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Timestamp: 2018-07-21 02:55:22+00:00

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Órgano DEPARTAMENTO DE GOBERNACION
Publicado en DOGC núm. 2892 de 19 de Mayo de 1999
Articulo 1 Objeto y ámbito
Articulo 2 Principios generales de actuación
CAPITULO 2. De la Comisión de Control de los Dispositivos de Vídeo Vigilancia
Articulo 3 Creación y composición de la Comisión
Articulo 4 Funciones de la Comisión
Articulo 5 Régimen aplicable a los miembros de la Comisión
CAPITULO 3. Régimen de autorización de dispositivos fijos de grabación
Articulo 7 Autorización administrativa previa
Articulo 10 Requisitos de los dispositivos fijos
Articulo 11 Publicidad
CAPITULO 4. Videocámaras móviles
Artículo 12 Grabación con equipos móviles
CAPITULO 5. Registro, custodia y destino de las grabaciones. Derechos de los ciudadanos
Artículo 13 Registro de autorizaciones
Artículo 14 Custodia de las grabaciones
Artículo 15 Derechos de los ciudadanos: acceso y cancelación de las grabaciones
Articulo 16 Destino de las grabaciones
-1 Constitución de la Comisión de Control de los Dispositivos de Videovigilancia
-2 Control de tráfico
DOGC 5 Octubre. Corrección de erratas D 134/1999 de 18 May. CA Cataluña (regulación de la videovigilancia por parte de la policía de la Generalidad y de las policías locales de Cataluña)
D 320/2011, de 19 Abr. CA Cataluña (reestructuración del Departamento de Interior)
Téngase en cuenta que conforme establece el número 3 de la disposición adicional tercera del D [CATALUÑA] 320/2011, 19 abril, de reestructuración del Departamento de Interior («D.O.G.C.» 21 abril), las referencias al/a la secretario/aria de Seguridad y al/a la directora/a general de la Policía contenidas en el presente Decreto se entienden efectuadas al/a la directora/a general de Administración de Seguridad.
D [CATALUÑA] 134/1999, 18 mayo, rectificado por Corrección de errores («D.O.G.C.» 5 octubre). Téngase en cuenta que conforme establece el número 3 de la disposición adicional tercera del D [CATALUÑA] 320/2011, 19 abril, de reestructuración del Departamento de Interior («D.O.G.C.» 21 abril), las referencias al/a la secretario/aria de Seguridad y al/a la directora/a general de la Policía contenidas en el presente Decreto se entienden efectuadas al/a la directora/a general de Administración de Seguridad.
La Generalidad de Cataluña dispone de competencia en materia de seguridad pública y seguridad ciudadana, de acuerdo con el art. 149.1.29 de la Constitución, el articulo 13 del Estatuto de autonomía de Cataluña, y los arts. 37 y siguientes de la Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La Ley orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos, en su disposición adicional 1 realiza un reconocimiento expreso de la competencia de las comunidades autónomas con títulos competenciales para la protección de las personas y bienes y para el mantenimiento del orden público, para establecer las normas que regulen el uso de videocámaras por parte de sus fuerzas policíales y de las policías locales de su territorio.
Dentro de este marco normativo, el presente Decreto regula la autorización y uso de cámaras y otros dispositivos para captar y grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, así como su utilización posterior en lo referente al registro custodia y destino de las grabaciones obtenidas con estos aparatos.
El Decreto recoge la existencia de una única comisión de control de los dispositivos de videovigilancia para la instalación de videocámaras por parte de cualquier cuerpo policíal que actúe en el territorio de la Comunidad Autónoma de Cataluña, para evitar duplicidades y conseguir un mayor grado de seguridad jurídica.
Asimismo esta disposición establece determinadas garantías para la salvaguarda de los derechos fundamentales que se pueden ver afectados por el uso de estos instrumentos de control y muy especialmente los derechos a la intimidad y a la propia imagen, por lo que se ha regulado minuciosamente el derecho de los ciudadanos de acceso y cancelación de las grabaciones.
