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Ley de Seguridad Ciudadana en el estado de México, nueva… | Espacio de Jaime
Ley de Seguridad Ciudadana en el estado de México, nueva…
25 Jul 2013 Deja un comentario
de jaime robles vázquez en LEYES QUE NOS RIGEN Y REGIRÁN... Etiquetas:al ciudadano
EL GOBERNANTE, DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS PUBLICA ESTA NUEVA LEY OJALA NO SEA UN ELEFANTE BLANCO:
ERUVIEL AVILA VILLEGAS, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed:
LA H. “LVII” LEGISLATURA DEL ESTADO DE MÉXICO DECRETA:
CAPÍTULO PRIMERO DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y SUS FINES
Artículo 1.- Esta Ley es de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio del Estado de México, y tiene por objeto:
I. Normar la distribución de competencias en materia de seguridad pública que realizan el Estado y los Municipios;
II. Establecer las bases de coordinación del Estado y los Municipios con la Federación, el Distrito
Federal, los estados y sus Municipios;
III. Integrar el Sistema Estatal de Seguridad Pública, que a su vez contribuirá con el Sistema
Nacional de Seguridad Pública;
IV. Desarrollar las bases mínimas a que deben sujetarse las Instituciones de Seguridad Pública; y
V. Contribuir a la construcción de las bases para una plena seguridad ciudadana.
Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo del Estado y los Municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, así como la investigación y la persecución de los delitos, la reinserción social del individuo y la sanción de las infracciones administrativas, en las competencias respectivas en términos de esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables.
Las acciones en el ejercicio de la función de seguridad pública tendrán como eje central a la persona humana y, por ende, contribuirán al establecimiento de la seguridad ciudadana, la cual tiene por objeto proteger a las personas; asegurar el ejercicio de su ciudadanía, sus libertades y derechos fundamentales; establecer espacios de participación social corresponsable y armónica; propiciar la solución pacífica de los conflictos interpersonales y sociales; fortalecer a las instituciones, y propiciar condiciones durables que permitan a los ciudadanos desarrollar sus capacidades, en un ambiente de paz y democracia.
Las referencias contenidas en esta Ley en materia de seguridad pública, deberán interpretarse de manera que contribuyan al objeto y fines de la seguridad ciudadana.
Artículo 3.- Las Instituciones de Seguridad Pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional y se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Federal. Deberán fomentar la participación ciudadana y rendir cuentas en términos de Ley y demás normas aplicables.
Artículo 4.- La función de seguridad pública se realizará, en los diversos ámbitos de competencia, por conducto de las Instituciones Policiales y de Procuración de Justicia, de los responsables de la prisión preventiva y ejecución de sentencias, de las autoridades competentes en materia de justicia para adolescentes, de las instancias encargadas de aplicar las infracciones administrativas, y de las demás autoridades que en razón de sus atribuciones deban contribuir directa o indirectamente al objeto de esta Ley.
Artículo 5.- El Sistema Estatal de Seguridad Pública contará para su funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la presente Ley, tendientes a cumplir los fines de la seguridad pública, y contribuir al buen funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
I. Centro: al Centro de Control de Confianza del Estado de México;
II. Constitución Estatal: a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México;
III. Constitución Federal: a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
IV. Carrera Ministerial: al Servicio Profesional de Carrera Ministerial;
V. Carrera Pericial: al Servicio Profesional de Carrera Pericial;
VI. Carrera Policial: al Servicio Profesional de Carrera Policial;
VII. Consejo Ciudadano: al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública;
VIII. Consejo Estatal: al Consejo Estatal de Seguridad Pública;
IX. Consejo Nacional: al Consejo Nacional de Seguridad Pública;
X. Consejos Intermunicipales: a los Consejos Intermunicipales de Seguridad Pública;
XI. Instituciones Policiales: a los cuerpos de policía, de vigilancia y custodia de los establecimientos penitenciarios, de detención preventiva y de centros de arraigos; y en general, todas las dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel estatal y municipal, que realicen funciones similares;
XII. Instituciones de Seguridad Pública: a las Instituciones Policiales, de Procuración de Justicia, del Sistema Penitenciario y dependencias encargadas de la seguridad pública a nivel estatal y municipal;
XIII. Ley: a la Ley de Seguridad del Estado de México;
XIV. Ley General: a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública;
XV. Procurador: al Procurador General de Justicia del Estado de México;
XVI. Procuraduría: a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México;
XVII. Programa Estatal: al Programa Estatal de Seguridad Pública;
XVIII. Secretaría: a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de México;
XIX. Secretario: al Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de México;
XX. Secretario Ejecutivo: al Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal;
XXI. Sistema Estatal: al Sistema Estatal de Seguridad Pública; y
XXII. Sistema Nacional: al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Artículo 7.- El Estado y los Municipios desarrollarán políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.
Artículo 8.- Conforme a las bases que establece el Artículo 21º. de la Constitución Federal, las
Instituciones de Seguridad Pública, deberán coordinarse con las instituciones de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los Municipios, en el ámbito de su competencia, en los términos de esta Ley, para cumplir con los fines de la seguridad pública.
Las instancias de los tres órdenes de gobierno, en un marco de respeto al ámbito competencial de cada uno, deberán coordinarse, según sea el caso, para:
I. Integrar los Sistemas Nacional y Estatal, y distribuir actividades específicas para el cumplimiento de sus objetivos y fines;
IV. Proponer, ejecutar y evaluar los programas nacionales y estatales de procuración de justicia, de seguridad pública y demás instrumentos programáticos en la materia previstos en otros ordenamientos jurídicos;
V. Regular los procedimientos de selección, ingreso, formación, actualización, capacitación, permanencia, evaluación, reconocimiento, certificación y registro de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública;
VI. Regular los sistemas disciplinarios, así como de reconocimientos, estímulos y recompensas;
VII. Determinar criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica de las Instituciones de Seguridad Pública;
VIII. Establecer y controlar los registros y bases de datos que integran a los Sistemas Nacional y
Estatal, en el ámbito de sus atribuciones;
IX. Realizar acciones y operativos conjuntos entre las Instituciones de Seguridad Pública;
X. Participar en la protección y vigilancia de las instalaciones estratégicas del Estado y del país en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables;
XI. Determinar la participación de la comunidad y de instituciones académicas en coadyuvancia con los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las Instituciones de Seguridad Pública, a través de mecanismos eficaces;
XII. Implementar mecanismos de evaluación en la aplicación de los fondos de ayuda federal para la seguridad pública;
XIII. Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos, sus familias y dependientes, e instrumentar los complementarios a éstos; y
XIV. Realizar las demás acciones que sean necesarias para incrementar la eficacia en el cumplimiento de los fines de la seguridad pública.
Artículo 9.- Los prestadores de servicios de seguridad privada y su personal, serán auxiliares de la función de seguridad pública, y coadyuvarán con las autoridades y las Instituciones de Seguridad Pública en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente.
Artículo 10.- Cuando las disposiciones de esta Ley comprendan materias y acciones que incidan en los diversos ámbitos de competencia del Estado y los Municipios, se aplicará lo previsto en la Ley General, en la presente Ley y, en su defecto, las resoluciones o los acuerdos se ejecutarán mediante lineamientos generales y específicos dictados por los Consejos Nacional o Estatal de Seguridad Pública.
Sólo en caso de no encontrarse regulada la materia o acción en la ley o en los lineamientos generales, las resoluciones o los acuerdos se ejecutarán mediante convenios generales y específicos entre las partes componentes del Sistema Estatal, que no deberán ser contrarios a los fines de éste. La Secretaría, el Secretariado Ejecutivo y las instancias municipales podrán celebrar convenios de colaboración y coordinación en los términos de esta Ley, en materia de seguridad pública.
DE LAS INSTALACIONES ESTRATÉGICAS
Artículo 11.- Se consideran instalaciones estratégicas, para efectos de esta Ley, a los espacios, inmuebles, construcciones, muebles, equipo y demás bienes, destinados al funcionamiento, mantenimiento y operación de las actividades consideradas como estratégicas por la constitución Federal, así como de aquellas que tiendan a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, en términos de la Ley de Seguridad Nacional.
Artículo 12.- Las Instituciones de Seguridad Pública coadyuvarán en la protección y desarrollo de las acciones necesarias para la vigilancia de las instalaciones estratégicas y para garantizar su integridad y operación, de conformidad con los acuerdos generales que para tal efecto expida el Ejecutivo Federal.
Artículo 13.- Las Instituciones de Seguridad Pública están obligadas a ejecutar los acuerdos del
Consejo Nacional, respecto al bloqueo de las señales de telefonía celular en las instalaciones de carácter estratégico para cumplir con los fines de la seguridad pública.
DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y SUS ATRIBUCIONES
CAPÍTULO PRIMERO DE LAS AUTORIDADES DEL ESTADO
Artículo 14.- Son autoridades estatales en materia de seguridad pública:
III. El Secretario de Seguridad Ciudadana;
IV. El Procurador General de Justicia; y
V. Los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública.
Dichas autoridades tendrán las atribuciones que se establecen en esta Ley y demás disposiciones aplicables.
CAPÍTULO SEGUNDO DEL GOBERNADOR DEL ESTADO
Artículo 15.- Son atribuciones del Gobernador del Estado:
I. Ejercer el mando de las Instituciones Policiales del Estado, por sí o por conducto del Secretario, en los términos de la Constitución Federal, la Constitución Estatal, esta Ley y demás disposiciones aplicables, a fin de salvaguardar la integridad física y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;
II. Ejercer el mando de las Instituciones Policiales de los Municipios, en casos de fuerza mayor o alteración grave del orden público;
III. Representar al Estado, ante el Consejo Nacional;
IV. Nombrar al Secretario;
V. Suscribir convenios de asunción de funciones en materia de seguridad pública con los Municipios, cuando éstos así lo requieran;
VI. Aplicar y vigilar el cumplimiento de esta Ley, reglamentos, convenios y demás disposiciones en materia de seguridad pública, por conducto de la dependencia competente;
VII. Establecer las instancias de coordinación en el Estado, para la integración y funcionamiento del Sistema Nacional;
VIII. Promover la participación de la comunidad, para estimular propuestas de solución a los problemas de seguridad pública, directamente o por conducto de los servidores públicos en quienes delegue esta función;
IX. Expedir los reglamentos y disposiciones administrativas, relativos a la seguridad pública;
X. Establecer de forma coordinada, por conducto de la Procuraduría y la Secretaría, el Sistema
Estatal, a través de los mecanismos que para tal efecto se acuerden;
XI. Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública estatales, sus familias y dependientes;
XII. Presidir el Consejo de Seguridad Pública del Estado;
XIII. Suscribir convenios de coordinación y colaboración con la Federación, el Distrito Federal y los estados, así como supervisar la ejecución de los acuerdos y políticas adoptados en el marco del Sistema Nacional; y
XIV. Las demás que le confieran la Constitución Federal, la Constitución Estatal, la Ley General, esta Ley y los demás ordenamientos jurídicos aplicables.
DEL SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
Artículo 16.- Son atribuciones del Secretario:
A. En materia de seguridad pública:
I. Dictar las disposiciones necesarias para asegurar y proteger en forma inmediata el orden y la paz públicos, la integridad física de las personas y sus bienes, prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, auxiliar a las autoridades competentes cuando así lo soliciten en la investigación y persecución de los delitos y concurrir, en términos de la ley, con las autoridades en casos de siniestro o desastre;
II. Impulsar las acciones necesarias para promover la prevención de los delitos y la participación de la comunidad en materia de seguridad pública;
III. Ejercer el mando directo de las Instituciones Policiales del Estado, en los términos de esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables, a fin de salvaguardar la integridad física y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;
IV. Coordinar a las Instituciones Policiales Estatales y a los organismos a que se refiere la presente Ley, en el ámbito de su competencia, y ejecutar políticas y programas en materia de seguridad pública en colaboración con la Federación, las entidades federativas, los municipios y los órganos político-administrativos del Distrito Federal;
V. Impulsar la coordinación de las Instituciones Policiales y proponer, en el ámbito de sus facultades, la adopción y aplicación de políticas y programas de cooperación en materia de seguridad pública, con la Federación, las entidades federativas y los Municipios;
VI. Implementar esquemas de investigación preventiva, a través de protocolos que tendrán que ser elaborados de manera conjunta con el Procurador;
VII. Someter a consideración del Gobernador del Estado los convenios, programas y acciones estratégicas, tendientes a mejorar y ampliar la prevención del delito;
VIII. Celebrar convenios, acuerdos y demás instrumentos jurídicos relacionados con el ámbito de su competencia;
IX. Nombrar y remover a los servidores públicos de la Secretaría, por sí o por conducto de en quienes delegue esta atribución, así como aprobar los nombramientos a partir de mandos medios, acorde con la organización jerárquica de las Instituciones Policiales del Estado;
X. Promover la formación, capacitación, profesionalización, actualización, adiestramiento y especialización de las Instituciones Policiales, conforme a lo establecido en el Programa Rector de Profesionalización de las Instituciones Policiales a nivel nacional y las demás disposiciones legales aplicables;
XI. Coordinar la evaluación del funcionamiento de la seguridad pública;
XII. Supervisar el buen funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública, y su efectiva coordinación con el Sistema Nacional;
XIII. Participar, en coordinación con la Procuraduría, en el diseño e implementación de la política criminal del Estado y realizar investigaciones criminológicas;
XIV. Intervenir en el auxilio de víctimas y ofendidos del delito en el ámbito de su competencia;
XV. Verificar que toda la información generada por las Instituciones Policiales del Estado, sea remitida de manera inmediata al Sistema Estatal;
XVI. Promover criterios uniformes para el desarrollo policial, en términos de esta Ley;
XVII. Verificar que los elementos de las Instituciones Policiales del Estado se sometan a las evaluaciones de control de confianza y cuenten con el Certificado Único Policial, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
XVIII. Definir criterios homogéneos para la recopilación, sistematización y manejo de información por parte de las Instituciones Policiales y promover su aplicación;
XIX. Supervisar la actuación de las Instituciones Policiales del Estado, en la investigación de delitos, bajo el mando y conducción del ministerio público;
XX. Participar en la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública u órganos equivalentes;
XXI. Ejecutar, en el ámbito de su competencia, los acuerdos tomados en la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública;
XXII. Coordinar y supervisar las acciones en materia de protección civil;
XXIII. Coordinar con el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, todas las acciones relacionadas con la misma;
XXIV. Coordinar los servicios de seguridad, vigilancia y protección regional en caminos y carreteras estatales o vías primarias, zonas rurales, áreas de recreo y turísticas de competencia estatal, así como las instalaciones estratégicas del Estado, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
XXV. Emitir los acuerdos, instructivos, manuales de organización y de procedimientos, y demás normatividad que rija las actividades de las Instituciones Policiales del Estado;
XXVI. Proponer el contenido de los convenios de coordinación y asunción de la función de seguridad pública municipal; y
XXVII. Las demás que establezcan la Constitución Estatal, la Ley General, esta Ley y demás ordenamientos de la materia, así como las que le confiera el Gobernador del Estado.
B. En materia de reinserción social:
I. Promover la homologación de los mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios e instituciones de reintegración social para adolescentes;
II. Verificar que toda la información generada por los elementos a su cargo, sea remitida de manera inmediata al Sistema Estatal;
III. Establecer políticas, programas y acciones en materia de reinserción social y reintegración social para adolescentes;
IV. Implementar mecanismos sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios de reinserción social y de reintegración social para adolescentes;
V. Diseñar mecanismos que incentiven la participación de la iniciativa privada para generar actividades económicas para los internos, que les permita obtener un ingreso para su manutención y la de sus familias;
VI. Establecer y vigilar la operación, administración, seguridad, control, vigilancia y apoyo logístico del sistema penitenciario, así como de los centros de prevención y tratamiento para la atención de adolescentes, definiendo esquemas de supervisión, registro y verificación, así como estrategias de intervención y de apoyo táctico operativo;
VII. Someter a consideración del Gobernador, las propuestas de convenios para que sentenciados por delitos del ámbito de competencia del Estado extingan sus sentencias en centros penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
VIII. Promover la capacitación, actualización y especialización de los elementos a su cargo, conforme al Programa Rector de Profesionalización a nivel nacional;
IX. Verificar que los elementos a su cargo se sometan a las evaluaciones de control de confianza y cuenten con el Certificado Único Policial, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
X. Participar, por sí o por conducto del servidor público que designe al efecto, en la Conferencia
Nacional del Sistema Penitenciario;
XI. Ejecutar, en el ámbito de su competencia, los acuerdos tomados en la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario; y
XII. Las demás que le señale esta Ley, otras disposiciones jurídicas y las que le confiera el
Para el desarrollo de las atribuciones administrativas del Secretario, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y demás disposiciones aplicables.
