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Timestamp: 2020-07-12 10:53:39+00:00

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Comentario Sentencia del Tribunal Constitucional 2/2013, de 15 de enero [BOE nº 37, 12-03-2013] – Blog
Comentario Sentencia del Tribunal Constitucional 2/2013, de 15 de enero [BOE nº 37, 12-03-2013]
Publicado el 27 julio, 2016 por leticialatorrelunaabogada
La resolución que provoca la intervención del Tribunal Constitución es la Providencia dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo, al inadmitir a trámite el incidente de nulidad por el que se denunció diversas vulneraciones de derechos fundamentales al entender, como veremos más adelante, que el mismo se fundamentaba en cuestiones distintas a las propias permitidas por la ley para tramitar el citado incidente. La demanda de recurso de amparo fue presentada por Christian Philipart de Foy, en calidad de administrador-liquidador de las entidades Newel 2000, SL, y Cartney Trans, S.L, en virtud de ser las mismas empresas subsidiariamente responsables según el fallo dictado por la Audiencia Provincial. A pesar de ello, hemos de tener presente que estaban igualmente legitimado para presentar el citado recurso, por un lado, D. MLR en calidad de autor de los delitos fiscales correspondientes al Impuesto sobre el Valor Añadido del Ejercicio 2000, por otro lado, la sociedad Studios Viales e Ingeniería, S.L., en calidad de responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de dos meses de privación de libertad por cada delito, encontrándose todos ellos legitimados por ser titulares de los derechos fundamentales reconocidos en los arts. 14 a 30 de la Constitución y en defensa de los mismos, así como en concepto de personas jurídicas y naturales que invocan un interés legitimo como parte del proceso judicial, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal, en virtud de lo establecido en el art. 46.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
Ante el citado recurso de amparo, como podemos apreciar, el órgano competente que resuelve el mismo y que dicta la sentencia objeto del presente análisis, es la Sala Primera del Tribunal Constitucional puesto que las Salas, en su caso la Sección, son las competentes para conocer del mismo según establece el artículo 48 de la LOTC, siendo su competencia la de otorgar o denegar el amparo en virtud de lo establecido en el artículo 53 de la LOTC. En el asunto que nos concierne, nos encontramos ante un recurso de amparo de una decisión judicial (art. 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), siendo preciso – según estipula la ley – haber agotado antes la vía judicial previa, así como haber invocado en ésta, tan pronto como fuera posible, la vulneración del derecho fundamental que pretende hacerse valer ante el Tribunal Constitucional. En consecuencia, al tratarse de una decisión judicial el plazo para interponer un recurso de amparo ante la misma es de veinte y treinta días, respectivamente, desde la notificación de la resolución que pone fin a la vía judicial previa, según estipula el articulo 43.2 LOTC.
En relación a los requisitos formales, entendemos que los mismos son cumplidos, puesto que la demanda es admita a trámite, habiendo cumplido así con todos y cada uno de los requisitos que establece la ley, esto es, el recurso de amparo se debe iniciar mediante demanda dirigida al Tribunal Constitucional donde, además de acreditarse el cumplimiento de los requisitos antes referidos, deben hacerse constar con claridad y concisión los hechos que la fundamenten, los preceptos constitucionales infringidos y fijar con precisión el amparo que se solicita para preservar o restablecer el derecho o libertad que se considere vulnerado. El demandante ha de comparecer representado por Procurador del Colegio de Madrid y asistido por Letrado de cualquier Colegio de España y la demanda debe presentarse en el Registro General del Tribunal Constitucional dentro del plazo legalmente previsto o hasta las quince horas del día siguiente al del vencimiento del plazo en el propio Registro del Tribunal o en la oficina o servicio de registro central de los Tribunales civiles de cualquier localidad. Así como con el requisito insubsanable y común a todas las modalidades de recurso de amparo que el demandante justifique la especial trascendencia constitucional del recurso. Se trata de un requisito que no cabe confundir con el de la propia fundamentación de la lesión constitucional denunciada, de modo que la carga de justificar la especial trascendencia constitucional del recurso es algo distinto a razonar sobre la existencia de la vulneración de un derecho fundamental por el acto o la decisión impugnado.
