Source: http://archivodeinalbis.blogspot.com/2013/10/
Timestamp: 2019-05-22 11:36:33+00:00

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Anécdotas y curiosidades jurídicas | iustopía: octubre 2013
Bolivia y la Ley que prohibió usar animales en los circos
Si hace diez meses tuvimos ocasión de comentar la iniciativa de Costa Rica para conservar la vida silvestre prohibiendo la caza, hoy haremos referencia a la Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia de 1 de julio de 2009 donde se publicó la breve pero pionera Ley 4040, de 17 de junio de 2009, que eliminó el uso de animales silvestres y/o domésticos en espectáculos circenses en todo el territorio nacional, por considerarse la práctica un acto de crueldad en contra de los animales. Para lograr ese objetivo, la normativa que decretó el Congreso Nacional boliviano proclamó que Queda terminantemente prohibido el uso de animales silvestres y/o domésticos en espectáculos circenses en todo el territorio nacional; estableciendo un plazo de un año para que los circos adecuaran sus espectáculos, sancionando su incumplimiento con el decomiso de los animales silvestres y/o domésticos e imponiendo sanciones pecuniarias que deberán ser reglamentadas, sin perjuicio de la acción civil y penal que corresponda. El contenido de aquellos seis artículos convirtió a esta ley en la primera norma del mundo que penalizó la participación de animales en esta clase de espectáculos.
Las novias por correspondencia [Mail-order brides]
Tomando como referencia la Recomendación 1523 (2001), sobre esclavitud doméstica –que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa adoptó el 26 de junio de 2001– el órgano deliberante de esta organización paneuropea retomó el problema tres años más tarde porque, hoy en día, la esclavitud persiste en la Europa del siglo XXI, a pesar de que fue abolida en el Viejo Continente hace más de 150 años. En la actualidad, la mayoría de las miles de víctimas que la padecen suelen ser mujeres convertidas en esclavas al llegar a Europa, de forma voluntaria pero engañadas por falsos reclamos de prosperidad, al creer que van a trabajar en el servicio doméstico de una casa, a cuidar niños como au pair o incluso a contraer matrimonio con un novio que solo pretende explotarlas laboral y/o sexualmente. Esas tres son las formas que adopta la moderna esclavitud doméstica –servidumbre [en inglés, servitude], canguro [au pairs] y novias por correspondencia [mail-order brides]– y a ellas se dedica, de forma específica, la Recomendación 1663 (2004), de 22 de junio.
Con el doble objetivo de proteger a las víctimas y de asegurar que los autores de cualquiera de estas prácticas degradantes responderán ante la Justicia, el Consejo de Europa recomendó a los 47 Estados miembros que incluyeran a las denominadas novias por correspondencia o esposas por correo en la lucha contra la trata de seres humanos; regulando a las agencias matrimoniales que facilitan estos contactos, mediante un sistema de acreditaciones cuando estas empresas cumplan con unos requisitos mínimos como el cobro de unas tarifas razonables por sus servicios, la perfecta identificación de las personas responsables del negocio y, si el fin último es conseguir que el cliente encuentre pareja por catálogo, que la agencia verifique los antecedentes penales del novio para evitar posibles casos de violencia doméstica.
En el ámbito europeo, esta recomendación se tuvo presente el 16 de mayo de 2005, cuando el Consejo de Europa adoptó en Varsovia el Convenio sobre la lucha contra la trata de seres humanos, que España ratificó en 2009; pero en Extremo Oriente nos encontramos ante una conducta contra la que se viene combatiendo desde hace más tiempo. Por ejemplo, Filipinas aprobó la breve pero pionera Ley 6955, de 13 de junio de 1990, declarando ilegal el negocio de las esposas por correspondencia [Anti-Mail-Order Bride Law]. El Gobierno de Manila estimó que, por aquel entonces y sólo en su país, entre 50.000 y 100.000 mujeres filipinas se ofrecían por internet como posibles esposas, generalmente, a ciudadanos estadounidenses, calculando que, de esta forma, 6.000 de ellas habían logrado contraer matrimonio en EE.UU., como puso de relieve un informe posterior de las Naciones Unidas.
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Dopaje (II): los instrumentos del Consejo de Europa
Después de aprobar por unanimidad la pionera Resolución (67) 12, de 29 de junio de 1967, sobre dopaje de los atletas [Resolution on the Doping of Athletes], el Comité de Ministros del Consejo de Europa cedió el testigo de las campañas antidoping a las organizaciones deportivas y las federaciones internacionales durante los años 70, hasta que a finales de esa década –del 4 al 7 de abril de 1978– se celebró la II Conferencia de ministros europeos responsables del ámbito deportivo, en Londres, y se adoptó la nueva Resolución 78/3 sobre los problemas humanos y éticos relacionados con el deporte [Ethical and human problems in sport] que también se hizo eco del dopaje, al pedir a los Gobiernos de los Estados miembros que estableciesen un marco común para armonizar su lucha contra esta práctica, incrementando los controles y llevando a cabo acciones formativas.
