Source: https://parcan.es/pub/ds.py/2012/26/1/
Timestamp: 2019-12-07 10:02:32+00:00

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Diario de Sesiones 26/2012, de fecha 7/3/2012 - Punto 1 - Parlamento de Canarias
Diario de Sesiones 26/2012, de fecha 7/3/2012 - Punto 1
· 7L/PPLP-0027 Debate de toma en consideración. Proposición de Ley, de iniciativa popular, para la Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad Pública en Canarias.
El señor presidente: Bien. Entonces, dado que modificaron el acuerdo de la Junta de Portavoces, vamos a iniciar el debate de la mañana con la toma en consideración de la Ley, de iniciativa popular, para la Defensa y Promoción de la Salud y la Sanidad en Canarias.
El secretario primero de la Mesa que dé lectura al informe del Gobierno. El secretario tiene la palabra, don José Miguel.
El señor secretario primero (González Hernández): Vamos a ver. Ahora.
La relación de promotores de esta iniciativa popular son don Esteban Lorenzo Rivero, don Carlos Suárez González, doña Alicia Silva de la Cruz, doña Isabel Aguilar Dorta, don Francisco Rodríguez Pulido, don Julio Fernando Sánchez Díez-Canseco, doña Monserrat Hernández López, don Jorge Bethencourt Marante, doña Ana Alonso González, don Arturo Borges Álamo.
Y el texto de la proposición de ley que, según el Reglamento, hay que leer es el siguiente -con la exposición de motivos incluida-: "La concepción más amplia y valiosa de la salud es aquella que la define como una forma de vivir que es autónoma, solidaria y gozosa y en armonía con el entorno social y medioambiental. Los estudios científicos muestran cómo los factores más importantes relacionados con la salud pública, la salud colectiva, tienen que ver sobre todo con lo que se conoce como los 'determinantes sociales de la salud', que son, al fin y al cabo, la causa fundamental del estado de salud de una sociedad. La seguridad y calidad del agua y los alimentos, la calidad de las condiciones de empleo y trabajo, la educación, el género, el medio ambiente, la migración, la cultura, la discapacidad, la protección social, la clase social, el urbanismo o la vivienda son los verdaderos definidores de la salud pública, y esto supone la necesidad ineludible de tratar todos estos temas desde la intersectorialidad y la mayor amplitud participativa y disciplinar.
La observación más frecuente y persistente de las investigaciones de salud pública es que, en líneas generales, cuanto más abajo se esté en la jerarquía social, definida en términos de trabajo, vivienda, educación, ingresos, o lo que sea, menor probabilidad se tiene de mantener una buena salud e inferior esperanza de vida. Los estudios sobre indicadores de salud atribuyen solo un 10% de los niveles de salud de la población a la actividad de los servicios médicos. El resto se debe a la genética, al estilo de vida, a la calidad del medio ambiente, a la disminución de la pobreza y, en general, a los programas y servicios de salud pública.
La salud, tal como la define la Organización Mundial de la Salud, es un derecho social y no una mercancía para las oportunidades de negocio. Nos manifestamos en el acuerdo y seguimiento de la legislación y normativas internacionales y europeas que promueven el carácter público, universal y de calidad de la promoción, la protección y las atenciones a la salud y de todos sus determinantes: la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Declaración de Alma-Ata, la Carta de Ottawa, la Carta Social Europea o las últimas recomendaciones de la propia Organización Mundial de la Salud, denunciando la mercantilización de la salud a través de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud.
La sanidad pública universal y de calidad ha sido la base fundamental para el desarrollo del Estado del bienestar y es, con la educación y los servicios sociales, uno de los pilares para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de una sociedad, pues supone el esfuerzo de las personas con más poder económico y más sanas para permitir la atención sanitaria de las que tienen menos y están enfermas.
A su vez, la OMS pide y propone el objetivo de acabar con las desigualdades en salud en una generación en todo el mundo. Consideramos las inequidades en salud como un indicador clave de la desigualdad y la injusticia social, una lacra que debemos y podemos superar.
En el mismo sentido, corresponde a los poderes públicos, el caso de la comunidad autónoma -entrecomillado-, 'promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud' -artículo 9.2 de la Constitución española-.
Es necesario evitar la excesiva medicalización de la sociedad. El abuso de tratamientos farmacológicos lleva aparejado un excesivo gasto sanitario, además de generar otros costos añadidos por efectos secundarios e indeseables. Es necesario desarrollar programas sanitarios alternativos que deberían ser de marcado carácter preventivo y rehabilitador, promoviendo el ahorro social en fármacos.
Negamos que el sector público de salud no sea sostenible. La financiación se ha de generar necesariamente desde las diversas fuentes del sistema fiscal, de una política fiscal que acentúe la progresividad, particularmente sobre las rentas del capital financiero, y de políticas activas de gasto sanitario y social que nos sitúen al menos en la media europea.
Por otro lado, la atención sociosanitaria es fundamental para poder garantizar una atención integral de las personas dependientes, bien por sufrir una enfermedad o accidente invalidante o al llegar a la vejez. La Ley 39/2006, conocida como 'Ley de la Dependencia', ha venido a sentar unas mínimas bases para corregir las insuficiencias del Estado de bienestar español, en la que se reflejan servicios de ayuda a las personas en situación de dependencia y a las familias. Su aplicación en Canarias es muy deficiente, procediendo que se satisfagan de modo urgente los derechos reconocidos en la misma.
Para desarrollar estos objetivos es imprescindible la participación social. Nos referimos a una forma nueva y activa de participar, la corresponsabilización, el respeto democrático a las diferencias, el compromiso de transparencia, con el seguimiento y participación de la ciudadanía. Los ciudadanos y ciudadanas, actuando en la salud y sus determinantes, son el agente imprescindible, el agente sociosanitario y de salud fundamental. En este sentido, los órganos de participación social en la gestión del Servicio Canario de la Salud deben funcionar, para que la ciudadanía pueda aportar respecto a la orientación y evaluación de los servicios sanitarios, como se establece en la Ley 14/86, General de Sanidad, y en la Ley 11/94, de Ordenación Sanitaria de Canarias. Además, en dichas normas, las atribuciones de los Consejos de Salud son puramente consultivas, como órganos de asesoramiento y sin darle a la participación comunitaria un carácter ejecutivo, un poder decisorio sobre la identificación de los problemas de salud, la determinación de prioridades de actuación, la asignación de recursos y la evaluación. También se precisa mejorar la representatividad social en dichos consejos, aumentando su peso en los mismos, así como contemplando la vía del sufragio universal. Por tanto, es necesario desarrollar la legislación sobre participación en dicho sentido, dentro del marco competencial de cada órgano legislativo.
Texto articulado de la proposición de ley.
Artículo 1 -¿sigo leyendo...? Sí, hay que leerlo, ¿no?-. Objeto. Derecho a la salud. Políticas públicas para la salud. La presente ley tiene por objeto impulsar la defensa y promoción de la salud y la sanidad pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, como garantía para hacer efectivo el derecho a la protección de la salud, reconocido en el artículo 43 de la Constitución. El derecho a la salud se vincula en su realización al ejercicio, entre otros, de los derechos a la igualdad, sin discriminación alguna ni exclusión, a la educación, al trabajo, a una vivienda digna, a la cultura física y ambiente sano.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, se deberá garantizar este derecho mediante la formulación coordinada de políticas públicas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales, así como mediante el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de la salud física, salud mental, salud sexual y salud reproductiva.
Se potenciará la calidad de los servicios públicos sanitarios y la calidez en la atención sanitaria y sociosanitaria prestada.
Artículo 2. Potenciación de las infraestructuras y programas de medicina preventiva y salud pública. Los programas y servicios de salud pública deberán ser gestionados por una única estructura administrativa, la Agencia Canaria de Salud Pública, con actividades básicas en cuanto a prevención y control de:
1. La higiene alimentaria y su relación con las principales causas de enfermedad y muerte y la salud bucodental, demanda acumulada e insatisfecha que, conforme a las recomendaciones de la OMS, ha de integrarse en los dispositivos de salud pública.
2. La salubridad ambiental y exposiciones asociadas epidemiológicamente a elevadas tasas de incidencia y mortalidad por cáncer en Canarias.
3. La siniestralidad en el lugar de trabajo y las enfermedades profesionales y relacionadas con la ocupación, así como la discapacidad que pudiera derivarse. La salud laboral debe estar integrada en los dispositivos de salud pública y no a cargo de las mutuas laborales.
4. Los programas de prevención y promoción de la salud deben ser sistemáticos, evaluados y con incorporación de la población en sus estrategias a través de la participación en el Consejo Canario de Salud Pública. Dicho consejo deberá emitir informe preceptivo de evaluación del impacto en salud de todas las políticas desarrolladas por las administraciones públicas, de acuerdo con el concepto de intersectorialidad y para conseguir que las políticas públicas sean saludables.
Los programas y servicios de salud pública contarán con un presupuesto acorde a su importancia para los niveles de salud de la población y que no se corresponde con el actual.
Artículo 3. Atención Primaria y Especializada extrahospitalaria. Se priorizará en la planificación sanitaria pública, potenciándose adecuadamente la Atención Primaria y Especializada en el ámbito extrahospitalario, con la dotación de los recursos materiales y humanos que sean necesarios para su efectiva prestación, tendiendo a la igualación presupuestaria con la Atención Especializada hospitalaria. Contarán aquellas con ratios de personal equiparadas a la media del Estado español.
Artículo 4. Atención a las drogodependencias. La atención a las drogodependencias se integrará en el sistema público sanitario y en la red especializada de salud mental, tanto en su organización como en sus niveles asistenciales.
Artículo 5. Salud mental, cuidados paliativos y de geriatría.
