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Timestamp: 2018-03-19 22:11:38+00:00

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Prescripcion trienal de la sancion moratoria en cesantias anualizadas opera aun durante la vigencia del vinculo laboral y se cuenta hacia atras desde la fecha de presentacion de la reclamacion en sede administrativa.
¿El término de la prescripción trienal de la sanción moratoria se computa hacia atrás desde la presentación de la reclamación en sede administrativa, aún durante la vigencia de la relación laboral?
Tesis: “La Sala unifica el criterio de que la reclamación de la indemnización por la mora en la consignación anualizada de cesantías, debe realizarse a partir del momento mismo en que se causa la mora, [15 de febrero del año siguiente a aquél en que se causaron] so pena de que se aplique la figura extintiva respecto de las porciones de sanción no reclamadas oportunamente, [aún durante la vigencia de la relación laboral]
(…) Como la reclamación de la sanción se radicó el 28 de octubre de 2010, se deben declarar prescritas las porciones de sanción causadas con 3 años de anterioridad, es decir, las generadas antes del 28 de octubre de 2007.La Sala difiere de la fecha determinada por el a quo, [16 de febrero de 2008], a partir de la cual corrió la prescripción, toda vez que tal como se señaló en el recurso, la controversia no está encaminada al reconocimiento y pago de la prestación en sí -las cesantías-, sino de la sanción por mora que surge con ocasión de la falta de oportunidad en la consignación de esa prestación.”
(2016-12-13) [Mas Información]
La incorporacion automatica con fundamento en el Decreto 2117 de 1992 de los empleados publicos de la Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales es inconstitucional.
¿Los empleados públicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales incorporados automáticamente con fundamento en el Decreto 2117 de 1992, gozan de derechos de carrera y, en consecuencia, pueden ser beneficiarios de prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada?
Tesis: “La Sala unifica su posición en el sentido de precisar que los empleados incorporados a la DIAN automáticamente, por medio del decreto 2117 de 1992, no pueden ser beneficiarios de la prima técnica por formación avanzada y experiencia altamente calificada, en la medida que no desempeñaron el cargo en propiedad, como quiera que su inscripción en carrera administrativa no se derivó de la superación satisfactoria de un concurso de méritos.”
Conyuge superstite con union conyugal vigente debe acreditar 5 anos de convivencia en cualquier tiempo para lograr reconocimiento de pension de sobrevivientes.
¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la accionante al negarle el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por no acreditar 5 años de convivencia en el tiempo inmediatamente anterior a la muerte de su esposo?
Tesis: “En la sentencia de 29 de febrero de 2016 el Tribunal Administrativo Cundinamarca (…) se limitó a hacer un estudio de la normatividad aplicable al asunto planteado sin tener en cuenta la posición sentada por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado respecto al tema, razón por la cual no tuvo la oportunidad de efectuar un análisis de la misma para señalar las razones por las cuales, a su juicio, se debía apartar de esa línea y dar una interpretación diferente de la normatividad referida.
Adicionalmente, es claro que la referida corporación judicial interpretó de manera indebida la modificación que introdujo la ley 797 de 2003, en su artículo 13, a los artículos 47 y 74 de la ley 100 de 1993, al exigir un requisito que no se encuentra consagrado en tal normatividad para que el cónyuge supérstite acceda al beneficio pensional reclamado, pues al mismo, simplemente, le basta acreditar 5 años de convivencia durante cualquier tiempo, de tal manera que el error en la aplicación de la norma configura un defecto sustantivo en la providencia acusada”.
Administradoras de Fondos de Pensiones deben responder ante sus afiliados por errores en los datos de la historia laboral y asumen las consecuencias derivadas de los mismos.
La actora solicitó en el año 2013 el reconocimiento de su pensión de vejez ante Colfondos S.A., entidad que le negó la solicitud aduciendo que aún no había completado el monto ahorrado suficiente para obtener el derecho y tampoco tenía el requisito de edad para obtener la devolución de saldos.
Advirtiendo un error en su historia laboral, en la que no se le habían incluido tiempos de cotización efectuados al Instituto de Seguros Sociales, la actora se dirigió a Colpensiones para que se hiciera la correspondiente corrección.
Mientras se resolvía la petición, Colfondos S.A. procedió a hacer la devolución de saldos sin verificar la historia laboral, dinero con el cual la actora se sometió a un tratamiento de salud. En el año 2014, Colpensiones realizó la corrección e informó a la actora que ya se encontraban relacionadas las semanas cotizadas en su momento al ISS.
Ante tal situación, la actora acudió a Colfondos con el fin de que se le expidiera un bono pensional complementario por el tiempo que no fue tenido en cuenta para la devolución de saldos, advirtiendo que la devolución de saldos se hizo de manera apresurada ya que si se hubiera incluído el tiempo cotizado al ISS se habría dado el reconocimiento de su pensión de vejez.
Esta última solicitud no fue respondida por Colfondos S.A. razón por la cual la actora formuló acción de tutela para que se proteja su derecho fundamental de petición.
Para el reconocimiento y funcionamiento de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado no puede exigirse copia del acto de autorizacion del regimen de trabajo asociado y de compensaciones expedido por el Ministerio de la Proteccion Social.
