Source: https://www.slideshare.net/juliosilverio/codigo-penal-dominicano-18213191
Timestamp: 2017-10-23 10:18:57+00:00

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Codigo de Procedimiento Penal de la Republica Dominicana.
1. CODIGO PENAL DE LA REPUBLICA DOMINICANADISPOSICIONES PRELIMINARES Art. 1.- La infracción que las leyes castigan con penas de policía es una contravención.La infracción que las leyes castigan con penas correccionales, es un delito. La infracciónque las leyes castigan con una pena aflictiva o infamante, es un crimen. Art. 2.- Toda tentativa de crimen podrá ser considerada como el mismo crimen, cuandose manifieste con un principio de ejecución, o cuando el culpable, a pesar de haber hechocuanto estaba de su parte para consumarlo, no logra su propósito por causasindependientes de su voluntad, quedando estas circunstancias sujetas a la apreciación delos jueces.Art. 3.- Las tentativas de delito no se reputan delitos, sino en los casos en que unadisposición especial de la ley así lo determine. Art. 4.- Las contravenciones, los delitos y los crímenes que se cometan, no podránpenarse, sino en virtud de una disposición de ley promulgada con anterioridad a sucomisión. Art. 5.- Las disposiciones del presente Código no son aplicables a las contravenciones,delitos o crímenes militares.LIBRO PRIMERODe las penas en materia criminal y correccional y de sus efectos.Art. 6.- Las penas en materia criminal son aflictivas e infamantes o infamante solamente. Art. 7.- Las penas aflictivas e infamantes son: 1o., la de 20 años de trabajos públicos y lade 30 años de trabajos públicos; 2o., los trabajos públicos; 3o., la detención; 4o., lareclusión.Art. 8.- Es pena infamante la degradación cívica. Art. 9.- Las penas en materia correccional son: 1o., el destierro; 2o., el confinamiento;3o., la prisión temporal; 4o., la interdicción por determinado tiempo de ciertos derechoscívicos, civiles o de familia; 5o., la multa.
2. Art. 10.- Las penas que pronuncia la ley para los crímenes, delitos y contravenciones seimpondrán siempre, sin perjuicio de las restituciones y daños y perjuicios que puedanresultar en favor de los agraviados. Art. 11.- Son penas comunes a las materias criminales y correccionales: la sujeción delcondenado a la vigilancia de la alta policía, la multa y la confiscación especial del cuerpodel delito, cuando sea propiedad del condenado, la de las cosas producidas por el delito, ypor último, la de aquellas que sirvieron para su comisión o que se destinaron a ese fin.CAPÍTULO IDE LAS PENAS EN MATERIA CRIMINALArt. 12.- (Derogado).Art. 13.- (Derogado).Art. 14.- (Derogado). Art. 15.- Los hombres condenados a trabajos públicos se emplearán en los más penosos;y podrán ser encadenados de dos en dos, como medida de seguridad, cuando lo permitala naturaleza del trabajo a que se les destine. Art. 16.- Las mujeres condenadas a trabajos públicos se emplearán en los trabajosinteriores de las cárceles y presidios. Art. 17.- La condenación a trabajos públicos, lleva consigo la privación de los derechoscívicos y civiles. Art. 18.- La condenación a trabajos públicos se pronunciará por tres años a lo menos yveinte a lo más. Art. 19.- Todo aquel que sea condenado a la detención, será encerrado en una de lasfortalezas de la República, que hayan sido destinadas a ese efecto por disposición delPoder Ejecutivo. Art. 20.- Los condenados a la detención, estarán en comunicación con las personasempleadas en el interior del lugar de la detención, o con las de fuera, observando losreglamentos de policía establecidos por disposición del Poder Ejecutivo.Art. 21.- La detención no podrá pronunciarse por menos de tres años, ni por más de diez.
3. Art. 22.- Toda persona de uno u otro sexo, condenada a la reclusión, será encerrada en lacárcel pública y empleada en trabajos, cuyo producto se aplicará en parte a su provecho,en la forma que lo determine el Gobierno.Art. 23.- La duración máxima de esta pena será de cinco años, y la mínima de dos años. Art. 24.- La duración de las penas, tanto en las condenaciones que en materiacorreccional se pronuncien contra aquellos individuos que se hallen en estado dedetención previa, como las que tengan lugar en materia criminal, se contará desde el díade la inquisitiva al procesado.Art. 25.- (Derogado).Art. 26.- (Derogado).Art. 27.- (Derogado). Art. 28.- La condenación a las penas de trabajos públicos, detención o reclusión, llevaconsigo la degradación cívica. Se incurre en esta pena, desde el día en que la sentenciaes irrevocable; y en el caso de condenación en contumacia, desde el día de lanotificación en estrados. Art. 29.- Todo condenado a detención o reclusión permanecerá mientras dure la pena enestado de interdicción legal. Se le nombrará, tanto a éstos como a los condenados atrabajos públicos, tutor y protutor, que cuidarán y administrarán sus bienes. Estenombramiento se hará con arreglo a las disposiciones prescritas por el Código Civil, parael de los tutores y pro-tutores de los incapacitados. Art. 30.- Los bienes del condenado le serán devueltos después que haya sufrido su pena,y el tutor le dará cuenta de su administración. Art. 31.- Mientras dure la pena, no podrá entregársele ninguna suma, ni hacérseleninguna asignación, ni dársele ninguna parte de sus rentas. Art. 32.- La degradación cívica consiste: 1o., en la destitución o exclusión de loscondenados de todas las funciones, empleos o cargos públicos; 2o., en la privación delderecho de elegir y ser elegido; y en general, en la de todos los derechos cívicos ypolíticos; 3o., en la inhabilitación para ser jurado o experto, para figurar como testigo enlos actos, y para dar testimonio en juicio, a no ser que declare para dar simples noticias;4o., en la inhabilitación para formar parte de ningún consejo de familia, y para ser tutor,curador, pro-tutor o consultor judicial, a menos que no sea de sus propios hijos, y con elconsentimiento previo de la familia; 5o., en la privación del derecho de porte de armas, delde pertenecer a la guardia nacional, de servir en el ejército dominicano, de abrir escuelas,
4. o de enseñar, o de ser empleado en ningún establecimiento de instrucción en calidad deprofesor, maestro o celador.Art. 33.- Siempre que la degradación cívica se pronuncie como pena principal, podráacompañarse con la de encarcelamiento; cuya duración, fijada por la sentencia decondenación, no podrá exceder de cinco años. Si el culpable fuere un extranjero, o undominicano que hubiere perdido su nacionalidad, la pena del encarcelamiento deberápronunciarse siempre. Art. 34.- Todas las sentencias en que se pronuncien las penas de treinta años de trabajospúblicos, trabajos públicos(sic), detención, reclusión o degradación cívica, se imprimiránen resumen. Dichas sentencias se fijarán, en la ciudad cabeza de provincia o distrito enque se dictaren, en el municipio en que se cometió el hecho, en aquella donde se hicierela ejecución, y en la del domicilio del condenado. Art. 35.- La confiscación de bienes de los condenados no podrá decretarse en ningúncaso, sea cual fuere la naturaleza del crimen o delito que se impute a aquellos. Para lasindemnizaciones civiles que se concedan, podrán perseguirse dichos bienes, con arregloa la ley. Art. 36.- Siempre que la ley modere la pena señalada a un delito o falta, y se publicareaquella antes de pronunciarse el fallo que cause ejecutoria contra reos del mismo delito ofalta, disfrutarán estos del beneficio de la ley.CAPÍTULO IIDE LAS PENAS EN MATERIA CORRECCIONAL Art. 37.- Todo condenado a destierro será llevado, por orden del Gobierno, fuera delterritorio de la República. La duración del destierro no podrá exceder de tres años ni bajarde uno. Art. 38.- Si antes de la expiración de la pena entrare el desterrado en territoriodominicano, será condenado, justificada la identidad de su persona, a la reclusión duranteun tiempo a lo menos igual a aquel que le faltaba aún para la expiración del destierro, sinque la condenación que se imponga en este caso, pueda pronunciarse por un tiempo máslargo.Art. 39.- Todo condenado a confinamiento será conducido a la ciudad cabeza de provinciao distrito, o al municipio del territorio de la República que indique la sentencia decondenación. La duración de esta pena será de seis meses a lo menos, y dos años a lomás. En el caso de que el confinado saliere del lugar de su confinamiento, será
5. condenado a prisión correccional, por un tiempo igual al que le faltaba aún para laexpiración del confinamiento. Art. 40.- Todo condenado a prisión correccional será detenido en una casa de corrección.Se le destinará, según su elección, a uno de los talleres establecidos en la casa. Laduración de esta pena será de seis días a lo menos, y de dos años a lo más; salvo loscasos de reincidencia u otros en que la ley disponga otra cosa. El cómputo del tiempopara la duración de las penas es de veinte y cuatro horas para cada día de arresto, y detreinta días para cada mes. Art. 41.- Una parte del producto del trabajo de los detenidos por delito correccional sedestinará a los gastos comunes de la casa, otra a proporcionarles algunas ventajas oalivio durante su detención, si los merecieren, reservando la tercera parte para formarlesun fondo, que se les entregará a su salida de la prisión. En cumplimiento de estasdisposiciones se observará lo que preceptúen los reglamentos que sobre la materiadictare el Poder Ejecutivo. Art. 42.- Los tribunales que conozcan de los negocios en materia correccional podrán, enciertos casos, privar al condenado de una parte o de la totalidad del ejercicio de susderechos cívicos, civiles y de familia siguientes: 1o., del de votación y elección; 2o., del deelegibilidad; 3o., del de ser jurado o nombrado para ejercer otras funciones públicas, opara los empleos de la administración; 4o., del de porte de armas; 5o., del de votación osufragio en las deliberaciones de familia; 6o., del de ser tutor o curador de otras personasque no sean sus propios hijos, y con el asentimiento de la familia; 7o., del de ser experto oservir de testigo en los actos públicos; 8o., del de prestar declaración en juicio, a no serque se reciba como simple noticia. Art. 43.- Los tribunales no pronunciarán la interdicción a que se refiere el artículo anterior,sino cuando la ley expresamente la autorice u ordene.CAPÍTULO IIIDE LAS PENAS Y DE LAS OTRAS CONDENACIONES QUE PUEDENPRONUNCIARSE POR CRÍMENES Y DELITOSArt. 44.- La sujeción a la vigilancia de la alta policía, da al Gobierno el derecho dedeterminar ciertos lugares, a los cuales no podrá presentarse el condenado, sino despuésde haber sufrido su condena. Quince días a lo menos, antes que el condenado obtengasu libertad, deberá manifestar el lugar donde va a fijar su residencia; y si no lo hiciere, elGobierno le fijará uno. El individuo condenado a la vigilancia de la alta policía, no podrádejar la residencia que hubiese escogido o que se le hubiese indicado antes de seismeses, sin la autorización del Secretario de Estado de lo Interior y Policía. Sin embargo,los Gobernadores de provincia podrán acordar esta autorización: 1o., en el caso de simplemudanza, dentro de los límites de su provincia; y 2o., en los casos de urgencia, pero atítulo provisional solamente. Vencidos los seis meses, o antes en el caso de haberse
6. obtenido la autorización competente, el condenado podrá transportarse a todo lugar queno le esté prohibido hacerlo, participándolo con ocho días de antelación al Gobernador oautoridad de lugar. La estancia de los seis meses, de que trata este artículo, es obligatoriapara el condenado, en cada uno de los lugares que sucesivamente escogiere, durante eltiempo en que esté sometido a la vigilancia de la alta policía, a no ser que obtenga,autorización especial acordada, de conformidad a las precedentes disposiciones, por elSecretario de Estado de lo Interior y Policía, o por los Gobernadores de provincia. Elcondenado que volviese a su residencia, obtendrá una orden de ruta que regule elitinerario que debe seguir, y del cual no podrá apartarse; así como no podrá traspasartampoco el tiempo que se le señale de permanencia en los lugares de tránsito. Estaráobligado a presentarse en las veinte y cuatro horas de su llegada, ante la autoridad dellugar donde va a residir.Art. 45.- En caso de infracción a las disposiciones prescritas en el artículo anterior, elindividuo sujeto a la vigilancia de la alta policía, será condenado por los tribunalescorreccionales, a un encarcelamiento, que no podrá exceder de dos años. Art. 46.- En ningún caso podrá exceder de cinco años la duración de la pena bajo lavigilancia de la alta policía. Los condenados a trabajos públicos, a la detención y a lareclusión, quedarán de pleno derecho, después que hayan sufrido su condena y durantecinco años bajo la vigilancia de la alta policía. No obstante, el fallo condenatorio podráreducir este término, y aún declarar que el condenado no estará sometido a la vigilanciade la alta policía. Todo condenado al máximum de la pena de trabajos públicos, queobtuviere conmutación o remisión de su pena, quedará, de pleno derecho, sometido a lavigilancia de la alta policía, durante cinco años, si no se ha resuelto otra cosa por eldecreto de indulto.Art. 47.- La vigilancia bajo la alta policía podrá ser perdonada o reducida por indulto; ypodrá ser suspendida por disposición gubernativa. Art. 48.- La prescripción de la pena no releva al condenado de la vigilancia bajo la altapolicía a que esté sometido. En el caso de prescripción de la mayor pena aflictiva, elcondenado estará, de pleno derecho, bajo la vigilancia de la alta policía, durante cincoaños; y no producirá sus efectos, sino desde el día en que cumpla la prescripción. Art. 49.- Los individuos que hubiesen sido condenados por crímenes o delitos contra laseguridad interior o exterior del Estado, deberán quedar sometidos a la vigilancia de laalta policía. Art. 50.- Fuera de los casos determinados por los artículos precedentes, los condenadosno quedarán sometidos a la vigilancia de la alta policía, sino en el caso de que así seestablezca por una disposición particular de la ley.
