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Timestamp: 2018-09-24 00:38:24+00:00

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SENTENCIA SP6348 DE 25 DE MAYO DE 2015
CONTENIDO:CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE. COMO CONDUCTA PUNIBLE PROTEGE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA, BUSCA PRESERVAR EL SUFRAGIO COMO DERECHO DE APLICACIÓN INMEDIATA. EL BIEN JURÍDICO SE SALVAGUARDA MEDIANTE EL ARTÍCULO 387 DEL CÓDIGO PENAL, POR LA NECESIDAD DE PROTEGER LAS INSTITUCIONES ESTATALES, QUE SE LEGITIMAN POR LA LIBERTAD DE OPCIÓN POLÍTICA, DE AMENAZAS MEDIANTE LAS ARMAS O POR CUALQUIER OTRO MEDIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ELECCIÓN DEL CONGRESISTA, CONGRESISTA, CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE, SANCIONES AL CONGRESISTA, PARÁMETROS APLICABLES A LA PENA, RECLUSIÓN DOMICILIARIA, ACUMULACIÓN DE PENAS, RESPONSABILIDAD PENAL DEL CONGRESISTA, ACTUACIÓN DEL CONGRESISTA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:523 DE JULIO DE 2015, PÁG.1275
Sentencia SP6348/29581 de mayo 25 de 2015
SP6348-2015
Aprobado Acta 184
El tema fue dilucidado por la Sala, mediante auto de 1º de octubre de 2009, al reasumir la competencia para conocer de la causa adelantada contra el ex congresista Miguel Alfonso de la Espriella Burgos.
En aquella oportunidad la Corte, con apoyo en la reinterpretación del parágrafo del artículo 235 de la Carta, hecha en providencia de 1º de septiembre del mismo año, estimó que, pese a haber cesado el doctor De la Espriella Burgos en el ejercicio del cargo de senador de la República, concurrían los presupuestos para prorrogar la competencia, por cuanto se vislumbraba el nexo exigido por la norma superior entre el delito de constreñimiento al sufragante por el cual se le acusó y las funciones desempeñadas como congresista. En apoyo de lo anterior observó la Sala:
“... de acuerdo con la acusación formulada, la condición de miembro del ala política de las autodefensas, del doctor De la Espriella Burgos, determinó presuntamente la obtención de su curul en el Congreso en las elecciones de 2002 como objetivo perseguido por la organización, sin importar que tal fin se lograse mediante la intimidación que ejercía sobre la comunidad que habitaba la región de su injerencia en el departamento de Córdoba, gracias al control militar y político que el grupo armado ilegal tenía en dicha zona”(2).
Posteriormente la corporación, en providencia de 9 de diciembre de 2009, al negar una solicitud de nulidad del citado auto de 1º de octubre, formulada por el Ministerio Público, insistió en la misma postura frente a la competencia, al señalar:
“... Cuando la Corte asumió el estudio de la conducta lo hizo de acuerdo con la acusación formulada de manera integral, tomando en cuenta sus manifestaciones externas reflejadas en las reuniones donde se consolidaron las supuestas alianzas, como también los propósitos que inspiraron esos encuentros, los cuales, según lo proclaman las decisiones judiciales emitidas hasta el momento, se encaminaron a cerrar acuerdos de recíproco beneficio entre el doctor De la Espriella Burgos y las autodefensas para que este pudiera alcanzar una curul en el Congreso y los otros pudieran contar con un aliado en esa importante e influyente posición, comportamiento que dentro de la nueva hermenéutica, constituye un acto relacionado con el servicio cuyo principio de ejecución comenzó cuando se fraguó el pacto”(3).
2. Los presupuestos de la sentencia.
En procura de proferir sentencia y culminar el juzgamiento del ex senador de la República Miguel de la Espriella Burgos, acusado por el delito de constreñimiento al sufragante agravado, es imperativo examinar las pruebas recaudadas en los distintos momentos del proceso y a partir de su valoración decidir si se le condena o se le absuelve. Será lo primero si las evidencias oportuna y legalmente allegadas brindan certeza sobre la comisión de la conducta punible que se le atribuyó, como lo requiere el representante del Ministerio Público. Lo segundo, es decir la absolución, si no se cumplen los anteriores requisitos, bien porque se demuestre su inocencia, ora porque sobre esos factores no se logre certeza, según lo predica la defensa.
El artículo 232 de la Ley 600 de 2000, en cuanto a los requisitos para proferir fallo condenatorio, dispone: “No se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del procesado”.
Como lo ha sostenido la Sala:
“... Esto equivale tanto como a decir que, dentro de la escala probatoria determinada por nuestro estatuto procesal, de la probabilidad de la responsabilidad del justiciable que es el estado de espíritu en que se halla el juzgador al convocarlo a juicio, se debe pasar en este momento del proceso al más alto grado del conocimiento, el cual supone la eliminación de toda duda racional, deviniendo la seguridad de que los hechos han ocurrido de determinada manera que es lo que, en esencia, constituye la certeza.
Si de la prueba no se adquiere tal certidumbre, la absolución se torna inexorable por virtud legal” (CSJ SP, 17 May 1995, Rad. 9621).
2.1. La conducta punible imputada al procesado y su prueba.
2.1.1. Al doctor Miguel Alfonso de la Espriella Burgos, se le atribuye el delito de constreñimiento al sufragante agravado, previsto en el artículo 387 del Código Penal en los siguientes términos:
“El que utilice las armas o amenace por cualquier medio a un ciudadano o a un extranjero habilitado por la ley, con el fin de obtener apoyo o votación por determinado candidato o lista de candidatos, o voto en blanco, o por los mismos medios le impida el libre ejercicio del derecho al sufragio, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años.
La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por un servidor público” (se destaca).
La Sala sobre el punto ha señalado (CSJ SP, 18 Mar 2010. Rad. 27032):
“El constreñimiento al sufragante como conducta punible que protege los mecanismos de participación democrática —título XIV, libro segundo de la Ley 599 de 2000—, se dirige a preservar el sufragio como derecho de aplicación inmediata y como instrumento primordial para ‘configurar las instituciones estatales, formar la voluntad política, y mantener el sistema democrático, a través de decisiones legítimas y vinculantes que resultan necesarias para su sostenimiento’(4). Por eso el voto es derecho-libertad, ‘de la misma manera que las libertades de culto, asociación, reunión, petición, elección de profesión u oficio’(5).
Esas expresiones que configuran el bien jurídico que se salvaguarda mediante el artículo 387 del Código Penal, explican la necesidad de proteger las instituciones estatales, que se legitiman por la libertad de opción política, de amenazas mediante las armas o por cualquier otro medio, encaminadas a obtener el apoyo ciudadano por determinado candidato o lista de candidatos, como lo prevé la norma con el fin de ‘garantizar que la decisión contenida en el voto sea una genuina expresión de la voluntad individual y no el producto del ejercicio de poderes sobre la persona’(6) que no deben manifestarse, necesariamente, en el acto de votación, porque si así fuera quedarían por fuera de la cobertura de la figura que describe el comportamiento ilícito las amenazas previas a ese momento, pese a que teleológicamente están dirigidas a perturbar la libertad de opción que se le reconoce a todo ciudadano.
‘La concepción del constreñimiento como figura típica es mucho más amplia, pues se trata de preservar tanto el ‘apoyo’ o la ‘votación’ por determinado candidato, en el marco de una conducta alternativa que se diferencia nítidamente de la destinada a ‘impedir por los mismos medios el derecho al sufragio’, que es una situación distinta”(7).
Sobre el derecho a la participación política precisó la Corte Constitucional en Sentencia T-324 de julio 14 de 1994 lo siguiente:
“De acuerdo con el artículo 40 de la Constitución, para hacer efectivo el derecho a la participación política, el ciudadano puede, entre otros derechos, elegir y ser elegido. Este es el más importante y tradicional procedimiento de la democracia representativa. A través del sufragio, se incide en la conformación y control de los poderes públicos y de esta manera se contribuye a la legitimación del ejercicio del poder político”.
La idea del sufragio lleva aparejada, como lo ha expuesto la misma corporación, “la libertad política de escoger un candidato”(8), que permite el correcto funcionamiento del sistema democrático, el cual no puede ser interferido por la violencia contra los electores, porque si ello ocurre se desdibuja el concepto de democracia y se menoscaba ese derecho fundamental:
“El voto constituye, sin lugar a dudas, uno de los elementos centrales de la democracia. No podría comprenderse la democracia sin la existencia de elecciones, en las cuales se eligen los gobernantes a través del voto de los ciudadanos. El ejercicio del voto constituye una manifestación de la libertad individual, en la medida en que la persona selecciona el candidato de su preferencia. Así mismo, constituye base de la legitimidad del sistema”(9).
En palabras de la Corte Constitucional (Sent. C-759/2004):
“... La prevalencia del derecho al sufragio libre sobre el mecanismo concreto de reforzamiento de la representación de ciertas comunidades se explica por la importancia axiomática del principio democrático. La soberanía popular que proclama la Constitución exige que los escrutinios reflejen de manera fidedigna la voluntad popular expresada en las urnas, pues cualquier circunstancia que desdibuje el resultado electoral corroe el reducto esencial del régimen democrático. Y cuando esa circunstancia es, como en el caso presente, la violencia física, hacer caso omiso de la invalidez de la elección que ello origina, en aras de mantener una representación congresional mínima, significaría permitir el acceso al poder por mecanismos de hecho y no de derecho...”.
Para los efectos de la conducta examinada, el constreñimiento se puede traducir en violencia física o moral sobre el sufragante con el fin de manipular su voluntad y afectar su libre albedrío en un proceso electoral, a partir del miedo o temor que por esas vías se le infunde. El tipo penal se refiere específicamente a la utilización de las armas o la amenaza por cualquier medio a un ciudadano.
Sobre este tópico ha observado la Sala que:
“... constituye violencia moral, aquel constreñimiento o coacción seria dirigida a la psiquis y determinada por la amenaza de un mal, que es empleada por el agente de la conducta a través de medios compulsivos puramente morales o espirituales, igualmente dirigidos a vencer la oposición de la víctima” (CSJ SP, 3 May 2007, Rad. 20.809).
