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Timestamp: 2019-08-18 02:30:06+00:00

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En ese estado de cosas, en la madrugada del 2 y 3 de febrero [de 1989] se produce el golpe que tumba el anterior régimen proclamando el cumplimiento de la ley, el respeto a los derechos humanos, la libertad de pensamiento, de expresión, que a la fecha se tornan plausibles y son de conocimiento internacional.20
13. La Comisión Interamericana incluyó en su Informe Anual de 1998 un capítulo sobre el desarrollo de la situación de los derechos humanos en Paraguay, en el que analizó la evolución institucional en Paraguay a partir del derrocamiento, en 1989, de la dictadura de Stroessner.21 En tal documento la CIDH reseñó el compromiso expresado por el Presidente que sucedió a Strossner, General Andrés Rodríguez, de establecer una sociedad respetuosa de la ley y de los derechos humanos; y se refirió asimismo a la visita in loco que realizó a la República del Paraguay en 1990, a fin de observar la situación de los derechos humanos en ese país, y a la serie de reformas, leyes e impulso de instituciones efectuadas por el Estado paraguayo para promover la vigencia de los derechos humanos en el país, incluyendo, entre otros aspectos, acciones destinadas a avanzar en restaurar las libertades públicas, desmantelar el aparato represivo del Estado y procesar a varios violadores de derechos humanos.
La CIDH insta a las autoridades paraguayas y sus poderes públicos a que adopten todas las medidas para asegurar la vigencia plena del Estado Constitucional de Derecho. La Comisión continuará observando el desarrollo de los acontecimientos en Paraguay hasta que se consolide la normalidad institucional, en el contexto del fortalecimiento de la democracia representativa en el Hemisferio. A tal efecto, utilizará todas las facultades que le confieren su carácter de órgano principal de la OEA, en el marco jurídico de la Convención Americana, su Estatuto y Reglamento.22
16. El 23 de marzo de 1999, en horas de la mañana, fue asesinado el Vicepresidente del Paraguay, doctor Luis María Argaña. También murió el guardaespaldas del doctor Argaña, señor Francisco Barrios González, y quedó herido el chofer del vehículo.23 En su mencionado capítulo sobre el desarrollo de la situación de los derechos humanos en Paraguay incluido en su Informe Anual 1998, la Comisión reseñó lo siguiente:
Ante la renuncia del ex Presidente Cubas Grau y el asesinato previo del Vicepresidente, la presidencia del Paraguay fue asumida, de acuerdo a lo establecido en el artículo 234 de la Constitución Paraguaya, por el Presidente del Congreso, doctor Luis González Macchi. El nuevo Presidente constitucional de la República formó un gobierno de concertación, en el que varios de los ministros designados forman parte de agrupaciones políticas distintas a la del nuevo Presidente, y anunció que su gestión estará signada por el respeto a la Constitución, a la institucionalidad, y en general, a la democracia y al Estado de Derecho. 24
17. En dicho informe la Comisión reiteró “su más enérgica condena por el crimen atroz del doctor Luis María Argaña”, condenó “en los mismos términos el asesinato del señor Francisco Barrios González, guardaespaldas del doctor Argaña y el de los jóvenes Manfred Stark Coscia, Víctor Hugo Molas, José Miguel Zarza, Porfirio González, Henry David Díaz Bernal, Cristobal Espínola Cardozo y Tomás Rojas, quienes murieron defendiendo la democracia y la institucionalidad en Paraguay” y agregó que “repudia asimismo las lesiones físicas causadas a cientos de personas”.25
18. La Comisión enfatizó asimismo que, “ciertamente, la adecuada investigación tanto del magnicidio cometido en la persona del doctor Argaña como de los demás hechos aquí mencionados, y el establecimiento de las responsabilidades y sanciones respectivas, constituye un aspecto fundamental para la consolidación de la institucionalidad y el Estado de derecho en Paraguay”.26 La Comisión reitera la importancia de que tales hechos no queden en la impunidad, tanto por la justicia en los casos concretos como por las repercusiones específicas de tales casos en la vida institucional del país.
