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Expansion Monetaria. VARIABLES DE ECONOMIA POLITICA
ARGENTINA_Informe Deuda Pública
COMISIÓN DE AUDITORÍA INTEGRAL DEL CRÉDITO PÚBLICO
Adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas Creada el 9 de julio de 2007 Decreto Ejecutivo 472
INFORME FINAL DE LA AUDITORÍA INTEGRAL DE LA DEUDA ECUATORIANA
Septiembre 2008 Quito – Ecuador
La carga del endeudamiento y la auditoría
La decisión presidencial y la expedición del Decreto Ejecutivo de creación de la
Base Legal, Objetivos y Alcance de la auditoría
II. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA POR TRAMOS DE DEUDA
LA DEUDA COMERCIAL
LA DEUDA MULTILATERAL
Créditos que financiaron programas de reducción de deuda y de modernización /
Créditos que financiaron programas sectoriales
Créditos para la ejecución del proyecto multipropósito Jaime Roldós Aguilera
ejecutado por CEDEGE
LA DEUDA BILATERAL
ANEXO 1 (DECRETO EJECUTIVO No. 472)
PRINCIPALES PARTICIPANTES EN LOS PROCESOS DE ENDEUDAMIENTO
INVESTIGADOS POR LA CAIC
CREDITOS SECTORIALES AUDITADOS: OBJETIVOS Y RESULTADOS
Gráfico 1: Deuda externa ecuatoriana
Gráfico 2: Gasto social real por habitante: 1973-2001
Gráfico 3: Pobreza en el Ecuador 1995-2006
El daño incalculable causado a la economía del país y al pueblo ecuatoriano por el endeudamiento público, omnipresente como sistema de presión- sumisión, y el consecuente compromiso de entregar recursos públicos para su servicio, existan o no disponibilidades, motivó al Gobierno Nacional a adoptar la decisión –primera y hasta ahora única en América Latina– de crear una instancia de auditoría que establezca la legitimidad, legalidad y pertinencia de los préstamos, las negociaciones y renegociaciones; que, además, señale las responsabilidades y corresponsabilidad de los prestamistas, los impactos sociales, económicos y ambientales; y, sobre todo, que permita la acumulación y ponderación de fundamentos para que el país emprenda acciones soberanas y reparadoras respecto de los pagos realizados y futuros.
La parte sustantiva de la auditoría radica en los resultados que contienen evidencias en cada uno de los tramos de la deuda ecuatoriana, estructurados de la siguiente forma:
endeudamiento de entidades públicas de Ecuador con la banca privada
internacional, en su devenir histórico, desde 1976.
concedida por los organismos financieros
internacionales, que en este trabajo se refiere a créditos seleccionados
según prioridades y presunciones de ilegitimidad.
∑ La deuda bilateral, que agrupa créditos provenientes de gobiernos o entidades oficiales de nueve países. Se han auditado especialmente los que corresponden a los de mayores acreencias: España y Brasil, y a aquellos que conforman el Club de París 1 .
∑ Los créditos concedidos a la Comisión de Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas (CEDEGE) para la ejecución del Proyecto Multipropósito Jaime Roldós Aguilera, que corresponden a los grupos multilateral y bilateral.
∑ La deuda interna, tramo que incluye las numerosas emisiones de Bonos del Estado, Bonos de Estabilización y Bonos AGD.
1 La sección correspondiente al Club de París consta en el Informe Ampliado de la Auditoría.
Auditoría Integral del Crédito Público
Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil
Comisión de Auditoría Integral del Crédito Publico
Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del
Río Guayas Comisión Especial de Investigación de la Deuda Externa
Centro Ecuatoriano de Medicamentos e Insumos Médicos
CODIGEM
Corporación de Desarrollo e Investigación Geológico-
Minero-Metalúrgico Consejo de Comercio Exterior e Inversiones
Dirección de Industrias del Ejército
Empresa Cantonal de Agua Potable de Guayaquil
Empresa de Abonos del Estado
EMSEMILLAS
Empresa Nacional de Abastecimiento y Comercialización
Empresa Nacional de Semen
EPAP-G
Empresa Provincial de Agua Potable de Guayas
Empresa Nacional de Fertilizantes y Abonos
Fondo Internacional para el Desarrollo Agropecuario
Financiera del Agro
Fondo de Inversiones Sociales de Emergencia
Instituto de Crédito Oficial del Reino de España
OCIPSE
Obras Complementarias de Infraestructura para la
Península de Santa Elena Organización de Estados Americanos
Plan Hidráulico Acueducto de Santa Elena
Programa de Agua y Saneamiento para Comunidades
PRONAMEC
Rurales y Pequeños Municipios Programa Nacional de Mecanización
Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural Río
Guayas Securities Exchange Comission
Sistema Integrado de Indicadores Sociales y Económicos
Los recursos provenientes del crédito externo e interno han constituido una de las fuentes para que el Estado ecuatoriano financie proyectos de desarrollo económico y social.
Sin embargo, en las últimas décadas este importante instrumento de política económica ha sido utilizado no precisamente de acuerdo con los intereses soberanos del país, sino bajo presiones y condicionalidades de los prestamistas. Se ha caracterizado por un manejo poco transparente, que ha derivado en el predominio del pago de amortizaciones, intereses y comisiones en el gasto presupuestario; en la necesidad creciente de nuevos créditos; y, consecuentemente, en la dependencia recurrente del Estado y la economía nacional de fondos provenientes de la deuda pública y privada.
El alto costo del endeudamiento ha sido cubierto con recursos del Presupuesto del Estado que, con rigidez, ha debido entregar ingentes sumas para el servicio de la deuda, mermando el financiamiento de programas e inversiones sociales y, consiguientemente, limitando la atención de necesidades prioritarias del pueblo ecuatoriano.
En el proceso de endeudamiento del país, que comienza a fines de los años 1970, aunque su mayor incremento se produce durante las dos décadas siguientes, se puede observar una continuidad estructural, desarrollada minuciosamente siempre en beneficio de los acreedores y afectando visiblemente los intereses de la nación.
En las refinanciaciones que se efectuaron con el invariable concurso de los bancos acreedores, que impusieron sus condiciones obligando al país a renunciar a todos sus derechos, se utilizaron los mismos argumentos: la normalización de las relaciones de Ecuador con los mercados financieros internacionales y la posibilidad de atraer la inversión extranjera.
Como el país no podía afrontar las obligaciones impuestas en los plazos establecidos, se recurría incesantemente a nuevas renegociaciones, crecientemente onerosas debido a las condiciones financieras impuestas por los mercados, que encarecían el costo de los créditos pese a que las transferencias efectuadas por Ecuador para servir la deuda aumentaban cada vez más. Es decir, cuanto más se pagaba, más se debía, por efecto de perversos mecanismos de capitalización y cláusulas contractuales perjudiciales para el país.
Esta situación, que por cierto no atañe solo a nuestro país, ha conducido a que movimientos sociales y organizaciones civiles nacionales e internacionales planteen sus demandas de cara a la crisis de la deuda y sus impactos en las condiciones de vida individuales y colectivas
La sociedad civil está consciente de las implicaciones negativas que ha supuesto el drama del endeudamiento para el desarrollo del país y, en frecuentes ocasiones, sus organizaciones han manifestado el rechazo a los abusos de acreedores que se aprovecharon y enriquecieron más a costa del empobrecimiento de las naciones deudoras, colocando créditos muchas veces innecesarios.
La gestión organizada ha sido incesante, particularmente desde inicios de la presente década, a través de eventos, medios editoriales y cuanta convocación ha sido necesaria para lograr una toma de conciencia por parte de los gobernantes y de la comunidad.
Por otro lado, ante la recurrente e injusta asimetría que ha caracterizado al endeudamiento Norte-Sur, en el ámbito internacional han surgido voces de autores y movimientos que apoyan el reconocimiento de la corresponsabilidad en la deuda, la anulación de obligaciones ilegítimas y la reparación de perjuicios ocasionados.
En un caso concreto, Noruega, la demanda combinada de organizaciones sociales ecuatorianas con movimientos civiles de ese país acreedor logró que el crédito concedido por esa nación para la adquisición de cuatro barcos fuera condonado y cancelados los pagos pendientes.
El apoyo internacional también se ha canalizado desde eventos de amplia trascendencia, como el I Encuentro Internacional de Juristas sobre el tema de la deuda externa y auditoría, realizado en Quito, en 8 y 9 de julio de 2008, que incluyó lo siguiente en la declaración final: "Apoyamos los actos soberanos de los Estados que, fundados en el Derecho, declaren la nulidad de instrumentos ilícitos e ilegítimos de la deuda pública incluyendo la suspensión de los pagos".
La decisión presidencial y la expedición del Decreto Ejecutivo de creación de la CAIC
Bajo el enunciado patriótico de que “Nuestra única deuda es con el pueblo” y el cuestionamiento del orden económico internacional creado y sostenido por los organismos multilaterales de crédito, desde la campaña electoral el presidente Rafael Correa propuso, como punto de partida para la vigencia de una política soberana de endeudamiento público, la realización de una auditoría independiente que permita identificar las deudas legítimas e ilegítimas, establecer la corresponsabilidad de los acreedores y sentar precedentes para un manejo justo y responsable de cualquier nuevo endeudamiento.
instrumentos legales y administrativos, y facilitó
organizaciones sociales y ambientales comprometidas con la causa para, en
acto de suma trascendencia, dictar el Decreto Ejecutivo Nº 472 de 9 de julio de 1997, que crea la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público (CAIC), como unidad adscrita al Ministerio de Finanzas.
El Decreto Ejecutivo se publicó en el Registro Oficial 131 de 20 de julio de 2007. Su mandato contempla auditar los procesos de endeudamiento público con el fin de determinar su legitimidad, legalidad, transparencia, calidad, eficacia y eficiencia, considerando aspectos legales y financieros, impactos económicos, sociales, de género, ecológicos y sobre nacionalidades y pueblos.
A partir del 1 agosto de ese mismo año la CAIC concretó su funcionamiento y organización. Con integrantes nacionales y extranjeros se constituyeron las Subcomisiones por tramos de deuda: multilateral, bilateral, comercial y de deuda interna, y también las Subcomisiones de ámbito transversal: la de Impactos Sociales, Ambientales, de Género y Pueblos; la Jurídica; y, el grupo especial para créditos de mayor significación utilizados por CEDEGE.
La organización administrativa estuvo liderada por la Coordinación Ejecutiva, que desarrolló la compleja tarea de obtener y administrar los recursos asignados para el funcionamiento de la CAIC, facilitar la realización del trabajo en todos los campos técnicos y operativos, y proveer la logística necesaria para su desempeño local e internacional.
Las diferentes Subcomisiones contaron con la participación de equipos de profesionales de las áreas de auditoría e investigación. Varios integrantes de los equipos fueron funcionarios de instituciones que trabajaron en comisión de servicios, particularidad que significó un importante aporte de experiencias y conocimientos metodológicos y un menor costo económico.
Para cada uno de los tramos de deuda auditados – Comercial, Multilateral, CEDEGE, Bilateral, Interna - se presentaron Informes Finales de Auditoría, acompañados de la documentación de respaldo correspondiente, lo cual pasará a custodia en el Archivo Nacional.
El endeudamiento del país en el periodo 1976-2006
Paradójicamente, la tendencia a utilizar el crédito en el financiamiento público aumenta cuando el país ya disponía de recursos que se consideraban capaces de garantizar una considerable holgura a la economía, como los provenientes de la explotación petrolera.
La explicación válida es que la oferta financiera internacional buscaba precisamente receptores de fondos con perspectivas económicas favorables para asegurar la devolución. También las autoridades nacionales veían una excelente opción en la captación de recursos anticipados con cargo a la renta petrolera, en condiciones aparentemente blandas. Y así procedieron, solo que pronto la obligación de servir los créditos recibidos creció tanto, por
manipulación de los acreedores, que se convirtió en el dogal de la economía ecuatoriana, listo a ser apretado cuando se presentaban dificultades de pago.
En las cifras de la deuda pública externa se observa que los saldos anuales de la deuda interna y externa sumadas, crecen desde 1978, época en que se manejó la política de “endeudamiento agresivo”, expresión así calificada y justificada por el mismo Ministro de Finanzas de entonces.
