Source: http://pueblotrabajador.com/propuestas/programa-del-partido-del-pueblo-trabajador.html
Timestamp: 2017-10-23 09:45:57+00:00

Document:
Por la democracia, la solidaridad y la sustentabilidad
Programa del Partido del Pueblo Trabajador (PPT)
Según enmendado en la asamblea del 2 de septiembre de 2012
El programa del Partido del Pueblo Trabajador, comprometido con la democracia, la solidaridad y la sustentabilidad, es un documento en construcción al que podrán contribuir sus integrantes de forma regular. De igual forma, el PPT da la bienvenida a toda propuesta para su programa que pueda surgir o le hagan llegar organizaciones sindicales, comunitarias, ambientales, estudiantiles, de la mujer, gremiales y profesionales y defensoras de los derechos democráticos.
Los efectos de una crisis profunda
La sociedad puertorriqueña atraviesa por una profunda crisis. Sus efectos nos tocan a todos y todas: una tasa de participación laboral de menos del 40%; una tasa de desempleo del más del 16%; la inseguridad de empleo; la insuficiencia y el poder de compra decreciente de los salarios; el deterioro de los servicios de salud, de las escuelas, de la infraestructura (servicio de agua, calles, alumbrado, parques); el aumento del costo de servicios públicos y de la educación universitaria; el desamparo de la niñez y personas de edad avanzada, incluyendo la falta de recursos para los que necesitan educación y servicios especiales; la emigración obligada en búsqueda de empleo de miles de personas, incluyendo trabajadores diestros; el florecimiento, a falta de otras opciones, de la economía informal, incluyendo la economía ilegal y el narcotráfico, con todas sus consecuencias sobre la salud y la generalización de la violencia en las calles y comunidades; la persistencia de la discriminación y violencia contra la mujer; la corrupción gubernamental y el malgasto de fondos públicos; la acelerada destrucción de la agricultura, con terribles consecuencias de salud, ambientales y económicas; la destrucción ambiental cada vez más grave (deterioro y destrucción del aire, la tierra, el agua, las playas, el mar, los ríos, crisis de la disposición de desperdicios, entro otros problemas).
Más de 45% del país vive bajo el nivel oficial de pobreza. 30% de las familias viven con un ingreso menor de $10,000 anuales, 40% con menos de 15,000. Los jóvenes viven el presente de una educación empobrecida y tienen ante sí un futuro sin empleo ni ingreso seguro.
Ante este panorama desolador, que se ha ido agravando durante los últimos años, los líderes de los partidos que han gobernado a Puerto Rico durante las últimas décadas echan mano a exhortaciones vacías. Son lindas palabras que nada resuelven.
Nos instan a trabajar, pero cada vez hay menos empleos.
Nos instan a estudiar, pero cada vez hay menos oportunidades para usar nuestras destrezas y menos oportunidades de estudio.
Nos convocan al esfuerzo, pero se maltrata y menosprecia al trabajador y trabajadora.
Se nos exigen sacrificios, pero no vemos el resultado de tales sacrificios.
Se convoca a la paz, pero se fomenta una sociedad en que reinan la competencia y la desigualdad y en la que se premia la agresividad y el egoísmo.
Para colmo, se pretende que los que menos tienen –que los trabajadores, que los jubilados y las jubiladas, las personas que viven en la pobreza– paguen por la crisis fiscal. El gobierno del PPD nos impone el IVU. El gobierno del PNP impone la ley 7 y el despido de 30,000 empleados públicos, que a su vez impacta negativamente al sector privado y provoca la pérdida de más empleos en dicho sector. Y el pueblo –el pueblo estadista, el pueblo popular y el pueblo independentista– sufre las consecuencias.
La sociedad privatizada y centrada en la competencia que nos han impuesto genera desprecio por los otros y trata con particular indiferencia y brutalidad a los más débiles y vulnerables, sean los enfermos, las personas con discapacidades físicas o mentales y las personas de edad avanzada.
Ya basta de golpes contra el pueblo trabajador. Basta de tanto abuso. El pueblo trabajador no tiene por qué pagar por la crisis fiscal. El pueblo trabajador no tiene por qué resignarse a un deterioro constante de su calidad de vida.
El cambio es posible. El cambio es posible y depende de nosotros y nosotras, los trabajadores y trabajadoras, de todos los oficios, de todas las regiones, de todas las creencias y preferencias de status.
En Estados Unidos, en Puerto Rico, en todas partes del mundo, para impulsar los cambios necesarios siempre han hecho falta nuevos movimientos, nuevas organizaciones, nuevos partidos. El Partido del Pueblo Trabajador surge para impulsar esos cambios urgentes y necesarios. El Partido del Pueblo Trabajador surge para empezar a reconstruir a Puerto Rico desde la perspectiva de las personas que día a día construyen a Puerto Rico con su trabajo y con su esfuerzo.
La crisis que vivimos no es la cosecha de un día. Se ha ido acumulando por décadas. Exige soluciones inmediatas y exige también un amplio programa de reconstrucción a mediano y a largo plazo. Hay que atender los efectos inmediatos de la crisis y hay que empezar a transformar las estructuras que producen esos efectos.
Desde hace más medio siglo el eje de la política económica del gobierno ha sido la atracción de la inversión externa orientada casi exclusivamente a la exportación. El mecanismo para atraer dicha inversión ha sido la exención contributiva. La exención se ha concedido sin garantía de que genere empleos y con poco monitoreo de cuántos empleos genera. Ha operado caóticamente fuera de todo plan de desarrollo coherente de las actividades productivas del país, que tome en cuenta sus necesidades: el único criterio ha sido garantizar las ganancias de las empresas individuales, con la esperanza de que ello creará empleos y que esto se traducirá en bienestar de todo el país.
El resultado está a la vista: una economía de la cual se extraen más de 35,000 millones de dólares en ganancias cada año, que carece, por tanto, de una dinámica propia de acumulación y reinversión y que es, por lo mismo, vulnerable a cualquier retirada del capital externo; una base productiva de actividades fragmentadas, inconexas, sin eslabonamientos, a pesar de bolsillos de alta tecnología; una economía coja, incapaz de evitar el abandono de sectores enteros como la actividad agrícola y la industria procesadora vinculada a dicha actividad; una economía sin dinámica propia y fragmentada incapaz, por lo mismo, de emplear a la mayor parte de la fuerza laboral del país.
Por otro lado, la política de exención contributiva, a la vez que promueve una economía raquítica y vulnerable, priva al gobierno de su más importante fuente de recursos: los impuestos sobre las ganancias de las grandes empresas. No es de extrañarse entonces que el gobierno tenga que endeudarse para pagar por las obras y servicios públicos que la población, y las mismas empresas que no pagan impuestos, necesitan. Y no es extraño que esa falta de recursos y ese endeudamiento desemboquen en una aguda crisis fiscal. Fragilidad de la economía y crisis fiscal son dos caras del mismo desastre preparado por la política económica de dependencia absoluta en la atracción del capital externo a través de la exención contributiva.
Por otro lado, en Puerto Rico y el mundo vivimos las consecuencias cada vez más preocupantes de formas de desarrollo derrochadoras de recursos no renovables y generadoras de daños ambientales duraderos. Bajo tales políticas se han desarrollado en todo el mundo formas de producción en escala siempre creciente, dirigidas a mercados lejanos con terribles consecuencias ambientales, económicas y de salud (como las generadas por el monocultivo en la agricultura, los gastos e impacto de la transportación, la calidad de los productos "preservados"), además del monopolio industrial de ciertas regiones.
Muchas veces se nos ha dicho que Puerto Rico no puede desarrollar industrias competitivas en diversos sectores, al carecer de un mercado suficientemente amplio para la escala de producción necesaria para lograr los niveles de eficiencia requeridos. Pero hoy están bajo examen y cada vez más cuestionados precisamente la noción de "eficiencia" (que no toma en cuenta los efectos ambientales, de salud, etc.) de tales formas de producción y se plantea la necesidad de nuevas formas de producción que reduzcan los costos de transporte e incorporen a sus cálculos la necesidad de minimizar el impacto ambiental de la producción y el consumo.
Los partidos ante la crisis
La crisis fiscal de 2006-2009 debió ser un momento de reconsideración. Pero en lugar de repensar las estrategias fracasadas, los líderes del PPD y del PNP se rehusaron como en el pasado a meterle el diente a los privilegios de las grandes empresas. En su lugar, apretaron los tornillos al pueblo trabajador con el IVU y la ley 7. A la misma vez se aferraron a las políticas de siempre: la política de privatizar y desmantelar el sector público, acompañada en un culto sin fundamento de la "competencia" y el "mercado" como resuélvelotodo; la política de dependencia casi absoluta en la atracción de capital externo; la visión del trabajador y trabajadora como un "costo" que hay que abaratar, no como el ser humano al cual la economía debe servir; la teoría de la prosperidad por "goteo" que nos dice que si los ricos están bien, todos estaremos bien.
Para promover la privatización, inventaron la teoría del "gigantismo gubernamental" como alegada causa de la crisis. Pero el tamaño del gobierno en Puerto Rico en relación a su población es comparable al de muchos países del mundo. Si el gobierno se ve grande es porque la economía privada ha fracasado en la creación de empleo.
Para explicar el desempleo crónico inventaron la teoría de que los trabajadores tienen demasiados derechos y de que en Puerto Rico la gente no quiere trabajar. En fin, se nos calumnia como un pueblo de vagos. Pero esto señores no pueden explicar por qué la "vagancia" aumento de 10% a 16% en pocos años. No pueden esconder el hecho de que los miles de empleos perdidos no son producto de un ataque repentino de vagancia, sino de una economía que no corresponde a las necesidades del país.
La realidad es que nuestra base económica tan estrecha no ofrece oportunidades de empleo a nuestra gente. Por un lado menos del 50% de las personas aptas para trabajar encuentran empleo y por el otro, las empresas que más ganancias generan no tributan o tributan muy poco. Ello le ha impuesto una carga abusiva a la población asalariada a la vez que condena al resto a una situación de extrema pobreza y mendicidad.
Queremos otro Puerto Rico
El "mercado" y la "competencia" no son varas mágicas que resuelvan los problemas del país. La atracción del capital externo puede ser útil, pero no basta para garantizar una economía saludable. La producción para la exportación es un aspecto importante de la actividad productiva, pero no debe ser su orientación exclusiva. La teoría del "goteo" es un engaño: es necesario tomar medidas afirmativas para promover una distribución más equitativa de la riqueza que de otro modo se acumula en manos de unos pocos. La gente no es un "costo". Su bienestar es el fin de la actividad económica y de la gestión política. Estas son verdades que ya debieran estar claras. Son lecciones del pasado y el presente que asumimos plenamente, aunque el liderazgo de los partidos gobernantes la siga ignorando.
Aspiramos a un Puerto Rico productivo, socialmente justo y ecológicamente sustentable. Un Puerto Rico libre de la violencia que nos arropa por todos lados. Aspiramos a un Puerto Rico en que toda persona sepa que se le educará adecuadamente, se le cuidará cuando enferme y se le apoyará luego de terminar su participación en la fuerza laboral (por edad o incapacidad). Ese Puerto Rico no es posible sin humanizar las relaciones en el trabajo y la comunidad, sin redistribuir la riqueza más equitativamente, sin reducir la dependencia casi exclusiva en el capital externo y la orientación total a la exportación, sin la generación de una economía más integrada y sustentable.
Aspiramos a una mayor eficiencia y productividad, pero no a costa del pueblo trabajador.
Aspiramos al desarrollo, pero no a costa del ambiente.
Reconocemos la importancia de los incentivos, siempre que generen resultados positivos y tangibles.
Estamos dispuestos al sacrificio para el bien de todos y todas, pero no para que unos pocos se beneficien de nuestro esfuerzo.
Tenemos iguales intereses que el pueblo trabajador en Estados Unidos
La precaria situación económica que vive Puerto Rico, la frágil e inadecuada estructura económica actual, no beneficia ni a los que vivimos en la isla ni al pueblo trabajador de Estados Unidos. En Puerto Rico ha significado y significa desempleo masivo, además de conllevar terribles consecuencias ambientales. Para el pueblo de Estados Unidos ha conllevado el flujo de miles de millones en fondos federales a la isla. Dada la falta de empleo, es la única manera en que buena parte de la población puede mantener niveles mínimos de consumo. Aún así más de 45% de la población vive bajo el nivel de pobreza. Por lo demás, su consumo subsidiado, así como las aportaciones recibidas por el estado, casi inmediatamente abandonan a Puerto Rico, al usarse para pagar productos importados, sin que en nada contribuyan a fortalecer de manera duradera la actividad económica en Puerto Rico. ¿Quién se beneficia de esta situación? Ni el pueblo de Puerto Rico, ni el de Estados Unidos se benefician de esta situación. Tan sólo conviene a una pequeña minoría: al puñado de empresas que cada año extraen de Puerto Rico 30 mil millones en ganancia.
