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Timestamp: 2017-01-18 01:44:59+00:00

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Nuevo texto refundido de la Ley del Estatuto de los trabajadores - Lexology
Análisis GA&P | Octubre 2015 1 N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto. 1. Sobre la refundición de la normativa laboral 1.1. Tras veinte años de vigencia, el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores de 1995 (RD Leg. 1/1995, de 24 de marzo; BOE de 29 de marzo) ha sido sustituido por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre (BOE de 24 de oct.). Dada en Oviedo el 23 de octubre del 2015, coincidiendo con la concesión de los Premios Princesa de Asturias, esta nueva norma contiene un artículo único de aprobación, una disposición derogatoria única con expresión específica de diez apartados, noventa y dos artículos, veintiuna disposiciones adicionales, doce disposiciones transitorias y dos disposiciones finales. Las sucesivas reformas laborales llevadas a cabo tras la aprobación en 1995 del texto anterior hacían aconsejable un nuevo texto refundido. La pretensión del legislador comienza con la Ley 19/2013, de 9 de diciembre (BOE de 10 de dic.), de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuya disposición adicional segunda contenía un mandato para que la Administración General del Estado llevara a cabo una revisión, simplificación y, en su caso, una consolidación normativa de su ordenamiento jurídico. Si resultara necesario, podría proponerse la elaboración de textos refundidos. Con tal intención se aprueba la Ley 20/2014, de 29 de octubre (BOE de 30 de oct.) por la que se delega en el Gobierno la potestad de dictar diversos textos refundidos en virtud de lo establecido en los artículos 82 y siguientes de la Constitución española, entre ellos, la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo de doce meses a partir de su entrada en vigor (el 31 de octubre del 2014), apruebe diversos textos refundidos en los que se integren, debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas, las leyes y demás normas enumeradas en su artículo primero, así como las normas con rango de ley que las hubieren modificado y las que, afectando a su ámbito material, puedan, en su caso, promulgarse antes de la aprobación por el Consejo de Ministros de los textos refundidos que procedan y así se haya previsto en ellas. En este sentido, con este nuevo texto refundido y con esta nueva Ley del Estatuto de los Trabajadores se pretende evitar la dispersión de la legislación laboral, reforzar la seguridad jurídica del ordenamiento y hacer más asequible para los destinatarios de la norma su correcto conocimiento y aplicación. 1.2. Con carácter general, el nuevo texto mantiene íntegramente la estructura del texto en vigor, salvo en las disposiciones últimas, que se reestructuran en su totalidad. No se introducen, pues, modificaciones, Nuevo Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores Lourdes López Cumbre Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Cantabria Consejera académica de Gómez-Acebo & Pombo Análisis GA&P | Octubre 2015 2 toda vez que se trata de «regularizar, aclarar y armonizar» las leyes vigentes. De ahí que se subrayen, a continuación, las principales novedades surgidas de la refundición en relación con el texto anterior, prescindiendo del detalle sobre la identificación de números, letras y párrafos en el articulado que, como consecuencia de la reordenación, quedan afectados. No en vano, se suceden las renumeraciones internas de preceptos, se integran los apartados bis o ter antiguos en el texto de cada artículo (art. 40), la expresión de las cuantías se define con letras y no con cifras («diez por ciento» en lugar de «10 %», por ejemplo), se sustituyen mayúsculas por minúsculas («comunidades autónomas» en vez de «Comunidades Autónomas», entre otras), desaparecen las siglas («Fondo de Garantía Salarial» por «FOGASA»), etc. Todo ello en aplicación de las directrices de técnica normativa aprobadas por la Resolución de 28 de julio del 2005 (BOE de 29 de julio). Y se constata que la redacción es más fiel en el supuesto de los preceptos introducidos por las reformas más modernas que en otros (arts. 40, 41, 47 o 51). En todo caso, y al margen de la labor de homogeneización y sistematización llevada a cabo por el legislador para refundir, se relacionan en los apartados siguientes algunas de las modificaciones más destacadas. 