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Timestamp: 2013-05-18 16:08:53+00:00

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Publicado en BOE n�m. 9 de 10 de Enero de 2004
Vigencia desde 15 de Enero de 2004. Esta revisi�n vigente desde 05 de Junio de 2011.
Vigente desde 15/Ene/2004 hasta 5/Jun/2011
Objetivo, �mbito de aplicaci�n y definiciones
�Objetivo y �mbito de aplicaci�n
�Evaluaci�n de la seguridad de un producto
�Deberes de los productores
�Deberes de los distribuidores
�Otros deberes de productores y distribuidores
�Deberes de otros sujetos
Medidas administrativas no sancionadoras de restablecimiento o garant�a de la seguridad
�Advertencias y requerimientos
�Medidas administrativas de reacci�n para garantizar el deber general de seguridad de los productos
�Puesta en pr�ctica de estas medidas
��rganos administrativos competentes
�Supuestos en que la competencia corresponde a la Administraci�n del Estado
�Medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo a requerimiento de la Comisi�n Europea
�Asesoramiento cient�fico y Comisi�n T�cnica para la Seguridad de los Productos
�Informaci�n de riesgos y derecho a la informaci�n de los consumidores
Sistemas de comunicaci�n de informaci�n
�Comunicaci�n ordinaria de las medidas adoptadas
�Red de alerta
�Sistema estatal de comunicaci�n de accidentes
�Ciudades de Ceuta y Melilla
�C�digos de buenas pr�cticas en actuaciones destinadas a garantizar la seguridad general de los productos
�Comit� de contacto sobre seguridad de los productos
�Directrices y gu�as de funcionamiento
�Aparatos de telecomunicaciones
�Comunicaci�n de �rganos administrativos competentes y puntos de contacto
El deber general de no lesionar ni poner en peligro la salud y la integridad f�sica de las personas es una pieza clave y tradicional de diversos sectores de nuestro ordenamiento. Para concretar y hacer efectivo ese deber se ha dotado desde siempre de intensas y extensas potestades a las Administraciones p�blicas. Sobre todo, esto se ha desarrollado en la legislaci�n y actuaci�n administrativa sanitaria que ahora encuentra anclaje en el art�culo 43 de la Constituci�n Espa�ola, cuyo apartado 2 atribuye a los poderes p�blicos la tutela de la salud p�blica. Uno de los �mbitos en los que es m�s importante aquel deber general y, consecuentemente, las correlativas potestades de las Administraciones p�blicas es el de la producci�n y comercializaci�n de bienes y servicios en el mercado. En cuanto esto afecta a los consumidores y usuarios, encuentra un nuevo fundamento constitucional en el art�culo 51 que, entre otras cosas, ordena a los poderes p�blicos la protecci�n, mediante procedimientos eficaces, de la seguridad y salud de aqu�llos.
Todas estas cuestiones han tenido y tienen un desarrollo legislativo suficiente en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, por s�lo referirse a la legislaci�n estatal. De la primera deben destacarse sus art�culos 24, 25, 26, 31 y 40; de la segunda, los art�culos 3, 4, 5 y 39. Todos ellos, adem�s, suministran el fundamento legal para dictar esta disposici�n reglamentaria.
Sobre esas bases legales, existe una extensa regulaci�n reglamentaria de todos los aspectos generales o espec�ficos que concretan el contenido y forma de hacer efectivo el deber de no perjudicar la salud y seguridad de los consumidores y usuarios o, lo que es lo mismo, el deber general de no producir ni comercializar productos inseguros. Entre esas disposiciones reglamentarias debe destacarse, a estos efectos, el Real Decreto 44/1996, de 19 de enero, de medidas para garantizar la seguridad general de los productos puestos a disposici�n del consumidor, que incorpor� a nuestro ordenamiento jur�dico la Directiva 92/59/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1992, de seguridad general de los productos. Dicha directiva ha sido sustituida y derogada por la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001 relativa a la seguridad general de los productos, que introduce cambios sustanciales y mejoras t�cnicas notables.
La directiva se circunscribe a lo relativo a la salud y seguridad de los productos, dejando fuera de su �mbito lo que respecta a la protecci�n de los intereses econ�micos de los consumidores y usuarios. Lo mismo se hace en esta disposici�n reglamentaria. Queda tambi�n al margen de la directiva, sin perjuicio de un mandato a la Comisi�n para que presente concretas propuestas en este �mbito, la salubridad y seguridad de los servicios que se ofrecen en el mercado. Esa misma ha sido la opci�n seguida por este real decreto, aunque ni la legislaci�n espa�ola sanitaria ni la de defensa del consumidor efect�an esta exclusi�n. Para todos los productos que puedan llegar al consumidor, incluidos los alimentos, este reglamento constituye una disposici�n de car�cter horizontal y naturaleza supletoria, que completa y no interfiere con las espec�ficas existentes.
El punto de partida de toda la regulaci�n es el deber general de no perjudicar ni poner en riesgo la salud y seguridad de los consumidores, lo que se convierte en el deber de poner en el mercado �nicamente productos seguros. Numerosos reglamentos, completados con otras especificaciones t�cnicas de car�cter no obligatorio, c�digos de buenas pr�cticas y otros elementos a los que se refiere esta disposici�n tienen el sentido �ltimo de establecer cu�ndo un producto es seguro y cu�ndo es peligroso. A este respecto, la incorporaci�n de la directiva s�lo requiere se�alar unos criterios de evaluaci�n, sin necesidad, desde luego, de habilitar la aprobaci�n de esas otras normas que ya existen en nuestro derecho y que cuentan con una base legal suficiente. En cualquier caso, s� es importante observar que, incluso la conformidad con todas esas normas, no excluye por completo la posibilidad de comprobar que un producto es peligroso y la necesidad de actuar en consecuencia.
Lo que s� hace este reglamento, siguiendo la directiva, es perfilar y delimitar aquel deber general, especificando su contenido diferenciadamente para los productores, en sentido amplio, y para los distribuidores. A este respecto destaca, junto con el deber de retirar del mercado los productos inseguros y de informar de los riesgos, la especial referencia al deber de los productores de mantenerse informados de los riesgos que sus productos puedan presentar, lo que no es m�s que un medio elemental para poder cumplir, con la m�nima diligencia, con su deber de retirar del mercado los productos inseguros o hacer las correcciones necesarias para evitar los riesgos. En la misma l�nea, la expresa previsi�n del deber de recuperar los productos inseguros cuando ya est�n a disposici�n del consumidor s�lo supone una modalidad del deber de retirada. Para garantizar el cumplimiento de los deberes, las Administraciones p�blicas han de desplegar una extensa tarea de vigilancia a la que se refiere la directiva y que ya se encuentra regulada ampliamente en el derecho espa�ol, correspondiendo en gran medida a la legislaci�n y ejecuci�n auton�mica, por lo que esta disposici�n se limita a incorporar lo previsto en la directiva, sin incluir el correspondiente desarrollo necesario para su plena virtualidad, pues �ste ya existe.
