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Timestamp: 2018-12-15 09:52:31+00:00

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﻿ DECRETO 261 DE 2000
DECRETO 261 DE 22 DE FEBRERO DE 2000
CONTENIDO:FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN. SE MODIFICA SU ESTRUCTURA Y SE DETERMINAN LAS FUNCIONES DE SUS DEPENDENCIAS.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1138 DE MARZO 15 DE 2000, PG.529
DIARIO OFICIAL N°:43903 DE FEBRERO 22 DE 2000
(Nota: Declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-409 de 2001, pero sólo en cuanto no es necesario que las materias reguladas se tramiten mediante leyes estatutarias u orgánicas.)
en uso de las facultades extraordinarias conferidas por el artículo 1º numeral 3º de la Ley 573 del 7 de febrero de 2000 y oído el concepto del Fiscal General de la Nación,
ART. 1º—Integración y competencia. La Fiscalía General de la Nación hace parte de la rama judicial y tiene autonomía administrativa y presupuestal, sin perjuicio del control fiscal ejercido por la Contraloría General de la República. Está integrada por el Fiscal General de la Nación quien la dirige, el Vicefiscal General de la Nación, los fiscales delegados y empleados de la fiscalía. El Fiscal General de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional.
ART. 2º—Ejercicio de la función jurisdiccional. El Fiscal General de la Nación, el Vicefiscal General de la Nación y los fiscales delegados ante las distintas jerarquías del orden penal, ejercen las funciones jurisdiccionales que determine la ley.
ART 3º—Función básica. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio, mediante denuncia o querella, por petición del Procurador General de la Nación, del Defensor del Pueblo o por informe de servidor público, investigar los delitos, declarar precluidas las investigaciones realizadas, calificar mediante acusación o preclusión y sustentar la acusación de los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes, excepto los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.
PAR.—La Fiscalía General de la Nación está obligada a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado, y a respetar sus derechos fundamentales y las garantías procesales que le asistan. En consecuencia, no podrá negarse a responder sus alegatos y peticiones ni a decretar aquellas pruebas que solicite para su defensa, salvo en los casos previstos en la ley.
(Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-873 de 2003 declara exequible condicionalmente el aparte “salvo en los casos previstos en la ley” contenido en el parágrafo del presente artículo, en el entendido de que la Fiscalía General de la Nación debe respetar los derechos fundamentales de petición y debido proceso y que en caso de denegación de pruebas el imputado tendrá la facultad de interponer el recurso de apelación contra la decisión.)
ART. 4º—Principios. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación actuar con sujeción a la Constitución, a las leyes y demás normas que integran el ordenamiento jurídico.
ART. 5º—Para el cumplimiento de las funciones constitucionales y legales, la Fiscalía General de la Nación tiene la siguiente estructura:
1.1. Despacho del Fiscal General.
1.1.1. Dirección de asuntos internacionales.
1.1.2. Oficina de planeación.
1.1.3. Oficina jurídica.
1.2. Despacho del vicefiscal general.
1.2.1. Oficina de protección y asistencia.
1.2.2. Centro de información sobre actividades delictivas, CISAD.
1.2.3. Oficina de divulgación y prensa.
1.3.1. Oficina de control interno.
1.3.2. Oficina de personal.
1.3.3. Oficina de veeduría, quejas y reclamos.
1.4.2. Unidades delegadas de fiscalías.
1.5.2. Escuela de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses.
2.1. Establecimiento público.
2.1.1. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
PAR.—La estructura podrá ser desarrollada por el Fiscal General de la Nación, para lograr un equilibrio racional de los recursos humanos, técnicos, financieros y logísticos en las diferentes áreas. Para ello se tendrá en cuenta entre otros principios, el de racionalización del gasto, eficiencia y fortalecimiento de la gestión administrativa y judicial y el mejoramiento en la prestación del servicio.
ART. 6º—Las funciones de la Fiscalía General se realizan a través de las unidades delegadas de fiscalías, a nivel nacional, seccional y local, salvo que el Fiscal General (o los directores de fiscalías)* destaquen un fiscal especial para casos particulares.
*(Nota: Se declara inexequible la expresión “o los directores de fiscalías” por la Corte Constitucional en Sentencia C-873 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa)
ART. 7º—Las unidades delegadas de fiscalías tienen competencia nacional. Funcionan bajo la jefatura directa de la dirección a la cual están adscritas; en ellas habrá un fiscal a quien se le asigne la función de jefe de unidad o coordinador de unidad y una secretaría. El número de fiscales y demás cargos de cada unidad, así como sus sedes de operación, son determinados por el Fiscal General de la Nación.
ART. 8º—Las unidades delegadas de fiscalías del nivel nacional, están adscritas al despacho del Fiscal General de la Nación o a la Dirección Nacional de Fiscalías, según lo determine el Fiscal General.
ART. 9º—Corresponde al Fiscal General de la Nación crear, suprimir, fusionar y modificar en su número y localización las unidades nacionales de fiscalías; las direcciones seccionales de fiscalías y sus unidades adscritas; las direcciones seccionales del cuerpo técnico de investigación y sus unidades adscritas y las direcciones seccionales administrativas y financieras, de acuerdo con las necesidades del servicio y con sujeción a lo señalado en el inciso segundo artículo 30 de la Ley 270 de 1996.