La tendencia que muestran los saldos de la deuda pública permite deducir la dependencia galopante que el financiamiento estatal adquiere a medida que no generaba recursos por sí mismo, durante varias décadas, como se apreciar en las cifras del cuadro y gráfico que siguen a continuación:
SALDOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA Valores en millones de dólares
1976 1,175
1983 12,330
1997 14,517
2004 14,551
1977 1,796
1984 12,953
1998 15,996
2005 14,537
1978 2,431
1985 12,794
1999 17,124
2006 14,246
1979 3,686
1986 13,558
2000 14,537
1980 4,429
1987 15,460
2001 14,582
1981 5,361
1988 14,146
2002 14,569
1982 5,682
1989 14,853
2003 14,509
SALDOS DEUDA PUBLICA: INTERNA Y EXTERNA En millones de dólares
por tramos,
(representada por bancos) tuvo un peso considerable entre 1980 y 1999, producto de varios acontecimientos internos y externos que se analizan en esta auditoría. Se destacan: el crecimiento de tasas de interés, las negociaciones y refinanciamientos, la capitalización de intereses y otras circunstancias que se mencionan en la sección pertinente.
tienden a tomar
significativos, de la deuda comercial
proporción similar los saldos, aún
deuda multilateral,
alrededor de 4.000 millones de dólares cada uno de estos tramos. Los créditos bilaterales, o sea los transados de gobierno a gobierno, generalmente con intervención de bancos estatales prestamistas, se mantienen en casi dos décadas en alrededor de 2000 millones de dólares.
período 1970 –
2006, serie
representada en el gráfico que sigue, se encuentra el un comportamiento de
expansión moderada en los primeros
consecuencia con el crecimiento de contrataciones de créditos ya
compromisos adquiridos en virtud de los convenios de refinanciamiento
iniciados en 1983; luego, en 1994-95, aparece un servicio total (amortización e interés) cercano a los 10.000 millones de dólares, que obedece
a la sustitución de bonos
negociación Brady; y, algo similar pero por menor valor (inferior
millones de dólares), en el año 2000 con el canje de bonos Brady por los
elevación de pagos se explica porque
sustitución o canje se cancela la deuda anterior
desembolsos (ingresos
de fondos),
vigencia con nuevas condiciones financieras.
SERVICIO DEUDA EXTERNA PÚBLICA
Periodo: 1970 - 2006
En m illones de USD $
PAGO POR AMORTIZACIONES
TOTAL SERVICIO DEUDA EXTERNA PÚBLICA
Fuente: Ministerio de Finanzas, Subsecretaría de Crédito Público.
Ese dato evidencia que el endeudamiento público no ha servido como una
de financiamiento, sino
herramienta de saqueo de
El fundamento legal para el ejercicio
de la Auditoría Integral
Público (AICP) es el Decreto
Ejecutivo N° 472 expedido por el Presidente
Constitucional de la República Rafael Correa Delgado, el 9 de julio de 2007,
mediante el cual se crea la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito
Público y se establecen funciones responsabilidad asignada.
Es preciso advertir que esta auditoría no sustituye la función de la Contraloría General del Estado, que le compete de conformidad con su Ley Orgánica. Al contrario, la CAIC propone la intervención de la Contraloría en los indicios de ilegalidad e irregularidades que se anotan en el presente informe, para que, de acuerdo con las normas pertinentes, sean sometidos al proceso formal de vigilancia y control y se establezcan las responsabilidades del caso.
El propósito fundamental de la auditoría es responder a las expectativas de la sociedad ecuatoriana, transmitidas por movimientos ciudadanos del país, por conocer la magnitud, las condiciones, circunstancias y responsabilidades que supuso el enorme endeudamiento contraído. Pretende, asimismo, aportar al debate que se desarrolla en círculos internacionales para identificar la corresponsabilidad de los acreedores y promover posibles acciones tendientes a reparar los impactos del injusto problema de la deuda.
En cuanto a objetivos específicos, la Auditoría Integral aspira a:
1. Determinar las condicionalidades precontractuales y contractuales, las renegociaciones, la ejecución y el cierre del crédito público, así como las interferencias y alteraciones en la legislación y ordenamiento jurídico de la nación, en la organización del Estado, en sus disponibilidades financieras y en las condiciones de vida de la población.
2. Verificar si los recursos de préstamos se destinaron a la finalidad para la cual fueron contratados, así como su uso eficiente y económico.
4. Identificar instituciones y actores nacionales e internacionales responsables de eventuales irregularidades en esos procesos.
5. Presentar evidencias objetivas y documentadas que permitan al presidente de la República y demás autoridades nacionales demandar la eventual nulidad de obligaciones derivadas de deudas declaradas ilegítimas y/o ilegales, así como otras acciones que correspondan.
El Decreto 472 establece que la AICP se hará a los “convenios, contratos y otras formas o modalidades para la adquisición de créditos por parte del sector público del Ecuador, provenientes de gobiernos, instituciones del sistema financiero multilateral o de la banca y el sector privado, nacionales y extranjeros, desde 1976 hasta el año 2006”.
Estudios preliminares e información que surgió en los procesos de recopilación y análisis del sistema de datos existente sobre el endeudamiento permitieron identificar aquellos créditos de mayor incidencia en la economía ecuatoriana y en las condiciones de vida de la población.
En ese contexto general, la CAIC estableció el universo
examinarse, clasificados por su origen u otro criterio, a fin de determinar,
sobre esa base, los criterios para priorizar la ejecución.
A lo largo del proceso se consideraron los aspectos de origen, forma y destino de los recursos de cada uno de los convenios de crédito analizados, identificando las circunstancias de la contratación, el comportamiento de los acreedores, las disposiciones contractuales, el destino de los fondos y el estado del servicio de la deuda a la fecha de corte.
El presente informe corresponde a
la auditoría de la “Deuda pública
externa ecuatoriana con la banca privada internacional 2 ”, en el periodo 1976 a 2006, realizada por la Subcomisión de Deuda Comercial de la CAIC, en cumplimiento con lo establecido en el Decreto Ejecutivo N o 472, de julio 9 de 2007.
Según dicho Decreto, “en las últimas décadas los créditos públicos, lejos de contribuir al desarrollo del país, han sido sometidos a un modelo en el que prevalecen las condicionalidades e intereses de los prestamistas y a un manejo carente de transparencia, hasta el punto de convertir el endeudamiento en un sistema de concertaje financiero internacional”. El Decreto define la Auditoría Integral como
«la acción fiscalizadora dirigida a examinar y evaluar el proceso de contratación y/o renegociación del endeudamiento público, el origen y destino de los recursos, y la ejecución de los programas y proyectos que se financien con deuda interna y externa, con el fin de determinar su legitimidad, legalidad, transparencia, calidad, eficacia y eficiencia, considerando los aspectos legales y financieros, los impactos económicos, sociales, de género; regionales, ecológicos y sobre nacionalidades y pueblos».
A fin de cumplir con las funciones delegadas por el presidente de la República, la CAIC procedió a realizar la auditoría de los varios procesos que conforman la deuda comercial, desde su origen hasta los actuales Bonos Global. Los resultados constan en informes detallados 3 , en los cuales se determinan irregularidades y evidencias de ilegalidades en los procesos, que se resumen en el presente informe.
La auditoría revisó créditos contratados con la banca privada internacional durante los 30 años, verificándose deficiencias de control interno, así como otras dificultades en los archivos del Ministerio de Finanzas y del Banco Central del Ecuador, que se señalan en cada uno de los informes detallados.
2 Denominada comúnmente “Deuda Comercial”.
3 “Origen de la Deuda Externa Comercial Ecuatoriana”; “Mecanismo Complementario”; “Sucretización”; “Renegociaciones década de 80”; “Tolling Agreement”; “Bonos Brady” y Bonos Global.
Ecuador. Sin embargo, fue responsable del 44% de los pagos de intereses en
2007, representando
como lo revelan
Los intereses de la Deuda Externa con la Banca Privada Internacional (los Bonos Global) actual consumen US$ 392 millones anuales.
En 2007 el servicio de la deuda externa pública total fue de US$ 1.756 millones, según el BCE. Este valor es mayor que el previsto en el presupuesto de 2008 para Salud (US$ 738 millones), Bienestar Social (US$ 544 millones), Desarrollo Urbano y Vivienda (US$ 374 millones), Ambiente (US$ 76 millones), Educación (US$ 1.586 millones).
Para financiar el costo del endeudamiento, el país ha utilizado recursos del Presupuesto del Estado y ha adquirido nuevas obligaciones a través de la continua emisión de deuda interna y externa.
El elevado costo de estas deudas ha representado para el Estado una fuerte erogación de recursos que debían haberse destinado a cubrir las necesidades prioritarias del pueblo ecuatoriano. Ante esa realidad cabe mencionar el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, que dispone:
«Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene, asimismo, derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad».
En este Informe Final de la Subcomisión de Deuda Comercial
inédita de recolectar
comprueban la ilegalidad y la ilegitimidad de la deuda externa ecuatoriana con la banca privada internacional. En su origen, esta deuda empezó a crecer con el sobreendeudamiento de entidades públicas, seguido de
elevadas emisiones de “pagarés”, recurrentes negociaciones que significaron prepagos en el exterior y conversiones de deudas privadas en deudas del Estado, en procesos que generaron cuantiosas ganancias a la banca privada, sin beneficio alguno para el país, y causaron daños incalculables para la economía nacional y el pueblo ecuatoriano.
RESUMEN HISTÓRICO DE LA DEUDA COMERCIAL:
CIFRAS ESTADÍSTICAS Y FLUJOS FINANCIEROS
Sobre la base de las estadísticas
Ecuador, la CAIC
procedió a realizar el
con la banca privada
periodo comprendido 1976 y 2006.
estadísticos evidencian cómo a partir del año 1976 la deuda externa comercial ecuatoriana con la banca privada internacional –de un monto inicial de US$ 115.700.000 4 – empieza a incrementarse a partir del gobierno de la dictadura
militar, hasta llegar a un monto de US$ 4.163 millones de dólares 5 en el año
De acuerdo con los datos publicados en los Boletines Estadísticos del Banco Central, las transferencias de recursos netas a la banca privada internacional, desde 1976 a 2006, sumaron US$ 7.130 millones. El dato se obtiene mediante la comparación entre los ingresos de recursos, representados por los Desembolsos, y las salidas de recursos, constituidas por los valores de Amortizaciones e Intereses.
El gráfico muestra que en todos los años, a partir de 1981 (excepto 2005), las transferencias netas de Ecuador a la banca privada internacional fueron negativas, o sea que el volumen de recursos que salieron del país por pago de intereses y amortizaciones superó en US$ 7.130 millones a los recursos que ingresaron como préstamos. Sin embargo, la deuda externa con los
4 Constituye el total de la deuda externa con Bancos, incluyendo USD 56,2 millones de deuda privada y US$ 59,5 millones de deuda pública, totalizando os US$ 115,7 millones en enero de 1976.
5 Constituye el total de la deuda externa con bancos, incluyendo los Bonos Global (2030 US$ 2.700MM; 2012 US$ 510MM; 2015 US$ 650MM), Bonos Brady (124,4MM)
bancos ha crecido, en el mismo periodo, de US$ 116 millones a US$ 4.163 millones. Esto prueba que la deuda comercial no ha sido una fuente de financiamiento para el desarrollo del país, sino un mecanismo perverso para saquear sus limitados recursos.
Cabe destacar que estos datos estadísticos no incluyen otros costos relevantes, inherentes al endeudamiento: comisión de agencia, comisión de compromiso, de conversión, de extensión y gastos de la banca privada, que han sido pagados por Ecuador.
Sobre la base de los datos estadísticos se pudo evidenciar, como lo demuestra el siguiente gráfico, el continuo y acelerado crecimiento de la deuda externa comercial con la banca privada internacional, contraída a través de sucesivos procesos de conversión y canjes ocurridos a partir del año 1983, luego de la crisis provocada por el alza sobredimensionada de las tasas de interés.
Las aparentes reducciones reflejadas en el gráfico para el año 1995 (cuando se hace el canje por Bonos Brady) y el año 2000 (cuando se realiza otro canje de bonos Brady y Eurobonos por Bonos Global) significaron el prepago de deudas a valor nominal, en negociaciones que no consideraron el bajo valor de la deuda en el mercado bursátil e impusieron condiciones cada vez más onerosas y exigentes de liquidez.
Además, en el caso de los Bonos Brady se exigió la compra de garantías colaterales sustentadas en nuevos préstamos bilaterales y multilaterales que significaron un elevado costo político y económico para el país. También es visible en el gráfico el condenable proceso de sucretización, mediante el cual deudas privadas se transfirieron al Banco Central, que asumió su pago, ocasionando grandes pérdidas al Estado.
Asimismo, el gráfico demuestra claramente que la deuda actual de bonos Global se origina en la de Bonos Brady que, a su vez, se inicia con la deuda de los años 1980, incrementada por las alzas ilegales de las tasas de interés fijadas por la Reserva Federal de los Estados Unidos a fines de los 1970.
ORIGEN DE LA DEUDA EXTERNA COMERCIAL CON LA BANCA PRIVADA INTERNACIONAL
El análisis del origen de la deuda externa comercial ecuatoriana se fundamenta en informaciones brindadas por la Subsecretaría de Crédito Público del Ministerio de Finanzas en la etapa final del trabajo de la CAIC. La Comisión verificó también los dos volúmenes del Libro de Contratos de la Deuda Pública Externa que reposan en ese Ministerio y cuyas copias empastadas constituyen el documento primordial entregado por la Auditoría de la Deuda Comercial, lo que facilitará el acceso a información sobre el proceso del endeudamiento ecuatoriano. El Banco Central no presentó a la CAIC los registros de la deuda externa que le fueron exigidos sobre la base del artículo 119 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, lo que representó una limitación a los trabajos y respectivas pruebas de auditoría.
