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Timestamp: 2019-03-23 13:16:22+00:00

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REGLAMENTO DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO DE ZACATECAS
Doctor Ricardo Monreal Avila, Gobernador del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 82 fracciones II, VI y XXXII de la Constitución Política del Estado; 2º y 7º de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; fracción III, 6º fracción I, 8º fracciones IV y VII de la Ley de Seguridad Pública del Estado, y
Que en Diario Oficial de la Federación de fecha 11 de Diciembre de 1995, se publicó la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Dicho cuerpo de leyes dispone que la regulación de los servicios privados de seguridad, corresponde el ámbito de sus respectivas competencias a la Federación y a las entidades federativas.
Que el Plan Estatal de Desarrollo 1999-2004, señala en sus lineamientos que hoy día el problema de procuración e impartición de justicia derivado de la inseguridad pública, se ha convertido en una de las grandes prioridades de la agenda pública nacional.
Afortunadamente, en Zacatecas este problema no ha cobrado todavía dimensiones significativas.
Que la Constitución Política del Estado en la fracción XXXII del artículo 82, establece que como una de las facultades y obligaciones del Gobernador, la de «proteger la seguridad de las personas y de los intereses de los individuos y mantener la paz, la tranquilidad y el orden públicos en todo el Estado»; igualmente señala la atribución de, «otorgar autorización para el funcionamiento de organismos auxiliares de seguridad, en los términos que establezca la ley de la materia»;
Que la Ley Orgánica de la Administración Pública en vigor, le confiere la atribución a la Secretaria General de Gobierno para normar y autorizar el funcionamiento de los organismos auxiliares de seguridad, situación que recoge la Ley de Seguridad Pública del Estado al señalarle lo propio a la citada Dependencia.
Que la referida Ley de Seguridad Pública, en materia de organismos auxiliares de seguridad, estipula la atribución de las autoridades estatales de regular lo relacionado con las empresas privadas que presten servicios auxiliares de protección, custodia o vigilancia en la entidad.
Que el Estado reconoce la importancia de los prestadores de servicios privados de seguridad, como auxiliares de la autoridad en materia de seguridad pública, por lo que es menester eficientar y controlar sus funciones, expidiendo las autorizaciones necesarias para quienes cumplan con los requisitos establecidos en las normas y vigilar su funcionamiento, así como llevar un control y registro de sus operaciones en beneficio de la sociedad zacatecana.
Que en esa virtud, he tenido a bien expedir el siguiente
REGLAMENTO DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD DEL
Artículo primero. El presente Reglamento es de orden público y tiene por objeto regular el funcionamiento de los prestadores de servicios privados de seguridad, en cualquiera de sus modalidades, que operen en el Estado de Zacatecas.
Art. 2º Corresponde al Gobernador del Estado la aplicación del presente Reglamento, a través de la Secretaría General de Gobierno y del Consejo Estatal de Seguridad Pública.
I. Ley: la Ley de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas;
II. Reglamento: el presente Reglamento de Servicios Privados de Seguridad del Estado de Zacatecas;
III. Gobernador: el Gobernador del Estado de Zacatecas;
IV. Secretaría: la Secretaría General de Gobierno;
V. Secretario: el Secretario General de Gobierno;
VI. Consejo: el Consejo Estatal de Seguridad Pública;
VII. Secretario ejecutivo: el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública;
VIII. Prestadores de servicios: los prestadores de servicios privados de seguridad, que son organismos constituidos por personas físicas o morales que tienen como objeto de sus actividades, el auxiliar y coadyuvar con el Estado o municipios, en materia de servicios de seguridad privada;
IX. Personal operativo: todas las personas que participan en las actividades de seguridad privada;
X. Registro: la inscripción de los prestadores de servicios, de su personal acreditado y de los bienes que utilicen en el desempeño de sus funciones, en los libros y/o sistemas electrónicos que para tal efecto implementen las autoridades competentes;
XI. Autorización: la licencia o permiso otorgado a los prestadores del servicio, por conducto de la Secretaría y del Consejo, para su legal funcionamiento;
XII. Acreditación: la constancia que expida la Secretaría y el Consejo, a la persona que ha cumplido con los requisitos previstos en el presente Reglamento, para desarrollar actividades en servicios privados de seguridad; y
XIII. Credencial de acreditamiento: el documento expedido por la Secretaría y el Consejo, alas personas que han cumplido con los requisitos para ser prestadores de servicios.
Art. 4º Se entiende por seguridad pública, la salvaguarda de la vida, integridad y derechos de las personas, la preservación de las libertades, la paz y orden públicos, así como la protección del patrimonio de los habitantes del Estado.
Art. 5º Los prestadores de servicios ya sean personas físicas o morales, podrán constituirse de la manera que crean conveniente, debiendo en todo caso cumplir con las disposiciones legales vigentes.
Art. 6º Los prestadores de servicios podrán brindar sus servicios en materia de seguridad privada, en una o más de las siguientes modalidades:
I. Seguridad y protección de personal;
II. Protección y vigilancia de lugares y establecimientos, a través de personal y/o apoyo canino;
III. Custodia de bienes o valores, incluyendo su traslado;
IV. Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, siempre y cuando el prestador de servicios ofrezca cualquier respuesta a las señales enviadas por estos mecanismos; y
V. Explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de las señales de alarmas y su comunicación a los cuerpos de seguridad, a través de la conexión que tengan las centrales de alarma con los sistemas del Consejo o las dependencias de seguridad pública.
Los equipos, dispositivos, aparatos, sistemas o procedimientos técnicos especializados en materia de seguridad privada, que sean utilizados en la prestación de sus servicios, deberán contar con la autorización de las autoridades competentes, cuando así se requiera, conforme a las disposiciones aplicables en la materia.