El delito de constreñimiento al sufragante se estructura, ya sea que afecte a un ciudadano o a un grupo de ciudadanos determinados, o incluso a una población electoral. Esta última posibilidad, más reprochable que las anteriores por ser mayor la afectación que en tales casos se produce al bien jurídico tutelado —el ejercicio de los mecanismos de participación democrática—, es usual en regiones dominadas política y militarmente por actores armados ilegales que imponen su voluntad sobre los electores a partir de la intimidación que surge de la utilización de las armas o de la amenaza de usarlas.
Por ello, quien acude a un grupo armado ilegal con el fin de obtener apoyo o votación en determinado sentido, o impedir el libre ejercicio del derecho al sufragio, y efectivamente logra que los alzados en armas realicen acciones intimidatorias sobre la población en procura de tales propósitos, incurre en el ilícito de constreñimiento al sufragante, en calidad de determinador del comportamiento ilegal que afecta a los ciudadanos, porque la utilización de ese medio lleva implícita la coacción sobre los habitantes de las regiones bajo su dominio político y militar, que les impide obrar con libertad, autonomía e independencia en el ejercicio de su opción política como electores.
2.1.2. Según los términos de la resolución acusatoria, el doctor De la Espriella Burgos, en su condición de miembro del ala política de las AUC, por la vía de un acuerdo con Salvatore Mancuso obtuvo el apoyo de esta organización armada ilegal para alcanzar su curul al Senado de la República en las elecciones de 2002, propósito que se logró mediante la intimidación que las autodefensas ejercían sobre la comunidad que habitaba la región de su injerencia en el departamento de Córdoba.
Se pasará entonces a examinar si de acuerdo con la prueba recaudada en el proceso se encuentra demostrada, en grado de certeza, esta imputación. Para el efecto se estudiarán los siguientes aspectos: i) el paramilitarismo y su influencia en el departamento de Córdoba; (ii) el contexto en el que se desarrollaron las elecciones parlamentarias en este departamento en 2002; (iii) la relación de Miguel de la Espriella con los grupos paramilitares que operaban en aquella época en vastas regiones de Córdoba; y (iv) la utilización por el procesado de la fuerza intimidante de las AUC en beneficio de sus intereses electorales en los mencionados comicios.
(i) El paramilitarismo y su influencia en el departamento de Córdoba
Ilustra de manera fehaciente este aspecto el pronunciamiento hecho por la Sala en el proceso que se adelantó por la conducta de concierto para delinquir agravado contra el doctor Miguel de la Espriella y otros, en el cual se manifestó:
“... Las investigaciones que ha venido adelantando la Corte Suprema de Justicia en diversas regiones del país, le han permitido verificar que el proyecto paramilitar tuvo en todas ellas un desarrollo más o menos similar. Después de un periodo de penetración en el que, gracias a la voluntaria o forzada colaboración de algunos sectores de la comunidad —en especial del ganadero, como lo reconoce en sus orígenes Rodrigo García Caicedo, importante ganadero de la región y quien estableció los primeros contactos entre el gobierno del Presidente Pastrana y las autodefensas— y a la intimidación lograda a través de las masacres y las amenazas contra otros que se reputaban pertenecientes o proclives a las organizaciones guerrilleras, los grupos paramilitares lograron un inicial apoderamiento de vastos territorios en los que impusieron sus reglas y asumieron, como lo sostuvo uno de sus máximos dirigentes(10), el control absoluto de las relaciones sociales: dirimían controversias civiles, solucionaban conflictos familiares, en fin, ‘ejercíamos un control territorial, político, social y económico pleno’.
En el campo político y de la administración pública, si bien hacia los años 1996 a 1998 en algunos municipios, miembros de órganos de elección popular vinculados o aliados a organizaciones paramilitares obtuvieron una importante presencia en alcaldías y concejos municipales y en gobernaciones y asambleas departamentales en franca dirección hacia la hegemonía política, solo a comienzos del nuevo milenio parece idearse el proyecto de aquellos grupos ilegales de incidir de manera directa en la conformación de todos los cuadros regionales del poder público.
Los aspirantes a elegirse como jefes del ejecutivo territorial y miembros de corporaciones públicas del mismo nivel, son entonces contactados y convocados por los dirigentes paramilitares, con el propósito de pactar las nuevas reglas de juego o simplemente de imponer las propias. Quienes no son llamados para esos efectos, son de una vez vetados por la organización y también son rechazados quienes rehúsan entrar en alianzas o conversaciones con sus cabecillas.
Se producen en este periodo numerosas muertes de candidatos a cargos de elección popular y de alcaldes en ejercicio que se negaron a contemporizar con los jefes paramilitares, como sucedió con Pedro Pablo Montiel y Mauricio Garnica Díaz según lo refirieron los senadores De la Espriella Burgos y Montes Álvarez. Otros fueron obligados a renunciar o a desplazarse de sus municipios para despachar desde las capitales de los departamentos.
Asumido de esta manera el control del aparato político, municipios enteros fueron doblegados por estas organizaciones que, además, en no pocos casos impusieron igualmente sus agentes en cargos claves de las administraciones territoriales, bajo la mirada complaciente o impotente de la población que se sometió al nuevo orden y entendió como normal o al menos inmodificable una permanente situación de ilegalidad y de ilegitimidad de las instituciones democráticas.
(...) En este sentido, se destacan declaraciones como las de Esmeralda Enith González Bechara(11), líder política de la época en el municipio de Canalete y afín con el movimiento del senador Reginaldo Montes, quien sostuvo que la presencia de las autodefensas en ese (sic) era pública, nadie se atrevía a denunciar por temor, se tenían dificultades para hacer política, las autodefensas citaban a la gente, manejaban puestos, cobraban un porcentaje sobre los contratos de obras, solo podían aspirar los candidatos que permitían, convocaban a reuniones con los que se inscribían y los que asistían eran los que ‘alineaban’.
Parecida es la declaración de Luis Carlos González Flórez(12) —dirigente político local del movimiento de Reginaldo Montes—, quien afirmó que para las elecciones de 2002 las autodefensas obligaron a la gente a votar pues iban a las casas y les decían por quién debían hacerlo, señalando que este tipo de coacción solo se dio en relación con los candidatos a concejos municipales, alcaldías y asamblea, pues para Congreso de la República se ejercía prohibiendo el proselitismo en determinados municipios.
Aunque pudo haber ocurrido desde antes, para el año 2001 aparecen documentados unos acuerdos que fueron celebrados con la participación de jefes paramilitares, en los que se convenía la distribución territorial del electorado con la finalidad de acceder al Congreso de la República, se establecían pactos de apoyo a algunos aspirantes o simplemente se autorizaba el ejercicio de la actividad proselitista a determinados candidatos en territorios específicos, imponiendo además vetos generales o locales a algunos nombres...”(13) (CSJ AP 14 May 2007, Radicado 26942).
Resulta evidente, como se desprende de las intervenciones no solo de los miembros de los grupos paramilitares hoy desmovilizados, sino de los elementos de prueba que ha podido acopiar la Sala en las diferentes investigaciones, que en el departamento de Córdoba el fenómeno del paramilitarismo echó raíces en su extensa geografía.
Se asentaron en la referida zona: el bloque Norte, que operaba en los departamentos de Atlántico, Guajira, Magdalena, Cesar, Córdoba, Sucre, Norte de Santander y Bolívar, con un total de 14 frentes; el bloque Cacique Nutibara, de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’ o ‘Adolfo Paz’, con influencia en la parte sur-oriental de Córdoba y en Valencia especialmente; el Bloque Élmer Cárdenas, al mando de Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, que tenía presencia en el Urabá Cordobés, donde ejerció control militar y político en los cinco municipios de la margen izquierda del río Sinú en el departamento de Córdoba (San Bernardo del Viento, Puerto Escondido, Los Córdobas, Moñitos y Canalete)(14); el bloque Montes de María, que estaba posicionado de la parte costanera de Córdoba entre San Antero, Coveñas, Chimá y Momil; y el bloque central Bolívar, en el sur-este del departamento.
Los comandantes de los frentes de las AUC tuvieron estrechos vínculos con políticos mediante el diseño de planes y estrategias para lanzar e impulsar candidatos adeptos a esa organización a los concejos, alcaldías, a la asamblea departamental y al Congreso de la República, a través de apoyo económico y de la mano de la comunidad. Las tareas proselitistas e intimidantes fueron ejercidas directamente por ellos y por los militantes de la organización, con el propósito de ejercer influencia y allegar seguidores en el electorado para de esta manera posicionar su fuerza política en el departamento, con los beneficios que ello implicaba para el grupo armado ilegal.
Este panorama se diseñó desde el mismo momento en que los grupos armados ilegales hicieron presencia y lograron la supremacía en las diferentes regiones, como lo refirió Salvatore Mancuso al afirmar que a partir del año 1997 tuvo el dominio pleno del departamento de Córdoba, por lo que se mantuvo un liderazgo político que permitía a los miembros de estas agrupaciones garantizar, a futuro, la tranquilidad en la permanencia de sus estrategias y la protección para sus intereses; era tal su preeminencia en las zonas donde operaban las autodefensas, que a ellas no se podía llegar sin su autorización; a pesar de esto, en algunos eventos consintieron el ingreso de diferentes candidatos pero bajo la supervisión estricta de los miembros de las AUC, bien controlando al candidato o “direccionando”(15) a los electores, lo cual les permitía mantener la hegemonía electoral, que en últimas era su cometido.
Por ello adoptaron varias estrategias como dividirse el territorio o llegar con varios candidatos a las elecciones, con el fin de garantizar su poder, en cuyo propósito se utilizaron medios violentos e intimidantes, para obligar a las personas a votar por determinado candidato.
En el departamento de Córdoba los grupos armados ilegales cometieron múltiples homicidios, masacres, desplazamientos, secuestros y extorsiones, todo ello con el pretexto de combatir a los guerrilleros que de tiempo atrás delinquían en la región.
Como lo advierte en su alegato el representante del Ministerio Público, para el año 2010 la Fiscalía General de la Nación llegó a documentar 2.188 conductas delictivas, de las cuales 724 fueron desplazamientos forzados, múltiples masacres, 410 reclutamientos ilegales de niños, niñas y adolescentes, para un total de 8.006 víctimas registradas, por efecto de las acciones paramilitares(16).
