Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6425
Timestamp: 2018-02-20 01:20:53+00:00

Document:
Sentencia C-774 de 2001 Corte Constitucional
SENTENCIA C-774 DE 2001
INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL- Derogación de norma
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA DEROGADA- Procedencia determinada
NORMA PROCEDIMENTAL- Aplicación ultractiva/CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DEROGADO- Producción de efectos jurídicos
CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DEROGADO- Aplicación de la favorabilidad/PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD PENAL EN NORMA DEROGADA- Aplicación
COSA JUZGADA- Definición/COSA JUZGADA- Efectos
COSA JUZGADA- Funciones negativa y positiva
COSA JUZGADA- Efectos interpartes o erga omnes
COSA JUZGADA- Efectos procesales y sustanciales
COSA JUZGADA- Elementos para existencia
COSA JUZGADA- Categoría general y especialidades
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL- Definición/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL- Restricción negativa
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL- Diferencia significativa con la general
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL- Modulación de operancia
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL- Categorías conceptuales que delimitan el alcance
COSA JUZGADA APARENTE- Alcance
COSA JUZGADA FORMAL- Alcance
SENTENCIA DE INEXEQUIBILIDAD- Efecto de la cosa juzgada material
SENTENCIA DE EXEQUIBILIDAD- Efectos de la cosa juzgada material
COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL- Procedencia excepcional de pronunciamiento de fondo sobre norma declarada exequible/JUEZ CONSTITUCIONAL- Modificación de interpretación de principios jurídicos/CONSTITUCION POLITICA VIVIENTE- Cambio de interpretación del juez/JUEZ CONSTITUCIONAL- Modificación de interpretación para ajustarla a cambios sociales, económicos, culturales, políticos e ideológicos
COSA JUZGADA ABSOLUTA- Alcance
COSA JUZGADA RELATIVA- Formas/COSA JUZGADA RELATIVA EXPLICITA- Alcance/COSA JUZGADA RELATIVA IMPLICITA- Alcance
COSA JUZGADA RELATIVA IMPLICITA- Procedencia general de detención preventiva
DETENCION PREVENTIVA- Nuevo análisis constitucional
PRESUNCION DE INOCENCIA- No admite excepción
PRESUNCION- Definición
PRESUNCION DE INOCENCIA- Fundamental/PRESUNCION DE INOCENCIA- Alcance/PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO- Definición
PRESUNCION DE INOCENCIA- Reconocimiento en convenios internacionales
LIBERTAD PERSONAL- Alcance
DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL- No es absoluto e ilimitado
El derecho a la libertad personal, no obstante ser reconocido como elemento básico y estructural del Estado de Derecho, no alcanza dentro del mismo ordenamiento jurídico un carácter absoluto e ilimitado. Ha precisado esta Corte: "¿ Los derechos fundamentales, no obstante su consagración constitucional y su importancia, no son absolutos y, por lo tanto, necesariamente deben armonizarse entre sí y con los demás bienes y valores protegidos por la Carta, pues, de lo contrario, ausente esa indispensable relativización, la convivencia social y la vida institucional no serían posibles...".
DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL- Reconocimiento en convenios internacionales
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD- Alcance/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD STRICTO SENSU/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD LATU SENSU
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD- Integración
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD LATU SENSU- Parámetros de validez constitucional
BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD- Requisitos para que tratado forme parte
DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL EN EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD- No integración e interpretación conforme a sus mandatos
PRESUNCION DE INOCENCIA EN EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD- Integración
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO/MEDIDAS CAUTELARES- Alcance
MEDIDAS CAUTELARES- Decreto
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO- Conformación
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO- Reglas de sujeción
DETENCION PREVENTIVA- Finalidad
DETENCION PREVENTIVA Y CONSTITUCION POLITICA- Compatibilidad/DETENCION PREVENTIVA Y PRESUNCION DE INOCENCIA- Compatibilidad/DETENCION PREVENTIVA Y PENA- Distinción
DETENCION PREVENTIVA- Cómputo como parte de la pena
DETENCION PREVENTIVA Y DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL- Concurrencia
DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL- Interpretación conforme con tratados de derechos humanos
DETENCION PREVENTIVA- Excepción a libertad personal según convenios internacionales
DETENCION PREVENTIVA- Compatibilidad con la Constitución e instrumentos internacionales
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN POLITICA PUNITIVA- Alcance/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN DETENCION PREVENTIVA- Alcance
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN DETENCION PREVENTIVA- Límites
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN DETENCION PREVENTIVA- Motivos previamente definidos en la ley
DETENCION PREVENTIVA EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO- Condiciones generales de procedencia/DETENCION PREVENTIVA- Condiciones generales de procedencia sujetas a la Constitución/DETENCION PREVENTIVA- Finalidades sujetas a la Constitución/DETENCION PREVENTIVA EN DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL- Condiciones generales de procedencia/DETENCION PREVENTIVA EN LA PRESUNCION DE INOCENCIA- Condiciones generales de procedencia
DETENCION PREVENTIVA- Indeterminación en principio
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO- Objeto preventivo
DETENCION PREVENTIVA- Finalidades admisibles/DETENCION PREVENTIVA- Preservación de la prueba
DETENCION PREVENTIVA- Prevalencia del interés general
DETENCION PREVENTIVA- Límites en la procedencia
DETENCION PREVENTIVA- Requisitos
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN EL DEBIDO PROCESO- Sujeción a la legalidad/MEDIDA DE ASEGURAMIENTO- Requisitos formales y sustanciales
DETENCION PREVENTIVA- Requisitos formales para decretarla
DETENCION PREVENTIVA- Condicionamiento de requisitos
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO - Procedencia
DETENCION PREVENTIVA- Condicionamiento de la procedencia general de la detención preventiva
DETENCION DOMICILIARIA- No tiene finalidad sancionatoria
DETENCION DOMICILIARIA- Inconstitucionalidad de obligación de realizar trabajo social
DETENCION PREVENTIVA- Duración
LIBERTAD PROVISIONAL- Causales/LIBERTAD PROVISIONAL- Vencimiento de término de privación de libertad sin calificación de instrucción/LIBERTAD PROVISIONAL- Transcurso de término a partir de ejecutoria de resolución de acusación
LIBERTAD PROVISIONAL- Restricción en el tiempo de duración de detención preventiva
LIBERTAD PROVISIONAL- Límite temporal para obtención
LIBERTAD PROVISIONAL- Vacío legislativo en relación con la procedencia
MEDIDA DE ASEGURAMIENTO- Revocatoria
Ver Ley 600 de 2000 , Ver Sentencia de la Corte Constitucional 177 de 2001 , Ver Sentencia de la Corte Constitucional 252 de 2001 , Ver Sentencia de la Corte Constitucional 284 de 2002
en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente Sentencia:
Actor: Diógenes Escobar.
