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Timestamp: 2017-07-28 12:21:49+00:00

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Ley 5/2005, de 1 de junio, de los Sistemas de Protección de la Calidad Agroalimentaria en la Comunidad Autónoma de La Rioja. TÍTULO V. RÉGIMEN SANCIONADOR.
Infracciones administrativas Constituye infracción administrativa en materia de protección de la calidad y conformidad de la producción y comercialización agroalimentarias cualquier acción u omisión tipificada por la presente Ley o demás disposiciones legales o reglamentarias de aplicación.
En general, todas aquellas originadas por inexactitud, omisión o falsedad de lo que establecen los respectivos Reglamentos o normas reguladoras de las figuras de calidad, así como aquellas originadas en la elaboración de partes, declaraciones, libros y demás documentos de control que garanticen la calidad y el origen de los productos, especialmente las siguientes:
a) Falsear u omitir los datos o comprobantes que en cada caso sean precisos en los Registros que se establezcan en cada figura de calidad.
B) No comunicar inmediatamente al órgano de gestión de la figura de calidad cualquier variación que afecte a los datos suministrados en el momento de la inscripción en los Registros que se establezcan en cada figura de calidad.
D Las indicaciones falsas o prohibidas en etiquetas, anuncios u otra documentación.
E) La obstrucción a las labores de inspección. Se consideran como actos de obstrucción: la negativa a la entrada o permanencia de los inspectores en la finca o establecimiento, la negativa a presentar la documentación, o impedir o perturbar el reconocimiento de las mercancías, maquinarias, productos de proceso, las instalaciones o cualquier otro elemento que sea objeto de inspección.
F) No denunciar a la autoridad competente cualquier forma de fraude, alteración, adulteración, abuso o negligencia que perjudique o ponga en riesgo la calidad de los productos, la protección de los consumidores o los intereses generales, económicos o sociales del sector agroalimentario.
G) Validar o autenticar los documentos de acompañamiento o los documentos comerciales sin la autorización del órgano competente en la materia o no validarlos o autenticarlos en el caso de que este trámite sea obligatorio.
H) Aplicar tratamientos, prácticas o procesos de forma distinta a la establecida, siempre que no afecten a su composición, definición, identidad, naturaleza, características o calidad de los productos agroalimentarios o las materias o elementos para la producción agroalimentaria.
I) Incumplir las medidas cautelares, siempre que se trate de un incumplimiento meramente formal, no tipificado como grave.
j) Cualquier otro incumplimiento formal que no pueda ser considerado como infracción de carácter grave o muy grave.
a) El incumplimiento de las normas vigentes sobre prácticas higiénicas de manipulación, elaboración, conservación y transporte del producto.
B) Realizar cualquier acción, tanto por parte de los operadores como de los miembros de los órganos de gestión, que cause desprestigio o perjuicio a la figura de calidad.
C) El empleo de materias primas o productos producidos fuera de la zona autorizada en los supuestos de figuras de calidad vinculadas al ámbito geográfico.
D) La expedición, circulación o comercialización de mercancías o productos amparados en envases de características y formatos no aprobados por los respectivos reglamentos de uso de las figuras de calidad.
E) El uso de la figura de calidad en productos que no hayan sido producidos de acuerdo con las normas establecidas por la legislación vigente y por los diferentes reglamentos reguladores de las figuras, o que no reúnan las características y condiciones organolépticas que han de caracterizarlos.
F) La reincidencia por la comisión de más de una infracción leve en un mismo año.
g) Incumplir las medidas cautelares.
a) El uso de etiquetas no aprobado por los órganos de gestión.
b) La utilización de prácticas expresamente prohibidas por los distintos reglamentos que regulen las figuras de calidad.
C) La expedición de mercancías o productos que no correspondan a las características de calidad mencionadas en sus medios de comercialización.
D) Efectuar el etiquetado en locales que no sean las instalaciones inscritas autorizadas por el órgano de gestión.
e) Tener, negociar, utilizar indebidamente o falsificar documentos, etiquetas y demás elementos de identificación propios de las figuras de calidad.
F) La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de carácter grave.
g) Negarse absolutamente a la actuación de los servicios de inspección.
Sanciones 1. A las infracciones contra las disposiciones de la presente Ley les corresponden las siguientes sanciones pecuniarias:
a) Infracciones leves: sanción de 150 euros a 3.000 euros.
B) Infracciones graves: sanción de 3.001 euros a 15.000 euros, pudiendo rebasarse dicho importe hasta el quíntuplo del valor de las mercancías no conformes.
C) Infracciones muy graves: sanción de 15.001 euros a 500.000 euros, pudiendo rebasarse dicho importe hasta el décuplo del valor de las mercancías no conformes.
