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Timestamp: 2018-10-18 03:29:12+00:00

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﻿ SENTENCIA SU-396 DE JUNIO 22 DE 2017 UNIFICACION
SENTENCIA SU-396 DE 22 DE JUNIO DE 2017
CONTENIDO:SANCIÓN DISCIPLINARIA POR INJURIA Y LOS LÍMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. LA FALTA DISCIPLINARIA DE INJURIA DESCRITA EN EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 1123 DE 2007, REQUIERE QUE, EN EL ANÁLISIS DE TIPICIDAD, EL JUEZ VERIFIQUE QUE CONCURRE EL ANIMUS INJURIANDI. EN ESE SENTIDO, PARA QUE SE CONFIGURE LA INJURIA ES PRECISO QUE EXISTAN EXPRESIONES DESOBLIGANTES, QUE AFECTEN LA HONRA DE LA PERSONA A QUIEN SE IMPUTAN, Y SE EVIDENCIE LA CONCIENCIA DE QUIEN HACE LA IMPUTACIÓN, DE QUE EL HECHO ATRIBUIDO TIENE LA CAPACIDAD DE DAÑAR O MENOSCABAR LA HONRA. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN NO AMPARA FRASES NI ALUSIONES INJURIOSAS O QUE COMPORTEN DESCRÉDITO, DIFAMACIÓN, DESPRESTIGIO, MENOSPRECIO O INSULTO. ESTA LIBERTAD AMPARA LA CRÍTICA, QUE PUEDE TENER UN TONO FUERTE CON EL FIN DE ALTERAR A LA OPINIÓN PÚBLICA, PERO NO PROTEGE EL ATAQUE A LA HONRA DE LAS PERSONAS, PUES SE ESTIMA QUE LAS AFIRMACIONES VEJATORIAS DEL HONOR AJENO NO TIENEN JUSTIFICACIÓNSÓLO SE PUEDE LIMITAR CUANDO SE ESTÁ ANTE DISCURSOS PROHIBIDOS, O CUANDO UNA EXPRESIÓN DETERMINADA AFECTA LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS, O LA SEGURIDAD NACIONAL, EL ORDEN PÚBLICO, LA SALUD O LA MORAL PÚBLICAS. LAS FIGURAS DISCURSIVAS DADAS POR LOS ABOGADOS SE SOMETE A LAS RESTRICCIONES EXCEPCIONALES DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, DENTRO DE LAS CUALES SE ENCUENTRAN LAS EXPRESIONES QUE AFECTAN LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS. A PESAR DE QUE EXISTE UNA PROTECCIÓN RADICAL A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, LAS AMENAZAS CIERTAS Y EFECTIVAS CONTRA LA HONRA, EL BUEN NOMBRE Y OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES, AUTORIZAN SU SANCIÓN, PUES NINGÚN DERECHO CONSTITUCIONAL ES ABSOLUTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:SANCIÓN DISCIPLINARIA, DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, INJURIA, SANCIONES AL ABOGADO, ÁNIMO DE INJURIA
Sentencia SU-396 de junio 22 de 2017
Ref.: Expediente T-5.803.312
Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil diecisiete (2017).
De conformidad con los artículos 53, 57 y 58 del Acuerdo 02 de 2015, “[p]or medio del cual se unifica y actualiza el Reglamento de la Corte Constitucional”, los magistrados Alejandro Linares Cantillo y María Victoria Calle Correa, presentaron escritos de insistencia mediante los cuales pusieron en consideración de la Sala de Selección el asunto de la referencia.(1)
1. Sostiene el apoderado que en el trámite de segunda instancia de un proceso reivindicatorio, iniciado por la Promotora Montecarlo S.A. y otros contra los municipios asociados del Valle de Aburrá, la abogada Bernardita Pérez Restrepo, quien fungió como apoderada de la parte demandada, presentó alegatos de conclusión ante la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín. En el memorial referido, la accionante incluyó un acápite en el que se refirió a la excepción previa de falta de jurisdicción que había formulado en primera instancia(2).
Este no es un tema novedoso en el desarrollo del presente proceso —y aún si lo fuese, tal situación no sería relevante ya que la ausencia de jurisdicción es una causal de nulidad, simplemente, insubsanable—, toda vez que el juez de primera instancia fue siempre advertido en el sentido de que estaba actuando, no como juez de la República, sino como jefe de una banda de ladrones; no otra cosa puede predicarse del hecho de que un juez asuma competencia careciendo de jurisdicción”. (Negrillas fuera del texto).
2. Afirma que mediante sentencia del 27 de febrero de 2013, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín compulsó copias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, con ocasión de la afirmación resaltada, contenida en los alegatos de conclusión presentados por la abogada Bernardita Pérez Restrepo(3).
3. Indica que el 7 de abril de 2014, se celebró audiencia de pruebas y calificación provisional, en la que se señaló que la abogada había incumplido el deber previsto en el numeral 7º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, que exige que los abogados guarden mesura y respeten a los servidores públicos. Específicamente se realizó la calificación jurídica por la conducta establecida en el artículo 32 de la misma normativa, según el cual constituye falta contra el debido respeto a la administración de justicia y a las autoridades administrativas, injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos. La conducta fue imputada a título de dolo.(4)
4. En el curso del proceso disciplinario, la accionante solicitó que se decretaran distintas pruebas con el fin de demostrar que la expresión utilizada era una figura retórica (en particular una metáfora), recurrente en los discursos filosóficos y jurídicos(5).
— Testimonio del abogado y docente Alejandro Ochoa Botero, quien manifestó que la expresión usada por la disciplinada corresponde a una metáfora, que no es de la autoría de la abogada, sino de algún filósofo escolástico. Indicó que se trataba de un recurso argumentativo para crear impacto, pero si se auscultaba lo que la metáfora sugería, era posible descartar el significado desfavorable. En efecto, al tener en cuenta que la expresión se dio en el marco de una discusión sobre la potestad jurisdiccional, se comprobaba que la abogada no había sugerido que el juez hubiera actuado de forma inmoral. Así pues, la manifestación de la disciplinada se dirigía a sugerir que el juez “no posee un poder institucional sino un poder de hecho, esto es que no hay una dimanación jurídica del poder de una fuente normativa vigente”(6).
— Testimonio del abogado y docente Alberto Antonio Ceballos Velásquez, quien manifestó que la función del juez sólo es legítima si se ajusta a valores constitucionales. Entonces, tal y como lo han establecido distintos filósofos y teóricos del derecho, cuando el juez no se ajusta a la ley, actúa de forma arbitraria e ilegítima, y a su juicio, a esa situación hacía referencia la metáfora o analogía usada por la abogada investigada. Ante la pregunta de la magistrada sustanciadora, sobre si la expresión contenida en los alegatos de conclusión afectaba la majestad de la justicia, afirmó que se trataba de un recurso retórico, dirigido a realzar la importancia que la competencia tiene en la actuación del juez.
