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Timestamp: 2020-06-01 20:29:19+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 551/01 de Corte Constitucional, 30 de Mayo de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 43614786
Ley 599 de 2000. Arts: 8 (p), 16 num 1º (p), 17 inc 2º(p), 31 parg (p), 32 num 4º inc 2º (p), 38 inc 1º (p), 101(p), 106, 118(p) y 401. Codigo penal. Prohibicion de doble incriminacion. Extraterritorialidad. Sentencia extranjera. Concurso de conductas punibles. Ausencia de responsabilidad. Prision domiciliaria como sustitutiva . Homicidio por piedad. Circunstancias de atenuacion punitiva. Exequible; inhibida.
Sentencia citada en: 83 sentencias, 11 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, una noticia
Actora: M.A.R.G..
B.D.C., treinta (30) de mayo del año dos mil uno (2001).
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, la ciudadana M.A.R.G. demandó los artículos 8º (parcial), 16 numeral 1º (parcial), 17 inciso 2º (parcial), 31 parágrafo (parcial), 32 numeral. 4º inciso 2º (parcial), 38 inciso 1º (parcial), 101 (parcial), 106, 118 (parcial) y 401 de la Ley 599 de 2000. "por la cual se expide el código penal".
A la persona que cometa en el extranjero delito contra la existencia y la seguridad del Estado, contra el régimen constitucional, contra el orden económico social excepto la conducta definida en el Artículo 323 del presente Código, contra la administración pública, o falsifique moneda nacional, documento de crédito público, o estampilla oficial, aun cuando hubiere sido absuelta o condenada en el exterior a una pena menor que la prevista en la ley colombiana.
Artículo 38. La prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión. La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá en el lugar de residencia o morada del sentenciado, o en su defecto en el que el Juez determine, excepto en los casos en que el sentenciado pertenezca al grupo familiar de la víctima, siempre que concurran los siguientes presupuestos:
Artículo 101. Genocidio. El que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político que actúe dentro del marco de la ley, por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros, incurrirá en prisión de treinta (30) a cuarenta (40) años; en multa de dos mil (2.000) a diez mil (10.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes y en interdicción de derechos y funciones públicas de quince (15) a veinte (20) años.
El señor F. General de la Nación intervino en el proceso de la referencia y, mediante escrito recibido el 13 de septiembre de 2000 en la Secretaría General, solicitó a la Corte que declarara ajustadas a la Constitución las normas objeto de estudio, con fundamento en las razones que a continuación se sintetizan.
Manifiesta, basado en la sentencia del 30 de abril de 1998, M.P.E.C.M., la cual trae en cita, que la expresión demandada "salvo lo establecido en instrumentos internacionales" del artículo 8º no viola el principio del non bis in ídem. Considera que la circunstancia de que los términos "imputar" y "juzgar", utilizados en la norma demandada y en el artículo 29 superior, respectivamente, sean diferentes no constituye un argumento sólido para declarar la inexequibilidad del primer concepto, que desarrolla al segundo en la previsión de la garantía del citado principio, pues ambos implican iniciar, adelantar y finalizar un proceso con observancia de las garantías que la Constitución y las leyes imponen, de modo que la expresión demandada no desconoce el principio básico del debido proceso y menos el del non bis in ídem que hace parte de él.
Así, desde esa perspectiva, para el señor F. carece de validez la comparación que hace la demandante entre el precepto acusado y el artículo 32 del Código Penal Militar, porque, aunque genéricamente ambas aluden a la figura del delito continuado, específicamente se trata de eventos diferentes. Por lo tanto, solicita se declare su exequibilidad.
Manifiesta que no hay violación de los artículos 1º y 2º de la Carta con lo dispuesto en el inciso 2º del numeral 4º del artículo 32, toda vez que las figuras descritas en esta norma -genocidio, desaparición forzada y tortura- implican una respuesta estatal acorde con su naturaleza y gravedad, lo que justifica que el legislador de manera expresa consignara que para ellas no se estructura la obediencia debida y con ello se garantiza el Estado Social de derecho, entendido en los términos de la sentencia T-406 de 1992, ayudando a mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Agrega que la Corte Suprema de Justicia fijó un marco de entendimiento de la obediencia debida como causal de justificación, en la sentencia de la Sala de Casación Penal del 13 de junio de 1995, R.. 9785, de donde se desprende que cuando una orden manifiestamente antijurídica es impartida por un funcionario a otro, éste debe abstenerse de cumplirla, so pena de responder disciplinaria y penalmente, independientemente de que se trate de las conductas antes descritas, por lo que el contexto de la interpretación que da la demandante a la norma es equivocado.
