Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2010-04765.htm
Timestamp: 2018-08-17 00:02:01+00:00

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Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de PrevenciÃ³n; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontrataciÃ³n en el sector de la construcciÃ³n y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mÃ­nimas de seguridad y salud en obras de construcciÃ³n.
Las modificaciones contenidas en este real decreto responden Ã­ntegramente a la adaptaciÃ³n del ordenamiento jurÃ­dico a los objetivos fijados por la Estrategia EspaÃ±ola de Seguridad y Salud en el Trabajo para el perÃ­odo 2007-2012.
La prÃ¡ctica totalidad del contenido del real decreto se dirige a la modificaciÃ³n del Reglamento de los Servicios de PrevenciÃ³n aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. No obstante se incluyen modificaciones puntuales en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontrataciÃ³n en el sector de la construcciÃ³n y se deroga expresamente el articulo 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mÃ­nimas de seguridad y salud en las obras de construcciÃ³n, por necesidades derivadas de la adaptaciÃ³n de la Directiva sobre servicios de mercado interior.
En cuanto a la modificaciÃ³n del Reglamento de Servicios de PrevenciÃ³n, pueden distinguirse dos Ã¡reas temÃ¡ticas: la dirigida a facilitar el cumplimiento de la normativa de prevenciÃ³n a las empresas, en particular para las pequeÃ±as y medianas, de un lado y, de otro, la encaminada a mejorar la calidad y eficacia de los sistemas de prevenciÃ³n de riesgos laborales, con especial atenciÃ³n a las entidades especializadas que actÃºan como servicios de prevenciÃ³n.
En cuanto a lo primero, se pretende lograr un mejor y mÃ¡s eficaz cumplimiento de la normativa de prevenciÃ³n de riesgos laborales en las empresas. Para ello, y sin merma de la calidad, se pretende racionalizar y simplificar su gestiÃ³n en prevenciÃ³n de riesgos laborales, lo que se consigue, en primer lugar, permitiendo a las empresas de hasta 50 trabajadores que no desarrollen actividades del anexo I del Reglamento de los Servicios de PrevenciÃ³n que puedan realizar de manera simplificada el plan de prevenciÃ³n de riesgos laborales, la evaluaciÃ³n de riesgos y la planificaciÃ³n de la actividad preventiva, siempre que ello no suponga una reducciÃ³n del nivel de protecciÃ³n de la seguridad y salud de los trabajadores, para lo que contarÃ¡n con el apoyo de una guÃ­a orientativa del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo; en segundo lugar, que estas mismas empresas que realicen las actividades preventivas mediante recursos propios dispongan de un proceso simplificado de auditorÃ­a de sus sistema de gestiÃ³n de la prevenciÃ³n y, en tercer lugar, ampliando de seis a diez el nÃºmero de trabajadores de las empresas en las que el empresario puede asumir de manera personal el desarrollo de la actividad preventiva.
En cuanto a lo segundo, el real decreto incide en importantes cuestiones que influyen significativamente en la calidad y eficacia del sistema de prevenciÃ³n de riesgos laborales de las empresas, asÃ­ como la participaciÃ³n de las entidades especializadas que han de intervenir junto al empresario en la mejora de las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. Todas estas cuestiones han sido objeto de debate y discusiÃ³n, primero globalmente en un grupo de trabajo constituido por la AdministraciÃ³n General del Estado y las comunidades autÃ³nomas y seguidamente, de forma ordenada y sistemÃ¡tica, con las organizaciones sindicales y empresariales. De dicho proceso de debate resultÃ³ un documento de consenso referido a las Â«actuaciones para la mejora de la calidad y eficacia del sistema de prevenciÃ³n de riesgos laboralesÂ», que ha guiado la elaboraciÃ³n del presente real decreto en estas cuestiones y que deberÃ¡ dirigir igualmente el ulterior desarrollo normativo que completarÃ¡ la reforma.
Las lÃ­neas establecidas en el real decreto que marcan la reforma dirigida a la mejora de la calidad y la eficacia del sistema de prevenciÃ³n de riesgos laborales son las siguientes:
1. Se dota al sistema de prevenciÃ³n de riesgos laborales de fortaleza y solidez. Ello a su vez implica constituir un marco jurÃ­dico mÃ¡s seguro para quienes operan en este sector para lo cual: se adecua el procedimiento de acreditaciÃ³n de dichas entidades especializadas conforme a lo seÃ±alado en la reciente modificaciÃ³n de la Ley de PrevenciÃ³n de Riesgos Laborales por parte de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaciÃ³n de diversas leyes para su adaptaciÃ³n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, en el sentido de establecer una acreditaciÃ³n Ãºnica para estas entidades (eliminando el trÃ¡mite de acreditaciÃ³n provisional existente hasta la fecha); se salvaguarda el papel que dicho sistema otorga a las entidades especializadas, definiendo mejor tanto los requisitos de acreditaciÃ³n como el campo de actuaciÃ³n (y de exclusiÃ³n) de tales servicios. La mejor definiciÃ³n de los requisitos de acreditaciÃ³n garantiza, por otro lado, una homogeneidad en la acreditaciÃ³n de la entidad especializada en todo el territorio espaÃ±ol, con independencia de la comunidad autÃ³noma que la haya otorgado; se definen las causas de revocaciÃ³n de la acreditaciÃ³n y el procedimiento correspondiente, con las debidas garantÃ­as. En este sentido, se refuerza la intervenciÃ³n de las distintas autoridades laborales de tal manera que, sin alterar el sistema de acreditaciÃ³n actual, cada comunidad autÃ³noma pueda comprobar en su territorio el mantenimiento de los requisitos de las entidades especializadas para poder actuar como servicio de prevenciÃ³n ajeno.
2. Se favorece el aumento de la calidad del servicio a prestar a las empresas por las entidades especializadas lo que se consigue, en primer lugar, mediante una definiciÃ³n mÃ¡s completa del contenido de los conciertos de servicio de prevenciÃ³n ajeno con las empresas, como garantÃ­a ineludible para Ã©stas y para los trabajadores de la cobertura que les debe dispensar la entidad; en segundo lugar, sentando las bases de los recursos, tanto humanos como materiales, de que deben disponer los servicios de prevenciÃ³n ajenos para prestar un servicio de calidad, que han de estar en relaciÃ³n con factores diversos, en especial, tamaÃ±o y actividad de las empresas y nÃºmero de trabajadores cubiertos por los conciertos. Esto exigirÃ¡, en todo caso, una orden para su desarrollo. TambiÃ©n se prevÃ© el desarrollo adicional en cuanto a la configuraciÃ³n de las Ã¡reas de los servicios de prevenciÃ³n que se ocupen de la especialidad de medicina del trabajo, a cuyo efecto se establece en una disposiciÃ³n final la necesidad de una norma reglamentaria a aprobar por los Ministerios de Sanidad y PolÃ­tica Social y Trabajo e InmigraciÃ³n, que contenga el marco jurÃ­dico del Acuerdo de criterios bÃ¡sicos sobre la organizaciÃ³n de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevenciÃ³n; en tercer lugar, se potencia la interdisciplinariedad de los servicios de prevenciÃ³n ajenos que habrÃ¡n de disponer para su acreditaciÃ³n de las cuatro especialidades o disciplinas preventivas fijadas en el Reglamento de los Servicios de PrevenciÃ³n, sin perjuicio de establecer un plazo de adaptaciÃ³n de un aÃ±o para las entidades ya acreditadas.
