Source: https://otrosvendran.wordpress.com/2017/09/25/cataluna-como-anzuelo-y-nosotros-como-presa-sobre-leyes-mentiras-e-hipocritas/
Timestamp: 2020-02-27 19:18:16+00:00

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Cataluña como anzuelo y nosotros como presa (sobre leyes, mentiras e hipócritas) – Otros vendrán…
Cataluña como anzuelo y nosotros como presa (sobre leyes, mentiras e hipócritas)
(Me temo que ya tocaba hablar un poco de esto. Pónganse cómodos, que hoy va a ser un poco largo…)
La separación de una comunidad autónoma afecta al artículo 2 de la Constitución española. Eso conlleva, según el artículo 168, que una modificación debe ser aprobada por dos tercios de ambas cámaras (congreso y senado); luego se convocarían elecciones generales, se volvería a aprobar dicha modificación por dos tercios de ambas cámaras y finalmente se ratificaría en un referéndum nacional (y nunca, en ningún caso, solo local).
La posibilidad de un referéndum pactado, por lo tanto, no depende del Gobierno. Ni siquiera del poder judicial.
Cuando se le pide al Partido Popular que conceda un referéndum legal y “con garantías” (como se suele añadir) en Cataluña, se olvida, o no se quiere saber, que el Gobierno no tiene la capacidad, ni ejecutiva ni legal, para conceder eso. Y el aparato judicial, aunque estuviera de acuerdo con la medida, se vería obligado a detener al Gobierno; al que podría acusar, con fundamento jurídico, de saltarse la separación de poderes y de golpe de estado.
Quizá pudiera concederse un referéndum no vinculante, pero la gente no vota igual cuando su voto tiene consecuencias que cuando no (y no solucionaría ninguna exigencia).
Esto, al margen de la opinión que a uno le merezca el Partido Popular, es un hecho y una realidad política contra la que nadie se enfrenta.
(La alevosa y ruin modificación del artículo 135 fue, por mucho que a tantos nos indigne, completamente legal).
El llamado “derecho a decidir” es un derecho inexistente. Ninguna ley lo ampara o contempla porque, como muy bien recuerda Álex Grijelmo, el verbo decidir es transitivo: depende por entero de qué cosa se decida. La legalidad de un referéndum viene determinada por el contenido de su pregunta, no por su tautológica condición de referéndum.
Basta con constatar que un referéndum sobre si debe apedrearse a las adúlteras resultaría del todo intolerable, aunque en su forma externa y abstracta también contuviera un claro “derecho a decidir” sobre algo. Quien piense que este ejemplo es tendencioso porque apedrear a las adúlteras vulnera los Derechos Humanos, puede preguntarse a sí mismo si admitiría un referéndum sobre el “derecho a decidir” acerca de pagar impuestos o no pagarlos, acerca de quitarle la subvención a los parados o acerca de prohibir las huelgas que sean molestas para el cliente.
Un abstracto “derecho a decidir” constituye un disparate jurídico tan grande como un abstracto “derecho a negarse”.
La democracia, tal y como se concibe desde hace al menos doscientos años en occidente, no consiste en que las gentes voten en todo cuanto se les ocurra, sino en que haya un estado de derecho que regule esas votaciones a través de la ley. Como se explicó en el punto anterior, la mera opinión de la mayoría sobre un asunto no conlleva que dicho asunto deba exponerse ante los ciudadanos. Las leyes, con mayor o menor acierto (expuestas siempre a cambio, por supuesto), tratan de evitar que algunos fundamentos racionales puedan verse destruidos por la irracionalidad de la mayoría (que es, dicho sea de paso, una de las críticas que suelen imputársele a la democracia: “también la democracia llevó a Hitler al poder”).
Con ello no pretendo desacreditar a las masas o a sus opiniones en sí mismas (de que los votantes nunca se equivocan ya hablé aquí); tan solo constato que el deseo de votar, por sí solo, no indica absolutamente nada sobre la pertinencia, los motivos objetivos o la racionalidad de ese deseo. Del mismo modo que el deseo de ganar un juicio no indica absolutamente nada sobre el fallo final del juez.
