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Timestamp: 2019-10-19 12:57:04+00:00

Document:
SENTENCIA STL17325-2015 DE 10 DE DICIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA PATERNIDAD SE SUSPENDE, CUANDO SU REALIZACIÓN NO HA SIDO POSIBLE POR CAUSAS AJENAS A LA VOLUNTAD DE QUIEN PRETENDE EL RECONOCIMIENTO. SE PRECISA QUE BAJO LA PROPOSICIÓN CONSTITUCIONAL DE QUE “LOS HIJOS HABIDOS EN EL MATRIMONIO O FUERA DE ÉL, ADOPTADOS O PROCREADOS NATURALMENTE O CON ASISTENCIA CIENTÍFICA, TIENEN IGUALES DERECHOS Y DEBERES”, SI UNA PERSONA POR LAS CONDICIONES EXTERNAS DE SU NACIMIENTO NO HA LOGRADO FORMALMENTE LA DECLARACIÓN DE PATERNIDAD, AUN CUANDO LA SENTENCIA QUE ASÍ LO DECIDA SOLO REVELARÁ LA REALIDAD MATERIAL, RESULTA CONTRARIO A LA CARTA, ATRIBUIR LA EXTINCIÓN DE LOS EVENTUALES DERECHOS PATRIMONIALES PORQUE OTRA PERSONA NO ADELANTÓ EL PROCESO CORRESPONDIENTE CUANDO ERA MENOR DE EDAD, PERO QUE AL CUMPLIR 18 AÑOS PROCURA HACERLO EN NOMBRE PROPIO, E INCLUSO, EN LOS TÉRMINOS TEMPESTIVOS CONSAGRADOS EN LA NORMA, PARA QUE TALES EFECTOS PATRIMONIALES NO DESAPAREZCAN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHOS DEL HIJO, HIJO, DERECHO A LA IGUALDAD, PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD, EFECTOS PATRIMONIALES DE LA DECLARACIÓN DE PATERNIDAD, INVESTIGACIÓN DE PATERNIDAD, RECONOCIMIENTO DEL HIJO
Sentencia STL17325-2015/63423 de diciembre 10 de 2015
Rad.: 63423
STL 17325-2015
Bogotá, D.C., diez de diciembre de dos mil quince
Resuelve la Corte la impugnación interpuesta por J. S. A. B. contra el fallo proferido por la Sala de Casación Civil el 23 de octubre de 2015, dentro de la acción de tutela que adelantó contra la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal y el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de esa ciudad, la cual se hizo extensiva a las partes e intervinientes en el proceso objeto de discusión constitucional.
El accionante fundamentó su solicitud de amparo en los siguientes hechos:
Que en septiembre de 1993, su madre Y. E. A. B. sostuvo una “relación sentimental” con L. O. C. M. de la cual nació el 12 de septiembre de 1994; que a pesar de que era un hecho notorio su relación de padre e hijo, aquél no alcanzó a darle su apellido pues murió el 26 de enero de 2004, víctima de “un atentado criminal”.
Que por ser “legalmente un incapaz”, no promovió el proceso de filiación y petición de herencia, el cual inició el 22 de mayo de 2014, cuando ya era mayor de edad, en contra de J., L. F., L. V. y L. F. C. B.; que el Juzgado Primero Promiscuo de Familia, el 13 de mayo de 2015, declaró probada la excepción de “caducidad de la acción” propuesta por los demandados, únicamente en lo atinente a los efectos patrimoniales pretendidos y dispuso continuar con la pretensión principal; que apeló, pero el 27 de julio siguiente el Tribunal confirmó la decisión.
En su criterio, los pronunciamientos anteriores carecieron de fundamento jurídico y soslayaron los distintos instrumentos internacionales que controlan la materia y brindan alcance al artículo 10 de la Ley 75 de 1968, en punto a que no cabe “cuando se trata de un menor que como en mi caso no puede hacer exigencia de sus derechos hasta tanto no cumpla la mayoría de edad, diferente hubiera sido si pasados dos años luego de haber sido ciudadano hubiera iniciado la reclamación”.
Estimó quebrantados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, los principios de protección de la niñez y de los jóvenes y los tratados internacionales suscritos por nuestro país en cuanto a la protección de los niños, niñas y adolescentes; solicitó declarar que las autoridades accionadas incurrieron en una “vía de hecho” y en consecuencia ordenar al Tribunal “que proceda nuevamente a resolver lo conducente”.
