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Timestamp: 2018-08-18 22:01:03+00:00

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﻿ SENTENCIA C-781 DE AGOSTO 18 DE 2004
SENTENCIA C-781 DE 18 DE AGOSTO DE 2004
CONTENIDO:TRATADOS INTERNACIONALES. SE DECLARA INEXEQUIBLE LA LEY 871 DE DICIEMBRE 30 DE 2003, POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL ACUERDO ENTRE ECUADOR Y COLOMBIA SOBRE PESCA ARTESANAL, FIRMADO EN LA CIUDAD DE POPAYÁN A LOS 13 DÍAS DE MAYO 1994.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRATADO INTERNACIONAL, VALIDEZ DEL TRATADO INTERNACIONAL, PESCA ARTESANAL
Sentencia C-781 de agosto 18 de 2004
Sentencia C-781 de 2004
Ref.: Expediente LAT-257
Revisión de la Ley 871 de diciembre 30 de 2003, “por medio de la cual se aprueba “el Acuerdo entre Ecuador y Colombia sobre Pesca Artesanal, firmado en la ciudad de Popayán a los trece (13) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, 1994”.
El texto de la ley aprobatoria y del tratado que son objeto de revisión, según la publicación efectuada en el Diario Oficial año CXXXIX. Nº 45.418, 2 enero 2004. Página 7, es el siguiente.
“LEY 871 DE 2003
PROYECTO DE LEY NÚMERO 207 DE 2003 SENADO
“Acuerdo entre Ecuador y Colombia sobre Pesca Artesanal
6. Que se deben elevar las condiciones socioeconómicas y nutricionales de las comunidades pesqueras artesanales de la región, mediante la planificación y ejecución de proyectos binacionales; y
ART. 2º—Adoptar regulaciones binacionales, sobre la base de las investigaciones científicas y la evaluación de los recursos pesqueros, para racionalizar la pesca artesanal y para garantizar la sustentabilidad de estos recursos y de los ecosistemas de influencias.
ART. 5º—Fomentar sobre la base de organización de pescadores artesanales, la creación de empresas binacionales destinadas a la captura, acopio, procesamiento y comercialización de los productos de la pesca.
ART. 6º—Realizar censos binacionales de pescadores artesanales que incorpore la información social, económica y técnica necesaria que permita el diagnóstico y la planificación de programas de asistencia y cooperación.
ART. 10.—Convenir acciones binacionales de vigilancia y control para el debido respeto y observancia de los períodos de veda.
15.3. Hacer el seguimiento de los programas binacionales en ejecución y de los mecanismos de protección, vigilancia y control de las actividades pesqueras y acuícolas.
El Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, Diego Paredes Peña.
La Ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Noemí Sanín de Rubio”.
ART. 1º—Apruébase el Acuerdo entre Ecuador y Colombia sobre Pesca Artesanal, firmado en la ciudad de Popayán, a los trece (13) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el Acuerdo entre Ecuador y Colombia sobre Pesca Artesanal, firmado en la ciudad de Popayán, a los trece (13) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
La Ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Barco.
En nombre del Gobierno Nacional y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 150 numeral 16 y 189 numeral 2º de la Constitución Política de la República de Colombia, tengo el honor de someter a su consideración el proyecto de ley por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre Ecuador y Colombia sobre Pesca Artesanal, firmado en la ciudad de Popayán, a los trece (13) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
El litoral Pacífico colombiano cuenta con 1.392 kilómetros de longitud y está conformado por un territorio que equivale al 6.2% de la superficie del país. Los principales centros poblacionales son los puertos de Buenaventura, Tumaco, Guapí y Bahía Solano; los otros, son pequeños asentamientos diseminados a lo largo de la costa y caracterizados por ausencia de una adecuada infraestructura, en especial vías carreteables y energía eléctrica, lo cual ha apartado sensiblemente esta zona de cualquier desarrollo tradicional.
Hacia 1994 se estimó que entre el sur del departamento del Chocó y el norte del Cauca, existía un total de 5.067 pescadores pertenecientes a 81 comunidades, de los cuales 2.150 se asientan en 32 comunidades del Valle del Cauca. A pesar de las diferencias socio-culturales de las distintas comunidades, existen artes y métodos de pesca en común que permiten orientar sus actividades, especialmente hacia la captura del camarón de aguas someras y la pesca blanca, sin desconocer el ejercicio de extracción de jaiba, piangüa e incluso camarón de río.
