Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-1015-de-octubre-16-de-2008?documento=jurcol&contexto=jurcol_7599204255e1f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-16 20:45:17+00:00

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﻿ SENTENCIA T-1015 DE OCTUBRE 16 DE 2008
SENTENCIA T-1015 DE 16 DE OCTUBRE DE 2008
CONTENIDO:DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE DEBILIDAD MANIFIESTA. ES INDEPENDIENTE DEL TIPO DE VINCULACIÓN Y DEL TÉRMINO DE DURACIÓN DEL CONTRATO. SIN EMBARGO, LA CORTE HA CONSIDERADO QUE EN LAS MODALIDADES DE CONTRATO A TÉRMINO FIJO Y CONTRATO POR DURACIÓN DE OBRA, LA EXPECTATIVA DEL EMPLEADO NO ES IGUAL A LA DE QUIEN SE ENCUENTRA EN UNA RELACIÓN A TÉRMINO INDEFINIDO. EN TALES CASOS, LA CONTINUIDAD DE LA RELACIÓN SE SUJETA A: PRIMERO, QUE SUBSISTA LA MATERIA DEL CONTRATO, Y SEGUNDO, QUE EL TRABAJADOR HAYA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE ESTABILIDAD LABORAL, SUSTITUCIÓN DEL EMPLEADOR, DISCAPACIDAD, PROTECCIÓN A PERSONA EN CIRCUNSTANCIA DE DEBILIDAD MANIFIESTA
Sentencia T-1015 de octubre 16 de 2008
Sentencia T-1015 de 2008
Ref.: Expediente T-1.948.287.
1.1. El peticionario se desempeñó como vendedor de la empresa Fritolay desde el año 2001 hasta el comienzo de 2002, en calidad de contratista.
1.2. A principios de 2002 fue vinculado laboralmente por intermedio de la empresa de servicios temporales Organización Serdán Personal Temporal Ltda., como trabajador en misión, para desempeñarse en el mismo cargo.
1.3. En febrero de 2006 la empresa de servicios temporales Serdán Personal Temporal Ltda. cambió su razón social a Expertos Personal Temporal Ltda. El peticionario continuó su vinculación con la compañía ejerciendo la labor de vendedor de Fritolay S.A., en calidad de trabajador en misión (fl. 2).
1.4. El último contrato de trabajo suscrito entre el accionante y Expertos Temporal Ltda. tuvo como fecha de iniciación el 30 de enero y como modalidad la de “tiempo de duración de una obra o labor determinada”.
1.5. El día siete (7) de abril de dos mil siete (2007), relata el peticionario que fue “víctima de un atraco con arma de fuego mientras (se) encontraba desempeñando (su) labor”. Durante el ataque recibió impactos con arma de fuego, por lo que estuvo en cuidados intensivos durante dos meses. Posteriormente, se le efectuaron controles cada dos meses, y curaciones diarias en su residencia.
1.6. El veintiocho (28) de noviembre de dos mil siete (2007) fue remitido a medicina laboral. La doctora Mónica María Sánchez conceptuó que debía regresar al trabajo con ciertas restricciones, “sin realizar valoración (médica) de ninguna índole”. A continuación se transcriben algunos apartes del dictamen:
“Concepto: 1. Apto con restricciones” - “Retorno al trabajo”
“Observaciones: Trabajador quien sufrió “herida por arma de fuego abdominal, con orificio de salida paravertebral”, en accidente de trabajo ocurrido el día 7 de abril de 2007, por lo que ha recibido tratamiento por cirugía, fisiatría, nutrición y fisioterapia en nuestra ARP, mostrando recuperación. En el momento con colostomía”. Y prescribe las siguientes recomendaciones por 8 semanas:
• Puede realizar labores de oficina como clasificar documentos, pegar sobres, poner sellos, contestar teléfono y atender al público.
• Debe evitar levantar cargas.
• Debe alternar posturas bípedas con sedentes a intervalos regulares, durante la jornada laboral (por cada dos horas de pie sentarse 10 minutos).
• Evitar caminatas prolongadas (más de 30 minutos).
• Debe tener acceso a servicio sanitario cada vez que lo requiera. Debe realizar cambio de bolsas de colostomía según se le ha explicado.
• Debe continuar con plan casero de ejercicios que ya ha aprendido en fisioterapia. Debe asistir a fisioterapia.
• No realizar actividades deportivas de choque (...).
• No debe participar en entrenamientos a brigadas.
• Asistir a los controles por cirugía general (1) ”.
1.7. La empresa Expertos Temporal Ltda. terminó unilateralmente el contrato de trabajo, a partir del quince (15) de diciembre de dos mil siete (2007).
1.8. El peticionario considera que la empresa irrespetó su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada al (i) dar por terminado el contrato de trabajo a pesar de encontrarse en tratamiento médico y en proceso de rehabilitación; y (ii) finalizar unilateralmente la relación laboral sin contar con la autorización del Ministerio de la Protección Social, y sin la determinación definitiva de la junta regional de calificación de invalidez sobre una eventual incapacidad permanente.