Asimismo, es preciso que el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales. En concreto, la parte recurrente fundamenta en su demanda de amparo seis motivos de infracción constitucional que, de forma extractada, son los siguientes:
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE por falta de motivación en la providencia de inadmisión a trámite de los incidentes de nulidad promovidos.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del art. 24.1 CE «por violación de las garantías procesales» al no haberse celebrado vista en sede de apelación.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE por predeterminación del fallo y vulneración del derecho de defensa.
Por vulneración de la doctrina constitucional sobre prescripción.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE por incongruencia omisiva.
Por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE al haber dispuesto de un escaso tiempo (veinte días) para la presentación del escrito de defensa dado el volumen de la causa.
Hemos de tener presente que frente a la demanda de amparo, tanto el Ministerio Fiscal como el Abogado del Estado oponen óbices de inadmisibilidad que deben ser examinados previamente.
Por un lado, el Abogado del Estado alega que procede inadmitir los motivos primero, segundo, tercero, quinto y sexto por falta de justificación de la especial trascendencia constitucional. En concreto, alega que, con arreglo a la doctrina de la STC 69/2011, de 16 de mayo, ratificada en la STC 143/2011, de 26 de septiembre, F. 2, procede la inadmisión del amparo cuando la recurrente en amparo no justifica en su demanda la proyección objetiva del amparo solicitado, traduciendo en el plano formal (art. 49.1 ) la exigencia material de la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo establecida por el art. 50.1 b) LOTC como requisito de procedibilidad de la demanda. Asimismo se opone al motivo de amparo basado en el desconocimiento de la doctrina constitucional sobre la interrupción de la prescripción de los delitos, alegando su inadmisión por falta de legitimación activa [art. 50.1 a) LOTC en relación con los arts. 162.1 b) CE y 46.1 b) LOTC] o, subsidiariamente, en cuanto al fondo por inexistencia de lesión propia y actual en un derecho fundamental del que sean titulares las entidades mercantiles actoras.
Por otro lado, el Ministerio Fiscal interesa la inadmisión del tercer motivo del recurso de amparo por concurrencia del óbice procesal consistente en falta de invocación previa de la vulneración denunciada de predeterminación del fallo. En particular, presentó sus alegaciones, interesando de la Sala que dicte Sentencia por la que se otorgue parcialmente el amparo solicitado y, en consecuencia que: “1) Se declare que se ha vulnerado el derecho fundamental de las entidades demandantes de amparo a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE en los términos expuestos en su escrito de alegaciones; 2) se restablezca a las entidades recurrentes en su derecho declarando la nulidad de la Sentencia de apelación núm. 272/2011 procedente de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo de fecha 31 de octubre de 2011 en cuanto a la condena adicional referida a los tres delitos fiscales por el IVA del año 2000 y la responsabilidad civil subsidiaria en el incremento concretado por acción de la misma, permaneciendo la plena validez de la Sentencia de instancia del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Avilés de fecha 31 de marzo de 2011; 3) se inadmita el recurso en el motivo referente a la denuncia de vulneración por predeterminación del fallo por concurrencia de óbice procesal consistente en falta de invocación previa; y 4) se desestime el recurso en todo lo demás.”
En consecuencia, en relación al petitum elaborado por el Abogado del Estado, el Tribunal Constitucional finalmente desestima el mismo puesto que considera que “que el amparo constitucional no ha perdido su dimensión subjetiva como instrumento procesal para preservar o restablecer las violaciones de los derechos y libertades fundamentales, de manera que si el contenido del recurso justifica una decisión sobre el fondo, como aquí ha sucedido, debe ser admitido y examinado en la totalidad de su contenido, sin que sea posible incluir o excluir determinados motivos en función de su especial trascendencia constitucional. Dicho en otras palabras, la especial trascendencia constitucional se exige del recurso y no de cada uno de los motivos en concreto, todo lo cual nos lleva a desestimar el óbice opuesto por el Abogado del Estado.”
