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Timestamp: 2019-08-20 10:41:55+00:00

Document:
STS, 18 de Diciembre de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 35765465
Número de Recurso: 18/2007
SERVICIOS PÚBLICOS. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN. INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS. Existe una plena identidad en cuanto a los hechos impugnados, reclamación de daños y perjuicios como consecuencia de las lesiones padecidas en la utilización de diversos servicios públicos y en la sentencia recurrida se desestima el recurso en tanto que en las sentencias comparadas se declara haber lugar a las indemnizaciones solicitadas. La solución generalizadora que se ha expuesto se infiere, pues, de la interpretación finalista de la regulación legal referible inmediatamente a la cuestión suscitada, realizada considerando en su conjunto la regulación que se contiene en la Ley Jurisdiccional de 1998 sobre las materias afectadas y que permite, contemplando en términos de totalidad el recurso de casación, limitar los asuntos que pueden acceder al mismo. El propio legislador ordinario, lo hace así posible cuando expresa la justificación de las reformas que introduce respecto de la anterior regulación legal, queriendo con ellas evitar no sólo que se agrave progresivamente la carga, sino, que se ponga en riesgo inmediato el derecho a la justicia efectiva. Se desestima el contencioso administrativo. Se desestima la casación.
Visto por esta Sección Sexta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casación para la unificación de doctrina Interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Manuel Vázquez Almagro en nombre y representación de Dña. Alicia, contra la sentencia de 9 de febrero de 2006, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso contencioso administrativo 691/01, en el que se impugna la resolución del Ayuntamiento de Chucena de 19 de diciembre de 2000, por la que se desestima la reclamación por responsabilidad patrimonial formulada el 12 de julio de 2000, por las lesiones sufridas por su hijo menor de edad, Silvio, durante la celebración de las fiestas patronales de 1999. Ha sido parte recurrida el referido Ayuntamiento de Chucena representado por el Procuradora D. Fernando García Paul
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, dictó sentencia de 9 de febrero de 2006, que contiene el siguiente fallo: "Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso- administrativo interpuesto por doña Alicia, contra la resolución del Ayuntamiento de Chucena de 19 de diciembre del 2000 expresada en el antecedente de hecho primero de esta sentencia, la cual se confirma por entenderla ajustada a derecho. Sin costas."
Notificada la sentencia, se presentó escrito por la representación procesal de Dña. Alicia interponiendo recurso de casación para la unificación de doctrina, señalando como sentencias de contraste la de 3 de febrero de 2005 dictada por la correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, las de 20 de septiembre y 29 de octubre de 2004 dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Castilla y León y la de 6 de octubre de 2004 dictada por la correspondiente Sala del TSJ de Castilla-La Mancha . Entiende que el fondo de los supuestos contemplados en dichas sentencias es el mismo, según la referencia que recoge de las mismas, que existe una plena identidad en cuanto a los hechos impugnados, reclamación de daños y perjuicios como consecuencia de las lesiones padecidas en la utilización de diversos servicios públicos y en la sentencia recurrida se desestima el recurso en tanto que en las sentencias comparadas se declara haber lugar a las indemnizaciones solicitadas. Señala la infracción legal de la sentencia recurrida en relación con el art. 54 de la Ley de Bases de Régimen Local de 2 de abril de 1985 y los preceptos que regulan la responsabilidad patrimonial de la Administración, considerando correcta la interpretación de las sentencias de contraste que admiten la procedencia de la indemnización, dado el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial, mientras que la sentencia recurrida exime a la Administración de la obligación de indemnizar al entender no acreditado el nexo causal de la actividad de la Administración y el daño producido.
Por providencia de 15 de mayo de 2006 se admitió el recurso y una vez recibidas las certificaciones solicitadas de las sentencias de contraste, se dio traslado a la parte recurrida para formalización de la oposición, alegando la inadmisibilidad del recurso en razón de la modificación operada en los arts. 8 y 9 de la Ley 29/98 por la disposición adicional 14ª.2 de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, que atribuye la competencia para conocer de este tipo de recursos a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo, en relación con la disposición transitoria primera, apartado 2, último inciso y la disposición transitoria tercera de dicha Ley procesal, con invocación de la sentencia de 21 de junio de 2006 . En cuanto al fondo alega que la recurrente no ha combatido la falta de relación o nexo causal entre el daño y la actuación de la Administración y que falta la identidad entre las sentencias antagónicas y la recurrida.
