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Timestamp: 2020-07-10 20:09:09+00:00

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Apuntes Procesal Penal | Derecho penal | Evidencia (ley)
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Apuntes Examen Procesal IV
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1. LAS FUENTES DEL DERECHO PROCESAL
-LAS FUENTES DEL DERECHO PROCESAL:
• La Constitución Española: Norma suprema a la que ha de adecuarse la totalidad del ordenamiento procesal penal.
• Si el Juez o Tribunal penal estimase que algún precepto no se adapta a ella, podrá plantear “cuestión de inconstitucionalidad” ante el TC (“Guardían de la CE”).
• Normas ordinarias: Se dirigen al Poder Legislativo, que está obligado a respetar sus mandatos y los Derechos constitucionales que haya establecido (NO podrán ser negados por éste). • Su infracción ha de restablecerse ante los Tribunales y mediante los recursos ordinarios, sin que sea posible el recurso de amparo (sólo previsto para la vio- lación de Derechos fundamentales).
• Normas de garantía reforzada: Son las normas tuteladoras de los Derechos fun- damentales de naturaleza procesal y pueden ser recurridas mediante RECURSO DE AMPARO ante el TC (sólo si se vulneran los derechos recogidos en los art. 14-29 y 30.2 de la CE).
• Su vulneración suele ocasionar un supuesto de valoración prohibida de la prueba.
• Normalmente los más utilizados en el proceso penal son el art. 24 (tutela judi- cial efectiva) y 17 (libertad y a la seguridad) de la CE.
• Los Pactos Internacionales de Derechos Humanos: Según el art. 10 de la CE, las normas relativas a los DDFF y a las libertades que la CE reconoce se interpretarán de conformidad con la DDHH y los Tratados y acuerdos internacionales sobre las mis- mas materias ratificadas por España:
• DUDH (1948): Declaración Universal de los Derechos Humanos.
• PIDCP (1966): Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
• CEDH (1950) y sus Protocolos Adicionales: Convenio Europeo de Derechos Hu- manos (con un Tribunal de Justicia propio con sede en Estrasburgo).
• La LECr: Es de 1882 y a ella han de someterse todos los Tribunales conforme a su art.1: “no se impondrá pena alguna por consecuencia de actos punibles cuya repre- sión incumba a la jurisdicción ordinaria, sino de conformidad con las disposiciones del presente Código o de Leyes Especiales y en virtud de sentencia dictada por Juez competente”.
• Las Leyes Especiales: las materias especiales están desarrolladas por Ley Orgánica si afectan a los Derechos Fundamentales, y leyes Ordinarias si no desarrollan dere- chos fundamentales. -LAS FUNCIONES DEL PROCESO PENAL:
• La actuación del “ius puniendi”: ha de actuarse, una vez declarada la existencia de un delito y la participación en él del acusado.
• La protección del dº a la libertad: El proceso penal también está llamado a declarar el dº a la libertad del ciudadano inocente, por ese motivo el proceso penal debe ser NEUTRO.
• La protección de la víctima: el proceso penal se convierte también en un instru- mento útil para la reparación de la víctima.
• La rehabilitación del imputado: se introduce un sistema punitivo, sanciones o pe- nas alternativas a la de privación de libertad para modificar la conducta.
2. LOS PRINCIPIOS DEL D. P. PENAL
-PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD*: La incidencia sobre los DDFF en la fase instruc-
tora requiere que se aplique la doctrina del TC sobre el ppio. de proporcionalidad: El acto de investigación lesivo de un DF debe:
1. Haber emanado de la AUTORIDAD competente.
2. Estar previsto en la LEY.
3. Justificarse objetivamente (debe existir una NECESIDAD y perseguir un FIN).
4. Y la resolución judicial debe estar minuciosamente MOTIVADA.
• Este principio está implícito en el art. 25 de la CE, que consagra al principio de LE- GALIDAD. Éste debe estar sujeto a la TIPICIDAD y a la PROPORCIONALIDAD entre medida y sanción.
• La infracción de este principio de proporcionalidad ocasionará:
• La violación de dicho D. Fundamental de carácter material, dando lugar al naci- miento de la pretensión resarcitoria.
• La sentencia penal de condena que se funde sobre dicha prueba prohibida in- fringirá la “presunción de inocencia” o el dº “a un proceso con todas las garantías”, lo que permitirá su restablecimiento mediante los recursos ordinarios, fundados en la infracción de precepto constitucional, o recurso de amparo.
-DERECHO DE PARTICIPACIÓN EN EL JURADO (125 CE): aparece mencionado en el ar- tículo 125 de la CE y está relacionado con la igualdad de acceso a los cargos (23.3 CE):
1. Es un derecho CÍVICO y ACTIVO.
2. Una vez instaurado el Jurado, el imputado pasa a ser juzgado por el Jurado que se constituye según la Ley.
-DERECHO AL JUEZ LEGAL (24.2 y 117 CE): En la Constitución se recoge que TODOS los
CIUDADANOS tienen derecho a la asistencia de un Juez Ordinario (Derecho POSITIVO) y se prohíbe los tribunales de excepción (Derecho NEGATIVO).
• Este JUEZ debe respetar los PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES de IGUALDAD, INDE- PENDENCIA e IMPARCIALIDAD.
• Asimismo, deben ser SUMISOS a la Ley, y constituido con arreglo a las normas comu- nes de competencia preestablecidas.
• El Juez Legal debe ser regulado por una Ley Orgánica, ya que es un derecho funda- mental (Ley Orgánica del Poder Judicial).
• Se prohíbe los Tribunales de Honor (29 CE).
• Debe existir el principio de unidad jurisdiccional (117.5 CE).
-EL PRINCIPIO DE IGUALDAD y el JUEZ LEGAL (14 CE): El Juez legal NO sólo ha de ser “ordinario”, sino también debe estar “predeterminado por la Ley” (= CE) y constituirse sin ningún tipo de discriminación. -INDEPENDENCIA DE LOS JUECES* (art. 1 LOPJ): La independencia judicial requiere que los Jueces y Magistrados sean INDEPENDIENTES, INAMOVIBLES, RESPONSABLES y sometidos únicamente SOMETIDOS AL IMPERIO DE LA LEY.
De ahí que la denuncia de la infracción del derecho al Juez legal imparcial puede
Certeza: La norma debe ser lo suficientemente CLARA, sin ambigüedades.
efectuarse SI VULNERAN el PROCESO con TODAS SUS GARANTÍAS o el JUEZ no está
- Prohibición de la utilización de la analogía “in malam partem”.
sujeto a la LEY o NO es competente para ello (juez de otra sala judicial).
- Integración, mediante normas reglamentarias, de las cláusulas grales. abiertas.
Puede ser imparcial desde 2 puntos de vista:
• Imparcialidad Subjetiva: se presume siempre.
• Imparcialidad Objetiva: se refiere al objeto del proceso. Incluso las apariencias
-PRINCIPIO DE NON BIS IN IDEM: Es la prohibición de que una persona pueda ser con- denada más de una vez por la comisión de un mismo hecho.
pueden tener importancia (ej.: la foto de cacería del Ministro de Justicia de Zapa-
Se Prohíbe la imposición de una dualidad de sanciones en los casos en que se aprecie
tero, con el Juez Garzón).
la identidad de sujeto, hecho y fundamento.
Para garantizar la imparcialidad objetiva, surgen la abstención (Renuncia a hacer
Este precepto ha sido desarrollado en el Protocolo 7 CEDH (art. 4) y en PIDCP (art. 14).
algo) y la recusación (Rechazar una cosa por considerarla ineficaz, por ejemplo “ha- ber sido instructor de la causa”).
Aunque se establece la preferencia de la Jurisdicción Penal sobre la Administrativa, que obliga a la Admón. a suspender las actuaciones hasta que recaiga sentencia penal
Si se ejercita el derecho de recusación, ha de ponerse en su previo conocimiento la determinación del Magistrado Ponente y la de los demás Magistrados que no cons- tituyan plantilla de la Sala.
firme, la doctrina del TC NO alcanza a la doble incriminación de conductas vía ad- tiva. y penal, ni siquiera a la doble condena, si posteriormente procede el Tribunal de lo penal a “compensar” las sanciones, computando la condena adtiva. en la sentencia
3. LOS DDFF MATERIALES A LA LEGALIDAD
-PRINCIPIO DE LEGALIDAD (10 CP y 25 CE): Nadie puede ser condenado o sancionado por ACCIONES u OMISIONES que en el momento de producirse NO CONSTITUYAN DELI-
4. EL PROCESO JUDICIAL CON TODAS SUS GARANTÍAS
TO, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento. - Toda persona tiene el derecho a:
-EL Dº A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS (24.2 CE): Es un derecho funda- mental de toda persona, íntimamente relacionado con el de la TUTELA, DEFENSA y PRE-
NO ser condenado con pena privativa de libertad que no se encuentre prevista en
SUNCIÓN DE INOCENCIA.
una norma con rango de Ley Orgánica.
• Se Prohíbe que se le violen otros derechos fundamentales reconocidos en la CE. Por
Que esa norma sea anterior a la comisión del hecho punible o posterior, pero más favorable.
ejemplo, el secreto a las comunicaciones, escuchas ilegales o el de no ser condenado en la 2ª Instancia.
Que reúna la predeterminación suficiente de la conducta ilícita y de la sanción aplicable.
• El TC señala como principales derechos los siguientes:
privativas de libertad exigen que su desarrollo normativo se efectúe mediante Ley Orgánica; mientras que las penas privativas de Derechos que NO incidan en Derechos Fundamentales, NO han de requerir su desarrollo mediante Ley Orgánica (LO).
- PREVISIÓN Y CERTEZA (REQUISITOS MATERIALES): Para requerir la integración de
una determinada conducta a los órganos jurisdiccionales penales, debe existir una pre- determinación normativa de las conductas ilícitas.
• Previsión: Se prohíbe que, ante una sucesión de normas penales pueda aplicarse,
a una misma conducta, la norma posterior con sanción más grave. La CE garantiza la IRRETROACTIVIDAD de las DISPOSICIONES SANCIONADORAS NO FAVORABLES.
• Su vulneración implica violación del art. 9 y del 25 de la CE, ya que este último exi- ge que dicha Ley permanezca vigente:
• En el momento de la comisión.
• En el momento de la aplicación.
• Y en el momento del cumplimiento de condena.
• De ahí que cuanto el TC dicta una sentencia de inconstitucionalidad de una nor- ma penal, la sentencia extienda sus efectos retroactivamente en lo que al reo le resulte favorable.
- LA RESERVA DE LEY (REQUISITOS FORMALES):
• 1) IGUALDAD DE ARMAS*: este principio se fundamenta en que tanto el acusador
como el imputado GOZAN de los MISMOS MEDIOS para elaborar su ataque y su de- fensa, siempre bajo IDÉNTICAS POSIBILIDADES y CARGAS DE ALEGACIÓN, PRUEBA e IMPUGNACIÓN.
• Este derecho NO está de forma explícita en la CE y en los Pactos Internacionales de De- rechos Humanos, pues se trata de una proyección del Principio de IGUALDAD (14 CE).
• Todos los ciudadanos que intervengan en un proceso penal han de recibir idéntico tratamiento procesal.
• NO puede fundamentarse ningún tipo de DISCRIMINACIÓN.
• El ppio. de igualdad habrá de estar presente en el juicio oral y, especialmente, en la proposición y ejecución de la prueba.
• 2) PRINCIPIO ACUSATORIO*: se trata de un derecho fundamental según el TC, pues está implícito en un proceso con todas las garantías.
• El ppio. acusatorio rige en un determinado proceso penal cuando las fases de ins- trucción y de juicio oral se encomiendan a 2 distintos órganos jurisdiccionales, pro- hibiéndose:
1.Al órgano decisor, realizar las funciones de parte acusadora. 2.Al órgano de la 2ª instancia, la posibilidad de gravar más al recurrente de lo que ya lo estaba en la 1ª.
• NOTAS ESENCIALES DEL PRINC. ACUSATORIO*:
• A) Atribución de la instrucción y del juicio oral a dos distintos órganos jurisdic- cionales: Para prevenir el prejuzgamiento y evitar que el acusado sea juzgado por un órgano falto de imparcialidad, es necesario que la labor inquisitiva se encomien- de a un órgano unipersonal (Juez de Instrucción, MF), al que se le prohíbe expresa-
mente la posibilidad de entender de la fase de juicio oral, la cual ha de ser conferida a otro órgano jurisdiccional, colegiado (Jurado o Tribunal).
• El Tribunal debe ser imparcial tanto subjetivamente (ningún miembro debe tener ningún prejuicio o predisposición personal) como objetivamente (NO haya duda alguna ni apariencia de parcialidad).
• B) Distribución de las funciones de acusación y decisión: la fase del juicio oral ha de iniciarse por una parte legítima y distinta a la del órgano jurisdiccional decisor.
• Es necesario que la acusación preceda a la defensa y sea conocida por ella.
• Y que se desdoblen ambas funciones (de acusación y de decisión) y sean otorga- das a 2 sujetos procesales distintos.
• C) Correlación entre la acusación y el fallo: Se exige congruencia, subjetiva y ob- jetiva, entre la acusación y la parte penal dispositiva de la sentencia.
• Subjetiva: El proceso penal acusatorio es un proceso de partes en el que el acusado NO puede ser considerado como “objeto” sino como sujeto.
• Todos tienen derecho a conocer de qué se les acusa, para que él en calidad de imputado pueda defenderse a través de un abogado.
• Objetiva: El acusado también tiene derecho de conocer la información del hecho punible.
• La correlación entre acusación y fallo NO se extiende ni a la aplicación de la nor- ma penal, ni a la individualización de la pena.
• D) Prohibición de la “reformatio in peius”: La vigencia del ppio. acusatorio conti- núa en las sucesivas estancias y NO se pueda gravar más o imponer un “quantum” superior de lo que ya lo estaba por la sentencia recurrida (pues la agravación genera indefensión).
• 3) EL DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS Y LA INMEDIACIÓN
DEL TRIBUNAL“AD QUEM”EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA DE CARÁCTER PER- SONAL: el Tribunal “ad quem” (juez o tribunal al cual se recurre contra una resolución determinada de otro inferior) podrá REVISAR la valoración de las pruebas efectuadas por el Tribunal de 1ª instancia; siempre y cuando obedezcan a los principios de ppios. de INMEDIACIÓN, PUBLICIDAD y CONTRADICCIÓN (= las de carácter personal ‐decla- raciones de las partes, testigos y peritos‐).
• NO forman parte de este tipo de pruebas:
• La prueba documental (test de alcoholemia, fotografías y croquis de la policía).
• Los informes periciales documentados que NO exijan oír al perito.
• La prueba indiciaria (cuando el juzgador de 1ª instancia NO explicita su razo- namiento).
• Las sentencias de instancia que NO determinan los elementos de convicción en que se basa el órgano judicial para fijar los hechos probados.
• Los Juzgados de lo Penal son los soberanos en la valoración de la prueba.
-LA LEGALIDAD ORDINARIA: Son los Juzgados de lo Penal quienes tienen la competen- cia para el conocimiento de la fase del juicio oral.
• 1) Información de la acusación: existen 2 formas:
• Subjetivamente: se realiza mediante el auto de procesamiento o resolución de im- putación formal. Sirve para impedir que NO pueda ser acusada persona alguna que no haya sido previamente declarada procesada.
• Objetivamente: se deben fijar los “indicios racionales de criminalidad” y establecer “los hechos punibles que resulten del sumario”. • El Juez instructor está obligado a determinar la persona imputada y recibir declara- ción al imputado en dicha calidad.
• 2) Apertura del juicio oral a instancia de parte legitimada: El juicio oral tan sólo pue- de abrirse a instancia de una acusación legítima. Si se solicita el sobreseimiento ante el Ministerio Fiscal, el Juez de lo Penal NO podrá abrir de oficio un juicio oral.
• 3) Debe existir correlación entre acusación y sentencia para proteger a la defensa frente a posibles mutaciones (cambios en el título de condena / ampliar el ámbito cog- noscitivo del Tribunal a esa nueva calificación delictuosa
• NO se autoriza a sugerir tesis jurídicas sobre hechos nuevos (art. 733 LECrim).
• Cuando esta eventualidad surja, habrá de suscitarse la suspensión del juicio oral (art.
746.6).
• Se procederá el recurso de casación cuando se pene un delito más grave que el que haya sido objeto de la acusación (art. 851.4 LECrim).
-LA LIBRE VALORACIÓN Y PRESUNCIÓN DE INOCENCIA (24.2 CE)*: Es un derecho que tiene todo imputado y consiste en presuponer su inocencia hasta que se demuestro lo contrario (sentencia penal firme de condena).
• Esta presunción debe estar presente a lo largo de todas las fases del proceso judi- cial (y sus sucesivas instancias).
• Es un derecho fundamentalmente del acusado y se quebranta cuando NO se haya probado suficientemente que el acusado ha participado en el hecho punible.
• Por ese motivo, el TC pone el acento en la actividad probatoria y, dentro de ella, en la libre valoración de la prueba:
• Ha de recaer en auténticas pruebas, y no en actos de instrucción.
• Esas pruebas han de ser lícitas.
• Y también han de practicarse en el juicio oral.
• Si NO hay ninguna prueba válida a su cargo, deberá de ser absuelto.
-LA CARGA MATERIAL DE LA PRUEBA: La primera garantía que produce la “presunción de inocencia” es el reforzamiento de la carga de la prueba en las partes acusadoras; es ésta quien ha de probar en el juicio los elementos constitutivos de la pretensión penal.
-LOS ACTOS DE PRUEBA: La sentencia de condena ha de fundarse en auténticos actos de prueba y éstas deben ser prácticas en el juicio.
-EXCEPCIONES DE LOS ACTOS DE PRUEBA:
• La “prueba anticipada o preconstituida” que haya sido practicada en la instrucción.
• La eficacia probatoria de las diligencias sumariales o preparatorias, siempre que se
reproduzcan en el juicio oral o se ratifiquen en su contenido los protagonistas.
• Además, se les dé lectura para su confrontación y se permita a las partes la posibilidad de contradecirlas en dicho acto.
• Para que un documento sumarial pueda ser estimado como hecho probado, debe constituir una prueba preconstituida o anticipada.
• NO pueda ser reproducida el día del juicio oral.
• Que haya sido intervenida por una Autoridad independiente u Ó. Jurisdiccional.
• Y que haya posibilidad de contradicción, derecho de defensa y lectura en juicio oral.
-LOS ATESTADOS: El atestado es un documento público que actualmente exige un alto grado de especialización y capacidad técnica de los miembros de las fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En su interior, además de recogerse meras denuncias nos encontramos con informes de gabinetes dactiloscópicos, lofoscopios, reconocimientos fotográficos, entradas y registros, intervenciones postales y telefónicas, etc.
• Nadie puede ser condenado con base en su sola confesión prestada en Comisaría.
• Los atestados y demás informes de la policía, tienen el mero valor de denuncias.
• Si las partes acusadoras pretenden que los hechos vertidos en el atestado puedan ser estimados como pruebas, será necesario recibir declaración, en calidad de testigo y en el juicio oral.
• La jurisprudencia en la actualidad ha otorgado cierto valor de prueba de los atestados (como prueba preconstituida) para constatar datos objetivos (fotografías, croquis, alcoholímetro) que son IRREPETIBLES en el juicio oral. No obstante, para ser usados deberán de ser Ratificados en el juicio, mediante la declaración personal del policía, en calidad de testigo de referencia.
-LA PRUEBA PROHIBIDA: Toda prueba debe RESPETAR los Derechos FUNDAMENTALES, de ahí que surja este concepto de prueba prohibida cuando:
• Se vulneren garantías constitucionales (ej. inviolabilidad del domicilio).
• Las que se obtengan violando Derechos Fundamentales (ej. intimidad).
• Aquellas se que obtengan por medios ILÍCITOS (ej. la CE prohíbe la tortura y la coacción).
-LA DECLARACIÓN DE COIMPUTADOS: A diferencia del testigo imparcial, el coimputa- do puede mentir, y, en la medida en que mediante la falsa incriminación de los demás coimputados pueda obtener su exoneración de responsabilidad penal u obtener situa- ciones de ventaja material.
• Esta doctrina no alcanza al coimputado‐condenado que declara como testigo en un proceso ulterior contra un coacusado.
-LAS DECLARACIONES DE LOS TESTIGOS INDIRECTOS: Según el TC, el Tribunal penal NO puede fundar su sentencia con base únicamente en la declaración de un testigo indi- recto (NO se puede sustituir la declaración del testigo directo por la del testigo indirecto).