Para el señor F., además, esa causal puede estructurarse también para otros delitos diferentes al demandado, siempre que se reúnan los requisitos establecidos para su reconocimiento procesal.
Para finalizar, en lo relativo al artículo 401 sostiene que la demandante recurre nuevamente a la comparación con otra norma, el artículo 402 del mismo código, comprendiendo las dos conductas como referentes al peculado, lo que es equívoco, pues aunque ambas protegen la administración pública. Para el señor F. es más grave la conducta realizada por el funcionario público respecto al peculado, aunque, aclara, que si el particular que retiene sumas las apropia o usa, comete peculado y no la conducta del 402, de retención, de manera que si las devuelve, atenúa la pena y no motiva la finalización de proceso (Sentencia C-285 de 1996). En ese contexto no se desconoce el principio de igualdad.
Informa que no examina el cargo contra el artículo 106 porque no pudo acceder a la opinión presentada por el señor F. General de la Nación al respecto, así como por falta de conocimiento sobre el contenido de la Gaceta del Congreso de la República relativa a ese punto. Agrega que "[l]a tiranía del tiempo lo explica todo."
La Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante Auto del 19 de octubre de 2000, aceptó el impedimento manifestado por el P. General de la Nación, mediante escrito recibido en la Secretaría General el 10 de octubre de 2000, para intervenir en el proceso de la referencia y, en consecuencia, ordenó darle traslado al V. General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor.
Por tal razón, el V. General de la Nación (E), mediante concepto No. 2406, recibido en la Secretaría de la Corte Constitucional el 15 de enero de 2001, presenta escrito frente al proceso de la referencia en los términos que a continuación se sintetizan.
No obstante lo anterior, considerando que el concepto de domicilio no es unívoco, fija su concepto, dependiendo de la materia que se examina y que es la limitación de derechos fundamentales, y lo circunscribe al que se desprende de los artículos 28 y 32 de la Constitución Política que regulan instituciones de derecho penal, que restringen el derecho a la libertad. Y agrega que la Corte Constitucional se pronunció sobre este concepto en la sentencia C-041 de 1994, M.P.E.C.M.. También cita y transcribe apartes de la sentencia de una Corte Suprema de Justicia del 21 de febrero de 1994, M.P.G.G.V., sobre las diferentes acepciones del término domicilio y la potestad del legislador para determinar su alcance ante supuestos jurídicos concretos.
3.1.2. Inhibición para decidir de fondo en relación con la solicitud de declaratoria de inexequibilidad de las expresiones residencia o morada contenidas en el inciso 1º del artículo 38 de la Ley 599 de 2000
Tanto el señor P. como los demás intervinientes coinciden en afirmar, frente a los argumentos expuestos por la demandante en relación con la solicitud de declaratoria de inexequibilidad de las expresiones residencia o morada contenidas en el inciso 1º del artículo 38, que hay una "armazón ilógica del asunto", su carácter es "incomprensible", y se da una ausencia de "problema constitucional".
De otro lado es necesario señalar que aún en el caso de querer dar a la demanda un sentido coherente, atendiendo al espíritu democrático de la acción incoada, la petición que resultaría pertinente sería la de una interpretación por la Corte de las expresiones residencia o morada. En este caso tampoco sería posible descartar el carácter inepto de la demanda, ya que como ha dicho reiteradamente Cabe anotar que esta Corporación se había declarado inhibida por razones similares en las sentencias C-519/98M.P.V.N.M. y C-403/98 M.P.F.M.D. en relación con demandas interpuestas por la misma demandante en este proceso. esta Corporación, tal no es el objeto de la acción de inconstitucionalidad. Así en la Sentencia C-403/98 se dijo:
"La Corporación se declara inhibida, para fallar con relación con la norma cuestionada, por cuanto es claro que la demandante no elevó en realidad cargo alguno de inexequibilidad en contra del artículo 38 de la Ley 81 de 1993. Lo que pretende la ciudadana demandante, es una interpretación con autoridad por parte del juez de la Carta y no la exclusión de la misma disposición del ordenamiento jurídico, que es el objeto de la acción de constitucionalidad; por lo tanto, la jurisprudencia de esta Corporación denomina una petición de esta clase como "inepta demanda", pues repárese que mal puede apelarse a la acción pública de inconstitucionalidad si no se plantea una verdadera confrontación entre el precepto acusado de orden legal y la Constitución Política" Sentencia C-403/98 M.P.F.M.D.S. fuera de texto. .