2. Novedades en el título I sobre la regulación de la relación individual de trabajo 2.1. El capítulo I recoge las disposiciones generales en los artículos 1 a 13, con una división interior en cuatro secciones. Entre las principales diferencias con el texto anterior se encuentran las siguientes: a) El artículo 1.3a modifica su redacción para adaptarse a la normativa vigente en materia de función pública. Dicho precepto contiene la exclusión expresa de la legislación laboral de «la relación de servicio de los funcionarios públicos, que se regirá por las correspondientes normas legales y reglamentarias, así como la del personal al servicio de las Administraciones Pú- blicas y demás entes, organismos y entidades del sector público, cuando, al amparo de una ley, dicha relación se regule por normas administrativas o estatutarias». b) El artículo 2 sustituye la expresión «trabajadores minusválidos» por «trabajadores con discapacidad» en las relaciones laborales de carácter especial y actualiza, asimismo, la descripción de la relación laboral especial de los estibadores portuarios («estibadores portuarios que presten servicio a través de entidades de puesta a disposición de trabajadores a las empresas titulares de licencias del servicio portuario de manipulación de mercancías, siempre y cuando dichas entidades desarrollen su actividad exclusivamente en el ámbito portuario»). El nuevo texto aprovecha, además, para citar relaciones laborales de carácter especial reguladas con posterioridad a 1995 (la de los menores sometidos a la ejecución de medidas de internamiento para el cumplimiento de su responsabilidad penal, la de los especialistas en ciencias de la salud que trabajan como residentes para su formación y la de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos). c) Con carácter general se adapta la terminología al ámbito de la prevención de riesgos laborales para referirse al derecho de los trabajadores a «una adecuada política de prevención de riesgos laborales» o al deber de «observar las medidas de prevención de riesgos laborales que se adopten» o a la prohibición de realizar trabajo por parte de los menores de dieciocho años en aquellas actividades o puestos de trabajo respecto de los que se establezcan limitaciones a su contratación en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (art. 6.2). d) Se incorpora expresamente la obligación del empresario de comunicar a la oficina pública de empleo, en el Análisis GA&P | Octubre 2015 3 plazo de los diez días siguientes a su concertación, el contenido de los contratos celebrados o de las prórrogas, deban formalizarse o no por escrito (art. 8.3 —antes, art. 16—); se excluye la obligación de precisar en la copia básica la referencia al documento nacional de identidad o al número de identidad de extranjero y se introduce la garantía de someter la información facilitada a la normativa sobre protección de datos. e) En todo el texto se sustituye la expresión «jurisdicción competente» por «jurisdicción social» (art. 9.1 y otros). f) En los contratos formativos del artículo 11 se suprime la referencia a «niveles» y «categorías profesionales» cuando se alude a la habilitación a los convenios colectivos de ámbito inferior para determinar los «puestos de trabajo o grupos profesionales» objeto del contrato formativo y se sustituye la referencia a las «contingencias, situaciones protegibles y prestaciones» de la acción protectora por la más correcta de «contingencias protegibles y prestaciones». g) Finalmente, el artículo 12 simplifica sus dos últimos apartados (arts. 12.6 y 12.7) sobre jubilación parcial y contrato de relevo prescindiendo de las referencias a preceptos concretos de la Ley General de la Seguridad Social y remitiéndose de forma genérica a ella. 2.2. El capítulo II regula el contenido del contrato de trabajo por medio de los artículos 14 a 38, estructurados en cinco secciones. Entre otras novedades, destacan las siguientes: a) Las referencias en el artículo 15 a la formación profesional continua se sustituyen por la obligación de los convenios colectivos de establecer medidas para facilitar el acceso efectivo de estos trabajadores a «las acciones incluidas en el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral». b) El antiguo artículo 15.8 sobre el contrato por tiempo indefinido de fijos-discontinuos pasa a ser el artículo 16 sobre «contrato