Source: http://www.libertadidioma.com/2004/20040107.htm
Timestamp: 2020-04-09 00:09:36+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Miércoles 7 Enero 2004
La «España plural»
IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA ABC 7 Enero 2004
Indigente jurídico
Román Cendoya La Razón 7 Enero 2004
Aleix Vidal-Quadras La Razón 7 Enero 2004
ALFONSO USSÍA ABC 7 Enero 2004
Miguel Ángel Rodríguez La Razón 7 Enero 2004
Los cobradores de aranceles
Miguel Ángel Jiménez La Razón 7 Enero 2004
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital 7 Enero 2004
Juan Carlos Girauta Libertad Digital 7 Enero 2004
Carbón en el Parlamento
TONIA ETXARRI El Correo 7 Enero 2004
El penúltimo gran resbalón del PSOE
Lorenzo Contreras Estrella Digital 7 Enero 2004
El esqueleto del Estado
Editorial El Ideal Gallego 7 Enero 2004
Autonomías a la defensiva
José Luis Manzanares Estrella Digital 7 Enero 2004
Cartas al Director ABC 7 Enero 2004
Carta abierta al alcalde de A Coruña
Ezequiel El Ideal Gallego 7 Enero 2004
Villar se despide criticando el «ayatolismo» nacionalista
Ep - Bilbao.- La Razón 7 Enero 2004
El año más negro para ETA
D. M. / J. P ABC 7 Enero 2004
Acebes considera posible el fin de ETA tras los éxitos policiales de 2003
EFE Madrid Estrella Digital 7 Enero 2004
Por IGNACIO SÁNCHEZ CÁMARA. Catedrático de Filosofía del Derecho Universidad de La Coruña ABC 7 Enero 2004
LA expresión «España plural», de la que tanto se usa y abusa, encierra una obviedad o una falacia. En cualquier caso, ha de prevalecer la unidad del sustantivo sobre la pluralidad adjetiva. No dejaría de ser única a pesar de ser plural. La multiplicidad de sus miembros no refuta la unidad de una familia. Si la idea de la pluralidad de España designa la variedad de sus regiones, paisajes, hombres y lenguas, se dice con ello algo evidente y, sin duda, obvio. Si lo que se quiere decir es que lo único real son sus partes y que la unidad es puro artificio estatal, cuando no obra de la imposición imperialista, lo que se dice es sencillamente falso. Por esta vía se pretende que lo único real, natural sean las «naciones» que la integran, y, por lo tanto, que España sería sólo un Estado, no una nación. Cuando lo cierto es que España es una de las más viejas naciones europeas y así ha sido vista por sí misma y por sus vecinos y estudiosos.
En cualquier caso, la idea de la pluralidad de España no es novedosa. Apunta ya en la variedad de los reinos peninsulares medievales empeñados en la recuperación de la España perdida frente al Islam, y se consagra en la idea de las Españas, peninsular, americanas y asiáticas, que desmiente la pretensión de la existencia de un imperio colonial. Las Indias nunca fueron colonias, o, al menos, no lo fueron antes del siglo XIX, sino partes de la Monarquía hispánica, muchas veces en igualdad de condiciones con la España peninsular. De ahí la frecuente denominación de «las Españas». Por lo demás, la idea de España preexiste en siglos al logro de la unidad nacional. Lo que preside la obra histórica de la Reconquista es precisamente la necesidad de la recuperación de la España perdida, como testimonian con abundancia las crónicas medievales. En 1492 o en 1515 se restablece una unidad que se había perdido con la invasión y dominación islámicas; no se crea artificialmente o por la fuerza de las armas una nueva. Huelga citar el testimonio de los historiadores más fiables.
La Constitución no es criterio de verdad histórica sino norma jurídica fundamental, pero, en su letra y en su espíritu, avala esta primacía de la unidad nacional sobre la pluralidad de sus «nacionalidades y regiones». Bien es verdad que el uso perturbador de la expresión «nacionalidades» parece ser el resultado de una concesión de los constituyentes a la «vulgata» progresista. Por explicables motivos, que no razones y justificaciones, se dio la absurda paradoja de vincular el autonomismo y aún el separatismo con la corrección política democrática. Las reivindicaciones nacionalistas, a pesar de su patente tufo reaccionario y antiilustrado, cobraron un inmerecido prestigio progresista. Defender la unidad de España venía a ser un prejuicio reaccionario o conservador, y combatirla otorgaba un falso salvoconducto progresista. Pero nada de esto se puede asentar en la Constitución que, pese al galimatías autonómico, no deja lugar a dudas en su artículo 2: «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». La unidad nacional es lo originario -hasta la propia Constitución se fundamenta en ella y no al revés- y la pluralidad lo derivado. Desde el punto de vista histórico y jurídico, en España el único pueblo es el español, que, lejos de toda veleidad romántica, orgánica y filototalitaria, no es otra cosa que el conjunto de los ciudadanos españoles.