3.1. Solicitó denegar la petición de amparo con base en el principio de subsidiariedad, “los hechos de la acción no han sido conocidos por la jurisdicción laboral”; y debido a que no se vulneró el derecho a la estabilidad laboral reforzada pues la decisión de terminar el contrato de trabajo “se dio por decisión de carácter unilateral, ya que el vínculo comercial existente entre esta (sic) y Fritolay Colombia Ltda. se finalizó a partir del 30 de mayo de 2007”, y el accionante, al momento del despido y de acuerdo con el dictamen de la médico laboral encargada, confirmado por “junta médica de 11 de diciembre de 2007”, se encontraba en condiciones aptas para laborar así que no se requería de autorización de la autoridad administrativa.
3.2. Por otra parte, aclaró que Organización Serdán no es una persona jurídica. En el mismo sentido, señala que existió una vinculación entre las partes a partir de febrero de 2005 pero que Expertos Temporal ha sido una persona jurídica independiente y no ha modificado su razón social. Añade, por último, que la ARP le sigue brindado el tratamiento al accionante.
4. La entidad sostuvo que existió un contrato entre esta y Expertos Personal Temporal Ltda. para suministro de personal en misión, pero que nunca ha recibido los servicios del peticionario como enviado por la empresa Expertos Temporal Ltda. y que desconoce por completo los hechos narrados en la demanda por lo que carece de legitimación por pasiva.
La empresa no desconoció los derechos del peticionario por cuanto; (i) a pesar de que la empresa usuaria Fritolay S.A. dio por terminada la relación con Expertos Temporal Ltda., esta última mantuvo el vínculo laboral hasta el quince de diciembre de 2007, cuando se cercioró de las condiciones de salud del trabajador con base en el concepto de la ARP; (ii) el derecho a la salud y a la seguridad social se encuentra garantizado por la ARP Colpatria.
6.1. La impugnación se basa en argumentos destinados a demostrar la existencia de un perjuicio irremediable y a solicitar la procedencia de un amparo transitorio. En ese sentido, expresa que, (i) además de lo expuesto en la tutela, ve vulnerados sus derechos a la rehabilitación, al mínimo vital y a la protección de la familia pues tiene que cancelar la cuota alimentaria de un hijo menor de edad; (ii) que el hecho de “estar con operaciones pendientes” y tener una herida abierta por el tratamiento de colostomía hace absolutamente imposible conseguir trabajo y percibir ingresos para el sostenimiento de la familia, y que (iii) la jurisprudencia constitucional ha amparado de forma transitoria casos similares y que el juez de primera instancia debió analizar la procedencia de la reincorporación al trabajo prevista en el artículo 39 del Decreto 1295 de 1994.
(i) Por regla general el reintegro no puede buscarse a través de la acción de tutela; no obstante, (ii) la acción de tutela resulta procedente para proteger los derechos fundamentales de aquellas personas que, debido a su condición, gozan de una estabilidad laboral reforzada porque un despido en estas condiciones se traduce en un acto de discriminación. Sin embargo, (iii) en el caso concreto, es claro que la empresa mantuvo la relación laboral hasta que el peticionario recuperó su capacidad laboral. Para ilustrar esta afirmación, recuerda que el accidente de trabajo se produjo el siete (7) de abril de dos mil siete (2007); la relación entre Fritolay y Expertos Temporal Ltda. finalizó el treinta (30) de mayo de dos mil siete (2007), y el despido solo se llevó a cabo el quince (15) de diciembre de dos mil siete (2007).
a) En relación con el peticionario:
Respuesta: “La ARP sí me está respondiendo en cuanto al tratamiento médico, pero económicamente no ya que estoy desvinculado laboralmente”.
b) De la empresa Expertos Personal Temporal.
1. ¿Qué labor desarrollaba el señor Óscar Fermín Maldonado Castañeda al momento de sufrir el accidente? y ¿Cuál era la “empresa usuaria”?.
Respuesta: “Al momento de la ocurrencia del accidente de trabajo el día siete (7) de abril de dos mil siete (2007), el señor Óscar (sic) Fermín Maldonado Castañeda desempeñaba el cargo de vendedor, enviado en misión a la que fue nuestra empresa usuaria Fritolay Colombia Ltda.”.
3. De acuerdo con los hechos y la respuesta de la entidad a la acción de tutela interpuesta por el señor Maldonado Castañeda, hubo varios contratos de trabajo entre este y su entidad. Para cada uno de tales contratos, indique la fecha de inicio y fecha de terminación, y envíe copia a esta corporación de los mismos.
