Source: https://tc.vlex.es/vid/ra-m-1995-143700
Timestamp: 2020-08-09 11:43:24+00:00

Document:
STC 99/2000, 10 de Abril de 2000 - Jurisprudencia - VLEX 143700
STC 99/2000, 10 de Abril de 2000
Número de Recurso: 4245/1996
RA 4245/96. Promovido por don Antonio A. M. frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que, estimando un recurso de apelación interpuesto por la Administración general del Estado, confirmó la sanción de multa impuesta por infracción tributaria cometida en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 1984. Supuesta vulneración del derecho a la legalidad de las sanciones administrativas, y vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: Sentencia de apelación que no revisa una sanción tributaria, en aplicación de una reforma legal de 1995, a pesar del mandato imperativo de su disposición transitoria. Voto particular.
Sentencia citada en: 903 sentencias, 14 artículos doctrinales, un tema práctico, una resolución administrativa
En el recurso de amparo núm. 4245/96, promovido por don Antonio A. M. , bajo la representación procesal de la Procuradora de los Tribunales doña Aurora Gómez Iglesias y asistido por el Letrado don Carmelo Pérez Moneo, contra la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 1995, recaída en el recurso contencioso-administrativo 2/7154/1991, por la que se desestima el recurso interpuesto contra la Sentencia de 25 de mayo de 1991 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, desestimatoria del recurso instado contra la Resolución de 28 de junio de 1990 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Aragón. Han comparecido el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito registrado de entrada en este Tribunal el día 22 de noviembre de 1996 (presentado el 20 de noviembre en el Juzgado de guardia de Madrid), la Procuradora de los Tribunales doña Aurora Gómez Iglesias, en nombre y representación de don Antonio A. M. , interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de la que se hace mención en el encabezamiento.
Tras las correspondientes actuaciones de comprobación e investigación, el 6 de junio de 1988 la Inspección de Tributos del Estado (Delegación de Hacienda de Teruel) levantó acta de disconformidad a don Antonio A. M. por el concepto Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, IRPF), ejercicio 1984, en la que, habiéndose apreciado la comisión de una infracción tributaria grave tipificada en el art. 79 a) de la Ley General Tributaria (LGT desde ahora), en su redacción dada por Ley 10/1985, de 26 de abril, se proponía una sanción de 2.723.212 ptas., resultado de aplicar a la sanción mínima establecida en el art. 87.1 LGT (el 50 por 100 de la cuota dejada de ingresar) los criterios de graduación especificados en el art. 82 LGT y en el Real Decreto 2631/1985, de 18 de diciembre, sobre procedimiento para sancionar las infracciones tributarias, concretamente, la "mala fe" del sujeto infractor [art. 82 a) LGT; arts.13.1 b) y 14 del Real Decreto 2631/1985] y la "cuantía del perjuicio económico ocasionado a la Hacienda Pública" [art. 82 g) LGT y 13.1 a) Real Decreto 2631/1985]. De este modo al recurrente se le impuso una sanción del 125 por 100 de la cuota dejada de ingresar en concepto de rendimientos del capital (50 puntos porcentuales de sanción mínima más 75 puntos por perjuicio económico) y del 225 por 100 de la cuota defraudada en concepto de rendimiento empresarial (50 puntos porcentuales por sanción mínima, 75 por perjuicio económico y 100 por mala fe, concretamente, por la existencia de anomalías en la contabilidad). Tras el preceptivo trámite de audiencia previa, la mencionada sanción fue confirmada mediante la oportuna liquidación tributaria girada por el Inspector-Jefe de la Delegación de Hacienda de Teruel el día 19 de septiembre de 1988.
En el entendimiento de que, al tratarse de deuda tributaria correspondiente al ejercicio 1984, resultaba de aplicación la norma vigente antes de la Ley 10/1985, contra la referida liquidación el recurrente en amparo instó reclamación económico-administrativa que fue desestimada por Resolución de 28 de junio de 1990 del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Aragón.
Interpuesto recurso contencioso-administrativo contra dicha Resolución, éste fue parcialmente estimado por la Sentencia de 25 de mayo de 1991 del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que en su fundamento de derecho tercero consideraba que la aplicación de los criterios de graduación regulados en la Ley 10/1985 y el Real Decreto 2631/1985 (perjuicio económico y mala fe), constituía una retroacción en perjuicio del infractor contraria al art. 9.3 CE.
