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Timestamp: 2019-06-18 08:42:48+00:00

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Visión de la Guía
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Compilación Glosarios Formatos Evaluaciones Documentos C.G.D.
Visión de la Guía Soy ciudadano Soy servidor Soy autoridad Compilación Glosarios Formatos Evaluaciones Documentos C.G.D.
El servidor público y su sujeción al régimen disciplinario
Fundamento normativo externo
CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO 2002 - Ley 734 de 2002 - Por la cual se expide el Código Disciplinario Único; Art. 34
ESTATUTO DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS - Ley 1579 de 2012 - Por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos y se dictan otras disposiciones; Arts. 50, 83
ESTATUTO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL - Ley 1563 de 2012 - Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones; Art. 16
ESTATUTO TRIBUTARIO - Decreto 624 de 1989 - Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos Administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales; Art. 679
ESTATUTO DEL CONSUMIDOR - Ley 1480 de 2011 - Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones; Art. 62
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - Ley 1437 de 2011 - Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; Arts. 7, 11, 14, 31, 184, 192
CÓDIGO PENAL MILITAR - L. 1407 de 2010 - Por la cual se expide el Código Penal Militar; Arts. 300, 319
CÓDIGO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA - Ley 1098 de 2006 - Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia; Art. 75
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL 2004 - Ley 906 de 2004 - Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal - Corregida. Diario Oficial No. 45.658; Art. 139 Num. 2
Ley 1753 de 2015 - Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país"; Art. 159 Inc. 4
Ley 1725 de 2014 - Por medio de la cual se crea la estampilla Prodesarrrollo Instituto Tecnológico del Putumayo y se dictan otras disposiciones; Art. 8
Ley 1712 de 2014 - Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones; Art. 19 Lit. d)
Ley 1682 de 2013 - Por la cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias; Art. 39 Inc. Final
Ley 1641 de 2013 - Por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle y se dictan otras disposiciones; Art. 12
Ley 1622 de 2013 - Por medio de la cual se expide el estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras disposiciones; Art. 69
Ley 1621 de 2013 - Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el Marco Jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones"; Arts. 15 Par., 24 Par. 2, 38, 40 Pars. 2 y 3
Ley 1620 de 2013 - Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar; Art. 26
Ley 1618 de 2013 - Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad; Art. 21
Ley 1616 de 2013 - Por medio de la cual se expide la ley de Salud Mental y se dictan otras disposiciones; Arts. 30 nums. 5, 34, 64 Par.
Ley 1581 de 2012 - Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales; Art. 23
Ley 1530 de 2012 - Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías; Arts. 122 Inc. Final, 140 Inc. 1, 142 Inc. 3
Ley 1523 de 2012 - Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones; Art. 34 Par.
Ley 1475 de 2011 - Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones; Art. 33
Ley 1453 de 2011 - Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad"; Arts. 74 Par. 2, 85
Ley 1450 de 2011 - Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014; Art. 227 inc. 3
Ley 1448 de 2011 - Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones; Art. 178 Par. 2
Ley 951 de 2005 - Por la cual se crea el acta de informe de gestión; Art. 15 Par.
Ley 909 de 2004 - Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones; Arts. 38, 39
Decreto 1085 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Deporte; Arts. 2.7.2.3, 2.12.5.2, 2.12.5.4
Decreto 1084 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y Reconciliación; Arts. 2.2.11.3.1, 2.4.3.1.4.1.11, 2.4.4.9
Decreto 1083 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública; Arts. 2.2.5.1.14, 2.2.5.5.30, 2.2.5.5.36, 2.2.5.5.47, 2.2.5.5.48, 2.2.6.29, 2.2.11.1.3, 2.2.11.1.8, 2.2.11.1.10, 2.2.18.3.24, 2.2.18.5.2, 2.2.20.2.25, 2.2.30.5.2 Num. 10, 2.2.31.6 Lit. d)
Decreto 1081 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República; Arts. 2.1.2.1.5, 2.1.4.3.3 Lit. i), 2.2.1.2.10, 2.3.1.6.3.22 Par
Decreto 1080 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura; Arts. 2.8.10.15, 2.8.10.19
Decreto 1078 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Arts. 2.2.2.6.6, 2.2.4.3.1 Par
Decreto 1076 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible; Arts. 2.2.2.8.6.3, 2.2.2.8.6.4
Decreto 1073 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Minas y Energía; Arts. 2.2.3.4.2, 2.2.3.5.2.2.1.1 Lit. e), 2.2.3.7.3.2 Par
Decreto 1070 de 2015 - Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa; Arts. 2.2.3.7.1 Inc. Final, 2.2.3.7.2 Lit. g)
Decreto 1068 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público; Art. 2.5.2.2
Decreto 1067 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Relaciones Exteriores; Art. 2.2.3.1.3.2
Decreto 1066 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior; Art. 2.2.2.2.42 Par.
