Source: http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/paginas/2017/refc20170203.aspx/
Timestamp: 2019-02-18 14:59:40+00:00

Document:
La Moncloa. 03/02/2017. Referencia del Consejo de Ministros [Consejo de Ministros/Referencias]
Madrid, viernes 3 de febrero de 2017
REAL DECRETO por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.
ACUERDO por el que se autoriza la firma del Acuerdo entre el Reino de España y Bosnia y Herzegovina sobre el intercambio y protección mutua de la información clasificada.
ACUERDO por el que se autoriza la firma y la aplicación provisional del Convenio de Cooperación Cultural entre el Reino de España y la República Argentina.
ACUERDO por el que se aprueban los criterios de distribución, para el año 2017, del Fondo procedente de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados.
ACUERDO por el que se aprueba la Declaración del Gobierno con motivo del "Día Mundial de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina".
ACUERDO por el que se aprueba el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional de la Administración General del Estado para 2017.
ACUERDO por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal y su Protocolo, hecho en Madrid el 24 de julio de 1992, y su ratificación, solicitando su tramitación por el procedimiento de urgencia.
REAL DECRETO por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a D. Serge Fohr.
REAL DECRETO por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a D. Leonardo Bernardino Pérez Gallardo.
REAL DECRETO por el que se concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a D. Alejandro Javier García Padilla.
ACUERDO por el que se autoriza la celebración del acuerdo marco para la adquisición de repuestos de célula y de motor para C-101 (E.25) por un valor máximo estimado de 20.000.000 de euros, así como los contratos que se adjudiquen basados en el citado Acuerdo.
ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad Autónoma de Cataluña a formalizar operaciones de deuda a corto plazo por un importe máximo de 1.378.389.158,52 euros.
ACUERDO por el que se autoriza a la Comunidad de Castilla y León a formalizar préstamos a largo plazo y emitir deuda pública, por un importe máximo de 239.351.492 euros.
ACUERDO por el que se impone una sanción de 134.940,22 euros a la empresa Anamidelva, S.L., como consecuencia del acta de infracción en materia de Seguridad Social extendida por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid.
REAL DECRETO por el que se designa Embajadora de España en la República de Estonia a Dª TERESA ORJALES VIDAL.
REAL DECRETO por el que se designa Embajadora de España en el Reino de Noruega a Dª MARÍA ISABEL VICANDI PLAZA.
REAL DECRETO por el que se nombra director general de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la Unión Europea a D. JOSÉ PASCUAL MARCO MARTÍNEZ.
REAL DECRETO por el que se nombra presidente de la delegación que asistirá a la toma de posesión del presidente de la República de Haití, señor Jovenel Moïses, que tendrá lugar el próximo día 7 de febrero de 2017, a D. FERNANDO GARCÍA CASAS, secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica.
REAL DECRETO por el que se nombra director del Organismo Autónomo Instituto de Estudios Fiscales a D. JOSÉ ALBERTO PLAZA TEJERA.
REAL DECRETO por el que se nombra directora general de Política Interior a Dª CRISTINA DÍAZ MÁRQUEZ.
ACUERDO por el que se comunica al Congreso de los Diputados la propuesta de nombramiento del secretario general del Consejo de Seguridad Nuclear a D. MANUEL RODRÍGUEZ MARTÍ.
REAL DECRETO por el que se renueva el mandato como Consejera no nata del Consejo de Gobierno del Banco de España a Dª CARMEN ALONSO LEDESMA.
REAL DECRETO por el que nombra como Consejero no nato del Consejo de Gobierno del Banco de España a D. FERNANDO EGUIDAZU PALACIOS.
APROBADO EL DESARROLLO DE LA LEY DE DESINDEXACIÓN DE PRECIOS DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS
El Consejo de Ministros ha aprobado, mediante un Real Decreto, el desarrollo reglamentario de la Ley de Desindexación, de marzo de 2015, que persigue desvincular del IPC la revisión de precios de bienes y servicios en el ámbito del sector público. Esta Ley estaba pendiente de desarrollo reglamentario para su plena aplicación.
En el Reglamento aprobado hoy se tasan las excepciones en las que se permiten las revisiones y se establecen los requisitos que han de cumplirse para estos casos; por ejemplo, que la revisión refleje una estructura de costes basada en los principios de eficiencia y buena gestión empresarial. De esta manera, se evita que la Administración o los usuarios de servicios públicos tengan que soportar los costes de aquellas prácticas empresariales que no sean las mejores del mercado.