Acaso la variedad sea riqueza y la uniformidad pobreza, mas la variedad de España no es mayor que la que exhiben las principales naciones europeas. Ni en Alemania ni en el Reino Unido ni en Italia, por no hablar de Francia, se habla de «pluralidad» con la abusiva frecuencia con la que se habla en España. Acaso en esta peculiaridad se manifieste el vestigio de antiguos y superados complejos que alentaron la tesis de la anomalía histórica de España, de su inexorable decadencia. Mas no debemos prestar demasiados oídos a los decadentes. Estos son los verdaderos reaccionarios por mucho que se vistan con los más progresistas ropajes verbales. La pluralidad de España no es ni anterior ni más sólida y firme que su unidad. La falacia queda además en entredicho por la renuencia a hablar de pluralidad dentro de las llamadas «regiones históricas» -como si alguna no lo fuera- y por la reserva en exclusiva para Madrid de la acusación de centralismo, no planteándose siquiera la posibilidad de un centralismo de, pongamos por caso, Santiago, Vitoria o Barcelona. Los devotos descentralizadores no deberían descuidar la conveniencia de acometer una segunda descentralización, ésta no autonómica o regional sino municipal. Pero ya se sabe que el nacionalismo radical posee proclividades totalitarias, y al totalitarismo lo que menos le interesa es la limitación, fragmentación y diseminación del poder.
La historiografía y el hispanismo, sea cual sea la orientación de sus cultivadores, corroboran la idea de la unidad espiritual de España. Tanto la tesis de Américo Castro como la de Sánchez-Albornoz, y todas sus posibles variantes y matizaciones, presuponen y confirman la idea de la realidad histórica de España y su condición de vieja nación europea. No tendría sentido en caso contrario tanta literatura vertida sobre el ser nacional, sobre la cultura hispánica, ni tanta discusión sobre la presunta o real decadencia y sus causas. Por erróneas que puedan ser algunas visiones de España, y muchas, sin duda, lo son, incluso ellas proclaman la realidad secular de la Nación española. En su reciente y excelente libro El espíritu de España, escribe el hispanista Harold Raley: «Durante siglos, España ha sido un país que a los extranjeros les gusta odiar y los españoles odian amar... Tal vez sea el país más visitado y más denigrado de los tiempos modernos. Pocas naciones han sido más estudiadas y quizá ninguna tan mal comprendida de manera tan persistente». Quede para otra ocasión la indagación de las causas de esta «autofobia» española a lo español. Pero, desde luego, no se ama ni se odia ni se estudia lo que no existe o es mero artificio estatal de una pluralidad esencial.
Le delataba la cara. Cuando Caldera comparece «sobrao» es que directamente va a meter la pata hasta el cuello. Y así fue. Su gracia era tildar al ministro Michavila de «indigente jurídico» por denunciar, con todo acierto, que la propuesta electoral de la franquicia PSOE sobre el TS es la misma que plantean el Planetxe y la pareja de desecho Carod-Maragall. El origen de esa propuesta está en la molestia que les produce a los nazionalistas que actúe el poder independiente de la Justicia. El problema surgió con Zorrilla y su salto de 18 jueces para nombrar aquella mesa de la discordia al servicio de Atutxa y su ilegalidad. La intervención del TS, corrigiendo el desmán, provocó que los nazionalistas convirtieran en necesidad prioritaria dinamitar ese tribunal. Carod se sumó al Plan, Maragall lo hizo suyo y Zapatero y Caldera lo asumen como idea propia abandonando, otra vez, una posición tradicional del PSOE. Un día saldrá Zapatero y dirá que el PP se ha apropiado del Tribunal Supremo. Al ministro Michavila no se le puede llamar «indigente jurídico» ni por su currículo ni por su gestión valiente y eficaz. A Zapatero y Caldera les brindaría misericordia intelectual si no estuvieran jugando con cosas tan importantes. No cabe ni siquiera un «perdónalos porque no saben lo que dicen» porque ni siquiera entienden lo que proponen.
En 1993 y 1996 partidos nacionales sin mayoría absoluta en el Congreso formalizaron pactos con partidos nacionalistas que se tradujeron en reformas del sistema de financiación autonómica y en transferencias de competencias. Por tanto, alega ahora el PSOE, existen precedentes de cambios en el Estado de las Autonomías fruto de acuerdos políticos dentro del marco constitucional y la actual actitud «inmovilista» del PP obedece a puros intereses electorales. Sin embargo, lo que el equipo de Rodríguez Zapatero no dice es que bastantes de sus iniciativas presentes nada tienen que ver con lo realizado en épocas anteriores. Una cosa es incrementar el porcentaje de ciertos impuestos generales atribuido directamente a las Comunidades Autónomas y otra trocear la administración tributaria estatal y, obviamente, no existe parangón entre confiar a los gobiernos autonómicos la gestión de la parte no judicial de la administración de justicia y desposeer al Tribunal Supremo de su condición de última instancia de apelación para el conjunto de España.
Además, si, según los expertos socialistas que en estos días multiplican sus esfuerzos intelectuales para cuadrar el círculo de su extraña situación en Cataluña, el modelo de financiación autonómica vigente ha de evolucionar hacia otro en el que los recursos per cápita coincidan en todos los casos con los que hoy disfrutan las Comunidades forales, cabe preguntarse de dónde saldrá el dinero. Porque si al final lo que se produce es un trasvase presupuestario del Estado central a las arcas regionales para poner a todas al nivel vasco y navarro, o bien el Estado central renuncia a algunas de sus funciones esenciales o no se ve muy bien como se va a lograr ese milagro de los panes y los peces.
