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Timestamp: 2020-04-04 17:29:50+00:00

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Leyes de protección de datos europea
Este documento explica el conflicto existente entre las leyes europeas de protección de datos y litigios civiles de Estados Unidos. Antes de continuar, me parece necesario explicar qué litigios civiles significa.
Según dichos acuerdos en disputa, los apelantes habría sido utilizados en varios legal documenta las siguientes expresiones: "el Tribunal ha decidido sin juicio", "ha gobernado sin juicio", "la decisión del jurado fue inventado ejecutando otra frase" y ha decidido "aprovechar el principal ex parte", expresiones que consideraron una falta de respeto al juez, por qué y bajo las provisiones del arte. 449.1 de la LOPJ 1985 y se impuso la medida disciplinaria indicada.
Por la presente hago un llamamiento para la protección, por lo tanto, abogado para recurrente busca la revocación de la pena impuesta a tales expresiones se han utilizado en los procesos judiciales y en estrictos términos de defensa.
Como ha sostenido consistentemente el TC, excluyendo el insulto y la descalificación, la libre expresión de un abogado en el curso de defender a su cliente debe cubrirse cuando en el contexto de las mismas demandas y juicios se realizan instrumental ordenado a los argumentos necesarios para implorar la protección judicial de los ciudadanos. Por lo tanto, con el fin de determinar si las medidas disciplinarias impuestas a los abogados en el ejercicio de su función de promoción son consistentes con el derecho a la libertad de expresión debe determinarse si las expresiones utilizadas fueron justificadas por las exigencias del derecho de defensa y esto debería tenerse en cuenta las circunstancias como puede justificar mayor protagonismo en las discusiones sin insultos y descalificación innecesaria límite.
DERECHO PROCESAL CIVIL - PROCESO Y PROCEDIMIENTOS
Adoptar el enfoque de la fiscalía, que estaba interesado en la estimación de impart, el TC.
1.1 la Corte Superior de justicia
Sentencia de la Corte Suprema, División Civil, el 20 de julio de 2005 el TS resueltos por este fallo un recurso contra el fallo de la audiencia Provincial de castellano y había venido a confirmar la sentencia en primera instancia, desestimando la demanda contra una compañía de seguros como responsabilidad vicaria ex deliciti "para entender que el crimen del riesgo asegurado no era asegurable con arreglo al artículo 19 de la ley de contratos de seguros.
Como es evidente a partir de los hechos de la demanda y ahora registrado en la declaración, comentó, después de haber sido matado a una persona que estaba dentro de su vehículo y su acompañante, como consecuencia de tiros disparados por guardia de seguridad una empresa, la audiencia Provincial de castellano lo condenó por dos cargos de asesinato y la reparación civil a los padres de las víctimas, responsabilidad vicaria afirmando también la empresa trabajó para el agresor, una compañía que había acordado una responsabilidad política con entidad de seguros y reaseguros.
Presentó una demanda contra la aseguradora en el ejercicio de la acción directa del artículo 76 de la ley de contrato de seguro (que permite una acción contra el asegurador sin perjuicio del derecho a repetir contra el asegurado en caso de mala conducta), el Tribunal desestimó el motivo de reclamación que estaba cubierto por el artículo 19 de la seguros contrato ley prioridad artículo 76 de la ley. Esta sentencia fue confirmada por el mismo razonamiento, la audiencia Provincial de castellano en virtud de la jurisprudencia imperante estimado.
Sin embargo, la cancela TS y la apelación la casa gobernante para encontrar que, contrario a la doctrina que podría indicar lo contrario, el artículo 76 de la ley de contratos de seguros proporciona una regla especial de aplicación preferencial del seguro de responsabilidad en la norma general del artículo 19 de la ley de contratos de seguro. Aunque el alto tribunal considera que del artículo 1. Número de la ley de contrato de seguro requiere el asegurador compensar a los lesionados dentro de los límites acordados y que la sección 19 exime al asegurador del pago en caso de que la reclamación es causada por mala fe del asegurado entiende que, siendo un seguro de responsabilidad especial, aplicación preferencial es una regla especial bajo el principio de que ' la ley especial deroga la ley general que regula. "
Como anteriormente, la Junta también revoca caso de primera instancia jugado estimar el iniciador completo demanda de incoados contra el asegurador, condenando a pagar una indemnización junto con interés. Intereses de esa figura legal en el Código Civil 1108 de la reclamación legal y en el artículo 20 de la ley de contratos de seguros de la fecha de la decisión de resolver la apelación.
