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Habeas corpus. Improcedencia. | Estudio Longhi & Cia.
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septiembre 8, 2010 abogadolonghi	Deja un comentario Go to comments
//la ciudad de Buenos Aires, a los 18 días del mes de julio del año dos mil ocho, se reúne la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por el doctor Gustavo M. Hornos como Presidente, y los doctores Augusto M. Diez Ojeda y Mariano González Palazzo como Vocales, asistidos por el Secretario de Cámara Matías Sebastián Kallis, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 10/15 vta. de la presente causa Nro. 6363 del Registro de esta Sala, caratulada: “SANDOVAL LENCINA, Sebastián Ricardo s/recurso de casación”; de la que RESULTA:-Leer fallo completo-
I. Que la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, provincia de Buenos Aires, en la causa Nro. 3537 de su Registro, resolvió -el 27 de diciembre de 2005- confirmar la decisión del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Federal Nro.1 de La Plata, provincia de Buenos Aires, que desestimó la solicitud de hábeas corpus presentada por Sebastián Ricardo Sandoval por no encuadrar en lo previsto en el art. 3, inc. 2, de la Ley 23.098, sin costas (cfr. fs. 27/28 y 52/53 vta. del ppal).
II. Que contra dicha resolución, interpuso recurso de casación a fs. 10/15 vta. la señora Defensora Pública Oficial, doctora María Inés Spinetta, el que fue concedido a fs. 41/44. Posteriormente, esta Sala resolvió declarar mal concedido el recurso de casación (fs. 50/50 vta.), decisión contra la cual el señor Defensor Público Oficial de la instancia, doctor Guillermo Lozano, interpuso recurso extraordinario (fs. 56/67), recurso declarado inadmisible por esta Sala IV (fs. 70/71). Consecuen-temente, el imputado interpuso in pauperis forma recurso de hecho por denegatoria de extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fs. 94), fundado oportunamente por el señor Defensor ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor Eduardo Dromi (fs. 114/122). Finalmente, el Máximo Tribunal resolvió hacer lugar a la Queja interpuesta, revocando la decisión de esta Sala que declararó mal concedido el recurso de casación (fs. 130/130 vta).
III. Que la recurrente encauzó la impugnación en el art. 457 del C.P.P.N.
Adujo que oportunamente Sandoval denunció que se encontraba detenido y sometido a proceso con el dictado de prisión preventiva desde el 24 de agosto de 2002 acusado de privación ilegal de la libertad seguida de muerte, proceso que se ha extendido más de lo estipulado por la normativa procesal vigente y lo previsto en la Constitución Nacional , Provincial y Pactos internacionales con respecto a su detención (fs. 2/5).
Del mismo modo, entendió la recurrente que el decisorio cuestionado no ha atendido a ninguno de los planteos efectuados por Sandoval, los cuales entiende constituyen un agravamiento ilegítimo de la forma y condiciones en que se cumple la privación de su libertad (art. 3 inc. 2 de la Ley 23.098).
En esta inteligencia, arguyó la quejosa que su representado, al momento de formular la presente denuncia y en cada una de sus ulteriores presentaciones, ha puesto de manifiesto que debe declararse la nulidad de la declaración indagatoria prestada ante el Agente Fiscal en virtud de la inconstitucionalidad del art. 308 del C.P.P y solicitó su libertad ante el exceso del plazo razonable de la prisión preventiva que viene sufriendo desde el 24 de agosto de 2002 en el marco de la causa Nro. 9267 que se le sigue por el delito de privación ilegítima de la libertad y homicidio.
Señaló asimismo la recurrente que al interponerse el presente recurso debidamente fundado, se cuestiona el análisis y los fundamentos efectuados por el Tribunal inferior y por la Excma. Cámara, por lo tanto, el Tribunal de Casación deberá considerar los valores en juego – coerción de la libertad personal del procesado-, haciendo abstracción del nombre jurídico dado para promover su intervención y, en consecuencia, atender a la sustancia real del planteo, a su trascendencia y procedibilidad, con el fin de llegar a la verdad jurídica objetiva.
Citó la defensa en su exposición recursiva los fundamentos
esgrimidos por el Alto Tribunal in re “Verbitsky, Horacio s/habeas corpus colectivo – Recurso de Hecho”, del 3/5/05 (Publicado en DJ el 18/5/2005, 174 – Sup. Penal 2005), en cuanto a la imposibilidad de permanecer indiferente ante situaciones incompatibles con la Constitución Nacional y los tratados internacionales a la luz de la exigencia de una tutela judicial efectiva e inmediata sin desmedro de reconocer la amplia autonomía legislativa en la materia procesal de cada provincia.
