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Timestamp: 2019-09-20 18:24:01+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 315/2003 Corte Suprema de Justicia
Acuerdo y Sentencia N° 315/03
Acuerdo y Sentencia Nº 322/03 - Causa: “Bonifacio Tavares Y Rosely Krysan s/ Hábeas Corpus Genérico”.
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 315/03
CAUSA: “BONIFACIO TAVARES Y ROSELI KRYSAN SOBRE HÁBEAS CORPUS GENÉRICO”.
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los tres días del mes de marzo del año dos mil tres, estando reunidos en la Sala de Acuerdos de la Corte Suprema de Justicia, los Señores Ministros de la Sala Penal, Doctores JERÓNIMO IRALA BURGOS, FELIPE SANTIAGO PAREDES y WILDO RIENZI GALEANO, ante mí, el Secretario autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: “BONIFACIO TAVARES Y ROSELI KRYSAN SOBRE HÁBEAS CORPUS GENÉRICO”, a fin de resolver la Garantía Constitucional de Hábeas Corpus Reparador planteado, de conformidad al artículo 133 de la Constitución Nacional, y a las disposiciones de la Ley 1500/99.
¿ Es procedente la Garantía Constitucional solicitada?.
A la cuestión planteada, el Doctor PAREDES dijo: El abogado Mario Milciades Melgarejo M., plantea a favor de sus defendidos Bonifacio Tavares y Rosely Krysan, garantía constitucional de Hábeas Corpus Genérico (fojas 8/9).
Expone como fundamento de su planteamiento, que según constancia de los expedientes traídos a la vista, sus defendidos se hallan privados de libertad desde el 12 de abril del año 2002. Agrega a su vez, que a pesar de la resolución dictada por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, en virtud de la cual se suspenden los efectos de los actos administrativos por él impugnados, hasta el momento ni el Juez de Garantías, ni el Tribunal de Apelación, ni el Juez de Feria, han dispuesto medida sustitutiva ni alternativa alguna en relación a la medida cautelar que soportan los citados ciudadanos brasileños. Finaliza su presentación, peticionando que se les sustituya la privación de libertad de sus patrocinados por otras medidas menos gravosas, como ser la reclusión domiciliaria bajo vigilancia policial, además de otras medidas de seguridad que pueda disponer el Juzgado de Garantía, todo ello, agrega, bajo caución juratoria de los mismos, y su propia fianza personal.
A la garantía constitucional planteada se le imprimió el trámite de ley, según providencia de fecha 20 de enero de 2003, obrante a fojas 10 de autos.
Antes de entrar a analizar concretamente el planteamiento, corresponde recordar que la garantía constitucional del hábeas corpus, constituye un instrumento que tiene por objeto asegurar la efectiva vigencia de los derechos y libertades fundamentales. En ese contexto, el artículo 131 de la Carta Magna establece: “Para hacer efectivos los derechos consagrados en esta Constitución, se establecen las garantías contenidas en este capítulo, las cuales serán reglamentadas por la ley”.
En estas condiciones, en lo que hace alusión específicamente al Hábeas Corpus Genérico, que es la especie en estudio, el Art. 133 de la Constitución Nacional dispone que: “…El Hábeas Corpus podrá ser: … 3) Genérico: en virtud del cual se podrá demandar rectificación de circunstancias que, no estando contempladas en los dos casos anteriores, restrinjan la libertad o amenacen la seguridad personal. Así mismo, esta garantía podrá interponerse en casos de violencia física, psíquica o moral que agraven las condiciones de personas legalmente privadas de su libertad”. En concordancia con la norma constitucional transcripta, el artículo 32 de la Ley 1500/99 dispone: “Procederá el hábeas corpus genérico para demandar: a) la rectificación de circunstancias que, no estando contempladas en el hábeas corpus reparador o en el preventivo, restrinjan ilegalmente la libertad o amenacen la seguridad personal; b) el cese de la violencia física, síquica o moral que agrave las condiciones de personas legalmente privadas de su libertad”.
Con el fin de determinar el origen, el carácter y el mantenimiento de la privación de libertad de los ciudadanos Bonifacio Tavares y Roseli Krysan, se han traído a la vista los expedientes principales caratulados: “Pedido de detención con fines de Expulsión del país de Bonifacio Tavares y Roseli Krisan p/ Dirección General de Migraciones” y “Bonifacio Tavares, Roseli Krysan sobre detención con fines de extradición”.