El mecanismo que permitirá el desarrollo de este proceso es el Convenio de pesca artesanal de 1994, en el cual se pueden enmarcar promesas orientadas al desarrollo de la actividad para las comunidades de pescadores artesanales, los agentes involucrados en ella y el marco de políticas gubernamentales en que se desenvuelve y lograr un flujo adecuado de información, que permita potenciar los recursos disponibles, construir conocimiento para el desarrollo del subsector y aprovechar la tecnología generada para la región. Este conocimiento construido colectivamente, con el aporte de todos los componentes, deberá convertirse en el principal insumo para la toma de decisiones para el desarrollo de las comunidades de pescadores, el aprovechamiento y la sostenibilidad de los recursos pesqueros en los dos países.
ART. 1º— Apruébase el Acuerdo entre Ecuador y Colombia sobre Pesca Artesanal, firmado en la ciudad de Popayán, a los trece (13) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
El Viceministro de Asuntos Políticos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de las funciones del despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores, Jaime Girón Duarte.
El Viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural, encargado de las funciones del despacho del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Lucas Restrepo Ibiza.
De conformidad con lo establecido en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política, corresponde a la Corte el examen de la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos. Según la Sentencia C-468 de 1997 (1) , las características de dicho control son las siguientes:
“Este control constitucional de los tratados internacionales se caracteriza porque es previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; es automático, por cuanto no está supeditado a la presentación en debida forma de una acción ciudadana sino que la ley debe ser enviada directamente por el Presidente de la República dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; es integral, en la medida en que la Corte debe analizar el aspecto formal y material de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; tiene fuerza de cosa juzgada, pues la Corte debe “decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueban” (C.N., art. 241-10), lo que excluye la revisión posterior por vía de acción pública de inconstitucionalidad; y, finalmente, es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo, esto es, para que el respectivo convenio pueda surgir como acto jurídico en el ámbito internacional”.
Ese control de constitucionalidad tiene también una función preventiva (2) , pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano. De ahí que sea automático y general, puesto que se predica de todas las leyes aprobatorias de tratados adoptadas por el Congreso, sin necesidad de demanda ciudadana.
2. La revisión formal del Acuerdo entre Ecuador y Colombia sobre Pesca Artesanal, firmado en la ciudad de Popayán a los trece (13) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, 1994.
La Ley 871 de 2003, “por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre Ecuador y Colombia sobre Pesca Artesanal, firmado en la ciudad de Popayán a los trece (13) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, (1994), fue remitida a esta corporación por el secretario jurídico del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el día 13 de enero de 2004, es decir por fuera del término de los seis días que prevé el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política, por cuanto la ley fue sancionada el día 30 de diciembre de 2003.
Según el artículo 241 superior, a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política, en los estrictos y precisos términos de esa norma. En ejercicio de esa función, la corporación debe decidir definitivamente acerca de la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben, según lo prevé el numeral 10 de la citada disposición. Con el fin de cumplir este objetivo, el estatuto superior obliga al ejecutivo a remitirlos dentro de los seis días siguientes a su sanción. Así lo señaló esta corporación en la Sentencia C-059 de 1994 (5) :
2.2. Negociación y suscripción del acuerdo.
La Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha señalado que el deber constitucional de revisar los tratados internacionales, así como las leyes que los aprueben, incluye el examen de las facultades del ejecutivo respecto de la negociación y firma del instrumento internacional respectivo. En el caso bajo estudio, la negociación y suscripción Acuerdo entre Ecuador Colombia sobre Pesca Artesanal, estuvo a cargo de la Ministra de Relaciones Exteriores Noemí Sanín de Rubio, por lo que, de conformidad con lo que establece el artículo 7º de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (6) , no era necesario que se le otorgaran plenos poderes, dado que la celebración de tratados se encontraba dentro de sus funciones ordinarias.
