Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0025_ES.html
Timestamp: 2019-08-22 23:12:16+00:00

Document:
INFORME sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión en 2016
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sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión en 2016
– Vista la labor realizada por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el Consejo de Europa y la Comisión de Venecia,
12. Señala que, en su Resolución de 25 de octubre de 2016(3), pide a la Comisión que colabore con la sociedad civil para diseñar y poner en marcha una campaña de sensibilización a fin de que los ciudadanos y residentes de la Unión puedan hacer plenamente suyos los derechos derivados de los Tratados y de la Carta, (p. ej., la libertad de expresión, la libertad de reunión y el derecho de voto), proporcionando información sobre los derechos de los ciudadanos por lo que respecta a la presentación de recursos judiciales y otras acciones legales en relación con violaciones de la democracia, el Estado de Derecho o los derechos fundamentales por parte de Gobiernos nacionales o instituciones de la Unión;
43. Considera que la policía y las autoridades judiciales de los Estados miembros deben estar sistemáticamente sensibilizadas acerca de los delitos motivados por el odio, y que se debe aconsejar y animar a las víctimas de estos delitos a que comuniquen los hechos; pide una formación en toda la Unión para que las fuerzas y cuerpos de seguridad de la Unión puedan luchar con eficacia contra los delitos de odio y la incitación al odio; destaca que la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) debe facilitar esta formación y aprovechar las mejores prácticas a escala nacional y la labor de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA);
64. Lamenta que las personas transgénero sigan siendo consideradas enfermas mentales en la mayoría de los Estados miembros y pide a estos Estados que revisen sus clasificaciones nacionales de los trastornos mentales y que desarrollen modelos alternativos de acceso exentos de estigma, garantizando al mismo tiempo que todas las personas transexuales puedan acceder al tratamiento médico necesario; lamenta el hecho de que, en la actualidad, varios Estados miembros sigan imponiendo a las personas transgénero requisitos, como la intervención médica para que se reconozca su cambio de género (también en los pasaportes y documentos de identidad oficiales) y la esterilización forzosa como condición para la reasignación de género; señala que estos requisitos constituyen claramente violaciones de los derechos humanos; pide a la Comisión que oriente a los Estados miembros sobre los mejores modelos de legislación en materia de reconocimiento del género de Europa; pide a los Estados miembros que reconozcan el cambio de género y faciliten el acceso a procedimientos de reconocimiento legal de género rápidos, accesibles y transparentes, sin requisitos médicos como la cirugía, la esterilización o el consentimiento psiquiátrico;
65. Acoge con satisfacción la iniciativa demostrada por la Comisión al promover que la identidad transgénero deje de considerarse una patología en el marco de la revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la Organización Mundial de la Salud; pide a la Comisión que redoble los esfuerzos dirigidos a evitar que la inconformidad de género en la infancia se convierta en un nuevo diagnóstico de la CIE;
66. Pide a la Comisión que recopile datos sobre las violaciones de los derechos humanos a las que se enfrentan las personas intersexuales en todas las esferas de la vida, y que oriente a los Estados miembros sobre las mejores prácticas para proteger los derechos fundamentales de estas personas; lamenta que siga practicándose la cirugía de «normalización» genital en niños intersexuales en los Estados miembros de la Unión Europea pese a no ser necesaria desde el punto de vista médico y a que los procedimientos médicos en niños les causan un trauma psicológico a largo plazo;
67. Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente la Directiva sobre los derechos de las víctimas(4) y que identifiquen y colmen las lagunas existentes en sus sistemas de protección de los derechos de las víctimas, prestando especial atención a los grupos vulnerables, como los derechos de los niños, de los grupos minoritarios o de las víctimas de delitos motivados por el odio;
68. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que luchen, con carácter de urgencia, contra toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres y que persigan a sus autores: pide a los Estados miembros en particular que aborden efectivamente los efectos de la violencia doméstica y la explotación sexual en todas sus formas, también por lo que respecta a los menores refugiados o migrantes, y al matrimonio precoz o forzoso;
69. Pide a los Estados miembros que intercambien buenas prácticas y que proporcionen cursos de formación regulares al personal policial y judicial sobre nuevas formas de violencia contra las mujeres;
70. Se congratula de que todos los Estados miembros hayan firmado el Convenio de Estambul y de que la Unión Europea se haya adherido al mismo; pide a los Estados miembros que todavía no han ratificado el Convenio que procedan a hacerlo;
71. Insta a los Estados miembros a que redoblen sus esfuerzos para luchar contra el acoso sexual y las agresiones sexuales;
72. Recuerda que la pobreza en edades avanzadas es especialmente preocupante en el caso de las mujeres, debido a la continua brecha salarial de género que da lugar a una brecha de género en materia de pensiones;
73. Pide a los Estados miembros que elaboren políticas adecuadas para apoyar a las mujeres mayores y eliminar las causas estructurales de las diferencias de género en la remuneración;
