Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0210_ES.html
Timestamp: 2019-10-16 07:01:40+00:00

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con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas mínimas comunes de procedimiento civil en la Unión
– Vistos el artículo 19, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la Carta),
– Visto el documento de trabajo sobre «Establecimiento de unas normas mínimas comunes para el procedimiento civil en la Unión Europea – fundamento jurídico»(1),
– Visto el estudio de evaluación del valor añadido europeo de la Unidad de Valor Añadido Europeo del Servicio de Estudios Parlamentarios (EPRS) titulado «Normas mínimas comunes de procedimiento civil»(2),
– Visto el análisis en profundidad del Servicio de Estudios para los Diputados del EPRS titulado «Europeización del procedimiento civil: ¿hacia unas normas mínimas comunes?»(3),
– Visto el proyecto del Instituto Europeo de Derecho (ELI) y del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) titulado «De los principios transnacionales a las normas europeas de procedimiento civil»,
– Vistos los «Principios del procedimiento civil transnacional» del Instituto Americano de Derecho y de UNIDROIT(5),
– Visto el «Estudio sobre la aproximación de las leyes y normas de los Estados miembros sobre determinados aspectos del enjuiciamiento civil», conocido como «Informe Storme»(6),
– Visto el acervo europeo sobre cooperación en el ámbito de la justicia civil,
– Vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los principios de autonomía procesal nacional y tutela judicial efectiva(7),
A. Considerando que, según la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia relativa al principio de la autonomía procesal, cuando no hay normas de la Unión que rijan los aspectos procedimentales de los litigios relacionados con el Derecho de la Unión, los Estados miembros son responsables de designar los órganos jurisdiccionales competentes y de determinar las condiciones de procedimiento aplicables a los procedimientos para garantizar la protección de los derechos conferidos por la Unión;
B. Considerando que, de conformidad con esa misma jurisprudencia, la prioridad nacional de las normas de procedimiento está sujeta a dos importantes condiciones: las normas procesales nacionales no pueden ser menos favorables cuando se aplican a litigios relacionados con el Derecho de la Unión que cuando se aplican a acciones similares de carácter interno (principio de equivalencia), y no deben estar redactadas de manera que hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil la ejecución de los derechos y obligaciones de la Unión (principio de eficacia);
C. Considerando que, en ausencia de disposiciones de la Unión que armonicen las normas procesales, la primacía de los Estados miembros para adoptar normas de procedimiento que hagan cumplir los derechos conferidos por la Unión no se extiende a la introducción de nuevas vías de recurso en los ordenamientos jurídicos nacionales para garantizar la aplicabilidad del Derecho de la Unión(10);
D. Considerando que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo facilita en su cooperación con los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, aumentando el conocimiento del ordenamiento jurídico de la Unión por parte de los ciudadanos y dichos órganos jurisdiccionales;
E. Considerando que el derecho a una tutela judicial efectiva y a un proceso equitativo, consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 6 del CEDH, constituye una de las garantías fundamentales para el respeto del Estado de Derecho y de la democracia y está indisolublemente ligado con el procedimiento civil en su conjunto;
F. Considerando que, a pesar de que el artículo 47 de la Carta es vinculante y el artículo 6 del CEDH constituye un principio general del Derecho de la Unión, el nivel de protección del derecho a un proceso equitativo en los procedimientos civiles, y en particular el equilibrio entre el derecho al acceso a la justicia del demandante y los derechos a defensa del demandado no están armonizados en toda la Unión;
G. Considerando que, sin embargo, como derecho fundamental, el derecho a un proceso equitativo ha sido completado con varios actos jurídicos de Derecho derivado de la Unión, como el Reglamento sobre el proceso europeo de escasa cuantía(11), la Directiva sobre justicia gratuita(12), la Recomendación sobre el recurso colectivo(13), la Directiva sobre las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores(14) y la Directiva sobre daños y perjuicios en asuntos de competencia(15);
H. Considerando que los ciudadanos europeos, especialmente los que circulan a través de las fronteras, tienen actualmente una probabilidad mucho mayor de entrar en contacto con los sistemas procesales civiles de otro Estado miembro;
I. Considerando que las normas procesales mínimas a escala de la Unión pueden contribuir a la modernización de los procesos nacionales, a garantizar la igualdad de condiciones de competencia para las empresas y a un mayor crecimiento económico mediante sistemas judiciales eficaces y eficientes, facilitando al mismo tiempo el acceso a la justicia a los ciudadanos dentro de la Unión y contribuyendo a garantizar las libertades fundamentales de la Unión;
J. Considerando que, cada vez más, el legislador de la Unión aborda las cuestiones de procedimiento civil no solo horizontalmente, mediante instrumentos facultativos(16), sino también de una forma específica para cada sector en distintos ámbitos políticos, como la propiedad intelectual(17), la protección de los consumidores(18) o, recientemente, el Derecho de la competencia(19);
K. Considerando que el carácter fragmentario de la armonización procedimental en el ámbito de la Unión ha sido criticado en repetidas ocasiones, y que el auge de un Derecho de la Unión sobre procedimiento civil tan sectorial cuestiona la coherencia de los sistemas nacionales de procedimiento civil y de los distintos instrumentos de la Unión;
L. Considerando que la propuesta de Directiva busca establecer un marco para la justicia civil sistematizando las normas de procedimiento civil existentes en la Unión y ampliando su ámbito de aplicación a todas las cuestiones del Derecho de la Unión;
M. Considerando que la Directiva propuesta está diseñada para contribuir a aumentar el nivel de coordinación, coherencia y sistematización de los sistemas judiciales civiles para que vaya más allá de las fronteras, los intereses y los recursos de cada Estado;
N. Considerando que, con arreglo al artículo 4, apartado 1, y el artículo 5, apartado 1, del TUE (principio de atribución) la Unión solo puede legislar en un ámbito determinado si tiene competencia expresa para hacerlo y siempre y cuando se respeten los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;
O. Considerando que en el marco existente de los Tratados el título V del TFUE, relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia, proporciona la base jurídica principal para la armonización del procedimiento civil;