Respuesta: “Óscar (sic) Fermín Maldonado Castañeda suscribió contratos de trabajo con duración determinada por la naturaleza de la obra o labor contratada con Expertos Temporal Ltda., así: a) El primero de ellos para empezar a ejecutarse a partir del 23 de febrero de 2005 con finalización el día 7 de febrero de 2006, b) el segundo, para empezar a ejecutarse a partir del 24 de febrero de 2006 con finalización el día 11 de enero de 2007 y c) el último, para ejecutarse a partir del 30 de enero de 2007 y con finalización el día 14 de diciembre de ese mismo año, fecha en la que el accionante no se encontraba incapacitado” (allega copias).
Respuesta: “El señor Óscar Fermín Maldonado Castañeda fue un trabajador de Expertos Personal Temporal Ltda. Enviado en misión a la empresa usuaria Fritolay Colombia Ltda., en virtud del contrato de prestación de servicios temporales suscrito por estas dos personas jurídicas de acuerdo a lo dispuesto, respecto a las Empresas de Servicios Temporales y su funcionamiento, en la Ley 50 de 1990 y su legislación complementaria”.
Respuesta: “En un (1) folio, allegamos relación de los trabajadores de EXPERTOS PERSONAL TEMPORAL LTDA. Enviados en misión a la empresa usuaria FRITO LAY COLOMBIA LTDA. con quienes, por mutuo acuerdo, se dio finalización a los respectivos vínculos contractuales el día treinta (30) de mayo de dos mil siete (2007) en razón a la terminación (anexamos documentos de finalización); a excepción del contrato de trabajo del señor ÓSCAR FERMÍN MALDONADO CASTAÑEDA, quien se encontraba incapacitado, teniendo en cuenta lo ocurrido el 7 de abril de 2007. Entonces, también se allegan copias de los acuerdos celebrados con los trabajadores arriba aludidos, siete (7) de ellos vía fax y el resto se allegarán, en medio magnético, el día lunes veintinueve (29) de septiembre de dos mil ocho (2008) (2) ”.
c) La Sala solicitó a la ARP Colpatria S.A. informar a esta corporación sobre el estado actual de salud del peticionario, y sobre una eventual calificación de la invalidez, sin recibir respuesta.
Para resolver el problema planteado, la Sala reiterará la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en relación con (i) el alcance de la tutela como medio excepcional para la protección de la estabilidad laboral frente a grupos vulnerables; (ii) la estabilidad laboral reforzada para las personas discapacitadas en el caso de las agencias temporales de empleo. Dentro de ese marco, la Sala (iii) analizará el caso concreto.
1. La Corte Constitucional ha expresado, en reiterada jurisprudencia que, en virtud del principio de subsidiariedad, la acción de tutela solo procede (i) cuando no existe ninguna otra acción judicial por medio de la cual se pueda resolver un conflicto relacionado con la vulneración de un derecho fundamental (3) ; (ii) cuando existiendo otras acciones, estas no resultan eficaces o idóneas para la protección del derecho, en el caso concreto (4) ; o, (iii) cuando aun existiendo acciones ordinarias, resulta imprescindible la intervención del juez de tutela para evitar que ocurra un perjuicio irremediable (5) de carácter iusfundamental.
2. A partir de lo expuesto, es claro que la acción de tutela no resulta procedente, como regla general, para resolver un reclamo dirigido a la obtención de un reintegro laboral (6) . Una demanda en ese sentido debe ser discutida ante las jurisdicciones ordinaria, o de lo contencioso administrativo que prevén acciones especialmente diseñadas para proteger el derecho al trabajo, pues la acción de tutela no está diseñada para reemplazar los procedimientos judiciales ordinarios que son, ante todo, instancias para la protección de los derechos fundamentales (7) .
3. En un reciente pronunciamiento —Sent. T-580/2006 (8) — la Sala Tercera de Revisión reiteró, in extenso, la doctrina constitucional sobre el principio de subsidiariedad en un caso fácticamente similar al que ahora se estudia.
Lo que sucede es que existen casos en los que tales requisitos se encuentran acreditados de forma evidente, así que el juez de tutela apenas hace referencia a los mismos, en la medida en que un análisis detallado del asunto resultaría superfluo. En el caso de los discapacitados, además, tal como lo ha afirmado la jurisprudencia constitucional (9) , el análisis de procedibilidad se puede llevar a cabo sobre criterios más amplios cuando están de por medio sujetos de especial protección constitucional.
6. Para comprender el alcance de este examen de procedibilidad diferencial, resulta por completo pertinente citar lo expresado por la Sala Séptima de Revisión en la Sentencia T-1316 de 2001 (10) , en la que se refirió a la valoración del perjuicio irremediable frente a grupos constitucionalmente protegidos:
Sin embargo, algunos grupos con características particulares, como los niños o los ancianos, pueden llegar a sufrir daños o amenazas que, aun cuando para la generalidad de la sociedad no constituyen perjuicio irremediable, sí lo son para ellos, pues por encontrarse en otras condiciones de debilidad o vulnerabilidad, pueden tener repercusiones de mayor trascendencia que justifican un “tratamiento diferencial positivo (11) ”, y que amplía a su vez el ámbito de los derechos fundamentales susceptibles de protección por vía de tutela (...).