¿Son nulos el literal f) del numeral 1 y el literal g) del numeral 2 de la Circular Externa No. 006 del 7 de junio de 2007, por infringir de manera directa lo previsto por el artículo 15 de la ley 79 de 1988, al exigir un requisito adicional para el reconocimiento y funcionamiento de las cooperativas y pre-cooperativas de trabajo asociado, como es la constancia de la autorización del Régimen de Trabajo y de Compensaciones expedida por el Ministerio de la Protección Social?
Se demandaron el literal f) del numeral 1), el literal g) del numeral 2) y la parte final del numeral 3) de la Circular Externa No. 006 del 7 de junio de 2007, expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, por la cual se aclaran las instrucciones dadas en la Circular 005 de 2007, en relación con los artículos 7 y 9 del Decreto 4588 del 27 de diciembre de 2006, en lo referente al reconocimiento, funcionamiento y plazo para adecuar estatutos y regímenes de las Cooperativas y Precooperativas de Trabajo Asociado; por vulnerar los artículos 4, 14, 23 y 209 constitucionales y los artículos 15,19 y 20 de la Ley 79 de 1988.
SILENCIO ADMINISTRATIVO EN TRAMITES DE RECONOCIMIENTO Y REGISTRO EN EL AMBITO COOPERATIVO – Aplicacion / VIOLACION AL DERECHO DE PETICION.
¿El apartado final del numeral 3 de la Circular Externa No. 006 del 7 de junio de 2007, al excluir la aplicación del silencio administrativo en las actuaciones de reconocimiento y registro que se adelantan ante la Superintendencia de la Economía Solidaria, vulnera el derecho de petición?
Tesis 2: “Las normas sobre silencio administrativo previstas por la legislación general procesal administrativa (artículos 40 y 41 del CCA y 84-86 del CPACA) además de constituir un aspecto central del procedimiento administrativo (rectius tener incidencia directa sobre el derecho al debido proceso que garantiza el artículo 29 Superior), tienen también un claro vínculo con la garantía del derecho fundamental proclamado por el artículo 23 de la Carta.
Por ende, al disponer el apartado final del numeral 3 de la circular censurada que en el caso específico de las actuaciones de reconocimiento de las CTAs y PTAs y de registro de sus actos “no opera el silencio administrativo”, el acto acusado no solo desconoce lo previsto de manera general por la legislación procesal administrativa general, que a falta de una regulación legal especial impone el sometimiento a sus disposiciones (artículo 1 del CCA y artículo 2 del CPACA), sino que además supone una vulneración al derecho fundamental de petición.”.
El competente para analizar la legalidad de un acto administrativo y determinar si se debe conceder una pension de jubilacion o no, cuando se trate de un servidor publico, es el juez de lo contencioso administrativo y no el juez de tutela.
¿Puede un juez de tutela reconocer una pensión de jubilación?
¿Es posible determinar si se perdió el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en virtud del traslado que realizó el 1 de julio del 2000 del régimen de prima media con prestación definida al de ahorro individual con solidaridad y retornar nuevamente al régimen de prima media con prestación definida?
Problema jurídico 3:
¿Es posible reliquidar una pensión de jubilación cuando no se es beneficiario del régimen de transición?
CUOTA ALIMENTARIA - Definicion; embargo de cesantias:
El derecho de alimentos es aquel que le asiste a una persona para reclamar de la persona obligada legalmente, a dar lo necesario para su subsistencia, cuando no está en capacidad de procurárselo por sus propios medios.
En el caso que nos ocupa, la situación de dependencia e indefensión del actor se mantiene y la violación a sus derechos fundamentales no ha cesado.
En el caso que nos ocupa, la vulneración al derecho alimentario es el no pago de una fracción del mismo (35% de la cesantía definitiva del señor Luis Aurelio Álvarez Rosero), pero que en conjunto se utiliza para solventar necesidades permanentes de la calidad de estudiante del actor.
Lo anterior impide considerar que el daño se encuentra consumado, pues los hechos demuestran que la condición de dependiente no ha sido superada, por lo tanto la acción de tutela, en éste caso, es procedente.
En tal sentido, cuando exista una orden de embargo en materia laboral contra uno de los empleados o funcionarios de la Rama, cada que se ordene un traslado de cuentas en materia de pensiones y cesantías se debe remitir con la correspondiente constancia del embargo existente. Por tal razón, se prevendrá a la Dirección Ejecutiva y a las seccionales de Administración Judicial para que en el futuro tomen las medidas que sean del caso.
(2016-11-25) [Mas Información]
Sentencia No 52951
Accion de nulidad y restablecimiento del derecho.
El problema jurídico se contrae a decidir si la demandante, que es una empresa de servicios temporales, debió incluir en la base gravable del impuesto de industria y comercio los montos reconocidos a sus trabajadores en misión por concepto de salarios, prestaciones sociales y demás pagos laborales.
La falta de cotizaciones, o su mora en el pago, en nada afectan la calidad de afiliado del trabajador al sistema de seguridad social, como tampoco es dable confundir el acto juridico de la afiliacion con el de la cotizacion.
Más aún, la falta de pago de cotizaciones al sistema o la mora en su cubrimiento, no son omisiones atribuibles al trabajador, por manera que por el mero hecho de contar con la calidad de afiliado bien puede exigir de aquél las prestaciones a que tenga derecho al cumplir las exigencias propias de cada uno, sin que le sea imputable el incumplimiento de su empleador.
