Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520144.html
Timestamp: 2019-03-20 01:49:26+00:00

Document:
as201521144
Auto Supremo: 144/2015
Expediente: LP- 165-14-S
Partes: Movimiento Místico Espiritual “KURMI-A CONSEJO DE RELIGIOSIDAD
MILENARIA INDÍGENA DE AMAUTAS”. c/ María Carmen Beatriz Loza y
VISTOS: El recurso de casación de fs. 169 a 177 vta., interpuesto por Rene Pérez Chuca en representación del consejo de Religiosidad MILENARIA INDÍGENA DE Amautas “KURMI-A” contra el Auto de Vista signada con la Resolución Nº S-139/2014 de 25 de marzo de 2014 que cursa de fs. 159 a 160 vta., pronunciado por la Sala Civil Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso de usucapión seguido por la entidad recurrente en contra de María Carmen Beatriz Loza y otro, la concesión de fs. 183, los antecedentes del proceso, y:
El Juez Primero de Partido en lo Civil de la ciudad de La Paz, pronuncia la Sentencia signada con la Resolución Nº 87/2013 de 6 de mayo de 2013 que cursa de fs. 109 a 114 vta., declarando improbada la demanda de fs. 9 a 10 subsanado a fs. 34, 36 y 39, e improbada la demanda reconvencional interpuesta por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz de fs. 47 a 48 y dispuso que el expediente sea elevado en grado de consulta.
Resolución de primera instancia que es recurrida de apelación por la entidad demandada y resuelto mediante Auto de Vista de fs. 159 a160 vta., que confirma la Sentencia apelada, fallo que a su vez es recurrido de casación.
1.- Refiere que en su escrito de apelación de fs. 115 a 117 hubiera acusado cuatro agravios: 1) no se ha examinado la legalidad de su demanda y el derecho que asiste, a pretender la propiedad ocupada por mas de 20 años, en forma pacifica, pública e ininterrumpida, 2) no se ha tomado en cuenta los actos de dominio son prominentemente de carácter espiritual, conforme al objeto y finalidad del terreno, 3) no sea reconocido su posesión por mas de 10 años, 4) la sentencia restringe su derecho a la propiedad y a al identidad y respeto a la espiritualidad y religión amauta. Sin embargo el Auto de Vista ha ignorado los agravios, por lo que en aplicación de los arts. 215, 258 y 253 del Código de Procedimiento Civil interpone recurso de casación arguyendo error y contradicción manifiesta en el contenido del Auto de Vista, respecto a la naturaleza del bien a usucapir porque reconoce como bien de dominio privado y a la vez como de dominio público, el cual es motivo de casación.
Cita el art. 190 del Código de Procedimiento Civil e indica que la resolución judicial debe ser racional, debe escudriñar si los puntos de repudiados de injustos han sido consideraos por el A quo en armonía con la prueba y refiere que la actividad intelectual del Ad quem es pobre indicando lo siguiente: 1) que el terreno a usucapir es propiedad privada de francisco loza y sus herederos, alude el texto del Auto de Vista, en sentido de que, el Tribunal de apelación hubo afirmado que la entidad recurrente hubiera dado cumplimiento en identificar al ultimo propietario que figura en el Registro de Derechos Reales, de acuerdo al informe de fs. 7. 2) que el terreno a usucapir es propiedad pública, pues en el Auto de Vista en el inc. d) ingresa en contradicción al afirmar que el bien a usucapir es propiedad pública y el mismo no puede ser objeto de prescripción adquisitiva, por lo que si se considera el bien de dominio público el Estado debió ser demandado, para señalar en forma posterior que el Gobierno Municipal no ha probado ser propietario, concluye refiriendo que el Ad quem no podía señalar que el bien fuera de dominio público y privado.
2.- Error de hecho en la apreciación de la prueba de cargo y descargo, relativo a la prueba testifical, documental e inspección conforme al art. 253 num. 3) del Código de Procedimiento Civil y describe la prueba documental de fs. 2, 3, 4, 5, 7, 31, 32, 37 a 38, 61, 62 a 63, 64, la Ordenanza Municipal Nº 033/2012 y 104/2007 del Gobierno Municipal de El Alto, plano de propiedad de Francisco Loza de fs. 139, reglamento del culto del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de fs. 146, y la Ordenanza Municipal Nº 146/2011 de fs. 155 a 156; asimismo describe la prueba testifical de David Ramos Choque y Julián Bautista Quispe que en le lugar se realizan actividades religiosas, respecto a la prueba de inspección judicial, de haber demostrado que en el lugar se efectuó la construcción de una habitación y se realizan actividades religiosas; asimismo describe la prueba documental de descargo de fs. 51, y que en audiencia de inspección el Gobierno Municipal hubiera indicado que la franja de protección sobrepasa el terreno que se pretende usucapir.
