Source: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/t-074-15.htm
Timestamp: 2020-01-19 10:49:34+00:00

Document:
T-074-15
Sentencia T-074/15
Cuando la reclamación pensional consiste en el reconocimiento de una pensión por invalidez, la jurisprudencia constitucional ha considerado que, en estos casos, por tratarse de un derecho fundamental per se, es susceptible la protección por vía de la acción de tutela, particularmente por que coinciden dos elementos fundamentales: (i) la calidad del sujeto de especial protección que la reclama, pues las circunstancias de vulnerabilidad y de debilidad manifiesta en que se encuentra ya sea por sus condiciones físicas o mentales, hace necesaria la inmediata protección del derecho a la pensión de invalidez, asegurando con este reconocimiento, el amparo de los derechos fundamentales como la vida, la dignidad, la integridad física y el mínimo vital entre otros y, (ii) porque la importancia de su reconocimiento radica en el hecho de que en la gran mayoría de los casos esta prestación se constituye en el único sustento económico con el que contaría la persona inválida y su grupo familiar. Así pues, la Corte ha considerado que por tratarse de personas que, debido a la pérdida de su capacidad laboral, no pueden acceder a un trabajo quedando en una situación de indefensión y vulnerabilidad, la pensión de invalidez constituye la única fuente de ingresos con la que cuentan para satisfacer sus necesidades y las de su núcleo familiar.
PENSION POR INVALIDEZ PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA-Procedencia excepcional de la acción de tutela para reconocimiento y pago
PROTECCION ESPECIAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN CONDICION DE DISCAPACIDAD-Acciones afirmativas que mitiguen la extrema situación de vulnerabilidad de las víctimas de violencia
El Estado tiene la obligación de desarrollar medidas afirmativas que mitiguen la extrema situación de vulnerabilidad de las víctimas de la violencia, que además sufren algún grado de discapacidad debido al conflicto armado interno. Por su parte, la jurisprudencia ha advertido la omisión en el cumplimiento de dicha responsabilidad, resulta en la anulación de las garantías constitucionales de esta población.
VIGENCIA DE LA PENSION POR INVALIDEZ PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA-Sigue produciendo plenos efectos
La pensión especial para víctimas de la violencia es exigible y las entidades están en la obligación de efectuar su reconocimiento. La procedente comprensión encuentra claro fundamento en la necesidad de garantizar el principio de seguridad jurídica, pues resultaría desproporcionado reclamar a los entes obligados cancelar sumas de dinero surgidas de un derecho que fue incierto por varios años.
PENSION ESPECIAL MINIMA DE INVALIDEZ PARA VICTIMAS DE ATENTADOS TERRORISTAS-Requisitos
La jurisprudencia constitucional ha establecido cuatro (4) requisitos para que una persona pueda acceder a la pensión para víctimas de la violencia contemplada en artículo 46 de la Ley 418 de 1997. Estos son: i) la calidad de víctima”; ii) haber sufrido una pérdida de más del 50% de la capacidad laboral a causa de acciones u omisiones de actores armados que constituyan infracciones al Derecho Internacional Humanitario o violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos; iii) carecer de otras posibilidades pensionales y, iv) carecer de otras posibilidades de atención en salud.
PENSION POR INVALIDEZ PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA-Colpensiones es la entidad responsable del reconocimiento/PENSION POR INVALIDEZ PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA-Fondo de solidaridad pensional es la entidad responsable de efectuar los pagos periódicos
DERECHO AL MINIMO VITAL, A LA VIDA DIGNA Y A LA SEGURIDAD SOCIAL DE VICTIMA DE MINA ANTIPERSONAL-Orden a Colpensiones reconocer y pagar pensión de invalidez para víctimas de la violencia de forma definitiva
PENSION POR INVALIDEZ PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA-Orden a Colpensiones, que en adelante informe a los ciudadanos víctimas de la violencia que soliciten el reconocimiento y pago, que no tengan posibilidad pensionarse, de acceder a la pensión consagrada en el art. 46 de la ley 418/97
PENSION POR INVALIDEZ PARA VICTIMAS DE LA VIOLENCIA-Exhortar al Congreso para que legisle sobre los aspectos financieros y demás aspectos de la pensión especial de víctimas del conflicto armado, respecto de las cuales no exista claridad a partir de la sentencia C-767/14
Referencia: Expediente T-4.549.534
Demandado: Colpensiones, Consorcio Colombia Mayor, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV-, Programa Presidencial para la Atención Integral contra Minas Antipersonal y Ministerio de Trabajo
Bogotá D.C., veinte (20) de febrero de dos mil quince (2015)
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado y Jorge Iván Palacio Palacio y, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, ha pronunciado la siguiente
2. Luego de realizar los trámites respectivos, el 12 de diciembre de 2012[1], Colpensiones dictaminó que su pérdida de capacidad laboral ascendía a 79.95%, a causa de accidente, con fecha de estructuración de 2 de febrero de 1993.