Por providencia de 24 de octubre de 2006 se remitieron las actuaciones a esta Sala, dictándose providencia de 23 de febrero de 2007 dejando el recurso pendiente de señalamiento para votación y fallo, a cuyo efecto se señaló la audiencia del día 11 de diciembre de 2007, fecha en la que tal diligencia ha tenido lugar, previo trámite de alegaciones a la parte recurrente sobre la inadmisibilidad invocada de contrario.
Ha de examinarse en primer lugar la causa de inadmisibilidad invocada por la parte recurrida, que no carece de fundamento, pues la sentencia recurrida se dicta con fecha 9 de febrero de 2006, es decir, con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma operada en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, introducida por la disposición adicional decimocuarta de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial, en virtud de la cual se modifica el art. 8.1 de la Ley Jurisdiccional en el sentido de atribuir a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo el conocimiento "de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales o de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico".
En consecuencia, el acto objeto de este recurso, consistente en la resolución del Ayuntamiento de Chucena de 19 de diciembre de 2000, por la que se desestima la reclamación por responsabilidad patrimonial formulada contra el mismo, se incluye entre los que dicho precepto atribuye al conocimiento de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo.
En estas circunstancias y como indica la jurisprudencia de esta Sala en numerosas resoluciones, por todas los autos de 6 de junio de 2006, 11, 15 y 18 de enero de 2007, "la cuestión a resolver es el tratamiento que, a efectos impugnatorios, debe darse a las sentencias dictadas por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 19/2003 en los procesos que estuvieran pendientes de tramitación ante las mismas antes de tal fecha, versando sobre materias cuya competencia corresponda, en virtud de las modificaciones introducidas por la mencionada Ley Orgánica en el artículo 8.1 de la Ley Jurisdiccional 29/1998, a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
En respuesta a tal cuestión debe traerse a colación, en primer lugar, la doctrina consolidada de esta Sala (por todos, Autos de 16 de junio, 30 de octubre y 13 de noviembre de 2000, 18 de diciembre de 2003 y 2 de diciembre de 2004 ) relativa a la aplicación del régimen de recursos establecido en la Disposición Transitoria Primera , apartado 2, de la Ley 29/1998, a las Sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley Jurisdiccional en asuntos que son de la competencia de los Juzgados de lo Contencioso- Administrativo, que impide, en estos casos, el acceso al recurso de casación ya que éste sólo procede contra las Sentencias recaídas en única instancia.
En relación con ello, ha de tenerse en cuenta, como esta Sala tiene ampliamente declarado, que, aunque el apartado 1 de la Disposición Transitoria Primera, que contempla los "procesos pendientes" ante las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, guarda silencio al respecto, el inciso final del apartado 2 de la misma transitoria, es decir, la regla que equipara el régimen de impugnación de las sentencias de las expresadas Salas a las dictadas en segunda instancia, cuando se trata de procesos que, conforme a la Ley 29/1998, se hayan atribuido a los Juzgados, está redactada en plural, ("en estos casos" -dice-), expresión que permite entender comprendidos tanto los casos del apartado 2 como los del apartado 1 de la repetida Disposición. La interpretación contraria vaciaría prácticamente de contenido el apartado 2 de la disposición transitoria primera -la puesta en funcionamiento de los Juzgados tuvo lugar al día siguiente de la entrada en vigor de la Ley 29/1998 - y haría difícilmente conciliable la "plena aplicación" del nuevo régimen de la casación a las resoluciones dictadas con posterioridad a su entrada en vigor -disposición transitoria tercera -, plena aplicación que comporta que sólo puedan ser susceptibles de casación las sentencias que hubieran podido ser dictadas en única instancia con arreglo a la nueva Ley de esta Jurisdicción .