Examinados dichos expedientes, se observan las siguientes circunstancias, que a continuación se pasan a analizar:
Bonifacio Tavares y Roseli Krysan, se hallan privados de su libertad, desde el 13 de junio de 2002, lo que a la fecha implica un tiempo de siete meses en carácter de detenidos previamente, en la causa caratulada: “Pedido de detención con fines de Expulsión del país de Bonifacio Tavares y Roseli Krisan p/ Dirección General de Migraciones”. Dicha medida restrictiva de libertad, fue dispuesta por el Juez Penal de garantía, Dr. Pedro Mayor Martínez, con sustento en los artículos 83 y 84 de la Ley 978- de Migraciones- a raíz de la petición de aplicación de medida cautelar requerida por el Director General de Migraciones (fs. 1. expdte. Principal).
Dada la particular naturaleza de la detención que soportan los ciudadanos brasileños Bonifacio Tavares y Roseli Krisan, adoptada como medida cautelar a los efectos de una eventual expulsión, supeditada a la conclusión de un procedimiento contencioso- administrativo, torna imperativo que esta Sala Penal considere la posibilidad de sustituir dicha detención por medidas alternativas, sin que ello implique estudiar el fondo de la cuestión, sino, exclusivamente examinar si la privación de libertad en un centro penitenciario es la única medida cautelar aplicable al caso, frente a claras, rotundas y categóricas disposiciones contenidas en la Carta Magna, en Tratados y Convenios Internacionales y en el Código Procesal Penal.
El artículo 21 de la Constitución Nacional, en su segundo párrafo, dispone que: “La reclusión de personas detenidas se hará en lugares diferentes a los destinados para los que purguen condena”. En igual orden de ideas, el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos estatuye: “Art. 10. 1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 2. a) Los procesados estarán separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento distinto, adecuado a su condición de personas no condenadas.
En igual orden de ideas, La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en su capítulo I – De los Derechos-, artículo 25 dispone: “Nadie puede ser privado de su libertad sino en los casos y según las formas establecidas por las leyes preexistentes. Nadie puede ser detenido por incumplimiento de obligaciones de carácter netamente civil. Todo individuo que haya que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y a ser juzgado sin dilación injustificada o, de lo contrario, a ser puesto en libertad. Tiene derecho también a un tratamiento humano durante la privación de su libertad”. Así mismo, el artículo 7.5, Derecho a la Libertad Personal, de La Convención Americana sobre Derechos Humanos, dispone: “…Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro del plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”.
Por otro lado, si bien es cierto que la privación de la libertad de los recurrentes no tiene el carácter de una prisión preventiva, también no es menos cierto, que por analogía e interpretación extensiva- a favor de los mismos, en el ejercicio de sus derechos y facultades (artículo 10 del C.P.P.)- resulta aplicable sin lugar a dudas, el régimen de medidas alternativas o sustitutivas de la prisión preventiva, previsto en el artículo 245 del Código Procesal Penal, el cual establece: “Siempre que el peligro de fuga o de obstrucción pueda ser evitado por la aplicación de otra medida menos gravosa para la libertad del imputado, el juez, de oficio, preferirá imponerle en lugar de la prisión preventiva, alguna de las alternativas siguientes: 1) el arresto domiciliario, en su propio domicilio o en el de otra persona, bajo vigilancia o sin ella; 2) la obligación de someterse a la vigilancia de una persona o institución determinada, quien informará periódicamente al juez; 3) la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe; 4) la prohibición de salir del país, de la localidad en la cual resida o del ámbito territorial que fije el juez; 5) la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de visitar determinados lugares; 6) la prohibición de comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa, y; 7) la prestación de una caución real adecuada por el propio imputado o por otra persona, mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda o hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. El juez podrá imponer una o varias de estas alternativas, conjunta o indistintamente, según cada caso, adoptando las medidas necesarias para asegurar su cumplimiento…”.
Las normas transcriptas deben ser cumplidas estrictamente, y en esa inteligencia la Sala Penal de esta Corte se halla obligada a velar por que todos los principios consagrados en la Constitución Nacional, Tratados y Convenios Internacionales, y las leyes dictadas en consecuencia, sean aplicadas, rectificando toda situación que las vulnere. En caso contrario, dichos principios, consagrados en la Carta Magna, no serán otra cosa que una mera declaración de derechos, seguida de una vaga promesa de protección y simple retórica, lo cual no debe permitirse en un Estado de Derecho, como el vigente en el nuestro.
