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﻿ Sentencia 33351 de enero 27 de 2009
SENTENCIA 33351 DE 27 DE ENERO DE 2009
CONTENIDO:COBRO DE APORTES DENTRO DE PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA. FACULTAD DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL PARA ADELANTAR DIRECTAMENTE LAS ACCIONES DE COBRO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR DE HACER LOS APORTES CORRESPONDIENTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:COBRO COACTIVO DE DEUDA FISCAL
Sentencia 33351 de enero 27 de 2009
Rad.: 33351
Bogotá, D. C., veintisiete de enero de dos mil nueve.
Conforme lo autoriza el artículo 51 numeral 3º del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, se estudian conjuntamente los anteriores cargos, por cuanto están dirigidos por la misma vía, aun cuando bajo modalidades de violación diferentes, pero persiguen un idéntico objetivo.
La controversia objeto de análisis gira en torno a la facultad de las entidades que administran el sistema de seguridad social integral, para adelantar directamente las acciones de cobro de los aportes en mora, mediante el procedimiento coactivo; la idoneidad del título aportado como base de la ejecución; la responsabilidad de la demandada por el exceso en los embargos realizados; la prescripción de la obligación del pago de los aportes; y la responsabilidad limitada de cada socio solo hasta el monto de los aportes.
A juicio de la Sala, todos los temas que plantea el impugnante a través del recurso extraordinario, y que han quedado descritos con anterioridad, han de ser ventilados dentro del respectivo proceso de jurisdicción coactiva, en el marco de las respectivas competencias que le son asignadas por nuestro ordenamiento jurídico.
Lo anterior no obsta para advertir, que las entidades administradoras del sistema de seguridad social en salud, pensiones, y riesgos profesionales, cuentan con la facultad legal para adelantar las respectivas acciones de cobro por el incumplimiento de las obligaciones del empleador de hacer los aportes correspondientes, tal como lo disponen los artículos 57 de la Ley 100 de 1993 y 3º del Decreto 2633 de 1994 (por el cual se reglamentan los arts. 24 y 57 de la L. 100/93).
El artículo 3º del Decreto Reglamentario 2633 de 1994, en cuanto reguló el cobro por jurisdicción coactiva, estableció, que “para efectos del ejercicio de la jurisdicción coactiva conferida por el artículo 57 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 79 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, las entidades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida del sector público podrán organizar, dentro de cada organismo, grupos de trabajo para el cobro por jurisdicción coactiva de los créditos a favor de los mismos, con funcionarios de cada una de dichas entidades, o ejercer tales funciones a través de la oficina jurídica del respectivo organismo o de la dependencia que haga sus veces”. Y el artículo 5º, dispone que, “en desarrollo del artículo 24 de la Ley 100 de 1993, las demás entidades administradoras del régimen solidario de prima media con prestación definida del sector privado y del régimen de ahorro individual con solidaridad adelantarán su correspondiente acción de cobro ante la jurisdicción ordinaria, informando a la Superintendencia Bancaria con la periodicidad que esta disponga, con carácter general, sobre los empleadores morosos en la consignación oportuna de los aportes, así como la estimación de sus cuantías e interés moratorio, con sujeción a lo previsto en el artículo 23 de la Ley 100 de 1993 y demás disposiciones concordantes”.
En riesgos profesionales y en salud, también existe la facultad de las entidades que administran tales sistemas, para poder ejercer el recaudo coactivo de las sumas adeudadas, pues por tratarse de aportes parafiscales, es perfectamente aplicable ese mecanismo de cobro, con fundamento en el artículo 54 de la Ley 383 de 1997 en concordancia con los artículos 91 de la Ley 488 de 1998 y 99 de la Ley 633 de 2002.
Precisamente, la Corte Constitucional en sentencia de 4 de mayo de 1998 (C-177/98), en relación con el asunto que es objeto de debate en este proceso, precisó, que “En efecto, la Ley 100 de 1993 confiere herramientas para facilitar no solo la eficiencia en el reconocimiento de los derechos a la seguridad social sino también la eficiencia en el cobro de las acreencias en favor de las entidades administradoras de la seguridad social, a fin de que se protejan y se hagan efectivos los derechos de todos los trabajadores y el principio de solidaridad. Igualmente, y con el fin de fortalecer estas posibilidades de cobro por parte de estas entidades, el artículo 54 de la Ley 383 de 1997 determinó que las normas de procedimiento, sanciones, determinación, discusión y cobro del libro quinto del estatuto tributario, “serán aplicables a la administración y control de las contribuciones y aportes inherentes a la nómina, tanto del sector privado como del sector público, establecidas en las leyes 58 de 1963, 27 de 1974, 21 de 1982, 89 de 1988 y 100 de 1993”. Esto significa que, al igual que las entidades administradoras de pensiones, se entiende que las EPS tienen la posibilidad de establecer el cobro coactivo para hacer efectivas sus acreencias derivadas de la mora patronal (negrilla fuera del texto).