-OBLIGACIÓN DEL TRIBUNAL DE RAZONAR LA PRUEBA: el Tribunal debe MOTIVAR minuciosamente su sentencia y RAZONAR la prueba. Este deber se desprende de la CE:
el derecho a la tutela (24.1 CE), la presunción de inocencia (24.2 CE) y la obligación de motivar las sentencias (120.3 CE).
• Las sentencias deben estar minuciosamente motivadas porque están en juego las Libertades de una persona.
-EL DERECHO A LOS RECURSOS*: es un derecho que tiene todo condenado en un pro-
ceso penal, y consiste en poder obtener una revisión jurisdiccional de su Sentencia con- denatoria.
• Está Previsto en el art. 2.1º del Protocolo 7 CEDH y en el art. 14.5 PIDPC.
• Según TC, también está previsto implícitamente en el derecho a la tutela (24 CE).
• 1) Se debe ceñir al procedimiento penal (en todos los procesos, incluido el de faltas o delito leve), pero NO necesariamente a otros órdenes jurisdiccionales.
• 2) Tan sólo puede ser reclamable contra las sentencias de condena (NO contra otras resoluciones).
• 3) El titular de este derecho es el condenado por una Sentencia penal.
• Contenido: la finalidad de este derecho es someter a un tribunal superior el fallo con-
denatorio y la pena.
• NO se infringe este derecho en caso de sentencia del Tribunal Superior (de apelación o casación) cuando revoca una absolución efectuada por el órgano de instancia.
• Habrá de entenderlo infringido:
• Cuando la Ley NO prevea recurso alguno contra el fallo condenatorio dictado en 1ª instancia.
• Cuando NO se admita el recurso “de plano” por una defectuosa notificación o me- diante la invocación de la ausencia de requisitos sanables.
6. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL
-EL CONCEPTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES: Son aquellos requisitos previos al proceso, que sin su cumplimiento, NO puede darse por válido el proceso judicial y, por tanto, el juez NO puede dictar sentencia:
• Los Son de obligada observancia y condicionan la admisibilidad de la pretensión. Por ello, la fase instructora y la fase intermedia están especialmente dedicadas a purgar el proceso de los obstáculos procesales que impedirían una sentencia de fondo (art. 742.I LECr).
-LOS PRESUPUESTOS PROCESALES: LA JURISDICCIÓN: La determinación del ámbito del
orden jurisdiccional penal exige atender:
• 1) El ámbito objetivo interno sobre el que opera la jurisdicción penal, que presenta los siguientes límites:
• La jurisdicción penal debe conocer las causas y juicios criminales (art.9.3 LOPJ y 10
LECr), así como las conductas tipificadas como delito o falta en el CP y leyes especiales.
• Se exceptúa los hechos ilícitos de la Jurisdicción militar (ámbito castrense).
• 2) Efectuar un examen acerca del ámbito de atribuciones de la jurisdicción española des- de el punto de vista internacional, que posee los siguientes límites territoriales:
• En un principio, la jurisdicción penal española tiene competencia sobre todo delito o falta que haya sido cometido en territorio español o a bordo de buques o aeronaves españoles (23.1 LOPJ).
• Existen 3 fueros extraterritoriales:
• A) Fuero de la nacionalidad: Nuestros Juzgados y Tribunales penales podrán co- nocer los delitos tipificados delitos tipificados en nuestro ordenamiento penal pero cometidos fuera de territorio nacional si cumplen los siguientes requisitos:
• Que el hecho sea también punible en el lugar en el que se cometió.
• Que el ofendido o el Ministerio Fiscal denuncien o interpongan querella ante los Tribunales españoles.
• Que el presunto autor NO hubiera sido absuelto, indultado o penado en el ex- tranjero; en el último caso, que NO haya cumplido condena (si hubiera cumplido parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle la que le corresponda).
• B) Fuero de Tutela Estatal: La jurisdicción española conocerá de los delitos más graves contra el Estado o la Corona si ha sido cometidos por funcionarios públicos en el extranjero.
• C) Fuero de la jurisdicción universal: La jurisdicción penal española es competen- te para el conocimiento de determinados delitos que lesionen bienes jurídicos que afectan a la Comunidad Internacional:
• Delitos de genocidio o contra la humanidad (terrorismo, piratería y apodera- miento ilícito de aeronaves
• Delitos relativos a la prostitución y los de corrupción de menores o incapaces.
• Tráfico ilegal de drogas psicotrópicas, tóxicas y estupefacientes.
• Tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas.
• No obstante, para que sea conocido por la Justicia española debe acreditarse:
• Que sus presuntos responsables se encuentran en España.
• O que existan víctimas de nacionalidad española.
• O que NO se haya iniciado en otro país o Tribunal extranjero, una persecu- ción efectiva.
• 3) Analizar los supuestos de inviolabilidad o inmunidad de la que gozan determina- das autoridades. De este análisis se desprenden límites subjetivos que gozan de cierta inviolavilidad:
• El Rey, de forma absoluta (art. 53.2 CE).
• Los diputados y senadores (si son acciones y opiniones del ejercicio de sus funciones).
• Los diputados del Parlamento Europeo, en términos semejantes (Protocolo de 1965).
• Los parlamentarios de las CCAA.
• El Defensor del Pueblo y sus adjuntos, por las opiniones que efectúen en el ejercicio de sus funciones (art. 6 LO 3/1981).
• Los Magistrados del TC (art. 22 LOTC 2/1979).
• Los Jefes de Estados extranjeros, diplomáticos, miembros de las misiones acredi- tadas ante los distintos organismos de las Naciones Unidas, miembros del Consejo de Europa, eurodiputados, etc. (art. 21.2 LOPJ).
-LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES PENALES: Pueden ser:
• 1) Unipersonales: formado únicamente por un juez (ej. Los Juzgados de Paz, de Instruc- ción y Centrales de Instrucción, de Violencia sobre la mujer, de lo Penal y Centrales de lo Penal, de Menores y Central de Menores).
• 2) Colegiados: aquellos que constan de varios magistrados (Las Audiencias Provinciales, el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Superior).
• 3) Tribunal militar (5º sala): apara ámbitos castrentes.
-COMPETENCIA OBJETIVA: Es la determinación del órgano competente, dentro de la es- tructura “jerárquica” o de Tribunales de distinto grado, según 3 criterios:
• 1) El criterio de la gravedad del hecho punible: Deben distinguirse por:
• Delito leve:
• Los Juzgados de Paz conocen del enjuiciamiento de los delitos leves tipificados; excepto cuando el ofendido fuera alguna de las personas del art. 173.2 CP (los que ejercen habitualmente violencia contra su cónyuge
• Los Juzgados de Instrucción conocen y fallan los restantes juicios de delitos leves (salvo que la competencia corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer).
• Delitos:
• Los Juzgados de Instrucción efectúan la fase instructora de todos los procesos por delito en los “juicios rápidos” que corresponda al Tribunal del Jurado (AP, Juzgados de lo Penal
• Los Juzgados de lo Penal conocen de la fase de JUICIO ORAL de los delitos (meno- res de 5 años de prisión o menos de 10 años de multa) y sus procedimientos.
• Las Audiencias Provinciales conocen de las causas por delito sancionado con pena privativa de libertad > 5 años, o no privativa > 10 años.
• 2) El criterio de la competencia objetiva por razón de la materia:
• A) Los Juzgados de Instrucción: tienen competencia sobre:
• El Habeas corpus.
• La ejecución de medidas de embargo y aseguramiento de pruebas requeridas por un Juzgado de otro Estado Miembro de la UE.
• Deben conocer la autorización del internamiento de los extranjeros en el CIE.
• Las de las peticiones y quejas que planteen los internos cuando afecten a sus Dere- chos Fundamentales.
• B) Los Juzgados Centrales de Instrucción: tienen competencia sobre:
• La instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a la Au- diencia Nacional (Sala de lo Penal) o a los Juzgados Centrales de los Penal.
• La tramitación de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega, y de los expedientes de extradición pasiva.
• C) La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional: debe controlar el enjuiciamiento de los delitos “tasados” que conlleven pena privativa de libertad SUPERIOR a 5 AÑOS (deli- tos de terrorismo, contra la Corona, tráfico de drogas, falsificación, etc.).
• D) Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer: son competentes de:
• La instrucción de los procesos penales cuando se cometan por quien es o haya sido su esposa o pareja o sus hijos o incapaces que convivan con ellos (delitos de homi- cidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, contra la libertad, integridad moral…).
• Pueden exigir responsabilidad penal contra los derechos y deberes familiares.
• Deben Proteger a las víctimas.
• Deben conocer el fallo de los delitos leves del Título I y II del Libro III CP.
• E) Los Juzgados Centrales de lo Penal: tienen la misma competencia de los de lo Penal, pero en relación con los delitos cuyo conocimiento se atribuye a la Audiencia Nacional.
• F) Los Juzgados de menores: enjuician los hechos tipificados como delitos que hayan sido cometidos por personas de 14 a 18 años, así como de su responsabilidad.
• G) El Tribunal del Jurado conoce los siguientes delitos:
• Los Muy graves (homicidios).
• Los delitos contra el libre ejercicio de los D, fundamentales (allanamiento y amenazas).
• Contra el patrimonio social y el incumplimiento de deberes cívicos (omisión del deber de socorro y delitos medioambientales).
• Los cometidos por funcionarios (infidelidad en la custodia de presos y de docu- mentos, cohecho, algunos delitos de malversación de caudales públicos, fraude, exacción ilegal, negociación prohibida y tráfico de influencias).
• 3) El criterio de las personas (“los aforamientos“): Son prerrogativas procesales:
• a) Inmunidad: durante el periodo de su mandato, los Diputados y Senadores gozarán de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito.
• b) Suplicatorio: es la tutela la inviolabilidad del parlamentario, obteniendo la autoriza- ción de la Cámara competente para conseguir el procesamiento y sujeción a un proceso penal en curso de uno de sus parlamentarios/senadores.
• c) Aforamientos: Constituyen una derogación de las normas comunes de la compe- tencia objetiva para que determinadas autoridades sean juzgadas por órganos supe- riores (a menos que renuncia a este derecho).
-COMPETENCIA FUNCIONAL: el proceso penal se compone de 3 fases:
• 1) FASE DECLARATIVA: El proceso penal se descompone en:
• Fase instructora: La instrucción corresponde a los Juzgados de Instrucción y en deter- minados delitos, a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
• Fase intermedia: para decidir si tiene lugar o no la apertura del juicio oral.
• En el proceso abreviado, la competencia es de los Juzgados de Instrucción.
• En el sumario ordinario (para delitos muy graves), corresponde a la Audiencia provincial.
• Fase del juicio oral: será competencia de:
• De los Juzgados de Instrucción para juzgar delitos leves.
• De lo Penal si se tratan de delitos con pena privativa de libertad mayores de 5 años.
• 2) FASE DE IMPUGNACIÓN: hay que impugnarlos por este orden:
• Los JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN conocerán los recursos de apelación contra las resoluciones dictadas en los juicios de delitos leves por los Juzgados de Paz.
• Las AUDIENCIAS PROVINCIALES -> contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Instrucción, Juz- gados de Violencia sobre la Mujer
• Los TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA -> contra los autos dictados por el Magistrado‐Presidente del Tribunal del Jurado y las Audiencias Provinciales.
• La AUDIENCIA NACIONAL -> contra las resoluciones de los Juzgados Centrales de Instrucción, del Juzgado Central de lo Penal, del Juzgado Central de Menores y del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria.
• La Sala de lo Penal del TRIBUNAL SUPREMO (Sala 2ª) -> contra las Sentencias dictadas en la instancia por las Audiencias Provinciales, Audiencia Provincial y las Sentencias del Tribunal del Jurado.
• 3) EJECUCIÓN: corresponde al órgano jurisdiccional que haya dictado Sentencia en 1ª o única instancia. Excepciones:
• Las Sentencia dictadas por los Jueces de Instrucción.
• Corresponde a los Juzgados de lo Penal el reconocimiento y ejecución de las resolucio- nes que impongan sanciones pecuniarias dictadas por autoridades de Eos de la UE.
• Corresponde a los Juzgados Centrales de lo Penal la ejecución de sentencias dictadas por los Juzgados Centrales de Instrucción.
• Corresponde a la Sala de lo Penal de la AN la ejecución de sentencias dictadas por Tri- bunales extranjeros o del cumplimiento de pena de prisión impuesta por Tribunales extranjeros (por Tratados Internacionales). -TRATAMIENTO PROCESAL DE LA COMPETENCIA OBJETIVA Y FUNCIONAL: La jurisdic-
ción criminal es siempre improrrogable (NO cabe la sumisión expresa o tácita de las partes).
• 1) EXAMEN DE OFICIO: los órganos judiciales examinan de oficio su propia competencia objetiva y funcional. NO podrán suscitarse cuestiones cuando:
• Cuando un Tribunal considere que es competente para conocer del asunto que lleva un órgano jerárquicamente inferior, deberá ordenarle que se abstenga (MF lo supervisará).
• Si es el órgano superior el que comprueba que la competencia es del inferior, simple- mente le remite las actuaciones, previa audiencia del MF y de las partes.
• Si es el órgano inferior el que cree que el conocimiento corresponde a uno superior, habrá de exponer a éste sus razones.
• 2) DENUNCIA DE PARTE: También las partes o el MF pueden denunciar la falta de compe- tencia objetiva y funcional de los órganos judiciales:
• Fase de instrucción: El Secretario Judicial remitirá las diligencias practicadas.
• Fase Intermedia: Pueden suscitarse sumario ordinario o proceso penal abreviado
7. LA COMPETENCIA TERRITORIAL Y POR CONEXIÓN
-LA COMPETENCIA TERRITORIAL: CRITERIOS DE DETERMINACIÓN: sirve para solucio- nar discrepancias entre que órgano judicial es el competente para ese delito:
• Fuero PREFERENTE: el caso de fuero común será el del lugar de la comisión del delito (entendiéndose por tal el de resultado de la acción delictiva).
• Fuero SUBSIDIARIOS: Cuando NO conste el lugar en que haya podido cometerse el hecho punible, la competencia territorial corresponde:
• 1º al tribunal del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descu- bierto las pruebas materiales del delito.
• 2º al tribunal del término municipal, partido o circunscripción en que el presunto reo haya sido aprehendido.
• 3º. El de la residencia del presunto reo.
• 4º. El de cualquiera que hubiese tenido noticia del delito.
• Fuero ESPECÍFICO: cuando se trata de delitos de violencia contra la mujer será el del domicilio de la víctima.
-EL TRATAMIENTO PROCESAL: LA DECLINATORIA Y LA INHIBITORIA: También en la
competencia territorial NO cabe la sumisión expresa o tácita de las partes, debiendo el ór- gano jurisdiccional examinar de oficio su competencia territorial.
• Examen de oficio: El Juez o Tribunal que se considere territorialmente competente de- berá reclamar al órgano incompetente el conocimiento del asunto (INHIBICIÓN). Éste
deberá de dictar un Auto de inhibición para ceder el ausento al otro tribunal o juez. Esta actuación puede producirse:
• a) En el juicio de delitos leves, podrán promoverla los Juzgados de Paz y de Instrucción.
• b) En la fase de instrucción, podrán promoverla los Juzgados de Instrucción.
• c) En la fase de enjuiciamiento, podrán promoverla los Juzgados de lo Penal, las Au- diencias Provinciales y el tribunal Superior (antes del inicio de las sesiones).
• Denuncia de parte: El Ministerio Fiscal y las partes disponen de 2 cauces:
• La inhibición: Se debe acudir al órgano que NO está conociendo de la causa, pero es competente. • La declinatoria: Se propone ante el Juez o Tribunal que está conociendo de la causa y que la parte considera incompetente.
• En el procedimiento abreviado, si un Tribunal o Juzgado reclame el conocimiento de una causa que otro tuviera y existe dudas sobre la competencia de cada uno, pondrán el hecho en conocimiento del superior jerárquico, más al Ministerio Fiscal y las partes
-LA COMPETENCIA POR CONEXIÓN: A fin de evitar la infracción de la prohibición del “non bis in idem” y por economía procesal, los delitos conexos han de ser enjuiciados en un mis- mo proceso, por lo que provocarán una acumulación de objetos procesales ante el mismo
Juzgado que instruye el delito ppal. aunque no sea el territorialmente competente (art. 300)
• Excepción = el proceso abreviado: el Juez instructor podrá formar piezas separadas cuando resulte conveniente para simplificar el procedimiento.
• Delitos y delitos leves conexos (17 LECr): pueden clasificarse en:
• Conexidad subjetiva: Los cometidos simultáneamente por 2 o más personas reunidas.
• Los cometidos por 2 o más personas en distintos lugares o tiempos.
• Conectividad objetiva: Los cometidos como medio para perpetrar otros.
• Los cometidos para procurar la impunidad de otros delitos.
• Conectividad Mixta o analógica: Los delitos que imputen a una persona al incoarse
(Iniciar un proceso, pleito
o relación entre sí y NO hubiesen sido sentenciados hasta entonces.
contra ella causa por cualquiera de ellos, si tuvieren analogía
-LA DEROGACIÓN DE LAS NORMAS DE COMPETENCIA OBJETIVA Y TERRITORIAL POR CONEXIÓN: Existen supuestos en la LECr que otorgan “vis atractiva” para el conocimiento de los asuntos a determinados órganos jurisdiccionales en caso de delitos conexos:
• A) Competencia objetiva:
• 1) En el caso de “aforados” y todos los delitos conexos de ese caso (272 LECr). • Si alguno de los delitos conexos compete a la Audiencia Nacional, ésta deberá conocer también del resto (65.1.e LOPJ).
• 2) En caso de Violencia sobre la Mujer, los Juzgados competentes de esta materia deberán conocer los delitos y delitos leves conexos (17 LECr).
• 3) Cuando los delitos leves conexos sean de la competencia del Juzgado de Paz, éste habrá de traspasarla al Juzgado de Instrucción.
• 4) Cuando el Juez o tribunal sea el órgano jurisdiccional encargado de dictar la pena por motivos territoriales (18.1º LECr).
• 5) La competencia del Tribunal del Jurado en el enjuiciamiento de delitos conexos ha
sido limitada por la jurisprudencia del TS.
• B) Competencia territorial: El art. 18 de LECr establece unas reglas para determinar el órgano judicial desde un punto de vista territorial en caso de delitos conexos:
• 1) Será el juzgado o tribunal donde se haya cometido el delito con pena mayor.
• 2) En el supuesto de que los delitos tengan la misma pena, en el que primero comen- zare la causa.
• 3) Si ambos empezaron al mismo tiempo, será la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo quien lo designe.
• En los delitos cometidos por 2 o más personas en distintos lugares, la competencia la tendrá el Juez o Tribunal del partido judicial con sede de la correspondiente Audien- cia Provincial.
8. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DE LAS PARTES
• LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL: en todo proceso penal existen personas que ACU- SAN o INTERPONEN UNA DEMANDA y personas que DEFIENDEN o se oponen a ella. Las partes pueden ser Penales o Civiles.
• 1) LA PARTE PENAL*: quienes deducen la pretensión (= “partes acusadoras”) y quienes se
oponen a ella (= el imputado en la fase de instrucción, y la “parte acusada”en el juicio oral).
• Partes acusadoras: Junto al Ministerio Fiscal pueden comparecer diversos querellantes:
• a) Acusadores populares: Ciudadanos que, SIN SER OFENDIDOS POR EL DELITO, de- ciden ejercitar la acción penal mediante querella.
• Éstos son titulares del derecho del 125 CE (NO del 24 CE), por ese motivo NO pue- den interponer recurso de amparo.
• Los requisitos son: ser español y que NO hayan sido condenados 2 veces delito de denuncia o querella calumniosa; o bien personas jurídicas
• Se excluyen a Jueces y Magistrados.
• Han de satisfacer fianza, para evitar el irresponsable ejercicio de la acción penal.
• b) Acusadores particulares: Ciudadanos que han sido OFENDIDOS o son SUJETOS PASIVOS del DELITO.
• Éstos son titulares del derecho del 24 CE, por ese motivo SI pueden interponer
• Sí le asiste el derecho a obtener el sobreseimiento del proceso (solicitándolo al MF).
• Puede acceder al proceso de forma ORIGINARIA (mediante querella) o ADHESIVA (ofrecimiento de acciones).
• Cuando se trata de delitos semipúblicos y privados, también es titular de la acción penal privada, a la no persecución del delito y al perdón.
• Partes acusadas: pueden ser:
• a) Personas físicas: Su capacidad para ser parte y procesal es reclamable con respec- to de la atribución de la omisión de cualquier delito. Es denominado imputado:
• Toda persona que ha sido denunciada como presunta autora de un delito (impu- tado a estancia de la parte).
