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Timestamp: 2019-09-23 07:57:05+00:00

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Recursos | Títulos falsos
Exoneran a abogado por notas "falsas"
Durante dos años la Fiscalía intentó despojar de su título de abogado a Manuel Chacón, sin embargo, dos delitos atribuidos no fueron comprobados
Los esposos Chacón, Carmen y Manuel, se fundieron en un abrazo tras conocer el fallo absolutorio en el juicio. Foto EDH
Manuel Chacón Castillo fue exonerado ayer ante un Tribunal de Sentencia que no encontró evidencia que hubiera cometido delitos durante su formación y autorización como abogado de la República y fue absuelto de la acusación de uso de documentos falsos.
Tras dos días de intensos debates entre fiscales y defensores, el Juzgado Tercero de Sentencia emitió un fallo absolutorio en favor de Chacón Castillo.
"Han finalizado dos años de estar sometido a este martirio", dijo el abogado al finalizar la vista pública.
Familiares y amigos de Chacón Castillo se fundieron en abrazos cuando los tres jueces de Sentencia emitieron la absolución.
La Fiscalía acusaba al abogado de haber presentado una certificación global de notas extendida por la Universidad Salvadoreña (USAL) a la Universidad Militar, a la cual señalaban como falsa.
El tribunal consideró que la certificación era un documento privado y que por lo tanto no era de su competencia analizarlo.
Asimismo, los jueces dejaron claro que no se estableció en el juicio que Chacón Castillo haya alterado la certificación de notas.
"No es materia de los jueces penales determinar si se da una materia por equivalencias. Además, esto no es falsedad material", dijeron.
Acusación no fue sustentada.
El Juzgado Tercero de Sentencia dejó claro que en la acusación fiscal no se dejó claro el porqué se acusaba de uso de documentos falsos al abogado Manuel Chacón.
Indicaron que hubo deficiencias que violaron el derecho de defensa del acusado.
Esa deficiencia fue aprovechada por la defensa.
Destituyen a juez de Sentencia
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Este juez fue cuestionado por la Fiscalía General de la República por medio del fiscal Roberto Vidales.
El juez Quinto de Sentencia de San Salvador, Miguel Valdez, fue destituido de su cargo por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), revelaron ayer fuentes judiciales.
La remoción del funcionario está ligada a los hechos relativos a los títulos irregulares, según las fuentes.
La remoción fue anunciada la semana anterior por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, quien entonces declaró que se reservaba el nombre del "alto funcionario", en vista de que el juez no había sido notificado de la decisión administrativa de la Corte.
El juez fue cuestionado por la Fiscalía General de la República (FGR), por medio del fiscal especial Roberto Vidales, debido a que su título había sido obtenido de forma irregular, según las indagaciones.
Valdez figura en la lista de 199 jueces y abogados a quienes el Ministerio de Educación les denegó el registro del título académico por anomalías cometidas en las universidades de donde se graduaron. No fue posible contactar al juez para obtener su reacción. Él habría sido informado de su remoción ayer.
Dos jueces más serán destituidos
El Departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia presentará nuevos proyectos de destitución contra dos jueces de San Salvador, en el marco de la de puración por poseer títulos fraudulentos.
El jefe del departamento, Mateo Álvarez, manifestó que se trata de dos funcionarios de Paz y de otra instancia, que no quiso especificar, destacados en San Salvador.
Según Álvarez, los magistrados podrían conocer estos dos nuevos casos de destitución en la sesión plenaria de este jueves.
Con las posibles dos destituciones se elevaría a 40 el número de funcionarios judiciales removidos y con ello se completaría la separación de 40 de los 80 jueces que los magistrados señalan como "depurables" en razón de su título cuestionado.
Pese a estar finalizado el proceso de destitución de los 38 jueces desde el año pasado, la Corte Suprema se niega a divulgar el listado oficial.
LA PRENSA GRÁFICA consultó ayer nuevamente sobre los funcionarios que oficialmente han sido separados del cargo, pero el jefe de Investigación Judicial dijo que espera "luz verde" para dar a conocer la lista.
Según fuentes de la misma Corte, al ser declaradas firmes las remociones se haría público el listado de jueces removidos, pero esto no ha ocurrido.
CSJ tiene en la mira 7 abogados por títulos
La baja en el ritmo de la depuración judicial en las últimas sema-nas no es considerada por los magistrados como estancamiento.
ACUSADO. El abogado Manuel Chacón, izquierda, acusado de uso de documentos falsos, conversa con el fiscal del caso, Diego Escobar. La corte analiza desautorizar a siete abogados por título irregular.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia iniciaron la discusión, el pasado jueves, sobre la posible desautorización de los primeros siete abogados por cuestionamientos a sus títulos.
Según los magistrados Eduardo Tenorio y Mario Solano, la Sección de Investigación Profesional (SIP) presentó los primeros proyectos y la Corte plena analiza los mismos.
La Corte inició en agosto la depuración judicial en el caso de los títulos fraudulentos, cuando desde finales de agosto pasado destituyó semanalmente a 10 jueces porque el Ministerio de Educación (MINED) les denegó la inscripción de su título o les revocó la misma.
Desde noviembre pasado, la depuración ha bajado de ritmo. No obstante, los magistrados de la Sala de lo Constitucional no consideraron que la depuración se haya estancado.
Por el contrario, dijo Tenorio, se está dando impulso a esta tarea, pero con el debido respeto hacia las personas que son o serán sometidas a las sanciones por los cuestionamientos.
El hecho de que en la última sesión de Corte plena se haya abordado el caso de los siete abogados es una muestra de que el proceso sigue, manifestaron los funcionarios.
Según informes de los mismos magistrados, quedan pendientes de analizar los casos de unos 40 jueces de todo el país.
Ex jueces pueden laborar en el sistema
Mientras el puesto no exija como requisito el hecho de ser abogado, los ex jueces pueden optar a un empleo en el sistema judicial.
Los jueces que han sido destituidos en razón de la presunta ilegalidad de sus títulos como abogados de la república podrán seguir laborando en el sistema judicial.
Así lo señaló el magistrado Mario Solano, quien advirtió que los jueces tiene independencia para la contratación de personal de apoyo.
No obstante, manifestó, los puestos que ocupen los destituidos no deben tener como requisito la investidura de licenciados en jurisprudencia, porque la Corte Suprema debe resolver aún si desautoriza o no a estas personas.
Si un juez ha contratado a alguno de los destituidos del sistema como jueces, la Corte no puede hacer nada al respecto, aseguró Solano.
LA PRENSA GRÁFICA conoció, de forma extraoficial, que en algunos tribunales del interior del país estarían laborando ex jueces de Paz cuyos títulos fueron cuestionados y en virtud de lo cual se les removió del cargo.
Solano reiteró que los ex funcionarios pueden laborar dentro del sistema, no sólo por razón de humanidad, sino porque su experiencia en el campo del derecho ha sido grande. En tal sentido, su aporte es válido porque conocen la forma en que se aplica la justicia.
Por otra parte, el magistrado Solano dijo que se ha conocido una considerable cantidad de expedientes de abogados que están en "la lista" de una posible desautorización por poseer títulos cuestionados.
La Sección de Investigación Profesional (SIP) de la Corte Suprema de Justicia tiene listos varios anteproyectos de sanción contra los abogados, pero aún no han sido conocidos por Corte plena, señaló el magistrado.
Lo que sí adelantó es que en la próxima sesión de Corte plena podrían darse resultados concretos sobre estos casos.
Otros magistrados dijeron que se espera que antes de fin de año se determine la situación de los abogados cuestionados.
Ex jueza irá a juicio por título
Una cámara de lo Penal anuló el fallo de exoneración de la ex jueza.
La ex jueza de Paz de Jocoaitique, en Morazán, María Cristina Sagastizado irá a juicio el próximo año bajo cargos de uso y tenencia de documentos falsos, informaron ayer fuentes de la Fiscalía General de la República, en San Salvador.
Sagastizado fue sobreseída por el Juzgado Sexto de Instrucción, pero ante la apelación de la Fiscalía una cámara de lo Penal anuló el fallo del tribunal inferior y ordenó el juicio, dijeron las fuentes fiscales.
El juicio se instalará el 9 de julio de 2003, a las 12:00 del mediodía, agregaron las fuentes.
También irá a juicio el abogado Gustavo Arias, por el delito de ejercicio ilegal de la profesión, señalaron.
Este juicio está fijado para el 20 de junio de 2003, a las 9:00 de la mañana.
La Fiscalía también dijo que al ex juez de Paz de La Palma, Chalatenango, Ricardo Emilio Henríquez se le denegó el permiso para salir de El Salvador durante un mes, como lo había solicitado.
Henríquez ya fue condenado por el delito de ejercicio ilegal de la profesión y uso de documentos falsos por un tribunal de la capital.
Por títulos falsos
A los tres abogados se les investigó por poseer títulos irregulares, los cuales fueron obtenidos en universidades que fueron cerradas por el Ministerio de Educación (MINED).
La Corte Suprema de Justicia mantiene en suspenso la autorización de estas personas como abogados, a pesar de que en el caso de Henríquez la situación jurídica de éste ya fue definida.
El pasado martes, el presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia, Mario Solano, dijo que en la próxima sesión plenaria podrían conocerse los primeros casos de desautorización de abogados.
La Sección de Investigación Profesional (SIP) ya tiene listos los proyectos y están listos para sentencia, aseguró.
Corte recibe 38 opciones por remoción
Las 38 plazas de jueces removidos por la Corte Suprema, por irregularidades en la obtención de sus títulos, tienen candidatos a ocuparlas
El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) mandó a la Corte un listado de 38 elegibles para ser jueces.
El Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) envió propuestas de candidatos para llenar las plazas de 38 jueces destituidos por la Corte Suprema.
Así lo confirmó el presidente de la Corte en funciones, Mario Solano, quien agregó que, de acuerdo con el mandato constitucional, no se puede acceder a cargo judicial si el CNJ no sugiere las ternas de candidatos.
La Corte Suprema ha destituido a 38 jueces de todo el país y de diferentes judicaturas (cargos) por irregularidades en la obtención de sus títulos profesionales.
Una comisión especial nombrada por la Corte determinó que existían indicios claros sobre esto en los casos de 117 profesionales. De este grupo, 80 son, además, jueces, de los cuales 38 han sido removidos de sus cargos.
Desde hace más de un mes, la Corte Plena (reunión de los 15 magistrados que forman la Corte) no realiza más destituciones aparte de las 38 que ya quedaron firmes. Solano aclaró que no se ha tratado de ningún receso, sino que, por la carga de trabajo, se han tenido que centrar en 30 jueces más, pero tan sólo en su calidad de abogados, de lo que no existe decisión aún.
Además, agregó Solano, no se podía hacer una destitución masiva de jueces, pues se hubiera sobrecargado al CNJ de peticiones de elegibles y existía la posibilidad, con esa premura, de que se hubiera sugerido a candidatos no aptos.
Solano también mencionó que se ha urgido a la Asamblea Legislativa para que apruebe una serie de reformas a la Ley Orgánica Judicial y a la de la Carrera Judicial. La propuesta se llevó a los diputados el año pasado.
Se trata de pruebas y requisitos éticos y de probidad para que un abogado acceda a ser juez. El magistrado presidente en funciones también informó que ayer se respondió una prevención de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) sobre demandas de los 38 destituidos. La Corte aseguró el respeto de derechos en el proceso de remoción, dijo.
Hallan culpable a ex juez acusado por título falso
El ex funcionario fue condenado a tres años de prisión, los que le fueron reemplazados por servicios de utilidad pública.
