Source: https://elblogdelabogadoblog.com/2020/02/29/producto-defectuoso-o-riesgo-del-desarrollo-responsabilidad-por-productos-defectuosos/
Timestamp: 2020-03-29 19:09:41+00:00

Document:
Producto defectuoso o riesgo del desarrollo. Responsabilidad por productos defectuosos. – El blog del abogado blog
Producto defectuoso o riesgo del desarrollo. Responsabilidad por productos defectuosos.
29/02/2020 29/02/2020 Alberto Infante Caballero
El objeto principal de este artículo es dar a conocer las responsabilidades por un producto defectuoso y el posible riesgo para el desarrollo por uso general de este tipo de productos sin control ninguno.
En primer lugar, se hará una referencia al concepto legal de producto defectuoso en nuestra legislación actual. También se determinarán las características derivadas de tal concepto.
En segundo lugar, se realizará un estudio de las posibles responsabilidades por la utilización de productos defectuosos puestos a disposición del consumo humano de manera continuada sin ética o moral alguna.
En tercer lugar, se hará referencia a la normativa de protección de consumidores y usuarios por consumo de productos defectuosos.
En cuarto lugar, se hará referencia al castigo que quepa imponer al responsable de poner en circulación el producto defectuoso por falta de moral en el ejercicio de su actividad y por poner en peligro la salud de los consumidores y usuarios. Es decir, se hará referencia a la responsabilidad por producto defectuoso.
En quinto y último lugar, se realizarán una serie de conclusiones globales sobre el contenido del trabajo expuesto.
2.- Concepto de producto defectuoso.
Dentro de este apartado, hay que destacar en primer lugar que “no hay espacio autónomo entre producto seguro ⎯en su versión estricta⎯ y producto defectuoso: sea por fabricación, por diseño o por advertencias, no encontramos ningún producto defectuoso que no sea, a la vez, inseguro, pues siempre habrá superado el umbral de riesgo mínimo.
Defecto de fabricación. Si la unidad de producto es defectuosa, ofrecerá menos seguridad que los demás ejemplares de su misma serie. Por tanto, incorpora más riesgos y se aleja del concepto estricto de producto seguro.
Defecto de diseño. En general, tanto el consumer expectations test como el risk-utility test conducen al mismo resultado: no hay diferencia entre producto inseguro y producto defectuoso. Desde la perspectiva del consumer expectations test, un producto inseguro que cause un daño es, a la vez, defectuoso, porque defrauda las expectativas de seguridad del consumidor ordinario, con lo que la coincidencia entre ambas categorías es plena. Sin embargo, un producto defectuoso que no cause ningún daño no es relevante a efectos de responsabilidad civil del fabricante, pero en el seno de la Directiva 2001/95 y del RD 1801/2003 sí daría lugar a obligaciones de actuación por parte de la Administración, así como de productores y distribuidores. Igualmente, si adoptamos el risk-utility test, basta la existencia de un diseño alternativo, razonable y al alcance del fabricante que sea más seguro para evidenciar el defecto de diseño del producto. Siendo esto así, el producto defectuoso según el risk-utility test es inseguro, pues presenta más riesgos que el diseño alternativo. El problema surgirá cuando no exista un diseño alternativo más seguro, o existiendo, no esté al alcance del fabricante, como ocurre, por ejemplo, en diseños protegidos por un derecho de exclusiva21. En este grupo de casos, encontramos un producto inseguro, pues contiene más riesgos que el diseño alternativo, pero no cabría calificarlo como defectuoso según el risk-utility test ⎯porque no está al alcance del fabricante⎯ siempre y cuando su puesta en circulación implique una utilidad neta positiva en términos sociales (mayores beneficios que costes). Este sería el único supuesto en que producto inseguro y producto defectuoso no coinciden.
Defecto en las instrucciones o advertencias. Conforme al art. 5.1 Directiva 2001/95 y, más rotundamente, el art. 4.2 RD 1801/2003, el incumplimiento del deber de información que tiene el productor comporta dos consecuencias: por un lado, el producto es inseguro, porque la falta de información o la información deficiente aumenta los riesgos en su manejo o consumo; y, por el otro, el producto es defectuoso, porque, existiendo una presentación alternativa que hubiera reducido los riesgos, no se optó por ella. Si es posible acompañar al producto con una instrucción o advertencia y no se hace así, el producto será inseguro y defectuoso, pues se podrían haber evitado riesgos derivados de su uso razonablemente previsible22 y, ulteriormente, daños corporales o materiales. Como hemos afirmado anteriormente, la inexistencia de daño no excluye el deber de actuación de la Administración y de productores y distribuidores si han puesto a disposición del público un producto inseguro”[1].
