Source: http://raulolivera.blogspot.com/2005/
Timestamp: 2017-06-25 01:53:30+00:00

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Raul Olivera Alfaro (Articulos y publicaciones): 2005
LOS DERECHOS HUMANOS Y LOS PRONUNCIAMIENTOS PRE ELECTORALES. El pasado 25/3 el pre candidato colorado Profesor Luis Hierro López, y el 26/3 el General Víctor Licandro del Frente Amplio, en sendas entrevistas en CX 14 El Espectador, respondieron a interrogantes relativas a cuáles iban a ser las conductas de sus fuerzas políticas relativas al tema de los desaparecidos. Hierro expresó que “ en términos institucionales” el Uruguay tiene “una respuesta oficial”, y que ella (la Ley de Caducidad), muestra que “hemos sido un país con sabiduría y coraje”. Afirmo, que su ” posición es idéntica a la del gobierno. Pero ... que los gobernantes o las instituciones no pueden congelar una situación y decir que la misma va a ser de esa manera para siempre. La sociedad va dando sus respuestas, va abriendo sus puertas, va ubicando los temas”. En honor a la verdad, se pueden compartir algunas de sus declaraciones. Por ejemplo de que no es posible los congelamiento de las situaciones, sino habría que preguntárselo a Videla, a Masera, a Pinochet, etc. O que, las sociedades abren puertas, aunque diferimos en el tipo de apertura. Para nosotros, se abren en el mundo, impensables hasta hace poco, puertas para que impere la justicia y se cierren los avances de la impunidad. También es cierto que la repuesta “oficial”, esa que contradice y borra con el codo lo que firma el país al suscribir Tratados, Convenciones, etc., es la verdad del “gobierno” y por tanto un cambio en serio de este, también debería conllevar la posibilidad esperanzadora de empezar a escribir una VERDAD con mayúscula.Al recordársele que “hay un grupo de ciudadanos cuyo reclamo parece bastante legítimo que necesita saber qué pasó con sus familiares”, el señor Hierro a pesar de reconocer “ la enorme angustia que esto significa”, aconseja que dejar que “ el tiempo opere”. La definición de la desaparición forzada, como delito continuado es algo más que una calificación técnica. Implica que hasta tanto el mismo no cese por su esclarecimiento pleno, el mismo se sigue cometiendo. Dicho en buen romance, el consejo del Sr. Hierro es mas o menos; dejemos que el delito siga operando, démosle a las víctimas una cuota mas de esa angustia que él dice saber lo que significa, para que los autores de esos crímenes puedan dormir en paz. Finalmente ante otra pregunta sobre si él ” ve alguna posibilidad más adelante o si tiene alguna idea sobre como esclarecer el destino de los desaparecidos”, quien aspira conducir los destinos del país, no puede que decir que no la tiene....y aventura que “vendrán gobiernos... Creo que hay que dejar las cosas.. dejemos que el tiempo opere un poquito”. La desaparición forzada, es también, una forma de tortura continuada en el tiempo, por lo que el consejo de Hierro es algo así como aconsejar que al torturado se lo debe dejar sufriendo aun un poquito más.- La “sabiduría y el coraje” de las que hablaba al comienzo Hierro seria de mejor aplicación si ellas se usaran tanto para respetar y aplicar los convenios internacionales suscritos por el país. Por su parte el Gral. Licandro, en un reportaje que si bien estaba dedicado a un tema distinto al de los desaparecidos- el tema FF.AA-, nos da pistas mas precisas para entender el posicionamiento del Frente Amplio al respecto. En primer lugar una definición del cuerpo que integran los autores materiales de las desapariciones forzadas: “las Fuerzas Armadas constituyen una organización permanente del Estado, que la nación alimenta porque le es necesaria para su defensa. Entonces, si es un elemento necesario para la nación habrá que buscar la manera de que el elemento sirva a la nación y no sea contrario a la misma”. Quienes hemos visto en el tema de las violaciones a los derechos humanos durante la pasada dictadura, también un desafío sobre el futuro democrático del Uruguay, nos resultan sumamente interesantes estas líneas de razonamiento riguroso, que da “un valor importante tener en cuenta quiénes fueron (los autores de las desapariciones)”.” Si (un militar) no llega a explicar qué conducta tuvo en aquel momento, me cabe la duda en cuanto a si puede llegar a servirme para el futuro". “Las Fuerzas Armadas no fueron depuradas, por eso los documentos del Frente Amplio hablan de depurarlas. Hay gente que participó en el período de la dictadura y queremos saber cómo se comportó. Eso no es posible, porque cuando han sido acusados ante la Justicia la Ley de Caducidad impide ir al juzgamiento de un militar. Hasta ahora, ningún militar ha ido a la Justicia y hay papeles llenos de nombres donde están por lo menos acusados. El Frente quiere hacer una depuración. Si no puede ir a la investigación va a encontrar el camino”. Quien consulte las resoluciones del ultimo Congreso de esa fuerza política encontrara que la concepción del FA esta “inspirada tanto en los compromisos que nuestra fuerza política ha desarrollado durante toda su trayectoria, como en aquellos instrumentos internacionales suscritos por nuestro país que constituirán para el gobierno progresista, un eje de acción ineludible e irrenunciable....- Mas adelante dicha resolución expresa: “que la expectativa de impunidad respecto de las violaciones de los derechos humanos... alienta esas violaciones y es uno de los obstáculos fundamentales para la observancia de los derechos humanos y del derecho humanitario internacional y para la plena aplicación de los instrumentos internacionales de derechos humanos y de derecho humanitario”; “que la denuncia de las violaciones de los derechos humanos, la entrega de sus autores a la justicia, la obtención de justicia para las víctimas, así como el mantenimiento de archivos históricos de esas violaciones orientaran a las sociedades futuras, y que todo ello es parte integrante de la promoción y la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de la prevención de futuras violaciones”; “ que exigir responsabilidades a los autores de violaciones graves de los derechos humanos es uno de los elementos esenciales de toda reparación eficaz para las víctimas de violaciones de los derechos humanos y un factor clave para conseguir un sistema de justicia justo y equitativo y, en definitiva, la reconciliación y la estabilidad en un Estado”.Finalmente reafirma su “compromiso con el rescate de la memoria colectiva sobre la violación de nuestros derechos y la corrección de sus deformaciones” y resalta “ la importancia de luchar contra la persistencia, tolerancia e impunidad de las violaciones de los derechos humanos... y adoptar en el marco de un eventual gobierno progresista, las medidas mas adecuadas para hacer frente a tan importante situación”, concluyendo que tiene su “ compromiso con la demanda de la sociedad uruguaya, de que se cumpla con total objetividad y garantías, con el artículo 4to de la ley 15.848"...siendo esto “ una tarea prioritaria del futuro gobierno progresista”. El senador Gandini que intento descubrir en el discurso del pre candidato Tabaré Vázquez del 24/3, una supuesta omisión culpable del mismo en torno a este tema puede encontrar en lo mas serio que deberían tener las colectividades políticas- su resoluciones de Congresos-, una repuesta que sin duda también deberá servir de referencia para las conductas electorales próximas.
