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Timestamp: 2018-07-21 11:59:43+00:00

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Estándares internacionales del amparo - González Cancino
Estándares internacionales del amparoGC2018-06-01T17:34:01+00:00
Contenido de sección:
Estándares internacionales del juicio de amparo
Principio de sencillez
Principio de rapidez
Principio de efectividad
Obligación de resolver el fondo del amparo
Obligación de garantizar el cumplimiento de la sentencia
Obligación de desarrollar las posibilidades del amparo
Los estándares internacionales del juicio de amparo hacen referencia a las exigencias convencionales del recurso judicial en materia de derechos humanos.
En este apartado se verán cuáles son estas exigencias, sus fundamentos y sus alcances.
Fundamento jurídico convencional
En primer lugar habría que decir que el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos versa sobre el juicio de amparo, según se desprende de la Opinión Consultiva número OC-8/87 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
32. E1 artículo 25.1 de la Convención dispone:
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
El texto citado es una disposición de carácter general que recoge la institución procesal del amparo, entendido como el procedimiento judicial sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de todos los derechos reconocidos por las constituciones y leyes de los Estados Partes y por la Convención. Puesto que todos los derechos son susceptibles de amparo, lo son también los que están señalados de manera expresa por el artículo 27.2 como no susceptibles de suspensión en situaciones de emergencia.
Vale la pena destacar que el principio de sencillez permea todo el procedimiento de amparo desde su procedencia, la suspensión, los recursos y hasta los procedimientos de ejecución.
El término “sencillo” carece de un desarrollo jurisprudencial y, en atención a ello, se recurre a una interpretación gramatical para desentrañar sus alcances.
El Diccionario de la lengua española (Real Academia Española, 2014) define la palabra sencillo de la siguiente forma:
sencillo, lla.
(Del lat. *singellus, por singulus).
1. adj. Que no tiene artificio ni composición.
2. adj. Dicho de una cosa: Que tiene menos cuerpo que otras de su especie. Tafetán sencillo.
3. adj. Que carece de ostentación y adornos.
Contextualizando las definiciones al juicio de amparo se puede afirmar que la sencillez consiste en regular el juicio de amparo de tal forma que resulte fácil la realización de su fin convencional, es decir, la protección de los derechos humanos.
Por otra parte, tomando como referencia las definiciones aportadas, es válido resaltar que la sencillez implica eliminar los formalismos que dificulten la defensa de los derechos humanos, por ejemplo, todas las inoperancias de los conceptos de violación establecidas jurisprudencialmente.
Algunos de los conceptos que ya se han abordado en este curso se empatan con el principio de sencillez. Tal es el caso de la accesibilidad, cuyos alcances han sido definidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la siguiente forma (Caso Mohamed vs Argentina, 2012):
99. La Corte ha sostenido que el artículo 8.2.h de la Convención se refiere a un recurso ordinario accesible y eficaz. Ello supone que debe ser garantizado antes de que la sentencia adquiera la calidad de cosa juzgada. La eficacia del recurso implica que debe procurar resultados o respuestas al fin para el cual fue concebido. Asimismo, el recurso debe ser accesible, esto es, que no debe requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho. En ese sentido, la Corte estima que las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente.
En el mismo sentido se encuentra el siguiente criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Suárez Peralta vs Ecuador, 2013):
93. La Corte ha señalado que “
[e]l derecho a la tutela judicial efectiva exige a los jueces que dirijan el proceso de modo a evitar que dilaciones y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la impunidad, frustrando así la debida protección judicial de los derechos humanos”, y que “los jueces como rectores del proceso tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad”, pues de lo contrario se “conduce a la violación de la obligación internacional del Estado de prevenir y proteger los derechos humanos y menoscaba el derecho de la víctima y de sus familiares a saber la verdad de lo sucedido, a que se identifique y se sancione a todos los responsables y a obtener las consecuentes reparaciones”.
A continuación se citan algunos casos en que el Congreso de la Unión transgredió el principio de sencillez:
Artículo 86. El recurso de revisión se interpondrá en el plazo de diez días por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida.
La interposición del recurso por conducto de órgano diferente al señalado en el párrafo anterior no interrumpirá el plazo de presentación.