Todos los deberes que este reglamento regula han de ser cumplidos espont�neamente por los sujetos sobre los que recaen. Todav�a en esa situaci�n, la Administraci�n p�blica puede limitarse a advertir de la inobservancia del deber y a requerir su cumplimiento, sin que ello, que naturalmente no crea ning�n nuevo deber, necesite de formalidades especiales. Pero, en determinadas circunstancias, lo anterior puede no ser suficiente. Para tal hip�tesis, la directiva impone que en todos los Estados miembros haya autoridades competentes para ejercer potestades que garanticen la salud y seguridad de las personas adoptando las medidas adecuadas, entre las que enumera las m�s destacadas y t�picas, como son las prohibiciones de comercializar y la retirada y recuperaci�n administrativa de los productos inseguros. Nuestro ordenamiento atribuye ya en leyes estas potestades a la Administraci�n p�blica. Sin embargo, se ha considerado necesario introducir una regulaci�n reglamentaria b�sica que desarrolle aquellas normas legales y cuyo contenido se ajuste rigurosamente a lo pretendido por la directiva. Se incluye as� una menci�n espec�fica al principio de cautela, en el marco de la Comunicaci�n de la Comisi�n de 2 de febrero de 2000, sobre el recurso al principio de precauci�n, que permite actuar, aunque no haya una certidumbre cient�fica total sobre la peligrosidad del producto.
A este respecto, debe subrayarse que cuando la Administraci�n p�blica decida la retirada o recuperaci�n de los productos inseguros asumir�, desde ese momento, como misi�n propia y no como una ejecuci�n subsidiaria, las actuaciones para conseguir efectivamente tal retirada o recuperaci�n, de manera que los particulares, en su caso, participar�n colaborando en una actuaci�n administrativa. Entre otras razones, tiene que ser as� porque estas medidas, aunque deriven del incumplimiento de su deber por un sujeto, pueden ser necesarias cuando todav�a no se sabe qui�n es el responsable o �ste ha desaparecido y afectar�n a otros sujetos, como los distribuidores o los propios consumidores, que frecuentemente no habr�n incumplido ning�n deber ni habr�n sido interesados necesarios en el procedimiento seguido para tomar la decisi�n. Adem�s, esta caracterizaci�n de la retirada y recuperaci�n de los productos inseguros es la �nica que puede garantizar eficazmente la salud y seguridad en los casos, siempre alarmantes, en que estas medidas proceden. En cualquier caso, la configuraci�n de la ejecuci�n de la retirada y recuperaci�n de productos inseguros como una responsabilidad administrativa no impide la colaboraci�n de los particulares, bajo la direcci�n y control de la Administraci�n p�blica. M�s a�n, este reglamento, aunque atribuye a la Administraci�n la ejecuci�n de estas medidas, s�lo prev� actuaciones materiales de retirada y recuperaci�n como �ltimo remedio.
Tambi�n con la intenci�n de dar cabal y completo cumplimiento a la directiva en estas cuestiones y de asegurar la salubridad y seguridad de los productos sin merma de las garant�as de los ciudadanos, se ha establecido la necesidad de un procedimiento administrativo para la adopci�n de estas medidas, prestando especial atenci�n a las medidas provisionales y a la situaci�n peculiar que suscitan los riesgos supraauton�micos, que obligan a tramitar tantos procedimientos como comunidades aut�nomas est�n afectadas.
Finalmente, la disposici�n procede a la regulaci�n de los sistemas de comunicaci�n entre los �rganos administrativos espa�oles competentes para garantizar la seguridad de los productos puestos en el mercado y entre �stos y las instancias comunitarias, que, a su vez, sirven de cauce para las autoridades competentes en todos los Estados miembros. Dentro de estos sistemas de comunicaci�n debe destacarse la red de alerta, instituida con la finalidad de transmitir cualquier informaci�n relativa a la existencia de un riesgo grave generado por un producto sometido al �mbito de aplicaci�n de esta disposici�n y que constituye una de las piezas claves para garantizar una eficaz protecci�n de la salud y seguridad de los consumidores en un entorno de comercio internacional tan intenso como el existente en la actualidad.
La incorporaci�n al ordenamiento jur�dico interno de lo dispuesto en la Directiva 2001/95/CE, de 3 de diciembre de 2001 relativa a la seguridad general de los productos, se lleva a cabo por este real decreto, en cuya tramitaci�n se han recabado los informes pertinentes del Consejo de Consumidores y Usuarios y de las organizaciones empresariales.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo, de Agricultura, Pesca y Alimentaci�n y de Ciencia y Tecnolog�a, con la aprobaci�n previa de la Ministra de Administraciones P�blicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 26 de diciembre de 2003,
CAP�TULO IObjetivo, �mbito de aplicaci�n y definiciones
Objetivo y �mbito de aplicaci�n 1. El objetivo de este real decreto es garantizar que los productos que se pongan en el mercado sean seguros.
2. Las disposiciones de este real decreto se aplicar�n a todo producto destinado al consumidor, incluidos los ofrecidos o puestos a disposici�n de los consumidores en el marco de una prestaci�n de servicios para que �stos los consuman, manejen o utilicen directamente o que, en condiciones razonablemente previsibles, pueda ser utilizado por el consumidor aunque no le est� destinado, que se le suministre o se ponga a su disposici�n, a t�tulo oneroso o gratuito, en el marco de una actividad comercial, ya sea nuevo, usado o reacondicionado.
3. No obstante lo previsto en el apartado anterior, lo dispuesto en este real decreto no se aplicar� a los productos usados que se suministren como antig�edades o para ser reparados o reacondicionados antes de su utilizaci�n, siempre que el proveedor informe de ello claramente a la persona a la que suministre el producto.
4. Cuando para un producto exista una normativa espec�fica que tenga el mismo objetivo y que regule su seguridad, este real decreto s�lo se aplicar� con car�cter supletorio a aquellos riesgos, categor�as de riesgos o aspectos no regulados por dicha normativa.
5. Esta disposici�n se aplicar� sin perjuicio de lo establecido en materia de responsabilidad por los da�os ocasionados por productos defectuosos, y de las obligaciones que para los empresarios surjan de conformidad con la legislaci�n civil y mercantil en los supuestos de retirada y recuperaci�n de los productos de los consumidores.
Definiciones A los efectos de esta disposici�n, se entender� por:
a) �Producto seguro�: cualquier producto que, en condiciones de utilizaci�n normales o razonablemente previsibles, incluidas las condiciones de duraci�n y, si procede, de puesta en servicio, instalaci�n y de mantenimiento, no presente riesgo alguno o �nicamente riesgos m�nimos compatibles con el uso del producto y considerados admisibles dentro del respeto de un nivel elevado de protecci�n de la salud y de la seguridad de las personas, habida cuenta, en particular, de los siguientes elementos:
1.� Las caracter�sticas del producto, entre ellas su composici�n y envase.
2.� El efecto sobre otros productos, cuando razonablemente se pueda prever la utilizaci�n del primero junto con los segundos.
3.� La informaci�n que acompa�a al producto. En particular, el etiquetado; los posibles avisos e instrucciones de uso y eliminaci�n; las instrucciones de montaje y, si procede, instalaci�n ymantenimiento, as� como cualquier otra indicaci�n o informaci�n relativa al producto.
4.� La presentaci�n y publicidad del producto.