En cuanto a la cacareada «territorialización» del Senado, ¿se trata de convertirlo en una asamblea de gobiernos autonómicos como en Alemania o de qué estamos hablando? Y respecto a la muy solicitada Conferencia de Presidentes Autonómicos con el Presidente del Gobierno central, ¿creen de verdad los dirigentes socialistas que Ibarretxe se va a sentar amigablemente a discutir en pie de igualdad con sus «colegas» de Murcia, Castilla-La Mancha y Baleares? ¿Representa una visión muy plausible la de consejeros del PNV incorporados a nuestra delegación en el Consejo Europeo defendiendo lealmente los intereses nacionales de España ante la Unión?
Muchas de las medidas presentadas por el PSOE lo único que conseguirían es multiplicar los focos de tensión institucional.
Ni en 1993 ni en 1996 se hizo lo que pretende Rodríguez Zapatero para 2004, a saber, tocar el hueso del gran pacto civil de 1978. Ese es un ejercicio de altísimo riesgo cuando hay fuerzas políticas en el poder en más de una Autonomía cuyo objetivo explícito y confesado es la secesión. En resumen, que la irresponsabilidad y la frivolidad no sirven como alternativa.
Por ALFONSO USSÍA ABC 7 Enero 2004
TELESFORO Monzón llenaba con su enorme corpachón el bar de Urrugne en el que se reunían -primeros meses de la transición en España- los señoritos del nacionalismo vasco. En su juventud, Monzón pleiteó con un pariente por un marquesado de Castilla, que perdió por peor derecho. Su decepción fue tan grande como dolorosa. Acariciaba la corona de marqués bordada en la camisa sobre su tetilla izquierda. Era un esnob y un imbécil. La tetilla izquierda de Telesforo se quedó sin corona bordada, y a Monzón le nació, ya supurado, un infectante odio contra España. Se refugió en la aldea. Su protagonismo durante la Guerra Civil compitió con el de Arzallus en la actualidad. Salió por patas y se atrincheró en el Departamento francés de los Bajos Pirineos. Francia, «La France», jamás ha reconocido un territorio específicamente vasco. Se hizo amigo del párroco de Socoa, el padre Larzábal, un asesino con sotana, y apadrinó a «Peixoto», el etarra tuerto. Los nacionalistas adinerados que hacían sus grandes negocios en el franquismo le ofrecían, superada la frontera, acatamiento, ayudas económicas y toda suerte de cortesías. En las atardecidas, Monzón visitaba los bares de Hendaya, San Juan de Luz, Urrugne, Bidart y Ascain. Era simpático. Un día dijo que «era extranjero». ¿De dónde extranjero? No existía esa nacionalidad. Le escribí unos versos que me zarandearon la tranquilidad durante años, y que terminaban así: «Pero tenga más decoro, / y piense un poco, primero: / ¿Cómo va a ser extranjero / llamándose Telesforo?». Cuando sus etarras llevaban más de trescientos asesinados, y Arzallus pasaba a Francia a pedirles «más caña», el extranjero, que quiso ser marqués español, dobló la servilleta.
A partir de ahí, los nacionalistas vascos y algunos catalanes se consideraron extranjeros. Me figuro que extranjeros en España y de España, y lo cierto es que la anécdota era de esperar. Cada cual se divierte como quiere y juega a ser lo que le apetece, aunque la realidad sea muy diferente. Pero ese extranjerismo aldeano y chungo no salía de sus ámbitos artificialmente creados. Me temo que los márgenes han sido superados y que la enfermedad ha contagiado a muchos. Y entre esos muchos, a bastantes socialistas.
Para alcanzar el poder, los socialistas han decidido ser «un poco extranjeros». No se atreven a asumir la totalidad de su ridículo extranjerismo. Juegan con fuego. Pactan con los nacionalistas. Gobiernan con independentistas y se dejan gobernar por ellos. Se desmarcan de acuerdos fundamentados en el cumplimiento de las leyes y el respeto a la Constitución. La realidad inviolable de España, que tanto defendieron sus antecesores, les molesta y perjudica. Para mí, que en algunas ocasiones parece que están bebidos. Lo que no consiguen convenciendo a la ciudadanía lo intentan alcanzar mediante pactos abiertos o acuerdos subterráneos. Siguen hablando de «este país» y del «Estado», porque la bellísima palabra «España», y más aún, lo que significa, les hiere en sus papanatismos. Intentan hacernos ver que el llamado progresismo necesita, para conseguir su establecimiento, claudicar de sentimientos comunes y símbolos enraizados en lo más hondo del alma de los españoles. Hay dirigentes socialistas que luchan contra esa marea de irresponsabilidad. Serán, afortunadamente, los que enderecen el rumbo de un partido que no sabe adónde va desde que lo dirige el amable y condescendiente leonés. Pero se van a dar un morrón electoral de padre y muy señor mío, y el sistema democrático no saldría ganando con una hecatombe socialista.