Luego señala: que con la prueba documental y testifical se ha demostrado que el terreno de la usucapión es de propiedad privada; la inspección ocular, testifical y documental acredita la posesión pública y pacífica y que su ocupación persigue fines religiosos que no sufrió perturbación alguna, la posesión por las de 10 años, y los proyectos de construcción del templete han demostrado el “dominio” sobre la superficie del terreno a usucapir.
3.- Acusan error de derecho en la apreciación de la prueba de cargo y descargo, señalando que derecho de propiedad se demuestra mediante los títulos inscritos en el Registro de Derechos Reales, que fue cumplido en la persona de Francisco Loza a diferencia del Decreto Supremo Nº 16228 no constituye título propietario, pues el Estado debe iniciar el trámite de expropiación, conforme al art. 22 de la Constitución de 1967, dicho decreto no fue activado al no haberse activado el proceso de expropiación, por ello la sentencia declaro improbada la pretensión del Gobierno Municipal, y describe doctrina respecto al proceso de adjudicación y reitera que ni la ABC ni el Gobierno Municipal no han tenido el interés de indemnizar a los propietarios de los predios de la franja de seguridad de la autopista.
Señala que la Administradora Boliviana de Caminos ha levantado mojones para establecer su perímetro de dominio delineando hasta donde alcanza la propiedad pública, empero dicha entidad no ha hecho observación respecto a su posesión.
4.- Acusa error en la interpretación de las normas en que se fundamenta el Auto de Vista, conforme al numeral 1) del art. 253 del Código de Procedimiento Civil, manifestando que se erró la interpretación del Decreto Supremo Nº 16228, arguyendo que la Ley Nº 2028 en su arts. 85 define los bienes de dominio público y el Gobierno Municipal, empero el predio a usucapir se encuentra en el intermedio de la autopista y la Av. Naciones Unidas y ese terreno intermedio resulta ser de propiedad privada.
5.- Acusa violación del derecho a usucapir, manifestando que el derecho a la propiedad mediante la usucapión conforme a los arts. 110 y 138 del Código Civil, empero el Auto de Vista le ha restado valor al derecho a la identidad del ente demandante, tampoco se ha considerado que el sitio ceremonial, que se encuentra garantizado por el art. 30 num. 7 de la Constitución.
Acusa error en la foliación del expediente, conforme al art. 254 num. 7) del Código de Procedimiento Civil, arguyendo que la nota de aclaración de fs. 136, se ha dado valor al comprobante de fs. 6 mas que al proyecto de equipamiento cultural; asimismo no se ha foliado las notificaciones, como se advierte a fs. 49 a 50.
Por lo expuesto solicita, casar el Auto de Vista o anular el Auto de Vista.
Tomando en cuenta que el recurso resulta ser en el fondo y en la forma, primero se pasará a resolver el recurso en la forma, pues de advertir vicio de procedimiento daría lugar a un pronunciamiento por anular obrados y de ser así sería innecesario considerar ya el recurso de casación en el fondo.
Respecto a la acusación de no haberse dado importancia al legajo acompañado en la demanda, y las notificaciones de fs. 49 a 50 no hubieran sido foliadas, refiriendo que debió darse lugar a una refoliación, acusando diligencias no cumplidas en base al tenor del art. 254 num. 7) del Código de Procedimiento Civil.
Se debe señalar que la falta o no de foliación, si bien es una diligencia que debió ser cumplida por el Juez, empero de ello en su debida oportunidad el interesado (recurrente), conforme a la regla que señala el art. 16 y 17 de la Ley Nº 025, cuyas irregularidades procesales, debieron ser reclamadas en forma oportuna, aspecto que no consta en obrados, por lo que a esta altura dicha acusación resulta ser infundada.
Asimismo en el contenido del resto del recurso de casación se ha argumentado que el Auto de Vista fuera contradictorio, al señalar que el bien fuera de propiedad privada y luego de dominio público, se debe indicar que el Auto de Vista, si bien aludió de haberse presentado el registro de derechos reales, empero hizo alusión que para iniciar el trámite se tomó en cuenta dicho registro de propiedad a nombre de un tercero, empero de ello en el desarrollo del proceso a convocatoria del Gobierno Municipal de La Paz, se llegó a evidenciar que el predio que se pretende usucapir es de dominio público, por lo tanto no existe contradicción en el Auto de Vista.
