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Timestamp: 2019-07-20 01:52:04+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2010-00352/56978 DE ABRIL 23 DE 2018
SENTENCIA 2010-00352 DE 23 DE ABRIL DE 2018
CONTENIDO:SI UNA CULPA O DELITO HA SIDO COMETIDO POR DOS O MÁS PERSONAS, CADA UNA DE ELLAS SERÁ RESPONSABLE. SE DECLARA LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DE UN MUNICIPIO Y DE LA POLICÍA POR LAS LESIONES CAUSADAS A UN CIUDADANO CON OCASIÓN DE DEL IMPACTO FRONTAL QUE RECIBIÓ LA MOTOCICLETA EN LA QUE SE MOVILIZABA, POR OTRA MOTOCICLETA CONDUCIDA POR UN PATRULLERO DE LA POLICÍA, QUIEN EN EL CURSO DE UNA PERSECUCIÓN POLICIAL INVADIÓ EL CARRIL CONTRARIO, AL ESQUIVAR UN HUECO EN LA VÍA. ASÍ, SE ESTABLECIÓ QUE FUERON DOS LAS CAUSAS DETERMINANTES DEL ACCIDENTE: DE UN LADO, EL DEFECTUOSO ESTADO DE LA VÍA MATERIALIZADO EN LA EXISTENCIA DE UN HUECO Y DE UNA TAPA DE ALCANTARILLA MAL INSTALADA, Y EL GIRO ABRUPTO QUE EL PATRULLERO EFECTUÓ, AL ENCONTRARSE, CUANDO TRANSITABA POR ELLA, DE MANERA ABRUPTA, CON ESA CIRCUNSTANCIA NO SEÑALIZADA. EN CONCLUSIÓN, SE DECLARA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE A LAS ENTIDADES DEMANDADAS PUES EL DAÑO CUYO RESARCIMIENTO SE PERSIGUE POR LOS ACTORES LES ES JURÍDICAMENTE IMPUTABLE POR CAUSA DE LA FALLA ADMINISTRATIVA QUE COMPORTA LA ACTUACIÓN DE LOS AGENTES MOTORIZADOS DE LA POLICÍA EN CLARA CONTRAVENCIÓN DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO, TANTO COMO AL MUNICIPIO POR CAUSA DE LA OMISIÓN DE SUS DEBERES DE MANTENIMIENTO Y SEÑALIZACIÓN VIAL. HACIENDO ADEMÁS LA CLARIDAD DE QUE EL COMPORTAMIENTO DEL AGENTE DE POLICÍA EN MODO ALGUNO PUEDE ENTENDERSE JUSTIFICADA POR EL APREMIO QUE GENERABA LA PERSECUCIÓN DE UN DELINCUENTE, NO SÓLO PORQUE NO HAY NORMA DE TRÁNSITO QUE ASÍ LO PERMITA, SINO PORQUE EN TALES CIRCUNSTANCIAS SE IMPONE LA OBSERVANCIA DE DEBERES GENERALES DE PRUDENCIA EN CONSIDERACIÓN AL RIESGO QUE GENERA SOBRE LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL DE LA CIUDADANÍA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, POLICÍA NACIONAL, RESPONSABILIDAD SOLIDARIA, ACCIDENTES DE TRÁNSITO, AGENTE DE POLICÍA, MANTENIMIENTO DE LAS CARRETERAS, RESPONSABILIDAD DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, IMPUTACIÓN DE RESPONSABILIDAD AL ESTADO
Sentencia 2010-00352/56978 de abril 23 de 2018
Exp.: 56978
Rad.: 760012331000201000352
Actor: Andres Mauricio Ospina Ferro y otros
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del veintiocho (28) de agosto de dos mil quince (2015) proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que concedió parcialmente las pretensiones de la demanda.
Una patrulla de la Policía Nacional que perseguía a un delincuente en fuga a bordo de una motocicleta y a alta velocidad, se vio obligada a realizar un giro súbito para esquivar unos obstáculos que había sobre la vía, por mal mantenimiento del pavimento, invadió el carril por el que se desplazaba el actor y le causó lesiones personales que le produjeron una pérdida de capacidad laboral total de 57,55%.
Andres Mauricio Ospina Ferro, en su condición de víctima directa, Jose de Jesús Ospina Silva, como padre de la víctima, Maria Leonor Lenis, como madre de crianza de la víctima directa, Andrea Isabella Ospina Lenis y Laura Alejandra Ospina Ferro, como hermanas de la víctima directa, instauraron demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional y el Municipio de Santiago de Cali, en la que pretenden que se declare patrimonialmente responsables a las demandadas del accidente de tránsito en que resultó lesionado Andrés Mauricio Ospina Ferro, y se le condene a reparar los perjuicios morales, a la vida de relación, estéticos, y materiales por lucro cesante que sufrieron a consecuencia de unos hechos que pueden ser resumidos en los siguientes términos(1):
El 31 de mayo de 2008, aproximadamente a las 09:40 p.m., Andrés Mauricio Ospina Ferro, de 22 años, se desplazaba en una motocicleta por la calle 72 H, carrera 3N, portando casco y chaleco reflectivo, cuando de manera intempestiva una patrulla motorizada de la policía invadió su carril, le impactó de frente y le causó un trauma cráneo encefálico con importantes secuelas para toda su vida, pues Ospina Ferro, quien para la época devengaba ingresos en cuantía equivalente a un salario mínimo mensual, perdió totalmente su capacidad laboral, hubo de asumir los costos de complejos tratamientos médicos, y sufrió, junto a sus familiares más cercanos, grave afectación moral y cambios negativos en sus condiciones de vida(2).
La demanda fue admitida por auto de veintiocho (28) de abril de dos mil diez (2010)(3) del Tribunal Administrativo de del Valle del Cauca, notificado a las partes y al representante del Ministerio Público(4).
La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, contestó la demanda con oposición a las pretensiones que consideró carentes de soporte probatorio.
Como fundamento de su defensa señaló que la Policía Nacional no debe responder por circunstancias que no podía controlar y que las lesiones sufridas por el actor fueron ocasionadas por la negligencia de la administración municipal, pues “(…) no sería justo, endilgar (…) responsabilidad a la Policía Nacional, cuando justamente los policiales también fueron víctimas del mal estado de las vías y lo fueron en cumplimiento de su deber (…)”(5).
El Municipio de Cali también contestó la demanda con oposición a las pretensiones por cuanto, a su juicio, las pruebas relacionadas por la parte actora no demostraban que el accidente hubiera tenido causa en el desperfecto de la vía a su cargo. Además, respecto de los perjuicios reclamados, indicó que el demandante no presentaba prueba alguna de los ingresos que decía recibir por la época en que ocurrieron los hechos(6).
Propuso la excepción que denominó “culpa exclusiva de un tercero” (sic), la que dijo fundamentar en el despliegue que al momento de los hechos hacía el accidentado, de una actividad peligrosa y riesgosa, como lo era conducir una motocicleta, además, sin empleo del correspondiente casco y sin portar licencia de conducir. Adicionalmente, que la colisión se produjo con una patrulla de la Policía Metropolitana, conducida por el agente de policía Luis Carlos Chavarro, quien sí portaba su licencia de conducción(7).
El municipio de Cali, en escrito separado a la contestación de la demanda, formuló llamamiento en garantía a la compañía de seguros que a la fecha del accidente amparaba al ente territorial(8) frente a este tipo de riesgos.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por auto del 19 de octubre de 2010, aceptó el llamamiento de garantía así propuesto, a la compañía La Previsora S.A. Compañía de Seguros Sucursal Cali(9).
La compañía de seguros llamada en garantía manifestó que no hubo responsabilidad administrativa, por cuanto el accidente no fue consecuencia de un hecho, operación u omisión imputable al municipio de Cali. En consecuencia, propuso la excepción del hecho de un tercero, consistente en la acción de los agentes de la policía nacional, quienes se desplazaban en exceso de velocidad cuando efectuaban una persecución(10).
El veintiocho (28) de agosto de dos mil quince (2015), el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió sentencia en los siguientes términos:
“(…) 1. Declárese la responsabilidad administrativa, patrimonial y solidaria de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional y el Municipio de Santiago de Cali por las lesiones sufridas por el señor Andrés Mauricio Ospina Ferro.
2. Condenase solidariamente a la Nación - Ministerio de Defensa y al Municipio de Cali, a pagar, por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas:
Andrés Mauricio Ospina Ferro (lesionado) 100 smmlv
José de Jesús Ospina Silva (padre) 100 smmlv
Andrea Isabella Ospina Lenis (hermana) 50 smmlv
Laura Alejandra Ospina Ferro (hermana) 50 smmlv
3. Condénese solidariamente a la Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional y el Municipio de Cali, a pagar por concepto de perjuicios morales, en la modalidad de daño a la salud, a favor de Andrés Mauricio Ospina Ferro, la suma de 100 smmlv.
4. Condénese solidariamente a la Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional y el Municipio de Cali, a pagar por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a favor de Andrés Mauricio Ospina Ferro las siguientes sumas:
Indemnización debida consolidada $ 85.798.567
Indemnización futura $ 157.050.799
Total lucro cesante $ 242.949.366.
5. Condenar a la Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional y el Municipio de Santiago de Cali al pago de todo lo que los médicos tratantes consideren necesario para la rehabilitación física, psicológica de Andrés Mauricio Ospina Ferro, de acuerdo con lo dicho en la parte motiva de esta providencia, por concepto de daño emergente futuro.
6. Ordenase a la aseguradora La Previsora S.A, a reintegrar al Municipio de Santiago de Cali, el monto de la indemnización a que hubiera lugar frente a la condena realizada con ocasión de la póliza 1004625 - seguro de responsabilidad civil póliza responsabilidad civil con ocasión del fallo, hasta el valor asegurado, de acuerdo a las condiciones de la póliza, esto es, teniendo en cuenta los límites, amparos, sumas aseguradas, deducibles, exclusiones consagradas en el contrato de seguros (…)”(11).
Señaló que las pruebas obrantes en el proceso permitían concluir que:
“(…) el resultado dañoso surgió como consecuencia de la invasión del carril de la vía calle 72 H con carrera 3N, por parte del patrullero Luis Carlos Chavarro, quien se encontraba en ejercicio de sus funciones de vigilancia. Sin embargo, el actuar imprudente del conductor de la patrulla de la Policía Nacional también estuvo determinado por el mal estado del carril de la vía por donde él se desplazaba, vía esta que presentaba múltiples huecos y, pese a ello, carecía de la señalización e iluminación pertinentes (…)”(12).
Por consiguiente, concluyo que la actitud imprudente del uniformado de la Policía Nacional, más la actitud omisiva del municipio de Santiago de Cali, en cuanto el deber de mantenimiento de la vía, fueron las causas del accidente(13).
La sentencia de primera instancia fue notificada mediante edicto fijado en lugar público de la Secretaría del Tribunal el siete (7) de septiembre de dos mil quince (2015)(14).
El dieciséis (16) de septiembre de dos mil quince (2015), el actor interpuso recurso de apelación contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, con fundamento en los siguientes motivos(15):
— La sentencia se abstuvo injustificadamente de reconocer los perjuicios morales a la madre de crianza, señora María Leonor Lenis, ya que en el proceso quedó probada su relación con la víctima directa, así como su propia afectación.
— La compensación de los perjuicios morales, que tuvo como referente al dictamen 54040914 de la Junta regional de calificación de invalidez que determinó un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 57.85%, no tomó en consideración que Andrés Mauricio Ospina, desde el 31 de mayo de 2008, ha sufrido dolor, aflicción, congoja, zozobra y temor por lo que le pueda pasar en el futuro. Por esta razón, pide se incremente a 200 smmlv.
— La condena proferida para reparar el daño emergente futuro a la víctima directa, con la imposición a las demandadas de la obligación de hacer consistente en la prestación de todos los servicios de salud, insumos y demás que llegare a necesitar de por vida Andrés Mauricio Ospina como consecuencia del accidente, debió ordenarse, en concreto, con la obligación de pagar el equivalente a un salario mínimo mensual con destino a la remuneración de un tercero acompañante, durante el tiempo de expectativa de vida de Andrés Mauricio Ospina.
