Source: http://www.asesoriayempresas.es/jurisprudencia/JURIDICO/233434/sentencia-del-tsj-de-cantabria-num-130-2016-de-31-marzo-gestion-tributaria-comprobacion-de-valor
Timestamp: 2017-09-26 03:45:01+00:00

Document:
Sentencia del TSJ de Cantabria núm. 130/2016, de 31 marzo. Gestión tributaria. Comprobación de valores y catastro. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
Inicio > Jurisprudencia > Resultados > Sentencia del TSJ de Cantabria núm. 130/2016, de 31 marzo. Gestión tributaria. Comprobación de valores y catastro....
Sentencia del TSJ de Cantabria núm. 130/2016, de 31 marzo. Gestión tributaria. Comprobación de valores y catastro. Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
JUR\2016\82843
Recurso contencioso-administrativo 365/2014
SENTENCIA nº 000130/2016
En la ciudad de Santander, a treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha visto el recurso número 365/2014 , interpuesto por Doña Agueda , parte representada por la Procuradora Sra. Doña Elvira Gutiérrez Valtuille y defendida por el Letrado Sr. Don Luis Ángel Bahillo Urbistondo, contra el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cantabria, representado y defendido por el Abogado del Estado y contra el Gobierno de Cantabria, representado y defendido por el Letrado de sus Servicios Jurídicos.
La cuantía del recurso quedó fijada en 3.856,71 €.
Es Ponente la Ilma. Sra. Doña Clara Penin Alegre, quien expresa el parecer de la Sala.
PRIMERO: El recurso tuvo sello de entrada en la Sala el día 15 de diciembre de 2014 impugnándose con él la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cantabria de fecha 31 de julio de 2014 dictada en la reclamación económico- administrativa NUM000, por la que se desestima la reclamación por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales de 1 de agosto de 2012 consecuencia del expediente de comprobación de valores llevado a cabo por la Administración.
SEGUNDO: En su escrito de demanda, la parte actora interesa de la Sala dicte sentencia por la que se declare la nulidad de la actuación combatida, por ser contraria al ordenamiento jurídico.
TERCERO: En su escrito de contestación a la demanda la Administración demandada solicita de la Sala la desestimación del recurso, por ser conforme a Derecho el acto administrativo que se impugna.
CUARTO: Practicados los trámites requeridos, se señaló fecha para la deliberación, votación y fallo, que tuvo lugar el día 30 de marzo de 2016.
Es objeto del presente recurso la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cantabria de fecha 31 de julio de 2014 dictada en la reclamación económico-administrativa NUM000, por la que se desestima la reclamación por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales de 1 de agosto de 2012 consecuencia del expediente de comprobación de valores llevado a cabo por la Administración.
Como primer motivo esgrime la parte recurrente caducidad del procedimiento de comprobación con base en el artículo 134.1 de la Ley General Tributaria 58/2003. Dado que la fecha de compra fue el 13 de octubre de 2011 y la primera actuación de la Administración lo fue de 8 de mayo de 202, notificada el 24 de mayo, habrían transcurrido más de seis meses para el inicio del procedimiento de comprobación. Subsidiariamente a lo anterior entiende que, siendo la transmitente la Fundación Marqués de Valdecilla, ha de presumirse la veracidad del precio consignado, siendo precisa una reforma total de la vivienda, y que el valor catastral es inferior al consignado para la venta.
Por la Abogacía del Estado se esgrime no se ha producido caducidad del procedimiento pues el plazo de seis meses lo es de duración de la comprobación de valores, no el existente entre la venta y el inicio de aquél. Y en cuanto al valor comprobado, se ha realizado conforme a lo dispuesto en el artículo 57 LGT y 36 de del Texto Refundido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 1/1993, 24 de septiembre, por estimación por referencia a los valores catastrales, mediante un coeficiente multiplicados establecido en la Orden HAC/3272010, 27-12, sin que se afirme venta simulada sino un valor real superior al declarado. Subsidiariamente, no se acredita un valor inferior al considerado por la Administración, sin que se haya promovido tasación pericial contradictoria. En términos similares se pronuncia el Gobierno de Cantabria.
El precepto que regula el procedimiento de comprobación es el artículo 134 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General Tributaria y conforme al mismo:
«1. La Administración tributaria podrá proceder a la comprobación de valores de acuerdo con los medios previstos en elart. 57 de esta ley , salvo que el obligado tributario hubiera declarado utilizando los valores publicados por la propia Administración actuante en aplicación de alguno de los citados medios.
El plazo máximo para notificar la valoración y en su caso la liquidación prevista en este artículo será el regulado en el art. 104 de esta ley».
Es evidente que el procedimiento se inicia por la propuesta de liquidación en este caso y los seis meses lo son, a partir de entonces, para notificar la valoración y en su caso liquidación. Pero desde que se produce la compra y su declaración hasta que se inicia el procedimiento de comprobación, no existe plazo de caducidad sino que el que rige es el de prescripción de cuatro años, que evidente no había transcurrido a la fecha de inicio del procedimiento de comprobación. Y, se insiste, en su tramitación no se emplean más de seis meses.
Por lo que se refiere al segundo argumento relativo al valor escriturado, como indica la Abogacía del Estado, la Sala no duda de la compraventa llevada a cabo sino que lo que la Administración efectúa es la comprobación del valor real del bien objeto de compraventa. Y lo realiza a través de uno de los métodos legales habilitados al efecto, precisamente el que toma como referencia el valor catastral, sin que se indique error alguno en su aplicación. Si el bien en sí se encontraba deteriorado y su valor real era inferior por esta razón, podría haberse acreditado mediante pericial al efecto. Pero la testifical propuesta sólo podría ofrecer la realidad de la venta de la que no se duda y del valor declarado, pero no del valor real del bien.
De conformidad con el artículo 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, al resolver en primera o única instancia, el órgano jurisdiccional impondrá las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que aprecie y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.
Que debemos desestimar el recurso contencioso-administrativo promovido por la Procuradora Sra. Doña en nombre y representación de Doña Agueda, contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cantabria de fecha 31 de julio de 2014 dictada en la reclamación económico-administrativa NUM000 , por la que se desestima la reclamación por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales de 1 de agosto de 2012 consecuencia del expediente de comprobación de valores llevado a cabo por la Administración, imponiendo las costas a la parte que ha visto desestimadas todas sus pretensiones.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 134
 artículo 57
 artículo 134
 artículo 139
 resolución