4. El 15 de mayo de 2013 presentó ante la entidad administradora solicitud de reconocimiento de su prestación pensional, la cual, por error involuntario, denominó “pensión de vejez por incapacidad”[2].
5. Mediante resolución del 20 de mayo de 2013 Colpensiones decidió negar el reconocimiento de la pensión solicitada por el actor, por cuanto no cumplía con los requisitos exigidos para la pensión de vejez anticipada, es decir 1.000 semanas cotizadas en cualquier tiempo y 55 años de edad.[3]
1.2 Pretensiones de la demanda
· Registro Civil de Nacimiento del señor Heriberto Prada Ardila (folio 21, cuaderno 2).
· Cédula de ciudadanía del señor Heriberto Prada Ardila (folio 22, cuaderno 2).
· Escrito de petición fechado del 1º de noviembre de 2012, en el que el señor Prada Ardila solicita que se le realice una nueva valoración de pérdida de capacidad laboral para el trámite de reconocimiento de pensión de invalidez (folio 23, cuaderno 2).
· Copia del dictamen de pérdida de capacidad laboral No. 201201399BC, proferido por Colpensiones, del 12 de diciembre de 2012 en el que se determina el 79.95 % de invalidez, con fecha de estructuración del 2 de febrero de 1993, por amputación de ambas manos, avulsión del ojo y secuelas de traumatismo del ojo y de la órbita (folios 36 y 367, cuaderno 2).
· Oficio No. BZ2012_541350-0220580 del 1º de noviembre de 2012 de Colpensiones en el que se le informa al señor Heriberto Prada Ardila el trámite para determinar su pérdida de capacidad laboral (folio 27, cuaderno 2).
· Oficio No. BZ2013_3251448-0958604 del 15 de mayo de 2013 en el cual Colpensiones, informa el trámite para el reconocimiento de pensión especial de vejez anticipada por invalidez (folio 34, cuaderno 2).
· Resolución No. GNR 103190 del 20 de mayo de 2013 de Colpensiones, en el que se niega el reconocimiento y pago de la prestación, al no cumplir con el número de semanas cotizadas requeridas (folios 29 y 30, cuaderno 2).
· Copia simple del formulario de peticiones, quejas y reclamos del 5 de noviembre de 2013, mediante el cual el demandante solicita que se resuelva el recurso de reposición elevado el 24 de mayo de 2013 (folio 24, cuaderno 2).
· Oficio No. BZ2013_7935185-2347292 del 5 de noviembre de 2013, emitido por Colpensiones, en el que se informa que el su recurso sería resuelto el 27 de noviembre del mismo año (folio 28, cuaderno 2).
· Copia de notificación personal de acto administrativo proferido por Colpensiones que resuelve el recurso de reposición presentado por el demandante el 4 de diciembre de 2013 (folio 25, cuaderno 2).
· Comunicación de Colpensiones sobre el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral del 27 de febrero de 2013, en el que le determina al actor un porcentaje de invalidez 79.95%, y fecha de estructuración del 2 de febrero de 1993 (folio 26, cuaderno 2).
· Resolución No. GNR 347046 del 9 de diciembre de 2013, proferida por Colpensiones, en la que se resuelve de fondo el recurso de reposición interpuesto por el señor Prada Ardila, confirmando que no cumple con los requisitos establecidos por ley para el reconocimiento de la prestación (folios 31 a 33, cuaderno 2).
1.4 Actuación procesal y respuesta de la entidad demandada
Por medio de auto del 21 de marzo del mismo año, el operador judicial procedió a vincular como sujetos pasivos de la tutela a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, al Programa Presidencial para la Atención Integral contra Minas Antipersonal y al Ministerio de Trabajo- Fondo de Solidaridad Pensional-Consorcio Colombia Mayor. De igual manera, les otorgó un término de cuatro (4) horas para que se pronunciaran sobre lo alegado por el accionante.
1.4.1 Consorcio Colombia Mayor
No obstante, solicitó la desvinculación de la entidad, al considerar que las pretensiones del actor van encaminadas a obtener prestaciones ajenas a sus competencias legales, reglamentarias y contractuales. En efecto, reseñó que era necesario vincular al Ministerio de Trabajo para que se refiriera sobre la presunta vulneración de los derechos del peticionario, ya que de acuerdo al contrato de encargo fiduciario No. 216 de 24 de 2013, su actividad se limita a observar las instrucciones y ordenamientos formulados por la mencionada entidad.
1.4.2 Colpensiones
1.4.3 Ministerio de Trabajo
Ahora bien, respecto a las pretensiones del actor, arguyó que de acuerdo con el artículo 18 de la Ley 782 de 2002, que modificó el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, sería el Instituto de Seguros Sociales – ahora Colpensiones - el encargado de otorgar la pensión a personas víctimas de la violencia. Sin embargo, desde el 29 de enero de 2003, fecha en la cual entró en vigencia la Ley 797[4], ya no se reconocen pensiones bajo regímenes especiales que no correspondan a tiempos de servicios efectivamente cotizados.