5.� Las categor�as de consumidores que est�n en condiciones de riesgo en la utilizaci�n del producto, en particular, los ni�os y las personas mayores.
La posibilidad de alcanzar niveles superiores de seguridad o de obtener otros productos que presenten menor grado de riesgo no ser� raz�n suficiente para considerar que un producto es inseguro.
b) �Producto inseguro�: cualquiera que no responda a la definici�n de producto seguro.
c) �Riesgo�: posibilidad de que los consumidores y usuarios sufran un da�o para su salud o seguridad, derivado de la utilizaci�n, consumo o presencia de un producto. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, entre otras posibles circunstancias, se valorar� conjuntamente la probabilidad de que se produzca un da�o y la severidad de �ste. Se considerar� riesgo grave aquel que en virtud de tales criterios exija una intervenci�n r�pida de las Administraciones p�blicas, aun en el caso de que los posibles da�os para la salud y seguridad no se materialicen inmediatamente.
d) �Productor�:
1.� El fabricante de un producto cuando est� establecido en la Comunidad Europea. Se considerar� tambi�n fabricante toda persona que se presente como tal estampando en el producto su nombre, marca o cualquier otro signo distintivo, o toda persona que proceda al reacondicionamiento del producto.
2.� El representante del fabricante cuando no est� establecido en la Comunidad Europea o, a falta de representante establecido en la Comunidad, el importador del producto.
3.� Los dem�s profesionales de la cadena de comercializaci�n, en la medida en que sus actividades puedan afectar a las caracter�sticas de seguridad del producto.
e) �Distribuidor�: cualquier profesional de la cadena de comercializaci�n cuya actividad no afecte a las caracter�sticas de seguridad de los productos.
f) �Norma UNE�: especificaci�n t�cnica aprobada por los organismos de normalizaci�n reconocidos, cuya referencia haya sido publicada en el �Bolet�n Oficial del Estado�, conforme a lo establecido en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de infraestructura para la calidad y seguridad industrial.
Evaluaci�n de la seguridad de un producto 1. Se considerar� que un producto que vaya a comercializarse en Espa�a es seguro cuando cumpla las disposiciones normativas de obligado cumplimiento en Espa�a que fijen los requisitos de salud y seguridad.
2. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas t�cnicas nacionales que sean transposici�n de una norma europea armonizada, se presumir� que tambi�n un producto es seguro cuando sea conforme a tales normas.
3. Cuando no exista disposici�n normativa de obligado cumplimiento aplicable o �sta no cubra todos los riesgos o categor�as de riesgos del producto, para evaluar su seguridad, garantizando siempre el nivel de seguridad que los consumidores pueden esperar razonablemente, se tendr�n en cuenta los siguientes elementos:
a) Normas t�cnicas nacionales que sean transposici�n de normas europeas no armonizadas.
c) Las recomendaciones de la Comisi�n Europea que establezcan directrices sobre la evaluaci�n de la seguridad de los productos.
d) Los c�digos de buenas pr�cticas en materia de seguridad de los productos que est�n en vigor en el sector, especialmente cuando en su elaboraci�n y aprobaci�n hayan participado los consumidores y la Administraci�n p�blica.
e) El estado actual de los conocimientos y de la t�cnica.
4. La conformidad de un producto con las disposiciones normativas que le sean aplicables o con alguno de los elementos recogidos en los apartados anteriores, habiendo incluso, en su caso, superado los correspondientes controles administrativos obligatorios, no impedir� a los �rganos administrativos competentes adoptar alguna de las medidas previstas en esta disposici�n si, pese a todo, resultara inseguro, ni eximir� a los productores y distribuidores del cumplimiento de sus deberes.
5. A los efectos de la adopci�n de las correspondientes medidas administrativas de reacci�n, salvo prueba en contrario, se presumir� que un producto es inseguro cuando:
a) El producto o las instalaciones donde se elabore carezcan de las autorizaciones u otros controles administrativos preventivos necesarios establecidos con la finalidad directa de proteger la salud y seguridad de los consumidores y usuarios. En particular, cuando estando obligado a ello, el producto haya sido puesto en el mercado sin la correspondiente �declaraci�n CE de conformidad �, el �marcado CE� o cualquier otra marca de seguridad obligatoria.
b) Carezca de los datos m�nimos que permitan identificar al productor.
c) Pertenezca a una gama, lote o una remesa de productos de la misma clase o descripci�n donde se haya descubierto alg�n producto inseguro.
6. Dentro del �mbito de aplicaci�n de esta disposici�n, el Ministerio de Sanidad y Consumo, mediante resoluci�n del Director del Instituto Nacional del Consumo, publicar� en el �Bolet�n Oficial del Estado� las referencias de las normas UNE EN armonizadas, a efectos de la presunci�n arriba mencionada, actualiz�ndolas y suprimi�ndolas, en su caso, de igual forma.
7. Cuando alguna Administraci�n p�blica tenga conocimiento o sospeche que el cumplimiento de una norma UNE EN armonizada no garantiza el deber general de seguridad, comunicar� este hecho, junto con todos los datos de que disponga, al Instituto Nacional del Consumo. Este organismo, con car�cter previo, resolver� si tal circunstancia puede tener su origen en la correspondiente norma europea armonizada o en una transposici�n deficiente. En el primer caso, se solicitar� a la Comisi�n Europea que decida sobre la adecuaci�n de la norma europea armonizada al deber general de seguridad. En el segundo, si el hecho se confirma, el Director del Instituto Nacional del Consumo resolver� la supresi�n, total o parcial, de la referencia de la norma en el listado oficialmente publicado de normas UNE EN armonizadas. En aquellos supuestos en que la Comisi�n Europea publique la supresi�n de la referencia de una norma del listado de normas europeas armonizadas, el Director del Instituto Nacional del Consumo proceder� tambi�n a la publicaci�n en el �Bolet�n Oficial del Estado� de la supresi�n de la norma UNE EN armonizada equivalente.
8. Las resoluciones del Director del Instituto Nacional del Consumo a que se refieren los dos apartados anteriores requerir�n un informe previo de la direcci�n general competente en materia de seguridad industrial.
CAP�TULO IIDeberes para garantizar la seguridad general de los productos
Deberes de los productores 1. Los productores tienen el deber de poner en el mercado �nicamente productos seguros.
2. Dentro de los l�mites de sus respectivas actividades, los productores deben informar a los consumidores o usuarios por medios apropiados de los riesgos que no sean inmediatamente perceptibles sin avisos adecuados y que sean susceptibles de provenir de una utilizaci�n normal o previsible de los productos, habida cuenta de su naturaleza, sus condiciones de duraci�n y las personas a las que van destinados. La facilitaci�n de esta informaci�n no eximir� del cumplimiento de los dem�s deberes establecidos en la presente disposici�n.