Esa actividad armada de intimidación a través de la cual se logró la supremacía territorial, política y socioeconómica, no fue producto de las obras sociales y del poder de convencimiento por medio de la palabra de los paramilitares asentados a lo largo y ancho del departamento de Córdoba, sino del sometimiento, de haber desplazado de su territorio a más de 75.342 personas entre 1994 y 2007, presentándose un mayor desplazamiento en los años 2000, 2001 y 2002, con 13.083, 19.719 y 17.576, personas respectivamente, de los cuales los municipios de Tierralta y Valencia, fortines políticos del procesado, se constituyen en los de mayor tasa de expulsados de sus territorios(17).
“... Si hay una región del país que pueda registrar en su historia sociodemográfica reciente la tragedia constante del desplazamiento forzado como consecuencia de la guerra es el departamento de Córdoba. En 1999 pobladores de municipios como Tierralta, Valencia y Puerto Libertador y Montelíbano se convirtieron en verdaderos trashumantes, en una zona en que se disputan territorios e influencia entre grupos paramilitares y guerrilleros (...) el desplazamiento en este departamento se caracterizó por éxodos en masa, causados por masacres y combates que afectaron a la población civil...”(18).
Las autodefensas en el departamento de Córdoba se convirtieron en una especie de “Estado” dentro del Estado de derecho, porque sus miembros, prevalidos del poder intimidante de las armas, resolvían múltiples asuntos que conciernen a una sociedad, llegando incluso, en desarrollo de su proceso expansionista y su deseo de “Refundar la Patria”, a imponer candidatos a todas las corporaciones públicas por la vía del amedrentamiento a la población para obtener sus votos en los distintos comicios electorales.
Como lo manifestó Rodrigo Tovar Pupo alias Jorge 40, en los “estados de autodefensa” la organización cumplía “funciones ejecutivas, legislativas y judiciales, inclusive eclesiásticas...”(19). En similar sentido declaró Iván Roberto Duque al señalar: “Una hoja no se movía en Córdoba sin las AUC y conocimiento de Mancuso; No había alcalde que no tuviera la bendición de ellos; Las AUC han intervenido en la política aprovechando el poder de las armas, de la intimidación”(20).
José Antonio García Ordóñez, alcalde de Cereté entre 2001 y 2003, describe así la situación:
“... ahí no se movía un ápice, una aspiración si no habían dado la bendición una de esas personas, más de uno fueron muertos; en Cereté, por ejemplo, mataron un diputado en el ejercicio de su representación, mataron concejales en Cereté; muchos dirigentes digamos de sindicatos fueron muertos en Cereté; a muchas personas que estaban en diferentes orillas ideológicas fueron muertas en Cereté y Montería; aquí hubo un derramamiento de sangre pavoroso, aquí hubo aspirantes al concejo y concejales muertos de Montería, en Sahagún (...) aquí eso era una masacre absoluta...”(21).
Sobre el ambiente intimidante impuesto por la organización armada ilegal en el departamento de Córdoba, obra en el proceso la declaración de Luis Manuel Córdoba del Castillo, la cual resulta de vital importancia por haber sido líder político del grupo de Eleonora Pineda en el municipio de El Caramelo:
“... Preguntado.—Tiene usted conocimiento quienes eran las personas que llegaron en una camioneta el día de las elecciones al Caramelo, iban estos armados o uniformados. Contestó.—Si eran miembros de las autodefensas, iban armados y uniformados. Preguntado.—Cuáles fueron las personas que llevaron hasta la cantina y cuánto tiempo permanecieron allí. Contestó.—Fueron muchos pero no recuerdo ahora mismo porque éramos de diferentes partidos políticos. Ahí estuvimos como diez minutos. Preguntado.—Usted fue de las personas que llevaron hasta la mencionada cantina. Contestó.—Sí. Preguntado.—Usted cuanto tiempo permaneció allí. Contestó.—Como diez minutos. Preguntado.—Las otras personas que fueron llevadas allí tiene usted conocimiento cuanto tiempo permanecieron allí. Contestó.—También los diez minutos porque la camioneta llegó y nos citó a la cantina yo estaba en la calle esperando que llegaran los carros que traían las personas a votar, nos preguntaron ‘ustedes saben por quién tienen que votar y les dijimos claro que sabemos por quién tenemos que votar’ y nos preguntaron por quién íbamos a votar por la alcaldía yo les dije que yo si se por quién voy a votar por la alcaldía y me preguntaron por quién iba a votar para el concejo y les dije que yo sabía por quién iba a votar para el concejo, pero me dijeron ‘para el concejo usted puede votar por el candidato que usted le parezca, pero para la alcaldía no’. Eso nos lo dijeron en la cantina. Preguntado.—Estas personas que usted dice eran de las. AUC conoce a alguno nos puede mencionar el nombre o alias de alguno de ellos. Contestó.—Sí, Salomón Feris Chadid, alias 08, sí había otro pero no recuerdo nombres. Preguntado.—Le dijo Salomón Feris o las personas que lo acompañaban por quien debía votar para la alcaldía de Tierralta. Contestó.—Sí, por Sigifredo Senior Sotomayor. Preguntado.—Tiene usted conocimiento si personas armadas o integrantes de las AUC estuvieron en el sector donde estaban ubicadas las mesas de votación en la vereda del Caramelo. Contestó.—Sí, estuvieron durante las elecciones. Preguntado.—Supo usted o se enteró de alguna clase de presión de parte de los miembros de las AUC a los jurados de votación. Contestó.—Sí para que indicara que votaran a la alcaldía. Preguntado.—Cómo supo usted lo que ha mencionado. Contestó.—Porque a mí me lo sugirió el señor que estaba de las AUC, no conozco me dijo usted puede votar para el concejo libremente pero para la alcaldía no...”(22) (destacado fuera del texto).
El poderío de las autodefensas era notorio y del mismo hacían ostentación sus miembros precisamente para generar en las comunidades zozobra a través de sus acciones, como ocurrió con el homicidio del candidato a la alcaldía de Canalete en el año 2000, Pedro Pablo Montiel, quien no quiso asistir a las reuniones convocadas por los paramilitares y por desobedecer esa orden fue asesinado en la plaza central de la localidad de Popayán cercana a Canalete. Los testimonios de los ciudadanos Juan Manuel Brunal Cuitiva, Esmeralda Enith González Bechara y Luis Carlos González Flórez revelan lo siguiente sobre esta situación:
“... conocí a Pedro Pablo Montiel en Canalete, era de la región de Canalete (...) lo mataron porque le exigieron que fuera a una reunión de las autodefensas y él no quiso ir a una reunión (...) cuando hacían una advertencia usted tenía que ir allá (...)(23).
(...) si señor lo que todo el mundo sabe (...) después la influencia paramilitar que era lo único que se veía en esa región y la gente tenía que hacer lo que ellos decían porque si no se tenía que atener a las consecuencias, si las autodefensas prohibían que los cerdos tenían que salir a la calle todo el mundo tenía que estar con sus marranos encerrados porque el que encontraran en la calle lo mataban, desde cosas tan pequeñas como esas en adelante (...) nadie se atrevía denunciar (...) ya la gente aspirantes a la política ellos hacían sus normas y tenían que hacer lo que ellos creían que era el bien entre comillas para la comunidad para la región, hacían citas los mandaban a llamar con ellos mismos. La gente que tomaba esa opción no la dejaban llegar al cargo público, ni siquiera a la urna, ni siquiera a inscribirse en los formularios porque era lo que ellos decían (...) eran los candidatos que ellos decían los que decían los que iban aspirar y si alguien más se inscribía en lista no los dejaban llegar a las veredas a hacer política (...) ellos hacían reuniones y la gente que llegaba a esas reuniones eran la gente que los que ellos alineaban y presiones de ellos mismos (...) ellos citaban a los que se inscribían a reuniones y la gente que no iba a esos reuniones se veía que estaban en contra de lo que ellos estaban imponiendo y a esas personas las sacaban por completo no los dejaban acercar a la comunidad (...) conocí a Pedro Pablo Montiel, aspiró a la alcaldía y desgraciadamente no fue a las reuniones que ellos citaban y lo mataron en la plaza pública de canalete advertido de que se le iba a matar porque todo el mundo sabía que a él lo iban a matar (...) se hacía lo que las autodefensas hacían, se postulaban pero tenían que hacer lo que ellos dijeran (...)(24).
(...) eso fue a la luz del día y públicamente (...) lo mataron (...) porque a él le mandaron una citación para que fuera y se presentara donde ellos y él no fue a la citación (...) como que no fue y lo mandaron a asesinar (...) las presiones las hacían más que todo en lo rural...”(25).
En similar sentido declaró José Antonio García Ordóñez, ex alcalde de Cereté, otro ciudadano víctima de constreñimiento por los agentes generadores de violencia en esta parte del país:
“... cuando ellos entraron a mi casa ellos se me identificaron como miembros de las autodefensas Colombia y me hicieron entrar hasta el cuarto de mi casa para hablar en privado (...) y entré al cuarto de mi casa con esos tres señores y me dijeron: ‘señor José García tenemos entendido que usted va a aspirar a la alcaldía de Cereté, venimos de parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, le pedimos el favor que se presente a un medio de amplia circulación y diga que usted no va a aspirar a la alcaldía porque le tenemos prohibido que usted aspire a la alcaldía de Cereté’ (...) les dije yo no tengo ninguna garantía que ustedes sean unas personas que vienen de verdad, posiblemente sean de la otra campaña (...) Sacaron las pistolas inmediatamente uno de ellos se dirigió al carro, regresó con una metralleta y me dijo: quiere otra prueba?’ Sacaron un radio teléfono y comenzaron a hablar (...) oí claramente cuando le dijo uno de ellos: ‘si él no quiere aceptar eso ni quiere renunciar no saca un documento ahí o no va a la prensa, llévenlo ustedes a la prensa o hagan lo que tienen que hacer’; ya cuando vi esas cosas ahí si me asusté y yo me fui a la prensa (...) Ellos me dijeron usted hoy tiene que renunciar (...) cuando regresé a mi casa yo bajé tembloroso muy asustado...’.
