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Timestamp: 2020-07-14 23:23:45+00:00

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TORMENTA EN LA ARMADA URUGUAYA
TORMENTA EN LA ARMADA URUGUAYA: POR CORRUPCIÓN, VARIOS OFICIALES VAN A LA CARCEL
Titulares y páginas de diarios, semanarios, portadas de noticieros y programas televisivos e informativos radiales del medio uruguayo dedicaron extensos espacios para referirse en el mes de agosto, a uno de los casos de corrupción más graves, dentro del Estado Uruguayo, y en particular de la Armada Nacional, que fueron investigados por la jueza Graciela Gatti, una de las titulares del juzgado especializado en Crimen Organizado; una investigación que se habría iniciado un par de meses antes, en forma conjunta con la fiscal Mónica Ferrero; una investigación que cobró forma y tomó estado público en la primera semana de agosto; una investigación vinculada a compras ficticias de material naval –por valor de 600 mil dólares- y que habrían sido realizadas a partir del año 2008, más otras estafas con vales de compra y tarjetas telefónicas; una investigación que incluirá además –y por si fuera poco- una indagatoria para saber si hubo o no mala administración de fondos provenientes de la ONU, por misiones de paz.
Al cabo de un agitado mes, al concluir la jornada del viernes 20 de agosto, la justicia que entendió en el caso, por las compras fantasmas, dispuso la cárcel de un ex Comandante de la Armada –Juan Fernández Maggio- y de dos oficiales en actividad: Gerardo Feble ( ex director de logística) y Pablo Da Costa; disponiéndose además la prisión domiciliaria ( por colaborar con la Justicia) del oficial Danilo Damonte, al tiempo que la Fiscalía de la sede actuante retiró la solicitud de enjuiciamiento del oficial Alberto Márquez, ya que una pericia caligráfica demostró que una firma suya en documentación vinculada a la maniobra había sido falsificada, mientras él se encontraba de licencia.
Un fallo histórico, que –a la hora de redactarse estas líneas- no ha concluido porque la jueza Gatti continuará con la indagatoria, con el cometido de determinar si los oficiales procesados –junto a otros seis que seguirán siendo investigados- se habrían enriquecido ilícitamente, restando además la ubicación, captura , indagatoria e investigación del proceder de particulares, relacionados estrechamente con las maniobras ilícitas, en su rol de habituales proveedores de la fuerza de mar, estando seriamente comprometido el empresario Gustavo Trocki, ahora requerido internacionalmente por la Justicia, por encontrarse fuera del país, presumiblemente en Israel, junto a sus hermanos.
Hay que agregar a todo este listado de novedades y de procesamientos de oficiales de la Armada Uruguaya, que ya anteriormente a ésta resolución, es decir , a poco de iniciarse las investigaciones – en la jornada del 6 de agosto- ya habían sido procesados, un sub comisario de la Dirección de Inteligencia, del Ministerio del Interior, por alertar sobre las indagatorias y otros dos oficiales: el capitán de navío Alvaro Bacqué, por una maniobra con vales de combustible por un total de 7 millones de pesos uruguayos, y del capitán de la reserva naval Ernesto Menafra, quien vendía tarjetas telefónicas en su beneficio; el primero marchó a prisión y el segundo fue procesado sin prisión. Este último resultó ser sobrino del Comandante de la Armada Oscar Debali, quien optó por renunciar a su cargo, a sabiendas del procesamiento de su familiar, siendo sustituido por el Contralmirante Hugo Viglietti.
Este cúmulo de audiencias judiciales, a la fecha, dejó un saldo total de seis oficiales de la marina uruguaya procesados por la Justicia especializada en Crimen Organizado. Una medida extrema, para delitos extremos, porque al decir del Comandante interino de la Armada, contralmirante Hugo Viglietti –que ya dispuso relevamientos y medidas especiales- en un reciente acto de la fuerza en la zona de Santiago Vázquez : “hoy estamos viviendo con el corazón desgarrado una realidad en la que un grupo de integrantes de nuestra institución ha mancillado con conductas desviadas nuestro uniforme .Esta crisis en la que hoy estamos inmersos, nos otorga la oportunidad de mejorar, aferrándonos más que nunca a los genuinos valores de la Armada, una institución unida a los orígenes mismos de nuestra nación, que capeará esta tormenta y aquí seguirá”
En términos marinos, por decirlo así, cuando un buque está en medio de vientos huracanados en extremo, se dice que se esta navegando con fuerza 12: la fuerza de la naturaleza en su máxima manifestación, generando riesgo de naufragio y de desastre. Y es precisamente esta escala y este su máximo, que perfectamente puede aplicarse al referirnos al difícil trance por el que atraviesa la Armada uruguaya cuyas estructuras se sacudieron, y cada uno de los temblores, en su interna, no fueron precisamente por movimientos sísmicos en las aguas jurisdiccionales, sino por comportamientos humanos de marinos que traicionaron sus uniformes y a sus pares, desviándose en sus cometidos, con metodologías mafiosas, a merced, claro está, de los ya consabidos personalismos e intereses económicos, que por cierto predominaron por sobre la ética y la honorabilidad. Intereses que se tornaron nefastos y mezquinos, por formar parte de pautas ilícitas y por fuera de la ley.