Supóngase que el quejoso interpone el recurso de revisión directamente ante el Tribunal Colegiado o la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, y el recurso es desechado o se tiene por no interpuesto con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo. En ese supuesto se viola el principio de sencillez, ya que se agrega un obstáculo o un requisito excesivo para la tramitación del recurso.
En caso similar se encuentra en el artículo 176 de la Ley de Amparo, que se refiere a la presentación de la demanda de amparo directo.
Artículo 176. La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes.
La presentación de la demanda ante autoridad distinta de la responsable no interrumpe los plazos que para su promoción establece esta Ley.
Nuevamente supóngase que el quejoso presenta la demanda de amparo directo en un Tribunal Colegiado de Circuito y esta es desechada o se tiene por no interpuesta, con fundamento en el artículo 176 de la Ley de Amparo. En un escenario así, el artículo 176 y su aplicación vulneran el principio de sencillez, ya que, a pesar de que el quejoso se inconforma en tiempo, el juicio ni siquiera se admite a trámite.
Con respecto al principio de rapidez, resultan aplicables las manifestaciones contenidas en el Derecho a ser juzgado con prontitud (sin dilaciones indebidas) del apartado de Debido Proceso.
Artículo 2 […]
3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar que:
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto
hayan sido violados podrán interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; […]
El principio de efectividad seguramente es el más importante y trascendente para el juicio de amparo. Al igual que los principios de sencillez y rapidez, afecta a todo el procedimiento, desde su inicio hasta la ejecución de la sentencia, pasando por los recursos, medidas precautorias y garantías de no repetición, entre otros.
La Real Academia Española (Diccionario de la lengua española, 2014) define la palabra efectividad de la siguiente manera:
2. f. Realidad, validez. El documento necesita la firma del director para su efectividad.
En relación con el principio de efectividad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido la siguiente jurisprudencia:
Opinión Consultiva OC-9/87:
24. El artículo 25.1 incorpora el principio, reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales derechos. Como ya la Corte ha señalado, según la Convención los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos ( art. 25 ), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal ( art. 8.1 ), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (Casos Velásquez Rodríguez, Fairén Garbi y Solís Corrales y Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencias del 26 de junio de 1987, párrs. 90, 90 y 92, respectivamente).
Según este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. No pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque el Poder Judicial carezca de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión; o, por cualquier causa, no se permita al presunto lesionado el acceso al recurso judicial.
Caso Suárez Rosero vs Ecuador. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C, No. 35:
65. El artículo 25 de la Convención Americana establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. La Corte ha declarado que esta disposición constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención.
El artículo 25 se encuentra íntimamente ligado con la obligación general del artículo 1.1 de la Convención Americana, al atribuir funciones de protección al derecho interno de los Estados Partes. El hábeas corpus tiene como finalidad, no solamente garantizar la libertad y la integridad personales, sino también prevenir la desaparición o indeterminación del lugar de detención y, en última instancia, asegurar el derecho a la vida (Caso Castillo Páez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997. Serie C No. 34, párrs. 82 y 83).
Caso 19 Comerciantes vs Colombia. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C, No. 109:
192. Con respecto a la efectividad de los recursos, es preciso indicar que la Corte ha enfatizado que
[…] no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben ser eficaces, es decir, deben dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados en la Convención. [… N]o pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque el órgano jurisdiccional carezca de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión.
Caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs Paraguay. Sentencia de 20 de junio de 2005. Serie C, No. 125:
61. La Corte ha señalado, en relación con el artículo 25 de la Convención, que
la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla.
62. Los recursos efectivos que los Estados deben ofrecer conforme al artículo 25 de la Convención Americana, deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8 de la Convención), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción. En este sentido, la Corte ha considerado que el debido proceso legal debe respetarse en el procedimiento administrativo y en cualquier otro procedimiento cuya decisión pueda afectar los derechos de las personas.
Caso Acosta Calderón vs Ecuador. Sentencia de 24 de junio de 2005. Serie C, No. 129:
90. La Corte ha considerado que “los procedimientos de hábeas corpus y de amparo son aquellas garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 de la Convención y sirven, además, para preservar la legalidad en una sociedad democrática”.