• Ha sido objeto de prisión provisional o de la adopción de cualquier tipo de medida cautelar (imputado judicial).
• Es el sujeto pasivo de un Auto de procesamiento.
• Es el “sospechoso” policial, a los efectos de recabar su material genético externo.
• Derechos y requisitos de la parte acusada:
• Es titular del D. Fundamental de defensa (art. 24.2 CE).
• Debe ser mayor de edad (si es menor de 14 años, es impune; y si tiene entre 14 a 18 años será imputado a través del proceso penal de menores).
• Las causas de exención de responsabilidad NO ocasionan la prohibición de comparecer.
• La incapacidad mental sobrevenida motivará la suspensión del procedimiento por el Juez.
• b) Personas jurídicas Privadas: las personas jurídicas Públicas quedan excluidas De La Parte acusada. Las privadas únicamente pueden cometer una serie de delitos: co-
rrupción, transacciones comerciales internacionales, pornografía y prostitución infan- til, trata, blanqueo, inmigración ilegal, ataques a sistemas informáticos y similares.
• NO se les puede instar la aplicación de la totalidad de las penal del CP, sino sólo las
que se cohonesten con su naturaleza (multa, disolución, suspensión, clausura de locales, etc.).
• Su extinción NO extingue la responsabilidad penal de la persona física autora del hecho.
• Su régimen de intervención procesal es:
1. La citación para su 1ª comparecencia se efectuará en el domicilio social (requiere abogado y procurador).
2. La comparecencia se efectuará con el representante de la mercantil y con su abogado.
3. El Juez informará del hecho imputado (traslado de la denuncia o querella).
4. El representante podrá intervenir en los actos de prueba anticipada.
5. Su declaración está sujeta al respeto de los mismos Derechos fundamentales que asisten al impu- tado‐persona física (al silencio, a no declarar contra sí mismo, etc.).
6. El Juez podrá adoptar “medidas cautelares” (= resoluciones provisionales) del art. 129 en rela- ción con el art. 33.7 CP (art. 544 ter).
7. La entrada en el domicilio social requerirá resolución judicial.
8. En el proceso abreviado, el representante podrá prestar su conformidad independientemente
de la conducta de los demás coacusados. Su confesión no vinculará al Tribunal decisor.
9. El representante tendrá el estatus de parte procesal en el juicio oral, pudiendo prestar declara- ción y provocar con su incomparecencia la suspensión del juicio; aunque el Tribunal podrá decre- tar la continuación si comparecen el abogado defensor y el procurador.
• 2 LA PARTE CIVIL: son quienes sufran los efectos materiales de la cosa juzgada del fallo civil; siempre y cuando el hecho punible esté OCASIONANDO UN DAÑO PATRIMONIAL o MORAL de algún sujeto del Derecho y el PERJUDICADO NO RENUNCIE o RESERVE el ejer- cicio de la acción civil.
• Partes activas: Es el perjudicado, que sufre daños en su esfera patrimonial o moral a causa de un delito:
• Ha de tener capacidad para SER PARTE, para ACTUAR en el PROCESO y LEGITIMACIÓN ACTIVA (LEC).
• Tienen el derecho de la tutela judicial efectiva para la interposición de la pretensión resarcitoria. Lo puede hacer Originariamente y Adhesivamente.
• Su intervención es similar a la del coadyuvante, ya que ostenta un interés legítimo en instar la condena del culpable.
• Partes pasivas: Es el responsable Civil que ostenta de la capacidad procesal necesaria para defenderse de la pretensión de resarcimiento:
• La extinción de la responsabilidad penal no conlleva la de la civil.
• Puede ser que la responsabilidad civil se desplace hacia un 3º por:
• Por imperativo de la Ley (= supuestos de culpa “in vigilando” o “in eligiendo”).
• Por la autonomía de la voluntad de las partes (ej. contrato de seguro).
• En estos casos, el 3º también tiene legitimación originaria para defenderse frente a la pretensión civil de resarcimiento impuesta por el perjudicado o por el Ministerio
-EL MINISTERIO FISCAL: Es un órgano COLABORADOR de la Jurisdicción y está regido por lso
principios de LEGALIDAD, IMPARCIALIDAD, UNIDAD y DEPENDENCIA JERÁRQUICA.
• Está obligado a ejercitar la acción penal ante la sospecha de la comisión de un delito público.
• A) El Ministerio Fiscal como AUTORIDAD IMPARCIAL: es un órgano encargado de la DE- FENSA DE LA LEGALIDAD, desde el punto de vista MATERIAL como PROCESAL.
• Puede recibir denuncias y practicar una pre‐instrucción (Diligencias informativas), siempre que NO duren más de 6 meses.
• Puede decretar la detención del imputado, y realizar actos de investigación sin lesio- nar los derechos fundamentales.
• Es el Director de la Instrucción en caso de menores e incapacitados.
• NO puede ser recusado, pero debe abstenerse ante las mismas causas de Jueces y Ma- gistrados (art. 96 LECr).
• Debe actuar instando la condena del culpable como la absolución del inocente.
• Tiene la obligación de informar al imputado de todas las circunstancias.
• Tiene la misión de prevenir la comisión de detenciones ilegales ->habeas corpus.
• Posee la capacidad de solicitar sobreseimiento si considera que NO existen razones para abrir el juicio oral.
• Puede retirar la acusación en el juicio oral (si estima que NO existe resp. penal).
• Puede intervenir en las declaraciones por videoconferencia.
• B) El Ministerio Fiscal como PARTE ACUSADORA: A pesar de ser un organismo IMPAR- CIAL, debe solicitar la actuación del “IUS PUNIENDI” del Estado (actividad sancionadora).
• El Ministerio Fiscal NO es titular del derecho a la tutela judicial efectiva, pues carece de legitimación para interponer recurso de amparo.
• Tiene la obligación jurídica pública de ejercitar la acción penal (art. 105 LECr) y su legiti- mación normalmente es originaria.
• Tan sólo es derivada (=representación) cuando actúa como defensa de menores o inca- pacitados.
• Puede actuar como mediador penal.
• C) El Ministerio Fiscal como SUSTITUTO PROCESAL DE LA VÍCTIMA: el Ministerio Fiscal también está obligado a ejercitar en nombre e interés de la víctima la acción civil dimanante del delito (en este caso la legitimación NO es originaria, sino derivada).
9. LAS CUESTIONES PREJUDICIALES
-LA INTEGRACIÓN DEL OBJETO PROCESAL: LAS CUESTIONES PREJUDICIALES: Son ELE- MENTOS DE HECHO integrantes de un requisito del tipo penal que PRECISAN de una VALORA- CIÓN JURÍDICO-MATERIAL previa e independiente del objeto procesal. -Requisitos:
• A) Los elementos de hecho exigen una valoración jurídica que sea PREVIA e INDEPENDIENTE del objeto principal (ej. en los delitos contra la propiedad hay que determinar previamente la ajenidad de la cosa).
• B) Han de SER RELEVANTES para el enjuiciamiento del objeto procesal. El Tribunal civil sus- penderá y deferirá el conocimiento de la cuestión al Tribunal penal cuando “la decisión del Tribunal penal acerca del hecho por el que se procede en causa criminal pueda tener influen-
cia decisiva en la resolución sobre el asunto civil”(se diferencian así las cuestiones prejudicia- les de los meros argumentos jurídicos).
• c) La valoración debe ser JURÍDICA y con ARREGLO A LAS NORMAS del Derecho material (civil, laboral o administrativo).
• d) El Tribunal del orden jurisdiccional competente será el organismo competente para va- lorar, pues tan sólo los Tribunales integrados en su orden jurisdiccional les corresponde el conocimiento de las cuestiones que les son propias (art. 9 LOPJ). -Naturaleza y fundamento: descansa bajo el fundamento del principio de SEGURIDAD JURÍ- DICA e INMUTABILIDAD de las sentencias. -Clases: existen 2 clasificaciones:
• A) Atendiendo al derecho material aplicable:
• Homogéneas: Las que se rigen por las normas del Derecho penal.
• Heterogéneas: Las que han de decidirse con arreglo a normas distintas.
• B) Atendiendo a los efectos procesales, pueden ser:
• Devolutivas: Las que han de remitirse o plantearse para su decisión definitiva ante el Tribunal del orden jurisdiccional competente (Suspende proceso penal para ir a otro).
• Incidentales o NO devolutivas: Las que pueden ser conocidas incidentalmente por el Tribunal penal. La mayoría de cuestiones prejudiciales (NO pueden suspenderse).
-TRATAMIENTO PROCEDIMENTAL:
• A) Cuestiones prejudiciales incidentales: Al ser todas las cuestiones prejudiciales “de fon- do”, serán tratadas por el órgano jurisdiccional de enjuiciamiento a la hora de dictar la sen- tencia, integrando la correspondiente cuestión jurídica, que habrá de motivarse.
• B) Cuestiones prejudiciales devolutivas: El Tribunal de lo criminal suspenderá el procedi- miento y establece un plazo NO superior a 2 meses para que las partes acudan al Juez o al Tribunal Civil o Contencioso-administrativo competente.
• 1) La suspensión del procedimiento: El Tribunal puede conceder a las partes un plazo de
hasta 2 meses para el ejercicio por la parte interesada del derecho de acción ante el Tribu- nal del Orden Jurisdiccional competente.
• La posibilidad de ejercicio del derecho de acción queda supeditada a la ausencia de“pres- cripción” del derecho subjetivo material o de “caducidad” del propio derecho de acción.
• 2) Planteamiento de la cuestión: Al entrañar la cuestión devolutiva un problema de “ju- risdicción”, este presupuesto procesal debe examinarse de oficio.
• La parte interesada puede suscitar la cuestión devolutiva en cualquier estadio del pro- cedimiento.
• Se puede invocar la cuestión y deferirse la competencia, dentro de la instrucción y en la fase intermedia del sumario ordinario (cauce del 666.1 LECr).
• Debe planearse en el escrito de defensa como cuestión previa y dilucidarse en la com- parecencia preliminar del art. 786.2 y 2como cuestión de fondo en el juicio oral.
• Una vez denunciada ante el órgano penal, deberá suspender el procedimiento penal hasta que recaiga una sentencia firme en el proceso Civil o Adtivo.
• En caso contrario (si no hay condena), la parte interesada podrá interponer recurso de casación.
10. EL DERECHO DE ACCIÓN PENAL
-EL DERECHO A LA ACCIÓN PENAL*: es un derecho que asiste a todos los sujetos de derecho
y se ejercita poniendo en conocimiento del Juez de Instrucción de una notitia criminis (noticia de crimen), obligando al órgano jurisdiccional a dictar sentencia motivada y razonada.
• Es un derecho fundamental: es un derecho de la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
• Los particulares pueden acceder libremente a los órganos de la jurisdicción penal para que resuelvan un conflicto y dicten sentencia (motivada, razonada y congruente).
• Bien puede ocasionar el archivo del procedimiento (por ausencia de elementos que den acceso al juicio oral).
• Se actúe el ius puniendi o poder sancionador del Estado (debe probarse la existencia de un hecho punible).
• Se declare la inocencia del acusado.
• Su infracción posibilita la interposición del recurso de amparo ante el TC.
• Titularidad de la acción penal:
• El Ministerio Fiscal puede ejercerla en caso de sospecha de delito público. Tiene la obli- gación de asistir en delitos semipúblicos y también tiene la capacidad prohibición de solicitar la incoación o de personarse en los procesos por delito privado.
• Las personas jurídicas (según jurisprudencia tienen plena capacidad).
• Toda persona física puede ejercitar la acción penal (incluido los incapaces cuando sean ofendidos). Las acciones penales de los particulares pueden ser:
• Públicas: son las denominadas acciones populares que pueden ejercitar los ciu- dadanos cuando NO resulten ofendidos por el delito. • Privadas: son cuando el ofendido inicia el procedimiento (Iniciales) o cuando entra en un procedimiento ya incoado a través del “ofrecimiento de acciones”o proceden- tes de un delito semipúblico o privado (Adhesivas).
• Contenido: La acción penal se ejercita mediante la puesta en conocimiento en un órgano jurisdiccional de una notitia criminis (art. 100 LECr).
• Forma: Se ejercita mediante la forma de querella (acto procesal dirigido al juez compe- tente para que ejerza acciones penales) u otros modo, como la denuncia (acto procesal
denunciado por un ciudadano que contempló un delito. NO conlleva la obligación de in- admitirla mediante resolución motivada ni el Juez está obligado a notificar esa resolución al denunciante) y el atestado policial (conjunto de diligencias y actuaciones llevadas a cabo por los funcionarios de policía).
• Objeto: Su objeto es provocar la incoación del proceso penal para OBTENER una RESOLU- CIÓN motivada y fundada que ponga FIN AL PROCEDIMIENTO. -MODALIDADES*: Cabe distinguir 2 tipos:
• A) LA ACCIÓN POPULAR: Los art. 100 y 101 consagran el principio de PUBLICIDAD, que implica OFICIALIDAD de la acción penal que ha de ser ejercitada por ÓRGANO IMPARCIAL; y que la acción penal pueda ser PRIVADA y POPULAR (asiste a todo ciudadano, indepen- dientemente de sea o no ofendido).
• El ejercicio de la acción popular se circunscribe al de la acción penal, sin que pueda ex- tenderse al de la acción civil derivada del delito, por no soportar perjuicio alguno en su esfera patrimonial.
• Sujetos: son sujetos de este derecho los ciudadanos españoles y los ciudadanos de
la Unión europea (el resto de extranjeros carecen de este derecho); y las personas ju- rídicas (a las personas jurídicas NO se les debe exigir fianza, ya que pueden ejercitar la acción civil en el interés de los perjudicados). • Forma: puede tramitarse mediante querella (el Juez podrá exigir la prestación de fian- za que deberá ser proporcional al patrimonio del querellante) o de forma adhesiva (en estos supuestos la fianza No es obligatoria).
• B) LA ACCIÓN PRIVADA: las acciones penales privadas otorgan al ofendido un derecho
a la NO PERSEGUIBILIDAD del delito, a ERIGIRSE EN ÚNICA PARTE ACUSADORA, e incluso
a provocar la EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL (perdón) y a decidir sobre la aplicación o NO de la pena. Puede ser:
• Exclusivas: Originan el nacimiento del proceso penal por delito privado en el que el querellante asume la condición de único acusador privado con derecho a la renuncia de la acción o perdón del ofendido.
• El sujeto pasivo es dueño de la pretensión penal. Tiene absoluto poder de disposi- ción de este derecho y del perdón.
• Tan sólo es posible en delitos de injurias y calumnias.
• Y como requisito, debe haber sido presentada a modo de querella.
• Relativas: Pueden surgir ante la comisión de un delito semipúblico en el que el ofendi- do es dueño del ejercicio de la acción penal (interponiendo denuncia o querella), pero NO de la pretensión penal, que deberá compartir con el MF, sin que pueda ocasionar su finalización anormal mediante la remisión o del perdón del ofendido.
• Surge de la comisión de un delito semipúblico.
• El poder de disposición del ofendido sobre el objeto procesal se limita exclusiva- mente al ejercicio de la acción penal.
• El ofendido es quien debe ejercitar la acción penal (querella o de denuncia).
• En cualquier caso, el Ministerio Fiscal deberá comparecer en el procedimiento en orden a sostener la pretensión penal.
-EL OFRECIMIENTO DE ACCIONES: Constituye una de las medidas más eficaces de la tutela de la víctima, al permitir la entrada del perjudicado en el proceso penal con IGUALDAD DE ARMAS con respecto al Ministerio Fiscal.
• Sujetos (legitimación activa): El Juez de Instrucción ha de realizar el ofrecimiento de ac- ciones al “ofendido” en su 1ª declaración (“llamada a la causa” ya iniciada - art. 109 LECr); mientras que el art.110 LECr autoriza la intervención de los “perjudicados” en el proceso siempre y cuando comparezcan con anterioridad al trámite de calificación (intervención adhesiva).
• Regulación legal:
• a) Actos procesales de la LECr:
• 1) Diligencias policiales de prevención (o preparatorio): La policía ha de anunciar al ofendido y al perjudicado su derecho a comparecer en el procedimiento penal.
• 2) La 1ª comparecencia en el Juzgado de Instrucción.
• 3) El Sobreseimiento (supuesto excepcional): tiene lugar en la fase intermedia, si NO
comparecido la parte, el Ministerio Fiscal lo solicitará; el Tribunal puede llamar a la causa a los “interesados en el ejercicio de la acción penal”, para que sostengan la pretensión.
• b) Ofrecimiento y dº a la tutela (24 CE): si se viola este precepto, se produce una infrac- ción susceptible a recurso de amparo.
• c) Deber de información: al acusador particular se le debe informar lo más rápidamente po-
sible para que pueda ejercer sus derechos y plantear una defensa. La citación ha de efectuar- se a todos y cada uno de los ofendidos y perjudicados. Este derecho se compene a su vez de:
• Tienen derecho a asistir con Abogado y Procurador para que formulen alegaciones, publicidad o toma de conocimiento de las actuaciones practicadas y a participar en las que se practiquen.
• Tienen derecho a solicitar la asistencia jurídica gratuita.
• También a solicitar asistencia médica y psicológica (en caso de delitos violentos y contra la libertad sexual).
• Percibir ayudas económicas con cargo a los presupuestos del Estado.
• Conocer la fecha y lugar de celebración del juicio y a recibir notificación de la senten- cia que recaiga en 1ª instancia.
• Conocer los actos procesales que puedan afectar a su seguridad.
• d) Orden de proyección de los actos que puedan afectar a su seguridad:
• El juez debe informar a la víctima de las medidas que se van a tomar para otorgarle seguridad.
• El condenado NO podrá acercarse a la víctima, ni ponerse en contacto con ella.
• Si se aplica este tipo de actos, debe de estar asociado a delitos del art. 57 CP: contra la vida humana e integridad física, contra la integridad moral, libertad sexual, persona- lidad y contra el patrimonio y el orden socioeconómico).
• El Juez debe colocar medidas provicionales hasta la celebración del juicio para que luego bajo sentencias estén las medidas definitivas.
• La Violencia de género tiene “orden de protección” especial, estableciéndose una se- rie de medidas civiles y penales, así como de protección social (Las medidas civiles serán eficaces durante 30 días y hasta que la víctima plantee su demanda de sepa- ración o divorcio ante el Juez de 1ª Instancia, quien asumirá la competencia sobre el mantenimiento, modificación o remoción de las medidas civiles).
-LA INTERVENCIÓN ADHESIVA:
• a) Naturaleza y forma (art. 110, 761.2 LECr): El ofendido y el perjudicado podrán mos- trarse parte en la causa sin necesidad de formular querella, siempre que lo hicieran antes del trámite de calificación.
• Una vez tramitada la imputación, se permite la intervención del acusador particu- lar mediante comparecencia “apud acta”.
• La comparecencia ha de ser mediante Procurador y Abogado.
• Si fueren varios los ofendidos, el juez puede disponer que se agrupen en una única representación. • b) Preclusión: La intervención de los acusadores particulares y civiles ha de realizarse con ANTERIORIDAD al trámite de CALIFICACIÓN DEL DELITO (momento de formalización del objeto procesal). • Esta norma NO podrá ejercerse cuando provoque indefensión.
11. EL DERECHO DE DEFENSA
-EL DERECHO DE DEFENSA: todo imputado tiene el derecho a acceder al proceso penal.
• Consiste en acceder al proceso penal tan pronto como surja en él la imputación, que ha de ser comunicada de manera inmediata.
• Este acceso además debe ser acompañado por la asistencia de un Abogado.
• Que desarrollará la defensa técnica o pública.
• Mientras que al PATROCINADO la defensa privada (o autodefensa).
• El abogado deberá de OPONERSE a la imputación, alegando y refutando pruebas y argumentos jurídicos y buscando:
• La inexistencia o atipicidad del hecho.
• La falta de participación en él del imputado.
• La ausencia de responsabilidad penal o concurrencia de atenuantes
• Se trata de un auténtico Derecho fundamental (art. 24 CE), integrado por un conjunto de
derechos y garantías instrumentales que deben RESPETARSE y PROMOVERSE por todos los poderes públicos:
• Puede ejercerse por toda persona física, nacional o extranjera, y también jurídica.
• Está integrado y relacionado con otros derechos fundamentales de la CE y de Pactos Internacionales de los Derechos Humanos:
• Derecho a Abogado y derecho a silencio.
• A utilizar los medios de prueba pertinentes.
• A NO confesarse culpable y a la presunción de inocencia.
• Al habeas corpus.
• Inviolabilidad del domicilio y secreto de las comunicaciones, etc.
• Notificación de la detención a los familiares.
• Derecho del extranjero detenido a un intérprete gratuito.