Contra la citada Sentencia el Abogado del Estado promovió recurso de apelación (en esta alzada no compareció la representación procesal de don Antonio Aguilar), que fue estimado por Sentencia de 19 de diciembre de 1995 de la Sección Segunda de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. En esencia el Tribunal fundamenta el fallo en la inexistencia de retroactividad, dado que, aunque referida a la declaración del IRPF del ejercicio 1984, la infracción tributaria se cometió cuando concluyó el plazo voluntario de ingreso de la deuda tributaria (el 10 de junio de 1985), esto es, después de la entrada en vigor de la Ley 10/1985 (el 27 de abril de 1985).
La citada Sentencia fue notificada al recurrente en amparo el 25 de octubre de 1996, es decir, después de que hubiera entrado en vigor la Ley 25/1995, de 20 de julio, de modificación parcial de la Ley General Tributaria (el 23 de julio de 1995). Dicha norma modifica sustancialmente el régimen de infracciones y sanciones tributarias (particularmente los criterios de graduación y la cuantía de las sanciones), de manera que, según aduce el demandante de amparo, de conformidad con la nueva redacción de los arts. 87.1 y 82 LGT, la sanción que correspondería aplicar al demandante por la infracción tributaria cometida sería del 60 por 100 de la cuota dejada de ingresar en el IRPF, porcentaje resultante de añadir al 50 por 100 señalado como mínimo en el citado art. 87.1 LGT, 10 puntos porcentuales por declaración inexacta de los datos necesarios para la determinación de la deuda tributaria [art. 82.1 d) LGT modificado por Ley 25/1995]. Además, en su Disposición transitoria primera , la Ley 25/1995 dispuso lo siguiente: "Uno. La nueva normativa será de aplicación a las infracciones tributarias tipificadas en esta Ley cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, siempre que su aplicación resulte más favorable para el sujeto infractor y la sanción impuesta no haya adquirido firmeza. Dos. La revisión de las sanciones no firmes y la aplicación de la nueva normativa se realizará por los Órganos Administrativos o Jurisdiccionales que estén conociendo las correspondientes reclamaciones o recursos, previos los informes u otros actos de instrucción necesarios; en su caso se concederá audiencia al interesado". Según denuncia la demanda de amparo, sin embargo, la Sentencia recurrida no aplicó la Disposición transcrita, de manera que ni se aplicó al recurrente el nuevo régimen de infracciones y sanciones contenido en la Ley 25/1995 ni el Tribunal Supremo concedió audiencia al interesado.
El recurrente solicita el amparo con fundamento en que la inaplicación por la Sentencia del Tribunal Supremo impugnada de la citada Disposición transitoria primera de la Ley 25/1995, habría vulnerado el art. 25.1 (principio de legalidad en el ámbito punitivo), en relación con el art. 117.1, y del art. 24.1 (derecho a obtener la tutela judicial efectiva sin que, en ningún caso, se cause indefensión), todos ellos de la Constitución.
A tenor de la demanda, el principio de legalidad que recoge el art. 25 CE (predicable también en el ámbito de las infracciones y sanciones de naturaleza administrativa) implica, entre otras cosas, la necesidad de aplicar con carácter retroactivo las normas punitivas que resulten más favorables para el sujeto infractor, retroactividad in bonum que viene a recoger de forma expresa la referida Disposición transitoria primera en cuanto ordena a los órganos administrativos o jurisdiccionales que estén conociendo las correspondientes reclamaciones o recursos la revisión de las sanciones no firmes y la aplicación de la nueva normativa a las infracciones cometidas con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que la misma resulte más favorable para el sujeto infractor y la sanción impuesta no haya adquirido firmeza. Resultando la Ley 25/1995 claramente más favorable para el actor que la anterior Ley 10/1985 (la sanción a imponer con la primera de las citadas -se alega- sería del 60 por 100 de la cuota dejada de ingresar, frente al 125-225 por 100 que resultaría de la última), y no habiendo ganado firmeza la sanción impuesta, es obvio para el demandante que el Alto Tribunal debió aplicar la nueva Ley 25/1995; no habiendo procedido de esta manera -se concluye-, la sentencia impugnada en amparo infringió la citada Disposición transitoria primera y, por ende, el art. 25 CE.
