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Timestamp: 2019-07-20 05:51:10+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 152/2011 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 152/11
EXPEDIENTE: "GLORIA HERMENEGILDA VICTORIA PEREZ DE PEÑA C/ RES. DGJP N° 717 DEL 25/MARZO/08, DIC. POR LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA".
En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los once días del mes de abril del año dos mil once, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Doctores ALICIA PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y MIGUEL OSCAR BAJAC ALBERTINI, quien integra esta Sala ante la falta de un Ministro, ante mí, la Secretaria autorizante, se trajo al acuerdo el expediente caratulado: "GLORIA HERMENEGILDA VICTORIA PEREZ DE PEÑA C/ RES. DGJP N° 717 DEL 25/MARZO/08, DIC. POR LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA", a fin de resolver los Recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 183 de fecha 03 de noviembre de 2009 dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.
En caso contrarío, ¿se halla ajustada a derecho?
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: PUCHETA DE CORREA, BLANCO y BAJAC.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA la Señora Ministra ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA dijo: En cuanto al Recurso de Nulidad, el recurrente no ha expresado agravios al respecto, razón por la cual se lo debe tener abdicado del mismo. Por otro lado, de la lectura de la sentencia impugnada, no se observan vicios o defectos procesales que ameriten de oficio su declaración de nulidad en los términos autorizados por los Artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO.
A sus turnos, los Ministros BLANCO y BAJAC, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por compartir sus mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, la Señora Ministra ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, prosiguió diciendo: El Tribunal de Cuentas 2a Sala, por Acuerdo y Sentencia N° 183 de fecha 03 de Noviembre de 2.009, resolvió: "1.- HACER LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa instaurada en estos autos por la Señora GLORIA HERMENEGILDA VICTORIA PERÉZ DE PEÑA contra la Resolución N° 717 de fecha 25 de Marzo de 2.008, dictada por la DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES del Ministerio de Hacienda, y en consecuencia. 2.- REVOCAR, en todos sus términos la citada Resolución debiendo la Administración proceder a la devolución a la actora de la jubilación retenida durante su exclusión de la Planilla de Jubilados Docentes, de conformidad y de Acuerdo con los fundamentos expresados en el exordio de la presente Resolución. 3.-IMPONER LAS COSTAS, en el orden causado... "
El Abogado Fiscal del Ministerio de Hacienda Hernán W. Martínez Sánchez, bajo patrocinio del Abogado del Tesoro Raúl F. Sapena Giménez, se agravió en contra de la precitada sentencia, señalando que conforme a la normativa constitucional y legal, entiende que para que la parte actora tenga derecho a que se le otorguen 18 días para presentar su demanda, la misma debió contar con una acción de inconstitucionalidad ganada, ya que la sentencia de inconstitucionalidad sólo tiene efecto para la persona que accionó (inter parte, no erga omnes). Significó que si la Sra. Gloria Hermenegilda Victoria Pérez de Peña no tiene una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, declarando a su favor inconstitucional el plazo de cinco días establecido en la Ley N° 1.462/35, el Tribunal de Cuentas 2a Sala, no puede darle 18 días, puesto que para ella rige el plazo de 5 días. Añadió, que sin embargo el Tribunal en forma irregular, puesto que no hay sentencia sobre inconstitucionalidad a favor de la parte actora, le concedió el plazo de cinco días. Subrayó que la irregularidad no acaba allí, dado que la demanda se presentó fuera del plazo de 5 días, y el Tribunal de Cuentas 2a Sala, al aplicar el plazo de 18 días, terminó estudiando el fondo de la cuestión.