1. El Servicio Canario de Salud integrará adecuadamente en su planificación sanitaria, promoverá y potenciará los programas y servicios comunitarios de salud mental, así como los programas de cuidados paliativos y de geriatría en los distintos niveles asistenciales, favoreciendo la atención domiciliaria. En el caso de los hospitales de crónicos, se asumirá la gestión directa por parte del Servicio Canario de Salud, con la consiguiente aplicación de las ratios de personal propias del mismo.
2. Dichos programas se formularán con la participación activa de las asociaciones y colectivos de familiares de pacientes afectados.
3. La atención sociosanitaria a las personas dependientes y los derechos contemplados en la Ley de Dependencia formarán parte de la atención integral a las mismas.
Artículo 6. Plan Integral de Urgencias y Emergencias. Que aborde los problemas existentes y que recoja las objetivas reivindicaciones de sanitarios y usuarios, mediante la participación activa en su elaboración desde los órganos de participación social. Para las islas no capitalinas y para las poblaciones en las que se justificara por la lejanía de servicios de urgencias, es necesario garantizar la presencia física durante las veinticuatro horas del día de un médico/a y un enfermero/a en los centros de salud.
Artículo 7. Profesionalización de los gestores sanitarios. Debiéndose separar las responsabilidades políticas de las administrativas. También deberá reducirse el número de altos cargos que está por encima de la media estatal. Incompatibilidad entre la gestión de centros públicos y el servicio a la sanidad privada.
Artículo 8. Fomento de la participación ciudadana.
1. Se garantiza la participación activa y protagónica de la ciudadanía y la comunidad en la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de las políticas públicas y servicios sanitarios a través de los órganos previstos legalmente y aquellos otros que se establezcan.
2. El Plan de Salud de Canarias incluirá un programa para el fomento permanente de la participación ciudadana y comunitaria en el sistema público de salud que garantice su efectiva participación y una mayor transparencia en la gestión.
3. Se crea un Observatorio Social de la Salud en Canarias, como organismo adscrito al Servicio Canario de Salud y dependiente del Consejo Canario de Salud, formado íntegramente por organizaciones sociales y expertos designados por aquellas, encargado del análisis y estudio de la realidad sanitaria en las islas, así como de la formulación de propuestas para la mejora del sistema.
Disposición adicional primera. Declaración de urgencia de la construcción, dotación y puesta en funcionamiento de los hospitales comarcales públicos de la isla de Gran Canaria, con todas las especialidades que se contemplan para un hospital de segundo nivel. Serán de exclusiva titularidad pública, garantizándose también un modelo de gestión público para los mismos.
Disposición adicional segunda. Declaración de urgencia de la construcción, dotación y puesta en funcionamiento de los hospitales comarcales públicos de la isla de Tenerife, con todas las especialidades que se contemplan para un hospital de segundo nivel. Serán de exclusiva titularidad pública, garantizándose también un modelo de gestión público para los mismos. Para ello es necesaria la derogación de las leyes 3/2000 y 4/2000 del Parlamento de Canarias.
Disposición adicional tercera. Por la que se constituye la Comisión de Control de los Conciertos con el sector privado, dependiente del Consejo Canario de la Salud. Y, siendo las listas de espera y la transferencia de dinero público al sector privado -conciertos- algunos de los obstáculos para que la libertad e igualdad de las personas en Canarias, en el ámbito de la sanidad, sean reales y efectivas, es por lo que los centros, servicios y establecimientos de entidades privadas en toda la Comunidad Autónoma de Canarias dejarán de ser objeto, progresivamente, de conciertos o convenios singulares, dedicándose cada vez más los fondos públicos a los centros del sector público para reducir las listas de espera e incrementar la calidad de la atención.
Mientras esto se lleva a la práctica, se debe delimitar claramente el papel del sector privado, evitando la descapitalización del sector público y la financiación tecnológica encubierta de los centros privados. Para garantizar la calidad de sus tratamientos, se establece la acreditación periódica de los centros y empresas privadas con los que el sector público ha establecido conciertos, exigiéndoseles los mismos parámetros de calidad que al sector público.
Disposición adicional cuarta. Se potenciarán los programas públicos de fisioterapia y los correspondientes a la denominada por la OMS como medicina complementaria y alternativa, que deberá contar con unidades asistenciales públicas, de forma progresiva, en el Servicio Canario de la Salud.
Disposición adicional quinta. Se crearán los centros sociosanitarios públicos necesarios y, mientras eso se materializa, se supervisará la calidad del servicio prestado por los centros y plazas concertadas con dinero público, a cargo de la Comisión de Control de los Conciertos con el sector privado, dependiente del Consejo Canario de la Salud.
Disposición adicional sexta. La Ley 39/2006, conocida como Ley de Dependencia, ha venido a sentar unas mínimas bases para corregir las insuficiencias del Estado de bienestar español, en lo que se refiere a ayudas a las personas dependientes y a las familias. En Canarias debe establecerse un plan de inversiones que dé cumplimiento a lo contemplado en la Ley 39/2006, en cuanto a las prestaciones y servicios.
Disposición adicional séptima. Constitución y funcionamiento de los consejos de salud y demás órganos de participación comunitaria. Aquellos consejos de salud y demás órganos de participación comunitaria para la consulta y el seguimiento de la gestión de la prestación sanitaria y de los servicios, centros y establecimientos del Servicio Canario de Salud, creados por la Ley 11/1994, de Ordenación Sanitaria de Canarias, que no se hayan constituido o no estén funcionando regularmente, deberán, en el plazo de 30 días desde la fecha de entrada en vigor de la presente ley, constituirse y ser convocados para el ejercicio regular y efectivo de sus competencias. Conforme al reglamento del Servicio Canario de la Salud, deberán funcionar de acuerdo a la reglamentación interna que elaboren y aprueben tras su constitución. En tal sentido, se deberá garantizar en dicha reglamentación interna que las convocatorias sucesivas de los consejos podrán realizarse de modo suficiente por el 50% de los vocales.
Disposición derogatoria. Quedan derogadas las normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en la presente ley.
Disposición final. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias".
Respecto a la relación de los miembros de la comisión promotora, la hice al principio.
Respecto al informe del Gobierno, el Gobierno no se ha pronunciado sobre la proposición de ley. Entonces pasamos a su debate.
Como establece el Reglamento, en primer lugar corresponde a la comisión promotora la presentación de la proposición de ley de iniciativa popular y le damos la bienvenida a don Arturo Borges Álamo y tiene su turno.
El señor representante de la Comisión Promotora (Borges Álamo): Señoras y señores, diputadas y diputados.
Es un honor y una gran responsabilidad comparecer ante ustedes como portavoz para la defensa de la proposición de ley de iniciativa popular y de sus casi 25.000 firmantes, mujeres y hombres de todas y cada una de nuestras islas.
La salud pública debe abordarse desde la perspectiva poblacional y, por tanto, basarse en la responsabilidad de las comunidades sobre su propia salud. En este sentido, la importancia y la oportunidad de una iniciativa legislativa popular al respecto de la salud y la sanidad pública en Canarias no debe menospreciarse. Es más, reivindicamos la participación ciudadana como supervisión diaria, con carácter decisorio, tanto en el proceso legislativo como en cualquier otra esfera de actividad de una sociedad verdaderamente democrática.
Para empezar, es obligado hablar de los determinantes de la salud poblacional, es decir, de las condiciones de vida y trabajo, en las que intervienen de modo decisivo las llamadas políticas públicas intersectoriales de las administraciones, en lo que se refiere al desempleo, la pobreza, la malnutrición, la carestía, el deterioro medioambiental, la vivienda insalubre, los riesgos laborales, la higiene alimentaria, la contaminación, la violencia machista y los derechos de las mujeres, la asistencia sanitaria, la educación, los servicios sociales, etcétera.
En todos estos aspectos, la población canaria registra malos indicadores. No es extraño, pues, que malo sea nuestro nivel de salud pública, que además, en cuanto a su abordaje por parte del sistema sanitario, también deja mucho que desear. Baste con decir que del presupuesto sanitario solo les llega el 1% del mismo a las actividades profesionales de salud pública, en el conjunto de la sanidad.
La situación de salud de la población canaria se caracteriza por tener una prevalencia del 33,9% de hipercolesterolemia, frente a la media estatal del 23%, siendo la primera en mortalidad cardiovascular de todo el Estado español, y, asimismo, tiene una de las cifras más altas de incidencia y mortalidad por cáncer de mama. También registra una mortalidad por diabetes dos veces y media mayor que la media estatal, sufriendo la población canaria por esta enfermedad el triple de complicaciones. Además, el 24,4% de la población canaria padece el síndrome metabólico, es decir, obesidad, diabetes e hipertensión, que termina, entre otras manifestaciones, por llevar a la necesidad del trasplante renal. Un éxito de la medicina pero un fracaso de la salud pública.
Por otro lado, se incrementan los trastornos mentales y las adicciones, como respuesta especialmente sensible ante el deterioro de la realidad económico-social.
Todo esto está empeorando con los recortes que se están aplicando, cuando lo que realmente se necesita es una financiación suficiente a corto plazo que permita garantizar una dotación adecuada de los servicios sanitarios públicos para paliar las consecuencias que está teniendo en la salud el empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de la población. Puede calcularse que el desempleo producirá en el conjunto del Estado un exceso de mortalidad, entre las 1.500 y las 4.000 personas al año, y una disminución de la esperanza de vida, se calcula un 0,3% de disminución por cada 3% de incremento del paro. Por tanto, se precisan políticas activas de empleo y no reformas laborales que destruyan empleo.