DEL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA
Artículo 17.- Son atribuciones del Procurador:
I. Promover y, en su caso, establecer la coordinación y colaboración entre el ministerio público y las Instituciones Policiales, para la prevención, investigación y persecución de delitos;
II. Fijar criterios de cooperación y coordinación con las Instituciones Policiales, para el cumplimiento de mandamientos judiciales y ministeriales, aseguramiento de bienes y desahogo de diligencias judiciales, ministeriales y periciales;
III. Verificar que toda la información generada por la Procuraduría, sea remitida al Sistema Estatal, salvo aquella que pueda comprometer el éxito de las investigaciones;
IV. Emitir bases y reglas para la investigación conjunta de los delitos, de conformidad con los ordenamientos legales aplicables, así como para la realización de operativos de investigación conjuntos;
V. Implementar esquemas de investigación preventiva, a través de protocolos que tendrán que ser elaborados de manera conjunta con el Secretario;
VI. Promover la capacitación, actualización y especialización de los integrantes de la Procuraduría, de conformidad con el Programa Rector de Profesionalización a nivel nacional de las Instituciones de Procuración de Justicia y demás disposiciones aplicables;
VII. Promover la capacitación de los cuerpos policiales estatales en materia de procuración de justicia, cadena de custodia de evidencias, preservación de la escena del delito y atención a víctimas y ofendidos en el ámbito de su competencia;
VIII. Verificar que los elementos de la Procuraduría se sometan a las evaluaciones de control de confianza, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
IX. Impulsar las acciones necesari as para promover la denuncia de los delitos y la participación de la comunidad en las actividades de procuración de justicia;
X. Formular estrategias de coordinación en materia de combate a la corrupción, protección de personas y atención a víctimas y ofendidos de delitos;
XI. Proponer programas de cooperación con la Federación y las entidades federativas en materia de procuración de justicia;
XII. Promover la homologación de criterios para la regulación e instrumentación de la cadena de custodia de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso y de los instrumentos, objetos o productos del delito, de conformidad con los acuerdos de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;
XIII. Participar en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;
XIV. Ejecutar, en el ámbito de su competencia, los acuerdos tomados en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia;
XV. En casos excepcionales y por el tiempo que dure la contingencia, nombrar agentes del ministerio público, de la Policía Ministerial o peritos a personas con experiencia profesional, dispensándolos sólo de la presentación de los concursos de ingreso. Dichas personas deberán estar en pleno ejercicio de sus derechos y satisfacer los requisitos exigidos por esta Ley, la Ley Orgánica y su Reglamento, quienes no ingresarán al Servicio de Carrera hasta en tanto acrediten los concursos y evaluaciones correspondientes; y
XVI. Las demás que establezcan la Constitución Estatal, la Ley General, esta Ley y demás ordenamientos de la materia, así como las que le confiera el Gobernador del Estado.
DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
Artículo 18.- Corresponde al Secretario General de Gobierno promover la coordinación con los
Municipios del Estado de México, así como con otras entidades federativas e instituciones federales, en los términos que establece esta Ley, y realizar las acciones necesarias para asegurar el funcionamiento del Sistema Estatal, de conformidad con las disposiciones aplicables.
Artículo 19.- Son autoridades municipales en materia de seguridad pública:
IV. Los miembros de los cuerpos de policía preventiva de seguridad pública municipal en ejercicio de su función.
Artículo 20.- Son atribuciones de los ayuntamientos en materia de seguridad pública:
I. Expedir las disposiciones administrativas correspondientes a la Seguridad Pública preventiva en el ámbito de su competencia;
II. Aprobar el Programa Municipal de Seguridad Pública Preventiva en congruencia con el respectivo Programa Estatal;
III. Aprobar convenios de coordinación en materia de seguridad pública con otros Municipios de la entidad y de coordinación y de asunción de funciones con el Estado, previa la observancia de las formalidades que establezcan los ordenamientos aplicables;
IV. Aprobar el nombramiento del Director de Seguridad Pública Municipal o del servidor público que realice esta función;
V. Vigilar periódicamente el desarrollo y cumplimiento del servicio de seguridad pública;
VI. Implementar la carrera policial;
VII. En el ámbito de sus atribuciones, pedir a los propietarios o poseedores que soliciten una licencia de funcionamiento o su revalidación de los giros que impliquen actividades de carácter permanente, que por sus características motiven elevados índices de afluencia de personas, tránsito de vehículos o manejo de efectivo y de valores, cuenten con sistemas de video vigilancia operacionales en sus inmuebles, en el entendido de que la captación de imágenes y sonido podrán ser utilizados con fines de seguridad pública en la entidad;
VIII. En el ámbito de sus atribuciones llevar registro de los establecimientos cuyo giro sea la fabricación y comercialización de uniformes e insignias de las instituciones de seguridad pública, remitiendo la información que corresponda a las instancias estatales de seguridad pública; y
IX. Las demás que les señalen ésta u otras leyes de la materia.
Artículo 21.- Son atribuciones de los Presidentes Municipales:
I. Ejercer el mando directo de las Instituciones Policiales a su cargo, salvo en los supuestos establecidos en esta Ley, en los términos de la Constitución Federal y la Constitución Estatal, a fin de salvaguardar la integridad física y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos;
II. Verificar que toda la información generada por las Instituciones Policiales a su cargo, sea remitida de manera inmediata al Sistema Estatal;
III. Proponer y aplicar políticas y programas de cooperación municipal en materia de seguridad pública;
IV. Aplicar las directrices que dentro de su competencia se señalen en el marco de los Sistemas
Estatal y Nacional en materia de Seguridad Pública;
V. Procurar la coordinación de los elementos a su cargo con las demás Instituciones de Seguridad Pública;
VI. Supervisar la actuación de los elementos a su cargo, en la investigación de delitos, bajo el mando y conducción del ministerio público;
VII. Proponer al ayuntamiento el nombramiento del Director de Seguridad Pública Municipal;
VIII. Promover el desarrollo y fortalecimiento de las dependencias encargadas de la seguridad pública municipal;
IX. Proponer políticas públicas en materia de seguridad pública;
X. Diseñar programas tendientes a la prevención de los delitos y colaborar con las autoridades competentes a ejecutar los diversos programas existentes;
XI. Promover la homologación del desarrollo policial;
XII. Proponer al Ayuntamiento el Programa Municipal de Seguridad Pública, mismo que tendrá que ser congruente con el Programa Estatal;
XIII. Suscribir convenios de asunción de funciones en materia de seguridad pública con el Estado, cuando así lo requiera, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
XIV. Aplicar y vigilar el cumplimiento de esta Ley, reglamentos, convenios, y demás disposiciones en materia de seguridad pública;
XV. Promover la participación de la comunidad en materia de seguridad pública, en el ámbito de sus atribuciones;
XVI. Fortalecer los sistemas de seguridad social de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública a su cargo, así como de sus familias y dependientes;
XVII. Promover la capacitación, actualización y especialización de los elementos a su cargo, conforme al Programa Rector de Profesionalización a nivel nacional;
XVIII. Verificar que los elementos a su cargo se sometan a las evaluaciones de control de confianza y cuenten con el Certificado Único Policial, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
XIX. Suscribir convenios de coordinación en materia de seguridad pública con otros Municipios del Estado o de otras entidades federativas, para cumplir con los fines de la seguridad pública, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables;
XX. Vigilar la recepción de denuncias de hechos probablemente constitutivos de delito, remitiéndolas inmediatamente al ministerio público;
XXI. Establecer las instancias de coordinación para la integración y funcionamiento del Sistema
Nacional y del Sistema Estatal;
XXII. Participar en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, en caso de ser designado por el Consejo Estatal de Seguridad Pública;
XXIII. Ejecutar, en el ámbito de su competencia, los acuerdos tomados en la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal; y
Artículo 22.- Son atribuciones del Director de Seguridad Pública Municipal:
I. Proponer al Presidente Municipal el Programa Municipal de Seguridad Pública Preventiva;
II. Organizar, operar, supervisar y controlar el cuerpo preventivo de seguridad pública municipal;
III. Aplicar las directrices que conforme a sus atribuciones expresas dicten las autoridades competentes para la prestación del servicio, coordinación, funcionamiento, normatividad técnica y disciplina del cuerpo preventivo de seguridad pública;
IV. Proponer programas para mejorar y ampliar la cobertura del servicio de policía preventiva;
V. Contar con las estadísticas delictivas y efectuar la supervisión de las acciones de seguridad pública municipal;
VI. Promover la capacitación técnica y práctica de los integrantes del cuerpo preventivo de seguridad pública municipal;
VII. Informar a las autoridades competentes sobre los movimientos de altas y bajas de los miembros del cuerpo preventivo de seguridad pública municipal, así como de sus vehículos, armamento, municiones y equipo;
VIII. Denunciar oportunamente ante las autoridades competentes el extravío o robo de armamento a su cargo para los efectos legales correspondientes;
IX. Proporcionar a la Secretaría los informes que le sean solicitados;
X. Auxiliar a las autoridades estatales cuando sea requerido para ello; y
XI. Las demás que les confieran otras leyes.
CAPÍTULO PRIMERO DE LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Artículo 23.- El Sistema Estatal contará, para su funcionamiento y operación, con las instancias, instrumentos, políticas y servicios previstos en la presente Ley, encaminados a cumplir los fines de la seguridad pública.
Artículo 24.- El Sistema Estatal, se integra por:
II. El Secretariado Ejecutivo;
III. Los Consejos Intermunicipales; y
IV. Los Consejos Municipales.
Los servidores públicos del Sistema Estatal serán considerados como personal de seguridad pública de confianza, y deberán someterse y aprobar las evaluaciones de certificación y control de confianza, para su ingreso y permanencia.
Artículo 25.- El Sistema Estatal se conformará con toda la información relacionada con la seguridad pública, que generen las Instituciones de Seguridad Pública y, en su caso, de la Federación y las entidades federativas.
El Sistema Estatal deberá estar conformado, como mínimo, por las siguientes bases de datos:
I. De información Criminal;
II. De información Penitenciaria;
III. De Personal de Instituciones de Seguridad Pública;
IV. De Registro de Armamento y Equipo;
V. De Registro Administrativo de Detenciones; y
VI. Las demás bases de datos que se generen.
La información sobre administración de justicia podrá ser integrada al Sistema Estatal, a través de convenios con el Poder Judicial del Estado de México y en su caso, con el Poder Judicial de la
Federación y los Poderes Judiciales de las entidades federativas.
Artículo 26.- Las Instituciones de Seguridad Pública están obligadas a suministrar de manera inmediata toda la información que generen y que pueda ser útil para el Sistema Estatal.
Artículo 27.- La información contenida en el Sistema Estatal será clasificada como confidencial o reservada en los términos que establezcan las normas aplicables, así como en los acuerdos que emita para tal efecto el Consejo Estatal.
Los instrumentos jurídicos sobre criterios y protocolos de operación, investigaciones preventivas, datos y criterios empleados en el sistema de reinserción social, así como datos personales de los elementos policiales a cargo de operativos y demás acciones de investigación, serán considerados como confidenciales.
Artículo 28.- El Consejo Estatal determinará los mecanismos idóneos y las herramientas informáticas necesarias para el buen funcionamiento del Sistema Estatal, así como las formas en que los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública podrán acceder al mismo y las medidas de seguridad y restricción de la información.
Artículo 29.- El Sistema Estatal deberá contribuir a la integración y buen funcionamiento del
Sistema Nacional, y suministrará que éste la información que corresponda de manera inmediata, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 30.- Sólo la Procuraduría podrá clasificar como reservada la información y, en consecuencia, no compartirla con el Sistema Estatal, siempre y cuando el suministro de aquélla pueda poner en riesgo el éxito de la investigación. Cuando se haya superado tal condición dicha institución estará obligada a compartirla con el Sistema Estatal.
Artículo 31.- La información contenida en el Sistema Estatal no podrá ser utilizada para discriminar a ninguna persona, ni vulnerar su dignidad, intimidad, privacidad u honra.
Bajo ningún supuesto, la información servirá para que las autoridades prejuzguen sobre la culpabilidad de persona alguna, ni justificará violaciones de derechos humanos.
Artículo 32.- Las Instituciones de Seguridad Publica y el Consejo Estatal serán responsables de la administración, guarda y custodia de la información contenida en el Sistema Estatal. Los servidores públicos que tengan acceso a la misma deberán preservar su estricta confidencialidad y reserva; la violación de ello será causa de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.
Para acceder a la información pública del Sistema Estatal se atenderá a la normatividad aplicable.
Artículo 33.- El Gobierno del Estado de México es parte del Sistema Nacional, con las atribuciones y obligaciones que se señalan en la Ley General y demás normas aplicables.
El Gobernador del Estado y los demás servidores públicos competentes participarán en las Instancias del Sistema Nacional en representación del Gobierno del Estado de México.
Artículo 34.- El Consejo Estatal es la máxima instancia de deliberación y consulta del Sistema
Estatal, y tiene por objeto:
I. Planear, coordinar y supervisar las acciones, políticas y programas del Estado de México, en la materia;
II. Dar seguimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas emitidos por el Consejo Nacional, en el ámbito de competencia del Estado de México; y
III. Ejercer las funciones que le otorgan esta Ley y demás disposiciones aplicables.
Artículo 35.- El Consejo Estatal, para el cumplimiento de su objeto, contará con las atribuciones siguientes:
I. Aprobar el Programa Estatal, mismo que deberá contener los instrumentos y las políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, encaminadas a cumplir los objetivos y fines de la seguridad pública. Dicho Programa deberá ser congruente con el Programa Nacional de Seguridad Pública;
II. Atender los acuerdos, lineamientos y otras disposiciones emitidas por el Consejo Nacional que sean aplicables al Estado de México;
III. Emitir su propio estatuto de organización y funcionamiento;
IV. Emitir acuerdos y resoluciones generales para el funcionamiento del Sistema Estatal;
V. Establecer los lineamientos para la formulación de políticas generales en materia de seguridad pública del Estado de México;
VI. Promover la implementación de políticas en materia de atención y protección a víctimas del delito;
VII. Promover la efectiva coordinación del Gobierno del Estado de México con las demás instancias que integran el Sistema Nacional y dar seguimiento a las acciones que para tal efecto se establezcan;
VIII. Promover la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial en las
Instituciones de Seguridad Pública y evaluar sus avances, de conformidad con las leyes respectivas;
IX. Formular propuestas para los programas nacionales de seguridad pública, de procuración de justicia, de prevención del delito y otros relacionados, así como evaluar su cumplimiento;
X. Establecer medidas para vincular al Sistema Estatal con el Sistema Nacional y otros de carácter estatal y regional;
XI. Promover el establecimiento de unidades de consulta y participación ciudadana en las
Instituciones de Seguridad Pública;
XII. Establecer mecanismos eficaces para que la sociedad participe en las políticas de prevención del delito;
XIII. Atender las políticas que, en materia de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información de seguridad pública, emita el Consejo Nacional;
XIV. Promover políticas de coordinación y colaboración con el Poder Judicial de la Federación y con el Poder Judicial del Estado de México;
XV. Crear grupos de trabajo para el cumplimiento de sus funciones;
XVI. Supervisar la concurrencia de facultades, en términos de lo establecido en el Artículo 39,
Apartado B, de la Ley General;
XVII. Vigilar que tanto los recursos estatales destinados a seguridad pública como los que provengan de aportaciones federales, sean aplicados para tales fine s, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, y denunciar su incumplimiento ante las autoridades competentes;
XVIII. Verificar que los Programas Municipales de Seguridad Pública que sean sometidos a su consideración, sean congruentes con el Programa Estatal, y emitir las recomendaciones pertinentes para tales efectos;
XIX. Emitir las disposiciones que sean necesarias para la operación y adecuado funcionamiento del Sistema Estatal; y
XX. Las demás que establezcan esta Ley, otras disposiciones jurídicas y las que sean necesarias para cumplir los fines de la seguridad pública.
Artículo 36.- El Consejo Estatal estará integrado por:
I. El Gobernador del Estado, quien lo presidirá;
IV. El Procurador;
V. El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México y dos representantes del
Consejo de la Judicatura;
VI. Los Diputados Presidentes de las Comisiones Legislativas de Gobernación y Puntos
Constitucionales, de Procuración y Administración de Justicia, y de Seguridad Pública y Tránsito; de la Legislatura del Estado de México;
VII. El Presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México;
VIII. Los Presidentes Municipales que presidan los Consejos Intermunicipales;
IX. El Secretario Ejecutivo;
X. Dos representantes del Consejo Ciudadano; y
XI. Dos académicos especialistas que determine el Presidente del Consejo Estatal.
El Presidente del Consejo Estatal será suplido en sus ausencias por el Secretario General de
La asistencia de los integrantes será personal.
Artículo 37.- Serán invitados permanentes del Consejo Estatal:
I. Titular de la Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional a la que pertenece el Estado de
II. Delegado de la Secretaría de Seguridad Pública Federal;
III. Delegado de la Procuraduría General de la República; y
IV. Delegado del Instituto Nacional de Migración.
El Presidente del Consejo Estatal podrá invitar a personas especialistas en materia de seguridad pública, cuya participación será de carácter honorífico.
Los invitados tendrán voz pero no voto en las reuniones del Consejo Estatal.
Artículo 38.- El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, podrá contribuir con las instancias que integran los Sistemas Estatal y Nacional, en la formulación de estudios y lineamientos que permitan alcanzar los fines de la seguridad pública.