— La liquidación del lucro cesante fue insuficiente y falta de consideración por la gravedad de la afectación moral, física y psicológica que padece la víctima directa.
— La condena proferida en orden a la reparación del daño a la salud, también debe ser ajustada en su valor a 400 smmlv, pues Andrés Mauricio Ospina no es una persona independiente.
— Acerca de la afectación a derechos constitucionales - perjuicios a la vida de relación, solicitó se profiera una condena al pago de las siguientes sumas: Andrés Mauricio Ospina, 200 smmlv; José de Jesús Ospina Silva, 100 smmlv; Laura Alejandra Ospina Ferro, 50 smmlv; Andrea Isabella Ospina Lenis, 50 smmlv; y María Leonor Lenis, 100 smmlv. Para un total de 500 smmlv.
Por su parte, en escrito presentado el 21 de septiembre de 2015, el demandado municipio de Cali, también apeló la sentencia de primera instancia, argumentando que de acuerdo con el material recaudado dentro del proceso no existió certeza de que el accidente hubiera ocurrido a consecuencia del desperfecto de la vía(16). A su juicio, la parte demandante no probó la falla del servicio, y el a quo no tomo en consideración que la actividad que desarrollaba el demandante es de aquellas que se consideran peligrosas, por lo que el daño no podía ser imputado por falla presunta, ni por título objetivo, al municipio.
Aseguró que el informe de tránsito obrante en el expediente no se ajustaba totalmente a lo dispuesto en el artículo 149 de la ley 769 de 2002. A manera de ejemplo, dijo, no estableció las dimensiones, distancias y profundidad del hueco, ni da cuenta de la orden debida para la práctica de pruebas de alcoholemia a los involucrados en el accidente(17).
La Previsora S.A., como llamada en garantía, igualmente interpuso recurso contra la sentencia del Tribunal Administrativo, argumentando que del análisis conjunto de los medios de prueba recopilados, no surgía razón para tener por acreditado el nexo entre el daño alegado por los actores y la acción u omisión que se endilgó al municipio. Este daño, sostuvo, tuvo origen en la culpa exclusiva de los motociclistas involucrados en el accidente, los cuales violaron las normas de tránsito(18).
La Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, interpuso y sustentó recurso contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca, planteando que el daño provino del hecho exclusivo de un tercero, y que “(…) en el presente caso ni siquiera se ha acreditado el supuesto daño, mucho menos se ha acreditado que el riesgo haya sido creado por la administración, rompiéndose entonces, por completo el nexo causal (…)”(19).
2.5. Tramite en segunda instancia.
Mediante providencia del ocho (8) de junio de dos mil dieciséis (2016)(20) se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión por el término de diez (10) días.
Las partes reiteraron y transcribieron los argumentos ya planteados en la demanda, la contestación, los alegatos de primera instancia y en el recurso contra la sentencia del Tribunal Administrativo(21).
El Ministerio Público guardo silencio(22).
Atendiendo una solicitud del demandante, la Sala determinó en auto de treinta (30) de octubre de dos mil diecisiete (2017), que el presente caso tendría prelación de fallo. Lo anterior bajo la consideración que se cumplía con los criterios jurisprudenciales que justifican la alteración del orden regular para fallo, pues se observaba que en el caso puesto se involucran los derechos fundamentales a la salud y el mínimo vital de una persona en situación de discapacidad, es decir, un sujeto de especial protección constitucional, como lo es el demandante Andrés Ospina Ferro(23).
La Sala es competente para conocer del presente asunto iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, pues el proceso tiene vocación de segunda instancia en atención a su cuantía que, determinada como se encuentra, por el valor de la mayor de las pretensiones, supera la exigida por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo(24).
La acción de reparación directa interpuesta estaba vigente al momento de su ejercicio, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 136 numeral 8º del Código Contencioso Administrativo, que establece que la caducidad de la acción de reparación directa se consolida pasados dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa que dio origen al daño reclamado.
En efecto, los hechos ocurrieron el treinta y uno (31) de mayo de dos mil ocho (2008), se presentó conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación el veinticuatro (24) de septiembre de dos mil nueve (2009), cuya constancia fue expedida el dieciocho (18) de enero de dos mil diez (2010). La demanda fue presentada el nueve (9) de marzo de dos mil diez (2010), luego, entre el día siguiente a aquel en que los hechos ocurrieron y la fecha de presentación de la demanda, no transcurrió un lapso superior a dos (2) años.
La demanda fue presentada por:
— Andrés Mauricio Ospina Ferro, quien acredita la condición de víctima directa.
— José de Jesús Ospina Silva, quien acredita ser el padre de la víctima directa, según registro civil de nacimiento número NIUP 10778290(25).
— Andrea Isabella Ospina Lenis, quien acredita ser hija del padre de la víctima directa, por tanto, hermana de la misma según registro de nacimiento número NIUP 20980644(26).
— Laura Alejandra Ospina Ferro, quien acredita ser hija del padre de la víctima directa, por tanto, hermana de la misma. Registro de nacimiento serial 41940135(27).
Se observa que la demanda también fue presentada por Maria Leonor Lenis, quien otorgó poder para ello(28), en calidad de madre de crianza de Andrés Mauricio Ospina Ferro.
Sobre esta condición, el a quo, al analizar los perjuicios morales dictaminó que no se probó la relación afectiva necesaria para que se hiciera acreedora de esta indemnización(29).
No obstante, la Sala encuentra demostrada la condición de madre de crianza de la víctima directa a través de los siguientes testimonios(30):
Ana Isabel Girón, vecina, madre de un amigo de infancia del joven Andrés Mauricio Ospina Ferro, a quién conocía desde hacía más de once (11) años:
“(…) Preguntada: Manifieste al despacho si conoce al señor Andresa Maurico Ospina (sic) y por qué. Contesto: Yo conozco a Andres Mauricio hace once años aproximadamente, él es amigo de mi hijo y compartían mucho tiempo porque jugaban futbol, vivimos cerca del barrio a unas catorce cuadras y nos conocemos porque él asistía a la misma escuela de futbol a la que asistía mi hijo Jeison Estiven Bravo. Preguntada: Manifieste al despacho con que personas vive el joven Andres Mauricio. Contesto: Él vive con su papa, el señor Jose Ospina, la madrastra doña Leonor, su hermana Laura y su hermana menor Andrea Isabella (…) doña Leonor (…) ella siempre ha sido muy especial con ellos, muy cariñosa, pendiente de las necesidades de él, con las hermanas también han sido muy unidos (…)”(31).
Aura Inés Giraldo Ospina, vecina y madre de un amigo de infancia de Andrés Mauricio Ospina:
“(…) Preguntada: Manifieste al despacho si conoce al señor Andres Mauricio Ospina, en caso afirmativo desde hace cuánto lo conoce y por qué. Contesto: Conozco a Andrés hace más de quince años, porque somos vecinos, vivimos en la misma cuadra, y pues mis hijos jugaban mucho con él, porque mi hijo el grande estaba en una escuela de futbol, iban a jugar juntos y mis hijas con las dos hermanas de él. Preguntada: Manifieste al despacho con qué personas vive el joven Andres Mauricio. Contesto: Con su papa Juan Jose Ospina, Laura Alejandra Ospina, la hermana Andrea Isabella Ospina y la madre de crianza, Maria Leonor Lenis (…) Preguntada: Sírvase manifestar al despacho, si lo sabe y le consta, si los integrantes de la familia de Andres Mauricio a consecuencia del accidente dejaron de seguir realizando sus actividades cotidianas. Contesto: Pues doña Leonor permanece en su casa debido al problema de Andres y pues don Jose, no sé, ellos siguen haciendo sus cosas normalmente (…)”(32).
Julián Mauricio Rico Hurtado, vecino y amigo de Andrés Mauricio Ospina:
“(…) Preguntada: Manifieste al despacho si conoce al señor Andres Mauricio Ospina, en caso afirmativo desde hace cuánto lo conoce y por qué. Contesto: Conozco a Andrés hace aproximadamente dieciséis años ya que vivimos en el mismo barrio, pero no éramos íntimos amigos hasta que me hice novio de Laura Alejandra la hermana y hace ya como unos cinco años que ya tenemos la confianza (…) Andres vive con don Jose, quien es el papa, doña Leonor quien es la madre de crianza, con Laura Alejandra y Isabella que son hermanos (…)”(33).
En coherencia con las anteriores declaraciones, la Sala estima que se encuentra demostrado que Maria Leonor Lenis hace parte del mismo núcleo familiar compuesto por la victima directa, su padre y sus hermanas, Laura Alejandra Ospina Ferro y Andrea Isabella Ospina Lenis, esta última hija de Maria Leonor Lenis; evidenciándose, igualmente, lazos de afecto, respeto, solidaridad, comprensión y protección entre los miembros de esta familia.
Por consiguiente, se considerará que la actora Maria Leonor Lenis está legitimada en la causa por activa, por tanto, es beneficiaria de la indemnización a que haya lugar.
3.2. Alcance de la competencia de la Sala.
La Sala se ocupará de los siguientes aspectos:
a) Abordará el estudio del daño antijurídico y su imputación, pues tanto la Nación - Policía Nacional, como el Municipio de Cali, argumentaron que no se acreditó el supuesto daño, como tampoco existió falla del servicio alguna.
b) Si hay lugar a ello, se revisará el reconocimiento y la liquidación de los perjuicios.
Teniendo presente la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca fue apelada tanto por el actor, por no estar conforme con la liquidación de los perjuicios, como por las partes demandadas, quienes alegaron el rompimiento del nexo causal porque el daño provino del hecho exclusivo de la víctima, la Sala aborda el estudio de los hechos probados en dos partes, a saber:
El daño entendido como el atentado material contra una cosa o persona, el demandante lo hace consistir en las lesiones que Andrés Mauricio Ospina Ferro sufrió en un accidente de tránsito acaecido el 31 de mayo de 2008, con una motocicleta conducida por dos miembros de la Policía Nacional.
3.3.1.1. Informe policial de accidente de tránsito A0428516 de fecha 31/05/2008, informando que el día 31 de mayo de 2008, la motocicleta de la Policía Nacional conducida por Luis Carlos Chavarro colisionó con otra motocicleta conducida por Andrés Mauricio Ospina Ferro. En este documento se plantea la hipótesis que “(…) la patrulla Ponal se encuentra en persecución de una motocicleta, al llegar a la calle 72 se encuentra de frente con una motocicleta, posiblemente esquivando un hueco (…)”(34).
3.3.1.2. Informe de evaluación de las lesiones físicas, fisiológicas y neurológicas sufridas a consecuencia del accidente de tránsito mencionado por el actor Andrés Mauricio Ospina Ferro, rendido por la junta regional de calificación de invalidez del Cauca. Determina los siguientes porcentajes de incapacidad: (a) deficiencia 30.00, (b) discapacidad (4.80), y (c) minusvalía (22.75). Estos indicadores permitieron conceptuar que Ospina tuvo una pérdida de capacidad laboral por las lesiones causadas en el accidente en un porcentaje total de 57,55%.
