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Timestamp: 2019-07-17 16:54:32+00:00

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﻿ RESOLUCIÓN 744 DE JULIO 7 DE 2017
RESOLUCIÓN 744 DE 07 DE JULIO DE 2017
CONTENIDO:ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO PARA EL COBRO DE OBLIGACIONES DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y DEL FONDO NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA, COBRO COACTIVO DE DEUDA FISCAL, SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES, EJECUCIÓN PARA EL COBRO COACTIVO DE DEUDA FISCAL, DEUDA DE DIFÍCIL COBRO, COBRO COACTIVO POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA, COBRO PERSUASIVO, COBRO COACTIVO
DIARIO OFICIAL N°:50386 DE OCTUBRE 14 DE 2017
RESOLUCIÓN 744 DE 2017
“Por la cual se adopta el reglamento interno para el cobro de obligaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y se establece el procedimiento para el cobro persuasivo y coactivo”.
El Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres,
en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, y en especial, las conferidas por el numeral 1 artículo 2º de Ley 1066 de 2006, artículos 98 y 99 de la Ley 1437 de 2011, numeral 10 del artículo 11 del Decreto-Ley 4147 de 2011, el numeral 3 del artículo 18 y parágrafo 1º del artículo 48 de la Ley 1523 de 2012,
Que el artículo 1º de la Constitución Política establece como principio fundamental del Estado colombiano la prevalencia del interés general y que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares;
Que conforme a nuestra Constitución Política, los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes y los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones;
Que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones”;
Que la Ley 1066 de 2006 dictó normas sobre la normalización de la cartera pública y, en su artículo 5º, estableció la obligatoriedad para las entidades públicas que tienen a su cargo la facultad de cobro coactivo de dar aplicación al procedimiento descrito en el estatuto tributario;
Que el numeral 1 del artículo 2º de la Ley 1066 de 2006 dispuso la obligación para las entidades públicas, que tengan cartera a su favor, de establecer el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera;
Que mediante Decreto 4473 del 15 de diciembre del año 2006, el Gobierno nacional reglamentó la Ley 1066 de 2006 y determinó los aspectos mínimos que debe contener el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera,
Que el artículo 98 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que las entidades públicas deberán recaudar las obligaciones creadas en su favor, que consten en documentos que presten mérito ejecutivo y, que para tal efecto, están revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces competentes;
Que el artículo 100 de la Ley 1437 de 2011 dispone que en los procedimientos de cobro coactivo se aplicarán las reglas especiales establecidas para determinados procedimientos y, en caso de ausencia de estas reglas, se aplicarán las disposiciones del estatuto tributario;
Que el título VIII del estatuto tributario establece el procedimiento administrativo para el cobro coactivo aplicable a entidades públicas que recauden obligaciones creadas a su favor;
Que mediante Decreto-Ley 4147 de 2011, se creó la Unidad Administrativa Especial denominada Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio, del nivel descentralizado, de la Rama Ejecutiva, del orden nacional, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República;
Que es función de la Dirección General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, expedir los actos administrativos, realizar las actividades y celebrar los contratos, acuerdos y convenios que se requieran para el buen funcionamiento de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo con las normas vigentes, así como la ordenación del gasto del Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres establecida en el parágrafo 1º del artículo 48 de la Ley 1523 de 2012;
Que el inciso primero del parágrafo 1º del artículo 48 de la Ley 1523 de 2012, adicionó la función al Director Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de expedir los actos administrativos que se generen por virtud y/o consecuencia de la contratación que adelante la Fiduciaria, entre ellos la aplicación de los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993;
Que el numeral 4 del artículo 12 del Decreto 4147 de 2011, modificado por el artículo tercero del Decreto 2672 de 2013, establece como función de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres la de coordinar y tramitar los recursos, revocatorias directas y en general, las actuaciones jurídicas relacionadas con las funciones de la Unidad,
Que el artículo 9º de la Ley 489 de 1998 establece que las autoridades administrativas, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradoras o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias;
Que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, no cuenta con un régimen especial para el ejercicio del cobro coactivo y, en consecuencia, se hace necesario adoptar el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera;
Que Reglamento Interno de Recaudo de Cartera que por este acto administrativo se establece, así como las demás disposiciones complementarias, se rige, en especial por el derecho fundamental al debido proceso, así como en los principios constitucionales de la función administrativa de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad;
Objeto, ámbito, principios y naturaleza
ART. 1º—Objeto. La presente resolución, tiene por objeto establecer el Reglamento Interno para el cobro de obligaciones a favor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres; así como el procedimiento para el cobro persuasivo y coactivo que aplicará la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para recaudar las obligaciones creadas a su favor y del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, conforme las disposiciones de ley.
ART. 2º—Ámbito de aplicación. Los procedimientos que se establecen en la presente resolución se aplicarán a las entidades, personas naturales y/o jurídicas que tengan obligaciones o acreencias con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y/o Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, por cualquier concepto cuya naturaleza jurídica implique su cobro por medio del procedimiento administrativo, persuasivo o coactivo.
ART. 3º—Principios orientadores. Las actuaciones desplegadas en el procedimiento administrativo de cobro persuasivo y coactivo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se desarrollaran con arreglo a los principios de prevalencia del interés general, economía, celeridad, eficacia, eficiencia, imparcialidad, debido proceso y derecho a la defensa.