De contera, no es el empleador el llamado a cubrir las dichas prestaciones.”
(2016-08-31) [Mas Información]
Para reconocer la indemnizacion moratoria por el no pago oportuno de cesantias, no es necesario contar con la correspondiente partida presupuestal, toda vez que el articulo 2º la Ley 244 de 1995 no exige dicho requisito.
La Sala Quince Especial de Decisión de la Sala Plena del Consejo de Estado decidió el recurso extraordinario de súplica interpuesto por la actora contra la sentencia de 15 de julio de 2004, proferida por la Sección Segunda, Subsección “A” de esta Corporación, en la cual se afirmó que para reconocer la indemnización moratoria por el no pago oportuno de cesantías, era necesario contar con la correspondiente partida presupuestal.
(2016-08-30) [Mas Información]
La prescripcion de la sancion moratoria por el pago tardio de las cesantias definitivas opera de manera autonoma dado que no esta atada al derecho principal.
Esta Sala considera que la posición expuesta amerita unas precisiones:
Si se tiene en cuenta la finalidad del auxilio de cesantías, es decir, que el trabajador cuente con una suma de dinero que le permita afrontar una situación de desempleo, mal haría el juez al sancionar al particular por el no ejercicio de su derecho cuando continúa prestando sus servicios, pues a través de la mencionada prestación social se busca precisamente su protección con posterioridad a la terminación del vínculo laboral.
Además de lo anterior, las prestaciones sociales son derechos que en materia laboral se consideran mínimos e irrenunciables.
No obstante lo anterior, esta Sala de Subsección se permite aclarar que no ocurre lo mismo con la sanción moratoria puesto que la misma no constituye un mínimo en materia laboral y aunque está relacionada con la consignación de las cesantías, es una sanción independiente, por lo que se puede reclamar de manera directa.
En consecuencia, la prescripción de la sanción no está atada a la del derecho principal, sino que opera de manera autónoma.
Ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley que pretende ampliar la licencia de maternidad.
“Por medio del cual se incentiva la adecuada atención y cuidado de la primera infancia, se modifican los artículos 236 y 239 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones” acumulado con el proyecto de ley 103 de 2015 Cámara, “Por medio de la cual se reforman los artículos 236 y 239 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”.
La iniciativa busca garantizar condiciones efectivas para que los padres (padre y madre) puedan compartir el mayor tiempo posible con sus hijos durante los primeros meses de vida posteriores a la gestación.
En tal sentido, las condiciones están dadas en términos de tiempo disponible para el compartir de la familia aumentando la licencia que -en virtud de la ley- tiene la madre, pasando de un periodo de catorce (14) a dieciocho (18) semanas, y el padre, pasando de ocho (8) a quince (15) días.
(2016-05-06) [Mas Información]
El Director General de la DIAN en calidad de Administrador del programa de promociOn e incentivos al desempeNo no puede utilizar los recursos del programa para el pago de estimulos economicos por desempeño laboral.
Se declara la nulidad de los artículos 3º, 8º y 12 de la Resolución 5062 de 2011, expedida por el Director General de la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, porque resulta contrario a la Constitución fijar incentivos económicos a favor de los funcionarios públicos por el desempeño de sus funciones.
Determinar la legalidad de los artículos 3º, 8º y 12 de la Resolución No. 005062 del 6 de mayo de 2011, esto es, si el Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN tiene competencia para establecer los parámetros para el reconocimiento y pago del incentivo por desempeño grupal, al desempeño en fiscalización y cobranzas y por desempeño nacional en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales creados en el Decreto 1268 de 1999, atribuyendo en las normas acusadas al Comité del Programa de Promoción e Incentivos al Desempeño de la entidad, lo concerniente al porcentaje de asignación de dichos incentivos en función del cumplimiento de las metas de recaudo nacionales y la disponibilidad presupuestal, conforme a los criterios allí establecidos.
Por considerar que al no otorgar caracter salarial al incentivo por desempeño grupal en la DIAN, se desmejora el salario de los servidores pUblicos de la Planta de Personal de la entidad, se declara la nulidad parcial del artIculo 8 del Decreto 4050 de 2008.
Bajo la apariencia de un “incentivo”, que como su nombre lo dice pretende estimular al empleado con una retribución económica “adicional”, desmejoró el salario de los empleados pertenecientes a la entidad aludida.
Se demanda la nulidad parcial del artículo 8 del Decreto 4050 de 2008, expedido por el gobierno nacional, por el cual se consagra el reconocimiento del incentivo por desempeño grupal a favor de los servidores públicos de la Planta de Personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Dentro del régimen jurídico anterior a la Carta Política como en el transcurrir de esta, el concepto de prima, entendido como tal cualquier “incentivo” que se le dé a un trabajador de manera habitual y como contraprestación de su labor, como ocurre en este caso, debe significar ineludiblemente un fenómeno retributivo de carácter adicional a la actividad laboral cumplida por el servidor público, que no puede desconocerse ni desnaturalizarse cercenándole el carácter de factor salarial.
Teniendo en cuenta entonces que la naturaleza del “incentivo” en estudio es netamente salarial y que la misma la recibe el empleado público de la planta de personal de la DIAN de manera habitual, periódica y como contraprestación directa de su despliegue laboral, para la Sala resulta claro que el Ejecutivo al expedir el decreto demandado desbordó su poder, por cuanto bajo la apariencia de un “incentivo”, que como su nombre lo dice pretende estimular al empleado con una retribución económica “adicional”, desmejoró el salario de los empleados pertenecientes a la entidad aludida.