Decreto 1066 de 2014 - Por medio del cual se promulga el "Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía", suscrito en Bogotá, Decreto C., República de Colombia, el 20 de septiembre de 2010; Art. 5 Num. 3
Decreto 25 de 2014 - Por el cual se modifica la estructura orgánica y se establece la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo; Art. 20 Num. 11
Decreto 21 de 2014 - Por el cual se expide el régimen de las situaciones administrativas en las que se pueden encontrar los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas; Art. 39
Decreto 20 de 2014 - Por el cual se clasifican los empleos y se expide el régimen de carrera especial de la Fiscalía General de la Nación y de sus entidades adscritas; Arts. 77, 99 Par. 2
Decreto 1985 de 2013 - Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y se determinan las funciones de sus dependencias; Art. 8 Num. 9
Resolución 336 de 2017 PGN - Por medio de la cual se crea el Programa de Justicia Restaurativa de la Procuraduría General de la Nación
Resolución 422 de 2014 PGN - Por medio de la cual se reglamenta el trámite que deben seguir las solicitudes que los ciudadanos presenten ante el Procurador General de la Nación, para que se proceda a insistir ante la Corte Constitucional en la selección de las decisiones de tutela para su revisión
Resolución 168 de 2012 PGN - Por medio de la cual se adoptan medidas para garantizar el derecho a la memoria histórica de las victimas de los grupos armados al margen de la ley, en la Procuraduría Gen~ral de la Nación
Resolución 339 de 2011 PGN - Por medio de la cual se crea el Comité Intrainstitucional de atención, asistencia, restitución de tierras y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones
Resolución 50 de 2009 PGN - Por medio de la cual se regulan las funciones preventivas, disciplinarias y de intervención judicial del Ministerio Público en materia de desaparición forzada de personas
Resolución 128 de 2008 PGN - Por la cual se delega y precisa el ejercicio de la función del Ministerio Público contenida en el parágrafo 2 del artículo 127 de la Ley 1152 de 2007, referente a la recepción de las solicitudes de protección de bienes de la población desplazada por la violencia
Resolución 83 de 2007 PGN- Por medio de la cual se reglamenta el procedimiento para hacer efectivo el no pago de salarios por servicios dejados de prestar por parte de los servidores públicos vinculados a la Procuraduría General de la Nación
Resolución 368 de 2006 PGN - Por la cual se adoptan la Política Preventiva y los Protocolos de actuación institucional de la Procuraduría General la Nación en materia de derechos de las personas privadas de libertad
Resolución 249 de 2004 PGN - Por medio de la cual se establece una lista de elegibles
Circular 7 de 2018 PGN - Idoneidad de los integrantes de los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible
Circular 5 de 2018 PGN - Fortalecimiento de capacidades técnicas en los ámbitos nacional y territorial, para la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud
Circular 3 de 2018 PGN - Aplicación Decreto 1899 de 2017 - Directrices para el desarrollo del censo nacional de población y vivienda y otras disposiciones
Circular 2 de 2018 PGN - Inspección, vigilancia y control sobre el Programa de Alimentación Escolar -PAE- en materia de sanidad y salud pública
Circular 15 de 2017 PGN - Ejercicio de la autoridad y control operativo del cumplimiento de las normas de transporte y tránsito
Circular 14 de 2017 PGN - Cumplimiento de la Ley 1408 de 2010 "Por la cual se rinde homenaje a las víctimas del delito de desaparición forzada y se dictan medidas para su localización e identificación" y Decreto 303 de 2015 "Por el cual se reglamenta la Ley 1408 de 2010"
Circular 9 de 2017 PGN - Vigilancia y control al proceso de inscripción de cédulas para las elecciones de Congreso, Presidente y Vicepresidente de la República Periodo Constitucional 2018 - 2022
Circular 20 de 2016 PGN - Cumplimiento Acuerdos Marco de Precios
Circular 1 de 2016 PGN - Directrices para el adecuado cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 1448 de 2011 y el Decreto 2460 de 2015, particularmente las relacionadas con la aplicación de los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad
Circular 6 de 2013 PGN - Adición de la Circular No. 038 del 9 de diciembre de 2011. Relacionado con: "Instrucciones para asumir y tramitar las quejas que lleguen a la Procuraduría General de la Nación contra servidores del INPEC; y para ejercer la función preventiva en los establecimientos penitencíarios y carcelarios, en aras de la protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad"
Circular 38 de 2011 PGN - Protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad
Circular 26 de 2011 PGN - Lineamientos generales en relación con la contratación de operaciones de crédito público al final de una vigencia fiscal y en especial la última del periodo de gobierno
Circular 16 de 2011 PGN - Rellenos y-o celdas de seguridad y sistemas de incineración y autoclave
Circular 15 de 2011 PGN - Actualización y reiteración de requisitos mínimos de la declaración de personas desplazadas por la violencia y de la oportunidad en su envio
Circular 23 de 2010 PGN - Componente ambiental en planes de ordenamiento territorial
Circular 22 de 2010 PGN - Inembargabilidad de los recursos destinados al sistema de seguridad social, de las rentas incorporadas al presupuesto general de la nación y los recursos del sistema general de participaciones - SGP
Circular 11 de 2010 PGN - Cumplimiento decreto 1575 de 2007 y normas reglamentarias. vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, reportes al subsistema de información y fortalecimiento de las acciones de vigilancia con la adopción de las previsiones presupuestales pertinentes
Circular 81 de 2009 PGN - Cumplimiento de normas relativas a las competencias de los alcaldes en la protección de los consumidores
Circular 72 de 2009 PGN - Estaciones de transferencia
Circular 63 de 2009 PGN - Obligatoriedad de incluir en los presupuestos departamentales y municipales partidas para atención a la población desplazada
Circular 28 de 2009 PGN - Atención de mujeres víctimas del conflicto armado y del delito de desplazamiento forzado
Circular 22 de 2009 PGN - Cumplimiento de la obligación legal de atención a la población víctima del delito de desplazamiento forzado
Circular 20 de 2009 PGN - Medidas adoptadas para superar el estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado -subregistro de la población desplazada
Circular 8 de 2009 PGN - Rendición de cuentas
Circular 14 de 2008 PGN - Seguimiento a la realización del derecho al alojamiento y vivienda básicos en condiciones de dignidad para la población desplazada
Circular 71 de 2007 PGN - Conformación de los Consejos Territoriales de Planeación
Circular 31 de 2007 PGN - Modificación meta de evacuación de expedientes por profesional
Circular 11 de 2007 PGN - Acciones encaminadas al ejercicio eficiente y eficaz de la acción de repetición y del llamamiento en garantía con fines de repetición, como instrumentos de protección del patrimonio público
Circular 19 de 2005 PGN - Instar a los señores Jueces de la República, competentes para la ejecución de sentencias y títulos ejecutivos en contra de las personas jurídicas de derecho público, la Nación y entidades territoriales, al acatamiento de las normas relacionadas con el embargo de recursos públicos, en concordancia con lo establecido en los pronunciamientos jurisprudenciales de las altas cortes
Circular 17 de 2005 PGN - Deberes especiales de los servidores públicos en el pago oportuno de los servicios públicos domiciliarios