— Declaración del jurista Carlos Gaviria Díaz(7), mediante la cual manifestó ser amigo personal de la disciplinada y señaló que filósofos del derecho como Hans Kelsen y John Austin, han hecho referencia a los jueces como delincuentes cuando su actuación es apartada de la ley. Así pues, afirmó que la frase contenida en los alegatos de conclusión fue metafórica y ningún jurista que emplea la metáfora en mención la cita entre comillas porque ha devenido en lugar común.
— Peritaje del profesor Manuel José Morales Morales(8), aportado en el proceso disciplinario. El perito afirmó que al evaluar la expresión discutida, era posible advertir que no había un ataque al juez, sino una disidencia profunda, al considerar que decidir de fondo sin tener jurisdicción, es ‘como’ generar una ‘actuación de una banda de ladrones’. En ese orden de ideas, indicó que “[a]unque descontextualizado ciertamente se trae a colación uno de los argumentos tradicionales en el ámbito de la filosofía política acerca del predominio del poder político sobre otras formas de poder”.
Así pues, indicó que la expresión tiene origen y sentido metafórico, fue tomada de San Agustín de Hipona en La Ciudad de Dios(9), y en esa medida se demuestra que no acusaba al juez de ser un ladrón, ni lo estaba insultando.
6. Mediante sentencia del 20 de noviembre de 2014(10), la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia declaró disciplinariamente responsable a la abogada Pérez Restrepo, por haber infringido el deber profesional contenido en el numeral 7º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, al injuriar a un juez de la República.
De otro lado, la autoridad judicial accionada concluyó que la conducta de la disciplinada era dolosa, pues sabía que al elaborar un documento que contenía expresiones injuriosas y temerarias con las que ponía en tela de juicio la dignidad e integridad del juez de primera instancia, realizaba un comportamiento contrario a derecho. En efecto, “(...) con su capacidad intelectiva tenía pleno conocimiento del carácter deshonroso y lesivo de sus expresiones y pese a esa comprensión, en forma libre y voluntaria prefirió vulnerar el ordenamiento jurídico, siendo por ello reprochable su proceder.”(11)
7. Tanto la abogada como su apoderado impugnaron la decisión del a quo(12)con fundamento en que en este caso no se configuró la conducta. Reiteraron que la disciplinada había hecho referencia a una metáfora usada por San Agustín, y si bien ésta no había sido citada entre comillas, su uso común en la teoría del derecho demostraba que su propósito no era injuriar sino ilustrar uno de los argumentos presentados en el escrito contentivo de los alegatos de conclusión.
8. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en sentencia del 7 de octubre de 2015(13), conoció del caso en segunda instancia y confirmó el fallo del a quo, que declaró a la actora disciplinariamente responsable por haber faltado al deber de respeto contenido en el numeral 7º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, al incurrir en la conducta descrita en el artículo 32 de la misma normativa(14). La decisión tuvo como fundamento las mismas consideraciones contenidas en la providencia confirmada.
9. Mediante auto del 2 de marzo de 2016(15), la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura resolvió corregir la sentencia del 7 de octubre de 2015, en la cual esa Corporación confirmó integralmente el fallo proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, del 20 de noviembre de 2014. La Sala precisó que la sanción no era solamente de suspensión de 2 meses en el ejercicio de la profesión, sino también de multa de 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Mediante auto del 27 de mayo de 2016(16), la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia avocó el conocimiento de la acción de tutela y ordenó vincular, en calidad de autoridades demandadas, a Claudia Rocío Torres Barajas y Gustavo Adolfo Hernández Quiñones, magistrados de esa corporación, y a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que ejercieran sus derechos de defensa y contradicción. Además, ordenó vincular como tercero interesado al Registro Nacional de Abogados.
Contestación del magistrado Gustavo Adolfo Hernández Quiñones.
Mediante oficio radicado en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia el 1º de junio de 2016(17), el magistrado Gustavo Adolfo Hernández Quiñones solicitó al juez de tutela negar el amparo. Manifestó que la decisión proferida por la Sala no vulneró los derechos de la accionante. A su juicio, la decisión fue razonable y en esa medida no incurrió en alguno de los defectos reconocidos por la jurisprudencia constitucional para que proceda la tutela contra providencias judiciales.
Contestación de la magistrada Claudia Rocío Torres Barajas.
Mediante oficio radicado en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia el 1º de junio de 2016(18), la magistrada Claudia Rocío Torres Barajas solicitó declarar improcedente la tutela o, subsidiariamente, negar el amparo. Indicó que en este caso no se cumplen los requisitos para que proceda la tutela contra providencias judiciales, la accionante no está ante la inminencia de sufrir un perjuicio irremediable, y no se transgredieron sus derechos fundamentales.
Contestación Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Mediante oficio radicado en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia el 7 de junio de 2016(19), el Presidente de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura respondió la tutela y solicitó declarar su improcedencia. Manifestó que la autoridad judicial no vulneró los derechos invocados por la accionante, pues la Sala respetó su debido proceso, analizó las pruebas a su alcance y decidió sancionarla. En ese orden de ideas, señaló que la actora presentó la tutela con fundamento en su descontento con el sentido de la decisión y no pudo probar que ésta incurriera en alguna “vía de hecho”.
En sentencia del 10 de junio de 2016(20), la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia negó la tutela. En particular, indicó que del material probatorio aportado era razonable concluir que las expresiones que dieron origen al proceso disciplinario tenían un carácter peyorativo y, en particular, obedecían al ánimo injurioso de la accionante.
Mediante auto del 21 de febrero de 2017, la magistrada sustanciadora ofició a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, para que remitiera a esta corporación el expediente del proceso disciplinario adelantado contra la abogada Bernardita Pérez Restrepo, identificado en ese despacho judicial con el número 2013-2241. En cumplimiento de la providencia mencionada, mediante correo electrónico del 8 de marzo de 2017, la Secretaría de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia envió copia del expediente solicitado(21).
El 2 de mayo de 2017, la magistrada sustanciadora recibió las pruebas remitidas por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia(22).
1. Con fundamento en las facultades conferidas por los artículos 86 y 241 —numeral 9º— de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo de tutela proferido en el proceso de la referencia.
La accionante pretende que sean amparados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión, que considera vulnerados por las providencias mencionadas, debido a que, a su juicio, incurren en tres causales de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, a saber: defecto fáctico, defecto sustantivo, y violación de la Constitución(23), en particular, del derecho fundamental a la libertad de expresión.