Del mismo modo, fundó su argumentación la defensa en los votos de los Sres. Ministros Fayt, Petracchi y Bossert en el precedente de Fallos 320:2105, CSJN “Recurso de hecho deducido por José Luis Estévez en causa N33.769 caratulada “Estévez, José Luis s/solicitud de excarcelación”, al señalar que: “ … la Ley 24.390 -en las condiciones previstas por la misma norma- es imperativa para el magistrado después de transcurrido aquel lapso, de manera que sólo puede rehusar la soltura del imputado cuando entendiera que existieron de parte de la defensa articulaciones manifiestamente dilatorias, o si se hubiesen configurado los supuestos de prórrogas previstas en los arts. 1 y 2, lo que no ha ocurrido en autos…” (Cons. 11).
Finalmente, entendió la recurrente que la petición de su pupilo encuentra asidero normativo en lo prescripto por el art. 7, inc. 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dispone que “… toda persona detenida … tendrá derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso…”.
IV. Que no habiendo comparecido las partes a la audiencia prevista por el art. 468 del C.P.P.N., de lo que se dejó constancia a fs. 140, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Gustavo M. Hornos, Mariano González Palazzo y Augusto M. Diez Ojeda.
I. En cuanto al fondo del asunto, adelanto el planteo de la recurrente no habrá de tener acogida favorable por considerar que la situación traída a estudio no encuadra en las prescripciones del art. 3  de la Ley 23.098.
En este sentido, la doctrina señala que “… el art. 3 inc. 2 de la Ley 23.098 puede provocar conflictos de competencia nada recomendables, ya que habilita el habeas corpus de que tratamos “sin perjuicio de las facultades propias del juez del proceso”, si lo hubiere… lo normal en tales casos, por cierto, es que si el detenido está a disposición de juez competente (penal, casi siempre), sea éste a quien le toque regular la situación de detención del preso, corregir los vejámenes que sufra, o limitar las pretensiones improcedentes del arrestado…” (Sagues, N, Habeas Corpus, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1988, pág. 214).
En idéntico sentido, se ha pronunciado la jurisprudencia del Máximo Tribunal de la Nación, al expresar que “…en principio el hábeas corpus y las demandas de amparo no autorizan a sustituir a los jueces propios de la causa en las decisiones que les incumben (Fallos: 299:195; 303:1354 y sentencia del 23 de febrero del corriente in re “Nuñez, Felipe s/habeas corpus”, Comp.8.XXX.) …. en los precedentes mencionados sostuvo que compete al juez de la respectiva causa, a tenor del artículo 18 de la Constitución Nacional, el control directo de los requisitos que la propia norma establece para el régimen carcelario, y ante él debe ser planteada, con arreglo a las formas legales, la cuestión atinente a la vulneración de las garantías que protegen a quienes se hallan procesados o condenados por la comisión de delitos…” (CSJN, Comp.548.XXXI, “Incidente de cuestión de competencia en autos Reinaldo Pedro s/hábeas corpus”).
II. En esta inteligencia argumental, y a la luz de un análisis pormenorizado del plexo probatorio, deviene evidente que la finalidad perseguida por el incuso es obtener su excarcelación, o en su defecto el cese de la prisión preventiva, institutos éstos que deben ser canalizados por las vías procesales pertinentes (arts. 147 y/o 169 y siguientes del ordenamiento procesal provincial).
Por ello, entiendo que no es ésta la vía procesal idónea para solicitar la libertad ambulatoria, debiendo ésta ser peticionada ante el órgano jurisdiccional que ha ordenado previamente la detención del encartado, es decir, por ante el Tribunal Oral N4 del Departamento Judicial de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, resultando dichos magistrados los encargados del control directo de las condiciones de detención del incuso, tal y como establecido por el art. 18 de la Constitución Nacional.
Aunado a ello, y en virtud de la certificación realizada por la Secretaría de esta Sala, surge palmariamente que SANDOVAL se encuentra actualmente procesado por el delito de privación ilegal de la libertad coactiva, calificada por el resultado muerte, en concurso ideal con homicidio en ocasión de robo (arts. 45, 54, 142 bis, penúltimo párrafo, y 165 del C.P).