3. Se definen y clarifican los requisitos de los servicios de prevenciÃ³n mancomunados de acuerdo con las recomendaciones de la Estrategia EspaÃ±ola de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 para lo cual se toman como referencia los de los servicios de prevenciÃ³n ajenos, si bien con una cierta modulaciÃ³n al tenerse presente el criterio de potenciaciÃ³n de los recursos propios que tambiÃ©n marca la Estrategia.
4. Se mejora el tratamiento de la informaciÃ³n de las entidades especializadas y se permite un mejor conocimiento de los datos por las autoridades y los ciudadanos, para lo que se modifica el contenido de la disposiciÃ³n referente a registros de las entidades especializadas y asÃ­, se fijan las finalidades de uso de los datos a incorporar a los mismos, se propicia la comunicaciÃ³n telemÃ¡tica de dichos datos y la interconexiÃ³n de los registros autonÃ³micos mediante la creaciÃ³n de una base de datos informÃ¡tica gestionada por el Ministerio de Trabajo e InmigraciÃ³n, todo ello con expresa salvaguardia de la confidencialidad de la informaciÃ³n de acuerdo con la Ley OrgÃ¡nica 15/1999, de 13 de diciembre, de ProtecciÃ³n de datos de carÃ¡cter personal.
Por otra parte, se han incluido modificaciones en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontrataciÃ³n en el sector de la construcciÃ³n, sobre el libro de subcontrataciÃ³n y el cÃ³mputo de socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado.
La disposiciÃ³n derogatoria afecta, en primer lugar, a la disposiciÃ³n transitoria tercera del Reglamento de los Servicios de PrevenciÃ³n sobre acreditaciÃ³n de la formaciÃ³n para la realizaciÃ³n de funciones de niveles intermedio y superior en materia de prevenciÃ³n de riesgos laborales, al existir en la actualidad titulaciones oficiales aprobadas por las autoridades competentes que cumplen con los requisitos de formaciÃ³n mÃ­nima exigidos en los artÃ­culos 36 y 37 de la citada norma y, en segundo lugar, al articulo 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mÃ­nimas de seguridad y salud en las obras de construcciÃ³n en materia de aviso previo en consonancia con la modificaciÃ³n introducida en este sentido en el Real Decreto-ley 1/1986 por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaciÃ³n de diversas leyes para su adaptaciÃ³n a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, que introduce un nuevo apartado 3 del articulo 6 con el objetivo de refundir en uno solo los trÃ¡mites de aviso previo y comunicaciÃ³n de apertura del centro de trabajo.
La nueva redacciÃ³n del articulo 18 del Reglamento de los Servicios de PrevenciÃ³n implica la derogaciÃ³n de su apartado 4, sobre posibilidad de eximir por la autoridad laboral del cumplimiento de algunas condiciones exigidas a los servicios de prevenciÃ³n ajenos en coherencia con el sentido de la reforma, que promueve la total interdisciplinariedad de estas entidades especializadas. No obstante, se modula el efecto de esta derogaciÃ³n con lo seÃ±alado en el segundo pÃ¡rrafo de la disposiciÃ³n transitoria primera.
Este real decreto se dicta de conformidad con el artÃ­culo 6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y de la disposiciÃ³n final tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, y en su elaboraciÃ³n han sido consultadas las organizaciones sindicales y empresariales mÃ¡s representativas y oÃ­da la ComisiÃ³n Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo e InmigraciÃ³n, con la aprobaciÃ³n previa de la Ministra de la Presidencia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 19 de marzo de 2010,
ArtÃ­culo primero. ModificaciÃ³n del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de PrevenciÃ³n.
Uno. Se aÃ±ade un nuevo apartado 4 al artÃ­culo 2, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«4. Las empresas de hasta 50 trabajadores que no desarrollen actividades del anexo I podrÃ¡n reflejar en un Ãºnico documento el plan de prevenciÃ³n de riesgos laborales, la evaluaciÃ³n de riesgos y la planificaciÃ³n de la actividad preventiva.
Este documento serÃ¡ de extensiÃ³n reducida y fÃ¡cil comprensiÃ³n, deberÃ¡ estar plenamente adaptado a la actividad y tamaÃ±o de la empresa y establecerÃ¡ las medidas operativas pertinentes para realizar la integraciÃ³n de la prevenciÃ³n en la actividad de la empresa, los puestos de trabajo con riesgo y las medidas concretas para evitarlos o reducirlos, jerarquizadas en funciÃ³n del nivel de riesgos, asÃ­ como el plazo para su ejecuciÃ³n.Â»
Dos. El apartado 1 del artÃ­culo 11, queda redactado de la siguiente manera:
Â«1. El empresario podrÃ¡ desarrollar personalmente la actividad de prevenciÃ³n, con excepciÃ³n de las actividades relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores, cuando concurran las siguientes circunstancias:
b) Que las actividades desarrolladas en la empresa no estÃ©n incluidas en el anexo I.
d) Que tenga la capacidad correspondiente a las funciones preventivas que va a desarrollar, de acuerdo con lo establecido en el capÃ­tulo VI.Â»
Tres. El apartado 5 del artÃ­culo 15, queda redactado de la siguiente manera:
Â«5. La empresa deberÃ¡ elaborar anualmente y mantener a disposiciÃ³n de las autoridades laborales y sanitarias competentes y del comitÃ© de seguridad y salud la memoria y programaciÃ³n anual del servicio de prevenciÃ³n a que se refiere el pÃ¡rrafo d) del apartado 2 del artÃ­culo 39 de la Ley de PrevenciÃ³n de Riesgos Laborales.Â»
Cuatro. El artÃ­culo 17 queda redactado de la siguiente manera:
Â«ArtÃ­culo 17. Requisitos de las entidades especializadas para poder actuar como servicios de prevenciÃ³n ajenos.
1. PodrÃ¡n actuar como servicios de prevenciÃ³n ajenos las entidades especializadas que reÃºnan los siguientes requisitos:
a) Disponer de la organizaciÃ³n, las instalaciones, el personal y los equipos necesarios para el desempeÃ±o de su actividad.
b) Constituir una garantÃ­a que cubra su eventual responsabilidad.
c) No mantener con las empresas concertadas vinculaciones comerciales, financieras o de cualquier otro tipo, distintas a las propias de su actuaciÃ³n como servicio de prevenciÃ³n, que puedan afectar a su independencia e influir en el resultado de sus actividades, sin perjuicio de lo dispuesto en el artÃ­culo 22.
d) Asumir directamente el desarrollo de las funciones seÃ±aladas en el artÃ­culo 31.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de PrevenciÃ³n de Riesgos Laborales, que hubieran concertado.