Bajo el presupuesto mencionado, la Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales que quebranten los derechos fundamentales de las partes y se aparten de los mandatos constitucionales. No obstante, se ha precisado que la procedencia de la acción de tutela en estos casos debe ser excepcional, con el fin de preservar los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial, seguridad jurídica, y la naturaleza subsidiaria que caracteriza a la tutela.(24)
Así pues, la acción de tutela contra decisiones judiciales tiene como finalidad efectuar un juicio de validez constitucional de una providencia judicial que incurre en graves falencias, las cuales tornan la decisión incompatible con la Carta Política.(25)
7. La Sala Plena de la Corte, en Sentencia C-590 de 2005(26), señaló que el desarrollo jurisprudencial ha conducido a diferenciar dos tipos de presupuestos para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales, a saber: los requisitos generales de procedencia y los requisitos específicos de procedibilidad.
8. Según lo expuso la Sentencia C-590 de 2005(27), los requisitos generales de procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que la cuestión que se discuta tenga relevancia constitucional, esto es, que el caso involucre la posible vulneración de los derechos fundamentales de las partes; (ii) que se cumpla con el presupuesto de subsidiariedad que caracteriza a la tutela, o sea, que se hayan agotado todos los medios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, ésta debe tener un efecto decisivo en la sentencia que se impugna; (v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración, como los derechos vulnerados; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Defecto procedimental absoluto: se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.(28)
Defecto material o sustantivo: ocurre cuando se decide con base en normas inexistentes, inconstitucionales o claramente inaplicables al caso concreto, o cuando se presenta una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.(29)
Error inducido: sucede cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese hecho lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.(30)
Desconocimiento del precedente: se configura cuando por vía judicial se ha fijado el alcance sobre determinado asunto y el funcionario judicial, desconoce la regla jurisprudencial establecida.(31)
12. En segundo lugar, la tutela cumple con el requisito consistente en haber agotado todos los mecanismos judiciales de defensa a su disposición. En efecto, la demandante no contaba con recursos contra la determinación adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, que resolvió el recurso de apelación presentado contra la decisión del a quo, de conformidad con los artículos 2º(32) y 55(33) de la Ley 1123 de 2007.
Naturaleza y marco normativo del régimen disciplinario de los abogados.
17. De conformidad con el preámbulo de la Constitución, el trabajo es un elemento estructural del orden político y social, y un principio fundante del Estado social de derecho, que merece especial protección.(34) El artículo 25 Superior define el trabajo como una obligación social y un derecho, que comporta también la garantía de escoger libremente profesión u oficio (art. 26).
Al precisar el alcance de los derechos en cita, la jurisprudencia ha determinado que estos no tienen carácter absoluto, pues todo derecho tiene límites para garantizar la vigencia de otros valores e intereses igualmente relevantes, como son los derechos ajenos, el orden público, el bien común y el deber correlativo al ejercicio de cada derecho.(35) Así pues, el ejercicio de cualquier profesión u oficio conlleva responsabilidades frente al Estado y a la sociedad, motivo por el cual las autoridades públicas están facultadas para regularlas y vigilar su ejercicio.
18. La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre los límites al ejercicio de la abogacía, el papel del abogado en el Estado social de derecho y el control que respecto de esta profesión ejercen las autoridades públicas(36). En particular, ha establecido que los abogados tienen como funciones principales la asesoría y la representación judicial en el trámite de procesos, las cuales contribuyen al desarrollo del orden jurídico y el afianzamiento del Estado social de derecho.(37)
En efecto, al abogado le corresponde asumir la defensa de los derechos e intereses de los miembros de la comunidad y, a la vez, asesorar y asistir a las personas en el desarrollo de sus relaciones legales, por lo cual resulta lícito que mediante ley se adopten medidas para ajustar su comportamiento social a tales fines. De ahí que, a través de la imposición de determinadas sanciones, se pretenda impedir que el profesional desvíe su atención y actúe contrario a derecho, impulsado por sus intereses particulares, en detrimento de la administración de justicia.(38)
En ese sentido, esta Corte ha sostenido que esta profesión tiene especial relevancia social, pues está ligada a la búsqueda de un orden justo, la convivencia pacífica y la defensa y promoción de los derechos humanos(39). En consecuencia, su ejercicio inadecuado pone en riesgo la efectividad de diversos derechos fundamentales, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho de petición, la defensa y el acceso a la administración de justicia.(40)
Así pues, en razón a que los abogados cumplen una función social, están sometidos a reglas éticas particulares que se materializan en prohibiciones con las que se busca asegurar la probidad u honradez en el ejercicio de la profesión y la responsabilidad frente a los clientes y al ordenamiento jurídico.(41) Entonces, de conformidad con el artículo 26 Superior, la configuración y aplicación de un régimen disciplinario para los abogados obedece a un interés público.
En este orden de ideas, la Corte ha establecido que el poder disciplinario, constituye una expresión de la función de control y vigilancia, y su regulación por parte del Legislador debe estar orientada al logro de los fines de la profesión, con el fin de que su ejercicio sea compatible con los valores y principios constitucionales.(42)
19. En relación con el contenido y alcance del derecho disciplinario, la jurisprudencia constitucional ha señalado que su ámbito de regulación comprende: (i) las conductas que configuran falta disciplinaria; (ii) las sanciones aplicables; y (iii) las normas sustanciales y procesales que aseguran el debido proceso y regulan el procedimiento a través del cual se deduce la responsabilidad disciplinaria(43).
En ese sentido, la conducta del abogado no puede ser reprochada válidamente cuando tiene que ver con su opción de vida, o hábitos ligados a la esfera estrictamente personal, pues esto comportaría la restricción irrazonable del derecho al libre desarrollo de la personalidad. No obstante lo anterior, “(...) en procura del adecuado servicio profesional, el Estado puede restringir el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad cuando quiera que con su conducta personal el profesional pueda causarle desmedro a la idoneidad esperada de él, o a las personas con que él se relacione en virtud de su gestión”.(44)
En particular, el artículo 28 del código en mención, contiene los deberes profesionales del abogado, y los artículos 30 a 39 enuncian las faltas ligadas a esos deberes, las cuales se clasifican en relación con los valores, intereses y finalidades relevantes para el ejercicio ético, probo y diligente de la profesión. Así pues, son intereses protegidos por la ley: (i) la dignidad de la profesión (art. 30); (ii) el decoro profesional (art. 31); (iii) el respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades administrativas (art. 32); (iv) la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado (art. 33); (v) la lealtad con el cliente (arts. 34 y 35); (vi) la lealtad y honradez con los colegas (art. 36); (vii) la diligencia profesional (art. 37); (viii) la prevención de litigios y la promoción de mecanismos de solución alternativa de conflictos (art. 38); y (ix) la legalidad y la independencia profesional (art. 39).(45)
Los artículos 254(46), 256(47) y 257(48) de la Constitución, asignaban al Consejo Superior de la Judicatura el ejercicio de distintas funciones, correspondientes a la administración de los recursos económicos y de personal de la justicia, y el fortalecimiento de la actividad disciplinaria, con el objetivo de garantizar la autonomía de la Rama Judicial.