Del mismo modo, conforme surge del informe certificante, los autos principales se encuentran actualmente en la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial Quilmes, Provincia de Buenos Aires, con el fin de resolver el recurso de apelación impetrado por la defensa de SANDOVAL contra la resolución del 12 de noviembre de 2007 por el cual se le denegara el beneficio excarcelatorio, de lo que se desprende que el imputado ha activado efectivamente el resorte jurisdiccional adecuado previsto por el ordenamiento procesal para la consecución de su libertad ambulatoria.
III. En virtud de todo lo expuesto, y considerando que el remedio propugnado para resolver el reclamo del amparista no es el adecuado, siendo resorte exclusivo del juez a cuya disposición se encuentra expedirse sobre tal petición, propongo que se rechace el recurso de casación interpuesto por la defensa de Sebastián Ricardo SANDOVAL con costas (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).
I. Liminarmente, corresponde señalar que, según se desprende de las constancias legajales, las presentes actuaciones se iniciaron con motivo de la acción de hábeas corpus presentada por Sebastián Ricardo SANDOVAL LENCINA, detenido en la Unidad N 31 de Florencio Varela del Servicio Penitenciario Bonaerense a disposición del Juzgado de Garantías N 2 de Quilmes, ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal. Con invocación del precedente “VERBITSKY, Horacio s/hábeas corpus colectivo” (Recurso de hecho, V.856 XXXVIII), sostuvo haberse visto obligado a ocurrir al Fuero Federal a los efectos de procurar su libertad ambulatoria, en virtud de que el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires se encuentra colapsado, lo que sumado a las medidas de fuerza realizadas por los empleados de dicho fuero, por reclamos salariales, dejó a las personas privadas de su libertad en total y absoluto estado de indefinición y desamparo (fs. 2/5 del Expte. Nro. 14.891, que corre por cuerda).
Remitida la causa al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N 8, su titular se declaró incompetente y resolvió remitir la causa al Juzgado Federal de Florencio Varela (Pcia. de Bs. As.), previa elevación en consulta a su alzada. La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal de la Capital Federal convalidó el temperamento adoptado por el inferior (fs. 6/8 y 11, ibídem).
Recibida, oportunamente, por el Juzgado Federal N 1 de La Plata (Pcia. de Bs. As.), su titular resolvió desestimar la solicitud de hábeas corpus, por considerar, en lo sustancial, que la competencia federal , por razón de la materia es improrrogable, que no puede ser alterada por la voluntad de los litigantes o por la del órgano jurisdiccional. Y que, a su vez, la intervención de tal fuero en las provincias es de excepción, encontrándose circunscripta a las causas que expresamente le atribuyen las leyes que delimitan su competencia, las cuales son de interpretación restrictiva y que, en el caso en cuestión, no existe actuación de autoridad nacional cuestionada, siendo éste el presupuesto que exige el art. 8 de la ley 23.098 para la intervención de la jurisdicción federal (fs. 17/18, ibídem).
Al evacuar la consulta, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, por mayoría, resolvió declarar la competencia federal del inferior para entender en el presente hábeas corpus. En el voto que sentó la posición que dominó el acuerdo, el doctor SCHIFFRIN se remitió a sus pronunciamientos emitidos en las causas ARTIGUÉ, Sergio Pablo s/hábeas corpus” y “MIRANDA FLOCCO, Marcelo s/hábeas corpus” (rtas. el 30/07/93 y el 20/12/03), a la vez que hizo alusión al precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “VERBITSKY, Horacio s/ corpus colectivo” (fs. 20/21 vta., ibídem).
En tales circunstancias, el Juez Federal de primera instancia, antes aludido, resolvió desestimar la solicitud de hábeas corpus, con fundamento en que el remedio pretendido para resolver los reclamos del amparista no es el adecuado, siendo resorte exclusivo del juez, a cuya disposición se encuentra, expedirse sobre tal petición, dentro del marco de la causa y de conformidad con los remedios procesales que la ley vigente prevé, destacando, además, que las causales invocadas no se hallan incluidas en el art. 3, inc. 2, de la ley 23.098. Decisión que fue confirmada por la Sala II de la Alzada (fs. 27/28 y 52/53 vta., ibídem).
Contra esta última resolución la Defensa de SANDOVAL LENCINA dedujo recurso de casación, de cuyo trámite da cuenta el punto II de los resultandos de la presente.
En cuanto a lo resuelto por la Corte a fs. 130/130 vta., haciendo lugar a la queja interpuesta contra la decisión de esta Sala que, con diferente integración, declarara mal concedido el recurso de casación, corresponde destacar que, para así decidir, tuvo en cuenta que:
“1) Que contra el pronunciamiento de la Sala IV de la Cámara Nacional de Casación Penal que había declarado mal concedido el recurso de casación interpuesto por la defensa de Sebastián Ricardo Sandoval a raíz de la decisión adoptada por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata mediante la cual confirmó la de la instancia anterior que no había hecho lugar a la acción de hábeas corpus intentada en su favor, se interpuso recurso extraordinario cuyo rechazo originó esta queja.