ART. 4º—Naturaleza. Los procedimientos que se reglamentan mediante esta resolución son de carácter administrativo. Las actuaciones que se produzcan en el ejercicio del cobro persuasivo y del cobro coactivo son de trámite y tienden a la recuperación de las obligaciones y acreencias a favor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, conforme a las disposiciones de ley, que consten en títulos que presten mérito ejecutivo, de conformidad con lo previsto en los artículos 99 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la normatividad procesal vigente y el artículo 828 del estatuto tributario Nacional o las normas que los sustituyan, adicionen o modifiquen.
Las disposiciones previstas en el presente reglamento interno son de obligatorio cumplimiento por parte de los servidores públicos, contratistas y deudores de cualquier obligación a favor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y/o Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, conforme las disposiciones de ley.
Competencia, actuación y representación
ART. 5º—Competencia funcional y delegación. La Dirección General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tiene la competencia para adelantar el procedimiento de cobro persuasivo y coactivo encaminado a lograr el recaudo efectivo de las obligaciones por todo concepto a favor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y/o Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, conforme las disposiciones de ley y, por este acto administrativo, se delega esta función en la oficina asesora jurídica.
PAR.—La competencia para adelantar el procedimiento de cobro persuasivo y coactivo de obligaciones a favor del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, se refiere a la establecida en el parágrafo 1º del artículo 48 de Ley 1523 de 2012, es decir se refiere a obligaciones que se generen por virtud y/o consecuencia de la contratación que adelante la Fiduciaria como administradora del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo al régimen normativo aplicable.
ART. 6º—Actuación y representación del deudor. Se seguirán las reglas generales de capacidad y representación previstas en los artículos 555 y siguientes del estatuto tributario y las normas que los sustituyan, adicionen o modifiquen.
ART. 7º.—Título ejecutivo. Es el documento que contiene una obligación clara, expresa y actualmente exigible, que sirve como base para la ejecución de las acreencias en favor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y/o Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, conforme las disposiciones de ley, de acuerdo con la normatividad vigente que resulte aplicable.
El título ejecutivo podrá corresponder a una o varias obligaciones siempre que se configure unidad jurídica y de materia. El documento puede provenir de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y/o Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, conforme las disposiciones de ley, o de otra entidad pública, del deudor principal o de su causante, socios o consorciados.
PAR.—Para efectos de la presente resolución, constituye título ejecutivo, los siguientes documentos, actos administrativos y providencias:
1. Todo acto administrativo en firme y ejecutoriado que imponga a favor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y/o Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, conforme las disposiciones de ley, la obligación de pagar una suma líquida de dinero.
2. Las resoluciones en firme y ejecutoriadas expedidas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que impongan multas, una vez vencido el término concedido para su pago, sin que el mismo se hubiese efectuado.
3. Los actos administrativos en firme y ejecutoriados, que impongan multas por faltas disciplinarias a funcionarios o ex funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
4. Las sentencias y otras decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas en las que se ordene pagar una suma de dinero a favor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y/o Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, conforme las disposiciones de ley.
5. Las actas de conciliación, los contratos con sus respectivas pólizas y liquidaciones, junto con el acto administrativo que declara su incumplimiento, caducidad o impone multas; los actos administrativos que otorgan facilidades, el acuerdo de pago y acto que declara su incumplimiento.
6. En general, los documentos que contengan una obligación clara, expresa y exigible en favor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres o del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, conforme las disposiciones de ley; y los demás documentos señalados en el artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Normatividad, notificaciones y requisitos
ART. 8º—Normatividad aplicable. La normatividad aplicable para llevar a cabo el procedimiento de cobro persuasivo y coactivo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y/o Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, conforme a las disposiciones de ley, es la establecida en el Título IV de la Ley 1437 de 2011, el estatuto tributario, Decreto 624 de 1989, o las normas a que este Estatuto remita, y demás normas que regulen la materia, las modifiquen o adicionen.
PAR. 1º—Las actuaciones relacionadas en materia de embargo, secuestro y remate de bienes, se regirán por el trámite del Código General del Proceso. La liquidación del crédito y las costas se regirán por el mismo Código, salvo lo pertinente a los recursos, para lo cual se aplicará lo dispuesto en el artículo 833-1 del estatuto tributario.
ART. 9º—Dirección para notificaciones. Es deber de las partes o sus apoderados, según el caso, informar por escrito una dirección con el fin de que se surtan las citaciones y notificaciones, sin perjuicio de la autorización por medios electrónicos. En caso de cambio de dirección, debe informarse la nueva dirección para tales efectos, so pena de que las citaciones y notificaciones se surtan válidamente en la dirección que figure en los expedientes respectivos.
ART. 10.—Requisitos para iniciar procedimiento administrativo de cobro persuasivo o coactivo. Para iniciar el procedimiento administrativo de cobro coactivo, deben verificarse los siguientes requisitos:
1. Que los títulos ejecutivos contengan una obligación clara, expresa y actualmente exigible de pagar una suma líquida de dinero a favor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres o del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, conforme las disposiciones de ley y estén debidamente notificados, según el caso.