Por auto del 15 de octubre de 2015, la Sala de Casación Civil dio curso a la acción, vinculó a los atrás descritos, ordenó la notificación correspondiente, corrió traslado y pidió copia del expediente (fls. 28 y 29).
El Juzgado accionado explicó las actuaciones adelantadas en el trámite cuestionado (fls. 37 a 41).
Por sentencia del 23 de octubre de 2015, la Sala de Casación Civil negó el amparo pues advirtió que las providencias cuestionadas no eran arbitrarias, conclusión a la que llegó luego de reproducir apartes de la decisión de primer grado, que estimó ajustada al ordenamiento jurídico dado que estuvo apoyada tanto en el marco legal pertinente como en la jurisprudencia, lo que le permitió sostener que la confirmación emitida por el Tribunal “no incurrió en anomalía tal que imponga la perentoria salvaguardia deprecada”.
En concreto, la Sala de Casación Civil destacó que el Tribunal refiriera la constitucionalidad del artículo 10 de la Ley 75 de 1968, declarada en la sentencia C-336 de 1999 por la Corte Constitucional, a partir de la cual indicó que “se trata de un término de caducidad cuya constitucionalidad fue expresamente examinada y cuyo punto de partida es la fecha de defunción, ninguna otra. Y como bien señala el no recurrente, ofendería la juridicidad y la ética que la representación legal que tienen los padres sobre los menores de edad solo operara en algunos casos, lo que además resultaría contrario a todos los principios, por su indeterminación”.
Sobre el punto, entendió que el juez de apelaciones señaló que los efectos patrimoniales que dimanan de la declaración filial, se generan siempre que se notifique la demanda dentro de los 2 años siguientes a la defunción del causante, término que es regulado por el fenómeno de la caducidad y no por la prescripción, de allí que no era aplicable al caso la suspensión de esta última figura extintiva estipulada en el artículo 2530 del Código Civil.
En tal orden, destacó un precedente de tutela que resolvió una situación similar, como la del 2 de marzo de 2015, Radicado 00115, que expuso que incluso en menores de edad la tempestividad de la acción no tiene excepción, así mismo explicó la caducidad de los efectos patrimoniales al reiterar la providencia CSJ SC, 9 mayo de 2014, Radicado 1990-00659-01 y relievó que el inciso 4º del artículo 7º de la Ley 45 de 1936, modificado por el 10 de la Ley 75 de 1968, fue declarado exequible en Sentencia 122 de octubre 3 de 1991, de esa Corporación, a su vez ratificada por la Corte Constitucional al declarar la cosa juzgada constitucional en la decisión C-009 de 2001 (fls. 48 a 61).
La parte actora manifestó que se le desconocieron las garantías superiores invocadas en la tutela. Agregó que las autoridades accionadas no tuvieron en cuenta el contrato de transacción celebrado el 31 de marzo de 2004 entre su madre y las representantes legales de L. F. C. V. y L. V., J. y L. F. C. B., en el que “me reconocen efectos patrimoniales de la herencia que dejara mi presunto padre L. O. C. M.”, ni el “acuerdo de reconocimiento de pago (…) de los derechos herenciales que le pudieran corresponder a mi presunto padre (…) de la herencia de (…) [su mamá] D. del C. M. C.” que posteriormente celebró su progenitora con S. E. B. P. en nombre de las demandadas, así como el suscrito “en el mes de octubre de 2013 (…) donde en primer lugar se establece que no se ha dado cumplimiento” al anterior; que los documentos que acreditan tales hechos fueron aportados por los demandados al contestar la demanda, de manera que los jueces debieron darle el mérito correspondiente, “como quiera que los acuerdos patrimoniales en derecho privado, no constituyen violación de una norma de derecho público como lo es el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, en la medida en que no contraviene lo dispuesto por el artículo 4º del Código de Procedimiento Civil”.
En su criterio, dicha transacción hace tránsito a cosa juzgada, “no frente a la vocación de heredero de mi parte sino frente al derecho real de herencia que, por circunstancias dentro de la autonomía de la voluntad privada, afecta no el orden público sino precisamente aquellos derechos de que las partes pueden disponer con total libertad”.
