Source: http://www.envio.org.ni/articulo/5570
Timestamp: 2019-03-22 06:54:08+00:00

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Revista Envío - Después de 100 días de insurrección el mundo ya sabe lo que pasa en Nicaragua
A finales de julio, al cumplirse los primeros 100 días de la rebelión, fue el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão quien señaló en la sede de la CIDH que habíamos entrado en la tercera fase de la represión del régimen.
La primera fase se caracterizó por “una represión tradicional con el uso desmedido de la fuerza de la policía contra los manifestantes”. La segunda fue la “operación limpieza” de tranques y barricadas por todo el país.
“Estamos ahora -dijo Abrão- en un tercer momento: un proceso de criminalización de los manifestantes, utilizando las instituciones y el sis¬tema de justicia para detener a las personas y promover acciones y procesos judiciales en su contra”.
La rebelión pasó también por varias fases. A las primeras protestas de universitarios, con piedras y morteros enfrentando las balas de policías antimotines y cayendo por los certeros disparos de francotiradores, siguieron marchas masivas y pacíficas en Masaya, en León, en muchos municipios del país. Managua vio tres marchas multitudinarias entre el 23 de abril y el 9 de mayo.
Para esas fechas los campesinos y después los pobladores comenzaron a levantar tranques que bloqueaban carrete¬ras y caminos. La población los secundó y alzó barricadas en decenas de ciudades. Para destrancar el país y apresar y matar “tranqueros” el régimen armó un contingente de paramilitares que, encapuchados y dotados de armas de guerra, recorrieron el país acuerpados por policías antimotines.
Al atacar a tiros la marcha del Día de las Madres el régimen instaló el terror. Desde mediados de junio hasta mediados de julio el terror se extendió a todo el país. El régimen se dedicó a fondo a las “operaciones limpieza”. Policías y paramilitares llegaban a cada municipio como un ejército de ocupación, intimidando con su sola presencia y, a balazo limpio con quien estuviera en las calles, peor con quien defendiera el tranque o la barricada, “limpiaban” el terreno. Iban acompañados de palas mecánicas que demolían las estructuras levantadas con adoquines, piedras o con cualquier otro material. Fueron cayendo así símbolos de la rebelión o artesanales murallas que garantizaban a la población una defensa, ya que dificultaban a policías y encapuchados el entrar a comunidades en resistencia.
Especial saña y criminalidad usó el régimen para desmantelar los tranques de Jinotepe, en Carazo, en donde el saldo de una única jornada de “limpieza” fueron 24 muertos y decenas de personas secuestradas y después encarceladas, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). Cruel fue también la “limpieza” de las barricadas que protegieron a Masaya y a Monimbó, que se habían mantenido levantadas enfrentando con éxito 19 violentos ataques previos.
Trágico también fue el fin del tranque de Lóvago en Chontales, el primero que levantó en mayo el movimiento campesino. Allí hubo un acuerdo, mediado por la CIDH y por líderes de la iglesia local, para levantar el tranque de modo pacífico, pero el régimen no lo respetó, desmanteló el tranque, emboscó a los campesinos que lo defendían, dejando un número aún no plenamente esclarecido de personas asesinadas.
El Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (MESENI) de la CIDH, presente en Nicaragua desde finales de junio, confirmó que en diferentes lugares donde se hicieron operaciones de limpieza “se mantenía un diálogo para alcanzar la disolución pacífica de los tranques” y colaborar así a que el diálogo nacional avanzara en conseguir acuerdos. Pero la represión se impuso sobre esos acuerdos. Las últimas barricadas que cayeron, dejando tres muertos y una docena de heridos y apresados fueron las del barrio “Sandino” de Jinotega, conocido como “el Monimbó del Norte”. Era el 23 de julio.
“LOS MANDAN A MATAR Y A MORIR”
El CENIDH ha dado un riguroso seguimiento a las cifras de muertos que enlutan hoy al país. Desde el 19 de abril abril hasta el 4 de agosto, contabilizaban 306 muertos. De ellos, 51 policías y paramilitares. La presidenta del CENIDH, Vilma Núñez, afirmó que quienes se oponen al régimen también han causado muertes al ser atacados. Aun con armas artesanales se pueden causar.
Y comentó: “Lo que estamos viviendo no es una guerra entre iguales y sabemos también que no todos los muchachos andan rezando… Y sabemos que han muerto policías y paramilitares. También esas muertes nos duelen y también las documentamos. El gobierno es responsable también de esas muertes porque los ha mandado no solamente a matar, también a morir… Tampoco descarto que el gobierno esté causando algunas de esas muertes. Son capaces de todo”.
