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Timestamp: 2018-09-22 17:40:18+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2012-00583/49345 DE NOVIEMBRE 22 DE 2017
SENTENCIA 2012-00583 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:LA DIFERENCIA DE CRITERIOS ENTRE EL JUEZ Y LAS PARTES, POR SÍ SOLO NO CONFIGURAN UN ERROR JUDICIAL SINO QUE DEBEN CUMPLIRSE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU PROCEDENCIA. LA DEMANDANTE HACE CONSISTIR EL ERROR DE DERECHO EN QUE NO SE APLICÓ LO DISPUESTO EN LA LEY 546 DE 1999 EN LO REFERENTE A LOS AJUSTES DE CRÉDITOS. LA SALA ESTABLECIÓ QUE PARA EL CASO CONCRETO, EN LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL SI ANALIZÓ LO ESTABLECIDO POR DICHA LEY Y DETERMINÓ QUE NO ERA APLICABLE AL CASO PUES AL HABERSE PACTADO LA OBLIGACIÓN EN PESOS COLOMBIANOS, Y NO EN UNIDADES DE PODER ADQUISITIVO CONSTANTE UPAC, LOS ARTÍCULOS DE LA CITADA LEY QUE PREVEÍAN AJUSTES A LOS CRÉDITOS, NO ERAN APLICABLES AL CASO CONCRETO, POR CUANTO EL CRÉDITO NO SE HABÍA ADQUIRIDO BAJO EL SISTEMA UPAC. ASÍ, SE SEÑALÓ QUE SI BIEN NO SE DESCONOCÍA EL DESEQUILIBRIO QUE PODÍA GENERARSE COMO CONSECUENCIA DE LA CAPITALIZACIÓN DE INTERESES Y DE LA CRISIS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, HECHO ESTE ÚLTIMO NOTORIO QUE NO NECESITABA DE PRUEBATAMBIÉN ES CIERTO QUE LA PARTE ACTORA HA DEBIDO DEMOSTRAR LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE TAL CRISIS Y EL EFECTIVO DESEQUILIBRIO PRESENTADO EN EL CONTRATO DE MARRASCOMO ELLO NO SE HIZO, EL TRIBUNAL DECLARÓ LA NO PROSPERIDAD DE LA PRETENSIONES. DEL ANÁLISIS QUE REALIZÓ LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA NO SE INFIERE QUE SE DEN LOS PRESUPUESTOS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL ERROR JUDICIAL, COMO LO SON: I) QUE SE HAYA VIOLADO DE MANERA DIRECTA EL ORDEN POSITIVOII) QUE SE CONFIGURE UNA FALSA INTERPRETACIÓNIII) UNA ERRÓNEA INTERPRETACIÓNO IV) UNA VIOLACIÓN POR LA APLICACIÓN DE DICHA NORMACOMO QUIERA QUE EL SENTENCIADOR LAS UTILIZÓ CON PRECISIÓN Y CLARIDAD A PARTIR DE LA CONFRONTACIÓN DE LAS INFERENCIAS DE LO DECIDIDO POR LA PRIMERA INSTANCIA Y LO ESGRIMIDO EN EL RECURSO DE APELACIÓN INCOADO POR LAS PARTES DENTRO DEL PROCESO OBJETO DE CUESTIONAMIENTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, UPAC, NEXO DE CAUSALIDAD, ERROR DE DERECHO, ERROR DEL JUEZ
Sentencia 2012-00583 de noviembre 22 de 2017
Radicación: 25000233600020120058301 (49345)
Actores: Mauricio Armando Rizo Hurtado
Contenido: Descriptor: Se confirma la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones, porque no se configuró el daño alegado. Restrictor: Presupuestos para la configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado- La responsabilidad del Estado por daños derivados de la Administración de Justicia. Responsabilidad del Estado por error jurisdiccional.
1.1 Competencia.
La Sala es competente para conocer del recurso de apelación toda vez que de conformidad con la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, y el auto proferido por la Sala Plena Contenciosa de esta corporación el 9 de septiembre de 2008, de las acciones de reparación directa relacionadas con el ejercicio de la administración de justicia conocen, en primera instancia, los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado(14).
La legitimación en la causa es la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso”(15) o, en otras palabras, la legitimación en la causa consiste en la identidad de las personas que figuran como sujetos (por activa o por pasiva) de la pretensión procesal, con las personas a las cuales la ley otorga el derecho para postular determinadas pretensiones. Así, es evidente que cuando la legitimación en la causa falte en el demandante o en el demandado, la sentencia debe ser desestimatoria de las pretensiones.
En el caso concreto, comparece al proceso en calidad de demandante Mauricio Armando Rizo Hurtado, quien también fungió como actor dentro del proceso ejecutivo en el que se profirieron las providencias que él considera como contentivas de error judicial; esta persona, en la condición aducida, se encuentra legitimado en la causa por activa.
Por otra parte, la demanda fue dirigida contra la Nación —Rama Judicial—, frente a lo cual debe tenerse presente, que el proceso judicial en que se alega que ocurrieron los errores judiciales que dieron lugar a esta acción, fue de conocimiento del Juzgado 41 Civil del Circuito de Bogotá, y en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, en razón de lo cual, la Sala considera que la entidad demandada se encuentra legitimada en la causa por pasiva.
La caducidad es concebida como un instituto que permite garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia y representa una manifestación clara del principio de seguridad jurídica y de la prevalencia del interés general; cuyos términos están fijados en el numeral 2º, literal i) del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone que “Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.
La caducidad, a diferencia de la prescripción, no se suspende, salvo la excepción consagrada en la Ley 446 de 1998 y el artículo 21 de la Ley 640 de 2001(16), y sólo se interrumpe, de acuerdo con el literal i) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, con la presentación de la demanda que cumpla los requisitos y formalidades previstas en el código aplicable para la presentación de la demanda(17). Tampoco admite renuncia y de encontrarse probada, debe ser declarada de oficio por el juez(18).
Ahora bien, tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por privación error judicial, el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que se acusa como contentiva del error judicial, como lo ha precisado la jurisprudencia de esta corporación(19).