P. Considerando que el requisito de un elemento transfronterizo para que pueda ejercerse la potestad de la Unión se mantuvo en el marco del Tratado de Lisboa, lo que implica que solo cabe la actuación de la Unión en materia de justicia civil cuando en un asunto se reúnan unos factores de conexión (por ejemplo, residencia, lugar de ejecución, etc.) que afecten, como mínimo, a dos Estados miembros diferentes;
Q. Considerando que las disposiciones generales del artículo 114 del TFUE sobre la aproximación de las disposiciones jurídicas, la reglamentación o la acción administrativa de los Estados miembros que tienen como objetivo crear un mercado interior que funcione se ha utilizado y continúa usándose como base jurídica para una amplia variedad de medidas sectoriales que armonizan determinados aspectos del procedimiento civil, como, por ejemplo, la Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DPI) y, más recientemente, la Directiva sobre daños y perjuicios por infracción del Derecho de la competencia;
W. Considerando que un sistema de normas mínimas comunes de la Unión en forma de principios y reglas sería un primer paso hacia la convergencia de las normativas nacionales de procedimiento civil, estableciendo un equilibrio entre los derechos fundamentales de los litigantes, en interés de la plena confianza mutua entre los sistemas judiciales de los Estados miembros;
X. Considerando que la existencia y el respeto de garantías procesales para la eficiencia y la eficacia de los procedimientos civiles y la igualdad de trato de las partes son deseables y, al mismo tiempo, necesarios para garantizar la confianza mutua;
Y. Considerando que la adopción de tal sistema de normas mínimas comunes daría además un nivel mínimo de calidad a los procedimientos civiles en toda la Unión, con lo que contribuiría no solo a una confianza mutua reforzada entre las autoridades judiciales, sino también al funcionamiento del mercado interior, pues se estima que las diferencias de procedimiento entre Estados miembros pueden, entre otros, perturbar el comercio y disuadir a empresas o consumidores de ejercer sus derechos en el mercado interior;
Z. Considerando que es necesaria la aproximación de los regímenes procedimentales en la Unión; que la propuesta de Directiva quiere ser un primer paso en el proceso de armonización y convergencia de los sistemas de justicia civil de los Estados miembros y de creación de un Código de Procedimiento Civil de la Unión a largo plazo;
AA. Considerando que la propuesta de Directiva no afecta a la organización judicial de los Estados miembros ni a las principales modalidades de ejercicio de la acción civil y que permite normas de procedimiento más eficaces;
AB. Considerando que, por tanto, es de suma importancia adoptar y aplicar adecuadamente legislación que prevea la adopción de normas mínimas comunes relativas al procedimiento civil en la Unión;
1. Señala el papel esencial del Tribunal de Justicia al sentar las bases del procedimiento civil de la Unión, determinando la comprensión de lo que significa el procedimiento civil para el ordenamiento jurídico de la Unión;
2. Subraya, sin embargo, que, si bien algunas normas de procedimiento que en la actualidad se aceptan como parte del sistema procesal de la Unión han sido refrendadas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la contribución del Tribunal debe considerarse más una interpretación que una acción por la que se fijan normas;
3. Destaca, por tanto, que la rica experiencia del Tribunal de Justicia en la revisión de las reglas sobre vías de recurso y procedimientos, así como los acuerdos y los valores enfrentados que persigue, es muy instructiva y debe tenerse en cuenta a la hora de establecer un instrumento horizontal de cobertura de carácter legislativo que contenga normas comunes sobre procedimiento civil;
4. Destaca que, en lo que respecta al derecho a un proceso equitativo y al acceso a la justicia, conviene mantener y seguir desarrollando redes de cooperación y bases de datos que mejoren la cooperación judicial y el intercambio de información;
6. Pide asimismo a la Comisión que evalúe si deben proponerse nuevas medidas para consolidar y reforzar un enfoque horizontal para la aplicación privada de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión y si podría considerarse que las normas mínimas comunes de procedimiento civil que aquí se proponen promueven y garantizan este paradigma horizontal;
9. Señala que el artículo 114 del TFUE (armonización del mercado interior) ha servido de base para adoptar varios actos de la Unión con implicaciones procesales; recuerda que el artículo 114 del TFUE sobre la aproximación de las disposiciones jurídicas, la reglamentación o la acción administrativa de los Estados miembros que tienen como objetivo crear un mercado interior que funcione se ha utilizado y continúa usándose como base jurídica para una amplia variedad de medidas sectoriales que armonizan determinados aspectos del procedimiento civil, como, por ejemplo, la Directiva relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (DPI);
10. Observa, no obstante, que el artículo 81 del TFUE dispone la adopción de medidas en el ámbito de la cooperación judicial en asuntos civiles con repercusión transfronteriza, incluidas las medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legislativas y reglamentarias de los Estados miembros, en particular cuando resulte necesario para el buen funcionamiento del mercado interior; considera, por tanto, que el artículo 81 del TFUE constituye la base jurídica adecuada para la propuesta de instrumento legislativo;
11. Defiende que la noción de «repercusión transfronteriza» desarrollada en el artículo 81, apartado 2, del TFUE en relación con la adopción de medidas de cooperación judicial en materia civil debe tomarse en sentido amplio, y no entenderse como sinónimo de «litigio transfronterizo»;
12. Subraya que la actual interpretación del concepto de «asuntos con repercusión transfronteriza» es relativamente restrictiva y da lugar a la creación de dos series de normas y dos categorías de litigantes, lo que podría dar lugar a más problemas y complicaciones innecesarias; hace hincapié en que, por tanto, debería adoptarse una interpretación más amplia;
13. Destaca, en este contexto, que la presente propuesta de normas mínimas comunes de procedimiento civil aportaría más eficiencia si los Estados miembros ampliasen su ámbito de aplicación no solo a cuestiones que entran dentro del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, sino en general a casos transfronterizos y puramente internos;
14. Observa que, por lo que respecta a la justicia civil, las principales tareas de la Unión en el Espacio Europeo de Justicia se refieren a la adopción de instrumentos sobre competencia, tramitación y ejecución transfronteriza de las resoluciones judiciales;
15. Reitera y, al mismo tiempo, subraya que la libre circulación de las resoluciones judiciales ha aumentado la confianza mutua entre las autoridades judiciales nacionales, generando más seguridad jurídica y dando a los ciudadanos y a las empresas de la Unión estabilidad y previsibilidad suficientes;
16. Hace hincapié, a este respecto, en que la confianza mutua es una noción compleja y que son muchos los factores que desempeñan un papel en la consolidación de la confianza, como la educación judicial, la cooperación judicial transfronteriza y el intercambio de experiencia y mejores prácticas entre los jueces;
