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Timestamp: 2018-04-20 22:21:32+00:00

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No es aplicable la ejecución extrajudicial contenida en la Ley de Garantía Mobiliaria, si la prenda fue suscrita con anterioridad de esa ley y se pactó la ejecución judicial - Actualidad Civil
No es aplicable la ejecución extrajudicial contenida en la Ley de Garantía Mobiliaria, si la prenda fue suscrita con anterioridad de esa ley y se pactó la ejecución judicial
CAS. N.º 1949-2016 Arequipa
Emitida el 26 de junio del 2017
Señor Juez supremo Céspedes Cabala
Tercera Disposición Transitoria de la Ley de Garantías Mobiliarias
[E]s de aplicación al presente proceso la Teoría de los Derechos Adquiridos, en virtud de la cual “la nueva ley no puede no puede alcanzar a los derechos adquiridos de conformidad con la ley anterior, aunque, durante la vigencia de esta, no se hayan hecho valer”, más aún si la Tercera Disposición Transitoria de la Ley número 28677 - Ley de Garantía Mobiliaria, estipula que: “Una vez aprobada la presente Ley, la SUNARP dispondrá el traslado electrónico de las prendas especiales ya existentes al Registro Mobiliario de Contratos. Dichas prendas conservarán plenamente su validez y eficacia, en los mismos términos mediante los cuales fueron constituidas. La inscripción de modificaciones o ampliaciones de estas garantías se efectuará conforme a lo previsto en la presente Ley: Al conservar plenamente su validez y eficacia en los mismos términos en los que fueron constituidas, no es posible jurídicamente aplicar a efecto de su ejecución, la Ley de Garantías Mobiliarias”
CAS. N.º 1949-2016
SUMILLA. Se vulnera el Debido Proceso al no realizar un análisis de todas las clausulas en el acto jurídico de Constitución de Garantías. Artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú.
Lima, veintiséis de junio de dos mil diecisiete.
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: Vista la causa número mil novecientos cuarenta y nueve – dos mil dieciséis, en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha; y producida la votación con arreglo a Ley, emite la siguiente sentencia:
En el presente proceso de Ejecución de Garantías, el demandante Banco de Crédito del Perú ha interpuesto recurso de casación mediante escrito obrante a fojas sesenta y ocho, contra el auto de vista de fojas cincuenta y cinco, de fecha dos de mayo de dos mil dieciséis, emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que confirmó el auto apelado de fojas veinticuatro, de fecha once de enero de dos mil dieciséis, que declaró improcedente la demanda.
1. DEMANDA. El siete de enero de dos mil dieciséis, mediante escrito obrante a fojas dieciocho, el Banco de Crédito del Perú interpuso una demanda de Ejecución de Garantías a fi n de que se ejecute la garantía prendaria constituida a su favor, argumentando que: La ejecutada ha incumplido con las obligaciones contenidas en el Pagaré a la vista, el que a la fecha de la liquidación adjuntada, con intereses compensatorios y moratorios asciende a la suma de ochenta y dos mil seiscientos veintitrés soles con noventa y seis céntimos (S/82,623.96), debiéndose dictar mandato de ejecución por la suma que constituye el monto tope de la garantía cuya ejecución se solicita, esto es, veintidós mil novecientos cincuenta dólares americanos (US$22,950.00), monto máximo de la garantía prendaria industrial constituida a su favor por el demandado, bajo apercibimiento de remate de los bienes dados en garantía; es decir, solicita la ejecución de garantía prendaria industrial, bajo las reglas del Código Procesal Civil, con la acción prevista para la ejecución de garantías. - En la primera cláusula del Contrato de Constitución de Prenda Industrial suscrito el trece de setiembre de mil novecientos noventa y siete, se garantizan las obligaciones que tiene en la actualidad, o que pudiera tener en el futuro la ejecutada R y S Diesel Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, con el Banco de Crédito del Perú.