El huracán se desató sobre una institución militar del Estado uruguayo compuesta por 5.300 uruguayos y uruguayos; todos ellos, tripulantes de un buque llamado Armada Nacional, trabajando con sacrificios y riesgo, con sueldos insuficientes. Pero esta visto que no todos formaron parte del aquelarre. No todos esos hombres y mujeres, de diferentes rangos –profesionalmente hablando- se desviaron, sumergiéndose en las profundidades del delito, de la maniobra fraudulenta, en resumidas cuentas del crimen organizado.
Por ese motivo, cuando intervino la justicia, lo hizo la sede especializada en Crimen Organizado, en la persona de la magistrada Graciela Gatti y la fiscal Mónica Ferrero. Instaladas ambas en la planta alta del añejo edificio de la calle Buenos Aires, en la Ciudad Vieja de Montevideo, iniciaron las etapas indagatorias y los resultados fueron demoledores. Se desataron los vientos de la señora Justicia y todo aquello que no tenía olor a lícito fue sacado a la luz pública, sin importar consecuencias, a diferentes niveles.
Y fue así que la prensa local –la ciudadanía- fue tomando conocimiento, por las vías formales e informales, que algunos integrantes de la oficialidad de la Armada Nacional habían transgredido normas en el manejo de dineros o en la administración de bienes estatales, concretándose compras ficticias que habrían permitido desviar importantes sumas de dinero en dólares, a destinos, por cierto no estatales.
Llegadas las denuncias o las características de estas maniobras a la mesa de trabajo de la jueza Gatti y de la fiscal Ferrero, ambas –como tantas otras veces- se pusieron manos a la obra y minuto a minuto, fueron armando un rompecabezas verdaderamente sorprendente y vergonzoso, en particular para la fuerza de mar, cuyo Comandante en Jefe, hasta ese momento era el Contralmirante Oscar Debali. Ni hablar de los sentimientos de estupor y asombro, y de desazón, que reinaron en el seno del Poder Ejecutivo, y en particular en el Ministerio de Defensa, cuyo titular Luis Rosadilla, no solo siguió de cerca todos las instancias judiciales, atento a sus resoluciones, sino que además fue directo y transparente a la hora de asumirlos, apoyando ampliamente a la justicia encargada de las investigaciones, en el marco de una postura firme y enérgica para aclarar y sancionar a quienes desde filas judiciales se identificara como involucrados, señalando públicamente que “siempre puede haber fallas y desvíos, pero la voluntad es una sola, ir a fondo en esto”
EL PRIMER SACUDON
En una primera etapa, la jueza Gatti, en su resolución, en la que hace constar que surgieron elementos de convicción suficientes para dictarse procesamientos, dijo específicamente que “se recibió, con fecha 2 de agosto de 2010, la denuncia, que fue remitida en forma anónima a ésta Sede, en la que se noticiaba de un eventual delito que habría sido cometido por un Oficial de la Armada, el que vendería en un comercio de plaza tarjetas telefónicas prepagas, correspondientes a la Armada Nacional. Ante ello la Sede dispuso establecer si la información aportada podía tener visos de credibilidad, corroborándose que los comercios denunciados efectivamente existían y correspondían a Infoventas SRL. Por decreto de fecha 6 de agosto se dispuso practicar allanamientos en los tres domicilios ubicados de la empresa Infoventas SRL…y así se cumplió y en el local sito en la calle 25 de Mayo 453 , en el subsuelo, se incautaron 251 tarjetas de prepago Ancel, por valor de 100 pesos cada una..”