Asimismo, desestimando igualmente el motivo procedente por falta del requisito de la previa invocación del derecho fundamental infringido establecido en el artículo 44.1 c) LOTC, considerando que “el requisito de la invocación previa del derecho fundamental vulnerado no es un mero formalismo retórico o inútil, pues como este Tribunal ha declarado reiteradamente (por todas, STC 29/1996, de 26 de febrero), tiene por finalidad, de un lado, que los órganos judiciales tengan oportunidad para pronunciarse sobre la violación constitucional, haciendo posible el respeto y restablecimiento del derecho constitucional en sede jurisdiccional ordinaria y, de otro, preservar el carácter subsidiario de la jurisdicción constitucional de amparo, que resultaría desvirtuado si ante ella se plantearan cuestiones sobre las que previamente, a través de las vías procesales oportunas, no se ha dado ocasión de pronunciarse a los órganos de la jurisdicción ordinaria correspondiente. En este punto, hemos de recordar que la razón que sustenta la exigencia de la previa invocación tempestiva de la supuesta vulneración de derechos fundamentales reside en la necesidad de preservar el carácter subsidiario del recurso de amparo constitucional, de modo que sirve a la articulación de la función de protección de los derechos fundamentales que cumplen tanto la jurisdicción ordinaria como la jurisdicción constitucional, pues se trata de un requisito mediante el cual, con carácter previo a la interposición del recurso de amparo constitucional, ha de darse oportunidad a los órganos jurisdiccionales ordinarios de reparar la vulneración supuestamente cometida a través del planteamiento en el proceso judicial del problema constitucional objeto del recurso de amparo (por todas, SSTC 132/2006, de 24 de abril, F. 3; y 7/2007, de 15 de enero , F. 3), y en este caso, como hemos subrayado, no fue cumplimentado en forma legal.”
En relación a los motivos alegados a la demanda, a continuación procedemos a detallar sistemáticamente cada uno de los mismos, así como estimación o desestimación de los mismos por parte del Tribunal Constitucional:
En relación al motivo de falta de motivación de la providencia que inadmite el incidente de nulidad: el TC inadmite el mismo puesto que considera que existe una respuesta clara y determinante que implica una desestimación de los motivos alegados, precisamente en atención a los pormenorizados argumentos con los que la Sentencia de apelación había ya resuelto y de ahí la referencia a la «revisión de lo ya resuelto» de todas las cuestiones planteadas en el recurso de apelación, en concreto, considera que todos los motivos dados en relación a la falta de motivación “contenían alegaciones que ya habían sido examinadas y resueltas en la Sentencia dictada al resolver el recurso de apelación en los fundamentos jurídicos primero sobre la celebración de vista, segundo sobre la prescripción y cuarto sobre la aplicabilidad del régimen de estimación indirecta, indefensión e infracción de garantías por desconocimiento sobre existencia del procedimiento y condición procesal del responsable civil. Tales vulneraciones de los derechos fundamentales aducidas fueron descartadas por el órgano judicial. De ahí que la Sala identificara el planteamiento del incidente como movido por el afán de volver a reexaminar las cuestiones planteadas, proporcionándose así las razones de la inadmisión de dicho incidente.”
Acerca del motivo dado por la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías por no haberse celebrado vista oral en segunda instancia con el fin de que se reprodujera a presencia de las partes la grabación audiovisual del juicio celebrado ante el órgano a quo, siendo desestimado el mismo por el TC puesto que “no se habría producido en este caso vulneración constitucional ya que el agravamiento de la condena inicial se originaría sobre la base de una cuestión esencial y estrictamente de naturaleza jurídica, sin valoración de pruebas personales, supuesto éste no susceptible de reproche constitucional por la falta de celebración de vista.”