Protección ante brotes inflacionistas
La Ley establece como regla general la prohibición de indexar con el objetivo de evitar los denominados "efectos de segunda ronda" y la inercia inflacionista. Ello protege a la actividad económica general de brotes inflacionistas, al impedir que se trasladen entre los distintos sectores de la economía y que cobren carácter permanente.
Así, determinados precios en los que interviene el sector público, como billetes de autobús, tren, peajes de autopistas, precios de medicamentos, precios regulados del gas o la electricidad, no podrán indexarse respecto al IPC. Las modificaciones de estos precios dejarán de ser automáticas en función de la evolución de la inflación y sólo podrán variar cuando haya otras causas que hayan sido previamente justificadas y acreditadas. La Ley excluye de su ámbito de aplicación la negociación salarial, las pensiones y la emisión de deuda pública.
Excepcionalmente, se permite la posibilidad de indexación en los casos en que este mecanismo sea necesario y eficiente; es decir, siempre que esta revisión refleje, de la forma más adecuada posible, la evolución de los costes de la actividad de la que se trate.
Concretamente, el Reglamento regula el conjunto de valores monetarios que pueden acogerse al régimen de revisión periódica en función de índices específicos de precios. En el listado se incluyen tres tipos de valores monetarios: en primer lugar, algunos precios energéticos regulados como la bombona de butano, la tarifa de último recurso de gas natural, el transporte y distribución de electricidad o el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor de electricidad (PVPC); en segundo lugar, los contratos de arrendamientos de inmuebles en los que intervenga el sector público; en tercer lugar, los contratos, por ejemplo obras, y concesiones del sector público de largo plazo, es decir, aquellos que requieren cuantiosas inversiones y, por ende, un período de recuperación de tales inversiones que exceda los cinco años.
Estas indexaciones se llevarán a cabo, generalmente, mediante fórmulas previamente tasadas que deberán justificarse por una estructura de costes basada en los principios de eficiencia y buena gestión empresarial. Se considerarán únicamente los costes indispensables y significativos para la actividad y cuya evolución sea impredecible. Deberán utilizarse precios individuales o índices de precios específicos que reflejen esos costes. No se permite indexar costes financieros, amortizaciones, gastos generales y de estructura, ni el beneficio industrial.
DECLARACIÓN DEL GOBIERNO CON MOTIVO DEL "DIA MUNDIAL DE TOLERANCIA CERO CON LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA"
Esta grave vulneración de los derechos humanos está ampliamente extendida. De acuerdo con UNICEF, al menos doscientos millones de mujeres y niñas en el mundo han sufrido esta grave práctica. En España, según los estudios más recientes, diecisiete mil personas corren riesgo de sufrir esta agresión
El Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud adoptó, el 14 de enero de 2015, el "Protocolo común de actuación sanitaria ante la mutilación genital femenina en el Sistema Nacional de Salud".
El Consejo de Ministros ha aprobado una Declaración del Gobierno con motivo del "Día Mundial de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina", que la Organización Mundial de la Salud fijó para el 6 de febrero.
El texto de la Declaración aprobada, a propuesta de los ministros de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y de Asuntos Exteriores y de Cooperación, es el siguiente:
"El Gobierno de España declara su firme compromiso y determinación de contribuir a eliminar la mutilación genital femenina y apoyar a quienes la sufren, en España y en el mundo.
Esta grave vulneración de los derechos humanos está ampliamente extendida. De acuerdo con UNICEF, al menos doscientos millones de mujeres y niñas en el mundo han sufrido esta grave práctica, dándose mayoritariamente entre menores de cinco años. En la Unión Europea, y según datos del Parlamento Europeo, más de quinientas mil mujeres y niñas la han sufrido; en España, según los estudios más recientes, diecisiete mil personas corren riesgo de sufrir esta agresión.
Ante estos datos que evidencian la extensión y magnitud del problema, el Gobierno de España, en nombre de toda la sociedad española, muestra su más rotundo rechazo hacia esta práctica e invita a las instituciones públicas y a la sociedad civil a que promuevan la toma de conciencia social necesaria para identificar los riesgos que implica y conocer sus consecuencias, impulsen las acciones preventivas necesarias para su erradicación y desarrollen actuaciones para asegurar el apoyo y protección efectiva a quienes la sufren, dentro y fuera de las fronteras de España.