Ricardo Emilio Henríquez, ex juez de La Palma, Chalatenango, fue encontrado culpable por el delito de uso de documento falso y sentenciado a tres años de prisión.
Los jueces dentro de su resolución dijeron que existía suficiente evidencia que indicaba que Henríquez había utilizado una certificación de notas falsas para presentarla ante el Ministerio de Educación.
A pesar de que se determinó que ese documento era falso, los jueces de Sentencia dijeron no poder pronunciarse ante la legalidad del título universitario del ex juzgador.
Henríquez era acusado por la Fiscalía por los delitos de uso de documento falso y ejercicio ilegal de la profesión.
Por este segundo delito fue sobreseído, debido a que no se logró establecer la legalidad del título que lo acreditaba como licenciado en Ciencias Jurídicas.
La condena de tres años de prisión le fue reemplazada por arrestos de fin de semana o servicios de utilidad pública.
La decisión de cuál de las medidas se le aplicará al ex juzgador dependerá de un Tribunal de Aplicación de Penas.
Éste es el segundo caso de título irregular donde la Fiscalía logra demostrar la culpabilidad del imputado que es procesado.
El primero fue el del ex juez de Paz de Aguilares, quien prefirió aceptar su culpabilidad durante la audiencia preliminar.
Vinculados a la emisión de títulos irregulares:
Vidales pidió inhabilitar a presidente de la C. de C.
El ex fiscal especial Roberto Vidales aseguró que su recomendación se la hizo a la propia Corte Suprema tras concluir su investigación.
INVESTIGACIÓN. Roberto Vidales fue nombrado fiscal especial para la investigación de profesionales del derecho que obtuvieron títulos académicos de forma irregular.
Roberto Vidales, ex fiscal especial para la investigación de títulos irregulares, recomendó inhabilitar como abogado al actual presidente y diputado del PCN, Rafael Hernán Contreras.
Al parecer, Vidales encontró méritos para hacer esta petición a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debido a que Contreras fungió como director de la Universidad Nueva San Salvador (UNSSA) cuando en ese centro educativo se presume se emitieron títulos académicos con irregularidades.
Vidales dijo que al final de su investigación hizo varias recomendaciones a la CSJ: "Con aquellos que sean abogados sí se podría tomar alguna acción administrativa", recomendó Vidales (ver recuadro aparte).
Por su parte, Hernán Contreras consideró que el fiscal se excedió en sus atribuciones.
Se sabe que la Unidad Anticorrupción y Delitos Complejos de la Fiscalía prepara los requerimientos respectivos contra directivos de dos universidades privadas, por estar implicados en el otorgamiento de títulos irregulares.
Sin embargo, no se han revelado los nombres ni cargos que ocuparon las dos personas contra quienes la Fiscalía procederá penalmente por la emisión de títulos irregulares.
Casos no prescritos
El ex fiscal especial también recomendó que algunas de las autoridades de universidades privadas que extendieron títulos irregulares de abogados sean sujetos de acción penal.
"Hay algunos casos que no han prescrito y existe la posibilidad de ejercer acción penal contra los rectores y decanos responsables de la emisión de esos títulos", expresó.
Según Vidales, la base para procesarlos es que fueron cometidos después de 1997 y los delitos cometidos prescriben a los seis años.
Entre esas autoridades, nombró en su informe a las de la Universidad Salvadoreña (USAL) y a las de la Universidad de Administración de Negocios (UNAN).
EL INFORME VIDALES: "EL FISCAL VIDALES SE EXCEDIÓ", CONSIDERA HERNÁN CONTRERAS
El actual presidente de la Corte de Cuentas y rector de la Universidad Nueva San Salvador (UNSSA), Rafael Hernán Contreras, aseguró ayer que el fiscal Roberto Vidales se excedió en sus atribuciones durante la investigación de la emisión irregular de títulos académicos.
Para Contreras, Vidales pisó indebidamente juris- dicciones del Ministerio de Educación al incorporar a directores de instituciones dentro de sus pesquisas. El aún diputado por el PCN cree que el "exceso" de Vidales merece algún tipo de sanción, pero no sugirió cuál.
Recordó que el fiscal general, Belisario Artiga, trató de crear una comisión interinstitucional entre Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Educación y Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).
El presidente del ente contralor aparece en una lista que Vidales recomendó, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para inhabilitar del ejercicio de la abogacía.
JUICIO CONTRA EX RECTOR DE LA USAL NO PROSPERÓ
Una de las primeras denuncias contra autoridades universitarias vinculadas con la emisión de títulos irregulares fue llevado a los tribunales, pero no prosperó, pues el denunciado fue librado de cargos.
Se trata de la denuncia interpuesta por el abogado Herbert Danilo Vega Cruz contra el ex rector de la Universidad Salvadoreña (USAL) David Tomás Hernández.
La denuncia fue presentada en la Fiscalía el 31 de mayo de 2000, mucho antes de que se nombrara a Roberto Vidales como fiscal especial para la investigación de los títulos irregulares.
Vega acusó al ex rector de la USAL de no entregarle las certificaciones de notas y la carta de egresado de dicha universidad y que él necesitaba para registra su título en el Ministerio de Educación.
La Fiscalía llevó el caso a los tribunales y presentó requerimiento contra Hernández por los delitos de supresión, destrucción y ocultación de documentos verdaderos.
El Juzgado Cuarto de Paz ordenó instrucción formal sin detención contra Hernández.
Quince días antes de realizarse la audiencia preliminar por parte del Juzgado Cuarto de Instrucción, la Fiscalía debió ratificar la acusación, pero no lo hizo.
Fue la entonces jefa de Administración de Justicia de la Fiscalía quien presentó la acusación en la cual se pidió un sobreseimiento provisional a favor del acusado.
El juez Elmer Aristarco Chavarría (quien se graduó de la USAL y aparece mencionado en el Informe Vidales) al final de la audiencia preliminar, celebrada el 14 de noviembre de 2001, sobreseyó definitivamente al ex rector de la USAL.
La Fiscalía no apeló y por eso la víctima denunció a los fiscales que llevaron su caso.
La Unidad de Auditoría Legal del ministerio público abrió expediente contra los dos fiscales, pero aún no ha emitido resolución alguna. El jefe de la unidad, Miguel Hernández, indicó que ya se recabaron todas las pruebas y sólo falta concederles a los fiscales el derecho de audiencia, para luego resolver.
RECOMENDACIÓN A CSJ
Roberto Vidales recomendó a la CSJ la inhabilitación para el ejercicio de la abogacía a los siguientes ex directores:
Dr. Rafael Hernán Contreras Rodríguez
Dra. Maura de Valenzuela
Dr. Óscar Rodríguez Díaz
Dr. Ricardo Alfaro
Lic. Julio César Fernández
Lic. José Amadeo Posada
Lic. Francisco Santacruz Pacheco
Licda. Francisca Rosales de Delgado
Lic. Joaquín Castro López
Lic. Iván López Bermúdez
Lic. René Palacios Peña
Licda. Gilda Guadalupe Martínez de Elías
Lic. José Rodolfo Aguilar Bolívar
Dr. Salvador Ríos Alvarado
Dr. Francisco Roque Serrano
Lic. José Andrés Márquez Rodríguez
Corte depura a otros ocho jueces
Decisión tomada en corte plena de ayer
Los jueces que han pedido anular su destitución tendrán que seguir esperando. Los magistrados analizarán sus casos la próxima semana.
CONFIRMA REMOCIÓN. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, confirmó ayer la remoción de sus cargos a seis jueces de Paz y dos de Instrucción, con lo que el número de depurados del Órgano Judicial asciende a 38. Aún hay más casos de jueces que podrían ser depurados.
La lista de jueces depurados se incrementó a 38, luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acordó ayer destituir de sus cargos a ocho juzgadores más.
El presidente del máximo tribunal, Agustín García Calderón, dijo que se trata de la destitución de seis jueces de Paz y dos de Instrucción.
No especificó si los funcionarios están asignados en San Salvador o en el interior del país.
Los últimos ocho destituidos siguen en la línea de aquellos a quienes el Ministerio de Educación (MINED) no les reconoce sus títulos de licenciados en jurisprudencia como legítimos.
En este sentido, el presidente de la Corte manifestó que los criterios para tomar la decisión de remover a los jueces se basan en "tres tipos de verdad".
Según García Calderón, el hecho de que el MINED no reconozca la calidad legal de los títulos significa que con ello se sienta una verdad oficial; además, existe otra verdad legal y esto conlleva una verdad constitucional.
Aún no se ha definido quiénes serán los sustitutos de los juzgadores removidos.
En este momento, los jueces suplentes han asumido la responsabilidad en los casos donde ya se ha declarado firme la destitución.
Sin embargo, la Corte Suprema deberá definir si el suplente es idóneo para nombrarlo como propietario en el cargo.
Si no lo fuera, se deberá pedir al Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) las ternas para nombrar al nuevo juez.
"Hemos estado en íntima comunicación con el Consejo Nacional de la Judicatura para los casos que requiramos", aseguró García Calderón.
En el CNJ se ha dicho que están preparados para responder a esa exigencia, agregó.
Revocatorias pendientes
La Corte plena acordó que los recursos de revocatoria de los jueces que intentan revertir su destitución serán analizados en la próxima sesión.
Los 10 del primer grupo removido hicieron uso del recurso. Del segundo grupo de 10 removidos la semana anterior, no se conoce que hayan sido notificados en su totalidad.
Los jueces, que han mantenido reuniones en total hermetismo, piden que la Corte resuelva la totalidad de los casos anunciados de manera rápida.
Aún quedan pendientes los casos de 42 que están en la lista de depurables.
Dará conferencias periódicas
Presidente del Órgano Judicial promete "abrir las puertas"
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, anunció la realización periódica de conferencias de prensa para conversar sobre temas de interés nacional con los periodistas de los diferentes medios de comunicación.
Jueces de Paz, Primera Instancia y de Instrucción han sido removidos de sus cargos
El funcionario manifestó que se ha contemplado ensayar esta modalidad como un hecho permanente.
García Calderón se reunió recientemente con los directivos de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) para conversar sobre la dificultad de los medios de acceder a entrevistas con el presidente.
Con una expresión de cordialidad, García Calderón se puso a disposición de los periodistas convocados ayer para su primera aparición pública, en el marco de "la nueva modalidad de atención" a los medios.
El magistrado agregó que ha conversado con los presidentes de las otras salas de la Corte para que se abran a la prensa.
Dijo que no es una nueva política de apertura, sino de "un incremento" de la apertura.
"Ustedes son testigos de que yo siempre he estado abierto con todos", manifestó al responder a una interrogante de LA PRENSA GRÁFICA.
Pleno de magistrados acuerda 8 remociones más. Corte totaliza 38 jueces destituidos por título
La Corte Suprema de Justicia en pleno acordó la remoción o destitución de ocho jueces más. Seis son de Paz y dos de Instrucción, uno de ellos de la capital
Parte de la Corte plena, que acordó separar de sus cargos a ocho jueces más por supuestamente obtener su título de forma irregular. Foto: EDH/Juan Arrieta
La Corte totalizó 38 jueces destituidos, con ocho funcionarios más separados de sus cargos por acuerdo de Corte plena (reunión de los 15 magistrados del primer tribunal).
Así lo dio a conocer ayer el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Agustín García Calderón, quien, además, aclaró que seis de los ex funcionarios fungían en tribunales de Paz y dos en Instrucción.