2. En los títulos ejecutivos se deben indicar los datos completos de los obligados, nombre o razón social, identificación, tipo de obligación, individual, solidaria o conjunta, señalar al responsable de la obligación, bien sea persona natural o jurídica. En caso de que el deudor sea persona jurídica debe acompañarse el certificado de existencia y representación legal actualizada.
3. Debe existir coherencia entre la parte considerativa y la resolutiva de los títulos ejecutivos.
4. Las notificaciones de los títulos ejecutivos deben haberse realizado conforme lo establezcan las normas legales vigentes sin omitir ninguno de sus requisitos.
5. Anexar la notificación personal del título ejecutivo o constancia de notificación por aviso, según sea el caso.
6. Se deben indicar las normas vigentes al momento de proferirse los actos administrativos con sus modificaciones y derogaciones.
7. En las notificaciones de las decisiones deben señalarse los recursos que proceden y ante quien se pueden interponer.
8. La constancia de firmeza y ejecutoria del título ejecutivo, cuando aplique.
9. Remitir la fotocopia auténtica y legible del título ejecutivo, con la anotación que es la primera copia que presta mérito ejecutivo.
10. Relación de bienes del deudor, si se conocen.
11. Cuando se hayan interpuesto recursos contra los títulos remitidos para su cobro, enviar copia legible de las providencias que resolvieron los recursos debidamente notificadas.
12. Adjuntar a los documentos descritos, las pólizas de seguro que amparen a los responsables y demás garantías, con sus respectivos anexos como contratos de seguro, condiciones generales, cláusulas adicionales, modificaciones y adiciones que se requieran.
ART. 11.—Auto que avoca conocimiento. En el auto que avoca el conocimiento, se señalará el inicio de la etapa de cobro persuasivo y la orden de iniciar la etapa de cobro coactivo. Corresponde a los abogados competentes de la Oficina Asesora Jurídica, hacer el estudio del título ejecutivo, para verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior.
ART. 12.—El cobro persuasivo. Es la etapa dentro del recaudo de obligaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y/o del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, conforme las disposiciones de ley, que pretende lograr el pago voluntario de las acreencias pendientes a su favor mediante un acercamiento con el deudor, evitando así los costos y las implicaciones de un proceso de cobro coactivo y de esta manera obtener la recuperación total e inmediata de las acreencias.
Esta etapa se inicia con un título ejecutivo en firme y termina con el pago total o incumplimiento de las obligaciones y acreencias a favor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y/o el Fondo Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres.
ART. 13.—Gestión persuasiva. Los miembros de la oficina asesora jurídica que se designen para tal fin, adelantarán el procedimiento de cobro persuasivo. Además, podrán acordar facilidades de pago, conforme a las reglas previstas en el presente reglamento.
ART. 14.—Etapas del cobro persuasivo. Para cumplir con los objetivos de la etapa del cobro persuasivo se podrán utilizar todos los medios necesarios para procurar un acercamiento con el deudor, tales como:
1. Localización del deudor:
1.1. Se realizará inicialmente por medio de las referencias obrantes en el expediente para efectos de comunicaciones y notificaciones. Si no es posible contactar al deudor se podrá solicitar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la información sobre la dirección y teléfonos registrados en el RUT o NIT.
1.2. Cuando no se obtenga la dirección en la DIAN, se podrá consultar directamente en bases de datos o en páginas web como la del Fosyga en el link afiliación-afiliados BDUA o cualquier otra entidad pública o privada, así como a cualquier otro medio que permita establecer el domicilio, lugar de trabajo, direcciones de residencia y/o electrónica y teléfonos del deudor.
2. Procedimiento de negociación persuasiva:
2.1. Citación al deudor y/o requerimientos y/o visitas y/o llamadas con el objetivo de solicitar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acto administrativo o documento que constituye el título ejecutivo.
2.2. Contenido del requerimiento. El requerimiento persuasivo escrito contendrá:
a) Identificación plena del deudor y su dirección;
b) Número de radicación del requerimiento;
c) Concepto de la obligación;
d) Cuantía de la obligación;
e) Plazo para realización del pago;
f) Advertencia que de no realizar el pago en el término estipulado se dará inicio al Proceso Administrativo de Cobro Coactivo.
2.3. Solicitud y celebración de acuerdo de pago con el deudor.
3. Investigación de bienes: agotada la vía persuasiva sin que el deudor haya pagado la obligación, el abogado ejecutor, en aras de establecer su ubicación y solvencia, oficiará a las entidades públicas y privadas que considere pertinentes, a fin de identificar los bienes del deudor, tales como: muebles, inmuebles, vehículos, salarios, cuentas bancarias y demás bienes del deudor evaluando la conveniencia de decretar medidas de embargo y secuestro, para garantizar el pago de las obligaciones.
PAR. 1º—Para la etapa de cobro persuasivo los funcionarios ejecutores podrán celebrar acuerdos de pagos con los deudores o terceros a nombre del deudor, previa autorización del comité de conciliación de la entidad. Este acuerdo deberá contener la aprobación del valor total de la deuda a financiar, el número de cuotas a pagar, el término máximo en que se financiará la deuda, en caso en que haya lugar a la aceptación de garantías que respalden suficientemente la deuda.