El ciudadano Diogenes Escobar, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, demandó la inexequibilidad de los artículos 388, 396, 397, 398, 399, 400, 403, 404 a 409, 417, 418 del Código de Procedimiento Penal y los artículos 354 a 367 de la Ley 600 de 2.000.
Mediante auto del 28 de noviembre de 2.000, el entonces magistrado sustanciador José Gregorio Hernández Galindo admitió la demanda y dio traslado al señor Procurador General de la Nación para lo de su competencia.
Fraudulenta internación en asilo, clínica o establecimiento similar
Hurto agravado (art.351).
Cuando se hubiere realizado la captura en flagrancia por delito doloso o preterintencional que tenga prevista pena de prisión
En los casos de lesiones culposas previstas en los artículos 333,334,335,336 del Código Penal, cuando el sindicado en el momento de la realización del hecho se encuentre en estado de embriaguez aguda o bajo el influjo de droga o sustancia que produzca dependencia física o síquica demostrado por dictamen técnico o por un método paraclínico, o abandone si justa causa el lugar de la comisión del hecho.
Hurto calificado (art.350).
*Homicidio culposo agravado (C. P. artículo 110).
*Lesiones personales (C. P. artículo 112 inciso 3º, 113 inciso 2º, 114 inciso 2º y 115 inciso 2º).
*Parto o aborto preterintencional cuando la base para calcular la pena sean los artículos 112 inciso 3º, 113 inciso 2º, 114 inciso 2º y 115 inciso 2º (C. P. artículo 118).
*Lesiones en persona protegida (C. P. artículo 136).
*Obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias (C. P. artículo 153).
*Privación ilegal de libertad (C. P. artículo 174).
*Acto sexual violento (C. P. artículo 206).
*Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir (C. P. artículo 207, inciso 2º.)
*Actos sexuales con menor de catorce años (C. P. artículo 208).
*Acto sexual abusivo con incapaz de resistir (C. P. artículo 210, inciso 2º).
*Hurto calificado (C. P. artículo 240 numerales 2 y 3).
*Hurto agravado (C. P. artículo 241, numerales 1, 5, 6, 8, 14 y 15).
*Estafa, cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes (C. P. artículo 246).
*Invasión de tierras cuando se trate del promotor, organizador o director (C. P. artículo 263 inciso 2º).
*Tráfico de moneda falsificada (C. P. artículo 274).
*Emisiones ilegales (C. P. artículo 276).
*Destrucción, supresión u ocultamiento de documento público por servidor público (C. P. artículo 292 inciso 2º).
*Acaparamiento (C. P. artículo 297).
*Especulación (C. P. artículo 298).
*Pánico económico (C. P. artículo 302).
*Ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico (C. P. artículo 312).
*Evasión fiscal (C. P. artículo 313).
*Invasión de áreas de especial importancia ecológica cuando se trate del promotor, financiador o director (C. P. artículo 337 inciso 3º).
*Incendio (C. P. artículo 350).
*Tráfico, transporte y posesión de materiales radioactivos o sustancias nucleares (C. P. artículo 363).
*Fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas (C. P. artículo 366).
*Prevaricato por acción (C. P. artículo 413).
*Receptación (artículo 447).
*Sedición (C. P. artículo 468).
Parágrafo. La detención preventiva podrá ser sustituida por detención domiciliaria en los mismos eventos y bajo las mismas condiciones consagradas para la pena sustitutiva de prisión domiciliaria.
Artículo 364. Informe sobre medidas de aseguramiento. Las medidas de aseguramiento que profieran o revoquen el Fiscal General de la Nación o su delegados, deberán ser informadas a las direcciones de fiscalía pertinentes, por el servidor judicial a quien corresponda, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes. Tales datos serán registrados y almacenados en el sistema de información de cada dirección de fiscalía. A su vez, éstas darán aviso al sistema de información de la Fiscalía General de la Nación.
Artículo 367. Revocatoria de la libertad provisional. En cualquier momento se podrá revocar la libertad provisional, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del Fiscal General de la Nación o su delegado, cuando el sindicado violare cualquiera de las obligaciones contraídas en la diligencia de compromiso.
1. El Fiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, en nombre de la Fiscalía General de la Nación, presenta escrito mediante el cual sustenta las razones por las que -a su juicio- el aparte normativo acusado debe ser declarado constitucional.
Por lo tanto ¿afirma el Fiscal- el artículo 29 inciso 3º no prohibe la detención preventiva, solamente consagra una presunción a favor del procesado para ser considerado inocente mientras no sea declarado culpable.
2. El ciudadano José Camilo Guzmán Santos, en nombre y representación del Ministerio de Justicia y del Derecho, presenta escrito mediante el cual sustenta las razones por las que -a su juicio- el aparte normativo acusado debe ser declarado constitucional.
El Procurador General de la Nación considera que la norma debe ser declarada constitucional, para lo cual afirma que la Carta prevé la compatibilidad de la presunción de inocencia con la detención preventiva (artículos 28 y 29 de la Constitución Política).
a) Esta Corte es competente para fallar de manera definitiva sobre la exequibilidad de las disposiciones acusadas, que forman parte de una ley de la República, según lo prescribe el artículo 241-4 de la Carta Fundamental, y que hacen parte de un decreto expedido en uso de facultades extraordinarias, según el artículo 241-5 de la Constitución.
b) Dado que el Decreto 2700 de 1.991 quedó derogado, el día 24 de julio de 2.001, y la Corte debe pronunciarse sobre su constitucionalidad el día 25 de julio del mismo año, según lo ha sostenido de manera reiterada está Corporación1, en principio, debería la Corte declararse inhibida para decidir sobre la materia, puesto que "...cuando se demandan normas derogadas carece de objeto entrar a resolver sobre su constitucionalidad, en cuanto ya han sido retiradas del ordenamiento jurídico por el propio legislador, resultando inoficioso que se defina si mientras estuvieron vigentes fueron válidas a la luz de la Carta..."2.