En los últimos tres años, se han recortado más de 400 millones de euros, conllevando, entre otras consecuencias, el cierre de camas hospitalarias, de quirófanos de tarde, suspensión de consultas de especialistas y aumento del déficit de personal al no renovar el contrato a muchos trabajadores. Con ello se han disparado unas listas de espera que ya eran las más largas del Estado, así como el colapso de los servicios de urgencias, potenciándose la dificultad para atajar el creciente número de suicidios entre la población. Todo esto se suma a la tendencia de aumento de la mortalidad. No obstante, las intervenciones del sistema de salud son parches o paños calientes. Es necesario abordar las causas o determinantes del enfermar, citadas anteriormente. Y también la causa última, la causa de las causas: un sistema capitalista que en su modalidad ultraliberal, la de los llamados mercados, y en las vertientes económico-social y ambiental, está empeorando a marchas forzadas la salud de la población en todo el planeta. De otra forma no podremos evitar ni la enfermedad ni la medicalización de la vida cotidiana, con el consiguiente incremento de la carga asistencial y encarecimiento de la sanidad.
Este círculo infernal solo se podrá superar mediante políticas intersectoriales saludables que le pongan coto a las tendencias que se están imponiendo por el ultraliberalismo capitalista, del que forman parte destacada las multinacionales farmacéuticas y las industrias de tecnología sanitaria. A medio y largo plazo será la prevención mediante dichas políticas intersectoriales la que pueda permitir un cambio del modelo de atención a la salud, desde el predominio de la medicina asistencial a un modelo preventivo de salud pública, que entre otras cosas será mucho menos costoso monetariamente y con muchos menos efectos adversos para la salud. Mientras tanto, podemos decir que la primera y más urgente política saludable debe ser una política fiscal que procure la señalada financiación adecuada, que tiene que ser finalista, es decir, específica para la sanidad, que se ha de generar desde las diversas fuentes del sistema fiscal, de la lucha contra el fraude, que en Canarias es un 10% superior a la media estatal, de una política fiscal de impuestos directos progresivos sobre las rentas superiores, para las grandes empresas, de sucesiones, sobre el patrimonio, sobre el juego, el alcohol, el tabaco, etcétera.
Las comunidades autónomas tienen autoridad fiscal y pueden introducir impuestos. También en Canarias se podría habilitar dinero de la RIC. Eso permitiría una inversión sanitaria más acorde con las necesidades de asistencia sanitaria actuales de nuestra población. Evidentemente, las medidas en este terreno de la financiación no pueden pasar por la implantación de algún tipo de copago al usuario, que supondría el incremento de las desigualdades sociales en la salud, ya que afectaría a los que más necesitan la sanidad y cuentan con menos recursos.
Se puede obtener una mejoría racionalizando el gasto, es decir, evitando el despilfarro que puede haber y reorientando la inversión de esos recursos. En este sentido se puede ahorrar y reinvertir mucho dinero del gasto farmacéutico innecesario, un tercio del consumo de los mayores de 65 años; del gasto innecesario en tecnología, la tercera parte de los estudios radiológicos; de las consultas hospitalarias, mucho más caras, potenciando las consultas en Atención Primaria de seguimiento de pacientes supervivientes de cáncer con bajo riesgo de recaída; de la reducción de la frecuentación a urgencias hospitalarias, aplicando estrategias de educación, y potenciación de la red de urgencias de Atención Primaria, mucho menos costosas; de la reducción de la hospitalización innecesaria, que reduciría las listas de espera, en cuanto a reacciones adversas a medicamentos potencialmente prevenibles, estancias preoperatorias innecesarias, retrasos en el alta, demoras en exploraciones diagnósticas durante el ingreso, cirugías con ingreso innecesario, así como ingreso de pacientes crónicos en hospitales de agudos, en vez de incrementarse los centros de crónicos.
Una tendencia que el capitalismo ultraliberal va imponiendo de un modo cada vez más marcado es la de convertir la asistencia sanitaria en un muy lucrativo negocio en manos privadas, desmantelando para ello la sanidad pública. En Canarias la privatización ha avanzado a golpe de concierto, creciendo de modo escandaloso el negocio de la sanidad privada, siempre con el argumento de que mientras no crezcan las infraestructuras públicas el apoyo de los hospitales privados seguirá siendo imprescindible. Esa es la coartada permanente para justificar la política de conciertos, a la que se han ido más de 415 millones de euros en los dos últimos años, y lo que ha impedido que el dinero público sirviera para dotarnos de las infraestructuras de calidad necesarias, en vez de para el florecimiento de la sanidad lucrativa privada. Cabe resaltar que la media española de camas en la sanidad privada es de 6,88 por 10.000 habitantes; en Canarias es de 14,30 camas. ¡Más del doble!
No existe una acreditación mantenida de los servicios concertados bajo parámetros de calidad. Lo que nos demuestra la práctica es que la participación privada en el sistema sanitario disminuye la calidad asistencial. El intento de privatización del sistema público introduciendo empresas con claro ánimo de lucro, dado que ese es su cometido al fin y al cabo, descapitaliza y va en detrimento de este, rompiendo sus estructuras y financiación. Esta penetración del sector privado en la sanidad termina trasladando a los usuarios los gastos del sistema, promoviendo las aseguradoras privadas y extiendo el uso de los recursos privados.
En cuanto a la atención sociosanitaria, fundamental para poder garantizar una atención integral e integrada de salud a las personas dependientes, estamos a la cola de todo el Estado en prestaciones y en servicios y en el cumplimiento de la Ley de Dependencia, como ha declarado el VIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia, que señala que la situación del archipiélago es la más preocupante, puesto que en varias ocasiones no ha superado la puntuación de medio punto sobre 10 posibles.
Finalmente, señalamos que en el VIII Informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública del año 2011 Canarias es la segunda comunidad autónoma con los servicios sanitarios más deficientes de todo el Estado. Y ante ello volvemos a preguntar: ¿qué fue del llamamiento a un gran pacto social por la sanidad pública del presidente Rivero? ¿Ha llegado por fin la hora de que todas las fuerzas políticas presentes en este Parlamento de Canarias vayan a arrimar el hombro para afrontar de modo conjunto la lamentable situación de salud y de asistencia sanitaria, descrita someramente, como expresión de un consenso que ha de estar por encima de posiciones partidistas y que es básico para la salud y bienestar de la población canaria o, por el contrario, si cabe esperar un incremento de los recortes y privatizaciones tras la presentación de los Presupuestos del Gobierno de Rajoy el próximo 30 de marzo? Tal cosa sería otra enorme agresión, como la de la reforma laboral, que no podremos ni deberemos soportar.
En los dos primeros artículos de la proposición de ley se introduce el concepto y el contenido de la salud en todas las políticas, apostando por una auténtica prevención en el origen de la enfermedad. En Canarias, al contrario de otras comunidades autónomas, no existe ley de salud pública y, tras la entrada en vigor el 6 de octubre de 2011 de la Ley estatal de Salud Pública, nos toca concretar nuestra organización y funcionalidad en dicho terreno. Para ello es fundamental una gestión y coordinación de programas y servicios de salud pública, entre comunidad autónoma, cabildos y ayuntamientos, en una agencia canaria de salud pública, que institucionalice y garantice la mencionada estrategia de salud en todas las políticas, que implica el compromiso para introducir la dimensión de la salud en las políticas sectoriales: económicas, laborales, sociales, culturales, educativas y ambientales. Para ello la metodología recomendada por la Organización Mundial de la Salud es la solicitud de una evaluación del impacto en la salud ante cualquier proyecto legislativo, por si pudiera ocasionar efectos adversos en la salud. En el artículo 2.4 proponemos que sea en un consejo canario de salud pública donde se institucionalice dicha evaluación. Desde el mismo, la Consejería de Sanidad, con participación por parte de la población, deberá asesorar a otras consejerías sobre promoción de la salud y adopción de políticas públicas saludables. Será de obligada consulta cuando se elaboren leyes y reglamentos, así como cualquier tipo de intervención que pudiera causar un impacto negativo significativo sobre la salud. También debería ocuparse de la actualización del Plan de Salud de Canarias, para lo que es necesario realizar una evaluación de las desigualdades en salud, analizando los diferentes aspectos que están influyendo en las mismas -nivel socioeconómico, género, territorio, políticas sanitarias, políticas económicas y laborales, etcétera- para poder desarrollar estrategias adecuadas para su reducción.
Pone el acento nuestra propuesta en diversos aspectos de la asistencia sanitaria pública: la Atención Primaria y Especializada extrahospitalaria, los programas y servicios comunitarios públicos de atención a las drogodependencias, la salud mental, los cuidados paliativos y de geriatría, los centros de pacientes crónicos, un Plan integral de urgencias y emergencias, así como programas de fisioterapia y unidades de medicina complementaria y alternativa. También reclamamos auténticos hospitales comarcales resolutivos, con todas las especialidades que se contemplan para un hospital de segundo nivel, cosa de la que carecen los proyectos actuales. Consideramos que deben ser de exclusiva titularidad pública, garantizándose también un modelo de gestión público para los mismos. También consideramos absolutamente necesario controlar la acreditación de los centros privados con los mismos parámetros de calidad del sector público, mientras se revisan y reducen progresivamente los conciertos con la sanidad privada, a cargo de una comisión dependiente del Consejo Canario de la Salud, dedicándose cada vez más los fondos públicos a los centros del sector público.
En cuanto a la gestión sanitaria, proponemos la profesionalización de la misma, eliminado su carácter de figura política del partido gobernante de turno en la Consejería de Sanidad, y debiendo ser totalmente incompatible con la prestación de servicios a la sanidad privada.