(2016-02-02) [Mas Información]
Radicación número: 13001-23-31-000-2001-01343-01(2199-10)
PRESTACIONES SOCIALES - No se pueden desconocer aprovechando la crítica situación financiera.
(2015-12-18) [Mas Información]
PRESTACIONES SOCIALES - Deben ser reconocidas en el proceso de reestructuracion.
SANCION MORATORIA - No pago del auxilio de cesantia. Un dia de salario por cada dia de retardo.
BONIFICACION POR RETIRO VOLUNTARIO - Es deducible por ser un pago laboral.
Para tener derecho a la deducción debió acreditar el pago de los aportes parafiscales, según el artículo 108 del Estatuto Tributario.
Como se observa, la bonificación tiene una parte proyectada a cubrir cualquier posible concepto que hubiere quedado pendiente o surgiera eventualmente en virtud de la relación laboral que existió. Esa diferencia laboral incluiría cualquier concepto, entre otros, salario o prestaciones.
Lo anterior lo confirma el hecho de que la ex trabajadora declare enteramente a la compañía "a paz y salvo por todo concepto de carácter salarial, prestacional o indemnizatorio eventual que pudiera corresponderle […]".
Como lo señaló la Sala en sentencia del 19 de agosto de 2010, donde se discutió un asunto similar al presente, en materia laboral debe primar la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, por lo tanto, aún cuando se hubiera estipulado en el Acuerdo Conciliatorio que esa bonificación no era constitutiva de salario, lo cierto es que su finalidad sí era cobijar todos aquellos pagos laborales, incluidos los salarios, que por alguna eventualidad pudieran causarse a favor del trabajador, de ahí que una vez recibida la bonificación, el ex trabajador declaraba a paz y salvo a la empresa por todo concepto laboral, incluidos los salarios.
En consecuencia, así se hubiera denominado "Bonificación adicional no constitutiva de salario", lo cierto es que no se ajusta a esa naturaleza, pues comprende y cubre, no sólo indemnización y prestaciones, sino salarios eventualmente adeudados al ex trabajador mientras estuvo vigente la relación laboral.
Como parte de la bonificación por retiro sí tenía carácter salarial, no tiene efectos para este fallo que se hubiera denominado como "no constitutiva de salario" en el acta de liquidación, por lo tanto, para tener derecho a la deducción debió acreditar el pago de los aportes parafiscales, según el artículo 108 del Estatuto Tributario.
(2015-11-23) [Mas Información]
ACREENCIA LABORAL - Procede reconocerla cuando la Entidad demandada no realiza ninguna actividad de defensa.
OBLIGACION LABORAL EN ACUERDO DE REESTRUCTURACION - No se encuentra demostrada su inclusión y por lo tanto si era procedente la acción judicial.
De otra parte, en el recurso de apelación, se indica que la acción judicial no resultaba procedente habida cuenta que el MUNICIPIO DE RIOHACHA se sometió a la Ley 550 de 1999 lo cual "implicaba un tratamiento especial en juicios como el presente".
Al expediente, no se allegó el anexo a que se hace referencia en el párrafo anterior en orden a establecer si la deuda contraída por el MUNICIPIO DE RIOHACHA con el actor se estimó como una obligación que al ser reconocida en el acuerdo de reestructuración impedía el inicio de acciones legales.
Además, la Sala aprecia que con los elementos obrantes en el expediente, se infiere que la entidad demandada no consideró la discutida obligación laboral como parte del acuerdo de reestructuración, aserto que fluye al examinar la afirmación del apoderado de la entidad demandada consignada en el Acta de Audiencia de Conciliación obrante a los folios 59 a 60, en la cual se indica que no le es posible presentar fórmula conciliatoria habida cuenta que respecto de las obligaciones anteriores al 31 de agosto de 2000, se requiere: "la autorización previa del Comité de Vigilancia".
(2015-11-13) [Mas Información]
ACEPTACION DE RENUNCIA - Efectos sobre liquidación de cesantía definitiva.
RELIQUIDACION DE CESANTIA DEFINITIVA - No reconocimiento. Ultimo empleador encargado del pago.
Las consecuencias de un acto, un hecho o una omisión jurídicos se juzga a la luz de las normas, actos, hechos y omisiones existentes en el momento de ocurrir uno de aquellos, de tal manera que las normas, actos, hechos u omisiones posteriores no lo pueden afectar.
Aquí, para la Sala es evidente que cuando se expidió el 5 de marzo de 1997 la resolución 159 acusada, el último empleador del demandante fue el Departamento, como consecuencia de que a partir del 18 de diciembre cesó su vinculación con la Contraloría y recobró fuerza ejecutoria el nombramiento como docente en el Departamento hasta el 31 de diciembre siguiente en que le fue aceptada la renuncia.
Y la expedición posterior (6 de marzo 1997) del decreto 0445 obviamente no puede afectar la validez de la referida resolución 159. Finalmente, la Sala pone de presente que no es de su resorte pronunciarse sobre las eventuales obligaciones del Departamento, precisamente porque los actos acusados fueron expedidos por la Contraloría y no por aquel.