Como consecuencia, al año siguiente, el Consejo de Europa aprobó la Recomendación (79) 8, sobre dopaje en el deporte [on doping in sport] donde se prestó especial atención al desarrollo de test de detección más efectivos, el establecimiento de laboratorios homologados para analizar las muestras, el chequeo médico de los deportistas, una regulación más estricta de las sanciones y la cooperación gubernamental con las organizaciones deportivas internacionales; política que, de nuevo, se puso de relieve en 1981, durante los posteriores encuentros ministeriales que se celebraron en Baden-Baden y Palma de Mallorca, y en 1983, cuando la reunión informal que se celebró en París se propuso consolidar el trabajo realizado hasta el momento, adoptando la Recomendación R (84) 19, de 25 de septiembre, que aprobó la Carta Europea Antidopaje en el Deporte [European Anti-Doping Charter for Sport] –a la que habitualmente se denomina: Doping Charter– que sirvió de referencia normativa a las disposiciones internacionales que se aprobaron a continuación en el marco de la Organización Mundial de la Salud [OMS], la UNESCO o la Comisión Europea.
Una nueva Recomendación, la R (88) 12, sobre Establecimiento de Controles Antidopaje sin preaviso fuera de competición [Institution of Doping Controls without Warning Outside Competitions] extendió la práctica de estos controles más allá de las competiciones deportivas. Aquel fue el paso previo para que se aprobase el Convenio contra el dopaje [Anti-Doping Convention], la convención nº 135 del Consejo de Europa, hecho en Estrasburgo el 16 de noviembre de 1989, que España ratificó en 1992, para garantizar el buen desarrollo de las manifestaciones deportivas sobre la base del principio del fair play (juego limpio), así como en la protección de la salud de quienes toman parte en ellas. A efectos de este Convenio, el Art. 2 definió el dopaje en el deporte como la administración a los deportistas o la utilización por éstos de clases farmacológicas de agentes de dopaje o de métodos de dopaje.
Cuando, años más tarde, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura aprobó la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, en París, el 18 de noviembre de 2005, la propia UNESCO reconoció la trascendencia de aquel Convenio contra el Dopaje y su Protocolo adicional, aprobados en el marco del Consejo de Europa, en 1989, porque fueron los instrumentos de derecho público internacional que han sido la fuente de las políticas nacionales de lucha contra el dopaje y de la cooperación intergubernamental.
Finalmente, el 12 de septiembre de 2002, la organización paneuropea adoptó un breve Protocolo adicional, en Varsovia –el Convenio nº 188–, que España ratificó en 2017, para armonizar el reconocimiento mutuo de los controles antidopaje llevados a cabo por otros Estados.
Si hace más de un año tuvimos ocasión de analizar la regulación española del salario mínimo interprofesional y descubrir que el origen de este sistema es más antiguo y lejano de lo que pudiera parecer a simple vista, remontándose a finales del siglo XIX en Nueva Zelanda, hoy conoceremos la situación del SMI en el marco de la Unión Europea. Con los datos correspondientes a enero de 2013 que publicó Eurostat –el órgano oficial que, desde 1953, viene armonizando las estadísticas comunitarias– este salario solo se contemplaba en el ordenamiento jurídico de 20 de los, por aquel entonces, 27 Estados miembros de la Unión (Bélgica, Bulgaria, República Checa, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y Reino Unido) que, a comienzos de 2013, disponían de normativa para regular el salario mínimo mediante un estatuto o un convenio intersectorial nacional. Croacia, que se convirtió en el socio número 28 a mediados de año, también contempla esta legislación, así como Turquía, la eterna candidata; en cambio, Alemania, Austria, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Italia y Suecia no tenían fijado –en esa fecha– un salario mínimo (como sucede en otras naciones extracomunitarias: Islandia, Suiza o Noruega). En todos estos países, los salarios se fijan mediante negociaciones entre los interlocutores sociales, tanto a nivel de la empresa como de los contratos individuales.
España, con un salario mínimo mensual de 645,30 euros se sitúa en la llamada zona intermedia –junto a Portugal, Grecia, Malta y Eslovenia– por haber establecido un importe entre 500 y 1.000 euros al mes, pero las variaciones que existen entre los salarios mínimos más bajos y los más altos son realmente considerables, si tenemos en cuenta que oscila entre los 157 euros que se cobran en Rumanía y los 1.874 de Luxemburgo; dos cantidades tan distintas como distantes.
Publicado por Carlos Pérez Vaquero en 23:30 2 comentarios:
El primer Tribunal Constitucional de Latinoamérica
Bajo la denominación de Corte de Constitucionalidad de la República de Guatemala, este tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional –tal y como señala el Art. 268 de la actual Constitución Política del país, de 1985– fue el primero que se estableció en Latinoamérica. Tuvo su origen en las ponencias que se presentaron en el III Congreso Jurídico Guatemalteco, que se celebró en la capital en septiembre de 1964, donde se propuso crear un órgano con la facultad específica de examinar la conformidad de las disposiciones legislativas con los preceptos básicos de la Constitución, basándose en la doctrina de Hans Kelsen y en la experiencia del Tribunal Constitucional de la República Federal de Alemania; como resultado, la Asamblea Nacional Constituyente incorporó la Corte en los Arts. 262 a 265 de la Constitución de 15 de septiembre de 1965, aunque con un carácter transitorio –se reunía solo cuando tenía causas que resolver– y sin autonomía del poder judicial. Aquella primera etapa concluyó en 1982, como consecuencia del golpe de Estado que dio el ejército; cuando se retomó el orden constitucional, se reinstauró la Corte el 9 de junio de 1986, esta vez, ya como un tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado.
