Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/98969
Timestamp: 2019-11-16 02:33:54+00:00

Document:
Gaceta: LXIV/2PPO-26/98969
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN X, DEL ARTÍCULO 17-H, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON LA FINALIDAD DE ACOTAR EL ACTUAR DE LA AUTORIDAD FISCAL, PARA QUE SE ESTABLEZCAN DE FORMA CLARA Y PRECISA LAS HIPÓTESIS QUE SUSTENTAN LA CANCELACIÓN DE LOS SELLOS DIGITALES, A CARGO DE LA SENADORA GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN.
La suscrita Senadora de la República por la LXIV Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, numeral 1, fracción I, 164, 169 y 172 del Reglamento del Senado de la República, me permito someter a consideración de esta Soberanía la Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la fracción X, del Artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, al tenor de la siguiente:
Un certificado de sello digital, es un documento electrónico mediante el cual una autoridad de certificación garantiza la vinculación entre la identidad de un sujeto o entidad y su clave pública. Los certificados de sello digital son expedidos en nuestro país por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y para un propósito específico, firmar digitalmente las facturas electrónicas. Por medio de ellos, el contribuyente puede sellar electrónicamente la cadena original de las facturas electrónicas que emita; así se garantizará el origen de la misma, la unicidad y las demás características que se heredan de los certificados de firma electrónica avanzada (integridad, no repudio y autenticidad). El contribuyente podrá optar por utilizar un sello digital para toda su operación (matriz y sucursales) o tramitar uno para cada una de las sucursales, establecimientos o locales, donde emita facturas electrónicas.
Debemos recordar que la implementación del sello digital referido, tiene su origen en la reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) sobre “Medios Electrónicos e Internet”, en la cual, derivado de la Iniciativa de Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales, denominada Nueva Hacienda Pública Distributiva que presentó el Ejecutivo Federal en abril de 2001, se adicionó el Título I, con un Capítulo Segundo, denominado De los Medios Electrónicos comprendiendo los artículos 17-C, 17-D, 17-E, 17-F, 17-G, 17-H, 17-I y 17-J.
Dicha reforma argumentaba que la incorporación al ámbito fiscal de las nuevas tecnologías electrónicas para una mejor administración tributaria, estaban siendo adoptadas en todo el mundo, en la instrumentación de operaciones de carácter empresarial y para la agilización de las comunicaciones, con ahorro considerable de recursos económicos, materiales y de tiempo, por lo que era necesario aplicar los medios electrónicos para la presentación de declaraciones, avisos, informes, entre otros; evolución que era acorde con las medidas que respecto de la utilización de documentos digitales se habían instrumentado en diversas disposiciones legales de nuestro sistema jurídico, como lo fueron las reformas que en materia de medios electrónicos se realizaron en el año 2000 a diversos ordenamientos.
Asimismo, se señalaba que era necesario establecer mecanismos que permitieran a los contribuyentes tener seguridad jurídica en el empleo de estos medios electrónicos en la presentación de declaraciones, pagos, avisos, expedición de comprobantes fiscales, entre otros, por lo que se consideró adicionar un Capítulo específico de medios electrónicos en donde se regulaba lo relativo a la utilización de documentos digitales para efectos fiscales; al uso de la firma electrónica avanzada en sustitución de la firma autógrafa y sus efectos jurídicos.
Posteriormente, en 2009 y con el objeto de establecer medidas de simplificación administrativa que apoyaran la recaudación, se estableció un sistema de comprobación fiscal a través de herramientas tecnológicas como el internet. Dicho sistema (el cual entro en vigor a partir del 1 de enero de 2011), operaría mediante la utilización simultánea de nuevos comprobantes fiscales digitales a través de internet, así como de dispositivos de seguridad para los comprobantes en papel; lo que traería como consecuencia el control de las operaciones efectuadas por los contribuyentes reduciendo para estos últimos, los costos de facturación en papel, así como el beneficio del resguardo de la información y documentación en caso contingencia.