3. Dentro de los l�mites de sus respectivas actividades y en funci�n de las caracter�sticas de los productos, los productores deber�n:
a) Mantenerse informados de los riesgos que dichos productos puedan presentar e informar convenientemente a los distribuidores. Con este fin, registrar�n y estudiar�n aquellas reclamaciones de las que pudiera deducirse la existencia de un riesgo y, en su caso, realizar�n pruebas por muestreo de los productos comercializados o establecer�n otros sistemas apropiados.Cuando la forma de cumplir este deber est� determinada en los reglamentos espec�ficos, se estar� a lo que �stos prevean.
b) Cuando descubran o tengan indicios suficientes de que han puesto en el mercado productos que presentan para el consumidor riesgos incompatibles con el deber general de seguridad, adoptar, sin necesidad de requerimiento de los �rganos administrativos competentes, las medidas adecuadas para evitar los riesgos, incluyendo informar a los consumidores mediante, en su caso, la publicaci�n de avisos especiales, retirar los productos del mercado o recuperarlos de los consumidores.
c) Indicar, en el producto o en su envase, los datos de identificaci�n de su empresa y de la referencia del producto o, si procede, del lote de fabricaci�n, salvo en los casos en que la omisi�n de dicha informaci�n est� justificada. Los datos que se relacionan con el lote de fabricaci�n deber�n conservarse por el productor, para cualquier producto, durante tres a�os. En los productos con fecha de caducidad o consumo preferente, este plazo podr� reducirse al de un a�o a partir del final de esa fecha.
Deberes de los distribuidores 1. Los distribuidores tienen el deber de distribuir s�lo productos seguros, por lo que no suministrar�n productos cuando sepan, o debieran saber, por la informaci�n que poseen y como profesionales, que no cumplen tal requisito.
2. Los distribuidores actuar�n con diligencia para contribuir al cumplimiento de los requisitos de seguridad aplicables, en particular, durante el almacenamiento, transporte y exposici�n de los productos.
3. Dentro de los l�mites de sus actividades respectivas, participar�n en la vigilancia de la seguridad de los productos puestos en el mercado, en concreto:
a) Informando a los �rganos administrativos competentes y a los productores sobre los riesgos de los que tengan conocimiento.
b) Manteniendo, durante un plazo de tres a�os despu�s de haber agotado las existencias de los productos, y proporcionando la documentaci�n necesaria para averiguar el origen de los productos, en particular la identidad de sus proveedores, y, en caso de no ser minoristas, su destino, y proporcionando aqu�lla, en su caso, a las autoridades que la soliciten.
c) Colaborando eficazmente en las actuaciones emprendidas por los productores y los �rganos administrativos competentes para evitar dichos riesgos.
Otros deberes de productores y distribuidores 1. Cuando los productores y los distribuidores sepan o deban saber, por la informaci�n que poseen y como profesionales, que un producto que ya han puesto a disposici�n de o suministrado a los consumidores en Espa�a presenta riesgos incompatibles con el deber general de seguridad, comunicar�n tales hechos inmediatamente a los �rganos administrativos competentes de la comunidad aut�noma afectada. En el caso de que el producto est� o se haya suministrado a los consumidores de cualquier forma en el territorio de m�s de una comunidad aut�noma, esta comunicaci�n se dirigir� al �rgano competente de la comunidad aut�noma donde radique su domicilio social, que la transmitir� inmediatamente al Instituto Nacional del Consumo, para su traslado al resto de las comunidades aut�nomas afectadas.
2. Esta comunicaci�n deber� contener, al menos:
a) Los datos que permitan identificar con precisi�n el producto o lote de productos.
b) Una descripci�n completa del riesgo que presentan los productos.
c) Toda la informaci�n disponible que sea �til para localizar el producto.
d) Una descripci�n de la actuaci�n emprendida con el fin de prevenir los riesgos para los consumidores.
Esta comunicaci�n se ajustar� al formulario tipo que, en su caso, y de conformidad con lo que defina la Comisi�n Europea, establezca al respecto el Instituto Nacional del Consumo, previo informe de la Comisi�n de Cooperaci�n de Consumo.
3. Mediante el mismo procedimiento del p�rrafo anterior, se podr�n determinar las condiciones concretas, como las relativas a productos o circunstancias aislados, en las que no sea obligatoria la mencionada comunicaci�n.
4. Los productores y los distribuidores, dentro de los l�mites de sus respectivas actividades, colaborar�n con los �rganos administrativos competentes, a petici�n de �stos, en las actuaciones emprendidas para evitar los riesgos que presenten los productos que suministren o hayan suministrado. En particular, deber�n facilitar toda la informaci�n pertinente que se les demande, incluida aquella que pudiera estar protegida por el secreto comercial e industrial, en el plazo m�ximo de cinco d�as, salvo que por la urgencia del caso concreto se indique uno inferior. La informaci�n amparada por el secreto comercial e industrial no ser� divulgada ni destinada a otra finalidad distinta a la que justifica su recepci�n.
5. Los productores y distribuidores deber�n mantener bajo estricto control los productos sometidos a medidas restrictivas, absteni�ndose de disponer de ellos en cualquier forma hasta la autorizaci�n de los �rganos administrativos competentes.
Deberes de otros sujetos De conformidad con lo previsto en el art�culo 16.5 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, los organismos de control deber�n facilitar a los �rganos administrativos competentes a los que se refiere el art�culo 13 de este real decreto la informaci�n que �stos le requieran sobre los protocolos, auditor�as, actas, informes o certificados que hayan emitido en el desarrollo de sus actividades en el �mbito de la seguridad de los productos.
CAP�TULO IIIMedidas administrativas no sancionadoras de restablecimiento o garant�a de la seguridad
Principios generales 1. Los �rganos administrativos competentes, de oficio o como consecuencia de las denuncias o reclamaciones que presenten los consumidores u otras partes interesadas, adoptar�n las medidas previstas en este cap�tulo con la m�xima celeridad o incluso inmediatamente cuando resulten necesarias para garantizar la salud o seguridad de los consumidores.
2. Las medidas adoptadas, as� como los medios para su ejecuci�n o efectividad, deber�n ser congruentes con los motivos que las originen, proporcionadas con los riesgos que afronten y, de entre las que re�nan esos requisitos, las menos restrictivas de la libre circulaci�n de mercanc�as y prestaci�n de servicios, de la libertad de empresa y dem�s derechos afectados.
En todo caso, se tendr� en cuenta el principio de cautela, que posibilitar� la adopci�n de las medidas previstas en este art�culo para asegurar un nivel elevado de protecci�n a los consumidores, cuando, tras haber evaluado la informaci�n disponible, se observe la posibilidad de que haya efectos nocivos para la salud o la seguridad, aunque siga existiendo incertidumbre cient�fica.
3. En todo momento, los �rganos administrativos competentes estimular�n y favorecer�n la concertaci�n con los productores y distribuidores.
4. Las medidas a que se refiere este cap�tulo no tienen car�cter sancionador y su adopci�n no prejuzga la responsabilidad penal o administrativa de los sujetos a los que afecte. Todo ello sin perjuicio de que la inobservancia de los deberes establecidos en este real decreto, as� como la obstrucci�n o resistencia al ejercicio de las facultades administrativas previstas, se sancionar� administrativamente conforme a lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, o en la legislaci�n auton�mica aplicable cuando concurran los requisitos necesarios para ello, salvo en los casos en los que los hechos sean constitutivos de infracci�n penal.