Asimismo acusa que de los cuatro agravios planteados en el recurso de apelación no hubiera sido respondidos, se debe indicar que le Auto de Vista de fs. 159 a 160 vta., emitió resolución en cuatro incisos los cuales fueron argumentados por el Ad quem, se debe recordar que las resoluciones no deben ser repetitivas en cuanto a la respuesta de los agravios, pues puede que mas de un agravio sea repetitivo y haya sido absuelto en un solo punto, al efecto se dirá que si la entidad recurrente no estaba de acuerdo con la respuesta del tribunal de apelación, tenía la oportunidad de solicitar la petición de complementación y enmienda en base al art. 239 del Código de Procedimiento Civil, el no haberlo hecho implica que no agotó el mecanismo de protección directo e inmediato para la satisfacción de las observaciones que ahora los trae en recurso de casación, lo propio ocurre cuando acusa infracción del art. 190 del Código de Procedimiento Civil, pues no se ha advertido contradicción en el Auto de Vista o que el mismo se haya emitido asumiendo decisiones imprecisas.
Se debe tomar en cuenta que el Ad quem, en el Auto de Vista en el inc. c) de los fundamentos de su resolución, consideró que la entidad demandante no se encuentra en posesión por el plazo de diez años, tomando en cuenta la fecha de la constitución de su personería jurídica que data de la gestión de 1999, asimismo dedujo que la parte recurrente no se encuentra en posesión de toda la extensión que pretende usucapir sino solo de una pequeña fracción, asimismo dedujo que el predio a usucapir se encuentra en intermedio de la Autopista La Paz el Alto y la Av. Naciones Unidas, que constituye un espacio de franja de seguridad conforme al Decreto Supremo Nº 16228 de 22 de febrero de 1979, posteriormente en el inciso d) efectúa la calificación de bien de dominio público y como tal resulta ser imprescriptible.
Ahora para considerar el recurso de casación en el fondo primero se debe considerar si los predios demandados de usucapión se encuentran en posibilidad de ser usucapidos, al efecto se dirá que los de instancia tomaron en cuenta que conforme al Decreto Supremo Nº 16228 de 22 de febrero de 1979, el derecho de vía será la faja de terreno de 25 mts., como mínimo y 150 mts. como máximo a partir del eje de vía, empero de dicha disposición se debe indicar que el decreto supremo Nº 25136 de 21 de agosto de 1998, en forma genérica modificó el derecho de vía como describe su art. 10 que expresa lo siguiente:
“(Derecho de via) A efectos de uso, defensa y explotación de las carreteras de la Red Fundamental, se establece que son propiedad del Estado los terrenos ocupados por las carreteras en general y en particular por las de la Red Fundamental, así como sus elementos funcionales.
La línea para poder efectuar edificaciones ajenas a la carretera es fuera de los 50 (cincuenta) metros a cada lado del eje…”
Ahora de acuerdo a la mencionada disposición legal se tiene que la Autopista la Paz-El Alto, ha sido calificada como red fundamental, siendo así el derecho de vía conforme al mencionado decreto supremo se extiende hasta los 50 metros horizontales a partir del eje de carretera, esa afectación de terrenos, hace que esa superficie de 50 metros longitudinales de forma horizontal a la autopista, resultan ser bienes de dominio público por lo tanto imprescriptibles, en el caso sub lite, se ha presentado por parte del actor el plano de fs. 37 en el que señala que la superficie del cual se realiza la operación aritmética, tomando en cuenta que a partir del eje de vía se encuentra, en su lado Este se aprecia que la construcción de dicha vía tiene una longitud 9,39 mts., y muy cercana a ello se encuentra la superficie que en su ancho asciende en longitudes de 12,78 mts., 19,76 mts., 23,77 mts. y 28,24 mts., por razón lógica y deductiva se entiende que la superficie pretendida de usucapión se encuentran dentro de los 50 mts. que corresponde al derecho de vía, por lo que ahí nace la imposibilidad de usucapir bienes de dominio público, cuya responsabilidad conforme a su calificación de red fundamental Nº 2.
