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⭐SIST E M A JUDI C I A L?
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Lidia Navarrete Soriano
1 i Q U É H A C E R C O N E L SIST E M A JUDI C I A L? F rancisco José Eguiguren Praeli Lima, octubre de 19992 i i FRANCISCO JOSÉ EGUIGUREN PRAELI A GEND A: Perú Apartado postal Miraflores Lima, Perú. Correo electrónico: Este texto se encuentra disponible en Internet en la dirección: 1ra. edición: 1999 Tiraje l000 ejemplares Impreso en el Perú Edición gráfica: Carlos Valenzuela3 iii C O N T E NID O PRE FA CIO v C APÍTUL O I Introducción 1 C APÍ T U L O II El legado de la reciente Reforma Judicial 5 C APÍ T U L O III Principales aspectos a considerar en una propuesta 11 de Reforma Judicial La organización, las competencias y el gobierno 11 del sistema judicial Un poder judicial o varios? 11 La reforma del proceso penal 17 El gobierno del sistema judicial y el problema de la autonomía 19 La carrera judicial 25 Selección, nombramiento y promoción de magistrados 25 La capacitación y especialización de los magistrados 32 La corrupción 37 Medios alternativos para la solución de conflictos 39 Justicia comunal y participación ciudadana 39 Conciliación y arbitraje 44 C APÍTUL O IV Sentido y contenido de una Reforma Judicial creíble 494 i v FRANCISCO JOSÉ EGUIGUREN PRAELI5 v PR E FA C I O El énfasis en la teoría y la práctica del desarrollo se ha desplazado paulatinamente durante los últimos años, y especialmente a partir de mediados de los ochenta, hacia los aspectos institucionales que articulan las interacciones entre actores sociales, económicos y políticos. Si bien las inversiones en capital físico y humano juegan aún un papel central en los procesos de desarrollo, hemos aprendido que sin reglas de juego claras, estables y predecibles, que sin una capacidad para formular y para ejecutar políticas públicas, y que sin transparencia y rendición de cuentas en la función gubernamental, es decir sin gobernabilidad democrática, no es posible movilizar ni utilizar adecuadamente los recursos necesarios para lograr la prosperidad y el bienestar. El sistema de administración de justicia es quizás la pieza más importante del andamiaje institucional del Estado. Sin un Poder Judicial capaz de dispensar y administrar justicia de en forma adecuada y aceptable para los agentes económicos, sociales y políticos, es prácticamente imposible generar la confianza en que las reglas del juego en estos tres ámbitos de la vida nacional serán aplicadas en forma imparcial y de acuerdo a los méritos de cada caso. Esto socava los fundamentos de la convivencia entre personas, empresas y organizaciones de todo tipo, con lo que se vuelve muy difícil sumar esfuerzos y concertar voluntades para lograr los objetivos de desarrollo. La administración de justicia pasa por un período de crisis en el Perú, que se manifiesta en una multiplicidad de deficiencias. Salvo honrosas [v]6 v i FRANCISCO JOSÉ EGUIGUREN PRAELI excepciones, el sometimiento al poder político, las irregularidades en los nombramientos, la mediocridad del personal a cargo del sistema judicial, la ineficiencia, el desorden y la escasez de recursos, son algunos de los problemas que han caracterizado a la administración de justicia durante el decenio de los noventa. La corrupción, sumada a la percepción de que las decisiones judiciales son algo negociable, introduce un componente perverso de imprevisibilidad en el funcionamiento efectivo de la ley, el cual puede adquirir dimensiones incontrolables bajo la influencia del narcotráfico y de la abierta interferencia de quienes controlan el Poder Ejecutivo. Además de ser la institución específicamente diseñada para hacer respetar derechos y resolver conflictos en la sociedad, el Poder Judicial es la última defensa del ciudadano frente al inmenso poder que tiene el Ejecutivo en el Perú. Sin embargo, el Poder Judicial no adolece sólo de un problema de descrédito: el ciudadano común se encuentra inerme frente a él y, peor aún, casi siempre tiene que defenderse de quien se supone debe defenderlo. Durante los últimos tres decenios se han producido varias reformas organizativas en la administración de justicia. A lgunas de ellas han enfatizado los cambios en el sistema de nombramientos judiciales, otras han tratado de renovar la legislación y los procedimientos administrativos, y también se han llevado a cabo purgas para limpiar el aparato judicial de elementos