93. Bajo esta perspectiva, se ha señalado que para que el Estado cumpla con lo dispuesto en el citado artículo 25.1 de la Convención no basta con que los recursos existan formalmente, sino es preciso que sean efectivos, es decir, se debe brindar a la persona la posibilidad real de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida. Esta Corte ha manifestado reiteradamente que la existencia de estas garantías “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”.
Caso Acevedo Jaramillo y otros vs Perú. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C, No. 144:
213. La Corte ha establecido que no basta con la existencia formal de los recursos sino que éstos deben tener efectividad, es decir, deben dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados en la Convención. Al respecto, este Tribunal ha señalado que
[…] no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque el órgano jurisdiccional carezca de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión.
la salvaguarda de la persona frente al ejercicio arbitrario del poder público es el objetivo primordial de la protección internacional de los derechos humanos.
Caso Baldeón García vs Perú. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C, No. 147:
144. El artículo 25.1 de la Convención establece la obligación de los Estados de garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. No basta con la existencia formal de los recursos, sino que éstos deben ser efectivos, es decir, deben ser capaces de producir resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados en la Convención. La existencia de esta garantía constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática, en el sentido de la Convención.
145. Al respecto, este Tribunal ha señalado que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios.
146. El recurso efectivo del artículo 25 debe tramitarse conforme a las normas del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la Convención. De éste, se desprende que las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procuración del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una debida reparación.
Caso Claude Reyes y otros vs Paraguay. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C, No. 151:
130. La inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones de los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte. Los Estados Partes en la Convención tienen la responsabilidad de consagrar normativamente y de asegurar la debida aplicación de dicho recurso efectivo.
131. Para que el Estado cumpla lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención no basta con que los recursos existan formalmente, sino que los mismos deben tener efectividad, en los términos de aquél precepto. La existencia de esta garantía “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”. Esta Corte ha reiterado que dicha obligación implica que el recurso sea idóneo para combatir la violación, y que sea efectiva su aplicación por la autoridad competente.
Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs Perú. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C, No. 158.
119. Es claro para la Corte que las presuntas víctimas se vieron afectadas por las disposiciones cuestionadas en este proceso internacional. La prohibición de impugnar los efectos del Decreto Ley No. 25640, contenida en el artículo 9 señalado, constituye una norma de aplicación inmediata, en tanto sus destinatarios se ven impedidos ab initio de impugnar cualquier efecto que estimaren perjudicial a sus intereses. La Corte estima que una normativa que contenga una prohibición de impugnar los eventuales efectos de su aplicación o interpretación no puede ser considerada en una sociedad democrática como una limitación válida al derecho a un real y efectivo acceso a la justicia de los destinatarios de esa normativa, el cual, a la luz de los artículos 8 y 25 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, no puede ser arbitrariamente restringido ni reducido o derogado.
Caso de la Masacre de la Rochela vs Colombia. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C, No. 163:
143. En primer término, la Corte encuentra preciso enfatizar que, al reconocer parcialmente su responsabilidad por la violación de los artículos 8, 25 y 1.1 de la Convención, el propio Estado aceptó que la “falta de efectividad judicial” se ve reflejada, inter alia, en que: i) la duración total de los procesos supera los 17 años y en algunos no se ha llegado a una conclusión definitiva que permita conocer toda la verdad; ii) no se ha sancionado a todos los sujetos vinculados con la masacre; iii) hubo prolongados períodos de inactividad procesal; y iv) “han surgido problemas jurídico-procesales para continuar adelante con las investigaciones, ante fenómenos como la prescripción o la cosa juzgada”. Al mismo tiempo, el Estado afirmó que su responsabilidad es parcial porque “aún existen procesos judiciales pendientes encausados para sancionar a los responsables intelectuales y materiales” y porque se opone a determinadas afirmaciones de la Comisión y los representantes.
225. La Corte concluye que los procesos y procedimientos internos no han constituido recursos efectivos para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la verdad, la investigación y sanción de los responsables y la reparación integral de las consecuencias de las violaciones. Con base en las precedentes consideraciones y en el reconocimiento parcial de responsabilidad efectuado por el Estado, éste es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las tres víctimas sobrevivientes y de los familiares de las víctimas fallecidas, identificados en el Anexo de la presente Sentencia, que para estos efectos forma parte de la misma.
Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs Perú. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C, No. 167:
124. En primer lugar, la Corte recuerda que en virtud de la protección otorgada por los artículos 8 y 25 de la Convención, los Estados están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de los derechos humanos, que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal.
Caso del Pueblo Saramka vs Surinam. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C, No. 172:
177. El artículo 25.1 de la Convención establece, en términos generales, la obligación de los Estados de garantizar un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales. Al interpretar el texto del artículo 25 de la Convención, la Corte ha sostenido, en otras oportunidades, que la obligación del Estado de proporcionar un recurso judicial no se reduce simplemente a la mera existencia de los tribunales o procedimientos formales o aún a la posibilidad de recurrir a los tribunales. Más bien, el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas para garantizar que los recursos que proporciona a través del sistema judicial son “verdaderamente efectivos para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y para proporcionar una reparación”. De este modo, la Corte ha declarado que “la inexistencia de un recurso efectivo contra la violación de los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la Convención por el Estado Parte en el cual ocurre esta situación”.
Caso Chiriboga vs Ecuador. Sentencia de 6 de mayo de 2008. Serie C, No. 179:
57. El artículo 25.1 de la Convención ha establecido, en términos amplios, la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales. Dispone, además, que la garantía allí consagrada se aplica no sólo respecto de los derechos contenidos en la Convención, sino también de aquéllos que estén reconocidos por la Constitución o por la ley.
86. El Tribunal ya señaló la legislación interna en que se hallan consagrados los recursos subjetivos, mediante los cuales la señora Salvador Chiriboga pudo haber resuelto la situación jurídica del terreno expropiado, los cuales se caracterizan por ser recursos expeditos. Sin embargo, como lo ha reiterado en numerosas ocasiones esta Corte, la efectividad de los recursos no depende exclusivamente de que estén consagrados en la ley, sino que estos en la práctica sean rápidos y sencillos, y sobre todo que se cumpla con el objetivo de resolver sobre el derecho presuntamente vulnerado (supra párr. 57).
88. La denegación al acceso a la justicia tiene una relación con la efectividad de los recursos, ya que no es posible afirmar que un recurso existente dentro del ordenamiento jurídico de un Estado, mediante el cual no se resuelve el litigio planteado por una demora injustificada en el procedimiento, pueda ser considerado como un recurso efectivo.
217. Asimismo, el Tribunal ha establecido que
[l]a efectividad de las sentencias depende de su ejecución. El proceso debe tender a la materialización de la protección del derecho reconocido en el pronunciamiento judicial mediante la aplicación idónea de dicho pronunciamiento.
218. En este sentido, esta Corte ha declarado la violación del artículo 25 de la Convención, debido a que, en un caso, el Estado demandado, durante un largo período de tiempo, no ejecutó las sentencias emitidas por los tribunales internos y, en otro caso, no aseguró que una sentencia de hábeas corpus “fuera apropiadamente ejecutada”.
219. El derecho a la protección judicial sería ilusorio si el ordenamiento jurídico interno del Estado Parte permite que una decisión judicial final y obligatoria permanezca ineficaz en detrimento de una de las partes.
220. En relación con este caso, el Tribunal estima que, para satisfacer el derecho de acceso a un recurso efectivo, no es suficiente con que en los procesos de amparo se emitieran decisiones definitivas, en las cuales se ordenó la protección a los derechos de los demandantes. Además, es preciso que existan mecanismos eficaces para ejecutar las decisiones o sentencias, de manera que se protejan efectivamente los derechos declarados. Como ha quedado establecido (supra párr. 167), uno de los efectos de la cosa juzgada es su obligatoriedad. La ejecución de las sentencias debe ser considerada como parte integrante del derecho de acceso al recurso, que abarque también el cumplimiento pleno de la decisión respectiva. Lo contrario supone la negación misma de este derecho.