El 5 de marzo de 2002, el Presidente de la República dio su aprobación ejecutiva y ordenó someter a la consideración del Congreso de la República el “Acuerdo entre Ecuador y Colombia sobre Pesca Artesanal, firmado en la ciudad de Popayán a los trece (13) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, 1994”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 189, numeral 2º, de la Constitución. El decreto correspondiente fue suscrito también por el Ministro de Relaciones Exteriores (7) .
De conformidad con la documentación que obra en el expediente, el proyecto de ley fue presentado al Senado de la República por el Gobierno Nacional, a través de los ministros de Relaciones Exteriores y de Agricultura y Desarrollo Rural, Carolina Barco y Carlos Gustavo Cano Sanz, respectivamente, el día 7 de mayo de 2003. El texto original junto y la exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso Nº 196, del 12 de mayo de 2003, cumpliéndose así con los requisitos previstos en los artículos 154 y 157, numeral 1º de la Carta.
El Proyecto de Ley 207 de 2003, Senado, 109 de 2003, Cámara agotó el siguiente trámite en el Congreso de la República:
— La ponencia para el primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República fue presentada por el senador José Consuegra Bolívar, según consta en la Gaceta del Congreso Nº 270 del 11 de junio de 2003. También se entregó copia de la ponencia para primer debate el 12 de junio de 2003 (8) .
— Su inclusión en el orden del día del 18 de junio de 2003 fue leída en la sesión de la Comisión Segunda del Senado del 17 de junio de 2003, según consta en el Acta 27 de 2003, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 474 de 2003.
— El Proyecto de Ley 207 de 2003 del Senado fue aprobado en primer debate en la Comisión Segunda del Senado el día 18 de junio de 2003, con una mayoría de 11 de los 13 senadores que componen esa célula legislativa, según consta en el Acta 29 del 18 de junio de 2003 (9) .
— La ponencia del Proyecto de Ley 207 de 2003 del Senado para segundo debate en plenaria fue presentada por José Consuegra Bolívar y aparece publicada en la Gaceta del Congreso Nº 309 de 2003.
— El Proyecto de Ley 207 de 2003, fue incluido en el orden del día de 9 de septiembre de 2003, según consta en la Gaceta del Congreso Nº 532 de 2003.
—El Proyecto de Ley 207 de 2003 del Senado fue aprobado el día martes 9 de septiembre de 2003 con mayoría de 96 de los 102 senadores que componen esa Cámara y con el lleno de los requisitos constitucionales y legales según consta en la certificación expedida por el secretario general del Senado de la República (10) y en la Gaceta del Congreso Nº 532 de 2003.
— En la Cámara de Representantes, el proyecto fue radicado con el número 109. La ponencia para primer debate fue presentada por el representante Guillermo Rivera Flórez y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 538 de 2003.
— Su inclusión en el orden del día del 9 de septiembre de 2003 fue leída en la sesión de la Comisión Segunda del Senado del 25 de noviembre de 2003, según consta en el Acta 13 de 2003, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 185 de 2004.
— El Proyecto de Ley 109 de 2003 Cámara, 207 de 2003 Senado fue aprobado en primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara el 26 de noviembre de 2003, con la asistencia de 7 de los 19 representantes que conforman la comisión, según consta en la certificación expedida por el secretario general de dicha comisión” (11) .
— La ponencia para segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes fue presentada por el representante Guillermo Rivera Flórez y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 651 de 2003 (12) .
— El Proyecto de Ley 109 de 2003 Cámara, 207 de 2003 Senado, fue incluido en el orden del día de 10 de diciembre de 2003, según consta en la Gaceta del Congreso Nº 37 de 2004 (13) .
— El Proyecto de Ley 109 de 2003-Cámara, 207 de 2003 Senado fue aprobado en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, el día 10 de diciembre de 2003 por mayoría de los 145 representantes presentes, según consta en la certificación expedida por el secretario general de la Cámara de Representantes (e) del 18 de febrero de 2004 (14) .
— El proyecto fue sancionado por el Presidente de la República el día 30 de diciembre de 2003 (15) .