corruptos o sometidos a influencias políticas. Sin embargo, pese a estos esfuerzos de modernización, fuera de avances de carácter administrativo no se aprecia mejoras significativas en el funcionamiento del sistema judicial. La tinterillada y la venalidad continúan ocupando el lugar del debido proceso judicial, y las instituciones jurídicas y el sistema legal continúan desvirtuándose cotidianamente para ponerse al servicio del poder político o del poder económico. De allí que se hayan ido creando mecanismos destinados a evitar el paso de una serie de asuntos por el Poder Judicial en el proceso de resolución de conflictos. Por otra parte, el traslado al fuero militar de materias de importancia fundamental para la vida democrática del país y para la7 vii existencia de un Estado de derecho, así como la administración sumaria de justicia por rondas campesinas y los linchamientos populares, son indicadores de la profunda crisis por la que atraviesa el Poder Judicial y de la necesidad de transformarlo radicalmente. Desde sus inicios A GEND A: Perú puso énfasis en la importancia de contar con un Poder Judicial que funcione adecuadamente. En 1993 solicitamos a Luis Pásara que prepara un informe sobre la situación y perspectivas del Poder Judicial, cuyas conclusiones fueron incorporadas en nuestro primer informe Democracia y buen gobierno. A lo largo de nuestros trabajos durante los últimos años hemos seguido de cerca los esfuerzos de varias instituciones y académicos por mejorar el sistema de administración de justicia en el Perú, y a mediados de 1999 solicitamos a Francisco Eguiguren Praeli, ex-director de la A cademia Nacional de la Magistratura, que nos preparara un breve ensayo de diagnóstico sobre este tema. El presente texto que sigue presenta una clara y lúcida apreciación sobre los principales problemas que enfrenta la administración de justicia en el Perú, evalúa los avances en la reforma del Poder Judicial, y plantea una serie de sugerencias sobre como abordar la difícil tarea de mejorar el sistema judicial. Francisco Eguiguren señala con claridad meridiana el porqué ha fracasado la reforma judicial iniciada luego del autogolpe del 5 de abril de 1992: un régimen autoritario, caracterizado por su escaso respeto a los principios del Estado de Derecho y a la Constitución, que ha ejercido una clara intención de copar y controlar políticamente el conjunto del aparato estatal (incluido el judicial), no podía ser capaz de procurar ni permitir un Sistema Judicial fortalecido en su autonomía e independencia, tornando así inviable el objetivo que constituye en última instancia la tarea y meta prioritaria de una reforma judicial. Luego de una primera sección en la cual se examina el legado de la reforma judicial durante los noventa, Eguiguren aborda en la segunda sección varios aspectos que deben ser considerados en una propuesta8 viii FRANCISCO JOSÉ EGUIGUREN PRAELI para reformar el sistema de administración de justicia en el Perú. Entre ellos cubre la organización, competencias y gobierno del Sistema Judicial; la carrera judicial, incluyendo la selección nombramiento, promoción, capacitación y especialización de los magistrados; y los medios alternativos para la resolución de conflictos, incluyendo el arbitraje y las formas tradicionales de hacer justicia. La tercera y última sección establece una serie de pautas y criterios para diseñar y poner en práctica una reforma judicial que sea creíble y confiable para toda la ciudadanía. Estamos seguros que este texto contribuirá a definir con claridad la agenda pendiente para reformar el sistema de administración de justicia en nuestro país. Ayudará también a lograr un consenso acerca de la dirección que debe tomar esta reforma, sin la cual será imposible avanzar no sólo hacia el buen gobierno y la democracia, sino también hacia la prosperidad y el bienestar para todos los peruanos. Francisco Sagasti Max Hernández Lima, octubre de 19999 i x10 20 FRANCISCO JOSÉ EGUIGUREN PRAELI C APÍTUL O I Introducción Para nadie es un secreto que la mayoría de los peruanos no confían en el sistema judicial y están decepcionados de la administración de justicia. Han interiorizado la impresión de que el Poder Judicial es un reducto en el que subsisten ritos y prácticas anacrónicas, donde el formalismo tiende dramáticamente a prevalecer sobre la misión de hacer justicia. Esta devaluada percepción social se complementa, más recientemente, con la afirmación de