Artículo 39.- El Consejo Estatal sesionará con la periodicidad que se establezca en su Estatuto.
Artículo 40.- El Consejo Estatal requerirá de quórum para sesionar, el cual se integrará con al menos la mitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes. En caso de empate, el presidente o su suplente tendrán voto de calidad.
Artículo 41.- Las reglas para el desarrollo de las sesiones del Consejo Estatal, así como las disposiciones relativas a su funcionamiento, serán establecidas en el Estatuto respectivo, sin que puedan contravenir lo dispuesto en la presente Ley.
DE LOS CONSEJOS INTERMUNICIPALES DE SEGURIDAD PÚBLICA
Artículo 42.- Los Consejos Intermunicipales serán órganos colegiados, integrados por los Presidentes Municipales que conforman cada distrito judicial.
Los Consejos Intermunicipales tendrán por objeto propiciar la efectiva coordinación entre los Municipios que los conforman, para contribuir a los fines de la seguridad pública, así como dar seguimiento a los acuerdos tomados en el Consejo Estatal, y verificar su cumplimiento.
El Presidente de cada Consejo Intermunicipal representará a los Municipios que lo integren en el
Consejo Estatal, por lo que deberá someter a la consideración de éste los acuerdos que se tomen en el Consejo Intermunicipal respectivo e informar lo conducente, en los términos de las disposiciones aplicables.
Artículo 43.- Habrá dieciocho Consejos Intermunicipales, y estarán conformados de la siguiente manera:
I. Primer Consejo Intermunicipal, Chalco: Chalco, Amecameca, Atlautla, Ayapango, Cocotitlán,
Ecatzingo, Ixtapaluca, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad;
II. Segundo Consejo Intermunicipal, Cuautitlán: Cuautitlán, Coyotepec, Cuautitlán Izcalli,
III. Tercer Consejo Intermunicipal, Ecatepec de Morelos: Ecatepec de Morelos y Coacalco de
Berriozábal;
IV. Cuarto Consejo Intermunicipal, El Oro: El Oro, Acambay, Atlacomulco y Temascalcingo;
V. Quinto Consejo Intermunicipal, Ixtlahuaca: Ixtlahuaca, Jiquipilco, Jocotitlán, Morelos, San Felipe del Progreso y San José del Rincón;
VI. Sexto Consejo Intermunicipal, Jilotepec: Jilotepec, Aculco, Chapa de Mota, Polotitlán,
VII. Séptimo Consejo Intermunicipal, Lerma: Lerma, Ocoyoacac, Otzolotepec, San Mateo Atenco y
Xonacatlán;
VIII. Octavo Consejo Intermunicipal, Nezahualcóyotl: Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y La Paz;
IX. Noveno Consejo Intermunicipal, Otumba: Otumba, Axapusco, Nopaltepec, San Martín de las
Pirámides, Tecámac y Temascalapa;
X. Décimo Consejo Intermunicipal, Sultepec: Sultepec, Almoloya de Alquisiras, Amatepec,
Texcaltitlán, Tlatlaya y Zacualpan;
XI. Décimo Primer Consejo Intermunicipal, Temascaltepec: Temascaltepec, Luvianos, San Simón de Guerrero y Tejupilco;
XII. Décimo Segundo Consejo Intermunicipal, Tenango del Valle: Tenango del Valle, Almoloya del Río, Atizapán, Calimaya, Capulhuac, Chapultepec, Joquicingo, Mexicaltzingo, Rayón, San Antonio la Isla, Texcalyacac, Tianguistenco y Xalatlaco;
XIII. Décimo Tercer Consejo Intermunicipal, Tenancingo: Tenancingo, Coatepec Harinas, Ixtapan de La Sal, Malinalco, Ocuilan, Tonatico, Villa Guerrero y Zumpahuacán;
XIV. Décimo Cuarto Consejo Intermunicipal, Texcoco: Texcoco, Acolman, Atenco, Chiautla,
Chicoloapan, Chiconcuac, Papalotla, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc y Tezoyuca;
XV. Décimo Quinto Consejo Intermunicipal, Tlalnepantla: Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Isidro Fabela, Jilotzingo, Naucalpan y Nicolás Romero;
XVI. Décimo Sexto Consejo Intermunicipal, Toluca: Toluca, Almoloya de Juárez, Metepec, Temoaya, Villa Victoria y Zinacantepec;
XVII. Décimo Séptimo Consejo Intermunicipal, Valle de Bravo: Valle de Bravo, Amanalco, Donato
Guerra, Ixtapan del Oro, Santo Tomás, Otzoloapan, Villa de Allende y Zacazonapan; y
XVIII. Décimo Octavo Consejo Intermunicipal, Zumpango: Zumpango, Apaxco, Hueypoxtla, Jaltenco, Nextlalpan, Tequixquiac y Tonanitla.
Artículo 44.- Cada Consejo Intermunicipal estará integrado por:
I. Los Presidentes Municipales;
II. Los Directores de Seguridad Pública Municipal;
III. Un representante de la sociedad civil vinculado a temas de seguridad pública; y
IV. Un representante del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal, quien fungirá como Secretario Ejecutivo del Consejo Intermunicipal.
El representante a que se refiere la fracción III, será elegido de conformidad con las normas que adopte el Consejo Estatal en el acuerdo respectivo.
Todos los integrantes deberán asistir personalmente, no pudiendo delegar su representación.
En caso de que alguno de los Municipios haya celebrado convenio con el Gobierno del Estado para que éste asuma la función de seguridad pública, el Secretario designará el integrante del Consejo Intermunicipal a que se refiere la fracción II de este artículo.
Artículo 45.- Cada Consejo Intermunicipal tendrá un Presidente, quien será designado entre los
Presidentes Municipales que lo conformen y que los representará ante el Consejo Estatal, en los términos de los acuerdos que disponga el Consejo Estatal. El Presidente del Consejo Intermunicipal tendrá duración de un año en el ejercicio del cargo, pudiendo ser reelecto para un período igual.
Artículo 46.- Los Consejos Intermunicipales podrán invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a personas que no sean integrantes, a fin de intercambiar experiencias, conocimientos y buenas prácticas en materia de seguridad pública. Dicha participación será con carácter honorífico.
Artículo 47.- Los Consejos Intermunicipales sesionarán en los términos que establezca el Estatuto correspondiente, de conformidad con los acuerdos que adopte el Consejo Estatal. La convocatoria se hará por el Presidente, por conducto del Secretario Ejecutivo.
Las sesiones podrán celebrarse de manera rotativa, en cada uno de los Municipios que conforman el Consejo Intermunicipal respectivo, según lo determinen los integrantes.
Artículo 48.- Los Consejos Intermunicipales requerirán de quórum para sesionar, el cual se integrará con la mitad más uno de sus integrantes. Los acuerdos se tomarán por la mayoría de los integrantes presentes.
Artículo 49.- Las reglas para el desarrollo de las sesiones de los Consejos Intermunicipales, así como las disposiciones relativas a su funcionamiento, serán establecidas en el Estatuto que para tales efectos emitan, respectivamente, de conformidad con las normas generales que apruebe el Consejo Estatal, sin que puedan contravenir lo establecido en la presente Ley.
Artículo 50.- Son atribuciones de los Consejos Intermunicipales:
I. Ejecutar los acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias;
II. Proponer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los fines de la seguridad pública, a fin de que sean discutidas y eventualmente incluidas en el Programa Estatal, por conducto de su Presidente;
III. Evaluar las políticas y acciones de seguridad pública en el ámbito de su competencia;
IV. Emitir acuerdos para la efectiva coordinación de las Instituciones de Seguridad Pública a su cargo;
V. Hacer propuestas para el buen funcionamiento del Sistema Estatal, a fin de que sean sometidas a consideración del Consejo Estatal, por conducto de su Presidente;
VI. Promover la implementación de políticas públicas y programas en materia de atención y protección a víctimas del delito;
VII. Promover la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial en las
Instituciones de Seguridad Pública a su cargo, y evaluar sus avances, de conformidad con las leyes respectivas;
VIII. Promover el establecimiento de unidades de consulta y participación de la comunidad en las
Instituciones de Seguridad Pública a su cargo;
IX. Expedir su Estatuto orgánico en los términos de esta Ley y los acuerdos que adopte el Consejo Estatal; y
X. Las demás que establezcan esta Ley, otras disposiciones jurídicas y las que sean necesarias para cumplir los fines de la seguridad pública.
Artículo 51.- El Presidente del Consejo Intermunicipal deberá informar de manera oportuna a los integrantes sobre los acuerdos tomados en el Consejo Estatal.
DE LOS CONSEJOS REGIONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA
SECCIÓN PRIMERA DE LOS CONSEJOS REGIONALES
Artículo 52.- Cuando para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública, sea necesaria la participación coordinada del Estado con otra u otras entidades federativas, e incluso los Municipios respectivos y los órganos político-administrativos del Distrito Federal, se establecerán Consejos Regionales de Seguridad Pública, con carácter temporal o permanente, en los que participarán las Instituciones de Seguridad Pública correspondientes.
También podrán establecerse Consejos Regionales entre Municipios del Estado con los de otros estados y los órganos político-administrativos del Distrito Federal, previa aprobación de la
Legislatura, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 53.- Los Consejos Regionales se organizarán, en lo conducente, de manera similar al
Consejo Nacional, según lo acuerden, y tendrán las funciones relativas para hacer posible la coordinación en materia de seguridad pública, en sus respectivos ámbitos de competencia.
Artículo 54.- Los Consejos Regionales podrán proponer al Consejo Nacional y a las Conferencias
Nacionales a que se refiere la Ley General, así como a sus respectivos Consejos Estatales, los acuerdos, programas específicos y convenios relativos a lograr una efectiva coordinación en materia de seguridad pública.
SECCIÓN SEGUNDA DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES
Artículo 55.- Los Municipios establecerán un Consejo Municipal de Seguridad Pública, cuando las características y particularidades del Municipio así lo exijan, en función de la incidencia delictiva, los Factores criminógenos y demás circunstancias que establezcan los acuerdos generales que emita el Consejo Estatal y a propuesta de los Presidentes Municipales.
Artículo 56.- Los Consejos Municipales tendrán por objeto:
I. Planear, coordinar y supervisar las acciones, políticas y programas en materia de seguridad pública, en sus respectivos ámbitos de gobierno.
II. Dar seguimiento a los acuerdos, lineamientos y políticas emitidos por el Consejo Nacional, Estatal e Intermunicipal, en sus respectivos ámbitos de competencia.
Artículo 57.- Los Consejos Municipales se integrarán conforme a las bases generales que se determinen en los acuerdos que adopte el Consejo Estatal, y tomarán en cuenta la participación ciudadana. El Presidente Municipal será el Presidente del Consejo.
Artículo 58.- Los Municipios, previo acuerdo aprobado por sus ayuntamientos, podrán celebrar convenios con el Gobierno Estatal en materia del servicio público municipal de seguridad pública, que comprende policía preventiva, de tránsito y de protección civil, a fin de que se haga transitoriamente cargo de este servicio, en términos de los artículos 115 fracción III, penúltimo párrafo de la Constitución Federal; 77 fracciones IX y XXXIX de la Constitución Estatal y 39 penúltimo párrafo de la Ley General.
En el caso de que el Municipio haya celebrado convenio con el Gobierno del Estado para que éste asuma la función de seguridad pública, se integrará en el Consejo Municipal el representante que designe el Secretario.
CAPÍTULO QUINTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA
Artículo 59.- El Secretariado Ejecutivo es un órgano desconcentrado de la Secretaría General de
Gobierno y operativo del Sistema Estatal, responsable del correcto funcionamiento del mismo, así como del enlace con el Sistema Nacional.
El Secretariado Ejecutivo se auxiliará de los órganos siguientes:
I. Centro de Información y Estadística;
II. Centro de Prevención del Delito;
III. Consejo Ciudadano de Seguridad Pública; y
IV. Los demás que establezcan las disposiciones aplicables y los que determine el Consejo Estatal en los acuerdos correspondientes.
Asimismo, el Secretariado Ejecutivo se auxiliará de los organismos públicos descentralizados e instituciones que determinen los ordenamientos aplicables.
El Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia será la instancia competente en materia de capacitación, formación profesional y especialización de los integrantes de las Instituciones de
Seguridad Pública. El Secretario Ejecutivo determinará las bases para la coordinación del Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia con el Sistema Estatal.
Artículo 60.- El Secretariado Ejecutivo estará a cargo de un Secretario Ejecutivo que será nombrado y removido libremente por el Presidente del Consejo Estatal, debiendo satisfacer los siguientes requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento;
II. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos;
III. Ser originario o vecino del Estado de México;
IV. Tener como mínimo treinta años de edad;
V. Contar con título profesional de nivel Licenciatura debidamente registrado;
VI. Tener reconocida capacidad profesional y probidad;
VII. Contar con cinco años de experiencia en materia de seguridad pública;
VIII. No haber sido sentenciado por delito doloso ni inhabilitado en ningún ámbito de gobierno en el ejercicio del servicio público; y
IX. Someterse y aprobar las evaluaciones de certificación y control de confianza, para su ingreso y permanencia.
Artículo 61.- Son atribuciones del Secretario Ejecutivo:
I. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Estatal y del Consejo
Nacional de Seguridad Pública, en el ámbito de su competencia;
II. Fungir como enlace para el Sistema Nacional;
III. Proporcionar la información requerida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional a la brevedad posible;
IV. Vigilar el suministro oportuno de la información correspondiente del Sistema Estatal, hacia el
Sistema Nacional;
V. Solicitar información del Sistema Nacional;
VI. Impulsar mejoras para el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal;
VII. Coordinar la realización de estudios especializados sobre seguridad pública;
VIII. Compilar toda la documentación relativa a las sesiones del Consejo Estatal;
IX. Rendir informes periódicos ante el Consejo Estatal, sobre sus actividades;
X. Celebrar los convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Estatal, previa autorización del Consejo Estatal;
XI. Verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley y los ordenamientos jurídicos aplicables en materia de seguridad pública, por cuanto hace a los fines del Sistema Estatal, e informar sobre su incumplimiento al Consejo Estatal de inmediato;
XII. Elaborar y publicar los informes de actividades del Consejo Estatal;
XIII. Colaborar con las Instituciones de Seguridad Pública, para fortalecer y volver más eficientes los mecanismos de coordinación para el suministro de información al Sistema Estatal;
XIV. Dictar las medidas necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema Estatal;
XV. Elaborar estadísticas periódicamente, y presentarlas ante el Consejo Estatal, a fin de contar con información detallada sobre los avances y resultados en materia de seguridad pública;
XVI. Supervisar, en coordinación con las demás instancias competentes la correcta aplicación de los recursos de los fondos por parte de las instituciones de seguridad pública;
XVII. Designar a los delegados que lo representen en las instancias de coordinación en los términos de esta Ley; y
XVIII. Las demás que le otorga esta Ley y otros ordenamientos jurídicos, así como las que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones y las que le encomienden el Consejo Estatal, su Presidente y el Secretario General de Gobierno.
Artículo 62.- El personal de las unidades administrativas del Secretariado Ejecutivo, incluso su titular, y de las dependencias que presten asesoría en materia operativa, técnica y jurídica a los integrantes del Consejo Estatal, se considerará de confianza y será de libre designación y remoción; se sujetarán a las evaluaciones de certificación y control de confianza.
CAPÍTULO SEXTO DE LOS ÓRGANOS DEL SECRETARIADO
EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL
SECCIÓN PRIMERA DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y ESTADÍSTICA
Artículo 63.- El Centro de Información y Estadística tendrá las atribuciones siguientes:
I. Establecer, administrar y resguardar las bases de datos siguientes:
a) Información Criminal:
b) Información Penitenciaria;
c) Del Personal del Sistema Estatal;
d) Del Registro de Armamento y Equipo;
e) Del Registro Administrativo de Detenciones; y
f) Las demás bases de datos que se implementen.
II. Acceder a bases de datos que tengan y generen las dependencias estatales para los efectos de la formulación de políticas en materia de seguridad pública;
III. Determinar los criterios técnicos y de homologación de las bases de datos de los integrantes del Sistema Estatal;
IV. Establecer sistemas de intercambio de información con las autoridades competentes del orden federal y entidades federativas;
V. Establecer enlaces para el intercambio de información con las instancias competentes del Sistema Nacional, y determinar los sistemas de actualización y consulta de la información del Sistema Único de Información Criminal, del Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, del Registro Nacional de Armamento y Equipo y demás bases de datos y registros de información de dicho Sistema;
VI. Emitir los protocolos de interconexión, acceso y seguridad de las bases de datos;
VII. Vigilar el cumplimiento de los criterios de acceso a la información y hacer del conocimiento de las instancias competentes cualquier irregularidad detectada;
VIII. Colaborar con el Instituto Nacional de Información de Estadística y Geografía, en la integración de la estadística nacional en materia de seguridad pública, de conformidad con la Ley de la materia y demás normas aplicables;
IX. Coordinar y clasificar información útil para la identificación y evolución de actividades y modos de operación de la delincuencia, así como su georreferenciación;
X. Realizar análisis estadísticos que coadyuven al diseño e implementación de las políticas de prevención e investigación del delito;
XI. Implementar y generar las estadísticas de la materia;
XII. Establecer indicadores del desempeño a las Instituciones de Seguridad Pública;
XIII. Brindar asesoría a las Instituciones de Seguridad Pública para la integración de información, interconexión, acceso, uso, intercambio y establecimiento de medidas de seguridad para las bases de datos; y
XIV. Las demás que le confiera esta Ley y otros ordenamientos aplicables.
Artículo 64.- La Base de Datos de Información Criminal deberá incluir toda la información posible sobre personas imputadas, vinculadas a proceso y sentenciadas, incluyendo perfiles criminológicos, medios de identificación, fotografías, huellas dactilares, audios y videos disponibles para facilitar reconocimientos, modos de operación, vínculos delincuenciales y todos los datos con que se cuente.
