Source: http://colombiainedita.blogspot.com/2006/07/
Timestamp: 2017-04-23 21:36:26+00:00

Document:
colombiainedita: July 2006
Julio 30 de 2006 - Gobierno asegurará mediante decreto beneficios a 'paras' negados por CorteLa disposición reglamentaria les dará seguridad jurídica en relación con los puntos que el fallo de tribunal constitucional -sobre la ley de Justicia y Paz- no dejó claros o declaró inexequibles.EL TIEMPO conoció en fuentes judiciales y del alto Gobierno que los beneficios que contenía la ley se les respetará a los ex 'paras' que se acogieron a la norma antes del fallo de la Corte.El decreto saldrá esta semana, posiblemente antes del viernes.Un vocero judicial explicó que los beneficios de la Ley se les aplicarán desde el momento en que manfiestaron su deseo de desmovilizarse y no desde la fecha en que dejaron las armas.Es decir que el tiempo que pasaron en las zonas de concentración se les tendrá en cuenta como parte de la pena y se les reconocerá la desmovilización bajo la Ley 782, que contempla el delito de sedición.Las excepciones"Queremos que el proceso siga y que los integrantes de estos grupos tengan condiciones", dijo una fuente del Gobierno, que pidió la reserva.Sin embargo, la favorabilidad no se les aplicará a los grupos que se desmovilicen después del fallo de la Corte, que deberán afrontar las condiciones de la sentencia. Dos grandes grupos están próximos a desmovilzarse: una facción del bloque Élmer Cárdenas, cuyo jefe es Freddy Rendón, alias 'El Alemán', y el Cacique Pipintá, disidente del bloque Central Bolívar.Indemnización y reparaciónOtro de los aspectos a los que se refiere el decreto es el de la alternatividad penal. Si bien la Corte declaró ajustado a la Constitución el artículo 20, exceptuó la expresión "pero en ningún caso la pena alternativa podrá ser superior a la prevista en la presente ley". El decreto lo dejará igual: es decir, se suspenderá la ejecución de las penas y se reemplazará por una alternativa que no excederá los 8 años.Sin embargo, el nuevo decreto no tendrá un marco tan amplio para la Ley como el 4760, expedido el 30 de diciembre del año pasado.Uno de los puntos restrictivos será el de la confesión. Esta, dijo la Corte, deberá ser plena, completa y veraz. En caso contrario, podrá perder los beneficios de la Ley. Pero el decreto, al parecer, pondrá límites.En cuanto a la verdad y la reparación, la Corte dijo que los familiares directos, no solo en primer grado de consanguinidad, podrán intervenir en los procesos para buscar resarcimiento de sus derechos. Falta esperar cómo resolverá el Gobierno el tema de la indemnización, pues la Corte dejó abierta la posibilidad de que los ex 'paras' lo hagan también con sus bienes lícitos.Junto con el decreto, el Gobierno entregará la lista de los 'paras' postulados a la Ley. Después de que el Alto Comisionado le entregó al Ministerio de Interior más de 20.000 nombres, el Gobierno entregará una lista que contendrá entre 2.000 y 6.000 nombres. Entre ellos, los de los ex jefes 'paras'.Lo que sigueElegibilidad. La lista que el Gobierno entrega a la Fiscalía no significa concesion automática de los beneficios previstos en la Ley. La Fiscalía deberá verificar que quienes estén en ese listado cumplan los requisitos. Investigación. La Fiscalía depura las listas y deja a los que cumplan los requisitos. Luego, inicia la investigación y adjunta las confesiones con otras pruebas. Si es del caso, el organismo llama a juicio a los ex 'paras'. Una vez dictada la resolución de acusación, el proceso, con las evidencias, pasa a manos de los ocho magistrados de Justicia y Paz. Los juicios se cumplirán en los y trbunales de Bogotá y Barranquilla. Juicio. Las audiencias se realizan con base en las acusaciones de la Fiscalía. Por virtud de la alternatividad, las condenas no excederán los 8 años.
posted by roman @ 10:47 AM
Servicio noticioso – Número 139 – julio 30 de 2006Con carnaval antimilitarista finalizó encuentro internacional de solidaridad por la objeción de conciencia en ColombiaEquipo | Periódico El TurbiónEl pasado 18 y 19 de julio en la Biblioteca Nacional de Bogotá, representantes de diferentes organizaciones nacionales e internacionales se dieron cita en el Encuentro internacional de solidaridad por la objeción de conciencia, con el propósito de estudiar las alternativas jurídicas, políticas y sociales para el reconocimiento de la objeción de conciencia en nuestro país. En esta misma línea se han celebrado tres asambleas a nivel nacional, un foro seminario taller y el diseño de una estrategia de acompañamiento a jóvenes en riesgo de reclutamiento que, de acuerdo a los organizadores del evento, abarca “la conformación de un grupo de afinidad, una red de abogados, una red nacional e internacional de apoyo y un grupo de acción directa no violenta”.La invitación fue extendida por la Asamblea Nacional de Objetores y Objetoras de Conciencia de Colombia (Anooc), que reúne organizaciones provenientes de todo el país como Objetarte, de Cali; Jóvenes objetores de Barrancabermeja; Movimiento Indígena Álvaro Orcué, del Cauca; Red Juvenil, de Sincelejo; Colombia joven, de Villa Rica; Tejedores de vida, de Putumayo; Asojer, de Arauca; la Red Juvenil, de Medellín, y Acción Colectiva de Objetores y Objetoras de Conciencia (Acooc). La organización del evento estuvo en manos de esta última agrupación y se desarrolló con el apoyo de diversas organizaciones nacionales y extranjeras.Cuatro fueron los objetivos de este encuentro. Primero, el análisis de las alternativas político jurídicas que, en el marco de los Derechos Humanos, haría viable el desarrollo y promoción de la objeción de conciencia; segundo, evaluar las diferentes experiencias exitosas que se han presentado en el plano internacional; tercero, revisar la viabilidad y desarrollo práctico de la objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio; y cuarto, diseñar estrategias de acompañamiento político, jurídico y social a jóvenes objetores y objetoras en riesgo. Aproximación a la objeción de conciencia en el caso colombiano:El tema de la objeción de conciencia ha tenido cabida en nuestro país desde 1989, tomando fuerza en los años siguientes a la promulgación de la Constitución de 1991, la cual, en su artículo 18, consigna así la Libertad de Conciencia: “Se garantiza la Libertad de Conciencia. Nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias, ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia”. Esta norma dio paso a una álgida discusión en torno a la inclusión de la objeción de conciencia, como consecuencia lógica del ejercicio de este derecho. A partir de allí se constituyeron diferentes organizaciones que propenden por su reconocimiento y que, desde ese momento, se han dedicado a la tarea de construir alternativas que posibiliten su estructuración en nuestro país.Bajo la nueva concepción de la Libertad de Conciencia del artículo 18 de la Constitución, todo ciudadano tiene el derecho de seguir sus propias convicciones, por lo que los ciudadanos pueden objetar los mecanismos violentos por los cuales el Estado intenta solucionar los conflictos en la sociedad. Así, la acción directa no violenta aparece como una vía posible para objetar normas y actuaciones estatales que contradigan las convicciones de los ciudadanos, el respeto por los Derechos Humanos y la vida digna.La no violencia activa, es decir, la no cooperación en los mecanismos estatales que giran en torno a la guerra, es una forma de conciencia de vida. Bajo este principio, son objetables dos tendencias de apoyo a los mecanismos estatales violentos de resolución de conflictos: el servicio militar obligatorio y la destinación de recursos al apoyo de una estructura militarista.Además de dichos aspectos, se objetan dos prácticas que se desarrollan en el contexto de la guerra: el sexismo y el racismo. En el ámbito de la guerra se recrudecen la reducción del status de persona del contrario y la vulneración de los Derechos Humanos de la población civil, donde se perjudica espacialmente a las mujeres y a las minorías. Marco jurídico en el contexto colombiano:La obligación de todos los varones mayores de edad de prestar el servicio militar, contenida en el artículo 216 de la misma Constitución, constituye una contradicción a la propia Carta y a la Libertad de Conciencia contenida en ella.La legislación posterior ha limitado considerablemente el campo de acción de los objetores colombianos. Así, la ley 48 de 1993 limitó considerablemente el número de posibles exenciones al servicio militar, dejando por fuera las derivadas del ejercicio de la Objeción de Conciencia. Por su parte, la Corte Constitucional ha asumido el debate en varias ocasiones, dada su trascendencia, pero no han sido posibles avances significativos en este terreno.La primacía del interés general sobre el particular ha sido uno de los principales argumentos para minar todo intento de reconocimiento del derecho a objetar el servicio militar obligatorio. De allí, que el panorama que se presenta sea tan poco prometedor, en el contexto político actual de nuestro país, hasta el punto que los abogados que hacen parte del grupo de acompañamiento y asesoría jurídica de Anooc resalten que las posibilidades de crear un instrumento legal para regular el ejercicio de la objeción de conciencia son escasas.En este mismo sentido, la Red Juvenil de Medellín ha resaltado que, antes de enfocarse en la búsqueda de salidas jurídicas, el trabajo debe estar enfocado en tareas de “empoderamiento, desobediencia y resistencia”, lo que supone un ejercicio legítimo de la objeción como herramienta de construcción de un Estado democrático. Sin embargo, los participantes en el evento coincidieron en indicar que, aunque el campo jurídico se muestre poco alentador, no se puede hacer a un lado esta perspectiva y, por el contrario, presentaron propuestas interesantes como la sugerencia de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 14 de la Ley 48 del 93, toda vez que en su amparo se han dictado prácticas que a todas luces constituyen formas de detención ilegal. Así mismo, la esperanza se conserva en los instrumentos internacionales que podrían ofrecer posibles salidas jurídicas, a partir de la inclusión en la legislación colombiana de las normas internacionales atinentes, que han sido firmadas y ratificadas por nuestro país. El norte de la objeción de conciencia:El servicio militar obligatorio y la destinación de recursos a la guerra no son los únicos aspectos objetables. En nuestro país, algo tan simple como la presentación de la libreta militar se hace necesario para el desarrollo del proyecto de vida de cualquier ciudadano: para estudiar, trabajar, trasladarse, etc., se requiere de este documento, por lo que la Libertad de Conciencia, en un contexto como el Colombiano, se limita drásticamente. Por ello es necesario difundir y promover en la población la viabilidad de la objeción de conciencia.La concientización de los posibles afectados y de la comunidad en general, el fortalecimiento de redes de apoyo nacionales e internacionales, la interlocución entre las diferentes organizaciones ocupadas en el tema, la construcción progresiva de una identidad para los grupos de objetores y objetoras, y la extensión de los mismos son algunas de las propuestas que vale la pena resaltar como resultado de este encuentro.En este sentido, es importante la promoción de la objeción de conciencia, como vía alternativa al servicio militar, y que el papel de la juventud sea en pro de la sociedad y no en pro de una actitud militarista estatal. El servicio social, consistente en el trabajo en hospitales, centros geriátricos, etc., no es, necesariamente, la vía alternativa al militarismo, pues estas labores son responsabilidad del Estado y éste no puede descargarlas en los jóvenes, que son empleados en ambos casos como mano de obra barata.La movilización de la ciudadanía para la acción es el camino de resistencia al la importancia social de la libreta militar, por lo que el acompañamiento a los jóvenes objetores es imperioso. Así, la educación de la población y la incidencia de los objetores en la sociedad son asuntos alrededor de los que giran las estrategias de trabajo definidas por éstos, como el acompañamiento a procesos organizativos juveniles y la gestión del acompañamiento por parte de organizaciones sociales de Derechos Humanos y organizaciones internacionales.Cabe decir que, a pesar de las dificultades resaltadas a lo largo del evento, frente a la determinación de alternativas para viabilizar la objeción de conciencia en Colombia, el hecho mismo de la realización exitosa del evento es muestra del claro avance de la consolidación de este proceso.El jueves 20 de julio, paralelamente al tradicional desfile militar realizado por la conmemoración de la Declaración de Independencia, los participantes del encuentro realizaron un carnaval por la vida, en el cual manifestaron su rechazo a la utilización de los jóvenes en los aparatos militares estatales y al reclutamiento.________________________________________________
posted by roman @ 10:22 AM
Última hora: Posible desalojo violento de desplazados del parque de la localidad de Bosa en Bogotá Equipo | Periódico El Turbión Bosa, Bogotá – julio 26 de 2006 (9:05pm) Luego de dos semanas de toma del parque central de la localidad de Bosa en Bogotá, más de 500 familias desplazadas se encuentran en situación de alto riesgo por el operativo policial desplegado, desde las primeras horas del día, por las autoridades con el fin de desalojarlos del lugar. De acuerdo a los testimonios recogidos por nuestro equipo periodístico entre algunos vecinos del lugar y uno de los desplazados que pudo escabullir el cerco policial, unos 60 miembros de la fuerza disponible de la policía arribaron al lugar hacia las 9 de la mañana y procedieron a instalar un vallado, cerrando las principales vías de acceso vehicular al parque en el que estas personas permanecen en toma pacífica reclamando del gobierno la atención humanitaria debida a sus necesidades básicas. Horas más tarde, el acceso peatonal fue paulatinamente restringido y las calles adyacentes fueron cerradas con cintas, formando un perímetro de más de 200 metros alrededor del punto en el que se concentran los desplazados. Hacia las 5 de la tarde, cerca de 50 agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y una tanqueta arribaron al lugar, donde procedieron a agredir a las personas reunidas allí y a desmontar algunos de los improvisados cambuches en los que se alojan las más de 2.000 personas participantes en la protesta. Durante esta primera arremetida, una madre de familia y un niño fueron lesionados por la acción policial. Poco después, los refuerzos policiales procedieron a crear un nuevo anillo de aislamiento, impidiendo la entrada o salida de personas del lugar, el acceso de alimentos para los desplazados, su paso a la estación de bomberos –donde obtienen el agua necesaria para su subsistencia– y la instalación de los baños portátiles que la Secretaría de Salud del Distrito dispuso para ellos. En el momento en que se escribe esta nota, un camión con refuerzos policiales ha llegado a la zona y ha procedido a registrar a los transeúntes y curiosos que se encontraban allí, reteniendo de forma irregular, al menos, a 12 personas en uno de sus camiones de transporte. Así mismo, se ha forzado a todos los periodistas a retirarse del área vallada y no se les permite el acceso al lugar, violando con ello las mínimas garantías para informar a la ciudadanía de esta situación. De acuerdo a diversas fuentes, luego de la cancelación de la reunión del día de ayer entre los desplazados y las autoridades distritales, altos funcionarios del Gobierno Nacional habrían impartido la orden para el desalojo, que se cumpliría a altas horas de esta noche o en horas de la madrugada de mañana. Los líderes de la protesta, en medio de la agobiante situación, han solicitado la presencia inmediata de miembros de la Defensoría del Pueblo y de la oficina colombiana del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para servir de garantes de las mínimas garantías a su vida e integridad personal ante la acción de los uniformados.