El texto siguiente de la resolución firmada por la jueza Gatti alude a que los propietarios de la empresa Infoventas SRL, de la calle 25 de Mayo, adquirían las tarjetas para comercializarlas, ajenos por completo a la maniobra del Oficial indagado –con el grado de Teniente de Navío- quien aceptó las acusaciones puntualizando –según consta en la resolución- que era él –como Jefe del Departamento de Telefonía , en el Estado Mayor de Comunicaciones de la Armada Nacional- quien era el encargado de comprar a ANTEL las tarjetas que se necesitaran para el servicio, para lo cual contaba con un presupuesto anual de quince millones de pesos, para pagos a ANTEL, ANCEL y ANTELDATA
“Según surge de lo declarado por éste –prosigue la resolución- en un comienzo habría utilizado parte del dinero en mejoras de su oficina, si bien reconoció que luego, el dinero obtenido ilícitamente fue invertido en su provecho”
Finalmente , la resolución de la jueza Gatti, concluye así: “Que el Ministerio Público solicitó el enjuiciamiento y prisión del ( indagado) imputado de reiterados delitos de peculado….En la medida que existen elementos de convicción suficientes que acreditan –sin perjuicio de las ulterioridades del proceso- que tratándose de un funcionario público, en reiteradas veces se apoderó de tarjetas de prepago de ANCEL pertenecientes a la Armada Nacional, de las que estaba en posesión en función de su cargo , vendiéndolas a un tercero en beneficio propio..Que pudiendo presumirse que no habrá de recaer pena de penitenciaría, y atendiendo a que el imputado declara carecer de antecedentes y desde que no se avizora que su libertad pueda obstaculizar el proceso, habrá de disponerse su procesamiento sin prisión y en sustitución de la misma, se le impondrá el cumplimiento de las medidas que se indicarán…Resuelvo: Decrétase el procesamiento sin prisión y bajo caución juratoria de ( el indagado) bajo la imputación de reiterados delitos de peculado; Dispónese como medidas sustitutivas de la prisión, la obligación de cumplir tareas de interés social por el término de seis meses bajo el contralor y directivas del Patronato Nacional de Encausados y Liberados”
El Oficial procesado –Teniente de Navío Ernesto Menafra- resultó ser el sobrino de quien era el Comandante en Jefe de la Armada Nacional, Oscar Debali y fue por ello que el máximo jerarca naval decidió renunciar. Esta situación , y en medio de un verdadero escándalo dentro de filas navales, llevó al titular del Poder Ejecutivo, José Mujica, a designar al encargado de despacho de la Armada Nacional, Contralmirante Hugo Viglietti, como Comandante interino de la fuerza de mar.
A esa altura de los acontecimientos, en la misma jornada en que se procesaba sin prisión al Teniente Menafra, la jueza Gatti también procesaba, pero con prisión, al Capitán de Navío Alvaro Bacqué que se desempeñaba en la Dirección Financiero Contable del Ministerio de Defensa. En un tramo inicial de su extensa resolución la jueza Letrada puntualizó: ” aprovechando el cargo que ostenta y las atribuciones conferidas al mismo, emitió tres órdenes de compra de combustible a favor de la Armada Nacional, las que no fueron solicitadas por ésta, por la suma de 3.998.400 pesos equivalentes a 7.437.500 pesos en vales de combustible. Dichos vales además, no fueron ingresados a la Armada….Que de acuerdo a los hechos historiados, los que se consideran semiplenamente probados, compartiéndose el criterio fiscal, corresponde enjuiciar al (indagado) bajo la imputación de tres delitos de fraude en reiteración real, por adecuarse su accionar, prima facie a las previsiones de los artículos 54 y 160 del Código Penal. En efecto, los elementos de convicción recabados a la fecha, permiten concluir, con la provisoriedad propia de este tipo de pronunciamientos y sin perjuicio de las resultancias definitivas del proceso, que : en tres oportunidades, esto es, al afectar cada uno de los créditos, el indagado, vino con engaño, en actos de su función, dañando a la administración…Que atendiendo a la gravedad de los hechos imputados, y a que no puede preverse que la pena a recaer no vaya a ser de penitenciaria, corresponde disponer el procesamiento del indagado con prisión…Decrétase el procesamiento y prisión del (indagado) bajo la imputación de tres delitos de fraude en reiteración real”
A estos dos procesamientos se sumaron otros más: el de un cabo y el de un sub comisario de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, este último acusado de brindar información confidencial al militar a quien lo ligaba un lazo familiar.
Estrepitosamente se esparció la mala nueva de los procesamientos de los dos oficiales, en la comunidad uruguaya, y en la familia naval. Y la prensa local y extranjera se hizo eco de todo el gran escándalo. Casi simultáneamente, otras tempestades se irían formando en las aguas en las que el gran buque de la Armada Nacional le había tocado navegar, por la desventura de un grupo de infieles a la institución. En efecto, cumplidas ya las mencionadas audiencias judiciales, en los despachos de la jueza Gatti y de la fiscal Ferrero, la tarea de investigación de otras denuncias sobre actos de corrupción en la Armada, por parte de algunos de sus integrantes, no cesó. Todo lo contrario: a mediados del mes de agosto, trascendió a los medios de prensa que fiscal Ferrero se venía aprestando a solicitar más procesamientos, de otros oficiales, siempre por el caso de compras ficticias, destacándose la maniobra para adquirir una grúa hidráulica y un banco de prueba para motores, que jamás fueron ubicados por la justicia en recinto de la marina uruguaya. Y por si fuera poco, a la jueza Gatti, no le supieron explicar qué pasó con los 600 mil dólares, que se supone costaron estos insumos de trabajo.
