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Timestamp: 2017-09-20 16:28:51+00:00

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Sentencia T.S.J. Extremadura 523/2013 de 18 de noviembre. Reclamación de cantidad. Premio o paga extraordinaria. Acuerdo. Antiguedad - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Extremadura 523/2013 de 18 de noviembre
Reclamación de cantidad: Premio o paga extraordinaria establecida en convenio para los trabajadores que cumplan determinada antigüedad. No ámbito de aplicación del acuerdo.
NIG: 10037 34 4 2013 0100483
TIPO Y N.º DE RECURSO: RECURSO SUPLICACION 0000336 /2013
JUZGADO DE ORIGEN/AUTOS: DEMANDA 0000830 /2011 JDO. DE LO SOCIAL n.º 002 de BADAJOZ
Recurrente/s: CONSEJERIA DE EDUCACION.- JUNTA DE EXTREMADURA
Recurrido/s: CENTRO ESPECIAL APROSUBA 2.-, Visitacion
Procurador/a:, FERNANDO SABIDO MORENO
Graduado/a Social:, JOSE MARIA DIAZ LEON
D.ª MANUELA ESLAVA RODRIGUEZ.
En CACERES, a dieciocho de Noviembre de dos mil trece.
SENTENCIA N.º 523
En el RECURSO SUPLICACION 336 /2013, formalizado por el Sr. Letrado de la JUNTA DE EXTREMADURA, en nombre y representación de la CONSEJERÍA DE EDUCACION, contra la sentencia número 173/ 13, dictada por el JUZGADO DE LO SOCIAL N. 2 de BADAJOZ en el procedimiento DEMANDA 830 /2011, seguidos a instancia de D.ª Visitacion, parte representada por el Sr. Graduado Social D. JOSÉ MARÍA DÍAZ LEÓN frente a el INDICADO RECURRENTE y CENTRO ESPECIAL APROSUBA (COLEGIO ESPECIAL DE EDUCACIÓN SAN MARCOS), representado por el Sr. letrado D. JOSÉ MARÍA CERÓN ORTIZ, siendo Magistrado-Ponente el Ilmo. Sr. D. PEDRO BRAVO GUTIÉRREZ.
Primero.—D.ª Visitacion, presentó demanda contra CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN (JUNTA DE EXTREMADURA) CENTRO ESPECIAL APROSUBA (COLEGIO ESPECIAL DE EDUCACIÓN SAN MARCOS), siendo turnada para su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia número 173, de fecha diecisiete de Abril de dos mil trece
Segundo.—En la sentencia recurrida en suplicación se consignaron los siguientes hechos expresamente declarados probados: "PRIMERO.- La actora Dña Visitacion prestó servicios para el Centro Especial Aprosuba 2, Colegio de Educación Especial San Marcos, con la categoría de profesora, desde el 17/09/1984 hasta el 7/06/2011 en que causó baja en la empresa por jubilación. (f.5 a 9, No controvertido).- SEGUNDO. - El Centro Especial Aprosuba 2, Colegio de Educación Especial San Marcos, es un centro educativo que tiene suscrito concierto con la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura. (f. 169 a 180, 182 a 184).- TERCERO.- Es de aplicación a la relación laboral el XIII Convenio Colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad (BOE 16/08/2010).-CUARTO.- A la entrada en vigor del convenio el 1/01/2008 la trabajadora tenía 61 años de edad, y una antigüedad en la empresa de 23 años, cumpliendo veinticinco años de antigüedad el 17/09/2009.-QUINTO. - El Centro Especial Aprosuba 2, Colegio de Educación Especial San Marcos, comunicó a la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura en escrito de 5/05/2011 que la trabajadora M Visitacion causará baja por jubilación el 7/06/2011. También le comunicó en escrito de 23/05/2012 que la trabajadora ha interpuesto demandada en la que solicita el premio de jubilación recogido en el art.117 del convenio. (f.181, 185,186).-SEXTO.- Se íntentó el acto de conciliación ante la UNAC el día 28/07/2011, concluyendo el mismo intentado sin efecto. Se interpuso reclamación previa el 3/11/2011 ante la Junta de Extremadura que fue desestimada por silencio administrativo. (f.12 a 14)"
Tercero.—En la sentencia recurrida en suplicación se emitió el siguiente fallo o parte dispositiva: "FALLO: ESTIMO parcialmente la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por Dña. Visitacion frente a la empresa CENTRO ESPECIAL APROSUBA 2, COLEGIO DE EDUCACIÓNSAN MARCOS Y CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE EXTREMADURA sobre reclamación de cantidad, debo CONDENAR y CONDENO a la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura impresa demandada a que le abone la cantidad de 10.480,45€ y al abono del 10% de interés por mora. Debo ABSOLVER y ABSUELVO al Colegio de Educación Especial San Marcos de las pretensiones que consta él se dirigen."