Con datos del CENIDH éstas eran las cifras de la represión, las del dolor y el luto hasta el 4 de agosto. De las 306 personas muertas, 21 eran niños y adolescentes menores de 17 años. El número de heridos, uno de los más imprecisos porque la mayoría de quienes fueron heridos no acudió ni a hospitales ni a centros de salud por temor a ser capturados.
El CENIDH calculaba para esa fecha al menos 2,200 personas heridas, muchas de ellas de gravedad y muchas con discapacidades de por vida. Igualmente impreciso ha sido siempre el número de secuestrados y capturados sin orden judicial. Según el CENIDH, hasta el 4 de agosto permanecían detenidos en diferentes unidades policiales, después de ser capturadas, 300 personas, la mayoría jóvenes varones.
En la cárcel de auxilio judicial de la Policía (El Chipote), en Managua, estaban encarceladas en esa fecha 70 personas. Trasladadas al sistema penitenciario y encerradas en la cárcel Modelo de Tipitapa estaban 112 personas. 148 de todos los apresados estaban siendo procesados judicialmente. El patrón de la acusación es una lista de delitos, los más habituales terrorismo, crimen organizado, tenencia ilegal de armas, obstrucción del servicio público (por los tranques)… La Fiscalía, sin pruebas y sin investigación, los acusa de éstos y de otros delitos, nunca de un único delito, siempre aparecen listas, lo que aumenta las condenas. Ya tienen impresos los formatos de las acusaciones y sólo ponen el nombre del detenido en el papel y lo envían al juez, de tal manera que el capturado llega ya enjuiciado, sentenciado y condenado.
Más impreciso ha sido el número de desaparecidos. Desde abril al CENIDH habían llegado 180 denuncias de personas desaparecidas. Algunas aparecieron después presas y torturadas, otras muertas. A comienzos de agosto tenía todavía el CENIDH denuncias de 16 personas que no habían aparecido. El número de desaparecidos es muy impreciso, entre otras razones porque sus familiares los buscan, pero no siempre denuncian la desaparición. El número de los apresados que han sido torturados tampoco es preciso porque sus familiares no suelen decirlo por miedo. Algo similar sucede con los casos de violación sexual, tanto de mujeres como de hombres.
Las personas que fueron detenidas y después liberadas, tras pasar sólo algunos días por las cárceles, habían sido a inicios de agosto al menos 2,500 en todo el país, según el CENIDH. En estos casos, para su liberación jugó un papel fundamental de mediación la iglesia católica, integrante con otros miembros de la Alianza Cívica, de la “comisión de verificación” surgida de un acuerdo del diálogo nacional. Esta comisión presentaba al gobierno listas de detenidos por los que abogaba y conseguía que liberaran a algunos. El gobierno dejó de responder a esa comisión desde que el diálogo se estancó a fines de junio.
A la “limpieza”, seguida de muertes, allanamientos de hogares para capturar a quienes estuvieron en los tranques o colaboraron con los que estuvieron -llevándoles agua o alimentos o haciendo turnos para resguardarlos- o se sospechaba que colaboraron o estuvieron, siguieron auténticas cacerías, que provocaron huidas masivas -el nombre exacto es “desplazamientos forzados”- hacia Costa Rica de muchísimas personas, incluso de familias enteras. Según ACNUR, a finales de julio más de 23 mil personas habían atravesado la frontera sur para salvarse de la cárcel o de la muerte. En noviembre se hablaba ya de 30 mil.
Los menos viajaron con documentos, la mayoría salió indocumentada. Según fuentes de la zona fronteriza recogidas por “El Nuevo Diario” a inicios de julio, cuando se intensificó la “limpieza”, entre 1 mil y 1 mil 500 personas atravesaban sin documentos diariamente la frontera. A finales de julio, concluidos esos operativos, el flujo bajó, pero seguían pasando cada día entre 500 y 600 nicaragüenses.
El gobierno de Costa Rica ha sido solidario con quienes llegan, con documentos o sin ellos. Las capacidades de ese país se han visto desbordadas para atender a quienes hacen filas kilométricas solicitando asilo. En julio el gobierno costarricense estableció dos campos de refugiados para quienes no tienen familiares o conocidos que los acojan en sus hogares. Más de 200 mil nicaragüenses ya vivían en Costa Rica antes de abril.