Los nacionalismos catalán y vasco siempre han partido de una premisa: no quieren ser como los demás. A eso le llaman «hecho diferencial». Lo que no soportan es que sus logros sean distribuidos después por toda España. Es decir, que si el PSOE propone 17 tribunales autonómicos por encima del Supremo, catalanes y vascos querrán después su particular órgano superior; si cada autonomía consigue sus agencias tributarias (como ya tienen los ayuntamientos), ellos aspirarán a otra cosa. Y así sucesivamente. No quieren café para todos: quieren su cafelito. Por eso la propuesta socialista de multiplicar cada organismo del Estado por 17 ni zanja la reivindicación nacionalista ni viene a resolver ningún problema específico, sino a crearlo. Más bien parece que, a falta de estar en condiciones para conseguir el Gobierno, prefieren debilitar su poder rasgando a jirones competencias administrativas o judiciales. Podría ser una estrategia pero ¿están seguros de que es el mejor camino para ganar al PP?
Han abierto un debate que no tiene fin si se utiliza el lenguaje nacionalista. A la respuesta del Gobierno de «eso, no», ellos preguntan «¿y por qué no?». Sabemos que hasta ahora nos ha ido bien, pero es innegable la discusión intelectual: ¿nos iría mejor con las Comunidades de Libre Asociación? Según los nacionalistas, ése es el futuro, pero los que discrepamos no tenemos fórmula científica que responda irrefutablemente a su «¿y por qué no?». Ahora bien: algo no está afinado en su discurso cuando ellos se niegan a ceder poder en sus comunidades ¿Por qué el PSOE no empieza el debate de la descentralización en Cataluña ahora que puede?
Si los Reyes Magos fueran un milagro sucedido después de la transición política española, no hubieran llegado a Belén. Y sus regalos de oro, incienso y mirra, se les habría puesto en un pico a sus majestades, hasta el punto de que probablemente se pensarían volver al año siguiente.
Y es que sucede, que tanto detrás de los nacionalismos catalán y vasco, lo que se oculta con el hecho diferencial, la propia cultura, y todas esas bobadas propias de trileros callejeros, no es otra cosa que la nostalgia de haber dejado de cobrar aranceles.
Por que en esas reivindicaciones nacionalistas, subyace la pena de haber perdido los privilegios que les había permitido ser las dos regiones más ricas y desarrolladas de la Península Ibérica.
Desde el siglo XIX y las tres cuartas partes de XX, tanto Cataluña como las Vascongadas, importaron capital humano y financiero del resto de España. El Estado de las Autonomías, acababa con esos privilegios, y permitía a todas las regiones de España administrar sus propios recursos, sin el peaje del gobierno de Madrid, tradicionalmente controlado por la oligarquía financiera e industrial de las Vascongadas y Cataluña.
El espectacular crecimiento de Valencia no se debe a otra cosa que haberse quitado de encima el control catalán, que hábilmente desplazaba a su territorio, tanto el comercio como la industria.
Pero esa ensoñación nacionalista olvida la cruda realidad, y no es otra que, tanto las Vascongadas ¬con un 70 por ciento de su comercio con el resto de España¬ como Cataluña, ¬con un 80 por ciento con el resto de España¬, no pueden dar la espalda a 500 años de historia en común.
Cuando el aragonés Carod Rovira dice que no se encuentra cómodo en España, lo que quiere decir es que quiere seguir teniendo su monopoly particular, aquel que históricamente le permitía cobrar el arancel.
En La Revista de Libertad Digital , José García Domínguez, que ha tenido el arrojo de leer Cataluña: de la identidad a la independencia, de Xavier Rubert de Ventós, con prólogo de su amigo Pasqual Maragall, nos da la clave. Maragall es un seguidor de Derrida que se dispone a hacer con España esa necesaria operación que el president, en simpático galicismo, llama “deconstruir”. Zapatero, discípulo por edad de los dos catalanes y de Jacques Derrida, no puede menos que hacer propias todas esas iniciativas que, entendámoslo de una vez, no pertenecen al ámbito de la política sino de la filosofía: la atomización de la soberanía, el resquebrajamiento del poder judicial y el desmigajamiento del fisco. Faltos de erudición, nosotros lo achacábamos a maldad o locura; se trataba de desconstrucción.
Año nuevo, vicios viejos. En esta España federal y asimétrica con la que sueña el honorable Maragall -y de la que seguimos formando parte mientras el plan Ibarretxe no empiece a aplicarse con todas sus consecuencias- existe una Euskadi plural y atormentada en donde nuestros gobernantes minoritarios se apuntan a la moda española, con perdón. Que no es otra que recitar la siguiente jaculatoria: «El PP crispa, disgrega y da carbón». A bolazos contra el Gobierno, que es el deber de la oposición, en el sentido metafórico, claro está.
Pero cuando el Gobierno es el nuestro, la cosa cambia. En cuanto soplan vientos desfavorables, los responsables de gestionar nuestro bienestar se transforman en oposición. En oposición a «Madrid», se entiende. Y así, nos encontramos con un lehendakari que se queja de la imposición del PP obviando, de paso, que su proyecto de nuevo estatuto lo dejó caer en el Parlamento después de haber sido incapaz, durante un año, de haberlo consensuado con las fuerzas democráticas. De lo que se deduce que de sus continuas apelaciones al diálogo, para maquillar su plan excluyente, solo queda esa puerta abierta de Ajuria Enea por la que no acaba de pasar la oposición democrática.
