Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531004.html
Timestamp: 2019-03-19 03:49:42+00:00

Document:
as201531004
AUTO SUPREMO Nº 004
Sucre, 21 de enero de 2015
Expediente: 395/2014-A
Demandante: Gastón Arturo Carrasco Mendizábal
VISTOS: El recurso de casación en el fondo interpuesto por Olga Durán Uribe y Daniel Jove Guaguamullo, en representación legal del Servicio Nacional del Sistema Reparto (SENASIR) de fs. 264 a 265, contra el Auto de Vista Nº 128 de 24 de febrero de 2014, pronunciado por la Sala Social y Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso de reclamación de pensiones seguido por Gastón Arturo Carrasco Mendizábal contra el SENASIR; Auto a fs. 273 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:
1)Resolución de la Comisión de Calificación de Rentas de la Dirección de Pensiones
La Resolución Nº 007349 de 5 de junio de 2001 a fs. 88, por la cual la Comisión de calificación de rentas de la Dirección de Pensiones, resolvió otorgar a favor de Gastón Arturo Carrasco Mendizábal, renta única de vejez con reducción de edad, equivalente al 82% de su promedio salarial, en el monto de Bs.1.479,94.- de la que corresponde a la básica 40% Bs.721,92.- y a la complementaria 42% Bs.758,02.-, renta única que debió pagarse a partir del mes de marzo de 2000.
El beneficiario mediante la Nota de 13 de julio de 2001 (fs. 95 a 96) presentó ante la Dirección de Pensiones reclamo sobre la calificación de su renta de vejez, mismo que fue resuelto por la Comisión de calificación de rentas de la Dirección de Pensiones mediante la Resolución Nº 002078 de 7 de febrero de 2002, por la que se decidió otorgar a favor de Gastón Arturo Carrasco Mendizábal, recálculo de renta única de vejez con reducción de edad, equivalente al 82% de su promedio salarial en el monto de Bs.1.526,54.- correspondiendo a la básica el 40% Bs.735,69.- a la complementaria el 42% Bs.772,47.-, más incrementos de ley, que debió pagarse a partir del mes de marzo del 2000.
2)Recurso de reclamación y Resolución de la Comisión de Reclamación del SENASIR
El asegurado Gastón Arturo Carrasco Mendizábal, interpuso recurso de reclamación contra la Resolución Nº 002078 de 7 de febrero de 2002, que fue resuelto por la Comisión de reclamación del SENASIR mediante la Resolución Nº 00291/13 de 10 de mayo (fs. 316 a 319), por la cual confirmó la Resolución refutada emitida por la Comisión de calificación de rentas de la Dirección de Pensiones.
3) Recurso de apelación y Auto de Vista
Notificado el asegurado con la Resolución de la Comisión de reclamación del SENASIR, éste interpuso recurso de apelación mediante memorial de fs. 346 a 348, que fue resuelto por el Ad quem a través del Auto de Vista hoy impugnado, revocando las Resoluciones Nº 007349 de 5 de junio de 2001 y 002078 de 7 de febrero de 2002, ambas dictadas por la Comisión de calificación de rentas de la Dirección de Pensiones y la Resolución Nº 00291/13 de 10 de mayo pronunciada por el SENASIR, y deliberando en el fondo ordenó a la Comisión Calificadora de Rentas del SENASISR, proceda al recálculo de la renta única de vejez con reducción de edad a favor de Gastón Arturo Carrasco Mendizábal, en base a 264 cotizaciones para ambos regímenes, considerando un salario promedio mensual de Bs.4.946,28.- de manera retroactiva.