Cuarto.—Frente a dicha sentencia se anunció recurso de suplicación por la parte demandada formalizándolo posteriormente. Tal recurso fue objeto de impugnación por la contraparte.
Quinto.—Elevados por el Juzgado de lo Social de referencia los autos principales, a esta Sala, tuvieron entrada en fecha 5-7-13.
Sexto.—Admitido a trámite el recurso se señaló el día 7-11-13 para los actos de votación y fallo.
Primero.—La Administración demandada interpone recurso de suplicación contra la sentencia que la condena a que abone a la demandante, profesora de un centro especial de atención a personas con discapacidad, el premio o paga extraordinaria que se establece en el convenio colectivo de aplicación para los trabajadores que cumplan determinada antigüedad en las empresas, insistiendo la recurrente en las dos alegaciones en que se fundaba su oposición a la demanda, que la demandante no tiene el derecho que reclama porque no le es aplicable el Acuerdo que establece la responsabilidad de la demandada en el abono de concepto reclamado y porque, en todo caso, ese derecho habría prescrito.
El recurso contiene un único motivo que se apoya en el apartado c) del artículo 193 de la Ley reguladora de la jurisdicción social, con dos alegaciones, una dedicada a la prescripción y otra a la inexistencia del derecho de la demandante, procediendo estudiar con preferencia esa última ya que si no existe el derecho no puede producirse prescripción alguna. Así, nos dice la Sentencia Tribunal Supremo de 1 febrero 1993 Recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 922/1992, que no es adecuado estudiar "con carácter previo la prescripción ya que, al tratarse de una excepción perentoria, no ha de tener un tratamiento anterior al fondo del asunto como si de una dilatoria se tratara (arts. 532 y 538 de la LECiv), sino que, al contrario, sólo debe ser tratada en el caso de que le haya sido reconocido al demandante el derecho que ejercita, pues carece de sentido el estudio del efecto que produce el transcurso del tiempo sobre un derecho si luego este no va a ser reconocido".
En esa alegación relativa al derecho de la demandante, se denuncia en el recurso la infracción del artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores, con cita del art. 117 del Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad. (Interprovincial), publicado en el Boletín Oficial del Estado de 16 de agosto de 2010 y de cláusulas del Acuerdo de 2006 entre la Consejería de Educación y las organizaciones patronales y sindicales de la enseñanza concertada de la Comunidad Autónoma de Extremadura, sobre medidas para la mejora de la calidad de la enseñanza, que figura en los autos.
En el acuerdo se expone, en lo que podemos considerar su preámbulo o justificación: [El artículo 61 del IV Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada Sostenidas Total o Parcialmente con Fondos Páblicos, de fecha 17 de octubre de 2000, determina que: "Los trabajadores que cumplan 25 años de antigüedad en la empresa, tendrán derecho a una paga cuyo importe será equivalente al de una mensualidad extraordinaria por cada quinquenio cumplido"] y el punto III de lo que ya pueden considerarse cláusulas del Acuerdo, se dedica a la "PAGA EXTRAORDINARIA DE ANTIGÜEDAD ESTABLECIDA EN EL IV CONVENIO COLECTIVO DE EMPRESAS DE ENSEÑANZA PRIVADA SOSTENIDAS TOTAL O PARCIALMENTE CON FONDOS PÚBLICOS", y, en él se empieza diciendo que "La Administración de Extremadura abonará la paga extraordinaria por antigüedad en la empresa establecida en el artículo 61 y Disposición Transitoria Tercera del IV Convenio de Empresas Sostenidas Total o Parcialmente con Fondos Públicos (BOE 249, de 17 de Octubre de 2000)", para después desarrollar la forma en que se efectuaría el abono.
Ni en lo que hemos llamado preámbulo del Acuerdo ni en ninguna de sus cláusulas se hace mención ninguna al Convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, ni al XIII, publicado en el BOE de 16 de agosto de 2010, ni a ningún otro, ni tampoco a las empresas o trabajadores que estén comprendidos en su ámbito de aplicación funcional, establecido en su artículo 3.
