concluyente, que nuestra Constitución Política vigente, dispone la forma idónea y jurídicamente legal, de establecer impuestos y contribuciones nacionales, a tenor de lo indicado en al artículo 153, ordinal 10 ibídem, cuya función por derecho privativo es de la Asamblea Legislativa. Significa entonces, que por la Vía Ejecutiva so pretexto de la existencia de una disposición legal que autoriza a un funcionario público del Órgano Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Desarrollo Agropecuario a establecer y cobrar tarifas, no es posible, constitucionalmente, establecer impuestos ni contribuciones nacionales, como mal ha pretendido hacerse mediante la expedición del Decreto Ejecutivo No.41 de 2000, el cual acusamos de Inconstitucional.
Definitivamente, el principio Nulum Tribuna (sic) S.L., tantas veces citado, tiene como fundamento teórico y llevado a la práctica tributaria, el sagrado postulado de que sólo los representantes del pueblo, es decir, los Legisladores, tenían la facultad por su identificación con el desarrollo socioeconómico popular, la objetividad para determinar los impuestos o contribuciones cargados a los contribuyentes. Con ello, se producía la sincronización entre la aprobación implícita, en cuanto a la clase y monto de los impuestos, y la capacidad económica de los contribuyentes para cumplir con ellos.
De allí la intención del legislador, en materia constitucional, de sentar el principio rector de la elaboración de Leyes para el cumplimiento del Estado de sus funciones, traducidas en la prestación eficiente de los servicios públicos en beneficio del desarrollo socioeconómico del Estado y la atención de las necesidades colectivas.
Pero, está (sic) "autorización" de fijar tributos, a su vez se ejerce evitando el ejercicio arbitrario de esta facultad del Estado, controlando la imposición de cargas tributarias que afecten el pecunio de los particulares, precisamente delegando esta potestad en la Asamblea Legislativa y no en el Órgano Ejecutivo.
Luego de observar que la presente Acción Constitucional cumple con los requisitos establecidos en la ley, es de lugar que esta Corporación Judicial se pronuncie en cuanto a los planteamientos hechos, tanto por e l accionante como por la Procuraduría de la Administración.
Se puede indicar que uno de los aspectos medulares dentro de la presente Acción de Inconstitucionalidad, es determinar si las tasas en cuestión han sido establecidas en debida forma, porque de lo contrario nadie estaría obligado a pagarlas. Se busca determinar si es o no inconstitucional que el Decreto Ejecutivo No.41 de 23 de febrero de 2000, permita al Ministro de Desarrollo Agropecuario, cobrar tasas por los servicios que preste.
En primer lugar, hay que dejar claro el significado de la palabra tasa ; la cual en nuestra legislación tiene un tratamiento diferente al de los impuestos y demás contribuciones, y esto es así, ya que las tasas, los impuestos y contribuciones especiales, tienen elementos diferenciadores entre ellos, que hacen que su tratamiento en materia de reglamentación, imposición, etc, sea diferente.
Expongamos pues, diferentes significados de la palabra tasas:
En el caso específico de las tasas, se ha dicho que éstas no son más que las remuneraciones que deben pagar los particulares por la prestación de un servicio por parte del Estado. Constituye el precio pagado por el usuario de un servicio público no industrial en contraprestación de las prestaciones o ventajas que él recibe de ese servicio y generalmente no cubre el monto total del mismo (RESTREPO, J.C.. Hacienda Pública. Universidad Externado de Colombia. Bogotá.1992, págs.122.123).
Las tasa son aquellos ingresos tributarios que se establecen unilateralmente por el Estado, pero solo se hacen exigibles en el caso de que el particular decida utilizar el servicio público correspondiente (BRAVO ARTEAGA, J.R., Citado por G.P., H.. Fundamentos de Derecho Administrativo Aduanero. Ediciones Librería del Profesional. Bogotá.1984.pág 47).
Las tasas constituyen un tributo que se exige por el uso ocasional de servicios generales (Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. E.. Calpe, S.A., Madrid.1992.pág 1380).
En relación a las definiciones antes mencionadas, la Corte Suprema de Justicia, también ha indicado lo siguiente:
" Nuestro ordenamiento jurídico, específicamente el artículo 299 del Código fiscal, está acorde con las definiciones anotadas, puesto que al referirse a los servicios nacionales (aquellos que presta directamente el estado a los particulares), establece que la prestación de los mismos 'dan lugar a la percepción por parte de éste, de tasas o derechos, de ordinario inferiores al costo de tales servicios´
Las tasas son, pues, especies de tributos. Por tal razón, se encuentran igualmente sometidas al principio N.T.S.L., es decir no hay tributo sino hay ley previa que lo establezca.
