Source: http://www.justiciaviva.org.pe/new/antecedentes-proximos-para-la-creacion-del-grupo-de-trabajo-sobre-desapariciones-forzadas-e-involuntarias-de-la-onu/
Timestamp: 2019-09-21 20:08:23+00:00

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Antecedentes próximos para la creación del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU | Justicia Viva
Rosario Alminagorta Delgado[1]
Los antecedentes recientes que permitieron examinar los casos de desaparición forzada en diversas partes del mundo se pueden identificar en un conjunto de resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el periodo de 1974 hasta 1980. El resultado de esta preocupación plasmada en aquellas resoluciones fue la creación del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU en el año 1980, cuya labor continúa hasta la actualidad.
En esta oportunidad, el artículo tiene por objetivo evidenciar la preocupación de la ONU por los casos de desaparición forzada sucedidos en un primer momento en Chipre y posteriormente en Chile. Como consecuencia, esta preocupación se extenderá a los casos en todo el mundo. Asimismo, durante el periodo examinado 1974-1980, se identifican los elementos básicos que permitieron la construcción del delito de desaparición forzada. Cabe precisar que el presente artículo abarca la actuación de la ONU desde 1974 hasta la creación del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias en 1980, en una siguiente investigación se podrá examinar el desarrollo de las actividades de este Grupo de Trabajo plasmado en sus informes anuales.
El artículo contiene tres partes principales: los apartados primero y segundo comprenden el examen de las resoluciones de la ONU ante las desapariciones en Chipre y Chile; en el último apartado, tercero, se desarrolla el pedido de Naciones Unidas de crear el primer Grupo de Trabajo con mandato universal para conocer los casos de desaparición forzada a nivel mundial.
2. Preocupación de la ONU por las desapariciones en Chipre: 1974-1977
La preocupación de la ONU en relación a Chipre se refiere al conflicto entre las comunidades grecochipriotas y turcochipriotas al interior de Chipre a partir de su independencia en 1960. Luego del golpe de Estado en Chipre por parte de los grecochipriotas y griegos para la unión a Grecia en 1974, siguió la intervención militar de Turquía en Chipre[2] ese mismo año.
En ese contexto, la Asamblea General de la ONU mediante la Resolución 3212 (XXIX) de 1974 expresó su preocupación por la crisis en Chipre, que en sus palabras, constituía una amenaza para la paz y seguridad internacional; asimismo, solicitó que tomen las medidas para que los refugiados regresen a sus hogares.[3] En aquella oportunidad, la ONU todavía no utilizaba el término conflicto armado internacional o conflicto armado no internacional para identificar el problema en Chipre y tampoco expresó su preocupación por las personas desaparecidas.
Más adelante, la Comisión de Derechos Humanos mediante la Resolución 4 (XXXI) de 1975, consciente de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), también expresó su preocupación por la crisis en Chipre y llamó a todas las partes interesadas a que respeten los principios de la Carta de la ONU, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos y las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad para la restauración de los derechos humanos en Chipre. Al igual que la Resolución 3212 (XXIX), la Comisión de Derechos Humanos solicitó que se tomen las medidas de retorno de los refugiados; asimismo, en una muestra de avance la Comisión pidió mejorar los esfuerzos para identificar a las personas desaparecidas.[4] Hasta ese momento todavía no se utilizó el término desaparición forzada.
La Resolución 4 (XXXI) del año 1975, que expresó su preocupación por las personas desaparecidas, tuvo presente tanto en su parte considerativa y resolutiva los siguientes instrumentos normativos: la Carta ONU, la DUDH, los Convenios de Ginebra de agosto de 1949, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. De modo expreso, la Resolución 4 (XXXI) hace un llamado a todas las partes interesadas a respetar los instrumentos mencionados. De esta manera, se infiere que incluye también respetar y poner en práctica aquellas resoluciones anteriores de la Asamblea General que aprobaron poner término a las violaciones de los derechos humanos donde quieran que ocurran, entre aquellas resoluciones está la Resolución 2144 A (XXI) del año 1966[5].
