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BOE.es - Documento BOE-T-1996-18653
Documento BOE-T-1996-18653
Pleno. Sentencia 131/1996, de 11 de julio de 1996. Conflicto positivo de competencia 1.715/1991. Promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña en relación al art. 1 y la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 557/1991, sobre Creación y Reconocimiento de Universidades y Centros Unniversitarios en cuanto califican como normas básicas determinados preceptos del citado Real Decreto. Voto Particular.
«BOE» núm. 194, de 12 de agosto de 1996, páginas 49 a 62 (14 págs.)
BOE-T-1996-18653
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Álvaro Rodríguez Bereijo, Presidente; don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Vicente Gimeno Sendra, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos, don Pedro Cruz Villalón, don Carles Viver Pi-Sunyer, don Enrique Ruiz Vadillo, don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, don Javier Delgado Barrio y don Tomás S. Vives Antón, Magistrados, ha pronunciado
En el conflicto positivo de competencia núm. 1.715/91, promovido por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, representado por el Letrado don Ramón Riu i Fortuny, en relación con el art. 1 y la Disposición adicional primera del Real Decreto 557/1991, de 12 de abril («B.O.E.» núm. 95, de 20 de abril), sobre creación y reconocimiento de Universidades y Centros universitarios, en cuanto califican como normas básicas los siguientes preceptos del citado Real Decreto: el art. 5.1 (en lo que se refiere a la expresión «no menos de tres impartirán el segundo ciclo y, al menos, una de éstas, de Ciencias Experimentales o estudios técnicos»); el art. 7.1, 4 y 5 (excepto su primera frase); el art. 9, en relación con el Anexo en sus apartados 2 (excepto su primera frase), 5 (excepto su inciso «El Campus estará dotado de instalaciones deportivas y de los servicios complementarios precisos») y 6; art. 10, art. 11, art. 16.5 y art. 18.2 (en su referencia al Ministerio de Educación y Ciencia). Ha comparecido el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta. Ha sido Ponente el Magistrado don Carles Viver Pi-Sunyer, quien expresa el parecer del Tribunal.
A su vez, el art. 9 E.A.C. atribuyó a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de investigación, sin perjuicio de lo que dispone el art. 149.15.1 C.E., y el art. 10.1 E.A.C. le atribuyó la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica del Estado en materia de régimen jurídico y sistema de responsabilidad de la Administración de la Generalidad y de los entes públicos de ella dependientes, así como el régimen estatutario de sus funcionarios.
Así las cosas, la Disposición adicional primera del Real Decreto 557/1991 invoca el art. 149.1.1 y 30 C.E. y la L.O. 11/1983 para dar cobertura a la calificación como normas básicas de la mayoría de los preceptos del Decreto. No obstante, a juicio del Consejo Ejecutivo, la reserva del art. 149.1.1 no puede ser invocada en este caso a modo de extensión de la concreta reserva competencial reconocida en el art. 149.1.30. En primer lugar, porque ya ha dicho este Tribunal (STC 37/1981) que la igualdad a que alude aquel precepto no puede ser entendida como monolítica uniformidad del ordenamiento y por pura aplicación del criterio de prevalencia del título competencial más específico (SSTC 71/1982, 125/1984 y 137/1986). Por otra parte, la invocación del art. 149.1.30 no puede dar cobertura competencial a cualquier clase de condición o requisito que quiera establecerse para la creación o reconocimiento de Universidades, pues las condiciones que se establecen en el Decreto no tienen una incidencia directa en las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, ya que se trata únicamente de requisitos y condiciones que afectan a la organización y a la dotación humana y material de los Centros.