Caso Barrios Altos vs Perú. Sentencia de 14 de marzo de 2001. Serie C, No. 75:
41. Esta Corte considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
42. La Corte, conforme a lo alegado por la Comisión y no controvertido por el Estado, considera que las leyes de amnistía adoptadas por el Perú impidieron que los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes en el presente caso fueran oídas por un juez, conforme a lo señalado en el artículo 8.1 de la Convención; violaron el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención; impidieron la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos, incumpliendo el artículo 1.1 de la Convención, y obstruyeron el esclarecimiento de los hechos del caso. Finalmente, la adopción de las leyes de autoamnistía incompatibles con la Convención incumplió la obligación de adecuar el derecho interno consagrada en el artículo 2 de la misma.
43. La Corte estima necesario enfatizar que, a la luz de las obligaciones generales consagradas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, los Estados Partes tienen el deber de tomar las providencias de toda índole para que nadie sea sustraído de la protección judicial y del ejercicio del derecho a un recurso sencillo y eficaz, en los términos de los artículos 8 y 25 de la Convención. Es por ello que los Estados Partes en la Convención que adopten leyes que tengan este efecto, como lo son las leyes de autoamnistía, incurren en una violación de los artículos 8 y 25 en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención. Las leyes de autoamnistía conducen a la indefensión de las víctimas y a la perpetuación de la impunidad, por lo que son manifiestamente incompatibles con la letra y el espíritu de la Convención Americana. Este tipo de leyes impide la identificación de los individuos responsables de violaciones a derechos humanos, ya que se obstaculiza la investigación y el acceso a la justicia e impide a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad y recibir la reparación correspondiente.
Por su parte, el Comité de Derechos Humanos ha interpretado el principio de efectividad de la siguiente forma:
15. En el párrafo 3 del artículo 2 se dispone que, además de proteger eficazmente los derechos reconocidos en el Pacto, los Estados Parte habrán de garantizar que todas las personas dispongan de recursos accesibles y efectivos para reivindicar esos derechos.
Esos recursos se deben adaptar adecuadamente para tener en cuenta la vulnerabilidad especial de ciertas clases de personas, en particular los niños. El Comité atribuye importancia a que los Estados Parte establezcan en el derecho interno mecanismos judiciales y administrativos adecuados para conocer de las quejas sobre violaciones de los derechos. El Comité toma nota de que el poder judicial puede garantizar el disfrute de los derechos reconocidos en el Pacto de distintas maneras, en especial mediante la aplicación directa del Pacto, la aplicación de disposiciones constitucionales u otras disposiciones legislativas similares o el efecto de la interpretación del Pacto en la aplicación de la legislación nacional. Se requieren en especial mecanismos administrativos que den cumplimiento a la obligación general de investigar las denuncias de violación de modo rápido, detallado y efectivo por organismos independientes e imparciales. Las instituciones nacionales de derechos humanos que cuenten con las facultades pertinentes pueden coadyuvar a tal fin. El hecho de que un Estado Parte no investigue las denuncias de violación puede ser de por sí una vulneración del Pacto. La cesación de la violación constituye un elemento indispensable del derecho a obtener un recurso efectivo.
16. En el párrafo 3 del artículo 2 se dispone que los Estados Parte han de dar reparación a las personas cuyos derechos reconocidos en el Pacto hayan sido infringidos.
Si no se da reparación a las personas cuyos derechos reconocidos en el Pacto hayan sido infringidos, queda sin cumplir la obligación de facilitar recursos efectivos, que es el elemento central para cumplir las disposiciones del párrafo 3 del artículo 2. Además de las reparaciones explícitas indicadas en el párrafo 5 del artículo 9 y en el párrafo 6 del artículo 14, el Comité considera que en el Pacto se dispone por lo general la concesión de una indemnización apropiada. El Comité toma nota de que, en los casos en que proceda, la reparación puede consistir en la restitución, la rehabilitación y la adopción de medidas tendientes a dar una satisfacción, entre ellas la presentación de disculpas públicas y testimonios oficiales, el ofrecimiento de garantías de evitar la reincidencia y la reforma de las leyes y prácticas aplicables, y el enjuiciamiento de los autores de violaciones de derechos humanos.