Articulo publicado conjuntamente con Sara Mendez en Revista INTERNOS Nº 32 octubre 2005.¿EL FIN DE LA IMPUNIDAD?Algunos hechos que están ocurriendo en el país hacen pertinente la interrogante de si nos encontramos ante el fin de la impunidad. Más allá de que aún es poco predecible el curso que esos hechos tomaran y el desenlace final de ellos, lo cierto es que un gobierno que no está comprometido con las políticas de impunidad, deberá ponerse a tono con los avances que en la región, se están operando en ese mismo terreno. Entender esos avances en la región, nos servirá para evaluar con mayor rigurosidad el proceso que está en marcha a partir de la instalación del gobierno progresista.Cuando la Corte de Justicia de Argentina resolvió hace poco que las leyes de obediencia debida y de punto final eran inconstituciones, quedó sin obstáculos el camino para que la justicia ponga fin a la impunidad que vivió ese país desde hace casi 20 años. Mientras que por otra parte en Chile, hace ya tiempo, que la amnistía con la que Pinochet pretendió cubrir sus crímenes, no ha sido un impedimento para que decenas de altos militares se encuentren entre rejas.ArgentinaLa resolución de la Corte de Argentina se basó en el hecho de que dichas leyes de impunidad son contrarias a normas internacionales que tienen jerarquía constitucional. Para ello siguió los lineamientos establecidos tiempo atrás por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso contra el estado de Perú (caso “Barrios Altos”), en el sentido de que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. En ese fallo, la CIDH sostiene que el Estado tiene la obligación de investigar y sancionar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, ya que los mismos no son susceptibles de ser amnistiados.Haberse allanado el camino al establecimiento de la verdad y al castigo a los responsables del terrorismo de Estado en Argentina[1], es el resultado de un largo y trabajoso proceso de lucha desde la sociedad civil (organismos de derechos humanos, familiares de las víctimas, etc.). En ese proceso, se inscribe la declaración del juez Gabriel Caballo de inconstitucionalidad e invalidez de dichas normas de impunidad en marzo del 2001 en la causa Poblete Hlaczik. Fallo, que fuera confirmado unánimemente por la Cámara Federal, ocho meses después[2].La diferencia entre una consideración política y una jurídica, es que las primeras están siempre sujetas a alternativas, mientras que las segundas constituyen una obligación. Políticamente puede admitirse que una decisión puede ser conveniente o no tomarse, y entre esos limites, estar sus alternativas.Jurídicamente, no hay esos márgenes. Las decisiones jurídicas, al menos las que no están contaminadas de determinaciones políticas, no admiten más limites que las del derecho y en ese sentido son una obligación[3].Justamente, el derecho humanitario apunta a proteger al ciudadano de esas conductas políticas de los Estados que a partir de conveniencias políticas, afectan sus derechos elementales. La afectación del derecho a la justicia, como decisión del Estado, más allá de referéndum, plebiscitos o decisiones de los depositarios de la representación ciudadano, hace necesario la presencia del derecho internacional para restablecer ese derecho afectado[4].Esta situación, seguramente inspiró a que en esa reciente y saludable resolución de la Corte de Argentina, se expresara que la invalidación y declaración de inconstitucionalidad de las mencionadas leyes de impunidad, no constituían “una alternativa”, sino que era “una obligación”.El máximo órgano judicial del hermano país, asumió esa obligación, y desde ella la responsabilidad de contribuir al fortalecimiento democrático a partir de responsabilizarse de llevar adelante la construcción de la memoria, de la verdad y de la justicia.En nuestro país, esa obligación por imperio del mecanismo instituido por la ley de caducidad, pareció durante mucho tiempo subsumido casi en exclusividad en el marco de las alternativas políticas. En ese sentido, la obligación fue solo una alternativa política que, por supuesto, no se asumió.Conocidas son las alternativas recorridas por las determinaciones políticas de los gobiernos de Sanguinetti, Lacalle y Batlle. Para esos gobiernos la impunidad a todos los niveles - con relación a la verdad y a la justicia -, determino sus alternativas. Las vimos en las investigaciones del artículo 4º,[5] en los proyectos de ley de habeas data[6], de instrumentación de la Corte Penal Internacional[7] y en la omisión en tipificar determinadas conductas delictivas de acuerdo a los parámetros internacionales[8], etc.El cambio de titularidad en el Poder Ejecutivo que determinó el triunfo electoral de la fuerza política que fue víctima privilegiada del terrorismo de Estado y la acción que a nivel del hasta entonces terreno olvidado de la justicia, por parte de Tota Quinteros en 1999, configuran nuevos parámetros de la lucha en torno a la impunidad.ChileUna resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, de fines del 2003, mantiene las condenas que contra integrantes de la cúpula de la DINA se habían dictado tiempo atrás[9] Se trataba de la primera resolución de este carácter en el país trasandino en la que se rechazaba la posibilidad de aplicar la amnistía con la que Pinochet intento cerrar la posibilidad de la acción de la justicia sobre los crímenes perpetrados durante su régimen.El fallo, tenía su importancia tanto por sus efectos en otros procesos relativos a detenidos desaparecidos, como por los fundamentos en lo que se echaba mano a la legislación internacional sobre derechos humanos de la que Chile es parte. Entre otros argumentos, se sostenía que la soberanía de Chile estaba limitada por los tratados internacionales que protegen los derechos fundamentales de las personas.La resolución estableció que la amnistía no era aplicable a un delito de secuestro cuando la víctima no había aparecido. Tratándose entonces de un ilícito de “carácter permanente” que se sigue cometiendo cada día, y por tanto excede el periodo cubierto por la amnistía[10]. Y que por otra parte el delito de Desaparición Forzada de Personas,”constituye desde hace tiempo una gravísima ofensa a la dignidad intrínseca de la persona humana de carácter inderogable, tal como está consagrado en diversos instrumentos internacionales de carácter obligatorio para Chile”, y agregaron que “pero lo que es más importante, es que constituye un crimen de lesa humanidad, tal como está definido en el Estatuto de la Corte Penal Internacional que ya se encuentra vigente internacionalmente”.El voto de rechazo a aplicar este beneficio a criminales de uniforme, aunque en retiro, se refirió a siete tratados internacionales sobre legislación de derechos humanos de los cuales Chile es parte plena, los que, según los ministros, obligan al país a respetarlos aún por encima de la legislación interna, dado que estos tienen “una mayor jerarquía que los demás tratados internacionales, en cuanto regulan los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana”.Lo llamativo del fallo, desde el punto de vista de lo que estamos analizando, es que sostuvo que pese al hecho de que Chile aun no había ratificado en el Senado la Convención Interamericana sobre Desaparición forzada de Personas que sí había firmado en 1994[11], la citada Convención tiene “consecuencias jurídicas” para Chile. Entre ellas la improcedencia de beneficiarse de actos del poder Ejecutivo o Legislativo, de los cuales pueda resultar la impunidad del delito.URUGUAYEn el mes de octubre nuestro país deberá responder ante la CIDH, sobre las observaciones y recomendaciones que se le han hecho con respecto a la conducta omisa del Estado relacionada con las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.Que esta nueva administración se libere de quedar atrapada por los mismos cuestionamientos de que fueron objetos los gobiernos anteriores, dependerá de la profundización de las medidas que hasta ahora está impulsando. En ese sentido la conducta que asuma ante las nuevas denuncias que se le elevaran de los juzgados penales, para que las comprenda o no en la ley de caducidad, determinaran que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA piense y determine que en Uruguay se esta transitando los caminos del fin de la impunidad.Sara Méndez y Raúl Olivera[1] Actualmente solamente se mantienen los indultos dictados por Saúl Menem.[2] Previamente, el procurador General de la Nación había resaltado la importancia de la inconstitucionalidad de las leyes para garantizar el imperio de un Estado sujeto a derecho y contrarrestar la violencia que emana de las instituciones del Estado.[3] “En un sistema político en el que el poder judicial tiene lo última palabra, la justicia tiene también la función de mantener intacto y vigente un sistema de valores. Si la justicia falla sistemáticamente contra los valores básicos de la sociedad, éstas quedan irreconocibles, primero para los perpetradores que pierden su mala conciencia, y después para las víctimas, que pierden su fe. En un Estado moderno de derecho, hasta ahora, y pese a muchos deseos de tener otros mecanismos tal vez más humanos, el castigo judicial es el recurso más válido que tiene la sociedad para declarar lo que considera justo e injusto. Mientras esto sea así, la condena judicial con su castigo correspondiente, o también la falta de condena, tienen un valor de orientación imprescindible. Un crimen sin castigo tarde o temprano perderá su carácter de crimen”. Rainer Hule, De Nuremberg a La Haya. Los crímenes de derechos humanos ante la justicia, problemas, avances y perspectivas. Revista Memoria (1997).[4] “La defensa de los DDHH debe hacerse basándose en el derecho, conociendo el derecho y defendiendo el derecho. No debe hacerse sobre la base de impulsos ni pasiones, por más sanas que sean, sino de normas jurídicas. La defensa de la libertad y de los DDHH está en aplicar el derecho.” (Gros Espiell 26/11/92 Comisión de DDHH Diputados).[5] Algunas las encomendó, a los propios militares (los Fiscales militares Coroneles Sambucetti y Corbo); la de los niños desaparecidos al entonces Consejo del Niño y la del caso de Elena Quinteros en la que estaba involucrado el compromiso con el gobierno de Venezuela, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta última no investigaría en el interior de las fuerzas armados y cuando encontró el memorando secreto de Juan Carlos Blanco, se intentó ocultarlo.[6] En las discusiones de un Proyecto de habeas data en la legislación del año 2000, se insinuó por parte del partido colorado que se estableciera como delito el hecho de exponer documentos posteriores a 1830 sin autorización del Ejecutivo. Los blancos defendieron un plazo de 30 años, mientras que parlamentarios del FA acordaban en 20 años más 10 años que eran potestad del Presidente, extender.[7] El anteproyecto presentado por el gobierno de Batlle estaba redactado de manera tal de no afectar la impunidad consagrada por la ley 15.848.[8] Uruguay pese a haber ratificado Convenios internacionales, no incorpora al derecho interno en forma expresa dichas normas (la desaparición Forzada, la tortura, etc).[9] Se trataba de una causa criminal por la desaparición de Miguel Angel Sandoval Rodríguez en 1975 y en la que el Ministro Alejandro Solís en abril del 2003, había condenado al general (R) Manuel Contreras (15 años); al brigadier (R) Miguel Krassnoff (10 años); al coronel (R) Marcelo Moren Brito(11 años); al brigadier (R) Fernando Lauriani (5 años); y al teniente coronel (R) de Carabineros Gerardo Godoy (5 años).[10] La amnistío comprende los delitos cometidos entre el 11/09/73 y el 10/03/78.[11] Contaba solo con la aprobación de la Cámara de Diputados.