El segundo país fue Chile, mediante la reforma que introdujo la Ley 17.284, de 23 de enero de 1970, creándose el Tribunal Constitucional con la peculiaridad de que sus orígenes pueden remontarse a la Constitución Política de 1925, donde se estableció la posibilidad de que la constitucionalidad de la ley fuera controlada por un órgano ajeno al mismo Congreso Nacional; en el caso chileno, como el modelo que sirvió de referencia fue el Consejo Constitucional de la V República Francesa, al Tribunal se le asignaron facultades de control de constitucionalidad preventiva de la ley. Posteriormente, otras naciones fueron configurando sus propios órganos de garantía constitucional, como Ecuador, en 1978, o Perú, en 1980 (influenciado por su homólogo español).
Como nota curiosa, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana no es el más antiguo de las Américas –de hecho, se creó recientemente: el 26 de enero de 2010– pero sí puede presumir de que su sede albergó el primer tribunal del continente, la Real Audiencia de Santo Domingo, que el rey Fernando el Católico creó por una Real Cédula en 1511.
Publicado por Carlos Pérez Vaquero en 11:35 No hay comentarios:
¿Cuál fue el primer libro jurídico que analizó la mediación?
Tras completar su formación en Derecho en las universidades de Jena (Turingia, actual Alemania) y Estrasburgo (Alsacia, actual Francia) el alemán Johann Wolfgang Textor [Fráncfort del Meno, 1638-1701] acabó alcanzando un gran prestigio como jurista, consejero, profesor y escritor. Entre su numerosa producción científica, la obra más divulgada fue la Synopsis Juris Gentium que publicó en 1680; un manual que, en su época, fue pionero en el Derecho Internacional por citar la mediación, expresamente, como uno de los métodos para tratar de resolver los conflictos que surgían entre las naciones, sirviéndose de la intervención de un ministro en representación de un tercer Estado. En su opinión, para constituir válidamente la mediación se requerían dos elementos: 1) El consentimiento de un hombre bueno y razonable que se hubiera ofrecido amistosamente como mediador y 2), como es lógico, la correspondiente aceptación por las dos partes enfrentadas.
Para Textor, la cuestión fundamental era dilucidar si los países tenían la obligación de aceptar ese ofrecimiento de mediar en su confrontación; a él no le cabía ninguna duda de que el Derecho Internacional permite rehusarla, en contra del criterio de otros autores coetáneos, como el sajón Samuel von Pufendorf. La Synopsis cita en el capítulo 20, entre otros ejemplos, el rechazo de algunas mediaciones que se propusieron en la Antigüedad [Roma no aceptó la de Rodas en su enfrentamiento con el rey Perseo] o durante el Renacimiento [Venecia declinó el ofrecimiento del Duque de Ferrara]; etc.
El jurista alemán –desafortunadamente, más conocido por ser el tatarabuelo del ilustre poeta Goethe que por sus estudios internacionalistas– consideró que los mediadores debían centrar sus esfuerzos en persuadir e inducir a las partes hasta alcanzar un arreglo amistoso, garantizándose el éxito si, previamente, se preocupaban de conocer cuáles eran sus reclamaciones y hasta dónde estaban dispuestas a ceder para aceptar un acuerdo, en nombre de la paz, basado en criterios de justicia y equidad; por el contrario, fracasarían si sólo se movían por sus propios intereses o si mostraban un sesgo a favor de uno de los Estados enfrentados.
Como bien recuerda el Proyecto del Plan de Lucha contra el Dopaje en el Deporte del Gobierno español: En contra de una creencia extendida, el dopaje en el deporte no es, ni mucho menos, un fenómeno reciente ni novedoso. El uso de drogas y de distintas sustancias con el fin de mejorar el rendimiento físico de los atletas en juegos y competiciones de carácter deportivo está documentado al menos desde el siglo III antes de nuestra era. Tanto en la Grecia clásica como en la Roma antigua, contrarrestar los efectos de la fatiga y de las lesiones por parte de soldados, gladiadores, acróbatas y atletas favoreció el consumo de un amplio espectro de sustancias estimulantes y de diversos tipos de drogas. Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, las sustancias más usadas en la búsqueda fraudulenta de un mejor rendimiento deportivo fueron estimulantes como la cafeína, licores como el brandy, drogas como la heroína o la cocaína e incluso productos tan tóxicos y venenosos como la estricnina. De hecho, la primera victima del dopaje en unos Juegos Olímpicos de la era moderna fue el atleta Thomas Hicks que, en 1904, corrió la maratón bajo los efectos de una explosiva mezcla de brandy, estricnina y yemas de huevos crudos que provocó su muerte. (...) El fallecimiento del ciclista Knud Enemark Jensen durante los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, cuya autopsia reveló el uso de anfetaminas, acentuó las presiones ejercidas sobre las autoridades deportivas para introducir un sistema efectivo de controles de dopaje.