7. Art. 51.- Cuando haya lugar a restitución, el culpable podrá también ser condenado enfavor de la parte agraviada, si ésta lo requiere, a la indemnización de los daños que aquélle hubiere irrogado, debiendo éstos apreciarse por el tribunal, cuando la ley no los hubieredeterminado. En ningún caso podrán los tribunales, ni aún con el consentimiento de laparte agraviada, destinar las indemnizaciones a obras pías u otras cualesquiera.Art. 52.- La ejecución de las condenaciones a la multa, a las restituciones, a los daños yperjuicios, y a las costas podrá ser perseguida por la vía del apremio corporal. Art. 53.- Cuando las multas y las costas se pronunciaren a favor del fisco, si después dela expiración de la pena, sea aflictiva o infamante, sea correccional, el condenado probarepor las vías de derecho su insolvencia, el tribunal ordenará su libertad.Art. 54.- Cuando los bienes del condenado no bastaren para cubrir las condenaciones enque simultáneamente se le imponga el pago de restituciones, daños y perjuicios y lamulta, las primeras condenaciones se satisfarán siempre, con preferencia a la última. Art. 55.- Todos los individuos condenados por un mismo crimen o por un mismo delito,son solidariamente responsables de las multas, restituciones, daños y perjuicios y costasque se pronuncien.CAPÍTULO IVDE LAS PENAS DE LA REINCIDENCIA POR CRÍMENES Y DELITOS Art. 56.- El individuo que, habiendo sido condenado a una pena aflictiva o infamante,cometiere otro crimen que mereciese como pena principal, la degradación cívica, se leimpondrá la de reclusión. Si el segundo crimen mereciese la pena de reclusión, se leimpondrá la de detención; si el segundo crimen mereciese la pena de detención, se leimpondrá la de trabajos públicos. Finalmente, si el segundo crimen mereciese la pena detrabajos públicos, se le impondrá el doble de la pena que sufrió primeramente. Sinembargo, el individuo condenado por un consejo de guerra, en el caso de crimen o delitoposterior, no se le castigará con las penas de reincidencia, sino cuando la primeracondena hubiese sido pronunciada por crímenes o delitos punibles según las leyespenales ordinarias.Art. 57.- El individuo que, habiendo sido condenado por un crimen a una pena mayor a unaño de prisión, cometiese un crimen o un delito que deba ser castigado con penascorreccionales, será condenado al máximum de la pena establecida por la ley, pudiendoser elevada hasta el doble. El condenado quedará además sujeto a la vigilancia de la altapolicía durante un año a lo menos y cinco a lo más. Art. 58.- El que condenado correccionalmente a una año o a menos tiempo de prisióncometiere nuevo delito, será condenado al máximum de la pena fijada por la ley, pudiendo
8. alzarse su duración al duplo del tiempo fijado. Quedará además sujeto a la vigilanciaespecial de la alta policía, durante un año a lo menos y cinco a lo más.LIBRO SEGUNDODe las personas punibles, excusables o responsables de los crímenes o delitos.CAPÍTULO UNICOArt. 59.- A los cómplices de un crimen o de un delito se les impondrá la penainmediatamente inferior a la que corresponda a los autores de este crimen o delito; salvolos casos en que la ley otra cosa disponga. Art. 60.- Se castigarán como cómplices de una acción calificada(sic) crimen o delito:aquellos que por dádivas, promesas, amenazas, abuso de poder o de autoridad,maquinaciones o tramas culpables, provocaren esa acción o dieren instrucción paracometerla; aquellos que, a sabiendas, proporcionaren armas o instrumentos, o facilitarenlos medios que hubieren servido para ejecutar la acción; aquellos que, a sabiendas,hubieren ayudado o asistido al autor o autores de la acción, en aquellos hechos queprepararon o facilitaron su realización, o en aquellos que la consumaron, sin perjuicio delas penas que especialmente se establecen en el presente Código, contra los autores detramas o provocaciones atentatorias a la seguridad interior o exterior del Estado, aún en elcaso en que no se hubiere cometido el crimen que se proponían ejecutar losconspiradores o provocadores.Art. 61.- Aquellos que, conociendo la conducta criminal de los malhechores que seejercitan en salteamientos o violencia contra la seguridad del Estado, la paz pública, laspersonas o las propiedades, les suministren habitualmente alojamiento, escondite o lugarde reunión, serán castigados como sus cómplices. Art. 62.- Se considerarán también como cómplices y castigados como tales, aquellos quea sabiendas hubieren ocultado en su totalidad o en parte, cosas robadas, hurtadas,sustraídas o adquiridas por medio de crimen o delito. Art. 63.- En ningún caso podrá pronunciarse la pena de trabajos públicos, cuandoprocedan contra los ocultadores, sino después que se les hubiese convencido de habertenido conocimiento al instante de la ocultación de las circunstancias a las cuales la leyaplica la pena de treinta años de trabajos públicos o la de trabajos públicos; de locontrario, se les impondrá la pena de detención. Art. 64.- Cuando al momento de cometer la acción el inculpado estuviese en estado dedemencia, o cuando se hubiese visto violentado a ello por una fuerza a la cual no hubiesepodido resistir, no hay crimen ni delito. Art. 65.- Los crímenes y delitos que se cometan, no pueden ser excusados, ni la penaque la ley les impone puede mitigarse, sino en los casos y circunstancias en que la mismaley declara admisible la excusa, o autorice la imposición de una pena menos grave.
9. Art. 66.- Cuando el acusado sea menor de diez y ocho años, y se considere que haobrado sin discernimiento, será absuelto; sin embargo, atendidas las circunstancias, seráentregado a sus padres o conducido a una casa de corrección, para que en ellapermanezca detenido y se le eduque, durante el tiempo que se determine por la sentenciay que no podrá exceder de la época en que se cumpla la mayor edad. Art. 67.- Si el tribunal considera que ha obrado con discernimiento, las penas sepronunciarán del modo siguiente: Si ha incurrido en la pena de treinta años de trabajospúblicos o en la de trabajos públicos, se le condenará a prisión, que sufrirá en una casade corrección durante veinte años a lo más, y diez a los menos. Si ha incurrido en laspenas de detención o reclusión, se le condenará a encierro en una casa de corrección,durante un tiempo igual a la tercera parte por lo menos y a la mitad por lo más de aquellaa que hubiera podido ser condenado, si hubiera sido mayor. En todos estos casos, podráordenarse por la misma sentencia, que el condenado permanezca bajo la vigilancia de laalta policía, durante un año a lo menos y cinco a lo más. Si ha incurrido en la pena dedegradación cívica se le condenará a encierro desde uno hasta cinco años en una casade corrección. Art. 68.- Los tribunales correccionales conocerán, conformándose a las disposiciones delos dos artículos anteriores, de las causas que se formen contra los menores de diez yseis años, cuyos cómplices presentes no tuvieren más edad que ellos siempre que losdelitos de que estén acusados no tengan señalados por la ley, las penas de treinta añosde trabajos públicos, de trabajos públicos o de detención. Art. 69.- En todos los casos en que el menor de diez y seis años no hubiere cometidosino un simple delito, la pena que contra él se pronunciará no podrá elevarse a más de lamitad de aquella a que hubiera podido ser condenado si hubiera tenido diez y ocho años. Art. 70.- La pena de trabajos públicos no se impondrá nunca a aquellos culpables que, alfallarse sus causas, tengan sesenta años cumplidos.Art. 71.- Esta pena se sustituirá respecto de ellos por la de reclusión. Art. 72.- Desde el momento en que un condenado a trabajos públicos, cumpla lossesenta años, se le relevará de ella; y considerándolo como si no hubiera sido condenadosino a la reclusión se le encerrará en una casa de corrección por el tiempo que le faltabapara cumplir su condena. Art. 73.- Los hosteleros y mesoneros convictos de haber hospedado por más deveinticuatro horas a alguno que, durante su permanencia, hubiere cometido un crimen oun delito, serán civilmente responsables de las restituciones, indemnizaciones y gastosque se adjudicaren a aquellos a quienes hubiere causado algún daño el crimen o delito,imputándose a ellos mismos la culpa por no haber inscrito en su registro el nombre,profesión y domicilio del culpable; sin perjuicio de la responsabilidad que sobre ellos pese,en los casos previstos en los artículos 1952 y 1953 del Código Civil. Art. 74.- En todos los demás casos de responsabilidad civil que puedan presentarse enlos asuntos criminales, correccionales o de policía, los tribunales que conozcan de ellosse conformarán a las disposiciones del Código Civil, relativas a los delitos y cuasidelitos.