En el caso concreto, la Sala observa que el demandante alega que en la sentencia del 10 de septiembre de 2010 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil se incurrió en un error jurisdiccional, providencia que quedó ejecutoriada el día 20 de septiembre de 2010 por lo que contaba hasta el 21 de septiembre de 2012 para presentar la demanda de reparación directa, lo cual tuvo lugar el 29 de marzo de 2012, esto es, dentro del término de caducidad previsto en el numeral 2º, literal i) del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
El análisis de la impugnación se circunscribirá a los argumentos expuestos y desarrollados por la parte demandante en su escrito de apelación oportunamente presentado, conforme a lo dispuesto por el artículo 428 del Código General del Proceso. Por lo cual la Sala procederá a analizar sí en la providencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil proferida el 10 de septiembre de 2010 incurrió en un error jurisdiccional, el cual le generó un daño antijurídico al señor Mauricio Armando Rizo Hurtado; o si por el contrario, como lo declaró el a quo la misma se encuentra ajustada a derecho.
Para resolver lo pertinente la Sala en primer lugar reseñará las pruebas que obran en el expediente; a continuación examinará los presupuestos para configuración de la responsabilidad extracontractual del Estado; luego se analizará la responsabilidad del Estado por daños derivados de la administración de justicia y finalmente se realizará el análisis del caso concreto.
Reposa el contrato de la obligación hipotecaria 42073-42075-32-98 mutuo por $ 81.000.000 suscrito entre Mauricio Armando Rizo Hurtado y Viviana Vizcaíno Pinilla, en calidad de deudores del 30 de julio de 1998(20).
Informe pericial radicado el 25 de julio de 2005 ante el Juzgado 41 del Circuito(21).
Providencia del 7 de diciembre de 2007 del Juzgado 41 Civil del Circuito de Bogotá dictada dentro del proceso civil ordinario de revisión del contrato de mutuo por la imprevisión respecto del pagaré 42075-32-98 de hipoteca abierta y sin limitación, entre otras, incoado por el señor Mauricio Armando Rizo Hurtado y otra, contra Egresados de la Universidad Nacional Cooperativa y Cooperativa de profesores de la Universidad Nacional, en la cual se accedió a la pretensión novena, en cuanto encontró probado que la demandada cobró en exceso la suma de $ 16.3848.162.34 valor que debía ser tenido a favor de los demandantes y negó las demás pretensiones del líbelo(22).
Reposa original del escrito radicado el 8 de abril de 2008 por el apoderado del señor Mauricio Rizo Hurtado mediante el cual sustentó el recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Juzgado 41 Civil del Circuito de Bogotá(23).
Copia del escrito radicado el 29 de enero de 2008 por la apoderada de la parte demandada dentro del proceso civil ordinario, en el cual sustentó el recurso de apelación impetrado en contra de la providencia dictada por el Juzgado 41 Civil del Circuito de Bogotá(24).
Sentencia del 10 de septiembre de 2010 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil mediante la cual desató el recurso de apelación impetrado por el señor Mauricio Armando Rizo Hurtado y otra, en su calidad de demandantes, contra Egresados de la Universidad Nacional Cooperativa y Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional, demandados, en el sentido de revocar la decisión del 7 de diciembre de 2007 y en su lugar, negó las pretensiones de la demanda(25).
Providencia del 5 de noviembre de 2010 mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil negó la solicitud de aclaración y adición de la sentencia del 10 de septiembre de 2010(26).
Copia de la providencia del 5 de diciembre de 2007 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil mediante la cual resolvió un recurso de apelación dentro de un proceso ejecutivo singular, en la cual se declaró que los demandantes cobraron en exceso a los demandados por concepto de intereses de plazo, en consecuencia ordenó el reintegro de una suma(27).
El daño comprendido, desde la dogmática jurídica de la responsabilidad civil extracontractual(30) y del Estado impone considerar aquello que derivado de la actividad o de la inactividad de la administración pública no sea soportable i) bien porque es contrario a la Carta Política o a una norma legal, o ii) porque sea “irrazonable”(31), en clave de los derechos e intereses constitucionalmente reconocidos.
Debe quedar claro que es un concepto que es constante en la jurisprudencia del Consejo de Estado, que debe ser objeto de adecuación y actualización a la luz de los principios del Estado social de derecho, ya que como lo señala el precedente de la Sala un “Estado social de derecho y solidario y respetuoso de la dignidad de la persona humana, no puede causar daños antijurídicos y no indemnizarlos”(33). Dicho daño tiene como características que sea cierto, presente o futuro, determinado o determinable(34), anormal(35) y que se trate de una situación jurídicamente protegida(36).
Es preciso advertir que en la sociedad moderna, el instituto de la responsabilidad extracontractual está llamado a adaptarse, de tal manera que se comprenda el alcance del riesgo de una manera evolutiva y no sujetada al modelo tradicional. Esto implica, para el propósito de definir el daño antijurídico, que la premisa que opera en la sociedad moderna es aquella según la cual a toda actividad le son inherentes o intrínsecos peligros de todo orden, cuyo desencadenamiento no llevará siempre a establecer o demostrar la producción de un daño antijurídico. Si esto es así, sólo aquellos eventos en los que se encuentre una amenaza inminente, irreversible e irremediable permitirían, con la prueba correspondiente, afirmar la producción de un daño cierto, que afecta o genera un detrimento en derechos, bienes o intereses jurídicos, y que esperar a su concreción material, podría implicar la asunción de una situación más gravosa para la persona que la padece(37).
En cuanto a la imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar la atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio; daño especial; riesgo excepcional). Adicionalmente, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado. Precisamente, en la jurisprudencia constitucional se sostiene, que la “superioridad jerárquica de las normas constitucionales impide al legislador diseñar un sistema de responsabilidad subjetiva para el resarcimiento de los daños antijurídicos que son producto de tales relaciones sustanciales o materiales que se dan entre los entes públicos y los administrados. La responsabilidad objetiva en el terreno de esas relaciones sustanciales es un imperativo constitucional, no sólo por la norma expresa que así lo define, sino también porque los principios y valores que fundamentan la construcción del Estado según la cláusula social así lo exigen”(38).
Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad(39), según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica(40).
En cuanto a lo anterior, la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”(41). Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”(42).
Esto es sin duda, un aporte dado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”(43). Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no(44). Es más, se sostiene doctrinalmente “que la responsabilidad objetiva puede llegar a tener, en algunos casos, mayor eficacia preventiva que la responsabilidad por culpa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad objetiva, aunque no altere la diligencia adoptada en el ejercicio de la actividad (no afecte a la calidad de la actividad), sí incide en el nivel de la actividad (incide en la cantidad de actividad) del sujeto productor de daños, estimulando un menor volumen de actividad (el nivel óptimo) y, con ello, la causación de un número menor de daños”(45).
Dicha tendencia es la que marcó la jurisprudencia constitucional, pero ampliando la consideración de la imputación (desde la perspectiva de la imputación objetiva) a la posición de garante donde la exigencia del principio de proporcionalidad(46) es necesario para considerar si cabía la adopción de medidas razonables para prevenir la producción del daño antijurídico, y así se motivara el juicio de imputación. Dicho juicio, en este marco, obedece sin lugar a dudas a un ejercicio de la ponderación(47) que el juez está llamado a aplicar bajo la consideración de la utilización de la máxima “Cuanto mayor sea el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro”(48).
Esta formulación no debe suponer, una aplicación absoluta o ilimitada de la teoría de la imputación objetiva que lleve a un desbordamiento de los supuestos que pueden ser objeto de la acción de reparación directa, ni a convertir a la responsabilidad extracontractual del Estado como herramienta de aseguramiento universal(49), teniendo en cuenta que el riesgo, o su creación, no debe llevar a “una responsabilidad objetiva global de la administración, puesto que no puede considerarse (…) que su actuación [de la administración pública] sea siempre fuente de riesgos especiales”(50), y que además debe obedecer a la cláusula del Estado social de derecho(51).
Debe, sin duda, plantearse un juicio de imputación en el que, demostrado el daño antijurídico, deba analizarse la atribución fáctica y jurídica en tres escenarios: peligro, amenaza y daño. En concreto, la atribución jurídica debe exigir la motivación razonada, sin fijar un solo título de imputación en el que deba delimitarse la responsabilidad extracontractual del Estado(52), sino que cabe hacer el proceso de examinar si procede en primera medida la falla en el servicio sustentada en la vulneración de deberes normativos(53), que en muchas ocasiones no se reducen al ámbito negativo, sino que se expresan como deberes positivos en los que la procura o tutela eficaz de los derechos, bienes e intereses jurídicos es lo esencial para que se cumpla con la cláusula del Estado social y democrático de derecho; en caso de no poder aplicarse dicha motivación, cabe examinar si procede en el daño especial, sustentado en la argumentación razonada de cómo (probatoriamente) se produjo la ruptura en el equilibrio de las cargas públicas; o, finalmente, si encuadra en el riesgo excepcional. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera “(…) en lo que se refiere al derecho de daños, el modelo de responsabilidad estatal que adoptó la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez definir, frente a cada caso en concreto, la construcción de una motivación que consulte las razones tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá que adoptar. Por ello, la jurisdicción de lo contencioso administrativo ha dado cabida a la utilización de diversos “títulos de imputación” para la solución de los casos propuestos a su consideración, sin que esa circunstancia pueda entenderse como la existencia de un mandato que imponga la obligación al juez de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas —a manera de recetario— un específico título de imputación (…)”(54).
La garantía de la tutela judicial efectiva vincula a los tribunales internacionales, tanto en el orden universal, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional; como en el orden regional, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ello es así, pese a que se establece en principio una inmunidad diplomática y en sus votos, pero únicamente respecto de los miembros que conforman estos tribunales; pero no de la institución misma, que está vinculada a un régimen de responsabilidad derivada de sus procedimientos y decisiones. De suerte que si en ejercicio de esta actividad judicial internacional se incurre en actos u omisiones que vulneren los elementos que conforman el acceso efectivo a la administración de justicia, el organismo tendrá que responder por los daños que de tales actos u omisiones se deriven(55).
Una vez entra en vigencia la constitución de 1991, pueden advertirse dos épocas: una primera en que a la cláusula prevista por el artículo 90 de la Constitución se le dio una aplicación jurisprudencial en materia de daños derivados por la actividad judicial, en la que, en aplicación de las hipótesis previstas en el artículo 414 del entonces vigente Código de Procedimiento Penal, se asoció como un mismo supuesto la privación injusta de la libertad y el error judicial(56); y un segundo periodo que comienza con la expedición de la Ley 270 de 1996, normatividad que especificó como fundamentos de la responsabilidad del Estado por la actividad jurisdiccional tres hipótesis: la privación injusta de la libertad, el error jurisdiccional y el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
Por cuanto en el sub judice se acusa al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Civil de haber incurrido en error judicial, al proferir una decisión arbitrara e injusta, contraria a la ley, simulando una motivación en desconocimiento matemático frente a la adecuación típica expresada en forma dineraria, porcentual y comparada con idéntico cobro respecto del interés bancario, la cual avaló que la demandada entrara en usura.
5.2.1. La responsabilidad al Estado por error jurisdiccional.
El artículo 66 de la Ley 270 de 1996 define el error jurisdiccional como aquel “cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley”. Y esta corporación lo ha definido como el error que se predica frente a las providencias judiciales por medio de las cuales se declara o se hace efectivo el derecho subjetivo, es decir, aquellas resoluciones judiciales mediante las cuales se interpreta y aplica el derecho(57).
Asimismo, la Sala ha establecido que el error jurisdiccional como título de imputación de responsabilidad del Estado se presenta siempre que “una providencia judicial en firme, y con independencia de si fue proferida con culpa o sin ella, pero que es equivocada porque no se ajusta a la realidad procesal o a la ley, se causa un daño antijurídico que debe ser reparado”(58).
