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Timestamp: 2018-12-19 02:13:46+00:00

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﻿ Sentencia 1994-07810 de junio 26 de 2014
SENTENCIA 1994-07810 DE 26 DE JUNIO DE 2014
CONTENIDO:DEUDORES SOLIDARIOS NO OSTENTAN LA CALIDAD DE LITISCONSORTES NECESARIOS. LA SOLIDARIDAD FACULTA AL ACREEDOR PARA DEMANDAR A SU ARBITRIO A CUALQUIERA DE LOS DEUDORES O A TODOS ELLOS DE FORMA CONJUNTA, ES DECIR, QUE ESTOS NO OSTENTAN LA CALIDAD DE LITISCONSORTES NECESARIOS, PORQUE LA PRESENCIA DE TODOS ELLOS DENTRO DEL LITIGIO NO ES INDISPENSABLE PARA QUE EL PROCESO PUEDA DESARROLLARSE. DESCONOCER LO ANTERIOR, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 2344 DEL CÓDIGO CIVIL, SOBRE SOLIDARIDAD EN EL PAGO DE PERJUICIOS, HARÍA NUGATORIO UNO DE LOS BENEFICIOS DE LA SOLIDARIDAD, EL CUAL CONSISTE, PRECISAMENTE, EN LA POSIBILIDAD DE HACER EXIGIBLE EL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LA OBLIGACIÓN A UNA SOLA PERSONA. EN EL CASO BAJO ESTUDIO, SE DETERMINÓ QUE EL HECHO DE NO VINCULAR A LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN VICENTE, LA PALMA Y LA ESPERANZA, EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, AL PROCESO EN EL QUE SE QUERÍA DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LA MUERTE DE VARIAS PERSONAS LUEGO DE CAERSE UN PUENTE PEATONAL NO IMPEDÍA SU CURSO, PUES HABER PARTICIPADO EN LA CONSTRUCCIÓN DE AQUEL NO LE OTORGABA LA CALIDAD DE LITISCONSORTE NECESARIO, SINO DE PRESUNTO DEUDOR SOLIDARIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, DEPARTAMENTO, CONSORCIO, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, DEUDOR SOLIDARIO
Sentencia 1994-07810 de junio 26 de 2014
Exp.: 27 283 (acumulados)
Rad.: 41001-2331-000-1994-07810-01
Actor: Marco Tulio Rivera y otros
10. El Consejo de Estado es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto de perjuicios morales, supera la exigida por la norma para el efecto(3).
II. Una cuestión procesal previa
11. El Ministerio Público puso de presente que dentro del proceso de Doris Titimbo y otros el tribunal a quo omitió correr traslado a las partes para alegar de conclusión (fl. 348, cdno. ppal.). Al observar el Expediente se encuentra que esta situación efectivamente aconteció pues cuando se decretó la acumulación de este expediente al radicado con el número 7810 mediante auto de 19 de septiembre de 2001 (fl. 353, cdno. 1, Exp. 7812), el proceso de Doris Titimbo se encontraba en etapa probatoria, la cual terminó sin que se surtiera el mencionado traslado.
12. De acuerdo con lo previsto en numeral 6º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, la omisión del término para alegar de conclusión es una causal de nulidad procesal. Sin embargo, el artículo 144 ibídem señala que esta nulidad es de aquellas que puede subsanarse, lo cual ocurre cuando la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente, asunto que guarda coherencia con lo dispuesto en el inciso 6º del artículo 143 del Código de Procedimiento Civil, que impide alegar cualquiera de dichas nulidades saneables “[a] quien haya actuado en el proceso después de ocurrida la respectiva causal sin proponerla”.
13. De ello se desprende que la posibilidad de alegar las causales de nulidad susceptibles de saneamiento —al igual que sucede con las demás irregularidades que se configuren dentro de un proceso, distintas de las causales legales de nulidad procesal—, es una posibilidad que se encuentra sometida a precisas y determinadas etapas procesales cuyo vencimiento determina su preclusión, a lo cual debe agregarse que dicho saneamiento supone la convalidación de la actuación, convalidación que puede darse bien por manifestación expresa del consentimiento de la parte afectada o bien por consentimiento tácito, como el que corresponde a la realización de actuaciones posteriores sin alegación de la nulidad correspondiente.
14. En este caso, se tiene que las partes —demandante y demandada— actuaron dentro del proceso sin alegar la nulidad generada por la omisión de la oportunidad prevista para alegar de conclusión en primera instancia. En efecto, los actores presentaron alegatos de conclusión en segunda instancia, en tanto que la Federación Nacional de Cafeteros interpuso y sustentó recurso de apelación. En ninguna de estas oportunidades las partes propusieron la respectiva solicitud de nulidad, por lo que debe entenderse que la misma ha quedado saneada por su silencio.
15. De conformidad con las pruebas válida y oportunamente allegadas por las partes y las que fueron decretadas por el tribunal a quo, las cuales consisten en varios testimonios y en los documentos trasladados de las diligencias previas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, se tienen probados los siguientes hechos relevantes:
15.1. El 14 de agosto de 1991 la gobernación del departamento del Huila y el Comité Departamental de Cafeteros del Huila celebraron un convenio con el objeto de “ejecutar la construcción del puente La Guinea sobre el río La Plata en la vía a San Vicente, en el municipio de La Plata”. El valor de la obra se fijó en cuarenta y dos millones de pesos ($ 42.000.000), de los cuales cuarenta ($ 40.000.000) fueron aportados por el departamento y los dos millones ($ 2.000.000) restantes por el Comité de Cafeteros, entidad que además tuvo a su cargo la coordinación y construcción del puente (copia auténtica del convenio interinstitucional para la construcción del puente La Guinea vía a San Vicente - municipio de La Plata —fl. 98, cdno. 1 Exp. 7810—).
15.2. El 26 de junio de 1992 el municipio de La Plata, la comunidad y el Comité Departamental de Cafeteros del Huila celebraron un convenio para la construcción de un puente provisional en consideración a “1) que el Comité Departamental de Cafeteros del Huila comenza[ría] a demoler la obra falsa del puente sobre el río La Plata en el sitio La Guinea; 2) que todas las veredas que conforman la inspección San Vicente de La Plata se perjudicar[í]an con la demolición antes anotada, ya que ese puente [era] la única vía de acceso a todas ellas (...)”. El convenio estaba regido por las siguientes cláusulas (copia auténtica del convenio de cofinanciación de un puente peatonal provisional celebrado entre el municipio de La Plata Huila, la comunidad y el Comité Departamental de Cafeteros —fls. 112-114, cdno. 1, Exp. 7810—):
1. Objeto. El objeto del presente convenio es la cofinanciación de un puente peatonal provisional en el sitio conocido como “La Guinea” sobre el río La Plata del municipio de La Plata Huila, entre el municipio, la comunidad y el Comité Departamental de Cafeteros del Huila para ser ejecutado por este último. 2. Duración. El presente convenio tendrá una duración de treinta (30) días, contados a partir de su firma. 3. Valor, determinación de las partes e imputación presupuestal. Para todos los efectos fiscales el valor del presente convenio es la suma de cuatrocientos mil pesos ($ 400.000) m/cte. sin incluir el costo de la madera redonda y acerrada. Esta suma será aportada por el municipio al ejecutor con cargo al artículo 54 del actual presupuesto municipal, Acuerdo 018 de diciembre de 1991 con la siguiente destinación: a) trescientos cincuenta mil pesos ($ 350.000) con destino al pago de la mano de obra del puente. b) cincuenta mil pesos ($ 50.000) con destino al pago del alambre y puntilla necesario para la terminación de la obra. El ejecutor aportará la madera acerrada que sea necesaria para la terminación de la obra. La comunidad aportará la madera redonda necesaria para el mismo fin. Los aportes del municipio y del ejecutor estarán sujetos a las aportaciones presupuestales correspondientes (...).