La Corte constata sin embargo que los argumentos de la demandante se limitan a reprochar el comportamiento del legislador, al no incluir en la ley aprobada el texto del artículo 107 del proyecto presentado por el señor F. General, lo que en su concepto "debe ser entendido como una omisión inconstitucional, la cual debe ser llenada por esta Corporación."
En este sentido y teniendo en cuenta la jurisprudencia de esta Corte en materia de omisión legislativa Sentencia C-543/96 M.P.C.G.D., que excluye su competencia en relación con la omisión legislativa absoluta, y al no expresarse en este caso tampoco argumentos concretos que permitan establecer la existencia de una omisión relativa por parte del legislador, ha de concluirse que la actora no cumplió el requisito del artículo 2º numeral 3º del Decreto 2067 de 1991 que ordena al demandante precisar las razones por las cuales considera violada la disposición acusada. En tal aspecto hubo ineptitud sustancial de la demanda. En esas circunstancias, en virtud del artículo 241 de la Constitución, que consagra de manera expresa y limitativa las funciones de la Corte Constitucional al decir que a ella le corresponde la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos del artículo, se ha de entender entonces que en este caso la demanda presentada no tiene la aptitud de desatar el juicio de constitucionalidad, por lo que la Corte se declarará inhibida para pronunciarse de fondo en relación con el artículo 106 de la Ley 599 de 2000.
Cabe recordar finalmente al respecto, que la Corte Constitucional está instituida fundamentalmente para resolver sobre la constitucionalidad del contenido explícito de las normas y que las circunstancias particulares en las que de manera excepcional le es dado examinar otros contenidos o interpretaciones posibles de la norma Sentencia C-690/96 M.P.A.M.C. que puedan oponerse a la Constitución no se configuran en el presente caso.
En segundo lugar, la noción de cosa juzgada material. Se presenta este fenómeno cuando no se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son idénticos. El fenómeno de la cosa juzgada opera así respecto de los contenidos de una norma jurídica: tiene lugar cuando la decisión constitucional resuelve el fondo del asunto objeto de su juicio que ha sido suscitado por el contenido normativo de un precepto, de acuerdo con el artículo 243 de la Carta Política" Sentencia C-427/96 M.P A.M.C...
El artículo 322ª (parcial) de la Ley 589 de 2000 fue objeto de examen constitucional por parte de esta Corporación y, por unidad normativa, lo fue igualmente el artículo 101 (parcial) de la Ley 599 de 2000. Al respecto, mediante providencia C-177 del 14 de febrero de 2001 Reiterada en la Sentencia C-330 de 2001, M.P.A.T.G., con ponencia del Magistrado F.M.D., se resolvió:
"Primero.- DECLARASE INEXEQUIBLE la frase "que actúe dentro del margen de la ley", contenida tanto en el artículo 322ª de la Ley 589 de 2000, como el artículo 101 de la Ley 599 de 2000."
Para el señor F., así como para la interviniente del Instituto de Derecho Procesal no es procedente una nueva discusión sobre el contenido de los artículos 16 y 17 de la ley 599 de 2000, toda vez que los segmentos demandados del nuevo estatuto penal se extrajeron textualmente de los artículos 15 y 16 del Código penal vigente y que la exequibilidad de esas normas ya fue analizada en la Sentencia C-264 /95.
Por último, en relación con las consideraciones previas, se debe señalar que la confrontación propia del control de constitucionalidad exige que el análisis "recaiga sobre expresiones integradas que plasmen un contenido autónomo, configurando una norma o una proposición susceptible de producir, por sí misma, efectos jurídicos" Sentencia C-485/00 M .P.J.G.H.G.. Por ello, una palabra o una frase -aisladas- no pueden ser calificados como constitucionales o inconstitucionales, a menos que se las armonice y relacione con el contexto normativo en el que estén inscritas. Así ha dicho esta Corporación:
Pero, en razón del carácter informal de la acción pública, que ha de despojarse de tecnicismos y complejidades procesales con miras a la efectividad del derecho político del ciudadano (art. 40 C.P.), esta Corte prefiere interpretar la demanda, en búsqueda de su propósito, y estructurar, con base en él, y con apoyo en lo ya decidido en anteriores sentencias que han hecho tránsito a cosa juzgada, la proposición jurídica completa, es decir, la regla de Derecho sobre la cual habrá de recaer el examen de constitucionalidad y el fallo" Sentencia C-565/98 M.P.J.G.H.G..
Al respecto cabe recordar que la unidad normativa procede en relación tanto con decisiones de inexequibilidad como de exequibilidad, pero ello siempre de manera excepcional Ver Sentencias C-320/97 M.P.A.M.C. y C-1109/00 M.P.A.T.G..
