Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520284.html
Timestamp: 2019-03-19 04:26:13+00:00

Document:
as201521284
Auto Supremo: 284/2015 - L Sucre: 30 de abril 2015 Expediente: CH – 32 – 10 – A
Partes: Alberto Toro Tufiño. c/ Carlos Saavedra Molina y otros. Proceso: Nulidad de documentos y otros.
VISTOS: Los recursos de casación de fs. 591 a 592 formulado por Carlos Saavedra Molina y de fs. 597 a 599 vta., formulado por Elsa Saavedra Molina, contra el Auto de Vista Nº SCII-067/2010 de 23 de marzo de 2010 que cursa de fs. 584 a 587 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Justicia (hoy Tribunal Departamental de Justicia) de Chuquisaca, en el proceso ordinario de nulidad de documento y otros seguido por Alberto Toro Tufiño en contra de Carlos Saavedra Molina y otros, la concesión del recurso de fs. 603, los antecedentes del proceso, y;
El Juez de Partido Quinto en lo Civil de la ciudad de Sucre pronuncia el Auto Nº 983 de 30 de octubre de 2009 que cursa de fs. 487 a 488 vta., por la que declara probada la excepción previa de cosa juzgada de la demanda de nulidad contrato de compraventa de fecha 23 de enero de 1969 protocolizada el 22 de marzo de 1972, en la que intervino como comprador Mariano Toro Quiroga y Pedro Saavedra Mercado en calidad de vendedor, excepción que hubiera sido formulada por Carlos Saavedra Molina, Hilda Saavedra Serrano, Ninfa Enríquez, Teófilo Morales Rosales y Bacilia Quispe Soliz vda. de Condori.
Resolución de primera instancia que fue recurrida de apelación por el actor y resuelta mediante Auto de Vista de fs. 584 a 587 que anula obrados hasta el Auto Nº 983/2009, disponiendo se dicte nuevo fallo en el que resuelva todas las excepciones planteadas, fallo que a su vez es recurrido de casación, ahora objeto de estudio.
Recurso de Carlos Saavedra Molina de fs. 591 a 592.
El Auto de Vista infringe el art. 247 de la Ley de Organización Judicial, ya que en el caso presente no concurren los casos descritos por la mencionada norma, si bien el art. 15 de la misma norma permite la revisión de las causas es para la sanción de los jueces por incumplimiento de plazos.
Acusa infracción del arts. 343 inc. II) del Código de Procedimiento Civil, pues el Juez al declarar probada una excepción perentoria no tendrá la obligación de resolver las demás propuestas, pues el Juez de apelación al momento de conocer el recurso podrá, decidir sobre el resto de las excepciones si encontrare improbada dicha excepción.
Asimismo acusa infracción del art. 251 del Código de Procedimiento Civil, arguyendo que la nulidad procesal debe estar expresamente determinada.
Señala que el Ad quem emitió su decisorio en forma ultra petita, otorgando mas de los pedido, pues si alude una revisión de oficio, por aspectos que no han sido citados por la parte apelante, por lo que acusa la infracción del art. 254 num. 4 del Código de Procedimiento Civil.
Recurso de casación de Elsa Saavedra Molina de fs. 597 a 599 vta.
Luego de describir el contenido del Auto definitivo y el Auto de Vista, señala que el Ad quem equivocó las deficiencias de la resolución, cuando se debió percibir que el Juez basó su decisión en base a la Sentencia de 04 de febrero de 1998 pronunciada en el proceso ordinario seguido por Amalia Olazabal, Serafina Claure de Ramírez, Justa Escalante, Felicia Soliz Vda. de Vera y Fanny Tufiño (progenitora del demandante), en contra de los que ahora figuran en calidad de demandados, proceso en el que se declaró improbada la demanda y probadas las excepciones de contrario, que posteriormente fue ejecutoriado, asimismo cita los conceptos doctrinarios de Eduardo Couture, Claria Olmedo y Enrico Liebman, señala que se ha interpuesto excepción previa de cosa juzgada alegando identidad de los sujetos, coincidiendo la identidad del objeto litigado y la causa de la pretensión que tiene carácter inamovible y cita los autos supremos N° 170 de 7 de septiembre de 2006 y 301 de 19 de junio de 2007.