Art. 7º Sólo las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana podrán brindar servicios de seguridad privada en el Estado, existiendo impedimento legal para las personas que no cumplan con este requisito.
Art. 8º Están impedidos los elementos en activo de los cuerpos de seguridad pública, ya sean de la Federación, estados o municipios o del Distrito Federal, para ser prestador de servicios, socio o propietario, por si o por interpósita persona, así como para desempeñarse como personal directivo, operativo u administrativo.
Art. 9º Los prestadores de servicios que cuenten con autorización expedida en el ámbito federal, deberán cumplir con las demás disposiciones que este Reglamento prevé para su funcionamiento en el Estado.
Art. 10. Las actividades y servicios de seguridad privadas se prestarán con absoluto respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley General que Establece las bases para la coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Constitución Política del Estado, Ley de Seguridad Pública del Estado y demás ordenamientos aplicables. El personal de seguridad privada observará en sus actuaciones los principios de integridad y honestidad, protección y trato correcto a las personas con respeto absoluto a la dignidad humana.
Art. 11. Los prestadores de servicios tendrán como obligación especial auxiliar en materia de seguridad pública al Estado y municipios, en los siguientes casos:
I. Cuando exista una situación extraordinaria de emergencia por desastre natural o perturbación social;
II. Protección, custodia y/o vigilancia de personas físicas o morales, en los casos en los que las autoridades competentes se lo requieran formalmente;
III. Prevención y persecución de los delitos previstos en la legislación respectiva, y en los casos en que las autoridades lo requieran formalmente y solamente en casos extraordinarios; y
IV. En los demás casos previstos por la legislación aplicable.
En los casos señalados en las fracciones anteriores, las autoridades respectivas deberán presentar su solicitud al prestador de servicios, señalando el motivo y el fundamento legal para requerir su intervención en materia de seguridad pública y en forma verbal, por conducto de la autoridad competente cuando sea imposible por la premura del tiempo y de la situación.
En las hipótesis anteriores el personal de seguridad privada quedará, invariablemente, bajo el mando de la autoridad de seguridad pública estatal o municipal.
Art. 12. Los prestadores de servicios podrán desempeñar otras actividades lícitas, siempre y cuando se relacione con la prestación de los servicios privados de seguridad y no se contravengan disposiciones legales.
Los prestadores de servicios deberán informar en su caso, de dichas actividades al Consejo, en un término no mayor a cinco días hábiles, contados a partir de que inicien dichas actividades, o que se encuentren previstas en su objeto social en el caso de las personas morales.
La Secretaría y el Consejo valorarán la compatibilidad de las actividades que desempeñen con relación a la prestación de servicios privados de seguridad, debiendo emitir el acuerdo respectivo.
De las atribuciones de las autoridades estatales en
materia de regulación de servicios privados de seguridad
Art. 13. El Gobernador a través de la Secretaría y el Consejo, autorizarán, registrará, acreditará y expedirá las credenciales respectivas, para el funcionamiento de prestadores de servicios en materia de seguridad privada.
Art. 14. Corresponde al Consejo por conducto de su secretario ejecutivo:
I. En coordinación con el secretario, expedir, validar, suspender, canelar o denegar, las autorizaciones necesarias para el funcionamiento de los prestadores de servicios; así como las credenciales de acreditamiento del personal de los prestadores de servicios;
II. Llevar un registro de los prestadores de servicios, de su personal acreditado y los bienes que utilicen en la prestación del servicio;
III. Vigilar y controlar el funcionamiento de los prestadores de servicios mediante los procedimientos establecidos por la legislación aplicable;
IV. Comprobar que el personal operativo esté debidamente capacitado y cumpla con los requisitos establecidos para el desempeño de sus funciones;
V. Celebrar con los prestadores de servicios, convenios de colaboración y concertación, para la capacitación y adiestramiento del personal operativo en materia de seguridad pública;
VI. Supervisar que los prestadores de servicios observen y cumplan las disposiciones de la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones;
VII. Imponer las sanciones cuando proceda a los prestadores de servicios; y
VIII. Las demás que le confiera el presente Reglamento y otros ordenamientos jurídicos aplicables.
Art. 15. El secretario ejecutivo deberá enviar un informe semestral al Gobernador del Estado y a la Secretaría, de las acciones realizadas en esta materia, o en el momento en que, por circunstancias especiales, así se lo requieran.
Art. 16. Los prestadores de servicios no podrán prestar sus servicios sin la autorización y registro correspondiente, por lo que deberán solicitar los mismos ante el Consejo, cumpliendo con los requisitos establecidos por el presente Reglamento.
Art. 17. Los prestadores de servicios con autorización federal, o de otras entidades de la Federación que presten los servicios temporalmente en el Estado, deberán presentar ante el Consejo copia de la autorización y registro otorgados y relación actualizada de su personal operativo.