La ausencia de violación del principio de igualdad
Entre los principales lineamientos que han sido señalados por la jurisprudencia constitucional para la acción del L. en estas áreas, se encuentra aquel según el cual las medidas que se tomen deben estar orientadas por los parámetros de una verdadera política criminal y penitenciaria, que sea razonada y razonable, y en ese sentido se ajuste a la Constitución. Quiere decir esto, que en desarrollo de sus atribuciones, el Congreso de la República puede establecer cuáles conductas se tipifican como delitos, o cuáles se retiran del ordenamiento; puede asignar las penas máxima y mínima atribuibles a cada una de ellas, de acuerdo con su ponderación del daño social que genera la lesión del bien jurídico tutelado en cada caso; e igualmente, puede contemplar la creación de mecanismos que, orientados hacia la efectiva resocialización de quienes hayan cometido hechos punibles, favorezcan el desestímulo de la criminalidad y la reinserción de sus artífices a la vida en sociedad. En los términos utilizados recientemente por la Corte en la sentencia C-592/98 (M.P.F.M.D.,"el legislador, en ejercicio de las competencias constitucionales de las que es titular, puede establecer procedimientos distintos y consagrar regímenes diferenciados para el juzgamiento y tratamiento penitenciario de delitos y contravenciones, pudiendo, incluso, realizar diferenciaciones dentro de cada uno de estos grupos, en la medida en que unos y otros se fundamenten en criterios de razonabilidad y proporcionalidad que atiendan una valoración objetiva de elementos tales como, la mayor o menor gravedad de la conducta ilícita, la mayor o menor repercusión que la afectación del bien jurídico lesionado tenga en el interés general y en el orden social, así como el grado de culpabilidad, entre otros" Sentencia C-1404/2000. M.P.C.G.D. y A.T.G.
En términos similares la Corte en la Sentencia C-746/98 con ponencia del Magistrado A.B.C. había señalado:
"Esta Corporación, en las oportunidades en que ha revisado la constitucionalidad de algunas normas de la ley 228 de 1998, ha considerado que compete al legislador, conforme a la cláusula general de competencia, trazar la política criminal del Estado y determinar cuáles conductas constituyen delitos y cuáles contravenciones. Sobre el particular expresó la Corte en la sentencia C-198/97 Sentencia C-198/97. M.P.F.M.D., lo siguiente:
De conformidad con lo anterior, el criterio de esta Corporación ha sido Sentencia C-364/96, M.P.C.G.D.. S. fuera de texto. :
"aunque la política criminal no puede ser objeto de un juicio de inconstitucionalidad, como bien lo anotó el demandante, por tratarse de una función que el L. ejerce discrecionalmente, las normas que la concretan deben respetar los cánones constitucionales, especialmente aquellos que plasman derechos y garantías fundamentales".
2.4. Según las ideas expuestas por la Corte en la sentencia C-394 de 1996, en la libertad de configuración de los delitos y contravenciones el legislador se encuentra sometido a los principios de objetividad, racionalidad, proporcionalidad y finalidad (...)" Sentencia C-746/98 M.P.A.B.C..
Es decir, que es al L. a quien compete establecer el quantum de las penas, de acuerdo con la valoración que haga de las diferentes conductas en el marco de la política criminal. Es él quien tiene como atrás se dijo, la potestad de configuración en materia penal, y que como ha expresado la Corte:
"Mientras en el cumplimiento de la función legislativa no resulten contrariados los preceptos fundamentales, bien puede el legislador crear o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, fijar la clase y magnitud de éstas con arreglo a criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados, todo de acuerdo con la apreciación, análisis y ponderación que efectúe acerca de los fenómenos de la vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos puedan estar causando o llegar a causar en el conglomerado" Sentencia C-013/1997 M.P.J.G.H.G. :.
Solamente "en los casos de manifiesta e innegable desproporción o de palmaria irrazonabilidad," Ibidem correspondería al Juez Constitucional declarar la inexequibilidad de las disposiciones normativas objeto de análisis. Así ha dicho la Corte que:
"La verificación acerca de si una sanción penal es suficiente o no respecto del delito para el cual se contempla encierra la elaboración de un juicio de valor que, excepto en los casos de manifiesta e innegable desproporción o de palmaria irrazonabilidad, escapa al ámbito de competencia de los jueces. Si la Corte Constitucional pudiera, por el sólo hecho de la eliminación de la pena menor, porque la entiende tenue, cómplice y permisiva, retirar del ordenamiento jurídico una disposición, estaría distorsionando el sentido del control constitucional. La norma sería excluida del ordenamiento con base en el cotejo de factores extraños al análisis jurídico, ecuánime y razonado sobre el alcance de aquélla frente a los postulados y mandatos establecidos en la Constitución, que es lo propio de la enunciada función, cuyo objeto radica, de manera específica, en preservar la integridad y supremacía constitucionales. Calificaría exclusivamente, por tanto, asuntos de pura conveniencia, reservados a la Rama Legislativa del Poder Público" Ibidem..
