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RETROCESOS EN MATERIA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN ESPAÑA - PDF
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Emilia García Sáez
1 RETROCESOS EN MATERIA DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN ESPAÑA El presente Informe documenta obstáculos en el ejercicio de las libertades informativas y la labor de los periodistas en España. El informe ha sido elaborado por: La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) es una organización sin fines de lucro, que integra a sindicatos independientes de profesionales de la información cuyo ámbito territorial de actuación son sus respectivas comunidades autónomas. También puede representar directamente a esos mismos profesionales en las comunidades autónomas donde no existan sindicatos adheridos a la FeSP. Más información disponible en La Red de Medios Comunitarios (ReMC) es una organización sin fines de lucro y de ámbito estatal que agrupa a emisoras comunitarias (radio y TV) que son gestionadas por entidades sin ánimo de lucro. Más información disponible en 1. AGRESIONES A PERIODISTAS POR PARTE DE LA POLICÍA Numerosos profesionales de los medios de comunicación, en su mayoría fotoperiodistas, freelances y colaboradores de publicaciones y emisoras comunitarias sin ánimo de lucro, encuentran cada vez más dificultades para desempeñar su trabajo en manifestaciones y concentraciones públicas debido a la actuación de algunos miembros de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y de policías autonómicas. En un comunicado de 26 de mayo de 2013 la Red de Medios Comunitarios (ReMC) junto con la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) alertaban sobre la reiterada detención de periodistas y otros comunicadores, incluso acudiendo a sus domicilios para trasladarlos a la comisaria1. En su Informe de 2013 la Coordinadora de Prevención de la Tortura ha documentado 17 casos de agresiones a periodistas, que van desde incautación de las fotografías hasta detenciones bajo falsas acusaciones2. 1
2 El pasado 1 de abril de 2014 la Representante sobre Libertad de Medios de la OSCE Dunja Mijatović expresaba mediante un comunicado3 su profunda preocupación por los casos de violencia e intimidación por parte de la policía hacia periodistas que cubrían las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid el 29 de marzo De acuerdo con la información proporcionada por algunos medios y asociaciones profesionales, periodistas que se identificaron claramente como tales fueron atacados por agentes de policía. La policía impidió también a periodistas tomar fotografías e informarse. Los nombres de los periodistas afectados son Gabriel Pecot, Mario Munera y Juan Ramón Robles de eldiario.es, William A. Criollo (freelance) y Raul Capín del Diario DID y Mundo Obrero. Mijatović pedía a las autoridades españolas "que protejan adecuadamente y mejoren la seguridad de los periodistas que informan sobre manifestaciones, así como que se investiguen a fondo dichos ataques. 1 Ver 2 Resumen del informe disponible en 3 Comunicado completo disponible en A pesar de los llamamientos de la OSCE se han seguido produciendo agresiones e incluso detenciones de periodistas, como muestran las fotografías que varios fotoperiodistas difunden a través de redes sociales sobre agresiones sufridas en la cobertura de manifestaciones4 o la detención de dos periodistas el pasado 3 de junio mientras cubrían una manifestacion5. Los datos recogidos indican que las agresiones son reiteradas e incluso han ido en aumento. Se producen principalmente en momentos en los que los periodistas registran la actuación de agentes de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y de policías autonómicas, realizando detenciones o cargas contra los manifestantes. Los periodistas más afectados son periodistas "freelance" y fotoperiodistas pertenecientes a medios independientes, que a pesar de identificarse como prensa, llevar visibles sus distintivos y equipos de captación de imagen reciben agresiones o coacciones con el objeto de evitar que registren lo que está sucediendo y no pueda difundirse posteriormente. En las Recomendaciones de Vilna sobre la seguridad de los periodistas6, adoptadas por la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea (OSCE) en junio de 2011, se recuerda a los Estados miembros de la organización que los ataques contra periodistas han de ser tratados como ataques directos a la libertad de expresión, por lo que es imprescindible que se pongan los medios para asegurar que quienes ejercen el periodismo puedan desempeñar su función en condiciones de seguridad. Por su parte el Consejo de Derechos Humanos adopto la Resolución 21/12 sobre Seguridad de los Periodistas7 en la que expresa su preocupación por el hecho de que los atentados contra periodistas queden frecuentemente impunes, y exhorta a los Estados a que garanticen la rendición de cuentas 2