El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México proporcionará la información que le corresponda en el ámbito de su competencia, conforme a los acuerdos que adopte el Consejo Estatal y los protocolos que se autoricen al efecto.
Los Municipios deberán proporcionar la información que acuerde el Consejo Estatal de conformidad con los lineamientos y protocolos respectivos.
Artículo 65.- La Base de Datos de Información Penitenciaria deberá contener los registros de la población penitenciaria residente en Centros Penitenciarios del Estado de México, fichas de identificación personal de cada interno con fotografía, información disponible de los internos en prisión preventiva, beneficios preliberacionales otorgados, información de procesos penales, acuerdos reparatorios y sentencias, si las hubiere, y demás información que pueda ser útil para el Sistema Estatal, que generen las autoridades competentes. También deberá incluir toda la información disponible y que pueda ser relevante para el Sistema Estatal, de los internos en instituciones de reintegración social para adolescentes.
Artículo 66.- La Base de Datos de Personal de Instituciones de Seguridad Pública, contendrá la información relativa a sus integrantes, tales como datos que permitan identificar plenamente y localizar al servidor público, sus huellas digitales, fotografías, registro de voz, escolaridad, antecedentes en el servicio, trayectoria en la seguridad pública, estímulos y reconocimientos, sanciones impuestas, cambios de adscripción, cambios de actividad o rango y razones para ello, así como el resultado de las evaluaciones de control de confianza, del desempeño y estatus de certificación.
Artículo 67.- Cuando a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se les dicte cualquier orden de presentación, aprehensión u otra medida cautelar derivada de una investigación penal, así como auto de vinculación, sentencia condenatoria o absolutoria, o bien se les inicie procedimiento administrativo con motivo del ejercicio de sus funciones, y la resolución que se dicte al respecto; se les imponga una sanción administrativa; o se emita cualquier resolución con motivo de la interposición de medios de impugnación de los procedimientos principales; se notificará inmediatamente para su incorporación en la Base de Datos de Personal de Instituciones de Seguridad Pública.
Artículo 68.- La Base de Datos de Registro de Armamento y Equipo deberá contener los vehículos que tengan asignados los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública, con el número de matrícula, placas de circulación, marca, modelo, tipo, número de serie y motor; así como las armas y municiones que les hayan sido autorizadas por las dependencias competentes, aportando el documento respectivo de la autorización y el número de registro, marca, modelo, calibre, matrícula y demás elementos de identificación. También deberán tenerse en la Base de Datos a que se refiere el párrafo anterior, los elementos de identificación de huella balística de las armas asignadas a los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública.
Artículo 69.- Los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública, sólo podrán portar las armas de cargo que les hayan sido asignadas individualmente o aquellas que se les asignen en casos especiales y que estén registradas colectivamente para la Institución de Seguridad Pública a que pertenezcan, de conformidad con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
El incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, dará lugar a que la portación o posesión de armas se considere ilegal y sea sancionada en los términos de las normas aplicables.
Artículo 70.- En el caso de que los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública aseguren armas o municiones, lo comunicarán de inmediato al Registro Estatal de Armamento y Equipo, y éste a su vez al Registro Nacional de Armamento y Equipo, y las pondrán a disposición de las autoridades competentes, en los términos de las normas aplicables.
Artículo 71.- La Base de Datos de Registro Administrativo de Detenciones estará integrada con la información relativa a la detención de cualquier persona y deberá contener, al menos, los datos siguientes:
I. Nombre y, en su caso, alias del detenido;
II. Descripción física del detenido;
III. Motivo, circunstancias generales, lugar y hora en que se haya practicado la detención;
IV. Nombre de quien o quienes hayan intervenido en la detención, así como el rango respectivo y área de adscripción; y
V. Lugar a donde será trasladado el detenido.
Artículo 72.- Los elementos de las Instituciones Policiales que realicen detenciones, deberán dar aviso administrativo de inmediato al Sistema Estatal, y éste a su vez al Centro Nacional de
Información, a través del Informe Policial Homologado, de conformidad con lo establecido en la Ley General y esta Ley.
Artículo 73.- El ministerio público deberá actualizar la información relativa al Registro
Administrativo de Detenciones, tan pronto sea puesto a su disposición el detenido, recabando lo siguiente:
I. Domicilio, fecha de nacimiento, estado civil, grado de estudios y ocupación o profesión;
II. Clave Única de Registro de Población;
III. Grupo étnico al que pertenezca, de ser el caso;
IV. Descripción del estado físico del detenido;
V. Huellas dactilares;
VI. Identificación antropométrica; y
VII. Otros medios que permitan la identificación del detenido.
Artículo 74.- El ministerio público y la policía deberán informar a quien lo solicite de la detención de una persona y, en su caso, la autoridad a cuya disposición se encuentre.
El incumplimiento de esta disposición dará lugar a sanciones administrativas en términos de las disposiciones aplicables, sin perjuicio de la responsabilidad penal.
Artículo 75.- Los integrantes de las instituciones policiales del Estado de México deberán llenar el
Informe Policial Homologado, en términos de los acuerdos adoptados en el Sistema Nacional, con los datos de las actividades que realicen.
Artículo 76.- A la información contenida en el Registro Administrativo de detenciones sólo podrán tener acceso:
I. Las autoridades competentes en materia de investigación y persecución del delito, para los fines que se prevean en los ordenamientos legales aplicables;
II. Los probables responsables, estrictamente para la rectificación de sus datos personales; y
III. Para solicitar que se asiente en el mismo el resultado del procedimiento penal, en términos de las disposiciones legales aplicables.
Bajo ninguna circunstancia se podrá proporcionar información contenida en el Registro a terceros. El Registro no podrá ser utilizado como base de discriminación, vulneración de la dignidad, intimidad, privacidad u honra de persona alguna. Al servidor público que quebrante la reserva del Registro o proporcione información sobre el mismo, se le sujetará al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda.
Artículo 77.- Toda información para la seguridad pública en poder de Instituciones de Seguridad
Pública deberá suministrarse, a cualquiera de las autoridades judiciales o administrativas competentes, en términos de las disposiciones correspondientes.
Las dependencias y organismos del Estado y los Municipios deberán proporcionar la información que les sea requerida por las instancias competentes del Sistema Estatal.
Artículo 78.- Son autoridades competentes para requerir información para la seguridad pública, las siguientes:
I. Las autoridades jurisdiccionales o ministeriales del fuero federal o del fuero común del Estado de México:
a) Que conozcan de la probable comisión de un delito, en todas sus instancias;
b) Especializadas en justicia para adolescentes; y
c) Para imponer medidas de protección a las víctimas u ofendidos del delito.
II. Las autoridades jurisdiccionales federales que conozcan de un juicio de amparo;
III. Las autoridades administrativas competentes para imponer sanciones por la comisión de infracciones administrativas derivadas de conductas relacionadas con las materias que regula la presente Ley; y
IV. Los organismos públicos protectores de derechos humanos, cuando conozcan de quejas o inicien de oficio investigaciones sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, en el ámbito de su competencia.
Artículo 79.- Los servidores públicos que indiquen las disposiciones aplicables, en el ámbito de su competencia, podrán certificar la información para la Seguridad Pública contenida en las bases de datos de las Instituciones de Seguridad Pública, y del Sistema Estatal.
Artículo 80.- Las Instituciones de Seguridad Pública estatales y municipales suministrarán, intercambiarán, sistematizarán, consultarán, analizarán y actualizarán la información que diariamente se genere sobre Seguridad Pública, mediante los sistemas e instrumentos tecnológicos respectivos.
Los prestadores del servicio de seguridad privada están obligados a proporcionar información a las Instituciones de Seguridad Pública, en los términos que requiera el Centro de Información y Estadística del Secretariado Ejecutivo.
Artículo 81.- Toda información para la seguridad pública generada o en poder de Instituciones de
Seguridad Pública o de cualquier instancia del Sistema Estatal debe registrarse, clasificarse y tratarse de conformidad con las disposiciones aplicables. No obstante lo anterior, esta información se considerará reservada en los casos siguientes:
I. Aquella cuya divulgación implique la revelación de normas, procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, sistemas, tecnología o equipos útiles a la generación de inteligencia para la seguridad pública o el combate a la delincuencia en el Estado de México;
II. Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o potenciar una amenaza a la seguridad pública o a las instituciones del Estado de México;
III. La relativa a servidores públicos miembros de las instituciones de seguridad pública, cuya revelación pueda poner en riesgo su vida e integridad física con motivo de sus funciones;
IV. La que sea producto de una intervención de comunicaciones privadas autorizadas conforme a la Constitución Federal y las disposiciones legales correspondientes; y
V. La contenida en averiguaciones previas, carpetas de investigación, expedientes y demás archivos relativos a la investigación para la prevención y la investigación de los delitos y faltas administrativas, en términos de las disposiciones aplicables.
La inobservancia a lo anterior se sancionará de conformidad con las disposiciones aplicables.
SECCIÓN SEGUNDA DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DELITO
Artículo 82.- EI Centro de Prevención del Delito es un órgano dependiente del Secretariado
Ejecutivo; su organización y funcionamiento se determinará en su reglamento interior y en las demás disposiciones aplicables.
Para su mejor desempeño deberá auxiliarse de la opinión técnica de dependencias, asociaciones, organismos y personas especializadas en temas vinculados con la prevención social del delito, a través del órgano técnico que para tal efecto se designe.
Artículo 83.- Son atribuciones del Centro de Prevención del Delito, las siguientes:
I. Formular y ejecutar programas y campañas de prevención de conductas ilícitas, particularmente fomentar las de prevención primaria con los sectores educativo y de salud, así como evaluar sus resultados;
II. Proponer la suscripción de convenios de coordinación o colaboración con autoridades federales, estatales, municipales, organismos públicos o sociales, nacionales, extranjeros o internacionales e instituciones académicas en materia de prevención del delito;
III. Promover la coordinación con dependencias federales, de las entidades federativas y municipales, para ampliar y facilitar el acceso de la comunidad a los servicios requeridos en el ámbito local;
IV. Diseñar programas de vinculación de las Instituciones de Seguridad Pública con la sociedad, en materia de prevención del delito;
V. Formular y proponer al Secretariado Ejecutivo, acciones en materia de política criminal y medidas preventivas que deban adoptarse a corto, mediano y largo plazo, con énfasis en la promoción de una cultura de respeto a la legalidad;
VI. Realizar foros de consulta social y participar en el sistema de evaluación interinstitucional;
VII. Realizar estudios sobre las causas que producen las conductas antisociales y sus impactos en los ámbitos personal, familiar, escolar, comunitario, social y estatal, para lo cual podrá coordinarse con instituciones públicas, privadas o sociales que persigan propósitos afines;
VIII. Brindar asesoría técnica a las diversas instancias de la administración pública, ayuntamientos, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil organizada, en materia de programas de prevención del delito;
IX. Diseñar un sistema de coordinación interdisciplinario de información entre las instituciones encargadas de la prevención del delito y las autoridades de seguridad pública en el Estado, que contribuya a generar información sobre el fenómeno delictivo y sus formas de combate y prevención;
X. Promover acciones específicas de prevención del delito e involucrar en esta tarea al sector educativo, a las autoridades de salud, a universidades públicas y privadas, sindicatos de trabajadores, agrupaciones empresariales y de comerciantes, sociedades de padres de familia, organizaciones no gubernamentales y sociedad civil organizada;
XI. Establecer y coordinar los Comités de Prevención del Delito y demás mecanismos para la recepción de información ciudadana sobre la posible comisión de los delitos;
XII. Emitir opiniones sobre los factores criminógenos que deben ser considerados al autorizar nuevos asentamientos humanos, giros comerciales o de servicios;
XIII. Elaborar un mapa que permita identificar las zonas cuya población registra altos índices de comisión de delitos o en las que se cometa un porcentaje por encima de la media, a fin de elaborar estrategias y promover la ejecución de políticas públicas que promuevan la convivencia, el desarrollo deportivo, social y cultural, así como el rescate de espacios públicos, en coordinación con las demás instancias competentes;
XIV. Organizar con la participación de la sociedad civil, el sector educativo, sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales, entre otros, campañas permanentes de prevención del delito, particularmente para evitar la violencia intrafamiliar, los actos de abuso sexual en escuelas y centros de trabajo y el consumo de drogas;
XV. Coordinarse con el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana para implementar los mecanismos eficaces para lograr la participación de la sociedad civil en el seguimiento, evaluación y supervisión de las acciones del Sistema Estatal; y
XVI. Las demás que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias.
SECCIÓN TERCERA DEL CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA
Artículo 84.- El Consejo Ciudadano es un órgano autónomo de consulta, análisis y opinión, que tiene por objeto participar en la planeación, evaluación y supervisión del Sistema Estatal, auxiliar del Secretariado Ejecutivo; su organización y funcionamiento se determinará en su Estatuto Orgánico y en las demás disposiciones aplicables.
Artículo 85.- El Consejo Ciudadano tiene las atribuciones siguientes:
I. Emitir opiniones y sugerencias en materia de seguridad pública;
II. Conocer y opinar sobre el impacto de las políticas, programas y aplicación de recursos en materia de seguridad pública;
III. Realizar investigaciones y estudios en materia de seguridad pública;
IV. Conocer la información relativa al ejercicio de las funciones de prevención, investigación y persecución de los delitos y faltas administrativas, así como para la reinserción social del sentenciado, que le sea proporcionada por las Instituciones de Seguridad Pública;
V. Vincularse con instituciones académicas públicas, privadas, nacionales o extranjeras para conocer o dar a conocer alternativas de solución a problemáticas de la seguridad pública;
VI. Establecer el vínculo con organizaciones del sector social y privado que desarrollen actividades relacionadas con la materia de seguridad pública;
VII. Coordinarse con los diversos consejos y observatorios ciudadanos del país o sus similares para el cumplimiento de su objeto;
VIII. Proponer políticas, programas, estrategias y acciones vinculadas con la prevención, investigación y combate al delito y, en general, a lo relacionado con la seguridad pública en el Estado, Regiones y Municipios;
IX. Opinar sobre el otorgamiento de reconocimientos a los servidores públicos que destaquen en el ejercicio de sus funciones de seguridad pública o que realicen acciones relevantes;
X. Informar periódicamente a la sociedad sobre las acciones del Consejo Ciudadano e implementar políticas de comunicación social;
XI. Impulsar campañas para motivar la denuncia ciudadana;
XII. Conocer, analizar e integrar las inquietudes de los ciudadanos en las funciones de prevención e investigación del delito, así como de seguridad pública y formular las propuestas y peticiones tendientes a satisfacerlas;
XIII. Realizar consultas a la ciudadanía sobre temas específicos vinculados a la información estadística sobre seguridad pública;
XIV. Promover la realización de talleres, seminarios y foros de consulta, en el ámbito de esta Ley;
XV. Remitir al Consejo Estatal los análisis y evaluaciones que considere pertinentes para el mejor desempeño de las labores de información estadística sobre seguridad pública;
XVI. Emitir recomendaciones públicas a las instituciones que omitan cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad pública;
XVII. Elegir de entre sus miembros a los representantes ante el Consejo Estatal, entre quienes estará el Presidente;
XVIII. Conocer de los informes públicos que rinda el Centro Estatal de Control de Confianza, en el marco del Sistema Estatal de Seguridad Pública;
XIX. Ser informado sobre los resultados del proceso de certificación y acreditación del Centro Estatal de Control de Confianza; y
XX. Las demás que le otorga esta Ley y otras disposiciones aplicables.
Artículo 86.- El Consejo Ciudadano estará integrado por diecinueve Consejeros Ciudadanos, representantes de la sociedad civil organizada, organismos empresariales, instituciones académicas, colegios y asociaciones de profesionistas, así como de los medios de comunicación; de los cuales la mitad serán mujeres, de entre quienes se elegirá al Presidente y Secretario en términos del Estatuto Orgánico.
Artículo 87.- Para ser Consejero Ciudadano se requiere gozar de reconocido prestigio y experiencia en materia de seguridad pública, así como estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos políticos y civiles.
Artículo 88.- Los Consejeros Ciudadanos, serán designados por el Gobernador del Estado en los términos de la convocatoria que se emita al efecto; tendrán tal carácter por un período de tres años, pudiendo ser ratificados por un período igual. Su participación será de carácter honorífico.