Respecto a la atención a la dependencia, consideramos que es absolutamente exigible una equiparación en la aplicación de la Ley de Dependencia a comunidades como el País Vasco o Castilla y León, que han obtenido la excelencia en la aplicación de la misma. Otra cosa es que, además de esa necesidad imperiosa, con la moratoria de un año para nuevas categorías beneficiarias de dicha ley tras el acceso del Partido Popular al Gobierno central, se haya entrado en una fase en la que, si hiciéramos una evaluación del impacto en salud de esta medida, sería más que patente su repercusión negativa en la salud, tanto de las personas dependientes como de las cuidadoras.
Por último, apostamos por una participación ciudadana, con carácter decisorio, a través de los consejos de salud, que, si bien están previstos legalmente, aunque solo con carácter consultivo, generalmente no existen y en los pocos casos en que se constituyeron...
El señor presidente: Don Arturo, mire, procure ir terminando. Vamos a darle tres minutos para que... Muy bien, pues, termine.
El señor representante de la Comisión Promotora (Borges Álamo): A pesar de estar previstos legalmente los consejos de salud, aunque solo con carácter consultivo, generalmente no existen y en lo pocos casos en que se constituyeron fueron inutilizados, por acción u omisión de la Administración sanitaria.
Para terminar, queremos decir que nos parece fundamental la oferta que se nos hizo por todos los portavoces de Sanidad el pasado 15 de febrero, en el sentido de que esta proposición de ley dé origen a un proceso de coordinación y articulación de propuestas para la mejora de la situación actual y para el cambio del modelo de atención a la salud. Así pues, creemos que no debe zanjarse nuestra proposición con la presentación y debate de enmiendas, sin el desarrollo del referido proceso, en el que participemos expertos, sociedades científicas, asociaciones de pacientes y usuarios, organizaciones profesionales, sindicatos y la Consejería de Sanidad.
También es importante la aportación de la Oficina de Defensa de los Derechos de los Usuarios Sanitarios y del Diputado del Común en cuanto a reclamaciones y quejas de la ciudadanía. Todo ello en la comisión competente para la tramitación de esta proposición de ley, que sería la que organizara dicho trabajo de consenso. Posteriormente, se deberá realizar el seguimiento de la aplicación de lo acordado en la ley resultante mediante una serie de indicadores. Podría corresponderse esta labor de seguimiento con la propuesta contenida en la proposición de ley de creación de un Observatorio Social de la Salud en Canarias, encargado del análisis y estudio de la realidad de salud de las islas, así como de la formulación de propuestas para la mejora de la misma.
El señor presidente: Muchas gracias a don Arturo Borges, que ha hecho la presentación de la proposición de ley de iniciativa popular, en nombre de la Comisión Promotora.
Para fijación de posiciones, los grupos parlamentarios.
Al portavoz de la Comisión Promotora de esta iniciativa legislativa, pues, agradecer la iniciativa, a él y a los que han suscrito este planteamiento, porque creo que contribuye a que esta institución mejore su legitimación y mantengamos una mejor conexión con la ciudadanía. Creo que la participación política no se puede quedar exclusivamente en los procesos electorales sino que instrumentos como este son útiles para enriquecer la labor de esta Cámara y además contribuyen a mantener conexiones entre la Cámara y los ciudadanos en asuntos de interés generales, como sin duda ninguna promueve esta iniciativa legislativa. Por tanto, agradecer la iniciativa, felicitarles por ello, porque me consta que para hacer posible una iniciativa de estas características hay que sacar tiempo privado, dedicarse a los demás, preocuparse por asuntos colectivos y a mí me parece eso siempre bueno y más en este momento de la sociedad en la que vivimos.
No siempre esta Cámara consideró las iniciativas legislativas populares, ni siquiera en su toma de consideración. Ha habido varias iniciativas que decayeron antes de su toma en consideración y a mí me parece, a mi grupo le parece, que de entrada, reuniendo los requisitos, es razonable, es bueno, es un derecho de la gente, el que sus iniciativas legislativas se consideren por esta Cámara, aunque, como no puede ser de otra manera, la última palabra sobre lo legislado la tienen los hombres y mujeres que aquí representamos a los ciudadanos de Canarias, de forma democrática. También aprovecho para decir -y siempre me lo oirán decir- que este es un Parlamento estrictamente democrático, más plural que el anterior, pero yo sostengo y defiendo que en este Parlamento todavía cabe más gente, si tenemos un sistema electoral más justo y más democrático, que es una de las asignaturas pendientes. Que esta comunidad tiene un sistema electoral que no garantiza el pluralismo, un sistema electoral que excluye a ciudadanos que en otras latitudes de sistemas democráticos asimilables tienen mecanismos más fáciles, tienen barreras más razonables, para hacer posible aquí la representación de la diversidad de una sociedad compleja, como es la sociedad canaria.
Aprovecho, por lo tanto, para decir que también es una tarea de esta Cámara mejorar ese sistema de representación, el sistema electoral, que posibilite que en esta Cámara estemos hoy cinco fuerzas políticas pero que seguramente, en un sistema más democrático, habría más gente que representara a más diversidad de sensibilidades.
Por lo tanto, reconocer ese tema y adelantar, aunque ya lo sabe la Comisión Promotora, que nosotros votaremos a favor de la toma en consideración de esta iniciativa, por convicción democrática, sin perjuicio del contenido concreto, que será sometido a discusión, evidentemente, en el trámite parlamentario.
Aprovecho la intervención del portavoz de la comisión para reconocer en su discurso, especialmente en lo que pudiera ser la parte positiva del proyecto de ley, pues, un alto nivel de coincidencia. Los niveles de salud de cualquier colectividad están esencialmente determinados por el desarrollo, por el nivel de vida, por el bienestar. Desde la vivienda al empleo, desde la educación a los servicios sanitarios, la democracia y las libertades son elementos básicos para conformar el estado de salud de las personas y de las colectividades. El mejor favor que podemos hacer a la salud individual y colectiva es construir una sociedad democrática, libre, progresista y justa, y ese es un tema que es determinante para los estados de salud de la colectividad. Y ese es un planteamiento en el que algunos, que ya peinamos canas, venimos trabajando, en materia sanitaria, desde hace ya unas cuantas décadas. El sistema de salud debe contribuir a mejorar las condiciones de salud de la ciudadanía, pero sabemos que lo que lo determina son las condiciones de vida, los niveles de desarrollo, los niveles de redistribución de la justicia y, en definitiva, las libertades y la democracia, que también contribuyen a ello.
Pero hemos de contextualizar este debate, y por eso yo creo que es oportuno, en el momento en el que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento de una llamada crisis económica, que aquí hemos identificado y discutido en los últimos meses de forma reiterada, y lo seguiremos haciendo porque desgraciadamente los problemas continúan, que está saldándose esta crisis económica con un cuestionamiento de derechos, con un cuestionamiento de servicios, con un cuestionamiento de conquistas que parecían ya inalterables. Y me refiero a que las decisiones que en política económica están orientando los gobiernos de la Unión Europea y también el Gobierno español están sacrificando derechos conquistados, están sacrificando servicios públicos básicos, en los que estamos retrocediendo de manera notable. Un ejemplo es el sistema sanitario público español y el ejemplo más claro, si me apuran, el sistema sanitario público canario, que está no solamente en un proceso de estancamiento en su funcionamiento y en la prestación de sus servicios, sino que estamos retrocediendo. Ya no solamente no hemos conquistado objetivos que se programaron hace décadas en relación a los niveles de salud y de servicios que precisa la ciudadanía, sino que estamos retrocediendo, y hay un parámetro que no es el único pero que determina los resultados, que es la evolución del compromiso de gasto fiscal con la sanidad: el presupuesto. Y hay que decir que en el año 2010 perdimos 73 millones de euros, el 2,5% de la financiación del sistema sanitario; que en el año 2011 perdimos 308 millones de euros, que es más del 11% del presupuesto sanitario, y que en este año en curso, y todavía no tenemos todas las malas noticias sobre la mesa, con el análisis que nosotros hacemos, a pesar de una subida de 65 millones de euros, en términos netos, del presupuesto aprobado, pero, como conocemos que hay un desplazamiento de una parte de las facturas de farmacia al año siguiente, nosotros sostenemos que el presupuesto pierde 95 millones de euros, el 3,4% del presupuesto efectivo. Es decir, que en los últimos tres años hemos perdido 470 millones de euros en materia de sanidad, que es un 17% acumulado.
Si a eso le añadimos que somos la comunidad que está a la cola en gasto per cápita, estamos haciendo de tripas corazón. Con estos recursos, al margen de lo discutibles que puedan ser los modos de organizarse y gestionar el sistema sanitario público, es evidente...; el esfuerzo que hace el sistema fiscal en relación al sistema sanitario público, gratuito y universal que tenemos es claramente insuficiente y está poniendo en entredicho su supervivencia, su calidad y, por lo tanto, el nivel de legitimación que necesita con la ciudadanía. Las tensiones en el sistema sanitario en estos momentos, en todos los servicios, de manera más evidente en los servicios asistenciales de Primaria y de Especializada, son claros. Los que tenemos vínculos al sistema, de orden profesional y afectivo, y seguimos con detalle su evolución, sabemos que el proceso de deterioro está siendo severo, está siendo serio. Los niveles de desmotivación de los profesionales se palpan en los pasillos de los hospitales, en las áreas de urgencia y cuando te los encuentras por las calles. No solamente no hemos avanzado lo debido en esta materia sino que estamos retrocediendo. Está en cierto nivel, sin alarmar, de riesgo el futuro del sistema sanitario.
