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Timestamp: 2017-03-27 18:14:09+00:00

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Esta sección es una guía para que relacionemos la Constitución con la vida práctica y la realidad actual. .
Índice de temas publicados:
2 de Mayo: Día de la Constitución Nacional
Acta de Adhesión a la Constitución Nacional
Autonomía de las Constituciones Provinciales
CAUTELARES: LEY 26.854
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el incumplimiento del 82% móvil
Consideraciones sobre el Presupuesto Nacional y facultades delegadas
Constitución Nacional: Una carta de navegación idónea
Delegaciones Legislativas
Democracia: Compromiso con sus valores
Democracia, ¿un modo de vida?
Derecho Humano de Tercera Generación Derechos del Consumidor
DNU: ¿Qué es?
DNU: Más sobre el DNU
Antecedentes Gobierno Abierto
El esencial rol político de la Sociedad Civil y sus Instituciones
Jueces en el laberinto político
La libertad de expresión en la Constitución Nacional
Los partidos políticos, Instituciones fundamentales del sistema democrático
Reforma Política - Proyecto
Reflexión sobre igualdad
Solicitada "En defensa de la Constitución"
Subte: el conflicto y los derechos gremiales
Veto a las leyes
Antecedentes Gobierno Abierto *OPEN GOVERNMENT PARTNERSHIP USA. 2011. LA ALIANZA DE GOBIERNO ABIERTO agrupa a 64 países. OGP, por su sigla en inglés, tiene por objetivo asegurar compromisos concretos por parte de los gobiernos adherentes, para promover la transparencia y el control de gestión. En alianza estratégica con la sociedad civil promueve la participación ciudadana así como las tecnologías innovadoras para asegurar la gobernabilidad.
*La Argentina es parte de este grupo y se está trabajando a partir de este año desde el Ministerio de la Modernización.
*Diagnóstico sobre el desarrollo de la metodología de gobierno abierto en la Agentina. Directorio Legislativo, Agustina de Luca.
El rol de la Sociedad civil en un Gobierno Abierto El Gobierno Abierto da respuestas a preguntas que debe hacerle la ciudadanía. Esas preguntas demandan conocimiento de la gestión gubernamental lo que implica que también la participación ciudadana debe modernizarse. La Sociedad Civil ha asumido obligaciones y responsabilidades para contribuir a construir un estado moderno. Los métodos de la SC no son los de los organismos del Estado, tienen que ver con el día a día de la gente, lo que le imprime dinamismo a su gestión; son métodos que se insertan en la actualidad, son gestiones modernas que responden a demandas reales.
Reflexiones escuchadas en el desayuno anual del Foro del Sector Social. Noviembre 2015.
• ……… Y cuando desde las organizaciones de la sociedad civil pugnamos por el reconocimiento de derechos en el Estado, de ampliar las fronteras de obligaciones y responsabilidades, de alguna forma seguimos construyendo el Estado desde nuestro rol de Sociedad Civil. Fernando Straface, Director Ejecutivo de CIPPEC
• ………. En ese sentido me parece que hay un desafío grande para la sociedad civil que es construir métodos, maneras, metodologías. Daniel Arroyo. Profesor.(Ex Vice Ministro de Desarrollo Social nacional y en la prov. de Bs.As.)
• ……….: El Estado en la Argentina está a la miseria, está destruido y el lugar que el Estado, como organización colectiva de los intereses de la sociedad, ha dejado de ocupar, lo ocupó el gobierno y esto es una definición fundamental. Creo que lo que necesitamos realmente -en muchos aspectos del funcionamiento del Estado- es gestión. Yo creo que eso es un tema que tiene que ver con la metodología. Luis Alberto Romero. Historiador
• ………Justamente, en el día de hoy estamos invitados a pensar en cómo superar la fragmentación que nos caracteriza, esta fragmentación que impide la sinergia entre los distintos sectores. Desde el Foro estamos promoviendo círculos de diálogo que permitan las influencias reciprocas entre el gobierno, las empresas y las organizaciones sociales. Nosotros, las Organizaciones de la Sociedad Civil, OSC, u ONG, contamos con la confianza de la sociedad, conocemos nuestras fortalezas y debilidades y sabemos que necesitamos metas y compromisos para la acción conjunta. Mercedes Jones. presidente del Foro del Sector Social.
• ……..A las organizaciones de la sociedad civil -de todo tipo – en general nos llaman o nos mencionan ya sea para corregir el exceso del mercado o la intromisión del Estado y somos mucho más que un presupuesto colectivo para uno u otro sector. Pero a la vez, hay dos valores básicos que son el principio de organización y la orientación universalista. Cristina Calvo. Economista.
• …….. En estos tiempos que corren, de globalización, de nuevos medios electrónicos, yo creo que no se puede sustituir a la democracia representativa. La democracia no consiste solamente en un proceso electoral cada 4 años, la democracia se tiene que legitimar todos los días. Tiene que haber un componente ético imprescindible en la democracia. Y ahí es donde yo creo que la sociedad civil juega un papel trascendental, decisivo, no solo para la determinación de las políticas públicas sino para asociarse a los procesos de rendición de cuentas. Ignacio Stalafranca. Embajador de la Unión Europea en la Argentina.(EL ESENCIAL ROL POLÍTICO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y SUS INSTITUCIONES. FORO DEL SECTOR SOCIAL 2016 DESAYUNO ANUAL)
El esencial rol político de la Sociedad Civil y sus Instituciones Por Sofía Laferrere, Marie Louise Martin, María Rosa Martini y Dora Moneta. Integrantes de la Mesa Cívica.
Plantear el rol político de la sociedad civil y sus instituciones significa poner de relieve un tema significativo para nuestro país: ya no se puede concebir la ejecución de políticas públicas sin la previa consulta y participación activa de los actores que mejor interpretan las demandas y necesidades sociales.
La diversidad y origen que ofrecen las iniciativas surgidas de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) son una muestra del esfuerzo que enriquece un vínculo basado en la reciprocidad y cooperación.
Este vínculo implica un entramado validado por la práctica cotidiana y contrapuesto a relaciones de la autoridad y dependencia, sabiendo que el espíritu de convivencia democrática no necesita ser legislado, sino practicado.
Una cooperación desarrollada en un clima de mutua confianza, operaría como el artífice de un verdadero capital social y cívico promotor del desarrollo. Hablamos del rol de estas organizaciones como espacios de construcción de lo político, no desde la concepción partidaria, sino en el campo de las políticas ciudadanas que contribuyen al bien común.
Siendo que la sociedad civil ocupa un lugar entre el sector público y el sector privado, estamos llamados a cubrir ese espacio con nuestra participación. Tanto con partidos políticos en su búsqueda de posiciones de gobierno para efectivizar políticas públicas, como en las OSC que realizan un trabajo complementario de directa incidencia en esas políticas.
Ya sea para cubrir falencias de las estructuras administrativas, detectar errores conceptuales o proponer políticas de Estado, desde la sociedad civil se ha demostrado estar en condiciones no sólo de resolver problemas, sino de poner en marcha acciones que fortalecen la institucionalidad y la participación ciudadana.
Trabajar en forma mancomunada con el Estado a través de la genuina articulación público-privada, superando escollos y desconfianzas circunstanciales, representa un compromiso y una responsabilidad de los que dependen en gran parte la construcción de nuestra democracia.
Las experiencias desarrolladas por las OSC representan modelos virtuosos que pueden compartirse para lograr un efecto positivo multiplicador, si fortalecemos las organizaciones a través del financiamiento estatal. Por su parte, las OSC pueden asesorar sobre la efectiva implementación de normativas y legislaciones en los diferentes niveles de gobierno.
La Confederación de la Sociedad Civil, entidad de tercer grado conformada entre otros, por el Foro del Sector Social, el Grupo de Fundaciones y Empresas, la Red Argentina de Bancos de Alimentos y Diálogo Ciudadano, ha presentado en noviembre de 2014 una Agenda Social en el Congreso de la Nación.
Se trata de un nutrido compendio de propuestas de políticas públicas confeccionadas por especialistas de diversas OSC, que reflejan sus experiencias, investigaciones y trabajo de campo en temas tan diversos como: déficit habitacional, salud, adicciones, pobreza, malnutrición, educación, equidad de género, medioambiente y lucha contra el crimen organizado. De esta manera, las OSC aportan capital social, horas de trabajo, valor humano y conocimiento en variadas disciplinas para que puedan ser tenidas en cuenta por los futuros gobernantes y como insumo para la política pública.
Buscamos así potenciar el logro de objetivos que, por su dimensión y costo, difícilmente las OSC puedan lograr por sí solas sin la necesaria complementariedad con el Estado y los cuerpos legislativos que, por su parte, pueden nutrirse de valiosas e innovadoras iniciativas que surgen de la sociedad civil. En otro orden, recientes y exitosas experiencias en Brasil y Alemania, están impulsando a un núcleo de instituciones de nuestro país, a elaborar un proyecto para la creación de una oficina de información pública en el Congreso de la Nación que tendría como principal objetivo acercar la tarea legislativa a las OSC y permitir una sinergia positiva sin interferencias ni superposiciones. Podríamos citar como ejemplo lo ocurrido cuando se expuso el proyecto del nuevo Código Civil y Comercial que abarca disposiciones destinadas a clarificar los alcances y objetivos de las OSC, pues no fuimos convocados en consulta para su redacción, ni fueron atendidos todos nuestros reclamos previos a la sanción de la ley, por lo cual entendemos que se desaprovechó una oportunidad para lograr una mejor legislación. Enfatizamos la necesidad de un marco regulatorio con mayor agilidad y menor discrecionalidad en los procedimientos, que permita un equilibrio y transparencia en el manejo de fondos, provenientes tanto del ámbito privado, como público o de las agencias internacionales, con el fin de que las organizaciones puedan hacer un uso cuidadoso y eficiente de los recursos asignados.
Finalmente, invitamos a un diálogo franco y, en ese contexto, nos comprometemos a impulsar un trabajo colaborativo entre los integrantes de la sociedad civil y los representantes de los niveles gubernamentales en una relación donde prime la confianza mutua y la búsqueda de las mejores soluciones para nuestra Nación.
*Documento preparatorio y marco conceptual elaborado por integrantes de la Mesa Cívica. Fue distribuido con anticipación como eje para el desarrollo del panel de reflexión y el intercambio de ideas realizado en el Desayuno Anual del Foro del Sector Social. Palacio Bencich, 18 de noviembre de 2015. Buenos Aires Argentina.
La Mesa Cívica es una plataforma de organizaciones que trabajan de manera articulada en temas de ciudadanía, participación social, gobierno abierto y fortalecimiento de la democracia. Entre sus miembros se encuentra el Foro del Sector Social, FundaRedes, el Club Político y otros.
Los jueces en el laberinto político
“¿Pueden los jueces por sí solos limitar la colusión de los otros dos poderes? Sólo a través de un fuerte apoyo social”.
Extractos de un artículo del constitucionalista Juan Vicente Sola, publicado en La Nación el 20/11/2013
Cuando el Presidente Bartolomé Mitre designó, el 18 de octubre de 1862, los cinco ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el país concluía cuatro décadas de guerra civil. Integrada definitivamente, la Corte asumió el 15 de enero de 1863.
Los 150 años del tribunal son motivo de orgullo para los argentinos desde sus orígenes mismos: cuando se creó el control judicial de la Constitución, ese resguardo sólo existía en Estados Unidos y Suiza. Desde los comienzos, los fallos de la Corte fueron publicados. Contamos pues con una tradición de precedentes constitucionales inexistente en otras regiones.
La Constitución crea un monopolio de la fuerza en el gobierno y, para evitar que el gobierno, como todo monopolio, abusara de su condición privilegiada, impuso las condiciones para hacer posible una fuerte competencia política entre los gobernantes. Lo hizo a través de la división de poderes y del federalismo. Los gobernantes tienen una humana tentación de establecer oligopolios del poder para “cartelizar” la política y el gobierno. La Constitución buscó, entonces, separar el “poder de la espada” que tiene el Ejecutivo, del “poder del monedero” que tiene el Congreso, así como del poder de determinar el contenido de la Constitución que tiene la Corte Suprema. Comparado con los dos anteriores, el poder de los jueces parece ínfimo; sería así “la rama menos peligrosa”.