• Derecho a ser reconocido por un forense, etc.
• Nacimiento y finalización del Derecho de defensa*: El derecho de Defensa nace con la IMPUTACIÓN y finaliza con una resolución firme (SENTENCIA) del proceso penal. • El Derecho de la Defensa es reclamable incluso con anterioridad a la incoación (cuan- do la policía haya atribuido a una persona su participación en un hecho punible).
-EL DERECHO DE ACCESO AL PROCESO PENAL*: Es el primer derecho que ha de recono- cerse al sujeto pasivo de una instrucción penal. Abarcar el poder ACCEDER LIBREMENTE AL PROCESO para EJERCITAR su DERECHO A SER OÍDO por un Tribunal independiente.
• El acceso debe ser EFECTIVO (juzgado por órgano competente) y disponer de la adecuada PUBLICIDAD (comunicación del hecho punible de forma clara y precisa).
• Además, el proceso debe ser SIN DILACIONES INDEBIDAS (debe utilizarse los medios de comunicación más rápidos o mediante citación personal ordinaria).
• El imputado NO tiene una obligación de comparecencia, sino una CARGA PROCESAL. En caso de NO tener lugar esta carga, podrá darse:
• Una condena en contumacia (delitos con pena privativa de libertad inferior a 2 años).
• Suspensión del proceso y expedición en contra del imputado de:
- Una orden de detención.
Una requisitoria de búsqueda y captura.
-LA ADQUISICIÓN DEL ESTATUS DE PARTE*: El derecho a la defensa exige la entrada en el proceso de una parte procesal y se finalizará con una sentencia que habrá de obtenerse me- diante la oposición de la acusación y de la defensa.
• En este proceso debe cumplir el derecho a defensa, el deber de información, etc.
• Existe la obligación de dar traslado del escrito de acusación con un tiempo prudencial para que el acusado pueda contestar.
• También la obligación de INFORMAR al imputado y EXPLICARLE todos sus derechos.
• Antes de la Interrogación policial, se debe INFORMAR las razones de la detención; siempre bajo un LENGUAJE que comprenda o ser asistido por un intérprete.
• El objeto de esta información debe ser el hecho punible, acompañado como mínimo de una breve relación circunstanciada fáctica y su respectiva calificación legal.
• La DESIGNACIÓN de un ABOGADO debe ser lo más rápidamente posible cuando se haya determinado el hecho y su presunto autor.
• La toma de declaración de un imputado en calidad de testigo constituye una prueba de valoración prohibida.
• El acusado tiene derecho a entrevistarse con el Abogado antes del primer interrogatorio judicial. Ambos pueden introducir en el proceso los hechos impeditivos, extintivos o exclu- yentes de la responsabilidad penal, así como solicitar y obtener los medios de prueba que estimen útiles para la defensa.
• La ejecución de la prueba también ha de estar presidida por el PRINCIPIO CONTRADICTO- RIO: primero declaran los testigos propuestos por la acusación; después los propuestos por la defensa.
• Para prevenir dilaciones indebidas, se continúa el proceso aunque no se haya presentado el escrito de defensa del acusado o del 3º responsable.
-EL EJERCICIO DE LA DEFENSA: Es llevado a acabo por el imputado (autodefensa) a través de la postulación de un Abogado defensor (defensa pública o técnica). • A) AUTODEFENSA: es la intervención DIRECTA y PERSONAL del imputado en el proceso,
realizando actividades para restablecer su libertad, evitar su condena u obtener una san- ción menor. • El imputado debe tener una mínima capacidad de DISCERNIMIENTO para poder ejercer este derecho en el proceso y es libre de ejercerla o no (Derecho al SILENCIO). Puede:
• Proponer verbalmente la recusación del Juez cuando se encontrara incomunicado.
• Asistir a las diligencias de investigación.
• Nombrar peritos.
• Solicitar ser reconocido a presencia judicial por quienes dirijan cargo contra él.
• Proponer diligencias.
• Proponer prueba anticipada.
• Prestar declaración en el sumario cuantas veces quiera.
• Pedir de palabra la reposición del Auto elevando la detención a prisión.
• Prestar conformidad con la calificación más grave.
• Decir la última palabra en el Juicio oral (art. 739 LECr). Es la manifestación más importante de autodefensa. • B) DERECHO A LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO: que es un derecho indispensable (NO se puede renunciar a ella) y consiste en ELEGIR un abogado de CONFIANZA o RECLAMAR la
intervención de un abogado de OFICIO o asistencia gratuita cuando se carezca de recursos para litigar.
• Puede hablar libremente con su abogado para preparar la defensa.
• El Abogado podrá realizar todos los actos y medios de impugnación que considere necesario.
• Excepción (527 LECr): Mientras el detenido o preso se halle incomunicado, su Aboga- do será designado de oficio (sólo posible en el ámbito de la legislación antiterrorista).
• Misión del abogado: DEFENDER a su cliente en el proceso penal para demostrar su inocencia (refutar argumentos del delito). Tiene la obligación de guardar SECRETO PRO- FESIONAL (NO se pueden intervenir las conversaciones entre el Abogado y su cliente). • C) RENUNCIA A LA AUTOTUTELA (LA REBELDÍA)*: El imputado NO tiene porqué ejerci- tar su autodefensa, pues puede renunciar a ella provocando su declaración en rebeldía.
1) Rebeldía: NO existe constancia en el proceso de que el imputado haya podido tomar conocimiento de su existencia y, por tanto, declararse rebelde.
• Origina la obligación judicial de indagar su paradero y citarlo.
• Si permaneciera en paradero desconocido, mediante la requisitoria de búsqueda y
captura la policía judicial deberá conducirlo ante la presencia del Juez de Instrucción.
2) Contumacia (rebeldía deliberada): es cuando el imputado es consciente de la exis- tencia de un proceso penal dirigido contra él y decide NO acudir a la llamada del Juez.
• Implica desobediencia a la orden judicial de comparecencia (en caso de desconoci- miento, será clasificado como rebeldía, no como contumacia).
• Supone una manifestación de renuncia a su autodefensa.
• Si NO compareciera al Juicio, podrá celebrarse en su ausencia si la pena NO supera los 2 años de prisión. Nos obstante, su Abogado defensor si deberá estar presente.
• En el juicio de faltas su ausencia NO suspenderá la celebración ni la resolución del juicio, siempre que conste habérsele citado con las formalidades prescritas en la Ley.
La NO suspensión del juicio oral por incomparecencia (Art. 746 LECr): Ante la in- comparecencia en un juicio oral con pluralidad de acusados, el Tribunal puede decidir la NO suspensión del mismo si estima que “existen elementos suficientes para juzgarlos con independencia”.
12. EL OBJETO DEL PROCESO PENAL
-EL OBJETO PRINCIPAL: LA PRETENSIÓN PENAL: Normalmente al proceso penal se dirige la parte acusadora para que se dicte una SENTENCIA para CONDENAR un HECHO PUNIBLE (bien sea prisión o multa). -Requisitos subjetivos: El elemento subjetivo determinante es la persona acusada.
• El acusado debe ser determinado e identificado dentro de la fase instructora a través de un:
• Auto de procesamiento -> para delitos muy graves.
• Auto de incoación (Proceso Penal Abreviado) -> para el resto.
• Pueden ser varios sujetos acusados para un mismo hecho punible.
• Para ser acusado, primero debe ser imputado (“Nadie puede ser acusado sin haber sido con anterioridad declarado judicialmente imputado” - TC) y haber sido previamente oído por el Juez de Instrucción. -Requisitos Objetivos: Hay que distinguir la fundamentación fáctica, la jurídica y la petición.
• A) La fundamentación fáctica (hecho punible)*: consiste en atribuir al acusado
• A) La fundamentación fáctica (hecho punible)*: consiste en atribuir al acusado a un he- cho punible.
• El Tribunal NO puede condenar al acusado por una calificación distinta que NO haya sido objeto de acusación.
• La aparición de un nuevo hecho punible distinto al que ha sido objeto de la acusación, provocará la suspensión del juicio para practicar una “sumaria instrucción complemen- taria” y deducir una nueva acusación para ese nuevo hecho.
• El proceso penal se rige por el Principio de INVISIBILIDAD del hecho punible:
• En la fase instructora, las partes gozan de un cierto poder en la determinación sub- jetiva u objetiva del hecho.
• En la fase del juicio oral, el Tribunal está obligado a descubrir la verdad material.
• El hecho punible debe estar TIPIFICADO y debe cumplir la HOMOGENEIDAD en la de- terminación del bien jurídico (se aplica el principio de IURA NOVIT CURIA, donde jueces,
magistrado y juristas deben conocer claramente la norma).
• El Tribunal podrá modificar la calificación jurídica sustentada por la acusación siempre
y cuando la nueva subsunción jurídica del hecho corresponda a normas penales tutela-
doras de bienes jurídicos homogéneos.
• El título de condena: En el escrito de acusación debe reflejarse la CALIFICACIÓN LE- GAL de los mismos hechos, determinando el delito que constituyan (Nunca pueden trasladarse a través del recurso de amparo vulneraciones a eventuales vinculaciones a
la calificación jurídica).
• B) Los Requisitos formales*: La acción se ejercita en el acto de iniciación del proceso pe- nal (denuncia judicial, querella, iniciación de oficio), bajo un proceso escalonado:
• 1) Fase instructora: las partes acusadoras es a quienes les incumbe la carga de efectuar la fundamentación fáctica de la pretensión:
• Aportación del material de hecho para demostrar la tipicidad del hecho punible.
• Determinar la legitimación pasiva en el proceso penal.
• 2) Escrito de acusación (650 LECr): sirve para formalizar la pretensión penal y debe
• Una descripción del hecho punible.
• La determinación del acusado.
• Y la Pena que se solicita.
• 3) Las conclusiones definitivas (650 LECr): las partes tras el escrito de acusación, pueden modificar sus calificaciones provisionales y transformarlas en definitivas mediante el ESCRI- TO de conclusión.
• C) La litispendencia (222 LECr): exige la concurrencia de las 3 identidades: Subjetiva, Obje- tiva y Causas de pedir. De todas ellas se exige que la IDENTIDAD del ACUSADO y del HECHO PUNIBLE estén completamente determinadas. Puede producir los estos efectos procesales:
• a) El efecto positivo de la“perpetuatio iurisdictionis”: El Juez de Instrucción está obliga- do a dictar una resolución motivada de la noticia del crimen, que puede ser INADMISORIA
o ADMISORIA.
• b) El efecto negativo: En caso de existir ya el litigio (misma parte acusada y mismo hecho punible), ningún Juez de Instrucción puede autorizar la apertura de una instrucción contra un imputado. Si esto pasara, el 2º Juez habrá de inhibirse a favor del primero y declinar en el su competencia.
• Efectos materiales: El efecto primordial de la litispendencia es la INTERRUPCIÓN DE LA PRES- CRIPCIÓN, producida por la presentación de la denuncia o querella ante el Juzgado, siempre y cuando el Juzgado dicte alguna resolución judicial de imputación dentro de los 6 meses (si es un proceso por delito) o de los 2 meses (si lo es por delitos leves) desde su incoación.
• Los efectos de la interrupción de la prescripción se retrotraerán al momento de la pre- sentación del acto de iniciación. • Momento en el que surge la litispendencia: desde la admisión a trámite de la “notitia criminis”.
-EL OBJETO EVENTUAL*:: De todo delito o falta puede nacer también ACCIÓN CIVIL para la RESTITUCIÓN de la cosa, INDEMNIZACIÓN o REPARACIÓN del daño. -Este sistema permite decidir en UN SOLO PROCESO las pretensiones PENALES y CIVILES. • Lo que nace del delito es una pretensión civil de resarcimiento que puede decidirse con- juntamente con el delito penal o dividirse en 2 procesos diferentes (una vez finalizado el
proceso penal). • Ha de estar dirigida contra el acusado, que debe ser la misma persona que sea responsable civil o autor de una acción antijurídica que haya producido daños (concurrencia de la iden- tidad de ambas partes). • Requisitos subjetivos: la pretensión civil (actor) como en la que se opone (responsable civil), han de concurrir los presupuestos procesales:
• Capacidad para ser parte.
• De actuación y de conducción procesal.
• Legitimación, activa (los perjudicados) y pasiva (los causantes de aqeullos daños).
• Postulación procesal.
• La fundamentación: debe existir actos y omisiones ilícitos en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia (Es indiferente que la responsabilidad penal haya queda- do extinguida por alguna de las causas).
• La petición: está sometida al Principio DISPOSITIVO, es decir, el actor es dueño de su
interposición y renuncia, vinculando mediante la petición la actividad decisoria del Tri- bunal que puede dictar:
• La restitución de la cosa (reponer las cosas o devolverlas) [puede producirse en deli- to de sustracción, salvo que sea por buena fe].
• La reparación de la cosa que consiste en obligaciones de dar, de hacer o de NO hacer. Si la prestación fuere personal, cabrá ejecución subsidiaria, y tan solo cuando fueren personalísimas el Juez podrá ordenar que sean cumplidas por el condenado.
• La indemnización: se trata de pagar una cantidad dineraria suficiente para cubrir to- dos los daños producidos por el delito (se aplica cuando NO es posible restituir la cosa), que previamente deben ser evaluados. • Requisitos formales: La pretensión civil debe presentarse mediante el ESCRITO DE ACU- SACIÓN o CALIFICACIONES PROVISIONALES sin que se pueda modificar sustancialmente en las conclusiones definitivas.
• Con anterioridad, el actor civil puede solicitar en la instrucción los embargos o fianzas pertinentes y aseguratorias de la efectividad de la responsabilidad civil.
• Si el perjudicado NO compareciera en el proceso, el MF la ejercitará en su nombre.
Ó. COMPETENTES
-EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN CIVIL POR EL MINISTERIO FISCAL: Salvo renuncia o reserva
por el perjudicado, el Ministerio Fiscal está obligado a ejercitar la acción civil en el propio interés del perjudicado.
• Es un supuesto de legitimación derivada o por sustitución procesal.
• NO hace falta que la víctima comparezca.
• En cambio, el acusador particular NO puede ser sustituido porque carece de legitimación
activa para el ejercicio de la pretensión resarcitoria. • Pluralidad de las partes: Este ejercicio conjunto de la pretensión civil por ambas partes NO significa que gocen simultáneamente de la misma capacidad de postulación. Pues, la única parte originariamente legitimada es el perjudicado que puede:
• Renunciarla.
• Reservarla para el declarativo correspondiente.
• Acumularla al procedimiento penal en curso.
• En el improbable supuesto de que el Ministerio Fiscal instara un “quantum” indemnizatorio superior al del perjudicado, se produciría una incongruencia“extra petita”. La única parte le-
gitimada para impugnar un fallo civil ha de ser el perjudicado y NUNCA el Ministerio Fiscal.
13. LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
-LOS ACTOS DE INICIACIÓN DEL PROCESO PENAL: Para que se inicie un proceso penal se debe TRANSMITIR una NOTICIA DE UN DELITO A LA AUTORIDAD JUDICIAL y determinar un presunto autor que se incoará la fase instructora (de oficio), salvo los procesos que pudieran instaurarse por la comisión de un delito perseguible. • Habrá que DEDUCIR QUERELLA o DENUNCIA que son medios ordinarios de iniciación del procedimiento penal.
-LA DENUNCIA*: La denuncia es una DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO que consiste en la
transmisión a la policía o a la autoridad judicial de la SOSPECHA DE LA COMISIÓN DE UN DE- LITO público (arts. 259‐264 LECr).
• El Denunciante:
• Puede ser cualquier persona física, cuando se trate de un delito perseguible de oficio.
• Cuando son delitos perseguibles a instancia de parte el denunciante debe cumplir los requisitos de la capacidad y legitimación.
• Los testigos presenciales tienen la obligación de denunciar el hecho (sobre todo si son funcionarios o tienen relación con el Derecho Público), salvo:
• En caso de incapaces (impúberes y quienes NO gocen del pleno uso de su razón).
• Por razón de parentesco.
• Por razones de oficio (abogados, procuradores y eclesiásticos).
• El Denunciado: Su determinación e identificación NO es un requisito de la denuncia. En caso de no ser identificado, se abrirá un periodo previo a la investigación (fase instructora).
• Los juzgados: a través de la presentación de la denuncia ante cualquier Autoridad judi- cial, encargada de la prevención e investigación de los delitos.
• Si se presentara ante el Juzgado competente, éste dispondrá la iniciación del corres- pondiente procedimiento penal.
• Son motivos de inadmisión la inexistencia del hecho (= “denuncia falsa”) y la ausencia
de tipicidad. Si se desestimara la denuncia, el Juez deberá fundamentar su resolución. • Si la denuncia se planteara ante un Juzgado INCOMPETENTE, éste habrá de practicar las primeras diligencias y pasar el caso a un Juez de Instrucción competente (máximo 3 días de plazo).
• El Ministerio Fiscal: El Fiscal podrá recibir denuncias, enviándolas a la autoridad judicial o decretando su archivo cuando NO encuentre fundamentos para ejercitar acción alguna (motivando su acto al denunciante).
• Policía: La denuncia puede presentarse ante cualquier dependencia o puesto de los dis- tintos miembros que integran las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
• También está la policía facultada (y obligada) a denunciar los delitos mediante atestado.
• Requisitos Formales: No requiere ningún requisito especial. Sólo la transmisión de la “no- titia criminis” y la identificación y ratificación del denunciante. Podrá ser verbal o escrita, personal o por medio de mandatario.
• Elementos materiales: El único elemento material de la denuncia es la “notitia criminis”:
• La apertura de las diligencias policiales de prevención (cuando se deduzca en Comisaría).
• Primeras diligencias (ante un Juez de Instrucción incompetente).
• Diligencias previas o sumario.
-LA QUERELLA*: La querella constituye un ACTO DE EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, donde
el querellante asume la CUALIDAD DE PARTE ACUSADORA a lo largo del procedimiento, soli- citando LA INICIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO a un órgano jurisdiccional competente.
• Tipología: Pueden querellarse todos los ciudadanos españoles, el Ministerio Fiscal y los ex- tranjeros que hayan sido ofendidos.
• A) La querella pública o “acción popular”: Es la que puede deducirse por cualquier ciu- dadano NO ofendido por el delito o por el Ministerio Fiscal (los extranjeros NO ofendidos carecen de este derecho, pues NO es un derecho fundamental).
• B) La querella privada: Es la que puede plantear el “ofendido” por el delito o acusador particular.
• Presupuestos: Ostentan capacidad para formalizar una querella: el Ministerio Fiscal (deli- tos contra la libertad sexual y delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seg. Social) / las personas físicas / y las personas jurídicas.
• Incapacidad absoluta para el ejercicio de la acción popular (art. 102 LECr): Los inca- paces civiles / los condenados “por dos veces” por delito de acusación calumniosa / los Jueces y Magistrados.
• Incapacidad relativa: por razón de parentesco.
• Legitimación: Todos los sujetos del dº que tengan capacidad para el ejercicio de la querella.
• Competencia: la competencia objetiva la tiene los Juzgados de Instrucción (salvo aforados) y territorialmente la demarcación judicial en la que se haya cometido el delito.
• Postulación (art. 227 LECr): la querella se presentará siempre por medio de Procurador con poder bastante y suscrita por letrado. Los requisitos de postulación del querellante son:
• Poder de representación procesal.
• Firma del Abogado.
• Ratificación del querellante.
• Presupuestos especiales: cuando existe certificación de haberse realizado el acto de conciliación y la licencia del Juez o Tribunal en los delitos de injurias y calumnias.
• Requisitos formales: Ha de constar por ESCRITO, identificando al querellante (RATIFICÁNDO-
LE) y si supiera la identidad del querellado. Y debe presentarse a través de un PODER ESPECIAL.
• El ofendido también puede convertirse en parte acusadora si presenta una denuncia y después comparece como parte a través del ofrecimiento de acciones o como intervi- niente adhesivo.
• Elementos materiales:
• Circunstancias del hecho punible: Si son conocidas por el querellante, la querella ha de reflejar “la relación circunstanciada del hecho, con expresión del lugar, año, mes, día y hora en que se ejecute. • La declaración de voluntad: debe constar en la querella tanto la PETICIÓN de desear acudir al proceso judicial como la VOLUNTAD de ser la parte acusadora (el querrellante). • No obstante, en la práctica forense la solicitud de medidas cautelares no constituye re- quisito alguno de la querella.
• La fianza (280 y 281 LECr): La obligación de satisfacer fianza es sólo exigible en la querella pública (popular), y en la querella privada de los extranjeros.
• Debe seguir el criterio de PROPORCIONALIDAD (adecuada al patrimonio del querellante).