“HAY PERVERSOS INTERESES”
El régimen de Ortega ha infiltrado entre la comunidad de nicaragüenses en Costa Rica a sus agentes para obtener información, amenazar y hasta asesinar.
El 18 de agosto se dieron graves incidentes violentos en el parque La Merced de San José, con expresiones xenófobas contra la comunidad nicaragüense, que se reúne tradicionalmente en ese lugar. La policía detuvo a 44 personas y decomisó varios cocteles Molotov. En respuesta, una semana después, el 25 de agosto, hubo una masiva manifestación de nicaragüenses y costarricenses en San José con el lema “Ticos y nicas somos hermanos”.
La comandante Mónica Baltodano dijo en una larga entrevista con Teletica Radio que no le cabía “la menor duda” de que el acto de repudio contra los nicas fue organizado por “agentes del régimen” de Ortega, infiltrados en Costa Rica para perseguir a quienes huyen de la muerte en Nicaragua y para procurar conflictos con el gobierno costarricense por su apertura a recibir a los nicaragüenses y darles el estatus de refugiados, coincidiendo Baltodano con la apreciación de los siete últimos Presidentes costarricenses (Arias, Calderón, Figueres, Rodríguez, Pacheco. Chinchilla y Solís), quienes después de los incidentes publicaron un comunicado en el que se referían a “perversos intereses que pueden estar tratando de destruir nuestra armonía y de azuzar el odio y la xenofobia. No permitamos caer en la tentación”.
REPRIMIR CON LEYES, FISCALES Y JUECES
En la tercera fase de la represión, y después de los operativos de “limpieza” el régimen se concentró, ya sin tranques y barricadas, a “limpiar” de liderazgos todo el territorio nacional y de empleados públicos no “leales” las instituciones del Estado. A unos los secuestraban policías y paramilitares, para que después de encarcelarlos y torturarlos, fiscales y jueces los enjuiciaran y condenaran. A otros los dejaban sin trabajo. A todos los han considerado terroristas.
Aunque la ruta que ha arrancado de sus hogares o en plena calle a centenares de personas para llevarlos a la cárcel y a los tribunales ha estado en todos los casos plagada de ilegalidades, el régimen de Ortega, experto durante once años en retorcer leyes según sus intereses o en crearlas a su medida, empleó nuevamente el mismo ardid.
LA LEY ANTITERRORISTA: EL RÉGIMEN DETERMINARÁ QUIÉN ES TERRORISTA
El 16 de julio, con carácter de urgencia, la Asamblea Nacional, controlada por una mayoría de diputados del partido de gobierno, siempre obsecuentes a Ortega, aprobó una ley antiterrorista, que impone penas de entre 15 y 20 años a quien pretenda, con cualquier acto “alterar el orden constitucional”.
La ley sanciona “a quien por el medio que fuere recolecte, capte, canalice, deposite, transfiera, traslade, asegure, administre, resguarde, intermedie, preste, provea o entregue activos para cometer actos terroristas”, actos que según el régimen pueden ser una marcha o un tranque, una reunión o la impresión de volantes…
“Terrorista” es la etiqueta que el régimen ha colocado a universitarios, jóvenes, campesinos, médicos, periodistas, abogados… porque se oponen a su gobierno. En la narrativa del régimen, “terrorismo” equivale a ejercicio del derecho a la protesta.
La ley viola artículos constitucionales referidos a los derechos civiles y políticos de los nicaragüenses cuando afirma que será considerado terrorista “quien individualmente o actuando en conjunto con organizaciones terroristas realice cualquier acto destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a cualquier persona o a destruir o dañar bienes o servicios públicos o privados, cuando el propósito de dichos actos, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población, alterar el orden constitucional u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”.
Pero quien calificará como terroristas a decenas de personas es el régimen que ha sido cuestionado por esas acciones. A lo largo de estos meses han sido detenidas como colaboradoras del proyecto terrorista personas que lanzaron a las calles globos azules y blancos y ha sido condenado a cárcel un vendedor de banderas azul y blanco.
Y quien determinará quiénes han alterado el orden constitucional es el régimen, que califica así a quienes han pedido en todas las marchas que Ortega y Murillo “se vayan”… Analizando la ley queda claro que es el ejercicio de derechos civiles y políticos los que caerán, por voluntad del régimen, en el ámbito penal de “terrorismo”.
LA REFORMA A LA LEY DE LA UAF DETERMINARÁ QUIÉN FINANCIA EL TERRORISMO
Ese mismo día 16 de julio, el Parlamento aprobó una reforma a la ley creadora de la Unidad de Análisis Financiero para ampliar sus facultades. Ahora la UAF puede, sin orden judicial y de manera discrecional, investigar a personas o negocios sospechosos de lavar dinero y de “financiar el terrorismo”.
