Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920078%20.html
Timestamp: 2019-11-22 05:45:08+00:00

Document:
as201920078
Auto Su premo: 78/2019
Expediente: CB-34-18-S
Partes: Willy Nery Benito Benito c/ Katia Lourdes Morales Rosales.
Proceso: Devolución de dineros.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 86 a 88 vta., interpuesto por Katia Lourdes Morales Rosales, representada por Lourdes Elizabeth Rosales Jiménez, contra el Auto de Vista de 12 de marzo de 2018, cursante de fs. 74 a 77 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso ordinario de devolución de dineros, seguido por Willy Nery Benito Benito contra la recurrente, la respuesta de fs. 92 y vta., el Auto de concesión del recurso de fs. 93, la admisión mediante el Auto Supremo Nº 557/2018-RA de 28 de junio de fs. 99 a 100 vta., y todo lo inherente;
1.- Víctor Gareca Peláez en representación de Willy Nery Benito Benito, planteó demanda de devolución de dineros de capital de anticrético y resarcimiento de daños y perjuicios mediante memorial de fs. 8 a 9 vta., subsanado de fs. 12, en contra de Katia Lourdes Morales Rosales, arguyendo la vigencia de un contrato de anticresis por la suma de $us. 5.000, consistente en dos habitaciones, cocina y baño en la ciudad de Cochabamba, por motivos de cambio de carrera de su hijo que se trasladó a la ciudad de Sucre. En ausencia del anticresista la propietaria allanó el domicilio, tirando los muebles y las cosas al patio, por lo que se pidió la devolución de los dineros del capital del contrato de anticresis. Pese a la insistencia a la demandada para la devolución del capital del anticrético no cumplió con sus promesas efectuadas.
Admitida la demanda se citó a la demandada, quien contestó a la misma e interpuso excepción de prescripción quinquenal conforme al art. 1492 del Código Civil y reconvino por extinción de contrato de anticresis por prescripción (fs. 25 a 27 vta.).
2.- La Juez Público Civil y Comercial Nº 22 de la ciudad de Cochabamba, pronunció Sentencia el 4 de noviembre de 2016, cursante de fs. 51 a 55, declarando Probada la demanda y dispuso que la demandada Katia Lourdes Morales Rosales en tercero día de ejecutoriada la Sentencia proceda a la devolución de capital anticrético en la suma de $us. 5.000, bajo conminatoria de subasta y remate de sus bienes embargados o por embargarse. Se condena en costas y costos a la demandada.
3.- Resolución de primera instancia que al ser apelada por la demandada Katia Lourdes Morales Rosales a través de su representante Lourdes Elizabeth Rosales Jiménez, mereció el Auto de Vista de 12 de marzo de 2018, que resolvió Confirmar totalmente la Sentencia apelada, sin costas ni costos, por no haber el apelado respondido al recurso.
El Tribunal Ad quem argumentó que conforme al acta no se determinó suspensión de la audiencia preliminar, sino que el juzgador se trasladó al inmueble, donde llevó a cabo la audiencia judicial, en dicho actuado no se advirtió irregularidad, menos vulneración del debido proceso ni congruencia en la audiencia preliminar.
Por otra, sostuvo que cuando se observa el diligenciamiento de la prueba en primera instancia, solo habilita al Tribunal de Alzada su consideración cuando haya merecido interposición del recurso de apelación en efecto diferido, tal como prevé el art. 260.III num. 3) del Código Procesal Civil, que al no constar tal presupuesto impide efectuar mayor consideración.