Orden de la Corte Suprema, División Civil, de 31 de mayo de 2005 por este orden, los TS refleja el cambio de posición de la junta con respecto a los efectos de la falta de persuasión del recurrente en las apelaciones y procedimientos de infracción extraordinaria, tras la entrada en vigor de la enmienda de los artículos 472 y 482.1 de la ley de Procedimiento Civil.
Antes de esta enmienda y ante el silencio de la regla de notificación a las partes, la Junta había sido entendida que el aspecto de las partes era opcional. Por lo tanto, la falta de personación determina solamente la pérdida de oportunidades procesales para las medidas adoptadas en los recursos.
Tras la entrada en vigor de la modificación de estas reglas operado por tercera disposición de la ley de insolvencia, la audiencia Provincial, una vez trajeron los recursos, usted debe presentar el caso ante el Tribunal "ad quem", con notificación a las partes antes de él por un período de treinta días.
Este cambio de política se determina que el TS considera que la consecuencia de no trajo al apelante dentro de los treinta días, debe ser la declaración del recurso como desierto, para que la gota puede entenderse como limitar el acceso a los recursos.
Orden de la Corte Suprema, División Civil, de 19 de julio de 2005 la Corte Suprema, por la presente resolución, decide en su jurisdicción para entretener a una solicitud de medidas provisionales, una vez preparadas una apelación, pero antes de la presentación.
Con este fin, el alto tribunal se aparta de la interpretación literal del artículo 723.2 de la ley de Enjuiciamiento Civil, que le confiere jurisdicción para medidas provisionales en el caso de que se haya expedido y esta sentencia está pendiente recurso de apelación o recurso ante el tribunal competente para la decisión de estos recursos.
Considera que, interpretado 723.2 artículo de la ley de Enjuiciamiento Civil literalmente podría conducir a malentendidos debido a diverso significado a través de la ley de Enjuiciamiento Civil se atribuye al término "conducta".
Se congratula, sin embargo, una interpretación teleológica, teniendo en cuenta que la razón de esta regla es que es el órgano que está conociendo el proceso y está en posesión de los coches y, por lo tanto, mejor capaz de juzgar los méritos de medidas preventivas, que deben saber.
Por lo tanto, considera que la competencia para la adopción de precaución mide sólo para el nacional "ad quem" una vez presentada la aplicación iniciar la acción apropiada es aceptada el traslado del caso a la corte tiene jurisdicción, sitio de las partes ante él. Hasta entonces, el tribunal competente o el tribunal que dictó la sentencia y que tendrá la disponibilidad de los coches.
En el caso decidido por los TS, puesto que todavía no había presentado el recurso de apelación y por lo tanto, dado que las partes acuerdan para no aceptar para el procesamiento de la solicitud de medidas provisionales haciendo coincidir su conocimiento a la Corte Provincial. Por lo tanto, conviene también deducir testimonio de la resolución para su presentación ante la Corte Provincial, para resolverlo con la libertad de opinión.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares, División Civil, de 21 de julio de 2005 el recurrente, demandante en primera instancia, acompañado de la demanda, prueba de la deuda reclamada, ciertas facturas y extractos bancarios en inglés y francés, en lugar de traducido al español. El Tribunal a quo no está completamente desestimó la solicitud de establecer los hechos con documentos traducidos al español, según lo requerido por el artículo 144 del código de Procedimiento Civil.
La corte no comparte la opinión de la sentencia del Tribunal, por los siguientes argumentos:
(I) la simplicidad de los documentos presentados, comprensibles a primera vista, porque contienen operaciones aritméticas, pago y las fechas de devengo, todos con un montón de caracteres numéricos árabes.
(Ii) la suposición de que el acusado, una línea aérea, debe saber inglés y francés, para que la admisión de tales documentos no habría afectado la defensa.