74. Hace hincapié en la necesidad de poner fin a la discriminación de las personas con discapacidad, garantizándoles la igualdad de derechos sociales y políticos, incluido el derecho de voto, tal como establece la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad;
75. Constata que la salud sexual y reproductiva de las mujeres está relacionada con una multiplicidad de derechos humanos, incluidos el derecho a la vida, el derecho a no sufrir tortura, el derecho a la salud, a la intimidad y a la educación, y la prohibición de la discriminación; subraya, a este respecto, que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar de todos sus derechos fundamentales en pie de igualdad con los demás;
76. Pide a la Unión y a los Estados miembros que reconozcan el derecho fundamental al acceso universal a los cuidados sanitarios preventivos; insiste en que la Unión debe desempeñar un papel en la sensibilización y el fomento de las mejores prácticas en este ámbito, incluso en el contexto de la Estrategia Sanitaria de la Unión, respetando siempre las competencias de los Estados miembros, habida cuenta de que la salud es un derecho humano fundamental esencial para el ejercicio de otros derechos humanos; recuerda a este respecto que la coherencia entre las políticas interior y exterior de la Unión en materia de derechos humanos es muy importante;
77. Destaca que cualquier sistema de vigilancia masiva indiscriminada constituye una grave interferencia con los derechos fundamentales de los ciudadanos; destaca que toda propuesta legislativa en los Estados miembros relacionada con las capacidades de vigilancia de los servicios secretos debe respetar siempre la Carta y los principios de necesidad, proporcionalidad y legalidad:
78. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan los números de teléfono de la línea directa para casos de niños desaparecidos (116 000) y de las líneas de asistencia a menores (116 y 111) entre el público en general y entre las partes interesadas pertinentes de los sistemas nacionales de protección de la infancia en particular; pide a los Estados miembros que velen por que los ciudadanos tengan acceso a unos servicios adecuados y adaptados a los niños, accesibles en toda la Unión las 24 horas del día y todos los días de la semana; pide a los Estados miembros y a la Comisión que, en caso necesario, asignen suficientes fondos;
79. Pide, con carácter de urgencia, a las instituciones de la Unión y a los Estados miembros que unan sus esfuerzos para combatir las violaciones de los derechos del niño en línea; reitera a los Estados miembros que todavía no lo hayan hecho su solicitud de que transpongan y apliquen de un modo efectivo la Directiva relativa a la lucha contra los abusos sexuales, la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil(5); pide a los Estados miembros que refuercen la capacidad jurídica, los medios técnicos y los recursos financieros de las fuerzas y cuerpos de seguridad para incrementar la cooperación, por ejemplo con Europol, con el fin de abordar este fenómeno; destaca el papel de los profesionales que trabajan con niños a la hora de detectar indicios de violencia física y psicológica contra los niños, incluido el ciberacoso; pide a los Estados miembros que velen por que se sensibilice a estos profesionales y por que estos reciban una formación adecuada;
80. Toma nota de las tendencias positivas en algunos Estados miembros por lo que respecta a los derechos de las víctimas; observa, sin embargo, que todavía existen carencias evidentes en los servicios generales que prestan asistencia a las víctimas de delitos;
81. Acoge con satisfacción el Plan de Acción sobre Administración Electrónica de la UE 2016-2020, y el Plan de acción relativo a la justicia en red europea (2014-2018);
82. Anima a la Comisión a que nombre coordinadores de la Unión para la lucha contra la afrofobia y el antigitanismo que se responsabilicen de mejorar la coordinación y la coherencia entre las instituciones de la Unión, sus agencias, los Estados miembros y los actores internacionales, y que desarrollen las políticas actuales y futuras de la Unión en materia de lucha contra la afrofobia y el antigitanismo; destaca, en particular, que la función del coordinador de la Unión contra el antigitanismo ha de consistir en reforzar y complementar la labor de la Unidad de no discriminación y coordinación de la población romaní de la Comisión consolidando su equipo, dotándolo de los recursos adecuados y contratando a más personal a fin de disponer de los medios suficientes para luchar contra el antigitanismo, concienciar acerca del holocausto gitano y promover su conmemoración; recomienda la adopción de marcos europeos para las estrategias nacionales de lucha contra la afrofobia, el antisemitismo y la islamofobia;
83. Condena las medidas adoptadas por Gobiernos de los Estados miembros para debilitar y demonizar a la sociedad civil y a las ONG; insta a los Estados miembros a que apoyen a las organizaciones de la sociedad civil, ya que estas suelen realizar una labor importante para complementar los servicios sociales prestados por el Estado o para cubrir áreas de las que no se ocupa el Estado;
84. Propone la designación de un coordinador de la Unión para el espacio cívico y la democracia, encargado de coordinar la labor llevada a cabo por la Unión y los Estados miembros en este ámbito, que desempeñe un papel de supervisión y sirva de punto de contacto para las ONG en lo referente a los incidentes de acoso que limitan su trabajo;
85. Pide a la Comisión que establezca unas directrices para el compromiso de la sociedad civil y unos indicadores para el espacio cívico;
86. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA(2016)0409.
Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo (DO L 335 de 17.12.2011, p. 1).
El respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos constituye una ambición y un compromiso constantes de la construcción europea. La evolución de la Europa política se acompaña desde hace décadas de un fortalecimiento de las garantías legales y judiciales de que disponen los ciudadanos europeos para hacer valer sus derechos. Fuera de nuestras fronteras, los Estados europeos y la Unión se perciben como un baluarte de los derechos y las libertades individuales, lo que explica en gran medida el atractivo que nuestro continente ejerce sobre las personas que, al ser objeto de persecución o hallarse en situación de peligro en su país, buscan refugio y protección en nuestro territorio.
Europa es un continente rico en el que las personas cuentan con numerosas oportunidades para prosperar en la vida. Esta percepción —que nosotros ponemos a veces en tela de juicio— sigue estando plenamente vigente en los países vecinos, a saber, en Oriente Próximo y Oriente Medio, Turquía o África. Cientos de miles de personas han iniciado una andadura, a menudo sumamente peligrosa, para acercarse a nuestro continente y, en el mejor de los casos, llegar hasta él. A pesar de ser víctimas de toda clase de abusos y malos tratos, esas personas siguen y seguirán llegando a las puertas de Europa. Es fundamental que los inmigrantes que Europa acoge estén en condiciones de contribuir plenamente a la sociedad en la que han elegido vivir. Es asimismo fundamental que Europa haga saber con honestidad y rigor que no está en medida de acoger a todas y cada una de las personas que, sin derecho ni legitimidad alguna, tratan de establecerse en Europa. El respeto del Estado de Derecho exige también que se respeten las prohibiciones. Al igual que resulta esencial luchar contra la incitación al odio y la violencia contra «el otro», es importante también garantizar la efectividad y la eficacia de la legislación en materia de cruce de fronteras e inmigración.
Europa es y debe seguir siendo tierra de asilo. Las personas cuya vida o integridad física se ven amenazadas por circunstancias de las que están obligados a huir deben poder seguir contando con que Europa las acoja, asista y proteja. Lo ideal sería que se estableciera un sistema y una lógica europea de asilo y protección temporal para garantizar la uniformidad de las condiciones de admisión al estatuto de protección.
En Europa, el Estado de Derecho debería ser una obviedad. La previsibilidad de las decisiones políticas, la permanencia sustancial de las constituciones y las leyes, la falta de arbitrariedad del Estado, el rechazo del favoritismo político y de la corrupción deberían imponerse de manera universal e indiscutible. Sin embargo, constatamos cómo, a lo largo y ancho de la Unión, se multiplican las infracciones de los principios del Estado de Derecho, situación esta deplorable y alarmante; en efecto, treinta años después de la generalización de la gobernanza democrática en todo el continente europeo, están apareciendo nuevas tendencias de corte autoritario, y ello tanto en la retórica empleada por ciertos partidos de la oposición como en el gobierno que ejercen algunos partidos en el poder. La Unión Europea es una comunidad de Derecho y de valores consagrados en y por el Tratado constitutivo. No puede admitir en su seno derivas en materia de gobernanza que violen el espíritu y la letra del Tratado.
Los desafíos en materia de derechos fundamentales son numerosos —más numerosos que los que acabamos de señalar—. A pesar de ello, el ponente ha preferido centrarse en lo que considera prioridades absolutas en este momento. La extensión de este informe de iniciativa no solo viene limitada por el Reglamento interno, sino que el ponente considera también que, para enviar un mensaje político claro y fuerte, resulta útil centrarse en unas cuantas cuestiones importantes que suscitan inquietud.