Directiva 1 de 2018 PGN - Cumplimiento de la obligación asignada al Ministerio Público por el último inciso del Parágrafo Segundo del Artículo 155 de la Ley 1801 de 2016
Directiva 2 de 2017 PGN - Lineamientos para la protección efectiva de los derechos de los defensores y defensoras de derechos humanos, y sus organizaciones, integrantes de los movimientos sociales, movimientos políticos, y líderesas y líderes sociales, y sus organizaciones, y a los que en esta condición participen activamente en la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera
Directiva 5 de 2016 PGN - Cumplimiento de la sentencia t-025 de la corte constitucional
Directiva 2 de 2016 PGN - Protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad
Directiva 1 de 2016 PGN - Seguimiento a las órdenes expedidaspor la Corte Constitucional en las Sentencias T-388 de 2013 y T-262 de 2015
Directiva 3 de 2014 PGN - Directrices en materia de sostenimiento de los establecimientos y protección de los derechos de las personas privadas de la libertad
Directiva 2 de 2014 PGN - Directrices para prevenir y luchar contra la impunidad en casos de desapariéión forzada
Directiva 6 de 2013 PGN - Directrices para la atención a las víctimas del conflicto armado, la recepción de la declaraciones de las víctimas del delito de desplazamiento forzado, y el cumplimiento de lo ordenado en los autos de seguimiento a la sentencia T-025 número 099 y 119 de 2013 de la corte constitucional
Directiva 6 de 2012 PGN - Directrices para abordar la intervención, investigación y juzgamiento en casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano, especialmente la que se comete contra la mujer, para luchar contra la impunidad y garantizar su dignidad
Directiva 5 de 2012 PGN - Para prevenir, sancionar disciplinariamente e intervenir en procesos penales
Directiva 3 de 2012 PGN - Políticas públicas para la protección integral de las niñas; niños, las y los adolescentes víctimas del conflicto armado interno, en especial, de la utilización y el reclutamiento ilegal por parte de los grupos armados organizados al margen de la ley y de los grupos delictivos organizados
Directiva 17 de 2011 PGN - Directrices para la protección de los Derechos Fundamentales de las personas privadas de la libertad
Directiva 7 de 2011 PGN - Publicación de procesos contractuales en el portal único de contratación estatal -SECOP-
Directiva 1 de 2009 PGN - Protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad
Directiva 21 de 2007 PGN - Obligatoriedad de recibir las solicitudes de protección de bienes que se vieron obligadas a abandonar las personas desplazadas que declaran en esos despachos
Directiva 13A de 2005 PGN - Jornada de socialización y seguimiento al proyecto de ley estatutaria para la infancia y la adolescencia
Corte Constitucional, sentencia de revisión de tutela T-954/05
"La Corte ha aceptado de tiempo atrás que es admisible que las faltas disciplinarias se consagren en tipos abiertos, ante la imposibilidad del legislador de contar con un listado detallado de comportamientos donde se subsuman todas aquellas conductas que están prohibidas a las autoridades o de los actos antijurídicos de los servidores públicos. La infracción disciplinaria implica siempre el incumplimiento o desconocimiento de un deber del servidor público; la negligencia, la imprudencia, la falta de cuidado y la impericia pueden ser sancionados en este campo en cuanto impliquen la vulneración de los deberes funcionales de quienes cumplen funciones públicas".
Consejo de Estado, Sección II, radicado 11001-03-25-000-2012-00002-00(0058/12) de 2017
"La falta será antijurídica cuando con el comportamiento se afecte el deber funcional sin que medie justificación alguna para sustentar la actuación u omisión. La jurisprudencia de esta corporación ha señalado que la antijuridicidad en el derecho disciplinario, a diferencia de la consagrada en el derecho penal, no se fundamenta en el daño a un bien jurídico protegido, sino en el incumplimiento de los deberes funcionales del servicio público. Debe señalarse que para que se configure la falta disciplinaria y la conducta sea antijurídica no basta el solo incumplimiento formal del deber, sino que es menester que la infracción de este sea "sustancial", esto quiere decir, que la actuación u omisión del servidor público debe desembocar en una real y efectiva afectación del buen funcionamiento del Estado y por tanto del servicio público. Otro requisito que debe cumplirse para que exista antijuricidad de la conducta, consiste en que la afectación del deber funcional debe originarse en una actuación que no sea justificable por parte del disciplinado, lo que implica que para refutarla es menester que este tenga una razón válida para haberla cometido, situación en la cual la autoridad disciplinaria debe revisar las causales de exclusión de responsabilidad consagradas en el artículo 41 de la Ley 1015 de 2006".
Consejo de Estado, Sección II, radicado 11001-03-25-000-2012-00024-00(0085/12) de 2017
"En lo que respecta a la tipicidad en materia disciplinaria la doctrina ha sostenido que "si se parte del hecho de que desde el deber funcional como centro de imputación jurídica surgen todas las acciones que pueden llegar a afectarlo y respecto de su ejercicio no opera ningún ámbito de libertad, se entiende que para quien ejerce funciones públicas el límite es el deber funcional mismo y por consiguiente, la tipicidad como garantía que emerge en el proceso, en la medida en que vincula a la administración con la obligación de confrontar correctamente la conducta examinada con el tipo disciplinario que se estructura, de tal manera que de este cotejo exacto se les permita a los procesados defender sus intereses". Así mismo se ha señalado que el juicio de adecuación típica tiene como presupuesto indefectible una relación de contrariedad entre la acción y su descripción legal, de manera que la valoración debe darse siempre sobre la base de todos y cada uno de los elementos normativos y subjetivos que componen el deber legal o el tipo disciplinario desconocido".
Consejo de Estado, Sección II, radicado 11001-03-25-000-2013-01789-00(4750/13) de 2018
"Se debe indicar por parte de la Sala que el CDU dispuso que los deberes funcionales del servidor público tienen dos componentes, tales como: - el conjunto de derechos, deberes y prohibiciones- y, el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses. Los deberes funcionales tienen la misma descripción para todos los servidores públicos. Por ello, si la falta disciplinaria se configura con la infracción de estos, como lo dispone el artículo 23 de la Ley 734 de 2002, entonces la verificación de la comisión de la falta disciplinaria tiene los mismos referentes legislativos para todos los servidores públicos. Cada servidor público tiene sus propios deberes funcionales, específicos, que sólo a él pertenecen y que corresponden a la combinación de varios factores, como pueden ser la naturaleza del cargo o corporación; la naturaleza o el nivel administrativo de la entidad; el nivel jerárquico del empleo; la modalidad de vinculación con el Estado; el objeto misional de la entidad y la dependencia a la que pertenezca el empleado, entre otros. El deber funcional es inherente a la prestación de los servicios, al cumplimiento de las funciones y a la consecución de los fines del Estado, con los criterios que impone su condición de Estado social y democrático de derecho, que está al servicio de la comunidad y propende por el cumplimiento de los demás fines previstos en el Preámbulo y en el artículo 2º de la Constitución".