En lo referente al motivo relativo a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE, en relación con el derecho a la libertad personal (art. 17 CE), por considerar que no se ha apreciado la prescripción de la responsabilidad criminal de los delitos por defraudación del impuesto sobre el valor añadido del ejercicio de 2000. El Tribunal Constitucional estima el mismo puesto que considera que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo inaplica la doctrina de este Tribunal en la materia, debiendo recordarse que el art. 5.1 dispone expresamente que «la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las Leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos».
Por todo ello, el TC afirma que “la Sentencia dictada en apelación, al considerar no prescrita la responsabilidad criminal respecto al ejercicio 2000, sobre la base de la idoneidad de la denuncia como acto interruptor del cómputo del plazo de prescripción de la acción penal, se opone a la interpretación realizada por este Tribunal del alcance del art. 132.2 del Código Penal, en su redacción anterior a la Ley Orgánica 5/2010, lo que supone una quiebra del mandato recogido en el citado art. 5.1 LOPJ de la que deriva la consiguiente lesión de los derechos de los demandantes a la tutela judicial efectiva consagrada en el art. 24.1 CE, en coherencia con la jurisprudencia de este Tribunal.”
En el quinto motivo de la demanda de amparo se denuncia la existencia de incongruencia omisiva o «fallo corto» constitutiva de vulneración del artículo 24.1 CE. Ante el mismo el Tribunal Constitucional lo desestima, puesto que considera que “la pretensión de la improcedencia de la estimación directa planteada por las partes defensoras obtuvo cumplida respuesta en ambas resoluciones judiciales, por lo que no concurre la pretendida falta de motivación de las razones alegadas por los recurrentes sobre el método de estimación indirecta. Tampoco se aprecia incongruencia, por cuanto que la solución aportada por los órganos jurisdiccionales da respuesta a la pretensión de la parte y a los motivos formulados por ésta, por lo que no concurren los requisitos de la incongruencia omisiva o ex silentio en el sentido que el concepto tiene en la doctrina constitucional expresada en las SSTC 211/2003, de 1 de diciembre (RTC 2003, 211) , F. 4; 8/2004, de 9 de febrero (RTC 2004, 8) , F. 4; y 3/2011, de 14 de febrero (RTC 2011, 3) , entre otras.”
En relación al último motivo referente a la existencia de una infracción de garantías procesales, vulneración de la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE y causación de indefensión sufrida cuando, en la fase de instrucción y para la preparación del juicio oral, se denegó a la defensa de la sociedad recurrente (defensa que representaba a otras dos sociedades) una prórroga para estudiar la documentación, al enfatizar que eran más de cien kilos de documentos y se dispuso únicamente de los veinte días concedidos, lo que considera manifiestamente insuficiente, siendo desestimado el mismo por el Tribunal Constitucional ya que según doctrina jurisprudencial consolidada por el presente tribunal «para que pueda estimarse una indefensión con relevancia constitucional, que sitúe al interesado al margen de toda posibilidad de alegar y defender en el proceso sus derechos, no basta con una vulneración meramente formal, sino que es necesario que de esa infracción formal se derive un efecto material de indefensión, con real menoscabo del derecho de defensa y con el consiguiente perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado».
Finalmente, la Sala Primera del Tribunal Constitucional estimó el recurso de amparo promovido por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, declarando la nulidad de la Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Oviedo, de 26 de febrero de 2009 (recaída en el recurso de apelación núm. 90-2008), en relación con el pronunciamiento de responsabilidad civil contra las entidades demandantes de amparo derivado de los tres delitos fiscales correspondientes al IVA del ejercicio de 2000, desestimando el recurso en todo lo demás. En fecha 12 de febrero de 2013, la citada sentencia fue publicada en el Boletín Oficial del Estado, teniendo a su vez valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no habiendo posibilidad de recurso alguno contra ella, en virtud del artículo 164.1 CE.
En la presente sentencia, podemos apreciar que de los motivos alegados en la demanda de recurso de amparo, solamente uno de ellos ha sido estimado por el Tribunal Constitucional, en concreto, el referente al relativo a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el derecho a la libertad personal (art. 17 CE).
