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⭐LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL EN LA FASE DE LIQUIDACIÓN
LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL EN LA FASE DE LIQUIDACIÓN
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Juan Luis Ayala Herrero
1 LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL EN LA FASE DE LIQUIDACIÓN Sumario: 1. Introducción Algunos antecedentes prelegislativos... 4 a) Ministerio de Hacienda... 4 b) Ministerio de Trabajo: Tesorería General de la Seguridad Social... 4 a) Memoria del Ministerio de Justicia... 5 b) Consejo General del Poder Judicial... 5 c) Consejo de Estado Fase de liquidación Convenio versus liquidación Liquidación anticipada Obstáculos a la liquidación anticipada Bienes y derechos afectos Bienes y derechos necesarios Apertura de la liquidación Iniciación Solicitud del deudor Solicitud por la administración concursal Solicitud de acreedor Apertura de oficio Incumplimiento de convenio Publicidad Efectos ) Sobre el deudor (art. 145) ) Sobre los créditos concursales (art. 146) ) Sobre los créditos contra la masa ) Otros efectos jurídicos Retribución de los administradores concursales Plan de liquidación Plazo de presentación Contenido Recomendaciones Cancelación de embargos Observaciones o propuestas de modificación Aprobación y recursos Enajenación de bienes y derechos incluidos en el plan de liquidación Enajenación unitaria del conjunto empresarial y derivación de responsabilidades al adquirente y sucesor Reglas legales supletorias Bienes y derechos litigiosos Prohibición de adquirir bienes y derechos de la masa activa Informes sobre la liquidación Duración de la liquidación Cómputo dies a quo Dies ad quem Causas justificativas de la dilación Pago a los acreedores Pago de créditos contra la masa Pago de créditos concursales Pago de créditos con privilegio especial2 Pago de créditos con privilegio general Pago de créditos ordinarios Pago de créditos subordinados Pago anticipado Derecho del acreedor a la cuota del deudor solidario Pago de crédito reconocido en dos o más concursos de deudores solidarios Coordinación con pagos anteriores en fase de convenio Forma de pago de créditos Conclusión de procedimiento concursal Aspectos contables de la liquidación Registros y documentos contables Aspectos tributarios en la liquidación Disposiciones finales Responsabilidades tributarias o de la TGSS por sucesión empresarial o profesional Comprobación tributaria de valores Facturas rectificativas del Impuesto sobre el Valor Añadido IVA o Impuesto sobre Trasmisiones Patrimoniales Nueva Ley General Tributaria Clasificación del crédito tributario, caso de liquidación concursal Separación de los administradores concursales Pérdida de las retribuciones devengadas Procedimiento Derecho transitorio Reapertura Inventario y lista de acreedores Apertura de concurso por incumplimiento de convenio Retribución de los administradores concursales Rendición de cuentas Bibliografía3 LA ADMINISTRACIÓN CONCURSAL EN LA FASE DE LIQUIDACIÓN Mi agradecimiento al Ilustre Colegio de Abogados de Burgos, particularmente al Magistrado D. José María Tapia, Coordinador y Director Técnico, por su invitación al II Curso Práctico Concursal, para participar en esta sesión dedicada a la administración concursal en la fase de liquidación del concurso, así como por el honor de compartir la tarima con la Magistrada Doña Nuria Auxiliadora Orellana Cano, titular del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Cádiz. 1. Introducción La Ley concursal 1 procura el interés del concurso, sin concretar su alcance, y regula el convenio o la liquidación de manera coherente con dicho principio rector. Como aproximación al interés del concurso, en relación con las fases de convenio o de liquidación, conviene destacar su cita en un pasaje de la exposición de motivos 2 y en diversos preceptos 3. Puede identificarse el interés del concurso con la protección del deudor (persona natural o jurídica y la herencia), de los acreedores (créditos concursales y créditos contra la masa) y de los trabajadores, así como en la conservación de las empresas o unidades productivas de bienes y servicios, cuando el sujeto ejerce 1 LEY 22/2003, de 9 de julio, concursal (BOE número 164, de 10 de julio). 2 «La finalidad de conservación de la actividad profesional o empresarial del concursado puede cumplirse a través de un convenio, a cuya propuesta se acompañará un plan de viabilidad. Aunque el objeto del concurso no sea el saneamiento de empresas, un convenio de continuación puede ser instrumento para salvar las que se consideren total o parcialmente viables, en beneficio no sólo de los acreedores, sino del propio concursado, de los trabajadores y de otros intereses La ley procura la conservación de las empresas o unidades productivas de bienes o servicios integradas en la masa, mediante su enajenación como un todo, salvo que resulte más conveniente a los intereses del concurso su división o la realización aislada de todos o alguno de sus elementos componentes, con preferencia a las soluciones que garanticen la continuidad de la empresa». 3 Artículo En el ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre la masa activa, se atenderá a su conservación del modo más conveniente para los intereses del concurso Artículo Excepcionalmente, cuando se trate del concurso de empresas cuya actividad pueda tener especial trascendencia para la economía, siempre que lo contemple el plan de viabilidad que se presente y se acompañe informe emitido al efecto por la Administración económica competente, el juez del concurso podrá, a solicitud de parte, autorizar motivadamente la superación de dichos límites. 2. La propuesta de convenio podrá contener, además, proposiciones alternativas para todos los acreedores o para los de una o varias clases, incluidas las ofertas de conversión del crédito en acciones, participaciones o cuotas sociales, o en créditos participativos. También podrán incluirse en la propuesta de convenio proposiciones de enajenación, bien del conjunto de bienes y derechos del concursado afectos a su actividad empresarial o profesional o de determinadas unidades productivas a favor de una persona natural o jurídica determinada. Las proposiciones incluirán necesariamente la asunción por el adquirente de la continuidad de la actividad empresarial o profesional propia de las unidades productivas a las que afecte y del pago de los créditos de los acreedores, en los términos expresados en la propuesta de convenio. En estos casos, deberán ser oídos los representantes legales de los trabajadores... Artículo el juez, según estime conveniente a los intereses del concurso, resolverá mediante auto aprobar el plan [de liquidación] en los términos en que hubiera sido presentado, introducir en él modificaciones en función de aquéllas o acordar la liquidación conforme a las reglas legales supletorias. Artículo ª El conjunto de los establecimientos, explotaciones y cualesquiera otras unidades productivas de bienes o de servicios pertenecientes al deudor se enajenará como un todo, salvo que, previo informe de la administración concursal, el juez estime más conveniente para los intereses del concurso su previa división o la realización aislada de todos los elementos componentes o sólo de algunos de ellos 34 actividades profesionales o empresariales. Se promueve, por tanto, la defensa del marco socio-económico nacional, que tutela la Constitución Española de 1978 (libertad de empresa 4 y pleno empleo 5 ), para coadyuvar a la continuidad de las actividades económicas y en el mantenimiento de los puestos de trabajo. Desde el 1 de septiembre de 2004, fecha de entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, hasta el 31 de diciembre de 2007 (cerca de tres años y medio), se han declarado en España 3003 concursos de acreedores 6. No se dispone de estadísticas sobre el número de concursos en los que se haya aprobado convenio o hubiesen finalizado por liquidación, aunque es probable, por las noticias recibidas, que la gran mayoría de los concursos en tramitación más del 90 %? terminen en liquidación. Las causas de esta situación de hecho pueden atribuirse, cuando el deudor es empresario o profesional, al estigma social y a la pérdida de crédito que comporta, así como que el concurso de acreedores no ha calado aún en la cultura empresarial como herramienta de gestión, para afrontar la superación de dificultades económico-financieras Algunos antecedentes prelegislativos Al Borrador de Anteproyecto de Ley concursal, presentado por la Ponencia Especial de la Comisión General de Codificación, en septiembre de 2000, se refiere la siguiente recensión, sobre la liquidación