Siguió diciendo el apelante, que la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones no ha retenido indebidamente la jubilación de la parte actora, tal como alega el Tribunal de Cuentas. Indicó que la Dirección de Jubilaciones y Pensiones procedió a suspender el pago de los haberes jubilatorio de la Sra. Gloria Hermenegilda Victoria Pérez de Peña, en marzo de 2.002, teniendo un fundamento legal expreso, prueba de ello constituye el hecho de que la Sra. Gloria de Peña una vez suspendido el pago de dichos haberes, planteó una acción de inconstitucionalidad contra el art. 251 de la Ley de Organización Administrativa y los arts. 4 inc. b) y 7 inc. a) del Decreto N°. 14.434/01. Acotó que la razón por la cual la Administración negó a la demandante el pago de los haberes jubilatorios redamados (marzo a agosto de 2.002), radica en el mandato establecido en el art. 555 del C.P.C., citando en respaldo de su punto a Hernán Casco Pagano, quien en su obra señala: .El beneficiado con la declaración de inconstitucionalidad deberá solicitar que la Corte ordene a quien corresponda que se abstenga de aplicar en lo sucesivo la norma o disposición al favorecido con la resolución....". Expuso que por esta razón los haberes jubilatorios fueron abonados, no desde marzo de 2.002, sino desde el 24 de julio de 2.002, ya que recién desde esa fecha quedó firme la notificación de la Resolución judicial relativa a la inconstitucionalidad. Puntualizó que la parte actora percibió sin realizar objeción los haberes jubilatorios liquidados desde el 24 de Julio de 2.002, situación que atenga contra el principio de los actos propios. Concluyó solicitando la revocación del inferior, el Acuerdo y Sentencia N°. 183 del 03 de Noviembre de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas 2a Sala.
Pasando a auscultar el fondo de la cuestión planteada, visualizo que el Tribunal de Cuentas 2a Sala, hizo lugar a la presente demanda basándose para ello en que el plazo para presentar la demanda contencioso administrativa es de diez y ocho días, de acuerdo a la innumerable jurisprudencia constante y pacífica surgida de las acciones de inconstitucionalidad contra la norma de la Ley N° 1.462/35, que establecía el plazo de cinco días para interponer la demanda, así como de trámites de consultas sobre la constitucionalidad de dicha norma planteada por el propio Tribunal de Cuentas, cuyas Resoluciones al respecto dictadas por el más Alto Tribunal siempre fueron en el sentido de declarar la inaplicabilidad de dicha norma por la violación del principio de igualdad entre las partes.
Igualmente sostuvieron que la suspensión de los efectos e inaplicabilidad de las disposiciones atacadas, dictadas por la Corte Suprema de Justicia en el marco de la acción de inconstitucionalidad promovida por la accionante, que la Administración opone como argumento para retener indebidamente la jubilación de la actora, no autorizó la confiscación de sus haberes correspondiente a los meses de Marzo a Agosto del año 2.002, sólo declaró la inconstitucionalidad de las normas atacadas y su inaplicabilidad al caso concreto. Asimismo, los miembros recalcaron que el derecho a la jubilación de la administrada no puede ser anulado, derogado o interrumpido sino por el fallecimiento de su titular o por orden judicial expresa, lo cual no consta en autos.
El primer tema a dilucidar, radica en determinar qué plazo tienen los particulares para recurrir ante la jurisdicción contencioso administrativo cuando se trata de Resoluciones Finales dictadas en el ámbito administrativo. Al respecto debo señalar, que desde el Acuerdo y Sentencia N° 283 de fecha 06 de Junio de 2.001, dictado por la Sala Constitucional, en el marco de una consulta formulada por el Presidente del Tribunal de Cuentas 1a Sala, el cual declaró la inconstitucionalidad del art. 4o de la Ley N° 1.462, del 18 de Julio de 1.935, existe una jurisprudencia constante, pacífica, reiterada y uniforme de esta Corte Suprema de Justicia, basada en numerosos fallos emitidos en el mismo sentido, que el art. 4° de dicho plexo legal es discriminatorio, al estatuir que el administrado dispone de solamente cinco días, contados a partir del día siguiente a la notificación de la Resolución dictada por la Autoridad Administrativa, para promover la demanda contencioso-administrativa, en tanto que la Administración dispone de 18 días para contestarla, constituyendo ello una violación de la garantía de igualdad ante las leyes, consagrada en el artículo 47, inciso 2o de la Ley Suprema.
La accionante fue notificada de la Resolución administrativa hoy impugnada en fecha 8 de abril de 2008, habiendo iniciado la presente acción contencioso administrativa en fecha 18 de abril de 2008. Ante el panorama descripto en el parágrafo anterior y de acuerdo a las constancias de autos, no cabe el menor género de dudas que la accionante planteó la demanda contra la Resolución administrativa impugnada, dentro del plazo de 18 días que tenía para hacerlo, por lo que la extemporaneidad alegada por la Administración carece de sustento, y en consecuencia, la desestimación de dicho agravio deviene ineludible.