Consiguientemente en base a lo expuesto, las acusaciones en sentido de que el terreno a usucapir, es propiedad privada, resulta infundada, en razón a los argumentos expuestos precedentemente; asimismo las acusaciones relativas al error de hecho en la apreciación de la prueba de cargo y descargo, relativo a la prueba testifical, documental e inspección judicial, la prueba de fs. 2, 3, 4, 5, 7, 31, 32, 37 a 38, 61, 62 a 63, 64, la Ordenanza Municipal Nº 033/2012 y 104/2007 del Gobierno Municipal de El Alto, plano de propiedad de Francisco Loza de fs. 139, reglamento del culto del Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado de fs. 146, y la Ordenanza Municipal Nº 146/2011 de fs. 155 a 156, así como la prueba documental de fs. 51; resultan ser impertinentes, tomando en cuenta que se ha descrito que el inmueble pretendido de usucapir resulta ser uno de dominio público;
Asimismo corresponde señalar que en cuanto a la expropiación no efectuada ese es un argumento que por la regla de la legitimación podría corresponder al propietario de un predio afectado, quien resulta ser el titular del bien, y no así a un poseedor.
En cuanto a la observación de que la Administradora Boliviana de Caminos hubiera levantado mojones para establecer su perímetro de dominio, corresponde señalar que el art. 10 del mencionado Decreto Supremo Nº 25134 establece un nuevo parámetro de medidas que se encuentra dentro el derecho de vía, superficie longitudinal de 50 mts. a partir del eje de vía que llega a constituir en bien de dominio público -que como se dijo- se encuentra el área pretendida de usucapión.
En cuanto a la interpretación errónea del Decreto Supremo Nº 16228, arguyendo que la Ley Nº 2028 en su arts. 85 definía los bienes de dominio público y el Gobierno Municipal, empero el predio a usucapir se encuentra en el intermedio de la autopista y la Av. Naciones Unidas y ese terreno intermedio resulta ser de propiedad privada; se debe señalar que el art. 10 del Decreto Supremo Nº 25134 de 21 de agosto de 1998, establece limitaciones al derecho de propiedad privada y por dicha disposición establece el derecho propietario de una longitud de 50 mts. a partir del eje de vía en Redes fundamentales, y la Autopista La Paz el Alto ha sido calificado como una red fundamental Nº 2, por lo que no se evidencia interpretación errónea del Decreto Supremo Nº 16228, pues aunque aquella disposición no haya sido mencionada en el Auto de Vista, la misma se acomoda al criterio establecido por los jueces de grado, consiguientemente no se evidencia violación de los arts. 110 y 138 del Código Civil, en cuanto al derecho a usucapir, pues por la regla contenida en el art. 91 del Código Civil, la posesión de cosas fuera del comercio no produce ningún efecto, esto quiere decir que no se puede usucapir bienes de dominio público, así el art. 85 de la ley Nº 2028 señala que es un bien de dominio público las carreteras y avenidas, por lo que la imprescriptibilidad de bienes de dominio público y entidades públicas se encuentra respaldada por el art. 339 parágrafo II de la Constitución Política del Estado.
Finalmente, en cuanto a que el art. 30 num. 7 de la constitución garantiza la identidad del ente demandante, se debe señalar que dicha norma tiene el siguiente texto: “7. A la protección de sus lugares sagrados…”, texto que no concuerda con el contenido de la demanda de fs. 9 a 10 vta., memorial en el cual la entidad actora (con personería jurídica Nº 0500 de 9 de diciembre de 1998) señaló que en el lugar a usucapir se viene efectuando practicas religiosas y se tiene proyectado levantar un templo ceremonial religioso (fs. 9 renglón 21 y ss.), no se señaló que el lugar a ser usucapido fuera considerado como un “lugar sagrado”, además de ello en la presente causa de usucapión decenal tiene por objeto verificar si el predio pretendido de usucapión es uno que se encuentre en el comercio (que no sea de dominio público) y si se ha operado la posesión con sus elementos corpus y animus, caso que no aconteció por las razones expuestas.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil declara INFUNDADO, el recurso de casación de fs. 169 a 177 vta., interpuesto por Rene Pérez Chuca en representación del Consejo de Religiosidad MILENARIA INDÍGENA DE AMAUTAS “KURMI-A” contra el Auto de Vista signada con la Resolución Nº S-139/2014 de 25 de marzo de 2014 que cursa de fs. 159 a 160 vta., Sin costas por no haber sido contestado el recurso.

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