La deuda externa comercial ecuatoriana estaba conformada, en su nacimiento, por “Contratos Originales” de préstamos concedidos por la banca privada internacional a entidades del sector público ecuatoriano 6 . El saldo
inicial en enero de 1976, punto de partida de esta Auditoría, era de US$
115.700.000.
Del análisis de los Anexos extracontables proporcionados por el Ministerio de Finanzas se determinó la suscripción de los siguientes contratos entre 1976 y
6 Entidades que asumieron Contratos Originales en 1976: Autoridad Portuaria de Guayaquil, Cemento Selva Alegre, Ecuatoriana, Transnave, INECEL, DINE, CFN y H. Junta de Defensa Nacional.
Saldos de la Deuda Externa
Comercial con la Banca Privada
Internacional al final de cada año,
según Estadísticas del BCE (US$)
119.421.500,00
218,400.000,00
20 574.182.290,00
559,600.000,00
19 329.991.287,00
1,666,000.000,00
23 1.206.563.102,0
2,244,200.000,00
21 1.014.559.428,0
2,938,300.000,00
16 642.465.806,00
3,315,100.000,00
560.424.328,00
4,846,260.000,00
Fuente: Oficio No. MF-SCP-2008 1118 y Boletines Estadísticos publicados por el BCE.
Varios de los contratos incluidos en la columna III constituían refinanciaciones o conversiones de contratos anteriores 7 y renovaciones anuales de los “pagarés”, con la actuación de un consorcio de bancos privados representados por un Agente.
Mediante Oficios Circular 8 , la CAIC solicitó informaciones a las 18 entidades del sector público ecuatoriano a fin de comprobar el origen de la deuda externa registrada a su cargo. En respuesta, apenas 4 entidades presentaron contestación pertinente, 3 no entregaron ninguna información y otras 11 ofrecieron información no acorde con lo que les fue solicitado.
La respuesta más sorprendente 9 fue la de la H. Junta de Defensa Nacional (HJDN): “no hemos encontrado documentación sobre la información que detalle préstamos recibidos por la Honorable Junta de Defensa Nacional de parte de la Banca Privada Internacional en el periodo indicado desde enero de 1976 a diciembre de 2006”.
Dada la fragmentaria contestación de las entidades públicas, no fue posible confirmar el origen de las deudas registradas a su nombre. Se recomienda, por ende, un examen especial ampliatorio y complementario a la presente auditoría a fin de determinar si los créditos registrados a su cargo llegaron a existir y bajo la responsabilidad de quién estaban ya que, en varios casos, las entidades no confirmaron si se cumplió o no con los objetivos para los que estaba destinado el endeudamiento.
7 En 1979, por ejemplo, se verificó un prepago y nuevo préstamo tratado como “Refinanciamiento” de Contratos Originales anteriores, por un monto de US$ 520 millones, actuando el Citibank como Banco Agente.
8 Oficios Circular MF-CAIC N o 376, de junio 4, 2008 y N o 463, de junio 20, 2008.
9 En la información presentada por el Ministerio de Finanzas a la CAIC se indica un gran volumen de créditos a cargo de la HJDN.
La evolución de la deuda externa comercial
En el análisis correspondiente a 1976-1982 se pudo verificar que el acelerado crecimiento de la deuda comercial ecuatoriana se debió a la emisión de “pagarés” y a los procesos de “refinanciamientos”, los cuales significaron prepagos anticipados a la banca privada internacional.
El “refinanciamiento” más significativo fue realizado en 1979 por un monto de US$ 520.000.000 10 y estuvo liderado por el Citicorp International Bank Ltd., en su calidad de Agente, entidad sometida a las leyes del Estado de Nueva York, lo que constituye una agresión a la soberanía.
Se ofrecieron “periodos de gracia” aparentemente atractivos, pero en realidad quedó en evidencia que esta negociación significó: 1) el prepago anticipado de obligaciones; 2) la transferencia del peso del endeudamiento al Estado Ecuatoriano; 3) el gran riesgo de contratación de créditos con tasas de interés flotantes; y, 4) onerosas condiciones reflejadas en las comisiones de administración, compromiso y agencia.
Prueba del prepago de obligaciones no totalmente vencidas a la fecha constituye el Oficio del Bank of America, que indica la “FECHA DE PREPAGO PREVISTO” de acuerdo a un detalle de los “préstamos a refinanciarse” y otro que afirma: “El gobierno procedió a prepagar el crédito concedido […]”.
Esto configura indicios de irregularidad contra las finanzas del Estado ecuatoriano. No había justificación para el pago anticipado de obligaciones no vencidas de entidades públicas que habrían podido seguir cumpliendo con los calendarios de pagos establecidos, lo que al final originó una innecesaria refinanciación en condiciones más onerosas y a cargo del gobierno.
Operaciones con pagarés
La mayor parte del endeudamiento de este periodo se contrajo bajo la modalidad de emisión inorgánica de papeles fiduciarios en el mercado financiero internacional. Denominados “pagarés”, estos solo beneficiaron a la banca privada internacional representada por las firmas Shearson Loeb Rhoades, su cesionaria E. F. Hutton y Morgan. Dichas operaciones de emisión de pagarés se originan en una serie de contrataciones bajo la justificación de “inversiones en proyectos”; no se identifican con precisión y la aplicación de los fondos es desconocida.
10 Decreto N o 3189 (enero 26, 1979) del Consejo Supremo de Gobierno, que autoriza el préstamo de US$ 520 millones.
El memorándum del Ministerio de Finanzas 11 destaca la recomendación formulada por la Junta Monetaria de “aclarar la calidad en la que interviene la firma E. F. Hutton International Inc. y establecer el compromiso de los prestamistas a refinanciar el crédito por nueve años”, manifestando lo siguiente:
“Al respecto consideramos que la firma Hutton interviene como Administrador Líder de la operación, cuyo compromiso frente el Estado
es el de entregarle a este último el monto del crédito mediante la colocación de Pagarés.
“En consecuencia, no se trata de un contrato de préstamo en la forma tradicional, sino de una operación de crédito ‘sui géneris’ que es practicada en el mercado internacional de capitales y que, por consiguiente, no procede compromiso formal por parte de los actuales compradores de los Pagarés para adquirirlos en el futuro”.
Lo antes expuesto permite aseverar que bajo la figura de “operaciones de crédito” se pusieron en circulación “pagarés” en el exterior. No se localizaron “créditos iniciales” en las estadísticas de 1978; además, no se encontraron contratos formales y aparecen “decretos ejecutivos” que no existen en los archivos de la Presidencia de la República. Se pactaron bajo condiciones financieras onerosas, renovables cada año, y renunciando a la soberanía ecuatoriana, como evidencian los documentos analizados por la CAIC.
Preocupa, asimismo, la carencia de informaciones y datos en el Ministerio de Finanzas y en el Banco Central del Ecuador respecto de estas onerosas operaciones que se realizaron con el reducido grupo de entidades financieras internacionales ya mencionadas: Shearson Loeb Rhoades, su cesionaria E. F. Hutton y Morgan.
Créditos instrumentados con pagarés por el monto de US$ 697.930.723,85 ingresaron en el Convenio de “Prórroga y Refinanciación” denominado ERA-83 12 y fueron totalmente liquidados, a su valor nominal, en enero de
11 Memorándum N o DCRP-82-109 (abril 29, 1982) suscrito por Miguel Salazar Haro, Director General de Crédito Público.
12 ERA-83 – Convenio suscrito por el monto de US$ 1.100.000.000, Decreto Ejecutivo No. 2085-83.
CRÉDITOS INSTRUMENTADOS CON PAGARÉS QUE INGRESARON AL ERA-83
Detalle Pagarés
Pagarés, Serie 9
108.687.612,73
23.345.879,02
Merban Corporation
Pagarés, Serie 7
32.611.720,63
Pagarés, Serie 6
185.917.456,93
46.505.650,84
Pagarés, Serie A
48.175.221,68
Pagarés, Serie 8
48.100.831,47
Pagarés, Serie B
77.438.229,82
Pagarés, Serie 5
127.148.120,73
697.930.723,85
Fuente: Datos publicados en el “Resumen en el que se detalla los montos refinanciados por moneda y tipo de crédito” entregado por la Subsecretaría de Crédito Público y suscrito por el funcionario Luis Gino Mignoli.
Son apenas 6 las instituciones financieras que se destacaron en este periodo y que, con el transcurso de los años, en realidad se reducen a solo 3 bancos, debido a que la firma E. F. Hutton era la cesionaria del Loeb Rhoades en Latinoamérica. El Loeb Rhoades se integró al Citigroup y el Chase se fusionó con el Morgan:
Hay que mencionar también que la banca privada internacional operaba en gran parte a través de un Banco Agente, lo que permite concluir que en la mayoría de los casos los bancos nombrados en el párrafo anterior lideraban el proceso y, al mismo tiempo, actuaban en representación de otras instituciones financieras en el exterior, incluyendo varios paraísos fiscales – Bahamas, Nassau, Panamá, Luxemburgo–, como se desprende de la lista de “Créditos Reestructurados” ubicados en los archivos del Banco Central 13 .
Es importante destacar que durante el periodo analizado la deuda externa ecuatoriana creció 18 veces para el sector público y 28,4 veces para el sector privado, como se demuestra en el siguiente cuadro:
161.100.000,00
2.904.590.000,00
57.300.000,00
1.628.500.000,00
Fuente: Estadísticas publicadas por el Banco Central del Ecuador.
13 Lista de 3 hojas del Banco Central del Ecuador, Subgerencia de Refinanciamiento del Sector Público: Créditos Reestructurados con la Banca Privada Internacional, 22 de noviembre de 1994, sin firma de responsabilidad. Constan Número de Crédito, Nombre del Beneficiario, Fecha del Contrato, Monto Contratado, Deudor, Margen, Tasa, Fecha inicial y Fecha final (BCE/Archivo Casa de la Moneda).
A su vez, el incremento de las tasas de intereses internacionales fue:
6,3 % al año
20,5% al año
3,33 veces
5,7 % al año
19 al año
Los datos antes reseñados evidencian un extremado incremento de la deuda externa ecuatoriana, pública y privada, contratada con la banca privada internacional.
Se observa, además el idéntico comportamiento de las tasas internacionales “Prime”, estipulada por el Federal Reserve Bank de los EE.UU, y la “Libor”, que fija una Asociación de bancos privados de Londres.
El monto del endeudamiento se elevó aún más por las crecientes tasas de intereses que alcanzaron el 20,5% en 1981, provocando crisis financieras y dificultades de cumplimiento de las obligaciones.
En 1982 la banca privada internacional se organizó en el denominado Comité de Gestión, cerró las líneas de crédito a Ecuador y se articuló con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París para forzar al país a asumir el paquete de 1983 y cumplir con el Plan de Estabilización Económico y demás compromisos establecidos en la Carta de Intención con el FMI.
CRISIS DE LA DEUDA: LA ELEVACIÓN UNILATERAL DE LAS TASAS DE INTERÉS
En 1976, debido al exceso de liquidez originado por el aumento del precio del petróleo en el mercado financiero internacional y la recesión de los países desarrollados, la banca privada internacional canalizó los excesos de recursos existentes ofreciendo en forma masiva créditos a los países en “desarrollo”, con tasas de interés aparentemente “bajas” (alrededor del 6% anual flotante), que resultaban “atractivas” en comparación con los índices de inflación internos.
A partir de fines de los años 1970 se inició el proceso de elevación unilateral de tasas de interés internacionales por parte del Federal Reserve Bank, vinculado, a su vez, a las corporaciones financieras más importantes de los Estados Unidos 14 . Esa alza unilateral de las tasas de interés fue, pues, una acción combinada, no solo para preservar el sistema económico de los Estados Unidos, sino también dirigida a controlar las economías de los países periféricos, que enfrentaban la imposibilidad de cancelar los créditos irresponsablemente otorgados.
14 Identificados en el caso Lewis vs Estados Unidos (Registro Federal, 2ª Serie, volumen 680, p. 1239, 1982). La Corte dijo: “Cada Banco de la Reserva Federal es una corporación separada poseída por bancos comerciales en su región. Los bancos comerciales con tenencias de acciones eligen las dos terceras partes de los nueve miembros de la Junta Directiva de cada banco”.
El siguiente gráfico evidencia el comportamiento similar de las tasas Prime y
Libor, que es una muestra de la intervención en el
mundial. El mismo gráfico pone de relieve la elevación anormal de las tasas a
registra el mercado entre 1977 y 1983.
Según el principio
Stantibus previsto
en el Derecho In-
incremento significativo de las
cambio fundamental de circunstancias, que permite al deudor cuestionar sus pagos, conforme al artículo 62 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, de 1969 15 .
La fuerte elevación de las tasas de interés internacionales a partir de fines de los 1970 –de 6% hasta el 20,5% anual– originó una crisis financiera en los países que se endeudaron en esa década, cuando las tasas de interés eran más bajas, pero flotantes.
Ecuador se vio fuertemente afectado por esa crisis, agravada aún más por las medidas de ajuste del “Programa de Estabilización Económico Social” de 1982/1983, también incluidas en la Carta de Intención dirigida al FMI el 24 de marzo de 1983 y suscrita por Abelardo Pachano B., Gerente General del Banco Central del Ecuador, y el Ministro de Finanzas Pedro Pinto R.