18. Acoge con satisfacción, por tanto, los nueve principios de la formación judicial que adoptó la REFJ en su asamblea general de 2016, pues proporcionan una base y un marco comunes para la judicatura europea y las instituciones nacionales de formación judicial;
19. Alega, sin embargo, que, desde un punto de vista estrictamente jurídico, la confianza mutua presupone, a un nivel muy fundamental, que los jueces nacionales de la Unión perciban recíprocamente las medidas de procedimiento, tanto a nivel teórico como en la práctica jurídica, como garantía de un proceso civil justo;
20. Señala, por tanto, que la elaboración de normas mínimas y sistemáticas de procedimiento civil de la Unión en forma de una Directiva horizontal transversal traería consigo un aumento de la confianza mutua entre las autoridades judiciales de los Estados miembros y garantizaría un equilibrio común, en toda la Unión, de los derechos procesales fundamentales para asuntos civiles, y se crearía un mayor sentimiento de justicia, certeza y previsibilidad en toda la Unión;
Normas mínimas comunes de procedimiento civil
21. Destaca que unos sistemas de enjuiciamiento civil eficaces desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del Estado de Derecho y de los valores fundamentales de la Unión; señala asimismo que constituyen una condición previa necesaria para la inversión sostenible y un entorno favorable para las empresas y los consumidores;
22. Considera que el acceso a la justicia puede verse entorpecido por la falta de claridad en los plazos de caducidad para ciudadanos, consumidores y empresas en litigios con repercusión transfronteriza; pide, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros que evalúen la viabilidad y la conveniencia de armonizar dichos plazos de caducidad en los procesos civiles;
23. Considera que existe una clara necesidad de legislación que prevea un conjunto de normas procesales aplicables a los procedimientos civiles, y pide a la Comisión que siga adelante con su plan de acción para la aplicación del Programa de Estocolmo;
24. Pide por tanto a la Comisión, conforme al artículo 225 del TFUE, que le someta, a más tardar el 30 de junio de 2018 y sobre la base del artículo 81, apartado 2, del TFUE, una propuesta relativa a un acto legislativo sobre normas mínimas comunes de procedimiento civil, siguiendo las recomendaciones detalladas que se recogen en el anexo;
25. Constata que las recomendaciones adjuntas a la presente propuesta de Resolución respetan los derechos fundamentales y los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;
26. Considera que la propuesta solicitada carece de repercusiones financieras, ya que la introducción de normas mínimas de procedimiento civil permitirá realizar economías de escala al reducir los costes de los litigantes y sus representantes, que no necesitarán familiarizarse con el régimen de procedimiento civil de un país diferente;
RECOMENDACIONES PARA UNA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO SOBRE NORMAS MÍNIMAS COMUNES DE PROCEDIMIENTO CIVIL EN LA UNIÓN
1. En la Unión, la aplicación de la legislación ante los tribunales sigue dependiendo en gran medida de normas procedurales y prácticas nacionales. Los tribunales nacionales son también tribunales de la Unión. Son, por tanto, los procedimientos ante ellos los que garantizan la equidad, la justicia y la eficiencia, así como la aplicación efectiva del Derecho de la Unión.
2. La aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las sentencias en materia civil ha reforzado la confianza de unos Estados miembros en los sistemas judiciales civiles de los otros, y las medidas para la aproximación de disposiciones legislativas y reglamentarias de los Estados miembros pueden facilitar la cooperación entre las autoridades competentes y la protección judicial de los derechos individuales. El grado de confianza mutua depende en gran medida de varios parámetros, entre los que se incluyen mecanismos para proteger los derechos de la parte demandada y, al mismo tiempo, para garantizar el acceso a los tribunales y la justicia.
3. Aunque los Estados miembros son partes en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH), la experiencia ha mostrado que esto no siempre aporta el suficiente grado de confianza en los sistemas judiciales civiles de los demás Estados miembros. Las normas nacionales de procedimiento civil de los Estados miembros varían considerablemente, a menudo en lo relativo a principios y garantías procesales fundamentales, con el riesgo de minar la confianza mutua entre las autoridades judiciales.
4. Por tanto, es necesario, para proteger los derechos y las libertades fundamentales de los ciudadanos de la Unión, así como para contribuir a la modernización de los procesos nacionales, a garantizar la igualdad de condiciones de competencia para las empresas y a un mayor crecimiento económico mediante sistemas judiciales eficaces y eficientes, adoptar una directiva que desarrolle las normas mínimas establecidas en la Carta y en el CEDH. La base jurídica idónea para tal propuesta es el artículo 81, apartado 2, del TFUE, relativo a la cooperación judicial en materia civil. La directiva debe adoptarse mediante el procedimiento legislativo ordinario.
5. Las normas mínimas comunes de procedimiento civil se consideran necesarias para constituir una base sólida para la aproximación y la mejora de las legislaciones nacionales, ante la flexibilidad que ofrecen a los Estados miembros en la elaboración de nueva legislación procesal civil, reflejando al mismo tiempo un consenso general sobre los principios de la práctica en materia de justicia civil.
6. Unas normas mínimas comunes deben conducir a una mayor confianza en los sistemas judiciales civiles de todos los Estados miembros, lo que, a su vez, hará posible una cooperación judicial eficiente, más rápida y flexible en un clima de confianza recíproca. Dichas normas mínimas comunes deben asimismo eliminar los obstáculos a la libre circulación de los ciudadanos dentro del territorio de los Estados miembros, lo que garantizará que los ciudadanos, especialmente los que se desplazan a otros países, no tengan dudas al tratar con los sistemas procesales civiles de otros Estados miembros.
7. La propuesta de Directiva no pretende sustituir los regímenes procesales nacionales en su totalidad. Respetando las especificidades nacionales y el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo que garantice el acceso efectivo y eficiente a la justicia, tiene por objeto establecer normas mínimas comunes con respecto al funcionamiento y al ejercicio de los procedimientos civiles para todos los asuntos incluidos en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. También pretende ofrecer una base para profundizar gradualmente el enfoque de los regímenes procesales civiles de los Estados miembros.
9. La presente propuesta se ajusta a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, ya que los Estados miembros no pueden actuar por sí solos para establecer un conjunto de normas mínimas de procedimiento civil, y la propuesta no va más allá de lo estrictamente necesario para garantizar un acceso efectivo a la justicia y la confianza mutua en la Unión.