Mediante la Resolución 3450 (XXX) de diciembre de 1975, titulada Personas Desaparecidas en Chipre, la Asamblea General, recordando las resoluciones 3212 (XXIX) y 4 (XXXI), expresó su preocupación por la suerte de los chipriotas desaparecidos como resultado del conflicto armado. El uso del término conflicto armado permite deducir que el umbral de violencia es mucho mayor a una crisis, palabra utilizada en las resoluciones anteriores; sin embargo, la Asamblea General todavía no clasificó a la situación de Chipre como conflicto armado internacional (CAI) o conflicto armado no internacional (CANI). Cabe agregar que la resolución en mención también se preocupó por la necesidad humana de las familias a recibir información sobre sus parientes desaparecidos.[6]
Posteriormente, a través de la Resolución 32/128 de diciembre de 1977 la Asamblea General reiteró su preocupación por las personas desaparecidas en Chipre, y ante la falta de progreso en localizarlas, solicitó el apoyo del Secretario General de la ONU para la creación de un órgano investigador y resolver también el problema de las personas desaparecidas.[7]
3. Preocupación de la ONU por las desapariciones en Chile: 1974-1977
En relación a Chile, luego de la instauración del Gobierno militar a través de un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973[8], la ONU expresó su preocupación por las violaciones de los derechos humanos mediante la emisión de diversas resoluciones que condenaban estas prácticas, entre ellas, por los casos de desaparición forzada.
En esa línea, la Resolución 1873 (LVI) del Consejo Económico y Social de la ONU de febrero de 1974 manifestó su preocupación por las denuncias en Chile sobre violaciones a los derechos humanos en especial los relacionados a la vida y la libertad.[9] Mediante la Resolución 8 (XXXI) de febrero de 1975 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, teniendo presente la Carta ONU y la DUDH, estableció un Grupo de Trabajo ad hoc para investigar la situación sobre la violación a los derechos humanos.[10] Ambas resoluciones citadas todavía no se pronuncian por las desapariciones forzadas.
El Grupo de Trabajo ad hoc presentó un Informe Preliminar el mes de octubre de 1975, el cual en el apartado Detención y prisión preventiva por motivos de seguridad del Estado incluye un subapartado sobre el Problema de las personas “desaparecidas” donde el Grupo señala que a partir del 11 de septiembre de 1973 varias personas desaparecieron luego de su detención y cuyo paradero es desconocido. La palabra utilizada por el Grupo de Trabajo ad hoc es desaparecidos; todavía no se usa el término desaparición forzada para diferenciarlo de una desaparición ocasionada por un accidente o desastre natural. Sin embargo, al ubicar el tema sobre los desaparecidos dentro del apartado relacionado a las detenciones se infiere que el acto se desarrolla en aquel contexto de privación de la libertad.
De este Informe Preliminar se pueden extraer los siguientes elementos que ayudarán a la construcción de la definición del delito de desaparición forzada: a) el sujeto activo es un agente del Gobierno o alguien con la autoridad para realizar una detención, b) el sujeto pasivo es una persona detenida, c) la negación de las autoridades a reconocer la detención, y, d) el paradero del detenido es desconocido.[11]
Luego del Informe Preliminar, la Asamblea General de la ONU solicitó, mediante la Resolución 3448 de diciembre de 1975, a las autoridades chilenas que adopten medidas para aclarar las desapariciones no justificadas.[12] Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos mediante la Resolución 3 (XXXIII) de 1976 solicitó al Estado chileno adoptar medidas para restablecer los derechos humanos básicos, entre aquellas, aclarar la situación de las personas cuya desaparición no se ha justificado.[13] Para este momento, la ONU pasa de utilizar el término general de persona desaparecida a uno más específico como desaparición no justificada, quizás para referirse a un tipo de delito con características propias.
La Resolución de la Asamblea General de la ONU 31/124[14] de 1976 afirmó su indignación por las constantes violaciones de los derechos humanos en Chile, entre ellas, la práctica institucionalizada de la desaparición de personas por motivos políticos. De aquella Resolución, puede afirmarse que al referirse a una práctica institucionalizada de desapariciones existiría un plan organizado y ejecutado desde el Estado dirigido hacia un grupo específico. Asimismo, utiliza otro término desaparecidos por motivos políticos para diferenciarlo de las desapariciones ocasionadas por accidentes o desastres naturales.