(Nota: El presente artículo fue declarado exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en Sentencia C-1546 de 2000, salvo las expresiones “crear, suprimir, fusionar y... y.., número", las cuales fueron declaradas inexequibles).
ART. 10.—Los fiscales delegados actuarán siempre en representación de la Fiscalía General de la Nación bajo la dependencia de sus superiores jerárquicos y del Fiscal General, sin perjuicio de la autonomía en sus decisiones judiciales.
ART. 11.—Para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, corresponde al Fiscal General de la Nación, los directores de fiscalías y los fiscales a quienes se les asigne la función de jefes o coordinadores de unidad:
3. Efectuar el seguimiento y evaluar los resultados de las investigaciones adelantadas por las distintas unidades de fiscalías y fiscales y cambiar su asignación cuando lo estime necesario, en orden a una pronta y cumplida administración de justicia. Los jefes o coordinadores de unidad sólo podrán cambiar la asignación previa delegación efectuada por el Fiscal General de la Nación o los directores de fiscalías, respectivamente.
(Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-873 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa declara exequible condicionalmente el presente numeral, en el entendido de que el seguimiento y la evaluación de los resultados de las investigaciones penales no puede afectar la independencia y autonomía en el desarrollo de las investigaciones y procesos a su cargo, y que el cambio de asignación de estos sólo puede ser realizado por el Fiscal General de la Nación y no por otros funcionarios de la fiscalía general.)
ART. 12.—Corresponde al Fiscal General de la Nación, a los directores de fiscalías, a los fiscales a quienes se les asigne la función de jefes o coordinadores de unidad y demás fiscales delegados, dirigir y coordinar las investigaciones adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General, por otros cuerpos de policía judicial, establecidos por la Constitución o las leyes y por aquellos facultados temporalmente para el ejercicio de estas funciones.
(Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-873 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa declara exequible condicionalmente las expresiones “Corresponde al Fiscal General de la Nación, a los directores de fiscalías” y “dirigir y coordinar” contenidas en el presente artículo, en el entendido de que cada fiscal debe dirigir y controlar en forma independiente y autónoma el desarrollo de los procesos a su cargo)
Del régimen de competencias
ART. 13.—Elección. El Fiscal General de la Nación es elegido por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República ante quien toma posesión de su cargo y no podrá ser reelegido, ni elegido en ningún cargo de elección popular o como miembro de corporaciones públicas dentro de los doce meses siguientes al día de la cesación de sus funciones.
ART. 14.—Calidades. El Fiscal General de la Nación deberá reunir las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
ART. 15.—Período. El Fiscal General de la Nación es elegido para un período individual de cuatro años y permanecerá en su cargo durante todo el período para el que es elegido, salvo que antes de su vencimiento intervenga sanción disciplinaria de destitución por mala conducta, o llegue a la edad de retiro forzoso.
ART. 16.—Régimen disciplinario. En materia disciplinaria el Fiscal General de la Nación está sujeto al régimen previsto por los artículos 174, 175 y 178 de la Constitución Política, para lo cual el Congreso de la República adelantará el proceso disciplinario por conducto de la comisión legal de investigación y acusación de la Cámara de Representantes y la comisión instructora del Senado de la República.
ART. 17.—Funciones. El Fiscal General de la Nación tiene la representación de la entidad frente a las autoridades del poder público así como frente a los particulares y además de las funciones especiales otorgadas por la Constitución Política, tiene las siguientes funciones generales:
(Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-873 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa declara exequible condicionalmente el presente numeral, en el entendido de que la determinación del criterio y la posición que la fiscalía deba asumir, por parte del Fiscal General de la Nación, debe tener un carácter general, en desarrollo de la política criminal del Estado, y no un carácter particular.)
(Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-873 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa declara exequible condicionalmente el presente numeral, en el entendido de que el Fiscal General de la Nación al asignar y desplazar a sus delegados en las investigaciones y procesos deberá exponer en forma concreta, en cada caso, los hechos que motivan su decisión y notificar por un medio idóneo dichas decisiones al agente del Ministerio Público y los demás sujetos procesales y no podrá asignar a otro fiscal las investigaciones o procesos que haya asumido directamente.)
11. Desarrollar y reglamentar (en lo no previsto)* la estructura orgánica de la fiscalía, con sujeción a los principios y reglas generales del presente decreto.
(Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-873 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa declara exequible condicionalmente el presente numeral, en el sentido de que la facultad de reglamentación del Fiscal General de la Nación debe ser ejercida de conformidad con todas las leyes pertinentes, salvo la expresión “en lo no previsto” que se declarará inexequible)
20. Crear, suprimir, fusionar y trasladar cargos en la Fiscalía General de la Nación de acuerdo con la nomenclatura de empleos y la escala de salarios establecida.
(Nota: El numeral 20 del presente artículo fue declarado exequible condicionalmente por la Corte Constitucional en Sentencia C-1546 de 2000, salvo las expresiones “crear, suprimir, fusionar y", las cuales fueron declaradas inexequibles).
ART. 18.—Delegación. El Fiscal General de la Nación podrá delegar en los servidores de la fiscalía las funciones que convengan al mejor cumplimiento de los objetivos de la entidad. Vigilará el desarrollo de la delegación y reasumirá las facultades delegadas cuando lo considere necesario.