RENUNCIA AL CARGO - El acto de renuncia ha sido concebido legal y jurisprudencialmente como aquel en el que no cabe duda acerca de la voluntad de quien la suscribe de cesar en el ejercicio del empleo que se viene desempeñando.
ACEPTACION DE RENUNCIA - Procedente. No desvirtuada la legalidad del acto.
La normatividad aplicable al caso presente es el decreto 2400 de 1968 y sus reglamentarios. La renuncia es entonces una forma legítima de desvinculación de la administración pública prevista para empleados de libre nombramiento y remoción y para empleados de carrera administrativa.
Su fundamento se halla en la libertad para escoger profesión u oficio que la Constitución garantiza en el artículo 26. El decreto 1950 de 1973 reglamentario del 2400 de 1968, señala las condiciones de validez de la renuncia de servidores públicos.
Esas situaciones tratándose de un acto jurídico, es decir de una manifestación de voluntad que produce efectos en derecho - ello es la renuncia -, son los vicios en el consentimiento de quien se manifiesta: error, fuerza o coacción física o moral y dolo. Corresponde entonces al demandante aportar las pruebas pertinentes y suficientes que acrediten la existencia de dichos vicios que determinan la falta de espontaneidad del acto.
(2015-11-12) [Mas Información]
ACCION DE TUTELA - Procedente para controvertir decisiones de traslado laboral, sólo en circunstancias graves y extraordinarias.
ACCION DE TUTELA POR TRASLADO LABORAL - Improcedente. La ley prevé taxativamente la posibilidad de acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
En reiterada jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación, se ha considerado que la acción de tutela es improcedente para controvertir decisiones de traslado laboral, pues la ley prevé taxativamente la posibilidad de acudir ante lo contencioso administrativo, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, como el mecanismo judicial idóneo para obtener las declaraciones que pretende el tutelante, en este caso, el regreso al cargo que ocupaba antes de ser reubicado.
No obstante, el numeral 1° del artículo 6° del Decreto Ley 2591 de 1991 admite la viabilidad de la acción de tutela, cuando se utiliza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, aún en presencia de medios judiciales ordinarios de protección; a renglón seguido, el mismo numeral dispone que la existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante.
La Corte Constitucional mediante sentencia T-965 de 2000, ha señalado tres reglas para obtener, a través de la acción de tutela, la modificación de una decisión de la administración sobre traslados laborales. De conformidad con la Resolución 0067 de 22 de enero de 2007, en la cual el Contralor General de la República señaló los motivos para reubicar algunos empleados de la planta de personal, no es evidente o notorio que la decisión de rotar o reubicar a varios funcionarios de la planta de personal de la Contraloría haya sido arbitraria, caprichosa e intempestiva como para acceder transitoriamente al amparo de tutela deprecado.
RENUNCIA - Concepto. Reiteración jurisprudencial / DIAS HABILES - Se suprimen los feriados y los de vacancias.
ACEPTACION DE RENUNCIA - Procedente. Una sugerencia no genera coacción o constreñimiento. Insinuación de la dimisión no es sinónimo de constreñimiento o intimidación.
RENUNCIA AL CARGO - Debe ser libre y espontánea. Inexistencia de presiones.
En cuanto a la legalidad del escrito de renuncia definitiva: En primer lugar dirá la Sala que el escrito de renuncia no es un acto administrativo y, por lo tanto, no es enjuiciable ante esta jurisdicción. El acto de renuncia ha sido concebido legal y jurisprudencialmente como aquel en el que no cabe duda acerca de la voluntad de quien la suscribe, de cesar en el ejercicio del empleo que se viene desempeñando.
Así, pues, esa renuncia debe reflejar la voluntad inequívoca del funcionario de retirarse de su empleo, debe ser consciente, ajena a todo vicio de fuerza o engaño. Para la Sala resulta evidente que, de conformidad con las normas citadas, formalmente sí se estructuraron los requisitos indispensables para que la dimisión de la actora surtiera todos sus efectos, como lo es principalmente: presentación escrita, libre y espontánea, y la aceptación también escrita, por parte de la autoridad competente para ello.
No es acertado este argumento, porque una sugerencia no genera coacción o constreñimiento de tal naturaleza que obligue a la persona compelida a actuar de una determinada forma. Sobre este punto, se ha reiterado que: por un lado, no es suficiente la simple sugerencia que haga al nominador de presentar la dimisión, ya que es necesario que se evidencie un componente coercitivo que permita concluir que el fuero interno de la empleada fue invadido de tal manera que su capacidad de decisión se ve truncada, al punto que indefectiblemente se ve compelida a renunciar y, por otro, tratándose de empleos como el que ocupaba la actora la insinuación de la dimisión no es sinónimo de constreñimiento o intimidación, máxime cuando las condiciones intelectuales de la funcionaria le permitían elegir libremente entre rehusarse o presentar la carta de renuncia.
(2015-11-10) [Mas Información]
RENUNCIA AL CARGO - Empleado de libre nombramiento y remoción. Se considera protocolaria ante cambio de administración sin que se desconozca el buen servicio.
CARGO DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION - Legalidad de la petición de renuncia.