(...) O sea que usted requería de una autorización expresa de las AUC para hacer campaña política? (...) Claro, porque yo me presenté al comandante de la Policía de Cereté de esa época, a la comandancia, le dije me está pasando esto, yo estoy asustado, protéjame, y de frente, el man me decía si no le dan el visto bueno allá dese por muerto y si sigue empecinado en eso lo matan no sea bobo y así le decían a muchas personalidades aquí, en el DAS, en todas partes, aquí la autoridad era de nombre apenas...”(26).
(ii) El contexto en el cual se desarrollaron las elecciones parlamentarias en el departamento de Córdoba en 2002
En el contexto de violencia e intimidación que acaba de describirse se realizó el proceso electoral del año 2002 para el Congreso de la República, en el cual obtuvo su curul al Senado el doctor Miguel de la Espriella, gracias a las alianzas que concertó con las autodefensas ilegales para obtener su apoyo electoral.
No existía, como lo pretende la defensa, sinergia entre los paramilitares y las comunidades, sino un estado de intimidación de la sociedad civil que le impedía, por ese temor generalizado, producto de toda clase de atropellos, actuar con libertad, pues ni el mismo Estado, para ese momento, lograba rodear de garantías a quienes vivían en las zonas rurales y urbanas de los diferentes municipios, corregimientos y veredas; esa permanencia activa y efectiva que tenían en Córdoba las autodefensas, no permitía el libre ejercicio de la democracia, para garantizar que la decisión contenida en el voto fuera una genuina expresión de la voluntad individual y no como lo era, producto del ejercicio del poder intimidante sobre las personas.
Los paramilitares impusieron su voluntad a los ciudadanos mediante la violencia, en las regiones bajo su control en el departamento de Córdoba, con lo cual ejercieron un dominio ilegítimo sobre las poblaciones sometidas. Por ello, hablar —como lo hace Salvatore Mancuso— de “acumulados solidarios”, conformados por grupos de ciudadanos adeptos libre y voluntariamente a la causa paramilitar, corresponde a una idea desasida de la realidad de violencia y coacción sobre la comunidad que precedió esas adhesiones.
Resulta claro que luego de las masacres, homicidios, desplazamientos, amenazas y demás conductas punibles que cometieron en el departamento de Córdoba, no podía existir libertad de opción política en los ciudadanos que habitaban en las zonas dominadas por las autodefensas, más aún si se tiene en cuenta que la forma violenta como esa organización armada ilegal actuaba era de conocimiento público en esas regiones.
Los testimonios atrás citados acreditan la violencia física y moral a la que fue sometida la comunidad en el departamento de Córdoba por las autodefensas, impidiéndosele optar libremente por la alternativa política de sus preferencias. Asimismo, muestran el entorno de intimidación en el cual se desarrollaban las elecciones en las regiones bajo control militar de esa organización.
(iii) La relación de Miguel de la Espriella con los grupos paramilitares que operaban en el departamento de Córdoba
La relación entre el doctor Miguel de la Espriella y las AUC resulta evidente no solo por la admisión que hiciera sobre su pertenencia a la organización armada ilegal, como miembro del ala política, sino por las referencias que en el proceso existen sobre su militancia en la misma, lo cual fue expuesto en la sentencia anticipada proferida en su contra por el delito de concierto para delinquir agravado en los siguientes términos:
“... Respecto al doctor Miguel de la Espriella adujo(27) que este hizo parte del brazo político de las autodefensas y que su función fue estrictamente política y social, que contribuyó enormemente a la consolidación de un proceso de paz con el actual Gobierno Nacional. Advirtió que el grupo de las autodefensas(28) realizó acuerdos políticos con Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda, básicamente porque se identificaban ideológicamente, razón por la cual le planteó a De la Espriella y a Eleonora, la idea que aquel aspirara al Senado y ella a la Cámara de Representantes, para que buscaran un partido que les permitiera acceder a esas posiciones.
(...) Necesario entonces es concluir que el ex senador Miguel Alfonso de la Espriella Burgos, como brazo político del grupo armado de las autodefensas se concertó con ánimo de permanencia en el tiempo con los miembros de esta organización obteniendo como beneficio la autorización o beneplácito del grupo armado para realizar su labor política en la zona. Acuerdo que se deduce claramente por lo admitido por el doctor de la Espriella, lo referido por Salvatore Mancuso y como si fuera poco, por el contenido del pacto de Ralito, en el que se compromete el acusado, junto a otras personas, con la organización, para refundar la patria, en el sentido de reconocer y apoyar la idea que el único Estado era aquel que contara con la complacencia de estos grupos armados al margen de la ley y compartiera los objetivos previamente trazados por estos...”(29).
Miguel de la Espriella reconoció este vínculo en diligencia de ampliación de indagatoria llevada a cabo el 12 de octubre de 2007, una vez decidió confesar su pertenencia a las AUC y acogerse a los beneficios legales propios de la sentencia anticipada(30). Afirmaciones respaldadas por el máximo jefe de las autodefensas en el departamento de Córdoba, Salvatore Mancuso, de las cuales resulta fácil concluir que el procesado no solo era colaborador o promotor de la organización sino un miembro y vocero político de la misma, con un compromiso ideológico que lo llevaba a compartir sus idearios.
(iv) La utilización por parte del procesado de la fuerza intimidante de las AUC para sus propósitos electorales en 2002
Las pruebas recaudadas conducen a demostrar que el doctor Miguel de la Espriella utilizó el poder intimidante de las AUC, organización a la cual pertenecía como miembro del brazo político, con el fin de obtener el apoyo de los electores en el departamento de Córdoba a su aspiración al Senado de la República. Lo hizo mediante un acuerdo ilegal celebrado con el líder paramilitar Salvatore Mancuso, quien había convenido lo mismo con otros aspirantes al Congreso, pero siempre “direccionando”(31) a las comunidades para que entregaran un porcentaje de la votación a los candidatos de las entrañas de la organización.
Con los testimonios rendidos por Salvatore Mancuso aparece acreditado el referido pacto, que tuvo como base la necesidad de apoyo planteada por Miguel de la Espriella, dado que no contaba con el caudal electoral suficiente para sacar adelante su lista al Congreso, donde figuraba también Eleonora Pineda como candidata a la Cámara de Representantes. Al respecto declaró Mancuso ante la Fiscalía:
“... Miguel me dijo ‘mono’ como me decía en el colegio, estudiamos juntos, yo no tengo un caudal electoral suficiente que me permita llegar al Senado de la República y de paso sacar a Eleonora, que nadie conoce como representante a la Cámara, le dije por eso no te preocupes Miguel, eso déjamelo a mí, las poblaciones creen en nosotros, nosotros hemos solucionado los problemas que el Estado no le ha solucionado a ellos, hemos venido además haciendo un trabajo político con ellos desde el año 97, que nos permite sin ningún tipo de inconveniente sin reñir con los otros actores políticos del departamento, elegirte a ti y a Eleonora; ‘dispón’ de tu caudal electoral y yo me encargo del resto...”(32).
Mediante las declaraciones del líder paramilitar aparecen también demostradas las reuniones celebradas por cabecillas del bloque Norte de las AUC con líderes políticos de la región, en las cuales se acordó que el procesado debía ser favorecido con el apoyo y la votación para aquella gesta electoral. Al respecto señaló el líder paramilitar:
“... con Miguel Alfonso de la Espriella y Eleonora Pineda sí hubo acuerdos políticos con la organización de autodefensas, básicamente porque nos identificamos ideológicamente (...)(33).
(...) en la zona que yo tenía decía que entren todos los líderes de ellos, pero como yo llamaba a sus líderes les decía, ustedes tienen unos compromisos con nosotros, ¡quién les ha brindado seguridad, quién les ha buscado solucionar problemas sociales económicos políticos? ¡Nosotros! ¿A quién le deben gratitud ustedes?; ¡A nosotros!, así que pueden dejar entrar a todos ellos, los que quieran pero votan por quienes nosotros hemos direccionado, y así lo hacían(34).
(...) yo hablé con los diferentes líderes políticos del departamento de Córdoba, y mis comandantes también lo hicieron, les dijimos por qué queríamos impulsar congresistas que tuviesen un sentido de pertenencia con los temas de la paz, la reconciliación, la función social del Estado (...)(35).
(...) queremos que ustedes señores líderes participen apoyando con un cinco, con un diez por ciento de la votación, que ustedes les ponen a sus caciques políticos colóquensela a Eleonora y Miguel Alfonso, ese acuerdo hicimos nosotros, yo particularmente, con los diferentes líderes que cité a esa zona de Tierralta del alto Sinú y me reuní con muchísimos de ellos, centenares de ellos (...)(36).
(...) les pedimos que nos apoyaran con el 5 o 10% de la votación, o con lo que ellos consideraran conveniente; recursos económicos nunca les entregué directamente a ellos, mis comandantes se encargaron de todo el tema logístico, de las manifestaciones públicas, del transporte de la propaganda, de todo lo concerniente que normal y comúnmente se da en las elecciones y en las campañas políticas...”(37).
Las manifestaciones de Salvatore Mancuso, lejos de ser favorables al procesado Miguel de la Espriella, según lo pretende la defensa, lo incriminan como determinador del comportamiento ilegal que se le atribuye, no solo porque el declarante reconoce la existencia de un “acuerdo político” celebrado entre ellos para que las autodefensas le dieran su apoyo a De la Espriella en la consecución de votos suficientes para acceder al Congreso, junto con su compañera de fórmula Eleonora Pineda, sino también porque Mancuso admite que para lograr ese propósito él y sus comandantes se reunieron con diferentes líderes políticos del departamento de Córdoba, acordaron con ellos porcentajes de votación a favor de la lista encabezada por De la Espriella, y realizaron en pro de esa postulación actividades logísticas, de propaganda y proselitismo.
Lo anterior supone, a juicio de la Sala, el despliegue de un poder intimidante sobre la población electoral asentada en las regiones bajo el dominio militar de la organización armada ilegal, porque en el entorno de violencia creado por ellas en esos territorios, si sus comandantes les pedían a los líderes y a la comunidad apoyar a un candidato, como en el caso bajo examen ocurrió, esta solicitud se traducía en una exigencia que limitaba la libertad de opción política de los electores.