2) Que para rechazar el remedio articulado, el tribunal entendió que ‘… la vía recursiva propiciada por ante esta sede no puede ser habilitada, puesto que los recursos de casación e inconstitucionalidad no se encuentran previstos como medios de impugnación de lo resuelto en virtud del procedimiento de consulta regulado en el art. 10 de la ley 23.098, que rige el caso …’ (ver. fs. 50/50 vta. de la causa N 6363).
3) Que en el escrito de interposición del remedio federal, la defensa tachó de arbitrario lo resuelto ya que bajo el amparo de la falta de previsión del legislador, la negativa de la cámara de casación a considerar las cuestiones constitucionales involucradas en el caso resultó injustificada e importó un apartamiento de la jurisprudencia de esta Corte Suprema en relación a la amplitud de la competencia que le fue asignada. Esta circunstancia importó en una clara afectación de las garantías del debido proceso y de defensa en juicio en tanto el exceso de rigor formal significó la falta de examen del fundamento del recurso de hábeas corpus es decir, la indefinida privación de libertad que padece su asistido.
4) Que esta Corte Suprema tiene dicho que en el ordenamiento procesal actual, la Cámara Nacional de Casación Penal constituye un órgano intermedio ante el cual las partes pueden encontrar reparación de los perjuicios irrogados en instancias anteriores, máxime si los agravios invocados aparecen claramente vinculados con una cuestión federal como es la eventual afectación de garantías constitucionales a partir de la situación procesal del imputado en esta causa (Fallos: 327:423, 1688 y 329:4058).”
II. Formulada la precedente reseña sobre el trámite de la causa y el contenido de las principales resoluciones dictadas, estimo pertinente determinar el alcance del pronunciamiento mediante el cual la Corte dispuso revocar lo resuelto por esta Sala IV -con diferente integración- a fs. 50/50 vta., a los efectos de dilucidar, a partir de ello, el concreto alcance con el que decidió abrir la jurisdicción de esta Cámara .
En tal sentido, comenzaré por puntualizar las circunstancias relevantes del caso, contempladas por el Máximo Tribunal en su decisión.
Primero, consideró que las actuaciones provenían del superior tribunal de la causa, teniendo en cuenta que la queja ante él interpuesta, se encontraba motivada en el rechazo de un recurso extraordinario deducido contra una resolución de esta Cámara Nacional de Casación Penal que declaraba mal concedido un recurso de casación impetrado contra un pronunciamiento de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
Segundo, tuvo en cuenta que el caso comportaba una cuestión federal suficiente, al haber planteado la impugnante la arbitrariedad de la decisión de esta Cámara, en virtud de que la falta de examen del fundamento del recurso de hábeas corpus había obedecido a un exceso de rigor formal y que, por tal razón, su asistido se encontraba sometido a una indefinida privación de libertad.
Tercero, sobre la base de las circunstancias descriptas en los puntos anteriores, sostuvo que la jurisdicción de esta Cámara se encontraba habilitada en su calidad de tribunal intermedio.
En síntesis, la Corte se expidió en el sentido apuntado, en función de que la causa satisfacía los requisitos de admisibilidad de forma y fondo propios del recurso extraordinario. En el caso: planteo de cuestión federal suficiente -arbitrariedad, con afectación de las garantías del debido proceso y defensa en juicio que significó indefinida privación de libertad- y procedencia del superior tribunal del fuero federal en el que había tramitado -C.N.C.P. como tribunal intermedio-.
En tales circunstancias, entiendo que la jurisdicción de esta Cámara sólo resultó abierta por el Máximo Tribunal a los efectos de reconducir el trámite, para que, tome intervención el tribunal dotado de jurisdicción y competencia para expedirse sobre la acción de hábeas corpus intentada por el imputado. Ésta, a mi juicio, debió haber sido resuelta en primera instancia por el juez de garantías del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, que por turno correspondiera, por ser el órgano con jurisdicción y competencia en el caso, de conformidad con la organización federal de gobierno de nuestra república (C.N., art. 1) y lo prescripto, en consecuencia por los arts. 2 y 8-inc. 2, a contrario sensu- de la ley 23.098.