No obstante, esta Corte ha determinado que en ciertas circunstancias, es posible la valoración de constitucionalidad de normas derogadas, cuando se estime que las mismas, pese a la derogatoria, están produciendo o pueden llegar a producir efectos jurídicos. Así ha sostenido que "...es menester que, a cambio de precipitar una inhibición que podría hacer viable la efectiva aplicación de la norma contraria a la Carta, la Corporación determine si, pese a la derogación del precepto acusado o revisado, éste sigue produciendo efectos, pues, en caso de ser así, lo indicado es decidir, mediante fallo de mérito, acerca de la inexequibilidad planteada..."3. Igualmente, la Corte ha señalado "....que en función de la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, ella [la Corte Constitucional] debe conocer de disposiciones que hayan sido acusadas y se encuentren derogadas, siempre y cuando tales normas continúen produciendo efectos jurídicos. En cambio, si la norma demandada excluida del ordenamiento jurídico no sigue surtiendo efectos jurídicos o nunca los produjo, el pronunciamiento de constitucionalidad resulta inocuo, por carencia de objeto...4".
En virtud del artículo 40 de la Ley 153 de 1.887, es posible que las normas que regulan un procedimiento, se apliquen de manera ultractiva, es decir, la norma derogada continúa produciendo efectos en torno a ciertas actuaciones y diligencias previamente iniciadas. Dispone la norma que: "Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación"5. Por lo tanto, las figuras objeto de demanda de constitucionalidad, al ser actuaciones dentro del proceso penal, pueden continuar produciendo efectos jurídicos.
De acuerdo con el artículo 28 de la Constitución Política, el inciso 2 del artículo 6 del nuevo Código Penal y el artículo 44 de la Ley 153 de 1.8877, existen normas en el anterior Código de Procedimiento Penal más benignas o favorables que las disposiciones del actual Código; por lo tanto, en aplicación del principio de favorabilidad, las normas del Decreto 2700 de 1.991 pueden llegar a producir efectos jurídicos, ya que tendrían una aplicación ultractiva, lo que habilita al juez constitucional a asumir la competencia para proferir una decisión de fondo.
El Fiscal General de la Nación, Alfonso Gómez Méndez, estima que la detención preventiva fue objeto de control constitucional, a través de la sentencia C- 106 de 1994, siendo declarada exequible, por lo cual considera que dicha decisión es suficiente para determinar la improcedencia de la acción. Por otra parte, afirma que la detención preventiva es una medida cautelar, no punitiva, cuya función es asegurar la eficiencia de las investigaciones penales, la cual debe ser ejercida bajo estrictos requisitos para proteger la presunción de inocencia, por tal motivo estima compatible el artículo 29 con el artículo 28 de la Constitución, al determinar que el derecho a la libertad personal es susceptible de ser limitado cuando es necesario decretar la detención mediante mandamiento escrito de autoridad judicial competente y de acuerdo a motivos previamente definidos en la ley.
El ciudadano José Camilo Guzmán Santos, en nombre y representación del Ministerio de Justicia y del Derecho, estima que existe cosa juzgada, toda vez que el punto fue evaluado por la Corte mediante sentencia C - 327 de 1997.
a. De la cosa juzgada aparente.
Ha dicho la Corte que la cosa juzgada es apenas aparente, cuando la declaratoria de constitucionalidad de una norma, carece de toda motivación en el cuerpo de la providencia. En estos eventos "...la absoluta falta de toda referencia, aun la más mínima, a las razones por las cuales fue declarada la constitucionalidad de lo acusado..."7, tiene como consecuencia que la decisión pierda, "...la fuerza jurídica necesaria para imponerse como obligatoria en casos ulteriores en los cuales se vuelva a plantear el asunto tan sólo supuesta y no verdaderamente debatido..."8. Es decir que en este caso es posible concluir que en realidad no existe cosa juzgada y se permite una nueva demanda frente a la disposición anteriormente declarada exequible y frente a la cual la Corte debe proceder a "... a resolver de fondo sobre los asuntos que en anterior proceso no fueron materia de su examen y en torno de los cuales cabe indudablemente la acción ciudadana o la unidad normativa, en guarda de la integridad y supremacía de la Constitución.."9
b. De la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material.
La cosa juzgada formal se presenta "...cuando existe una decisión previa del juez constitucional en relación con la misma norma que es llevada posteriormente a su estudio..."10, o, cuando se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual11. Esta evento hace que " ...no se pueda volver a revisar la decisión adoptada mediante fallo ejecutoriado.."12
Por su parte, la cosa juzgada material, "...se [ presenta] cuando no se trata de una norma con texto normativo exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino de una disposición cuyos contenidos normativos son idénticos. El fenómeno de la cosa juzgada opera así respecto de los contenidos de una norma jurídica..."13.
No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta la especial naturaleza de la cosa juzgada constitucional, es necesario advertir, que de manera excepcional, resulta posible que el juez constitucional se pronuncie de fondo sobre normas que habían sido objeto de decisión de exequibilidad previa. El carácter dinámico de la Constitución, que resulta de su permanente tensión con la realidad, puede conducir a que en determinados casos resulte imperativo que el juez constitucional deba modificar su interpretación de los principios jurídicos para ajustarlos a las necesidades concretas de la vida colectiva - aún cuando no haya habido cambios formales en el texto fundamental -, lo que incide necesariamente en el juicio de constitucionalidad de las normas jurídicas. El concepto de "Constitución viviente" puede significar que en un momento dado, a la luz de los cambios económicos, sociales, políticos, e incluso ideológicos y culturales de una comunidad, no resulte sostenible, a la luz de la Constitución, - que es expresión, precisamente, en sus contenidos normativos y valorativos, de esas realidades -, un pronunciamiento que la Corte haya hecho en el pasado, con fundamento en significaciones constitucionales materialmente diferentes a aquellas que ahora deben regir el juicio de Constitucionalidad de una determinada norma. En estos casos, no se puede considerar que el fallo vulnera la cosa juzgada, ya que el nuevo análisis parte de un marco o perspectiva distinta, que en lugar de ser contradictorio conduce a precisar los valores y principios constitucionales y permiten aclarar o complementar el alcance y sentido de una institución jurídica14.