4) Motivo del recurso de casación en el fondo
Citando el contenido del art. 14 del Decreto Supremo (DS) Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, relativo a la utilización de documentos que cursan en el expediente, hace alusión al tercer párrafo del primer considerando del Auto de Vista impugnado, relativo a los “servicios prestados en la Caja Nacional de Salud, a partir del 8 de enero de 1973 a 11 de febrero de 1995, hubiera percibido un total ganado en los últimos meses 02/1994 a 01/1995 de Bs. 59.355,36 y un salario promedio mensual de Bs. 4.946,28 y que la comisión de Calificación del SENASIR no hubiera tomado en cuenta ese aspecto que supuestamente son demostrados con planillas”(sic). Con relación a este tema, afirma que la Sala Social, no tomó en cuenta lo establecido por el art. 1 párrafo III de la Resolución Ministerial (RM) Nº 1361 de 4 de diciembre de 1997, que establece: “cuando los asegurados que hubieren cumplido con un mínimo de 180 aportaciones y a la fecha cuenten con 45 años, podrán acogerse a la renta con reducción de 8% por cada año de disminución de edad, hasta llegar a las edades mínimas y que el artículo único de la RM 476 de 31 de agosto del 2005, señala aclarar que la calificación de Rentas de Vejez con reducción de edad es el sistema de reparto, tiene carácter definitivo, no correspondiendo ninguna recalificación, ni recálculo al haberse cumplido posterior al 1 de mayo de 1997 las edades límites a la fecha de corte del Sistema de Reparto”(sic).
Manifiesta que, de la revisión del presente caso, se acredita que mediante la Resolución Nº 002078 de 7 de febrero de 2002, la Comisión de calificación de rentas resolvió otorgar a favor de Gastón Arturo Carrasco Mendizábal, recálculo de renta única de vejez con reducción de edad equivalente al 82% de su promedio salarial en el monto de Bs.1.526,54.-, que puesta a conocimiento del asegurado éste alegó que los últimos 12 salarios habría ganado la suma de Bs.4.946,28.-, y que sus aportes en el régimen complementario suman 256 y en el régimen básico 264; sobre el particular, hace referencia al Informe Técnico Nº 213/13 de 1 de abril, emitido por el área de reclamación, en el que se concluyó que se realizó el recálculo de la renta única de vejez del asegurado considerando 246 cotizaciones al régimen básico y 206 cotizaciones al régimen complementario, con un promedio salarial de Bs.26.274,42.-, menos el 16% por reducción de edad, porque a la fecha el asegurado contaba con 53 años.
Enfatiza que, el monto de la renta única de vejez y la reducción de edad del 16% se encuentra correctamente determinados; aclarando que: “mediante nota de fecha 17 de agosto de 2001 fs. 103 establece que el interesado por el periodo de diciembre de 1993 a febrero de 1995 habría percibido doble salario comprometiéndose a regularizar los aportes no liquidados a los Fondos de Pensiones Básicos y complementarios sin haberlos realizado hasta la fecha, sin embargo ese actuar no fue óbice para no dar curso y mucho menos perjudicar al interesado por la falta de pagos de la Caja Nacional, es menester mencionar lo establecido por el Art. 545 del Reglamento del Código de Seguridad Social que la falta de pagos de aportes no es culpa de los afiliados…razón para la cual mediante Resolución Nº 00291/13 de fecha 10 de mayo de 2013, confirma la Resolución Nº 002078 de fecha 7 de febrero de 2002 de fs. 123 emitida por la Comisión de Calificación de Rentas por encontrarse conforme a los datos del expediente y normativas vigentes.” (sic).
Manifiesta que, con relación al tercer considerando se dio estricto cumplimiento al DS Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, dispone “En caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR del periodo comprendido entre enero de 1957 a 1997, el SENASIR calificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado” (sic), en consecuencia, la Comisión de reclamación, remite el INFORME TÉCNICO Nº 213/13 de 1 de abril.
Concluye citando las normas “legales transgredidas y mal aplicadas”; art. 14 del DS Nº 27543, afirmando que esta norma “no regula la Compensación de Cotizaciones, toda vez que el Art. 14 sólo procede para trámites del Sistema de Reparto (rentas en curso de pago y adquisición) y no así para los trámites de Compensación de Cotizaciones, tal como establece la Resolución Ministerial Nº 550 de fecha 28 de septiembre de 2005; la errónea interpretación de la Resolución Ministerial Nº 1361 de fecha 4 de diciembre de 1997, que menciona la reducción de un 8%por cada año de disminución de edad, determinándose por consiguiente que la normativa precedente señalada fue erróneamente interpretada por el Tribunal Ad quem y por ende mal aplicada al emitir el Auto de Vista…”(sic).
5) Petitorio
Pide que este Tribunal Supremo de Justicia pronuncie el correspondiente Auto Supremo, Casando el Auto de Vista impugnado, y en definitiva se confirme las Resoluciones Nº 007349 de 5 de junio del 2001, 002078 de 7 de febrero de 2002 y 00291/13 de 10 de mayo.
a)Sobre el principio de impugnación y los requisitos de procedencia
El art. 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE), garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales; principio que asegura a los sujetos procesales, el derecho de recurrir contra las resoluciones judiciales pronunciadas en la jurisdicción ordinaria, debiendo al momento de interponer los distintos recursos que prevé la norma, cumplir con los requisitos establecidos en los dispositivos procesales.