posted by roman @ 12:27 PM
Julio 28 de 2006 - 11:20 a.m.Colombia se compromete a acatar fallo que condena al Estado por masacres en ItuangoEl fallo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ordena que el Estado responda por las masacres de La Granja y El Aro (Antioquia).El fallo, conocido ayer por EL TIEMPO, se tomó por decisión unánime de seis jueces sobre la demanda presentada por el Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos y la Comisión Colombiana de Juristas.Está relacionado con las masacres de La Granja y El Aro, dos corregimientos de Ituango (Antioquia), ocurridas hace diez años, y en las que murieron 19 personas a manos de las Auc.En su parte resolutiva, la sentencia dice que el Estado es responsable de la violación al derecho a la vida, del desplazamiento forzado de campesinos, de los vejámenes a que fueron sometidos los habitantes, debido a que no tomó las medidas necesarias para evitar lo ocurrido o detener al grupo armado ilegal que perpetró las masacres, a través de los miembros de la Fuerza Pública y autoridades que hacían presencia en la región.En un comunicado expedido hoy viernes por la Presidencia de la República, el Gobierno garantiza que "Colombia honrará sus obligaciones internacionales y acatará con respeto la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".En su pronunciamiento público, el gobierno dijo que "espera que la desmovilización de las autodefensas y una aplicación cabal de la Ley de Justicia y Paz contribuya al total esclarecimiento de las responsabilidades en estos hechos y a su no repetición".Los hechosLa masacre de La Granja ocurrió el 11 de junio de 1997, cuando 22 paramilitares irrumpieron en el corregimiento, ordenaron el cierre de establecimientos públicos y asesinaron de manera selectiva a cuatro campesinos. La Corte dijo que las pruebas demostraron que los 'paras' pasaron por la zona de Chapineros luego de que un retén del Ejército fue levantado.El otro hecho ocurrió el 25 de octubre de 1997. Los paramilitares atacaron el corregimiento El Aro, también en Ituango, reunieron a los habitantes en el parque central y asesinaron a 15 de ellos. Los dos casos ocurrieron cuando el presidente Álvaro Uribe ocupaba la Gobernación de Antioquia. Al respecto, voceros del Gobierno Nacional han señalado que la actuación de los funcionarios de la Gobernación fue examinada por organismos como la Procuraduría, que no encontró ninguna actuación irregular.La indemnizaciónEl fallo también ordenó el pago de una indemnización de cerca de un millón 426.000 dólares a los familiares de las víctimas, un poco más de 3.500 millones de pesos.Igualmente, la sentencia le ordena al Estado que ponga en marcha un plan de vivienda para los damnificados de ambas poblaciones y les garantice un plan de retorno seguro a los habitantes que huyeron después de las masacres y se convirtieron en desplazados.La Corte insta además al Estado a pedir perdón público por lo ocurrido y a publicar el pronunciamiento en el diario oficial y en un diario de circulación nacional. La Corte decide, así mismo, que Colombia debe hacer todo lo que esté a su alcance para que los órganos judiciales reactiven las investigaciones, con el fin de determinar y castigar a los autores de las masacres y de las personas o funcionarios públicos responsables por acción y por omisión.En cuanto a los procesos judiciales, el tribunal hace una recomendación al Estado colombiano que podría tener consecuencias en el actual proceso con el ex jefe 'para' Salvatore Mancuso. Según la Corte, el Estado debe "remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantengan la impunidad", lo que es interpretado por algunos como no beneficiar con legislación especial a personas halladas responsables de crímenes de lesa humanidad.Mancuso fue condenado por un tribunal de Antioquia, en abril del 2003, a 40 años de cárcel por la masacre de El Aro, y si se le aplica la ley de Justicia y Paz solo pagará máximo ocho años de cárcel. La pregunta es si la Corte Interamericana considerará suficiente ese castigo.Las otras condenas1. Muerte de Isidro Caballero. Ocurrida en 1989, en Cesar. La Corte dijo que fue desaparecido por el Ejército y que el Estado debe continuar investigando.2. Las Palmeras. Muerte de un niño y otras seis personas en Putumayo en una operación de la Policía. El tribunal declaró responsable al Estado.3. Muerte de 19 comerciantes. En Puerto Boyacá en 1987. La Corte dijo que los paramilitares que la cometieron fueron apoyados por militares.4. Mapiripán. Al menos 49 personas asesinadas por las Auc en el Meta. La Corte ordenó continuar las investigaciones y castigar a los responsables.5. Caso Gutiérrez Soler. Detenido ilegalmente por la Policía y torturado. Halló responsable al Estado y ordenó medidas para evitar estos casos.6. Pueblo Bello. Asesinato de seis personas y desaparición de 37. Ordenan al Estado colombiano indemnizar a los familiares de las 43 víctimas con US$ 2,73 millones.Más decisiones del fallo de la CorteEl Estado deberá realizar las acciones necesarias para garantizar las condiciones de seguridad para que los ex habitantes de los corregimientos de El Aro y La Granja, que se hayan visto desplazados, puedan regresar sus tierras. En un acto público, el Estado deberá reconocer su responsabilidad internacional por las dos masacres, esto con presencia de altas autoridades. Un plan de vivienda, mediante el cual se dote de viviendas adecuadas a aquellas víctimas sobrevivientes que perdieron sus casas y que así lo requieran, deberá poner en marcha el Estado. Fijar una placa en un lugar público apropiado en La Granja y El Aro, con el objeto de que las nuevas generaciones se enteren de los hechos que dieron lugar al fallo de la Corte Interamericana de DD.HH.. Implementar, en un plazo razonable, según la Corte, programas de educación en derechos humanos y derecho internacional humanitario permanentes en las Fuerza Pública colombiana. Publicar, en el plazo de seis meses, en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, por una sola vez, el capítulo relativo a los hechos probados y la parte resolutiva del fallo sobre El Aro y La Granja.Plata para reparación a las víctimas sigue bajandoEl indicador de recursos disponibles para reparar a las víctimas de las autodefensas sigue a la baja. Al anuncio de que los paramilitares desmovilizados solo entregarían unas 30 mil hectáreas al Estado se suma ahora una disposición adoptada por el Gobierno en el reglamento interno del Fondo para la Reparación de las Víctimas que limita los aportes del Presupuesto Nacional a una participación "evidentemente asistencial y de solidaridad pública". EL TIEMPO tuvo acceso al documento, que marca la ruta para empezar la reparación. Establece, por ejemplo, que los bienes que pasen al Fondo podrán ser arrendados o incluso vendidos, para evitar que su manejo se vuelva una carga para el Estado mientras vuelven a sus dueños o son asignados a reparación.Pero algunas de las previsiones plantean la posibilidad de que muchas víctimas se queden sin atención, por física falta de recursos.La Ley de Justicia y Paz puso desde el primer momento el peso de la reparación en los miembros de los grupos ilegales. Pero en el mismo Gobierno se daba por descontado que, dada la cantidad de personas afectadas, iba a ser necesaria la destinación de recursos del Estado.Los 'paras' se habían comprometido con el Gobierno a una devolución inicial de al menos 100 mil hectáreas, y se estima que ellos y los 'narcos' se apropiaron de entre dos y cuatro millones de hectáreas.ORLANDO LEÓN RESTREPOSUBEDITOR DE JUSTICIA DE EL TIEMPO* justicia@eltiempo.com.co
posted by roman @ 12:25 PM
Valledupar Colombia 18 de Julio 2006. 9:00 P.M.Declaración conjunta de la II Misión de acompañamiento al Pueblo Indígena Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa MartaLas ONG y organismos nacionales e internacionales abajo firmantes condenamos con fuerza las repetidas violaciones al derecho internacional humanitario por parte de la Fuerza Pública del Estado Colombiano que hemos podido constatar al interior del Resguardo Indígena Kankuamo.Estamos particularmente preocupados por la militarización de los territorios, en abierta violación de la Constitución Colombiana que reconoce las autoridades indígenas como administradoras de sus territorios.Hemos verificado que unas bases militares se encuentran al lado de construcciones civiles, poniendo en riesgo la integridad física, espiritual, cultural y psicologica de las comunidades kankuamas de la zona. Esta situacion evidencia el irrespeto a la autonomia de los pueblos indigenas sobre sus territorios. El caso ms grave es el de la base militar en la comunidad de Guatapuri el cual est;a ubicado al lado del unico colegio de la zona, lugar que ademas es sitio sagrado de los cuatro pueblos indigenas de la sierra Nevada de Santa Marta (kankuamos, arhuacos,kogis y wiwa).Por todo lo anterior, después de haber visitado las comunidades de Atanquez, Chemesquemena, Guatapuri y La Mina y de los encuentros con las autoridades indígenas espirituales e institucionales locales, queremos expresar una firme condena por las evidentes violaciones de los derechos humanos que persisten contra el pueblo indígena Kankuamo.Hemos recogido los testimonios directos de familiares de hombres y mujeres injustamente presos y amenazados con la violencia y por lo tanto exigimos la liberación de todos los presos afirmando que seguiremos denunciando esta situación a nivel nacional e internacional para mostrar los crímenes contra la humanidad de los cuales son víctimas los indígenas del pueblo Kankuamo.Dias previos a la visita al territorio kankuamo, se solicitaron reuniones con las autoridades municipales de Valledupar y departamentales del Cesar, con el objetivo de poner en su conocimiento las impresiones recogidas durante esta mision, asi como realizar el seguimiento de los compromisos adquiridos por parte del Alcalde, Ciro Pupo Castro, en la primera mision realizada en el mes de Noviembre del 2005. Esta reunion se llevo a cabo con fecha 18 de Julio del presente ano, con la ausencia injustificada de la Alcaldia y con la presencia del Secretario de Gobierno, Jose