La controversia se centra en dilucidar si la autoridad nominadora ejerció indebida presión contra el actor para que presentara renuncia al cargo que desempeñaba y si la renuncia fue aceptada irregularmente. Nótese que el cargo que ocupaba el actor en el Ministerio pertenece al nivel Asesor en grado 16, considerado como uno de los más altos dentro de su escala; y que de acuerdo con la certificación expedida por la entidad a ese cargo se le asignan funciones importantes de absoluta confianza, como la de asesorar a la Secretaría General en la formulación de políticas y toma de decisiones, entre otras, en materia administrativa, financiera y contractual.
La Sala considera que frente a estos cargos la solicitud de la renuncia es válida y la insinuación de la misma es un mecanismo más bien protocolario encaminado a evitar la insubsistencia, teniendo en cuenta, además que el actor accedió al servicio mediante nombramiento en provisionalidad y que no le asiste el fuero de inamovilidad propio de quienes ingresan al servicio mediante concurso de meritos.
Además, en reiterada jurisprudencia de la Subseción A de la Sección Segunda de esta Corporación la simple insinuación o solicitud de renuncia por sí misma no constituye una coacción invencible que elimine el acto voluntario porque frente a dichas propuestas, el empleado puede desechar la oferta, insinuación o solicitud sin que ello le acarree consecuencias desfavorables.
RENUNCIA PROVOCADA - Configuración. No fue resultado de su voluntad libre y espontánea.
ACEPTACION DE RENUNCIA - Improcedencia por persecución laboral.
El acto de renuncia ha sido concebido legal y jurisprudencialmente como aquel en el que no cabe duda acerca de la voluntad de quien la suscribe, de cesar en el ejercicio del empleo que se viene desempeñando. De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico cuando el servidor público opta por retirarse del servicio mediante la modalidad en estudio, la dimisión ha de tener su origen o su fuente generatriz en el libre, franco y espontáneo impulso psíquico y querer del sujeto, que descifran su plena voluntad.
Así, pues, esa renuncia debe reflejar la voluntad inequívoca del funcionario de retirarse de su empleo, debe ser consciente, ajena a todo vicio de fuerza o engaño. La extensa prueba testimonial y documental, recaudada en los diferentes trámites administrativos adelantados contra la actora y en el curso de este proceso, pone en evidencia que la demandante fue objeto de una persecución laboral, la cual culminó con una calificación insatisfactoria de servicios que hacía inminente su retiro de la administración, a través de la declaratoria de insubsistencia.
En el caso particular, se observa que la demandante además de tratar de asumir la enorme carga laboral impuesta en términos perentorios, sin las directrices y recursos necesarios, debía afrontar la devolución y reasignación constante de su trabajo, más las investigaciones disciplinarias que cursaban en su contra: rindiendo versiones libres, atendiendo las visitas administrativas que se practicaban, aportando las comisiones, delegaciones y poderes de que fue objeto, pidiendo pruebas etc.; todo lo anterior, hacía que humanamente fuera imposible cumplir con las labores encomendadas, perjudicándose en últimas los intereses de la administración.
En conclusión, la dimisión de la demandante fue el resultado de la persecución gradual de que fue objeto, la cual culminó con una calificación insatisfactoria que hacia latente su declaratoria de insubsistencia. Declaratoria, que de haber ocurrido, sería nociva pues suscitaría dudas respecto de su desempeño profesional.
(2015-11-09) [Mas Información]
ACEPTACION DE RENUNCIA - Inexistencia de presiones indebidas para que el actor presentara su renuncia. Se trata de un funcionario del nivel directivo y la sugerencia de la dimisión obedeció a permitirle al Director elegir libremente a sus colaboradores inmediatos.
RENUNCIA - Legalidad de la aceptación de renuncia a un cargo directivo.
El acto de renuncia ha sido concebido legal y jurisprudencialmente como aquel en el que no cabe duda acerca de la voluntad de quien la suscribe, de cesar en el ejercicio del empleo que se viene desempeñando. Este postulado no es más que el desarrollo de la consagración constitucional contenida en el artículo 26, que prescribe que "Toda persona es libre de escoger profesión u oficio".
Su consagración legal se encuentra en los artículos 27 del Decreto 2400 de 1968 y 112 del Decreto 1950 de 1973, que prescriben como requisito de tal acto unilateral la manifestación inequívoca y escrita, presupuestos sin los cuales quedaría desnaturalizado, por ser de su esencia el compromiso de la facultad volitiva del individuo.
La renuncia siempre va precedida de un motivo, expreso o no; no es esta circunstancia la que vicia la aceptación, sino el hecho de que ese motivo haya sido gestado por la entidad con el fin de quebrar el libre arbitrio y provocar el retiro del empleado.
No es suficiente, ni siquiera, la simple insinuación que haga al nominador de presentar la dimisión; es necesario que se evidencie un componente coercitivo que permita concluir que el fuero interno del empleado fue invadido de tal manera que su capacidad de decisión se ve truncada, al punto que indefectiblemente se ve compelido a renunciar.
En los cargos de confianza, como lo es el del Jefe de la División de Recursos Físicos, bien puede aceptarse la insinuación de la renuncia, pues sabido es que tales cargos implican compromisos mayores de los cuales no pueden sustraerse los servidores estatales que los desempeñen, debido, precisamente, a la potestad que indiscutiblemente tiene quien lleva la titularidad como cabeza de la entidad, para mantener en los cargos de su inmediata colaboración a quienes coinciden con las políticas que se han trazado en la entidad.
ACEPTACION DE RENUNCIA - Inexistencia de presiones indebidas .