fijo-discontinuo». Aunque en el título no se recoja la regulación, se refiere al contrato «por tiempo indefinido fijo-discontinuo» (en singular por referirse al contrato) concertado para realizar trabajos que tengan el carácter de «fijos‑discontinuos» (en plural al aludir a los trabajos). c) El antiguo artículo 15.9 (certificación de la contratación) se convierte en el nuevo artículo 15.8 y desaparece el artículo 15.10 por el que se autorizaba al Gobierno a desarrollar reglamentariamente lo previsto en este precepto. d) Se menciona expresamente el nú- mero de la Ley Orgánica para la Igualdad E fectiva de Mu jeres y Hombres (LO 3/2007, de 22 de marzo, BOE de 23 de marzo) en el artículo 17.4. e) El artículo 19 pasa a denominarse «seguridad y salud en el trabajo» (en lugar de «seguridad e higiene») con una referencia constante a lo establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, mencionada expresamente. Todo el precepto modifica su dicción para adaptarse a esta última norma (participación, formación, prácticas, delegados de prevención, etc.). f) Desaparece el adjetivo «humana» en la referencia a la dignidad del trabajador del artículo 20 y se sustituye la alusión al «estado de enfermedad o accidente» por la de «estado de salud» del trabajador, acorde con la normativa sobre prevención de riesgos laborales. g) La expresión «discriminación directa e indirecta» se convierte en «discriminación tanto directa como indirecta» en todo el texto (por ejemplo, el artículo 22.3, en relación con la Análisis GA&P | Octubre 2015 4 definición de los grupos profesionales que habrá de ajustarse a «criterios y sistemas que tengan como objeto garantizar la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre mujeres y hombres»). h) El índice de precios por el que se fijará el salario mínimo interprofesional regulado en el artículo 27 será «de» consumo y no «al» consumo, recogiendo lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística. i) La inclusión del «talón» como instrumento para liquidar y pagar el salario en el artículo 29.4 se sustituye por la del «cheque», de conformidad con la normativa cambiaria aplicable. j) La referencia al «paro forzoso» se sustituye por la de «situación de desempleo» tanto en el artículo 35.2 como en el resto del texto. k) En la regulación del trabajo nocturno, a turnos y del ritmo de trabajo, desaparece del artículo 36 —en el derecho a gozar en todo momento de un nivel de protección en materia de salud y seguridad adaptado a la naturaleza de su trabajo—, la alusión a «unos servicios de protección y prevención apropiados» y se mantiene la necesidad de que aquel derecho sea «equivalente al de los restantes trabajadores de la empresa». Asimismo, se sustituye la referencia a la evaluación gratuita «de su salud» por la evaluación gratuita «de su estado de salud», efectuándose la expresa remisión a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en lugar de una referencia más genérica «a la normativa específica en la materia». 2.3. En el capítulo III se mantiene la regulación sobre la modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo en los artículos 39 a 57, distribuidos en cinco secciones. Las novedades más interesantes son las siguientes: a) En el artículo 44 se procede a reubicar la expresión «una vez consumada la sucesión». A diferencia del texto anterior del artículo 44.4 («Salvo pacto en contrario, establecido una vez consumada la sucesión mediante acuerdo de empresa entre el cesionario y los representantes de los trabajadores…»), el nuevo precepto señala: «Salvo pacto en contrario, establecido mediante acuerdo de empresa entre el cesionario y los representantes de los trabajadores una vez consumada la sucesión, las relaciones laborales de los trabajadores afectados por la sucesión seguirán rigiéndose por el convenio colectivo que en el momento de la transmisión fuere de aplicación en la empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma transferida». b) El artículo 45 suprime como causa de suspensión tanto el servicio militar como la prestación social sustitutoria (antiguo art. 45.1e) e incorpora dos relacionadas con la prevención de riesgos laborales, como son el riesgo durante el embarazo y el riesgo durante la lactancia (nuevo art. 45.1e). c) Por su parte, el artículo 46.5 sustituye la referencia al «trabajador excedente» por la del «trabajador en excedencia voluntaria» para aclarar que este último (y