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Timestamp: 2013-12-11 20:11:40+00:00

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Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera Lunes, 12 Noviembre 2012 tamaño de la fuente
Lic. Arturo Accio Paredes Santana
“PVE Consultores” S.C.
El Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA) consiste en unas serie de actos previstos en la Ley Aduanera (LAD) que tienen la finalidad de determinar las contribuciones de comercio exterior omitidas e imponer las sanciones correspondientes, contemplado en su conformación un espacio para que el particular ejerza su derecho de audiencia al considerarse sus alegatos y pruebas para justificar la legalidad de sus actos. El Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA) consiste en unas serie de actos previstos en la Ley Aduanera (LAD) que tienen la finalidad de determinar las contribuciones de comercio exterior omitidas e imponer las sanciones correspondientes, contemplado en su conformación un espacio para que el particular ejerza su derecho de audiencia al considerarse sus alegatos y pruebas para justificar la legalidad de sus actos.
El acto preparativo de mayor importancia para este procedimiento de fiscalización es el embargo precautorio de la mercancía, quedando bajo el reguardo y deposito en físicamente en un recinto fiscal para su manejo, guarda y custodia, surgido por la posibilidad de encontrase irregular, que tratándose de mercancías embargadas por considerar su valor de importación “subvaluado” tienen la posibilidad de sustituir el embargo por un depósito en cuenta aduanera de garantía que se puede tramitar ante las instituciones bancarias o casas de bolsa. De acuerdo al artículo 151 de la LAD se establecen los por los que la autoridad puede proceder a embargar precautoriamente las mercancías:
Cuando las mercancías se introduzcan a territorio nacional por lugar no autorizado cuando las mercancías extranjeras en tránsito internacional se desvíen de las rutas fiscales o sean transportadas en medios distintos a los autorizados tratándose de tránsito interno.
Cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibida o sujeta a las regulaciones y restricciones no arancelarias a que se refiere la fracción II, del artículo 176 de esta Ley y no se acredite su cumplimiento o sin acreditar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas o, en su caso, se omita el pago de cuotas compensatorias. Tratándose de las normas oficiales mexicanas de información comercial, sólo procederá el embargo cuando el incumplimiento se detecte en el ejercicio de visitas domiciliarias o verificación de mercancías en transporte.
Cuando con motivo del reconocimiento aduanero, del segundo reconocimiento o de la verificación de mercancías en transporte, se detecte mercancía no declarada o excedente en más de un 10% del valor total declarado en la documentación aduanera que ampare las mercancías.
Cuando se introduzcan dentro del recinto fiscal vehículos de carga que transporten mercancías de importación sin el pedimento que corresponda para realizar el despacho de las mismas. Cuando el nombre o domicilio fiscal del proveedor o importador, señalado en el pedimento o en la factura, sean falsos o inexistentes o cuando en el domicilio fiscal señalado en dichos documentos, no se pueda localizar al proveedor o la factura sea falsa.
Cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior en un 50% o más al valor de transacción de mercancías idénticas o similares determinado conforme a los artículos 72 y 73 de esta Ley, salvo que se haya otorgado la garantía a que se refiere el artículo 86-A fracción I de esta Ley.
Los medios de transporte de las mercancías quedan afectos al pago de las contribuciones y de las cuotas compensatorias causadas por la entrada o salida del territorio nacional de las mercancías que transporten, si sus propietarios, empresarios o conductores no dan cumplimiento a las disposiciones mencionadas en el artículo 1 de la LAD, salvo en los casos a que se refieren las fracciones I,II, III, IV, VI, y VII de anterior precepto, sí el medio de transporte cuenta con carta de porte que cumpla con los requisitos fiscales del artículos 29-A y 29-B del Código Fiscal de la Federación (CFF), así como con el contenido del 181 del Reglamento de la LAD. Se debe tener mucho cuidado porque en los supuestos de las fracciones II y IV del mismo precepto citado, el resto de la mercancía, aún sin irregularidades, queda como garantía del interés fiscal, salvo que se trate de maquiladoras o empresas con programas de exportación, autorizadas por la Secretaría de Economía.