También se ha de destacar, en cuanto al concepto de producto defectuoso, que, “a diferencia del concepto estricto de producto seguro, la consideración de un producto como seguro deja un espacio autónomo entre el producto seguro y el producto defectuoso, pues el cumplimiento de la normativa de protección de la salud y de seguridad es un criterio más laxo que la exigencia de riesgos mínimos para decidir la puesta en circulación del producto.
Defecto de fabricación. Al igual que sucedía con el concepto estricto de producto seguro, el ejemplar defectuoso presenta más riesgos que los demás de la misma serie, pero puede seguir cumpliendo los requisitos de protección de la salud y de seguridad y ser considerado seguro. Tal sería el caso en que un producto defectuoso que, a la vez, sería considerado seguro. A mayor distancia entre “riesgo mínimo” y “riesgo norma”, mayor posibilidad de que un producto defectuoso sea considerado seguro, lo cual es aplicable no sólo a defectos de fabricación, sino también a defectos de diseño.
Defecto de diseño. A diferencia de lo que ocurre con el concepto estricto de producto seguro, si aplicamos la normativa de protección de la salud y de seguridad a los productos defectuosos, existe la posibilidad de encontrar un espacio autónomo para cada uno de ellos, según el criterio que adoptemos. De acuerdo con el consumer expectations test, asumimos que el consumidor ordinario e informado23 exigirá el mismo nivel de seguridad que el legislador. Si ello es así, no hay espacio autónomo entre ambas categorías, pues, por un lado, el producto es inseguro, porque contiene más riesgos de los permitidos por la norma, y por el otro, es defectuoso porque conlleva más riesgos de los tolerados por el consumidor ordinario.
El resultado que se obtiene de la aplicación del risk-utility test depende del nivel de riesgo del producto defectuoso con relación al nivel de seguridad exigido por la norma. El único caso en que un producto defectuoso puede ser considerado seguro es aquél en el que tanto el diseño inicial como el diseño alternativo más seguro se sitúen por debajo del riesgo permitido por la norma”[2].
Una vez se ha dado esta definición de producto defectuoso, toca hacer referencia a las características que se derivan de tal definición. Y principalmente de la definición de producto defectuoso dada en el artículo 137 del Texto Refundido de la Ley para la Defensa de los Consumidores y usuarios[3], y que es la siguiente:
3. Un producto no podrá ser considerado defectuoso por el solo hecho de que tal producto se ponga posteriormente en circulación de forma más perfeccionada”[4].
Por tanto, las características a destacar de un producto defectuoso son las siguientes:
Falta de la seguridad jurídica que cabría esperar.
Falta de seguridad normalmente ofrecida por los demás ejemplares de la misma especie.
Aparición de los desperfectos del producto defectuoso durante un largo periodo de tiempo.
3.- Posibles responsabilidades por la utilización de productos defectuosos puestos a disposición del consumo humano de manera continuada sin ética o moral alguna.
En primer lugar, hay que destacar que “La obligación del fabricante de resarcir al consumidor final los daños causados por sus productos está regulada en la actualidad en el Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, aprobada por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, (en adelante, “TRLCU”) que viene a complementar el régimen general contenido en los artículos 1902 y ss. y 1101 y ss. del Código Civil sobre responsabilidad extracontractual y contractual, respectivamente.
El principal requisito para tener derecho a una indemnización por productos defectuosos es haber sufrido un daño causado por un bien o servicio defectuoso. En este sentido, el art. 139 TRLCU atribuye la carga de la prueba al perjudicado, que deberá probar el defecto, el daño y la relación de causalidad entre ambos para obtener la reparación de los daños causados.
La reciente sentencia número 495/2018 del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, plantea algunas cuestiones jurídicas interesantes sobre la valoración que debe realizarse de la carga de la prueba del producto defectuoso y en particular, sobre quién recae dicha carga, atribuyendo al fabricante la responsabilidad de acreditar que no se trata de un producto defectuoso.
En el caso concreto se trata de unos codos de cobre instalados en el circuito de calefacción que presentan unas fisuras internas que provocan fugas de agua y daños en la vivienda. Los daños objeto de reclamación se producen seis años después de que los codos fueran adquiridos al fabricante e instalados, siendo la piedra angular del procedimiento si el tiempo transcurrido es indicio suficiente para que pueda presumirse que el producto no era defectuoso.
La parte actora (consumidor final) interpuso una demanda de reclamación de cantidad en reclamación de los daños sufridos en la vivienda, aportando un informe pericial mediante el que se acreditaban los daños sufridos como consecuencia del mal estado de las dos piezas fabricadas por la demandada.