Acorde con lo anterior, no incurrió el tribunal en ningún desacierto jurídico, cuando estimó jurídicamente viable la facultad del Instituto de los Seguros Sociales para adelantar el cobro coactivo de los aportes adeudados por los demandantes en este proceso a los sistemas de seguridad social integral previstos en la Ley 100 de 1993.
También, en cuanto a la eficacia del documento aportado como base del proceso compulsivo, es suficiente precisar que, tal como lo dedujo el sentenciador de alzada, las liquidaciones que realizan las entidades administradoras del sistema de seguridad social integral, en las que se determina el valor de lo adeudado por quien tiene la obligación de efectuar los aportes, presta mérito ejecutivo, conforme lo prevén los artículos 24 de la Ley 100 de 1993, 23 del Decreto 1295 de 1994 en concordancia con lo dispuesto por el artículo 828 del estatuto tributario y 68 del Código Contencioso Administrativo.
Lo propio puede decirse, en lo que concierne al hecho de si el procedimiento utilizado para la expedición de título ejecutivo, se ajustó o no a las disposiciones legales; así como la eventual responsabilidad de la demandada por el exceso en los embargos realizados; la prescripción de la obligación del pago de los aportes; y la responsabilidad limitada de cada socio solo hasta el monto de los aportes, porque son cuestionamientos que debieron ventilarse en el escenario propicio para ello, esto es, en el interior del mismo proceso de jurisdicción coactiva, cuyas decisiones, por tratarse de un proceso de naturaleza administrativa y no judicial, son impugnables ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
La Corte Constitucional, al referirse al proceso de cobro coactivo, como un privilegio exorbitante de la administración, expresó: “En efecto, la jurisdicción coactiva constituye una prerrogativa administrativa que hace que los procesos correspondientes sean de esta naturaleza y no procesos judiciales. Su objetivo es hacer efectiva la orden dictada por la administración, de cobro de una obligación monetaria a su favor y su fundamento jurídico radica en el principio de ejecutividad de los actos administrativos a que se refiere el artículo 64 del Código Contencioso Administrativo, según el cual “Salvo norma expresa en contrario, los actos que queden en firme al concluir el procedimiento administrativo serán suficientes, por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento. La firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución contra la voluntad de los interesados” (sents. C-799/2003, T-445/94 y T-396/2003).
Acusó la sentencia del tribunal “por ser violatoria de la ley sustancial en forma indirecta a causa de aplicación indebida de los artículos: 488 del Código de Procedimiento Civil, 68 del Código Contencioso Administrativo del C.S.T.(sic), 828 del estatuto tributario, 23 del Decreto 1295 de 1994, 24 de la Ley 100 de 1993 y 54 de la Ley 383 de 1997”.
La Censura le endilga al ad quem, los siguientes errores de hecho:“1. Dar por demostrado sin estarlo que el documento identificado como DJSR MP-030/105-01 de 19 de septiembre de 2001 (fls. 49 y ss.) constituye un verdadero título ejecutivo.
“2. No dar por demostrado estándolo que los documentos con base en los cuales el ISS adelantó el cobro coactivo no tenían las calidades de ser expresos y claros.
Manifiesta que los anteriores errores de hecho, se debieron a la falta de apreciación de las siguientes pruebas: resolución de excepciones 030/105 de 2001 (fls. 64 a 81), liquidación realizada por la firma M&D Asesores de crédito Ltda. (fls. 82 a 84), y el documento que contiene la liquidación de intereses (fls. 205 a 208). Así mismo, denuncia la equivocada valoración de la liquidación del departamento financiero del ISS (fl. 190), y el anexo 1 en cuatro folios (fls. 191 a 194).
Que de la certificación realizada de la deuda y los anexos de ella, visibles a folios 190 a 194, no se percibe ninguna claridad sobre la razón de ser de las cifras que allí se relacionan, ya que no consta por cuáles trabajadores se está efectuando la liquidación, ni cuál era el monto de sus aportes y, en general, no se explicitan los conceptos que generan los totales. Que tal como lo expresa el juez de primer grado, el título ejecutivo en estos casos, es de carácter complejo, en el cual la obligación se deduce del contenido de dos o más documentos dependientes o conexos, siendo necesario determinar cada uno de los subtotales y los conceptos que los generan, así como que el ISS aportara los soportes de los saldos deducidos.
Agrega que no hay en los documentos aportados como título ejecutivo, ningún referente que permita identificar los trabajadores por los que se cobran los aportes, sus salarios, los conceptos, sus fechas de vencimiento e intereses, lo cual condujo a que se hubieran incluido obligaciones del sistema de salud y riesgos, no obstante que solo puede efectuarse el cobro coactivo de aportes al sistema de pensiones.