Lo anterior explica entonces por qué, tratándose de sujetos de especial protección, el concepto de perjuicio irremediable debe ser interpretado enferma mucho más amplia y desde una doble perspectiva. De un lado, es preciso tomar en consideración las características globales del grupo, es decir, los elementos que los convierten en titulares de esa garantía privilegiada. Pero además, es necesario atender las particularidades de la persona individualmente considerada, esto es, en el caso concreto. Consecuencialmente, para determinar la procedencia del amparo, cuando se trata de sujetos de especial protección, el juez deberá analizar cada uno de estos aspectos”.
Del derecho a la estabilidad laboral frente a personas en estado de discapacidad
7. El principio de estabilidad en el empleo hace parte del conjunto de mandatos constitucionales que informan el desarrollo de las relaciones laborales, y que fueron agrupados por el constituyente bajo la categoría de principios mínimos fundamentales (12) (C.P., art. 53), normas que determinan la solución constitucionalmente adecuada a la tensión que se presenta entre la libertad de empresa y la autonomía privada —fundamento legítimo del actuar del empresario—, y la efectividad del derecho fundamental al trabajo (C.P., art. 25) en condiciones dignas y justas (13) .
8. La Corte ha considerado que el principio de estabilidad laboral no equivale a un derecho fundamental a permanecer indefinidamente en un cargo o puesto de trabajo determinado, debido a las limitaciones fácticas y a los intereses legítimos de los empleadores privados, y del servicio público, que deben armonizarse con la expectativa de continuidad en las relaciones laborales. Sin embargo, cuando uno de los extremos de la relación laboral está compuesto por un sujeto que se encuentra en un estado de debilidad manifiesta (14) , el derecho a la estabilidad laboral adquiere el carácter de fundamental (15) , en virtud de diversas razones de carácter constitucional:
Así, (i) la existencia de mandatos de protección especial vinculantes para todos los actores sociales y el Estado (16) , (ii) el principio de solidaridad social, y de eficacia de los derechos fundamentales (17) , y (iii) el principio y derecho a la igualdad material, que comporta la adopción de medidas afirmativas (18) en favor de grupos desfavorecidos, o de personas en condición de debilidad manifiesta (art. 13, incs. 2º a 4º) (19) , han llevado a la Corte a considerar que un despido que tiene como motivación —explícita o velada— la condición física del empleado, constituye una acción discriminatoria (20) y/o un abuso de la facultad legal de dar por terminado unilateralmente un contrato de trabajo (21) .
9. A partir de los presupuestos normativos de orden constitucional expuestos, esta Corte, desde tempranos pronunciamientos, desarrolló el contenido y alcance del derecho a la estabilidad laboral reforzada (22) de los discapacitados; el legislador, consciente de la necesidad de avanzar en la protección de este grupo vulnerable decidió expedir la Ley 361 de 1997 (23) , en la que se consagran mecanismos de integración social para personas con condición de discapacidad, incluidas algunas normas de protección laboral.
En el inciso segundo del artículo 26 de la referida ley, el legislador estableció la prohibición de dar por terminado el contrato de trabajo a un discapacitado sin la autorización del Ministerio de la Protección Social (24) , en tanto que en el inciso segundo de la misma disposición estableció que el despido llevado a cabo sin tal autorización, genera para el empleador la obligación de cancelar una indemnización equivalente a 180 días de trabajo (25) .
10. Al estudiar la constitucionalidad de la disposición referida, la Corte (26) consideró que la prohibición establecida en el primer inciso de la disposición referida, resultaba incompatible con la permisión del inciso segundo, pues no es posible dotar de efectos jurídicos a una actuación ilegal, o jurídicamente prohibida, a partir del pago de una suma determinada de dinero.
La corporación, entonces, decidió integrar en el ordenamiento legal las disposiciones constitucionales relativas al derecho al trabajo, la estabilidad laboral y la eficacia de los derechos constitucionales, por lo que condicionó la constitucionalidad del inciso segundo del artículo 26 de la Ley 361 de 1996, señalando que este se ajusta a la Constitución, en el entendido de que el despido realizado sin autorización del Ministerio de la Protección Social, carece de efectos jurídicos en cualquier caso, por lo que la indemnización establecida en tal disposición tiene un carácter estrictamente sancionatorio. Así lo expresó la Sala Plena:
“Sin embargo, la verdadera naturaleza de la indemnización que allí se plantea enerva el argumento de la inconstitucionalidad de la disposición legal, por cuanto dicha indemnización presenta un carácter sancionatorio y suplementario pero que no otorga eficacia jurídica al despido o a la terminación del contrato de la persona con limitación, sin previa autorización de la oficina de trabajo (27) ”.