Posteriormente, la Resolución de la Asamblea General 32/118 de diciembre de 1977 expresó su indignación por las constantes violaciones de los derechos humanos, entre ellas, la desaparición de personas que puede atribuirse a razones políticas[15]. Además, se exige a las autoridades chilenas que pongan fin a las detenciones secretas y la subsiguiente desaparición de personas cuyo encarcelamiento se niega sistemáticamente o nunca se reconoce y que aclaren la situación de esas personas.[16] Similar al Informe Preliminar del Grupo de Trabajo ad hoc presentado en 1975, la Resolución ONU 32/118 presentó los siguientes elementos de una desaparición forzada: a) la desaparición se da luego de la detención b) la detención la realiza una autoridad estatal, c) existe una negación del encarcelamiento por parte de la autoridad, y, d) el motivo puede atribuirse a razones políticas.
Asimismo, la Resolución 32/118 en su parte considerativa cita instrumentos internacionales como la Carta de Naciones Unidas para subrayar la promoción del respeto universal a los derechos humanos; a la DUDH y el PIDCP (en vigor desde marzo de 1976) para recordar que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, a no ser arbitrariamente detenido o sometido a torturas; y, finalmente solo menciona a la Declaración de Todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes aprobada en 1975. Hasta fines del año 1977, la ONU no utilizó el término desaparición forzada.
4. Preocupación de la ONU por las desapariciones forzadas en el mundo: 1978-1980
Luego de las resoluciones de la ONU sobre las personas desaparecidas en Chipre y Chile, la Asamblea General mediante la Resolución 33/173 de diciembre de 1978, titulada Personas Desaparecidas, expresó su preocupación por los informes procedentes de diversas partes del mundo en relación con la desaparición forzosa o involuntaria de personas.[17] A partir de este documento los términos personas desaparecidas, desaparición no justificada y desaparecidos por motivos políticos fueron reemplazados por el concepto de desaparición forzosa o involuntaria. Para esta investigación utilizaremos el término desaparición forzada.
La parte considerativa de la Resolución 33/173 del año 1978 recuerda las disposiciones de la DUDH como el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, no ser sometido a torturas o a ser arbitrariamente detenido y a ser oído públicamente; también considera los artículos del PIDCP, tratado vigente desde 1976, que define algunos de los derechos mencionados.[18]
Aunque la Resolución 33/173 no brinda una definición del delito de desaparición forzada, la redacción de sus considerandos permite extraer tres elementos básicos para construir el contenido de este tipo: a) el acto es cometido por autoridades encargadas de la seguridad, es decir, funcionarios del Gobierno o conexos, b) el acto se comete contra personas sujetas a detención o prisión, y, c) luego de la detención existe una negativa de las autoridades a dar información sobre el paradero de la persona y una negativa a reconocer la custodia de la misma.[19] Anteriormente, estos los elementos a), b) y c) fueron identificados en el Informe Preliminar del Grupo de Trabajo ad hoc para Chile en 1975 y en la Resolución ONU 32/118 del año 1977.
Asimismo, respecto a las posibles causas de la desaparición forzada la redacción del segundo considerando de la Resolución 33/173 se presenta de esta manera: “Profundamente preocupada […] en relación con la desaparición forzosa o involuntaria de personas a causa de los excesos cometidos por autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, o encargadas de la seguridad o por organizaciones análogas, a menudo mientras están sujetas a detención o prisión, así como a causa de actos ilícitos o de la violencia generalizada”.