5. A los efectos de lo previsto en este cap�tulo y sin perjuicio de otras finalidades, los �rganos administrativos competentes, conforme a la legislaci�n que en cada caso les resulte aplicable, podr�n:
a) Organizar verificaciones adecuadas de las caracter�sticas de seguridad de los productos de alcance suficiente y que sean eficaces, incluso despu�s de haber sido puestos en el mercado como productos seguros, hasta la �ltima fase de utilizaci�n o de consumo.
b) Exigir toda la informaci�n necesaria a las partes interesadas.
c) Recoger muestras de los productos para someterlas a an�lisis de seguridad.
6. Toda la actividad de control a que se refiere el apartado anterior podr� ejercerse ante supuestos concretos, dentro de programas de vigilancia que se actualizar�n peri�dicamente o como consecuencia de las denuncias o reclamaciones sobre la seguridad de los productos que presenten los consumidores u otros interesados.
Advertencias y requerimientos 1. Los �rganos administrativos competentes podr�n advertir a los productores y distribuidores que incumplan algunos de los deberes regulados por este real decreto de su situaci�n ilegal y, en su caso, requerirles su cumplimiento.
2. El requerimiento incluir� el resultado al que debe llegarse, el plazo para alcanzarlo y el seguimiento que se realizar� o la forma en que los productores o distribuidores deber�n justificar ante los �rganos administrativos competentes las actuaciones que, en su caso, emprendan, dejando a �stos la posibilidad de elegir la forma y los medios para lograr tal resultado en tanto que ello no est� predeterminado legal o reglamentariamente, y sin perjuicio de que dichos �rganos puedan recomendar la forma en que entienden que puede ser subsanado el incumplimiento.
3. En caso de que el productor o distribuidor no act�e en el plazo establecido o su actuaci�n no sea satisfactoria o sea insuficiente, los �rganos administrativos competentes podr�n acordar alguna de las medidas del art�culo siguiente.
Medidas administrativas de reacci�n para garantizar el deber general de seguridad de los productos Ante el incumplimiento de los deberes generales regulados en este real decreto, los �rganos administrativos competentes podr�n adoptar, inmediatamente o tras los requerimientos a que se refiere el art�culo anterior, las medidas imprescindibles para restablecer o garantizar la salud y seguridad y, entre otras, una o varias de las siguientes y cualesquiera otras de acompa�amiento necesarias para su plena efectividad:
a) Para todo producto sobre el que existan indicios razonables de que pueda ser inseguro se podr� prohibir temporalmente que se suministre, se proponga su suministro o se exponga, durante el per�odo necesario para efectuar las diferentes inspecciones, verificaciones o evaluaciones de seguridad o hasta que exista una certidumbre cient�fica suficiente sobre la seguridad del producto.
b) Para todo producto inseguro se podr� prohibir su puesta en el mercado y establecer las medidas complementarias necesarias para garantizar el cumplimiento de esta prohibici�n. Si el riesgo del producto puede ser evitado con determinadas modificaciones, precauciones o condiciones previas a la puesta en el mercado, esta prohibici�n administrativa deber� indicarlas. En concreto, podr� indicarse que consten en el producto las advertencias pertinentes, redactadas de forma clara y f�cilmente comprensible, sobre los riesgos que pueda entra�ar, al menos en castellano. Cuando estas indicaciones sean cumplidas, el producto podr� comercializarse, debiendo el productor introducir alg�n elemento externo de diferenciaci�n. La prohibici�n se podr� levantar limitando o condicionando el uso o destino del producto.
c) Para todo producto inseguro que ya haya sido puesto en el mercado, se podr�n adoptar las medidas siguientes:
1.� Acordar y proceder a su retirada del mercado y, como �ltimo recurso, su recuperaci�n de los consumidores.
2.� Acordar y proceder a su destrucci�n en condiciones apropiadas.
Procedimiento 1. La adopci�n de alguna de las medidas recogidas en el art�culo anterior precisar� la instrucci�n de un procedimiento iniciado de oficio y tramitado conforme a lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.
En este procedimiento, no ser� necesaria la realizaci�n de los tr�mites de audiencia y prueba cuando hayan sido cumplimentados ante el mismo supuesto de hecho y ante id�ntica medida en el procedimiento administrativo que haya seguido otra Administraci�n auton�mica. En este caso, en el expediente administrativo se incluir� una identificaci�n del procedimiento y �rgano donde se realizaron dichos tr�mites, as� como toda la documentaci�n que se haya recibido al respecto. Tambi�n se dar� por cumplido el tr�mite de audiencia cuando en el procedimiento se haya solicitado informe a la Comisi�n T�cnica para la Seguridad de los Productos u �rganos t�cnicos auton�micos similares y �stos hayan dado dicha audiencia y la resoluci�n no se separe de tal informe.
2. En este procedimiento, de oficio o a instancia de parte, se podr�n tomar con car�cter provisional, de conformidad con lo previsto en el art�culo 72.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, todas aquellas medidas que sean imprescindibles para que durante su tramitaci�n no se origine un da�o para la salud y seguridad de los consumidores y usuarios.
Siempre que sea posible sin merma de la eficaz protecci�n de la salud y seguridad de los consumidores y usuarios, antes de adoptar la medida provisional, se permitir� al productor u otros sujetos que puedan aportar elementos de juicio relevantes la posibilidad de exponer su punto de vista. Si no fuera posible, esta consulta se realizar� en un momento posterior tras la puesta en aplicaci�n de la medida. Esta diligencia no ser� necesaria cuando en las inspecciones, actuaciones previas o requerimientos o advertencias formulados, aquellos sujetos hayan manifestado ya su punto de vista o se les haya ofrecido esta oportunidad.
3. Antes de la iniciaci�n de cualquier procedimiento, tambi�n se podr�n adoptar las medidas imprescindibles de conformidad con lo establecido en el art�culo 72.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, y en la legislaci�n estatal o auton�mica aplicable en cada caso.
4. Las medidas que permiten los dos apartados anteriores son las de inmovilizaci�n y retirada de productos, recuperaci�n de productos de los consumidores, suspensi�n de actividades, ventas, ofertas o promociones y cualesquiera otras similares que sean necesarias para garantizar la salud y seguridad de los consumidores.
5. En cualquier momento en el que los particulares afectados decidan voluntariamente cumplir su deber de adoptar las medidas adecuadas para evitar los riesgos en la forma que el �rgano administrativo competente considere que queda garantizada la salud y seguridad de consumidores y usuarios, se podr� dar por finalizado el procedimiento y dictar resoluci�n en la que as� se haga constar.
6. Cuando sea la Administraci�n del Estado la competente para tramitar este procedimiento, el plazo m�ximo de duraci�n ser� de seis meses.
Puesta en pr�ctica de estas medidas 1. La puesta en pr�ctica de las medidas que se adopten en virtud de esta disposici�n podr�n afectar a los productores; a los distribuidores, en particular, al responsable de la distribuci�n inicial en Espa�a; a los prestadores de servicios, y a cualquier otra persona que est� contribuyendo al riesgo o de la que dependa su superaci�n y la completa efectividad de la medida adoptada.
2. El �rgano administrativo competente garantizar� y se responsabilizar� de la plena efectividad de las medidas que acuerde, procediendo a la ejecuci�n forzosa de las prohibiciones y mandatos desatendidos o a su realizaci�n directa.