LOS VUELOS Y LOS DECOLAGES DE LAS ”VERDADES POSIBLES”.Publicado en Trabajo y Utopia Nº 51 agosto 2005.El 15 de septiembre de 2002 ante la justicia argentina y el 2 de mayo ante la Comisión para la Paz, el PIT/CNT denunció el hecho hoy re conocido por la Fuerza Aérea, de que en el curso de 1976 había ocurrido un segundo vuelo clandestino de traslado de ciudadanos uruguays secuestrados en Argentina con destino a nuestro territorio. Es más, Sara Méndez y Raúl Olivera en el libro “SE CUESTRO EN LA EMBAJADA. EL CASO DE LA MAESTRA ELENA QUINTEROS”, dieron cuenta de que ese traslado había sido admitido por el propio Julio María Sanguinetti el 29 De enero del 2000.Mucho más atrás en el tiempo, la suerte corrida por más de tres decenas de opositores a la dictadura, secuestrados en Argentina en setiembre y octubre de 1976, fue reclamada a partir del comunicado que las fuerzas con juntas emitieron el 29 y 30 de octubre de aquel año de 1976.LAS CUENTAS QUE NO CIERRAN. LA DETENCIÓN DE 62 INTEGRANTESDEL P.V.P.Los días 28, 29 y 30 cte octubre de 1976, los espacios radiales, televisivos y de la prensa escrita de un comunicado de las fuerzas conjuntas, en el que dan cuenta del “descubrimiento de un movimiento subversivo” y de la detención de 62 personas que lo integraban. Sin embargo, en el citado comunicado sólo se da el nombre de 14 de ellos. En el libro “EL PROCE SO POLÍTICO. LAS FUERZAS ARMADAS AL PUEBLO ORIENTAL”, editado por la Junta de Comandantes en jefe, en abril de 1978, casi dos años después de los hechos a que se hace referencia, ex presa: “En una segunda entrada al país, con la misma casa rodante, por el puerto de Colonia, los sediciosos que en ella viajaban fueron detenidos y sus declaraciones permitieron extraer las pistas que condujeron al desbaratamiento de toda la operación”. Más adelante sigue diciendo: “Entre los detenidos, 62 personas en total, figuran...” allí se dan los nombres de los 3 detenidos en el Puerto de Colonia y de 14 de los 26 trasladados clandestinamente desde Argentina.Una publicación de la Comisión Ar chidiocesana de la Pastoral de los Derechos Humanos de Sáo Pablo, denunciaba en agosto de 1980: “Mientras tanto, es en 1976, entre junio y setiembre, que se produjeron secuestros en masa en la Argentina, seguido de transferencia clandestina al Uruguay. Para encubrir los secuestros, las autoridades uruguayas emitieron dos comunicados, en los días 29 y 30 de octubre, informando que habían sido presas 62 personas que “simularon desaparición” en Buenos Aires, para poder entrar clandestinamente al Uruguay.Los comunicados dan apenas 14 nombres, lo que significa que hay otras 33 personas cuya detención es admitida por el propio comunicado oficial, pero sobre las cuales no se da la mínima información..¿Cómo se llega a la conclusión de que hay 33 secuestrados que actual mente están desaparecidos y que el propio gobierno militar de la época, sin quererlo, lo admite? Simplemente haciendo la siguiente cuenta: a los 62 detenidos admitidos en el comunicado oficial de la dictadura, se le deben restar los 26 traslados clandestinos al Uruguay de uruguayos que sobrevivieron y las tres personas detenidas en el Puerto de Colonia.¿Quiénes son los 33 detenidos que faltan? Responder a esa pregunta, sin duda permitirá saber quienes integraban el segundo vuelo, del año 1976.LA CONFESIÓN DE SANGUINETIIPocos días antes de abandonar la Presidencia de la República, el Dr. Julio María Sanguinetti, en una carta en la que le responde al escritor alemán Gunter Grass sobre la desaparición de María Claudia García de Gelman, confiesa el traslado clandestino al Uruguay de los integrantes del PVP secuestra dos en setiembre y octubre de 1976 en Argentina.Dice Sanguinetti en esa carta que el hijo de Juan Gelman había estado secuestrado en Orletti, “De su nuera se sabe que estuvo recluida en un lugar clandestino de detención de Buenos Aires, junto a muchas otras víctimas de esos años, entre ellas un grupo de uruguayos que habían sido detenidos en el vecino país”. Y más adelante concluye “Estos ciudadanos uruguayos, trasladados clandestinamente a Uruguay, fueron de los pocos detenidos en ese “pozo” que sobrevivieron.”Sabido es que el primer traslado clandestino de uruguayos prisioneros en Automotores Orletti a Uruguay y cuyos integrantes sobrevivieron, se produjo a fines de julio de 1976, por lo que nunca pudieron estar en aquel centro de detención con el matrimonio Gelman - García, que fueron secuestrados el 24 de agosto. Sí lo estuvo María Claudia y Marcelo Gelman con los secuestrados y desaparecidos en el curso del mes de setiembre y octubre de 1976 y que según Sanguinetti y actualmente el informe de la Fuerza Aérea, fueron trasladados clandestinamente a Uruguay. Pero ¿Dónde están? Sanguinetti, como era su costumbre, dice una verdad a medias, pues es cierto que fueron trasladados a Uruguay, pero no que hayan sobrevivido.LA VERDAD POSIBLE DE LA COMISIÓN PARA LA PAZEn notas periodísticas publicadas por Roger Rodríguez en el Semanario Pos data y en La República, se aportaron informaciones relativas a un grupo de personas que habrían sido trasladados a Uruguay en el mes de octubre de 1976. En semanario “Posdata Folios”, del 15/3/02 Roger Rodríguez recoge expresiones de un represor argentino, quién dice:” De Uruguay a los argentinos nos han cobrado todo y mucho ha salido a la luz. Pero que no nos adjudiquen esas desapariciones. A los que no murieron en Orletti nosotros los devolvimos. No sabiamos que los del primer viaje estaban vivos, así que cuando cerraba Orletti se planificó otro viaje grande en el que se incluyo a todos los que quedaban, incluso cinco argentinos para la “disposición final”. Un día antes estuvo en Ezeiza un avión de la FAU que los iba a llevar. No participe en la entrega, pero creo que a esos últimos tienen que buscarlos en Uruguay”. Finalmente las notas periodísticas, consignan que el mencionado traslado habría estado integrado por personas uruguayas y argentinas y que el mismo se habría realizado en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya.Pese a que esta información fue planteada a la Comisión para la Paz por el PIT/CNT y se brindó otros elementos que le daban cierto grado de veracidad, no estaba dentro de la “verdad posible” que manejaba como objetivos dicha Comisión, esa posibilidad - hoy