La parte demandada (fabricante) basó su defensa principalmente en que las piezas utilizadas en la vivienda del actor no eran defectuosas porque de serlo, las fisuras se hubieran manifestado desde el inicio y no transcurridos seis años desde su instalación. En consecuencia, debía presumirse que el producto no era defectuoso cuando se puso en circulación.
El Juzgador de Instancia consideró acreditado que los daños sufridos en la vivienda del actor fueron consecuencia del mal estado de las dos piezas fabricadas por el fabricante, por lo que el fabricante debía responder de los citados daños.
No obstante, la Audiencia Provincial de Vizcaya consideró acreditado el origen de los daños, es decir que las piezas con sus fisuras eran origen de las filtraciones de agua, pero no que las mismas lo fueran como defecto de fabricación al no haber ningún informe ni aportación técnica de si podían considerarse las piezas defectuosas. De este modo, la citada Audiencia Provincial absolvió al fabricante.
Por su parte, nuestro Alto tribunal considera que la valoración jurídica realizada en la Segunda Instancia acerca de la seguridad que legítimamente cabe esperar de unos codos destinados a insertarse en un circuito de calefacción no es conforme con el régimen de responsabilidad establecido legalmente. Así pues, el Tribunal Supremo entiende que acreditada la fisuración de los codos no es preciso que el perjudicado acredite que esas fisuras existían desde el momento en el que se instalaron los codos.
El Tribunal Supremo destaca que el fabricante se limitó a argumentar que las fisuras podrían deberse a múltiples causas, invocando únicamente como defensa el transcurso de tiempo entre la puesta en circulación del producto y el siniestro. De este modo, cobra especial importancia el hecho de que el fabricante no hubiera acreditado las razones que permitían considerar probable o normal según las máximas de experiencia comunes algún otro origen probable de la fisura, ni prueba alguna sobre la calidad de sus productos ni ningún otro indicio que permitiera valorar que los codos no eran defectuosos.
Finalmente, el Alto Tribunal concluye que los codos no ofrecían la seguridad que cabía esperar teniendo en cuenta la naturaleza del producto y su destino, en concreto, establece que: “Existe la confianza en que unos codos de cobre destinados a su instalación en un circuito de calefacción van a resistir las altas temperaturas y presiones sin riesgo de fugas durante un lapso de tiempo razonable por lo que, ante la falta de prueba de otra causa probable de la fisuración, no puede admitirse que en seis años ya no quepa esperar que el producto no ofrece seguridad para continuar usándolo conforme a su destino””[5].
En este punto, también hay que destacar que “el productor no será responsable si prueba:
En el caso de medicamentos, alimentos o productos alimentarios destinados al consumo humano, los sujetos responsables, de acuerdo con este capítulo, no podrán invocar la causa de exoneración del apartado 1, letra e)”[6].
Respecto a la prescripción de la acción, hay que señalar como causas las siguientes:
“La acción de reparación de los daños y perjuicios prescribirá a los 3 años, a contar desde la fecha en que el perjudicado sufrió el perjuicio, ya sea por defecto del producto o por el daño que dicho defecto le ocasionó, siempre que se conozca al responsable de dicho perjuicio. La acción del que hubiese satisfecho la indemnización contra todos los demás responsables del daño prescribirá al año, a contar desde el día del pago de la indemnización.
La interrupción de la prescripción se rige por lo establecido en el Código Civil”[7].
4.- Normativa de protección de consumidores y usuarios por consumo de productos defectuosos.
La regulación principal se encuentra en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Respecto a esta regulación y en relación con el objeto del trabajo, hay que destacar que, respecto a los derechos de los consumidores y usuarios, se regulan en el artículo 8 del Texto Refundido citado, “siendo nula su renuncia previa, y nulos los actos realizados en fraude de ley de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Código Civil. Art. 10.
Denominación. Se prohíbe utilizar los términos consumidor o usuario, la denominación de asociación de consumidores y usuarios o cualquier otra expresión similar que induzca a error o confusión sobre su naturaleza o su legitimidad para la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, a aquellas organizaciones que no reúnan los requisitos exigidos en esta norma o en la normativa autonómica que les resulte de aplicación.
Participación en sociedades mercantiles. Las asociaciones de consumidores podrán participar en sociedades mercantiles siempre que éstas reúnan los requisitos del art. 28.
Cuentas anuales. Se depositarán en el Instituto Nacional del Consumo en el plazo de un mes desde el día siguiente a la fecha de su aprobación por los órganos estatutarios correspondientes.