Y a todo esto se añaden las incertidumbres que en materia económica se ciernen en el futuro. El acuerdo ayer del Consejo de Política Fiscal y Financiera, fijando el 1,5% de déficit para las comunidades, además de ser injusto, tiene consecuencias, y tiene consecuencias sobre esto: sobre la sanidad, sobre la educación, sobre los servicios sociales, sobre el bienestar, sobre la calidad de vida de la gente. La distribución... -ustedes saben que yo siempre aprovecho la tribuna para hablar de las cosas de comer, y estas son las cosas de comer-, el 5,8% de déficit que se ha decidido -y me parece mejor que el 4,4, mucho mejor, y lo hemos dicho aquí algunos desde antes del 20 de noviembre-, ese 5,8 está distribuido de forma injusta. La estructura del gasto público en España es la siguiente: casi el 20% en la Seguridad Social; el 21% en la Administración General del Estado; casi el 40% en las comunidades autónomas; y el 11%, los ayuntamientos. Pero no se distribuye el déficit conforme al peso de cada sector de las administraciones públicas. La Administración General del Estado se queda con lo sustancial y, por lo tanto, deteriora a las comunidades autónomas, que son las que tienen que soportar -afortunadamente- la gestión de los servicios básicos.
Por lo tanto, que seamos conscientes de que no solamente estamos con un presupuesto claramente por debajo de las necesidades, por debajo de la media, por debajo de lo que sería deseable, sino que es altamente previsible que la Ley de Presupuestos que se apruebe el próximo mes de marzo recorte los ingresos de esta comunidad de manera significativa. Porque el problema no solo está en el déficit, ¡el problema está en los ingresos!, y los ingresos serán menores, porque menor va a ser la recaudación, porque menor va a ser la financiación autonómica, porque menores van a ser los convenios que paralelamente ayudan a la financiación de las comunidades.
Por lo tanto, destaco y aprovecho para trasladarles esta reflexión a los promotores: no solamente estamos mal sino que podemos estar peor si no se pone remedio a una política económica injusta, que hace recaer todos los palos de la crisis sobre los más débiles, sobre los servicios públicos, sobre los trabajadores, sobre las clases medias, sobre las pequeñas y medianas empresas. Y esto está muy vinculado y en la exposición de motivos de este texto de iniciativa legislativa popular se expresan con claridad cuáles son los orígenes de los problemas de salud de los ciudadanos, de la sociedad.
Hago una última consideración sobre el modelo y la organización de los servicios sanitarios. Aquí hay mucha controversia, mucha literatura y mucha experiencia diversa. Yo no me voy a detener en ello porque vamos a tener oportunidad en el proceso de tramitación de discutir. Primero tendremos que delimitar qué cosas son propias del sistema sanitario, en los términos, las reglas que tenemos en el Estado español y en Canarias, y ahí el Consejo Consultivo, seguro, nos va a ayudar a delimitar la estructura competencial y qué áreas de responsabilidades le son propias al sistema sanitario. Y, por lo tanto, ahí hay un margen, digamos, de precisión que veremos en el proceso de tramitación. Pero lo que es indudable es que, además de los recursos que se destinen al sistema sanitario, es muy importante el modelo de cómo se organiza, de cómo se gestiona, de cómo participan los ciudadanos, de cómo se profesionaliza a los dirigentes. Estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo en que tenemos que ir a un proceso de profesionalización de los dirigentes, de los gestores de los servicios sanitarios, porque gestionar servicios sanitarios es una especialidad muy compleja, muy difícil y, por lo tanto, tenemos que buscar mecanismos -y hay ejemplos por el mundo- que nos ayuden a buscar un mecanismo de profesionalización que aleje las cuotas en la designación de los agentes operativos, digamos, del sistema sanitario. De la misma manera del peso del primer nivel del sistema, de la Atención Primaria, o del peso de las políticas de promoción o de prevención a la salud, etcétera. No me voy a detener, no hay tiempo, no toca hoy, lo haremos en el proceso de tramitación del proyecto de ley.
Lo que sí le digo a la Comisión Promotora es que el grupo que represento está abierto a mantener los contactos y el intercambio de opiniones que se considere oportuno para que en el proceso de tramitación parlamentaria hagamos una ley ajustada a la estructura competencial de esta comunidad, ajustada a lo que debe ser el papel del sistema sanitario, ajustada también a las posibilidades que tiene esta comunidad, que no son muchas, porque no vamos a resolver los problemas de financiación del sistema con una ley. Se tienen que resolver en el terreno de la política, y en el terreno de la política tenemos, como hemos dicho aquí en más de una ocasión, que exigir una revisión a fondo del sistema de financiación autonómica, porque fue profundamente injusto y el que les habla lo denunció desde el primer minuto de forma reiterada e insistente y en solitario. Es cierto que ahora somos más y yo me alegro de que hoy todos defendamos un sistema de financiación más justo, mejor distribuido y que respete las singularidades de este territorio. Vamos a defender, aunque yo siempre he tenido dudas conceptuales sobre este planteamiento, lo que aquí se ha dado en llamar la deuda sanitaria. Ya me han oído a mí decir más de una vez en esta tribuna que no entiendo bien a qué se refieren, pero se ha aprobado y nosotros lo hemos votado. De manera que nos sumamos a la exigencia de los 1.400 millones de la deuda sanitaria generada por la Administración del Estado con esta comunidad. Insisto, aunque este es un tema, desde el punto de vista del concepto y del sistema de financiación -que yo creo razonablemente conocer-, difícil de encajar. De manera que habrá que pelear por destinar más recursos al sistema sanitario canario...
El señor presidente: Muchas gracias. Sí, sí, tiene un minuto.
El señor Rodríguez Rodríguez: Y acabo con un tema fundamental: además del impacto que la crisis tiene sobre los servicios públicos y sobre los derechos, además de la discusión que algunos hacemos de la política que ha orientado la Comisión Europea y el Gobierno español frente a la crisis, nosotros creemos que uno de los remedios es el sistema fiscal. Nadie ha inventado nada más perfecto que un sistema fiscal para contribuir a las políticas públicas y el sistema fiscal en España es injusto, es poco progresivo. Pagan más las rentas del trabajo que las rentas del capital y hay margen para exigir que paguen los que no pagan, que paguen más los que más tienen. Y esto se puede hacer, se debe hacer, lo vamos a tener que hacer, algunos más tarde de lo que debieran, pero es necesario tocar la fiscalidad en este momento tan difícil para salvar, para preservar servicios esenciales. El de la sanidad es uno de ellos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Jesús.
El señor Morera Molina: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Buenos días a las personas que nos visitan hoy, que espero que se sientan, pues, como en su casa.
Quisiera comenzar esta intervención con el primer párrafo del preámbulo de la Ley 33/2011, la Ley General de Salud Pública, aprobada en los últimos momentos del Gobierno socialista, en octubre del pasado año, y que coincide ampliamente con el primer fragmento de la exposición de motivos de la proposición de ley de iniciativa popular que hoy debatimos -y abro las comillas-: "Los servicios sanitarios resultan imprescindibles para dar respuesta a los problemas de salud de la colectividad, pues consiguen atenuar los perjuicios de las enfermedades y permiten que se pueda recobrar la salud perdida y mejorar la calidad de vida de las personas enfermas. Pero no es el dispositivo asistencial el primer condicionante de nuestro nivel de salud, la salud se gana y se pierde en otros terrenos. El entorno familiar, la educación, los bienes materiales, las desigualdades sociales y económicas, el acceso al trabajo y su calidad, el diseño y los servicios de las ciudade s y los barrios, la calidad del aire que respiramos, el agua que bebemos, los alimentos que comemos, los animales con que convivimos, el ejercicio físico que se realiza, el entorno social y medioambiental, todo ello determina la salud" -y cierro las comillas-.
No podría explicar mejor y en menos palabras los determinantes de la salud: el reconocimiento a la prevención, promoción y educación para la salud, sobre la asistencia en la enfermedad y la trascendencia de las políticas transversales -educación, medio ambiente, empleo, dependencia, deportes, etcétera- sobre la salud. La atención sanitaria pública, incluyendo todas sus facetas -la preventiva, la asistencial curativa y rehabilitadora-, es base fundamental del desarrollo del Estado del bienestar, asegurando la equidad entre los miembros de la comunidad, requiriéndose el esfuerzo solidario de los miembros con mayor capacidad económica y con más salud para permitir la atención de los que tienen menos recursos y están más enfermos. ¿Quién puede concebir la evolución de una sociedad sin el avance colectivo de todos sus miembros? ¿Quién puede entender esta cohesión social sin el derecho a un acceso universal, público y gratuito a la atención sanitaria? ¿Quién podría entender esto fuera del ámbito de los poderes públicos?
Es cierto que tenemos nuevas realidades que atender: el envejecimiento de la población, el debilitamiento de las redes familiares, el consumismo, el sedentarismo, la crisis económica global, los efectos del cambio climático, la inmigración... Realidades que conviven con otras más antiguas a las que aún no hemos dado las soluciones adecuadas, como la salud mental, las drogodependencias o la discapacidad intelectual. Por ello sigue siendo trascendente la implicación de los poderes públicos en el control y la provisión de la atención sanitaria.
No se nos esconden las maniobras neoliberales para desmantelar los sistemas públicos de salud. Tretas en busca de un nicho de negocio aún por explotar en nuestro país, utilizando la táctica del desprestigio con los manidos argumentos de la ineficiencia, los errores clínicos o la mala función del sistema. Un desmantelamiento que comienza con la descapitalización económica, pasando por la descapitalización tecnológica, llegando a la descapitalización humana, estimulando el trasvase de grandes profesionales del sector público al privado, hartos de la imposibilidad de mejorar técnica y profesionalmente.