Además, el constituyente primario previó la existencia de las salas administrativa y disciplinaria, para efectos de distribuir las funciones de rango constitucional entre ellas. La primera, con funciones de naturaleza administrativa, predicables de los recursos económicos, fiscales y humanos de la Rama Judicial, y la segunda, encargada de cumplir funciones disciplinarias y algunas judiciales, como las de examinar las conductas y sancionar las faltas de los funcionarios de la Rama Judicial y de los abogados en el ejercicio de su profesión, y la de dirimir los conflictos de competencia entre las distintas jurisdicciones.(49)
En ese sentido, el artículo 256-3 de la Carta Política asignó al Consejo Superior de la Judicatura y a los consejos seccionales, la competencia para conocer de los procesos disciplinarios contra los abogados en ejercicio. En desarrollo de ese mandato Superior se expidieron el Decreto 2652 de 1991 (arts. 9º y 10), la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (L. 270/96, art. 112-4) y la Ley 1123 de 2007; los cuales atribuyeron a las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura el conocimiento en primera instancia de los procesos disciplinarios contra los abogados en ejercicio, y a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el conocimiento de los recursos de apelación y de consulta, en esos mismos procesos.
Jurisprudencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sobre la falta consagrada en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007.
En consonancia con el deber mencionado, el artículo 32 de la misma normativa establece que son faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y las autoridades administrativas “[i]njuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar, por los medios pertinentes, los delitos o las faltas cometidas por dichas personas”.
La Sala observa que la conducta contenida en el precepto en cita, tiene por objeto que los abogados hagan prevalecer la dignidad de la justicia. En efecto, tal y como lo ha establecido la jurisprudencia de esta corporación, ésta no sólo es una obligación exigible a los funcionarios y empleados que hacen parte de la rama judicial sino que, con igual énfasis, se reclama respeto hacia aquellos de parte de los particulares que acceden a los estrados judiciales(50). Así, la falta descrita tiene como propósito velar por el respeto y la majestad de la administración de justicia.
27. Por ejemplo, en sentencia del 5 de mayo de 2009(51), la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura estudió el proceso disciplinario adelantado contra un abogado, con ocasión de las afirmaciones injuriosas que habría expresado en el trámite de un proceso penal adelantado en contra de su representada por fraude procesal. La denunciante en el proceso penal había fungido como demandante en un proceso de sucesión, en el que la cónyuge supérstite del causante presuntamente ocultó y enajenó bienes pertenecientes a la masa sucesoral.
28. Del mismo modo, en sentencia del 30 de junio de 2010(52), esa misma corporación estudió el proceso disciplinario seguido contra un abogado, con ocasión del contenido de un memorial presentado por éste en el trámite de un proceso disciplinario adelantado ante la Personería Municipal de Anapoima. El disciplinado allegó un memorial dirigido al personero, en el que le indicó que, a pesar de desempeñarse como defensor de derechos humanos, se había “ensañado disciplinariamente” contra una exfuncionaria “de bajo perfil” de la entidad.
29. Además, en sentencia del 25 de agosto de 2010(53), la Sala Disciplinaria estudió el proceso adelantado contra un abogado, como consecuencia de la compulsa de copias ordenada por el Tribunal Superior de Quibdó, con ocasión de las expresiones desobligantes contenidas en un memorial mediante el cual el togado presentó recurso de súplica contra el auto que negó la nulidad en el trámite de un proceso ejecutivo.
Así pues, a pesar de que el disciplinado manifestó que no tenía la intención de ofender al magistrado, la corporación judicial determinó que tal comportamiento no era admisible a los profesionales del derecho, “de quienes se espera mesura y respeto en sus escritos, y que actúen sin apasionamientos dañosos o lesivos para las partes e intervinientes en las causas judiciales y los operadores de justicia, debiendo desarrollar sus actuaciones procesales en procura de los intereses de sus prohijados con la presentación de hechos y argumentos jurídicos, empero sin escritos lesivos frente a quienes tienen la noble función pública de administrar justicia”.
30. Por último, en sentencia del 11 de noviembre de 2015(54), la Sala Disciplinaria conoció del proceso adelantado en contra de un abogado con ocasión de un memorial presentado en el proceso declarativo de unión marital de hecho, en el que incluyó afirmaciones injuriosas en contra del Juez Promiscuo de Familia de Melgar, al acusarlo de haber aprobado el inventario aportado por la demandante, en razón a que tenía “un interés casi propio”, pues había sido su secretaria.
La Sala reiteró la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y señaló que para que se configure la injuria, es preciso que exista animus injuriandi, es decir, la conciencia del carácter injurioso de la acción. En particular, indicó que debían concurrir: (i) la imputación de un hecho deshonroso de una persona a otra, conocida o determinable; (ii) el conocimiento del carácter deshonroso del hecho imputado por quien hace la acusación; (iii) el daño o menoscabo de la honra de la persona como consecuencia del carácter deshonroso del hecho imputado; y (iv) la conciencia de quien hace la imputación, de que el hecho atribuido tiene la capacidad de dañar o menoscabar la honra.
El derecho a la libertad de expresión y su alcance.
33. En el ámbito internacional, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos(55) establece una serie de garantías propias de la libertad de expresión. En primer lugar, reconoce el derecho de toda persona a la libertad de pensamiento y de expresión, y lo define como la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, bien sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística, o por cualquier otro instrumento de su elección.
Del mismo modo, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(56), dispone que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones y define el contenido del derecho a libertad de expresión en los mismos términos de la convención.
Contenido del derecho a la libertad de expresión.
El derecho a la libertad de expresión ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como “la garantía fundamental por virtud de la cual se permiten divulgar los propios pensamientos, opiniones, ideas, conceptos y creencias de hechos o situaciones reales o imaginarias, ya sea en actos sociales, académicos, culturales, o políticos, o en medios masivos de comunicación social, o en fin, a través de obras artísticas o literarias, sin que ello conlleve a la vulneración de otros derechos fundamentales”(57).
35. La jurisprudencia(58) ha establecido que el derecho de las personas a expresar y difundir libremente el propio pensamiento, opiniones, informaciones e ideas, es universal, y hace referencia a distintos ámbitos de la expresión.