3. Cuando el �rgano administrativo competente acuerde proceder �l mismo a la retirada, la recuperaci�n o la destrucci�n de un producto, asumir� la organizaci�n para llevarla a efecto, sin perjuicio de la colaboraci�n activa, bajo la direcci�n y vigilancia administrativa, de los productores y distribuidores del producto inseguro. �stos est�n obligados a realizar cuantas actuaciones sean convenientes para la plena efectividad de la medida, empleando a tal fin sus medios personales y materiales.
Cuando las Administraciones p�blicas lo estimen necesario por la actitud de los particulares, la insuficiencia de su colaboraci�n, por ser m�s adecuado a las circunstancias del caso o por otras razones similares, proceder�n a realizar las actividades materiales necesarias con sus propios medios y personal o por contratistas o entidades colaboradoras.
4. Los gastos de retirada, recuperaci�n, realizaci�n de avisos especiales, almacenaje, traslado y cualesquiera otros similares, y, en su caso, la destrucci�n de los productos, ser�n a cargo de quienes con sus conductas ilegales los hubieran originado.
5. Independientemente de las acciones civiles y penales que correspondan, especialmente las relativas a la indemnizaci�n de da�os y perjuicios, aquellos operadores que hayan soportado indebidamente gastos de los especificados en el apartado anterior podr�n repetir contra quienes con sus conductas ilegales los hubieran originado.
�rganos administrativos competentes 1. Los �rganos administrativos competentes para ejercer las potestades reguladas en este real decreto ser�n los que correspondan de las comunidades aut�nomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla, y en el �mbito de la competencia del Estado, con car�cter general, el Ministerio de Sanidad y Consumo, a trav�s del Instituto Nacional del Consumo, sin perjuicio de la coordinaci�n y colaboraci�n de otros �rganos sectoriales que tengan tambi�n atribuidas competencias en el �mbito de la seguridad de los productos.
2. Cada comunidad aut�noma y las Ciudades de Ceuta y Melilla comunicar�n estos �rganos administrativos competentes al Instituto Nacional del Consumo, al objeto del traslado de esta informaci�n a la Comisi�n Europea.
3. El Estado y las comunidades aut�nomas establecer�n mecanismos de colaboraci�n, cooperaci�n y coordinaci�n para garantizar la aplicaci�n del deber de poner en el mercado y distribuir s�lo productos seguros. En particular, la Conferencia Sectorial de Consumo, a trav�s de la Comisi�n de Cooperaci�n de Consumo. Igualmente, las comunidades aut�nomas establecer�n instrumentos de colaboraci�n, cooperaci�n y coordinaci�n con los municipios en esta materia, informando de �stos al Instituto Nacional del Consumo.
4. Los municipios, en el marco de lo dispuesto en el art�culo 42.3 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, tambi�n controlar�n el cumplimiento de los deberes establecidos para la seguridad de los productos y ejercer�n igualmente las competencias que les atribuya la legislaci�n auton�mica.
Supuestos en que la competencia corresponde a la Administraci�n del Estado 1. El Ministerio de Sanidad y Consumo, a trav�s del Instituto Nacional del Consumo, podr� adoptar con la duraci�n que sea imprescindible y de forma proporcionada a la situaci�n que las motive alguna de las medidas previstas en este real decreto, cuya ejecuci�n ser� a cargo de las comunidades aut�nomas, en los siguientes supuestos:
a) Cuando s�lo se pueda hacer frente de manera apropiada a un riesgo grave para la salud y seguridad de los consumidores, adoptando medidas aplicables en el �mbito estatal, aunque hasta el momento el riesgo �nicamente se hubiera manifestado en el territorio de una comunidad aut�noma. En particular, cuando se trate de la adopci�n de una de las medidas requeridas por la Comisi�n Europea en virtud de lo previsto en el art�culo 13 de la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos.
b) Cuando ante un mismo riesgo grave las medidas adoptadas o previstas por las distintas comunidades aut�nomas resulten divergentes y tal divergencia sea un obst�culo para la garant�a de seguridad de los productos, una vez agotados los instrumentos de coordinaci�n y cooperaci�n existentes.
2. A estos efectos, el Ministerio de Sanidad y Consumo, a fin de evaluar la seguridad de los productos, podr� llevar a cabo una investigaci�n por iniciativa propia, debiendo los �rganos administrativos competentes auton�micos facilitarle toda la informaci�n que les sea requerida al respecto.
Medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo a requerimiento de la Comisi�n Europea 1. En el supuesto recogido en el �ltimo inciso del art�culo 14.1.a), el Ministerio de Sanidad y Consumo, a trav�s del Instituto Nacional del Consumo, tomar� todas las medidas necesarias para llevar a efecto la decisi�n aprobada por la Comisi�n Europea en un plazo inferior a 20 d�as, salvo que en dicha decisi�n se especifique un plazo distinto.
2. El Instituto Nacional del Consumo, en el plazo de un mes, conceder� a las partes interesadas la posibilidad de formular alegaciones e informar� del contenido de �stas a la Comisi�n.
3. Cuando estas medidas tengan car�cter temporal deber�n revalidarse por per�odos m�ximos de un a�o, con arreglo a lo que disponga la Comisi�n Europea.
4. Salvo que el requerimiento de la Comisi�n Europea prevea otra cosa, se proh�be la exportaci�n desde Espa�a de los productos inseguros afectados por estas medidas.
Asesoramiento cient�fico y Comisi�n T�cnica para la Seguridad de los Productos 1. Para el correcto ejercicio de las competencias reguladas en este real decreto, se podr�n solicitar informes a expertos externos o de la propia Administraci�n p�blica, o a otros �rganos administrativos t�cnicos o consultivos.
2. Se crea la Comisi�n T�cnica para la Seguridad de los Productos, adscrita al Ministerio de Sanidad y Consumo, como �rgano t�cnico de asesoramiento y estudio en este �mbito. Esta comisi�n emitir� los informes que potestativamente le soliciten los �rganos administrativos competentes para garantizar la seguridad de los productos puestos en el mercado sobre la eventual existencia de riesgos en los productos y las medidas adecuadas para hacerles frente. En la emisi�n de sus dict�menes se tendr�n en cuenta �nicamente criterios t�cnico-cient�ficos, actuando a tal efecto con independencia funcional, y podr� dar audiencia a los interesados y solicitar los datos, ensayos o an�lisis que considere necesarios.
3. Esta comisi�n estar� compuesta por 16 miembros, un secretario y un presidente.
4. Los miembros deber�n ser personas con experiencia en materia de seguridad de los productos, de reconocido prestigio en este campo y no incursos en las causas de abstenci�n y recusaci�n establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n. Ser�n los siguientes:
a) 13 miembros ser�n nombrados por la Ministra de Sanidad y Consumo por un per�odo de tres a�os renovable, con arreglo a la siguiente distribuci�n:
1.� Uno a propuesta del Ministerio de Sanidad y Consumo, entre el personal a su servicio.
2.� Uno a propuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnolog�a, entre el personal a su servicio.
3.� Uno a propuesta del Ministerio de Econom�a, entre el personal destinado en la Secretar�a de Estado de Comercio y Turismo.
4.� Uno a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaci�n, entre el personal a su servicio.
