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Timestamp: 2020-02-18 06:53:32+00:00

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BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2019-2862
Documento consolidado BOE-A-2019-2862
«BOIB» núm. 15, de 02/02/2019, «BOE» núm. 52, de 01/03/2019.
BOE-A-2019-2862
https://www.boe.es/eli/es-ib/l/2019/01/31/1/con
Texto inicial publicado el 02/02/2019
TEXTO CONSOLIDADO: «Texto inicial publicado el 02/02/2019»
La regulación que contiene la presente ley es la primera que se aborda con respecto a estas cuestiones tras la reforma del Estatuto de Autonomía llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero. El desarrollo de los preceptos estatutarios, con respecto al poder ejecutivo de la comunidad autónoma, se llevó a cabo por la Ley 5/1984, de 24 de octubre, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, cuyo contenido se adecuó a la reforma estatutaria de la Ley Orgánica 3/1999, de 8 de enero, y a la realidad institucional y administrativa de las Illes Balears mediante la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Illes Balears.
La Ley 4/2001 ha sido un hito en la regulación de la estructura y la organización de la Presidencia y del Gobierno y de sus potestades normativas, y se ha convertido en uno de los referentes de la regulación de una de las instituciones de autogobierno de las Illes Balears. Su calidad técnica ha hecho innecesaria ninguna adaptación sustantiva; tan solo ha tenido que ser objeto de adaptaciones concretas que han venido determinadas por la imposición de normativas estatales o europeas. Tal fue el caso de la Ley 12/2010, de 12 de noviembre, de modificación de diversas leyes para la transposición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, que introduce en la Ley 4/2001 el trámite para emitir los informes pertinentes en caso de que se incluya un silencio negativo o un régimen de autorización en materia de actividades de servicios, y también, en el marco del procedimiento de elaboración de disposiciones reglamentarias, obliga a incluir en la memoria un estudio sobre las posibles cargas administrativas que introduzca.
El artículo 14 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, tras la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, define como derecho de los ciudadanos de las Illes Balears en relación con las administraciones públicas, entre otros y sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación básica del Estado, el derecho a una buena administración y al acceso a los archivos y registros administrativos de las instituciones y administraciones públicas de las Illes Balears, derecho que, señala, será regulado por una ley del Parlamento de las Illes Balears.
El artículo 15 del Estatuto, también reconoce el derecho de los ciudadanos de las Illes Balears a participar de manera individual o colectiva en la vida política, económica, cultural y social de la comunidad autónoma, y también en los asuntos públicos, en condiciones de igualdad, directamente o por medio de representantes, en los términos establecidos en la Constitución, el mismo Estatuto y las leyes.
En desarrollo de estas referencias estatutarias se aprobó la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears, que modificó la Ley 4/2001 en lo referente al régimen del tratamiento del Presidente y de los Consejeros y de los Expresidentes.
Finalmente, la Ley 5/2015, de 23 de marzo, de racionalización y simplificación del ordenamiento legal y reglamentario de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, introdujo en la Ley 4/2001 un procedimiento simplificado para elaborar textos consolidados de reglamentos.
La entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, y de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, ha afectado al marco jurídico en el que se insertaba la Ley 4/2001, sobre todo con respecto a los principios de buena regulación y participación ciudadana en el ejercicio de la iniciativa legislativa y las potestades normativas del Gobierno. Esta circunstancia, añadida a la adaptación necesaria de la citada ley del Gobierno a las prescripciones de la reforma del año 2007 del Estatuto de Autonomía, y la voluntad de reducir la dispersión de las normas que regulan la estructura y la organización del Gobierno y los principios de su actuación recomiendan la elaboración de una nueva ley reguladora del Presidente y del Gobierno que integre, además, los principios y las directrices del buen gobierno con los que se debe desarrollar su actuación.