PAR.—En su condición de nominador el Fiscal General de la Nación podrá delegar la facultad de expedir y suscribir los actos administrativos relacionados con la aceptación de renuncias; la vacancia por abandono del cargo; el retiro por pensión de jubilación o invalidez absoluta, muerte o retiro forzoso motivado por la edad. Así mismo podrá delegar el conferir las situaciones administrativas, los movimientos de personal y la ejecución de las sanciones disciplinarias impuestas a servidores de la fiscalía por autoridad competente.
(Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-873 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa declara exequible condicionalmente el inciso 1º del presente artículo, en el entendido de que el Fiscal General de la Nación sólo podrá delegar en los servidores de la fiscalía general funciones distintas de las contempladas en el artículo 251 de la Constitución.)
ART. 19.— Dirección de asuntos internacionales. La dirección de asuntos internacionales tiene las siguientes funciones:
ART. 20.—Oficina de planeación. La oficina de planeación tiene las siguientes funciones:
ART. 21.—Oficina jurídica. La oficina jurídica tiene las siguientes funciones:
ART. 22.—El Vicefiscal General de la Nación tiene las siguientes funciones:
5. Actuar como fiscal delegado especial, en aquellos procesos o actuaciones judiciales que directamente le asigne el Fiscal General de la Nación.
ART. 23.—Oficina de protección y asistencia. Esta oficina tiene las siguientes funciones:
ART. 24.—El Centro de Información sobre Actividades Delictivas, CISAD. El Centro de información de actividades delictivas adelantará las siguientes funciones:
ART. 25.—Oficina de divulgación y prensa. La oficina de divulgación y prensa tiene las siguientes funciones:
ART. 26.—El Secretario General tiene las siguientes funciones:
ART. 27.—Oficina de control interno. La oficina de control interno tiene las siguientes funciones:
ART. 28.—Oficina de personal. La oficina de personal tiene las siguientes funciones:
ART. 29.—Oficina de veeduría, quejas y reclamos. La oficina de veeduría, quejas y reclamos tiene las siguientes funciones:
ART. 30.—Dirección Nacional de Fiscalías. La dirección nacional de fiscalías tiene las siguientes funciones:
2. Asesorar a las direcciones seccionales y unidades de fiscalías, en todo lo pertinente a sus funciones de investigación y acusación.
3. Dirigir, coordinar, (asignar)* y controlar las actividades de investigación y acusación adelantadas por las Unidades de fiscalías adscritas.
(5. Asignar el trámite, a través de sus unidades de Fiscalías adscritas, de las apelaciones y consultas contra las decisiones tomadas por las unidades de fiscalías adscritas a las direcciones seccionales.)*
(Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-873 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa declara exequible condicionalmente los numerales 2 y 3 del presente artículo, en el entendido de que la asesoría, dirección, coordinación y control por parte de la dirección nacional de fiscalías en las funciones de investigación y acusación que adelanten los fiscales deben respetar la independencia e imparcialidad de estos en el ejercicio de sus funciones judiciales y declara inexequible la expresión “asignar” contenida en el numeral 3º citado y el numeral 5º.)
ART. 31.—Las unidades de fiscalías adscritas a la dirección nacional de fiscalías tienen las siguientes funciones:
2. Dirigir, coordinar y (asignar)* el desarrollo de las funciones de investigación adelantadas por las unidades del Cuerpo Técnico de Investigación y de policía judicial que intervengan en ellas.
(Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-873 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa declara exequible condicionalmente el numeral 2 del presente artículo, en el entendido de que cada fiscal debe dirigir y controlar en forma independiente y autónoma el desarrollo de los procesos a su cargo y declara inexequible la expresión “asignar”.)
ART. 32.—Direcciones seccionales. Las direcciones seccionales de fiscalías tienen las siguientes funciones:
1. Dirigir, coordinar, (asignar)* y controlar las actividades de investigación y acusación adelantadas por las unidades de fiscalía adscritas.
2. Velar por que las actuaciones asociadas con el cumplimiento de las funciones de investigación y acusación se adelanten de conformidad con la Constitución, la ley, los reglamentos establecidos y las políticas de la Fiscalía General.
3. Adelantar, por intermedio de las unidades de fiscalías adscritas, las actividades inherentes a la investigación y acusación de los presuntos infractores de la ley penal.
4. Tramitar, a través de las unidades de fiscalías adscritas, las apelaciones (y consultas)* contra las decisiones tomadas por las unidades locales de fiscalías.
*(Nota: Las palabras “y consultas", contenidas en el numeral 4 del presente artículo fueron declaradas inexequible, por la Corte Constitucional en Sentencia C-245 de 2001).
(Nota: La Corte Constitucional en Sentencia C-873 de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa declara exequible condicionalmente los numerales 1 y 3 del presente artículo, en el entendido de que la dirección, coordinación y control por parte de las direcciones seccionales de fiscalías en las funciones de investigación y acusación que adelanten los fiscales deben respetar la independencia e imparcialidad de estos en el ejercicio de sus funciones judiciales y declara inexequible la expresión “asignar” y declara en forma condicionada el aparte “y las políticas de la fiscalía general” contenido en el numeral 2º, en el entendido de que dichas políticas deben tener carácter general y no particular respecto de cada proceso y deben ser relativas a la política criminal.)