c. De la cosa juzgada absoluta y de la cosa juzgada relativa:
- Explícita, cuando "...la disposición es declarada exequible pero, por diversas razones, la Corte ha limitado su escrutinio a los cargos del actor, y autoriza entonces que la constitucionalidad de esa misma norma puede ser nuevamente reexaminada en el futuro.."15, es decir, es la propia Corte quien en la parte resolutiva de la sentencia limita el alcance de la cosa juzgada "...mientras la Corte Constitucional no señale que los efectos de una determinada providencia son de cosa juzgada relativa, se entenderá que las sentencias que profiera hacen tránsito a cosa juzgada absoluta..."16.
- Implícita, se presenta cuando la Corte restringe en la parte motiva el alcance de la cosa juzgada, aunque en la parte resolutiva no se indique dicha limitación, "...en tal evento, no existe en realidad una contradicción entre la parte resolutiva y la argumentación sino una cosa juzgada relativa implícita, pues la Corte declara exequible la norma, pero bajo el entendido que sólo se ha analizado determinados cargos..."17. Así mismo, se configura esta modalidad de cosa juzgada relativa, cuando la corte al examinar la norma constitucional se ha limitado a cotejarla frente a una o algunas normas constitucionales, sin extender el examen a la totalidad de la Constitución o de las normas que integran parámetros de constitucionalidad, igualmente opera cuando la Corte evalúa un único aspecto de constitucionalidad; así sostuvo que se presenta cuando: "... el análisis de la Corte está claramente referido sólo a una norma de la Constitución o a un solo aspecto de constitucionalidad, sin ninguna referencia a otros que pueden ser relevantes para definir si la Carta Política fue respetada o vulnerada.."18.
En Sentencia C-150 de 1993 (M.P. Fabio Morón Díaz), se declaró la exequibilidad del último inciso del artículo 388, del último inciso del artículo 399, del numeral 1º del artículo 397 y el inciso 2º del numeral 3º del artículo 409 del Código de Procedimiento Penal; la Corte en Sentencia C-106 de 1994 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), declaró la exequibilidad del artículo 388 del decreto 2700 de 1991 "en su totalidad".
En la sentencia C-327 de 1997 (M.P. Fabio Morón Díaz), se declaró la constitucionalidad de los numerales 2º y 3º del artículo 397 del Código de Procedimiento Penal. Mediante la sentencia C-425 de 1997 (M.P. Fabio Morón Díaz) se declaró que el numeral 7º del artículo 397 del decreto 2700 de 1991, se encuentra ajustado a la Constitución y es por tanto exequible; por sentencia C-716 de 1998 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) se declaró la exequibilidad del artículo 417 del citado decreto, pero "únicamente por los cargos analizados", es decir, vulneración del artículo 189 numeral 11, y por violar las disposiciones 7-5 y 8-2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos aprobada por ley 16 de 1972.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 11º, reafirma el carácter fundante de la presunción, por virtud del cual: "Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa".19
La libertad personal, principio y derecho fundante del Estado Social de Derecho, comprende "la posibilidad y el ejercicio positivo de todas las acciones dirigidas a desarrollar las aptitudes y elecciones individuales que no pugnen con los derechos de los demás ni entrañen abuso de los propios, como la proscripción de todo acto de coerción física o moral que interfiera o suprima la autonomía de la persona sojuzgándola, sustituyéndola, oprimiéndola o reduciéndola indebidamente".20
El derecho a la libertad personal, no obstante ser reconocido como elemento básico y estructural del Estado de Derecho, no alcanza dentro del mismo ordenamiento jurídico un carácter absoluto e ilimitado. Ha precisado esta Corte: ".. Los derechos fundamentales, no obstante su consagración constitucional y su importancia, no son absolutos y, por lo tanto, necesariamente deben armonizarse entre sí y con los demás bienes y valores protegidos por la Carta, pues, de lo contrario, ausente esa indispensable relativización, la convivencia social y la vida institucional no serían posibles..."21.
...Así pues, aún cuando el derecho a la libertad no es absoluto es claro que su limitación tampoco ha de tener ese carácter y, por lo tanto, el legislador, al regular los supuestos en los que opere la restricción del derecho, debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que fuera de servir al propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica, contribuyan a mantener inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el derecho y los limites del mismo.."22.
4.3. El bloque de constitucionalidad23, la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal.
La Corte Constitucional ha establecido que la revisión de constitucionalidad de los asuntos sometidos a su competencia, debe realizarse no sólo frente al texto formal de la Carta, sino también a partir de su comparación con otras disposiciones, las cuales de acuerdo con la Constitución tienen jerarquía constitucional (bloque de constitucionalidad stricto sensu24), o a partir de otras normas que aunque no tienen rango constitucional, representan parámetros para analizar la validez constitucional de las disposiciones sometidas a su control (bloque de constitucionalidad latu sensu).
El conjunto de normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad latu sensu, forman parámetros para determinar el valor constitucional de las disposiciones sometidas a control, "..conforme a esta acepción, el bloque de constitucionalidad estaría conformado no sólo por el articulado de la constitución sino, entre otros, por los tratados internacionales de que trata el artículo 93 de la Carta, por las leyes orgánicas y, en algunas ocasiones, por las leyes estatutarias..."25
De acuerdo con el artículo 93 de la Constitución Política, no todos los tratados internacionales forman parte del bloque de constitucionalidad, la Corte ha precisado que: "...sólo constituyen parámetros de control constitucional aquellos tratados y convenios internacionales que reconocen derechos humanos (i) y, que prohiben su limitación en estados de excepción (ii). Es por ello, que integran el bloque de constitucionalidad, entre otros, los tratados del derecho internacional humanitario, tales como los Convenios de Ginebra, los Protocolos I y II y ciertas normas del Pacto de San José de Costa Rica...."26.