que el personal que labora en la función judicial es corrupto o profesionalmente mediocre (o ambas cosas), y que se encuentra resueltamente sometido al poder político de turno, así como a los intereses económicos dominantes. Al margen de que esta percepción pueda parecer a algunos simplista o caricaturizada, incluso una caricatura (cuando es acertada) está construida sobre la base de rasgos ciertos que, como tales, pueden ser fácilmente reconocidos e identificados en la realidad, a pesar de las inevitables exageraciones o distorsiones. De allí que las excepciones que, con fundamento, pudieran esgrimirse para relativizar dicha percepción social, son sólo excepciones que confirman la regla general y la realidad descrita, es decir, el creciente desprestigio atribuido al sistema judicial de nuestro país. Lo más grave es que este tema no es nuevo, ni tampoco lo son ya la propuesta o la ejecución de una reforma judicial, frase que hasta ha perdido credibilidad, suscitando actualmente incluso desconfianza o [1]11 21 escepticismo. Por lo general, todas estas iniciativas de reforma nacieron del Poder Ejecutivo, se dieron en el marco de gobiernos de facto o regímenes autoritarios, y supusieron grandes purgas de magistrados, modificación de normas procesales y de organización judicial. De allí que, a pesar de algunos cambios o avances menores, ninguna de estas experiencias procuraba en verdad emancipar al Poder Judicial del dominio político del poder gobernante, ni tampoco el balance final de estos procesos permitió algún logro destacable en términos de independencia y autonomía judicial. Todo ello hace que en el Perú la reforma judicial aparezca como una necesidad urgente e imprescindible, antes que como el natural proceso de modernización de la organización y funcionamiento de una institución, pues se impone como única respuesta ante la severa crisis y el agudo cuestionamiento que afectan al sistema judicial. Más aún, la reforma judicial constituye hoy en día un tema prioritario en la agenda para el desarrollo democrático. El Poder Judicial o sistema de administración de justicia es parte muy importante de la institucionalidad política y jurídica del Estado, siendo su nivel de autonomía, eficiencia y prestigio social un importante (y objetivo) termómetro para medir el grado de desarrollo y solidez de las instituciones democráticas alcanzadas en una sociedad. De allí que no deba llamar a demasiada sorpresa que, en el Perú, el descrédito del sistema judicial por el anacronismo de su accionar operativo, la poca confiabilidad de sus sentencias y su acusada falta de independencia sea el correlato histórico de procesos políticos caracterizados por el autoritarismo o la injerencia de los gobiernos de turno, así como por la incapacidad del órgano jurisdiccional para hacer prevalecer la supremacía constitucional, su autonomía funcional y la vigencia del Estado de Derecho. Cuál debe ser la futura organización básica del sistema judicial; cómo garantizar la autonomía de los órganos involucrados en la función jurisdiccional, evitando la injerencia o manipulación política o partidaria12 22 FRANCISCO JOSÉ EGUIGUREN PRAELI en este campo; qué implica la participación de los magistrados en el gobierno y gestión de su institución; cómo lograr un sistema de selección, nombramiento y promoción de magistrados basado en criterios técnicos y de méritos; cómo puede potenciarse la participación popular en la resolución de conflictos y en el mejoramiento de la administración de justicia; cuáles pueden ser los aportes de los sistemas alternativos de solución de controversias; son algunos de los principales temas llamados a ser objeto de discusión en la propuesta a elaborar en este campo. Ante un panorama tan complejo, nada más ajeno a nuestra voluntad (y posibilidad) que pretender ofrecer una receta o presentar una visión suficientemente estructurada acerca de qué hacer con el Sistema Judicial o cómo hacer la reforma judicial; sin duda que esta tarea demanda el concurso y el aporte de diversos sectores de las comunidades política, jurídica y social de nuestro país. Por ello nos limitaremos a bosquejar algunos ideas en cuanto a determinados temas y problemas que, seguramente, tendrán que ser abordados y resueltos en una propuesta más acabada sobre esta materia. Las reflexiones y criterios que aportamos en esta dirección pretenden además dejar muy en claro que al margen del contenido técnico específico de una