Fue hasta la reforma fiscal de 2014 , que el uso de los comprobantes fiscales digitales por Internet se extendió a todas las operaciones realizadas por los contribuyentes, y su utilización se empleó también para las retenciones de contribuciones efectuadas, con el propósito de contar con toda la información a través de estos medios y estar en posibilidad de eliminar en breve tiempo la obligación de presentar declaraciones informativas de retenciones y expedir constancias; por lo que, el único medio de comprobación fiscal que considera la legislación tributaria mexicana es el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), para cuya expedición se utiliza la firma electrónica o los certificados de sellos digitales que se hayan tramitado para tal efecto ante el SAT.
Recordemos que estos sellos digitales, permiten acreditar la autoría de los CFDI´s que expiden las personas físicas y morales y que los mismos se encuentran sujetos a la regulación aplicable al uso de la firma electrónica avanzada.
Destaca que, en virtud de ser un requisito indispensable para los pagadores de impuestos el contar con la firma electrónica o un sello digital vigente a efecto de estar en posibilidad de emitir los CFDI´s correspondientes a sus actividades, y con el propósito de establecer medidas eficaces contra los contribuyentes defraudadores, se consideró necesario (debido a su importancia) controlar su uso o restringirlo para aquellos contribuyentes cuyas conductas sean contrarias a los objetivos de la administración tributaria.
De lo anterior, mediante dicha reforma, se adicionó una fracción X al artículo 17-H del CFF, a través de la cual se regularon los casos en las que las autoridades fiscales pueden dejar sin efectos un certificado de sello digital. Este precepto legal, en la parte que a esta reforma interesa expresa:
De la citada fracción X, se observa que será sujeto a la cancelación de certificado de sello digital quien en un mismo ejercicio fiscal (estando obligado a ello) omita la presentación de tres o más declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas; desaparezca o no esté localizado durante el procedimiento administrativo de ejecución o en el ejercicio de facultades de comprobación; la utilización de CFDI´s comprobantes fiscales digitales para amparar probables operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas; o bien, la detección de una o más infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 del CFF; darán lugar a la cancelación del certificado de sello digital otorgado al contribuyente infractor.
Resulta importante resaltar que, en el primer supuesto, contenido en el inciso a) de la fracción X del artículo en comento, relativo a contribuyentes que en un mismo ejercicio fiscal y estando obligados a ello, omitan la presentación de tres o más declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas, el legislador federal consideró necesario establecer que previo a la cancelación mediara un requerimiento de la autoridad en el que se exigiera la presentación de dichas declaraciones. Por lo que, en este supuesto, no será suficiente que la autoridad detecte la omisión en la presentación de tres o más declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas, sino que además, es menester que dicha presentación haya sido requerida por la autoridad fiscal.
Sin embargo, de conformidad con la redacción actual de los incisos b), c) y d) de la citada fracción X, bastará que la autoridad fiscal considere para proceder a la cancelación del certificado de sello digital, que:
(i) En el ejercicio de sus facultades de comprobación, la autoridad no localice al contribuyente o éste desaparezca, o bien se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas;
(ii) Se tenga conocimiento entre otros, de la probable existencia de cualquiera de los siguientes delitos: encubra delitos fiscales, de contrabando y de defraudación fiscal;
(iii) Los contribuyentes que, en un mismo ejercicio fiscal, omitan la presentación de tres o más declaraciones periódicas consecutivas o seis no consecutivas;
(iv) Durante el procedimiento administrativo de ejecución no se localice al contribuyente o éste desaparezca.
La interpretación de lo anterior por parte del SAT genera gran incertidumbre jurídica, toda vez que el principio de seguridad jurídica, base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, tutela que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión.
Las manifestaciones concretas de este principio, pueden resumirse en:
a) La certeza en el derecho, que se traduce en estabilidad y suficiente desarrollo del ordenamiento normativo, y la certidumbre sobre los remedios jurídicos a disposición del contribuyente y;
b) La interdicción de la arbitrariedad o prohibición del exceso, que en esencia, pero no exclusivamente, puede traducirse en proporcionalidad y jerarquía normativa.