Y ocurre que si Ibarretxe dice que su plan está abierto a sugerencias hasta la última coma, le creen los maragallistas, carodroviristas y llamazaristas ( si es que hay alguno). En Catalunya y Madrid sobre todo. Pero en Euskadi quienes desde la oposición asisten al espectáculo lamentable de un Gobierno que se niega a acatar las sentencias del Alto Tribunal en el Parlamento, han dejado de creer en los regalos navideños de los nacionalistas. Claro que siempre hay ilustres excepciones, especialmente en tiempo electoral y en un partido como el socialista en donde su secretario general, Patxi López, se limita a confesar que no le gustó nada, pero nada, la imagen de compañeros suyos manifestándose junto a la ilegalizada Batasuna. En ese río revuelto siempre brillará Odón. El alcalde donostiarra poco debe saber de la situación en el Parlamento -¿quizás con un cursillito de Huertas?- ,si todavía cree que se puede renegociar los Presupuestos no aprobados y retirar, por ejemplo, las asignaciones a Udalbiltza.
En el irreconocible Parlamento vasco, en donde precisamente por no hacer otra cosa que tirarse los trastos a la cabeza entre nacionalistas y no nacionalistas, con un presidente cada vez más crispado con el PP y más tolerante con la ilegalizada Batasuna, sólo se han aprobado 6 de las 36 leyes programadas, se han rechazado los Presupuestos y la polémica Ley de Universidades está en la papelera. Un balance nada brillante a la hora de rendir cuentas ante los votantes. Ahora bien, si se trata de entretenernos con lo que queremos ser, decidir y estar ETA, en su ciclo final, necesita seguir presente para condicionar el debate. Y vuelve a amenazar a EITB. Que a estas alturas haya políticos que todavía se limiten a decir que «ETA sobra», más que a viejo vicio, suena a insulto. Carbón para ellos.
El proyecto socialista que propone como modelo judicial la práctica desaparición del Tribunal Supremo en beneficio de los tribunales de justicia autonómicos como última instancia judicial ha causado auténtica estupefacción en los medios jurídicos. Hace tiempo que los asesores jurídicos de Rodríguez Zapatero venían amagando con esa idea, sobre todo López Aguilar. Pero en el fondo nadie, o al menos eso parecía, estaba inclinado a creer que ese disparate se iba a plantear en plan de oferta electoral en serio. Lo que podríamos llamar gabinete de estudios jurídicos del PSOE, o gabinete de Ferraz, ha llegado al colmo de sus posibilidades de error. Habría que reflexionar sobre la indigencia mental del ya citado López Aguilar, acompañado de López Garrido y del propio Caldera, este último dispuesto a llamar "indigente" al ministro de Justicia en la materia de su competencia, olvidando que no cabe mayor pobreza que la albergada en esta propuesta absolutamente esperpéntica. Una propuesta que deja al PSOE, en pleno proceso preelectoral, al pie de los caballos. No cabía un resbalón más escandaloso en un capítulo tan delicado para la gobernación general.
Los "doctrinarios" socialistas se han apoyado en el artículo 152 de la Constitución, con craso olvido de lo dispuesto en el artículo 123. El texto malinterpretado o tomado como rábano por las hojas dice lo siguiente: "Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones judiciales del territorio.
Obsérvese ahora lo que establece el artículo 123 de la propia Constitución: "El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales".
La comparación es tumbativa. Obsérvese: en primer lugar "sin prejucio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo", como reza el artículo 152. En segundo lugar, a tenor de lo establecido en el artículo 123, "jurisdicción (del TS) en toda España" y "en todos los órdenes", salvo lo que corresponda "en materia de garantías constitucionales" al Tribunal Constitucional, naturalmente, pero no a los tribunales "regionales", que a fin de cuentas es lo que son los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas.
El Tribunal Superior, en la demencial concepción de los juristas del PSOE, se convertiría en una especie de Consejo Superior Consultivo bajo el lamentable rótulo de "unificador de doctrina". Cualquier ciudadano estará en condiciones de meditar sobre lo que la Justicia del Estado acabaría siendo frente al sistema de intereses y presiones políticas de las Comunidades Autónomas, sobre todo las más caracterizadas por su rebeldía evidente frente al poder central. En el País Vasco, por ejemplo, no habría nada que hacer ni en lo penal ni en lo administrativo frente a esos poderosos intereses desplegados. ¿A qué demonios ha querido jugar el PSOE, aunque sólo sea en el plano intencional, en esta delicada coyuntura de la vida política española? ¿Se trata de hacer feliz al señor Ibarretxe y compañía o de qué se trata en resumidas cuentas?.
La ofensiva contra la Constitución parece interminable. Si primero fue el lehendakari quien a través de su plan secesionista amenazó la Carta Magna, después llegó el ataque de los catalanes, encabezado por Carod-Rovira y secundado, como pago por su apoyo, por Maragall, ahora se ha sumado Zapatero con su propuesta sobre los Tribunales Superiores de la comunidades autónomas y el Tribunal Supremo. La idea planteada por el secretario general socialista es el reflejo de la confusión en la que está sumido su partido, ya que cada “barón” regional defiende una estrategia diferente, contradictoria una con otra, y el líder del PSOE las recoge como si esa actitud sirviera para enmascarar la grave división interna.