5.2.2.1. El daño antijurídico en el evento de error judicial.
Se afirma que por error judicial “ha de entenderse la lesión definitiva cierta, presente o futura, determinada o determinable, anormal a un derecho a un interés jurídicamente tutelado de una persona, cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso de un proceso, y materializado a través de una providencia contraria a la ley que se encuentre en firme y que la víctima no está en el deber de soportar”(59).
5.2.2.2 La imputación del daño en los eventos de error judicial.
Ahora bien, siendo el error una categoría proveniente de la teoría general del derecho es oportuno precisar que este se distingue de la ignorancia del funcionario judicial, en la medida en que en aquél se presenta un falseamiento de la realidad; mientras que en ésta se verifica la carencia absoluta de conocimiento sobre una determinada realidad(60).
De otra parte, el error puede ser derecho, el que se concreta en “cuatro modalidades específicas: violación directa del orden positivo; falsa interpretación del orden positivo; errónea interpretación del orden positivo; y violación por aplicación indebida del orden positivo”(61).
Adicionalmente, según el artículo 67 de la misma ley, para que proceda la responsabilidad patrimonial por el error jurisdiccional es necesario que concurran los siguientes requisitos(62): (i) que el afectado interponga los recursos de ley, y (ii) que la providencia contentiva del error se encuentre en firme(63).
En reiterada jurisprudencia, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo ha establecido que las condiciones necesarias “para estructurar el error jurisdiccional que materializará la responsabilidad patrimonial del Estado (…) son las siguientes”(64):
“d) La equivocación del juez o magistrado debe incidir en la decisión judicial en firme, pues como bien lo sostiene la doctrina española: “el error comentado (judicial) incide exclusivamente en la potestad jurisdiccional que se materializa en la sentencia o resolución -auténtica declaración de voluntad del órgano que ostenta aquélla-, siempre ha de consistir en aplicar la norma que a cada supuesto corresponde, el error ha de radicar en un equivocado enjuiciamiento o no aplicación a aquél de la solución únicamente querida por el legislador(65)”(66).
En reiterados pronunciamientos la Sala ha reconocido que en algunas oportunidades el juez sólo dispone de la “única decisión correcta” para resolver el asunto sometido a su conocimiento; no obstante, en otros escenarios, pueden existir distintas decisiones razonables(67). Así las cosas, en esta última hipótesis, el juicio de responsabilidad no puede reputar como daño antijurídico la consecuencia adversa a los intereses de una de las partes como consecuencia de la decisión judicial fundada en argumentos racionales(68). En este sentido, se ha sostenido que:
“… el denominado “principio de unidad de respuesta correcta o de unidad de solución justa” de los enunciados jurídicos es, apenas, una aspiración de los mismos, la cual podrá, en veces, ser alcanzada, mientras que, en otras ocasiones, no acontecerá así. De ello se desprende que, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias soluciones razonables —en cuanto correctamente justificadas— pero diferentes, incluso excluyentes o contradictorias. Tal consideración limita el ámbito dentro del cual puede estimarse que la decisión de un juez incurre en el multicitado error jurisdiccional, toda vez que la configuración de éste ha de tener en cuenta que en relación con un mismo punto de hecho, pueden darse varias interpretaciones o soluciones de derecho, todas jurídicamente admisibles en cuanto correctamente justificadas. Entonces, sólo las decisiones carentes de este último elemento —una justificación o argumentación jurídicamente atendible— pueden considerarse incursas en error judicial”(69).
Por último, la Subsección estima pertinente reiterar que si bien la Corte Constitucional en la sentencia de control de constitucionalidad de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia asimiló el concepto “error jurisdiccional” al de “vía de hecho”(70), dicha identificación semántica resulta impropia. Así, tratándose de la responsabilidad patrimonial del Estado por error jurisdiccional únicamente será determinante la contravención al ordenamiento jurídico contenida en una providencia judicial(71), y no la conducta “subjetiva, caprichosa y arbitraria” del operador jurídico(72).
Para realizar el análisis del caso concreto la Sala en primer lugar verificará si se encuentra acreditado el daño antijurídico; si ello es así, posteriormente examinará si dicho daño es imputable a la Rama Judicial, por error jurisdiccional, o por cualquier acción u omisión que permita atribuirle falla del servicio de administración de justicia.
La parte actora hace consistir el daño en el quebranto económico y patrimonial que les ocasionó la providencia del 10 de septiembre de 2010 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil, mediante la cual negó la pretensiones de la demanda interpuesta por el señor Mauricio Armando Rizo Hurtado y otro, contra Egresados de la Universidad Nacional Asociación Cooperativa y otro; quien el 5 de noviembre de 2010 negó la solicitud de adición y aclaración, incoada por la parte actora dentro del proceso ordinario civil en el que solicitaron que se declarara que se había presentado una alteración “en la causa que los motivo a celebrar el contrato de mutuo con las entidades demandas, por valor de $ 81.000.000, contenidos en el pagare 42071-42075-32-98, y la hipoteca abierta contenida en la escritura pública 2237 del 31 de julio de 1998 de la Notaría 32 del Círculo de Bogotá. (…) En consecuencia, se decrete la revisión del contrato, para lo cual deberá adoptarse la reliquidación tomando como base el IPC, desde el momento de su otorgamiento; tenerse en cuenta que por tratarse de un contrato de naturaleza civil, no pueden aplicarse intereses de plazo y de mora, por ser éstos mercantiles y deberán eliminarse los intereses que mensualmente se adicionaron al saldo del valor del mutuo, generando anatocismo”.
El apoderado en el líbelo y en el recurso de apelación, hizo consistir el error jurisdiccional por la omisión en que incurrió la Sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil, toda vez que desconoció u omitió la aplicación de las normas de orden público, las estatuidas para que no se desbordara el cobro de los límites legales de la usura (L. 546/99, arts. 17 y 19; CPC, art. 492; C. Co., arts. 830 y 884; C.P., art. 235).