Hay conformidad entre las partes, e incluso así se considera en la sentencia recurrida, que la empresa demandada, para la que la demandante prestaba servicios, está incluida en el ámbito de aplicación de ese segundo convenio, por tratarse de un centro de atención a personas con discapacidad y que ni una ni otra lo están en el otro, el de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos y ello aunque la demandante se dedicara a la enseñanza en el centro para el que trabajaba y por ello la empresa percibiera una subvención de la administración autonómica, pero eso no hacía que ni una, la empresa, ni otra, la demandante, salieran del ámbito de un convenio para entrar en el otro, ni aunque la demandante fuera personal docente pues, para entrar en el ámbito de ese otro convenio, según su art. 2, el centro debía llevar a cabo alguna de las actividades educativas que en él se enumeran y eso no consta. Tratándose de un centro de educación especial, debería desarrollarse tal tipo de educación y puede que la demandante se dedicara a ella, pero, según el citado artículo, para entrar en el ámbito de aplicación de ese otro convenio, "las empresas que impartan Primer Ciclo de Educación Infantil, Preescolar, Segundo Ciclo de Educación Infantil y Educación Especial, para que estén afectadas por este Convenio, tienen que formar parte de una empresa educativa integrada, es decir, donde se impartan, además de cualquiera de las enseñanzas reseñadas al inicio de este párrafo, otra de las enseñanzas enumeradas en este artículo", lo cual no consta.
De todas formas, se insiste en que a la relación entre la demandante y la empresa demandada se aplicaba el convenio que no se contempla en el acuerdo de que se trata y ello debe ser así porque, aunque en la empresa se desarrollara alguna actividad que pudiera estar incluida en ese convenio contemplado en el acuerdo, no debía ser esa la principal y es sabido que, como señaló esta Sala en sentencia de 11 de septiembre de 2001, en los casos en que en una misma empresa se desarrollan dos o más actividades que, aisladamente consideradas, caen bajo el ámbito de aplicación de varios convenios colectivos, se viene sosteniendo que debe atenderse a la que sea actividad principal de la empresa, doctrina que se mantiene también, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de enero de 2002.
Por ello, dados los estrictos términos que se emplean en el Acuerdo que traslada la obligación del premio o paga cuestionado a la administración demandada, hay que considerar, en contra de lo que se sostiene en la sentencia, que no existe responsabilidad ninguna para la administración autonómica.
Segundo.—Podría argumentarse en contra de lo que se ha razonado y concluido en el fundamento anterior que en la interpretación de los contratos, y el acuerdo de que tratamos lo es, prevalece, por regla general la que haya dado el juzgador de instancia. Así lo sostiene, por ejemplo, la STS de 1 de marzo de 2011 (RUD 74/2010), diciendo que [es constante y reiterada la jurisprudencia de esta Sala que atribuye la facultad de interpretación de los contratos y demás negocios jurídicos a los Tribunales de instancia, porque ante ellos se ha desarrollado, en su caso, la actividad probatoria que pueda servir para desentrañar la voluntad de las partes y los hechos concomitantes. El criterio del juzgador "a quo" habrá de prevalecer sobre el del recurrente, "salvo que aquella interpretación no sea racional ni lógica o ponga de manifiesto la notoria infracción de alguna de las normas que regulan la exégesis contractual"].
Pero es que aquí esta Sala entiende que la interpretación del acuerdo que se hace en la sentencia recurrida, aunque no pueda tacharse de irracional o de ilógica, sí que infringe las normas que sobre la interpretación de los contratos se establecen en el Código Civil.
Así el art. 1.281 CC nos dice que "si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes se estará al sentido literal de sus cláusulas" y aquí ya hemos visto que el Acuerdo no puede ser más claro, de lo que se hace responsable a la Administración de Extremadura es de la paga establecida en el art. 61 y DT 3.ª del IV Convenio de Empresas Sostenidas Total o Parcialmente con Fondos Públicos publicado en el BOE de 17 de octubre de 2000, sin que en él se mencione en parte ninguna a la misma paga establecida en el otro convenio, al que era de aplicación a la relación entre la trabajadora demandante y la empresa demandada.
Cierto es que el mismo art. 1.281 CC establece que "si las palabras parecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas", pero no se ve aquí que la intención de quienes intervinieron y suscribieron el Acuerdo fuera esa extensión de la responsabilidad de la Administración a la paga de los trabajadores de empresas sometidas a otros convenios pues si lo hubieran querido fácil hubiera sido incluirlos y si, según el art. 1.282 CC "para juzgar de la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato", no consta que se haya producido por parte de la administración autonómica el pago a ningún trabajador incluido en el convenio aplicable a la demandante.