De acuerdo con el texto citado, nos encontraríamos frente a dos situaciones que podrían dar lugar a una desaparición forzada: a) a causa de excesos cometidos por autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, b) a causa de actos ilícitos o de la violencia generalizada. Sobre la primera situación, consideramos que el uso de la palabra exceso no es proporcional a la gravedad de un acto de desaparición forzada, en el que de acuerdo a los elementos brindados por la ONU hasta el año 1978 la desaparición se comete cuando la persona está bajo la custodia y protección de un agente estatal quien luego niega información sobre el paradero de la víctima, es decir, no se trataría de un acto de negligencia, error u exceso. Respecto a la segunda situación de actos ilícitos o violencia generalizada, la Resolución 33/173 no identifica y tampoco se pronuncia sobre quién podría cometer tales actos, de tal manera que, queda abierta la posibilidad de que los actos ilícitos puedan cometerse por diversos actores (agente estatal, agente particular, agente estatal con apoyo particular etc.).
La Resolución 33/173 reconoce que, producto de la negativa de las autoridades de aceptar que tienen detenidos bajo su custodia se genera un peligro para la vida, la libertad y la seguridad física.[20] La ONU todavía no identifica un daño concreto a tales derechos, por ello quizás se refiere a un peligro. Al referirse solamente al peligro a la seguridad física da a entender que excluye un peligro y daño al aspecto psicológico de la propia persona desaparecida. Asimismo, reconoce que la DFP –es decir, desaparición forzada– genera una angustia a los familiares de las personas desaparecidas en especial a los cónyuges, hijos y padres.[21] En este punto todavía no reconocen de modo expreso a los familiares como parte del conjunto de víctimas de un delito de desaparición forzada.
Finalmente, la Asamblea General mediante la Resolución 33/173 pidió a la Comisión de Derechos Humanos que examine la cuestión de las personas desaparecidas para elaborar futuras recomendaciones.[22] De esta manera, el Consejo Económico y Social mediante la Resolución 1979/38[23] solicitó a la Comisión de Derecho Humanos[24] que revise con carácter prioritario esta situación. El año 1980, mediante la Resolución 20 (XXXVI), la Comisión estableció el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias por el periodo de un año con el objetivo de examinar las cuestiones sobre la desaparición de personas.[25] El Grupo de Trabajo continúa su labor hasta la actualidad, cada año emite un informe anual, el cual describe la labor realizada en sus sesiones, durante las visitas a países y también reconoce los avances de la normativa y jurisprudencia a nivel internacional relacionados con el delito de desaparición forzada.
Es importante reconocer que ninguna de las dos, tanto la Resolución 33/173 del año 1978 como la Resolución 20 (XXXVI) de 1980, realizan una diferencia que impida investigar los casos de desaparición forzada ocurridos en un CAI o CANI. Ambas resoluciones en conjunto son el resultado de una preocupación por las desapariciones forzadas en diversas partes del mundo sin realizar distinción en los tipos o clasificación de conflictos.
Asimismo, ambas resoluciones contribuyen a poner término a las violaciones de los derechos humanos donde quieran que ocurran, en concordancia con las disposiciones de la Asamblea General de la ONU a través de la Resolución N° 2144 A (XXI)[26] del año 1966 y la Resolución N° 1235 (XLII) del Consejo Económico y Social[27] del año 1967, instrumentos aprobados casi una década previa a la Resolución 33/173 del año 1978 sobre Personas Desaparecidas.
Finalmente, durante el periodo del presente artículo (1974-1980) las resoluciones de los órganos de la ONU no añadieron la calificación de crimen de lesa humanidad al delito de desaparición forzada de personas; tampoco, se pronunciaron por las normas de amnistías e indultos.
Las preocupaciones de la ONU por los casos de desaparición forzada en diversas partes del mundo pueden ser identificadas a partir de las resoluciones sobre los conflictos en Chipre y Chile.
Las resoluciones examinadas sobre el conflicto en Chipre, periodo 1974-1977, citan otras resoluciones de la Asamblea General, entre ellas la Resolución 2144 A (XXI) de 1966, este instrumento es muy importante puesto que aquel solicita poner término a las violaciones de los derechos humanos donde quiera que ocurran, es decir, tiene un carácter y mandato universal. Asimismo, el tercer apartado estudiado sobre el conflicto en Chile permite identificar algunos elementos básicos para la construcción del delito de desaparición forzada.