3.3.1.3. Copia del aparte correspondiente del libro de Registro de Población de la Sexta Estación de Policía Floralia, de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, en el que se registró el procedimiento policial adelantado con el accidente de tránsito, de día 31 de mayo de 2008, en los siguientes términos (se transcribe literalmente, incluyendo posibles errores semánticos y ortográficos):
(…) Anotación 31/05/2008. 23:55. Siendo las 21 las 21:40 horas día de hoy cuando realizaba patrullaje por la calle 72C con A Norte un ciudadano nos informa que en la calle 72 H con Norte havia ocurrido un accidente de tránsito con una patrulla de la policía al cual nos dirigimos llegando al citio del accidente encontré una multitud de personas aglomeradas al lado de dos policías y un civil procediendo acordonar y prestar los primeros auxilios, se reporta a la Central de Policía, (…) y el señor Andrés Mauricio Ospina Ferro, quien portaba un bolso canguro color avano y en su interior se le encuentra una cedula (…) es de anotar que es este bolso no portaba los documentos de la motocicleta en la cual se conducía, ni tampoco en su ropa, pantalón, camisa ni chaleco reflectivo (…) Atiende el caso patrulla de trancito Yerson Solarte, placa 211 según el señor Jaime Humberto Barrera Díaz cedula 6.081.118 residente en la calle 72 H con 3ª Norte, teléfono 4 330835, manifiesta que la patrulla venia en persecución de una moto D-T, dorada, quien se movilizaba con parrillero hombre y que al esquivar un hueco que hay sobre la vía por unos vehículos que se encontraban estacionados por su carril impactaron la moto que venía por el carril contrario, es de anotar que el señor Andrés Mauricio Ospina no portaba casco protector para la cabeza y tampoco fue encontrado en el lugar de los hechos (…)”(35).
3.3.1.4. Testimonio rendido por Yehison Jair Solarte Mosquera, agente de tránsito que atendió y elaboró el informe del accidente, en el que ratificó la hipótesis planteada en el croquis:
“(…) al realizar la pregunta al policial manifiesta ir en persecución del vehículo y al encontrarse con el hueco en la vía lo esquiva y colisiona con la motocicleta Honda de placas MIM 49A, conducida por el señor Andres Mauricio Ospina Ferro (…)”(36).
“(…) Preguntado: Informe al despacho si el motociclista embestido por la patrulla de policía portaba casco y chaleco el día del accidente. Contestado: Desde el momento en que se llegó al lugar de los hecho, no se observó en el conductor de la moto, señor Andres Mauricio Ospina Ferro la utilización de su casco y su chaleco y dentro de la escena de los hechos no se observó el elemento casco sobre la calzada o sus alrededores. Preguntado: Indique al despacho de acuerdo al informe policial de transito que aparece en el expediente, en la parte, vehículo número dos, en la casilla donde aparece los números 1 y 2, referente al casco cuya casilla número uno, del “si”, está marcada; diga si esto indica que dicho conductor portaba casco, si o no (comillas del abogado que interroga (el declarante observa de nuevo el informe). Contesto: Al llegar a este punto por el que se me pregunta, cometí el error involuntario al tratar de relacionar una casilla, de la del sí y la del no y no termine el trazado de la misma, es decir, intenté colocarla pero cuando recordé que no se ubicó el casco sobre la escena, detuve el trazo de la línea (…)”(37)
Sobre las condiciones de la vía, declaró:
“(…) Preguntado: Indique al despacho sí reconoce el hueco de la fotografía que aparece a folio 66 del expediente (se le pone de presente al declarante la fotografía que aparece a folio 66 del expediente aportada como anexo de la demanda, la observa y contesto): El accidente fue en las horas de la noche y no, la verdad no sé si es el sitio de los hechos, el caso se atendió en las horas de la noche (…)(38).
(…) esa es la carrera 3ª Norte donde las características son recta, plana, con aceras de doble sentido, una calzada, dos carriles, de material asfaltico, su estado con huecos, vía seca, iluminación artificial mala o deficiente, no había ningún control o controles de marcación y señalización vial, controles son cuando hay semáforos u otro tipo de agentes de tránsito (…)(39).
3.3.1.5. Yailer Camargo Vargas, testigo que presenció personalmente el accidente:
“(…) Sobre el accidente de tránsito de Andres Mauricio que sucedió en el Barrio Floralia en la calle 72 H con carrera 3ª esquina, allí fueron los hechos, paso una moto negra y atrás una patrulla, la patrulla venía sin luces, en ese momento es que impactan de frente con el joven Andres, el muchacho Andres viene por su lado derecho normal, el trae su respectivo casco, chaleco y sus respectivas luces, en ese momento lo vamos a auxiliar con el señor de la farmacia, el señor de la farmacia, no se el nombre, es quien le saca el casco, le quita la billetera, le toma los signos vitales y es el que llama al papa de señor Andres Mauricio, quedan, uno en la mitad de la carretera y el otro queda en el cordón del lado derecho, el del lado derecho es el que yo auxilie porque él sí quedó inconsciente y se desmaya y recogí el arma de dotación y el radio de él y se lo entregue a los policías que llegaron, (…) Eso es lo que vi hasta que se llevaron al muchacho, eso fue el 31 de mayo de 2008, como a las nueve y cuarenta y cinco de la noche, yo me encontraba ahí con compañeros de trabajo porque estábamos hablando del trabajo que queda cinco casas donde fueron los hechos, calle 72H # 3N-18 Barrio Floralia, me encontraba con Andres Lozano Jaramillo, Hernando Izamir Cárdenas y Rodrigo Lozano, con ellos me encontraba cuando sucedieron los hechos, no conocía a las personas del accidente. Es todo (…)
Preguntado: Teniendo en cuenta que dice manejar moto hace dieciséis años, manifieste aproximadamente a qué velocidad eran conducidas las motocicletas que colisionaron Contesto: La de los policías a ciento veinte kilómetros por hora y la del muchacho Andres Mauricio a unos cuarenta kilómetros Preguntado: Manifieste al Despacho, si lo sabe, ¿cuál es la razón para que los agentes de policía estuvieran transitando a tal alta velocidad? Contesto: Iban en persecución de una moto negra, porque el señor de la moto negra pasa al lado de nosotros, a alta velocidad también, pero el de la moto negra si pasó por el lado derecho. Preguntado: Sírvase aclarar al Despacho si la moto negra que usted indica era perseguida por agentes de policía invadió el carril por el que transitaba el joven Andres Mauricio. Contesto: No señor, los que invadieron el carril izquierdo fueron los policías. Preguntado: De acuerdo con su experiencia en el manejo de motocicletas, cree usted que era posible que los policías que estaban en persecución pudieran haber esquivado el hueco por el carril que les correspondía, es decir, sin invadir del carril contrario por el que se desplazaba el joven Andres Mauricio. Contesto: Si porque el lado derecho fue por el que paso la moto negra, claro que podían (…)
(…) Preguntado: Sírvase aclarar a que distancia y que posición se encontraba usted en el momento de los hechos. Contesto: A unos ocho o nueve metros aproximadamente, lo que hay de distancia de cordón a cordón porque estoy parado en la esquina, la distancia que tiene la carretera y estaba de frente a los hechos (…) Preguntado: Sírvase manifestar si para el día de los hechos el costado derecho, carril por donde transitaba la motocicleta de los agentes de policía se encontraba despejada. Contesto: Si claro, estaba despejado porque por el lado derecho fue que pasó el de la moto negra. Preguntado: Sírvase explicar cómo sabe usted con certeza las medidas del hueco que usted dice esquivaron los agentes de policía de los hechos (sic) Contesto: Yo hable aproximadamente no con certeza, pero el hueco si era bastante grande. Preguntado: Sírvase indicar de acuerdo con su testimonio que distancia había del hueco al lugar de impacto entre las motos de los agentes de policía y el señor Andres Mauricio. Contesto: Sé que es muy corta, por ahí aproximadamente unos cuatro metros (…)”(40).
3.3.1.6. Declaración de Jose Andres Lozano Jaramillo, testigo presencial de los hechos:
“(…) Estábamos en la esquina de la calle 72 H con carrera 3ª como a las nueve o diez de la noche, pasaron dos motos a alta velocidad, cuando vimos que una era de la policía y por pasar el hueco a unos metros de ahí donde estábamos nosotros y los policías por pasar un hueco hicieron un giro hacia el lado izquierdo de ellos y atropellaron al otro muchacho que venía en sentido opuesto, (…)
(…) Preguntado: Manifieste al Despacho que se encontraba haciendo usted en el momento del accidente y en qué lugar se encontraba. Contesto: Yo me encontraba en la carrera 3ª con calle 72 H, esquina, yo estaba esperando a mi hermano Rodrigo y a otros compañeros porque siempre después del trabajo nos encontrábamos ahí, nos reunimos después de cuadrar en la oficina y después nos vamos a la casa cada uno. Preguntado: Manifieste al despacho el nombre de las personas con las que usted se encontraba al momento preciso del accidente. Contesto: Rodrigo Lozano, Yailer Camargo, Izamir Cárdenas (…)
(…) Preguntado: Sírvase indicar en el momento de los hechos que posición tenía usted respecto de la vía en la que colisionaron las dos motocicletas que hicieron parte del accidente que hoy motiva esta diligencia. Contesto: Cuando pasa la primera moto a gran velocidad, muy cerca de donde estábamos nosotros, me doy la vuelta y veo pasar inmediatamente la moto de la patrulla de la policía que iba sin luces, instantes después a unos cuantos metros de donde estábamos, unos cinco metros, donde ocurrió el accidente en donde la patrulla de policía choco al joven que venía en sentido contrario (…)
(…) el joven traía su chaleco y su casco, una de las personas que lo estaban auxiliando, se lo retiró, cuando el joven empezó a convulsionar (…)”(41).
3.3.1.7. Declaración de Rodrigo Lozano Jaramillo, testigo presencial de los hechos:
“(…) El 31 de mayo del 2008, trabajábamos para Origen y Finanzas del señor Yailer Camargo Vargas, oficina de préstamos a pequeños comerciantes, siempre llegábamos a cuadrar lo que cobraba, nosotros somos recaudadores, el día del accidente yo llegue de último a cuadrar, allí ya se encontraban los señores Jose Andres Lozano, Izamir Cardenas, Yailer Camargo y yo fui el último en cuadrar, eso fue un sábado, terminamos de cuadrar y salimos a hacer lo que siempre hacíamos, departir, en ese momento vemos que viene una moto, yo estaba ahí de frente a la calle y veo pasar una moto muy rápido, pasaba por el lado derecho de nosotros evadiendo un hueco que hay ahí y cuando nosotros volteamos a ver viene la policía muy rápido persiguiéndolos, pero los policías se meten por el carril izquierdo, o sea en contravía y chocan con el muchacho que viene despacio en una moto, fue un golpe muy fuerte (…)
(…) Preguntado: Manifieste al despacho a que distancia se encontraba aproximadamente del accidente. Contesto: Mas o menos a tres a cinco metros (…)
(…) Preguntado: Indique al despacho si las personas con las que usted compartía el día de los hechos, estaban consumiendo algún tipo de bebida alcohólica. Contestado: No, no estaba consumiendo alcohol, ni ninguno de nosotros, de hecho me comí una papa y una Coca-Cola (…)(42).
3.3.1.8. Copia del acta de la diligencia indagatoria de PT. Luis Carlos Chavarro, policial que conducía la motocicleta que impactó la motocicleta del actor Andres Mauricio Ospina Ferro, tomada dentro del proceso que se le adelantó como autor del delito de lesiones personales, en el Juzgado 153 de Instrucción Penal Militar, manifestó lo siguiente:
“(…) ese día salimos de turno y paramos en la carrera 73 con cuarta y un ciudadano nos manifiesta que habían dos personas de género masculino en una moto de DT que portaban un arma de fuego, no recuerdo si lo iban a robar o iban a atentar contra él, pero esta persona nos lo señaló, entonces comenzamos la persecución detrás de ellos por toda la 73 esquina ellos doblan a la derecha y es una vía que está deteriorada, al lado derecho de la vía se encontraban unos vehículos parqueados incluso un vehículo tipo furgón, en ese momento esquivo un hueco y observo que delante del furgón una motocicleta con un sujeto que no portaba el casco, con el cual impacto, por la colisión yo quedé inconsciente al igual que mi compañero (…). Preguntado: Informe al despacho las características de la motocicleta que usted perseguía. Contesto: Una DT 125. (…) Preguntado: Haga una descripción del lugar donde se presentó el accidente. Contesto: Es un sector comercial y residencial, la vía se encontraba con huecos y difícil de transitar (…) Preguntado: Como eran las condiciones de visibilidad del lugar donde se presentó el accidente de tránsito. Contesto: En ese momento era de noche y la vía no era muy iluminada (…)”(43).
