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Timestamp: 2020-01-27 02:05:49+00:00

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seguros | Seguros de Comunidades de Propietarios
¿CÓMO DEBEN AFRONTAR LA GOTA FRÍA LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS?
Va a ser difícil poder olvidar la peor gota fría registrada en nuestro país en más de un siglo, que ha azotado con especial violencia a diversas localidades de la Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha, y se ha saldado con siete personas fallecidas, múltiples peticiones de ayuntamientos y comunidades autónomas de declaración de zona catastrófica y unos daños económicos que el Consorcio estima en 80 millones de euros.
Conocida técnicamente como DANA (depresión aislada en niveles altos), este fenómeno meteorológico que ataca plenamente a la vertiente mediterránea de la península Ibérica se caracteriza por ser común cada principio de otoño y crear unas condiciones climáticas adversas (lluvias fuertes con vientos y tormentas a las que llamamos coloquialmente gota fría) que provocan numerosos daños. Estos efectos son más intensos conforme mayor sea la diferencia de temperaturas que haya entre la masa fría de aire que se queda aislada y la temperatura del aire que proviene del mar, si ésta es templada se evaporará rápidamente y se condensará al llegar a la masa de aire frío, generando nubes de gran tamaño y precipitaciones descomunales. Tales cantidades de agua en tan poco tiempo provocan que las alcantarillas y la red de distribución de las ciudades afectadas alcancen su límite y se colapsen, originando así las temidas inundaciones.
El cambio climático que estamos viviendo favorece el aumento de las temperaturas de las aguas marinas, especialmente del Mediterráneo que ha registrado valores de 4 grados por encima de lo normal según fuentes de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), y parecer evidenciar que episodios de la gota fría como los acontecidos este año van a ser más comunes de lo que nos gustaría prever. ¿Deberemos acostumbrarnos año tras año a ciudades y pueblos inundados, miles de evacuados o rescatados, cortes en los servicios y daños en infraestructuras? ¿Cómo deben actuar las Comunidades de Propietarios de los edificios residenciales o urbanizaciones ante este riesgo?
Con el objetivo tratar de minimizar las consecuencias de la gota fría, las Comunidades de Propietarios deben analizar previamente las disposiciones que se deben tomar para proteger al edificio y optar por la alternativa que más se adecue al tipo de construcción, su situación, características y rentabilidad. Para ello, en primer lugar se deben identificar las acciones que se deben llevar a cabo para reducir los daños en la edificación, en equipamientos y servicios y en personas y bienes. A continuación se deben adoptar medidas de aislamiento que reduzcan la vulnerabilidad del edificio, entre las cuales conviene contemplar las siguientes:
Sellado de las paredes exteriores mediante recubrimientos impermeables.
Solado a prueba de humedad o impermeable.
Elevación de los umbrales de puertas y ventanas.
Revisión de la cimentación, su impermeabilización y sistema de drenaje
Impermeabilización de la planta baja o sótano en forma de “caja hermética”.
Revisión de desagües y tuberías.
Revisión de las fosas sépticas y pozos negros.
Utilización de materiales resistentes.
La mayoría de estas soluciones requerirán de un proyecto y unas obras de acondicionamiento que es posible que afecten a la estructura, los servicios, los accesos de entrada, etcétera, por lo que será necesario que la comunidad cuente con un seguro todo riesgo rehabilitación que preste cobertura frente a la amplia variedad de riesgos que pueden afectar a la ejecución de una obra.
Pero sin duda la medida estrella para que un edificio cuente con la protección necesaria ante los efectos de la gota fría, y la menos costosa, es que la Comunidad de Propietarios tenga contratado un seguro multirriesgo para comunidades que cubra los daños ocasionados por agua y fenómenos climatológicos y garantice a los propietarios la tranquilidad y confianza que tanto necesitan, que sepa gestionar ante el Consorcio de Compensación de Seguros y aporte la documentación precisa, sin costes añadidos, ya que cuenta con la posibilidad de ejercer la acción de Reclamación de los daños y la Protección Jurídica. Para ello, es de vital importancia conocer y asesorarse con los servicios de una Correduría de Seguros de confianza, profesional, independiente y conocedora de las diferentes coberturas y garantías que ofrecen las aseguradoras a través de sus pólizas, las cuales evolucionan con las nuevas situaciones y riesgos a las que debe enfrentarse toda Comunidad de Propietarios.
