Source: http://clif.in/2019/01/12/los-principios-artiguistas-y-el-tratado-de-promocion-y-proteccion-de-inversiones-uruguay-eeuu/
Timestamp: 2019-06-18 01:37:56+00:00

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Los principios artiguistas y el Tratado de Promoción y Protección de Inversiones Uruguay-EEUU – CLIFIN
Ramiro Chimuris Sosa|
“Los males se perpetuarán si cada ciudadano no se manifiesta interesado en la defensa del país y si no hacemos un esfuerzo digno de nuestra grandeza y propio de unos pueblos que aman su libertad…”
José Gervasio Artigas al Cabildo de Soriano, 7 diciembre 1816
De aprobarse este Tratado de Promoción y Protección de Inversiones entre Uruguay y EEUU, se violarían los principios de la doctrina artiguista, los cuales constituyen un legado anterior a nuestra primer Constitución, pero que están aún presentes, actuales, vivos. Los derechos humanos logran proyección auténtica, y constituyen la razón de su lucha. Están consagrados en varios textos, “Instrucciones del año XIII”; “Constitución para la Provincia Oriental del Uruguay” y “Proyecto de Constitución Federal”, y en su correspondencia epistolar. Principios y valores marcados a fuego en la conciencia de los orientales y defendidas con pasión y sangre por los artiguistas.
Principios artiguistas como “los más desprotegidos serán los más privilegiados” o “que ama demasiado a su patria para sacrificar el rico patrimonio de los orientales al bajo precio de la necesidad”, no serían posibles de respetar de acuerdo a este Tratado.
2. El TPPI Uruguayo – Estadounidense, desconoce la soberanía nacional, en cuanto al alcance de los conceptos de Acuerdo de Inversión, Inversionistas y Territorio (entre otros) del capítulo de Definiciones (art. 1, Sección A), Expropiación (art. 6 Sección A y Anexo B), a la aplicación de las cláusulas de Trato Nacional (TN art. 3) y de Trato Nación Más Favorecida (TNMF art. 4), a los mecanismos de solución de diferencias (arts. 24 a 37 Sección B) , a la Denegación de Beneficios (art. 17) y Seguridad Esencial (art. 18).
La definición de inversiones incluye nuevas formas de transacciones, y se aplican a un grupo de inversionistas sumamente diversificado y amplio, incluyendo “cualquier derecho para la prospección, cultivo, extracción o explotación de recursos naturales,…cualquier derecho respecto a los recursos naturales u otros activos controlados por las autoridades nacionales tanto para su exploración, extracción, refinería, transporte, distribución o venta; la renegociación, canje o quita de deuda así como las expectativas de ganancia o utilidades a futuro, o la presunción de riesgo, o los derechos de propiedad intelectual”
Dice el Capítulo I artículo I del Proyecto de Constitución de la Provincia Oriental del Uruguay “El gobierno está instituido para el bien común, para la protección, seguridad, prosperidad y felicidad del pueblo, y no para el provecho, honor o interés privado de algún hombre, familia o clases de hombres”, no para ceder prerrogativas de soberanía ni privilegios como los que estamos otorgando a extranjeros y grupos de poder económicos que gozaran de mayores derechos que nuestros ciudadanos.
El “Reglamento provisorio para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados” de 1815 es profundamente justo y con sentido humano, asegurándose que “los más infelices serán los más privilegiados” como práctica de justicia social y de pluralidad, “los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres” “las viudas pobres si tuvieren hijos”(art. 7) que podían “ser agraciados en suertes de estancia si con su trabajo y hombría de bien propenden a su felicidad y la de la Provincia”. Los privilegios no están para los más poderosos ni los pudientes, sino para los más débiles y discriminados. Es a ellos a quienes se entendía la necesidad de protección.
A través de este Tratado de Promoción y Protección de Inversiones firmamos nuestra absoluta desprotección frente al poderío arrasador de las multinacionales y de los condicionamientos que el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio nos imponen por encima del derecho irrenunciable a la libre autodeterminación de nuestro Pueblo. ¿Será acaso posible competir en un plano de igualdad, de reciprocidad con el poderío, con las reglas, con los árbitros y con los subsidios de las corporaciones? ¿cuál será el lugar en esta relación para nuestro pueblo? Sometedor o sometido, dominador o dominado.