Otra de las novedades de la presente ley es la sistematización de la iniciativa legislativa y las potestades normativas del Gobierno. Es destacable la incorporación de un artículo referido a la posibilidad de dictar decretos ley, como ya reconoce desde 2007, en el artículo 49, el Estatuto de Autonomía, y la institución de un procedimiento general de elaboración normativa, tanto para el ejercicio de la iniciativa legislativa como de la potestad reglamentaria, en el que se realizan las adaptaciones a la normativa básica estatal en esta materia. Se introduce una mención específica, entre los trámites, del informe de impacto de género de la Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres. Asimismo, se dedica todo un artículo a la regulación de la memoria de impacto normativo como documento dinámico. Dentro del procedimiento general se reconocen especialidades para determinadas materias, que implican, en el marco de la regulación básica, menos trámites. También se regula, por una parte, un procedimiento de urgencia para tramitar normas en casos tasados y, por otra, un procedimiento específico para elaborar textos consolidados, en el mismo sentido que el hasta ahora denominado procedimiento simplificado.
La disposición adicional sexta autoriza al Gobierno a aprobar textos refundidos de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, y de la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears.
La disposición derogatoria, además de derogar la actual Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno, deroga parte de la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno, en la medida en que esta regulación se incorpora ahora a esta nueva ley.
Las disposiciones finales primera y segunda modifican la Ley 5/2010, de 16 de junio, reguladora del Consejo Consultivo, y la Ley 10/2000, de 30 de noviembre, del Consejo Económico y Social, con la finalidad de agilizar el procedimiento de elaboración normativa. La disposición final tercera modifica la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para incorporar una previsión específica sobre la resolución de conflictos entre los entes instrumentales. La disposición final cuarta modifica la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para incluir la posibilidad de crear órganos o unidades administrativas con un ámbito territorial insular o que actúen fuera del territorio balear. Por su parte, la disposición final quinta modifica la Ley 2/1996, de 19 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. La disposición final sexta modifica puntualmente la Ley 14/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2019, por lo que respecta a la fecha de entrada en vigor. Asimismo, la disposición final séptima lleva a cabo la modificación de los artículos 3.2, en materia de inelegibilidad, y 5.2, en materia de incompatibilidad, de la Ley 8/1986, de 26 de noviembre, electoral de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. La disposición final octava incorpora una nueva norma a la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, para hacer posible que los entes instrumentales autonómicos puedan actuar como medios propios de los consejos insulares. La disposición final novena modifica la Ley 16/2016, de 9 de diciembre, de creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears, al objeto de establecer nuevas reglas para llevar a cabo su desarrollo reglamentario. Por último, las disposiciones finales décima y undécima son las de habilitación y entrada en vigor de la ley.
El anteproyecto de ley fue sometido a consulta previa, a audiencia de las personas interesadas y a información pública, y se facilitó la presentación de sugerencias de forma telemática; por otra parte, no regula procedimientos con cargas administrativas; y establece de manera destacada la comunicación telemática como instrumento de simplificación y de agilidad. Asimismo, se solicitó el dictamen del Consejo Consultivo de las Illes Balears en relación con el anteproyecto de ley.
[Bloque 6: #ar-2]
Artículo 3. Elección y nombramiento.
2. En el plazo de cinco días que se contarán desde el día en el que se haya publicado el real decreto de nombramiento en el «Boletín Oficial del Estado», y sin perjuicio de que también se publique en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears», el Presidente nombrado tomará posesión de su cargo. El acto de toma de posesión, público y solemne, consistirá en la aceptación del cargo y el acatamiento de la Constitución y del Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico, y se ha de comprometer a guardar secreto respecto a las deliberaciones del Consejo de Gobierno.
Artículo 5. Cese.
Artículo 6. Vacante del cargo y presidencia interina.
Artículo 7. Ausencias temporales y suplencia en la Presidencia.
Artículo 8. Representación de las Illes Balears.