En la demanda de recurso, se alega que ha habido prescripción de la responsabilidad criminal de los delitos por defraudación del impuesto sobre el valor añadido del ejercicio de 2000, siendo contraria la Providencia de la Audiencia Provincial de Oviedo a la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional, incurriendo a su vez en infracción del art. 132.2 del Código Penal, así como siendo contraria al doctrina del Tribunal Constitucional, el cual establece, entro toros, que los delitos fiscales prescriben a los cinco años. De debido a que, el plazo de cinco años prescribía en fecha 30 de enero de 2006, y que el Abogado del Estado en representación de la Agencia Tributaria presentó querella en fecha 26 de enero de 2006, y que el Auto de diligencias previas y de admisión de querella en consecuencia de la misma es de fecha 7 de febrero de 2006, lo que se cuestiona en concreto, es desde qué momento se puede considerar la interrupción del plazo de prescripción, ¿desde el momento en que se presenta denuncia o querella por parte del Abogado del Estado o desde el primer acto de interposición judicial? Según interpretación consolidada del Tribunal Constitucional, considera interrumpido el plazo de prescripción desde el primer acto de interposición judicial, no desde que se presenta denuncia o querella por una de las partes del procedimiento, considerando así que la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Oviedo es contraria a la interpretación consolidada del Tribunal Constitucional al considerar interrumpido el plazo de prescripción desde el momento que se presenta denuncia, lo que supone una quiebra del mandato recogido en el citado art. 5.1 LOPJ de la que deriva la consiguiente lesión de los derechos de los demandantes a la tutela judicial efectiva consagrada en el art. 24.1 CE.
En concreto, el artículo 24.1 CE establece que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión”. Asimismo, el artículo 7.1 LOPJ señala que “Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II del Título I de la CE vinculan en su integridad a todos los Jueces y Tribunales y están garantizados bajo la tutela efectiva de los mismos.”
En definitiva, nos encontramos ante un derecho comparado que es reconocido en la mayoría de las Constituciones de casi todos los países, aunque tal vez con una amplitud inferior a nuestra Constitución, por ejemplo, en la Constitución Italiana establece que “todos pueden actuar en juicio para tutelar sus propios derechos; la defensa es un derecho inviolable en cualquier estado o grado del procedimiento”, o tal vez, como la Ley de Bonn que señala que “toda persona cuyos derechos sean vulnerados por el poder público podrá recurrir a la vía judicial”. Según nuestro Tribunal Constitucional, el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental de carácter subjetivo, que vincula a todos los poderes públicos por estar regulado en el Capítulo II Título I ( art. 53.1 CE), cuyo contenido habrá de regularse por ley, que deberá respetar en todo caso su contenido esencial (art. 53. 1 CE) y que deberá tener rango de Ley Orgánica (art. 81 CE).
El fundamento de la decisión del TC descansa en que sólo la actividad el Juez es la que legitima la posibilidad de interrumpir el ejercicio del ius puniendi del Estado. Seguramente la tesis del TC es la más correcta y la que mejor se acomoda con el art. 24.1 CE, pero igualmente considero que el Alto Tribunal no hubiera tenido necesidad de entrar en este conflicto, si hubiese mantenido la doctrina fijada en 1983 acerca de que el instituto de la prescripción y su interpretación era cuestión ajena a su cometido de decir el Derecho constitucional. Hace tiempo que no cumple dicha máxima y los condenados buscan (tienen todo su derecho) a utilizar todos las vías procesales que el ordenamiento establece.
En definitiva, considero que el TC ha errado no en su doctrina, sino en su prurito de entrar en todos los temas que se le pongan a su alcance, fruto de un entendimiento desmedido de su papel de jurisdicción de amparo de los derechos fundamentales, sobre todo en relación con los llamados derechos constitucionales procesales del art. 24 de la CE.
“La peor forma de injusticia es la justicia simulada”.
A B O G A D A

References: resolución 
 artículo 48
 artículo 53
 resolución 
 artículo 44
 artículo 24
 artículo 164
 artículo 24
 artículo 7