Sin embargo, lo único que consigue es confirmar a los ojos de todos que su formación carece de un concepto de Estado y va improvisando formulaciones distintas en función de los disparates que sugieren los dirigentes autonómicos, que son como martillazos en el esqueleto sobre el que se sustenta el país. Ese asalto continuo a la cohesión territorial está generando una situación de tremendo peligro para la Constitución y, por lo tanto, a la forma de vida de la que decidieron dotarse los españoles al aprobarla hace 25 años. La responsabilidad en la que incurre el PSOE es muy grave, porque su posición actual no es otra que la del “todo vale” con tal de acceder al poder, un método de trabajo que se podría calificar de “terrorismo político”, pues, aunque sin recurrir a las bombas, se trata de avanzar hacia una meta dinamitando cualquier obstáculo que surja en el camino.
Dice Rodríguez Ibarra que de Extremadura nadie se llevará una sola peseta. Dice bien, pero no van por ahí los tiros. En este caso la afirmación y el gesto decidido tienen mucho de brindis al sol, porque, como bien le consta al presidente extremeño, el riesgo real -a punto de materializarse por iniciativa de sus compañeros catalanes- es muy otro: que dejen de entrar en Extremadura (o en Andalucía o en Castilla-La Mancha) los dineros solidarios de las Comunidades más ricas. A veces el pariente con mayores ingresos prefiere hacer rancho aparte -comer por su cuenta- y convierte el discurso de la solidaridad en un “divertimento” tras el que se oculta el egoísmo de siempre. Eso de que el amor al prójimo empieza por uno mismo continuaría siendo una verdad apenas velada por la verborrea políticamente correcta. Y, claro está, mientras más se ame uno mismo, menos amor queda para repartir.
No hay peor sordo que el que no quiere oír, pero en esta ocasión basta afinar un poco el oído para percibir el porqué de las demandas de reforma fiscal. La agencia tributaria de ámbito comunitario sirve a la genérica ambición de poder, porque poder es el manejo de los dineros, la exégesis de la legislación, el uso de los márgenes discrecionales que aquella comporta y la creación de un nuevo cuerpo de funcionarios autonómicos. Pero, para que no reste duda alguna sobre la finalidad última del invento, la exigencia de una agencia tributaria catalana coincide con las lamentaciones sobre lo mucho que al Principado contribuye al equilibrio económico entre todas las nacionalidades y regiones de España. Así es la naturaleza humana y así se razonaría con toda lógica desde una posición separatista. Lo que cuesta más trabajo comprender es que la quiebra de la solidaridad ibérica -siempre quedaría la de la Unión Europea a favor de sus nuevos miembros- sea asumida, si no postulada, por formaciones políticas que se califican de progresistas y no nacionalistas. Las mismas, por lo demás, que en aquellas tierras se oponen también al trasvase de una sola gota de agua del Ebro (sic), negándose a discutir siquiera sobre las sobrantes.
Si prosperase la iniciativa catalana, Madrid y las Islas Baleares podrían seguir su ejemplo, colocando el principio de igualdad por encima de una solidaridad obsoleta o reducida al mínimo. El perjuicio de las Comunidades menos favorecidas económicamente, también las gobernadas por el PSOE, se multiplicaría al compás del ahorro que tal proceder implicaría para las más desarrolladas y -hasta el momento- más generosas. La verdad es que o la política, como Dios, escribe derecho con los renglones torcidos, o no se entiende nada. Por ese camino, el próximo paso debería ser la reforma del IRPF para que los ricos sólo paguen por los servicios públicos que ellos individualmente reciben. Retrocediendo por el túnel del tiempo, nos olvidaremos del siglo XXI, de sus espejismos y de sus ridículas utopías. Bueno, retrocediendo o avanzando, porque ya no se sabe si vamos o volvemos.
Cada día el Partido Socialista nos sorprende con una nueva ocurrencia encaminada a socavar las bases sobre las que hemos construido un período de estabilidad política. En un principio, pensé, por la manía de atribuir un comportamiento mínimamente racional a sus dirigentes, que a Rodríguez Zapatero y a sus colaboradores les guiaba un desmedido afán de poder y que, con tal de hacerse con el gobierno, no tenían reparos en pactar con todos aquellos que, con unos u otros objetivos, deseaban poner fin a la hegemonía del Partido Popular. Sin embargo, un análisis más sosegado me ha mostrado lo equivocado que estaba. A los socialistas no les empuja la ambición. Al contrario, se contentaría con un puesto meramente honorífico al frente de un gobierno confederal vacío de atribuciones. Casi treinta años de democracia no han bastado para convencerles de que España no es un invento del franquismo, ni de que los nacionalistas nunca se darán por satisfechos en sus aspiraciones. Por eso cuando el Gobierno da muestras de firmeza le acusan de centralista y de sembrar la crispación.