El derecho de autodeterminación de la ONU, frecuentemente citado, ampara a aquellos pueblos que carecen tanto de democracia como de igualdad de derechos con respecto al resto del estado. Aunque ‘pueblo’ sea un concepto amplio y difícil de definir con precisión, se presupone que los ciudadanos de Cataluña ni padecen una merma jurídica o efectiva de derechos con respecto al resto, ni han sido privados de participar, en igualdad de condiciones, en los asuntos públicos.
Por lo demás, y a todos los efectos de legalidad internacional, la Constitución española de 1978 se considera la carta magna de un verdadero estado de derecho democrático. En consecuencia, y al margen de opiniones particulares (alguien podría decir “bueno, no tan democrático”, pero no es ese el asunto de hoy), la ONU no le concede a Cataluña el derecho de autodeterminación.
Teniendo en cuenta los cuatro puntos previos, sorprende que haya quien siga culpando al Gobierno de no permitir la celebración de un referéndum. El auténtico obstáculo no es el Partido Popular sino la propia constitución. Ante ello solo caben dos vías: o la reforma legal mediante el citado artículo 168, o la toma revolucionaria del poder mediante un golpe de estado con éxito que permita derogar la actual constitución y reemplazarla por otra.
Jurídicamente no hay caminos intermedios.
(Podría haber un acuerdo alegal, es cierto, entre todos los partidos y el poder judicial, de manera que se cambiaran las leyes sin seguir el procedimiento pertinente; pero la probabilidad de que eso suceda, a día de hoy, es nula. Y aun si pasara, muchos ciudadanos apelarían a la ley escrita para denunciarlo, lo que a su vez provocaría un caos civil y jurídico: ¿con qué legitimidad, salvo a través del uso de la fuerza, se le exige a alguien que no denuncie un delito que va contra la ley vigente?).
Por eso, quienes hablan tranquilamente sobre pactar un referéndum unilateral vinculante, o ignoran estas cuestiones o les toman el pelo a los ciudadanos.
Se echa en falta a alguien que afronte la cuestión con honestidad.
Resulta difícil, si no imposible, averiguar en este conflicto dónde empieza el poder judicial y dónde el ejecutivo. Se tiene la impresión de que las medidas adoptadas por el Gobierno sin orden ni concierto (acusaciones de sedición para ciertos líderes manifestantes, envío de hordas de policías en barcos, detenciones inútiles, búsqueda inútil de papeletas y urnas, etcétera), aunque con un fin intimidatorio muy concreto y consciente, difuminan o borran la separación de poderes.
La aplicación del artículo 155 requiere de una mayoría absoluta en el senado; pero cabe preguntarse si, aparte de enviar directamente al ejército a tomar las calles, no se está aplicando ya de facto, aunque solo parcialmente, el artículo 155 sin los requerimientos legales exigidos. Nada obsta para que el Gobierno lo apruebe en el Senado y lo aplique, porque la ley lo permite; al menos, si así lo hiciera, estarían las cosas más claras.
Pero dado que el Partido Popular no puede perder mucho más en Cataluña (en donde es irrelevante como fuerza política), parece como si quisiera convertir un problema legal y administrativo en un conflicto civil: cada día se presenta con una nueva ocurrencia sobre el asunto.
El derecho reside, por supuesto, en la aplicación de la violencia o la fuerza hacia quien lo incumple; pero se trata de un último recurso. Como los delitos cometidos en Cataluña son responsabilidad solo de ciertos políticos y de ciertos cargos públicos, cabe cuestionar que el empleo de la fuerza en las calles resulte más eficaz que un proceso judicial en donde se aplique la ley con rigor y con temple al mismo tiempo.
(Preservar la ley es algo encomiable, pero hay muchos modos de proceder para preservarla).
El Gobierno, y ciertos medios, insisten en que la policía estará ahí para “garantizar el orden y la seguridad”. ¿A qué clase de orden podrán referirse? ¿A la seguridad de quién? Si se teme la existencia de disturbios el 1-O, no será porque entre los planes de los independentistas esté el de destruir media ciudad; y, en cualquier caso, de garantizar esa supuesta seguridad ya se encargaría el Gobierno de Cataluña.