Conviene al pueblo de Puerto Rico y al pueblo trabajador de Estados Unidos dar fin a esta situación. Conviene al pueblo trabajador de Puerto Rico y al pueblo trabajador de Estados Unidos dotar a Puerto Rico de una economía capaz de dar empleo a su fuerza laboral y de generar y reinvertir los recursos necesarios para su desarrollo sostenido y sustentable, que por lo mismo, no necesitará un subsidio masivo y continuo.
El bien de todos y el bien de cada uno
Para impulsar esa transformación, en colaboración con nuestros amigos y aliados en Estados Unidos nace el Partido del Pueblo Trabajador. Para lograr esos objetivos hay que liberarse del dogma de que "la competencia" lo arreglará todo. Hay que desprenderse de la idea absurda de que si unas pocas empresas prosperan entonces el resto del país también prospera automáticamente y de la creencia igualmente falsa de que la competencia entre dichas empresas puede asegurar una adecuada protección del ambiente: la experiencia demuestra todo lo contrario.
Se nos dice que cada cual debe defender sus intereses: ¡tomemos en serio esta máxima! Defendamos nuestros intereses. Al hacerlo cambiaremos el tipo de sociedad en que vivimos, pues en nuestro caso se trata de los intereses de la gran mayoría trabajadora y de intereses que solo podemos defender colectivamente, apoyándonos mutuamente. Solidaridad: sea esa nuestra consigna para defendernos y para cambiar el rumbo que lleva Puerto Rico.
Tal reconstrucción económica, guiada por una perspectiva solidaria, democrática y sustentable, exige: no una reducción, sino un incremento de la injerencia pública en la dirección del desarrollo económico, dirección que debe estar sujeta al debate democrático; no una reducción sino una ampliación del sector público, a la vez que se promueve una gestión cada vez más democrática de dicho sector, así como el fomento de empresas cooperativas de diverso tipo (de producción, consumo, ahorro, vivienda, etc.) y de ciertas formas de pequeña producción. Es decir, lejos de privatizar, Puerto Rico necesita una creciente participación y controles públicos y democráticos sobre los procesos económicos, hasta hoy regidos por las decisiones privadas y los imperativos de la competencia entre empresas. El culto del mercado y la competencia no es más que la rendición ante los que controlan el mercado y la competencia: no los trabajadores y trabajadoras, sino las grandes empresas, que, mientras más grandes, más poder tienen y cuyas decisiones afectan a todos y todas. Para que la economía sirva al pueblo tiene que estar bajo la orientación y control del pueblo.
Al igual que el movimiento cooperativo favorecemos "la cooperación sobre la competencia, la empatía sobre la indiferencia y lo colectivo sobre lo individual."
Tal es la perspectiva general que anima el proyecto y el programa del Partido del Pueblo Trabajador que presentamos a continuación.
I. Puerto Rico y la Declaración Universal de Derechos Humanos
El Partido del Pueblo Trabajador hace suyos cada uno de los apartados de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas en 1948 y refrendada por los gobiernos del mundo, incluyendo el gobierno de Estados Unidos. Los objetivos del Partido del Pueblo Trabajador pueden resumirse sencillamente como trabajar para lograr que cada uno de los derechos reconocidos en dicha declaración sea respetado y se haga realidad para todas las personas en Puerto Rico. Sin menospreciar otros aspectos, destacamos los siguientes derechos reconocidos por dicha declaración:
Del Artículo 23:
Del Artículo 24:
Del Artículo 25:
Del Artículo 26:
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos,…
Del Artículo 27:
Del Artículo 21:
Del Artículo 19:
Del Artículo 5:
Para garantizar estos derechos el PPT propone:
II. Una respuesta inmediata a la crisis fiscal
La mayoría trabajadora no debe pagar por la crisis fiscal. Esa crisis es producto de una base contributiva limitada ya que las grandes empresas que más ganancias generan casi no pagan contribuciones en Puerto Rico, a lo cual se suman el grave problema de evasión contributiva, sobre todo de sectores empresariales, y los millones en deudas que Hacienda no ha cobrado, así como los gastos innecesarios en las altas esferas de gobierno.
Existen en Puerto Rico más de 70 leyes de exención contributiva y más de 1500 decretos de exención contributiva. Las deudas pendientes por pagar en Hacienda se calculan en más de 3,000 millones de dólares. Se estima que la evasión de impuestos asciende a una cifra cercana al 25% de las contribuciones recaudadas (más de 500 millones de dólares anuales). Para colmo, Hacienda no ha logrado recuperar una parte considerable del IVU que es cobrado a los consumidores. A todo esto, ya desde antes de la ley 7 se han reducido drásticamente los auditores, y se han deteriorado las condiciones de trabajo del personal que monitorea el cobro de deudas y el pago de impuestos y que investiga el problema de evasión. Se estima que entre el 60% y el 80% de las plazas de auditores están cerradas o vacantes. La carga contributiva cae desmedidamente sobre los asalariados y sobre los que menos tienen.
Por otro lado, se malgastan los fondos públicos en lujos innecesarios, asesorías fantasmas, derroches publicitarios. Políticos corruptos reciben a diario favores de empresas que luego sobrefacturan al gobierno por sus servicios. Se calcula que esa sobrefacturación aumenta en cerca de 25% los pagos del gobierno a dichas empresas. Entre contratistas millonarios y políticos corruptos nadie sabe cuántos fondos se le roban cada año al pueblo de Puerto Rico y se convierten en fortuna privada de unos pocos.
El gobierno aprobó recientemente un llamado alivio contributivo que conlleva una reducción de recaudos del gobierno por un total de 7,200 millones de dólares en los próximos seis años. Pero, si el gobierno tiene tal margen de maniobra, ¿por qué fue necesario el despido de miles de empleados públicos y la consecuente restricción de servicios a la población? ¿O será que pagaremos el llamado alivio con un deterioro aún más acelerado de los servicios públicos de los que todas y todas dependemos? Tales alivios no son alivios, son amenazas a nuestro bienestar duradero. Provocan el deterioro de los bienes y servicios públicos, y pueden generar despidos adicionales de empleados públicos, agravando todavía más la profunda crisis social y económica que padecemos. La crisis fiscal hay que atacarla por todos lados, el lado de los recaudos, de la evasión, de las deudas y por el lado de los gastos innecesarios y la corrupción.
Proponemos una reforma contributiva que elimine los privilegios de las grandes empresas y les ponga la responsabilidad contributiva que hasta el presente han evitado o evadido. A tales efectos, como parte del plan de reconstrucción que se discute en el siguiente apartado, impulsaremos una revisión de las actuales leyes de exención contributiva y los decretos vigentes de exención contributiva de manera que cumplan su fin de estimular la expansión económica mediante la creación de más puestos de trabajo y mejor remunerados. A tales efectos, como parte del plan de reconstrucción que se discute en el siguiente apartado, impulsaremos una revisión de las actuales leyes de exención contributiva y los decretos vigentes de exención contributiva.
Favorecemos un sistema contributivo progresivo: reduciremos al mínimo los impuestos regresivos (como los impuestos de venta, el IVU), que caen con mayor fuerza sobre los sectores de más bajos ingresos.
Favorecemos la imposición de un impuesto especial a las grandes cadenas comerciales para contribuir a la restauración de los centros tradicionales urbanos y la creación de empleos en las pequeñas y medianas empresas.
Proponemos que en lugar del cierre de plazas y despidos, se dote al Departamento de Hacienda del personal y los medios necesarios para erradicar la evasión, cobrar deudas millonarias pendientes, asegurar el recaudo.
Proponemos una reducción radical de los gastos publicitarios, la eliminación de asesorías fantasmas, dietas, recepciones, homenajes, automóviles y demás privilegios de directores de agencia y legisladores (ver también Sección VIII de este programa).
Promoveremos la creación de Juntas de evaluación de contratos con representación ciudadana encargadas de fiscalizar las transacciones entre el gobierno y contratistas privados.
Promoveremos una campaña agresiva para sacar a la luz la corrupción y la ineficiencia democratizando la gestión del servicio público, con la participación de pueblo trabajador y consumidor, incluyendo medidas que protejan y recompensen a los que denuncien formas de desvío indebido de recursos.
Impulsaremos un aumento en los ingresos del gobierno mediante el crecimiento económico, lo cual redundará en menos impuestos a la clase trabajadora, y mejores servicios para toda la ciudadanía.
III. Reconstrucción económica, social y ambiental
Con fondos federales e impuestos a las ganancias del gran capital debe crearse un proyecto de reconstrucción económica del país, proyecto que empiece a dotarlo de una economía más integrada, con dinámica propia, acorde con su población, geografía, localización y necesidades y que la haga cada vez menos dependiente de aportaciones externas. Sin tal proyecto no pueden enfrentarse los problemas sociales que nos afectan, desde el desempleo al auge del narcotráfico o la violencia en las calles y los hogares.
El gobierno del PPT planteará al Congreso de Estados Unidos la conveniencia tanto para el pueblo de Puerto Rico como para el pueblo trabajador de Estados Unidos de iniciar un plan de reconstrucción que dote al primero de una economía y base productiva capaz de funcionar sostenida y sustentablemente sin necesitar el actual flujo anual de miles de millones de subsidios federales. Lejos de favorecer una u otra opción de status, tal proceso pondría al pueblo de Puerto Rico en condiciones para escoger libremente su condición política futura.
Un proyecto de reconstrucción exige combinar e integrar diversos aspectos que se condicionan mutuamente: el desarrollo productivo, la protección del ambiente, las formas del desarrollo urbano y los sistemas de transportación. Ya no es posible hablar de economía y producción sin hablar a la misma vez del ambiente.
Bajo las reglas de una economía dirigida por la búsqueda de la mayor ganancia de grandes empresas se han desarrollado formas de producción en escala siempre creciente, dirigidas a mercados lejanos con terribles consecuencias ambientales, económicas y de salud, además del monopolio industrial de ciertas regiones del planeta. Muchas veces se nos ha dicho que Puerto Rico no puede desarrollar industrias "competitivas" en diversos sectores, al carecer de un mercado suficientemente amplio para la escala de producción necesaria. Pero hoy están bajo examen y cada vez más cuestionados precisamente la noción de "eficiencia" (que no toma en cuenta los efectos ambientales, de salud, etc.) de su funcionamiento.
La crisis ambiental global exige nuevas formas de concebir la producción y el consumo que constituyen también una oportunidad para re-encauzar nuestra vida económica: incorporar la tecnología más avanzada a formas de producción diversificada, dirigida el mercado interno, que reduzca el impacto ambiental, la desigualdad entre países.
El PPT considera que la cooperativas de ahorro y crédito pueden ser medio de capitalización de empresas cooperativas de producción, vivienda, comerciales, agrícolas, etc. De la Agenda cooperativa de país extraemos otros puntos con los cuales el PPT se siente solidario y acoge como suyos, pues corresponden a toda la lógica de nuestro programa:
el fomento de cooperativas de trabajo asociado.
el fomento de cooperativas comerciales
el fomento de cooperativas agrícolas
el fomento de cooperativas de vivienda
el fomento de cooperativas de transporte en todo el país
el fomento de cooperativas juveniles en las escuelas
el desarrollo del Instituto de Cooperativismo de la UPR
Como aspectos de ese proceso de reconstrucción económica, social y ambiental proponemos:
1. Revisar las más de 70 leyes de exención contributiva y los más de 1500 decretos de exención para evaluar su efecto real en la creación de empleo. El principio de los incentivos económicos es estimular la creación de empleos y puestos de trabajo que sean bien remunerados y con beneficios concretos tales como seguro médico, vacaciones y días por enfermedad. Por lo tanto, el impacto de cualquier incentivo debe ser monitoreado continuamente y evaluado con regularidad.
2. Que el gobierno, al aumentar sus recursos fiscales, se convierta en un verdadero promotor del desarrollo económico, proveyendo o garantizando préstamos para el establecimiento y el desarrollo de empresas cooperativas; de propiedad de trabajadores y trabajadoras, y para el pequeño empresario. Para fomentar las empresas cooperativas de producción de bienes y servicios, el gobierno de Puerto Rico debe establecer una alianza estratégica con el movimiento cooperativo. En ese sentido el gobierno debe establecer un estrecho contacto con la Liga de Cooperativas con el objetivo de articular planes dirigidos a la extensión del modelo cooperativo, comprometido con la propiedad colectiva, la participación democrática y la igualdad y justicia social.