2. Para actuar como servicio de prevenciÃ³n ajeno, las entidades especializadas deberÃ¡n ser objeto de acreditaciÃ³n por la administraciÃ³n laboral, previa aprobaciÃ³n de la administraciÃ³n sanitaria, en cuanto a los aspectos de carÃ¡cter sanitario. La acreditaciÃ³n se dirigirÃ¡ a garantizar el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento mencionados en el apartado anterior.Â»
Cinco. El artÃ­culo 18 queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«ArtÃ­culo 18. Recursos materiales y humanos de las entidades especializadas que actÃºen como servicios de prevenciÃ³n ajenos.
1. Las entidades especializadas que actÃºen como servicios de prevenciÃ³n ajenos deberÃ¡n contar con las instalaciones y los recursos materiales y humanos que les permitan desarrollar adecuadamente la actividad preventiva que hubieren concertado, teniendo en cuenta el tipo, extensiÃ³n y frecuencia de los servicios preventivos que han de prestar, el tipo de actividad desarrollada por los trabajadores de las empresas concertadas y la ubicaciÃ³n y tamaÃ±o de los centros de trabajo en los que dicha prestaciÃ³n ha de desarrollarse, de acuerdo con lo que se establezca en las disposiciones de desarrollo de este real decreto.
2. En todo caso, dichas entidades deberÃ¡n:
a) Contar con la acreditaciÃ³n de la autoridad laboral competente en las especialidades o disciplinas preventivas de medicina del trabajo, seguridad en el trabajo, higiene industrial, y ergonomÃ­a y psicosociologÃ­a aplicada.
b) Disponer como mÃ­nimo de un tÃ©cnico que cuente con la cualificaciÃ³n necesaria para el desempeÃ±o de las funciones de nivel superior, de acuerdo con lo establecido en el capÃ­tulo VI, por cada una de las especialidades o disciplinas preventivas seÃ±aladas en el pÃ¡rrafo anterior, salvo en el caso de la especialidad de medicina del trabajo que exigirÃ¡ contar, al menos, con un mÃ©dico especialista en medicina del trabajo o diplomado en Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa. Asimismo deberÃ¡n disponer del personal necesario que tenga la capacitaciÃ³n requerida para desarrollar las funciones de los niveles bÃ¡sico e intermedio previstas en el capÃ­tulo VI, en funciÃ³n de las caracterÃ­sticas de las empresas cubiertas por el servicio.
Los expertos en las especialidades mencionadas actuarÃ¡n de forma coordinada, en particular en relaciÃ³n con las funciones relativas al diseÃ±o preventivo de los puestos de trabajo, la identificaciÃ³n y evaluaciÃ³n de los riesgos, los planes de prevenciÃ³n y los planes de formaciÃ³n de los trabajadores.
c) Disponer en los Ã¡mbitos territorial y de actividad profesional en los que desarrollen su actividad, como mÃ­nimo, de las instalaciones e instrumentaciÃ³n necesarias para realizar las pruebas, reconocimientos, mediciones, anÃ¡lisis y evaluaciones habituales en la prÃ¡ctica de las especialidades citadas, asÃ­ como para el desarrollo de las actividades formativas y divulgativas bÃ¡sicas, en los tÃ©rminos que determinen las disposiciones de desarrollo de este real decreto.
3. Sin perjuicio de la necesaria coordinaciÃ³n indicada en el apartado 2 de este artÃ­culo, la actividad sanitaria contarÃ¡ para el desarrollo de su funciÃ³n dentro del servicio de prevenciÃ³n con la estructura y medios adecuados a su naturaleza especÃ­fica y la confidencialidad de los datos mÃ©dicos personales.Â»
Seis. El apartado 2 del artÃ­culo 19 queda modificado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«2. Las entidades asumirÃ¡n directamente el desarrollo de aquÃ©llas funciones seÃ±aladas en el artÃ­culo 31.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, que hubieran concertado y contribuirÃ¡n a la efectividad de la integraciÃ³n de las actividades de prevenciÃ³n en el conjunto de actividades de la empresa y en todos los niveles jerÃ¡rquicos de la misma, sin perjuicio de que puedan:
a) Subcontratar los servicios de otros profesionales o entidades cuando sea necesario para la realizaciÃ³n de actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad.
b) Disponer mediante arrendamiento o negocio similar de instalaciones y medios materiales que estimen necesarios para prestar el servicio en condiciones y con un tiempo de respuesta adecuado, sin perjuicio de la obligaciÃ³n de contar con carÃ¡cter permanente con los recursos instrumentales mÃ­nimos a que se refiere el artÃ­culo 18.Â»
Siete. Se modifica el artÃ­culo 20, quedando redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«ArtÃ­culo 20. Concierto de la actividad preventiva.
1. Cuando el empresario no cuente con suficientes recursos propios para el desarrollo de la actividad preventiva y deba desarrollarla a travÃ©s de uno o varios servicios de prevenciÃ³n ajenos a la empresa, deberÃ¡ concertar por escrito la prestaciÃ³n. Dicho concierto consignarÃ¡, como mÃ­nimo, los siguientes aspectos:
a) IdentificaciÃ³n de la entidad especializada que actÃºa como servicio de prevenciÃ³n ajeno a la empresa.
b) IdentificaciÃ³n de la empresa destinataria de la actividad, asÃ­ como de los centros de trabajo de la misma a los que dicha actividad se contrae. Cuando se trate de empresas que realicen actividades sometidas a la normativa de seguridad y salud en obras de construcciÃ³n, incluirÃ¡ expresamente la extensiÃ³n de las actividades concertadas al Ã¡mbito de las obras en que intervenga la empresa.
c) Especialidad o especialidades preventivas objeto del concierto con indicaciÃ³n para cada una de ellas de las funciones concretas asumidas de las previstas en el artÃ­culo 31.3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, y de las actuaciones concretas que se realizarÃ¡n para el desarrollo de las funciones asumidas, en el periodo de vigencia del concierto. Dichas actuaciones serÃ¡n desarrolladas de acuerdo con la planificaciÃ³n de la actividad preventiva y la programaciÃ³n anual propuestas por el servicio y aprobadas por la empresa.
Salvo que las actividades se realicen con recursos preventivos propios y asÃ­ se especifique en el concierto, Ã©ste deberÃ¡ consignar:
1.Âº Si se concierta la especialidad de seguridad en el trabajo, el compromiso del servicio de prevenciÃ³n ajeno de identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que procedan, considerando para ello todos los riesgos de esta naturaleza existentes en la empresa, incluyendo los originados por las condiciones de las mÃ¡quinas, equipos e instalaciones y la verificaciÃ³n de su mantenimiento adecuado, sin perjuicio de las actuaciones de certificaciÃ³n e inspecciÃ³n establecidas por la normativa de seguridad industrial, asÃ­ como los derivados de las condiciones generales de los lugares de trabajo, locales y las instalaciones de servicio y protecciÃ³n.
2.Âº Si se concierta la especialidad de higiene industrial, el compromiso del servicio de prevenciÃ³n ajeno de identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que procedan, considerando para ello todos los riesgos de esta naturaleza existentes en la empresa, y de valorar la necesidad o no de realizar mediciones al respecto, sin perjuicio de la inclusiÃ³n o no de estas mediciones en las condiciones econÃ³micas del concierto.