Asimismo señala que el Auto N° 983/2009 de 30 de octubre de 2009 al declarar probada la excepción de prescripción, refiere que el proceso iniciado por Teófilo Velásquez Salamanca en representación de Alberto Toro Tufiño en contra de los actual demandados, se emitió el Auto de perención de instancia de 14 de septiembre de 2006, pues desde la firma del contrato de 23 de enero de 1969 registrado en Derechos Reales el 23 de marzo de 1973 y habiendo sido notificados el 16 de julio de 2008 pasaron más de 39 años, no habiéndose interrumpido la prescripción, ya que al declararse la perención de instancia e interpuso la demanda el 2 de octubre de 2007 y su citación de materializó después de 1 año y 9 meses y cita el art. 1556 del Código civil abrogado.
Asimismo señala que, no hay contradictoriedad en el Auto de 30 de octubre de 2009, señalando que dicha resolución no ha omitido la motivación de la resolución, por lo que solicita casar el Auto de Vista.
Del recurso de Carlos Saavedra Molina.
Corresponde señalar el Auto de Vista de 23 de marzo de 2010, el que llegó a considerar “de oficio” sobre el contenido del Auto Definitivo N° 983/2009 que fue pronunciado por el Juez de Partido Quinto en lo Civil, así el Ad quem señaló que el Auto recurrido adolece de motivación y fundamentación, refiriendo que no existe relación entre la parte considerativa y resolutiva; que se incurre en omisión al no haber resuelto la excepción previa de prescripción planteada por Américo León Michel en representación de Zenón León Velásquez; señala también incongruencia interna en la parte resolutiva pues declara probadas todas las excepciones opuestas (impersonería en el representante, impersonería en la demandada, obscuridad, contradicción o imprecisión en la demanda, cosa juzgada y prescripción) y al final se reconoce que se operó la cosa juzgada; confunde a los excepcionistas, como si se encontraran en la misma situación jurídica, cuando algunos de ellos fueron demandados por primera vez; en el caso de la excepción de prescripción, no se explica de que manera se produjo dicha prescripción; existe incongruencia entre la parte considerativa y la parte resolutiva, en relación a la perención de instancia.
Sobre dichas conclusiones se debe señalar que el recurso de apelación de fs. 500 a 503 en forma expresa no acusó una falta de fundamentación y motivación, al margen de ello de la revisión del Auto Definitivo de fs. 487 a 488 vta., menciona las disposiciones legales en que funda su decisión, asimismo –aunque no exquisitamente- describe el por qué asume el criterio de declarar probadas las excepciones de cosa juzgada y de prescripción.
Por otra parte en cuanto a la omisión de no haberse resuelto la excepción de prescripción formulada por Zenón León se debe entender que por el principio dispositivo “las partes” son quienes se encuentran “legitimadas” para reclamar sobre el pronunciamiento de sus pretensiones (acción o excepción) y en caso de negativa para recurrir sobre dicha omisión, son ellas las que deben alegar el reclamo sobre la ausencia o negativa de sus pretensiones o medios de defensa (excepciones), pues si no existe reclamo alguno se entiende que la parte ha desistido de dicha pretensión (acción o excepción).
En cuanto a la incongruencia interna advertida por el Ad quem, al referirse a que el A quo al declarar probadas “todas las excepciones previas”, la misma no debe ser entendida como tal, sino que debe ser entendida relacionando la parte considerativa respecto a la parte dispositiva; por lo que en la parte considerativa existe argumentación respecto a la excepción de cosa juzgada y prescripción, ambas de forma genérica, entendiendo que abarca a los que formularon dichas excepciones, asimismo se señala la excepción de falta de personería, respecto a Bacilia Quispe Soliz de Condori, por lo que el criterio de incongruencia interna en la resolución del A quo resulta ser forzada.