Es aquí donde intervienen las fuerzas sociales y políticas. Por una parte, sobreponiéndose a las campañas de descrédito de lo público, rebatiendo las tesis de insostenibilidad del sistema y, por otra, poniendo contención a este desenfreno privatizador. Particularmente en estos momentos es importante que los ciudadanos no tengan dudas de que ahora y siempre van a ser atendidos adecuadamente cuando vayan a un centro de salud o a un hospital, independientemente de su poder adquisitivo, su condición de salud, su procedencia o su situación laboral. No debemos permitir un retroceso que nos vuelva a llevar al punto donde la salud y la atención sanitaria de calidad eran un privilegio para quienes podían pagarla. La beneficencia pasó a la historia.
¿Cómo se puede hablar de insostenibilidad del sistema si a pesar de la caída de nuestro Producto Interior Bruto, y por tanto el aumento relativo del porcentaje en gasto sanitario, seguimos estando en más de un punto porcentual por debajo de la media de la OCDE, en gasto sanitario público, teniendo un sistema sanitario que es la envidia de toda Europa? Este hecho se hace significativo en Canarias, donde estamos aproximadamente 150 euros por debajo de la media española en gasto sanitario per cápita.
Claro que el sistema es sostenible con una adecuada financiación y sobre todo con una rigurosa gestión, que es lo que ha faltado históricamente.
Aprovecho esta ocasión y este foro para hacer un llamamiento al uso racional del sistema sanitario público por parte de los usuarios y de los trabajadores. La corresponsabilización de ambos podría incluso superar los episodios de mala gestión. Quisiera en este punto hacer una particular mención a los trabajadores del sistema sanitario público español y, en particular, a los del Servicio Canario de Salud, auténticos artífices de la sostenibilidad del sistema, que con su compromiso, sacrificio y dedicación, a pesar de las circunstancias, han hecho posible una realidad impensable hace 35 años.
La distribución social de los recursos debe ser la justa. Resulta particularmente difícil en política sanitaria respetar el estrecho equilibrio entre eficiencia y equidad. Conceptos ambos que pudieran hacer ver de alguna forma la justicia en el reparto. Sin renunciar a la complementariedad que deben tener ambas -la eficiencia y la equidad-, quisiera manifestar que si nos debemos equivocar de algún lado, que sea del de la equidad. Quisiera poner ejemplo a estas palabras. Sería inconcebible para cualquier gestor sanitario que una comarca con 11.000 habitantes contara con un centro hospitalario dotado incluso con un TAC, y esto es una realidad en Canarias, por ejemplo, en la isla de El Hierro, donde hemos puesto la equidad por encima de la eficiencia. Una circunstancia necesaria por las especiales características de nuestro territorio. Un territorio fragmentado que requiere unas particulares dotaciones, excepcionales diría yo, para hacer accesible la asistencia sanitaria mínima en tiempo y forma a cualquier canario.
Es por ello que se hace más necesario en Canarias que en ningún lugar la defensa de la atención sanitaria pública, porque solo se puede esperar de los poderes públicos un reconocimiento de la equidad sobre la eficiencia. Nunca una empresa privada instalaría un hospital en El Hierro. No es eficiente, no da beneficios. Y esto no le es recriminable, pero tampoco es recriminable que quienes creen en la equidad de acceso y en la calidad de la atención defiendan a ultranza la asistencia sanitaria pública, y en eso es en lo que estamos.
Hoy toca hablar de una iniciativa legislativa del pueblo y nuestro objetivo debe ser respetar su espíritu. Un espíritu en el que interpretamos no solo la vocación de impulsar la salud pública en Canarias, entendida como el conjunto de actividades organizadas por las administraciones públicas, con la participación de la ciudadanía, para prevenir la enfermedad, así como para proteger, promover y recuperar la salud de las personas, tanto en el ámbito individual como en el colectivo, mediante acciones sanitarias y no sanitarias concernientes a áreas de política transversal, sino que también deducimos de su lectura la defensa de la provisión pública de servicios sanitarios frente a la provisión de estos por centros privados en cualquiera de sus fórmulas de contratación. Ha sido siempre nuestra convicción que los centros públicos de asistencia sanitaria deben llevar la delantera científica y tecnológica y que, partiendo de esta premisa, se pueda contar con los centros privados como complemento a la demanda estrictamente necesaria y bajo un control auditor de los estándares de calidad propios de la asistencia pública.
No obstante, y con el ánimo de ser lo más transparente posible, quiero manifestar que, siendo nuestra intención respetar el espíritu de la iniciativa, habrá puntos que, por cuestiones competenciales y técnicas, será imposible sostener. El propio hecho de la reciente aprobación de la Ley General de Salud Pública, como norma básica, circunscribe nuestro margen de actuación.
Finalmente, quisiera decirles que desde el Grupo Socialista nos sentimos orgullosos de pertenecer a un partido que generó la actual Ley General de Sanidad, vigente desde 1986, y lo que ella significó en cuanto a derechos de atención sanitaria, y que acabó su último periodo de gobierno dejando como legado la Ley General de Salud Pública, quedando por medio leyes tan importantes en el ámbito sociosanitario como la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
A título personal, me siento igualmente orgulloso de llevar toda mi carrera profesional trabajando para el servicio público de salud y seguir en él, pero más orgullo me genera pertenecer a una comunidad cuyos miembros se movilizan a través de la iniciativa legislativa popular para defender lo público.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, doña María del Mar Julios.
Y permítanme también, en primer lugar, saludar y dar la bienvenida a este Parlamento a los representantes de la Comisión Promotora de esta iniciativa ciudadana, iniciativa que el Grupo Nacionalista va a apoyar en la toma en consideración. Y lo hacemos porque entendemos y compartimos la necesidad que inspira este proyecto y esta iniciativa de defender y consolidar el sistema público sanitario en Canarias. Y lo hacemos porque valoramos que justamente en estos momentos tiene todavía más valor una iniciativa ciudadana en unos momentos en que es tan importante la participación ciudadana para la defensa de sus derechos esenciales y para la defensa del Estado del bienestar, que tanto trabajo nos ha costado conseguir a todos.
También nosotros defendemos la eficiencia en la gestión, también nosotros defendemos -¡cómo no!- la austeridad en la gestión y en el gasto público también, pero, señorías, no nos confundamos, no nos confundamos, porque no se puede justificar y no se debe aprovechar esta crisis para debilitar derechos esenciales de los ciudadanos, como se puede producir si se continúan produciendo los recortes que se están imponiendo por parte del Gobierno del Estado a los servicios públicos, como es el sanitario, que son las comunidades autónomas las que tienen la responsabilidad de gestionarlos. Sostener los servicios públicos debe ser una prioridad de todos, pero no solo de los gobiernos autonómicos, que tienen esta responsabilidad de gestión, sino también del Gobierno del Estado, que tiene la responsabilidad ante todos los españoles de financiar los servicios públicos.
Canarias, señorías, es la comunidad autónoma que más ha cumplido, porque tenemos los menores niveles de endeudamiento por habitante que tiene todo el Estado español. Somos de las comunidades autónomas que más han cumplido con estos criterios, pero ahora no podemos seguir soportando más recortes en los servicios públicos esenciales y especialmente en la sanidad, si se siguen recortando, como se anunció ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No se puede seguir manteniendo esa posición y pensar que no va a afectar a la calidad de la prestación de los servicios.
Señorías, llevamos en España, muchos de los agentes sociales, reclamando desde hace muchos años un pacto social y político por la sostenibilidad y la modernización del sistema público, en España y en Canarias, y concretamente el Grupo Nacionalista, y concretamente Coalición Canaria lo puede decir porque lo ha defendido aquí, en Canarias, y porque lo ha defendido allí, en Madrid.
Desgraciadamente los diferentes gobiernos de España, unas veces presididos por un partido y otras por otro, han sido incapaces de poner en su agenda política esto como una prioridad y no se ha concitado ese gran acuerdo por la sostenibilidad de ninguno de los grandes servicios públicos en España. No solo por la sanidad, tampoco por la educación.
Nosotros claro que tenemos que retomar en Canarias este debate, claro que tenemos que retomarlo, y creo que es una oportunidad la que nos ofrecen los promotores de esta iniciativa para abrir el diálogo en esta Cámara entre todos los grupos políticos para volver a plantearnos el Pacto por la Sanidad aquí, en Canarias.
¿Hay que modernizar la gestión? Sí, por supuesto que sí, la gestión micro y la gestión macro del sistema, pero, señorías, no nos llamemos a engaño: no solo con esto es suficiente, si no hay una implicación del Gobierno del Estado español especialmente con la financiación del sistema. ¡No nos engañemos! Y si no hay una implicación del Gobierno del Estado español especialmente con la financiación injusta que tiene el sistema sanitario en Canarias.
Desde el año 94, que se recibieron las transferencias en esta comunidad autónoma, todos los gobiernos autonómicos han hecho -que ha habido en Canarias desde entonces- un esfuerzo inmenso por mejorar la calidad de nuestro servicio público y por mejorar el acceso y la equidad en todas las islas, el acceso público a los servicios sanitarios. El caso más claro, y revisando ayer las cifras, es que recibimos unas transferencias que gastaban en el sistema sanitario 700 millones de euros -en épocas anteriores eran pesetas- y en el 2009 -porque desde el 94 hasta el 2009 no paró de crecer en los Presupuestos de la Comunidad Autónoma el presupuesto dedicado a sanidad-, en el 2009 el presupuesto era de un 280% superior. O sea, 2.700 millones de euros, señorías, lo que esta comunidad gastaba en mantener el sistema. ¿Por qué? Porque el sobresfuerzo que han tenido que hacer todos los canarios en una recuperación de una red de infraestructuras hospitalarias, que todos recordamos que heredamos unos hospitales obsoletos, no construidos en aquel entonces ni tan siquiera por el Insalud o por el Estado, sino por los cabildos insulares en Canarias. Porque todos sabemos que heredamos una inexistente red de centros de salud; porque todos sabemos que heredamos una inexistente red de servicios de urgencia, recordemos la imagen de los vehículos particulares con los pañuelos blandiendo para llevar una urgencia vital a un hospital. Porque todos recordamos, señorías -o por lo menos yo lo recordé revisando los datos-, que en 1994, con 1.500.000 habitantes nada más, la lista de espera quirúrgica era mayor que la que tenemos hoy, superaba las 21.000 personas, y la mitad, 11.000, estaba esperando desde hacía más de seis meses para una intervención. Hoy hemos bajado esa cifra a un 70%. Y hay más ejemplos: el crecimiento que ha habido en plantillas, en otra serie de temas.