Fuentes: elpais.com, aemet.es y elaboración propia.
Publicado por José Silva Correduría de Seguros S.L. en 7 octubre, 2019 en correduría de seguros, espacios comunes, garajes comunitarios, josé silva, protección jurídica, reformas, rehabilitación, reparaciones, seguro de edificios, seguro multirriesgo, Seguros CCPP, seguros de comunidades de propietarios, siniestros por lluvia
Etiquetas: aislamiento, calentamiento, comunidades de propietarios, consorcio de compensación, gota fría. dana, inundaciones, lluvia, obras, prevención, proyecto, riesgo, seguros, tormenta
CAMPAMENTOS DE VERANO EN LAS COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
En el mes de junio del año pasado, asistimos a un hecho luctuoso, el fallecimiento de un niño por ahogamiento, durante el desarrollo de un campamento, en las instalaciones comunitarias de la finca. Al frente de la organización se encontraba un grupo de jóvenes residentes que con buena intención y las ganas de obtener unos ingresos para el verano, promocionaron sus servicios entre los vecinos. Todo simple, sin analizar los posibles riesgos y el consentimiento tácito de la junta de gobierno. Tuvimos conocimiento del hecho a través del Administrador de Fincas y después de contrastar la cobertura del seguro multirriesgo, pusimos en conocimiento de la aseguradora el escrito de reclamación que los padres hicieron llegar al presidente. Inicialmente la compañía de seguros rehusó la responsabilidad por considerarlo un hecho ajeno al tomador del seguro. Después de varias reuniones del director técnico de la correduría con la responsable de prestaciones del asegurador, se alcanzó un acuerdo de indemnización 6 meses después del suceso. Afortunadamente la póliza estaba muy bien planteada desde sus inicios, la mediación experta se hizo notar y ahora la compañía de seguros probablemente ejercerá la acción de repetición a los responsables directos. Nuestro cliente quedó muy satisfecho del servicio profesional recibido.
Hace no demasiados años, organizar las largas vacaciones escolares de los más pequeños era una tarea que los progenitores solían solucionar enviándolos a pasar unos días en el pueblo con los abuelos o los tíos, pasando una quincena en la playa o la montaña en familia y, si era posible, un periodo de campamento. Los tiempos han cambiado, y en la actualidad la oferta de actividades para el verano de los niños es abrumadora, campamentos y colonias urbanas de fútbol, tenis, golf, natación, de circo y artes plásticas, de idiomas, de aventura, de cine o de cocina.
Si bien es cierto que la mayoría de actividades que se desarrollan en los campamentos tienen el objetivo de mejorar el sentido del grupo, ayudar a establecer y fortalecer nuevas relaciones con otros niños, también se realizan numerosas actividades educativas que complementan a las realizadas en la escuela, aunque con carácter más lúdico y de diversión, que potencian sus valores intelectuales, ecológicos y solidarios. Además, las excursiones, los juegos de orientación, los talleres, el montaje y desmontaje de tiendas de campaña, la organización de la mochila, y otras tareas distintas de las que hacen durante el resto del año.
Aparte de los campamentos tradicionales y los especializados en diversas temáticas, en los últimos años han repuntado los campamentos residenciales. Durante los periodos no lectivos o vacacionales muchas Comunidades de Propietarios se han animado a poner en marcha en sus instalaciones y espacios comunes programas de campamentos y escuelas urbanas, que incluyen la realización de actividades pedagógicas, lúdicas y deportivas que fomenten el compañerismo, la creatividad, la espontaneidad y el desarrollo de facultades intelectuales y físicas en un espacio de aprendizaje continuo. Este nuevo tipo de campamentos urbanos ofrecen múltiples beneficios, ya que aportan mucha comodidad y seguridad a madres y padres que también tienen derecho a disfrutar del verano, se aprovecha el entorno cotidiano del niño, donde se siente seguro para realizar actividades lúdicas, deportivas y recreativas, y ayuda a la cohesión entre los vecinos de la comunidad.