Bajo esas circunstancias, aseguró que los propios demandados reconocieron sus derechos patrimoniales y que tales documentos interrumpieron el término de caducidad de la acción (fls. 69, 79 y 80).
En el asunto objeto de tutela, el accionante esgrimió en el escrito inicial que las autoridades judiciales accionadas quebrantaron su derecho fundamental al debido proceso, pues no tuvieron en cuenta que era menor de edad cuando falleció su supuesto padre en el 2004 y por tanto no podía atribuírsele la consecuencia jurídica consignada en el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, por lo que el término de caducidad que tal norma consagra debió iniciar cuando cumplió la mayoría de edad.
Como se dijo en los antecedentes, la Sala de Casación Civil consideró que las providencias de los juzgadores accionados fueron razonables, aspecto que el impugnante reprocha de manera general, al asegurar que le desconocieron los derechos constitucionales invocados.
Revisada la providencia dictada el 13 de mayo de 2015 por el Juzgado 1º Promiscuo de Familia, que declaró probada la excepción de caducidad de la acción interpuesta por la parte demandada en el proceso de filiación y petición de herencia materia de discusión, a su vez confirmada por el Tribunal Superior de Yopal, estima esta Sala, contrario a lo señalado por la homóloga Civil, que tal proveído quebrantó las garantías superiores del accionante, dado que la fundamentación allí expuesta y calificada como razonable en primera instancia constitucional, en realidad no se ajustó a lo que genuinamente se extrae de los postulados de la Carta Política, incluso, como se verá adelante, los precedentes constitucionales en los que apoyaron su aserto fueron erróneamente interpretados, pues de las consideraciones plasmadas, aunque no aplicaban concretamente al caso, en todo caso inferían la salvaguarda de sujetos de especial protección, lo que al no ser advertido por los juzgadores constituye una flagrante violación de la ley fundamental.
En efecto, para brindar solución al problema jurídico precisado, el Juzgado señaló que “la jurisprudencia se ha encargado de decantar la diferencia entre la prescripción y la caducidad, precisando que la primera tiene que ver con el derecho, y la segunda con la acción”, figuras que aunque similares, “tienen aplicaciones y usos distintos, no se les puede juzgar con el mismo rasero, de suerte que la suspensión de la prescripción de que trata el artículo 2530 del C.C., invocada por el actor, a favor de los incapaces, como lo era él, por su minoridad, no se le puede aplicar a la caducidad, pues esta, a voces del artículo 90 del C. de P.C., no se suspende, sino, que no opera, cuando se presenta la demanda, dentro del término, y se notifica su admisión a la demandada, dentro del plazo procesal allí previsto”.
Bajo ese criterio, destacó que pese a que el contenido del artículo 10 de la Ley 75 de 1968 no era compartido por el actor, en todo caso “la misma ha sido demandada, en primer término, ante la Corte Suprema de Justicia, la cual mediante la sentencia C-122 del 3 de octubre de 1991, la declaró ajustada a la Carta de 1991. Dicha sentencia, fue confirmada posteriormente por la Corte Constitucional, la cual, en virtud de una nueva demanda, mediante la sentencia C-336 de 1999” declaró la cosa juzgada constitucional.
No obstante lo anterior, el operador jurídico pasó por alto que en la sentencia C-336 de 1999, los cargos de la acción pública no reprocharon la eventual transgresión constitucional que podía configurarse en contra de los menores de edad, como sería el caso de que falleciera el progenitor teniendo esa condición y no alcanzaran a formular la queja correspondiente que declarara los efectos patrimoniales derivados de la declaración de paternidad.