Creen ingenuamente que cediendo nuevas competencias a las Comunidades Autónomas conseguirán aplacarlas, y no se dan cuenta de que, por mucho que se avanzara por tan peligroso camino, sus socios siempre exigirían algo más. ¿Alguien imagina que el PNV aceptaría la federación con Madrid, Murcia, La Rioja..., o que esa perspectiva causaría en el señor Carod-Rovira otra cosa que una sonora carcajada? Quizá les pareciera bien una asimétrica federación del País Vasco y de Cataluña con España, pero eso ya es otro asunto del que los socialistas parece que no quieren hablar. En tanto, se nos quiere presentar a los que defendemos nuestro actual Estado descentralizado como nostálgicos del franquismo. Espero sinceramente que Zapatero no llegue al poder y que, tras su fracaso, el Partido Socialista recupere la seriedad y el respeto por la Constitución. Francisco Javier Bernad Morales. Móstoles (Madrid).
Ilustrísimo Señor Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de La Coruña (ya sé, he estudiado protocolo, don Francisco, que también es usted excelentísimo por senador de España y otros motivos más): Por muchas causas le guardo a usted gratitud, unas personales y otras oficiales. Entre estas últimas, su protección exhaustiva para con la Asociación de la Prensa de La Coruña -que este año cumple sus primeros cien, bajo la égida de usted- y su patrocinio generoso del premio “Pérez Lugín”.
Pronto le deberé un motivo más, si es que usted decide aplicar la Ley -vigente, según asesoramiento de abogados- de Grandes Ciudades, que le permite restituir -que no alterar- el topónimo de nuestra entrañable La Coruña. Nada tengo contra la Lengua Gallega, señor alcalde. Le diré más: la hablo, la he estudiado y me ha resultado -aunque educado en castellano- fácilmente asequible, dado mi conocimiento del Latín. Pero el topónimo de La Coruña -que, por cierto, siempre han respetado el ABC y prácticamente todas las emisoras nacionales y televisiones - significará que “recuperamos un trozo de historia que nos quisieron robar”. Y entrecomillo, porque la frase no es mía sino del señor Quiroga y Piñeyro, presidente de la Cámara de Comercio. Aplaudo que se nos devuelva la “L” de liberal. Podría remitirle, señor alcalde, a concretos artículos de Ussía o Campmany, pero usted de sobra los conoce. Como expresó el señor Galdo, el que diga en castellano A Coruña está cometiendo la misma falta de ortografía que el que diga London en vez de Londres, New York en lugar de Nueva York, Sverige suplantando a Suecia o Magyarorszag cuando debe decir Hungría.
Podría señor alcalde -aunque a usted no le hacen falta- esgrimir textos de Curros, Pondal, Murguía o Labarta Pose, que abundan en nuestro aserto. A mayor abundamiento, los que quieran cumplir con “todos los sacramentos del gallego” habrán de decir “A Cruña”. Yo, se lo juro, señor alcalde, jamás le diré a usted que “vou a A Coruña”. Fuera las cacofonías. Y conste, don Francisco, que estoy preparado para encajar golpes de robinsones. De usted quedo afectísimo.
El delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar, que el viernes dejará su cargo de forma oficial en el primer Consejo de Ministros del año, aseguró haber vivido en el ejercicio de esa responsabilidad ocho años «durísimos» porque es una «autonomía profundamente hostil». A su entender, el País Vasco tuvo cuatro meses de paz en el periodo en el que PNV apoyó al presidente del Gobierno central, José María Aznar, tras su investidura, «pero cuando se dieron cuenta de que Mayor Oreja subía en las encuestas, inmediatamente cambiaron y, a partir de ese momento, todo ha sido un despropósito». Sin embargo, dijo que el País Vasco es una tierra «que tiene unos condicionantes que le hacen ser en muchas cosas superior al resto de España» porque goza de «un nivel industrial y una trama obrera preparada impresionante y eso ha hecho que haya estado creciendo, a pesar de ETA y del nacionalismo, por encima del resto de España».
Para Villar, pese a ello, «las cosas han ido demasiado lejos», por lo que consideró que, en la actualidad, las acciones del Gobierno vasco limitarán y determinarán estos crecimientos. En este sentido, consideró, en declaraciones a RNE, que con Juan José Ibarreche «las cosas llevan el camino de los ayatola» y, tras creer que el lendakari es un «personaje peligrosísimo», dijo no entender «este camino del ayatolismo» que, a su juicio, practica.
Enrique Villar también criticó al presidente del Parlamento vasco, Juan María Atucha, del que dijo que es uno de «los personajes más sectarios» y mostró su deseo de que, por medio de la ley, tenga la «sanción correspondiente» por incumplir sentencias judiciales.
Respecto al relevo de Javier Arzallus por Josu Jon Imaz, el delegado del Gobierno mostró su respeto al portavoz del Ejecutivo autónomo pero consideró que, en su nuevo puesto, se convertirá «en un personaje más o menos atrabiliario, estilo Arzallus, puesto que la tribu se lo va a exigir».
Por último, destacó el trabajo del Gobierno y de las Fuerzas de Seguridad en la lucha contra la banda terrorista y consideró que se podrá ver el final de ésta «siempre y cuando el resto de las fuerzas, entre ellas el PNV, no la apoyen y la saquen de tragos enormes donde estaba a punto de ahogarse y de desaparecer». A su juicio, la actitud del Gobierno vasco y de los nacionalistas ha conseguido «reflotar» con anterioridad a la organización terrorista «y eso dificultará más todavía el final de ETA».