Por la cláusula de Trato Nacional (artículo 3) toda ventaja otorgada a los inversores y a las inversiones nacionales, debe hacerse extensiva a los inversores y a las inversiones extranjeras, lo que coarta la aplicación de una política de desarrollo económico y social. Ya sea que el Estado quiera reservar sectores de la economía para las inversiones locales (por motivos estratégicos económicos o sociales) o promover algún sector nacional desprotegido otorgándole algún beneficio, debería extenderlo a todo inversor e inversiones extranjeras (teniendo en cuenta que los inversores estadounidenses están en una correlación de fuerzas competitivas muy superior). No existiría la posibilidad (sin quedar expuestos a penalidades por el CIADI) de que el Estado diseñe una política de desarrollo económico de acuerdo a sus prioridades y realidades.
La importancia de la economía y el rol de la libre comercialización están ampliamente contempladas en el ideario artiguista, siempre relacionado a que realmente signifique un bien para todo su pueblo. “No se me oculta – dice Artigas al Gobernador de Corrientes – que el comercio es la base de la felicidad de los pueblos, pero tampoco ignoro que el comercio con un pueblo enemigo acarrea sino desventajas…La pobreza no es delito…Y agrega refiriéndose a sus partidarios: “…la miseria…no ha bastado a sofocar sus sentimientos de honor, sino a esforzarse para realizarlos y concluir la obra porque tan dignamente se sacrificaron. Si este ejemplo no sirve de lección a los demás pueblos habremos concluido que se acabo en ellos la virtud.” José Artigas al Gobernador de Corrientes, 4 de febrero de 1815.
Para Artigas el desarrollo de la actividad industrial estaba vinculada también a la protección, pero en un sentido totalmente inverso al que propulsa el neoliberalismo. Recordemos al artículo 17 de las Instrucciones dadas por Santa Fe a su diputado en el Congreso de Oriente: “Que todos los dichos derechos, impuestos y sisas que se impongan a las introducciones extranjeras serán iguales en todas las Provincias Unidas, debiendo ser recargadas todas aquellas que perjudiquen nuestras artes o fábricas, a fin de dar fomento a la industria de nuestro territorio”. La protección de la industria nacional como fortalecimiento del aparato productivo local y del comercio regional de integración por proximidad. Los orígenes fundantes de un MERCOSUR y el sueño de la PATRIA GRANDE! ¿ Cual es nuestro sueño hoy?
La cláusula de Nación Más Favorecida (artículo 4) extiende las ventajas concedidas a las inversiones de otro Estado (por ejemplo las concedidas dentro del MERCOSUR) a los EEUU, aún cuando tales ventajas no se otorguen al inversor local. Estas cláusulas tienen doble impacto negativo: puede generar una discriminación inversa, en perjuicio de los inversores locales que, pueden recibir un trato inferior al que se concede al inversor extranjero, y además de coartar las ventajas recíprocas entre socios del MERCOSUR (porque implicaría el tener que concedérselas también a los EEUU. Ambas situaciones de flagrante violación hacia nuestro derecho soberano de ser libre e independiente de todo poder extranjero (art. 2 Constitución Nacional vigente)
Otra de las razones por las cuales el beneficio no llega al pueblo a través de generación de más y mejor trabajo puede estar explicado en parte porque previamente renunciamos a que la “inversión” se integre con un rol positivo en la dinámica económica de nuestro país. SI nos comprometemos a las obligaciones pero expresamente renunciamos a beneficios, aquello tan argumentado a favor como consecuencia de la inversión. Renunciamos a una contraparte como condición de las ventajas ofrecidas por el acuerdo, por ejemplo alcanzar determinado nivel o porcentaje de contenido local (materia prima o mano de obra); limitar importaciones y ventas y transferir tecnología se prohíben como condición para el establecimiento, la adquisición, la expansión, la dirección, la explotación o el funcionamiento de una inversión protegida.
Todo lo enumerado anteriormente está recogido en el “Artículo 8: Requisitos de Desempeño” que a texto expreso prohíbe que se exija.