Oportunamente los medios de comunicación divulgaron trascendidos varios, como que para la maniobra se habrían utilizado civiles que cobraron cheques al portador, entregados luego a oficiales sometidos a indagación. De esa forma, comenzaron a desempolvarse de las alacenas de una fuerza, los trapitos al sol. Trapitos con textura de maniobras ilícitas, que, como mencionara en el programa “Código país” en Teledoce, un ex jerarca –el capitán de navío Alex Lebel- “existe desde hace varios años en la Armada”. Agregándose en el semanario Brecha :”un oscuro cúmulo de irregularidades que van de lo grande a lo menor, en montos metálicos y en implicancias personales, se descubren al conocimiento público. Desde venta de vales de nafta y tarjetas telefónicas, hasta el destino no satisfactoriamente documentado –según la Auditoría Interna de la Nación- de más de 2.6 millones de dólares provenientes de las Naciones Unidas por la participación en las misiones de paz”
Ya enterada la sociedad uruguaya de todos estos desatinos, la prensa apuntó sus micrófonos y cámaras al presidente de la República, José Mujica –cuando aún la jueza Gatti y la fiscal Ferrero no habían indagado a otros oficiales ni mucho menos resuelto su procesamiento- quien dijo “..la Armada no está toda enferma y no se debe meter todo en la misma bolsa”. Al mismo tiempo respaldó al Ministro de Defensa Luis Rosadilla pidiendo a los partidos políticos de la oposición no subestimar su accionar ya que “está en su puesto por capacidad”. Sobre la renuncia del Comandante Debali , dijo:” se comió un garrón”.
Por su parte, el Ministro Rosadilla dijo que elevaría dos de los casos denunciados, también a la Justicia Militar, pues podrían también configurarse delitos militares, convocándose además Tribunales de Honor, para juzgar la honorabilidad de los dos marinos procesados hasta ese momento.
Siempre por aquellos días, pero en la interna de la Armada Nacional, su Comandante interino, el Contralmirante Hugo Viglietti, además de mostrarse severo con “los marinos que mancillaron el uniforme” dijo categóricamente “..la justicia actuará , está actuando, y de confirmarse que otros integrantes ( de la Armada ) usaron en su provecho dineros que tanto necesitaban nuestras viejas unidades, sin duda pagarán por ello. Sabremos asumir las responsabilidades que como militares nos correspondan” ordenando que se transmita a toda la fuerza que habrá castigos profesionales para quienes se involucren en ilícitos, que calificó como “injustificables”.
En un aparte de la corruptela sacada a luz por la Justicia, Hugo Viglietti recordó como un hombre “honorable” al comandante Debali , que renunciara al saber que su sobrino había sido procesado por la Justicia, y se mostró, ante los periodistas que lo consultaron, esperanzado en la puesta en marcha de una unidad de contralor que permita mejorar los controles con inspecciones y auditorías para dar continuidad al proceso de compras “desde el inicio del trámite burocrático hasta la llegada del material físico”. Viglietti, comentó a la prensa que aspira a que la Armada aprenda “de estas experiencias tan tristes”.
TORMENTA DE AGOSTO Y AMENAZAS DE MUERTE
Si para todos los uruguayos; si para todos los marinos, que se sienten orgullosos de llevar el uniforme de la fuerza de mar; si para todos los funcionarios públicos honestos, sean subalternos u oficialidad, las resoluciones judiciales y las indagatorias realizadas en los primeros días de agosto, fueron literalmente una tormenta, que costó superar, lo que sobrevino después, en la penúltima semana del mes, vendría a ser uno de sus coletazos más severos y más intensos.
Es que en las instalaciones de la sede judicial de la calle Buenos Aires, jueza y fiscal actuantes, fueron delineando los senderos a recorrer en la semana comprendida entre los días 17 y 20 de agosto.
Al inicio de esa semana, en los medios de comunicación, primero trascendió que como resultado de un serie de investigaciones realizadas oportunamente, la fiscalía solicitaría a la justicia el procesamiento de quien fuera comandante en Jefe de la Armada, desde el 2006 hasta el 2010, nos estamos refiriendo al Almirante Juan Fernández Maggio, siendo su sucesor Oscar Debali, quien presentara la renuncia en medio de las agitadas aguas del mes en curso. Se supo también que además de Maggio, otros cuatro oficiales podrían ser igualmente procesados por hechos de corrupción.