En el caso objeto de estudio, según la certificación del secretario general de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes (16) , el proyecto fue aprobado por unanimidad por “siete de diecisiete” miembros que componen dicha célula. Según la Ley 3ª de 1992, la Comisión Segunda de la Cámara está integrada por 19 representantes. Ello implica que para votar el proyecto se requería un quórum decisorio de por lo menos 10 representantes. El secretario dice que dicha comisión esta compuesta de 17 miembros, con lo cual se requería un quórum decisorio superior a los votos certificados por el propio secretario. Por lo tanto, en cualquier caso, al haberse votado por un número inferior de representantes (7, según la certificación), se desconoció el artículo 145 de la Carta. Por lo anterior, es inexequible la Ley 871 de 2003.
Lo anterior no obsta para que el gobierno, si lo estima conveniente, decida presentar un nuevo proyecto de ley mediante el cual se apruebe “el Acuerdo entre Ecuador y Colombia sobre pesca artesanal, firmado en la ciudad de Popayán a los trece (13) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, 1994”.
Declarar INEXEQUIBLE la Ley 871 de diciembre 30 de 2003, “por medio de la cual se aprueba “el Acuerdo entre Ecuador y Colombia sobre pesca artesanal, firmado en la ciudad de Popayán a los trece (13) días del mes de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, 1994”.
(1) Corte Constitucional, Sentencia C-468 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero. Esta doctrina ha sido ampliamente reiterada por esta corporación. Ver entre muchas otras, las sentencias C-378 de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara; C-682 de 1996, M.P. Fabio Morón Díaz; C-400 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-924 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(3) Según lo dispuesto en el artículo 204 del reglamento del Congreso, los proyectos de ley aprobatorios de tratados internacionales se tramitan por el procedimiento legislativo ordinario o común, con las especificidades establecidas en la Carta (sobre la iniciación del trámite de la ley en el Senado de la República, art. 154, C.N.) y en el reglamento sobre la posibilidad de presentar propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de tratados y convenios internacionales (L. 5ª/92, art. 217). En relación con esta posibilidad, en la Sentencia C-227 de 1993, M.P. Jorge Arango Mejía, la Corte señaló que durante el trámite de un proyecto de ley que aprueba el tratado, pueden presentarse propuestas de no aprobación, de aplazamiento o de reserva respecto de tratados y convenios internacionales.
(4) El artículo 19 de la Convención de 1969 sobre derecho de los tratados dice: “Un Estado podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de adherirse al mismo, a menos: a) que la reserva esté prohibida por el tratado; b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que se trata (...)”. En la práctica las soluciones convencionales son diversas: ciertos tratados prohíben cualquier tipo de reservas (como la Convención de Montego Bay de 1982 sobre el derecho del mar o las convenciones de Nueva York y Río de Janeiro sobre diversidad biológica y cambios climáticos); otros autorizan las reservas sobre ciertas disposiciones únicamente (p. ej. el art. 42 de la Convención sobre refugiados de 1951) y algunos excluyen ciertas categorías de reservas (como el art. 64 de la Convención europea de derechos humanos que prohíbe las reservas de carácter vago). De manera general, una reserva expresamente permitida por las cláusulas finales del tratado no requiere ser aprobada o aceptada por los demás Estados (convenciones de Viena de 1969 y 1986, art. 20, párr. I).
(5) Corte Constitucional, Sentencia C-059 de 1994, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, en donde la Corte examina las consecuencias de la mora de enviar la ley aprobatoria y el tratado para revisión de la Corte. En ese evento el Gobierno Nacional tardó casi un año en remitir la Ley 12 de 1992 para su revisión.
(7) Ver expediente, folio 8.
(8) Cfr. folio 52.
(9) Cfr. folios 54 a 158.
(10) Cfr. folio 180.
(11) Cfr. folio 30. En la certificación se dice que la votación fue por unanimidad de 7 de los 17 miembros de la comisión. Según la Ley 3ª de 1992, la Comisión Constitucional Permanente está compuesta por 19 miembros. Para la fecha en que se debatió y votó el Proyecto de Ley 207 de 2003, 109 Cámara, la elección de uno de los representantes había sido anulada por el Consejo de Estado.
(12) Cfr. folios 323-324.
(13) Cfr. folio 392.
(14) Cfr. folio 353.
(15) Cfr. folio 4.
(16) Cfr. folio 180. Gaceta Nº 185 de 2004.

References: artículo 1
 artículo 1
 artículo 241
 artículo 241
 artículo 241
 artículo 7
 artículo 189
 artículo 145
 artículo 204
 artículo 19