Corresponde a la Corte precisar, si las normas de los tratados internacionales ratificados por Colombia, referentes a la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal forman parte del bloque de constitucionalidad. Esto es así porque "...si bien es cierto que los tratados internacionales vigentes en Colombia encuentran un incuestionable fundamento en normas constitucionales, ello no significa que todas sus normas integran el bloque de constitucionalidad y sirven de fundamento para realizar el control de constitucionalidad de las leyes que lleva a cabo esta Corporación en los estrictos y precisos términos del artículo 241 del Estatuto Superior..."27.
Para que las disposiciones de un tratado internacional ratificado por Colombia, formen parte del bloque de constitucionalidad, es necesario el cumplimiento de dos requisitos, a saber: deben reconocer un derecho humano y dicho derecho no debe ser susceptible de limitación en los estados de excepción28 (Artículo 93 de la Constitución Política).
Frente al derecho a la libertad personal, esta Corporación mediante sentencia C - 327 de 1997, señalo que: "...al efectuar el análisis de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria: por la cual se regulan los estados de excepción en Colombia, la Corte declaró la exequibilidad del artículo 4º en el cual, el legislador, valiéndose de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, enuncia una serie de derechos que califica de intangibles, durante los estados de excepción, los cuales no pueden ser objeto de suspensión o restricción alguna por el legislador extraordinario y dentro de esa enunciación no aparece la libertad personal que es susceptible de limitación como surge, por ejemplo del literal f) del artículo 38 [ de la ley 137 de 1994 ].....Así las cosas, los tratados internacionales invocados por el demandante, en la parte relativa a la libertad personal no forman parte del bloque de constitucionalidad..."29, en la medida, en que dicho derecho es susceptible de limitación en los estados de excepción.
No obstante, la Constitución ordena en el inciso segundo del artículo 93 que para la interpretación de los derechos consagrados en la Carta, debe estarse a los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, evento por el cual, aunque las disposiciones referentes al derecho a la libertad personal no hacen parte del bloque de constitucionalidad, no por eso, debe desconocerse que su interpretación debe realizarse de acuerdo con sus mandatos. La Corte ha sostenido: "...Claro está, tratándose del derecho fundamental de la libertad, aplicando el artículo 93 de la constitución Política, el alcance de su garantía constitucional debe interpretarse a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia..."30.
"...Las medidas cautelares constituyen actos jurisdiccionales de naturaleza preventiva y provisional que, de oficio o a solicitud de parte, se ejecutan sobre personas, bienes y medios de prueba para mantener respecto de éstos un estado de cosas similar al que existía al momento de iniciarse el trámite judicial, buscando la efectiva ejecución de la providencia estimatoria e impidiendo que el perjuicio ocasionado con vulneración de un derecho sustancial, se haga más gravoso como consecuencia del tiempo que tarda el proceso en llegar a su fin..."31.
La Corte Suprema de Justicia ha sostenido que: "...la connotación de levedad o gravedad del indicio no corresponde a nada distinto al control de su seriedad y eficacia como medio de convicción que en ejercicio de la discrecionalidad reglada en la valoración probatoria realiza el juez, quien después de contemplar todas las hipótesis confirmantes e infirmantes de la deducción establece jerarquías según el grado de aproximación a la certeza que brinde el indicio, sin que ello pueda confundirse con una tarifa de valoración preestablecida por el legislador..."32.
La detención preventiva como medida de aseguramiento, dada su naturaleza cautelar, "..se endereza a asegurar a las personas acusadas de un delito para evitar su fuga y garantizar así los fines de la instrucción y el cumplimiento de la pena que, mediante sentencia, llegare a imponerse, una vez desvirtuada la presunción de inocencia y establecida la responsabilidad penal del sindicado.."33.
4.4.1. En los anteriores términos, la institución de la detención preventiva es compatible con la Constitución34 y no resulta contraria a la presunción de inocencia, en cuanto que, precisamente, tiene un carácter preventivo, no sancionatorio. Es por eso que la Corte Constitucional ha distinguido entre ella y la pena, en los siguientes términos:
...Así, una cosa es detener al individuo contra el cual existen indicios graves acerca de que puede ser responsable penalmente, para que esté a disposición de la administración de justicia mientras se adelanta el proceso en su contra, y otra muy distinta que, cumplidos los trámites procesales y celebrado el juicio con observancia de todas las garantías, reconocimiento y práctica del derecho de defensa, se llegue por el juez a la convicción de que en realidad existe esa responsabilidad penal y de que, por tanto, debe aplicarse la sanción contemplada en la ley..."35.
...La persona detenida sigue gozando de la presunción de inocencia pero permanece a disposición de la administración de justicia en cuanto existen razones, previamente contempladas por la ley, para mantenerla privada de su libertad mientras se adelante el proceso, siendo claro que precisamente la circunstancia de hallarse éste en curso acredita que el juez competente todavía no ha llegado a concluir si existe responsabilidad penal..."36 .
"...El postulado constitucional y abstracto de la libertad individual encuentra una legítima limitación en la figura de la detención preventiva cuya finalidad, evidentemente, no esta en sancionar al procesado por la comisión de un delito, pues está visto que tal responsabilidad sólo surge con la sentencia condenatoria, sino en la necesidad primaria de asegurar su comparecencia al proceso dándole vía libre a la efectiva actuación del Estado en su función de garante de los derechos constitucionales..."37.
Aunque las disposiciones referentes al derecho a la libertad personal que se encuentran en los tratados internacionales de derechos humanos, no hacen parte del bloque de constitucionalidad, siguiendo las precisiones realizadas con anterioridad (mirar 4.3), no por eso, debe desconocerse que su interpretación debe realizarse acorde con sus mandatos. En tal sentido se pronuncio la Corte Constitucional: "...claro está, tratándose del derecho fundamental de la libertad, aplicando el artículo 93 de la Constitución Política, el alcance de su garantía constitucional debe interpretarse a la luz de los tratados internacionales sobre derechos humanos..."38, por tal motivo se citan los principales documentos internacionales ratificados por Colombia que conciben a la detención preventiva como una excepción al derecho a la libertad personal:
El artículo 9 del pacto internacional de derechos civiles y políticos, aprobado por la ley 74 de 1968, establece: " Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por la ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta¿La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo".
