Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/ar-l8-1997.t4.html
Timestamp: 2020-03-30 20:11:53+00:00

Document:
Ley 8/1997, de 30 de octubre, del Estatuto del consumidor y usuario de la Comunidad Autónoma de Aragón. TÍTULO IV. Infracciones, sanciones e inspección
Infracciones, sanciones e inspección
Las infracciones administrativas en materia de defensa de consumidores y usuarios serán objeto de sanción por parte de los órganos competentes de la Diputación General de Aragón, ajustándose al procedimiento sancionador vigente, y previa instrucción del oportuno expediente, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden que pudieran concurrir.
1. Constituyen infracciones administrativas en materia de defensa de consumidores y usuarios las acciones u omisiones de los distintos sujetos responsables que se tipifican a continuación:
1.º El incumplimiento o transgresión de los requisitos condiciones, obligaciones o prohibiciones de carácter sanitario establecidos por las normas estatales o las propias de la Comunidad Autónoma de Aragón.
2.º El incumplimiento o transgresión de los requerimientos previos que formulen las autoridades sanitarias para situaciones específicas, a fin de evitar contaminaciones o circunstancias nocivas de otro tipo que puedan resultar gravemente perjudiciales para la salud pública.
3.º Las acciones u omisiones que produzcan o puedan producir riesgo o daño efectivo para la salud de los consumidores o usuarios, ya sea en forma consciente o deliberada, sea por incurrir en cualquier grado de negligencia o abandono, en su caso, de las precauciones exigidas en los productos, actividades, servicios o instalaciones de que se trate.
4.º El incumplimiento o transgresión de las normas reguladoras de precios y de condiciones técnicas de venta y transacciones comerciales, en especial la imposición injustificada de condiciones de contratación que impliquen la inclusión necesaria en los contratos de prestaciones no solicitadas o cantidades mínimas, la venta al público de bienes o la prestación de servicios a precios superiores a los máximos legalmente establecidos, o cualquier otro tipo de intervención o actuación que suponga un incremento abusivo de los precios o márgenes comerciales.
5.º La realización de transacciones en las que se imponga injustificadamente al consumidor o usuario la condición expresa o tácita de comprar una cantidad mínima o productos no solicitados, o la de prestarle o prestar él un servicio no pedido o no ofrecido.
6.º La ocultación al consumidor o usuario de parte del precio mediante formas de pago o prestación no manifiesta o mediante rebajas en la calidad o cantidades reales respecto a las prestaciones aparentemente convenidas.
7.º La negativa injustificada a satisfacer las demandas del consumidor o usuario producidas de buena fe o conforme al uso establecido, cuando su satisfacción esté dentro de las disponibilidades del vendedor o prestador habitual, así como cualquier forma de discriminación con respecto a las referidas demandas.
8.º La obstrucción o negativa a facilitar o suministrar las facturas o documentos acreditativos correspondientes a la transacción realizada cuando el consumidor o usuario lo solicite o, en otro caso, sea preceptivo por disposición legal o reglamentaria de la normativa estatal o de la Comunidad Autónoma de Aragón, y la obstrucción o negativa a entregar un presupuesto previo por escrito, debidamente explicado, en las ofertas de servicios en la medida en que sea compatible con las características de los mismos.
9.º El incumplimiento o transgresión de las normas relativas a registro, control, normalización, homologación o tipificación, etiquetado, manipulación, envasado, depósito y almacenaje, embalaje, transporte, suministro, distribución, información y publicidad sobre bienes, servicios y sus precios.
10.º El incumplimiento de las normas relativas a documentación, información, libros o registros establecidos obligatoriamente para el adecuado régimen y funcionamiento de la empresa, instalación o servicio y como garantía para la protección del consumidor y usuario.
11.º El incumplimiento de las disposiciones sobre seguridad en cuanto afecten o puedan suponer un riesgo para el consumidor o usuario, así como el incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 7 de esta Ley.
12.º El incumplimiento de las disposiciones sobre crédito al consumo.
13.º El suministro de información falsa o inexacta o que induzca a error, la obstrucción o negativa a proporcionar o suministrar datos o a facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección y, en especial, las encaminadas a evitar las tomas de muestras o impedir la eficacia de la inspección, la manipulación, traslado o disposición de cualquier forma de mercancía cautelarmente intervenida, así como el incumplimiento de las medidas cautelares y definitivas que los órganos competentes en materia de consumo de la Diputación General de Aragón acuerden por razones de seguridad y la obstrucción al ejercicio de las facultades previstas en el apartado 3 del artículo 8 de esta Ley.