1.4.4 Presidencia de la República – Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal - (PAICAMA)
La apoderada de la entidad demandada relacionó que, de acuerdo con la información remitida por el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal-PAICMA-, el señor Heriberto Prada Ardila se encuentra registrado en el Sistema de Información IMSMANG como víctima de mina antipersonal que le causó la amputación en ambas manos, pérdida de ambos ojos y afectación auditiva.
Aunado a lo expuesto, aseveró que la entidad ha cumplido con lo que concierne a su competencia de coordinación, como lo es la asistencia a víctimas. En esa medida, refirió que el 28 de enero de 2013, mediante correo electrónico, el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal realizó la gestión correspondiente con la Organización de Estados Americanos –OEA- y el Comité Internacional de la Cruz Roja brindando ayuda oportuna en temas relacionados con alojamiento, alimentación y transporte para el señor Prada Ardila y su acompañante, con el fin de acceder a una intervención quirúrgica en la Clínica Barraquer en la ciudad de Bogotá.
1.4.5 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas
II. DECISIONES JUDICIALES QUE SE REVISAN DENTRO DEL EXPEDIENTE T- 4.549.534
2.1 Decisión de primera instancia
2.2 Impugnación del fallo
2.3 Decisión de segunda instancia
3.2 Legitimación por activa
3.3 Legitimación por pasiva
De conformidad con el artículo 13 y 42 del Decreto 2591 de 1991 Colpensiones, Consorcio Colombia Mayor, la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV-, el Programa Presidencial para la Atención Integral contra Minas Antipersonal y el Ministerio de Trabajo están legitimadas como parte pasiva en el proceso de tutela bajo estudio, en la medida en que son entidades públicas a las que se les atribuye la vulneración de los derechos fundamentales en cuestión.
3.4 Problema jurídico
Delimitado el contexto de la presente causa, corresponde a la Sala Cuarta de Revisión de esta Corporación determinar si los derechos fundamentales a la seguridad social, el mínimo vital, la vida digna, la igualdad y el debido proceso del accionante fueron vulnerados por Colpensiones al negarle, con fundamento en el supuesto incumplimiento de los requisitos legales del parágrafo 4, del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, la pensión anticipada de vejez sin tener en cuenta que de las circunstancias alegadas, se desprende que la pretensión requerida por el actor es el reconocimiento de la pensión de invalidez para víctimas del conflicto armado.
3.5 Procedibilidad de la acción de tutela para solicitar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. Reiteración de jurisprudencia
En virtud del principio de subsidiariedad, la acción tuitiva de derechos es excepcionalmente procedente para solicitar el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez ya que existen escenarios procesales especialmente diseñados por el legislador para dirimir las controversias de esa naturaleza, como lo es la jurisdicción ordinaria laboral o contencioso administrativa, según sea el caso. Así lo consideró la Corte Constitucional, por ejemplo, en la sentencia T-480 de 2011[5] :
No obstante, la Corte Constitucional ha establecido que, aún existiendo otros mecanismos de defensa judicial, se ha admitido la procedencia de este mecanismo de protección, cuando se acredita que los mismos no son lo suficientemente eficaces e idóneos para otorgar un amparo integral[6], o no son los adecuadamente expeditos para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
En esta dirección, ha dicho este Tribunal que factores como la edad, el estado de salud, las condiciones económicas y la forma en que está integrado el grupo familiar de quién reclama el amparo constitucional son algunos de los aspectos que deben valorarse para establecer si la pretensión puede ser resuelta a través de los mecanismos ordinarios o si, en realidad, las dilaciones y complejidades que caracterizan esos procesos judiciales podrían conducir a que la amenaza o la vulneración iusfundamental denunciada se prolongue de manera injustificada y resulte en un perjuicio irremediable. En relación con este tema, en la sentencia T-063 de 2009[7], se expresó:
“En síntesis, se puede indicar que en virtud del principio de subsidiariedad la acción de tutela es improcedente para ordenar el reconocimiento de una pensión. Sin embargo,(…) el juez de tutela puede ordenar el reconocimiento de dicha prestación económica, si: (i) existe certeza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable a los derechos fundamentales si el reconocimiento de la pensión no se hace efectivo[8]; (ii) se encuentra plenamente demostrada la afectación de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna del accionante o de su núcleo familiar; (iii) los beneficiarios del derecho pensional son sujetos de especial protección constitucional; [9] y, (iv) cuando conforme a las pruebas allegadas al proceso, el juez de tutela determina que efectivamente, a pesar de que le asiste al accionante el derecho pensional que reclama, este fue negado de manera caprichosa o arbitraria.”