Es así que, atendiendo al principio de seguridad jurídica, en el caso de la cancelación del certificado del sello digital, es preciso que el contribuyente sepa “a qué atenerse” respecto de la regulación aplicable y la actuación de la autoridad,es decir, cuáles son las conductas u omisiones que de actualizarse pudieren dar lugar a dicha cancelación.
Según cifras del Sistema de Control y Seguimiento de Servicios, sobre quejas por autoridad fiscal ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), a partir de la entrada en vigor de la reforma de 2014, las quejas y reclamaciones recibidas aumentaron 132%, y en gran medida (71.75% del total de quejas por autoridad fiscal) son hacia el SAT. En particular, sobre el tema de cancelación del sello digital, el Ombudsman Fiscal ha gestionado diversos casos, con la salvedad de conocer por parte de la autoridad fiscal (SAT) la razón por la cual la autoridad fiscal canceló su certificado de sello digital, logrando un gran acervo de contradicciones por parte del SAT, o muchas de las veces gestionando exitosamente a favor del contribuyente, toda vez que existe una interpretación errónea del Código Fiscal de la Federación, en particular del artículo 17-H.
En ese sentido, resulta preciso que el contribuyente conozca cuáles son los elementos que la autoridad fiscal, en este caso el SAT, toma en consideración para arribar a la conclusión de que se ha ubicado en alguno de los supuestos de los incisos b), c) y d) de la fracción X del artículo 17-H del citado Código.
Asimismo, y toda vez que no es suficiente que la autoridad señale que el contribuyente se ha ubicado en el supuesto de “no localizado” o “desaparecido”; que tuvo conocimiento que los comprobantes que emitió el pagador de impuestos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas; o bien, que detectó la existencia de una o más infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 del CFF, sino que es menester que la actualización de estos supuestos se encuentre debidamente acreditada.
Respecto a lo que debe entenderse por “no localizado” o “desaparecido”, cabe advertir que estos términos son ampliamente utilizados en el CFF, sin embargo, en este ordenamiento se omite señalar los elementos que en su caso deben considerarse para llegar a la conclusión de que el contribuyente se ha ubicado en uno u otro supuesto. Corrobora esta manifestación el hecho de que sólo mediante su página de Internet la autoridad indique los motivos por los cuales puede tener a un contribuyente como “no localizado”.
Es así que se considera oportuno que tales elementos se encuentren contenidos en un ordenamiento de carácter legal, a efecto de evitar el exceso en la actuación de la autoridad y generar certidumbre jurídica al contribuyente.
Por lo que hace al supuesto de la utilización de CFDI´s para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas, el CFF, en su artículo 69-B, establece un procedimiento específico para el caso que la autoridad fiscal presuma la inexistencia de operaciones amparadas con comprobantes fiscales, por lo que si en el caso concreto, la utilización de los CFDI´s con estos fines, es el motivo de la cancelación del certificado del sello digital, dicha cancelación deberá estar siempre sustentada en la resolución que se emita en términos de lo dispuesto por el artículo 69-B del CFF.
Iguales argumentos se merece el supuesto de cancelación consistente en la comisión de una o más infracciones contenidas en los artículos 79, 81 y 83 del CFF, ya que resulta indispensable que la conducta infractora, motivo de la cancelación, se encuentre debidamente determinada por la autoridad fiscal, lo que garantizará que la correspondiente medida no parta de una mera detección, mucho menos de una discrecionalidad de infracciones.
En relación con este tema, debe advertirse que desde una perspectiva económica, el certificado de sello digital, es el elemento indispensable para la expedición de CFDI´s; por tanto, se encuentra estrechamente vinculado al curso normal de las operaciones de los contribuyentes, por lo que su cancelación genera pérdidas económicas importantes, de ahí que sea indispensable que previamente a dejarlo sin efectos, la autoridad fiscal tenga los elementos y la certeza de que la conducta del pagador de impuestos es efectivamente contraria a los objetivos de la administración tributaria.