En esa misma década, los años 60, el Consejo de Europa fue la primera organización internacional que abordó la práctica del dopaje en el deporte a raíz de que cinco de los participantes en el campeonato mundial de ciclismo en ruta que se celebró en el circuito de Nürburgring (Alemania), en 1966, se negaran a pasar un control antidoping. Los únicos antecedentes que existían hasta ese momento eran dos leyes de Francia y Bélgica y una disposición de la Unión Ciclista Internacional, todas ellas de 1965. El Comité de Ministros de la organización paneuropea aprobó la Resolución (67) 12, de 29 de junio de 1967, sobre dopaje de los atletas [Resolution on the Doping of Athletes], convirtiéndose en el primer documento internacional que se aproximó a este problema, proporcionando una pionera definición del dopaje como la administración de agentes extraños al organismo en una persona sana con el único propósito de alterar su participación en una competición. El texto puso de relieve tanto la considerable influencia que esta conducta puede ejercer en los jóvenes, al difundirse la noticia por los medios de comunicación social, como sus nocivos efectos, contrarios a la esencia del juego limpio, un principio que debe guiar la práctica de todos los deportes; asimismo, recomendó a los Gobiernos del Viejo Continente que actuaran sancionando a los infractores en caso de que sus propias organizaciones deportivas no adoptaran las medidas necesarias para condenar el uso de estas sustancias.
Unos días más tarde, el destino quiso que un suceso real viniera a refrendar la vigencia de aquella Resolución cuando el 13 de julio de 1967, el ciclista inglés Tom Simpson falleció durante la 13ª etapa del Tour de Francia: su corazón no aguantó el esfuerzo de ascender el Mount Ventoux, en la Provenza, después de ingerir un letal cóctel de anfetaminas mezcladas con coñac. Ese mismo año, el holandés Evert Dolman, que había participado en aquel polémico título mundial de ciclismo en ruta de 1966, fue desposeído del Campeonato de los Países Bajos por haberse dopado; finalmente, la alarma ocasionada por estos hechos llevó al Comité Olímpico Internacional a establecer los primeros controles antidopaje en los XIX Juegos Olímpicos de México, de 1968.
En cuanto a España, como recuerda la exposición de motivos del Real Decreto-ley 3/2017, de 17 de febrero, por el que se modifica la Ley Orgánica 3/2013, de 20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva, y se adapta a las modificaciones introducidas por el Código Mundial Antidopaje de 2015: Los primeros pasos en la lucha antidopaje habidos en nuestro país se dieron en la década de los años 60 del pasado siglo. La adopción de iniciativas en este terreno por parte del Consejo de Europa y del Comité Olímpico Internacional (COI), impulsó la participación de España en la primera reunión del grupo de estudio especial sobre dopaje de los atletas, que se celebró en 1963 a propuesta del organismo europeo. Más adelante, casi treinta años después, se aprobó la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, que supuso un punto de partida en el establecimiento de un marco de represión del dopaje en el deporte desconocido en nuestro ordenamiento jurídico hasta entonces. La aplicación y desarrollo de la Ley de 1990 supuso, también, la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional Antidopaje, antecedente inmediato de la Agencia Estatal Antidopaje primero y de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte más tarde.
En el marco del Título XVIII [De las falsedades], el Código Penal español de 1995 dedica el capítulo V a la usurpación de funciones públicas y el intrusismo; y, en concreto, el Art. 403 CP tipifica que El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses. Si la actividad profesional desarrollada exigiere un título oficial que acredite la capacitación necesaria y habilite legalmente para su ejercicio, y no se estuviere en posesión de dicho título, se impondrá la pena de multa de tres a cinco meses. Si el culpable, además, se atribuyese públicamente la cualidad de profesional amparada por el título referido, se le impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años. La jurisprudencia del Tribunal Supremo [STS 2168/2012, de 18 de julio (ROJ 3996/2013)] considera que este tipo penal protege un bien jurídico que se caracteriza por su carácter pluriofensivo; es decir, la conducta intrusa afecta a una pluralidad de sujetos: ofende al perjudicado, que es lesionado su derecho por la actividad del intruso; a la corporación profesional a la que afecta la conducta intrusa; y a la sociedad en su interés público en que sean idóneas las personas que ejercen determinadas profesiones para las que el Estado reglamenta el acceso a la actividad.
Esta resolución considera que los dos elementos que configuran el delito son: 1) La realización o ejecución de actos propios de una profesión para la que sea preciso título oficial (título académico o título oficial de capacitación) sin que se requiera habitualidad, por lo que puede ser tanto la actividad de un ejercicio continuado, como la realización de un exclusivo acto de calidad y condición momentánea; y 2) La violación antijurídica de la normativa extrapenal ordenadora de la profesión invadida y, en particular, de aquel sector [jurídico, médico, etc.] que reglamenta la concesión y expedición de la titularidad que faculta para el ejercicio de la actividad profesional que se enjuicia, hallándonos ante una norma [penal] en blanco que habrá de complementarse con las correspondientes disposiciones administrativas atinentes a la respectiva profesión.
Remitiéndonos al Derecho Histórico español podemos encontrar referencias legales al intrusismo tan antiguas como las referidas a los fisicos e los maestros de las llagas en el Fuero Real [Ley I del Título XVI del Libro IV] o en las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio –ambos textos, recopilados por el rey castellano a mediados del siglo XIII– al castigar a algunos onbres por mas sabidores delo que non saben ni son en fisica [medicina] ni en çurgía [cirugía]. E acaece (…) que porque no son tan sabidores como fazen la demuestra, mueren algunos enfermos o llagados por culpa dellos. A estos intrusos se les sancionaba con el destierro en alguna ysla por çinco años; salvo que la víctima hubiese fallecido por un comportamiento malicioso o a sabiendas, en ese caso, debían morir por ende [Ley VI del Título VIII de la VII Partida].