3.Âº Si se concierta la especialidad de ergonomÃ­a y psicosociologÃ­a aplicada, el compromiso del servicio de prevenciÃ³n ajeno, de identificar, evaluar y proponer las medidas correctoras que procedan, considerando para ello todos los riesgos de esta naturaleza existentes en la empresa.
4.Âº El compromiso del servicio de prevenciÃ³n ajeno de revisar la evaluaciÃ³n de riesgos en los casos exigidos por el ordenamiento jurÃ­dico, en particular, con ocasiÃ³n de los daÃ±os para la salud de los trabajadores que se hayan producido.
5.Âº Cuando se trate de empresas que cuenten con centros de trabajo sometidos a la normativa de seguridad y salud en obras de construcciÃ³n, se especificarÃ¡n las actuaciones a desarrollar de acuerdo con la normativa aplicable.
d) La obligaciÃ³n del servicio de prevenciÃ³n de realizar, con la periodicidad que requieran los riesgos existentes, la actividad de seguimiento y valoraciÃ³n de la implantaciÃ³n de las actividades preventivas derivadas de la evaluaciÃ³n.
e) La obligaciÃ³n del servicio de prevenciÃ³n de efectuar en la memoria anual de sus actividades en la empresa la valoraciÃ³n de la efectividad de la integraciÃ³n de la prevenciÃ³n de riesgos laborales en el sistema general de gestiÃ³n de la empresa a travÃ©s de la implantaciÃ³n y aplicaciÃ³n del plan de prevenciÃ³n de riesgos laborales en relaciÃ³n con las actividades preventivas concertadas.
f) El compromiso del servicio de prevenciÃ³n de dedicar anualmente los recursos humanos y materiales necesarios para la realizaciÃ³n de las actividades concertadas.
g) El compromiso de la empresa de comunicar al servicio de prevenciÃ³n ajeno los daÃ±os a la salud derivados del trabajo.
h) El compromiso de la empresa de comunicar al servicio de prevenciÃ³n ajeno las actividades o funciones realizadas con otros recursos preventivos y/u otras entidades para facilitar la colaboraciÃ³n y coordinaciÃ³n de todos ellos.
i) La duraciÃ³n del concierto.
j) Las condiciones econÃ³micas del concierto, con la expresa relaciÃ³n de las actividades o funciones preventivas no incluidas en aquellas condiciones.
k) La obligaciÃ³n del servicio de prevenciÃ³n ajeno de asesorar al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los Ã³rganos de representaciÃ³n especializados, en los tÃ©rminos establecidos en la normativa aplicable.
2. Sin perjuicio de lo establecido en el artÃ­culo 28.2.b), las entidades especializadas que actÃºen como servicios de prevenciÃ³n deberÃ¡n mantener a disposiciÃ³n de las autoridades laborales y sanitarias competentes, una memoria anual en la que incluirÃ¡n de forma separada las empresas o centros de trabajo a los que se ha prestado servicios durante dicho perÃ­odo, indicando en cada caso la naturaleza de Ã©stos.
Igualmente, deberÃ¡n facilitar a las empresas para las que actÃºen como servicios de prevenciÃ³n la memoria y la programaciÃ³n anual a las que se refiere el apartado 2.d) del artÃ­culo 39 de la Ley de PrevenciÃ³n de Riesgos Laborales, a fin de que pueda ser conocida por el ComitÃ© de Seguridad y Salud en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo citado.Â»
Ocho. Se modifica el artÃ­culo 21, que queda redactado como sigue:
Â«ArtÃ­culo 21. Servicios de prevenciÃ³n mancomunados.
1. PodrÃ¡n constituirse servicios de prevenciÃ³n mancomunados entre aquellas empresas que desarrollen simultÃ¡neamente actividades en un mismo centro de trabajo, edificio o centro comercial, siempre que quede garantizada la operatividad y eficacia del servicio en los tÃ©rminos previstos en el apartado 3 del artÃ­culo 15 de esta disposiciÃ³n.
Por negociaciÃ³n colectiva o mediante los acuerdos a que se refiere el artÃ­culo 83, apartado 3, del Estatuto de los Trabajadores, o, en su defecto, por decisiÃ³n de las empresas afectadas, podrÃ¡ acordarse, igualmente, la constituciÃ³n de servicios de prevenciÃ³n mancomunados entre aquellas empresas pertenecientes a un mismo sector productivo o grupo empresarial o que desarrollen sus actividades en un polÃ­gono industrial o Ã¡rea geogrÃ¡fica limitada.
Las empresas que tengan obligaciÃ³n legal de disponer de un servicio de prevenciÃ³n propio no podrÃ¡n formar parte de servicios de prevenciÃ³n mancomunados constituidos para las empresas de un determinado sector, aunque sÃ­ de los constituidos para empresas del mismo grupo.
2. En el acuerdo de constituciÃ³n del servicio mancomunado, que se deberÃ¡ adoptar previa consulta a los representantes legales de los trabajadores de cada una de las empresas afectadas en los tÃ©rminos establecidos en el artÃ­culo 33 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de PrevenciÃ³n de Riesgos Laborales, deberÃ¡n constar expresamente las condiciones mÃ­nimas en que tal servicio de prevenciÃ³n debe desarrollarse.
Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artÃ­culo 39.1.a) de la indicada ley, las condiciones en que dicho servicio de prevenciÃ³n debe desarrollarse deberÃ¡n debatirse, y en su caso ser acordadas, en el seno de cada uno de los comitÃ©s de seguridad y salud de las empresas afectadas.
Asimismo, el acuerdo de constituciÃ³n del servicio de prevenciÃ³n mancomunado deberÃ¡ comunicarse con carÃ¡cter previo a la autoridad laboral del territorio donde radiquen sus instalaciones principales en el supuesto de que dicha constituciÃ³n no haya sido decidida en el marco de la negociaciÃ³n colectiva.
3. Dichos servicios, tengan o no personalidad jurÃ­dica diferenciada, tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de servicios propios de las empresas que los constituyan y habrÃ¡n de contar con, al menos, tres especialidades o disciplinas preventivas. Para poder constituirse, deberÃ¡n disponer de los recursos humanos mÃ­nimos equivalentes a los exigidos para los servicios de prevenciÃ³n ajenos de acuerdo con lo establecido en el presente Reglamento y en sus disposiciones de desarrollo. En cuanto a los recursos materiales, se tomarÃ¡ como referencia los que se establecen para los servicios de prevenciÃ³n ajenos, con adecuaciÃ³n a la actividad de las empresas. La autoridad laboral podrÃ¡ formular requerimientos sobre la adecuada dotaciÃ³n de medios humanos y materiales.
4. La actividad preventiva de los servicios mancomunados se limitarÃ¡ a las empresas participantes.
5. El servicio de prevenciÃ³n mancomunado deberÃ¡ tener a disposiciÃ³n de la autoridad laboral y de la autoridad sanitaria la informaciÃ³n relativa a las empresas que lo constituyen y al grado y forma de participaciÃ³n de las mismas.Â»
Nueve. Se modifica el artÃ­culo 23, que queda redactado como sigue:
Â«ArtÃ­culo 23. Solicitud de acreditaciÃ³n.