15.3. El puente peatonal provisional tenía 45 metros de largo x 1 de ancho, aproximadamente. Estaba construido en madera y pendía de cables de acero que estaban sujetos a unos parales o bases de concreto ubicadas a cada orilla del río (memorandos DI-764 y DI-765 del Comité Departamental de Cafeteros del Huila —fls. 86-87, cdno. 1, Exp. 7812—; testimonios de Fabio Ramos, Tobías Perdomo, Silvino Alarcón, Olmedo Barragán —fls. 230-237, cdno. 1, Exp. 7813—; María Emma Ramírez —fls. 232-235, cdno. 1, Exp. 7812—).
15.4. El 5 de agosto de 1992, aproximadamente a las 6:30 a.m., el puente peatonal provisional construido sobre el río La Plata, a la altura del sitio conocido como La Guinea, se desplomó, provocando que varias de las personas que lo transitaban en ese momento cayeran al río (copia auténtica del acta de la diligencia de inspección practicada por el inspección departamental de policía de Villa Losa, municipio de La Plata, Huila —fl. 140, cdno. 1, Exp. 7812—; testimonios de Daniel Perdomo Osorio y de Fabio Ramos —fls. 235-237, 242-244, cdno. 1, Exp. 7812—).
15.5. Algunas de las víctimas del hecho lograron sobrevivir porque consiguieron sujetarse de los cables que sostenían el puente (testimonio de Fabio Ramos Bravo —fls. 235-237, cdno. 1, Exp. 7812—), pero cinco murieron ahogadas. Entre los fallecidos se encuentran los señores José Albán Rojas Castillo, Basilia Campo y Carlos Alberto Causayá (copia auténtica de los respectivos registros civiles de defunción —fl. 22, cdno. 1, Exp. 7812, fl. 28, cdno. 1, Exp. 7813, fl. 33, cdno. 1, Exp. 7810—; copia auténtica de las respectivas actas de levantamiento de los cadáveres —fls. 146-151, cdno. 1, Exp. 7812—).
15.6. La Fiscalía 26 Seccional de La Plata (Huila) se abstuvo de iniciar investigación penal por la muerte de los señores Basilia Campo Cleves, Carlos Alberto Causayá y José Albán Rojas por considerar que “no aparece intencionalidad de alguna persona como responsable de este trágico hecho (...)” (copia auténtica de la resolución inhibitoria —fls. 170-171, cdno. 1, Exp. 7812).
15.7. La señora Basilia Campo Cleves estaba casada con Marco Tulio Rivera, era madre de Orlando Campo, María Deissy, Emperatriz, Maricela, Gloria Rubi, Manuel María de Jesús, Álvaro, Francy Elena y María Edith Rivera Campo y hermana de Dora Alicia, Ramón, Salomón y Concepción Campo Cleves(4) (copia auténtica de los respectivos registros civiles de matrimonio y de nacimiento —fls. 34-45, cdno. 1, Exp. 7810—; copia auténtica de las partidas de bautismo de Ramón, Salomón y Concepción Campo Cleves, nacidos el 3 de marzo de 1930, 24 de febrero de 1935 y 9 de septiembre de 1936, respectivamente —fls. 46, 47, 56, cdno. 1, Exp. 7810—).
15.8. El señor José Albán Rojas Castillo era hermano de Ismaelina y María Sonia Rojas Castillo y compañero permanente de la señora Doris Ámbito Titimbo, quien es la madre de Diana Carolina Ámbito (copia auténtica de los respectivos registros civiles de nacimiento —fls. 33-35, cdno. 1, Exp. 7812—; testimonios de Alcides Titimbo Piedra, Gregorio Causayá y Daniel Perdomo Osorio —fls. 238-244, cdno. 1, Exp. 7812).
15.9. El señor Carlos Alberto Causayá era hermano de Zoilo Causayá (copia auténtica de los respectivos registros civiles de nacimiento —fl. 40, cdno. 1, Exp. 7813) y compañero permanente de la señora Estela Sánchez, quien es la madre de Kelly Johana Sánchez (testimonios de José Eudoro Medina, Milciades Urrea Titimbo, Daniel Medina Canacue, Patrocinio Medina Canacue —fl. 231-235, cdno. 1, Exp. 7813—; copia auténtica del registro civil de nacimiento de Kelly Johana Sánchez —fl. 43, cdno. 1, Exp. 7813—).
15.10. Antes de su fallecimiento los occisos ejercían distintas actividades productivas, así: los señores José Albán Rojas Castillo y Carlos Alberto Causayá eran agricultores (testimonios de Gregorio Causayá, Alicides Titimbo Piedra y Daniel Perdomo Osorio —fls. 238-244, cdno. 1, Exp. 7812—; de Milciades Urrea, Patrocinio y Daniel Medina Canacue —fls. 231-234, cdno. 1, Exp. 7813—), y la señora Basilia Campo se encargaba del manejo de la finca que tenía con su esposo (testimonios de María Emma Ramírez y Daniel Perdomo Osorio —fls. 38-41, cdno. 2, Exp. 7810—).
16. Previo a emitir un pronunciamiento de fondo en el presente asunto debe la Sala examinar los argumentos presentados por la Federación Nacional de Cafeteros en el escrito de apelación en punto a (i) la caducidad de la acción; (ii) la falta de jurisdicción; y (iii) la indebida integración de litis consorcio necesario. Una vez resuelto a lo anterior, se procederá a establecer si el daño sufrido por los demandantes, consistente en la muerte de los señores Basilia Campo Cleves, Carlos Alberto Causayá y José Albán Rojas, es imputable a las entidades demandadas de forma solidaria, o si se presenta el hecho de las víctimas como causal eximente de responsabilidad.
(Sic) IV. La caducidad de la acción
17. Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho.
18. El fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia y el juez debe declararla, en caso de que se verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer la acción judicial correspondiente dentro del plazo legalmente estipulado(5).
19. El artículo 136 Código Contencioso Administrativo —previo a su modificación por el L. 446/98, art. 44(6)—, establece que el término para presentar demanda en ejercicio de la acción de reparación directa es dos (2) años “contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”(7).
20. En este caso, está probado que los hechos ocurrieron el 5 de agosto de 1992 y que las tres demandas de reparación directa se presentaron el 5 de agosto de 1994 ante la oficina judicial de Neiva, esto es, antes del vencimiento del término de dos años previsto en la norma.
21. Ahora, es cierto que la parte actora sustituyó —sin retirarlos— los textos de las demandas el 17 de marzo de 1995. Sin embargo, ello no desplaza en el tiempo el límite final para el cómputo del término de caducidad ya que la presentación de la demanda es el acto que impide que opere la caducidad de la acción,(8) sin perjuicio de la facultad que le asiste a la parte actora para reformarla o sustituirla, conforme a lo dispuesto en los artículos 88 y 89 del Código de Procedimiento Civil, aplicables al procedimiento administrativo conforme a lo dispuesto en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo.
22. Tampoco es aceptable considerar —tal como lo hizo el tribunal a quo en la sentencia de primera instancia con base en lo dispuesto en el artículo 90 el Código de Procedimiento Civil(9)— que la caducidad había operado respecto del municipio de La Plata dentro del proceso 7813 porque transcurrieron más de 120 días desde la expedición del auto admisorio de la demanda y su notificación a la entidad. Y no es admisible porque el tema de la caducidad de las acciones contenciosas administrativas está íntegramente regulado por el Código Contencioso Administrativo y por ende, no es posible aplicar normas que están contenidas en el Código de Procedimiento Civil, habida consideración a que la regla de remisión normativa prevista en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo solo es aplicable a los aspectos no regulados en ese código. Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha señalado que:
En el procedimiento contencioso administrativo, como lo sostuvo la Procuraduría, se ha señalado como único requisito para que la demanda se entienda presentada oportunamente, es decir, antes de que se consolide el fenómeno de caducidad de la acción, el que tal acto se realice con anterioridad al vencimiento de los términos señalados en el artículo 136 de ese código, para intentar las acciones judiciales. Muestra la evolución legislativa en ese punto que el único requisito que se ha exigido para impedir la consolidación de la caducidad, lo es el que al momento de su presentación la demanda debe haber reunido los requisitos formales exigidos por la ley para su admisión; así lo dispusieron en su momento el artículo 87 de la Ley 167 de 1941 y los artículos 137 y 143 del Decreto 1 de 1984. A partir del Decreto 2304 de 1989 que modificó el artículo 143, la demanda se entiende formulada oportunamente cuando dicha presentación se realiza dentro del término que para el efecto señala la ley, aun cuando carezca de los requisitos y formalidades previstos en ese código, caso en el cual al demandante se le concede un plazo de cinco días para que la corrija, so pena de rechazo; pero para efectos de impedir la consolidación de la caducidad, la presentación inicial es la fecha que se tiene en cuenta.