"El principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta permite conferir un trato distinto a diferentes personas siempre que se den las siguientes condiciones: que las personas se encuentren efectivamente en distinta situación de hecho; que el trato distinto que se les otorga tenga una finalidad; que dicha finalidad sea razonable, vale decir, admisible desde la perspectiva de los valores y principios constitucionales; que el supuesto de hecho -esto es, la diferencia de situación, la finalidad que se persigue y el trato desigual que se otorga- sean coherentes entre sí o, lo que es lo mismo, guarden una racionalidad interna; que esa racionalidad sea proporcionada, de suerte que la consecuencia jurídica que constituye el trato diferente no guarde una absoluta desproporción con las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifican" Sentencia C-530/1993 M.P.A.M.C..
Artículo 32. Hecho punible unitario o continuado. Cuando la ejecución del hecho punible se fragmente en varias acciones u omisiones se tendrá como un hecho punible unitario.
Artículo 26.- Concurso de hechos punibles. El que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave, aumentada hasta en otro tanto
Parágrafo. En los eventos de los delitos continuado y masa se impondrá la pena correspondiente al tipo respectivo aumentada en una tercera parte
El artículo 32, entonces, no tiene por objeto establecer un trato distinto -y más favorable- para el concurso de hechos punibles, sino aclarar que el delito continuado (aquél en el cual la ejecución de un único designio delictivo se lleva a cabo con la realización de varios actos separados en el tiempo pero unívocamente dirigidos a agotar el mismo propósito), no es una especie de concurso de hechos punibles, sino un solo "hecho punible unitario o continuado" y, por tanto, que debe ser penado como tal. También en el marco de la legislación penal ordinaria, aunque ni el Decreto 100 de 1980, ni el nuevo Código Penal contemplan específicamente el delito continuado, debe entenderse que en los casos en que se presente esta modalidad, debe ser reconocida como un hecho unitario, y sancionada de acuerdo con los parámetros ordinarios de dosificación de la pena, por lo que no hay diferencia al respecto entre ambas jurisdicciones. Aclarado esto, resulta que no asiste razón al cargo planteado por el actor, y el artículo 32 de la Ley 522 de 1999 será declarado exequible" Sentencia C-368/2000 M.P.C.G.D..
Habiéndose ya establecido que el objeto del artículo 32 de la Ley 522 de 1999 es simplemente el de "aclarar que el delito continuado (aquél en el cual la ejecución de un único designio delictivo se lleva a cabo con la realización de varios actos separados en el tiempo pero unívocamente dirigidos a agotar el mismo propósito), no es una especie de concurso de hechos punibles, sino un solo `hecho punible unitario o continuado' y, por tanto, que debe ser penado como tal" y que esta circunstancia no establece una diferencia entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción militar en el tratamiento del concurso de hechos punibles, la Corte retoma los argumentos señalados en dicha sentencia, pero esta vez para descartar el cargo de violación del derecho a la igualdad invocado por la demandante en relación con el parágrafo del artículo 31 de la Ley 599 de 2000.
Para la demandante el artículo 118 de la ley 599 de 2000 Artículo 118. Parto o aborto preterintencional. Si a causa de la lesión inferida a una mujer, sobreviniere parto prematuro que tenga consecuencias nocivas para la salud de la agredida o de la criatura, o sobreviniere el aborto, las penas imponibles según los artículos precedentes, se aumentarán de una tercera parte a la mitad, violenta el artículo 13 de la Constitución porque "en un evento preterintencional, el del artículo 105, se disminuye la pena, y en otro evento, también preterintencional, el del artículo demandado, el 118, se aumenta la pena, cuando la forma de culpabilidad es similar".
Los artículos 118, demandado, y 105 Artículo 105 Homicidio preterintencional. El que preterintencionalmente matare a otro incurrirá en la pena imponible de acuerdo con los artículos anteriores disminuida de una tercera parte a la mitad. de la ley 599 de 200, con el que se compara, son dos tipos penales que de manera general protegen la vida y la integridad personal, pero que se estructuran en diferentes capítulos del título I del nuevo Código Penal. El primero dentro de las lesiones personales (capítulo 3º) y el segundo dentro del capítulo referente al homicidio (capítulo 2º).