confirmada por el informe de la Fuerza Aérea -, ni siquiera fue admitida como una posibilidad o “versión” en su informe final;LO QUE LA “VERDAD POSIBLE” NO PERMITIO VERLa veracidad de la información que publicaba el periodista Roger Rodríguez, de no existir anteojeras para ver la realidad, podía haberse tomado a partir de algunos de los elementos que aportó el PIT/CNT.El primer elemento era que esa persona - integrante de los servicios de seguridad de la Argentina -, había sido el mismo que aportó los dató que condujeron a la ubicación de Simón, el hijo de Sara Méndez.No pretendíamos que se creyera a pies juntos, la información que trasmitía esa persona. Pero sí que se la considerara en función de otros elementos que hasta ese momento eran simples indicios, pero que sumados a esa información podían permitir presumir que al traslado ya conocido de 24 uruguayos el 26 de julio de 1976, se podía agregar la hipótesis de un segundo traslado, que a diferencia del anterior, quienes lo habrían integrado, aún continuaban en carácter de desaparecidos. Para los objetivos de Batlle, exclusivamente centrada en los desaparecidos en el Uruguay, la duplicación de ellos, no era admisible.OTROS ELEMENTOS EN EXPEDIENTES JUDICIALES ARGENTINOSEn las declaraciones brindadas ante la Justicia argentina el 22 de junio de 1992 en la causa 5361 del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de San Martín, por parte de quien se apropió de la niña Mariana Zaffaroni, el integrante de la SIDE Miguel Angel Furci, expresa:.”a fines del mes de octubre o principios del mes de noviembre de 1976 cuando el deponente como ya declarara se encontraba en “automotores Orletti” y viera a la menor jugando alrrededor de una mujer que se encontraba detenida y tabicada, quiso saber la suerte que correría esta persona como así también su hijo o hija que aparentaba una edad aproximada al año. Que le hicieron saber que se procedería al traslado de la mujer por miembros del Ejército uruguayo”.Si nos atenemos a la versión aportada por el periodista Roger Rodríguez, el vuelo del que da cuenta el integrante del SlDE se produjo “cuando cerraba Orletti” no puede ser el que da cuenta actualmente el informe de la Fuerza Aérea que es ubicado en los primeros días de octubre de 1976, ya que Automotores Orletti es cerrado luego del 3 de noviembre de 1976.También si nos atenemos a lo manifestado en las declaraciones del apropiador de Mariana Zaffaroni, Miguel Angel Furci debemos concluir que María Emilia Islas de Zaffaroni no integró el vuelo reconocido actualmente por la Fuerza Aérea, pues a fines de octubre y principios de noviembre aun se encontraba en “Auiomotores Orletti”. Pero también, que existió otro tras lado distinto al de principios de octubre, efectuado por integrantes del Ejército uruguayos, según lo expresado en la nota del periodista Roger Rodríguez y las declaraciones de Furci anteriormente citadas. Esas son las verdades que aún deberán ser reveladas, investigadas y juzgadas.Que un avión C-47 de la Fuerza Aérea Uruguaya, habría sido el medio utilizado para el mencionado traslado.Dicho vuelo habría sido coordinado por el coronel (av) José IJruguay Araujo Umpiérrez, quien fuera subdi rector del Servicio de información y Defensa (SID).En las primeras horas de la madrugada de un día 6 de octubre de 1976, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, el vuelo N° 511 del Transporte Aéreo Militar Uruguayo (TAMU), procedente del Oeste. Según la información lograda por el periodista Roger Rodríguez por parte de un testigo de los hechos, la aeronave, una vez en tierra fue estacionada junto al hangar de la Brigada de Mantenimiento y Abastecimiento (BMA) de la FAU, custodiado por soldados.De la nave descendieron entre 14 y 16 civiles encapuchados -uno de ellos vendado con una bufanda-, quienes fueron subidos a camiones del Ejército y trasladados con rumbo desconocido.La nave tenía como piloto al mayor Walter Pintos, como copiloto al mayor José Pedro Malaquín y como tripulan te al capitán Daniel Muñoz. Todos ellos de nacionalidad uruguaya.La Brigada de Mantenimiento yAbastecimiento, esa madrugada, estaba a cargo del mayor Walter Dopazzo.El mencionado vuelo partió de Uruguay a las 19 y 30 del día 4 y regresó antes de las 2.oo del día 5 de octubre de aquel 1976, en un operativo que, fue dirigido personalmente por el entonces mayor José Nino Gavazzo.Sostiene el periodista que el C-47 de la Fuerza Aérea Uruguaya que a principios de octubre trajo a Montevideo a una quincena de civiles encapuchados, tenía más de una característica particular que lo distinguía del avión Fairchild que había sido utilizado el 25 de julio de aquel 1976 para trasladar a los primeros secuestrados en Automotores Orletti, por lo que debería descartarse que el testigo que vio llegar a principios de octubre al TAMU 511 con 14 o 16 civiles encapuchados, pudo confundirlo con el vuelo que en julio había traído a los 23 sobrevivientes de Orletti.Hasta aquí una síntesis de aspectos sustanciales de los resultados publicados, de las investigaciones periodísticas del Sr. Roger Rodríguez.¿OTRA MUJER ARGENTINA EMBARAZADA EN EL SID?Durante las investigaciones que se realizaron a partir de l998 para lograr la ubicación de la hija de María Claudia Garia de Gelman en Uruguay se mantuvieron conversaciones con aquellos sobrevivientes que integraron el primer traslado clandestino de uruguayos desde la Argentina. Entre ellas, estuvieron las mantenidas con dos uruguayos que viven en España, José Felix Díaz y su esposa. En esas conversaciones se buscaba saber si esas personas durante su cautiverio en la sede del SID, habían visto a María Claudia García de Gelman.Los mencionados expresaron, que no habían visto allí a María Claudia, pero que sí sabían de la presencia de una pareja de ciudadanos argentinos, ella embarazada y a la que torturaban para que su compañero proporcionara información.. Es decir, que en la sede del SID, además de María Claudia García de Gelman, también estuvieron al menos otros dos ciudadanos argentinos más. Eso reforzaba la información brindaba en las notas periodísticas de Roger Rodríguez, sobre un traslado desde Argentina al Uruguay, que incluía a ciudadanos argentinos. Sobre esta presencia de otros argentinos prisioneros en la sde del SID, la “verdad posible”, nada dijo.