Art. 18. Los prestadores de servicios en materia de seguridad privada tendrán además, las siguientes obligaciones:
I. Contar con la autorización y registro para la prestación de servicios privados de seguridad ante el Consejo;
II. Contar con la acreditación y registro ante el Consejo, del personal con el que haya inicie y desarrolle sus actividades, el que deberá obtener la credencial de acreditamiento correspondiente;
III. Llevar un registro interno de su personal, con la información necesaria para su identificación, así como de las observaciones en el desempeño de sus labores;
IV. Hacer constar en su papelería y documentación, el número o clave de autorización y registro otorgado por la Secretaría y el Consejo;
V. Rendir un informe trimestral al Consejo, dentro de los diez primeros días del mes de que se trate, en el que se señale lo siguiente:
a) La relación de los servicios que haya prestado, número de elementos designados a cada servicio y tiempo de su duración;
b) La adquisición o bajas de armamento, equipo y vehículos, los que describirá en forma detallada y exhibiendo la documentación respectiva, que acredite su propiedad o aprovechamiento; y
c) La confirmación de las bajas y altas de su personal, independientemente de los avisos que dentro de los plazos señalados en el presente artículo se hayan efectuado;
VI. Solicitar el acreditamiento, registro y expedición de las credenciales respectivas ante el Consejo, del nuevo personal que pretenda laborar o ser miembro del prestador de servicios, cumpliendo para ello, con los requisitos señalados en el presente Reglamento;
VII. Dar aviso al Consejo de las bajas del personal operativo, especificando las causas que la motivaron, anexando copia de la baja y original de la credencial de acreditamiento que le haya sido expedida, dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir de que se causó la baja respectiva;
VIII. Dar aviso al Consejo, de los cambios o modificaciones a su denominación o razón social, estatutos, objeto social, capital social, socios, administradores o representantes legales, en el caso de las personas morales, y en lo conducente en el caso de las personas físicas, debiendo remitir copia certificada y dos copias simples de las actas respectivas, dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir de que se efectuaron los cambios o modificaciones;
IX. Informar por escrito sobre su cambio de domicilio para oír y recibir notificaciones, así como el de su domicilio de operaciones principales y sucursales, en su caso, dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir de que se efectuó el cambio del domicilio de que se trate;
X. Contar con los permisos o licencias, que sean expedidos por las autoridades competentes, para el uso, posesión y/o aprovechamiento de bienes y servicios que así lo requieran legalmente, para sus actividades en materia de seguridad privada;
XI. Ser responsable de su personal durante las actividades que desempeñe en materia de servicios privados de seguridad, cumpliendo con las obligaciones establecidas en este Reglamento;
XII. Otorgar al personal contratado capacitación y adiestramiento para los servicios que se proporcionan, a través de las instancias oficiales correspondientes;
XII. Informar inmediatamente a la autoridad competente, de aquellas conductas o hechos que se presuman delictivos, de las que haya tenido conocimiento, debiendo aportar la información de que disponga para el esclarecimiento de los hechos;
XIII. Permitir y facilitar las verificaciones e inspecciones que efectúe el Consejo; y
XIV. Las demás que señale el presente Reglamento y otras disposiciones.
Art. 19. Son derechos de los prestadores de servicios:
I. Realizar sus actividades dentro de los límites y con los requisitos que el presente Reglamento y la legislación establece;
II. Solicitar y obtener, en su caso, de las autoridades competentes, las autorizaciones, registros y credenciales de acreditamiento, necesarios para su funcionamiento;
III. Solicitar y obtener, en su caso, la revalidación de las autorizaciones que se hayan expedido, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en este Reglamento;
IV. Obtener la colaboración de las autoridades competentes, para la capacitación y adiestramiento de su personal operativo, mediante los convenios de colaboración que para tal efecto celebren; y
V. Las demás que señale el presente Reglamento y otras disposiciones.
Del personal operativo de seguridad privada
Art. 20. El personal de seguridad privada es toda persona física que desempeña por sí, o a través de cualquier medio, alguna actividad en relación con la prestación de servicios privados de seguridad, en sus diferentes modalidades.
Art. 21. El prestador de servicio, constituido como persona física, o las personas que lo integren, tratándose de personas morales, así como el personal operativo que contrate, deberá cumplir con los siguientes requisitos:
I. Ser mexicano por nacimiento en pleno goce y ejercicio de sus derechos;
III. Ser mayor de edad;
IV. Poseer grado de escolaridad mínimo de secundaria concluida;
V. En su caso, presentar cartilla liberada del Servicio Militar Nacional;
VI. No ser miembro activo de los cuerpos de seguridad pública de la Federación, Estado o municipios;
VII. No hacer uso de sustancias psicotrópicas, enervantes, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares, salvo que se utilicen por prescripción médica;
VIII. No haber sido destituido de los cuerpos de seguridad pública, ni de las fuerzas armadas, por cualquiera de los siguientes motivos:
a) Por falta grave a los principios de actuación previstos en los ordenamientos de sus respectivas corporaciones;
b) Por poner en peligro la vida, bienes o posesiones de particulares a causa de imprudencia, negligencia o abandono del servicio;
c) Por asistir en estado de ebriedad o bajo el flujo de sustancias psicotrópicas, enervantes, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares; o por habérseles comprobado ser adictos a tales substancias;
d) Por dar a sus superiores u obligar a sus subalternos a entregarle dinero u otras dádivas bajo cualquier concepto; y
IX. Tratándose del personal operativo, contar con la capacitación básica para la prestación del servicio.
Art. 22. El secretario ejecutivo será responsable de llevar un registro de los prestadores de servicios, conforme a la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley y el presente Reglamento.
Art. 23. El registro de los servicios privados de seguridad, es un sistema a cargo del Consejo, que contiene la información necesaria para la supervisión y el control de los prestadores de servicios en el Estado y del personal que desempeñe cargos directivos, administrativos y operativos, así como la información relativa a las funciones del personal operativo y al equipo, instalaciones y armas utilizadas para el servicio.
Art. 24. El registro se integrará en forma ordenada, mediante los libros y/o sistemas electrónicos que se implementen, para una consulta confiable y segura de la información.