3.3.2. Sobre la prueba de los hechos relativos a la imputación.
En relación con la imputación se encuentran acreditados en el expediente los siguientes hechos:
3.3.2.1. Informe policial de accidente de tránsito A0428516 de fecha 31/05/2008, donde se evidencia que el accidente de tránsito se reportó con las siguientes características y condiciones:
— Caracterización del lugar: sobre una vía urbana, residencial y ciclo ruta.
— Características de la vía: recta, plano, vía en doble sentido, una calzada, dos carriles, asfalto, con huecos, condición seca, iluminación artificial mala, sin ninguna demarcación y sin visualización disminuida (la opción de visualización disminuida por vehículo estacionado no se marcó).
— Tipo de vehículos involucrados: motocicletas, una de ellas de uso oficial.
— El croquis evidenció que la colisión de los vehículos ocurrió en el carril donde se desplazaba el actor, que era en sentido contrario al que se movilizaba la motocicleta conducida por el policial Luis Carlos Chavarro.
— En el croquis se observa la existencia de un hueco en la vía, sin detallar dimensiones ni ubicación exacta.
3.3.2.2. Fotografía aportada por el demandante en la que se ve la vía donde ocurrió el accidente. Se aprecia un hueco en la zona derecha de la vía, de evidente profundidad y extensión.
En la parte superior izquierda de este hueco se observa una tapa de alcantarilla hundida en el pavimento, por depresión de sus contornos, es decir, dando la impresión de ser un obstáculo en la vía. En el interior del hueco, igualmente se aprecia unos objetos, al parecer desechos de basura.
Igualmente se ve que la vía no tiene señalización de división de carriles, ni aviso o señalización alguna que advierta sobre la existencia de baches o irregularidades en la vía. También se observa, al lado derecho del hueco y la alcantarilla deprimida, que los andenes que separan la parte peatonal de la zona de circulación de los vehículos, es prácticamente inexistente, es decir, el deterioro de los andenes es tan evidente que no es posible diferenciar con claridad dónde empieza el andén y dónde la zona de tránsito de automotores.
Esta fotografía, visible en el folio 66 del cuaderno principal, fue puesta de presente a los testigos, que manifestaron lo siguiente:
• Yailer Camargo Vargas, testigo presente al momento del accidente:
(…) Preguntado: Puesto de presente al testigo el folio 66 del cuaderno principal el que aparece una fotografía, se le pregunta si esa fotografía corresponde al sitio de los hechos y si las características de la vía en ese momento del accidente (el observa). Contesto: Si señor, este es el hueco que los policías esquivaron e invades (sic) el carril izquierdo y al esquivarlo se estrellaron de frente al joven Andres Mauricio, las características son las mismas del hueco que existía en la calle 72 H del Barrio Floralia donde fueron los hechos; en la vía no hay señalización de nada que divida el carril y el hueco que está ahí. Preguntado: Manifieste al despacho cuales son las dimensiones aproximadas del hueco en la vía que usted dice esquivaron los agentes de policía colisionando de frente con el joven Andres Mauricio. Contesto: Yo diría que un metro, uno veinte más o menos y estaba ahí en el centro de la carretera y de ancho unos setenta centímetros y en profundidad unos cuarenta centímetros, inclusive colocamos unos palos para indicar que había un hueco ahí (…)(44)
• Jose Andres Lozano Jaramillo, testigo presente al momento del accidente:
(…) Preguntado: Puesto de presente al testigo el folio 66 del cuaderno principal el que aparece una fotografía, se le pregunta si esa fotografía corresponde al sitio de los hechos y si las características de la vía son o no son similares a las que existían al momento del accidente, así mismo se le solicita que describa las condiciones de la vía en el momento del accidente (…) Contesto: Si, si corresponde la fotografía al sitio del accidente en donde estaba ese hueco el día del accidente, si más o menos es un hueco grande, había basuras, habían escombros, ese es (…)(45)
• Rodrigo Lozano Jaramillo, testigo presente al momento del accidente:
(…) Preguntado: Puesto de presente al testigo el folio 66 del expediente, en el que aparece una fotografía, se le solicita responder al despacho si esa fotografía corresponde al sitio de los hechos y si corresponde a las características que tenía la vía para el 31 de mayo de 2008 (…) Contesto: Claro, ese es el hueco, ese hueco lo rellenaban a veces hasta con basura, era un hueco grande (…)(46).
3.3.2.3. Sobre el valor probatorio de las fotografías. La Sala les dará valor probatorio, por cuanto no fueron tachadas de falsedad y, aunado a ello, se pueden corroborar con otros medios de convicción(47), a saber: las declaraciones de los testigos presenciales el día de los hechos y la inspección judicial celebrada en el proceso penal seguido por lesiones personales contra el policial Luis Carlos Chavarro.
3.3.2.4. Inspección Judicial con reconstrucción de los hechos en calle 72 H # 2BN-95, Barrio Floralia de la ciudad de Cali, Valle, diligencia efectuada en el marco del proceso número 560 del Juzgado 153 de Instrucción Militar, seguido por el delito de lesiones personales contra el patrullero Luis Carlos Chavarro(48).
En esta diligencia se evidenció lo siguiente:
a) Al inicio de la diligencia se hace una descripción general del sitio de los hechos, así:
“(…) se trata de vía publica pavimentada es asfalto de doble sentido, la cual presenta dos carriles con demarcación de línea blanca en ambos costados, en el barrio Floralia de esta localidad (…)”(49).
b) En todas las fotografías tomadas por los técnicos del laboratorio de topografía judicial que acudieron a esta diligencia, se observa que los andenes de la vía, en ambos costados, están debidamente construidos y delimitados, al igual que se han demarcado con una línea blanca que indica claramente cuál es la zona peatonal y cuál es la zona de tránsito automotor.
De la misma manera, se observa en las fotografías técnicas, que el hueco ya ha sido parcheado, y la alcantarilla se niveló, de manera que ya no es un obstáculo en esta vía.
c) En el plano que elaboraron los técnicos en planimetría que acudieron a la diligencia se describió lo siguiente:
• Que la carrera 3ª - vía en la cual sucedieron los hechos - tenia de ancho 7,33 metros.
• El hueco en la vía estaba situado a 1,73 metros de distancia del andén, tomando como referencia la carrera 3ª en dirección norte.
• Las dimensiones del hueco eran: ancho 1,03 metros, largo 1,49, no se indica profundidad.
• La tapa del alcantarillado, que se ubica al lado superior izquierdo del hueco citado, se ubicaba a 3.28 metros del andén derecho, con una dimensión de 0,77 metros por 0,45 metros. Igualmente tomando como referencia la carrera 3ª dirección norte.
d) La versión del patrullero Luis Carlos Chavarro rendida en esta inspección judicial en el sentido que venía en una persecución y que sobre la vía había un hueco, que al sobrepasarlo impactó con un joven en una motocicleta, coinciden en los planos levantados por los técnicos, con las versiones de Yailer Camargo Vargas, José Andrés Lozano Jaramillo y Rodrigo Lozano Jaramillo, testigos presenciales del accidente de tránsito.
3.3.2.5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca requirió a la secretaria de infraestructura y valorización del Municipio de Santiago de Cali, informar sobre las fechas de ejecución de los últimos bacheos de la carrera 72 H, carrera 3N-56 de la ciudad de Cali y el estado de esta vía(50).
Igualmente, se le solicitó certificación en que constara la clase de vía de la calle 72 con carrera 3N-56, el límite de velocidad máxima en esa vía y la señalización que existía para el 31 de mayo de 2008(51).
El subsecretario de infraestructura y mantenimiento vial del municipio de Cali literalmente respondió así:
“(…) referente a las fechas de los últimos bacheos de la calle 72 H carrera 3N-56, comedidamente informo que una vez revisados nuestros archivos, se pudo establecer que esta secretaria no ha realizado labores de bacheos en dicha vía, pues la misma es una vía peatonal, en la que todos los propietarios de la calle 72H, entre carreras 3N y 3AN ilegalmente se han apoderado del especio público correspondientes a las zonas blandas laterales de la vía, encerrándolas como antejardín, y dejando para transitar tan solo la zona dura central que tiene un ancho de 1,35 metros. El estado actual de la zona dejada para el tránsito peatonal construida en concreto rígido en bueno.
Es de anotar que el predio identificado con el Nº 3N-56 no existe en el sector, pues del 3N-54 pasa al Nº 3N-58 (…)”(52).
Conforme a los motivos de inconformidad que contra la sentencia de primera instancia exponen los recurrentes, la Sala abordará los siguientes problemas:
A partir de la valoración de los elementos probatorios obrantes en el expediente, determinará si se encuentra acreditada la actividad policial que dijo desplegar en el día y sitio de los hechos el patrullero que colisionó con Ospina Ferro; si se encuentra acreditado el desperfecto que se dice, acusaba la vía en la que ocurrieron los hechos, si hay lugar a inferir que estos tuvieron causa, total o parcial en ese desperfecto, si está probado que los motociclistas comprometidos en el accidente infringieron la normativa de tránsito, y si esa infracción guarda relación causal con el daño o permite imputarlo a la víctima o a un tercero.
Según los resultados de la valoración probatoria, se abordarán los siguientes problemas:
¿Son imputables a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional las lesiones causadas a Andrés Mauricio Ospina Ferro con ocasión del impacto frontal que recibió la motocicleta en la que se movilizaba, por otra motocicleta conducida por un patrullero de la Policía Nacional, quien en el curso de una persecución policial invadió el carril contrario, al esquivar un hueco en el vía?
¿Son imputables al Municipio de Cali las lesiones causadas a Andrés Mauricio Ospina Ferro al colisionar la motocicleta en la cual se desplazaba con la motocicleta conducida por un miembro de la Policía Nacional que el curso de una persecución policial invadió la vía contraria al encontrarse sorpresivamente con un bache en la vía?
Y en caso de ser procedente, según la respuesta a los anteriores problemas, la Sala abordará el siguiente otro:
¿El reconocimiento y liquidación de los perjuicios efectuado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, corresponde a los elementos probatorios obrantes en el proceso y se adecuan a los criterios de esta Corporación?
Esta corporación ha abordado el análisis de la responsabilidad del Estado a partir del artículo 90 de la Constitución Política, que establece “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”(53). Por consiguiente, el juez de la responsabilidad estatal debe constatar tanto la antijuridicidad del daño, como estructurar un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico que legitime la decisión, juicio que debe adelantar en dos fases que corresponden a la “imputatio facti” y a la “imputatio iuris”(54).
En consecuencia, la Sala abordará el análisis de la responsabilidad en el presente caso, bajo el siguiente razonamiento argumental:
3.5.1. Sobre el daño y su antijuridicidad.
Para los fines que interesan al derecho, el daño puede ser entendido como la aminoración o alteración negativa de un interés humano objeto de tutela jurídica, debido al cual, el derecho facilita la reacción de quien lo padece en orden a la reparación o compensación de su sacrificio(55).
El elemento fáctico, consiste en la destrucción o el deterioro que las fuerzas de la naturaleza, actuadas por el hombre, provocan en un objeto apto para satisfacer una necesidad. Este daño, causado en el plano fáctico, es insuficiente per se, para la configuración del daño, en sentido jurídico.
c) Que la lesión no haya sido causada por la propia víctima(56); y,
3.5.1.1. El daño sufrido por el actor Andrés Mauricio Ospina Ferro.
Como se indica en el capítulo correspondiente a la prueba de los hechos relativos al daño de esta providencia (ut supra 3.3.1.), en el sub lite se acreditó que el actor, Andres Mauricio Ospina Ferro, el treinta y uno (31) de mayo de dos mil ocho (2008), colisionó con una motocicleta conducida por un miembro de la Policía Nacional.
Como consecuencia de este accidente de tránsito, Andrés Mauricio Ospina Ferro sufrió lesiones físicas, fisiológicas y neurológicas, evaluadas por la junta regional de calificación de invalidez del Cauca con los siguientes porcentajes de incapacidad:
“Deficiencia de 30,00, discapacidad de 4,80, y minusvalía de 22,75, para un total de 57,55% de pérdida de capacidad laboral”.