Además, siempre a juicio de la demanda, la sentencia impugnada habría producido indefensión vulneradora del art. 24.1 CE dado que, no habiendo adquirido firmeza las sanciones impuestas en su día, no se concedió al actor, tal y como dispone la meritada Disposición transitoria primera, la posibilidad de alegar lo que a su derecho conviniere a la vista de la nueva normativa sobre infracciones y sanciones contenida en la Ley 25/1995.
Por todo lo expuesto, el recurrente solicita el otorgamiento del amparo y, en consecuencia, que se anule la Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 1995, así como que se ordene retrotraer los autos a un momento anterior a dicha decisión, para que la Sala Tercera del Tribunal Supremo conceda audiencia al recurrente y dicte Sentencia en la que se le aplique la normativa sobre infracciones tributarias más favorable que se contiene en la Ley 25/1995, de 20 de julio. Mediante otrosí, el recurrente, al amparo de lo dispuesto en el art. 56 LOTC solicitaba la suspensión de la Sentencia cuya nulidad se interesaba así como de los actos administrativos en la misma enjuiciados.
Por providencia de 23 de julio de 1997 la Sección Tercera de este Tribunal acordó admitir a trámite la demanda de amparo presentada por la Procuradora doña Aurora Gómez Iglesias en nombre y representación de don Antonio A. M. . Asimismo y en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, se acordó en dicho proveído requerir atentamente a la Sección Segunda de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón para que, en el plazo máximo de diez días, remitieran certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes, respectivamente, a los autos de apelación núm. 2/7154/91 y al recurso contencioso-administrativo núm. 1314/90; debiendo previamente emplazarse para que, en el plazo de diez días, pudieran comparecer, si lo deseasen, en el recurso de amparo, quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto el recurrente en amparo.
Mediante providencia de la misma fecha la Sección Tercera acordó formar la oportuna pieza para la tramitación del incidente sobre suspensión y, con arreglo a lo dispuesto en el art. 56 LOTC, conceder un plazo común de tres días a la parte recurrente, al Abogado del Estado y al Ministerio Fiscal para que alegaran lo que estimasen pertinente sobre dicha suspensión. Evacuado el trámite -mediante escritos del recurrente, el Abogado del Estado y el Fiscal, de 31 de julio, 29 de julio y 1 de septiembre, respectivamente-, la Sala acordó, por Auto de 10 de noviembre de 1997, denegar la suspensión solicitada.
Por providencias de 5 de febrero de 1998, la Sección Tercera de este Tribunal acordó dar vista de las actuaciones recibidas a la parte recurrente, al Abogado del Estado y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días para que, conforme determina el art. 52.1 LOTC, presentaran las alegaciones que estimaran pertinentes.
El recurrente formuló sus alegaciones mediante escrito registrado de entrada en este Tribunal el 5 de marzo de 1998. En dicho escrito aclara y completa las alegaciones sobre la supuesta vulneración de los arts. 24.1 y 25 CE con algunas consideraciones adicionales. Comienza a este respecto el escrito afirmando que el principio de legalidad en materia de sanciones administrativas contenido en el art. 25.1 CE "implica la irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables para el sujeto infractor y a su vez la retroactividad in bonum, esto es, de las normas sancionadoras más favorables". Este principio, sin embargo -se añade inmediatamente-, está recogido en el art. 9.3 CE, precepto que no resulta invocable a no ser que se hayan vulnerado algunos de los derechos susceptibles de amparo. Así habría sucedido en este caso, en el que, no aplicando la Disposición transitoria primera de la Ley 25/1995, la Sentencia del Tribunal Supremo impugnada en amparo habría desconocido los arts. 25.1 y 24.1 CE.