Decisión administrativa de la PGN
Decisión Administrativa de la Procuraduría General de la Nación IUS20144339 IUC2014788712589 de 2018, tema: Deberes del servidor público
"En primer lugar, habría que tenerse en cuenta que los deberes establecidos por el numeral 1º del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 no computa falta alguna, toda vez que la norma hace referencia a los compromisos que todo servidor público tiene, por el simple hecho de serlo, por lo tanto, si lo que quería determinar la primera instancia era la inobservancia de los mismos, era necesario traer a colación las prohibiciones de que trata el artículo 35 de la misma ley, precisando que la norma reza: (...) En ese orden de ideas, la imputación hecha a la funcionaria, con la cual se buscaba expresar que no había acatado lo señalado por las normas de carrera administrativa, respecto al nombramiento en un cargo sin el lleno de los requisitos, debía realizarse bajo las prohibiciones regladas por el artículo 35 de la Ley 734 de 2002 y no por el artículo que enuncia los deberes de los servidores públicos".
Decisión Administrativa de la Procuraduría General de la Nación IUS0081154022004 de 2018, tema: Deberes del servidor público
"El cumplir y garantizar el respeto de la Constitución y la ley, en consecuencia, deben ponerse al servicio de los intereses generales, desarrollar los principios de la función administrativa y desempeñar para ello los deberes que les incumben. Así las cosas, según la doctrina y la jurisprudencia, la infracción constituye el fundamento de la imputación inherente al derecho disciplinario, en la medida que una actitud contraria a los principios de la función administrativa de los empleados del Estado lesiona tales deberes funcionales, toda vez que estos surgen del vínculo que conecta al servidor con el Estado y que su respeto constituye el medio más eficaz para el ejercicio de los fines estatales orientados a la realización integral de la persona humana. "De allí que la antijuridicidad de la falta disciplinaria remita a la infracción sustancial del deber funcional a cargo del servidor público o del particular que cumple funciones públicas".
"En primer lugar, habría que tenerse en cuenta que los deberes establecidos por el numeral 1o. del artículo 34 de la Ley 734 de 2002 no computa falta alguna, toda vez que la norma hace referencia a los compromisos que todo servidor público tiene, por el simple hecho de serlo, por lo tanto, si lo que quería determinar la primera instancia era la inobservancia de los mismos, era necesario traer a colación las prohibiciones de que trata el artículo 35 de la misma ley, precisando que la norma reza: (...) En ese orden de ideas, la imputación hecha a la funcionaria, con la cual se buscaba expresar que no había acatado lo señalado por las normas de carrera administrativa, respecto al nombramiento en un cargo sin el lleno de los requisitos, debía realizarse bajo las prohibiciones regladas por el artículo 35 de la Ley 734 de 2002 y no por el artículo que enuncia los deberes de los servidores públicos".
Clasificación de los deberes
Ver conceptos claves de este tema
Glosario palabras generales
Deber del funcionario público, definición
Deber funcional, afectación del
Deber jurídico de impedir un resultado, definición
Función pública, garantía de la
Derechos de todo servidor público
CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO 2002 - Ley 734 de 2002 - Por la cual se expide el Código Disciplinario Único; Art. 33
Corte Constitucional, sentencia de revisión de tutela T-090/13
"Observa la Sala que la situación administrativa de comisión de servicios en el exterior implica una aceptación de parte del comisionado y que la declinación a la misma no tiene repercusiones negativas o disciplinarias para el empleado público, máxime cuando éste puede alegar un hecho exógeno objetivo ajeno a su voluntad que le imposibilita asistir. El Código Disciplinaria Único no establece sanción alguna por declinar la comisión de servicios en el exterior para capacitación, ya que más que un deber del servidor público, la norma disciplinaria lo contempla como un derecho del empleado a recibir capacitación específica en el área de interés y de desarrollo institucional (artículo 33 de la Ley 734 de 2002). Por consiguiente, la Sala considera que ante una eventual no aceptación de la comisión por parte de los actores, el Director General de la DIAN estaba habilitado para designar en su reemplazo a otros funcionarios de iguales calidades a quienes les podía conferir la comisión de servicios en el exterior".
Derecho del servidor público, capacitación
Investigado, derechos del
Conflicto de intereses del servidor público
CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO 2002 - Ley 734 de 2002 - Por la cual se expide el Código Disciplinario Único; Art. 40
CONSTITUCIÓN POLÍTICA; Art. 182
Ley 1881 de 2018 - Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras disposiciones; Art. 18
Ley 1828 de 2017 - Por medio de la cual se expide el Código de Ética y Disciplinario del Congresista y se dictan otras disposiciones; Art. 9
Ley 144 de 1994 - Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los congresistas; Art. 16
Ley 136 de 1994 - Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios; Art. 70
Ley 5 de 1992 - Por la cual se expide el Reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes; Arts. 286, 287, 288, 289
Corte Constitucional, sentencia de control de constitucionalidad C-029/09
"En efecto, el legislador ha considerado que la calidad de compañero o compañera permanente, en razón de los especiales vínculos de afecto y de solidaridad a los que da lugar, amerita el establecimiento de las anotadas limitaciones y gravámenes, en orden a preservar la moralidad administrativa y la transparencia en la acción del Estado. Observa la Corte que en relación con ese criterio, en el ámbito de las disposiciones acusadas, la situación de los integrantes de las parejas homosexuales es asimilable a la de los compañeros permanentes y no se aprecia ninguna razón para establecer una diferencia de trato. Así, en la medida en que entre los integrantes de parejas del mismo sexo surge un vínculo especial, basado en relaciones de afecto y de apoyo mutuo, y siendo ese el criterio empleado por el legislador en las disposiciones demandadas, la exclusión injustificada de estas personas de entre los destinatarios de tales disposiciones resulta contraria a la Constitución por desconocer el principio de igualdad. La Corte declarará la exequibilidad de las expresiones demandadas de los artículos… 40 y 84 de la Ley 734 de 2002 y 286 de la Ley 5ª de 1992, en el entendido de que en igualdad de condiciones, ellas comprenden también a los integrantes de las parejas de un mismo sexo".