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre normas mínimas comunes de procedimiento civil en la Unión
(2) De conformidad con el artículo 81, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), estas medidas deben estar destinadas a garantizar, entre otras cosas, el reconocimiento mutuo y la ejecución de las resoluciones judiciales entre los Estados miembros, la notificación y el traslado transfronterizos de documentos, la cooperación en la obtención de pruebas, el acceso efectivo a la justicia y la eliminación de los obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles, fomentando si es necesario la compatibilidad de las normas de procedimiento civil aplicables en los Estados miembros.
(4) Según el plan de acción para la aplicación del Programa de Estocolmo, el espacio judicial europeo y el funcionamiento adecuado del mercado único se basan en el principio fundamental del reconocimiento mutuo, que, a su vez, parte de la idea de que los Estados miembros confían en los sistemas judiciales de los demás Estados miembros. Este principio solo puede funcionar eficazmente sobre la base de la confianza mutua entre los jueces, los profesionales de la justicia, las empresas y los ciudadanos. El alcance de esta confianza depende de una serie de parámetros, incluida la existencia de mecanismos de salvaguardia de los derechos procesales de los litigantes en procesos civiles. Por eso, para garantizar la aplicación de este principio se necesitan normas mínimas comunes que refuercen el derecho a un proceso equitativo y la eficiencia de los sistemas judiciales, y contribuyan a un régimen de ejecución eficaz.
(5) Al establecer normas mínimas sobre la protección de los derechos procesales de los litigantes y facilitar el acceso de los ciudadanos a la justicia, la presente Directiva debe reforzar la confianza de unos Estados miembros en los sistemas de justicia civil de los otros y, así, contribuir a promover una cultura de los derechos fundamentales en la Unión, un mercado interior más eficiente y la garantía de las libertades fundamentales de la Unión, sentando las bases de un mayor sentimiento de justicia, certeza y previsibilidad en toda la Unión.
(6) Las disposiciones de la presente Directiva deben aplicarse a los litigios civiles con repercusión transfronteriza, incluidos los derivados de la violación de los derechos y las libertades garantizados por el Derecho de la Unión. La presente Directiva, en sus referencias a la violación de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión, abarca todas las situaciones en las que la infracción de las normas establecidas en el nivel de la Unión haya causado o pueda causar un perjuicio a las personas físicas y jurídicas. Nada impide que los Estados miembros apliquen la presente Directiva también a casos de justicia civil puramente internos.
(7) Todos los Estados miembros son partes en el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950. Las cuestiones a las que se refiere la presente Directiva deben tratarse de conformidad con dicho Convenio, y en particular los derechos a un proceso equitativo y a la tutela judicial efectiva.
(8) La presente Directiva tiene la finalidad de fomentar la aplicación de normas mínimas comunes de procedimiento civil para garantizar un acceso efectivo a la justicia en la Unión. El derecho de acceso a la justicia, generalmente reconocido, viene confirmado por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
(10) A fin de permitir a las personas ser oídas sin exigirles que viajen hasta el órgano jurisdiccional, los Estados miembros deben asegurarse de que las vistas orales y la obtención de pruebas mediante la declaración de testigos, peritos o partes puedan llevarse a cabo utilizando cualquier medio de comunicación a distancia adecuado, a no ser que, habida cuenta de las circunstancias específicas del caso, el uso de dicha tecnología no sea adecuado para el correcto desarrollo del proceso. Este requisito no afecta al Reglamento (UE) n.º 1206/2001 del Consejo(20).
(11) Los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros deben poder basarse en las opiniones de expertos en relación con temas técnicos, jurídicos o de obtención de pruebas. Salvo en el caso de que se necesiten medidas coercitivas y respetando la libre prestación de servicios y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, los jueces de un Estado miembro deben poder nombrar expertos para llevar a cabo investigaciones en otro Estado miembro sin que una autorización previa sea necesaria. A fin de facilitar esta asesoría judicial y teniendo en cuenta las limitaciones para designar expertos suficientemente cualificados en la jurisdicción de un Estado miembro, por ejemplo, debido a la complejidad técnica de un caso o a la existencia de relaciones directas o indirectas entre el experto y las partes, sería conveniente crear un repertorio europeo de todas las listas nacionales de expertos y mantenerlo actualizado dentro del Portal Europeo de e-Justicia.
(12) Las medidas provisionales y cautelares deben perseguir un equilibrio adecuado entre el interés del solicitante en que se le conceda protección provisional y el de la parte demandada en evitar que se abuse de esta protección. Cuando se soliciten medidas provisionales antes de obtener una resolución judicial, el órgano jurisdiccional ante el cual se presente la solicitud debe quedar enterado, por las pruebas presentadas por el solicitante, de que este tiene probabilidades de ganar en lo relativo al fondo de la demanda contra el demandado. Por otra parte, el solicitante debe, en todas las situaciones, demostrar a satisfacción del órgano jurisdiccional que su demanda exige urgentemente la protección judicial y que, sin las medidas provisionales, la ejecución de la sentencia existente o futura puede verse impedida o dificultada de forma sustancial.
(13) Las disposiciones de la presente Directiva se entenderán sin perjuicio de las disposiciones particulares para el respeto de los derechos en el ámbito de la propiedad intelectual establecidos en los instrumentos de la Unión, y en particular los establecidos en la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(21). También se entenderán sin perjuicio de las disposiciones específicas para la recuperación de deudas transfronterizas con arreglo a la orden europea de retención de cuentas(22).
(15) El objetivo de garantizar un proceso equitativo, un mejor acceso a la justicia y la confianza mutua, como parte de la política de la Unión encaminada a crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, debe abarcar el acceso a métodos tanto judiciales como extrajudiciales de resolución de litigios. Con el fin de alentar a las partes a hacer uso de la mediación, los Estados miembros deben garantizar que sus normas sobre plazos de caducidad y prescripción no impidan a las partes recurrir a los tribunales o al arbitraje en caso de que fracase su intento de mediación.