Con respecto al contenido, la libertad constitucional en comento protege, tanto las expresiones socialmente aceptadas, como las “inusuales, alternativas o diversas, lo cual incluye las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, ya que la libertad constitucional protege tanto el contenido de la expresión como su tono.”(59)
La libertad de expresión es un principio del ejercicio de la democracia, pues es en el marco de un estado democrático que la participación de la ciudadanía adquiere especial relevancia, y en desarrollo de ésta, se garantiza la libertad de expresar las opiniones y manifestar los pensamientos.(60) Así pues, este derecho fundamental posibilita la opinión pública libre(61), la participación en la conformación, gestión y control del poder político(62), y garantiza la pluralidad y tolerancia, que son las bases del Estado democrático(63).
De otra parte, la libertad de expresión tiene estrecha relación con la dignidad humana, en particular, con la libertad de elección de un plan de vida concreto en el marco de las condiciones sociales en las que el individuo se desarrolla. De ahí que exista un principio de interpretación favorable a la libertad, que implica que la autonomía es la regla, y su limitación la excepción, por lo que cada persona debe contar con el máximo de libertad, “de tal forma que tanto las autoridades del Estado, como los particulares deberán abstenerse de prohibir e incluso de desestimular por cualquier medio, la posibilidad de una verdadera autodeterminación vital de las personas, bajo las condiciones sociales indispensables que permitan su cabal desarrollo.”(64)
37. De la importancia de la libertad de expresión para el sistema político y el desarrollo de la dignidad humana, se derivan cuatro presunciones constitucionales que amparan las expresiones que, en principio, están cubiertas por el derecho en comento, a saber(65):
Alcance del derecho a la libertad de expresión.
38. A pesar de la presunción de cobertura de toda forma de expresión por la libertad constitucional, esta corporación ha reconocido que “la Carta contempla numerosas restricciones y limites que se derivan de la prevalencia del orden jurídico y del necesario respeto que merecen los derechos de los demás”(66). Así pues, existen ciertos tipos específicos de expresión respecto de los cuales la presunción no existe, de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos que obligan al Estado colombiano.
Se trata de cuatro tipos de discursos en los cuales, de entrada, se desvirtúa la presunción de cobertura constitucional de la libertad de expresión, a saber: (i) la propaganda en favor de la guerra; (ii) la apología del odio nacional, racial, religioso o de otro tipo, que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad, la violencia contra cualquier persona o grupo de personas por cualquier motivo(67); (iii) la pornografía infantil; y (iv) la incitación directa y pública a cometer genocidio.(68)
Además, cualquier restricción que se haga al derecho a la libertad de expresión debe cumplir con un juicio estricto de constitucionalidad y estar enfocada a proteger (i) los derechos de los demás; o (ii) la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas. Entonces, cuando el discurso no tenga ninguna de esas connotaciones, será amparado por las garantías de la libertad de expresión y, por ende, no podrá ser sometido a limitaciones o sanciones por parte del Estado.(69)
La jurisprudencia constitucional ha establecido que cualquier medida que limite la libertad de expresión, de conformidad con las reglas precedentes, debe tener en cuenta que se trata de una enumeración taxativa, que además, sólo puede ser objeto de una interpretación restringida, para efectos de maximizar la libertad de expresión(70). Además, siempre que se limite esta libertad con fundamento en tales finalidades, deberá demostrarse que, en cada caso particular, concurren los elementos para considerar que efectivamente está presente un interés público concreto.
39. De otra parte, este tribunal ha establecido(71) que existen diferentes grados de protección constitucional en distintos modos de expresión, que son amparados por esta libertad. En este sentido, existen tipos de discurso que merecen mayor protección que otros, situación que repercute en la intensidad de la regulación estatal admisible y el estándar de control constitucional al que se han de sujetar las limitaciones que de ellos se haga.
El derecho a la honra como límite al ejercicio de la libertad de expresión.
42. La Corte Constitucional ha definido el derecho a la honra como “la estimación o deferencia con la que, en razón a su dignidad humana, cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan”(72). Así, la honra es una garantía fundamental que comporta la protección de la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad, que es susceptible de afectarse, tanto por la información errónea, como por las opiniones manifiestamente tendenciosas respecto a la conducta privada de la persona o sobre la persona en sí misma.
43. La protección constitucional del derecho a la honra está en permanente tensión con las libertades de expresión y de opinión, y la jurisprudencia constitucional ha otorgado a las segundas, prevalencia sobre la primera, en atención a que se trata de un presupuesto de la dignidad y la democracia(73).
Ahora bien, a pesar de que existe una protección radical a la libertad de expresión, las amenazas ciertas y efectivas contra la honra, el buen nombre y otros derechos fundamentales, autorizan su sanción, pues ningún derecho constitucional es absoluto(74). No obstante, no toda expresión agraviante para el amor propio puede ser considerada como una imputación deshonrosa, ya que resultaría desproporcionado sancionar comportamientos que si bien afectan la vanidad, no tocan el núcleo esencial de los derechos a la honra y el buen nombre del sujeto al que se dirigen(75).
En efecto, para que una expresión pueda considerarse reprochable, la imputación que se haga debe ser suficiente para generar un daño en el patrimonio moral del sujeto y su gravedad no depende de la impresión personal que le pueda causar al ofendido, ni la interpretación que éste tenga de ella, sino del análisis objetivo de la lesión al derecho. Por esta razón, la labor del juez en cada caso concreto, consiste en analizar los elementos de juicio existentes, determinar si ocurrió la amenaza o vulneración del derecho en comento y si está presente la intención dañina, ante la cual, la protección preferente del ordenamiento a la libertad de expresión, cede para que se manifiesten en toda su dimensión los derechos al buen nombre y a la honra.(76)
44. De otro lado, esta corporación ha entendido que las sanciones penal y disciplinaria por la injuria, son medidas adecuadas para conseguir la protección de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre(77). En efecto, la Corte ha determinado que este tipo de normas persiguen una finalidad legítima y se ajustan a límites que impiden que los jueces las apliquen de manera arbitraria, pues para que se verifique su ocurrencia, es preciso que concurran los siguientes elementos:
Y, que el autor tenga conciencia de que el hecho imputado ostenta esa capacidad lesiva, o para menguar o deteriorar la honra de la otra persona”.(78)
La libertad de expresión de los abogados.
Las decisiones reprochadas en sede constitucional no incurrieron en los defectos fáctico y sustantivo.
El defecto fáctico.
“(...) sin que los hechos del caso se subsuman adecuadamente en el supuesto de hecho que legalmente la determina(79), como consecuencia de una omisión en el decreto(80) o valoración de las pruebas; de una valoración irrazonable de las mismas; de la suposición de una prueba, o del otorgamiento de un alcance contraevidente a los medios probatorios.