5. De las condiciones generales de procedencia de la detención preventiva en un Estado Social de Derecho y a la luz del derecho a la libertad personal y la presunción de inocencia.
"...La Corte ha hecho énfasis en que tratándose de la libertad personal, la Constitución Política establece una estricta reserva de ley, siendo entonces el legislador el llamado a establecer los casos y a fijar las condiciones que tornen viable la privación de la libertad, tarea que redunda en beneficio del derecho en la medida en que los asociados cuentan con la definición de los eventos en los cuales resulta posible afectarlo. En este sentido la Corporación ha puntualizado que "las normas legales que fijan y precisan los supuestos en los que a una persona se le puede privar de la libertad, constituyen garantía del derecho que de esa forma desarrollan"...
...Al definir las causales de detención preventiva el legislador, actuando bajo el marco de la carta y en atención a la política criminal que adopte, utiliza los criterios que estima adecuados al logro de las finalidad de esa especifica medida de aseguramiento..."39.
"...Ahora bien, en ejercicio de las competencia que le atañen tratándose de la regulación de la libertad y en concreto del señalamiento de los casos en que sea procedente su privación, el legislador se encuentra asistido por la denominada libertad de configuración que se extiende hasta encontrar sus fronteras en la propia constitución y en los criterios de razonabilidad y proporcionalidad "que al obrar como límites, le imprimen a los supuestos de privación de la libertad la naturaleza excepcional que deben tener, erigiéndose, entonces, en garantías de ese derecho fundamental"..."40.
"...No obstante, resulta relevante aclarar que, en materia de restricciones a la libertad personal, la facultad de configuración legislativa resulta válida en la medida en que, de un lado, se mantenga un equilibrio con las demás garantías y derechos reconocidos en la Constitución y en la ley y, del otro, se expidan medidas coercitivas fundamentadas en un principio de razón suficiente que avale su operancia en el orden jurídico interno. En efecto, tal como lo ha sostenido la Corte, " aún cuando el derecho a la libertad no es absoluto, es claro que su limitación tampoco ha de tener ese carácter y, por lo tanto, el legislador, al regular los supuestos en los que opere la restricción del derecho, debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que fuera de servir al propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica, contribuyan a mantener inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el derecho y los límites del mismo".."41.
...Se deduce de lo expuesto que el Constituyente no concibió la libertad individual a la manera de un derecho absoluto, inmune a cualquier forma de restricción; todo lo contrario, fluye del propio texto superior que en determinados supuestos, ese derecho fundamental es susceptible de limitación, empero, los casos en que tal limitación tenga lugar han de venir fijados por la ley, siendo claro, en consecuencia, que tratándose de la libertad personal la Constitución Política establece una estricta reserva legal..."42.
Se tiene, entonces que la propia Constitución, el artículo 250 citado, establece una de las finalidades admisibles para la detención preventiva, cual es la de asegurar la comparencia al proceso de los presuntos infractores de la ley penal. Sin embargo esta norma no agota al ámbito de indeterminación del concepto, cuya alcance corresponderá fijar, dentro de los límites constitucionales, al legislador y a la jurisprudencia. Sobre este particular la Corte ha dicho que "....Dentro de las funciones que se le atribuyen a la Fiscalía General de la Nación en el artículo 250 de la Carta, aparece en primer lugar la de "Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento".... El propósito que orienta la adopción de este tipo de medidas es de carácter preventivo y no sancionatorio. Por ello, no son el resultado de sentencia condenatoria ni requieren de juicio previo; buscan responder a los intereses de la investigación y de la justicia al procurar la comparecencia del acusado al proceso y la efectividad de la eventual sanción que llegare a imponerse. La detención persigue impedirle al imputado la fuga, la continuación de su actividad delictual o las labores que emprenda para ocultar, destruir, deformar o desvirtuar elementos probatorios importantes para la instrucción...."43
La propia Carta contiene elementos que sin excluir otros que puedan resultar constitucionalmente admisibles, pueden configurar finalidades válidas para la detención preventiva. Así, por ejemplo, puede considerarse que la Constitución prevé, de manera implícita, como fin u objetivo de la detención preventiva, la necesidad de afianzar la preservación de la prueba, tal como se deduce del numeral 4º del artículo 250 de la Constitución, por virtud del cual, es función de la Fiscalía "velar por la protección de las víctimas, testigos e intervinientes en el proceso"44. Sí a dicha entidad le corresponde velar por la seguridad de los testigos y de sus testimonios, modalidad de prueba reconocida por los ordenamientos procesales, es susceptible y admisible que para cumplir tal objetivo decrete las medidas de aseguramiento que considere pertinentes, circunstancia que bajo una interpretación sistemática no restringe su alcance a otras medios de prueba que puedan resultar en un serio y fundado peligro (fumus boni juris), y que requieran como única medida de protección la detención, ya que en ausencia de estas circunstancias, y en aras de proteger la dignidad humana (art 1º de la Constitución) y el derecho a la libertad personal (art 2º. y 28 de la Constitución), es predicable la adopción de otro tipo de medidas menos lesivas de estos derechos fundamentales como disponer la vigilancia de las personas, o la incautación de documentos, entre otras (artículo 256 del decreto 2700 de 1991). Condicionamiento que hace efectivo el postulado constitucional de la investigación integral, por el cual, es obligación de la Fiscalía General de la Nación investigar no sólo lo desfavorable al acusado sino también lo favorable.
"...Es importante precisar que la resolución de detención preventiva no conlleva en todos los casos la privación efectiva y material de la libertad individual. En realidad, bajo el supuesto de que el procesado se encuentra amparado por la presunción de inocencia incluso durante la etapa del juzgamiento, "la restricción de su libertad sólo puede estar determinada por la necesidad de que se cumplan los fines de la investigación penal" ..."45.
