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¿Y SI LA FISCALÍA ACTUARA ANTE LOS DESAHUCIOS INJUSTOS? – josemanuelcarrionduran
¿Y SI LA FISCALÍA ACTUARA ANTE LOS DESAHUCIOS INJUSTOS?
Publicado el 7 enero, 2016 8 enero, 2016 por josemanuelcarrionduran
¿Y por que no actúa la fiscalía? Si el 98% de los créditos de este país se encuentra titulizado según el Banco de España, la pregunta es ¿Se están cometiendo presuntas estafas procesales por todas las entidades que presentan demandas de ejecución sobre la base de la ocultación de documentos que acreditarían que no son titulares del préstamo hipotecario que ejecutan?
La cuestión es que ¿no es cierto que, con anterioridad a admitir a trámite una demanda de ejecución y despachar la ejecución no debería ser examinada, de oficio, la legitimación activa del ejecutante en base a la documentación que aporta y la realidad registral que debería sustentarla? ¿No es una cuestión de orden público tal apreciación? Y si acaso no se aportara la justificación documental que acreditara la titularidad para iniciar el procedimiento de ejecución porque en realidad no fuera el verdadero titular ¿No es más cierto que se estaría cometiendo, presuntamente, una estafa procesal con intención de engañar al juzgador, causando con el error, una transmisión a favor del ejecutante en detrimento del ejecutado?
¿No sería procedente que la Fiscalía examinara tales circunstancias a fin de aclarar si ha existido una estafa procesal generalizada?
Y es que, de nuevo sucedió. Llegó otro varapalo para BANKIA. También debiera hablarse de que este varapalo lo es también para CAIXABANK.
El auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 1 de octubre de 2015 lo dejó bien claro. No se puede iniciar una ejecución hipotecaria si no se encuentra el título inscrito en el Registro de la Propiedad a favor de la entidad ejecutante
Es entonces cuando surge la cuestión clave:
¿Por qué no inscriben las entidades ejecutantes sus derechos con anterioridad a la interposición a la demanda? ¿Estarán incluidos en sus balances, o no, y por ello, no pueden inscribirlos? ¿Temen no poder obtener del Fondo de Titulización de Activos donde se encuentra titulizado el préstamo la legitimación para reclamar? O, simplemente, ¿no son la entidad gestora del Fondo en el que se encuentra incluido el préstamo? Quizás únicamente sea que no quieren abonar los derechos al Registro de la Propiedad, ni pagar impuesto por ello.
Sea cual sea la causa, lo que si es cierto es que, al menos, algunas resoluciones de audiencias provinciales, acceden a darle el valor legal real al artículo 149 de la Ley Hipotecaria y distinguen entre la cesión del préstamo de la cesión de la garantía hipotecaria. La primera, la cesión del préstamo, podría haberse producido mediante el otorgamiento de escritura pública de cesión de activos –de préstamos- conforme al artículo 1526 del Código Civil, la segunda, sin embargo, necesitaría, conforme al artículo 149 de la Ley hipotecaria, del otorgamiento de escritura pública y de la inscripción, en el registro de la propiedad, del título.
La confusión de la que se aprovechan estas entidades es de tal calado que, mediante la simple constatación, por mención de parte, de que es así, recogida en escritura pública y sin aclarar cuales son activos cedidos, en muchas ejecuciones se da por sentado que también se ha transmitido la garantía hipotecaria a que se refieren los mismos sin haberse dejado rastro de ello.
Es más, en cada caso, el prestatario debería tener conocimiento de que su título ha sido cedido, la cuantía de la cesión y a quien se ha cedido y, para ello, lo mejor sería, dado que con la cláusula de renuncia a la notificación y conocimiento de la cesión se evita tal circunstancia, que pudiera conocer donde se encuentra ubicado su débito y a quien debería de pagárselo, atendiendo, para ello, nada menos que a lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley Hipotecaria, es decir, que se hubiera otorgado una escritura pública que refleje tal cesión y que la misma se encuentre inscrita en el Registro con la finalidad, entre otras, de poder dar cumplimiento a una posible cesión de un crédito que se convierta en litigioso.
Además, siendo la clausula de renuncia a la notificación de la cesión abusiva por encontrarse en contra de lo dispuesto en la ley de consumidores y usuarios al impedir al ejecutado el conocimiento a fondo de la legitimación activa del ejecutante y, al encontrarnos ante una garantía sustentada en el préstamo encaminada a poder ser ejecutada, en caso de impago, mediante un procedimiento sumario y especial, en el que los medios de oposición son escasos, y si a ello le unimos que el titular del préstamo puede utilizar otros medios alternativos para reclamar la deuda no causándole indefensión el hecho de no tener inscrito el título pues podría proceder a reclamar la deuda por otro procedimiento, el hecho de que se le exija, para proceder por la vía de la ejecución de la hipoteca, el requisito de la inscripción de la titularidad de la garantía hipotecaria a favor del ejecutante es una formalidad inexcusable que se confirma con la letra del artículo 149 de la Ley Hipotecaria reformado por Ley 41/2007, de 7 de diciembre, que, entendido de otro modo, quedaría vacío de contenido.