Registro estatal. Las asociaciones de ámbito estatal y todas aquéllas que no desarrollen principalmente sus funciones en el ámbito de una comunidad autónoma, deberán figurar inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios que se gestiona en el Instituto Nacional del Consumo. Tras su denominación, estas asociaciones de consumidores y usuarios indicarán su número de inscripción registral.
Objetivo. La acción de cesación se dirige a obtener una sentencia que condene al demandado a cesar en la conducta y a prohibir su reiteración futura.
Imprescriptibilidad. Las acciones de cesación son imprescriptibles, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19, apartado 2 de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación en relación con las condiciones generales inscritas en el Registro de Condiciones Generales de la Contratación. Dice dicho artículo: No obstante, si las condiciones generales se hubieran depositado en el Registro General de Condiciones Generales de la Contratación, dichas acciones prescribirán a los cinco años, computados a partir del día en que se hubiera practicado dicho depósito y siempre y cuando dichas condiciones generales hayan sido objeto de utilización efectiva.
Concepto. El Sistema Arbitral del Consumo es el sistema extrajudicial de resolución de conflictos entre los consumidores y usuarios y los empresarios a través del cual, sin formalidades especiales y con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, se resuelven las reclamaciones de los consumidores y usuarios, siempre que el conflicto no verse sobre intoxicación, lesión o muerte o existan indicios racionales de delito.
Sumisión de las partes al Sistema Arbitral del Consumo. Será voluntaria y deberá constar expresamente, por escrito, por medios electrónicos o en cualquier otra forma admitida legalmente que permita tener constancia del acuerdo. Quedarán sin efecto los convenios arbitrales y las ofertas públicas de adhesión al arbitraje de consumo formalizados por quienes sean declarados en concurso de acreedores.
Sistemas distintos del arbitraje de consumo. Los convenios arbitrales con los consumidores distintos del arbitraje de consumo previsto en este artículo, sólo podrán pactarse una vez surgido el conflicto material o controversia entre las partes del contrato, salvo que se trate de la sumisión a órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales o reglamentarias para un sector o un supuesto específico. Los convenios arbitrales pactados contraviniendo lo dispuesto en el párrafo precedente serán nulos.
Concepto. Son contratos con consumidores y usuarios los realizados entre un consumidor o un usuario y un empresario.
Fuentes. Se regirán, en todo lo que no esté expresamente establecido en esta norma o en leyes especiales, por las disposiciones legales que regulan los contratos civiles y mercantiles. Los contratos que incorporen condiciones generales de la contratación están sometidos, además, a la Ley 7/1998, de 13 de abril.
Información previa. Se establece que la información precontractual obligatoria se facilite al consumidor de forma gratuita. El contenido de la oferta, promoción o publicidad, será exigible por los consumidores y usuarios, aún cuando no figure expresamente en el contrato.
Duración. Se prohíben las cláusulas contractuales que establezcan limitaciones a sus derechos y, en particular, la imposición de plazos de duración excesiva o las limitaciones que excluyan u obstaculicen el derecho del consumidor a poner fin al contrato.
Contenido. En estos contratos se entregará recibo justificante, copia o documento acreditativo con las condiciones esenciales de la operación, incluidas las condiciones generales de la contratación.
Gratuidad. Salvo lo previsto legalmente en relación con los contratos que, por prescripción legal, deban formalizarse en escritura pública, la formalización del contrato será gratuita para el consumidor, cuando legal o reglamentariamente deba documentarse éste por escrito o en cualquier otro soporte de naturaleza duradera.
Viviendas. En el caso de viviendas cuya primera transmisión se efectúe después de la entrada en vigor de esta norma, se facilitará además la documentación prevista en la Ley de Ordenación de la Edificación o norma autonómica que resulte de aplicación.
Interpretación de los contratos. Se integra el contrato conforme a la buena fe objetiva, según las reglas de interpretación e integración del Código Civil y las exigencias de la leal competencia. Se refuerza así la posición contractual del consumidor y se establece con claridad en la norma la interpretación que del artículo 1258 del Código Civil mantenían la doctrina y jurisprudencia más avanzada.
– Concepto. Es la facultad del consumidor y usuario de dejar sin efecto el contrato celebrado, notificándoselo así a la otra parte contratante en el plazo establecido para el ejercicio de ese derecho, sin necesidad de justificar su decisión y sin penalización de ninguna clase.
– Cláusulas nulas. Lo serán de pleno de derecho las cláusulas que impongan al consumidor y usuario una penalización por el ejercicio de su derecho de desistimiento.
– Casos. El consumidor tendrá derecho a desistir del contrato en los supuestos previstos legal o reglamentariamente y cuando así se le reconozca en la oferta, promoción publicidad o en el propio contrato.