Los guarismos electorales permiten corroborar la efectividad de ese respaldo, porque en el año 2002, cuando las AUC tenían hegemonía armada en el departamento de Córdoba, las votaciones para el candidato afecto a sus intereses resultó ser mucho más elevada que la obtenida por él cuando el grupo armado ilegal estaba mermado por efecto de las desmovilizaciones; lo cual ratifica no solo la presencia y poder de las AUC en la zona sino también que con su retirada los ciudadanos empezaron a recuperar su libertad y pudieron, aún con los rezagos del temor, optar por otras alternativas para que los representaran.
Con las siguientes estadísticas se observa el aumento porcentual en la votación que obtuvo el procesado en las elecciones parlamentarias de 2002, cuando actuó como alfil de las autodefensas en el departamento de Córdoba(38):
Municipio Elección 1998 Elección
2002 Elección
Montería 9.263 10.242
11% 5.421
Planetarica 1.874 3.800
103% 931
Pueblo Nuevo 1.881 2.426
29% 833
Tierralta 2.722 8.675
219% 2.945
Valencia 606 5.727
845% 1.618
San Antero 1432 2479
73% 165
Cereté 6018 7016
17% 4.452
Como se puede apreciar, el mayor crecimiento en las votaciones a favor de Miguel de la Espriella se registra en Tierralta y Valencia, municipios en los que el control político y militar de las autodefensas era más fuerte. Recuérdese que Mancuso aludió a Tierralta como el asiento de la guardia estratégica de las AUC(39). Por su parte, el líder comunitario del corregimiento de El Caramelo, Luis Manuel Córdoba del Castillo, se refirió a esos dos municipios como zonas controladas por las autodefensas comandadas por Mancuso, en donde “impulsaron” a votar por la fórmula Eleonora Pineda - Miguel de la Espriella al Congreso de la República en 2002, para lo cual se reunieron con líderes de las comunidades(40).
Se observa además que el porcentaje de participación en la votación de esos municipios, obtenido por De la Espriella en dichos comicios, fue de 55.61% y 67.99%, respectivamente(41). Una situación similar se observa con su compañera de lista al Congreso de la República, Eleonora Pineda, impulsada también por las autodefensas, quien había sido electa en 2000 concejal de Tierralta con 748 votos, y a los dos años, como aspirante a la Cámara, obtuvo en el mismo municipio 11897 votos de un total de 16.233, con un porcentaje de participación del 73.29%(42).
En los municipios de Planeta Rica, San Antero y Pueblo Nuevo, también bajo influencia de los paramilitares, se observa un patrón similar de incremento en la votación favorable al candidato de las autodefensas Miguel de la Espriella, en las elecciones parlamentarias de 2002. Como se concluye en un estudio del CTI, en general en el departamento de Córdoba “los sufragios obtenidos por el ex senador Miguel Alfonso de la Espriella Burgos (...), para el año 2002 son de mayor índice que los otros dos años (1998 y 2006), concordando de esta manera con la época en que las AUCU (sic) hacen mayor presencia tanto territorial como en número de hombres”(43).
Lo anterior muestra una correlación entre los resultados electorales a favor de la lista al Congreso de la República impulsada por las autodefensas en el departamento de Córdoba y la coacción a la cual se vio sometida la comunidad en las regiones bajo su influencia, para que la votación en las elecciones parlamentarias favoreciera a los candidatos impuestos por el grupo armado ilegal.
En estas condiciones, intentar disfrazar la situación planteando el acuerdo de la comunidad con las actividades del grupo armado ilegal, no resulta más que un argumento falaz, como quiera que la aparente complacencia de la ciudadanía con “sus ejecutorias” fue producto de un régimen del terror impuesto por las AUC en vastas regiones de Córdoba, en las que estas hacían proselitismo armado y restringían el pluralismo político(44).
No se puede optar libremente en unas elecciones cuando un grupo armado ilegal controla amplios sectores del departamento y somete a sus comunidades, actúa como un poder de facto, suplanta al Estado y sustituye a jueces, gobernantes y demás autoridades.
Las AUC consiguieron por la vía de la intimidación romper el equilibrio político y afectar la libertad de opción de los ciudadanos, porque su meta era posicionar a candidatos de sus entrañas, entre ellos Miguel de la Espriella, quien se identificaba ideológicamente con el propósito de la organización de “Refundar la Patria” y “fundar un nuevo contrato social”. Para consolidar la captura del Estado, proyecto en el que estaba empeñado Mancuso, resultaba indispensable garantizar que personas vinculadas con la organización, como De la Espriella, alcanzaran importantes cuotas de poder(45).
La defensa y el procesado pretenden justificar los resultados electorales obtenidos por Miguel de la Espriella en los comicios de 2002, en virtud del trabajo político cumplido de antaño, incluso por su abuelo y su padre, las obras gestionadas a favor del departamento y las alianzas que se hicieron con otros movimientos políticos y candidatos. Empero, ello en manera alguna desvirtúa la vinculación de esos resultados con la celebración de un acuerdo ilegal en tal sentido con las autodefensas y la imposición que en cumplimiento del mismo hicieron los miembros del grupo armado ilegal a las comunidades bajo su dominio para que sus candidatos fueran elegidos, lo cual —se insiste— surge de la propia versión del líder paramilitar que reclamaba a sus jefes de zona y a todos los líderes políticos el 5 y 10 por ciento de la votación para Miguel de la Espriella, y encargaba a sus comandantes convocar a las manifestaciones públicas, reunirse con los líderes de la comunidad y distribuir la propaganda, lo que descarta, de plano, la libertad de opción para los electores, dado que las concentraciones políticas eran citadas por los ejecutores de masacres, intimidaciones y desplazamientos, quienes acudían a las reuniones con los líderes comunitarios vestidos de camuflado y con armas(46).
Un aumento en las votaciones a favor del candidato al Senado auspiciado por las autodefensas, en la elevada proporción que se registra en los mencionados municipios del departamento de Córdoba controlados por el grupo paramilitar, no se explica simplemente por el uso de la palabra o de la persuasión, el trabajo con los alcaldes y con la comunidad, la tradición política del candidato y de su familia, ni por el apoyo de los adeptos a los idearios de la organización armada ilegal(47).
La votación atípica obtenida por Miguel de la Espriella en algunos municipios del departamento de Córdoba, controlados por las AUC, durante los comicios de 2002, especialmente en Tierralta y Valencia, es una prueba clara de la incidencia que en ese proceso electoral tuvo el mencionado grupo armado al margen de la ley, así la defensa, apoyada en informes(48) y declaraciones de miembros de la Policía Nacional(49) y delegados de la Registraduría Nacional del Estado Civil(50), pretenda persuadir a la Corte de que dichas elecciones transcurrieron en un entorno de completa normalidad y absoluta libertad para los sufragantes.
Las declaraciones traídas a colación por la defensa no merecen credibilidad a la Corte, por cuanto describen un ambiente pacífico que contrasta con la realidad de violencia e intimidación que para la época del mencionado proceso electoral se vivía en las comunidades residentes en las zonas bajo influencia de las autodefensas. Contrariamente a lo manifestado en su declaración por el ex comandante de la Policía de Córdoba, Henry Caicedo García, en informe de inteligencia de ese mismo departamento de Policía, sobre la situación de orden público en la época próxima a los comicios de 2002, se hacen las siguientes afirmaciones que confirman la situación de intimidación a la cual se viene haciendo referencia:
“... Acciones políticas
Las AUC, en desarrollo de su accionar político, han incrementado registros de reuniones con gremios políticos en sus zonas de injerencia, planteando sus estrategias políticas referentes a las próximas elecciones parlamentarias del 2002. La ACCU, presionan a los sectores políticos del departamento de Córdoba, para que apoyen a candidatos postulados por esa organización en el evento electoral del 2002. Las presiones sobre los sectores políticos son evidentes, las ACCU han asesinado a los ex alcaldes de los municipios de Tierralta y Valencia y al diputado Manuel Ruiz Álvarez. Las ACCU pretenden ejercer control sobre los entes de los poderes locales (alcaldía, consejos, asamblea, etc.).
(...) Para el proceso electoral del 2002 se referencias (sic) fuertes presiones de las ‘AUC’, sobre los sectores políticos del departamento y el incremento de injerencia en área general del departamento”(51).
Ahora, si no se presentaron denuncias sobre presiones a los sufragantes en ese debate electoral, ello encuentra razonada explicación en la misma situación de temor a que estaba sometida la población en las zonas controladas militarmente por las autodefensas ilegales.
Es posible que sobre algunas comunidades y personas del departamento de Córdoba las AUC no hayan ejercido violencia directa para que votaran en favor de Miguel de la Espriella, o lo apoyaran en las elecciones parlamentarias de 2002, pero su poder intimidante era de tal magnitud que bastaba con que los comandantes dieran a conocer quién era el candidato impuesto por la organización y pidieran votar por él, para que las poblaciones sometidas se vieran coaccionadas a apoyar esa aspiración, por el temor a las represalias(52). En el caso del procesado fue más notoria y directa esa interferencia en la libertad de opción electoral de los ciudadanos, por cuanto se trataba de un miembro del grupo armado ilegal que aspiraba a llegar al Senado de la República utilizando ese aparato de poder, para constituirse desde el órgano legislativo en vocero político de los intereses de la organización.
También es posible que respecto de algunos líderes y electores del departamento de Córdoba que apoyaron la aspiración de Miguel de la Espriella al Senado de la República no se haya ejercido coacción por las autodefensas, en cuanto pertenecían o apoyaban espontáneamente su movimiento político(53), pero ello en modo alguno desvirtúa la vinculación de los mencionados resultados electorales, favorables a esa candidatura, con el apoyo brindado a ella por la organización, mediante la intimidación a la comunidad que habitaba en las regiones sometidas a su dominio político y militar.
Ahora bien, que otros aspirantes al Senado, oriundos de departamentos distintos al de Córdoba, hayan obtenido votos en las elecciones parlamentarias de 2002 en esa entidad territorial, tampoco descarta la efectiva incidencia que las AUC tuvieron en la gesta electoral y en el logro de los resultados electorales a favor del procesado, gracias al temor que generaban en la comunidad por sus acciones.
Resulta claro, como ya se indicó, que Miguel de la Espriella, a pesar de la aceptación que tenía en algunos sectores del departamento de Córdoba, no contaba con el caudal suficiente para salir electo, junto con su fórmula al Congreso, Eleonora Pineda; por tal motivo requirió el apoyo de las autodefensas para obtener el respaldo de los ciudadanos a su lista al parlamento, sin importarle que para ello la organización armada ilegal impusiera su voluntad a los electores mediante el poder de coerción que ejercía sobre ellos.