Para la Corporación, están amparados por la protección prevista en la Ley 361 de 1997, por una parte, aquellas personas que tienen la condición de discapacitados de acuerdo con la calificación de discapacidad de los organismos competentes; y, por otra parte, quienes se encuentran en una situación de debilidad manifiesta por la ocurrencia, de un evento que afecta su salud, o de una limitación física, sin importar si esta tiene el carácter de accidente, enfermedad profesional, o enfermedad simple, ni si es de carácter transitorio o permanente (28) .
“Es por ello, que en materia laboral, la protección especial de quienes por su condición física están en circunstancia de debilidad manifiesta se extiende también a las personas respecto de las cuales esté probado que su situación de salud les impide o dificulta sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares, sin necesidad de que exista una calificación previa que acredite su condición de inválido (29) ”.
12. Con todo, la protección a la estabilidad laboral de las personas discapacitadas no se agota en la prohibición impuesta al empleador de dar por terminado el contrato de trabajo en razón a la discapacidad del empleado. El Legislador ha previsto (30) , además, que un trabajador parcialmente incapacitado debe ser reubicado cuando sus condiciones de salud puedan verse afectadas por las funciones de su cargo, debiendo el empleador realizar los ajustes pertinentes en su planta de personal (31) , salvo que ello resulte fácticamente imposible, Al respecto, ha expresado esta corporación (32) :
En efecto, el alcance del derecho a ser reubicado por condiciones de salud tiene alcances diferentes dependiendo del ámbito en el cual opera el derecho. Para tales efectos resultan determinantes al menos tres aspectos que se relacionan entre sí: 1) el tipo de función que desempeña el trabajador, 2) la naturaleza jurídica y 3) la capacidad del empleador. Si la reubicación desborda la capacidad del empleador, o si impide o dificulta excesivamente el desarrollo de su actividad o la prestación del servicio a su cargo, el derecho a ser reubicado debe ceder ante el interés legítimo del empleador. Sin embargo, este tiene la obligación de poner tal hecho en conocimiento del trabajador, dándole además la oportunidad de proponer soluciones razonables a la situación (33) ”.
13. Por último, debe señalarse que el derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada de las personas en condición de debilidad manifiesta, es independiente del tipo de vinculación y del término de duración del contrato (34) . Sin embargo, la Corte ha considerado que en las modalidades de contrato a término fijo y contrato por duración de obra, la expectativa del empleado no es igual a la de quien se encuentra en una relación a término indefinido. En tales casos, la continuidad de la relación se sujeta a (i) que subsista la materia del contrato, y (ii) que el trabajador haya cumplido con sus obligaciones (35) .
Como se expresó en el acápite de ‘Fundamentos’, en el ordenamiento jurídico existe una acción idónea para discutir la viabilidad del reintegro de trabajadores afectados con una discapacidad o limitación física; esta acción no solo ampara derechos laborales de rango legal, sino también la estabilidad reforzada de los discapacitados por voluntad expresa del legislador, de manera que es posible adelantar la discusión en el ámbito del proceso ordinario laboral, escenario donde se da una amplia controversia tanto normativa como fáctica, y en el que se cuenta con la actuación idónea de los jueces de la jurisdicción ordinaria en lo laboral.
En este aparte, se estudiará si, a partir de la terminación de la relación laboral entre el señor Osear Fermín Maldonado Castañeda y la empresa Expertos Temporal Ltda. se presenta una amenaza inminente en las condiciones materiales necesarias para una subsistencia acorde con la dignidad humana.
En primer lugar, de acuerdo con la reseña fáctica, el peticionario no recibió la indemnización por despido injustificado del inciso 2º del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 ya que el empleador consideró que esta norma no era aplicable al caso del accionante; ni la indemnización por incapacidad parcial permanente, pues esta circunstancia nunca se evaluó.
A partir de las condiciones laborales (una asignación básica de $ 200.000 y comisiones por ventas), es posible deducir que el peticionario es una persona de bajos ingresos; además de ello, el actor informó a esta corporación que tiene a cargo a su esposa y a un menor de edad, y que actualmente se encuentra desempleado debido a que aún se encuentra afectado por la intervención de colostomía.
e) A raíz de la finalización de la relación entre las dos compañías, Expertos Temporal Ltda. llegó a acuerdos de terminación del vínculo laboral con un grupo de trabajadores que se encontraban en misión en Fritolay S.A. y, en esa ocasión no buscó la terminación del contrato con el accionante, debido a su estado de salud, y
g)(sic) El 15 de diciembre de 2007, cuando la compañía consideró que el demandante había recobrado su estado de salud, decidió terminar unilateralmente el contrato de trabajo. La apreciación de la compañía tuvo como fundamento el dictamen de la especialista en medicina laboral de la ARP Colpatria, confirmado por una junta médica, y cuyo contenido fue reseñado en el capítulo de antecedentes.