PAR. 2º—En la etapa de cobro persuasivo será a criterio de la oficina asesora jurídica, exigir garantías para la celebración de acuerdos de pagos, teniendo entre otros parámetros la solvencia económica de los deudores, la cuantía de la obligación y la voluntad de pago.
PAR. 3º—Todas las actividades del proceso de investigación de bienes se podrán desarrollar de manera concomitante a las actuaciones principales del cobro persuasivo.
ART. 15.—Medidas cautelares preventivas. En atención a lo dispuesto en el artículo 837 del estatuto tributario, en la etapa de cobro persuasivo la Oficina Asesora Jurídica podrá decretar el embargo y secuestro preventivo de los bienes del deudor, de conformidad con la normatividad vigente.
ART. 16.—Término y agotamiento del cobro persuasivo. Esta etapa tiene un término máximo de tres (3) meses, vencido este término o antes si existe manifestación expresa por parte del deudor de no tener voluntad de pago, se cerrara la etapa y se procederá a la apertura del cobro coactivo. Esta manifestación debe quedar registrada en el expediente de cobro.
ART. 17.—Cobro coactivo. Es la etapa dentro de la cual la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres inicia directamente el cobro de sus acreencias y del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, conforme las disposiciones de ley, utilizando para ello los medios coercitivos establecidos en la normatividad vigente.
ART. 198.(sic)—Procedencia del cobro coactivo. Las obligaciones o acreencias causadas a favor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y/o Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, conforme las disposiciones de ley, serán cobradas a través del procedimiento del cobro coactivo, en los siguientes eventos:
1. Antes de prescribir la acción de cobro de conformidad con los artículos 817 y 818 del estatuto tributario. Para el efecto, no se requiere agotar previamente la etapa de cobro persuasivo.
2. Cuando a pesar de haberse iniciado la etapa del cobro persuasivo, esta no tenga posibilidades de culminar satisfactoriamente por las razones descritas en el Capítulo II del presente reglamento.
3. En los demás casos en que de acuerdo con las disposiciones legales vigentes, haya lugar a iniciar el cobro coactivo de dichas obligaciones o acreencias.
ART. 19.—Inicio del procedimiento. Si surtida la etapa de cobro persuasivo, el deudor no paga o no suscribe un acuerdo de pago que respalde sus obligaciones o acreencias con la entidad, se iniciará por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres el proceso de cobro coactivo, en virtud de una obligación clara, expresa y actualmente exigible.
ART. 20.—Capacidad y representación. En el proceso de cobro coactivo el ejecutado podrá intervenir personalmente a través de su representante legal o por conducto de abogado en ejercicio, acreditando la calidad en la que actúa de conformidad con la normatividad procesal vigente.
ART. 21.—Mandamiento de pago. Para exigir por cobro coactivo el cumplimiento de una obligación contenida en un título ejecutivo, el funcionario competente emitirá, mediante resolución que no admite recurso alguno, mandamiento de pago en el cual se ordenará pagar las obligaciones pendientes, así como los intereses y/o la indexación a que haya lugar, dentro de los quince (15) días siguientes a su notificación.
PAR. 1º—El mandamiento de pago podrá referirse a más de un título ejecutivo del mismo deudor.
PAR. 2º—Este mandamiento se notificará personalmente al deudor, previa citación para que comparezca en un término de diez (10) días. Si vencido el término no comparece, el mandamiento de pago se notificará por correo certificado. En la misma forma se notificará a los deudores solidarios, cuando haya lugar.
PAR. 3º— En los casos en que se tenga certeza de la existencia de bienes del deudor y se esté adelantando proceso de cobro coactivo y este fallezca, deberán notificarse los títulos ejecutivos a los herederos del deudor, de acuerdo al trámite establecido en el artículo 1434 del Código Civil y se continúa con el proceso con sus herederos de acuerdo a lo señalado en el artículo 826 del estatuto tributario.
ART. 22.—Requisitos y contenido del mandamiento de pago. La resolución por la cual se libra el mandamiento de pago requiere el cumplimiento mínimo de los siguientes requisitos:
1. Nombre de la entidad y dependencia ejecutora.
2. Ciudad y fecha en letras y números.
3. Competencia con la cual se actúa.
4. Descripción del título ejecutivo en el que conste una obligación clara, expresa y actualmente exigible, con la constancia de ejecutoria del acto administrativo que conforma el título, indicando su número y fecha.
5. Identificar plenamente el deudor o deudores, indicando nombre o razón social y documento de identidad o NIT, según sea el caso.
6. Identificación de cada una las obligaciones por concepto, precisando tanto en letras como en números la cuantía de la obligación o acreencia, especificando el pago de los intereses causados y/o la indexación a que haya lugar.
7. La orden expresa de pagar dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago. Se debe advertir que en este mismo término podrán proponerse las excepciones a que haya lugar.
8. El procedimiento y forma de realizar el pago a favor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y/o Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
9. El fundamento legal en que se sustenta la actuación.
10. El nombre y firma del jefe de la oficina asesora jurídica de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres facultado para ejercer el cobro coactivo.
ART. 23.—Vinculación de deudores solidarios. Como lo dispone el artículo 828-1 del estatuto tributario, la vinculación del deudor solidario se hará mediante la notificación del mandamiento de pago. Este deberá librarse determinando individualmente el monto de la obligación del respectivo deudor y se notificará en la forma indicada en el artículo 826 del estatuto tributario o la norma que lo sustituya, adicione o modifique.