Todo apunta, por el contrario, a que la policía intentará evitar físicamente que se celebre el referéndum. ¿Pero es acaso necesario impedir un referéndum carente de legalidad? ¿Qué más da que se celebre esa nadería? Si se responde que debe evitarse por el dispendio que representa para las arcas públicas, cabe a su vez constatar que la presencia de los barcos repletos de policías (según, hay que decirlo, la versión del Gobierno catalán) cuesta 300.000 euros diarios: más de dos millones de euros. Si se responde que así se evita el delito, ¿qué importa, si después de cometido se pueden emprender acciones legales contra los infractores al día siguiente mismo de la votación?
La presencia de la policía, desmedida e innecesaria, solo se entiende si se piensa que el Gobierno piensa más en un aumento de la tensión que en una resolución calma y sensata. Una estrategia a corto plazo que, tensando más y más a la población, aboque a un choque abierto y permita una narrativa triunfalista o correctiva: si el 1-O hay fotos de policías deteniendo a alcaldes y a votantes y llevándose las urnas, el Gobierno dirá que ha triunfado la legalidad; si se llega a la lucha física, cruda, entre catalanes y la policía, el Gobierno podrá acusarles de radicales y se considerará legitimado para aplicar medidas aún más coercitivas.
Pero un Gobierno más preocupado por la reacción ciudadana (y por combatirla en las calles) que por la cuestión política, y que usa al poder judicial casi a voluntad como si fuera una cachiporra, debería generar una honda preocupación nacional.
La oposición, como contrapartida, exige más diálogo.
Pero un diálogo con Cataluña solo puede consistir en ofrecerle al Gobierno catalán más poder o más dinero (o más poder para manejar el dinero). Reclamaciones tan legítimas como razonables, dentro de los ámbitos políticos.
(No entiendo ese afán simbólico de que se considere a Cataluña una nación, si el propio texto constitucional ya la reconoce veladamente como tal en el artículo 2 –“nacionalidades”, lo cual implica que hay naciones–, y de todos modos si solo se le regalara ese símbolo no se llegaría muy lejos en la negociación).
No se entiende que los partidos de la izquierda consideren ese diálogo como bueno, salvo si uno piensa que se les nubla el raciocinio ante la hermosa palabra “pueblo”, aderezada con la aún más hermosa “democracia”.
Contrapongámoslo con un ejemplo paralelo: mañana una multinacional amenaza con cerrar su fábrica en España y dejar en paro a cinco mil personas si el estado no les reduce a la mitad el pago en impuestos. La izquierda llamaría a eso chantaje. “No es ético ni justo”, dirían “que una multinacional milmillonaria negocie con el estado para aumentar aún más sus beneficios”. Ni siquiera aunque la multinacional se defendiera alegando que “los accionistas, democráticamente, han decidido marcharse del país si no se les concede lo que exigen”.
De manera análoga, las reclamaciones de poder y de dinero por parte de una comunidad autónoma pueden ser razonables o no, pertinentes o no, con independencia de que lo pidan sus ciudadanos.
Sorprende que la izquierda se preste a generar más disparidades legales y administrativas entre las comunidades más ricas –entre las que se cuenta Cataluña– y las más pobres. Quizá lo que falta en Extremadura para que mejore su condición económica es un movimiento independentista: así la izquierda exigiría para el pueblo extremeño más democracia y más diálogo (o sea, más poder y dinero).
La política se convierte, así, no en una distribución ecuánime de poder en un estado de derecho, sino en sierva de los intereses del capital organizado. Los ciudadanos catalanes, con derechos idénticos a los del resto de los ciudadanos (y aun con mayor autogobierno, competencias, y hasta con cuerpo policial propio), por lo visto se ven muy vulnerados cuando no se negocia otro aumento de sus condiciones.
Cómo y por qué la izquierda defiende una mayor desigualdad entre los Gobiernos de las comunidades, poniéndose de lado de una comunidad rica y poderosa, es algo que se escapa por completo a mi entendimiento.
(Con todo, a estas alturas del espectáculo, los independentistas no aceptarán ya nada; han arriesgado demasiado. De Guindos ya les ofreció hace unos días más dinero y más poder, sin obtener ninguna respuesta).
Desliando el punto anterior: el diálogo, lo sé, se propone como solución a un conflicto irresoluble entre el Gobierno catalán y el Gobierno español. Pero sorprende y decepciona que los partidos de la izquierda no le digan al Gobierno catalán que deje de exigirle más y más concesiones al estado y que se centre en gobernar bien para su pueblo.