La salud, como derecho constitucional, consagrado en los artículos 44 y 49 de la Constitución Política ha sido objeto de constante y progresivo desarrollo jurisprudencial y legal, desde su primigenia faceta prestacional a su consideración actual como autentico derecho subjetivo y su consolidación como derecho fundamental, a partir de la promulgación de la Ley Estatutaria 1751 de febrero 16 de 2015, avalada por la Corte Constitucional(57).
Bajo esta normativa constitucional y legal, se concluye que en el sub lite, se cumple con los dos supuestos adicionales al elemento material del daño, a saber, que el actor Andrés Mauricio Ospina Ferro, haya sufrido una lesión sobre un interés jurídicamente y que esta la lesión le haya causado consecuencias ciertas, en su patrimonio económico y moral.
3.5.1.2. La alteridad del daño.
Bajo el esquema argumentativo planteado, corresponde determinar si esta lesión le puede ser jurídicamente atribuida al mismo actor, por tener el daño causa o autoría en la misma víctima.
En ese sentido, la Sala encuentra en el expediente la declaración de Yehison Jair Solarte Mosquera, agente de tránsito que atendió el accidente, en la que afirma que en el lugar de los hechos no observó que la víctima Andrés Mauricio Ospina Ferro, portara casco y chaleco. En igual sentido, el patrullero Luis Carlos Chavarro, conductor de la moto que colisionó con la de la víctima, afirmó que esta no portaba casco.
Esta versión contrasta con las declaraciones de Yailer Camargo Vargas, José Andrés Lozano Jaramillo y Rodrigo Lozano Jaramillo - testigos del accidente, ajenos a las partes que en el intervinieron, que afirman que la víctima sí llevaba puesto el casco, y que coinciden con la anotación que hizo el propio agente de tránsito, Yehison Jair Solarte Mosquera, en el croquis del accidente, en el sentido de afirmar de manera explícita que el conductor de la moto número dos (correspondiente a Andrés Mauricio Ospina Ferro), sí portaba casco. Esta contradicción la explicó insuficientemente el agente de tránsito, como un error involuntario al diligenciar el croquis.
Por tanto, la Sala encuentra más confiable la versión de los testigos, personas, como queda dicho, ajenas a cualquier interés en las resultas del proceso, que tuvieron oportunidad de presenciar directamente las circunstancias del accidente y cuyas versiones guardan la coherencia interna que se echa de menos en la versión de los policiales.
Conforme a esta prueba testimonial, la Sala desestima la excepción de culpa de la víctima que se propuso con fundamento en la reseñada y supuesta transgresión de la norma de tránsito que impone a quienes se movilizan a bordo de motocicletas, el uso de casco protector, y concluye que el daño cuya reparación se pretende no tuvo causa fáctica, ni puede ser jurídicamente atribuible a la víctima directa y configura un daño antijurídico.
3.5.2. Del juicio de imputación del daño en relación con las demandadas.
La expresión “imputación” denota la acción que deviene del efecto imputar, verbo este que define la Real Academia Española, como atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprochable. En este sentido, imputar está asociado a cualquier juicio que tenga por objeto la derivación de consecuencias en materia de responsabilidad, y sus alcances, los cuales están asociados al ámbito de relaciones intersubjetivas(58):
“(…) La imputación está asociada a los atributos propios del hombre y a su capacidad para domeñar las relaciones causales de la naturaleza en función de su voluntad, de manera que los cambios que el hombre introduce o provoca en el estado de las cosas, reclaman algo más que la constatación de su causa, reclaman la determinación de su autoría(59), cualidad que se predica, exclusiva y necesariamente, de una persona (…)”(60).
La atribuibilidad o imputación del daño se analiza, al igual que el daño, en dos fases: una fáctica y otra jurídica. La primera, da cuenta de su origen o causa material, razón por la que resulta en ocasiones insuficiente para la atribución del daño causado por el hombre, en cuanto éste, capaz de voluntad, no responde irrestrictamente a las leyes de la causalidad. La segunda, la jurídica, da cuenta de la relación que surge entre el daño y la observancia o inobservancia de los deberes jurídicos, razón por la que resulta especialmente apta para complementar y corregir los resultados obtenido en la fase fáctica de la imputación.
3.5.2.1. Imputatio Facti.
Este análisis, dado los supuestos probatorios del caso, remite en primera instancia al estudio del proceso causal.
Esta Corporación ha establecido que para declarar si hay responsabilidad patrimonial del Estado, en cualquier supuesto concreto, se hace necesario un análisis fáctico del proceso causal, para determinar, desde lo ontológico o meramente naturalístico, el proceso de producción del daño:
“(…) dicho en otros términos, la decisión judicial que haya de adoptarse en torno a la responsabilidad extracontractual del Estado en un caso concreto debe venir precedida de un examen empírico del proceso causal que condujo a la producción del daño, de un lado y, de otro, de un juicio, a la luz de los diversos títulos jurídicos de imputación aplicables, en torno a la imputabilidad jurídica de dicho daño a la entidad demandada (…)
(…) En consecuencia, no debe desdeñarse la importancia de precisar con mayor rigor, en el plano jurídico del derecho de daños(61), el concepto filosófico de causa(62), toda vez que en esta parte del universo del derecho dicha noción “no se trata para nada de causa y efecto, en el sentido de las ciencias naturales, sino de si una determinada conducta debe ser reconocida como fundamento jurídico suficiente para la atribución de consecuencias jurídicas, o sea de la relación de fundamento a consecuencia(63)” (negrillas del texto original)”(64).
En casos como el presente(65), la Sala ha reiterado que, una vez probado el daño, se deben estudiar las circunstancias del accidente, para determinar la causa adecuada por la que este se produjo.
La causalidad adecuada o determinante, ha sido abordada por esta Corporación en varias ocasiones:
“El elemento de responsabilidad “nexo causal” se entiende como la relación necesaria y eficiente entre la conducta imputada y probada o presumida, según el caso, con el daño demostrado o presumido. La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado a una persona como producto de su acción o de su omisión, es indispensable definir si aquel aparece ligado a ésta por una relación de causa a efecto, no simplemente desde el punto de vista fáctico sino del jurídico. Sobre el nexo de causalidad se han expuesto dos teorías: la equivalencia de las condiciones que señala que todas las causas que contribuyen en la producción de un daño se consideran jurídicamente causantes del mismo, teoría que fue desplazada por la de causalidad adecuada, en la cual el daño se tiene causado por el hecho o fenómeno que normalmente ha debido producirlo. Dicho de otro modo la primera teoría refiere a que todas las situaciones que anteceden a un resultado tienen la misma incidencia en su producción y, en consecuencia, todas son jurídicamente relevantes, pues “partiendo de un concepto de causalidad natural, todas las condiciones del resultado tienen idéntica y equivalente calidad causal”. Y sobre la teoría de la causalidad adecuada la acción o la omisión que causa un resultado es aquella que normalmente lo produce. De estas teorías en materia de responsabilidad extracontractual se aplica la de causalidad adecuada, porque surge como un correctivo de la teoría de la equivalencia de las condiciones, para evitar la extensión de la cadena causal hasta el infinito(66)”.
Un razonamiento en ese sentido implicaría la adopción de la teoría de la equivalencia de las condiciones, desechada en el ordenamiento nacional por la doctrina y la jurisprudencia desde hace mucho tiempo, para establecer el nexo de causalidad(67). Como se sabe, de tiempo a atrás, la jurisprudencia del Consejo de Estado viene aplicando la teoría de la causalidad adecuada o causa normalmente generadora del resultado, conforme a la cual, de todos los hechos que anteceden la producción de un daño solo tiene relevancia aquel que, según el curso normal de los acontecimientos, ha sido su causa directa e inmediata.
Al respecto, es menester traer a colación lo que la doctrina ha manifestado al respecto(68):
“(…) Aplicando la teoría de la causalidad adecuada, el juez considera que la causa externa ha sido el hecho que normalmente ha producido el daño, y, en consecuencia, el vínculo de causalidad debe romperse de tal modo, que el demandado no se considere jurídicamente como causante del daño…”(69).
En aplicación de este criterio jurisprudencial, y con base eh la prueba relacionada en acápite precedente de esta providencia, la Sala encuentra plenamente acreditado lo siguiente:
— El treinta y uno (31) de mayo de dos mil ocho (2008), en la calle 72 H, carrera 3N, frente al # 2BN del barrio Floralia del municipio de Cali, la motocicleta de la Policía Nacional de placas HOW-29A, conducida por el patrullero Luis Carlos Chavarro, colisionó con la moto de placa MIN-49A, en la cual el actor Andrés Mauricio Ospina Ferro se desplazaba, mientras transitaba por su carril(70).
— La causa por la que el patrullero Luis Carlos Chavarro y su acompañante Adolfo Rentería Sánchez, quien también resultó lesionado en el accidente, transitaban a alta velocidad por la vía, era la persecución de unos presuntos delincuentes, que conducían también a alta velocidad una motocicleta. Estos fueron señalados por un ciudadano de portar armas, al parecer con intención de atentar contra él o robarlo, lo que motivo la reacción persecutoria de la patrulla policial.
— En el curso de la persecución, la patrulla motorizada de la policía giró abruptamente hacia el carril contrario por el que transitaba, al encontrarse sorpresivamente con un hueco en la vía, ubicado junto a una tapa de alcantarilla cuyos contornos se encontraban relativamente deprimidos en relación con la superficie de la calle(71).
— La motocicleta que perseguían los policiales, igualmente evadió el hueco y la tapa de la alcantarilla, pero por el costado derecho(72).
— Se acreditó en el expediente la existencia de un hueco en la zona derecha de la vía, junto a una tapa de alcantarilla hundida en el pavimento, con depresión en sus contornos. Igualmente, en el lugar de los hechos se probó el deterioro de los andenes que separaban la zona peatonal de la zona de circulación de los vehículos(73).
— Se estableció que para el día y momento del accidente la vía no contaba con señalización horizontal o vertical de división de carriles, ni aviso o señalización alguna que advirtiera sobre huecos, baches o irregularidades(74).
Aplicando la teoría de la causa adecuada, en el contexto fáctico reseñado, se tiene que dos fueron las causas determinantes del accidente: de un lado, el defectuoso estado de la vía materializado en la existencia de un hueco y de una tapa de alcantarilla mal instalada, y el giro abrupto que el patrullero Luis Carlos Chavarro efectuó, al encontrarse, cuando transitaba por ella, de manera abrupta, con esa circunstancia no señalizada (hueco - depresión del trazado por causa de la referida tapa de alcantarilla).
3.5.2.2. Imputatio iuris.
Sobre esta segunda fase de la imputación ha dicho esta Corporación:
“La concreción de la imputación fáctica no supone por sí misma, el surgimiento de la obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez determina si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica de reparar el daño antijurídico; se trata, por ende, de un estudio estrictamente jurídico en el que se establece si el demandado debe o no resarcir los perjuicios bien a partir de la verificación de una culpa (falla), o por la concreción de un riesgo excepcional al que es sometido el administrado, o de un daño especial que frente a los demás asociados es anormal y que parte del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas.
En el sub lite, establecido como se encuentra que una de las causas materiales determinantes del daño residió en la falta de mantenimiento y señalización de la vía por la que transitaban los vehículos involucrados en el accidente del que derivó las lesiones la víctima principal demandante, se impone concluir que e municipio demandado incumplió los deberes que establecía a su cargo el artículo 113 del Decreto 1344 de 1970 (Código Nacional de Tránsito Terrestre), modificado por el Decreto 1809 de 1990, cuyo texto debe interpretarse en armonía con los artículos 17 y 19 de la Ley 115 de 1993, que son del siguiente tenor:
“Decreto 1344 de 1970. ART. 113.—Las autoridades encargadas de la conservación y mantenimiento de las carreteras o la autoridad de tránsito competente en el perímetro urbano, colocarán y demarcarán las señales de tránsito de acuerdo con las pautas que el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito determine”.