Es cierto -continúa la demanda- que el art. 149.1.30 reserva también al Estado la competencia para establecer las normas básicas para el desarrollo del art. 27 C.E. y que el apartado 6 de este último precepto resulta directamente afectado por el establecimiento de unas condiciones y requisitos mínimos para el reconocimiento y creación de Universidades. Sin embargo, de conformidad con reiterada jurisprudencia constitucional, a la Generalidad le corresponde el desarrollo de aquellas disposiciones que el Estado pueda establecer como bases de desarrollo de ese derecho fundamental (SSTC 6/1982, 77/1985, 137/1986). Por consiguiente, en ejercicio de los títulos competenciales aludidos, la Generalidad dispone de potestad legislativa para regular las Universidades de Cataluña, sujeta al marco de la legislación básica estatal en aquellos aspectos relacionados con el desarrollo del art. 27 C.E., que han quedado reservados al Estado por el art. 149.1.30 o con las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios (art. 149.1.18). Potestad ya ejercida, en parte, al aprobar la Ley catalana 26/1984, de 19 de diciembre, de Coordinación Universitaria y de Creación de los Consejos Sociales.
La expresión «no menos de tres impartirán el segundo ciclo y, al menos, una de éstas, de Ciencias Experimentales o estudios técnicos», con la que termina el párrafo primero del art. 5.1, excede, a juicio del Consejo Ejecutivo, del contenido material de las normas básicas para el desarrollo del art. 27 C.E. y establece unos requisitos en el nivel estrictamente organizativo que tampoco pueden tener cobertura como complemento necesario de los arts. 5.3 y 58.2 de la L.O. 11/1983, de Reforma Universitaria.
El Consejo Ejecutivo admite -y por ello no lo impugnaque puede calificarse de básico el apartado 2 del propio art. 7, que fija con carácter general un porcentaje global mínimo de profesorado con el título de Doctor del 50 por 100 del conjunto de la plantilla docente de todas y cada una de las Universidades. Pero la modulación de ese porcentaje (que se hace en las distintas letras del apartado 1) en función de cada uno de los niveles de las enseñanzas que se imparten en la Universidad constituye un ejemplo paradigmático de lo que ha de entenderse por desarrollo de las bases estatales y su definición ha de ser reconocida como contenido propio de la competencia plena que en materia de enseñanza tiene reconocida la Generalidad.
A juicio del Abogado del Estado, es preciso destacar algunas notas generales, extraídas de la propia Ley y de la doctrina de este Tribunal, especialmente de la STC 137/1986. Tales notas se cifran, en primer lugar, en la naturaleza del derecho a la educación como un derecho prestacional, lo que implica su necesaria proyección institucional, de lo que puede extraerse la conclusión de que ciertos aspectos organizativos pueden constituir materia básica. En segundo término se destaca la circunstancia de que nos encontramos, sin duda, ante un servicio público (art. 1 L.R.U.); por ello debe considerarse básico aquel conjunto de normas que tienda a establecer un mínimo de calidad en la prestación de tal servicio entendido globalmente, esto es, en todos sus aspectos. Debe recordarse, además, que se trata de una prestación educacional de grado superior, lo que justifica que este mínimo de calidad exigible con carácter básico sea más exigente que en otros niveles de la enseñanza y pueda extenderse no sólo a lo estrictamente docente, sino a todas las condiciones de prestación del servicio público (bibliotecas, deportes, servicios complementarios). En todo caso, y como tercer rasgo general a subrayar, se destaca la exigencia de que las normas básicas no vacíen de contenido las competencias de las Comunidades Autónomas, lo que -se alega- no es el caso con las aquí impugnadas.
Se alega, en defensa de este precepto, que dentro de las condiciones a que se refieren tanto el art. 5.3 como el art. 30.2, ambos de la L.O. 11/1983, puede el Gobierno establecer las exigencias de personal mínimo, y este concepto comprende el porcentaje de dedicación. El propio Consejo de Estado, al informar el Real Decreto 557/1991, señala que tal exigencia no puede tacharse de no razonable; por contra, reconoce que para que pueda hablarse de Universidad es esencial el elemento de comunidad profesores-alumnos (Universitas magistrorum et discipulorum); comunidad que sólo puede alcanzarse cuando existe un núcleo permanente, dedicado completamente a las labores docentes o investigadoras en la Universidad, lo que resulta incompatible con la posibilidad de un Claustro integrado por profesores que se dediquen a la Universidad mayoritariamente o, en su totalidad, de forma parcial.