10. LIBRO TERCERODE LOS CRÍMENES Y DELITOS Y SU CASTIGOTÍTULO ICRÍMENES Y DELITOS CONTRA LA COSA PÚBLICACAPÍTULO ICrímenes y delitos contra la seguridad exterior e interior del EstadoSECCIÓN 1RA.Crímenes y delitos contra la seguridad exterior del Estado. Art. 75.- Todo dominicano que tomare las armas contra la República, será castigado conla pena de treinta años de trabajos públicos. Art. 76.- Toda persona que, desde el territorio de la República, se ponga o trate deponerse de acuerdo con Estados extranjeros o con sus agentes, o con cualesquierainstitución o simples personas extranjeras, para tratar de que se emprenda alguna guerracontra la República o contra el Gobierno que la represente, o que se les hostilice enalguna forma, o que, contra las disposiciones del Gobierno, se intervenga de cualquiermodo en la vida del Estado o en la de cualquiera institución del mismo, o que se presteayuda para dichos fines, será castigada con la pena de treinta años de trabajos públicos.La sanción susodicha alcanza a todo dominicano que desarrolle las actuacionesmencionadas aunque ello se realice desde territorio extranjero. Art. 77.- Se castigará igualmente con la pena de treinta años de trabajos públicos a todoaquel que se hubiere puesto de acuerdo con los enemigos del Estado, o que por medio detramas y concierto con ellos, procure los medios de facilitarles la entrada en territorio de laRepública y sus dependencias, o la entrega de ciudades, fortalezas, plazas, puestos,puertos, almacenes, arsenales, navíos o buques pertenecientes a la República. Igualpena se impondrá a los que suministren a los enemigos auxilio de hombres, soldados,víveres, armas o pertrechos de boca y de fuego, o que favorezcan los progresos de susarmas en las posesiones de la República, o contra las fuerzas dominicanas de tierra ymar, o que emplearen la sonsaca, o intentaren corromper a los oficiales, soldados,marinos u otros agregados al ejército, haciéndolos faltar a la fidelidad debida al Gobiernoo a la Nación, o que de cualquiera otra manera atenten contra la independencia nacional. Art. 78.- Sin embargo, si el resultado de la correspondencia con súbditos de una potenciaenemiga, fuere suministrar a los enemigos instrucciones perjudiciales a la situación militaro política de la República o de sus aliados, aunque esa correspondencia no hubiere tenidopor objeto ninguno de los crímenes enunciados en el artículo anterior, aquellos que lahubieren sostenido, serán castigados con la detención; sin perjuicio de penas más graves,en el caso de que esas instrucciones hubieren sido la consecuencia de un concierto demedidas constitutivas del crimen de espionaje. Art. 79.- Las penas pronunciadas por los Artículos 76 y 77 se impondrán a los que dirijansus maquinaciones, tramas o maniobras en perjuicio de la República, o de los aliadosque, de acuerdo con ella, obren contra el enemigo común. Art. 80.- Las penas expresadas en el artículo 76 se impondrán a todo funcionario público,agente del Gobierno o cualquiera otra persona que, encargada o instruida, en razón de su
11. destino, del secreto de una negociación o expedición, lo hubiere comunicado a losagentes de alguna Potencia extranjera, o a los del enemigo. Art. 81.- Todo funcionario público, agente o delegado del Gobierno que, encargado enrazón de su oficio, del depósito de planos, de fortificaciones, arsenales, puertos,ensenadas, abras o radas, hubiere entregado uno o muchos de aquellos al enemigo, o alos agentes del enemigo, será castigado con la pena de treinta años de trabajos públicos.Si los planos han sido entregados a los agentes de una Potencia amiga, aliada o neutral,la pena será la de detención. Art. 82.- Cualquier otra persona que, por corrupción, fraude o violencia, logre sustraerdichos planos, y los entregue al enemigo, o a los agentes de una Potencia extranjera,será castigado como el funcionario o agente mencionado en el artículo anterior, y segúnlas distinciones que en él se establecen. Si dichos planos se encontraban en manos de lapersona que los entregó, sin que para obtenerlos se empleasen medios ilícitos, la pena enel primer caso del artículo 81, será la de detención; y en el segundo caso del mismoartículo, se impondrá al culpable la prisión correccional de uno a dos años. Art. 83.- Aquél que a sabiendas hubiere ocultado o hecho ocultar a los soldados o espíasenemigos mandados a la descubierta, será condenado a la pena de treinta años detrabajos públicos. Art. 84.- Aquel que, por actos hostiles desaprobados por el Gobierno, hubiere expuesto ala República a una declaración de guerra, será castigado con la pena de destierro; y si laguerra ha sido la consecuencia de esos actos, se le aplicará la pena de la detención. Art. 85.- Se castigará con la pena de destierro a todo aquel que, con actos no aprobados,ni autorizados por el Gobierno, expusiere a los dominicanos a experimentar represalias,en sus personas o en sus bienes.SECCIÓN 2DA.De los crímenes contra la seguridad interior del Estado.PÁRRAFO IAtentados y tramas contra el Jefe del Estado. Art. 86.- Toda ofensa cometida públicamente hacia la perso(sic) del Jefe del Estado, secastigará con prisión de seis meses a dos años, y una multa de cincuenta a quinientospesos. Art. 87.- El atentado cuyo objeto sea cambiar la forma de gobierno establecida por laConstitución, o excitar a los ciudadanos a armarse contra la autoridad legalmenteconstituida, será castigado con la pena de reclusión.Art. 88.- La ejecución o la tentativa constituirá solamente el atentado. Art. 89.- La trama que tenga por objeto el crimen mencionado en el artículo 87, secastigará con la reclusión, si los hechos se han cometido o principiado a cometer parapreparar su ejecución. Si no ha habido ningún acto cometido o principiado a cometer parapreparar su ejecución la pena será la de destierro.
12. Art. 90.- Hay trama, desde el momento en que dos o más personas concierten entre sí, laresolución de obrar. Si ha habido proposición hecha, y no aceptada, de formar una tramapara consumar el crimen mencionado en el artículo 87, aquel que hubiere hecho laproposición, será castigado con prisión correccional. PÁRRAFO II De los crímenes tendentes a turbar el Estado con la guerra civil, con el empleo ilegal dela fuerza armada, el pillaje y la devastación pública.. Art. 91.- El atentado que tenga por objeto provocar la guerra civil, excitando a losciudadanos o habitantes a armarse unos contra otros, con el fin de llevar la devastación,el pillaje o el degüello a uno o varios municipios, será castigado con la pena de veinteaños de trabajos públicos. La trama formada para lograr uno de los crímenes previstos enel presente artículo, y la proposición de formarla, serán castigadas con las penasdesignadas en el artículo 89, según las distinciones que en él se establecen. Art. 92.- Serán castigados con la pena de veinte años de trabajos públicos aquellos que,sin orden o autorización de poder legítimo, hubieren levantado ejércitos, enganchado oalistado soldados, o que sin la misma orden o autorización les hubieren suministradoarmas o pertrechos, o se los hubieren proporcionado. Art. 93.-- Serán castigados con la pena de veinte años de trabajos públicos, aquellos que,sin derecho o motivo legítimo, hubieren tomado el mando de un cuerpo de ejército, de unatropa, de una flota, de una escuadra, de un buque de guerra, de una plaza fuerte, de unpuerto, de un puesto o de una ciudad, o que contra la orden del Gobierno hubierenconservado un mando militar cualquiera. Art. 94.- Se impondrá la pena de detención a todo aquel que teniendo a su disposición lafuerza pública, hubiere requerido u ordenado, hecho requerir u ordenar su acción oempleo, contra el reclutamiento legalmente establecido. Art. 95.- Todo individuo que hubiere incendiado o destruido, o intentado incendiar odestruir, en todo o en parte, por medio de una mina, bomba o cualquier otro mecanismoexplosivo, los edificios, almacenes, astilleros, arsenales, buques, diques, vehículos detodas clases, u otras propiedades pertenecientes al Estado, será castigado con la pena detreinta años de trabajos públicos. Art. 96.- Aquel que para invadir los dominios, propiedades o rentas públicas, las plazas,ciudades, fortalezas, puestos, almacenes, arsenales, puertos, navíos o buques delEstado; aquel que para pillar o repartir propiedades públicas o nacionales, o las de unageneralidad de ciudadanos; y por último, aquel que para atacar o resistir a la fuerzapública, que obrare contra los autores de esos crímenes, se hubiere puesto a la cabezade bandas armadas o gavillas, o hubiere ejercido en ellas algún mando o funcióncualquiera, será castigado con la pena de veinte años de trabajos públicos. Las mismaspenas se aplicarán a aquellos que hubieren dirigido la asociación, levantado o hecholevantar, organizado o hecho organiza las bandas o gavillas, o que a sabiendas yvoluntariamente, les hubieren facilitado o suministrado armas, municiones o instrumentospara el crimen, o les hubieren mandado convoyes de víveres o de cualquier otro modohubieren estado de acuerdo con los directores o jefes de la pandilla.
13. Art. 97.- En el caso de que uno o muchos de los crímenes mencionados en los artículos87 y 91, hayan sido ejecutados, o que solo haya habido tentativa de ejecución por partede una gavilla, la pena de veinte años de trabajos públicos se aplicará sin distinción degrados, a todos los individuos que hubieren pertenecido a la banda o gavilla, o quehubieren sido aprehendidos en el lugar de la reunión sediciosa. Se castigará con la mismapena, aunque no sea aprehendido en los lugares, a todo aquel que hubiere dirigido lasedición, o hubiere ejercido en la gavilla un empleo o un mando cualquiera. Art. 98.- Salvo en el caso en que la reunión sediciosa haya tenido por objeto o resultado,uno o muchos de los crímenes enunciados en los artículos 87 y 91, los individuos quehubieren formado parte de las gavillas de que se ha hecho mención sin ejercer en ellasningún mando ni empleo, serán castigados con la pena de reclusión, siempre que hayansido arrestados en el punto de la reunión sediciosa. Art. 99.- Aquellos que, conociendo el objeto y las tendencias de dichas gavillas, leshubieren suministrado o facilitado alojamiento, escondite o lugar de reunión, sin que paraello hayan sido violentados, serán condenados a la pena de detención. Art. 100. No se pronunciará ninguna pena por el delito de sedición, contra aquellos quehabiendo formado parte de esas gavillas, sin ejercer en ellas ningún empleo o función, sehubieren retirado al primer aviso de la autoridad civil o militar, o que lo hicieren aúndespués, siempre que hayan sido arrestados sin armas, fuera de los lugares de la reuniónsediciosa y sin oponer resistencia. No serán castigados sino por los crímenes particularesque hubieren cometido personalmente, pudiendo, sin embargo, quedar durante un tiempoque no bajará de un año, ni excederá de cinco, sujetos a la vigilancia de la alta policía. Art. 101.- La palabra armas comprende todas las máquinas, instrumentos o utensilioscortantes, punzantes o contundentes. Art. 102.- Las navajas, cuchillas de faltriquera, tijeras o simples juncos, no se reputaránarmas, sino cuando hayan servido para matar, herir o golpear. (Véase Art. 50 de la LeyNo. 36 de 1966).Disposiciones comunes a los dos párrafos de la sección anterior. Art. 103.- Todo individuo que, sea por discursos, gritos o amenazas proferidas en lugareso reuniones públicas, sea por medio de escritos, de impresos, de dibujos, de grabados, depinturas o de emblemas, vendidos o distribuidos, puestos en venta o expuestos en loslugares o reuniones públicas; sea por carteles y pasquines fijados a la mirada del público,hubiese incitado al autor o autores de toda acción calificada crimen o delito, a que lacometa, se reputará cómplice, y se castigará como tal. Art. 104.- Cualquiera que, por uno de los medios enunciados en el artículo precedente,haya incitado a cometer uno o muchos crímenes, sin que esta incitación haya sidoseguida de ningún efecto, se castigará con prisión correccional, que no podrá ser menorde tres meses, ni más de dos años, y con multa que no podrá ser menos de diez pesos, niexceder de mil.Art. 105.- Todo aquel que, por uno de los mismos medios, hubiese incitado a cometeruno o muchos delitos, sin que dicha incitación haya sido seguida de ningún efecto, se le
14. condenará con prisión correccional, y multa de diez a quinientos pesos; o a una de lasdos penas solamente, según las circunstancias; salvo los casos en que la ley pronunciaseuna pena menos grave contra el mismo autor del delito, la cual se aplicará entonces alincitador. Art. 106.- La incitación, por uno de los medios ya dichos, a la desobediencia a las leyes,se castigará con las penas determinadas en el artículo anterior.SECCIÓN 3RA.De la revelación de los crímenes que comprometen la seguridad interior o exterior delEstado. Art. 107.- Quedarán exentos de las penas pronunciadas contra los autores de las tramasu otros crímenes atentatorios a la seguridad interior o exterior del Estado, aquellosculpables que, antes de toda ejecución o tentativa de estas tramas o crímenes, y antes deque se inicien las primeras diligencias sumarias, den conocimiento al Gobierno o a lasautoridades administrativas o de la Policía Judicial de las tramas o crímenes, y de susautores o cómplices. También quedarán exentos de responsabilidad aquellos culpablesque, aún después de principiadas las pesquisas y procedimientos, facilitasen la capturade los autores y cómplices del crimen. Art. 108.- Los culpables que hubiesen dado esas noticias o facilitasen la captura de losdemás culpables, podrán ser condenados a quedar sujetos bajo la vigilancia de la altapolicía, durante un año a lo menos, y cinco a lo más.CAPÍTULO IICRÍMENES Y DELITOS CONTRA LA CONSTITUCIÓNSECCIÓN 1RA.De los crímenes y delitos relativos al ejercicio de los derechos políticos. Art. 109.- Las reuniones tumultuarias que, usando violencias o amenazas, tengan porobjeto impedir a uno o más ciudadanos, el ejercicio de sus derechos políticos, seráncastigados con prisión correccional de seis meses a dos años, que se impondrá a cadauno de los individuos, que formaron parte de ellas. También quedarán inhabilitadosdurante un año a lo menos, y cinco a lo más, para ser electo o elegido para ningún cargopúblico de nombramiento popular. Art. 110.- Si el delito fuere la consecuencia de un plan concertado, y cuya ejecucióndebía verificarse en toda la República, o en una o varias de sus provincias, distritos omunicipios, la pena será la de destierro. Art. 111.- Los ciudadanos que, encargados en los actos electorales del despojo de losescrutinios, se sorprendan falsificando las boletas de inscripción o distrayéndolas de laurna electoral, o agregando en ella boletas distintas a las que depositaren los sufragantes,o inscribiendo en las de los electores que no sepan escribir, nombres distintos de los queellos les hubieren indicado, serán castigados con la degradación cívica. Art. 112.- Las demás personas que se hagan culpables de los delitos enunciados en elartículo anterior, serán condenadas a prisión de seis meses a dos años, y a la interdiccióndel derecho de elegir y ser elegido, durante un año a lo menos, y cinco a lo más.