“Ley 105 de 1993. ART. 17.—“Hace parte de la infraestructura Distrital Municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, de acuerdo con la participación que tengan los municipios en las sociedades portuarias y aeroportuarias, en la medida que sean de su propiedad o cuando estos le sean transferidos…”.
“ART. 19—“Corresponde a la Nación y a las entidades territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los componentes de su propiedad, en los términos establecidos en la presente ley”
Por otro lado, teniendo en cuenta que la vía donde sucedieron los hechos (calle 72 H, con carrera 3ª) es parte de la malla vial del barrio La Florelia, del casco urbano de Cali, departamento del Valle del Cauca, en punto de los deberes de señalización vial, resultaba preciso tomar en consideración el artículo 6º de la Ley 769 de 2002 en cuanto establecía las autoridades a quienes competía la expedición de las normas y la adopción de las medidas necesarias para el mejor ordenamiento del tránsito de personas, animales y vehículos por las vías públicas; el artículo 110 que definía y clasificaba las señales de tránsito y determinaba la responsabilidad de las autoridades de tránsito en la colocación de las señales de tránsito en los perímetros urbanos inclusive en las vías privadas abiertas al público; y el artículo115 que en su parágrafo 1º disponía:
Esta normativa ha de leerse en concordancia con las disposiciones reglamentarias de la Resolución 1050 de mayo 5 de 2004 que adoptó el “Manual de señalización vial - dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia, de conformidad con los artículos 5º, 113, 115 y el parágrafo del artículo 101 de la Ley 769 del 6 de agosto de 2002”. En este Manual se estableció lo siguiente:
En relación con la visibilidad de las señales:
1.6.2. Visibilidad. Para garantizar la visibilidad de las señales y lograr la misma forma y color tanto en el día como en la noche, los dispositivos para la regulación del tránsito deben ser elaborados preferiblemente con materiales reflectivos o estar convenientemente iluminados. La reflectividad se consigue fabricando los dispositivos con materiales adecuados que reflejen las luces de los vehículos, sin deslumbrar al conductor.
Sobre las señales horizontales que deben tener todas las vías, pertinente para el sub lite, toda vez que así debería estar demarcada la vía donde acaeció el accidente:
3.1.4. Colores y letras. Las líneas longitudinales y marcas deben ser blancas o amarillas. En las líneas longitudinales el color blanco se empleará para hacer separación entre tránsito en el mismo sentido y el amarillo entre tránsito de sentido contrario. Las flechas, símbolos y letras serán de color blanco, a excepción de las flechas de doble cabeza utilizadas para la demarcación de carriles de contraflujo. Cuando se requiera dar contraste a las líneas blancas o amarillas podrá emplearse líneas negras adyacentes a ellas y de ancho igual a ½ del ancho de la línea, excepto para marcas viales en donde se implementarán líneas negras que sobresalgan 5 cm.
Sobre los objetos en la vía, como tapas de alcantarillas que sobresalgan, se indica:
3.5.1. Objetos dentro de la vía. Se debe evitar todo tipo de obstrucción dentro de la vía, excepto aquellas que son inamovibles como las pilas de puentes e islas necesarias para encauzar el tránsito. Esta señalización se hará directamente sobre el objeto por medio de bandas negras y amarillas reflectivas alternadas, inclinadas 45 grados con la vertical y con un ancho de 20 cm adicionalmente se colocarán placas amarillas reflectivas (utilizando lámina reflectiva - tipo III) instaladas de tal manera que sean visibles para los conductores que se aproximan, bajo condiciones atmosféricas ordinarias, al ser iluminadas por las luces altas de un vehículo. Las placas reflectivas serán rectángulos de 20 cm de ancho por 30 cm de altura, se utilizarán principalmente en islas canalizadoras, andenes de zonas de cargue y descargue de mercancías, etc. Para obstrucciones de alto peligro, tales como pilas y estribos de puentes, finales de vía, muros de contención, aletas y cabezales de alcantarillas, etc., se podrán aumentar las dimensiones del rectángulo. También se utilizarán cintas de 10 cm de ancho, como mínimo, para señalizar elementos como bases de semáforos, señales elevadas, barreras de retenes y pasos a nivel, etc. Además de las demarcaciones frontales en la obstrucción, se demarcarán líneas en el pavimento que indiquen la aproximación a obstrucciones.
En el expediente se encuentra acreditado, como se indica en el capítulo sobre la prueba de los hechos relativos a la imputación (ut supra 3.3.2), que el accidente de tránsito en el que resultó lesionado el actor ocurrió en las horas de la noche del treinta y uno (31) de dos mil ocho (2008), en una de las calles del barrio La Florelia, vía perteneciente a la malla vial bajo la responsabilidad del municipio de Cali.
Se trata de una vía urbana, recta, plana y en doble sentido, de una calzada, dos carriles, asfaltada, con un hueco de considerables dimensiones(75), junto a una tapa de alcantarillas(76), que sobresalía de la superficie, con mala iluminación artificial.
La vía no estaba provista de las debidas señalizaciones horizontales que ordena el manual de señalización vial, aplicable a nivel nacional, incluido los entes territoriales, como las líneas de separación de los carriles, la separación de los andenes, los cuales se encontraban en evidente estado de deterioro. Para la época de los hechos que originan el presente proceso, tampoco contaba con las señales horizontales que advirtieran a quienes la transitaban, la existencia de baches o huecos, o tapas de alcantarillas en estado o posiciones que se tornaren en un obstáculo para el tránsito seguro y adecuado.
Frente al requerimiento que el juez de primera instancia le hizo al ente territorial para que informe sobre el estado de la vía y los últimos bacheos a la misma, el demandado municipio de Cali, a través de la subsecretaria de infraestructura y mantenimiento vial, responde que no se había realizado labores de bacheos en dicha vía, “(…) pues la misma es una vía peatonal, en la que los propietarios de la calle 72H, entre carreras 3N y 3AN ilegalmente se han apoderado del espacio público (…)”.
Llama la atención la respuesta del órgano municipal competente para el mantenimiento de la malla vial del municipio de Cali, que contrasta con el estado de esta misma vía, tiempo después cuando en ella se llevó a cabo la diligencia de inspección judicial por parte de juzgado 153 de instrucción militar, seguido por el delito de lesiones personales contra el patrullero Luis Carlos Chavarro.
Para ese día y hora, el hueco ya había sido debidamente bacheado, la tapa de alcantarillas ya estaba totalmente restaurada, y la vía contaba con las debidas señales de separación de los andenes, los cuales ya se encontraban en buen estado.
Bajo estos lineamientos, la atribución del daño en el caso concreto debe determinarse a partir del incumplimiento de la obligación que el ordenamiento normativo le imponía al municipio de Cali, de mantener en buen estado la vía en donde sucedieron los hechos, y de realizar una adecuada señalización.
Así, en el sub lite, contrastando el mandato obligacional contenido en las normas de conservación, mantenimiento y señalización aplicables al momento de los hechos, con la pasividad del municipio frente a las mismas, la Sala infiere la configuración de una falla en la prestación del servicio vial.
Sin embargo, no sólo el municipio omitió el cumplimiento de sus deberes. La invasión del carril de circulación de sentido contrario al que corresponde por parte del motorizado de la policía nacional constituye una clara violación de las normas de tránsito como el artículo 68 de la Ley 769 de 2002 que regula la forma de utilización de los carriles de sentido único y de doble sentido.
Esta transgresión en modo alguno puede entenderse justificada por el apremio que generaba la persecución de un delincuente, no sólo porque no hay norma de tránsito que así lo permita, sino porque en tales circunstancias se impone la observancia de deberes generales de prudencia en consideración al riesgo que genera sobre la vida y la integridad personal de la ciudadanía.
Frente a la eventual justificación de los policiales de invadir el carril contrario por el cual se desplazaban por encontrarse en curso una persecución de unos presuntos delincuentes, la Sala observa que en un Estado de derecho no es viable esta argumentación, por cuanto equivaldría anteponer el valor del control social, ínsito en la función de policía, sobre el valor superior de la seguridad jurídica y ciudadana implícito en el cumplimiento de las normas de tránsito, tanto por particulares como por miembros del Estado. En efecto, reconocer que los miembros de los cuerpos de la Fuerza Pública pueden obviar el cumplimiento de normas básicas de convivencia —como lo son las normas de tránsito— por obtener un resultado positivo (la captura de unos presuntos delincuentes), es equivalente a sostener la prevalencia del control social sobre los derechos fundamentales y garantías individuales de los ciudadanos.
Más aun, como en el presente caso, cuando se ha acreditado que los agentes policiales que invadieron el carril contrario hacían parte del cuerpo profesional motorizado de la Policía Nacional, los cuales han recibido formación y entrenamiento especial para esta clase de persecuciones, en donde llama la atención que los sujetos que perseguían, que también se desplazaban en una moto de alto cilindraje, como era la de los agentes de policía, sí pudieron desplazarse normalmente por su carril, sin necesidad de invadir el contrario.
De conformidad con las anteriores consideraciones, la Sala concluye que el daño cuyo resarcimiento se persigue por los actores es jurídicamente imputable a la Nación por causa de la falla administrativa que comporta la actuación de los agentes motorizados de la Policía Nacional en clara contravención de las normas de tránsito ya indicadas, tanto como al municipio de Santiago de Cali por causa de la omisión de sus deberes de mantenimiento y señalización vial y, por tanto, declarará que la Nación - Ministerio de Defensa, Policía Nacional y el municipio de Santiago de Cali son solidariamente responsables por dicho daño.
3.6. Análisis sobre los perjuicios.
Como la parte demandante apeló la sentencia de primera instancia en relación con el reconocimiento de los perjuicios, la Sala procede a estudiar los motivos y fundamentos de este recurso.
Para ello, se tendrá en cuenta la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado cuando el daño tiene origen en una lesión corporal, estableciendo que sólo se podrá reclamar y eventualmente reconocer los siguientes tipos de perjuicios, siempre que estén acreditados en el proceso(77):
i) los materiales de daño emergente y lucro cesante,
ii) los inmateriales, correspondientes al perjuicio moral, y al daño a la salud o fisiológicos, el primero tendiente a compensar la aflicción o padecimiento desencadenado por el daño, mientras que el último encaminado a resarcir la pérdida o alteración anatómica o funcional del derecho a la salud y la integridad corporal.
3.6.1. Perjuicios morales.
Sobre la liquidación de perjuicios morales que hizo el Tribunal del Valle del Cauca, la Sala analizará y resolverá los reparos que la parte demandada presentó a este tipo de perjuicios:
a) El actor indicó que la sentencia debió reconocer los perjuicios morales a la madre de crianza, señora María Leonor Lenis.
b) Igualmente señaló que como Andrés Mauricio Ospina Ferro “(…) desde el 31 de mayo de 2008, ha sufrido dolor, aflicción, congoja, zozobra y temor por lo que le pueda pasar en el futuro (…)”, la sentencia debió reconocerle la suma de 200 smmlv.
Teniendo presente que en el capítulo correspondiente a los presupuestos materiales para la sentencia de mérito de esta providencia (ut supra 3.1.), la Sala encontró demostrado que Maria Leonor Lenis hace parte del mismo núcleo familiar compuesto por la víctima directa, su padre y sus hermanas Laura Alejandra Ospina Ferro y Andrea Isabella Ospina Lenis, esta última hija de María Leonor Lenis, ahora se concluye que se debe incluir como beneficiaria de la indemnización a que haya lugar.
Por otra parte, al revisar la liquidación de los perjuicios morales efectuada por el a quo, se observa que se acogió estrictamente a los referentes jurisprudenciales trazados por esta Corporación, a partir de la sentencia de unificación en relación con perjuicios morales a reconocer para la víctima directa y sus familiares en caso de lesiones personales (Sent. ago. 29/2014, exp. 31172)(78).
La Sala reitera el criterio de esta Corporación sobre la indemnización de los perjuicios morales en cabeza de la madre de crianza de la víctima, en el sentido que la ampara la misma presunción que aquellos que demuestran parentesco, sin que deban acreditar la condición de tercero afectado(79).