La división de poderes parte del presupuesto de que sus integrantes no sean virtuosos; así, esa división estricta de funciones permite el cumplimiento del contrato constitucional, independientemente de los partidos políticos.
La tarea principal del Poder Judicial, para que el sistema de pesos y contrapesos funcione, consiste en asegurar la división de los poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin esa división, los derechos humanos se vuelven ilusorios. Pero surge un interrogante crucial: ¿puede el Poder Judicial equilibrar plenamente a los otros dos poderes coaligados? Más aún ¿cuánta independencia pueden tener los jueces si el Congreso no ejerce su mandato de controlar al Ejecutivo?
Debe existir un mayor activismo judicial cuando el proceso político no puede resolver cuestiones que resultan trascendentes a la sociedad. La resultante de ese activismo equivaldrá, al final, a que el proceso político sea completado por el proceso judicial y se evite en bloqueo institucional.
Los jueces no sólo resuelven conflictos entre las partes, sino que determinan el derecho…Son quienes determinan el contenido de la Constitución frente a los nuevos conflictos. Pero no todos los casos son sencillos.¿Cómo resuelven los jueces los casos complejos? Están las soluciones formales, con la lógica interna del derecho, pero también las soluciones basadas en el análisis de las consecuencias de las normas y sentencias. Para ello hace falta un análisis técnico de costo-beneficio y no solamente meras especulaciones.
Las sentencias confusas nos impiden registrar con certeza el derecho que se nos aplica. Del mismo modo las sentencias contradictorias parecen indicar que tenemos constituciones diferentes, según sea el juez o tribunal que nos tocó en suerte. De ahí la necesidad de que las sentencias sean claras, breves y ejemplares. Lograrlas equivale a veces a hacer un largo camino.
Hay nuevas herramientas para una mejor decisión judicial: los amicus curiae o amigos el tribunal, por ejemplo, que mejoran la información que recibe el tribunal, y las audiencias públicas, que cumplen el requisito de oralidad establecido en la Constitución.
Todo juez puede sufrir de un temor antiguo: el incumplimiento. Ello ocurre cuando divide a las partes una gran diferencia de poder. Generalmente cuando una de ellas es el Estado con el monopolio del poder público. Para contrarrestar esa derivación, está el raramente aplicado delito de desobediencia.
La principal virtud del juez es la independencia, ya que asegura la plena vigencia de la división de poderes, desde luego no hay independencia real sin coraje. Si todos cumplieran con la Constitución, no requeriríamos de héroes, porque los frenos y contrapesos impedirían por sí mismos el poder absoluto.
¿Pueden los jueces por sí solos limitar la colusión de los otros dos poderes? Sólo a través de un fuerte apoyo social, que en realidad se obtiene a condición de que todos contemos con la mejor información, expresada libremente, aun hasta el agotamiento y aun cuando haya inconsistencias y sesgos interesados. Y ahí entramos en el delicado capítulo de la libertad de expresión y de prensa.-
DEMOCRACIA. COMPROMISO CON SUS VALORES
El documento “Nos comprometemos” del Foro “De habitantes a ciudadanos” ha sido elaborado teniendo como contexto los 30 años de la democracia en Argentina. Expresa el compromiso de las organizaciones integrantes del mismo hacia principios de aceptación universal que hacen a la vida en democracia. Estos compromisos están vinculados con la paz social, la solidaridad hacia los sectores más vulnerables y el respeto por las Instituciones de la República. Su fuerza radica, precisamente, en la diversidad de las entidades que integran el Foro que, más allá de sus diferentes intereses o visiones, confluyen en estos valores y entienden que son posibles para alcanzar la convivencia democrática de la sociedad. El documento no conlleva la intención de hacer una crítica hacia el gobierno ni a su gestión. El documento surge ahora como resultante de un extenso período de diálogos y búsqueda de consensos, teniendo en cuenta la pluralidad y las diferencias de las organizaciones miembros, como un signo de que es posible construir sin enfrentamientos.
La difusión del manifiesto no está vinculada ni se buscó vincularla a un año eleccionario, sino que nació en los intercambios por los 30 años de la democracia en nuestro país. Su concepción encontró eco en las orientaciones del Papa Francisco y sus conceptos inspiradores. Por otra parte, surgió de la vocación y experiencia de este espacio multisectorial y plural que desde hace seis años viene trabajando de manera activa en temas de hondo contenido social y que hacen a la pobreza, la prevención de la drogadicción, la atención de adultos mayores, la inclusión de los sectores más rezagados, etc. Esa vocación se plasma en el escrito. El diálogo entre el sector público y privado existe con algunas organizaciones y con otras no, o se lleva a cabo con características particulares. Lo que abogamos es que ese diálogo sea lo más amplio posible y se plantee en términos de acuerdos y consensos necesarios. Algo similar a lo ocurrido con el documento del Foro en el que sus integrantes han coincidido en estos valores universales a pesar de que no todos piensan igual. Este es el mensaje que queremos transmitir. La paz social es y debe seguir siendo un principio que se construye todos los días, a partir del respeto mutuo, de la confianza, y de un diálogo fecundo. Estamos seguros que esto es deseado por todos los argentinos como factor de unión más que de división. En tal sentido, hemos querido formular una reflexión al respecto. La intención es mejorar el diálogo de la Sociedad Civil con todo el espectro del sector político –no sólo con el sector público de turno- para consensuar políticas a largo plazo. La defensa de las Instituciones de la República en todos sus aspectos y alcances, debe ser el camino que fortalezca y garantice la convivencia pacífica de los argentinos. Este es el nuestro común sentir de todas las organizaciones miembros y es por eso que la totalidad de las entidades integrantes han firmado estos compromisos. Como Foro, hacemos una autocrítica, con relación a un documento anterior: La pobreza un problema de todos (2010), que la falta de tiempo para alcanzar consensos nos impidió llegar a un acuerdo para emitir un documento de manera conjunta y de forma unánime como el que ahora estamos publicando. Hoy consideramos que existe una oportunidad para seguir avanzando en este camino de la solidaridad y la inclusión. Esta declaración busca incentivar a los sectores en ese camino. Tenemos una expectativa positiva respecto de que otras organizaciones que compartan estos principios se sumen o adhieran al documento. Lo pueden hacer a través de correo electrónico enviado a www.habitanteaciudadano.org.ar o compromiso@habitanteaciudadano.org.ar .
Es conveniente que el documento esté disponible en todos los portales de las organizaciones participantes del Foro para su lectura y conocimiento. Cada entidad decidirá sus acciones en el marco de los ejes de trabajo del Foro y de las políticas que en materia comunitaria tienen. La iniciativa popular
Artículo 39 - Los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de doce meses.
POR QUÉ UNA INICIATIVA POPULAR
La Iniciativa Popular es una manera de obligar a los políticos a que atiendan el teléfono cuando no están en campaña. Hola, si, ¿Diputados?, nos interesa que traten este proyecto de ley dentro de los próximos doce meses.
¿Que es lo que tenemos que hacer para discar? Pues podemos convertirnos en promotor de una iniciativa popular (que exige un grado mayor de compromiso) o tan sólo suscribir con nuestra firma una iniciativa popular que consideramos importante que sea tratada por el Congreso. En este último caso el peticionante ni siquiera debe coincidir con el contenido íntegro de la iniciativa sino con la necesidad de su debate.
El Congreso deberá debatir el proyecto de Ley sólo si los promotores logran que la petición sea firmada por cuanto menos el 1,5% del padrón y esté distribuida en 6 o más distritos electorales. (Art 4 Ley 24.747).
Se trata de una firma y un tema. Estas en lo micro y no en lo macro; no estas plebiscitando una gestión de gobierno. Participar estampando tu firma es una acción más liviana que el voto que, si te interesa, te permite interpelar directamente a tus representantes para que traten uno de los temas que querés que traten. ¿Está ocupado? ¿VOS o tus representantes?
De Juan Lahitou. (todosobrelacorte.com)
2 de Mayo: Día de la Constitución Nacional Argentina
Carta del Dr. Mario A. R. Midón- Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional
Para muchos el de hoy es un día más. Para nosotros no. Es el día de la Constitución Nacional Argentina. Frente a lo ineludible del calendario apelo a la cibernética que tanto nos facilita estar cerca, aun cuando estemos a la distancia. Creo necesario saludar a los asociados de nuestra entidad (Asociación Argentina de Derecho Constitucional) en el entendimiento de que esta recordación ratifica el sentido del compromiso asumido en punto a seguir luchando por la real y efectiva vigencia de la Ley Mayor.
Ese deber, todavía es más grande en tiempos donde la División de Poderes y, con ello la Independencia del Judicial -más que como tentativa de lesión- ya es hecho casi consumado. Cuando se limitan los derechos del justiciable, anulando sus expectativas de Tutela Judicial Efectiva y cuando las instituciones de la Nación se muestran insuficientes para contener estos desbordes, quienes enseñamos Derecho Constitucional debemos continuar apelando a esas herramientas que nos da la Constitución para defender lo que de a diario predicamos: la Supremacía de Ley de Leyes.
Salud, hombres y mujeres de Derecho, por el Imperio de la Ley.
Dr. Mario A. R. Midón
Presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional
La Dra. María Gabriela Ábalos, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, ha hecho llegar el pedido de difusión de la referencia concreta al Consejo de la Magistratura del informe preparado por dicha asociación, enviado por María Allegretto, asesora en el Congreso de la Nación:
Punto 10.- El Comité observa con preocupación que, a pesar del principio contenido en el art.114 de la Constitución Nacional, respecto del equilibrio que debe imperar en la composición del Consejo de la Magistratura, existe en el mismo una marcada representación de los órganos políticos allegados al Poder Ejecutivo, en detrimento de la representación de jueces y abogados (Art.2 del Pacto).
El Estado Parte debe tomar medidas con miras a hacer efectivo el equilibrio previsto en el precepto constitucional en la composición del Consejo de la Magistratura, evitando situaciones de control del Ejecutivo, sobre este órgano.
Dicha observación adquiere relevancia sustantiva para la argumentación jurídico-constitucional que merece el nuevo proyecto.
Ley 26.854 - ESTADO NACIONAL - Medidas Cautelares en las causas en las que es parte o interviene. Procesos excluidos.
Sancionada: Abril 24 de 2013 Promulgada: Abril 29 de 2013 Publicación en B.O.: 30/04/2013
El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:
ARTICULO 1°  Ambito de Aplicación. Las pretensiones cautelares postuladas contra toda actuación u omisión del Estado nacional o sus entes descentralizados, o solicitadas por éstos, se rigen por las disposiciones de la presente ley.
ARTICULO 2°  Medidas cautelares dictadas por Juez incompetente. 1. Al momento de resolver sobre la medida cautelar solicitada el juez deberá expedirse sobre su competencia, si no lo hubiere hecho antes. Los jueces deberán abstenerse de decretar medidas cautelares cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia. 2. La providencia cautelar dictada contra el Estado nacional y sus entes descentralizados por un juez o tribunal incompetente, sólo tendrá eficacia cuando se trate de sectores socialmente vulnerables acreditados en el proceso, se encuentre comprometida la vida digna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos, la salud o un derecho de naturaleza alimentaria. También tendrá eficacia cuando se trate de un derecho de naturaleza ambiental. En este caso, ordenada la medida, el juez deberá remitir inmediatamente las actuaciones al juez que considere competente, quien, una vez aceptada la competencia atribuida, deberá expedirse de oficio sobre el alcance y vigencia de la medida cautelar concedida, en un plazo que no podrá exceder los cinco (5) días.