En igual sentido, se agregó lo siguiente:
En el caso de autos, la nomenclatura utilizada no es la contribución, ni la de impuesto, sino de tasas de manejo que pareciera aludir la concepción tributaria. Para aclarar el significado de la palabra tasa, acudimos a dos de las enciclopedias más conocidas. La Enciclopedia Jurídica Omeba señala que 'existe tasa cuando el presupuesto leal vincule el tributo con una actividad determinada del Estado', La taza se caracteriza por el presupuesto de hecho que vincula el sujeto pasivo a una determinada actividad del Estado. 'Se diferencia del impuesto en que éste no considera sino la capacidad contributiva exhibida'. Junto al impuesto y a la contribución, la tasa es una obligación de Derecho Público en razón de que el sujeto activo es el Estado (Cfr. Vol. XXVI-198, pág. 11). Según la Enciclopedia Jurídica Española editada por F.S., tasa es el 'precio o valoración que se hace de una cosa. Precio determinado que se opone a un objeto o mercancía'. (Cfr. Vol.XXIX; pág. 353)
En todo caso, independientemente de la especificidad del tributo en su alcance fiscal, su coercibilidad y obligatoriedad debe afincarse en la legalidad de la misma, ya que el principio tributario comprende las tasas. (Registro Judicial, febrero de 1992, págs 147-154)". Acción de Inconstitucionalidad, R. y R., contra la Ley 51 del 2 de diciembre de 1977, Mag. L.C.D..
Analicemos con profundidad lo que motiva la presente acción de Inconstitucionalidad; recordando que lo que se está demandando es el Decreto Ejecutivo
No.41 del 23 de febrero de 2000, que introduce una modificación al Decreto Ejecutivo
No.26 del 3 de mayo de 1999, que reglamenta la Ley No.23 del 15 de julio de 1997, que autoriza al Ministerio de Desarrollo Agropecuario a establecer y cobrar tarifas por los servicios técnicos o sanitarios que preste.
La Ley 23 de 1997, como dijimos anteriormente, autoriza al Ministro de Desarrollo Agropecuario, a establecer y cobrar tasas y tarifas por los servicios que preste, sin embargo, en ella no se determina la cuantía de las tasas, lo que da motivo a una posterior reglamentación.
En relación al tema del establecimiento y cobro de las tasas, se puede indicar que en fallo de la Corte Suprema de Justicia se ha dicho lo siguiente:
".....al establecer una tasa y autorizar al Ejecutivo para brindar el servicio y efectuar el cobro por la prestación del mismo, lejos de violar el aludido artículo 17 es un corolario de su contenido imperativo. La tasa por el servicio de fumigación, agrega el señor P., tiene su fundamento en la Ley formal que contiene los elementos esenciales, a saber: los sujetos (activo y pasivo), el hecho generador (el servicioespecificado) y el objeto (prestación-pretensión), que fue establecido como servicio de política para proteger a la colectividad. En este caso, el ente con facultad de imposición (el legislativo) delegó la facultad de recaudar y administrar el tributo al Ejecutivo, además de la facultad de determinar la tarifa.
Respecto al numeral 10 del artículo 153 antes mencionado, el señor P. manifiesta que no entiende en qué forma se produce la aludida violación, porque es precisamente la ley la que autoriza al Ejecutivo al cobro de unas tasas por fumigación y ademas, puede el Ejecutivo establecer las tarifas dentro de los parámetros necesarios cuando de tasas se trata, tal y como ha sido expresado con anterioridad.