Como ejemplos de delitos calificados por el resultado podrían citarse los siguientes: La hostilidad militar, que se agrava cuando como consecuencia de la conducta se pone en peligro la seguridad de la Nación o sufren perjuicios sus bienes o las Fuerzas Armadas (art. 112); (...) las lesiones personales, cuya pena se incrementa cuando dan lugar a parto prematuro o aborto (art. 338); y, el abuso de circunstancias de inferioridad, que se sanciona con pena más severa cuando se ocasiona un perjuicio.
De lo anterior resulta, como ya se ha advertido, que la diferencia específica entre los delitos calificados por el resultado y los delitos ultraintencionales, estriba en el hecho de que en los primeros el segundo resultado, aun cuando descrito en la norma, no es el que tipifica el ilícito, mientras que en los otros ese segundo resultado pasa a ser la conducta punible en la norma penal. (...)"
El cambio de denominación de la misma conducta en el artículo 118 atacado que reproduce sin embargo textualmente el artículo 338 del Decreto ley 100 de 1980, si bien puede generar una amplia discusión doctrinal En efecto, este cambio de denominación, así como la ubicación aparentemente asistemática de la disposición puede generar amplios debates doctrinarios sobre la voluntad del legislador, pero que en todo caso no ponen en peligro el principio de tipicidad a que está sometido el legislador en estas circunstancias., no tiene incidencia en este caso en relación con el análisis del cargo planteado por la demandante.
Así y en atención a la comparación propuesta por la demandante, mientras en el homicidio preterintencional descrito en el artículo 105 el bien jurídico protegido es la vida sin ningún otro aditamento, en el parto o aborto preterintencional tipificado en el artículo 118 el bien jurídico tutelado no sólo es la vida e integridad de la mujer en estado de embarazo, sino adicionalmente la vida e integridad de la criatura que está por nacer, la cual goza de especial protección en nuestro ordenamiento jurídico Ver Sentencia C-133/94 M.P.A.B.C..
La potestad de configuración atribuida como ya se ha dicho al L. en materia penal no solo permite castigar más severamente esta conducta sin desbordar los criterios de razonabilidad y proporcionalidad reseñados, sino que en el presente caso frente a la comparación planteada por la demandante no se vislumbra ninguna violación del artículo 13 constitucional, al tratarse de delitos con distintos elementos y bienes jurídicos vulnerados, sin que la denominación de preterintencional de la conducta señalada en ambos casos contradiga esta circunstancia.
En primer término, debe tenerse en cuenta que la condición del servidor público frente a los bienes del Estado es distinta a la de cualquier particular, y que su responsabilidad, de acuerdo con el artículo 6 de la Constitución Política, se enmarca dentro de principios precisos que son mucho más exigentes en cualquier circunstancia, en atención precisamente a dicho mandato constitucional. Así lo recordó esta Corporación al declarar la exequibilidad del artículo 82 del Código Penal vigente señalando que esa disposición "encaja dentro del criterio de exigir una mayor responsabilidad en el ejercicio de sus funciones por parte del empleado oficial, que sustenta el régimen de responsabilidad de todos los servidores oficiales de conformidad con la preceptiva constitucional (artículos 6, 89,95,209 de la Cara Política)" Sentencia C-087/97 M.P. Fabio Morón Diaz
Su bien, como lo dijo también esta Corporación, "es legítimo que la ley haya asignado a los agentes retenedores no sólo una función pública específica como es la de recaudar dineros oficiales producto de las obligaciones fiscales de los coasociados, sino también una responsabilidad penal derivada del incumplimiento de sus deberes que, para el caso, se asimilan a los de los funcionarios del Estado que manejan dineros de propiedad de la Nación" Sentencia C-1144/2000 M.P.V.N.M. , no debe olvidarse que en todo caso se trata de particulares.
Cabe aclarar que si se demuestra que el retenedor, autorretenedor o recaudador se apropia o usa las sumas retenidas, "el acto imputable es el del peculado y no el descrito en el artículo 402" Concepto del Señor F. General de la Nación pag 32. , de manera que en ese caso la devolución de las cantidades, que eventualmente dieron lugar a que el retenedor o recaudador sea procesado "se convierte en atenuante de la pena y no motivo para finalizar el proceso" I...