No ha existido en la normatividad contencioso administrativa disposición alguna que sujete la posibilidad de que se impida la consolidación de la caducidad de la acción, a la notificación en un plazo determinado del auto admisorio de la demanda; y mal podría traerse tal requisito del procedimiento civil cuando no existe vacío alguno en la reglamentación procedimental administrativa sobre este punto.
En consecuencia, teniendo la caducidad de la acción una regulación en el Código Contencioso Administrativo, no es de recibo acudir al Código de Procedimiento Civil, y de acuerdo con ello, dicha figura no opera en el sub lite, pues la demanda fue presentada en oportunidad(10).
23. Por lo expuesto la Sala concluye que la excepción de caducidad de la acción de reparación directa no está llamada a prosperar y así lo declarará en la parte resolutiva de la sentencia.
V. La jurisdicción competente para conocer del asunto
24. La Federación Nacional de Cafeteros cuestionó la competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para juzgar su presunta responsabilidad en los hechos por tratarse de una persona jurídica de derecho privado.
25. La jurisprudencia de esta corporación ha definido la competencia como la facultad que le asiste a un juez para ejercer, por autoridad de la ley y en determinado asunto, la jurisdicción que corresponde a la República(11) o como la medida con base en la cual se distribuye la jurisdicción entre las distintas autoridades que la integran y cuya determinación atiende a factores universales que garantizan que el asunto debatido será conocido por el juez más cercano a quienes aspiran a obtener un pronunciamiento de la Rama Judicial del poder público(12).
26. Tales factores guardan relación con la naturaleza del proceso y la cuantía de la pretensión —objetivo—; la calidad de las personas que han de ser parte dentro de la litis —subjetivo—; la distribución de los asuntos entre las diferentes jerarquías de funcionarios dentro de la jurisdicción, como corolario del principio de la doble instancia —funcional—; el reparto de los negocios según el lugar geográfico dentro del cual el juez o tribunal tiene atribuida la iuris dictio —territorial— o la acumulación de una pretensión a otra, cuando entre ellas existe conexión y un juez que en principio carece de competencia para conocer alguna de las acumuladas puede asumir la obligación de decidir todas por ser legalmente competente para resolver una de las reclamaciones formuladas —conexión—.
27. El factor de conexión, que es aquel que centra la atención de la Sala en el presente asunto, implica que cuando se demanda a una entidad pública en relación con la cual el competente para conocer de los juicios en los cuales ha de dilucidarse su responsabilidad es el juez administrativo, en conjunto con otra u otras entidades o incluso con particulares en relación con los cuales la competencia para el conocimiento de los pleitos en los que se encuentren implicados en principio se encuentra atribuida a otra jurisdicción, por aplicación del “factor de conexión”, el juez de lo contencioso administrativo adquiere competencia para conocer del asunto en relación con todos ellos. Sobre el mismo punto la doctrina ha indicado:
Es también desarrollo del factor de conexión las normas acerca de la denuncia del pleito y el llamamiento en garantía que permiten a determinados jueces conocer de procesos que de haberse dado por separado no les hubieran correspondido(13).
28. Un buen ejemplo de aplicación del factor de conexión en la jurisdicción contenciosa administrativa es el llamado fuero de atracción. En virtud de dicha figura, al demandarse de forma concurrente a una entidad estatal, cuyo conocimiento corresponde a esa jurisdicción y a otra entidad, en un caso en el que la competencia corresponde a la jurisdicción ordinaria, el proceso debe adelantarse ante la primera, la cual tiene competencia, entonces, para fallar acerca de la responsabilidad de las dos demandadas.
29. La operatividad del fuero de atracción, sin embargo, requiere de un fundamento jurídico y fáctico sólido. No es suficiente que en la demanda se haga una simple imputación de responsabilidad a una entidad pública para que el asunto se resuelva por la jurisdicción contencioso administrativa. Al respecto, la jurisprudencia ha señalado que:
(...) en relación con el factor de conexión —el cual, como se advierte, es el que da lugar a la aplicación del denominado “fuero de atracción”— (...) su operatividad resulta procedente siempre y cuando desde la formulación de las pretensiones y la presentación del soporte probatorio de las mismas en el libelo contentivo de la demanda, pueda inferirse que existe una probabilidad mínimamente seria de que la entidad o entidades públicas demandadas, por cuya implicación en la litis resultaría competente el juez administrativo, sean efectivamente condenadas. Tal circunstancia es la que posibilita al mencionado juez administrativo adquirir —y mantener— la competencia para fallar el asunto en lo relativo a las pretensiones enderezadas contra aquellos sujetos no sometidos a su jurisdicción —fuero de atracción—, incluso en el evento de resultar absueltas, por ejemplo, las personas de derecho público, igualmente demandadas, cuya vinculación a la litis determina que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo la llamada a conocer del pleito, atendidos los otros cuatro factores atributivos de competencia recién referidos.
La anterior conclusión resulta imperiosa comoquiera que de admitirse la aplicación del multicitado factor de conexión o fuero de atracción con la simple convocatoria ante la jurisdicción contencioso administrativa de una persona —pública o privada— respecto de la cual la ley ha atribuido a aquella la competencia para conocer de los litigios en los cuales se vea inmersa, independientemente de una valoración, así sea meramente liminar, de las probabilidades de condena en su contra, “acabaría por consentirse que los particulares, a su antojo, eligiesen el juez de sus preferencias para asumir el conocimiento de los asuntos que decidan ventilar ante la jurisdicción, con lo cual se desconocería el carácter de orden público de las disposiciones legales que distribuyen la competencia entre los diversos órganos judiciales y todas las razones que condujeron al legislador a efectuar dicho reparto de la forma como quedó consignado en la ley(14).
30. Pues bien, de conformidad con el contexto fáctico y jurídico que se planteó a partir de la demanda y, desde luego, con fundamento en el conjunto de hechos probados expuestos previamente, la Sala no tiene dudas de que el ejercicio de la acción de reparación directa en contra de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia resultó claramente procedente, en virtud de la aludida figura del fuero de atracción, habida cuenta de que la parte actora efectuó en contra de dicha institución unas imputaciones concretas, derivadas de su conducta y participación en la construcción del puente cuya caída provocó la muerte de los señores Basilia Campo Cleves, Carlos Alberto Causayá y José Albán Rojas Castillo. Por esta razón, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo le asiste competencia para conocer y dirimir el presente litigio.
VI. La falta de integración del litis consorcio necesario
31. La Federación Nacional de Cafeteros adujo, en el escrito de apelación, que el contradictorio no se integró en debida forma debido a que la demanda también debió dirigirse contra la junta de acción comunal de San Vicente, La Palma y La Esperanza, puesto que esta ostenta la calidad de litis consorte necesario.
32. La Sala se aparta de la anterior apreciación porque en el evento de que la conducta de la junta de acción comunal también hubiera contribuido a la producción del daño, se estructuraría entre esta y las demás entidades demandadas una responsabilidad de tipo solidario. El artículo 2.344 del Código Civil prevé al respecto que “[s]i un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 2350 y 2355”.