Tampoco es convincente la razón que se da en la sentencia recurrida, en la que se acude al art. 7 del convenio de aplicación a la demandante, según el cual "para lo no previsto en este convenio se estará a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, Ley Orgánica de Libertad Sindical y demás disposiciones laborales de carácter general, así como para los centros de enseñanza la LOE y los reglamentos que la desarrollen, además de cualquier otra legislación en materia educativa que se promulgue, y las dictadas en el ámbito de las diferentes Comunidades Autónomas que sean de aplicación en esta materia", porque, aunque consideráramos que el Acuerdo de que se trata está incluido en esas normas de aplicación supletoria, como en la misma sentencia se razona, según el art. 82 ET, los convenios colectivos no puede obligar a quien no fue ni pudo ser parte en él y, por tanto, no entra dentro de su ámbito de aplicación, como aquí sucede con la administración demandada, a la que sin otra norma que lo ampare no puede hacerse responsable del abono de un concepto establecido en un convenio colectivo que no le es aplicable, por mucho que las partes que lo negociaron y suscribieron así lo quisieran.
Basta añadir que también se niega el derecho a la paga discutida a cargo de la Administración educativa correspondiente en la sentencia del Tribunal Suprior de Justicia de Asturias de 23 de octubre de 2009, en la que se razona que la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 9 de mayo de 2003 que confirmó la del mismo TSJ de fecha 28 de mayo de 2002, en la que se establecía tal derecho "...se refiere a la paga extraordinaria por antigüedad establecida en el IV Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza privada sostenidas con fondos públicos, y en el presente caso no es de aplicación al demandante dicho Convenio Colectivo, sino uno distinto, el XII Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad. Este Convenio en su artículo 119 prevé, sola y exclusivamente para el personal docente de los centros concertados y pago delegado, una paga extraordinaria por antigüedad (una mensualidad extraordinaria por cada quinquenio cumplido) para los trabajadores que cumplan 25 años de antigüedad en la empresa, cuyo abono se hará por la empresa siempre que se garantice su percepción con compromiso fehaciente de la administración educativa correspondiente, y por lo tanto estando subordinado y condicionado su abono, según lo pactado en la norma convencional, al compromiso de abono por parte de la administración educativa, y ante la ausencia de constatación de la existencia de dicho compromiso de garantía y dado el relato fáctico de la sentencia recurrida, no cabe más que el rechazo del recurso interpuesto y la confirmación del pronunciamiento de instancia". Como se desprende de lo antes razonado, aquí también existe ese compromiso de garantía por parte de la Administración educativa de la Comunidad Autónoma de Extremadura, pero referido al ámbito de aplicación de otro convenio colectivo, no al que se aplica a la demandante y la empresa demandada.
Por lo expuesto, hay que concluir que la demandante no tiene derecho a que la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura le abone la paga o premio que reclama por no estar comprendida en el ámbito de aplicación del Acuerdo que lo establecía para otro colectivo de trabajadores y, como en la sentencia recurrida se entendió lo contrario, procede revocarla en parte para absolver a la recurrente, confirmándola en el resto de sus pronunciamientos, sin necesidad de entrar en si, de existir tal derecho, habría o no prescrito.
Con estimación del recurso de suplicación interpuesto por la Sra. Letrada de la Junta de Extremadura contra la sentencia dictada el 17 de abril de 2013 por el Juzgado de lo Social n.º 2 de Badajoz, en autos seguidos a instancia de Dña. Visitacion frente al CENTRO ESPECIAL APROSUBA 2 y a la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, revocamos en parte la sentencia recurrida para absolver a la recurrente de las pretensiones contenidas en la demanda origen de las actuaciones, confirmando la sentencia en el resto de sus pronunciamientos.
MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de diez días hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia. Si el recurrente no tuviere la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social o beneficio de asistencia jurídica gratuita, deberá consignar la cantidad de 600 euros, en concepto de depósito para recurrir, en la cuenta expediente de este Tribunal en BANESTO N.º 1131 0000 66 017313, debiendo indicar en el campo concepto, la palabra "recurso", seguida del código. Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras la cuenta genérica proporcionada para este fin por la entidad 0030 1846 42 0005001274, en el campo "observaciones o concepto" en bloque los 16 dígitos de la cuenta expediente, y separado por un espacio. La Consignación en metálico del importe de la condena eventualmente impuesta deberá ingresarse en la misma cuenta. Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.

References: artículo 193
 artículo 82
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 3
 artículo 119
 resolución