– Fuentes. Se regirá en primer término por las disposiciones legales que lo establezcan en cada caso y en su defecto por lo dispuesto en este Título.
– Formalidades. Su ejercicio no está sometido a ninguna, bastando que se acredite en cualquier forma admitida en derecho, pero corresponde al consumidor y usuario probar que lo ha ejercitado. Será gratuito.
– Plazo. El mínimo será de siete días hábiles. Si el empresario no hubiera cumplido con el deber de información y documentación sobre el derecho de desistimiento, el plazo será de tres meses.
– Consecuencias. Ejercido el derecho de desistimiento, las partes deberán restituirse recíprocamente las prestaciones de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1.303 y 1.308 del Código Civil. El consumidor no tendrá que rembolsar cantidad alguna por la disminución del valor del bien, que sea consecuencia de su uso conforme a lo pactado o a su naturaleza, o por el uso del servicio y tendrá derecho al rembolso de los gastos necesarios y útiles que hubiera realizado en el bien. El empresario estará obligado a devolver las sumas abonadas sin retención de gastos en el plazo máximo de 30 días desde el desistimiento, pasado el cual se podrá reclamar la suma duplicada.
– Financiación. Cuando en el contrato desistido el precio a abonar por el consumidor y usuario haya sido total o parcialmente financiado mediante un crédito concedido por el empresario contratante o por parte de un tercero, previo acuerdo de éste con el empresario contratante, el ejercicio del derecho de desistimiento implicará al tiempo la resolución del crédito sin penalización alguna.
– Cláusulas no negociadas individualmente.
– Redacción. El art. 80 fija los requisitos de redacción entre los que están su concreción, claridad y sencillez; accesibilidad y legibilidad, buena fe y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes.
– Interpretación. Cuando se ejerciten acciones individuales, en caso de duda sobre el sentido de una cláusula de este tipo, prevalecerá la interpretación más favorable al consumidor.
– Notarios y Registradores. Artículo 81. Aprobación e información. 2. Los Notarios y los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en el ejercicio profesional de sus respectivas funciones públicas, informarán a los consumidores y usuarios en los asuntos propios de su especialidad y competencia.
– Concepto. Son todas aquellas estipulaciones no negociadas individualmente y todas aquéllas prácticas no consentidas expresamente que, en contra de las exigencias de la buena fe causen, en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes que se deriven del contrato.
– Prueba. El empresario que afirme que una cláusula se negoció individualmente ha de probarlo.
– Efectos. Serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. La parte del contrato afectada por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1.258 del Código Civil y al principio de buena fe objetiva, teniendo el Juez amplias facultades.
– Notarios y Registradores. Artículo 84. Autorización e inscripción de cláusulas declaradas abusivas.
– Viviendas. Según el art. 89.3 son cláusulas abusivas en la compraventa de viviendas:
La estipulación que imponga al consumidor los gastos derivados del establecimiento de los accesos a los suministros generales de la vivienda, cuando ésta deba ser entregada en condiciones de habitabilidad”[8].
5.- Castigo para el fabricante o comerciante de productos defectuosos en los ámbitos civil y penal.
Cabe destacar en primer lugar que, “según el artículo 139 TRLGDU, es el perjudicado (consumidor) quien tiene que probar el daño, el defecto y la relación de causalidad entre el defecto y el daño.
El fabricante, por su parte, puede exonerarse de responsabilidad si prueba alguna de las circunstancias a que se refiere el artículo 140 TRLGDU, que dispone:
La ley española incorpora así lo dispuesto en el artículo 7.b de la Directiva 85/374/CEE que, literalmente establece que el productor no será responsable si prueba que: «teniendo en cuenta las circunstancias, sea probable que el defecto que causó el daño no existiera en el momento en que él puso el producto en circulación o que este defecto apareciera más tarde»”[9].
Por otro lado, cabe reseñar que “A pesar de la estricta observancia de la prohibición de comercializar productos peligrosos en caso de utilización racional, la conducta del fabricante puede constituir un factor causal para la afectación de los bienes jurídicos del consumidor. Ello ocurrirá cuando un fabricante diligente no reconozca los riesgos del producto al momento de ponerlo en el mercado, aun aplicando todo el cuidado exigido por el Derecho. Tal tipo de riesgos se denominan “riesgos de desarrollo”49. La Ley N.° 19.496 sobre protección de los derechos de los consumidores (cfr. artículo 47 inciso segundo) excluye la responsabilidad (civil) por tales riesgos, pues no es razonable que el fabricante esté obligado a impedir aquellos cursos peligrosos para los bienes jurídicos de los consumidores que no puedan reconocerse desde una perspectiva ex ante. Los riesgos de desarrollo están tolerados por el orden jurídico prepenal y, en consecuencia, no pueden fundamentar una responsabilidad criminal, en atención al carácter siempre accesorio del Derecho Penal50.