Art. 25. El registro se dividirá en diversas materias, debiendo en todo caso contener los siguientes rubros:
I. Registro de prestadores de servicios;
II. Registro del personal de prestadores de servicios de quien se deberá tomar su filiación, huellas dactilares y fotografías, subdividido conforme a sus actividades y funciones; las bajas y altas del personal, así como las causas que lo motivaron y la demás información que se requiera para su acreditación;
III. Registro de los bienes muebles e inmuebles con los que cuentan los prestadores de servicios que incluye: caninos, equipamiento, aparatos, sistemas o procedimientos técnicos especializados en materia de seguridad privada que sean utilizados en la prestación de sus servicios, las licencias o permisos con los que cuenten y sean necesarios para su uso, posesión o aprovechamiento;
IV. Registro de prestadores de servicios con autorización federal, o con autorización de otras entidades federativas, que funcionen temporalmente en el Estado y que incluye la copia de la autorización o registro y relación actualizada de su personal operativo; y
V. Los demás que el Consejo considere necesario registrar.
De la autorización y acreditación para la
prestación de servicios privados de seguridad
Art. 26. La solicitud para la autorización y registro de los prestadores de servicios privados de seguridad deberán contener:
I. Nombre, denominación o razón social del prestador de servicios, sea persona moral o física;
II. Nombre de la persona o personas físicas representantes del prestador de servicios constituido en carácter de persona moral;
III. En el caso de las personas físicas, deberán manifestar su nacionalidad, edad, estado civil, ocupación, grado de escolaridad, domicilio particular y el domicilio que señale para oír y recibir notificaciones en el Estado;
IV. En el caso de las personas morales, deberán manifestar la fecha de constitución, la descripción de su objeto social, su capital social, si cuenta con cláusula de exclusión de extranjeros y en caso contrario, señalar si existe participación extranjera, los nombres de los socios que la integran, de los administradores y de los representantes legales, así como sus respectivos domicilios particulares, su nacionalidad, estado civil y ocupación; el domicilio principal de operaciones, de sus sucursales y el domicilio que señale para oír y recibir notificaciones en la Entidad;
V. Señalar en forma detallada, los servicios privados de seguridad para los que solicita la autorización;
VI. Señalar el ámbito territorial, en el que pretende desempeñar sus funciones como prestador de servicios;
VII. Manifestar si cuenta con los permisos o licencias necesarias, expedidas por las autoridades competentes, para el uso, posesión o aprovechamiento de bienes y servicios que legalmente lo requieran;
VIII. Manifestar las demás actividades que realiza, o en su caso, señalar que desempeña exclusivamente la prestación de servicios privados de seguridad.
Art. 27. Se deberá anexar a la solicitud de autorización y registro la documentación que a continuación se señala:
I. Original o copia certificada, más dos copias simples de los siguientes documentos:
b) Acta de nacimiento o acta constitutiva, así como de las actas que modifiquen sus estatutos, objeto social, capital social, socios, administradores o representantes legales, en caso de las personas morales;
c) Cédula del Registro Federal de Contribuyentes;
d) Identificación oficial con fotografía tratándose de personas físicas y del representante legal, en el caso de las personas morales, además de las requeridas para su acreditación escribiendo en las copias la persona de que se trate y su función;
d) Identificación oficial con fotografía del personal con el que cuente para la prestación de los servicios de seguridad privada, además de las requeridas para su acreditación, escribiendo en las copias, la persona de que se trata y su función;
e) Documento que acredite su domicilio principal y, en su caso, de las sucursales;
f) Permiso o licencia en su caso, de la autoridad competente para el uso de equipos, dispositivos, aparatos, sistemas o procedimientos técnicos especializados en materia de seguridad privada;
g) Identificación oficial con fotografía del personal con el que cuente para la prestación de los servicios de seguridad privada, además de las requeridas para su acreditación, escribiendo en las copias, la persona de que se trate y su función;
h) Acreditamiento del personal del prestador de servicios en caso de que haya sido solicitado y expedido con anticipación por el Consejo, o en su caso manifestar que se encuentra en trámite su expedición en los términos del artículo 35 del presente Reglamento; y
i) Acreditamiento del personal del prestador de servicios expedido por otras autoridades diversas al Consejo.
Los originales y copias certificadas que se presenten en los casos de los incisos anteriores, una vez cotejada y verificada su autenticidad por el Consejo, podrán ser reintegradas al solicitante;
II. Dos fotografías de frente y dos de perfil recientes, del personal con el que cuente, para la prestación de los servicios, además de las que le hayan sido requeridas para el acreditamiento de su personal, escribiendo al reverso la persona de que se trata y su función;
III. Las fotografías a color que sean suficientes para observar los vehículos, logotipos, aditamentos que se use, así como el uniforme que se utilice en el servicio, con todos los accesorios, de tal manera que se puedan apreciar de manera frontal, lateral y posterior, mismas que deberán ser adheridas a una hoja en la que se describirán los bienes de que se trata;
IV. Formato de la credencial que expida a su personal operativo;
V. Relación del nombre y cantidad del personal con que actualmente cuenta para la ejecución de sus funciones operativas, en materia de seguridad privada y para las funciones directivas y/o administrativas; y
VI. Relación del nombre y cantidad de animales, equipos, dispositivos, aparatos, sistemas o procedimientos técnicos especializados en materia de seguridad privada.
Art. 28. El secretario ejecutivo fijará día y hora para verificar la existencia física, de los bienes muebles e inmuebles, que utilice el solicitante para la prestación de sus servicios, debiendo notificar al solicitante cuando menos con cinco días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la verificación respectiva.
Art. 29. Presentada la solicitud, el Consejo deberá revisar la documentación en un término no mayor a cinco días hábiles, término durante el cual deberá determinar si se cumplen con los requisitos señalados en el presente Reglamento; en caso contrario, deberá prevenir al solicitante, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, señalando las deficiencias u omisiones de su solicitud o de la documentación que anexa, otorgándole un plazo de treinta días hábiles para subsanarlas.
Si dentro del término de treinta días hábiles el solicitante no subsana las deficiencias y omisiones en que incurrió se le tendrá por desistido de su solicitud, debiendo en todo caso presentarla de nueva cuenta.
El Consejo no podrá expedir autorización ni efectuar registro alguno, en los casos previstos por los artículos 7º y 8º del presente Reglamento.