ART. 33.—Las unidades de fiscalías adscritas a las direcciones seccionales de la fiscalía tienen las siguientes funciones:
ART. 34.—(Inexequible).* Dirección y coordinación de policía judicial. El Fiscal General de la Nación o sus delegados tienen a su cargo dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional, demás organismos previstos en la ley y los restantes entes públicos a los cuales de manera transitoria el Fiscal General les haya atribuido tales funciones, todas las cuales ejercerá con arreglo a la ley, de manera permanente, especial o transitoria, directamente o por conducto de los organismos que ésta señale.
El Fiscal General de la Nación, bajo su responsabilidad, separará en forma inmediata de las funciones de policía judicial al servidor que omita el cumplimiento de tales órdenes, directrices, orientaciones y términos. Si tal servidor no es funcionario o empleado de la fiscalía, el fiscal que dirija la investigación lo pondrá a disposición de su nominador quien iniciará el proceso disciplinario correspondiente, sin perjuicio de las demás investigaciones a que haya lugar.
*(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-670 de 2001).
ART. 35.—Consejo nacional de policía judicial. El consejo nacional de policía judicial está conformado por el Fiscal General de la Nación, quien lo preside, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Director General de la Policía Nacional, el Director del Departamento Administrativo de Seguridad y el Director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
ART. 36.—El director nacional del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación actuará como secretario del consejo.
ART. 37.—Corresponde al consejo nacional de policía judicial reglamentar su propio funcionamiento.
ART. 38.—El consejo nacional de policía judicial tiene las siguientes funciones:
ART. 39.—(Inexequible).* Las entidades que tengan atribuciones de policía judicial ejercen las siguientes funciones:
4. Solicitar a las unidades de fiscalías y dar cumplimiento, de conformidad con las normas vigentes, las órdenes de captura, allanamiento, intervención telefónica, registro de correspondencia, vigilancia electrónica y demás actuaciones inherentes, requeridas en las investigaciones de los hechos delictuosos que adelanten.
PAR. 1º—Labores previas de verificación. La policía judicial podrá antes del trámite judicial y bajo la dirección y control del jefe inmediato, llevar a cabo labores de inteligencia, allegar documentación, realizar análisis de información, escuchar en exposición o entrevista a quienes considere pueden tener conocimiento de la posible comisión de una conducta punible.
PAR. 2º—Exposiciones en las etapas de investigación previa, de instrucción y de juzgamiento. La policía judicial realizará exposiciones orales o escritas sobre las diligencias, actuaciones adelantadas y sus resultados, que serán apreciadas por los funcionarios judiciales.
*(Nota: Declarado inexequible, a partir de la fecha de su promulgación, por la Corte Constitucional en Sentencia C-1374 de 2000).
ART. 40.—Dirección nacional del Cuerpo Técnico de Investigación. La Dirección Nacional del Cuerpo Técnico de Investigación tiene las siguientes funciones:
3. Organizar y controlar el cumplimiento de las políticas y estrategias de investigación, servicios forenses y de genética, y de administración de la información útil para la investigación penal en el Cuerpo Técnico de Investigación, en los distintos niveles territoriales de la Fiscalía General de la Nación.
ART. 41.—El director nacional, los directores seccionales, los jefes de división, los jefes de unidad de policía judicial, los profesionales y demás personal técnico, científico forense, investigador y operativo del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, cumplirán funciones de policía judicial.
ART. 42.—Direcciones seccionales. Las direcciones seccionales del Cuerpo Técnico de Investigación tienen las siguientes funciones:
ART. 43.—Escuela de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses. La Escuela de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses, tiene las siguientes funciones:
ART. 44.—Dirección nacional administrativa y financiera. La dirección nacional administrativa y financiera tiene las siguientes funciones:
ART. 45.—Direcciones Seccionales. Las direcciones seccionales administrativas y financieras tienen las siguientes funciones:
ART. 46.—El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se encuentra adscrito a la Fiscalía General de la Nación, como establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.
ART. 47.—El sistema único de Medicina Legal y Ciencias Forenses en todo el territorio nacional, es organizado y controlado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
ART. 48.—La misión fundamental del instituto es prestar auxilio y soporte técnico y científico a la administración de justicia en todo el territorio nacional, en lo concerniente a medicina legal y las ciencias forenses.
ART. 49.—En desarrollo de su misión, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene las siguientes funciones:
ART. 50.—Para el cumplimiento de sus funciones, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses tiene la siguiente organización básica:
8.1. Unidades Locales.
PAR.—En la ciudad sede de cada dirección seccional de fiscalía habrá una dirección regional o seccional del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
ART. 51.—La junta directiva del instituto estará conformada por el Fiscal General de la Nación o el Vicefiscal quien la presidirá, los Ministros de Justicia y del Derecho y Salud o sus delegados, el Procurador General de la Nación o su Delegado, el Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia o su delegado, el presidente de la asociación de facultades de medicina.
ART. 52.—Son funciones de la junta directiva:
ART. 53.—Además de ser el representante legal del establecimiento público y de procurar el cumplimiento de las funciones señaladas en el presente decreto para el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el director general debe desarrollar las siguientes:
ART. 54.—Para ser director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se requiere título profesional, especialización y acreditar ejercicio profesional mínimo por ocho (8) años o cátedra universitaria por el mismo tiempo en establecimiento reconocido oficialmente.