Ahora bien, aunque no sea posible justificar una responsabilidad del fabricante por los riesgos no identificables al momento de comercializar su producto, sus deberes jurídicos no cesan ahí51. Por el contrario, el fabricante está obligado, a partir de la comercialización del producto, a “vigilarlo” permanentemente, en relación a posibles riesgos ocultos, e informarse de las eventuales consecuencias perjudiciales que, para los intereses de los consumidores, la utilización del producto traiga consigo52. Este deber de vigilancia se hace cargo de la circunstancia de que, frecuentemente, pese a la realización de todas las pruebas y controles necesarios durante las etapas de desarrollo y fabricación de un bien de consumo, determinados riesgos sólo se manifiestan en la utilización diaria del mismo53. Piénsese, por ejemplo, en los efectos secundarios perjudiciales de ciertos medicamentos, que sólo se vuelven perceptibles después de su uso prolongado por los pacientes y que no han podido ser identificados ni siquiera a través de exhaustivos test en la etapa de desarrollo.
Junto con la prohibición de poner en el mercado productos peligrosos en caso de utilización racional, el mandato de vigilancia recién indicado representa la contrapartida lógica de la libertad que se le reconoce al productor en orden a obtener ventajas de una actividad riesgosa54. Quien pone en el mercado bienes potencialmente peligrosos es responsable por tal peligrosidad, aun cuando esta sólo se ponga en evidencia con posterioridad a la comercialización55. La imposición de tal deber constituye por lo demás la repartición de cargas más justa entre fabricante y el consumidor, pues no parece razonable ni justo que aquel ejerza su libertad económica (obteniendo un provecho patrimonial de ello) y pretenda que sea el consumidor el competente para hacer frente a los riesgos de desarrollo que tal ejercicio de la libertad conlleva. Por lo demás, el fabricante cuenta con el conocimiento técnico y los medios materiales necesarios para identificar los riesgos ocultos del producto. Esta labor de indagación de peligros sobrepasa por completo la capacidad de un consumidor promedio.
El fabricante está obligado a vigilar el producto pasiva y activamente. Por una parte, debe verificar la efectividad de todos los reclamos que lleguen a la empresa y que digan relación con defectos del producto que puedan desencadenar afectaciones a los bienes del consumidor. Este deber de vigilancia pasiva está previsto expresamente en la legislación chilena sobre medicamentos, lo que no implica que no rija respecto de otros productos de consumo. Por otra parte, el fabricante tiene la obligación de vigilar activamente los posibles defectos del producto, esto es, debe tomar la iniciativa para generar y valorar aquella información que le permita descubrir los riesgos del producto no reconocibles al momento de su introducción en el mercado. Así, debe hacer un seguimiento de los reclamos en que se hayan visto involucradas empresas que comercialicen productos similares al suyo, está obligado a asistir a seminarios y congresos en que se expliquen los riesgos de los productos de la respectiva rama, debe estar suscrito a literatura técnica que le permita tomar conocimiento de tales riesgos, tiene que indagar en internet acerca de posibles defectos del producto, etc. El alcance del deber de vigilancia depende de la intensidad del riesgo del producto. Productos especialmente peligrosos para los bienes de los consumidores, en atención a su naturaleza o al público al que están destinados, como alimentos para recién nacidos, juguetes, instrumental y aparatos médicos, productos farmacéuticos, implementos para la seguridad en el trabajo, sustancias químicas, etc. exigen una vigilancia particularmente estricta. Lo mismo puede decirse de productos recientemente desarrollados, que no existían antes en el mercado. Estos requieren naturalmente una observación mucho más intensa que aquellos bienes que hace largo tiempo se comercializan y respecto a los cuales no se han presentado hasta el momento incidentes o reclamos.
Si en el marco de la vigilancia del producto el fabricante constata que este representa un peligro para la vida o salud del consumidor no tolerado jurídicamente64, está obligado a adoptar las correspondientes medidas de evitación de riesgos. Aquí entran en consideración la advertencia y la retirada del producto del mercado65.