El jefe del departamento de Investigación Judicial de la Corte, Mateo Álvarez, declaró a El Diario de Hoy que uno de los separados de su cargo era juez del departamento de San Salvador.
Un dato nuevo, pues en el resto de casos se trataba de funcionarios del interior del país.
Álvarez dijo también que esta semana sólo se tomó acuerdo de destitución en ocho casos, porque dos más no se encuentran en sus cargos por incapacidad médica y no es posible seguir con el proceso hasta que estén presentes.
"Es como si usted estuviera incapacitado y se le despide... no es posible", dijo Álvarez.
El funcionario recapituló la situación de los 38 casos de destitución.
En el primer grupo de diez, el fallo de remoción o destitución quedó firme, después de que el pleno rechazara las solicitudes de revocatoria a la decisión.
De este grupo, tan sólo una ex juez buscó el amparo constitucional ante la misma Corte, en el que que demanda por violaciones constitucionales a los 15 magistrados y a los jefes de Investigación Judicial y Profesional de la Corte. La Sala de lo Constitucional aún no responde sobre la admisión.
Del segundo grupo de diez, aseguró Álvarez, ya todos pidieron revocatoria y no hay respuesta.
En el tercer grupo de diez aún se está en proceso de notificar, al igual que de los ocho de ayer. Al respecto de la investigación administrativa de la Corte, de autoridades universitarias que autorizaron los títulos irregulares, García Calderón dijo que aún está en proceso y aún no hay nada.
Con la apertura de investigación fiscal en estos casos, el magistrado presidente manifestó que confía en una indagación seria y que en el informe de una comisión especial de abogados, ya se había recomendado una indagación de este tipo.
Destruirán 290 títulos falsos
DESTRUCCIÓN. El Juzgado 8° de Instrucción de San Salvador ordenará la destrucción de 290 títulos falsos que fueron decomisados durante un allanamiento en la imprenta de la Universidad de El Salvador, en 1995.
El Juzgado Octavo de Instrucción ordenará la destrucción de 290 títulos falsos que fueron decomisados en 1995 en la Universidad de El Salvador (UES).
En junio de ese año, la Fiscalía General de la República (FGR) encontró una bodega clandestina donde almacenaban pergaminos originales y otros de cartulina en imitación de pergamino.
Por ese delito de falsedad material fueron acusados Luis Alonso Girón Zetino, Ernestino Antonio de León, Carlos Mauricio Rivera, Carlos Antonio Marroquín, Miguel Meléndez, Eulalio Ancheta Bonilla, Héctor Espinoza, Roberto Escobar y Roberto Cárcamo.
Todos fueron exonerados de responsabilidad, ya que la Fiscalía no pudo demostrar la culpabilidad de los acusados.
De todos los títulos, sólo uno de Doctorado en Ciencias Jurídicas estaba a nombre de Roberto Escobar García.
El resto de pergaminos únicamente tenía el nombre de las carreras supuestamente cursadas en el alma máter.
Hay títulos para licenciaturas en Ciencias de la Educación, Psicología, Letras, Sociología, Periodismo, Inglés, Ingeniería Industrial, Cirugía Dental, Medicina y Ciencias Jurídicas.
En su acusación, la Fiscalía dijo que tenía el nombre de más personas con títulos fraudulentos, los cuales al parecer fueron extendidos por la Universidad de El Salvador.
"Se tiene un detalle pormenorizado que puede comprobarse en su oportunidad por el Consejo Superior Universitario, ya que los documentos fueron declarados inexistentes por el consejo", sostiene la acusación de 1995. Esa prueba nunca se presentó.
"Los títulos encontrados son totalmente falsos" porque no corresponden a ningún evento de graduación de la época en que fueron encontrados, se dijo en su momento.
Fiscalía anuncia juicio a ex directivos universitarios
Dos abogados y las dos autoridades que avalaron su título enfrentarán por igual a la justicia
El informe Vidales señaló a las autoridades de la Universidad Las Américas (ULAES), de extender títulos irregulares de abogado junto con las Universidad Salvadoreña (USAL), Militar y Escamilla.
La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía procesará penalmente a los directivos de dos universidades particulares que permitieron que dos estudiantes obtuvieran su título de abogado por medios fraudulentos.
¿Rector, decano o secretario general?
La Fiscalía prefiere por el momento mantener en el anonimato el rango y los nombres de estas personas, incluyendo, el nombre de las instituciones.
El jefe de esta unidad élite, Aquiles Parada, explicó que el primero de los casos tiene que ver con un estudiante que obtuvo su título de una universidad sin haber estudiando en ella.
Esta persona, se probó, dice Parada, que estudió hasta el tercer ciclo en otras universidades y nunca pasó de ese nivel; sin embargo, obtuvo certificación de notas y un título de otro centro de estudios en el cual nunca cursó materia alguna.
El segundo de los casos está relacionado con el uso de documentos falsos, pero aún no se tiene robustecida la prueba contra la autoridad y el estudiante, explicó el fiscal Parada.
-ADA MÁS DOS
Estos procesos, que están por llevarse a los tribunales, se derivan de la investigación que realizó el ex fiscal Roberto Vidales.
Pero Vidales determinó una cifra de 169 títulos falsos, la pregunta obligada para el fiscal Parada fue ¿qué pasó con el resto? Su respuesta fue sencilla. "No se pueden perseguir porque la acción penal ya prescribió".
Eso significa que las supuestas anomalías académicas ocurrieron a partir de finales de los Ochenta y principios de los Noventa.
Sólo serán dos casos que se llevarán a la justicia porque los delitos se cometieron recientemente, explicó Parada.
"Se ha rescatado dos casos donde se podría señalar responsabilidad para las autoridades de estas universidades". Fiscal Aquiles Parada Jefe Unidad Anticorrupción
"Ellos son los culpables"
Las normas del Código Procesal Penal han impedido que se pueda perseguir penalmente a las autoridades de las universidades, dice Vidales
Las autoridades de varias universidades privadas son las responsables del caos que se vive con los títulos de abogados, dice Roberto Vidales.
Sin embargo, acepta que casi nada se puede hacer para procesarlos penalmente.
El ex fiscal especial para investigar los fraudes académicos confirma que en la casi totalidad de los casos es imposible procesar penalmente a los que habrían permitido la obtención de títulos a granel.
"Esas personas son verdaderamente las culpables de la situación; corrompieron a cientos y quizá miles de estudiantes y permitieron que se graduaran de forma irregular", indicó Vidales.
Pero, ¿quién es el culpable de esta situación? El ex fiscal atribuye la falta de acción a la leyes.
A la luz del Código Procesal Penal, los casos contra los que dirigieron las universidades cuestionadas son imperseguibles.
Esto obedece a que la mayor parte de delitos se habrían cometido entre finales de la década de los ochenta y principios de los noventa.
Vidales dice que no le extraña que la Fiscalía no pueda proceder en estos casos y no sólo por las barreras de los códigos.
Él agrega una más al decir que "la procesabilidad de algunos casos puede ser difícil, vistas las resoluciones que los jueces han emitido al respecto".
La Corte Suprema de Justicia anunció que realizará su investigación.
El informe de Roberto Vidales señala a un grupo de universidades y a sus dirigentes como los responsables de extender títulos irregulares o falsos. Estas son:
Universidad Las Américas (ULAES).
Universidad Salvadoreña (USAL).
Universidad Militar de El Salvador.
Universidad Dr. Luis Manuel Escamilla.
Universidad Nueva San Salvador (UNSSA).
Universidad de Administración de Negocios (UNAN).
La Fiscalía dice que los nombres de los rectores u decanos que enfrentarán proceso penal se sabrá hasta el momento del requerimiento en los tribunales.
El total de títulos irregulares que habrían extendido estos centros de estudios fueron de 169.
De estos casos sólo se procesarán a los dirigentes de dos universidades.
El Diario de Hoy anunció el lunes que la Corte Suprema de Justicia también investigará a las autoridades universitarias que participaron en la extensión de títulos falsos.
Corte investiga a rectores y decanos de universidades
Presidente del Órgano Judicial ordenó abrir expedientes
Decanos, rectores y administradores académicos están entre los investigados por otorgar títulos irregulares.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) investiga la conducta de los abogados que dirigieron universidades cuestionadas por anomalías en la graduación de licenciados en Ciencias Jurídicas.
El Ministerio de Educación autorizó el 23 de junio de 1982 el funcionamiento de la Universidad Las Américas de El Salvador (ULAES); el 22 de abril de 1998, el mismo ministerio ordenó el cierre de la institución educativa por graves anomalías en la graduación de licenciados en Jurisprudencia. La propietaria y decana de la ULAES, Maura Concepción Díaz de Valenzuela, nunca permitió que el secretario general, Carlos Portillo, firmara los títulos.
Una visita sin previo aviso hecho a la Universidad Dr. Manuel Luis Escamilla permitió comprobar que antes de la aprobación de la Ley de Educación Superior, las autoridades emitieron "títulos irregulares de forma descarada".
Las aseveraciones sobre la ULAES y la Universidad Escamilla están contenidas en el denominado informe Vidales.
El presidente del máximo tribunal, Agustín García Calderón, confirmó que se ha ordenado la apertura de los expedientes.
El magistrado Mario Solano dijo por su parte que existe un acuerdo de Corte plena en este sentido, porque es necesario verificar hasta dónde hay responsabilidad de estas personas en el caso de los títulos irregulares.
Hasta la semana anterior, las ex autoridades se mantenían al margen de las investigaciones, pese a que en el informe del ex fiscal especial Roberto Vidales se mencionan algunas responsabilidades en las que, a su juicio, incurrieron (leer nota aparte).
Decanos, rectores y administradores académicos están entre los sujetos de investigación, porque ellos habrían considerado como egresados a los estudiantes y les otorgaron un título sin que aparentemente cumplieran los requisitos de ley, señalan los informes.
El magistrado Solano agregó que la CSJ ha hecho un análisis que plantea interrogantes sobre quiénes son las personas que dirigieron académicamente las universidades cuestionadas.
"Si estas personas A, B o Z son abogados, entonces la Corte Suprema de Justicia tiene suficientes motivos como para poder investigar la conducta profesional de ellas", sentenció Solano.
Otra fuente que el pasado viernes informó sobre la apertura de las investigaciones, y que pidió el anonimato, dijo que se abrirá la investigación para "indagar sobre qué abogados autorizaron esos títulos".
Solano advirtió que a la Corte no le interesa el aspecto mercantil de las universidades, sino la expedición de "tanto título irregular que ha dado paso a la investigación".
No es un juicio
El magistrado agregó que no se trata de un juicio, eso no le compete a los magistrados de la Corte, aseveró. "Estamos tratando de establecer qué grado de responsabilidad le puede caber a las ex autoridades que son abogados" en el caso de la extensión de títulos irregulares, sentenció.
La investigación de las ex autoridades será paralela a la ya iniciada contra los jueces y los abogados que son responsabilizados por la Fiscalía General de la República (FGR) de poseer títulos obtenidos en forma ilegal.
23 sospechosos señaló informe de Vidales
El informe final del ex fiscal especial, Roberto Vidales, respecto a las acciones cometidas por las ex autoridades universitarias señala a 23 personas.
Sobre el caso de la Universidad Las Américas de El Salvador (ULAES), determinó que los ex rectores René Guillermo Mata, José Ovidio Portillo Vásquez, Rodrigo Contreras Teos y los decanos Maura Concepción Díaz de Valenzuela y Óscar Rodríguez Díaz son responsables de emitir 90 títulos irregulares.