A 32 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO EN EL URUGUAY
A 32 AÑOS DEL GOLPE DE ESTADO. Verdad, justicia, memoria y nunca más.Diversas organizaciones de derechos humanos, junto al PIT/C NT organizaron en torno al nuevo aniversario del 27 de junio, diversas actividades. En ese marco se realizó el 23 de junio una conferencia de prensa; y los días 25, 26 y 27 una exposición fotográfica en la explanada de la Universidad.Dichas actividades tuvieron su cierre el mismo 27 de junio con un acto en el Paraninfo de la Universidad seguido de una actividad artística en la explanada de dicho centro de estudios.DECLARACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOSEn noviembre de 2002 se reabrió el procedimiento judicial con la investigación de los asesinatos en Buenos Aires en mayo de 1976 de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz , así como también de los militantes contra la dictadura William Whitelaw y Rosario Barredo Hoy queda probado que estos asesinatos tuvieron como coautores (autores mediatos o intelectuales) a la cúpula de la Dictadura cívico militar Juan María Bordaberry y su canciller Juan Carlos Blanco , y se llevaron a cabo en aplicación y en el marco del criminal Plan Cóndor.La causa judicial la lleva adelante el Juez Roberto Timbal y la investigación se encuentra tan avanzada que la Fiscal del caso la Dra. Mirtha Guianze pidió el inmediato procesamiento con prisión de Bordaberry y Blanco. Las pruebas diligenciadas - declaración de testigos, agregación de documentos desclasificados del departamento de Estado de EEUU, del Archivo del Terror descubierto en Paraguay, actas de las actividades y Coordinación del Plan Cóndor, expedientes judiciales y de Migraciones de Argentina etc, - confirman una verdad irrefutable de la participación y la responsabilidad de los dos acusados.Juan María Bordaberry también enfrenta otro procedimiento penal por Atentado a la Constitución, - o sea por el golpe de Estado de 1973 -, así como por coautoría de cientos de homicidios y decenas de desapariciones forzadas, denuncia promovida ante la Suprema Corte de Justicia en 2002. y donde puede llegar a ser condenado a 30 años de prisión.Todos estos crímenes son delitos de lesa humanidad, imprescriptibles e irrenunciable su juzgamiento por parte del Estado, de acuerdo al derecho internacional ratificado por Uruguay.Justicia es lo contrario a impunidad. Hoy el Estado uruguayo, la Institución justicia debe decidir si recorre el camino de la dignidad humana, o el otro, el de la impunidad de los poderosos. Debe elegir entre el camino de la libertad o el del despotismo.Las Organizaciones que defienden los derechos humanos hacemos un llamado a todos los protagonistas del derecho internacional de los derechos humanos para que junto a nosotros estén alertas, presentes y actuantes en la custodia de la dignidad y la felicidad de la familia humana. uAMNISTÍA INTERNACIONAL-SECCIÓN URUGUAY; FAMILIARES DE ASESINADOS POR MOTlVOS POLITICOS; CRISOL; INSTITUTO DE ESTUDIOS LEGALES DEL URUGUAY (IELSUR); INSTITUTO SOLIDARIDAD Y DE SARROLLOI (ISODE); MADRFS Y FAMILIARES DE DESAPARECIDOS (FEDEFAM) PIT/CNT; SERSOC; SERPAJ.EL ASESINATO DE MARÍA CLAUDIA GARCÍA DE GELMANDías pasa el diario La República publico una investigación de Roger Rodríguez sobre el policía Ricardo concejo Medina asesino de Maria Claudia. Según la misma Medina mató a María Claudia en la Base Valparaíso y entregó a la hija de la víctima a una familia de policías. Medina fue Granadero, agente del SID), represor en Orletti, falso subversivo, empresario en seguridad, asesor político, conserje de un hotel, falsificador de dólares, jefe de chacras de la Jefarura de Policía de San José, dueño de locales nocturnos, extorsionista y hasta panadero Ante la justicia penal se encuentra radicado un pedido para reabrir el caso y la suerte que dicha solicitud tenga, dependerá de la decisión del presidente Tabaré Vázquez de permitir la reapertura de la investigación, ya que así lo determina la ley de caducidad.Má allá de los efectos judiciales que la reapertura: del caso tendrá sobre ese y otros connotados represores de la dictadura, la investigación periodística pone al desnudo las diversas complicidades que el asesino de María Claudia y sus cómplices recibieron de los gobiernos de Luis Lacalle, Julio María Sanguinetti y el propio Jorge Batlle.La: resolución del gobierno de Tabaré Vázquez, que ya había sido anunciado el 1º de marzo permitirá continuar una indagatoria, en la que con seguridad aparecerán pruebas que involucrarán tambien a los militares retirados Ricardo Arab, José .Gavazzo, Manuel Cordero, Juan Antonio Rodríguez Buratti, Gilberto Vázquez, Tabaré León Pérez. Ernesto Rama y Jorge, Silveira, la flor y nata» de los terroristas de Estado.
Verdad y Justicia en la nueva coyuntura política.Raul Olivera, integrante de la Secretaria de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT/CNT. Intervención en la JORNADA "DICTADURA Y DERECHOS HUMANOS HOY", Sala Maggiolo Universidad de la República, 19 de mayo de 2005. Queremos agradecer a las distintas facultades de la Universidad de la República que nos hayan hecho esta invitación, y saludar el hecho de que un día antes que en la décima marcha del silencio reclamemos en tres dimensiones del tiempo verdad, justicia, memoria y nunca más, se haya tenido esta iniciativa de convocarnos a reflexionar sobre historia y memoria de nuestro pasado reciente.Alain Resnais decía que había que tener una memoria inconsolable, una memoria hecha de piedra y de sombras. El consuelo suele ser concebido como un alivio, por eso este ejercicio de reflexión colectiva no busca aliviar nuestra memoria, por eso nuestra memoria es de piedra y no de polvo y siempre tendrá sombras que deberemos alumbrar.La temática que nos han encargado abordar, versa sobre: Verdad y Justicia en la nueva coyuntura política. El tiempo que disponemos nos obligara a ser esquemáticos. En Uruguay, la impunidad en cuanto ausencia de los derechos a la verdad y a la justicia, contrariamente a lo que comúnmente se piensa, no es el simple y lineal efecto de la ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado. La impunidad uruguaya, es el resultado de una operación que asienta su efectividad en el poder político: más precisamente desde el partido que detenta el gobierno. Afirmar esto, implica decir también que la instalación en el país de un gobierno que no este comprometido con la impunidad, instala un mapa político en el que se encuentra amenazado seriamente el sustento principal del sistema de impunidad. Estamos ante un dato de la coyuntura, muy fuerte. Permítanme ahondar en esto. Los distintos países que en el pasado reciente fueron asolados por las dictaduras cívico – militares organizadas en torno al Plan Cóndor, luego o previo a la finalización de esos regímenes pretendieron asegurarse la impunidad futura sobre sus crímenes. Para ello el régimen de Pinochet se promulgó una auto-amnistía, los militares Argentinos se sublevaron para obligar que el gobierno de Alfonsín pusiera fin mediante las leyes de Punto Final y Obediencia debida a los juicios que amenazaban con llevar ante los tribunales a cientos de militares y policías autores de gravísimas violaciones a los derechos humanos. Y cuando eso no fue suficiente, se apelo a los indultos presidenciales de Menen. En nuestro país, sin pintarse la cara ni sublevarse abiertamente, los militares lograron que se promulgara una ley de impunidad. Y nosotros hicimos algo que debíamos hacer, plebiscitar un derecho que es irrenunciable. Y en todos lados, donde el manto de esas leyes no fue suficiente abrigo para amparar la impunidad, existió la amenaza militar, la complicidad y la cobardía, con contadas excepciones, del sistema político y judicial. El fantasma de la amenaza militar, se devaluó cuando Pinochet fue desaforado y juzgado. La valentía y el apego a las normas del derecho humanitario internacional de algunos jueces argentinos y chilenos, permitió que no pocos militares de esos países hoy estén procesados en causas por las que se creyeron a salvo por gracia de las leyes de impunidad. No sucede lo mismo en nuestro país, parecería que la impunidad a la uruguaya, es perfecta. No es perfecta, es distinta. En Chile y Argentina las leyes de impunidad fueron iniciativas del sistema político, pero su aplicación quedó en manos del sistema judicial. Y esos sistemas judiciales han hecho, en algunos casos, buen uso de la legislación humanitaria internacional, para ir desarmando la impunidad instaurada por esas leyes. La nociones de imprescriptibilidad, de no amnistiables, de delito permanente de determinadas conductas delictivas delitos, han permitido producir grietas en los muros de la impunidad. Y en Argentina se avanzo aún más , anulándolas últimamente. La ley de impunidad uruguaya a diferencia de la chilena o las argentinas, mediante el mecanismo de su artículo 3º, quita en gran parte la posibilidad de que un juez o un fiscal aplique la legislación internacional a la hora de considerar las violaciones a los derechos humanos del pasado. Dicho de otra manera, la ley 15.848 otorga al titular del Poder Ejecutivo el poder de determinar si un delito puede ser investigado y punido por la justicia o goza de impunidad. Ese es el mecanismo de impunidad que instauró la ley de caducidad en nuestro país. Mecanismo que dejó una cuerda suelta. ¿Cuál es la cuerda suelta? Si cualquier denuncia sobre hechos del pasado que implique el juzgamiento de un integrante de los servicios de seguridad de la dictadura, necesariamente