Es también destacable el reconocimiento del trabajo como función social niveladora, apareciendo reunido en este enfoque tanto el derecho al trabajo como el deber, para asegurarse un medio de vida, de realización personal y de contribución social. Trabajo propio, en sus propiedades “que ninguno puede trabajar con empeño un terreno que no mira como herencia de sus hijos” (artículo 7º numeral 2 del “Proyecto de Agricultura para la Villa de Guadalupe” octubre de 1815). Pero lamentablemente hoy la extranjerización y el latifundio crecen en forma progresiva. A modo de ejemplo, en el área del monocultivo forestal, la empresa estadounidense COLOMBADE es propietaria de más de cien mil hectáreas y las condiciones laborales en el sector para nuestros trabajadores son de semi esclavitud.
Su sentido de equilibrada justicia social distributiva y no de acumulación de riquezas en unos pocos se refleja en el artículo 6º del “Proyecto de Agricultura para la Villa de Guadalupe” (octubre de 1815) dice: “Tercera, que el cultivo de las tierras es infinitamente más ventajoso que dos o tres estancias, que sosteniendo dos o tres propiedades pueden mantener a ciento”.
Sin embargo nuestros gobiernos insisten en defender y profundizar las políticas económicas neoliberales que, demostrado está, agravan las diferencias distributivas de riquezas de modo tal que las 147 personas más ricas del planeta tienen una fortuna acumulada equivalente al ingreso anual de casi 3.000.000.000 (tres mil millones) de habitantes (la mitad de la población mundial). (Eric Toussaint, “La bolsa o la vida” Ediciones CLACSO, 2004).
Será que es seguro este camino que tanto insisten de recorrer? Será que no tenemos nada que perder como dice el Sr. Ministro de Economía? Si lo analizamos como parte de esos 3.000.000.000 (tres mil millones), seguramente no!. Pero no es lo que nosotros creemos, aún tenemos para perder: nuestra dignidad soberana; nuestra libre autodeterminación; nuestros recursos naturales; la seguridad medioambiental; el agua como un derecho humano y no como una mercancía; nuestro derecho al desarrollo económico, social, cultural. Tenemos para perder nuestros sueños y aspiraciones: a un país con trabajo digno, con justicia social, con soberanía alimentaria; con educación y salud para todos; que proteja a los sectores más carenciados; que apoye a los pequeños y medianos productores, comerciantes e industriales nacionales; a que cuestionemos la legalidad y el pago de la “odiosa deuda externa” que nos oprime ilícitamente; al fortalecimiento de la integración regional y latinoamericana de los pueblos; a la reforma agraria; al respeto por los derechos humanos.
Las consecuencias prácticas de este “prototipo”, “modelo” de Tratado ha sido nefasto; debido a la diferencia de correlación de fuerzas en el TLCAN (NAFTA) entre México, EEUU y Canadá, las industrias nacionales de México y Canadá no pudieron competir con sus pares estadounidenses Desde el Estado se cortaron las ayudas a las empresas nacionales, las mejores, las más prósperas fueron compradas por inversores estadounidenses, y las otras debieron cerrar. Las principales empresas mexicanas, así como la totalidad de sus bancos (con la excepción de uno muy pequeño) son ahora de capitales extranjeros. En México se han ido desintegrando las cadenas productivas nacionales, por lo que el crecimiento de las inversiones y de las exportaciones manufactureras no se ha traducido en crecimiento verdadero económico ni de generación de más y mejor empleo, sino lo contrario. A Canadá no le ha ido mejor, una consecuencia irreparable ha sido el tener que comprometer todo su patrimonio energético y de agua dulce a los efectos de brindar a perpetuidad estos recursos a los EEUU. Argentina esta siendo demandada por los inversores en el CIADI por U$S 17.000 millones de dólares.
Son claras sus medidas orientadas a estimular los puertos de Colonia, Montevideo, Maldonado para el comercio pero sin ceder prerrogativas: “dichos comerciantes ingleses no pueden traficar con Buenos Aires mientras duren nuestras desavenencias con aquel gobierno…, y si no le acomoda haga retirar todos sus buques de estas costas, que yo abriré el comercio con quien más nos convenga”…al Cabildo… “No se rebaje un ápice en su representación”. Sabe que los ingleses, más que nadie en este caso, son los beneficiarios, por esa razón “jamás deben imponernos, al contrario, someterse a las leyes territoriales, según lo verifican todas las naciones y la misma inglesa en sus puertos” (Jesualdo: “Artigas”, pág. 434).