El Gobierno, en consonancia con las recomendaciones y obligaciones internacionales, viene impulsando desde hace tiempo medidas y acciones, no sólo para perseguir esta práctica, sino también para prevenirla y atender a quienes la sufren que son, principalmente, las niñas. La mutilación genital femenina daña su salud física, psicológica y sexual y afecta gravemente a su desarrollo.
En coherencia con lo anterior, la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia incluye, dentro de los principios rectores de la actuación administrativa, la protección de los menores contra cualquier forma de violencia, incluida la mutilación genital femenina. Los poderes públicos tienen, de acuerdo con dicha Ley, el mandato expreso de desarrollar actuaciones de sensibilización, prevención, asistencia y protección frente a cualquier forma de maltrato infantil, estableciendo los procedimientos que aseguren la coordinación entre las administraciones públicas competentes.
Aprobación de Protocolos
Continuando por la senda iniciada por el 'Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar', aprobado por el Pleno del Observatorio de la Infancia el 9 de junio de 2014, el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud adoptó, el 14 de enero de 2015, el 'Protocolo común de actuación sanitaria ante la mutilación genital femenina en el Sistema Nacional de Salud', un instrumento que pretende ser una herramienta útil al servicio de profesionales y orientado a la mejora de la salud de las mujeres y las niñas que han sufrido esta práctica, y prevenir la mutilación genital femenina en niñas y jóvenes que corren el riesgo de sufrirla. Es, al tiempo, una valiosa herramienta de sensibilización de cara a implicar a profesionales en la detección temprana de los posibles casos, la protección de las potenciales víctimas y la adecuada sanción a quienes la provocan.
La difusión del estudio 'La Mutilación Genital Femenina en España' (2015) ha contribuido a dar conocer la situación de la mutilación genital femenina en España, proponiendo recomendaciones para el desarrollo de acciones encaminadas a la atención, detección y prevención.
Por su parte, las Comunidades Autónomas, siguiendo el objetivo establecido en la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, han contribuido a la difusión y aplicación de dicho protocolo, realizando acciones formativas y de sensibilización y desarrollando herramientas específicas, para la efectiva la prevención del problema y la adecuada atención a quienes la sufren en su territorios.
No obstante, es necesario continuar trabajando y, para ello, las Administraciones públicas tienen que intensificar la colaboración con la sociedad civil y las asociaciones especializadas, quienes, desde una perspectiva intercultural y cooperativa, realizan un inestimable labor para prevenir su práctica, para garantizar la recuperación y protección de las mujeres y niñas a quienes se les ha practicado o están en riesgo de que se les practique, y para facilitar la formación a profesionales socio-sanitarios, trabajadores en materia de asilo y migración y profesionales del ámbito jurídico, policial y educativo.
A nivel internacional, el compromiso del Gobierno se ve reflejado en la actuación en el seno de la Unión Europea. Así, actualmente está contribuyendo a la preparación de una Opinión para combatir la mutilación genital femenina y otras prácticas perjudiciales. A este respecto, es preciso recordar que la mutilación genital femenina es un problema global que precisa de la cooperación efectiva con terceros países, del intercambio de buenas prácticas utilizadas para su eliminación, y de la recogida de más y mejores datos que den cuenta de la magnitud del problema y sirvan como herramienta de sensibilización para que la sociedad tome conciencia y se implique en el logro de un mundo libre de esta aberrante práctica.
Por todo ello, el Gobierno manifiesta solemnemente su compromiso de continuar su acción hasta acabar con la mutilación genital femenina, desde la premisa de que el respeto y la salvaguarda de la dignidad y la integridad de las mujeres y niñas no está sujeta a transacción, ni puede estar amparada por el respeto a prácticas y tradiciones culturales de grupos específicos. En la sociedad española no tiene cabida esta grave forma de discriminación y de violencia contra las mujeres y las niñas."
APROBADOS LOS CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DEL FONDO DE BIENES DECOMISADOS POR TRÁFICO DE DROGAS
Las cantidades integradas en el Fondo se destinarán a intensificar las actuaciones para reducir la demanda de drogas, controlar su oferta y facilitar la cooperación internacional en esta materia
El Consejo de Ministros ha aprobado los criterios de distribución, para el año 2017, del Fondo de Bienes Decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, regulado por una Ley del 29 de mayo de 2003.