debe terminar en manos del Poder Ejecutivo para que éste determine si hay impunidad o actuación de la justicia, un cambio de gobierno como el producido recientemente supone una verdadera amenaza a la impunidad. El mecanismo de impunidad estuvo pensado en Uruguay, para que funcionara a partir de una alternancia en el gobierno de blancos y colorados. El talón de Aquiles de la impunidad, estuvo muy bien protegido en los gobiernos de Sanguinetti, de Lacalle o de Batlle. El Uruguay quiso los cambios y con ellos se desmantela la garantía de impunidad existente hasta el día de hoy. Frente a gobiernos que tuvieron como preocupación fundamental el mantener la impunidad hemos tenido un constante reclamo para que asumieran el deber de atender debidamente las heridas abiertas en la sociedad uruguaya respetando las normas del derecho internacional. Un nuevo gobierno que se ha expresado de manera tal que queda de manifiesto que su compromiso no es con la impunidad, nos obliga a reconsiderar estrategias sin modificar objetivos. En este sentido hemos definido que nuestras acciones se orientaran a ser una contribución para que la forma en que se encare esta problemática, sea la adecuada, la mas correcta desde el punto de vista del derecho humanitario. Junto con otras organizaciones de derechos humanos elaboramos una plataforma que consigna cuales son las asignaturas pendientes con nuestro pasado reciente y las formas de resolverlas para que el NUNCA MÁS, también reclamado por el nuevo Presidente sea realmente efectivo. En ella recogemos los avances del derecho humanitario internacional, que ha establecido que la verdad sobre los hechos del pasado es necesaria e indispensable, y que ella es la base para que el Estado adopte medidas para rectificar y prevenir la realización de acciones similares en el futuro. En ese sentido debe investigarse y esclarecerse todos y cada uno de los delitos cometidos. Para ello se debe habilitar el acceso a los archivos y otras informaciones en poder de instituciones y funcionarios o ex funcionarios del Estado. Para saber lo sucedido con los detenidos desaparecidos, el Presidente Vázquez ha dicho que acudirá al artículo 4 de la ley de caducidad y ha facilitado que se dé comienzo a las investigaciones de científicos de la Universidad de la República en los establecimientos militares en los que se han denunciado enterramientos. La habilitación del ingreso a esas dependencias militares, marca una inflexión importante con las conductas de los anteriores gobiernos, habida cuenta de que desde hace casi 20 años se ha estado denunciando que existen o existieron cementerios clandestinos de la dictadura en dichos lugares. Sin embargo, habida cuenta que la normativa humanitaria internacional establece que la acción de la Justicia es necesaria para responsabilizar y sancionar a los autores, coautores y autores ideológicos de estos horrendos crímenes, no nos parece lo más adecuado acudir a un artículo de una ley cuestionada internacionalmente que justamente impide la acción de la justicia. Otro aspecto no menor de la nueva coyuntura política esta marcado por el anuncio realizado por el Presidente, de que para él, un caso de desaparición y un caso de asesinatos, no entran en la ley de caducidad. Frente a las decisiones de los gobiernos anteriores, de que todo entraba en la caducidad, este anuncio tiene su importancia. Los anteriores gobiernos cuando metían todo en la ley de caducidad, nunca nos dieron una explicación. Fue pura arbitrariedad. La ley de caducidad establece determinados condicionantes para que una denuncia sea comprendida en ella. De ahí que el anuncio de que algunos casos no reúnan esas condiciones y queden fuera de esa ley, implicara sin duda, que con esa misma vara sean medidas todas las causas. El artículo 72 de la Constitución establece que “la enumeración de derechos, deberes y garantías hecha por la constitución, no excluye los otros que son inherentes a la personalidad humana...”. La Suprema Corte de Justicia en 1997 dicto una sentencia en la que establecía que ese artículo de la constitución antes mencionado, “...permite recepcionar todos los derechos humanos que consagran las convenciones o Pactos Internacionales”. De ahí que suponemos que la recepción de derechos consagrados entre otros por la Convención Interamericana sobre Desaparición de Personas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, etc., sean los que determinen la exclusión de esos casos de la ley de caducidad, por parte de quien debe tener como guía de su acción la Constitución de la República. Y como en este país, la Constitución establece que todos somos iguales ante la ley, esa igualdad ampliara seguramente los casos que no entraran en la ley de caducidad. Sin embargo, el mantenimiento de los actos administrativos con que las administraciones anteriores comprendieron arbitrariamente casos de desapariciones en la ley de caducidad, entre ellos el propio caso de Maria Claudia García de Gelman y el de los asesinatos de Michelini, Gutierrez Ruiz, Whitelau y Barredo, constituye un verdadero obstáculo para recepcionar todos los derechos humanos consagrados por las convenciones o Pactos Internacionales. El 1º de mayo el PIT/CNT expresó con claridad su rechazo a que el gobierno promoviera una reparación que equipare la situación de una victima de violación de sus Derechos Humanos por parte del Estado, con la situación de un policía o un militar caído en un acto de servicio. Dijimos en aquella oportunidad, que ello es jurídicamente inaceptable. Dentro de los fundamentos de ese cuestionamiento, expresaba el PIT/CNT que los convenios y las leyes internacionales suscritas por Uruguay establecen que los Derechos humanos, fueron concebidos para proteger a las personas de los atropellos y las arbitrariedades de los Estados. A partir de ello queremos dejar planteado un problema que tiene nuestro ordenamiento legal y que deberá ser encarado. El proceso penal en nuestro país carece de la figura del denunciante o querellante. De ahí que en una causa penal por violación a los derechos humanos, es decir ante un atropello o una arbitrariedad del Estado, las victimas son representadas por el Estado, que a su vez es el acusado. Por ejemplo, en la causa por la desaparición de Elena Quinteros, quienes hemos sido denunciantes, salvo en el corto periodo en que actuó el Juez Alejandro Recarey, nunca fue puesto en nuestro conocimiento el estado de las actuaciones que se cumplen. Hoy por hoy, no sabemos si el equipo que esta actuando en el batallón 13 de Infantería, lo está haciendo en el marco del proceso penal a Blanco, o de una investigación administrativa por el artículo 4º, o una averiguación del estilo de las practicadas por la Comisión para la Paz. Creemos que se debe establecer en alguna norma y en las conductas políticas del Estado, que en todas las causas y acciones administrativas que impliquen denuncias de violación de derechos humanos, los denunciantes y las victimas puedan tener un papel activo en el desarrollo de los procesos. Quiero terminar realizando este razonamiento. El Ministro de Economía al referirse a la situación de los deudores con el Estado, ha establecido determinados criterios y en torno a ese problema esta impulsando determinadas normas a nivel parlamentario. Ha establecido por ejemplo, determinadas condiciones para que un deudor este amparado en ciertas condiciones de refinanciamiento. Ha dicho que los que deben hasta cierto monto de dinero, tendrán determinadas condiciones de refinanciamiento. La autoridad financiera, a la hora de resolver cada caso no podrá invocar que el espíritu de esa norma fue un perdona tutti de las deudas: Sino que deberá considerar cada caso, para determinar que regla se le aplica y debe estar en condiciones de rendir cuentas de sus resoluciones. La ley de caducidad también establece determinadas condicionantes para que una denuncia quede amparada en dicha norma: que sus autores sean militares o policías, que fueran cometidos durante el llamado periodo de facto, por orden de los mandos y por móviles políticos y que no tuvieran para su autor provecho económico. Sin embargo, los poderes ejecutivos anteriores obviaron considerar esas condiciones establecidas en la propia ley y aplicaron un caduca Tutti. Y para colmo nunca nos rindieron cuentas de sus fundamentos. Pero permítanme seguir con la similitud entre los anuncios del Ministro Astori que por otra parte son los del gobierno actual y este problema de la impunidad. El Ministro ha dicho que será inflexible con los deudores contumaces, para que eso sirva de ejemplo y nunca más alguien crea que puede enriquecerse impunemente con los dineros del Estado. Más aún, ha dicha enfáticamente que sus mayores esfuerzos estarán orientados para que sean ejecutados judicialmente Este nunca más, para el comportamiento de los agentes económicos, es el que reclamamos para los agentes del Estado que secuestraron, torturaron, vejaron, asesinaron y violaron la Constitución. Y por eso pensamos y así lo piensa la legislación internacional, que con ellos se debe ser inflexibles. Pero además, el nuevo gobierno esta impulsando una ley que le permita hacer público el nombre de esos deudores contumaces. No hay ninguna ley en nuestro país que impida saber quienes han sido los violadores a los derechos humanos, sin embargo tenemos grandes dificultades para saber el QUIEN. Es bueno que la sociedad sepa quienes han hecho abuso de los dineros públicos y también lo es que sepamos quienes cometieron los crímenes más aberrantes. Muchas gracias.