Pero en este siglo XXI cedemos hasta prescindir de nuestra jurisdicción nacional a favor del “centro”, arbitraje privado del Banco Mundial. Otra de las cláusulas del Tratado violatorias respecto de la independencia y soberanía, es la referida a los mecanismos de solución de controversias (arts. 24 a 39 Sección B) entre las partes contratantes (Estados) y entre una parte contratante (Estado) y un inversionista (particular). Estos prevén que las diferencias se diriman en un tribunal “particular”, dentro del ámbito del Banco Mundial (CIADI – Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relacionadas con las Inversiones) y sin las prerrogativas de acceso soberano a tribunales nacionales y/o de derecho internacional (por la carta de la ONU y los mecanismos de la Corte Internacional de Justicia).
Estos tribunales Privados van a dirimir de acuerdo al Derecho Privado Internacional Consuetudinario, ajustado a lo establecido en el contrato, no a las legislaciones de cada Estado, tampoco de acuerdo a lo pactado dentro del Derecho Internacional Público y aplicado por la Corte Internacional de Justicia. Esto significa una renuncia a la jurisdicción territorial que va en desmedro del orden jurídico nacional y del Derecho Público Internacional, negando los principios de la carta de las Naciones Unidas. No podemos reconocer la legitimidad del CIADI, organismo dependiente del grupo Banco Mundial y utilizado para imponer sus reglas por sobre las democracias del mundo.
De acuerdo al mecanismo incluido en este Tratado, se está reconociendo el “ius standi” (derecho a acudir a instancias arbitrales internacionales) para los particulares inversores, no así para los particulares de los países receptores de la inversión. Esto implica una doble violación al principio de igualdad reconocido por la Constitución y por la ley uruguaya; ya que los particulares inversores son sujetos de derecho internacional con el mismo rango que los estados, pero no son sujetos de obligación alguna.
El artículo 17 de este Tratado viola la constitución y la libre autodeterminación de los Pueblos. Estados Unidos se presenta ejerciendo una imposición y dirección coercitiva decidiendo unilateralmente con quien no puede negociar Uruguay. Este hecho además de violar las normas nacionales, viola los principios y los fundamentos jurídicos de la Carta de Naciones Unidas, de resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, de los principios básicos del Derecho Público Internacional.
Este artículo 17 del Tratado, determina la aplicación de la ley norteamericana Helms-Burton; y todas las medidas coercitivas y alcances de esta ley que se aplica en el bloqueo a Cuba. En otras palabras la aprobación de este Tratado significa un reconocimiento de una ley norteamericana, antidemocrática, sancionada a nivel de derecho internacional, y marcar un camino contrario a la mejor tradición uruguaya y a la definición constitucional del Uruguay como un sistema democrático – republicano. De aprobarse este Tratado significa un precedente gravísimo, una validación de una agresión clara y directa al Estado Uruguayo, a su Pueblo, a los principios artiguistas; y un desconocimiento de los principios y de la Carta de las Naciones Unidas.
También está presente la preocupación por el cuidado de la naturaleza (derecho ambiental, contemporáneo), propio de quien siente un profundo respeto y amor como el demostrado por Artigas. Recordamos las razones por las cuales se oponía al arrendamiento en el: “Proyecto de agricultura para la Villa de Guadalupe”, octubre de 1815, art. 7, numeral 3º que los arrendamientos destruyen radicalmente el plantío de bosques y toda especie de plantas perennales que es una de las riquezas del país”. ¡Qué lejos estamos hoy de sus ideas, cuando favorecemos el plantío de eucaliptos en tierras productivas y se permite la instalación de plantas de celulosas sobre suelo artiguista!! Que traición a las ideas artiguistas, a la naturaleza y al ecosistema!!
El agua como Derecho Humano fundamental, como bien social y no como mercancía (es de dominio público, es decir está fuera del comercio de los hombres) ha quedado plasmado en nuestra Constitución Nacional, luego de aprobada la reforma constitucional (8 de noviembre del 2004) y que fue avalada por el 64,7 % de los ciudadanos uruguayos. Dentro del capítulo de excepciones (Anexo II de este Tratado) se incluyen referencias respecto a los servicios de saneamiento público, y servicios de suministro de agua (Anexo II págs. 71, 73, 75), sin embargo nada se dice de la extracción y exportación comercial de agua.