Así las cosas, cuando la reclamación pensional consiste en el reconocimiento de una pensión por invalidez, la jurisprudencia constitucional ha considerado que, en estos casos, por tratarse de un derecho fundamental per se, es susceptible la protección por vía de la acción de tutela, particularmente por que coinciden dos elementos fundamentales: (i) la calidad del sujeto de especial protección que la reclama, pues las circunstancias de vulnerabilidad y de debilidad manifiesta en que se encuentra ya sea por sus condiciones físicas o mentales, hace necesaria la inmediata protección del derecho a la pensión de invalidez, asegurando con este reconocimiento, el amparo de los derechos fundamentales como la vida, la dignidad, la integridad física y el mínimo vital entre otros y, (ii) porque la importancia de su reconocimiento radica en el hecho de que en la gran mayoría de los casos esta prestación se constituye en el único sustento económico con el que contaría la persona inválida y su grupo familiar[10].
Así pues, la Corte ha considerado que por tratarse de personas que, debido a la pérdida de su capacidad laboral, no pueden acceder a un trabajo quedando en una situación de indefensión y vulnerabilidad, la pensión de invalidez constituye la única fuente de ingresos con la que cuentan para satisfacer sus necesidades y las de su núcleo familiar[11]. Por lo anterior, es que la Corte ha reconocido la pensión de invalidez a varias personas a través de la acción de tutela, y para ello ha optado incluso por la inaplicación de algunas disposiciones legales que contemplaban exigencias normativas que se apreciaban como excepcionalmente inconstitucionales, vistas las circunstancias de cada caso en concreto[12].
3.6 La especial protección constitucional para las víctimas del conflicto armado que han adquirido la condición de personas en situación de discapacidad. Reiteración de jurisprudencia
En la misma línea, el artículo 13 superior, inciso 3, impone al Estado la obligación de adoptar medidas a favor de grupos discriminados o marginados, en especial aquellos que por su condición física o mental se encuentran en situaciones de debilidad manifiesta, con el fin de que el derecho a la igualdad sea real y efectiva.
Ahora bien, el artículo 13 de la Ley 1448 de 2011 consignó las medidas de enfoque diferencial para las víctimas del conflicto armado, expresando: “hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral que se establecen en la presente ley, contarán con dicho enfoque.”[13](Subrayado por fuera del texto)
En consonancia con tal mandato, el segundo inciso de la norma dispone que: “el Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo de las violaciones contempladas en el artículo 3° de la presente Ley tales como mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de Derechos Humanos y víctimas de desplazamiento forzado.”
Con fundamento en el principio de enfoque diferencial, la Ley 1448 de 2011 ha ordenado que dentro de las medidas de rehabilitación en favor de las víctimas debe formularse un programa que involucre la promoción de “acciones de discriminación positiva a favor de mujeres, niños, niñas, adultos mayores y discapacitados debido a su alta vulnerabilidad y los riesgos a los que se ven expuestos.” [14]
Ahora bien, en varias oportunidades, la Corte Constitucional se ha referido a la protección especial de la que son merecedoras las víctimas del conflicto armado en condición de discapacidad. La mayoría de estos pronunciamientos se han dado en torno del caso de las personas que padecen el desplazamiento forzado. Respecto a las personas en situación de discapacidad, la jurisprudencia constitucional ha reconocido el “impacto cualitativamente diferencial y agravado que el desplazamiento forzado ejerce sobre las personas con discapacidad, al igual que sobre sus familias.”[15]
“Así las cosas, la Corte reitera que las causas de la discapacidad son preponderantemente sociales y en esta medida, la vulneración del derecho fundamental a la igualdad de esta población se origina no solo por acción sino por la omisión de tomar acciones afirmativas que contrarresten las barreras impuestas por las estructuras sociales que obstaculizan el goce pleno de sus derechos. Por lo tanto, la aplicación del enfoque de discapacidad de forma transversal a la política pública sobre desplazamiento forzado así como en la política de atención, asistencia y reparación a las víctimas, se constituye en una medida necesaria para identificar las barreras que aún persisten para esta población y para realizar los ajustes razonables idóneos para garantizar el goce pleno de sus derechos.”[16]
3.7 La vigencia de la pensión de invalidez para víctimas de la violencia dispuesta en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997. Reiteración de jurisprudencia
En aras de atender la problemática de aquellas personas que como consecuencia del conflicto armado habían perdido su capacidad laboral, el Gobierno Nacional radicó el Proyecto de Ley No. 40 de 1993, con el objetivo de crear una ley que permitiera enfrentar la violencia generada por grupos guerrilleros y organizaciones delincuenciales vinculadas al narcotráfico y al terrorismo que se había desatado desde septiembre de 1992, cuando las acciones delictivas contra la población civil y la infraestructura económica se incrementaron notoriamente.
Así, mediante la Ley 104 de 1993 se crearon varios mecanismos de mitigación de violencia causada por el conflicto armado en el país. Con ese criterio, el artículo 45 de la mencionada disposición[17] estableció una prestación económica equivalente a un salario mínimo mensual para aquellas personas que, debido al conflicto armado interno, sufrieran una disminución de su capacidad laboral desde el 66% y que no tuviesen otra posibilidad de obtener ingresos económicos.