Artículo 89.- Para los efectos previstos en el artículo anterior, el Consejo Estatal definirá los términos de la convocatoria.
Artículo 90.- Los Consejeros Ciudadanos dejarán de ejercer su encargo por alguna de las causas siguientes:
I. Por concluir el período para el que fueron elegidos o reelegidos;
III. Por incapacidad permanente que les impida el desempeño de sus funciones;
IV. Por faltar, sin causa justificada, a más de dos sesiones consecutivas o tres acumuladas en un año; y
V. Por haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso.
Artículo 91.- Los Consejeros Ciudadanos están impedidos para:
I. Desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público durante el período de su encargo;
II. Ostentarse como servidores públicos o representantes de cualquier autoridad estatal o municipal; y
III. Difundir los asuntos que sean de su conocimiento, así como información reservada o confidencial.
Artículo 92.- El Consejo Ciudadano sesionará al menos trimestralmente de manera ordinaria y extraordinariamente cuantas veces se requiera, conforme a lo que se establezca en su Estatuto.
Artículo 93.- Para que el Consejo Ciudadano pueda sesionar válidamente, es necesaria la asistencia de la mitad más uno de sus integrantes, entre los que debe estar su Presidente o quien legalmente deba suplirlo.
El Consejo Ciudadano debe tomar sus resoluciones por mayoría simple o por unanimidad de votos y, en caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad.
El Consejo emitirá su propio Estatuto para su organización y funcionamiento. Los consejeros podrán participar en otras instancias ciudadanas en materia de seguridad pública y procuración de justicia.
TÍTULO CUARTO DEL PROGRAMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Artículo 94.- El Programa Estatal es el instrumento programático en materia de seguridad pública.
Su aprobación y expedición corresponde al Consejo Estatal y es obligatorio para todos los servidores públicos de la administración pública de la entidad. El programa deberá contener:
I. La política pública integral sobre seguridad pública;
II. Las metas y objetivos específicos de dicha política;
III. Las acciones que, en forma planeada y coordinada, deberán realizar las Instituciones de
Seguridad Pública, para la prevención del delito;
IV. El diagnóstico de la situación que presenta la seguridad pública en el Estado de México;
V. Las metas y objetivos específicos a alcanzar;
VI. Las líneas de estrategia;
VII. Los subprogramas específicos, incluidos los regionales e intermunicipales, con sus respectivas acciones y metas operativas correspondientes, incluyendo aquellas que sean objeto de coordinación con dependencias y organismos de la administración pública federal o con los gobiernos de las entidades federativas o ayuntamientos de los Municipios colindantes con el Estado de México y aquellas que requieran de concertación con los grupos sociales;
VIII. Los criterios uniformes para la organización, operación y modernización tecnológica de las instituciones de seguridad;
IX. Las unidades administrativas responsables de su ejecución; y
X. Las demás consideraciones necesarias para el cumplimiento de sus fines.
El Programa Estatal deberá guardar congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan de Desarrollo del Estado de México, los Programas Nacionales previstos en la Ley General y las metas y objetivos específicos convenidos, tanto en el marco del Sistema Nacional como el Sistema Estatal.
Artículo 95.- Para la elaboración o revisión del Programa Estatal se tomarán en cuenta las opiniones y aportaciones de los Consejos:
I. Estatal;
II. Intermunicipales;
III. Regionales;
IV. Municipales;
V. Ciudadano; y
VI. Los lineamientos generales que emitan las Instituciones de Seguridad Pública.
Artículo 96.- El Programa Estatal deberá revisarse anualmente, conforme a los objetivos y metas programados, los no logrados, las circunstancias presentadas en su realización, así como en las observaciones que se realicen.
Artículo 97.- El Programa Estatal y sus revisiones se publicarán en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
Artículo 98.- Corresponde a los titulares de las Instituciones de Seguridad Pública y los Presidentes Municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, la implementación del Programa Estatal.
Artículo 99.- El Gobernador del Estado incluirá en su informe anual a la Legislatura del Estado de
México, los avances y los resultados de la implementación y ejecución del Programa Estatal.
DISPOSICIONES COMUNES A LOS INTEGRANTES DE
LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA
Artículo 100.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública tendrán los derechos y obligaciones siguientes:
I. Percibir la remuneración neta por el desempeño de su servicio, salvo las deducciones y descuentos que procedan en términos de Ley, que tenderá a ser un salario digno acorde con el servicio;
II. Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus superiores jerárquicos, iguales o subalternos;
III. Ser sujeto de los ascensos, condecoraciones, estímulos, recompensas y distinciones a que se hayan hecho merecedores, así como permanecer en el servicio de carrera en términos de las disposiciones legales correspondientes;
IV. Recibir la formación, capacitación, adiestramiento y profesionalización;
V. Recibir en forma gratuita el vestuario, armamento y equipo necesario para el desempeño de sus funciones;
VI. Recibir asesoría legal en asuntos relacionados con el ejercicio de sus funciones;
VII. Gozar de los beneficios y prestaciones de seguridad social en términos de las disposiciones legales aplicables;
VIII. Ser recluido en lugares especiales cuando sea sujeto a prisión preventiva;
IX. Acceder a las bibliotecas e instalaciones deportivas con que se cuente; y
X. Gozar de un seguro de vida, en términos de las disposiciones legales aplicables.
B. Obligaciones:
a) Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Federal;
b) Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, en términos de las disposiciones aplicables;
c) Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna;
d) Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población;
e) Velar por la integridad física y psicológica de las personas detenidas, ya sea por la probable comisión de un delito o de una falta administrativa;
f) Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aun cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la seguridad pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente;
g) Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción y en caso de tener conocimiento de alguno, deberán denunciarlo;
h) Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones de Seguridad Pública;
i) Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de Seguridad
Pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;
j) Abstenerse de disponer de bienes asegurados para beneficio propio o de terceros;
k) Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables hechos delictivos o faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedimiento correspondiente;
l) Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de las
m) Abstenerse conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión;
n) Atender con diligencia las solicitudes de auxilio que se les formulen, o en su caso, turnarlo al área competente;
ñ) Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones o consumir dentro o fuera de ellas en el ejercicio de sus funciones, bebidas embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado salvo cuando sean producto de detenciones, cateos, aseguramiento u otros similares y que previamente exista la autorización correspondiente;
o) Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de las Instituciones, dentro o fuera del servicio;
p) Evitar que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes a las atribuciones que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar de dichas personas al realizar actos de servicio;
q) Abstenerse de instruir a sus subordinados la realización de actividades ajenas al servicio de seguridad pública;
r) Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva;
s) Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica;
t) Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciban con motivo del desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento;
u) Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando; y
v) Las demás que establezca esta Ley y otras disposiciones aplicables.
II. Aplicables sólo a los agentes del ministerio público:
a) Abstenerse de ordenar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;
b) Dictar las medidas de protección que procedan de oficio en las investigaciones correspondientes;
c) Dictar las medidas cautelares o providencias precautorias que procedan dentro de las investigaciones;
d) Ordenar oportunamente las diligencias de investigación necesarias para el esclarecimiento de los hechos delictuosos y requerir los informes y documentos pertinentes;
e) Comparecer a las audiencias ante las autoridades competentes el día y hora que para tal efecto se señale; y
f) Las demás que establezca esta Ley y otras disposiciones aplicables.
III. Aplicables sólo a los peritos:
a) Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y científica de evidencias;
b) Rendir en el tiempo establecido por el ministerio público los dictámenes periciales que le soliciten;
c) Comparecer ante las autoridades competentes a explicar sus dictámenes periciales;
d) Atender las instrucciones de su superior jerárquico; y
e) Las demás que establezca esta Ley y otras disposiciones aplicables.
IV. Aplicables sólo a los miembros de las Instituciones Policiales:
a) Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho, de conformidad con el marco jurídico aplicable en la materia;
b) Abstenerse de realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables;
c) Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a la Ley General y la presente Ley;
d) Registrar en el Informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones que realice;
e) Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro. Asimismo, entregar la información que le sea solicitada por otras Instituciones de Seguridad Pública, en términos de las disposiciones aplicables;
f) Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de delitos, así como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres;
g) Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales, así como aquellos de los que tengan conocimiento, con motivo de sus funciones;
h) Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial;
i) Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de mando cumpliendo con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a derecho;
j) Responder al superior jerárquico correspondiente, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, respetando preponderantemente la línea de mando;
k) Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda;
l) Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos solo en el desempeño del servicio y tomar las medidas necesarias para evitar su pérdida, extravío o deterioro;
m) Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas y juegos, u otros lugares de este tipo, si no existe orden expresa o en caso de flagrancia;
n) Hacer uso de la fuerza pública, en cumplimiento de su deber, de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos; y
o) Las demás que establezca esta Ley y otras disposiciones aplicables.
Artículo 101.- Siempre que se use la fuerza pública, se hará de manera racional, congruente, oportuna y con respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, los elementos de las Instituciones Policiales deberán apegarse a los protocolos, las disposiciones normativas y administrativas aplicables.
Artículo 102.- Las Instituciones de Seguridad Pública emitirán un documento de identificación a cada uno de sus integrantes, con las características siguientes:
I. Nombre del integrante de la Institución de Seguridad Pública;
II. Cargo y nivel jerárquico;
III. Fotografía del integrante debidamente sellada en uno de sus extremos con las protecciones tecnológicas que se implementen para evitar su reproducción ilegal;
IV. Huella digital del integrante de la Institución de Seguridad Pública;
V. Clave de inscripción en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública;
VI. Firma del integrante;
VII. Nombre, cargo, nivel jerárquico y firma del servidor público que emite el documento de identificación; y
VIII. En su caso, señalar que el documento de identificación ampara la portación de arma de cargo, precisando los datos de la licencia oficial colectiva, en términos de las disposiciones aplicables.
Todos los elementos de las Instituciones de Seguridad Pública tienen la obligación de identificarse, salvo los casos previstos en la ley, a fin de que el ciudadano se cerciore de que cuenta con el registro correspondiente.
Artículo 103.- Los elementos de todas las Instituciones de Seguridad Pública deberán contar, para su ingreso y permanencia, con el Certificado y registro correspondientes, los cuales deberán ser inscritos en el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Sistema Nacional, y en la Base de Datos de Personal de Instituciones de Seguridad Pública del Sistema Estatal, de conformidad con lo establecido por la Ley General, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. Las Instituciones de Seguridad Pública que cancelen algún Certificado, deberán hacer la anotación respectiva de inmediato.
El Estado podrá proporcionar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad a dependencias y organismos públicos, sociedades mercantiles, asociaciones, instituciones educativas y particulares, por conducto de los organismos que se creen con base en las normas legales aplicables, en su carácter de auxiliares de la función de seguridad pública. Su organización, funcionamiento y tarifa por concepto de pago del servicio, se regulará en las disposiciones administrativas que emitan las dependencias del Gobierno del Estado competentes, sujetándose a los sistemas de control y fiscalización a cargo de las instancias competentes.
El personal que integre los organismos antes referidos deberá sujetarse a las disposiciones que establece esta Ley en materia de desarrollo policial, así como someterse a las evaluaciones para contar con la certificación respectiva.
Artículo 104.- El Servicio Profesional de Carrera es el sistema de administración y control del personal que promueve su profesionalización, desarrollo y permanencia, asegurando la igualdad de oportunidades de ingreso, ascensos, estímulos y beneficios con base en el mérito y la experiencia a fin de contar con servidores públicos capaces, mejorar la calidad del servicio y fortalecer la confianza ciudadana en sus instituciones.
Artículo 105.- En caso de que los órganos jurisdiccionales determinen que la resolución por la que se impone la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de cualquier ministerio público, perito o elemento de las Instituciones Policiales, es injustificada, la Institución respectiva sólo estará obligada a la indemnización y al otorgamiento de las prestaciones a que tenga derecho el servidor público, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiese promovido, de conformidad con el artículo 123, Apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal. Tal circunstancia será inscrita en el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Sistema Nacional, y en la Base de Datos de Personal de Instituciones de Seguridad Pública del Sistema Estatal.
DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECONOCIMIENTOS
Artículo 106.- Las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar las prestaciones previstas como mínimas para los trabajadores al servicio del Estado. Los Municipios generarán, de acuerdo con sus necesidades y con cargo a sus presupuestos, una normatividad de régimen complementario de seguridad social y reconocimientos, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo de la Constitución Federal.
Artículo 107.- Las Instituciones de Seguridad Pública, conforme a lo dispuesto en la Ley General, realizarán y someterán a las autoridades que correspondan los estudios técnicos pertinentes para la revisión, actualización y fijación de sus tabuladores y las zonas en que éstos deberán regir.
Artículo 108.- El régimen de estímulos es el mecanismo por el cual las Instituciones Policiales otorgan el reconocimiento público a sus integrantes por actos de servicio meritorios o por su trayectoria ejemplar, para fomentar la calidad y efectividad en el desempeño del servicio, incrementar las posibilidades de promoción y desarrollo de los integrantes, así como fortalecer su identidad institucional.
Todo estímulo otorgado por las instituciones será acompañado de una constancia que acredite el otorgamiento del mismo, la cual deberá ser integrada al expediente del servidor público y, en su caso, con la autorización de portación de la condecoración o distintivo correspondiente.
Cada Institución de Seguridad Pública Estatal dentro de su Reglamento interno establecerá los tipos y procedimientos para otorgar los estímulos y reconocimientos.
CAPÍTULO TERCERO DE LA CERTIFICACIÓN
Artículo 109.- La certificación es el proceso mediante el cual los integrantes de las instituciones de seguridad pública se someten a las evaluaciones periódicas establecidas por el Centro, en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia.
Los aspirantes que ingresen a las instituciones de seguridad pública deberán contar con el Certificado y registro correspondientes, de conformidad con lo establecido por la Ley General.
Ninguna persona podrá ingresar o permanecer en las instituciones de seguridad pública sin contar con el Certificado y registro vigentes.
Las evaluaciones de control de confianza comprenderán los exámenes médico, toxicológico, psicológico, poligráfico, estudio socioeconómico y los demás que se consideren necesarios de conformidad con la normatividad aplicable.
Artículo 110.- La certificación tiene por objeto:
A. Reconocer habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos para desempeñar sus funciones, conforme a los perfiles aprobados por las autoridades competentes.
El Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia será el órgano encargado de aplicar las evaluaciones para acreditar el cumplimiento de los perfiles a que se refiere el párrafo anterior, así como de expedir la constancia correspondiente.
B. Identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones de los miembros de las instituciones de seguridad pública, con el fin de garantizar la calidad de los servicios, enfocándose a los siguientes aspectos:
I. Cumplimiento de los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;
II. Observancia de un desarrollo patrimonial justificado, en el que sus egresos guarden adecuada proporción con sus ingresos;
III. Ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
IV. Ausencia de vínculos con organizaciones delictivas;
V. Notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal y no estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público; y
VI. Cumplimiento de los deberes establecidos en la Ley General.
Artículo 111.- El Centro emitirá el Certificado correspondiente a quienes acrediten los requisitos de ingreso que establece esta Ley y la Ley General.
El Certificado tendrá por objeto acreditar que el servidor público es apto para ingresar o permanecer en las instituciones de seguridad pública, y que cuenta con los conocimientos, el perfil, las habilidades y las aptitudes necesarias para el desempeño de su cargo.
Artículo 112.- El Certificado a que se refiere el artículo anterior, para su validez, deberá otorgarse en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la conclusión del proceso de certificación, a efecto de que sea ingresado en el Registro Nacional. Dicha certificación y registro tendrán una vigencia de tres años.
Artículo 113.- Los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública deberán someterse a los procesos de evaluación con seis meses de anticipación a la expiración de la validez de su Certificado y registro, a fin de obtener la revalidación de los mismos, en los términos que determinen las autoridades competentes.
La revalidación del Certificado será requisito indispensable para su permanencia en las instituciones de seguridad pública y deberá registrarse para los efectos a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 114.- La certificación que otorgue el Centro deberá contener los requisitos y medidas de seguridad que para tal efecto acuerde el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.
Los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública que deseen prestar sus servicios en otra institución, ya sea en la Federación o en las Entidades Federativas, deberán presentar el Certificado que les haya sido expedido previamente.
Las instituciones de seguridad pública del Estado de México reconocerán la vigencia de los certificados debidamente expedidos y registrados, conforme a la Ley General, esta Ley y demás ordenamientos aplicables. En caso contrario, previo a su ingreso, el servidor público deberá someterse a los procesos de evaluación.
En todos los casos se deberán realizar las inscripciones que correspondan en el Registro Nacional.
Artículo 115.- La cancelación del Certificado de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública procederá:
I. Al ser separados de su encargo por incumplir con alguno de los requisitos de ingreso o permanencia a que se refiere la Ley General, esta Ley y demás disposiciones aplicables;
III. Por no obtener la revalidación de su Certificado; y
DEL SERVICIO DE CARRERA DE LA PROCURADURÍA
GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO
Artículo 116.- El Servicio de Carrera de la Procuraduría comprende lo relativo al ministerio público y a los peritos.