Ponencia desarrollada en el Seminario de La Plata (Argentina) sobre “Memoria e Impunidad”.“La historia no nos dio la espalda: Habla a nuestras espaldas”.(Andrés Rivera, en La revolución es un sueño eterno). Quisimos empezar estas reflexiones, con la sentencia que Andrés Rivera, un gran escritor argentino, pone en boca de Juan José Castelli. Corrijo, no en boca de Castelli, ya que este personaje, no habla, escribe pues un tumor le pudre la lengua. Es posible que bajo este titulo “Memoria e Impunidad”, desarrollar desde varias perspectivas una reflexión. Sin embargo, es importante empezar por aquella que nos permita abrir interrogantes cuyas respuestas, si las logramos, nos sirvan para algo más que un simple ejercicio intelectual. Soy un sindicalista que se afilia a un concepto del término “cultura”, a partir del cual puedo sostener que desde este ámbito del que hacer social, se genera una forma especifica de cultura, que llamaremos la “cultura sindical”. Es decir que denominamos “cultura” a una suerte de valores, saberes, creencias, certezas e ignorancias, del que un núcleo social es portador y trasmisor. Lo mismo podría decirse de las instituciones políticas (los partidos), que generan una llamada “cultura política”, etc. Es decir que más allá de una suerte de cultura dominante, que se trasmite de diversas formas en una sociedad determinada, existen y conviven también, ciertas formas de sub. culturas, que viven y se desarrollan en el ámbito de los sindicatos y de allí se traslada a las fabricas y los lugares de trabajo; que se viven y desarrollan en los ámbitos de las colectividades políticas y se trasladan a la vida social de las personas, etc. Es cierto, que también existen corrientes que recorren a la inversa esas rutas de trasmisión y por ellas van de las fabricas a los sindicatos y del ámbito social a las organizaciones políticas, etc. Muchas veces, algunas de esas formas de la “cultura”, en determinados desarrollos de nuestras sociedades, se transformas en formas de “contra cultura”, en “culturas de resistencia”. Digámoslo de otra manera, la cultura que yo llamó sindical – al menos en un sindicalismo autentico, de clase – es generador de conductas en los sujetos portadores de ella, de valores de cooperación, de solidaridad, de saberes y creencias . Esa cultura, que convive generalmente en sociedades de consumo, de creciente individualismo, de insolidaridad. Esa cultura sindical a que hacemos referencia, no es “funcional a estas sociedades y vive en continua contradicción con los valores o la cultura dominante. En ese sentido es una “contra cultura”, o “cultura de resistencia”. Los Estados, cualquiera sea su signo, son también generadores de formas de “cultura”. Pero con una gran diferencia, sus culturas, se transforman en códigos escritos, en leyes, en textos de enseñanza. Y fundamentalmente – y esto es importante para el tema que tratamos -, en la “historia oficial” de nuestros países. Y por otra parte su trasmisión cuenta con grandes ventajas: Están recogidas en la llamada “historia oficial”, y se trasmiten en los institutos de enseñanza, en las ondas radiales y televisivas “autorizadas”. Muchas veces, experiencias históricas nos han mostrado, que esa omnipotencia de la “cultura oficial” o dominante, tiene su mayor enemigo en la “memoria de los pueblos”. Con esto que he dicho, en esta breve introducción, no debe concluirse que todo aquello que en nuestras sociedad – y en el ámbito de la humanidad -, se transforma en Códigos, en Leyes, en Tratados, en jurisprudencia, es sólo y exclusivamente producto de la “cultura oficial”. Que todo lo que se trasmite por las instituciones de enseñanza, es el pensamiento, la “cultura oficial”. En un aspecto que queremos plantear con relación a la relación de la Memoria y la Impunidad, no podemos obviar el papel que le cabe a un Estado democrático - a través de su sistema de justicia - en el encare de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el propio Estado. En mi país, este es un aspecto, que no ha merecido, desde el punto de vista político, una reflexión seria y permanente que vaya incorporando las “nuevas” situaciones que se generan en dicho proceso. Salvo en un periodo de la llamada transición democrática (1985/86), en momentos en que la Justicia empezaba a actuar ante las violaciones denunciadas en Sedes Penales, ese aspecto, a quedado confinado, o a la esfera de las organizaciones de defensa de los derechos humanos y/o, a las organizaciones que se han dado las victimas o los familiares de las victimas. Esas organizaciones que han tenido un papel muy importante, en la configuración de los instrumentos jurídicos de carácter internacional, han actuado, en la mayoría de las veces, a impulsos de una resistencia al “status quo”, que han pretendido implantar los gobiernos.La falta de una discusión desde la óptica de las organizaciones políticas y sociales progresistas, ha llevado muchas veces, a que estas tengan o bien una actitud pasiva , o bien hayan operado como acompañantes “solidarios” de las organizaciones humanitarias. En otros casos, han operado como articuladores o pasivos espectadores, de salidas de “oportunidad” política.Por esa razón, y a la luz de las experiencias vividas, esta discusión que proponemos, debe ser una discusión generadora, de un debate, que abarque la consideración de este aspecto, en el marco de la lucha democrática por el cambio social. Existe, en mi país, una operación política tendiente a confinar la solución del problema de los desaparecidos, a un problema de los familiares de las victimas. Ello, no ha permitido que el movimiento popular se pregunte, en la actualidad, sobre la utilidad social y democrática de la lucha por la VERDAD y la JUSTICIA, la lucha por la memoria y contra la impunidad y por consideraciones de tipo pragmático, este mayoritariamente embarcado en determinadas formas de encarar el tema de los delitos de lesa humanidad, que esta de espaldas a los avances que la humanidad a dado en los últimos años. Uno de los teóricos del derecho natural, Hugo Grocio, soste­nía hace mas de 300 años, que el juzgamiento de los culpables de delito es necesario ‘‘para defender el honor y la autoridad de aquel a quien el delito ha lesionado, para que la ausencia de castigo no le degrade aun mas”. Cuando los avances de la humanidad han llegado a catalogar a las desapariciones como delitos contra la humanidad (“lesa humanidad”), la ausencia de castigo – de la que hablaba Grocio – degrada a una sociedad democrática, la hace menos democrática.La democracia, no es votar cada 5 años. Debe ser sustancialmente un sistema de valores y de prioridades éticas, que sólo son reales, si éstas están firmes en la conciencia de los ciudadanos, si son parte de su cultura. Ese sistema de pautas valorativas, de funcionamiento de la sociedad, operan casi de forma au­tomática, cuando la vida democrática es plena. Son, según una feliz formulación, algo que “se lleva adentro, casi sin saber­lo, así como se lleva el lenguaje sin saber gramática, o el sentido común sin manejar lógica”. Son parte de una “cultura”Cuando esas pautas fueron conmovidas por años de despotismo, no nos alcanzó con res­taurar las instituciones y las formas ju­rídicas externas, hoy a mas de 15 años de desplazada la dictadura, hablamos de profundizar la democracia. El terrorismo de Estado, creo y desarrollo también una suerte de “cultura” del miedo, del silencio, del terror. Cultura, que se generó desde el propio Estado, que impregnó cada rincón de nuestras sociedades. Las elecciones democráticas, no son suficientes para erradicar, esa cultura depositada en la sociedad, en sus instituciones. Un