En el caso subjúdice, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera que se ha dado cumplimiento al principio de legalidad consagrado en el artículo 48 de la Constitución Nacional, toda vez que las tasas o derechos para el cobro por los servicios de fumigación e inspección de cuarentena, así como las referentes a la expedición y renovación de los permisos de exportación, importación, tránsito o traslado de animales y de productos y subproductos de origen animal o vegetal, han sido debidamente creadas mediante una ley formal expedida por el Órgano Legislativo, siguiendo los procedimientos constitucionales y legales establecidos para tal efecto. Es cierto, como afirma el actor, que en losdos primeros artículos acusados de inconstitucional no se estableció la cuantía de la obligación tributaria, no obstante, también es cierto que en las mismas disposiciones legales a través de las cuales se crean dichas tasas, se autoriza al Ministerio de Desarrollo Agropecuario para llevar a cabo su cobro. Como es fácil advertir, en las disposiciones acusadas no se establece ningún procedimiento o regla para hacer efectiva aquella autorización, por lo que resulta evidente la necesidad de adoptar las medidas que hagan posible su ejecución. En la práctica, ello es posible en virtud del ejercicio de la llamada "potestad ejecutiva reglamentaria" que el numeral 14 del artículo 179 de la Constitución Nacional atribuye al Órgano Ejecutivo. De acuerdo a la mencionada norma, dentro de las funciones que le corresponde ejercer al P. de la República con la participación del Ministro respectivo, se encuentra la de reglamentar las leyes que así lo requieran para su mejor cumplimiento, sin apartarse en ningún caso de su texto ni de su espíritu.
Según los principios del Derecho Administrativo y del Constitucional, las leyes formales son aquellas que dicta la Asamblea en ejercicio de su potestad legislativa. Algunas de ellas requieren para su aplicación o cumplimiento, ser desarrolladas mediante decretos reglamentarios de ejecución, los que poseen carácter general. Tales instrumentos jurídicos son firmados por el Presidente de la República y por el Ministro del ramo respectivo. De este modo se cumple la potestad reglamentaria que reside en el Órgano Ejecutivo por virtud del artículo 179, numeral 14, de la Carta Magna.
Conviene agregar, que el mismo criterio fue sostenido por esta Máxima Corporación de Justicia en su fallo de 10 de diciembre de 1993 en la cual se indicó "que la ley Nº51 de 2 de diciembre de 1977, en su artículo 1º, autoriza al Ministerio de Desarrollo Agropecuario para que cobre tasas en concepto de fumigación e inspección de cuarentena por lo que debe entenderse que el Órgano Ejecutivo sí puede establecer estas tasas, por estar así autorizado mediante la legislación emanada del Órgano Legislativo". (Registro Judicial, diciembre de 1993, Pleno, pág 94).
Consecuentemente con los planteamientos anteriores, la Corte estima que con fundamento en la autorización dada por el Órgano Legislativo a través de una ley formal, así como la potestad reglamentaria que el texto constitucional atribuye al Órgano Ejecutivo, es jurídicamente posible que en el ejercicio de dicha potestad reglamentaria el Ejecutivo establezca o modifique la cuantía de una tasa, pero sujeto, desde luego, a los límites, parámetros o condiciones establecidas en la propia ley. Debe entenderse, contrario a lo afirmado por el actor, que no se trata de una potestad discrecional, puesto que de acuerdo al aludido numeral 14 del artículo 179 constitucional, el Ejecutivo debe reglamentar las leyes "sin apartarse en ningún caso de su texto ni de su espíritu". Pero existen además otras razones que justifican en forma plena el establecimiento o modificación de las tasas por parte del Órgano Ejecutivo. El hecho de que en distintas disposiciones legales se haya atribuido al Ejecutivo esta potestad y de que, por tanto, la misma pueda ser ejecutada validamente, obedece a un elemental principio de efectividad que en todo momento debe orientar el funcionario de la Administración Pública. Sobre este particular, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia se pronunció en el fallo de 27 de enero de 1993, manifestando en la parte pertinente lo siguiente:
"Siendo las tasas un importe que se cobra como correspondencia de una prestación suministrada por el Estado, sería totalmente contraproducente tener que someter a la aprobación de la Asamblea Legislativa la creación o modificación de una tasa, cuando las exigencias que impone el tráfico de relaciones diarias en que se ve envuelto el Estado requieren de mecanismos que le den pronta respuesta, de manera que la Administración no se vea entorpecida en su normal funcionamiento y que no se violen garantías constitucionales de los asociados. Por ello, para salvaguardar que tales contribuciones no infrinjan tales garantías, y para evitar que se modifiquen o creen tasas y tarifas el libre albedrío de las entidades facultadas, lo cual pudiera irno sólo en contra de los intereses de la sociedad a la cual el Estado presta sus servicios, sino contra los propios intereses de este último, las normas que establecen estos tipos de reservas exigen que se presenten ciertas condiciones o que no se cumplan otras para que la Administración pueda establecer o modificar una tasa. De ahí que por ejemplo el citado artículo 3 del Decreto de Gabinete Nº13 establezca que las tasas y tarifas serán fijadas y revisadas en todo momento de manera que en todo tiempo provean fondos suficientes para el funcionamiento y operación de la Dirección de Aeronáutica Civil". (Registro Judicial, enero de 1993, Pleno, pág 230).