El Abogado del Estado alude nuevamente, en este punto, al dictamen del Consejo de Estado, en el que se reconoce que este precepto tiene por objeto que las Universidades privadas no se conviertan en instituciones parasitarias que vivan al cobijo y con los recursos humanos de la públicas, razón que explica el contenido del art. 7.5. El precepto tiene relación con el mismo sentido institucional presente en el binomio Universidad pública-Universidad privada, pues corresponde a la propia idea de Universidad privada que la selección de su personal docente no se extraiga de la pública, generándose que sobre el mismo personal docente (que, junto con los discípulos, es rasgo definidor de la Universidad) se instituyan corporaciones que, aunque guiadas por un objetivo semejante, son realidades distintas y concurrentes.
Art. 9. Anexo.
2. En relación con la primera de las objeciones que, con carácter general, opone el Consejo Ejecutivo a la constitucionalidad del Real Decreto 557/1991, esto es, la referida a la insuficiencia de rango de los preceptos que el Gobierno de la Nación ha calificado de básicos, este Tribunal ha declarado en múltiples ocasiones que para garantizar la generalidad y estabilidad consustanciales a las reglas básicas (STC 147/1991), éstas deben establecerse mediante ley formal votada en Cortes, aunque, como excepción, quepa admitir que en ciertas circunstancias el Gobierno pueda regular por Real Decreto aspectos básicos de una determinada materia. Estas circunstancias excepcionales se dan, según hemos reiterado, cuando el reglamento resulta «complemento indispensable» para asegurar el mínimo común denominador establecido en las normas legales básicas (por todas, SSTC 25/1983, 32/1983, 48/1988): es indispensable cuando la ley formal no resulta instrumento idóneo para regular exhaustivamente todos los aspectos básicos, debido al «carácter marcadamente técnico o a la naturaleza coyuntural y cambiante» de los mismos (SSTC 76/1983, 787/1985, 86/1989, 147/1991, 149/1992, entre otras), y es complemento de las normas legales básicas, cuando, además de ser materialmente básico, actúa como desarrollo de una ley que previamente ha acotado el alcance general de lo básico («el Gobierno puede regular por vía reglamentaria materias básicas definidas como tales en normas de rango de ley, porque entonces su actuación es completiva y no delimitativa o definidora de competencias» (SSTC 25/1983, 32/1983, 42/1983, entre otras). Por otra parte, desde la perspectiva formal, se ha exigido también que el carácter básico se explicite bien en la ley básica de la que trae causa el reglamento, bien en la propia disposición infralegal. La declaración del carácter básico «no es una posibilidad abierta al titular de la potestad normativa (...), sino un deber general inherente a su función» (STC 175/1992). Sólo cabe reconocer el carácter básico implícito a disposiciones de rango infralegal cuya naturaleza básica resulta «sin lugar a dudas de su propia estructura normativa en cuanto complemento indispensable de las normas legales básicas» (STC 227/1988, en el mismo sentido, entre otras, STC 15/1989).
3. Los preceptos traídos a este proceso constitucional establecen una serie de requisitos de profesorado, económicos y de instalaciones que necesariamente deben cumplir las Universidades públicas y privadas para su creación o su reconocimiento. Concretamente, el art. 5.1 se refiere al número mínimo y al tipo de enseñanzas que deben impartir; el art. 7. párrafos 1, 4 y 5, establece los porcentajes mínimos de profesores con el título de Doctor y a tiempo completo, así como las incompatibilidades del profesorado de la Universidad pública con la privada; el art. 9 y el anexo prevé las instalaciones culturales, deportivas y de servicios de las que necesariamente deben estar dotadas; los arts. 10 y 11 establecen una serie de condiciones tendentes a asegurar la continuidad y viabilidad económico-financiera de las Universidades; el art. 16.5 regula la adscripción a la Universidad pública de Centros pertenecientes a una misma Entidad titular, y, por fin, el art. 18.2 disciplina la autorización que deben obtener los Centros extranjeros para impartir enseñanzas de nivel universitario en España.