Luis Uron Marquez en donde se recopilo una lista con el nombre y numero de documento de identificacion de cad uno de los participantes junto con el registro visual de los mismos.De esta reunion surgieron los siguientes compromisos, asumidos por la Administracion Departamental:Reubicacion de la fuerza publica asentada en los sitios sagrados y zonas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, como Escuelas y Centros de Salud.Respeto del derecho de consulta previa y el aval de las autoridades indigenas de los cuatro pueblos de la Sierra Nevada frente a cualquier intervencion en sus territorios, especialmente frente a la construcciónde la represa de Besotes.Adelantar gestiones con el Gobierno Municipal para eliminar las Corregidurías del Resguardo Kankuamo ya que estas interfieren en la autonomia y fortalecimiento del gobierno propio. Adelantar gestiones con el ICBF para adaptar el sistema de evaluacion y funcionamiento de los Hogares Comunitarios a las practicas tradicionales, asâ€™i como el mejoramiento de las condiciones economicas de las madres comunitarias.Finalmente, el Secretario de Gobierno Departamental se comprometio a garantizar el ingreso de todos los participantes en la Mision y sus equipos periodisticos, a la Carcel Judicial de Valledupar el dia 18 de Julio, para verificar la situacion de los kankuamos detenidos irregularmente y, en algunos casos arbitrariamente, victimas de señalamientos injustificados. Segun lo acordado anteriormente, la Mision se traslado a hora indicada por el mismo (15:00 hrs) al Centro Penitenciario sin embargo el director de la carcel HUGUES MAYA por orden del director del INPEC nego el acceso a la delegacion completa confundiendo a la misma con indicaciones contradictorias respcto a los permisos de entrada. Esto nos autoriza a pensar que las condiciones humanitarias al interior del centro penitenciario han empeorado respecto a la primera mision realizada en noviembre de 2005.El imcuplimiento de este sencillo crompromiso pone en duda la credibilidad frente a la realizacion de los restantes acuerdos. Dadas las caracteristicas del registro visual y la entrega del listado de nombres y numero de documentos de identidad realizado a los miembros de la mision, durante la reunion mantenida con las autoridades departamentales, responsabilizamos a las mismas de la integridad y seguridad de todos los miembros de la mision.Por todo ello, las ONGs, las organizaciones políticas, sociales y sindicales participantes en esta misión afirman que fortalecerán su acompanamiento al pueblo kankuamo fundamentalmente en lo relacionado con deetnciones arbitrarias e injustas, realizacion de megaproyectos en el resguardo que amenazan la integridad y la sagralidad de los territorios indígenas en los cuales los pueblos que allí viven con derechos a administrar y cuidar sus recursos, según los tratados internacionales y la misma Constitución Política de Colombia de 1991.PARTIDO VERDE ITALIANORED DE HERMANDAD Y SOLIDARIEDAD COLONBIA - EUROPADONNE E AMBIENTE DEA ITALIAASSOCIAZIONE YA BASTA! ITALIAGLOBAL PROJECT ITALIACOLECTIVO DE ABOGADOS JOSE ALVEAR RESTREPOASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA - ESPAÑASINALTRAINALCOMITÉ PERMANENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOSHUMANIDAD VIGENTECOSPACCFUNDACIÓN HEMERAJUSTICIA Y VIDAMovimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo MODEPSIEMPREVIVACRIC, Consejo Regional Indígena del Cauca.UNEBUSASREVISTA VERDE REGENERACIONPROYECTO AURORACONSULROTIA PARA LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESPLAZAMIENTO CODHESMESA DE INTERLOCUCION SOACHA MIGDCOLECTIVO RED-ACCIONRED ECUMENICAMINGAMOVIMIENTO NACIONAL DE VICTIMAS DE ESTADOFUNDACION MANUEL CEPEDA VARGASONICCODHES.
posted by roman @ 12:50 PM
Hoy en Yahoo! Mi Yahoo! Correo Hola javiermoroh [Salir, Mi cuenta] Inicio - Ayuda Correo | Contactos | Agenda | Bloc de notas Novedades - Opciones Revisar correoEscribir Buscar en mensajesBuscar en la Web Hoy Dell desde $ 8,499 MN+IVA.Carpetas[Añadir - Modificar] Buzón (21) Borrador Enviados Lotes de correo (6)[Vaciar] Papelera[Vaciar] MercadoLibre Ofertas del Día Inglés infantilahora en DVD Solicítela aquí Anterior | Siguiente | Ir al Buzón Llamar o Mensaje instantáneo el_turbion EliminarResponderReenviarEs basuraMover Presentación imprimible Este mensaje no está resaltado. [ Resaltar mensaje - Marcar como no leído ] Fecha: Thu, 20 Jul 2006 00:17:19 -0500 (CDT) De: "[El Turbión]" Ver detalles de contacto Asunto: [CCMA] Continúan amenazas contra medios de comunicación y organizaciones sociales A: elturbion@gmail.com Coordinación Colombiana de Medios Alternativos Pronunciamiento públicoContinúan amenazas contra medios de comunicación y organizaciones sociales Bogotá, 17 de julio de 2006El pasado 7 de junio, en un mensaje enviado por correo electrónico, fueron amenazadas veinte organizaciones sociales, de derechos humanos y medios de comunicación alternativa. El remitente, que se autodenomina como grupo anticomunista, declara “objetivo militar” a estas organizaciones, a cuyos integrantes llama “supuestos líderes, abogaduchos y comunicadores camuflados en la civilidad”. En el mensaje se le atribuye la responsabilidad a los amenazados de la mala imagen del gobierno en el exterior, como si no bastaran los informes, documentos y pronunciamientos emitidos por organismos humanitarios, la Unión Europea y el sistema de las Naciones Unidas sobre la crítica situación del país en materia de derechos humanos, y en especial sobre desplazamiento interno, libertad de prensa y persecución política y social, entre otras problemáticas agudizadas como consecuencia de la aplicación de la política de “seguridad democrática”.A estos mensajes intimidatorios se suman los continuos hostigamientos, atentados y desplazamientos forzados de los que son víctimas los periodistas colombianos, así como las amenazas contra estudiantes y profesores universitarios, como ocurrió en las universidades de Antioquia y Nacional; las que fueron enviadas contra el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el periódico Actualidad Étnica, CODHES, y otras organizaciones no gubernamentales; el hostigamiento al sindicato ACOTV, y a las recientes amenazas dirigidas a organizaciones sociales en la ciudad de Barrancabermeja y la región del Magdalena Medio, como las realizadas contra la Organización Femenina Popular (OFP). Por eso, este mensaje es apenas la última de una seguidilla de amenazas que, a través de correo electrónico y otros medios, han llegado a estas organizaciones. Los amenazantes se amparan en la falsa legitimidad que les brinda el pretendido hegemonismo producido por la reelección del actual gobierno y se escudan en el soberbio manto de impunidad que brinda el estatus de desmovilizados. Una vez más, se evidencia la falta de condiciones para el ejercicio periodístico en Colombia, así como para la labor de defensores de derechos humanos, sindicalistas y lideres sociales. Por esta razón, los comunicadores agrupados en la Coordinación Colombiana de Medios Alternativos (CCMA) denunciamos ante la comunidad nacional e internacional la grave situación a la que está sometido el trabajo periodístico y de comunicación alternativa e independiente en Colombia. Rechazamos estos actos de intimidación contra periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales, y hacemos un llamado al pueblo colombiano y a la comunidad internacional para continuar denunciando estos hechos. Así mismo, exigimos al Estado colombiano y a las autoridades respectivas que se investigue el origen de estas amenazas y la participación de estructuras paramilitares en estas acciones. De la misma manera, exigimos al gobierno nacional brindar las garantías necesarias para que las organizaciones que promueven la libertad de prensa y los derechos humanos en Colombia continúen con su labor. Mayores informes: ccmacolombia@yahoo.com - 310 5614276
posted by roman @ 12:49 PM
LOS U´WA RECHAZAMOS ROTUNDAMENTE EL CONCEPTO DEL CONSEJO DE ESTADO FRENTE A LA DECISIÓN DE DAR: VIA LIBRE A LA BUSQUEDA DE PETROLEO EN TERRITORIO U´WA.Razones:1. El tema de la consulta previa es un asunto que va más allá de simples reuniones entre el gobierno nacional, empresa petrolera y el pueblo U´wa, por que no se trata de agotar un formalismo institucional que se consigne en un cuadro cronológico para argumentar que se cumplió con el proceso de CONSULTA PREVIA, si no la obligación del Estado Colombiano ante la comunidad nacional e internacional de proteger y garantizar objetivamente el derecho a la vida, integridad cultural, étnica, social y territorial del Pueblo U’wa, derecho fundamental que esta consignado en la Ley 21 de 1991, la Constitución Nacional, la Carta Universal de los Derechos Humanos, preceptos normativos que están desarrolladas parcialmente en la Sentencia de la Corte Constitucional SU-039/97, las recomendaciones OEA-HARVARD, y las recomendaciones de la Comisión de Expertos de la OIT, ENTRE OTROS. 2. El Consejo de Estado en pleno Siglo XXI NO CONSULTO Y POR LO TANTO NO CONSIGNO la jurisprudencia que históricamente tiene sentado frene a los derechos territoriales que tenemos los pueblos indígenas sobre nuestras tierras de RESGUARDO, de las “tierras dadas a los indios para que la guarden” pues es de resaltar que sus pronunciamientos judiciales tienen efecto de cosa juzgada constitucional y legal y prestan merito ejecutivo. Desconocer la jurisprudencia es violar la misma Constitucional Nacional y la Ley, es prevaricar.3. Los U´was de Boyacá, Santander y Norte de Santander hasta este momento no hemos decidido si aceptamos o no aceptamos la consulta previa. Esta decisión debe ser libre y autónoma de nuestra parte y no bajo presión del gobierno, por lo tanto hemos decidido que lamisca la esteremos entregando por escrito el 31 de agosto de 2006 ante la dirección de etnias del ministerio del Interior y de Justicia, y no como lo solicitó el abogado consultor Pedro Vallejo en reunión sostenida con el cabildo mayor U´wa el 16 de mayo de 2006 en la sede de Asou¨wa en Cucará, Boyacá.Para el pueblo U´wa el concepto del Consejo de Estado es de corte político y económico más no jurídico.