ARTICULO 3°  Idoneidad del objeto de la pretensión cautelar. 1. Previa, simultáneamente o con posterioridad a la interposición de la demanda se podrá solicitar la adopción de las medidas cautelares que de acuerdo a las reglas establecidas en la presente resulten idóneas para asegurar el objeto del proceso. 2. La pretensión cautelar indicará de manera clara y precisa el perjuicio que se procura evitar; la actuación u omisión estatal que lo produce; el derecho o interés jurídico que se pretende garantizar; el tipo de medida que se pide; y el cumplimiento de los requisitos que correspondan, en particular, a la medida requerida. 3. El juez o tribunal, para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al interés público, podrá disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla, teniendo en cuenta la naturaleza del derecho que se intentare proteger y el perjuicio que se procura evitar. 4. Las medidas cautelares no podrán coincidir con el objeto de la demanda principal.
ARTICULO 4°  Informe previo. 1. Solicitada la medida cautelar, el juez, previo a resolver, deberá requerir a la autoridad pública demandada que, dentro del plazo de cinco (5) días, produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud. Con la presentación del informe, la parte demandada podrá expedirse acerca de las condiciones de admisibilidad y procedencia de la medida solicitada y acompañará las constancias documentales que considere pertinentes. Sólo cuando circunstancias graves y objetivamente impostergables lo justificaran, el juez o tribunal podrá dictar una medida interina, cuya eficacia se extenderá hasta el momento de la presentación del informe o del vencimiento del plazo fijado para su producción. Según la índole de la pretensión el juez o tribunal podrá ordenar una vista previa al Ministerio Público. 2. El plazo establecido en el inciso anterior no será aplicable cuando existiere un plazo menor especialmente estipulado. Cuando la protección cautelar se solicitase en juicios sumarísimos y en los juicios de amparo, el término para producir el informe será de tres (3) días. 3. Las medidas cautelares que tengan por finalidad la tutela de los supuestos enumerados en el artículo 2°, inciso 2, podrán tramitar y decidirse sin informe previo de la demandada.
ARTICULO 5°  Vigencia temporal de las medidas cautelares frente al Estado. Al otorgar una medida cautelar el juez deberá fijar, bajo pena de nulidad, un límite razonable para su vigencia, que no podrá ser mayor a los seis (6) meses. En los procesos de conocimiento que tramiten por el procedimiento sumarísimo y en los juicios de amparo, el plazo razonable de vigencia no podrá exceder de los tres (3) meses. No procederá el deber previsto en el párrafo anterior, cuando la medida tenga por finalidad la tutela de los supuestos enumerados en el artículo 2°, inciso 2. Al vencimiento del término fijado, a petición de parte, y previa valoración adecuada del interés público comprometido en el proceso, el tribunal podrá, fundadamente, prorrogar la medida por un plazo determinado no mayor de seis (6) meses, siempre que ello resultare procesalmente indispensable. Será de especial consideración para el otorgamiento de la prórroga la actitud dilatoria o de impulso procesal demostrada por la parte favorecida por la medida. Si se tratara de una medida cautelar dictada encontrándose pendiente el agotamiento de la vía administrativa previa, el límite de vigencia de la medida cautelar se extenderá hasta la notificación del acto administrativo que agotase la vía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8° segundo párrafo.
ARTICULO 6°  Carácter provisional. 1. Las medidas cautelares subsistirán mientras dure su plazo de vigencia. 2. En cualquier momento en que las circunstancias que determinaron su dictado cesaren o se modificaren, se podrá requerir su levantamiento.
ARTICULO 7°  Modificación. 1. Quien hubiere solicitado y obtenido una medida cautelar podrá pedir su ampliación, mejora o sustitución, justificando que ésta no cumple adecuadamente la finalidad para la que está destinada. 2. Aquél contra quien se hubiere decretado la medida cautelar podrá requerir su sustitución por otra que le resulte menos gravosa, siempre que ésta garantice suficientemente el derecho de quien la hubiere solicitado y obtenido. 3. La resolución se dictará previo traslado a la otra parte por el plazo de cinco (5) días en el proceso ordinario y de tres (3) días en el proceso sumarísimo y en los juicios de amparo.
ARTICULO 8°  Caducidad de las medidas cautelares. 1. Se producirá la caducidad de pleno derecho de las medidas cautelares que se hubieren ordenado y hecho efectivas antes de la interposición de la demanda, si encontrándose agotada la vía administrativa no se interpusiere la demanda dentro de los diez (10) días siguientes al de su traba. Cuando la medida cautelar se hubiera dispuesto judicialmente durante el trámite del agotamiento de la vía administrativa, dicha medida caducará automáticamente a los diez (10) días de la notificación al solicitante del acto que agotase la vía administrativa. 2. Las costas y los daños y perjuicios causados en el supuesto previsto en el primer párrafo del inciso 1 del presente, serán a cargo de quien hubiese solicitado y obtenido la medida caduca, y ésta no podrá proponerse nuevamente por la misma causa y como previa a la promoción de la demanda; una vez iniciada la demanda, podrá requerirse nuevamente si concurrieren los requisitos para su procedencia.
ARTICULO 9°  Afectación de los recursos y bienes del Estado. Los jueces no podrán dictar ninguna medida cautelar que afecte, obstaculice, comprometa, distraiga de su destino o de cualquier forma perturbe los bienes o recursos propios del Estado, ni imponer a los funcionarios cargas personales pecuniarias.
ARTICULO 10.  Contracautela. 1. Las medidas cautelares dictadas contra el Estado nacional o sus entidades descentralizadas tendrán eficacia práctica una vez que el solicitante otorgue caución real o personal por las costas y daños y perjuicios que la medida pudiere ocasionar. 2. La caución juratoria sólo será admisible cuando el objeto de la pretensión concierna a la tutela de los supuestos enumerados en el artículo 2°, inciso 2.
ARTICULO 11.  Exención de la contracautela. No se exigirá caución si quien obtuvo la medida: 1. Fuere el Estado nacional o una entidad descentralizada del Estado nacional. 2. Actuare con beneficio de litigar sin gastos.
ARTICULO 12.  Mejora de la contracautela. En cualquier estado del proceso, la parte contra quien se hubiere hecho efectiva una medida cautelar podrá pedir que se mejore la caución probando sumariamente que la fijada es insuficiente. El juez resolverá previo traslado a la otra parte.
ARTICULO 13.  Suspensión de los efectos de un acto estatal. 1. La suspensión de los efectos de una ley, un reglamento, un acto general o particular podrá ser ordenada a pedido de parte cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos: a) Se acreditare sumariamente que el cumplimiento o la ejecución del acto o de la norma, ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior; b) La verosimilitud del derecho invocado; c) La verosimilitud de la ilegitimidad, por existir indicios serios y graves al respecto; d) La no afectación del interés público; e) Que la suspensión judicial de los efectos o de la norma no produzca efectos jurídicos o materiales irreversibles. 2. El pedido de suspensión judicial de un reglamento o de un acto general o particular, mientras está pendiente el agotamiento de la vía administrativa, sólo será admisible si el particular demuestra que ha solicitado la suspensión de los efectos del acto ante la Administración y que la decisión de ésta fue adversa a su petición, o que han transcurrido cinco (5) días desde la presentación de la solicitud sin que ésta hubiera sido respondida. En este supuesto la procedencia de la medida se valorará según los mismos requisitos establecidos en el inciso anterior. 3. La providencia que suspenda los efectos de un acto estatal será recurrible por vía de reposición; también será admisible la apelación, subsidiaria o directa. El recurso de apelación interpuesto contra la providencia cautelar que suspenda, total o parcialmente, los efectos de una disposición legal o un reglamento del mismo rango jerárquico, tendrá efecto suspensivo, salvo que se encontrare comprometida la tutela de los supuestos enumerados en el artículo 2°, inciso 2. 4. La entidad pública demandada podrá solicitar el levantamiento de la suspensión del acto estatal en cualquier estado del trámite, invocando fundadamente que ella provoca un grave daño al interés público. El tribunal, previo traslado a la contraparte por cinco (5) días, resolverá el levantamiento o mantenimiento de la medida. En la resolución se declarará a cargo de la entidad pública solicitante la responsabilidad por los perjuicios que irrogue la ejecución, en el supuesto en que se hiciere lugar a la demanda o recurso.
ARTICULO 14.  Medida positiva. 1. Las medidas cautelares cuyo objeto implique imponer la realización de una determinada conducta a la entidad pública demandada, sólo podrán ser dictadas siempre que se acredite la concurrencia conjunta de los siguientes requisitos: a) Inobservancia clara e incontestable de un deber jurídico, concreto y específico, a cargo de la demandada; b) Fuerte posibilidad de que el derecho del solicitante a una prestación o actuación positiva de la autoridad pública, exista; c) Se acreditare sumariamente que el incumplimiento del deber normativo a cargo de la demandada, ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior; d) No afectación de un interés público; e) Que la medida solicitada no tenga efectos jurídicos o materiales irreversibles. 2. Estos requisitos regirán para cualquier otra medida de naturaleza innovativa no prevista en esta ley.
ARTICULO 15.  Medida de no innovar. 1. La medida de no innovar procederá cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos: a) Se acreditare sumariamente que la ejecución de la conducta material que motiva la medida, ocasionará perjuicios graves de imposible reparación ulterior; b) La verosimilitud del derecho invocado; c) La verosimilitud de la ilegitimidad de una conducta material emanada de un órgano o ente estatal; d) La no afectación de un interés público; e) Que la medida solicitada no tenga efectos jurídicos o materiales irreversibles. 2. Las medidas de carácter conservatorio no previstas en esta ley, quedarán sujetas a los requisitos de procedencia previstos en este artículo.
ARTICULO 16.  Medidas cautelares solicitadas por el Estado. El Estado nacional y sus entes descentralizados podrán solicitar la protección cautelar en cualquier clase de proceso, siempre que concurran las siguientes circunstancias: 1. Riesgo cierto e inminente de sufrir perjuicios sobre el interés público, el patrimonio estatal u otros derechos de su titularidad; 2. Verosimilitud del derecho invocado y, en su caso, de la ilegitimidad alegada; 3. Idoneidad y necesidad en relación con el objeto de la pretensión principal.
ARTICULO 17.  Tutela urgente del interés público comprometido por la interrupción de los servicios públicos. Cuando de manera actual o inminente se produzcan actos, hechos u omisiones que amenacen, interrumpan o entorpezcan la continuidad y regularidad de los servicios públicos o la ejecución de actividades de interés público o perturben la integridad o destino de los bienes afectados a esos cometidos, el Estado nacional o sus entidades descentralizadas que tengan a cargo la supervisión, fiscalización o concesión de tales servicios o actividades, estarán legitimados para requerir previa, simultánea o posteriormente a la postulación de la pretensión procesal principal, todo tipo de medidas cautelares tendientes a asegurar el objeto del proceso en orden a garantizar la prestación de tales servicios, la ejecución de dichas actividades o la integridad o destino de los bienes de que se trate. Lo expuesto precedentemente no será de aplicación cuando se trate de conflictos laborales, los cuales se regirán por las leyes vigentes en la materia, conforme los procedimientos a cargo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en su carácter de autoridad de aplicación.
ARTICULO 18.  Aplicación de las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Serán de aplicación al trámite de las medidas cautelares contra el Estado nacional o sus entes descentralizados, o a las solicitadas por éstos, en cuanto no sean incompatibles con las prescripciones de la presente ley, las nomas previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
ARTICULO 19.  Procesos excluidos. La presente ley no será de aplicación a los procesos regidos por la ley 16.986, salvo respecto de lo establecido en los artículos 4° inciso 2, 5°, 7° y 20 de la presente.
ARTICULO 20.  Inhibitoria. La vía de la inhibitoria además del supuesto previsto en el artículo 8° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, procederá también para la promoción de cuestiones de competencia entre jueces de una misma circunscripción judicial, en todas las causas en que el Estado nacional, o alguno de sus entes, sean parte. Todo conflicto de competencia planteado entre un juez del fuero contencioso administrativo y un juez de otro fuero, será resuelto por la Cámara Contencioso Administrativo Federal; mientras que cuando el conflicto de competencia se suscitare entre la Cámara Contencioso Administrativo y un juez o Cámara de otro fuero, el conflicto será resuelto por la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo Federal.