(16) Debido a las diferencias entre los Estados miembros en cuanto a las normas procesales civiles y especialmente las que regulan la notificación de documentos, es necesario definir las normas mínimas que deben aplicarse a los procedimientos civiles que entran en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión. En particular, deben ser prioritarios los métodos de notificación que garanticen una recepción rápida y segura de los documentos, confirmada por un acuse de recibo. Por tanto, ha de fomentarse ampliamente el uso de las modernas tecnologías de la comunicación. En el caso de documentos que se notifiquen a las partes, la notificación electrónica debe estar en igualdad de condiciones con la notificación por correo. Los medios electrónicos disponibles deben garantizar que el contenido de los documentos y otras comunicaciones escritas recibidos sea fiel y conforme al de comunicaciones escritas y documentos enviados, y que el método utilizado para el acuse de recibo confirme la recepción por el destinatario y la fecha de dicha recepción.
(17) Los Estados miembros deben garantizar que las partes de un procedimiento civil tengan derecho a un abogado de su elección. En los litigios transfronterizos, las partes deben tener derecho a un abogado en el Estado de origen para el asesoramiento preliminar, y a otro en el Estado de acogida para llevar el litigio. La confidencialidad de la comunicación entre las partes y sus letrados es clave para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a un proceso equitativo. Por ello, los Estados miembros deben respetar la confidencialidad de las reuniones y otras formas de comunicación entre el letrado y las partes en el contexto del derecho a asistencia letrada previsto en la presente Directiva. Las partes deben poder renunciar al derecho reconocido en la presente Directiva siempre que se les haya facilitado información acerca de las posibles consecuencias de renunciar a tal derecho.
(18) El demandante no debe verse obligado a viajar al Estado miembro del órgano jurisdiccional que conozca del asunto o a contratar a un abogado para el pago de las tasas judiciales. Con el fin de garantizar el acceso efectivo de los demandantes al procedimiento, los Estados miembros deben ofrecer al menos uno de los métodos de pago a distancia previstos en la presente Directiva. La información sobre las tasas judiciales y los medios de pago, así como sobre las autoridades u organizaciones competentes para prestar asistencia práctica en los Estados miembros, debe ser transparente y fácilmente accesible en internet a través de sitios web nacionales adecuados.
(19) Los Estados miembros deben velar por el respeto del derecho fundamental a la asistencia jurídica gratuita establecido en el artículo 47, apartado 3, de la Carta. Todas las personas físicas o jurídicas que intervengan en litigios civiles dentro del ámbito de aplicación de la presente Directiva, ya actúen como demandantes o como demandados, deben poder hacer valer sus derechos ante los tribunales aunque su situación financiera personal no les permita hacer frente a las costas procesales. La justicia gratuita debe incluir el asesoramiento previo a la demanda con vistas a alcanzar un acuerdo antes de iniciar el proceso, así como la asistencia jurídica y la representación letrada ante el tribunal y la ayuda para el pago de las costas procesales. Esta disposición se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2002/8/CE del Consejo(23).
(22) Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, la adopción de normas mínimas comunes de procedimiento civil, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones o los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos.
El objetivo de la presente Directiva es aproximar los regímenes procesales civiles de modo que se garantice el pleno respeto del derecho a un proceso equitativo reconocido en el artículo 47 de la Carta y en el artículo 6 del CEDH, mediante el establecimiento de normas mínimas relativas a la apertura, el desarrollo y la conclusión de los procedimientos civiles ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros.
1. Sin perjuicio de las normas procesales civiles que estén previstas o puedan preverse en la legislación nacional o de la Unión, en la medida en que dichas normas puedan ser más favorables para los justiciables, la presente Directiva se aplicará en los litigios con repercusión transfronteriza en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional, salvo en lo relativo a los derechos y obligaciones que sean indisponibles para las partes con arreglo al Derecho que sea aplicable en el caso concreto. No se aplicará, en particular, en materia fiscal, aduanera o administrativa ni de responsabilidad del Estado por acciones u omisiones en el ejercicio de su autoridad (acta iure imperii).
b) ambas partes estén domiciliadas en el Estado miembro del órgano jurisdiccional que conozca del asunto, si el lugar de cumplimiento del contrato, el lugar donde se produjo el hecho dañoso o el lugar de ejecución de la sentencia se encuentra en otro Estado miembro; o
2. A efectos del apartado 1, el domicilio se determinará de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 62 y 63 del Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo(24).
NORMAS MÍNIMAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL
1. Los Estados miembros velarán por el correcto desarrollo de los procedimientos. Cuando las partes no puedan estar presentes físicamente o bien cuando las partes hayan acordado, con la aprobación del órgano jurisdiccional, la utilización de medios de comunicación rápida, los Estados miembros velarán por la celebración de vistas orales haciendo uso de cualquier tecnología de comunicación a distancia adecuada de que disponga el órgano jurisdiccional, como la videoconferencia o la teleconferencia.
2. Si la persona que debe ser oída está domiciliada o reside habitualmente en un Estado miembro distinto del Estado miembro del órgano jurisdiccional que conoce del asunto, su comparecencia en una vista oral mediante videoconferencia, teleconferencia o cualquier otra tecnología de comunicación a distancia adecuada se dispondrá haciendo uso de los procedimientos previstos en el Reglamento (CE) n.º 1206/2001. Por lo que respecta a las videoconferencias, se tendrán en cuenta las Recomendaciones del Consejo sobre las videoconferencias transfronterizas, adoptadas por el Consejo los días 15 y 16 de junio de 2015(25), así como el trabajo realizado en el marco del Portal Europeo de e-Justicia.
Esas medidas también incluirán las destinadas a evitar una infracción inminente o a poner fin inmediatamente a una infracción alegada así como las destinadas a conservar los bienes necesarios para garantizar que no se imposibilite o se dificulte sustancialmente la ejecución posterior de una pretensión.
3. Los Estados miembros velarán por que, en casos debidamente justificados, se puedan adoptar medidas provisionales sin que el demandado sea oído, cuando el retraso pudiera ocasionar un daño irreparable al demandado, o cuando existe un riesgo demostrable de destrucción de pruebas. En tal caso, las partes serán informadas de ello sin dilación indebida tras la ejecución de las medidas.
Cuando estas medidas sean revocadas o cuando se constate posteriormente que no ha existido infracción o amenaza de infracción, el órgano jurisdiccional podrá ordenar al demandante, a instancias del demandado, que resarza adecuadamente al demandado por los daños sufridos por causa de dichas medidas.
4. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2004/48/CE y el Reglamento (CE) n.º 655/2014.
1. Los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros respetarán el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso equitativo que garantice el acceso efectivo a la justicia y el principio contradictorio del proceso, especialmente cuando se pronuncie sobre la necesidad de una vista oral, sobre los medios de práctica de la prueba y sobre el alcance de la práctica de la prueba.