Señorías, todo eso se ha hecho con un doble esfuerzo de los ciudadanos canarios, porque la financiación sanitaria que proviene del Estado ha ido descendiendo paulatinamente, al punto de que hoy el Presupuesto del Gobierno de Canarias en un 40% se dedica exclusivamente a la sanidad y en un porcentaje importante, ya cerca también del 40% de ese dinero, no lo pone el Estado, lo ponen los ciudadanos canarios a través de los propios Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
Señorías, tenemos un sistema público en España que tiene un déficit acumulado, según todos los expertos, en torno a 15.000 millones de euros, 15.000 millones de euros.
Las mejoras en la gestión, sí, pero no nos confundamos: el decreto reciente que generaliza la prescripción por principio activo se supone que va a generar un ahorro de 1.500 millones. Imagínense el porcentaje frente a los 15.000 millones que tiene de déficit todo el sistema. Y quiero insistir en este sentido en que este problema no se resuelve, aunque haya que hacer una mejora en la gestión de los centros de salud y los hospitales, la dimensión del problema no se resuelve solo con mejoras en la microgestión.
Quiero insistir, señorías, en que además el Sistema Nacional de Salud que tenemos no es ineficiente. No lo es. Países como Francia o Alemania gastan el doble que nosotros, que España, en el sistema sanitario, y nosotros tenemos la prestación más universal de toda Europa y la cartera de servicios más amplia de toda Europa. Ese es el legado que nos dejaron los que lucharon por la democracia en España durante todos estos años. Por eso tenemos la responsabilidad de tratar estos temas con seriedad, para dejar en legado a nuestros hijos un sistema, si es posible, mejor que el que tenemos, pero nunca peor.
Por lo tanto, señorías, el problema que tiene el sistema es que no se financia adecuadamente y no se puede sostener aquello que no se financia adecuadamente. Y desde luego en este sentido, señorías, hay que decidir entre todos qué prestaciones estamos dispuestos a dar, cuánto cuestan, y si decidimos eso, poner el dinero de lo que cuestan, porque, si no, el sistema quiebra, señorías. Por muy virguero que se pueda ser en la gestión, el sistema quiebra, señorías.
Y a todo esto hay que sumar que en Canarias el sistema canario de salud tiene una deuda histórica, un déficit de financiación histórico acumulado por parte del Estado de unos 1.400 millones de euros; además porque no se ha adecuado la financiación al crecimiento de nuestra población; además porque no se tiene en cuenta el sobrecoste de la insularidad y de la lejanía; y además porque no se tiene en cuenta la financiación del coste de la atención a muchos desplazados y extranjeros que atendemos.
Por todo ello, y a pesar de todo ello, señorías, frente a lo que está ocurriendo en otras comunidades autónomas, que lo estamos viendo, qué es lo que está ocurriendo en España... En Castilla, por ejemplo, la disminución de la prueba del talón, que lo hemos visto hace poco; o el cierre de hospitales o centros de salud en Madrid; o la disminución de sueldos y de plantilla en Galicia. Ante todo ello, señorías, aquí, en Canarias, seguimos defendiendo con uñas y con dientes nuestro sistema público. Y tenemos que ser una piña todos en este Parlamento, por encima de cualquier interés partidista, y hacerlo con la sociedad civil, para poder seguir defendiendo nuestro sistema sanitario.
Coincidimos, señorías, en esta iniciativa, en el enfoque salubrista que se le da a esta iniciativa, en la necesidad de reforzar las actuaciones de salud pública, en la necesidad de reforzar, además, de forma integral el concepto de salud pública, que tiene que impregnar a todas las instituciones y a todas las administraciones en su trabajo cotidiano, y en la necesidad de reforzar la intersectorialidad.
Coincidimos con lo dicho por los portavoces de que evidentemente esta ley tiene que profundizar en qué cosas son competencia de esta comunidad autónoma y cuáles no y qué cosas son competencia del sistema sanitario y cuáles son competencia de otros sistemas, porque si el sistema sanitario no resuelve la financiación del sistema de dependencia, lógicamente no puede dar la cobertura, a no ser que quiebre, con una mayor rapidez, el propio sistema sanitario en sí mismo.
Coincidimos, señoría, con que hay que darle un mayor peso a la Atención Primaria, pero me quiero detener en este tema un poco. Este es un ejemplo de cómo en Canarias no se nos pueden aplicar los mismos estándares de evaluación de la eficiencia de la gestión que en el resto del territorio continental peninsular. No se pueden aplicar. Yo, mi profesión, mi especialidad es la salud pública y recuerdo la impotencia, desde hace muchos años, cuando como técnica de salud iba a discutir al ministerio, en aquel entonces el Insalud, porque donde en muchos sitios no hay sino un centro o dos de salud, nosotros, en la isla de El Hierro o en La Gomera, tenemos que poner hospitales. Y ningún indicador de eficiencia nos va a dar bien la foto de Canarias. Lo que me decían los técnicos en Madrid en aquel entonces es que teníamos que cerrar esos hospitales, porque eran ineficientes. ¡Pues claro que van a ser ineficientes! Pero es un problema de equidad y de derecho al acceso a la prestación de los ciudadanos de todo nuestro territorio. Y en este sentido, el peso de la Atención Primaria, igualarlo al peso de los hospitales, hay que adaptarlos, esos estándares, al territorio insular, porque lógicamente, si queremos hospitales comarcales en el norte y en el sur de Tenerife o, como se plantea en esta iniciativa, en el norte y en el sur de Gran Canaria, cómo no vamos a querer que los hospitales de las islas -entre comillas- llamadas no capitalinas tengan, como mínimo, los mismos derechos que los demás ciudadanos a recibir la prestación de esos hospitales comarcales, y nunca podrá costar eso lo mismo que lo que cuestan dos centros de salud. En este sentido hay que profundizar, pensando en el interés de que en este Parlamento -estoy segura- todos vamos a defender el derecho a la equidad de los ciudadanos, vivan en el rincón que vivan de nuestras islas.
Señorías, estoy de acuerdo. Yo me he quedado sorprendida al repasar los datos. Hasta ahora España es el país que tiene una mejor esperanza de vida en Europa y siempre se ha ido creciendo en esperanza de vida. Es llamativo, pero levemente se ha dejado de crecer en esperanza de vida, y desde que se inició la crisis la esperanza de vida en España ha empezado a bajar. Levemente, pero ha empezado a bajar. Es una expresión yo creo que gráfica de cómo los condicionantes sociales y económicos de una sociedad determinan los indicadores de salud de la misma.
También coincidimos en la necesidad de profundizar en la gestión, en la profesionalización de la gestión. Es necesario el desarrollo de una carrera profesional en el ámbito de la gestión. Y digo esto porque en su momento se intentó, con el desarrollo en el ámbito...
La señora Julios Reyes: Voy concluyendo.
...de la ley de profesiones. No se le dio amparo ahí. Y coincido con lo dicho: hay experiencias en otros lugares del mundo y tendríamos que extrapolarlo a Canarias. En definitiva, hay una nueva ley en el Estado español de salud pública y es muy importante que traslademos a nuestro ámbito de competencia, pues, una ley de salud pública para Canarias.
No, señorías, yo creo que en este sentido -y voy concluyendo- tenemos un sistema sanitario de gran prestigio, de gran prestigio a nivel internacional, y el de Canarias también, señorías, porque todos sabemos lo atractivo y lo utilizado que es por población foránea, extranjera que nos visita, que vienen de países con un mayor nivel, calidad de vida que el nuestro, pero que, en cambio, vienen aquí a utilizar nuestro sistema sanitario. Creo que además lo hacemos a unos precios más bajos de lo que lo hace el resto de Europa. Por lo tanto, tenemos el deber y la obligación de ser capaces...
Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, doña Mercedes Roldós tiene la palabra.
La señora Roldós Caballero: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Miembros de la Comisión Promotora, bienvenidos a este Parlamento.
El Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de Ley, de iniciativa popular, para la Defensa y Promoción de la Salud y de la Sanidad Pública en Canarias.
Nosotros queremos hacer, nuestro grupo parlamentario, un reconocimiento a esta Comisión Promotora, que ha conseguido recabar más de 25.000 firmas que avalan esta iniciativa y, como han dicho quienes me han antecedido en el uso de la palabra, para nosotros es importante reconocer a la sociedad civil la capacidad de iniciativa legislativa, y ese es uno de los motivos importantes para nuestro voto favorable a la toma en consideración.
Desde luego aquí no se acaba el trabajo conjunto que hemos de realizar con la Comisión Promotora, con los miembros de esa Comisión Promotora, y que ese trabajo debemos ampliarlo a los expertos, a las sociedades científicas, a las asociaciones de pacientes; es decir, al mayor amplio consenso y al mayor número de aportaciones, desde luego de calidad, que estoy segura de que vamos a recibir en el trámite de esta iniciativa legislativa popular.