ARTICULO 21.  Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
REGISTRADO BAJO EL Nº 26.854
AMADO BOUDOU.  JULIAN A DOMINGUEZ. Juan H. Estrada. Gervasio Bozzano.
Decreto 456/2013 - ESTADO NACIONAL - Promúlgase la Ley Nº 26.854.
Bs. As., 29/4/2013
POR TANTO:Téngase por Ley de la Nación Nº 26.854 cúmplase, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.  FERNANDEZ DE KIRCHNER.Juan M. Abal Medina. Julio C. Alak.
Artículo publicado en la Edición impresa de "El derecho"- 20 de septiembre de 2012, por la Dra. Susana Cayuso ( Abogada constitucionalista, Profesora Titular de Derecho Constitucional -Facultad de Derecho U.B.A) Click aquí ó sobre la imagen para leer el artículo
Acta de adhesión a los principios de la Constitución Nacional y propiciando la difusión, enseñanza y compromiso con los Derechos fundamentales y Principios Democráticos de la Constitución Nacional. La presidenta de FUNDAEDU en el momento de la firma del ACTA junto a los Doctores Mario Midón, presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y Eugenio Palazzo, Presidente de FECIC. Los acompañan los Dres. Spota y Sabsay y representantes de numerosas organizaciones.
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 29 días del mes de agosto de 2012, los abajo fir-mantes, ciudadanos y representantes de diversas organizaciones no gubernamentales y entidades de la sociedad civil, compenetrados con los derechos fundamentales y los principios democráticos que consagra nuestra Constitución Nacional, y convencidos de que para lograr la plena vigencia de esos derechos y principios resulta necesario que éstos sean conocidos y respetados, a cuyo fin es indispensable que se los divulgue y enseñe, a través de todos los niveles de la educación y de todos los medios de difusión de la cultura, y que a través de ello se propicie la adhesión y el compromiso de lealtad a nuestra Carta Magna, prenda de unión de todas las mujeres y hombres que habitan nues-tro suelo; reconociendo los esfuerzos realizados por las autoridades educativas de diver-sas jurisdicciones y por varias de las instituciones aquí representadas para lograr tales objetivos, pero también comprendiendo que se requiere la confluencia de esfuerzos para concretarlos en plenitud, nos comprometemos a propiciar la difusión, enseñanza y compromiso de todos los ciudadanos con los derechos fundamentales y principios democráticos de la Constitución Nacional.
A tal fin, entre las acciones que estimamos adecuadas para tal objetivo, creemos necesario:
a ) Proponer a las legislaturas y autoridades educativas de cada jurisdicción que, al igual que ocurre con la promesa de lealtad a la Bandera Nacional, se establezca la obligatoriedad para los niños del último curso del nivel primario, de la promesa de lealtad a la Constitución Nacional el primer día hábil siguiente al 1° de mayo de cada año, Día de la Constitución establecido por la ley Nº 25.863 en conmemoración de su sanción, el 1° de mayo de 1853.
b) Efectuar jornadas de capacitación docente en la cuales se trabaje la Constitución y su rol con referencia a las Instituciones Políticas, los Derechos Humanos y las Garantías Fundamentales.
c) Facilitar a los docentes materiales didácticos para utilizar en el aula.
d) Acordar con las autoridades docentes la realización de eventos en conjunto con integrantes de las insti-tuciones firmantes, a fin de colaborar en su tarea.
e) Realizar encuentros, debates abiertos, conferencias, seminarios y congresos de difusión de la Constitu-ción Nacional y su sentido en todo el país.
f) Promover la realización de campañas de difusión y de adhesión a la Constitución Nacional a través de los medios de comunicación masiva y de redes sociales. En la ciudad de Buenos Aires a los 22 días del mes de agosto de 2012.
ME SUMO CON MI ADHESIÓN!
Listado de entidades y personas que adhieren al Acta, propiciando la difusión, enseñanza y compromiso con los Derechos Fundamentales y Principios Democráticos de la Constitución Nacional. Haga click sobre la imagen a continuación para acceder al listado actualizado
A continuación, una solicitada publicada en el Diario La Nación del 6 de Agosto de 2012, firmada por quienes reafirman la necesidad de fortalecer la Constitución vigente, de defender el Estado Constitucional de Derecho, de garantizar el principio de división de poderes, como antídoto contra el autoritarismo; de consolidar una justicia independiente, honesta e idónea, como custodio último de nuestras libertades; y de fomentar los valores republicanos, el pluralismo y la unión nacional, en todos los niveles de gobierno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se interesa por el incumplimiento del 82% móvil en la Argentina.
Frente a los problemas que surgen por el incumplimiento de la aplicación del 82% móvil a las jubilaciones, a pesar de resoluciones favorables de la Corte Suprema de Justicia de la Nación , difundimos el siguiente informe sobre un Acuerdo de Solución Amistosa: el caso "Amílcar Menéndez, Juan Caride y otros" (03/11/11), pendiente aún de resultado favorable y cuyo seguimiento está haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
INFORME COMPLETO No. 168/11: Caso 11.670- Acuerdo de Solución Amistosa- "Amílcar Menéndez, Juan Caride y otros" Argentina (03/11/11)
Aclaración: En el punto IV se refiere al Acuerdo de Solución Amistosa presentado por la Comisón Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que hace el seguimiento.
Punto IV del Informe No. 168/11 desagregado a los efectos de que pueda verse en forma independiente el acuerdo (2009).
Ante las repercusiones que ha tenido el tratamiento del Presupuesto 2011, conviene saber de qué estamos hablando.
Artículo 75, inciso 8 de la Constitución Nacional
“Fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas en el tercer párrafo del inc.2 de este artículo, el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional, en base al programa general de gobierno y al plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la cuenta de inversión”
“La elaboración del presupuesto involucra actividad ejecutiva y legislativa. En primer lugar, la etapa de preparación queda a cargo del Poder Ejecutivo; luego el voto y sanción que se iniciará en la Cámara de Diputados (ver Art.52) y que importa su consideración por parte del Poder Legislativo, quien a través de estos actos ejerce una importante labor de control sobre el Ejecutivo; por último, la etapa de ejecución que nuevamente estará a cargo de la administración centralizada y descentralizada y para cuyo cumplimiento se deben seguir los pasos establecidos en la ley de contabilidad.
Desde el ángulo del Congreso sus potestades en esta materia son indelegables en el marco de todo régimen democrático, ya que tienen por principales objetivos: poner coto al discrecionalismo del Ejecutivo, propender a la veracidad y clara comprensión del presupuesto, facilitando el control de su contenido, procurándose, al mismo tiempo, efectivizar el federalismo.
La última parte del artículo es un necesario complemento de la anterior, ya que si al Legislativo le corresponde exclusivamente autorizar los gastos públicos y si el Poder Ejecutivo debe recaudar las rentas de la Nación y decretar su inversión con arreglo a las leyes que sancionan esos gastos, es obvio dar a los representantes del pueblo y de las Provincias la oportunidad de ejercer libremente el control respectivo. No olvidemos que en todo régimen representativo la responsabilidad es la regla.” (La Constitución de los argentinos / Daniel Sabsay y José M. Onaindia, Ed. Errepar, 1994).
En cuanto a las facultades delegadas que los partidos de la oposición proponen eliminar, leamos el Art. 76:
“Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca…”
Para Bielsa, a fin de ubicarse en un marco jurídico adecuado, la delegación legislativa es válida cuando se lleva a cabo de conformidad con determinados extremos y menciona entre otros: “Cuando por la delegación no se transfiere un poder, sino que se encarga a una autoridad dictar normas que prosiguen la actividad legislativa dentro de una materia y de límites determinados. En consecuencia el Poder Legislativo puede derogar las normas delegadas en cualquier momento”.
“ Cuando por el acto de la delegación no se renuncia al ejercicio del deber de contralor que la Constitución ha atribuido a un Poder sobre los actos de otro, como el de aprobar o rechazar la cuenta de inversión que tiene el Congreso.”
Derecho Humano de Tercera Generación Escribe el Dr. Marcelo López Alfonsín
Comentarios sobre el Artículo 41 de la Constitución Nacional
El artículo 41 de la Constitución Nacional ha establecido en el párrafo primero, el derecho de todos los ciudadanos al ambiente sano y el deber de preservación del mismo y la obligación de recomposición con carácter prioritario en caso de daño ambiental. Asimismo, el segundo párrafo prevé las funciones de los poderes públicos, según sus respectivas competencias, esto es: a) proveer a la protección del derecho al ambiente definido en el primer párrafo; b) proveer a la utilización racional de los recursos naturales; c) proveer a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica; d) proveer a la información y educación ambientales.
En el tercer párrafo, dispone la distribución de la competencia normativa en relación a la Nación y las provincias, incorporando los llamados “presupuestos mínimos de protección ambiental”. Por último, el cuarto párrafo de la cláusula ambiental prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos tóxicos o peligrosos. La reforma de la Constitución, consagró un nuevo “derecho humano de tercera generación”, pero incluyó además un mecanismo de tutela como es la acción de “amparo colectivo” prevista en el segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución, que constituye su garantía.
Ley 23.849 de aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Se cumplen 20 años. (27/09/1990 – 27/09/2010)
Dice el art. 6º de la CDN: "1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. 2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño". En su artículo 1° la CDN establece que "Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad……”, Al sancionar la Ley 23.849 con la que aprobó la CDN, nuestro país formuló la siguiente reserva: "Con relación al art. 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República Argentina declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de edad".
La CDN y su ley aprobatoria (Ley 23.849) gozan de rango constitucional desde 1994 y revisten supremacía sobre toda norma infraconstitucional que directa o indirectamente, expresa o tácitamente, se le oponga. El derecho a la vida es anterior a toda legislación positiva, pero siendo el niño por nacer un ser humano -inocente e indefenso- es razonable que el derecho acuda en su auxilio.
Recordemos entonces, con ocasión de este aniversario, que es inadmisible la aplicación del art. 86 del Código Penal, flagrantemente inconstitucional. NOTIVIDA, Año X, Nº 735, 27 de septiembre de 2010 Facultades delegadas. Todo lo que hay que saber para saber.
Escribe Sofía de Laferrére
¿Qué son las facultades delegadas?
Desde 1853 - año del nacimiento de nuestra Constitución Nacional - El Congreso delegó facultades en el Poder Ejecutivo o sea el Presidente de la Nación. Hasta el día de hoy se dictaron 1901 facultades delegadas por el Congreso de la Nación.
Antes de la reforma constitucional de 1994, la Constitución no autorizaba al Congreso a delegar facultades al Poder Ejecutivo, a pesar de lo cual el Poder Legislativo en cientos de ocasiones le transfirió sus facultades y la Corte Suprema de Justicia las convalidó.
En la reforma de 1994, se quiso regularizar la situación y se dictó el artículo 76 * que estableció que el Congreso puede delegar sus atribuciones en el Poder Ejecutivo, fijándole límites determinados y un plazo: cinco años o sea hasta 1999, salvo las que el Congreso ratifique mediante una ley expresa, según la Octava Disposición Transitoria *. Pero el Congreso no se abocó al estudio de estas facultades y se limitó a prorrogarlas todos lo años, hasta el 2009.
¿Qué ocurrirá este año?
El próximo 24 de agosto caducarán estas facultades porque así lo establece la última ley prórroga que fue aprobada el año pasado (Ley Nº 26.519). Se creó una Comisión Bicameral Permanente y se dispuso un programa de acción.
¿Qué pasará entonces con las leyes con facultades delegadas?
Tras un importante trabajo realizado por la Comisión Bicameral a partir de enero 2010, de las 1901 leyes con facultades delegadas y tras consultas con el gobierno nacional, quedan unas 400 leyes con esa característica.