• Se fundamenta como un FRENO de ACUSACIONES CALUMNIOSAS y para CUBRIR posibles COSTAS (que luego el acusador por conducta maliciosa no pretende pagar).
• Efectos: Si no se satisface en plazo, supone el “abandono de la querella”.
-LA ADMISIÓN Y ESTIMACIÓN: ha de interponerse ante el órgano jurisdiccional competen- te, que examinará de oficio su propia competencia y deberá pronunciarse estimándola o des- estimándola (siempre deberá de estar motivada y razonada).
• Su inadmisión por falta de competencia la transforma en una denuncia.
• Admisión a trámite significa que se incoa el procedimiento penal correspondiente.
• Auto de inadmisión de los actos de iniciación del proceso: Puede ser:
• a) Por denuncia: sólo puede inadmitirse por razones estrictas de legalidad (Inexistencia
del hecho, falta de tipicidad o por falta de “autor conocido” en delito de menores).
• b) Por querella: Sólo puede rechazarse una querella por motivos de “admisibilidad” o de “fundabilidad”. De todas formas, las resoluciones de inadmisión o desestimación provo- carán la reanudación de la prescripción de los delitos, • Inadmisión:
• Por ausencia en la querella de los presupuestos y requisitos que condicionan su va- lidez formal (falta de competencia o no tipicidad del hecho), aunque el Juez puede admitirla “si fuere procedente”.
• Por falta manifiesta de legitimación activa y de ddos. presupuestos procesales (fal- ta de representación procesal o de competencia, litispendencia, incumplimiento de la identificación y ratificación del querellante).
• Deestimación: Cuando los hechos en que se funde NO constituyan delito (falta de tipicidad penal).
• Inadmisicón de oficio (308 LECr): inmediatamente que los Jueces de Instrucción o los munici- pales en su caso, tuvieran noticia de la perpetración de un delito, lo pondrán en conocimiento del Fiscal y darán parte al Pte. de la Audiencia.
• Deben ser supuestos donde hechos punibles de cierta notoriedad (noticia, periódicos
• O delitos que puedan cometerse contra la Admón. de Justicia (falso testimonio, desobe- diencia, etc.).
14-17. LA FASE INSTRUCTORA
-CONCEPTO Y REGULACIÓN LEGAL: la fase instructora son el CONJUNTO DE ACTOS DE IN- VESTIGACIÓN practicados por el Juez de Instrucción, que suceden tras el Auto de incoación y se extienden hasta el Auto de conclusión o de sobreseimiento.
• Objeto y función principal: PREPARAR EL JUICIO ORAL mediante la determinación del
hecho punible y de su presunto autor. • Es una fase que se encomienda a un órgano jurisdiccional distinto del que va a enjuiciar:
Juez de Instrucción; estará auxiliado por la policía judicial.
• Funciones específicas (299 LECr):
• Efectuar actos instructorios o de investigación tendentes a averiguar la preexistencia y tipicidad del hecho y su autoría.
• Adoptar medidas cautelares penales y provisionales.
• Disponer medidas cautelares civiles o aseguratorias de la pretensión civil.
• Clases por criterio SUBJETIVOS:
• Diligencias policiales de prevención: las practica la policía judicial cuando tiene cono- cimiento de la comisión de un delito.
• Diligencias Informativas del Ministerio Fiscal: Investigación preliminar que realiza el Ministerio Fiscal antes de la instrucción judicial.
• Diligencias judiciales de prevención o primeras diligencias): Las que practican los Jueces de Instrucción incompetentes para determinan el hecho punible, asegurar el cuerpo del delito y adoptar las medidas cautelares urgentes, provisionalmente.
• Sumarios que hayan de instruir los Jueces de Instrucción Especiales.
• Instrucción del Ministerio Fiscal en el proceso penal de menores.
• Diligencias de investigación (realizadas por Jueces delegados y comisionados).
• Clases por criterio OBJETIVOS o procedimental:
• Sumario ordinario: El que se incoa ante la sospecha de la comisión de un delito muy grave que no sea de la competencia de la Ley del Jurado.
• Instrucción Complementaria de la Ley del Jurado: Cuando el objeto del procedimien- to lo constituya alguno de los delitos de la competencia de este Tribunal.
• Diligencias previas del procedimiento abreviado: Para el enjuiciamiento de delitos de la competencia de los Juzgados de lo Penal y de las Audiencia Provincial cuando la pena privativa de libertad sea superior a 9 años.
• Diligencias urgentes de los juicios rápidos: Para los delitos del art. 795 CP y cuando se
hayan cumplido los presupuestos de este procedimiento.
• Diligencias instructoras en los juicios de faltas, en su modalidad de juicio rápido o de juicios de faltas ordinario.
1. Actos instructorios o de investigación.
2. Actos de prueba sumarial (preconstituida y anticipada).
3. Medidas cautelares y provisionales (penales y civiles).
-LOS ACTOS DE APORTACIÓN DE HECHOS: Su finalidad es introducir los hechos en el proceso.
• Fase instructora: tienen como única función la de preparar el juicio oral para com- probar, investigar el crimen y determinar el hecho punible y su presunto autor.
• Fase del juicio oral: su función es lograr la evidencia necesaria para que el Tribunal dicte una Sentencia de condena, o absolutoria.
-LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN (diligencias sumariales): Son los actos de las partes (acu- sadora y defensora) y del Juez de Instrucción para ACREDITAR la existencia del hecho punible, su tipicidad y autoría o para EVIDENCIAR la ausencia de algún presupuesto condicionante de la apertura del juicio oral.
-LOS ACTOS INSTRUCTORIOS DE LAS PARTES ACUSADORAS: Son actos de aportación en
el sumario ordinario o en las diligencias previas, de los hechos constitutivos de la pretensión
penal, para obtener la apertura del juicio oral. Pueden sistematizarse en:
• Directos: Introducen o amplían la “notitia criminis”.
• Indirectos: Aquellos que en sí mismos NO sean aptos para la entrada del objeto procesal (ej. petición de práctica de diligencias).
-LOS INSTRUCTORIOS DE LA DEFENSA: están dirigidos a acreditar la inocencia del impu- tado y provocar con ello el archivo o sobreseimiento de las actuaciones sumariales.
-LOS ACTOS DEL JUEZ DE INSTRUCCIÓN: En la fase instructora NO rige el P. de aporta- ción, sino el PRINCIPIO DE INVESTIGACIÓN DE OFICIO: ante sospecha de delito, la policía
judicial como el Juez de Instrucción están obligados a incoar sumario o diligencias previas
y a practicar todos los actos de investigación necesarios y pertinentes para acreditar el
hecho y la presunta responsabilidad de su autor. El director de la instrucción es el Juez.
• De manera negativa: Cuando dicta un Auto de inadmisión de la querella, de archivo
o de sobreseimiento.
• De manera positiva: Actos instructorios de imputación (Auto de procesamiento y Auto de Transformación del PPA).
-LOS ACTOS DE PRUEBA: pueden generarse en la instrucción, pero están dirigidos única y exclusivamente a poder fundar una Sentencia de condena.
-LAS DILIGENCIAS POLICIALES DE PREVENCIÓN: Son actos instructorios que ha de prac- ticar la policía urgentemente y trasladarlos ante la Autoridad Judicial. • La Policia Judicial es una función que ejerce todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de CCAA y entre locales; cuando dependen de las Autoridades Judiciales y del Mi- nisterio Fiscal.
• Las actuaciones de la Policía Judicial en la investigación son de carácter urgente y NO pue- den durar más de 5 días. Estas actuaciones pueden ser:
• Cumpliendo las órdenes recibidas por las Autoridad Judicial o el MF.
• Como consecuencia de la presentación por un particular de una denuncia.
-EL PLAZO PARA LA PRÁCTICA DE LAS DILIGENCIAS POLICIALES (295 LECr): Salvo fuer- za mayor, los funcionarios de Policía Judicial NO podrán dejar transcurrir más de 24h sin avisar a la Autoridad Judicial o al Ministerio Fiscal.
• Plazo de conclusión:
• a) Con imputado detenido (796.1 LECr): Las diligencias deben durar el tiempo impres- cindible y concluirse siempre durante el plazo de la detención. • La detención preventiva NO puede durar más del tiempo necesario para el esclarecimien- to de los hechos (72 horas -> habeas corpus o puesta en libertad).
• b) Sin imputado detenido (796.4 LECr): En el ámbito de los juicios rápidos, si el imputado NO hubiere sido detenido ni localizado, se puede retener la realización de tales diligencias hasta un máximo de 5 días.
• a) El interrogatorio del detenido --> Ver tema 28.
• b) Declaración y citación a testigos, perjudicados u ofendidos: el deber de informa- ción: La Policía tiene la obligación de identificarlos y prestarles declaración.
• Si el hecho entrara en el ámbito de aplicación de los juicios rápidos, una vez prestada su declaración, habrá de emplazarlos ante el Juzgado de Guardia.
• Si quien comparece fuere el ofendido o el perjudicado por el delito, la Policía debe cum- plir con su deber de información a la víctima (por escrito).
• c) La Policía ha de ilustrar de los siguientes derechos:
1.A mostrarse parte en la causa sin necesidad de formular querella (derecho a alegaciones, publicidad, toma de conocimiento de lo actuado, participar en las actuaciones) 2.Derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita y el nombramiento de Abogado de oficio.
3.De no personarse en el procedimiento (el MF ejercitará la acción penal y civil por sustitu- ción procesal). 4.Derecho a la asistencia médica y psicológica por delitos violentos y contra la lib. sexual. 5.Derecho a percibir ayudas económicas con cargo a los Presupuestos del Estado.
• d) Informes alcoholimétricos: La Policía deberá remitirlos directamente al Juzgado de Guardia.
• e) Vídeo‐vigilancia: Las FFyCC de Seguridad pueden instalar en lugares públicos cámaras de vídeo para prevenir la comisión de delitos. Si graban alguno, será parte del atestado policial.
• f) Tasaciones periciales: La Policía Judicial podrá disponer la práctica del informe pericial que se haya de realizar fuera del lugar o sede del órgano judicial (frecuente en los juicios rápidos).
• g) Análisis sobre estupefacientes: La policía remitirá al Instituto de Toxicología, al Instituto de Medicina Legal o al laboratorio correspondiente, las sustancias aprehendidas. Éstos pro- cederán al análisis lo más rápidamente posible (antes del día y hora en que se haya citado a las personas indicadas).
• h) La circulación y entrega vigilada de drogas: Tratándose de delitos contra la salud pú- blica, la policía permite la entrada y/o la circulación de estupefacientes por nuestro país a fin de poder determinar y aprehender el máximo nº de integrantes de las bandas relacionadas con el narcotráfico. • Pueden adoptar esta medida los Jueces de Instrucción, el Ministerio Fiscal y los Jefes de las Unidades Orgánicas de la Policía Judicial, centrales y provinciales. • La resolución debe ser INDIVIDUALIZADA, NECESARIA (fines de la investigación) y MOTI-
VADA o fundada en el derecho.
• La policía ha de cerciorarse de la existencia de drogas en el interior del paquete postal. La Policía de fronteras podrá intervenir y proceder a la apertura del mismo mediante autori- zación del Juez de Instrucción competente; salvo:
• En aquellos paquetes expedidos bajo “etiqueta verde” (que permite la inspección aduanera).
• Cuando por su tamaño o peso evidencian la ausencia de mensajes personales.
• En aquellos envíos en cuyo exterior se hace constar su contenido.
• i) Gestión de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir de ADN:
Han de recabarse por la Policía Judicial, pero el problema fundamental es la inexistencia de una regulación legal de las inspecciones o intervenciones corporales.
• j) Las intervenciones de los datos de tráfico y del correo electrónico: Hay que distinguir entre la INTERVENCIÓN DE LA COMUNICACIÓN TELEMÁTICA (red fija y la móvil, nº de tel. de llamada y el nombre y dirección del abonado o usuario registrado, correo electrónico, etc.) y los DATOS DE TRÁFICO.
• El art. 6 LO 25/2007 faculta a la Policía Judicial y personal del CNI, en el curso de investi- gaciones de seguridad, a recabar de las empresas operadoras de dicho tráfico los datos pertinentes, que habrán de ser almacenados y conservados durante 1 año.
• En cambio, la interceptación del contenido de dichas comunicaciones ha de estar ampa- rado por el art. 18.3 CE.
• Estas intervenciones sólo pueden realizarse en el ámbito del proceso penal y en el de la
prevención de la comisión de hechos punibles graves.
-CONCEPTO Y VALOR PROBATORIO DEL ATESTADO: es una ACTIVIDAD INVESTIGADO- RA PRELIMINAR de la fase instructora, efectuada y documentada por la Policía Judicial y dirigida a la AVERIGUACIÓN DEL DELITO e IDENTIFICACIÓN DE SU AUTOR, así como tomar
medidas para el auxilio de la víctima y asegurar el cuerpo del delito.
• Tiene valor probatorio.
• Las diligencias de manifestación tienen valor de denuncia.
• Las declaraciones testificales constituyen un acto de investigación testifical.
• Otro tipo de diligencias efectuadas por orden o requerimiento de la Autoridad Judicial, periciales y testificales, tienen un valor probatorio ampliamente discutido:
• El interrogatorio policial y las manifestaciones de los testigos y de la propia policía tiene virtualidad probatoria propia cuando contenga datos objetivos y verificables (ej: “actas de constancia”: croquis, planos, huellas, fotografías), que pueden ser uti- lizados como elementos de juicio coadyuvantes, siempre que sean introducidos en el juicio oral como prueba documental a fin de posibilitar su efectiva contradicción por las partes. • O cuando los atestados contienen información pericial técnica realizadas por los agen- tes policiales (test alcoholimétrico) que NO pueden ser reproducidas en el acto del juicio oral, pueden constituir prueba pericial preconstituida, siempre y cuando el ates- tado se incorpore al proceso y sea ratificado.
-LAS DILIGENCIAS INFORMATIVAS DEL MINISTERIO FISCAL: Son actos de investigación que debe realizar el Ministerio Fiscal ante la sospecha de la comisión de un delito público para determinar el hecho punible y la responsabilidad de su autor. Éstos actos no pueden superar los 6 meses y deben ser archivados o bien presentados ante el Juzgado de Guardia.
• Iniciación: puede ser de OFICIA o a INSTANCIA de la PARTE (mediante denuncia de cualquier ciudadano o atestado policial).
• NO cabe iniciar estas diligencias cuando se trata de delito privado.
• Los acusadores particulares NO gozan de participación alguna en esta investigación pre- liminar del Ministerio Fiscal.
• Contenido: El Ministerio Fiscal puede practicar todos los actos instructorios que NO entra- ñen limitación de los Derechos Fundamentales:
• Interrogar al imputado y a los testigos.
• Practicar careos (actos para aclarar los aspectos contradictorios), pudiendo ejercitar la citación coercitiva o para ser oído que, si fuere incumplida, podrá convertirse en orden de detención.
• Impartir órdenes a la policía judicial y a terceros.
• Delegar funciones específicas o requerir informes de la policía judicial u otro organismo.
• Recabar informes, intervenir (por razones de urgencia) el cuerpo del delito.
• El Ministerio Fiscal cuando actúa como instructor ha de asumir el papel de Autoridad imparcial.
• Defensa: Las Diligencias informativas han de ser respetuosas con el derecho de defensa. El imputado deberá de estar acompañado de un letrado o abogado (Si el sospechoso compa- reciera sin abogado, el MF deberá informarle sobre su derecho a designarlo).
• Plazo: debe ser proporcional a la naturaleza del hecho investigado, sin que pueda superar los 6 meses (salvo prórroga motivada por delitos de terrorismo y grupos criminales que pue- den durar 12 meses).
• Resoluciones: han de finalizar mediante:
• Resolución de archivo:
• Investigación de oficio -> el archivo es procedente si FALTA TIPICIDAD o aún tenie- néndola, concurre una CAUSA DE EXENCIÓN O DE EXTINCIÓN DE LA RESPONSABILI- DAD PENAL. • A instancia de parte -> Puede archivarse por los motivos de legalidad citados en pá- rrafo anterior, pero también por MOTIVOS DE OPORTUNIDAD (cuando NO encuentre fundamentos para ejercitar acción alguna; NO exista autor conocido; NO sea posible su determinación, etc.). • Denuncia o querella: Si no concurrieran los presupuestos del archivo, habrá de deducir denuncia o querella ante el Juez competente.
-VALOR PROCESAL DE LAS DILIGENCIA INFORMATIVAS: En principio, todas las diligen-
cias que el Ministerio Fiscal practiquen o que se lleven a cabo baja su dirección gozarán de presunción de autenticidad (5.2 EOMF), pero NUNCA será en términos ABSOLUTOS, ya que el Ministerio es una parte acusadora.
• Las diligencias judiciales de prevención: Son las que pueden practicar los denominados
“Jueces de prevención”, es decir, jueces incompetentes (por objeto o por territorio) que vie- nen obligados a practicar las primeras diligencias o más urgentes.
• El art. 307 les autoriza a incoar las “primeras diligencias”.
• Recordemos que NO existe obligación alguna por parte del particular de transmitir la “no- titia criminis” al Juez de Instrucción competente, sino la de presentar la denuncia ante el Juez más próximo al lugar de la comisión del delito. Esta ausencia de obligación subsiste incluso en el caso de la querella.
• La diligencias de prevención pueden hacer: ASEGURAR las FUENTES de PRUEBA / DICTAR una ORDEN DE PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMA o DETENER AL AUTOR del delito.
• Las diligencias de prevención que nunca pueden hacer: DICTAR EL AUTO DE RATIFICA- CIÓN de la prisión / DICTAR EL AUTO DE PROCESAMIENTO / PRESTAR DECLARACIÓN IN- DAGATORIA.
• Han de efectuarse en el plazo máximo de 3 días.
ACTOS INSTRUCTORIOS PRACTICADOS FUERA DE DEMARCACIÓN JUDICIAL:
-EL AUXILIO JUDICIAL ORDINARIO: El Juez de instrucción puede tener relaciones con autoridades distintas a las judiciales. Puede ser mediante “mandato” (si son funcionarios
no pertenecientes al orden jurisdiccional) o mediante “exposición” (respecto a Ministros o Ptes. del Congreso y Senado). • Las relaciones entre órganos jurisdiccionales, inferiores o superiores, es mediante auxilio ju- dicial.
• Suplicatorio (con Tribunales superiores).
• Mandamiento (con Tribunales inferiores)
• Exhorto (con órganos del mismo grado). Es el modo más común. Se efectúa directamen- te desde el Juzgado de Instrucción exhortante al órgano jurisdiccional exhortado.
-EL AUXILIO JUDICIAL EUROPEO: LAS RESOLUCIONES DE EMBARGO Y DE ASEGURA- MIENTO DE PRUEBAS (Ley 18/2006): A las autoridades judiciales españolas, se le permite
realizar resoluciones de embargo y aseguramiento de pruebas.
• Para efectuarlas, el Juez de Instrucción se comunicará directamente con su homólogo euro- peo y le trasmitirá la certificación del Auto judicial (ésta debe estar traducida al idioma de la autoridad europea destinataria).
• Salvo que se trate de la comisión de delitos graves del art. 10 CP, el Juez español competen- te procederá a examinar si la conducta se encuentra tipificada en nuestro CP; si la petición
su ejecución conforme con lo dispuesto en
se hubiera traducido al español, procederá a nuestro ordenamiento procesal.
-LA INICIACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN (308 LECr): se contemplan 2 supuestos:
• A) Iniciación por juez incompetente: es la realizada por los Jueces de Paz y los de Instruc- ción objetiva o territorialmente incompetentes.
• El Secretario judicial deberá de poner en conocimiento la incoación de tales diligencias al Fiscal de la Audiencia y al Juez de Instrucción competente.
• B) Iniciación por juez competente: Puede ser a instancia de la parte o de oficio:
• 1) El Auto de incoación del sumario y las “Diligencias Indeterminadas”: es cuando la
denuncia o querella es típica y se refiere a un delito con pena privativa de libertad supe- rior a 9 años.
• El Juez competente habrá de dictar el “Auto de incoación del sumario”.
• Y comunicarlo al Ministerio Fiscal y a Audiencia.
• No obstante, en la práctica nuestros Jueces de Instrucción suelen iniciar las “Diligen- cias Previas” que, por conversión, se transforman en el “Auto de Transformación del PPA” (aunque se viole la legalidad procesal).
• 2) Las “piezas del sumario”: Son boques homogéneos de documentos relativos a todas y cada unas de las funciones del sumario compuesto por:
1. Una Pieza Principal: que reúne todas las actas o documentos en los que se plasman los distintos actos de investigación y de prueba practicados.