Ello encuentra sustento, además, en la doctrina sostenida por la Corte, en los casos “STRADA” y “DI MASCIO” (Fallos: 308:490, rta. el 04/08/86, y 311:2478, rta. el 01/12/88), en cuanto a que todos los jueces de cualquier jerarquía y fuero pueden y deben interpretar y aplicar la Constitución y las leyes de la Nación en las causas cuyo conocimiento les corresponde.
Al respecto, procede recordar que, en el citado precedente “STRADA”, se sostuvo que:
“9) […] a partir ‘de la sanción de la ley 48 -arts. 14 y 15- la circunstancia de que en una causa radicada ante un tribunal provincial se haya propuesto una cuestión federal, no justifica que el juez que no declara su incompetencia, la remita al juez nacional de sección, luego de resuelto el caso, a los fines de la decisión originaria del punto federal del pleito. Ello es así, porque todos los jueces, de cualquier jerarquía y fuero, pueden interpretar y aplicar la Constitución y las leyes de la Nación en las causas cuyo conocimiento les corresponde -Fallos, 149:122 y otros- sin perjuicio de los recursos a que pueda haber lugar, incluso el extraordinario’ (Fallos, 254:437).
Ya hace más de un siglo, el Tribunal manifestó: ‘la objeción de inconstitucionalidad … a la referida ley, no basta para privar a los tribunales de esa provincia, de la jurisdicción que les compete para conocer y decidir en causas regidas por leyes provinciales … porque, siendo la Constitución Federal, Ley Suprema de la Nación, a la que están obligados a conformar sus actos las autoridades de cada provincia, no obstante cualquier disposición en contrario que contengan las leyes o Constituciones provinciales, art. 31, ellas son ejecutoras de la Constitución Nacional, y en ese carácter la pueden y deben interpretar y explicar como la entiendan, quedando a salvo el recurso que contra sus decisiones establece el párr. 2, art. 14 de la ley de 14 de setiembre, a fin de corregir la interpretación errónea de los tribunales provinciales, y de salvar la integridad del derecho nacional; y haciendo uso de esa facultad y cumpliendo ese deber, de interpretar la Constitución Nacional para ajustar sus resoluciones a ella, los tribunales de la provincia de Santa Fe tienen jurisdicción bastante para decidir por sí, y sin perjuicio del recurso anteriormente mencionado, la objeción de inconstitucionalidad hecha a la ley provincial cuya aplicación se pide … que esta doctrina se comprueba por las disposiciones que contienen el citado párr. 2, art. 14 … y el art. 21 de la ley de 16 de octubre de 1862, que necesariamente suponen el conocimiento y decisión por los tribunales de provincia, de casos regidos por la Constitución y leyes nacionales, y de casos en que se cuestiona la validez de una ley, decreto o autoridad de provincia como repugnante a la Constitución, a los tratados públicos o a las leyes del Congreso’. Se agregó, asimismo,: ‘que, de otro modo, y contra la letra y el espíritu de la Constitución Federal, la jurisdicción de los tribunales de provincia sería absorbida por la de los tribunales de la Nación, pues para privarlos del conocimiento de las causas que son de su competencia, bastaría que cualquiera de los litigantes alegase con buen o mal fundamento que las leyes aplicables al debate eran contrarias a la Constitución Nacional’ (sic) (Fallos, 10:134 -segunda serie-, 1: 134).”
“En conclusión, las provincias son libres para crear las instancias judiciales que estimen apropiadas, pero no pueden vedar a ninguna de ellas y menos a las más altas, la aplicación preferente de la Constitución Nacional.
Es menester recalcar que esta creencia se sustenta en el cumplido respeto del régimen federal de gobierno, por conferir a la zona de reserva jurisdiccional de las provincias la plenitud que constitucionalmente le corresponde, al reconocer a los magistrados de todas las instancias el carácter de irrenunciables custodios de los derechos y garantías de la Ley Fundamental, y emplazar la intervención apelada de esta Corte Suprema en el quicio que aquélla le ha señalado: ser su intérprete y salvaguardia final.
Es ésta, pues, una forma de dar integridad a tal atribución de los Estados (doctrina de Fallos, 208:521, párr. 17).” (el subrayado no obra en el original).
“10) En suma, esta Corte sienta la doctrina de que Tribunal superior de Provincia, según el art. 14 de la ley 48, es el órgano judicial erigido como supremo por la Constitución de la provincia, salvo que sea incompetente en el caso, circunstancia que no podrá extraerse del carácter constitucional federal de la materia que aquél suscite.”