La constitucionalidad del inciso 2º del numeral 4 del artículo 32 de la Ley 599 de 2000
La referencia expresa que se hace de ellos, en forma enunciativa, simplemente resulta coherente, como lo recuerda la vista fiscal, con el artículo 91 inciso primero de la Carta, así como con los diferentes textos de derecho internacional aplicables en nuestro ordenamiento en este campo (art. 93 C.P.), en los que expresamente se excluye la posibilidad de acudir a la obediencia debida para excusar los actos de genocidio desaparición forzada y tortura, así como otras conductas claramente prohibidas en cualquier circunstancia De acuerdo con la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución Nº47/133 del 18 de diciembre de 1992 ninguna orden o instrucción de autoridad pública, sea civil, militar o de otra índole, puede ser invocada para justificar una desaparición forzada, y en consecuencia, toda persona que reciba tal orden o tal instrucción tiene el derecho y el deber de no obedecerla (art. 6.1.). Y en relación con la tortura, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos", y sobre el tema específico de acuerdo al artículo 5 del Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, mediante Resolución 34/169, ningún funcionario encargado de hacer cumplir la ley podrá, infligir, instigar o tolerar ningún acto de tortura u otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, ni invocar la orden de un superior o circunstancias especiales, como estado de guerra o amenaza a la seguridad nacional o cualquier otra emergencia pública, como justificación de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. De otro lado, en relación con el genocidio figura la Convención para la prevención y castigo del crimen de genocidio, aprobada por Ley 28 de 1959.
Adicionalmente deben tenerse en cuenta en este campo una serie de normas de derecho internacional en relación con otros delitos en los que prima facie no cabe la obediencia debida como excusa. Así en relación con las ejecuciones arbitrarias o sumarias, la violación y actos de agresión sexual, y la mutilación, se debe señalar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana de Derechos Civiles y Políticos, así como los Convenios de Ginebra, artículo 3 común y Protocolo II, artículo 4;; Finalmente sobre el Apartheid, debe mencionarse la Convención sobre la Represión y el castigo del crimen de Apartheid. (Ley 26 de 1987)..
De lo anterior se desprende que, en uno y otro caso, la orden debe ser legítima; que aun cuando se emita con las formalidades legales, si tiene un contenido antijurídico jamás podrá justificar el hecho, pese a que se invoque el principio constitucional de que trata el artículo 91, pues de él no se desprende un obedecimiento ciego, sino su cumplimiento dentro de los límites racionales y coherentes que demandan un Estado de derecho y apreciando las concretas circunstancias que rodean el hecho al momento de su ejecución." Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 13 de junio de 1995, R.. 9785, M.P. Carlos E. Mejía Escobar
"La obediencia ciega, como causal de exoneración, no se admite cuando el contenido de la orden es manifiestamente delictivo y notorio para el agente que la ejecuta. La legislación y la jurisprudencia comparada, por lo general, admiten el deber de obediencia cuando el subordinado se encuentra simplemente ante la duda sobre la ilicitud del contenido de la orden" Sentencia C-587/95 M.P.J.G.H.G...
Así las cosas, como lo recuerda el señor F. General de la Nación, dentro del marco que acaba de reseñarse, en el evento de que la orden impartida sea manifiestamente antijurídica el funcionario que la recibe debe abstenerse de cumplirla, so pena de responder disciplinaria y penalmente según su grado de participación, independientemente de que se trate de los delitos de genocidio, desaparición forzada o tortura.
"La obediencia debida fue excluida en forma expresa para los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura y desplazamiento forzado. Los delitos enlistados compartan gravísimas violaciones a los derechos humanos, por tanto, un Estado fundado en la dignidad humana, si se trata de poner en la balanza tan importantes bienes jurídicos y el cumplimiento del deber expresado a través de su especificidad "orden de superior", tienen necesariamente que hacer primar sin dubitación los primeros sobre las últimas. Empero no significa esto que el proyecto, por virtud de una interpretación a contrario sensu, permitan que sí se produzca y toleren otras violaciones a los derechos humanos, encontrando justificación en la obediencia debida, pues lo que se quiere resaltar y significar es que prima facie la causal no opere frente a tales delitos, quedando los demás sometidos a un riguroso examen informado por los derechos, principios y valores constitucionales (...)"Gaceta del Congreso Año VII No. 139 del jueves 16 de agosto de 1998 págs. 1-56.