Apoyada en la Ley de Seguridad Soberana -cuando se aprobó en 2015 el CENIDH la consideró “la amenaza más seria que se cierne contra la vigencia de los derechos humanos en Nicaragua”-, la UAF tiene ahora facultades para inmovilizar los activos de cualquier persona de la que suponga financia el terrorismo, entendiendo el terrorismo de forma tan amplia y discrecional como lo entiende la nueva ley antiterrorista…
Sobre el financiamiento al terrorismo, la ley dice que será sancionado también con penas de 15 a 20 años de prisión, “quien, por el medio que fuere, directa o indirectamente, ilícita y deliberadamente, recolecte, capte, canalice, deposite, transfiera, traslade, asegure, administre, resguarde, intermedie, preste, provea, entregue activos, sean estos de fuente lícita o ilícita, con la intención de que se utilicen o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer o intentar cometer terrorismo…”
En ambas leyes se define el terrorismo y el financiamiento al terrorismo de forma tan amplia que deja a discrecionalidad del juez la interpretación y alcance de esos tipos penales, con el único objetivo de que los jueces afines al partido de gobierno legitimen la criminalización de las protestas públicas ciudadanas y la solidaridad entre los nicaragüenses.
Desde que fue anunciada la reforma se hizo previsible la arbitrariedad con que actuará la UAF con estas nuevas facultades “legales”, que le permitirán “escarbar” para aplicar políticas de castigo y represalias contra el empresariado y contra ONG y personas particulares opuestas al régimen.
LA ONU ES “CÓMPLICE DEL TERRORISMO”
La Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos -con presencia de un equipo en Nicaragua-, advirtió que la Ley contra el terrorismo aprobada en Nicaragua podría ser usada por el gobierno para “criminalizar las protestas”. De hecho, es lo que ya estaba haciendo el régimen antes de aprobar la ley y lo que ha seguido haciendo después de esta apresurada maniobra legal.
“El texto de la nueva ley es muy vago -dijo el portavoz de la OACNUDH al día siguiente de aprobarla- y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera en la definición de terrorista a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta. Es un texto que podría calificar como terroristas a quienes se manifiestan pacíficamente”.
Si contundente e inmediata fue la reacción de Naciones Unidas, insólita resultó la respuesta de la Cancillería de Nicaragua en la nota de protesta con la que respondió al organismo de la ONU: “Este tipo de declaraciones los convierte en cómplices de las acciones que grupos terroristas han llevado a cabo, asesinando nicaragüenses y destruyendo nuestro país con miras a derrocar a un gobierno constitucional, democráticamente electo por nuestro pueblo”.
Y CIENES DE DESPEDIDOS POR POLÍTICA
El país llegó a la tercera fase de la represión con centenares de secuestrados, apresados y judicializados, entre ellos líderes universitarios o sectoriales como los dirigentes campesinos Pedro Mena y Medardo Mairena -miembro de la Alianza Cívica y coordinador del movimiento anticanal-, la líder del Mercado Oriental de Managua Irlanda Jerez, o líderes territoriales como los jóvenes dirigentes del Movimiento 19 de Abril de Matagalpa y de Masaya…
Han sido centenares los capturados sin orden de detención, tanto en la calle como en sus casas, tanto de día como de noche. Centenares los llevados a los tribunales en procesos totalmente viciados por un sinnúmero de anomalías: juicios a puertas cerradas, sin que los vean sus familiares, sin disponer de abogados de su elección, víctimas flagrantes de una total falta de garantías... Son presos políticos.
También han sido centenares los empleados públicos despedidos, por ser no leales al régimen, haber participado en las protestas o ser conocidos por sus opiniones críticas. En agosto la Asociación Médica Nicaragüense denunció los despidos arbitrarios de 135 doctores, doctoras, cirujanos, especialistas, enfermeras, hasta camilleros, de hospitales públicos de todo el país, represaliados por haber atendido, curando o cuidando, a heridos en las protestas o en las “operaciones limpieza” o por no haber mostrado “lealtad” a la política del gobierno.
Los despidos iniciaron en el hospital de León, siguieron en el de Jinotepe, después en el de Masaya… y se extendieron en todo el país. En noviembre ya eran 300 los despedidos en el sistema de salud. Decenas han tenido que huir del país por las amenazas recibidas.