El PAMA como lo mencionamos en el párrafo anterior, inicia con un embargo precautorio por la existencia de posibles irregularidades detectadas en la verificación física y documental derivada del primer y segundo reconocimiento de las mercancías presentadas al mecanismo de selección automatizado, en la verificación en transporte o dentro de las instalaciones del particular. Se inicia con la realización del acta de inicio, aunque según la LAD se considera iniciada cuando se levanta un acta circunstanciada de irregularidades, terminando cuando se emite la resolución, en la cual la autoridad aduanera determinará la situación jurídica regular o irregular de las mercancías embargadas, incluyendo los medios en los que se transportan. Al particular afectado cuenta con la oportunidad aportar elementos y argumentos en su defensa, los cuales la autoridad tiene la obligación de valorarlas y analizarlos para determinar sí la importación de esas mercancías ha cubierto los requisitos y formalidades, antes de dar su resolución.
En la LAD en su artículo 150 establece que este derecho de audiencia se ejercerá en los diez días hábiles siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación del acta de inicio, sin embargo, el primer párrafo del artículo 153 establece la formalidad de su contenido, donde se señala que el interesado deberá ofrecer por escrito las pruebas y alegatos que a su derecho convenga dentro del plazo de diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación. Como medios de defensa que se pueden interponer contra las resoluciones que recaen a este tipo de procedimiento se encuentra el previsto en el artículo 203 de la misma Ley: “En contra de todas las resoluciones definitivas que dicten las autoridades aduaneras procederá el recurso de revocación establecido en el Código Fiscal de la Federación”, la interposición de éste recurso será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con un juicio contencioso administrativo. Los procedimientos administrativos se conforman de una serie de etapas o actos el caso del PAMA son los siguientes:
Levantamiento de un escrito de irregularidades;
Elaboración del acta de inicio;
Apertura del periodo para elaboración alegatos y aportación de pruebas; y
Emisión y notificación de la resolución que pone fin al procedimiento.
La LAD establece como obligación para las autoridades emitir la resolución al PAMA dentro de los cuatro meses contados a partir del día siguiente a aquél en que quede integrado el expediente, esto es, transcurridos lo diez días para los alegato y pruebas, aportados o no, en caso de que la autoridad no emita la resolución definitiva las actuaciones que dieron le inicio quedan sin efecto.
Una vez que se ejercen facultades de comprobación por parte de la autoridad aduanera en las cuales se detectan irregularidades en la internación de mercancía al país se procederá a su embargo precautorio, mediante el levantamiento de un acta de embargo precautorio e inicio del PAMA en donde se hará constar de acuerdo con el artículo 151 de la LAD:
Señalar lugar, hora y fecha en que se lleva a cabo la diligencia y cualquier otra circunstancia que auxilie a precisar el acto;
Detallar la orden de verificación o de visita con sus datos de fecha de expedición, número de oficio, fundamentación legal de la expedición de la orden, autoridad que la expide, Etc.
Identificación de los funcionario pertenecientes a la autoridad que practica la diligencia;
Hacer constar los hechos y circunstancias de tiempo, modo y lugar que motiven su inicio, elaborando una relación sucinta de los acontecimientos que se presentaron, fundamentar las presuntas infracciones y señalar las circunstancias de hecho por las que se consideran cometidas.
Detalle, descripción, naturaleza y demás características de las mercancías objeto;
En su caso, toma de muestras de las mercancías y cualquier otro elemento probatorios necesarios para dictar la resolución;
Designación por parte del particular de dos testigos, y ante su negativa los hará el personal de la autoridad;
Designación por parte del particular del domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción territorial de la autoridad competente para tramitar y resolver el procedimiento correspondiente, y de señalar uno falso, la resolución correspondiente será notificada por estrados. Sólo los pasajeros podrán señalar un domicilio fuera de dicha circunscripción; Dar a conocer al particular afectado que tiene un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la presente acta de inicio para ofrecer las pruebas y los alegatos que a su derecho convenga;
Firma de los que intervengan; y
Entregar copia al interesado y hacerlo constar
Este documentos tiene carácter público y su contenido es de valor pleno de acuerdo con los artículos 46 de la LAD y la fracción I del 46 del CFF. La notificación del inicio de PAMA debe hacerse, de conformidad con el artículo 150 de la LAD y la fracción I del 134, de manera personal, y en caso de no señalar domicilio o está fuera de la circunscripción, es falso o desocupó su domicilio fiscal sin haber presentado el aviso respectivo, de acuerdo con los artículos 150 y 134, fracción III, de la LAD y CFF, respectivamente.