"...La medida de aseguramiento consistente en detención preventiva no comporta siempre la privación efectiva de la libertad, pues dada la presunción de inocencia que acompaña al procesado durante toda la investigación penal, la restricción de su libertad sólo puede estar determinada por la necesidad de que se cumplan los fines de la investigación penal...".46
Como se señaló en esta providencia, la constitucionalidad específica de este tipo de disposiciones se encuentra en que corresponde a la configuración legislativa establecer dentro de los límites razonables y proporcionales, los casos en los cuales es procedente dictar medida de aseguramiento, por lo tanto, las mismas consideraciones que permitieron determinar la constitucionalidad de las causales reseñadas para la operancia de la detención preventiva son predicables para estas disposiciones. En resumen: "...En la fijación de las condiciones en las que resulte posible la privación de la libertad, el legislador goza de un margen de apreciación inscrito dentro de la denominada libertad de configuración que le permite, en cuanto representantes del pueblo, traducir en normas legales sus decisiones, adoptadas como respuesta a problemas latentes de la sociedad y que son el resultado de un proceso en el que normalmente se involucran consideraciones y valoraciones de naturaleza política..."47. Sin embargo, dicha potestad de configuración debe enmarcarse dentro de los cánones de la Constitución y los principios de razonabilidad y proporcionalidad, los cuales no se consideran vulnerados por la determinación taxativa de los casos, en los cuales procede limitar la libertad.
5.3.1. Artículo 417 del Decreto 2700 de 1991. Por sentencia C-716 de 1998 (M.P. Carlos Gaviria Díaz) se declaró la exequibilidad del artículo citado sobre "Prohibición de libertad provisional", pero "únicamente por los cargos analizados", es decir, por vulnerar la reserva de ley al establecer las causales que prohiben decretar la libertad provisional por decreto, y por violar las disposiciones 7-5 y 8-2 (presunción de inocencia y libertad personal) de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos aprobada por ley 16 de 1972. Estima la Corte que frente a esta disposición, opera el fenómeno de la cosa juzgada, toda vez que el cargo fue decidido en la citada providencia.
Ahora bien, el término razonable, proporcional y justo, debe ser valorado por las autoridades judiciales en cada caso, siguiendo los siguientes parámetros: la efectividad de la duración (amoldar la detención a sus objetivos), el tiempo actual de detención, su duración en relación con la ofensa, los efectos de la conducta punible, los efectos materiales y morales para con el sindicado, la conducta del inculpado, las dificultades de la instrucción, la forma como se ha tramitado, la conducta de las autoridades judiciales, entre otras. 48Mediante esta consagración no taxativa, la Corte pretende garantizar la presunción de inocencia y el derecho a la libertad personal ante el vacío legal.
Quinto: Declárase EXEQUIBLE la procedencia específica de las causales 1 y 2 del artículo 357 de la Ley 600 de 2000, en relación con lo acusado y de acuerdo a lo expuesto en esta providencia, salvo las siguientes expresiones contenidas en el numeral 2º del artículo 357: "Privación ilegal de libertad (C. P. artículo 174)", "Hurto agravado (C. P. artículo 241, numerales 1, 5, 6, 8, 14 y 15)", "...cuando la cuantía exceda de cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes (C. P. artículo 246)", "Tráfico de moneda falsificada (C. P. artículo 274)", "Emisiones ilegales (C. P. artículo 276)", "Acaparamiento (C. P. artículo 297)", "Especulación (C. P. artículo 298)", "Pánico económico (C. P. artículo 302)", "Incendio (C. P. artículo 350)" y "Receptación (artículo 447)", declaradas inexequibles por sentencia C-760 de 2001.
ACLARACION DE VOTO- Empleo y relación de conceptos (Aclaración de voto)
DEBIDO PROCESO Y PRESUNCION DE INOCENCIA- Distinción (Aclaración de voto)
PRESUNCION DE INOCENCIA- No inclusión en lista de derechos que no pueden suspenderse/PRESUNCION DE INOCENCIA- Manifestación del debido proceso (Aclaración de voto)
DEBIDO PROCESO Y GARANTIAS JUDICIALES INSUSPENDIBLES- Distinción (Aclaración de voto)
GARANTIAS JUDICIALES- Alcance (Aclaración de voto)
HABEAS CORPUS EN GARANTIAS JUDICIALES INDISPENSABLES- No suspensión de reglas procesales de efectividad (Aclaración de voto)
DEBIDO PROCESO Y GARANTIAS JUDICIALES INDISPENSABLES- Relación de necesidad específica (Aclaración de voto)
PRESUNCION DE INOCENCIA- Consagración en la Constitución (Aclaración de voto)
DETENCION PREVENTIVA FRENTE A PRESUNCION DE INOCENCIA- Abuso puede desconocerla (Aclaración de voto)
DERECHO- Suspensión (Aclaración de voto)
DERECHO- Limitación (Aclaración de voto)
"Frente a la presunción de inocencia, la Corte considera que las disposiciones de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, sí forman parte del bloque de constitucionalidad, toda vez que, la presunción de inocencia es un derecho humano, el cual no es susceptible de limitación o restricción en los estados de excepción, ya que sí el derecho al debido proceso y el principio de legalidad no admiten restricción alguna, según lo dispone el artículo 27 de la Ley 16 de 1972, que ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos, menos aún la presunción de inocencia derecho fundamental a partir del cual se edifican las garantías jurídicas citadas. Señala la disposición citada: "2. La disposición precedente [suspensión de garantías por estados de excepción] no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos: 3° (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica), 4° (derecho a la vida), 5° (derecho a la integridad personal), 6° (prohibición de la esclavitud y servidumbre), 9° (principio de legalidad y de retroactividad), 12 (libertad de conciencia y de religión), 17 (protección de la familia), 18 (derecho al nombre), 19 (derechos del niño), 20 (derecho a la nacionalidad) y 23 (derechos políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos".(Subrayas y negritas agregadas al texto para efectos de la presente aclaración de voto, excepto las dos últimas)
2. Esto conduce a mi segunda inquietud. Ella toca con los conceptos siguientes: "limitar", "restringir" y "suspender" un derecho. En la sentencia, en especial en el párrafo citado, no se distingue entre estos tres conceptos. Es cierto que en la Constitución no se les dio un uso técnico. El artículo 93, en su inciso primero, habla de derechos que no se pueden limitar en los estados de excepción, cuando el concepto adecuado es el de suspensión empleado en la Convención citada y en otros instrumentos internacionales49. Además, el artículo 214, apartado 2, de la Constitución dice que "no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales" en los estados de excepción.