El cuarto punto de este texto condensa la preocupación de la Asamblea General de la Naciones Unidas por las desapariciones forzadas a nivel mundial mediante la emisión de la Resolución 33/173 de 1978. La ONU reconoce que producto de la desaparición existe un peligro para la vida, la libertad y la seguridad física. Hasta ese momento la ONU no afirmó la existencia de una violación (distinto a la puesta en peligro) de uno de esos derechos mencionados. Asimismo, permite identificar tres elementos básicos del delito de desaparición forzada: a) el sujeto activo es un agente del Gobierno o conexo, b) el sujeto pasivo es una persona sujeta a detención, y, c) existe una negación de las autoridades a reconocer la detención y negar el paradero del detenido.
Cabe agregar que las resoluciones examinadas en este artículo no realizaron una diferencia que impida investigar los casos de desaparición forzada ocurridos en un CAI o CANI.
Durante el lapso de tiempo que analiza esta investigación, no se han encontrado pronunciamientos de la ONU acerca de la calificación de crímenes de lesa humanidad y tampoco sobre la emisión de las normas de amnistía e indultos en relación al delito de desaparición forzada.
FOTO: Archivo Nacional de Chile.
[1] Integrante del Grupo de Investigación sobre Protección Internacional de los Derechos de las Personas y los Pueblos. Grupo de Investigación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Correo de contacto: rosarioalminagorta@gmail.com
[2] ONU. Fuerza de las Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz en Chipre (UNFICYP). En: http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unficyp/background.shtml
[3] ONU. Asamblea General. Resolución 3212 (XXIX). Cuestión de Chipre, 1 de noviembre de 1974, parte considerativa: “Gravemente preocupada por la continuación de la crisis en Chipre, que constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales […]”. “[…] Considera que todos los refugiados deben regresar a salvo a sus hogares […]”.
[4] ONU. Comisión de Derechos Humanos. Resolución 4 (XXXI). Cuestión de la violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluso la política de discriminación racial y de segregación y la política de apartheid en todos los países y en particular en los países y territorios coloniales y dependientes, 13 de febrero de 1975, parte considerativa: “Consciente de la Declaración Universal de Derechos Humanos y de los instrumentos internacionales pertinentes, en particular de los Convenios de Ginebra de 1949, Teniendo presente la Resolución 3212 (XXIX) de la Asamblea General, Alarmada por la continuación de la crisis en Chipre, […]” Parte resolutiva: “1. Hace un llamamiento a todas las partes interesadas para que respeten estrictamente los principios de la Carta de las Naciones Unidas, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad y para que cooperen con miras a la plena restauración de los derechos humanos a la población de Chipre y tomen medidas urgentes para el regreso de todos los refugiados a sus hogares en condiciones de seguridad; 2. Insta a que se intensifiquen los esfuerzos encaminados a localizar a identificar a las personas desaparecidas; […]”.
[5] ONU. Asamblea General. Resolución N° 2144 A (XXI), Cuestión de la violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, incluso la política de discriminación racial y de segregación y la política de apartheid en todos los países y en particular en los países y territorios coloniales y dependientes, 26 de octubre de 1966, parte resolutiva: “12. Invita al Consejo Económico y Social y a la Comisión de Derechos Humanos a examinar con carácter de urgencia el modo de reforzar los medios de que las Naciones Unidas disponen para poner término a las violaciones de los derechos humanos donde quieran que ocurran […]”.
[6] ONU. Asamblea General. Resolución 3450 (XXX), Personas desaparecidas en Chipre, 9 de diciembre de 1975, parte considerativa: “Recordando su resolución 3212 (XXIX) de 1° de noviembre de 1974, Tomando de su resolución 4 (XXXI) aprobada por la Comisión de Derechos Humanos el 13 de febrero de 1975, Gravemente preocupada por la suerte que hayan podido correr un número considerable de chipriotas desaparecidos como resultado del conflicto armado en Chipre […] Reafirmando la necesidad humana básica de las familias de Chipre de recibir información sobre parientes desaparecidos […]”.
[7] ONU. Asamblea General. Resolución 32/128, Personas Desaparecidas en Chipre, 16 de diciembre de 1977.