Despidos de “no leales” también se dieron, y siguen dando, en colegios, universidades y otras instituciones estatales, siempre sin alegar por escrito la causa del despido y siempre por haber mantenido posiciones críticas..
LA “GUERRA” CONTRA “LA IGLESIA GOLPISTA”
En las tres fases de la represión han sido destacados los ataques y amenazas del régimen y de sus seguidores a obispos y sacerdotes de la iglesia católica. Ataques en las redes sociales que los denigran. Ataques de los paramilitares, que los han amenazado cuando tocaban las campanas para alertar a la gente de que ellos llegaban o cuando escucharon en sus homilías que animaban al pueblo a ejercer sus derechos. También han sido profanadas varias iglesias en distintos municipios: turbas alentadas por el gobierno entran al templo, saquean, ensucian, destruyen, roban y hasta arrojan las hostias consagradas por los suelos…
Detrás de esta “guerra” está el malestar que las actitudes y las palabras de los obispos, como mediadores y testigos del diálogo nacional, y como coordinadores de los párrocos en todo el territorio, han producido en Ortega y en Murillo. La pareja gobernante esperaba de los obispos un papel de “neutralidad” condescendiente que favoreciera los intereses del gobierno y la interpretación que ha hecho de lo ocurrido. No ha sido así. ”Somos mediadores en el diálogo, pero también somos pastores del pueblo y sensibles ante su dolor y no podemos ser neutrales”, dijo el obispo auxiliar de Managua Silvio Báez a un medio oficialista.
DIRIAMBA: 9 DE JULIO
En la “guerra” contra la iglesia católica uno de los momentos culminantes ocurrió el 9 de julio, cuando el cardenal arzobispo de Managua Leopoldo Brenes, su obispo auxiliar Silvio Báez, el recién llegado al país representante del Papa, Nuncio Waldemar Sommertag, y varios sacerdotes, llegaron hasta Diriamba para rescatar a unod jóvenes que se habían refugiado en la basílica de San Sebastián para evitar ser capturados por paramilitares después de la “operación limpieza” desarrollada con exceso de violencia en esa ciudad.
Ha sido tan trágico balance de muerte y atropellos, donde los ataques a la iglesia católica y a sus representantes han tenido un peso especialmente significativo, lo que movió a la comunidad internacional a volver sus ojos, primero sorprendidos y después indignados hacia Nicaragua.
El mundo ya sabe lo que pasa en Nicaragua. Y si no tiene total claridad sobre el cúmulo de agravios, abusos y arbitrariedades, también crímenes, que motivaron el estallido de abril, sí observa con extrema preocupación el inaceptable presente y el incierto futuro de nuestro país. Documentales, testimonios, videos, informaciones… han mostrado al mundo entero el ataque despiadado con que Ortega ha respondido al derecho a la protesta que ejerce buena parte del pueblo nicaragüense exigiendo un cambio de gobierno. Lo que escuchan y ven les revela la naturaleza criminal de un régimen que practica el terrorismo de Estado.
11 DE JULIO: LA OEA Y ALMAGRO DEFINEN SU PAPEL
Como correspondía, la OEA ha encabezado la ocupación y la preocupación por la crisis de Nicaragua. A partir del 5 de junio, y una vez colocado por primera vez el tema de Nicaragua sobre la mesa, con una declaración muy formal, la OEA siguió avanzando con una rapidez nada usual ni en ese organismo ni en las “cocinas” de la diplomacia.
A partir de finales de junio el lenguaje del secretario general de la OEA, Luis Almagro, comenzó a variar, superando sus confusas y tibias declaraciones anteriores sobre la realidad de Nicaragua. Fue hasta el 11 de julio, en la segunda reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para conocer una resolución elaborada por siete países, que responsabiliza de la represión al régimen de Nicaragua, y cuando ya Ortega había rechazado cualquier posibilidad de adelantar las elecciones, cuando Almagro modificó su discurso, dejando claramente establecida cuál es su posición sobre Nicaragua.
En su discurso, dijo cosas como ésta: “A un pueblo agredido por su propio gobierno, por el gobierno que eligió para proteger y garantizar sus derechos, es al que más debemos apoyar, desde la denuncia y desde los instrumentos diplomáticos que tenemos a disposición… Ningún país es sustentable en clave de derechos, o en clave social y económica si un gobierno pretende sostenerse sobre la base de la fuerza y la represión. Ningún país es sustentable si la ecuación política cae en una lógica de medir la fuerza por medio de la violencia”.