Según la citada Ley que regula este Fondo, el producto de la enajenación de los bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados se destina a intensificar las actuaciones realizadas en los ámbitos de la reducción de la demanda y del control de la oferta de drogas, así como a la cooperación internacional en estas materias.
El Fondo está gestionado por la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, integrada por representantes de los Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de Hacienda y Función Pública, de Justicia y de Interior. El Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas preside la Mesa.
Los fines a los que han de destinarse los fondos son: programas de prevención, asistencia e inserción social y laboral, en relación con las drogodependencias; actuaciones de prevención, investigación, persecución y represión de los delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas; y cooperación internacional en la materia.
En relación con los programas de prevención, las prioridades del Fondo serán la prevención de los nuevos patrones de consumo y de las nuevas sustancias, la atención a los menores en situación de riesgo y los programas centrados en los problemas de las mujeres.
Administraciones públicas y Ongs, beneficiados
Los beneficiarios de este fondo serán: la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas; las Comunidades Autónomas y las entidades locales; las organizaciones no gubernamentales o entidades privadas sin ánimo de lucro de ámbito estatal; los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con comºººpetencias en materia de narcotráfico; el departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; la Fiscalía Especial Antidroga; cualquier otro organismo de la Administración General del Estado para el desarrollo de programas o acciones relacionados con el control de la oferta de drogas, y los organismos internacionales, entidades supranacionales y gobiernos extranjeros.
Los criterios aprobados hoy permiten, mediante acuerdos adoptados en la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, el reparto de las cantidades de las que se pueda disponer en 2017, que aún no están determinadas, pues habrán de fijarse una vez conocidas las sentencias firmes y que se hayan completado los procesos de enajenación (subastas de vehículos, embarcaciones, etcétera) previstos.
APROBADO EL PLAN DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL PARA 2017
La Administración General del Estado prevé invertir 70 millones de euros en publicidad institucional en 2017
La promoción de hábitos saludables y seguros y la promoción en materia de derechos y deberes de los ciudadanos son las prioridades de las campañas institucionales en 2017
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Plan de Publicidad y Comunicación Institucional de la Administración General del Estado para 2017 que prevé una inversión de 70,2 millones de euros.
En el Plan se recoge información detallada de cada una de las 92 campañas institucionales que serán desarrolladas en 2017 por los ministerios, organismos y entidades públicas, con especificación de objetivos de cada campaña, coste previsible, aplicación presupuestaria, período de ejecución, herramientas de comunicación a utilizar, difusión, públicos a los que se dirigen, idioma, evaluación a realizar y medidas de accesibilidad previstas.
El Plan se pone a disposición de los ciudadanos y de las asociaciones del sector, de acuerdo con el principio de transparencia del Gobierno, a través de la web de Presidencia del Gobierno (www.lamoncloa.gob.es).
Seguridad, salud y derechos ciudadanos
Algo más de un 77 por 100 de la inversión institucional se destina a campañas de promoción de hábitos saludables y seguros para la ciudadanía y al cuidado del entorno (seguridad vial, ahorro y eficiencia energética; información alimentaria; protección y conservación de la naturaleza; tenencia responsable de animales; consumo y buen uso del agua; salud y estilos de vida saludables; prevención del consumo de alcohol y tabaco; beneficios de la vacunación; envejecimiento activo o acoso escolar) y a la promoción en materia de derechos y deberes de los ciudadanos (servicio exterior y cooperación; proximidad de las Fuerzas Armadas; fiscalidad; novedades en materia de Seguridad Social; garantía juvenil; cambio climático; violencia contra la mujer; acogimiento de menores; conciliación familiar; igualdad de género o ayudas a la PAC).
Las campañas institucionales de los ministerios de Energía, Turismo y Agenda Digital; Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; Interior, Hacienda y Función Pública y Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente representan el 86,5 por 100 del total del presupuesto.
Número de campañas
En cuanto al número de campañas, los ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente; Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad; y Energía, Turismo y Agenda Digital suman 63 de las 92 campañas institucionales.
El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente es el que tiene previsto realizar un mayor número de campañas, un total de 31. El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital es el que prevé el mayor esfuerzo inversor con 18,37 millones de euros.