De resultar procedente la autorización y registro, sin que exista impedimento legal alguno, el Consejo contará con diez días hábiles para expedir la correspondiente documentación al prestador de servicios, contados a partir de la recepción de la solicitud o de que se hayan subsanado las deficiencias u omisiones, previo pago de los derechos correspondientes.
Art. 30. Las autorizaciones que se expidan deberán contener:
I. Nombre del prestador del servicio al que se expide;
II. La modalidad para la que fue autorizada;
III. El ámbito territorial en la que puede ser utilizada;
IV. El tiempo de su vigencia que será de un año, señalando la fecha de expedición y de vencimiento;
V. Nombre y firma del secretario y secretario ejecutivo, así como los sellos de las dependencias correspondientes;
VI. Número de autorización que le corresponda;
VII. Número de registro respectivo; y
VIII. Las demás que el secretario y secretario ejecutivo consideren pertinentes.
De la revalidación, modificación, reposición y cancelación de la autorización
Art. 31. Para la revalidación de la autorización bastará que los prestadores de servicio, cuando menos con treinta días hábiles previos al vencimiento de la vigencia de la autorización respectiva, manifiesten bajo protesta de decir verdad, que las condiciones en que se les otorgó no han variado.
Una vez presentada la solicitud, el secretario ejecutivo expedirá constancia de revalidación de la autorización dentro de los diez días hábiles siguientes a la prestación de la solicitud, previo pago de los derechos correspondientes.
Asimismo, el prestador de servicios deberá presentar la autorización respectiva, a efecto de asentar en la misma que ha sido revalidada, estampando un sello con la palabra «revalidación», la fecha en que se otorgó, la vigencia de la misma que será de un año, señalando su fecha de expedición y de vencimiento.
Art. 32. Los prestadores de servicios que hayan obtenido la autorización y pretendan ampliar o modificar las modalidades autorizadas, deberán presentar ante el Consejo la correspondiente solicitud por escrito anexando el original o copia certificada y dos copias simples, de la documentación que ampare las ampliaciones o modificaciones solicitadas. Deberá remitir además, el original de la autorización que le fue otorgada, mas dos copias simples de la misma.
En caso de omisión o deficiencia en la solicitud y documentación presentada, se llevará a cabo el procedimiento señalado en el artículo 29 del presente Reglamento.
En caso de no existir impedimento alguno, en su caso las omisiones y deficiencias hayan sido subsanadas, el secretario y secretario ejecutivo, emitirán el acuerdo correspondiente dentro de los diez días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud, previo pago de los derechos correspondientes.
En caso de que la modificación o ampliación sea autorizada, el Consejo expedirá al prestador de servicios una autorización en la que se asiente la redacción original, señalando la fecha en que se autorizó la modificación de la autorización, describiendo las modificaciones correspondientes.
El prestador de servicios no podrá hacer uso por ningún motivo, de la autorización original, ni de las copias que haya obtenido de la misma, debiendo utilizar solamente la autorización modificada.
Art. 33. En caso de robo o extravío, los prestadores de servicios deberán interponer la denuncia o querella ante las autoridades correspondientes, de la que enviarán una copia certificada al Consejo.
Podrán solicitar la reposición de la autorización a que se refiere este capítulo, anexando copia certificada de la denuncia o querella que se hubiese interpuesto.
Una vez presentada la solicitud, el Consejo expedirá la reposición de la autorización, dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud en debida forma y/o subsanada, previo pago de los derechos correspondientes.
La reposición de las autorizaciones que se expidan, deberán llevar además de los requisitos antes señalados, la inscripción de la leyenda «reposición» y el número o clave que corresponda a la misma, así como la fecha de expedición y de vencimiento, siendo su vigencia la misma que la de la autorización repuesta.
Art. 34. La autorización para la prestación de servicios a que se refiere el artículo 30 de este Reglamento, se cancelará por las siguientes causas:
I. A petición del interesado;
II. Pérdida de alguno de los requisitos, recursos humanos y medios materiales o técnicos exigidos en el presente Reglamento para la prestación del servicio;
III. Cumplimiento de la sanción de cancelación; y
IV. Inactividad de la empresa de seguridad durante el término de un año.
De la autorización, registro y expedición de la
credencial de acreditamiento del personal operativo
Art. 35. La acreditación de personal será necesaria para obtener la autorización para prestadores de servicios, así como para la expedición de credencial de acreditamiento y los respectivos registros, por lo que se podrán solicitar de manera conjunta o individual, cumpliendo con los requisitos señalados en el presente Reglamento.
Art. 36. Previamente al inicio de sus labores, los prestadores de servicios deberán presentar por escrito, la solicitud para la acreditación de su personal, a la que se deberá acompañar lo siguiente:
I. Relación de las personas a acreditar, mencionando el nombre completo de los mismos, domicilio, edad, estado civil, grado de escolaridad, ocupación, y sus funciones;
II. Cuatro fotografías de frente y cuatro de perfil, que sean recientes, del personal a acreditar;
III. Cuatro copias simples de identificación oficial con fotografía, del personal a acreditar; y
IV. Cuatro copias simples de la liberación de la Cartilla del Servicio Militar liberada, en el caso del personal masculino.
Art. 37. Con los documentos presentados, el secretario ejecutivo del Consejo ordenará la búsqueda de antecedentes de los prospectos a fin de indagar sobre sus antecedentes, para actuar en consecuencia.
Art. 38. Para la debida acreditación e integración del Registro, el Consejo informará a los prestadores de servicios por escrito, con cinco días hábiles de antelación, del día, hora y lugar de su presentación ante el Consejo, para la toma de filiación, huellas dactilares y fotografías de su personal.
Art. 39. El Consejo aplicará los exámenes médicos y psicológicos necesarios a los prestadores de servicios y su personal, para determinar su abstención en el uso de sustancias psicotrópicas, enervantes o estupefacientes y que cubren con el perfil físico, médico, ético y psicológico para realizar las actividades en materia de seguridad privada. En caso de resistencia o negativa a la aplicación de los exámenes, no podrán expedirse el acreditamiento correspondiente.