ART. 55.—La oficina de control interno tiene, además de las señaladas en la Ley 87 de 1993, las siguientes funciones:
ART. 56.—La oficina de planeación tiene las siguientes funciones:
ART. 57.—La oficina jurídica tiene las siguientes funciones:
ART. 58.—La secretaría general tiene las siguientes funciones:
ART. 59.—La oficina de personal tiene las siguientes funciones:
ART. 60.—La subdirección de investigación científica tiene las siguientes funciones:
ART. 61.—La subdirección de servicios forenses tiene las siguientes funciones:
ART. 62.—La subdirección administrativa y financiera tiene las siguientes funciones:
ART. 63.—Las direcciones regionales tienen las siguientes funciones:
ART. 64.—Las direcciones seccionales tienen las siguientes funciones:
ART. 65.—Las unidades locales, adscritas a las direcciones regionales o seccionales desarrollarán las actividades técnicas de medicina legal, con el apoyo administrativo y la asesoría técnica de la dirección regional o seccional a la cual pertenezcan.
ART. 66.—Forma parte del patrimonio del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, lo siguiente:
ART. 67.—El régimen prestacional de los servidores de la Fiscalía General de la Nación será el establecido por la ley para los servidores de la rama judicial, en lo que le sea aplicable.
ART. 68.—Como instrumento que permite determinar los requisitos y condiciones de remuneración, los empleos de la Fiscalía General de la Nación, se clasifican de la siguiente manera:
ART. 69.—El nivel directivo comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de dirección, coordinación, determinación de políticas, planes y programas que se dirijan al desarrollo de la Fiscalía General de la Nación.
ART. 70.—El nivel asesor cubre los empleos a los que corresponde asistir, dictaminar y aconsejar directamente al nivel directivo. También le corresponde controlar el cumplimiento de las políticas, planes y programas, adoptados por la Fiscalía General de la Nación.
ART. 71.—El nivel ejecutivo agrupa los empleos cuyas funciones comprende la ejecución, coordinación, supervisión y control de las actividades de las diferentes dependencias de la Fiscalía General de la Nación.
ART. 72.—El nivel profesional agrupa los empleos a los que corresponden funciones cuya naturaleza demanda la aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional reconocida por la ley.
ART. 73.—El nivel técnico cubre los empleos a los cuales corresponde el desarrollo de funciones que requieren un nivel de preparación técnica especializada, y que prestan apoyo en la ejecución de tareas de esa naturaleza.
ART. 74.—El nivel auxiliar cubre los empleos a los cuales les corresponde la ejecución de funciones complementarias o auxiliares.
ART. 75.—El nivel asistencial agrupa los empleos que prestan colaboración y apoyo no especializado.
ART. 76.—Todo servidor público de la Fiscalía General de la Nación tendrá derecho a la protección y el apoyo de las autoridades; a percibir los salarios, prestaciones y la asistencia y seguridad social previstos en la ley; a una capacitación adecuada; a la asociación con fines culturales, asistenciales, cooperativos y de apoyo mutuo; a los beneficios y estímulos de la carrera, y a todos los demás consagrados por la ley o el reglamento.
ART. 77.—Son deberes de los servidores de la Fiscalía General de la Nación:
ART. 78.—A los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación, según el caso, les está prohibido:
1. Realizar actividades ajenas al ejercicio de sus funciones durante la jornada de trabajo, salvo la excepción prevista en el parágrafo segundo del artículo 81 del presente decreto.
10. Comprometer u ofrecer su voto, o insinuar que escogerá ésta o aquella persona al hacer nombramientos. Se sancionará con suspensión a quien se comprobare que ha violado esta prohibición.
11. Facilitar o coadyuvar de cualquier forma, para que personas no autorizadas por la ley ejerzan la abogacía, o suministrar a éstas datos o consejos, mostrarles expedientes, documentos u otras piezas procesales.
ART. 79.—No podrá ser nombrado ni desempeñar cargo en la Fiscalía General de la Nación:
2. Quien padezca alguna afección mental que comprometa la capacidad necesaria para el desempeño del cargo, debidamente comprobada.
PAR. 1º—Los nombramientos que se hagan en contravención de lo dispuesto en el presente artículo y aquellos respecto de los cuales surgiere inhabilidad en forma sobreviniente, serán declarados insubsistentes mediante providencia motivada, aunque el funcionario o empleado se encuentre escalafonado en la carrera judicial.
PAR. 2º—El Vicefiscal General de la Nación y los directores nacionales no podrán ser elegidos en ningún cargo de elección popular o como miembros de corporaciones públicas, dentro de los doce (12) meses siguientes a la cesación de sus funciones.
ART. 80.—No podrán designarse en cargos de libre nombramiento y remoción o en los que se hagan con carácter provisional, a personas que sean cónyuges entre sí, o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, con cualquiera de los funcionarios que intervienen en la elección o nombramiento, o con quienes hayan participado en la elección o nombramiento de los respectivos nominadores.
Tampoco podrán ser designados para cargos entre los cuales haya dependencia funcional, quienes sean cónyuges entre sí, o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.