14.º Toda conducta que por acción u omisión induzca a engaño o confusión o que impida reconocer la verdadera naturaleza del producto o servicio de que es objeto el consumo, o las condiciones en que se presta, o bien que induzca a engaño o confusión sobre la sumisión de los conflictos surgidos con ocasión de operaciones de consumo a procedimientos mediadores o de arbitraje, en especial, la negativa a someterse al sistema arbitral para la resolución de los conflictos en materia de consumo cuando el empresario haya dado publicidad al distintivo de adhesión al mismo, incluyéndolo en cualquier forma en la oferta o promoción de los bienes o servicios que pone en el mercado.
15.º La alteración, adulteración o fraude en la calidad, cantidad o en cuanto al origen de bienes o servicios susceptibles de consumo, por adición, sustracción o alteración de cualquier sustancia o elemento, de su composición o calidad, incumplimiento de las condiciones que corresponden a su naturaleza.
16.º El fraude en la garantía y en el arreglo o reparación de bienes de carácter duradero, por incumplimiento de las normas que regulen la materia o por insuficiencia de repuestos o de la asistencia técnica en relación con la ofrecida al consumidor en el momento de la adquisición de tales bienes.
17.º El fraude en la prestación de toda clase de servicios, de forma que se incumplan las condiciones de calidad, cantidad, intensidad o naturaleza de los mismos, con arreglo a la categoría con que éstos se ofrecen.
18.º En general, el incumplimiento de los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas en la legislación estatal o de la Comunidad Autónoma de Aragón en materia de defensa de los consumidores y usuarios.
2. Las infracciones tipificadas en el apartado anterior se calificarán como leves, graves y muy graves atendiendo a los criterios de riesgo para la salud y seguridad de las personas, cuantía del beneficio ilícito obtenido, el volumen de ventas, el perjuicio económico grave y considerable que la infracción haya podido ocasionar al consumidor y usuario, gravedad de la alteración social producida, posición de predominio del infractor en un sector del mercado, generalización de la infracción, grado de intencionalidad y reincidencia.
3. Serán consideradas infracciones leves:
a) La comisión de infracciones previstas en el apartado anterior cuando el sujeto responsable incurra en negligencia que no pueda calificarse de grave, atendiendo a la diligencia que le es exigible.
c) En general, la comisión de alguna de las infracciones previstas en este artículo cuando merezcan la calificación de leves o no proceda su calificación como graves o muy graves atendiendo a los criterios establecidos.
4. Serán consideradas infracciones graves:
a) La comisión de alguna de las infracciones calificadas como leves cuando concurran de forma grave las circunstancias previstas en este apartado.
b) La comisión de tres infracciones leves en el período de dos años.
d) La comisión de una infracción leve, cuando la misma afecte o pueda afectar previsiblemente a un número considerable de los consumidores o usuarios receptores del bien o servicio puesto en el mercado por el infractor.
e) La comisión de alguna de las infracciones previstas en este artículo cuando incurran en negligencia grave o intencionalidad.
5. Serán consideradas infracciones muy graves:
a) La comisión de alguna de las infracciones calificadas como graves cuando concurran de forma muy grave las circunstancias previstas en este apartado.
b) La comisión de tres o más infracciones graves en el período de dos años.
6. Las infracciones leves y graves serán calificadas, respectivamente, de graves y muy graves cuando el infractor goce de una posición significativamente ventajosa en el mercado o bien obtenga unos beneficios desproporcionados mediante la comisión de tales infracciones.
Son sujetos responsables, a los efectos de esta Ley las personas físicas o jurídicas que, realizando actividades de producción, importación, exportación, manipulación, almacenamiento, depósito, distribución, suministro, preparación, venta, prestación o cualquier otra actividad destinada a producir, facilitar o expender bienes muebles o inmuebles, productos y servicios, incurran en las acciones u omisiones tipificadas como infracciones administrativas en el presente capítulo.
a) Las tipificadas como muy graves, a los tres años.
b) Las tipificadas como graves, a los dos años.
c) Las tipificadas como leves, al año.