A juicio del demandante de amparo, la Sentencia del Tribunal Supremo impugnada en esta sede vulnera igualmente el art. 24.1 CE al haberle producido indefensión. Así es, el apartado dos de la Disposición transitoria primera de la Ley 25/1995 señala que "en su caso se concederá audiencia al interesado", de donde se deduce el deber de conceder audiencia en aquellos supuestos en los que no puede prescindirse de dicho trámite. Y es evidente -se afirma- que, "a la vista de lo dispuesto en el art. 84.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no puede prescindirse de dicho trámite sin causar indefensión". Así pues, entiende el demandante de amparo que, una vez entrada en vigor la Ley 25/1995, el Tribunal Supremo, con independencia de que aquél no hubiera comparecido en el recurso de apelación, debió concederle audiencia para que alegara lo que a su derecho conviniera respecto de la nueva regulación de las sanciones contenidas en dicha Ley, puesto que la mencionada Disposición transitoria primera ordena el trámite de audiencia al `interesado¿ (en el concepto del art. 31 de la citada Ley 30/1992), no siendo por tanto precisa a estos efectos la condición de parte comparecida en el proceso. No habiendo procedido de este modo, la Sentencia impugnada en amparo causó al recurrente indefensión vulneradora del art. 24.1 CE.
El Abogado del Estado formuló sus alegaciones mediante escrito presentado en el Registro de este Tribunal el 2 de marzo de 1998, en el que suplica se dicte Sentencia denegatoria del amparo pretendido. Tras precisar cuál es la decisión judicial impugnada y la cuestión planteada en el recurso, comienza afirmando que, aunque la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 1995 puede no respetar acaso lo dispuesto en la Disposición transitoria primera de la Ley 25/1995, no por ello viola ninguno de los derechos fundamentales invocados en la demanda de amparo. En primer lugar, a su juicio, no existiría infracción del derecho a la legalidad sancionadora del art. 25.1 CE porque, conforme a reiterada doctrina de este Tribunal, este precepto sólo garantiza el derecho a que no se apliquen retroactivamente normas sancionadoras desfavorables, no a que se apliquen retroactivamente las posteriores normas sancionadoras más beneficiosas. A tenor de la STC 8/1981, sólo si resultara afectada la libertad personal podría ser susceptible de amparo la inaplicación retroactiva de la norma posterior más favorable, libertad personal que, en virtud de la prohibición contenida en el art. 25.3 CE, nunca está en juego en materia de sanciones administrativas tributarias como la de carácter pecuniario que se ha impuesto al actor.
Tampoco ha existido para el Abogado del Estado vulneración del derecho a la defensa contenido en el art. 24.1 CE. En primer lugar, porque esta infracción está subordinada a la supuesta lesión del art. 25.1 CE por inaplicación retroactiva de la norma posterior más favorable, de manera que, no habiéndose producido esta última, tampoco ha podido tener lugar la primera. En segundo lugar, entiende la defensa del Estado que no tiene sentido quejarse de no haber sido oído previamente cuando, como sucede en este caso, no se ha llevado a cabo la actividad -revisión de la sanción- para la que se prevé la audiencia previa. En tercer lugar, la Disposición transitoria primera de la Ley 25/1995 sólo prescribe que "en su caso" -y no con carácter preceptivo- se conceda audiencia al interesado, de manera que si, por ejemplo, el órgano administrativo o judicial estima más beneficiosa sin duda alguna la nueva ley, puede aplicar ésta y revisar la sanción anterior sin necesidad de audiencia. En cuarto lugar, en fin, el Abogado del Estado pone de manifiesto la pasividad del demandante de amparo, que ni se personó en la apelación para advertir al Tribunal Supremo de que, conforme a la Disposición transitoria primera de la Ley 25/1995, procedía que se le diera audiencia y se revisara la sanción, ni intentó que el Tribunal procediera a dicha revisión mediante la vía de la aclaración de la sentencia (art. 267.1 LOPJ). A su juicio, cuando debe llevar a cabo la revisión un órgano jurisdiccional, el "interesado" al que alude la Disposición transitoria primera de la Ley 25/1995 no puede ser el sancionado que no se ha constituido en parte procesal.
El Ministerio Fiscal formuló sus alegaciones mediante escrito registrado de entrada en este Tribunal el 12 de marzo de 1998, en el que se interesa: a) se dicte sentencia otorgando el amparo; b) se reconozca al recurrente su derecho a la legalidad y a la tutela judicial efectiva; c) se restablezca al recurrente en su derecho y, en consecuencia, se declare la nulidad de la Sentencia de 19 de diciembre de 1995 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, debiendo retrotraerse las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de la sentencia para que, en virtud de la Disposición transitoria primera de la Ley 25/1995, dicha Sala proceda a la apertura del correspondiente incidente de revisión en el que, previa audiencia del interesado, resuelva con plena jurisdicción sobre la normativa aplicable al caso.