Pues bien, habiéndose dictado la Sentencia aquí impugnada en un asunto de competencia de los Juzgados de este orden jurisdiccional de acuerdo con el artículo 8.1 de la Ley 29/1998, en la nueva redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, resultan de aplicación al presente caso los razonamientos que fundan la doctrina expuesta, determinando que la resolución recurrida no sea susceptible de recurso de casación conforme a lo dispuesto en el artículo 86.1 y en la Disposición Transitoria Tercera de la Ley Reguladora de esta Jurisdicción al establecer, el primero, que el recurso de casación sólo procede contra resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia dictadas en única instancia, y, la segunda, que el régimen de los recursos de casación regulados en esta Ley será de plena aplicación de las resoluciones de las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia dictadas con posterioridad a su entrada en vigor.
En este sentido ya se ha pronunciado esta Sala en Autos de 4 de octubre de 2004 -recurso de queja núm. 137/2004-, 18 de noviembre de 2004 -recursos de queja núm. 176/2004 y 199/2004-, 23 de noviembre de 2004 -recurso de queja núm. 206/2004-, 13 de enero de 2005 -recurso de casación núm. 2521/2004-, 8 de febrero de 2005 -recursos de casación núms. 3718/04 y 2120/2004-, 14 de febrero de 2005 -recursos de casación núms. 3825/2004 y 4021/2004 -, Auto de 3 de marzo de 2005 (recurso de casación núm. 7110/2004 ), Auto de 19 de enero de 2006 (recurso de casación núm. 3445/2004 ) y Auto de 9 de febrero de 2006 (recurso de casación núm. 5815/2004 ), entre otros muchos. Y específicamente, en asuntos análogos al aquí examinado, en Autos de 2 de marzo de 2006 (recurso de casación núm. 10738/04) y 6 de julio de 2006 (recurso de casación núm. 2779/05 ), entre otros.
La solución que esta Sala ha anticipado en el razonamiento anterior encuentra su fundamento en las siguientes consideraciones.
La reforma operada en la Ley Reguladora de esta Jurisdicción por la Ley Orgánica 19/2003 viene a cumplir con un doble objetivo: primero, corregir las disfunciones observadas en la aplicación del régimen transitorio que se contiene en el apartado primero de la Disposición Transitoria Primera de la Ley Jurisdiccional de 1998 ; y, segundo, llevar a cabo una ampliación -ya anunciada por el propio legislador ordinario- del contenido de la repetida norma legal, en cuanto a las competencias atribuidas por la misma a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, una vez transcurrido un período de tiempo suficiente en el cual se ha podido constatar el resultado de la experiencia y la consecución de los fines para los que, según la Exposición de Motivos de la Ley de 1998, tales órganos unipersonales fueron implantados.
Así, en relación con la primera cuestión mencionada, debe recordarse que el apartado primero de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 29/1998 preceptúa que los procesos que, al tiempo de su entrada en vigor, estuvieran pendientes ante las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y cuya competencia corresponda, conforme a la citada norma legal, a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo "continuarán tramitándose ante dichas Salas hasta su conclusión". Fue el término "conclusión" -referido propiamente al momento en que se pone fin a la mera tramitación del proceso, pasando el mismo a la fase de terminación o resolución- utilizado por el legislador ordinario el que suscitó diversas interpretaciones provocando -así consta por notoriedad- importantes disfunciones en la aplicación (que debía ser necesariamente uniforme) del mencionado régimen transitorio; y así, mientras algunos Tribunales Superiores de Justicia entendieron que los procesos ante ellos pendientes, pero relativos, según la nueva Ley, a materias de la competencia de los nuevos órganos unipersonales, debían ser resueltos mediante Sentencias de sus Salas de lo Contencioso-Administrativo, otros, en cambio, consideraron que la tramitación ante dichas Salas debía terminar en el mismo instante en que los recursos contenciosoadministrativos quedaran conclusos para Sentencia, resolución que debía ser dictada por el correspondiente Juzgado, al que, a tal efecto, remitían las actuaciones.