Hay que destacar que, según datos de la Liga de Cooperativas, las cerca de 500 cooperativas que existen en Puerto Rico ya cuentan con casi 900,000 socios y socias en Puerto Rico. Entre los tipos de cooperativas que deben fomentarse se encuentran las cooperativas de trabajo (que permiten que los trabajadores y trabajadoras sean dueños de sus empresas), las cooperativas comerciales y las cooperativas de agricultores, entre otras.
3. La atracción de inversión extranjera y la forma que tome será parte de un plan de desarrollo integrado que deberá resultar en una expansión de la clase trabajadora, con los consiguientes aumentos en los beneficios.
4. Proponemos la creación de un organismo de verdadera planificación estratégica, dotado de la capacidad técnica necesaria, abierto a la participación de sectores no sólo empresariales sino también cooperativistas, sindicales, comunitarios y ambientales. Dicho organismo elaborará propuestas para el desarrollo de un conjunto integrado de actividades e industrias dirigidas al mercado interno y de exportación bajo administración pública, cooperativa o privada. A tales fines realizará estudios de viabilidad (mercado, tecnología, destrezas, impacto ambiental) de diversos proyectos y sugerirá la mejor manera de organizarlos (capital externo o interno, cooperativas, propiedad o corporación pública, pequeña producción, etc.)
5. Promoveremos el acoplamiento de programas en la UPR (economía, ciencias sociales y naturales, agronomía, educación, trabajo social, humanidades y las artes, planificación, administración pública y de empresas, relaciones laborales y cooperativismo, entre otros) a los planes de reconstrucción económica y social.
6. Al igual que hacen ciudades en Estados Unidos cercanas a la frontera con Canadá y México, promovemos la profundización de intercambios comerciales y de todo tipo con la región en que Puerto Rico está ubicado, es decir, la cuenca del Caribe y los países de América Latina.
7. Como parte del proyecto de reconstrucción se favorecerá el desarrollo de un turismo no tradicional y ecológico, vinculado a una política de protección del ambiente.
1. Como resultado de las políticas económicas vigentes los terrenos adecuados y disponibles para la agricultura han ido en descenso debido al empleo de estos para la construcción horizontal urbana de viviendas, industriales, comercios y carreteras. Como resultado importamos alrededor de un 90 % de los alimentos que consumimos.
2. El gobierno del Partido del Pueblo Trabajador adoptará como política pública el objetivo de producir en Puerto Rico la mayor cantidad posible de los alimentos necesarios para el consumo isleño, para lo cual promoverá empresas tanto públicas, como cooperativas y de pequeña producción con apoyo público.
3. Promoverá el desarrollo de un sistema de mercadeo y distribución para que los productos lleguen frescos al consumidor.
4. Fomentará una industria pesquera moderna que de empleo a los pescadores optimice el uso responsable de nuestros recursos marinos sin desgastarlos.
5. Igualmente se opondrá al uso irresponsable de terrenos cultivables para proyectos de urbanización o de cualquier otro tipo que no tomen en cuenta las necesidades de un desarrollo integral del país.
6. La producción agrícola es de naturaleza compleja y amerita un amplio entendimiento de la relación entre agricultores, consumidores, cosechas, animales, suelos, plagas, clima, tecnologías, costos de producción, mercadeo, infraestructura de la finca y ecosistema del área. Rehabilitar la agricultura en Puerto Rico es un esfuerzo de envergadura y requiere el compromiso serio y consistente por parte del Colegio de Ciencias Agrícolas y el Instituto de Cooperativismo (UPR), agricultores, consumidores, gobierno (Departamento de Agricultura) y la sociedad en general. Significa reorganizar el sector agrícola de Puerto Rico en nuevas áreas de desarrollo y producción como los son la operación sostenible de fincas comerciales e intensivas de pequeñas fincas agrícolas, la agricultura urbana, el desarrollo de cooperativas agrícolas y el desarrollo de microempresas comunitarias-solidarias agrícolas.
7 Para poder atender eficientemente el desarrollo agrícola sostenible de Puerto Rico se establecerá un plan estratégico que coordine los recursos que están en manos del estado, de los agricultores y las comunidades.
El objetivo general de este proyecto será logar nuestra seguridad alimentaria a través del desarrollo de una agricultura sustentable. La seguridad alimentaria fue definida por la Cumbre Mundial de la Alimentación (1996) auspiciada por la ONU como la situación en que "todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a los alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfagan sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida sana y activa".
La agricultura sustentable es, a su vez, un “sistema integrado de producción de plantas y animales en un lugar específico y único, y que, en largo plazo: satisface las dietas básicas de alimento, conserva y mejora la calidad del medio ambiente y los recursos naturales, utiliza de manera más eficiente los recursos no renovables y recursos disponibles …, integra ciclos y controles biológicos naturales, mantiene viabilidad económica para las operaciones de producción en la finca, y mejora la calidad de vida de los agricultores y la sociedad en general.” No se trata de la disponibilidad de alimentos únicamente, sino también de qué y cómo se producen.
9. Sin excluir otras formas de organización, consideramos que las cooperativas deben ser el pilar de desarrollo agrícola y seguridad alimentaria. Las cooperativas de productores ofrecen a los y las pequeños y pequeñas agricultores y agricultoras oportunidades de mercado, junto a servicios como una mejor formación en gestión de recursos naturales y acceso a la información, tecnologías, innovaciones y servicios de extensión agraria. Fortalecidos y fortalecidas al ser parte de un grupo más numeroso, pueden negociar mejores condiciones en los contratos agrícolas y precios más reducidos para insumos como semillas, fertilizantes y equipos. A través de las cooperativas se pueden proveer semillas de calidad y fertilizantes a los agricultores y trabajar con ellos en la aplicación de prácticas agrícolas más productivas y sostenibles. Las cooperativas también pueden ser el medio para que agricultores sean los dueños de las instalaciones de elaboración o procesamiento de los bienes agrícolas que producen o la creación de vínculos entre los productores y los consumidores locales.
10. La nueva agricultura debe orientarse a las necesidades locales, y articularse con el renacimiento de plazas de mercado y otros centros de distribución. Este cambio hacia la producción y distribución local de alimentos corresponde igualmente a la necesidad de abandonar el sistema de monocultivo y exportación a larga distancia de alimentos, uno de las medidas urgentes para reducir el uso de recursos no renovables y reducir la emisión de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático.
11. El gobierno del PPT impulsará igualmente medidas y acciones para promover la exportación de productos agrícolas al exterior, tales como el café y mangó.
La humanidad está ante el reto de una transición inescapable: dejar atrás la civilización construida sobre la base del consumo de combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas natural) y pasar a la utilización de fuente de energía renovable, sobre todo la energía solar. Esta transición exige un monumental esfuerzo de rediseño de estructuras y de planificación económica. No puede abandonarse al caos de la competencia de empresas motivadas por la ganancia privada.
El PPT propone un proyecto de transición a la energía solar, preferentemente, eólica e undimotriz (usando las olas del mar) y micro-hidroeléctrica, donde sean factibles. El sol puede proveer una parte sustancial de la energía eléctrica que necesitamos.
El gobierno del PPT promoverá la transición a fuentes no-fósiles y renovables de energía (solar-fotovoltaica, viento), como exige el objetivo de reducir la contaminación, frenar el cambio climático y liberarnos de la necesidad de importar petróleo. Aceptaremos algunas formas de uso del gas natural como transición del petróleo a fuentes renovables, pero nos oponemos a la construcción del proyectado gasoducto.
Hay que instalar paneles fotovoltaicos y otros sistemas de energía renovable en edificios públicos y escuelas. Los paneles conllevan una inversión inicial, pero generan una reducción del costo a mediano. Deben formularse incentivos reales a residencias, cooperativas y pequeñas empresas que ayuden a sobrellevar el costo inicial, así como planes de instalación por la AEE, con créditos a consumidores por el uso de techos.
La AEE tiene que convertirse en una agencia comprometida con la reducción del consumo energético y la transición a formas renovables de energía. Buena parte de su presupuesto se dedica al pago de la deuda que es necesario renegociar. Hay que acabar con el malgasto, la sobrefacturación y los contratos abusivos, incluyendo de compra de gas a EcoEléctrica. Tenemos que contar con el mayor recurso de la AEE: la capacidad y el compromiso de sus trabajadores y de sus organizaciones sindicales.
Esta transición debe integrar esfuerzos investigación en centros universitarios y los programas de educación vocacional. Tenemos las condiciones para innovar en este cambo crucial para la humanidad.
Como parte del esfuerzo de desarrollo económico integrado, acorde con la necesidad de la protección del ambiente y la transición al uso de fuentes de energía renovable y el desarrollo del transporte colectivo, debe explorarse la viabilidad del desarrollo de actividades relacionadas a las últimas, como la fabricación de paneles fotovoltaicas para consumo local, fábricas de molinos de viento, e incluso de medios de transporte que no usen gasolina (autos o autobuses eléctricos).
La reducción del uso del automóvil a través del impulso al transporte colectivo amigable al ambiente es urgente, si queremos detener el cambio climático, además de rediseñar nuestras ciudades de forma amigable a la vida comunitaria.
Necesitamos un plan integrado de desarrollo industrial, agrícola y energético. Nada sacamos instalando molinos en terrenos agrícolas, como es el caso de Santa Isabel. Favorecemos la participación de las comunidades en la elaboración de un plan energético, sobre todo las afectadas por la ubicación de determinados proyectos.
El uso de gas natural, sin gasoductos, puede ser un sustituto inicial del petróleo. Pero el objetivo debe ser la transición formas de energía no-fósil y renovable.
La transición energética conlleva la creación de industrias y empleos como la instalación y el mantenimiento de calentadores, planchas e inversores, así cómo de materiales y componentes para estos. En tales procesos el PPT exigirá el respeto derechos trabajadores a organizarse sindicalmente, a una remuneración adecuada y la protección de sus derechos adquiridos. La transición necesaria debe ser fuente de bienestar para todos, no de ganancias para unos pocos.
El gobierno del PPT dará continuidad a y velará por el mejor aprovechamiento de todos aquellos programas estatales y federales existentes que promuevan la utilización de formas renovables de energía, estimulen el ahorro de energía y se utilice la misma de forma eficiente, lo cual se traducirá en ahorros para la clase trabajadora.
El PPT apoya reabrir el acceso a las playas, a la vez que se detienen los desarrollos en la zona marítimo-terrestre.
El gobierno del Partido del Pueblo Trabajador adoptará en general políticas que se ajusten a tres principios importantes de la sustentabilidad: Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su generación; ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente; ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad de la necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de manera sostenible.
En su afán de aumentar ventas a cualquier costo, las empresas no proveen información o esconden el costo ecológico de productos y envases que utilizan. El PPT promoverá políticas de información a la comunidad sobre los costos ambientales de diversos productos y actividades: una población educada buscará y exigirá opciones menos destructivas.
Impulsará lograr la más rápida y profunda limpieza posible de los terrenos contaminados en Puerto Rico, tanto los que están dentro de la Lista de Prioridades Nacionales de la Ley de Superfondo federal (como, por ejemplo, Vieques), como otros, como por ejemplo, Culebra, asegurando una participación real y efectiva de la comunidad afectada en las decisiones sobre la limpieza y futuros usos de esos terrenos.
Como parte de estos objetivos promoverá el diseño y adopción de un plan de uso de terrenos enmarcado en criterios de manejo sustentable de recursos, protección ambiental, recuperación agrícola y nuevas formas de desarrollo urbano.
A nombre de combatir el supuesto gigantismo gubernamental o las uniones se intenta convencer a los pequeños comerciantes de que los que queremos justicia para el trabajador e igualdad social somos sus enemigos. Pero tanto los trabajadores como los pequeños comerciantes necesitamos un gobierno activo, comprometido con una economía que cuente más con la iniciativa interna, con la reinversión aquí de los excedentes que se generan en Puerto Rico y con la ampliación de nuestro mercado interno vinculado a la creación de empleo y al aumento en el poder de compra del pueblo trabajador.
Tenemos igual interés en combatir las reacciones a la crisis que tan sólo la empeoran: el despido de empleados públicos por la ley 7 no sólo golpeó a los asalariados sino también a los pequeños comerciantes que dependen de su poder de compra.
Es necesario pensar más allá del tipo de desarrollo urbano, de comercio y de movilidad que nos han impuesto intereses que nos ahogan tanto a trabajadores como a pequeños comerciantes: el modelo que tiene como elementos zonas de vivienda desparramadas en urbanizaciones y gigantescos centros de comercio, conectados por el automóvil privado que los convierten en islas rodeadas de estacionamientos desolados. Este modelo de vivienda, desarrollo urbano, transportación y comercio destruye valiosas tierras agrícolas, envenena el ambiente en general, atrofia los vecindarios y la vida en la calle y asfixia al pequeño detallista que no tiene espacio ni en el vecindario, ni la carretera ni el centro comercial. Esto conviene a algunos desarrolladores y megatiendas, pero no a la mayoría de nuestro pueblo.