De los hechos expuestos, esta Sala concluye que la empresa Expertos Temporal Ltda. cumplió parcialmente con sus obligaciones legales y constitucionales de solidaridad y no discriminación frente al peticionario. Así, es claro que la entidad pretendió mantener el vínculo hasta que el peticionario recuperara su normalidad fisiológica pero, sin embargo, decidió terminar la relación con un dictamen que no establecía la recuperación del trabajador, sino su retomo al trabajo con restricciones.
Sin embargo, existen tres razones por las cuales la Sala considera que en esta oportunidad, a diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones (36) , la empresa debe soportar la carga de buscar la reubicación del peticionario:
En primer lugar, la celebración de contratos sucesivos entre Expertos Temporal Ltda. y el peticionario, por lo menos, entre el año 2005 y el 2007 (37) debe considerarse dentro de las circunstancias concretas del caso, especialmente, en lo concerniente al derecho a la estabilidad laboral reforzada, y a la aplicación del principio de solidaridad social (38) . La Sala considera que la realización de contratos sucesivos por un período de aproximadamente tres años, (i) constituye un indicio suficiente sobre el hecho de que el señor Óscar Fermín Maldonado Castañeda se desempeñó satisfactoriamente como vendedor durante un amplio período; y (ii), genera unas expectativas especiales en relación con la estabilidad laboral.
La compañía Expertos Temporal Ltda. señala que, puesto que su relación con Fritolay S.A. finalizó en mayo de 2007, los servicios prestados por el actor no son necesarios actualmente. Sin embargo, en la medida en que se trata de un trabajador que lleva varios años vinculado con la entidad y ha demostrado idoneidad para el ejercicio de una de las funciones en las cuales la empresa sostiene relaciones contractuales (39) , considera esta Sala que, en virtud del principio de solidaridad la compañía debió intentar la reubicación del trabajador en un puesto similar antes de dar por terminado el contrato de trabajo o, en caso de que su reubicación no fuera posible, debió solicitar la autorización al Ministerio de la Protección Social.
Sobre la reubicación de un trabajador, la Corte ha expresado que esta depende de las condiciones materiales de la compañía. Pues bien, de acuerdo con la información comercial de la entidad demandada (40) , esta hace parte de un grupo de empresas que cuenta con más de doce mil empleados en el país que trabajan en diversas áreas, como lo son: aseo institucional, mantenimiento integral, administración de centros de correspondencia y servicios administrativos.
En conclusión, la formación del señor Maldonado como vendedor; el haber prestado sus servicios durante varios años a la compañía Expertos Temporal Ltda.; el hecho de que sufre de unas dolencias derivadas de un ataque del que fue víctima mientras prestaba sus servicios para la compañía; y, por último, las posibilidades fácticas de la compañía, llevan a considerar que el deber de solidaridad en este caso, obliga a Expertos Temporal Ltda. a (i) intentar su reubicación en un puesto similar, en otra compañía diferente; y (ii) sujetar su despido a la recuperación definitiva de la normalidad fisiológica del peticionario (41) o a la obtención del permiso del Ministerio de la Protección Social.
La Sala dará aplicación al inciso primero del artículo 26 de la Ley 361 de 1997 que establece la ineficacia del despido de un trabajador discapacitado sin justa causa, y sin permiso del Ministerio de la Protección Social, de conformidad con la interpretación adoptada por esta corporación en la Sentencia C-531 de 2000. La Sala recuerda, además, que la discriminación no se presenta solo por actitudes positivas (manifestaciones de voluntad externas) en contra de un grupo o persona vulnerable, sino también, por omitir la protección especial ordenada por la Constitución, frente a tales personas.
1. REVOCAR los fallos de primera y segunda instancia, proferidos por el Juzgado Cincuenta y Siete Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá el veinte (20) de febrero de dos mil ocho (2008), y el Juzgado Veintitrés Penal del Circuito de Bogotá el doce (12) de mayo de dos mil ocho (2008).
2. ORDENAR a la Empresa Expertos Temporal Ltda., que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia proceda a reintegrar y, de ser necesario, a reubicar al señor Óscar Fermín Maldonado Castañeda a un cargo apto para lograr un desempeño laboral adecuado y compatible con su estado actual de salud. Con ese propósito, deberá contar con la asistencia en forma permanente de la Administradora de Riesgos Profesionales del Seguro Social —ARP—.
3. ORDENAR a la ARP Colpatria S.A. adelantar la evaluación definitiva sobre la eventual configuración de una incapacidad parcial permanente que afecte al señor Óscar Fermín Maldonado Castañeda, en caso de que no lo hubiere hecho aún. El término para cumplir esta orden es de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del presente fallo.