Más adelante, el artículo 15 de la Ley 241 de 1995 aumentó la protección a las personas con discapacidad, al reducir al 50% el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que se debía acreditar para acceder a esta pensión especial de invalidez[18].
Simultáneamente, el artículo 131[19] de la ley extendió por dos (2) años su vigencia. Esta, fue prorrogada por medio del artículo 1 de la ley 548 de 1999, por el término de tres (3) años.
En el año 2002, fue promulgada la Ley 782 de 2002 a través de la cual se prorrogó por el término de cuatro (4) años la vigencia de algunas disposiciones de la Ley 418 de 1997. El mencionado ordenamiento en su artículo 18 consagró nuevamente que el artículo 46 de la citada disposición quedaría así: “[l]as víctimas que sufrieren una pérdida del 50% o más de su capacidad laboral calificada con base en el Manual Único para la calificación de invalidez, expedido por el Gobierno Nacional, tendrán derecho a una pensión mínima legal vigente, de acuerdo con lo contemplado en el Régimen General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando carezcan de otras posibilidades pensionales y de atención en salud, la que será cubierta por el Fondo de Solidaridad Pensional a que se refiere el artículo 25 de la Ley 100 de 1993 y reconocida por el Instituto de Seguros Sociales, o la entidad de naturaleza oficial señalada por el Gobierno Nacional.”
En esa medida, la pensión de víctimas del conflicto armado dejó de ser reconocida a las personas que presentaban su reclamación con fundamento en dos argumentos: i) la Ley 418 de 1997 se encontraba tácitamente derogada del ordenamiento jurídico y, ii) a partir del Acto Legislativo 01 de 2005 desaparecieron los regímenes especiales.[20]
Mediante sentencias T-463 de 2012 y T-469 de 2013[21], este Tribunal Constitucional refirió que la prestación especial señalada en el artículo 46 de la ley 418 de 1997, responde a las obligaciones del Estado de solventar las graves consecuencias que genera la pérdida de la capacidad laboral para las víctimas del conflicto armado, por lo que la posición de dejarla fuera del ordenamiento jurídico, desconoce el principio de progresividad. De esa manera, haciendo una aplicación directa a los postulados constitucionales, ordenó el reconocimiento y pago de la pensión para víctimas del conflicto armado.
Recientemente, esta Corporación mediante sentencia C-767 de 2014[22] hizo un estudio de constitucionalidad de los artículos 1º de la Ley 1106 de 2006 y 1º de la Ley 1421 de 2010, con el fin de determinar si la actuación por parte del legislador de no prorrogar nuevamente la vigencia del artículo 46 de la Ley 418 de 1997, constituía una omisión legislativa relativa.
Conforme a tales antecedentes, determinó que, efectivamente, se estaba ante una omisión relativa del legislador, por cuanto éste amplió el término de otras disposiciones de la Ley 418 de 1997, pero no lo hizo en relación con la prestación económica reconocida a favor de las víctimas del conflicto armado, señalada en el artículo 46.
Por ello, refirió que la omisión relativa, desconocía los postulados constitucionales, en especial el deber específico impuesto por el Constituyente, de ampliar progresivamente la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales y la proscripción de adoptar medidas regresivas, sin que acreditara los presupuestos relativos a razonabilidad, necesidad y proporcionalidad requeridos para adoptar las mencionadas medidas[23].
3.8 Requisitos para acceder a la pensión de invalidez para víctimas de la violencia. Reiteración de jurisprudencia
La jurisprudencia constitucional ha establecido cuatro (4) requisitos[24] para que una persona pueda acceder a la pensión para víctimas de la violencia contemplada en artículo 46 de la Ley 418 de 1997. Estos son: i) la calidad de víctima”[25]; ii) haber sufrido una pérdida de más del 50% de la capacidad laboral a causa de acciones u omisiones de actores armados que constituyan infracciones al Derecho Internacional Humanitario o violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos[26]; iii) carecer de otras posibilidades pensionales y, iv) carecer de otras posibilidades de atención en salud.
En lo relacionado con el requisito de no tener ninguna otra posibilidad pensional, este Tribunal Constitucional mediante sentencia T-921 de 2014[27] definió que “la prestación especial sólo tiene cabida cuando la persona víctima no tiene ninguna expectativa razonable de poder acceder a una mesada pensional, habida cuenta de que es un mecanismo que permite garantizar la subsistencia de los afectados por el conflicto y, eventualmente, de sus familias.”
Finalmente, en lo referente al requisito de “carecer de otras posibilidades de atención en salud”, la Corte Constitucional fijó el alcance de este requisito acorde con la naturaleza de la prestación especial, estableciendo que los aspirantes a recibir la pensión no podrán pertenecer al régimen contributivo con anterioridad a que ésta les sea reconocida, ya que de encontrarse en este último, se entiende que tiene al menos los recursos mínimos para la subsistencia[28].