De aprobarse el Tratado (TPPI) con Estados Unidos, primaría la definición de mercancía, lo que incluye “(a) con respecto a los recursos naturales u otros activos controlados por las autoridades nacionales tanto para su exploración, extracción, refinería, transporte, distribución o venta; (b) para proporcionar servicios al público en nombre de la Parte, tales como generación o distribución de energía, tratamiento y distribución de agua, o telecomunicaciones (Sección “A” artículo 1 definición de “acuerdo de inversión”).
Si bien en el artículo 12 del Tratado se reconoce que “nada de lo dispuesto se interpretará como un impedimento para las Partes de adoptar, mantener o hacer cumplir cualquier medida de otra forma compatible con este Tratado que consideren pertinente para asegurar que la actividad de inversiones en su territorio sea realizada en atención a los problemas ambientales”, en el artículo 8 numeral 3, literal c lo relativizan diciendo : “(c) Siempre que dichas medidas no se apliquen de manera arbitraria o injustificada, o no constituyan una restricción encubierta al comercio o inversión internacionales, (i) …el cumplimiento de leyes y regulaciones que no sean incompatibles con las disposiciones de este Tratado;” aquí está el “fruto del árbol envenenado”, la clara intención de no cumplir las normas y los derechos de nuestros pueblos.
Este tipo de enunciados (art. 12) son eludidos con verdaderas “válvulas de escape” (art. 8, num. 3, lit. c) que son interpretadas a favor de los inversores y en perjuicio de los Estados que intentan preservar los derechos sobre el medio ambiente.
Máxime cuando los laudos (fallos) del CIADI además de ser definitivos y obligatorios; han condenado sistemáticamente, en forma arbitraria y abusiva a distintos Estados violando los derechos fundamentales del derecho público nacional e internacional, aplicando las distintas cláusulas de los contratos: “Expropiación” bastando que se prive al inversor extranjero del valor de su inversión en muchos casos futura inversión (tal como lo está prevista en este Tratado) a favor de las compañías inversoras multinacionales primando el derecho de los inversores sobre las defensas sobre medio ambiente y otros derechos de los Estados en defensas de los Tratados internacionales y legislaciones nacionales. Por ejemplo: Laudo 30.08.00 f.103 “Metalclad Corporation c/ Estados Unidos de México” laudo CIADI ARB (AF)/97/01. laudo CIADI ARB (AF) /00/02: “Técnicas Medioambientales S.A. c/ Estados Unidos de México” de 29.05.03, F. 116.
Quizás sea oportuno recordar: el artículo 18 de las Instrucciones del año XIII: “El despotismo militar será precisamente aniquilado con trabas constitucionales que aseguren inviolable la soberanía de los Pueblos” y la nota enviada el 26 de diciembre de 1816 a los Comisionados del Cabildo de Montevideo Juan José Durán y Juan Francisco Giró, debido a la gestión del 8 de diciembre de 1816 en Buenos Aires suscribiendo un acta que a cambio de ayuda contra la invasión portuguesa exigía de los orientales sometimiento político y subordinación militar: “Por precisos que fuesen los momentos del conflicto, por plenos que hayan sidos los poderes que Ustedes revestían en su diputación nunca debieron creerse bastantes a sellar los intereses de tantos pueblos sin su expreso consentimiento. Yo mismo no bastaría realizarlos sin este requisito… para suscribir unos pactos que envilecen el mérito de nuestra justicia y cubren de ignominia la sangre de sus defensores”.
El Tratado autoriza a utilizar medios coercitivos para su aplicación en defensa de las inversiones de los particulares intereses inversores, además de legitimar la aplicación “de las medidas que considere necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones de conformidad con respecto al mantenimiento y restauración de la paz y seguridad internacionales, o para proteger sus intereses esenciales en materia de seguridad” artículo 18: Seguridad Esencial.
Este proceso neoliberal, de fuerte colonización económica y política esta vinculado, en nuestro continente con la amenazadora presencia y actividad militar estadounidense: aumento de bases y maniobras militares conjuntas, permanencia de «asesores militares», Plan Colombia, Plan Puebla – Panamá, tropas en Haití con la autorización del Consejo de Seguridad, base militares estadounidenses en Paraguay, Plan IIRSA (Infraestructura, Integración Regional Sudamericana) este último firmado por todos los asistentes a la Cumbre de Presidentes latinoamericanos del año 2000, por un monto de 23.500 millones de dólares financiado por el BID, de la que los gobernantes olvidaron comunicar a sus pueblos. Y que este Tratado sirve como marco legal y económico para su implementación.