15. Art. 113.- Todo ciudadano que, en las elecciones, hubiere comprado o vendido unsufragio, cualquiera que sea su precio, sufrirá la pena de inhabilitación para cargos yoficios públicos, desde uno hasta cinco años y multa de diez a cien pesos. El compradordel sufragio y su cómplice serán condenados a una multa que pagarán cada uno por sí,cuyo monto se elevará al duplo del valor de las cosas recibidas u ofrecidas. Si este valorno pudiere determinarse, la multa será de diez a cien pesos.SECCIÓN 2DA.Atentados contra la libertad. Art. 114.- Los funcionarios, agentes o delegados del Gobierno que hubieren ordenado ocometido un acto arbitrario o atentatorio a la libertad individual, a los derechos políticos deuno o muchos ciudadanos, o a la Constitución, serán condenados a la pena de ladegradación cívica. Si justificaren, sin embargo, que han obrado por orden de superioresa quienes debían obediencia jerárquica por asuntos de su competencia, quedaránexentos de la pena, la que en este caso se aplicará a los superiores que hubieren dado laorden. Art. 115.- Si la orden hubiere emanado de un Secretario de Estado, o si este funcionariohubiere cometido uno de los actos mencionados en el artículo precedente, y si despuésde haber solicitado la revocación de la disposición, se negare a ello, o se descuidare enhacerla enmendar, se le impondrá la pena de destierro, previa acusación decretadaconforme a la Constitución. Art. 116.- Si los Secretarios de Estado, acusados de haber ordenado o autorizado un actocontrario a la Constitución, alegaren que la firma les ha sido sorprendida, estaránobligados a denunciar, al hacer cesar el acto, a aquel que ellos indiquen como autor de lasorpresa, so pena de ser perseguidos personalmente. Art. 117.- Los daños y perjuicios que puedan pedirse, con motivo de los atentadosexpresados en el artículo 114, se reclamarán en el curso del procedimiento criminal, o porla vía civil, y se regularán en atención a las personas, a las circunstancias y al perjuicioirrogado, sin que en ningún caso, y sea quien fuere el agraviado, puedan esasindemnizaciones, para cada individuo, ser menos de cinco pesos por cada día dedetención ilegal y arbitraria. Art. 118.- Si el acto contrario a la Constitución se ha ejecutado, falsificando la firma de unSecretario de Estado o de un funcionario público, los autores de la falsificación, y los quea sabiendas hubieren hecho uso del acto falso, serán castigados con la pena de trabajospúblicos. Art. 119.- Los funcionarios públicos encargados de la policía administrativa o judicial, aquienes se dirijan instancias o reclamaciones tendentes a hacer constar una detenciónilegal y arbitraria, efectuada en los lugares destinados a la guarda de los presos, o encualquier otro punto, que se nieguen a dar dichas reclamaciones o instancias el cursocorrespondiente, o que se descuiden en el caso, serán castigados con la pena dedegradación cívica, si no justificaren haber denunciado el hecho a la autoridad superior.Serán también responsables de los daños y perjuicios que causen con su descuido o sunegativa, regulándose aquellos, según lo establece el artículo 117.
16. Art. 120.- Los alcaides, guardianes y conserjes de las cárceles, casas de detención o dedepósito, que recibieren presos sin mandamiento o sentencia, o sin poder provisional delGobierno o de autoridad competente; los que se negaren a presentar los presos al oficialde policía o al portador de sus órdenes, sin justificar la prohibición del fiscal o del juez;aquellos que se hubieren negado a presentar sus registros al oficial de policía, seconsiderarán como reos de detención arbitraria; y en consecuencia serán castigados conprisión correccional de seis meses a dos años, y multa de diez a cincuenta pesos. Art. 121.- Son reos de prevaricación, y serán castigados con la degradación cívica: losoficiales de policía, los fiscales, jueces o sus suplentes, que provocaren, dieren o firmarenuna providencia o mandamiento, con el fin de perseguir personalmente, o poner en estadode acusación, al Presidente y Vicepresidente de la República, a los Secretarios deEstado, a los Senadores, Diputados al Congreso, a los Magistrados y Procurador Generalde la República, al Prelado y las dignidades del cabildo eclesiástico, los agentesdiplomáticos de la República, los delegados y comisionados del Gobierno y losGobernadores de las Provincias, sin las autorizaciones prescritas por la Constitución y lasleyes del Estado; o que, salvo los casos de flagrante delito o de clamor público, dieren ofirmaren sin las mismas autorizaciones, el mandamiento de prisión, o de arresto, contrauno o muchos de los funcionarios especificados en el presente artículo. Art. 122.- Se impondrá también la pena de la degradación cívica, al Procurador Generalde la República, a los Fiscales, Jueces o sus suplentes, y a cualquiera otro oficial público,que arresten o hicieren arrestar a un individuo en lugares que no estén destinados a eseefecto por el Gobierno. En la misma pena incurrirán los funcionarios expresados en esteartículo, cuando hicieren comparecer, en calidad de acusado, ante un tribunal criminal, acualquier ciudadano, contra quien no hubiere recaído previamente el auto de calificaciónde la cámara.SECCIÓN 3RA.Coalición de funcionarios. Art. 123.- Los funcionarios o empleados públicos, las corporaciones o depositarios de unaparte de la autoridad pública que concierten o convengan entre sí la ejecución de medidasy disposiciones contrarias a las leyes, o que con el mismo objeto lleven correspondencia ose envíen diputaciones, serán castigados con prisión de dos a seis meses, e inhabilitaciónabsoluta de uno a cinco años, para cargos y oficios públicos. Art. 124.- Si el concierto de medidas celebrado por los funcionarios y empleados de quetrata el artículo anterior, tiene por objeto contrariar la ejecución de las leyes o de lasórdenes del Gobierno, se impondrá a los culpables la pena de destierro. Si el concierto seha efectuado entre las autoridades civiles y los cuerpos militares y sus jefes, aquellos queresultaren autores o provocadores, serán castigados con la reclusión, y los demásculpables lo serán con la pena de destierro. Art. 125.- Si del concierto resultare un atentado contra la seguridad interior del Estado, lapena de veinte años de trabajos públicos se impondrá a los culpables. Art. 126.- Los funcionarios públicos, que deliberadamente hubieren resuelto dardimisiones, con el objeto de impedir o suspender la administración de justicia, o elcumplimiento de un servicio cualquiera, serán castigados como reos de prevaricación ycastigados con la pena de confinamiento.