Artículo 9. Atribuciones de representación.
a) Promulgar, en nombre del rey, las leyes y ordenar su publicación, así como la de los decretos legislativos y de los decretos ley, en el «Butlletín Oficial de les Illes Balears» y en el «Boletín Oficial del Estado», en el plazo de quince días que se contarán desde la fecha de su aprobación.
b) Ordenar la publicación en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears» del nombramiento del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía.
Artículo 10. Atribuciones de dirección.
m) Firmar los decretos aprobados por el Gobierno y ordenar su publicación en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears».
Artículo 11. Delegación de competencias.
Artículo 12. Responsabilidad política.
Artículo 13. Moción de censura y cuestión de confianza.
Artículo 14. Naturaleza y composición.
1. El Gobierno, de acuerdo con las directrices del Presidente, establece la política general y dirige la Administración de la comunidad autónoma. Asimismo, ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria en el marco de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y de esta ley.
Artículo 15. Funcionamiento del Consejo de Gobierno.
[Bloque 24: #ar-16]
Artículo 16. Secretaría del Consejo de Gobierno.
Artículo 17. Atribuciones del Consejo de Gobierno.
Artículo 19. La Comisión de Secretarios Generales.
Artículo 20. Gabinetes.
Artículo 21. Comisionados autonómicos.
Artículo 22. El Portavoz del Gobierno.
[Bloque 34: #ar-23]
Artículo 23. Control de los actos del Gobierno.
[Bloque 35: #ar-24]
Artículo 24. Control parlamentario del Gobierno en funciones.
[Bloque 36: #ar-25]
Artículo 25. Representación del Gobierno ante el Parlamento.
Artículo 26. El cese del Gobierno.
Artículo 27. El Gobierno en funciones.
Artículo 28. Principios de actuación del Gobierno en funciones.
Artículo 29. Limitaciones del Gobierno en funciones.
[Bloque 42: #ar-30]
Artículo 30. El Presidente en funciones.
[Bloque 43: #ar-31]
Artículo 31. Otras limitaciones.
[Bloque 44: #ar-32]
Artículo 32. Información de traspaso.
Artículo 33. Deber de colaboración.
[Bloque 46: #ti-3]
[Bloque 49: #ci-9]
[Bloque 50: #ar-35]
Artículo 35. Los Consejeros.
[Bloque 51: #ar-36]
Artículo 36. Nombramiento.
3. Los decretos de nombramiento se publicarán en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears».
4. Los Consejeros toman posesión del cargo ante el Presidente, en un acto público y solemne, en el que deben aceptar el cargo, acatar la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el resto del ordenamiento jurídico, y deben comprometerse a guardar secreto respecto a las deliberaciones del Consejo de Gobierno.
[Bloque 52: #ar-37]
Artículo 37. Cese.
2. El cese produce efectos desde el momento de la publicación del correspondiente decreto del Presidente en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears».
[Bloque 53: #ar-38]
Artículo 38. Vacantes y suplencias.
3. Los decretos relativos a vacantes y suplencias de los Consejeros se publicarán en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears».
[Bloque 54: #ar-39]
Artículo 39. Incompatibilidades.
[Bloque 55: #ar-40]
Artículo 40. Responsabilidad.
[Bloque 56: #ar-41]
Artículo 41. Atribuciones de los Consejeros.
[Bloque 57: #ti-4]
[Bloque 59: #ar-42]
Artículo 42. Ejercicio de la iniciativa legislativa y potestades normativas del Gobierno.
[Bloque 60: #ar-43]
Artículo 43. La iniciativa legislativa.
3. Una vez aprobado el proyecto de ley, el Gobierno lo remitirá al Parlamento en el plazo de diez días para que se tramite en la forma prevista en el Reglamento de la cámara y atendiendo a lo previsto en el Reglamento de la Comisión General de Consejos Insulares.
[Bloque 61: #ar-44]
Artículo 44. Los decretos legislativos.
[Bloque 62: #ar-45]
Artículo 45. Los Decretos ley.
Artículo 46. La potestad reglamentaria.