Es necesario acentuar que este Tribunal Constitucional ha señalado que no se puede confundir la pensión de invalidez para víctimas del conflicto armado con las contempladas en el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, estipuladas en la Ley 100 de 1993. Lo anterior, por cuanto la fuente jurídica de la pensión de invalidez para víctimas del conflicto armado, “no se encuentra en el Régimen General de Pensiones, sino en el marco de los derechos humanos y de los deberes constitucionales del Estado colombiano, razón por la cual la prestación estudiada es de naturaleza especial, fundamentada en una situación generalizada de violencia, con efectos tangibles, reales, actuales y cuantificables, producto del conflicto armado interno.”
“Por ende, una prestación económica a cargo del Estado con estas características en modo alguno puede comprenderse como una pensión. Esto conlleva, además, dos consecuencias importantes […] no resultaría pertinente la acusación señalada por algunos de los intervinientes, en el sentido que la norma demandada sería inexequible al contravenir la prohibición de constituir regímenes pensionales especiales ni exceptuados, prevista en el artículo 1º del Acto Legislativo 1 de 2005, que adicionó el artículo 48 de la Constitución. Ello debido a que, se insiste, el estímulo analizado no tiene naturaleza pensional, pues recae en la categoría de subsidio o incentivo.”
3.9 Autoridades encargadas de efectuar el reconocimiento y pago de la prestación de la pensión para víctimas de la violencia. Reiteración de jurisprudencia
El artículo 18 de la Ley 782 de 2002, que modificó el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, estableció que el Instituto de Seguros Sociales –ISS- sería la autoridad competente para el reconocimiento de la pensión para víctimas de la violencia. No obstante, luego de la entrada en proceso de liquidación del mencionado Instituto, las obligaciones derivadas del reconocimiento de pensiones fueron asumidas por Colpensiones, de conformidad con lo señalado en el artículo 155 de la Ley 1151 de 2007 y los literales 3° y 4° del Decreto 2011 de 2012.
El Fondo se encuentra administrado por un consorcio de empresas fiduciarias del sector público surgido a partir del 30 de noviembre de 2012, se constituyó una alianza estratégica por las sociedades fiduciarias Fiduprevisora S.A., Fiducoldex S.A. y Fiducentral S.A., quienes conformaron el denominado Consorcio Colombia Mayor 2013, antes Consorcio Prosperar, Colombia Mayor. El objeto del mencionado contrato es que el Consorcio administre fiduciariamente los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional, a cargo del manejo de las dos (2) subcuentas denominadas: i) Subcuenta de Solidaridad, que financia el Programa de Subsidio al Aporte en Pensión y, ii) Subcuenta de Subsistencia, con la cual se financia el Programa Colombia Mayor.
La entidad administradora de pensiones negó el reconocimiento de la prestación reclamada, fundamentándose en el artículo 33, parágrafo 4 de la Ley 100 de 1993, concerniente a la pensión de vejez anticipada, que exige tener 55 años de edad y haber cotizado 1.000 semanas en cualquier época, continuas o discontinuas, independientemente de la fecha en la que se haya estructurado la deficiencia física.
4.1 Procedencia de la acción de tutela en el asunto sub examine
Ahora bien, respecto a la subsidiariedad de la acción de tutela, mediante Sentencia T-044 de 2010[29] esta Corporación determinó que la acción de tutela es el medio de defensa judicial pertinente e idóneo, en el caso de las personas desplazadas, y también de quienes han sido víctimas de la violencia originada en el conflicto armado dada la situación de extrema vulnerabilidad en la cual suelen encontrarse.
4.2 Presunta vulneración de los derechos fundamentales del señor Heriberto Prada Ardila
4.3 Análisis de requisitos para acceder a pensión de invalidez para víctimas del conflicto armado interno señalada en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997
(i) La calidad de víctima”[30]: se observa que según el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal, el accionante se encuentra registrado en la Red Nacional de Información como “víctima de desplazamiento forzado, homicidio, lesiones personales y psicológicas que producen incapacidad permanente, ésta última a raíz de mina antipersonal” (fl. 126, c.2).
(ii) Haber sufrido una pérdida de más del 50% de la capacidad laboral a causa de acciones u omisiones de actores armados que constituyan infracciones al DIH o violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos: el actor tiene una pérdida de capacidad laboral del 79.95%, estructurada el 2 de febrero de 1993, a causa de una explosión de una mina antipersonal –artefacto contrario al DIH-, que le causó una mutilación en sus dos manos a la altura de las muñecas y la pérdida de la visión (fls. 36 y 37, cuaderno 2).