Sin embargo, toda Comunidad de Propietarios que tenga planeado llevar a cabo este tipo de actividades en sus instalaciones debe tener en cuenta que ha de cumplir una serie de pasos y medidas previas imprescindibles:
La instalación de un campamento de verano en los jardines de la finca supone la utilización de un elemento común para un fin privativo, por lo cual será necesario el acuerdo unánime de los propietarios. En dicho acuerdo, deberá quedar reflejado la forma de contribuir a los gastos derivados por aquellos propietarios que hagan uso del campamento, la responsabilidad en caso de accidente eludiendo a aquellos propietarios que no hicieran uso del mismo así como incluir un importe determinado para los gastos que se deriven.
La Comunidad de Propietarios deberá exigir a la empresa contratada para la realización del campamento toda la documentación relativa a la seguridad social, además de comprobar que disponga de un seguro de accidentes, un seguro de responsabilidad civil y un seguro médico.
Es indispensable que la Comunidad de Propietarios posea un seguro multirriesgo o un seguro de responsabilidad civil, ya que en caso de accidente, si el servicio es contratado directamente por la comunidad la responsabilidad recaerá sobre la misma, mientras que si es contratado por determinados propietarios, estos serán los directamente responsables, por lo que deberán contratar para ello un seguro de responsabilidad civil.
Como se deduce del caso narrado, toda Comunidad de Propietarios deberá ponerse en contacto previamente con una correduría de seguros de confianza donde le asesorarán y resolverán todas sus dudas. La Correduría de Seguros José Silva es la respuesta idónea para estos casos, ya que además de ser especialista en Comunidades de Propietarios, posee en su gran catálogo de seguros una póliza específica para estos casos: la póliza de campamentos de Berkley. Se trata de un programa combinado de seguros que protege tanto los organizadores del campamento como a los participantes ante los riesgos más habituales en este tipo de actividades. Si deseas más información o tienes alguna duda sobre esto u otro seguro, no dudes en ponerte en contacto a través de su página web o llamándonos por teléfono 915353009.
Publicado por José Silva Correduría de Seguros S.L. en 7 abril, 2019 en correduría de seguros, espacios comunes, josé silva, piscina, protección jurídica, responsabilidad civil, seguro multirriesgo, Seguros CCPP, seguros de comunidades de propietarios
Etiquetas: campamentos, menores, responsabilidad, seguros, vacaciones, verano
PRÁCTICAS INCORRECTAS DEL MERCADO ASEGURADOR
Los datos estadísticos del Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (D.G.S.) analizados en nuestro blog aportan datos sobre el comportamiento del sector, también se destacan algunas prácticas del mercado que el supervisor considera no apropiadas, algunas de ellas las comentamos a continuación.
ASUNTO PRIMERO: El reclamante denunciaba la falta de emisión por parte de la aseguradora de la oferta motivada.
INFORME FINAL: El Servicio de Reclamaciones consideró incumplido el artículo 7.2 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.
El reclamante exponía que había sufrido lesiones como ocupante de un automóvil al sufrir un accidente de circulación. Había procedido a reclamar a la entidad aseguradora del responsable, en calidad de tercero perjudicado, la oferta motivada. El reclamante consideraba que la entidad no había presentado oferta ni respuesta motivada en el plazo legalmente establecido. Por su parte, la entidad manifestaba que el reclamante había sido indemnizado, correspondiéndose el pago con la oferta motivada realizada conforme al artículo 7.2 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.