Por providencia de fecha 6 de abril de 2000, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 11 de abril siguiente.
La presente demanda de amparo se dirige contra la Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 19 de diciembre de 1995, que estimó el recurso de apelación promovido por el Abogado del Estado contra la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 25 de mayo de 1991, resolución esta última que, a su vez, estimó parcialmente el recurso instado por el demandante de amparo contra la resolución del Inspector Jefe de la Delegación de Hacienda de Teruel que aprobó la liquidación definitiva de una sanción por infracción tributaria grave, derivada del acta de inspección levantada al actor en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (desde ahora, IRPF) del ejercicio 1984. La Inspección de Tributos del Estado apreció la comisión de una infracción grave tipificada en el art. 79 a) de la Ley General Tributaria (en adelante, LGT), consistente en dejar de ingresar, dentro del plazo reglamentariamente señalado, parte de la deuda tributaria, y cuantificó la sanción de conformidad con los arts. 80.1, 82 y 87.1 LGT, preceptos todos ellos redactados conforme a la Ley 10/1985, de 26 de abril.
Fijados así los términos del debate, debe observarse que éste gravita sobre la aplicabilidad al caso de la Ley 25/1995, de cuya aplicabilidad, a su vez, es presupuesto el dato de que el proceso a quo verse sobre la revisión de la sanción impuesta al recurrente en amparo.
La revisión de las sanciones no firmes y la aplicación de la nueva normativa se realizará por los órganos administrativos o jurisdiccionales que estén conociendo las correspondientes reclamaciones o recursos, previos los informes u otros actos de instrucción necesarios; en su caso se concederá audiencia al interesado".
El Abogado del Estado ha negado que en el caso de autos nos hallásemos ante un proceso de revisión de la sanción, negativa que, de ser aceptable, bastaría por sí sola para el fracaso del recurso. Ocurre, no obstante, que tal tesis no podemos compartirla, pues, independientemente de que el demandante del proceso a quo, triunfante en su primera instancia, no compareciese ante el Tribunal Supremo en la apelación, el objeto del proceso en el que se dictó la Sentencia recurrida era la revisión de la sanción impuesta al demandante, pues no otra calificación puede atribuirse a un recurso en el que se pretende anularla. Ese objeto no desaparece por el hecho de que la sanción se anulase en la primera instancia, y por el de que la pretensión apelatoria se refiera directamente a la Sentencia, pues siendo éste su objeto inmediato, lo es mediatamente el acto administrativo, cuya conformidad a derecho se pide en la segunda instancia que sea declarado, en contra de lo que se dijo en la Sentencia apelada, para lo que lógicamente el órgano ad quem tiene que enjuiciar dicho acto, lo que no es sino una expresión real de su revisión. La demostración de que ello es así, la proporciona sin género de dudas, el mismo contenido del fallo de la Sentencia aquí recurrida, en el que, después de decidir en su número 1 la estimación del recurso de apelación y la revocación de la Sentencia apelada, se resuelve literalmente en el 2: "desestimar el recurso contencioso-administrativo promovido contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Aragón, de 28 de junio de 1990 y actos administrativos de que trae causa, que se declaran ajustados a Derecho".
El paso siguiente para decidir sobre la aplicabilidad al caso de la Disposición transitoria referida, y en virtud de su mandato de la nueva normativa de la Ley 25/1995 a "las infracciones tributarias tipificadas en esta Ley cometidas a la entrada en vigor de la misma", conduce al examen, pues tal es el presupuesto de su aplicación, de si ésta resulta "más favorable para el sujeto infractor" y de si la sanción recurrida era o no firme.