21. Sin embargo, la Comisión observa que en la investigación y proceso judicial relativos a ambos hechos se ha ordenado la detención o prisión preventiva de personas que han permanecido bajo tal condición por un plazo que se señala trasciende el plazo razonable, varias de las cuales han declarado públicamente que son inocentes y que su detención se ha practicado u ordenado por motivos políticos.27 La CIDH debe señalar, en términos generales, que la obligación que tiene el Estado de investigar, juzgar y sancionar a los responsables por los mencionados hechos debe efectuarse respetando las garantías al debido proceso contempladas en la Convención Americana, entre las cuales se encuentran las de ser juzgadas “dentro de un plazo razonable” y la relativa a “que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”.28
22. Un juicio revestido de las debidas garantías es la manera adecuada de evitar la injusticia que implica condenar a personas inocentes o tenerlas privadas de su libertad por plazos no razonables. Al efecto, debe tenerse en cuenta que la detención o prisión preventiva es una medida cautelar, no punitiva, que no puede exceder un plazo razonable, puesto que en tal caso tal detención o prisión preventiva se convierte en una pena anticipada, en contravención del derecho de toda persona a ser presumida inocente mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, consagrado en el artículo 8(2) de la Convención Americana.29
a fin de que interprete la cláusula constitucional, y determine si el Presidente del Congreso Nacional debe acceder temporalmente al cargo de Presidente de la República, interin se convoca a nuevas elecciones para Presidente, o en caso contrario culmine el periodo presidencial 1998-2003, convocándose únicamente a elección para Vicepresidente de la República.30
2° DECLARAR CON EL MISMO ALCANCE que el Tribunal Superior de Justicia Electoral debe convocar a elecciones, únicamente para el cargo de Vice-Presidente de la República por el período constitucional 1998-2003.31
27. El Estado paraguayo había celebrado previamente un acuerdo con la Secretaría General de la OEA para la observación de las elecciones. En ejecución de dicho acuerdo, el Secretario General de la OEA designó como jefe de la respectiva Misión de Observación Electoral (MOE) al doctor José Luis Chea y como Jefe Adjunto de la misma, al doctor Diego Paz Bustamante. En su informe preliminar sobre dichas elecciones presentado al Consejo Permanente de la OEA, la MOE afirmó que en el campo puramente electoral, el proceso de elección de Vicepresidente en la República del Paraguay exhibía avances significativos que son correspondientes con la credibilidad del TSJE ante los actores políticos y la ciudadanía en general, y agregó que, “en el campo político, el proceso electoral paraguayo revistió características especiales que evidenciaron lo siguiente: -La voluntad política del Gobierno paraguayo de respetar el principio de separación de poderes y el resultado electoral oficial; -La madurez política de los partidos y su dirigencia para respetar las reglas del juego democrático y el proceso electoral; y – El civismo del pueblo paraguayo, que a pesar de los serios desafíos que enfrenta el fortalecimiento del sistema en el país, cree y apoya el sistema democrático.32
3. Expresar su reconocimiento al Secretario General de la Organización por su rápida respuesta de apoyo al Gobierno Constitucional del Paraguay y al pueblo paraguayo y su valiosa contribución a la preservación de la democracia en dicho país. Asimismo, solicitar al Secretario General que mantenga informado al Consejo Permanente.33
Este requisito se refiere a la duración de la suspensión, que como establece el artículo 27(1) de la Convención, debe ser únicamente por el tiempo estrictamente limitado a exigencia de la situación. La Comisión ha advertido que es aún más serio decretar estados de emergencia por períodos indefinidos o prolongados, sobre todo cuando ellos otorgan al Jefe de Estado una amplia concentración de poder, incluyendo la abstención del poder judicial respecto a las medidas decretadas por el Ejecutivo, lo que en ciertos casos puede llevar a la negación misma de la existencia del estado de derecho.34
35. Al respecto, la Comisión ha recibido con preocupación información que señala que varios integrantes de la policía que habrían estado comprometidos en el intento de golpe de Estado fueron reiteradamente torturados por otros policías, en los días inmediatamente subsiguientes al intento de golpe, y que inclusive los actos de tortura habrían sido efectuados en presencia de funcionarios de alta investidura.35 En sus observaciones al presente informe, el Estado solicitó se agregaran los siguientes datos: “Como consecuencia de las investigaciones efectuadas, el Ministerio Público a través del Agente Fiscal Amilcar Ayala, ha imputado por hechos punibles de tortura a Walter Bower, Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, (que a la fecha de los hechos punibles era Ministro del Interior) a Basilio Pavón, Comisario de la Comisaría 11, a los subcomisarios Diosnel Ferreira y Merardo Palacios, y al oficial Osvaldo Vera. El Juez de la causa, Pedro Mayor Martínez remitirá los antecedentes del caso a la Cámara de Senadores a efectos de solicitar el desafuero del Ministro. Los demás imputados ya se encuentran bajo proceso judicial".