Ese 11 de julio quedó definitivamente claro el papel que la OEA jugará en la crisis de Nicaragua. Hasta abril, Almagro acordaba bilateralmente con Ortega cada paso que daba o que iba a dar en la reforma profunda que requiere el colapsado sistema electoral nicaragüense -una auténtica maquinaria de fraudes desde 2008-, para que en nuestro país puedan haber por fin unas elecciones libres. Hasta abril todo se reducía a lo que acordaban Ortega y Almagro y a lo que dictaba el calendario: elecciones con un sistema “depurado” por la OEA con la anuencia de Ortega y hasta el año 2021. A partir de julio, la OEA se comprometió a impulsar una agenda internacional para que Nicaragua se encamine hacia elecciones anticipadas.
El 13 de julio el Consejo Permanente de la OEA volvió a reunirse en una nueva sesión extraordinaria para votar el texto definitivo de la resolución impulsada por Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, Argentina Colombia, Chile y Brasil sobre la crisis en Nicaragua.
El texto expresaba una “enérgica condena” a “todos los actos de violencia, represión, violaciones de derechos humanos y abusos, incluyendo aquellos cometidos por la Policía, grupos parapoliciales y otros actores contra el pueblo”. La base para redactar este texto fue el informe de la CIDH. La resolución responsabilizaba ya muy claramente al régimen de Ortega y Murillo por la violencia y lo instaba a convocar elecciones anticipadas.
El día en que esta importante resolución se presentaba a debate en el Consejo Permanente fue una jornada intensa en la que se enlazaron varios acontecimientos que reflejaron en sólo unas horas la tragedia a la que el régimen Ortega-Murillo estaba arrastrando al país.
La Alianza Cívica había decretado un paro nacional para el viernes 13 de julio. Se estaba cumpliendo cabalmente desde primeras horas de la mañana, cuando en la tarde Ortega y Murillo, desafiando el paro, organizaron una caravana de varios kilómetros, con vehículos del Estado y con para “celebrar” en Masaya el anual Repliegue, en memoria de una de las gestas que el FSLN protagonizó en 1979 cuando luchaba contra Somoza.
Masaya no los recibió con música y pólvora, como fue tradicional durante décadas. La ciudad entera les cerró las puertas. Y mientras la caravana se quedaba en la carretera, el vehículo en que viajaba la pareja, rodeado de escoltas motorizados atravesaba en silencio las calles desoladas. Tampoco pudieron llegar hasta el barrio indígena de Monimbó. Decenas de barricadas se lo impedían. La “celebración” la tuvieron a puertas cerradas en el cuartel de la Policía.
En el templo murieron de un balazo en la cabeza un muchacho de 20 años, apasionado del baile folklórico, y un adulto que acompañaba a los jóvenes. Muchos estudiantes heridos fueron atendidos allí por médicos. En la madrugada, y por gestiones del Nuncio Sommertag, los jóvenes fueron entregados a sus familias. Las paredes del templo quedaron atravesadas por los potentes disparos y así se conservará.
En la misma tarde del viernes 13 el régimen detuvo en el aeropuerto a los líderes campesinos Medardo Mairena -miembro de la mesa del diálogo nacional- y a Pedro Mena. Viajaban a Estados Unidos a un acto de solidaridad con Nicaragua. Fueron encarcelados, acusados por siete delitos vinculados al terrorismo, y se conoció que han sido torturados.
Durante la sesión de la OEA del viernes 13, el propio Almagro pidió inútilmente al gobierno de Nicaragua detener el ataque a la UNAN. Ese día reafirmó la posición que había expresado tres días antes: “No podemos convivir en las Américas con episodios violentos como los que han ocurrido en Nicaragua desde abril”.
Tan sólo cinco días después, el 18 de julio, la OEA convocó una nueva sesión extraordinaria del Consejo Permanente para someter finalmente a votación la resolución presentada el día 13. Después de casi una hora en que el canciller de Nicaragua y la representante de Venezuela no tuvieron éxito en obstruir, no sólo la votación, sino la propia sesión, los votos de 21 de los 34 países que integran la OEA apoyaron el texto. Todos los países de peso en el continente, excepto Venezuela, respaldaron la “enérgica condena” a la represión del régimen de Ortega.
La derrota del régimen de Ortega fue aún más clara cuando el canciller de Nicaragua se empeñó en someter a votación una resolución “para restablecer la paz en Nicaragua”, que reitera la versión oficial sobre lo que ocurre en el país: no es la rebelión cívica de una mayoría del pueblo, sino un “golpe de Estado” de fuerzas “terroristas”. Ese texto sólo obtuvo 3 votos favorables, uno de ellos el de Nicaragua.