A los ex rectores de la Universidad Salvadoreña (USAL) Ricardo Francisco Alfaro Sandoval y Tomás David Hernández Menjívar y los decanos Julio César Fernández, José Amadeo Posada, Francisco Santacruz Pacheco, Francisca Rosales de Delgado, y cuatro más, se les responsabiliza de emitir 150 títulos irregulares.
También se hacen señalamientos directos contra rectores y decanos de las universidades UNAN, Víctor Benjamín Fuentes y José Rodolfo Aguilar; de la UNSSA, Rafael Hernán Contreras y José Andrés Márquez Rodríguez; de la Militar, Fernando Moreira Mendoza y Salvador Ríos Alvarado; de la Universidad Manuel Luis Escamilla, Adela Cabezas de Rosales y Francisco Roque Serrano, supuestos responsables de emitir 100 títulos irregulares.
El informe Vidales señala que las ex autoridades universitarias mencionadas incurrieron en el delito de falsedad ideológica al entregar títulos irregulares.
Sin embargo, aclara que tal ilícito penal fue cometido bajo la vigencia del Código Penal de 1973.
Agrega que las personas que obtuvieron estos títulos han cometido el delito de uso de documentos falsos.
Por anular registro de su título
Abogado demanda a MINED
El abogado Luis Elías Botto Zúniga demandó al Ministerio de Educación (MINED) por haberle anulado la inscripción del título de licenciado en Ciencias Jurídicas.
Botto Zúniga presentó su demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), argumentando que la anulación del registro es un acto ilegal, y pidió que ese acto sea suspendido.
La demanda está admitida, pero los magistrados de la Sala están analizando si es procedente o no suspender la anulación del registro del título que ya fue pronunciado por el MINED.
Según consta en el proceso contencioso, actualmente se estudia un informe de la Sección de Investigación Profesional (SIP) de la CSJ sobre un expediente abierto contra el demandante.
Este expediente está activo desde septiembre de 2001, cuando la CSJ conoció que el MINED denegó o anuló el registro del título a 198 abogados y jueces del país.
Según el informe Vidales, Botto Zúniga cursó materias en la Universidad Salvadoreña (USAL) sin aprobar materias que eran prerrequisito. Ésta es una de varias anomalías.
Corte destituye a 10 jueces más por título
Las remociones de funcionarios suman 30
Los jueces investigados por título irregular siguen en funciones hasta ejecutarse el acuerdo de destitución
La Corte plena -los 15 magistrados de la Corte-, acordaron destituir a 10 jueces más por título irregular. En la foto, los cinco miembros de la Sala de lo Constitucional, parte del pleno. Foto: EDH/Arturo Silva
La Corte Suprema de Justicia acordó la destitución de 10 jueces más, con los que se haría un total de 30 funcionarios removidos por la obtención irregular de sus títulos, en las últimas tres semanas.
Así lo confirmó el jefe del Departamento de Investigación Judicial de la Corte, Mateo Álvarez.
Según Álvarez, en la Corte plena (reunión de los 15 magistrados de la Corte) del jueves pasado, se llegó al acuerdo de destitución de un tercer grupo de diez jueces. Esta decisión no quedará firme aún, al menos en la parte administrativa. No reveló los nombres de los destituidos.
El primer grupo quedó firme y sólo una ex juez ha buscado el amparo, en el que demandó a los magistrados en pleno y a los jefes de Investigación Judicial y Profesional.
En lo que toca a Álvarez, éste expresó que la ex funcionaria está en su derecho constitucional en buscar la demanda de amparo, pero agrega que si la demandante argumenta violaciones al debido proceso (derechos de audiencia y defensa) no le ve lógica, ya que en el proceso se le garantizaron no sólo a ella, sino a todos.
Del primer grupo, agregó el funcionario, ya se tienen las ternas de los candidatos a ocupar los cargos. Éstas han sido coordinadas con el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).
En lo que respecta con el segundo grupo, Álvarez informó que ocho de los 10 habían pedido que se revocara la remoción. Ayer por la tarde, los dos que faltaban hicieron igual solicitud.
Los 30 jueces son del interior del país y la mayoría son de Paz. También hay de Vigilancia Penitenciaria y de Ejecución de las Penas.
Destituidos demandarán a Educación
Los jueces que fueron removidos por la Corte Suprema de Justicia, demandarán hoy al Ministerio de Educación, trascendió ayer.
Aunque no se ofrecieron mayores detalles, se supo que la denuncia será interpuesta en el Juzgado 10. de Paz de San Salvador.
Los jueces removidos, 10 con resolución firme, estarían corresponsabilizando a Educación por la falta de registro de sus títulos de abogados.
Esta categoría de "no registrable" es la que ha llevado a la Corte Suprema de Justicia a tomar medidas de hecho y a separar a los funcionarios de sus tribunales.
Esta acción se suma a otras actividades realizadas por otra miembro del primer grupo de removidos, algunos de los cuales, han demandado incluso a la Sala de lo Constitucional de la misma Corte.
Se trata de Rosa Miriam Pérez, ex jueza de paz de San Pedro Nonualco.
Pérez ha señalado que la Corte no consideró que las universidades privadas tuvieron libertad para conceder equivalencias basadas en la Ley de Educación Superior, entonces vigente.
Esta normativa fue sustituida posteriormente por la Ley de Universidades Privadas, que además exige el registro de los títulos académicos ante el MINED.
La ex funcionaria señaló que Educación permitió el estado de cosas y ahora se toman la tarea de no registrar los títulos.
Exigen una investigación más amplia
Gregorio Morán/José Zometa
El informe Vidales, como se conocieron los resultados de la investigación del ex fiscal especial Roberto Vidales, incluye alrededor de 200 casos de abogados, jueces, fiscales y procuradores en cuya obtención del título parece haber alguna irregularidad.
Sin embargo, hasta hoy solamente se han abierto 117 expedientes a igual número de jueces señalados por otra comisión especial que fue creada por la Corte Suprema de Justicia.
De ese número, 80 son casos de jueces de la República y el resto, abogados particulares.
En el caso de los jueces, la Corte plena decidió "depurar" a 10 del Órgano Judicial.
Esta situación ha provocado el reclamo del ex fiscal especial Roberto Vidales, en el sentido de que la CSJ solamente ha trabajado con base en el informe de la comisión especial, dejando de lado el informe de la Fiscalía General de la República.
No obstante, el magistrado Mario Solano advirtió que también se abrirá la investigación respecto a los casos contenidos en el informe Vidales (ver entrevista aparte).
"La depuración no termina con los 117 casos", enfatizó al respecto el magistrado de la Sala de lo Constitucional Mario Solano.
La destitución de jueces es un buen comienzo en la depuración, pero existen puntos adicionales que se espera se hagan públicos.
El informe mismo de la comisión especial sería público, según lo dijo inicialmente el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García. Hasta hoy se desconoce su contenido.
El ex fiscal especial que investigó los títulos de abogados, Roberto Vidales, pidió que se hagan públicos los criterios para sancionar a jueces.
Los casos graves siguen sin resolverse, se ha comenzado con los menos graves. Los primeros depurados son del interior del país.
Aún no se ha investigado a las autoridades universitarias que permitieron las irregularidades.
La investigación no debe reducirse al caso títulos, sino ampliarse al "apadrinamiento".
Destituidos jueces en la mira fiscal
El vicepresidente de la República, Carlos Quintanilla, dio su voto de confianza a la Corte Suprema en la depuración de los jueces
Edward Gutiérrez/ Alberto López
La Fiscalía General informó ayer que se encuentra analizando los casos de las recientes remociones de jueces en el Órgano Judicial para determinar si se procede penalmente.
Una fuente de la institución dijo ayer que no se necesitaba ningún informe de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para someter a consideración se si inicia juicios contra los aplicadores de justicia removidos.
"Parte de la información de la Comisión investigadora fue proporcionada por nosotros", aseguró la fuente fiscal.
El Vicepresidente de la República, Carlos Quintanilla, dio su voto de confianza a la Corte por el proceso de depuración anunciado el fin de semana.
"Yo quiero ser optimista y decir que aplaudo lo que la Corte Suprema de Justicia ha hecho, aplaudo la depuración, nos parece que es una acción positiva, que demuestra que vamos en el camino correcto, que demuestra que se está dando respuesta a las inquietudes de la ciudadanía", dijo el vicemandatario.
Hasta ayer por la mañana, tres de los diez jueces que la CSJ decidió destituir por irregularidades en la obtención de sus títulos profesionales habían solicitado que se revocara esa decisión.
Se supone que podían ser más los inconformes con la decisión del máximo tribunal, pero las fuentes de la Corte no pudieron confirmarlo por fallas en el sistema computadorizado en la Secretaría General.
Precisamente ayer, según el jefe del departamento de Investigación Judicial, Mateo Álvarez, explicó que en la próxima corte plena del jueves se analizarán las peticiones, para terminar de depurar el primer grupo de jueces.
Ocho jueces piden revocar su destitución
La Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió ayer peticiones de ocho de los 10 jueces destituidos, para anular la remoción dictada por el máximo tribunal, según lo informó el jefe del Departamento de Investigación Judicial, Mateo Álvarez.
RECIBEN APELACIONES. Empleados de la Unidad de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia son los encargados de recibir las apelaciones de los jueces que han sido retirados de su cargo.
De acuerdo con el jefe de la Corte, el viernes anterior fueron notificados ocho juzgadores y son quienes presentaron el recurso.
Hasta ayer se notificó al noveno juez destituido y éste tiene tres días para pedir la revocatoria, según el artículo 64, inciso primero de la Ley de la Carrera Judicial (LCJ), dijo el funcionario. El plazo se vence el jueves próximo.
También manifestó que entre los 10 jueces que la Corte Suprema de Justicia acordó destituir se encuentra el de Paz de Aguilares, Edgar Amílcar Sánchez Turcios.
La semana anterior el mismo presidente de la Corte, Agustín García, y otros magistrados dijeron que se destituyó a 10 de los 80 juzgadores a los que el Ministerio de Educación les denegó la inscripción de su título.
El caso de Sánchez Turcios se habría abordado como un caso aparte porque se trata de un juez procesado y condenado a escala judicial.
En todo caso, la Corte Suprema de Justicia tiene hasta un máximo de cinco días, de acuerdo con el citado artículo, para resolver la petición de los jueces sancionados con la pena máxima en este ámbito.
Esto implica que será en la sesión de corte plena del próximo jueves que se deberá tomar una decisión definitiva sobre los 10 destituidos.
Editorial: La Corte Suprema en acción
LA CORTE Suprema de Justicia ha comenzado a tomar medidas concretas para la separación de jueces cuyos títulos fueron cuestionados como irregulares. El proceso comenzó hace algún tiempo, a raíz de un revelador informe de la Fiscalía General. Desde luego, el máximo Tribunal de la República no podía actuar simplemente sobre la base de dicho informe, y constituyó su propia comisión investigadora, cuyos resultados están sirviendo de base para tomar las decisiones correspondientes, haciendo valer al mismo tiempo las garantías que tiene toda persona dentro del debido proceso.
Los primeros diez jueces ya han sido destituidos, y se anuncia que vienen nuevos casos. El número global de jueces cuestionados por esta causa es de ochenta, y ya se irá viendo la suerte que corre cada caso, pues hay que subrayar que este tipo de medidas, cuando se toman en el marco de las regulaciones jurídicas, como corresponde en un Estado de Derecho, no pueden surgir a la ligera, por el solo señalamiento público y de manera intempestiva.