Art. 40. En caso de que la solicitud sea deficiente, se seguirá en lo conducente el procedimiento señalado en el artículo 29 del presente Registro.
Art. 41. La solicitud para la autorización, registro y expedición de credencial de acreditamiento deberá hacerse por escrito y bajo protesta de decir verdad, anexando la documentación que compruebe el cumplimiento de los requisitos señalados 21 de este Reglamento.
En caso de que existan deficiencias u omisiones en la solicitud, seguirá el procedimiento previsto en el artículo 29 del presente Reglamento.
Art. 42. En caso de que no exista impedimento alguno, el secretario ejecutivo expedirá la credencial de acreditamiento del personal solicitante, así como constancia de su registro, dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud o de que hayan sido subsanadas las deficiencias u omisiones de la misma, y previo el pago de los derechos correspondientes.
La credencial de acreditamiento se expedirá por duplicado, debiendo ser entregado un ejemplar al prestador del servicio y otra a la persona acreditada.
Art. 43. La credencial de acreditamiento deberá contener:
I. Fotografía de frente de la persona acreditada;
II. Nombre completo de la persona acreditada;
III. Nombre del prestador de servicios para el cual presta sus servicios;
IV. Vigencia que no podrá ser mayor de un año señalando la fecha de expedición y de vencimiento;
V. Revalidación en su caso, que no podrá ser mayor de un año, señalando la fecha de revalidación y de su vencimiento; y
VI. Número de registro y de la credencial de acreditamiento.
Art. 44. El particular que se le haya expedido una credencial de acreditamiento, deberá entregarla al prestador de servicios o al consejo en su caso, al momento en que haya causado baja o que por cualquier circunstancia haya dejado de existir la fuente de trabajo.
Art. 45. Para la revalidación de la credencial de acreditamiento se seguirá en lo conducente, el procedimiento establecido en el artículo 31 del presente Reglamento.
Art. 46. Para la reposición de las credenciales de acreditamiento, se aplicará en lo conducente lo señalado en el artículo 33 del presente Reglamento.
Art. 47. En caso de robo o extravío, el afectado deberá reportarlo por escrito al prestador de servicios que lo haya contratado y deberá interponer la denuncia o querella ante las autoridades correspondientes de la que se enviará una copia certificada al Consejo.
Podrá solicitar la reposición de la credencial de acreditamiento a que se refiere el presente capítulo, aplicándose en lo conducente lo previsto en el artículo 33 de este Reglamento.
De las operaciones de los prestadores de servicios
Art. 48. En las operaciones para la prestación de los servicios privados de seguridad, los prestadores de servicios deberán sujetarse a las siguientes reglas:
I. No podrán realizar funciones reservadas a los cuerpos e instituciones de seguridad pública o de las fuerzas armadas, salvo que la autoridad competente así se lo requiera, en los términos del último párrafo del artículo 11 del presente Reglamento;
II. No podrán usar en su denominación, razón social o nombre, papelería, identificaciones, documentación y además bienes del prestador de servicios, las palabras de «policía», «agentes», «investigadores» o cualquier otra similar que pueda dar a entender una relación con los cuerpos de seguridad pública, la fuerzas armadas u otras autoridades;
III. El término «seguridad» solamente podrán utilizarlo acompañado de adjetivo «privada»;
IV. En sus documentos, bienes muebles e inmuebles, insignias e identificaciones, no podrán usar logotipos, emblemas nacionales, estatales o de otros países, o aquellos cuya forma y color pueda confundirse con los mismos. Queda prohibido el uso de todo tipo de placas metálicas de identidad.
V. Los vehículos a su servicio deberán ostentar visiblemente su denominación, logotipo y número que los identifique plenamente; no podrán contar con torretas, ni con ningún otro elemento que permita confundirlos con las patrullas de los cuerpos o corporaciones de seguridad pública;
VI. El uniforme, insignias y divisas que utilice el personal operativo, deberán ser diferentes de los que reglamentariamente corresponde utilizar a los cuerpos de seguridad pública o a las Fuerzas Armadas evitando que, a simple vista, exista la posibilidad de confusión;
VII. El personal operativo usará el uniforme y equipo, únicamente en los lugares y horarios de prestación del servicio;
VIII. El personal operativo deberá llevar consigo, invariablemente, en el desempeño de sus funciones, la credencial de acreditamiento; y
IX. Las demás que señale el presente Reglamento.
Art. 49. Los contratos de prestación de servicios privados de seguridad que celebren los prestadores de servicios, deberán realizarse de acuerdo a las disposiciones legales aplicables en materia de contratos.
Art. 50. No necesitarán estar inscritas como prestadores de servicios de seguridad privada cuando se dediquen solamente:
I. A la colocación de alarmas u otros avisadores acústicos u ópticos contra robo o intrusión en vehículos automóviles no regulados especialmente en este Reglamento; y
II. A la colocación de equipos para la prevención de incendios.
Art. 51. Se considera prestador de servicios de seguridad privada, la instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, siempre y cuando el prestador de servicios ofrezca cualquier respuesta a las señales enviadas por estos mecanismos, y por lo tanto deberá contar con la autorización y registro correspondientes.
Art. 52. Si la instalación de seguridad se conecta a una central de alarmas conectada a los sistemas de seguridad del Consejo o de las dependencias de seguridad pública, se deberá obtener la autorización y se deberán reunir las características que garanticen su funcionalidad.
Art. 53. En el caso de los servicios señalados los artículos anteriores, la central deberá estar atendida permanentemente por los operadores necesarios para la prestación de los servicios.