concursal, después de espigar los informes de algunos departamentos ministeriales: a) Ministerio de Hacienda «14. Pago de los créditos contra la masa. Otra cuestión relevante para el Ministerio de Hacienda es la previsión del Anteproyecto de que los créditos tributarios devengados (nacidos) con posterioridad a la declaración del concurso tengan naturaleza de créditos contra la masa, con lo que su reconocimiento y ejecución correspondería al Juez del concurso en el caso de liquidación. Se plantea, así, el problema de cómo compaginar estas facultades del Juez del concurso con las potestades administrativas sobre reconocimiento y liquidación de créditos y la introducción de importantes limitaciones para el ejercicio de las potestades ejecutorias de este tipo de créditos, que quedan diferidos hasta la aprobación del convenio, la apertura de la liquidación o a un año desde la declaración del concurso, en otro caso. Este efecto suspensivo sobre los llamados créditos postconcursales también puede tener su coste económico para la Hacienda Pública, aunque su fundamento es preservar al máximo la integridad de la masa activa del concurso». b) Ministerio de Trabajo: Tesorería General de la Seguridad Social «3. Liquidación de la masa. La disposición derogatoria única deja sin efecto, entre otros, los artículos 912, 913 y 914 del Código de Comercio y los artículos 1912 a 1920 del Código Civil, y, en caso de concurso, la calificación y graduación de los 4 Artículo 38. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. 5 Artículo Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo 6 Boletín mensual de estadística, INE, 3 de noviembre de5 créditos concurrentes se regirá por lo establecido en la Ley concursal. La graduación del crédito, en concreto, se efectúa por el orden establecido en el art. 90 en relación con el 155 de la Ley concursal. Esto viene a significar que, hecha abstracción de los créditos que gocen de privilegio especial y de los créditos postconcursales, en los que se da por supuesto que van a ser satisfechos con los bienes de la masa, se atenderán al pago de los demás por el orden establecido en el art. 90: 1) Los créditos por salarios correspondientes a los seis meses anteriores a la declaración del concurso. 2) Los créditos por trabajo personal no dependiente devengados durante los seis meses anteriores a la declaración del concurso. 3) Los créditos por responsabilidad civil extra contractual. 4) Los créditos correspondientes a indemnizaciones por despido devengados en los seis meses anteriores a la declaración del concurso... 5) Los créditos tributarios que no gocen de privilegio especial hasta el 10% del importe de la masa pasiva. 6) Los créditos por cuotas de la Seguridad Social, hasta el 10% del importe de la masa pasiva. 7) Los créditos de que fuera titular el acreedor que hubiere solicitado la declaración de concurso hasta la cuarta parte de su importe. De la simple lectura de esta regulación se puede concluir que, al anteponer todos los créditos señalados en los puntos 1 al 5, se hacen absolutamente ineficaces las posibilidades de cobro del crédito de la Seguridad Social, sin que objetivamente exista fundamento alguno para privilegiar seis meses de salarios o de indemnizaciones y mucho menos a los créditos extracontractuales y los que tengan su origen en el trabajo personal no dependiente prestado al concursado». Sobre el anteproyecto de Ley concursal, preparado por el Ministerio de Justicia, de septiembre de 2001, he seleccionado, en lo relativo a la liquidación, los siguientes informes: a) Memoria del Ministerio de Justicia Que acompaña el citado anteproyecto: «El procedimiento de liquidación se regula de una forma flexible, a fin de que pueda alcanzar todos los objetivos que aparentemente pudieran conseguir mejor una liquidación extrajudicial, pero sometiéndolo siempre al control del Juez del concurso, como medida fundamental para evitar los abusos a que puede dar lugar la liquidación privada convenida. Así, pueden destacarse medidas como la aprobación de un plan de liquidación sin exigir requisito sustantivo alguno, salvo la necesaria aprobación judicial, previa audiencia de todos los interesados e informe de la Administración Judicial, y la obligación de que, salvo circunstancias excepcionales, los conjuntos patrimoniales susceptibles de constituir unidades productivas de bienes o de servicios se enajenen como un todo, admitiéndose incluso la enajenación directa si la subasta fracasa, siempre bajo el control judicial». b) Consejo General del Poder Judicial En su informe de fecha , señala: «Conviene destacar que la solicitud de liquidación por los acreedores obliga a que se acredite la existencia de algunos hechos que pueden fundamentar una declaración de concurso (art ), cuestión que ya se probó en el contradictorio que dio lugar a la declaración del concurso necesario, por lo que, en principio, no parece muy lógica la inclusión de esta previsión, cuando, además, a estas alturas del procedimiento se conoce la situación económica del deudor. 56 Particular mención dentro de esta Sección merece la regulación de la enajenación de los bienes y derechos sobre cuya titularidad esté promovida cuestión litigiosa, la prohibición de que los administradores judiciales puedan adquirir bienes y derechos de la masa activa, la obligación que pesa sobre dichos administradores de informar periódicamente -cada tres meses- sobre el estado de las operaciones y la separación de los mismos por prolongación indebida de su función, por el transcurso de un año desde la apertura de la fase de liquidación sin que ésta hubiere finalizado, cuando no existiere causa que justifique la dilación, previsión que ha de reputarse útil y beneficiosa en cuanto estimula la rapidez en la ejecución de la liquidación». c) Consejo de Estado En su informe de fecha , indica: «La práctica de la liquidación. El Anteproyecto se remite al efecto a la Ley de Enjuiciamiento Civil (artículos 148 y 182). Pero una de las fuentes habituales del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia del que viene conociendo este Consejo se ha encontrado en los últimos años -al menos, antes de la entrada en vigor de la nueva Ley procesal civil- justamente en la fase ejecutiva del proceso y en la venta de bienes del deudor y por el procedimiento de subasta, donde es muy difícil conseguir adjudicar esos bienes a un precio real de mercado, con evidente perjuicio para el deudor y para los acreedores de éste. Debería evitarse, en consecuencia, que el objetivo del Anteproyecto de modernizar y agilizar el procedimiento de concurso se frustrase parcialmente en la fase final de liquidación, al no poder realizar los bienes del concursado de la manera más favorable a los créditos del concurso». 2. Fase de liquidación Finalizada la fase común, una vez transcurrido el plazo de impugnación del inventario y de la lista de acreedores, sin que se hubieren presentado impugnaciones o, de haberse presentado, una vez puestos de manifiesto en la Secretaría del Juzgado los textos definitivos de aquellos documentos, el Juez dictará la resolución que proceda (art. 98 de la Ley concursal), que consistirá en Auto poniendo fin a la fase común y abriendo la fase de convenio (art.111.1) o la fase de liquidación (art ) Convenio versus liquidación La fase de convenio puede ser un viaje de ida y vuelta, es decir, una vez tramitada, si no se alcanza convenio o, una vez aprobado, se incumple, se abre la fase de liquidación. Sin embargo, abierta fase de liquidación no tiene vuelta atrás. Ello no significa que solicitada la liquidación por el deudor no pueda ser revocada, como se pone de manifiesto en Auto del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Madrid, de fecha dieciséis de marzo de dos mil seis, que trata sobre si el deudor, una vez que ha optado explícitamente por la liquidación, en su solicitud de la declaración de concurso, puede rectificar y optar por la presentación de una propuesta de convenio, en el curso del procedimiento, y resuelve afirmativamente: «I.- ANTECEDENTES DE HECHO. PRIMERO.- Mediante escrito presentado en fecha 27 de enero de 2006 la representación procesal de la entidad Tacondi, S.L. presentó escrito al que mediante otrosí digo integraba propuesta de convenio cuyo contenido aquí damos íntegramente por reproducido. SEGUNDO.- Mediante providencia de fecha 17 de febrero de 2006 se requirió a la entidad concursada para la subsanación de los siguientes defectos: "A) Que especifique 67 si las fechas señaladas para pago en la propuesta de espera y en el plan de pagos debe entenderse que da lugar a que el último día del plazo de pago se satisfará a todos los acreedores, o para el caso de no ser así que se establezcan las distintas fechas fijadas para el pago de la deuda en función de cada acreedor o grupo de acreedores. B) Que complete el Plan de Viabilidad haciendo constar los siguientes puntos: 1.