posted by roman @ 12:46 PM
dhColombiaRed de Defensores no Institucionalizados de Colombia*****************************************************************[Bogotá] [Niño indígena kankuamo, víctima de brutal agresión policial de la policía de Bogotá][Julio 15 de 2006] [Humanidad Vigente]Duvier Daniel es hijo del líder kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, Imer Villazón Arias, quien se encuentra en Bogotá en actividades organizativas en bien de su etnia desplazada víctima de la violencia.El menor, cuando se encontraba a las 3.15 de la tarde de ese día conversando con una amiga en el barrio Santa Lucía, fue detenido sin ninguna causal por los dos agentes que se movilizaban en la moto de placas LQO 29 A. Esposado y amarrado al vehículo, fue arrastrado a alta velocidad varias cuadras.Terminada esta tortura, cuando uno de los policías, que buscaba quitarle las esposas observara que el niño intentaba fijarse en la placa que lo identifica, y gritándole “es que usted no aprende”, procedió a amarrarle la mano izquierda a la moto, volviendo a rodar ésta por una pendiente.Ver documento completo: http://www.dhcolombia.info/article.php3?id_article=315=============================================================
posted by roman @ 12:43 PM
Fosas comunes y desaparición forzada son tratados en el Encuentro de Víctimaspor Coordinación Colombiana de Medios Alternativos (CCMA)La desaparición forzada es uno de los más graves delitos que se ha recurrido como estrategia de guerra sucia y terror estatal. Hoy es una de las problemáticas a tratar en el marco del Tercer Encuentro del Movimiento de Víctimas, en la ciudad de Bogotá.Comunicado de prensa 06, Bogotá, D.C., Julio 8 de 2006 Con la ansiedad de recibir beneficios jurídicos, los paramilitares “desmovilizados” han empezado a informar sobre la existencia y ubicación de fosas comunes. En el Putumayo se han hallado en los últimos días cerca de once fosas. También han aparecido fosas en el occidente de Cundinamarca, en Santander y en Magdalena, que se suman a las de Montes de María (Sucre y Bolívar), el Catatumbo y el Sur de Bolívar, donde miles de campesinos asesinados por paramilitares fueron ocultos. El ocultamiento de los cadáveres de las víctimas en fosas comunes ha sido uno de los principales recursos del paramilitarismo de Estado. En su ofensiva desatada a finales de la década de 1990, los paramilitares se abrieron paso en muchas regiones de Colombia, ejecutando masacres indiscriminadas contra campesinos y pobladores. En la actualidad, los familiares de estas víctimas mantienen su lucha por encontrar los restos de sus seres queridos y reclamar su derecho a saber la verdad de lo qué pasó, a que se haga justicia y a que haya reparación integral. Hoy en día, lo están haciendo organizadamente, en torno al Movimiento Nacional de Víctimas y sus capítulos regionales. Hoy saben que no están solos, que son miles las víctimas de la desaparición forzada, uno de los crímenes más practicados por el terrorismo de Estado en las últimas dos décadas. Estas problemáticas se han dado a conocer en el Tercer Encuentro del Movimiento de Víctimas, donde más de mil personas de todas las regiones del país han llegado con sus testimonios y experiencias, y con su empeño por luchar contra la impunidad y construir caminos de memoria.
S.O.S. por AraucaBogotá, 9 de julio de 2006 Los participantes del Tercer Encuentro Nacional de Victimas de Crímenes de Estado, reunidos en la ciudad de Bogotá, hemos recibido la denuncia de la comunidad campesina de Arauca en la cual se da conocimiento de la militarización de las veredas y caseríos de El Botalón, Puerto Miranda, Puente Tabla, Nápoles y Caño Claro, del municipio de Tame. Usando como pretexto el conflicto existente en el departamento entre las organizaciones insurgentes, el Ejército por medio de tropas correspondientes a las Brigadas XVIII y Móvil N.5, ha venido ocupando escuelas y viviendas de estas veredas. La comunidad manifiesta su preocupación por la posibilidad de que ocurra una nueva masacre de campesinos o detenciones masivas de civiles, y denuncia y responsabiliza a dichas tropas de lo que pueda acontecer. Con este tipo de acciones se pretende generar zozobra para desplazar a la población de la región. Exigimos la desmilitarización de la zona, y que se garantice la protección de la vida, la libertad y los bienes de la población civil, dando cumplimiento al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Solicitamos así mismo la intervención de la Defensoría Regional del Pueblo y de organismos humanitarios. Tercer encuentro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.
posted by roman @ 12:35 PM
DeVer 277 – Declaración Final III encuentro del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado Ocho propuestas para la verdad, la justicia, la reparación integral, la memoria y la no repetición de los crímenes contra la humanidad Declaración final del Tercer Encuentro Nacional del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado El segundo gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez implicará un nuevo nivel de la crisis nacional. Su plan estratégico, contenido en documentos como el plan 2019, apunta a aniquilar los aspectos más avanzados de la Constitución de 1991, extender la militarización de la vida nacional, y poner en práctica el Tratado de Libre Comercio, entre otros elementos de un modelo netamente autoritario en el plano político, y profundamente regresivo en el plano social. Este contexto repercutirá, sin duda alguna, en un mayor deterioro de los derechos humanos, las libertades públicas, y los derechos sociales. La política de “seguridad democrática” incrementa las medidas represivas y arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y la brutalidad en el uso de la fuerza por parte del Ejército y la Policía, la militarización del país, la actuación ilegal de los agentes del Estado, y una mayor intervención militar de los Estados Unidos en el conflicto armado interno. Los acuerdos contenidos en el Tratado de Libre Comercio constituyen la base de la extensión del empobrecimiento masivo a sectores agrarios e industriales que se verán indefectiblemente discriminados por una competencia que favorece únicamente a la economía de los Estados Unidos, y a los intereses de las multinacionales. A esta alianza, contraria a las fuerzas productivas del país, el actual gobierno añade una propuesta de reforma tributaria que libera al gran capital de impuestos, y redistribuye la carga en las capas menos pudientes de la población, lo que significa una mayor concentración de la riqueza y una extensión social de la pobreza absoluta. En el centro de este modelo está el tratamiento de favorabilidad otorgado al paramilitarismo que ha permitido, en los últimos cuatro años, su reingeniería económica, política y social. Lejos de un proceso de desactivación de las estrategias paramilitares, en muchos lugares del país la consolidación del poder narcoparamilitar se ha visto favorecido por la apariencia de un proceso de desmovilización y reinserción. En estas zonas el proceso de control social ha seguido los mismos pasos. Luego de la incursión violenta de los grupos paramilitares respaldada por las unidades del Ejército y la Policía (realizada por medio de masacres, desplazamientos forzados, establecimiento de centros de exterminio en las zonas rurales y desaparición de los cuerpos en fosas comunes), se ha instalado el control social y político a través de la infiltración de las instituciones, para después instituir el lavado de activos, la contratación de obras públicas, la inversión en sectores como el de la construcción y procesos de legalización de la apropiación violenta de tierras. La respuesta a este modelo de sociedad antidemocrático ha sido un significativo ascenso de la acción pública de los movimientos sociales, de la cual hace parte la creciente convergencia y organización de las asociaciones de víctimas y sobrevivientes. Reunido en su Tercer Encuentro Nacional, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado presenta a la sociedad colombina ocho propuestas encaminadas a hacer realidad los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral, la memoria y la no repetición de los crímenes contra la humanidad y los genocidios. 1. Una estrategia jurídica que persiga a los máximos autores de los crímenes y la responsabilidad de los agentes estatales Para el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, la estrategia paramilitar ha sido diseñada, operativizada e institucionalizada por el Estado colombiano mediante la creación de diferentes dispositivos, entre los cuales se cuentan normas jurídicas que han legitimado su accionar, y otras que buscan legalizar la impunidad de sus crímenes. Así, los instrumentos jurídicos utilizados en el llamado proceso de “negociación y desmovilización”, como la Ley 782/02 y el Decreto 128/03, han servido para el otorgamiento de indultos y amnistías al 93 % de los paramilitares. Otras normas complementarias han concedido beneficios económicos y subsidios a quienes se han desmovilizado, sin ni siquiera verificar su pertenencia a los grupos paramilitares, y mientras continúa el proceso de consolidación económica, política y social, y la ejecución de nuevos crímenes a lo largo y ancho de la geografía nacional. Por su parte la Ley 975/05, mal llamada de “justicia y paz”, y su decreto reglamentario 4760/05, pretenden cerrar este ciclo de impunidad. En su versión original, estas normas no disponen las garantías necesarias para reconocer los derechos de las victimas a la verdad, la justicia y la reparación integral y a la no repetición de los crímenes. Tampoco reconocen la existencia de víctimas del Estado, y buscan encubrir la responsabilidad estatal en el surgimiento, accionar, desarrollo y consolidación de la estrategia paramilitar. A pesar de que la Corte Constitucional ha producido la sentencia C-370 –cuya redacción final aún no se conoce- en la que se introducirían algunas limitaciones a estos extensos beneficios, desde ya es evidente que el Gobierno Nacional y los paramilitares emplearán toda clase de estratagemas para conseguir la impunidad, y mantener a salvo los capitales obtenidos con crímenes atroces, y legalizados hoy en operaciones de lavado de activos. Por ello develar estos mecanismos de impunidad es uno de los retos y desafíos que tiene el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, usando diversas instancias y procedimientos jurídicos, tanto nacionales como internacionales. Recurriendo al acumulado del proyecto Colombia Nunca Más, dilucidará la verdad de lo ocurrido a través de la recolección del testimonio de las víctimas, y documentará las nuevas formas de reingeniería paramilitar. Para este fin, esclarecerá los vínculos entre paramilitares y autoridades civiles y militares, así como los crímenes que siguen cometiendo, y pondrá en claro la identidad de los beneficiarios de los mismos. El Movimiento de Víctimas exige que se sancione a los máximos responsables de más de 50.000 crímenes de lesa humanidad cuya documentación fue puesta a disposición del Fiscal General de la Nación el 29 de junio de 2006, y pide que se hagan efectivas en lo inmediato las órdenes de captura existentes. El Movimiento de Víctimas reafirma su exigencia de que los políticos corruptos, los empresarios, ganaderos y terratenientes, los intermediarios de multinacionales que han sido determinadores de estos graves delitos sean sancionados ejemplarmente, con condenas penales proporcionales a sus delitos y con medidas judiciales que les impidan el ejercicio futuro de cualquier cargo público. 2. Una estrategia para la verdad y la memoria histórica El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado ha expresado en diversos pronunciamientos su postura sobre la verdad y la memoria históricas. La verdad es un fundamento insoslayable para la superación de la impunidad de los crímenes contra la humanidad, y para la plena realización de los derechos a la justicia y la reparación integral. Para el Movimiento de Víctimas la dilucidación de lo que ha pasado no es un procedimiento que se realice en secreto y en la intimidad con los afectados por la violencia. La verdad y la memoria históricas son parte de un proceso de democratización de la sociedad y una oportunidad para que las fuerzas sociales que han sido excluidas, perseguidas y estigmatizadas puedan participar de la vida pública. También es un proceso que debe impugnar seriamente el pretendido carácter democrático del régimen político colombiano, y debilitar la legitimidad social de los grupos de poder que han logrado, mediante el ejercicio sistemático de la mentira y la justificación de los crímenes, mantener una imagen de respetabilidad social y responsabilizar a las víctimas de la agresión a la que han sido sometidas durante prolongados períodos. La información acumulada más importante de la que dispone el Movimiento de Víctimas para avanzar en el esclarecimiento histórico se encuentra plasmada en el proyecto Colombia Nunca Más. Este esfuerzo investigativo de más de una década sustenta sólidamente la existencia del terrorismo estatal en Colombia, no como una noción ideológica, sino como una realidad empíricamente demostrable. Por esa razón, la difusión social y la utilización jurídica de esta información son tareas estratégicas para las víctimas del Estado. En cuanto a las fuentes de la verdad histórica se deben fortalecer la recolección de testimonios, las pruebas forenses que sustentan los datos estadísticos, la búsqueda de documentos con valor probatorio, el trabajo sobre los archivos oficiales, las acciones de habeas data. Sobre este último tema se requiere conocer la ubicación de los archivos oficiales y los lapsos de desclasificación de los documentos que contienen. Asimismo se necesita entrar en contacto con organizaciones que en Estados Unidos trabajan en la desclasificación de documentos oficiales que atañen a la intervención militar y política en países latinoamericanos. Con relación a los crímenes que falta documentar, o cuya información debe ser sistematizada y agrupada se requiere que el Nunca Más clasifique los procesos de exterminio de grupos y colectividades, o en otras palabras que documente la existencia de los genocidios y procesos de exterminio. Igualmente que documente los crímenes de guerra de origen estatal, y que realice un esfuerzo de sistematización sobre el desplazamiento forzado, las detenciones arbitrarias y el exilio por razones políticas. Para conservar y difundir la información acumulada se propone que el Movimiento de Víctimas trabaje por la creación de un centro de memoria y documentación, que cumpla a la vez funciones de archivo de seguridad, y espacio de diálogo público sobre la verdad histórica. Allí pueden tener cabida los resultados de los procesos de investigación que se han desarrollado desde las víctimas, los bancos de datos de las organizaciones de derechos humanos, y los bancos documentales de las organizaciones sociales, políticas y sindicales, así como los informes y compilaciones documentales disponibles. 