Precisó que las normas denunciadas no son preceptos legales sustantivos para los fines propios del recurso, y que los errores de hecho denunciados no tienen tal carácter, ya que es un punto de derecho dilucidar si la base del recaudo “constituye un verdadero título ejecutivo” o no. Que, de todos modos, así la Corte no comparta ese criterio, lo único que exige la ley cuando la obligación cobrada sea una suma de dinero, es que la cantidad se exprese en una cifra numérica precisa, o que sea liquidable por simple operación aritmética.
Acusa la sentencia impugnada por la vía indirecta; y denuncia la violación del artículo 36 Código Sustantivo del Trabajo, por aplicación indebida.
Señala como errores de hecho en los que, a su juicio, incurrió el Tribunal, los siguientes:
“1. No dar por demostrado estándolo que los aportes del señor Lisímaco Velásquez Cárdenas en la sociedad Falivec Ltda., se limitaban a la suma de $ 9.000.000.
“2. No dar por demostrado estándolo que los aportes de los señores Luis Alberto, Alba Cecilia, Luz Marina y Nelson Alberto Velásquez V. y Nohemy Vallejo de V. en la sociedad Falivec Ltda., se limitaban a la suma de $ 200.000.
Manifiesta, que los anteriores errores de hecho se debieron a la falta de apreciación de los siguientes documentos: certificado de la cámara de comercio (fls. 21 y ss.), certificados de tradición de los folios de matrícula inmobiliaria números 290-8861, 290-128633 y 290-17364 (fls. 150 a 154), consignaciones por $ 12.000.000, $ 49.593.668 y $ 8.000.000 (fls. 147 a 149).
Adujo, que de haber apreciado el tribunal el certificado de la cámara de comercio, se habría dado cuenta, que los aportes de Lisímaco Velásquez Cárdenas en la sociedad Falivec Ltda., solo ascendían a $ 9.000.000,oo, y que el de los restantes socios era de $ 1.000.000, por lo que el valor máximo de responsabilidad a estos, era de $ 10.000.000,oo, sin embargo, fueron obligados a pagar a título de socios, como personas naturales, la totalidad de la obligación, ya que la propiedad de los bienes embargados era de ellos, y no de la sociedad, conforme con los certificados de tradición ya relacionados.
Al igual que en la oposición al cargo quinto, en esta también precisa, que el tema de la solidaridad entre las sociedades de personas y sus miembros, y la de estos entre si, en relación con el objeto social respecto de “todas las obligaciones que emanen del contrato de trabajo”, regulado por el artículo 36 del Código Sustantivo del Trabajo, no interesa discutirlo para efectos del recurso de casación, por cuanto ese aspecto no fue controvertido en la alzada.
Se emprende el estudio conjunto de los dos cargos planteados, por compartir una misma vía de ataque e igual argumentación y objetivos.
Tal como se dejó precisado por la Sala al estudiar las anteriores acusaciones, el proceso de jurisdicción coactiva es netamente de índole administrativo y no judicial, en la medida en que configura una prerrogativa excepcional a favor de la administración que le otorga la misma ley, para recuperar en forma rápida y sin la intervención de los jueces de la república, las deudas que tiene a su favor. Así lo ha dejado precisado la Corte Constitucional en las sentencias que se rememoraron con anterioridad, al igual que en la del 8 de junio de 2000 (C-666/2000), donde declaró la exequibilidad del artículo 112 de la Ley 6ª de 1992, normativa esta que faculta a las entidades nacionales para efectuar el cobro de sus acreencias por esa vía, pero bajo el entendido de “que la autorización legal para ejercer el poder coactivo se refiere exclusivamente al cobro o recaudación de recursos provenientes de funciones netamente administrativas confiadas por el legislador de modo expreso a los entes vinculados, siempre que en la misma norma legal correspondiente se autorice la función de ejecución coactiva y se determinen las condiciones de su ejercicio, únicamente en cuanto a los aludidos recursos”.
En las anteriores condiciones, los reparos que tengan para hacer los ejecutados respecto de la falta de eficacia e idoneidad del título aportado como soporte del juicio coactivo, o la misma responsabilidad que pueda atribuírsele a los socios de una sociedad limitada, es cuestión que debe ser propuesta a través de los medios exceptivos correspondientes, o en su defecto, atacando sus decisiones ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
Las costas del recurso extraordinario serán a cargo de la parte demandante.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 2 de agosto de 2007, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en el proceso que Falivec Ltda. y sus socios Lisímaco Velásquez Cárdenas, Luis Alberto Velásquez V., Alba Cecilia Velásquez V., Nohemí Velásquez V., Nelson Alberto Velásquez Vallejo y Luz María Velásquez Vallejo, le promovieron al Instituto de Seguros Sociales.

References: artículo 51
 artículo 162
 artículo 3
 artículo 57
 artículo 79
 artículo 112
 artículo 5
 artículo 24
 artículo 23
 artículo 54
 artículo 54
 artículo 828
 artículo 64
 resolución 
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 112