Sin embargo, estimo importante hacer una diferencia entre estos tres conceptos. La suspensión de un derecho consiste en restarle efectividad total de manera temporal, generalmente mediante una declaración formal de suspensión. Esto está prohibido en Colombia expresamente en nuestra Constitución en el artículo 214(2), no sólo respecto de los derechos enunciados en el artículo 27 de la Convención citado, sino de todos los derechos constitucionales fundamentales que son muchos más que los de la mencionada lista.50 Por eso, bajo el imperio de la Constitución de 1991 no es posible que un decreto de excepción diga que queda suspendido el derecho de reunión como se hizo mediante el Estado de Sitio.
Como las distinciones mencionadas ¿ y otras en las que no viene al caso detenerse sobre los tipos de cosa juzgada, clases de presunciones y su razón de ser, así como sobre certeza (un concepto romano germánico relativo a la apreciación de las pruebas y la presunción inocencia) y duda razonable (un concepto anglosajón relativo al mismo tema)- no inciden en la decisión, respetuosamente aclaro mi voto.
1. Ver entre otras las sentencias C-210/97, C-155/97, C-505/95, C-537/95, C-467/93, C-397/95 y C-481/98.
2. Sentencia C - 397 de 1995.
3. Sentencia C - 392 de 1995.
4. Sentencia C - 505 de 1995.
5. Subrayado por fuera del texto original.
6. Dispone la citada norma: "En materia penal la ley favorable o permisiva prefiere en los juicios a la odiosa o restrictiva, aun cuando aquélla sea posterior al tiempo en que se cometió el delito".
7. Sentencia C - 700 de 1999. En el mismo sentido C - 492 de 2000.
8. Sentencia C - 700 de 1999.
9. Sentencia C - 700 de 1999.
10. Sentencia C - 489 de 2000.
11. Sentencia C - 565 de 2000.
12. Sentencia C - 543 de 1992.
13. Sentencia C - 427 de 1996. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
14. En la sentencia C - 447 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero la Corte expuso: "...Todo tribunal, y en especial la Corte Constitucional, tiene la obligación de ser consistente con sus decisiones previas. Ello deriva no sólo de elementales consideraciones de seguridad jurídica ¿ pues las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles- sino también del respeto al principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez....Por ello la Corte debe ser muy consistente y cuidadosa en el respeto de los criterios jurisprudenciales que han servido de base (ratio decidendi) de sus precedentes decisiones. Esto no significa obviamente que, en materia de jurisprudencia constitucional, el respeto al precedente y a la cosa juzgada constitucional deban ser sacralizados y ante deban prevalecer ante cualquier otra consideración jurídica, puesto que ello no sólo puede petrificar el ordenamiento jurídico sino que, además, podría provocar inaceptables injusticias....Se debe entonces aceptar que todo sistema jurídico se estructura en torno a una tensión permanente entre la búsqueda de la seguridad jurídica que implica unos jueces respetuosos de los precedentes y la realización de la justicia material del caso concreto que implica que los jueces tengan capacidad de actualizar las normas a las situaciones nuevas -....".
15. Sentencia C - 492 de 2000.
16. Sentencia C - 478 de 1998.
17. Sentencia C - 478 de 1998.
18. Auto 131 de 2000.
19. Subrayado por fuera del texto original.
20. Sentencia C - 301 de 1993. En igual sentido C - 634 de 2000.
21. Sentencia C - 578 de 1995.
22. Sentencia C - 397 de 1997. Subrayado por fuera del texto original.
23. Ver sentencias: C-225 de 1995, C-575 de 1995, C - 358 de 1997, C-191 de 1998, C-256 de 1998, T-568 de 1999 y C- 010 de 2000.
24. Hace parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, los tratados internacionales que reconocen derechos humanos y que prohiben su limitación es los estados de excepción. (C-358 de 1997), los tratados limítrofes (C ¿191 de 1998) y los convenios 87 y 88 de la O.I.T ( T- 568 de 1999), entre otros....
25. Sentencia C - 358 de 1997. Sobre ley estatutaria y bloque de constitucionalidad: C - 708 de 1999.
26. Sentencia C - 582 de 1999.
27. Sentencia C - 327 de 1997. M.P. Fabio Morón Díaz. Subrayado por fuera del texto original.
28. En algunos eventos la Corte ha determinado de manera excepcional, la vinculación al bloque de constitucionalidad de ciertas disposiciones que no consagran derechos humanos y/o que son susceptibles de suspensión en estados de excepción. Ver: C- 225 de 1995, T-483 de 1999, entre otras...
29. Subrayado por fuera del texto original.
30. Sentencia C - 634 de 2000. Subrayado por fuera del texto original.
31. Sentencia C - 634 de 2000.
32. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia mayo 8 de 1997. Radicación 9858.
33. Sentencia C - 425 de 1997.
34. Sentencias C - 301 de 1993, C - 106 de 1994, C - 689 de 1996, C - 327 de 1997 y C - 425 de 1997.
35. Sentencia C - 106 de 1994.
36. Sentencia C - 689 de 1996.
37. Sentencia C - 634 de 2000.
38. Sentencia C - 634 de 2000.
39. Sentencia C - 425 de 1997. Referencia a la sentencia C - 327 de 1997.
40. Sentencia C - 425 de 1997. Referencia a la sentencia C - 150 de 1993.
41. Sentencia C - 634 de 2000. Referencia a la sentencia C - 327 de 1997.
42. Sentencia C - 327 de 1997. M.P. Fabio Morón Díaz. Subrayados por fuera del texto original.
43. Sentencia C - 395 de 1994. M.P. Carlos Gaviria Díaz. Subrayado por fuera del texto original.
44. Subrayado por fuera del texto original.
45. Sentencia C - 634 de 2000. Referencia a la sentencia C- 549 de 1997. Subrayado por fuera del texto original.
46. Sentencia C - 549 de 1997. Subrayado por fuera del texto original.
47. Sentencia C - 327 de 1997.
48. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Neumeister y caso Stogmuller.
49. No se incluye en este breve análisis el concepto de "derogación" empleado en la Convención Europea de Salvaguardia de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, artículo 15
50. No es del caso detenerse en la distinción jurídica e histórica entre los conceptos de derechos humanos, libertades fundamentales y derechos fundamentales.

References: IN DUBIO
 resolución 
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 artículo 118
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