Conforme al art. 1429 del Código Civil, por el contrato de anticresis, el propietario se constituye en deudor del anticresista con la obligación de restituir el capital al vencimiento del plazo estipulado, libre de intereses que se compensan con los frutos civiles que genera el inmueble, por lo que habiéndose comprobado que el inmueble se halla en posesión de la propietaria, no así la devolución del capital del anticrético, la resolución apelada no merece mayor fundamentación
De las denuncias expuestas por la demandada Katia Lourdes Rosales Morales, se extrae de manera ordenada y en calidad de resumen, los siguientes:
1.- Acusó que una vez llevada la audiencia preliminar, el Juez ordenó la notificación de la parte demandada en su domicilio procesal, y el oficial de diligencias efectuó una representación al no lograr ubicar el domicilio. Este hecho no fue considerado por el vocal relator de conformidad a los arts. 73 al 88 del Código Procesal Civil y otros artículos relacionados con nulidad no fueron interpretados correctamente. Asimismo, incumplió el Juez A quo con la regla establecida en el art. 24 num. 2) de la Ley Nº 439, consistente en impulsar el proceso observando el trámite. Además se olvidaron de que las órdenes judiciales son de cumplimiento obligatorio, conforme indica el art. 9.I del Código Procesal Civil, existiendo una orden del juez que no se cumplió y se debió tomar en cuenta el art. 105.II parte in fine del citado adjetivo civil.
2.- Alegó que la inspección solicitada por la actora de acuerdo al criterio del vocal relator se admite la confesión provocada y la inspección de visu conforme preceptúa el art. 187.I de Código Procesal Civil, norma que no fue interpretada correctamente. Además que por proveído de 24 de octubre de 2016, el Juez incurre en error ya que señala día y hora para la audiencia y no cumple en describir el objeto como señala el art. 187.II del citado adjetivo civil, vulnerando la norma y el debido proceso cuando la ley señala que de oficio los operadores judiciales tienen la obligación de revisar, como determinó el Auto Supremo Nº 212/2014 de 9 de mayo.
1.- Denunció la vulneración al debido proceso contenido en el art. 4 del Código Procesal Civil, ya que la incongruencia se presenta entre lo resuelto por el Vocal, este no advirtió la incongruencia entre la Sentencia y la inspección judicial, sosteniendo que la inspección fue realizada luego de haberse dictado la parte resolutiva de la Sentencia. Estos hechos afectan al debido proceso conforme el Auto Supremo Nº 1004/2015, si se encuentra dictada la parte resolutiva, cuál sería el efecto o la valoración de la prueba cuando el proceso ya fue concluido, por lo que se infringieron los arts. 115.II de la Constitución Política del Estado y 4 de la Ley Nº 439.
Solicita anular o casar el Auto de Vista recurrido.
Respuesta del demandante Víctor Gareca Peláez en representación de Willy Nery Benito Benito.
El demandante refiere que el recurso planteado es dilatorio, que retrasa la ejecución de la Sentencia, ya que han fundamentado, analizado y han confirmado la Sentencia de 4 de noviembre de 2016 en su totalidad interpretando las normas procesales. Por lo que solicita rechazar el recurso de casación por ser malicioso y sea con las formalidades de ley.
III.1. Sobre el debido proceso.
Al respecto el Auto Supremo Nº 1004/2016 de 25 de agosto, determinó lo siguiente:
“El debido proceso previsto en el art. 115.II de CPE, ha sido entendido por el Tribunal Constitucional, en la SC 2798/2010-R de 10 de diciembre, como: “…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos” (las negrillas añadidas).
La SC 0486/2010-R de 5 de julio, estableció que: “La naturaleza de aplicación y ejercicio del debido proceso, es parte inherente a la actividad procesal, tanto judicial como administrativa, pues nuestra Ley Fundamental instituye al debido proceso como:
1) Derecho fundamental: Para proteger al ciudadano de los posibles abusos de las autoridades, originadas no sólo en actuaciones u omisiones procesales, sino también en las decisiones que adopten a través de las distintas resoluciones dictadas para dirimir situaciones jurídicas o administrativas y que afecten derechos fundamentales, constituyéndose en el instrumento de sujeción de las autoridades a las reglas establecidas por el ordenamiento jurídico.
2) Garantía jurisdiccional: Asimismo, constituye una garantía al ser un medio de protección de otros derechos fundamentales que se encuentran contenidos como elementos del debido proceso; como la motivación de las resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, de recurrir, entre otras, y que se aplican a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, constituyendo las distintas garantías jurisdiccionales inherentes al debido proceso, normas rectoras a las cuales deben sujetarse las autoridades pero también las partes intervinientes en el proceso, en aplicación y resguardo del principio de igualdad” (negrillas agregadas).