En fin, aunque Mancuso manifieste que solo utilizó “la palabra” como instrumento de persuasión a favor de la candidatura al Senado del doctor De la Espriella, asegure que en los territorios controlados fueron a hacer campaña otros candidatos sin inconvenientes y niegue que se haya coaccionado a los sufragantes en las elecciones parlamentarias de 2002, tales manifestaciones —invocadas por la defensa— carecen de credibilidad para la Sala, habida consideración de la apabullante realidad de intimidación a la que estaba sometida la población en las regiones del departamento de Córdoba dominadas política y militarmente por las AUC, en especial las de Tierralta y Valencia.
2.1.3. Otras valoraciones.
En desarrollo del juicio la Corte decretó oficiosamente como prueba el testimonio de Ramón Éder Pedraza Peña, alias Ramón Mojana, ex jefe político del frente Mojana de las autodefensas(54), con motivo de la versión libre rendida por el paramilitar desmovilizado ante un fiscal de justicia y paz, allegada en copia al proceso, en la cual manifestó:
“Con gobernadores no tuve relaciones, con senadores fue con Miguel Alfonso de la Espriella donde se le apoyó en San Jacinto del Cauca para el Senado, yo no me acuerdo la fecha, se le obligó a la población civil a votar para el Senado de la República por el señor Miguel Alfonso de la Espriella...”(55).
En su declaración ante la Sala, rendida por videoconferencia el 16 de diciembre de 2013, el señor Pedraza Peña ratificó que el frente paramilitar al que pertenecía, presionó a la población de San Jacinto del Cauca para apoyar al doctor De la Espriella en las elecciones al Senado de la República de 2002, lo cual se hizo, según lo indicó, pidiéndole a los líderes y a los campesinos que votaran por él, como también haciendo presencia en los puestos de votación, donde los “urbanos” o militares de frente “recibían las cédulas y rayaban los tarjetones”; dijo estar enterado que las autodefensas de Córdoba comandadas por Salvatore Mancuso apoyaban esa candidatura y por ese motivo autorizó a los líderes a respaldarlo; precisó que no hizo acuerdos con el doctor De la Espriella para respaldar su aspiración al Senado de la República en 2002, pero —señaló— él sabía “que le iban a colocar los votos”, y agregó que fueron los líderes políticos de San Jacinto del Cauca (Bolívar) quienes acordaron votar por él porque les prometió la electrificación de la zona, respaldo que contó con el aval del Frente Mojana de las autodefensas; señaló que dicho acuerdo se concretó en una reunión en San Jacinto del Cauca, a la cual asistieron los líderes, el doctor De la Espriella y el propio Éder Pedraza; declaró asimismo que Miguel de la Espriella “era un desconocido en San Jacinto del Cauca” pero gracias a estos apoyos obtuvo allí la votación que logró.
En relación con estos hechos, el 14 de julio de 2014 se recibió el testimonio de José María Imbett, ex representante a la Cámara y dirigente político del departamento de Bolívar, quien se refirió al apoyo que Miguel de la Espriella recibió de varios candidatos al concejo del mencionado municipio para los comicios parlamentarios.
De igual manera, rindieron declaración sobre el mismo asunto los ex representantes a la Cámara Alfonso López Cossio y Néstor Germán Viana Guerrero, la ex alcaldesa de San Jacinto del Cauca Ángela María Barragán y el ex registrador de ese municipio Jonis Oliva Núñez. Los dos primeros, quienes aspiraron a la Cámara de Representante en las elecciones de 2002, manifestaron no haber tenido conocimiento sobre presiones de las AUC a los votantes en ese municipio, en dichos comicios. Por su parte, la ex alcaldesa y el ex registrador municipal coincidieron en señalar que las mencionadas elecciones transcurrieron en condiciones de absoluta tranquilidad y normalidad, sin constreñimiento a los electores.
Al proceso se aportó un reporte estadístico de la Registraduría Nacional del Estado Civil, según el cual para las elecciones del 10 de marzo de 2002 el doctor Miguel de la Espriella obtuvo 557 votos en el referido municipio, por encima de Vicente Blel Saad (76 sufragios), Carlos Adolfo Espinosa (70 votos) y Javier Enrique Cáceres Leal (41 sufragios)(56).
A pesar de las inconsistencias que se aprecian en la declaración del señor Éder Pedraza Peña, en cuanto se refiere a la forma como —según el testigo— los líderes del municipio de San Jacinto del Cauca accedieron a respaldar la candidatura al Senado del doctor De la Espriella, la versión del declarante se muestra creíble en algunos aspectos en los que resulta concordante con las pruebas aportadas a la actuación, que revelan el modus operandi de las autodefensas durante los procesos electorales en las zonas bajo su influencia política y militar.
Aunque no existe evidencia en el proceso de la destrucción de cédulas y la marcación de tarjetones por parte de los miembros de las autodefensas en San Jacinto del Cauca durante las elecciones de 2002, lo manifestado por el ex jefe político del frente Mojana, en torno a la intimidación ejercida sobre los electores en ese municipio por el bloque de autodefensas al cual pertenecía, para que apoyaran al candidato al Senado auspiciado por la organización, se ofrece verosímil por cuanto corresponde al patrón de comportamiento de las autodefensas observado en el departamento de Córdoba, para la misma época electoral, en las zonas bajo su control militar. Dicha versión corresponde además al conocimiento que el testigo tuvo de la situación que relata, en su calidad de jefe político de la mencionada estructura paramilitar, y revela su disposición de suministrar información a las autoridades judiciales en el marco de su postulación a justicia y paz.
Son hechos indicativos de la veracidad de lo expuesto por el testigo Éder Pedraza, que el doctor Miguel de la Espriella, siendo un desconocido en San Jacinto del Cauca, como aquel lo indica, no solo hizo campaña política en ese municipio del departamento de Bolívar, con la anuencia de los paramilitares que allí operaban, por tratarse del candidato al Senado promovido por la organización, sino que obtuvo una votación superior a la de los demás aspirantes esa corporación, lo cual se explica ciertamente por el apoyo que le ofrecieron los líderes, a cambio de la fallida promesa de electrificación, pero también por el respaldo obtenido del grupo de autodefensas que operaba en la zona.
De las manifestaciones del testigo surgen varios hechos relevantes para el proceso, a saber: (i) el apoyo ofrecido por las autodefensas a la candidatura al Senado de Miguel de la Espriella en 2002, se extendió a zonas distintas del departamento de Córdoba, como el municipio de San Jacinto del Cauca (Bolívar), bajo influencia de otra estructura de la misma organización armada ilegal; (ii) este apoyo también se tradujo allí en actos de constreñimiento sobre la comunidad; (iii) el respaldo que los líderes de esa población le dieron al doctor De la Espriella no fue producto de acuerdos realizados por él con el frente Mojana, sino de una alianza entre el candidato y los líderes, que contó con el aval del mencionado bloque de autodefensas; y (iv) gracias a estos respaldos —de los líderes y de las autodefensas— el doctor Miguel de la Espriella consiguió en un municipio donde no era conocido, una votación superior a la obtenida por los demás candidatos al Senado.
3.1. Conforme con lo expuesto, surge evidente el dominio que en el departamento de Córdoba tuvieron las autodefensas, lo cual se tradujo en intimidación física y moral sobre los habitantes de las regiones controladas por el grupo armado ilegal, situación que se llevó a cabo mediante la comisión de múltiples conductas punibles que generaron temor y zozobra en la población.
3.2. En este contexto de intimidación se llevó a cabo el proceso electoral de 2002, en el cual obtuvo su curul al Senado de la República el doctor Miguel de la Espriella Burgos, con el concertado respaldo de la organización armada ilegal a la que pertenecía como miembro del ala política.
3.3. En desarrollo del mencionado acuerdo ilegal las AUC realizaron actividad proselitista, “alinearon” a la comunidad sometida a sus designios y “direccionaron” las votaciones a favor de la candidatura al Senado del doctor De la Espriella, quien sería vocero y representante de sus intereses en el Congreso de la República.
Este apoyo se manifestó mediante actos concretos, como reuniones celebradas por Salvatore Mancuso y sus comandantes del bloque Norte de las AUC, con líderes políticos de las diferentes regiones del departamento de Córdoba controladas por el grupo armado ilegal, en las cuales se les comprometió a apoyar la aspiración del doctor Miguel de la Espriella en las elecciones parlamentarias de 2002, incluso con unos porcentajes específicos de votación, compromiso que llevaba implícita la intimidación a los electores, al provenir la exigencia del líder y de los comandantes de la organización que dominaba política y militarmente en vastas regiones del departamento de Córdoba.
“Alinear” a los votantes, “direccionar” las elecciones, controlar el ingreso a los territorios sometidos a dominio paramilitar de candidatos distintos a los apoyados por la organización, hacer proselitismo armado a favor de determinados aspirantes y reunirse con líderes y miembros de la comunidad coaccionada para pedirles votar por los candidatos impulsados por la organización, son conductas desplegadas por las autodefensas que, de manera inequívoca, involucran un constreñimiento sobre la población electoral de esas zonas, con la consecuente vulneración de su derecho de libre opción política, que es de la esencia de la democracia representativa.
3.4. Aunque la defensa insista en que la única arma utilizada en dicho proceso electoral fue la de “la palabra”, la realidad inocultable de intimidación que las autodefensas ejercían sobre la comunidad impide aceptar este aserto. El control que esa organización tenía sobre las regiones del departamento de Córdoba donde hacía presencia militar, entre las cuales se destacan las de Tierralta y Valencia, sin duda coartaba la libertad de los ciudadanos para apoyar y elegir a un candidato distinto de los promovidos o aceptados por la organización.
3.5. El apoyo que las autodefensas ofrecieron a la campaña del doctor Miguel de la Espriella al Senado de la República, como producto del consenso entre él y Salvatore Mancuso, se extendió a regiones ubicadas fuera del departamento de Córdoba, como San Jacinto del Cauca (Bolívar), en donde operaba el frente Mojana de la organización armada ilegal, cuyo jefe político era Éder Pedraza Peña. En dicha población, los miembros de las autodefensas constriñeron también a la comunidad a respaldar al doctor De la Espriella en el mencionado proceso electoral.
