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GUIAS MARCO DE CONTROL FINANCIERO GASTOS
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Los gastos corrientes en bienes y servicios son aquéllos destinados a atender los gastos necesarios para el ejercicio de las actividades del Estado, Organismos autónomos y Entes públicos que no originen un aumento de capital o del patrimonio público.
Son imputables al capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, los originados por la adquisición de bienes que reúnan algunas de las características siguientes:
Ser bienes fungibles.
Ser, previsiblemente, gastos reiterativos.
No podrán imputarse a los créditos de este capítulo los gastos destinados a satisfacer cualquier tipo de retribución, por los servicios prestados o trabajos realizados por el personal dependiente de la Comunidad Autónoma y sus Organismos Autónomos, cualquiera que sea la forma de esa dependencia.
Además se aplicarán a este capítulo los gastos de carácter inmaterial que puedan tener carácter reiterativo, no sean susceptibles de amortización y no estén directamente relacionados con la realización de las inversiones.
Desde la perspectiva de la legalidad, la principal peculiaridad de los gastos del capítulo 2 del presupuesto es que en su mayoría están exentos de fiscalización previa. Según el artículo 84.1 de la L.H.R.M.: “no están sometidos a intervención previa los gastos de material no inventariable y contratos menores, así como los de carácter periódico y los demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que se deriven o sus modificaciones, así como los gastos que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.
Tampoco estarán sometidos a fiscalización previa los gastos menores de 750.000 pesetas que se realicen con cargo a fondos librados a justificar, cuando los servicios o prestaciones a que se refieran hayan tenido o vayan a tener lugar en el extranjero.”
En ésta y en el resto de las áreas, la principal novedad del control financiero a realizar es la incorporación del análisis de los procedimientos realmente utilizados por el gestor con objeto de verificar en qué medida permiten realizar una buena gestión financiera.
Así, se deberá intentar valorar, de la forma más objetiva posible, si el procedimiento es apropiado, tanto desde el punto de vista de la naturaleza del gasto como desde su finalidad, de forma que se puedan identificar las posibles deficiencias que impidan una gestión más eficiente.
Es sabido que, en la actualidad, gran parte de las tareas administrativas están mediatizadas por procedimientos que se caracterizan por una elevada diversidad de trabajos diferenciados, tareas susceptibles de fraccionamiento, procedimientos en general muy complejos que conllevan el manejo de gran número de documentos y cuya racionalización requiere vencer la inercia administrativa.
Con el fin de dotar a la Administración de unos procedimientos ágiles y racionales que optimicen los resultados perseguidos, se han diseñado pruebas con las que se pretende analizar la política desarrollada por el gestor, comparando la aplicación de los recursos con las necesidades y finalidades del servicio a realizar.
Los gastos corrientes en bienes y servicios, junto con los gastos de personal, constituyen el núcleo indispensable para el funcionamiento administrativo de los centros gestores y por lo tanto común a todos ellos.
Esta circunstancia favorece que estos gastos sean idóneos para poder realizar estudios comparativos entre los diversos centros y facilitar la elaboración de propuestas de mejora en los procedimientos de actuación, tanto en el aspecto económico-financiero como de gestión. En una primera fase de la Guía se plantea efectuar comparaciones entre las distintas unidades de los centros gestores, para posteriormente ampliar el campo de aplicación de los ratios comparativos a distintos centros gestores, en la medida en que el tipo de control que ahora se está diseñando sea de aplicación efectiva y facilite la obtención de los resultados deseados.
Una de las características peculiares de los gastos corrientes en bienes y servicios se produce en la fase de pago, ya que únicamente en este capítulo presupuestario se puede instrumentar el abono de obligaciones a través de los tres procedimientos posibles de pago:
A justificar.
Anticipos de caja fija.
El procedimiento de anticipos de caja fija únicamente es utilizable para el pago de gastos corrientes. Esta circunstancia ha aconsejado la elaboración de un apartado independiente dentro de esta Guía, en el que se contemplan procedimientos específicamente diseñados para el control de dichos anticipos de caja fija y de los pagos a justificar.
Por último, cabe señalar que, entre los puntos indicados en las pruebas de auditoría, se incluyen aquéllos que están sometidos a fiscalización previa; en ese caso, se indica dicho extremo con un asterisco (*). Si figuran dos asteriscos (**) es que algunos de los aspectos que se señalan están sometidos a fiscalización previa.
La normativa reguladora en materia de gastos corrientes está constituida, fundamentalmente, por los siguientes textos legales:
Decreto 1022/1964, de 15 de abril, por el que se aprueba el Texto articulado de la Ley de Patrimonio del Estado.
Decreto 3588/1964, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley de Patrimonio del Estado.
Decreto 2572/1993, de 5 de octubre, por el que se aprueba el pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de equipos y sistemas de tratamiento de la información y de mantenimiento, arrendamiento y programas.
Decreto 1005 /1974, de 4 de abril, que regula los contratos con empresas consultoras y de servicios, en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Contratación del Estado, en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Real Decreto 1465/1985, de 17 de julio, sobre la contratación para la realización de trabajos específicos y concretos, no habituales, en la Administración del Estado, sus OO.AA. y la Seguridad Social, en cuanto no se oponga a lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
Real Decreto 533/1992, de 22 de mayo, sobre atribución de determinadas facultades en los procedimientos de contratación de bienes y servicios informáticos.
Real Decreto 390/1996, de 1 de marzo, de desarrollo parcial de la Ley 13/1995.
Orden de 1 de febrero de 1996, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración General del Estado.
Orden de 1 de febrero de 1996, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se aprueba la Instrucción de operatoria contable a seguir en la ejecución del gasto del Estado.
Orden de 1 de febrero de 1996, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado.
Orden de 11 de abril de 1996, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se hacen públicos el contravalor en pesetas del Ecu y los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación administrativa para el período 1996-1997.
Resolución de 11 de abril de 1996, de la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se hace público el Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de octubre de 1996, de medidas urgentes para mejorar el aprovechamiento del patrimonio inmobiliario de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
Resolución de 6 de noviembre de 1996, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se establece el procedimiento a seguir en la constitución de garantías mediante retención en el precio del contrato.
Orden de 4 de junio de 1997, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se modifica el importe a que hace referencia el artículo 25.1 de la Ley 13/1995.
Resolución de 17 de junio de 1997, de la subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se hace público el Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de junio de 1997, por el que se aprueba el programa de gobierno para la ejecución de una política de compras públicas.
Resolución de 17 de junio de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se hace público el Acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de junio de 1997, por el que se aprueba el Plan de Austeridad de Gastos Corrientes en la Administración General del Estado.
Resolución de 18 de junio de 1997 de la Dirección General de Presupuestos en la que se establecen los códigos que definen la estructura económica de los presupuestos para 1998.
Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de julio de 1997, por el que se da aplicación a la previsión del artículo 95.3 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora.
Catálogo: chac -> interleg
interleg -> Plan general de contabilidad pública indic e
interleg -> Nota de la intervención general sobre el momento de la verificación contable del documento “D” de compromiso de gasto en los c
interleg -> Secretaría General
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 artículo 25

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 artículo 95