Teniendo en cuenta lo expuesto, de acuerdo con el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, a propuesta del consejero de Gobernación, y previa deliberación del Gobierno,
1.1 Este Decreto regula la utilización por parle de la policía de la Generalidad-mozas de escuadra y de las policías locales de Cataluña de cámaras y otros dispositivos para captar y grabar imágenes y sonidos en lugares públicos, así como su utilización posterior, con la finalidad de garantizar la seguridad pública respetando el derecho a la intimidad de los ciudadanos, y el funcionamiento y composición de la comisión prevista en la disposición adicional 1 y en el art. 3 de la Ley orgánica 4/1997, de 4 de agosto.
1.2 El tratamiento posterior de las imágenes y de los sonidos grabados se regirá por la legislación sobre protección de datos en todo lo que no esté específicamente regulado en este Decreto.
1.3 La presente disposición no será de aplicación a las cámaras fijas que necesitan instalar la policía de la Generalidad o las policías locales en inmuebles, dependencias o instalaciones propias o adscritas al cumplimiento de sus funciones, siempre que estas cámaras estén exclusivamente destinadas a garantizar la seguridad y protección interior o exterior de estas dependencias.
2.1 De conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la Ley orgánica 4/1997, de 4 de agosto, las actuaciones que regula esta disposición serán realizadas de acuerdo con el principio de proporcionalidad, que exige una adecuación de la utilización de los medios empleados a las finalidades previstas y que la grabación de imágenes y de sonidos sea estrictamente la necesaria para cumplir dichas finalidades.
2.2 En virtud de este principio, el uso de dispositivos fijos requiere la existencia de un riesgo razonable para la seguridad publica, y el uso de equipos móviles, de un peligro cierto y concreto para la misma.
2.3 Los dispositivos y los equipos cuyo uso regula esta disposición no podrán ser utilizados para captar o grabar imágenes y sonidos en el interior de las viviendas ni de sus vestíbulos excepto que exista el consentimiento de sus titulares o una autorización judicial, o bien en el caso de delito flagrante.
La utilización de cámaras móviles para grabar la entrada de las viviendas solamente será justificable cuando sea necesario prevenir la comisión de delitos o infracciones administrativas en relación con la seguridad pública, con la finalidad de asegurar la convivencia ciudadana, la erradicación de la violencia y la utilización pacifica de las vías y espacios públicos.
2.4 Tampoco podrán ser utilizados con la finalidad de observar la intimidad de las personas o de captar las conversaciones que éstas mantengan privadamente en los lugares públicos susceptibles de grabación, excepto que exista una autorización judicial. Desde el momento en que el responsable de la operación de grabación y sus superiores tengan conocimiento de que su resultado será el que se indica en el apartado anterior ordenarán que ésta cese inmediatamente y acordarán su destrucción, y levantarán la correspondiente acta.
De la Comisión de Control de los Dispositivos de Vídeo Vigilancia
3.1 Se crea la Comisión de Control de los Dispositivos de Videovigilancia de Cataluña, como órgano consultivo y de control de esta materia, con la finalidad de velar para que se garantice el derecho a la privacidad, intimidad y a la propia imagen de los ciudadanos.
3.2 La Comisión se regirá por la normas contenidas en este Decreto, por su reglamento interno, aprobado por el Gobierno de la qeneralidad a propuesta de ésta y supletoriamente por las normas de procedimiento y régimen jurídico de la Administración de la Generalidad.
3.3 La Comisión de Control de los Dispositivos de Videovigilancia está integrada por los siguientes miembros:
a) Presidente: el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
b) El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
c) Dos vocales, designados por el Gobierno de la Generalidad, a propuesta del consejero de Gobernación, por un periodo de cuatro años.
d) Dos vocales designados por el Gobierno de la Generalidad, a propuesta de las entidades asociativas de los municipios de Cataluña, por un periodo de cuatro años.
e) Dos vocales, designados por la Administración General del Estado, por un periodo de cuatro años, en el supuesto que la Comisión sea única.