PAR. 1º—Los títulos ejecutivos contra el deudor principal lo serán contra los deudores solidarios sin que se requiera la constitución de títulos individuales o adicionales.
ART. 24.—Revocatoria directa-efectos. En el procedimiento administrativo de cobro coactivo, no podrán debatirse cuestiones que debieron ser objeto de discusión antes de que adquiriera firmeza el título ejecutivo.
La interposición de la revocatoria directa no suspende el proceso de cobro, pero el remate no podrá realizarse hasta que exista pronunciamiento definitivo de conformidad con lo previsto en el artículo 829-1 del estatuto tributario o la norma que lo sustituya, adicione o modifique.
ART. 25.—Excepciones. Dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago, el deudor deberá cancelar el monto de la deuda con sus respectivos intereses. Dentro del mismo término, podrán proponerse mediante escrito las excepciones contempladas en el artículo 831 del estatuto tributario o aquel que lo sustituya, adicione o modifique, las cuales se tramitarán de conformidad con lo previsto en dicho estatuto.
ART. 26.—Excepciones probadas. Si se llegaren a encontrar probadas las excepciones propuestas por el deudor, el funcionario competente así lo declarará y ordenará la terminación del procedimiento si fuere el caso, y el levantamiento de las medidas cautelares preventivas si las hubiere decretado. En igual forma procederá si en cualquier etapa del procedimiento el deudor paga la totalidad de las obligaciones.
PAR. 1º—Cuando la excepción probada, lo sea respecto de uno o varios de los títulos comprendidos en el mandamiento de pago, el procedimiento continuará en relación con los demás sin perjuicio de las medidas que haya lugar a proferir.
ART. 27.—Recursos en el procedimiento administrativo de cobro coactivo. Las actuaciones administrativas realizadas en el procedimiento administrativo de cobro coactivo, son de trámite y contra ellas no procede recurso alguno, excepto los que en forma expresa se señalen en este reglamento para las actuaciones definitivas.
ART. 28.—Recurso contra la resolución que decide las excepciones. En la resolución que rechace las excepciones propuestas, se ordenará adelantar la ejecución y remate de los bienes embargados y secuestrados. Contra dicha resolución procederá únicamente el recurso de reposición ante el mismo funcionario que adelanta el procedimiento de cobro coactivo dentro del mes siguiente a su notificación, quien tendrá para resolver un mes, contado a partir de su interposición en debida forma.
ART. 29.—Orden de ejecución. Vencido el término de quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago sin que el deudor hubiere propuesto escrito de excepciones o pagada la deuda, el funcionamiento competente deberá seguir con el procedimiento, ordenando la ejecución y el remate de los bienes embargados y secuestrados, en los términos del artículo 836 del estatuto tributario o la norma que lo sustituya, adicione o modifique. Contra este acto no procede recurso alguno.
PAR.—Cuando previamente a la orden de ejecución de que trata este numeral no se hubieren dispuesto medidas preventivas, en dicho acto se decretará el embargo y secuestro de los bienes del deudor si estuvieren identificados. En caso de desconocerse los mismos, se ordenará la investigación de ellos para que una vez identificados se embarguen y secuestren y se prosiga con el remate de los mismos.
ART. 30.—Liquidación del crédito. En la liquidación del crédito se deberá incluir el capital, los intereses de la obligación adeudada y los gastos procesales en que incurrió la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y/o el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para su cobro. Lo anterior al tenor del artículo 836-1 del estatuto tributario o la norma que lo sustituya, adicione o modifique.
Suspensión, reanudación, irregularidades y terminación del proceso
ART. 31.—Suspensión del proceso. El procedimiento de cobro coactivo se suspenderá en los casos previstos en la ley.
ART. 32.—Suspensión y sus efectos. En cualquier etapa del procedimiento administrativo de cobro coactivo, el ejecutado podrá celebrar un acuerdo de pago con la entidad, en cuyo caso se suspenderá el procedimiento y se podrán levantar las medidas cautelares que hubieren sido decretadas, sin perjuicio de la exigibilidad de garantías. En caso de incumplimiento del acuerdo de pago, deberá reanudarse el procedimiento.
De presentarse escrito de solicitud de suspensión del procedimiento coactivo con la prueba de la notificación de la admisión de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo fundamento sea un acto administrativo que preste mérito ejecutivo a favor de la entidad, el funcionario ejecutor declarará la prejudicialidad establecida en el artículo 163 del Código General del Proceso.
ART. 35.(sic)—Reanudación del proceso. La suspensión del proceso por prejudicialidad durará hasta que el funcionario ejecutor decrete su reanudación, para lo cual deberá presentarse copia de la providencia ejecutoriada que puso fin al proceso que le dio origen; con todo, si dicha prueba no se aduce dentro de dos (2) años siguientes a la fecha en que empezó la suspensión, el funcionario ejecutor, de oficio o a petición de parte, decretará la reanudación del proceso, por auto que se notificará por aviso.
ART. 34.—Irregularidades en el procedimiento. Las irregularidades que se presenten en el procedimiento administrativo de cobro coactivo, deberán subsanarse en cualquier tiempo, antes de que se profiera la decisión que aprueba el remate de los bienes. La irregularidad se considerará saneada cuando a pesar de ella el deudor actúa en el proceso y no la alega y, en todo caso, cuando el actor cumplió su finalidad y no se violó el derecho de defensa.