propuesta en materia de reforma del sistema judicial ninguna reforma tendrá sentido si, finalmente, además de mejorar los niveles de eficiencia funcional, no conduce a afianzar la autonomía y credibilidad del sistema de administración de justicia, así como la independencia, el compromiso con los valores democráticos y constitucionales, y la moralidad y dignidad en la actuación de los magistrados.13 2314 24 FRANCISCO JOSÉ EGUIGUREN PRAELI C APÍTUL O II E l legado de la reciente Reforma Judicial Es verdad que las varias reformas judiciales, ensayadas durante los últimos treinta años, han diferido en sus objetivos, alcances y envergadura. Sin embargo todos ellas, en mayor o menor medida, compartieron ciertos rasgos comunes, tales como: haber sido promovidas desde fuera del Poder Judicial, es decir, a iniciativa del poder político; conllevar amplias purgas de personal jurisdiccional y auxiliar; adolecer de escasa participación (impuesta o asumida) de los magistrados en la conducción de la reforma; y, finalmente, su frustración, tanto por razones políticas imputables al régimen que la promovió como por la propia renuencia de los magistrados a darle continuidad o a profundizarla. Por encima de estas coincidencias, la reforma judicial emprendida a partir de noviembre de 1995, durante el segundo gobierno del Presidente Fujimori, se destaca por lo ambicioso de la propuesta anunciada y la magnitud de recursos económicos dedicados a su ejecución. Cabe recordar que el Poder Judicial y el Ministerio Público, tras el autogolpe del 5 de abril de 1992, habían sufrido amplias purgas de magistrados realizadas por el gobierno, así como procesos de evaluación a cargo de las recompuestas instancias de conducción de ambas instituciones. Las vacantes que dejaron los magistrados cesados o destituidos fueron llenadas por personal provisional nombrado a dedo. A su vez, muchas veces a través de leyes con nombre propio aprobadas por el Congreso, el Poder Ejecutivo se encargó de designar o prorrogar [5]15 25 en sus cargos a quienes ocupaban los principales órganos de gobierno del aparato judicial. La reforma emprendida en noviembre de 1995 ha sido conducida por una Comisión Ejecutiva del Poder Judicial conformada por tres magistrados de la Corte Suprema; también la integraba, con rol protagónico, un Secretario Ejecutivo, el comandante de Marina (en retiro) José Dellepiane. Fue planteada inicialmente, en lo esencial, como un esfuerzo de modernización de la gestión administrativa y de la organización del Poder Judicial, a fin de revertir su deteriorada imagen y acusada ineficiencia, con el propósito de mejorar el servicio de justicia brindado al ciudadano y la credibilidad de la función jurisdiccional. Posteriormente, se ampliaron en parte sus objetivos y alcances 1. Si bien esta reforma ha resultado bastante controvertida, ello no impide reconocer algunos importantes logros o avances obtenidos 2, dentro de los cuales cabe mencionar que: Se diseñó e implementó una sustancial transformación en el sistema de gestión y administración del Poder Judicial, mediante una organización de tipo gerencial y de ejecución de proyectos que ha redundado en el manejo más eficiente de los recursos humanos y económicos. 1 Para una más amplia comprensión de los objetivos y alcances de esta reforma, puede revisarse: Dellepiane Massa, José: Avances y perspectivas de la reforma del Poder Judicial ; en: Reforma Judicial: exposiciones del seminario taller; Lima, Poder Judicial, 1997, pp Igualmente su exposición en el certamen Desafíos de la justicia en el Perú, publicada por el Instituto de Defensa Legal y la Facultad de Derecho de la Pontifica Universidad Católica del Perú (Lima, 1996) pp También: Secretaría Ejecutiva del Consejo de Coordinación Judicial, Plan integral de reforma del Poder Judicial. 