Las entidades especializadas que pretendan ser acreditadas como servicios de prevenciÃ³n deberÃ¡n formular solicitud ante la autoridad laboral competente del lugar en donde radiquen sus instalaciones principales, en la que se hagan constar los siguientes extremos:
a) Nombre o denominaciÃ³n social, nÃºmero de identificaciÃ³n fiscal y cÃ³digo de cuenta de cotizaciÃ³n a la Seguridad Social.
c) Ãmbito territorial y de actividad profesional en los que pretende actuar, asÃ­ como previsiÃ³n del nÃºmero de empresas y volumen de trabajadores en los que tiene capacidad para extender su actividad preventiva, en funciÃ³n de los recursos humanos y materiales previstos.
d) PrevisiÃ³n de dotaciÃ³n de personal para el desempeÃ±o de la actividad preventiva, debidamente justificada, que deberÃ¡ ser efectiva en el momento en que la entidad empiece a prestar servicios, y con indicaciÃ³n de su cualificaciÃ³n profesional y dedicaciÃ³n, especificando su Ã¡mbito territorial de prestaciÃ³n de servicios.
e) IdentificaciÃ³n de las instalaciones, de los medios instrumentales y de su respectiva ubicaciÃ³n.
f) Compromiso de tener suscrita una pÃ³liza de seguro o garantÃ­a financiera equivalente que cubra su responsabilidad, por una cuantÃ­a mÃ­nima de 1.750.000 euros, efectiva en el momento en que la entidad empiece a prestar servicios. El importe de la cobertura serÃ¡ anualmente actualizado en funciÃ³n de la evoluciÃ³n del Ã­ndice de precios al consumo, sin que la citada cuantÃ­a constituya el lÃ­mite de la responsabilidad del servicio.
g) Los contratos o acuerdos a establecer, en su caso, con otras entidades para la realizaciÃ³n de actividades que requieran conocimientos especiales o instalaciones de gran complejidad.Â»
Diez. El artÃ­culo 24 queda redactado de la siguiente forma:
Â«ArtÃ­culo 24. Autoridad competente.
1. SerÃ¡ autoridad laboral competente para conocer de las solicitudes de acreditaciÃ³n formuladas por las entidades especializadas que pretendan actuar como servicios de prevenciÃ³n el Ã³rgano competente de la comunidad autÃ³noma o de la Ciudad con Estatuto de AutonomÃ­a donde radiquen sus instalaciones principales. Esa misma autoridad laboral serÃ¡ competente para conocer, en su caso, de la revocaciÃ³n de la acreditaciÃ³n.
2. La acreditaciÃ³n otorgada serÃ¡ Ãºnica y tendrÃ¡ validez en todo el territorio espaÃ±ol, conforme al procedimiento regulado a continuaciÃ³n.Â»
Once. El artÃ­culo 25 queda modificado con la siguiente redacciÃ³n:
Â«ArtÃ­culo 25. Procedimiento de acreditaciÃ³n.
1. Recibida la solicitud seÃ±alada en el artÃ­culo 23, la autoridad laboral remitirÃ¡ copia a la autoridad sanitaria competente del lugar en el que radiquen las instalaciones principales de la entidad especializada, a los fines previstos en el apartado 5 del artÃ­culo 31 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de PrevenciÃ³n de Riesgos Laborales. Dicha autoridad sanitaria comunicarÃ¡ a la autoridad laboral su decisiÃ³n acerca de la aprobaciÃ³n del proyecto en cuanto a los requisitos de carÃ¡cter sanitario.
2. Al mismo tiempo, la autoridad laboral competente solicitarÃ¡ informe de la InspecciÃ³n de Trabajo y Seguridad Social y de los Ã³rganos tÃ©cnicos en materia preventiva de las comunidades autÃ³nomas o, en el caso de las ciudades con estatuto de autonomÃ­a de Ceuta y de Melilla, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, asÃ­ como aquellos otros que considere necesarios acerca de los aspectos no contemplados en el apartado anterior.
3. La autoridad laboral competente recabarÃ¡ informe preceptivo de todas las comunidades autÃ³nomas en las que la entidad haya indicado que pretende desarrollar su actividad. La autoridad sanitaria competente harÃ¡ lo mismo respecto de las autoridades sanitarias afectadas y en relaciÃ³n a la comprobaciÃ³n del cumplimiento de los requisitos sanitarios.
El informe de las autoridades laborales afectadas versarÃ¡ sobre la suficiencia de los medios materiales y humanos de los que va a disponer la entidad solicitante y se manifestarÃ¡ sobre la procedencia o improcedencia de la acreditaciÃ³n.
4. Recibida la solicitud, las autoridades laborales requeridas recabarÃ¡n, a su vez, informe de la InspecciÃ³n de Trabajo y Seguridad Social y de sus Ã³rganos tÃ©cnicos territoriales en materia de seguridad y salud en el trabajo, asÃ­ como cuantos otros informes considere necesarios.
5. La autoridad laboral, a la vista de la decisiÃ³n de la autoridad sanitaria y de los informes emitidos, dictarÃ¡ y notificarÃ¡ la resoluciÃ³n en el plazo de tres meses, contados desde la entrada de la solicitud en el registro del Ã³rgano administrativo competente para resolver, acreditando a la entidad o denegando la solicitud formulada. Dicho plazo se ampliarÃ¡ a seis meses en el supuesto previsto en el apartado 3.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado resoluciÃ³n expresa, la solicitud podrÃ¡ entenderse desestimada por silencio administrativo, de conformidad con el artÃ­culo 31.6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de PrevenciÃ³n de Riesgos Laborales.
6. ProcederÃ¡ dictar resoluciÃ³n estimatoria por parte de la autoridad laboral competente cuando se compruebe el cumplimiento de todos los extremos seÃ±alados en el artÃ­culo 23.
La resoluciÃ³n estimatoria, que deberÃ¡ especificar los Ã¡mbitos de actividad de la entidad especializada, se notificarÃ¡ a las autoridades laborales afectadas, inscribiÃ©ndose tales datos en el Registro al que se refiere el artÃ­culo 28.
7. Contra la resoluciÃ³n expresa o presunta de la autoridad laboral podrÃ¡ interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Ã³rgano superior jerÃ¡rquico correspondiente.Â»
Doce. El artÃ­culo 26 queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«ArtÃ­culo 26. Mantenimiento de los requisitos de funcionamiento.
1. Las entidades especializadas deberÃ¡n mantener, en todo momento, los requisitos necesarios para actuar como servicios de prevenciÃ³n establecidos en este real decreto y en sus disposiciones de desarrollo.
A fin de garantizar el cumplimiento de esta obligaciÃ³n, las entidades especializadas deberÃ¡n comunicar a la autoridad laboral competente cualquier variaciÃ³n que afecte a dichos requisitos de funcionamiento.
2. Las autoridades laboral y sanitaria podrÃ¡n verificar, en el Ã¡mbito de sus competencias, el cumplimiento de los requisitos exigibles para el desarrollo de las actividades del servicio, comunicando a la autoridad laboral que concediÃ³ la acreditaciÃ³n las deficiencias detectadas con motivo de tales verificaciones.