[8] Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Periodo 1973-1990 Régimen militar. En: https://www.bcn.cl/historiapolitica/hitos_periodo/detalle_periodo.html?per=1973-1990
[9] ONU. Consejo Económico y Social. Resolución 1873 (LVI), Protección de los derechos humanos en Chile, 17 de mayo de 1974, parte considerativa: “Seriously concerned about the reported violations of human rights in Chile, particularly those involving a threat to human life and liberty […]”. Gravemente preocupado por las violaciones denunciadas de los derechos humanos en Chile, en particular las que entrañan una amenaza para la vida y la libertad de las personas” (traducción propia).
[10] ONU. Comisión de Derechos Humanos. Resolución 8 (XXXI), Estudio de los informes de violaciones de derechos humanos en Chile, con particular referencia a la tortura y otros tratos o castigos crueles Inhumanos o degradantes, 27 de febrero de 1975, parte considerativa: “Teniendo presentes la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos […]”. Parte resolutiva: “1. Decide que un Grupo de Trabajo ad hoc […] investigue la situación actual de los derechos humanos en Chile […]”.
[11] ONU. Consejo Económico y Social. Informe A/10285, Protección de los Derechos Humanos en Chile, 7 de octubre de 1975, pág. 53, párr. 138: “Un problema sumamente grave se relaciona con el hecho de que, a partir del 11 de septiembre de 1973, han “desaparecido” varias personas después de su detención. Su paradero sigue siendo desconocido, a pesar de los intentos realizados por sus familiares o por organizaciones que actúan en su nombre para obtener información de las autoridades, en particular por conducto de la SEKDET (Secretaría Nacional Ejecutiva de Detenidos), organismo gubernamental que tiene expresamente por misión central analizar la información y reunir datos estadísticos sobre los detenidos políticos.” […] “En muchos casos, las autoridades se negaron a reconocer que las personas declaradas “desaparecidas” hubieran sido jamás detenidas […]”.
[12] ONU. Asamblea General. Resolución 3848 (XXX), Protección de los derechos humanos en Chile, 9 de diciembre de 1975, parte resolutiva 2c): “Se garanticen plenamente los derechos de todas las personas a la libertad y seguridad personal […] y que se adopten medidas para aclarar la situación de los individuos cuya desaparición no se ha justificado”.
[13] ONU. Comisión de Derechos Humanos. Resolución 3 (XXXII), Estudio de los informes de violaciones de los derechos humanos en Chile, con particular referencia a la tortura y otros tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes, 19 de febrero de 1976, parte resolutiva N° 4: “Hace un llamamiento a las autoridades chilenas para que adopten sin demora […] medidas para aclarar la situación de las personas cuya desaparición no se ha justificado”.
[14] ONU. Asamblea General. Resolución 31/124, Protección de los derechos humanos en Chile, 16 de diciembre de 1976, parte resolutiva: “Expresa su profunda indignación por las constantes y notorias violaciones de los derechos humanos que han ocurrido y siguen ocurriendo en Chile, en particular la práctica institucionalizada de la tortura, de penas o tratos, inhumanos o degradantes, la desaparición de personas por motivos políticos, las detenciones, encarcelamientos y los destierros arbitrarios, y los casos de la privación de la nacionalidad chilena; […]”.
[15] ONU. Asamblea General. Resolución 32/118, Protección de los derechos humanos en Chile, 16 de diciembre de 1977, parte resolutiva N° 2: “Expresa su especial inquietud e indignación ante la incesante desaparición de personas que, según indican los testimonios disponibles, puede atribuirse a razones políticas, y ante la negativa de las autoridades chilenas a aceptar su responsabilidad por el gran número de personas que se encuentran en esas condiciones o a explicarlo, o siquiera a realizar una investigación adecuada de los casos que se han señalado a su atención […]”.
[16] Idem. parte resolutiva N° 6: “Exige a las autoridades chilenas que pongan fin inmediatamente a la práctica de detenciones secretas inadmisibles y la subsiguiente desaparición de personas cuyo encarcelamiento se niega sistemáticamente, o nunca se reconoce, y que aclaren sin tardanza la situación de esas personas […]”.