33. La solidaridad faculta al acreedor para demandar —a su arbitrio— a cualquiera de los deudores o a todos ellos de forma conjunta, “sin que le esté dada la facultad al juez de conocimiento de vincular de forma oficiosa o a petición de parte —como demandados principales—, a sujetos no citados por aquella”(15). Esto significa que los deudores solidarios no ostentan la calidad de litis consortes necesarios porque la presencia de todos ellos dentro del litigio no es indispensable para que el proceso pueda desarrollarse. Desconocer este hecho haría nugatorio uno de los beneficios de la solidaridad, el cual consiste, justamente, en la posibilidad de hacer exigible el cumplimiento de la totalidad de la obligación a una sola persona.
34. En relación con la naturaleza solidaria de las obligaciones que encuentra su fundamento en el referido artículo 2344 del Código Civil, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido lo siguiente:
1. Como norma general, la acción de responsabilidad delictual y cuasidelictual, por el aspecto activo o de su titularidad, le corresponde a quien ha sufrido un daño y, por el aspecto pasivo, debe intentarse contra el autor del mismo.
Con todo, puede acontecer que el daño no se haya cometido por una única persona, sino que en su producción han concurrido o participado varias. En este evento cada una de ellas será solidariamente responsable del perjuicio proveniente del mismo delito o cuasidelito, salvo las excepciones legales, pues sobre el particular el artículo 2344 del Código Civil establece la regla siguiente (...)
2. Si por ministerio de la ley se establece que siendo varios los autores del daño cada uno de ellos será solidariamente responsable de todo perjuicio ocasionado con el hecho dañino, se tiene, con fundamento en la misma normatividad, que la víctima o acreedor queda facultado para exigir la totalidad del crédito respecto de todos los deudores solidarios conjuntamente, o igualmente por la totalidad contra cualquiera de ellos, a su arbitrio, sin que estos puedan oponerle el beneficio de división (CC, arts. 1568, inc. 2º y 1571).
4. Entonces, cuando en la producción del daño han actuado varias personas, generalmente todas ellas son solidariamente responsables y, por tal virtud, la víctima o acreedor, a su arbitrio, puede demandar a cualquiera de ellos por el total de los perjuicios. Sobre el particular tiene sentado la jurisprudencia de la corporación que “la posible culpa concurrente del tercero, a quien por serlo no se puede juzgar aquí, no exonera de responsabilidad del daño; apenas lo haría solidariamente responsable del mismo a términos del artículo 2344 del Código Civil, respecto del cual ha dicho la Corte: “Cuando hay de por medio varios responsables de un accidente, la obligación de resarcir los perjuicios es solidaria, lo que quiere decir que esos perjuicios se pueden reclamar de uno cualquiera de los responsables, según lo preceptúa el artículo 2344 del Código Civil, en armonía con el 1571. El que realiza el pago se subroga en la acción contra el otro u otros responsables, según el artículo 1579 y siguientes (LXX, página 317 y LXXII, página 810). Siendo, pues, solidaria la responsabilidad, la parte demandante podía demandar el resarcimiento del daño contra todos los responsables o contra cualquiera de ellos”“ (casación civil de jul. 4/77, aún no publicada)
5. Entonces, cuando la obligación de resarcir los perjuicios es solidaria, legalmente no es posible fraccionar o dividir la responsabilidad, por lo que la víctima, como ya quedó visto, está facultada para demandar a todos los coautores del daño o a uno solo por el valor total de los perjuicios(16).
35. En suma, en este caso no era necesaria la vinculación al proceso de la junta de acción comunal de San Vicente, La Palma y La Esperanza por lo que no existe ningún impedimento para resolver sobre la responsabilidad de la Federación Nacional de Cafeteros en la muerte de Basilia Campo Cleves, Carlos Alberto Causayá y José Albán Rojas. Se insiste, el hecho de que la mencionada junta también haya participado en la construcción del puente no es razón válida para predicar su condición de litis consorte necesario, pues como se dijo, si su actuación también contribuyó a la producción del daño la obligación indemnizatoria que surge a su cargo es de carácter solidario. Lo anterior, desde luego no obsta para que en el evento de que sea judicialmente obligada a pagar la totalidad de la indemnización, la federación pueda subrogarse, por virtud de la solidaridad misma, en todos los derechos que la víctima directa tendría con­tra los demás responsables de la causación del daño.
VII. El juicio de responsabilidad
36. La Sala tiene acreditado el daño en tanto la prueba documental aportada al Expediente demuestra que los señores José Albán Rojas Castillo, Basilia Campo Cleves y Carlos Alberto Causayá fallecieron el 5 de agosto de 1992 en jurisdicción del municipio de La Plata (Huila) por una insuficiencia respiratoria causada por ahogamiento por inmersión (ver supra párr. 15.5.).
37. El municipio de La Plata adujo en el escrito de alegatos de conclusión que la muerte de la señora Basilia Campo Cleves no se encontraba acreditada dado que el registro civil de defunción aportado al proceso da cuenta del fallecimiento de una persona distinta, identificada como Basilia Campo Chávez. La Sala se aparta de la anterior apreciación puesto que, si bien es cierto que el segundo apellido de la persona que figura en el certificado no coincide con el de la madre, esposa y hermana de los demandantes (fl. 33, cdno. 1, Exp. 7810), no hay duda que se trata de la misma persona y que la incongruencia anotada es el resultado de una equivocación. Y no hay duda de ello porque en el oficio mediante el cual la Fiscalía General de la Nación solicitó a la Notaría del Círculo de La Plata que inscribiera el fallecimiento de “Basilia Campo Chávez”, se indicó que la occisa —quien en el acta de levantamiento del cadáver fue identificada como Basilia Campo (fl. 150, cdno. 1, Exp. 7812)— estaba casada con Marco Tulio Rivera (fl. 157, cdno. 1, Exp. 7812), que como ya se señaló, es el esposo de la señora Basilia Campo Cleves (ver supra párr. 11.7).
38. El daño de quienes acudieron al proceso en calidad de demandantes (Marco Tulio Rivera, Orlando Campo, María Deissy, Emperatriz, Maricela, Gloria Rubi, Manuel María de Jesús, Álvaro, Francy Elena y María Edith Rivera Campo, Dora Alicia, Ramón, Salomón y Concepción Campo Cleves, Ismaelina y María Sonia Rojas Castillo, Doris Ámbito Titimbo, Zoilo Causayá y Estela Sánchez) también se encuentra acreditado conforme a las pruebas documentales y testimoniales que dan cuenta de las relaciones de parentesco, conyugales y maritales existentes entre ellos y los occisos (ver supra párr. 15.7, 15.8 y 15.9). Se reitera que en los eventos de mayor entidad como los daños que se generan con la muerte o las lesiones corporales graves, la prueba del parentesco y del vínculo matrimonial o conyugal resulta idónea y suficiente para demostrar el perjuicio moral respecto de los padres, los hermanos, los hijos, los cónyuges y los compañeros permanentes, conforme a las reglas de la experiencia(17).
39. En cuanto a Kelly Johana Sánchez se tiene que no demostró su parentesco con Carlos Alberto Causayá dado que su registro civil de nacimiento no da cuenta de la identidad de su padre (fl. 43, cdno. 1, Exp. 7813). Lo mismo ocurre con Diana Carolina Ámbito, quien acudió al proceso invocando su condición de hija de José Albán Rojas Castillo (fl. 24, cdno. 1, Exp. 7812). No obstante, la Sala tendrá a estas dos demandantes como damnificadas por el hecho dañoso en consideración a que los testimonios practicados dentro del proceso dan cuenta que las niñas hacían parte del núcleo familiar de los occisos, quienes les procuraban los cuidados y atenciones propios de un padre,(18) lo cual resulta creíble si se tiene en cuenta que Diana Carolina es hija de Doris Ámbito y Kelly Johana lo es de Estela Sánchez (ver supra párr. 15.8 y 15.9), quienes como ya se señaló, hacían vida marital con José Albán Rojas y Carlos Alberto Causayá, respectivamente.