3. Una estrategia para el acompañamiento solidario con las víctimas: la Comisión Ética El Movimiento de Víctimas declara su derecho a salvaguardar la memoria histórica a través de la conformación de una Comisión Ética que custodie y comparta con la sociedad colombiana y con la humanidad, la verdad histórica de las víctimas de crímenes de Estado, así como el concepto que tiene, basado en el Derecho Internacional y en los Derechos de los Pueblos, de lo que significa la justicia y la reparación integral. La Comisión Ética nace ante la ausencia de un aparato de justicia que aborde de modo preciso el genocidio y los crímenes contra la humanidad; nace ante el desconocimiento de los derechos de las víctimas, y ante la banalización de los contenidos de la verdad, la justicia y la reparación en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la Ley 975/05. La Comisión Ética sesionará durante 10 años con 25 miembros internacionales y 5 nacionales; personas y organizaciones de reconocidas calidades éticas de Norteamérica, Suramérica, Europa, África y Asia. Promoverá la creación de casas de custodia de la memoria, el cuidado de los testimonios y objetos de las víctimas. Así mismo, animará espacios públicos de la memoria con museos públicos, construcción de monumentos, rastreo de fosas comunes y prácticas alternas de exhumación, parte del Derecho a enterrar. La Comisión Ética como construcción de propuestas de verdad, de justicia y de reparación con los familiares, las comunidades y las organizaciones de víctimas –indígenas, afrocolombianos, mestizos, mujeres, niños y jóvenes- recopilará insumos fundantes para la futura conformación de una auténtica Comisión de Esclarecimiento Histórico, cuando en Colombia existan garantías reales para la misma. La Comisión Ética acompañará las prácticas de las víctimas en la afirmación de sus derechos a la memoria, a la verdad, a la justicia y a la reparación integral con museos populares, casas de semillas, peregrinaciones, creación de zonas de reserva y de catastro alternativo, exhumación de restos, protección de bienes y de la biodiversidad, actos públicos, ruedas de prensa, etc. Al final de su mandato, la Comisión Ética hará públicas de modo integral y sistemático tanto las propuestas en materia de verdad, justicia y reparación; así como, el acumulado histórico de las víctimas -que deberá ser reconocido por el Estado- y la iniciativa de ley para la constitución de un nuevo aparato de justicia. 4. Una estrategia para la no repetición: la prohibición legal del paramilitarismo Las estrategias paramilitares han causado un grave daño a la sociedad colombiana. Además de sembrar muerte y terror, se han constituido en la principal forma de eliminar a la oposición política y social. El origen histórico y la existencia presente del paramilitarismo es responsabilidad del Estado colombiano. Hoy quiere hacer de él un poder legitimado y un poder económico mediante la preservación de su acumulación sangrienta de capitales. Por eso, el Movimiento de Víctimas considera que entre las garantían de no repetición de los crímenes contra la humanidad y el genocidio en Colombia, debe figurar la proscripción de las estrategias paramilitares en el país. Dicha iniciativa consiste en la redacción de un proyecto de ley, con carácter de reforma constitucional, que prohíba cualquier disposición que intente validar al menos tres modalidades de paramilitarismo. El proyecto de ley decretará, en primer lugar, la interdicción de cualquier política pública tendiente a armar a los civiles, o a otorgarles funciones propias de las fuerzas militares o de los cuerpos de seguridad estatales (cooperativas de tipo “Convivir”, redes ciudadanas de informantes y cooperantes, etc.). El proyecto de ley precisará la tipificación del delito de alianzas entre los agentes estatales y los grupos paramilitares, y aumentará las sanciones para quienes incurran en esta práctica o fomenten la infiltración paramilitar en el Estado, y el uso de la contratación pública para el beneficio de particulares pertenecientes a organizaciones paraestatales. El proyecto de ley prohibirá la planificación de operaciones encubiertas de tipo paramilitar por parte de miembros de la Fuerza Pública, y la conformación de escuadrones de la muerte y grupos mercenarios sobre el territorio nacional. El Movimiento de Víctimas es plenamente conciente de que con la actual composición del Congreso de la República una norma de estas características no tiene ninguna posibilidad de ser aprobada. Sin embargo, perseverará hasta que esta norma adquiera un rango constitucional y se convierta en un patrimonio de la sociedad. Igualmente, hará de esta propuesta un instrumento para abrirle paso a la controversia política sobre las garantías de no repetición de los métodos del terrorismo estatal y la depuración de la fuerza pública. 5. Una estrategia para la reparación: el catastro alternativo Para el Movimiento de Víctimas la reparación no es un acto caritativo del Estado, ni una transacción para tasar la dignidad de las víctimas por una suma de dinero. Tampoco es una colecta de dineros de la cooperación internacional o un deber de todos los ciudadanos a través de nuevos impuestos, como lo han sostenido el Gobierno Nacional y el presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Quienes tienen que reparar son los causantes del daño y los actuales detentadores de la riqueza que ha sido usurpada a las comunidades y grupos agredidos. Para el Movimiento de Víctimas, la reparación es un proceso de justicia con quienes han sufrido la violencia y con la propia sociedad. Por eso, el Movimiento reitera su compromiso de impulsar el Mandato Agrario del cual hace parte la propuesta de la elaboración de un catastro alternativo como mecanismo directo de acopiar información sobre los bienes, las tierras y territorios de las victimas, que fueron usurpados por la política de terrorismo de Estado. El catastro alternativo es la búsqueda de información sobre la magnitud del despojo, e intenta poner en evidencia que el desplazamiento forzado es una estrategia de contrareforma agraria, que establece un nuevo proceso de acumulación de tierras. Con esta herramienta las victimas podrán demandar las 5 millones de hectáreas de territorio que fueron usurpadas violentamente a campesinos, comunidades afrocolombianas, indígenas y colonos. También podrá reclamar la responsabilidad estatal por haber permitido o auspiciado directamente este despojo violento. 6. Una estrategia de lucha contra la desaparición forzada: la exhumación de las fosas comunes y el derecho a enterrar Las víctimas de crímenes de Estado declaran su derecho a exhumar los restos mortales de las fosas comunes y a enterrar dignamente a las miles de personas que fueron sometidas al crimen de la desaparición forzada como parte de la estrategia paramilitar. Muchos familiares saben dónde se ocultaron los restos mortales sus seres queridos. Muchas comunidades presenciaron la eliminación de sus líderes y miembros en las fincas que se convirtieron en centros de exterminio, en las que fueron sepultadas las víctimas. Pero hoy no pueden darles digna sepultura, pues aún persiste en las regiones el control de las mismas estructuras militares regulares e irregulares que torturaron, desaparecieron y después asesinaron. El Movimiento de Víctimas sostiene el legítimo derecho a elaborar el duelo, a saber dónde pueden los deudos visitar a sus familiares, y dónde las comunidades pueden rendir homenaje a quienes fueron inmolados. Afirma su derecho a encontrar a los desaparecidos, a saber dónde están, a recuperar los restos de humanidad, sus restos. Concibe el derecho a exhumar como la posibilidad de re-crear las vidas de quienes sufrieron los crímenes, de revitalizar los ríos, las tierras, liberándolas de ser el recinto del ocultamiento, y la impunidad de los perpetradores. Ratifica el derecho a convertir el dolor en esperanza, en la posibilidad de esclarecimiento de la verdad, y de dignificación del nombre, las opciones, los ideales, y proyectos de vida de quienes fueron desaparecidos. Ese derecho es el de la resistencia y la resilencia. Es el derecho a exhumar la vida y la memoria. 7. Una estrategia de lucha contra el genocidio político: verdad, justicia y reparación para las víctimas y los sobrevivientes de la Unión Patriótica La oposición política ha sido perseguida y ha intentado ser exterminada en Colombia. Los crímenes hacia estas expresiones son una práctica de represión a la construcción de alternativas sociales y políticas como una salida civil a las causas del conflicto armado. El Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado siente propios los colosales esfuerzos de las victimas y los sobrevivientes del Partido Comunista Colombiano y de la Unión Patriótica, por conocer la verdad plena, acceder a una justicia que castigue ejemplarmente a los promotores y autores del genocidio político que se ha perpetrado en su contra, y beneficiar y obtener reparación integral a los más de 4.000 crímenes cometidos contra sus militantes. Además, respalda plenamente la búsqueda de reparación política y de restitución de los cargos públicos en todas las instancias de gobierno y estado. El Movimiento de Víctimas expresa su apoyo irrestricto a la decisión de suspender la etapa de búsqueda de solución amistosa que venía haciendo curso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso No. 11.227 que se sigue contra el Estado colombiano por genocidio y grave violación de los derechos humanos y las libertades políticas de los miembros de este partido y el movimiento de oposición UP. Para las víctimas del Estado, el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez y las instituciones oficiales encargadas, no solo no han avanzado en las investigaciones ni ha castigado a los responsables y usufructuarios de este exterminio, sino que, por el contrario, realizan constantes esfuerzos por descalificar y estigmatizar públicamente la legitima labor de los sobrevivientes de esta aniquilación sistemática; fomentar el más primario anticomunismo, y hacer una apología del genocidio, que incentiva la continuación de nuevos hechos de violencia contra los miembros de los grupos de oposición. Desde la perspectiva actual, para el Movimiento de Víctimas es claro que la Ley 975/05 es una herramienta de impunidad, y por lo tanto, no permitirá que en el caso del PCC y la UP, como en el de otras decenas de miles de crímenes y violaciones contra el movimiento social y popular puedan prosperar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación integral, la memoria histórica y las garantías de no repetición. 8. Una estrategia de organización: el fortalecimiento del Movimiento de Víctimas El Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado representa un esfuerzo de unidad y construcción de confianzas de los diversos sectores sociales, étnicos y políticos agredidos por la estrategia autoritaria del Estado. Al convertirse en una fuerza social contra la impunidad, el Movimiento ha venido reuniendo a múltiples expresiones organizadas en un solo proceso que ofrece mecanismos propios de coordinación y consulta permanente en el plano nacional. Una lucha exitosa contra la impunidad requiere, sin embargo, de sólidos y pacientes esfuerzos organizativos en el plano regional, que reúna las diversas vertientes de las victimas de crímenes de Estado en un solo mecanismo de coordinación permanente, y haga realidad las líneas de acción social, política y jurídica en cada lugar. En dicha dinámica la educación y capacitación en los temas de conflicto y paz, las vías de exigibilidad y realización de los Derechos Humanos, y en especial, los Derechos de las Victimas, deben ocupar un lugar importante. La causa de las víctimas y la afirmación de sus derechos se fortalece con la conformación de cada nueva organización de familiares o sobrevivientes de crímenes del estado, por ello saludamos la creación del “Movimiento Hijas e Hijos contra la impunidad y por la memoria. Tercer Encuentro Nacional del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado.