Es importante mencionar que el incremento de la tasa internacional de interés constituye una infracción a las normas del derecho internacional, conforme se establece en disposiciones del Consejo Consultivo del Parlamento Latinoamericano, que establecen:
“Los aumentos de las tasas de interés también infringen normas consuetudinarias de derecho internacional general como la rebus sic stantibus, cambio fundamental de las circunstancias, a la que se refiere el artículo 62 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, de 1969 […] Resulta entonces que ese tipo de aumentos abusivos es una conducta prohibida en una u otra forma (civil y penal) en los distintos sistemas jurídicos tanto de los países deudores como de los acreedores (ni qué decir en el Derecho Canónico [págs.261 a 289] y en el Derecho Islámico)” 16 .
15 Díaz-Müller, Luis (1989). “Es Ilegal la Deuda Externa ante el Derecho Internacional”. Caracas, Nueva Sociedad N o 101, mayo-junio, p. 49-54.
16 La Deuda Externa ante el Derecho Internacional Público. Parlamento Latinoamericano – Consejo Consultivo, Versión IV, 1998.
A su vez, el artículo 62 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969 establece:
62. Cambio fundamental en las circunstancias. 1. Un cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con respecto a las existentes en el momento de la celebración de un tratado y que no fue previsto por las partes no podrá alegarse como causa para dar por terminado el tratado o retirarse de él a menos que:
a) la existencia de esas circunstancias constituya una base esencial
del consentimiento de las partes en obligarse por el tratado, y
b) ese cambio tenga por efecto modificar radicalmente el alcance
de las obligaciones que todavía deban cumplirse en virtud del
Se evidencia que las bajas tasas de interés ofrecidas al momento de suscribir los contratos hasta fines de los 1970 constituyeron “una base esencial para el consentimiento” por parte de Ecuador, para obligarse a estos
contratos. Adicionalmente, el incremento
21% en 1981, supuso
Ecuador debía cumplir
banca, representada en el Comité de Gestión –única instancia para las renegociaciones– Ecuador fue forzado a tomar nuevos “préstamos”, también a intereses flotantes, para pagar los anteriores.
aplicables a la deuda de Ecuador se hubiesen
mantenido en 6% al año (conforme estaban la Libor y Prime en los años 1970
cuando se contrajeron los préstamos), los pagos de amortizaciones e intereses por parte del gobierno ecuatoriano habrían cancelado toda la deuda en 1995 y lo que se siguió pagando después habría originado más bien un valor por cobrar a la banca internacional de US$ 5,4 mil millones.
ROL DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL Y DEL COMITÉ DE GESTIÓN DE LA BANCA
Con el alza de los intereses, a inicios de los años 1980 Ecuador empieza a enfrentar dificultades para pagar la deuda externa con la banca privada. Aprovechándose de esta situación, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales comienzan a intervenir en el país mediante la instrumentación de medidas económicas, políticas, sociales e institucionales, a pretexto de gestionar la administración de la deuda externa.
El “Programa de Estabilización Económico Social” de 1982, recomendado por los organismos internacionales, particularmente por el FMI, y las posteriores Cartas de Intención tenían por objeto asegurar la generación de superávit suficientes para cumplir con el servicio de la deuda, sin importar las necesidades económicas y sociales del país ni la reducción del monto del endeudamiento. Por el contrario, pese a haber pagado volúmenes cada vez más crecientes, lejos de disminuir la deuda más bien fue creciendo.
Tales políticas eran formuladas en conjunto con la banca privada que, como ya se mencionó, cerró las líneas de crédito a Ecuador e instituyó en 1982 el “Comité de Gestión”, liderado por el Lloyds Bank y el Chase Manhattan Bank, única instancia por la cual tendría que pasar todo el trámite para la renegociación de las deudas externas ecuatorianas. Esto sometió definitivamente al país a las decisiones de la banca y los intereses financieros, iniciándose un periodo de saqueo sucesivo y creciente que generó pobreza, desigualdad y miseria para el pueblo ecuatoriano.
La relación entre el FMI y la banca privada se verifica en los contratos de “Refinanciamiento” firmados en 1983, que contenían cláusulas en virtud de las cuales se exigía al país firmar Acuerdos Stand-by con el FMI y aplicar el denominado “Plan de Estabilización Económica” para asegurar el servicio de la deuda externa.
que en todos los refinanciamientos
pública de los 1980 se mantenía el mismo esquema de renegociación, condicionado a un Programa o Plan de Estabilización Económica, Plan Financiero e inclusive a la contratación de préstamos del Fondo Monetario Internacional.
El FMI continuó ejerciendo su influencia en la economía ecuatoriana en los años 1990. En 1994 la intervención del Fondo fue decisiva en el canje de la deuda externa comercial ecuatoriana por los Bonos Brady, que estuvo vinculado al fiel cumplimiento del Plan Financiero de ese año, según consta en las cartas de intención suscritas por las autoridades de Ecuador.
El apoyo del FMI al “Plan Brady” se evidencia en el documento El Plan Brady para el Ecuador, publicado por las autoridades económicas en 1994. En los Convenios que constituyen el Plan Brady se verifica la cláusula relativa a la EXIGENCIA DE MANTENER RELACIÓN CON ORGANISMOS MULTILATERALES.
El FMI también estuvo vinculado a las negociaciones sigilosas del canje de los Bonos Brady y Eurobonos por Bonos Global, a partir de 1999. Su injerencia fue decisiva, pues se vinculaba la conclusión de la operación de canje a un acuerdo con el FMI.
Esta negociación concluyó el 27 de julio de 2000 con la publicación, en inglés, del documento “Offer to Exchange” (“Oferta de Canje”), una Carta del Fondo Monetario Internacional firmada por su Director Gerente Horst Köhler, con fecha 24 de julio, y dirigida a la comunidad financiera internacional. En esa Carta se resaltan las medidas adoptadas por el gobierno de Gustavo Noboa, del Ecuador, el Acuerdo Stand-by con el FMI por un monto equivalente a US$ 300 millones y las medidas incluidas en el programa de ajuste fiscal apoyadas por el Fondo. Al final de la carta, se menciona que “el éxito del programa depende de asegurar el financiamiento externo suficiente para el Ecuador en el año 2000 […] y que sea su soporte a través del canje de instrumentos de deuda propuestos”.
En las Cartas de Intención se atribuye al FMI el derecho de monitorear y evaluar periódicamente el cumplimiento del Programa, lo que demuestra el carácter impositivo de esas medidas. Otro hallazgo importante en esas Cartas es la imposición del FMI para que el país contrate refinanciamientos con la banca privada y cumpla con el pago de las deudas pendientes.
La ortodoxia política de restricciones fiscales y presupuestarias, monetarias y crediticias, a las que se sumaban incrementos persistentes de las tasas de interés, agudizó los problemas financieros de los países deudores.
Las medidas y condicionalidades impuestas por el FMI, las agencias del Banco Mundial, organismos financieros multilaterales, banca privada internacional, Club de París y demás acreedores de la deuda externa ecuatoriana violan principios básicos del derecho internacional como los de igualdad soberana de los Estados, libre autodeterminación de los pueblos, no injerencia en los asuntos internos de los Estados, derecho al desarrollo y respeto de los derechos humanos, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas e innumerables instrumentos y pactos internacionales.
LA ASUNCIÓN DE LAS DEUDAS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO POR EL BANCO CENTRAL Y LOS CONTINUOS “REFINANCIAMIENTOS” A PARTIR DEL PAQUETE DE 1983
Ante el impacto de la elevación de hasta el 20,5% de las tasas de interés internacionales, que recayó en todos los préstamos que habían sido contraídos a tasas “flotantes”, Ecuador entró en mora de sus vencimientos a partir de 1982.
El Paquete de Financiamiento 1983 es articulado simultáneamente por el Comité de Gestión, el FMI y el Club de París, sometiendo al país a suscribir varios Convenios en octubre de ese año, que contemplaron la conversión de la deuda externa comercial del sector público –que incluía dos “pagarés”– y del sector privado en deuda del Banco Central del Ecuador. Adicionalmente, el paquete de 1983 incorporó la contratación de préstamos denominados “Dinero Fresco”. Asimismo, préstamos destinados a la reapertura de las líneas de crédito comercial. Todo el paquete estuvo vinculado al cumplimiento del “Programa de Estabilización Económica” y a la negociación conjunta de las deudas bilaterales en el ámbito del Club de París y,
especialmente, sujeto al monitoreo del FMI y al cumplimiento de todas las condiciones establecidas en la Carta de Intención de 1983.
Como resultado de esas negociaciones, a partir de 1983 la deuda comercial fue sometida a los siguientes convenios:
I) Refinanciamiento del Sector Público:
a) Convenios de Refinanciamientos:
ERA 83 (Convenio de Prórroga y Refinanciamiento por US$ 1.100
millones), suscrito el 12 de octubre de 1983. ERA 84 (Convenio de Prórroga y Refinanciamiento por US$ 350
millones), suscrito el 7 de agosto de 1984. MYRA (Convenio de Refinanciación Multianual por US$ 4.000 millones), suscrito el 19 de diciembre de 1985.
b) Convenios de Crédito:
Dinero Fresco 83 (US$ 431 millones), suscrito el 12 de octubre
de 1983. Dinero Fresco 85 (US$ 200 millones), suscrito el 14 de agosto de 1985.
II) Refinanciamiento del Sector Privado, correspondiente a los refinanciamientos de la Deuda Externa Comercial de Origen Privado que fue asumida por el Estado Ecuatoriano (Sucretización):
Mecanismo de Depósito y Préstamo (hasta US$1.600 millones),
suscrito el 12 de octubre de 1983. Acuerdo de Consolidación (hasta US$1.600 millones), suscrito el 15 de agosto de 1986.
En todos esos convenios el Agente Coordinador fue Lloyds Bank (que también lideraba el Comité de Gestión), a excepción del Mecanismo de Depósito y Préstamo, cuyo Agente era Citibank.
Estos sucesivos “refinanciamientos” –ERA-83, ERA-84, MYRA– no aportaron ningún beneficio al país, pues solo sirvieron para convertir las deudas representadas por “Contratos Originales” de entidades públicas y gobierno, “pagarés” y deudas asumidas por el sector privado en deudas del Banco Central.
Durante los trabajos de auditoría no se logró comprobar el
Préstamos de US$ 431 millones en 1983 y US$ 200 millones en 1985.
oficio 17 del
17 Oficio BCE N o DGB-658-2008, fechado agosto 25, 2008, suscrito por Jaime Aguirre, Director General del Banco Central, que anexa el oficio DSBI-985-2008, de agosto 25, 2008, suscrito por el Director Romeo Carrión, que a su vez adjunta el oficio DF-328-2008, de agosto 25, 2008, suscrito por el Director Financiero Ing. Freddy Campoverde G.
organismos prestamistas es realizar un seguimiento de las condicionalidades de los préstamos otorgados, con consecuentes sanciones por incumplimiento, en el caso del Ecuador no se ha conocido que haya recibido alguna penalidad, lo cual hace suponer que se dio cumplimiento al objetivo de los préstamos de US$431MM y US$ 200 MM, es decir, cubrir la balanza de pagos”.
Reembolso directo en el exterior
La contratación de nuevas obligaciones en el exterior, establecida en los Convenios de “Refinanciación”, preveía la obligación del Banco Central de efectuar un pago directo a la banca privada internacional por el valor nominal de las obligaciones (“Pagarés” y cuotas de “Contratos Originales”), que estaban siendo “refinanciadas” mediante un nuevo crédito por el mismo valor.
Es decir, para cumplir con dicha obligación, el BCE asumía nuevos créditos que se quedaban en el exterior, en manos de la misma banca “Acreedora”, como consta en los respectivos Convenios suscritos a partir de 1983. Así dice la Sección 2.03 del Convenio ERA-83:
“El Prestatario y el Garante autorizan irrevocablemente e instruyen a cada Prestamista para que asignen el producto del Préstamo a efectuar por dicho Prestamista de conformidad con esta Sección 2.3 al reembolso directo de los Pagos de Capital pendientes debidos a dicho prestamista 18 ”.
El proceso fue el mismo en los refinanciamientos ERA 84 y MYRA.
Los pagos efectuados directamente en el exterior a la banca privada internacional –de los “Pagarés” a valor nominal y de deudas de entidades públicas– no se contabilizaron en el Ministerio de Finanzas ni en el Banco Central del Ecuador, mientras se registraron en el Pasivo del BCE las nuevas deudas contraídas, previstas en cada Convenio.
El no registro de los ingresos de recursos en el Activo del BCE provocaría un desequilibrio en su balance contable, que originó la creación del artificio denominado “Mecanismo Complementario”, que se analiza a continuación.
18 Cabe esclarecer que el Prestatario era el Banco Central del Ecuador y el Garante la República del Ecuador, representada por el Ministerio de Finanzas. Cada prestamista era el banco privado del exterior que había suscrito con Ecuador los denominados “Contratos Originales”.