2. Los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros actuarán con la mayor brevedad independientemente de la existencia de plazos de prescripción para actuaciones específicas en las distintas fases del procedimiento.
Los Estados miembros velarán por que los órganos jurisdiccionales emitan resoluciones suficientemente motivadas en un plazo razonable de modo que las partes puedan ejercer efectivamente el derecho a solicitar la revisión de la resolución o a presentar un recurso.
Principios generales de gestión del procedimiento
1. Los Estados miembros se asegurarán de que los órganos jurisdiccionales gestionen activamente los asuntos de los que conocen con el fin de garantizar la resolución justa y eficiente de los litigios, empleando para ello un plazo y unos costes razonables, sin mermar la libertad de las partes de determinar el objeto de sus pretensiones ni de presentar las pruebas que las sustenten.
2. En la medida en que sea razonablemente posible, los órganos jurisdiccionales gestionarán el procedimiento consultando a las partes. Concretamente, la gestión activa del procedimiento podrá consistir en las siguientes actuaciones:
a) fomentar la cooperación entre las partes durante el procedimiento;
f) establecer calendarios para controlar el progreso del procedimiento;
1. Los Estados miembros velarán por la disponibilidad de medios eficaces para presentar, obtener y conservar las pruebas teniendo en cuenta los derechos de la defensa y la necesidad de proteger la información confidencial.
2. En los litigios transfronterizos, salvo que se requieran medidas coercitivas o la investigación se realice en lugares relacionados con el ejercicio de las potestades de un Estado miembro o en lugares respecto de los cuales el acceso u otras actuaciones, de conformidad con la legislación del Estado miembro donde se lleve a cabo la investigación, esté prohibido o se restrinja a determinadas personas, los Estados miembros velarán por que los órganos jurisdiccionales puedan designar a un perito para que realice investigaciones fuera del territorio en que es competente dicho órgano jurisdiccional sin que sea necesario presentar previamente una solicitud con tal fin al otro Estado miembro.
5. La prueba pericial obtenida por el órgano jurisdiccional se pondrá a disposición de las partes, que tendrán derecho a presentar observaciones.
1. Los Estados miembros velarán por que, en cualquier fase del procedimiento y habida cuenta de todas las circunstancias del asunto, el órgano jurisdiccional, cuando considere que el litigio puede ser objeto de transacción, pueda proponer a las partes el recurso a la mediación para llegar a una transacción o estudiar la posibilidad de una transacción.
2. Lo anterior no privará a las partes que opten por la mediación de iniciar un procedimiento judicial o de arbitraje relativo al litigio durante el proceso de mediación antes de que se agoten los plazos de caducidad o prescripción.
1. Los Estados miembros velarán por que las tasas judiciales exigidas por los Estados miembros en los litigios civiles no sean desproporcionadas en relación con el valor de la reclamación y no imposibiliten o dificulten en exceso el ejercicio de la acción.
1. Los Estados miembros velarán por que la parte perdedora soporte las costas procesales, que incluirán, a título de ejemplo, los gastos resultantes del hecho de que la otra parte haya sido representada por un abogado o por otro tipo de profesional del Derecho, o cualquier gasto resultante de la notificación y traducción de documentos, que sean proporcionados al valor de la reclamación o que haya sido necesario realizar.
2. Cuando solo se estimen parcialmente las pretensiones de una parte o en circunstancias excepcionales, el órgano jurisdiccional podrá decidir que las costas se repartan equitativamente o que cada parte corra con sus propias costas.
1. A fin de garantizar la tutela judicial efectiva, los Estados miembros velarán por que los órganos jurisdiccionales puedan conceder asistencia jurídica gratuita a las partes.
i) el asesoramiento previo al procedimiento con el fin de alcanzar una transacción antes del inicio del procedimiento de conformidad con el artículo 12, apartado 1;
ii) la apertura y la tramitación del procedimiento ante el órgano jurisdiccional;
iii) todos los gastos relativos al procedimiento, incluida la solicitud de asistencia jurídica;
c) otros gastos necesarios relativos al procedimiento con los que deban correr las partes, incluidos los gastos de testigos, peritos, intérpretes y traductores y todos los gastos de viaje, alojamiento y estancia de la parte y su representante;
a) debido a su situación económica, sea incapaz de correr, en todo o en parte, con los gastos mencionados en el apartado 2 del presente artículo, y
4. Las personas jurídicas podrán solicitar la asistencia jurídica gratuita consistente en la exención del pago anticipado de los gastos del procedimiento y/o de la asistencia letrada. A la hora de decidir sobre la concesión de la asistencia jurídica gratuita, los órganos jurisdiccionales podrán tomar en consideración, entre otros aspectos:
c) la capacidad de dichos socios o accionistas de obtener las cantidades necesarias para iniciar un procedimiento.
6. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2002/8/CE.
1. Los Estados miembros velarán por que, cuando el ejercicio de una acción esté financiado por un tercero privado, dicho tercero:
2. Los Estados miembros velarán por que en los casos de financiación del ejercicio de la acción por un tercero privado, la remuneración o los intereses que vayan al proveedor de la financiación no se basen en el importe fijado en la transacción alcanzada o en la indemnización concedida, salvo que el acuerdo de financiación esté regulado por una autoridad pública que garantice los intereses de las partes.
Equidad del procedimiento
2. Los Estados miembros velarán por que los documentos por los que se incoe el procedimiento o documentos equivalentes y las citaciones para las vistas se notifiquen de conformidad con el Derecho nacional por medio de uno de los métodos siguientes:
a) un documento firmado por la persona competente que haya efectuado la notificación, en el que consten: i) el nombre y los apellidos de la persona competente que ha efectuado la notificación o comunicación; ii) la forma utilizada para la notificación; iii) la fecha de la notificación; iv) cuando el documento se haya notificado a una persona distinta del demandado, el nombre de dicha persona y su relación con el demandado; y v) otra información obligatoria que deba facilitarse con arreglo a la legislación nacional;
5. Cuando tengan que notificarse fuera de los Estados miembros los documentos por los que se incoe el procedimiento o documentos equivalentes o una citación, se podrán notificar a través de alguno de los métodos establecidos en;
a) el Reglamento (CE) n.º 1393/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo(26), cuando sea aplicable respetando los derechos del destinatario conferidos por el Reglamento, o
6. La presente Directiva no afectará a la aplicación del Reglamento (CE) n.º 1393/2007 y se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo(27) y el Reglamento (CE) n.º 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo(28).