5.� Tres a propuesta de la Comisi�n de Cooperaci�n de Consumo, entre candidatos presentados por las comunidades aut�nomas.
6.� Dos a propuesta de la asociaci�n de entidades locales de �mbito estatal con mayor implantaci�n.
7.� Dos a propuesta del Consejo de Consumidores y Usuarios.
8.� Dos a propuesta del Comit� de contacto sobre seguridad de los productos.
b) Los otros tres miembros ser�n nombrados por el Director del Instituto Nacional del Consumo para cada sesi�n entre expertos provenientes de la comunidad cient�fica, atendiendo a su preparaci�n y conocimiento de los asuntos que vayan a tratarse.
5. El presidente, cuyo voto tendr� car�cter dirimente, es el Director del Instituto Nacional del Consumo. El secretario ser� designado por el presidente entre funcionarios de dicho organismo y tendr� voz pero no voto.
6. Esta comisi�n impulsar� la coordinaci�n y las acciones conjuntas con los �rganos t�cnicos similares que puedan crear las comunidades aut�nomas.
7. El Ministerio de Sanidad y Consumo atender� al funcionamiento de esta comisi�n t�cnica con sus medios personales, materiales y econ�micos, sin perjuicio de la posible articulaci�n de un sistema de participaci�n por parte de los �rganos solicitantes del informe en el coste de �ste.
8. En todo lo no previsto en este real decreto, esta comisi�n t�cnica se regir� por lo dispuesto en el cap�tulo II del t�tulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.
Informaci�n de riesgos y derecho a la informaci�n de los consumidores 1. Las Administraciones p�blicas, cuando lo juzguen necesario para proteger la salud y seguridad, dependiendo de la naturaleza y la gravedad del riesgo, podr�n informar a los consumidores y usuarios potencialmente afectados, por los medios en cada caso m�s apropiados, de los riesgos o irregularidades existentes, de la identificaci�n del producto y, en su caso, de las medidas adoptadas, as� como de las precauciones procedentes tanto para que ellos mismos puedan protegerse del riesgo como para conseguir su colaboraci�n en la eliminaci�n de sus causas.
2. En el marco de la legislaci�n general aplicable, los ciudadanos tendr�n derecho de acceso, en general, a la informaci�n de que dispongan los �rganos administrativos competentes con relaci�n a los riesgos que los productos entra�en para la salud y la seguridad de los consumidores, de conformidad con las exigencias de transparencia y sin perjuicio de las restricciones necesarias para las actividades de control e investigaci�n. En particular, los ciudadanos tendr�n acceso a la informaci�n sobre la identificaci�n del producto, la naturaleza del riesgo y las medidas adoptadas.
3. Salvo lo anterior, los �rganos administrativos competentes adoptar�n las medidas necesarias para que su personal no divulgue la informaci�n protegida por el secreto comercial o industrial obtenida a los efectos de este real decreto.
CAP�TULO IVSistemas de comunicaci�n de informaci�n
Comunicaci�n ordinaria de las medidas adoptadas 1. En el �mbito de aplicaci�n de este real decreto, cuando los �rganos administrativos competentes adopten alguna de las medidas previstas en el art�culo 10 u otras que supongan una restricci�n de la puesta en el mercado de los productos y no proceda su notificaci�n a trav�s de la red de alerta u otra norma espec�fica prescriba dicha notificaci�n, las comunicar�n al Ministerio de Sanidad y Consumo, a trav�s del Instituto Nacional del Consumo, a la mayor brevedad posible y, en todo caso, en el plazo m�ximo de 15 d�as. Tambi�n se comunicar� cualquier modificaci�n o el levantamiento de las medidas adoptadas.
2. Esta comunicaci�n no ser� precisa cuando el riesgo tenga unos efectos limitados a su propio territorio y no se prevea que pueda ser de inter�s para los dem�s �rganos administrativos competentes en lo que se refiere a la seguridad de los productos.
3. Si la comunicaci�n no re�ne los requisitos exigidos en este real decreto o por cualquier causa se considerase insuficiente, el Instituto Nacional del Consumo solicitar�, al �rgano que la remiti� las aclaraciones, subsanaciones o informaciones adicionales necesarias. Tras recibir la comunicaci�n y, en su caso, la informaci�n complementaria, la transmitir�n inmediatamente al resto de �rganos administrativos competentes, y si el riesgo no tiene unos efectos limitados al territorio espa�ol o puede resultar de inter�s su conocimiento en el �mbito de la Comunidad Europea, a la Comisi�n Europea.
4. Asimismo, el Instituto Nacional del Consumo trasladar� a los �rganos administrativos competentes auton�micos las comunicaciones procedentes de la Comisi�n Europea.
Red de alerta 1. En el �mbito de aplicaci�n de este real decreto, se crea un sistema estatal de intercambio r�pido de informaci�n, en forma de red, integrado en el sistema europeo de alerta (RAPEX), con la finalidad de facilitar una comunicaci�n e intercambio r�pido de informaci�n de aquellas actuaciones que se adopten en caso de riesgo grave.
2. Los �rganos administrativos competentes deber�n comunicar inmediatamente al Ministerio de Sanidad y Consumo, a trav�s del Instituto Nacional del Consumo, salvo que consideren que el riesgo grave tiene unos efectos limitados a su propio territorio y no se prevea que pueda ser de inter�s para los dem�s �rganos administrativos competentes en lo que se refiere a la seguridad de los productos, lo siguiente:
a) Toda medida de reacci�n que hayan adoptado.
b) Los requerimientos que hayan dirigido a productores o distribuidores, siempre que �stos incluyan una recomendaci�n de la forma en que el �rgano administrativo competente entiende que debe ser subsanado el incumplimiento que ha generado el riesgo grave.
c) Las actuaciones voluntarias que hayan emprendido los productores y distribuidores en virtud de los deberes impuestos por esta disposici�n.
3. Esta comunicaci�n se realizar� cuando se disponga de los datos suficientes que permitan apreciar unos indicios razonables de la existencia del riesgo grave y ser� lo m�s completa posible, conteniendo, como m�nimo, lo siguiente:
a) La informaci�n que permita identificar el producto.
b) Una descripci�n del riesgo y los resultados de toda prueba o an�lisis y sus conclusiones, que permita evaluar su importancia.
c) Seg�n lo que proceda, el car�cter y la duraci�n de las medidas administrativas de reacci�n adoptadas, de las actuaciones voluntarias emprendidas por productores o distribuidores y del contenido del requerimiento.
d) La informaci�n que se posea sobre las cadenas de comercializaci�n y sobre la distribuci�n del producto, en particular, en las comunidades aut�nomas y los pa�ses de destino.
e) Toda la informaci�n pertinente que, en su caso, se haya podido obtener del productor o distribuidor del producto.
4. El �rgano administrativo notificante ser� el responsable de toda la informaci�n proporcionada.
5. Tambi�n deber� comunicarse cualquier circunstancia o dato adicional que se manifieste con posterioridad a la primera comunicaci�n, en particular, la modificaci�n, suspensi�n o levantamiento de las medidas adoptadas en su momento y las razones que hayan llevado a ello.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, los �rganos administrativos competentes podr�n tambi�n comunicar los datos de que dispongan sobre la existencia de un riesgo grave, explicando los motivos por los que no han adoptado ninguna medida.