MECANISMO COMPLEMENTARIO: ARTIFICIO PARA EL INTENTO DE “LEGALIZACIÓN” DE LA ASUNCIÓN DE DEUDAS DEL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO POR EL BANCO CENTRAL
Por sugerencia del Comité de Gestión 19 efectuada en el paquete
“Refinanciamientos”, se estableció el denominado “Mecanismo Complementario” para “equilibrar” el Balance Contable del Banco Central del Ecuador, que asumió la condición de “Deudor” de las obligaciones de entidades de los sectores público y privado. Consiste en lo siguiente:
El Ministerio de Finanzas emitía Bonos del Estado denominados en dólares, por el monto y condiciones de la obligación financiera asumida con la banca privada internacional y que entregaba al Banco Central del Ecuador, sin tener que pagarlos; luego, eran clasificados en el activo del BCE, en contrapartida de la obligación asumida, la que, a su vez, estaba registrada en su pasivo.
La operación debía estar autorizada por Decreto Ejecutivo y contar con dictámenes e informes de ley. Cada emisión de Bonos del Estado se realizaba mediante Escritura Pública.
Se pone en evidencia, entonces, que el “Mecanismo Complementario” fue un artificio contable para que el balance no presente las pérdidas provocadas por la transferencia de la deuda del sector público ecuatoriano al Banco Central y, consecuentemente, al Estado.
Según documentos 20 analizados por la CAIC, dicho mecanismo fue cuestionado en sus aspectos legales. En efecto, el propio Asesor Legal del Banco Central del Ecuador revela que ya había sido puesta en tela de juicio la legalidad de la asunción de obligaciones de terceros, y que el “Mecanismo Complementario” sirvió para legalizar dicha operación.
En relación al destino de los bonos, el Banco Central del Ecuador informó el 27 de junio de 2008:
“Esta emisión fue exclusiva para respaldar el Pasivo que adquirió el Banco Central del Ecuador por los pagos de deuda externa al exterior, los cuales se registraron en el Balance de esa Institución; en ese sentido no hubo servicio de la deuda toda vez que el saldo de la emisión se disminuía a medida que el BCE realizaba los pagos en el exterior, monto que posteriormente cubría el Ministerio de Finanzas […] Cabe señalar que al no existir emisión de bonos definitivos en ninguno de los decretos señalados, el Banco Central no efectuó el servicio de la deuda pública (pago de capital e interés), por lo cual, estos decretos no constan en las estadísticas de la deuda pública”.
En el análisis de las escrituras de emisión de los bonos del Estado se verificó la utilización del “Mecanismo Complementario” para alterar condiciones financieras establecidas en Decretos Ejecutivos, modificándose en especial
19 Esta sugerencia consta en el Oficio A. L. 255 del Banco Central del Ecuador, fechado el 19 de julio de 1983 y firmado por el doctor Francisco Páez Romero, Asesor Legal (CM Arch. 92-A 15).
20 Oficio A. L. 255 del Banco Central del Ecuador, fechado el 19 julio de 1983 y firmado por el doctor Francisco Páez Romero, Asesor Legal.
plazos de vencimiento, sin autorización legal sino únicamente mediante escrituras públicas registradas en notarías de Quito.
LA CONVERSIÓN DE LA DEUDA PRIVADA EN DEUDA DEL BANCO CENTRAL – SUCRETIZACIÓN
En virtud del Convenio de Depósitos y Préstamos
BCE asume la deuda la banca acreedora
internacional, actuando la República como garante, hasta el monto de US$ 1.600 millones.
Los beneficios dedicados al sector privado fueron ampliados por disposiciones de la Junta Monetaria, sin amparo en autorización legal del Ejecutivo alguna.
establece como principal
condición para los créditos sujetos a refinanciación, que los vencimientos estén comprendidos entre el 1 de noviembre de 1982 y el 31 de diciembre de 1984. Los deudores privados debían pagar en sucres con una paridad cambiaria y una tasa de interés fijadas a la fecha de celebración de los contratos, lo que resultó perjudicial para el país
El gobierno de León Febres Cordero, a través de la Regulación N o 201-84 de la Junta Monetaria (15 de octubre de 1984), amplió aún más las ventajosas condiciones de pago de la deuda externa “sucretizada”. Para viabilizar este atraco, se modificó el artículo 66 de la Ley de Régimen Monetario, mediante Decreto Ley, k.o. No.41, de octubre 9 de 1984. Se extendieron los plazos de pago de 3 a 7 años; inicialmente las amortizaciones debían empezar en 1985 y terminar en 1987, pero luego Febres Cordero postergó su inicio a 1988. Asimismo, se congeló la tasa de interés en 16%, cuando las tasas comerciales superaban el 28%. Finalmente, se anuló la comisión de riesgo cambiario, congelando el tipo de cambio en 100 sucres por dólar y se aumentó el periodo de gracia de 1 año y medio a 4 años y medio.
De acuerdo a información proporcionada en medio magnético por el Banco Central del Ecuador a la CAIC, el valor sucretizado asciende a US$ 1.476.617.772,39, distribuido en aproximadamente 40.000 operaciones y entre 15.000 clientes.
Conforme a la información extraída de los boletines estadísticos del Banco Central del Ecuador relativa a la deuda externa correspondiente al periodo comprendido entre 1984 y 1993, los sucretizados se beneficiaron del canje de deuda de alrededor de US$ 550 millones mediante “Mecanismos de Reducción” implementados a través de Regulaciones de la Junta Monetaria, sin respaldo legal, que permitieron la compra de deuda externa ecuatoriana en mercado secundario (alrededor de 30% y su entrega al Banco Central hasta el 100%). Estos mecanismos provocaron perjuicio al Banco Central y se
muestran como una aparente “reducción” del monto de la deuda en el gráfico siguiente.
Evolución del refinanciamiento de la deuda privada
El gráfico siguiente muestra la evolución de la Deuda Externa Privada, una vez que a partir de 1983 es asumida por el gobierno.
Fuente: Boletines Estadísticos del BCE.
Desde 1984 hasta 1994 el stock de la deuda sucretizada subió de US$ 1.371 millones a US$ 1.579 millones, de los cuales US$ 806.5 millones corresponden a capital y US$ 762,5 millones a intereses vencidos.
sucretizada
distribuidos de la siguiente manera: Bonos IE, US$ 97,73 MM; Bonos con Descuento, US$ 596,40 MM; Bonos PDI US$ 515,93 MM, lo que da un total de US$ 1.210 MM.
Pérdidas establecidas del Banco Central por asumir el pago de la deuda externa privada en el proceso de sucretización
El proceso de sucretización ocasionó inmensas pérdidas al Estado. Los US$ 1.371 millones sucretizados en 1983 y 1984 se transformaron para el Estado en US$ 4.364 millones, de los cuales US$ 1.557 millones obedecen a pérdidas por diferencial cambiario en la conversión de la deuda contraída en divisa extranjera a sucres, moneda nacional de la época. US$ 1.238 millones fueron pagados: US$ 575 millones por amortización y US$ 662 millones por intereses, durante el periodo 1983-94. Los US$ 1.569 millones restantes correspondían al saldo de capital e intereses atrasados registrados en 1994.
Emisión de bonos para descargar las pérdidas del BCE
presidencia del doctor Rodrigo Borja Cevallos se autorizó
Finanzas y Crédito Público a que, en nombre y representación del Estado
ecuatoriano, proceda a emitir un Bono único del Estado, por un monto de hasta S/.1.334.212’000.000,00, a favor del Banco Central, a cien años plazo,
para la liquidación de las pérdidas registradas en las cuentas diferidas de estabilización y reevaluaciones de su balance general.
Con la misma fecha consta la emisión de Bonos del Estado 21 en dólares por US$ 853.900.000,00, a fin de traspasar al Ministerio de Economía y Finanzas el saldo de la deuda externa privada que había asumido el Banco Central.
Deficiencias e irregularidades presentadas en el proceso de refinanciamiento de los créditos externos sucretizados
De la auditoría realizada sobre el proceso de sucretización, se evidencian muchas deficiencias e irregularidades. Como ejemplos se citan a continuación los siguientes casos:
1. De acuerdo al Informe 023-89 de la Subgerencia de Crédito Externo e Inversión Extranjera sobre Evaluación del Control Interno, del Banco Central, “no existe seguimiento del pago de la deuda. Lo expuesto ocasiona que no se cuente con información acerca del total de
cancelaciones de préstamos contratados por el sector privado”.
2. En el proceso de sucretización no se previeron mecanismos para saber si las deudas declaradas estaban realmente pagadas: los registros del BCE solo consideraban su ingreso y no su pago cuando las transacciones se hacían en el mercado libre (85% de casos). Esta falta de control fue una puerta abierta para que puedan sucretizarse créditos ficticios y créditos irrecuperables.
3. Los bancos acreedores se negaron a enviar los endosos de los pagarés originales de los sucretizados solicitados por el Banco Central.
4. Sin tener derecho alguno, se beneficiaron del mecanismo de la sucretización bancos del exterior matrices o vinculados con oficinas bancarias de Ecuador, así como empresas extranjeras o sus subsidiarias.
5. Se han detectado operaciones refinanciadas con documentos inválidos, como son simples fotocopias, u operaciones con los mismos documentos por más de una vez o por más del valor correspondiente (SAO-018).
6. Deficiencias en el cálculo de intereses, aplicándose tasas fijadas por el acreedor externo y no tasas referenciales de interés (Libor y Prime).
21 Decreto Ejecutivo No. 3615, publicado en el Registro Oficial N o 995 del 7 de agosto de 1992.
TOLLING AGREEMENT: LA RENUNCIA UNILATERAL DE LAS AUTORIDADES ECUATORIANAS A LA PRESCRIPCIÓN DE LA DEUDA EXTERNA
Durante los trabajos de investigación realizados por la CAIC se localizó el documento denominado “Tolling Agreement” - “Convenio de Garantía de Derechos”, que trata de la “renuncia” a la Prescripción de la Deuda Externa Comercial Ecuatoriana contratada con la banca privada internacional.
Este acto significó la renuncia unilateral a un derecho indisponible de Ecuador, pues fue suscrito, en Nueva York el 9 de diciembre de 1992, únicamente por partes ecuatorianas: Mario Ribadeneira, Ministro de Finanzas y Crédito Público; Ana Lucia Armijos, Gerente General del Banco Central del Ecuador; y Miriam Mantilla, Cónsul de Ecuador en Nueva York, en representación de las entidades del sector público 22 .
Cabe señalar que la señorita Miriam Mantilla a esa fecha no tenía autorización para la suscripción pues su nombramiento ocurrió varios días después del 9 de diciembre de 1992.
El Tolling Agreement contiene un único anexo denominado “Schedule 1”, que detalla los “Contratos Originales” a cargo de las entidades del sector público y gobierno ecuatorianos.
El Decreto Ejecutivo N o 333 23 , firmado por el presidente de la República Sixto A. Durán Ballén C. y por el Ministro de Finanzas y Crédito Público encargado Sebastián Pérez Arteta, fue publicado en el país el 9 de diciembre de 1992, es decir en la misma fecha de la suscripción del Convenio 24 , que no estipuló expresamente que se realizara en Nueva York y se acogiera a sus leyes. Tan solo autorizaba la firma del “Convenio de Garantía de Derechos (Tolling Agreement)” con la banca privada extranjera, la que, por su parte, no lo suscribió.
De la revisión de documentos que se analiza en el presente Informe, se evidenció que el LLoyds Bank tuvo participación directa en la preparación del Tolling Agreement.
Todos los Convenios de la Deuda Externa Comercial Ecuatoriana estaban
York 25 . A
su vez, algunos
“Contratos Originales” se sometían también a las leyes de Londres. Entre
22 Entidades del sector público ecuatoriano que también son parte en el Tolling Agreement: Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, Banco Ecuatoriano de La Vivienda, Banco Nacional de Fomento,Compañía de Economia Mixta Cementos Selva Alegre, Compañía Ecuatoriana de Siderurgia, Consejo Provincial del Azuay, Consejo Provincial de Pichincha, Empresa Eléctrica Regional de El Oro S. A., Empresa Eléctrica Quito S. A., Instituto Ecuatoriano de Electrificación, Municipalidad de Ambato, Municipalidad de Quito, Petroecuador y Transportes Navieros Ecuatorianos (Transnave).
23 Decreto Ejecutivo N o 333, fechado el 8 de diciembre de 1992, Versión en español (BCE CM Caja # 37, Carpeta 360) y Versión en español acompañada de la versión en inglés (MEF / SCP Carpeta Tolling).
24 Registro Oficial N o 83, del 9 de diciembre de 1992, en el cual consta la publicación del DE 333.
25 Según consta en cada Convenio, en las cláusulas relativas al “Derecho Vigente”
esas leyes está el Estatuto de Limitaciones (“Statute of Limitations”), que reconoce la prescripción de deudas cuando estas no han sido pagadas por espacio de 6 (seis) años.