2. AUTO FINAL DE PRIMERA INSTANCIA. El once de enero de dos mil dieciséis, mediante Resolución número uno, obrante a fojas veinticuatro, el Segundo Juzgado Civil del Módulo Básico de Justicia de Paucarpata de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, declaró improcedente la demanda; señalando que: - Con la Ley N.° 28677 - Ley de la Garantía Mobiliaria, se establecen procedimientos previos (artículos 47, 51 y 52) para la ejecución de garantías mobiliarias. Por tanto, al no haberse agotado los procedimientos establecidos en la referida Ley, y al haber planteado una pretensión distinta como si se tratara de una ejecución de garantías inmobiliarias, la parte demandante carece manifiestamente de interés para obrar, y por tal razón la demanda deviene improcedente conforme lo prevé el artículo 427 inciso 2 del Código Procesal Civil.
3. RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA. El dos de mayo de dos mil dieciséis, la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, emite la resolución de vista de fojas cincuenta y cinco, que confirma la resolución apelada y declara improcedente la demanda, bajo los siguientes argumentos: - La Constitución de Prenda Industrial, celebrado el trece de setiembre de mil novecientos noventa y siete, ha sido constituida bajo los alcances de la Ley N.° 23407, la misma que ha sido derogada parcialmente en sus artículos 82 al 87, inclusive, como también han sido derogados los artículos 1055 al 1090 del Código Civil, referentes a la prenda por la Ley N.° 28677, Ley de Garantía Mobiliaria; por lo que para la ejecución de cualquier clase de garantía mobiliaria, entre las cuales se encuentra la prenda industrial, deberá aplicarse la referida Ley número 28677 - Ley de la Garantía Mobiliaria, adecuándose a su contenido según corresponda. - La ejecución de la venta del bien mueble afectado en garantía mobiliaria debe efectuarse en conformidad del artículo 47 de la Ley N.° 28677 - Ley de la Garantía Mobiliaria, que prevé la venta extrajudicial.
El diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, el demandante, mediante escrito de fojas sesenta y ocho, interpone recurso de casación contra el auto de vista, siendo declarado procedente por este Supremo Tribunal mediante la resolución de fecha catorce de julio de dos mil dieciséis, por la siguiente infracción: - Infracción normativa del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política del Perú (aunque erróneamente se consignó el inciso 14 del referido artículo como el supuesto materia de la infracción), alegando que al no estar vigente la Ley N.° 28677 - Ley de Garantía Mobiliaria, al momento de suscribirse el Contrato de Prenda, no existía la venta extrajudicial regulada para la ahora denominada Garantía Mobiliaria, sino que, en aquel entonces, solo estaba regulada la ejecución judicial de la prenda frente al incumplimiento de la obligación, siguiendo el proceso de Ejecución de Garantías establecido en el Código Procesal Civil, lo cual incluso constituía un acuerdo entre las partes, establecido en la cláusula octava del referido contrato. Como indica la parte demandante, en caso se ajuste la prenda constituida a la nueva regulación de la Garantía Mobiliaria que prevé el pacto de venta extrajudicial del bien mueble afectado mediante apoderado nombrado en conjunto, se estaría desviando a las partes del procedimiento previamente establecido.
PRIMERO. Que, de acuerdo a la doctrina y algunas legislaciones, el recurso de casación tiene como objeto que la Corte Casatoria anule resoluciones que ponen fin al proceso y que contienen vicios de derecho que interesan al orden público subsanar. Desde aquella perspectiva se entiende: primero, que es un recurso extraordinario que la ley concede a las partes después de haberse cumplido con el Principio de la Doble Instancia, conforme al artículo 384 del Código Procesal Civil; segundo, se trata de un recurso porque es un medio de “transferir la queja expresiva de los agravios[1]”; y, tercero, resulta extraordinario por estar limitados los motivos para su interposición, es decir, por ser limitadas las resoluciones judiciales contra las que puedan interponerse[2] y porque su estudio se limita, sucintamente, a la existencia del vicio denunciado[3].
SEGUNDO. Que, es menester mencionar que la casación impide reexaminar el íntegro de la sustancia debatida: se trata, esencialmente, de una jurisdicción de derecho que no permite modificar los juicios de hecho (salvo los casos que tengan que ver con la relación procesal, los errores in procedendo o el control de la logicidad). Por ello, no constituye una tercera instancia judicial.