40. Los hechos que motivaron esta acción de reparación directa ocurrieron el 5 de agosto de 1992 cuando los señores Carlos Alberto Causayá, José Albán Rojas y Basilia Campo Cleves fallecieron por ahogamiento tras el desplome del puente peatonal provisional construido sobre el río La Plata a la altura del sitio conocido como La Guinea. Así lo relató el testigo Daniel Perdomo Osorio (fls. 242-244, cdno. 1, Exp. 7812):
Pues no me acuerdo bien la fecha ni el año pero lo cierto es que ese día venía de la finca en el carro que sale a las cinco de la mañana y cuando llegamos al puente serían seis y media de la mañana, más o menos, y empezó la gente a pasar por el puente peatonal que habían construido sobre el río La Plata y en la vereda La Guinea, luego llegó el carro que va a San Vicente conducido por el señor Fabio Ramos, y empezaron a pasar ellos y yo me quedé parado en el estribo del puente viejo, sobre el costado o mejor de allá para acá porque yo no alcancé a pasar, y pues pasaban unas siete u ocho personas por el puente cuando el puente o sea se arrancó los muros que servían de base para el sostenimiento de los cables, los que quedan por el lado del occidente, o sea por San Vicente, y pues la gente se fue al agua, los que estábamos ahí nos fuimos para el lado de abajo para ver si podíamos rescatar alguno pero nos fue imposible.
41. En similar sentido, se pronunció el señor Fabio Ramos Bravo, quien también fue testigo presencial de los hechos (fls. 235-237, cdno. 1, Exp. 7812):
(...) yo llegué con el viaje hasta ahí el puente peatonal en la vereda La Guinea, pues yo me bajé y me puse a revisar el carro y cuando oí, o mejor, oí (sic) fue la gritería de la gente, y me asomé y vi era que el puente colgante se iba cayendo y como este estaba aguado ese día, y cuando vi que la gente que iba por la mitad del puente pues cogieron por el río abajo, otros salieron (...) Carlos Alberto Paloma salió enredado en el puente (...). Al puente se le arrancaron los muros que tenían el cable por la vía a San Vicente y entonces pues se fue al río y los que cayeron al centro del río pues esos sí perecieron (...).
42. De las causas de la caída del puente dan cuenta varios de los testimonios practicados dentro del proceso, los cuales fueron rendidos por personas que, si bien no tienen un conocimiento especializado en ingeniería, observaron en qué estado quedó la estructura tras el accidente. Al respecto, lo dicho por el señor Tobías Perdomo Osorio (fls. 238-239, cdno. 1, Exp. 7813):
Bueno pues de la fecha yo no me acuerdo pero era un día de mercado porque la gente bajaba a ser mercado (sic), yo en ese momento me encontraba en la finca que queda en la vereda La Palma cuando fui informado que el puente peatonal de La Guinea se había caído y que habían varios muertos, de inmediato procedí en mi vehículo a bajar al sitio La Guinea donde pude constatar que en realidad el puente se había caído y que habían (sic) varios muertos (...). Posteriormente analizamos el lado de la base del puente por el lado de La Palma que había cedido el terreno y se habían arrancado la base en donde estaban sembrados los palos que son como los parales que sostienen el puente y unos muros que se conocen con el nombre de muertos, eso se arrancó por la poca profundidad con que los habían enterrado.
43. En similar sentido, se pronunció la testigo María Emma Ramírez de Quimbaya (fls. 39-40 cdno. 2 Exp. 7810):
Bueno, yo me acuerdo que el miércoles de agosto de 1992 muy por la mañana me avisaron que el puente de la vereda La Guinea que queda sobre el río La Plata y que conduce a las veredas de San Vicente, La Palma y toda esa región; para mí no fue sorpresa porque yo sí había observado que ese puente fue construido en muy malas condiciones (...). Al caerse el puente yo constaté que los palos que sostenían los cables no tenían sino unos 50 centímetros de profundidad. Cuando yo le dije al presidente de la junta, me dolió mucho porque como mi hijo pasaba todos los miércoles y los domingos entonces por eso yo informé a la gente mediante la emisora, intenté hablar con el alcalde de la época que no recuerdo si era el doctor Valentín, yo también llamé al Comité de Cafeteros para informar precisamente que ese puente que habían construido estaba muy mal hecho (...). Ese miércoles llegó la línea con toda la gente, y entonces la gente empezó a usar el puente y como los palos que sostienen los cables por donde pende el puente estaban enterrados muy superficialmente se desprendieron de la tierra, cayendo el puente al río (...). Particularmente yo pensé que ese puente estaba muy mal construido porque yo pasé por el puente vehicular y observé que la escabación (sic) era muy superficial, eso se notaba; eso yo lo observé cuatro días antes del accidente.
44. Lo dicho por los anteriores testigos y por otros como el señor Fabio Ramos Bravo,(19) en el sentido de que las bases del puente se desprendieron del lugar en el que habían sido instaladas, indica que la estructura colapsó debido a que no soportó el peso acumulado de las personas —por lo menos cinco en total (ver supra párr. 15.5)— que en ese momento intentaban atravesarlo.
45. Esta circunstancia, en principio, sería indicativa de que el puente presentaba fallas en su construcción pues no solo se desplomó poco tiempo después de haber sido dado al servicio,(20) sino que lo hizo cuando era utilizado para el cumplimiento del único fin para el que fue diseñado, que no era otro que el de permitir el tránsito de peatones desde un extremo del río La Plata al otro.
46. No obstante, en el caso concreto se debate justamente si la responsabilidad del municipio de La Plata —en tanto dueña de la obra— y de la Federación Nacional de Cafeteros —en tanto encargada de su ejecución— puede inferirse a partir de la circunstancia anotada pues la defensa de la parte pasiva consistió en afirmar que el puente se desplomó porque no estaba diseñado para soportar el peso de tantas personas a la vez o, dicho en otros términos, porque no se le dio un uso adecuado.
47. En respaldo de su hipótesis, la entidad resaltó lo dicho por los testigos Silvino Alarcón Salazar y Olmedo Barragán en el sentido de que a la entrada del puente existían avisos o letreros que alertaban sobre el peso máximo permitido:
[Silvino Alarcón Salazar]: (...) yo llegué en el momento que se acaba (sic) de caer el puente, inclusive ayudé a sacar a una señora que la alcanzamos a sacar viva pero al rato ella murió, no recuerdo su nombre, en ese momento oí la reacción de la gente que se habían metido unas catorce personas al puente, y pues de pronto esa fue la causa de que se cayera el puente por mucho peso, porque a la entrada de cada lado del puente había un aviso que decía máximo dos o tres personas, y pues en ese momento yo me regresé para la vereda a informar lo ocurrido (fl. 237, cdno. 1, Exp. 7813).
[Olmedo Barragán]: Y entonces empezó a pasar la gente, incluso hubo algunos que alcanzaron a pasar al otro lado y pues la gente se metía mucho, yo al ver eso no pase por yo vi (sic) que la gente se metía mucho y el puente o la amaca (sic) no estaba capacitada para tanta gente, es más, habían puesto un letrero a cada lado de la amaca (sic), no recuerdo qué decía pero era de que no se podía recargar mucho la amaca (sic) esa (fl. 240, cdno. 1, Exp. 7813).
48. Si bien la Sala no tiene razones para dudar de la credibilidad de estos testigos, considera que sus afirmaciones son insuficientes para tener por probada la hipótesis defendida por la Federación Nacional de Cafeteros porque dentro del proceso obran otros testimonios que afirman justamente lo contrario, esto es, que el puente no tenía ningún aviso o señal que estableciera restricciones para su uso en cuanto al peso máximo permitido. Al respecto, lo dicho por el señor Fabio Ramos Bravo (fls. 236-237, cdno. 1, Exp. 7812):
Preguntado: manifiéstenos si existía en el lugar de los hechos algún tipo de advertencia sobre la utilización del puente que lo acondicionara o si por el contrario, el puente tenía libre paso. Contestó: El puente que se cayó y que era provisional le habían dado uso apenas el día anterior en que se cayó porque el puente en que pasaban los carros lo comenzaron a desbaratar el lunes y entonces el martes entró en servicio ese puente peatonal y ya el miércoles se cayó y la verdad pues yo no me acuerdo de haberle visto señal alguna.