Consejo de Estado, Sección II, radicado 11001-03-25-000-2012-00679-00(2360/12) de 2018
"De acuerdo a la previsión del conflicto de intereses del artículo 40 de la Ley 734 de 2002, se pueden extraer los siguientes elementos para que se configure el conflicto de intereses: (i) Se debe tratar de servidor público (ii) Debe tener interés particular y directo él, sus familiares dentro de los grados que señala la norma o su socio o socios de hecho o de derecho, en un determinado asunto, para su regulación, gestión, control o decisión. (iii) Que ese interés prevalezca sobre el interés propio de la función pública, que es el interés general; y (iv) Que no se declare impedido para actuar en ese asunto. Adicionalmente, el ordenamiento tipifica la figura de conflicto de intereses como falta disciplinaria. Por otro lado, el ordenamiento jurídico prevé el deber del servidor público y del veedor de declarase impedido, también prevé el mecanismo procedimental denominado manifestación de impedimento al que debe acudirse en esos casos, para la protección de los principios esenciales de la función pública de la independencia e imparcialidad y moralidad (artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, inciso final artículo 40 de la Ley 734 de 2002). El ente disciplinario contó con las diligencias de la actuación penal, en la que resultó condenado RB, por el punible de enriquecimiento ilícito, hecho que sirvió como causa subyacente en el proceso disciplinario".
Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-25-000-2005-00068/00(IJ) de 2017
"El conflicto de intereses podría definirse como aquella conducta en que incurre un servidor público, contraria a la función pública, en la que, movido por un interés particular prevalente o ausente del interés general, sin declararse impedido, toma una decisión o realiza alguna gestión propia de sus funciones o cargo, en provecho suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la función pública. Por ello, la norma exige que, ante la pugna entre los intereses propios de la función y los particulares del funcionario, éste deba declararse impedido, pues es la manera honesta de reconocer la existencia de esa motivación y el deseo de cumplir con las funciones del cargo de manera transparente e imparcial. El Consejo de Estado ha interpretado el conflicto de intereses como la concurrencia de intereses antagónicos en quien ejerce funciones públicas, por lo cual puede afectarse la transparencia de las decisiones que le competen y llevarlo a adoptar determinaciones de aprovechamiento personal, familiar o particular, en detrimento del interés público. Así mismo, para que se configure el conflicto de intereses es necesario que el funcionario tenga dentro de sus funciones la actuación o la toma de la decisión respecto de la cual se atribuye el interés particular, de manera que su intervención en dicho asunto sea determinante para su resolución".
Consejo de Estado, Sección II, radicado 11001-03-25-000-2012-00254-00(0972/12) de 2013
"Se colige que dentro del proceso disciplinario quedó suficientemente demostrado que la investigada incumplió el deber funcional, entendido como el conjunto de funciones, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones que se imponen al servidor o al particular que ejerce una función pública, al desatender la exigencia de declararse impedida existiendo la obligación legal de hacerlo, razón por la cual la PGN la sancionó con suspensión e inhabilidad para ejercer cargos públicos por el término de cuatro meses. Es importante resaltar que el artículo 40 de la Ley 734 de 2002 establece como falta disciplinaria omitir declararse impedido cuando se tiene interés particular y directo, como en efecto ocurrió en el presente asunto, siendo así, no es de recibo el argumento esgrimido por la actora como quiera que la norma de forma clara señala que en cualquier evento en que exista conflicto de intereses el servidor judicial debe declararse impedido para conocer de dicho asunto y de no hacerlo incurre en falta disciplinaria".
Tutela del Consejo de Estado
Consejo de Estado, Sección V, radicado 11001-03-15-000-2017-01886/01(AC) de 2018
"La actora, como gerente designada en provisionalidad de la E.S.E, suscribió el contrato de consultoría con la universidad que adelantó el trámite para convocar a los interesados a concurso público para el mismo cargo. Confluyen dos intereses antagónicos y excluyentes, por un lado, con uno directo y particular en el procedimiento de selección para proveer el cargo de gerente de período fijo de la ESE, el cual desempeñaba encargada, se inscribió, se sometió a exigencias y pruebas, para luego posesionarse; y por otro, el del deber de participar en toda la actuación administrativa precontractual y contractual, relacionada con el mismo procedimiento, del cual, por obvias razones, conoció su alcance y particularidades con antelación, todo lo cual configura un palpable conflicto entre el interés particular y el general propio de la función pública. Resultó razonable que la demandada concluyera la existencia de un conflicto de intereses, puesto que si efectuó diligencias tendientes a iniciar el trámite para que se convocara al citado concurso sin declararse en ningún momento impedida, resultaba lógico que su posición frente a los demás participantes era privilegiada".
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto N2079 de 2012
"Los particulares que sean miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública estarían habilitados para el ejercicio de su profesión de manera independiente, en razón de no existir norma expresa que se los prohíba. Cabe agregar que los miembros del Consejo Técnico que ejerzan su profesión deberán tener especial cuidado en no incurrir en la situación de conflicto de intereses regulada en el artículo 40 de la ley 734, el cual establece: Artículo 40. Conflicto de intereses... Como se advierte, el conflicto de intereses se refiere a que los miembros del Consejo Técnico de la Contaduría Pública deberán declararse impedidos para actuar en todo asunto en el cual tuvieran, ellos o alguno de sus familiares en los grados que menciona la ley, un interés particular y directo en los asuntos de su competencia que deban ser objeto de alguna gestión, recomendación o decisión del Consejo".