RETIRO COMPENSADO - El ofrecimiento de bonificaciones para el retiro fue un instrumento de persuasión legítimo.
Teniendo en cuenta que el acto mediante el cual se le ofreció al demandante el Programa de Retiro Compensado o sea el Oficio RVEP/1362 goza de la presunción de legalidad, todas las acusaciones de la demanda tendientes a demostrar que el referido Programa es violatorio del orden jurídico, quedan sin ningún fundamento, amén de que el ofrecimiento de aquellas dos bonificaciones antes que medio de coacción, constreñimiento o presión para doblegar la voluntad libre del empleado, no es mas que un instrumento de persuasión o convencimiento legítimo, que lejos de perjudicarlo lo favoreció en la suma de $3.725.203.58, entre otras razones porque si el actor no estaba amparado por algún fuero, a la administración le habría bastado declararle insubsistente su nombramiento y se habría ahorrado esa no despreciable cantidad de dinero.
De otro lado, si la desviación de poder consiste en que el acto administrativo es expedido por un motivo diferente al que expresa o implícitamente exige la norma atributiva de la competencia, como bien lo dijo el Tribunal, en el expediente no obra prueba alguna tendiente a demostrar ese elemento subjetivo del acto que lo haya viciado de nulidad.
Y en cuanto a la presunta violación de los artículos 84 y 85 del CCA, la Sala una vez mas advierte que tales normas no es posible que sean transgredidas por la administración, sino por quienes tienen que aplicarlas o interpretarlas, vale decir por los jueces de esta jurisdicción.
(2015-11-06) [Mas Información]
RENUNCIA AL CARGO - Debe ser libre y espontánea. La efectuada por presiones amerita nulidad del acto que la aceptó.
RENUNCIA PROVOCADA - Configuración. El actor fue trasladado no por necesidades del servicio sino por represalias.
La litis se centra en determinar si la aceptación de la renuncia contrarió o no el ordenamiento jurídico, porque - según el actor - no puede calificarse de libre y espontánea cuando fue presionada por la misma entidad.
Si el actor había sido comisionado para intervenir en audiencia especial de juzgamiento en Bogotá, se pregunta la Sala porqué de un momento a otro se consideró la posibilidad de trasladarlo pero para una ciudad diferente, cuando no mediaba requerimiento alguno en ese sentido.
En tal caso, está probado que el traslado obedeció a una represalia por no haber asumido el actor - de manera imprudente, se repite - un cometido de naturaleza judicial sumamente delicado y, en consecuencia, puede afirmarse que no fueron necesidades del servicio las que primaron en su desplazamiento.
En cuanto a su idoneidad, los declarantes dan buena cuenta de su ejercicio como funcionario judicial (Fiscal), con ventaja profesional y personal sobre los demás, manejo oportuno de procesos y providencias claras y razonadas, además con evaluaciones satisfactorias.
Circunstancias de modo, tiempo y lugar como las anteriores, llevan a esta Sala a deducir que la renuncia no obedeció a su libre y espontánea voluntad, pues las pruebas traídas a este proceso indican claramente que no tenía la más mínima intención de separarse del cargo, dada su vocación de servicio y entrega al mismo, sino que su dimisión fue producto del apremio de la administración que comprometió derechos fundamentales no solo del trabajador sino de la persona, por el simple capricho de algunos funcionarios de poner en entredicho su ejercicio profesional.
(2015-10-23) [Mas Información]
ATENCION MEDICA EN EL DOMICILIO
Tratándose de afiliada a la Caja, que por accidente de trabajo se encuentra en situación de invalidez, dependiendo del tratamiento que se le dé para que se produzca su eventual recuperación, y a más de ello madre de tres menores que requieren su orientación y protección permanentes, no es aceptable que se la invite a viajar a esta capital para obtener el tratamiento requerido y muchos menos a que sufrague los costos de los servicios médicos, quirúrgicos, hospitalarios, etc., para luego cancelar el valor de ellos tan pronto se presenten y, claro, se encuentren satisfactorias las correspondientes facturas.
La acción ha sido propuesta como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable dada la naturaleza de la lesión orgánica y fisiológica que sufre.
Conforme a la respuesta dada por la Caja de Previsión Social del Tolima, son indudables sus obligaciones para con la tutelante, quien tiene derecho a que se le atienda en el lugar de su residencia que es el mismo donde prestó sus servicios laborales. -
Ese derecho es tutelable precisamente porque en tanto la reclamante de los servicios asistenciales médicos, farmacéuticos, quirúrgicos, etc. No logre superar la condición de invalidez en que se halla, no es dable que pueda desarrollar su vida en forma normal y ni siquiera desempeñarse física, sicológica y socialmente en condiciones que le permitan atender al mínimo de sus necesidades.
ABANDO DE CARGO - Recuento normativo.
CERTIFICADO DE INCAPACIDAD MEDICA - Prueba idónea
JUSTA CAUSA - No fue tenida en cuenta.
Previo a declarar la vacancia del cargo el Contralor General de Norte de Santander no permitió al actor exponer sus razones, aportar las pruebas que considerara pertinentes y controvertir las aducidas en su contra, esto es, el informe del Subcontralor, impidiéndole ejercer su derecho de defensa y contradicción, vulnerándole así el debido proceso, el cual debe garantizarse en las actuaciones administrativas que afecten a particulares, según lo dispuesto por el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo y aun cuando el demandante aportó el certificado de incapacidad médica y con ello justificó su inasistencia, desvirtuando así la configuración de la causal invocada para declarar la vacancia del cargo, el nominador mantuvo la decisión al resolver el recurso de reposición.
