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Timestamp: 2019-10-20 06:25:17+00:00

Document:
MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE EX DIPUTADA SEÑORA ROSA GONZÁLEZ ROMÁN
V. TIEMPO DE VOTACIONES
MEDIDAS PARA EVITAR EFECTOS PERJUDICIALES DERIVADOS DE REAVALÚO DE BIENES RAÍCES. PROYECTO DE ACUERDO
URGENCIA PARA PROYECTO DE LEY SOBRE TIPIFICACIÓN DE DELITO DE ROBO DE COLMENAS ANUNCIADO POR EL GOBIERNO. PROYECTO DE ACUERDO
REVOCACIÓN DE RESOLUCIONES DE TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATA ORDENADAS POR DIRECCIÓN NACIONAL DE INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RESPETO DE PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA. PROYECTO DE ACUERDO
MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN BENEFICIO DE SECTORES AFECTADOS POR FRENTE DE MAL TIEMPO OCURRIDO EN ZONA CENTRO-SUR. PROYECTO DE ACUERDO
GESTIONES EN AUXILIO DE SEÑOR CARLOS CARDOEN ANTE MANTENCIÓN DE ALERTA ROJA DE INTERPOL. PROYECTO DE ACUERDO
MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LA LACTANCIA MATERNA Y SU EJERCICIO
REGULACIÓN DE ACOSO SEXUAL EN ÁMBITO ACADÉMICO
EXTENSIÓN DE BENEFICIO DE GRATUIDAD A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICO-PROFESIONAL
DESIGNACIÓN DE SEÑORA JACQUELINE ALICIA GYSLING CASELLI Y DE SEÑOR CARLOS PABLO GUILLERMO VIO LAGOS EN CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
Sesión 90ª, en martes 22 de enero de 2019
(De 16:21 a 18:58)
Concurrieron, además, los Ministros del Interior y Seguridad Pública, señor Andrés Chadwick Piñera; Secretario General de la Presidencia, señor Gonzalo Blumel Mac-Iver; Secretaria General de Gobierno, señora Cecilia Pérez Jara; de Educación, señora Marcela Cubillos Sigall, y del Medio Ambiente, señora María Carolina Schmidt Zaldívar.
--Se abrió la sesión a las 16:21, en presencia de 16 señores Senadores.
El señor MONTES (Presidente).- Las actas de las sesiones 88ª y 89ª, ordinarias, en 15 y 16 de enero de 2019, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y los señores Senadores hasta la sesión próxima para su aprobación.
Ocho de Su Excelencia el Presidente de la República:
Con el primero inicia un proyecto de ley sobre delitos ambientales y daño ambiental (boletín N° 12.398-12).
--Pasa a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República.
Con los cuatro siguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "discusión inmediata", para la tramitación de los siguientes proyectos de ley:
1.- El que establece medidas de protección a la lactancia materna y su ejercicio (boletín N° 9.303-11).
2.- El que determina conductas terroristas y su penalidad y modifica los Códigos Penal y Procesal Penal (boletines N°s 9.692-07 y 9.669-07, refundidos).
3.- El que crea el Ministerio de Familia y Desarrollo Social y modifica el cuerpo legal que indica (boletín N° 11.951-31).
4.- El que modifica el régimen para la entrada en vigencia del primer reglamento de planta del personal de municipalidades, en los casos que indica (boletín N° 12.372-06).
Con los dos subsiguientes retira y hace presente la urgencia, calificándola de "suma", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1.- La que establece la condición socioeconómica de los estudiantes a los que deberán otorgarles estudios gratuitos las instituciones de educación superior que accedan al financiamiento institucional para la gratuidad a contar del año 2019, de acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la Ley de Educación Superior (boletín N° 11.687-04).
2.- La que modifica la ley que establece Bases para los Procedimientos Administrativos, en materia de documentos electrónicos (boletín N° 11.882-06).
Con el último retira la urgencia que había hecho presente para la tramitación del proyecto de ley que mejora el ingreso de docentes directivos al Sistema de Desarrollo Profesional Docente, modifica diversos cuerpos legales y establece los beneficios que indica (boletín Nº 11.621-04).
--Se tienen presentes las calificaciones, así como el retiro, y se manda agregar los documentos a sus antecedentes.
Con el que propone a las señoras María de los Ángeles Covarrubias Claro y María Constanza Tobar Castro, y a los señores Andrés Antonio Egaña Respaldiza, Gastón Alfonso Gómez Bernales y Héctor Marcelo Segura Herrera miembros del Consejo Nacional de Televisión (boletín N° S 2.044-05) (con la urgencia establecida en el párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental).
Con el primero informa que ha aprobado el proyecto de ley que modifica el régimen para la entrada en vigencia del primer reglamento de planta del personal de municipalidades, en los casos que indica (boletín N° 12.372-06) (con urgencia calificada de "discusión inmediata").
Con el segundo informa que aprobó el proyecto de ley que fortalece al Servicio Nacional de Aduanas (boletín N° 11.627-05).
Con el tercero informa que ha prestado su aprobación al proyecto que modifica la ley N° 20.898, que establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción, en materia de plazo de vigencia y de valor del avalúo fiscal (boletín N° 12.153-14).
Con el siguiente informa que ha aprobado el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que incorpora en el Código del Trabajo el contrato de teleoperadores, con las excepciones que indica (boletín N° 8.263-13) (con urgencia calificada de "simple").
Con el último informa que ha aprobado el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia (boletín N° 11.077-07).
--Pasa a la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género, y a la de Hacienda, en su caso.
Remite sentencia dictada en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 458 del Código Penal.
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y se manda archivar los documentos.
-Artículos 1°, inciso tercero, en relación con el artículo 7°; 162, inciso quinto, oración final; 162, incisos sexto, séptimo, octavo y noveno; 429, inciso primero, frase final, y 470, inciso primero, todos del Código del Trabajo.
-Artículo 248, letra c), del Código Procesal Penal.
Responde consulta, enviada en nombre del Senador señor De Urresti, sobre la toma de razón de la Ordenanza de la Municipalidad de Valdivia relativa a la Protección de Humedales.
Informa, a solicitud del Senador señor Bianchi, acerca del eventual conflicto de interés que afectaría al señor Director Zonal de Pesca de Magallanes y la Antártida Chilena, y a la empresa que indica.
Envía antecedentes, requeridos en nombre del Senador señor Guillier, respecto al estado del trámite de toma de razón del acta de acuerdo suscrita entre los trabajadores y la Dirección de Astilleros y Maestranza de la Armada, para regular la jornada laboral bajo el sistema de turnos rotativos.
Responde de manera reservada a una consulta expedida en nombre del Senador señor Navarro.
Absuelve inquietud, formulada en nombre del Senador señor Chahuán, relativa a irregularidades acaecidas en la Cámara de Comercio Chileno Turca.
Informa, a solicitud del Senador señor De Urresti, de la incorporación del Comité de Agua Potable de Maihue, comuna de Futrono, a la cartera regional de proyectos de inversión.
Remite antecedentes, pedidos en nombre del Senador señor De Urresti, acerca de reuniones sostenidas entre el Comité de Agua Potable Rural El Yeco, vecinos de la localidad de Piutril y representantes de la Dirección Regional de Obras Hidráulicas de Los Ríos, destinadas a evaluar la factibilidad de iniciativa para la localidad antes señalada.
Responde consulta, formulada en nombre del Senador señor Navarro, sobre la ruta que une Hualqui con Talcamávida y el estado actual del proyecto de restauración de la capilla San Sebastián, de la comuna de Los Ángeles.
Atiende inquietud, formulada en nombre del Senador señor De Urresti, respecto al programa "Transferencia en Sanidad Apícola en la Región de La Araucanía".
Se refiere a la denuncia por relleno de escombros en el humedal ubicado en el sector Cabo Blanco-Las Marías; asunto planteado en nombre del Senador señor De Urresti.
Responde el proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señoras Allende, Aravena, Muñoz, Ordenes y Rincón y señores Allamand, Castro, Elizalde, Galilea, García, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Letelier, Moreira, Ossandón, Prohens, Pugh, Quinteros y Sandoval, por el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que conforme una mesa de trabajo para la modernización del sector portuario (boletín N° S 2.025-12).
Absuelve consulta, enviada en nombre de la Senadora señora Allende, sobre plazos en los que se decretarán las nuevas normas de calidad del agua, el suelo, los olores y el ruido.
Informa, a requerimiento de la Senadora señora Allende, acerca del programa de regulación ambiental para el período 2018-2019.
De la señora Ministra Secretaria General de Gobierno:
Remite datos, solicitados en nombre del Senador señor De Urresti, respecto a actividades que se realizarán en el marco del proyecto "Uniones de Juntas de Vecinos y Corporación de Certificación de Leña se fortalecen para reducir la contaminación".
Del Intendente Regional de Los Ríos:
Informa consulta, dirigida en nombre del Senador señor De Urresti, relativa a razones del retraso en la entrega de recursos para proyectos del Fondo Regional de Inversión Local de las comunas de la Región de Los Ríos, y la forma de solucionarlo.
De la señora Intendenta Regional de Magallanes y la Antártida Chilena:
Envía antecedentes, requeridos en nombre del Senador señor Navarro, sobre el estado de avance del proyecto de construcción de un monumento al Piloto Pardo en la ciudad de Punta Arenas.
De la señora Seremi de Vivienda y Urbanismo de Los Ríos:
Absuelve consulta, expedida en nombre del Senador De Urresti, alusiva a la forma en que se enfrentará el problema de habitabilidad de las viviendas ubicadas en el sector de Santa Mónica, comuna de La Unión.
De la señora Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI:
Remite antecedentes de proyectos de Jardines Infantiles en la Región de Los Ríos, solicitados en nombre del Senador señor De Urresti.
Del Secretario General (S) de Carabineros:
Atiende consulta, enviada en nombre del Senador señor Navarro, acerca de denuncias o constancias de amenazas en contra del fallecido dirigente sindical señor Álex Muñoz García.
Absuelve inquietud, formulada en nombre del Senador señor Navarro, relacionada con los proyectos de red de alcantarillado de la Junta Bellavista, de construcción del estadio de Dichato y de segunda etapa del borde costero de Quichiuto.
De la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, con el objeto de establecer restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas (boletín N° 11.140-12).
De la Comisión de Agricultura, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece normas sobre elaboración, comercialización, denominación y etiquetado de la leche y productos lácteos (boletines Nos 11.417-01 y 11.661-11, refundidos).
De la Comisión Revisora de Cuentas, mediante el cual comunica que ha aprobado las cuentas de la Tesorería del Senado, correspondientes al año presupuestario 2017, acompañando una síntesis de ellas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional; aprobado por la Comisión de Régimen Interior.
--Se toma conocimiento y se manda publicar la síntesis de las cuentas del año 2017 en el Diario Oficial.
De los Senadores señoras Aravena y Provoste, y señores Castro, Harboe y Pugh, con la que inician un proyecto que reemplaza el artículo 17 A de la ley N° 18.918, que faculta refundir proyectos de ley (boletín N° 12.397-07).
De los Senadores señor Elizalde, señoras Allende, Aravena, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y señores Castro, Chahuán, De Urresti, García-Huidobro, Harboe, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Montes, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana y Quinteros, por el que solicitan a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, adopte las medidas necesarias para fortalecer a las instituciones protectoras y de acogida de las mujeres, con la finalidad de prevenir crímenes como el cometido contra Aylin Fuentes Álvarez (boletín N° S 2.043-12).
Del Senador señor Pérez Varela, con la que informa acerca de su participación en el encuentro internacional organizado por la OCDE, para evaluar el cumplimiento de la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, celebrado entre los días 10 y 14 de diciembre recién pasado, en la ciudad de París.
Solicitud de la Senadora señora Goic para ausentarse del país a contar del día 26 de enero de 2019.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señoras y señores Senadores, en sesión del día de hoy, los Comités adoptaron los siguientes acuerdos:
1.- Tratar en el segundo lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy la iniciativa signada con el número 18 de la tabla, esto es, el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre acoso sexual en el ámbito académico (boletines Nos 11.750-04, 11.797-04 y 11.845-04, refundidos).
2.- Autorizar a la Comisión de Vivienda y Urbanismo para sesionar esta tarde, paralelamente con la Sala, de 17 a 17:15, con el objeto de considerar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.898, que establece un procedimiento simplificado para la regularización de viviendas de autoconstrucción, en materia de plazo de vigencia y de valor del avalúo fiscal (boletín N°12.153-14), y tratar dicha iniciativa en la tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 23 de enero.
3.- Colocar en el primer, segundo, tercer, cuarto y quinto lugar, respectivamente, del Orden del Día de la sesión extraordinaria de mañana los siguientes asuntos:
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga reconocimiento legal al pueblo tribal afrodescendiente chileno, con segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía (boletín N° 10.625-17), iniciativa signada con el número 6 de la tabla de la presente sesión.
-Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.253, que establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, para reconocer al pueblo chango como etnia indígena de Chile, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía (boletines Nos 11.188-17 y 11.335-17, refundidos), iniciativa que figura en el lugar 11 de esta tabla.
-Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que incorpora en el Código del Trabajo el contrato de teleoperadores (boletín N° 8.263-13).
-Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señor Girardi, señoras Goic y Van Rysselberghe, y señores Chahuán y Quinteros, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 20.584, a fin de crear el derecho a la atención preferente (boletín N° 12.156-11), iniciativa signada con el número 10 de tabla.
-Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señor Girardi, señoras Goic y Van Rysselberghe, y señores Chahuán y Quinteros, en primer trámite constitucional, que propicia la entrega de alimentos saludables por parte de la JUNAEB (boletín N° 12.157-11), iniciativa signada con el número 9 de tabla.
4.- Citar a sesión especial el día de mañana, miércoles 23 del presente, a las 15:30 horas, con el fin de pronunciarse sobre el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República con el que propone integrar al Consejo Nacional de Televisión a las señoras María de los Ángeles Covarrubias Claro y María Constanza Tobar Castro y a los señores Andrés Antonio Egaña Respaldiza, Gastón Alfonso Gómez Bernales y Héctor Marcelo Segura Herrera (boletín N° S 2.044-05).
5.- Tratar en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana miércoles el proyecto de ley que modifica el régimen para la entrada en vigencia del primer reglamento de planta de personal de municipalidades, en los casos que indica, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (boletín N° 12.372-06).
6.- Abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones, hasta el 4 de marzo de 2019, en la Secretaría de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, para el proyecto de ley que establece el Sistema Nacional de Emergencia y Protección Civil y crea la Agencia Nacional de Protección Civil (boletín N° 7.550-06).
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Allamand, sobre la Cuenta.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, en la reunión de Comités se hizo un planteamiento en relación con el proyecto, en primer trámite constitucional, relativo al ámbito de aplicación del procedimiento de tutela laboral, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que figuraba en el número 7 de la tabla.
Tal como he expresado a la Presidenta de la Comisión, la Senadora Goic, la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado ha solicitado ser escuchada con relación a esta iniciativa. Y me parece que, por lo atendible de su presentación, debiéramos acceder a ello y, en consecuencia, la iniciativa tendría que volver a la Comisión para un nuevo primer informe.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Para un nuevo informe?
¿Habría acuerdo para enviar la iniciativa relativa a la tutela laboral a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para un informe complementario?
El señor LETELIER.- Pido la palabra, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Ofrezco la palabra al Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, sobre el particular, se puede mandatar a la Comisión de Trabajo para que escuche a la invitada mañana en la mañana, y ver si tiene mérito el evacuar un nuevo informe.
La Comisión aprobó esa iniciativa por unanimidad. Por ende, no veo dificultad en escuchar a la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado antes de que analicemos el proyecto en la Sala.
Entiendo que esa es su petición.
No creo que sea necesario un nuevo informe.
El señor MONTES (Presidente).- Senadora señora Goic, usted quiere complementar la propuesta.
La señora GOIC.- Señor Presidente, si nos autoriza la Sala, podemos recibirla mañana en la mañana, no hay ningún problema en escucharla.
El señor MONTES (Presidente).- Y de ser necesario incorporarían su exposición en el informe complementariamente, ¿eso sería?
La señora GOIC.- Si la Comisión la escucha antes de que se vea acá, no habría inconveniente.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo para que, en esas condiciones, la Comisión de Trabajo invitara a la Presidenta del Consejo de Defensa del Estado?
Ustedes tendrán que buscar la hora para sesionar.
El señor DURANA.- Señor Presidente, pido que se recabe el acuerdo del Senado para rendir un homenaje, a través de un minuto de silencio, en memoria de la señora Rosa González Román, quien fuera la primera mujer en ser elegida Diputada por la Región de Arica y Parinacota.