PAR.—En los casos en que se deba foliar nuevamente el expediente por estas irregularidades o por cualquier otra circunstancia, se ordenará mediante auto que hará parte del expediente.
ART. 35.—Terminación del proceso administrativo de cobro coactivo. El funcionario ejecutor dará por terminado el proceso administrativo de cobro coactivo y ordenará el archivo del expediente cuando se verifique plenamente la ocurrencia de alguna de las siguientes causales u otras señaladas en la ley:
1. Pago total de la obligación.
2. Prescripción de la acción de cobro.
3. Cuando los recursos y/o las excepciones hayan sido resueltas a favor del ejecutado.
4. Por sentencia judicial o revocatoria del acto administrativo que preste mérito ejecutivo.
PAR. 1º—En el mismo auto que ordene la terminación del proceso se decretará el levantamiento de las medidas cautelares y se comunicará esta decisión a las entidades a quienes se les ordenó la imposición de estas medidas.
PAR. 2º—En el evento en que la obligación conste en un título valor distinto a un acto administrativo que preste mérito ejecutivo, se ordenará en el auto de terminación del proceso su desglose y devolución al ejecutado. De lo anterior el funcionario competente deberá dejar constancia en el expediente.
ART. 36.—Medidas cautelares. Previa o simultáneamente con el mandamiento de pago, el funcionario competente podrá decretar mediante auto medidas cautelares, para tales efectos, deberá observarse las reglas previstas en el estatuto tributario y en los aspectos no contemplados en estos, se acudirá a las disposiciones del Código General del Proceso, que regulan la materia.
PAR.—Para este efecto, el funcionario competente podrá identificar los bienes del ejecutado, por medio de la información tributaria o de la información suministrada por entidades públicas o privadas, que estarán obligadas, en todos los casos a dar pronta y cumplida respuesta a la administración, so pena de ser sancionados.
ART. 37.—Clases. Las medidas cautelares, según la oportunidad en que se decreten pueden ser:
1. Medidas cautelares preventivas: aquellas que se adoptan previo o simultáneamente a la expedición o notificación del mandamiento de pago al deudor.
2. Medidas cautelares dentro del proceso: son las que se adoptan en cualquier etapa del proceso de cobro coactivo, después de notificado el mandamiento de pago.
ART. 38.—Límite de los embargos. El valor de los bienes embargados no podrá exceder del doble de la deuda más sus intereses. Si efectuado el avalúo de los bienes, estos excedieren la suma indicada, deberá reducirse el valor del embargo, si ello fuere posible, hasta dicha cuantía, oficiosamente o a solicitud del interesado.
ART. 39.—Registro de embargos. Del auto que decreta el embargo de bienes se enviará una copia a la oficina de registro correspondiente. Cuando sobre dichos bienes ya existiere otro embargo registrado, el funcionario lo inscribirá y comunicará a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y al juez o autoridad que ordenó el embargo anterior.
PAR. 1º—Cuando el embargo se refiera a salarios, se informará al patrono o pagador respectivo quien consignará dichas sumas a órdenes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y/o Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y responderá solidariamente con el deudor en caso de no hacerlo.
ART. 40.—Embargo de cuentas. El embargo de saldos bancarios, depósitos de ahorro, títulos de contenido crediticio y demás valores de que sea titular o beneficiario el ejecutado o deudor, depositados en entidades financieras o similares, en cualquiera de sus oficinas o agencias en todo el país se comunicará a la entidad y quedará consumado con la recepción del oficio.
PAR. 1º—Al recibirse la comunicación, la suma retenida deberá ser consignada al día hábil siguiente en la cuenta de depósitos que se señale, o deberá informarse de la no existencia de sumas de dinero depositadas en dicha entidad.
PAR. 2º—Las entidades bancarias, crediticias, financieras y las demás personas y entidades, a quienes se les comuniquen los embargos, que no den cumplimiento oportuno con las obligaciones impuestas por las normas, responderán solidariamente con el ejecutado o deudor por el pago de la obligación.
ART. 41.—Embargos, secuestro y remate de bienes. En los aspectos compatibles y no contemplados en el estatuto tributario, se observarán en el procedimiento administrativo de cobro coactivo, las disposiciones del Código General del Proceso que regulan el embargo, secuestro y remate de bienes.
ART. 42.—Oposición al secuestro. En el evento en que se presente oposición al secuestro de bienes, se procederá conforme lo establece el Código General del Proceso. En la misma diligencia que ordena el secuestro se practicarán las pruebas conducentes y se decidirá la oposición presentada, salvo que existan pruebas que no se puedan practicar en la misma diligencia, caso en el cual se resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación de la diligencia.
ART. 42.—Avalúo de bienes. En firme el secuestro de los bienes, se procederá a realizar el avalúo de los mismos teniendo en cuenta el valor comercial de estos y lo notificará personalmente o por correo. Si el deudor no estuviere de acuerdo, podrá solicitar dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, un nuevo avalúo con intervención de un perito particular de conformidad con el artículo 45 de la presente resolución, caso en el cual el deudor pagará el valor de los honorarios causados. Contra este segundo avalúo no procede recurso alguno. En lo demás, se aplicaran las reglas establecidas en el artículo 444 del Código General del Proceso o las normas que los sustituyan, adicionen o modifiquen.