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto N1767 de 2006
"Asímismo, el Código Disciplinario Unico contenido en la ley 734 de 2002, siguiendo los fundamentos constitucionales de la función pública, en especial los establecidos por el Art. 209 Superior, al ocuparse del conflicto de intereses establece que Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión, o lo tuviere su cónyuge, compañero o compañera permanente, o algunos de sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o su socio o socios de hecho o de derecho. Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor público deberá declararse impedido. (art. 40). Frente al caso consultado, es claro que ni la firma consultora que forma parte de la unión temporal ni el asesor del proponente, tienen la calidad de servidores públicos y por tanto, no son destinatarios de la disposición".
"Las causales de inhabilidad prescritas por el artículo 179, número 5, de la Constitución Nacional no son operantes si la autoridad civil o política se ejerce en una circunscripción electoral diferente de aquella en que está inscrito el candidato al Congreso. El nexo de parentesco sólo puede ser causal de inhabilidad, en relación con las elecciones de senadores, si el empleado con autoridad política o civil la ejerce en todo el territorio de la circunscripción nacional. El cargo de gerente o director de una empresa industrial y comercial del Estado, que se ejerce en todo el territorio nacional, no inhabilita al candidato a la Cámara por una circunscripción territorial, porque para ello es necesario que el cargo se ejerza en la circunscripción electoral en la cual su pariente es candidato a ser elegido miembro de la Cámara de Representantes. El caso objeto de consulta consiste en saber si un pariente, en tercer grado de consanguinidad, de quien ejerce el cargo de gerente o director de una empresa industrial y comercial del Estado, está o no inhabilitado para ser elegido representante a la Cámara por una determinada circunscripción territorial, comprendida dentro de los límites de un departamento. La Sala considera que el mencionado cargo, que se ejerce en todo el territorio nacional, no inhabilita al candidato a la Cámara por una circunscripción territorial, porque para ello es necesario, según el artículo 179, número 8, inciso 2o., de la Constitución, que el cargo se ejerza en la circunscripción electoral en la cual su pariente es candidato a ser elegido miembro de la Cámara de Representantes".
Concepto 17 de 2003 PGN - Procveso disciplinario contra gerente y alcalde
"(...) cuando el particular, como independiente, ofrece sus servicios particulares para el desarrollo de alguna actividad propia del funcionamiento de las entidades públicas, que generalmente tiene que ver con su profesión u oficio; en estos casos, el medio que genera el vínculo con la administración es un contrato de prestación de servicios, o lo que en las normas civiles o comerciales se denomina arrendamiento de servicios. Relaciones distintas de las anteriores, porque no existe subordinación o dependencia, las obligaciones son sólo las que surgen del contrato, el cual se ejecuta de manera autónoma por parte del contratista y es eminentemente temporal.
En ese orden de ideas, se considera entonces que cuando la norma transcrita alude a la prohibición de prestar servicios profesionales, ha de entenderse que lo que no está permitido para quienes hacen parte de los órganos directivos de una entidad descentralizada, respecto de la misma, es que simultáneamente o durante el año siguiente a su retiro, le presten servicios personales relativos a su profesión, que como se vio sólo puede darse a través de contratos de prestación de servicios y no de vinculaciones que conlleven la calidad de servidor público, conforme a los características que se han dejado expuestas".
Régimen de las incompatibilidades
CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO 2002 - Ley 734 de 2002 - Por la cual se expide el Código Disciplinario Único; Art. 36
CONSTITUCIÓN POLÍTICA; Arts. 122, 126, 128, 179 Num. 8, 197 Inc. 2, 299, 303
ESTATUTO DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS - Ley 1579 de 2012 - Por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos y se dictan otras disposiciones; Arts. 79 Lits. e), f) y g)83
ESTATUTO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL - Ley 1563 de 2012 - Por medio de la cual se expide el Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional y se dictan otras disposiciones; Arts. 7, 16
ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN - Ley 190 de 1995 - Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el objeto de erradicar la corrupción administrativa; Art. 52
ESTATUTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA - Ley 80 de 1993 - Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública; Art. 8
CÓDIGO PENAL MILITAR - L. 1407 de 2010 - Por la cual se expide el Código Penal Militar; Art. 231 Num. 10
CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO 2002 - Ley 734 de 2002 - Por la cual se expide el Código Disciplinario Único; Arts. 38, 42
CÓDIGO PENAL - Ley 599 de 2000 - Por la cual se expide el Código Penal; arts. 43, 44, 45, 46, 51
CÓDIGO DE RÉGIMEN MUNICIPAL - Decreto 1333 de 1986 - Por el cual se expide el Código de Régimen Municipal; Art. 87
Ley 1871 de 2017 - Por medio de la cual se dictan el régimen de remuneración, prestacional y seguridad social de los miembros de las asambleas departamentales y se dictan otras disposiciones; Art. 7
Ley 1796 de 2016 - Por la cual se establecen medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la Función Pública que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se dictan otras disposiciones; Art.14
Ley 1727 de 2014 - Por medio de la cual se reforma el Código de Comercio, se fijan normas para el fortalecimiento de la gobernabilidad y el funcionamiento de las Cámaras de Comercio y se dictan otras disposiciones; Arts. 9, 13 Num. 1
Ley 1475 de 2011 - Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones; Art. 48 Num. 2
Ley 1450 de 2011 - Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014; Art. 277
Ley 842 de 2003 - Por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones; Arts. 31 a 45
Ley 617 de 2000 - Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional; Arts. 30, 33, 37, 40
Ley 136 de 1994 - Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios; Arts. 37, 43, 44, 124, 174
Ley 5 de 1992 - Por la cual se expide el Reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes; Art. 280 Num. 1
Ley 4 de 1992 - Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política; Art. 19
Decreto 1072 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo; Art. 2.2.5.1.16
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto N413 de 1991
Consejo de Estado, Sección II, radicado 11001-03-25-000-2010-00025-00(0251/10) de 2011
"Es cierto que el ejercicio de un cargo público está previsto en el artículo 39 del Decreto 196 de 1971 -Estatuto del Abogado- como una incompatibilidad, según la cual, los servidores públicos no pueden ejercer la abogacía, pero esto no quiere decir que sea el fijado para los profesionales del derecho el procedimiento a seguir en el caso de la comisión de faltas, pues dicha prohibición, fue incorporada como tal, a la Ley 734 de 2002, por disposición de esta misma norma. Así, en el artículo 36 (Ley 732 de 2002), expresó: Incorporación de inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses. Se entienden incorporadas a este código las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflicto de intereses señalados en la Constitución y en la ley. La incompatibilidad es para el servidor público, quien en su calidad de tal no puede ejercer la abogacía. La interpretación que pretende darle la actora, no atiende a lógica alguna, por cuanto significaría que los abogados no podrían ser servidores públicos".