17. En general, los objetivos del Pacto se echarían por tierra sin la obligación, básica según el artículo 2, de que se adopten medidas que impidan la repetición de una violación del Pacto. Por consiguiente, en los casos relativos al Protocolo Facultativo, el Comité ha seguido frecuentemente la práctica de mencionar en sus Dictámenes la necesidad de que, además de los recursos que se pongan al alcance de la víctima, se adopten medidas para impedir la repetición de violaciones del mismo tipo. Esas medidas pueden exigir la introducción de modificaciones en la legislación o la práctica de los Estados Parte.
20. Aunque los regímenes jurídicos de los Estados Parte estén formalmente dotados del recurso adecuado, siguen ocurriendo violaciones de los derechos reconocidos en el Pacto. Cabe suponer que ello es atribuible al hecho de que los recursos no funcionan con efectividad en la práctica.
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrán interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales;
Antes que cualquier cosa, para conocer los alcances de la obligación de resolver el fondo del juicio de amparo, es imperativo definir en qué circunstancias se actualiza esta obligación.
Una primera aproximación se encuentra en los presupuestos procesales aplicables a todo juicio.
Por presupuestos procesales se entiende los requisitos necesarios para iniciar válidamente un juicio.
Los presupuestos procesales comunes a todo procedimiento jurisdiccional son:
a) La existencia de una demanda
b) La competencia del órgano jurisdiccional
c) La capacidad procesal de las partes
En forma adicional a los presupuestos procesales, existen otros requerimientos para el correcto ejercicio de la funci (que evita el uso inadecuado de orias y una duplicidad en el ejercicio de la funciñon ón jurisdiccional, tales como la conexidad (que evita la incompatibilidad entre las sentencias), la litispendencia (que evita sentencias contradictorias y una duplicidad en el ejercicio de la función jurisdiccional) y la cosa juzgada.
De lo dicho hasta este punto se pueden enlistar los siguientes requisitos aplicables a todo procedimiento:
La existencia de una demanda
La existencia de un órgano jurisdiccional competente
La capacidad procesal de las partes
La ausencia de cosa juzgada
La ausencia de litispendencia
La ausencia de conexidad
Por lo que hace al juicio de amparo, los requisitos que se contemplan en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son:
Que el quejoso aduzca un acto que viola sus derechos humanos
Que los derechos humanos invocados por el quejoso estén reconocidos por la Constitución, la ley o el propio tratado internacional.
Con base en lo anterior, es válido afirmar que el ámbito de la obligación de resolver el fondo del juicio de amparo inicia cuando se cumplen los siguientes requisitos:
Existe una demanda
Existe un órgano jurisdiccional competente
El actor tiene capacidad procesal
No existe cosa juzgada
No hay litispendencia
No hay conexidad
El quejoso aduce un acto que viola sus derechos humanos
Los derechos humanos invocados están reconocidos en la Constitución, la ley o el tratado internacional.
Es importante señalar que los requisitos de procedencia del juicio de amparo deben mantenerse en el mínimo, pues de lo contrario se transgreden otros estándares del juicio de amparo, tales como:
a) el principio de sencillez,
b) el principio de accesibilidad de los recursos (derecho a recurrir el fallo) aplicable al juicio de amparo en observancia del principio de intangibilidad del debido proceso (Caso Mohamed vs Argentina, 2012):
c) el principio de efectividad,
d) el principio pro personae que (Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, 2014):
atiende a la obligación que tiene el Estado de aplicar la norma más amplia cuando se trate de reconocer los derechos humanos protegidos y, a la par, la norma más restringida cuando se trate de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su suspensión extraordinaria.
e) etcétera.
Adicionalmente, debe considerarse que las excluyentes de responsabilidad están prohibidas (Caso La Cantuta vs Perú, 2006), por lo que habrá que analizar con cuidado todas las causales de improcedencia establecidas en ley, para determinar su convencionalidad:
152. Este Tribunal ya había señalado desde el Caso Barrios Altos que
son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Por último, conviene citar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, con respecto a la obligación de resolver el fondo del juicio de amparo, ha resaltado lo siguiente (Caso Walter Humberto Vásquez Vejarano vs Perú, 2000):
83. La Comisión resalta que no obstante existir el Decreto Ley Nº 25.454 mencionado en el párrafo anterior, el doctor Vásquez Vejarano presentó, en fecha 26 de mayo de 1992, un recurso de amparo solicitando se declarara la inaplicabilidad del Decreto de Remoción y que en consecuencia se le restituyera a la situación anterior a la entrada en vigencia de dicho Decreto, es decir, al ejercicio pleno de sus funciones como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Perú. No obstante, dicho amparo fue declarado inadmisible con base, precisamente, en la disposición del aludido Decreto Ley Nº 25.454 que declaró improcedente la acción de amparo para impugnar los efectos del Decreto de Remoción.