Principales violaciones expresas en el Tolling
El Acto Unilateral de Renuncia denominado Tolling Agreement, firmado por los entonces representantes del gobierno ecuatoriano, se constituye en ACTO NULO porque:
a) El derecho de los acreedores a recibir la Deuda Externa Comercial ya habría podido estar prescrito
Agreement, pues la inclusión de los “Contratos Originales” de las entidades del sector público y la República (en Anexo a ese Convenio) revela que no se cumplieron las obligaciones previstas para las “Fechas de Conversión” en el MYRA.
b) Violó las reglas de legitimidad, competencia y poder: los firmantes no tenían autorización para el acto, porque la autorización para la suscripción del Tolling Agreement por parte de las entidades del sector público ecuatoriano fue concedida en fechas posteriores al 9 de diciembre de 1992.
c) Constituye un ACTO DE RENUNCIA DEL DERECHO practicado por persona jurídica de derecho público, cuya naturaleza se reviste de derechos no disponibles, es decir no susceptibles de renuncia, según principios del Derecho y de todas las legislaciones democráticas.
d) Se constituye en instrumento ilegítimo e ilícito, lesivo al Estado ecuatoriano, y genera enriquecimiento sin causa para instituciones financieras internacionales en perjuicio del Tesoro del Ecuador y de su pueblo.
concedida mediante
Ecuador, no corresponde al documento tal como se suscribió, porque
autorizaba al Ministro
personalmente o mediante delegación,
representación de la República del Ecuador, a suscribir el Convenio con la banca privada extranjera acreedora de la deuda pública externa del país, y no a formular una declaración unilateral, como efectivamente sucedió.
f) Aunque el Presidente de la República tuviese competencia constitucional para firmar el Tolling, el Decreto Ejecutivo N o 333 no menciona que se estuviera autorizando una gran RENUNCIA DE DERECHOS. El “Convenio” fue titulado GARANTÍA DE DERECHOS, lo que distorsiona los verdaderos objetivos del documento suscrito.
g) Fue omitido el valor involucrado
Tolling, limitándose a
mencionar los nombres de los Convenios y demás Instrumentos de la
deuda externa comercial ecuatoriana, sin hacer referencia a los
respectivos montos a cuya prescripción se estaba renunciando, lo que representa una grave omisión por parte de todas las autoridades que firmaron el Convenio y demás documentos habilitantes, sin siquiera cuantificar su monto.
h) Los Derechos Públicos son indisponibles y el Telex SRSP-301-92, fechado el 23 de diciembre de 1992, dirigido al Lloyds Bank y a toda la comunidad financiera internacional, comunica la renuncia de Ecuador a sus derechos, de manera irrevocable. Anuncia adicionalmente que elige foro extranjero para acciones contra el propio país, al tiempo que renuncia a promover cualquier acción judicial contra los acreedores; reconoce y admite la aplicación de las leyes de New York y Londres contra Ecuador, mientras renuncia a la aplicación de esas mismas leyes para la prescripción de su deuda externa comercial.
i) El trámite relativo al destino de la deuda comercial, que alcanzaba US$ 6.992 millones a diciembre de 1992, no obedeció a los procedimientos legales y no tomó más de una semana: todos los documentos preparatorios elaborados por la Junta Monetaria, el Banco Central y la Procuraduría General están fechados entre el 4 y el 8 de diciembre y en ninguno se analiza el Tolling ni sus consecuencias para el país, observándose adicionalmente que todos son extremadamente sucintos.
j) Es evidente la defensa, por parte de las autoridades ecuatorianas, de los intereses de la banca privada acreedora, debiéndose recalcar especialmente el hecho de que la Opinión Legal del Procurador General de la República del Ecuador es idéntica a la Opinión de los Abogados de la banca privada internacional, constituyéndose así el Convenio en un verdadero tratado de garantía de derechos de la banca privada internacional.
k) Si bien la banca privada internacional participó directamente en la preparación del acto de renuncia
a la prescripción
Externa Comercial ecuatoriana, no suscribió el Tolling Agreement, posiblemente porque estaba consciente de sus tremendas ilegalidades, en especial por tratarse de la renuncia a un derecho indisponible.
l) La firma del Tolling Agreement generó obligaciones impuestas ilícitamente a Ecuador. De las ilicitudes practicadas son responsables aquellos que, de forma directa o indirecta, contribuyeron a ese grave daño perpetrado al Estado ecuatoriano.
Ante las conclusiones antes mencionadas, la CAIC recomienda que sea declarado NULO de pleno derecho el Acto Unilateral denominado Tolling Agreement, lo que supone la nulidad de todos los actos de la Deuda Externa Comercial ecuatoriana practicados a partir de la suscripción de ese Convenio.
Ante la NULIDAD del Tolling Agreement, el Convenio no podría impedir la prescripción de la Deuda Externa Comercial ecuatoriana que, por tanto,
En ese contexto, las “negociaciones” que siguieron al Tolling Agreement – canje para Bonos Brady en 1995 y Bonos Global en 2000– resultan igualmente nulas pues no habría monto exigible a partir del mencionado acto nulo.
Además, deben ser iniciadas las acciones penales, civiles y administrativas
contra los responsables nacionales y extranjeros involucrados en el Tolling
Agreement, que provocó grandes daños a la economía pueblo.
A partir de la renuncia a la prescripción de la deuda externa comercial ecuatoriana y del hecho de que el valor de mercado de dicha deuda “resucitada” oscilaba entre apenas el 24% y el 32% en 1993, las propias autoridades financieras ecuatorianas ignoraron la prescripción y consideraron todo el monto correspondiente a los Convenios de la Deuda Externa entonces existentes para fines de conversión para los Bonos Brady.
ecuatoriana era, a diciembre de 1991 en el Mercado Secundario, de hasta el
23%, conforme se evidencia en la página 143 del Boletín Estadístico N o 1,
Bonos Brady estuvo
amparada en el
por JP Morgan, que ofreció sus servicios
el Banco Central del Ecuador un paquete financiero para Ecuador.
Plan contó
FMI 26 , como
lo evidencia un documento
publicado por las autoridades económicas en 1994, denominado “El Plan
“Apoyo de las Agencias
26 En junio de 1994 las autoridades financieras del Ecuador –César Robalino, Ministro de Finanzas y Crédito Público; Ana Lucia Armijos, Presidenta de la Junta Monetaria; y, Augusto de la Torre, Gerente General de Banco Central del Ecuador– publican el documento denominado El Plan Brady para Ecuador, en castellano y en inglés, conforme copias obtenidas en la Biblioteca del Banco Central del Ecuador en Quito.
Internacionales: El Convenio de deuda ecuatoriana goza del respaldo de las instituciones financieras multilaterales, las mismas que proporcionarán mejoras para el proceso de reducción de la deuda. El apoyo de estas organizaciones está relacionado con los resultados del Programa macroeconómico y las reformas estructurales que el gobierno del Ecuador está actualmente implementando y sobre las cuales se fundamenta el futuro crecimiento sostenido del país”.
En los convenios Brady se verifica la cláusula relativa a la EXIGENCIA DE MANTENER RELACIÓN CON ORGANISMOS MULTILATERALES: “Mantendrá en todo momento su membresía con el FMI y con el BIRF y continuará siendo elegible para utilizar los recursos generales del FMI”.
La deuda externa comercial ecuatoriana “elegible” para ser novada a través de la emisión de Bonos Brady era de US$ 4.521 millones de Principal y US$ 2.549,2 millones de Intereses vencidos, totalizando US$ 7.070 millones. Esa deuda valía alrededor de 25% en el mercado secundario. Mientras tanto, la reducción del monto transformado en Bonos Brady fue de apenas US$ 1.174 millones en la parte de capital 27 , sin que se registre reducción alguna en la parte de los intereses, que se transformaron en Bonos Brady PDI y IE, que también generaban intereses. Esto configura el ANATOCISMO, que es ilegal, conforme al Código Civil ecuatoriano:
Art. 1602.- Si la obligación es de pagar una cantidad de dinero, la indemnización de perjuicios por la mora está sujeta a las
producen interés.
atrasados no
Art. 2140 - Se prohíbe estipular intereses de intereses.
Se evidencia una
vez más la participación
procesos de renegociaciones y conversiones de deuda. El Lloyds Bank fue el
Banco Agente de todos los convenios (excepto del Convenio de
cuyo Agente
Fideicomiso de los Brady. El Banco agente de la emisión de los Brady fue el
Chase Manhattan Bank. El Citibank, Agente del Convenio de Consolidación, fue en 2000 el Banco Agente de la conversión de los Bonos Brady a Global.
El análisis de los Contratos mencionados permite establecer que varias cláusulas transgreden preceptos legales establecidos en la legislación ecuatoriana. Por ejemplo:
- Renuncia a la jurisdicción.
- Renuncia a la inmunidad.
- Exigencia de mantener relación con organismos multilaterales.
27 El monto transformado en Bonos Brady de Capital (Par y Discount) fue US$ 3.347,6 millones.
- Renuncia a cualquier posibilidad de realizar reclamos contra la invalidez, ilegalidad o inejecutabilidad.
- Sometimiento a reconocer que los bonos no serán registrados en la Securities Exchange Comisión (SEC) de Estados Unidos.
El análisis jurídico de estas y otras cláusulas igualmente ofensivas para Ecuador hace parte del Informe Jurídico de la CAIC.
En la operación de conversión de la deuda elegible en los Bonos Brady se exigió la compra de garantías para la cobertura de capital e intereses de los Bonos de Descuento y Par. Dichas garantías fueron constituidas mediante bonos cupón cero de treinta años del Tesoro de los Estados Unidos que, después de su capitalización, alcanzarían el monto de US$ 3.347,6 millones, correspondiente a la totalidad del capital de los Bonos Par y Discount, y deberían depositarse en el Federal Reserve Bank de Nueva York. De ahí que el país no tenía la obligación de efectuar en el futuro ningún desembolso para cancelar el capital de dichos bonos, debiendo únicamente efectuar los pagos correspondientes al interés.
El Plan Brady exigió además la constitución de una garantía para los intereses de los mismos Bonos Discount y Par, a fin de cubrir 12 meses de intereses. Esas garantías colaterales debieron haber sido constituidas estrictamente como parte de la reserva monetaria internacional y ser susceptibles de ser ejecutadas por los acreedores solamente en caso de incumplimiento.
En febrero de 1995 el monto pagado por Ecuador para la compra de las referidas garantías colaterales, de principal e intereses de los Bonos Discount y Par, ascendió a US$ 604 millones.
En resumen, ¿que significó el Plan Brady para el Ecuador?
Como acabamos de mencionar, en el marco del Plan Brady el país tuvo que comprar, el 28 de febrero de 1995, garantías colaterales por US$ 604 millones 28 , cantidad que a precio de mercado de la deuda comercial, cercano al 25% de su valor nominal, correspondía a un pago a la vista del 53% 29 del principal de la deuda comercial.
Si consideramos el monto principal resultante del canje (US$ 3.348 millones), los US$ 604 millones destinados a la compra de colaterales correspondían a un pago a la vista del 72% del principal de la deuda comercial a su valor de mercado.
28 US$ 604 millones correspondían al valor de adquisición al 28 de febrero de 1995 de Bonos Cupón Cero del Tesoro Norteamericano, cuyo valor nominal a los 30 años alcanzarían los US$ 3.347,6 millones.
29 25% de US$ 4.521 millones = US$ 1.130,25 millones; US$ 604 millones corresponden a 54% de US$ 1.130,25 millones. A su vez, 25% de US$ 3.348 millones = US$ 837 millones; US$ 604 millones corresponden a 72% de US$ 837 millones.
PLAN ADAM – PACTO PARA EL CANJE DE BRADY A GLOBAL ESTABLECIDO EN 1999
La CAIC obtuvo la evidencia de que el Canje de Brady y Eurobonos a Bonos Global fue planeado a través del llamado “Proyecto ADAM”, enviado a Ecuador en mayo de 1999. Según los abogados del país en el exterior, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, el “Proyecto Adam fue un ‘nombre dado’ para este proyecto para garantizar confidencialidad. […] Pero no hubo ‘Proyecto Adam’ separado de la reestructuración de bonos en sí misma. En otras palabras, la reestructuración de Brady y Eurobonos era Proyecto Adam”.
Esta afirmación revela que el canje de Brady y Eurobonos por bonos Global
fue planeado mucho antes de la fecha en la que se decidió suspender el pago
1999. Dicha
suspensión de pagos impidió legalmente la
recompra de la deuda Brady en mercado, que a mayo de 1999 estaba
valorada en alrededor Bloomberg.
Previamente, la Ministra de Finanzas y Crédito Público, Ana Lucia Armijos 30 , mediante el Acuerdo 028-A, fechado 1 de abril de 1999, conformó la Unidad Interinstitucional de Reingeniería (UIR) de la Deuda Pública, para que estudie las alternativas que permitan al país reestructurar, refinanciar y/o renegociar la deuda pública, “en los términos más adecuados para la economía nacional”.