3.6. El conjunto probatorio permite concluir que las autodefensas desarrollaron un proyecto de toma gradual de las instituciones que partió de lo local para culminar en lo nacional, aplicándose, en primera instancia, a usurpar el control de las administraciones municipales y departamentales para, de forma coetánea a la consolidación de dicha hegemonía, incidir en la configuración del Congreso de la República, proyecto al cual se vinculó activamente el doctor Miguel de la Espriella como miembro del brazo político de esa organización armada ilegal.
3.7. Para la Corte es incontrovertible el interés del procesado en obtener unos resultados electorales favorables a su aspiración al Senado y a los propósitos de la organización armada ilegal a la cual pertenecía, sin importarle que tal fin se lograse mediante la intimidación que las autodefensas usualmente ejercían sobre la comunidad que habitaba en las regiones del departamento de Córdoba sometidas a su control militar y político.
3.8. En estas condiciones, concluye la Sala que los comportamientos enrostrados al ex Senador Miguel de la Espriella son no solo típicos sino también antijurídicos y culpables.
3.8.1. Lo anterior, en atención a que como miembro del ala política de las AUC, de manera consciente y voluntaria, utilizó el poder de coerción que esta organización armada ilegal ejercía sobre la población electoral en vastas regiones del departamento de Córdoba, en beneficio de su candidatura al Senado de la República en 2002 y del proyecto político de las autodefensas ilegales, lo cual constituye una forma de constreñimiento al sufragante en los términos del artículo 387 del Código Penal. Conducta que se agrava, porque para la época de los hechos el procesado tenía la condición de servidor público (representante a la Cámara), investidura que le imponía actuar de una manera diferente a como procedió, es decir, respetando la libertad de opción política de los electores.
3.8.2. La forma violenta e intimidante como el grupo armado ilegal actuaba sobre la población era de conocimiento público en el departamento de Córdoba, y el doctor De la Espriella, quien pertenecía al brazo político de las autodefensas, con mayor razón debía conocerla. Por ello, al convenir con Salvatore Mancuso el apoyo de la organización armada ilegal para su lista al Congreso de la República, era consciente que ese respaldo se iba a traducir en constreñimiento sobre la población electoral de las zonas bajo el dominio político y militar de las AUC para favorecer su aspiración, como —según lo revelan las pruebas— en efecto ocurrió. La utilización de ese medio llevaba implícita —se insiste— la coacción sobre los habitantes de las regiones controladas por los paramilitares, que impedía a los ciudadanos obrar con libertad, autonomía e independencia en el ejercicio de su opción política como sufragantes.
3.8.3. Con su comportamiento el procesado vulneró, sin justificación alguna, los principios que rigen el ejercicio de los mecanismos de participación democrática, como son los de libertad, autonomía e independencia del elector.
3.8.4. El procesado es culpable porque encontrándose en posibilidad de obrar en consonancia con el ordenamiento jurídico, en el sentido de participar en las elecciones parlamentarias sin acudir al poder intimidante que las AUC ejercían sobre la población electoral, optó por ejecutar el comportamiento ilícito que se le endilga con consciencia de su antijuridicidad, vale decir, a sabiendas de que con el mismo afectaba el ejercicio de los mecanismos de participación democrática.
3.9. Por último, aunque la conducta punible se le atribuyó en la resolución acusatoria en calidad de coautor, conforme con el artículo 29 inciso 2º del Código Penal, la Corte considera que se le debe condenar como determinador, de acuerdo con el artículo 30, inciso 2º del mismo estatuto, variación que no tiene repercusiones sustanciales frente a la congruencia entre la acusación y el fallo, como quiera que la pena aplicable en los dos casos es la prevista para la infracción.
Considera la Sala que el procesado es determinador del delito de constreñimiento al sufragante, porque, por la vía de un acuerdo ilegal con el líder paramilitar Salvatore Mancuso, indujo a este a utilizar el poder intimidante que el grupo ejercía sobre la comunidad que habitaba en las zonas bajo su dominio en el departamento de Córdoba, para obtener su apoyo a las aspiraciones que tenía de alcanzar una curul al Senado de la República en las elecciones de 2002.
Esta postura fue asumida por la Corte en un caso similar, en el cual señaló:
“... en el ámbito de la participación el concurso de personas en la ejecución del tipo penal admite la determinación, condición esta por la que se condenará al doctor Araújo Castro — y no como coautor, según la acusación de la Fiscalía—, por haberse probado que él no realizó materialmente la acción, pero sí que con ocasión del acuerdo ilegal ingresó en la esfera de un aparato de poder que requería consolidar su penetración de lo público, para lo cual resultaba indispensable garantizar que personas de algún modo vinculadas con la organización alcanzaran importantes cuotas de poder; apareciendo incontrovertible el interés del procesado en lograr esos resultados, hasta el punto que de allí se puede inferir que estuvo de acuerdo y en ese grado de consenso determinó ese comportamiento ilegal” (CSJ SP, 18 mar 2010, Rad. 27032. En sentido análogo: CSJ SP, 7 dic 2011, Rad. 33015).
En consecuencia, la Corte declarará penalmente responsable al procesado Miguel Alfonso de la Espriella Burgos, en calidad de determinador del delito de constreñimiento al sufragante agravado, previsto en el artículo 387 inciso 3º de la Ley 599 de 2000.
4. Dosificación punitiva y subrogados penales.
4.1. Para el efecto de cuantificar la pena, se tiene en cuenta que el doctor Miguel Alfonso de la Espriella Burgos será declarado responsable y condenado por el delito de constreñimiento al sufragante agravado (L. 599/2000, art. 387, inc. 3º), luego le corresponde una pena de prisión de 3 a 6 años (36 a 72 meses), aumentada de una tercera parte a la mitad (48 a 108 meses).
Conforme lo ordenan los artículos 60 y 61 de la Ley 599 de 2000, el espectro de oscilación de la pena se divide en cuartos, así: el primero va de 48 a 63 meses; el segundo de 63 meses y 1 día a 78 meses; el tercero de 78 meses y 1 día a 93 meses; y, el cuarto de 93 meses y 1 día a 108 meses. No se tendrán en cuenta agravantes genéricos, por cuanto la Fiscalía omitió su atribución; de modo que se graduará la pena dentro del cuarto mínimo, o sea, entre 48 y 63 meses de prisión.
Dentro de los citados límites se impondrá al doctor Miguel Alfonso de la Espriella Burgos la pena de 60 meses de prisión, que corresponde a una respuesta acorde con la gravedad, en concreto, del delito cometido por el procesado, atendiendo a que con su conducta no solo comprometió la dignidad de su alta investidura, sino que prevalido de la alianza con grupos paramilitares generó intimidación sobre toda una comunidad para que apoyara su aspiración parlamentaria e interfirió en el normal desarrollo de la contienda electoral.
4.2. No hay lugar a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por impedirlo un requisito objetivo: el artículo 63-1 (modificado por L. 1709/2014, art. 29) solo autoriza el subrogado frente a la imposición de una pena de prisión que no exceda de 4 años, condición que no se cumple en este caso(57).
4.3. Por el contrario, conforme con los artículos 38 y 38B, en concordancia con el 68A del Código Penal(58), aplicables por favorabilidad al procesado(59), procede conceder al sentenciado la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión intramuros, por concurrir los presupuestos que para tal efecto dichas normas exigen, a saber:
(i) La sentencia se impone por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley es inferior a ocho (8) años de prisión: en este caso la pena mínima para el delito de constreñimiento al sufragante agravado sería de 4 años de prisión.
(ii) El ilícito de constreñimiento al sufragante no está incluido en el listado del inciso 2º del artículo 68A de la Ley 599 de 2000. Por manera que, respecto de esta conducta es posible acceder al beneficio de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión intramuros, por tratarse de un delito no excluido de su amparo.
(iii) Los elementos de prueba allegados a la actuación demuestran el arraigo familiar y social del condenado: el doctor Miguel de la Espriella es casado y tiene tres hijos, reside con su familia en Montería (Córdoba), se conoce su lugar de domicilio (calle 64A Nº 3-116 barrio Recreo de esa ciudad, teléfono 095 7851785), y ha comparecido a este juicio cuando se le ha requerido.
Sobre el particular conviene enfatizar que el artículo 23 de la Ley 1709 de 2014 sustituyó el requisito subjetivo establecido en el artículo 38 de la Ley 599 de 2000 para otorgar la prisión domiciliaria, que exigía evaluar el desempeño personal, laboral, familiar y social del condenado, en orden a establecer seria y fundadamente que no pondrá en peligro a la comunidad y no evadirá el cumplimiento de la pena, por uno de carácter objetivo consistente en la demostración del arraigo familiar y social, cuya evaluación se muestra menos exigente que la de aquel condicionamiento subjetivo.
La expresión arraigo, proveniente del latín ad radicare (echar raíces), supone la existencia de un vínculo del procesado con el lugar donde reside, lo cual se acredita con distintos elementos de juicio, entre otros, tener una residencia fija y estable, vivir en ella junto con la familia y estar presto a atender el requerimiento de las autoridades, circunstancias que, según lo indicado precedentemente, pueden predicarse del doctor Miguel de la Espriella en el asunto sub examine.
(iv) El procesado no ha sido condenado por delito doloso dentro de los cinco (5) años anteriores al presente fallo: la condena por el delito de concierto para delinquir agravado que le impuso el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, luego que el doctor Miguel Alfonso de la Espriella se acogiera a sentencia anticipada, es de 28 de febrero de 2008, vale decir, fue proferida hace más de 7 años(60).
Mediante caución en cuantía de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales, el condenado garantizará el cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 38B, numeral 4º del Código Penal, especialmente las de: a) no cambiar de residencia sin autorización previa del funcionario judicial; b) comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena, cuando fuere requerido para ello; c) permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión y cumplir las condiciones de seguridad impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del Inpec para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiere el juez de ejecución de penas. Para el efecto el sentenciado suscribirá un acta de compromiso. Se ordenará la captura del condenado para que, en cumplimiento del artículo 38C del estatuto represor, el Inpec asuma su custodia y lo traslade a su domicilio con el fin de que allí cumpla la pena de sesenta (60) meses prisión, que en este fallo le ha sido impuesta.