Así, haciendo un estudio del artículo 6º del Decreto 758 de 1990, se observó que el actor no cumplía con el requisito de haber cotizado 300 semanas en cualquier época con anterioridad al estado de invalidez.[31]Tampoco cumplía con el requisito de haber cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los últimos 3 años anteriores al hecho causante de la misma, contemplado en el numeral 2º del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, por cuanto las 523 semanas a las que se hace referencia fueron aportadas al sistema a partir del 1º de diciembre de 2000, es decir, con posterioridad a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral. Por tanto, se concluye que el actor no cumple con los postulados de la ley para acceder a la pensión ordinaria de invalidez.[32]
Finalmente, se ordenará al Ministerio de Educación Nacional que, por medio del Instituto Nacional para Ciegos –INCI-, reproduzca para el ciudadano Heriberto Prada Ardila en braille, audiodescripción, lectura fácil y demás materiales accesibles, el contenido de la presente providencia, en un término no mayor a dos (2) meses, contados a partir de la notificación de esta sentencia, teniendo en cuenta que el demandante es invidente, a causa del accidente con la mina antipersonal.
PRIMERO.- REVOCAR el fallo proferido el 14 de mayo de 2014, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, y el dictado el 31 de marzo de 2014 por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Oralidad en Bucaramanga, en el trámite de la acción de tutela presentada por el ciudadano Heriberto Prada Ardila contra Colpensiones, y, en consecuencia, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna, a la igualdad y al debido proceso.
SEGUNDO.- ORDENAR a Colpensiones que, dentro del término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, proceda a tramitar el reconocimiento y pago de la pensión por invalidez para víctimas de la violencia contemplada en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997, a favor del señor Heriberto Prada Ardila, identificado con cédula de ciudanía número 13.643.214, a partir del 22 de octubre de 2014, día en que fue promulgada la sentencia C-767 de 2014.
TERCERO.- RECONOCER que Colpensiones tiene derecho a repetir contra el Fondo de Solidaridad Pensional, a través del Consorcio Colombia Mayor, para recuperar las sumas de dinero adeudadas y no pagadas por concepto del reconocimiento y pago de la pensión por invalidez para víctimas de la violencia, de conformidad con el artículo 18 de la Ley 782 de 2002, según lo dispuesto en esta sentencia. El Consorcio Colombia Mayor dispondrá de quince (15) días para reconocer lo debido, o indicar la fecha máxima en la cual lo hará, plazo que no podrá exceder de seis (6) meses una vez presentada la solicitud para el respectivo pago o cuenta de cobro, por parte de Colpensiones.
CUARTO.- ORDENAR a Colpensiones, que en adelante informe a los ciudadanos víctimas de la violencia, que soliciten el reconocimiento y pago de una pensión por invalidez y que no tengan alguna otra posibilidad de pensionarse, sobre la decisión adoptada en este fallo y la posibilidad de acceder a la pensión consagrada en el artículo 46 de la Ley 418 de 1997.
QUINTO.- NOTIFICAR a la Defensoría del Pueblo sobre el contenido de esta sentencia, para que efectúe el seguimiento respectivo a cada una de las órdenes decretadas en la parte resolutiva y disponga de todos los poderes que la Constitución y la ley le faculten para asegurar el cumplimiento integral de esta decisión.
SEXTO.- ORDENAR al Ministerio de Educación Nacional que, por medio del Instituto Nacional para Ciegos –INCI-, reproduzca, para el señor Heriberto Prada Ardila, en braille, audiodescripción, lectura fácil y demás materiales accesibles, el contenido de la presente providencia, en un término no mayor a dos (2) meses, contados a partir de la notificación de esta providencia.
SÉPTIMO.- EXHORTAR al Congreso de la República para que legisle sobre los aspectos financieros y demás aspectos de la pensión especial de víctimas del conflicto armado, respecto de las cuales no exista claridad a partir de la sentencia C-767 de 2014.
[1] Dictamen No. 201201399BC
[2] Folio 29, cuaderno 2
[3] Parágrafo 4º del artículo 33 de la Ley 100 de 1993.
[4]Artículo 2, literal l, Ley 797 de 2003: “En ningún caso a partir de la vigencia de esta ley, podrán sustituirse semanas de cotización o abonarse semanas cotizadas o tiempo de servicios con el cumplimiento de otros requisitos distintos a cotizaciones efectivamente realizadas o tiempo de servicios efectivamente prestados antes del reconocimiento de la pensión. Tampoco podrán otorgarse pensiones del Sistema General que no correspondan a tiempos de servicios efectivamente prestados o cotizados, de conformidad con lo previsto en la presente ley. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en pactos o convenciones colectivas de trabajo.”
[5] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[6] Cfr. Sentencias T-826 de 2008, T-075 de 2009, T-048 de 2010, T-223 de 2012, entre otras.
[7] M. P. Jaime Araújo Rentería
[8] Sentencia T-376 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
[9] Corte Constitucional, sentencia T-103 del 8 de febrero de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[10] Ver Sentencia T-938 de 30 de septiembre de 2008 M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
[11] Sentencia T-653 de 8 de julio de 2004 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[12] Sentencia T-550 de 29 de enero de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño.