A este informe le han precedido o le seguirán en breve otros que reflejan la atención que el Parlamento Europeo presta a los derechos y las libertades en todos los contextos. El ponente opina que no es conveniente que este informa recoja en detalle todas las cuestiones ya abordadas de forma específica en otros informes parlamentarios. Por ello ha optado por un enfoque más centrado y conciso.
Estado de Derecho y migración e integración, he ahí los ejes vertebradores de este proyecto de informe. Estas han sido, sin duda, las cuestiones que han marcado los años 2015 y 2016, cuestiones que siguen siendo plenamente vigentes y pertinentes. Además, están estrechamente vinculadas entre sí, tanto por lo que se refiere a la necesidad de abordar la problemática de las migraciones a partir del Estado de Derecho, como para reforzar la confianza de los ciudadanos en las instituciones nacionales y europeas y en su capacidad de actuación.
El ponente también ha querido incluir un seguimiento de los informes sobre los derechos fundamentales anteriores al suyo. De este modo, y cuando ello ha sido posible, se han integrado en una sección específica, los progresos realizados desde que se redactaron los últimos informes. En otra parte específica se recoge, para el conjunto de Estados miembros, las preocupaciones expresadas por los defensores de los derechos fundamentales. Nos damos cuenta así de que nadie, ningún Estado miembro ha alcanzado —todavía— la perfección en lo que a derechos fundamentales se refiere. Esto es tanto más importante cuanto que podría incitarnos a trabajar conjuntamente por la mejora de nuestras prácticas en materia de derechos fundamentales, en lugar de llevarnos a recluirnos en una lógica indiscriminada de críticas y rechazo a las críticas dependiendo de la sensibilidad de cada uno. El ponente sigue abogando encarecidamente por la eclosión de una gobernanza europea, deseada y aceptada por todos los Estados de la Unión y por sus instituciones, y plenamente respetuosa de los derechos fundamentales de cada persona.
El ponente quiere recordar la importante labor ya realizada por la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, así como por la Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales y la Comisión de Peticiones:
– Informe sobre los aspectos de la integración de los gitanos en la Unión relacionados con los derechos fundamentales: combatir el antigitanismo Ponente: Soraya Post
– Resolución del Parlamento Europeo, de 1 de junio de 2017, sobre la lucha contra el antisemitismo (2017/2692(RSP))
– Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de septiembre de 2016, sobre la aplicación de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación («Directiva relativa a la igualdad de trato en el empleo») (2015/2116(INI))
– Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2017, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, por la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (COM(2016)0109 – 2016/0062(NLE))
– Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2017, sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2014-2015 (2016/2249(INI))
– Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de junio de 2017, sobre la necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en materia de pensiones (2016/2061(INI))
– Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2017, sobre la aplicación de la Directiva 2004/113/CE del Consejo, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro (2016/2012(INI))
– Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de mayo de 2016, sobre la aplicación de la Directiva 2011/36/UE, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas desde la perspectiva de género (2015/2118(INI))
– Resolución del Parlamento Europeo, de 1 de junio de 2017, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la protección de los adultos vulnerables (2015/2085(INL))
– Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2016, sobre la lucha contra la corrupción y el seguimiento de la Resolución de la Comisión CRIM (2015/2110(INI))
– Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2017, sobre las implicaciones de los macrodatos en los derechos fundamentales: privacidad, protección de datos, no discriminación, seguridad y aplicación de la ley (2016/2225(INI))
La protección de los derechos fundamentales debe reforzar la libertad de debate en cada uno de los Estados miembros de la Unión y no convertirse en un instrumento ideológico de presión sobre la opinión pública de estos países. Sin embargo, esta es la naturaleza de la evaluación incluida en el Informe sobre la situación de los derechos fundamentales, que aborda directamente la política de emigración de algunos Estados miembros y gran parte de la opinión pública en Europa. Es lamentable que, en el contexto de esta cuestión, se rechazara la propuesta de añadir al proyecto un recurso para la promoción de los valores europeos, como la libertad de religión y de creencias en países no europeos comprometidos por conflictos internos.
Asimismo, hacemos hincapié en que el llamamiento en favor de la ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), que se incluye en el informe y que aún no ha sido ratificado por más de 1/3 de países de la Unión, viola gravemente el principio de subsidiariedad.

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