Una de las cosas que más cuesta que sean entendidas, aun en círculos institucionales y profesionales, es que el Derecho constituye una dinámica articulada, cuyos procedimientos están preestablecidos por la ley y cuyas normas sustantivas hay que respetar escrupulosamente, aunque en algunas circunstancias choquen con el sentir o el pensar de grupos o individuos. El Derecho no se improvisa, ni responde a emociones del momento. Hay que hacer mucha conciencia al respecto, para educar a la ciudadanía en el verdadero sentido de la ley.
Esta situación de los títulos irregulares o fraudulentos ha sido muy traumática para la institucionalidad del país. Ahora, cuando en el Órgano Judicial se están produciendo decisiones correctivas al respecto, sin duda se apuntalará la confianza ciudadana en el desempeño de la administración de justicia, cuya solidez y credibilidad son tan decisivas para el sano avance del proceso de democratización nacional. La justicia salvadoreña, en sus diversos componentes institucionales, viene estando en la mira pública desde antes de la firma del Acuerdo de Paz, y eso no es casual ni gratuito, pues el contar con un sistema de justicia que responda de veras, y en forma permanente e inequívoca, a las necesidades de legalidad y seguridad propias de la democracia, es un factor indispensable para la estabilidad y la paz.
Las instituciones están bajo la lupa de la crítica ciudadana, y eso es sano, siempre que se trate de un ejercicio analítico que valore, con ponderación, lo positivo y lo negativo. Hay que reconocer que, en un balance desapasionado, lo que en el plano de la justicia se ha venido logrando -sobre todo en el decenio transcurrido desde el fin de la guerra- es alentador, aunque, desde luego, siempre hay aspectos por mejorar, vicios por corregir y deficiencias por superar. Para el caso, el esquema administrativo superior del Órgano Judicial requiere una redefinición modernizadora, que racionalice las atribuciones de la Corte; y, en cuanto a la formación específica de los juzgadores, hay todo un esquema por construir.
A las instituciones hay que darles el beneficio de la confianza en su renovación evolutiva, que avanza a pesar de todas las dificultades evidentes, sin descuidar el ejercicio de la crítica sobre su desempeño. Ése consideramos que es el equilibrio conveniente para ayudar a que en nuestro país las estructuras democráticas vayan tomando el cuerpo y la consistencia que la realidad del proceso demanda.
FESPAD pide respeto a derechos
Para FESPAD, es un error seguir insistiendo en que la responsable exclusiva en el problema de los títulos irregulares es la Corte Suprema de Justicia
María Silvia Guillén, Directora Ejecutiva de FESPAD, fue integrante de la Comisión Investigadora de la CSJ. Foto: EDH/Felipe Ayala
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) instó a las autoridades a una solución al problema de los títulos irregulares, "sin violentar el marco jurídico y sin transgredir derechos humanos".
En un reciente análisis, la entidad privada considera que "es un error seguir insistiendo en que la responsable exclusiva es la Corte Suprema de Justicia".
FESPAD critica que el caso de los títulos irregulares se haya generalizado al punto que "tantas y tantas personas han sido condenadas a muerte civil sin trámite previo". "Se les ha afectado en su honor, en el derecho a la imagen, se les ha negado la presunción de inocencia, y al asumir que son culpables, se les ha descalificado profesional y moralmente", enfatiza.
La entidad está de acuerdo con que se sancione a los responsables de falsificar documentación y procedimientos o haberse aprovechado de las ofertas que hacían algunas universidades privadas.
Pero señala la "directa violación de los derechos humanos de las personas que se encuentran en situación de ser investigadas".
Para la Fundación, el descubrimiento de la irregularidad de algunos títulos, se ha convertido en un problema nacional, ya que una buena parte de los jueces del país, tienen sus títulos cuestionados, al igual que algunos funcionarios y litigantes.
El reporte de FESPAD agrega que debe reconocerse que la iniciativa de investigar esta situación es correcta, ya que la problemática de las universidades privadas era un secreto a voces, del que nadie quería hablar seriamente.
Sin embargo, según la Fundación, se investiga sólo a algunas universidades, y de manera anticipada se define qué investigar y qué no investigar. Se descalifica a todo profesional que se haya graduado en una de estas universidades cuestionadas y también se ha ubicado la responsabilidad exclusiva en los estudiantes, sin tener en cuenta que para que una universidad funcione legalmente, necesita autorización gubernamental y autoridades universitarias que la dirijan y que cumplan con la normativa.
FESPAD pide solucionar esta problemática para que la gente vuelva a creer en la administración de justicia.
MINED denegó la inscripción de sus títulos. 70 jueces en espera de que Corte resuelva caso títulos
117 expedientes fueron abiertos por la CSJ en el caso de títulos irregulares, entre ellos se encuentran 80 jueces y 37 abogados particulares.
Alrededor de 70 jueces del país, cuyos títulos fueron desinscritos de los registros del Ministerio de Educación (MINED) por presuntas irregularidades en la graduación, esperan la decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) respecto a su calidad profesional.
INVESTIGAN A JUECES Y ABOGADOS. Autoridades de la Corte Suprema de Justicia investigan a un total de 117 profesionales del derecho, entre jueces y abogados particulares, de los cuales 10 juzgadores han sido separados de su cargo.
El magistrado de la Sala de lo Constitucional Eduardo Tenorio dijo que en muchos de estos casos se destaca el hecho de que los licenciados en Ciencias Jurídicas no cursaron todas las materias que exigía su currículo.
Mientras que otros 37 abogados particulares están en la "lista de espera", hasta que el Departamento de Investigación Profesional de la CSJ emita la resolución que defina si sus cuestionados títulos serán considerados como válidos o no.
A este número se suman los casos de 10 jueces para quienes la Corte resolvió separarlos del cargo por comprobar irregularidades.
En total son 117 expedientes los que se depuran en la Corte Suprema para resolver sobre el futuro de jueces y abogados señalados por Educación por obtener de forma fraudulenta su título académico.
La desinscripción
Cuando en el año 2000 se conoció de parte del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) sobre casos de abogados y jueces cuestionados por sus títulos, el MINED también tomó cartas en el problema y fueron anulados sus registros académicos del nivel superior.
Otros más que estaban en espera no pasaron el filtro y quedaron fuera de inscripción.
La medida del MINED tenía como base información certificada que muchos de los títulos fueron obtenidos sin que los propietarios cumplieran con los requisitos académicos en las universidades de donde se graduaron.
Éstos y otros casos tuvieron que pasar por tres investigaciones para que finalmente la CSJ abriera los expedientes pertinentes, a fin de verificar si en efecto hubo anomalías en la obtención del grado académico superior.
Un ejemplo es el del suspendido juez de Paz de Suchitoto, Héctor Campos, quien según la Fiscalía solo cursó 33 de las 50 materias y se graduó en la Universidad Manuel Luis Escamilla (cerrada) como si hubiera cumplido todas.
Diez de 80 jueces destituidos
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, confirmó ayer la destitución de 10 jueces a escala nacional, por irregularidades descubiertas en la obtención de sus títulos.
El total de jueces a quienes se les cuestionó su título fue de 80, tras una investigación hecha por el Ministerio de Educación.
Por su parte, el magistrado Eduardo Tenorio dijo que los jueces tienen 24 horas a partir de su notificación (que se esperaba se realizara ayer) para presentar recursos de apelación.
Si los jueces destituidos no apelan, el paso siguiente sería iniciar el proceso de desautorización como abogados, según Tenorio.
¿Treinta más?
Extraoficialmente se supo ayer, de fuentes consultadas por LA PRENSA GRÁFICA, que la Corte tiene listos otros 30 casos de destituciones de jueces, quienes estarían incluidos dentro del listado presentado por Educación.
Por título irregular Juez de Paz de Aguilares es destituido
El juez de Paz de Aguilares, Edgar Amílcar Sánchez Turcios, fue destituido por la Corte Suprema de Justicia luego de que el funcionario aceptó que obtuvo su título en forma irregular.
El magistrado Eduardo Tenorio confirmó ayer que Sánchez Turcios ha sido "erradicado del sistema judicial".
El ex juez fue condenado por el Juzgado Décimo de Instrucción de San Salvador, durante una audiencia especial en su contra promovida por la Fiscalía General de la República.
El tribunal que condenó a Sánchez Turcios decidió que debe volver a las aulas universitarias para cursar las materias pendientes y salvar así su situación académica.
Este caso lo inició la Fiscalía con base en un informe que elaboró el fiscal especial Roberto Vidales y se ha convertido en el primero en ser condenado.
Opinión: A un año del Informe de los títulos falsos
cej@laprensa.com.sv
Hay una persona que no tiene título de bachiller, pero tiene título de licenciado en Ciencias Jurídicas. Hay otra que tiene título de bachiller, pero que nunca puso un pie en una universidad, salvo para pagar y recoger el título de licenciado en Ciencias Jurídicas. Una tercera estudió sólo parte de la carrera en una universidad y se graduó en otra a la que, para probar su calidad de "egresado", presentó una certificación de notas falsificada de la primera institución. Otra estudió en una universidad y egresó de ella, pero se graduó en una institución distinta, cometiendo irregularidades en su graduación, y cuando el Consejo Nacional de la Judicatura le pidió que demostrara la legitimidad de su título, presentó documentación falsificada. Todas estas personas tienen algo en común además del título falso. ¡Todos son jueces! ¡Todos tienen la capacidad de juzgar y condenar a los salvadoreños! Pero hay más: por cada juez con título cuestionado, existen varios fiscales, empleados públicos y abogados en ejercicio que están en la misma situación.
El próximo lunes se cumplirá un año de la fecha en que la Corte Suprema de Justicia dio a conocer a la prensa el Informe elaborado por el Fiscal Especial nombrado para investigar la emisión de títulos falsos por las universidades del país, que la Fiscalía había mantenido hasta entonces en reserva. El pueblo salvadoreño pudo enterarse de los pormenores de una de las prácticas más corruptas y dañinas que se han dado en el país. En dicho informe se determinó que por lo menos siete "universidades", que graduaron a 2,849 licenciados en Ciencias Jurídicas, habían emitido títulos irregulares. La Fiscalía determinó la legitimidad de 12 de dichos títulos y la ilegitimidad de 169; con posterioridad a la conclusión de las actividades del Fiscal Especial, determinó la falsedad de otros tres títulos. Los restantes continúan pendientes de investigación. Esta situación es un grave problema nacional que amerita la toma de acción inmediata por las autoridades; pero ¿qué se ha hecho? Casi nada.
La Fiscalía inició proceso penal contra 13 de los casos más graves, pero de ellos sólo uno ha sido condenado a una pena suspendida, seis irán a juicio, uno continúa en fase de instrucción y cinco han sido sobreseídos definitivamente, con argumentos como "aunque el título es falso, no se ha probado que haya habido ningún daño social". Esto porque muchos jueces estimaron que existía un mensaje subliminal del máximo tribunal de no hacer nada.
Después de negar enfáticamente que no tenía competencia en el asunto y negarse a la iniciativa del Fiscal General de formar una comisión interinstitucional para el examen de los títulos cuestionados, la Corte Suprema de Justicia, presionada por la opinión pública, cambió de opinión y nombró una comisión de juristas, pero únicamente para el examen de 198 títulos cuyo registro había sido denegado por el Ministerio de Educación, por contener irregularidades. La comisión desestimó investigar de 53 títulos que habían sido anulados por las decisiones del ministerio, todos emitidos por la UNSSA (16 más que los que detectó la Fiscalía). Sobre los demás títulos, la Corte no ha dicho nada y esto es grave; los casos mencionados en el primer párrafo de este artículo, por ejemplo, no fueron conocidos por la comisión.