3. En los supuestos de las sanciones calificadas como graves, podrá acordarse, como sanción accesoria, la suspensión temporal del funcionamiento de una empresa, o en su caso, de un área o elemento de la misma, siempre en el ámbito de actuación de esta Ley, y por un período máximo de un año. En el caso de infracciones muy graves el período máximo será de hasta cinco años.
4. No tiene carácter de sanción el cierre, cese, clausura, suspensión o interrupción temporal de las actividades empresariales, instalaciones, locales o establecimientos que no dispongan de las autorizaciones administrativas o los registros preceptivos mientras no se cumplan los requisitos exigidos.
5. En los supuestos de infracciones calificadas como graves o muy graves, cometidas por personas inscritas en los registros de cualquiera de las figuras de calidad agroalimentaria, puede acordarse como sanción accesoria la suspensión temporal del derecho de uso de la denominación o marca o su baja definitiva en los registros. La suspensión temporal del derecho de uso de la denominación o marca supone la suspensión del derecho de utilizar etiquetas u otros documentos de la figura de calidad. La baja definitiva en los registros de cualquiera de estas figuras implica la exclusión de los infractores, y como consecuencia la pérdida de sus derechos inherentes a la denominación o marca.
6. En caso de que se hayan intervenido cautelarmente productos agroalimentarios y materias o elementos para la producción y la comercialización agroalimentarias relacionados con la infracción sancionada, el órgano competente para resolver el procedimiento sancionador debe acordar su destino y puede decomisar las mercancías que, por sus circunstancias no puedan ser objeto de utilización o comercialización, debiendo determinar el destino final que ha de darse a la mercancía decomisada.
8. En el supuesto de que los infractores no cumplan las obligaciones que se les imponen como sanción o que las cumplan de forma incompleta, pueden imponérseles multas coercitivas con la finalidad de que cumplan íntegramente la sanción.
9. Las multas coercitivas deben imponerse con una periodicidad de tres meses hasta el cumplimiento total de la sanción, son independientes de las sanciones pecuniarias correspondientes como sanción por la infracción cometida, compatibles con las mismas, y el importe de cada una de ellas no podrá ser superior a 6.000 euros.
Graduación de las sanciones Para la graduación de la cuantía de las sanciones deben tenerse en consideración los siguientes criterios:
B) La naturaleza de los perjuicios causados o que podrían haberse causado, especialmente el efecto perjudicial que la infracción haya podido producir a los operadores agroalimentarios o a los consumidores.
C) La reincidencia en la comisión de faltas relativas a la misma figura de calidad. Se considerará reincidencia la comisión en el plazo de 3 años de más de una infracción, siempre que así se haya declarado por resolución firme.
F) El valor y el volumen o cantidad de las mercancías y productos afectados por la infracción.
G) El importe del beneficio ilícito obtenido por la comisión de las infracciones una vez cuantificado, que en ningún caso puede ser superior a la sanción impuesta.
H) La generalización en un sector determinado de un mismo tipo de infracción.
Concurrencia de infracciones Si concurren dos o más infracciones imputables a la misma persona y alguna de éstas fuera el medio necesario para cometer otra, debe imponerse como sanción conjunta la correspondiente a la infracción más grave en su grado máximo.
Efectos de las sanciones El órgano sancionador puede proponer a la correspondiente autoridad en el caso de las infracciones graves o muy graves, sin que tenga carácter sancionador, la denegación, supresión, cancelación, o suspensión total o parcial de ayudas oficiales, créditos, subvenciones y demás ayudas que tenga reconocidas o que haya solicitado el operador agroalimentario sancionado.
Prescripción 1. Los plazos de prescripción de las infracciones son de 5 años para las muy graves, de 3 años para las graves, y de 1 año para las leves, a contar desde la fecha de comisión de la infracción.
2. Los plazos de prescripción de las sanciones son los mismos que establece el apartado 1 para las respectivas infracciones, a contar desde la fecha en que la resolución sancionadora se convierta en firme.
3. En caso de concurrencia de más de una infracción o de que alguna de ellas sea el medio necesario para cometer otra, el plazo de prescripción será el de mayor tiempo que corresponda a cada infracción individualmente considerada.
Actas de control y toma de muestras 1. En el caso de las actuaciones de control llevadas a cabo por la entidad externa de control y/o certificación, las actas de control se levantarán por triplicado y serán suscritas con carácter general por el inspector de la entidad externa de control y/o certificación, y un representante de la explotación o empresa, en poder del cual quedará una copia del acta.
2. En el caso de las actuaciones que en el marco de la superior inspección realice la Consejería competente en materia de calidad agroalimentaria, agricultura y ganadería, las actas se levantarán por triplicado y serán suscritas por el funcionario correspondiente y un representante de la explotación o empresa, en poder del cual quedará una copia del acta.