Así, el fabricante está obligado a advertir de los peligros del producto a las personas que lo hayan adquirido (no sólo a consumidores, sino a todos los actores relevantes en la cadena de distribución), entregando la información necesaria a través de cartas, correos electrónicos, inserciones en la prensa, etc.66. Dado el caso, el fabricante deberá comunicar al público métodos apropiados para evitar el peligro, a través de la observancia de modalidades de uso particulares. Cuando el producto represente un riesgo especialmente importante, pesará sobre el fabricante la obligación de retirarlo del mercado. La retirada de un producto del mercado consiste en la eliminación del riesgo que este conlleva a través de una reparación gratuita, el cambio por otro producto exento de defectos o la devolución de aquel a cambio de reintegrar el precio67. Aquí se trata de medidas mucho más intensas que la mera advertencia.
Surge inevitablemente la pregunta de si en el caso concreto el fabricante debe evitar el riesgo del producto a través de una simple advertencia al consumidor, o bien está obligado al retiro. Esto puede responderse con la ayuda de los principios constitucionales de necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. En efecto, como la simple advertencia supone una inversión (en tiempo, recursos humanos y materiales) mucho menor para el fabricante en comparación con la retirada y, consecuentemente, representa un medio menos gravoso para sus derechos fundamentales, la imposición de un deber de retirada sólo se puede legitimar cuando la protección efectiva de los bienes jurídicos de los consumidores no se pueda alcanzar en el caso concreto a través de una mera advertencia a los consumidores (necesidad). Pero, además, siempre será necesario que las afectaciones a los derechos del fabricante, que conlleva la imposición del deber de retirada, no sean más gravosas que la necesidad de protección de los bienes del consumidor que persigue tal deber (proporcionalidad en sentido estricto).
De esta manera, si el riesgo del producto no se debe a una característica del mismo sino a una forma de uso peligrosa respecto a la cual no se advirtió en absoluto al momento de la introducción en el mercado, o se advirtió de un modo incorrecto, el Derecho sólo puede exigir (legítimamente) al productor que éste realice la advertencia posterior del caso. Aquí no es necesaria una acción de retirada para la protección de los bienes del consumidor. A modo ejemplar: un fabricante de maquinaria se percata que el uso de uno de sus productos genera determinados riesgos cuando se le combina con otros artefactos, que han sido comercializados recientemente por otra empresa. Como en este caso la omisión inicial de informar acerca de los peligros del uso conjunto de los productos se podría corregir a través de una advertencia posterior, el bien en cuestión no necesitaría ser retirado del mercado para proteger los intereses del consumidor.
A otra solución debe llegarse si el riesgo del producto no proviene de la falta o defecto de las instrucciones al consumidor sino de errores de diseño o fabricación. En consideración a los elevados riesgos para los bienes jurídicos de los consumidores que suponen tales errores del producto, es necesario adoptar medidas de evitación especialmente eficaces En consecuencia, el fabricante está obligado a retirar el producto del mercado. La ejecución de una acción de retirada, con los significativos costos económicos que trae consigo, es mucho más idónea que una simple advertencia para llamar la atención al consumidor acerca de la real peligrosidad del bien y, consiguientemente, para evitar que lo siga utilizando. La retirada del producto es especialmente necesaria tratándose de productos caros, cuyo reemplazo o reparación el consumidor no puede financiar por sí mismo. En estos casos no se puede descartar que el usuario, pese a una (mera) advertencia, se incline a seguir utilizando el bien.
Por otra parte, tratándose de riesgos del producto que afecten a niños, es necesaria por regla general una acción de retirada, no bastando una simple advertencia. Los niños pueden no entender una advertencia o no ser capaces de implementarla A ello se debe agregar que, en atención a la curiosidad y tendencia a la experimentación propia de su edad, la advertencia puede ser más bien un estímulo para la utilización peligrosa del producto.
En tanto la imposición del deber de retirada afecta derechos fundamentales (al menos, la libertad general de actuación del fabricante), es indispensable que este mandato cumpla también con la exigencia de proporcionalidad en sentido estricto. Ello significa que la afectación a la libertad del fabricante, que es consecuencia de la imposición del deber, no pese más que la necesidad de protección de los intereses del consumidor. Este requisito sólo se cumplirá cuando -ponderando todos los intereses en juego- resulte un “saldo positivo” en favor de la imposición del deber. Sólo así el deber de retirada será manifestación de un proceso de valoración jurídica correcto y podrá ser reconocido como norma de conducta legítima por los fabricantes, lo que es absolutamente indispensable -por lo demás- para su cumplimiento en la práctica. En la balanza del juicio de ponderación deberán considerarse todos los gastos que supone para el fabricante la ejecución de una acción de retirada, la eventual disminución de sus ventas, así como el posible menoscabo en su prestigio. Generalmente estos no serán factores que tengan preferencia por sobre los intereses relativos a la mantención de los bienes jurídicos vida y salud del consumidor. Luego, el deber de retirada sólo podrá estimarse como desproporcionado cuando, por una parte, su cumplimiento ponga en peligro la subsistencia económica de la empresa y, por otra, las afectaciones a la salud que están en juego sean muy poco significativas (por ejemplo, ligeros malestares estomacales de los consumidores)”[10].