Según el Dr. Adrián Ventura (La Nación, 16/08) “ La mayoría de la leyes que delegaron atribuciones a lo largo de la historia, ya cumplieron su objeto, por lo cual habría que derogarlas. Y, otras, que siguen produciendo efectos, habría que adecuarlas… Pero el escenario de incertidumbres que se crea podría dar lugar a miles de situaciones distintas…”
Este es el gran debate que se abre el 24 de agosto.
Artículo 76 - Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentrote las bases de la delegación que el Congreso establezca.
Según la doctora Susana Cayuso: “La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior, no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de le delegación legislativa”
* Octava Claúsula Transitoria de la CN (1994): “La legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio, caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición, excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente en una nueva ley”.
Los partidos políticos Instituciones fundamentales del sistema democrático Escribe Diego Hernán Armesto
La reforma del año 1994, trajo consigo algunas reformas importantes que ampliaron los derechos, declaraciones y garantías establecidos en el texto originario. Así es que en el Art. 38 de la Constitución Nacional estableció que: “Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio”.
La intención del constituyente, no fue ni más ni menos que fortalecer el sistema democrático de derecho el cual no se sostiene sino sobre la base de la participación popular la que se articula a través de partidos políticos que como organización plural forman categorías culturales que tienen el objetivo de representar una parte de la sociedad.
El reconocimiento de los mismos en el texto constitucional además busca garantizar el nexo entre el Estado y la sociedad, de esta forma los partidos políticos ofician de medio entre estar partes nombradas anteriormente, en la búsqueda constante de mecanismos que permitan canalizar las inquietudes, demandas, y aspiraciones de la opinión pública.
Los partidos políticos bajo ningún aspecto representan intereses de un sector parcializado de la sociedad, todo lo contrario, representan la pluralidad de opiniones y el disenso.
De esta forma, el constituyente reformador, busco garantir esta finalidad expresándolo claramente en el texto, así reconoció su existencia, identificó sus funciones, aseguró su funcionamiento interno, permite el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas, define claramente que el Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de que debe propugnar a la capacitación de sus dirigentes, sin dejar de reseñar que los mismos están obligados a dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio, con las modalidades que la ley determina.
Es decir, que los ciudadanos de esta manera tiene la posibilidad de participar con mayor fuerza en la vida de los partidos políticos, de esta forma se fortalecen sus derechos que se deben reflejar en un aumento de la participación en estas instituciones del sistema democrático.
A modo de conclusión, consideramos que la incorporación dispuesta por el constituyente en 1994, doto a los partido político de una jerarquía constitucional importante para el sistema democrático, entendemos su importancia, y la necesidad de su constante fortalecimiento, pero no podemos negar que todo esto se logra, en definitiva, consolidando totalmente y para siempre el sistema democrático como forma de vida.
Control de Constitucionalidad. Un caso para analizar
Escribe Claudio Gabot
¿ES POSIBLE EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD POR PARTE DE UN GOBERNADOR DE PROVINCIA? El título del presente trabajo alude a un caso de amplia repercusión periodística que tuvo lugar durante al año anterior. El conflicto, si bien reviste aristas mas complejas que las que abarca esta nota, puede resultar ilustrativo sobre la mecánica del control entre poderes. Veamos la situación: Una pareja de personas del mismo sexo peticiona judicialmente la celebración de matrimonio civil en la Ciudad de Buenos Aires. Un Juez con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma, acoge favorablemente dicha petición, pero la celebración del acto es interrumpida por un Juez Nacional en lo Civil, ante lo cual, los interesados deciden trasladar su domicilio a Tierra del Fuego, y ante la negativa del funcionario del Registro Civil local en autorizar el acto, plantean un recurso administrativo que es resuelto favorablemente por la Gobernadora de la citada Provincia quien, dejando sin efecto lo dispuesto por el Art. 172 del Código Civil (que expresamente requiere el consentimiento de hombre y mujer) autoriza el cuestionado matrimonio. Lo expuesto nos introduce en la duda del inicio: ¿ha existido en el caso control de constitucionalidad implícito por parte del Poder Ejecutivo Provincial? ¿En su caso, sería válido dicho control?. En cuanto a la primera cuestión, podríamos decir que si bien no existe una declaración expresa de inconstitucionalidad, ha existido un clara intención de apartarse de una norma de alcance nacional, bajo el pretexto de resultar violatoria de tratados internacionales de raigambre constitucional., lo que ha derivado en la celebración de un acto civil con consecuencias jurídicas para los contrayentes y sus respectivas familias. Respecto del segundo interrogante, acerca de la validez de la decisión, no cabe otra respuesta que la negativa. Nuestra Constitución Nacional consagra en sus arts. 116 y 117 el control de constitucionalidad de tipo difuso esto es, a cargo del Poder Judicial en sus diferentes instancias hasta su último intérprete, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Son los tribunales los únicos encargados de conocer en todas las causas que versen sobre normas constitucionales, leyes nacionales y tratados internacionales. No existe en nuestra norma de base ninguna excepción, expresa o implícita, a esta regla. Por legítimos y plausibles que pudieran ser los propósitos tenidos en cuenta por un Gobierno provincial para garantizar el pleno ejercicio de los derechos individuales como el que se encuentra en crisis, y por acertados que fueran los argumentos jurídicos que sostienen los mismos, sólo es el órgano judicial –en la instancia y competencia que corresponda- el único que puede declarar la inconstitucionalidad de una norma legal en un caso concreto en el que existan derechos subjetivos, individuales o colectivos, en juego. Lo contrario sería desconocer un mandato constitucional y una pacífica doctrina de mas de cien años que nuestra Corte Suprema Federal ha mantenido desde que receptara los principios del célebre fallo “Marbury v. Madison” del Supremo tribunal de los Estados Unidos de América. Claudio Gabot ¿Qué es un DNU?
DNU: DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA El artículo 99 de la Constitución Nacional establece las atribuciones del Poder Ejecutivo. Dice: " El Presidente de la Nación: "Es el jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país" (inciso1). "Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las hace publicar" (inciso3). Pero deja bien aclarado que:" El poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo". En una palabra, el Presidente no puede dictar leyes, sólo puede enviar proyectos de ley para que el Congreso los trate y decida. Luego continúa: "Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos de necesidad y urgencia , los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros." Son entonces, el Presidente, en acuerdo general de ministros y con la firma de cada uno de ellos, y el jefe de gabinete, quienes deben refrendar un DNU. A renglón seguido, dice el inciso 3: "El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días, someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso." ¿EXISTE UNA COMISIÓN BICAMERAL PERMANENTE? a) La Comisión Bicameral Permanente funciona recién desde 2006, año en que fue sancionada la Ley 26.122 que regula su funcionamiento. Está prevista en el artículo 99, inciso 3 y en el artículo 100, incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional. b) La Comisión es convocada por su presidente, cargo que se renueva cada año en forma rotativa entre los miembros del Senado y la Cámara de Diputados. ¿CÓMO FUNCIONA?
Una vez dictado y girado el DNU por el Poder Ejecutivo a la Comisión Bicameral Permanente, ésta llama a sesión dentro los diez (10) días. Si el Poder Ejecutivo no girara el DNU a la Comisión, ésta tiene la facultad y el deber de tratarlo de oficio (por cuenta propia y sin necesidad de dar aviso al Poder Ejecutivo). Siempre que se ha dictado un DNU, éste se ha girado a la Comisión para su tratamiento y se ha dictaminado. Debido al número mayoritario de legisladores que tiene hasta ahora el oficialismo, se los ha aprobado.
Como ciudadanos debemos conocer el camino de un DNU, para comprobar si el Poder Ejecutivo cumple con cada uno de los pasos requeridos en la CN. No podemos admitir desprolijidades y omisiones en el funcionamiento de instrumentos de gobierno tan importantes.
¿Qué es el D.N.U. y por qué el Congreso lo controla?
Escribe Mario A. R. Midón. Constitucionalista.
En los últimos tiempos se ha escuchado mucho y escrito más sobre la sigla DNU, abreviatura que se utiliza para identificar a los Decretos de Necesidad y Urgencia. Esos DNU, están previstos por la Constitución en el artículo 99 inc. 3º de la Constitución y pueden ser dictados por el presidente de la Nación cuando concurran circunstancias excepcionales que impidan el funcionamiento del Congreso, como podría ser por ejemplo una prolongada huelga de transportes que impida la llegada de los legisladores a la Capital Federal para deliberar. En esas condiciones un DNU es el equivalente de una ley, sin ser ley ya que esta última solo puede ser dictada por el Congreso. Sin embargo, en nuestras prácticas constitucionales los Ejecutivos de turno han usado de esa atribución sin respetar el mandato de la Constitución. En lo central porque apelaron a los DNU sin que concurrieran las razones de necesidad y urgencia o porque el Congreso se hallaba en sesiones, como ocurrió el pasado 1º de marzo en que la presidente de la Nación al inaugurar las sesiones del Congreso anunció que ese día había dictado un DNU. Para que un DNU sea legítimo es indispensable que el Congreso lo avale, es decir lo acepte expresamente. Esta exigencia se explica porque el dueño de la facultad de hacer la ley es el Congreso de la Nación y un DNU es un sustituto transitorio de la ley que por razones de emergencia se autoriza a dictarla al Poder Ejecutivo. Cuando el Congreso rechaza un DNU ese acto pierde vigencia. Mario A. R. Midón ¿Qué son las Disposiciones Transitorias de la Constitución Nacional?
La Dra. Cecilia Recalde comenta sobre las 17 Disposiciones llamadas ‘Transitorias” incluidas en la Constitución Nacional por la Reforma de 1994.
Las diecisiete Disposiciones Transitorias de la Constitución Nacional fueron incluidas en la reforma de 1994. Tendrían que haber estado destinadas sólo a regular aspectos temporales, pero, en rigor de verdad, también incluyen algunas cláusulas que tienen vocación de permanencia. Un ejemplo claro de Disposición realmente Transitoria es la Cuarta, que se encarga de regular la integración del Senado entre 1994 y 2001, a fin de adecuar gradualmente la conformación de esa Cámara a lo establecido en el artículo 54 de la Constitución. Frente a ese ejemplo, se debe analizar la Disposición Transitoria Primera, que, contrariamente, tiene una manifiesta vocación de permanencia, ya que es la que ratifica la legítima e imprescriptible soberanía de nuestro país sobre las Islas Malvinas. Indica esa Disposición que “la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objeto permanente e irrenunciable del pueblo argentino”. Como se ve, el contenido de esta cláusula está destinado precisamente a permanecer en el tiempo. ¿Por qué, entonces, se la incluyó como Disposición Transitoria y no como norma dentro del cuerpo de la Constitución? Porque eso no hubiera sido posible. Para reformar la Constitución Nacional, el primer paso debe darlo el Congreso, órgano que debe declarar la necesidad de la reforma constitucional (ver art. 30 CN). La costumbre en nuestro país ha hecho que esa declaración se haga por medio de una ley. En la ley de declaración de la necesidad de la reforma, el Poder Legislativo debe incluir, entre otros ítems, el listado de temas y/o cláusulas constitucionales que considera deben ser tratadas por la Convención Reformadora para su reforma o para su inclusión en el texto constitucional. Sin esa habilitación legislativa, la Convención no se encuentra autorizada a reformar ni a incluir temas omitidos por el Congreso en su convocatoria. De hacerlo, la norma así reformada o incorporada sería irregular. Volviendo al tema de la Disposición Transitoria Primera, si bien es cierto que por su contenido debió haber integrado el cuerpo normativo de la Constitución, debe tenerse en cuenta que el Congreso Nacional no había habilitado la inclusión del tema Malvinas en el listado que aprobó por Ley Nº 24.309 (de declaración de necesidad de la reforma). Es por eso que los convencionales constituyentes de 1994 decidieron incorporar la ratificación imprescriptible de la soberanía argentina sobre las Islas en las Disposiciones Transitorias que, precisamente por su carácter, escapan a la aplicación del principio señalado. Por ese motivo, por más que parezca contradictorio, la Disposición Transitoria Primera es la menos transitoria de todas estas Disposiciones y está llamada a perdurar en el tiempo. En síntesis, de las diecisiete Disposiciones Transitorias incorporadas en la reforma constitucional de 1994, diez tienen su objeto cumplido (la 3º, la 4º, la 5º, la 9º, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14 y la 15), dos son de forma (la 16 y la 17), dos no se han cumplido aún (la 6º, referida al régimen de coparticipación federal de impuestos y la 8º relacionada con la delegación legislativa preexistente a la reforma), dos tienen cierta vocación de perdurabilidad (la 2º y la 7º) y una es permanente (la 1º). Por último debe señalarse que cualquier modificación, supresión o agregado en estas Disposiciones Transitorias deberá decidirse en una nueva reforma constitucional. Dra. Cecilia Recalde