2. Los plazos señalados en el número anterior se computarán a partir del día en que se cometa la infracción. Interrumpirá los plazos de prescripción señalados la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto responsable. En las infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo será la de la conclusión de dicha actividad o, en su defecto, la del último acto con que la infracción se consume.
3. Caducará la acción para perseguir las infracciones cuando, conocida por la Administración la existencia de una infracción y finalizadas las diligencias dirigidas al esclarecimiento de los hechos, hubiera transcurrido un año sin que el órgano administrativo competente hubiera ordenado iniciar el procedimiento sancionador.
1. Las infracciones tipificadas en la presente Ley serán sancionadas con multas, cuya cuantía se establecerá de acuerdo con la siguiente graduación:
a) Para las infracciones leves, hasta un máximo de 500.000 pesetas.
b) Para las infracciones graves, entre 500.001 y 2.500.000 pesetas, y podrán rebasar dicha cantidad máxima hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los bienes, productos o servicios objeto de la infracción.
c) Para las infracciones muy graves entre 2.500.001 y 100.000.000 de pesetas, y podrán rebasar dicha cantidad máxima hasta alcanzar el quíntuplo del valor de los bienes, productos o servicios objeto de la infracción.
2. Las infracciones muy graves que supongan un alto riesgo para la salud y la seguridad de las personas, un grave y considerable perjuicio económico, o bien tengan una importante repercusión social, o se aprecie en ellas un comportamiento especulativo por parte del infractor podrán ser sancionadas igualmente con el cierre temporal de la empresa, establecimiento o instalación en el que se haya procedido a la infracción por un plazo máximo de cinco años, siendo de aplicación en tal caso lo prevenido al respecto por la legislación laboral. En caso de reincidencia, se podrá proceder a la clausura definitiva de dicha empresa, establecimiento o instalación.
3. No tendrán carácter de sanción las medidas contempladas en el apartado 3 del artículo 8 de esta Ley, adoptadas en los supuestos de riesgo para la seguridad y salud de los consumidores y usuarios.
4. Las cuantías establecidas en este artículo podrán ser revisadas y actualizadas periódicamente por la Diputación General, de acuerdo con la variación que experimenten los índices de precios al consumo.
1. La autoridad a quien corresponda resolver el expediente sancionador podrá acordar, como efectos accesorios de las correspondientes sanciones y con independencia de las mismas, las medidas siguientes:
a) El decomiso de la mercancía falsificada, fraudulenta, no identificada o que entrañe o pueda entrañar riesgo para el consumidor, corriendo por cuenta del infractor todos los gastos que se originen como consecuencia de ello.
b) La inhabilitación del infractor para contratar con las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma durante un período máximo de cinco años.
c) En el supuesto de infracciones muy graves:
La supresión, cancelación o suspensión de cualquier clase de medida de ayuda o fomento que hayan acordado otorgar al infractor las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma.
La imposibilidad del infractor para obtener cualquier tipo de subvención o ayuda concedida por las Administraciones Públicas en la Comunidad Autónoma durante un período máximo de tres años.
d) La reparación a cargo del infractor del daño causado al medio ambiente.
2. Para la imposición de las medidas descritas en el apartado anterior éstas habrán de ser expresamente declaradas por la autoridad competente en el acto de resolución de la misma junto con la sanción a la que acompañan.
Por razones de ejemplaridad y siempre que se trate de infracciones graves o muy graves que hayan adquirido firmeza en la vía administrativa, la autoridad que resuelva el expediente sancionador podrá acordar, a cargo del infractor la publicación de las sanciones impuestas como consecuencia de lo dispuesto en esta Ley, así como los nombres, apellidos, denominación o razón social de las personas físicas o jurídicas responsables y la índole y naturaleza de las infracciones cometidas. Dicha publicación se llevará a cabo en el «Boletín Oficial de Aragón» y en el de la provincia en la que se halle domiciliado o resida habitualmente el infractor, o donde hayan surtido o puedan surtir efecto las referidas infracciones y a través de los medios de comunicación social que se consideren oportunos.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores del presente capítulo, la autoridad competente para la incoación del expediente sancionador podrá decretar, de forma cautelar y sin que revistan el carácter de sanción, todas o alguna de las medidas siguientes:
a) La clausura o cierre temporal de las empresas, establecimientos, instalaciones o servicios implicados en la presunta infracción, cuando la continuidad en su funcionamiento entrañase o pudiese entrañar riesgos para los consumidores y usuarios.
b) La retirada temporal del mercado de los bienes, productos o servicios objeto de la infracción, cuando su permanencia en el mismo entrañase o pudiese entrañar riesgos para los consumidores y usuarios.
c) En el supuesto de infracciones muy graves, el precinto y depósito de los bienes, productos, instrumentos, herramientas y demás objetos que constituyan la base indispensable para la realización de la infracción a sancionar.