36. La vigencia de los derechos y libertades en un sistema democrático, como ha señalado la Comisión,36 requiere un orden jurídico e institucional en el que las leyes prevalezcan sobre la voluntad de los gobernantes, y en el que exista un control judicial de la constitucionalidad y legalidad de los actos del poder público, vale decir, presupone el respeto del estado de derecho.
39. Las mencionadas disposiciones de los Poderes Legislativo y Ejecutivo fueron impugnadas ante la Corte Suprema de Justicia, mediante acciones de inconstitucionalidad, y en fecha 5 de mayo de 2000 dicha Corte dictó sentencias declarando inconstitucionales las disposiciones impugnadas, señalando que “conforme lo prevé el artículo 261 de la Constitución Nacional, los Ministros de la Corte Suprema de Justicia, solamente cesarán en el cargo una vez cumplida la edad de setenta y cinco años, sin perjuicio de que puedan ser removidos a través del juicio político, y de ninguna otra forma”.37
40. La Comisión considera positivo que la cuestión suscitada, que involucraba a los tres poderes del Estado, haya sido resuelta por el Poder Judicial, en su rol de máximo intérprete de la Constitución, y que los Poderes Legislativo y Ejecutivo hayan respetado la decisión definitiva, firme y obligatoria de la Corte Suprema en el asunto. Aunque el respeto y cumplimiento efectivo con el mandato de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia resulte un aspecto obvio e inherente a un Estado democrático, la Comisión resalta tal situación, tomando en cuenta el conflicto de poderes que se dio recientemente en Paraguay, originado en buena parte por la negativa del Poder Ejecutivo de acatar una decisión del Poder Judicial, y que culminó con la renuncia del Presidente de la República en marzo de 1999.38
41. La corrupción constituye un elemento importante a tener presente respecto al análisis de la institucionalidad democrática en los Estados, puesto que diversos Estados miembros de la OEA, incluyendo a Paraguay, han reconocido que “la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos” y el combate contra ésta “fortalece las instituciones democráticas, evita las distorsiones de la economía, vicios en la gestión pública y el deterioro de la moral social”.39
43. En lo concerniente a la corrupción que existe actualmente en el país, el Presidente de la República ha reconocido públicamente tal fenómeno, y ha señalado, por ejemplo, que “la corrupción en los entes recaudadores de tributos es el cuello de botella de la reactivación económica y la capacidad del Estado de hacer frente a sus responsabilidades acuciantes en las áreas de salud, seguridad, vivienda y educación”.40 Por su parte, el entonces Presidente de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay, Dr. Carlos Fernández Gadea, también admitió públicamente la corrupción que existe en el Poder Judicial paraguayo, señalando sin embargo que el Poder Judicial no es el más corrupto entre los Poderes Públicos de la Nación.41
44. La reconocida organización no gubernamental “Transparency International” menciona a Paraguay entre los más corruptos entre los países del mundo que comprende el último estudio, y como el segundo país más corrupto entre los países latinoamericanos estudiados.42
46. Uno de los aspectos en que la corrupción y los derechos humanos se relacionan es en lo relativo a la impunidad. En el capítulo III, infra, se estudia lo relativo al grave problema de la impunidad en Paraguay, y se explica que la falta de investigación y castigo a los responsables por violaciones a derechos humanos cometidas por agentes estatales le genera responsabilidad internacional al Estado, y que tal responsabilidad se puede generar igualmente cuando se trata de actos violatorios de derechos humanos no cometidos originalmente por agentes del Estado, pero no investigados debidamente por éste. En tal capítulo se señala asimismo que la impunidad constituye así una situación de grave violación a las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos, e implica una suerte de círculo vicioso que tiende a reiterarse y perpetuarse, aumentando la ocurrencia de delitos.43