Como secretario de la Comisión actuará, con voz pero sin voto, un funcionario del Departamento de Gobernación nombrado por su consejero, sin perjuicio de lo que establezca el convenio correspondiente.
3.4 Los miembros suplentes de la Comisión son designados por cada una de las categorías de los miembros titulares, en las mismas condiciones y en el mismo número.
3.5 Las asistencias de los miembros a las sesiones de la Comisión devengarán las indemnizaciones que procedan de conformidad con la normativa vigente sobre indemnizaciones.
4.1 La Comisión, que será única en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña para la instalación de videocámaras por parte de cualquiera de las fuerzas y cuerpos de seguridad que actúen en su territorio, ejercerá las siguientes funciones:
a) Emitir informe previo y con carácter preceptivo sobre la autorización de los dispositivos fijos de grabación que soliciten la policía de la Generalidad, las policías locales de Cataluña y, en su caso, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que actúen en el territorio de la Comunidad Autónoma.
b) Dictaminar sobre el uso de los equipos móviles de grabación por parte de la policía de la Generalidad y las policías locales, a requerimiento del director general de Seguridad Ciudadana y de los alcaldes, o bien a iniciativa propia acordada por mayoría absoluta de sus miembros, y después de haber examinado las imágenes y los sonidos grabados.
c) Dictaminar, en su caso, sobre el utilización efectuada por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado de los equipos móviles de grabación en los términos fijados en la legislación estatal.
d) Ser informada con periodicidad quincenal de la utilización y, en su caso. de las grabaciones efectuadas con cámaras móviles.
e) Requerir de las autoridades administrativas y policiales responsables la documentación e información que considere necesaria para el ejercicio de sus funciones.
f) Recibir informe motivado sobre la utilización de videocamaras móviles en casos excepcionales de máxima urgencia o de imposibilidad de obtener a tiempo la correspondiente autorización.
g) Recibir resolución motivada de autorización de utilización de videocámaras móviles donde no haya instaladas videocámaras fijas.
h) Las demás funciones que le atribuya la legislación vigente.
4.2 Para el cumplimiento de sus funciones, la Comisión puede reclamar en cualquier momento el soporte original de las grabaciones realizadas mediante dispositivos fijos y equipos móviles.
5.1 Los miembros de la Comisión disfrutan de independencia en el ejercicio de sus funciones. Cesan en su cargo porque haya transcurrido el periodo de mandato, por dimisión, por incurrir en causa de incompatibilidad, por condena penal por delito doloso y por negligencia grave en el ejercicio de sus funciones, apreciada por las dos terceras partes de los miembros de la Comisión.
5.2 No pueden ser designados vocales de la Comisión los parlamentarios estatales o autonómicos, los miembros del Gobierno y altos cargos de la Administración estatal y autonómica, y los miembros electos de las corporaciones locales.
Estas circunstancias son igualmente causas de incompatibilidad.
6.1 Para la válida constitución y funcionamiento de la Comisión a los efectos de realización de las sesiones, deliberaciones y adopción de acuerdos, será necesaria la presencia de la mayoría de sus miembros o suplentes, siempre que el número de estos que pertenezcan a la administración autorizante no constituya mayoría.
6.2 Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los miembros presentes, y en caso de empate el presidente goza de voto de calidad.
Régimen de autorización de dispositivos fijos de grabación
7.1 La instalación con carácter fijo y el uso de los dispositivos de grabación por parte de la policía de la Generalidad-mozos de escuadra y de las policías locales requiere autorización administrativa previa, que otorgará el director general de Seguridad Ciudadana.
7.2 Para ser autorizada, la solicitud de instalación requiere informe previo favorable de la Comisión de Control de los Dispositivos de Videovigilancia que prevé el art. 3 de este Decreto, de acuerdo con el procedimiento que se regula en el artículo siguiente.