3. En ambos casos, los firmantes podrán consignar en el acta cuantos datos y manifestaciones consideren convenientes para la estimación de los hechos que se consignen en la misma, así como de cuantas incidencias ocurran en el acto de la inspección o levantamiento del acta.
4. Si de las actas de control realizadas por la entidad externa de control y/o certificación hubiera indicios de vulneración de la normativa aplicable a la figura de calidad, la entidad externa de control y/o certificación dará traslado de las actuaciones practicadas al órgano de la Administración con competencias en materia de inspección por si procediera, en su caso, la apertura de un procedimiento administrativo de inspección y sanción.
5. En las actuaciones que lleve a cabo el órgano de la Administración con competencias en materia de inspección, las circunstancias que el inspector consigne en el acta se considerarán hechos probados, salvo que por la otra parte se demuestre lo contrario. Si el interesado objeto de la inspección se negara a firmar el acta, lo hará constar así el inspector, procurando la firma de algún testigo.
6. En el caso de que se estime conveniente, se tomarán muestras del producto objeto de la inspección. Cada muestra se tomará, al menos, por triplicado, en cantidad suficiente para su examen y análisis y se precintará y etiquetará, quedando una en poder del operador inscrito o su representante.
Medidas cautelares 1. En ejercicio de la función de inspección de calidad, pueden adoptarse las medidas cautelares determinadas por el presente artículo, sobre las cuales debe levantarse la correspondiente acta, en la que deberán constar sus motivos. Estas medidas cautelares deben guardar proporción con la irregularidad detectada y deben mantenerse el tiempo estrictamente necesario para la realización de las pertinentes diligencias o, en caso de que la no conformidad sea subsanable, durante el tiempo necesario para la eliminación de lo que motivó su actuación, lo que debe ser verificado por el personal que realiza las funciones inspectoras.
C) La paralización de los vehículos en los cuales se transporten los productos agroalimentarios o materias y elementos para la producción y la comercialización agroalimentarias.
3. Las medidas cautelares adoptadas por el personal de la Administración que realiza funciones inspectoras no pueden durar más de quince días y deben ser confirmadas, modificadas, o levantadas por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador.
4. Las medidas cautelares pueden ser objeto de los recursos administrativos que procedan.
Inicio del procedimiento sancionador 1. El procedimiento sancionador podrá iniciarse en virtud de las actas levantadas por los técnicos cualificados del órgano administrativo competente, por comunicación de alguna autoridad u órgano administrativo, o por denuncia formulada por particulares sobre algún hecho o conducta que pueda ser constitutivo de infracción.
2. El procedimiento sancionador se iniciará mediante acuerdo del titular de la Dirección General con competencias en materia de calidad agroalimentaria, agricultura y ganadería.
Instrucción de expedientes 1. En todo caso, tanto si el infractor está inscrito en alguno de los registros de operadores de sistemas de protección, como si las infracciones son cometidas contra lo dispuesto en esta Ley por personas físicas o jurídicas que no se encuentren en el supuesto anterior y estén ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de La Rioja, será la Consejería con competencias en materia de denominaciones de origen la encargada de incoar e instruir el expediente.
2. El procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora será tramitado conforme a lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley 3/1995 de Régimen Jurídico del Gobierno y la Administración Pública o norma que la sustituya.
Resolución de los expedientes 1. La resolución de los expedientes sancionadores, recaerá en el órgano competente de la citada Consejería.
2. La instrucción y resolución de los expedientes por infracciones cometidas fuera del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja corresponderá a la Administración General del Estado o a las Administraciones Autonómicas, según determine el ejercicio de sus competencias.
No obstante, las denuncias se comunicarán al departamento responsable del Gobierno de La Rioja, el cual dará su oportuno traslado a la autoridad competente.
El Consejo Riojano de Calidad Agroalimentaria deberá crearse en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de la presente norma.
Las Asociaciones que sean titulares de las marcas y/o logotipos que sean utilizados por una figura de carácter y protección pública como las dimanantes de los Reglamentos (CE) 2.081/92 y 2.082/92 deberán por acuerdo expreso de su Asamblea General ceder su utilización al órgano de gestión correspondiente.
Todas las normas de carácter reglamentario que se establecen en la presente Ley, serán elaboradas y aprobadas en el plazo máximo de dos años.
Las figuras de calidad que hubieran sido reconocidas en base a los Reglamentos 2.092/91, 2.081/92 y 2.082/92 con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, dispondrán de un período de 1 año para adaptar su estructura y funcionamiento a lo establecido en ella.
Las entidades de control y/o certificación autorizadas en base a la Orden 4/2002, en materia de producción integrada, serán inscritas de oficio en la sección correspondiente del registro citado en el artículo 13 de la presente Ley.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 84

Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 13