Aunado a lo anterior, indicó el apoderado de la parte actora que la sentencia acusada calló, omitió y ocultó un delito financiero cometido por la demandada dentro del proceso civil, como lo era el anatocismo; al no analizar de la debida manera el contrato de mutuo de obligación hipotecaria 42073-42075-32-98 mutuo por $ 81.000.000 suscrito entre Mauricio Armando Rizo Hurtado y Viviana Vizcaíno Pinilla; por otra parte, manifestó que la decisión censurada incurrió en un error de hecho, por cuanto en la sentencia impugnada se dio consentimiento “al dar como legal sin serlo la estipulación del cobro de intereses sobre interés al integrarlo con el capital mutuado constitutivo de ERROR JURISDICCIONAL, dando lugar a una LESIÓN ENORME EN DONDE LA SANCIÓN ES LA RESCISIÓN DEL CONTRATO, SU NULIDAD RELATIVA, negados en la Sentencia proferida al desestimar las pretensiones de la demanda”.
Asimismo, indicó que la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil se fundamentó en una motivación errónea determinada por una equivocada valoración probatoria.
La Sala observa que en el sub judice no está acreditado el daño antijurídico, por lo que pasa a exponerse:
En primer lugar, encuentra la Sala que el error de derecho alegado por la parte demandante no se configura, toda vez que la sentencia del Tribunal Superior de Decisión de Bogotá - Sala Civil analizó si lo establecido en la Ley 546 de 1999 era aplicable o no en el caso bajo estudio; y sobre el punto determinó que al haberse pactado la obligación en pesos colombianos, y no en unidades de poder adquisitivo constante UPAC, los artículos de la citada ley que preveían ajustes a los créditos, no eran aplicables al caso concreto, por cuanto el crédito no se había adquirido bajo el sistema UPAC. Seguidamente analizó la teoría de la imprevisión, establecida en el artículo 868 del Código de Comercio, determinó que para que ella pueda aplicarse se hace necesario que se prueben los elementos constitutivos de la misma, esto es, que se trate de un contrato de ejecución sucesiva, que ocurran circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles, que como consecuencia de ellas venga una excesiva onerosidad del contrato. Al aplicarlos al caso concreto determino que si bien no se desconocía el desequilibrio que podía generarse como consecuencia de la capitalización de intereses y de la crisis en el sector de la construcción, hecho este último notorio que no necesitaba de prueba; también es cierto que la parte actora ha debido demostrar la relación de causalidad entre tal crisis y el efectivo desequilibrio presentado en el contrato de marras; como ello no se hizo, el Tribunal Superior declaró la no prosperidad de la pretensiones. Del análisis que realizó la autoridad judicial accionada la Sala no infiere: i) que se haya violado de manera directa el orden positivo; ii) que se configure una falsa interpretación; iii) una errónea interpretación; o iv) una violación por la aplicación de dicha norma; como quiera que el sentenciador las utilizó con precisión y claridad a partir de la confrontación de las inferencias de lo decidido por el Juzgado 41 del Circuito de Bogotá y lo esgrimido en el recurso de apelación incoado por las partes dentro del proceso objeto de cuestionamiento.
Por otra parte, indica el demandante que la providencia acusada incurrió en un error de hecho en la estimación de los medios de prueba, porque no tuvo en cuenta los elementos de juicio que informan sobre la circunstancia de que el crédito concedido al actor se estipuló en pesos, que en el mismo se estaba cobrando intereses sobre los intereses. Al respecto del error de hecho esta corporación lo ha definido como el “que implica una equivoca percepción respecto de las personas, respecto de la naturaleza de la decisión judicial, en cuanto al objeto de la decisión y a los motivos de la misma”.
De lo expuesto, es claro que la autoridad judicial accionada no incurrió en error de hecho, pues, contrario a lo esgrimido por el demandante, encuentra la Sala que la decisión no es irrazonable; por el contrario, se encuentra ajustada a la realidad fáctica y probatoria consignada en la demanda; asimismo, es precisa, clara y concordante con los hechos y las pretensiones aducidos en el libelo ordinario civil, así como en las demás oportunidades procesales.
Como lo señaló el a quo, la Sala considera que la diferencia de criterios entre el juez y las partes, por sí solo no configuran un error judicial; además, de las pruebas allegadas a este medio de control no se puede inferir que la decisión que se cuestiona hubiese sido arbitraria, caprichosa o violatoria al debido proceso, por lo que la Sala confirmará la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que negó las pretensiones de la demanda.
Debe advertirse que la satisfacción del primer supuesto del test se encuentra en la respectiva sentencia que desató la controversia pues, el legislador previó que es en dicha oportunidad en que el juez puede pronunciarse sobre la imposición o no de la condena en costas. El criterio jurídico de la necesidad en el test de proporcionalidad comporta una valoración de grado o intensidad. Comoquiera que al abordar este escenario se parte del supuesto de que existe una afectación, el ejercicio valorativo en esta instancia se contrae a precisar el grado de intensidad de esa afectación, en donde acabe distinguir tres supuestos de intensidad:
a) Afectación leve.
Esta tasación va hasta el 1,66% del valor de las pretensiones de la demanda.
Ahora, atendiendo a los 3 criterios referidos y a la naturaleza, calidad y duración de la gestión realizada por la accionante a lo largo del proceso la Sala considera que la conducta de la parte demandada será suficientemente remediada en el escenario de la idoneidad, por cuanto se evidenció la inexistencia del daño alegado, lo que hace que la actuación del impugnante resulte temeraria, al no existir un fundamento razonable para interponer el recurso, por manera que se fijarán las agencias en derecho en un 1% del monto de las pretensiones de la demanda las cuales se establecieron en los siguientes términos: como la cuantía fijada por los demandantes de las pretensiones equivalía a seiscientos millones de pesos ($ 600.000.000) la Sala condenará al recurrente en esta instancia al pago de SEIS MILLONES DE PESOS ($ 6.000.000), por concepto de agencias en derecho.
1. CONFÍRMESE la sentencia del 31 de julio de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “A”, pero por las razones expuestas en esta providencia.