Por otra parte, en julio de 1999 ya avanzaba la contratación de la Empresa Salomón Smith Barney (SSB) para actuar con exclusividad en el mencionado canje y utilizar las garantías colaterales, como consta en el borrador del documento Engagement Letter Agreement (Carta Convenio de Compromiso), fechado el 30 de julio de 1999, referente a la contratación de dicha empresa, que fue localizado en los archivos de la Asesoría Legal del Banco Central. Dicha contratación es confirmada el 11 de octubre de 1999, como se desprende del documento suscrito por el Ministro de Finanzas, economista Alfredo Arízaga, y por el Director Gerente de SSB. El Ministerio de Finanzas no siguió los procedimientos previstos en la Ley de Contratación Pública ecuatoriana con la firma Salomón Smith Barney y/o subsidiarias en lo que se refiere: a) al canje de los bonos existentes, b) la reestructuración y ejecución del canje, c) el asesoramiento en las operaciones de recompra, d) la liquidación anticipada de las garantías de los Bonos Par y Descuento y e) la actuación como agente de liquidación respecto de la garantía.
Una vez planeado el canje de bonos Brady por Global en el proyecto Adam y prevista la contratación de la empresa Salomón Smith Barney para actuar con exclusividad en el proceso, recién en septiembre de 1999 el país declara
una “moratoria” de su deuda
para justificar el canje, sin considerar en
absoluto el hecho de que los Bonos Par y los bonos de Descuento estaban
100% garantizados y que, por tanto, tal garantía debía ser ejecutada y no
sujeta a su simple liquidación, como consta
30 Ana Lucia Armijos es la misma funcionaria que suscribe el Tolling Agreement en Nueva York en 1992, en calidad de Gerente General del Banco Central del Ecuador; firma el Plan Brady en 1994 como Presidenta de la Junta Monetaria; y, en la crisis de 1999, como Ministra de Finanzas.
firmada por el Ministro de Finanzas, sin la autorización del Procurador General del Estado.
En ese momento las garantías de los Bonos Brady, representadas por “Bonos Cupón Cero del Tesoro de Estados Unidos de Norte América” y depositadas en el Federal Reserve Bank no fueron ejecutadas, aparentemente por decisión de los tenedores, aspecto que es cuestionado por la CAIC, debido a que no recibió ninguna documentación que estuviera prevista en los convenios para sustentar la decisión de no ejecución de la garantía.
La CAIC verificó que eran falsas las justificaciones presentadas para el incumplimiento o suspensión del pago del único cupón de intereses de Brady Descuento por US$ 44 millones por vencerse el 28 de agosto de 1999, pues además de existir garantías suficientes para liquidar dicha obligación, el valor a pagarse no llegaba al 3% de las reservas internacionales libres en agosto de 1999.
Se verifica también
Comisión Negociadora de la Deuda Externa,
presidida por Jorge Gallardo, no consideró la posibilidad de compra de la deuda Brady que a la fecha del canje estaba valorada en el 29% de su valor
nominal. Al respecto cabe resaltar que el Ministro de la Economía Guillermo Lasso llegó
a presentar su renuncia, pues como consta en libro de Osvaldo Hurtado 31 :
“un camino más seguro era comprar en el mercado los bonos Brady, que se encontraban cotizados en menos de una tercera parte de su valor, mediante un financiamiento que había gestionado en el Banco Latinoamericano de Exportaciones (Bladex)” (DOC 30)
De hecho, cuando se realizó el canje de Brady por Global las garantías colaterales fueron rescatadas y un monto equivalente a US$ 723.945.364,80 ingresó a la cuenta N o 18 051375 a cargo de Banco Central en Salomón Smith Barney en el exterior. Cabe recalcar que los movimientos de dicha cuenta no se registraron en el Banco Central ni en el MEF. Debido a la ausencia de registros contables oportunos en el país sobre la utilización de los colaterales rescatados al momento del canje de Brady por Global en 2000, no se pudo comprobar el uso o destino de dichos recursos, los mismos que significaban nada menos que el prepago de los Bonos Brady Par y Descuento.
CANJE PARA GLOBAL
En junio de 2000 se crea la “Comisión Negociadora de la Deuda Externa”, presidida por una persona distinta al Ministro de Economía y Finanzas, con atribuciones para renegociar; fijar condiciones mínimas de pago con gobiernos, proveedores y otras instituciones; y, renegociar los acuerdos preliminares, actividades todas atribuidas al Ministro de Economía y Finanzas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control.
618 que
Canje” (la misma que ya había sido realizada en julio de 2000 por Salomón
31 “Deuda y Desarrollo en el Ecuador en el Ecuador Contemporáneo” Editorial Planeta. Quito, febrero 2002, página 73.
Smith Barney y J. P. Morgan), conforme a la decisión tomada por la Comisión Negociadora de la Deuda Externa, por medio de la cual se oferta el canje de Bonos Brady y Eurobonos por “Bonos Globales 2030 y 2012”. No existe evidencia de que la referida Comisión haya analizado otras alternativas y propuestas.
La oferta presentada por Ecuador al mercado financiero internacional constituyó una “novación de la deuda externa” ecuatoriana a través de la entrega de Bonos “Global 2030” a 30 años, con tasas que empezaban en el 4% y aumentaban 1% al año hasta el 10%, y Bonos “Global 2012” a 12 años, con tasa fija del 12%. En la práctica esto involucró la entrega de recursos económicos provenientes del presupuesto del Estado ecuatoriano y la liquidación de la garantía colateral, acciones que no se encontraban expresamente autorizadas en el Decreto Ejecutivo N o 618.
operación presentado a
la CAIC se evidencia
sólo el canje de capitales
de “Bonos Brady
“Bonos
“Bonos Global 2012” de:
“Bonos Brady
intereses normales y de
devengados sobre todos los Bonos Brady, poniéndose de manifiesto en este mecanismo de emisión una capitalización recurrente de intereses. El Agente de Pago, Transferencia y Registrador fue el Citibank N. A.
Las ofertas de los bonos de deuda externa ecuatoriana realizadas se efectuaron como una “Colocación Privada” bajo la “Regla 144 A”, que permite la venta de acciones no registradas, de manera privada, únicamente a compradores calificados (QIB-Qualified Institutional Buyers); y, la “Regulación S”, que no sólo prohíbe cualquier esfuerzo de venta dentro de los Estados Unidos, sino que determina que las transacciones deben hacerse en operaciones “Off-Shore”.
En virtud del mencionado Decreto Ejecutivo, la nueva emisión exigió a Ecuador condiciones más exigentes de liquidez, pues se estipuló la obligación de que el país realizara “recompras” o “conversiones de deuda” a valor nominal a partir de los seis años de la emisión de los Bonos “Global 2012” y de los 15 años de la emisión de los “2030”. El mismo procedimiento ya se había utilizado de manera exagerada en el año 2005 por un monto de US$ 740.000,00 para el cual Ecuador asumió nuevas deudas: emitió otros Bonos Global, denominados “2015” (por debajo del valor de mercado), y efectuó un préstamo de la FLAR.
Los agentes principales en la emisión de los Bonos Global 2014 fueron JP Morgan Chase Bank N. A.
Las transacciones que contenía el canje de bonos no fueron contabilizadas ni en el Banco Central del Ecuador ni en el Ministerio de Finanzas, efectuándose un registro contable por la emisión neta (sin las transacciones intermedias) en el ejercicio 2002, por medio del cual se contabiliza la “Obligación a pagar” contra el “Patrimonio” del Estado, lo que significa que el Estado ecuatoriano asume una pérdida por el total de la emisión.
La Contraloría General del Estado realizó un examen especial del proceso de emisión de bonos globales y de la renegociación de la deuda externa durante el periodo comprendido entre el 1 de abril de 1999 y el 30 de diciembre de 2002, emitiendo el Informe N o DA3-26-2003, cuyos aspectos más relevantes han sido considerados en la presente auditoría.
Varias observaciones, deficiencias de control interno, irregularidades e ilegalidades se han determinado en la instrumentación, oferta, emisión y contabilización del canje de los Bonos Brady y Eurobonos a Bonos Global 2030 y 2012.
Irregularidades en la instrumentación de la emisión de Bonos Global 2012 y 2030
La oferta de emisión de Bonos Globales 2030 y 2012 no estaba autorizada por las leyes ecuatorianas debido a que el Decreto
aún publicado
El “Dictamen de la Procuraduría General del Estado” no analiza los términos de la operación y condiciona su dictamen a la autorización otorgada mediante Decreto.
Salomón Smith Barney
negociación del 27 de julio de 2000 sin la autorización formal de
La competencia para que el Cónsul de Ecuador en Nueva York proceda a la reestructuración de la deuda externa del país se delega DESPUÉS DE LA FECHA DE LA NEGOCIACIÓN.
. Delegación de competencia a una “Comisión” para negociar la deuda externa, pese a ser ésta una atribución exclusiva del Ministro de Finanzas.
Contratación de Agentes Fiduciario
autorización pues los Decretos Ejecutivos 605 A y 605 B fueron
publicados el 1 de septiembre de 2000, es decir con posterioridad a la fecha de la mencionada contratación.
Liquidación de garantías colaterales en forma arbitraria e ilegal.
Negociación de Bonos Brady, Par y Descuento, que no debían haber ingresado a ninguna reestructura pues se encontraban prepagados, toda vez que tenían garantía constituida.
El Procurador General del Estado no analiza el contrato denominado “Indenture”, que constituye requisito esencial para la realización de la negociación.
Fraude incalculable para Ecuador
1. El valor de mercado de los bonos reestructurados estaba por debajo de 30% de su valor nominal, lo que determina que el monto sujeto a negociación, en el mercado secundario, valía US$ 1.005,7 millones.
2. Se determina que la nueva emisión de Bonos “Global 2012 y 2030” ascendió al monto de US$ 3.950 millones, es decir casi cuatro veces el valor de mercado de la parte “negociable” de los “Bonos Existentes”. Los intereses pagados hasta agosto de 2008 suman US$ 2.450 millones .
3. Hubo una reestructura de deuda, bajo la figura de canje, que no se encontraba aún vencida, según tablas de amortización. Por ende, fue un prepago obligado.
4. La operación fue realizada por una sola institución, Salomón Smith Barney (Citicorp), la misma que propuso la reestructura, administró el canje y la efectivización de la garantía colateral, conjuntamente con la Comisión Negociadora de la Deuda.
5. La operación tuvo el carácter de “secreta”,
información pormenorizada de respaldo en las entidades responsables del proceso: Ministerio de Finanzas y Banco Central del Ecuador.
6. No hubo transparencia en la negociación para demostrar claramente sus resultados. La única información de la transacción fue emitida por la Comisión Negociadora de la Deuda, ente que propuso el canje y lo administró, conjuntamente con Salomón Smith Barney (Citicorp).
Perjuicio moral para Ecuador
1. Se suscribieron convenios cuyas cláusulas obligan al país a renunciar a su soberanía, es decir a acogerse a las Leyes de Nueva York, aspecto no estipulado expresamente en el Decreto N o 618, que autoriza la emisión.
someterse a las acciones colectivas de los tenedores de los bonos, lo
que supone ponerse en manos de terceros.
preestablecidas, con lo que el país pierde su autonomía y se vulneran
Abuso de la banca internacional contra Ecuador
a) La operación de reestructuración de la deuda mediante el canje a Bonos Global constituye la misma modalidad de “reestructuración” de los créditos efectuada por la banca internacional (Chase Manhattan Bank, J. P. Morgan, Citybank, Salomón Smith Barney, Lloyds Bank) desde el “origen” de la deuda, a través de prepagos de operaciones de créditos aún no exigibles.
b) Tasas de interés establecidas por la misma banca internacional, cobro de comisiones y prepagos exigidos según nuevas tablas de amortización, contratación de nuevos créditos en el exterior (FLAR) para cancelar los compromisos, haciendo más oneroso el costo de la emisión de los Bonos “Global 2012 y 2030”.
c) Emisión de Bonos “Global 2015” para cubrir un prepago exigido por los Bonos “Global 2012”, cuya compra realiza la misma banca internacional, con “descuento”, y los aplica a la deuda existente representada en Bonos Global a valor “nominal”.
d) La modalidad de “reestructura” hace que la deuda mantenga el capital casi intacto, obligando al pago de intereses en forma semestral, lo que supone obtener recursos financieros de Ecuador en forma permanente.
e) En opinión de esta Subcomisión de Deuda Comercial de la CAIC estos títulos no representan una “deuda”, de modo que, en un posible “juicio”, los tenedores de bonos no podrían demostrar su derecho de cobro a Ecuador. Se trata de la instrumentación de intereses normales y de mora; de la aplicación irregular de garantías colaterales y de abusos practicados contra el pueblo ecuatoriano, precedidos de recurrentes “reestructuraciones” de la deuda, por más de 30 años, en condiciones que sólo beneficiaron a un reducido grupo de bancos privados.
f) Adicionalmente, es importante mencionar que el monto del capital de la deuda original ya ha sido pagado a través de intereses normales y de mora, cuantificados en el presente informe. Por tanto, la CAIC recomienda que se suspenda el pago de la deuda pública externa con la banca internacional.
Recomendaciones relacionadas con los Bonos Global
1. La Subcomisión de Deuda Comercial de la CAIC recomienda la suspensión del servicio de la deuda pública externa con la banca internacional, que se encuentra reflejada en los Bonos “Global 2030-2012-2015”.