8.1 El responsable de la policía de la Generalidad que determine el director general de Seguridad Ciudadana y el alcalde respecto a las instalaciones de la policía local en su municipio están legitimados para solicitar la instalación de videocámaras fijas o cualquier otro medio técnico de carácter análogo.
8.2 El responsable de la policía de la generalidad o los alcaldes dirigirán la correspondiente solicitud al director general de Seguridad Ciudadana. La solicitud, que tiene que ser motivada, se acompañará con la documentación que justifique suficientemente los objetivos y la necesidad de la instalación de las videocámaras fijas, la identificación del solicitante, la localización del ámbito físico susceptible de ser grabado, las especificaciones técnicas de los dispositivos, la calificación técnica de las personas encargadas de la explotación del sistema de tratamiento de las grabaciones, el periodo de tiempo en que se pretenda efectuar estas grabaciones y cualquier otra cuestión sobre la cual en la resolución sea necesario pronunciarse.
Por orden del consejero de Gobernación se podrá precisar la documentación que será exigible con carácter necesario.
8.3 El director general de Seguridad Ciudadana podrá requerir al solicitante la subsanación o ampliación de la documentación presentada de conformidad con lo previsto en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 30 de noviembre de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. Asimismo podrá solicitar todos los informes que se consideren necesarios o convenientes para determinar el sentido de la resolución de autorización.
8.4 Antes de dictarse la citada resolución, habrá de enviarse toda la documentación que forme el expediente de solicitud a la Comisión de Control de Dispositivos de Videovigilancia, para que emita el correspondiente informe preceptivo en el plazo de un mes.
El informe de la Comisión de Control de los Dispositivos de Videovigilancia habrá de ponderar, según el principio de proporcionalidad, los objetivos que en el marco de las finalidades generales establecidas en el art. 10 aduce el órgano peticionario para justificar la instalación, y también las concretas circunstancias y condiciones con las que se pretende realizar, con los derechos de los ciudadanos que puedan resultar afectados.
8.5 El informe de la Comisión habrá de ser motivado cuando sea negativo o bien, aunque sea positivo, cuando se impongan limitaciones o restricciones a la instalación de videocámaras.
8.6 El hecho de que la Comisión no emita el informe en el plazo máximo de un mes no impedirá la tramitación del expediente de autorización. En este caso el órgano decisorio valorará que no se haya emitido el informe y emitirá resolución.
8.7 La solicitud de instalación se entenderá denegada si una vez transcurridos tres meses, a contar desde el día siguiente de la solicitud, el director general de Seguridad Ciudadana no haya dictado resolución expresa.
8.8 Contra la resolución de solicitud de instalación de videocámaras cabe interponer recurso de alzada ante el consejero de Gobernación.
9.1 La resolución por la cual se autorice la instalación de dispositivos fijos de videovigilancia será motivada y contendrá las condiciones concretas y particulares de su uso y las limitaciones específicas que la afecten. En especial, será necesario precisar en ella el ámbito físico susceptible de ser grabado, el tipo de cámara o, en general, de dispositivo, y sus especificaciones técnicas. Igualmente, en la resolución de autorización se determinarán el órgano al cual se asigna el dispositivo, los órganos responsables de su operación y de la custodia de las grabaciones y se podrán determinar la calificación técnica de las personas encargadas de la explotación del sistema de tratamiento y cualquier otra medida adecuada para garantizar el respeto de las disposiciones legales vigentes.
9.2 La autorización para instalar un dispositivo fijo de grabación se entiende otorgada por un periodo de un año, salvo que en la resolución de autorización se establezca una duración inferior. Antes de que transcurra el periodo máximo de autorización se podrá solicitar su renovación, si persisten los motivos que la originaron.
Si estos motivos han variado y el dispositivo no se considera necesario para la protección de la seguridad ciudadana, el órgano solicitante habrá de comunicarlo al órgano que autorizó su instalación para que proceda a su retirada.