2. Las medidas descritas en el número anterior podrán ser revocadas durante la tramitación del expediente cuando las circunstancias así lo aconsejen en función de la naturaleza de los objetos intervenidos, de la situación de riesgo existente o de la gravedad de la infracción cometida.
1. Corresponderá a los Jefes de los Servicios Provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza del Departamento competente en materia de consumo, ordenar la incoación del oportuno expediente sancionador, designando al efecto el instructor del mismo.
a) Los Jefes de los Servicios Provinciales del Departamento competente en materia de consumo, para las infracciones leves.
b) El Director general competente en materia de consumo para las infracciones graves.
c) El Consejero del Departamento competente en materia de consumo para las infracciones muy graves.
d) El Gobierno de Aragón, para las infracciones muy graves y sus correspondientes sanciones, en las que concurran todas o alguna de las circunstancias establecidas en el apartado 5 del artículo 43.
El procedimiento sancionador a seguir para sancionar las infracciones tipificadas en la presente Ley será el establecido con carácter general en la normativa de la Comunidad Autónoma de Aragón para la imposición de sanciones, y en todo lo no expresamente regulado por aquélla, en la legislación estatal al respecto.
1. El plazo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción.
2. Las sanciones impuestas a las infracciones tipificadas en la presente Ley prescribirán en los siguientes plazos:
a) Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, a los tres años.
b) Las sanciones impuestas por infracciones graves a los dos años.
3. Los efectos accesorios de las sanciones regulados en el artículo 47 de la presente Ley, en el caso de que exista riesgo para la seguridad y la salud de las personas, podrán llevarse a cabo aunque haya transcurrido el plazo de prescripción de dicha sanción.
De la Inspección de Consumo
1. Corresponden al Departamento que tenga asignadas las competencias en materia de defensa de los consumidores y usuarios las funciones de información, asesoramiento y comprobación del cumplimiento de la legislación vigente en materia de consumo en el ámbito de las competencias de la Comunidad Autónoma de Aragón, a cuyo fin podrá desarrollar las actuaciones inspectoras precisas.
2. Los funcionarios adscritos a la Inspección de Consumo, en el ejercicio de sus competencias y funciones, tendrán el carácter de agentes de la autoridad y podrán colaborar y contar con la colaboración de otras inspecciones técnicas de la Diputación General de Aragón; podrán colaborar y solicitar la colaboración de otros Administraciones Públicas en el ámbito de dichas competencias y funciones, así como de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
3. Los servicios de inspección podrán acceder directamente a la documentación industrial, mercantil y contable de las empresas que inspeccionen cuando lo consideren necesario en el curso de sus actuaciones que, en todo caso, tendrán carácter confidencial.
4. Tanto los órganos de las Administraciones Públicas, como las empresas con participación pública, organismos oficiales, organizaciones profesionales y asociaciones de consumidores prestarán, cuando sean requeridos para ello, la información que se les solicite por los correspondientes servicios de inspección.
1. Los hechos que la Inspección de Consumo estime que puedan ser constitutivos de infracción administrativa serán reflejados en actas, que se extenderán en presencia del titular de la empresa o establecimiento o de su representante legal, o, en su defecto, de cualquier persona dependiente de aquél, debiéndose hacer constar en las mismas, además de las circunstancias personales del interesado y los datos relativos a la empresa o establecimiento inspeccionado, los hechos que sirvan de base al correspondiente procedimiento sancionador.
2. Los hechos que figuren recogidos en las actas de inspección se considerarán como ciertos, salvo que del conjunto de las pruebas que se practiquen resulte que no lo son.

References: artículo 7
 artículo 8
 resolución 
 artículo 8
 resolución 
 artículo 43
 resolución 
 artículo 47