[13] Artículo 13 de la Ley 1448 de 2011.
[14] Artículo 136 de la Ley 1448 de 2011.
[15] Auto 006 de 2009. M.P. Manuel José Cepeda Escobar.
[16] Auto 173 de 2014. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[17] “Las víctimas de los atentados que sufrieren una disminución de su capacidad física desde un 66% calificada por el Fondo de Solidaridad Pensional, tendrán derecho a una pensión mínima legal vigente siempre y cuando carezca de otras posibilidades pensionales y de atención en salud.
Los pagos que deban hacerse por razón de los seguros que se contraten se harán con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad y Emergencia Social de la Presidencia de la República.”
[18] “Las víctimas que sufrieren pérdida del 50% o más de su capacidad laboral calificada con base en el Manual Único para la Calificación de Invalidez expedido por el Gobierno Nacional, tendrán derecho a una pensión mínima legal vigente, de acuerdo con lo contemplado en el Régimen General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, siempre y cuando carezcan de otras posibilidades pensionales y de atención en salud”. Como lo señala la mencionada sentencia T-469, a partir de la Ley 241 el ámbito de protección de la norma aumentó, por cuanto el límite para el reconocimiento de la prestación ya no estaba en el 60% de pérdida de capacidad laboral, sino en el 50%.
[19] Esta ley tendrá una vigencia de dos (2) años a partir de la fecha de su promulgación, deroga las Leyes 104 de 1993 y 241 de 1995, así como las disposiciones que le sean contrarias.
[20] Sentencia C-767 de 2014 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[21] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[22] M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub
[23] “Es evidente que el Estado colombiano no cumplió las exigencias de orden constitucional, para la adopción de medidas regresivas, encaminadas a no ampliar la vigencia la pensión por invalidez para víctimas de la violencia. De esa manera, se encuentra acreditado el incumplimiento de las disposiciones internacionales que versan sobre la materia. En efecto, no existe en los debates legislativos de las Leyes 1106 de 2006 y 1421 de 2010, razón alguna que justifique no haber prorrogado su vigencia, pese a que los hechos que le dieron origen continuaron existiendo”. C-767 de 2014 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[24] Sentencia T-469 de 2013 y T-917 de 2014 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[25] Mediante sentencia T-921 de 2014 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, se indicó que sólo hasta la expedición del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, el ordenamiento jurídico colombiano adquirió una definición legal y comprensiva acerca de quiénes pueden ser considerados como víctimas del conflicto. No obstante, aclaró que, en vista que la Ley 418 de 1997 no había establecido una fecha limite para efectos de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, esta tendrá que ser reconocida incluso por hechos ocurridos con anterioridad al 1º de enero de 1985 siempre que se cumplan los demás requisitos establecidos en la norma.
[26] Esta calificación deberá hacerse con base en el Manual Único para la Calificación de Invalidez expedido por el Gobierno Nacional.
[27] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[28] Sentencia T-917 de 2014 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
[29] M.P. María Victoria Calle Correa
[30] Mediante sentencia T-921 de 2014 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, se indicó que sólo hasta la expedición del artículo 3 de la Ley 1448 de 2011, el ordenamiento jurídico colombiano adquirió una definición legal y comprensiva acerca de quiénes pueden ser considerados como víctimas del conflicto. Sin embargo, esta definición solo podrá ser tomado como criterio interpretativo.
[31]Si bien no ha sido el fundamento aquí reconocido, no sobra señalar que la Corte Constitucional ha sostenido que, que cuando el padecimiento sea considerado progresivo, crónico o degenerativo, la fecha razonable para establecer la estructuración es aquella en la que efectivamente la persona pierde de manera definitiva y permanente su capacidad para trabajar que, generalmente, es aquel momento en que debido a la gravedad de la incapacidad, solicita que dicha pérdida sea calificada. De esa manera, ha controvertido el punto relacionado con la fecha de estructuración es fijada en momento diferente al de la realización del dictamen de calificación, se deben tener en cuenta los aportes que la persona realice durante el periodo comprendido entre la estructuración y el tiempo en que queda incapacitado para trabajar de manera permanente y definitiva.
[32] Para el caso de la referencia, la Sala solo analizó si el peticionario cumplía con los requisitos establecidos en el Decreto 758 de 1990 y la Ley 100 de 1993, teniendo en consideración la fecha de estructuración de la invalidez que le otorgó Colpensiones.

References: artículo 46
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 18
 artículo 46
 artículo 13
 artículo 33
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 3
 artículo 46
 artículo 45
 artículo 15
 artículo 131
 artículo 1
 artículo 18
 artículo 46
 artículo 25
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 1
 artículo 48
 artículo 18
 artículo 46
 artículo 155
 artículo 33
 artículo 46
 artículo 6
 artículo 39
 artículo 46
 artículo 18
 artículo 46
 artículo 33
 Artículo 13
 Artículo 136
 artículo 3
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