Seis campañas institucionales superan los cuatro millones de euros: "Seguridad vial", de la Dirección General de Tráfico; "Eficiencia energética", del IDEA; "Sensibilización fiscal e información al ciudadano", de la Agencia Tributaria; "El bosque está en tu vida", del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y "Sensibilización en materia de violencia contra la mujer" y "Sensibilización sobre consumo de alcohol en menores", del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Las campañas se difundirán mayoritariamente en internet, prensa escrita, radio, televisión, revistas y soportes exteriores, por ese orden.
CATALUÑA, AUTORIZADA A FORMALIZAR DEUDA A CORTO PLAZO Y CASTILLA Y LEÓN, A FORMALIZAR PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO Y EMITIR DEUDA
El Consejo de Ministros ha autorizado formalizar operaciones de deuda a corto plazo a la Comunidad Autónoma de Cataluña, así como a la Comunidad Autónoma de Castilla y León a formalizar préstamos a largo plazo y a emitir deuda pública.
Estas autorizaciones derivan de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que establece, en su artículo 20, que las operaciones de endeudamiento y la concesión de avales de las Comunidades Autónomas incumplidoras de los objetivos de estabilidad, deuda pública o regla de gasto, precisarán autorización del Estado mientras persista el incumplimiento.
Las Comunidades Autónomas a que se refieren las autorizaciones hoy concedidas incumplieron el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto en el ejercicio 2015. Además, Cataluña incumplió el objetivo de deuda pública, según el informe elevado al Gobierno el 14 de octubre de 2016.
Las operaciones autorizadas hoy son las siguientes:
Cataluña ha sido autorizada a formalizar deuda a corto plazo por un importe máximo de 1.378,39 millones de euros para refinanciar los vencimientos de préstamos o líneas de crédito a corto plazo durante el primer semestre de 2017.
Castilla y León ha sido autorizada a formalizar operaciones de deuda a largo plazo y emitir deuda pública por un importe máximo de 239,35 millones de euros, con el fin de financiar la parte pendiente del nuevo objetivo de estabilidad presupuestaria para 2016.
Estas autorizaciones sólo podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2017.
Las Comunidades Autónomas de Cataluña y Castilla y León deberán supeditar las operaciones de endeudamiento que formalicen en ejecución de esta autorización al cumplimiento del objetivo de deuda para el año 2017 fijado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2016.
REMISIÓN A LAS CORTES DEL PROTOCOLO DE CONVENIO CON MÉXICO PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR EL FRAUDE FISCAL
El Consejo de Ministros ha aprobado un Acuerdo por el que se dispone la remisión a las Cortes Generales del Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal y su Protocolo, hecho en Madrid el 24 de julio de 1992, y su ratificación. Se solicita, además, su tramitación por el procedimiento de urgencia.
Este Protocolo, firmado en Madrid el 17 de diciembre de 2015, responde al interés mutuo en adaptar el vigente Convenio para evitar la doble imposición a las actuales relaciones económicas entre España y México y a los sucesivos cambios que ha experimentado el modelo de Convenio de la OCDE para evitar la doble imposición.
El protocolo contribuirá a dinamizar y reforzar la seguridad jurídica en los intercambios económicos bilaterales. Así, este texto da nueva redacción a aspectos de la imposición sobre dividendos e intereses y al tratamiento de las ganancias de capital. Se incorporan, igualmente, normas que afectan a la imposición en el sector de hidrocarburos y se actualizan el régimen para la eliminación de la doble imposición y el de intercambio de información. Se introducen, por último, previsiones sobre asistencia en la recaudación y el derecho a acogerse a los beneficios del Convenio (cláusula antiabuso).
AUTORIZADA LA FIRMA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN CULTURAL CON ARGENTINA
El Consejo de Ministros ha autorizado la firma y la aplicación provisional del Convenio de Cooperación Cultural entre el Reino de España y la República Argentina.
El principal objetivo de este Convenio es actualizar las relaciones en el campo cultural entre los dos países que, hasta el momento, se rigen por el Convenio de Cooperación Cultural entre España y Argentina de 23 de marzo de 1971. El tiempo transcurrido, las transformaciones experimentadas por ambas sociedades y la importancia que éstas otorgan a la cooperación cultural justifican la necesidad de actualizar el marco jurídico de la relación bilateral en este ámbito.