ART. 43.—Remate de bienes. En firme el avalúo de los bienes, el funcionario ejecutor procederá a fijar fecha y hora para la práctica de la diligencia de remate de los bienes que efectuará directamente o a través de entidades de derecho público o privado, siguiendo las reglas establecidas en el Código General del Proceso.
ART. 44.—Levantamiento de las medidas cautelares. El jefe de la oficina asesora jurídica levantará los embargos y secuestros decretados, en los siguientes casos:
1. Si se ordena la terminación del proceso coactivo por la revocatoria del mandamiento de pago o porque prosperaron las excepciones presentadas por el deudor o por sentencia judicial.
2. Si se trata de embargo sujeto a registro, cuando del certificado del registro aparezca que la parte contra la cual se profirió, no es la titular del derecho de dominio del respectivo bien.
3. Si un tercero poseedor que no se opuso a la práctica de la diligencia de secuestro, solicita el levantamiento de la medida dentro de los veinte (20) días siguientes, para que se declare que tenía posesión material del bien en el momento en que aquella se practicó y obtiene decisión favorable.
4. Si se presta caución de conformidad con lo dispuesto en el Código General del Proceso o la norma que lo sustituya, adicione o modifique.
5. Cuando se efectúe el pago total de la obligación más los intereses, la indexación si fuere el caso y los gastos del proceso o se garantice su pago en debida forma.
6. En los demás eventos señalados en las normas vigentes.
ART. 45.—Auxiliares. Para el nombramiento de auxiliares, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres podrá:
PAR. 1º—La designación, remoción y responsabilidad de los auxiliares de la Unidad Nacional para la Gestión de Desastres se regirá por las normas vigentes del Código General del Proceso.
PAR. 2º—Los honorarios se fijarán por el funcionario ejecutor de acuerdo con las tarifas vigentes para el efecto.
ART. 46.—Acuerdos de pago de las obligaciones a favor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y/o Fondo Nacional de la Gestión del Riesgo de Desastres. Tanto en la etapa de cobro persuasivo como la de cobro coactivo, el funcionario ejecutor podrá suscribir acuerdos de pago con el deudor y/o ejecutado o terceros a su nombre, a través de la suscripción de un documento en el que se consignará y aprobará el valor de la deuda a financiar junto con el número de cuotas a pagar y término máximo de pago, la aceptación de garantías que respalden el acuerdo de pago, los bienes que ofrezca para su embargo y secuestro, o cualquiera otra garantía de las establecidas en el Código Civil, Código de Comercio y estatuto tributario, que respalde suficientemente la obligación principal como el de los intereses y sanciones en los casos a que haya lugar.
PAR. 1º—Las medidas cautelares que se tengan perfeccionadas de los deudores servirán de garantía para la celebración de acuerdos de pago, pero podrán ser levantadas a juicio del funcionario ejecutor, siempre y cuando las garantías ofrecidas sean más favorables para respaldar las obligaciones.
ART. 47.—Requisitos del acuerdo de pago. Una vez se apruebe la solicitud de suscripción del acuerdo de pago, este deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1. Podrán celebrar el acuerdo de pago las personas naturales o jurídicas a las cuales se les haya impuesto una obligación de pagar una determinada suma de dinero, directamente o a través de sus representantes legales o un tercero autorizado legalmente.
2. La cuota que se fije, deberá ser pagada dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha señalada para dicho pago y allegar copia de la consignación a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
3. El funcionario ejecutor podrá conceder un plazo para el pago de las obligaciones hasta de dos (2) años siempre y cuando el deudor o un tercero a su nombre constituya garantías que respalden suficientemente la deuda, intereses y gastos del procedimiento. En todo caso, para definir el plazo deberá tenerse en cuenta el valor de la obligación con sus intereses y la previa autorización del comité de conciliación de la entidad.
4. En el acuerdo de pago debe consignarse la cláusula aceleratoria, en caso de incumplimiento de dos (2) cuotas se reanudará el cobro coactivo, haciendo efectivas las garantías y si no son suficientes decretando las medidas cautelares a que haya lugar.
5. De no aprobarse la solicitud de acuerdo de pago, la decisión deberá comunicarse al solicitante mediante escrito, en el que se le invitará a pagar sus obligaciones de manera inmediata, advirtiéndole que de lo contrario se iniciará el cobro coactivo o se continuará con el proceso.
PAR. 1º—Cuando se trate de deudores que aparezcan reportados en el Boletín de Deudores Morosos del Estado, el funcionario ejecutor evaluará viabilidad del acuerdo de pago teniendo en cuenta las garantías que presente el deudor o el tercero a su nombre que amparen la obligación incluidos intereses y demás recargos a que hubiere lugar. Si el deudor subsana el incumplimiento y la Contaduría General de la Nación expide la correspondiente certificación, será viable el acuerdo de pago.
PAR. 2º—La suscripción del acuerdo de pago en caso que se haya iniciado el cobro coactivo dará lugar a la suspensión del mismo.