ART. 81.—Además de las previstas en la Constitución Política y la ley, el ejercicio de cargos en la Fiscalía General de la Nación es incompatible con:
1. El desempeño de cualquier otro cargo retribuido, o de elección popular o representación política, los de árbitro, conciliador o amigable componedor, salvo que cumpla estas funciones en razón de su cargo; de albacea, curador dativo y, en general, los de auxiliar de la justicia.
PAR. 2º—Los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación, podrán ejercer la docencia universitaria en materias jurídicas hasta por cinco horas semanales siempre que no se perjudique el normal funcionamiento del despacho judicial. Igualmente, con las mismas limitaciones, puede realizar labor de investigación jurídica e intervenir a título personal en congresos y conferencias.
ART. 82.—En caso de que sobrevenga al acto de nombramiento o posesión alguna inhabilidad o incompatibilidad, el servidor de la fiscalía deberá advertirlo inmediatamente a la entidad.
Si dentro de los tres (3) meses siguientes el servidor no ha puesto fin a la situación que dio origen a la inhabilidad o incompatibilidad, procederá su retiro inmediato, sin perjuicio de las sanciones a que por tal hecho haya lugar.
ART. 83.—Las situaciones administrativas son las diversas modalidades que surgen de la relación laboral entre los servidores y la Fiscalía General de la Nación, sea que se encuentren en servicio activo o que estén separados temporalmente de él.
ART. 84.—Los servidores de la Fiscalía General de la Nación pueden hallarse en una de las siguientes situaciones administrativas:
5 .En licencia ordinaria no remunerada.
6 .En licencia especial no remunerada.
7. En licencia remunerada.
8. En uso de permiso.
9. En vacaciones.
10. Suspendidos por orden de autoridad judicial o disciplinaria.
ART. 85.—Compete al nominador o a quien éste delegue, conferir las situaciones administrativas aquí previstas, de conformidad con los reglamentos expedidos por el Fiscal General.
ART. 86.—Constituye servicio activo el cumplimiento de las funciones propias del cargo.
ART. 87.—La comisión de servicio es un deber de todo funcionario o empleado y no constituye forma de provisión de empleos. Se confiere para ejercer temporalmente las funciones propias del cargo en lugar diferente al de la sede o para desarrollar transitoriamente actividades oficiales distintas de las inherentes al cargo del cual se es titular, pero relacionadas con él. También podrá conferirse para asistir a reuniones, conferencias, seminarios, cursos de capacitación o realizar trabajos de investigación o visitas de observación que interesen a la Fiscalía General de la Nación.
ART. 88.—La comisión de estudio podrá otorgarse a petición del servidor para adelantar cursos de capacitación, de especialización o realizar investigaciones científicas o estudios relacionados con las funciones de la Fiscalía General.
ART. 89.—La comisión especial tiene por objeto cumplir actividades de asesoría al Estado, estados extranjeros u organismos internacionales, o desempeñar cargos administrativos o docentes en la rama judicial, por un término no mayor a tres (3) meses improrrogables.
ART. 90.—El servidor podrá solicitar licencia ordinaria no remunerada hasta por tres (3) meses, por cada año de servicio en forma continua o discontinua. Esta licencia no es revocable ni prorrogable por quien la concede, pero es renunciable por el beneficiario. Se concederá teniendo en cuenta las necesidades del servicio.
Así mismo los funcionarios y empleados escalafonados en carrera podrán solicitar licencia especial no remunerada para realizar cursos de especialización hasta por dos años o actividades de docencia, investigación o asesoría científica al Estado hasta por un año.
Los funcionarios y empleados de carrera, nombrados en propiedad tienen derecho a licencia ordinaria no remunerada para ejercer hasta por el término de dos años, un cargo vacante transitoriamente en la rama judicial.
ART. 91.—Los servidores de la fiscalía tienen derecho a licencia remunerada por incapacidad que se derive de enfermedad, accidente de trabajo o maternidad.
ART. 92.—Los servidores de la Fiscalía General de la Nación, podrán solicitar permisos remunerados hasta por tres (3) días calendario, siempre y cuando se acrediten causas justificadas.
ART. 93.—Las suspensiones por orden de autoridad judicial o disciplinaria, originan vacancia temporal del cargo.
ART. 94.—Los servidores de la Fiscalía General de la Nación que sean llamados a prestar servicio militar o social obligatorio, lo harán conforme a la ley y, se entenderán separados temporalmente del cargo.
ART. 95.—El traslado se producirá cuando un funcionario o empleado de carrera o de libre nombramiento y remoción se designe para suplir la vacancia definitiva de un cargo o para intercambiarlo con otro cuyas funciones sean afines al que desempeña, de la misma naturaleza, categoría, nomenclatura y remuneración.
ART. 96.—El acto administrativo que disponga el traslado deberá señalar el término para cumplir el mismo, el cual no podrá exceder los treinta (30) días calendario siguientes a su comunicación, término que podrá prorrogarse por una sola vez hasta por la mitad del señalado inicialmente. Este acto no es susceptible de recursos por la vía gubernativa.