4. ADVERTIR a la entidad Expertos Personal Temporal Ltda. que para terminar el contrato de trabajo con el señor Maldonado Castañeda deberá asegurarse (i) de su recuperación integral, lo que incluye la inexistencia de una incapacidad parcial permanente; o, bien, (ii) obtener la autorización del Ministerio de la Protección Social. En todo caso, deberá respetar el debido proceso y pagar las sumas legalmente derivadas de un futuro despido.
5. ADVERTIR al señor Óscar Fermín Maldonado Castañeda que de no interponer la acción laboral dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la notificación de esta sentencia cesarán los efectos del reintegro ordenado en el numeral segundo de la parte resolutiva de esta providencia.
(1) Folio 29.
(2) La compañía envía soporte escrito y magnético de la terminación de 38 contratos laborales por mutuo acuerdo. La Sala deja constancia de que el soporte magnético no se encuentra en el expediente, pero este resulta superfluo, pues la información escrita da cuenta suficiente del hecho.
(3) Ver sentencias C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) SU-111 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-568 de 1994 (M.P. Hernando Herrera Vergara), SU-250 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-580 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y, recientemente, T-595 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
(4) Sobre los conceptos de idoneidad y efectividad, ver sentencias SU-961 de 1999, T-719 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), T-847 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
(5) Ver, entre muchas otras, las sentencias T-1316 de 2001 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes) y T-225 de 1993 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). El perjuicio debe tener las siguientes características: ‘inminencia, gravedad’ y debe requerir medidas ‘urgentes e impostergables’ para la protección del derecho.
(6) Sentencias SU-250 de 1996, T-576 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-689 de 2004 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), T-198 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-580 de 2006 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
(7) Sobre el principio de subsidiariedad, consultar, principalmente, las sentencias C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), SU-111 de 1997 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), T-827 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), SU-622 de 2001 (M.P. Jaime Araújo Rentería) y T-972 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), entre muchas otras.
(9) Cfr. Sentencias T-1316 de 2001 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes) y T-595 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
(11) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-347 de 1996 M.P. Julio César Ortiz. En el mismo sentido ver la Sentencia T-416 de 2001 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra (cita tomada del original).
(12) Estos principios fueron dirigidos por el constituyente, en primer lugar, al legislador, al señalar que son los mínimos elementos que debe observar el estatuto del trabajo. La Corte sin embargo, ha reiterado su aplicación judicial directa, debido al carácter normativo de la Constitución, y a que el Legislador aún no ha desarrollado el estatuto en mención. Así, ha señalado la Corte: “Todos estos principios, si bien no han sido compilados en un estatuto laboral de la manera como lo previó el constituyente —en el art. 53 superior—, si han gozado de plena protección judicial a través de la jurisdicción constitucional, pues no cabe duda de que parte de la eficacia sobre la que se apoya la vigencia del ordenamiento jurídico —expresado en la Constitución y las leyes—, depende de la protección del trabajo en general, como actividad que dignifica la existencia humana, y del trabajador en particular, como figura central del proceso de producción. Para la Corte ha sido evidente la relevancia que, a partir de la Constitución del 91, ha ganado el derecho laboral dentro de la configuración de un orden social y económico justo y más cercano a la realidad”.
(13) La Corte ha señalado, también, que se trata de principios susceptibles de protección judicial por parte de la jurisdicción constitucional.
(14) Cfr. Artículo 13, inciso 4º.
(15) Ver, al respecto, las sentencias T-198 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra) y C-531 de 2000 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
(16) Como se ha señalado, estos mandatos se encuentran contenidos en los artículos 13, 47 y 54 de la Carta.
(17) A partir de los artículos 1º, 2º y 4º de la Constitución.
(18) Sobre las acciones afirmativas en el ordenamiento colombiano, se pueden consultar entre otras, las sentencias C-371 de 2000 (L. 581/2000, conocida como Ley de cuotas); C-112 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-500 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), C-184 de 2003 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa), en relación con la Ley 750 de 2002, relativa al beneficio de prisión domiciliaria para madres cabeza de familia, C-044 de 2004 (M.P. Jaime Araújo Rentería) y C-174 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) y, las sentencias de unificación SU-388 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) y SU-389 de 2005 (M.P. Jaime Araújo Rentería).
(19) ART. 13, INC. 2º—El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Inciso 4º: El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.
(20) Ver, sobre el particular las sentencias SU-256 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) sobre empleados despedidos por ser portadores del virus de inmunodeficiencia humano, y la T-943 de 1999 (M.P. Carlos Gaviria Díaz).
(21) Sobre el trato discriminatorio que supone un despido en tales condiciones, ver entre otras, las sentencias T-576 de 1998 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-1040 de 2001 (M.P, Rodrigo Escobar Gil), T-519 de 2003 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-198 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra), T-1038 y 1083 de 2007 (las dos con ponencia del M. Humberto Antonio Sierra Porto). En relación con la configuración de un abuso del derecho, ver la T-1757 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T-1040 de 2001 y, de forma reciente, la T-853 de 2006 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
(22) Precursoras son las sentencias T-427 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-441 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
(23) “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones”. Publicada en el Diario Oficial 42.978, de 11 de febrero de 1997.