El Convenio servirá de marco para el desarrollo de acciones de cooperación de interés mutuo y se podrán concretar acuerdos e instrumentos específicos entre organismos de ambas Partes. Se prevé la constitución de una comisión mixta para la aplicación y desarrollo del Convenio.
El Convenio regula la cooperación bilateral en múltiples sectores, como exposiciones, centros culturales, patrimonio cultural, museos, archivos y bibliotecas, control del tráfico ilícito, cooperación cinematográfica, derechos de propiedad intelectual, industrias culturales y promoción del español.
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LOS AVIONES C-101
El Consejo de Ministros ha autorizado la celebración de un acuerdo marco para la adquisición y suministro de repuestos de célula y de motor C-101 (E.25), por un importe total de veinte millones de euros, así como los contratos que se adjudiquen basados en el citado acuerdo.
El objeto de este acuerdo es la adquisición y suministro de repuestos de célula (estructura y configuración de planos) y de motor para el sistema de armas de los aviones C-101 (E.25), utilizado para misiones asignadas y realizadas por el Ejército del Aire en cumplimiento de sus fines específicos e institucionales en el marco de la Defensa Nacional.
El plazo de duración de este Acuerdo Marco será desde la firma del contrato hasta el 15 de noviembre de 2018, prorrogable por otro periodo de igual duración al inicial. El valor estimado del contrato es de veinte millones de euros, así como los contratos que se adjudiquen basados en el acuerdo, distribuidos en dos anualidades (2017 y 2018), por importes de cinco millones de euros cada año, y otros diez millones de euros, destinados para eventuales prórrogas.
El CASA C-101 Aviojet es un avión de reacción monomotor de entrenamiento avanzado y ataque ligero fabricado por la compañía española Construcciones Aeronáuticas S.A., y es utilizado por el Ejército del Aire en misiones de entrenamiento avanzado y por la Patrulla Águila en sus exhibiciones de acrobacia aérea.
Desde el año 2009, el Ejército del Aire está procediendo a realizar un programa de evaluación sobre los posibles sustitutos del C-101, debido a que los mismos se encuentran cercanos al final de su vida operativa. El Ejército del Aire busca sustituir en primer término, a las unidades del C-101 que realizan las labores de entrenamiento en la Academia General del Aire. Para ello se han evaluado como posibles candidatos al Beechcraft T-6 Texan II, el Pilatus PC-9, el Pilatus PC-21 y al PZL-130 Orlik.3.
ACUERDO CON BOSNIA Y HERZEGOVINA SOBRE INTERCAMBIO Y PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CLASIFICADA
El Consejo de Ministros ha autorizado la firma del Acuerdo entre el Reino de España y Bosnia y Herzegovina sobre el intercambio y protección mutua de la información clasificada.
Este Acuerdo se refiere al intercambio de información que, por afectar a la seguridad o a los intereses nacionales, ostenta un determinado grado de clasificación y está sometida a procesos especiales de utilización y manejo para preservar esa integridad.
En particular, este Acuerdo favorecerá el desarrollo de la industria española de la defensa y los intercambios comerciales bilaterales en este sector.
Embajadora de España en la República de Estonia .-
Dª TERESA ORJALES VIDAL.
Nacida el 16 de marzo de 1964, es Licenciada en Derecho e ingresó en 1991 en la Carrera Diplomática.
Ha estado destinada en las representaciones diplomáticas españolas en Finlandia, Turquía y ante la OTAN. Fue jefa de servicio, jefa de área y subdirectora de Comunicación Exterior en la Oficina de Información Diplomática, y vocal asesora en el Gabinete de la ministra y del ministro de Asuntos Exteriores. En 2011 pasó a ocupar el puesto de directora del Gabinete del Presidente del Congreso de los Diputados y en la actualidad era vocal asesora en la Dirección General de Europa del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Embajadora de España en el Reino de Noruega.-
Dª MARÍA ISABEL VICANDI PLAZA.
Nacida el 13 de febrero de 1954, es Licenciada en Filosofía Pura y en Filología Inglesa e ingresó en 1979 en la Carrera Diplomática.
Ha estado destinada en las representaciones diplomáticas españolas en Filipinas, Colombia y Canadá. Fue subdirectora general de México, Centroamérica y Caribe, directora general de la Escuela Diplomática y directora del Gabinete de la Ministra de Asuntos Exteriores. En 2004 pasó a ocupar la Segunda Jefatura de la Embajada de España en México, en diciembre de 2007 fue designada embajadora de España en la República de Malta y en la actualidad era representante permanente adjunta ante los Organismos Internacionales con sede en Viena.