- Que especifique los recursos necesarios para el cumplimiento del Convenio; 2.- Que identifique y concrete los medios y condiciones para la obtención de tales ingresos; 3.- Que especifique los compromisos de los terceros en la aportación de los referidos ingresos. C) Habida cuenta que en el Plan de Liquidación presentado por la entidad concursada se hace constar sin concreción que el pago de la deuda -una vez aplicada la quita- se llevará a cabo mediante ampliaciones de capital, es menester que la entidad concursada plasme en la Propuesta de Convenio no solo el Plan de Ampliaciones de Capital que se propone, y la identificación de los terceros que asumen la obligación de contratar la ampliación de capital -lo cual deberá ser plasmado, como ya ha quedado dicho en el Plan de Viabilidad- sino que deberá fijarse el importe de la obligación de futuro que asumen y el compromiso de asunción firmado por los referidos terceros, quienes se encuentran obligados a suscribir el Convenio (artículo 99.1 LC)". TERCERO.- Mediante escrito presentado en fecha 1 de marzo de 2006 la representación procesal de la entidad concursada evacuó el traslado conferido por la citada providencia de 17 de febrero de 2006 en los términos que constan en los autos. II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS. PRIMERO.- 1. En el presente procedimiento, la entidad concursada, a pesar de haber manifestado con su solicitud de declaración de concurso (hecho tercero) su opción por la liquidación de la empresa -por lo que aportaba junto con la solicitud el plan de liquidación como documento núm. 10-, presentó escrito el día 27 de enero de 2006 mediante el cual ponía en conocimiento del Juzgado que había "decidido desistir de la inicial solicitud de liquidación y dirigir a los acreedores una propuesta de convenio" (alegación segunda del aludido escrito). Ninguna objeción puede hacerse a la opción inicial realizada por la entidad concursada habida cuenta de que es el artículo º LC el que prevé de manera expresa que el propio deudor puede solicitar la liquidación "con la solicitud de concurso voluntario". Para tal supuesto, el artículo 6.4 LC dispone que el deudor "deberá acompañar(se) propuesta de plan de liquidación", a lo que -como hemos señalado- dio cumplimiento la entidad concursada. La cuestión que se plantea como mérito de la propuesta de convenio presentada, con el escrito de 27 de enero de 2006, es si una vez que el deudor ha optado explícitamente por la liquidación de su empresa cabe que, en el curso del procedimiento, rectifique y opte por la fase de convenio mediante la presentación de una propuesta. Debemos partir de que el artículo LC al regular la legitimación y el plazo para la presentación de la propuesta anticipada de convenio atribuye legitimación sólo al "deudor que no hubiese pedido la liquidación". De parecido modo se pronuncia el artículo LC cuando establece que "podrá presentar ante el Juzgado que tramite el concurso propuesta de convenio el concursado que no hubiere presentado propuesta anticipada ni tuviere solicitada la liquidación". Por último, el artículo LC se muestra categórico cuando dispone que "si estuviese solicitada la liquidación por el concursado, el juez rechazará la admisión a trámite de cualquier propuesta". 2. A pesar del tenor de los textos que acabamos de reproducir, lo cierto es que no existe en la Ley Concursal ningún precepto que establezca la irrevocabilidad de la solicitud de liquidación expresada por el deudor -evidentemente antes de la apertura de la fase de liquidación-. Por tanto, haciendo una lectura del texto legal conforme al principio favor convenii (Exposición de Motivos Apartado VI) lo que parece que quieren poner de manifiesto los aludidos preceptos es la absoluta incompatibilidad entre la fase de 78 convenio y la fase de liquidación, las cuales no pueden tramitarse de manera simultánea. Con tales preceptos se persigue impedir las siguientes situaciones: a) que se puedan admitir propuestas de convenio presentadas por los acreedores cuando el deudor tenga solicitada la liquidación; y b) que el deudor pretenda mantener una situación incompatible consistente en la petición de apertura de la fase de liquidación y la presentación de una propuesta de convenio. De ahí que, siguiendo a la mejor doctrina concursalista, debamos entender que es posible la presentación de la propuesta de convenio por parte del concursado, aunque previamente hubiera manifestado su opción por la liquidación de su actividad empresarial o profesional, si con aquella pretende reconducir el procedimiento evitando su inicial opción. Esta solución ya había sido adelantada por este Juzgado en el texto de la providencia de fecha 17 de febrero de 2005, mediante la cual a la par que se requería a la entidad concursada para que subsanara determinados defectos apreciados en la propuesta de convenio ordinario presentada, se tenía por revocada la petición de liquidación efectuada por la entidad concursada con la solicitud de declaración de concurso». D. Antoni Frigola i Riera. Hualde López considera: «En definitiva, la actividad que desarrolla el deudor, cuando se retracta de manera unilateral y sin necesidad de la conformidad de la parte que pueda resultar afectada desfavorablemente, de la presentación de su solicitud de apertura de la fase de liquidación, constituye revocación y no desistimiento. Desde el punto de vista práctico, ello desatará una serie de consecuencias, ya que una y otro se encuentra sujetos a un régimen procesal diverso. Al respecto, en tal supuesto de revocación de la solicitud de liquidación no debe admitirse, a diferencia de lo apuntado, la posibilidad de oposición por parte interesada, lo que no significa que el Juez del concurso quede vinculado al escrito de revocación del concursado. Aquél resolverá atendiéndolo o desatendiéndolo en función de las circunstancias concurrentes en cada caso y de los intereses generales del concurso. No obstante, en atención a tal fin, el órgano judicial podría, si lo estimase conveniente, dar audiencia a las partes que puedan verse perjudicadas por la estimación del referido escrito de revocación del deudor» Liquidación anticipada En la Ley concursal se regula la propuesta anticipada de convenio (arts ), pero no se contempla la liquidación anticipada, aunque el art. 43 permite la enajenación de bienes y derechos de la masa activa, durante la fase común, con autorización del Juez, como se pone de manifiesto en la práctica concursal, cuando se comprueba su depreciación o un coste de conservación desproporcionado a su valor de recuperación, como se observa en el Auto del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Bilbao (D. Edmundo Rodríguez Achútegui), de fecha 10 de enero de 2005, durante la fase común, que aprueba la petición de vender o transmitir la totalidad de la cabaña de animales propiedad de las sociedades en concurso a un tercero o terceros, por el precio y condiciones que la administración concursal autorice para el buen fin del concurso, de forma que mediante dicha venta se evite la situación planteada [falta de liquidez que impide la conservación de un activo que precisa todos los días de alimentación para conservar e incrementar su valor], al asumir el comprador a partir de ese momento la obligación de conservación de los animales, bien directamente, bien mediante la contratación de los servicios necesarios a la sociedad o sociedades del concurso que procedan, y autoriza, hasta que dichas ventas puedan llevarse a cabo y se formalicen, a disponer de las cantidades depositadas en la cuenta en la que se encuentra depositado el fruto de la venta de los animales, al parecer pignorados a favor de «Banco Popular Español, SA» y «Banco Urquijo, SA», en la cuenta de «Bancaja», en la estricta medida 89 necesaria para atender los gastos de manutención, cuidado sanitario y sacrificio de los animales, incluyendo en estos últimos los de personal preciso a tal fin, siempre previa conformidad de la administración concursal, que podrá reducir el monto que solicite la concursada, debiendo destinarse el producto de la venta de reses a reponer los saldos dispuestos en dicha cuenta o, en su caso, y previa autorización de la administración concursal, a las misma necesidades citadas de los animales que resten sin vender, hasta el momento de su sacrificio. De igual modo, el Auto del Juzgado de lo Mercantil Núm. 1 de Madrid (D. Antoni Frigola i Riera), de fecha veintisiete de abril de dos mil cinco, autoriza la venta de bienes (existencias y maquinaria) y derechos de propiedad industrial, a solicitud de la administración concursal, con anterioridad a la apertura de la fase de liquidación. También, en el Auto del Juzgado de lo Mercantil Nº 4 de Madrid (D. Enrique García García), de fecha 11 de octubre de 2005, se autoriza la venta directa de bienes muebles, durante la fase común: «RAZONAMIENTOS JURIDICOS. SEGUNDO.