La primera referencia jurídica internacional que utilizó la expresión organizaciones no gubernamentales fue el Art. 71 de la Carta de las Naciones Unidas que se firmó en San Francisco (EE.UU.), el 26 de junio de 1945, al establecer que El Consejo Económico y Social [ECOSOC] podrá hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales que se ocupen en asuntos de la competencia del Consejo. Podrán hacerse dichos arreglos con organizaciones internacionales y, si a ello hubiere lugar, con organizaciones nacionales, previa consulta con el respectivo Miembro de las Naciones Unidas; aunque este precepto demuestra la estrecha relación de las ONG con la ONU desde que se creó esta organización tras la II Guerra Mundial, el primer documento específico que reguló aquellos arreglos adecuados fue la resolución de ECOSOC 1296 (XLIV), de 23 de mayo de 1968 que, casi tres décadas más tarde, se sustituyó por la actual Resolución 1996/31, de 26 de julio, para ampliar la acreditación de las ONG subregionales, regionales y nacionales como entidades consultivas del Consejo Económico y Social de la ONU (y no solo las de ámbito internacional, como sucedía hasta entonces).
Actualmente, las ONG pueden participar en el sistema de las Naciones Unidas, interactuando con sus principales órganos. De acuerdo con el mencionado Art. 71 de la Carta, la vía fundamental para que estas organizaciones colaboren con la ONU es el Consejo Económico y Social, participando en mayor o menor grado en función del carácter que se les haya reconocido: estatus general [grandes ONG internacionales cuyos intereses abarcan la mayor parte de la agenda del ECOSOC; pueden hablar ante los delegados, hacer declaraciones de hasta 2.000 palabras, introducir temas en la agenda y proporcionar un informe cuatrienal resumiendo sus contribuciones a la ONU]; estatus especial [para las ONG con competencia especial en algunos ámbitos de actividad del Consejo; también proporcionan un informe cuatrienal, pero no pueden incluir temas en la agenda y sus declaraciones escritas no deben superar las 500 palabras] y estatus roster [concierne a las ONG que se dedican a uno o varios temas específicos; al estar inscritas en una lista (roster) pueden asistir a las reuniones pero no pueden hablar ni hacer declaraciones].
Asimismo, las ONG pueden participar en las audiencias interactivas que la Asamblea General de la ONU organiza desde junio de 2005, o en las reuniones y sesiones informativas informales del Consejo de Seguridad que obtiene la contribución de las organizaciones no gubernamentales bajo la denominada fórmula Arria [una reunión informal y oficiosa con expertos, que permite a los miembros del Consejo de Seguridad cambiar impresiones de manera confidencial; debe su nombre al apellido del embajador venezolano Diego Arria que inició esta práctica en 1992]. Finalmente, desde 1975, existe el Servicio de Enlace de las Naciones Unidas con las ONG [SENG, por sus siglas en castellano; NGLS, en inglés: Non-Governmetal Liaison Service] como un programa interinstitucional que persigue tender puentes entre la ONU y la sociedad civil. Una vez acreditadas, las organizaciones no gubernamentales también pueden asociarse al Departamento de Información Pública [DIP] para difundir los mensajes de las Naciones Unidas en el mundo.
Pese a su creciente trascendencia y a que las ONGs han alcanzado un gran protagonismo en el contexto internacional, participando en la elaboración de las normas internacionales y vigilando su aplicación, de modo que, hoy en día, están presentes en todas las etapas del proceso codificador [GARCÍA RUIZ, C. R. ONGs y Derecho Internacional. Su influencia en la elaboración de normas internacionales. Madrid: Iustel, 2007, pp. 320-322] lo cierto es que, en el ámbito del Derecho Internacional, aún se echa en falta una definición jurídica, unánimemente aceptada, que abarque esa pluralidad de organizaciones de iniciativa social, independientes de la administración pública, que se dedican a actividades humanitarias, sin fines lucrativos [según el Diccionario de la RAE].
En el ámbito europeo, por ejemplo, consciente de la contribución fundamental de las ONG, el Comité de Ministros del Consejo de Europa las definió como aquellas entidades u organizaciones voluntarias autorreglamentadas, establecidas para lograr los objetivos esencialmente no lucrativos de sus miembros o fundadores [Recomendación CM/Rec (2007) 14, de 10 de octubre].
La Real, Excelentísima, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno bajo la advocación de El Rico y María Santísima del Amor tiene su sede canónica en la Iglesia de Santiago Apóstol de Málaga; cada Miércoles Santo, la hermandad de devotos malagueña ostenta el privilegio de liberar a un preso de los tres que propone en colaboración con Instituciones Penitenciarias y la Audiencia Provincial, para que reciba el indulto del Consejo de Ministros unos días antes, generalmente, coincidiendo con el Viernes de Dolores. Según el relato tradicional, esta curiosa costumbre habría surgido en 1759 cuando la peste asoló la capital de la Costa del Sol. Los presos quisieron sacar en procesión la imagen de Jesús el Nazareno que se veneraba en un convento cercano para implorar la protección del Cielo pero las autoridades les negaron el permiso; aun así, los reclusos se amotinaron, lograron escapar de la prisión, hacerse con el Cristo y llevarlo en andas por los lugares más infectados. Cuando terminaron el recorrido, devolvieron el paso y regresaron a sus celdas sin que ninguno escapara. Días más tarde, la terrible enfermedad desapareció de Málaga. El corregidor informó del milagro al rey Carlos III y el monarca, conmovido, concedió a la cofradía la prerrogativa de liberar a un preso cuando llegase la Semana Santa.