A pesar de la promesa de dar a conocer el informe de la comisión, la Corte lo ha mantenido en secreto, aunque ha trascendido que determinó la ilegitimidad de 114 títulos, pero se ha continuado dando largas al asunto. Por ejemplo, se tardó meses para emitir un reglamento para retirar la autorización para el ejercicio profesional, que todavía nadie conoce.
A un año del Informe del Fiscal Especial y siendo del conocimiento público la posibilidad de que uno de cada tres profesionales del derecho en el país tenga título falso, ha habido resolución en un solo caso. A este paso, se necesitarán más de 2,800 años para depurar el gremio.
Esta situación es inaceptable. Evidencia voluntad de tolerar la corrupción y a no solucionar uno de los más graves problemas del país. El pueblo debe exigir a las autoridades actuar con decisión y celeridad en este asunto o cuestionarlas. ¡Este fuego no se apagará!
Por título irregular. Juez ordena continuar procesando a abogado
AUDIENCIA. Francisco José Alfacea ingresa al Juzgado Quinto de Instrucción en donde se realizó ayer una audiencia en su contra por supuesto título irregular.
El juez Quinto de Instrucción, Edwar Sidney Blanco, abrió nuevamente un proceso judicial contra el abogado Francisco José Alfacea, quien es acusado por el delito de uso de documentos falsos.
Blanco consideró que hay elementos de prueba en su contra, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó en el marco de los llamados títulos irregulares, pero había sido sobreseído en forma provisional por la Cámara Segunda de lo Penal.
Diego Escobar, uno de los fiscales, explicó que la experticia hecha posteriormente al título de Alfacea demostró que dos de las firmas son falsas y no pertenecen a las autoridades de la Universidad de Administración de Negocios (UNAN).
El defensor Edgar Morales Joya lamentó la decisión del tribunal y dijo que la Fiscalía no puede demostrar que su cliente haya falsificado las firmas.
Con la apertura ordenada por el juez, la Fiscalía tiene otra oportunidad para demostrar la responsabilidad del acusado en el delito que le imputan.
Corte acuerda primera sanción grave por título falso
Tribunales ya habían exonerado al juez que será sancionado
DESTITUCIÓN. La Corte Suprema de Justicia acordó la primera sanción grave para un juez por tenencia de un título falso. Un magistrado del máximo tribunal confirmó que habrá más sanciones similares.
Un magistrado del máximo tribunal confirmó que seguirán sanciones drásticas contra más jueces y abogados.
Gregorio Morán/Milton Grimaldi
La Corte Suprema de Justicia ya emitió la primera resolución contra un juez de Paz acusado de utilizar un título fraudulento, informaron ayer fuentes del máximo tribunal de justicia.
El jefe del Departamento de Investigación Judicial (DIJ), Mateo Álvarez, dijo que la sanción que acordaron los magistrados del máximo tribunal es "grave".
Los castigos graves, en estos casos, sólo incluyen la suspensión o la destitución, según otras fuentes de la Corte Suprema de Justicia consultadas.
El jefe del DIJ no reveló el nombre del juez, sólo adelantó que es uno de los que fueron acusados por la Fiscalía ante los tribunales a finales del año pasado.
"Este caso es la punta del iceberg que viene, porque sentará las bases para las futuras resoluciones", aseguró Álvarez.
Fuentes de la Corte, que prefirieron no identificarse, manifestaron que el castigo que se impondrá será la destitución definitiva.
Álvarez señaló que al juez sancionado se le notificará esta semana. Sólo tendrá una oportunidad de revisión de la resolución.
Tras dos años de polémica en torno a los casos de profesionales del derecho con títulos irregulares, se conocieron cifras sorpresivas que molestaron al gremio de abogados.
289 jueces de todo el país investigados por sus títulos.
89 jueces y fiscales detectados con títulos irregulares.
114 expedientes que abrió la CSJ y están listos para resolver.
Un alto funcionario del máximo tribunal expresó que el juzgador en cuestión había sido exonerado definitivamente por una cámara. Advirtió que la Corte tiene la facultad de investigar por su cuenta y confirmó que corte plena había acordado, en los últimos días, la sanción drástica para el juzgador.
El magistrado Napoleón Rodríguez Ruiz confirmó a LA PRENSA GRÁFICA que ya hay resolución en varios casos de jueces investigados por la legalidad de sus títulos.
Confirmó que sólo uno está en proceso de notificación.
Rodríguez se limitó a decir sobre el juez que será sancionado que el caso "es importante porque atañe a todos los títulos".
Abogado debe ir a juicio por título fraudulento
Ordena Cámara Tercera de lo Penal
Gustavo Arias es procesado por el delito de ejercicio ilegal de la profesión.
Un abogado acusado de supuestamente haber obtenido en forma fraudulenta su título tendrá que seguir siendo procesado, como lo ordenó la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador.
Se trata de Gustavo Arias, quien ejerce la abogacía, según la Fiscalía, de manera fraudulenta. Él es procesado por el delito de ejercicio ilegal de la profesión.
Cuando el caso pasó a conocimiento del Juzgado Sexto de Instrucción, fue absuelto de cargos en forma definitiva en la audiencia preliminar.
La Fiscalía apeló, y ahora la Cámara Tercera de lo Penal revocó el fallo judicial.
Pero la Cámara no sólo ordena al Sexto de Instrucción continuar procesando a Arias por ese delito, sino que le dice que ordene que dicte la apertura a juicio.
De acuerdo a la Fiscalía, Arias falsificó documentación académica que lo hacía aparecer como egresado de la Universidad José Matías Delgado, en la cual nunca estudió, luego obtuvo su título en otra universidad.
Corte investiga a 110 abogados por títulos
Preparan notificación para los profesionales investigados
Los magistrados esperan resolver los casos y señalar no sólo al involucrado que tenga un título irregular, sino también a las instancias que hayan fallado en la entrega de los diplomas.
110 CASOS. Una empleada de la Oficina de Investigación Profesional anota expedientes procesados en esta área de la Corte Suprema de Justicia. Este departamento tiene 110 expedientes abiertos contra abogados con supuestos títulos irregulares.
El Departamento de Investigación Profesional (DIP) de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) abrió 110 expedientes contra igual número de abogados cuyos títulos están calificados como "irregulares".
El magistrado Mario Solano reveló ayer que de esta forma se determinará, previo derecho de audiencia, quiénes son los que poseen autorizaciones para ejercer la abogacía con un título irregular.
Según un reglamento que aplicará la Corte Suprema en estos casos, a los falsos abogados se les aplicarán "desautorizaciones".
"Se espera con esta investigación encontrar la verdad integral para emitir resoluciones justas", sentenció el funcionario.
Encontrar la verdad integral significa, para el magistrado, que no sólo se señalará al abogado que sea encontrado responsable de obtener fraudulentamente un título.
También pretenden aclarar la responsabilidad de entidades que hayan sido involucradas en los hechos de fraude.
"La verdad (este caso) tiene componentes académicos, jurídicos, administrativos, personales y de responsabilidad de los que abrieron universidades", aseveró.
Solano agregó que en tal sentido no se trata solamente de ir a buscar a un individuo y de quitarle su título o su autorización.
Habrá que investigar y al terminar la investigación, "cuando el problema tenga otros caracteres, el Estado tiene que ver qué hacer con eso", señaló.
Según el magistrado, al final la Corte Suprema de Justicia demostrará que el problema de los títulos fraudulentos no sólo es de carácter personal.
El caso de títulos irregulares de abogados involucra al Ministerio de Educación, a la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General de la República y al Consejo Nacional de la Judicatura, dijo.
Por ello es que se pretende reformar la Ley Orgánica Judicial, para tener un control más efectivo de los futuros abogados, reflexionó el funcionario judicial.
CSJ prepara desautorización de abogados con título irregular
Magistrados aprueban normativa interna
Un magistrado del máximo tribunal aseguraron que la nueva normativa garantiza el derecho de defensa a los profesionales cuestionados.
NUEVA NORMATIVA. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón (derecha), recibe al ex fiscal especial que investigó el caso de los títulos falsos, Roberto Vidales (izquierda). La CSJ ha aprobado una nueva normativa para desautorizar a los abogados con títulos irregulares.
Los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aprobaron esta semana una normativa interna para desautorizar como profesionales a los abogados que cometieron irregularidades para obtener su grado académico.
Así lo confirmó el magistrado Eduardo Tenorio. "Es un procedimiento para revocar las autorizaciones mal otorgadas", explicó el abogado.
La normativa, de la que aún no se conocen todos los detalles, llenará "la laguna o vacío de la Ley Orgánica Judicial" respecto al tema, considero Mauricio Clará, otro magistrado.
Los primeros abogados a quienes se aplicará la nueva ley, según una fuente judicial, están entre las listas del "informe Vidales" sobre títulos irregulares.
CRONOLOGÍA CASO TÍTULOS FALSOS
Jueces piden decreto para validar títulos
Importante cantidad de jueces con títulos falsos: Vidales
CNJ: Jueces tienen que ser procesados
Presidente CSJ asegura apoyará acciones fiscales sobre títulos irregulares
FGR entrega informe sobre títulos irregulares
Agosto 24, 2001
77 jueces y 12 fiscales ejercen con títulos falsos
"El informe deja mal parada a la Corte": Vidales Piden mano firme a Corte Suprema en caso títulos falsos
Reconocidos jueces y abogados con títulos falsos
Magistrado CSJ reconoce que hay títulos falsos
Presentan dos acusaciones por títulos falsos
Otras cuatro acusaciones por títulos falsos
Instrucción para abogado por título falso
Asociación de Abogados defiende a colegas cuestionados
Fiscal acusa a Corte de filtrar informe
Septiembre 25, 2001
Cuatro abogados suspendidos en caso de títulos falsos
Los 289 jueces que investiga la Fiscalía
Corte investiga a 18 jueces por títulos falsos
Jueces, fiscales y abogados litigantes aparecieron mencionados en el informe del ex fiscal Roberto Vidales.
Los títulos fueron otorgados en varias universidades privadas del país.
Los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ darán a conocer los detalles de la nueva normativa aprobada por el máximo tribunal, en una rueda informativa programada para mañana.
Se respetará el debido proceso
Eduardo Tenorio y Mauricio Alfredo Clará ya habían advertido sobre la necesidad de llenar el vacío en el proceso de autorización de abogados.
Tenorio explicó que la Ley Orgánica Judicial únicamente contempla la autorización, la inhabilitación y la suspensión, pero no el procedimiento para desautorizar.
Este mecanismo garantizará al abogado un debido proceso, según Tenorio.
"Tengo fe en que muchos casos serán exonerados y no habrá revocación de sus títulos", adelantó.
Tenorio se mostró cauteloso sobre el resultado de las investigaciones, ya que todos los casos se analizarán aisladamente.
El magistrado Clará opinó que la CSJ no se ha retrasado en la investigación de los títulos irregulares de abogados.
Además, insistió en que la institución no es la única responsable en este tema.
"Se ha señalado que los hechos sucedieron en 1985 y que todos conocían de eso", dijo Clará en relación con los títulos que se otorgaron en las universidades privadas.
Él manifestó que la CSJ conoció el caso oficialmente tras el informe del ex fiscal Vidales, y del posterior estudio que hizo una comisión especial nombrada por la misma entidad jurídica.
El magistrado compartió la opinión de otros miembros del máximo tribunal: la CSJ "no puede atropelladamente salir con resoluciones sin respetar los principios universales del debido proceso", expresó.
En junio de 2001, la Fiscalía General inició la investigación de los abogados de la República.