Como bien señala Alberto Arroyo “los Tratados de libre comercio sacan del ámbito de las instituciones democráticas representativas la orientación de la economía” y de las políticas sociales. La democracia y la forma republicana de gobierno cada vez tienen menos que ver con la elección de las políticas económicas y sociales, ya que estas vienen impuestas a través de las cartas de intención de los organismos internacionales de crédito (BM, FMI, BID) que presionan para que se apliquen este tipo de Tratados. No tienen nada que ver con las necesidades “reales” de los ciudadanos y sus derechos constitucionales, con su nivel de vida, con el crecimiento, con la posibilidad de tener empleo, de mantener su derecho a la salud, a la educación, etc. Si en cambio, responden a los “ajustes estructurales” y a las políticas macroeconómicas que ellos nos determinan para que cumplamos con sus requerimientos. Hemos escuchado una y otra vez, que debemos honrar las deudas contraídas por sucesivos gobiernos (democráticos y del periodo de la dictadura militar) dineros que no fueron para beneficio del pueblo uruguayo, y que debemos proteger a los inversores internacionales para darles reglas claras y seguridad jurídica; y ante ellos nos preguntamos:
¿Cuándo vamos a honrar la deuda con el pueblo, la deuda moral con José Artigas y su ideario, la deuda con los más necesitados? ¿Cuándo vamos a pagar la deuda social con los perjudicados del sistema productivo de nuestro país, con los asalariados, con los desocupados, con los jubilados que están siendo ejecutados?. Por que a ellos si les cambiaron las reglas y le devaluaron de la noche a la mañana, cuando sus gobernantes decían lo contrario y le pedían confianza en un sistema económico que ya había fracasado.
La definición de “inversión” incluye en el literal “c: bonos, obligaciones, otros instrumentos de deuda y préstamos”, por lo que estaríamos reconociendo los intereses usurarios y arbitrarios impuestos, renunciando a nuestro derecho de revisión del origen y evolución de la deuda externa, la cual a merecido la calificación de deuda odiosa a nivel internacional.
Justicia política con el principio de igualdad, con medidas de justicia social son los elementos del ideario artiguista para lograr el efectivo disfrute de los derechos humanos.
“Como todos los hombres nacen libres e iguales y tienen ciertos derechos naturales, esenciales e inajenables, entre los cuales puede contarse el de gozar y defender sus vidas y su libertad; el de adquirir, poseer y proteger la propiedad; y, finalmente, el de buscar y obtener su seguridad y felicidad; es un deber de la institución, continuación y administración del Gobierno, asegurar estos derechos, proteger la existencia del Cuerpo político, y el que sus gobernados gocen con tranquilidad las bendiciones de la vida; y siempre que no logren estos grandes objetos, el Pueblo tiene un derecho para alterar el Gobierno, y para tomar las medidas necesarias a su seguridad, prosperidad y felicidad” Capítulo I artículo I del Proyecto de Constitución de la Provincia Oriental del Uruguay
Evidentemente los principios y valores artiguistas son absolutamente contrarios a las ideas que recoge este Tratado, por lo que ningún oriental que se precie de artiguista debería ratificarlo. Es una cuestión de honra y dignidad.
Por todo lo antedicho, al ratificar este Tratado estamos otorgándole a los extranjeros privilegios que exceden el tratamiento justo e igualitario que mandata la constitución.
Por otra parte, debemos tener en cuenta que además de los artículos que está violando este Tratado per se, el Sr. Presidente y los Sres. Legisladores de ratificar este Tratado están violando también ellos un precepto constitucional como es el de guardar y defender la Constitución de la República.
También de aprobarse este Tratado, adolecería de una causa de nulidad conforme a la Convención de Viena Sobre Eficacia y Validez de los Tratados, por la renuncia al ejercicio de la jurisdicción originaria de la Suprema Corte de Justicia para juzgar sobre las “…cuestiones relativas a los tratados, pactos y convenciones con otros Estados”, precepto jurídico y elemento fundamental de soberanía del Estado – de competencia exclusiva y “originaria” de los tribunales nacionales.