no el trabajador excedente) «conserva sólo un derecho preferente al reingreso». d) Del mismo modo, en el artículo 48 se alude a la «incapacidad permanente» y no a la «invalidez permanente», desapareciendo cualquier mención al servicio militar o a la prestación social sustitutoria como causas suspensivas del contrato de trabajo. Se aprovecha esta refundición para reordenar los apartados referidos a nuevas contingencias tales como paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, etc. El antiguo artículo 48 bis sobre suspensión del Análisis GA&P | Octubre 2015 5 contrato de trabajo por paternidad se integra en el nuevo artículo 48 (ahora, art. 48.7). e) El nuevo artículo 53 reordena las referencias en la extinción objetiva por causas discriminatorias y se refiere a los periodos en plural (sustituyendo «periodo de suspensión» por «periodos de suspensión» en el artículo 53.4, por ejemplo), decisión que se reproduce en idénticos términos en el artículo 55. f) El artículo 56 incorpora todo lo relativo al pago por el Estado de los salarios de tramitación, antes regulado en el artículo 57 y ahora en el artículo 56.5, dedicándose el nuevo artículo 57 al proceso concursal y a la regulación de los supuestos de modificación, suspensión y extinción colectivas de los contratos de trabajo y de la sucesión de empresas (antes, art. 57 bis). 2.4. Finalmente, el capítulo IV contiene sólo un precepto, el artículo 58 sobre faltas y sanciones de los trabajadores que reproduce el vigente. Y el capítulo V regula los plazos de prescripción en los artículos 59 y 60, respectivamente. Para las infracciones cometidas por el empresario, el artículo 60 se remite expresamente a la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social (Ley 5/2000, de 4 de agosto; BOE de 8 de agosto). Antes, este mismo precepto señalaba que «las infracciones cometidas por el empresario prescribirán a los tres años, salvo en materia de Seguridad Social». 3. Precisiones en el título II sobre los derechos de representación colectiva y de reunión de los trabajadores en la empresa 3.1. Su capítulo I contiene la regulación del derecho de representación colectiva en los artículos 61 a 76. De entre las novedades más significativas destacan las que a continuación se detallan: a) Se reordenan algunas remisiones y se precisan algunas especificaciones (por ejemplo, cuando se señala en el artículo 67.2 que «la omisión de la comunicación a la empresa podrá suplirse por medio del traslado a la misma de una copia de la comunicación presentada a la oficina pública dependiente de la autoridad laboral, siempre que el traslado de la copia se produzca con una anterioridad mínima de veinte días…», cuando antes se indicaba que «la omisión de la comunicación a la empresa podrá suplirse por medio del traslado a la misma de una copia de la comunicación presentada a la oficina pública dependiente de la autoridad laboral, siempre que ésta se produzca con una anterioridad mínima de veinte días…»). b) La sección segunda regula todo el procedimiento electoral (arts. 69 a 76) con la indicación de las normas sobre la elección de los delegados de personal y miembros del comité de empresa, la regulación de los representantes de los trabajadores que presten servicios en trabajos fijos-discontinuos (antes, «fijos discontinuos») y de trabajadores no fijos, la especificación de los requisitos y funciones de la mesa electoral, el desarrollo de la votación para delegados y comités de empresa o, en fin, el procedimiento establecido para las reclamaciones en materia electoral. c) El artículo 74 precisa, en la regulación sobre las funciones de la mesa electoral, que, una vez que se haya comunicado a la empresa el propósito de celebrar elecciones, ésta, en el término de siete días, «dará traslado de la comunicación a los trabajadores que deban constituir la mesa» cuando con anterioridad se advertía del «traslado de la misma a los trabajadores que deban constituir la mesa». d) El artículo 75.7 recoge las causas de denegación del registro de un acta por la oficina pública dependiente de la autoridad laboral. Antes, las dos últimas causas estaban unidas por la conjunción y, ahora por u al referirse Análisis GA&P | Octubre 2015 6 a la «falta de la firma del presidente de la mesa electoral u (antes y) omisión o ilegalidad en las actas de alguno de los datos que impida el cómputo electoral». 