17. SECCIÓN 4TA.Usurpación de autoridad por parte de los funcionarios del orden administrativo o judicial. Art. 127.- Se considerarán reos de prevaricación, y serán castigados con la degradacióncívica: los jueces, fiscales o sus suplentes, y los oficiales de policía que se hubierenmezclado en el ejercicio del Poder Legislativo, dando reglamentos que contengandisposiciones legislativas o suspendiendo la ejecución de una o muchas leyes odeliberando en cuanto a saber si las leyes se ejecutarán o promulgarán. Art. 128.- Se castigarán con la misma pena, los jueces, fiscales o sus suplentes, y losoficiales de policía que se excedieren en sus atribuciones, ingiriéndose en materias quecorrespondan a las autoridades administrativas, ya sea que reglamenten en esasmaterias, o ya que prohiban que se ejecuten las órdenes que emanen del Gobierno. Art. 129.- Además de las penas señaladas en los artículos de esta sección, se podrácondenar a los culpables a los daños y perjuicios que hubieren ocasionado. Art. 130.- Los Gobernadores de provincias, los Ayuntamientos, Síndicos y demásadministradores, serán castigados con la degradación cívica, cuando se ingieran en elejercicio del Poder Legislativo, tomando disposiciones o dictando providencias generales,cuyas tendencias sean intimar órdenes o prohibiciones a los tribunales. Art. 131.- En igual pena incurrirán los empleados administrativos indicados en el artículoanterior que usurparen atribuciones judiciales, ingiriéndose en el conocimiento dederechos e intereses privados de la jurisdicción de los tribunales, y que después de lareclamación de las partes o de una de ellas decidieren, sin embargo, el asunto; o que dealgún modo requirieren, instruyeren o hicieren recomendaciones a las autoridadesjudiciales para que ciñan sus actuaciones, decisiones o fallos, al interés o criterioparticular de aquellos.CAPÍTULO IIICrímenes y delitos contra la paz pública.SECCIÓN 1RA.DE LAS FALSEDADESPÁRRAFO IDe la falsificación de moneda. Art. 132.- El que falsificare o alterare las monedas de oro o plata que tengan circulaciónlegal en la República, o que emita, introduzca o expenda dichas monedas falsas oalteradas, será condenado al máximo de la pena de trabajos públicos. Art. 133.- Se castigará con la pena de tres a diez años de trabajos públicos, al quefalsifique o altere las monedas de cobre o níquel, que estén en circulación legal en laRepública, o que las introduzca, emita o expenda. Art. 134.- Las penas del artículo anterior se impondrán al que en la República falsifique oaltere monedas metálicas, billetes de banco o valores extranjeros, o que los introduzca,
18. emita o expenda. La sentencia ordenará siempre la confiscación de las monedas, billeteso valores. Art. 135.- Toda persona que hubiere coloreado las monedas que tengan curso legal en laRepública, o las monedas extranjeras, con ánimo u objeto de engañar sobre la materia delmetal; o que las hubiere emitido o introducido en el territorio de la República, serácastigado con prisión de seis meses a dos años. Igual pena se impondrá a los quehubieren tomado parte en la emisión o en la introducción de tales monedas coloreadas. Art. 136.- La participación indicada en los artículos anteriores de esta sección, nocomprenderá a aquellas personas que, habiendo recibido por buenas, monedas falsas,las hubieren vuelto a la circulación. Art. 137.- La excepción del artículo que precede, no comprenderá a las personas quehubieren vuelto a la circulación por buenas, monedas falsas, alteradas o coloreadasdespués de haber verificado o hecho verificar sus vicios o defectos, las cuales personasserán castigadas con una multa, triplo a lo menos, y séxtuplo a los más, de la cantidad delas monedas puestas en circulación, sin que esta multa, en ningún caso, pueda ser menosde diez y seis pesos. Art. 138.- Los culpables de los crímenes mencionados en los artículos 132 y 133,quedarán exentos de responsabilidad criminal, siempre que antes de la perpetración delcrimen, o de que se principien las pesquisas y diligencias, dieren conocimiento de ello a laautoridad constituida, o le revelaren los nombres de los autores. De igual exencióngozarán después de principiadas las diligencias, si facilitaren la captura de los demásculpables; sin embargo quedarán sujetos a la vigilancia especial de la alta policía durantecinco años. PÁRRAFO II Falsificación de los sellos, timbres, papel sellado, marcas y punzones del Estado, de losbilletes de banco, y de los documentos de crédito público. Art. 139.- El que falsifique los sellos del Estado, o haga uso del sello falsificado, el quefalsifique los documentos de crédito emitidos por el tesoro público con sus sellos, o losbilletes de banco autorizados por la ley, o que haga uso de esos documentos o billetes debanco falsificados, o que los introduzca o expenda en el territorio de la República, serácondenado a los trabajos públicos. Art. 140.- El que falsifique los punzones destinados al contraste de las materias de oro oplata, o que haga uso de papeles, créditos públicos, timbres, papel sellado o punzonesfalsificados, será condenado de tres a diez años de trabajos públicos. Art. 141.- El que, por medios indebidos y reprobados, obtuviere los verdaderos sellos,marcas o punzones destinados a uno de los usos expresados en el artículo anterior, ehiciere de ellos usos y aplicaciones perjudiciales a los intereses del Estado, serácondenado a la reclusión. Art. 142.- Todos aquellos que hubieren contrahecho las marcas destinadas para serpuestas a nombre del Gobierno sobre las diversas especies de géneros o de mercancías,o que hubieren hecho uso de esas marcas falsificadas; los que hubieren contrahecho elsello, timbre o marca de cualquiera autoridad, o que hubieren hecho uso de sellos,
19. timbres o marcas falsificadas; los que hubieren contrahecho los sellos de correos o hechouso, a sabiendas, de sellos de correos falsificados, serán castigados con prisión de unaño a lo menos, y de dos a los más. Además, se podrá condenar a los culpables a laprivación de los derechos mencionados en el artículo 42 del presente Código, durante unaño a lo menos y cinco a lo más contados desde el día en que hubiere cumplido lacondenación principal; y también a ser puestos, por la misma sentencia, bajo la vigilanciade la alta policía, por el mismo número de años. Las disposiciones que preceden, seaplicarán a las tentativas de los mismos delitos. Art. 143.- Se impondrá la pena de la degradación cívica, a todo aquel que por mediosindebidos, obtuviere los verdaderos sellos o marcas del Estado destinados a uno de losusos expresados en el artículo anterior, y que hiciere de ellos una aplicación o un usoperjudicial a los intereses y derechos del Estado, de una autoridad cualquiera, o de unestablecimiento particular. Además se podrá condenar a los culpables a la privación delos derechos mencionados en el artículo 42 del presente Código, durante un año a lomenos, y cinco a lo más, contados desde el día en que hubieren cumplido la condenaciónprincipal, y también a ser puestos por la misma sentencia, bajo la vigilancia de la altapolicía por el mismo número de años. Las disposiciones que preceden, se aplicarán a lastentativas de los mismos delitos. Art. 144.- Las disposiciones del artículo 138 son aplicables a los crímenes mencionadosen el artículo 139.PÁRRAFO IIIDe la falsedad en escritura pública o auténtica, de comercio o de Banco. Art. 145.- Será condenado a la pena de trabajos públicos, el empleado o funcionariopúblico que, en el ejercicio de sus funciones, cometiere falsedad, contrahaciendo ofingiendo letra, firma o rúbrica, alterando la naturaleza de los actos, escrituras o firmas,suponiendo en un acto la intervención o presencia de personas que no han tenido parteen él, intercalando escrituras en los registros u otros actos públicos después de suconfección o clausura. Art. 146.- Serán del mismo modo castigados con la pena de trabajos públicos: todofuncionario u oficial público que, en el ejercicio de su ministerio, hubiera desnaturalizadodolosa y fraudulentamente la sustancia de los actos o sus circunstancias; redactandoconvenciones distintas de aquellas que las partes hubieren dictado o formulado; haciendoconstar en los actos, como verdaderos, hechos falsos; o como reconocidos y aprobadospor las partes, aquellos que no lo habían sido realmente; alterando las fechas verdaderas,dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto, o manifestando en ella cosacontraria o diferente de lo que contenga el verdadero original. Art. 147.- Se castigará con la pena de tres a diez años de trabajos públicos, a cualquieraotra persona que cometa falsedad en escritura auténtica o pública, o en las de comercio yde banco, ya sea que imite o altere las escrituras o firmas, ya que estipule o inserteconvenciones, disposiciones, obligaciones o descargos después de cerrados aquellos, oque adicione o altere cláusulas, declaraciones o hechos que debían recibirse o hacerseconstar en dichos actos.Art. 148.- En todos los casos del presente párrafo, aquel que haya hecho uso de losactos falsos, se castigará con la pena de reclusión.
20. Art. 149.- Se exceptúan de las disposiciones prescritas en los artículos anteriores, lasfalsificaciones de órdenes de rutas, sobre cuyo delito se estatuirá especialmente másadelante.PÁRRAFO IVFalsedades en escrituras privadas. Art. 150.- Se impondrá la pena de reclusión a todo individuo que, por uno de los mediosexpresados en el artículo 147, cometa falsedad en escritura privada. Art. 151.- La misma pena se impondrá a todo aquel que haga uso del acto, escritura odocumento falsos. Art. 152.- Se exceptúan de estas disposiciones, las falsificaciones que se comentan enlas certificaciones de que se tratará más adelante.PÁRRAFO VFalsedad en los pasaportes, órdenes de ruta y certificaciones. Art. 153.- Se impondrá la pena de tres a diez años de trabajos públicos, al que hiciere unpasaporte falso, al que falsifique un pasaporte primitivamente verdadero, y al que hiciereuso de un pasaporte falso o falsificado. Art. 154.- El que en un pasaporte se hiciere inscribir con un nombre supuesto, o quecomo testigo hubiere asistido con el objeto de hacer librar el pasaporte bajo un nombresupuesto, será castigado con prisión correccional, de tres meses a un año. La mismapena se aplicará a todo individuo que hiciere uso de algún pasaporte librado bajo unnombre distinto del suyo. Los posaderos, fondistas o mesoneros que, a sabiendas, inscriban en sus registros connombres falsos o supuestos, a las personas que se hospeden en sus establecimientos,serán castigados con prisión de seis días a un mes. Art. 155.- El oficial público que, a sabiendas, expidiere pasaporte bajo un nombresupuesto, será castigado con prisión de seis meses a dos años. Art. 156.- El que cometiere falsedad en una orden de ruta, o falsificare una queprimitivamente fue verdadera, y el que haga uso de esa orden falsa o falsificada, serácastigado, según las distinciones siguientes: si la orden de ruta no ha tenido más objetoque engañar la vigilancia de la autoridad pública, la pena será de seis meses a dos añosde prisión; si el tesoro público ha pagado al portador de la orden falsa un viático que no sele debía, o cuyo valor excedía de aquel a que podía tener derecho, se impondrá la penade confinamiento, siempre que la suma cobrada no exceda de cien pesos, alzándose lapena de uno a dos años de prisión, si la suma indebidamente percibida se eleva a más decien pesos Art. 157.- Las penas pronunciadas por el artículo anterior, se aplicarán según lasdistinciones que en él se establecen, a toda persona que con nombre supuesto, se hayahecho dar por la autoridad pública, una orden de ruta, o que haya hecho uso de una hojade ruta entregada bajo otro nombre que no sea el suyo.
21. Art. 158.- Si la autoridad que expidió la orden, tuvo conocimiento, al tiempo de expedirla,de la suposición de nombre, la pena será, en el primer caso del artículo 156, la delconfinamiento; en el segundo caso del mismo artículo, se le impondrá la prisión de uno ados años; y si se encontrare en el último caso, se castigará con la reclusión. En los dosprimeros casos se le podrá, además, privar de los derechos mencionados en el artículo 42del presente Código, durante un año a lo menos, y cinco a lo más, a contar desde el díaen que haya cumplido su condena. Art. 159.- Todo aquel que, con el fin de exonerarse a sí mismo, o a otro cualquiera, de unservicio público, tomare el nombre de un médico, cirujano, o cualquier otro oficial desanidad y librare certificación de enfermedad o dolencia habitual, será castigado conprisión correccional de seis meses a dos años. Art. 160.- Los Médicos, cirujanos u oficiales de sanidad que, para favorecer a alguno,dieren certificación falsa de enfermedad o achaques que lo dispensen del servicio público,serán castigados con prisión de seis meses a dos años. Si han obrado impulsados pordádivas o promesas, se les impondrá la pena de destierro. En ambos casos se les podrá,además, privar de los derechos mencionados en el artículo 42 del presente Código,durante un año a los menos y cinco a los más, a contar desde el día en que hayacumplido su condena. Los corruptores serán, en el segundo caso, castigados con lasmismas penas. Art. 161.- Se impondrá la pena de tres meses a un año de prisión, a todo aquel quetomare el nombre de un funcionario u oficial público, y expidiere certificación de vida ycostumbres, de solvencia u otras circunstancias que atraigan la benevolencia delGobierno o de los particulares, sobre la persona que en aquella se designe, o bien lefaciliten colocación, crédito o socorro. Igual pena se impondrá al que falsificare unacertificación de la especie mencionada en este artículo, con el fin de apropiarla a unapersona que no sea la misma a quien se libró primitivamente, aunque en su origenhubiera sido verdadera la certificación. También será reo de la misma pena, el quehubiere hecho uso de la certificación falsa o falsificada. Si esta certificación se hace bajoel nombre de un particular, la falsificación y el uso se castigarán con la pena de quincedías a seis meses de prisión. Art. 162.- Las certificaciones falsas distintas a las expresadas, y de las cuales resultenperjuicio a terceros o al tesoro público, se castigarán según haya lugar, conforme a lasdisposiciones de los párrafos 3o. y 4o. de la presente sección.DISPOSICIONES COMUNES Art. 163.- La aplicación de las penas pronunciadas contra aquellos que hagan uso de lasmonedas, billetes, sellos timbres, punzones, marcas y escrituras falsas emitidas,confeccionadas o falsificadas, cesará, siempre que de la falsedad no haya tenidoconocimiento la persona que hizo uso de la cosa falsificada. Art. 164.- Cuando pueda estimarse el lucro que hubieran reportado, o se hubierenpropuesto reportar, a los reos y cómplices de las falsificaciones penadas por los artículosanteriores, se les impondrá una multa del tanto al cuádruplo del lucro.