En base a todo lo expuesto, la Corte desea reiterar el criterio sostenido en ocasiones anteriores, dejando por sentado, que la facultad del Ejecutivo en el establecimiento y modificación de la cuantía de las tasas, como una consecuencia de su potestad reglamentaria, está condicionada no sólo a una expresa autorización contenida en una norma legal, sino también, a las limitaciones impuestas en la misma. Por estas razones, se desestima el cargo formulado respecto del artículo 48 constitucional.
El actor estima también que se ha infringido el numeral 10 del artículo 153 de la Constitución Nacional, el cual establece como una de las atribuciones de la Asamblea Legislativa, la de "Establecer impuestos y contribuciones nacionales, rentas y monopolios oficiales para atenderlos servicios públicos".
Con respecto a la alegada violación, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera que la misma no se ha producido, puesto que ha sido precisamente la Asamblea Legislativa en el ejercicio de la atribución constitucional de crear tributos, quien ha establecido las tasas por los servicios de fumigación e inspección de cuarentena, así como por la expedición y renovación de los permisos de exportación, importación, tránsito o traslado de animales y de productos y subproductos de origen animal o vegetal. Ya hemos expresado además, que el cobro de dichos tributos por parte del Órgano Ejecutivo, es jurídicamente posible en virtud de la potestad reglamentaria que el numeral 14 del artículo 179 de la Carta Magna confiere a dicho Órgano del Estado.
(Acción de Inconstitucionalidad, R. &R., contra la Ley 51 de 1977, Mag. L.C., 21 de octubre de 1994).
Siguiendo con el tema antes planteado, la Corte ha manifestado que:
Explicó que el artículo 114 de la Ley 66 de 1947 o Código Sanitario, establece la potestad del Ministerio de Salud para la creación de la tasa de servicios de inspección veterinaria, pero como esta ley no enumeró los distintos servicios coordinados que puede prestar el Ministerio, fue necesario reglamentarla con fundamento en la potestad conferida al Órgano Ejecutivo por el artículo 179, numeral 14 de la Constitución Política.
Agrega la señora Procuradora que esa reglamentación tampoco contiene las tarifas para el cálculo que debe pagarse por la inspección veterinaria en los mataderos del país, por lo que el Ministerio de Salud emitió la Resolución No 301 de 11 de junio de 1997 "Mediante la cual se establecen las tablas, para el cálculo del servicio de inspección veterinaria en los mataderos del país..", en la que se distinguen los gastos que deben hacerse, en concepto de servicios del Médico veterinario, los aportes al Seguro Social, el seguro educativo, el impuesto sobre la renta, el riesgo profesional, el equipo y los materiales.
Señala la representante del Ministerio Público que la reglamentación contenida en el acto impugnado es cónsona con el principio de estricta legalidad, consagrado en el artículo 18 de la Constitución Política, porque respetó los parámetros y límites establecidos por la ley del Código Sanitario, y porque se hizo en base a la potestad reglamentaria contenida en el artículo 179, numeral 14 de la Constitución, es por ello que el Decreto Ejecutivo No 223 de 1996 se adecua a las características que debe tener todo decreto reglamentario.
Dice la señora Procuradora que en el caso que nos ocupa, se observa que el Ministerio de Salud pretende cobrar una tasa por los servicios de inspección veterinaria que presta a los mataderos y que esto no es un capricho, sino que es necesario para efectuar tan importante función de garantizar que la carne que ingerimos esté en óptimas condiciones para el consumo y así evitar alteraciones al orden sanitario del país; todo lo cual la lleva a concluir que no hay duda que la función estatal de proveer salud sí puede ser delegada y que las tarifas que contempla el decreto reglamentario y la resolución que lo complementa, contentivo de las tablas en referencia, son acordes al ordenamiento jurídico y por ello no violan el artículo 690 del Código Fiscal.