Para la Corte, el defecto fáctico puede darse tanto en una dimensión positiva(81), que comprende los supuestos de una valoración por completo equivocada, o en la fundamentación de una decisión en una prueba no apta para ello, como en una dimensión negativa(82), es decir, por la omisión en la valoración de una prueba determinante, o en el decreto de pruebas de carácter esencial(83)”. (Negrillas fuera del texto).(84)
49. De otro lado, conforme a la jurisprudencia de esta Corte, una decisión judicial incurre en defecto sustantivo en el evento en que su motivación contradice, de manera manifiesta, el régimen jurídico que debe aplicar. Así pues, el defecto sustantivo tiene fundamento en el hecho de que el principio de autonomía judicial se encuentra limitado por el orden jurídico prestablecido y por el respeto de los derechos fundamentales de los sujetos procesales.(85)
Por este motivo, cuando se está ante esta causal, la actividad del juez constitucional se limita a verificar la ruptura con el ordenamiento constitucional o legal, de manera que se circunscribe a identificar la incompatibilidad entre las razones de la decisión y las normas jurídicas que regulan la materia debatida en sede jurisdiccional.(86)
El defecto sustantivo.
50. Este tribunal se ha pronunciado en diferentes oportunidades sobre los eventos en los que se configura el defecto sustantivo. En particular, en la Sentencia SU-159 de 2002(87), la Corte estableció que éste se presenta cuando el juez se apoya en una norma que es evidentemente inaplicable a un caso concreto, por ejemplo, cuando: (i) ha sido derogada y en consecuencia, no produce efectos en el ordenamiento jurídico; (ii) ha sido declarada inexequible por la Corte Constitucional; (iii) es inconstitucional y no se aplicó la excepción de inconstitucionalidad; y (iv) la norma no está vigente o a pesar de estarlo y ser constitucional, no se adecúa a las circunstancias fácticas del caso.
Del mismo modo, en la Sentencia T-686 de 2007(88), esta corporación determinó que además de las circunstancias anteriormente referidas, el defecto material como requisito de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales ocurre cuando: (i) la aplicación de una norma es irracional y desproporcionada en contra de los intereses de una de las partes del proceso; (ii) el juez desconoce lo resuelto en una sentencia con efectos erga omnes, de la jurisdicción constitucional o contenciosa en la interpretación de una norma, es decir que desconoce el precedente horizontal o vertical; o (iii) la norma aplicable al caso no es tenida en cuenta por el fallador.
51. En esta oportunidad, la Sala reitera las reglas jurisprudenciales en las que se establece que se configura un defecto sustantivo cuando: (i) se aplica una disposición que perdió vigencia por cualquiera de la razones previstas por el ordenamiento, por ejemplo, su inexequibilidad o derogatoria por una norma posterior; (ii) se deja de aplicar una norma claramente aplicable al caso; (iii) se aplica una norma manifiestamente inaplicable al caso y la aplicable pasa inadvertida por el fallador; (iv) el juez realiza una interpretación contraevidente -interpretación contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada que afecta los intereses de las partes; (v) el juzgador se aparta del precedente judicial —horizontal o vertical— sin justificación suficiente; o (vi) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución.
Contenido de las sentencias controvertidas.
“Semejanza entre las bandas de ladrones y los reinos injustos. Si de los gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se convierten sino en bandas de ladrones a gran escala? Y estas bandas, ¿qué son sino reinos en pequeño? Son un grupo de hombres, se rigen por un jefe, se comprometen en pacto mutuo, reparten el botín según la ley por ellos aceptada. Supongamos que a esta cuadrilla se le van sumando nuevos grupos de bandidos y llega a crecer hasta ocupar posiciones, establecer cuarteles, tomar ciudades y someter pueblos: abiertamente se autodenomina reino, título que a todas luces le confiere no la ambición depuesta, sino la impunidad lograda. Con toda finura y profundidad le respondió al célebre Alejandro Magno un pirata caído prisionero. El rey en persona le preguntó: «¿Qué te parece tener el mar sometido al pillaje?». «Lo mismo que a ti —respondió— el tener el mundo entero. Sólo que a mí, como trabajo con una ruin galera, me llaman bandido, y a ti, por hacerlo con toda una flota, te llaman emperador»”. (Negrillas fuera del texto original).
Así pues, cualquiera de las interpretaciones —en sentido literal o figurado— demuestra que la expresión usada por la abogada no manifiesta un desacuerdo, sino que cuestiona la moralidad del funcionario judicial. Entonces, es claro que la figura retórica utilizada por la abogada lesiona gravemente los derechos del Juez 13 Civil del Circuito de Medellín, pues pone en entredicho la honradez en el ejercicio de su función pública y, de ese modo, resulta injuriosa.
Además, se evidencia que, tanto la disciplinada como su apoderado y los testigos, resaltaron su amplia experiencia laboral y académica como constitucionalista, y los hechos demuestran que la frase objeto de reproche fue incluida en los alegatos de conclusión presentados por escrito, es decir, que la abogada tuvo la posibilidad de leerlos y reflexionar sobre su contenido. En ese sentido, es evidente que la abogada contaba con la capacidad y experiencia suficientes para comprender el sentido de la figura usada en su discurso —y así lo afirmó en el proceso disciplinario—, y decidió incluirla. Así pues, a pesar de conocer (i) el alcance del símil utilizado, referido a los “reinos injustos”, (ii) la obligación a su cargo de respetar a los jueces, y (iii) las implicaciones de acusar a un funcionario judicial de haber obrado de forma inmoral; la abogada incorporó tal analogía en los alegatos de conclusión, y así acusó al juez de primera instancia de actuar de forma ilegal y organizarse para sacar provecho de su conducta.
Las decisiones adoptadas por los jueces demandados no violan la Constitución.
Así, el defecto por violación directa de la Constitución “(...) es una causal de tutela contra providencia judicial que se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades judiciales de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política, según el cual ‘la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales’”(89).
61. En particular, esta causal se configura cuando un juez toma una decisión que va en contra de la Constitución porque deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto; o aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución(90).
Asimismo, la Corte ha precisado que procede la tutela contra providencias judiciales por violación directa de la Constitución, cuando: (i) en la solución del caso se deja de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional(91); (ii) se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de aplicación inmediata; (iii) los jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no tienen en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución(92); y (iv) el juez encuentra una norma incompatible con la Constitución, y no aplica las disposiciones constitucionales con preferencia a las legales (excepción de inconstitucionalidad)(93).
1. CONFIRMAR la decisión adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia el 10 de junio de 2016, que NEGÓ el amparo impetrado.
Magistrados: Luis Guillermo Guerrero Pérez, Presidente—Carlos Bernal Pulido—Alejandro Linares Cantillo—Antonio José Lizarazo Ocampo—Gloria Stella Ortiz Delgado—Iván Humberto Escrucería Mayolo (e.)—Cristina Pardo Schlesinger—Alberto Rojas Ríos—Diana Fajardo Rivera.