3. Sin perjuicio de la legislación nacional que requiera la presencia o asistencia obligatoria de un letrado, las partes en un proceso civil podrán renunciar al derecho a que se refiere el apartado 1 del presente artículo cuando a) se haya facilitado a las partes oralmente o por escrito información clara y suficiente con un lenguaje sencillo y comprensible sobre las posibles consecuencias de la renuncia, y b) la renuncia sea voluntaria e inequívoca.
4. La presente disposición se entenderá sin perjuicio de las disposiciones específicas sobre representación legal establecidas en el Reglamento (CE) n.º 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo(29), el Reglamento (CE) n.º 1896/2006 y del Reglamento (UE) n.º 655/2014.
Los Estados miembros procurarán facilitar a los ciudadanos información transparente y de fácil acceso sobre la incoación de diversos procedimientos, los plazos de caducidad y prescripción, los órganos jurisdiccionales competentes para conocer de los distintos procedimientos y los formularios que se han de cumplimentar con tal fin. Lo dispuesto en el presente artículo no requiere que los Estados miembros presten asistencia jurídica en forma de apreciación jurídica de un asunto concreto.
Los Estados miembros se esforzarán por garantizar que cada parte en un litigio comprenda la totalidad del procedimiento judicial. Este objetivo incluye la disponibilidad de interpretación durante los procedimientos civiles y de una traducción escrita de todos los documentos esenciales a fin de salvaguardar la equidad del proceso de conformidad con las disposiciones del artículo 15 de la presente Directiva.
Los Estados miembros velarán por que las vistas sean públicas, salvo que el Tribunal decida que se desarrollen, en la medida necesaria, a puerta cerrada en interés de una de las partes u otras personas interesadas, o en el interés general de la justicia o del orden público.
2. Los programas de formación se orientarán a la práctica, serán pertinentes para el trabajo cotidiano de los profesionales del Derecho, su duración será breve, emplearán técnicas modernas de aprendizaje y abarcarán posibilidades de formación inicial y continua. Los programas de formación prestarán especial atención a:
A más tardar el 31 de diciembre de 2025, y posteriormente cada cinco años, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social sobre la aplicación de la presente Directiva basándose tanto en información cualitativa como cuantitativa. En este contexto, la Comisión evaluará, en particular, sus repercusiones en el acceso a la justicia, en el derecho fundamental a un juicio justo y a una tutela judicial efectiva, en la cooperación en materia civil y en el funcionamiento del mercado único, en las pymes, en la competitividad de la economía de la Unión y en la confianza de los consumidores. De resultar necesario, el informe irá acompañado de propuestas legislativas para adaptar y reforzar la presente Directiva
PE 572.853, diciembre de 2015.
PE 581.385, junio de 2016.
PE 559.499, junio de 2015.
PE 556.971, junio de 2016.
Storme, M. Study on the approximation of the laws and rules of the Member States concerning certain aspects of the procedure for civil litigation (Informe final, Dordrecht, 1994).
Véase, por ejemplo, la sentencia de 16 de diciembre de 1976, Comet BV / Produktschap voor Siergewassen (45/76, ECLI:EU:C:1976:191) y la sentencia de 15 de mayo de 1986, Marguerite Johnston / Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary (222/84, ECLI:EU:C:1986:206).
Accesibles en línea: http://www.ejtn.eu/PageFiles/15756/Judicial%20Training%20Principles_Es.pdf.
Textos aprobados, P7_TA(2014)0276.
Véase, por ejemplo, la sentencia de 13 de marzo de 2007, Unibet (London) Ltd y Unibet (International) Ltd / Justitiekanslern (C-432/05, ECLI:EU:C:2007:163).
Reglamento (CE) n.º 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía (DO L 199 de 31.7.2007, p. 1).
Directiva 2002/8/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios (DO L 26 de 31.1.2003, p. 41).
Recomendación de la Comisión, de 11 de junio de 2013, sobre los principios comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de cesación o de indemnización en los Estados miembros en caso de violación de los derechos reconocidos por el Derecho de la Unión (DO L 201 de 26.7.2013, p. 60).
Véase, por ejemplo, el Reglamento sobre el proceso europeo de escasa cuantía (nota 2) y el Reglamento (UE) n.º 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil (DO L 189 de 27.6.2014, p. 59).
Véase la nota 5 del Considerando F.
Véase la nota 6 del Considerando F.
Reglamento (UE) n.º 655/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, por el que se establece el procedimiento relativo a la orden europea de retención de cuentas a fin de simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil (DO L 189 de 27.6.2014, p. 59).
Recomendaciones del Consejo 2015/C 250/01 — «Fomentar la utilización de las videoconferencias transfronterizas en el ámbito de la justicia en los Estados miembros y a escala de la UE y compartir las mejores prácticas» (DO C 250 de 31.7.2015, p. 1).
Reglamento (CE) n.º 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados (DO L 143 de 30.4.2004, p. 15).
El proceso civil sirve para que se hagan cumplir los derechos y las obligaciones sustantivos de los sujetos de Derecho en un procedimiento judicial. Por tanto, está inextricablemente vinculado al derecho fundamental a un juicio justo y a la tutela judicial efectiva garantizado por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 47) y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 6).
Los debates sobre la armonización del proceso civil en la Unión comenzaron hace más de dos décadas con la presentación del estudio sobre la aproximación de las normas de los Estados miembros en materia de proceso civil («informe Storme»). Desde entonces, la Unión ha adoptado varios actos con el fin de aproximar las normas de los Estados miembros en materia de procedimiento civil.
El Tratado de Ámsterdam confirmó la competencia de la Unión en el ámbito del proceso civil y esta competencia fue ampliada con el Tratado de Lisboa. La Unión lleva trabajando varios años en normas mínimas comunes en el proceso penal y ya está vigente una serie de estas disposiciones en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal. Es importante señalar que estas medidas no se limitan a los litigios transfronterizos, sino que se aplican horizontalmente a todos los procesos penales. Ahora bien, los ciudadanos europeos, especialmente los que circulan a través de las fronteras, tienen una probabilidad mucho mayor de entrar en contacto con los sistemas procesales civiles de otro Estado miembro. El ponente, aun reconociendo la importancia de establecer derechos, considera que estos solo pueden hacerse realidad cuando sus titulares pueden acceder fácilmente a ellos. Se debe permitir a los particulares invocar estos derechos con independencia del lugar de la Unión donde se encuentren o que los hagan valer también ante los órganos jurisdiccionales de otros Estados miembros con la misma facilidad que en su propio Estado miembro.