Tenemos que movernos hacia la creación de vecindarios compactos, que incluyan diversas actividades (cafés, colmados, tiendas, lavanderías, librerías, servicios de todo tipo) a los que se llega a pie y en transporte público eficiente y que den verdadera vida a nuestras aceras. Esa es la atmósfera en que el pequeño comercio puede coexistir con empresas públicas o cooperativas de mayor escala.
1. El gobierno del PPT promoverá el desarrollo de sistemas de transporte colectivo confiable, cómodo, eficiente y seguro que reduzcan la dependencia casi exclusiva en el transporte individual que tiene efectos terribles sobre el desarrollo urbano, el uso de terrenos y la contaminación ambiental. Puerto Rico tiene una extensión relativamente pequeña, susceptible de una red de transporte colectivo eficiente que garantice la movilidad y minimice sus formas más destructivas del ambiente y de las comunidades. Favorecemos la creación a mediano y largo plazo, que debe iniciarse inmediatamente, de un sistema integrado de ferrocarriles, trenes de cercanía, y espacios para el uso de la bicicleta, que nos liberen de la dictadura del automóvil privado, con todas sus consecuencias ambientales, urbanas y sociales.
2. Al facilitar el transporte colectivo se facilita el acceso de poblaciones vulnerables o tradicionalmente discriminadas como las de las mujeres a nuevas oportunidades de estudio, empleo y de participar en la vida económica, cultural, política y social.
Reconstrucción urbana y desarrollo comunitario
Promoverá el desarrollo de vecindarios integrados, con espacios de vivienda, espacios públicos y actividades comerciales y de servicios, e incluso agrícolas, relativamente cercanas unas de otras, que estimulen la vida comunitaria. Para dichos fines promoverá el estudio de experiencias de este tipo en Estados Unidos y otros países. Los vecindarios integrados deben incluir cuido de la niñez y centros de estudios supervisados que permiten a las mujeres integrarse con mayor facilidad y tranquilidad a las actividades productivas y de todo tipo.
El desparramamiento urbano y el deterioro de las condiciones en los centros urbanos son procesos que se refuerzan mutuamente. El deterioro de los centros incentiva el desparramamiento y el desparramamiento fomenta el abandono de los centros. Es necesario detener ambos procesos restaurando los centros urbanos a través del fortalecimiento de formas efectivas de transporte colectivo, la construcción de vivienda adecuada y de bajo costo, la restauración de escuelas, servicios de salud, cuidado y el mantenimiento adecuado de parques.
Diseñar y desarrollar vecindarios más amigables al movimiento a pie y en bicicleta, incluyendo la construcción de aceras para peatones y la creación de caminos y carriles para las bicicletas.
Apoyamos que no se siga expropiando y desahuciando destruyendo comunidades, sino mas bien mejorar las estructuras e infraestructura en sitio cuando es posible.
Nos oponemos al desplazamiento de comunidades y, en el caso de comunidades empobrecidas y marginadas por el tipo de política económica vigente, favorecemos el desarrollo de proyectos participativos y cooperativos de desarrollo económico comunitario que exploren formas de organización y propiedad colectiva, como el fideicomiso, del tipo que ya se ha experimentado en Puerto Rico pero que se encuentra amenazado por las políticas privatizadoras.
El sector cooperativo, a través de un estrecho vínculo de su sector de ahorro y crédito y las cooperativas de vivienda puede ser un medio importante para la recuperación de proyectos de vivienda construidos que se encuentran desocupados y para el fomento de vivienda a bajo costo que cumpla con los objetivos de satisfacer las necesidades ciudadanas, fomente un nuevo tipo de ciudad comunitaria y reduzca los impactos ambientales negativos.
Como parte de ese nuevo urbanismo, el gobierno del PPT promoverá el diseño y construcción de casas equipadas para el uso de energía solar y de comunidades que utilicen formas renovables de energía y que estén habilitadas para compartir el uso de equipos.
El PPT diseñará créditos y agilizará los permisos para la creación de "techos verdes" ya que estos reducen el consumo de energía y a refrescar el entorno.
El PPT agilizará el proceso de permisos para las personas y comunidades que desean utilizar terrenos baldíos para desarrollar jardines y huertos comunitarios, producción de comporta, y otros usos.
Las personas sin hogar tienen carencias agudas como la falta de hogar con su seguridad física y emocional, la falta de aseo y comida regular, la falta de cuido de su salud, la falta de protección contra el hostigamiento y el crimen, entre otros.
El PPT reafirma el derecho a la vivienda como derecho humano universal, consignado por la Declaración Universal de Derechos humanos y reconocido por la Ley 130 del 2007.
El PPT favorece la propuesta de la Fondita de Jesús de crear incentivos (créditos /subsidios) que promuevan el desarrollo de 30,000 unidades de alquiler en áreas urbanas, con acceso a transportación y servicios, para personas de muy, muy bajos ingresos según necesidades de condición física y mental que nos muestran los estudios demográficos. Apoya igualmente requerir que las unidades a desarrollar cumplen con unos requisitos mínimos (144 pies cuadrados con baño y cocina en el apartamento - especialmente los “Single Room Occupancy”) para que cualifiquen para cualquier incentivo, crédito o subsidio.
Adoptamos igualmente la propuesta de crear modelo de vivienda e incentivos (créditos /subsidios) para el desarrollo de vivienda para venta de costo de menos de 70,000.
Estas propuestas deben ser cónsonas con nuestra perspectiva de crear comunidades más compactas, más apropiadas para el transporte colectivo, que detengan el caótico y destructivo proceso de desparrame urbano.
Proponemos hacer un inventario de tierras y/o estructuras que no han sido utilizadas en los últimos 5 años que puedan emplearse para desarrollo de vivienda y/o servicios para personas sin-hogar.
1. Promoverá el uso racional del agua. Promoverá el diseño y adopción de planes de manejo de dicho recurso en las diversas cuencas hidrográficas de la isla. Impulsará la conservación y restauración de los recursos acuíferos tanto superficiales como subterráneos para todos sus usos (consumo individual, producción, agrícolas y recreativos); el mejor tratamiento a nuestras aguas usadas con el objetivo de reciclarlas para usos agrícolas; la maximización del rendimiento del agua para la agricultura con sistemas de riegos por goteo; el aumento de la capacidad de recolección de agua de lluvia y la reducción de las pérdidas por escorrentías.
2. El gobierno del PPT se asegurará que todas las comunidades rurales cuenten con servicio de agua potable. El agua debe ser un recurso disponible para todo el pueblo.
1. Impulsará la reducción del uso de los suelos para enterrar basura priorizando, en este orden: el uso de materiales amigables al ambiente en los centros de producción, el compostaje, el reúso, el reciclaje y otras alternativas.
2. Se promoverá el desarrollo de industrias que utilicen materiales reciclados.
3. Puerto Rico es un de los países que más desperdicios sólidos genera por cada habitante. Estos “desperdicios” son una abundante de materias primas. El gobierno promoverá a través de préstamos, garantías de préstamos, e incentivos contributivos el establecimiento de industrias de reciclaje, incluyendo la producción de composta para la agricultura.
4. Será política pública del gobierno usar material reciclado en sus trabajos y se aprobará legislación que establezca requisitos mínimos de uso de materiales reciclados por industrias y empresas que lo ameriten.
IV. Por la organización de los trabajadores y las trabajadoras
Consideramos que el crecimiento de la organización sindical es un ingrediente indispensable de un Puerto Rico democrático y solidario. La organización sindical es el medio necesario que tienen los trabajadores y trabajadoras para reunirse, compartir sus preocupaciones y formular sus exigencias. Quien mejor conoce los problemas y necesidades de los trabajadores en cada empresa o agencia son los trabajadores y trabajadoras mismos. No puede existir una verdadera democracia sin organización efectiva y democrática de los trabajadores y trabajadoras para negociar colectivamente sus condiciones de paga, trabajo, empleo.
A pesar de que en Puerto Rico la ley reconoce el derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva en el sector privado, lo cierto es que la amenaza de despido y el hostigamiento han eliminado en la práctica ese derecho democrático. De igual forma, para cumplir su función de representar y defender el bienestar de los trabajadores y trabajadoras, los sindicatos deben caracterizarse por un funcionamiento transparente y democrático. El Partido del Pueblo trabajador está comprometido con la creciente organización sindical de los trabajadores y trabajadoras como aspecto indispensable de toda democracia saludable. Para rescatar y garantizar el derecho de los trabajadores y las trabajadoras a la organización sindical y a la negociación colectiva, proponemos:
1. Legislación y una política pública activa que fomente y facilite la organización sindical en todas las empresas y talleres y que castigue las violaciones de dicho derecho.
2. La aprobación de una verdadera ley de sindicalización del sector público que reconozca el derecho a organizar sindicatos libre del control del gobierno y que reconozca el derecho a la huelga, incluyendo a los trabajadores y trabajadoras de la rama judicial y los empleados y empleadas municipales.
3. La aprobación de una ley que prohíba y penalice la contratación de rompehuelgas.
4. Creación de centros de trabajadores y trabajadoras como espacios de reunión, discusión, orientación sobre derechos e iniciativas de trabajadores y trabajadoras no organizados, sobre todo los empleados en pequeñas localidades que trabajen en condiciones precarias (cadenas de comida rápida y similares). Fuerte penalidad al hostigamiento patronal por participación en dichos centros.
5. Que toda empresa privada que disfrute de algún beneficio, subsidio, incentivo o contrato del gobierno tenga la obligación de renunciar al desarrollo de campañas anti-sindicales encaminadas a evitar que sus trabajadores y trabajadoras se organicen.
6. Reconocer el derecho de los trabajadores y trabajadoras en huelga a recibir los beneficios del seguro por desempleo y de asistencia pública.
V. En defensa del nivel de vida de las mayorías asalariadas
Rechazamos la falsa teoría del goteo, que proclama que el aumento de las ganancias de las empresas se traduce automáticamente en más empleo y mejoras en el nivel de vida del pueblo trabajador. Consideramos que el país no puede prosperar si se empobrece al pueblo, limitando su poder de compra. Favorecemos medidas que ante los golpes de la crisis aseguren los niveles de vida alcanzados por la mayoría asalariada. Entre otras medidas proponemos:
1. Que los salarios se ajusten periódicamente a la tasa de inflación, sobre todo al costo de los productos de primera necesidad.
2. El ajuste automático al pago de pensiones para compensar los aumentos en el costo de la vida.
3. La implantación de aumentos escalonados del salario mínimo, que permitan asegurar un aumento en los niveles de vida de las grandes mayorías.
4. Que se asegure el salario mínimo para todos los trabajadores y las trabajadoras en Puerto Rico, incluyendo a quienes laboran en restaurantes y otros establecimientos que hoy reciban menos del mínimo.
5. La compensación por horas extras trabajadas será siempre a base de tiempo doble del salario pagado por las horas regulares.
6. Reconocer el derecho de las personas que trabajan a tiempo parcial de acumular y disfrutar licencia por vacaciones y enfermedad.
7. Evaluar los decretos del Departamento del Trabajo que permiten o fomentan excepciones a las leyes laborales y a los beneficios a los cuales las personas trabajadoras deben tener derecho. (Los beneficios en la industria de la aguja, por ejemplo, son menores que en otras industrias y quienes se afectan mayormente por esto son mujeres.)
8. Garantizar una licencia por vacaciones mínima de 20 días laborables al año y una licencia por enfermedad de 15 días laborables al año para los trabajadores y las trabajadoras de la empresa privada.
9. Enmendar la Ley de Despido para establecer el derecho a reposición en el empleo en caso de despido injustificado, así como el pago de los salarios dejados de percibir.
10. Ampliar la licencia por maternidad de ocho (8) a doce (12) semanas, con sueldo completo, para las trabajadoras en la empresa privada. Reconocer la concesión de dicha licencia a casos de adopción.
11. Que dicho periodo de licencia no sea considerado como “enfermedad” a los fines de las políticas de ausentismo, evaluaciones, ascensos y aumentos de salario.
12. Establecer una licencia de paternidad de treinta (30) días, con sueldo completo. Reconocer la concesión de dicha licencia a casos de adopción.
13. La falta de cuido infantil es una de las razones por las que muchas mujeres se ven excluidas de empleos o no puedan ascender a puestos directivos. No es coincidencia que un porcentaje más alto de las familias encabezadas por mujeres esté bajo el nivel de pobreza comparadas con las familias encabezadas por hombres. Favorecemos la aprobación de una ley que requiera el establecimiento de centros de cuidado infantil en los centros de trabajo o, en la alternativa, el pago de una suma para el cuido de niñas y niños hasta la edad escolar.