El señor MONTES (Presidente).- Si le parece a la Sala, se guardará un minuto de silencio en memoria de la ex Diputada conocida como "Rosa de Aric".
El señor MONTES (Presidente).- Muchas gracias.
El señor MONTES (Presidente).- Ofrezco la palabra al Senador señor Letelier, sobre la Cuenta.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, solicito un plazo de indicaciones para poder evacuar el informe de la iniciativa de ley miscelánea de educación, pues con el Ejecutivo concordamos recién en la mañana el texto. Podría ser hasta las cinco y media o cinco y cuarto; tenemos el tiempo suficiente para hacerlo.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Está pidiendo autorización para funcionar en paralelo con la Sala o que se fije un plazo para formular indicaciones?
El señor LETELIER.- Ambas cosas: que se establezca un plazo de indicaciones y autorización para sesionar paralelamente.
El señor COLOMA.- ¿Está concordado con el Ejecutivo?
El señor LETELIER.- Sí, lo está.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, si me da cinco minutos, me gustaría analizarlo.
El señor MONTES (Presidente).- Por supuesto, Senador señor Coloma.
El señor MONTES (Presidente).- Antes de entrar al Orden del Día, quisiera decir que hay diez proyectos de acuerdo que tenemos que votar inmediatamente.
Partiríamos con tres de ellos, y en las dos sesiones de mañana veríamos el resto, para así avanzar.
Boletín N° S2020-12
El señor MONTES (Presidente).- Proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señor Navarro, señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes y Rincón y señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Durana, Elizalde, García-Huidobro, Girardi, Huenchumilla, Kast, Moreira, Ossandón, Quinteros, Sandoval y Soria.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 2.020-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 60ª, en 16 de octubre de 2018.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo del proyecto de acuerdo es solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, adopte las medidas necesarias para evitar los efectos perjudiciales para los contribuyentes del impuesto territorial, derivados del reavalúo de bienes raíces aplicado durante el presente año.
El señor MONTES (Presidente).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el proyecto de acuerdo.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, preferiría que se dejara constancia de la votación.
El señor MONTES (Presidente).- Muy bien, señor Senador.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (26 votos a favor).
Votaron las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Castro, De Urresti, Durana, Elizalde, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros y Sandoval.
Boletín N° S2021-12
El señor MONTES (Presidente).- Proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señor De Urresti, señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y señores Bianchi, Chahuán, Elizalde, Galilea, Girardi, Guillier, Harboe, Huenchumilla, Lagos, Latorre, Letelier, Moreira, Navarro, Ossandón, Quintana, Quinteros y Soria.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 2.021-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo del proyecto de acuerdo es valorar el anuncio del Ministro de Agricultura en cuanto a la presentación de una iniciativa de ley para tipificar el delito de robo de colmenas, homologándolo al de abigeato, y solicitar hacer presente la urgencia de esa iniciativa legal.
Votaron las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Bianchi, Castro, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros y Sandoval.
Boletín N° S2030-12
El señor MONTES (Presidente).- Proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Bianchi, señoras Allende, Goic, Muñoz, Órdenes y Provoste y señores Araya, De Urresti, Elizalde, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Navarro, Pizarro, Quintana, Quinteros y Soria.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 2.030-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 70ª, en 21 de noviembre de 2018.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Mediante este proyecto de acuerdo se le solicita al señor Contralor General de la República que, en ejercicio de sus atribuciones legales, ordene a la Dirección Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario dejar sin efecto las resoluciones de término anticipado de contrata, atendidas la arbitrariedad, falta de fundamento e ilegalidad de estas, y, además, disponga una profunda fiscalización del respeto por parte de los órganos del Estado del principio de confianza legítima, establecido en el dictamen N° 6.400 respecto de los trabajadores del sector público sujetos al régimen de contrata.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (16 votos a favor, 8 en contra, una abstención y un pareo).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Órdenes y Provoste y los señores Araya, Castro, De Urresti, Elizalde, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Pizarro y Quinteros.
Votaron por la negativa las señoras Ebensperger, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores García-Huidobro, Moreira, Pérez Varela, Prohens y Sandoval.
Se abstuvo la señora Aravena.
No votó, por estar pareado, el señor Durana.
El señor MONTES (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto negativo del Senador señor Coloma y de voto afirmativo de la Senadora señora Rincón.
El señor DURANA.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor DURANA.- Señor Presidente, mi intención era abstenerme, pero en el resultado de la votación figuro como pareado.
El señor MONTES (Presidente).- Se dejará constancia de ello, señor Senador.
A continuación, procederemos a votar el proyecto que figura en el número 4, pues lleva mucho tiempo en tabla.
Boletín N° S2031-12
El señor MONTES (Presidente).- Este proyecto de acuerdo fue presentado por los Senadores señores Castro, Galilea y Ossandón; señoras Aravena, Ebensperger, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer, y señores Allamand, Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Elizalde, García, García-Huidobro, Latorre, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana y Sandoval.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 2.031-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
El señor LABBÉ (Secretario General).- El propósito de este proyecto es solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, adopte medidas de mitigación en beneficio de los sectores afectados por el último frente de mal tiempo que tuvo lugar en la zona centro-sur.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Órdenes, Provoste y Von Baer y los señores Araya, Castro, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Latorre, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros y Sandoval.
Se abstuvo el señor Insulza.
El señor MONTES (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señora Rincón y señor Chahuán.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, hay un proyecto de acuerdo que viene con veintitantas firmas (como se exige) y que tiene que ver con la INTERPOL. Le pido que lo votemos de inmediato.
El señor MONTES (Presidente).- Es facultad de la Mesa establecer el orden en que serán votados los proyectos de acuerdo. El que Su Señoría indica, signado con el número 9, lo íbamos a votar mañana. Sin embargo, no hay problema para que lo hagamos ahora.
Boletín N° S2042-12
El señor MONTES (Presidente).- Conforme a lo señalado precedentemente, la Sala debe pronunciarse acerca de un proyecto de acuerdo presentado por los Senadores señor Letelier; señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Muñoz, Rincón y Von Baer, y señores Allamand, Araya, Chahuán, Durana, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Lagos, Pérez Varela, Pizarro, Pugh, Quinteros y Sandoval.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 2.042-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 88ª, en 15 de enero de 2019.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo de este proyecto es solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República que, si lo tiene a bien, realice las gestiones políticas, diplomáticas y judiciales necesarias para dar auxilio al señor Carlos Cardoen Cornejo ante INTERPOL por la mantención ilegal de la Alerta Roja, y plantee ante ese organismo su preocupación por la falta de adecuación de sus prácticas institucionales a los estándares internacionales de derechos humanos.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (26 votos a favor y una abstención).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Araya, Castro, Coloma, Durana, García, García-Huidobro, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Letelier, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quinteros y Sandoval.
El señor MONTES (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto afirmativo del Senador señor Chahuán.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, solo quiero plantear un "téngase presente"; nada más que eso.
Aquí de alguna manera estamos vulnerando el Reglamento. A mi entender, quienes no alcancen a votar pierden su derecho a hacerlo. Porque el día de mañana puede haber una votación reñida y algunos Senadores que no hayan alcanzado a pronunciarse empezarán a pedir que se agregue su voto.
Quiero dejar constancia de ello, pues ha pasado muchas veces.
Ahora, si los votos a favor o en contra no inciden, está bien. Pero esta es una práctica que constantemente se está repitiendo en la Sala.
Señor Presidente, no le estoy colocando ningún inconveniente a la Senadora Rincón. El punto me preocupa -reitero- tratándose de una votación estrecha.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Rincón.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, a propósito del planteamiento del colega Moreira, debo señalar que en su momento me acerqué a la Mesa para explicarle mi posición.
Por lo demás, tratándose de proyectos de acuerdo no se producen votaciones reñidas.
El señor MONTES (Presidente).- En efecto, con este tipo de proyectos todos estamos de acuerdo.
Ahora, el criterio que aplica la Mesa depende de cada situación que se presente.
Debo aclararle a Su Señoría que el procedimiento adoptado por la Mesa no implica alterar el resultado que aparece en el sistema electrónico, porque en casos como los de la Senadora señora Rincón o de los Senadores señores Coloma y Chahuán se deja constancia de la intención de voto, sea negativo o afirmativo, o bien, de abstención.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, por acuerdo de Comités mañana se va a ver en el primer lugar de la tabla de la sesión ordinaria el proyecto de ley que modifica el régimen para la entrada en vigencia del primer reglamento de planta de personal de municipalidades en los casos que indica.
Entonces, como tenemos sesión en la mañana, solicito que recabe el asentimiento del Senado al objeto de que se autorice a la Comisión de Gobierno para sesionar paralelamente con la Sala, de 12 a 13, a fin de tratar la mencionada iniciativa.
Boletín N° 9303-11
El señor MONTES (Presidente).- A continuación, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que establece medidas de protección a la lactancia materna y su ejercicio, con certificado de la Comisión de Salud y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.303-11) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de Senadores señoras Lily Pérez y Goic, y señores Chahuán y Lagos):
En primer trámite: sesión 7ª, en 9 de abril de 2014.
En tercer trámite: sesión 84ª, en 8 de enero de 2019.
Salud: sesión 32ª, en 7 de julio de 2015.
Salud (segundo): sesión 5ª, en 23 de marzo de 2016.
Salud (certificado): sesión 89ª, en 16 de enero de 2019.
Sesiones 67ª, en 4 de noviembre de 2015 (se aprueba en general); 9ª, en 12 de abril de 2016 (queda aplazada la votación en particular); 11ª, en 19 de abril de 2016 (se aprueba en particular).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Este proyecto inició su tramitación en el Senado, y en el segundo trámite constitucional la Cámara de Diputados efectuó diversas modificaciones a su texto, que la Comisión de Salud propone aprobar, con las votaciones que consigna en su informe.
Cabe hacer presente que las enmiendas relativas al inciso segundo del artículo 3 y al artículo 10 del proyecto tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que para su aprobación se requieren 25 votos favorables.
El señor MONTES (Presidente).- Gracias, señor Secretario.
En discusión las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados.
La señora GOIC.- Señor Presidente, este proyecto fue iniciado en moción de la Senadora Lily Pérez y de los Senadores Chahuán, Lagos y quien habla. Y surge más bien de una iniciativa ciudadana que recogimos de una agrupación de abogadas cuando a una mujer se le impidió dar pecho en un restorán y fue discriminada por eso.
A raíz de esa situación, que nos pareció inaceptable, se presentó este proyecto, el cual ya fue aprobado en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y ahora cumple su tercer trámite.
La Cámara de Diputados introdujo diversas modificaciones. Varias de ellas abordan la estructura de esta iniciativa y buscan simplificarla.
En primer término, establece los objetivos de la ley; en seguida se refiere al derecho al amamantamiento libre; luego habla de la sanción y procedimiento; posteriormente se remite al derecho a la información y deber de publicidad y, también, a la participación y corresponsabilidad social. Por último, plantea enmiendas a otros cuerpos legales.
Se trata de un primer grupo de modificaciones que más bien son formales, para darle un ordenamiento distinto a la estructura del proyecto, pero que no alteran su contenido, sino que, al contrario, lo reafirman, pues tienen que ver con garantizar el derecho a la lactancia en forma libre tanto en el caso de la mamá, cautelando la participación del padre cuando fuera posible, como en el del niño.
Las otras enmiendas se hallan relacionadas con la incorporación de dos elementos que estimamos muy relevantes.
En primer lugar, la simplificación del procedimiento de denuncia y su tramitación, materia en que se da competencia a los juzgados de policía local para conocer de estas causas, conservando en lo que corresponde la de los juzgados civiles, especialmente con relación a la Ley Zamudio, que establece medidas contra la discriminación. Esto ya lo habíamos establecido, y se simplifica la forma de proceder en estos casos para hacer efectiva la denuncia.
En segundo lugar, se introduce una modificación al artículo 18 del Código Sanitario para regular los bancos de leche materna, cuestión que no estaba contenida en el proyecto original. Ello nos parece un aporte, pues va en la línea de fortalecer la lactancia materna en situaciones en que, por distintos motivos, sea por ingesta de medicamentos, sea por la existencia de alguna enfermedad, la mamá no pueda dar pecho a su hijo. De manera que se regulan las condiciones para que las madres puedan donar su leche; se establece la forma en que debe conservarse, en fin.
Creemos que constituye un aporte, pues apunta a que aumente el porcentaje de madres que dan pecho a sus hijos.
Cada vez hay más evidencia acerca de los beneficios que ello representa no solo para la protección contra enfermedades, sino también para el mejor desarrollo físico, afectivo, emocional del niño.
Así que pensamos que se trata de un buen proyecto de ley, el cual, además, se ha abordado en conjunto con el Ejecutivo. Es una moción que ha salido adelante en una materia que hemos trabajado transversalmente con la sociedad civil.
Por eso, nuestra recomendación es aprobar las enmiendas que se introdujeron en la Cámara de Diputados.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra al Senador señor Quinteros.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, amamantar es natural. Y poder hacerlo en público y en paz es un derecho que debe ser protegido. No es posible que los padres y madres deban buscar lugares privados cada vez que su hijo o hija tenga hambre.
El lazo que genera una madre con su hijo a través de la lactancia materna es incomparable. El apego y todos los beneficios nutricionales, componentes fisiológicos e instintivos para el recién nacido son razones suficientes para proteger y fomentar la lactancia materna.
La moción que estamos votando hoy en tercer trámite constitucional nace de una contienda en la que una madre fue expulsada de un restorán por haber amamantado a su hijo. Sin embargo, este no es el único caso. Hemos visto a madres expulsadas de aviones; de piscinas; incluso, de plazas públicas. A mayor abundamiento, en abril de 2018 fuimos testigos también de otra situación, donde una madre, Johanna Cortés, fue expulsada de la sala de un tribunal en la ciudad de Arica aduciéndose que "estaba prohibido amamantar en ese lugar".
Los escenarios de discriminación por dar pecho deben frenarse; por el contrario, las tendencias en materia de lactancia materna han de aumentarse.
Cuando un niño nace, los médicos recomiendan lactancia materna a demanda, es decir, en cualquier momento, y no necesariamente en un horario específico.
Por eso, no es posible discriminar a madres que deben alimentar a sus hijos.
Toda la historia de la humanidad está sustentada en la lactancia materna.
La guía práctica sobre lactancia materna del Ministerio de Salud señala que "La lactancia forma parte de un evolucionado sistema de alimentación y crianza, que en el ser humano ha sido esencial para su supervivencia como especie y su alto desarrollo alcanzando.".
La ley en proyecto, con los cambios incorporados en la Cámara de Diputados, se fortalece, pues, además de consagrar la lactancia materna como derecho de la niñez, se establecen disposiciones sobre el banco de leche materna y normas sobre no discriminación, para que nunca más ninguna mujer sea expulsada de algún lugar por estar amamantando a su hijo o a su hija.
Por todas esas razones, voy a votar a favor.
El señor DURANA.- Señor Presidente, la consagración del derecho de los niños a la lactancia materna y de las mujeres a amamantar a sus hijos debe ser concebido como un derecho humano. Por ello, este proyecto de ley viene a visibilizar su ejercicio, el cual emana de la propia naturaleza.
Nada, por ninguna circunstancia, ni nadie, bajo ningún pretexto, pueden impedir el ejercicio de ese derecho.
En la consagración legal de este derecho, sin requisitos ni condiciones, prima el interés superior del lactante. Y, en la medida de lo posible, debe garantizarse aquel en adecuadas condiciones de higiene y seguridad.
Es necesario que nuestra legislación garantice que la mujer trabajadora tenga plena libertad para el ejercicio de este derecho, el cual incluye la extracción y almacenamiento de su propia leche en condiciones adecuadas.
La aprobación de esta iniciativa es un imperativo para el Senado.
En esa línea, llamo la atención en orden a que la sanción que se establece, de una multa de una a cuatro unidades tributarias mensuales, parece baja respecto de quien limita el ejercicio de este derecho fundamental.
Por último, es preciso destacar que la donación de la leche materna debe ser siempre un acto voluntario, gratuito y sin colocar en riesgo la vida o la salud del hijo lactante y de la madre donante, tal como señala el proyecto.
Por todo lo anteriormente expuesto, anuncio mi voto favorable.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Abra la votación, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Quiero recordarles a Sus Señorías que estamos en el tercer trámite constitucional. Por lo tanto, se trata de expresar el acuerdo o desacuerdo con respecto a lo que despachó la Cámara de Diputados.
La Comisión aprobó por unanimidad las modificaciones que se introdujeron, las cuales, como dijo la Senadora Goic, son más parciales y formales.