Se dan a conocer informes regionales en el Encuentro Nacional de Víctimaspor Coordinación Colombiana de Medios Alternativos (CCMA) Las diversas delegaciones regionales que asisten al Tercer Encuentro Nacional de Víctimas dan a conocer sus informes sobre la situación humanitaria de las comunidades y sectores sociales afectados por el terrorismo de Estado. Comunicado de prensa 04, Bogotá, D.C., Julio 7 de 2006 El Tercer Encuentro de Víctimas de Crímenes de Estado, que se inició ayer en Bogotá, ha contado con una masiva participación de representantes de distintas organizaciones sociales, sindicales y defensores de derechos humanos y se ha convertido en un escenario de audiencia tanto nacional como internacional para que se denuncien las graves situaciones de violencia que se vienen presentando en todo el país. La delegación de Antioquia denuncia el control paramilitar que se continúa ejerciendo en este departamento, bajo el mando de Don Berna con el apoyo de alías “Daniel”. Los municipios de Bello e Itaguí también reflejan la situación de vulnerabilidad en que se encuentran las comunidades a causa de la presencia paramilitar. La infiltración de estos cuerpos y la activa presencia de grupos que se están rearmando mantienen en zozobra a los organismos que trabajan el tema de derechos humanos, por cuanto las amenazas se han intensificado y la muerte a manos de sicarios de un profesor de la Universidad de Antioquia, ocurrida meses atrás, demostraría la seriedad de las amenazas, así como la vulnerabilidad de estas organizaciones, en medio de la indiferencia del Estado colombiano. La agrupación criminal conocida como “Las Terrazas”, continúa ejerciendo el control en la zona y desde hace varias semanas realiza un trabajo de fuerza especial dedicado al cobro de deudas morosas bajo amenazas e intimidaciones. La delegación del Quindío ha denunciado de modo reiterativo, la falta de garantías y desprotección en la que se encuentran los defensores de derechos humanos y las organizaciones que trabajan brindando apoyo a las víctimas del conflicto armado colombiano. La situación del Magdalena Medio, como se denunció en la Asamblea Regional de Víctimas celebrada el primero de julio de 2006 en Barrancabermeja con la participación de cerca de mil delegados, es de las más complejas que se viven en el país. De acuerdo al análisis realizado en el evento sobre la realidad sociopolítica y económica de la región, y en especial sobre el proceso de “desmovilización” paramilitar y la polémica ley de “Justicia y Paz”, la Asamblea concluyó que se está exonerando de responsabilidad al Estado colombiano por el origen y consolidación paramilitar, y se está haciendo uso de los instrumentos jurídicos que consagra la Constitución de 1991 para ponerle freno a la impunidad y reconocer la participación del gobierno, por acción u omisión en crímenes de lesa humanidad. Las investigaciones que se vienen desarrollando en la costa atlántica colombiana por parte de distintos organismos, han revelado que los paramilitares cometieron 11 masacres en el departamento de Magdalena entre 1998 y 2000: una en 1998, dos en 1999 y ocho en el año 2000. Las masacres aumentaron un 700% en tres años. En ese mismo departamento ya se había denunciado una tenebrosa alianza entre paramilitares y caciques políticos, lo cual se ha venido ratificando en los posteriores análisis de comportamiento electoral. Un estudio realizado en este departamento señala que "Aunque ningún organismo del Estado ha comprobado tales acusaciones, un análisis de los resultados electorales sí parece evidenciar la concentración de votaciones por parejas de candidatos en ciertas regiones del departamento". En una edición de la revista Cambio se afirma que el representante Jorge Luis Caballero, expulsado de Cambio Radical junto a Jorge Castro Pacheco junto a Dieb Maloof, Habib Merheg y Luis Eduardo Vives, expulsados de la lista de “La U”, obtuvo votaciones entre el 93% y el 97% en municipios como Cerro de San Antonio, Pedraza, El Piñón, Concordia y Tenerife. “Esta misma concentración electoral la obtuvo el senador Salomón Saade, a quien el representante José Joaquín Vives acusó, en abril de 2005, de tener nexos con los paramilitares y de "entrar por la puerta de atrás a Ralito para obtener sus favores". El estudio agrega que tanto en Magdalena como en Cesar, en las elecciones de 2003 hubo candidatos únicos para la gobernación. “Los contrincantes políticos de Trino Luna y de Hernando Molina denunciaron presiones paramilitares. Al final Trino Luna fue elegido gobernador. Cabe recordar que Ahora denunciaron al gobernador de hacer campaña política con una de los comandantes paramilitares del sur del Magdalena”. Este control político que no se he determinado con total claridad en las elecciones de 2006, se ha evidenciado a través de las denuncias que varios delegados de Nariño, Guajira, Putumayo, Norte de Santander y Antioquia realizaron una vez concluida la ronda electoral. En el departamento de Nariño, por ejemplo, se supo que centenares de familias fueron desplazadas de varios municipios y que las autoridades incautaron documentos de identidad y quemaron otros tantos impidiendo su participación en las elecciones presidenciales del 28 de mayo pasado. La presencia paramilitar en buena parte del territorio nacional es una realidad, como también lo es la connivencia que continua existiendo entre estos grupos criminales, las fuerzas armadas, gremios empresariales y sectores representativos de la política nacional. La acción homicida y el constante hostigamiento contra sindicatos, organizaciones sociales y centros educativos se ha recrudecido durante los últimos meses, produciendo asesinatos, exilios forzosos, desplazamientos y denuncias por amenazas sin que el gobierno, pese a las recomendaciones hechas por la comunidad internacional, haya decidido brindar todas las garantías necesarias para las personas amenazadas o sindicadas de ser cómplices de la guerrilla o neciamente, tildadas de “comunistas disfrazados” como se ha repetido, no sólo en labios del mismo mandatario sino a través de las amenazas que vía correo electrónico han llegado a varios organismos. El silencio del gobierno no sólo ha terminado por desatender los llamados que se le vienen haciendo desde las mismas organizaciones, sino desde importantes entes de control y vigilancia internacionales, que han insistido en la necesidad de garantizar el orden democrático, el pluralismo y el respeto a la vida, estimulando el respaldo ciudadano a las organizaciones sociales y promoviendo serias investigaciones sobre el origen de las amenazas y el control narcoparamilitar que estos grupos, aún “desmovilizados”, continúan ejerciendo en todo el país. Las delegaciones regionales coinciden en descalificar la ley 975 del 2005 que le confiere un tenebroso marco de impunidad a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el paramilitarismo con apoyo del mismo Estado, en rechazar rotundamente las incriminaciones, capturas masivas y arrestos arbitrarios que vienen produciéndose contra líderes sociales y sindicales acusados de rebelión en el mejor de los casos, y contra toda política excluyente, dócil con los criminales, indolente con las víctimas y cómplice de atrocidades que laceran nuestra conciencia humana y afianzan el clima de terror y violencia que vive Colombia
posted by roman @ 12:33 PM
EMPIEZA LA III ASAMBLEA DEL MOVIMIENTO NACIONAL DE VICTIMAS DE CRÍMENES DE ESTADOpor Coordinación Colombiana de Medios Alternativos (CCMA) Comunicado de prensa 01, Bogotá, D.C., Julio 5 de 2006. Más de mil delegados, entre familiares de víctimas del terrorismo estatal, sobrevivientes de grupos políticos y movimientos sociales, representantes de comunidades afrodescendientes, campesinas e indígenas en resistencia, desplazados y exiliados por la violencia política, se darán cita los próximos jueves 6, viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de julio en la ciudad de Bogotá, en la III Asamblea del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado.El evento que contará además con la presencia de invitados internacionales como Madres de Plaza de Mayo, Movimiento de Víctimas del Franquismo, Federación Provincial de Afectados por la Violencia de Angaraes en el Perú, Federación Internacional de Derechos Humanos, entre otros, tiene como principal objetivo adoptar las nuevas líneas de acción tendientes a fortalecer el Movimiento y sus relaciones con experiencias de lucha contra la impunidad en América Latina, además de adoptar las directrices a seguir en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación integral. La instalación de la III Asamblea se realizará con un acto cultural y la asistencia del cuerpo diplomático, Delegación Europea, Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas, Fiscalía y Procuraduría General, Defensoría del Pueblo, Conferencia Episcopal, entre otros, el jueves 6 de julio a las 6 de la tarde en el Hotel Bacatá. El viernes 7 de julio se dará inicio formal al evento con la lectura de los informes regionales y sectoriales de los capítulos que integran el Movimiento de Víctimas, para dar paso posteriormente a la realización del panel sobre estrategia jurídica y al trabajo en comisiones. Así mismo el sábado 8 de julio, se llevará a cabo un panel sobre desaparición forzada y fosas comunes y otro que tratara el tema desplazamiento, mandato agrario y territorio. Finalizando el día habrá un foro sobre procesos organizativos en la lucha contra la impunidad y se realizará la presentación pública de Hijos e Hijas por la memoria. Es importante recordar que el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, nace en junio de 2005, cuando más de 800 delegados y 204 organizaciones locales decidieron unirse como una expresión organizada de lucha por los derechos a la memoria, la verdad, la justicia y la reparación integral. Más Información:www.colombia.indymedia.orgwww.movimientodevictimas.org
posted by roman @ 12:30 PM
iii) Informes de Inteligencia revelan que desmovilizados han creado 21 nuevos grupos para penetrar, entre otras, las grandes ciudades. Los asistentes a la cumbre de la Junta Nacional de Inteligencia realizada el martes 30 de mayo en el Ministerio de Defensa, conocieron un informe confidencial bautizado como Bacrim -bandas criminales emergentes-. El documento, de más de 40 páginas, demuestra que en Colombia se abrió paso una tercera generación de paramilitares que busca copar los espacios dejados por los desmovilizados y hacerse a posiciones estratégicas en las viejas zonas de conflicto y en las grandes ciudades. Las cifras contenidas en el informe Bacrim, que desde ese día quedó en manos de las Fuerzas Militares, el DAS y la Policía, revelan la existencia de 22 grupos ilegales nuevos, con 2.500 hombres en armas y células expansivas que edifican actualmente sus estructuras logísticas y militares a través de redes en otras tantas regiones del país. Son hombres que por ahora no muestran el perfil contraguerrillero de sus antecesores sino que parecen proclives a hacer alianzas con la intención de ganar mucho dinero. Uno de los principales frentes de ese desdoblamiento es más evidente en tres de las más grandes ciudades del país -Bogotá, Medellín y Barranquilla-, con núcleos en las áreas industriales y comerciales (ver recuadro). "El fenómeno ha dejado de ser latente y ya está afectando la actividad económica -dijo uno de los analistas consultados por CAMBIO-. Llevados por eso, hay gerentes y directores de empresas que ya autorizaron la incorporación de desmovilizados a sus esquemas de seguridad, conscientes de que estos conocen como ninguno la lógica paramilitar". La información contenida en el documento Bacrim, que luego fue confrontada y complementada con investigaciones de centros de pensamiento y ONG serias como la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, llegó la semana pasada a manos del Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, el Fiscal General, Mario Iguarán Arana, y