3. Si como resultado de las comprobaciones efectuadas, bien directamente o a travÃ©s de las comunicaciones seÃ±aladas en el apartado anterior, la autoridad laboral que concediÃ³ la acreditaciÃ³n comprobara el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el apartado anterior, podrÃ¡ revocar total o parcialmente la acreditaciÃ³n otorgada conforme al procedimiento que se establece en el artÃ­culo 27. La revocaciÃ³n o suspensiÃ³n parcial se entenderÃ¡ referida Ãºnicamente al Ã¡mbito territorial de actuaciÃ³n de la entidad especializada donde se hayan comprobado las deficiencias.
4. Asimismo, la acreditaciÃ³n podrÃ¡ ser revocada por la autoridad laboral competente, como consecuencia de sanciÃ³n por infracciÃ³n grave o muy grave de las entidades especializadas que actÃºen como servicios de prevenciÃ³n ajenos, de acuerdo con el artÃ­culo 40.2 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto. En este caso, el procedimiento de revocaciÃ³n se iniciarÃ¡ sÃ³lo en virtud de la resoluciÃ³n administrativa firme que aprecie la existencia de infracciÃ³n grave o muy grave.Â»
Trece. Se da nueva redacciÃ³n al artÃ­culo 27 en lo siguientes tÃ©rminos:
Â«ArtÃ­culo 27. RevocaciÃ³n de la acreditaciÃ³n.
1. La autoridad laboral competente iniciarÃ¡ el expediente de revocaciÃ³n de la acreditaciÃ³n mediante acuerdo, que se notificarÃ¡ a la entidad afectada y que contendrÃ¡ los hechos comprobados y las irregularidades detectadas o bien el testimonio de la resoluciÃ³n sancionadora firme por infracciÃ³n grave o muy grave de las entidades especializadas que actÃºen como servicios de prevenciÃ³n ajenos, de acuerdo con artÃ­culo 40.2 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
2. Las comprobaciones previas al inicio del expediente sobre el mantenimiento de los requisitos de funcionamiento exigibles al servicio de prevenciÃ³n ajeno podrÃ¡n iniciarse de oficio por las autoridades laborales o sanitarias o en virtud de los informes emitidos por los Ã³rganos especializados de participaciÃ³n y representaciÃ³n de los trabajadores en las empresas en materia de prevenciÃ³n de riesgos laborales.
3. Si la autoridad que lleve a cabo las comprobaciones fuera distinta a la autoridad laboral que acreditÃ³ al servicio de prevenciÃ³n ajeno, remitirÃ¡ a Ã©sta informe- propuesta con la exposiciÃ³n de los hechos comprobados y las irregularidades detectadas.
4. En su caso, la autoridad laboral competente podrÃ¡ recabar los informes que estime oportunos de las autoridades laborales y sanitarias correspondientes a los diversos Ã¡mbitos de actuaciÃ³n territorial de la entidad especializada, que habrÃ¡n de ser evacuados en el plazo de quince dÃ­as.
5. Tras las comprobaciones iniciales y los informes previstos, la autoridad laboral competente notificarÃ¡ a la entidad especializada el acuerdo a que se refiere el apartado 1 y abrirÃ¡ un plazo de quince dÃ­as para las alegaciones de la entidad.
6. Si con posterioridad a la fase de alegaciones se incorporaran nuevas actuaciones al expediente, se darÃ¡ nuevamente audiencia a la entidad especializada para que formule nuevas alegaciones, con vista a lo actuado, por plazo de diez dÃ­as, a cuyo tÃ©rmino quedarÃ¡ visto el expediente para resoluciÃ³n.
7. La resoluciÃ³n se notificarÃ¡ en el plazo mÃ¡ximo de seis meses desde la fecha del acuerdo de iniciaciÃ³n del expediente de revocaciÃ³n conforme al apartado 1 y declararÃ¡ una de las siguientes opciones:
a) El mantenimiento de la acreditaciÃ³n.
b) La suspensiÃ³n total o parcial de la acreditaciÃ³n cuando el expediente se haya iniciado por la circunstancia seÃ±alada en el apartado 3 del artÃ­culo anterior.
c) La revocaciÃ³n definitiva de la acreditaciÃ³n cuando el expediente se deba a la concurrencia de la causa prevista en el apartado 4 del artÃ­culo anterior.
En el caso del pÃ¡rrafo b), la resoluciÃ³n habrÃ¡ de fijar el plazo en el que la entidad debe reunir las condiciones y requisitos para reiniciar su actividad y la advertencia expresa de que, en caso contrario, la acreditaciÃ³n quedarÃ¡ definitivamente revocada. Si la entidad especializada notificara el cumplimiento de las citadas condiciones o requisitos dentro del plazo fijado en la resoluciÃ³n, la autoridad laboral competente, previas las comprobaciones oportunas, dictarÃ¡ nueva resoluciÃ³n en el plazo mÃ¡ximo de tres meses levantando la suspensiÃ³n acordada o revocando definitivamente la acreditaciÃ³n.
8. La resoluciÃ³n se notificarÃ¡ a la entidad especializada, al resto de autoridades laborales y sanitarias que hayan intervenido y al Registro establecido en el artÃ­culo 28 donde se anotarÃ¡, en su caso, la revocaciÃ³n o suspensiÃ³n de la acreditaciÃ³n mediante el correspondiente asiento.
9. Si no hubiese recaÃ­do resoluciÃ³n transcurridos seis meses desde la fecha del acuerdo que inicia el expediente de revocaciÃ³n conforme al apartado 1, sin cÃ³mputo de las interrupciones imputables a la entidad, se producirÃ¡ la caducidad del expediente y se archivarÃ¡n las actuaciones, de lo que se librarÃ¡ testimonio a solicitud del interesado.
10. Asimismo, si no se hubiese notificado resoluciÃ³n expresa transcurridos tres meses desde la fecha de la comunicaciÃ³n por la entidad especializada a la autoridad laboral del cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en la resoluciÃ³n que suspendiÃ³ la acreditaciÃ³n, se producirÃ¡ la caducidad del procedimiento y la resoluciÃ³n en que se declare ordenarÃ¡ el archivo de las actuaciones con los efectos previstos en el artÃ­culo 92 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn.
11. Contra las resoluciones de la autoridad laboral cabrÃ¡ la interposiciÃ³n de recurso de alzada ante el Ã³rgano superior jerÃ¡rquico correspondiente en los plazos seÃ±alados en el artÃ­culo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.Â»
Catorce. El artÃ­culo 28 queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«ArtÃ­culo 28. Registro.
1. En los Ã³rganos competentes de las comunidades autÃ³nomas o de la AdministraciÃ³n General del Estado, en el caso de las ciudades con estatuto de autonomÃ­a de Ceuta y de Melilla, se crearÃ¡ un registro en el que serÃ¡n inscritas las entidades especializadas que hayan sido autorizadas como servicios de prevenciÃ³n, asÃ­ como las personas o entidades especializadas a las que se haya concedido autorizaciÃ³n para efectuar auditorÃ­as o evaluaciones de los sistemas de prevenciÃ³n de conformidad con lo establecido en el capÃ­tulo V de esta disposiciÃ³n.