De conformidad con el Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria (RISAT) las unidades administrativas facultadas para iniciar y tramitar el PAMA serán únicamente:
° Administración General de Aduanas (Artículo11, fracciones XIII, XXXV, LVIII y LIX RISAT)
° Aduanas (Artículo13 RISAT)
° Administración General de Auditoría Fiscal Federal (Artículo17, fracciones XII, XVII y XVIII RISAT)
° Administración Central de Fiscalización (Artículo18, RISAT)
Estratégica (Apdo. E, fracciones I, II y III )
De Comercio Exterior (Apdo. F, fracciones I, II y III )
° Administraciones Locales de Auditoría Fiscal (Artículo19, apdo. A, fracción I RISAT)
Subadministraciones Locales de Auditoría Fiscal (Artículo19, apdo. B, fracción I RISAT)
° Administración General de Grandes Contribuyentes (Artículo20, apdo. A, fracciones XXXV, XL RISAT)
Administraciones Centrales de Fiscalización (Artículo21 RISAT)
A Empresas que Consolidan Fiscalmente (Apdo. E, fracciones I y II)
Al Sector Financiero (Apdo. F, fracciones I y II)
Internacional (Apdo. G, fracciones I y II)
De Precios de Transferencia (Apdo. H, fracciones I y II )
A Grandes Contribuyentes Diversos (Apdo. I, fracciones I y II)
De Comercio Exterior (Apdo. J, fracciones I y II)
El día 13 de julio de 2012 se publicó una reforma en el diario oficial de la federación que reformas este reglamento interno, reagrupando algunas de las unidades en materia aduanera y fiscalización donde se crea a la Administración General de Auditoria de Comercio Exterior.
Respecto a las entidades federativas, la Constitución Política de loa Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) el artículo73 fracción XXIX, reserva expresamente algunas fuentes de riqueza para que quedaran gravadas exclusivamente por la federación; pero en dicha fracción no quedan comprendidos los principales impuestos federales y, por otra parte, no establece impuestos reservados en forma exclusiva a los Estados, ni a los municipios. El sistema constitucional permite a la federación en la fracción VII de su artículo 73, establecer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto de gastos de la federación, sin que esto quede limitado a los gravámenes enumerados en su fracción XXIX.
De la interpretación sistemática y relacionada de estas dos últimas fracciones y el último párrafo y XXX del mismo precepto se advierte que el Congreso de la Unión cuenta con facultades expresas para establecer contribuciones para satisfacer el presupuesto, así como expedir una ley en la que se precisen los porcentajes en que los estados y los municipios participarán, y para crear las leyes que permitan cumplir con esas atribuciones, razón por la que surge la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), por la cual se establece un sistema de coordinación fiscal en México, este análisis se desprende de la tesis aislada, I.8º.A.135 A publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, diciembre de 2008, página 989.
La LCF, en su capítulo III se contempla la colaboración administrativa entre las entidades y la federación, prevé que podrán celebrar convenios de coordinación en materia de administración de ingresos federales, que comprenderán las funciones de Registro Federal de Contribuyentes, recaudación, fiscalización y administración, que serán ejercidas por las autoridades fiscales de las entidades federativas o de los municipios cuando así se pacte expresamente, de acuerdo con su artículo13 LCF, así como serán consideradas, en el ejercicio de las facultades a que se refieren los convenios o acuerdos respectivos, como autoridades fiscales federales; y que en contra de los actos que realicen cuando actúen de conformidad con este precepto, sólo procederán los recursos y medios de defensa que establezcan las leyes federales, artículo14 LCF. Por lo que es de concluirse que las autoridades fiscales de las entidades federativas que se adheridos al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal (SNCF), serán competentes para iniciar y resolver el PAMA, siempre y cuando dicha facultad esté prevista en el Convenio de Coordinación respectivo.