1 Los magistrados coincidieron en afirmar que el caso representaba una oportunidad para que la Corte Constitucional analizara el alcance del derecho a la libertad de expresión y su tensión con otras garantías, como la dignidad humana, el buen nombre y la honra de las autoridades judiciales.
2 La abogada argumentaba que la presunta ocupación del predio por parte de los municipios asociados del Valle de Aburrá debía ser discutida en un proceso de reparación directa y no en un proceso reivindicatorio.
3 La orden contenida en la sentencia es la siguiente: “QUINTO: Compulsar copias a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del escrito obrante entre los folios 11 y 23 del cuaderno de segunda instancia, por cuanto del contenido deberá evaluarse por ese órgano competente si se ha incurrido o no en una conducta que dé cuenta de una falta ética profesional”. Fl. 86, cdno. 1, expediente del proceso disciplinario.
4 Al rendir versión libre señaló que su intención no era agredir al juez, sino recurrir a una figura de la teoría política acerca de la prevalencia del poder político sobre otra forma de poder. Además manifestó que como profesora era imposible que escindiera el derecho de la política. En ese sentido, “(...) para una falta de completa jurisdicción en un proceso judicial la alegoría agustiniana es apenas natural, se compadece y explica muy bien el fenómeno” (CD2, grabación 1, 33:42). Entonces, afirmó que utilizó un instrumento académico conceptual de la teoría política para explicar el significado de la falta de jurisdicción.
5 En particular, se comparó la expresión utilizada con citas de Cicerón, San Agustín de Hipona, John Locke Jean-Jacques Rousseau, Hans Kelsen y John Austin.
6 CD 2, grabación 2 minuto 24:00.
7 Cdno. ppal., fls. 27-28.
8 Quien acreditó ser lingüista, filósofo y abogado. Cuaderno Principal, fls. 29-45.
9 Libro IV,capítulo IV. “Semejanza entre las bandas de ladrones y los reinos injustos. Si de los gobiernos quitamos la justicia, ¿en qué se convierten sino en bandas de ladrones a gran escala? Y estas bandas, ¿qué son sino reinos en pequeño? Son un grupo de hombres, se rigen por un jefe, se comprometen en pacto mutuo, reparten el botín según la ley por ellos aceptada. Supongamos que a esta cuadrilla se le van sumando nuevos grupos de bandidos y llega a crecer hasta ocupar posiciones, establecer cuarteles, tomar ciudades y someter pueblos: abiertamente se autodenomina reino, título que a todas luces le confiere no la ambición depuesta, sino la impunidad lograda. Con toda finura y profundidad le respondió al célebre Alejandro Magno un pirata caído prisionero. El rey en persona le preguntó: «¿Qué te parece tener el mar sometido al pillaje?». «Lo mismo que a ti —respondió— el tener el mundo entero. Sólo que a mí, como trabajo con una ruin galera, me llaman bandido, y a ti, por hacerlo con toda una flota, te llaman emperador»”.
10 Fls. 46-57 del cdno. ppal.
11 Fl. 171, cdno. 1 del proceso disciplinario.
12 A fls. 58-71 y 72-80 del cdno. ppal., se encuentran las copias de los escritos presentados por el apoderado y por la accionante, respectivamente.
13 A fls. 81-90 del cdno. de primera instancia, se encuentra la copia de la sentencia del 7 de octubre de 2015, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
14 Específicamente, se decidió:
“PRIMERO. CONFIRMAR integralmente la sentencia del 20 de noviembre de 2014 emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia mediante la cual halló disciplinariamente responsable a la doctora Bernardita Pérez Restrepo por infligir [sic] su deber profesional plasmado en el artículo 28 numeral 7º de la Ley 1123 de 2007, al haber incurrido en la conducta descrita en el artículo 32 ibídem, sancionándola con SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses, conforme se expuso en las considerativas de esta decisión”.
15 Fls. 33-37, cdno. 2 del proceso disciplinario.
16 Fls. 98-100, cdno. ppal.
17 La contestación del magistrado Gustavo Adolfo Hernández Quiñones se encuentra a fls. 108-109 del cdno. DE ÚNICA INSTANCIA.
18 La contestación de la magistrada Claudia Rocío Torres Barajas se encuentra a fls. 110-111 del cdno. de única instancia.
19 La contestación del Presidente Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se encuentra a fls. 112-115 del cdno. de única instancia.
20 Fls. 119-143, cdno, de primera instancia.
21 Mediante auto del 9 de marzo de 2017 se corrió traslado a las partes de la copia del expediente contentivo del proceso disciplinario solicitado por la magistrada ponente.
22 Mediante auto del 3 de mayo de 2017 se corrió traslado a las partes de la copia de los archivos contentivos de las audiencias celebradas en el proceso disciplinario, solicitadas por la Sala Plena.
23 Aunque la accionante no propone nominalmente el defecto por violación directa de la Constitución, éste puede deducirse, pues afirma que las decisiones acusadas desconocieron el derecho fundamental a la libertad de expresión.
24 Ver Sentencia T-283 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
25 Al respecto, ver la Sentencia T-555 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas.
28 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-324/96 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz): “... sólo en aquellos casos en los cuales el acto que adscribe la competencia resulte ostensiblemente contrario a derecho, —bien por la notoria y evidente falta de idoneidad del funcionario que lo expidió, ora porque su contenido sea abiertamente antijurídico—, el juez constitucional puede trasladar el vicio del acto habilitante al acto que se produce en ejercicio de la atribución ilegalmente otorgada. Sólo en las condiciones descritas puede el juez constitucional afirmar que la facultad para proferir la decisión judicial cuestionada no entra dentro de la órbita de competencia del funcionario que la profirió y, por lo tanto, constituye una vía de hecho por defecto orgánico.
29 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-159/2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa): “... opera cuando la decisión que toma el juez desborda el marco de acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto, bien sea, por ejemplo (i.) porque ha sido derogada y ya no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, (ii.) porque ella es claramente inconstitucional y el funcionario se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, (iii.) porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional, (iv.) porque ha sido declarada inexequible por la propia Corte Constitucional o, (v.) porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecua a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador.
30 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-014/2001 (M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez): “Es posible distinguir la sentencia violatoria de derechos fundamentales por defectos propios del aparato judicial —presupuesto de la vía de hecho—, de aquellas providencias judiciales que aunque no desconocen de manera directa la Constitución, comportan un perjuicio iusfundamental como consecuencia del incumplimiento por parte de distintos órganos estatales de la orden constitucional de colaborar armónicamente con la administración de justicia con el objeto de garantizar la plena eficacia de los derechos constitucionales. Se trata de una suerte de vía de hecho por consecuencia, en la que el juez, a pesar de haber desplegado los medios a su alcance para ubicar al procesado, actuó confiado en la recta actuación estatal, cuando en realidad ésta se ha realizado con vulneración de derechos constitucionales, al inducirlo en error. En tales casos —vía de hecho por consecuencia— se presenta una violación del debido proceso, no atribuible al funcionario judicial, en la medida en que no lo puede apreciar, como consecuencia de la actuación inconstitucional de otros órganos estatales.”