2. La configuraciÃ³n de los registros deberÃ¡ permitir que, con independencia de la autoridad laboral competente que haya expedido la acreditaciÃ³n:
a) Los ciudadanos puedan consultar las entidades especializadas acreditadas como servicios de prevenciÃ³n ajenos o entidades auditoras.
b) Las entidades especializadas puedan cumplir sus obligaciones de comunicaciÃ³n de datos relativos al cumplimiento de los requisitos de funcionamiento con las autoridades laborales competentes.
c) Las autoridades laborales, las autoridades sanitarias, la InspecciÃ³n de Trabajo y Seguridad Social, el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo asÃ­ como los Ã³rganos tÃ©cnicos territoriales en materia de seguridad y salud en el trabajo puedan tener acceso a toda la informaciÃ³n disponible sobre las entidades especializadas acreditadas como servicios de prevenciÃ³n ajenos o entidades auditoras, al margen de la autoridad que haya expedido la acreditaciÃ³n.
3. Los Ã³rganos a los que se refiere el apartado 1, enviarÃ¡n a la DirecciÃ³n General de Trabajo del Ministerio de Trabajo e InmigraciÃ³n, en el plazo de ocho dÃ­as hÃ¡biles, copia de todo asiento practicado en sus respectivos registros.
4. Los datos que obren en los Registros de las autoridades competentes se incorporarÃ¡n a una base de datos cuya gestiÃ³n corresponderÃ¡ a la DirecciÃ³n General de Trabajo del Ministerio de Trabajo e InmigraciÃ³n.
La configuraciÃ³n de esta base de datos deberÃ¡ permitir a las comunidades autÃ³nomas que sus respectivos registros cumplan las funciones que se le atribuyen en el apartado 2.
5. Las relaciones entre las autoridades laborales se regirÃ¡n por el principio de cooperaciÃ³n y de acuerdo con lo establecido en el artÃ­culo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn.
6. La gestiÃ³n de los datos obrantes en los Registros se llevarÃ¡ a cabo de acuerdo con lo dispuesto en la Ley OrgÃ¡nica 15/1999, de 13 de diciembre, de ProtecciÃ³n de datos de carÃ¡cter personal. Los datos de carÃ¡cter personal no podrÃ¡n usarse para finalidades distintas de aquÃ©llas para las que tales datos hubieran sido recogidos.Â»
Quince. El apartado 3 del artÃ­culo 29 queda redactado de la siguiente manera:
Â«3. A los efectos previstos en el apartado anterior, las empresas de hasta 50 trabajadores cuyas actividades no estÃ©n incluidas en el anexo I que desarrollen las actividades preventivas con recursos propios y en las que la eficacia del sistema preventivo resulte evidente sin necesidad de recurrir a una auditorÃ­a por el limitado nÃºmero de trabajadores y la escasa complejidad de las actividades preventivas, se considerarÃ¡ que han cumplido la obligaciÃ³n de la auditorÃ­a cuando cumplimenten y remitan a la autoridad laboral una notificaciÃ³n sobre la concurrencia de las condiciones que no hacen necesario recurrir a la misma segÃºn modelo establecido en el anexo II, siempre que la autoridad laboral no haya aplicado lo previsto en el apartado 4 de este artÃ­culo.
La autoridad laboral registrarÃ¡ y ordenarÃ¡ segÃºn las actividades de las empresas sus notificaciones y facilitarÃ¡ una informaciÃ³n globalizada sobre las empresas afectadas a los Ã³rganos de participaciÃ³n institucional en materia de seguridad y salud.Â»
DiecisÃ©is. El apartado 4 del artÃ­culo 30 queda redactado de la siguiente manera:
Â«4. La primera auditorÃ­a del sistema de prevenciÃ³n de la empresa deberÃ¡ llevarse a cabo dentro de los doce meses siguientes al momento en que se disponga de la planificaciÃ³n de la actividad preventiva.
La auditorÃ­a deberÃ¡ ser repetida cada cuatro aÃ±os, excepto cuando se realicen actividades incluidas en el anexo I de este real decreto, en que el plazo serÃ¡ de dos aÃ±os. Estos plazos de revisiÃ³n se ampliarÃ¡n en dos aÃ±os en los supuestos en que la modalidad de organizaciÃ³n preventiva de la empresa haya sido acordada con la representaciÃ³n especializada de los trabajadores en la empresa. En todo caso, deberÃ¡ repetirse cuando asÃ­ lo requiera la autoridad laboral, previo informe de la InspecciÃ³n de Trabajo y Seguridad Social y, en su caso, de los Ã³rganos tÃ©cnicos en materia preventiva de las comunidades autÃ³nomas, a la vista de los datos de siniestralidad o de otras circunstancias que pongan de manifiesto la necesidad de revisar los resultados de la Ãºltima auditorÃ­a.Â»
Diecisiete. El artÃ­culo 33 queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«ArtÃ­culo 33. AutorizaciÃ³n.
1. Las personas o entidades especializadas que pretendan desarrollar la actividad de auditorÃ­a del sistema de prevenciÃ³n habrÃ¡n de contar con la autorizaciÃ³n de la autoridad laboral competente del lugar donde radiquen sus instalaciones principales, previa solicitud ante la misma, en la que se harÃ¡n constar las previsiones seÃ±aladas en los pÃ¡rrafos a), c), d), e) y g) del artÃ­culo 23.
2. La autoridad laboral, previos los informes que estime oportunos, dictarÃ¡ resoluciÃ³n autorizando o denegando la solicitud formulada en el plazo de tres meses, contados desde la entrada de la solicitud en el Registro del Ã³rgano administrativo competente. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaÃ­do resoluciÃ³n expresa, la solicitud podrÃ¡ entenderse desestimada.
3. SerÃ¡ de aplicaciÃ³n a la autorizaciÃ³n lo previsto para la acreditaciÃ³n en los artÃ­culos 24 y 25 asÃ­ como lo dispuesto en el artÃ­culo 26 en relaciÃ³n con el mantenimiento de las condiciones de autorizaciÃ³n y la extinciÃ³n, en su caso, de las autorizaciones otorgadas.Â»
Dieciocho. El apartado 2 del artÃ­culo 37 queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«2. Para desempeÃ±ar las funciones relacionadas en el apartado anterior serÃ¡ preciso contar con una titulaciÃ³n universitaria oficial y poseer una formaciÃ³n mÃ­nima acreditada por una universidad con el contenido especificado en el programa a que se refiere el anexo VI, cuyo desarrollo tendrÃ¡ una duraciÃ³n no inferior a seiscientas horas y una distribuciÃ³n horaria adecuada a cada proyecto formativo, respetando la establecida en el anexo citado.Â»
Diecinueve. La disposiciÃ³n final primera queda redactada en los siguientes tÃ©rminos:
Â«DisposiciÃ³n final primera. HabilitaciÃ³n reglamentaria.