De lo glosado es posible extraer que el debido proceso se encuentra integrado por varios elementos que lo configuran; entre ellos, la pertinencia, la congruencia, la motivación y la valoración de la prueba en las resoluciones; pues aunque esta última no se encuentra expresamente señalada en la jurisprudencia glosada precedentemente, sin embargo, en los instrumentos internacionales como en la doctrina constitucional ha sido ampliamente desarrollada. Elementos que sin duda constituyen presupuestos propios de las reglas de un debido proceso”.
Hizo referencia a la SC 0758/2010-R de 2 de agosto donde se expuso lo siguiente:
“La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió. Al contrario, cuando aquella motivación no existe y se emite únicamente la conclusión a la que se ha arribado, son razonables las dudas del justiciable en sentido de que los hechos no fueron juzgados conforme a los principios y valores supremos, vale decir, no se le convence que ha actuado con apego a la justicia, por lo mismo se le abren los canales que la Ley Fundamental le otorga para que en búsqueda de la justicia, acuda a este Tribunal como contralor de la misma, a fin de que dentro del proceso se observen sus derechos y garantías fundamentales, y así pueda obtener una resolución que ordene la restitución de dichos derechos y garantías…”.
1.- Con relación a que una vez llevada la audiencia preliminar, el Juez ordenó la notificación de la parte demandada en su domicilio procesal, y el oficial de diligencias efectuó una representación al no lograr ubicar el domicilio. Este hecho no fue considerado por el vocal relator de conformidad a los arts. 73 al 88 del Código Procesal Civil y otros artículos relacionados con nulidad no fueron interpretados correctamente. Asimismo, incumpliendo el Juez A quo con la regla establecida en el art. 24 num. 2) de la Ley Nº 439, consistente en impulsar el proceso observando el trámite. Además se olvidaron que las órdenes judiciales son de cumplimiento obligatorio, conforme indica el art. 9.I del Código Procesal Civil, existiendo una orden del Juez que no se cumplió y se debió tomar en cuenta el art. 105.II parte in fine del citado adjetivo civil.
Corresponde señalar que de acuerdo a la revisión de los actuados, se tiene el acta de audiencia preliminar de 20 de octubre de 2016 cursante a fs. 41, en el cual se suspendió la audiencia por inconcurrencia de la parte demandada, y se procedió a señalar otra audiencia para el 4 de noviembre de 2016, ordenando que se notifique a la parte demandada en su domicilio procesal para su cumplimiento.
A fs. 41 vta., se cuenta con la notificación en tablero a la parte demandada el 21 de octubre de 2016 y a fs. 42, en esa misma fecha señalada se tiene la representación del oficial de diligencias informando que no se efectuó la notificación en su domicilio procesal al demandado debido a que no se pudo encontrar el mismo por la construcción de un nuevo edificio.
En cuanto a las notificaciones el art. 82.I del Código de Procesal Civil, señala como regla general que: “Después de las citaciones con la demanda, las actuaciones judiciales en todas las instancias y fases del proceso deberán ser inmediatamente notificadas a las partes en secretaría del juzgado”. Asimismo el citado código impone la carga procesal de asistencia obligatoria a la secretaría del juzgado por las partes y los abogados que actúen en el proceso para su notificación conforme señala el art. 84.I y II del adjetivo procesal civil.
En ese sentido se tiene el informe del oficial de diligencias (fs. 42) que indica que no pudo encontrar el domicilio procesal de la demandada, sin embargo se tiene la notificación efectuada en la misma fecha en el tablero del juzgado (fs. 41 vta.), cumpliendo conforme a ley con la notificación respectiva para la audiencia preliminar del 4 de noviembre de 2016. Por lo que se deduce que en cumplimento de la orden emanada de la Juez se procedió a la notificación, empero sin concretar dicha comunicación dispuesta por la Juez, se efectuó el actuado de notificación por tablero del juzgado el 21 de octubre de 2016, en cumplimiento del art. 82.I del Código Procesal Civil.
Ante dicha situación no se ha generado indefensión debido a que las partes tienen la obligación de asistir a estrados judiciales a efectos de su notificación con los actuados desarrollados en el proceso teniendo el carácter imperativo para su cumplimiento.