PAR. 3º—El ejecutado o el tercero a su nombre, que incumpla el acuerdo de pago, no podrá celebrar otro acuerdo de pago.
ART. 48.—Acuerdo de pago solicitado por un tercero. Cuando el acuerdo de pago sea solicitado por un tercero y se conceda a su favor, se aplicarán las siguientes reglas:
1. En la solicitud deberá señalar expresamente que se compromete solidariamente al cumplimiento de las obligaciones, es decir, por el monto total de la deuda, incluidos intereses y demás recargos a que hubiere lugar.
2. La actuación del tercero no libera al deudor principal del pago de la obligación, ni impide la acción de cobro contra él en caso de incumplimiento, se podrá perseguir simultáneamente a los dos o a uno cualquiera de ellos.
3. Celebrado el acuerdo de pago solicitado por el tercero, el funcionario ejecutor deberá notificar al deudor, comunicándole tal determinación a su dirección, quien solamente podrá oponerse acreditando el pago total de la obligación.
4. El tercero debe presentar los certificados de libertad de los bienes denunciados como garantía, expedidos con una antelación no mayor a un mes, con el fin de constatar que los mismos se encuentran libre de embargos, hipotecas, patrimonio de familia o cualquier otro gravamen que pueda afectar el dominio de los mismos.
5. Que la relación de bienes debe contener la información suficiente de ubicación, identificación, propiedad y valor comercial de los bienes ofrecidos, de manera tal que permita verificar la existencia y estado de los mismos.
PAR. 1º—En el evento de que el deudor, por razón de su actividad, deba enajenar o afectar en cualquier forma el domino de bien o bienes denunciados, deberá informar al funcionario ejecutor, indicando el bien o bienes adicionales o complementarios que ofrece en reemplazo del anterior, para lo cual se verificará la propiedad de los nuevos bienes denunciados y su avalúo, con el fin de establecer que con dicha operación el deudor no queda en estado de insolvencia.
ART. 49.—Clasificación. Con el fin de orientar la gestión y garantizar la oportunidad en el proceso de cobro, se podrán clasificar las obligaciones a favor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en atención a la cuantía, antigüedad, naturaleza de la obligación y condiciones particulares del deudor, para este efecto se deberán tener en cuenta los siguientes criterios:
1. Clasificación por cuantía. Permite identificar la obligación, teniendo en cuenta las diferentes cuantías a saber:
a) Mínima cuantía: Inferiores a 40 smmlv;
b) Menor cuantía: Desde 40 smmlv hasta 150 smmlv;
c) Mayor cuantía: Superior a 150 smmlv.
2. Criterio de antigüedad. Se aplicará en consideración al término de prescripción de la acción de cobro para las obligaciones, dándole prioridad a la más cercana a la prescripción.
3. Criterio en razón a la naturaleza de la obligación:
a) Disciplinaria;
b) Costas;
c) Multas y sanciones;
d) Contractuales;
e) Sentencias y conciliaciones;
f) Cuotas partes pensionales;
g) Otros actos administrativos que cumplan con las condiciones del artículo 99 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo o la norma que lo sustituya, adicione o modifique.
4. Condiciones particulares del deudor. Estos criterios están referidos a la naturaleza jurídica del deudor y al comportamiento del deudor respecto de la obligación.
a) En razón de su naturaleza jurídica:
— Persona jurídica de derecho público.
— Persona jurídica de derecho privado.
— Persona natural;
b) En razón del comportamiento del deudor:
— Reincidente. Es el deudor que en el transcurso de un (1) año mantiene un comportamiento reiterado en el incumplimiento de la obligación en más de tres (3) oportunidades.
— Renuente. Deudor que además de omitir el cumplimiento voluntario de la obligación durante un término superior a un (1) año, en forma reiterada no responde a las acciones persuasivas o de cobro. No tiene voluntad de pago.
Prescripción de la acción de cobro coactivo
ART. 50.—Prescripción de la acción de cobro. La acción de cobro por Jurisdicción Coactiva de las obligaciones a favor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y/o Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, prescribe en el término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de firmeza y ejecutoria de los títulos ejecutivos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 817 del estatuto tributario.
ART. 51.—Interrupción y suspensión del término de prescripción. El término de la prescripción de la acción de cobro coactivo se interrumpe por la notificación del mandamiento de pago o por la celebración de acuerdos de pago. Interrumpida la prescripción en la forma aquí prevista, el término empezará a correr de nuevo desde el día siguiente a la notificación del mandamiento de pago.
PAR.—No se puede compensar ni devolver lo pagado por la obligación prescrita y tampoco puede ser materia de repetición, aunque el pago se hubiere efectuado sin conocimiento de la prescripción.
ART. 52.—Reserva del expediente en la etapa de cobro coactivo. Los expedientes de la ejecución del procedimiento coactivo, solo podrán ser examinados por los ejecutados o su apoderado legalmente constituido, o los abogados autorizados mediante memorial presentado personalmente por el ejecutado, en concordancia con el artículo 729 del estatuto tributario.
ART. 53.—Vigencia y derogatoria. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

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 artículo 18
 artículo 48
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 artículo 5
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 artículo 98
 artículo 100
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 artículo 48
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 artículo 9
 resolución 
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 artículo 828
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 artículo 99
 artículo 833
 artículo 837
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