La Policía Ministerial se sujetará a lo dispuesto en esta Ley para las Instituciones Policiales en materia de carrera policial.
Las reglas y procesos en materia de carrera policial y régimen disciplinario de la Policía Ministerial, serán aplicados, operados y supervisados por la Procuraduría.
Los servidores públicos que tengan bajo su mando a agentes del ministerio público o peritos no formarán parte del Servicio de Carrera por ese hecho; serán nombrados y removidos conforme a los ordenamientos legales aplicables; se considerarán trabajadores de confianza, y los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento, sin que para ello sea necesario agotar procedimiento administrativo alguno.
Artículo 117.- El Servicio de Carrera Ministerial y Pericial comprenderá las etapas de ingreso, desarrollo y terminación del servicio, conforme a lo siguiente:
I. El ingreso comprende los requisitos y procedimientos de selección, formación y certificación inicial, así como registro;
II. El desarrollo comprenderá los requisitos y procedimientos de formación continua y especializada, de actualización, de evaluación para la permanencia, de evaluación del desempeño, de desarrollo y ascenso, de dotación de estímulos y reconocimientos, de reingreso y de certificación. De igual forma, deberá prever medidas disciplinarias y sanciones para los miembros del Servicio de Carrera; y
III. La terminación comprenderá las causas ordinarias y extraordinarias de separación del Servicio, así como los procedimientos y recursos de inconformidad a los que haya lugar, ajustándose a lo establecido por las leyes y disposiciones aplicables.
Artículo 118.- El Servicio de Carrera se organizará de conformidad con las bases siguientes:
I. Tendrá carácter obligatorio y permanente; abarcará los planes, programas, cursos, evaluaciones, exámenes y concursos correspondientes a las diversas etapas que comprende;
II. Se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal. Tendrá como objetivos la preparación, competencia, capacidad y superación constante del personal en tareas de Procuración de Justicia;
III. El contenido teórico y práctico de los programas de capacitación, actualización, especialización y certificación fomentará que los integrantes de la Procuraduría logren la profesionalización y ejerzan sus atribuciones con base en los principios y objetivos referidos y promoverán el efectivo aprendizaje y el pleno desarrollo de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarios para el desempeño del servicio público;
IV. Contará con un sistema de rotación del personal;
V. Determinará los perfiles, niveles jerárquicos en la estructura y de rangos;
VII. Buscará el desarrollo, ascenso y dotación de estímulos con base en el mérito y la eficiencia en el desempeño de sus funciones;
VIII. Buscará generar el sentido de pertenencia institucional;
IX. Contendrá las normas para el registro y el reconocimiento de los certificados del personal; y
X. Contendrá las normas para el registro de las incidencias del personal.
CAPÍTULO SEGUNDO DEL INGRESO AL SERVICIO DE CARRERA
Artículo 119.- El ingreso al Servicio de Carrera se hará por convocatoria pública.
Los aspirantes a ingresar, deberán cumplir con los requisitos siguientes:
III. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;
IV. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable como responsable de un delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
VII. Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica que se establezcan en términos de las normas aplicables;
VIII. Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza previstas en las disposiciones aplicables; y
IX. Los demás que establezcan las disposiciones aplicables y en su caso, los específicos que se prevengan en la convocatoria respectiva, en función de los servicios requeridos.
B. Peritos
IV. En su caso, tener acreditado el Servicio Militar Nacional;
V. Aprobar el curso de ingreso, formación inicial o básica que se establezcan en términos de las normas aplicables;
VI. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
IX. Presentar y aprobar las evaluaciones de control de confianza; y
X. Los demás que establezcan las disposiciones aplicables y en su caso, los específicos que se prevengan en la convocatoria respectiva, en función de los servicios requeridos.
Artículo 120.- Previo al ingreso de los aspirantes a los cursos de formación inicial, deberán consultarse sus antecedentes en el Registro Nacional y, en su caso, en los registros de las
Instituciones de Seguridad Pública. Asimismo, deberá verificarse la autenticidad de los documentos presentados por los aspirantes.
Artículo 121.- Los aspirantes a ingresar al Servicio de Carrera de la Procuraduría deberán cumplir con los estudios de formación inicial, que impartirán los institutos y centros educativos correspondientes, en términos de las normas aplicables.
CAPÍTULO TERCERO DEL DESARROLLO DEL SERVICIO DE CARRERA
Artículo 122.- Son requisitos de permanencia del ministerio público y de los peritos, los siguientes:
I. Cumplir los requisitos de ingreso durante el servicio;
II. Cumplir con los programas de profesionalización;
III. Aprobar las evaluaciones de control de confianza y aquellas otras que determine el Procurador;
IV. Contar con la certificación y registro actualizados a que se refiere la Ley General;
V. Ser de notoria buena conducta, no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
VI. Cumplir las órdenes de rotación;
VII. Cumplir con las obligaciones que les impongan las leyes respectivas; y
VIII. Los demás requisitos que establezcan las disposiciones aplicables.
Artículo 123.- Los integrantes de la Procuraduría deberán someterse y aprobar los procesos de evaluación de control de confianza y del desempeño con la periodicidad y en los casos que establezcan las disposiciones aplicables y cuando así lo determine el Procurador.
Los resultados de los procesos de evaluación y los expedientes que se formen con los mismos serán confidenciales, salvo en aquellos casos en que deban presentarse en procedimientos administrativos o judiciales y se mantendrán en reserva en los términos de las disposiciones aplicables, salvo en los casos que señala la presente ley.
Artículo 124.- Las solicitudes de reincorporación al servicio de carrera se analizarán y en su caso, concederán con arreglo a las disposiciones aplicables, siempre que el motivo de la baja haya sido por causas distintas al incumplimiento a los requisitos de permanencia o al seguimiento de un proceso de responsabilidad administrativa o penal, local o federal.
DE LA COMISIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL Y PERICIAL
Artículo 125.- La Procuraduría establecerá la Comisión del Servicio Profesional de Carrera
Ministerial y Pericial, como órgano colegiado para el seguimiento de las carreras ministerial y pericial.
Artículo 126.- La Comisión del Servicio Profesional de Carrera Ministerial y Pericial, estará integrada por:
I. El Procurador o el servidor público en quien delegue esta facultad;
II. Un representante de los agentes del ministerio público de trayectoria reconocida en el servicio, designado por el Procurador;
III. Un representante del Instituto de Servicios Periciales del Estado de México de trayectoria reconocida en el servicio, designado por el Procurador; y
IV. El titular del área jurídica de la Institución.
Artículo 127.- Las promociones y ascensos de los agentes del ministerio público y peritos se realizarán en base a los méritos, experiencia y desempeño del servidor público; y su procedimiento se establecerá en las disposiciones reglamentarias correspondientes.
DE LA TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE CARRERA
Artículo 128.- La terminación del Servicio de Carrera será:
b) Incapacidad permanente para el desempeño de las funciones; y
El trámite de la terminación ordinaria del Servicio Civil de Carrera corresponderá a las unidades administrativas competentes de la Procuraduría, conforme a la Ley Orgánica y su Reglamento.
a) Separación por el incumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia; o
b) Remoción por incumplir las obligaciones establecidas en la Ley General, esta Ley, la Ley Orgánica y su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
El proceso de separación o remoción por causas extraordinarias es independiente y autónomo de las causas de responsabilidad administrativa que se establecen en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.
Artículo 129.- La unidad jurídica de la Procuraduría llevará a cabo el procedimiento por el que se resuelva la separación o remoción, como causas de terminación extraordinaria del servicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución
Federal, la Ley General, esta Ley y demás ordenamientos aplicables, en el ámbito de su competencia.
La resolución correspondiente deberá ser emitida por el Procurador o por los servidores públicos en quienes delegue esta atribución. Con relación al procedimiento mencionado se observarán las reglas siguientes:
I. Se realizará en los términos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México;
II. Antes, al inicio o durante la tramitación del procedimiento administrativo, el titular de la unidad jurídica, previo acuerdo de su superior jerárquico, podrá determinar, como medida precautoria, la suspensión temporal del agente del ministerio público o perito de que se trate, hasta en tanto se resuelva el procedimiento correspondiente, con el objetivo de salvaguardar el interés social, el interés público o el orden público derivado de las funciones que realizan en la investigación y persecución de los delitos, de así convenir para el mejor cumplimiento del servicio de procuración de justicia.
III. La medida precautoria aludida en el párrafo anterior, no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute.
IV. Durante el período de la suspensión el agente del ministerio público o el perito de que se trate, no tendrá derecho a percibir su salario y demás prestaciones que le correspondan.
V. En contra de las resoluciones por las que se resuelva la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, se podrá interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la autoridad que emitió la resolución o juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en los términos del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.
VI. De interponerse el recurso ante la autoridad que lo emitió, resolverá el Procurador en su calidad de superior jerárquico.
Artículo 130.- En caso de que los órganos jurisdiccionales determinen que la resolución por la que se impone la separación o remoción es injustificada, la Procuraduría sólo estará obligada a la indemnización de tres meses de sueldo y al pago de las prestaciones de ley, entendiendo éstas por el pago de la parte proporcional de aguinaldo, vacaciones y las demás contempladas en las leyes.
En ningún caso procede el pago de sueldo, salarios caídos, haberes dejados de percibir o remuneración diaria ordinaria por el tiempo en que el servidor público haya estado suspendido, separado o removido del cargo, de conformidad con el artículo 123, Apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal. Tal circunstancia será inscrita en el Registro Nacional correspondiente.
CAPÍTULO SEXTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN
Artículo 131.- El Programa Rector de Profesionalización, aprobado por las instancias competentes del Sistema Nacional, es el instrumento en el que se establecen los lineamientos, programas, actividades y contenidos mínimos para la profesionalización del personal.
Artículo 132.- Los planes de estudios se integrarán por el conjunto de contenidos teóricos y prácticos estructurados en unidades didácticas de enseñanza y aprendizaje, en los que se incluyan talleres de resolución de casos.
Artículo 133.- Los servidores públicos de la Procuraduría están obligados a participar en las actividades de profesionalización que determine la institución, los cuales deberán cubrir los contenidos, prácticas y horas clase que se establezcan en los planes y programas de estudio.
TÍTULO SÉPTIMO DEL DESARROLLO POLICIAL
Artículo 134.- El Desarrollo Policial es un conjunto integral de reglas y procesos debidamente estructurados y enlazados entre sí que comprenden la Carrera Policial, los esquemas de profesionalización, la certificación y el régimen disciplinario de los Integrantes de las Instituciones Policiales, y tiene por objeto garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los mismos; elevar la profesionalización, fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, así como garantizar el cumplimiento de los principios a que se refiere esta Ley.
Artículo 135.- Las relaciones jurídicas entre las Instituciones Policiales y sus integrantes se rigen por la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal, la Ley General, esta
Ley y demás disposiciones aplicables.
Todos los servidores públicos de las Instituciones Policiales que no pertenezcan a la Carrera Policial, se considerarán trabajadores de confianza. Los efectos de su nombramiento se podrán dar por terminados en cualquier momento, de conformidad con las disposiciones aplicables, y en caso de que no acrediten las evaluaciones de control de confianza, sin que para ello sea necesario agotar procedimiento administrativo alguno.
Artículo 136.- Las Instituciones Policiales, para el mejor cumplimiento de sus objetivos, desarrollarán, cuando menos, las siguientes funciones:
I. Investigación: a través de sistemas homologados de recolección, clasificación, registro, análisis, evaluación y explotación de información, siempre bajo el mando y conducción del ministerio público;
II. Prevención: tendiente a prevenir la comisión de delitos e infracciones administrativas, así como acciones de inspección, vigilancia y vialidad en su circunscripción; y
III. Reacción: a fin de garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz públicos.
Artículo 137.- La Policía Ministerial será la encargada de la investigación científica de los delitos y estará dentro de la estructura orgánica de la Procuraduría. Las Instituciones Policiales de la entidad podrán tener unidades operativas de investigación que, en el ejercicio de esta función, se sujetarán a la conducción y mando del ministerio público.
En todo caso, las unidades de investigación de las Instituciones Policiales y la Policía Ministerial de la Procuraduría se coordinarán entre sí para el cumplimiento de sus funciones, conforme a las instrucciones del ministerio público.
Las unidades de las Instituciones Policiales en funciones de prevención y reacción, atenderán y cumplirán las instrucciones que dicte el ministerio público con motivo de sus atribuciones de investigación y persecución de los delitos, así como en materia de medidas cautelares y de protección que se ordenen. El incumplimiento de esta obligación será causa de responsabilidad en los términos de esta Ley.
Artículo 138.- Las unidades de policía encargadas de la investigación científica de los delitos se coordinarán en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables, para el efectivo cumplimiento de sus funciones, y tendrán, entre otras, las facultades siguientes:
I. Recibir las denuncias sobre hechos delictuosos, sólo cuando debido a las circunstancias del caso aquéllas no puedan ser formuladas directamente ante el ministerio público, al que deberán informar de inmediato, así como de las diligencias practicadas, y dejarán de actuar cuando él lo determine;
II. Verificar la información de las denuncias que le sean presentadas cuando éstas no sean lo suficientemente claras o la fuente no esté identificada, e informar al ministerio público para que, en su caso, le dé trámite legal o la deseche de plano;
III. Practicar las diligencias necesarias que permitan el esclarecimiento de los delitos y la identidad de los probables responsables, en cumplimiento de los mandatos del ministerio público;
IV. Efectuar las detenciones en los casos del artículo 16 de la Constitución Federal;
V. Participar en la investigación de los delitos, en la detención de personas y en el aseguramiento de bienes que el ministerio público considere se encuentren relacionados con los hechos delictivos, observando las disposiciones constitucionales y legales aplicables;
VI. Registrar de inmediato la detención en términos de las disposiciones aplicables, así como remitir sin demora y por cualquier medio la información al ministerio público;
VII. Poner a disposición de las autoridades competentes, sin demora alguna, a las personas detenidas y los bienes que se encuentren bajo su custodia, observando en todo momento el cumplimiento de los plazos constitucionales y legales establecidos;
VIII. Preservar el lugar de los hechos y la integridad de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito. Las unidades de la policía facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos, deberán fijar, señalar, levantar, embalar y entregar la evidencia física al ministerio público, conforme a las instrucciones de éste y en términos de las disposiciones aplicables.
IX. Proponer al ministerio público que requiera a las autoridades competentes, informes y documentos para fines de la investigación, cuando se trate de aquellos que sólo pueda solicitar por conducto de éste;
X. Dejar constancia de cada una de sus actuaciones, así como llevar un control y seguimiento de éstas. Durante el curso de la investigación deberán elaborar informes sobre el desarrollo de la misma, y rendirlos al ministerio público, sin perjuicio de los informes que éste le requiera;
XI. Emitir los informes, partes policiales y demás documentos que se generen, con los requisitos de fondo y forma que establezcan las disposiciones aplicables, para tal efecto se podrán apoyar en los conocimientos que resulten necesarios;
XII. Proporcionar atención a víctimas, ofendidos o testigos del delito; para tal efecto deberá:
b) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria;
c) Adoptar las medidas que se consideren necesarias tendientes a evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica, en el ámbito de su competencia;
d) Preservar los indicios y elementos de prueba que la víctima y ofendido aporten en el momento de la intervención policial y remitirlos de inmediato al ministerio público encargado del asunto para que éste acuerde lo conducente; y
XIII. Dar cumplimiento a las órdenes de aprehensión y demás mandatos ministeriales y jurisdiccionales de que tenga conocimiento con motivo de sus funciones; y
XIV. Las demás que le confieran las disposiciones aplicables.
Cuando para el cumplimiento de alguna de estas facultades se requiera una orden judicial, el elemento de la unidad de policía encargada de la investigación científica de los delitos informará al ministerio público, para que éste la solicite al juez de control, debiendo proveer la información en que se base para hacer la solicitud respectiva.
Artículo 139.- El Procurador y el Secretario establecerán de común acuerdo los protocolos de actuación de las Instituciones Policiales para la debida investigación y persecución de los delitos.
Estos protocolos serán de observancia obligatoria para las Instituciones Policiales de los Municipios una vez que sean aprobados por el Consejo Estatal.
En el ejercicio de facultades de investigación preventiva, se aplicarán las técnicas especiales que establezcan las disposiciones aplicables conforme a los protocolos antes referidos.
Los protocolos de actuación policial tendrán la calidad de información confidencial en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; por tanto, no podrán ser difundidos o publicados bajo ningún concepto.
CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS BASES DE LA CARRERA POLICIAL
Artículo 140.- La Carrera Policial es el sistema de carácter obligatorio y permanente, conforme al cual se establecen los lineamientos que definen los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, permanencia, evaluación, promoción y reconocimiento; así como la separación o baja del servicio de los integrantes de las Instituciones Policiales.