Junio de 2001: Roberto Vidales es nombrado fiscal especial para el caso de títulos irregulares.
Junio de 2001: Vidales entrega a un tribunal títulos decomisados en el Ministerio de Educación.
Marzo de 2002: Informe Vidales es entregado a la Corte Suprema de Justicia.
Un total de 289 jueces aparece en el informe con problemas en sus títulos.
Marzo de 2002: Corte Suprema nombra comisión investigadora de títulos irregulares.
Mayo de 2002: CSJ aprueba normativa para revocar autorización de abogados.
Exoneran a jueza acusada de ejercer con título irregular
JUEZA SOBRESEÍDA. Marina del Carmen Gómez de Ferrufino (derecha), jueza suplente del municipio de Yamabal, en Morazán, fue sobreseída definitivamente en un caso de títulos irregulares.
La Fiscalía General de la República (FGR) recibió otro golpe en el caso de los títulos irregulares.
Luego de la audiencia preliminar, el juez Quinto de Instrucción, Edwar Sidney Blanco, libró de todos los cargos a Marina del Carmen Gómez Ferrufino, quien era acusada del delito de uso y tenencia de documentos falsos y ejercicio ilegal de la profesión.
El juez que depuró el proceso penal no encontró méritos para ordenar la apertura a juicio contra la acusada.
Gómez Ferrufino es la jueza suplente del Juzgado de Paz de Yamabal, departamento de Morazán.
También se desempeñaba como secretaria del Juzgado Primero de Paz de San Miguel
La Fiscalía presentó la acusación contra la abogada luego de una investigación que determinó que habría adquirido su título de forma irregular.
La profesional estudió en el Centro Universitario de Oriente de la Universidad de El Salvador (UES) y en la Universidad Nueva San Salvador (UNSSA).
Según la investigación que dirigió el ex fiscal Roberto Vidales, Gómez Ferrufino estudió en ambas universidades la carrera de Licenciatura en Jurisprudencia al mismo tiempo.
Aparece en informe
La favorecida fue investigada por el ex fiscal especial Roberto Vidales, quien recomendó procesar penalmente a varios abogados, jueces y fiscales.
A partir del informe la Fiscalía ha presentado cerca de 13 acusaciones que en su mayoría no han prosperado.
Decenas de miles de casos que fueron investigados han quedado en el aire, ya que la Fiscalía aún no los ha acusado penalmente.
Incluso, algunos han pedido una disculpa pública por parte del fiscal general, Belisario Artiga, pero aún no han tenido respuesta alguna.
Artiga dejará el cargo el próximo mes de septiembre.
Opinión: ¿Tendrán oportunidad los jueces honestos?
Los Acuerdos de Paz establecieron, como una de las bases para lograr una verdadera democracia en El Salvador, la integración de un Consejo Nacional de la Judicatura independiente. Éste había funcionado desde 1989 como un departamento de la Corte Suprema de Justicia, debido a la presencia en el mismo de representantes de aquélla y funcionarios judiciales. Éstos llevaban lineamientos dictados por el Alto Tribunal que, si no eran hechos prevalecer en el seno de la institución, convertían en inoperantes las resoluciones del CNJ, ya que éste no tiene facultades decisorias sobre los asuntos que recomienda, tales como la elección de los jueces. Si se deseaba que el Consejo dejara de ser un ente subordinado a la Corte, tenía que eliminarse la representación judicial en el mismo.
Así se hizo en 1999, y el Consejo comenzó a realizar una labor independiente, admirable y valiosa, para disgusto de algunos magistrados y jueces. Las investigaciones hechas en el transcurso del año pasado, sobre averiguar la falsedad de títulos de abogados, han renovado el activismo judicial con el insano propósito de sabotear la labor del Consejo, tratando de sorprender hasta la Asamblea Legislativa. Lamentablemente, hasta los partidos que hace un par de meses se quejaban del incumplimiento de los Acuerdos de Paz votaron en favor de la restauración de la representación judicial en la institución.
La elección de los candidatos a nuevo representante judicial está programada para el 4 de mayo, aunque no están definidos aún los procedimientos electorales. ¿Podrán presentarse candidatos independientes o sólo los de las gremiales de jueces? ¿Será el voto secreto o se votará en el desorden de una asamblea general?
En el país hay muchos jueces intachables e independientes de la Corte, que sólo enaltecerían al CNJ, pero ante el fuerte activismo de dudosas figuras, es justo preguntarse: ¿tienen los jueces honestos la más mínima oportunidad de tener representación en el Consejo? La Corte no ha cumplido con su obligación de efectuar la depuración del Órgano Judicial y esto garantiza que votarán los jueces que ponen en libertad a secuestradores, pilotos narcotraficantes, funcionarios públicos que cometen peculado o abogados que falsifican la firma del Vicepresidente de la República. ¿Por quién cree que votarán ellos?
La prensa ha informado que existen 289 jueces graduados de las universidades que emitieron títulos falsos, casi la mitad de los miembros del gremio. El Informe del Fiscal Especial señaló que 73 jueces tenían títulos irregulares y la Fiscalía, al continuar sus investigaciones, señaló 3 más. Aunque se han iniciado procesos contra varios de ellos, en el Diario Oficial aparece que tan sólo uno de ellos, José Luis Osorio Núñez, ha sido suspendido del ejercicio de la abogacía.
El Ministerio de Educación entregó a la Corte un listado de licenciados en Ciencias Jurídicas, cuyos títulos se había negado a registrar, por irregularidades en su graduación, en el que aparecen los nombres de unos 99 jueces, incluyendo 38 que no son mencionados por la Fiscalía. La Corte nombró una comisión para investigarlos, que hace más de un mes rindió un informe que aún se mantiene en secreto; no sabemos cuántos títulos irregulares de jueces encontró. La Corte ha anunciado que se tomará su tiempo para decidir qué hacer con ellos.
En consecuencia, todos estos jueces tendrán derecho a votar el 4 de mayo próximo. Nuevamente preguntamos: ¿por quién cree que votarán? Los nombres de los que se perfilan como los candidatos más fuertes son los de un funcionario judicial que no sólo afirma que los jueces son abogados (un acto de corrupción judicial en cualquier parte del mundo), sino que también sostiene que el único fin de las evaluaciones del Consejo es determinar si a los juzgados no les hacen falta los materiales necesarios para realizar su labor, y una activista gremial, que ha sido señalada por la PNC como posible cómplice en la emisión de documentos universitarios falsos y ha encabezado campañas para impedir las investigaciones de los títulos o para legalizarlos por medio de un decreto.
Está por verse si las elecciones de los jueces no serán más que un triunfo de la corrupción.
Por el Imperio del Derecho.
Cautela por caso títulos irregulares
Un magistrado de la Corte Suprema dijo que se ha actuado con prudencia en el tema de los títulos irregulares. Pronto habrá una resolución
sucesos@elsalvador.com
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no puede "irse con la primera" en el caso de los títulos irregulares.
Así lo aseguró el magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del máximo tribunal, Mauricio Clará, al justificar el tiempo que la CSJ se toma para ventilar al menos 20 casos graves de jueces con títulos supuestamente irregulares.
El pleno de los 15 magistrados recibió el informe de una comisión especial sobre el tema hace más de un mes.
Las declaraciones de Clará se dan un día después de que otro magistrado de la Corte, René Hernández Valiente, señalara atraso en emitir una resolución definitiva.
Clará dijo que la Corte debe analizar muy bien los casos para no caer en violaciones al Estado de Derecho, al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Aseguró que un 90 por ciento del informe está depurado y que la Corte plena está cerca de emitir un fallo definitivo muy pronto.
Reiteró, tal como lo expresó Mario Solano, magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte hace unas semanas, que no se trata de un problema del máximo tribunal, pues la supervisión para que los planes de estudio se cumplan es tarea del Ministerio de Educación.
La Corte, según la ley vigente, autoriza abogados con base en lo que supervisa Educación en los planes de estudio.
"En un ordenado Estado de Derecho, se debe confiar que cada institución cumpla con sus atribuciones", dijo.
En este marco, Clará agregó que "habría que preguntarse quién autorizó tal proliferación de universidades en aquella época (en la década de los ochenta) vía Ministerio de Educación".
El magistrado Mauricio Clará admitió que uno de los obstáculos en el caso de los títulos irregulares es vacíos legales.
Aseguró que en las leyes no se contemplan estos casos.
Sólo se habla de irregularidades en el ejercicio de la profesión jurídica.
En caso de los títulos irregulares de abogados. Magistrados rechazan lenta depuración
René Hernández Valiente demandó agilidad en la resolución sobre los casos de títulos irregulares, lo que provocó reacción de sus colegas.
RECHAZAN LENTITUD. Magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazaron ayer que exista lentitud en emitir una resolución en torno a los títulos irregulares de abogados. Uno de sus colegas, el magistrado René Hernández Valiente, criticó el lento proceso.
Cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no pudieron más que reaccionar ayer ante el señalamiento de "lentitud" en la resolución de los casos de títulos irregulares de abogados, hecho por René Hernández Valiente, también magistrado del máximo tribunal.
Desde los más diplomáticos hasta los más eufóricos, los comentarios de rechazo justificaron la falta de una ágil resolución definitiva.
El magistrado Mario Solano se mostró a favor de no seguir creando una imagen negativa de la Corte ante la sociedad. En ese sentido se pronunció por la filosofía de "sin prisa pero sin pausa" y que, además, "la respuesta no puede ser inmediatista ni sensacionalista".
Mientras que el magistrado Mauricio Clará criticó las declaraciones de Hernández Valiente. Dijo por su parte: "Quienes claman por una rápida condena o solución olvidan las dificultades procesales que existen".
Trató de sacar esta declaración del contexto de lo dicho por Hernández Valiente y expresó que es una respuesta a toda "la correntada de críticas" sobre los títulos.
Por su parte el magistrado Eduardo Tenorio fue más específico al señalar su desacuerdo con las críticas de su colega.
"Debe tomarse el tiempo prudencial una institución tan seria como la Corte Suprema de Justicia", reflexionó Tenorio.
Para Solano habrá que tomarse un tiempo para resolver, por varias razones.
Una de ellas es que "los controles administrativos del Ministerio de Educación (MINED) no son muy confiables".
Por el hecho de que el MINED haya sacado de sus registros los títulos de algunos profesionales no debe darse por sentado que hay ilegalidad, dejó entrever.
Clará apeló a los principios constitucionales de un debido proceso y el estado de derecho. "Entre ambos coexiste el Estado democrático."
Tenorio lo dijo de esta forma: "Se trata de aclararle al país que la Corte está actuando en consecuencia con su Constitución, es a lo primero que está obligada".
Otro magistrado constitucionalista, Julio Acosta, señaló que el tema de títulos irregulares ha sido muy debatido y "estar jugando con tiempos es algo muy difícil".
Pero manifestó que se están tomando las medidas para que el informe de la comisión especial sea analizado a profundidad.
Explicó que lo que pasa es que la Corte está tomando el caso de los títulos irregulares de abogados con la seriedad merecida.
Señalan vacío. Ley anulará la autorización
Una comisión de tres magistrados elabora un reglamento que dé soporte legal a la inminente revocación de la autorización de abogados.
Actualmente existe un vacío legal en la Constitución de la República, provocado por el caso inédito de los títulos irregulares, dijo el magistrado constitucionalista Eduardo Tenorio.
Recordó que no existe un procedimiento específico para revocar autorizaciones.