9.3 Los propietarios y los titulares de los demás derechos reales sobre los bienes afectados por las instalaciones de los dispositivos previstos en este artículo están obligados a facilitar su colocación y mantenimiento, sin perjuicio de la necesidad, en su caso, de obtener una autorización judicial y las indemnizaciones que por ley les corresponda.
9.4 La instalación de dispositivos fijos prevista en este articulo no está sometida a licencia urbanística ni a ninguna otra autorización previa no establecida en este Decreto, sin perjuicio de la necesidad de respetar en otros aspectos las normativas sectoriales aplicables, siempre que no impidan o dificulten gravemente las finalidades de la presente disposición.
10.1 Las instalaciones fijas de videovigilancia tendrán como objetivo asegurar la protección de los edificios y las instalaciones públicas y de sus accesos; salvaguardar las instalaciones útiles para la defensa nacional, en los términos que en su caso fije la legislación del Estado; detectar o constatar las infracciones a la seguridad pública; y prevenir la producción de daños a las personas y a los bienes, respetando el derecho a la intimidad de los ciudadanos.
10.2 En los dispositivos fijos se podrá incorporar un mecanismo de dotación de las grabaciones que permita fijar en el soporte original el día y la hora en que se realizan.
11.1 Conforme a lo que dispone el art. 9 de la Ley orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos, se habrá de informar al público de forma clara y permanente de la existencia de videocámaras fijas, sin especificar el lugar concreto de su emplazamiento, así como la autoridad responsable de su instalación, a los efectos de que los interesados puedan ejercer su derecho de acceso y cancelación de las grabaciones.
11.2 Por razones de urgencia o de interés público valoradas por el órgano competente se podrá utilizar cualquier medio informativo, incluida la publicación en boletines oficiales, siempre y cuando se garanticen los principios informativos previstos en el art. 9.1 de la Ley orgánica 4/1997, de 4 de agosto.
11.3 El diseño, el formato y la ubicación de las placas o rótulos (paneles) informativos serán regulados mediante una orden del consejero de Gobernación.
Véase la O [CATALUÑA] 29 junio 2001, de regulación de los medios por los que se informa de la existencia de videocámaras fijas instaladas por la policía de la Generalidad y las policías locales de Cataluña en lugares públicos («D.O.G.C.» 5 julio).
12.1 En los supuestos de desórdenes públicos y, en general, de peligro concreto para la seguridad pública, corresponderá otorgar la autorización para la utilización de equipos móviles de grabación de imágenes y de sonidos, con los mismos objetivos que fija el art. 10, al director general de Seguridad Ciudadana, por propia iniciativa o a requerimiento del mando superior del cuerpo o del máximo responsable de cada región policial del cuerpo de mozos de escuadra, o de los alcaldes en lo que se refiere a la policía local de los respectivos municipios.
12.2 En los supuestos de máxima urgencia y siempre que las circunstancias del caso impidan la obtención a tiempo de la autorización preceptiva o bien cuando se trate de vías o lugares públicos donde se haya autorizado la instalación de videocámaras fijas, el mando superior del cuerpo, el jefe de la región policial correspondiente o el alcalde, respectivamente, podrán ordenar 41 uso de equipos móviles de grabación de imágenes y de sonidos. El jefe de policía o el alcalde que haya ordenado su utilización informará de forma inmediata y, en todo caso, dentro del plazo máximo de setenta y dos horas, al director general de Seguridad Ciudadana y a la Comisión de Control de los Dispositivos de Videovigilancia.
12.3 La resolución por la cual se conceda la autorización será motivada y contendrá las condiciones y los limites con los que se permite el uso de los equipos móviles de grabación. En todo caso, se grabarán conjuntamente imágenes y sonidos, y se datarán las grabaciones, de tal forma que el día y la hora en que se han realizado quede incorporada al soporte original.
12.4 La resolución en que se conceda o deniegue la autorización habrá de dictarse en el plazo máximo de 15 días y se entenderá desestimada cuando haya transcurrido este plazo sin haberse dictado la correspondiente resolución.