Es de destacar que no advierto que la Corte, en su rol de intérprete y salvaguarda final de la Constitución Nacional, haya hecho, en el sub examine, alguna excepción a la referida doctrina, explícita ni implícitamente. En tal sentido, tengo en cuenta que, por un lado, lo contrario parece desprenderse de la omisión de toda referencia a las vicisitudes procesales que presentó el caso con antelación al dictado de la resolución del juez federal sobre el fondo de la acción de hábeas corpus confirmada por su Alzada (vid. fs. 27/28.), y a que el imputado se encuentra detenido a disposición de un tribunal de la jurisdicción provincial (Bs. As.), alojado en una unidad penitenciaria bonaerense.
Y, por otro lado, ello tampoco puede inferirse de las circunstancias relevantes de los precedentes citados por el Máximo Tribunal en el fallo de fs. 130/130 vta..
En el de Fallos: 327:423 (“ZUNINO, Edi s/amenazas de muerte -causa N 15.838.”, Recurso de hecho, Z. 167 XXXVIII, rta. el 09/03/04), el recurso extraordinario denegado, que había originado la presentación directa ante la Corte, había sido interpuesto contra la decisión del superior tribunal de la causa. Pues, había sido deducido contra la decisión de la Sala I de esta Cámara que desestimó la queja planteada por la Defensa, a raíz de lo decidido por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en cuanto a la denegatoria del recurso de casación, articulado por esa parte, contra la resolución por la que dicho Tribunal había confirmado el rechazo al planteo de nulidad del auto de procesamiento dictado respecto del imputado. Además, se encontraba en juego una cuestión federal, en la medida en que la recurrente había alegado arbitrariedad en la aplicación del derecho penal, sea por falta de fundamentación o por errónea valoración de la prueba, en cuanto a cuestiones con directa incidencia en la escala punitiva y, por ende, en la prescripción penal y en la suspensión del juicio a prueba. Extremos estos últimos que ponderó para considerar que la decisión resultaba equiparable a definitiva. Por tales razones, se hizo lugar a la queja, se declaró procedente el recurso extraordinario y se revocó la sentencia apelada.
En el caso de Fallos: 327:1688 (“POMPONI, Jorge Francisco y otros s/robo en poblado y en banda con efracción”, Recurso de hecho, P. 187. XXXVII, rta. el 27/05/04), el recurso extraordinario denegado, que había originado la presentación directa ante la Corte, había sido interpuesto contra la decisión del superior tribunal de la causa. Pues, había sido deducido contra la decisión de esta Cámara que declaró mal concedido el recurso de casación articulado contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N 1, en cuanto reguló honorarios a dos peritos. Además, se encontraba en juego una cuestión federal, en tanto la recurrente había alegado la arbitrariedad del criterio sustentado, para así decidir, en punto a que tal regulación no era revisable por la vía casatoria. En dichas circunstancias, se sostuvo que esta Cámara, en el caso, revestía la calidad de tribunal intermedio. Por tales razones, se hizo lugar a la queja, se declaró procedente el recurso extraordinario y se dejó sin efecto la sentencia apelada.
En el supuesto de Fallos: 329:4058 (“MASEDA LÓPEZ, José Luis s/hábeas corpus en favor de Dong Cun Feng”, M. 478. XXXIX, rta. El 26/09/06), se declaró improcedente el recurso extraordinario por el apoderado de la Dirección Nacional de Migraciones porque no se dirigía contra la sentencia dictada por el tribunal superior de la causa (art. 14 de la ley 48). La impugnación federal había sido planteada contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, mediante la cual se había revocado lo resuelto por el juez de primera instancia, que había hecho lugar a la acción de hábeas corpus promovida en favor del imputado, dispuesto su libertad y ordenado a la aludida repartición la expedición de una constancia para que el nombrado pueda permanecer en el país hasta tanto se resolvieran definitivamente las cuestiones vinculadas al caso.
Por otra parte, entiendo que tal excepción tampoco puede deducirse de lo resuelto por la Corte in re “VERBITSKY, Horacio s/hábeas corpus (Recurso de hecho, V. 856. XXXVIII, rta. El 03/05/05) ni de sus circunstancias relevantes. Precedente que el imputado invocó y la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata ponderó, al decidir que el juez federal cuya consulta había motivado su intervención era el que debía resolver la acción de hábeas corpus intentada (cfr. reseña formulada en el punto I de este voto).