47. Otro punto de coincidencia entre la corrupción y los derechos humanos, también en el marco de la impunidad, es que la corrupción del juez en un juicio específico socava la independencia de éste al decidir, y constituye eventualmente una violación del Estado, por consiguiente, a derechos y garantías consagrados en la Convención Americana, entre ellos la garantía de toda persona a ser juzgada por un juez independiente e imparcial, consagrada en el artículo 8(1) de la Convención Americana, entre otros.44
48. En el campo de los derechos económicos, sociales y culturales, la corrupción tiene una incidencia muy importante, pues es uno de los factores que puede impedir al Estado “adoptar las medidas necesarias…hasta el máximo de los recursos disponibles…a fin de lograr progresivamente…la plena efectividad de”45 tales derechos. Al respecto, se ha señalado que “los recursos máximos disponibles no se utilizan tan efectivamente como sería posible hacia la plena realización de los derechos económicos, sociales y culturales cuando una porción sustancial de los recursos naturales van a la cuenta privada de un alto funcionario, o cuando la ayuda para el desarrollo es erróneamente gerenciada, utilizada o apropiada”.46
es “comprada”, la decisión que él toma se encuentra influenciada primariamente por hasta qué punto se enriquecerá personalmente. Por ejemplo, un gobierno obligado a tomar acciones deliberadas, concretas y dirigidas a lograr el nivel más alto y más estable posible de empleo puede ser convencido, a través de la corrupción, de escoger un proyecto enfocado más intensamente en el capital que otro enfocado con más intensidad en el empleo.47
51. El principio de no discriminación es fundamental a los derechos humanos, e implica que cada persona tiene derecho a recibir igual tratamiento por parte de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Al respecto, se ha señalado que existe discriminación cuando un funcionario público acepta dinero u otras gratificaciones de una persona, dado que ésta adquiere un status privilegiado en relación o otras personas que, en igualdad en las demás circunstancias, no han ofrecido tales gratificaciones, y reciben por ello un trato discriminatorio.48
52. También se han señalado puntos de convergencia entre la corrupción y otros derechos humanos, tales como el derecho a la libertad de expresión y los derechos políticos.49
56. De acuerdo con las anteriores consideraciones, la corrupción existente en Paraguay afecta seriamente la institucionalidad democrática y es un factor importante a tomar en cuenta al analizar la situación de los derechos humanos en el país. Como reconoció el Estado paraguayo al firmar y ratificar la mencionada Convención Interamericana contra la Corrupción, dicho fenómeno socava la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos. Asimismo, la corrupción debilita las instituciones democráticas, distorsiona la economía, vicia la gestión pública y deteriora la moral social.50
La Comisión hace votos para que las nuevas autoridades adopten todas las medidas para asegurar la vigencia plena del Estado Constitucional de Derecho. Entre tales medidas la Comisión recomienda al Estado paraguayo que designe al Defensor del Pueblo, que fue creado por el artículo 276 de la Constitución paraguaya, y cuya designación se encuentra pendiente. La CIDH considera que el nombramiento del Defensor del Pueblo es una medida importante para la protección de los derechos humanos en Paraguay.51
La Comisión observa con suma preocupación que transcurridos más de 7 años de promulgada la Constitución paraguaya de 1992, el Congreso Nacional aún no ha designado al Defensor del Pueblo (…). La Comisión considera que la labor del Defensor del Pueblo es fundamental para la protección y defensa de los derechos fundamentales de los paraguayos, especialmente de las personas de escasos recursos económicos, que suelen ser las que más sufren los rigores de las situaciones de violación a los derechos humanos (…). El nombramiento del Defensor del Pueblo es un compromiso constitucional, ineludible y perentorio, que los Senadores y Diputados paraguayos tienen con el pueblo paraguayo y con la comunidad internacional. La Comisión hace votos para que el Honorable Congreso paraguayo proceda a nombrar al Defensor del Pueblo paraguayo a la mayor brevedad posible.52

References: artículo 234
 artículo 8
 artículo 27
 artículo 261
 artículo 8
 artículo 276