Click aquí para acceder al texto completo de las Disposiciones Transitorias en la parte final de la Constitución Nacional.
Proyecto de Reforma Política en la Constitución Nacional
A continuación destacamos algunas consideraciones sobre la reforma política y aquellos artículos de la Constitución Nacional dónde se hace referencia a los derechos políticos y a los partidos políticos. "Proyecto de reforma política", así se ha dado en llamar al proyecto que el Poder Ejecutivo Nacional envió a la Cámara de Diputados el 28 de octubre de 2009 y que lleva el Nº 147 de trámite parlamentario. En realidad, el nombre del proyecto de ley es “Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral”. Es un proyecto de ley directamente vinculado con los artículos 37 y 38 de la Constitución Nacional referidos a los derechos políticos y a los partidos políticos, respectivamente. Artículo 37 - Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia, el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral.
Artículo 38 - Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio. El proyecto ingresado en Diputados regula en sus 88 artículos las siguientes materias: partidos políticos; primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (y dentro de este tema: agrupaciones políticas; electores; presentación y oficialización de listas; campaña electoral; boleta de sufragio; elección y escrutinio; proclamación de los candidatos); financiamiento de las campañas electorales; modernización del Código Nacional Electoral; disposiciones finales, destinadas a regular aspectos no incluidos en el resto del cuerpo del proyecto de ley.
Dra. Cecilia Recalde
Click aquí para ver el proyecto de ley enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo
La Dra. Romina Florencia Cabrera nos señala qué implica la Democracia como forma de vida…..
La palabra democracia proviene de la fusión de dos términos del griego antiguo, ya que tuvo su origen en la polis Atenas, la ciudad- estado propulsora de la misma, en contraposición a Esparta, la promotora del autoritarismo y coactora de la libertad del individuo en demasía. DEMOS significa pueblo, y KRATOS gobierno: “gobierno del pueblo”.
Implica la participación del individuo en el proceso representativo, la herramienta mediante el cual el pueblo soberano de un estado ejerce su poder constituyente de elegir a sus representantes por medio del sufragio, y a dictarse su propia constitución, que según la norma hipotética de Hans Kelsen, es la ley fundamental de un pueblo, superior a los tratados y a las leyes. Establece la delegación del poder central a provincias con autonomía, para evitar la centralización del mismo, como ocurría en el absolutismo monárquico.
La división de poderes legislativo, ejecutivo y judicial, enunciadas por el conde de Montesquieu en su libro “El espíritu de la ley”, implica el control entre los mismos, y la base para evitar también, de la manera más efectiva, la concentración del poder en una sola persona, como la figura del rey o del dictador.
Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad que en 1789 promovieron la revolución francesa se ven reflejados en la misma, ya que apuntan a la unión de los hombres (Rousseau y su contrato social), el igual trato ante la ley y el reconocimiento de los derechos para todos los hombres, y el libre albedrío del individuo, para que se desarrolle en su máxima expresión y potencial (John Locke), sin dañar a otro ( el principio del respeto al prójimo y el abuso del derecho).
Como enuncia Kelsen en su libro ”Qué es la justicia”, la misma es la tolerancia pacífica de las diferentes opiniones y posiciones ( la multiplicidad de divergencias), a través de los múltiples partidos políticos, que son la base del disenso en el sistema democrático. La justicia es el espacio en donde se desarrolla el individuo en el ordenamiento más equitativo y libre. También implica el acatamiento de las normas por parte de los miembros del sistema político, para asegurar el estado de derecho (el ordenamiento social justo). Sino, se convertiría en un estado de anomia, donde reinaría el caos, el desorden y la injusticia. Las mismas son pautas convencionales que regulan la conducta de los individuos para que se sujecionen a la ley. Así se permite el pleno goce de los derechos y las garantías que protegen los mismos.
No olvidemos que la esencia de la Democracia está en su respeto y defensa, porque nace de nosotros, para nosotros, y de nosotros depende su eficacia. No la ataquemos, tratemos que en el futuro sea el sistema que tanto soñamos. Dra. ROMINA FLORENCIA CABRERA
El Dr. Carlos Daniel Luque analiza cuestiones claves de una nueva institución constitucional: el Defensor del Pueblo de la Nación.
Artículo 86 - El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.
Con respecto a esta novedosa institución constitucional tenemos dos cuestiones claves para comentar, primero que El Defensor del Pueblo de la Nación es una de las instituciones con más credibilidad en la sociedad argentina y el ejemplo está dado en que el ciudadano, ante el más mínimo problema (a veces), va a hacer su reclamo ante quien se supone lo está perjudicando pero acto seguido e inmediatamente se presenta ante las oficinas del defensor para activar su queja.
En segundo lugar, y esto también tiene gran relevancia, es que la impronta total de la institución la da su titular, esto es cuando más ejecutivo es la cabeza de la institución más ejecutiva es la impronta o cuando actúa más tuitivamente en materia de derechos humanos, más protegidos se sienten los denunciantes.
Tenemos entonces para nosotros que su actuación sería gratamente bienvenida si tuviese la libertad (me refiero a la libertad normativa), que un país como el nuestro debe darles a este tipo de instituciones republicanas, dedicadas diariamente a tratar de encontrarle soluciones a los problemas de la gente.
Se destacan entre los deberes legales de esta institución, introducida con acierto pero con mesura, por el constituyente de 1994:
• La función tutelar de los derechos humanos, los derechos de incidencia colectiva y contra todo tipo de discriminación.
• Para ejercer estos cometidos, debe también controlar las funciones administrativas públicas, todo dentro del régimen de competencia que le asigna su ley de creación Nº 24.284.
Es indispensable tener en cuenta que no sustituye las responsabilidades de las respectivas autoridades competentes, las controla, les dice que están haciendo mal y como deberían cumplir sus deberes y obligaciones constitucionales y legales. Pero las iniciativas conciliadoras como las que pregona el Defensor del Pueblo de la Nación, contribuyen mejor a una solución si están sincronizadas en la disposición del otro a interpretarlas correctamente o a corresponder a ellas. La importancia fundamental de la presencia del Defensor del Pueblo es indispensable para evitar el fracaso de los diálogos porque los intervinientes no sienten que puedan ser francos uno con el otro acerca de sus opiniones y observaciones, a veces omitiendo datos esenciales para la real comprensión y consecuente solución del problema.
En cuanto a los métodos de trabajo del Defensor del Pueblo de la Argentina, creemos realmente que el tratamiento temprano y eficaz de la denuncia, por ejemplo, puede conseguir una adecuada protección de un derecho humano.
Creemos que estamos ante la institución adecuada, y somos conscientes de que algún retoque normativo le daría una impronta que sería positiva desde el lugar desde que se lo mire.
*CARLOS DANIEL LUQUE
PROF. DE DERECHO CONSTITUCIONAL FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
EX ASESOR DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN ARGENTINA (2005-2006) Reflexión sobre la igualdad
La Dra. Susana Cayuso nos llama a la reflexión sobre el concepto de igualdad:
Artículo 16 - La nación argentina no admite prerrogarivas de sangre, ni de nacimiento: No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad ea la base del impuesto y de las cargas públicas.
Artículo 75: Corresponde al Congreso...
...Inciso 22. Aprobar o desechar tratados concluídos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos de la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. .....en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos....
...Inciso 23. Legislar y promover medidas de ación positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.
Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lacatancia....
El artículo 16 juntamente con el art. 75 inc. 22 y 23 configuran la trama esencial del derecho/garantía de la igualdad. La protección constitucional tiene como objetivo central hacer efectivo el goce del resto de los derechos fundamentales. ¿Es posible garantir la salud, la educación, la calidad de vida y la dignidad de las personas sin un sistema que se construya sobre el derecho a ser tratado como un igual? ¿Qué significa ser iguales? ¿Cómo encarar las diferencias? ¿Cómo relacionar el ejercicio relativo de los derechos y la igualdad de todos y de cada uno? ¿Qué entendemos por igualdad ante la ley y en la ley? ¿Qué quiere decir igualdad de oportunidades y de trato? ¿Qué rol le cabe al estado al ser el sujeto obligado a las acciones positivas para crear tales condiciones? ¿Qué alcance tiene la igualdad en materia de impuestos y cargas públicas? ¿Qué trascendencia institucional tiene la relación entre igualdad e idoneidad para acceder al cargo público? Instalar la reflexión y reformular el concepto de igualdad constituyen, en la actualidad, cuestiones claves para comenzar a desarrollar la vigencia del estado constitucional de derecho. Delegaciones Constitucionales
El Dr. Daniel Sabsay opina sobre el principio de la separación de poderes.
La prórroga por dos años de la emergencia económica constituye un serio ataque al principio de separación de poderes. De conformidad con el principio de separación de los poderes, elemento básico del Estado de Derecho, adoptado por la constitución argentina, a cada uno de los tres órganos titulares de dichos poderes, les corresponde un tipo de potestades a las que se agrega una cuota de facultades que tienen por finalidad controlar a los otros dos poderes y así recíprocamente. En función de ello el poder legislativo es el único que puede hacer la ley, sobre dicha esfera de competencia al ejecutivo sólo le cabe el ejercicio de atribuciones colegislativas, como son la iniciativa parlamentaria y la observación o veto de una norma sancionada por el Congreso. La emergencia económica con su alcance impreciso que comprende tarifas, titularidad de servicios públicos, determinación de precios de productos, potestades en materia bancaria y cambiaria, entre muchas otras atribuciones, importa una delegación legislativa inconstitucional. La constitución nacional contempla en su artículo 76 esta modalidad, así: “Se prohibe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca” (el subrayado es nuestro).
Por lo tanto la delegación en principio está prohibida. Se la admite sólo para materias concretas, debe ser por un plazo establecido en la ley de delegación que debe ser razonable y por lo tanto no debe superar un año. La ley marco que la establece debe fijar los estándares en base a los cuales deberán ajustarse los decretos delegados que en consecuencia dicte el Ejecutivo. Pues bien, la iniciativa en discusión infringe todos estos parámetros. No es una materia determinada sino toda una esfera de actividad legislativa, se lo hace por un plazo excesivo y tampoco se establecen las bases de política legislativa a las cuales deberá necesariamente referir la actividad futura del Ejecutivo. Daniel Sabsay Cumplimiento real de un mandato constitucional
Igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos.
Artículo 37 - Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia, el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral.
Respecto del Art. 37, 2ª parte de la C.N. y el ejercicio pleno de derechos políticos por parte de hombres y mujeres en igualdad de condiciones, quiero comentarles que en la ciudad de Bella Vista, Provincia de Corrientes está sesionando la Convención Constituyente Municipal encargada de la reforma de la Carta Orgánica Municipal de esa localidad. Esta compuesta por trece (13) miembros de los cuales ocho (8) son mujeres .Invitada por ellas, el 25 de Noviembre di una conferencia allí y vine sorprendida de la fuerza, empuje y preparación que demostraron las convencionales constituyentes quienes llevan la voz cantante en temas constitucionales muy complejos e importantes. Me parece un dato alentador el porcentaje de mujeres postuladas por los Partidos Políticos y elegidas por el voto popular. La Convencional por la UCR Ana María Achitte es una joven de 28 años, abogada, que moviliza a toda la Convención con propuestas muy interesantes que generaron en la población un replanteo de cuestiones referidas al gobierno municipal. La acompaña un grupo de jóvenes mujeres de diferentes partidos políticos que coinciden en una visión diferente de la política.-Me parece muy auspicioso que la confluencia de ideas se de en un ámbito de decisiones tan importante como una Convención Constituyente Municipal y que tenga por protagonistas a Mujeres.-También que se advierta un cambio generacional. Además en esa localidad fue electa Intendenta una mujer que asumirá el 10 de Diciembre, Nancy Sand Giorasi del Partido Justicialista. En este caso se ha cumplido el mandato constitucional de “…igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos...” (Art.37, 2ª parte C.N.) *MARTHA HELIA ALTABE DE LERTORA
PROF. DE DERECHO CONSTITUCIONAL FACULTAD DE DERECHO DE LA UNNE
Y DE LA UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA
MIEMBRO DE LA ASOCIACION ARGENTINA DE DERECHO CONSTITUCIONAL
El conflicto de los subtes y los derechos gremiales - Artículo 14 bis
Artículo 14 bis - El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios: Concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Según nos cuentan los distintos medios de comunicación, en estos días las interrupciones en los servicios de las líneas de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires se debieron a un reclamo que están haciendo desde hace un tiempo los trabajadores de ese servicio, que piden fundamentalmente que el Ministerio de Trabajo les otorgue la inscripción como un gremio independiente y distinto de la UTA y así poder formar un sindicato propio.
En este tema, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, consagra la organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Y garantiza a los gremios poder concertar convenios colectivos de trabajo, recurrir a la conciliación y al arbitraje y el derecho de huelga. Agrega que los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo.
Después del artículo 14 bis, la norma más importante referida al régimen aplicable a las asociaciones sindicales es la Ley N° 23.551.
En muy pocas palabras, en lo que interesa al tema del conflicto actual de los subtes, esa ley garantiza la libertad sindical (art. 1°); consagra como uno de los derechos de los trabajadores el de constituir asociaciones sindicales libremente y sin necesidad de autorización previa (art. 4°, inc. a); ordena tanto a los poderes públicos, como a los empleadores y sus asociaciones y a toda persona física o jurídica abstenerse de limitar la autonomía de las asociaciones sindicales (art. 6°); define a las asociaciones sindicales (art. 10) y establece el principio de la libre afiliación (art. 12).
Para poderse inscribir una asociación de trabajadores debe presentar ante el Ministerio de Trabajo la solicitud de inscripción, en la que debe constar: a) nombre, domicilio, patrimonio y antecedentes de su fundación; b) lista de afiliados; c) nómina y nacionalidad de los integrantes de su organismo directivo; y d) sus estatutos (art. 21).
Cumplidos esos requisitos el Ministerio debe disponer la inscripción en un registro especial dentro de los 90 días de la fecha de la solicitud (arts. 22 y 56).
Pero si una asociación además de la simple inscripción quiere obtener la personería gremial -que es la que le permitirá, entre otras cosas, defender y representar ante el Estado y los empleadores los intereses individuales y colectivos de los trabajadores, intervenir en negociaciones colectivas y vigilar el cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social y administrar sus propias obras sociales (art. 31)- debe seguir un nuevo procedimiento en el que debe demostrar que es la más representativa, esto es, que afilia a más del 20% de los trabajadores que intenta representar (art. 25).
En el conflicto de los subtes de la Ciudad, según los dichos de uno de los representantes de los trabajadores, lo que se está pidiendo al Ministerio es la simple inscripción. Con ella los trabajadores pueden elegir delegados legalmente, y ser reconocidos por la empresa para todo reclamo gremial, sin tener que depender de la Unión Tranviaria Automotor (UTA).
El paso siguiente sería pedir la personería que les permitiría firmar convenios colectivos de trabajo, entre otras cosas. Consulta Popular
Dice la Constitución en el artículo 40:
Artículo 40 - El Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la Nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática.
El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, reglamentará las materias, procedimientos y oportunidad de la consulta popular. Acción de Amparo - Artículo 43
Artículo 43 - Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato aun durante la vigencia del estado de sitio. Media sanción a un Proyecto de Ley
El 28 de octubre de 2009 la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que pretende modificar el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, al sustituir el artículo 198 e incorporar dos artículos (el 206 bis y 206 ter). El proyecto aprobado por Diputados se refiere al trámite que los jueces deberán seguir cuando los particulares les soliciten las llamadas “medidas precautorias”, esto es, aquellas que tienden a proteger en forma rápida un derecho que se estima vulnerado. En la actualidad, el Código Procesal Civil y Comercial prevé en el artículo 198 que las medidas precautorias deben decretarse y cumplirse sin necesidad de citar a la otra parte y que ningún incidente planteado por el destinatario de la medida podrá detener su cumplimiento.
El proyecto que logró media sanción, en cambio, exceptúa de este principio al Estado Nacional (en cualquiera de sus formas) y a las empresas o sociedades del sector público, las que tendrán tres días para dar su opinión con relación a lo pedido por el particular. Además, cuando lo que se persigue es la suspensión de un acto administrativo, en principio el particular deberá demostrar que esa suspensión no afecta gravemente el interés público y que el cumplimiento del acto generaría más daños que su suspensión. Estas normas deben vincularse con el artículo 43 de la Constitución Nacional que regula, entre otros temas, la acción de amparo. Para ver el proyecto aprobado en Diputados: www.hcdn.gov.ar y luego ir a: Sanciones y legislación- Últimas sanciones- 28/10/09 -Expte. 4715-D-08 Reflexiones sobre el artículo 43
El respeto irrestricto por las libertades públicas, y el apuntalamiento y fortalecimiento del Estado de Derecho Constitucional, hacen necesaria la garantía de la acción de amparo. Su reconocimiento expreso satisface un estado de conciencia social. Todo lo que se haga para asegurar y perfeccionar su vigencia siempre resulta escaso, cuando está de por medio la suprema dignidad de la persona humana, objetivo final del problema político y constitucional. El ser humano es sujeto de derechos innatos, universales, inalienables, imprescriptibles e inviolables que constituyen el presupuesto de su personalidad y que determinan el ámbito propio de un reducto que le pertenece originariamente, con fronteras que nadie puede trascender. Es el fortín de la libertad, que en sus diversos matices, el hombre proclama ante la comunidad jurídica que le rodea, afirmándola con énfasis como indispensable para el cumplimiento de su destino. Este instrumento jurídico procesal se encamina a la defensa de la legalidad constitucional –primacía jerárquica y normativa- y a la mayor protección de los derechos humanos. Ab. Efraín Rodolfo Gastesi Miembro Titular A.A.D.C. Ciudad de Córdoba El Veto a las leyes
Es la facultad que tiene el Presidente de la Nación para desechar en todo o en parte un proyecto de ley sancionado por el Congreso de la Nación. El veto presidencial La Constitución dice: Artículo 78 - Aprobado un proyecto de ley por la Cámara de su origen, pasa para su discusión a la otra Cámara. Aprobado por ambas, pasa al Poder Ejecutivo de la Nación para su examen; y si también obtiene su aprobación, lo promulga como ley.
Artículo 80 - Se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia.
¿Y si el poder ejecutivo no lo aprueba?
Artículo 83 - Desechado en todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen; ésta lo discute de nuevo, y si lo confirma por mayoría de dos tercios de votos, pasa otra vez a la Cámara de revisión. Si ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas Cámaras serán en este caso nominales, por sí o por no; y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones del Poder Ejecutivo, se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las Cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Ejemplo de veto presidencial reciente:
El PODER EJECUTIVO consideró inaplicable el texto de diez leyes de Emergencia Agropecuaria, que el Congreso de la Nación había aprobado por unanimidad en ambas Cámaras y las vetó en forma parcial. Ni el Senado ni la Cámara de Diputados lograron los dos tercios de votos necesarios para insistir en el texto original de las leyes. El veto del Poder Ejecutivo quedó firme. La Libertad de expresión en la Constitución Nacional
Dice la Constitución Nacional PRIMERA PARTE – CAPÍTULO PRIMERO Declaraciones, derechos y garantías Artículo 14 - Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: De trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender. Artículo 32 - El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.
SEGUNDA PARTE – AUTORIDADES DE LA NACIÓN
CAPÍTULO CUARTO - Atribuciones del Congreso
Artículo 75 – Corresponde al Congreso:
22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño; en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.
Artículos que refieren a la LIBERTAD DE EXPRESIÓN en los siguientes TRATADOS: Por otra parte en los tratados internacionales hay artículos específicos que refieren a la libertad de expresión.
CAPÍTULO I – DERECHOS
Derecho de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión Artículo IV: Toda persona tiene derecho a la libertad de investigación, de opinión y de expresión y de difusión del pensamiento por cualquier medio. Declaración Universal De Derechos Humanos
(Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948) Artículo 19:
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. El pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo
Ley 23.313 Aprobación de los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Civiles y Políticos y su Protocolo facultativo (B.O. 13/05/1986) Artículo 19:
1.Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2.Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresao artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3.El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesaria para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Protocolo Facultativo (del Pacto Internacional De Derechos Civiles y Políticos) Artículo 1: Todo Estado Parte en el Pacto que llegue a ser parte en el presente Protocolo reconoce la competencia del Comité para recibir y considerar comunicaciones de individuos que se hallen bajo la jurisdicción de ese Estado y que aleguen ser víctimas de una violación, por ese Estado Parte, de cualquiera de los derechos enunciados en el Pacto. El Comité no recibirá ninguna comunicación que concierna a un Estado Parte en el Pacto que no sea parte en el presente Protocolo. Artículo 2: Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 1, todo individuo que alegue una violación de cualquiera de sus derechos enumerados en el Pacto y que haya agotado todos los recursos internos disponibles podrá someter a La consideración del Comité una comunicación escrita. Convención Americana Sobre Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica Aprobada por Ley 23.054 (B.O. 27/03/1984) PARTE I – DEBERES DE LOS ESTADOS Y DERECHOS PROTEGIGOS Capítulo 1 – Enumeración de deberes Artículo 1. Obligación de respetar los derechos 1.Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2.Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el Artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 1.Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 2.El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3.No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 4.Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5.Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. Artículo 14. Derecho de Rectificación o Respuesta 1.Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. 2.En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido. 3.Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, cinematográfica; de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial Artículo 5: En conformidad con las obligaciones fundamentales estipuladas en el artículo 2 de la presente Convención, los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad ante la ley, sin distinción de raza, color u origen nacional o étnico, particularmente en el goce de los derechos siguientes: Inc. d): Otros derechos civiles, en particular: viii) El derecho a la libertad de opinión y expresión. La Convención sobre los Derechos del Niño Artículo 13 1.El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño. 2.El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto a ciertas restricciones, que serán únicamente las que la ley prevea y sean necesarias: a) Para el respeto de los derechos o la reputación de los demás o b) Para la protección de la seguridad nacional o el orden público o para proteger la salud o la moral públicas. Derechos del consumidor
El Dr. Alberto M. Sánchez comenta el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Artículo 42 - Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno.
El artículo 42 de la Constitución Nacional consagra los llamados “derechos del usuario y consumidor”. En razón de él, los usuarios y consumidores tenemos derecho a:
a) La protección de nuestra salud, seguridad e intereses económicos.
b) Una información adecuada y veraz.
c) La libertad de elección.
d) Un trato equitativo y digno.
Es fundamental que todos ejerzamos activamente estos derechos, porque no hay nada más importante en esta materia que el control social, ya que no existe sistema de control público que pueda abarcar todo el inmenso campo de las relaciones de consumo.
Para ello, debemos asumir activamente nuestro rol de usuarios y consumidores y reclamar que nuestros derechos sean plenamente respetados, a través de las distintas vías que tenemos para ello: denuncias ante Defensa del Consumidor o el Defensor del Pueblo, participación en asociaciones de usuarios y consumidores, quejas a través de los medios de comunicación social, presentaciones judiciales, etc. y lo más importante, una actitud de dignidad y firmeza ante el vendedor de productos o prestador de servicios.
Sólo si somos verdaderos protagonistas de la relación de consumo, nuestros derechos serán respetados. Se trata, como siempre, de pasar de ser meros habitantes a ciudadanos responsables. Se trata, en definitiva, de construir, entre todos, una democracia auténticamente participativa, en la que los deberes se cumplan cabalmente y los derechos se respeten en toda su dimensión.
Dr. Alberto M. Sánchez Reflexiones sobre el Artículo 5 de la Constitución Nacional
La Dra. Abalos reflexiona sobre el artículo 5 de la Constitución Nacional.
Artículo 5 - Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.
Este artículo hace referencia a uno de los elementos de la autonomía provincial: la capacidad de darse su propia Ley fundamental o Constitución Provincial. Ello constituye el poder constituyente provincial, que es un poder condicionado por el ordenamiento superior siendo secundario o de segundo grado. El dictado de una constitución no es una facultad potestativa sino imperativa. Los términos del artículo así lo indican: “Cada provincia dictará para sí una constitución …” cumpliendo con determinados requisitos:
a. Bajo el sistema representativo: La Constitución debe preservar la forma democrática aunque la provincia puede introducir matices en esta democracia representativa, en tanto que ellos respondan a peculiares situaciones provinciales. b. Republicana: Las constituciones de provincia contendrán necesariamente aquellos caracteres que conforme a la doctrina política constituyen la república. Esto es, siguiendo los caracteres liberales de la misma: la división de poderes, la periodicidad de funciones, la responsabilidad de los funcionarios y la publicidad de los actos de gobierno. A los que cabe agregar dos caracteres típicos de la república democrática, ellos son la soberanía popular y la igualdad ante la ley. La organización de los poderes provinciales no debe ser una imitación de la Carta nacional. Prueba de ello es que en la organización de las legislaturas provinciales, algunas optaron por un sistema unicameral. c. De acuerdo a los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional. A fin de asegurar positivamente en todo el país los beneficios de la libertad, prometidos en el preámbulo se ponen las declaraciones y garantías de la libertad civil bajo el amparo de la ley suprema federal. Nuevamente se plantea la capacidad creativa de los constituyentes de provincia. La misma es lo suficientemente amplia como para dejar plasmado en el texto todas aquellas notas típicamente provinciales. De tal manera, que las Constituciones no serán una réplica de la nacional, sino que dejando a salvo el amparo de los derechos consagrados en la Constitución Nacional, pueden ampliar su propia esfera de protección provincial. Un ejemplo característico fue el habeas corpus incorporado primero en el derecho público provincial, aceptado luego por vía jurisprudencial y receptado finalmente en 1994 en el texto constitucional nacional (art. 43 in fine). d. Asegurar la administración de justicia: El objetivo puesto de manifiesto en el preámbulo, de “afianzar la justicia” no se hubiera logrado sin la concurrencia de la justicia provincial. Acorde con tal propósito y cumpliendo con los mandatos constitucionales vistos y el del artículo 75 inc. 12, relativo al dictado de los Códigos comunes, cuya aplicación corresponde a las jurisdicciones federales o provinciales, todas las provincias han organizado su propio sistema judicial. e. Asegurar el régimen municipal: Esta condición estaba justificada por cuanto los municipios eran escuela de civismo. Los constituyentes pensaban que tal régimen era inherente a la democracia y que apoyándose nuestro sistema político en esta base histórica debían propender a que fuera establecido y aplicado en todas las provincias. Con la reforma constitucional de 1994 se amplía esta condición al incorporarse en el art. 123 la autonomía municipal que las provincias deberán asegurar aunque se les reconoce la atribución de reglar el alcance y contenido de dicha autonomía en los ámbitos institucional, político, administrativo y económico financiero. f. Asegurar la Educación primaria: El tema de la educación corresponde al plan de gobierno de los hombres de 1853, ya que era una de las principales herramientas para lograr “la prosperidad del país, el adelanto y bienestar de todas la provincias”, consecuentemente debía ser un cometido ejercido en forma concurrente por la Nación y las provincias (artículos 75 inc. 18 y 19 y 125). María Gabriela Abalos
Facultades de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Universidad de Mendoza Reflexiones sobre el Artículo 43: Habeas Corpus
El Dr. Gastesi reflexiona sobre el Habeas Corpues en la Constitución Nacional.
Artículo 43 - Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio.
El habeas corpus es el paladión de las libertades públicas. La libertad personal o física tiene una doble manera de manifestarse. En primer lugar, en las relaciones individuales: en el derecho personal de cada uno a vivir su propia vida, de cumplir su destino humano desarrollando la personalidad en todas sus dimensiones. Pero si bien intrínsecamente es una relación individual, esa actitud del ser humano trasciende al Estado, y es así que puede exigir que nadie perturbe su intangibilidad corporal e integridad moral, siempre que no traspase la órbita del derecho, las costumbres, la moral pública y, en general el ámbito del derecho de los demás, en miras de la consecución del bien común. Es precisamente, en virtud de esa trascendencia que el Estado está obligado a hacerlo respetar y brindarle las garantías y los remedios legales necesarios para que goce en forma efectiva y plena, dentro de aquéllos límites, de su libertad de locomoción en todas sus facetas. En efecto, de nada valdrían las declaraciones de derechos contenidas en los textos constitucionales y tratados de derechos humanos y reconocidas por el derecho público, sino se ofrecieran por otra parte, los procedimientos de seguridad de que pudieran valerse aquellos que se sientan afectados en esos mismos derechos, frente a las extralimitaciones, de los poderes públicos, y de particulares. La finalidad suprema y última del sistema democrático constitucional, es la garantía de la libertad de la persona, dondequiera que se encuentre, sin distinción de color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen, posición económica o condición social. El ser humano es connaturalmente por esencia libertad, su vida que son los hechos de su conducta, es libertad metafísica expresada en una sucesión de fenómenos, que lo distingue de todo lo que es naturaleza orgánica e inorgánica.
Ab. Efraín Rodolfo Gastesi Miembro Titular A.A.D.C. Ciudad de Córdoba Reflexiones sobre el Artículo 38: Partidos Políticos
El Dr. Gastesi reflexiona sobre los Partidos Políticos en la Constitución Nacional.
Artículo 38 - Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democráticos, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. El Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio. Los partidos políticos como organismos imprescindibles del sistema democrático, contribuyen a su realización y apuntalamiento, sosteniendo y conservando el orden constitucional instaurado, garantizando las libertades y los derechos de la persona dentro del Estado; la eticidad de las leyes, y custodiando el sistema de creencias que ha conformado y caracterizado al pueblo. Asimismo, constituyen verdaderas escuelas de civismo y de formación política, que orientan a la ciudadanía a fin de que ésta sepa elegir y distinguir entre lo que es el bien común y lo que lesiona la razón de ser de la comunidad política; y para que sepa diferenciar los fines necesarios para lograr el bienestar general por encima del interés sectorial. Ab. Efraín Rodolfo Gastesi Miembro Titular A.A.D.C. Ciudad de Córdoba Reflexiones sobre el Artículo 41: Defensa del Medio Ambiente
El Dr. Gastesi reflexiona sobre la Defensa del Medio Ambiente en la Constitución Nacional.
Artículo 41 - Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos. La problemática del mundo moderno, enmarcada en una plena explosión demográfica y un vertiginoso crecimiento industrial y tecnológico, un desmesurado desarrollo urbano y la explotación indiscriminada de los recursos naturales, produce alteraciones y desequilibrios que dañan progresivamente el medio ambiente. La situación actual exige un tratamiento global del tema ecológico, poniendo especial atención en una educación ambiental integral. El bien protegido es el hábitat humano. Sólo una administración racional, justa y prudente del entorno natural presentará la perspectiva de un nuevo orden social, afirmado en un sistema ecológico equilibrado y estable, que permita la consecución de una mejor calidad de vida. Ab. Efraín Rodolfo Gastesi Miembro Titular A.A.D.C. Ciudad de Córdoba

References: Artículo 39
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 8
 resolución 
 artículo 2
 artículo 2
 resolución 
 artículo 8

Artículo 75
 Artículo 41
 artículo 41
 artículo 43
 artículo 1
 artículo 76

Artículo 76
 artículo 99
 artículo 99
 artículo 100
 artículo 99
 artículo 54
 Artículo 37

Artículo 38

Artículo 86

Artículo 16

Artículo 75
 artículo 16
 artículo 76

Artículo 37
 Artículo 14

Artículo 14
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 40

Artículo 40
 Artículo 43

Artículo 43
 artículo 198
 artículo 198
 artículo 43
 artículo 43
 Artículo 78

Artículo 80

Artículo 83
 Artículo 14
 Artículo 32

Artículo 75
 resolución 
 Artículo 19
 Artículo 19
 Artículo 1
 Artículo 2
 artículo 1
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 1
 Artículo 13
 Artículo 14
 Artículo 5
 artículo 2
 Artículo 13
 artículo 42

Artículo 42
 artículo 42
 Artículo 5
 artículo 5

Artículo 5
in fine
 artículo 75
 Artículo 43

Artículo 43
 Artículo 38

Artículo 38
 Artículo 41

Artículo 41