Especialmente si se considera que el Gobierno catalán ha abundado durante más de treinta años en políticas económicas desastrosas, en escándalos policiales y en corrupción tan frecuente como sistematizada; además, ha sostenido y votado en el congreso o allá mismo, con el Partido Popular o con el PSOE, algunas de las leyes más reaccionarias de la democracia.
Pues bien: más allá de leyes que a nadie parecen importarle realmente; más allá de despliegues policiales, de derechos y de patrias, en el fondo de este conflicto subyace una gran nada, una gran narrativa creada para la ocasión, que sin embargo les conviene a ambos contendientes.
El Partido Popular sabe que sostener un pulso así le dará fuerza, distraerá a la gente de otros asuntos suyos más problemáticos (la economía no mejora para casi nadie, el paro baja ligeramente pero en condiciones lamentables, su corrupción sigue cotizando al alza, etcétera) y servirá para absorber aún más poder judicial. Por fin puede situarse como garante de la ley, como señor del orden y del bien.
El Gobierno de Cataluña, hundido por su propia incapacidad, vacío y exhausto, solo sobrevive a través del victimismo, de la idea de un futuro libre e independiente. El process, como dice Guillem Martínez, no existe, es un vacío total, una vana ilusión. Pero no por ello resulta menos útil para darse un baño de masas y generar, con la venia del Gobierno, un choque civil bajo el cual parapetarse.
Porque el conflicto catalán, en su auténtico trasfondo, no es un conflicto ciudadano ni social; es un señuelo, un síntoma; es un conflicto entre partidos políticos que se nutren mutuamente, en busca de rédito electoral y popular, y que se ha prolongado y fomentado durante décadas hasta alcanzar ahora su repentino cenit.
Y no es un conflicto ciudadano ni social porque no surge de unas determinadas circunstancias sociales objetivas.
Si a mí me desahucian de mi casa, no importan mis ideas políticas: tengo un problema verdadero. Si a mí me impiden por ley cruzar una calle y tengo que dar un rodeo de dos kilómetros cada día, tampoco importan mis ideas políticas: me veo perjudicado. Los problemas reales, como estos, se vuelven políticos cuando el malestar de quienes los padecen (al margen de su ideología) resulta objetivamente visible. Un desahucio no es un problema social; cuatrocientos mil desahucios sí (y bien que al Gobierno le importa un bledo). Del mismo modo, si yo soy un obrero de clase baja, mi condición de obrero no cambia porque me considere de derechas o de izquierdas. Los hechos sociales y ciudadanos ocurren con independencia de cómo me sienta yo.
Los problemas ideológicos, o sea solo políticos, sí dependen de cómo me sienta yo, de mi subjetividad y de mi ideología. El problema de que un catalán se sienta catalán y no español, en nuestro estado de derecho y considerando la igualdad legal de todos los ciudadanos ante la ley, es un problema que se ha inducido desde la esfera política a la esfera ciudadana: o sea, al revés de los anteriores. Igual pasa cuando un nacionalista español boicotea los productos catalanes; ese boicot surge de su subjetividad, de sus opiniones, no de su condición social o ciudadana.
El Gobierno, por un lado; y el independentismo, por otro, han convertido un problema ideológico en un problema social y ciudadano; lo mismo da que el primer tirón serio lo haya dado el independentismo al aprobar la ley del referéndum, porque el Gobierno ha cogido el guante encantado: ahora sí que la cuestión catalana afecta a la vida de mucha gente, al margen de su propia voluntad o subjetividad.
Cada uno necesita de un enemigo, de un malo absoluto, sobre el que proyectar la sombra de las culpas patrias. Por eso van a tirar de la cuerda aumentando la tensión hasta el límite, sin que a ninguno le importen demasiado las consecuencias reales. Ya no se trata de tener razón o de evitar un choque directo y peligroso, sino exactamente de lo contrario: de chocar los cuernos como dos machos cabríos, a ver cuál de los dos golpea más fuerte. Pues saben que con cada embestida, y al margen de quién vaya ganando o perdiendo, se vuelve más férrea su causa, más absoluta, más visceral.
Y así es como entra lo irracional en la política. Y nosotros nos exaltamos, entramos en cólera y picamos el anzuelo como salmones.