Por las consideraciones anteriormente expuestas, basadas en la acotación del actuar de la autoridad fiscal, para que se establezcan de forma clara y precisa las hipótesis que sustentan la cancelación de los sellos digitales, propongo establecer en la fracción X del artículo 17-H del CFF, lo que se entenderá como “no localizado” o “desaparecido” para efectos de esta fracción; que tratándose de la presunción de operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas, previamente a la cancelación del certificado de sello digital, la autoridad fiscal deberá agotar el procedimiento que establece el artículo 69-B del CFF y finalmente; que cuando el motivo de la cancelación sea la comisión de una o más infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 del citado ordenamiento legal, éstas se encuentren determinadas mediante resolución que haya quedado firme; por lo que someto a consideración de este Senado de la República del H. Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de:
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 17-H DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
Artículo Primero. Se reforman los incisos c) y d); y se adicionan un segundo y tercer párrafos; a la fracción X del artículo 17-H del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue:
Artículo 17-H. Los certificados que emita el Servicio de Administración Tributaria quedarán sin efectos cuando:
c) En el ejercicio de sus facultades de comprobación, detecten que el contribuyente no puede ser localizado; éste desaparezca durante el procedimiento, o bien se tenga conocimiento de que los comprobantes fiscales emitidos se utilizaron para amparar operaciones inexistentes, simuladas o ilícitas, una vez agotados los procedimientos que establece el artículo 69-B de este Código.
d) Tengan conocimiento de la comisión de una o más infracciones previstas en los artículos 79, 81 y 83 de este ordenamiento, siempre que éstas se encuentren determinadas mediante resolución firme y la conducta sea atribuida al contribuyente titular del certificado.
Para los efectos de esta fracción, se entiende que el contribuyente no se encuentra localizado, o bien, ha desaparecido, cuando la autoridad acuda en tres ocasiones consecutivas a su domicilio fiscal:
En un periodo de quince días, si se trata del procedimiento administrativo de ejecución;
En un periodo de doce meses, tratándose del ejercicio de facultades de comprobación; y
No pueda practicar la diligencia en términos de éste Código.
En todo caso, la cancelación del certificado del sello digital del contribuyente considerado como no localizado o desaparecido, deberá sustentarse en las actas circunstanciadas, precisando las razones por las cuales la autoridad no llevó a cabo la correspondiente diligencia.
Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, el día 3 de septiembre de 2019.
Artículo 17-G del Código Fiscal de la Federación.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal dela Federación. Diario de los Debates de la Cámara de Diputados. Año III, Primer Periodo, 13 de diciembre de 2002, reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes 5 de enero de 2004.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones fiscales (miscelánea fiscal), publicado en la Gaceta Parlamentaria el 20 de octubre de 2009, números 2870-B-I y 2870-B-II. Dicha reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el lunes 7 de diciembre de 2009.
Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, publicado en la Gaceta Parlamentaria el 15 de octubre de 2013, número 3885-III. Dicha reforma se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el lunes 9 de diciembre de 2013.
http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/preguntas_frecuentes/Paginas/c ertificadosello_digital_indice.aspx. Certificado de Sello Digital (SAT). Preguntas Frecuentes sobre Información Fiscal.
Cabe resaltar que para efectos de lo establecido en el artículo 17-H, fracción X, inciso c) del CFF, en términos de lo señalado por el artículo 9 del Reglamento del CFF, se entenderá que la autoridad fiscal actúa en el ejercicio de sus facultades de comprobación desde el momento en que realiza la primera gestión para la notificación del documento que ordena su práctica.
Jurisprudencia 1a./J.72/2009, con número de registro 16 5568, pronunciada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, enero de 2010, página 81.
http://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/hb/estadisticas/estadisticas-de-quejas-y-reclamaciones/quejas-por-autoridad-fiscal
Boletín de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, número 3, marzo 2015; “Subprocuraduría de Protección de los Derechos de los Contribuyentes (Quejas y Reclamaciones)”
Ver “Lista de Contribuyentes Incumplidos”, a quienes se les incluye en la lista, disponible en: http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/Paginas/lista_contribuyentes_i ncumplidos.aspx

References: ARTÍCULO 17
 Artículo 17
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 69
 resolución 
 artículo 69
 artículo 17
 artículo 69
 resolución 
 ARTÍCULO 17
 artículo 17

Artículo 17
 artículo 69
 resolución 

Artículo 17
 artículo 17
 artículo 9