- El artículo 43.2 de la Ley Concursal solo permite enajenar bienes y derechos de la masa activa, antes de la aprobación del convenio o de la apertura de la liquidación, si se obtiene autorización judicial para ello. Ésta deberá ser otorgada por el juez si advierte que la finalidad de la operación no es una simple liquidación anticipada de la masa activa sino que responde a un propósito, en última instancia, de conservar el soporte patrimonial que ha de responder ante los acreedores. Lo relevante en estos casos es conservar el valor del patrimonio concursal y ello puede pasar por la necesidad de enajenar bienes perecederos, de difícil o costosa conservación e incluso puede justificar que se realicen bienes y derechos para salvar otros de mayor interés» Obstáculos a la liquidación anticipada Sin embargo, para evitar la liquidación anticipada, el art. 56 dispone: «1. Los acreedores con garantía real sobre bienes del concursado afectos a su actividad profesional o empresarial o a una unidad productiva de su titularidad no podrán iniciar la ejecución o realización forzosa de la garantía hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte al ejercicio de este derecho o transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación». Esta prohibición de acciones de ejecución forzosa de garantías reales (hipoteca mobiliaria e inmobiliaria; prenda con o sin desplazamiento; prenda de derechos de crédito; pignoración de valores; reserva de dominio inscrita en el registro correspondiente, según LVPBM), se refiere a determinados bienes y derechos afectos a la actividad profesional o empresarial del deudor, hasta que se apruebe un convenio o transcurra un año desde la declaración de concurso, si antes no se hubiera acordado la liquidación (privilegio ex iure creditii de ejecución separada). Parece ser que estos créditos conservan el derecho de ejecución separada sobre bienes en garantía no afectos (y no necesarios) a la actividad profesional o empresarial del deudor, así como cuando transcurra un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera producido la apertura de la liquidación. «Tampoco podrán ejercitarse durante ese tiempo, cuando se refieran a los bienes indicados en el párrafo anterior [bienes y derechos afectos a la actividad profesional o empresarial del deudor], las acciones tendentes a recuperar los bienes vendidos en virtud de contratos inscritos en el Registro de bienes muebles o los cedidos en arrendamientos financieros formalizados en documento que lleve aparejada ejecución o haya sido inscrito en el referido registro, ni las resolutorias de ventas de 910 inmuebles por falta de pago del precio aplazado, aunque deriven de condiciones explícitas inscritas en el Registro de la Propiedad». La misma prohibición se establece, respecto de bienes afectos a la actividad profesional o empresarial del concursado, para los bienes vendidos en virtud de contratos inscritos en el Registro de bienes muebles y menciona los cedidos en leasing (privilegio ex iure dominii de ejecución separada) Bienes y derechos afectos La expresión bienes y derechos afectos no se encuentra en los Códigos. Sin embargo, la introducción del Plan General de Contabilidad español 7 cita: «los derechos sobre los bienes afectos a la operación [arrendamiento financiero] deben contabilizarse como activo». En la legislación tributaria se menciona: «1. Los adquirentes de bienes afectos por Ley al pago de la deuda tributaria», en art. 79 de la Ley General Tributaria, y en el art. 35 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades: «Se considerarán gastos de investigación y desarrollo, incluidas las amortizaciones de los bienes afectos a las citadas actividades», así como el art. 84: «... se integrarán en la base imponible las rentas derivadas de buques o aeronaves o de bienes muebles afectos a su explotación», y en el 94: «1. El régimen previsto en el presente capítulo [Régimen especial de fusiones, escisiones, etc.] se aplicará a las aportaciones no dinerarias en las que concurran los siguientes requisitos: a) Que la entidad que reciba la aportación realice actividades en España, por medio de un establecimiento permanente al que se afecten los bienes aportados». En la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se concreta: «Artículo 29. Elementos patrimoniales afectos. 1. Se considerarán elementos patrimoniales afectos a una actividad económica: a) Los bienes inmuebles en los que se desarrolla la actividad del contribuyente. b) Los bienes destinados a los servicios económicos y socioculturales del personal al servicio de la actividad. No se consideran afectos los bienes de esparcimiento y recreo o, en general, de uso particular del titular de la actividad económica. c) Cualesquiera otros elementos patrimoniales que sean necesarios para la obtención de los respectivos rendimientos. En ningún caso tendrán esta consideración los activos representativos de la participación en fondos propios de una entidad y de la cesión de capitales a terceros. 2. Cuando se trate de elementos patrimoniales que sirvan sólo parcialmente al objeto de la actividad económica, la afectación se entenderá limitada a aquella parte de los mismos que realmente se utilice en la actividad de que se trate. En ningún caso serán susceptibles de afectación parcial elementos patrimoniales indivisibles. Reglamentariamente se determinarán las condiciones en que, no obstante su utilización para necesidades privadas de forma accesoria y notoriamente irrelevante, determinados elementos patrimoniales puedan considerarse afectos a una actividad económica. 3. La consideración de elementos 7 La Ley 16/2004, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable, para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea (BOE 5 de julio de 2007), modifica el Código de Comercio (arts. 34 a 49); el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas (arts. 163 a 167, 171 a 176, 199 a 202, 213, 260 y 262); la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada (arts. 79, 82, 104 y 142). En sus disposiciones adicionales, entre otras, modifica la Ley de Cooperativas (arts. 45, 48, 51, 75 y 85) y en disposición final previene su entrada en vigor el 1 de enero de Su incidencia en los procedimientos concursales es evidente e ineludible su estudio, que excede la finalidad de estos apuntes, aunque haré referencia a su articulado cuando observe concordancia. 1011 patrimoniales afectos lo será con independencia de que la titularidad de éstos, en caso de matrimonio, resulte común a ambos cónyuges». Sobre esta cuestión, relativa a bienes afectos a la actividad del deudor, se trata en las siguientes resoluciones judiciales: Auto del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Madrid, de fecha 14 de enero de 2005: «ANTECEDENTES DE HECHO. PRIMERO.- Mediante auto de fecha 20 de septiembre de 2004 este juzgado declaró en concurso voluntario a la entidad MILENARIO XXI BETHLEHEM 2000, S. L. SEGUNDO.- Ante la inminente celebración de subasta del inmueble sito en la calle Camino de la Huerta n 59 de Alcobendas, merced a la ejecución hipotecaria que se tramitaba con el n 567/2003 ante el Juzgado de Primera Instancia n 1 de Alcobendas a instancia de La Caixa, la representación de MILENARIO XXI BETHLEHEM 2000 SL solicitó que se suspendiesen dichas actuaciones. TERCERO.- Recibido por vía urgente informe favorable de la administración concursal, por auto de 10 de noviembre de 2004 este juzgado requirió la suspensión de la mencionada subasta y comunicó mediante exhorto al Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Alcobendas que la posible reanudación de las actuaciones de ejecución durante la tramitación del concurso quedaba sometida a la jurisdicción de este Juzgado de lo Mercantil. CUARTO.- Por la representación de La Caixa se presentó recurso de reposición contra dicha resolución, del cual se confirió traslado a las demás partes personadas, oponiéndose al mismo el deudor concursado y la administración concursal. RAZONAMIENTOS JURIDICOS. PRIMERO.