Por lo que, con relación a la notificación de la audiencia preliminar el Auto de Vista recurrido en su parte más resaltante señala lo siguiente: “resulta válida, (…) sin que el incumplimiento con la orden de notificación en domicilio procesal la demandante, puede invalidar dicha diligencia comunicacional realizada en estrados y el hecho de que la A quo, por celo funcionario dispuesto su notificación en domicilio procesal, no es causal de nulidad, si no pudo ser ubicado al existir erigido en el lugar nueva construcción…”. Análisis efectuado conforme a la regla general establecida por el Código Procesal Civil, sin violación del debido proceso.
No existe sustento suficiente como para declarar la nulidad de la notificación dada la obligación imperativa de las partes de asistir a los estrados judiciales a efectos de su notificación, ya que no se provocó indefensión alguna por lo que la recurrente –demandada tuvo tiempo suficiente desde el 20 de octubre de 2016 al 4 de noviembre del mismo año, para cumplir con la obligación de asistir a la audiencia y además no cumplió la demandada en justificar su inasistencia dentro de los tres días de conformidad al art. 365.II del Código Procesal Civil.
Por otra, la demandada en la presente causa se apersonó al momento de contestar la demanda y señaló su domicilio procesal, por lo que no se puede alegar indefensión, no estando su reclamo dentro de los parámetros establecidos dentro del Auto Supremo Nº 804/2015 que trata de un caso de falta de notificación con la Sentencia dentro de la vigencia del Código de Procedimiento Civil abrogado y en referencia al Auto Supremo Nº 386/2016 de 19 de abril, no se encuentra vicio procesal de acuerdo al análisis efectuado por lo que no procede la nulidad de oficio.
En ese sentido, el reclamo del recurrente no tiene asidero legal ya que se lo hizo en el marco del cumplimiento de los arts. 9.I y 24 num. 2) del Código Procesal Civil y no se advierte vulneración al debido proceso con relación a la notificación efectuada a la demandada con el acta de audiencia preliminar.
2.- Con referencia a la inspección solicitada por la actora de acuerdo al criterio del vocal relator se admite la confesión provocada y la inspección de visu conforme preceptúa el art. 187.I de Código Procesal Civil, norma que no fue interpretada correctamente. Además que por proveído de 24 de octubre de 2016 la Juez incurre en error, ya que señala día y hora para la audiencia y no cumple con el art. 187.II del citado adjetivo civil, vulnerando la norma y el debido proceso cuando la ley señala que de oficio los operadores judiciales tienen la obligación de revisar, como determinó el Auto Supremo Nº 212/2014 de 9 de mayo.
Al respecto corresponde señalar que por memorial de fs. 43, el demandante solicita señalar día y hora de audiencia de confesión provocada e inspección de visu y por providencia de 24 de octubre de 2016, se señala para el 4 de noviembre del mismo año a Hrs. 9:00 (fs. 44), dicha resolución fue notificada a la parte demandada en secretaría del juzgado. Cumplidas las formalidades de las notificaciones a las partes la audiencia preliminar se desarrolla el 4 de noviembre de 2016, sin la concurrencia de la demandada, en dicho actuado se produjeron la confesión provocada y la inspección de visu (fs. 47 y vta.).
En cuanto al incumplimiento del art. 187.I del Código Procesal Civil, el citado precepto establece que el Juez se encuentra facultado a anticipar diligencias probatorias (inspección de visu) de oficio o a petición de parte, la norma en análisis tiene carácter potestativo, y no imperativo, y en el caso de autos la Juez llevó a cabo la inspección en la audiencia preliminar programada, no significando una interpretación incorrecta, ya que es una facultad de la autoridad jurisdiccional efectuar la inspección judicial antes o durante la audiencia preliminar.
Se concluye que se han cumplido con los presupuestos establecidos como son: el objeto, el lugar, fecha y hora, conforme con el art. 187.II de la Ley Nº 439, máxime si la demandada tuvo la oportunidad de plantear reposición a la providencia de 24 de octubre de 2016, ya que fue notificada en secretaría el 27 de octubre de 2016, no haciendo efectivo su reclamo en el momento oportuno de acuerdo a lo establecido en los arts. 253 y 254 del Código Procesal Civil, dejando la recurrente precluir su derecho a impugnar.