22. Art. 165.- El importe mínimum de esta multa no podrá, en ningún caso, bajar de cincuentapesos. SECCIÓN 2DA.De la prevaricación, y de los crímenes y delitos cometidos por los funcionarios públicosen el ejercicio de sus funciones.Art. 166.- El crimen cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones,es una prevaricación. Art. 167.- La degradación cívica se impondrá al crimen de prevaricación, en todos loscasos en que la ley no pronuncie penas más graves.Art. 168.- Los simples delitos no constituyen al funcionario público en estado deprevaricación.PÁRRAFO IDe las sustracciones cometidas por los depositarios públicos. Art. 169.- Los funcionarios o empleados nombrados por autoridad competente cuyodeber es cobrar, percibir rentas u otros dineros, responder de semejantes valores o pagary desembolsar fondos públicos, deberán hacer los depósitos y remesas de tales fondos,rendir cuenta de ellos y devolver los balances no gastados de los mismos, dentro delplazo y en la forma y manera prescrita por las leyes y reglamentos. Los funcionarios o empleados nombrados por autoridad competente para conservar,guardar o vender sellos de correos, de Rentas Internas o papel sellado, remitirán elproducto de tales ventas y rendirán cuenta de los que quedasen en su poder, y de loscuales son responsables, dentro del período y en la forma y manera establecida por elPoder Ejecutivo. De igual modo, los que tengan bajo su guarda y responsabilidad, por la ley o por mandatode autoridad competente, terrenos, edificios, útiles, muebles, equipos, materiales,suministros y otros valores, rendirán informe y cuenta de ellos dentro del período y delmodo señalado por las leyes y reglamentos. Art. 170.- La falta, negligencia o negativa de cualquier funcionario o empleado endepositar o remitir fondos, cuando deba hacerlo o en devolver los balances que le seanpedidos; o entregar a sus sustitutos en el cargo cuando o de cualquier modo seaordenado entregarlos, por autoridad competente, todos los sellos de correos, sellos deRentas Internas, papel sellado, terrenos, edificios, útiles, muebles, equipo, material,suministros y otras cosas de valor de los cuales debe responder, será considerada comodesfalco. Art. 171.- La apropiación por parte de cualquier funcionario o empleado, de dinero,propiedad, suministro o valor, para destinarlo a un uso y fin distinto de aquellos para loscuales le fue entregado o puesto bajo su guarda; o la falta, negligencia o negativa a rendircuenta exacta del dinero recibido, sellos de correos, sellos de Rentas Internas, papelsellado, terreno, edificios, útiles, muebles, equipos, materiales, suministros, u otras cosasde valor, se tomará como evidencia prima facie de desfalco.
23. Art. 172.- Cualquier funcionario o empleado público, convicto de desfalco, de conformidadcon lo dispuesto por los artículos anteriores, será castigado con una multa no menor de lasuma desfalcada y no mayor de tres veces dicha cantidad y con la pena de reclusión. Sinembargo, si antes de haberse denunciado el caso a la justicia, se reparase en cualquierforma que sea el daño causado, o se reintegrare el dinero o los efectos desfalcados, yasean muebles o inmuebles, la pena será la de no menos de un año prisión correccional yla inhabilitación para desempeñar cualquier cargo público durante cuatro años. En caso de insolvencia, se aplicará al condenado sobre la pena enunciada, un día másde reclusión o de prisión por cada cinco pesos de multa, sin que en ningún caso estapena adicional pueda ser mayor de diez años. Art. 173.- El juez, administrador, funcionario u oficial público que destruyere, suprimiere,sustrajere o hurtare los actos y títulos, que en razón de sus funciones le hubieren sidoremitidos, comunicados o confiados en depósito, será castigado con la pena de reclusión.La misma pena se impondrá a los agentes, delegados u oficiales y dependientes de lasoficinas de gobierno, de las administraciones, de los tribunales de justicia o de lasnotarías y depósitos públicos que se hagan reos del mismo delito.PÁRRAFO IIConcusiones cometidas por los funcionarios públicos. Art. 174.- Los funcionarios y oficiales públicos, sus delegados o empleados ydependientes, los perceptores de derechos, cuotas, contribuciones, ingresos, rentaspúblicas o municipales y sus empleados, delegados o dependientes, que se hagan reosdel delito de concusión, ordenando la percepción de cantidades y valores que en realidadno se adeuden a las cajas públicas o municipales, o exigiendo o recibiendo sumas queexceden la tasa legal de los derechos, cuotas, contribuciones, ingresos o rentas, ocobrando salarios y mesadas superiores a las que establece la ley, serán castigadossegún las distinciones siguientes: los funcionarios y oficiales públicos, con la pena de lareclusión; y sus empleados, dependientes o delegados, con prisión correccional, de uno ados años, cuando la totalidad de las cantidades indebidamente exigidas o recibidas y cuyapercepción hubiese sido ordenada, fuere superior a sesenta pesos. Si la totalidad deesas sumas no excediese de sesenta pesos, los oficiales públicos designados antes,serán castigados con prisión de seis meses a un año; y sus dependientes o delegados,con prisión de tres a seis meses. La tentativa de este delito se castigará como el mismodelito. En todos los casos en que fuere pronunciada la pena de prisión, a los culpables seles podrá además privar de los derechos mencionados en el artículo 42 del presenteCódigo, durante un año a lo menos, y cinco a lo más, contados desde el día en quehubieren cumplido la condenación principal; podrá además el tribunal, por la mismasentencia, someter a los culpables bajo la vigilancia de la alta policía, durante igualnúmero de años. Además, se impondrá a los culpables una multa que no excederá lacuarta parte de las restituciones, daños y perjuicios, y que no bajará de la duodécimaparte de esas mismas restituciones. Las disposiciones del presente artículo seránaplicables a los secretarios, oficiales y ministeriales, cuando el hecho se cometiere sobreingresos de los cuales estuvieren encargados por la ley. PÁRRAFO III De los delitos de los funcionarios que se hayan mezclado en asuntos incompatibles consu calidad.
24. Art. 175.- El empleado o funcionario, u oficial público, o agente del Gobierno queabiertamente, por simulación de actos, o por interposición de persona, reciba un interés ouna recompensa, no prevista por la ley, en los actos, adjudicaciones o empresas, cuyaadministración o vigilancia esté encomendada a la Secretaría de Estado u oficina en alcual desempeñare algún cargo cualquiera de las expresadas personas cuando los actos,adjudicaciones o empresas fueren iniciadas o sometidas a la acción de dicha Secretaríade Estado u oficina en la cual desempeñare algún cargo cualquiera de las expresadaspersonas cuando los actos, adjudicaciones, o empresas fueren iniciadas o sometidas a laacción de dicha Secretaría de Estado u oficina, será castigado con prisión correccional deseis meses a un año, y multa de una cantidad no mayor que la cuarta parte ni menor quela duodécima parte de las restituciones y redenciones que se concedan. Se impondrá,además, al culpable la pena de inhabilitación perpetua para cargos u oficios públicos. Art. 176.- Las anteriores disposiciones tendrán aplicación respecto de los funcionarios oagentes del Gobierno que hubieren admitido una recompensa cualquiera en negocios,cuyo pago o liquidación debían efectuar en razón de su oficio, o por disposición superior.PÁRRAFO IVDel soborno o cohecho de los funcionarios públicos. Art. 177.- El funcionario o empleado público del orden administrativo, municipal o judicialque, por dádiva o promesa, prestare su ministerio para efectuar un acto que, aunquejusto, no esté sujeto a salario, será castigado con la degradación cívica y condenado auna multa del duplo de las dádivas, recompensas o promesas remuneratorias, sin que, enningún caso, pueda esa multa bajar de cincuenta pesos, ni ser inferior a seis meses el"encarcelamiento" que establece el artículo 33 de este mismo Código, cuyopronunciamiento será siempre obligatorio. En las mismas penas incurrirá el funcionario, empleado u oficial público que, por dádivaso promesas, omitiere ejecutar cualquier acto lícito, o debido, propio de su cargo. Se castigará con las mismas penas a todo árbitro o experto nombrado, sea por eltribunal, sea por las partes, que hubiere aceptado ofertas o promesas, o recibido dádivaso regalos, para dar una decisión o emitir una opinión favorable a una de las partes. Art. 178.- Si el cohecho o soborno tuviere por objeto una acción criminal, que tengaseñaladas penas superiores a las establecidas en el artículo anterior, las penas másgraves se impondrán siempre a los culpables. Art. 179.- El que con amenazas, violencias, promesas, dádivas, ofrecimientos orecompensas, sobornare u obligare o tratare de sobornar u obligar a uno de losfuncionarios públicos, agentes o delegados mencionados en el artículo 177, con el fin deobtener decisión favorable, actos, justiprecios, certificaciones o cualquier otro documentocontrario a la verdad, será castigado con las mismas penas que puedan caber alfuncionario o empleado sobornado. Las mismas penas se impondrán a los que, valiéndose de idénticos medios, obtuvierencolocación, empleo, adjudicación o cualesquiera otros beneficios, o que recabaren delfuncionario cualquier acto propio de su ministerio, o la abstención de un acto que hiciereparte del ejercicio de sus deberes.