2. Una Pieza de situación personal: documentos relativos a las medidas cautelares penales.
3. Pieza de responsabilidad civil: medidas aseguratorias de la pretensión civil acumulada al proceso penal.
4. Pieza de terceros: reúne los documentos relativos a la intervención de los terceros res- ponsables.
-EL SECRETO INSTRUCTORIO: La Ley 53/1978 estableció como regla general la PUBLICI- DAD DEL SUMARIO para el imputado (publicidad relativa), EXCEPTO cuando se trate de GARANTIZAR EL ÉXITO DE LA INVESTIGACIÓN SUMARIAL y EVITAR las comunicaciones que puedan provocar LA FUGA DE LOS PARTÍCIPES EN EL HECHO PUNIBLE y/o destrucción o manipulación de las fuentes de prueba.
• La prensa tiene el deber de informar, basándose en fuentes fidedignas de información.
• Este derecho fundamental está limitado por Derechos pasivos de la personalidad (intimida-
ción, dignidad
• El TC ampara los reportajes judiciales “neutrales”.
• Secreto absoluto (301 LECr): Las diligencias del sumario serán secretas hasta que se abra el
juicio oral; prohibiéndose la filtración de datos de la instrucción a la sociedad o terceros. Para ello, se establecen 2 Tipos de responsabilidades:
• Disciplinaria: para Abogados y Procuradores (multa de 250 a 2.500 ptas).
• Penal: para funcionarios públicos.
• No toda actuación procesal está tutelada por el secreto sumarial. Sólo son diligencias su- mariales las que transcurren entre el Auto de incoación y el Auto de conclusión del suma- rio o de las Diligencias Previas.
• Secreto relativo (302 LECr): Las partes personadas podrán tomar conocimiento de las ac- tuaciones y se les debe dar traslado de todas las acciones practicadas con anterioridad a su personación (salvo declaración de secreto instructorio), así como notificarles las sucesivas.
• Todas las partes formales han de tener acceso a toda la información de la fase instructora, incluido el atestado policial, las atípicas diligencias indeterminadas y las informativas que haya podido practicar el MF.
• El derecho de información comprende tanto el pasivo (lectura de las diligencias) como el activo (tomar notas o instar del Secretario los oportunos testimonios de particulares). Dicha información ha de estar dirigida a fundamentar sus respectivas pretensiones y de- fensas y no a comunicarlas a terceros.
• La prohibición de publicidad: El derecho a un proceso público del art. 24.2 CE es tan solo predicable del juicio oral, NO afectando a la fase instructora.
• Se permite declarar el secreto instructorio cuando el delito sea público.
• En caso de ser semipúblico, el Juez también puede decretarlo para garantizar el éxito de la instrucción y proteger a la víctima de eventuales coacciones.
• Requisitos para cumplir con los derechos:
• a) Formales: La resolución debe ser un AUTO y estar MOTIVADA (P. de proporcionalidad
• b) Subjetivos: Puede adoptarse por OFICIO o a INSTANCIA de las PARTES.
• c) Materiales: El objeto del secreto instructorio se circunscribe a los actos de investigación y el secreto puede ser TOTAL o PARCIAL.
• d) Temporales: El art. 302 NO autoriza el mantenimiento del secreto instructorio más de 1 mes. Debe alzarse 10 días antes de la conclusión del sumario (No admite prórrogas). • La vulneración del derecho a la defensa por la extensión indebida del secreto instruc- torio: La rigidez del plazo provoca infracciones de lo dispuesto en el art. 302.2. Pese a ello, la jurisprudencia del TS ha afirmado que esta práctica ni supone un “retraso malicioso en la Admón. de Justicia”, ni puede provocar la nulidad de las actuaciones sumariales.
18. LA IMPUTACIÓN
-LA IMPUTACIÓN EN EL PROCESO PENAL: Es la atribución a una persona física de la comi-
sión de un delito punible, efectuada en un acto de iniciación de la instrucción o a lo largo de la fase instructora.
• NO es necesario que el imputado esté identificado, es suficiente con que esté DETERMINADO. Se trata de un presupuesto de la acusación. NO se puede dirigir la acusación contra persona que no haya sido, con anterioridad, declarada imputada y haya, al menos, prestado declara- ción ante el Juez.
• En esta fase se trata de DETERMINAR E IDENTIFICAR AL IMPUTADO y averiguar la responsa- bilidad penal de este sujeto. • Clases:
• 1) Imputación del personal colaborador de la Jurisdicción: La que debe efectuar la policía y el Ministerio Fiscal cuando el imputado se encuentre detenido.
• Se efectúa a través de la detención policial.
• Mediante la citación de comparecencia efectuada por el Ministerio Fiscal.
• Se permite recoger muestras externas de su material genético a los “sospechosos” po- liciales.
• 2) Imputación de parte: es la que realiza un denunciante o acusador particular mediante denuncia o querella, o bien un testigo o coacusado. Hace surgir el derecho a la defensa.
• Dicha imputación puede CONVERTIRSE EN ACTO DE PRUEBA si el denunciante o el acusador particular prestaran declaración como testigos en el juicio oral.
• Si en una declaración el testigo se autoinculpara, el Juez deberá suspender el interro- gatorio.
• Si la imputación la efectuara un coimputado contra otro, puede estar viciada por la expectativa de obtención de ventajas procesales o materiales; de ahí que por sí sola no pueda fundar una condena. • 3) Imputación Judicial: es la que realiza el Juez de Instrucción. Puede ser:
• a) Provisional: Ante una imputación de parte o del personar colaborador, el Juez, en una resolución provisional, convierte al sujeto pasivo en imputado judicial mediante:
• Los Autos de adopción.
• La ilustración verbal que el Juez ha de efectuar con anterioridad a la declaración para ser oído.
• La audiencia para la concreción de la imputación del procedimiento ante el Tribunal del Jurado. • b) Definitiva: Suele suceder al término de la instrucción y reviste distintas denomina- ciones según el procedimiento:
• Sumario ordinario = Auto de procesamiento.
• Tribunal del Jurado = Auto de hechos justiciables o Auto de apertura del juicio oral.
• Procedimiento abreviado = Auto de Transformación del PPA o Auto de conclusión de las Diligencias Previas y de apertura del juicio oral. • Todas estas resoluciones pueden ser impugnadas mediante el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.
• Interrupción de la prescripción de los delitos.
• Nacimiento del dº de defensa.
-IMPUTACIÓN Y PRESCRIPCIÓN: LA DETERMINACIÓN DEL IMPUTADO: Se interrumpirá la prescripción cuando haya sido IDENTIFICADO el IMPUTADO, bien sea por un método directo o mediante actos que permitan concretar posteriormente dicha identificación or- ganización o grupo de personas a quienes se atribuya el hecho.
• NO se interrumpirá cuando el imputado no esté identificado y NO haya cometido el delito a través de una “organización o grupo de personas”.
-IMPUTACIÓN Y DERECHO DE DEFENSA*: Con la imputación se le comunican al imputa- do los cargos que se le acusa para que pueda preparar su defensa de forma eficaz.
• La actuación del defensor queda condicionada desde el momento en que se le comunique la existencia del procedimiento penal.
• Y por parte del Juez, el Tribunal Constitucional dice que NO puede dilatar el traslado de la imputación, pues perjudicaría el derecho a defensa del imputado.
• Distinto es cuando un testigo o un imputado atribuyen a un 3º la participación en el hecho
punible. Ahí el Juez tiene un margen de ponderación para comprobar la verosimilitud de esa autoría e inculpar o no al imputado. La imputación de un 3º requiere la imputación judicial.
• Formas de imputación:
• Por figurar como sujeto que ha hecho el hecho punible en una denuncia, querella o por iniciación de oficio.
• Por ser sujeto pasivo de una detención o de cualquier otra medida cautelar, sea penal o civil-penal (prisión, libertad provisional, requisitoria de búsqueda y captura).
• Por aparecer como determinado en un Auto de procesamiento o de Transformación.
• Conocimiento de la imputación y contenido* (118 LECr): El Juez debe NOTIFICAR INME- DIATAMENTE al querellado, distinguiéndose 2 procesos:
• 1) Actos de imputación de parte acusadora: en este supuesto, el Juez debe TRASLADAR la DENUNCIA o QUERELLA + UNA COPIA DEL AUTO al denunciado (salvo secreto de ac- tuaciones). • 2) Actos de imputación judicial: En este caso, el Juez debe TRASMITIR SU JUICIO:
• De forma Escrita: puede ser:
• Específicas (Auto de procesamiento, de hechos justiciables, de Transformación del
PPA) -> Hay que reflejar los “indicios racionales de criminalidad”. • Implícitas (Autos de adopción de medidas cautelares) -> señalar los motivos de res- ponsabilidad criminal
• De forma Verbal. El Juez debe ilustrar verbalmente al imputado el hecho punible en su dimensión natural o histórica y su tipicidad.
• Tiempo: NO se establece plazo alguno para la puesta en conocimiento de la imputación.
Sólo se señala que debe ser INMEDIATAMENTE.
-LOS ACTOS JUDICIALES DE IMPUTACIÓN*: Varían según la clase del procedimiento:
• A) AUTO DE PROCESAMIENTO (Procedimiento común)*: Constituye una resolución mo- tivada y provisional del Juez de Instrucción por la que se DECLARA a una persona como IMPUTADA y al mismo tiempo se le informa de su condición.
• Surge la obligación del Juez de proveerle de Abogado defensor, si no lo hubiera designa- do ya.
• Se erige en un presupuesto de medidas cautelares y provisionales.
• Ocasiona una correlación subjetiva con los escritos de acusación.
• a) El procesamiento es una resolución “motivada” que exige la forma de Auto, donde debe aparecer los HECHOS, los indicios de una determinada CONDUCTA y que ésta sea calificada como DELICTIVA.
• b) es una resolución provisional que ha de surgir cuando surja ALGÚN INDICIO RACIO- NAL DE CRIMINALIDAD.
• c) la resolución es una REQUISITO PREVIO de ACUSACIÓN (legitimación pasiva), pues na- die debe ser acusado sin haber sido previamente declarado procesado.
• e) El JUEZ de instrucción ordinario es el ÓRGANO JURISDICCIONAL COMPETENTE para dictar el procesamiento, excepto para las personas aforadas que serán los Tribunales.
• f) El procesamiento encierra una resolución formal de imputación, independientemen- te de que el sujeto pasivo ya la hubiere adquirido anteriormente (mediante denuncia, querella o detención).
• g) La resolución jurisdiccional de imputación ha de dirigirse contra persona determinada
(a pesar que no se conozca su identidad). • Efectos: Se constituye en causa de abstención o de recusación y se posibilita el ejercicio del derecho de defensa en sus 2 manifestaciones:
• Privada: La notificación al procesado de dicha imputación le permitirá exculparse de ella la declaración indagatoria. • Técnica: La obligación judicial de proveer al procesado Abogado de oficio, si no tuviera uno ya de confianza. • Proceso abreviado: El Juez de Instrucción debe determinar el hecho punible y su presun- to autor, generando una correlación subjetiva entre el imputado y el acusado.
• B) CITACIÓN PARA SER OÍDO (Procedimiento abreviado)*: El Juez de Instrucción ordena a COMPADECER de forma INMEDIATA al imputado para INFORMARLE sobre la denuncia o querella que sobre él existe y para que PRESTE DECLARACIÓN.
• De este modo, podrá ejercer su derecho a la defensa y prepararse para el juicio.
• 1) Tiene carácter COERCITIVO, pues si el citado NO compadece, ni justifica la causa qu se lo impide, se establecerá una orden de detención (487 LECr).
• 2) Contiene de forma PROVISIONAL un ACTO JUDICIAL (tras la declaración, el Juez podrá elevarla a definitiva o dictar un Auto de sobreseimiento).
• 3) La finalidad del interrogatorio persigue la INVESTIGACIÓN del hecho punible y la po- sible participación del imputado y CONSTITUIR un PRIMER MEDIO DE DEFENSA para que el imputado pueda exculparse de los hechos y poder convencer al Juez sobre su ausencia de responsabilidad penal.
• 4) Es de carácter OBLIGATORIO en el Pro. Abreviado, pues el Juez de Instrucción NO pue- de clausurar unas Diligencias Previas sin, al menos, prestarle declaración al imputado.
• C) AUDIENCIA PARA LA CONCRECIÓN DE LA IMPUTACIÓN (Procedimiento para el Jurado).
19. EL CONTENIDO DE LA INSTRUCCIÓN
-LOS ACTOS DE PRUEBA: NO deben confundirse con los actos de investigación sumarial, que por sí solos NO se convierten en actos de prueba (sólo sirven para facilitar a las partes la fundamentación fáctica de sus respectivos escritos de calificación o acusación). • Los actos de prueba son los actos de prueba sumarial anticipada y preconstituida y se ejecutan ante la inmediación del Tribunal y bajo los Principios de contradicción y publicidad. -EL ASEGURAMIENTO DE LA PRUEBA**: La regla general, es que el Tribunal sólo puede FUNDAMENTAR su Sentencia mediante PRUEBAS PRACTICADAS BAJO SU INMEDIACIÓN en el juicio oral. Pero a veces resulta imposible practicar la prueba sobre algunos hechos en el juicio; por ese motivo se PERMITE MEDIDAS PARA ASEGURAR LA PRUEBA A TRAVÉS DE LA POLICÍA JUDICIAL. Por tanto, el aseguramiento de la prueba es una actividad del Juez de Instrucción mediante:
• 1) La práctica del acto de prueba (= prueba instructora anticipada); es decir, practi- cándola directamente bajo la inmediación del Juez y con observancia de una serie de garantías. • 2) La guarda o custodia de las fuentes de prueba (= actos de prueba preconstituida); es decir, asegurando las fuentes de prueba para poder trasladarlas en su día al ór- gano jurisdiccional de enjuiciamiento. • Las pruebas se diferencian por el MEDIO DE PRUEBA USADO (testigos, prueba pericial documental pública) o por la AUTORIDAD que INTERVIENE (Juez de Instrucción, Ministe- rio Fiscal y Policía Judicial). • Requisitos y Garantías: Tanto la prueba anticipada como la preconstituida exigen la inter- vención del Juez de Instrucción:
• LA IRREPETIBILIDAD DEL HECHO (requisito material): son actos que, por la fugacidad del objeto sobre el que recaen, NO han poder ser reproducidos el día de la celebración del juicio oral.
• LA INDEPENDENCIA Y CONTRADICCIÓN DE LA PRUEBA (requisitos subjetivos): los ac- tos de prueba instructora anticipada requieren la intervención del Juez de Instrucción y la posibilidad de contradicción. • Tan sólo la policía puede generar actos de prueba preconstituida por razones de urgencia (ej.: prueba alcoholimétrica). • La prueba exige que NO se viole los principios de contradicción e igualdad de ar- mas (la jurisprudencia dice que la contradicción debe ser posible, aunque NO necesaria- mente debe producirse). • A veces NO es posible garantizar plenamente el ppio. de contradicción porque se frus- traría el éxito de la diligencia (p.ej.: recogida del cuerpo del delito, autopsias, inspección ocular, fotografías, recogidas de huellas y demás actas de constancia de la policía).
• LA LECTURA DE DOCUMENTOS (requisitos formales): La prueba sumarial anticipada y la preconstituida han de ser introducidas en el juicio oral a través del trámite de lectura de documentos; pues así puede ejercerse el derecho a la CONTRADICCIÓN
• Los actos de prueba anticipada y preconstituida deben plasmarse en testimonios.
• Las declaraciones efectuadas en la fase de instrucción NO tendrán valor probatorio de los
hechos en ellas afirmados (salvo las resultantes de prueba anticipada y preconstituida).
20. LA PRUEBA PRECONSTITUIDA DE LA POLICÍA
-LA PRUEBA PRECONSTITUIDA: Es una prueba DOCUMENTAL que puede practicar el JUEZ de
Instrucción o su PERSONAL COLABORADOR (Ministerio Fiscal, Policía Judicial y jueces incom- petentes) SOBRE HECHOS IRREPETIBLES que NO pueden trasladarse al momento de realización del juicio oral (donde tendrá que ser leído esos documentos). • El Juez instructor siempre disponer de tales medios de prueba, aunque los haya hecho un colaborador (salvo que acrediten razones de urgencia). • La prueba preconstituida puede sistematizarse del siguiente modo:
• A) Prueba preconstituida de las Diligencias policiales de prevención:
• Los métodos alcoholimétricos.
• Grabaciones de vídeo‐vigilancia.
• Análisis sobre estupefacientes.
• Las inspecciones corporales.
• B) Prueba preconstituida de la policía judicial con control judicial:
• Circulación y entrega vigilada de drogas
• Escuchas telefónicas.
• Intervenciones de los datos electrónicos de tráfico.
• Gestión de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN.
• C) Prueba preconstituida del Juez de Instrucción:
• La recogida y conservación del cuerpo del delito.
• El reconocimiento judicial.
• Las inspecciones e intervenciones corporales.
• La entrada y registro.
• La intervención de las comunicaciones.
-LA PRUEBA PRECONSTITUIDA DE LAS DILIGENCIAS POLICIALES DE PREVENCIÓN: se reali- zan por RAZONES DE URGENCIA (desvirtuar la presunción de inocencia):
• 1) La recogida urgente del cuerpo del delito.
• 2) Los métodos alcoholimétricos: es un acto de prueba preconstituida de carácter pericial a través de una medición en el aliento (= control de aire espirado) o mediante una intervención corporal del imputado (= análisis sanguíneo, de orina y análogos), permitiendo determinar el grado de alcohol ingerido.
• La policía de tráfico está autorizada a realizar controles de alcoholemia a los conductores. En caso de negarse podrá estar sometido a sanción de falta grave y justifica la retención del vehículo, pudiendo constituir delito de desobediencia.
• Puede afectar a los siguientes derechos fundamentales: libertad / integridad física / derecho a NO declarar contra sí mismo y a NO confesarse culpable / presunción de inocencia.
• Antes de realizar la prueba DEBEN INFORMAR de sus derechos a ese sujeto (ej. someterse a un análisis clínico de extracción de sangre). Si tales informaciones se omitieran, la prueba será “prohibida” y NO podrá fundamentar una sentencia condenatoria.
• 3) Las grabaciones de vídeo‐vigilancia: su utilización debe RESPETAR el derecho a la INTIMI- DAD, IMAGEN y HONOR y al principio de PROPORCIONALIDAD.
• Si en las grabaciones se descubriera la comisión de un delito, se incorporará el soporte mag- nético/digital al atestado y se remitirá al Juez de Guardia en el plazo de 72h.
• El TS ha otorgado naturaleza de prueba preconstituida a las cintas de vídeo, DVD o soportes
electrónicos grabados de oficio por la propia policía o incluso por establecimientos privados.
• 4) Análisis sobre estupefacientes: La está legitimada por razones de urgencia a intervenir la droga con carácter de prueba preconstituida.
• Los análisis deben ser ordenados por el Juez de Instrucción para remitirlos al remitirá Instituto de Toxicología.
• En el ámbito de los juicios rápidos, la policía judicial debe colaborar o incluso excepcional- mente practicar por sí misma los análisis que procedan respecto a las sustancias intervenidas. Pero tendrán siempre prioridad los análisis efectuados por los Organismos competentes con respecto a los ejercidos a la Policía.
• 5) Inspecciones corporales: Es el reconocimiento por un 3º del cuerpo humano. Este recono- cimiento puede realizarlo la Policía judicial siempre y cuando NO afecte a la INTIMIDAD del im- putado.
• NO constituye una inspección corporal, la recogida por la policía de material genético externo del imputado (heces, orina, pelos y uñas cortadas, saliva, colillas, esputos…).
• Recogida de ADN: requiere siempre una orden expresa del Juez de Instrucción a la Policía judicial o Ministerio Fiscal (únicos entes autorizados en recoger ADN).
• Los datos identificativos de los análisis biológicos serán inscritos en la base de datos poli- cial y podrán ser utilizados por la policía judicial y cedidos a la autoridad judicial.
• NO se trata de prueba, sino de INFORME PERICIAL (sólo puede ser contradicho con otro informe pericial).
• Los exámenes radiológicos y mediante ecografía: NO se trata de una inspección corporal y, en principio, NO tienen por qué afectar en nada al derecho a la intimidad.
• La diligencia de“cacheo”: el objetivo del cacheo es realizar un REGISTRO EXTERNO del cuerpo.
• Debe seguir el Principio de PROPORCIONALIDAD, es decir, proporcional al delito que se le acusa y siempre bajo una fundada sospecha.
• NO se justifican los cacheos indiscriminados en redadas masivas, ni por la comisión de in- fracciones adtivas., delitos leves o delitos que lleven aparejada una pena superior a 2 años de privación de libertad, si el imputado no tiene antecedentes.