Ello explicaría que las sentencias del Tribunal Supremode 26 de junio de 1989 y de 16 de diciembre de 2009 no entren en colisión en lo que respecta a la interpretación del citado precepto y que nos encontráramos ante una doctrina del Tribunal Supremo que en vez de quedar contradicha entre ambas resoluciones confirma lo expuesto al respecto de la necesidad de la inscripción del crédito a favor del ejecutante para proceder sumariamente por la vía de la ejecución hipotecaria.
En concreto, atendiendo a lo que dispone el auto de 1 de octubre de 2015, esta última sentencia del Tribunal Supremo, la de 16 de diciembre de 2009, expone en su fundamento de derecho DECIMOCUARTO que (sic) “El art. 149 admite que puede cederse, siempre que se haga en escritura pública y se dé conocimiento al deudor y se inscriba en el Registro. La falta de notificación no afecta a la validez, pero conforme con el art. 151 LH si se omite dar conocimiento al deudor de la cesión (en los casos en que deba hacerse) será el cedente responsable de los perjuicios que pueda sufrir el cesionario por consecuencia de esta falta. Es cierto que el art. 242 RH admite que el deudor renuncia a que se le dé conocimiento del contrato de cesión del crédito hipotecario, pero dicho precepto no prevalece sobre la normativa especial en sede de contratos sujetos a la LGDCU que sanciona como abusivas “Todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente que en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.”
De lo expuesto se extrae, claramente, que la cesión de un crédito respecto de una persona considerada consumidora o usuaria realizada sin notificación no es válida. La cláusula de renuncia a la notificación de la cesión es nula, por tanto. Y segundo, la cesión realizada, será válida siempre que se haga en escritura pública y sea inscrita en el Registro de la Propiedad, no afectando a la validez la falta de la notificación de la cesión pero si la renuncia anticipada a la misma. Considerado lo anterior, si son afectantes a la validez los requisitos del otorgamiento de escritura para la cesión del crédito y la inscripción registral y, en consecuencia, cualquier ejecución que se iniciara sin dichas formalidades necesarias para posibilitar al ejecutante cesionario acudir al procedimiento privilegiado, no debería ser admitida y estaría fuera del ámbito del procedimiento de subsanación contenido en la norma citada.
Con esta disposicion, la cuestión es que, al realizarse las cesiones en globo tampoco quedaría amparada la ausencia del requisito formal de la inscripción registral.
Estas cesiones globales “procuradas” por la legislación contenida en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles -anterior, por cierto, a las fechas de la sentencia del Tribunal Supremo, que es de 19 de diciembre de 2009 y del auto de la Audiencia Provincial de Madrid, de 1 de octubre de 2015- , esta sólo dispondría una regulación específica con relación a la escisión global del activo y la transmisión en bloque por cesión universal de todo o parte del patrimonio de las sociedades mercantiles, pero dicha ley no derogaría ni modificaría los artículos 1526 del Código Civil y 149 de la Ley Hipotecaria que exigen la inscripción de la cesión en el Registro de la Propiedad, y si no hubiera sido la voluntad del legislador esa así lo habría establecido de modo expreso, por lo que tal omisión no puede ser suplida por una interpretación voluntarista, que tenga por objeto dulcificar en beneficio del acreedor el régimen de un proceso de ejecución eminentemente formal y especialmente privilegiado, que reduce extraordinariamente las posibilidades de oposición del deudor y de suspensión de su tramitación, según ya hemos expuesto.
Ante lo anterior, clarísimo, por tanto, antes de admitir una demanda de ejecución hipotecaria y despachar ejecución, entiende el que escribe, que de oficio, el órgano jurisdiccional tendría que procurar que quede clarificada la legitimación del ejecutante, solicitando, si fuera necesario, la documental referida a si el préstamo se encontrara titulizado o los motivos por los que no se ha documentado la cesión específica del préstamo en escritura pública y no se ha procedido a su inscripción en el Registro de la Propiedad.
Y, una vez admitida y despachada la ejecución, ¿no es cierto que quedando acreditada la falta de no inscripción registral y la no acreditación de la titularidad del crédito, no debería intervenir la fiscalía a fin de investigar la posible comisión de presuntas estafas procesales? Estamos hablando de requisitos que la Ley contiene, que no permiten otra interpretación y que, siendo obviados por el ejecutante determinan un desplazamiento patrimonial injusto al conducir a un error al Juzgador que dicta una resolución que así lo permite.
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FONDOS DE TITULIZACIÓN E INICIATIVA VOLLGELD
One response to “¿Y SI LA FISCALÍA ACTUARA ANTE LOS DESAHUCIOS INJUSTOS?”
THOMAS OLIVA dice:
8 enero, 2016 de 3:18 pm
me gusta esto comentarios quieros felicitar al señor JOSE MANUEL CARRION DURAN por tan valiosa informacion y asi defendernos de esos buitres que son los bancos, gracias por esa ayuda y asi nos quitaremos la vendas de los ojos que tan ciegos estabamos respeto a los bancos de nuevos mil gracias JOSE MANUEL UN SALUDOS DE PARTES DE TOMAS OLIVA UN FAN DE USTED Y DE SUS ARTICULOS.

References: artículo 149
 artículo 1526
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
 resolución