84. En tal sentido, la Comisión ha establecido que:
En primer lugar, la propia lógica interna de todo recurso judicial –también el del artículo 25– indica que el decisor debe establecer concretamente la verdad o el error de la alegación del reclamante. El reclamante acude al órgano judicial alegando la realidad de una violación de sus derechos, y el órgano en cuestión, tras un procedimiento de prueba y de debate sobre esa alegación, debe obligatoriamente decidir si el reclamo es fundado o infundado. De lo contrario, el recurso judicial devendría inconcluso.
En segundo lugar, además de inconcluso, el recurso judicial sería abiertamente ineficaz, pues al no permitir el reconocimiento de la violación de derechos, en caso de que ésta se haya comprobado, no sería apto para amparar al individuo en su derecho afectado ni para proveerle una reparación adecuada.
El derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 25 no se agota con el libre acceso y desarrollo del recurso judicial. Es necesario que el órgano interviniente produzca una conclusión razonada sobre los méritos del reclamo, que establezca la procedencia o improcedencia de la pretensión jurídica que, precisamente, da origen al recurso judicial. Es más, esa decisión final es el fundamento y el objeto final del derecho al recurso judicial reconocido por la Convención Americana en el artículo 25, que estará también revestido por indispensables garantías individuales y obligaciones estatales (artículos 8 y 1.1).
c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se hayan estimado procedente el recurso.
En relación con la ejecución de las sentencias de amparo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido lo siguiente (Caso Acevedo Jaramillo y otros vs Perú, 2006):
Obligación de desarrollar las posibilidades de amparo
Al momento de redactar el presente curso no existen criterios interpretativos de la obligación de desarrollar las posibilidades del amparo por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En estas condiciones, se acude a la interpretación gramatical para desentrañar los alcances de dicha obligación.
El Diccionario de la lengua española define la palabra desarrollar de la siguiente manera:
(De des- y arrollar).
1. tr. Extender lo que está arrollado, deshacer un rollo. U. t. c. prnl.
2. tr. Acrecentar, dar incremento a algo de orden físico, intelectual o moral. U. t. c. prnl.
3. tr. Explicar una teoría y llevarla hasta sus últimas consecuencias.
4. tr. Exponer o discutir con orden y amplitud cuestiones, temas, lecciones, etc.
Con sustento en las definiciones aportadas, es válido afirmar que la obligación de desarrollar las posibilidades del juicio de amparo tiene dos dimensiones: la positiva, que implica incrementar y ampliar la procedencia del juicio de amparo; la negativa, consistente en una prohibición de regresividad que impide la restricción de la procedencia del juicio de amparo, ya reconocida con anterioridad.
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Índice Curso de Amparo
1. ¿Qué es el amparo?
2. Estándares del amparo
Estándares internacionales del amparo
Obligaciones generales en materia de DDHH
Principios aplicables en materia de DDHH
3. Procedencia del juicio de amparo
Objetos de impugnación
4. Providencias cautelares
5. Análisis de Constitucionalidad
6. Requisitos de las sentencias
Recurso del art. 8 inciso h) del Pacto de San José
Revisión adhesiva
8. Ejecución de sentencia
9. Declaratoria general de inconstitucionalidad
10. El PJF y el deterioro del amparo

References: artículo 25
 artículo 25
 artículo 27
 artículo 8

Artículo 86
 resolución 
 artículo 86
 artículo 176

Artículo 176
 artículo 176
 artículo 176

Artículo 2
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 1
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 27
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 8
 artículo 25
 artículo 9
 artículo 1
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 8
 artículo 25
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 14
 artículo 2
 artículo 25
 artículo 2
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 25