Adviértase que el caso aludido llegó a conocimiento del Máximo Tribunal por la vía directa deducida, con motivo de la denegación del recurso extraordinario federal contra la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires que, por mayoría, declaró inadmisibles los recursos de nulidad e inaplicabilidad de ley impetrados contra la resolución de la Sala III del Tribunal de Casación provincial, que había rechazado la acción de hábeas corpus interpuesta en forma directa ante ese Tribunal, por Horacio VERBITSKY, en su calidad de Presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (C.E.L.S.), a favor de la totalidad de los detenidos que se encontraban alojados en establecimientos policiales superpoblados y/o en comisarías de la Provincia de Buenos Aires.
Se entendió que se encontraban cumplidos todos los requisitos exigidos por la ley 48. Al respecto, se dijo: a) que la sentencia impugnada había sido dictada por quien reviste en el caso el carácter de superior tribunal de la causa; b) que dicho pronunciamiento era definitivo, pues ponía fin a la acción colectiva pretendida por la recurrente en los términos pautados por el art. 43 constitucional; c) que, en cualquier caso, sería equiparable, pues el gravamen provocado por el objeto de la acción y que perjudicaría a todos los detenidos en establecimientos policiales de la Provincia de Buenos Aires, representados por la actora, era de imposible e insuficiente reparación ulterior, denunciándose como vulneradas distintas garantías enmarcadas en el art. 18 de la C.N., así como también en diversos instrumentos internacionales incorporados a ella (art. 75, inc. 22), que demandaban tutela judicial efectiva e inmediata; d) que existía cuestión federal suficiente, pues se cuestionaba la inteligencia y el alcance otorgado al art. 43 de la Constitución Nacional, como así también la violación al art. 18 in fine del mismo cuerpo legal, y a diversas normas contenidas en los tratados, convenciones y documentos internacionales que forman parte de nuestro bloque constitucional; e) que, además, al hallarse cuestionadas garantías del derecho internacional, el tratamiento del tema resultaba pertinente por la vía establecida en el art. 14 de la ley 48, puesto que la omisión de su consideración podía comprometer la responsabilidad del Estado Argentino frente al orden jurídico supranacional; f) por último, que la resolución había sido contraria al derecho que el recurrente fundó en esas normas, el agravio subsistía al momento de fallar y existía relación directa e inmediata entre el planteo realizado, la sentencia impugnada y las cláusulas constitucionalmente invocadas.
Asimismo, merece ser puesto de resalto, que la Corte, además de declarar admisible la queja, procedente el recurso extraordinario y revocar la sentencia apelada, encauzó la solución de la situación denunciada por la actora sin alterar la organización federal de gobierno. Pues, al resolver, sólo formuló diversas órdenes, instrucciones y exhortaciones a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia de Buenos Aires (tanto a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires como a los tribunales de todas las provincias, conforme sus respectivas competencias).
Puntualmente, en el considerando 41, señaló que “no escapa a esta Corte que de verificarse algunos de los extremos mencionados por el accionante, sería posible que se configurasen eventuales casos de agravamientos que importarían trato cruel, inhumano o degradante u otros análogos, susceptibles de acarrear responsabilidad al Estado Federal. En esta eventualidad, es deber de esta Corte, por estar comprometida la responsabilidad internacional del Estado Federal, instruir a la Suprema Corte y a los demás tribunales de la Provincia de Buenos Aires para que hagan cesar con la urgencia del caso el agravamiento o la detención misma, según corresponda.”
Por último, no puedo dejar de mencionar que, en consonancia con la posición aquí sustentada, también se expidió la Corte, al pronunciarse, en los casos “ARTIGUÉ, Sergio Pablo s/restitución de detenido” (Fallos: 317:247, rta. el 25/03/94) y “MIRANDA FLOCCO, Marcelo Osvaldo s/hábeas corpus -causa N 3478-“ (Fallos: 328:550, rta. el 29/03/05).
En el primero, comenzó por señalar que el tema a decidir no era una contienda tradicional de competencia -negativa o positiva- sino un conflicto entre tribunales, cuyas particularidades aparecen pormenorizadamente detalladas en los considerandos 1 a 7. Pues, uno de ellos (la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Criminal y Correccional de la ciudad de La Plata) reclamaba la exclusividad de sus potestades para disponer y supervisar los lugares de alojamiento y la custodia de un detenido sometido a su jurisdicción, el otro (la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata) la cuestiona (cons. 8).