Entonces, fue así que en la tarde del lunes 16 de agosto todos esos oficiales fueron citados al juzgado de la calle Buenos Aires –obviamente acompañados por sus respectivos abogados defensores- dándose inicio a una de las últimas etapas de las audiencias, antes de dictarse resolución. Está demás decir que todo el trabajo en la sede judicial fue seguido atentamente por periodistas apostados en la vía pública.
Se avecinaban los estrepitoso acontecimientos, en medio de una serie de actuaciones, que incluyeron pedidos de procesamiento, solicitando la fiscal citar al proveedor de la Armada Nacional, un empresario identificado como Daniel Trocki. Cabe consignar que de la documentación falsificada surge que las dos compras se pagarían por transferencia y que en el caso de la grúa, el dinero se transferiría a la cuenta del Banco Hapoalim, de Estados Unidos, precisamente a nombre de Trocki. De ahí que su comparecencia en la sede judicial permitiría conocer aspectos de esa situación. Hay que agregar que los hermanos Trocki –según lo informó el diario El Observador- aparecen mencionados también en la investigación que ya está en poder de la Justicia, por la compra de 16 lanchas para Haití, que se pagaron a precio excesivo. Otro nuevo eslabón de las abundantes irregularidades detectadas, que seguramente serán investigadas a finales del mes y a comienzos de setiembre. Y por si fuera poco, trascendió también que la fiscal Ferrero habría dispuesto con conformación de un nuevo expediente para profundizar las investigaciones sobre presuntas maniobras de lavado de activos, en el entendido de que la corrupción es la etapa precedente de tales maniobras; de ahí que la magistrada tendría intenciones de investigar el patrimonio de los oficiales implicados, disponiendo asimismo levantar el secreto bancario de las cuentas de los militares y de sus respectivas esposas.
La fiscal Mónica Ferrero, fue categórica respecto a los procesamientos solicitados a la jueza Gatti: los oficiales que podrían ser procesados, tal como se conoció ese día lunes, al cabo de las audiencias, serían: el ex jefe de la Armada, Juan Fernández Maggio; el ex jefe de Planeamiento y Presupuesto, Danilo Damonte; el ex jefe de la División Logística, Gerardo Feble, que estuvo encargado de las compras durante 14 años; el ex jefe de aprovisionamiento y de otro capitán de navío que cobró los cheques. Para todos ellos, la fiscal pidió seles impute delitos de fraude, por las compras ficticias de la grúa hidráulica y del banco de prueba para motores, por la friolera de 600 mil dólares.
A la salida de la sede judicial, los abogados defensores de los indagados, se regodearon en términos favorables para sus patrocinados y hasta el mismo ex comandante Fernández Maggio dijo que él no estaba al tanto de las maniobras, contradiciéndose con lo declarado por los restantes oficiales implicados, que coincidieron en señalar que él estaba al tanto de las compras ficticias y que las mismas se realizaron con su consentimiento.
Huelga decir, sobre las investigaciones en torno a las compras ficticias, que éstas se iniciaron en el mes de mayo, tras una denuncia anónima recibida en la propia fiscalía. Hay que señalar que la indagatoria se centró en la simulación de las dos compras (de la grúa hidráulica y del banco de pruebas) en el año 2008. Lo grave de la situación es que estos implementos figuraban como comprados pero nunca ingresaron a la fuerza de mar.
La jornada de audiencia en la sede de la Ciudad Vieja fue intensa y al cabo de ella, los oficiales indagados y sus respectivos abogados –estando entre ellos los doctores Miguel Langón , Amadeo Otatti y Mario Spangenberg-se retiraron del lugar anunciando que recién el próximo jueves continuarían las audiencias, directamente con la jueza Gatti, oportunidad en que seguramente tendría previsto notificar a cada uno, y personalmente, la solicitud de la fiscal, para que finalmente los abogados defensores puedan tener la posibilidad de pedir nuevas pruebas.
La cuestión es que, en medio de esas idas y venidas, y de marco inevitable de un escándalo que tocó la sensibilidad de ciudadanos, uniformados y de políticos, y de los representantes del Estado uruguayo, otra novedad quebró la expectativa por las actuaciones judiciales en torno a los casos de corrupción. Una novedad relacionada directamente con la fiscalía actuante en las causas de corrupción: resulta que la doctora Mónica Ferrero, fiscal del juzgado especializado en Crimen Organizado recibió, por vía indirecta, la información de que estaba amenazada de muerte. En efecto, una persona allegada a la profesional le anoticio que tenía conocimiento –de muy buena fuente- que su vida corría peligro. Casi de inmediato la fiscal accionó los mecanismos previstos para su seguridad personal y en concreto, desde la cúpula del Ministerio del Interior, se le asignó custodia policial las 24 horas del día, haciéndose cargo de la situación funcionarios del Departamento de Operaciones Especiales (DOE). Y si bien esto se confirmó extraoficialmente, a nivel del Ministro del Interior, a través de su titular, se prefirió dejarlo en la nebulosa, aunque se señaló -en medio del hermetismo reinante-que algunos jueces estaban bajo custodia policial.