Asimismo, debo reiterar que para aprobar dichas enmiendas se requiere quorum especial.
En votación las modificaciones de la Cámara de Diputados.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, Honorable Sala, con mucho orgullo hoy día estamos votando este proyecto de ley, en tercer trámite constitucional.
Quiero decirles que recogimos la voluntad de la sociedad civil, que recurrió a nosotros para que respaldáramos esta iniciativa. Concurrimos a patrocinarla los Senadores Lagos, Lily Pérez, Carolina Goic y quien habla.
Además, debo agradecer a la organización Mamadre, que se acercó a nuestras oficinas pidiendo apoyo para terminar con este tipo de discriminación.
Este proyecto va en la dirección correcta en cuanto a posibilitar que se entienda que estamos ante el derecho humano esencial del niño a la lactancia, pero también que existe el derecho de la madre a amamantar a su hijo.
Además, tenemos que considerar que se trata de un segundo paso. Porque en su oportunidad estuvimos trabajando largamente en la Comisión de Salud para el establecimiento del posnatal de seis meses.
Creemos que la relación materno-filial es fundamental con respecto al apego, a la factibilidad de generar desarrollo neurobiológico, en fin.
Por eso apoyamos con tanta fuerza este proyecto, que -reitero- surgió desde la sociedad civil. Logramos presentarlo. Caminó. Lo aprobamos en tiempo récord en el Senado. La Cámara de Diputados demoró un poco más. Pero, finalmente, conseguimos que saliera adelante.
La Cámara Baja ordenó algunos de los artículos, e introdujo una cuestión que nos parece esencial: la donación de leche materna, la que siempre debe ser gratuita. Además, esa leche solo puede usarse en programas de investigación o para beneficio de los recién nacidos que no disponen de ella.
Entonces, señor Presidente, este proyecto va en la línea correcta.
Reitero mis felicitaciones a Mamadre, que fue la organización de la sociedad civil que golpeó nuestras puertas para que presentáramos este proyecto.
Hoy podemos decir, con mucho orgullo, que iniciativas que surgen de los ciudadanos son leyes de la república.
Por tanto, con mucha alegría voy a votar a favor, y llamo a todos los parlamentarios a aprobar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, que, sin lugar a dudas, mejoraron sustantivamente el proyecto.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, vuelvo a expresar el concepto de que aquí estamos frente a iniciativas de naturaleza humana.
¡Qué hipocresía más grande en nuestra sociedad en ruborizarse frente a la lactancia de una madre hacia su hijo!
¿A quién le puede caber hoy día, en la sociedad en que vivimos, sentir que ese acto, tan íntimo, tan humano, tan afectivo, tan de sintonía entre una madre y su hijo, sea casi una situación vergonzosa que hay que ocultar, esconder?
Por eso, condenamos todo acto que en el pasado haya significado para una madre vivir ratos tan desagradables por querer amamantar a su hijo.
Esta normativa introduce modificaciones a diferentes cuerpos legales a fin de proteger el ejercicio del amamantamiento. Y la idea es que este sea un acto no solo estipulado por ley: aquí debería estar toda nuestra sociedad absolutamente imbuida de un concepto tan esencial.
Además, estamos hablando del enorme valor que significa la maternidad y, adicionalmente, la familia.
Por lo tanto, aquí fundamentalmente se están estableciendo normas y regulaciones respecto de un ámbito que, evidentemente, afecta a lo más íntimo, a lo más sentido, al contexto interno, a la relación entre la madre y su hijo o hija, al interior de la familia y, por cierto, a la sociedad toda.
Ojalá que estas acciones un poco vergonzosas se terminaran sin que hubiera necesidad de recurrir a estas normas legales. Desgraciadamente, en nuestro país debemos regular cuanta cosa surge y cuanto acto se presenta en la sociedad.
En lo personal, quiero felicitar a los impulsores de esta iniciativa, que comenzó su tramitación en 2014. Curiosamente, pasó todo un Gobierno y recién el 2018 esta Administración le puso urgencia a una normativa que es más humana, que es más sentida y que dice relación con el acto básico y esencial de amamantamiento de una madre a su hijo.
De ahí que, señor Presidente, creo que este proyecto ni siquiera debería ser objeto de votación, sino que tendría que ser aprobado unánimemente, puesto que difícilmente alguien podría oponerse a un acto de esta naturaleza.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, seré extremadamente breve porque sé que tenemos una tabla muy cargada el día de hoy. No obstante, como uno de los autores de la moción, he decidido intervenir para valorar el trabajo realizado tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados.
No sé si la ley en proyecto va a tener muchos titulares, pero será bien recibida, porque me parece que pone en blanco y negro algo que ocurre todos los días en Chile y que, por razones que cuesta entender, no se podía ejercer con tranquilidad: amamantar a un hijo o una hija. Y a veces hay que hacerlo en público, sea en un restorán, en un transporte público, etcétera.
Ese hecho, que hemos presenciado, que hemos vivido muchos de nosotros, en algunas ocasiones ha generado desencuentros profundos, malos ratos, injusticias, indignidades.
Y eso es lo que pretende regular este proyecto.
Esta iniciativa, junto con avalar toda la política pública que se está realizando en materia de lactancia materna y con permitir los bancos de lactancia materna, establece la posibilidad de amamantar en público, con tranquilidad, sin pasar un mal rato, siendo esto al mismo tiempo coherente con una política pública que busca favorecer la maternidad cuando esta llega.
Así que, sin más, señor Presidente, estoy muy satisfecho de este proyecto.
Espero que sea aprobado por amplia mayoría y que el Gobierno nos invite a la promulgación de la ley.
¡Si con tanto esfuerzo puso esta iniciativa en carpeta, que se acuerde de esto cuando ella se publique e invite a los autores de la moción!
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, deseo partir felicitando a los parlamentarios autores de la moción.
Tal como decía mi colega el Senador Ricardo Lagos, hoy día estamos legislando sobre algo que debiera ser natural, normal y que no tendría que requerir ley. Es decir, en nuestro país se necesita una ley para regular algo que debiera ocurrir con naturalidad.
Este proyecto recoge las prácticas y las normas de la OMS y de la UNICEF, reguladas ya en 1981 por estos organismos en el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna.
Por lo tanto, más allá de que nos parezca de repente increíble toda esta situación, sí debemos reconocer que en el trabajo de esta normativa, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se reconoce y recoge todo el avance que el mundo ha tenido en esta materia.
A este respecto, es preciso señalar que en el ordenamiento internacional los gobiernos organizan los sistemas de apoyo social para proteger y facilitar la lactancia natural; crean un medio ambiente (ante todo cultural) que favorezca el amamantamiento, y prohíben la publicidad y la promoción de sucedáneos de leche materna.
El hecho de que la normativa de nuestro país hoy día se ordene en una legislación positiva habla muy bien de nosotros. Y junto con revelar la intolerancia que muchas veces existe de parte de algunas y de algunos, también nos pone en la palestra en la legislación positiva al ordenar una serie de situaciones que hoy día se agregan en la legislación chilena.
Señor Presidente, cuando uno mira la legislación que estamos aprobando, destaca una serie de consideraciones importantes que hizo la Cámara de Diputados, contribuyendo así a lo que el Senado ya había realizado con anterioridad y que hoy día, por cierto, perfecciona en el tercer trámite constitucional.
Sin lugar a dudas, la garantía para el libre ejercicio de la lactancia es un paso relevante en nuestra legislación.
Consecuentemente, el derecho al libre amamantamiento por parte de la madre se añade como excepción a la corresponsabilidad social, es decir, al derecho que tiene toda persona a exigir el cumplimiento de la presente ley y denunciar su violación.
También en la Cámara de Diputados se profundizó lo relativo al derecho a un amamantamiento libre, en cualquier lugar en que se realice, estableciéndose la prohibición a todo establecimiento de imponerles cobros a las madres que deseen ejercerlo.
Por eso, más allá de que me parezca increíble que estemos legislando sobre la materia, debo señalar que se incorporan por otro lado normas positivas en esta legislación, las que la enriquecen.
Ahora bien, dado que el amamantamiento libre cumple con un objetivo social de psicoeducación de la población, que normaliza el acto del amamantamiento y lo reconoce como una cuestión de salud pública y no de moral o buenas costumbres, es importante eliminar cualquier limitación tendiente a impedirlo.
Por ello, se agregan expresamente en el Código del Trabajo como actos de discriminación las distinciones o exclusiones basadas en motivos de maternidad, lactancia materna o amamantamiento.
La Cámara de Diputados, en pos de la efectiva realización del derecho de niñas y niños al más alto nivel posible de salud que les reconoce la Convención de los Derechos del Niño, establece expresamente como un derecho de las madres el acto solidario de donar leche de modo gratuito, voluntario y libre para el uso o beneficio de los recién nacidos que no tengan posibilidad de ser alimentados por su propia madre o en los casos en que, pudiendo serlo, la leche producida por ella constituya un riesgo para la salud del lactante.
Señor Presidente, en virtud de la integralidad y el robustecimiento de las modificaciones introducidas al proyecto de ley en sus trámites legislativos, voto a favor de esta iniciativa. Y felicito, una vez más, a sus autores
--Se aprueban las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados (35 votos afirmativos), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional exigido, y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Harboe, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros y Sandoval.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señores Girardi y Guillier.
De más está decir que se felicita a los autores de esta importante moción.
Boletín N° 11750-04
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- De conformidad con el acuerdo de los Comités, corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre acoso sexual en el ámbito académico, con informe de la Comisión de Educación y Cultura.
--Los antecedentes sobre el primer proyecto (11.750-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señoras Órdenes, Allende, Provoste, Von Baer y señor Montes):
En primer trámite: sesión 18ª, en 29 de mayo de 2018 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el segundo proyecto (11.797-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señores Letelier, Lagos y Pizarro):
En primer trámite: sesión 23ª, en 12 de junio de 2018 (se da cuenta).
--Los antecedentes sobre el tercer proyecto (11.845-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción del Senador señor Lagos):
Educación y Cultura: sesión 88ª, en 15 de enero de 2019.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal del proyecto es contar con una legislación que prohíba y sancione el acoso sexual en el ámbito educativo no comprendido en la legislación laboral.
La Comisión de Educación y Cultura discutió la iniciativa solo en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros (Senadores señoras Provoste y Von Baer y señores García, Latorre y Quintana).
Dicho órgano técnico hace presente que, para los efectos de la votación en general de los proyectos de ley refundidos, acordó considerar el texto correspondiente al boletín Nº 11.750-04, que fue la primera de las iniciativas presentadas a tramitación.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 16 a 18 del primer informe de la Comisión de Educación y Cultura.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En discusión general.
Senadora señora Provoste, ¿desea informar sobre el proyecto?
La señora PROVOSTE.- Sí.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra, señora Senadora.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, esta iniciativa de ley, muy transversal, se inscribe en un fuerte movimiento durante 2018, en que irrumpió la agenda feminista con diferentes movilizaciones a lo largo de nuestro país, las que no se dieron solo en las casas de estudios de educación superior, pues también se comenzó a visibilizar en distintos espacios la situación desigual que enfrentan las mujeres en nuestra sociedad.
Así, una agrupación de investigadoras de distintas instituciones se acercaron hasta un grupo de parlamentarias y parlamentarios (somos los coautores de este proyecto) con el propósito de establecer condiciones para dejar de naturalizar situaciones que ocurren en espacios académicos y que están vinculadas a prácticas que queremos erradicar de nuestra sociedad, como es el acoso.
Esta iniciativa, señor Presidente, también responde a la preocupación que ya habían manifestado otros colegas anteriormente, como los Senadores Pizarro y Lagos, entre otros.
El propósito es fusionar los distintos proyectos con el fin de avanzar en el esfuerzo realizado en nuestro país para que cada vez más las mujeres se incorporen a espacios educativos en un entorno que realmente deje de lado estas prácticas, que constituyen situaciones de violencia.
Cada vez que una joven es víctima de acoso sexual, ocurren situaciones que no son deseadas. Muchas estudiantes terminan desertando de la institución de educación superior, abandonando el sueño de su vida, que era estudiar determinada carrera, porque el acosador sigue estando ahí: sigue presente en la sala como compañero; sigue como profesor o trabajador en las mismas condiciones.
Por eso, durante la tramitación de este proyecto de ley, la Comisión de Educación recibió a distintas organizaciones, algunas públicas y otras vinculadas a las temáticas de género e igualdad de oportunidades. El trabajo del órgano técnico concluyó hace pocas semanas en una audiencia pública.
Queremos agradecer a todas las organizaciones feministas y a todas quienes han contribuido, no solo desde el ámbito de la academia, sino también desde su experiencia diaria, para condenar el acoso y exigir a la legislación que se ponga en sintonía con las demandas feministas.
Estamos seguros de que la mejor conmemoración que podemos hacer para el Día Internacional de la Mujer es que nuestra legislación avance a pasos acelerados para condenar, sancionar y tipificar un conjunto de situaciones que hoy día un sector de la sociedad considera como natural, pero que buena parte de la sociedad, y no solo las mujeres, condena tajantemente.
Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Educación, y queremos invitar a los colegas y a las colegas para que, con el mismo espíritu, respalden unánimemente la idea de legislar.
Asimismo, sugiero que fijemos un plazo acotado para la presentación de indicaciones, de manera que prontamente despachemos el proyecto en su segundo informe.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Órdenes.
La señora ÓRDENES.- Señor Presidente, tal como lo planteó la Senadora Provoste, la agenda pública del año 2018 estuvo marcada por la ola feminista y la movilización estudiantil. La demanda: fin al patriarcado, educación no sexista y erradicación de la violencia en el ámbito académico.
La desigualdad o, mejor dicho, la inequidad de género es un problema estructural. Y las universidades tienen un rol proactivo que ejercer en esta materia.
Se requiere un marco de referencia, de reglas o prácticas que ya no pueden ser neutrales, porque efectivamente el vacío es el que permite que ese tipo de situaciones no tenga prevención y, menos aún, una sanción.
De las 27 universidades del CRUCh, 6 cuentan con políticas institucionales de igualdad y 10 han aprobado protocolos.
Pero tenemos que avanzar en un marco general que dé garantías a todas las instancias académicas y, sobre todo, a las potenciales víctimas de acoso sexual en este ámbito, y también en los distintos estamentos (académicos, funcionarios y estudiantes).
Se requiere un conjunto básico, mínimo, de lineamientos de intervención para avanzar hacia una política integral.
La experiencia internacional y los estudios comparados nos indican que efectivamente se debe avanzar más allá de la elaboración de un protocolo.
¿Por qué señalamos esto? Porque las políticas públicas no son neutrales y, en muchos casos, también tienen un sesgo de género.
El acoso sexual es una conducta que constituye una vulneración al derecho a la igualdad y al derecho a la no discriminación, lo que está garantizado en la Constitución y en los tratados internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) o la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer o "Convención de Belem do Pará".
Así como existe una regulación en el ámbito laboral respecto de esta materia, hemos planteado (junto con las Senadoras Provoste, Allende y Von Baer y el Senador Montes) avanzar en una línea de prevención y establecer procedimientos claros para abordar una problemática que no solo movilizó a miles de estudiantes, académicas y funcionarios en 2018, sino que también implica hacer un llamado a cambiar la estructura, a cambiar la cultura.
Creemos que esta iniciativa es un importante paso en esa línea.
Espero que esta tarde aprobemos de manera unánime este proyecto de ley en general.
Y agradezco, especialmente, a todos los actores que participaron en las audiencias de la Comisión de Educación, en particular a la Red de Investigadoras, que fue una de las promotoras de esta moción.
El señor QUINTEROS.- Votemos, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Hay una petición para abrir la votación.
El señor COLOMA.- Manteniendo los tiempos.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, tal como lo dijeron las colegas que acaban de intervenir, este proyecto de ley nació de una iniciativa de la Red de Investigadoras, una agrupación de académicas que ejercen en distintas universidades de nuestro país y que se han puesto la meta de que más mujeres sean investigadoras y, al mismo tiempo, se han hecho cargo de temáticas relevantes para las mujeres al interior de los planteles universitarios.
Quiero agradecer el trabajo que ellas realizan a lo largo de todo el país y el acompañamiento que muchas veces hacen a mujeres que son víctimas de situaciones de violencia o de acoso sexual.
Señor Presidente, este proyecto viene a hacerse cargo de una realidad que vimos reflejada en distintas universidades de nuestro país. Porque, antes de las marchas que hubo y de las situaciones muy lamentables que conocimos en algunas universidades, no existía conciencia de la baja cantidad de protocolos que existen en esos centros de estudio para enfrentar el tema del abuso sexual.