25. Sin embargo, si las tentativas de soborno o violencias hubieren quedado sin efecto, losculpables de estas tentativas sufrirán tan solo la pena de tres meses a un año y multa decincuenta a doscientos pesos. Párrafo.- En los casos de este artículo, si el sobornante, fuere industrial o comerciante, lasentencia podrá incapacitarlo para el ejercicio de la industria o el comercio por un períodode dos a cinco años, a contar de la sentencia definitiva. Art. 180.- Al sobornante nunca se le concederá la restitución de las cosas o los valoresentregados por él, ni la del valor que aquellas representen. Serán confiscados enprovecho del Fisco. Art. 181.- El juez que, en materia criminal, se dejare sobornar, favoreciendo operjudicando al acusado, será castigado con la pena de reclusión, sin perjuicio de la multade que trata el artículo 177. Art. 182.- Si a consecuencia del soborno se impusiese al reo una pena superior a la dereclusión, esa pena, sea cual fuere su gravedad, se impondrá al juez sobornado. Art. 183.- El juez o árbitro que, por amistad u odio, provea, en pro o en contra, losnegocios que se someten a su decisión, será reo de prevaricación, y como a tal se leimpondrá la pena de la degradación cívica.PÁRRAFO VAbusos de autoridad.PRIMERA CLASEAbusos de autoridad contra los particulares. Art. 184.- Los funcionarios del orden administrativo o judicial, los oficiales de policía, loscomandantes o agentes de la fuerza pública que, abusando de su autoridad, allanaren eldomicilio de los ciudadanos, a no ser en los casos y con las formalidades que la leyprescribe, serán castigados con prisión correccional de seis días a un año, y multa de diezy seis a cien pesos; sin perjuicio de lo que dispone el párrafo 2do. del artículo 114. Losparticulares que, con amenazas o violencias, se introduzcan en el domicilio de unciudadano, serán castigados con prisión de seis días a seis meses, y multa de diez acincuenta pesos. Art. 185.- El Juez o tribunal que, maliciosamente o so pretexto de silencio, oscuridad oinsuficiencia de la ley, se negare a juzgar y proveer los pedimentos que se le presenten yque persevere en su negativa, después del requerimiento que le hagan las partes, o de laintimación de sus superiores, será castigado con multa de veinte y cinco a cien pesos, einhabilitación desde uno hasta cinco años, para cargos y oficios públicos. En la mismapena incurrirá cualquiera otra autoridad civil, municipal o administrativa que rehuseproveer los negocios que se sometan a su consideración. Art. 186.- Los funcionarios u oficiales públicos, administradores, agentes o delegados delGobierno o de la policía, los encargados de la ejecución de sentencias u otros mandatosjudiciales, los comandantes en jefe o subalternos de la fuerza pública que, en el ejerciciode sus funciones o en razón de ese ejercicio, y sin motivo legítimo, usaren o permitieren
26. que se usen violencias contra las personas, serán castigados según la naturaleza ygravedad de esas violencias, aumentándose la pena conforme a las reglas establecidasen el artículo 198. Art. 187.- Los funcionarios o agentes del Gobierno, los encargados de las oficinas decorreos o sus dependientes y auxiliares, que intercepten o abran las cartas confiadas a laestafeta, o que faciliten los medios de que se intercepten o abran, serán castigados conprisión de seis meses a dos años, y multa de diez a cien pesos. También seráncastigados con inhabilitación absoluta desde uno hasta cinco años, para cargos y oficiospúblicos.SEGUNDA CLASEAbusos de autoridad contra la cosa pública. Art. 188.- La pena de la reclusión se impondrá: a los funcionarios públicos, agentes odelegados del Gobierno, cualquiera que sea su grado, y la clase a que pertenezcan, querequieren u ordenaren, hicieren requerir u ordenar la acción o el uso de la fuerza pública,para impedir la ejecución de una ley, la percepción de una contribución legal, la ejecuciónde un auto o mandamiento judicial o de cualquiera otra disposición emanada de autoridadlegítima. Art. 189.- Si el requerimiento o la orden hubieren producido sus efectos, se impondrá alos culpables la pena de la reclusión en su grado máximum. Art. 190.- Las penas enunciadas en los artículos 188 y 189, se aplicarán siempre a losfuncionarios o delegados que hayan obrado por orden de sus superiores, a no ser queesas órdenes hayan sido dadas por éstos, en el círculo de sus atribuciones, y queaquellos debían, en fuerza de la jerarquía, acatar y cumplir. En este caso, las penaspronunciadas por los artículos que preceden, no se impondrán sino a los superiores queprimitivamente hubieren dado esas ordenes. Art. 191.- Si a consecuencia de las órdenes, disposiciones o requerimientos, de que sehace mención en los artículos anteriores, se cometieren crímenes que traigan penasmayores a las que se establecen en los artículos 188 y 189, esas penas mayores seimpondrán a los funcionarios, agentes o delegados culpables que hubieren dado dichasórdenes o hecho dichos requerimientos.PÁRRAFO VIDelitos relativos al asiento de los actos en los registros del estado civil. Art. 192.- Los encargados del Estado Civil que extiendan en hojas sueltas los actos de suministerio, serán castigados con prisión correccional de uno a tres meses, y multa decinco a cuarenta pesos. Art. 193.- Los Oficiales del Estado Civil que presenciaren matrimonios, para cuya validezla ley prescribe el consentimiento de los padres, mayores u otras personas, sin haberseasegurado antes de la existencia de ese consentimiento, serán castigados con una multade veinte y cinco a cien pesos, y con prisión correccional de seis meses a un año.
27. Art. 194.- El Oficial del Estado Civil que autorizare el matrimonio de mujer viuda, antes delos diez meses que el Código Civil señala a las viudas para contraer segundas nupcias,sufrirá una multa de veinte a cien pesos. Art. 195.- Las penas pronunciadas por los artículos anteriores, contra los encargados delEstado Civil, se les impondrán siempre, aunque no se hubieren proveído las partes contrala nulidad de los actos o aunque dicha nulidad esté cubierta. En caso de colusión, seimpondrán a los culpables las penas que la ley señala, sin perjuicio también de lasdisposiciones penales, insertas en el título V del libro 1ro. del Código Civil.PÁRRAFO VIIDel ejercicio de la autoridad pública y legalmente anticipado o prolongado Art. 196.- El funcionario público que entrare a ejercer sus funciones, sin haber prestadopreviamente el juramento constitucional, podrá ser perseguido y castigado con multa dediez a cincuenta pesos. Art. 197.- El funcionario público que, después de haber tenido conocimiento oficial de surevocación, suspensión, destitución o inhabilitación legal, continuare ejerciendo susfunciones, o que siendo electivo o temporal, las haya ejercido después de haber sidoreemplazado, será castigado con prisión de seis meses a dos años, y multa de diez a cienpesos. Quedará inhabilitado, después que sufra su pena, para ejercer cualquiera otrafunción pública, por un año a lo menos, y cinco a lo más, sin perjuicio de las penasestablecidas por el artículo 93 del presente Código, contra los oficiales o comandantesmilitares.DISPOSICIÓN PARTICULAR Art. 198.- Los empleados y funcionarios públicos, a quienes esté encomendada larepresión de los delitos, y que se hicieren reos de dichos delitos, o de complicidad enellos, serán castigados según lo establece la escala siguiente: 1o., si se tratare de undelito correccional, sufrirán siempre el máximum de la pena señalada a ese delito; 2do., sise tratare de un crimen, serán condenados a la reclusión, si el crimen trae contracualquier otro culpable la pena de la degradación cívica; a la detención, si el crimen tieneseñalado para otro culpable la pena de la reclusión; y a la de trabajos públicos, si elcrimen contra cualquier otro culpable trae la pena de detención. En los demás casos noexpresados aquí, la pena común se impondrá siempre sin agravación. Lo dispuesto eneste artículo no se extiende a aquellos casos en que la ley, por disposición especial,determina las penas en que incurren los empleados y funcionarios públicos por loscrímenes y delitos que cometan. SECCIÓN 3RA. Perturbación del orden público producida por los ministros de los cultos en el ejercicio desu ministerio.PÁRRAFO IContravenciones que pueden comprometer el estado civil de las personas.Art. 199.- (Derogado).Art. 200.- (Derogado).
28. PÁRRAFO II Críticas, censuras o provocaciones dirigidas contra la autoridad pública, en discursospastorales pronunciados públicamente. Art. 201.- Los sacerdotes y ministros de cultos que, en el ejercicio de su ministerio, o enasambleas públicas, pronunciaren discursos vituperando o censurando las medidas delGobierno, las leyes, decretos o mandamientos de los poderes constituidos, o cualquierotro acto de la autoridad pública, serán castigados con prisión correccional de tres mesesa dos años. Art. 202.- Si en el discurso se excitare de un modo directo a desacatar la ley u otros actosde la autoridad pública, o si sus tendencias fueren sublevar a los ciudadanos, o armarlosunos contra otros, el sacerdote o ministro culpable será castigado con prisión correccionalde seis meses a dos años, siempre que las excitaciones o provocaciones hubierenquedado sin resultado; pero si por el contrario, hubieren dado lugar a la desobediencia,sin llegar a la sedición o rebelión, se le impondrá la pena de destierro.Art. 203.- Cuando de la provocación o excitación resulte una sedición o rebelión, cuyanaturaleza sea tal, que uno o muchos de los culpables sean castigados con penas másgraves que las del destierro, esa pena, sea cual fuere, se impondrá al sacerdote oministro culpable de la provocación o sedición.PÁRRAFO IIICensura o provocaciones dirigidas a la autoridad pública en escritos pastorales. Art. 204.- Se impondrá la pena de destierro a todo ministro de un culto que, en cualquierescrito que contenga instrucciones pastorales, se ingiera de una manera cualquiera envituperar o censurar al Gobierno, o un acto de la autoridad pública. Art. 205.- Si el escrito contuviere provocaciones directas contrarias al respeto debido a laley, o a los demás actos de la autoridad pública, o si sus tendencias fueren sublevar a losciudadanos, o armarlos unos contra otros, se impondrá al ministro que lo publicare, lapena de la reclusión. Art. 206.- Siempre que la excitación o provocación produzca una sedición o rebelión quedeba castigarse con penas superiores a la reclusión, esas penas, sean cuales fueren, seimpondrán al sacerdote o ministro culpable de la provocación. PÁRRAFO IV Correspondencia entre los ministros de cultos, con Gobiernos Extranjeros, sobre materiasreligiosas Art. 207.- Los ministros de un culto que, en cuestiones o materias religiosas llevarencorrespondencia con un Gobierno extranjero sin haber dado aviso y obtenido previamentedel Secretario de Estado, encargado de la vigilancia de los cultos, la autorizacióncompetente, serán por este hecho castigados con una multa de veinte y cinco a cienpesos, y prisión de un mes a dos años. Art. 208.- Si a la correspondencia de que trata el artículo anterior, se han seguido actoscontrarios a las leyes, decretos o disposiciones formales de los poderes del Estado, los
29. culpables serán desterrados, a no ser que la pena señalada por la ley a los actos quehubieren cometido los culpables, sea superior a la que establece este artículo; pues eneste caso se impondrá la más grave.SECCIÓN 4TA.Resistencia, desobediencia, desacato y otras faltas cometidas contra la autoridad pública.PÁRRAFO IREBELIÓN Art. 209.- Los actos de rebelión se clasifican, según las circunstancias que losacompañen, crimen o delito de rebelión. Hay rebelión, en el acometimiento, resistencia,violencia o vías de hecho, ejercidas contra los empleados y funcionarios públicos, susagentes, delegados, o encargados, sean cuales fueren su grado y la clase a quepertenezcan, cuando obren en el ejercicio de sus funciones, y sea cual fuere la funciónpública que ejerzan.Art. 210.- El acometimiento o la resistencia efectuada por más de veinte personasarmadas, dará lugar a que se imponga a los culpables la pena de reclusión, rebajándoseésta a la de prisión correccional, si se ejecutó sin armas. Art. 211.- La rebelión cometida por un número de tres a veinte personas, se castigará conprisión de seis meses a dos años, reduciendo la pena de tres meses a un año de prisiónsi los culpables no estaban armados. Art. 212.- La rebelión cometida por una o dos personas armadas, se castigará con prisiónde seis meses a dos años, y con igual pena de seis días a seis meses, si la ejecutaron sinarmas. Art. 213.- En caso de agavillamiento o junta tumultuaria, se impondrá a los rebeldes queno ejerzan funciones ni empleos en la gavilla, la pena señalada en el artículo 100 de esteCódigo, siempre que se hubieren retirado a la primera intimación de la autoridad pública,o que se retiraren después, y que no hayan sido arrestados en el lugar de la rebelión, sinofuera de él, sin nueva resistencia y sin armas. Art. 214.- Toda reunión de individuos, que tenga por objeto la comisión de un crimen o deun delito, se reputa reunión armada, si dos o más de entre ellos son portadores de armasostensibles. Art. 215.- Las personas que se encuentren provistas de armas ocultas, y que hayanformado parte de una turba o reunión, que no se repute armada, serán individualmentecastigadas, como si hubiesen formado parte de una turba o reunión armada. Art. 216.- Los que con motivo de una rebelión, o mientras dure ésta, se hagan reos decrímenes y delitos comunes, serán castigados con las penas que el Código señala a cadauno de esos crímenes o delitos, siempre que sean más graves que los que se señalanpara la rebelión. Art. 217.- Se considerará reo de rebelión, y castigado como tal a, todo aquel que pordiscursos, pasquines, libelos, escritos o por cualquiera otro medio de publicidad, la
30. hubiera provocado. Si la rebelión no se efectuare, el provocador será castigado conprisión de seis días a un año. Art. 218.- Siempre que la ley no imponga al delito de rebelión sino la pena de prisióncorreccional, los culpables, en esos casos, se podrán condenar accesoriamente a unamulta de diez a cien pesos. Art. 219.- Las reuniones que se formen con armas o sin ellas, por los operarios ojornaleros de las manufacturas o talleres, minas o establecimientos agrícolas; las que seformen por los individuos que se admitan en los hospicios, o por los presos, procesados,acusados o condenados, se considerarán y calificarán en la misma categoría que lasreuniones de rebeldes, cuando su objeto sea violentar o amenazar a la autoridadadministrativa, a los oficiales o agentes de policía o a la fuerza pública. Art. 220.- Los procesados, acusados o condenados por delitos comunes, que se haganreos de rebelión, sufrirán la pena que se les imponga por este delito, después de cumplidala condena que motivaba su prisión, o si fueren descargados de la acusación, la sufrirándespués que la sentencia de absolución sea irrevocable. Art. 221.- Los jefes, provocadores e instigadores de una rebelión, se podrán condenaraccesoriamente a la sujeción a la vigilancia de la alta policía, desde uno hasta cinco años,que se contarán desde el día que cumplieren su condena.PÁRRAFO IIUltrajes y violencias contra la autoridad pública. Art. 222.- Cuando uno o muchos magistrados del orden administrativo o judicial, hubierenrecibido en el ejercicio de sus funciones, o a causa de este ejercicio, algún ultraje depalabra, o por escrito, o dibujos no públicos, tendentes en estos diversos casos a herir elhonor o la delicadeza de dichos magistrados, aquel que hubiere dirigido tales ultrajes serácastigado con prisión correccional de seis días a seis meses. Si el ultraje con palabras sehiciere en la audiencia de un tribunal, la pena será de prisión correccional de seis meses aun año. Art. 223.- El ultraje hecho por gestos o amenazas a un magistrado, en el desempeño desus funciones, o con motivo de ese ejercicio, se castigará con prisión de seis días a tresmeses, aumentándose la pena de un mes a un año, si el ultraje se hiciere en la audienciadel tribunal.Art. 224.- Se castigará con multa de diez a cien pesos, el ultraje que por medio depalabras, gestos o amenazas, se haga a los curules o agentes depositarios de la fuerzapública, y a todo ciudadano encargado de un servicio público, cuando estén en el ejerciciode sus funciones, o cuando sea en razón de dichas funciones. Art. 225.- La pena será de seis días a un mes de prisión, si el agraviado fuere uncomandante de la fuerza pública.Art. 226.- (Derogado).Art. 227.- (Derogado).