La materia objeto de regulación es, pues, sin lugar a dudas, la enseñanza superior o universitaria. En esta materia el Estado tiene atribuida, ex art. 149.1.30 -además de la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos, que aquí tiene una incidencia relativamente secundaria-, la competencia para dictar «normas básicas para el desarrollo del art. 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia». Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Cataluña otorga a la Generalidad la «competencia plena» sobre «la regulación y administración de la enseñanza en toda su extensión, niveles y grados, modalidades y especialidades, en el ámbito de sus competencias, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución y Leyes Orgánicas que, conforme al apartado 1 del artículo 81 de la misma, lo desarrollen; de las facultades que atribuye al Estado el número 30 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución, y de la alta inspección necesaria para su cumplimiento y garantía».
4. El art. 5.1 del Real Decreto 55/1991 dispone que «las Universidades públicas o privadas deberán contar, respectivamente, con los Departamentos o la estructura docente necesaria para la organización y desarrollo de enseñanzas conducentes, como mínimo, a la obtención de ocho títulos de carácter oficial que acrediten enseñanzas
de Diplomatura, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica, Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería, de las cuales no menos de tres impartirán el segundo ciclo y, al menos, una de éstas, de Ciencias Experimentales o estudios técnicos». A juicio del Consejo Ejecutivo, la imposición de que no menos de tres enseñanzas impartan el segundo ciclo y, al menos, una de ellas lo sea de Ciencias Experimentales o estudios técnicos excede del contenido material de las normas básicas para el desarrollo del art. 27 C.E. y establece unos requisitos en el nivel estrictamente organizativo que tampoco pueden tener cobertura como complemento necesario de los arts. 5.3 y 58.2 de la L.O. 11/1983, de Reforma Universitaria. Entiende el Consejo Ejecutivo que la L.O. 11/1983 sólo ha previsto que el Gobierno puede determinar con carácter general el número de Centros necesarios para el comienzo de las actividades de las nuevas Universidades, por lo que nada se objeta a que se haya fijado ese número en un mínimo de Departamentos necesarios para la organización y desarrollo de las enseñanzas o que éstas se refieran a ciclos completos; pero la determinación, además, del nivel de tales enseñanzas o la circunstancia de que al menos una deberá referirse a Ciencias Experimentales o estudios técnicos es una precisión que a todas luces excede de lo previsto en la L.O. 11/1983. El número de Centros o de las distintas enseñanzas que se impartan en una Universidad o el nivel de las mismas en nada afecta ni a las condiciones para la obtención, expedición y homologación de títulos ni a los aspectos básicos del desarrollo del derecho a la educación. Además, la exigencia de ese requisito no reúne ninguna de las condiciones necesarias para que una disposición general pueda tener la consideración de norma básica, pues el mandato contenido en el precepto no forma parte del común denominador normativo con que el Estado pretende conformar el modelo de Universidad en España, ya que se trata de un requisito que no se exigirá como condición mínima a todas las Universidades, sino sólo a las nuevas, es decir, a las que se reconozcan o a las que se creen a partir de este momento.
El problema estriba, pues, en precisar si los porcentajes sólo son admisibles sobre la totalidad del profesorado o también sobre la del que imparte cada ciclo en particular. Y en este sentido ha de coincidirse con el Abogado del Estado, pues siendo de la competencia del Estado la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y las normas básicas para el desarrollo del art. 27 C.E., es obvio que a él compete fijar el mínimo necesario a los fines de garantizar la calidad en la enseñanza superior en todos sus ciclos, siendo el porcentaje de Doctores el parámetro más adecuado y razonable, tanto referido al conjunto del profesorado como a la plantilla de cada uno de los ciclos. Si al Estado corresponde sentar las bases que garanticen un mínimo de calidad en la docencia universitaria y ésta se ha estructurado en varios ciclos de enseñanza, es perfectamente coherente con aquella competencia que las exigencias de calidad se impongan en cada ciclo individualmente considerado.