2 Un análisis bastante objetivo sobre los logros y deficiencias de la reciente reforma judicial, puede encontrarse en el trabajo de De Belaunde López de Romaña, Javier: Justicia, legalidad y reforma judicial en el Perú ( ) ; en: Ius et veritas, N 15, pp , particularmente las pp16 26 FRANCISCO JOSÉ EGUIGUREN PRAELI Se realizó una notoria incorporación y renovación de equipos y sistemas informáticos, en apoyo de la función jurisdiccional y administrativa, así como para la mejora del servicio brindado a los usuarios. Se han construido y habilitado locales e infraestructura para el más adecuado desarrollo y funcionamiento de los servicios, a nivel de oficinas, centros de atención al público, instalaciones en centros penitenciarios, etc. Se efectuó una significativa racionalización y renovación del personal administrativo y auxiliar, promoviendo su calificación y tecnificación. Se ejecutaron importantes esfuerzos por descongestionar el gran volumen de casos pendientes de resolución y para racionalizar la carga procesal del magistrado. Para ello se crearon juzgados y salas transitorias, con la finalidad de agilizar la tramitación y resolución de procesos; se modificó la organización administrativa del despacho judicial en juzgados y tribunales, especialmente mediante módulos corporativos que comparten y racionalizan los servicios del personal administrativo y auxiliar de apoyo a la labor jurisdiccional. En el ámbito penal, se habilitaron mecanismos para acelerar los procesos, mediante el juzgamiento de los internos en el propio centro penitenciario y el establecimiento de jueces dedicados a los casos de reos en cárcel. Se realizó una gran cantidad de actividades y cursos de capacitación, tanto para magistrados como para personal administrativo, abarcando aspectos jurídicos y también acciones dirigidas a la calificación en la administración del despacho, la informática, la atención al público, etc. Se optimizó la generación y utilización de recursos económicos, tanto propios (tasas judiciales) como provenientes del tesoro público, destinándolos a mejorar significativamente las remuneraciones o17 27 ingresos de los magistrados. Igualmente se logró el apoyo de la cooperación internacional para la ejecución de determinados proyectos. Se logró dar prioridad al tema de la reforma judicial en la agenda política nacional, así como atención preferente por parte de la opinión pública y los medios de comunicación social. Pero el proceso de reforma tuvo también inconvenientes y ciertos aspectos negativos. Como es fácil suponer, muchos de estos cambios generaron sobre todo en su fase inicial malestar entre los abogados y litigantes, debido al constante traslado de los procesos de un juzgado a otro, cuyas nuevas denominaciones y ubicación eran fuente de desconcierto. A ello hay que agregar ciertas medidas que, animadas tal vez por la búsqueda de celeridad, afectaban principios básicos en materia procesal. En general puede decirse que la orientación de la reforma, con énfasis en lo administrativo y operativo, demostró poco interés en evaluar el sustento o efecto jurídico de muchas decisiones adoptadas. Más graves aún han sido las vulneraciones a la autonomía del sistema judicial y a la independencia del ejercicio de la función jurisdiccional, producidas en el curso del proceso de reforma. Así, han ocurrido: imposición de autoridades en los máximos niveles de conducción del Poder Judicial y el Ministerio Público; modificación de la composición de tribunales o cambio de jueces que tenían a su cargo la resolución de casos cuyo resultado interesaba directamente al gobierno; incremento notorio del número de magistrados provisionales y suplentes, más fácilmente influenciables por la precariedad de su posición dentro de la carrera judicial; obstrucción al nombramiento de magistrados titulares por parte del Consejo Nacional de la Magistratura. A simismo, la transferencia a la Justicia Militar de procesos que deberían desarrollarse ante el Poder Judicial, lo que no sólo afectaba las garantías del debido proceso sino que, además, resultaba contradictorio pues revelaba desconfianza en el aparato judicial supuestamente reformado.18 28 FRANCISCO JOSÉ EGUIGUREN PRAELI En la actualidad, y luego de más de tres años de reforma, resulta muy poco admisible o creíble que aún subsiste algún proceso en tal dirección; y, menos aún, que ha tenido la intención o logrado contribuir a fortalecer la autonomía de la rama judicial. Se aprecia, más bien, una fuerte injerencia política gubernamental en el Poder judicial y el Ministerio Público, que amenaza a los magistrados independientes y alienta el servilismo e incondicionalidad. A su vez, los problemas de corrupción subsisten o se han incrementado, a pesar de los casos denunciados y sancionados, especialmente en los estratos más bajos de la función jurisdiccional o del personal auxiliar. En definitiva, la reciente reforma tiene aspectos positivos y otros muy cuestionables, por lo que se impone como tarea aún pendiente una evaluación objetiva y desapasionada del proceso, que no busque (simplista o