En el recurso de apelación la Contraloría General de Norte de Santander señala que las pruebas tenidas en cuenta y valoradas por el a quo en el fallo de primera instancia, no prueban la justa causa del actor para ausentarse de su lugar del trabajo por más de tres días, pues la llamada telefónica a la que se hace alusión no puede tenerse como una justificación de la ausencia del actor y los testimonios "sospechosos" rendidos no comportan la suficiente contundencia para que se pueda determinar que la ausencia fuera justificada.
PROYECTO DE CORRECCION DE DECLARACION - Debe aceptarse cuando se presentó dentro del año siguiente a la fecha de vencimiento del plazo para declarar.
SOLICITUD DE CORRECCION DE DECLARACION TRIBUTARIA - Su rechazo no se ajusta a derecho cuando se fundamenta en aspectos de fondo
FACULTAD DE REVISION DE LA DIAN - Procede aún cuando ha proferido la liquidación oficial de revisión.
(2015-08-10) [Mas Información]
SALUDCOOP EPS vulnera los derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social, salud e igualdad del recién nacido, al negar el reconocimiento y pago de la licencia de paternidad.
El actor interpone acción de tutela en representación de su hijo recién nacido en contra de SALUDCOOP E.P.S., al considerar que la negativa en el reconocimiento y pago de la licencia de paternidad, vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social, salud e igualdad.
(2015-04-24) [Mas Información]
Radicación número: 25000-23-42-000-2013-03899-01(AC)
ACCION DE TUTELA - Improcedente para cuestionar actos administrativos de carácter laboral .
AMPARO TRANSITORIO DE LOS DERECHOS AL TRABAJO, ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA, SEGURIDAD SOCIAL Y MINIMO VITAL - Especial protección de las personas con calidad de prepensionados.
La sanción moratoria no surge a partir de la cancelación efectiva de la cesantía ni de la terminación de la relación legal y reglamentaria, sino que se causa desde el día siguiente a aquel en que se incumple el deber de consignar el valor que corresponda en la cuenta individual del trabajador.
(2015-03-27) [Mas Información]
El Ministerio de la Protección Social al aprobar el Reglamento Interno de Trabajo de la empresa EDATEL S.A. E.S.P, omitió el estudio de los requisitos de la Ley 1010 de 2006 de acoso laboral, por lo que se declara la nulidad de la Resolución 1122 del 17 de julio de 2007.
Se demandó de esta Corporación la nulidad de la Resolución 1122 del 17 de julio de 2007, expedida por el Ministerio de la Protección Social (hoy del Trabajo) por medio de la cual revocó la Resolución 02147 del 15 de diciembre de 2006 y aprobó el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa Edatel S.A. E.S.P.
No desconoce la Sala que respecto de la inclusión del artículo 51 de la Ley 789 de 2002 o jornada flexible al reglamento Interno de Trabajo, esta Corporación ha señalado que por ser una norma de obligatorio cumplimiento es una modificación meramente formal, que para su adopción no requería de la intervención de los trabajadores de la empresa EDATEL S.A. E.S.P. y se consideran incorporados en los Reglamentos Internos de Trabajo la reforma contenida en la Ley 789 de 2002, sin necesidad de tramitar su aprobación ante el Ministerio de Protección Social.
(2015-02-25) [Mas Información]
Inadmisión en concurso de méritos por omisión de la firma en el formulario de inscripción.
El requisito de la firma en el formulario de inscripción no puede ser considerada como un formalismo, pues ella se exige como prueba del juramento.
El problema jurídico del que se ocupa la Sala, consiste en establecer la legalidad de las listas de admitidos y no admitidos al concurso convocado por la Unidad de Carrera de la Fiscalía General de la Nación para proveer cargos de Fiscal delegado ante Jueces Penales del Circuito y el mismo cargo pero ante Jueces Penales Municipales, publicadas el 16 de enero de 2008 y 15 de abril de 2008, en las que se le incluyó al demandante en la lista de no admitidos.
Extracto: El requisito de la firma en el formulario de inscripción no puede ser considerada como un formalismo, pues ella se exige como prueba del juramento que el participante presta en torno a 3 aspectos, a saber:
i) que el participante no está incurso en inhabilidades e incompatibilidades para el desempeño del cargo al que aspira;
ii) que el concursante conoce y acepta los términos de las convocatorias a las que se inscribió y
iii) que la información que consignó en el formulario es veraz y puede ser sometida a verificación.
Aunado a lo anterior, conocedora la demandante de las normas que regían el concurso de méritos en que pretendía participar, debía saber que la omisión de la firma implicaba inadmisión al concurso, como taxativamente se indicó en el texto de la convocatoria, dentro de las causales de inadmisión, por lo que mal podría pretender que se aceptara su inscripción sin el cumplimiento de tal requerimiento.

References: artículo 13
 artículo 15
 artículo 29
 artículo 23
 artículo 2
 artículo 36
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 8
 artículo 108
 artículo 108
 resolución 
 resolución 
 artículo 26
 artículo 6
 Resolución 
 artículo 26
 artículo 35
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 51