Art. 54. Cuando se produzca una señal de alarma, las centrales deberán proceder de inmediato a su verificación con los medios técnicos y humanos de que dispongan, y comunicarlo de inmediato a los servicios de seguridad pública correspondiente.
Art. 55. Las empresas de explotación de centrales de alarmas, llevarán un libro de registro de alarmas, indicando la forma de operación, el lugar de su instalación y el nombre del usuario del servicio.
De la supervisión y control de la operación de los servicios
Art. 56. Para el control de los prestadores de servicios, el Consejo podrá realzar las verificaciones que estime pertinentes para la comprobación del cumplimiento del presente Reglamento y de los demás ordenamientos aplicables en la materia.
Art. 57. Las verificaciones se realizarán mediante el procedimiento siguiente:
I. El secretario ejecutivo deberá emitir una orden de verificación en forma escrita, en la que aparezca su firma autógrafa y en la que precise lo siguiente:
a) Objeto de la verificación;
b) Los lugares, bienes muebles e inmuebles, documentos o personal que estarán sujetos a la verificación; y
c) Fundamentación y motivación de la verificación;
II. El personal que efectúe la visita deberá presentar al prestador de servicios o a la persona con quien entienda la verificación, la orden de verificación otorgada por el secretario ejecutivo, así como la identificación que lo acredite como funcionario del Consejo;
III. El funcionario que efectué la verificación podrá ser acompañado por otras personas que se encuentren igualmente autorizadas por el secretario ejecutivo, o que pertenezcan a los cuerpos de seguridad pública;
IV. De toda verificación se levantará un acta, que deberá contener:
a) Lugar, día, hora y domicilio en el que se efectúa la verificación;
b) Nombre, denominación o razón social del prestador de servicios que se verifica;
c) Número y fecha de la orden de verificación;
d) Nombre del verificador, nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia;
e) Constancia de que se identificó en debida forma y exhibió la documentación respectiva;
f) Relación de las actuaciones que se llevaron a cabo en la verificación de forma detallada;
g) Constancia de que se le dio el uso de la voz al prestador de servicios para que manifestara lo que a su derecho conviniera, asentando lo que haya manifestado en caso de hacerlo; y
h) Nombre y firma de las personas que intervinieron en la diligencia haciéndose constar, en su caso, el de aquellas que no fue su voluntad firmar el acta respectiva;
V. Cuando no sea posible dar por concluida la verificación en el mismo día de su inicio, se dará por suspendida, asentándose en el acta que se continuará al siguiente día hábil, en las horas que considere pertinente el verificador;
VI. Una vez que se de por terminada la verificación, el funcionario levantará el acta respectiva de la que dará un duplicado al prestador de servicios o a la persona con la que haya entendido la verificación; y
VII. Los duplicados deberán contar con las firmas autógrafas de las personas que participaron en los mismos o en su caso, la constancia de que se negaron a rubricarlas, lo que no invalidará el contenido de la misma.
Art. 58. El secretario ejecutivo deberá integrar el expediente respectivo, otorgando al prestador del servicio el término de tres días hábiles para la aclaración del resultado de la verificación.
Concluido dicho término dentro del expediente se harán constar las manifestaciones del prestador de servicios y se dará fe de los documentos que éste presente, o en su caso, la falta de ellos. A solicitud del prestador de servicios y por una sola vez, éste término podrá ampliarse hasta por un plazo de diez días hábiles más.
Art. 59. Concluido el término anterior para la aclaración del resultado de la verificación, se emitirá el acuerdo respectivo y en un término de tres días hábiles, el secretario ejecutivo emitirá la resolución respectiva.
Art. 60. En el caso de verificaciones del personal operativo, en los domicilios de terceras personas donde se presten servicios, se deberá recabar la conformidad del particular o su representante.
En este caso, se entenderá la verificación con el personal operativo del prestador de servicios, siendo aplicable en lo conducente lo previsto en el artículo 59 del presente Reglamento.
Se le enviará al prestador de servicios, en un término no mayor de dos días hábiles, una copia de la orden respectiva y del resultado de la verificación y será aplicable en lo conducente lo señalado por los artículos 58 y 59 de este Reglamento.
Art. 61. El secretario ejecutivo con la aprobación del secretario, podrá suspender o cancelar la autorización y registro correspondiente, así como las credenciales de acreditamiento que se hayan expedido en los casos y bajo las condiciones que determine el presente reglamento. Asimismo, podrán imponer las sanciones previstas en dicho ordenamiento.
Art. 62. El incumplimiento de los prestadores de servicios a las obligaciones que establece el presente reglamento y demás disposiciones aplicables, dará lugar a la imposición de las siguientes sanciones:
III. Suspensión temporal; y
IV. Cancelación.
En todos los casos, se difundirá en forma pública la aplicación de las sanciones impuestas al prestador de servicios, una vez que la misma haya quedado firme.
La suspensión temporal de la autorización podrá prolongarse hasta que se dé cumplimiento a la obligación o se corrija la causa por la cual fue impuesta.
La cancelación de la autorización tendrá carácter definitivo, por lo que el prestador de servicios deberá hacer devolución de la documentación que le halla sido expedida para su legal funcionamiento.
Art. 63. Las sanciones administrativas a que se refiere este capítulo, se impondrá tomando en consideración lo siguiente:
I. La gravedad de la infracción en que se incurre, según el perjuicio que se cause a la seguridad pública y a los particulares afectados;
II. La antigüedad en la prestación de los servicios;
III. La reiteración en la comisión de las infracciones; y
IV. El monto de los beneficios obtenidos por el prestador de servicios, así como los daños y perjuicios económicos acusados a terceros.
Para los efectos del presente Reglamento, se considera reiteración, a la comisión de dos o más infracciones en un periodo no mayor de tres meses.
No será necesario que se lleve a cabo la imposición de las sanciones, en el orden que se han establecido en el presente Reglamento.