Conforme a las claras disposiciones constitucionales y las del Derecho Internacional vigente, como las normas legales aludidas, y en atención al origen, al alcance y fundamentalmente al objeto de la detención que soportan los ciudadanos brasileños Bonifacio Tavares y Rosely Krysan, se advierte que las condiciones que agravan su reclusión, (Tavares, en el Departamento de Investigaciones, y Rosely Krysan, en el Penal de Mujeres, Casa del Buen Pastor), indudablemente pueden ser mejoradas, dado que, en el caso en particular, lo que podría existir eventualmente es el peligro de fuga, lo cual puede ser evitado con la aplicación conveniente de medidas alternativas menos gravosas, pero sí eficaces para atenuar los rigores de la reclusión preventiva.
En ese sentido, acorde con los principios constitucionales de presunción de inocencia y de reclusión en lugares adecuados, además de lo dispuesto en el artículo 245 del Código Procesal Penal, corresponde indudablemente la aplicación de medidas alternativas, en este caso particular, a la detención que soportan los recurrentes, concretamente arresto domiciliario, contemplado en el inciso 1º del citado artículo del código de forma, en el propio domicilio de los recurrentes, bajo estricta vigilancia policial, con mecanismo de control diario, con informe diario al Juzgado y la fianza personal de su abogado defensor, cuyo monto será fijado por el Juez de Garantía.
La ejecución de este mandato, no obsta a que el Juez de Garantías que atienda el caso, disponga otras medidas alternativas que, a su criterio garanticen, con la máxima efectividad y seguridad, que los recurrentes se sometan a los dictados de la justicia, todo lo cual se debe verificar conforme a las solemnidades previstas en los artículos 246 y 247 del Código Procesal Penal.
Las circunstancias precedentemente mencionadas, así como las disposiciones constitucionales y legales transcriptas, autorizan a esta Sala a disponer en derecho lo que corresponda a un tratamiento más adecuado a los recurrentes, dada su condición de personas no condenadas, conforme a lo estatuido en el artículo 10 del Pacto de los Derechos civiles y Políticos.
Procede resaltar que esta Sala Penal, no desconoce que la autoridad administrativa al solicitar la medida cautelar de detención, persigue un interés específico estatal, como titular de intereses públicos propios, relacionado en este caso con la policía de extranjeros, sin embargo, debe asumirse, que la detención cautelar solicitada por el Director General de Migraciones y la dispuesta por el Juez de Garantías, en lo Penal, debe ser regulada y respetuosa con la normativa constitucional, y no prolongarse excesivamente en el tiempo, al punto de convertirse en una privación de libertad “sine die”.
En estas condiciones, no existe otra alternativa que rectificar tal circunstancia y, en consecuencia, disponer la reclusión domiciliaria de los ciudadanos Bonifacio Tavares y Roseli Krysan, en el lugar y en la forma indicada. La reclusión domiciliaria dispuesta, se cumplirá conjuntamente con otras medidas que el Juez Penal de Garantías deberá disponer, en concordancia con la letra y el espíritu del artículo 245 del Código Procesal Penal.
Por las razones expuestas precedentemente, y con sustento en los artículos 21 y 133 inciso 3º de la Constitución Nacional, artículo 32 inciso b) de la Ley 1500/99, artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos, artículo 25 de la Declaración Americana de los Deberes del Hombre, artículo 7, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que integran nuestro derecho positivo penal, y el artículo 245 del Código Procesal Penal, corresponde hacer lugar al Hábeas Corpus Genérico deducido, y en consecuencia, ordenar la reclusión domiciliaria de los recurrentes, previa tramitación de la fianza personal que deberá prestar el abogado defensor, además de las medidas alternativas que el Señor Juez considere pertinente, todo ello con la mayor diligencia y efectividad posible.
Finalmente, resulta prudente que el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, sea notificado de lo resuelto por esta Sala Penal, en este Acuerdo y Sentencia, exhortando a dicho órgano jurisdiccional que le imprima la mayor celeridad posible al expediente que se tramita en esa instancia. Es mi voto.
SENTENCIA NÚMERO: 315
Asunción, 3 de marzo de 2003.
HACER LUGAR al Hábeas Corpus Genérico deducido a favor de los ciudadanos Bonifacio Tavares y Roseli Krysan, disponer su reclusión domiciliaria que será cumplida conjuntamente con las otras medidas a ser dispuestas previamente, por el Juez de Garantía.
NOTIFICAR en su parte pertinente al Tribunal de Cuentas, Primera Sala, de lo dispuesto en esta sentencia.

References: artículo 133
 resolución 
 artículo 131
 artículo 32
 artículo 21
 artículo 10
 artículo 25
 artículo 7
 artículo 245
 artículo 245
 artículo 10
 artículo 245
 artículo 32
 artículo 10
 artículo 25
 artículo 7
 artículo 245