Que, tal y como exige la Disposición transitoria primera de la Ley 25/1995, transcrita en el antecedente 2 e) de esta resolución, la sanción impuesta al ahora recurrente en amparo no había adquirido firmeza cuando el órgano judicial decidía sobre el recurso contencioso-administrativo núm. 2/7154/1991, es un dato que está fuera de discusión: la Ley 25/1995 entró en vigor el día 23 de julio de 1995 y la Sentencia impugnada tiene fecha de 19 de diciembre de 1995. Y, sin necesidad de entrar en el examen preciso de la multa pecuniaria proporcional que exactamente procedería imponer al demandante de amparo conforme a la Ley 25/1995 -labor que no corresponde hacer a este Tribunal sino exclusivamente a la jurisdicción ordinaria, de acuerdo con el art. 117 CE-, también puede afirmarse sin desbordar los límites de nuestra jurisdicción que el régimen de infracciones y sanciones establecido en la Ley 25/1995 resulta en el supuesto enjuiciado en el proceso a quo más favorable que el de la Ley 10/1995, pues, manteniendo sanciones de la misma naturaleza, rebaja su cuantía. Este es un dato no discutido por el Abogado del Estado ni el Ministerio Fiscal, que se desprende nítidamente de la simple lectura de las normas citadas sin necesidad de interpretación adicional alguna.
Resuelto el presupuesto de legalidad es ya el momento de entrar a resolver acerca de las alegadas vulneraciones de derechos fundamentales, comenzando por la de la vulneración del art. 25.1 CE.
Pero el rechazo de esa concreta vulneración no cierra el paso a que los motivos alegados para fundarla podamos enjuiciarlos desde la perspectiva de otro derecho fundamental, en este caso el de tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), aunque el recurrente no cite explícitamente ese concreto precepto constitucional. Ese posible cambio de encuadramiento constitucional de las alegaciones de parte se corresponde con el criterio de flexibilidad en la tutela de los derechos fundamentales, seguido en nuestra jurisprudencia en múltiples ocasiones (SSTC 59/1987, de 19 de mayo, FJ 1; 161/1988, de 20 de septiembre, FJ 6; 262/1988, de 22 de diciembre, FJ 6).
Declarar que la resolución impugnada ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente.
Restablecerle en tal derecho, y, a tal fin, anular la Sentencia de la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 19 de diciembre de 1995, retrotrayendo las actuaciones judiciales al momento anterior a la misma, para que dicho órgano judicial resuelva el recurso de casación mediante una resolución que respete el derecho fundamental vulnerado.
Voto particular que formula don Rafael de Mendizábal Allende, Magistrado del Tribunal Constitucional, a la Sentencia recaída en el recurso de amparo 4245/1996.
En ese abordaje del tema he de anticipar que, en mi opinión, hubiera hecho bien el Tribunal apartándose de la doctrina constitucional hasta ahora prevalente en sus dos Salas, utilizando al efecto el cauce que señala el art. 13 de nuestra Ley Orgánica. Y ya en tal sendero conviene empezar por algunas reflexiones quizá obvias pero esclarecedoras. El principio de legalidad aludido por su nombre y con alguno de sus elementos (jerarquía normativa y publicidad de las normas) en el art. 9, párrafo tercero, de nuestra Constitución, es inherente al Estado de Derecho como una emanación de ese imperio de la ley que significa la primacía de ésta pero no su exclusividad y por tanto forma parte muy principal, pero parte al fin, del principio más amplio de la juridicidad acogido en aquellos preceptos, muy numerosos, donde se invocan la Ley y el Derecho (art. 106 CE) o el ordenamiento jurídico. Sin embargo, este principio de legalidad funciona con su más estricta acepción en el ámbito del ius puniendi del Estado y de la potestad sancionadora de las Administraciones públicas, identificadas materialmente por la jurisprudencia propia y la europea con un diseño que asume implícitamente nuestra Constitución (art. 25.1), cuyo texto roza el laconismo pero con un contenido que va más allá de sus palabras, como ha puesto de relieve nuestra doctrina desde un principio y a lo largo de los años. Es evidente, por una parte, que recoge el principio cardinal en este ámbito, el establecimiento de "una reserva absoluta de ley" (STC 15/1981), a la cual se traduce la palabra "legislación".