49. En similar sentido se pronunció el señor Daniel Perdomo Osorio (fl. 242, cdno. 1, Exp. 7812):
Preguntado: sírvase manifestar cuáles eran las características del puente que se desplomó. Contestó: pues eso se habían hecho un par de muros a lado y lado, y el piso era de tabla y uno pasaba prendido de los cables, era un puente colgante, los muros pues eran de concreto (...), los muros estaban recién hechos, eso estaba fresco, yo no recuerdo bien pero ese puente tenía por ahí unos dos días de uso. También las tablas del piso estaban amarradas con alambre sobre los cables, yo por ejemplo no le vi señales a ese puente, quiero decir, señales de peligro.
50. Por último, se transcribe la declaración del señor Alcides Titimbo Piedra, quien si bien manifestó ser sobrino de una de las demandantes, coincidió con los anteriores testigos en punto a que el puente no tenía señales informativas (fl. 238, cdno. 1, Exp. 7812):
Lo que conversábamos sobre el puente era que ese puente había quedado muy mal construido, lo que pasa es que tenemos la costumbre de mandar a los niños a hacer mercado, por eso nos decían que no los mandáramos, cómo le parece que la noche que estuvimos hablando con el presidente de la junta de acción comunal o sea, el señor Arnulfo Ramírez, ese día habían dado paso por el puente y al otro día fue que se cayó, es más yo no me acuerdo de haberle visto a ese puente avisos de prevención, y qué iba a tener si apenas lo terminaron de construir y al otro día lo pusieron al servicio y se cayó.
51. Sumado a lo anterior, resulta por lo menos extraño, que las entidades demandadas —estando en capacidad de hacerlo dado que tuvieron a su cargo la financiación y ejecución de la obra (ver supra párr. 15.2)— no aportaran al proceso ninguna información precisa acerca de las características técnicas del puente y del tipo de señales que supuestamente instalaron a su entrada con el fin alertar sobre el peso máximo permitido, de la cual pudiera inferirse que este efectivamente estaba diseñado para soportar un peso reducido y, en consecuencia, que se le dio un mal uso por parte de la comunidad.
52. No debe perderse de vista que la responsabilidad derivada de una obra pública es de carácter objetivo, por manera que causado el daño a un particular, la entidad encargada de su construcción o mantenimiento deberá resarcirlo, a menos de que logre acreditar la causa extraña, esto es, que el daño se produjo por fuerza mayor o por el hecho exclusivo de un tercero o de la víctima.
53. En este caso las entidades demandadas adujeron que el hecho de las víctimas operó como causa exclusiva y determinante del daño dado que desatendieron las señales informativas instaladas a la entrada del puente que prohibían el tránsito de más de dos personas a la vez. Sin embargo, no aportaron ninguna prueba de carácter técnico para demostrar, efectivamente, que el puente se diseñó y construyó atendiendo a esas restricciones ni suministraron información precisa acerca del tipo y las características de las señales que supuestamente instalaron a la entrada del puente a efectos de advertir a la comunidad sobre el peso máximo que la estructura podía soportar, con lo cual puede afirmarse que incumplieron con la carga de probar la causa extraña capaz de eximirlas de responsabilidad.
54. Por las razones anotadas, la Sala confirmará la decisión del Tribunal Administrativo del Huila en cuanto declaró solidariamente responsables de la muerte de los señores Carlos Alberto Causayá, José Albán Rojas y Basilia Campo Cleves al municipio de La Plata (Huila) y a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Sin embargo, no comparte la decisión de declarar, como lo hizo la sentencia apelada en su parte motiva, que el hecho de las víctimas operó como concausa del daño pues ciertamente tal afirmación no logró ser demostrada.
55. Por lo demás debe señalarse que no existe congruencia en señalar —como lo hizo el a quo— que los testimonios de los señores Silvino Alarcón y Olmedo Barragán (ver supra párr. 47) no ofrecían certeza acerca de la existencia de vallas o señales informativas que establecieran restricciones para el uso del puente, para luego sostener que las víctimas contribuyeron causalmente al daño por haber desatendido las mismas señales cuya existencia fue puesta en duda.
56. Se aclara que por tratarse de una responsabilidad solidaria cada una de las entidades condenadas deberá contribuir en un porcentaje igual al 50% a la reparación del daño causado, sin perjuicio de que la parte actora pueda reclamar la totalidad de la condena que se llegue a imponer a cualquiera de ellas, a su elección (CC, artículo 1571).
57. Con respecto al departamento del Huila lo que cabe predicar es una ausencia de responsabilidad —y no una falta de legitimación en la causa por activa, como lo hizo el tribunal— ya que el daño no le resulta imputable en tanto se demostró que no intervino en la aprobación del convenio celebrado para la construcción del puente peatonal provisional sobre el río La Plata.
58. La sentencia de primera instancia adoptó varias determinaciones en materia de perjuicios. En primer lugar, aplicó una restricción del 40% sobre el valor de las indemnizaciones reconocidas a favor de los actores por concepto de perjuicios morales y lucro cesante, por considerar que el hecho de las víctimas también había contribuido causalmente a la producción del daño. En segundo lugar, fijó en 50 y 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes la indemnización debida a los hijos y hermanos, respectivamente, de los occisos. En tercer lugar, calculó el valor exacto de las condenas debidas por concepto de perjuicios morales con base en el salario mínimo legalmente vigente a la fecha de la sentencia de primera instancia. Y por último, dentro del proceso 7813 omitió pronunciarse sobre la indemnización solicitada a favor del señor Zolio Causayá.
59. Si bien la Sala considera que tales determinaciones afectaron a la parte actora en tanto (i) no existe certeza de que el hecho de las víctimas hubiera operado como causa o concausa del daño; (ii) desconocen las pautas jurisprudenciales establecidas para la indemnización del daño moral causado a los hijos y hermanos de una persona fallecida; (iii) el valor actualizado a la fecha de hoy del salario mínimo vigente en 2003 ($ 512.778) es inferior al salario mínimo actualmente vigente ($ 616.000); y (iv) el demandante Zoilo Causayá acreditó su parentesco con el señor Carlos Alberto Causayá, no podrá adoptar alguna determinación que conduzca a hacer más gravosa la situación del apelante único. Su actuación se limitará a actualizar el monto de las condenas reconocidas por perjuicios morales y lucro cesante con base en la siguiente fórmula:
Proceso 7810:
60. El tribunal reconoció a favor del cónyuge, de los hijos y de los hermanos de Basilia Campo Cleves indemnizaciones por valor de $ 19.920.000; $ 9.960.000 y $ 7.968.000, respectivamente, por concepto de perjuicios morales. Hecha la actualización correspondiente se tiene que:
60.1. El señor Marco Tulio Rivera (cónyuge) recibirá la suma de $ 30.914.908 por concepto de perjuicios morales.
60.2. Los señores Orlando Campo, María Deissy, Emperatriz, Maricela, Gloria Rubi, Manuel María de Jesús, Álvaro, Francy Elena y María Edith Rivera Campo (hijos) recibirán cada uno la suma de $ 15.457.454, por concepto de perjuicios morales.
60.3. Los señores Ramón, Dora Alicia, Salomón y Concepción Campo Cleves recibirán cada uno la suma de $ 12.365.963 por concepto de perjuicios morales.
61. La sentencia de primera instancia también reconoció lucro cesante a favor del señor Marco Tulio Rivera y de dos de los hijos de la señora Basilia Campo Cleves que eran menores de 25 años al momento de su fallecimiento. Ellos son Maricela y Álvaro Rivera Campo.