3.2. Por su parte, el capítulo II (arts. 77 a 81) regula el derecho de los trabajadores a reunirse en asamblea, el lugar de reunión, la convocatoria, el régimen de votaciones, así como el derecho a locales y a tablón de anuncios por parte de los representantes de los trabajadores. 4. Escasa labor refundidora en el título III sobre la negociación colectiva y los convenios colectivos 4.1. El capítulo I regula las disposiciones generales y se estructura en dos secciones. La sección primera, sobre la naturaleza y los efectos de los convenios colectivos, comprende los artículos 82 a 86 (concepto y eficacia —art. 82—, unidades de negociación —art. 83—, reglas sobre concurrencia —art. 84—, contenido —art. 85— y vigencia de los convenios colectivos —art. 86—). Por su parte, la sección segunda recoge el artículo 87 (legitimación de la representación de trabajadores y empresario para negociar en los distintos niveles de negociación) y el artículo 88 (constitución de la comisión negociadora). 4.2. Del mismo modo, el capítulo II se estructura en dos secciones. La primera, con los artículos 89 a 91 [trámites de la negociación del convenio colectivo —art. 89—, los requisitos que han de observarse para que el convenio colectivo negociado sea válido (art. 90; conviene matizar que en él se alude a que los convenios colectivos deberán «formalizarse por escrito» en lugar de «efectuarse por escrito», se simplifican las referencias a las publicaciones oficiales, se actualiza la remisión a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social con cita expresa de ésta —Ley 36/2011, de 10 de octubre; BOE de 11 de octubre— y al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades) y las reglas sobre aplicación e interpretación del convenio colectivo —art. 91—]. La segunda, con el artículo 92 sobre adhesión y extensión del convenio colectivo. 5. Las disposiciones adicionales, transitorias y finales de la ley 5.1. Algunas de las veintiuna disposiciones adicionales recogidas por el nuevo texto refundido coinciden en el título —y en el contenido— con las recogidas en el texto anterior [es el caso de las disposiciones adicionales 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª, 10.ª, 11.ª, 12.ª, 13.ª, 15.ª, 17.ª (pasa a ser la 18.ª) y 18.ª (pasa a ser la 19.ª)]. El nuevo texto aprovecha para excluir el trabajo por cuenta propia (ahora, disp. adic. 1.ª; antes, disp. final 1.ª), establecer algunas precisiones sobre los contratos para la formación y aprendizaje (ahora, disp. adic. 2.ª; antes, disp. adic. 1.ª), precisar la regulación del contrato fijo de obra en la negociación colectiva (disp. adic. 3.ª), permitir el mantenimiento de conceptos retributivos reconocidos a los trabajadores con anterioridad al 12 de junio de 1994 (disp. adic. 4.ª), precisar la extensión de las garantías del salario al personal de alta dirección (disp. adic. 5.ª), establecer la representación institucional de los empresarios (disp. adic. 6.ª), permitir la extensión de la regulación de condiciones laborales por rama de actividad (disp. adic. 7.ª), mantener la propuesta de recoger en un código de trabajo la legislación laboral (disp. adic. 8.ª), delimitar funciones de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (disp. adic. 9.ª; antes, disp. final 2.ª), mantener la nulidad de las cláusulas de jubilación establecidas en los convenios colectivos «cualquiera que sea la extensión y alcance de dichas cláusulas» (disp. adic. 10.ª), posibilitar la expedición de certificación acreditativa de la capacidad representativa de las organizaciones sindicales (disp. adic. 11.ª), permitir al Gobierno reducir el plazo de preaviso en determinados sectores (disp. adic. 12.ª), posibilitar la extensión de la solución extrajudicial de conflictos (disp. adic. 13.ª), establecer la inclusión de las víctimas del terrorismo a efectos laborales (disp. adic. 14.ª; antes, disp. adic. 22.ª), Análisis GA&P | Octubre 2015 7 regular la contratación por obra o servicio y el encadenamiento de los contratos en las Administraciones Públicas (disp. adic. 15.ª), aplicar el despido colectivo en el sector público (disp. adic. 16.ª, antes disp. adic. 20.ª), mantener la exclusión de la suspensión de contrato y la reducción de jornada en las Administraciones Públicas (disp. adic. 17.ª, antes disp. adic. 21.ª), remitir a la jurisdicción social las discrepancias en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral (disp. adic. 18.ª; antes, disp. adic. 17.