14. Reconocer como parte de la política pública que las mujeres tienen por lo general ingresos más bajos que los varones, ocupan y se les relega a empleos peor pagados, enfrentan dificultades particulares para acceder y completar estudios superiores y avanzar en carreras profesionales de diverso tipo. Apoyaremos todas las medidas que contribuyan a una plena igualdad de la mujer en todas las áreas de la actividad social.
15. Trabajaremos para eliminar la brecha salarial que existe entre mujeres y hombres en nuestro país. Debe cumplirse el mandato constitucional de igual paga por igual trabajo. Esta brecha salarial no sólo se ve reflejada en la paga más baja que reciben las mujeres que realizan el mismo trabajo que un hombre. Será necesario aumentar los salarios en las profesiones compuestas mayormente por mujeres, en las que la remuneración tiende a ser menor que en aquellas compuestas mayormente por hombres.
16. Asimismo, el gobierno del PPT impulsará que los beneficiarios de asistencia nutricional puedan obtener empleo sin que se reduzcan sus beneficios en una etapa transicional a mediano plazo.
VI. Combatir el desempleo y sus efectos, promover la igualdad y el tiempo libre
El desempleo, el subempleo, la precariedad del empleo implican graves dislocaciones en la vida de las personas y de las comunidades. La posibilidad de aportar activa y creativamente a la reproducción de la comunidad conviene, tanto al desarrollo de las capacidades y habilidades de la persona; a su capacidad para actuar como agente autónomo en la vida social, como al deseo de la comunidad de usar todos sus recursos humanos para garantizar el bienestar de todos y todas. Se ha documentado a la saciedad el efecto del desempleo en la salud física y mental, las relaciones de parejas y familia, el avance del alcoholismo y otras adicciones, la violencia, y la deserción escolar, entre otras áreas. Es necesario garantizar empleo con paga adecuada.
Por otro lado, aspiramos a un desarrollo cada vez más variado de cada individuo, así como a su incorporación a las más diversas esferas de la actividad social, lo cual depende del aumento de tiempo libre disponible para dichas actividades más allá del tiempo de trabajo.
En fin: Hay que trabajar para vivir, pero no vivir para trabajar. Por eso estamos contra el desempleo y contra los bajos salarios que nos obligan a trabajar cada vez más y nos privan del tiempo libre. Vivir mejor no es la esclavitud para tratar de comprar más, sino consumir lo necesario con menos impacto ambiental y trabajar menos. Por eso favorecemos el aumento del empleo y del tiempo libre, la mayor igualdad social y el aumento de la demanda efectiva a través de una progresiva reducción de la jornada sin reducción de salario.
1. Una reducción inicial a 7 horas diarias y 35 horas semanales sin reducción de salario.
2. En caso del cierre de operaciones de alguna empresa debe reconocerse el derecho de los trabajadores a solicitar la entrega de equipo, maquinaria y planta física para ser operada de forma cooperativa. Debe crearse una división del gobierno que asesore a los trabajadores en cuanto a la viabilidad del proyecto y recomiende las formas de apoyo gubernamental que cada paso de empresas recuperadas amerite.
3. El gobierno del PPT impulsará las cooperativas, empresas comunitarias y las corporaciones especiales propiedad de trabajadores como medio para el desarrollo económico del país.
4. Medidas y programas para fomentar iniciativas de trabajo comunitario, tanto de servicios como de mejoras físicas o incluso tareas productivas, incluyendo licencias pagas del empleo regular para la participación en dichos proyectos. (Equivalente a una reducción de la jornada de trabajo tradicional sin reducción de paga para la realización de otras actividades).
5. El gobierno del PPT impulsará como política pública que las personas empleadas a jornada parcial gocen de beneficios tales como seguro médico, licencias de enfermedad o vacaciones. Será política pública del gobierno del PPT que todo trabajador o trabajadora tenga un empleo que perciba ingresos para tener una buena calidad de vida, en un ambiente digno y gozando de buena salud.
VII. Por la solidaridad y la seguridad social: Ampliación del sector público y garantía de servicios
Una comunidad solidaria exige una creciente igualdad social y la garantía de servicios fundamentales para todos los seres humanos. Con el objetivo de crear una sociedad más solidaria y garantizar servicios a todo el pueblo proponemos las siguientes medidas.
En Puerto Rico existe un sistema de educación desigual que provee una educación excelente para unos pocos y una educación cada vez más degradada para la mayoría. Estudiantes y docentes en el sistema de educación pública sufren los problemas de planta física deteriorada, falta de materiales. Mientras muchos sufren el problema de una cantidad excesiva de estudiantes por maestro o maestra, otros se ven obligados a atender grupos más pequeños en los que, sin embargo, algunos o muchos estudiantes tienen necesidades especiales. Todos fomentan la creciente deserción escolar abierta y disfrazada (estudiantes matriculados pero se ausentan crónicamente de la escuela o realizan poca labor escolar.) Aumenta el analfabetismo funcional. Los maestros y maestras padecen el autoritarismo de los administradores, gobernados por los vaivenes del partidismo, y la falta de tiempo de formación.
A pesar de que el gobierno invierte una cantidad fenomenal de fondos en la educación, la calidad de la misma se deteriora cada vez más. Se derrocha dinero en talleres mal concebidos y en escuelas aceleradas por módulos sin ninguna garantía de progreso educativo real. Se contratan compañías privadas para monitorear programas de educación especial, sin garantías de respeto al derecho a la privacidad de padres y estudiantes o la preparación de dichas empresas para cumplir tal función.
Es necesario revertir el creciente desastre de la educación pública en Puerto Rico. Un sistema educativo de excelencia es ingrediente necesario tanto para el florecimiento de la democracia, como para el desarrollo integral de cada persona y para el desarrollo económico. Para garantizar el acceso a la educación para los hijos e hijas del pueblo pobre trabajador, proponemos:
Una reforma educativa que desmantele la burocracia del Departamento de Educación y que transforme la educación en una actividad democráticamente organizada por el magisterio, estudiantes, madres y padres y demás personal que forma parte de la comunidad educativa. A tales fines se creará una Comisión de Reforma Educativa que inicie un proceso de consulta con los sectores mencionados dirigida el desarrollo e implementación de dicha reforma.
Dicha reforma debe incluir la restructuración del área de Recursos Humanos y establecer el principio del mérito como eje central de las acciones de personal, la reducción al mínimo del personal de confianza y de la burocracia central innecesaria y del personal y presupuesto asignado al nivel central del Departamento de Educación.
En lo inmediato debe garantizarse la existencia del Comité de Organización Escolar en cada escuela para canalizar la participación de maestros/as, estudiantes y padres y madres en las decisiones.
Dicha reforma debe acompañarse de medidas que permitan alcanzar objetivos como reducir el número de estudiantes por grupo; reducir el problema de la deserción escolar abierta o disfrazada; ampliar y/o actualizar los ofrecimientos académicos (incluyendo áreas relacionadas con la agricultura, artes en su sentido más amplio, incluyendo danza, teatro, música, etc., cooperativismo, ecología y energía renovable, derechos democráticos como sindicación, cooperativismo, punto de vista de género); ampliar los programas de educación de adultos y para reducción del analfabetismo y del analfabetismo funcional.
Se integrará al currículo la política de protección ambiental a todos los niveles.
Favorecemos el fomento de las cooperativas juveniles como parte de la educación cooperativista.
Favorecemos la creación de programas educativos especiales adaptados a los horarios y necesidades de las jóvenes embarazadas y madres adolescentes para que éstas puedan completar sus estudios.
Crear un plan de acción afirmativa para incentivar la participación plena de las mujeres en las escuelas vocacionales del sistema de educación pública.
Renfocar las campañas de prevención de deserción escolar para que apelen a las mujeres jóvenes que por razones de violencia, embarazos prematuros o circunstancias económicas (entre otras) optan por abandonar sus estudios secundarios.
Se enfatizará igualmente la capacitación de las personas para el aprecio de las necesidades, los derechos y formas de asistir a las personas de edad avanzada, o discapacitadas física o mentalmente, o que sufren limitaciones de movilidad.
Favorecemos enfocar la disciplina escolar desde un punto de vista preventivo y rehabilitador, no punitivo, a cargo de equipos interdisciplinarios por distrito.
Proponemos restructurar los servicios de educación especial. Como primer paso: lograr que el Departamento de Educación cumpla con los requisitos de ley, incluyendo la contratación de personal docente y de trabajo social capacitado, entrenamiento del personal existente y la compra del equipo y los materiales necesarios para que las niñas y los niños con necesidades especiales tengan la oportunidad de aprender y desarrollarse plenamente.
Promovemos igualmente la garantía y otorgamiento de servicios relacionados a la educación especial en cada escuela, para que los estudiantes puedan recibirlos sin tener que se perjudique o interrumpa el resto de su proceso educativo (por necesidad de traslado a otro pueblo para recibir terapia del habla, por ejemplo). Debe proveerse igualmente personal suficiente para atender los casos de estudiantes que están limitados a sus residencias (homebound).
Apoyamos retornar a la organización escolar a base de periodos de 50 minutos para ampliar la oferta académica en la escuela pública.
Debe proveerse comida saludable y nutritiva en las escuelas y debe excluirse la venta de comida-basura o junk food en las escuelas (Se define comida saludable como rica en vitaminas, minerales, proteína y fibra. Se define junk food como comida alta en grasas trans y saturadas, con azúcar y sal añadidas y relativamente bajas en vitaminas, minerales, proteína y fibra).
Promoveremos el consumo en los comedores escolares productos agrícolas del país como parte de la política para el desarrollo de nuestra agricultura.
Se garantizará los cursos de Bellas Artes, Educación Física y Salud en las escuelas públicas a todos los niveles, desde el kínder al 12mo grado.
Promoveremos la educación física, la recreación y el deporte como parte del proceso educativo. Dotar a los Departamentos de Recreación y Deportes y de Educación de los recursos económicos y humanos necesarios para alcanzar ese objetivo. (Ver punto más adelante en esta sección referente a la educación física, la recreación y el deporte).
Debe cumplirse la ley que establece que exista un componente de salud escolar en el sistema de educación pública. Debe garantizarse un maestro/a especialista en salud en cada escuela pública y en todos los niveles escolares (desde kínder a 12mo) y que estos cursos sean compulsorios.
Promovemos la evaluación formativa de los docentes, dirigida a mejorar la labor educativa, eliminando el actual enfoque punitivo y represivo.
Proponemos la Derogación de la Ley 78 que en la actualidad establece las causales para la formulación de cargos al magisterio y se elabore un proceso justo y equitativo para procesar querellas y situaciones laborales.
Proponemos suprimir contratación externa en las áreas en que el Departamento de Educación cuenta con los recursos para atender las tareas asignadas.
Favorecemos el retiro del magisterio a los 25 anos de servicio sin requisito de edad.
Garantizar un salario justo al magisterio ($3,000 como salario básico)*
Proponemos el desarrollo de las escuelas como espacios de actividad comunitaria, incluyendo la creación de centros de estudio y bibliotecas de comunidad.
Creemos necesario detener la contra-reforma universitaria que se está elaborando a espaldas de la comunidad universitaria y que se pretende imponer sin debate y consideración democrática e impulsar una verdadera reforma universitaria para que el sistema universitario público sea regido por los profesores y las profesoras, trabajadores y estudiantes.
El PPT asume como propuesta inicial sujeta al debate de la comunidad universitaria la propuesta de gobierno universitario formulada por el Comité de Reforma Universitaria del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras. Dicha propuesta contempla la elección de Senados Académicos por docentes y estudiantes. El nombramiento de Rectores y Decanos ejecutivos por los Senados y la selección de los Decanos de Facultad por Comités de Selección de cada Facultad integrados por docentes y estudiantes. Los Senados elegirán igualmente a los representantes estudiantiles y docentes que, junto a los Rectores conformarán la Junta Coordinadora de Gobierno, que será el organismo máximo del gobierno universitario y que nombrará al Presidente, entre otras funciones.
El PPT apoya la democratización del acceso a la educación universitaria. Se compromete a impulsar y movernos en la dirección de un sistema universitario público gratuito, abierto a los que tengan interés y aptitud para los estudios superiores. Durante el tiempo que tome alcanzar esta reivindicación, proponemos que no se aprueben nuevos aumentos en matrícula (o cuotas y equivalentes) y que se elabore un plan para su reducción progresiva con el objetivo de alcanzar la gratuidad.
Favorecemos igualmente la creación de plazas docentes y el fin a la proliferación de contratos precarios en la educación superior.