En cuanto a la violación del artículo 90 del Código Sanitario, la señoraProcuradora de la Administración, indicó que es precisamente esa norma el pilar fundamental de la legalidad del decreto impugnado, ya que el mismo se deriva del principio constitucional del derecho a la salud, desarrollado en el Código Sanitario y que eventualmente se traduce en una serie de decretos ejecutivos que lo complementan.
El Órgano Ejecutivo está facultado por el numeral 14 del artículo 179 de la Constitución Política, para reglamentar las leyes a través de los denominados decretos ejecutivos reglamentarios, esta facultad no puede rebasar el marco y límites establecidos por la propia ley que se reglamenta.
(Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad contra el Decreto Ejecutivo No.223 de 5 de septiembre de 1996, dictado por el Presidente de la República por conducto de la Ministra de Salud. M.. M.A.F. de A.. 5 de abril de 2000).
En otra ocasión, esta misma Corporación Judicial manifestó:
En relación con el alegado desconocimiento del precepto transcrito, la firma peticionaria explica que el ejercicio de la función de legislar le corresponde a la Asamblea Legislativa por mandato constitucional, por lo que no puede ser ejercida por otro Órgano del Estado, a menos queotra norma de igual rango lo autorice. Según el accionante, hay que tener en cuenta que "Las tasas de carácter nacional como las que trata el resuelto Nº ALP-036-ADM sólo pueden ser autorizadas por la Ley, ya sea una especial que crea la tasa o la Ley Orgánica del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que como expresamos no lo establece".
Expresa el agente del Ministerio Público que:
"...no es cierto que a través del referido Resuelto se haya creado una tasa, puesto que el mismo se limita a desarrollar las disposiciones de la Ley Nº 51 de 2 de diciembre de 1977, que autoriza al Ministerio de Desarrollo Agropecuario para "cobrar tasas en concepto de fumigación e inspección de cuarentena a todo vehículo aéreo, marítimo o terrestre que ingrese al país, por cualquiera de los puertos, aeropuertos o fronteras del territorio Nacional...."
Se aprecia de inmediato que el Resuelto ALP-036-ADM que se demanda por inconstitucional pretende desarrollar, como en efecto hace, las disposiciones de la Ley Nº 51 de 2 de diciembre de 1977, que aparece publicada en la Gaceta Oficial 18.477 de 14 de diciembre de 1977.
(Acción de Inconstitucionalidad, M.P.F.E., 5 de mayo de 1993).
Se puede concluir que, las tasas deben ser creadas a través de una ley formal o dentro de la Ley orgánica de la institución, lo que en el caso en comento se ha dado, ya que la creación de la tasa se dio con la expedición de la Ley Nº 23 de 15 de julio de 1997, en la que se autoriza al Ministerio de Desarrollo Agropecuario a establecer y cobrar tarifas por los servicios que presta; tarifas que se desarrollan con la expedición del Decreto Ejecutivo Nº 26 de 3 de mayo de 1998. Y en relación al caso en comento, es necesario agregar que, es permitido que las instituciones autónomas puedan cobrar tasas, por determinados servicios que presten, siempre y cuando estén debidamente autorizadas por sus respectivas leyes orgánicas; lo que en efecto se ha dado.
De lo anterior, se puede indicar que para poder que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario cobre cualquier tipo de tasas, es necesario que la ley a través de la cual se crea la tasa emane del Órgano Legislativo. Por tanto, cualquiera entidad, podrá reglamentar tasas por los servicios que presta, siempre y cuando esté debidamente habilitada a través de una ley formal. (En este caso, la Ley Nº 23 de 15 de julio de 1997).
El propio artículo 10 de la precitada Ley Nº23 la que le da la facultad de cobro de tarifas al Ministerio de Desarrollo Agropecuario; éste artículo es del tenor siguiente:
Artículo 10: Se autoriza al Ministerio de Desarrollo Agropecuario a establecer y cobrar tarifas por los servicios técnicos o sanitarios que se presenten en el cumplimiento del presente título.
Las tarifas serán ajustadas de acuerdo con el costo del servicio que se brinde y no en función del valor de la mercancía.
Dichas tarifas serán publicadas en la Gaceta Oficial.
Es a través de esta Ley, que se establece el cobro de las tasas por los servicios que presta el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Por lo que, el Decreto Ejecutivo Nº 41 de 2000, no ha creado una tasa, se ha limitado a desarrollar lo establecido en la Ley Nº 23 de 1997.