Consejo de Estado, Sección II, radicado 11001-03-25-000-2010-00204-01(1576/10) de 2013
"En el proceso en estudio se presentó una posible inhabilidad para ejercer el cargo, se probó que el disciplinado es padre de la señora AB quien se desempeñó como Subcontralora Departamental del Atlántico en propiedad y Contralora Departamental en encargo, lo que llevaba implícito según el manual de funciones de esa entidad el cumplimiento de funciones relacionadas con el ejercicio de autoridad administrativa en el Departamento del Atlántico y como tal en el municipio de Galapa, de igual forma se encontró probado que la señora AB ejerció autoridad administrativa dentro del año inmediatamente anterior a la fecha de la elección del señor BC su padre -, como alcalde de Galapa. Al respecto se tiene, que en el proceso disciplinario adelantado contra el señor BC, se encontró probado que la conducta asumida por él acarreaba un error vencible, en atención a que al momento de inscribirse, ser electo y posesionarse como alcalde del municipio de Galapa era consciente de una posible inhabilidad para ejercer el cargo, y como tal, se encontraba en capacidad de superar la comprensión errada que tenía sobre su caso particular, por cuanto acumulaba gran experiencia como servidor público y le faltó empeño en actualizarse con la jurisprudencia nacional, que le hubiese dilucidado correctamente su caso particular, fue así como al señor BC se le calificó su conducta a título de culpa grave, porque el error pudo ser superado".
Consejo de Estado, Sección II, radicado 11001-03-25-000-2011-00698-00(2670/11) de 2014
"En el caso bajo examen se cumplen los supuestos que configuran esta inhabilidad en cabeza del actor, porque: resultó elegido Concejal del Municipio de Dagua (Valle) en las elecciones de octubre de 2003, para el periodo constitucional 2004-2007, y tomó posesión del mismo; El 10 de noviembre de 2002, en interés propio, celebró contrato de prestación de servicios con una duración de 15 días con la Alcaldía del Municipio de Dagua; entre la fecha en que celebró el contrato y la fecha en que resultó electo Concejal del Municipio de Dagua, únicamente transcurrieron 11 meses lo que significa que el contrato fue suscrito dentro del año anterior a su elección, y se ejecutó en la jurisdicción del Municipio contratante. Es claro que la conducta que se reprocha se dedujo de las pruebas recaudadas, evidencian el haber incurrido en la inhabilidad establecida en el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el numeral 3º del artículo 40 de la Ley 617 de 2000, pues se inscribió, posesionó y desempeñó el cargo de Concejal del Municipio de Dagua (Valle), a pesar de haber celebrado contrato de prestación de servicios con dicha entidad territorial dentro del año anterior a su elección".
Concepto 147 de 2017 PGN - Incompatibilidad entre el ejercicio de la abogacía y el servidor público
"Pues bien, cabe recordar que, en términos generales, "la incompatibilidad comporta una prohibición dirigida al titular de una función pública a quien, por ese hecho, se le impide ocuparse de ciertas actividades o ejercer, simultáneamente, las competencias propias de la función que desempeña y las correspondientes a otros cargos o empleos, en guarda del interés superior que puede verse afectado por una indebida acumulación de funciones o por la confluencia de intereses poco conciliables y capaces, en todo caso, de afectar la imparcialidad y la independencia que deben guiar las actuaciones de quien ejerce la autoridad en nombre del Estado".
Concepto 145 de 2016 PGN - Alcance del numeral 2 del artículo 44 de la Ley 142 de 1994, frente al conflicto de intereses, inhabilidades e incompatibilidades, para los efectos del funcionamiento de las empresas de servicios públicos
"(...) se cita la prohibición de la Ley 142 de 1994 en cuestión:
"Artículo 44. Conflicto de intereses; inhabilidades e incompatibilidades. Para los efectos del funcionamiento de las empresas de servicios públicos y de las autoridades competentes en la materia, se establecen las siguientes inhabilidades e incompatibilidades;"(...)
"44.2. No podrá prestar servicios a las comisiones de regulación ni a la Superintendencia de Servicios Públicos, ninguna persona que haya sido administrador empleado de una empresa de servicios públicos antes de transcurrir un año de terminada su relación con la empresa ni los cónyuges o compañeros permanentes de tales personas, ni sus parientes dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Esta misma inhabilidad se predica de los empleados de las comisiones o de la Superintendencia, sus cónyuges o parientes en los mismos grados, respecto de empleos en las empresas".
"Cuando el efecto de la interpretación literal de una norma conduce al absurdo o a efectos contrarios a la finalidad buscada por la propia disposición, es obvio que la norma, a pesar de su aparente claridad, no es clara, porque las decisiones de los jueces deben ser razonadas y razonables. El intérprete tiene entonces que buscar el sentido razonable de la disposición dentro del contexto global del ordenamiento jurídico-constitucional conforme a una interpretación sistemática-finalística".
Siendo así, la prohibición no tendría sentido si se aplicara a sectores diferentes en materia de servicios públicos, por lo que lo entendible en este caso, y bajo una interpretación restrictiva, es que la norma se refiere a que la comisión de regulación y el área de la Superintendencia de Servicios Públicos debe ser del mismo sector de la empresa de servicios públicos, sobre los cuales se hace la limitación de acceso de manera mutua".