interesadamente) avalar o descalificar en bloque la reforma judicial en su conjunto, sino que trate de destacar y aprovechar sus logros a la par de corregir sus desaciertos. La mencionada reforma es un referente que no puede ignorarse ni pretender inventar todo de nuevo; menos aún, retornar a los deplorables niveles anteriores. Finalmente, lo cierto es que ha quedado nuevamente demostrado que un régimen autoritario, caracterizado por su escaso respeto a los principios del Estado de Derecho y a la Constitución, que ha ejercido una clara intención de copar y controlar políticamente el conjunto del aparato estatal (incluido el judicial), no podía ser capaz de p rocu r a r ni permiti r un Sistema Judicial for talecido en su autonomía e independencia, tornando así inviable el objetivo que constituye en última instancia la tarea y meta prioritaria de una reforma judicial.19 2920 30 FRANCISCO JOSÉ EGUIGUREN PRAELI C APÍTUL O III Principales aspectos a considerar en una propuesta de Reforma Judicial L A O R G A NI Z A C I Ó N, L AS C O MPE T E N C I AS Y E L G O BI E RN O D E L SIST E M A JUDI C I A L Un poder judicial o varios? Sabemos que según la teoría clásica de la separación o división de poderes, el Poder Judicial es el órgano a quien compete resolver los conflictos y administrar justicia. Se le atribuye así un monopolio de la llamada función jurisdiccional, que tiene como consecuencia que el Poder Judicial debe ser el único órgano que cumple dicha tarea o, al menos, quien lo hace en última instancia y con carácter definitivo. Sin embargo, este dogma ha dejado de serlo tanto al nivel teórico como en la realidad en nuestro país. De un lado, porque al lado del Poder Judicial existen actualmente otros órganos que en forma excluyente o competitiva también administran justicia, como el Tribunal Constitucional o el Fuero Militar, por ejemplo); y, de otro lado, porque han surgido otros órganos autónomos que, sin administrar directamente justicia, inciden en el desenvolvimiento de la materia judicial y conforman una suerte de Sistema Judicial, tales como el Ministerio Público, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Academia de la Magistratura o el Consejo de Coordinación Judicial. [11]21 31 Cabe así recordar que ya anteriormente, en no pocas ocasiones, las críticas al desempeño del Poder Judicial llevaron a que, simultáneamente a la realización de reformas en éste, se promueva la transferencia de algunas de sus competencias a otros órganos, sean nuevos (especialmente creados para este efecto) o ya existentes. Esta decisión puede haber obedecido a distintos criterios u objetivos, tales como considerar que difícilmente se lograrán los cambios deseados en el Poder Judicial, o que éste carecía de la suficiente capacidad profesional para conocer eficientemente de determinados temas especializados, o incluso la expectativa de que el órgano que reciba la nueva competencia resuelva de manera distinta los casos. Puede así mencionarse la creación de varios Fueros Privativos por parte del gobierno de la Fuerza Armada conducido por Juan Velasco, en los ámbitos Agrario, Laboral y de Comunidades Industriales, así como el fortalecimiento de fueros administrativos, a todos los cuales se encomendó resolver con carácter exclusivo y definitivo diversas materias que correspondían originalmente al Poder Judicial, precisamente en los sectores donde el régimen militar realizaba sus reformas estructurales. Posteriormente, la Constitución de 1979 dispuso la desaparición de dichos fueros y la reunificación del Poder Judicial. La creación del Tribunal de Garantías Constitucionales en la Constitución de 1979, así como la continuidad del Tribunal Constitucional en la Carta Política de 1993, confirió a dicho órgano competencias que en muchos países corresponden al propio Poder Judicial. Esta decisión política respondió explícita o implícitamente al cuestionamiento de la pobre labor cumplida en nuestro país por el Poder Judicial en la defensa de la constitucionalidad, el Estado de Derecho y los derechos constitucionales, no sólo durante los gobiernos de facto sino, incluso, en regímenes democráticamente electos. Tampoco debe olvidarse el importante desarrollo de instituciones estatales como INDECOPI, cuyas comisiones y tribunal cumplen funciones jurisdiccionales y conocen de conflictos o reclamos vinculados a22 32 FRANCISCO JOSÉ EGUIGUREN PRAELI temas tales como libre competencia, acceso al