A nuestro entender la aprobación de este Tratado significa una clara violación de la Constitución Nacional. Las violaciones a la misma están previstas expresamente y son de distinta naturaleza (política, civil y penal). Ningún Tratado puede violar disposición alguna de la Constitución Nacional, es prácticamente la regla unánime a nivel de derecho comparado, también esa es la posición de la Corte de los Estados Unidos de Norteamérica en varios casos: Chae Chang Ping vs. United Status, 130 U.S., 582-611. Conf.: 143 U.S. 578; 149 U.S. 706, 720, 723. Algo similar ocurre con la jerarquía de las normas, el orden de prioridad está establecido en el artículo VI, segundo apartado de la Constitución Americana.
Para terminar decimos que compartimos la exposición escrita presentada a la Comisión de Derechos Humanos, Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, 56º periodo sesiones: 26 de julio al 13 de agosto de 2004 por las organizaciones consultivas: Centro Europa Tercer Mundo y la Asociación Americana de Juristas: “Los tratados bilaterales de libre comercio y de protección de inversiones: “armas de destrucción masiva” del derecho publico nacional e internacional y de los derechos humanos”. La destrucción de este tipo de tratados la vemos en la economía de los pueblos latinoamericanos: mexicano, canadiense, argentino y chileno. Actualmente a nivel mundial hay más de 2000 de estas armas jurídicas (tratados bilaterales de libre comercio).
Este Tratado es un arma de dominación y de destrucción masiva, ya que está perfeccionado jurídicamente para logar la aniquilación de los Derechos Económicos Sociales Culturales y Medioambientales, de la independencia de los pueblos y de su libre autodeterminación.
-Este Tratado no crea inversiones, crea un marco legal inconstitucional y que viola el derecho público internacional.
-No garantiza inversiones que generen mejorías para nuestro pueblo, si garantiza privilegios excepcionales para los extranjeros.
-No crea riqueza para nuestra gente, crea mecanismos extractores de ganancias
-No propicia desarrollo nacional con justicia social, en cambio si propicia las inversiones especulativas, con impactos negativos medioambientales, la injusta distribución de riquezas y oportunidades, la profundización de las políticas neoliberales.
-No “promociona” ni protege nuestra soberanía, protege al sistema de dominación mundial que nos somete con sus reglas.
“No se me oculta – decía Artigas al Gobernador de Corrientes el 4 de febrero de 1815- que el comercio es la base de la felicidad de los pueblos, pero tampoco ignoro que el comercio con un pueblo enemigo acarrea sino desventajas…La pobreza no es delito…Y agrega refiriéndose a sus partidarios: “…la miseria…no ha bastado a sofocar sus sentimientos de honor, sino a esforzarse para realizarlos y concluir la obra porque tan dignamente se sacrificaron. Si este ejemplo no sirve de lección a los demás pueblos habremos concluido que se acabo en ellos la virtud”.
Textos artiguistas y correspondencias: “Instrucciones del año XIII”, “Constitución para la Provincia Oriental del Uruguay” y “Proyecto de Constitución Federal” (año 1813).
Jesualdo: “Artigas”, Editorial Claridad, Montevideo, 1940 pág. 434.
Gonzalo Abella: “Artigas. El resplandor desconocido”, Ediciones Betum San, 1999.
Carlos Zubillaga Barrera: “Artigas y los Derechos Humanos”, Comité Central Israelita, 1966.
Alberto Arroyo Picard (Maestro en Sociología e investigador de la Universidad Autónoma de México): “El TLCAN en México: promesas, mitos y realidades”
Noam Chomsky (“El beneficio es lo que cuenta. Neoliberalismo y orden global”, editorial Crítica año 2002, págs. 82 y siguientes
Alejandro Teitelbaum (Asociación de Abogados Americanos, Especialista en Derecho Internacional Económico): “Los tratados bilaterales de Libre comercio”
Mariana Herz: “Régimen argentino de promoción y protección de inversiones en los albores del nuevo milenio: de los tratados bilaterales, Mercosur mediante al ALCA y la Omc”, en Revista electrónica de estudios internacionales, año 2003.
Bielsa, Lavagna y Rosatti: “Estado y Globalización. El caso argentino”, Rubinzal-Culzoni, Editores, 2005.
*Jurista, miembro de la Plataforma DESCAM Uruguay. Miembro de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el estudio de la Deuda Pública (RICDP).

References: artículo 17
 artículo 6
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 1
 artículo 12
 artículo 8
 artículo 18
 artículo 18
e contrario