Como se ha dicho, la Ley Orgánica 19/2003 pone fin a las dudas interpretativas suscitadas en relación con el régimen transitorio a aplicar respecto de los procesos que, en tramitación ante los Tribunales Superiores de Justicia, versen sobre materias que sean ahora competencia de los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo; y así, el apartado primero la Disposición Transitoria Décima de la referida Ley Orgánica ordena que dichos procesos continúen tramitándose por los mismos "hasta su finalización", lo que lleva en este momento a poder establecer que, no produciéndose la terminación del procedimiento por cualquier otro modo anticipado (desistimiento, allanamiento, renuncia), las Sentencias que pongan fin a esos recursos habrán de ser dictadas por los órganos jurisdiccionales colegiados que estén conociendo de los mismos y no por los unipersonales a los que, a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica, correspondiera conocer de ellos por razón de la materia.
Se ha adelantado también que, junto a este primero, corrector, que se acaba de exponer, la reforma introducida por la Ley Orgánica 19/2003 viene a cumplir un segundo objetivo -ya anunciado como posible por el legislador ordinario, decíamos- relativo a la ampliación de la relación de materias para cuyo conocimiento son competentes los Juzgados de lo Contencioso- Administrativo. Debe, también en este punto, hacerse memoria de los motivos expuestos por el legislador de 1998 respecto a la necesidad de implantación de unos nuevos órganos jurisdiccionales, unipersonales, que conocieran de aquellos asuntos que requieran, por su índole, por su menor relevancia o por otras razones organizatorias o prácticas, una solución más rápida o del órgano judicial que se encuentra más próximo a la realidad en que surgió el pleito. En este sentido, la Exposición de Motivos de la Ley 29/1998, justifica la atribución de competencias que hace en su artículo 8 a los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, indicando que las relacionadas en el mencionado precepto son las que en el momento de su puesta en funcionamiento "pueden razonablemente ejercer y que parecen suficientes para consolidar la experiencia". Y añade en el párrafo cuarto de su apartado III: "Nada impide, antes al contrario, que tras un primer período de rodaje la lista de competencias se revise a la vista de esa experiencia".
Esa revisión, para ampliarlos, de los asuntos que son competencia de los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo es la que se ha llevado a cabo por medio de la Ley Orgánica a la que nos venimos refiriendo de modo reiterado.
Es cierto que la Disposición Transitoria Décima de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, no contiene una previsión similar a la que se contempla en el apartado segundo de la Disposición Transitoria Primera de la Ley 29/1998, de 13 de julio, aplicable al recurso de casación. Sin embargo, no lo es menos que tal omisión no es óbice para que la lógica, la coherencia del sistema y la necesaria unificación del tratamiento procesal a efectos del acceso al recurso de casación impongan la aplicación de la interpretación dada al mencionado apartado por esta Sala, para la inadmisión de los recursos de casación formulados contra Sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia en asuntos ante ellos tramitados, y que, tras la entrada en vigor de la Ley 29/1998, primero, y de la Ley Orgánica 19/2003, por ampliación de la mencionada en primer lugar, después, son de competencia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
Como se expuso más arriba, el legislador orgánico no ha hecho otra cosa, en su reforma de 2003, sino ampliar las competencias de los órganos unipersonales de este orden jurisdiccional y corregir las disfunciones derivadas del uso en el texto legal de un término ("conclusión") que daba lugar a interpretaciones diversas que, sin embargo, debían ser uniformes ante los mismos supuestos de hecho. Para ello, ha incluido una Disposición Transitoria, la Décima -única en relación con la reforma introducida en la Ley Jurisdiccional de 1998 -, cuya finalidad (así se desprende no sólo de su contenido sino, más aún, de la literalidad de su encabezamiento Régimen transitorio de los procesos pendientes en las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia), es la de poner fin a las dudas interpretativas surgidas en la aplicación del régimen establecido en el apartado primero de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de 1998 -cuestión que ya ha sido tratada-. No ha creído necesario el legislador orgánico, dada la ausencia de una disposición "ad hoc", regular el régimen de acceso al recurso de casación de las Sentencias dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia en las materias a que se refiere el modificado artículo 8 de la Ley Jurisdiccional, sin duda porque ese régimen ya existe en el apartado 2 de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de 1998 (a la vista de los términos literales en que aparece redactado el encabezamiento de dicha Disposición: Asuntos de la competencia de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo que permiten pueda ser aplicada a todos los relacionados en el artículo 8, ya sea en su redacción originaria o en la vigente, tras la ampliación de su contenido llevada a cabo por la Ley Orgánica 19/2003 ), dando con ello, además, carta de naturaleza a la interpretación que, de dicho apartado, ha venido haciendo este Alto Tribunal y que sustenta la decisión de inadmisión que se va a adoptar en el asunto que ahora nos ocupa.