ART. 97.—Hay encargo cuando se designa temporalmente a un servidor para asumir, total o parcialmente, las funciones de otro empleo vacante por falta temporal o definitiva de su titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo. Cuando se trata de vacancia temporal el encargado de otro empleo sólo podrá desempeñarlo durante el término de ésta, y en el caso de vacancia definitiva hasta por el término que dure el proceso de selección, cuando se trate de un cargo de carrera, vencido el cual el empleo deberá ser provisto conforme a las normas de ingreso al servicio previstas en este estatuto.
ART. 98.—Cuando por ausencia del titular del cargo no se genere vacancia temporal o definitiva, se podrán asignar las funciones del cargo a otro servidor.
ART. 99.—El reintegro es la reincorporación al servicio de una persona, en cumplimiento de una decisión judicial que lo ordene, como consecuencia de la declaración de nulidad de su desvinculación, de conciliación en los términos legales, y en los casos en que termine la suspensión del cargo por alguna causa legal.
1. Insubsistencia
5. Supresión del cargo en los términos de la ley.
6. Vacancia por abandono del cargo.
7. Revocatoria del nombramiento.
9. Retiro con derecho a pensión de jubilación.
10. Invalidez absoluta declarada por autoridad competente.
11. Muerte.
12. Retiro forzoso motivado por edad.
PAR.—El nominador podrá delegar la facultad de expedir y suscribir los actos administrativos relacionados con los numerales 3º, 6º, 9º, 10, 11 y 12 de este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 18 del presente decreto.
ART. 101.—Los funcionarios y empleados de la fiscalía recibirán capacitación, que actualice y estimule su perfeccionamiento profesional o técnico.
ART. 102.—La fiscalía establecerá las necesidades específicas que en materia de capacitación requiera, de acuerdo con las necesidades del servicio.
ART. 103.—Corresponde a la Escuela de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses, diseñar e implementar los programas necesarios para garantizar adecuados sistemas de capacitación, actualización y profesionalización del personal de la Fiscalía General.
ART. 104.—La aprobación de los cursos de capacitación, se tendrá en cuenta para el escalafonamiento del personal de carrera, siempre que el respectivo concurso así lo exija.
ART. 105.—La carrera de la fiscalía tiene por objeto la profesionalización y eficiencia en la prestación del servicio, así como garantizar la igualdad de condiciones para el ingreso, permanencia, ascenso y retiro de los funcionarios y empleados, con base en sus méritos.
ART. 106.—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 130 de la Ley 270 de 1996, los empleos de la fiscalía se clasifican según su naturaleza y forma como deben ser provistos, en de libre nombramiento y remoción y de carrera. Son de libre nombramiento y remoción:
7. Los demás cargos son de carrera y deberán proveerse mediante el sistema de méritos, a través del proceso de selección.
De la administración de la carrera
ART. 108.—El proceso de selección comprende la convocatoria, las pruebas y el período de prueba, cuando este último fuere necesario. Todo proceso de selección será público y abierto; en consecuencia, podrán participar quienes pertenecen a la carrera o personas ajenas a ella.
ART. 109.—La convocatoria es norma obligatoria y reguladora de todo proceso de selección y se divulgará conforme lo establezca el reglamento que expida la comisión nacional de administración de la carrera de la Fiscalía General.
ART. 110.—La convocatoria se hará en forma periódica cada 2 años a fin de garantizar la conformación de lista de elegibles para la provisión de las eventuales vacantes, en cualquier especialidad y nivel.
ART. 111.—Las pruebas tienen como finalidad apreciar la capacidad, la idoneidad y las aptitudes del aspirante mediante la valoración objetiva y ponderada de los conocimientos, títulos y estudios académicos, experiencia profesional y habilidades para el cargo, de conformidad con el reglamento que expida la comisión nacional de administración de la carrera de la Fiscalía General.
ART. 112.—Con base en los resultados del proceso de selección se conformará una lista de elegibles con los aspirantes que hayan aprobado el mismo, en estricto orden de méritos.
ART. 113.—La provisión de los cargos será efectuada con quien ocupe el primer puesto en la lista de elegibles y en estricto orden descendente.
ART. 114.—El aspirante escogido a través del proceso de selección, será nombrado en período de prueba de tres (3) meses; finalizado dicho período, se le calificarán sus servicios para evaluar su eficiencia, adaptación y condiciones para el desempeño del cargo. Obtenida calificación satisfactoria, deberá ser nombrado en propiedad y escalafonado dentro de la carrera.
En el evento de que la calificación sea insatisfactoria, deberá ser retirado del servicio.
ART. 115.—El ascenso es una forma de provisión de los cargos de carrera vacantes definitivamente, mediante el sistema de concurso de méritos, con funcionarios o empleados inscritos en la carrera. En este caso no habrá lugar a período de prueba.
ART. 116.—La Fiscalía General brindará la inducción al nuevo funcionario nombrado para que tenga conocimiento de la Institución y de los derechos, deberes y garantías que adquiere.
ART. 117.—La provisión de un empleo de carrera se efectuará mediante proceso de selección no obstante, en caso de vacancia definitiva de éste y hasta tanto se efectúe la provisión definitiva mediante proceso de selección, podrá efectuarse nombramiento provisional, el cual no podrá exceder el término de ciento ochenta (180) días, en cada caso a partir del momento de la convocatoria.
De la vigencia de la lista de elegibles
ART. 118.—Las personas que conformen la lista para la provisión de cargos y que no fueren nombradas, permanecerán en ella como elegibles por el lapso de (2) años.