El fundamento profundo de tal conclusión hinca sus raíces en la misma entraña del Derecho Penal y de su doble función, que constituye el mínimo ético indispensable para la convivencia en sociedad por llevar aparejado el máximo reproche social tanto en su faceta retributiva como en la pedagógica, así como las más duras consecuencias a través de la pena, cuyo carácter infamante y su repercusión en el futuro, por obra de los antecedentes, la hacen especialmente gravosa y temible. Hoy en día esta ya vieja concepción se ha traducido en un principio, el de intervención mínima, uno de aquellos sobre los cuales "descansa el Derecho Penal moderno", en cuya virtud "el aparato punitivo reserva su actuación para aquellos comportamientos o conflictos cuya importancia o trascendencia no puede ser tratada adecuadamente más que con el recurso a la pena; tan grave decisión se funda a su vez en la importancia de los bienes jurídicos en juego y en la entidad objetiva y subjetiva de las conductas que los ofenden".
A lo dicho conviene, finalmente, añadir el criterio hermenéutico que suministra la propia Constitución para la lectura de sus normas sobre derechos fundamentales, que han de interpretarse a la luz de los Tratados y Acuerdos ratificados por España (art. 10.2 CE y STC 245/1991, entre otras). Pues bien, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por instrumento de 13 de abril de 1977 ("Boletín Oficial del Estado" de 30 de tales mes y año), proclama conjuntamente estas dos vertientes del principio de legalidad penal en el tiempo. Por un lado, consagra el derecho a no ser condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos, añadiendo a la vez que "si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve el delincuente se beneficiará de ello" (art. 15.1). Este mandato incorporado a nuestro Derecho interno conforme al art. 96.1 CE, pone de manifiesto que en el haz de garantías del principio de legalidad penal figura el derecho a la retroactividad de las normas penales más benignas y que en consecuencia, deben de ser interpretadas de tal guisa, retroactivamente in bonam partem, tanto las normas constitucionales como el resto de las normas de nuestro ordenamiento (SSTC 42/1982,de 5 de julio, y 76/1982, de 14 de diciembre). A este Tribunal le corresponde -como garante último de los derechos fundamentales protegidos mediante el recurso de amparo- evitar que así suceda, teniendo en cuenta que, es la propia jurisdicción nacional quien está llamada en primer término a reparar en el orden interno cualquier vulneración de los derechos protegido en el Pacto, como advierte el Protocolo Facultativo del mismo, suscrito y ratificado en 1985 [art. 5.3 b)].
En el caso que nos ocupa una infracción tributaria cometida en el año 1984, período impositivo del impuesto sobre la renta de las personas físicas cuyo devengo se produce el 31 de diciembre, fue calificada como muy grave a tenor del tipo correspondiente configurado en la Ley 10/1985 con las circunstancias modificativas (criterios de graduación) prefigurados en aquélla y desarrolladas por el Real Decreto 2631/1985, imponiéndose las correspondientes multas. En suma, se utilizó una norma sancionadora posterior al hecho o acto ilícito y más dura con eficacia retroactiva, sin que a este efecto tuviera trascendencia alguna la fecha en que se formalizara la declaración tributaria y la llamada autoliquidación. A su vez la Sentencia del Tribunal Supremo que lleva fecha 19 de diciembre de 1995, promulgada ya y vigente la Ley 25/1995, de 20 de julio, donde se reformó profundamente el régimen de la potestad sancionadora de la Hacienda Pública instaurado en 1985, con un talante más benigno sobre todo para aquellos criterios y las sanciones, rechaza la aplicación retroactiva, incluso de oficio, que hubiera conllevado una reducción de éstas. En virtud de la Disposición transitoria primera de aquélla, "la nueva normativa será de aplicación a las infracciones tributarias tipificada en esta Ley, cometidas con anterioridad a la entrada en vigor de la misma, siempre que su aplicación resulte más favorable al sujeto infractor y la sanción no haya adquirido firmeza", a cuyo efecto se instrumenta la audiencia del interesado. No haciéndolo así, la Sentencia impugnada desconoció paladinamente el claro y tajante mandato legal, y vulneró a la vez su derecho fundamental a la legalidad penal contenido en el art. 25.1 CE, por negar el efecto beneficioso -la mitigación de las sanciones- que conllevaba la nueva configuración de la conducta incriminada con posterioridad a su comisión.
SAP Barcelona 382/2015, 9 de Diciembre de 2015
STSJ Cataluña , 28 de Junio de 2002
STSJ Comunidad Valenciana , 25 de Noviembre de 2002

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 Real Decreto 
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