2. CONDENAR en costas al recurrente y por consiguiente al pago de SEIS MILLONES DE PESOS ($ 6.000.000), por concepto de agencias en derecho, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia; los demás rubros integrantes de las costas liquídense por secretaría, en caso de encontrarse probados.
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, expediente 2008-00009. En este sentido véase también, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Auto de 9 de diciembre de 2010, expediente 39085, C.P. Ruth Stella Correa; Auto de 21 de octubre de 2009, expediente 36913, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; y Auto de 28 de marzo de 2012, expediente 42864, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
15 Corte Constitucional. Sentencia C-965 de 2003.
16 ART. 21.—SUSPENSIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN O DE LA CADUCIDAD. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable” (resaltado fuera de texto).
17 Consejo de Estado, Auto de fecha 2 de marzo de 2001, radicación 10909, M.P. Delio Gómez Leyva.
18 Consejo de Estado, Auto de fecha 26 de marzo de 2007, radicación 33372, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
19 Consejo de Estado, auto de 15 de septiembre de 2016, radicación 57.284, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
20 Folios 163-165, cuaderno 1.
21 Folios 169-181, cuaderno 1.
22 Fls.120-138, cuaderno 1.
23 Folios 71-97, cuaderno 1.
24 Folios 182-184, cuaderno 1.
25 Folios 139-141, cuaderno 1.
26 Folios 158-162, cuaderno 1.
27 Folios 90-104, cuaderno 2.
28 “3. Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada —en especial en el artículo 16— los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado”. Corte Constitucional, Sentencia C-864 de 2004, Sentencia C-037 de 2003.
29 Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sentencia de 21 de octubre de 1999, expedientes: 10948-11643. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio juris’ además de la ‘imputatio facti’”.
30 “(…) el perjudicado a consecuencia del funcionamiento de un servicio público debe soportar el daño siempre que resulte (contrario a la letra o al espíritu de una norma legal o) simplemente irrazonable, conforme a la propia lógica de la responsabilidad patrimonial, que sea la administración la que tenga que soportarlo”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, pág. 185.
31 “(…) que lo razonable, en buena lógica de responsabilidad extracontractual, para las administraciones públicas nunca puede ser hacerlas más responsables de lo que sea razonable para los entes jurídico-privados que desarrollan en su propio interés actividades análogas”. PANTALEON, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, ob. cit., pág. 186.
32 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal —bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía— sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002.
33 Agregándose: “Para eludir el cumplimiento de sus deberes jurídicos no puede exigirle al juez que, como no le alcanzan sus recursos fiscales, no le condene por ejemplo, por los atentados de la fuerza pública, contra la dignidad de la persona humana”. Sección Tercera, sentencia de 9 de febrero de 1995, expediente 9550.
34 Sección Tercera, sentencia de 19 de mayo de 2005, expediente 2001-01541 AG.
35 “(…) por haber excedido los inconvenientes inherentes al funcionamiento del servicio”. Sección Tercera, sentencia de 14 de septiembre de 2000, expediente 12166.
36 Sección Tercera, sentencia de 2 de junio de 2005, expediente 1999-02382 AG.
37 “(…) el daño que se presenta a partir de la simple amenaza que permite inferir el agravamiento de la violación del derecho, sin que suponga su destrucción total, no se incluye en los estudios de la doctrina sobre el carácter cierto del perjuicio. Y sin embargo, esta situación también se expresa en el carácter cierto del perjuicio. La única diferencia radica en que la proyección en el futuro se hará a partir de la amenaza y hasta la lesión definitiva y no respecto de las consecuencias temporales de esta última. Por esta razón es necesario tener en cuenta esta nueva situación y hacer una proyección en el futuro partiendo de la amenaza del derecho que implicará un agravamiento de la lesión del mismo (…) Se parte, en acuerdo con C. THIBIERGE cuando expone las carencias actuales de la responsabilidad civil, de tener en cuenta “el desarrollo filosófico del principio de responsabilidad y la idea de una responsabilidad orientada hacia el futuro que le permitiría al derecho liberarse de la necesidad de un perjuicio consumado y de crear una responsabilidad sólo por la simple amenaza del daño, con la condición de que éste último sea suficientemente grave” (…) La alteración del goce pacífico de un derecho es un perjuicio cierto. Aunque se pudiere reprochar que la amenaza de un derecho es por definición contraria a su violación, y por consecuencia, es contraria (sic) a la noción de daño, se reitera que la mera amenaza de violación es de por sí un daño cierto y actual. En efecto, el sentido común indica que el uso alterado de un derecho no es un goce pleno y pacífico de este, precisamente porque supone que se encuentra disminuido (…) La necesidad de estudiar la amenaza de agravación del derecho en la certeza del daño. Los desarrollos de esta primera parte nos permiten concluir que la amenaza de daño pertenece al ámbito del régimen jurídico del daño y por ende de la responsabilidad civil. Excluirla de la materia deja una parte esencial del daño sin estudio, permitiendo que se instauren concepciones en las cuales el derecho procesal limita el derecho sustancial”. HENAO, Juan Carlos, “De la importancia de concebir la amenaza y el riesgo sobre derechos ambientales como daño cierto. Escrito a partir del derecho colombiano y del derecho francés”, en VVAA, Daño ambiental, T.II, 1ª editorial, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2009, pág. 194, 196 y 203.
39 En los términos de Kant, dicha imputación se entiende: “Imputación (imputatio) en sentido moral es el juicio por medio del cual alguien es considerado como autor (causa libera) de una acción, que entonces se llama acto (factum) y está sometida a leyes; si el juicio lleva consigo a la vez las consecuencias jurídicas del acto, es una imputación judicial (imputatio iudiciaria), en caso contrario, sólo una imputación dictaminadora (imputatio diiudicatoria)”. KANT, I. La metafísica de las costumbres. Madrid, Alianza, 1989, pág. 35. En nuestro precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “La jurisprudencia nacional ha recabado en ello al sentar la tesis de que la base de la responsabilidad patrimonial del Estado la constituye la imputabilidad del daño. En efecto, con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, la Corte Constitucional ha sostenido que la responsabilidad patrimonial del Estado y de las demás personas jurídicas públicas se deriva de la imputabilidad del perjuicio a una de ellas, lo cual impide extenderla a la conducta de los particulares o a las acciones u omisiones que tengan lugar por fuera del ámbito de la administración pública”. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003.