ª), delimitar el cálculo de las indemnizaciones en supuestos de jornada reducida (disp. adic. 19.ª; antes, disp. adic. 18.ª), regular los contratos formativos celebrados con trabajadores con discapacidad (disp. adic. 20.ª; antes, disp. adic. 2.ª) y, en fin, establecer las reducciones en la cotización empresarial a la Seguridad Social de los contratos de interinidad celebrados para sustituir a trabajadores excedentes por cuidado de familiares (disp. adic. 21.ª; antes, disp. adic. 14.ª). 5.2. Para los contratos celebrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley se considerarán aplicables las normas que estuvieren vigentes en el momento en que dichos contratos se concertaron «salvo que otra cosa se hubiere establecido legalmente», ex disposición transitoria 1.ª. Por su parte, la disposición transitoria 2.ª establece la normativa aplicable a los contratos para la formación y el aprendizaje; la disposición transitoria 3.ª, la que resulta de aplicación a los contratos a tiempo parcial por jubilación parcial y de relevo y su edad de jubilación; la disposición transitoria 4.ª, la aplicación de la negociación colectiva en los contratos de duración determinada; la disposición transitoria 5.ª, los límites del encadenamiento en las distintas modalidades contractuales; la disposición transitoria 6.ª, el régimen de horas complementarias pactado con anterioridad al 22 de diciembre del 2013; la disposición transitoria 7.ª, la duración del permiso de paternidad; la disposición transitoria 8.ª, la indemnización por finalización del contrato temporal; la disposición transitoria 9.ª, las normas transitorias en relación con las cláusulas convencionales de jubilación; la disposición transitoria 10.ª, el régimen de regulación de empleo regido por la normativa anterior; la disposición transitoria 11.ª, el cálculo de la indemnización por despido improcedente y, finalmente, la disposición transitoria 12.ª, la aplicación de los salarios de tramitación. 5.3. A diferencia del texto anterior en cuya disposición final única se posponía al 1 de mayo la entrada en vigor de la norma publicada en marzo, este texto refundido recoge dos disposiciones finales, aunque en ninguna se establece la fecha de entrada en vigor de esta ley. La disposición final 1.ª precisa que la norma se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17 de la Constitución que confiere competencia exclusiva al Estado en materia de legislación laboral. Por su parte, la disposición final 2.ª habilita al Gobierno para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean precisas para el desarrollo de esta ley y la posibilidad de dictar las normas necesarias, previas las consultas oportunas con las asociaciones empresariales y las organizaciones sindicales, para la aplicación del título II (de los derechos de representación colectiva y de reunión de los trabajadores en la empresa) en aquellas empresas pertenecientes a sectores de actividad en los que sea relevante el número de trabajadores no fijos o el de trabajadores menores de dieciocho años, así como a los colectivos en los que, por la naturaleza de sus actividades, se ocasione una movilidad permanente, una acusada dispersión o unos desplazamientos de localidad ligados al ejercicio normal de sus actividades y en los que concurran otras circunstancias que hagan aconsejable su inclusión en el título citado. En todo caso, dichas normas respetarán el contenido básico de los procedimientos de representación en la empresa. El Gobierno cumple así con el mandato de refundir en el texto de la Ley del Estatuto de los Trabajadores anterior toda la normativa que le ha sucedido a lo largo de estos veinte años. Con algunas objeciones formales y materiales planteadas Análisis GA&P | Octubre 2015 8 Para más información consulte nuestra web www.gomezacebo-pombo.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@gomezacebo-pombo.com. Barcelona | Bilbao | Madrid | Valencia | Vigo | Bruselas | Lisboa | Londres | Nueva York tanto por el Consejo Económico y Social como por el Consejo de Estado en sus respectivos dictámenes, este nuevo texto ordena una legislación que, en función de la nueva composición parlamentaria, podría llegar a cambiar en un futuro no lejano.

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 artículo 15
 artículo 15
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 artículo 57
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 artículo 92
 artículo 149