62. Para el cálculo de la indemnización el tribunal tomó como ingreso base de liquidación el valor del salario mínimo legal vigente a la fecha del fallo y aplicó una reducción del 30%, por considerar que ese era el porcentaje que la víctima debía destinar a su propia subsistencia. Luego aplicó una nueva reducción sobre la suma resultante, equivalente al 40%, por el hecho de la víctima.
63. La Sala no comparte los criterios empleados para calcular el valor de las indemnizaciones no solo porque el hecho de la víctima como concausa del daño no se encuentra acreditado, sino porque el a quo omitió sumar al ingreso base de liquidación el 25% por concepto de prestaciones sociales y estimó en un porcentaje mayor al fijado por la jurisprudencia el monto que la víctima debía destinar a su propia subsistencia. No obstante, teniendo en cuenta las limitaciones derivadas del principio de no reformatio in pejus, se limitará a actualizar el valor de las indemnizaciones reconocidas.
63.1. A Marco Tulio Rivera se le reconoció una indemnización por concepto de lucro cesante futuro y consolidado de $ 9.906.803.90, que actualizados conforme a la fórmula ya indicada ascienden a $ 15.374.896.
63.2. A Maricela Rivera Campo se le reconoció una indemnización por concepto de lucro cesante consolidado de $ 1.096.177.85 que actualizados conforme a la fórmula ya indicada ascienden a $ 1.701.217.
63.4. A Álvaro Rivera Campo se le reconoció una indemnización por concepto de lucro cesante consolidado de $ 2.016.646.80 que actualizados conforme a la fórmula ya indicada ascienden a $ 3.129.741.
Proceso 7812
64. El tribunal reconoció a favor de la compañera permanente, de Diana Carolina Ámbito (tercera damnificada)(23) y de los hermanos de José Albán Rojas Castillo indemnizaciones por valor de $ 19.920.000; $ 19.920.000 y $ 7.968.000, respectivamente, por concepto de perjuicios morales. Hecha la actualización correspondiente se tiene que:
64.1. La señora Doris Ámbito Titimbo (compañera permanente) recibirá la suma de $ 30.914.908 por concepto de perjuicios morales.
64.2. La joven Diana Carolina Ámbito (tercera damnificada) recibirá la suma de $ 30.914.908 por concepto de perjuicios morales.
64.3. Las señoras Ismaelina y María Sonia Rojas Castillo (hermanas) recibirán cada una la suma de $ 12.365.963 por concepto de perjuicios morales.
65. La sentencia de primera instancia también reconoció lucro cesante a favor de Doris y de Diana Carolina Ámbito. El cálculo de la indemnización se hizo tomando como ingreso base de liquidación el valor del salario mínimo legal vigente a la fecha del fallo y aplicó una reducción del 30%, por considerar que ese era el porcentaje que la víctima debía destinar a su propia subsistencia. Luego aplicó una nueva reducción sobre la suma resultante, equivalente al 40%, por el hecho de la víctima.
66. La Sala no comparte los criterios empleados para calcular el valor de las indemnizaciones no solo porque el hecho de la víctima como concausa del daño no se encuentra acreditado, sino porque el a quo omitió sumar al ingreso base de liquidación el 25% por concepto de prestaciones sociales y estimó en un porcentaje mayor al fijado por la jurisprudencia el monto que la víctima debía destinar a su propia subsistencia. No obstante, teniendo en cuenta las limitaciones derivadas del principio de no reformatio in pejus, se limitará a actualizar el valor de las indemnizaciones reconocidas.
67. A Doris Ámbito Titimbo se le reconoció una indemnización por concepto de lucro cesante por valor total de $ 9.290.173, que actualizados conforme a la suma ya indicada ascienden a $ 14.417.914.
68. A Diana Carolina Ámbito se le reconoció una indemnización por concepto de lucro cesante futuro y consolidado de $ 9.781.124.40 que actualizados conforme a la fórmula ya indicada ascienden a $ 15.179.847.
Proceso 7813
69. El tribunal reconoció a favor de la compañera permanente y de Kelly Johana Sánchez (tercera damnificada) indemnizaciones por valor de $ 19.920.000 y de $ 9.960.000, respectivamente, por concepto de perjuicios morales. Hecha la actualización correspondiente se tiene que:
69.1. La señora Estela Sánchez León (compañera permanente) recibirá la suma de $ 30.914.908 por concepto de perjuicios morales.
69.2. La joven Kelly Johana Sánchez (tercera damnificada) recibirá la suma de $ 15.457.454 por concepto de perjuicios morales.
70. La sentencia de primera instancia también reconoció lucro cesante a favor de Estela y de Kelly Johana Sánchez. El cálculo de la indemnización se hizo tomando como ingreso base de liquidación el valor del salario mínimo legal vigente a la fecha del fallo y aplicó una reducción del 30%, por considerar que ese era el porcentaje que la víctima debía destinar a su propia subsistencia. Luego aplicó una nueva reducción sobre la suma resultante, equivalente al 40%, por el hecho de la víctima.
71. La Sala no comparte los criterios empleados para calcular el valor de las indemnizaciones no solo porque el hecho de la víctima como concausa del daño no se encuentra acreditado, sino porque el a quo omitió sumar al ingreso base de liquidación el 25% por concepto de prestaciones sociales y estimó en un porcentaje mayor al fijado por la jurisprudencia el monto que la víctima debía destinar a su propia subsistencia. No obstante, teniendo en cuenta las limitaciones derivadas del principio de no reformatio in pejus, se limitará a actualizar el valor de las indemnizaciones reconocidas.
71.1. A Estela Sánchez León se le reconoció una indemnización por concepto de lucro cesante futuro y consolidado de $ 12.636.344.40, que actualizados conforme a la fórmula ya indicada ascienden a $ 19.611.015.
71.2. A Kelly Johana Sánchez se le reconoció una indemnización por concepto de lucro cesante consolidado de $ 9.781.224.45 que actualizados conforme a la fórmula ya indicada ascienden a $ 15.180.003.
80. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B” administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
MODIFICAR la sentencia apelada, esto es, la proferida el 23 de septiembre de 2003 por el Tribunal Administrativo del Huila, la cual quedará así:
1. DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por las entidades demandadas.
2. DECLARAR solidariamente responsables al municipio de La Plata (Huila) y a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia de la muerte de los señores Basilia Campo Cleves, José Albán Rojas Castillo y Carlos Alberto Causayá, ocurrida el 5 de agosto de 1992.
3. CONDENAR solidariamente al municipio de La Plata (Huila) y a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia a pagar las siguientes indemnizaciones por concepto de perjuicios morales:
— A favor de Marco Tulio Rivera, Doris Ámbito Titimbo, Diana Carolina Ámbito y Estela Sánchez la suma de treinta millones novecientos catorce mil novecientos ocho pesos ($ 30.914.908), para cada uno de ellos.
— A favor de Orlando Campo, María Deissy Rivera Campo, Emperatriz Rivera Campo, Maricela Rivera Campo, Gloria Rubi Rivera Campo, Manuel María de Jesús Rivera Campo, Álvaro Rivera Campo, Francy Elena Rivera Campo, María Edith Rivera Campo y Kelly Johana Sánchez la suma de quince millones cuatrocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos ($ 15.457.454), para cada uno de ellos.
— A favor de Ramón Campo Cleves, Dora Alicia Campo Cleves, Salomón Campo Cleves, Concepción Campo Cleves, Ismaelina Rojas Castillo y de María Sonia Rojas Castillo la suma de doce millones trescientos sesenta y cinco mil novecientos sesenta y tres pesos ($ 12.365.963), para cada uno de ellos.
4. CONDENAR solidariamente al municipio de La Plata (Huila) y a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia a pagar las siguientes indemnizaciones por concepto de lucro cesante:
— A favor de Marco Tulio Rivera la suma de quince millones trescientos setenta y cuatro mil ochocientos noventa y seis pesos ($ 15.374.896), de Maricela Rivera Campo la suma de un millón setecientos un mil doscientos diecisiete pesos ($ 1.701.217) y de Álvaro Rivera Campo la suma de tres millones ciento veintinueve mil setecientos cuarenta y un pesos ($ 3.129.741).
