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SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y GARANTÍA EQUIVALENTE DE LOS ADMINISTRADORES CONCURSALES
26 diciembre, 2012 /0 Comentarios/en Derecho Mercantil Español /por CIALT Asesores Legales y Tributarios
1.- Nueva regulación de los administradores concursales
Con la actual normativa concursal que busca la profesionalización de uno de los principales órganos del concurso, como es, la administración concursal, dado el crecimiento del número de concursos en el país, llega a nuestro ordenamiento jurídico el desarrollo normativo del seguro o garantía equivalente de responsabilidad civil de la administración concursal con una cubertura mínima obligatoria.
Desde ese punto de vista, la entrada en vigor de la última reforma realizada en la legislación concursal española (Ley 22/2003) mediante la Ley 38/2011, de 10 de Octubre, por la que se altera sustancialmente el sistema del órgano de Administración concursal, ya que no sólo trae como consecuencia la posibilidad de que las personas jurídicas sean designadas Administradores concursales cumpliendo con la exigencia legal de tener incorporado, al menos, un abogado en ejercicio y un economista, garantizando la debida independencia y dedicación en el ejercicio de las funciones de administración concursal (art. 27.1º 2), sino que prevé, que es la cuestión que ahora nos ocupa, como nuevo presupuesto para la aceptación del cargo de la Administración Concursal, la acreditación de tener “suscrito un seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente proporcional a la naturaleza y alcance del riesgo cubierto […] para responder de los posibles daños ocasionados en el ejercicio de sus funciones”.
Cuando entró en vigor la citada reforma, se habilitó al Gobierno para que en el ejercicio de labor reglamentaria desarrollara los parámetros legales del seguro de responsabilidad civil y garantía equivalente de los administradores concursales previsto en el artículo 29.1 de la Ley Concursal (LC), tal y como se encuentra redactado actualmente a raíz de su reforma.
En este orden de ideas, el Real Decreto 1333/2012 publicado el 6 de octubre de 2012 da respuesta al mandato legal y pone sobre las mesa el modelo institucional denominado seguro responsabilidad civil o garantía equivalente de los administradores concursales (RSRG). De manera que, contamos con un régimen legal que se encarga de trazar las directrices de los seguros de responsabilidad civil de los administradores concursales para todos aquellos concursos en los que se hubiese suscrito el seguro a fecha 1 de enero de 2012, dándose una fecha límite de dos meses desde su entrada en vigor para que sean adaptados, esto es, antes del 7 de Diciembre de 2012 (Disposición Transitoria única).
No obstante, cabe decir que siendo esta figura un presupuesto de obligado cumplimiento para ejercer el cargo, se prevén excepciones en el caso de que el nombramiento como administrador concursal “recaiga en una administración pública o una entidad de derecho público vinculada o dependiente de ella”; previsión igualmente aplicable al personal técnico de la Comisión Nacional del Mercado Valores o consorcio de compensación cuando sean designados administradores concursales.
2.- Desarrollo reglamentario del seguro de responsabilidad civil de los administradores concursales.
a) Previsiones generales.
El mencionado seguro puede entenderse como aquella institución, en virtud de la cual, se sistematizan las potenciales lesiones producidas en la masa activa causadas por el desempeño del cargo de los administradores concursales. De esta forma, se indican quiénes son los sujetos legitimados para solicitar la reparación del daño y cuál es el sujeto que viene obligado a indemnizarlos.
Por ello, es importante recalcar que en los daños y perjuicios sufridos en la masa activa, el que viene obligado a indemnizar al deudor concursado y/o a los acreedores es el asegurador, y no el asegurado, aunque sobre este último sea sobre quien recaiga el deber de aportar el seguro o garantía para el desempeño del cargo de administrador.
De esta manera, debemos dejar por sentado la notoria y relevante posición que supone el seguro de responsabilidad civil o garantía equivalente en el concurso, ya que, de su naturaleza se desprende el carácter de ser comprendido como presupuesto imprescindible o condictio sine quonun para aceptar el cargo de administrador o, como dice la exposición de motivos, “no se trata de […] un seguro por concurso, sino de un seguro para ser administrador concursal o, más exactamente, para poder aceptar el cargo y para poder desempeñarlo a lo largo del concurso”.
Esto ha significado que el elemento o característica principal que la LC ha consagrado sobre la Administración Concursal en el concurso, traiga consigo que, por un lado, deba adoptarse una mayor profesionalización en el órgano de administración, y por otro, que sean seguras las funciones de administrador. Con ello se logra que la profesionalización que supone el ejercicio del cargo de administrador concursal, venga, además, acompañada de una garantía acorde a su responsabilidad.