TERCERO. Que, la infracción procesal se configura cuando en el desarrollo del proceso, no se han respetado los derechos procesales de las partes, se han obviado o alterado actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no ha sido efectiva, el órgano jurisdiccional deja de motivar sus decisiones o lo hace en forma incoherente, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales. No obstante, la referida infracción normativa debe revestir un grado tal de transcendencia o influencia que su corrección traerá, en consecuencia, la modificación del sentido del fallo o lo decidido en la resolución que está siendo impugnada, reiterando argumentos vertidos en el decurso del proceso y cuestionando el criterio expuesto por las instancias de mérito al discrepar del sentido del mismo por resultarle adverso[4].
CUARTO. Que, en cuanto al derecho fundamental a un Debido Proceso, no solo es un principio de quienes ejercen la función jurisdiccional y que está contemplado como tal en el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, también es concebido como aquel derecho fundamental de carácter exigible, que posee toda persona peruana o extranjera, natural o jurídica. Asimismo, es un derecho que debe ser respetado por todos, debido a que lleva implícito los fines sociales y colectivos de justicia[5]. En ese sentido, existe contravención de las normas que garantizan el derecho a un Debido Proceso cuando, en el desarrollo del mismo: i) El órgano jurisdiccional no ha respetado los derechos procesales de las partes; ii) Se han obviado o alterado actos de procedimiento; y, iii) La tutela jurisdiccional no ha sido efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus resoluciones, en clara transgresión de la normatividad vigente y de los principios procesales.
QUINTO. Que, en tal sentido, el derecho al Debido Proceso tiene tres elementos: i) El derecho de acceso a alguna de las modalidades de justicia institucionalizada previstas en el ordenamiento jurídico; ii) El proceso mismo se ajuste a una serie de exigencias que favorezcan en la mayor medida posible a la consecución de una decisión justa; y, iii) La superación plena y oportuna del conflicto con una decisión justa, a través de la ejecución también plena y oportuna[6]. La importancia de este derecho para la protección de los derechos fundamentales ha dado lugar a que sea considerado como un principio general derecho, garantía constitucional y como un derecho fundamental[7].
SEXTO. Que, por último, es importante señalar que este derecho no solo tiene relevancia en el ámbito del interés particular correspondiente a las partes involucradas en la litis, sino que también juega un papel esencial en la idoneidad del sistema de justicia en su conjunto. No debe olvidarse que una razonable motivación de las resoluciones constituye una de las garantías del proceso judicial, directamente vinculada con la vigilancia pública de la función jurisdiccional, por la cual se hace posible conocer y controlar las razones por las cuales el juez ha decidido una controversia en un sentido determinado; implicando, en ese sentido, un elemento limitativo de los supuestos de arbitrariedad[8].
SÉTIMO. Que, siendo ello así, las instancias de mérito han emitido resoluciones inhibitorias, declarando improcedente la demanda de Ejecución de Garantías. La explicación: la Ley de Garantías Mobiliarias regula ciertos procedimientos previos a la ejecución, de modo tal que, al no haberse cumplido con ellos, la parte demandante no tiene interés para obrar.
OCTAVO. Que, previo al análisis de lo denunciado, es menester realizar algunas precisiones sobre la aplicación de la ley en el tiempo. El artículo III del Título Preliminar del Código Civil, preceptúa que: “La Ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes. No tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú”. Ello ha sido recogido también en el artículo 103 de la Constitución Política del Perú, ya que se trata de un principio general del derecho, pues “se considera injusto aplicar una ley nueva a actos que fueron realizados en el momento en que dicha ley no existía, y que por consiguiente no podía ser conocida y mucho menos acatada”[9], lo contrario significaría atentar contra la seguridad jurídica.
NOVENO. Que, así pues, las leyes se dictan para regular situaciones futuras y no para modificar efectos ya producidos en virtud de la antigua ley. El principio de irretroactividad de la ley, significa que los derechos bajo el amparo de la ley anterior mantienen su vigencia y sobre ellos no tiene efecto la nueva ley. Sin embargo, ello no es absoluto, pues existen supuestos de excepción, como el caso de la ley penal favorable al reo.