El Servicio de Reclamaciones concluyó que la entidad había remitido al perjudicado una oferta motivada al objeto de proceder al cumplimiento de lo establecido en el artículo 7 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre. Sin embargo, de la documentación aportada al expediente se deducía que la presentación de esa oferta motivada realizada por la entidad, se había remitido tras un plazo superior al de tres meses establecido en el artículo 7.2 de la normativa precitada. En este sentido, la entidad, a partir de la fecha de presentación de la reclamación del perjudicado, y en el plazo de 3 meses desde la misma, debió, si consideraba que no era suficiente la información recibida, dar una respuesta motivada conforme al artículo 7.4 del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor. Todo ello sin perjuicio de que la entidad en la presentación de la oferta motivada no había incluido los documentos o informes a que está obligada por la citada normativa.
CONCLUSIÓN: Si las aseguradoras, en el plazo de 3 meses que establece el artículo 7.2 de la norma precitada, no disponen de información suficiente, deben proceder a remitir, al menos, una respuesta motivada al perjudicado indicando de manera motivada tal extremo.
ASUNTO SEGUNDO: La entidad no consideraba que los perjuicios causados a su asegurado por un tercero debían incluirse en la valoración de los daños y perjuicios totales causados al mismo.
INFORME FINAL: El Servicio de Reclamaciones consideró que los daños estéticos debían formar parte de la valoración del siniestro a los efectos del cálculo del límite de la garantía de defensa jurídica. El reclamante había comunicado a su entidad aseguradora un siniestro derivado de la realización de determinadas obras por parte de su vecino que le habían ocasionado daños, por lo que solicitaba que la entidad aseguradora reclamase a dicho vecino los daños y perjuicios producidos. El importe de los daños peritados ascendían a de 278,91 €, más 120 € correspondientes a los perjuicios causados en concepto de reparación de la unidad estética de la estancia afectada de su vivienda.
La entidad aseguradora alegaba que tras diversas gestiones extrajudiciales, había estudiado la vía de la reclamación judicial. No obstante, el importe de los daños tasados por su perito eran inferiores a 300 euros que es la cantidad mínima garantizada para emprender una acción judicial en la medida en que la valoración de los daños directos ascendían únicamente a 278,91 €, por ser los 120 € restantes daños estéticos que no consideraba objeto de cobertura en la póliza.
El Servicio de Reclamaciones concluyó que en los supuestos de culpa extracontractual debe darse cumplimiento al principio del resarcimiento integral de los daños, conforme al artículo 1.902 del Código Civil, debido a que el perjudicado en ningún caso puede quedar en peor situación que la que tenía en el momento anterior al siniestro. Por ello, no podía deducirse del importe de los daños peritados el importe de los perjuicios derivados del siniestro. En el caso examinado, el informe pericial determinaba daños y perjuicios por importe de 278,91 € y 120 € respectivamente, lo que haría un total de la reclamación de 398,91 €, lo que superaría el importe de 300 € previsto en la póliza. Por ello la entidad debía proceder a cubrir la defensa jurídica solicitada por el asegurado.
CONCLUSIÓN: En los supuestos de culpa extracontractual, debe darse cumplimiento al principio del resarcimiento integral de los daños, conforme al artículo 1.902 del Código Civil.
ASUNTO TERCERO: La entidad consideraba que el supuesto de hecho objeto de controversia estaba subsumido en las exclusiones de la póliza y, por tanto, fuera de cobertura.
INFORME FINAL: Este Servicio apreció un incumplimiento del artículo 18 de la Ley de Contrato de Seguro
El reclamante exponía en su escrito inicial de reclamación que tenía contratada una póliza de seguro de responsabilidad civil para su negocio de lavandería y que había declarado un siniestro a la entidad aseguradora por la reclamación de una clienta motivada por daños producidos a un edredón durante el ejercicio de su actividad. La aseguradora había rehusado el siniestro.
La aseguradora reclamada argumentaba que los daños se habían ocasionado como consecuencia de un error de tratamiento del edredón cuando se encontraba en depósito del asegurado. Alegaba que, de acuerdo con el artículo 3.1.a) y b) de las condiciones generales de la póliza, no se cubrían las responsabilidades profesionales derivadas de omisiones o errores técnicos con ocasión de los trabajos ni los daños sufridos en los bienes propiedad de terceros que por cualquier motivo se hallasen en poder del asegurado o de las personas de quienes éste sea responsable.