mercado, simplificación administrativa, salida de empresas del mercado, defensa de los consumidores, etc. Muchos de estos casos se solucionan por conciliación o se resuelven en esta institución, sin llegar posteriormente al Poder Judicial. Más recientemente, la Constitución de 1993 y diversas decisiones del gobierno del Presidente Fujimori optaron por encargar al fuero militar el juzgamiento de los principales casos de terrorismo ( traición a la patria ), delitos graves de asalto y robo ( terrorismo agravado ) y hasta ciertos casos de narcotráfico. El argumento expuesto para justificar estas medidas fue que la justicia militar resultaba más idónea, rápida y confiable para resolver este tipo de asuntos; paradójicamente mientras se venía realizando una ambiciosa reforma judicial. Conviene anotar que estas sentencias del fuero militar, por decisión de la Constitución de 1993, no pueden ser impugnadas ni revisadas ante el Poder Judicial. No es objeto de este trabajo analizar las causas o el (verdadero) sustento de las medidas que llevaron a esta progresiva merma de las competencias tradicionales de nuestro Poder Judicial. Lo único que interesa es resaltar un hecho objetivo y plenamente comprobable: desde hace algún tiempo, el Poder Judicial ha dejado de ser el único órgano que administra justicia en el país; e, incluso, muchos de los principales asuntos o casos que concitan la mayor relevancia política, social o económica, son resueltos por ot ros órganos que asumen así funciones jurisdiccionales sin pasar luego al Poder Judicial. La realidad actual muestra pues que existen varios órganos, y ya no uno solo, que resuelven conflictos y administran justicia en forma excluyente y definitiva. Sin embargo, siendo la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional un principio esencial del Estado de Derecho, no cabe la disyuntiva entre un Poder Judicial o varios. Se impone, más bien, el reto de elaborar una propuesta que establezca una nueva estructura orgánica de la rama o función jurisdiccional, que armonice la necesaria especialización funcional dentro de un sistema articulado23 33 y coherente que organice el conjunto de la tarea judicial. Para este efecto, cabría contemplar los criterios y aspectos siguientes: a) Superar la noción tradicional que identifica como Poder Judicial al fuero común, es decir, a los clásicos juzgados y tribunales civiles, penales o mixtos dependientes de la Corte Suprema. En su lugar, debe establecerse una Rama Jurisdiccional del Estado, que integra al llamado fuero común y a los diversos órganos que administran justicia y ejercen tareas jurisdiccionales. Lo importante es que se establezca en dicha Rama Jurisdiccional (que puede seguir denominándose Poder Judicial) una estructura orgánica que articule coherentemente, bajo un sistema de relaciones de subordinación e interdependencia, a dichas entidades. Así se preserva la autonomía funcional de cada órgano, a la par de incluirlos en una estructura a cuya cabeza se encuentra la Corte Suprema como instancia jerárquica máxima. b) Determinar clara, coherente y sistemáticamente qué asuntos o materias se decide que (en consideración a su importancia y especialidad) deban permanecer sometidos a la competencia del fuero común, transfiriendo los restantes a los otros órganos jurisdiccionales especializados. Sólo los temas y casos de mayor relevancia o complejidad, provenientes del fuero común o de los órganos especializados, podrán llegar a conocimiento y resolución de la Corte Suprema, permitiéndole así realizar una tarea más cualitativa que cuantitativa en la producción de la jurisprudencia. c) Adoptar un criterio de efectiva especialización temática, tanto en los órganos que administran justicia como en los magistrados que los integran (impulsando la capacitación y estabilidad de éstos en el cargo) con el fin de que la resolución de los casos se encuentre en manos de instancias adecuadamente calificadas, así como para elevar la calidad de las decisiones judiciales e incrementar la previsibilidad y seguridad jurídica. Por esta razón, y por la naturaleza de la materia, Mostrar más
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 artículo 15
 Artículo 1

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 Real Decreto 
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 ARTÍCULO 101
 ARTÍCULO 101
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Artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 104