[17] ONU. Asamblea General. Resolución N° 33/173, Personas desaparecidas, 20 de diciembre de 1978, parte considerativa, 2do párrafo: “Profundamente preocupada por los informes procedentes de diversas partes del mundo en relación con la desaparición forzosa o involuntaria de personas […]”.
[18] Idem 1er párrafo: “Recordando las Disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en particular los artículos 3,5,9,10 y 11 relativos, entre otras cosas, al derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, a no ser sometido a torturas, a no ser arbitrariamente detenido ni preso y al derecho a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal, y las disposiciones de los artículos 6,7,9 y 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que definen algunos de estos derechos y establecen salvaguardias para ellos […]”.
[19] Idem. 2do párrafo: “en relación con la desaparición forzosa o involuntaria de personas a causa de los excesos cometidos por autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, o encargadas de la seguridad o por organizaciones análogas, a menudo mientras está sujetas a detención o prisión, así como a causa de actos ilícitos o de la violencia generalizada”. Tercer párrafo: “Preocupada también por los informes relativos a las dificultades para obtener de las autoridades competentes información fidedigna sobre el paradero de esas personas, incluidos informes sobre la persistente negativa de dichas autoridades u organizaciones a reconocer que dichas personas están bajo su custodia […]”.
[20] Idem. 4to párrafo: “Teniendo presente el peligro a la vida, a la libertad y a la seguridad física de esas personas resultante de que dichas autoridades u organizaciones persisten en no reconocer que ellas están bajo custodia, o dar cuenta de ellas de alguna otra manera […]”.
[21] Idem. 5to párrafo: “Profundamente conmovida por la angustia y el pesar que esas circunstancias causan a los familiares de las personas desaparecidas, especialmente a los cónyuges, los hijos y los padres […]”.
[22] Idem. Parte resolutiva N° 2: “Pide a la Comisión de Derechos Humanos que examine la cuestión de las personas desaparecidas con miras a hacer las recomendaciones apropiadas […]”.
[23] ONU. Consejo Económico y Social. Resolución 1979/38, Personas desaparecidas, 10 de mayo de 1979.
[24] La Comisión de Derechos Humanos funcionó hasta el año 2006, fecha en que fue disuelto por la ONU y reemplazado por la creación del Consejo de Derechos Humanos el 15 de marzo de 2006.
[25] ONU. Comisión de Derecho Humanos. Resolución 20 (XXXVI), Cuestión de personas desaparecidas, 29 de febrero de 1980, parte resolutiva: “1. Decides to establish for a period of one year a working group consisting of five of its members, to serve as experts in their individual capacities, to examine questions to relevant to enforced o involuntary disappearances persons […]”. Decide establecer por el periodo de un año un grupo de trabajo conformado por cinco miembros como expertos a título individual para examinar las cuestiones en relación a la desaparición forzada o involuntaria de personas (traducción propia).
[26] ONU. Asamblea General. Resolución N° 2144 A (XXI), Cuestión de la violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, incluso la política de discriminación racial y de segregación y la política de apartheid en todos los países y en particular en los países y territorios coloniales y dependientes, 26 de octubre de 1966, parte resolutiva: “12. Invita al Consejo Económico y Social y a la Comisión de Derechos Humanos a examinar con carácter de urgencia el modo de reforzar los medios de que las Naciones Unidas disponen para poner término a las violaciones de los derechos humanos donde quieran que ocurran […]”.
[27] ONU. Consejo Económico y Social. Resolución N° 1235 (XLII), Cuestión de la violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, incluso la política de discriminación racial y de segregación y la política de apartheid, en todos los países y en particular en los países y territorios coloniales y dependientes, 6 de junio de 1967, parte resolutiva: “1. Acoge con satisfacción la decisión adoptada por la Comisión de Derechos Humanos de examinar todos los años el tema titulado “Cuestión de la violación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, incluso la política de discriminación racial y de segregación y la política de apartheid, en todos los países y en particular en los países y territorios coloniales y dependientes […]”.
Resolución 2144 A (XXI) de 1966
Resolución 33/173 de 1978
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