De acuerdo al desarrollo de la audiencia preliminar, conforme a fs. 46, se establece que la inspección de visu consta en acta cursante a fs. 47, siendo errónea la apreciación de la recurrente al señalar que la audiencia de inspección judicial se haya producido después de haberse dictado la Sentencia. Todos los actos efectuados de manera secuencial se han detallado en el acta de audiencia preliminar cursante de fs. 45 a 46 de obrados.
En cuanto a los Autos Supremos Nros. 595/2016 y 212/2014 de 9 de mayo, los mismos refieren diferenciar las nulidades tipificadas y las virtuales, y la consideración de los principios de trascendencia, convalidación, conservación, entre otros, y en el caso de autos no se aplicó la nulidad de oficio, no teniendo por ello similitud con el presente proceso, y en cuanto a la audiencia de inspección de visu y su correspondiente acta, no se advirtió la vulneración del derecho a la defensa y no siendo aplicable las determinaciones asumidas en los Autos Supremos mencionados.
En conclusión se ha establecido que se ha obrado conforme señala el art. 178 del Código Procesal Civil, no hallando errónea interpretación ni la aplicación indebida en la presente causa, por lo que no es factible anular el Auto de Vista recurrido.
1.- En cuanto a la vulneración al debido proceso contenido en el art. 4 del Código Procesal Civil, ya que la incongruencia se presenta entre lo resuelto por el Vocal, este no advirtió la incongruencia entre la Sentencia y la inspección judicial. Estos hechos afectan al debido proceso conforme el Auto Supremo Nº 1004/2015, si se encuentra dictada la parte resolutiva, en la que cuestiona cuál sería el efecto o la valoración de la prueba cuando el proceso ya fue concluido, por lo que se infringieron los arts. 115.II de la Constitución Política del Estado y 4 de la Ley Nº 439.
Con relación a la vulneración del debido proceso conforme se tiene establecido en el art. 4 del Código Procesal Civil, y haciendo hincapié el recurrente respecto a la incongruencia entre lo considerado y lo resuelto en el Auto de Vista recurrido, concierne señalar que de acuerdo a la revisión de los actuados sobre la audiencia judicial tal como se hizo referencia precedentemente, se ha consignado que la audiencia de inspección judicial se llevó a cabo dentro del desarrollo de la audiencia preliminar, ya que el art. 187.I del Código Procesal Civil, otorga al Juez la posibilidad de la realización de la audiencia de inspección de visu antes o durante el desarrollo de la audiencia preliminar, como consta en el acta de audiencia preliminar tercer párrafo de fs. 46, la que fue valorada en Sentencia.
En ese contexto el Auto de Vista recurrido indica que ante la ausencia injustificada de la parte demandada se procedió según establece el art. 365.III del Código Procesal Civil, a dictar Sentencia de inmediato, por lo que no se advierte vulneración al debido proceso, ni icongruencia en la resolución, siendo equívoca la denuncia efectuada por la recurrente ya que se han cumplido con los pasos establecidos para llegar a la decisión, por consiguiente no procede la nulidad pretendida por la demandada.
En relación al Auto Supremo Nº 1004/2016 que se refiere al debido proceso en cuanto a la congruencia y la valoración de la prueba en las resoluciones, como se ha señalado el Auto de Vista recurrido no ha incurrido en dicha vulneración, estando dentro de los parámetros establecidos en el art. 4 del Código Procesal Civil y el art. 115.II de la Constitución Política del Estado.
En cuanto a los argumentos de la respuesta al recurso de casación debe estarse a lo anteriormente expuesto en el presente Auto Supremo.
Por lo manifestado, corresponde a este Tribunal emitir fallo en la forma prevista por el art. 220.II del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 86 a 88 vta., interpuesto por Lourdes Elizabeth Rosales Jiménez en representación de Katia Lourdes Rosales Morales contra el Auto de Vista de 12 de marzo de 2018, cursante de fs. 74 a 77 vta., pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas y costos.
Se regula honorario profesional al abogado que respondió al recurso en la suma de Bs. 1.000.-

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