- La acreedora La Caixa, invocando la infracción del n 2 del artículo 56 de la Ley Concursal, considera que no procedía la suspensión de la ejecución hipotecaria que de modo separado pretendía seguir contra el inmueble sito en la calle Camino de la Huerta nº 59 de Alcobendas, propiedad de la concursada, MILENARIO XXI BETHLEHEM 2000 SL. Apoya tal alegato en tres razones: 1º) que al tiempo de la declaración de concurso ya estarían publicados los anuncios de subasta del bien ejecutado; 2 ) que no está acreditado que el inmueble sea necesario para la continuidad de la actividad empresarial de la deudora; y 3º) que ni siquiera se trata de un bien afecto a la actividad del concursado. SEGUNDO.- La regla que impone el n 2 del artículo 56 de la Ley Concursal es la procedencia de la suspensión, desde la declaración del concurso, de las actuaciones de ejecución de garantías reales sobre bienes afectos a la actividad del concursado. Al contemplar la excepción a tal regla general la frase final del n 2 del artículo 56 de la Ley Concursal se refiere al supuesto en que los anuncios de subasta del bien o derecho afecto ya estuvieran publicados. Debe resaltarse que la expresión legal "ya estuvieran publicados los anuncios" lo es en plural, por lo que bastaría con que la última de las publicaciones (siguiendo el criterio que la propia ley concursal apunta en sus artículos 20.4 y ) acordadas por el juzgador en el procedimiento de ejecución hipotecaria, al amparo de los artículos 645 y 668 de la LEC, fuese posterior a la declaración de concurso, para que ya no debiera apreciarse lo que no es sino una excepción a la regla de la suspensión. De modo que estando acreditado mediante prueba documental que, en el caso de la subasta instada por La Caixa, al menos dos de los anuncios se publicaron en sendos periódicos el 23 de septiembre y el 3 de octubre de 2004, es decir, con posterioridad al auto de declaración del concurso, de fecha 20 de septiembre de 2004, no debe aplicarse la excepción a que se refiere dicho precepto legal, aunque el acreedor hipotecario haya revelado ahora la existencia, además, de un edicto (el publicado en el tablón de anuncios del juzgado) que sí era anterior. 1112 TERCERO.- A diferencia de lo que defiende el acreedor hipotecario, no resulta preciso exigir en el presente caso que el inmueble cumpla además el requisito de tratarse de un bien necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. El n 2 del arto 56 de la Ley Concursal solo alude a este requisito, que supone un plus respecto al concepto de bien afecto a que se refiere el n 1 del mismo precepto legal, para el caso de que los anuncios hubiesen sido anteriores a la declaración de concurso. Si, como ya se ha comprobado, no se da ese primer presupuesto no habrá lugar a analizar la concurrencia del segundo. CUARTO.- Lo que indudablemente sí resulta preciso, para que proceda la suspensión de la ejecución hipotecaria ya iniciada, en virtud de la remisión del n 2 artículo 56 de la Ley Concursal al precedente n 1, que regula la paralización de este tipo de acciones cuando todavía no están comenzadas (y de la reiteración del término afecto en el propio n 2), es que lo sometido a garantía real sea un bien del concursado afecto a su actividad profesional o empresarial o a una unidad productiva de su titularidad. La afección es una condición que el juez del concurso debe ir asignando en cada caso en función de las circunstancias que en la práctica resulten concurrentes. Los alegatos de las partes, el informe al respecto de la administración concursal y los antecedentes aportados a las actuaciones han de revelar si se trata de un bien relacionado con la organización profesional o empresarial del deudor concursado o con las necesidades del proceso productivo. La condición de afecto del bien sito en la calle Camino de la Huerta n 59 de Alcobendas, propiedad de MILENARIO XXI BETHLEHEM 2000 SL, no resulta desvirtuada por las alegaciones de la acreedora hipotecaria, puesto que en dicho inmueble ha radicado durante años el domicilio social de la sociedad ahora concursada (así consta en las escrituras públicas y en las cuentas depositadas hasta el año 2001). Y aunque medió luego un cambio registral de domicilio, lo cierto es que las oficinas de la sociedad y su domicilio real se encuentran, según consta en el informe de la administración concursal (pág. 9), precisamente en el inmueble sito en la calle camino de la Huerta n 59 de Alcobendas, en tanto que en la Avenida del Doctor Arce n 14 (domicilio registral) lo que radica es una empresa dedicada a la domiciliación de sociedades sin que en la actualidad esté dada allí de alta la concursada. Por eso en dicha sede física de la calle Camino de la Huerta n 59 de Alcobendas, que constituye su centro operativo real, se han producido las diversas reuniones de la administración concursal con el administrador (para la comprobación de caja y cuentas corrientes y para aclarar y confirmar saldos del inventario y lista de acreedores, como consta en la documentación anexa al informe de la administración concursal). La acreedora menciona que en dicho inmueble moran personas vinculadas a la empresa y, en concreto, su administrador. Sin embargo, es de reseñar, que no se trata, en este caso, de la vivienda particular de un comerciante individual, lo que podría separarse de su organización empresarial, sino de un inmueble que forma parte del inmovilizado material de la persona jurídica concursada (así venía reflejado no sólo en la contabilidad del ejercicio 2003 sino también en los años anteriores), que como sociedad mercantil que es tiene por definición afectos sus bienes al desarrollo de su objeto social (que en este caso comprende tanto la actividad en el sector inmobiliario como la prestación de diversos servicios, entre ellos la asistencia a otras entidades), y que constituye además su única sede física, lo que significa que se trata de un elemento patrimonial que posee la empresa para, al menos potencialmente, su uso en la producción o suministro de bienes y servicios. Si además existen precaristas éstos deberán ser desalojados en cuanto así se les exigiera en interés del concurso. 1213 QUINTO.- No se trata de desconocer la protección legal de que goza el acreedor hipotecario por la tenencia de una garantía real, sino de hacer efectivos los mecanismos de coordinación que ha previsto la ley concursal (art. 56.2), que suponen una mera paralización temporal de la acción separada de aquél en aras al interés general de todos los acreedores ya la subsistencia de la empresa concursada en tanto se analiza su situación y se buscan salidas razonables para ésta, ya sea el convenio, ya sea su ordenada liquidación. No ha de olvidarse que el inmueble en cuestión es el único activo con valor real, y además muy relevante (entre millón y medio y dos millones euros), de la empresa, con lo que su prematura liquidación conllevaría la despatrimonialización de la concursada en perjuicio de la masa pasiva del concurso. Por eso la posible reanudación de las actuaciones de ejecución durante la tramitación del concurso quedará sometida a la jurisdicción de este Juzgado de lo Mercantil, a tenor de lo previsto en el artículo nº 57 de la Ley Concursal. SEXTO.- No procede efectuar expresa imposición de las costas derivadas de este recurso, ya que por razones de urgencia, dada la inminencia de la fecha prevista para la celebración de la subasta, no medió tiempo suficiente para cumplir el requisito de audiencia, lo que mediante este trámite, como consecuencia de la fórmula añadida a la parte dispositiva del auto notificado a la acreedora afectada, resulta debidamente atendido. PARTE DISPOSITIVA. Desestimo el recurso de reposición interpuesto por la representación de La Caixa contra el auto dictado el 10 de noviembre de 2004 por este Juzgado, que requirió la suspensión de la subasta que se iba a celebrar de modo inminente a instancia de la recurrente, en relación con el inmueble sito en la calle Camino de la Huerta n 59 de Alcobendas propiedad del concursado MILENARIO XXI BETHLEHEM 2000 S. L. No procede efectuar expresa imposición de las costas derivadas de este recurso. Así lo acuerda, manda y firma el Magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil n 4 de Madrid, D. Enrique García García». La Sentencia del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Lleida, de fecha 28 de noviembre de 2005, declara la validez de la ejecución, mediante compensación, de depósito bancario pignorado por un tercero a favor del deudor, por no estar afecto a la actividad empresarial del concursado: «La segunda impugnación a la cuantía está referida a la apropiación indebida por LA CAIXA de la garantía pignoraticia. La actora incidental entiende que el inmovilizado financiero ha sufrido un detrimento de por la ejecución unilateral de una garantía prestada por la sociedad VAN DER HOOP EFFREKTENBANK N.V.; ejecución que de conformidad con el art. 55 no podía realizar en ningún caso, siendo nula la acción