Este proyecto de ley apunta a llenar ese vacío. Busca no solo que tengamos una regulación respecto a los protocolos de abuso sexual en el ámbito académico y que impulsemos que efectivamente existan esos protocolos en cada una de las universidades, sino, además, poner un piso mínimo.
Porque, hemos visto que existen protocolos, pero muchas veces no están a la altura de lo que se necesita. Por lo tanto, el hecho de que se apruebe esta regulación nos va a permitir tener reglas mínimas y homogéneas para la construcción de los protocolos en cada una de las instituciones a lo largo de todo el país.
La propuesta legislativa se propone combatir el acoso sexual en el ámbito académico, el cual se considera como "Una vulneración a la libertad y dignidad de la persona humana, como también al principio de igualdad y no discriminación".
Se establece una tipificación del acoso sexual en el ámbito académico, al disponerse que "Comete acoso sexual en el ámbito académico quien valiéndose o con ocasión de un vínculo académico y/o de investigación, solicite -o realice solicitudes- de favores de naturaleza sexual, sea para sí, sea para una tercera persona, o presente un comportamiento no consentido (...) con tal que provoque en la víctima una situación objetiva y gravemente intimidadora, hostil o humillante".
Señor Presidente, nosotros ya hemos comenzado a discutir esta formulación del acoso sexual, y han aparecido temas sumamente interesantes. En el caso de esta tipificación, se establece, de alguna manera, una relación de dependencia.
Sin embargo, se nos ha planteado, en el marco de las Comisiones de Educación y Especial de la Mujer, que muchas veces estas situaciones no se producen solo cuando existe un vínculo de dependencia profesor-alumno, o investigador jefe-investigadora, sino también entre pares, entre estudiantes, y no únicamente dentro del ámbito universitario, sino también en sus alrededores, en actividades extraacadémicas.
Por lo tanto, la pregunta es cómo nos hacemos cargo de este tipo de situaciones. Yo creo que en la discusión en particular tenemos que analizar si vamos a tratar solamente aquellas en que exista un vínculo de autoridad, de dependencia o si vamos a considerar también las que se dan en el ámbito horizontal.
Por otra parte, se impone a las distintas instituciones de educación superior la obligación de contar con un modelo de prevención y de sanción del acoso sexual en el ámbito académico, construido a partir de la participación.
Otro punto que se nos señalaba, que estimo interesante considerar, y que no está incluido en el proyecto, es el período que media entre el momento en que la víctima hace la denuncia y aquel en que se realiza la investigación. Porque muchas veces el profesor sigue siendo el mismo, la alumna tiene que continuar asistiendo a clases y, por lo tanto, se genera una situación extremadamente violenta para quien hizo la denuncia.
Creo que también nos tenemos que hacer cargo de ese tipo de situaciones en la discusión en particular.
Señor Presidente, la moción a la que yo hacía mención es la que se refiere solo al ámbito universitario. Sin embargo, ella fue refundida con otras que hacen mención al contexto escolar, con lo que la ley queda mucho más amplia.
De hecho, creo que la legislación que realicemos para el ámbito universitario, evidentemente, debe ser distinta, por la naturaleza de la institución, a lo que hagamos respecto del ámbito escolar.
Por lo tanto, tenemos una dificultad en este proyecto, porque están refundidas mociones que se refieren a dos períodos de la vida de las personas muy distintos, como el escolar y el universitario, a realidades muy diferentes: la escuela y la universidad. Porque en la universidad también tenemos relaciones de dependencia distintas a las que se producen dentro de una escuela, como por ejemplo, la de investigador jefe-investigadora.
En consecuencia, tendremos que ver qué hacemos con la diversidad que resultó de la fusión de estas mociones. Personalmente, creo que si nos hacemos cargo del tema del acoso sexual en las escuelas, hay que tratarlo de manera diferente a lo que ocurre en el ámbito universitario. Quizá convenga dividir en dos la iniciativa.
Tenemos bastante camino todavía por recorrer, especialmente por la diversidad de ideas que existen dentro de este proyecto, dado que se fusionaron mociones que apuntan a la misma problemática, pero dentro de estamentos educacionales diferentes.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, como se ha expresado, en realidad estamos en presencia de tres mociones. Nosotros presentamos una junto a la Senadora Von Baer, el Senador Montes, la Senadora Órdenes y la Senadora Provoste, que se refería al acoso sexual en el ámbito académico. Posteriormente, se agregaron dos más: una de los Senadores señores Letelier, Lagos y Pizarro y otra del Senador Lagos, esta última para prevenir la violencia de género y diversidad sexual en establecimientos educacionales.
Creo que todas, de alguna manera, se fundan en nuestro anhelo de contar con una legislación que regule, que prohíba, que sancione el acoso sexual en el ámbito educativo y que no esté comprendido, evidentemente, en la legislación laboral.
Quizá es cierto lo que señala la Senadora Von Baer: no es lo mismo tratar el problema en el contexto de la escuela, en la educación básica y media, que hacerlo en el ámbito de la educación superior.
Lo que nos motivó a presentar este proyecto fueron, en buena medida, las denuncias que comenzaron a salir a la luz pública. Y aquí quiero hacer un reconocimiento a esas estudiantes que se atrevieron a denunciar a personas que ejercieron el abuso en su condición de profesores, de guías de tesis, en fin, obviamente en una situación de superioridad que facilita el acoso e inhibe la respuesta de muchas mujeres.
Esta iniciativa nació de la red de investigadoras justamente por diversos casos que se dieron a conocer. Ellos se vieron fuertemente visibilizados a raíz de la muy potente movilización feminista que se dio durante todo el año pasado, que fue tremendamente importante y que hizo surgir muchos testimonios de estudiantes que narraban su situación y hacían las denuncias correspondientes, algunas de las cuales incluso llegaron a la justicia.
Nosotros creemos que fueron muy importantes las movilizaciones del año pasado, porque nos permitieron descubrir el grado de indemnidad que existía, el abuso que cometían distintos profesores, con prácticas muy cuestionables. Y ello llevó a la toma de más de quince universidades.
Yo recuerdo haber estado en una reunión donde había muchísimas organizaciones, partidos y movimientos que pertenecen a la Internacional Socialista. Allí narré la situación -estábamos al inicio de las movilizaciones- y vi la cara de sorpresa que pusieron muchos cuando les conté que teníamos más de quince universidades tomadas por la ola feminista que -¡enhorabuena!- había cruzado las calles de las distintas regiones de Chile. Se comprendió muy bien lo que significó este movimiento y las consecuencias que produjo.
Entonces, esto también ha significado un paso positivo. Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados logramos crear -¡por fin!- Comisiones sobre Mujer y Equidad de Género. Intentamos su establecimiento en la Cámara de Diputados hace muchos años y se derivó a la Comisión de Familia, pero nunca logramos que hubiera una Comisión sobre Mujer y Equidad de Género.
Creo que hoy día ninguno de los colegas se atrevería a discutir la legitimidad de esa Comisión especializada. Y estamos pidiendo que muchos proyectos sean vistos por ella.
Quiero reconocer que en la Cámara de Diputados -¡ojo, señores Senadores!-, por acuerdo unánime de la Comisión de Régimen Interno, se vio el proyecto vinculado con violencia familiar. Se aprobó unánimemente en la Comisión y en la Sala. Y fue tramitado a la brevedad. Ojalá nosotros pudiésemos hacer otro tanto, porque nos vendría muy bien también dar señales de que estamos contra toda violencia hacia las mujeres.
Una de las principales demandas del movimiento feminista -como ya se ha dicho- fue la necesidad de contar con protocolos que permitieran investigar y contar con un debido proceso en todos estos casos.
Es evidente que el acoso sexual constituye violencia de género. Se basa en la existencia de una cultura patriarcal, claramente muy machista, que por desgracia todavía sufrimos las mujeres, y en la que el hombre se aprovecha de las condiciones que mencionábamos, de cierta "superioridad", para pedir favores de naturaleza sexual. Esto implica una gran violencia contra las mujeres, contra su dignidad, contra su libertad, contra sus derechos. Y, evidentemente, daña su integridad, su ámbito psicológico, y las somete a una situación de estrés inaceptable, por el miedo a represalias. Así lo reconoció la propia Convención de Belem do Pará.
En la moción definimos el acoso sexual como atentatorio a la dignidad humana, por lo que es un deber de las instituciones de educación combatirlo. En este contexto, se da en un vínculo académico, como decíamos, entre tesista y guía, entre alumno y profesor.
Por lo tanto, hay que realizar todos los esfuerzos y las labores preventivas para anticiparnos a situaciones de riesgo que se puedan dar en las instituciones mencionadas.
De ahí la necesidad de que existan protocolos, procedimientos de investigación para sancionar los hechos descritos, que estén a cargo de una unidad de carácter paritario, donde se debe resguardar la protección de la víctima, entre otras cosas.
La existencia de protocolos es necesaria para la acreditación de las universidades, lo cual va a ser un tremendo paso, que va a servir para prevenir estas graves situaciones que, por desgracia, nos han acompañado por mucho tiempo.
Señor Presidente, yo espero que demos un paso más y que podamos efectivamente, como lo pretendemos, regular, prohibir, sancionar el acoso sexual en el ámbito educativo.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, en el hemisferio occidental las leyes sobre acoso en el mundo de la educación partieron en Estados Unidos, en el Estado de Nueva Inglaterra, cuando una mujer chilena, tremendamente valiente, hizo la denuncia, siendo ella profesora, de cómo otros profesores generaban, a partir de una posición de autoridad, un acoso laboral y sexual en su contra.
Eso marcó un cambio en las políticas en ese país, que ocurrió ya hace casi 35 años.
Nosotros estamos llegando muy tarde a ese debate, pero, como dice el refrán, "más vale tarde que nunca". Lo cierto es que ponernos al día en esta materia resulta fundamental. Porque la cultura dominante en nuestro país hace a muchos pensar que tienen el derecho de acosar, de hacer proposiciones de connotación sexual a partir de sus posiciones de poder.
Esto ya se ha abordado en otros ámbitos de nuestra legislación, pero nunca se había hecho, como se pretende hoy, en el mundo de la educación. En ese sentido, estimo que ha sido una buena determinación el fusionar los diferentes proyectos y buscar una propuesta única.
Este es un tema transversal, no de las Derechas o de las Izquierdas. Estamos ante un cambio cultural profundo contra una mirada patriarcal que existe en América Latina y en muchos países del mundo aún, que siguen tratando a la mujer como un objeto.
Por mi parte, considero que la normativa que estamos proponiendo representa un avance en la dirección correcta. Va a ser difícil, sin duda, cambiar el comportamiento de muchos. Pero normas legales como las que nos ocupan permiten avanzar.
Y creo que tenemos una tremenda esperanza -lo mencionaban la Senadora Allende y otras colegas- con lo que fue la movilización de decenas de miles de estudiantes en nuestro país. Nunca antes había habido una movilización tan masiva de mujeres, en ninguna nación del mundo, frente a una temática como esta. Las únicas movilizaciones comparables fueron quizá las de los movimientos de las sufragistas en España, a principios del siglo pasado, pero nunca adquirieron la masividad que vimos acá.
Tenemos la tremenda esperanza de que en las nuevas generaciones este cambio cultural sea más acelerado.
Por ello, señor Presidente, vamos a votar que sí.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, en primer lugar, valoro esta iniciativa y expreso mi reconocimiento a las Senadoras y al Senador que la llevaron adelante, y particularmente a la miembro de nuestra bancada, la colega Ena von Baer.
Sin duda, estas iniciativas se enmarcan en la necesidad de dar una respuesta en el ámbito educacional para que no sean vulneradas ni la dignidad ni el desarrollo de una persona, ni se discrimine a alguien a través de actos de autoridad que significan verdaderamente un acoso y una alteración de esa dignidad.
Del debate, sí, me ha quedado una duda: cuál va a ser el ámbito de aplicación de la iniciativa.
Ello, porque visualizo en el artículo 2° que el proyecto se aplicará a las universidades, los centros de formación técnica o institutos profesionales y las escuelas matrices o de formación de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.
Lo señalo, porque he escuchado a algunos Senadores que me han antecedido en el uso de palabra, y particularmente a algunas colegas que son autoras de la iniciativa, decir que esta se aplicará en todo el ámbito educacional.
Por lo tanto, es bueno precisar que en esas instituciones, más bien de educación superior, estará radicado el ámbito de aplicación de la normativa.
Me parece bien que en el artículo 3° del proyecto se establezcan las obligaciones de estas instituciones. El punto es que, según el artículo 5°, la transgresión de esas obligaciones acarreará como única sanción, aparentemente, el hecho de que no van a poder acceder a la acreditación que establece la Ley de Educación Superior.
A mí me gustaría poder avanzar más en especificar cuándo una institución de educación superior de las que aquí he mencionado transgrede la obligación de poseer reglamentos, protocolos y medidas preventivas, porque eso hace verdaderamente posible que el establecimiento juegue un rol efectivo y real.
Este tema se debe asumir como primera prioridad. Por lo tanto, esa primera prioridad requiere y necesita que el liderazgo de las universidades y de las demás instituciones de educación superior tome este asunto con mucha responsabilidad.
Si la sanción radicará solamente en la acreditación, ¿qué pasa con las ya acreditadas? ¿La sanción recaerá en la próxima acreditación? Creo que eso genera ciertas dudas razonables que debiéramos despejar en la discusión en particular.
Porque, si uno no tiene un proceso de sanción adecuado, eficiente, las normas o las obligaciones y responsabilidades que se asumen pueden no estar a la altura de las necesidades que hemos expresado en la Sala del Senado.
Lo segundo que me gustaría
expresar aquí es que la obligación que se les impone a las instituciones de educación superior es establecer medidas preventivas, protocolos, mecanismos y sanciones. Respecto de esto último, la letra e) del artículo 3° dispone que ellas deberán contemplar "sanciones administrativas internas tales como rebaja de sueldo, suspensión en el cargo o expulsión para quienes cometan acoso sexual".
¿Qué pasa si el acoso sexual lo comete un estudiante de un curso superior? La sanción solo podría ser la expulsión, pues no ocupa un cargo ni recibe un sueldo. Por lo tanto, creo que la definición de las sanciones de que pueda ser objeto quien provoque esta situación delincuencial que es el acoso debiera tener en el proyecto una mayor precisión en cuanto a si se trata de autoridades, funcionarios, profesores o simplemente de estudiantes de cursos superiores de una institución.
Eso nos permitiría una mejor eficacia de la ley, en un tema que verdaderamente nos preocupa a todos y en el que debemos ser muy claros a la hora de generar normas de prevención que realmente resulten y se concreten como para configurar sanciones ejemplificadoras y, por sobre todas las cosas, instaurar en las instituciones de educación superior, entre ellas las escuelas matrices de nuestras Fuerzas Armadas, una cultura de respeto a la mujer, no solamente en su trato como tal, sino en todo el trabajo permanente que se da al interior de una casa de estudios.
Durante el año recién pasado conocimos hechos de esta naturaleza en distintas universidades e institutos del país. También tuvimos conocimiento del protocolo que las escuelas matrices de cada una de las ramas de las Fuerzas Armadas tomaron como elemento prioritario. De hecho, muchos de nosotros fuimos invitados a la firma de uno de ellos, en que el Ministro de Defensa, Alberto Espina, y la Ministra de la Mujer, Isabel Plá, cumplieron un rol fundamental.
Por consiguiente, creo que para perfeccionar esta normativa sería bueno precisar cuál será la sanción para la institución que no establezca protocolos u otros mecanismos preventivos para generar una cultura de respeto hacia la mujer. ¿Qué le va a pasar a aquella que no lo haga? ¿Solo tendrá un problema para su acreditación? Pienso que sería bueno debatirlo.
Y, en segundo lugar, habría que aclarar si las sanciones se aplicarán a quien sea autoridad, profesor, funcionario o alumno de cursos superiores de una casa de estudios.
Esos dos elementos son los que, por lo menos en mi opinión, deberíamos perfeccionar para mejorar el proyecto, el que, sin duda, apoyo -lo voy a votar favorablemente- y que considero indispensable para contar con un cuerpo legal sobre la materia a la brevedad.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, deseo hacer dos comentarios sobre el proyecto, que me parece que tiene algún sentido transmitir.
El primero de ellos es la relativa sorpresa inicial cuando uno mira que respecto de normas de acoso sexual existe la necesidad de recurrir a un ámbito en particular, que en este caso es el ámbito académico.
Uno podría entender que la regla debe ser común a toda institución, a todo lugar y en todo escenario. Y la verdad es que cuando se ingresó la iniciativa, hace algún tiempo, encontraba que tenía sentido porque en el ámbito académico se revelaba una lógica especial.