En relación con la primera exclusión, este Servicio concluyó que la entidad debía acreditar que efectivamente se había producido una omisión o un error técnico a efectos de entender subsumido el supuesto de hecho en la precitada exclusión. Por lo tanto, en la medida en que no se probó tal circunstancia, no podía aplicarse la exclusión.
En lo que se refiere a la segunda exclusión, este Servicio concluyó que el ejercicio de este tipo de actividad (lavandería) exige necesariamente el depósito y manipulación por parte del asegurado o sus dependientes de las prendas de los clientes. En la póliza objeto de la reclamación, el acaecimiento de un siniestro en los términos discutidos, si bien sería objeto de cobertura por la responsabilidad civil de explotación, estaría asimismo delimitada por una exclusión que, en definitiva, implicaría que siniestros como el producido nunca estarían cubiertos. De esta manera, en el informe del Servicio de Reclamaciones se concluye que, si bien, mediante las exclusiones puede delimitarse el riesgo cubierto, lo que no puede ocurrir en la práctica, es que se elimine totalmente su cobertura. Por lo tanto, este Servicio apreció un incumplimiento del artículo 18 de la Ley de Contrato de Seguro y por tanto la entidad debía cubrir el siniestro.
CONCLUSIÓN: Si bien mediante las exclusiones recogidas en las condiciones generales de una póliza, puede delimitarse el riesgo cubierto, lo que no puede ocurrir en la práctica, es que se elimine totalmente su cobertura.
ASUNTO CUARTO: Imposición de condiciones al tomador de una póliza vinculada a un préstamo, para el ejercicio del derecho de oposición a la prórroga del mismo.
INFORME FINAL: El Servicio de Reclamaciones consideró que la aseguradora no podía imponer como condición para la cancelación de un seguro para un nuevo periodo, la acreditación del consentimiento del beneficiario del mismo (en este caso la entidad financiera prestamista). El reclamante había intentado, sin éxito por la negativa de la aseguradora, ejercer su derecho a la oposición a la póliza de vida vinculada a un préstamo.
La entidad alegaba que para proceder a la anulación del contrato era preciso que el asegurado aportase la documentación que le habían solicitado en varias ocasiones que consistía en la conformidad de la entidad bancaria concedente del préstamo, al existir una cesión de derechos a favor de la misma en el contrato. En el contrato aportado al expediente se incluía como primer beneficiario designado en caso de fallecimiento a la entidad bancaria.
El artículo 87 de la Ley de Contrato de Seguro establece que “el tomador de seguro puede revocar la designación de beneficiario en cualquier momento, mientras que no haya renunciado expresamente y por escrito a tal facultad (…)”. La misma ley establece una serie de facultades que corresponden al tomador (en este caso el reclamante) y entre ellas se encuentra el ejercicio del derecho de oposición a la prórroga de un contrato.
El criterio del Servicio de Reclamaciones fue considerar que no podía imponerse al reclamante la obligación de acreditar el consentimiento de la entidad bancaria concedente del préstamo, que simplemente figuraba como beneficiaria del seguro, como condición para poder ejercer su derecho a no renovar su póliza.
CONCLUSIÓN: El hecho de que un contrato de seguro esté vinculado a un préstamo no puede causar una merma en los derechos contenidos en la Ley de Contrato de Seguro para tomadores y asegurados.
El colofón a éste resumen de resoluciones es que algunas aseguradoras no aplican correctamente las cláusulas de sus propias pólizas, que para el tomador son contratos de adhesión con difícil interpretación. Utilizar los servicios profesionales de una Correduría de Seguros, que no representan un coste para el consumidor, es una garantía extra a la que renuncia quien busca la inmediatez de internet o basa su decisión exclusivamente en el low cost.
Fuente: D.G.S. y elaboración propia
Publicado por José Silva Correduría de Seguros S.L. en 4 enero, 2017 en correduría de seguros
Etiquetas: reclamaciones, seguros

References: artículo 7
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 7
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 artículo 7
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 artículo 1
 artículo 1
 artículo 18
 artículo 3
 artículo 18
 artículo 87