(Iii) el hecho de que el acusado no disputar los documentos mismos en rebelión, completamente voluntaria.
(Iv) la realidad de la deuda había sido atestiguada por un certificado expedido por un organismo público.
(V) era sólo un defecto subsanado, por la corte, si se considera necesario, que han requerido el demandante equipar las traducciones, en vez de admitir pruebas para tomar después de cualquier valor probatorio.
En consecuencia, revierte la decisión un quo y demanda estimada en su totalidad.
La creación de los tribunales comerciales de la ley concursal (y la consiguiente modificación de la ley orgánica del Poder Judicial de 1985 Ley orgánica 19/2003 de 23 de diciembre), ha creado un "twilight zone" con todo respeto la posibilidad de acumular la cantidad de acciones de reclamos a una empresa y responsabilidad solidaria contra sus directivos.
1.2 el procedimiento simplificado
1869/2005/CE Reglamento de 16 de noviembre de 2005, mediante la sustitución de los anexos al Reglamento 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo y establecer un Ejecutivo Europeo pide por impugnados (DO L 300, de 17 de noviembre de 2005) Reglamento 805/2004, modificado por el informe reglamentario, regula la orden de aplicación Europea para ser aplicables en cualquier Estado miembro sin ningún procedimiento intermedio de reconocimiento o declaración de ejecutoriedad impugnados.
El Reglamento se aplica a las sentencias, transacciones judiciales y auténticos instrumentos impugnados, que incluyen aquellos, figuran en el Reglamento, que se caracterizan esencialmente por la ausencia comprobada de oposición del deudor. Para cualquiera de estos valores se concede que el estatus de orden europeo es necesario para obtener de las autoridades originalmente un certificado de título ejecutivo europeo.
Con este fin el Reglamento, conforme a su regulación, contiene seis anexos modelos o formas: reemplazo de certificado (v) (i) un certificado de orden Europea para juicios, (ii) un certificado europeo la ejecución de transacciones judiciales, (iii) certificado europeo orden de aplicación para los documentos públicos, auténticos instrumentos, (iv) certificado de carencia o limitación de ejecutividad, del orden de ejecución europeo emitido tras una apelación dey (vi) solicitud de rectificación o supresión de la aplicación de Europa.
Reglamento 1869/2005 que modifica estos modelos o formas para adaptarse a la medida necesaria para su uso pueden ser extendidas a nuevos Estados miembros de la Unión Europea en 01 de mayo de 2004.
Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca sobre la competencia y el reconocimiento y la ejecución de sentencias civiles y comerciales materia (DO L 299, publicado el 16 de noviembre de 2005) con arreglo al Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, las disposiciones del título IV del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, relativo a visados, inmigración, asilo y otras políticas relacionadas con la libre circulación de personas, y las medidas tomadas debajo de él y los acuerdos internacionales celebrados por la comunidad con arreglo a sus disposiciones no son aplicables en Dinamarca. Como resultado, el Reglamento nº 44/2001 de 22 de diciembre de 2000 sobre la jurisdicción y el reconocimiento y la ejecución de sentencias civiles y comerciales materia, adoptadas en el ámbito de la cooperación judicial civil se refiere el artículo 65 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, incluyendo dentro de que el título IV, no era aplicable en Dinamarca.
Bueno, bajo el acuerdo firmado por la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca, las disposiciones del Reglamento nº 44/2001 se extienden a las relaciones entre la comunidad y Dinamarca. Sin embargo, el acuerdo establece las siguientes aclaraciones: () no está participando en las modificaciones a la regulación y éstas no se aplican en Dinamarca a menos que elige para su implementación según el procedimiento que rige el efecto, las normas de desarrollo (ii) las reglas no se aplicarán en Dinamarca, excepto que elige para su aplicación con arreglo al procedimiento establecido para ello, y (iii) no los acuerdos internacionales celebraron por la comunidad bajo las reglas de la voluntad de regulación aplicable en Dinamarca.
La Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca han acordado que es competente para la interpretación y la aplicación del acuerdo de la corte de justicia de las comunidades europeas.
El acuerdo entrará en vigor el primer día del sexto mes de la notificación a las partes contratantes de la terminación de los procedimientos establecidos.
Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca sobre el servicio y el traslado de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil (DO L 300 de 17 de noviembre de 2005)
También se adoptó el Reglamento 1348/2000/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000 relativa a la notificación y traslado de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o comercial en el ámbito de la cooperación judicial civil se refiere el artículo 65 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y por lo tanto ya no aplicable en Dinamarca.
Bajo el acuerdo firmado entre la Comunidad Europea y Dinamarca, las normas del Reglamento 1348/2000/CE, las normas de desarrollo de los ya adoptados y la información proporcionada por los Estados miembros aplicarán a las relaciones entre Dinamarca y la comunidad. Sin embargo, el acuerdo establece las siguientes aclaraciones: (i) enmiendas al Reglamento no se aplica en Dinamarca a menos que elige para su implementación según el procedimiento previsto para ello, (ii) las reglas son no aplicables en Dinamarca a menos que elige para su aplicación con arreglo a las normas establecidas para ese propósito, y (iii) acuerdos celebrados por la comunidad con arreglo a las disposiciones del Reglamento no se aplican en Dinamarca.
Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre, aprueba el Plan de transparencia Judicial (BOE de 01 de noviembre de 2005) del Consejo de Ministros aprobó el llamado Judicial transparencia Plan, un proyecto para lograr una mayor transparencia los procedimientos judiciales, fortalecimiento, entre otras cosas, los principios de independencia, imparcialidad, competencia, accesibilidad, eficiencia y predictibilidad.
Los principales objetivos de este proyecto pueden resumirse como sigue: (i) provisión de métodos estadísticos apropiados para obtener datos válidos sobre la actividad judicial y calidad, (ii) precisa identificación de todas las instalaciones y los equipos de administración de justicia y (iii) mejorar el lenguaje utilizado en el ambiente judicial para una mejor comunicación con los ciudadanos.
Para lograr estos aspectos prevé la creación de una Comisión Nacional de estadísticas judiciales para llevar a cabo un estudio detallado de lo que deberían ser los puntos que deberían influir en futuras reformas.
Ley orgánica 121/000060 de modificación de la Ley Orgánica 2 / 1979 de 3 de octubre, el Tribunal Constitucional (BOCG del 25 de noviembre de 2005)
El proyecto constituye una sustancial reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional que afecta principalmente a los siguientes asuntos:
(I) los poderes del Parlamento. Se regulan con más precisión y preve la posibilidad que delegó a la cámara correspondiente las decisiones relativas a los conflictos constitucionales de competencia entre el estado y las comunidades autónomas o entre ellos, los desafíos del gobierno de las disposiciones y resoluciones de las comunidades autónomas y conflicto en defensa de la autonomía local.
(Ii) la cuestión de constitucionalidad. Regula expresamente la posibilidad de personación ante el Tribunal Constitucional, que son parte en el procedimiento original.
(Iii) el impacto de la sentencia en la controversia constitucional. Establece la posibilidad de que el Tribunal Constitucional difiere de los efectos de la decisión de declarar la inconstitucionalidad de una norma para un periodo de hasta tres 3 años. Esto también indica que la declaración de inconstitucionalidad es debido a la inadecuada regulación podrá concederse dentro de la legislatura para actuar en consecuencia.
(Iv) la admisión del recurso de amparo. Los ministerios de justicia garantice la conformidad con los requisitos de la petición de socorro establecida en el artículo 49 de la ley de organización del Tribunal Constitucional, para en caso de incumplimiento debe sacar esto a los intereses creados dentro de los diez 10 días para curar.
También modifica el artículo 50 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional para que la decisión sobre la admisibilidad de la apelación deberá ser por unanimidad sección
y en caso de no alcanzar la unanimidad, se trasladará a la Junta respectiva, actuando por la Providencia. Por otro lado, en lugar de regulares casos de amparo era inadmisible, regula los requisitos que conducirán a la admisión. En este sentido, afirma que la apelación se permita donde la solicitud cumple con los requisitos de los artículos 41 a 46 y 49 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional y su contenido garantiza una decisión sobre el fondo debido a la "especial relevancia constitucional". A diferencia del régimen vigente, la reforma contempla que las sentencias de inadmisibilidad será objeto de recurso de reconsideración por el fiscal de distrito.