ART. 119.—Durante el tiempo al que se refiere el artículo anterior, no se podrá realizar proceso de selección para proveer cargos para los cuales se conformó la lista. La provisión de éstos deberá realizarse con las personas que figuren en la misma.
ART. 120.—La calificación de servicios tiene como finalidad verificar que los servidores de la fiscalía mantengan en el desempeño de sus funciones los niveles de idoneidad, calidad y eficiencia que justifiquen el ingreso en propiedad, la permanencia, el ascenso o el retiro del servicio y del escalafón de carrera.
ART. 121.—Corresponde al superior inmediato calificar los servicios de sus subalternos, de conformidad con el sistema e instrumentos establecidos por la comisión nacional de administración de la carrera de la Fiscalía General de la Nación.
ART. 122.—La calificación de servicios se realizará a todos los servidores de carrera anualmente, sin perjuicio de que por necesidades del servicio se anticipe la misma.
Entre la última calificación anual y la extraordinaria ordenada por el jefe del organismo o por quien éste delegue, deberán transcurrir por lo menos tres meses.
PAR.—También deberán ser calificados los funcionarios y empleados que cambien de empleo que implique el cambio del superior inmediato.
ART. 123.—La calificación de servicios será la resultante de un control permanente del funcionario y empleado y comprenderá la calidad del trabajo, la cantidad de la producción y el comportamiento laboral según el reglamento que expida la comisión nacional de administración de la carrera de la Fiscalía General de la Nación.
ART. 124.—La calificación deberá ser notificada al evaluado, quien podrá interponer los recursos de ley, para que se modifique, aclare o revoque.
ART. 125.—Una calificación insatisfactoria anual, dará lugar a la insubsistencia, previa decisión motivada del funcionario competente, contra la cual procederán los recursos ordinarios por la vía gubernativa.
ART. 126.—La insubsistencia por calificación insatisfactoria, será causal de inhabilidad para desempeñar cargos en la fiscalía por el término de dos (2) años.
ART. 127.—Corresponde a la oficina de personal coordinar la oportuna realización de las calificaciones del servicio y al área administrativa y financiera prestar todo el apoyo administrativo, financiero y operativo que se requiera para su ejecución.
ART. 128.—Los responsables de realizar la calificación de servicios, deberán hacerlo en los términos que señale el reglamento. El incumplimiento de este deber será sancionable disciplinariamente.
ART. 129.—La exclusión de la carrera de la fiscalía de los funcionarios y empleados se produce por las causales genéricas del retiro del servicio y la calificación de servicios no satisfactoria. Así mismo, quedará excluido del régimen de carrera el servidor que tome posesión (de un cargo de carrera por nombramiento en provisionalidad o)* de un cargo de libre nombramiento y remoción.
PAR.—La exclusión de la carrera de la Fiscalía General de la Nación, que lleve consigo el retiro del servicio, se efectuará mediante acto motivado susceptible de los recursos de la vía gubernativa.
*(Nota: El texto entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-1381 de 2000).
Del fondo de vivienda y bienestar social
ART. 130.—El fondo de vivienda y bienestar social creado por el Decreto 2699 de 1991 para los servidores de la Fiscalía General de la Nación, tiene entre otros los siguientes objetivos:
2. Celebrar convenios o contratos con organismos o personas especializadas en el desarrollo y financiación de programas de vivienda en beneficio de los servidores de la fiscalía.
3. Procurar el bienestar general de los servidores de la entidad, estableciendo políticas y programas en las áreas de educación, recreación, cultura , deporte y salud ocupacional.
ART. 131.—El fondo de vivienda y bienestar social contará entre otros con los siguientes recursos:
2. Las donaciones y asignaciones que se le hagan por entidades públicas de cualquier orden, personas naturales o jurídicas y organismos internacionales o gobiernos extranjeros.
3. Las sumas que le asigne el Fiscal General de la Nación de los recursos sobre los cuales pueda disponer como representante legal de la entidad.
ART. 132.—El fondo de vivienda y bienestar social depende de la secretaría general y tendrá una junta administradora.
ART. 133.—El fondo continuará funcionando de acuerdo con la reglamentación que expida el Fiscal General de la Nación.
ART. 134.—La estructura interna establecida en este Decreto regirá a partir del momento en que se adopte la planta de personal a ella correspondiente. En todo caso la Fiscalía General de la Nación contará con un término de noventa días a partir de la fecha de su publicación para adoptar las medidas necesarias a su implementación.
ART. 135.—De conformidad con lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992, el Gobierno Nacional establecerá la nueva nomenclatura de empleos, que demanden las dependencias creadas y la reorganización administrativa ordenada en el presente decreto. De igual forma determinará el régimen salarial que a ellos corresponda.
ART. 136.—Vigencia. El presente decreto-ley, tiene vigencia a partir de la fecha de su publicación; deroga en lo pertinente el Decreto-Ley 2699 de 1991 y las demás disposiciones que le sean contrarias.
(Nota: Declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-409 de 2001, pero sólo en cuanto no es necesario que las materias reguladas se tramiten mediante leyes estatutarias u orgánicas)

References: artículo 1
 artículo 30
 artículo 251
 artículo 81
 artículo 18
 artículo 130