papel importante, en la erradicación de los efectos del terrorismo, es la memoria.Es cierto que el sentido que se deriva del conocimiento de hechos aberrantes y de identificar a sus autores y aplicarles el justo castigo, opera en el sentido de impedir su repetición y de facilitar depuraciones posteriores ya sea por vía administrativa o sociales, esto es, de sanción no jurídica sino moral.También opera en el sentido, nunca despreciable, de debilitar el aparato burocrático estatal, poniendo en evidencia sus inconsecuencias. El principal valor de la lucha por la verdad y la justicia en este aspecto, es ideológico. En esa batalla el plano jurídico resulta esencial. Históricamente, en el Uruguay, las organizaciones de izquierda ha tendido a subestimar el papel del Derecho en los cambios sociales, y ello ha influido en la acción de las organizaciones sociales. Si bien es cierto, que en buena medida, el Derecho es uno de los esquemas de dominación social, también es el resultado de las luchas sociales y logra reflejar los logros y fracasos de las luchas populares. ¿ Nos preguntamos, la Sentencia del Juez Federal Gabriel Caballo y el reciente dictamen del Fiscal de la Nación, en contra de las leyes de impunidad argentinas, acaso no refleja y sintetiza las luchas desde la sociedad civil?.Muchas posiciones que aparentemente se ubican en la izquierda más radical, ven el derecho y su resultado, la aplicación de la ley, que comúnmente llamamos “justicia”, como una simple máscara de la dominación de la burguesía. Esas posiciones ignoran que la burguesía, al haber fundado su legitimidad de dirección política en base a la vigencia de los derechos humanos; esta clase social se inoculó de un germen que pude conducirla a su propia destrucción.Históricamente la clase burguesa -que ya había conseguido el predominio económico a través de los absolutismos monárquicos nacionales- tuvo que complacer a los capas populares para la toma del poder político. Para ello, debió pagar el precio de formular los Derechos Humanos como base legitimante de esa conquista política (Libertad, Igualdad, Fraternidad).A partir de ahí, la historia posterior de las luchas populares contra ese poder político burgués; es la de los intentos de hacer realidad el programa de la revolución francesa. Culminar lo que, tras la promesa inicial, la burguesía truncó.Esa lucha implica necesariamente la adopción por parte del movimiento popular, de esas bases legitimantes ideológico-jurídicas de amplia aceptación popular; y su pleno desenvolvimiento. El campo de la lucha, para decirlo de otra manera, pasa por la demostración acabada de que la clase cuyo desplazamiento se busca, ya no resulta efectiva en la realización de los fines sociales comúnmente aceptados.Las experiencias mas generales de la historia y de los procesos de cambios sociales de carácter revolucionario, han puesto en cuestión, un aspecto que hace a la reflexión que queremos realizar. Ya no se trata de construir una sociedad por completo ajena a la vigente, para sustituirla por la vía de un cambio violento, en el que todo lo anterior desaparece de un día para el otro. No existen en la historia sustituciones totales de una sociedad por otra, sin trazas de la primera.¿Estamos proponiendo una visión evolucionista, reformista?. Por supuesto que no, estamos afirmando que en este aspecto, la cuestión es dialéctica: consiste en la síntesis de los elementos positivos de una sociedad con su negación, pero siempre recogiendo lo salvable del esquema primario. La visión contraria, es la que ha posibilitado que en el terreno de la justicia, se sostenga aquello de la “justicia burguesa” y la “justicia popular”.Nuestra visión de esta problemática, no excluye, desde luego, a los cambios revolucionarios; pero lo que decimos es que por mayores que sean los trastornos sociales, siempre hacen pié en parte de la base de apoyo del mismo sistema que se pretende cambiar, y rescatan su legitimación previa . Y esas legitimaciones, por lo general, revisten formas jurídicas. Así, es de principal interés estratégico la lucha por la vigencia de los DDHH; por encima incluso de la reconstrucción meramente histórica, porque esto es lo que le va a dar al pueblo armas futuras de combate ideológico, al mismo tiempo que, por otro lado, le roba banderas al discurso burgués.Los trabajadores, muchas o la mayoría de las veces, reivindicamos la libre agremiación, la huelga, un salario justo, etc, y nos lo formulamos como una conquista que es parte de una composición de la sociedad del futuro y no como un derecho de la actual sociedad en que vive. En el tema de las consecuencias del pasado dictatorial, estamos peleando por derechos que alguien en el pasado subestimó. El cumplimiento de mandatos constitucionales, de convenios y tratados internacionales, tiene derivaciones que los sistemas políticos han vislumbrado y por ello su política de ignorar su existencia, recortar su vigencia. Pongo dos ejemplos actuales de mi país: Al mismo momento que suscribe el Estatuto de la Corte Penal Internacional, pretende en la legislación interna, incorporar una interpretación del mismo, que proteja de cualquier eventualidad, la impunidad de los militares uruguayos; y por otro lado, en una ley que supuestamente esta dirigida a amparar el derecho a la información, pretende impedir por 10 años más, la información en poder del Estado, sobre el destino de los desaparecidos.Ese intento de ignorar la existencia, de determinados derechos, ha sido acompañada de una estrategia de la llamada administración del poder del saber. Las escuelas de derecho, mas que escuelas de aprendizaje de la lucha por la vigencia de lo justo, han sido, por lo general (aunque con honrosas excepciones), escuelas de una forma de “administrar” los derechos desde el punto de vista “político”. Quizás una muestra de esto pueda encontrarse en la predominancia de actores y administradores políticos, que emergieron de las aulas de Derecho. Vivimos un mundo en profundas y vertiginosas transformaciones. Muchas veces, nos hemos quejado de la lentitud que tienen la incorporación de determinados instrumentos jurídicos de carácter internacional, a las normas que rigen el comportamiento de la humanidad. Ese desfasaje entre los cambios que en nuestras sociedades producen las nuevas tecnologías y las nuevas formas de la economía, y la incorporación de las mencionadas normas jurídicas de carácter internacional – y fundamentalmente en el derecho humanitario -, hace que instrumentos como por ejemplo, los derechos civiles y políticos, ya no sean funcionales para el capitalismo de estos tiempos. Auguramos, épocas de profundas transformaciones regresivas, que necesitaran de le legitimidad de nuevas legislaciones nacionales e internacionales que constituirán, sin ninguna duda, retrocesos. Frente a ello, necesitamos desarrollar una cultura de la resistencia, que la globalice, que la desarrolle en las movilizaciones, en la teoría, en el plano jurídico, en el plano de las propias instituciones del Estado. Empezamos estas reflexiones que nos dejan planteadas muchas preguntas, que seguramente necesitaran, de muchas reuniones como estas, para quizás lograr aproximaciones a las respuestas, citando unos párrafos de Andrés Rivera. Permítanme, al igual que como él termina su libro “La revolución es un sueño eterno”, terminar este aporte. “Entre tantas preguntas sin responder, una será respondida: ¿Qué revolución compensará las penas de los hombres?

References: resolución 
 artículo 4
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 artículo 3
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 artículo 72
 artículo 4