Leída cuidadosamente la referida sentencia, se observa que se estructuró en la violación de “los principios de igualdad y de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal pues, ‘establece una diferenciación entre las prerrogativas otorgadas a los hijos matrimoniales y adoptivos frente a las conferidas a los hijos extramatrimoniales no reconocidos en vida del presunto padre para notificar la demanda de filiación’”. Se argumentó en esa ocasión que “los hijos extramatrimoniales no reconocidos por el padre antes de su fallecimiento ‘sólo tienen la oportunidad procesal de notificar la demanda de filiación dentro del plazo perentorio de los dos años siguientes a la defunción del causante... quedando reducido el término de la acción de petición de herencia a estos dos mismos años, cuando las demás clases de hijos (matrimoniales y adoptivos) cuentan con la facultad legal de incoar la acción de petición de herencia en términos máximos de veinte o diez años, según tengan o no la posesión efectiva’”. Finalmente, se sostuvo que “la discriminación que riñe con la igualdad se da toda vez que los hijos que disputan la filiación después de fallecido el padre, sólo disponen de dos años para iniciar el proceso de filiación, cumplido el cual, sin que se haya notificado la respectiva demanda, pierden sus derechos herenciales”, mientras que “los demás hijos cuentan con el término de caducidad de la acción de petición de herencia para reclamar sus derechos sobre los bienes sucesorales, término que suele ser diez o veinte años, según que se tenga o no posesión efectiva de los bienes objeto de la misma”.
De lo reproducido deviene diáfano que el problema jurídico constitucional fue la presunta desigualdad de trato consagrada en la norma entre los hijos extramatrimoniales, matrimoniales y adoptivos, ante lo cual, la Corte Constitucional ratificó lo expuesto por la Sala de Casación Civil en las providencias del 7 de junio de 1983, cuando estudió la constitucionalidad de esa norma en virtud de la otrora vigente Carta de 1886, y la del 3 de octubre de 1991, en pleno rigor la proferida en 1991 y que por expresa regulación transitoria estuvo a su cargo el control de constitucionalidad de la referida disposición, todo lo cual, fue igualmente dejado a salvo en la decisión C-009 de 2001, que también desveló la cosa juzgada constitucional.
La demanda que originó la precitada sentencia del 7 de junio de 1983, tampoco puso sobre la mesa lo atinente al término de caducidad de la acción cuando se tratase de menores edad, pues en síntesis, se fundó “sobre el supuesto de que no se pueden cercenar derechos antes de ser otorgados”, es decir que los derechos patrimoniales derivados de un estado civil “en vía de ser constituido”, no pueden ser abolidos “antes de que su titular pudiera normalmente hacer uso de él”, pues “el estado civil adquirido constituye derechos y deberes, al adquirirse dicho estado, pero no antes de adquirirse éste, se pueden cercenar aquéllos”, o lo que es lo mismo, se “puede heredar no por el acto de la notificación, sino en base (sic) a la calidad la cual le da la declaración de ese estado”.
Dicho de otro modo, la tesis de aquél entonces consistió en que la sentencia que declaraba el estado civil de hijo del causante es constitutiva, pues creaba una situación jurídica distinta a la que ostentaba antes de la providencia, de allí que el término de caducidad no podía iniciar con anterioridad a ese proveído.
Para resolver esos cuestionamientos, la Corte determinó ajustada a la Constitución el supuesto según el cual “la sentencia declarativa de la paternidad en los casos anteriores solamente producirá efectos patrimoniales ‘cuando la demanda se notifique dentro de los dos años siguientes a la defunción’” y enfatizó que la caducidad afectaba exclusivamente los efectos patrimoniales.
Resulta bastante claro que esos precedentes no abarcaron casos tan excepcionales como el que aquí se discute, en el que un menor de edad no inició la investigación de la paternidad y petición de herencia dentro de los 2 años siguientes a la defunción del presunto progenitor, escenario fáctico constitucional que ameritaba un nuevo estudio en perspectiva ius fundamental, que ponderara los hechos que definieron el litigio con los mandatos superiores vigentes, especialmente el artículo 44, que consagra que “La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores”, y agrega que “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
Tal precepto es de una importancia capital, pues estipula que cualquier persona puede exigir ante la autoridad competente el cumplimiento de los derechos de los menores, supuesto que revela la debilidad del sujeto que protege la constitución, y en consecuencia, la excesiva carga que le impusieron los juzgadores a J. S. A. B., al extraer de la norma la obligación legal de que su representante debía pedir por vía judicial el reconocimiento de sus derechos, so pena de cargar con la extinción de los eventuales derechos patrimoniales heredables, por la configuración de la caducidad de la acción.
Además, vale resaltar que se tiene sentado de manera pacífica, que la sentencia que declara la paternidad no es constitutiva, pues el ordenamiento jurídico se limita a declarar la realidad material, es decir la calidad de hijo, que se presume tenerla, por simple naturaleza, desde que nació, y es por ello que en estricto sentido no se crea o “constituye” una nueva situación jurídica.