Decisión de la transformación y el amparo (V). Se elimina del artículo 52 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional la posibilidad de reemplazar la tramitación de las reclamaciones por la conclusión de la audiencia, señalando que las acusaciones de una vez la Junta pueden referirse el hallazgo en una de sus secciones, señaló el día de la audiencia o informe directamente deliberación o votación.
(Vi) los efectos del juicio de amparo. Como regla general es que el procedimiento no suspenderá los efectos del acto o resolución impugnada, a pesar de poder de la corte y están de acuerdo en los mismos casos como en el presente.
También gobierna la autoridad de la corte constitucional para tomar cualesquiera medidas de protección y decisiones provisionales bajo la ley diseñada para evitar recurrir a perder su propósito.
(Vii) la decisión sobre las controversias constitucionales. Se afirma que en los conflictos de competencia entre el estado y las comunidades autónomas, entre ellos uno al otro, como en los conflictos entre órganos constitucionales del estado, la decisión deberá ser prestada dentro de diez 10 días siguientes a la fecha fijada para la audiencia o debate, a menos que la corte razonó justifica la necesidad para un período más largo nunca podrá exceder de treinta 30 días.
(Viii) aplicación. Artículo 81 se elimina de descalificación para actuar como abogado ante el Tribunal Constitucional que habían abogado por ello. Subsiste, sin embargo, aquellos que han sido magistrados del Tribunal.
(Ix) presentación de informes. A pesar de la declaración de la naturaleza complementaria de las normas de la ley de Procedimiento Civil, establece expresamente para presentaciones escritas hasta 15:00 del día siguiente a la expiración del plazo o período.
(X) las sanciones para presentar apelaciones con temeridad o abuso de los derechos. Aumenta la cantidad de beneficio, que puede oscilar entre 600 y 3.000 euros.
(Xi) ajuste la anulación del incidente de procedimiento. Es modificada en el artículo 241 de la LOPJ, con el fin de ampliar el alcance a cualquier violación de los derechos fundamentales enumerados en el artículo 53.2 de la Constitución.
Son también introdujo algunas reformas en lo referente al servicio de los funcionarios judiciales.
El proyecto está actualmente en proceso de enmienda.
Adoptar el enfoque de la fiscalía, que estaba interesado en la estimación de impart, el TC concluye que las sentencias para los cuales fue condenado el recurrente son protegidos por el derecho a la libertad de expresión en el derecho de defensa, fueron utilizados en el contexto de los procesos jurídicos y con el único propósito de discutir los motivos de oposición a juicios de apelación, expresiones que, en cualquier caso, según el TC, no han cruzado el umbral de insulto o descalificación y sin ellos derivan la intención de desacreditar al poder judicial, como función del estado, que forman los límites de esta manifestación particular del derecho a la libertad de expresión.
Frente a esta incertidumbre, nuestros tribunales ofrecen no menos de dos posiciones distintas:
(I) el primero, que es defendido por la mayoría de los tribunales comerciales, argumentando que tales acciones no son acumulativos, porque, a diferencia de una acción para directivos, acción de reclamaciones contra una sociedad número no está basada en derecho corporativo (recuerda ese artículo 86 ter atribuida a la jurisdicción de los tribunales comerciales sobre todas las cuestiones que se promueven bajo las normas que rigen las sociedades mercantiles), pero los resultados del incumplimiento de una relación jurídica existente entre la empresa y el demandante. En este sentido pronunciado las órdenes de la corte comercial Nº 5 en Madrid 10 de mayo de 2005 y corte número uno en la misma ciudad de 05 de septiembre de 2005 (JUR 2005 \ 220154).
Estas resoluciones afectan también al párrafo segundo del artículo 86 ter de la ley orgánica del Poder Judicial establece que los tribunales com

References: artículo 19
 artículo 76
 artículo 19
 artículo 76
 artículo 76
 artículo 19
 artículo 1
 artículo 20
 artículo 723
 resolución 
 artículo 144
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 49
 artículo 50
 artículo 52
 resolución 
 Artículo 81
 artículo 241
 artículo 53
 artículo 86
 artículo 86