La ausencia de violación del principio non bis in idem
En primer término es necesario anotar que, en efecto, las aludidas palabras tienen significados diferentes, pues según el Diccionario de la Real Academia Española, se define "imputar" como "atribuir a otro una culpa, delito o acción", y "juzgar" como "deliberar, quien tiene autoridad para ello, acerca de la culpabilidad de alguno, o de la razón que le asiste en un asunto, y sentenciar lo procedente. / Formar juicio u opinión sobre algo o alguien. /Condenar a uno por justicia a perder una cosa, confiscársela.(...)/ estar a juzgado y sentenciado. Fr. Der. Quedar obligado a oír y consentir la sentencia que se diere".
Es pertinente señalar, tal como lo afirma el señor V. (E), que "la constitucionalidad de las normas legales no depende de ninguna manera de su plena identidad lingüística con el texto constitucional al cual se refieren, sino de su conformidad con los valores y principios que la ley fundamental ha establecido como mandatos Superiores".
"...el principio de non bis in idem constituye la aplicación del principio más general de cosa juzgada al ámbito del ius puniendi, esto es, al campo de las sanciones tanto penales como administrativas... equivale en materia sancionatoria, a la prohibición de someter dos veces a juicio penal a una persona por un mismo hecho, independientemente de si fue condenada o absuelta", que se erige en el impedimento fundamental que a jueces y funcionarios con capacidad punitiva impone el principio de non bis in idem." Sentencia T-162 de 1998, M.P.E.C.M.
Visto lo anterior, no queda duda de la conformidad con la Carta Política de estos otros preceptos. Pues ellos no tienen otro alcance que el de perseguir el delito en todas las latitudes, cuando amenace bienes esenciales del Estado, de la sociedad y de la civilidad colombiana, y de reconocer y admitir y aprovechar las acciones que otros estados adelanten para reprimir el delito. La combinación de los criterios personal (art. 35 de la Constitución Política), el estatuto territorial, art. 4o. inc. 2o. de la Carta, y de la internacionalización de las funciones públicas, art. 226 ibídem, que se realiza en la preceptiva acusada, no deja duda de su bien logrado acuerdo con la Constitución" Sentencia C-264 de 1995 M.P.F.M.D..
Prevalece la sentencia colombiana al punto que tiene imperio la condenatoria nacional sobre la absolutoria proferida en el exterior; y dentro de las de sanción la de mayor gravedad si es la nacional la que exhibe esta característica (art. 16 del Código Penal).
En los tres casos de excepción (14, 15-1 y 2), "la pena o parte de ella que el reo hubiere cumplido en virtud de tales sentencias se descontará de la que se impusiere de acuerdo a la ley colombiana, si ambas de igual naturaleza y si no se harán las conversiones pertinentes" (art. 16 inc. segundo). Así se da aplicación al principio de legalidad consagrado en la Constitución de 1886 y en la Constitución de 1991 (arts. 6o., 28, y 29 de la Carta).
Se presenta, como lo ha sostenido la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, un juego de "aspectos de seguridad y existencia del Estado colombiano o de dignidad de representación internacional, que obligan a esta mayor severidad, debiéndose recalcar el atributo de soberanía que implica el sometimiento a la ley y que las sentencias penales colombianas no sufren restricciones ni toleran mengua o decaimiento. Es irrestricta y de un efecto totalizante e insoslayable. En estos eventos los demás países, por lo mismo que tales conductas podrían tener para ellos una menor significación, no suelen presentar idéntico interés de persecución ni igual dureza de tratamiento. Colombia en todo caso, parte del enunciado legal, plenamente explicable por las circunstancias dichas, de quedar satisfecha la protección de sus derechos de tan singular connotación sólo con las decisiones de sus propios tribunales"Sentencia C-264 de 1995, M.P.F.M.D..
Finalmente la Corte hace referencia a las peticiones del señor V. (E) en relación con la declaratoria de exequibilidad condicionada del parágrafo del artículo 31, así como del inciso final del artículo 401 de la Ley 599 de 2000.
Sexto.- INHIBIRSE para decidir de fondo sobre la expresión "residencia o morada" contenida en el inciso 1º del artículo 38 de la Ley 599 de 2000, por ineptitud sustancial de la demanda.
En mi sentir no existía ineptitud sustancial de la demanda, tal como lo expresé en la Sala Plena, pues se reúnen los requisitos previstos en el artículo 2 del Decreto Ley 2067 de 1991.
El hecho de no existir ineptitud de la demanda se confirma con el proyecto presentado inicialmente a consideración de la Sala, que no era de inhibición sino de fallo de fondo sobre el mismo tema.
Sentencia nº 13001-23-31-000-2003-01527-01 de Consejo de Estado - Sección Cuarta, de 2 de Julio de 2015

References: Artículo 323

Artículo 38

Artículo 101
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 artículo 32
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Artículo 26
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