En primer lugar, hay que destacar que la responsabilidad por producto defectuoso tiene importantes consecuencias legales como consecuencia de su influencia en la salud de los consumidores y usuarios, y, como consecuencia de todo ello, lleva consigo una responsabilidad penal y civil como consecuencia de esos daños causados.
En segundo lugar, cabe destacar que, como consecuencia de la mayor investigación y mejora de los productos actuales en el mercado y, por tanto, su mayor tendencia a producir cierta responsabilidad por producto defectuoso al querer actualmente las empresas obtener mayor margen de beneficio, y, en muchas ocasiones, tener poco control de calidad para obtener esos mayores beneficios, habrá que aumentar las penas y castigos por producto defectuoso.
En tercer lugar, hay que destacar que la concienciación de la sociedad sobre estas conductas de las empresas y la lucha por la mejora real de la salud y de producción de productos que ayuden de forma eficaz en la producción y aumento de la calidad de vida de los seres humanos, se ha de castigar más duramente todas estas conductas como modelo ejemplar.
En cuarto lugar, hay que señalar la necesidad de seguir avanzando en una mejora de la lucha contra los productos defecutosos.
Cáceres, F. S. (3 de Noviembre de 2019). Responsabilidad del fabricante por productos defectuosos. Obtenido de Mundo Jurídico: https://www.mundojuridico.info/responsabilidad-del-fabricante-por-productos-defectuosos/
Deloitte. (s.f.). La responsabilidad del fabricante por producto defectuoso y la carga de la prueba. Obtenido de Deloitte España: https://www2.deloitte.com/es/es/pages/legal/articles/responsabilidad-fabricante-producto-defetuoso.html
García, C. A., & García, I. M. (2006). Producto inseguro y producto defectuoso. Conceptos de producto peligroso, producto seguro y producto defectuoso en la Directiva 2001/95, el Real Decreto 1801/2003 y la Ley 22/1994. Indret. Revista para el análisis del Derecho, 20.
Notarios y Registradores. (s.f.). RESUMEN DE LA Ley para la Defensa de los consumidores y usuarios. Obtenido de Notarios y Registradores: https://www.notariosyregistradores.com/doctrina/resumenes/consumidores.htm
Noticias Jurídicas. (s.f.). Noticias Jurídicas. Obtenido de Texto Refundido de la Ley General para la defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios.
Tu abogado defensor. Vázquez y Apraiz Abogados. (s.f.). Responsabilidad por producto defectuoso. Obtenido de Tu abogado defensor. Vázquez y Apraiz Abogados: https://www.tuabogadodefensor.com/responsabilidad-producto-defectuoso/
[1] Producto inseguro y producto defectuoso. Conceptos de producto peligroso, producto seguro y producto defectuoso en la Directiva 2001/95, el Real Decreto 1801/2003 y la Ley 22/1994. Carlos Alb. Ruiz García. Ignacio Marín García. Revista Indret.
[3] Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
[4] Artículo 137 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
[5] La responsabilidad del fabricante por producto defectuoso y la carga de la prueba. Deloitte: https://www2.deloitte.com/es/es/pages/legal/articles/responsabilidad-fabricante-producto-defetuoso.html
[6] Responsabilidad por producto defectuoso. Tu abogado defensor. Vázquez y Apraiz Abogados: https://www.tuabogadodefensor.com/responsabilidad-producto-defectuoso/
[7] Ver nota anterior.
[8] RESUMEN DE LA Ley para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Notarios y Registradores: https://www.notariosyregistradores.com/doctrina/resumenes/consumidores.htm
[9][9] Responsabilidad del fabricante por productos defectuosos: https://www.mundojuridico.info/responsabilidad-del-fabricante-por-productos-defectuosos/
[10] La responsabilidad penal del fabricante por la infracción de sus deberes de vigilancia, advertencia y retirada. Scielo: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33992015000100009
Entrada anteriorIntroducción al derecho fundamental de libertad de prensa
Entrada siguienteLa inteligencia artificial en los negocios. Introducción.

References: artículo 137
 Real Decreto 
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 19
 resolución 
 artículo 1258
 resolución 
 Artículo 81
 artículo 1
 Artículo 84
 artículo 139
 artículo 140
 artículo 7
 artículo 47
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 137