el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez Ortiz, entre otros altos funcionarios del Estado. Fuentes de la Casa de Nariño, que no ocultaron la preocupación del alto Gobierno por lo que sucede, señalaron que las evidencias reveladas por el informe Bacrim empezaron a cambiar la percepción del comisionado Restrepo, hombre habitualmente discreto y silencioso, que el lunes 17 de abril dijo, con cierto orgullo, que "las Auc, las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia, se acabaron". Como si presintiera lo que sucedería poco tiempo después, Restrepo consideró necesario "hacerles un llamado a todos los ciudadanos para que tengan eso muy presente, porque puede aparecer de pronto por allí un extorsionista que pretenda actuar a nombre de las Auc. Ellas ya no existen. La totalidad de grupos que conforman las Autodefensas Unidas de Colombia se desmovilizó y entregó sus armas". El reciclaje 'para'. Los primeros asomos del reciclaje paramilitar fueron detectados en enero de 2005 en el nororiente del país, un mes después de la desmovilización del bloque Catatumbo, comandado por Salvatore Mancuso. Según estableció CAMBIO, por aquellos días aparecieron en Tibú, Norte de Santander, 50 desmovilizados del Bloque Central Bolívar, al mando de un hombre conocido como Jairo, el sicario, quien dio origen a una organización denominada Las Águilas. Poco después la red creció y sus nacientes células quedaron en manos de mandos medios con un común denominador: eran renuentes a aceptar cualquier propuesta de paz y estaban dispuestos a explotar el know how disponible en materia de rutas para el narcotráfico y el ingreso de precursores químicos. Las autoridades calculan que Las Águilas están conformadas por unos 150 hombres y sus comandos se diferencian por colores en cada región. Así, en Cúcuta se denominan Águilas Negras; en Ocaña, Águilas Doradas; Águilas azules en Tibú y rojas en la zona de El Tarra. Este comando paramilitar también apareció en Arauca, tras la desmovilización de los bloques liderados por los hermanos Mejía Múnera, Los Mellizos. Uno de los episodios más crueles protagonizados por Las Águilas sucedió en Ocaña, Norte de Santander, a finales de febrero de este año, cuando Sinaí, uno de los jefes del grupo conformado por más de 100 hombres, citó a los comerciantes del pueblo a una reunión. Cuando todos estaban reunidos en una finca, Sinaí llamó a lista y luego les dio una orden a sus hombres para que golpearan en forma salvaje a una persona que estaba encapuchada en el suelo. "Luego nos dijo que eso nos pasaría a nosotros o a nuestras familias si nos negábamos a pagar la cuota o nos atrevíamos a denunciarlos", dijo un comerciante que asistió a la reunión. Lo que ha ocurrido desde noviembre de 2003, cuando se inició el proceso de desmovilización paramilitar, les da la razón a varios comandantes de las autodefensas que previeron lo que podría suceder. Ernesto Báez, vocero político de las Auc, señaló en una entrevista radial que muchos reinsertados decidieron formar nuevos grupos paramilitares porque "nada esperan de una sociedad egoísta, oportunista y pusilánime". Agregó que sólo 1.500 de los 30.000 desmovilizados han recibido oportunidades laborales y explicó que "lo que ha pasado es que se desmovilizaron grupos de autodefensa y se reactivaron los paramilitares, como se puede ver con los poderosos ejércitos en el Valle, en la región del San Jorge y en el Catatumbo". Báez terminó la entrevista con una conclusión escalofriante: "Si no les ayudan a los desmovilizados, la generación paramilitar será más violenta y sanguinaria que las anteriores". No menos concluyente fue Hernán Giraldo, comandante del Bloque Resistencia Tayrona, quien el 3 de febrero pasado, después de cumplidos los actos protocolarios de la desmovilización de los 1.166 hombres que estaban bajo su mando, les dijo en voz baja a varios asistentes que su grupo y algunas estructuras del bloque Norte guardarían, por si acaso, buena parte de sus armas para usarlas de nuevo si el Gobierno incumplía los acuerdos de Santa fe de Ralito. "Esto es por si nos toca reagruparnos", dijo. Todo indica que sus palabras no se fueron con el viento porque el 24 de abril el Gaula del Ejército en Cesar, zona de influencia de Giraldo, hallaron una caleta en una finca del corregimiento Villa Germania, jurisdicción de Valledupar. Allí, perfectamente empacados, había 91 fusiles AK-97, dos ametralladoras M-60, cinco lanzagranadas, 320 granadas y 54.000 cartuchos que pertenecían al frente Mártires del Cesar, cuyo comandante era Adolfo Enrique Guevara, 101 o Iván, quien se desmovilizó el 10 de marzo en el corregimiento La Mesa, cerca de Valledupar. El empadronamiento es su nuevo sistema para imponer cuotas de producción de coca. Aun cuando el avance de los nuevos 'paras' parece incontenible, las autoridades les han dado uno que otro golpe. El 31 de mayo la Policía capturó en Ciénaga, Magdalena, a cinco hombres y una mujer que llevaban tres pistolas, una granada y uniformes de las Auc. Luego se comprobó que cuatro de los detenidos hicieron parte de bloque Resistencia Tayrona de las Auc. Dos días después, el 2 de junio, la II Brigada del Ejército capturó 16 personas cuando transitaban la vía que de Santa Marta conduce a Riohacha. Siete de los detenidos eran desmovilizados del bloque Wayú y tenían en su poder un lanzacohetes ruso, cuatro fusiles, 500 cartuchos y 20 uniformes de fatiga con brazaletes de las Auc. Las nuevas estructuras paramilitares también han aparecido con fuerza en Puerto Libertador y Montelíbano, Córdoba. En 2005, dos docenas de hombres vestidos de civil, con armas cortas y radioteléfonos, irrumpieron en esas localidades para robar algunos establecimientos comerciales y amenazar a los pobladores. En diciembre del mismo año el grupo ya tenía en sus filas a más de 100 hombres uniformados y con fusiles. En La Guajira, el grupo Contrainsurgencia Wayú -que se abstuvo de participar en el proceso de paz con el gobierno-, se fortaleció con el ingreso a sus filas de 80 desmovilizados del Bloque Norte. Su área de influencia es el corregimiento Bahía Portete, municipio de Uribia, y ya desató una guerra a muerte con las familias de la etnia indígena que ostentaba el control de las rutas de contrabando y tráfico de gasolina en la región. "La reactivación del paramilitarismo en los departamentos de la región atlántica responde a la necesidad de conservar la participación que los antiguos grupos, asociados con cuestionados empresarios como Enilce López, La Gata, lograron consolidar en negocios legales e ilegales de la región", explica Jorge Calero, analista de la Defensoría del Pueblo. En todo el país. Episodios ocurridos a lo largo y ancho del país demuestran que las conclusiones del documento Bacrim conocido por CAMBIO no fueron hechas al azar. Así por ejemplo, en la mañana del pasado 20 de enero la personera de Balboa, Cauca, cayó, junto con varios conductores, en un retén ilegal instalado en la vía que conduce al corregimiento de Patía. "Pensé que me iban a robar el carro, pero a los pocos minutos uno de los hombres armados se acercó a la ventanilla y se presentó como el comandante Cinco Cinco, del nuevo grupo paramilitar Bloque Central del Cauca - les contó la funcionaria a las autoridades-. Me entregó un volante en el que citaba a los habitantes de Balboa a una reunión que se realizaría el martes siguiente en un sector conocido como Lomitas, para cobrar una cuota a cambio de la protección que, a partir de la fecha, estaría a su cargo para librarnos de la guerrilla y la delincuencia común". La historia de la personera coincide con el informe de riesgo 055-05 emitido por la Defensoría del Pueblo el 23 diciembre pasado, que menciona a este grupo, conformado por más de 150 hombres, como parte de ONG, Organización Nueva Generación Paramilitar, cuyo interés sería controlar el creciente negocio del narcotráfico en Cauca y Nariño . En Nariño también apareció otro grupo llamado Recomposición Paramilitar. Ocurrió el pasado 8 de mayo durante la marcha que 4.000 campesinos de los municipios de Cumbitara, Policarpa, Iscuandé y Maguí realizaron para bloquear la carretera Panamericana con el fin de llamar la atención del Gobierno Nacional. Los marchantes denunciaron haber recibido amenazas de los jefes paramilitares Johny 20, Pedro, Raúl, Alex Medellín y alias El Águila, pertenecientes al desmovilizado Frente Libertadores del Sur, que alguna vez hizo parte del Bloque Central Bolívar. " Nos acusan de ser simpatizantes de la guerrilla y nos están exigiendo abandonar nuestros pueblos lo antes posible -explicó a CAMBIO uno de los manifestantes-. Dijeron ser de un grupo nuevo llamado Recomposición Paramilitar ". Como señaló Báez en la entrevista radial, el reciclaje paramilitar también se ha dado en el Valle del Cauca, donde quedaron rezagos de la desmovilización del Bloque Calima, el 18 de diciembre de 2004, y del Frente Pacífico, el 25 de agosto de 2005. En esa zona, que cubre el litoral pacífico hasta Buenaventura, se desató una cruenta confrontación entre más de 250 paramilitares que se quedaron por fuera del proceso. Varios de sus desmovilizados regresaron a las armas para frenar la reconquista, por parte de las Farc, de los espacios donde antes crecieron al amparo del narcotráfico. Sólo en 2005, esta guerra dejó alrededor de 500 muertos, 50 desaparecidos y 2.500 desplazados. El nuevo paramilitarismo tiene muy preocupada a la Organización de Estados Americanos, OEA, que desde el primer momento ha acompañado el proceso de desmovilización. En un informe publicado a finales de marzo, la OEA se refiere al reciclaje paramilitar y asegura que los bloques Central Bolívar y Montes de María no desmovilizaron toda su tropa sino que dejaron retaguardias con las que siguen administrando laboratorios y procesando narcóticos. Y va más allá al advertir que en la desmovilización del bloque Héroes de Tolová, el 15 de junio de 2005, no estuvieron todos los paramilitares que debían acogerse al proceso de paz. La misión del organismo internacional acogió también varias denuncias contra bandas de desmovilizados en Córdoba, Meta, Valle y Nariño. Para la OEA es claro que esta nueva generación de paramilitares no tiene otro objetivo que mantener el control de zonas productoras de coca y las rutas que permiten su comercialización. "Ya no usan camuflados, pero mantienen el control sobre la población civil de la zona. Y hasta realizaron un empadronamiento para imponer cuotas de producción de coca", dice el informe. ¿Qué pretenden? Las anteriores revelaciones pintan un preocupante panorama. Primero, por lo que significan en cuanto a la entrada en actividad de más de 20 nuevos grupos paramilitares en diferentes regiones del país y, en especial, en las grandes ciudades, donde pretenden imponer su ley basados en la amenaza y el terror. Y segundo, porque demuestran que quienes, desde que cuando el proceso con las Auc se inició hace ya más de dos años, denunciaron que muchos jefes paramilitares no tenían una verdadera voluntad de desarme, reconciliación y sometimiento a las leyes, tenían razón. ¿Qué buscan quienes, después de desmovilizarse, se reciclan ahora en nuevos grupos? Hay que decir que una de las razones por las cuales esto está sucediendo es que los mecanismos de reinserción de la tropa y los mandos medios paramilitares no están funcionando. De ahí que cientos de quienes en estos años han participado en los muy publicitados actos de desarme y desmovilización, hayan resuelto continuar en la actividad delictiva. Pero el problema no tiene que ver solamente con los muy deficientes programas de reinserción. La verdad es que, a la luz de la información disponible, varios jefes paramilitares han resuelto mantener activos grupos de retaguardia, a la espera de que las autoridades judiciales comiencen a aplicar la ley de Justicia y Paz, una norma que, sobre todo después del fallo de la Corte Constitucional, muy poco parece convencer a los jefes de las Auc. Sea como fuere, el Gobierno tiene