41 “El Derecho se dirige a hombre y no a adivinos. Declarar típica toda acción que produzca un resultado dañoso, aun cuando éste fuese imprevisible, significaría que la ley no tiene en cuenta para nada la naturaleza de sus destinatarios; pues una característica del hombre es precisamente la de que no puede prever más que muy limitadamente las consecuencias condicionadas por sus actos. Vincular un juicio de valor negativo (el de antijuridicidad) a la producción de un resultado que el hombre prudente no puede prever sería desconocer la naturaleza de las cosas (más concretamente): la naturaleza del hombre”. GIMBERNAT ORDEIG, E. Delitos cualificados por el resultado y relación de causalidad. Madrid, 1990, pág. 77 ss.
42 MIR PUIG, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob. cit., pág. 7.
43 LARENZ, K. “Hegelszurechnungslehre”, en MIR PUIG, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob. cit., pág. 7.
44 JAKOBS, G. La imputación objetiva en el derecho penal. Bogotá, Universidad Externado, 1994. Sin embargo, como lo sostiene el precedente de la Sala: “De conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado tiene el deber de responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, norma que le sirve de fundamento al artículo 86 del Código Contencioso Administrativo… No obstante que la norma constitucional hace énfasis en la existencia del daño antijurídico como fuente del derecho a obtener la reparación de perjuicios siempre que el mismo le sea imputable a una entidad estatal, dejando de lado el análisis de la conducta productora del hecho dañoso y su calificación como culposa o no, ello no significa que la responsabilidad patrimonial del Estado se haya tornado objetiva en términos absolutos, puesto que subsisten los diferentes regímenes de imputación de responsabilidad al Estado que de tiempo atrás han elaborado tanto la doctrina como la jurisprudencia”. Sentencia de 24 de febrero de 2005, expediente 14170.
45 MIR PUIGPELAT, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema, ob. cit., pág. 171.
46 El principio de proporcionalidad se compone de tres sub-principios: el principio de idoneidad; el de necesidad y el de proporcionalidad en sentido estricto. Estos principios expresan la idea de optimización (…) En tanto que exigencias de optimización, los principios son normas que requieren que algo sea realizado en la mayor medida de lo posible, dadas sus posibilidades normativas y fácticas. Los principios de idoneidad y de necesidad se refieren a la optimización relativa a lo que es fácticamente posible por lo que expresan la idea de optimalidad de Pareto. El tercer subprincipio, el de proporcionalidad en sentido estricto, se refiere a la optimización respecto de las posibilidades normativas. Las posibilidades normativas vienen definidas, fundamentalmente, por la concurrencia de otros principios; de modo que el tercer sub principio podría formularse mediante la siguiente regla: Cuanto mayor ser el grado de la no satisfacción o del detrimento de un principio, mayor debe ser la importancia de satisfacción del otro. Esta regla puede denominarse: “ley de la ponderación”. ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en VÁSQUEZ, Rodolfo; ZIMMERLING, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés, ob. cit., pág. 62.
47 La ley de la ponderación pone de manifiesto que ésta se puede fraccionarse en tres pasos. El primero consiste en establecer el grado de insatisfacción o de detrimento del primer principio; el segundo, consiste en establecer la importancia de la satisfacción del segundo principio, que compite con el primero y, finalmente, el tercer paso consiste en determinar si, por su importancia, la satisfacción del segundo principio justifica la no satisfacción del primero”. ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en VASQUEZ, Rodolfo; ZIMMERLING, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés, ob. cit., pág. 64.
48 ALEXY, Robert. “Teoría del discurso y derechos constitucionales”, en VÁSQUEZ, Rodolfo; ZIMMERLING, Ruth (Coords). Cátedra Ernesto Garzón Valdés., ob. cit., pág. 62. Sin embargo, se advierte que Habermas ha planteado objeciones a la ponderación: “… la aproximación de la ponderación priva de su poder normativo a los derechos constitucionales. Mediante la ponderación —afirma Habermas— los derechos son degradados a nivel de los objetivos, de las políticas y de los valores; y de este modo pierden la “estricta prioridad” característica de los “puntos de vista normativos”. HABERMAS, Jürgen. Between Facts and Norms, Trad. William Rehg, Cambridge, 1999, pág. 259. A lo que agrega: “… no hay criterios racionales para la ponderación: Y porque para ello faltan criterios racionales, la ponderación se efectúa de forma arbitraria o irreflexiva, según estándares y jerarquías a los que está acostumbrado”. Para concluir que: “La decisión de un tribunal es en sí misma un juicio de valor que refleja, de manera más o menos adecuada, una forma de vida que se articula en el marco de un orden de valores concreto. Pero este juicio ya no se relaciona con las alternativas de una decisión correcta o incorrecta”. HABERMAS, Jürgen. “Reply to Symposium Participants”, en ROSENFELD, Michel; ARATO, Andrew. Habermas on Law and Democracy. Los Angeles, Berkeley, 1998, pág. 430.
49 La profesora BELADIEZ comparte sin reservas la preocupación por los excesos que desfiguran la institución, admite que con alguna frecuencia se producen <<resultados desproporcionados e injustos>> para la Administración e insiste en advertir que la responsabilidad objetiva no es un seguro universal que cubra todos los daños que se produzcan con ocasión de las múltiples y heterogéneas actividades que la Administración lleva cotidianamente a cabo para satisfacer los interese generales”. LEGUINA VILLA, Jesús. “Prólogo”, en BELADIEZ ROJO, Margarita. Responsabilidad e imputación de daños por el funcionamiento de los servicios públicos. Con particular referencia a los daños que ocasiona la ejecución de un contrato administrativo. Madrid, Tecnos, 1997, pág. 23.