realizada por LA CAIXA. En el acto del juicio la demandada incidental, LA CAIXA contesta oponiéndose al indicar que se trata de una relación contractual exclusivamente entre LA CAIXA y ROELEN VARKENS SPAINS S.L. no siendo por tanto la entidad financiera VAN DER HOOP EFFERKTENBANK N.V., parte en dicho contrato. Y el contrato firmado por las partes desde luego autoriza en caso de impago del crédito hipotecario, acudir al depósito garantizado, que es un crédito con privilegio especial sobre un bien que no está afecto a la actividad empresarial, y por tanto realizable, tiene razón la parte demandada. Desde luego del contrato acompañado en el acto del juicio, el documento solamente está suscrito por la concursada y LA CAIXA. Y se trata de un contrato de depósito, realizado por ROELEN VARKENS SPAIN S.L. y sobre el cual constituye una prenda en garantía de un crédito que realiza con la entidad ahora acreedora. Efectivamente VAN DEL HOOP EFFERKTENBANK no aparece en tal contrato. La Jurisprudencia 1314 en relación con este tipo de contrato ha señalado lo siguiente: S.T.S. Sala 11 de 25 junio 2001: "Esta Sala en Sentencias de 19 de abril y de 7 de octubre de 1997 ha tenido ocasión de reconsiderar el tema, estableciendo una doctrina que puede resumirse así: A) Ciertamente no es posible proceder a la pignoración del dinero cuya propiedad se entrega a los Bancos a través de operaciones de depósito irregular, pues las cantidades objeto de las mismas se confunden en el patrimonio de dichas entidades, las cuales quedan únicamente obligadas a restituir el "tantundem". B) Sin embargo, las imposiciones bancarias a plazo originan un crédito a favor del imponente que posee un valor patrimonial apto para ser objeto de un derecho de prenda, pues éste no puede circunscribirse a las cosas materiales, a través de una interpretación rigurosamente literal del artículo 1864 del Código Civil, que estaría en contradicción con el artículo 1868 que admite la prenda que produce intereses. C) Cabe, pues, que el depositante pignore su derecho de crédito a la restitución, en garantía de una obligación que mantiene o que contrae con la entidad bancaria. D) El que exista, como contenido de dicha pignoración un pacto de compensabilidad es algo añadido que viene a evitar el sistema de ejecución de la prenda previsto en el artículo 1872 del Código Civil. Esta compensación entre el derecho de crédito del deudor pignorante y lo que éste adeuda al Banco, no infringe la prohibición que respecto al pacto Comisorio contiene el artículo 1.859, ya que no puede producirse perjuicio alguno ni para el deudor ni para terceros, pues la entidad financiera no va a obtener ni nada más ni nada menos que la cantidad objeto de la imposición. La admisión, en virtud de tal doctrina, de esta clase de prenda - que actualmente ha adquirido gran desarrollo-determina que en el caso que nos ocupa el crédito del acreedor pignoraticio, excluya los de todos los demás acreedores hasta donde alcance el valor del derecho pignorado, según establece el artículo del Código Civil". -S.T.S. Sala la de 26 septiembre 2002, Ponente O'Callaghan Muñoz, Xavier: "La prenda de derechos es el derecho real de prenda que no recae sobre una cosa, sino sobre un derecho y al acreedor pignaticio se le transmite, no la posesión de la cosa, sino el poder en que el derecho consiste, que le permite realizarlo. En el caso de prenda sobre derecho de crédito se producen los mismos efectos que la posesión, por la notificación al deudor y por la facultad del acreedor pignoraticio de percibir directamente el crédito que ha sido objeto de aquella prenda". Por tanto, frente a aquello que alega la actora incidental, que se ha producido una ejecución unilateral con infracción del art. 55 de la Ley Concursal, Ley 22/03 de 9 de julio, solo puede aceptarse que efectivamente existe una prenda, con garantía real, que permite la realización del depósito por parte de la entidad titular del derecho de crédito. Y es, como la jurisprudencia ha señalado, un derecho de crédito real, por tanto no sometido a la norma que regula el citado art. 55, "ejecuciones y apremios", sino al art. 56 "paralización de ejecuciones de garantías reales", que inicia su núm. 1 con el literal "los acreedores con garantía real sobre bienes del concursado,..."; y no cabe duda que LA CAIXA es un acreedor con garantía real. Y como es así, conforme al art. 56 de la Ley Concursal, Ley 22/03 de 9 de julio, puede realizar su crédito sin problema alguna, porque el depósito que garantizaba el crédito, no está afecto a la actividad empresarial del concursado que es conforme a la solicitud de concurso, "la actividad ganadera en el más amplio sentido, incluyendo la adquisición, cría, engorde, transporte, transformación, integración y comercialización de los animales y de todos sus productos, especialmente hacia el extranjero". Y así además, porque aún cuando conste en el activo de la deudora, como pretende ésta en el incidente, tampoco es en perjuicio de los acreedores, ya que siempre se hará pago el acreedor titular de la prenda antes que el resto. Por tanto en este punto no es posible la admisión de la solicitud de la actora incidental». D. Eduardo Enrech Larrea. 1415 El Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de Barcelona, por Auto de fecha veinticuatro de mayo de dos mil seis, en relación con la ejecución hipotecaria de bienes no afectos a actividades empresariales o profesionales, declara su incompetencia objetiva, precisamente porque el bien hipotecado objeto de la ejecución no se halla afecto a la actividad empresarial o profesional del concursado: «ANTECEDENTES DE HECHO. UNICO.- Que por, Procurador de los Tribunales y de la CAIXA DŽESTALVIS DE CATALUNYA, se ha presentado demanda de ejecución hipotecaria contra la concursada Doña Filomena. Por providencia se acordó dar traslado a las partes y al Ministerio Fiscal para que alegaran lo que a su derecho conviniese sobre la competencia objetiva de este Juzgado. FUNDAMENTOS JURIDICOS. PRIMERO.- Que el artículo 8.3º de la Ley Concursal, en línea con lo dispuesto en el artículo 86 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, atribuye al Juez del concurso el conocimiento de "toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiere ordenado". Ahora bien, dicha norma, que establece un principio general, debe ponerse en relación con los preceptos de la Ley Concursal que regulan la incidencia del concurso sobre las ejecuciones y, en concreto, con los artículos 55, 56 y 57. Dichos preceptos, de hecho, en aparente contradicción con el principio general del artículo 8.3º, excluyen determinadas ejecuciones de la competencia del Juez del concurso, como acontece con las ejecuciones laborales y los procedimientos administrativos de apremio a los que alude el artículo 55.1º, apartado segundo, así como con las ejecuciones hipotecarias sobre los bienes del concursado que no estén afectos a la actividad empresarial o a una unidad productiva. Así, el artículo 57.1º establece una norma de competencia objetiva, al atribuir al Juez del concurso únicamente el conocimiento de las acciones y ejecuciones a las que alude el artículo 56, esto es, las acciones y ejecuciones de garantías reales sobre bienes afectos a la actividad empresarial del deudor o a una unidad productiva de su titularidad. Por tanto, en sentido contrario, las ejecuciones hipotecarias sobre bienes no afectos, por gozar del privilegio procesal de la ejecución separada, deben interponerse ante los Juzgados de Primera Instancia. En el presente caso no se discute que la concursada no ejerce actividad económica alguna y, en definitiva, que el bien hipotecado objeto de la ejecución no se halla afecto a una actividad empresarial o profesional. En consecuencia, debe declararse la falta de competencia objetiva de este Juzgado. Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación. PARTE DISPOSITIVA: Que debía acordar y acordaba declarar la incompetencia objetiva de este Juzgado para conocer de la demanda de ejecución interpuesta por, Procurador de los Tribunales y de la CAIXA DŽESTALVIS DE CATALUNYA, y el archivo de las actuaciones, todo ello sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas procesales. Contra este auto no cabe interponer recurso alguno, sin perjuicio de que las partes reproduzcan la cuestión en la apelación más próxima siempre que formulen protesta en el plazo de cinco días». D. Jose María Ribelles Arellano. El Auto de la Audiencia Provincial de Las Palmas, de fecha 12 de enero de 2006, no considera bienes afectos los integrados en el circulante (existencias): «FUNDAMENTOS DE DERECHO. PRIMERO. El Banco Popular Español, SA es titular de un préstamo hipotecario, sobre un determinado número de plazas de garaje, otorgado con la Sociedad Anónima Canaria de Obras -S.A.C.O.