DÉCIMO. Que, estando a lo expuesto, es de aplicación al presente proceso la Teoría de los Derechos Adquiridos, en virtud de la cual “la nueva ley no puede no puede alcanzar a los derechos adquiridos de conformidad con la ley anterior, aunque, durante la vigencia de esta, no se hayan hecho valer”[10], más aún si la Tercera Disposición Transitoria de la Ley número 28677 - Ley de Garantía Mobiliaria, estipula que: “Una vez aprobada la presente Ley, la SUNARP dispondrá el traslado electrónico de las prendas especiales ya existentes al Registro Mobiliario de Contratos. Dichas prendas conservarán plenamente su validez y eficacia, en los mismos términos mediante los cuales fueron constituidas. La inscripción de modificaciones o ampliaciones de estas garantías se efectuará conforme a lo previsto en la presente Ley: Al conservar plenamente su validez y eficacia en los mismos términos en los que fueron constituidas, no es posible jurídicamente aplicar a efecto de su ejecución, la Ley de Garantías Mobiliarias” (lo resaltado es nuestro).
DÉCIMO PRIMERO. Que, sin perjuicio de ello, las instancias de mérito no han tenido en cuenta que las partes pactaron en la cláusula octava del Contrato de Constitución de Garantía de fecha trece de setiembre de mil novecientos noventa y siete, que en caso se incumpliera alguna de las obligaciones, el Banco se encontraba en la facultad de ejecutar la prenda de acuerdo a las disposiciones del Código Procesal Civil, lo cual resulta trascendente y debió ser objeto de análisis al momento de calificar la demanda por el A quo, razón por la cual, corresponde amparar el recurso de casación interpuesto.
Por tales consideraciones, esta Sala Suprema, en aplicación de lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 396 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N.° 29364, declara: 1. Declarar FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el Banco de Crédito del Perú a fojas sesenta y ocho; por consiguiente, CASARON la resolución impugnada; en consecuencia, NULA resolución de vista de fojas cincuenta y cinco, de fecha dos de mayo de dos mil dieciséis, emitida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 2. INSUBSISTENTE la apelada de fojas veinticuatro, de fecha once de enero de dos mil dieciséis, emitida por el Segundo Juzgado Civil del Módulo Básico de Paucarpata de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, debiendo emitirse nueva calificación en aplicación del Código Procesal Civil. 3. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por el Banco de Crédito del Perú contra R y S Diesel Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada y otros, sobre Ejecución de Garantías; y los devolvieron. Integra esta Sala el Juez Supremo Señor Calderón Puertas por licencia del Juez Supremo Señor De La Barra Barrera. Ponente Señora Céspedes Cabala, Jueza Suprema.
S.S. ROMERO DÍAZ, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, CALDERÓN PUERTAS, CÉSPEDES CABALA.
[1] Gozaíni, Osvaldo Alfredo. Derecho Procesal Civil. Tomo II. Ediar. Buenos Aires 1992, pág. 742. 2
[2] Guzmán Flujá, Vicente C. El recurso de casación civil. Tirant lo Blanch, Valencia 1996, pág. 15. 3
[3] Calamandrei, Piero. Casación civil. Ediciones Jurídicas Europa-América. Buenos Aires 1959, pág. 55.
[4] Casación N.° 21100-2016 Lambayeque
[5] Comisión Andina de Juristas. Luis Huerta con la colaboración de Enrique Aguilar, “El debido proceso en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (análisis del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), en www.cajpe.org.pe.
[6] Castillo Córdova, Luis. “Debido proceso y tutela jurisdiccional”. En: “La Constitución Comentada”. Tomo III. Lima: Gaceta, 2013, Pags. 61-62.
[7] Bustamante Alarcón, Reynaldo. “Derechos Fundamentales y Proceso Justo”. Lima: Ara Editores, 2001, pág. 218.
[8] CAS. N.° 1548 – 2014 Lambayeque
[9] Gutiérrez Camacho, Walter. Código Civil Comentado. Lima: Gaceta Jurídica. 2011, pag. 30.
[10] Torres Vásquez, Aníbal. La Constitución Comentada, tomo II. Lima: Gaceta Jurídica. 2013, pág. 657.

References: Artículo 139
 Resolución 
 artículo 427
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 artículo 47
 resolución 
 artículo 139
 artículo 384
 resolución 
 artículo 139
 artículo 103
 artículo 396
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 8