Gonzalo Koncke, jefe de gabinete de Almagro dijo ese día que la resolución era de “gran trascendencia” y que la votación favorable “era la respuesta de la comunidad interamericana ante la situación trágica que vive Nicaragua, con un número de muertos escalofriante”. Ese día quedó fijada cuál es, y seguirá siendo, la correlación de fuerzas en la OEA, claramente desfavorable a Ortega.
TODO EL MUNDO VA SABIENDO LO QUE PASA EN NICARAGUA
El día antes de la reunión en la OEA, 12 países latinoamericanos integrantes de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), una instancia creada por Hugo Chávez en sus mejores tiempos, se reunieron en Bruselas con los países de la Unión Europea. Pidieron lo mismo que la OEA: cese de la represión y elecciones anticipadas.
Ese mismo día siete ex-Presidentes de Costa Rica escribían al secretario general de la ONU, António Guterres, de visita en San José, pidiéndole la intervención de Naciones Unidas “para promover una solución que restablezca, a la brevedad posible, la paz y la democracia en Nicaragua”.
La presión diplomática se aceleró. El 2 de agosto volvió a reunirse el Consejo Permanente de la OEA en sesión extraordinaria para aprobar una nueva resolución sobre Nicaragua. Estableció la conformación de un grupo de trabajo integrado por representantes de doce países de la OEA que, en coordinación con otros organismos internacionales y regionales, contribuya a lograr una salida a la crisis en el diálogo nacional.
Antes de que la resolución fuera aprobada (20 votos a favor y 4 en contra), el canciller nicaragüense afirmó tajantemente que el gobierno no permitiría que el grupo de trabajo ingresara a Nicaragua. Y así ha sido. El régimen no les ha abierto las puertas.
TAMBIÉN EUROPA Y LA ONU
Mientras esto ocurría en la OEA, la principal representante de la Unión Europea para Política Exterior, Federica Mogherini, escribía una carta al canciller de Nicaragua pidiendo “el fin inmediato de la represión y de las detenciones arbitrarias” y que “los grupos armados irregulares sean desmantelados”.
Desde Ginebra, la máxima autoridad de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, quien venía haciendo declaraciones muy firmes sobre lo que pasaba en Nicaragua, no sólo condenando los trágicos eventos recientes, sino calificándolos como “el resultado de la erosión sistemática de los derechos humanos a lo largo de los años”, se refirió a las denuncias que estaban recibiendo los miembros de la OACNUDH ya presentes en Nicaragua: “Mi equipo -dijo- escucha testimonios de profunda frustración y desesperación, también de miedo generalizado”.
LA CELEBRACIÓN DE OTRO 19 DE JULIO
Todavía en marcha la sangrienta “operación limpieza” y al día siguiente de aprobada la resolución de la OEA, Daniel Ortega y Rosario Murillo celebraron otro 19 de Julio, el 39 aniversario de la Revolución que derrocó la dictadura de Somoza.
En un escenario similar al de otros años Ortega lanzó un discurso en el que se presentó ante sus bases como el guerrero que ha concluido, y ha ganado, una guerra. Por primera vez hizo esa tarde su personal relato sobre los sucesos de abril, proyectándose en la narrativa como el gobernante que con paciencia fue descubriendo de qué se trataba lo que pretendían sus oponentes hasta dar con la clave: se trataba de un plan golpista.
Buena parte de su discurso la dedicó a atacar a los obispos, a los que señaló como activos en ese plan, al que calificó de “diabólico”.
El vigor con el que habló buscaba alentar a sus seguidores. Los llamó a fortalecer las “autodefensas”. A partir de ese día escriben “Plomo” en las paredes y cantan una canción poco imaginativa que sólo repite la misma frase: “Aunque les duela, aunque les duela, el comandante se queda”. Se queda, repitió Ortega en la tarima del 19 de Julio, hasta las elecciones de 2021.
La celebración del 39 aniversario de la Revolución no pasó desapercibido en el mundo. El triunfalista y belicoso discurso de Ortega acumuló “carbones sobre su cabeza”, y como declararse victorioso después de derramar tanta sangre parecía estar empeorando su imagen internacional, él, que en una década no ha dado una sola rueda de prensa ni ha permitido entrevistas a ningún medio nacional, las solicitó y concedió días después a medios internacionales: Fox News, Telesur, Euronews, CNN, France 24, BBC, Grayzone Proyect, Rusia Today…
Si el propósito era mejorar su imagen, no lo consiguió. A cada periodista le dio versiones distintas sobre los hechos, especialmente cuando respondía a la pregunta sobre los paramilitares encapuchados que han aterrorizado a la población, tema clave sobre el que todos querían saber.