Y lo segundo se relaciona con una respuesta importante que hubo en el Congreso del Futuro. La semana pasada me tocó participar en un encuentro realizado en el Teatro Regional del Maule, en el que algunas académicas hablaron del rol de la mujer en la ciencia. Y una de las cosas más sorpresivas que oí fue cuando una de ellas, creo que era americana, planteó que uno de los lugares donde existía mayor peligro de sufrir acoso sexual en el mundo era en el ámbito científico y universitario, básicamente por la situación de especial jerarquía y dependencia que existe en ese tipo de instituciones. Se mencionaba, por ejemplo, la complejidad que se daba en la elaboración de tesis o publicaciones o en la relación de un profesor o científico con quien busca titularse o ir progresando en el campo de la ciencia.
Tal discusión fue especialmente oportuna -¡y nos demuestra que el Congreso del Futuro ayuda...!- para darse cuenta de que esta es una situación planetaria, que -tienen razón los autores de la moción- debe ser vista con una óptica especial, con una lupa particular, porque es verdad que, tratándose de acoso -una de las conductas humanas más deplorables que puede haber, particularmente cuando se transforma en abuso-, hay lugares, escenarios y situaciones donde existe una mayor facilidad para que algunas personas actúen de ese modo y una mayor debilidad para poder enfrentarlo de manera más franca.
Entonces, pese a que al principio me sorprendió lo que propone el proyecto, porque uno tiende a pensar que conductas iguales deben ser sancionadas de igual forma y que los protocolos deben ser los mismos en todos los lugares, no es menos cierto que en determinadas acciones existe una situación de jerarquía y de dependencia que requiere una visión particular que, por ejemplo, obligue a contar con mecanismos y cuidados especiales que, en el caso de la presente iniciativa, me parece que están bien inspirados.
Es verdad lo que planteó el Senador que me antecedió en el uso de la palabra. Quizás no hay suficiente energía y fortaleza para generar medidas más francas que impidan la ocurrencia de este tipo de abusos, los que, como he dicho, es más fácil que se den en el ámbito académico, por su propia naturaleza. Pero, más allá de eso, considero que estamos ante un proyecto bien inspirado, que marca una forma de enfrentar situaciones particulares que ameritan normas especiales.
He traído a colación aquella reflexión que surgió en un debate científico porque, cuando se habló del rol de la mujer en el campo de la ciencia, se dio algo bien curioso, que es digno de mencionar. Junto con la referencia a las grandes científicas que ha habido en el mundo, se hizo todo un acápite de las mayores dificultades que han debido enfrentar las mujeres en dicho ámbito.
Me parece que la iniciativa apunta, en forma bastante visionaria, a impedir una conducta deleznable, así como a darles mayor libertad a las personas, que es, en mi opinión, lo que realmente está en juego.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, este proyecto es muy importante porque aborda una materia que se puso en el tapete del debate político, académico y nacional a raíz de la verdadera revolución feminista que sucedió en mayo del año pasado.
La gran demanda y reivindicación de las estudiantes del movimiento fue justamente hacer visible y resaltar la enorme sutileza con que opera esta fuerte discriminación, relacionada con el acoso sexual a mujeres, que está absolutamente generalizada en todas las instituciones del país.
El presente proyecto pone el énfasis en el mundo académico, que incluye a las universidades. Acá, en el Parlamento la ex Diputada María Antonieta Saa y yo hace varios años presentamos una iniciativa para tipificar como delito el acoso sexual a nivel institucional.
Me parece que el Senador Coloma tiene razón cuando plantea que este tipo de situaciones no se da solamente en el ámbito educativo; ocurre igualmente en el ámbito de la salud, en el de las Fuerzas Armadas, etcétera. Es una conducta apegada a una socialización, a una cultura patriarcal y machista, que ejerce poder y control sobre las mujeres a través de este comportamiento deleznable que es el acoso sexual. De esa forma se pone en riesgo la condición laboral de las mujeres, que muchas veces viven esta situación silenciosamente, sin denunciar a sus jefes para no perder su empleo, dado que de ellas dependen sus hijas, sus hijos, su familia. Y se da también a nivel académico, donde existe el temor -que no tuvieron las feministas en mayo recién pasado- a denunciar a profesores de los cuales dependen sus carreras, sus notas, etcétera.
Creo que se ha necesitado mucha valentía y se ha acumulado tiempo de rabia e indignación, por lo que resulta importante que este proyecto de ley recoja la tipificación del acoso sexual en el sector de la educación.
Su título dice claramente que aborda el acoso sexual en el ámbito académico. Pues bien, en el debate particular tendremos que revisar si estas prácticas ocurren también a nivel de educación básica, en los colegios, o sea, hasta dónde llegará el límite de la tipificación de esta conducta.
Por otro lado, tendremos que analizar el tema de las sanciones y cómo suceden los hechos, toda vez que existe el concepto de acoso sexual vertical, que viene del mando hacia abajo, y el de acoso horizontal, que se produce entre iguales.
Por eso, durante la discusión particular deberemos revisar cuál es el ámbito y los conceptos que seguirá esta propuesta de ley sobre acoso sexual.
Además, me parece muy relevante contar con un cuerpo legal que tenga un impacto en el ordenamiento de los protocolos internos de los establecimientos educacionales. Está muy bien la denuncia, la movilización, pero la cultura patriarcal es tan resistente y estas conductas de dominio y poder se encuentran tan internalizadas, que se requieren muchas leyes y protocolos para ir haciéndolas retroceder de verdad. Pero quizás lo más importante es impactar en la educación de la primera infancia, donde podamos transmitir otro tipo de cultura a las niñas y los niños en lo que dice relación con el comportamiento entre hombres y mujeres.
Ignoro si ya lo solicitó la Presidenta de la Comisión de Educación, Senadora Yasna Provoste, pero sería conveniente que esta iniciativa pasara también a la Comisión Especial de Mujer y Equidad de Género para la etapa del debate en particular.
En consecuencia, señor Presidente, aprobaré con bastante entusiasmo este proyecto, que considero un paso importante y que es el resultado real y concreto de la enorme decisión y valentía de miles de mujeres chilenas que el año pasado salieron a denunciar y a gritar en las calles la situación injusta que miles de ellas viven, muchas veces en silencio y en vergüenza.
El señor MONTES (Presidente).- El Senador señor Letelier ha solicitado recabar el acuerdo de la Sala para que la Comisión de Hacienda pueda sesionar paralelamente con el Hemiciclo con el fin de estudiar el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad.
La señora PROVOSTE.- En el mismo sentido, señor Presidente, solicito que recabe el acuerdo de los señores Senadores para que la Comisión de Educación pueda funcionar en paralelo con la Sala. Entiendo que ya se hizo la solicitud en la reunión de Comités. El objetivo es analizar la propuesta presidencial -se dio cuenta de ella hoy día- concerniente a las nuevas y nuevos integrantes del Consejo Nacional de Televisión.
El señor MONTES (Presidente).- Así es, Su Señoría. De hecho, se convocó a una sesión extraordinaria mañana para votar dicha proposición.
¿Habría acuerdo para autorizar a la Comisión de Educación en los términos señalados?
El señor MONTES (Presidente).- Siguiendo con la discusión del proyecto, tiene la palabra la Honorable señora Goic.
La señora GOIC.- Señor Presidente, quiero dejar constancia de mi respaldo a esta iniciativa y, además, de mi satisfacción por el hecho de que la estemos discutiendo con un ánimo transversal, colaborativo, pues, tal como aquí se ha señalado, ella obedece al movimiento feminista que irrumpió para generar cambios.
Conversábamos hace poco con la colega que me antecedió en el uso de la palabra, la Senadora Muñoz, a propósito de una sesión que llevamos a cabo en la Comisión de Trabajo, a la cual asistieron tres mujeres líderes estudiantiles, presidentas de federaciones, cosa que hubiera sido impensada hace muchos años. Eso da cuenta de cómo las mujeres se han ido ganando espacios y también de cómo se fortalece la protección de los derechos de las personas, especialmente los de las mujeres.
Como estamos en la discusión general, a mí me parece relevante hacer un poco de historia y dejar sentada la importancia de que nosotros, en la tramitación de una iniciativa de ley, vayamos estableciendo ciertos principios.
En esa línea, si no me equivoco, a fines de 2017 discutimos el proyecto sobre educación superior -hoy ya ley- a través del cual establecimos que el acoso sexual y laboral, así como la discriminación arbitraria, atentan contra los derechos humanos y la dignidad de las personas y, por tanto, teníamos que incorporar expresamente su respeto como uno de los principios imperantes en el sistema de educación superior.
Eso se hizo mediante la indicación que presenté en su momento, previo trabajo que realizamos con la misma red de investigadores que ha estado detrás de esta iniciativa, cuyo texto corresponde a lo que quedó aprobado como artículo 2 de la referida ley.
Posteriormente, cuando discutimos el proyecto sobre universidades del Estado -hoy también ley-, se volvió a reiterar el mismo principio, el cual quedó contenido dentro de la norma relativa a los actos atentatorios contra la dignidad de los integrantes de la comunidad universitaria, incluyéndose expresamente el acoso sexual y laboral.
Entonces, una puede ver cómo vamos construyendo y poniendo ladrillos, unos sobre otros, que nos permiten avanzar en legislaciones que buscan proteger la dignidad de las personas, especialmente la de las mujeres, para que el ámbito educativo no sea un espacio en el cual se vivan amenazas o puedan sentirse posibles vulneraciones, sino que, por el contrario, sea una instancia donde las estudiantes, las mujeres que forman parte de la comunidad educativa y las mismas académicas, se sientan protegidas. Eso es lo que una espera de un espacio de formación, de encuentro y de construcción de conocimientos.
Por lo tanto, considero que este es un paso significativo.
Me alegro de que, además, se trabaje con las académicas, de que ellas sientan que el Parlamento es una instancia donde se reciben iniciativas de la ciudadanía, pues así vamos avanzando, en forma transversal, en forma colaborativa, para abordar un problema que hoy día requiere respuesta y que dice relación con un cambio cultural significativo, instalado sobre todo por las mujeres y las nuevas generaciones, con el objeto de dejar establecido que hoy día hay cosas que no son aceptables y que, por tanto, requieren procedimientos para ser abordadas, principalmente cuando una mujer vive vulneraciones mediante actos que pueden tener significación sexual y que, finalmente, atentan contra su dignidad.
Por lo anterior, espero que podamos trabajar prontamente las indicaciones durante la discusión particular para que este proyecto pueda convertirse en ley.
El señor MONTES (Presidente).- Agradezco a la Ministra de Educación, doña Marcela Cubillos, por estar con nosotros.
Puede hacer uso de la palabra.
La señora CUBILLOS (Ministra de Educación).- Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente quiero manifestar el apoyo del Ejecutivo a este proyecto de ley, que han iniciado diferentes parlamentarios, y sumarme a lo que ya han dicho algunas Senadoras y Senadores.
Efectivamente, la visibilización de la situación de las mujeres, que se hizo a raíz de las movilizaciones feministas, aún no tiene un correlato hoy día en lo que ocurre en las instituciones de educación superior.
Si nosotros vemos las respuestas a la solicitud del Ministerio de Educación en cuanto a la existencia de protocolos sobre acoso sexual y otras prácticas en el mismo sentido, nos encontramos con que solo el 57 por ciento de las universidades cuentan con ellos y que, en el ámbito de los centros de formación técnica e institutos profesionales, la cifra baja al 23 por ciento. Más aún, si observamos el contenido de los protocolos, la gran mayoría no aborda adecuadamente el tema de la prevención, sino solamente sus efectos.
Por lo tanto, nos parece muy importante este proyecto y, como Ministerio y como Ejecutivo, le damos todo nuestro apoyo, toda vez que avala e implica regular un piso mínimo para los referidos protocolos y abordar con mayor agilidad los procesos en esta materia.
Del mismo modo, como Ejecutivo queremos presentar indicaciones durante la discusión particular del proyecto, sobre la base de dos insumos importantes.
El primero es la Mesa de Género, que ha sesionado durante todo este año y que entregará sus conclusiones la próxima semana al Presidente de la República.
Y el segundo es que en el Consejo asesor, que el Ejecutivo formó con representantes y rectores de las distintas instituciones de educación superior, planteamos tres temas fundamentales. Uno dice relación con el financiamiento; el segundo, con la Superintendencia de Educación Superior, y el tercero, que era de especial interés para nosotros, con todas las materias relativas a la equidad de género.
Por lo tanto, el proyecto de ley en votación, más las acciones que puedan impulsarse desde las mismas instituciones de educación superior, son fundamentales para avanzar en el respeto a la mujer en el ámbito académico.
--Se aprueba en general el proyecto (38 votos favorables), y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el jueves 14 de marzo.
Votaron las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Harboe, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros y Sandoval.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En este momento ha llegado a la Mesa un informe de la Comisión de Educación y Cultura, recaído en el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República con el que propone integrar al Consejo Nacional de Educación a la señora Jacqueline Alicia Gysling Caselli y al señor Carlos Pablo Guillermo Vio Lagos (con la urgencia establecida en el número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental) (boletín N° S 2.039-05).
Boletín N° 11687-04
El señor MONTES (Presidente).- Proyecto, en primer trámite constitucional, que establece la condición socioeconómica de los estudiantes que podrán acogerse a estudios gratuitos en las instituciones de educación superior que acceden al financiamiento institucional para la gratuidad a contar del año 2019, de acuerdo con lo dispuesto en el Título V de la Ley de Educación Superior, con informe de la Comisión de Educación y Cultura, y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (11.687-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite: sesión 10ª, en 17 de abril de 2018 (se da cuenta).
Educación y Cultura: sesiones 80ª, 81ª y 82ª, empalmadas, en 21 de diciembre de 2018.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal del proyecto es extender el beneficio de la gratuidad a aquellos estudiantes que provienen de familias pertenecientes al séptimo decil socioeconómico y que asisten a los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales adscritos al sistema de financiamiento institucional para la gratuidad a contar del año 2019, como una forma de dar pleno reconocimiento a la importancia estratégica de la Educación Técnico-Profesional para el desarrollo del país.
La Comisión de Educación y Cultura discutió la iniciativa solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señoras Provoste y Ebensperger y señores García, Latorre y Quintana.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 44 y 45 del primer informe del referido órgano técnico, y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, Senadora señora Provoste.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, antes de iniciar mi intervención sobre el proyecto de ley antes individualizado, quiero decir que espero que mañana se pueda conocer la propuesta del Consejo Nacional de Educación, que fue acogida unánimemente por la Comisión el día de ayer.
Dicho lo anterior, comienzo mi intervención respecto de esta iniciativa, que establece la condición socioeconómica de los estudiantes a los que deberán otorgarles estudios gratuitos las instituciones de educación superior que acceden al financiamiento institucional para la gratuidad a contar del 2019.
Es importante señalar que el 17 de abril del año pasado, el Gobierno del Presidente Piñera ingresó a tramitación la propuesta legislativa que se somete esta tarde a votación en general en la Sala del Senado, cuyo objetivo es extender el beneficio de la gratuidad a aquellos estudiantes que provienen de familias pertenecientes al séptimo decil socioeconómico y que asisten a los Centros de Formación Técnica e Institutos Profesionales adscritos al sistema de financiamiento institucional para la gratuidad a contar del año 2019.
La normativa en estudio fue recibida gracias a sus titulares como una buena noticia por la Oposición en el Senado, por cuanto venía a confirmar una política pública originalmente rechazada de forma categórica por quienes en la actualidad son circunstancialmente miembros del Gobierno.
Sin embargo, los "titulares" se han vuelto, en este Gobierno, buenas sinopsis de malas películas.
En efecto, el proyecto, en su actual redacción, destinado a beneficiar a cerca de 13 mil estudiantes en su primer año de implementación, deja fuera a los de los Centros de Formación Técnica Estatales, cuya creación en todas las regiones del país fue concordada por este mismo Congreso.
Además, excluye a todos los estudiantes de carreras técnicas de universidades que actualmente se encuentran adscritas a la gratuidad. Hablamos de cerca de 4 mil estudiantes que pertenecen al mismo nivel socioeconómico que busca beneficiar esta iniciativa, la que, sin embargo, los excluye, los discrimina.
Esta situación fue planteada de forma reiterada por quienes integramos la Comisión, tanto por parlamentarios de Oposición como también por algunos de Gobierno. Diversos invitados, entre otros, Raúl Atria y Jorge Barrera, manifestaron los serios problemas de constitucionalidad de esta propuesta legislativa que discrimina abiertamente entre estudiantes de igual condición económica.
Desde que el proyecto fue ingresado a esta Corporación, el 17 de abril, la Comisión de Educación concordó una rápida tramitación. Al 30 de mayo habíamos sesionado en cuatro oportunidades, recibiendo a trece invitados, además del Gobierno.