Reconocimiento aduanero. Artículos 11, fracción XXXIV y 13 RISAT y 44 LAD;
Segundo reconocimiento. Artículos 11, fracción XXXIV RISAT y 44 LAD;
Verificación de mercancías en transporte. Artículos 11, fracción X, 17, fracción V y 32, fracción XXIV del RISAT, 46 de la LAD y 42, fracción VI del CFF;
Verificación de vehículos de procedencia extranjera. Artículos 11, fracción X, 32, fracción XXIV del RISAT y 42, fracción VI del CFF;
Visitas domiciliarias. Artículos 11, fracción LXXVII, 17, fracción III, VII, 20, fracción V, 32, fracción XXIV del RISAT y 42, fracción V del CFF y 155 LAD
Puestas a disposición. Artículo 3 de la LAD
La presentación por el ciudadano afectado de sus pruebas y alegatos en el PAMA implica que en el mismo se encuentre presente el reconocimiento de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 CPEUM, en razón de la privación de la propiedad o posesión de sus mercancías a través del embargo precautorio de las mismas, garantía de audiencia que le otorga la característica de constitucionalidad al referido procedimiento administrativo, esto se hará de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 130 del CFF. Los requisitos para el ofrecimiento de las pruebas, además de que el escrito libre cumpla con establecidos en los artículos 18 19, 123 y 135 del CFF y 153 de LAD. Los documentos probatorios generalmente ofrecidos en este tipo de etapas son los pedimentos y anexos, facturas, solicitudes de importación temporal, actas de internación temporal de vehículos y cartas porte, además se admitirán las pruebas periciales, documentos trasmitidos por el Sistema Automatizado Aduanero Integral (SAAI), Etc.
Finalmente, dentro del plazo de cuatro meses la autoridad aduanera tiene la obligación de emitir y notificar la resolución que ponga fin al procedimiento, esto de conformidad con el tercer párrafo del artículo 153 de la LAD, la cual debe reunir todos los requisitos de un acto administrativo de conformidad con lo dictado por el 38 del CFF, contar con firma autógrafa del titular de la unidad administrativa que tramitó el PAMA o de quien pueda suplirlo de conformidad con el art. 10, antepenúltimo párrafo del RISAT, el direccionamiento sea de manera directa al propietario, poseedor o tenedor, o bien al responsable solidario. Generalmente la autoridad tiene un estructura definida de su conformación:
Estos pueden ir variando de acuerdo a los criterios que surjan con posterioridad por la misma autoridad aduanera. Como lo expusimos anteriormente, de acuerdo al artículo 203 de la LAD, contra las resoluciones definitivas que se dicten procederá la tramitación del recurso de revocación establecido en el CFF. Este recurso es un medio de defensa que procede contra la resolución que dicte la autoridad aduanera correspondiente, con la que se dé fin a un Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, debe ser interpuesto por quien esté afectado en su interés jurídico, así mismo, será válido cuando la resolución de que se trate no haya sido materia de impugnación ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Deberá interponerse un escrito ante la autoridad competente en materia del domicilio fiscal o de la autoridad que emitió el acto que se impugne, dentro de los 45 días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación de la resolución definitiva que se impugne. Derivado de la promoción de dicho recurso la autoridad competente resolverá en cualquiera de estas situaciones, de conformidad ocn el artículo 133 del CFF:
Desecharlo por improcedente; Confirmará su validez;
Determinará que se dicte una nueva resolución donde se subsanen las observaciones que se hicieron presentes en el recurso de revocación;
Dejarlo sin efectos; y
Ordenará que se reponga parcial o totalmente el procedimiento administrativo en materia aduanera.
Recordemos que este recurso es optativo de acuerdo con el artículo 120 del CFF, por lo que se puede interponer forma directa un Juicio Contencioso ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, o bien, en contra la resolución al recurso de revocación impugnarse en este último medio, esto es, ante las resoluciones que dicte la autoridad administrativa a la que le tocó la resolución del recurso de revocación es procedente que el interesado promueve el denominado juicio de nulidad en el cuál se tratará de comprobar la legalidad de la actuación de las autoridades fiscales administrativas.
La sentencia que recaiga en el Juicio Contencioso puede tenernos en suma dos sentidos, el favorable de efectos plenos como la nulidad lisa o llana o bien una para efectos de que se reponga en procedimiento, o en segundo escenario, uno negativo donde confirmen el contenido del recurso de revocación o la validez del acto impugnarlo, ante lo que sólo nos resta interpone en contra de esta sentencia un juicio de amparo directo. El tiempo para presentar la demanda de amparo es de quince días, contando a partir del día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley, la notificación al quejoso de la sentencia.
Las consecuencias de un PAMA sobre mercancía son sumamente importantes, pues no sólo habré un procedimiento administrativo sino que pone en riesgo diversas circunstancias desde sanciones económicas hasta privación de libertad, por esto se debe conocer bien su conformación para desahogarlo y salir avante. Valora este artículo
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