la obligación de cortar de raíz este proceso de reciclaje paramilitar. Para ello, debe seguir avanzando en la identificación de los nuevos grupos y en la captura de sus cabecillas que, como es obvio, ya no podrán beneficiarse de las rebajas contempladas en la ley de Justicia y Paz. Pero además, debe advertir a los comandantes concentrados en Santa fe Ralito que, si este reciclaje continúa, no sólo quienes lo protagonicen estarán en peligro de que caiga sobre ellos todo el peso de la ley, sin rebajas ni beneficios. Mucho más grave: el proceso mismo estará en duda y, con él, la suerte de los comandantes que, al inicio de los diálogos, le dijeron al Gobierno y al país que ellos mandaban sobre sus tropas y estaban en capacidad de desmovilizarlas. El foco 'para' sobre la ciudad. El epicentro del rearme paramilitar en Bogotá se ha situado en el sector Altos de Cazuca, en límites de la localidad Ciudad Bolívar y el vecino municipio de Soacha. Desde septiembre de 2005, 25 líderes comunitarios han sido desaparecidos y por lo menos cinco de ellos asesinados allí por un grupo que se presenta como Bloque Central Santander y está conformado por miembros de los bloques Capital y Centauros de las AUC, desmovilizados el 4 de septiembre de 2005. Monitoreos realizados por la Defensoría del Pueblo coinciden con algunos informes de Inteligencia consultados por CAMBIO en la existencia de ése y de otro grupo llamado Bloque Guaviare, que están retomando las posiciones ganadas por el Bloque Capital en las zonas industriales y comerciales de la ciudad. El grupo emergente sacó provecho de la acefalía en la que quedó Capital después del asesinato de su jefe Miguel Arroyave. El rearme de los grupos paramilitares en Medellín se siente en barrios como La Mano de Dios y las comunas tres, ocho y 13, donde comandos de los extintos bloques Nutibara y Héroes de Granada, desmovilizados en noviembre de 2003, se han reagrupado para reestablecer allí el control territorial, cobrar vacunas, hacer reclutamiento forzado y reabrir las oficinas de cobro. Estas estructuras también se están gestando en las universidades con el fin de amenazar a estudiantes, maestros, sindicalistas y defensores de derechos humanos. Los informes de Inteligencia y el monitoreo del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo coinciden al mencionar la aparición de un grupo creado con ese fin, que se llama Autodefensas Unidas de la Universidad de Antioquia. Los nuevos grupos de paramilitares en Barranquilla se están adueñando de barrios populares como La Chinita, Barranquillita y los municipios vecinos de Soledad y Malambo. La banda, conformada por desmovilizados del Bloque Norte, está al mando de Carlos Arturo Posada Florez, pero realmente obedece órdenes de Jorge 40. Se ha especializado en oficinas de cobro, extorsión a comerciantes, muerte a sindicalistas, lavado de activos y en prestar seguridad a importantes empresas. [Fuente: Revista Cambio, Bogotá, Col, 11jun06]
posted by roman @ 12:28 PM
) Paramilitares se reciclan al sur de Bogotá. Se dice que Ciudad Bolívar, tendida sobre los cerros del sur de Bogotá, debe su nombre a la breve estancia del libertador Simón Bolívar en una casa de la zona, tras escapar de un atentado en 1828. Hoy es uno de los epicentros del fracaso de la desmovilización paramilitar promovida por el presidente de Colombia, Álvaro Uribe. Algunas fuentes indican la presencia de unos ocho grupos paramilitares ultraderechistas con diferentes dinámicas en Ciudad Bolívar y en el aledaño Altos de Cazucá, municipio de Soacha. Al menos tres son "hijos" del bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que comandaba el narcotraficante Miguel Arroyave, muerto en septiembre de 2004 presuntamente por sus propios hombres, mientras negociaba su desmovilización con el gobierno. El funcionario Roberto Sicard, de la Defensoría del Pueblo (ombudsman), distingue tres grupos remanentes de las AUC, del Bloque Central-Santander y de lo que queda del Bloque Capital en el paupérrimo Altos de Cazucá, de unos 50.000 habitantes, de los cuales 17.000 llegaron aquí desplazados por la guerra civil. Sicard es coordinador del proyecto Casa de los Derechos, casi la única presencia del Estado en Altos de Cazucá, una zona marcada por el estigma a la que el agua llega apenas dos horas por semana merced a un servicio que presta Bogotá. Otras fuentes sostienen que estos grupos se dedican a amenazar y asesinar a líderes comunitarios, al reclutamiento más o menos forzado de jóvenes (el desempleo constituye un aliciente), a la "limpieza social" de presuntos delincuentes y al cobro de "impuestos" a comerciantes y transportistas. También funcionan aquí laboratorios de cocaína, el sustento del viejo conflicto armado de este país. Además, afirman esas fuentes, están los "pseudo-paras", que operan bajo "franquicias" de las AUC o se ofrecen para alquilar sus servicios criminales al mejor postor. "Creo que en Colombia no se mata por ideología, sino por hambre o por poder", dijo Sicard a una veintena de periodistas sudamericanos que visitamos la zona a mediados de este mes. En Ciudad Bolívar el conflicto "se expresa en las redes de informantes (promovidas por la fuerza pública), el control paramilitar y el cobro de 'impuestos'", sostuvo Michael Jordan, director de la oficina regional para América Latina de la organización no gubernamental alemana Diakonia, que asiste a la población en situaciones de desastre. Se generan "continuamente amenazas, asesinatos selectivos", pero sin la expresión del enfrentamiento militar clásico, explicó Jordan. Un hombre de 40 años, presidente de una junta comunal de Cazucá cuya identidad se reserva IPS, relató que él y otros 13 líderes comunitarios habían sido amenazados de muerte por grupos ilegales. "El 30 de mayo me agredieron con armas punzantes y me dijeron que debía irme de la zona". "Hay miedo. Pensamos mucho sobre si hacer la denuncia en conjunto y al final decidimos que era más seguro hacerla por separado", añadió. "No queremos ser conejillos de Indias de estas organizaciones, por eso acepto hacer esta denuncia", dijo el hombre, ex militante del partido izquierdista Unión Patriótica, exterminado a tiros. "Nosotros" no queremos nada "con los políticos. Por el clientelismo nos dan un mercadito (la compra diaria de alimentos) a cambio de votos", sostuvo. Este mes, varias voces denunciaron asesinatos y desapariciones frecuentes en la zona sur de Bogotá. Los cadáveres no siempre aparecen, y se cree que son arrojados al cercano Rincón del Lago. Denunciar los atropellos o delitos a las autoridades es casi imposible. El puesto policial más cercano está a 20 minutos en automóvil. Pero, además, algunas fuentes señalan "nexos aparentes" de los criminales con suboficiales de la policía. En su primer mandato, iniciado en 2002, Uribe negoció con las AUC una desmovilización bajo un marco legal que habilita el perdón de muchos crímenes cometidos por estas milicias, en su momento autoras de 80 por ciento de las violaciones a derechos humanos, según la Organización de Naciones Unidas (ONU). Antes de que se iniciara el proceso, los paramilitares se medían en menos de 5.000 integrantes. Hoy las autoridades hablan de 32.000 desmovilizados y de unas 17.000 armas entregadas. Mientras, la prensa, analistas y activistas de derechos humanos ya mencionan la existencia de una tercera generación de estos grupos ilegales. Ciudad Bolívar y Altos de Cazucá, separados apenas por una calle, son también el precario hogar de decenas de miles de campesinos que escapan del conflicto armado en casi cualquier parte del país y llegan a la capital en busca del Estado que los proteja. Aquí se encuentran con las mismas amenazas que quisieron dejar atrás --junto con sus casas, sus predios y su sustento-- más la pobreza y el abandono. Según un relevamiento de 1993, en Ciudad Bolívar residen 713.000 personas en 252 barrios, 50 de ellos ilegales, que se van formando sobre las zonas más altas de los cerros. Estimaciones más recientes hablan de más de un millón de habitantes. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), allí viven unos 100.000 desplazados. Belfa Marín, de 37 años, llega agitada con dos de sus hijos a la Casa de los Derechos, financiada por la ONU. Llora sin lágrimas porque el gobierno cerró la policlínica que atendía hasta este mes a unas 10.000 personas, con un promedio de 1.050 consultas al año. La Casa de los Derechos ofrece asesoría legal y servicios de educación y salud, así como proyectos productivos para la población desplazada. Marín busca papel para recoger firmas contra el cierre de la policlínica. "¿Por qué nos van a quitar de aquí? Yo he depositado confianza en los doctores", dice presa de indignación. Tres años atrás, abandonó su pequeña finca en Vista Hermosa, en el central departamento del Meta, con su marido, sus tres hijos, su cuñado y una sobrina. Allí actuaban las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Primero marcharon a la aldea de San Juan de Arama, un poco más al norte, pero allí se encontraron con los paramilitares. A Marín le cuesta dar detalles y nombres. De volver no quiere ni hablar, aunque aquí vive en la miseria. La zona de Ciudad Bolívar y Altos de Cazucá fue décadas atrás territorio de apoyo logístico de las FARC, pero pasó luego a manos de los paramilitares, que proliferaron desde los años 80. En alguna fachada se ven leyendas como "AUC presentes". Las viviendas son casi siempre de ladrillos. En las zonas más bajas de Ciudad Bolívar se rodean de pequeños jardines y las calles están asfaltadas, hay luz y agua. Todo empeora a medida que se asciende. Las cañadas con aguas servidas corren a la vera de los caminos y las viviendas se vuelven más precarias, al tiempo que el verde desaparece. Los desplazados recién llegados se instalan cuesta arriba. El trámite para conseguir asistencia del Estado (un monto total equivalente a unos 200 dólares por un máximo seis meses) puede demorar dos meses o más. Por eso es muy común verlos pidiendo limosnas en los semáforos. Eso fue lo primero que le tocó hacer a Germán Luna, ahora presidente de la asociación de desplazados "Semillas de Esperanza", con unas 350 familias. Luna ha reunido a alrededor de 50 madres y sus hijos en un espacio que oficia de comedor en el sector de Santa Viviana, un vecindario ilegal de Ciudad Bolívar, que por serlo no tiene agua, luz ni teléfono. Hoy no hay almuerzo. Han esperado pacientemente la llegada de los periodistas para denunciar lo que viven. Luna dirige el comedor "Lunitas de Amor". Con arroz, lenteja, aceite y panela --donados por el Programa Mundial de Alimentos a través de la alcaldía bogotana-- se las ingenia para ofrecer una comida diaria a 417 niños. "Vivimos de la caridad", dice Luna. "Aquí no hay trabajo, y el reasentamiento es una mentira del Estado. No hay seguridad para retornar", afirma. En septiembre de 2001, su esposa y otras 17 personas fueron asesinadas en Montes de María, en el nororiental Sucre. Luna partió entonces junto a sus hijos, hoy de siete y ocho años. Uno de ellos, sonriente, se acerca con un papel en blanco. "Póngame su nombre y su teléfono", me pide. Mientras escribo, le digo que vivo muy lejos, en Uruguay. "No importa, si usted me deja, igual me voy caminando hasta allá". Cuando los periodistas se marchan, una joven se presenta con su beba en brazos. La pequeña está afiebrada. La madre pide "un autógrafo" en la suela del zapatito impecablemente blanco. "Es para cuando ella sea grande y yo le cuente que ustedes estuvieron acá", dice. Cabría esperar que, para entonces, la guerra colombiana haya terminado. "Estamos muy lejos del fin del conflicto y del paramilitarismo, que es el asesino ilegal al lado de la fuerza pública. Han cambiado de nombre con los años: antes eran sicarios, luego AUC y ahora, veremos...", suspira Jordan. Por Diana Cariboni, enviada especial, IPS, Bogotá, 25jun06
posted by roman @ 12:24 PM

References: artículo 20
 resolución 
 artículo 18
 artículo 18
 resolución 
 artículo 216
 artículo 14