12.5 El director general de Seguridad Ciudadana comunicará la resolución de autorización a la Comisión de Control de los Dispositivos de Videovigilancia en el plazo máximo de setenta y dos horas. En el mismo plazo, contado desde la finalización de la grabación, será igualmente enviado a la Comisión un informe sobre el uso realizado de cada autorización.
12.6 Las autoridades citadas en el apartado 1 y 2, en su respectivo ámbito de competencia, así como el consejero de Gobernación, respecto de cualquier grabación, podrán solicitar a la Comisión de Control de los Dispositivos de Videovigilancia que emita un dictamen sobre la adecuación de las grabaciones realizadas mediante equipos móviles a las finalidades y condiciones de la normativa aplicable a esta materia.
12.7 La Comisión de Control de los Dispositivos de Videovigilancia podrá pedir en cualquier caso la remisión del soporte original de las grabaciones realizadas y, por iniciativa propia, emitir un dictamen en los términos del apartado anterior, que será enviado a las autoridades competentes.
12.8 El responsable de operación de los equipos móviles de grabación será el jefe de la unidad policial que haya sido autorizada para su uso.
12.9 Por una orden del consejero de Gobernación se regularán las especificidades relativas a la utilización de los dispositivos de videovigilancia por parte de los cuerpos de la policía local.
Registro, custodia y destino de las grabaciones. Derechos de los ciudadanos
13.1 Se crea en el Departamento de Gobernación y con sede en la Dirección General de Seguridad Ciudadana un Registro general informatizado de los dispositivos fijos de grabación autorizados.
13.2 La inscripción de las autorizaciones y en su caso de las renovaciones en este Registro se efectuará de oficio, y en él se tendrán que hacer constar como mínimo los datos relativos al cuerpo de seguridad autorizado, la fecha de autorización y el plazo de su vigencia, el ámbito susceptible de ser grabado, sin especificar el lugar concreto de emplazamiento de las cámaras, así como el órgano encargado de la custodia y de la resolución de las peticiones de acceso y cancelación de las grabaciones.
13.3 También se inscribirán en este Registro, en el caso de que el Departamento de Gobernación lo considere procedente, las resoluciones motivadas de autorización de uso de videocámaras móviles efectuadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad.
13.4 Los ayuntamientos llevarán igualmente un registro de los dispositivos fijos de grabación autorizados en su ámbito territorial.
13.5 El acceso a los datos que contengan el Registro general y los registros municipales se efectuará conforme a lo establecido en la normativa general sobre procedimiento administrativo común y protección de datos de carácter personal.
14.1 El responsable de operaciones de grabación, con la periodicidad que se fije en la resolución de autorización en el caso de los dispositivos fijos, e inmediatamente después de finalizarla, en el caso de las efectuadas por equipos móviles, remitirá los soportes originales al responsable de su custodia, sin extraer ninguna copia ni realizar manipulaciones de ninguna clase.
14.2 Serán responsables de la custodia de las grabaciones:
Respecto de las obtenidas con videocámaras fijas, la persona que se determine en la resolución de autorización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1 de este reglamento.
Respecto de las obtenidas con equipos móviles, el jefe de la región policial correspondiente en los territorios de despliegue de la policía de la Generalidad-mozos de escuadra, o el jefe de división, si las ha realizado este cuerpo policial, y el jefe superior de la policía local correspondiente, de las realizadas por ésta.
Los responsables de la custodia de las grabaciones y todas las personas que hayan tenido acceso a ellas están obligados a guardar reserva sobre éstas.
14.3 Nadie podrá realizar ninguna clase de manipulación de los soportes originales de las grabaciones que altere las imágenes y los sonidos recogidos. Sólo se podrán copiar, por orden del responsable de la custodia de las grabaciones, las imágenes y los sonidos del soporte original en el caso previsto en el articulo siguiente, y siempre respetando las siguientes condiciones:
a) Que la copia se realice de punto a punto del soporte original, sin interrupciones, cortes ni inclusiones de imágenes o sonidos intermedios.
b) Que en el punto de inicio y de final de la copia se indique el momento al cual corresponde en el soporte original.
c) Que la copia sea siempre conjunta de imagen y de sonido, en su caso, tal y como figura en el soporte original.
d) Que cada copia se numere de forma independiente y se indique su soporte original.