Director general de Coordinación de Políticas Comunes y de Asuntos Generales de la Unión Europea.-
D. JOSÉ PASCUAL MARCO MARTÍNEZ.
Nacido el 13 de febrero de 1958 en Madrid, es Licenciado en Filosofía y en Derecho, e ingresó en 1983 en la Carrera Diplomática.
Ha estado destinado en las representaciones diplomáticas españolas en Pakistán y Nicaragua. Fue cónsul general de España en Melbourne, subdirector general de la Oficina de Planificación y Evaluación, jefe de la Oficina Comercial de la Embajada de España en Turquía, segundo jefe en la Embajada de España en Sudáfrica y consejero y coordinador en la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. En 2002 fue nombrado director adjunto del Gabinete de la Ministra de Asuntos Exteriores y, posteriormente, embajador de España en la República Democrática del Congo y en la República del Congo. Fue segundo jefe de la Embajada de España en Estados Unidos y, en septiembre de 2010, fue designado embajador Representante Permanente Adjunto de España ante la Unión Europea. Desde julio del 2015 era director general de Política e Industrias Culturales y del Libro.
Director del Organismo Autónomo Instituto de Estudios Fiscales.-
D. JOSÉ ALBERTO PLAZA TEJERA.
Nacido el 21 de agosto de 1969, es Licenciado en Ciencias Económicas por la Friedrich-Wilhelms Universität de Bonn (Alemania) y pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.
Ha ejercido su actividad profesional en diferentes puestos en la Dirección General de Comercio e Inversiones y en la Dirección General de Financiación Internacional, donde fue subdirector general de Comercio Internacional de Servicios en el Ministerio de Economía y Hacienda y Comerciales hasta su integración en ICEX España Exportación e Inversiones en diciembre de 2014. En la actualidad, era Vocal Asesor en la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
Directora general de Política Interior.-
Dª CRISTINA DÍAZ MÁRQUEZ.
Nacida en Madrid es Licenciada en Derecho por la Universidad San Pablo CEU de Madrid e ingresó en 2001 en la carrera judicial.
Ha estado destinada en los Juzgados de Valdepeñas, Reus, Alcalá de Henares y Madrid. Es titular del Juzgado Penal nº 7 de Madrid. Ha publicado diversos trabajos sobre medidas cautelares penales y violencia doméstica y de género. En febrero del 2012 fue nombrada directora general de Política Interior y, posteriormente, directora general de Justicia y Seguridad dela Comunidad de Madrid, cargo que desempeñaba en la actualidad.
Propuesta de nombramiento como s ecretario general del Consejo de Seguridad Nuclear .-
D. MANUEL RODRÍGUEZ MARTÍ.
Nacido el 13 de febrero de 1959. Es Ingeniero industrial y funcionario de la Escala Superior del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica.
Se incorporó al Consejo de Seguridad Nuclear en 1985, donde ha ocupado diversos puestos técnicos en el ámbito de la seguridad nuclear y la protección radiológica. Ha sido jefe de proyecto de la central nuclear de Trillo (Guadalajara), jefe de Gabinete de la Dirección Técnica y subdirector de Protección Radiológica Operacional. Desde 2013 es subdirector de Instalaciones Nucleares del organismo.
Consejero no nato del Consejo de Gobierno del Banco de España .-
D. FERNANDO EGUIDAZU PALACIOS.
Nacido el 11 de julio de 1944 en Bilbao, es Licenciado en Ciencias Económicas y en Derecho, y pertenece al Cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.
Ha sido jefe del Gabinete Técnico del Ministro de Comercio, director general de Ordenación Económica, director general de Transacciones Exteriores y consejero del Banco Exterior de España, de la Empresa Nacional de Turismo y de la Compañía General de Tabacos de Filipinas. Fue presidente de Sovhispan, S.A., director general de Fraternidad-Muprespa, vicepresidente del Círculo de Empresarios, vicepresidente del Foro de la Sociedad Civil, vicepresidente de la Fundación Transición Española y patrono de la Fundación Acción Familiar. En enero de 2012 fue nombrado director general de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, y en julio de 2015, secretario de Estado para la Unión Europea.

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 artículo 20