La ejecución de la medida de prisión domiciliaria se acompañará de un mecanismo de vigilancia electrónica, conforme con lo dispuesto en los artículos 38D y 38F del Código Penal, adicionados por los preceptos 25 y 27 de la Ley 1709 de 2014.
4.4. De conformidad con los artículos 44, 51 y 52 del Código Penal, la Sala condenará al doctor Miguel Alfonso de la Espriella Burgos, a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por un tiempo igual al de la pena privativa de la libertad impuesta.
4.5. Por último, no hay lugar a la condena en perjuicios porque estos no se encuentran establecidos de manera concreta en el proceso.
1. (Sic) Otras determinaciones.
La solicitud formulada por el procesado, relativa a la acumulación jurídica de penas entre el concierto para delinquir agravado, por el cual fue condenado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, mediante sentencia de 28 de febrero de 2008, y el delito de constreñimiento al sufragante agravado, por el cual se le condena ahora, deberá ser resuelta por el juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad correspondiente.
1. DECLARAR penalmente responsable a Miguel Alfonso de la Espriella Burgos, de condiciones personales y civiles consignadas en esta providencia, en calidad de determinador del delito de constreñimiento al sufragante agravado, previsto en el artículo 387 inciso 3º de la Ley 599 de 2000, y en consecuencia CONDENARLO a la pena principal de sesenta (60) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas durante el mismo tiempo.
2. NEGAR a Miguel Alfonso de la Espriella Burgos la suspensión condicional de la ejecución de la pena.
3. SUSTITUIR la pena de prisión intramuros por la de prisión domiciliaria, que cumplirá el sentenciado en su lugar de residencia, bajo un mecanismo de vigilancia electrónica, con las condiciones señaladas en este fallo. Se ordena la captura del condenado para que el Inpec asuma su custodia y lo traslade a su domicilio con el fin de que allí cumpla la pena de prisión que le ha sido impuesta. Para todo lo atinente a la suscripción del acta de compromiso y la formalización de la captura se comisiona a la Sala Penal del Tribunal Superior de Montería.
5. En firme esta sentencia, remítase la actuación al reparto de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, para lo de su cargo.
6. La secretaría de la Sala enviará las copias del fallo a las que alude el artículo 472 de la Ley 600 de 2000.
(2) Cuaderno original 19, folio 8.
(3) Cuaderno original 19, folio 130.
(4) Corte Constitucional, Sentencia T-603 de 2005.
(6) Corte Constitucional, sentencia C-142 de 2001.
(7) Sentencia de 16 mayo de 2008, Radicación 26.470.
(8) Corte Constitucional, Sentencia C-142 de 2001.
(10) Cfr. Versión de Salvatore Mancuso el día 16 de enero de 2007 ante la fiscalía de justicia y paz y del 21 de marzo del mismo año en el proceso de la Corte, Radicado 26625.
(11) Cuaderno 2, folio 45-46 (nota fuera del texto original).
(12) Cuaderno 2, folio 47-48 (nota fuera del texto original).
(13) Cuaderno 8, folios 28-124.
(14) También lo hizo en el Urabá antioqueño y chocoano.
(15) Así lo afirmó Salvatore Mancuso en sus versiones ante justicia y paz y ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
(16) Tribunal Superior Distrito Judicial de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, sentencia de 7 de diciembre de 2011, proceso 2006-81366, M.P. Léster María González Romero, Bogotá D.C.
(17) Las estadísticas de desplazamientos se basan en la información reportada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional —Acción Social—, documentos allegados por el doctor Reginaldo Montes Álvarez, folios 216 a 224, cuaderno 6.
(18) Fuentes Codhes, boletín 28 del 2000, titulado “1999: Desplazamiento sin tregua”, folios 217-218, cuaderno 6.
(19) Declaración de Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, folios 25 a 107, cuaderno 13.
(20) Folio 40, cuaderno 4.
(21) Folio 60, cuaderno 6.
(22) Folios 225 a 246, cuaderno 9 y folio 65, cuaderno 16.
(23) Declaración Juan Manuel Brunal Cuitiva, folio 25, cuaderno 6.
(24) Declaración Esmeralda Enith González Bechara, folio 8, cuaderno 6.
(25) Declaración Luis Carlos González Flórez, folio 29, cuaderno 6.
(26) Declaración de José Antonio García Ordóñez, folio 60, cuaderno 6.
(27) Se refiere a la declaración de Salvatore Mancuso (nota ajena al texto).
(28) En la zonas sometidas a su control.
(29) Sentencia proferida el 28 de febrero de 2008, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Bogotá, cuaderno “cambio de Radicación”, folios 34-67.
(30) Diligencia de ampliación de indagatoria de Miguel de la Espriella, folio 228, cuaderno 13.
(31) Así lo afirmó Salvatore Mancuso en sus versiones ante justicia y paz y ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
(32) Declaración de Salvatore Mancuso, folios 130 a 133, cuaderno 13.
(33) Declaración Salvatore Mancuso, folio 130 a 133, cuaderno 13.
(34) Versión de Salvatore Mancuso en justicia y paz, mayo 15 de 2007.
(35) Versión Salvatore Mancuso justicia y paz, mayo 15 al 17 de 2007.
(36) Versión de Salvatore Mancuso ante justicia y paz, sesiones del 15 al 17 de mayo de 2007.
(37) Versión de Salvatore Mancuso ante justicia y paz, sesiones del 15 al 17 de mayo de 2007, en igual sentido declaración obrante a folio 130 a 133, cuaderno 13.
(38) Folios 46-50, cuaderno 16, y folio 249 a 254, cuaderno 1.
(39) Declaración de 21 de septiembre de 2007.
(40) Declaración rendida ante la Fiscalía el 30 de enero de 2008.
(41) Folio 48, cuaderno 16.
(42) Folios 42 vuelto y 48, cuaderno 16.
(43) Informe del CTI 382599 de febrero 4 de 2008, folio 79, cuaderno 16.
(44) Luis Manuel Córdoba del Castillo pone de manifiesto en su declaración de 30 de enero de 2008 cómo las autodefensas controlaban el ingreso a las zonas bajo su dominio a candidatos distintos de los promovidos por la organización.
(45) Testimonio de 4 de agosto de 2005, folio 60, cuaderno 16. Mancuso manifestó para la época de las desmovilizaciones que el 30 o 35% de los candidatos al Congreso de la República fueron elegidos en zonas de influencia de las autodefensas.
(46) Así lo manifestó Luis Manuel Córdoba del Castillo en declaración rendida ante la Fiscalía, el 30 de enero de 2008.
(47) A ellos se refiere Mancuso como el “acumulado solidario comunitario”.
(48) El CTI reportó mediante informe de 4 de junio de 2008, obrante a folio 212 del cuaderno 16, la ausencia de denuncias sobre presiones a los electores para apoyar en las elecciones de 2002 a los candidatos al Congreso de la República Miguel de la Espriella y Eleonora Pineda.
(49) Testimonio del coronel Henry Caicedo García, comandante de la Policía de Córdoba entre noviembre de 2000 y agosto de 2002, folio 174, cuaderno 16.
(50) Testimonios de Albert Antonio Behaine Abdallah y Remberto Manuel Yanez Arcia, folios 192 a 197, cuaderno 16.
(51) Inspección practicada por la Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Montería en el departamento de Policía Córdoba al libro denominado Boletín informativo policial, correspondiente al año 2002, folios 230 a 246 cuaderno 16.
(52) Al referirse al poder de Salvatore Mancuso, el testigo Luis Manuel Córdoba del Castillo, en declaración de 30 de enero de 2008, fue ilustrativo al manifestar que una sugerencia del comandante paramilitar a los líderes comunitarios de votar por un candidato suponía una obligación, dada la intimidación y el respeto que él generaba.
(53) Sería el caso de Éder Antonio De Hoyos Doria, concejal del municipio de Valencia para el año 2002, por el Partido Liberal Colombiano, quien manifiesta haber apoyado en 2002 las candidaturas al Congreso de la República de Miguel Alfonso de la Espriella y Eleonora Pineda. Folio 230, cuaderno 20.
(54) Este frente paramilitar operaba en jurisdicción de San Jacinto del Cauca, Nechí, Achí, Guaranda, Puerto Rico, Montecristo, Sucre y San Marcos, según lo manifestado por Éder Pedraza Peña en su declaración de 16 de diciembre de 2013.
(55) Folio 147, cuaderno original 20.
(56) Cuaderno original 21, folio 119. El total de votos depositados al Senado en esa población fue de 750. Para la Cámara de Representante la votación total fue de 4.278 y la mayor votación la obtuvo José María Imbett Bermúdez, con 2.215 sufragios, folio 120, cuaderno 21.
(57) El precepto modificado de la Ley 599 de 2000 consagraba como requisito de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que la pena impuesta fuera de prisión que no excediera de tres (3) años.
(58) Los artículos 38 y 68A fueron, en su orden, modificados por los preceptos 22 y 32 de la Ley 1709 de 2014; por su parte, el artículo 38B fue adicionado por el 23 de la misma ley.
(59) Resulta más favorable al sentenciado la regulación sobre prisión domiciliaria contenida en la Ley 1709 de 2014 que la prevista en el artículo 38 de la Ley 599 de 2000, en cuanto aquella amplió el factor objetivo de 5 a 8 años de prisión, sustituyó el subjetivo —que exige mirar el desempeño personal, laboral, familiar y social, en orden a establecer seria y fundadamente que no colocará en peligro a la comunidad y no evadirá el cumplimiento de la pena— por la demostración del arraigo familiar y social del condenado —cuyo análisis se muestra menos exigente que aquel— y no incluyó el constreñimiento al sufragante entre los delitos que impiden la aplicación de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión.
(60) De acuerdo con la información registrada en el portal web de la rama judicial, esta sentencia quedó ejecutoriada el 27 de febrero de 2009.

References: ARTÍCULO 387
 artículo 235
 artículo 232
 artículo 387
 artículo 387
 artículo 40
 resolución 
 artículo 387
 resolución 
 artículo 29
 artículo 30
 artículo 387
 artículo 63
 artículo 68
 artículo 23
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 387
 artículo 472
 artículo 38
 artículo 38