50 MIR PUIGPELAT, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema, ob. cit., pág. 204.
51 “(…) el tema de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas ha sido abordado tradicionalmente desde la óptica de las garantías individuales. Se trata de una institución que protege al individuo frente a los daños causados por las Administraciones Públicas como consecuencia de la amplia actividad que éstas desarrollan. Pero, desde la perspectiva de la posición de la administración, la responsabilidad está en el mismo centro de su concepción constitucional como derivación de la cláusula del Estado social de derecho; derivación que, en hipótesis extrema, puede conllevar que los límites del sistema resarcitorio público estén condicionados por los propios límites del llamado Estado social de derecho”. MARTÍN REBOLLO, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración: Un balance y tres reflexiones”, ob. cit., pág. 308.
52 Sección Tercera, sentencias de 19 de abril de 2012, expediente 21515; de 23 de agosto de 2012, expediente 23492.
53 Merkl ya lo señaló: “El hombre jurídicamente puede hacer todo lo que no le sea prohibido expresamente por el derecho; el órgano, en fin de cuentas, el estado, puede hacer solamente aquello que expresamente el derecho le permite, esto es, lo que cae dentro de su competencia. En este aspecto el derecho administrativo se presenta como una suma de preceptos jurídicos que hacen posible que determinadas actividades humanas se atribuyan a los órganos administrativos y, en último extremo, al estado administrador u otros complejos orgánicos, como puntos finales de la atribución. El derecho administrativo no es sólo la conditio sine qua non, sino condijo per quam de la administración”. MERKL, Adolfo. Teoría general del derecho administrativo. México, Edinal, 1975, pág. 211. Para Martín Rebollo: “Un sistema de responsabilidad muy amplio presupone un estándar medio alto de calidad de los servicios. Y si eso no es así en la realidad puede ocurrir que el propio sistema de responsabilidad acabe siendo irreal porque no se aplique con todas sus consecuencias o se diluya en condenas a ojo, sin reglas fijas o casi con el único criterio de que las solicitudes indemnizatorias no «parezcan» excesivamente arbitrarias o desproporcionadas. Aunque, claro está, lo que sea proporcionado o no, en ausencia de referentes externos sobre cómo debe ser y actuar la administración, acaba siendo también una decisión subjetiva. De ahí la conveniencia de la existencia de parámetros normativos que señalen cuál es el nivel, la pauta o la cota de calidad de los servicios, es decir, el elemento comparativo y de cotejo sobre cómo debe ser la administración”. MARTÍN REBOLLO, Luis. “Ayer y hoy de la responsabilidad patrimonial de la administración.: Un balance y tres reflexiones”, ob. cit., pág. 311.
54 “En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado”. Sección Tercera, sentencias de 19 de abril de 2012, expediente 21515; 23 de agosto de 2012, expediente 24392.
55 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por la actividad judicial, Cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer- Carías de Derecho Administrativo Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2015.
56 Una reseña de las decisiones del Consejo de Estado que contiene este sincretismo entre error y privación injusta de la libertad puede ser consultada en SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por la actividad judicial, cit. pág. 22.
58 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 23 de abril de 2008, expediente 16271.
59 SANTOFIMIO GAMBOA, Jaime Orlando, Responsabilidad del Estado por la actividad judicial, Cuadernos de la Cátedra Allan R. Brewer-Carias de Derecho Administrativo Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2015, pág. 105.
60 Ibídem, pág. 110 y ss.
61 Ibídem, pág. 115.
62 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 11 de mayo de 2011, expediente 22322.
63 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 4 de septiembre de 1997, expediente 10285; 27 de abril de 2006, expediente 14837; y 13 de agosto de 2008, expediente 17412.
64 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27 de abril de 2006, expediente 14837 y 23 de abril de 2008, expediente 16271.
65 Reyes Monterreal, José María. La Responsabilidad del Estado por Error y Anormal Funcionamiento de la Administración de Justicia. Editorial Colex. Madrid. 1995, pág. 24”.
66 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27 de abril de 2006, expediente 14837.
67 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 23 de abril de 2008, expediente 17650.
68 Alexy, Robert. Teoría de la argumentación. Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. 1997.
69 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección tercera. Sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente 15776 y 14 de agosto de 2008, expediente 16594.
70 Corte Constitucional. Sentencia C-037 de 1996. Al respecto, se señaló en esta providencia: “Dentro de este orden de ideas, se insiste, es necesario entonces que la aplicabilidad del error jurisdiccional parta de ese respeto hacía la autonomía funcional del juez. Por ello, la situación descrita no puede corresponder a una simple equivocación o desacierto derivado de la libre interpretación jurídica de la que es titular todo administrador de justicia. Por el contrario, la comisión del error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de una actuación subjetiva, caprichosa, arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, que demuestre, sin ningún asomo de duda, que se ha desconocido el principio de que al juez le corresponde pronunciarse judicialmente de acuerdo con la naturaleza misma del proceso y las pruebas aportadas —según los criterios que establezca la ley—, y no de conformidad con su propio arbitrio. En otras palabras, considera esta corporación que el error jurisdiccional debe enmarcarse dentro de los mismos presupuestos que la jurisprudencia, a propósito de la revisión de las acciones de tutela, ha definido como una “vía de hecho”».
71 En este sentido, puede consultarse: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 10 de mayo de 2001, expediente 12719.
72 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 23 de abril de 2008, expediente 17650. “Esta diferencia, resulta fundamental, para efectos de identificar de manera más clara los linderos de la responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial, al descartar cualquier juicio de comportamiento subjetivo y centrar la atención en la decisión judicial que se cuestiona y su confrontación con el ordenamiento jurídico, especialmente con los derechos fundamentales que puedan resultar comprometidos”.

References: artículo 164
 artículo 21
 artículo 164
 artículo 164
 artículo 428
 artículo 90
 artículo 414
 artículo 66
 artículo 67
 resolución 
 artículo 868
 artículo 2
 artículo 16
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 86