Decepciona, por lo demás, que Podemos contribuya a esa visión de los dos bandos; que contribuya a aumentar la tensión, cuando debería rebajarla con sensatez.
Se echa en falta una política más limpia, que no consista en escenificar un terrorífico (por la incertidumbre que suscita en todos los niveles) y mediático guiñol de manipulación popular y de humo negro que lo oculte todo, y que sirva a los intereses del Gobierno catalán y del Gobierno español, ambos corruptos y en absoluto interesados en nada más que no sea mantenerse en el poder y polarizar a la población.
La estrategia de Podemos, en esto como en casi todo, sigue siendo la de nadar y guardar la ropa, pero aquí tampoco hay caminos intermedios: así no rompe con lo irracional ni trata de destruir la oposición entre buenos y malos, o entre amigos y enemigos. Pide un referéndum que sabe imposible, simpatiza con la ilegalidad aunque no le agrade del todo si no es legal, y al mismo tiempo no desea la independencia de Cataluña. La cuadratura del círculo.
Esa postura, que parece responder al cálculo político más que a una coherencia interna o a un fino análisis de la situación, no le vale para absorber apoyos de ninguno de los bandos y desde luego tampoco quiebra la dialéctica de un conflicto que se encona día tras día. El Partido Popular y Ciudadanos han encontrado además –lo cual no era muy difícil– la acusación más natural y obvia contra Podemos: que son, en el fondo, tan radicales como los independentistas; que están en contra de la legalidad y que quieren romper España.
(Desde luego, que Pablo Iglesias llame “presos políticos” a varios sujetos detenidos -que no presos- durante un día y pico, no ayuda a relativizar la situación).
Como esto se vaya de las manos, y sin duda está ya yéndose, las consecuencias a largo plazo pueden ser irreparables. Habrá que esperar al dos de octubre.
Pero solo se sale de aquí relativizando la cuestión hasta lo indecible, desenmascarando la fantochada -la mentira- que representan ambos extremos, guardando distancia intelectual con el conflicto y apelando a los verdaderos problemas sociales que padecen tantos ciudadanos españoles. O sea: un discurso que ningún partido va a asumir.
¡Qué ridículos quienes urden espeluznantes distopías catalanas al mismo tiempo que niegan la independencia! Hoy mismo, mientras escribía este artículo, el ministro De Guindos ha dicho: “Es imposible la independencia de Cataluña y no tengo la mínima duda al respecto”. Y, a continuación, ha ido describiendo los horrores concomitantes a una hipotética independencia: bajada del PIB, expulsión de la UE, moneda devaluada… hasta que ha repetido que no cree posible la independencia. ¡Cuanta esquizofrenia! Si es imposible, ¿a cuento de qué asustar a los catalanes con tan negro futuro?
Hay algo en la expresión “la unidad de España” que debería sonarle a chamusquina a cualquier oído sensible (y ya no digamos a cualquier oído amante de lo español). Quienes defienden dicha unidad, ¿acaso conciben una España por completo desunida? ¿Creen en la posibilidad de una España en trocitos, deshecha o troceada? Cada vez que hablan de esa absurda unidad, pienso que les bastaría con hablar de ‘España’, a secas. Si hace falta recalcar que la unidad de España debe defenderse, se asume también que alguien puede atacarla con éxito; o sea, desunirla; o sea, que España constituye un estado históricamente casual, un cúmulo de partes tan solo vinculadas entre sí por el esfuerzo de unos defensores muy tenaces (¿qué sería de ella si nadie la defendiera? ¿Se desuniría?).
Un patriota de los duros, de los imperiales, hablaría de España como quien habla de un kilogramo de plomo o de medio litro de agua: como de algo no contable e indivisible. No podría ni siquiera concebirse que algo o alguien pretendieran desunirla (a nadie se le ocurriría defender la unidad de Andorra o de Australia, porque se acepta su absoluta identidad consigo mismas).
Como suele suceder, a veces hay quien acaba asumiendo, irónica y patéticamente, posiciones ideológicas elaboradas por su supuesto enemigo.
Autor OtrosvendránPublicado el 25 septiembre, 2017 2 noviembre, 2019
3 comentarios en “Cataluña como anzuelo y nosotros como presa (sobre leyes, mentiras e hipócritas)”
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