El segundo tema a resolver, radica en determinar si la negativa de la Administración a devolver los haberes jubilatorios reclamados por la demandante, correspondiente a los meses de marzo a agosto de Agosto de 2.002, cimentado en el art. 555 del C.P.C. se ajusta o no a derecho. En ese orden de cosas, advierto que los agravios del Abogado Fiscal giran en torno a que conforme al art. 555 del citado cuerpo legal, los efectos de la Acción de Inconstitucionalidad sólo tiene efecto "ex nunc", es decir que la Resolución recaída en este tipo de acción solamente produce sus efectos a partir de que ella queda firme, debiendo abstenerse quien corresponda, de aplicar a partir de ese momento la norma jurídica declarada inconstitucional. En relación a las afirmaciones sostenidas por el recurrente, resulta pertinente puntualizar que el mismo hace una interpretación sesgada del art. 555 del C.P.C. que regula los efectos de las Sentencias que hacen lugar a la Acción de Inconstitucionalidad.
En efecto, si bien este articulado dispone que la parte contra quién se promovió la acción se abstenga de aplicar en lo sucesivo -a la favorecida por la declaración de inconstitucionalidad- la norma jurídica de que se trata, esa resultante no se contrapone, no anula ni restringe los derechos que tenía la persona promotora de la acción, los cuales fueron conculcados por los artículos declarados inconstitucionales. Al ser declaradas inconstitucionales las normas legales que le impedían materializar el derecho que le asistía a la afectada, esta deposición tiene la virtualidad de hacer renacer esos derechos desconocidos o negados anteriormente por la Administración. Si interpretáramos los efectos de las Sentencias recaídas como consecuencia de una Acción de Inconstitucionalidad en la manera que pretende el apelante, no tendrían estas Resoluciones ninguna consecuencia beneficiosa para el que las planteó, pues la situación anterior que originó la promoción de la demanda seguiría igual.
En el caso sub-examine, la Sentencia de la Sala Constitucional, como consecuencia de su carácter declarativo, produce que sus efectos se proyecten hacia el pasado, porque el transcurso del tiempo durante la tramitación de un juicio no puede perjudicar a quien tenía derecho, sino a quién obligó al litigio para reconocerlo. En consecuencia, los efectos de la Sentencia de Inconstitucionalidad desconocidos por la impugnada Resolución Administrativa N° 717, confirmatoria de la Resolución N° 2267/07, emitida por el Director General de Jubilaciones y Pensiones, deben retrotraerse hasta la fecha en que la Dirección de Jubilaciones y Pensiones desconoció el pago de los haberes atrasados (marzo a agosto de 2.002) debidos a la administrada, debiendo abonársele como resultado los emolumentos que le corresponden por el lapso de tiempo mencionado precedentemente. Como bien lo afirma Chiovenda: "La necesidad de servirse del proceso para obtener la razón no debe volverse contra quién tiene razón" (T.I., pág.175).
Este criterio ha sido sostenido por esta Alta Magistratura en distintos fallos, entre los cuales menciono el Acuerdo y Sentencia N° 188 de fecha 27 de abril de 2010.
En cuanto a las costas, del análisis de la cuestión debatida, concluyo que se trata de para la dilucidación del litigio se ha precisado recurrir a la jurisprudencia y realizar una interpretación exhaustiva del art. 555 del C.P.C., por lo que, el apelante, pudo de buena fe, creerse con derecho a litigar, y en consecuencia, corresponde imponer las costas en el orden causado, en concordancia con lo establecido por los arts. 193 y 205 del Código Procesal Civil.
Por tanto, teniendo en cuenta las manifestaciones vertidas precedentemente, soy del parecer que el Acuerdo y Sentencia N° 183 de fecha 03 de Noviembre de 2.009, dictado por el Tribunal de Cuentas 2a Sala, debe ser confirmado in tottum. ES MI VOTO.
Con lo que se dio por terminado el acto filmando S.S.E.E., todo por ante mí de que lo certifico, quedando acordada la sentencia que inmediatamente sigue:
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 152
2.- CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 28 de fecha 24 de agosto de 2009 dictado por el Tribunal Electoral de la Capital, Primera Sala.
3.- COSTAS a la perdidosa.
Norma Domínguez - Secretaria

References: Resolución 
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 artículo 47
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