Artículo 141.- Los fines de la Carrera Policial son:
I. Garantizar el desarrollo institucional y asegurar la estabilidad en el empleo, con base en un esquema proporcional y equitativo de remuneraciones y prestaciones para los integrantes de las
Instituciones Policiales;
III. Fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, mediante la motivación y el establecimiento de un adecuado sistema de promociones que permita satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de los integrantes de las Instituciones Policiales;
IV. Instrumentar e impulsar la capacitación y profesionalización permanente de los integrantes de las Instituciones Policiales para asegurar la lealtad institucional en la prestación de los servicios; y
V. Los demás que establezcan las disposiciones aplicables.
Artículo 142.- La organización jerárquica de las Instituciones Policiales, se considerará al menos las categorías siguientes:
En la Policía Ministerial se establecerán niveles jerárquicos equivalentes a las primeras tres fracciones del presente artículo, con las respectivas categorías, conforme al modelo policial previsto en la Ley General.
En el caso de las Instituciones Policiales de los Municipios la integración de las categorías y jerarquías serán de acuerdo a su presupuesto.
Artículo 143.- En las Instituciones Policiales las categorías previstas en el artículo anterior serán:
b) Comisario Jefe; y
b) Inspector Jefe; y
a) Subinspector;
b) Oficial; y
c) Suboficial.
a) Policía Primero;
b) Policía Segundo;
c) Policía Tercero; y
d) Policía.
En las Instituciones Policiales de los Municipios, se considerarán las categorías antes referidas según su estructura y las necesidades del servicio.
Artículo 144.- Las Instituciones Policiales se organizarán bajo un esquema de jerarquización terciaria, cuya célula básica se compondrá invariablemente por tres elementos, sin perjuicio de lo dispuesto en los protocolos respectivos.
Artículo 145.- El orden de las categorías jerárquicas y grados tope del personal de la Instituciones Policiales será definido y establecida en sus disposiciones reglamentarias.
Artículo 146.- La remuneración de los integrantes de las Instituciones Policiales será acorde con la calidad y riesgo de las funciones en sus rangos y puestos respectivos, así como en las misiones que cumplan, las cuales no podrán ser disminuidas durante el ejercicio de su encargo y deberán garantizar un sistema de retiro digno.
De igual forma, los titulares de las Instituciones Policiales tanto del Estado como de los Municipios, deberán establecer sistemas de seguros para los familiares de los policías, que contemplen el fallecimiento y la incapacidad total o permanente acaecida en el cumplimiento de sus funciones.
Artículo 147.- La Carrera Policial comprende el grado policial, la antigüedad, las insignias, condecoraciones, estímulos y reconocimientos obtenidos, el resultado de los procesos de promoción, así como el registro de las correcciones disciplinarias y sanciones que, en su caso, haya acumulado el integrante. Se regirá por las normas mínimas siguientes:
I. Las Instituciones Policiales deberán consultar los antecedentes de cualquier aspirante, antes de que se autorice su ingreso a las mismas, en el Registro Nacional de Personal de las Instituciones de Seguridad Pública del Sistema Nacional, y en la Base de Datos de Personal de Instituciones de Seguridad Pública del Sistema Estatal;
II. Todo aspirante deberá tramitar, obtener y mantener actualizado el Certificado Único Policial, que expedirá el Centro;
III. Ninguna persona podrá ingresar a las Instituciones Policiales si no ha sido debidamente certificado y registrado;
V. La permanencia de los integrantes en las Instituciones Policiales está condicionada al cumplimiento de los requisitos que determina la Ley General y esta Ley;
VI. Los méritos de los integrantes de las Instituciones Policiales serán evaluados por las instancias encargadas de determinar las promociones y verificar que se cumplan los requisitos de permanencia;
IX. Los integrantes podrán ser cambiados de adscripción, con base en las necesidades del servicio;
X. El cambio de un integrante de las Instituciones Policiales del Estado o de los Municipios, de un área operativa a otra de distinta especialidad, sólo podrá ser autorizado por el Secretario o el
Presidente Municipal, o por los servidores públicos en quienes estos deleguen dicha atribución, respectivamente; y
XI. Los titulares de las Instituciones Policiales del Estado o de los Municipios, respectivamente, establecerán los procedimientos relativos a cada una de las etapas de la Carrera Policial.
Artículo 148.- La Carrera Policial es independiente de los nombramientos para desempeñar cargos administrativos o de dirección que el integrante llegue a desempeñar en las Instituciones Policiales.
En ningún caso habrá inamovilidad en los cargos administrativos y de dirección.
Artículo 149.- Los titulares de las Instituciones Policiales del Estado y de los Municipios, respectivamente, podrán designar a los integrantes en cargos administrativos o de dirección de la estructura orgánica de las instituciones a su cargo; asimismo, podrán relevarlos libremente, respetando su grado policial y los derechos inherentes a la Carrera Policial.
DE LA SELECCIÓN, INGRESO Y PERMANENCIA DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES
Artículo 150.- La selección es el proceso que consiste en elegir, de entre los aspirantes que hayan aprobado el reclutamiento, a quienes cubran el perfil y la formación requeridos para ingresar a las Instituciones Policiales.
Dicho proceso comprende el período de los cursos de formación o capacitación y concluye con la resolución de las instancias previstas en esta Ley sobre los aspirantes aceptados.
Artículo 151.- El ingreso es el procedimiento de integración de los candidatos a la estructura institucional y tendrá verificativo al terminar la etapa de formación inicial o capacitación en el
Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia, el período de prácticas correspondiente y la acreditación del cumplimiento de los requisitos previstos en esta Ley.
Artículo 152.- La permanencia es el resultado del cumplimiento constante de los requisitos establecidos en la presente Ley para continuar en el servicio activo de las Instituciones Policiales. Son requisitos de ingreso y permanencia en las Instituciones Policiales, los siguientes:
A. De ingreso:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, sin tener otra nacionalidad;
II. Ser de notoria buena conducta, y no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal;
IV. Acreditar que ha concluido, al menos, los estudios siguientes:
a) En el caso de aspirantes a las áreas de investigación, enseñanza superior o equivalente;
b) Tratándose de aspirantes a las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente; o
c) En caso de aspirantes a las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica.
V. Aprobar el examen de ingreso y los cursos de formación;
VI. Contar con los requisitos de edad y el perfil físico, médico y de personalidad que exijan las disposiciones aplicables;
VII. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
VIII. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
IX. No padecer alcoholismo;
X. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo o el no uso de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
XI. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público en ningún ámbito de gobierno; y
XII. Los demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables.
B. De permanencia:
I. Ser de notoria buena conducta, y no haber sido condenado por sentencia irrevocable por delito doloso;
II. Mantener actualizado su Certificado Único Policial;
III. No superar la edad máxima de retiro que establezcan las disposiciones aplicables;
b) Tratándose de integrantes de las áreas de prevención, enseñanza media superior o equivalente; o
c) En caso de integrantes de las áreas de reacción, los estudios correspondientes a la enseñanza media básica.
V. Aprobar los cursos de formación, capacitación y profesionalización;
VI. Aprobar los procesos de evaluación de control de confianza;
VIII. Participar en los procesos de promoción o ascenso a que se convoque, conforme a las disposiciones aplicables;
IX. Abstenerse de consumir sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
X. No padecer alcoholismo;
XI. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de alcoholismo;
XII. Someterse a exámenes para comprobar la ausencia de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares;
XIII. No estar suspendido o inhabilitado, ni haber sido destituido por resolución firme como servidor público en ningún ámbito de gobierno;
XIV. No ausentarse del servicio sin causa justificada, por un periodo de tres días consecutivos o de cinco días dentro de un término de treinta días; y
DE LA PROMOCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES
Artículo 153.- La promoción es el acto mediante el cual se otorga a los elementos de las
Instituciones Policiales, el grado inmediato superior al que ostenten, dentro del orden jerárquico previsto en las disposiciones jurídicas aplicables.
Las promociones sólo podrán conferirse atendiendo a la normatividad aplicable y cuando exista una vacante para la categoría jerárquica superior inmediata correspondiente a su grado.
Artículo 154.- Al elemento que sea promovido, le será ratificada su nueva categoría jerárquica mediante la expedición de la constancia de grado correspondiente.
Artículo 155.- Para ocupar un grado dentro de las Instituciones Policiales, se deberán reunir los requisitos establecidos por esta Ley y las disposiciones normativas aplicables.
Artículo 156.- Se considera escala de rangos policiales a la relación que contiene a todos los elementos de las Instituciones Policiales y los ordena en forma descendente de acuerdo a su categoría, jerarquía, división, servicio, antigüedad y demás elementos pertinentes.
Para tales efectos, la antigüedad se clasificará y computará para cada uno de los integrantes de las Instituciones Policiales, de la siguiente forma:
I. Antigüedad en el servicio, a partir de la fecha de su ingreso a las Instituciones Policiales;
II. Antigüedad en el grado, a partir de la fecha señalada en la constancia o patente de grado correspondiente; y
III. La antigüedad contará hasta el momento en que esta calidad deba determinarse para los efectos de la Carrera Policial.
Artículo 157.- Las Instituciones Policiales establecerán órganos colegiados encargados del seguimiento de la carrera policial, en términos de las disposiciones reglamentarias correspondientes.
DE LA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES
Artículo 158.- La conclusión del servicio de un elemento es la terminación de su nombramiento o la cesación de sus efectos legales por las siguientes causas:
I. Separación, por incumplimiento de cualquiera de los requisitos de permanencia, o cuando en los procesos de promoción concurran las siguientes circunstancias:
a) Si hubiere sido convocado a tres procesos consecutivos de promoción sin que haya participado en los mismos, o que habiendo participado en dichos procesos, no hubiese obtenido el grado inmediato superior que le correspondería por causas imputables a él;
b) Que haya alcanzado la edad máxima correspondiente a su jerarquía, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones aplicables; y
c) Que del expediente del integrante no se desprendan méritos suficientes a juicio de las Comisiones para conservar su permanencia.
II. Remoción, por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones o incumplimiento de sus deberes, de conformidad con las disposiciones relativas al régimen disciplinario; o
b) Muerte o incapacidad permanente; o
Al concluir el servicio, el elemento deberá entregar al funcionario designado para tal efecto, toda la información, documentación, equipo, materiales, identificaciones, valores u otros recursos que hayan sido puestos bajo su responsabilidad o custodia mediante acta de entrega-recepción.
Artículo 159.- Los elementos de las Instituciones Policiales que hayan alcanzado las edades límite para la permanencia, previstas en las disposiciones que los rijan, podrán ser reubicados, a consideración de las instancias, en otras áreas de los servicios de las propias Instituciones.
Artículo 160.- La Comisión de Honor y Justicia, es un órgano colegiado que tendrá como atribución llevar a cabo, en el ámbito de su competencia, los procedimientos en los que se resuelva la suspensión temporal, separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de los elementos policiales de conformidad con lo establecido en el Artículo 123, apartado B, fracción XIII de la Constitución Federal y la Ley General, cuando incumplan:
I. Con los requisitos de permanencia que se establecen en la Ley General, esta Ley y demás disposiciones legales aplicables;
II. Con las obligaciones establecidas en la Ley General, esta Ley y los ordenamientos jurídicos internos que rigen su actuar; y
III. Con el régimen disciplinario establecido en esta Ley.
La Comisión de Honor y Justicia implementará una base de datos en la que se registrarán las sanciones impuestas a los integrantes de las Instituciones Policiales.
Artículo 161.- Las Instituciones Policiales establecerán una Comisión de Honor y Justicia, que estará integrada por:
I. Un presidente que tendrá voto de calidad;
II. Un secretario que será el titular del jurídico de la Institución y contará con voz y voto; y
III. Un representante de la unidad operativa de investigación, prevención o reacción según sea el caso.
El presidente y el representante serán designados por el titular de la dependencia.
Artículo 162.- La Comisión de Honor y Justicia de la Procuraduría, se integrará por:
I. El Comisario General de la Policía Ministerial, quien la presidirá;
II. El Director General Jurídico y Consultivo, quien fungirá como secretario, con voz y voto; y
III. Un elemento destacado de la Policía Ministerial designado por el Procurador General de Justica.
CAPÍTULO SÉPTIMO DEL PROCEDIMIENTO
Artículo 163.- El superior inmediato del elemento policial que incumpla con alguno de los requisitos de permanencia, las obligaciones establecidas en la Ley General, esta Ley y los ordenamientos jurídicos internos que rigen su actuar o con el régimen disciplinario establecido en esta Ley, integrará el expediente que sustente dicha irregularidad y lo remitirá a la brevedad a la Comisión de Honor y Justicia.
Artículo 164.- La Comisión de Honor y Justicia, cuando le sea remitido un expediente a que se refiere el artículo anterior, abrirá un periodo de información previa, con la finalidad de conocer las circunstancias del caso concreto y estar en posibilidad de determinar la conveniencia o no de tramitar el procedimiento administrativo correspondiente.
Artículo 165.- Antes, al inicio o durante la tramitación del procedimiento administrativo, la
Comisión de Honor y Justicia, podrá determinar, como medida precautoria, la suspensión temporal del elemento policial de que se trate, hasta en tanto se resuelva el procedimiento correspondiente, con el objetivo de salvaguardar el interés social, el interés público o el orden público derivado de las funciones que realiza, de así convenir para el mejor cumplimiento del servicio de seguridad pública.
La medida precautoria aludida en el párrafo anterior, no prejuzga sobre la responsabilidad que se impute.
Durante el período de la suspensión el servidor público no tendrá derecho a percibir su salario y demás prestaciones que le correspondan.
Artículo 166.- De ser procedente, la Comisión de Honor y Justicia, iniciará procedimiento administrativo al elemento policial, asignándole al expediente correspondiente un número progresivo e incluirá el año que se inicia. El número se anotará en todas las promociones y actuaciones que se produzcan con el mismo.
Artículo 167.- La Comisión de Honor y Justicia otorgará al elemento policial sujeto a procedimiento garantía de audiencia a efecto de que conozca la irregularidad que se le imputa, ofrezca pruebas y alegue en su favor.
Artículo 168.- En el citatorio de garantía de audiencia se expresará:
I. El nombre de la persona a la que se dirige;
II. El lugar, fecha y hora en la que tendrá verificativo la audiencia;
III. El objeto o alcance de la diligencia;
IV. Las disposiciones legales en que se sustente;
V. El derecho del interesado a aportar pruebas y alegar en la audiencia por sí o por medio de defensor;
VI. Que podrá comparecer por sí o apoderado legal; y
VII. El nombre, cargo y firma autógrafa de las autoridades que lo emiten.
Artículo 169.- El citatorio a garantía de audiencia deberá ser notificado personalmente al interesado, por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la fecha señalada para su desahogo, a efecto de que prepare su defensa.
Artículo 170.- El Secretario de la Comisión desahogará la diligencia de garantía de audiencia en los siguientes términos:
I. Dará a conocer al servidor público las constancias y pruebas que obran en el expediente del asunto, en su caso;
II. Se admitirán y desahogarán las pruebas que se ofrezcan y que sean procedentes;
III. El compareciente formulará los alegatos que considere pertinentes; y
IV. Se levantará acta administrativa en la que consten las circunstancias anteriores.
Artículo 171.- De no comparecer el servidor público en el día y hora señalados en el citatorio, se hará constar su inasistencia y se tendrá por satisfecha la garantía de audiencia y perdido su derecho a ofrecer pruebas y alegar en su favor.
Artículo 172.- Son medios de prueba:
I. La confesional;
IV. Inspección;
V. Pericial;
VI. Presuncional;
VII. Instrumental; y
VIII. Fotografías y demás elementos aportados por la ciencia.
Los medios probatorios enlistados en este artículo se ofrecerán, admitirán o desecharán, desahogarán y valorarán conforme a las reglas que para tal efecto se establecen en el Código de
Procedimientos Administrativos del Estado de México.
Tratándose de pruebas supervenientes podrán presentarse hasta antes del dictado de la resolución.
Artículo 173.- Si en el procedimiento es necesario el desahogo de las pruebas ofrecidas, el secretario fijará el día y hora para tal efecto, dentro de un plazo no mayor de 10 días siguientes a la presentación de la promoción inicial.
Artículo 174.- Concluida la tramitación del procedimiento, cuando existan documentos u otras pruebas que no sean del conocimiento del servidor público, se pondrán las actuaciones a disposición de éste por un plazo de tres días siguientes a la notificación del acuerdo respectivo, para que formulen, en su caso, los alegatos que consideren pertinentes.
Artículo 175.- El procedimiento terminará por:
I. Convenio; y
II. Resolución expresa del mismo.
Artículo 176.- Las Comisiones de Honor y Justicia podrán celebrar con los elementos policiales sujetos a procedimiento convenios que pongan fin a los asuntos, siempre que no sean contrarios a las disposiciones legales aplicables.
Artículo 177.- La resolución expresa que ponga fin al procedimiento indicará:
I. Nombre del servidor público;
II. La determinación que podrá ser de: remoción, baja, cese, sobreseimiento o resolución sin sanción;
III. Los fundamentos y motivos que la sustenten; y
IV. El nombre, cargo y firma de los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia.
Artículo 178.- Cuando se impongan sanciones administrativas, la motivación de la resolución considerará las siguientes circunstancias:
I. La gravedad de la infracción en que se incurra;
II. Los antecedentes del infractor;
III. Las condiciones socio-económicas del infractor; y
IV. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones, en su caso.