Todo hace suponer, a juzgar por las amenazas, que la labor de la justicia y de la fiscalía, al parecer venía (y viene) haciendo sombra a ciertos intereses y a ciertas personas. Poco se sabe de las investigaciones de las autoridades respecto a la eventual relación de esas amenazas con los oficiales procesados o con allegados directos o de quienes aún no pasaron por las oficinas de la sede judicial de la calle Buenos Aires, por su vinculación a las maniobras. Y quizás sea muy prematuro suponer que todo esa presión mafiosa provenga de ese lado, pero de todas maneras ya la opinión pública uruguaya y sus autoridades, es muy probable que se deban estar preguntando: si además de asumir ,que seis oficiales –según lo constatado por la Justicia, en el inicio del proceso que ahora sigue su curso- fueron responsables de ilícitos injustificables y repudiables en todo el sentido de la palabra, y de comprobarse esos relacionamientos -amenazas y corrupción en la Armada Nacional- también tenemos que asumir que precisamente esa corrupción llegó a un grado tal, que desde filas de los corruptos fue vital amenazar a la fiscal, al mejor estilo mafioso. Un episodio que se inserta en la coyuntura nacional, junto a la inevitable idea de que las autoridades del Estado uruguayo estarían tratando con mafiosos perfectamente definidos como tales, bien sea por el resultado de sus acciones o por las modalidades de coacción o amedrentamiento destinadas y puestas en práctica en perjuicio de los servidores de la justicia. Por cierto que sería una triste realidad para nuestro país, que se sumaría al ya deplorable panorama a propósito de las corrupciones que estuvieron (y están) bajo la lupa de la justicia
EL PUZZLE DE LA CORRUPCION
Si bien en la jornada del jueves 20 de agosto, el indagado de mayor graduación –nos estamos refiriendo al ex comandante en jefe de la Armada Nacional Juan Fernández Maggio- dijo a los periodistas, que lo aguardaron en la entrada del juzgado de la calle Buenos Aires, que no había engañado a nadie ni que se había quedado con dinero alguno, enfatizando que estaba con la justicia tranquila, la fiscal Ferrero mantuvo sobre su persona el pedido de procesamiento con prisión por dos delitos de fraude.
Esa misma tarde la defensa del ex jerarca naval -integrada por los abogados Amadeo Otatti y Mario Spangenberg- presentaba un escrito en el que planteaban que su cliente no incurrió en engaño, ya que según expresaron, el ex jerarca no conocía la maniobra por lo cual no puede ser imputado el delito de “fraude”.
En tanto entre las cuatro paredes del juzgado, el puzle de la corrupción, desde los ojos de la Justicia y de la fiscalía, parecían irse armando, en ese mismo recinto y ese mismo jueves, los restantes asesores letrados de los restantes sospechados también hicieron lo suyo: estos, con serenidad asombrosa, expusieron sus alegatos.
Los abogados del oficial Gerardo Feble, doctores Gustavo Bordes y Gastón Chavez, aportaron documentación que evidenciaría que el oficial naval habría actuado obedeciendo órdenes superiores. Se pudo conocer que en la documentación aportada surgieron los nombres de al menos cuatro marinos, a quienes la jueza Gatti habría decidido interrogar antes de tomar resolución. Y fue así que dos de ellos declararon esa misma tarde y los otros dos lo hicieron al día siguiente.
A todo esto, el abogado del oficial Danilo Damonte, fue mucho más allá. Pidió que su cliente fuera sometido a un careo con los demás oficiales involucrados en las maniobras. En cuanto a los oficiales Alberto Márquez - cuyo abogado es el doctor Carlos Bustamante- y Pablo Da Costa –defendido por el doctor Javier Simonetti- ratificaron sus declaraciones anteriores y no solicitaron el diligenciamiento de nuevas pruebas, alegando enfáticamente, la inexistencia de elementos para ser procesados.
En el otro extremo de la tensa cuerda, que desde hace días, venía uniendo los extremos de la deslealtad hacia el uniforme y el deshonor militar, la fiscal Ferrero se mantuvo en la posición de que a lo largo de la investigación se había probado holgadamente la existencia de compras, llámese “ficticias” o “falsas”, agregando además que los oficiales –para cumplir, con los cometidos investigados, debieron haber llevado adelante un accionar mancomunado.