La Constitución y la Ley Orgánica Judicial solamente dan facultad a la Corte Suprema de Justicia para autorizar, suspender e inhabilitar a los abogados que incurran en una falta o delito. Pero nada se dice sobre la revocatoria de autorizaciones.
Por ello, ante la sanción a la que se haga acreedor un licenciado al que se le compruebe que posee un título irregular, debe crearse un respaldo legal.
El magistrado Mauricio Clará es uno de los que trabaja en la elaboración de ese reglamento especial que se aplicará.
El funcionario aseguró que ya está avanzado en un 90 por ciento y se espera que en la próxima sesión de corte plena se someta a consideración de todos los magistrados.
Comisión especial sobre títulos irregulares: 144 jueces señalados en nuevo informe Roberto Alas
INFORME DE COMISIÓN. José Ernesto Criollo (derecha), coordinador de la comisión investigadora de títulos irregulares, entrega al presidente de la CSJ, Agustín García Calderón, el informe sobre el tema.
El informe que ayer rindió oficialmente la comisión investigadora de títulos irregulares a la Corte Suprema de Justicia contiene 144 casos de abogados cuestionados por su grado académico. De ellos, 90 son jueces propietarios y el resto, suplentes.
La Corte Suprema de Justicia se comprometió a depurar a todos aquellos funcionarios que merezcan ser separados.
El presidente de la CSJ, Agustín García Calderón, recibió el informe que contiene el detalle de tres etapas de investigación.
La primera se refiere a las pesquisas propias de la comisión.
La segunda, contiene ocho anexos; y la última, consiste en el expediente de registro de cada uno de los investigados.
García Calderón aseguró que el documento que recibió "es un insumo de primerísima calidad... y la Corte Suprema de Justicia lo asumirá con seriedad".
El informe, sin embargo, no es vinculante (no obliga) con cualquier decisión que adopte el máximo tribunal de justicia del país.
Cumplieron objetivo
El coordinador de la comisión de investigación, José Ernesto Criollo, dijo que aunque el trabajo fue bastante difícil "cumplieron con su objetivo" de llevar a cabo el trabajo encomendado.
"Nos sentimos sumamente satisfechos por la responsabilidad que se nos encomendó" y que concluyó con una serie de recomendaciones, sostuvo Criollo.
Ahora, agregó, está en manos de la Corte Suprema de Justicia implementar las recomendaciones que se le han hecho respecto a los 144 casos investigados.
La institución ha asumido ese compromiso, de acuerdo a lo expresado por Agustín García Calderón.
Contenido la otra semana
García Calderón se comprometió dar a conocer a la sociedad los resultados de la investigación efectuada por la comisión hasta la próxima semana.
Para ello, convocarán a una conferencia de prensa en donde revelarán las recomendaciones y los señalados en la investigación.
Podría haber destituciones
La Corte Suprema hizo ayer nuevas promesas sobre las decisiones que tomará tras conocer el informe de la comisión especial que investigó supuestos títulos irregulares de varios jueces.
El magistrado de la Sala de lo Constitucional, Mario Solano, aseguró que el informe que les presentó la comisión de investigación "es un respuesta seria que la Corte Suprema de Justicia da a una demanda ciudadana de que se entre a una depuración en el Sistema Judicial".
"La Corte será la que tomará la resolución final (en el sentido) de qué personas van a ser desautorizadas en el ejercicio de la abogacía o desautorizadas para seguir siendo jueces", insistió Mario Solano.
Aunque adelantó que "si hubiere causa de destitución del juez, obviamente hay que destituirlo".
Mario Solano aún no había visto su copia del informe. Aún lo tenía sellado.
Listo el informe sobre títulos
La Comisión de Investigación de Títulos Irregulares de Abogados presentará hoy su informe final a la Corte Suprema de Justicia.
Fuentes judiciales dijeron que el informe será rendido al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón, para que éste lo presente ante el pleno y se determinen los siguientes pasos.
El pleno deberá estudiarlo y analizarlo para poder hacer recomendaciones sobre los casos apuntados.
La Corte Suprema tendrá la opción de tomar en cuenta las recomendaciones y ejecutarlas o dejarlas solamente como tales.
Dicha comisión está integrada por el Dr. Carlos Mauricio Fonseca, la Directora del FESPAD, Silvia Guillén; el Dr. Eduardo Urquilla, el Dr. Mauricio Rodríguez y el Dr. Eduardo Urquilla.
El trabajo de los integrantes de la comisión fueron coordinados por el Dr. José Ernesto Criollo, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Varios abogados enfrentan procesos penales acusados de delitos cometidos por la presunta obtención de títulos que los acreditan como tales, pero que fueron obtenidos de forma fraudulenta.
La Corte podría imponer medidas administrativas diversas. Comisión especial recomienda a máximo tribunal que sancione: Entregan informe títulos fraudulentos
La Corte Suprema de Justicia se comprometió ayer a sancionar a los jueces y abogados que ejercen con títulos fraudulentos.
Bernardo Valiente/Milton Grimaldi
TÍTULOS FRAUDULENTOS. Roberto Vidales, ex fiscal especial, investigó sobre los títulos de profesionales del derecho que no cumplieron con los requisitos de ley para graduarse. La Corte Suprema de Justicia recibió ayer un informe adicional de una comisión especial, sobre 152 abogados con situación académica cuestionada.
La remoción de algunos jueces y abogados que ejercen con títulos fraudulentos recomendó ayer a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) la comisión investigadora que había designado.
El informe final de la investigación incluye una lista de 152 profesionales del derecho cuestionados en su proceso académico.
Fue entregado ayer en la tarde por los miembros de la comisión a los 15 magistrados de la Corte Suprema.
Elimina 46 nombres En septiembre del año pasado, el Ministerio de Educación entregó a la CSJ una lista con 198 nombres.
Correspondía a graduados en Ciencias Jurídicas a quienes se les denegó su registro en la Dirección Nacional de Educación Superior.
Esto motivó que la Corte designara una comisión de notables para investigar la presunta existencia de títulos falsos.
Como primer paso, la comisión eliminó de la lista a los 46 graduados de la Universidad Nueva San Salvador, debido a que éstos no habían recibido título.
Entrevistó a los 152 restantes y elaboró un informe sobre cada uno de ellos.
No es el informe Vidales El año pasado, Roberto Vidales, designado fiscal especial para investigar la tenencia de títulos falsos, presentó un informe con 169 nombres de profesionales del derecho cuestionados.
Pero de éstos, la Fiscalía únicamente presentó ante los tribunales requerimientos en contra de 17.
Aunque el informe de Vidales coincide con el del Ministerio de Educación en muchos de los nombres de jueces y abogados cuestionados, la CSJ optó por investigar el informe de la citada cartera de Estado.
El informe entregado ayer también pide que se investigue a las autoridades universitarias y se procese penalmente a quienes se hayan prestado para vender títulos.
Jueces en lista
Al recibir el informe, la Corte en pleno recordó que con ese instrumento queda concluido el trabajo de la comisión.
Los magistrados adquirieron el compromiso de proceder a la mayor brevedad a tomar las acciones correspondientes.
Anteriormente, el presidente de la Corte, Agustín García Calderón, recordó que las recomendaciones de la comisión no los obliga a cumplirlas.
Ayer, ante la comisión, sin embargo, los magistrados aseguraron que si están involucrados miembros del Órgano Judicial, "se tomarán las medidas necesarias".
Y sí hay personal de dicho órgano. Jueces de Instrucción, de Paz y de Tránsito figuran en la lista de funcionarios contra los cuales se recomiendan sanciones.
Por ejemplo, se cita a la jueza de Instrucción de San Miguel, Patricia Angelina Bondaza Medina.
Aparecen varias juezas de Paz, como la de Huizúcar, Flor Elizabeth Cerritos; la de San Esteban Catarina, Angelina Silva Delgado; la de San Dionisio, en La Paz, Mercedes Concepción Serpas, y la de San Luis La Herradura, Misanilla Reyes Castillo.
Del área de Tránsito está la jueza Maribel Artiga Lemus, y como juez del Tribunal de Medidas de Santa Ana, Óscar Alfredo Amador.
Los seis investigadores
La comisión la integran los siguientes abogados:
José Ernesto Criollo, como coordinador.
Orlando Baños Pacheco, ex magistrado de la Corte Suprema. Carlos Molina Fonseca, ex procurador de Derechos Humanos. Eduardo Urquilla, ex procurador de Derechos Humanos María Silvia Guillén, representante de las ONG de promoción educativa. Mauricio Rodríguez, ex miembro del Consejo Nacional de la Judicatura.
SUJETOS A SANCIONES
Afectados por universidad
De la nómina de 198 Graduados en Ciencias jurídicas a quienes el Ministerio de Educación denegó su registro en la Dirección Nacional de Educación Superior, solamente 152 quedaron en el informe final de la comisión especial. Dejaron fuera a 46 graduados de la Universidad Nueva San Salvador, porque al momento de la investigación no habían recibido sus títulos. Dos graduados cuestionados corresponden a la Universidad Militar de El Salvador. Cinco se graduaron de la Universidad de Administración de Negocios. 56 salieron de la Universidad Salvadoreña.
89 tienen títulos de la Universidad Las Américas.
169 abogados: EL OTRO INFORME: VIDALES
23 agosto 2001: La Fiscalía General de la República (FGR) entrega a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Ministerio de Educación el informe sobre títulos irregulares. Un total de 169 profesionales entre jueces, fiscales y abogados en ejercicio aparecen con títulos irregulares, según el informe del fiscal especial, Roberto Vidales. El informe recomienda que la CSJ inhabilite o suspenda en el ejercicio profesional a los abogados que fungieron como autoridades de las universidades investigadas, y a los profesionales del derecho que deben volver a las aulas para regularizar su situación académica. 28 agosto: El Consejo Nacional de la Judicatura pide a la CSJ limpiar el Órgano Judicial. 30 agosto: La FGR presenta acusaciones penales contra dos abogados. 1 septiembre: La CSJ abre expediente contra dos abogados 16 octubre: La CSJ juramenta la comisión investigadora de títulos irregulares de licenciados en derecho.
Gregorio Morán/Ena Rivas
RESPONSABILIDAD DE UNIVERSIDADES. El informe del ex fiscal especial contempla la responsabilidad de los rectores de las universidades cerradas.
Algunos casos están más documentados que otros. Sobre unos hay certeza de que son irregulares, incluso falsos. Todos están cuestionados.
Lo cierto es que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a cada uno de los 289 jueces que, según el "informe Vidales", cometieron alguna anomalía para obtener sus grados académicos.
En algunos de los casos, la Fiscalía ya ha determinado con ciertos elementos que los títulos son irregulares.
De los títulos cuestionados a los jueces, 75 ya han sido calificados por la Fiscalía como irregulares.
Los informes señalan que los jueces cuestionados se ubican en todo el territorio nacional.
Desde el año pasado, la Fiscalía inició la judicialización de los casos de algunos jueces.
En al menos dos casos, en los que los jueces han dado colaboración al presentar documentos que prueban las irregularidades, se ha exonerado de responsabilidad.
Según los informes, se ha dado criterio de oportunidad a estas personas y se ha recomendado que no se tome ninguna acción penal en su contra.
En el presente año no se han presentado nuevos casos contra abogados o jueces que aparecen en los informes cuestionados por las irregularidades.
Según los fiscales que investigan estas anormalidades, se sigue trabajando con expedientes ya judicializados.
Algunos casos parecen perdidos para la Fiscalía, como el de Froilán Machado, abogado que fue sobreseído definitivamente por una Cámara de lo Penal.

References: resolución 
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 artículo 64
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