En la actualidad, la reducción de fondos públicos coloca a la universidad a merced fondos privados y la subordina a las prioridades, plazos y formas de funcionamiento determinados por la lógica de la ganancia de la empresa privada. El objetivo y necesidad de que la empresa privada contribuya a la educación pública debe lograrse a través de impuestos que generen fondos que se empleen de formas que se hayan determinado de acuerdo a las necesidades y planes de desarrollo social y económico fijados democráticamente. Impulsamos una revisión de los criterios de admisión en el sistema universitario público, para que éste responda a los intereses del pueblo pobre y trabajador.
Como parte de los mecanismos para ampliar el acceso del pueblo trabajador a la educación universitaria consideramos se deben explorar las propuestas del Comité de Reforma Universitaria del Consejo General de Estudiantes del Recinto de Río Piedras de (a) eliminar el mínimo de Índice General de Ingreso como criterio de ingreso a la UPR y que se admita a los estudiantes con mejor record hasta completar el cupo disponible y (b) crear un sistema de admisiones escalonado (al sistema y a los programas) que facilite la entrada al ámbito universitario de estudiantes con desventajas.
Proponemos el acoplamiento de programas en la UPR (economía, ciencias sociales y naturales, agronomía, educación, trabajo social, humanidades y las artes, administración pública y de empresas, relaciones laborales y cooperativismo, entre otros) a los planes de reconstrucción económica y social.
El PPT promoverá que se utilicen los recursos humanos de la UPR (docentes, no docentes, y estudiantes) para promover proyectos dirigidos a resolver problemas económicos, sociales y ambientales en Puerto Rico.
Propondremos un aumento del presupuesto general de la Universidad de Puerto Rico y la aprobación de fondos especiales para el desarrollo de la infraestructura física y electrónica de la Universidad. Rechazamos las diversas maneras en que pasadas administraciones han evadido el compromiso de garantizar el presupuesto de la UPR de acuerdo a la fórmula fijada por la ley. Para empezar proponemos que la base a partir de la cual se computa el por ciento de los fondos público que le toca a la UPR incluya los ingresos de los fondos especiales separados del fondo general creados mediante legislación que reciben ingresos generados por imposiciones contributivas, aranceles, licencias, aportaciones de personas, donativos de entidades y otros recaudos propios de organismos gubernamentales.
La educación física, la recreación y el deporte deben promoverse y garantizarse como parte de un plan integral de salud y bienestar físico y mental gestado, administrado y atendido por personal (maestros y maestras de educación física, recreacionistas, preparadores físicos, entrenadores deportivos) que cuente con la preparación profesional y la experiencia requerida en dichas disciplinas.
En Puerto Rico la subordinación de los Departamentos de Educación y de Recreación y Deportes a los manejos de la política partidista asegura una prestación caótica e inadecuada de servicios, la pérdida de recursos, talento y dinero en gestiones inútiles, en el mejor de los casos, a la vez que facilitan la corrupción, en el peor de los casos.
Abundan las facilidades mal diseñas o desatendidas. En algunos casos, como la utilización inadecuada de deportes competitivos para niños, lo que debiera ser una actividad formativa llega a tener un efecto dañino.
Es imperativo desarrollar un programa integral de educación física, de recreación y del deporte que tome en cuenta tanto las diferencias como la relación de estas actividades: la educación física como disciplina interesada en la formación integral, física, mental emocional y social a través de la actividad física predominantemente vigorosa; la recreación como medio para proveer oportunidades de diversión con el propósito de bienestar y esparcimiento (que comprende ejercicios en sentido amplio, incluyendo el baile en todas sus formas, yoga, y el uso de gimnasios, pistas, parques, playas, etc.) y el deporte juego formal que se conduce por las normas reglas y protocolos establecidos por alguna entidad.
Para tales fines es necesario:
Colocar la educación física y la recreación bajo la dirección, administración y gestión de personas capacitadas en esas áreas.
Articular el uso adecuado de facilidades físicas (espacios, instalaciones, equipos), recursos humanos (maestros, gestores, entrenadores) y programas y servicios. Los programas de educación física deben desarrollarse por el Departamento de Educación, los de recreación y deportes deben estar a cargo del Departamento de Recreación y Deporte, pero en ambos casos estas áreas deben estar a cargo de personas especializadas en las disciplinas correspondientes. De igual forma, debe existir una estrecha coordinación entre ambas agencias en lo referente a este tema.
El gobierno del PPT nombrará una comisión especial, compuesta por especialistas (expertos en educación física, entrenadores y recreacionistas), que tendrá el objetivo de formular un nuevo plan integral para estas actividades. Dicho plan debe tomar en cuenta la necesidad de promover, no sólo el deporte organizado, sino también la educación física para todos los y las estudiantes y los medios de recreación que deben estar a la disposición de toda la población.
La privatización del sistema de salud en Puerto Rico ha conllevado su secuestro por las aseguradoras. Las aseguradoras fijan las primas y los deducibles, aprueban tratamientos y con el sistema de "capitation" convierten a los proveedores en racionadores de servicios. El afán de lucro se traduce en la búsqueda de cualquier medio para negar servicios al paciente y desincentivar al paciente de que busque servicios o haga reclamaciones. Se abandona toda política y planes de prevención. Para colmo, una porción cada vez más grande del costo del sistema de salud corresponde a gastos burocráticos y trámites comerciales necesarios para la contabilidad de las ganancias de las aseguradoras pero que nada tienen que ver con el servicio al paciente.
Necesitamos un sistema de salud cuya razón de ser sea, no la ganancia de grandes proveedores o aseguradoras sino la salud del paciente. Un sistema que reduzca la burocracia, garantice el acceso a los servicios y trabaje el área de la prevención además de la curación.
Conviene destacar que la protección de la salud no puede separarse de otros aspectos de este programa: la salud se relaciona con los ritmos de trabajo y el tiempo libre, los niveles de contaminación ambiental, la calidad de los alimentos y bebidas, la educación para salud en las escuelas, entre otros aspectos. Reducir la jornada laboral, crear empleos seguros, crear medios colectivos de transporte, reconstruir la agricultura son todos elementos que también son necesarios para mejorar la salud en Puerto Rico.
En ese sentido, será política del gobierno del PPT la eliminación de los modelos fracasados de la Reforma de Salud y Mi Salud por un seguro universal, en el que toda persona pueda participar sin importar sus ingresos, modelo democrático y solidario, que enfatice tanto la prevención como la remediación.
Trabajaremos con organizaciones y coaliciones de médicos, trabajadores y trabajadoras de la salud y los y las pacientes para aprobar legislación que progresivamente regule las ganancias y acciones de las aseguradoras, devuelva a los médicos la determinación de los tratamientos necesarios, establezcan un seguro médico universal del tipo pagador único (como los que existen en Canadá, Australia y Taiwán, entre otros países y similar al Medicare) y que reconstituyan un servicio de salud público (como el que existe en Gran Bretaña y otros países), lo cual debe ser nuestro objetivo.
Como parte de este proceso, es necesario evaluar los elementos del sistema público de salud estructurado en niveles desmantelado para dar paso a la privatización que sea valioso y positivo recuperar en el futuro.
De igual forma, es necesario atender la falta de planificación en el ofrecimiento de servicios que priva a diversas regiones de los últimos y obliga a miles de pacientes a trasladarse al área metropolitana al recibir los servicios que necesitan.
La mejora en las condiciones de empleo de enfermeras y enfermeros y demás trabajadores de la salud es igualmente indispensable para detener el flujo hacia el exterior de recursos valiosos cuyos talentos el país deja de aprovechar.
Entre otras medidas favorecemos una evaluación de la calidad de los servicios pre-natales, de parto y post-natales que reciben las mujeres en la isla, con el objetivo de mejorarlos y hacerlos accesibles a todas las mujeres que los necesiten.
Tan importante como la salud prenatal, de parto y postnatal es la salud preconceptiva, que se define como el cuidado de salud de las mujeres desde la menarquía (primera menstruación) hasta el inicio del embarazo, lo que incluye reducir factores de riesgo, prevención de infecciones de transmisión sexual y métodos de control reproductivo. El PPT se compromete a promover programas que atiendan la salud de las mujeres, incluyendo la prevención.
El PPT favorece el parto humanizado y considera que debe atenderse el problema del número excesivo de cesáreas. Un diálogo serio entre médicos y enfermeras parteras debe conducir a la adopción de una nueva práctica que humanice el parto a la vez que ofrezca opciones y asegure la salud de las parturientas y los fetos bebés y elimine las cesáreas innecesarias.
Garantizar el acceso a servicios de salud relacionados con los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y hombres, incluyendo entre otros aspectos el acceso a pruebas de Infecciones de transmisión sexual (ITS), métodos de planificación familiar y terminaciones de embarazo.
El PPT favorece medidas que aseguren los servicios que necesita la población afectada por el SIDA y VIH-positiva, incluyendo la continuidad de sus tratamientos y su medicación y la no discriminación y el respeto a la legislación existente por parte de los proveedores de servicios de salud.
Como parte de la prevención del VIH-SIDA y el tratamiento adecuado y el respeto de los derechos de la población afectada por esas condiciones el PPT promoverá programas de educación sexual y de explicación del uso de métodos de protección. Dicha educación no debe ser una campaña de abstención sexual que reduce la sexualidad a un riesgo sino que debe reconocer tanto que la sexualidad es una aspecto maravilloso se nuestra humanidad, como el hecho de que una parte de los jóvenes están y estarán sexualmente activos y debe educar a los jóvenes en la práctica de una sexualidad responsable. En el caso de las escuelas dicha política debe adoptarse expresamente a través de una carta circular a tal efecto
No debe discriminarse el acceso a servicios de salud por razón de origen nacional o estatus de inmigración. En Puerto Rico, las mujeres inmigrantes, como, por ejemplo, las mujeres dominicanas, a menudo enfrentan serios problemas de acceso a servicios de salud. El PPT trabajará para subsanar está situación y erradicar todo obstáculo y práctica discriminatoria.
Nadie debe carecer de los servicios médicos que necesita. Mientras no logremos el seguro de salud universal debemos asegurar que los servicios de salud incluya un modelo de salud especializado para las personas sin hogar parecido o igual al “Health Care for the Homeless”.
La sociedad privatizada y centrada en la competencia que nos han impuesto genera desprecio por los otros y trata con particular indiferencia a y brutalidad a los más débiles y vulnerables, sean los enfermos, las personas con discapacidades físicas o mentales y las personas de edad avanzada. El PPT apoyará medidas para promover la autonomía personal, la participación en la sociedad, la movilidad de dichos sectores.
Para garantizar el disfrute de una vejez digna para todos los seres humanos, proponemos:
1. En política social, el gobierno del PPT se asegurará de que los participantes de los programas de asistencia nutricional cuenten con una nutrición saludable y adecuada, y favorecerá que los agricultores puedan beneficiarse de la implantación de modelos nutricionales a nivel general.
2. Oponernos a la política de privatización de sistemas de pensiones y/o su transformación de sistemas de beneficios garantizados en sistemas dependientes del rendimiento variable de fondos de inversión.
3. Favorecemos la creación, paso a paso, de un sistema universal de retiro para todos, que incluya al sector público y privado, a las personas que no cumplen con los requisitos del Seguro Social Federal, o cuyos ingresos por dicho concepto son inaceptablemente bajos y a las amas de casa que han dedicado su vida al trabajo doméstico sin recibir salario.
4. Proponemos el establecimiento de complejos residenciales para las personas de edad avanzada que se han quedado sin familia, que provean recreación, cuidado médico y cuidado general de manera que contribuyan adecuadamente a la condición física y mental de éstas.
5. Proponemos realizar un estudio de las necesidades económicas de las personas de edad avanzada, para crear los espacios económicos, programas y apoyos que les garanticen una vejez digna y libre de pobreza. Dicho estudio debe tomar en cuenta las necesidades particulares de las mujeres.
6. Asegurar que se les ofrecen a las Personas sin Hogar los debidos servicios de comida, baño y lugar de dormir, como lo requiere la Carta de Derechos de la Ley 130.
En términos generales nos oponemos a la privatización en cámara lenta a través de la política de creciente subcontratación de labores de empleados públicos, dañina para la calidad del servicio y las condiciones de trabajo.
VIII. Por la defensa y la ampliación de la democracia
Proponemos una verdadera reforma electoral democrática que facilite la participación electoral más allá de los partidos que monopolizan la política desde hace décadas y la participación efectiva de los ciudadanos en los procesos de gobierno. Favorecemos una reforma de financiamiento de las campañas que fomente un verdadero debate de ideas y ofrezca iguales oportunidades a las diversas corrientes, que combata el monopolio de los partidos millonarios y dé verdadero espacio a los partidos y organizaciones de sectores trabajadores y desposeídos.
Sobre el proceso electoral y la representación:
Es absurdo que un partido no quede inscrito aunque reciba más votos que los endosos requeridos para inscribirse por petición (3% de votos a gobernador). Proponemos una enmienda a la ley electoral para que quede inscrito todo partido que reciba 2% de los votos a gobernador en las elecciones generales.