— A favor de Doris Ámbito Titimbo la suma de catorce millones cuatrocientos diecisiete mil novecientos catorce pesos ($ 14.417.914) y de Diana Carolina Ámbito la suma de quince millones ciento setenta y nueve mil ochocientos cuarenta y siete pesos ($ 15.179.847).
— A favor de Estela Sánchez la suma de diecinueve millones seiscientos once mil quince pesos ($ 19.611.015) y de Kelly Johana Sánchez la suma de quince millones ciento ochenta mil tres pesos ($ 15.180.003).
5. La entidad condenada que pague la totalidad de la indemnización, puede repetir contra la otra de conformidad con la siguiente tasación: 50% de la condena a cargo del municipio de La Plata (Huila) y el 50% restante a cargo de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia.
6. ABSOLVER al departamento del Huila.
(3) En las demandas, presentadas el 5 de agosto de 1994, la pretensión mayor, que corresponde a los perjuicios morales, fue estimada en 1000 gramos oro, equivalentes a $ 10.357.000. Esta suma supera la cuantía mínima exigida para que un proceso iniciado en 1994 fuera de doble instancia ($ 9.610.000). Se aplica en este punto el artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el numeral 10 del artículo 132 del Código Contencioso Administrativo.
(4) Dado que los señores Salomón, Ramón y Concepción Campo Cleves nacieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 92 de 1938, la partida de bautismo puede tenerse como prueba válida del parentesco.
(5) Al respecto la Sala ha señalado: “Es por lo anterior que se da aplicación a la máxima latina “contra non volenten agere non currit prescriptio”, es decir que el término de caducidad no puede ser materia de convención, antes de que se cumpla, ni después de transcurrido puede renunciarse. // Dicho de otro modo, el término para accionar no es susceptible de interrupción, ni de renuncia por parte de la administración. Es, que el término prefijado por la ley, obra independientemente y aún contra voluntad del beneficiario de la acción”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 11 de mayo del 2000, Expediente 12200, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
(6) Se observa que la modificación en comento no se encontraba vigente para el momento de ocurrencia de los hechos y, por consiguiente, no resulta aplicable al cómputo de la caducidad de la acción en estudio. Efectivamente, comoquiera que el respectivo término de caducidad ya había comenzado a correr, este se rige de acuerdo a lo señalado por la ley vigente al tiempo de su iniciación —D. 2304/89—, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 de la Ley 153 de 1887.
(7) Esta norma fue subrogada por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 que dispuso que el plazo debe comenzar a contarse a partir del día siguiente de la ocurrencia “del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.
(8) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 16 de septiembre de 2013, Expediente 46.325, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(9) Código de Procedimiento Civil, ART. 90.—“La presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad, siempre que el auto admisorio de aquella o el de mandamiento ejecutivo, en su caso, se notifique al demandado dentro de los ciento veinte días siguientes a la notificación al demandante de tales providencias, por estado o personalmente. Pasado este término, los mencionados efectos solo se producirán con la notificación al demandado (...)”.
(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de noviembre de 2005, Expediente 15.745, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
(11) Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de febrero de 1991, rad. 1170, C.P. Rodrigo Vieira Puerta.
(12) Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de marzo 30 de 2001, rad. 11687, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié.
(13) Hernán Fabio López Blanco, Instituciones de derecho procesal civil colombiano, parte general, tomo I, Bogotá, Dupré editores, 10ª edición, 2009, pp. 228 y 229. Ver también: Hernando Devis Echandía, Compendio de Derecho Procesal, Teoría General del proceso, tomo I, Bogotá, Editorial ABC, 14ª edición, 1996, p. 135.
(14) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2007, Expediente 15.526, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, reiterada luego en la sentencia de 18 de julio de 2012, Expediente 23.928 con ponencia del mismo magistrado.
(15) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 27 de octubre de 2006, Expediente 25.659, reiterado en la sentencia de 22 de julio de 2009 dentro del mismo proceso, con ponencia de Mauricio Fajardo Gómez. En similar sentido, véase la sentencia de (sic).
(16) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 26 de septiembre de 1982, G. J., t. CLXV, p. 267, citada por el Consejo de Estado en la sentencia de 26 de marzo de 2008, Expediente 16.530, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de 26 de abril de 2006, Expediente 14.908, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y de 8 de febrero de 2012, Expediente 20.089, C.P. Danilo Rojas Betancourth, entre otras.
(18) Sobre las relaciones de Estela Sánchez y su hija Kelly Johana con Carlos Alberto Causayá testificaron los señores Daniel Medina Canacue (fl. 233, cdno. 1, Exp. 7813), Patrocino Medina Canacue (fl. 234, cdno. 1, Exp. 7813) y José Eudoro Medina, quien lo hizo en los siguientes términos: “Preguntado: al momento de la muerte de Carlos Alberto Causayá manifieste si este convivía con alguna persona. Contestó: sí señor, convivía con la señora Estela Sánchez León y tenía uñita (sic) hija, no me acuerdo el nombre ni los años que tiene la niña (...). Preguntado: indique cuáles fueron las consecuencias que ocasionó par Estela Sánchez León y su hija la muerte de Carlos Alberto Causayá. Contestó: pues esa (sic) se puso muy enguayabada y pues ella quedó fue desamparada y solita y la niñita, porque como ese muchacho era tan trabajador y responsable” (fl. 231, cdno. 1, Exp. 7813). A su turno, el vínculo existente entre Doris Ámbito y su hija Diana Carolina Ámbito con José Albán Rojas Castillo fue descrito por el señor Gregorio Causayá así: “Preguntado: por ese conocimiento que tenía usted de José Albán Rojas Castillo, sírvase decirnos con quién convivía él (...). Contestó: sí claro, Albán vivía con Doris Ámbito, tenían una niña, no sé cómo se llama la niña, y ellos llevaban como un año viviendo juntos (...). Preguntado: don Gregorio, díganos si la muerte de José Albán Rojas Castillo, si tiene usted conocimiento, si le produjo dolor a su compañera y a su hija. Contestó: sí claro, a ella le produjo mucho dolor porque Albán era el que trabajaba y veía por ella y por su hija (fl. 241, cdno. 1, Exp. 7812).
(19) “(...) la gente se bajó y cogieron el puente peatonal, y yo cuando me di cuenta fue cuando la gritería de la gente y entonces voltié (sic) a mirar y miré cuando el puente caía sobre las aguas del río con la gente que estaba pasado en esos momentos, porque hubo algunos que no alcanzaron a pasar (...) y pues uno ve que la falla del puente es que los muros que sostienen los cables estaban muy superficiales y esos muros se arrancaron y el puente se vino al agua” (fl. 36, cdno. 2 Exp. 7810).
(20) Si bien no existe certeza de la fecha exacta en la cual el puente fue dado al servicio, puede inferirse que no transcurrió mucho tiempo antes de que el mismo se desplomara con base en los testimonios que hablan de uno o dos días y del documento visible a folio 128 del cuaderno 2 del Expediente 7813, fechado el 22 de julio de 1992, en el cual se informa acerca de la finalización de la construcción del puente peatonal.
(21) Corresponde al IPC del mes anterior a esta sentencia (mayo 2014).
(22) Corresponde al IPC del mes en que se profirió la sentencia de primera instancia (sep./2003).
(23) Pese a que el tribunal tuvo a Diana Carolina Ámbito como damnificada por el hecho dañoso, le reconoció la misma indemnización que a la compañera permanente de José Albán Rojas Castillo.

References: ARTÍCULO 2344
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 artículo 144
 artículo 143
 artículo 54
 resolución 
 artículo 136
 artículo 267
 artículo 90
 artículo 267
 artículo 136
 artículo 87
 artículo 143
 artículo 2
 artículo 2344
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 artículo 1579
 artículo 1571
 artículo 55
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 artículo 132
 artículo 40
 artículo 44