También corresponde señalar que respecto a la confusión de la resolución respecto a los demandados, quienes participan por primera vez en el proceso, es una situación de fondo que deberá ser resuelta en base al recurso de apelación interpuesto por el actor, en los que se tenga que considerar la viabilidad o no del “carácter extensivo” de los institutos cuestionados.
Asimismo corresponde señalar que, en relación a que la excepción de prescripción debió efectuarse un cómputo individualizado, ello no es correcto pues si se pretende nulidad en base al Código abrogado, la excepción de prescripción –como entiende el Ad quem- debe referirse al acto primigenio impugnado de nulidad, siendo así la misma debe ser considerada en el fondo de la excepción, de acuerdo a los términos formulados en el recurso de apelación.
Finalmente en cuanto a la incongruencia de los efectos de la perención de instancia señala el A quo que anteriormente se ha iniciado un proceso similar interpuesto por Alberto Toro Tufiño, la que fue declarada extinguida por perención de instancia, por lo que a partir de la ejecutoria de dicha perención corría un nuevo plazo de un año para interponer demanda y el no haber formulado la acción dentro de dicho plazo, implica que la acción quedó extinguida, ese fue el fundamento de la parte considerativa del A quo, no se mencionó una segunda declaratoria de perención de instancia, empero en la parte final del Auto definitivo se dedujo extinguir la acción en base al art. 312 del Código de Procedimiento Civil, cuando la forma de extinción de la acción –conforme al fundamento del A quo- es por la segunda parte del art. 311 del mismo cuerpo legal, en ese sentido el Ad quem debió considerar la relación entre la parte considerativa y la parte dispositiva, siendo así, por lógica razón se entiende que la expresión del art. 312 del adjetivo de la materia (inserto en la parte considerativa) es un lapsus scriptus.
Concluyendo se dirá que la congruencia y motivación de un auto interlocutorio se encuentran contenidos en el art. 188 del Código de Procedimiento Civil, respecto a la congruencia de las pretensiones (acción o excepción) se entiende que el peticionante (actor o excepcionista) resulta ser el legitimado para reclamar sobre las pretensiones formuladas y no absueltas, además que la fundamentación debe ser inteligible, no debiendo confundirse una ausencia de fundamentación con una fundamentación escueta pero inteligible, pues en el caso de este último se habilita la petición de complementación o explicación contenida en el art. 196 del Código de Procedimiento Civil, aspectos no tomados en cuenta por el Ad quem, quien emitió su Resolución en base a excesivo formalismo, pues erróneamente señaló que el Tribunal de “segunda instancia” no podría suplir la motivación y fundamentación, cuando en su labor de segunda instancia podía ampliar los fundamentos de la resolución de grado, por lo que corresponde sanear dicho aspecto, instando al Ad quem a emitir su resolución en base a los fundamentos de la apelación y los institutos cuestionados en dicho recurso.
Asimismo corresponde señalar, que el haber advertido vicio de procedimiento ya no corresponde pronunciarse sobre el recurso de casación en el fondo de Carlos Saavedra Molina ni el recurso de casación de Elsa Saavedra Molina.
Por lo expuesto, corresponde emitir resolución en la forma prevista en el art. 271 num. 3) del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los arts. 42.I num. 1) y 17. I) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y arts. 271 num. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil: ANULA, el Auto de Vista Nº SCII-067/2010 de 23 de marzo de 2010 que cursa de fs. 584 a 587 vta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Justicia (hoy Tribunal Departamental de Justicia) de Chuquisaca, debiendo emitir nueva resolución sin espera de turno y previo sorteo, conforme al art. 236 del Código de Procedimiento Civil.
En cumplimiento del art. 17.IV de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, remítase copia de la presente resolución al Consejo de la Magistratura.

References: Resolución 
e contrario
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