Clasificación de las incompatibilidades
Incompatibilidad, definición
Régimen de las inhabilidades
Ley 1871 de 2017 - Por medio de la cual se dictan el régimen de remuneración, prestacional y seguridad social de los miembros de las asambleas departamentales y se dictan otras disposiciones; Art. 6
Decreto 898 de 2017 - Por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas crimínales responsables de homicidios y masacres, que atentan contra defensores\as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto 3.4.4 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, se determinan lineamientos básicos para su conformación y, en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones; Art. 9 Par
Resolución 296 de 2004 PGN - Por medio de la cual se modifican y adicionan la Resolución Número 143 del 27 de mayo de 2002 a través de la cual se creó el Sistema de Información y Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad -SIRI y la Resolución 156 del 10, de marzo de 2003 emanadas del Despacho del Procurador General de la Nación
Resolución 143 de 2002 PGN - Por medio de la cual se reglamenta el sistema de información y registro de sanciones disciplinarias y penales y de las inhabilidades derivadas de las relaciones contractuales con el Estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las declaraciones de pérdida de investidura y lo relativo a la expedición de antecedentes disciplinarios en la Procuraduría General de la Nación
Directiva 5 de 2005 PGN - Formularios de reportes de sanciones e inhabilidades al SIRI
Clasificación de las inhabilidades
Inhabilidad, definición
CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO - Ley 1564 de 2012 - Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones; Arts. 141 Nums. 7 y 8, 147
CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO 2002 - Ley 734 de 2002 - Por la cual se expide el Código Disciplinario Único; Arts. 38, 45
ESTATUTO DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS - Ley 1579 de 2012 - Por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos y se dictan otras disposiciones; Arts. 79, 83
Ley 850 de 2003 - Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas; Art. 19 Lit. e)
Decreto 262 de 2000 - Por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas Para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos; Arts. 233, 234, 241
Clasificación de las causales de impedimento y recusación
Impedimento, definición
Recusación, definición
Prohibiciones para todo servidor público
CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO 2002 - Ley 734 de 2002 - Por la cual se expide el Código Disciplinario Único; Art. 35
CONSTITUCIÓN POLÍTICA; Arts. 126, 292 Inc. 2
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - Ley 1437 de 2011 - Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; Art. 9
ESTATUTO DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS - Ley 1579 de 2012 - Por la cual se expide el estatuto de registro de instrumentos públicos y se dictan otras disposiciones; Art. 83
Ley 1796 de 2016 - Por la cual se establecen medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la Función Pública que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se dictan otras disposiciones; Arts.26 Num. 6, 28 Num. 6
Ley 1123 de 2007 - Por la cual se establece el Código Disciplinario del Abogado; Art. 29
Ley 996 de 2005 - Por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones (Ley de garantías electorales); Art. 38
Ley 617 de 2000 - Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional; Art. 49
Decreto 1075 de 2015 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación; Art. 2.14.11.3.2
Decreto 780 de 2016 - Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social; Art. 2.1.1.7
Corte Constitucional, sentencia de control de constitucionalidad C-328/03
"El numeral 35 acusado transgrede el artículo 121 de la Carta, pues las funciones de las autoridades del Estado deben estar atribuidas en la Constitución y en la Ley; por lo tanto, los reglamentos sólo pueden reglamentar, no crear funciones, y tanto menos establecer prohibiciones a los servidores públicos. También viola el numeral 10 del artículo 151 superior, pues se está difiriendo a otras instancias diversas de la legislativa, el establecimiento de prohibiciones. Finalmente, la disposición demandada es contraria a los artículos 29 inciso 2º y 124 de la Constitución, pues éstos precisan que la responsabilidad de los servidores públicos será determinada por la ley, sin que de manera alguna se haga referencia a los reglamentos. La norma acusada por este primer cargo dice que a todo servidor público le está prohibido hacer lo que el propio artículo señala en varios numerales, pero agrega, en el numeral 35, que los servidores públicos también serán responsables disciplinariamente por transgredir las demás prohibiciones consagradas en la ley y reglamentos. Así, de manera expresa la norma acusada establece una excepción al principio de reserva de ley en la enunciación de las prohibiciones en el ámbito del derecho disciplinario y delega completamente en el reglamento la creación de prohibiciones de las cuales se deriva responsabilidad disciplinaria. Al hacer esto, el legislador violó el principio de legalidad comprendido dentro de la garantía del debido proceso".
Concepto 48 de 2013 PGN - Directrices de la Procuraduría General de la Nación frente a las restricciones impuestas a la contratación pública por medio de la Ley 996 de 2005
"En cuanto a si se incurriría en falta disciplinaria en los casos en que las entidades públicas pretendan asociarse con personas jurídicas sin ánimo de lucro, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política de Colombia, la respuesta es afirmativa, pues las restricciones de la Ley 996 de 2005 hacen referencia a los entes públicos en general, sin que se haga salvedad sobre si la contratación se realice con otro ente público o privado. El hecho que el sustento jurídico de la contratación sea de carácter constitucional, regulado por el Decreto 777 y 1403 de 1992, no es indicativo de que esté por fuera de las previsiones generales de la Ley de Garantías Electorales, pues en esta norma no se hace advertencia de si la contratación que se pretende realizar esté sujeta a un régimen especial, por lo que la transgresión de las mismas, indudablemente, generaría falta disciplinaria, pues lo que se busca es limitar la utilización de recursos públicos en épocas preelectorales, con el fin de que estos procesos contractuales tengan la mayor transparencia y objetividad. Igual restricción se aplica respecto a la contratación con organismos internacionales regulados por el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, en el entendido que, se insiste, va dirigida al manejo de recursos públicos en épocas preelectorales. El alcance disciplinario de la violación a estas restricciones debe ser valorado en cada caso en particular, pues bien lo determina el artículo 40 de la Ley 996 de 2005: "SANCIONES. Incumplir con las disposiciones consagradas en este capítulo, será sancionable gradualmente de conformidad con lo establecido en la Ley734 de 2002 y según la gravedad del hecho". Por lo que cualquier valoración en este sentido debe estar ajustada a la naturaleza del hecho y las circunstancias del mismo".
Clasificación de las prohibiciones
Prohibiciones de los funcionarios públicos, definición
Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 artículo 127

Resolución 

Resolución 

Resolución 
 Artículo 155
 artículo 41
 artículo 23
 artículo 2
 artículo 34
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 34
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 40
 artículo 40
 Artículo 40
 artículo 179
 artículo 179
 artículo 150
 artículo 39
 artículo 36
 artículo 43
 artículo 40
 artículo 44

Resolución 
 Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 artículo 152
 artículo 121
 artículo 151
 artículo 355
 artículo 20
 artículo 40