Sin embargo, el origen de esta tradición aún puede remontarse otros tres siglos si consultamos las fuentes de nuestro Derecho Histórico. Fue el rey Juan II de Castilla –padre de la reina Isabel la Católica– quien aprobó la Ley del Perdón del Viernes Santo de la Cruz, en Valladolid, en 1447, tal y como se menciona en la Ley II del Título XLII con el que finaliza el Libro XII de la Novísima Recopilación de las Leyes de España mandada formar por Carlos IV en 1805. Aquella norma de mediados del siglo XV estableció las formalidades para que fuesen válidas las cartas de perdón que debían ir firmadas y selladas por el propio monarca, fijándose un límite de veinte perdones anuales.
A pie de página, la Novísima también cita un Decreto de Cámara de 30 de marzo de 1757 –es decir, fechado dos años antes de los milagrosos acontecimientos de Málaga– donde se previno, que todos los años se pidan á cada Chancillería dos causas de reos de muerte, y á cada Audiencia una, para los indultos de Viernes Santo; y que sean de aquellas en que no haya parte que pida, ni intervenga asesinato, robo, ú otro de aquellos delitos feos y enormes indignos de perdón por sus circunstancias.
Esta ancestral costumbre que conmemora la Pasión de Cristo perdura en la Justicia española desde hace más de cinco siglos y medio. Este año, por ejemplo, el BOE correspondiente al 22 de marzo de 2013 –que fue Viernes de Dolores– publicó veintidós expedientes del Ministerio de Justicia –Reales Decretos 194/2013 a 215/2013, todos ellos de 15 de marzo– por los que se indultó a otros tantos presos de diferentes prisiones españolas.
PD: en este contexto, es probable que una de las resoluciones judiciales españolas más singulares sea la STS 1149/2006, de 20 febrero [ECLI: ES:TS:2006:1149] porque el accidente de trabajo in itinere que llegó al Tribunal Supremo fue el de un limpiador del Aeropuerto de Madrid-Barajas que, al salir de realizar su turno, de 20h00 a 04h00, entre el 4 y el 5 de febrero de 2003, se encontraba esperando el autobús, en las inmediaciones del centro para regresar a su domicilio, cuando recibió un tiro en la cabeza que le produjo la muerte. Presuntamente resultó ser una víctima del denominado caso del "asesino de la baraja". La empresa cursó parte de accidente de trabajo in itínere el 7-5-2003. La Mutua Universal rechazó el carácter de accidente de trabajo, por no reunir los requisitos establecidos en el Art. 115 de la LGSS.
Al discutir la naturaleza accidental de la muerte de este trabajador como un supuesto de accidente in itinere, el Tribunal Supremo consideró que esta figura, al decir de la doctrina, se corresponde con la idea básica de que el accidente no se hubiera producido de no haber ido a trabajar. En el supuesto que hoy resolvemos no caben dudas de que concurren los requisitos jurisprudencialmente establecidos como determinantes de la calificación, sin que concurran causas excluyentes. Así el suceso se produjo, en hora contigua al fin de la jornada, en lugar adyacente al centro de trabajo, para la utilización de un medio de transporte normal, cual es el autobús de línea. Es evidente que no existía desviación del camino habitual de vuelta a su domicilio, ni por tiempo, ni lugar, ni medio. El daño que sobreviene al trabajador en esas circunstancias es accidente de trabajo, por disposición legal a no ser que otro mandato legal desvirtúe esa conclusión.
Si en anteriores in albis nos hemos referido a algunas normas marítimas como la antiquísima Ley de Echazón o la persecución en caliente, hoy conoceremos el derecho que ostentan los buques de todos los Estados, sean ribereños o sin litoral, para atravesar el mar territorial de otra nación, según establecen los Arts. 17 a 26 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, hecha en Bahía Montego (Jamaica), el 10 de diciembre de 1982, bajo esta denominación tan literaria como evocadora. El tratado comienza explicando qué debemos entender por “paso”: el hecho de navegar por el mar territorial de un Estado con el fin de atravesar dicho mar sin penetrar en las aguas interiores ni hacer escala en una rada [una bahía o ensenada donde se resguardan los buques al abrigo del viento] o una instalación portuaria fuera de las aguas interiores o dirigirse hacia las aguas interiores, salir de ellas o hacer escala en una de esas radas o instalaciones portuarias o salir de ella. El paso será rápido e ininterrumpido pero, no obstante, también comprende la detención y el fondeo, sólo en la medida en que constituyan incidentes normales de la navegación o sean impuestos al buque por fuerza mayor o dificultad grave o se realicen con el fin de prestar auxilio a personas, buques o aeronaves en peligro o en dificultad grave.