El responsable de la custodia de las grabaciones registrará la copia de soportes originales, con indicación del soporte original de que se trate, el número de copias realizadas y sus destinatarios.
14.4 Los soportes originales de las grabaciones y sus copias, en su caso, no podrán ser cedidas a terceros, incluidos otros servicios administrativos y entidades públicas, ni examinados ni consultados por nadie, excepto en los casos previstos en este Decreto.
14.5 Por una orden del consejero de Gobernación se regularán las condiciones de seguridad que han de reunir los lugares destinados a custodiar las grabaciones y sus copias.
15.1 De acuerdo con el art. 9 de la Ley orgánica 4/1997, de 4 de agosto, todo el mundo tiene derecho a solicitar el acceso a las grabaciones, hechas por dispositivos fijos o equipos móviles, en las cuales presuma razonablemente que figura, y también a solicitar la cancelación de las imágenes y sonidos correspondientes, en su caso.
15.2 Las solicitudes se dirigirán al responsable de la custodia de la grabación, que podrá denegarlas por los peligros que puedan derivarse para la defensa del Estado o de la seguridad pública, con el fin de proteger los derechos o libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones en curso.
15.3 En las solicitudes se tendrá que concretar la pretensión y se harán constar la población, lugar, día, hora aproximada y otras circunstancias que permitan identificar la escena y el sujeto de la grabación.
Tanto las solicitudes de acceso como las de cancelación deberán resolverse en el plazo de 15 días, previo informe del órgano encargado de la custodia efectiva de las grabaciones.
Cuando no se haya dictado resolución expresa en el mencionado plazo el interesado entenderá desestimada su solicitud.
15.4 En caso de resolución denegatoria se podrá interponer recurso de alzada ante el consejero de Gobernación, que decidirá sobre la procedencia de la solicitud de acceso o de cancelación de las imágenes y de los sonidos. Contra esta resolución sólo se podrá interponer recurso contencioso administrativo.
16.1 Las grabaciones obtenidas de acuerdo con este Decreto serán destruidas en el plazo máximo de un mes a partir de su realización, salvo los supuestos previstos en los apartados 2 y 3 siguientes.
16.2 El responsable de la custodia de las grabaciones entregará a la autoridad judicial competente de forma inmediata, y en todo caso en el plazo máximo de setenta y dos horas a contar desde el momento de la grabación. Los soportes originales de las grabaciones donde se hayan captado imágenes o sonidos que puedan ser perseguibles penalmente o que puedan resultar relevantes para procedimientos judiciales penales abiertos.
16.3 Asimismo, entregará a la autoridad administrativa competente, de forma inmediata, y en todo caso en el plazo máximo de setenta y dos horas, los soportes originales de las grabaciones donde se hayan captado imágenes o sonidos que puedan constituir una infracción administrativa grave o muy grave de la seguridad pública o que puedan resultar relevantes para procedimientos sancionadores administrativos abiertos en este ámbito o para investigaciones policiales en curso.
16.4 Si una misma grabación puede resultar de interés, a los efectos previstos en los apartados anteriores, por varias autoridades, judiciales o administrativas, el responsable de la custodia de las grabaciones podrá ordenar, a petición de la autoridad judicial o administrativa, la realización de las copias necesarias, en los términos previstos en el artículo anterior.
16.5 En los supuestos recogidos en los arts. 5.2 y 6.5 de la Ley orgánica 4/1997, de 4 de agosto, el responsable de la custodia de las grabaciones tendrá que destruir de forma inmediata las imágenes sonidos que se hayan obtenido. En estos casos se levantará la correspondiente acta acreditativa de estas destrucciones
La Comisión de Control de los Dispositivo de Videovigilancia que se crea por el presente Decreto deberá constituirse en el plazo de un mes desde su entrada en vigor, mediante resolución del consejero de Gobernación.