Con esa lógica y bajo la proposición constitucional de que “Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes”, si una persona por las condiciones externas de su nacimiento no ha logrado formalmente la declaración de paternidad, aun cuando la sentencia que así lo decida solo revelará la realidad material, resulta contrario a la Carta, por no decir más, atribuir la extinción de los eventuales derechos patrimoniales porque otra persona no adelantó el proceso correspondiente cuando era menor de edad, pero que al cumplir 18 años procura hacerlo en nombre propio, e incluso, en los términos tempestivos consagrados en la norma, para que tales efectos patrimoniales no desaparezcan.
Esa intención de hacer valer sus derechos civiles no puede ser obstaculizada por el ordenamiento jurídico, so pretexto de obtener una consecuencia jurídica absurda, derivada de una interpretación exegética de la norma que no atiende el contorno especial que subyace en el escenario fáctico concreto.
Precisa la Corte que no se trata en este específico evento de inaplicar el supuesto temporal consagrado en el artículo 10 de la Ley 75 de 1968, sino de brindar un alcance que se avenga a los mandatos constitucionales, como sería contabilizar la caducidad de la acción desde que el interesado cumplió la mayoría de edad.
Por lo demás, si se sujetara el caso a las consideraciones de la sentencia del 7 de junio de 1983, los juzgadores hubieran encontrado una solución afín con los preceptos superiores, pues allí se advirtió que “de conformidad con la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte, si la notificación no se realiza por causas no imputables a quien ha ejercido la acción de investigación de la paternidad, sino imputables a los funcionarios o la parte demandada, el tiempo de caducidad se suspende” (negrillas afuera del texto), de donde surge aún más notorio el defecto de la decisión cuestionada, que le imputaron al menor la omisión de ejercer en tiempo la demanda respectiva.
Por lo anterior, estima la Corte que el Tribunal debe estudiar nuevamente la excepción de caducidad de la acción, por lo que se revocará el fallo impugnado, y en su lugar, se amparará el derecho fundamental al debido proceso que le asiste a J. S. A. B.; en consecuencia, se dejará sin efecto la decisión proferida el 27 de julio de 2015 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, para que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva que se ajuste a lo aquí indicado.
Ahora bien, en cuanto al supuesto yerro cometido por el Tribunal al no tener en cuenta varios acuerdos que a su juicio plasman un reconocimiento por parte de las demandadas respecto de los derechos patrimoniales que le asisten, y que además interrumpen la caducidad de la acción, la Corte advierte que lo que realmente aspira el accionante es crear una nueva controversia judicial debido al resultado desfavorable obtenido en cuanto a la petición de herencia, pues revisada la documental, se advierte que en principio la delimitó al margen de tales convenios, a los que incluso se opuso al descorrer el traslado de las excepciones previas formuladas por la parte pasiva, pero que ahora estima convenientes y manifiesta que hacen tránsito a cosa juzgada.
Dicho de otro modo, el accionante pretende que en esta sede constitucional se declaren las consecuencias jurídicas que originan la suscripción de tales convenios, como una manera de obtener su ejecución a través de este mecanismo excepcional, lo que en realidad es abiertamente improcedente pues para tales efectos el legislador dispuso las competencias respectivas que no pueden ser sustituidas por el juez de tutela, al tenor de lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.
En los anteriores términos se revocará el fallo impugnado.
1. Revocar el fallo de tutela impugnado. En su lugar, Amparar el derecho fundamental al debido proceso que le asiste a J. S. A. B., y en consecuencia, Dejar sin efecto la decisión proferida el 27 de julio de 2015 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Yopal, para que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia, profiera una nueva que se ajuste a lo aquí indicado.
Magistrados. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, presidenta de Sala—Jorge Mauricio Burgos Ruiz—Rigoberto Echeverri Bueno—Gustavo Hernando López Algarra—Luis Gabriel Miranda Buelvas.

References: artículo 10
 artículo 10
 artículo 2530
 artículo 7
 artículo 10
 artículo 4
 artículo 10
 artículo 2530
 artículo 90
 artículo 10
 artículo 44
 artículo 10
 artículo 6