Favorecemos la creación de una legislatura unicameral, en que cada partido tenga representación proporcional al número de votos obtenidos.
Proponemos una comisión que estudie diversos sistemas electorales que existen en diversos países (sistema de rondas, voto preferencial) para hacer propuestas que hagan a los cuerpos electos más representativos del sentir del electorado. Se ha comprobado que los sistemas de representación proporcional proveen un reflejo más exacto del apoyo con que cuentan los partidos, facilitan la representación de minorías políticas y grupos discriminados, incluyendo la representación y elección de mujeres, y promueven una más alta participación electoral. Entre los sistemas de votación y representación proporcional que deben explorarse se encuentran Votación por selección (Choice Voting), Votación Mixta (Mixed-Member Voting), Votación cerrada por lista de partido (Closed Party List Voting), Votación abierta por lista de partido (Open Party List Voting).
Favorecemos extender a Puerto Rico el mecanismo de presupuesto participativo adaptándolo a nuestra situación. Este modelo permite la participación ciudadana directa en la determinación de las prioridades de los presupuestos municipales.
En la actualidad las elecciones son una competencia a ver quien tiene más dinero: el tamaño de la cuenta de banco cuenta más que las ideas. Favorecemos una reforma del financiamiento de campañas que reduzca al mínimo la intervención de fondos privados en el proceso electoral y asigne una cantidad igual del fondo electoral a los diversos partidos: que compitan todos los programas e idea en igualdad de condiciones.
La cantidad que se asignará a cada partido cada año no excederá $300,000 anuales, que es la cantidad que se asigna a cada partido en la actual ley para un año no electoral.
Favorecemos que la cantidad asignada se reduzca progresivamente y se remplacen parte de esos fondos con el acceso de cada partido a determinadas cantidades de tiempo en la radio y TV, páginas en los periódicos, etc.
Favoreceremos el mecanismo de tiempo igual, disponible para todas las colectividades políticas, para difundir sus ideas.
Favorecemos la implantación de un mecanismo de revocación que permita a los electores remover un funcionario electo luego de completar mitad del mandato.
Sobre el proceso legislativo:
Reducción sustancial del salario de los legisladores y legisladoras.
El PPT se compromete a presentar legislación dirigida a transformar la legislatura en una más representativa y democrática pero menos costosa que incluya, entre otros aspectos, una sola cámara, la reducción de beneficios económicos a los legisladores/as y asesore/as, representación proporcional al número de votos obtenidos, etc.
Mientras no se apruebe legislación a tales efectos. Las legisladoras y legisladores del PPT que resulten electos en las elecciones de noviembre de 2012:
En el caso de los cheques correspondientes al pago de dietas, cada legislador/a del PPT habrá de endosar el mismo, pagadero a nombre de alguna institución sin fines de lucro y/o de servicio a mujeres maltratadas, niños y niñas sin hogar, hogares de envejecientes o deambulantes, etc. Cada legislador/a mantendrá un registro público, a través de Internet, en que se identifiquen todas las entidades que reciban dichos donativos.
Los procesos actuales para la aprobación de proyectos son anti-democráticos, caros y sus resultados a menudo son destructivos. Las vistas de diverso tipo se realizan limitando la participación ciudadana y de las comunidades. Dichos procesos cuando generan legítima oposición o cuestionamientos conducen a costosos y prolongados procesos de apelación, litigios y demandas. Resulta más democrático y barato un proceso que desde el principio de plena participación a las comunidades y ciudadanos, que disemine información y permita una discusión pública del impacto de los proyectos. Tal proceso democrático redundará en el ahorro de millones en litigios y en mejores decisiones. Quien único puede oponerse a tal procedimiento son los que pretendan imponer proyectos dañinos contra la voluntad de la ciudadanía.
Sobre la conducción de las campañas electorales y el comportamiento de sus candidatos, portavoces y militantes, el PPT adopta los siguientes "Principios Éticos para una Campaña Electoral de Altura en Puerto Rico" formulados por el Comité Ad Hoc para una Campaña Electoral de Altura de la Asociación de Psicología de Puerto Rico:
Rechazar cualquier medio violento como mecanismo para hacer política, debatir públicamente o llevar mensajes a la ciudadanía. Esto incluye, desde manifestaciones negativas y hostiles de tipo verbal o físico, hasta el daño a la propiedad, la manipulación y la difamación.
Reconocer que el debate político y la propaganda deben centrarse en la presentación de ideas y las plataformas de gobierno propuestas, y no en la difamación, los ataques personalistas o el anonimato.
Reconocer que cualquier proceso electoral se convierte en un medio de educación pública. Los partidos políticos, candidatos y candidatas y entidades que manejan su campaña publicitaria, tienen una responsabilidad ética y social de velar porque se cumpla con un modelaje de civismo. Esto incluye proteger el ambiente mediante el uso apropiado de pancartas y promociones.
Reconocer la obligación de toda persona involucrada en el proceso electoral, incluyendo a sus candidatos, candidatas y portavoces, de conducirse con civilidad, honradez y transparencia.
Presentar propuestas específicas y en lenguaje sencillo que la población en general comprenda, que estén dirigidas al bienestar de nuestro país, y que no menosprecien la capacidad del electorado de asumir sus propias posturas y tomar decisiones de manera informada.
Cumplir con las regulaciones y disposiciones establecidas por las leyes que rigen los procesos electorales en Puerto Rico.
Prevalencia del respeto, la evidencia, y los fundamentos racionales al establecer denuncias, debatir o refutar posturas contrarias.
Cada candidato o candidata, al ejercer su liderato, debe establecer vínculos de respeto y honestidad con la comunidad, para que puedan generar en el electorado la confianza y la aspiración a una verdadera representación de sus ideales.
Respetar los derechos de libertad de expresión que cobijan a toda la ciudadanía en Puerto Rico.
Adoptar reglas para un debate público de altura, que garanticen que se mantendrá el clima de respeto y civilidad necesario para adherirse a los principios éticos aquí establecidos.
El PPT adopta igualmente las guías tituladas las "Características de un Buen Candidato o Candidata a Puestos Electivos" también elaboradas por Comité Ad Hoc para una Campaña Electoral de Altura de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Nuestro partido considera que el comportamiento de nuestros candidatos y candidatas debe acogerse a esta descripción del buen candidato o candidata:
Se dirige de forma respetuosa hacia otros candidatos o candidatas.
Contesta preguntas de forma clara y directa.
Presenta propuestas en un lenguaje sencillo para atender los problemas del país.
Los anuncios políticos de su campaña contienen mensajes positivos y constructivos.
Evita el uso de insultos y ofensas cuando identifica diferencias con otros candidatos o candidatas.
Muestra conductas apropiadas hacia las personas que le acompañan en su campaña.
Sostiene sus argumentos y críticas con evidencia sólida y pública.
Está dispuesto/a a aceptar ideas positivas que pueden presentar otros candidatos o candidatas.
Contra la discriminación, por la libertad de conciencia y los derechos reproductivos:
El PPT está comprometido plenamente con la defensa de los derechos de palabra, reunión, asociación y petición.
El Partido del Pueblo Trabajador reconoce y promueve que se reconozca el derecho de toda persona a tomar sus decisiones sobre la planificación familiar de acuerdo a sus necesidades y creencias. Defiende, por tanto, el derecho de todo hombre y de toda mujer a escoger los mecanismos contraceptivos de su preferencia y defiende el derecho de la mujer al aborto. Para hacer efectivos estos derechos, el Partido del Pueblo Trabajador favorece que el estado garantice los servicios de educación, orientación y salud sexual y reproductiva a toda la ciudadanía, así como el acceso a distintos métodos anticonceptivos.
Promovemos la implantación adecuada de la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, asignando los recursos necesarios para garantizar el acceso de las mujeres a los servicios que le permitan radicar querellas, proteger sus bienes y vida y la de sus familias. Esto debe incluir el aumento del número de fiscales asignados a los casos de violencia doméstica para que sea proporcional al número de querellas de esta índole que se radican.
Favorecemos proveer a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres con los fondos necesarios para desarrollar campañas efectivas de prevención y educación a la comunidad sobre las causas y efectos de la violencia en contra de las mujeres y cómo evitar los incidentes, al igual que para adelantar sus investigaciones de querellas, así como la evaluación de asuntos relativos a las mujeres.
Promovemos revisar los anuncios, publicaciones y manejo de medios por parte del gobierno para asegurarse de que éstos sean equitativos por género y no promuevan roles estereotipados que impidan el acceso de las mujeres a los servicios de éste y su pleno desarrollo.
El PPT se adhiere a los principios y objetivos enunciados en la "Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer" adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1979.
Impulsaremos un programa intensivo de educación de todo personal de seguridad para la erradicación de cualquier forma de discriminación en el curso de sus funciones.
El PPT rechaza y descontinuará la práctica de que los oficiales de la policía estatal y las policías municipales realicen las tareas que corresponden a las agencias de inmigración.
Toda propuesta del PPT debe atender el aspecto de género, es decir, debe tomar en cuenta el legado de desigualdad de la mujer y la necesidad de superarlo lo antes posible.
Favorecemos eliminar de los Códigos de Orden Público y de cualquier otra reglamentación u ordenanza las cláusulas que criminalizan y atentan contra la vida, seguridad u otros de los demás derechos humanos y democráticos de las personas sin hogar.
Impulsaremos la adopción de protocolos de sensibilización que la Ley 130 requiere a las agencias del gobierno. En programas de adiestramiento y empleo tomar en cuenta necesidades y los derechos de las personas sin hogar. Asegurar que se incluye entre los requisitos de graduación de la Academia de la Policía el que los cadetes participan en taller de sensibilización y derechos de las personas sin hogar
Proponemos levantar, mantener y hacer accesible data de cada vez que la policía interviene con las personas sin-hogar según establecido por la Ley 130.
Favorecemos revisar la discreción que la Ley 179 de 6 de diciembre de 2007 le otorga a los administradores de los centros comerciales mediante los Códigos de Conducta para evitar el discrimen contra las personas sin hogar.
IX. El problema de la violencia y la criminalidad
El problema de la violencia y la criminalidad que arropa a Puerto Rico no tiene una sola causa, como plantean análisis simplistas. Es el resultado de diversos procesos que deben ser atendidos desde diversos ángulos. Existen soluciones, pero no son únicas ni pueden ser simplistas. Una cosa está demostrada: más cárceles y la bravuconería de la llamada "mano dura" no ha resuelto y no resolverá el problema. La experiencia demuestra que pretender reducir la criminalidad con la mano dura y más cárceles es engañarse.
La raíz del problema y la violencia se encuentran en la realidad de una sociedad cada vez más fragmentada y desigual. Una sociedad en que la gran mayoría no encuentra empleo, y en que la mayoría de los empleos no son seguros ni bien remunerados.
Atacar la pobreza, la desigualdad social, el deterioro de las escuelas, la falta de empleo y las perspectivas de no encontrar empleo, el culto de la competencia y del enriquecimiento a costa de los demás es atacar también las raíces más profundas del problema de la violencia generalizada que caracteriza nuestra sociedad.
Buena parte de la violencia que arropa al país se vincula al narcotráfico. Hay que atacar el problema desde todos sus ángulos. Hay crear empleos y mejorar las escuelas. Hay que tratar la adicción como un problema de salud. Maltratando al reo no se soluciona el problema de la violencia. Al contrario, se perpetúa. En este terreno, como en la economía y la educación para sacar a Puerto Rico del camino al desastre es necesario adoptar nuevas iniciativas. Insistimos que:
Se ha demostrado el fracaso del régimen de prohibición y represión para atender el problema de la adicción o del consumo de diversas sustancias. Dicho régimen mezcla indebidamente diversas sustancias adictivas y no adictivas y con consecuencias sobre la salud muy distintas. Por otro lado, lejos de minar, crea el espacio en que florece el mercado ilegal de sustancias.
Es necesario abandonar el modelo prohibicionista cuyo fracaso es evidente. Hay que tratar a adictos y personas convictas por delitos que no conllevan violencia contra personas de manera distinta a las personas convictas por actos violentos. Se deben implementar verdaderos programas de rehabilitación y formas alternas a la prisión tradicional. Es necesario crear programas que faciliten la reintegración de las personas que han cumplido sus condenas a la comunidad.
Es necesaria una política diferenciada que incluya: a legalización de la mariguana, el ataque al narcotraficante, el lavado de dinero y el tráfico ilegal de armas, la despenalización de la posesión de otras substancias y la creación de proyectos de medicalización y rehabilitación del adicto.