- incursa en concurso de acreedores. Ante el impago de las amortizaciones parciales e intereses pactados el Banco Popular Español, SA consideró vencida y exigible anticipadamente la obligación 1516 de amortización total del préstamo e instó procedimiento de ejecución dineraria sobre bienes hipotecados. Por Providencia de 22 de febrero de 2005 el Juzgado Mercantil no dio lugar a la admisión de la demanda de ejecución sobre bienes hipotecados, de conformidad con el art. 56 de la Ley de Concursal, al estar la entidad demandada en concurso de acreedores, al considerar el iudex a quo que las plazas de garaje hipotecadas son bienes «afectos a su actividad profesional o empresarial o a una actividad productiva de su titularidad». Contra la referida providencia el Banco actor interpuso recurso de reposición que fue desestimado por el auto de 26 de abril de 2005 recurrido ahora en apelación. El citado auto tomado como base el informe de los administradores concursales, centrado a su vez en lo dispuesto en el art de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, al cual remite el Impuesto de Sociedades, considera las plazas de garaje como bienes afectos a la actividad empresarial de la sociedad mercantil concursada, pues mediante su venta se obtienen rendimientos económicos propios de su actividad empresarial. Además, tales activos son existencias con fin polivalente, en cuanto pueden ser destinadas a la venta, al alquiler o a ser utilizados por la empresa. Aunque inicialmente están adscritas al concepto de existencias pueden ser eventualmente transferidas al inmovilizado de la empresa. SEGUNDO. A juicio del Banco Popular Español, SA, parte apelante, se realiza una interpretación extensiva del art. 56 de la Ley Concursal que perjudica a los acreedores con garantía real, donde la Ley dice «bienes afectos a la actividad empresarial» acaba interpretando el juzgador a quo «bienes que contribuyen a la actividad económica» de la empresa. Bien «afecto» es el destinado con carácter permanente a una actividad empresarial. El Plan General de Contabilidad desarrollado para las empresas constructoras por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 27 de enero de 1993 dice que el inmovilizado «comprende los elementos del patrimonio destinados a servir de forma duradera en la actividad de la empresa». Así pues en sentido literal (art. 3.1 CC) bienes afectos son los destinados de modo permanente a la elaboración o creación de otros bienes. Atendiendo a un criterio interpretativo sistemático y finalista el verdadero propósito del legislador es la continuación del ejercicio de la actividad profesional o empresarial que venga ejerciendo el deudor (art Ley Concursal). Y a tal efecto el art. 56 LC persigue la subsistencia de los medios productivos de la empresa no afectando la paralización de ejecuciones de garantías reales a los demás bines del concursado. Considera el Banco apelante que las plazas de garaje hipotecadas no son bienes afectos a la actividad empresarial o a la unidad productiva de la concursada, en cuanto no son bienes destinados con carácter permanente a la elaboración o creación de otros o a la prestación de un servicio, y porque su realización en el procedimiento de ejecución hipotecaria no interrumpe la actividad empresarial del concursado y sólo sustituye su venta en el mercado por su venta en pública subasta. De otro lado, la remisión del auto recurrido al art de la Ley del IRPF es equivocada porque: 1º) este artículo define los elementos patrimoniales afectos a una actividad económica, concepto más amplio que el de bienes afectos a una actividad empresarial o unidad productiva, y que engloba a éste. 2º) El sentido del citado artículo es distinguir los bienes particulares del contribuyente de los destinados a su negocio. E incluso aplicando indebidamente dicho precepto seguirían sin estar incluidas las plazas de garaje en el concepto de bines afectos a la actividad económica y así resulta de las Resoluciones de la Dirección General de Tributos núms. 1887/2002 de 3 de diciembre, 340/2004 de 29 de noviembre y 2036/2004 de 29 de noviembre, y sólo las plazas de garaje destinadas al negocio pueden considerarse elementos afectos a la actividad económica. En definitiva, las plazas de garaje son el producto de la actividad empresarial del concursado, pero no un medio para conseguir dicha actividad lo que únicamente podría ocurrir si se 1617 destinaran a estacionamiento de vehículos de la empresa o de su personal solicitando por todo ello se revoque la resolución recurrida declarando, en su lugar, haber lugar a la admisión a trámite de la demanda de ejecución sobre bienes hipotecados, por no ser estos afectos a su actividad empresarial o a unidad productiva de la titularidad de la concursada. TERCERO. Por bienes del concursado «afectos a su actividad profesional o a una unidad productiva de su titularidad «hemos de entender aquellos elementos del patrimonio empresarial destinados a servir de forma duradera en la actividad de la empresa. Su concepto debe ligarse al de inmovilizado tal y como lo define el Plan General de Contabilidad. Su finalidad es la producción de bienes o prestación de servicios, es decir, servir de forma estable a la actividad de la empresa y se caracteriza también por su carácter duradero pudiendo ser utilizados durante más de un ejercicio económico. Estas características distinguen el inmovilizado de otros activos como las existencias que son bienes o cosas, que posee una empresa y están destinados a su venta en el curso normal de su actividad o a ser transformados o consumidos en el proceso productivo. La diferencia entre los elementos del inmovilizado y los de existencias no estriba en sus características físicas sino en la utilización que se pretende hacer de ellos, depende de la finalidad que la empresa les pretende dar. En el caso de autos sometido a revisión de esta Sala las plazas de garaje hipotecadas por el Banco Popular Español SA, no forman parte del inmovilizado material de la empresa deudora en concurso de acreedores, la Sociedad Anónima Canaria de Obras (SACO), sino de su activo circulante como existencias en cuanto ni se trata de una empresa que tenga por objeto social la explotación de garajes o parking, ni consta estén destinadas al uso de sus directivos o empleados. Por el contrario parece claro que el destino de las plazas de garaje propiedad de la concursada es su venta a terceros y por ello se deben incluir entre las existencias y así, de lectura de la escritura de préstamo hipotecario (folio 76), se desprende que el destino del edificio de aparcamientos en construcción objeto de financiación mediante el préstamo hipotecario otorgado por el Banco Popular Español, es su posterior adquisición por los compradores. De otro lado lo que persigue la Ley Concursal es la continuidad de la actividad empresarial del concursado en lo posible (EM y arts. 44 y 100 LC) y para ello es preciso mantener la estructura productiva y de prestación de servicios de la concursada, el inmovilizado material e inmaterial, y al no ser las plazas de garaje hipotecadas bienes afectos a la actividad empresarial, pues no son elementos patrimoniales destinados de manera duradera o estable a la actividad empresarial, a la obtención de bienes o prestación de servicios propios de su tráfico, al no formar parte de su inmovilizado material, quedan fuera del ámbito de influencia del art. 56 de la LC. No todos los bienes que contribuyen a la actividad económica de la empresa se consideran afectos a su actividad empresarial sino únicamente aquellos que forman parte de los medios de producción, los vinculados al proceso productivo. Lo que se quiere evitar es la realización de bienes afectos a los medios de producción, a la infraestructura empresarial, en aras a la continuidad de la actividad empresarial. La interpretación del juzgador a quo es acorde al contenido del precepto redactado en los amplios términos contemplados en el Proyecto de Ley Concursal de 23 de julio de 2002, que extendía la suspensión de las ejecuciones sobre bienes con garantía real, a los del tráfico empresarial o comercial de la empresa en concurso, a los afectos a la actividad profesional, mercantil o industrial y los afectos en general al proceso productivo, empero en la LC de 9 de julio de 2003 su art. 56 redujo la paralización de la ejecución exclusivamente a los bienes afectos a la actividad empresarial o unidad productiva. En su consecuencia, el recurso de apelación del Banco Popular Español, SA ha de ser estimado». Ponente Ilmo. Sr. D. Víctor Caba Villarejo. 