Después de la entrevista que Ortega dio a Fox News, el canal de noticias que ve el Presidente Trump, no hubo ninguna reacción de Trump sobre lo que le pidió implícitamente Ortega: una entrevista con él. Sí hubo reacción inmediata del Vicepresidente Mike Pence. Concluyendo la entrevista, escribió: “La violencia patrocinada por Ortega es innegable. Su propaganda no engaña a nadie ni cambia nada”.
La entrevista que concedió quien fuera Jefe del Ejército Humberto Ortega a CNN en los mismos días en que Ortega daba entrevistas a otros medios fue un total desmentido a las versiones y confusiones, calculadas o no, de su hermano.
Humberto Ortega calificó de “condenable” la violencia con que en abril el régimen respondió a las primeras protestas de los universitarios. “El gobierno no supo manejar la situación”, dijo. Hizo “principal responsable” de la “represión tan indiscriminada” que siguió después “al Estado, que tiene un gobierno”, dando por supuesto, insistentemente, en ésta y en todas las respuestas que dio a otras preguntas, que quien está al frente del gobierno de Nicaragua es Daniel Ortega, negando implícitamente que la responsabilidad de la matanza fuera sólo de Rosario Murillo.
Humberto Ortega señaló que “el problema más importante que tenemos que solucionar en la mesa de diálogo es el de las fuerzas parapoliciales, que están fuera de la ley”. Afirmó que “todo el pueblo las ha visto campantemente por todos lados causando terror y acompañando a la Policía… Son las que han provocado la mayor cantidad de violencia y muerte”.
Advirtió que “el gobierno no puede legitimar a irregulares armados”, y fue especialmente enfático al afirmar: “¡El Ejército no puede tolerar eso!” Para Humberto Ortega las elecciones “son la llave y se tienen que adelantar”. También dio su respaldo a los obispos y al formato de diálogo nacional que ya existe considerándolo el espacio en donde se debe llegar a acuerdos que pongan fin a la crisis con elecciones anticipadas.
UNANIMIDAD DE VISIÓN
“Estados Unidos va a hacer todo lo posible para que Nicaragua regrese a la democracia. Todas las opciones están sobre la mesa, la opción militar en este momento no”. Eso es lo más directo que le ha dicho a Ortega, y que ha dicho también a los medios, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo.
Hasta finales de julio Estados Unidos había actuado con sanciones y declaraciones mostrando, tanto la Casa Blanca como el Congreso, tanto demócratas como republicanos, una misma visión de condena al gobierno de Nicaragua y un mismo compromiso con una salida por la vía electoral. En dos oleadas, el Departamento de Estado había revocado visas a decenas de funcionarios del gobierno y a sus familias, aunque no dio los nombres de los desvisados. Tres funcionarios del entorno cercano a Ortega habían sido sancionados por la Ley Magnitsky desde abril y se esperaba que fueran más en 2018.
A mediados de julio, el Departamento de Estado declaró: “Cada víctima adicional de la campaña de violencia e intimidación del gobierno promueve el socavamiento de la legitimidad de Ortega”. Y al cumplirse los 100 días de la insurrección de abril, la representante de Estados Unidos ante la ONU señaló en el recinto de Naciones Unidas que las muertes en Nicaragua en ese lapso (295) superaban las provocadas en Venezuela en 100 días de protestas (112).
Una de las ideas clave en la que Ortega no se contradijo y que pretendió dejar bien asentada en todas sus entrevistas internacionales es la de que si él renunciara, en el país se crearía un vacío de poder, una anarquía. Quiso sembrar la idea de que sin él habría en Nicaragua un caos.
Tal vez alguien lo pensó así antes de abril. Pero a 100 días del estallido de abril la comunidad internacional ya estaba clara de que su régimen ha perdido toda autoridad moral y toda capacidad política para enfrentar los desafíos del futuro que su barbarie dejará en el país. Es la política represiva, el terror impuesto, la masiva violación de derechos humanos para mantenerse en el poder a costa de todas las sangres, lo que ha ido unificando criterios en la comunidad internacional. El mundo ya sabe lo que pasa en Nicaragua: no es “Ortega o el caos”, el caos es Ortega

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