El Abogado del Estado alega, en defensa de este precepto, que dentro de las condiciones a que se refieren tanto el art. 5.3 como el art. 30.2, ambos de la L.O. 11/1983, puede el Gobierno establecer las exigencias de personal mínimo, y este concepto comprende el porcentaje de dedicación. El propio Consejo de Estado, al informar el Real Decreto 557/1991, señala que tal exigencia no puede tacharse de no razonable; por contra, reconoce que para que pueda hablarse de Universidad es esencial el elemento de comunidad profesoresalumnos (Universitas magistrorum et discipulorum);comunidad que sólo puede alcanzarse cuando existe un núcleo permanente, dedicado completamente a las labores docentes o investigadoras en la Universidad, lo que resulta incompatible con la posibilidad de un Claustro integrado por profesores que se dediquen a la Universidad mayoritariamente, o en su totalidad, de forma parcial.
El Abogado del Estado sostiene que este precepto tiene por objeto que las Universidades privadas no se conviertan en instituciones parasitarias que vivan al cobijo y con los recursos humanos de las públicas. El precepto tiene relación, a su juicio, con el mismo sentido institucional presente en el binomio Universidad pública-Universidad privada, pues corresponde a la propia idea de Universidad privada que la selección de su personal docente no se extraiga de la pública, generándose que sobre el mismo personal docente (que, junto con los discípulos, es rasgo definidor de la Universidad) se instituyan corporaciones que, aunque guiadas por un objetivo semejante, son realidades distintas y concurrentes. El precepto tendría un efecto reflejo, en cuanto que el personal docente de la Universidad Pública (en tanto que en activo) sería incompatible, cualquiera que fuese su régimen docente, para la función docente en la Universidad privada. Desde la perspectiva de ésta, tal limitación, y su eventual conculcación, pertenecería al ámbito del ordenamiento jurídico del sector de la Universidad, a sus limitaciones y a sus reacciones sancionadoras. Pero, aun en esta dimensión, el Gobierno encontraría habilitación en el art. 11 de la Ley 53/1984.
1.º Declarar que corresponden al Estado las competencias ejercidas en el inciso «de las cuales no menos de tres impartirán el segundo ciclo» del art. 5.1 y los arts. 7.1, 4 y 5; 10 a); 11 a) y 16.5 del Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de Universidades y Centros universitarios.
2.º Declarar que no son básicas y corresponden a la Generalidad de Cataluña las competencias ejercidas en el inciso «y, al menos, una de éstas, de Ciencias Experimentales o estudios técnicos» del art. 5.1 y en los arts. 9 (en relación con los incisos de los apartados 2, 5 y 6 del Anexo objeto de impugnación) y 18. 2 (en cuanto a la mención que en él se hace al Ministerio de Educación y Ciencia).
3.º Declarar la nulidad del art. 1 y de la Disposición adicional primera en cuanto considera básicos los preceptos mencionados en el anterior pronunciamiento.
Dada en Madrid, a once de julio de mil novecientos noventa y seis.-Alvaro Rodríguez Bereijo.-Fernando García-Mon y González-Regueral.-Vicente Gimeno Sendra.-Rafael Mendizábal Allende.-Julio Diego González Campos.-Pedro Cruz Villalón.-Carles Viver Pi-Sunyer.-Enrique Ruiz Vadillo.-Manuel Jiménez de Parga y Cabrera.-Javier Delgado Barrio.-Tomás S. Vives Antón.-Firmado y rubricado.
Voto particular parcialmente discrepante que formula el Magistrado don Julio D. González Campos a la Sentencia dictada en el conflicto positivo de competencia núm. 1.715/91, al que se adhiere el Magistrado don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera.
1. El disentimiento respecto a la mayoría del Pleno sólo se refiere al apartado 2.º del fallo, donde se declara que corresponden a la Comunidad de Cataluña las competencias ejercidas en el inciso «y, al menos, una de éstas, de Ciencias experimentales o estudios técnicos» del art. 5.1 del Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, sobre creación y reconocimiento de Universidades y Centros Universitarios, así como al razonamiento que sobre dicho inciso se contiene en el fundamento jurídico 4.º de la Sentencia de la que parcialmente discrepo.