Es necesaria una política que legalice el consumo de ciertas sustancias, atienda el problema de la adicción como un problema de salud y organice formas de trabajo con los adictos que asfixie el narcotráfico. Para ello deben explorarse diversos programas de manejo y tratamiento.
El PPT favorece la ampliación de programas de jeringuillas y otros que permitan reducir el contagio de VIH-SIDA y otras enfermedades como resultado del uso compartido de jeringuillas. Estos programas deben ser parte del proyecto más amplio para atender la adicción como problema de salud y no problema carcelario.
No puede combatirse la criminalidad sin un compromiso serio con la rehabilitación de las personas que han incurrido en delitos. Esto no puede lograrse con un sistema de cárceles que es poco más que un sistema de almacenamiento de confinados. Debe ser objetivo del sistema de justicia rehabilitar y reintegrar adecuadamente a las personas a la comunidad de forma tal que se reduzca la posibilidad de que reincidan en la actividad delictiva.
Es necesario crear programas de transición y reintegración del ex confinado o confinada a la comunidad, que incluyen apoyo en la búsqueda de empleo, vivienda, etc.
Está demostrado que el aumento del nivel educativo reduce grandemente la tendencia a reincidir en actividad delictiva. Toda persona encarcelada debe tener la oportunidad de avanzar hasta completar el equivalente de la escuela superior.
Es necesario diferenciar la forma en que se atienden diversos tipos de delito. La prisión y la privación de libertad no deben ser los únicos recursos para atender el problema del delito o las violaciones de ley. Deben usarse más bien en casos de actos que involucren violencia y otros delitos muy graves. Casos que no involucren violencia contra personas deben atenderse con otros mecanismos como libertad bajo palabra o supervisada, instituciones intermedias (halfway houses), grilletes electrónicos, servicio comunitario, restitución a los afectados.
La prisión y la privación de libertad no debe ser el mecanismo para atender casos de delitos que no involucren violencia contra personas relacionados con la adicción o la posesión para el consumo de sustancias controladas.
El sistema penal en Puerto Rico fue diseñado en su mayor parte para una población masculina. El PPT considera que deben desarrollarse programas de rehabilitación para las mujeres privadas de libertad, así como asegurar que las instituciones penales cuentan con las facilidades (de salud preventiva y curativa, sanitarias, etc.) y el personal necesario para atender sus necesidades como mujeres.
Personas encarceladas por la mera posesión o consumo de mariguana que no hayan incurrido en violencia contra personas deben ser objeto de una amnistía general. Personas encarceladas por la posesión para el consumo de otras substancias que no hayan incurrido en violencia contra personas deben ser redirigidas a instituciones o programas de rehabilitación y reintegración a la comunidad.
Defendemos la honrosa tradición de nuestro país que en 1929 abolió la pena de muerte y que en 1952 la prohibió constitucionalmente.
Favorecemos la creación de comisiones de supervisión ciudadana con poder de citación que investiguen las querellas por abuso o violación de derechos contra la Policía y otras agencias de seguridad.
X. Promover la creación artística y el aprecio por el arte en sus diversas formas
La cultura no es una acumulación de objetos de consumo o de espectáculos disponibles a los que puedan pagar. Es un conjunto de actividades, individuales y colectivas, de creación y de disfrute compartido de las obras y espectáculos resultantes. Existe en Puerto Rico una abundancia de talento y capacidad creativa que se pierde y desperdicia al no tener ocasión ni medios para emplearse.
La creación artística (literaria, musical, plástica, teatral, cinematográfica, entre otras formas diversas de creatividad) es una de las expresiones más importantes de la actividad humana. La posibilidad de participar en la creación o el disfrute del trabajo artístico es un aspecto enriquecedor en la vida de todo ser humano. En Puerto Rico se margina y menosprecia la creación artística y en ocasiones se maltrata a los que la practican y promueven. Además, el tiempo dedicado al análisis de políticas públicas existentes o posibles sobre cultura artística es muy limitado y frecuentemente excluye a muchas voces asociadas a la creación y disfrute de prácticas artísticas.
Para contrarrestar esta situación, apoyar a los gestores y creadores culturales, así como beneficiar a la audiencia que reside en Puerto Rico, proponemos:
Analizar el estado de las instituciones culturales en Puerto Rico y revisar de inmediato la legislación cultural existente para evitar la duplicidad de esfuerzos y la desintegración de programas dedicados a la promoción y gestión cultural a nivel estatal, municipal y comunitario.
Sostener diálogos con artistas, promotores y representantes de instituciones culturales públicas, privadas y comunitarias a nivel estatal, regional e internacional que favorezcan y garanticen el desarrollo de políticas públicas sobre cultura artística a tono con prácticas globales y nuevas tecnologías, sin menospreciar formas tradicionales de producción artística a nivel local.
Garantizar que estos diálogos con artistas, promotores y representantes de instituciones culturales públicas, privadas y comunitarias a nivel estatal, regional e internacional generen alternativas viables para minimizar la precariedad en la situación de vida de la mayoría de los artistas locales.
Promover residencias e intercambios de artistas locales y sus obras a nivel estatal, regional e internacional a través del apoyo a instituciones culturales como el Instituto de Cultura, sus centros culturales en y fuera de Puerto Rico y otras redes de apoyo artístico.
Impulsar e informar sobre diversas formas de apoyo económico a artistas independientes y organizaciones comunitarias que promuevan el quehacer artístico y la educación de la cultura en Puerto Rico mediante prácticas tradicionales o contemporáneas.
Mantener y defender la enseñanza de arte y música en el currículo del Departamento de Educación de Puerto Rico.
Ampliar la oferta de cursos y actividades escolares para que incluya diversos tipos de danza y músicas tradicionales, así como actividades académicas y de recreación relacionadas con círculos de poesía y muestras mensuales de trabajos artísticos realizados por niños, jóvenes y adultos de distintas escuelas y comunidades.
Defender y apoyar económicamente a la Escuela de Artes Plásticas, el Conservatorio de Música y las Escuelas Libres de Música, así como programas educativos públicos para jóvenes de distintos trasfondos socioeconómicos con intereses artísticos.
Favorecemos reproducir esas escuelas en más regiones para garantizar el acceso de estudiantes con talento a programas especializados.
Establecer un mínimo de horas de transmisión de cine y programas de radio y televisión producidos en Puerto Rico en los medios de comunicación locales.
Deben disponerse significativas obligaciones de servicio público a las empresas transmisoras de radio y televisión. Debe monitorearse el cumplimiento de esas obligaciones y revocarse la licencia de las entidades que no cumplan con éstas.
Garantizar que la Corporación de Cine de Puerto Rico opere ágilmente y le brinde apoyo a los realizadores de cine a nivel local para el desarrollo de películas y documentales en Puerto Rico. Además, favorecemos establecer una cuota garantizada en las salas de cine para la proyección de obras cinematográficas realizadas en Puerto Rico.
XI. Hacia una solución democrática y solidaria al problema del status
El llamado problema del status es un tema ineludible de nuestra situación como país. Ningún partido responsable puede evadir este problema. Más aún: la abrumadora mayoría del país reconoce que la actual organización política del país exige cambios profundos, aunque existen diversas posiciones sobre la dirección que tal cambio debe tomar.
Una parte del país considera que el estatus de Puerto Rico no es colonial y que ya existe un grado de autonomía significativo, razón por la cual solo haría falta hacer algunos cambios para mejorar o culminar el ELA. Otra parte del país considera que Puerto Rico es una colonia.
Ante esta situación, se plantean tres alternativas descolonizadoras: la estadidad como parte de los EE.UU., la autonomía más plena (conocida por "libre asociación") y la independencia. Ahora bien, independientemente de la posición que podamos tener unos y otros, TODOS y TODAS estamos insatisfechos con el estatus actual y TODOS y TODAS estamos de acuerdo que hacen falta cambios, ya sean cambios menores (ELA culminado) o cambios más profundos (estadidad, autonomía soberana o independencia).
1. El Partido del Pueblo Trabajador está abierto a estadistas, autonomistas e independentistas que estén dispuestos a trabajar juntos por el programa inmediato que aquí esbozamos, es decir, por un Puerto Rico democrático, solidario y sustentable.
2. El Partido de Pueblo Trabajador defiende el derecho del pueblo de Puerto Rico a determinar libremente su status político mediante un procedimiento democrático, justo, participativo y sin presiones indebidas.
3. El Partido del Pueblo Trabajador considera que tales procesos no deben ser meras expresiones de opinión, sin que haya compromiso de implantar sus resultados; deben ser resultado de un diálogo abierto y no una imposición de quienes en cierto momento gocen de mayoría legislativa; no deben estar diseñados para favorecer una opción y deben estarán acompañados de un proceso de educación y discusión sobre el tema del status. No se puede ni se debe tratar de enfrentar un asunto tan serio como este con imposiciones, manipulaciones y politiquerías.
4. El PPT considera que los dirigentes tanto del PNP como del PPD se han burlado de los ideales autonomistas y estadistas que históricamente han contado con el apoyo de sectores importantes de nuestro pueblo. Los dirigentes de ambos partidos han convertido esos ideales estadistas y autonomistas en banderas politiqueras para recabar el apoyo de los electores y subir a puestos de gobierno, para luego gobernar y legislar a espaldas y contra los intereses del pueblo que los eligió, a la vez que han sido incapaces de atender el tema del status.
5. Lejos de la politiquería y la manipulación del tema del estatus, Puerto Rico y sus grandes mayorías trabajadoras necesitamos un debate serio sobre el tipo de economía y de actividades productivas que requiere nuestro país, y sobre los diversos mecanismos posibles para dilucidar el asunto del estatus, que mejor corresponda con ese tipo de economía. ¿Qué opciones convienen más al desarrollo integral de nuestra economía? ¿Qué opciones convienen más al pueblo trabajador? ¿Qué opciones convienen más a la creación de una relación de colaboración y de mutuo beneficio con el pueblo de Estados Unidos? Es necesario abordar estas preguntas seria y serenamente.
6. Si queremos abordar seriamente el tema del estatus desde el punto de vista del pueblo trabajador y no de los políticos que nos manipulan, pero que no nos representan, el primer paso que debemos dar es separarnos de esos partidos y de sus líderes que con su corrupción manchan los ideales que dicen defender. Ningún autonomista honesto y sincero, ningún estadista honesto y sincero, debe tener ya ninguna confianza en los líderes del PPD o del PNP.
7. Si queremos preparar el terreno sólido para la solución del problema del estatus, tenemos que organizarnos como pueblo trabajador fuera de esos partidos caducos para defendernos de sus medidas antipueblo y antiambiente; para impulsar medidas que promuevan una economía viable y sustentable en Puerto Rico; y para abrir un verdadero diálogo entre todos los sectores de nuestro pueblo sobre la forma de solucionar el tema del estatus.
8. Al igual que en el caso de nuestra propuesta de reconstrucción económica consideramos que un proceso de redefinición de nuestra relación política con Estados Unidos encontrará sus mejores aliados en los movimientos sociales en dicho país interesados en forjar una nueva relación democrática y solidaria con todos los pueblos del mundo. Junto a esos sectores promoveremos tantos propuestas de reconstrucción económica como de relaciones de igualdad y colaboración con el pueblo norteamericano.
9. Nuestra crítica de los privilegios de las grandes empresas norteamericanas en Puerto Rico y de los políticos que las representan no plantea un conflicto o una aversión a las aspiraciones del pueblo norteamericano. Al contrario, nuestra perspectiva solidaria se siente hermana de las luchas democráticas y sociales en Estados Unidos, a diferencia del PNP y del PPD que, a pesar de sus declaraciones de "americanismo" y de "unión permanente" no se identifican con esas luchas, ni se vinculan a esas aspiraciones.
10. La mayoría trabajadora, incluyendo a los millones de puertorriqueños y puertorriqueñas que residen en Estados Unidos, necesitan un gran proyecto de reconstrucción nacional, que incluya el relanzamiento de grandes obras públicas y renovación urbana, que provean tanto servicios necesarios como empleos. La contraparte externa de esa política debe ser una nueva política exterior, dirigida, no a explotar el planeta, sino a elevar los niveles de vida de todos los trabajadores y trabajadoras, para que las miserias de unos no puedan ser usadas por los patronos para obtener concesiones a los otros.
11. El Partido del Pueblo Trabajador debe establecer lazos de colaboración con todos los sectores, corrientes y organizaciones en Estados Unidos que actúen en esta dirección. Junto a ellos impulsaremos nuestras propuestas de reconstrucción económica que libere a Puerto Rico de su base económica raquítica actual y al pueblo norteamericano del envío de fondos a la isla.
787.303.0440
pueblotrabajador.com

References: Artículo 23
 Artículo 24
 Artículo 25
 Artículo 26
 Artículo 27
 Artículo 21
 Artículo 19
 Artículo 5
in fine