Artículo 47. La forma de las disposiciones reglamentarias.
Artículo 48. Jerarquía normativa.
Las disposiciones generales no pueden vulnerar la Constitución, el Estatuto de Autonomía ni las normas con rango de ley, y se ajustan a la siguiente jerarquía:
Artículo 49. Principios de buena regulación.
1. En el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, el Gobierno de las Illes Balears actuará de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, eficiencia, calidad y simplificación, establecidos en la normativa estatal básica. La exposición de motivos o el preámbulo, según se trate, respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, han de informar sobre la adecuación a estos principios.
Artículo 50. Evaluación y adaptación de la normativa reglamentaria vigente a los principios de buena regulación.
Artículo 51. Transparencia y participación ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa a través del sitio web.
[Bloque 69: #ar-52]
Artículo 52. Publicidad de las normas.
1. Las disposiciones legales y reglamentarias se han de publicar íntegramente en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears» para que entren en vigor y produzcan efectos jurídicos.
2. La publicación del «Butlletí Oficial de les Illes Balears» en la sede electrónica de la Administración de la comunidad autónoma tiene carácter oficial y auténtico en las condiciones y con las garantías que se determinen reglamentariamente, con los efectos previstos en el título preliminar del Código Civil y las restantes normas aplicables.
3. Las disposiciones legales, asimismo, se han de publicar en el «Boletín Oficial del Estado».
[Bloque 70: #ci-11]
[Bloque 71: #se]
[Bloque 72: #ar-53]
[Bloque 73: #ar-54]
Artículo 54. Expediente electrónico.
[Bloque 74: #ar-55]
Artículo 55. Consulta previa de normas con rango de ley y de reglamentos.
[Bloque 75: #se-2]
[Bloque 76: #ar-56]
Artículo 56. Inicio.
[Bloque 77: #ar-57]
[Bloque 78: #ar-58]
Artículo 58. Audiencia e información pública.
e) Información pública, cuando resulte preceptiva o sea conveniente a criterio del órgano responsable de la tramitación. A tal efecto, se publicará un anuncio en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears» que indique el plazo para hacer sugerencias y el sitio web donde acceder al proyecto normativo.
[Bloque 79: #ar-59]
Artículo 59. Informes y dictámenes preceptivos.
Artículo 60. Memoria del análisis de impacto normativo.
b) Contenido: marco normativo en el que se inserta la propuesta, relación de disposiciones vigentes a las que afecta o deroga, adecuación al orden de distribución de competencias y relación con el ordenamiento estatal y europeo.
[Bloque 81: #se-3]
Sección 3.ª Procedimiento de urgencia
[Bloque 82: #ar-61]
Artículo 61. Tramitación de urgencia.
[Bloque 83: #se-4]
Sección 4.ª Procedimiento simplificado de elaboración de textos consolidados de reglamentos
[Bloque 84: #ar-62]
Artículo 62. Procedimiento simplificado de elaboración de textos consolidados de reglamentos.
5. Los reglamentos aprobados a través de este procedimiento incluirán la denominación «texto consolidado» en el título de la disposición y se publicarán en el «Butlletí Oficial de les Illes Balears».
[Bloque 85: #tv]
[Bloque 87: #ci-12]
[Bloque 88: #ar-64]
Artículo 64. Gobierno abierto.
[Bloque 89: #ar-65]
Artículo 65. Principios éticos.
[Bloque 90: #ar-66]
Artículo 66. Reglas de conducta.
[Bloque 91: #ar-67]
Artículo 67. Dedicación exclusiva al cargo público.
[Bloque 92: #ar-68]
Artículo 68. Deber de inhibición o de abstención.
[Bloque 93: #ci-13]
[Bloque 94: #ar-69]
Artículo 69. Publicidad en la acción de gobierno.
[Bloque 95: #ar-70]
Artículo 70. Publicidad en el nombramiento de los miembros del Gobierno.
[Bloque 96: #ar-71]
Artículo 71. Información sobre retribuciones y declaraciones patrimoniales.