Justificación: Sobre la base de los hallazgos de auditoría detallados en los párrafos anteriores se puede concluir que, desde 1999 hasta la emisión en
2000, la instrumentación de estos bonos no se sujetó a las formalidades
legales respectivas,
Adicionalmente, estos bonos no reflejan una “deuda” real, sino que
constituyen el resultado de un prepago bajo la figura de canje, que involucró la negociación de deuda no sujeta a ese mecanismo por estar 100% garantizada por colaterales y representada por los Bonos Brady (Par y Descuento) y los Bonos de “interés” (Brady PDI e IE), que configuraban un anatocismo explícito. Además, dichos bonos Brady y los Eurobonos, que también se canjearon, no se encontraban vencidos, es decir no eran exigibles. Financieramente, representaron un atraco con perjuicio y daño al país.
2. La Subcomisión de Deuda Comercial de la CAIC recomienda la participación de los asesores jurídicos de la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General del Estado en la estructuración de los argumentos legales para iniciar juicios contra los responsables internos y externos de los procesos de emisión detallados en este informe.
3. Debido a que las transacciones de Bonos Global “2012-2030” y “2015” se realizaron en el extranjero y que no existe información pormenorizada de las transacciones de emisión, canje, liquidación de garantías ni en el Ministerio de Finanzas ni en el Banco Central del Ecuador, la CAIC recomienda efectuar un examen complementario a la presente auditoría a fin de esclarecer los aspectos poco transparentes especificados en este informe. Dicha auditoría deberá contemplar dictámenes de los entes supervisores de los Bancos Agentes, Casas de Compensación, Bolsas de Valores en el exterior, que intervinieron en los diferentes procesos.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL TRAMO DE DEUDA COMERCIAL
A continuación se resumen las principales evidencias de ilegalidades e ilegitimidades detectadas en la deuda externa comercial.
Principales Ilegalidades / Ilegitimidades
Deuda Odiosa (Dictadura).
(irrespeto de la cláusula Rebus Sic Stantibus). Emisión de “Pagarés”, cuyo monto de casi US$ 700 millones fue liquidado a valor nominal en el Convenio ERA-83.
Renegociaciones de 1982/1983 y
Injerencia del FMI y el Comité de Gestión en Ecuador. Irrespeto de los estatutos del FMI, irrespeto de la soberanía, violación del Derecho al
Desarrollo, Asimetría entre las partes.
Convenios de “Refinanciación”
Convenios de “Refinanciación”. Asunción de deuda privada por el BCE
(Sucretización).
Artificio contable para no reflejar el peso de la asunción de las deudas
del sector público y privado por el BCE. Evidencia de la emisión de “Bonos del Estado” para compensar el pasivo de BCE.
Transferencia de deudas del sector privado al Banco Central con un costo de US$ 4.462 millones. La banca privada se negó a devolver al BCE los pagarés originales de los sucretizados. Riesgo de sucretizar créditos
ficticios e irrecuperables por falta de control de las deudas ya pagadas por el sector privado. Operaciones refinanciadas con documentos inválidos: fotocopias y en duplicado.
Renuncia a un Derecho Público Indisponible; imposición de obligaciones
onerosas al Ecuador sin transparencia; ilegalidades en la firma del Acto Unilateral de renuncia a la prescripción de la deuda externa comercial.
Renuncia a la opción de recompra de la deuda a precios bajos de mercado. Anatocismo explícito: transformación de intereses en bonos. Cláusulas ilegales e ilegítimas. Exigencia de compra de garantías colaterales. Adquisición de Colaterales, financiadas con préstamos destinados a otras finalidades. Bonos no registrados en la SEC. Ausencia de contabilización en el BCE y el MEF.
Plan Adam
Pacto anticipado para el canje a Global. Desconsideración de la opción de recompra de la deuda a precios bajos en el mercado. Moratoria innecesaria que impidió la recompra. Contratación de Salomón Smith Barney en desacuerdo con la Ley de Contratación Pública.
Comisión Negociadora sin competencia legal; ausencia de Opinión Legal del Procurador sobre el contrato denominado “Indenture”; uso indebido de las colaterales de los Brady, que se depositaron en la cuenta en Salomón Smith Barney, en el exterior, no contabilizada en Ecuador; negociación de deuda que ya estaba prepagada; Decreto Ejecutivo publicado después de los hechos consumados; bonos no registrados en la SEC. Oferta de carácter privado, con emisión de bonos restringidos, en la Bolsa de Luxemburgo.
La CAIC realizó la auditoría de los procesos de endeudamiento relacionados con “Origen de la deuda externa comercial ecuatoriana”, “Mecanismo Complementario”, “Sucretización”, “Renegociaciones en la década de 1980”, “Tolling Agreement”, “Bonos Brady” y “Bonos Global”. Terminada la auditoría, emitió informes detallados sobre cada tema, que contienen conclusiones y recomendaciones.
Considerando las ilegalidades e ilicitudes practicadas en el proceso de endeudamiento desde su origen: la subida escandalosa de las tasas de intereses en 1981, la emisión inorgánica de “Pagarés”, la liquidación de estos “Pagarés” en el exterior a su valor nominal, la injerencia del FMI mediante programas de ajustes estructurales, el traspaso de deudas privadas al Estado y las múltiples renegociaciones que perjudicaron al país y favorecieron los intereses de los acreedores, la constante imposición de cláusulas ilegales e ilegítimas que significaron agresión a la soberanía ecuatoriana, la utilización de artificios contables y ausencia de registros de operaciones que se realizaron únicamente en el exterior, la renuncia a la prescripción y la conversión de una deuda inexistente en Bonos Brady y luego en Bonos Global que se han detallado en esta sección, la CAIC recomienda:
1. En relación a todos los procesos anteriores a los Bonos Global y sobre la base de las irregularidades evidenciadas por la CAIC: que se inicien procesos administrativos y judiciales a fin de determinar la responsabilidad y las penalidades aplicables a los actores externos e internos que intervinieron en los procesos mencionados, en perjuicio de las finanzas y los intereses de Ecuador. Adicionalmente, recomienda:
- Examen especial ampliatorio y complementario a fin de determinar si los créditos registrados a cargo de entidades del sector público, desde el origen de la deuda en 1976 hasta 1981, efectivamente existieron y si cumplieron con los objetivos
- Cuestionamiento jurídico respecto de la elevación de las tasas de interés, con exigencia internacional.
- Acciones jurídicas contra la banca privada, exigiendo reparaciones por el daño causado a la economía y la sociedad ecuatorianas.
2. En relación a los Bonos Global, que representan la fase actual de la deuda comercial, se recomienda, como ya se justificó en el acápite pertinente, la suspensión del pago del servicio de la deuda pública externa con la banca internacional, que se encuentra reflejada en los Bonos “Global 2030-2012-2015”.
Ante todas las evidencias de ilegalidades e ilegitimidades determinadas durante el proceso de auditoría de la Deuda Externa Comercial de Ecuador y
el elevado costo de los pagos a la banca prestamista, la CAIC recomienda la
inmediata suspensión de los pagos de la Deuda Comercial actual
representada por los Bonos Global 2012, 2030 y 2015 para preservar el Patrimonio Público del país y atender debidamente las urgentes necesidades sociales del pueblo ecuatoriano.
La CAIC recomienda, asimismo, la ejecución de acciones penales, civiles y administrativas contra los responsables, para su sanción, y la devolución de los recursos sacados del país. Dichas acciones están detalladas en el Informe Final de la Comisión.
La génesis del endeudamiento
La dictadura militar y los comienzos de la democracia
La génesis del endeudamiento ecuatoriano data de fines de 1976, bajo el gobierno dictatorial del Consejo Supremo de Gobierno 32 . A partir de entonces la deuda va creciendo año tras año sin solución de continuidad, paralelamente a la afluencia de créditos externos facilitados por la banca estadounidense, que poseía ingentes fondos provenientes de los dólares invertidos por los países productores de petróleo.
Como los bancos necesitaban asegurarse todo tipo de control jurisdiccional en caso de incumplimiento, se insertaron en todos los contratos celebrados a partir de marzo de 1976, sometiendo a Ecuador a la legislación de Estados Unidos y Gran Bretaña, y a la jurisdicción de los tribunales de Nueva York y de Londres, que habían dictado leyes específicas aceptando el juzgamiento en sus tribunales.
Como el sometimiento era inconstitucional, ya que el artículo 1505 del Código Civil lo impedía, se decidió interpretar esa norma por decreto, a efectos de terminar con cualquier obstáculo legal que impidiera la prórroga de jurisdicción.
Entre 1976 y 1982 se otorgaron créditos por US$ 3.424 millones. De esa suma, US$ 984.576.272 correspondieron al presupuesto de defensa, desglosados de la siguiente manera:
US$ 734.576.277 (Junta de Defensa Nacional) US$ 250.000.000 (Ministerio de Defensa-otras obras)
Si se suman los préstamos directos del Estado, más los que éste refinanció, y se agregan los utilizados para cubrir financiación del presupuesto, y a ellos se adiciona la deuda destinada a gastos militares, se alcanza la suma de US$
2.344.576.282 de dólares, que representan más de la mitad de las
obligaciones externas, restando solo US$ 1.080.576.282, que se destinaron presuntamente a inversiones que resultaban necesarias para mejorar la infraestructura del país. Y decimos presuntamente ya que en los trabajos de auditoría no se pudo contar con documentación que acreditara la realización efectiva de las supuestas inversiones.
En todas las operaciones de endeudamiento intervinieron numerosos bancos,
32 Presidido por el almirante Alfredo Poveda Burbano e integrado por los generales Guillermo Durán Arcentales y Luis Leoro Franco, asumió el poder el 11 de enero de 1976.
aunque en realidad las operaciones se concentraron nada más que en LOEB RHOADES, que luego se integraría al Citigroup, CITIBANK, LLOYDS BANK, CHASE MANHATTAN BANK y JP MORGAN. Ellos además serían los agentes coordinadores de todas las operaciones en sus diferentes fases; lideraron todos los posteriores procesos de refinanciación y reestructuración de las deudas hasta después del año 2000; y, representaron a una multitud de instituciones financieras, incluyendo varias con sede en diversos paraísos fiscales como Bahamas, Nassau, Luxemburgo, Panamá.
En todos los manejos realizados para justificar la contratación de nuevas deudas se llegó al extremo de refinanciar deudas prepagadas, que no habían vencido, y en otros casos se emitieron pagarés por más de US$ 600.000.000, caracterizados por el Ministerio de Finanzas como una operación “sui- generis” ya que no obedecían a ninguna de las pautas fijadas por las normas legales del país.
Esos US$ 3.424 millones, que se obligó a pagar al país violentando el orden jurídico que debía regir en toda contratación de deuda e incurriéndose además en la comisión de delitos de acción pública, es la misma deuda que se fue refinanciando a través de los diferentes convenios denominados ERA 83, ERA 84, MYRA 85, “Dinero Fresco”, “Mecanismo Complementario” y “Mecanismo de Depósito y Préstamo” en la década de los 1980. Es la misma deuda que determinó la renuncia a los derechos de prescripción que tenía el país en 1992, que fue asumida a través del Plan Brady y que culminó con los Bonos Global del año 2000.
Aun extremando la prudencia en la caracterización de los aspectos legales de los contratos de esos seis años (1976-1982), surge de toda evidencia que no solo se quebrantó el orden jurídico del Estado, sino incluso conceptos fundamentales del derecho anglosajón, a cuyas normas estaban sometidos todos esos contratos.
Son algunos puntos básicos de la ilegalidad:
a) La subordinación de la Constitución Política del Estado a un decreto.
b) El falseamiento del sentido estricto del artículo 1505 del Código Civil, a través de una arbitraria interpretación.
c) La falsedad ideológica en los dictámenes de la Procuraduría General del Estado (artículos 337 y 338 del Código Penal).
d) La violación de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control 33 .
e) La violación de los principios del derecho administrativo.
f) La ignorancia del cabal destino de los fondos, lo que supone prima facie defraudación al Estado (Junta de Defensa y diversas entidades del sector público).
g) La violación del principio fundamental de la buena fe.
h) La aplicación del restatement of contract (es decir cláusulas injustas e irrazonables), que responde a pautas consuetudinarias del derecho
33 Decreto Supremo N° 1429, R.O. 337 del 16 de mayo de 1977.
i) La lesión a los intereses del Estado y al patrimonio público. El delito de ejecución continuada, que determina imprescriptibilidad de los ilícitos cometidos.
El endeudamiento en la década de 1980
Aun cuando en algunos casos las especificaciones de los contratos tenían alguna modificación, generalmente presentaban las mismas características, como se puede constatar si se analiza comparativamente lo pactado en los Convenios de Prórroga y Refinanciamiento del año 1983 (ERA 83), el de 1984 (ERA84) y el de 1985 (MYRA 1985), celebrados durante las presidencias de Osvaldo Hurtado Larrea y León Febres Cordero.
En todos esos convenios, más allá
refinanciación de las obligaciones, se establecieron todo tipo de cláusulas de renuncias para evitar cualquier acto de defensa que pudiera intentar el país en resguardo de sus derechos.

References: artículo 25
 artículo 119
 artículo 62
 artículo 62
 artículo 62
 artículo 66
 artículo 130
 artículo 1505
 artículo 1505