31 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-292 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
32 ART. 2º—“Titularidad. Corresponde al Estado, a través de las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos superior y seccionales de la judicatura, conocer de los procesos que por la comisión de alguna de las faltas previstas en la ley se adelanten contra los abogados en ejercicio de su profesión.
33 ART. 55.—“Doble instancia. Las sentencias y demás providencias expresamente previstas en este código tendrán segunda instancia”.
34 En este sentido se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-475 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-881 de 2000 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa).
35 Ver Sentencia C-393 de 2006, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
36 Ver sentencias C-002 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández); C-060 de 1994 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), C-540 de 1993 (M.P. Antonio Barrera Carbonell); C-196 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa); C-393 de 2006 (M.P. Rodrigo Escobar Gil); y C-212 de 2007 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
37 Ver Sentencia C-060 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
38 Ver Sentencia C-196 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
39 Ver sentencias C-884 de 2007 y C-290 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
40 Ver sentencias C-540 de 1993 (M.P. Antonio Barrera Carbonell) y C-290 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
41 Ver Sentencia C-393 de 2006; M.P. Rodrigo Escobar Gil.
42 Ver Sentencia C-290 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
45 En la Sentencia C-290 de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño se hace una descripción similar de la Ley 1123 de 2007.
46 Se hace referencia a la norma anterior al Acto Legislativo 2 de 2015.
49 Sentencia C-265 de 1993, M.P. Fabio Morón Díaz. En aquella ocasión la Corte estudió la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 4º del Decreto 2652 de 1991 "[p]or el cual se adoptan medidas administrativas para el funcionamiento del Consejo Superior de la Judicatura”, que consagra las funciones de la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura. A juicio del demandante la norma incluía funciones exclusivas de cada una de las Salas, dentro de las funciones de su Sala Plena. La Corte encontró que algunas de las funciones asignadas a la Sala Plena correspondían exclusivamente a alguna de las Salas del órgano mencionado, por lo que declaró inexequible algunos literales del artículo acusado.
50 Sentencia C-037 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Reiterada en las sentencias C-713 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) y C-203 de 2011 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez).
51 Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Consejo Seccional de la Judicatura Sentencia del 5 de mayo de 2009, M.P. Julia Emma Garzón de Gómez, Rad. 200011102000200700095 01 (804-04).
52 Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Consejo Seccional de la Judicatura Sentencia del 30 de junio de 2010, M.P. María Mercedes López Mora, Rad. 110011102000200801939 01.
53 Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Consejo Seccional de la Judicatura Sentencia del 25 de agosto de 2010, M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago, Rad. 270011102000200700255 01.
54 Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Consejo Seccional de la Judicatura Sentencia del 11 de noviembre de 2015, M.P. María Rocío Cortés Vargas, Rad. 730011102000 2014 00713 01.
55 De conformidad con el artículo 93 de la Constitución Política, este instrumento, que consagra derechos humanos y que ha ratificado por Colombia mediante la Ley 16 de 1972, forma parte del bloque de constitucionalidad. En la Sentencia C-252 de 2001, la Corte Constitucional señaló que los derechos fundamentales no son sólo los que se encuentran en la Constitución, sino también los consagrados en instrumentos internacionales que vinculan al Estado colombiano, que conforman el bloque de constitucionalidad y que por tanto, son parte inescindible de la Constitución en sentido material.
56 El cual hace parte del bloque de constitucionalidad y, por tanto, conforma el ordenamiento interno, en concordancia con el artículo 93 de la Constitución Política. Ratificado por Colombia el 29 de octubre de 1969.
57 Sentencia T-110 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio, que reitera la Sentencia T-1198 de 2004; M.P. Rodrigo Escobar Gil.
60 Sentencia T-040 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
61 Sentencia T-403 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
62 Sentencia T-325 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
63 Sentencia T-043 de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
64 Sentencia T-881 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
65 Sentencia T-391 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
66 Sentencia T-293 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
67 Este modo de expresión comprende las categorías conocidas como discurso del odio, discurso discriminatorio, apología del delito y apología de la violencia.
68 Sentencia T-391 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
69 Sentencia C-452 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
70 Sentencia T-391 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
71 Sentencia T-391 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), reiterada en las sentencias C-442 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto) y C-452 de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva), en las cuales se estudió la constitucionalidad de los tipos de injuria en el Código Penal y el ordenamiento disciplinario de la Policía.
72 Sentencia T-411 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
73 Sentencia C-489 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
74 Sentencia T-1319 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
75 Sentencia T-028 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
76 Sentencias T-028 de 1998 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) y C-442 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto).
77 Sentencias C-417 de 2009 (M.P. Juan Carlos Henao Pérez), C-442 de 2011 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto), y C-452 de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
78 Sentencia C-442 de 2011; M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
79 Así, por ejemplo, en la Sentencia SU-159 de 2002, se define el defecto fáctico como “la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal a partir de pruebas válidas”.
80 Cabe resaltar que si esta omisión obedece a una negativa injustificada de practicar una prueba solicitada por una de las partes, se torna en un defecto procedimental, que recae en el ejercicio del derecho de contradicción.
81 Cfr. Sentencias SU-159 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-538 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-061 de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
82 Ver sentencias T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell, T-567 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, y SU–159 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
83 Nuevamente, remite la Sala a la Sentencia SU-159 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
84 Sentencia T-704 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
85 Sentencia T-140 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
86 Sentencia T-310 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
89 SU-918 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
90 Sentencia T-704 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. También ver sentencias T-310 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo y T-555 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
91 Caso en el cual también se incurriría en la causal por desconocimiento del precedente. Al respecto ver, entre muchas otras, las sentencias T-292 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, SU-047 de 1999 y C-104 de 1993, en ambas M.P. Alejandro Martínez Caballero.
92 Sentencia T-704 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. También ver, las Sentencia T-199 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-590 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-809 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
93 Ver entre otras, las sentencias T-522 de 2001, Manuel José Cepeda Espinosa y T-685 de 2005, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

References: ARTÍCULO 32
 artículo 28
 artículo 32
 artículo 28
 artículo 28
 artículo 32
 artículo 25
e contrario
 artículo 26
 artículo 28
 artículo 256
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 13
 artículo 19
 artículo 4
 artículo 28
 artículo 32
e contrario
 artículo 4
 artículo 93
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