[Bloque 97: #da]
Disposición adicional primera. Ámbito específico de aplicación del título V.
[Bloque 98: #da-2]
Disposición adicional segunda. Obligaciones de los órganos del sector público instrumental durante el periodo de transición entre gobiernos.
[Bloque 99: #da-3]
Disposición adicional tercera. Tratamiento de los cargos públicos.
[Bloque 100: #da-4]
[Bloque 101: #da-5]
Disposición adicional quinta. Informe sobre la organización territorial.
[Bloque 102: #da-6]
Disposición adicional sexta. Autorización al Gobierno para la aprobación de textos refundidos.
1. Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma, afectada por:
– La Ley 6/2007, de 27 de diciembre, de medidas tributarias y económico-administrativas.
– La Ley 8/2008, de 5 de junio, de modificación de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma de Mallorca.
– La Ley 6/2012, de 6 de junio, de modificación de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma de Mallorca.
– La Ley 15/2016, de 2 de diciembre, de modificación de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma de Mallorca.
– La ley 1/2019, de 31 de enero, del Gobierno de las Illes Balears.
2. Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears, afectada por:
– Ley 16/2016, de 9 de diciembre, de creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears.
[Bloque 103: #da-7]
Disposición adicional séptima. Modificación de la Ley 6/2008, de 22 de mayo, del Estatuto de los Expresidentes del Parlamento de las Illes Balears.
1. Las personas que hayan ocupado la Presidencia del Parlamento de las Illes Balears tienen derecho a recibir, con carácter permanente, el tratamiento de señor o señora y las atenciones honoríficas y protocolarias correspondientes, siempre que no hayan cesado por sentencia firme de los tribunales que las inhabiliten para ostentar el cargo de diputado o por incompatibilidad declarada y publicada, de acuerdo con la normativa específica de aplicación.»
[Bloque 104: #da-8]
Disposición adicional octava. Modificación de la Ley 23/2006, de 20 de diciembre, de capitalidad de Palma.
El Alcalde o la Alcaldesa tiene el tratamiento de señor o señora.»
[Bloque 105: #da-9]
Disposición adicional novena. Modificación de la Ley 1/1993, de 10 de marzo, del Síndic de Greuges de las Illes Balears.
«1. El Síndic de Greuges tiene el tratamiento de señor o señora y tiene derecho a las retribuciones que fije la ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.»
[Bloque 106: #da-10]
Disposición adicional décima. Régimen singular de Formentera.
[Bloque 107: #dt]
Disposición transitoria única. Adaptación a la administración electrónica.
1. Queda derogada la Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Illes Balears, así como todas las disposiciones de rango igual o inferior que contradigan lo dispuesto en esta ley o se opongan a ella.
2. Quedan derogados el apartado 2 del artículo 13, la sección primera del capítulo I del título II, el artículo 42 y la disposición final primera de la Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno.
«7. Proyectos de disposiciones reglamentarias del Gobierno y la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, excepto los siguientes:
8. Proyectos de reglamento ejecutivo que tengan que ser aprobados por los consejos insulares.»
«2. En los supuestos de los números 1, 5, 6, 7 y 8 del artículo 18, y de las letras b), d), e) y f) del artículo 19, el plazo es de treinta días hábiles.
En el supuesto de la letra a) del número 12 del artículo 18, el plazo es de dos meses.»
[Bloque 110: #df-2]
Disposición final segunda. Modificación de la Ley 10/2000, de 30 de noviembre, del Consejo Económico y Social de las Illes Balears.
«Artículo 3. Plazo de evacuación de dictámenes.
2. Cuando un proyecto o un asunto de los contemplados en este artículo deba ser sometido al dictamen del Consejo Consultivo de las Illes Balears, el expediente incluirá el dictamen correspondiente del Consejo Económico y Social, si lo hubiera.»