Art. 64. Los prestadores de servicios podrán incurrir en infracciones graves, leves y simples.
I. La prestación de servicios de seguridad, sin cumplir con lo dispuesto por los artículos 16 y 17 del presente Reglamento, incluyendo:
a) La prestación de servicios sin haber obtenido la autorización para la clase de servicios de que se trate;
b) La continuación de la prestación de servicios de cancelación de la autorización; y
c) La subcontratación de los servicios y actividades de seguridad privada;
II. No declarar que se encuentra bajo los impedimentos legales que establecen los artículos 7º y 8º del presente Reglamento;
III. No contar con los permisos a que se refieren los artículos 6º y 18 fracción X de este Reglamento, en cuyo caso, además de la sanción, se dará aviso inmediato a las autoridades competentes;
IV. Hacer caso omiso a la solicitud de colaboración de una autoridad, en los términos del artículo 11 de este Reglamento;
V. Realizar funciones reservadas a los cuerpos de seguridad pública y/o de las fuerzas armadas, según lo previene el artículo 48 fracción I de este Reglamento;
VI. Incumplimiento de la sanción de suspensión temporal, si se continúa con la prestación de servicios; y
VII. Incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 18 fracciones II, XIII y XIV del presente Reglamento.
Art. 65. Los prestadores de servicio podrán incurrir en las siguientes infracciones leves:
I. El incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18 fracciones III, IV, VI XI y XII del presente Reglamento; y
II. No cumplir con lo establecido en el artículo 48 fracciones II, III, IV, V, VI, VII y VIII de este Reglamento.
Art. 66. Los prestadores de servicio podrán incurrir en las siguientes infracciones simples:
I. No rendir los informes y avisos dentro de los términos y formas establecidos por este Reglamento, de acuerdo a lo establecido en los artículos 12 y 18 fracciones V, VII, VIII y IX;
II. Incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 54 y 55 del presente Reglamento;
III. En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades establecidos en el presente Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables.
Art. 67. Al prestador de servicios que incurra en alguna de las faltas señaladas en los artículos anteriores, se le impondrán las siguientes sanciones:
I. Por faltas graves, con multa de 400 a 1200 cuotas de salario mínimo vigente en el Estado y cancelación de la autorización y registro;
II. Por faltas leves, con multa de 200 a 600 cuotas de salario mínimo vigente en el Estado y suspensión temporal de la autorización y acreditamiento, hasta en tanto sea regularizada la situación que dio origen a la sanción;
III. Por faltas simples, con multa de 100 a 500 cuotas de salario mínimo vigente en el Estado; y
IV. En todos los casos habrá amonestación pública.
Art. 68. Los prestadores de servicios con interés jurídico y que se encuentren afectados por los acuerdos y resoluciones del Consejo en materia de seguridad privada, podrán interponer el recurso de revocación ante el secretario ejecutivo, mismo que tendrá por objeto que el secretario ejecutivo, con aprobación del secretario, emita una resolución en la que confirme, modifique, o revoque el acto administrativo recurrido.
Art. 69. El término para interponer el recuso de revocación será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación respectiva, de que el recurrente tenga conocimiento del acto que se recurre, o cuando no haya existido notificación o aviso alguno, desde el día en que se vio afectado en sus intereses como prestador de servicios.
Art. 70. La interposición del recurso de revocación deberá hacerse por escrito ante el secretario ejecutivo.
Art. 71. El recurso de revocación deberá presentarse en original y dos copias y deberá contener:
I. La autoridad ante quien se interpone el recurso, que será el secretario ejecutivo;
II. Nombre, denominación o razón social del recurrente, del representante legal y del representante común, en caso de que sean dos o más personas las recurrentes, así como el domicilio que señalan para oír y recibir notificaciones;
III. Acto de autoridad que afecte su derecho o interés legítimo;
IV. Expresar los agravios que le causa el acto que se impugna;
V. Ofrecer pruebas relacionadas con los hechos que se mencionan; y
VI. Firma del recurrente.
Art. 72. El recurso de revocación deberá acompañarse por originales o copias certificadas y dos copias simples de la siguiente documentación:
I. Documento que acredite la personalidad del promovente;
II. Acuerdo, resolución o acto que se impugna en su caso;
III. Notificación del acto de autoridad que se impugna, o manifestar bajo protesta de decir verdad, que no se recibió notificación alguna, señalando la fecha en la que tuvo conocimiento del mismo; y
IV. Pruebas documentales que se acompañen.
Art. 73. En caso de que el recurso sea omiso o deficiente, se prevendrá al promovente para que dentro del término de tres días hábiles, subsane las deficiencias y omisiones, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo se le tendrá por desistido del recurso.
Art. 74. Una vez admitido el recurso, el secretario ejecutivo dictará acuerdo citando a los interesados para oír resolución, la que dictará dentro del término de cinco días hábiles y en la que el secretario ejecutivo, con aprobación del secretario, confirme, modifique o revoque el acto recurrido.
Art. 75. La resolución que se dicte en el recurso de revocación podrá recurrirse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios.
Artículo primero. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial, Organo del Gobierno del Estado.
Art. 2º Se derogan las disposiciones administrativas que contravengan este Reglamento.
Art. 3º Los prestadores de servicios privados de seguridad, contarán con un término de noventa días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento, para cumplir con los requisitos establecidos e iniciar con los trámites conducentes para su regularización de sus actividades en el Estado.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 85 de la Constitución Política del Estado y para su debida publicación y observancia, expido el presente Reglamento en el Despacho del poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Zacatecas, a los once días del mes de Abril del dos mil tres.
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References: artículo 82
 artículo 35
 artículo 29
 artículo 30
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 31
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 11
 resolución 
 artículo 59
 artículo 11
 artículo 48
 artículo 18
 artículo 18
 artículo 48
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 85