1. Se autoriza al Ministro de Trabajo e InmigraciÃ³n, previo informe de la ComisiÃ³n Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicaciÃ³n de lo establecido en el presente real decreto.
2. El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo elaborarÃ¡ y mantendrÃ¡ actualizada una guÃ­a orientativa, de carÃ¡cter no vinculante, para la elaboraciÃ³n de un documento Ãºnico que contenga el plan de prevenciÃ³n de riesgos laborales, la evaluaciÃ³n de riesgos y la planificaciÃ³n de la actividad preventiva, segÃºn lo dispuesto en el artÃ­culo 5.3 de este Real Decreto.Â»
ArtÃ­culo segundo. ModificaciÃ³n del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontrataciÃ³n en el sector de la construcciÃ³n.
Uno. Se introduce un nuevo apartado 4 en el artÃ­culo 11, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«En las cooperativas de trabajo asociado se computarÃ¡n a estos efectos tanto a los trabajadores por cuenta ajena como a los socios trabajadores. Los socios trabajadores serÃ¡n computados de manera anÃ¡loga a los trabajadores por cuenta ajena, atendiendo a:
a) La duraciÃ³n de su vÃ­nculo social.
c) A que hayan superado la situaciÃ³n de prueba o no.Â»
Dos. Se introduce un nuevo apartado 3 en el artÃ­culo 15, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«3. En el libro de subcontrataciÃ³n se anotarÃ¡ la persona responsable de la coordinaciÃ³n de seguridad y salud en la fase de ejecuciÃ³n de la obra asÃ­ como cualquier cambio de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecuciÃ³n de la obra.Â»
ArtÃ­culo tercero. ModificaciÃ³n del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mÃ­nimas de seguridad y salud en las obras de construcciÃ³n.
Ãnico. Se da nueva redacciÃ³n al apartado 1 del artÃ­culo 19, en los siguientes tÃ©rminos:
Â«1. La comunicaciÃ³n de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente deberÃ¡ ser previa al comienzo de los trabajos y se presentarÃ¡ Ãºnicamente por los empresarios que tengan la consideraciÃ³n de contratistas de acuerdo con lo dispuesto en este real decreto.
La comunicaciÃ³n de apertura incluirÃ¡ el plan de seguridad y salud al que se refiere el artÃ­culo 7 del presente real decreto.Â»
DisposiciÃ³n adicional primera. Validez de certificaciones conforme al sistema de acreditaciÃ³n de la formaciÃ³n anterior a la entrada en vigor del real decreto.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 de la disposiciÃ³n derogatoria, los tÃ©cnicos cuya formaciÃ³n en materia de prevenciÃ³n de riesgos laborales hubiese sido acreditada sin efectos acadÃ©micos mediante certificaciÃ³n, expedida al amparo de la disposiciÃ³n transitoria tercera del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de PrevenciÃ³n, obtenida antes de la entrada en vigor de este real decreto, podrÃ¡n seguir desempeÃ±ando las funciones referidas en los artÃ­culos 36 y 37 del Real Decreto 39/1997.
Asimismo, aquÃ©llos cuya formaciÃ³n en la fecha de publicaciÃ³n de este real decreto estuviese en curso de ser acreditada sin efectos acadÃ©micos mediante la certificaciÃ³n a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior, una vez obtenida la misma, tendrÃ¡n plena capacidad para desempeÃ±ar las funciones referidas en los artÃ­culos 36 y 37 del Real Decreto 39/1997.
Igualmente, los tÃ©cnicos de prevenciÃ³n de riesgos laborales que, en su dÃ­a, obtuvieron la certificaciÃ³n de formaciÃ³n equivalente expedida por la autoridad laboral, al amparo de la disposiciÃ³n adicional quinta del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de PrevenciÃ³n y demÃ¡s disposiciones concordantes, seguirÃ¡n teniendo plena capacidad para desempeÃ±ar las funciones para las que se certificÃ³ su formaciÃ³n.
DisposiciÃ³n adicional segunda. Referencias al aviso previo en las obras de construcciÃ³n.
Las referencias que en el ordenamiento jurÃ­dico se realicen al aviso previo en las obras de construcciÃ³n deberÃ¡n entenderse realizadas a la comunicaciÃ³n de apertura.
DisposiciÃ³n transitoria primera. Especialidades y medios exigibles para la acreditaciÃ³n de las entidades especializadas que actÃºen como servicios de prevenciÃ³n.
Las entidades especializadas acreditadas para actuar como servicios de prevenciÃ³n antes de la entrada en vigor de este real decreto deberÃ¡n estar en condiciones de ser acreditadas en las cuatro disciplinas o especialidades preventivas y contar con las instalaciones y los recursos materiales y humanos a que se refiere el artÃ­culo 18 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de PrevenciÃ³n, en el plazo de un aÃ±o a partir de la entrada en vigor de este real decreto.
No obstante, la autoridad laboral, previo informe, en su caso, de la sanitaria, en cuanto a los aspectos de tal carÃ¡cter, podrÃ¡ acreditar y permitir que durante un plazo de dos aÃ±os actÃºen como servicios de prevenciÃ³n ajenos entidades especializadas que no cuenten con expertos en la especialidad de Medicina del Trabajo. Este plazo se contarÃ¡ a partir de la entrada en vigor del real decreto al que hace referencia la disposiciÃ³n final primera.
DisposiciÃ³n transitoria segunda. Servicios de prevenciÃ³n mancomunados.
Los servicios de prevenciÃ³n mancomunados ya constituidos a la entrada en vigor de esta norma, deberÃ¡n cumplir lo dispuesto en el artÃ­culo 21.3 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de PrevenciÃ³n, en el plazo de un aÃ±o a partir de la fecha de entrada en vigor de este real decreto.
DisposiciÃ³n transitoria tercera. Conciertos anteriores a la entrada en vigor del real decreto.
Los conciertos entre empresas y servicios de prevenciÃ³n ajenos vigentes a la entrada en vigor de este real decreto deberÃ¡n adaptarse a lo dispuesto en el artÃ­culo 20.1 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de PrevenciÃ³n antes del 1 de septiembre de 2010.
1. Queda derogada la disposiciÃ³n transitoria tercera del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de PrevenciÃ³n.
2. Queda derogado el artÃ­culo 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mÃ­nimas de seguridad y salud en las obras de construcciÃ³n.
DisposiciÃ³n final primera. Acuerdo de criterios bÃ¡sicos sobre la organizaciÃ³n de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevenciÃ³n.
Los Ministerios de Sanidad y PolÃ­tica Social y Trabajo e InmigraciÃ³n, en el plazo de cuatro meses a partir de la entrada en vigor de esta norma, aprobarÃ¡n conjuntamente un real decreto que contenga el marco jurÃ­dico del Acuerdo de criterios bÃ¡sicos sobre la organizaciÃ³n de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevenciÃ³n, una vez acordado por las autoridades sanitarias en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y oÃ­do por la ComisiÃ³n Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Se habilita al Ministro de Trabajo e InmigraciÃ³n para dictar las disposiciones que sean necesarias para la aplicaciÃ³n y desarrollo de este real decreto.

References: Real Decreto 
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