Convencidos de los problemas de constitucionalidad de la iniciativa, pero a la vez disponibles para avanzar en ella, solicitamos al Ejecutivo la presentación de indicaciones que permitieran superar estas dificultades, terminando con esta odiosa discriminación contra los estudiantes de los CFT estatales y universidades de carreras técnicas.
Casi siete meses pasaron desde la última sesión de la Comisión para retomar la normativa en estudio. En el intertanto, el Gobierno mostró su prioridad en educación: una pobre prioridad en educación. El proyecto "Aula Segura" pasó a ser el más importante del sector, abandonando totalmente las propuestas legislativas presentadas con anterioridad. ¡Pasaron casi siete meses, señor Presidente, antes de retomar la discusión!
El Ejecutivo, en reiteradas oportunidades, se comprometió a ingresar las indicaciones necesarias para dar viabilidad a esta iniciativa, sin que a la fecha esto ocurra. Al renovar su urgencia, le solicitamos al Subsecretario de Educación claridad al respecto y la alternativa de suscribir un acuerdo que señalara las características de la indicación que incluiría y su contenido.
El Subsecretario comprometió al Ministerio de Educación y al Gobierno para la suscripción de un documento que permitiera aclarar estas dudas como condición para la aprobación en general del proyecto, lo que -dicho sea de paso- ha sido una práctica bastante usual en períodos anteriores en la Comisión de Educación.
Este compromiso, señor Presidente, nunca se cumplió -¡nunca!-.
En cambio, ¿qué tuvimos? Una carta de la Ministra que señala textualmente:
"Con el propósito de hacerse cargo de esas observaciones y manteniendo el foco del proyecto de ley, que dice relación con la relevancia de la educación TP, comunico a esta Honorable Comisión, que el Ministerio de Educación propondrá en la discusión legislativa una indicación que establezca un mecanismo que permita incorporar a estos estudiantes como beneficiarios de este proyecto".
Es decir, ¡no se dice en qué condiciones! ¡No se dice cuándo, ni tampoco se dice cómo se hará!
El Gobierno acusa mucho de obstruccionista a la Oposición, y oculta en esta supuesta actitud la falta de gestión política y de buenos proyectos.
Nada le hubiese costado a la Oposición rechazar esta iniciativa frente a la inoperancia y el desinterés del Gobierno. Pero estamos dispuestos a avanzar, porque creemos en la gratuidad y creemos que es una buena política pública.
Sin embargo, que no se equivoque el Gobierno. Durante la discusión en particular exigiremos el cumplimiento de este compromiso. Queremos que se legisle bien y que el titular de la noticia sea coherente con el contenido.
Trabajaremos en la discusión de este proyecto para que la película final sea un reflejo de lo que espera el país. Y que una buena política, como es la gratuidad en la educación superior, se aplique sin las mezquindades que hemos visto en la normativa en estudio, que discrimina a estudiantes de la misma condición socioeconómica que van a centros de formación técnica estatales o que estudian carreras técnicas en universidades que, cumpliendo todos los requisitos de la gratuidad, son excluidos del beneficio por este Gobierno.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, esta es una votación en general.
He escuchado atentamente el informe de la Presidenta de la Comisión de Educación, y no me cabe la menor duda de que deberemos fijarnos en forma clara y con mucho detalle en que efectivamente no se discrimine.
Este proyecto de ley, a grandes rasgos, propone facilitar el derecho a la educación para aquellos estudiantes que se encuentren en situación de vulnerabilidad y que puedan acceder a los estudios superiores de los Centros de Formación Técnica (CFT) o Institutos Profesionales (IP).
No puedo dejar de mencionar que el primer gran paso, en este sentido, lo dio el Gobierno de la Presidenta Bachelet, cuando avanzamos en la gratuidad en las universidades para que el 60 por ciento de los estudiantes más vulnerables no tuviera en la mochila una deuda, como sucedía hasta ese momento. Cabe recordar que Chile es uno de los países que presentan los aranceles más caros del mundo, considerando el ingreso per cápita.
Este es un logro que no podemos dejar de mencionar, que fue instalado por los movimientos sociales y recogido por el Gobierno anterior. Desde luego, cabe recordar que en su momento fue fuertemente resistido por la coalición que gobierna hoy día.
Sabemos que a veces es muy bueno cambiar de opinión. Por lo tanto, si en aquel entonces el Presidente Piñera trataba a la educación como un bien de consumo -incluso, habló hace poco de una "industria de consumo"- es bueno que una vez que fue candidato haya cambiado de opinión y declarara que la educación es un derecho. Eso nos parece positivo.
El presente proyecto extiende el derecho de la educación gratuita, como se ha dicho, a los CFT, entregándola a los estudiantes de los siete primeros deciles.
Sin embargo, no deja de llamar la atención que para acceder a este beneficio de gratuidad se repitan los requisitos señalados en los artículos 82 y 83 de la Ley de Educación Superior. O sea, estamos hablando de establecimientos educacionales que cuentan con acreditación. Sin embargo, si bien esta es necesaria para exigir un mayor nivel de calidad, según los datos de que disponemos hoy, un 54 por ciento de los CFT no cuentan con dicha acreditación, por lo que dejaremos un amplio número de jóvenes que no podrán acceder a este derecho y que, por cierto, verán obstaculizado su acceso.
Por esto, a lo menos esta ley deberá ser un incentivo para que los CFT que no cuenten con acreditación se esfuercen por alcanzarla.
También deseo señalar que representantes de los CFT concurrieron a la Comisión a respaldar el proyecto, haciendo alusión a que no hay que dejar de lado los CFT que se han instalado en la periferia de cada Región con el fin de promover el ingreso a estudios superiores de carácter técnico.
Además, los rectores de las universidades, en general, aprueban el proyecto, pero no dejan de hacer observaciones importantes, como la que aquí ha mencionado la Presidenta de la Comisión de Educación: la exclusión que existe en los CFT que dependen de universidades estatales. Complementan su opinión planteando que los estudios de carácter técnico son vitales para el desarrollo del país y, por lo tanto, el Estado debiera velar por el acceso a este tipo de establecimientos.
Por eso, vamos a votar a favor, en general, porque creemos que es necesario facilitar el acceso a la educación técnica, que tan necesaria es para el desarrollo de un país.
Sin embargo, cabe destacar que no estamos de acuerdo con la discriminación que se hace con estudiantes de la misma condición socioeconómica, a los que se deja fuera por el hecho de ser parte de universidades estatales o de CFT que dependen de universidades.
Por lo tanto, estimamos que en la discusión en particular habrá tiempo para rectificar, enmendar, y para que el Gobierno entienda que debe cambiar de opinión. Y lamentamos que hayan pasado 7 meses sin presentar esa indicación, porque bien pudimos haber ganado tiempo y ahora avanzar muchísimo más, en lugar de estar debatiendo el tema exactamente el penúltimo día de trabajo legislativo.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, este proyecto tiene dos grandes problemas:
1. Problemas de constitucionalidad
Se ha discutido su constitucionalidad en razón a que establecería una diferencia arbitraria, vulnerando el principio de igualdad (artículo 19 N° 2° de la Carta Fundamental), dado que un estudiante del séptimo decil que curse una carrera o programa de estudios presenciales conducente al título de técnico de nivel superior o título técnico-profesional impartido por una universidad, no podría beneficiarse de esta ampliación de la gratuidad, mientras que si fuese estudiante de un CFT o de un instituto profesional, sí podría hacerlo.
El Gobierno se comprometió a resolver este conflicto, pero aún no ha dado señales concretas en este sentido.
Es preciso que este problema sea resuelto por el Ejecutivo por medio de modificaciones que incorporen a todas las instituciones de educación superior en este avance de la gratuidad. Esto requiere especial consideración, porque entre las universidades excluidas encontramos a la Universidad de Santiago de Chile y a la Universidad Técnica Federico Santa María, de Valparaíso.
2. Gratuidad, deficiencias y señales contradictorias del Gobierno
Por otra parte, hay problemas en términos más sistémicos con la gratuidad, las deficiencias, y señales contradictorias de este Gobierno en relación con la gratuidad.
La educación, especialmente la educación superior, ha estado en el centro del debate político y legislativo de los últimos años. Ello se debe a las movilizaciones sociales por la educación durante el año 2011 y siguientes. Por eso, en 2016, el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet empujó con mucha fuerza un proyecto de ley que abordara la globalidad del sistema de educación superior, una nueva política de financiamiento que se denominó de "gratuidad", recogiendo uno de los aspectos centrales de las demandas de las movilizaciones: educación pública, gratuita y de calidad, entendida como derecho social y no como una industria en el mercado.
Esta propuesta de financiamiento se consolidó en la ley promulgada a comienzos del año pasado. Si bien ella constituye un avance en la garantización de la educación como un derecho social, en su implementación se han evidenciado deficiencias que deben ser subsanadas. Estas van desde su forma de cálculo, centrada en el arancel regulado, que ha producido significativos déficits en muchas instituciones, como aspectos que apuntan al diseño mismo de esta política de financiamiento, dado que profundiza el financiamiento a estudiantes por medio de un voucher, en oposición al financiamiento basal a las instituciones.
De esta forma se han naturalizado las dinámicas de mercado y se ha diluido aún más la diferenciación entre institución pública y privada (e incluso más amplio, respecto a una orientación pública y privada) en un sistema de instituciones con gratuidad y sin gratuidad. De hecho, este sistema ha implicado que sean las privadas las que obtengan mayor financiamiento por esta vía, como la Universidad Autónoma o el INACAP.
Es precisamente por lo anterior que resulta fundamental introducir ajustes a la gratuidad tanto en relación con su forma de cálculo como con su diseño. La forma de cálculo de la gratuidad ha producido un significativo déficit en muchas instituciones.
Sin embargo, las señales del Gobierno al respecto han sido contradictorias. Mientras propone ampliar el beneficio a más estudiantes en centros de formación técnica o institutos profesionales, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la indicación que autorizaba reinvertir un 30 por ciento de los excedentes acumulados en el Fondo Solidario para enfrentar el déficit generado por la política de gratuidad en los establecimientos públicos. Ello, en virtud del requerimiento realizado por parlamentarios del oficialismo, apoyado por el Ejecutivo. Es decir, por un lado se pretende ampliar el beneficio, mientras que, al mismo tiempo, se apunta precisamente a su fracaso, generando un profundo daño a las mejores instituciones de nuestro país.
En un gesto similar, el Ministerio de Educación, recientemente, anunció que ante la crisis de la Universidad del Pacífico habría alcanzado compromisos solo con instituciones privadas: las Universidades Autónoma, del Desarrollo, Mayor, el Instituto DUOC-UC.
Con ello se desconoce la Ley sobre Universidades Estatales que, entre otras cosas, modificó la Ley del Administrador Provisional y de Cierre, estableciendo que en la suscripción de convenios de reubicación de los estudiantes en crisis se tendría preferencia por las universidades del Estado. Y, todo esto, sumado al hecho de que el proyecto de ley que hoy nos toca votar excluye, como dije anteriormente, a la USACH y a la Universidad Técnica Federico Santa María.
Por último, señor Presidente, las señales de este Gobierno son preocupantes. Se está prescindiendo del rol público de las instituciones estatales. Al mismo tiempo, se avala la profundización de sus déficits apuntando, junto a la propuesta del nuevo crédito estudiantil, al fracaso o a una amenaza a la gratuidad.
En definitiva, si bien no podemos oponernos a que más estudiantes sean beneficiados con la gratuidad, por lo que aprobaremos en general este proyecto, es preciso que el Gobierno actúe con seriedad, en el ánimo de corregir deficiencias y perfeccionar el sistema y no iniciar una especie de contrarreforma, que también se observa en la Ley de Admisión Justa y en la implementación de la Nueva Educación Pública.
El señor MONTES (Presidente).- Le ofrezco la palabra a la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, deseo iniciar mis palabras señalando que yo respeto la libertad de opinión de la Senadora Provoste, pero, evidentemente, lo suyo fue una opinión personal y no correspondió al informe que debía entregar como Presidenta de la Comisión de Educación.
Se había mencionado que su intervención era para informar como Presidenta de la Comisión de Educación y, evidentemente, ella usó su derecho de opinión, y no intervino como titular de ese órgano técnico.
Dicho lo anterior, señor Presidente, el primer punto que quiero hacer es que aquí el Gobierno del Presidente Piñera se está haciendo cargo de un tema respecto al cual tenemos una deuda desde hace bastante tiempo: la educación técnico-profesional.
Al establecer la gratuidad, habiendo empezado por las universidades, estábamos dando la señal de que los estudiantes optaran por esos establecimientos de educación superior, siendo que hoy en día, para el desarrollo del país, necesitamos muchos más técnicos. Asimismo, en cierto sentido, estudiar una carrera técnica significa no solo tener mejor empleabilidad, sino además recibir mejor sueldo.
Por lo tanto, me parece que avanzar en la gratuidad para el sector técnico-profesional es una señal tremendamente relevante, que apunta en la dirección correcta para los estudiantes y también para el desarrollo económico de nuestro país.
Segundo, acá se ha sostenido que dentro del proyecto de ley no estarían -¿Puedo pedir a Sus Señorías un poco de silencio? Gracias- los centros de formación técnica estatales.
Señor Presidente, yo no sé por qué se llega a la conclusión de que no se incluyen los centros de formación técnica estatales, porque el proyecto se refiere en general a todos los institutos profesionales, de manera que están incluidos los estatales, obviamente. Si hay alguna duda, entonces, habrá que dejar la mención en forma específica. Quizás porque no se nombra específicamente a los institutos técnicos profesionales estatales se produce la duda. No hay ninguna exclusión, a lo cual se aludió varias veces durante la discusión en la Comisión de Educación.
Tercero, señor Presidente, me alegra que la Oposición de hoy -Gobierno ayer-, para argumentar la inconstitucionalidad del proyecto y pedir que se incluya a quienes están estudiando carreras técnicas en las universidades, utilice -¡las vueltas que da la vida, señor Presidente!- un planteamiento que nosotros hicimos cuando recurrimos en contra de la exclusión de los estudiantes de universidades que estaban fuera de la gratuidad.
Nosotros argumentamos ante el Tribunal Constitucional -y lo dijimos muchas veces durante la discusión del proyecto respectivo en la Comisión de Educación- que era absolutamente discriminatorio que si uno de dos hermanos del mismo nivel socioeconómico decidía estudiar en una de las universidades que acceden al sistema de financiamiento institucional recibiera el beneficio de la gratuidad y que el otro, por optar a una universidad no adscrita a dicho sistema, no lo tuviera.
Utilizamos ese ejemplo para sostener que no se podía discriminar a los alumnos según la institución elegida para estudiar.
Muchas veces nos dijeron que la norma pertinente no era inconstitucional. Sin embargo, el mismo argumento que usamos en su momento para señalar que sí lo era lo están usando ahora al objeto de decir que el proyecto del Gobierno no les entrega el beneficio en comento a quienes cursan carreras técnicas en las universidades
Señor Presidente, yo fui la primera en plantear este punto en la Comisión de Educación. ¿Por qué? Porque considero que no está bien discriminar a un joven debido a la institución que eligió para educarse.
Señor Presidente, yo no cambié de opinión: es exactamente la misma.
Por lo tanto, me alegra que hoy la Oposición estime que no está bien que respecto de dos estudiantes del mismo nivel socioeconómico uno tenga el beneficio de la gratuidad porque eligió una institución de las que acceden al financiamiento institucional, y el otro, por escoger seguir una carrera en otra no adscrita a ese sistema, no lo reciba.
Por ejemplo, si un joven en Valdivia decide estudiar Derecho en la Universidad Austral, tiene el beneficio de la gratuidad. Si resuelve hacerlo en la Universidad San Sebastián, no lo recibe.
Eso al Gobierno anterior no le parecía inconstitucional.
Hoy día la misma argumentación que utilizamos en su momento para decir que la norma respectiva era inconstitucional es empleado para señalar que no puede ser que un joven que cursa una carrera técnica en un instituto profesional estatal no reciba el beneficio de la gratuidad, ni tampoco aquel que sigue una carrera técnico profesional en una universidad adscrita al sistema de financiamiento institucional.
Por lo tanto, señor Presidente, me alegro de que la Oposición recoja ahora el argumento que señaló en su fallo el Tribunal Constitucional cuando recurrimos en contra de la exclusión de los estudiantes que tenían el mismo nivel socioeconómico y que cursaban sus estudios en universidades que estaban fuera de la gratuidad.
Cuarto, yo soy miembro de la Comisión de Educación desde hace bastante tiempo, y, efectivamente, antes de votar en general un proyecto muchas veces nosotros conversábamos con el Ejecutivo para ver las apreciaciones que tenía sobre nuestras posiciones.