Con respecto a los requisitos de procedencia del recurso de casación en materia social, corresponde remitirnos al Código de Procedimiento Civil, que según dispone el art. 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición (MPRCPA) “Los recursos de apelación, compulsa, casación y nulidad, serán tramitados de acuerdo con las disposiciones del Código de Procedimiento Civil”, norma que concuerda con el art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social (RCSS).
Con ese preámbulo, es menester hacer referencia a lo dispuesto por el art. 253 del Código de Procedimiento Civil (CPC), que precisa que, procede el recurso de casación en el fondo: 1) Cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley; 2) Cuando contuviere disposiciones contradictorias, y 3) Cuando en la apreciación de las pruebas se hubieren incurrido en error de derecho o error de hecho. Estos numerales en forma expresa precisan los tres motivos por los que procede el recurso de casación denominado en el fondo, que tienen como objetivo verificar la existencia de errores de derecho, en las que hubieran incurrido los Tribunales de instancia al emitir sus resoluciones, por ello el recurrente está obligado a exponer los fundamentos fácticos y jurídicos en forma precisa con respecto a cada uno de los motivos invocados, obligación que no puede ser soslayado con la simple referencia de antecedentes o cita de normas legales.
Uno de los requisitos de procedencia del recurso de casación se encuentra establecido en el art. 258.2) del CPC, que impone al recurrente “…citar en términos claros, concretos y precisos…, la ley o leyes violadas o aplicadas falsa o erróneamente, y especificar en qué consiste la violación, falsedad o error, ya se trate de recurso de casación en el fondo, en la forma, o ambos. Estas especificaciones deberán hacerse precisamente en el recurso…”; carga procesal que es de cumplimiento obligatorio por parte del recurrente con la finalidad de abrir la competencia del Tribunal de casación; ahora bien, su inobservancia tiene como sanción la declaración de improcedencia del recurso conforme previene el art. 272.2) del CPC.
Sobre la naturaleza del recurso de casación y los requisitos que deben ser cumplidos en su interposición, esta Sala Social Administrativa a través del Auto Supremo Nº 304 de 22 de agosto de 2012, asumió el siguiente entendimiento: “ se equipara a una nueva demanda de puro derecho, misma que debe contener los requisitos enumerados en el art. 258 del CPC, debiendo el recurrente fundamentar por separado de manera precisa y concreta, las causas que motivan la casación ya sea en la forma, en el fondo o en ambos. Así también, por cuanto define la doctrina y jurisprudencia, el recurso de casación en el fondo, debe fundarse en errores in judicando en que hubieran incurrido los tribunales de instancia al emitir sus resoluciones, demostrando la violación de leyes sustantivas en la decisión de la causa, debiendo estar debidamente identificadas y justificadas las causales señaladas en el art. 253 del CPC, mientras que el recurso de casación en la forma, se funda en errores in procedendo, referidos a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, enumeradas igualmente para cada caso en concreto en el art. 254 de la citada norma…”.
Siguiendo dicho lineamiento, mediante el Auto Supremo Nº 23 de 18 de febrero de 2013 se precisó que “El recurso de casación se equipara a una nueva demanda de puro derecho que debe contener los requisitos enumerados en el art. 258 del CPC, debiendo fundamentarse por separado de manera precisa y concreta las causas que motivan la casación ya sea en la forma, en el fondo o en ambos, no siendo suficiente la simple cita de disposiciones legales, sino demostrar conforme señala la ley, en qué consiste la infracción que se acusa y es reclamada. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que el recurso de casación en el fondo tiene por objetivo modificar el contenido de un auto definitivo, sentencia o auto de vista, basado en que los jueces o tribunales de instancia a tiempo de emitir las referidas resoluciones hubiesen incurrido en "errores in judicando", aspectos que imperativamente deberán ser exteriorizados a través de los tres presupuestos contenidos en el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, vale decir cuando se acredite: ‘que la resolución objeto del recurso hubiera sido emitida en virtud a una errónea interpretación o aplicación indebida de una ley’ o ‘cuando la referida resolución contuviere disposiciones contradictorias’, y finalmente cuando se demuestre ‘que en la valoración de las pruebas se hubiere cometido error de derecho o de hecho, aclarando que este último debe ser evidenciado por otros documentos o actos auténticos que demostraren la equivocación manifiesta del juzgador’…”.