(24) En ningún caso la limitación de una persona, podrá ser motivo para obstaculizar una vinculación laboral, a menos que dicha limitación sea claramente demostrada como incompatible e insuperable en el cargo que se va a desempeñar. Así mismo, ninguna persona limitada podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su limitación, salvo que medie autorización de la oficina de trabajo.
(25) Ídem, INC. 2º—“No obstante, quienes fueren despedidos o su contrato terminado por razón de su limitación, sin el cumplimiento del requisito previsto en el inciso anterior, tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren”.
(26) Ver, Sentencia C-531 de 2001 (M.P. Álvaro Tafur Galvis).
(27) Sentencia C-531 de 2000 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
(28) Entre otras, ver principalmente, sentencias T-1040 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) y T-198 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
(29) En este fallo, la Corte, uno de los problemas jurídicos estudiados por la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional fue “si procede la acción de tutela para obtener el reintegro a favor del trabajador discapacitado, en virtud de la protección laboral reforzada, establecida en la Ley 361 de 1997, aun cuando no ha sido calificado su grado de invalidez”. Cfr. Sentencia T-198 de 2006 (M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
(30) Ver, Ley 776 de 2002, artículo 8º.
(31) ART. 8º—Reubicación del trabajador. “Los empleadores están obligados a ubicar al trabajador incapacitado parcialmente en el cargo que desempeñaba o a proporcionarle un trabajo compatible con sus capacidades y aptitudes, para lo cual deberán efectuar los movimientos de personal que sean necesarios”.
(33) Sentencia T-1040 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
(34) “La Corte ha en numerosas oportunidades las consideraciones expresadas en la Sentencia C-016 de 1998 sobre los contratos a término fijo: el solo vencimiento del plazo inicialmente pactado, producto del acuerdo de voluntades, no basta para legitimar la decisión del patrono de no renovar el contrato, solo así se garantizará, de una parte la efectividad del principió de estabilidad, en cuanto “expectativa cierta y fundada” del trabajador de mantener su empleo, si de su parte ha observado las condiciones fijadas por e! contrato y la ley, y de otra la realización del principio, también consagrado en el artículo 53 de la Carta Política, que señala la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de la relación laboral.
(...) El principio de estabilidad trasciende la simple expectativa de permanecer indefinidamente en un puesto de trabajo: su realización depende, como lo ha señalado la Corte, de la certeza que este pueda tener de que conservará el empleo siempre que su desempeño sea satisfactorio y subsista la materia de trabajo, no teniendo que estar supeditado a variables diferentes, las cuales darían lugar a un despido injustificado, que como tal acarrea consecuencias para el empleador y el empleado”.
(35) Sentencia T-862 de 2003 M.P. Fabio Morón Díaz, T-1040 A de 2001 M.P. Fabio Morón Díaz, T-069 de 2007 M.P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras, T-550 de 2006 y T-1090 de 2001. (En las dos últimas, la Corte denegó el amparo por considerar que no se cumplían los requisitos mencionados).
(36) Cfr. Sentencias T-1090 de 2001 y T-550 de 2006, casos en los cuales se reclamaba la estabilidad laboral reforzada por parte de mujeres embarazadas, y la Corte denegó el amparo por considerar que la causa del despido fue la terminación de la relación entre la empresa de servicios temporales y la compañía usuaria.
(37) Existe una controversia sobre si la entidad bajo otra razón social ya habría celebrado contratos similares con el peticionario, pero ese hecho es irrelevante para el análisis actual.
(38) La Sala no estudiará la posible configuración de un contrato realidad entre las partes, o entre el peticionario y Fritolay S.A., ni una eventual vulneración de las normas relativas a los contratos por duración de obra pues, en la medida en que se estudia la procedencia de un amparo transitorio, estos aspectos pueden ser dilucidados con mayor claridad por el juez natural.
(39) De acuerdo con la información comercial de la compañía, las ventas son una de las áreas en las que ofrecen servicios, bajo el nombre genérico de servicios administrativos. La información comercial de la compañía es tomada de www.serdan.com, dirección electrónica que aparece en todos los membretes de la documentación de Expertos Temporal Ltda.
(40) De acuerdo con el “sitio” de internet de la compañía, “Tenemos presencia en todo Colombia y hoy contamos con más de 12 mil empleados, desempeñándose en las múltiples áreas que nuestros clientes nos solicitan”. Áreas que incluyen aseo institucional, mantenimiento integral, administración de centros de correspondencia, y servicios administrativos. http://www.serdan.com/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=content&p_id=MI-53&p_options.
(41) Se entiende que esa recuperación definitiva se predica en relación con el accidente de trabajo sufrido por el peticionario y sus secuelas.

References: artículo 39
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 26
 Artículo 13
 artículo 8
 artículo 53