Sin embargo, según lo informado por el matutino El País, en su edición del viernes 20 de agosto –y antes de conocerse finalmente la resolución de la magistrada de ese mismo día a la noche- la indagatoria judicial “en torno a las compras ficticias continuará en relación a otros seis oficiales, quienes serán investigados para determinar si se enriquecieron ilícitamente, estando entre ellos el ex jefe del Estado Mayor de la Armada y actual responsable de la Flota Naval, Manuel Burgos”.
En el diario El País se agrega además, que “la fiscal Ferrero sostuvo que si bien los oficiales aseguraron que el dinero obtenido por la simulación de las compras fue reingresado a la fuerza, no hay documentos que avalen esa situación”. Para Ferrero “hasta ahora –los oficiales navales- no han podido legalmente probar su destino, y resta probar si no hubo enriquecimiento o beneficio personal de sus partícipes” tal lo expresado en su dictamen.
Por su parte, en el diario El Observador, en la edición del jueves 19 de agosto, y siempre en la línea de investigación planteada por la doctora Ferrero y en base a información derivada a la jueza Gatti se desprende que varios oficiales no pueden justificar los saldos de sus cuentas bancarias, ni el valor de algunos bienes que poseen. En tal sentido, en el entendido que el enriquecimiento ilícito no está penado por el Código Penal, todo indicaría que los oficiales bajo la lupa de la justicia podrían ser indagados por el delito de “lavado de activo”, no descartándose –así de sencillo- que en los próximos días o semanas incluso podrían dictarse procesamientos por ese delito.
Ahora bien, en la tarde y anochecer del viernes, en la Ciudad Vieja, finalmente, y como un libreto anunciado desde días antes, se dejaron caer los velos de la Ley con el saldo de tres procesados con prisión y uno sin prisión.
En efecto, en la noche misma del viernes, los medios televisivos y las radios dieron a conocer la resolución de la jueza Graciela Gatti. Una resolución que al día siguiente sábado los diarios matutinos detallaron ampliamente, anunciándose además en grandes titulares, de ese día y del domingo: que se investigarían más compras en la Armada, lo que quiere decir que las indagatorias habrán de continuar; que se trató de un fallo histórico en los casi 200 años de la fuerza de mar, ya que es la primera vez ( y esperemos que la única) que es enviado a la cárcel, por disposición de la Justicia Letrada en lo Penal, en este caso, Especializada en Crimen Organizado, un máximo jerarca del área naval; que para el Ministerio de Defensa está probada la connivencia con proveedores ajenos a la Armada; que se detectó que existe un estrecho vínculo en las maniobras con tarjetas de Ancel y los vales de nafta y las maniobras de “compras fantasmas”; que la investigación interna probó que faltan 8 millones; que los procesados con prisión serán alojados en celdas individuales del cuarto piso de Cárcel Central , del edificio de la Jefatura de Policía de Montevideo; y que la Armada ordenó tribunal de honor para todos los oficiales involucrados en las compras fraudulentas.
Resumiendo, según se informó en el matutino El País, atendiendo el pedido de la fiscal Ferrero, la magistrada dictó el procesamiento con prisión del ex jefe de la Armada Juan Fernández Maggio, corriendo igual suerte los oficiales en actividad Gerardo Feble (ex Director de Logística) y Pablo Da Costa; también se enjuició, bajo régimen de reclusión domiciliaria al oficial Danilo Dalmonte –ex titular de la Oficina de Presupuesto Naval, quien aportando información a la fiscal Ferrero, llegó a un acuerdo mediante el cual la representante del Ministerio Público lo exoneró de cumplir la prisión preventiva en un centro de reclusión, debiéndolo hacer en su domicilio; asimismo los cuatro oficiales fueron embargados por 600 mil dólares; y finalmente la fiscal Ferrero retiró la solicitud de enjuiciamiento de Alberto Márquez que había formulado al comenzar la semana en virtud de que una pericia caligráfica demostró que una firma suya, que existe en uno de los documentos vinculados a la maniobra, había sido falsificada.
Y por si fuera poco, en materia de novedades sobre el caso, ese mismo día viernes la jueza Gatti tomó declaración una vez más –a pedido de la defensa del ex jefe Fernández Maggio- el jefe de la Flota Naval, Manuel Burgos, trascendiendo que también los asesores letrados del ex comandante solicitaron que se interrogue a los oficiales Hugo Viglietti –el actual Comandante interino de la Armada Nacional-, al ex comandante Oscar Debali y al contralmirante Alberto Caramés, cuya presencia en el juzgado seguramente se concrete en días próximos a la difusión del presente informe.