b)Análisis del caso
Teniendo presente los fundamentos jurídicos expuestos en el acápite que precede, se advierte que el recurso de casación formulado por el SENASIR no cumple con los requisitos establecidos por el art. 258.2) del CPC; pues analizados los argumentos descritos en el memorial del recurso, se desprende que el recurrente desconociendo la finalidad que persigue el recurso de casación, se limitó a señalar que interpone recurso de casación en el fondo, sin precisar en cuál de los tres errores “in judicando” previstos por el art. 253 del CPC incurrió el Tribunal de Alzada, pues de la lectura del citado recurso, no es posible visualizar un motivo claro y concreto por el que se precise, en qué consiste la infracción en la que hubiera incurrido el Tribunal de Alzada al pronunciar el Auto de Vista.
El recurrente al inicio de su argumentación, cita el contenido del art. 14 del DS Nº 27543, para después resaltar lo descrito en el tercer párrafo del primer considerando del Auto de Vista “(…) relativo a los servicios prestados en la Caja Nacional de Salud, a partir del 8 de enero de 1973 a 11 de febrero de 1998, hubiera percibido un total ganado en los últimos meses 02/1994 a 01/995 de Bs. 59.355,36 y un salario promedio de Bs. 4.946,28 y que la Comisión de Calificación del SENASIR no hubiera tomado en cuenta este aspecto que supuestamente son demostrados con planillas”(sic); para concluir que, sobre este tema la Sala Social no tomó en cuenta lo establecido por el art. 1.III de la RM Nº 1361 y el artículo único de la RM 476. Ahora bien, es necesario resaltar que el recurrente objeta el párrafo del Auto de Vista transcrito precedentemente, sin advertir que la misma no constituye una conclusión del Ad quem, pues sólo es un extracto del argumento expuesto por el asegurado en el recurso de apelación; por lo que no es posible aceptar que en dicho resumen el Tribunal de Alzada, hubiera transgredido o aplicado incorrectamente las normas legales que se citó.
En los párrafos tercero, cuarto y quinto del acápite “III.- RECURSO DE CASACIÓN EN EL FONDO”, el recurrente se limitó a exponer los antecedentes referentes a las Resoluciones e Informes emitidos por el ente gestor en el transcurso del proceso administrativo, para concluir que la calificación de la renta es correcta; no pudiendo en esta argumentación identificarse un motivo claro y concreto del recurso de casación que identifique una infracción en la que se hubiera incurrido al pronunciarse el Auto de Vista.
Finalmente en el punto de “Normas Legales Transgredidas y mal aplicadas”, hace alusión al art. 14 del DS Nº 27543 y a las Resoluciones Ministeriales Nos. 550 y 1361, sin explicar, cómo fueron transgredidas o mal aplicadas por el Tribunal de Alzada al pronunciar el Auto de Vista impugnado. En conclusión el pretendido recurso carece de fundamento jurídico, por el que se explique en forma clara, concreta y precisa, en qué consiste la transgresión, violación o mala aplicación de las normas citadas, en las que hubiera incurrido el Ad quem, pues la simple cita de normas legales sin mayor explicación no suple la exigencia revista por el art. 258.2) del CPC.
La omisión advertida no puede ser suplida de oficio por este Tribunal que se ve imposibilitado de abrir su competencia para la resolución del recurso planteado, por lo que corresponde aplicar lo advertido por los arts. 271.1) y 272.2) del CPC, aplicables por la norma remisiva contenida en los arts. 633 del RCSS y 15 del MPRCPA aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.
POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida en los arts. 184.1 de la CPE y art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial declara IMPROCEDENTE el recurso de casación en el fondo interpuesto por el SENASIR de fs. 264 a 265; sin costas, en aplicación de los arts. 39 de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y 52 del DS Nº 23215 de 22 de julio de 1992.
Ante mi Dr. Pedro Gabriel Fernández Zuleta
Secretario de la Sala Contenciosa y Contenciosa ADM. Social y ADM. Primera

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