Seguidamente, recordó que “este Tribunal ha declarado que la interpretación constitucional ha de tender ante todo al desenvolvimiento armonioso de la actuación de las autoridades federales y locales, y no al choque y oposición de ellas, pues su función más importante consiste en interpretar la Constitución de modo que el ejercicio de la autoridad nacional y provincial se desenvuelva armoniosamente, evitando interferencias o roces susceptibles de acrecentar los poderes del gobierno central en detrimento de las facultades provinciales y viceversa. Del logro de ese equilibrio debe resultar la amalgama perfecta entre las tendencias unitaria y federal, que Alberdi propició mediante la coexistencia de dos órdenes de gobierno cuyos órganos actauran en órbitas distintas, debiendo encontrarse sólo para ayudarse pero nunca para destruirse (Fallos: 307:360 y sus citas).” (Cons. 9).
Y, luego, tras hacer alusión a la derogación efectuada por la ley 48 de la facultad acordada a los jueces de sección en el art. 21 de la ley 27 y a la doctrina sentada por ella, en consecuencia, en los supra citados precedentes “STRADA” y “DI MASCIO” (Cons. 10 y 11), concluyó:
“12) Que la situación de autos, en la medida en que el derecho emergente de la convención aplicada por la Cámara Federal -ley 23.338- debe ser ‘pronta e imparcialmente examinado por sus autoridades competentes’ (art. 13), encuentra realización en el derecho público argentino por medio de la pertinente división de jurisdicciones que derivan del régimen federal de gobierno (art. 1, Constitución Nacional), de lo cual se desprende que la justicia federal carece de jurisdicción para conocer en la denuncia del hecho emanado de autoridad local, que no obstaculiza el ejercicio de funciones de una autoridad federal, ni involucra otras cuestiones que justifiquen su intervención (arts. 67, inc. 11, 100, 104, 105 y 108, Constitución Nacional; art. 8, inc. 2, y 28 de la ley 23.098; art. 4, ley 16.986, y doctrina de Fallos: 307:2249).
13) Que, en virtud de tales principios, la decisión de la Cámara Federal excedió ese límite jurisdiccional y afectó las potestades de la Cámara provincial en tanto ésta, a partir de aquel momento, no pudo disponer la comparecencia ni el traslado del procesado con exclusividad sino que se pretendió imponerle que requiriera el consentimiento o diera noticia de ello a un órgano ajeno a su jurisdicción. Y tampoco pudo realizar el control directo de los requisitos que la Constitución Nacional establece para el régimen carcelario (art. 18), facultades éstas que emanan del carácter de la detención del individuo sometido a un proceso en sus estrados y que sólo a ella incumbían (Fallos: 302:885).” (El subrayado obra en el original).
Mientras que, en el segundo caso, sostuvo que “los recursos de habeas corpus son extraños a la competencia originaria del Tribunal, reglada por los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional (Fallos: 305:1931 y 2281; 306:515 y 308:719 y 1931). Por tanto, no ha lugar a la petición formulada. Extráiganse fotocopias de la presentación de fs. ½ y remítase a la Cámara de Apelación y Garantías del Departamento Judicial de La Plata, Provincia de Buenos Aires, para que dé intervención al juzgado de turno en habeas corpus”.
En síntesis y como corolario de lo hasta aquí manifestado, concluyo en que, dada la organización federal del Estado argentino, la justicia provincial es la que, en el sub examine, cuenta con jurisdicción para resolver la acción de hábeas corpus intentada por Sebastián Ricardo SANDOVAL LENCINA.
III. Por todo lo expuesto y, teniendo en cuenta lo que surge de la certificación de fs. 137, propongo al acuerdo ANULAR la resolución de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata obrante a fs. 20/21 vta. y todo lo actuado en consecuencia (C.P.P.N., arts. 167 -inc. 2-, 168 -segundo párrafo- y 172) y REMITIR las presentes actuaciones a la Cámara de Apelaciones y Garantías del Departamento Judicial de La Plata (Pcia. de Bs. As.), para que, con la urgencia que el caso demanda, se expida respecto de la acción de hábeas corpus deducida por el antes nombrado a fs. 1/5 del ya citado Expte. Nro. 14.891, que corre por cuerda.
I. RECHAZAR el recurso de casación interpuesto a fs. 10/15 vta. por la señora Defensora Pública Oficial, doctora María Inés Spinetta, asistiendo a Sebastián Ricardo Sandoval Lencina, con costas (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, remítase la causa a la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, provincia de Buenos Aires, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.
AUGUSTO M. DIEZ OJEDA	MARIANO GONZÁLEZ PALAZZO
Actividad administrativa. Discrecionalidad. Amparo contra I.O.M.A.

References: artículo 18
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in fine
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