En el caso de la señora Maria Leonor Lenis como madre de crianza de Andrés Mauricio Ospina Ferro, se le reconocerá la misma cantidad por concepto de perjuicios morales que la que se reconoció a quienes acreditaron su parentesco en el primer grado de consanguinidad.
Sobre la queja del actor, por la insuficiencia de la compensación ordenada en suma equivalente a 100 smmlv, la Sala observa que se reconocieron los topes máximos, según la gravedad de la lesión, a términos de los parámetros jurisprudenciales de esta Corporación(80). Por tanto, se mantendrá los porcentajes establecidos por el a quo, pero incluyendo a Maria Leonor Lenis, en su calidad de madre de crianza.
Consecuentemente, por concepto de perjuicios morales la Sala establece los siguientes:
Titulares Condición Porcentaje
Andres Mauricio Ospina Ferro Víctima directa 100 smmlv.
Jose de Jesús Ospina Silva Padre de la víctima 100 smmlv.
Maria Leonor Lenis Madre de crianza de la víctima 100 smmlv.
Andrea Isabella Ospina Lenis Hermana de la víctima 50 smmlv
Laura Alejandra Ospina Ferro Hermana de la víctima 50 smmlv
3.6.2. Perjuicios materiales.
a) Lucro cesante. La parte demandante reclama contra la sentencia de primera instancia que la liquidación del lucro cesante es insuficiente, dada la gravedad de la afectación moral, física y psicológica.
Confrontando los elementos probatorios existentes en el proceso que son necesarios para dicha liquidación (salario mínimo legal vigente para la época, porcentaje de pérdida de capacidad laboral y las fechas necesarias para determinar la indemnización consolidada y la futura), con la fórmula de liquidación establecida por esta Corporación, se corrobora que el juez de primera instancia ha liquidado y establecido correctamente los perjuicios por concepto de lucro cesante.
Por tanto, la Sala procederá a actualizarlos a la fecha de esta providencia, según el siguiente esquema:
1. Indemnización debida o consolidada:
DEA = DEH x IPCF (mes de junio/2018)
IPCI (mes de agosto /2015)
DEA = $ 85.798.567 x 142.28 = $ 99.328.072
DEA = $ 157.050.799 x 142.28 = $ 181.816.010
En consecuencia, por concepto de lucro cesante se establece las siguientes sumas:
— Por indemnización debida o consolidada: $ 99.328.072.
— Por indemnización futura: $ 181.816.010.
b) Daño emergente. Daño emergente futuro.
Reclama el actor que, si bien le fue reconocido a la víctima, como daño emergente futuro, la obligación de hacer a cargo de las demandadas de prestarle todos los servicios de salud, insumos y demás que llegare a necesitar de por vida Andrés Mauricio Ospina, como consecuencia del accidente, el Tribunal debió indemnizar en concreto con un salario mínimo mensual para pagar un tercero acompañante por la expectativa de vida de la víctima.
Sobre el daño emergente futuro, esta Sala, como lo ha reconocido en anteriores pronunciamientos(81), comparte con el a quo la conclusión, de que la parte demandante ha probado que Ospina Ferro deberá afrontar tratamientos asistenciales futuros para el restablecimiento de sus condiciones de vida(82). Empero, no encuentra elementos de juicio suficientes para concretar la medida de reparación.
Al punto, el recurrente viene en solicitud de modificación de la condena que ordenó a las demandadas el pago de todo lo que los médicos tratantes consideren necesario para la rehabilitación física y psicológica de Andrés Mauricio Ospina Ferro, para que en su lugar, se condene al pago, durante la vida probable del lesionado, de una suma equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente, con destino a la remuneración de la persona que le ha de acompañar en sus labores cotidianas para remedio de su disminuida capacidad.
La Sala no accederá a esta solicitud, toda vez que no se corresponde con los precedentes jurisprudenciales de esta Corporación sobre el daño emergente futuro. No obstante lo anterior, encuentra excesivamente amplia y abstracta la orden que el a quo impartió, características estas que pueden dar lugar a incertidumbres que esta Sala estima necesario corregir.
Por tanto, como ya lo ha hecho esta misma Sala(83), se ha de condenar en abstracto por este concepto, para que en trámite incidental se tasen los perjuicios materiales a título de lucro cesante futuro debidos a Andrés Mauricio Ospina Ferro.
Para este trámite incidental se deberá tener presente lo siguiente:
a) La valoración del tratamiento, medicamentos e insumos que requiera la rehabilitación física y psicológica de Andrés Mauricio Ospina Ferro debe sujetarse a la lesión sufrida con ocasión del accidente de tránsito acaecido el día treinta y uno (31) de mayo de dos mil ocho (2008).
b) Para determinar la naturaleza y extensión del tratamiento, medicamentos e insumos que requiera la rehabilitación física y psicológica de Andrés Mauricio Ospina Ferro por la lesión sufrida en el accidente de tránsito el día treinta y uno (31) de mayo de dos mil ocho (2008), se deberá tener presente el dictamen pericial médico que obra en el expediente(84).
3.6.3. Daño a la salud. Sobre la liquidación del perjuicio por el daño a la salud que hace el Tribunal Administrativo, el actor reclama que los 100 smmlv son insuficientes, pues Andrés Mauricio Ospina no es una persona independiente, pues su afectación a la memoria y al juicio lo convirtió en alguien con peligro de sufrir accidentes o extravíos, sino está acompañado. Solicita se le reconozca 400 smmlv.
La sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 (exp. 31172)(85), que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca aplica para el reconocimiento del daño a la salud —aplicación que esta Sala estima pertinente— establece el reconocimiento de 100 smmlv cuando la gravedad de la lesión implica para la victima una pérdida de capacidad igual o superior al 50%.
En el sub lite, Andrés Mauricio Ospina Ferro sufrió una pérdida de capacidad laboral en un porcentaje de 57.55%, lo que llevo al juez de primera instancia a reconocer 100 smmlv por este concepto.
La sentencia de unificación citada establece que, en casos excepcionales, cuando, conforme al acervo probatorio, se encuentre probado el daño a la salud en una mayor intensidad y gravedad, el juez podrá otorgar una indemnización mayor, la cual debe estar debidamente motivada y no podrá superar la cuantía equivalente a 400 smmlv.
Para ello, el operador judicial deberá tener en cuenta varias variables conforme a lo que se encuentre probado en caso concreto. Estas variables, son de naturaleza enunciativas, es decir, son un indicativo que le sirve al juez para calificar la excepcionalidad de la intensidad y gravedad del daño.
El demandante sustenta su petición de reconocer 400 smmlv, rechazando los 100 smmlv que reconoce la sentencia de primera instancia, adjudicando a cada variable que establece la sentencia la suma de 100 smmlv, para un total de 600 smmlv.
La Sala no comparte este razonamiento, por estimar razonable y proporcionado el estimativo del a quo, al tomar como criterio el porcentaje de pérdida laboral de 57,55%. Además, no se observa en el expediente el acervo probatorio suficiente que justifique clara y específicamente la mayor intensidad y gravedad del daño a la salud, para otorgar de manera excepcional, como lo ordena la sentencia de unificación, una suma superior a la concedida por el juez de primera instancia.
Por lo anterior, la Sala confirmará lo establecido por el juez de primera instancia, reconociendo la suma de 100 smmlv a favor de Andrés Mauricio Ospina Ferro, en la modalidad de daño a la salud.
3.6.4. “Vida de relación”. Teniendo en cuenta que Andrés Mauricio Ospina se convirtió en una persona completamente dependiente, el demandante reclama como perjuicios no concedidos, “la afectación a derechos constitucionales - perjuicios a la vida de relación”.
Sobre este concepto, esta Corporación ha indicado que el daño a la salud desplaza por completo a las demás categorías de daño inmaterial como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia, antes denominado daño la vida de relación, “(…) precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una afectación negativa del estado de salud, los únicos perjuicios inmateriales que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud (…)”(86).
Igualmente ha señalado:
“(…) la Sala recuerda que dicha tipología de perjuicio fue consagrada por la jurisprudencia de esta Corporación como una reformulación del otrora daño fisiológico en sentencia de 19 de julio de 2000(87), lo que pone de manifiesto que, en principio, tenía un campo de aplicación privilegiado en el caso de graves afectaciones físicas, sin embargo, su evolución demuestra que, en realidad, no se circunscribe a estos eventos. Así se infiere claramente de los términos de la sentencia de 15 de agosto de 2007, mediante la cual la Sección Tercera de esta Corporación abandonó dicha denominación para referirse, en su lugar, a la alteración grave de las condiciones de existencia, por considerarse más precisa; decisión en la que también se establecieron los criterios para el reconocimiento de este perjuicio (…)”(88).
Como quiera que el demandante reclama este tipo de perjuicios con fundamento en que la víctima por el estado de salud se convirtió en una persona dependiente, la Sala entiende que dicha condición ya fue abordada en el capítulo anterior sobre el daño a la salud.
Por tanto, se desestimará esta parte del recurso instaurado por el demandante.
3.6.5. La responsabilidad de llamada en garantía, La Previsora S.A.
Se encuentra acreditado que el municipio de Cali tenía vigente para el momento en que ocurrieron los hechos la póliza de responsabilidad civil 1004625 (vigencia del 23 de abril de 2008 hasta 20 de octubre de 2008), la cual amparaba:
“(…) los perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales incluyendo los perjuicios morales causados por el Municipio de Santiago de Cali con motivo de la responsabilidad civil en que incurra de acuerdo con la ley, durante el giro normal de sus actividades, y por lesiones o muerte de personas y daño a propiedad de terceros, a consecuencia de un hecho de carácter accidental, súbito e improvisto (…)”(89).
De esta forma, el municipio de Cali puede exigirle a La Previsora Seguros S.A., el pago de la indemnización de los perjuicios o el reembolso total o parcial del pago que tenga que realizar en cumplimiento de esta sentencia, en los términos referidos en el contrato suscrito entre ellas.
MODIFIQUESE la sentencia apelada, esto es, la proferida el veintiocho (28) de agosto de dos mil quince (2015) proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, la cual quedará de la siguiente forma:
1. DECLARAR administrativa y solidariamente responsables a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional, Policía Nacional y al municipio de Santiago de Cali por los daños irrogados a Andrés Ospina Ferro con ocasión de las lesiones que padeció en el accidente de tránsito advenido el treinta y uno (31) de mayo de dos mil ocho (2008), en las circunstancias referidas en la presente providencia.
2. CONDENAR de manera solidaria a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y al municipio de Santiago de Cali por concepto de perjuicios morales, según el siguiente esquema:
Andres Mauricio Ospina Ferro Víctima directa 100 smmlv
Jose de Jesús Ospina Silva Padre de la víctima. 100 smmlv
Maria Leonor Lenis Madre de crianza de la víctima 100 smmlv
3. CONDENAR de manera solidaria a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y al municipio de Santiago de Cali a pagar a favor de Andrés Ospina Ferro, las siguientes sumas:
Por indemnización debida o consolidada la suma de noventa y nueve millones trescientos veintiocho mil setenta y dos pesos ($ 99.328.072).
Por indemnización futura la suma de ciento ochenta y un millones ochocientos dieciséis mil diez pesos ($181.816.010).
4. CONDENAR EN ABSTRACTO de manera solidaria a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y al municipio de Santiago de Cali por concepto de daño emergente futuro, al pago de todo lo que los médicos tratantes consideren necesario para la rehabilitación física y psicológica de Andrés Mauricio Ospina Ferro. Mediante trámite incidental se deberá tasar esta condena, de acuerdo con las reglas establecidas en la parte motiva de esta providencia.
5. CONDENAR de manera solidaria a la Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y al municipio de Santiago de Cali a pagar a favor de Andrés Ospina Ferro por concepto de daño a la salud la suma equivalente a cien (100) smmlv.