• NO se debe comprometer el derecho a la intimidad del imputado.
• Debe realizarse por persona del mismo sexo que el destinatario de la medida.
• 6) Supuestos de entrada y registro policiales por causa de flagrante delito.
-LA PRUEBA PRECONSTITUIDA DE LA POLICÍA CON CONTROL POLICIAL: exigen autoriza- ción previa y control judicial porque pueden colisionar con derechos fundamentales:
• La circulación y entrada vigilada de drogas (acto de investigación / NO prueba).
• La intervención de datos electrónicos de tráfico (acto de investigación / NO prueba).
• Las escuchas telefónicas e intervención del correo electrónico (su ejecución la efectúa la policía judicial) -> Ver tema 23.
20. LA PRUEBA PRECONSTITUIDA DEL JUEZ
-LA PRUEBA PRECONSTITUIDA DEL JUEZ DE INSTRUCCIÓN: son aquellos actos de prueba preconstituida que NO requieren la URGENCIA como en los casos policiales. Además, éstas in- ciden en el libre ejercicio de Derechos Fundamentales que son competencia de los Jueces de Instrucción.
-EL RECONOCIMIENTO JUDICIAL o “INSPECCIÓN OCULAR”: es cuando El Juez de Instrucción levanta un Acta de constancia que determine los elementos de una realidad física externa en la que se ha efectuado la comisión del delito y que resulte pertinente y útil para la prueba del
hecho punible y de la responsabilidad del autor.
• El juez deberá de disponerlo cuando sea IRREPETIBLE en contra de juicios rápidos.
• En estos supuestos, el acto de prueba será el reconocimiento judicial efectuado en el juicio oral. -NOTAS ESENCIALES:
• A) Naturaleza: El reconocimiento judicial efectuado por el Juez de Instrucción constituye un susceptible de ser introducida en el juicio oral a través de la lectura de documentos. • Requisitos subjetivos: Intervención del Juez de Instrucción o, al menos, del Secretario. • Requisitos Materiales: Garantizar la posibilidad de contradicción (= citar al imputado para que comparezca y asista al reconocimiento judicial para que su Abogado efectúe las observaciones que estime pertinentes).
• B) Objeto: Se circunscribe al lugar del delito que está formado por el lugar del hecho punible, así como de sus actos preparativos. NO será procedente:
• Si estuviera fuera de toda duda tanto la responsabilidad del autor como el hecho objeto de esta diligencia.
• Cuando el hecho ya esté acreditado a través de otros medios de prueba.
• C) Finalidad:
• 1) Levantar un acta judicial para hacer constar y describir todos los elementos del espacio físico observado.
• 2) Recoger y custodiar el cuerpo del delito (ej: recoger las huellas, vestigios y pruebas mate- riales que posibilitarán la práctica de los informes periciales pertinentes). • Si el Juez NO encontrara huellas o vestigios, puede interrogar a los testigos presenciales, dichas declaraciones NO tendrán valor de prueba, sino el de actos de investigación (te- niendo que asistir a testificar en el juicio oral).
• D) Requisitos formales:
• Hay que notificarla previamente a la defensa y al Ministerio Fiscal.
• Deberá acudir el Secretario, encargado en levantar el acta.
• El acta será suscrita por todos los sujetos procesales, incluido los testigos.
-LA RECOGIDA Y CONSERVACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO: será la Policía judicial los encar- gados de RECOGER Y PRESERVAR todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro y debe entregárselo al Juez (282 LECr).
• Por tanto, el personal colaborador de la jurisdicción puede disponer, siempre y cuando lo sea por razones de urgencia, la práctica de tales diligencias.
• A) Tipos de elementos: Objeto material del delito (instrumento con el que se ha cometido el crimen) y piezas de convicción (elementos que contribuyan a la prueba del hecho punible).
• B) Naturaleza: Es MIXTA porque es un acto de ASEGURAMIENTO DE LAS FUENTES de la prueba, pero también de OBLIGACIÓN DE RESTITUCIÓN DEL RESPONSABLE CIVIL.
• C) Clases:
• a) Armas o instrumentos: El Juez instructor ordenará su retención, conservación y destino en el organismo adecuado para su depósito, pudiendo acordarse su destrucción.
• b) Drogas tóxicas: Tras la audiencia del Ministerio Fiscal, el Juez ordenará su destrucción (pre- viamente se remitirá una muestra al Instituto de Toxicología para su análisis).
• c) Delitos contra la propiedad: Hay que determinar la ajenidad de la cosa y su valor económico.
• d) Lesiones: hay que valorar la gravedad de la lesión y su etiología, y remitir ese informe al Juz- gado de los partes de lesiones.
• e) Muerte de una persona: identificar el cadáver y practicar la autopsia por el Médico forense.
• f) Análisis de ADN: El Juez de Instrucción es competente para la intervención corporal y reco- gida de pruebas indubitadas. Si son datos genéticos externos, la policía judicial también podrá disponer dicha recogida y custodia.
-LOS INFORMES OFICIALES EMITIDOS POR ÓRGANOS COLABORADORES DE LA JURISDIC- CIÓN: Tradicionalmente se han creado Institutos o Gabinetes científicos oficiales cuyos funcio- narios gozan de una absoluta imparcialidad y pericia.
• La reforma de la LECr por LO 15/2003 posibilita las intervenciones corporales por estos orga- nismos oficiales que permitan la custodia y análisis del ADN.
• En el procedimiento abreviado, estos organismos y laboratorios oficiales podrán emitir infor- mes sobre la naturaleza, cantidad y pureza de sustancias estupefacientes.
• La Policía Judicial cuenta con sus propios Gabinetes y Laboratorios periciales: caligráficos, de dactiloscopia, balística, que pueden adquirir el valor de prueba preconstituida.
• El TS concedió a tales informes el valor de “prueba preconstituida”.
• Los funcionarios que la practican NO precisan prestar informe personal en el juicio oral. La lectura de documentos ante el Tribunal es suficiente (sin perjuicio de que la defensa la im- pugne en su escrito de defensa).
-FINALIDAD Y VALOR PROBATORIO: Son actos mixtos para ASEGURAR LA PRUEBA preconstituida (ga- rantizar la preexistencia y genuidad o autenticidad de las fuentes de prueba intervenidas) y el ACTO IN- VESTIGATORIO (porque se posibilita la realización de análisis periciales que podrán ser sometidos a con- tradicción en el juicio oral). Siempre ha de garantizar la posibilidad de contradicción por la defensa.
-INSPECCIONES E INTERVENCIONES CORPORALES: Son actos instrumentales de los asegura- torios y recaen sobre el cuerpo humano.
• Inspecciones corporales (restricción al derecho a la intimidad): es la toma de muestras que requieran inspecciones, reconocimientos o intervenciones corporales. Si NO son consentidas,
requerirán autorización judicial mediante auto motivado (NO constituye inspección corporal la recogida por la policía de elementos orgánicos portadores de ADN y externos al cuerpo humano).
• Intervenciones corporales (restricción a la integridad física): Es todo acto de coerción so- bre el cuerpo del imputado para realizar análisis tendentes a averiguar el hecho punible o la participación en él del imputado. • Leves: extracción de elementos externos (pelos, uñas, sangre…). • Graves: las que pueden poner en peligro la salud u ocasionar sufrimientos a su destinatario
(punción lumbar, extracción de líquido encéfalo raquídeo…).
22. LA ENTRADA Y REGISTRO DE LA PRUEBA
-LA DILIGENCIA DE ENTRADA Y REGISTRO: es un acto procesal del Juez de Instrucción por el que se LIMITA el derecho a la INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO para DETENER AL IMPUTADO o para prehender y CUSTODIAR EL CUERPO DEL DELITO. - La Policía judicial tan sólo tiene esta competencia en caso de delito flagrante (que se está ejecutando actualmente o en ese preciso instante).
-LA ENTRADA: es una Resolución judicial por la que se limita el Derecho fundamental a la invio- labilidad del domicilio para la consecución de fines o intereses constitucionalmente protegidos. -Pueden distinguirse 2 clases de entradas:
• A) Entrada común: Dirigidas a la averiguación de un hecho punible. • Se trata de una Resolución judicial para PRACTICAR LA DETENCIÓN DEL IMPUTADO o de ASEGURAR EL CUERPO DEL DELITO.
• Es un Acto Indirecto de preconstitución de la prueba: NO constituye acto de prueba alguno, ni de investigación.
• Objeto material: Cualquier lugar cerrado en el que se ejercita o puede resultar afectado el derecho a la intimidad a la vida familiar o a la privacidad del ciudadano (554.2 LECr).
• Principio de proporcionalidad: debe estar sujeta a este principio, es decir, guardar rela- ción con el fin perseguido y que NO haya otra alternativa menos gravosa.
• Sujeto Activo: El Juez de Instrucción es el único competente para realizar esta resolución.
• Si el inmueble se encontrara fuera de la demarcación del Juez de Instrucción territorial- mente competente, puede comisionar la entrada al Juez de dicha demarcación.
• El Juez puede encomendar la entrada a la policía judicial y al Ministerio Fiscal, mediante delegación expresa y específica.
• La Policía tan sólo podrá hacerlo sin autorización judicial en caso de Delito flagrante, legislación antiterrorista o en los estados de excepción y sitio (553 LECr).
• Sujeto Pasivo: es el interesado (mayor de edad y capacitado) y/o su represente.
• Ha de estar presente en la diligencia de registro, en caso contrario será acto nulo de prueba.
• Ha de ser persona física, ya que las personas jurídicas NO pueden ser titulares del de- recho a la intimidad (éstas sólo lo tienen en caso que se vulnere su derecho a secreto profesional y en realidad el derecho no es de la jurídica en sí, sino de las personas que lo administran).
• El interesado, nacional o extranjero, debe ser la persona que more o habite en el lugar cerrado (NO tiene porqué ser el propietario, basta con que sea el poseedor).
• Entradas Especiales: son supuestos especiales de la LECr, que condicionan la resolu- ción judicial para realizar la entrada:
• a) Las Cámaras Legislativas, precisan autorización previa de su respectivo Pte.
• b) El Palacio del Monarca, real licencia.
• c) Las embajadas.
• d) Los buques extranjeros mercantes y de guerra.
• e) Los lugares de culto y archivos de la Iglesia Católica.
• f) Los edificios consulares.
• B) Entrada Administrativa: Entradas que la Admón. puede instar del Juez en uso de su potes-
tad de autotutela.
-REQUISITOS FORMALES: La resolución de entrada exige un Auto fundado en el que habrán
de plasmarse los indicios. En él debe de indicarse el TIEMPO y el OBJETO de la entrada (debe ser necesario), así como la AUTORIDAD encargada en realizarlo.
• A) Procedimiento adecuado: Exige la incoación previa de un sumario o, al menos, de unas diligencias previas (NO pueden ser dictadas las diligencias atípicas o indeterminadas).
• B) Notificación:
• Domicilio particular: Si es el domicilio de un particular, el Auto será notificado al interesa- do de forma personal y de manera simultánea a la práctica de la diligencia.
• Lugar Público: habrán de observarse las prescripciones de los arts. 564‐565 LECr.
• C) Protocolización de la entrada policial: Si la entrada la dispusieran los funcionarios de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la resolución podrá ser verbal.
• No obstante, si el interesado se opusiera, tales funcionarios habrán de describir en el atesta- do la pertinencia de la medida o su procedencia (553 LECr).
• En todos los supuestos de entrada policial, los agentes de policía darán cuenta de los resul- tados inmediatamente al Juez competente.
• D) Tiempo: Sólo puede efectuarse de día, nunca en horario nocturno (horas de sueño), salvo que existan razones de urgencia para hacerlo de noche.
• El Juez deberá de fundamentar las razones de urgencia si el interesado se opusiere.
• El Auto le habrá de ser notificado en el plazo máximo de 24h.
• Si se ha iniciado de día pero sobreviniera la noche durante el registro, la autoridad ejecutora habrá de recabar el consentimiento del interesado para su continuación. Si se opusiere y NO se apreciara “razones de urgencia”, habrá de suspenderse la diligencia sellándose las puertas del local y reanudándose al día siguiente.
-LA DILIGENCIA DE REGISTRO*: La finalidad del registro consiste en recoger los efectos e ins- trumentos del delito para PRECONSTITUIR LA PRUEBA.
• A) El órgano jurisdiccional: Requiere la obligatoria presencia judicial, o al menos del Se- cretario judicial
• B) El Interesado: Debe ser presenciada físicamente por el interesado (imputado) o la per- sona que él designe (su Abogado defensor). Si el interesado está detenido, debe presenciar la diligencia de registro, pues en caso contrario será registro nulo.
• C) Testigo: Si el interesado NO fuere encontrado en la práctica del registro, deberá de estar presente un individuo de su familia y mayor de edad.
• D) Secretario: Todo registro debe practicarse en presencia del Secretario del Juzgado que lo haya autorizado.
• Requisitos formales: El Secretario levantará acta de constancia, indicando: El Nombre del Juez / Identificación de las personas que intervengan / Incidencias / Hora de iniciación y de
término de la diligencia / Relación del registro y de su resultado. • Si fuese efectuado por la policía, demás debe incluir: Causas y resultado del registro / perso- nas detenidas / y los funcionarios que intervienen en el registro.
• Requisitos especiales:
• En la LECr: El de los libros de contabilidad o de comercio y los protocolos de Notarios, libros de Registro de la Propiedad y del Registro Civil y Mercantil.
• En la legislación especial: Los de despachos de Abogados, en materia de propiedad indus-
trial y los que contempla la legislación procesal civil.
23. LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES
-EL DERECHO AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES (18.3 CE): La intervención de las comunicaciones son actos instructorios limitativos al derecho fundamental del secreto de las comunicaciones.
• Naturaleza: El bien constitucionalmente protegido es el derecho de los titulares a mantener el carácter reservado de una información privada (NO limitada a comunicación íntima). • El Objeto de intervención es cualquier medio de comunicación (escrito, oral, radioeléctrico, telemático, en soporte magnético o electrónico).
• Autonomía del derecho: La titularidad corresponde a todos los sujetos de derecho, incluidas las personas jurídicas.
• Exclusividad jurisdiccional: El derecho a las comunicaciones sólo puede ser LIMITADO ME- DIANTE RESOLUCIÓN JUDICIAL (salvo supuestos de terrorismo). El Ministerio del Interior o la
Dirección General de Seguridad pueden interferir telefónicamente, pero deben notificarlo an- tes a un Juez y éste revocará o confirmará tal resolución en un plazo máx. de 72h (579.4 LECr).
• Clases de intervención:
- a) Intervenciones postales y telegráficas.
- b) Escuchas telefónicas.
- c) Intervención de los datos electrónicos del tráfico.
A) LA INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES POSTALES Y TELEGRÁFICAS: deben
estar sujetas bajo una RESOLUCIÓN JUDICIAL MOTIVADA por la cual se PROCEDA A LA DE- TENCIÓN DEL SOPORTE a través del cual se efectúa una determinada correspondencia postal o
telegráfica del imputado.
• Finalidad: obtener pruebas que, tras realizar su lectura con las garantías de inmediación judi- cial y de contradicción suficientes, puedan convertirse en un acto de prueba preconstituida.
• Forma: Auto motivado (Exige la incoación previa de un proceso penal por delito grave).
• Sujeto: La resolución sólo puede emanar del Juez de Instrucción competente. • Los sujetos colaboradores (Policía y Ministerio Fiscal) pueden participar en esta diligencia.
• La Detención de la correspondencia es practicada por:
-Otros Jueces (a través del auxilio judicial).
- Funcionarios de la Admón. de Correos y Telégrafos.
- Empleados de empresas privadas de correo (obligados a colaborar con la Justicia).
• Objeto: Las cartas, paquetes postales y telegramas que tengan relación con la causa.
• Excepción: paquetes de mercaderías que pasan aduanas o los de etiqueta verdes. Ambos pueden ser supervisados por funcionarios.
• Lectura de correspondencia: Al ser un acto de prueba preconstituida, exige la presencia del Juez y del Secretario (= inmediación), y la del imputado y su Abogado (= ppio. de contradic- ción).
• En el acto de apertura el Juez leerá para sí la correspondencia, apartará la que fuera perti- nente y la unirá al pliego del sumario. La irrelevante será devuelta al imputado.
B) LAS ESCUCHAS TELEFÓNICAS (18.3 CE - 197 y 579 LECr):
Es un acto de investigación limitativo por el derecho de secreto de las comunicaciones. Por
ese motivo es fundamental disponer de una RESOLUCIÓN JUDICIAL MOTIVADA (Auto) don- de se proceda al REGISTRO DE LLAMADAS y/o a efectuar la grabación magnetofónica de las conversaciones telefónicas del imputado por parte de la policía judicial durante un tiempo determinado. • Hay una ausencia de regulación de las comunicaciones telemáticas a través de “Internet”
• Deben respetar el Principio de Proporcionalidad: según 2 tipos de presupuestos:
• Comunes: se debe obedecer al principio de LEGALIDAD, es decir, nuestro ordenamiento ju- rídico interno debe autorizar expresamente a la autoridad judicial disponer de estos medios.
• Especiales: se debe obedecer al principio de NECESIDAD, es decir, NO basta con que la me- dida esté prevista en la Ley, también es imprescindible que se justifique. • a) Requisito material: Que el objeto de la instrucción lo constituya un delito grave o ac- tos ilícitos penales con trascendencia social, corrupción política o Seguridad del Estado. • b) Requisito procesal: La petición debe efectuarse dentro de una instrucción judicial en curso o sumario ordinario. • NO pueden adoptarse, ni en las diligencias policiales de prevención, ni en la investi- gación oficial o preliminar del Ministerio Fiscal.
• Requisitos formales: El Juez de Instrucción debe adoptarla en el seno de una instrucción y mediante resolución motivada en la que se determine tanto el TELÉFONO, como el DESTINA- TARIO y el HECHO PUNIBLE investigado.
• a) Deber de motivación: el juez debe plasmar necesidad (es una exigencia del ppio. de proporcionalidad).
• b) Requisitos subjetivos: determinación del destinatario de la medida (= titular del de- recho al secreto de las comunicaciones). Salvos supuestos de terrorismo, NO se pueden intervenir las comunicaciones entre el Abogado y su cliente.
• c) Requisitos objetivos: el Auto debe relejar el NÚMERO DE TELÉFONO intervenido y el DELITO presuntuosamente cometido.
• Son insconstitucionales las “licencias de cobertura”.
• Procedimiento de intervención: La intervención sólo puede ser acordada por el Juez de Instrucción competente.
• Cuando dispongan de la orden, los funcionarios de policía o empleados de la Compañía Telefónica o concesionaria procedan a la intervención y grabación de las escuchas.
• La policía habrá de entregar en su integridad al Juzgado la totalidad de los originales de los soportes magnéticos o electrónicos, que serán transcritos en un acta bajo la inmediación del Secretario.
• La escucha telefónica genera un acto peculiar de prueba peconstituida y NO precisa ser leída en el juicio oral, sino ser reproducida ante el Tribunal.
• Plazo de duración: NO puede superar los 3 meses (1 mes para la resolución de declaración del secreto instructorio).
• Eficacia refleja de la prueba prohibida: Las sentencias condenatorias sustentadas en escu- chas telefónicas inconstitucionales infringen según el TC:
• El art. 18.3 CE.
• El derecho a un proceso con todas las garantías (aunque algunos fallos todavía lo asocian a la presunción de inocencia). 2 grandes tesis:
• La Tesis directa.
• La Tesis refleja: Es por la que se inclina el art. 11 LOPJ, al disponer “no surtirán efecto las
pruebas obtenidas directa o indirectamente, violentando los DD o LLFF”.
C) LAS INTERVENCIONES DE LOS DATOS DE TRÁFICO Y DEL CORREO ELECTRÓNICO: Tan- to las intervenciones telefónicas como las de Internet NO tienen previsión legislativa aún. Hay que distinguir entre:
• La intervención de la comunicación telemática strictu sensu. • La de los datos de tráfico (= datos que se generan o tratan en el curso de una comuni- cación y que difieren de su contenido material: el nº de teléfono de llamada, el nombre y dirección del abonado o usuario registrado, el nº de acceso a Internet, correo electrónico y telefonía por Internet, etc…).
• Tanto la jurisprudencia como el art. 6 Ley 25/2007 exigen autorización judicial expresa para recabar del operador la cesión de tales datos de tráfico.
• 24. LA PRUEBA INSTRUCTORA ANTICIPADA Y LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN
-LA PRUEBA INSTRUCTORA ANTICIPADA: La prueba sumarial anticipada participa del mis- mo PRESUPUESTO (irrepetibilidad del hecho) y de los mismos REQUISITOS SUBJETIVOS (inde- pendencia de la Autoridad que la interviene y posibilidad de contradicción) y FORMALES (en- trada en el juicio oral mediante la lectura de documentos) QUE LA PRUEBA PRECONSTITUIDA.
