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Timestamp: 2019-08-17 15:10:49+00:00

Document:
﻿ DECRETO 173 DE 1993
DECRETO 173 DE 26 DE ENERO DE 1993
CONTENIDO:CONCILIACIÓN PREJUDICIAL, REGLAMENTADA PARCIALMENTE LA LEY 23 DE 1991
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:970, MARZO 1 DE 1993, PG. 631
VIGENCIA:DEROGADO POR EL DECRETO 2511 DE 1998 ARTÍCULO 31 DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
“Por el cual se reglamenta la conciliación prejudicial de que trata el capítulo V de la Ley 23 de 1991”.
en ejercicio de la potestad que le. confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política,
(Nota: Derogado por el Decreto 2511 de 1998 artículo 31 del Ministerio de Justicia y del Derecho).
ART. 1º—Campo de aplicación. Las normas del presente decreto se aplicarán a la conciliación contencioso administrativa prejudicial sobre conflictos de carácter particular y contenido patrimonial que ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se ventilarían mediante las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo.
ART. 2º—De la petición de conciliación extrajudicial. La solicitud de conciliación extrajudicial deberá presentarse personalmente por el interesado o conjuntamente por quienes resulten involucrados en un conflicto susceptible de la misma, ante el agente del ministerio público que se halle adscrito ante la sección del tribunal que sería la competente para dirimir la controversia objeto de conciliación.
La petición deberá contener, además de los requisitos señalados en el artículo 5º del Código Contencioso Administrativo en lo pertinente, los siguientes:
a) Las pretensiones que se quieran conciliar;
b) Los hechos que las fundamentan;
c) Las pruebas de que se disponga, y el enunciado de aquellas que se harían valer en el proceso, y
ART. 3º—De la inadmisión y corrección de la solicitud de conciliación. No se admitirá la solicitud que carezca de los requisitos y formalidades señaladas en la norma anterior.
ART. 4º—De los agentes del ministerio público. Para los efectos de la conciliación extrajudicial serán agentes del ministerio público los procuradores delegados en lo contencioso y los procuradores en lo judicial que ejercen sus funciones ante el Consejo de Estado y los tribunales administrativos, respectivamente.
ART. 5º—De la representación y del mandato. Las entidades públicas y los particulares podrán actuar en la conciliación extrajudicial directamente o por conducto de apoderado con expresa facultad para conciliar.
ART. 6º—De la audiencia de conciliación y sus sesiones. La conciliación extrajudicial tendrá una audiencia, la cual, atendiendo la complejidad del asunto y el ánimo conciliatorio de las partes, podrá ser dividida en las sesiones que el agente del Ministerio Público estime conveniente, sin exceder de sesenta días.
ART. 7º—De los impedimentos y recusaciones. Serán aplicables a los agentes del ministerio público que actúen en la conciliación extrajudicial, las causales de impedimento y recusación de que tratan los artículos 161 y siguientes del Código Contencioso Administrativo.
ART. 8º—De la intervención de terceros. Cuando en la conciliación extrajudicial haya lugar a la intervención de terceros se dará aplicación a lo previsto en el artículo 14 del Código Contencioso Administrativo.
ART. 9º—Del desarrollo de la audiencia de conciliación. Presentes los interesados en el día y hora señalados para la celebración de la audiencia, ésta se llevará a cabo bajo la dirección del agente del ministerio público en la siguiente forma:
5. Si el acuerdo es parcial se dejará constancia de ello precisando los puntos que fueren materia de arreglo y aquellos que no lo fueron advirtiendo a los interesados su derecho de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa para demandar lo que fue objeto de desacuerdo.
ART. 10.—De la suspensión de los términos. La suspensión de los términos en la conciliación extrajudicial se contará a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud correspondiente. Los términos se reanudarán cuando concluya el plazo de sesenta 60 días, previsto en el artículo 61 de la Ley 23 de 1991, o cuando sin haber recluido el interesado acredite que acudió ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
ART. 11.—Del envío de la conciliación al juez administrativo. Logrado el acuerdo conciliatorio total o parcialmente, la actuación se remitirá a la sección respectiva del Consejo de Estado o del Tribunal Contencioso Administrativo para la revisión del consejero o magistrado correspondiente.
ART. 12.—Del mérito ejecutivo del acta de conciliación. El acta de conciliación aprobada en los términos de la Ley 23 de 1991, tendrá efecto de cosa juzgada y prestará mérito ejecutivo ante la jurisdicción coactiva si se trata de derechos en favor de una entidad pública o, ante la jurisdicción ordinaria si se tratare de obligaciones en su contra.
ART. 13.—De la conciliación y la transacción. La conciliación regulada en la Ley 23 de 1991 no impedirá la operancia de la transacción a que se refiere el título XXXIX del libro cuarto del Código Civil, ni el artículo 218 del Código Contencioso Administrativo y normas concordantes del Código de Procedimiento Civil.
ART. 14.—De la colaboración logística. La Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Justicia harán los trámites y procedimientos necesarios para arbitrar los recursos que demande la dotación a los despachos de los agentes del ministerio público de las facilidades pertinentes para el buen funcionamiento de la conciliación contencioso administrativa.
ART. 15.—De la remisión normativa. En los aspectos no regulados en la Ley 23 de 1991 y en este decreto para la conciliación prejudicial administrativa, se seguirá el Código Contencioso Administrativo, y en su defecto, el Código de Procedimiento Civil, en cuanto ello fuere compatible con la naturaleza y fines de la institución reglamentada.
ART. 16.—De la vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

References: ARTÍCULO 31
 artículo 189
 artículo 31
 artículo 5
 artículo 14
 artículo 61
 artículo 218