3 llevando a cabo investigaciones imparciales, rápidas y eficaces de tales actos cometidos dentro de su jurisdicción, y a que lleven a sus autores ante la justicia y se cercioren de que las victimas tengan acceso a un resarcimiento apropiado. 4 Barcelona 22/03/ Madrid 29/03/ Disponible en / Resolución 21/21 sobre Seguridad de los periodistas, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 9 de octubre de 2012, A/HRC/RES/21/ INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN AUDIOVISUAL: OBSTÁCULOS A LA CREACIÓN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS En abril de 2010 se aprobó en España la Ley General 7/2010 de Comunicación Audiovisual8. Esta normativa es de aplicación a radios y televisiones comerciales, públicas y comunitarias. Una de las novedades de esta normativa es el reconocimiento de las "emisoras comunitarias", radios y TVs sin fines de lucro promovidas por organizaciones de la sociedad civil. Este reconocimiento era una antigua reivindicación de las organizaciones sociales españolas que reclamaban un régimen legal para estas emisoras. La Ley establece en su Artículo 4 que "Todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual se preste a través de una pluralidad de medios, tanto públicos, comerciales como comunitarios que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad". Y respecto de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios realiza los siguientes mandatos: 1. La Administración General del Estado habilitará el dominio público radioeléctrico necesario para la prestación de estos servicios (artículo 32). 2. Tanto el procedimiento de concesión de la licencia como la concreción del marco de actuación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro se desarrollarán reglamentariamente en un plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de la presente Ley (Disposición transitoria 14). Tras la entrada en vigor de la nueva ley y atendiendo a estos mandatos legales la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones (Gobierno de España) procedió a elaborar los necesarios reglamentos para la prestación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro. Sin embargo hasta el momento el Gobierno no ha aprobado dichos reglamentos a pesar del mandato legal contenido en la Ley 7/2010 que establecía un año de plazo. En 2011 numerosas organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la autoridad audiovisual competente de su territorio acceso a licencias de radio y televisión. Las distintas autoridades audiovisuales solicitaron al Gobierno la asignación de 3
4 frecuencias pero no obtuvieron respuesta del Gobierno y las solicitudes de licencias no fueron atendidas. Ante esta situación las organizaciones solicitantes se dirigieron al Defensor del Pueblo al que presentaron varias quejas (No expediente , , , , , , ). El Defensor del Pueblo, tras analizar la situación, procedió a realizar un Recordatorio de deberes legales (16 de noviembre y 14 de diciembre de 2012) a la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacion (Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Gobierno de España), sobre la obligación de llevar a cabo el correspondiente desarrollo reglamentario de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de Comunicación Audiovisual, tanto del procedimiento de concesión de la licencia como de la concreción del marco de actuación de los servicios de comunicación audiovisual sin ánimo de lucro (Expedientes y )9. Pese a los recordatorios de deberes legales realizados por el Defensor del Pueblo el Gobierno siguen incumpliendo el mandato de la Ley 7/2010 y se limita a informar que los reglamentos se encuentran aun en tramitación (desde 2010). Tras más de cuatro años de la aprobación de la Ley General 7/2010 de Comunicación Audiovisual el Gobierno continúa sin aprobar los reglamentos que exige la citada norma. Esta situación impide que organizaciones de la sociedad civil puedan acceder a licencias para operar emisoras de radio y televisión comunitarias. Por otra parte, numerosas emisoras comunitarias han sufrido presiones por parte de distintas administraciones (estatal, autonómica y local) para que cesen sus emisiones por carecer de licencia, licencia que como hemos visto no pueden obtener por el incumplimiento de la ley por parte del Gobierno. Nuestras organizaciones han documentado varios casos: 9 Pag.292 Informe En 2011 cinco emisoras comunitarias recibieron una carta de la Dirección Provincial de Telecomunicaciones en Asturias del Ministerio de Industria en la que se les exigía el cese de emisiones bajo la amenaza de multas. En 2012 una emisora comunitaria de Barcelona fue expedientada y multada por el Ministerio de Industria10. En enero de 2014 el Gobierno de Canarias inicia expediente contra la emisora del Centro dela Cultura Canaria "Radio San Borondón" a la que amenaza con multas de entre y y precinto de equipos si no cesa su actividad11. En 2014 el Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España ha iniciado un expediente sancionador a una emisora de radio local de 4
5 una asociación sin animo de lucro, a la que amenaza con sanciones que suman En mayo de 2014 la Generalitat de Cataluña ha notificado a la Televisión de la Assemblea per a la Comunicació Social (ACS) la propuesta de resolución de un expediente sancionador con una multa de y el precinto de equipos
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