Jamás firmamos un protocolo. Se nos decía más o menos cómo iba a ser la idea, y que con buena voluntad se recogerían nuestros planteamientos. Pero nunca se presentaron las indicaciones antes de votar en general. De hecho, en el trámite legislativo, no es factible introducir indicaciones sin haber votado antes el proyecto en general. Así que difícilmente el Gobierno podría haber enviado las indicaciones correspondientes.
Entonces, cuando éramos Oposición, la forma que teníamos para funcionar en la Comisión de Educación era la de que había una conversación con el Ejecutivo; existía un compromiso con el Gobierno, un trabajo basado en la buena fe para llegar a acuerdos. Luego, cuando se presentaban las indicaciones, se iniciaba la discusión y la negociación.
El señor MONTES (Presidente).- Puede continuar, señora Senadora.
La señora VON BAER.- ¡Nunca, señor Presidente, se presentaron las indicaciones antes!
¡Nunca se dijo exactamente lo que se quería hacer con anterioridad!
Por lo tanto, cuando se exige aquello señalando que siempre se hizo así en la Comisión no acierto a entender de qué Comisión de Educación estamos hablando. ¡Por lo menos no de la que yo soy miembro!
Aquí la Ministra Cubillos ha ido más allá de lo que hicieron en su oportunidad el Ministro Eyzaguirre o la Ministra de Educación anterior.
Jamás nos mandaron o firmaron una carta en la que nos expresaran su buena voluntad.
Nunca hubo necesidad de firmar cartas, porque siempre trabajamos sobre la base de la buena voluntad, de que formamos parte de una democracia y de que somos capaces de confiar en el que tenemos sentado al frente, aunque piense distinto.
Yo por lo menos, señor Presidente, creo en esa forma de hacer política.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, parafraseando a la Senadora que recién intervino, la Honorable señora Von Baer, yo tampoco he cambiado de opinión, pues siempre he comprendido que la gratuidad es una buena política pública, y lo sigo sosteniendo.
Lo planteamos cuando discutimos la Ley de Educación Superior; también en la ley relativa a los centros de formación técnica e institutos profesionales, y en particular en la tocante a los CFT estatales, que es una normativa aparte, a los que esta iniciativa no hace ninguna referencia, por lo que uno mal podría suponer que estos se hallan en la preocupación del Ministerio de Educación hoy día.
Porque lo que uno ve en los territorios que representamos -lo expresó muy bien la Senadora Allende- es que los centros de formación técnica (me refiero a los estatales, cuyo proyecto de ley aprobó unánimemente el Senado) están protegidos, e incluso algunos tienen recursos que quedaron del presupuesto del Gobierno anterior para los efectos de adecuar infraestructura, pero no tienen recursos para implementación. Por lo tanto, evidentemente, hay un freno en la política pública establecida por ley respecto de los centros de formación técnica estatales, los cuales -insisto- no han sido consideraros en este proyecto. De manera que aquí existe una discriminación.
Entonces, me alegra que hoy día, por las razones que sean, estemos teniendo esta discusión.
Hay quienes creen que en ello tiene mérito importante un Senador de las bancas de enfrente. Yo también lo reconozco, pues todos vimos que Manuel José Ossandón, cuando era candidato presidencial, planteó esta materia, que fue recogida por el Presidente Sebastián Piñera. Y nos alegramos por ello.
Por eso digo que no hemos cambiado de opinión. Siempre hemos creído, al igual que el Senador Ossandón, que la gratuidad en la educación es una buena política pública.
¡Cómo no va a serlo! Solo en este proyecto estamos incorporando cerca de 19 mil estudiantes. Ya la gratuidad beneficia a 300 y tantos mil jóvenes, quienes no están pagando por sus aranceles.
Ahora, otra cosa es el conjunto de elementos que debemos ir mejorando.
Ayer con la Presidenta de la Comisión de Educación, Senadora Yasna Provoste, y el Senador Latorre, entre otros parlamentarios, hicimos ver la necesidad de, mediante un proyecto de ley, sacar del boletín comercial a quienes tengan deudas contraídas en virtud de créditos de educación. Ello, por lo que señaló recién el colega Latorre: porque esta no es una industria, y porque queremos garantizar que la educación se reconozca como un derecho social. De modo que mal puede existir en el boletín comercial registro de deudas de esta índole.
Con esto no estamos diciendo que no haya que pagarlas, que es un perdonazo. ¡No! Los sistemas de crédito, en algunos casos bastante leoninos por parte de las instituciones de educación superior, están ahí vigentes, con cobranzas de todo tipo. Lo que estamos planteando es que no podemos ponerle un límite a esa persona que necesita muchas veces emprender en función de la carrera que estudió, o adquirir una casa. Porque hoy día sucede todo lo contrario: ve rematada su propiedad por deudas contraídas con el CAE.
Por consiguiente, la gratuidad es una muy buena política pública que les ha alivianado la mochila a muchos alumnos en Chile hoy día para llevar adelante sus estudios de educación superior.
Pero en este proyecto hay una dificultad, señor Presidente. Lo que señaló la Presidenta de la Comisión de Educación, Senadora señora Provoste, es real. Nosotros hasta este minuto no hemos tenido claridad de parte de la Ministra aquí presente sobre este proyecto, salvo una comunicación bastante escueta en que señala que se va a hacer cargo del séptimo decil, que es lo que nos convoca hoy día, en las universidades.
Solo en la Universidad Federico Santa María -por citar una de acá, de la Región de Valparaíso- hay 450 jóvenes del séptimo decil que cursan carreras técnicas, y son cerca de 3 mil en todo el país. Esos estudiantes, con igualdad de vulnerabilidad, no están considerados. Si uno de dos hermanos va a una universidad adscrita al financiamiento institucional no tiene problema, pero sí aquel que sigue una carrera técnica en una de esas universidades. Ello también ocurre respecto de los centros de formación técnica, pues no se ha explicitado ese asunto.
Recién conversaba con la Ministra Cubillos, quien nos decía que esto va a ser considerado.
Sin lugar a dudas, aquello ayudará a que estos temas se resuelvan en la discusión en particular.
Pero también quisiéramos ver mayor voluntad y un señalamiento claro en la materia. Así como se planteó con mucha firmeza un proyecto emblemático como el denominado "Aula Segura" durante el 2018, nos gustaría que hubiera mayor determinación en la entrega de una señal clara respecto de los centros de formación técnica estatales, que han formado parte de una política pública.
La Ministra dijo el otro día en una entrevista que no todos los recursos pueden ir a la educación superior.
Espero que no sea esa la razón por la cual se hayan omitido tanto a los centros de formación técnica estatales, que no tienen gran matrícula, pues recién están partiendo a lo largo del país, como a los estudiantes de carreras técnicas de las universidades actualmente adscritas al sistema de financiamiento institucional.
Con todo, señor Presidente, nos parece un paso importante para Chile que se vaya afianzando la gratuidad; y extenderla al séptimo decil lo consideramos una buena noticia. Ello, sin perjuicio de que hay que hacerse cargo en particular de los casos que se han planteado y que no están cubiertos, independientemente de lo que pueda decir el Tribunal Constitucional, porque ya sabemos que la propia Comisión de Constitución -según entiendo- ha llegado a un acuerdo con el Ministro Larraín para efectuar una transformación -así lo esperamos- bastante profunda de ese órgano jurisdiccional.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, este proyecto -tal como se ha dicho- tiene como objetivo modificar la ley sobre educación superior con el fin de extender el beneficio de la gratuidad a aquellos estudiantes que provienen de familias pertenecientes al séptimo decil socioeconómico que asisten a los centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP) adscritos al sistema de financiamiento institucional para la gratuidad a contar del 2019.
Ello, según argumenta el Ejecutivo, como una forma de dar pleno reconocimiento a la importancia estratégica de la educación técnico profesional para el desarrollo de nuestro país y, sobre todo -lo cito-, "a aquellos estudiantes provenientes de las familias de clase media que asisten a los CFT e IP, merecedores de este esfuerzo fiscal especial", propósito loable, sin duda, que recibimos con satisfacción cuando fue anunciado.
Sin embargo, esta iniciativa, que, según sus fundamentos, se basaría en una discriminación positiva hacia la educación técnico profesional, conlleva en su seno una discriminación no positiva, sino negativa, por ser arbitraria.
No se dirige a los alumnos propiamente tales, sino a las instituciones que imparten educación técnico profesional. Y las entidades consideradas no son todas las que la imparten, pues se excluye a las universidades.
Aquí hemos escuchado largamente a Sus Señorías manifestar que esto sería inconstitucional. Y alguien señaló acá que parece curioso que ahora se diga que es inconstitucional cuando se ocupó en el pasado el argumento de que la norma pertinente era constitucional.
En verdad -y quiero decirlo a la Sala-, lo que dijeron quienes destacan ese hecho es que el Tribunal Constitucional señaló este punto, no que estén de acuerdo con que sea o no constitucional.
Es significativo relevar que el referido Tribunal dejó sentado que "la gratuidad de la educación superior tiene que enfocarse en la situación socioeconómica del estudiante y no en la institución a la que se adscribe" y que "este beneficio debía otorgarse a todos los alumnos que estaban en la misma condición socioeconómica, independientemente de la institución de educación superior en la cual cursaban sus estudios".
Entonces, parece raro que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera efectúe una discriminación ahora cuando su sector, al discutir en el pasado sobre esta materia, alegó la inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional y la ganó.
Señalo esto, señor Presidente, porque es importante hacer el punto, no porque uno esté de uno u otro lado. Los argumentos y la forma como el Tribunal Constitucional falló sobre el particular sentaron las bases de esta discusión.
Otra cosa es -como manifestó el Senador Quintana- que debatamos sobre lo que ha ocurrido en dicho Tribunal y cómo vamos a resolver aquello.
Pero hecho el punto y sentada la base sobre la cual se ha establecido esta discusión, tenemos un problema, el cual, obviamente, nos enfrenta al debate respecto de este proyecto en particular.
Hemos dicho -y lo han reiterado la Presidenta de la Comisión, el Senador Quintana, en fin- que apoyamos la idea de legislar, pues nos parece bien que vayamos ampliando la gratuidad. Pero también creemos que hay una discriminación que no es positiva, sino negativa; que la educación técnica requiere apoyo; que esto no podemos limitarlo solo a un grupo de instituciones; que debemos apoyar a los estudiantes independientemente de dónde cursen sus estudios, y que existen preguntas que hoy día el Ministerio debe responder.
¿Estamos en la discusión en general? Sí. Es verdad.
¿Hay cuestiones que la Ministra tiene que responder? Sí. Y a mi juicio están sobre la mesa.
Señor Presidente, de acuerdo al artículo 1° de la iniciativa: "A contar del año 2019, los estudiantes que provengan de hogares cuya condición socioeconómica pertenezca a los siete primeros deciles de menores ingresos de la población del país, podrán cursar de manera gratuita carreras y programas de estudios presenciales conducentes a los títulos de técnico de nivel superior o títulos profesionales de aquellos definidos en las letras a) y b) del artículo 54 del decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, impartidas por Centros de Formación Técnica y/o Institutos Profesionales adscritos al Financiamiento Institucional para la Gratuidad,".
¿Cuáles serían los programas que no entrarían en el beneficio de la gratuidad? El referido en el literal c) del artículo 54: los programas que tengan por objeto obtener el grado de licenciado, los cuales solo pueden ser impartidos por universidades.
Esa es una sola pregunta; hay varias más.
Señor Presidente, voto a favor de esta iniciativa. Pero me parece que hay cuestiones que deben resolverse en la discusión en particular.
El señor DURANA.- Señor Presidente, este proyecto de ley está destinado a beneficiar a una gran mayoría de alumnos que durante el 2017 cursaron sus estudios profesionales en los centros de formación técnica de nuestro país, los cuales conforman el 43 por ciento del total de los estudiantes chilenos de pregrado.
Tal como menciona el mensaje del Presidente Piñera, esta gran proporción de alumnos de la educación técnico profesional no va acompañada por las denominadas "ayudas estatales", tales como gratuidad, becas y créditos que se destinan en un 78 por ciento a las universidades y solo en un 22 por ciento a los estudiantes de centros de formación técnica e institutos profesionales.
Esta desproporción se hace aún más injusta si consideramos que el 79 por ciento de los alumnos de los centros de formación técnica e institutos profesionales se encuentran dentro de los quintiles bajos o medios de ingresos económicos.
La histórica desigualdad que deben enfrentar esas instituciones provocó que en el 2017 se observara una disminución de 174 programas académicos en la oferta dada por los institutos profesionales y de 79 programas de los centros de formación técnica, tendencia que debe revertirse, puesto que una mayor oferta académica de estas entidades permitirá una mejor cualificación de nuestra fuerza laboral.
De la misma forma, en el 2017 la matrícula de alumnos de los centros de formación técnica tuvo un decrecimiento de 4,2 por ciento, y la de los institutos profesionales experimentó un descenso de 2,1 por ciento, cifras que deben merecer nuestra más absoluta preocupación.
Por otra parte, la existencia y oferta académica de los institutos profesionales y centros de formación técnica, cuando es de calidad y obedece a las necesidades del mercado, constituye una útil herramienta de descentralización que debemos fortalecer.
Conforme a lo anteriormente expuesto, manifiesto mi apoyo a este proyecto de ley en general. Y, obviamente, vamos a estar atentos cuando se discuta en particular.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, obviamente, este proyecto de ley tiene una muy buena intención. Además, es necesario, pues, en el fondo, beneficia al séptimo decil, lo que significa que alcanza también a las clases medias, que suelen quedar un tanto marginadas de las políticas públicas.
Por esas razones es interesante.
Ahora, la extensión de la gratuidad al séptimo decil para los centros de formación técnica e institutos profesionales se refiere a aquellos que desde el 2010 han logrado superar en el acceso incluso a las universidades. A veces se pone poca atención en que, bajo la actual línea de financiamiento de becas y créditos, el 78 por ciento es recibido por las universidades, pero solo el 22 por ciento es para los CFT e institutos profesionales, a los cuales llega hoy más del 50 por ciento de los estudiantes.
Por consiguiente, hasta ahí tenemos plena justificación para avanzar en gratuidad.
Sin embargo, también me llamó la atención que en el mensaje no se hiciera una alusión expresa al caso de los estudiantes de CFT e institutos profesionales en universidades estatales, toda vez que en muchas regiones de Chile no existe una oferta de CFT, razón por la cual se trata de que haya una oferta en materia de educación pública, que es lo que se intentó con los 15 CFT estatales creados en el gobierno anterior.
En tal sentido, sería lógico continuar con ese esmero.
Además, no olvidemos que 21 de las 25 universidades del CRUCh poseen formación técnico-profesional, que constituye en el conjunto de la oferta solo un 8,4 por ciento. Pero tienen fuerte presencia en los territorios. Por ejemplo, en la Región de Los Lagos representa un 20 por ciento; en la de Magallanes, un 30 por ciento, y en la de Tarapacá llega al 40 por ciento.
En consecuencia, hacer un esfuerzo en las regiones en todas esas materias obviamente es importante y representa un avance.
Ahora, sí sería interesante que la propia Ministra aclarara que lo propuesto no excluye a los estudiantes de los CFT e institutos profesionales de universidades estatales o CFT estatales.
Creo que eso ayudaría a la transparencia del proyecto, y con esa condición, obviamente, lo apoyaríamos. En todo caso, aún resta su discusión en particular.
En los tiempos actuales debemos entender la formación técnica como un derecho social, que sirve además para emparejar la cancha. Pero requiere mayor institucionalidad, que va, entre otras cosas, de la mano con la implementación de fondos basales.
Asimismo, es conveniente trabajar en la relación entre los liceos industriales, polivalentes, politécnicos, los CFT y las universidades estatales, como proyecto para mantener la continuidad de estudios y de posibilidades. La idea es que el alumno que entra a un liceo industrial o a un CFT tenga posteriormente la opción de estudiar también en una universidad.
Por lo tanto, hay que trabajar el concepto de un sistema educacional en que esas son etapas que el estudiante puede recorrer.
Quiero recordar también la importancia de incorporar en los beneficios de la ley en proyecto a los CFT estatales, toda vez que la matrícula de estos centros se concentra básicamente en el INACAP, con 35,5 por ciento, y en el DUOC, con 28,1 por ciento.
Por otro lado, la matrícula de los institutos profesionales también se concentra en dos instituciones: el 25,7 por ciento en el DUOC y el 25,6 por ciento en el AIEP.