De tal forma, en el mismo momento de aceptación del cargo, se deberá justificar o acreditar ante el secretario del correspondiente juzgado la suscripción vigente del seguro con el asegurador o, garantía equivalente, con la entidad de crédito, a cargo del administrador concursal, sin perjuicio de que los administradores concursales puedan incluir “otras coberturas que libremente se pacten entre las partes, así como ampliar el ámbito y los límites de cobertura (art. 10 RSRG).
Asimismo, el contrato de seguro o garantía suscrita deberá reflejar la obligación por parte del asegurador o entidad de crédito de cubrir los riesgos dentro de los límites mínimos exigidos por la Ley (artículo 1 y 8 del RSRG). En este mismo orden de ideas, se prevé una cierta relación de comunicación entre el juzgado y los aseguradores o entidades de crédito, ya que, por un lado, el juzgado deberá notificar a estos el nombramiento, aceptación y cese del administrador concursal. En contra partida, a los aseguradores o entidades de crédito se les exige el deber de comunicar e informar sobre las modificaciones o vicisitudes concernientes a la relación contractual mantenida con el asegurado.
Desde un punto de vista temporal, la cobertura de seguridad prestada perdurará durante todo el desempeño de la función como administrador concursal, extendiéndose, incluso, durante los cuartos años posteriores a los que haya cesado en su cargo. Con ello, se prolonga la facultad de ejercitar acciones de responsabilidad contra la Administración Concursal, es decir, reclamaciones ex post al cese de su cargo.
Ahora bien, todas las acciones que se ejerciten deberán estar fundamentadas en los “daños y perjuicios causados en la masa activa durante el período” en el que la Administración Consursal ostentaba su cargo. En cuanto a los legitimados, el abanico se encuentra formado por el propio deudor concursado, acreedores, terceros y herederos de éstos que prueben un interés lesionado por las actuaciones u omisiones que se deriven del desempeño de la Admnistración Concursal en el concurso. La amplitud de los legitimados tiene ese alcance porque en realidad su lesión no viene producida directamente, sino por el daño que sufre la masa activa de la que se derivarán una serie de intereses colectivos. Ahora bien, la acción es directa frente al asegurador, ya que en definitiva es él el que viene obligado a dar cumplimiento con la obligación de “indemnizar en los términos previstos por la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de contrato de Seguro” (artículo 11 del RSRG).
b) Límites mínimos de cobertura.
El artículo 8 del RSRG prevé una suma mínima de trescientos mil euros como cobertura en los hechos generadores de responsabilidad de la Administración Concursal, sin olvidar, evidentemente, las ampliaciones de ese mínimo cuando se presenten una serie de características derivadas del concurso o de su condición como Administrador Concursal.
Así, el mínimo asegurado se incrementará a ochocientos mil euros cuando, incluido el concurso aceptado, la Administración Concursal sea a su vez administradora de tres concursos de carácter ordinario.
La RSRG no se olvida de la calificación del concurso prevista en el artículo 27 bis LC que condiciona el nombramiento de los Administradores Concursales cuando el concurso sea de especial trascendencia y por ello eleva el importe asegurado a un millón quinientos mil euros. Es decir, aquellas condiciones subjetivas del deudor común, en las que se toma como criterio la cifra anual del concursado, el importe de la masa pasiva declarada en concurso, el número de acreedores y el número de trabajadores del deudor concursado, dejando a disposición judicial una cláusula general de calificación del concurso de especial trascendencia cuando existan razones de interés público.
Asimismo, la cifra de aseguramiento se verá incrementada conforme lo establece el artículo 8.2 apartado c) RSRG en un impone de tres millones de euros cuando el concursado sea una entidad emisora de valores o de instrumentos derivados que negocien en un mercado secundario oficial o, cuando sea una entidad de crédito. Con ello, observamos que las características subjetivas del deudor común soporta nuevamente un incremento en la cobertura de los hechos que produzcan lesiones en la masa activa.
Por lo que tiene que ver con los Administradores Concursales cuando sean persona jurídica, el mínimo asegurado se cifra en dos millones de euros, que podrá verse incrementado a cuatro millones si se dan las circunstancias antes vistas en el artículo 8.2 c).
Para todos los efectos, habrá que tenerse en cuenta que el seguro o garantía equivalente cubrirá “los gastos necesarios que hubiera soportado el acreedor en el ejercicio de la acción de interés para la masa”.
Para finalizar con este breve comentario al desarrollo reglamentario, es importante recordar que es posible sustituir el seguro de responsabilidad civil por una garantía solidaria equivalente constituida con una entidad de crédito (artículo 12 del RSRG), sin perjuicio, claro esta, de venir suscrito con las mismas características de obligado cumplimiento previstas para el seguro, es decir, mínimo de cobertura y vigencia temporal.
Etiquetas: acreedores, CIALT, concurso, contrato, Derecho, quiebra, responsabilidad, seguro
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References: artículo 29
 Real Decreto 
 artículo 8
 artículo 27
 artículo 8
 artículo 8