Artículo 179.- La Comisión de Honor y Justicia ordenará la notificación al servidor público de la resolución correspondiente, conforme a lo establecido en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.
Artículo 180.- Las resoluciones sancionadoras podrán ser impugnadas mediante el Recurso
Administrativo de Inconformidad, ante el Titular de la Institución Policial correspondiente o a través del juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, dentro de los quince días posteriores al en que surta efectos la notificación de la resolución.
Artículo 181.- Es improcedente la reinstalación o restitución de los integrantes de las Instituciones Policiales separados de su cargo por resolución de remoción, baja o cese, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que hubiere promovido y, en su caso, sólo procederá la indemnización.
En caso de que los órganos jurisdiccionales determinen que la resolución por la que se impone la separación o remoción es injustificada, las Instituciones Policiales sólo estarán obligadas a la indemnización de tres meses de sueldo y al pago de las prestaciones de ley, entendiendo éstas por el pago de la parte proporcional de aguinaldo, vacaciones y las demás contempladas en las leyes.
CAPÍTULO OCTAVO DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO
Artículo 182.- La actuación de los Integrantes de las Instituciones Policiales se regirá por los principios previstos en los artículos 21 de la Constitución Federal y 6 de la Ley General.
La disciplina es la base del funcionamiento y organización de las Instituciones Policiales, por lo que sus Integrantes deberán sujetar su conducta a la observancia de las leyes, órdenes y jerarquías, así como a la obediencia y al alto concepto del honor, de la justicia y de la ética.
Artículo 183.- Las Instituciones Policiales exigirán de sus integrantes el más estricto cumplimiento del deber, a efecto de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.
Artículo 184.- El régimen disciplinario se ajustará a los principios establecidos en la Constitución
Federal, la Ley General y los ordenamientos legales aplicables y comprenderá los deberes, las correcciones disciplinarias, las sanciones y los procedimientos para su aplicación.
Artículo 185.- Los integrantes de las Instituciones Policiales, observarán las obligaciones previstas en la Ley General y en esta Ley, con independencia de su adscripción orgánica.
Artículo 186.- La aplicación de las sanciones deberá registrarse en el expediente personal del infractor.
La imposición de las sanciones que determinen las autoridades correspondientes se hará con independencia de las que correspondan por responsabilidad civil, penal o administrativa, en que incurran los integrantes de las Instituciones Policiales de conformidad con la legislación aplicable.
Artículo 187.- Por incumplimiento al régimen disciplinario a que se refiere este Capítulo y en atención a la gravedad de la infracción, se aplicarán los siguientes correctivos disciplinarios o sanciones:
II. Amonestación privada;
III. Arresto, hasta por treinta y seis horas; y
IV. Suspensión temporal, hasta por quince días.
Las sanciones a que se refieren las fracciones I, II y III de este artículo serán impuestas por el jefe inmediato del servidor público infractor.
Por lo que respecta a la sanción establecida en la fracción IV de este artículo, será impuesta por la Comisión de Honor y Justicia, previa tramitación del procedimiento administrativo correspondiente.
La amonestación es el acto por el cual el jefe inmediato advierte al elemento policial, de manera pública o privada, la omisión o falta de cumplimiento de sus deberes, invitándolo a corregirse. La amonestación será de palabra y constará por escrito en un acta mínima que deberá ser remitida la Comisión de Honor y Justicia para su registro en la base de datos correspondiente y a la unidad administrativa para que se anexe al expediente personal del servidor público.
El arresto es el impedimento del elemento policial para abandonar su centro de trabajo, por haber incurrido en faltas considerables o por haber acumulado cinco amonestaciones en un año calendario; en todo caso la orden de arresto deberá hacerse por escrito, especificando el motivo y la duración de la misma.
La suspensión temporal será sin goce de sueldo, teniendo por objeto evitar afectar el proceso de investigación y permitir preservar los medios, cosas, objetos y personas, hasta la culminación y determinación de la responsabilidad que en su caso resulte.
Artículo 188.- Cuando se desprenda la existencia de actos u omisiones que puedan ser constitutivos de hechos delictuosos, las Comisiones de Justicia procederán de inmediato a hacerlo del conocimiento del ministerio público.
Artículo 189.- La imposición de las sanciones que determinen, en su caso, las Comisiones de
Justicia, se hará con independencia de las que correspondan por responsabilidad civil, penal o administrativa, de conformidad con las leyes de la materia.
CAPÍTULO NOVENO DE LA MEDIACIÓN POLICIAL
Artículo 190.- Se entiende por mediación policial al proceso en el que uno o más elementos de las
Instituciones Policiales de los Municipios intervienen en cualquier conflicto social, facilitando a las partes la comunicación, con el objeto de que ellos mismos construyan un convenio que dé solución plena, legal y satisfactoria al conflicto.
Los Municipios podrán adoptar la mediación policial, de conformidad con las disposiciones administrativas que para tal efecto se expidan, mismas que, en su caso, deberán ser congruentes con lo establecido en este Capítulo.
Artículo 191.- La mediación policial se regirá por los principios de voluntariedad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad, honestidad, oralidad y consentimiento informado.
Artículo 192.- Si el conflicto social entraña la comisión de probables hechos delictuosos, la mediación policial será procedente sólo tratándose de delitos culposos; aquellos en los que proceda el perdón de la víctima u ofendido; los de contenido patrimonial que se hayan cometido sin violencia sobre las personas; y en aquellos que tengan señalada una pena cuyo término medio aritmético no exceda de cinco años de prisión.
Quedarán exceptuados de la mediación policial, los homicidios culposos producidos en accidentes de tránsito bajo el influjo de sustancias que alteren la capacidad de conducir vehículos o con motivo de la conducción de vehículo de motor de transporte público, cuando se ocasionen lesiones que pongan en peligro la vida a más de tres personas o se cause la muerte de dos o más personas.
Artículo 193.- Los elementos de las Instituciones Policiales de los Municipios procurarán, en todo momento, la mediación policial como alternativa de solución, si la naturaleza del asunto lo permite.
Artículo 194.- Una vez agotado el procedimiento de mediación policial, si hubiere voluntad entre las partes, se procederá a la elaboración de un acuerdo que será firmado también por el o los elementos de las Instituciones Policiales que hubieren facilitado la mediación, y será registrado en los archivos de la unidad de policía a la que pertenezcan.
Artículo 195.- Si el acuerdo fuere incumplido por alguna de las partes, se procederá nuevamente a la mediación policial, a fin de propiciar un nuevo acuerdo o el cumplimiento del ya firmado.
Artículo 196.- Si no fuere posible la mediación policial, o si una vez agotado el procedimiento para su aplicación, las partes no llegan a un acuerdo, el o los elementos de las Instituciones Policiales que hayan intentado propiciar la mediación, les informarán los derechos que tienen para agotar las instancias legales correspondientes, advirtiéndoles tanto de los beneficios como de las desventajas que, en su caso, pudieran obtener.
De lo anterior, también deberá asentarse el registro correspondiente, con la firma de las partes y del elemento o los elementos de las Instituciones Policiales.
Artículo 197.- Los elementos de las Instituciones Policiales de los Municipios, para cumplir con los propósitos de la mediación policial, deberán contar con la capacitación por el Centro de Mediación, Conciliación y de Justicia Restaurativa del Poder Judicial del Estado o por parte de las instancias especializadas en la materia, ya sean públicas o privadas.
Artículo 198.- La información derivada de los procedimientos de mediación policial, será reservada, salvo que las partes involucradas decidan que sea pública; en todo caso, deberá preservarse la confidencialidad de los datos personales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS DE AYUDA FEDERAL CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 199.- Los fondos de ayuda federal que sean asignados al Gobierno del Estado de México o sus Municipios se regularán, administrarán y supervisarán de conformidad a lo establecido en la Ley General, la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones legales aplicables y sólo podrán ser destinados a los fines de seguridad pública.
Artículo 200.- Las autoridades correspondientes del Estado de México y de los Municipios deberán concentrar los recursos asignados a través de los Fondos de ayuda federal, en una cuenta específica, así como los rendimientos que generen, a efecto de identificarlos y separarlos del resto de los recursos que con cargo a su presupuesto destinen a seguridad pública.
Artículo 201.- Las autoridades correspondientes del Estado de México y de los Municipios, deberán rendir informes trimestrales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional sobre los movimientos que presenten las cuentas específicas, la situación en el ejercicio de los recursos, su destino, así como los recursos comprometidos, devengados y pagados.
Artículo 202.- Las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos estatales y municipales, por el manejo o aplicación indebidos de los recursos de los Fondos a que se refiere esta Ley, serán determinadas y sancionadas en términos de las disposiciones legales aplicables y por las autoridades competentes.
Artículo 203.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, supervisará la aplicación de los recursos estatales que se ejerzan por el Estado y por los Municipios en materia de seguridad pública, en los términos de la legislación aplicable.
DE LAS RESPONSABILIDADES CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 204.- Se sancionará con prisión de uno a cuatro años y de cien a seiscientos días multa, al servidor público que de manera dolosa, ilícita y reiterada, se abstenga de proporcionar la información a que esté obligado, al Secretario Ejecutivo, en los términos de esta Ley.
Al servidor público responsable se le impondrá además, la destitución e inhabilitación por un plazo igual al de la pena impuesta, para desempeñarse en otro empleo, puesto, cargo o comisión en el servicio público.
Artículo 205.- Se sancionará con dos a ocho años de prisión y de quinientos a mil días multa, a quien:
I. Ingrese dolosamente al Sistema Estatal previsto en esta Ley, sin tener derecho a ello o, teniéndolo, ingrese a sabiendas información errónea, que dañe o que pretenda dañar en cualquier forma la información, las bases de datos o los equipos o sistemas que las contengan;
II. Divulgue de manera ilícita información clasificada del Sistema Estatal a que se refiere esta Ley;
III. Estando autorizado para acceder al Sistema Estatal a que se refiere esta Ley, indebidamente obtenga, copie o utilice información;
IV. Inscriba o registre en la Base de Datos de Personal de Instituciones de Seguridad Pública del
Sistema Estatal prevista en esta Ley, como integrante de una Institución de Seguridad Pública a persona que no cuente con la certificación exigible conforme a la Ley, o a sabiendas de que la certificación es ilícita; y
V. Asigne nombramiento de policía, ministerio público o perito oficial a persona que no haya sido certificada y registrada en los términos de esta Ley.
Si el responsable es o hubiera sido servidor público de las Instituciones de Seguridad Pública, se impondrá hasta una mitad más de la pena correspondiente, además de la inhabilitación por un plazo igual al de la pena de prisión impuesta para desempeñarse como servidor público, y en su caso, la destitución.
Artículo 206.- Se sancionará con cinco a doce años de prisión y de doscientos a ochocientos días multa, a quien falsifique el Certificado a que se refiere la presente Ley, lo altere, comercialice o use a sabiendas de su ilicitud.
Artículo 207.- Se sancionará con uno a dos años de prisión y de doscientos a quinientos días multa, al servidor público de una institución de seguridad pública estatal o municipal, que dañe, altere, sustraiga, extravíe por negligencia o entregue a un tercero, fuera de los casos de revisión o de los previstos en las normas aplicables, los bienes, equipos y armas de fuego que les hayan asignado para el ejercicio de sus funciones.
Artículo 208.- Las sanciones previstas en este Capítulo se impondrán sin perjuicio de las penas que correspondan por delitos previstos en otras leyes.
PRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
SEGUNDO.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente del de su publicación en el Periódico Oficial
“Gaceta del Gobierno”, salvo lo previsto en los artículos transitorios siguientes.
TERCERO.- Se abroga la Ley de Seguridad Pública Preventiva del Estado de México, publicada el 9 de marzo de 1999 en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”; y las demás disposiciones de igual o menor jerarquía, en lo que se opongan al presente Decreto.
CUARTO.- De manera progresiva y en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de este
Decreto, las Instituciones de Seguridad Pública, por conducto del Centro, deberán practicar las evaluaciones respectivas a sus integrantes.
QUINTO.- Todos los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública deberán contar con el
Certificado respectivo, en los términos previstos en esta Ley y en los plazos previstos en el artículo transitorio anterior. Quienes no obtengan el Certificado, serán separados del servicio, observando lo dispuesto en el artículo 123, Apartado B, Fracción XIII de la Constitución Federal y la presente Ley.
SEXTO.- El Estado y los Municipios, respectivamente, contarán, para la instalación de las
Comisiones de Honor y Justicia a que se refiere esta Ley, con un plazo máximo de un mes a partir de su entrada en vigor.
SÉPTIMO.- Los procedimientos de separación y remoción iniciados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, se sustanciarán y concluirán conforme a las disposiciones aplicables al momento de su instauración.
OCTAVO.- Los servicios de carrera vigentes en las Instituciones de Seguridad Pública a la fecha de entrada en vigor de este Decreto, deberán ajustarse a los requisitos, criterios y procedimientos que establece esta Ley, en un plazo no mayor a un año contado a partir de su publicación.
NOVENO.- Los servidores públicos que obtengan el Certificado y que satisfagan los requisitos de ingreso y permanencia que se establecen en esta Ley, ingresarán o serán homologados al servicio de carrera, en las ramas ministerial, policial y pericial, según corresponda, en la jerarquía y grado, así como antigüedad y derechos que resulten aplicables, de conformidad con lo previsto en el presente Decreto.
DÉCIMO.- La organización jerárquica de las Instituciones Policiales, se establecerá dentro de los cuatro meses siguientes a la publicación de esta Ley; en tanto, seguirán vigentes los escalafones actuales. En las nuevas estructuras organizacionales, deberán respetarse los derechos de los elementos.
DÉCIMO PRIMERO.- Las referencias realizadas en la presente Ley a reinserción social, quedarán entendidas al término vigente readaptación social, hasta en tanto se lleve a cabo la reforma penitenciaria a que se refiere el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008.
DÉCIMO SEGUNDO.- El Ejecutivo Estatal expedirá las disposiciones reglamentarias de la presente Ley en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir de la entrada en vigor de este Decreto.
DÉCIMO TERCERO.- El Sistema Estatal a que se refiere esta Ley, deberá estar en funcionamiento a más tardar dentro de los seis meses siguientes, contados a partir de la publicación del presente
Decreto. Para tales efectos, el Ejecutivo Estatal deberá prever todo lo necesario.
DÉCIMO CUARTO.- El Consejo Estatal y los Consejos Intermunicipales de Seguridad Pública, respectivamente, deberán instalarse en un plazo no mayor a seis meses, contado a partir de la entrada en vigor de este Decreto, ordenando en el mismo acto la expedición de la convocatoria respectiva para la instalación del Consejo Ciudadano. Asimismo, en su primera sesión ordinaria deberán aprobar los estatutos y reglamentos a que se refiere esta Ley.
DÉCIMO QUINTO.- La Legislatura del Estado de México deberá destinar la partida presupuestal necesaria para la instalación y operación del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
DÉCIMO SEXTO.- La Legislatura del Estado de México deberá realizar las reformas procedentes a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y demás ordenamientos jurídicos que corresponda, a fin de que sean congruentes con lo dispuesto en esta Ley, en un plazo no mayor a seis meses, contados a partir de la publicación del presente Decreto.
DÉCIMO SÉPTIMO.- El Instituto de Prevención del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, pasará al Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública a partir de la entrada en vigor de este Decreto.
DÉCIMO OCTAVO.- Para dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo segundo del artículo 103 de la presente Ley, el Ejecutivo deberá expedir las disposiciones administrativas que correspondan.
Los órganos auxiliares ejercerán sus funciones en los términos que establezcan las disposiciones administrativas referidas.
Las dependencias competentes de la administración pública del Estado de México, emitirán los protocolos, acuerdos y demás lineamientos para la debida organización y funcionamiento de los organismos auxiliares en los términos que establece esta Ley y las disposiciones administrativas respectivas.
Lo tendrá entendido el Gobernador del Estado, haciendo que se publique y se cumpla.
Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de
México, a los trece días del mes de octubre del año dos mil once.- Presidente.- Dip. Oscar Sánchez Juárez.- Secretarios.- Dip. Oscar Hernández Meza.- Dip. Miguel Angel Xolalpa Molina.- Rúbricas.
Por tanto, mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento. Toluca de Lerdo, Méx., a 19 de octubre de 2011.
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MEXICO:
DR. ERUVIEL AVILA VILLEGAS
(RUBRICA).
LIC. ERNESTO JAVIER NEMER ALVAREZ
APROBACION: 13 de octubre de 2011
PROMULGACION: 19 de octubre de 2011
PUBLICACION: 19 de octubre de 2011
VIGENCIA: Esta Ley entrará en vigor al día siguiente del de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
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segunda carta abierta PARA EL DR. ERUVEL... GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO.

References: Artículo 1

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Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 7

Artículo 8
 Artículo 21

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

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Artículo 67
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Artículo 106
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Artículo 108

Artículo 109

Artículo 110
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Artículo 128

Artículo 129
 artículo 123
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Artículo 131

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Artículo 133

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