También se puede indicar que la presente Acción de Inconstitucionalidad, guarda relevante relación con lo normado en el artículo 179 numeral 14 de nuestra Constitución Nacional, ya que, la facultad que otorga el mencionado artículo, es lo que fundamenta mayoritariamente el criterio tanto de la Corte Suprema de Justicia como el de la Procuraduría de la Administración.
Lo anterior es así, ya que la potestad de reglamentar materias fiscales, es una facultad que ha sido otorgada al Presidente de la República, la cual ejerce con participación del Ministro respectivo, lo anterior ha sido denominado en materia constitucional como "potestad reglamentaria". Según esta facultad, el Ejecutivo está facultado para emitir reglamentos en desarrollo de las Leyes que así lo necesiten, cuando se desarrolle una Ley, es necesario que sólo se haga atendiendo al texto y espíritu de la misma. Se observa pues, que el artículo 179 numeral 14 de nuestra Carta Magna, no sólo otorga una facultad de reglamentar sino que al mismo tiempo impone los límites en que esta reglamentación se debe dar, ya que de lo contrario se estaría contrariando lo preceptuado en la mencionada norma constitucional; límites que no son otros que reglamentar las leyes que lo requieran sin apartarse en ningún caso de su texto ni de su espíritu.
Reiteramos pues, que la Ley Nº 23 de 15 de julio de 1997, crea el tributo y otorga la potestad al Ministerio de Desarrollo Agropecuario de cobrar tarifas por sus servicios. De ninguna manera es el Decreto Ejecutivo Nº 41 de 2000 el que crea el tributo, lo que hace es reglamentarlo e indicar la cuantía del mismo en cumplimiento de lo legalmente ordenado.
En el Decreto Ejecutivo Nº 26 de 3 de mayo de 1999, se observa una serie de tarifas impuesta en contraprestación de los servicios brindados, lo que en igual forma se ha hecho en el Decreto Ejecutivo Nº 41 de 2000, en el que se observa la imposición de tasas a otros servicios que de igual forma brinda el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, y que beneficia en diferentes aspectos a toda la comunidad.
Se ha declarado la inconstitucionalidad de varios Decretos Ejecutivos que creaban impuestos, sin embargo, en el caso en comento, el Decreto Ejecutivo Nº 41 de 2000, no crea impuesto alguno, sino que reglamenta una ley, que es en la que creó la tasa; en otros términos, es la ley que se reglamentó a través del demandado Decreto Ejecutivo, la que establece las tasas. Y esta facultad de reglamentar una ley, es permitida gracias a lo establecido en el artículo 179 numeral 14 de nuestra Constitución Política.
Con todo lo anterior, se ha dejado claro que el Decreto Ejecutivo Nº 41 de 2000, no contraviene lo preceptuado en el artículo 48 y 153 numeral 10 de la Constitución Nacional, así como ninguna otra norma allí establecida
En consecuencia, la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el Decreto Ejecutivo No.41 de 23 de febrero de 2000, Por el cual se Modifica el Artículo Tercero y se Adicionan los Literales I, J,K y L al Artículo Cuarto del Decreto Ejecutivo No.26 del 3 de mayo de 1999 por el Concepto de Servicios de Cuarentena Agropecuaria, dictado por el Órgano Ejecutivo por Conducto del Ministro de Desarrollo Agropecuario.
Sentencia de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 30 de Diciembre de 1994 (caso Jurisdicción coactiva de la Corte Suprema de Justicia - Sala Primera de lo Civil -, de 30 de Diciembre de 1994)

References: Artículo 48
 artículo 179
 artículo 2
 artículo 88
 Artículo 10
 artículo 153
 artículo 153
 artículo 153
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 153
 Artículo 153
 artículo 153
 artículo 118
 artículo 153
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 153
 artículo 48
 artículo 10
 artículo 179
 artículo 179
 artículo 48
 artículo 10
 artículo 48
 artículo 153
 artículo
153
 artículo 153
 artículo 299
 artículo 17
 artículo 153
 artículo 48
 artículo 179
 artículo 179
 artículo 1
 artículo 179
 artículo 3
 artículo 48
 artículo 153
 artículo 179
 artículo 114
 artículo 179
 Resolución 
 artículo 18
 artículo 179
 resolución 
 artículo 690
 artículo 90
 artículo 179
 artículo 10

Artículo 10
 artículo 179
 artículo 179
 artículo 179
 artículo 48