2. Ahora bien, si los requisitos previstos en el art. 5.1, párrafo 1.º, del mencionado Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, han recibido en la Sentencia una distinta consideración en cuanto a su carácter básico, ello deriva, a mi entender, de haberse procedido a una interpretación tan abstracta como aislada del contenido en el inciso final de dicho precepto, soslayando una elemental regla hermenéutica, contenida en el art. 3 del Código Civil: que no es posible «llegar a la interpretación de una norma a través de su fragmentación, aislando e interpretando literalmente una parte tan sólo de su contenido», pues ello viene a romper el contexto del propio precepto y de la disposición en la que está inserto, contrariando su espíritu y finalidad, como hemos dicho en la STC 26/1987, fundamento jurídico 7.º, a), en la que precisamente examinamos la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria (L.R.U.).
En el presente caso, en efecto, era suficiente reparar en el dato de que el citado Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, fue dictado en cumplimiento del doble mandato que se contiene en los arts. 5.3 y 58.2 de la mencionada Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto. De suerte que para poder establecer el sentido y alcance del inciso final del art. 5.1 de aquella disposición, en cuanto fijaba uno de los «mínimos generales» para la creación y reconocimiento de Universidades, era preciso, a mi entender, no sólo entrar a examinarlo en relación con los restantes requisitos del precepto, sino también en el contexto del citado Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, y de la propia L.R.U., en cuyo cumplimiento se dictó esta disposición. Pues esta Ley, para dar una respuesta adecuada al «reto del desarrollo científico-técnico» en las sociedades industriales avanzadas, es la que ha configurado el marco normativo general del sistema universitario y, en particular, de la creación y reconocimiento de Universidades; al igual que ha definido las funciones de la Universidad al servicio de la sociedad, entre ellas, conviene recordarlo, «la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, la técnica y la cultura», así como la contribución «al desarrollo cultural, social y económico, tanto nacional como de las Comunidades Autónomas» [art. 1.2, apartados a) y b) L.R.U.].
A) Como punto de partida, la que se deriva de las previsiones de los arts. 5.1 y 58.1 L.R.U., relativos precisamente a la creación y reconocimiento, respectivamente, de Universidades públicas o privadas, que este Tribunal examinó en su STC 26/1987, fundamento jurídico 6.º Pues si bien el art. 3.2, g), de dicha Ley determina que la autonomía de las Universidades comprende «la creación de estructuras específicas que actúen como soporte de la investigación y de la docencia», es significativo que se haya limitado expresamente esta potestad «en relación con aquellas estructuras que la Ley considera básicas dentro de la Universidad» (STC 55/1989, fundamento jurídico 6.º), que son las fijadas en los arts. 7 y 8 L.R.U. De suerte que, como se ha especificado en la STC 106/1990, fundamento jurídico 7.º, la autonomía universitaria «no incluye el derecho de las Universidades a contar con unos u otros concretos centros, imposibilitando o condicionando así las decisiones que al Estado o a las Comunidades Autónomas corresponde adoptar en orden a la determinación y organización del sistema universitario en su conjunto y en cada caso singularizado», al existir un marco de disponibilidades materiales y personales con que puede contar cada Universidad como consecuencia de la creación de los Centros universitarios, marco que viene determinado, en última instancia, «por las pertinentes decisiones que, en el ejercicio de las competencias en materia de enseñanzas universitarias, corresponde adoptar al Estado o, en su caso, a las Comunidades Autónomas».
B) En segundo término -y el dato es fundamental a los fines de nuestro examen- ha de tenerse en cuenta que la potestad de crear nuevas Universidades y nuevos Centros se lleva a cabo «en el marco de la programación general de la enseñanza en su nivel superior», como claramente se expresa en el art. 5.2 L.R.U. Programación de carácter general a la que vuelve a aludirse en el art. 26.2 de la Ley en relación con el acceso de los estudiantes a los Centros universitarios y los diversos ciclos de enseñanzas en atención al criterio de la «capacidad» de aquellos. Con la particularidad de que la Ley de Reforma Universitaria ha establecido en sus arts. 24 y 25 un órgano, el Consejo de Universidades, al que corresponden, entre otras, las funciones de «coordinación, planificación y propuesta... que le atribuye la Ley», con una específica Comisión de Coordinación y Planificación, de la que forman parte, junto a otros miembros designados por su Presidente, «los responsables de enseñanza universitaria en los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas que hayan asumido competencias en materia de enseñanza superior». Y como se afirma en el art. 2, b), del Reglamento de este órgano (aprobado por el Real Decreto 552/1985, de 2 de abril), en el ejercicio de sus funciones deberá procurar «la planificación de la educación superior, en correspondencia con las necesidades de la sociedad española». Por lo que la L.R.U. ha atribuido al Consejo de Universidades unas específicas facultades de informe, coordinación y planificación en la creación de Universidades y de Centros universitarios [art. 5.2 y 9.2 en relación con el art. 25.4, a), L.R.U.].