En conclusión, la solución generalizadora que se ha expuesto se infiere, pues, de la interpretación finalista de la regulación legal referible inmediatamente a la cuestión suscitada, realizada considerando en su conjunto la regulación que se contiene en la Ley Jurisdiccional de 1998 (en su redacción originaria y tras la reforma producida por la Ley Orgánica 19/2003 ) sobre las materias afectadas -competencia de los Juzgados y Tribunales Superiores de Justicia, así como régimen de los recursos de casación- y que permite, contemplando en términos de totalidad el recurso de casación, limitar los asuntos que pueden acceder al mismo. El propio legislador ordinario, si se observa el apartado VI, núm. 2, párrafo tercero, de la Exposición de Motivos de la LRJCA/1998, lo hace así posible cuando expresa la justificación de las reformas que introduce respecto de la anterior regulación legal -en cuanto al régimen de acceso a la casación-, queriendo con ellas evitar no sólo que se agrave progresivamente la carga que, respecto a este tipo de recursos pesa sobre este Alto Tribunal, sino, más aún, que se ponga en riesgo inmediato el derecho a la justicia efectiva, y articulando esas reformas como una medida necesaria para que este Supremo Órgano Judicial, pueda atender, según dice la Exposición de Motivos ... a su importantísima función objetiva de fijar la doctrina jurisprudencial".
La aplicación de dicha doctrina jurisprudencial conduce a declarar la inadmisión del presente recurso de casación, de conformidad con lo establecido en el artículo 95.1, en relación con los artículos 93.2, 8.1 y 96.1, de la Ley Jurisdiccional, sin que sean obstáculo para ello las alegaciones de la parte en el trámite abierto al efecto, pues el art. 8.2.c) de la Ley de la Jurisdicción, que la parte cita erróneamente como 8.1 .c), se refiere a los actos administrativos de la Administración de las Comunidades Autónomas y no de las Corporaciones locales, que se contemplan en el nº 1 de dicho art. 8, en el que no se establece límite alguno por razón de la cuantía para conocer de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial formuladas contra la Entidades locales. Por otra parte, es constante y reiterada la jurisprudencia de esta Sala declarando que resulta irrelevante, a efectos de la inadmisibilidad del recurso de casación, que se haya tenido por preparado el recurso en la instancia o el ofrecimiento del mismo al notificarse la resolución impugnada, siempre que concurra una causa de inadmisión.
La declaración de inadmisibilidad del recurso determina la imposición legal de las costas causadas a la parte recurrente, si bien, la Sala, haciendo uso de la facultad que otorga el art. 139.3 de la LRJCA y teniendo en cuenta la entidad del recurso y la dificultad del mismo, señala en 1.000 euros la cifra máxima por honorarios de Letrado de la parte recurrida.
Que debemos declarar y declaramos la inadmisibilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina nº 18/07, interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Manuel Vázquez Almagro en nombre y representación de Dña. Alicia, contra la sentencia de 9 de febrero de 2006, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso contencioso administrativo 691/01, sentencia que queda firme; con imposición a la parte recurrente de las costas causadas, si bien, la Sala, haciendo uso de la facultad que otorga el art. 139.3 de la LRJCA, señala en
1.000 euros la cifra máxima por honorarios de Letrado de la parte recurrida.

References: resolución 
 resolución 
e contrario
 resolución 
 artículo 8
 artículo 8
 resolución 
 artículo 86
 resolución 
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 95
 resolución