Con el fin de que la citada Comisión tenga el carácter de única en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cataluña, será necesaria la suscripción del correspondiente convenio d; colaboración entre la Administración genera del Estado y la Administración de la Generalidad de Cataluña, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional 6 del Real decreto 596/1999, de 16 de abril.
A estos efectos, las autoridades, entidades instituciones u organismos que han de proponer a los vocales que deben constituir la Comisión tendrán que comunicar a sus representantes, tanto los titulares como los suplentes, órgano competente para su designación en plazo máximo de 20 días a contar desde la entrada en vigor del presente Decreto.
2.1 La policía de la Generalidad-mozos de escuadra y las policías locales efectuarán la instalación de videocámaras y de cualquier otro medio de captación y reproducción de imágenes y harán uso de ellos para el control, regulación, vigilancia y disciplina del tráfico en las vías públicas con sujeción a la normativa incluida en la disposición adicional 8 de la Ley orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de videocámaras por las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos, y en el presente Decreto.
2.2 Son autoridades competentes para ordenar la instalación y uso de los dispositivos a que se refiere el apartado anterior:
En las vías públicas en las cuales la regulación del tráfico no esté atribuida a los municipios, el director del Servicio Catalán de Tráfico en el territorio donde los mozos de escuadra ejerzan esta competencia.
En las vías públicas competencia de los municipios, el alcalde del municipio respectivo.
2.3 En la resolución en la cual se ordenen la instalación y el uso de estos dispositivos constarán el órgano responsable de la operación de grabación, la identificación de las vías públicas o tramos de éstas, las medidas que hay que adoptar para garantizar el respeto de la disposiciones legales vigentes, así como el órgano encargado de su custodia y de la resolución de las peticiones de acceso y cancelación. La vigencia de la resolución será indefinida siempre y cuando no varíen las circunstancias que la motivaron.
2.4 Esta resolución se tendrá que notificar a la Comisión de Control de los Dispositivos de Videovigilancia, que, en su caso, si lo estima pertinente, podrá emitir informe sobre la adecuación de la resolución a los principios generales de la Ley orgánica 4/1997, de 4 de agosto.
La custodia y conservación de las grabaciones y la resolución de los derechos de acceso y cancelación corresponderá a los órganos que se fijen en la resolución mediante la cual se autoricen la instalación y utilización de los dispositivos. El régimen de conservación y custodia de las grabaciones obtenidas se regirá por los mismos principios aplicables a las grabaciones obtenidas mediante las videocámaras que regula el presente Decreto.
2.5 El ejercicio de los derechos de acceso y cancelación de las grabaciones por parte de los afectados se regirá por lo que dispone el articulo 15 de este Decreto.
2.6 No será necesaria la resolución de autorización cuando se utilicen medios de captación y reproducción de imágenes de carácter móvil con la finalidad de asegurar el cumplimiento de la normativa de tráfico y seguridad vial. No obstante, el Servicio Catalán de Tráfico y/o la Dirección General de Seguridad Ciudadana podrán dictar las instrucciones y directrices necesarias sobre su utilización por parte de los agentes del cuerpo de la policía de la Generalidad encargados de la vigilancia del tráfico.
-1 Los dispositivos fijos de grabación existentes en el momento de la entrada en vigor de este Decreto deberán someterse a la autorización correspondiente en el plazo de tres meses desde la constitución de la Comisión de Control de los Dispositivos de Videovigilancia. A partir de esta fecha, las fuerzas policiales correspondientes desmantelarán los dispositivos que no hayan sido autorizados por la autoridad competente.
-2 Los responsables de la custodia de las grabaciones ordenarán la destrucción de las grabaciones que no cumplan las condiciones requeridas en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta disposición.

References: Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15
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 artículo 9
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 Real decreto 
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