El Art. 19 de la Convención especifica que este paso es inocente mientras no sea perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño y que se efectuara con arreglo a esta Convención y otras normas de derecho internacional. Partiendo de esa premisa, cabe preguntarse ¿cuándo se considerará que el paso de un buque extranjero es perjudicial para el Estado ribereño? La respuesta se enumera en el mencionado Art. 19: cuando ese buque realiza en el mar territorial, alguna de todas estas actividades: a) Cualquier amenaza o uso de la fuerza contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política del Estado ribereño o que de cualquier otra forma viole los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas; b) Cualquier ejercicio o práctica con armas de cualquier clase; c) Cualquier acto destinado a obtener información en perjuicio de la defensa o la seguridad del Estado ribereño; d) Cualquier acto de propaganda destinado a atentar contra la defensa o la seguridad del Estado ribereño; e) El lanzamiento, recepción o embarque de aeronaves; f) El lanzamiento, recepción o embarque de dispositivos militares; g) El embarco o desembarco de cualquier producto, moneda o persona, en contravención de las leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios del Estado ribereño; h) Cualquier acto de contaminación intencional y grave contrario a esta Convención; i) Cualesquiera actividades de pesca; j) La realización de actividades de investigación o levantamientos hidrográficos; k) Cualquier acto dirigido a perturbar los sistemas de comunicaciones o cualesquiera otros servicios o instalaciones del Estado ribereño; y l) Cualesquiera otras actividades que no estén directamente relacionadas con el paso.
Por último, como nota curiosa, en cuanto a los submarinos, el Art. 20 establece que cualquier vehículo sumergible deberá navegar en la superficie y enarbolar su pabellón al pasar por el mar territorial de otro Estado.
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El Art. 2.1.d) del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que se adoptó en la capital austriaca el 23 de mayo de 1969, define la reserva como una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. Posteriormente, los Arts. 19 a 23 de dicho Convenio regulan cómo debe llevarse a cabo su formulación, aceptación, efectos jurídicos, procedimiento y retiro. Gracias a este mecanismo de Derecho Internacional suele permitirse cierta flexibilidad a los países que desean firmar un tratado pero que no están de acuerdo con alguna de sus estipulaciones, para que puedan suscribirlo formulando su reserva a esos preceptos. De hecho, el propio Convenio de Viena es una buena muestra de esta práctica; por ejemplo, la República Argentina considera que la regla contenida en el Art. 45.b) no le es de aplicación, ya que la misma estipula la renuncia previa de derechos; y Tanzania formuló que el Art. 66 del convenio no se aplicara en su país por ningún Estado que formule una reserva a cualquiera de las disposiciones de la sección V o a toda ella.
La práctica de formular reservas solo puede llevarse a cabo cuando el propio tratado internacional prevea esa posibilidad –por ejemplo, el Art. 25 del Tratado sobre el Comercio de Armas, hecho en Nueva York el 2 de abril de 2013, establece que En el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, cada Estado podrá formular reservas– mientras que, en otras ocasiones, esta práctica se prohíbe expresamente, como sucedió en el Art. 22 del Tratado de la OMPI [Organización Mundial de la Propiedad Intelectual] sobre Derecho de Autor, hecho en Ginebra el 20 de diciembre de 1996: No se admitirá reserva alguna al presente Tratado.
Como es lógico, aunque se puedan formular reservas, éstas nunca pueden ser incompatibles con el objetivo y el fin del acuerdo; así ocurrió, con el Art. 4 del Protocolo nº 6 al Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales relativo a la abolición de la pena de muerte, hecho en Estrasburgo el 28 de abril de 1983, donde se establece que: No se aceptará reserva alguna a las disposiciones del presente Protocolo.
La Ley 46/1978, de 7 de octubre, fue la última disposición española que reguló esta conducta delictiva al modificar la tipificación del estupro prevista en el anterior Código Penal –el que aprobó el Decreto 3096/1973, de 14 de septiembre– y dar nueva redacción al Art. 434 CP: La persona que tuviera acceso carnal con otra mayor de doce años y menor de dieciocho, prevaliéndose de su superioridad, originada por cualquier relación o situación, será castigada, como reo de estupro, con la pena de prisión menor. La pena se aplicará en su grado máximo cuando el delito se cometiere por ascendiente o hermano del estuprado. A continuación, el Art. 435 CP 1973 reguló que Comete, asimismo, estupro la persona que, interviniendo engaño, tuviere acceso carnal con otra mayor de doce años y menor de dieciséis. En este caso la pena será de arresto mayor. Finalmente, el Art. 436 CP 1973 imponía una pena de multa de veinte mil a doscientas mil pesetas al que cometiere cualquier abuso deshonesto, concurriendo iguales circunstancias que las establecidas en los dos artículos precedentes. A partir de esta regulación, la Real Academia Española de la Lengua formuló la definición de estupro que aún figura en nuestro Diccionario: 1. Coito con persona mayor de 12 años y menor de 18, prevaliéndose de superioridad, originada por cualquier relación o situación. 2. Acceso carnal con persona mayor de 12 años y menor de 16, conseguido con engaño.
Hoy en día, sin embargo, aquella agresión sexual estuprosa, como la denominaba la jurisprudencia de la época, ya no tiene sustantividad propia y se enmarca en el ámbito de los abusos sexuales tipificados en el actual Art. 182 CP 1995, con la redacción que se aprobó en 2010 (con anterioridad se regulaba en el Art. 183.1 CP 1995): El que, interviniendo engaño, realice actos de carácter sexual con persona mayor de trece años y menor de dieciséis, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años, o multa de doce a veinticuatro meses.