¿Cuáles fueron las caratulas de los expedientes de cada uno de los procesados?
En el texto del fallo judicial, rubricado por la jueza Graciela Gatti, se consigna que quienes pergeñaron y dirigieron la maniobra fueron los oficiales Gerardo Feble y Danilo Damonte, contándose con la participación de Pablo Da Costa, en lo que concierne a su ejecución.
Entonces, la jueza Gatti resolvió, que Juan Fernández Maggio, fuera procesado con prisión por “un delito de continuado de fraude en calidad de coautor”. Debemos agregar además, respecto a Maggio, que la jueza Gatti dijo en su fallo “que sus afirmaciones en cuanto a que no conocía las maniobras no resultan creíbles, indicando en cambio que resultaron verosímiles los testimonios de Feble y Damonte en cuanto a que recibían órdenes de Fernández Maggio aún cuando, evidentemente, por su rango, no suscribiera ninguno de los recaudos necesarios para completar el proceso de compra” puntualiza el fallo. Se subraya además que Fernández Maggio envió una nota al Banco Hipotecario del Uruguay para diferir el pago de una deuda de 9 millones de pesos bajo el falso argumento de que la fuerza tenía un presupuesto acotado. Y ese dinero se habría utilizado para simular las compras, por lo que Fernández Maggio • habilitó y dio inicio a la maniobra por compras ficticias”. Por esa razón, para la jueza Gatti “no resulta razonable ni creíble que el ex jefe naval se desentendiera totalmente del destino a darse a esos fondos”. El fallo indica además que el manejo que los oficiales hacían del dinero, entregándose entre sí elevadas sumas, sin la existencia de recibos ni cuestionamientos hacia ese proceder, demuestra la participación consciente de todos los marinos en la maniobra”.
En otro tramo de su resolución, de fecha 20 de febrero se dicta el procesamiento y prisión, de Pablo Da Costa y de Gerardo Feble por “un delito continuado de fraude en calidad de autores”, decretándose también el procesamiento sin prisión, bajo caución juratoria de Danilo Damonte, en calidad de autor de “un delito continuado de fraude “ y agrega “dispónese como medida sustitutiva la prisión domiciliaria, disponiéndose que no podrá abandonar el domicilio que constituya salvo con previa autorización de la Sede, o por razones de urgencia médica, las que deberán acreditarse en plazo de 24 horas”. En un acápite anterior, y con relación a otro de los indagados, nos referimos al capitán Alberto Márquez, en el dictamen de la magistrada se puntualizó:”la solicitud de enjuiciamiento fue dejada sin efecto por el Ministerio Público, lo que en aplicación de los principios emanados del artículo 22 de la Constitución de la República, determinan desde ya que no pueda disponerse el procesamiento del antes mencionado”
Cayendo la noche del 20 de agosto, todos los indagados abandonaron la sede judicial: los unos custodiados por policías de Interpol , los cuales los hicieron salir por la calle Brecha –que da a los fondos del Juzgado- ingresándolos en un furgón policial cuyo conductor puso proa, primero a la sede de Interpol en la calle Maldonado, para ser fichados y después, a la Jefatura de Policía de Montevideo, en la calle San José y Carlos Quijano, para ser alojados en el sector Cárcel Central en el cuarto piso; daba comienzo así su prisión preventiva, iniciándose en consecuencia el debido proceso. Esa noche los noticieros abrían sus entregas informativas con los titulares de los procesamientos y se cerraba un capítulo del caso relacionado con la corrupción en la Armada Nacional, para que al día siguiente se diera apertura a otro. Un nuevo capítulo, quizás más intenso porque –según lo que trascendió, la jueza y la fiscal, no bajarían la guardia y menos los brazos, porque no se descarta la posible existencia de otras maniobras similares.
En los días que siguieron a esa noche, diarios, radios, noticieros televisivos y semanarios de Montevideo y del interior del país continuaron informando sobre las actuaciones judiciales, previstas y en curso; se dieron a conocer repercusiones y se fueron conociendo más facetas de la investigación. Una investigación que todavía sigue levantando polvareda, en la institución naval, en el ámbito de gobierno y en la sociedad. Una investigación que no ha terminado y que seguramente continuará deparándonos sorpresas. Paciencia. Solo queda, entonces, aguardar que el nuevo mando de la fuerza de mar, logré capear esta tormenta. Para ello, todas las esperanzas están depositadas en el jefe interino, el Contralmirante Hugo Viglietti o en quien el Poder Ejecutivo designe como titular de la fuerza de mar, no descartándose que el mismo Viglietti sea designado como tal. La justicia, en cambio, seguirá dedicada a lo suyo.

References: resolución 
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 artículo 22