• Se diferencia de la Prueba preconstituida en que la ANTICIPADA son PRUEBAS PERSONALES (prueba testifical y pericial), realizadas por la Autoridad que la interviene (únicamente el Juez de Instrucción).
• Está sometida al principio de EXCLUSIVIDAD JURISDICCIONAL, pues se hace sea intervenida por el Juez de Instrucción.
• También por los principios de ORALIDAD e INMEDIACIÓN EN SU EJECUCIÓN (NO en su valora- ción pues aquí son mediatas).
-LA PRUEBA TESTIFICAL ANTICIPADA: Existen 2 los presupuestos o circunstancias que posi-
bilitan esta declaración testifical efectuada en calidad de prueba instructora anticipada:
1. Ante la imposibilidad de acudir a la celebración del juicio oral porque el testigo ha de ausen- tarse del territorio nacional.
2. El peligro de muerte o de incapacidad mental del testigo.
• El Juez de Instrucción permitirá la comparecencia de la defensa y de las partes acusadoras, quienes podrán formular al testigo “cuantas preguntas tengan por conveniente” (448 LECr).
• Las partes tienen la carga de asistir al interrogatorio. Si no lo hacen, la declaración testifical
gozará de pleno valor probatorio.
• Sólo se permite que se excluya la contradicción por razones de necesidad o urgencia (ej. Inminente peligro de muerte del testigo).
• Si el Juez de Instrucción omitiera el cumplimiento de esta garantía, la declaración testifical no gozará de valor probatorio alguno, sino sólo de mero acto de investigación.
-LA PRUEBA PERICIAL ANTICIPADA: En la actualidad, carece de sentido ya que todos los peritos deben prestar su informe en el juicio oral.
-LOS ACTOS DE INVESTIGACIÓN: Son diligencias sumariales de APORTACIÓN DE HECHOS a la
instrucción para DETERMINAR el HECHO PUNIBLE y su AUTOR antes de la apertura del juicio oral.
• Deben ser regidos por el Principios de Investigación.
• Debe ser practicados por el Juez de Instrucción y por su personal colaborador.
1. COMPROBAR LA VEROSIMILITUD DE LA NOTITIA CRIMINIS, por ese motivo se debe regir por el Principio de Imparcialidad.
2. Posibilitar a las partes acusadoras la REDACCIÓN de los hechos de SUS ESCRITOS DE ACUSACIÓN.
-LA DETERMINACIÓN DEL IMPUTADO: Es el CONJUNTO DE ACTOS de investigación dirigi- dos a AVERIGUAR QUIÉN SEA EL PRESUNTO AUTOR del hecho punible:
• Se debe INDIVIDUALIZAR al sujeto con respecto a los demás miembros de la comunidad social mediante diversos medios:
• Reconocimiento en rueda (observar varios sujetos para determinar quien es). • A través de métodos antropomórficos (reconocimiento dactiloscópico, inspecciones cor- porales y análisis de ADN).
• Para dictar un Auto de procesamiento, la búsqueda y captura de un sujeto o incluso para dictar una sentencia de condena, es suficiente la determinación, NO siendo exigible la identificación.
-LA DILIGENCIA DE “RECONOCIMIENTO EN RUEDA”: Es un acto de investigación mediante
el cual un testigo directo procede, ante el Juez de Instrucción, a la determinación del impu- tado, asistido por su Abogado, de entre un conjunto de personas, como autora del hecho punible, acreditando dicha individualización mediante declaración testifical.
• En sentido estricto constituye un ACTO INTRUCTORIO DE INVESTIGACIÓN, NO es una prueba preconstituida porque dicho reconocimiento NO es IRREPETIBLE (puede efectuarse también en el juicio oral).
• De hecho, para ser considerado como prueba, debe cumplirse todos los requisitos de la misma
y, además, el testigo debe ratificar dicho reconocimiento en el juicio oral.
• Puede practicarse mediante el reconocimiento fotográfico en la sede de la Comisaría de Policía
o mediante “retratos‐robot” (Tales reconocimientos NO gozan por sí solos de valor probatorio
alguno, sólo de actos de investigación para formular la denuncia según TS y TC). • a) El reconocimiento en rueda como acto de prueba preconstituida: debe cumplirse una serie de supuestos y requisitos:
• Existencia de un imputado (debe haber una persona determinada e imputada, que de- berá de compadecer a este acto, asistido por un abogado defensor).
• Posibilidad de contradicción y la intervención judicial: requisito material que deberá de ser ejercicio mediante un Abogado defensor, Juez de Instrucción y del Secretario.
• Requisito formal: el mismo testigo deberá de ratificar el reconocimiento en el juicio oral. • b) Procedimiento (369‐372 LECr): su incumplimiento no puede fundamentar amparo pero sí
la casación por quebrantamiento de forma.
• 1º El Juez ordenará que comparezca el imputado junto con otras personas de rasgos simi- lares y vestidas de modo parecido a como estaba el autor.
• 2º. Puede practicarse colocando el testigo directamente ante la rueda o “desde un punto que NO pudiera ser visto” (testigos expuestos a coacción).
• 3º. Se harán tantas ruedas como testigos presenciales deban reconocerlo, cuidando el Juez que éstos no se comuniquen. Si fueran varios los imputados, se efectuará un solo reconocimiento.
• 4º. El Secretario levantará Acta que deberán firmar todos los intervinientes.
-LA IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO: Es el conjunto de actos tendentes a OBTENER LA DE- SIGNACIÓN NOMINAL DE UN IMPUTADO (ej. incluir en el sumario de su certificación de naci- miento).
• Obliga al Juez a reclamar del Rgtro. Civil su inscripción de nacimiento o la“partida de bautismo”.
• NO excluye la práctica de la diligencia de ratificación o constatación de dicha identidad (en todos los interrogatorios judiciales del imputado).
• La determinación de la edad: Si fuere menor, está exento de responsabilidad penal y el Juez debe inhibirse a favor de la jurisdicción de menores (aportación formalmente necesaria).
• Los informes de buena conducta: Se permite al Juez recabar informes sobre la conducta del procesado al Alcalde, funcionarios de policía de su residencia y cuantas personas puedan ilus- trar sobre ello. De este modo, podrá evaluar su peligrosidad social.
• Antecedentes penales: deben ser incluidos en el sumario del procesado; pues dependiendo de su resultado puede depender su ingreso o no en prisión provisional (la reiteración es un agravante).
• Informes de salud mental (380-383 LECr): también deben ser incluidos en el sumario.
• Aportación eventual: Debido a la que la enajenación mental es una causa de exención o de atenuación de la responsabilidad penal, siempre y cuando el Juez tenga dudas acerca de la sa- lud mental del procesado habrá de recabar informes médico forenses o testificales. Puede ser:
Originaria: es cuando se ha producido en el momento de la comisión del hecho punible. El Juez lo someterá a la observación de los Médicos forenses.
Sobrevenida: es con posterioridad al inicio de la causa. El Juez deberá de concluir la instruc- ción y el Tribunal archivarla hasta que el procesado recobre la salud.
25. LAS DECLARACIONES INDAGATORIAS
-LAS DECLARACIONES INDAGATORIAS*: Es el interrogatorio judicial de una persona decla- rada procesada.
• A diferencia del interrogatorio policial, éste se lleva a cabo ante el Juez de Instrucción competente.
• Además, exige como requisito previo el Auto de procesamiento, es decir, la declaración es es- cuchada ante el Juez con anterioridad al procesamiento.
• Cuando NO exista un Auto de procesamiento en un procedimiento penal determinado, NO puede denominarse al interrogatorio judicial del imputado “declaración indagatoria”.
• Naturaleza jurídica: Constituye un acto de investigación para averiguar el hecho punible y su autor, pero también de defensa porque el imputado puede exculparse de la imputación. • Es un acto de aportación de hechos y permite el ejercicio pleno de la autodefensa por el imputado.
• De oficio (386-388 LECr): Ha de practicarse de oficio el 1er interrogatorio judicial tras el Auto de procesamiento, en un plazo de 24 horas.
• Instancia de la parte (400 LECr): Cualquiera de las partes pueden solicitar del Juez el some- timiento del imputado a una nueva declaración indagatoria. Contra la resolución del Juez denegando una indagatoria cabe recurso de apelación.
• Intervención de las partes: Si el Juez de Instrucción NO ha decretado el secreto sumarial, pue- den intervenir todas las partes en el interrogatorio judicial del procesado (penales y civiles).
-RÉGIMEN JURÍDICO DEL INTERROGATORIO JUDICIAL: Hay que diferenciar:
• 1) Las garantías tendentes a salvaguardar su espontaneidad y el derecho a defensa: el interrogatorio cumple la función de AVERIGUAR la VERACIDAD de los hechos; pero también posibilitar el EJERCICIO del DERECHO A LA DEFENSA, que se traduce en:
• Prohibiciones (387 y 389.3 LECr): Ni se puede exigir juramento al procesado ni ejercitar contra él cualquier género de coacción o amenaza.
• Garantías materiales: pues debe asegurarse el pleno ejercicio del derecho de defensa. El Abogado podrá entrevistarse reservadamente con su patrocinado antes y después del pri- mer interrogatorio judicial.
• Las preguntas deben ser directas, claras y precisas.
• Las preguntas deben permitir su exculpación.
• Si en declaraciones posteriores el procesado incurriere en contradicción, el Juez le inte- rrogará sobre el porqué de tales retracciones.
• La suspensión del interrogatorio: El Juez de instrucción deberá suspenderlo cuando:
• Se prolongue excesivamente en el tiempo. • Pueda inferirse que el procesado ha perdido la serenidad necesaria para contestar a lo demás que deba preguntársele (se suspenderá durante el tiempo necesario para que el procesado pueda recuperar su fatiga).
• 2) La forma en que deba prestarse la declaración: se rige por el principio de PUBLICIDAD.
• Supuestos comunes: son aquellos en que el Juez no ha dispuesto el secreto instructorio total o parcial, ni ha declarado la incomunicación del preso. En estos casos, se rige por el principio de PUBLICIDAD RELATIVA.
• Supuestos especiales: Si la declaración indagatoria ha sido declarada secreta, el Juez podrá
negar el acceso del imputado o de su Abogado a las diligencias sumariales. -EFECTOS DE LA“CONFESIÓN” DEL PROCESADO EN LA INDAGATORIA*: Hay que distinguir:
• 1) Los derivados en la fase Instructora: el Juez está obligado a practicar todas las diligencias pertinentes para averiguar la verosimilitud de la confesión, investigar el hecho en toda su ex- tensión y determinar la existencia de otros partícipes en el hecho.
• 2) En la conformidad: por regla general, pone fin al proceso mediante una sentencia inmedia- ta de condena (excepto en el supuesto de confesión con allanamiento).
• 3) En el juicio oral: hay que determinar:
• Si la sola confesión, ante la inexistencia de otras pruebas, puede justificar una sentencia en condena.
• En qué condiciones ha de valorar el Tribunal sentenciador dicha confesión.
• Inexistencia de otras pruebas: en estos supuestos la jurisprudencia suele manifestarse unánime a la hora de negar valor probatorio a la confesión del procesado.
• Existencia de otras pruebas que acreditan el hecho: Si se ha descubierto el cuerpo del de- lito o el procesado es sorprendido“in fraganti” y además confiesa el delito en el Juzgado, esas pruebas y la confesión constituyen prueba suficiente para dictar una sentencia de condena.
• Existencia de diversas declaraciones autoinculpatorias y exculpatorias: es cuando:
• 1º. Que el interrogatorio sea practicado con estricto cumplimiento de las garantías constitucionales.
• 2º. Que el imputado haya prestado su declaración como procesado y no como mero testigo.
• 3º. Que el procesado preste también su declaración en el juicio oral • Preguntado por sus contradicciones, el Tribunal podrá formarse una íntima convicción y ve- racidad de los hechos, pudiendo entonces fundar su sentencia en la declaración sumarial,
siempre y cuando se proceda a su lectura en el juicio oral.
26. LAS DECLARACIONES TESTIFICALES
-LAS DECLARACIONES TESTIFICALES: es la declaración de conocimiento efectuada por PER- SONAS FÍSICAS DISTINTAS AL IMPUTADO que conocen de la comisión del hecho punible.
• Puede ser un acto de investigación o de prueba si se hace en un juicio oral.
• En el proceso penal, el testigo debe ser una persona NO imputada. La toma de declaración de un imputado en calidad de testigo constituye una prueba de valoración prohibida (TC).
• Regulación: la fase instructora en la 410‐450 de la LECr y los del juicio oral en la 701‐722 LECr.
• Clases de testigos:
• 1º Clasificación: Testigo y testigo-víctima: Son los ofendidos por el delito, hayan o NO com- parecido como acusadores particulares. La jurisprudencia del TS exige los siguientes requisitos:
• Incredibilidad subjetiva derivada de las previas relaciones acusado‐víctima que pon- gan de relieve un posible móvil espurio, de resentimiento, venganza o enemistad. • Verosimilitud del testimonio.
• La declaración ha de ser concreta, precisa, coherente y sin contradicciones.
• NO se puede valorar la declaración incriminatoria del testigo, prestada en la fase instructora.
• La declaración sumarial de la víctima puede ser valorada por el Tribunal sentenciador si ésta se encontrara en “ignorado paradero”.
• 2º Clasificación: Si han presenciado o no el crimen.
• Directos: han presenciado la comisión del hecho.
• Regla General: Sólo la declaración del testigo directo (prestada en el juicio oral) consti- tuirá prueba válida para desvirtuar la presunción de inocencia.
• Indirectos: han recibido dicha percepción por noticias que le han efectuado otros testigos:
• La declaración del testigo indirecto nunca puede sustituir a la del directo.
• Las situaciones que justifican la intervención de este tipo de testigos de referencia son el FALLECIMIENTO del testigo directo, que se ENCUENTRE EN EL EXTRANJERO o esté INLOCALIZADO.
• Lo aconsejable es que la declaración de los testigos indirectos sea corroborada por otras pruebas para ser tomada en consideración como pruebas válidas por el Tribunal.
• 3º Clasificación: según los sujetos.
• Ordinarios: Todos los ciudadanos que conocen de la existencia de un hecho punible tie- nen la obligación de denunciarlo y de comparecer a la llamada del Juez para prestar decla- ración y decir la verdad.
• Especiales: el Rey, la Reina, el Regente o el príncipe Heredero, Familia Real, Presidente, miembros del Gobierno y Diputados y sus equivalentes de las CCAA, el Fiscal, el Presidente
del TC, Defensor del Pueblo
(art. 411-412 LECr).
• 4º Clasificación: por su localización.
• Citación: Si el testigo residiera en la demarcación judicial que debe comparecer ante el
• Auxilio judicial: Si el testigo residiera fuera de la demarcación judicial o en el extranjero
• 5º Clasificación: según su declaración.
• Declaración verbal u ordinaria: los testigos son interrogados verbalmente bajo la inme- diación del Juez de Instrucción.
• Videoconferencia: están legitimados los MENORES, en caso de URGENCIA o NECESIDAD (comparecencia gravosa) o por SEGURIDAD PÚBLICA (325 LECr).
• Obligaciones de los testigos:
• Comparecer ante el Juez (Salvo el Rey, la Reina, el Príncipe heredero o el Regente y los Agentes diplomáticos). Si NO concurriere a la 1ª citación, podrá ser sancionado con multa
de 200 a 5 mil € y ser conducido a la fuerza a la presencia del Juez por delito de obstrucción
• Debe de declarar. En caso contrario, puede ser procesado por delito de desobediencia grave.
• NO puede prestar declaración los incapacitados física o moralmente.
• NO están obligados a declarar los Abogados, los funcionarios públicos y los eclesiásti- cos y Ministros de los cultos disidentes (aunque pueden hacerlo).
• Los parientes del procesado gozan de incapacidad relativa (parientes y colaterales de 2º grado).
• Las Autoridades del art. 412 LECr no tienen porque declarar (Familia Real, Presidente, miembros del Gobierno y Diputados y sus equivalentes de las CCAA, el Fiscal, el Presi-
dente del TC, Defensor del Pueblo
• Deber de decir la verdad. En caso contrario, podrá ser procesado por falso testimonio (715 LECr).
• Derechos de los testigos: tienen derecho a percibir una INDEMNIZACIÓN adecuada con cargo a la parte proponente o del Estado, suficiente para cubrir su desplazamiento y dietas.
• 1º. El testigo puede ser llamado de oficio o a instancia de parte.
• 2º. Una vez comparecido, se le prestará juramento y declarará bajo la inmediación del Juez
y del Secretario.
• 3º. El interrogatorio comenzará con las preguntas generales y aquellas que el Juez estime pertinentes.
• 4º. La Ley prohíbe la utilización de preguntas capciosas o sugestivas.
• 5º. Los testigos contestarán verbalmente.
• 6º. Si el testigo NO conociera la lengua española o fuera sordo, se le designará un intérprete. 7º. En el acta se reflejarán las contestaciones pertinentes.
• 8º. Finalizada su declaración, podrá leerla con anterioridad a su ratificación.
-LA DILIGENCIA DE CAREO: es un ACTO DE INVESTIGACIÓN para CONFRONTAR la información
contradictoria entre varios acusados, testigos o a ambos entre sí sobre los hechos narrados.
Juez debe practicarla sólo cuando NO pueda acreditar el objeto de la instrucción a través de
otros actos de investigación.
NO es un auténtico medio de prueba.
NO se puede practicar con testigos menores de edad.
-LOS TESTIGOS PROTEGIDOS (LO 19/1994): es cuando un testigo es protegido por existir AMENAZAS y COACCIONES para que No testifique.
• Tienen un régimen ESPECIAL cuando se aprecie racionalmente un peligro grave para la perso- na, libertad o bienes, familiares
• Si las amenazas están bajo indicios de criminalidad organizada, el Juez está obligado a PROTE- GER la Identidad del testigo o perito y; además, EVITAR que pueda ser reconocido por las partes
e incluso por terceros.
• La Policía Judicial impedirá que pueda ser filmado o fotografiado.
• Muy excepcionalmente se les puede facilitar una nueva identidad.
• Ámbito de aplicación: El estatuto de testigo protegido ha de aplicarse cuando se pueda poner en peligro su VIDA o INTEGRIDAD FÍSICA, sea un sujeto tercero, la víctima o bien coacusados “arrepentidos”.
• Los derechos fundamentales en conflicto: Existe un conflicto entre el Derecho a la vida
e integridad física contra el derecho de transmitir información veraz y el derecho a la de- fensa. No obstante, en estos supuestos de amenaza manda más el derecho a la vida e integridad física por encima de todos los demás, por eso se deja mantener en anonimato
a ciertos testigos (STC 2590/2013).
-LOS AGENTES ENCUBIERTOS (282 bis LECr): NO puede ocuparla cualquier funcionario de
policía, sino que han de ser miembros de la Policía Judicial y estar AUTORIZADO por el JUEZ de Instrucción y el MINISTERIO FISCAL.
• El agente asume la tarea de INFILTRARSE EN UNA ORGANIZACIÓN BAJO UNA IDENTIDAD FAL- SA proporcionada por el Ministro del Interior.
• Gracias a esta infiltración, podrá acceder al conocimiento de delitos cometidos o en vías de preparación y a las personas o círculos donde se mueve el supuesto criminal.
• Deberá crear un listado de delitos tasados.
• El agente encubierto queda exento de responsabilidad por aquellos delitos cometidos en el desarrollo de la investigación, siempre y cuando sean consecuencia necesaria de ésta, guar- den la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y NO constituyan una inducción al delito.
-EL AGENTE PROVOCADOR Y DELITO PROVOCADO: Es el funcionario policial que intenta
esclarecer delitos ya cometidos y poner término a una actividad delictiva que se está cometien- do. El sujeto está dispuesto a delinquir y la actuación del agente pone en marcha una decisión previa y libremente adoptada.
• Esta intervención suele darse en los delitos de tracto sucesivo (tráfico de drogas).
• La actuación del agente provocador es lícita y la prueba obtenida, apta para su valoración en el juicio oral.
-LOS CONFIDENTES POLICIALES: Es una persona perteneciente a círculos delictivos que POR PROPIA INICIATIVA o POR ENCARGO DE LAS AUTORIDADES PENALES, suministra información a las FFyCC de Seguridad.
• Por desarrollar esta labora, obtiene beneficios económicos o procesales.
• En nuestro Ordenamiento Jurídico carecen de cobertura legal.
-LOS INFORMES DE LOS PERITOS:

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