El pasado «ejercicio», la banda cometió 3 asesinatos, la cifra más baja en 32 años. Las Fuerzas de Seguridad se centran ahora en golpear el «aparato logístico» que, pese a algunos reveses, mantiene aún capacidad para alimentar la actividad terrorista
MADRID. ETA quiso dar la bienvenida a 2003 con una matanza -explosiones en cadena en diversos centros comerciales de Madrid durante la Nochevieja-. Y, también, ETA quiso despedir el año con otra tragedia: el estallido de un tren bomba en la estación de Chamartín durante la pasada Nochebuena. La eficacia de las Fuerzas de Seguridad del Estado, sin embargo, han frustrado los planes de los etarras que, durante el año recien finalizado, asesinaron a tres personas, la cifra más baja en los últimos 32 años, a excepción del «espejismo» de 1999, cuando la banda hizo un paréntesis, camuflado en la tregua trampa, para reorganizarse.
En efecto, habría que remontarse a los propios orígenes de la actividad terrorista de ETA para encontrar cifras similares. Así, la banda acabó en 1968 con la vida de dos personas y, en 1969, con la de una. Después, en 1970 y 1971 no asesinó a ningún ciudadano, mientras que en 1972, a uno. A partir de ahí el número de víctimas mortales ha ido aumentando progresivamente año tras año, salvo retrocesos motivados por la eficacia policial.
Resulta paradójico que el número de víctimas mortales se disparara a partir de la instauración de la Democracia, lo que pone de manifiesto que ETA no luchaba contra la Dictadura franquista, sino que lo hizo, y lo sigue haciendo, contra lo que representa España.
La clave de la eficacia policial
El menor acierto de la banda a la hora de conseguir sus objetivos -provocar muerte y desolación- está estrechamente relacionado con la eficacia de las Fuerzas de Seguridad del Estado, el acoso judicial y la colaboración internacional, principalmente de Francia. Así, a lo largo de 2003, los «papeles» de «Susper» unidos a otras pistas permitieron poner en marcha cuatro operaciones contra la infraestructura de ETA en España, que se saldaron con un centenar de detenidos. Además, a lo largo del año recién concluido fue desarticulado el «comando Nafarroa», golpeado parcialmente el «Vizcaya», desbaratada la «campaña de verano» contra intereses turísticos del Mediterráneo y detenidos los dos etarras que pretendían volar la estación de Chamartín. El acoso ha continuado, implacable, contra la trama política del terror.
En Francia, ETA ha conocido probablemente uno de sus años más negros. Quizá el más oscuro, comparable al de 1992. Su «aparato militar», encargado de dirigir los «comandos», ha sido seriamente golpeado, con la detención de cabecillas como Ainhoa García Montero; Ibón Fernández Iradi, «Susper»; Juan Luis Rubenach; Íñigo Vallejo y, sobre todo, Gorka Palacios Alday. Además, la Policía de México desbarató la infraestructura logística y financiera que la banda tenía en el país azteca.
Fuentes de la lucha antiterrorista consideran, no obstante, que no hay que bajar la guardia, ya que la clave para derrotar a ETA está en golpearla sin tregua, para no darle opción a reorganizarse. En este sentido, consideran que una de las asignaturas pendientes es el desmantelamiento del «aparato logístico», que en 2003 ha sufrido varios golpes, aunque mantiene aún capacidad, por ejemplo, para confeccionar en Francia coches bomba que luego estallan en España. .
La banda terrorista se debate entre apoyar el 'Plan Ibarretxe' con una tregua o continuar la lucha armada
Los servicios de inteligencia señalan que, a la vista de los atentados abortados de Nochebuena, han triunfado las tesis de los más radicales
El ministro del Interior, Angel Acebes, creyó hoy posible la "derrota final" de ETA después de un año, el de 2003, en el que lucha contra la banda ha permitido el "avance" de la libertad y la democracia y el "retroceso" del terror. Por su parte, la banda terrorista tiene abierto un debate interno para decidir si comienza una tregua para apoyar las tesis del plan del lehendakari Juan José Ibarretxe o bien continúa con la lucha armada, según los servicios de inteligencia.
El titular de Interior ha afirmado que ve cercana la derrota de ETA en una conferencia de prensa para hacer balance de la actividad antiterrorista durante el pasado año, en el que fueron detenidos 187 presuntos etarras -entre ellos los dirigentes del aparato militar-, se han intervenido a la banda 3.571 kilos de explosivos y se han desmantelado 184 inmuebles usados por los terroristas.
2003 ha sido el año de menor número de fallecidos desde 1973 -a excepción del año de la tregua- en atentados de la banda terrorista, y las tres muertes ocurridas en esas acciones eleva a 816 la cifra de víctimas mortales en la historia de la organización.
Fuentes de los servicios secretos españoles aseguraron ayer que, a juzgar por los datos disponibles y por lo que se deduce del último comunicado de la banda terrorista, en el seno de ETA hay un debate en torno a la conveniencia de abrir una tregua que preste un apoyo a Batasuna y al plan Ibarretxe.
Sin embargo, a juzgar por los últimos intentos de atentado en esta Navidad, se han impuesto de momento las tesis de los etarras más radicales, que apuestan por continuar la lucha armada para demostrar al movimiento nacionalista que "siguen ahí".

References: artículo 2
 artículo 152
 artículo 123
 artículo 123
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