El Tribunal Supremo ha reconocido que la aplicación de este precepto, cuando no su misma existencia, suscita no pocas dificultades porque no faltan quienes ven en el mismo una rémora histórica a la que el legislador no ha podido sustraerse [STS 1229/2011, de 16 de noviembre (ROJ 7597/2011)].
En cuanto a la doctrina, según una curiosa analogía del profesor Tobar Sala, si pudieran compararse la violación y el estupro con las ofensas al patrimonio económico, la primera se asemejaría a un “robo sexual” mientras que el segundo sería asimilable a una “estafa sexual”, atendiendo a que el elemento central de este delito era el engaño, el error en que caía el sujeto pasivo motivado por la conducta engañosa empleada por el agente, y a raíz de la cual, la víctima accedía al acto sexual [TOBAR SALA, J. C. Violencia sexual. Santiago de Chile: Pehuén, 1999, p. 45].
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Al remitirse a la Ley de 1 de noviembre de 1928 [Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkinda Kanun] que adoptó el actual alfabeto turco compuesto por 29 letras basadas en el abecedario latino, en detrimento de los caracteres árabes que fueron prohibidos, puede decirse que el Art. 222 del Código Penal turco es, probablemente, uno de los preceptos punitivos más singulares y curiosos del mundo jurídico porque, indirectamente, sanciona con pena de prisión de dos a seis meses a quienes utilicen las letras Q, W y X. Aquella norma de los años 20 se adoptó cuando la joven República de Turquía presidida por Mustafá Kemal Atatürk [padre de los turcos] emprendió una profunda reforma para modernizar el Estado, aboliendo el califato a favor de un laicismo que acabo convirtiéndose en la piedra angular del país. Casi un siglo más tarde, el 30 de septiembre de 2013, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ofreció un discurso a la nación proponiendo un ambicioso paquete de reformas democráticas entre las que figura, precisamente, despenalizar el uso de aquellas tres letras prohibidas.
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En junio de 2002, los Jefes de Estado y de Gobierno que asistieron a la Cumbre Mundial sobre la Alimentación [CMA] adoptaron una declaración que reafirmó el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, invitando al Consejo de la FAO –Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación– a que estableciera un Grupo de Trabajo Intergubernamental [GTIG], con la participación de los interesados, en el contexto del seguimiento de la CMA, con el fin de elaborar, en un período de dos años, un conjunto de directrices voluntarias para apoyar los esfuerzos de los Estados Miembros encaminados a alcanzar la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Como resultado, durante la celebración del 123º período de sesiones –del 28 de octubre al 2 de noviembre de 2002– se estableció el Grupo de Trabajo que redactó aquellas directrices sobre el derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional –es decir, cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana; los cuatro pilares de la seguridad alimentaria son: la disponibilidad, la estabilidad del suministro, el acceso y la utilización–; un esfuerzo internacional en el que participaron 200 delegados de 90 Estados. Finalmente, el 23 de septiembre de 2004 se aprobó el texto definitivo compuesto por diecinueve directrices que servirán de orientación práctica a los Estados.
La primera directriz se refiere a la promoción de la democracia, el estado de derecho, el desarrollo sostenible y la buena gestión de los asuntos públicos, promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales a fin de facultar a las personas y la sociedad civil para hacer demandas a sus gobernantes, formular políticas que aborden sus necesidades específicas y garantizar la rendición de cuentas y la transparencia de los gobiernos y los procesos de adopción de decisiones de los Estados en la aplicación de tales políticas; a continuación, la segunda establece que, para conseguir la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional, los Estados deberían promover un desarrollo económico de amplia base que respalde sus políticas de seguridad alimentaria.
La número 3 se centra en las estrategias de los Estados, para que consideren la posibilidad de adoptar una estrategia nacional basada en los derechos humanos para la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional como parte de una estrategia nacional general de desarrollo, incluidas estrategias de reducción de la pobreza, si las hubiere; en cuarto lugar, se propone mejorar el funcionamiento de sus mercados, en particular de sus mercados agrícolas y alimentarios a fin de promover tanto el crecimiento económico como un desarrollo sostenible; posteriormente, se hace hincapié en reformar las instituciones públicas, para evaluar su rendimiento, y el marco jurídico, para incorporar este derecho a una alimentación adecuada en su ordenamiento jurídico.
Por último, se aprobó que los Estados deberían facilitar el acceso a los recursos y su utilización de manera sostenible, no discriminatoria y segura de acuerdo con su legislación nacional y con el derecho internacional y deberían proteger los bienes que son importantes para la subsistencia de la población; así como adoptar medidas para fomentar un crecimiento sostenible con objeto de proporcionar oportunidades de empleo que permitan a los asalariados (…) obtener una remuneración suficiente para disfrutar de un nivel de vida adecuado; garantizar que todos los alimentos, ya sean de producción local o importados, de libre disposición o de venta en el mercado, sean inocuos y se ajusten a las normas nacionales sobre inocuidad de los alimentos; y mantener, adaptar o fortalecer la diversidad de la alimentación y hábitos sanos de consumo, sensibilizando a la sociedad mediante la educación y apoyando a los grupos vulnerables.
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References: Resolución 
 Resolución 
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 resolución 
 resolución 
 Resolución 
in fine
e contrario