7. Si la comunicaci�n no re�ne los requisitos exigidos en este real decreto o por cualquier causa se considerase insuficiente, el Instituto Nacional del Consumo solicitar�, en el plazo m�s breve posible, al �rgano que la remiti� las aclaraciones, subsanaciones o informaciones adicionales necesarias. Tras recibir la comunicaci�n y, en su caso, la informaci�n complementaria, este organismo la transmitir� inmediatamente al resto de �rganos administrativos competentes, y si el riesgo no tiene unos efectos limitados al territorio espa�ol o puede resultar de inter�s su conocimiento en el �mbito de la Comunidad Europea, a la Comisi�n Europea a trav�s del sistema RAPEX.
8. Asimismo, el Instituto Nacional del Consumo dar� traslado a los �rganos administrativos competentes auton�micos de las comunicaciones procedentes de la Comisi�n Europea a trav�s del sistema RAPEX, velando porque �stas re�nan los requisitos pertinentes. Estos �rganos administrativos competentes comunicar�n sin dilaci�n alguna al Instituto Nacional del Consumo, para su traslado a la Comisi�n Europea, si el producto ha sido comercializado en su territorio, las medidas que, en su caso, hayan o prevean adoptar y toda informaci�n complementaria que hayan obtenido al respecto.
9. El responsable de la coordinaci�n de esta red es el Ministerio de Sanidad y Consumo, a trav�s del Instituto Nacional del Consumo, que, al mismo tiempo, ser� el punto de contacto del sistema RAPEX en Espa�a.
10. Cada comunidad aut�noma comunicar� al Instituto Nacional del Consumo el punto de contacto �nico, para todos los productos incluidos en el �mbito de aplicaci�n de este real decreto, que designe a tal efecto, as� como los mecanismos que establezca para garantizar su disponibilidad permanente.
Sistema estatal de comunicaci�n de accidentes 1. El Ministerio de Sanidad y Consumo, a trav�s del Instituto Nacional del Consumo, propiciar� la creaci�n de un sistema estatal de comunicaci�n de accidentes en los que est�n implicados productos sometidos al �mbito de aplicaci�n de este real decreto, como un instrumento de prevenci�n que permita la detecci�n de los productos inseguros o potencialmente inseguros, as� como la existencia de una informaci�n necesaria a la hora de analizar un riesgo.
2. En este sistema se integrar�n los hospitales y centros de salud dependientes de las Administraciones p�blicas, as� como los �rganos administrativos competentes para garantizar la seguridad general de los productos. Se fomentar� la integraci�n de las entidades sanitarias de car�cter privado.
Ciudades de Ceuta y Melilla Las referencias que esta disposici�n realiza a las comunidades aut�nomas se entender�n tambi�n realizadas a las Ciudades de Ceuta y Melilla, en el marco de sus competencias estatutariamente asumidas.
C�digos de buenas pr�cticas en actuaciones destinadas a garantizar la seguridad general de los productos 1. Los c�digos de buenas pr�cticas en actuaciones destinadas a garantizar la seguridad general de los productos a los que se refiere este real decreto se podr�n elaborar por los sectores empresariales correspondientes, las asociaciones de consumidores y los �rganos administrativos competentes.
2. A los efectos de este real decreto, estos c�digos est�n sometidos a una aprobaci�n final por parte de los �rganos administrativos competentes en la que se valore su utilidad como instrumento al servicio de la seguridad general de los productos.
3. Estos c�digos podr�n precisar, entre otros aspectos, el alcance del seguimiento por parte de los productores de los productos puestos en el mercado, las actuaciones que deben emprender en caso de sospecha razonable de la existencia de un riesgo, sus pautas de comportamiento, los sistemas de compensaci�n e indemnizaci�n a los consumidores, los procedimientos de di�logo y comunicaci�n con las Administraciones p�blicas y los medios de notificaci�n a productores y distribuidores.
4. El Instituto Nacional del Consumo propiciar� la elaboraci�n y aprobar� aquellos c�digos de �mbito estatal, previa consulta con la Comisi�n de Cooperaci�n de Consumo.
Comit� de contacto sobre seguridad de los productos
Disposici�n adicional tercera derogada conforme establece la disposici�n derogatoria �nica del R.D. 776/2011, de 3 de junio, por el que se suprimen determinados �rganos colegiados y se establecen criterios para la normalizaci�n en la creaci�n de �rganos colegiados en la Administraci�n General del Estado y sus Organismos P�blicos (�B.O.E.� 4 junio).Vigencia: 5 junio 2011 Disposici�n adicional cuarta
Directrices y gu�as de funcionamiento De conformidad con lo que establezca la Comisi�n Europea, el Instituto Nacional del Consumo, previo informe de la Comisi�n de Cooperaci�n de Consumo, podr� aprobar unas directrices o gu�as de funcionamiento del sistema de red de alerta y de la comunicaci�n ordinaria de las medidas de reacci�n adoptadas, donde se determine o concrete, entre otras posibles cuestiones, el formulario tipo de comunicaci�n, la informaci�n que �ste debe contener, los procedimientos de aplicaci�n, sus plazos y los criterios para clasificar y ordenar las comunicaciones seg�n su urgencia.
Aparatos de telecomunicaciones Los aparatos de telecomunicaciones regulados por el Reglamento que establece el procedimiento para la evaluaci�n de la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones, aprobado por el Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre, se regir�n por las prescripciones de �ste y supletoriamente, en lo no dispuesto por el citado reglamento, por lo previsto en este real decreto, cuya aplicaci�n para dichos aparatos se efectuar� por los �rganos previstos en el t�tulo V del citado reglamento.
Derogaci�n normativa Queda derogado el Real Decreto 44/1996, de 19 de enero, de medidas para garantizar la seguridad general de los productos puestos a disposici�n del consumidor.
T�tulo competencial Este real decreto se dicta con car�cter de norma b�sica al amparo del art�culo 149.1.16.� de la Constituci�n, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinaci�n general de la sanidad, y en desarrollo de lo dispuesto en los art�culos 24, 25.2 y 3, 26 y 31.2 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y art�culos 3 y 5.2 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Se except�a de lo anterior el apartado 4 del art�culo 15, que se dicta al amparo del art�culo 149.1.16.� de la Constituci�n, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de sanidad exterior.
Facultad de desarrollo Se faculta a los Ministros de Sanidad y Consumo, de Agricultura, Pesca y Alimentaci�n y de Ciencia y Tecnolog�a para dictar, en el �mbito de sus competencias, las disposiciones que sean necesarias para la ejecuci�n y aplicaci�n de lo dispuesto en este real decreto.
Comunicaci�n de �rganos administrativos competentes y puntos de contacto En el plazo de tres meses a partir de la publicaci�n de este real decreto en el �Bolet�n Oficial del Estado�, las comunidades aut�nomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla comunicar�n al Ministerio de Sanidad y Consumo los �rganos administrativos competentes a que se refiere el art�culo 13 y los puntos de contacto a que se refiere el art�culo 19.
Entrada en vigor El presente real decreto entrar� en vigor el d�a 15 de enero de 2004.

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