[Bloque 111: #df-3]
Disposición final tercera. Modificación de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Se añade una disposición adicional decimosexta a la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional decimosexta. Controversias jurídicas entre la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y los entes integrantes del sector público instrumental autonómico.
4. Las normas establecidas en esta disposición adicional no son aplicables a los conflictos, las cuestiones o los procedimientos que dispongan de una normativa específica para la resolución de las discrepancias correspondientes.»
[Bloque 112: #df-4]
Disposición final cuarta. Modificación de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
«Artículo 4. Estructura territorial.
2. Cuando las características de la materia lo exijan, y de acuerdo con los mecanismos legalmente previstos, los consejos insulares y los municipios han de asumir, en el ámbito territorial establecido, las facultades ejecutivas correspondientes a competencias de la administración autonómica.»
2. Se suprime el capítulo IV, «Las reclamaciones previas», del título V de la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de régimen jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
[Bloque 113: #df-5]
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 2/1996, de 19 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
«El personal al que se refiere este artículo no puede compatibilizar su cargo o puesto de trabajo con la condición de representante electo en colegios profesionales, cámaras o entidades que tengan atribuidas funciones públicas o coadyuven con ellas.»
[Bloque 114: #df-6]
Disposición final sexta. Modificación de la Ley 14/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2019.
«No obstante, las modificaciones normativas que contienen los puntos 1 a 3 y 6 de la disposición final segunda de esta ley empiezan a entrar en vigor el 31 de diciembre de 2018.»
[Bloque 115: #df-7]
Disposición final séptima. Modificación de los artículos 3.2 y 5.2 de la Ley 8/1986, de 26 de noviembre, electoral de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
«2. Son asimismo inelegibles:
f) Las personas titulares del órgano superior unipersonal de la Corporación de Radiotelevisión Española, los miembros del órgano superior colegiado de esta y los titulares directores de sus sociedades, como también las personas titulares del órgano superior unipersonal y los miembros del órgano superior colegiado de las radiotelevisiones de las otras comunidades autónomas.»
«2. También son incompatibles, además de las personas comprendidas en el artículo 155.2 y 3 de la Ley Orgánica de régimen electoral general:
d) La persona titular de la dirección general y las que ostenten la condición de miembros del Consejo de Dirección del Ente público de Radiotelevisión de las Illes Balears.»
[Bloque 116: #df-8]
Disposición final octava. Modificación de la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Se introduce una nueva disposición adicional a la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears, con el contenido siguiente:
«Disposición adicional decimoséptima. Los entes instrumentales autonómicos como medios propios de los consejos insulares.
Los entes instrumentales de la Administración de la comunidad autónoma se pueden considerar medios propios de los consejos insulares, a los efectos de que estas instituciones les puedan encargar actuaciones en el ámbito de sus competencias, siempre que, previamente, los entes instrumentales cumplan los requisitos que establece el artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público.»
[Bloque 117: #df-9]
Disposición final novena. Modificación del apartado 3 de la disposición final tercera de la Ley 16/2016, de 9 de diciembre, de creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears.
Se modifica el apartado 3 de la disposición final tercera de la Ley 16/2016, de 9 de diciembre, de creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en las Illes Balears, que pasa a tener la redacción siguiente:
3. El director o la directora de la Oficina tiene que elevar al Gobierno de las Illes Balears las propuestas de desarrollo reglamentario que considere necesarias para la ejecución de esta ley. El Gobierno las tramitará y aprobará, si procede, en el plazo de seis meses.»
[Bloque 118: #df-10]
Disposición final décima. Desarrollo normativo.
[Bloque 119: #df-11]
[Bloque 120: #fi]
Palma, 31 de enero de 2019.–La Presidenta, Francesca Lluch Armengol i Socias.

References: artículo 14
 artículo 15
 artículo 49
 resolución 

Artículo 3
 real decreto 

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 71
 artículo 13
 artículo 42
 artículo 18
 artículo 19
 artículo 18
 resolución 
 artículo 155
 artículo 32