Señorías, el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular, una vez más se reafirma en la defensa de la sanidad pública, de la sanidad universal y de calidad. No renunciamos absolutamente a seguir avanzando en una mayor protección de la salud, en una mayor promoción de la salud y en una prevención de la enfermedad. Señorías, los cambios socioeconómicos y demográficos acontecidos en los últimos tiempos obligan a hacer las reformas necesarias, obligan a un cambio cultural en la población canaria, obligan a un cambio organizativo en nuestro Sistema Canario de la Salud. Ese cambio cultural obedece a todos esos condicionantes de salud que tanto o mucho más impactan que la propia asistencia sanitaria en los resultados en salud. Esos cambios que tenemos que llevar a cabo, porque tenemos una población mayor, una población cada vez más envejecida, porque estamos atravesando la mayor crisis económica de los últimos 70 años en nuestro país... Y lo que algunos decíamos en estos años pasados, en estos cuatro o cinco años pasados, y a mí me tocó la responsabilidad de dirigir la política sanitaria en Canarias y advertía en todos los foros de cómo se estaba poniendo en grave riesgo de quiebra nuestro magnífico Sistema Nacional de Salud, algunos, que han sido responsables directos y algunos indirectos, hoy día se quieren atribuir la defensa de la sanidad pública. Quien la ha puesto en grave riesgo, quienes nos han infrafinanciado en materia sanitaria, porque no han tenido en cuenta que nuestra población crecía, que nuestra población se estaba envejeciendo, que además el gasto sanitario en Canarias tiene un doble coste, de la insularidad y de la lejanía, como decía la señora Julios, con quien comparto muchísimo de lo que usted ha expuesto hoy aquí, pero quienes son los máximos responsables de un magnífico sistema sanitario, dejarlo al borde de la quiebra, hoy se erigen con banderas. Esos a los que se les debería caer la cara de vergüenza, porque no supieron ni quisieron atajar una grave crisis.
Porque indudablemente se ha hablado hoy de condicionantes de salud, y claro que los condicionantes de salud tienen un impacto importantísimo, importantísimo, el mayor de los impactos, sobre el estado de salud individual y colectivo de la población. Y esos no son otros que el que haya más de 300.000 canarios sin empleo, que haya muchísimos de esos 300.000 canarios que ya han perdido la prestación por desempleo, que seamos la comunidad autónoma que tiene más paro de toda Europa, que seamos la comunidad autónoma que ha destruido tantas y tantas empresas que daban soporte a la gente para que pudiera comer y vivir. Y comer y vivir es un condicionante esencial del estado de salud. Cómo hemos entrado en niveles de pobreza, los más altos de toda España, junto con Extremadura, por cierto, gobernada también por los socialistas. ¿Cómo esos, que nos han llevado a esta situación de deterioro, esos que nos negaron por activa y por pasiva que hubiera un déficit de financiación per cápita en materia sanitaria con Canarias, hoy aplauden aquí? ¿Qué aplauden?: ¿la situación en la que han dejado a este país y a Canarias? (Aplausos.)
Miren, y decía el portavoz socialista que él toda su vida se había dedicado a la sanidad pública. Mire usted, yo también, con una diferencia: que soy mayor que usted y llevo más tiempo.
Pero, desde luego, que alguien que no ha sabido ver cómo el deterioro económico, la destrucción del empleo estaba impactando directamente sobre los ingresos de las arcas públicas. Porque, es verdad -y lo reconocía otro de los intervinientes-, claro que Canarias ha tenido que recortar en materia sanitaria casi 400 millones de euros, si es que han venido del Estado de menos 2.800 millones de euros. ¿De dónde se iba a recortar? ¡Hombre!, hay algunos que apuntan, hombre, podíamos quitar la televisión autonómica, podíamos quitar la Policía Canaria, podíamos quitar muchas empresas públicas ineficientes que hacen competencia desleal a la actividad pública... ¡Claro que podemos hacer! Pero, ¡hombre!, que aquí vengan a abanderar, a abanderar, la defensa de la sanidad pública, a promover un cambio organizativo y un cambio en materia de prestar la asistencia sanitaria quienes hace pocas semanas votaban en contra de una iniciativa del Grupo Popular de prevención y de atención a los pacientes crónicos, como lo están haciendo todos los países de la OCDE... Claro que hace falta un cambio, y hace falta un cambio cultural en las personas, que las personas nos autorresponsabilicemos de nuestro estado de salud y que las administraciones públicas, para que eso pueda llevarse a cabo, las administraciones públicas fomentemos la educación sanitaria de la población. Claro que sí, porque indudablemente -y lo decía quien ha presentado esta iniciativa popular- claro que tenemos más prevalencia de síndrome metabólico, de hipercolesterolemia, de hipertensión, de diabetes. Claro que sí. Y sabe que, porque usted es médico igual que yo, sabe usted que precisamente en un 80% esas patologías son prevenibles simplemente con hábitos de vida saludables, con promoción de la salud, con una alimentación adecuada, con evitar el sedentarismo y fomentar el ejercicio físico. ¡Claro que sí! Claro que esos diabéticos, que tenemos un índice de complicaciones el doble que en el resto de España, se podrían evitar con un mejor autocontrol, haciendo lo que hacen los países más avanzados, que es educar sanitariamente a la población, que es poner a disposición de los ciudadanos todos los sistemas de información y las tecnologías para que puedan, desde su casa y en su entorno, responsabilizarse y autocuidarse, pero para eso hay que hacer un esfuerzo importante desde las administraciones públicas. Hay que concienciar a la población.
Lo decía la señora Julios y es verdad; nuestro Sistema Nacional de Salud es altamente eficiente, porque con menos dinero damos mejores prestaciones y tenemos mejores resultados en salud que en los países de nuestro entorno europeo. Claro que sí. Pero también, señora Julios, tiene que reconocerme que somos hiperfrecuentadores de la sanidad, hasta en un 40% más que la media europea, y que tenemos que concienciar a la población y hacer un cambio cultural de que los recursos son finitos, de que no hay dinero para todo y menos ahora y de que tenemos que hacer un uso consciente, racional de los servicios públicos.
Y decía el promotor de la iniciativa: "claro que hay un exceso de medicación, claro que hay una hipermedicación". Porque nos hemos convertido en una sociedad con pérdida de valores, en la que ante la mínima frustración recurrimos a la pastilla. Porque hay que volver a educar a nuestros chicos en valores, en los valores del esfuerzo, del sacrificio, de lograr las cosas con esfuerzo y con sacrificio y no tener una sociedad que se refugia, como usted bien decía, inmediatamente en las adicciones, en las legales y en las no legales. Claro que compartimos su planteamiento, porque tiene toda la lógica; y tiene toda la lógica desde hace muchísimos años, que hemos mirado para otro lado porque hemos vivido en una sociedad, en la del consumismo, en la de gastarnos más de lo que teníamos. Porque eso ya venía recogido en la Carta de Ottawa del año 86 o en la Conferencia de Alma-Ata, que tan importante fue para sentar las bases de nuestra Atención Primaria. ¿Pero qué hemos hecho? Hay que ser autocríticos, hay que ser autocríticos, y decir que tenemos mucho camino por recorrer.
Y el Grupo Parlamentario Popular desde luego defiende que Canarias tenga una buena ley de salud pública, como lo hizo Valencia en el año 2005, como lo ha hecho Cataluña en el 2009 o recientemente, el año pasado, Extremadura o Andalucía. Y claro que nos va a servir, señor González Morera, esa ley aprobada en las Cortes Generales, esa Ley General de Salud Pública recientemente aprobada, en octubre, que todavía algunas de sus disposiciones están entrando en vigor ahora y que tiene un largo recorrido de desarrollo a nivel de las comunidades autónomas. Yo estoy segura, señorías, de que entre todos tenemos que hacer una buena ley de salud pública y yo invito a la Comisión Promotora, yo invito a las sociedades científicas, a las asociaciones de pacientes, a la Consejería de Sanidad, que tiene unos magníficos técnicos de Salud Pública, que nos van a aportar mucha experiencia, mucho conocimiento, mucho saber, en que en este Parlamento tengamos una buena ley de salud pública.
Pero, miren -y miro a mis compañeros portavoces de Sanidad-, nos queda mucho trabajo, mucho trabajo. Y nos queda, como decía el promotor de la iniciativa, mucho trabajo también de seguimiento después de su aprobación, de seguimiento y evaluación de las políticas en materia de promoción de la salud y de salud pública que se implanten para ver cuáles son los costes eficientes, para ver cuáles son las realmente basadas en evidencia científica y que tienen buenos resultados. Claro que tenemos que hacer mucho trabajo en incentivar y promocionar la investigación en salud pública y en promoción de la salud, porque, miren, es que toda esa inversión en salud pública, en promoción de la salud, es la más eficiente, es la que menos cuesta para los buenos resultados en salud que da. Y en eso tenemos que hacer entre todos un trabajo enorme, que es hacer un cambio cultural en la sociedad canaria; un cambio cultural que yo estoy segura de que entre todos vamos a poder lograr.
Señorías, pues, concluido el debate, vamos a votar si se toma en consideración la proposición de Ley, de iniciativa popular, sobre la salud y la sanidad en Canarias. Señorías, comienza la votación (Pausa).
Resultado de la votación: 53 presentes, 53 a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Queda admitida la consideración de esta Cámara a la proposición de ley, que continuará su trámite.
A los autores de la iniciativa, en nombre de todos, y a su portavoz, don Arturo Borges, muchísimas gracias en nombre de la Cámara.
Les agradezco que permanezcan en la Cámara, señorías... Les agradezco que permanezcan, señorías, les agradezco que permanezcan en la Cámara.

References: Artículo 1
 artículo 43

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8
 artículo 2