En consecuencia, para ser justos y llegar a todos los estudiantes de institutos profesionales y centros de formación técnica y a aquellos que cursan carreras técnicas en universidades, lo lógico es que queden integrados en los beneficios de la ley en proyecto, para que de esa forma ella esté completa.
Lo anterior podría ser aclarado por la Ministra en su posterior intervención.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Kast.
El señor KAST.- Señor Presidente, más allá de la discusión que se ha dado, donde se señala que claramente los CFT muchas veces han sido discriminados negativamente frente a la educación universitaria -enfrentar esta situación es un elemento positivo del proyecto-, lo cierto es que hoy día el sistema de gratuidad, creado por el gobierno anterior con muy buenas intenciones, adolece de una serie de problemas que llevan a plantear su revisión y mejoramiento.
En primer término, presenta un problema práctico. Al no haber recursos para todos, no se está cumpliendo, en la gran mayoría de los estudiantes, la promesa de que la falta de recursos de su familia no afectará la posibilidad de ingresar a la universidad. Por lo tanto, existe gran cantidad de estudiantes de la educación superior que no tienen acceso a la gratuidad.
Hay una injusticia en lo anterior. Si ustedes miran los umbrales, el séptimo decil alcanza a una familia con un ingreso per cápita de aproximadamente 260 mil pesos. ¿Por qué una familia con un ingreso per cápita superior a eso tendría que hacerse cargo de financiar la educación de su hijo mayor de 18 años?
Pero otro inconveniente que presenta la gratuidad de acuerdo con la forma en que fue diseñada es la fijación de precios. Siempre que fijamos precios se genera el problema de que se nivela hacia abajo. Por lo tanto, las universidades de mejor calidad son las que más sufren, y las de peor calidad salen beneficiadas, porque hay que promediar. Y por eso resultan perjudicadas las universidades de mejor calidad, que tienen que empezar, por ejemplo, a sacar investigadores, a lo que se suman una serie de otras dificultades.
Por eso, más allá de las buenas intenciones de este proyecto, debiéramos aspirar a una gratuidad 2.0, una gratuidad solidaria. Y una gratuidad 2.0 es aquella en la cual uno le devuelve la mano al país; en la que ojalá todos los estudiantes de la educación superior quedaran liberados de pagar mientras estudian, pero que después, dependiendo de cómo les vaya en la vida, fueran capaces de ser solidarios y de devolverle la mano al país.
Con eso lograríamos dos cosas: además de tener un sistema conceptualmente más justo, se podrían allegar recursos para cosas tan relevantes como mejorar las pensiones, la salud, la infancia, sabiendo que en este último caso tenemos una brecha gigantesca.
Y no solo eso, sino que también lograríamos que muchas de las personas que hoy día no están dentro de la gratuidad pudieran finalmente ser parte de ella.
Por lo mismo, y valorando el espíritu del proyecto del Gobierno, que busca corregir una discriminación negativa hacia los CFT e IP, creo que sería bueno que en la discusión en particular el Senado pudiera abrirse mucho más allá de los alcances de esta iniciativa, que establece el aumento en un tramo, hacia la búsqueda de un acuerdo transversal para tener una gratuidad solidaria, que considerara a todos los estudiantes y en que no se impidiera que tuviesen acceso a ella quienes pertenezcan a familias con ingreso per cápita superior a 260 mil pesos.
¿Qué era lo que la ciudadanía pedía, en el fondo, cuando pedía gratuidad? No era que no hubiera solidaridad de esos mismos estudiantes después de que egresaran. Obviamente, lo que nadie quiere es que los alumnos de la educación superior queden con una mochila gigantesca.
Por eso, un esquema de 10 por ciento del ingreso, por ejemplo, una vez que se hayan graduado los estudiantes -sin pagar nada en caso de cesantía- nos permitiría generar un fondo de educación realmente potente, transversal y así liberar muchos recursos para otros fines.
Por lo mismo, señor Presidente, ojalá que en la discusión particular de este proyecto de ley tengamos la posibilidad de introducir, como Senado, mejoras al sistema, manteniendo este principio que todos compartimos, en el sentido de que ningún estudiante de la educación superior deje su carrera por falta de recursos, pero entendiendo que una gratuidad solidaria podría ser una fórmula muy superior a la que tenemos hoy día, con mayor cobertura, y que además le dejaría al país recursos disponibles para destinarlos a otros objetivos.
Por lo expuesto, me abstengo.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Elizalde.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, varios Senadores han hecho uso de la palabra, por lo que no deseo profundizar los argumentos dados respecto de este proyecto de ley.
Obviamente, voy a votar a favor de la aprobación en general de esta iniciativa, por la importancia que reviste.
No obstante, quiero reiterar lo señalado en esta Sala sobre la relevancia de perfeccionar en la discusión particular este proyecto, para efectos de establecer con claridad cuál es el ámbito de beneficiarios, a fin de que comprenda particularmente a los estudiantes de carreras técnico-profesionales o conducentes a títulos técnicos de nivel superior de universidades tradicionales.
Me parece que no se puede establecer un distingo de acuerdo con la naturaleza de las instituciones, especialmente porque estamos hablando en este caso de entidades que gozan de prestigio y un rigor académico superior a otras que sí están comprendidas dentro de la iniciativa.
Por eso, es muy importante que el Gobierno, a través de las indicaciones comprometidas, precise el ámbito de aplicación de este proyecto, para que sean más los estudiantes beneficiados.
En todo caso, voy a votar a favor en general, esperando -reitero- que en la tramitación en particular se establezca un ámbito de aplicación mayor y se considere a todos los estudiantes de estas carreras, independientemente de la institución en la cual las cursan, incorporando particularmente a instituciones de alto prestigio.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Castro.
El señor CASTRO.- Señor Presidente, cuando uno analiza la educación gratuita en las universidades, todo lo que se ha luchado estos últimos años, y ve que se deja fuera a la educación técnico-profesional, constata que no se conoce la realidad del mundo en que vivimos.
La gran mayoría de los estudiantes de los centros de educación técnica pertenecen a las familias más pobres de nuestro país. Estas personas necesitan, obviamente, la ayuda económica.
Lo más importante -no he escuchado comentario al respecto, y espero que se mejore- es que todo estudiante de un instituto técnico-profesional necesita dicho apoyo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces son personas que egresan de la educación secundaria, forman su familia y después quieren seguir estudiando.
Ese es el sentido de contar con esta ayuda. Porque para una persona que ha formado una familia y necesita estudiar porque quiere superarse en la vida, sin duda, la solución que tiene son los centros de educación técnico-profesional.
Por esa razón, a mi juicio, este proyecto seguramente debe mejorar en muchos aspectos. Lo importante es que tengamos la voluntad de entender que las familias siempre quieren surgir. Y quienes provienen de las familias más humildes son los que llegan a la educación técnico-profesional.
Nuestro país necesita técnicos, porque evidentemente no vamos a tener solo gerentes en las empresas. Los técnicos son las personas más importantes en el buen desarrollo de un país. Y entendiendo cómo está hoy la tecnología, sin duda, las carreras técnico-profesionales tomarán una tremenda importancia.
Por eso hay que apoyar la iniciativa.
La señora CUBILLOS (Ministra de Educación).- Señor Presidente, efectivamente, este es un proyecto que se enmarca dentro de la agenda principal del Presidente de la República en materia de educación. Me refiero a la modernización y fortalecimiento de la educación técnico-profesional, no solo con la extensión de gratuidad al séptimo decil, sino también con todas las medidas que se están adoptando a fin de entrelazar mejor la educación técnico-profesional con la educación superior y con el mundo del trabajo.
Con relación a las objeciones o dudas que se han planteado acá, la primera que aclaro es que el proyecto sí incorpora a los centros de formación técnica estatales, cuestión que se ha intentado explicar en reiteradas ocasiones (en Comisión, en reuniones) y de distintas maneras.
Al parecer, la confusión de algunos Senadores estaría en el hecho de que en el artículo 1° del proyecto no se hace mención a la ley que crea los CFT estatales. El decreto con fuerza de ley N° 2, de 2009, se consigna solo con relación a los títulos definidos en él y no a las instituciones. Por lo tanto, no era necesario mencionar la ley que crea los CFT estatales.
Pero no hay ningún problema para que en la discusión en particular, si se quiere aclarar, que ello se haga. Y se puede hacer sin siquiera pedir informe a la DIPRES, porque están incorporados los CFT estatales en la ley en proyecto.
En segundo lugar, también nos hicimos cargo (de hecho, lo había planteado ya en septiembre -a un mes de asumir- a los parlamentarios de la Comisión de Educación) y existe la voluntad del Ejecutivo de dar solución, por la vía de indicaciones en la discusión particular, a la objeción que había surgido respecto a que no estuvieran incorporados los alumnos de las carreras técnicas de las universidades.
Esa objeción fue expresada por distintos Senadores, y en particular por el Senador Ossandón y la Senadora Von Baer. Y, por lo tanto, lo señalamos en la Comisión -nos pidieron una carta, y la trajimos-. Además, tenemos la voluntad -la hemos expresado de todas las formas posibles- para que una vez que se abra el plazo para formular indicaciones el Ejecutivo presente una indicación que los incorpore de una manera abordable en términos presupuestarios.
Sin embargo, aparte de agradecer el apoyo a la aprobación en general del proyecto manifestada por distintos parlamentarios, quiero referirme -por su intermedio, señor Presidente- a otro tema, respecto del cual fui aludida por el Senador Latorre, quien señaló que el Ministerio no estaría cumpliendo con la Ley de Universidades Estatales respecto de los convenios de la Universidad del Pacífico.
Simplemente, le aclaro al Senador -por su intermedio, señor Presidente- que no se desconoce, en relación con lo hecho por el Ministerio, la preferencia que tienen las universidades estatales con respecto a los convenios para reubicación de estudiantes, ya que la prelación está establecida solo cuando hay pérdida de reconocimiento oficial, cosa que aún no ha ocurrido. Por lo demás, es razonable que el Ministerio se adelante para facilitar la reubicación de los estudiantes.
Si bien no es un tema vinculado con el proyecto que hoy día se discute, sí me parecía grave la alusión en cuanto a que el Ministerio no estaría cumpliendo la Ley de Universidades Estatales.
Por eso -por su intermedio, señor Presidente- me he permitido aclararlo.
--Se aprueba en general el proyecto (33 votos a favor y una abstención) y se fija plazo para presentar indicaciones hasta el jueves 28 de marzo.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Elizalde, Galilea, García-Huidobro, Harboe, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Montes, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
Se abstuvo el señor Kast.
Boletín N° S2039-05
El señor MONTES (Presidente).- En el tiempo que nos queda, propongo que nos pronunciemos respecto del oficio de Su Excelencia el Presidente de la República mediante el cual propone integrar al Consejo Nacional de Educación a la señora Jacqueline Alicia Gysling Caselli y al señor Carlos Pablo Guillermo Vio Lagos.
En este momento tenemos el quorum especial que se requiere para su aprobación.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 2.039-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 84ª, en 8 de enero de 2019.
Educación y Cultura: sesión 90ª, en 22 de enero de 2019.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra la señora Ministra de Educación, para que informe sobre la propuesta.
La señora CUBILLOS (Ministra de Educación).- Señor Presidente, efectivamente, las personas propuestas para integrar el Consejo Nacional de Educación son la señora Jacqueline Gysling y el señor Carlos Vio. Ellos se presentaron ante la Comisión de Educación y Cultura y contaron con la aprobación unánime. Ambos poseen una destacada trayectoria profesional. Jacqueline Gysling, en el mundo escolar, y Carlos Vio, en el mundo de la educación superior.
El señor MONTES (Presidente).- ¿Habría acuerdo en aprobar la propuesta? Entiendo que hay unanimidad. A la señora Jacqueline Gysling la conozco bien; es una experta en currículum, una persona muy talentosa y muy capacitada.
Estos nombramientos requieren un quorum especial y, por lo tanto, debemos dejar constancia.
--Se aprueba la proposición del Presidente de la República para nombrar integrantes del Consejo Nacional de Educación a la señora Jacqueline Alicia Gysling Caselli y al señor Carlos Pablo Guillermo Vio Lagos (19 votos a favor), dejándose constancia de que se reunió el quorum constitucional exigido.
Votaron las señoras Aravena y Ebensperger y los señores Allamand, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Galilea, Huenchumilla, Insulza, Kast, Latorre, Montes, Ossandón, Prohens, Pugh, Sandoval y Soria.
El señor MONTES (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto favorable de los Senadores señor Quintana y señora Von Baer.
Habiéndose cumplido su objetivo, se levantará la sesión, sin perjuicio de dar curso a las peticiones de oficios que han llegado a la Mesa.
Al señor Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso, solicitándole información sobre PROYECTO PRESENTADO POR MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA PARA OBTENCIÓN DE "SUBSIDIO AL TRANSPORTE DE ZONAS AISLADAS" PARA LOCALIDADES DE JAURURO, QUEBRADITA Y LOS MAITENES.
Y al señor Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de Valparaíso, pidiéndole antecedentes acerca de PROYECTOS HABITACIONALES DESTINADOS A COMITÉS DE SECTOR DE LLOLLEO O COMUNA DE SAN ANTONIO A FIN DE PALIAR DÉFICIT DE VIVIENDAS.
Al señor Ministro de Relaciones Exteriores y al señor Director Nacional de Aduanas (S), solicitándoles información sobre DISCORDANCIA NORMATIVA EN MATERIA DE INGRESO A ARGENTINA, MEDIANTE SISTEMA DE RÉGIMEN TEMPORAL, DE VEHÍCULOS DE EMPRESAS RENT A CAR REGISTRADOS EN SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS.
Y a la Intendencia y a los señores consejeros regionales de Magallanes, pidiéndoles pronunciamiento acerca de factibilidad de ESPACIO FÍSICO PARA INSTALACIÓN PERMANENTE DE PERSONAL DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIONES EN COMUNA DE PORVENIR, PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO.
A los señores Ministro de Obras Públicas y Director Nacional de Obras Hidráulicas, solicitándoles antecedentes detallados acerca de PARALIZACIÓN DE OBRAS DE PROYECTO DE "CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PARA EL APR DE CURRALUMA, RÍO BUENO".
A los señores Ministro de Obras Públicas y Director Nacional de Obras Portuarias, consultándoles por ESTADO DE PROYECTOS HUEQUECURA Y PUERTO LLIFÉN, ENMARCADOS EN PROYECTO "DISEÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE EMBARCADEROS TURÍSTICOS EN LAGO RANCO, REGIÓN DE LOS RÍOS".
A los señores Ministro de Obras Públicas y Director Nacional de Vialidad, requiriéndoles información acerca de FUTURO PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN TRAMO LOS CHILCOS-PURRIHUIN, EN RUTA T-695, COMUNA DE LA UNIÓN.
Y al señor Ministro de Agricultura, a la señora Ministra del Medio Ambiente y a los señores Superintendente del Medio Ambiente, Superintendente de Servicios Sanitarios y Director General de Aguas, solicitándoles remitir ANTECEDENTES SOBRE DENUNCIA DE VECINOS Y MUNICIPIO DE LOS LAGOS RESPECTO DE EVENTUAL CONTAMINACIÓN DE VERTIENTE DE AGUA CON RESIDUOS LÍQUIDOS DE EMPRESA MANUKA S.A.
Al señor Ministro de Hacienda, pidiéndole dar a conocer FORMA Y FECHA EN QUE DIFERENCIA ENTRE MONTO INCLUIDO EN LEY DE PRESUPUESTOS 2019 Y MONTO ENTERADO POR CONCESIONARIA DE ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS A ARCAS FISCALES SERÁ INCORPORADA EN PRESUPUESTO DE GOBIERNO REGIONAL DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA.
Y al señor Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de Magallanes y la Antártica Chilena, para que informe sobre SITUACIÓN DE PERMISOS AMBIENTALES DE CONCESIONES DE ACUICULTURA AUTORIZADAS A ESTA FECHA EN COMUNA DE CABO DE HORNOS.
Al señor Ministro de Bienes Nacionales, solicitándole remitir a la brevedad información relativa a PLAN DE LICITACIONES DE 179 TERRENOS FISCALES ANUNCIADO EN ENCUENTRO CON EMPRESARIOS EN CENTRO DE CONVENCIONES "CASAPIEDRA".
Del señor OSSANDÓN:
Al señor Director Nacional de la Oficina Nacional de Emergencia, pidiéndole antecedentes acerca de SISTEMA DE ALERTA DE TSUNAMIS EN REGIÓN DE COQUIMBO.

References: artículo 77
 artículo 53
 artículo 458
 artículo 7
 artículo 68
 artículo 17
 artículo 3
 artículo 10
 artículo 18
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 53
 artículo 1
 artículo 54
 artículo 54
 artículo 1