En primer lugar, la desproporción existente en España, tanto al dictarse la Ley de Reforma Universitaria como el Decreto 557/1991, de 12 de abril, entre Centros donde se imparte enseñanzas experimentales o técnicas y Centros que ofrecen otros estudios universitarios. En segundo término, el mayor coste económico de establecimiento y funcionamiento de dichos Centros, en relación con otros en los que se imparten enseñanzas humanísticas o sociales. Y, por último, muy decisivamente, los vínculos que unen la investigación científica experimental y la tecnológica con el desarrollo socioeconómico de un país. Pues si la contribución española al progreso científico y tecnológico ha sido, por lo general, «escasa e impropia del lugar que en otros órdenes nos ha correspondido» y ello ha entrañado «males» o consecuencias negativas para «las posibilidades de progreso técnico, modernización y racionalización de los hábitos y actitudes de la sociedad española», como se afirma en la Exposición de Motivos de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, es indudable que a la necesidad de corregir esta situación iban dirigidas tanto las medidas previstas en esta disposición como el requisito mínimo del art. 5.1 del Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, aquí considerado.
5. No obstante, se ha prescindido de estos datos y del contexto general de la Ley de Reforma Universitaria que sirve de fundamento a los requisitos mínimos del art. 5.1 de esta disposición. Con lo que se ha producido, a mi entender, una indebida reducción del ámbito de la competencia para dictar normas básicas que corresponde al Estado en esta materia, marginando un aspecto importante; pues como hemos declarado en la STC 26/1987, fundamento jurídico 6.º, mediante la creación o reconocimiento de Universidades el Estado puede servir «las necesidades de programación de la enseñanza universitaria (art. 149.1.30, en relación con el art. 27.5 C.E.) y cumplir la obligación de «fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica» (art. 149.1.15). Lo que enlaza directamente, obvio es, con el requisito contenido en el inciso final del art. 5.1 del Real Decreto 557/1991, de 12 de abril.
Por ello, cabe señalar que si el primer extremo de este pronunciamiento, con cita de la mencionada decisión, ha sido recordado previamente en el fundamento jurídico 3.º y allí -aunque sólo por una posible «incidencia» en este tema- se aluda también a la competencia estatal ex art. 149.1.15 C.E., es de lamentar sin embargo que ambos, unidos por nuestra jurisprudencia, no hayan sido tenidos en cuenta en modo alguno en el razonamiento que se contiene en el fundamento jurídico 4.º Lo que no deja de entrañar un olvido generador de una cierta contradicción interna en la Sentencia de la que discrepo.
Madrid, a once de julio de mil novecientos noventa y seis.-Julio Diego González Campos.-Manuel Jiménez de Parga y Cabrera.-Firmado y rubricado.
Fecha de disposición: 11/07/1996
CORRECCIÓN de errores en Suplemento al BOE núm. 254, de 21 de octubre de 1996 (Ref. BOE-T-1996-23134).
DICTADA en el CONFLICTO 1715/1991 (Ref. BOE-A-1991-23842).
DECLARA en relación con el Real Decreto 557/1991, de 12 de abril, la nulidad del art. 1 y de la disposición adicional 1, en la forma indicada y que la titularidad de las competencias controvertidas corresponden al Estado o al Generalidad de Cataluña según se indica (Ref. BOE-A-1991-9609).

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 27
 artículo 81
 artículo 149
 Real Decreto 
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