En la actualidad, no existe una legislación uniforme del proceso civil en la Unión. Lo que sí existe es un rompecabezas normativo compuesto por tres tipos principales de piezas: a) una considerable jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el ejercicio de los derechos conferidos por el Derecho de la Unión ante los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros; el Tribunal de Justicia ha examinado normas nacionales divergentes sobre, entre otras materias, plazos, medidas cautelares, prueba, legitimación activa y pasiva ante los órganos jurisdiccionales e indemnizaciones, en casos en que las normas procesales nacionales no garantizaban la protección efectiva de los derechos conferidos por el Derecho de la Unión; b) un conjunto de normas del Derecho derivado de la Unión en sectores específicos, que establecen normas pormenorizadas en diversas cuestiones de naturaleza procesal al amparo del artículo 114 del TFUE; estas normas son aplicables a los litigios tanto nacionales como transfronterizos y se refieren a cuestiones procesales fundamentales como la capacidad procesal, las medidas cautelares o la obtención de pruebas de la parte contraria; c) una serie de actos legislativos de la Unión en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil, limitada a los litigios transfronterizos, y que abarcan desde medidas uniformes de Derecho internacional privado a mecanismos procesales autónomos de la Unión que se aplican junto a los procedimientos nacionales para litigios internos.
A pesar de estos instrumentos, la Unión sigue sin tener una visión clara del funcionamiento de un Derecho procesal civil común en el ordenamiento jurídico europeo. El enfoque del Tribunal de Justicia, de carácter fundamentalmente fáctico, así como la imposibilidad de tomar en consideración normas procesales y sobre reparación pertinentes en todos los Estados miembros le impiden establecer normas detalladas sobre el proceso civil en la Unión. Aun así, el ponente desea poner de relieve con satisfacción la contribución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia a la cooperación entre este y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, que ha aliviado a las instituciones de la Unión de un gran peso a la hora de controlar el cumplimiento de la legislación, aumentando al mismo tiempo el conocimiento del ordenamiento jurídico de la Unión por parte de los ciudadanos y los órganos jurisdiccionales nacionales. Además, a pesar de la existencia de instrumentos sectoriales de la Unión con repercusión en el Derecho procesal, el ponente considera que regular cuestiones procesales básicas desde cero en cada ámbito de actividad de la Unión puede conducir a ordenamientos nacionales enrevesados e inherentemente incoherentes y que presentan grandes divergencias dependiendo de la materia a la que se refieran.
El ponente estima que el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones y la necesaria aproximación de las legislaciones facilitarían la cooperación entre las autoridades competentes y la tutela judicial de los derechos subjetivos. La mayor confianza mutua entre los sistemas judiciales de los Estados miembros también contribuirá a mejorar el funcionamiento del mercado interior y las libertades fundamentales de la Unión.
Ha llegado el momento en que parecen indispensables normas comunes en materia de procedimiento civil como un paso más hacia un Espacio Europeo de Justicia. En el plan de acción para aplicar el programa de Estocolmo, la Comisión anunció para 2013 un libro verde sobre normas comunes de procedimiento civil.
Las normas mínimas comunes no sustituyen a los sistemas procesales nacionales en su totalidad, ni siquiera parcialmente, sino que propician normas procesales nacionales más protectoras y eficaces. Aún más importante es la contribución de las normas procesales mínimas a escala de la Unión a la modernización de los procesos nacionales, a la igualdad de condiciones de competencia para las empresas y a un mayor crecimiento económico mediante sistemas judiciales eficaces y eficientes, facilitando al mismo tiempo el acceso a la justicia a los ciudadanos dentro de la Unión.
El ponente considera que con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Unión dispone en la actualidad de los instrumentos para facilitar la vida cotidiana de las personas y las prácticas empresariales habituales, conciliando las necesidades de los ciudadanos y el mercado único con la diversidad de tradiciones jurídicas de los Estados miembros. Por consiguiente, se propone que la forma correcta de proceder consista en elaborar normas mínimas sistemáticas de procedimiento civil en la Unión contenidas en una directiva horizontal e intersectorial. De este modo se aumentaría la confianza mutua entre las autoridades judiciales de la Unión y se garantizaría un equilibrio común a escala de la Unión de los derechos procesales en asuntos civiles.
Además, la instauración de normas procesales comunes a escala de la Unión probablemente contribuiría a aumentar el conocimiento de las normas y los mecanismos procesales de la Unión ya existentes. También se fomentaría el comercio transfronterizo entre consumidores y empresas gracias a la mayor confianza en los sistemas procesales de otros Estados derivada de los principios procesales comunes. Por último, esta evolución también supondría una mayor confianza entre las autoridades judiciales de los Estados y un mayor sentimiento de justicia, certeza y previsibilidad en toda la Unión.
En las consultas y la investigación que han precedido a este informe, el ponente ha llegado a la conclusión de que, con el fin de alcanzar plenamente los objetivos de la política de cooperación judicial en materia civil, prestando especial atención al fomento de la confianza mutua entre las autoridades judiciales y a la tutela judicial efectiva, se requiere cierto nivel de coordinación, coherencia y sistematización que vaya más allá de las fronteras, los intereses y los recursos de cada Estado. El ponente considera que la Unión debe promover reformas en el Derecho procesal civil europeo y, por tanto, se muestra favorable a un enfoque horizontal destinado a crear un conjunto de normas mínimas comunes.
El presente informe contiene una propuesta de Directiva que quiere ser un primer paso en el proceso de una mayor armonización y convergencia de los sistemas de jurisdicción civil de los Estados miembros y de creación de un Código de Procedimiento Civil de la Unión a largo plazo. En este contexto, la actuación a escala de la Unión se considera necesaria.

References: artículo 19
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 6
 artículo 47
 artículo 6
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 114
 artículo 114
 artículo 114
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 225
 artículo 81
 Resolución 
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 47
 resolución 
 resolución 
 artículo 47
 artículo 5
 artículo 47
 artículo 6
 resolución 
 resolución 
 artículo 12
 artículo 15
 artículo 114