31. Art. 228.- Los golpes que, aún sin armas, se infieran a un magistrado en el ejercicio de sucargo, o en razón de ese ejercicio, se penarán con prisión de seis meses a dos años, aúncuando de los golpes inferidos no hubiere resultado lesión alguna. Si el delito secometiere en la audiencia de un tribunal, se impondrá además al culpable, como penaaccesoria, la suspensión desde uno hasta tres años, del ejercicio de los derechos civiles ypolíticos. Art. 229.- En cualquiera de los casos expresados en el artículo anterior, se podrácondenar también al culpable a vivir desde seis meses hasta dos años, lejos de laresidencia del magistrado ofendido, a una distancia de dos leguas por lo menos. Estadisposición principiará a tener su ejecución, desde el día en que el condenado hayacumplido su pena. Si antes del vencimiento del término señalado, infringiere esta orden,se le castigará con la pena del confinamiento. Art. 230.- Las violencias o vías de hecho, especificadas en el artículo 228, dirigidascontra un curial, un agente de la fuerza pública o un ciudadano encargado de un serviciopúblico, se castigarán con prisión de uno a seis meses, si se ejecutaron cuandodesempeñaba su oficio, o si lo fueron en razón de ese desempeño. Art. 231.- Cuando las violencias especificadas en los artículos 228 y 230, den porresultado la efusión de sangre, heridas o enfermedad, se impondrá al culpable la pena dela reclusión, agravándose ésta hasta la de trabajos públicos, si el agraviado murieredentro de los cuarenta días del hecho.Art. 232.- Los golpes y violencias que no causaren efusión de sangre, heridas oenfermedad, se penarán con la reclusión, si ocurrieren en el hecho las circunstancias depremeditación o acechanza(sic). Art. 233.- Los golpes o heridas que se infieran a uno de los funcionarios o agentesdesignados en los artículos 228 y 230, en el ejercicio o con motivo del ejercicio de susfunciones, se castigarán con la pena de trabajos públicos, si la intención del agresorhubiere sido ocasionar la muerte al agraviado.PÁRRAFO IIIDenegación de servicios legalmente debidos. Art. 234.- Los encargados y depositarios de la fuerza pública que, legalmente requeridospor autoridad civil, se negaren a prestar el auxilio de la fuerza que tengan bajo su mando,se castigarán con prisión de uno a tres meses. Art. 235.- Se les condenará también a las indemnizaciones que puedan decretarse, deconformidad con el artículo 10 del presente Código. Art. 236.- Los testigos que, para eximirse de los deberes que pesan sobre ellos, alegarenuna causa cuya falsedad sea conocida, serán condenados a prisión correccional de seisdías a dos meses; sin perjuicio de la multa a que se hagan acreedores, por su nocomparecencia.PÁRRAFO IVEvasión de presos y ocultación de criminales.
32. Art. 237.- Los encargados de la custodia de los presos, los alguaciles, los jefessuperiores o subalternos de la policía o de la fuerza pública, a quienes esté confiada laescolta para la conducción, traslación o custodia de los presos; aquellos a quienes estéencomendada la vigilancia de los puestos, cárceles o presidios, serán condenados, encaso de evasión de los presos confiados a su cuidado, según las distinciones queestablecen los artículos siguientes. Art. 238.- Si el preso evadido estuviere acusado de delitos de policía, o que sólo ameritenpenas simplemente infamantes, o si fuere prisionero de guerra, los encargados de suconducción o custodia, que sólo fueren reos de su negligencia, serán castigados conprisión correccional de seis días a dos meses. Si ha habido connivencia entre el evadido ysu custodia, la pena será de seis meses a dos años de prisión. A aquellos que no estandoencargado de la custodia o de la conducción del preso, hubieren procurado o facilitado suevasión, se les aplicará la pena de seis días a tres meses de prisión. Art. 239.- Si los presos evadidos, o alguno de ellos, estuviere bajo el peso de unacondenación a pena aflictiva temporal, o acusado de delito que merezca esa pena, losencargados de su custodia o conducción serán castigados con prisión de dos a seismeses, si la evasión fuere consecuencia de su descuido; y en caso de connivencia, se lesimpondrá la pena de reclusión. Las personas que, no estando encargadas de la custodiade los presos, hubieren procurado o facilitado la evasión, se castigarán con prisión de tresmeses a un año. Art. 240.- Si los evadidos o alguno de ellos estaba condenado a treinta años de trabajospúblicos o a trabajos públicos, o si se hallaba acusado por delitos que ameritaban dichaspenas, sus guardianes o conductores serán castigados, en caso de descuido, a prisióndesde uno hasta dos años, y en el de connivencia, lo serán a detención. Las personas noencargadas de la custodia del condenado, que facilitaren o procuraren la evasión, seráncastigadas con prisión de un año a lo menos, y dos a lo más. Art. 241.- Si la evasión o su tentativa se han operado con rompimiento de cárcel, laspenas contra los que la hubieren favorecido, suministrado instrumentos propios paraefectuarla, serán las siguientes: 1o.- Si el evadido se halla en uno de los casos delartículo 238, se le impondrá de tres meses a un año de prisión; 2o.- Si el evadido seencuentra en un uno de los casos del artículo 239, se le impondrá de uno a dos años deprisión correccional, y 3o. Si se halla en el caso del artículo 240, la pena será la dereclusión, y a una multa, en los tres casos, de diez a cuatrocientos pesos. Además, losculpables podrán ser condenados, en el último caso, a la privación de los derechosmencionados en el artículo 42 del presente Código, durante un año a lo menos y cinco alo más, contados desde el día en que hubieren cumplido la condenación principal. Art. 242.- Las penas pronunciadas por los artículos anteriores contra los carceleros,guardianes y custodias de los presos, se impondrán a todos aquellos que, para favorecero proporcionar la evasión de los detenidos, sobornaren a dichos carceleros, guardianes ycustodias. Art. 243.- La evasión con violencia o fractura, que se ejecute con auxilio de armas,transmitidas con ese fin a los presos, dará lugar a la aplicación de los trabajos públicoscontra los custodias, conductores o guardianes que hubieren sido partícipes en la entregade dichas armas; y a la de reclusión contra las demás personas que resultaren cómplicesde la evasión.
33. Art. 244.- Los culpables de connivencia en la evasión de los detenidos, seránsolidariamente responsables de las indemnizaciones que los agraviados por el delitohubieren tenido derecho a obtener contra los evadidos. Art. 245.- Las evasiones o tentativas de evasión, ejecutadas por los presos, sin auxilioextraño, con violencia o fractura de las cárceles, se penarán por la circunstancia defractura y por las violencias, con prisión de seis meses a un año, sin perjuicio de que seles impongan penas más graves, por los delitos que hubieran podido cometer con susviolencias. Estas penas las sufrirán los fugitivos inmediatamente después de cumplida sucondena, o después que se les descargue de la instancia a que dio lugar la imputacióndel crimen o delito que motivó su prisión. Párrafo.- Las evasiones o tentativas de evasión, efectuadas por los presos, sin auxilioextraño, burlando la vigilancia de sus custodias, conductores o guardianes, seráncastigadas con las penas de un mes a seis meses de prisión correccional. Estas penaslas sufrirán los fugitivos inmediatamente después de cumplida su condena o después quese les descargue de los hechos a que dio lugar la imputación del crimen o delito quemotivó su prisión. Art. 246.- Cualquiera persona que, por haber favorecido alguna evasión o tentativa deevasión, hubiere sido condenada a más de seis meses de prisión, se podrá poner ademásbajo la vigilancia de la alta policía, por un tiempo que no excederá de cinco años. Art. 247.- Cuando la prisión de que tratan los artículos anteriores, se imponga a losguardianes o conductores, culpables por negligencia de la evasión de presos confiados asu cuidado, la pena cesará de pleno derecho, al momento en que se capturen losevadidos, siempre que esto se efectúe dentro de los cuatro meses de evasión, y que nohayan sido aquellos aprehendidos por delitos cometidos después de su fuga. Art. 248.- Los que ocultaren o hicieren ocultar a los reos de delitos cuya pena seaaflictiva, sufrirán prisión correccional de tres meses a dos años, si al tiempo de laocultación tuvieren conocimiento del delito cometido. Se exceptúan de la presentedisposición, los ascendientes o descendientes, los cónyuges, aún en estado deseparación personal o de bienes, los hermanos o hermanas de los delincuentes ocultos, ysus afines en los mismos grados.PÁRRAFO VFractura de sellos, y sustracción de documentos en los depósitos públicos. Art. 249.- Se castigará con prisión correccional de seis días a seis meses, a losguardianes de objetos sellados por orden del Gobierno, o mandato judicial, cuando pordescuido suyo se rompan o quebranten dichos sellos.Art. 250.- Si el quebrantamiento de los sellos se ha operado en los papeles o efectospertenecientes a un acusado, cuyo delito lleve consigo la pena de treinta años de trabajospúblicos o la de trabajos públicos, o que esté condenado a una de esas penas, elguardián omiso será castigado con prisión de seis meses a un año. Art. 251.- Aquel que intencionalmente quebrantare o intentare quebrantar los sellosfijados sobre papeles, o efectos de la cualidad enumerada en el precedente artículo, o
ENJ-300 Tema X: Penas y Medidas de Seguridad
ENJ-300 Delitos Contra la Propiedad

References: artículo 76
 artículo 81
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 89
 artículo 114
 artículo 117
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 138
 artículo 139
 artículo 147
 artículo 156
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 33
 artículo 177
 artículo 177
 artículo 114
 artículo 198
 artículo 93
 artículo 100
 artículo 228
 artículo 10
 artículo 239
 artículo 240
 artículo 42