6. ORDENESE a la Aseguradora La Previsora S.A., reembolsar al municipio de Santiago de Cali, el valor total de la condena que se le impuso al referido ente territorial, en los términos del contrato suscrito entre las partes en las condiciones en las que se encuentre el topo máximo asegurado, reembolso que no podrá superar el límite máximo de responsabilidad pactado, ni el límite del valor asegurado.
7. Se deniegan las demás suplicas de la demanda por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
8. No se condena en costas, conforme a lo señalado en la parte considerativa de la presente decisión.
9. DESE cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme al artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
Magistrados: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, presidente de Sala.—Jaime Enrique Rodríguez Navas.—Guillermo Sánchez Luque, salvamento parcial de voto.
Me aparto parcialmente de la decisión que se adoptó en la providencia del 23 de abril de 2018.
1. Coincido con la mayoría en cuanto se accedió a las pretensiones de la demanda.
2. Como el artículo 2344 del Código Civil prevé que si una culpa o delito ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio proveniente del mismo delito o culpa, la condena deberá ser solidaria cuando varias entidades públicas concurran en la producción del daño. Por ello, a mi juicio, la condena debió ser solidaria, pues las entidades demandadas concurrieron en la producción del daño.
(1) Folios 78 a 90, cdno.1.
(2) Folio 85, cdno.1.
(3) Folio 93, cdno. 1.
(4) Folios 97 y 98, cdno. 1.
(5) Folios 144 a 145, cdno. 1.
(6) Folio 123, cdno. 1.
(7) Folios 124 y 125, cdno. 1.
(8) Folio 125, cdno. 1.
(9) Llamamiento en garantía, folios 19 a 21, cdno. 2.
(10) Folios 159 a 178, cdno. 1.
(11) Folios 374 y 375, cdno. ppal.
(12) Folio 365, cdno. ppal.
(13) Folio 366, cdno. ppal.
(14) Folio 376, cdno. ppal.
(15) Folios 377 a 394, cdno. ppal.
(16) Folios 396 a 406, cdno. ppal.
(17) Folio 403, cdno. ppal.
(18) Folios 407 a 414, cdno. ppal.
(19) Folios 415 a 420, cdno. ppal.
(20) Folio 414, cdno. 2.
(21) Cdno. ppal. La parte demandante visible a folios 469-500, La Previsora S.A., folios 501-518, la Policía Nacional, folios 507-518.
(22) Folio 519, cdno. ppal.
(23) Folios 529 a 533, cdno. ppal.
(24) La pretensión mayor asciende a 700 salarios mínimos (daño moral) monto que supera la cuantía requerida por el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, con la modificación introducida por la Ley 954 de 2005 —500 smlmv— al momento de la presentación de la demanda, para que un proceso adelantado en acción de reparación directa fuera considerado como de doble instancia ante esta Corporación.
(25) Folio 6, cdno. 1.
(26) Folio 5, cdno. 1.
(27) Folio 7, cdno. 1.
(28) Folio 4, cdno. 1.
(29) Folio 368, cdno. ppal.
(30) La Sala en varios pronunciamientos ha admitido la posibilidad de acreditar la legitimación en la causa por activa de los padres de crianza a través de testimonios. Ver por todos sentencia del 28 de septiembre de 2017, exp. 53135, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Martha Nubia Velásquez Rico.
(31) Folios 17 a 22, cdno. de pruebas 5.
(32) Folios 23 y 24, cdno. de pruebas 5.
(33) Folio 27, cdno. de pruebas 5.
(34) Folio 8, cdno. 1.
(35) Folios 9 a 12, cdno. 1.
(36) Folio 12, cdno. 5.
(37) Folio 12, cdno. 5.
(38) Folio 12, cdno. 5.
(39) Folio 13, cdno. 5.
(40) Folios 32 a 34, cdno. 5.
(41) Folios 36 a 38, cdno. 5.
(42) Folios 39 a 41, cdno. 5.
(43) Proceso Penal, folios 238 a 244, cdno. 6.
(44) Folio 33, cdno. 5.
(45) Folio 37, cdno. 5.
(46) Folio 40, cdno. 5.
(47) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia 22 de junio de 2017, exp.38357, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
(48) Folios 346 a 368, cdno. 6.
(49) Folio 398, cdno. 6.
(50) Folio 197, cdno. 1.
(51) Folio 198, cdno. 1.
(52) Folios 60 y 61, cdno. 5.
(53) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 21 de octubre de 1999, exp. 10948-11643.
(54) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de julio de 1993, citado en sentencia de (1º) de junio de dos mil quince (2015) dentro del radicado 680012315000199901505 01 (31412). Precedente reiterado en la sentencia del 22 de noviembre de 2017, exp. 39453, C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
(55) DE CUPIS, Adriano. El daño. Teoría general de la responsabilidad civil. Bosch, Casa editorial S.A., Barcelona, 1975, pp. 107-127.
(56) Pues al derecho sólo le interesan las relaciones intersubjetivas.
(57) Corte Constitucional de Colombia, Sala Plena, C-634/2015, sentencia de 7 de octubre de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo.
(58) Para mejor entendimiento de esta última afirmación, por obvia que parezca, resulta útil rememorar los aportes que hizo Kant a la filosofía moral, siguiendo los estudios realizados por Christian Wolff y Alexander Gotlieb Baumgarten, al connotar la fuerza de principio que tenía la imputación en función de la comprensión racionalista del hombre, como un ser capaz de asumirse y dominarse a sí mismo, comprensión de la que dimana la concepción kantiana de persona, como sujeto “cuyas acciones son susceptibles de una imputación”, tanto como el entendimiento kantiano de la responsabilidad como una consecuencia de la naturaleza libre de los actos humanos en el contexto de la coexistencia y de la inferencia intersubjetiva.
(59) Vale aclarar: Que el hombre sea capaz de someter la naturaleza a su voluntad, no significa que la acción del hombre no pueda fungir como causa de un cambio, de una transformación en la naturaleza. Pero, en el ámbito de las leyes que gobiernan las relaciones intersubjetivas, no resulta posible derivar consecuencias de la mera definición de las causas de un resultado. Tales consecuencias se pueden derivar, fundamentalmente, porque se parte del hecho de la capacidad del hombre para conocer el juicio de valor implícito en las normas que permiten, prohíben o castigan, tanto como su capacidad para develar mentalmente y en forma anticipada a la acción, sus consecuencias, y la capacidad para auto determinar su acción en función de o a pesar de esa pre comprensión. Merced a estos atributos, resulta posible ir un paso delante de la relación causa - efecto, para adentrarse en el juicio de autoría.
(60) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 22 de noviembre de 2017, exp. 39453.
(61) Original de la cita: “Se hace la delimitación acerca del campo jurídico (derecho de daños) en el cual se examinará el concepto de causa para que el análisis correspondiente no se extienda, de manera equivocada, a otros terrenos como el derecho de las obligaciones o el de los contratos, en los cuales su sentido y alcance resultan diferentes por completo, tal como lo refleja, entre otros, el artículo 1524 del Código Civil según cuyo inciso segundo “Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato; y por causa ilícita la prohibida por la ley, o contraria a las buenas costumbres o al orden público” (original de la cita).
(62) Original de la cita: “Tarea que acomete, con singular fortuna, Isidoro GOLDENGERG, en su obra La relación de causalidad en la responsabilidad civil, 2ª edición ampliada, La ley, Buenos Aires, 2000, especialmente en pp. 8-12 (original de la cita).
(63) Original de la cita: “El énfasis ha sido efectuado en el texto original. Cfr. ENNECCERUS, LUDWIG-LEHMANN, HEINRICH, Derecho de las obligaciones, 11ª edición, traducción de B., Pérez González y J., Alguer, Barcelona, Bosch, 1948, citado por GOLDENGERG, Isidoro, La relación de causalidad en la responsabilidad civil, cit., p. 10. Por la misma senda marchan los planteamientos de Adriano DE CUPIS, quien no obstante considerar operativo el tema de la relación de causalidad al interior del análisis jurídico, estima existente la que denomina “causalidad jurídica” misma, que a su entender “no es más que un corolario del principio enunciado por nosotros, según el cual, el contenido del daño se determina con criterios autónomos [en el ámbito jurídico]. Debemos preocuparnos de averiguar no ya cuándo el daño pueda decirse producido por un hecho humano según las leyes de la naturaleza, sino más bien cuándo ese daño pueda decirse jurídicamente producido por un hecho humano” (énfasis en el texto original). Cfr. DE CUPIS, Adriano, El daño. Teoría general de la responsabilidad civil, traducción de la 2ª edición italiana por A. Martínez Sarrión, Bosch, Barcelona, 1975, p. 248. [cita del original].
(64) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 11 de febrero de 2009, exp.17145 y del 20 de mayo del mismo año, exp.17405, reiteradas en sentencia de 28 de julio de 2011, exp.21725, y sentencia de 24 de febrero de 2016, exp. 34796.
(65) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia 11 de mayo de 2017, exp. 41330 acumulado, CP. Stella Conto Díaz del Castillo.
(66) Sentencia proferida el día 25 de julio de 2002. Sección Tercera del Consejo de Estado, exp. 13.680.
(67) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de julio de 2005, exp. 26.308.
(68) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, C.P. Gladys Agudelo Ordóñez, sentencia del 27 de abril de 2011, rad. 85001-23-31-000-1999-00021-01(19155).
(69) Nota original de la providencia citada: TAMAYO JARAMILLO, Javier. De la responsabilidad civil. Las presunciones de responsabilidad y sus medios de defensa, ed. Temis, 2ª edición, tomo I, vol. 2, Santafé de Bogotá, 1996, pp. 245, 246.
(70) Capítulo - Sobre la prueba de los hechos relativos a la imputación. Ut supra 3.3.2.1.
(71) Capítulo - Sobre la prueba de los hechos relativos a la imputación. Ut supra 3.3.2.2.
(72) Capítulo - Sobre la prueba de los hechos relativos a la imputación. Ut supra 3.3.2.2.
(73) Capítulo - Sobre la prueba de los hechos relativos a la imputación. Ut supra 3.3.2.3. y 3.3.2.4.
(74) Capítulo - Sobre la prueba de los hechos relativos a la imputación. Ut supra 3.3.2.5.
(75) Como se determinó en la inspección judicial visible en el expediente (ut supra 3.3.2.4.): ancho 1.03 m, largo 1,49 m. En la diligencia no se determinó profundidad, en virtud que para esa época ya había sido bacheado por el demandado municipio de Cali.
(76) Dimensión 0.77 metros por 0.45 metros.
(77) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 31172, C.P. Olga Melida Valle de la Hoz.
(78) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 31172, C.P. Olga Melida Valle de la Hoz.
(79) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 2 de junio de 2017, exp. 49067, C.P. Martha Nubia Velásquez Rico.
(80) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 2 de junio de 2017, exp. 49067, C.P. Martha Nubia Velásquez Rico.
(81) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia 14 de marzo de 2012, exp. 22575, C.P. Olga Melida Valle de la Hoz; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia 24 de marzo de 2013, exp. 24550, C.P. Olga Melida Valle de la Hoz; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia 12 de noviembre de 2014, exp. 29576, C.P. Olga Melida Valle de la Hoz.
(82) Dictamen Pericial, folios 1 a 6, cdno. 3.
(83) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia 12 de noviembre de 2014, exp. 29576, C.P. Olga Melida Valle de la Hoz.
(84) Dictamen pericial, folios 1 a 6, cdno. 3.
(85) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 31172, C.P. Olga Melida Valle de la Hoz.
(86) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 28 de agosto de 2014, exp. 31172, C.P. Olga Melida Valle de la Hoz.
(87) Sección Tercera, exp. 11.842, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(88) AG-190012331000200300385-01, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(89) Cuaderno llamado en garantía, folio 2, cdno. 2.

References: artículo 149
 artículo 132
 artículo 136
 artículo 90
 artículo 113
 artículo 6
 artículo 110
 artículo115
 Resolución 
 artículo 101
 artículo 68
 artículo 115
 artículo 2344
 artículo 132
 artículo 1524