1718 El Auto del Juzgado de lo Mercantil Nº 1 de Alicante, de fecha 23 de febrero de 2006, considera que la ley establece un sistema de paralización de las ejecuciones hipotecarias que no es absoluto y que no se trata de una medida dirigida a castigar a determinados titulares crediticios, sino a mantener la integridad de la masa activa, para asegurar así la actividad profesional o empresarial del concursado, medida que no puede ser objeto de interpretación amplia o extensiva: «FUNDAMENTOS DE DERECHO La ley establece un sistema de paralización de las ejecuciones hipotecarias que no es absoluto, ya que tiene un límite temporal (hasta la aprobación de un convenio cuyo contenido no le afecte, la apertura de la liquidación o en todo caso el transcurso de un año desde la declaración de concurso) y objetivo (solo si recae sobre bienes del concursado afectos a su actividad profesional o empresarial o una unidad productiva de su titularidad) siendo admitido de forma unánime, a sensu contrario, que las garantías sobre los no afectos no están sometidas a paralización o suspensión Vemos, pues, que no se trata de una medida dirigida a castigar a determinados titulares crediticios sino a mantener la integridad de la masa activa para asegurar así la actividad profesional o empresarial del concursado, al menos temporalmente, para que no se frustren las posibilidades de convenio, que es en principio la solución normal del concurso y buscada por el legislador como medio para alcanzar la satisfacción de los acreedores en los supuestos de insolvencia del deudor común. Por ello, y en sintonía con lo que ocurre con las deudas de la masa (art. 154), se impone un plazo de espera para su ejercicio, pero no limitado, sino hasta alcanzar y aprobar un convenio, ya que cuando se produce la apertura de liquidación ya no entra en juego la limitación, y en todo caso con el tope máximo de un año desde la declaración del concurso Solamente quedan paralizadas o suspendidas las ejecuciones de garantías reales referidas en el artículo 56, y que por tanto, se trata de una norma limitativa o restrictiva, que no puede ser objeto de interpretación amplia o extensiva (artículo 4 del CC), sin que legislador haya establecido que, "el interés del concurso " permita al Juez del concurso adoptar una decisión distinta, como, por ejemplo, si ocurre en materia de resolución contractual (artículo 61 y 62) que viene a configurar un régimen novedoso y en parte excepcional al sistema consagrado en materia de resolución contractual en artículo 1124 del CC, por su subordinación al interés del concurso. (...) Apunta la doctrina (a la que hay que acudir ante la falta de jurisprudencia, inclusive de pronunciamientos judiciales de las Audiencias Provinciales) que la afección se trata de una cuestión de hecho y debemos estar al caso concreto para determinar cuándo concurre, añadiendo que por su propia naturaleza implica o exige la existencia real y efectiva de una organización profesional o empresarial. (...) i) no puede subordinarse la determinación de si es o no afecto, y en consecuencia la no paralización, a un superior interés del concurso que el legislador no prevé en esta materia, a diferencia de lo que acontece, por ejemplo, en materia contractual (art. 61 y 62) El bien hipotecado -la finca registral Nº se trata de una vivienda ocupada al parecer por la madre del gerente de la concursada, no es el lugar donde desarrolla su actividad la mercantil deudora, ni tampoco es su domicilio social, que consta sito en Partida de Algorós, Polígono 2. Nave 6 A, 45. Se trata de una propiedad inmobiliaria de la concursada, empresa dedicada a la actividad de calzado, que no entra dentro del concepto de "afección, en un sentido funcional, entendiendo como "afecto" aquel bien sujeto a la actividad profesional o empresarial del deudor concursado y que se emplee efectivamente por éste en el ejercicio de esa actividad. No vale cualquier actividad sino la propia y específica a la que se dedica el concursado. Por ello no considero argumento sólido para afirmar esa afección decir (como mantiene la admón. concursal) que se trata de un bien afecto a la actividad empresarial de 1819 arrendamiento de inmuebles, ya que esa no es la actividad empresarial de la concursada, dedicada a la actividad zapatera. Entenderlo de otro modo equivaldría a ampliar tanto ese requisito hasta el punto de que todo estaría afecto, por lo que no habría lugar nunca a la ejecución fuera del plazo de espera. Además de ello, no hay ni siquiera indicio sólido en este incidente de que efectivamente exista tal arrendamiento, y por ende de esa "actividad inmobiliaria sobrevenida La concursada carece en la actualidad de actividad, por lo que, aunque el bien tuviera inicialmente (y en vía de hipótesis) esa condición de afecto, la ha perdido en todo caso, ya que no puede hablarse de bienes afectos en ese caso. Hay que tener presente a la hora de su determinación que solamente quedan paralizadas o suspendidas las ejecuciones de garantías reales referidas en el artículo 56, y que por tanto, se trata de una norma limitativa o restrictiva, que no puede ser objeto de interpretación amplia o extensiva (artículo 4 del CC), sin que legislador haya establecido que, "el interés del concurso" permita al Juez del concurso adoptar una decisión distinta, como, por ejemplo, si ocurre en materia de resolución contractual (artículo 61 y 62) que viene a configurar un régimen novedoso y en parte excepcional al sistema consagrado en materia de resolución contractual en artículo 1124 del CC, por su subordinación al interés del concurso. Apunta la doctrina (a la que hay que acudir ante la falta de jurisprudencia, inclusive de pronunciamientos judiciales de las Audiencias Provinciales) que la afección se trata de una cuestión de hecho y debemos estar al caso concreto para determinar cuándo concurre, añadiendo que por su propia naturaleza implica o exige la existencia real y efectiva de una organización profesional o empresarial. No parece lógico que hablemos de bienes afectos a su actividad profesional o empresarial si no hay actividad. Por tanto, si desde el inicio o durante la tramitación del concurso desaparece la actividad profesional o empresarial del deudor concursado a la que pudiera estar vinculado funcionalmente el bien, se producirá una desafección de aquéllos bienes que inicialmente si pudieran estar destinados al desarrollo de dicha actividad. Y esta pérdida sobrevenida de la afección tiene lugar evidentemente cuando hay o se acuerda el cierre del establecimiento del concursado y el cese total de su actividad empresarial, como acontece en el caso de autos, pues la propia admón. concursal así lo pone de manifiesto. A favor de esta postura se muestran partidarios en la doctrina, entre otros, Heliodoro y Adelaida Sánchez Rus y Ángel Carrasco Perera. Y se estima la más acertada, sin que los argumentos apuntados de contrario propuestos a nivel doctrinal se consideren de peso bastante para desvirtuarla ya que: i) no puede subordinarse la determinación de si es o no afecto, y en consecuencia la no paralización, a un superior interés del concurso que el legislador no prevé en esta materia, a diferencia de lo que acontece, por ejemplo, en materia contractual (art. 61 y 62); ii) no se comparte la tesis de que la afección sea una cualidad inmutable (y desde cuándo?) que no se vea repercutida por las vicisitudes del concurso y de concursado; iii) tampoco es definitivo el argumento de que se priva a la administración concursal de la opción de pago del crédito garantizado (art. 56 y 155) ya que ello solo se prevé para los supuestos de paralización y en tanto no transcurra el periodo de "enfriamiento", que en los no afectos no entra en juego; iv) tampoco es atendible el relativo a que se frustra un convenio de continuación (art. 100), que precisamente tiene como presupuesto una actividad empresarial o profesional efectiva y que se compromete el adquirente a continuar, pero si no hay ya actividad, decae el presupuesto de aplicación; v) y finalmente tampoco el que con ello se impida una enajenación en globo, ya que la ley no impone una limitación absoluta, y en todo caso recordar que la apertura de la liquidación implica el cese de la suspensión o paralización y por ende la posibilidad de ejecuciones al margen del conjunto». D. Rafael Fuentes Devesa. 1920 Bienes y derechos necesarios «Art Las actuaciones ya iniciadas, en ejercicio de las acciones a que se refiere el apartado anterior, se suspenderán desde que la declaración del concurso conste en el correspondiente procedimiento y podrán reanudarse en los términos previstos en ese apartado [suspensión de ejecución de garantías reales, etc., que podrán reanudarse transcurrido un año desde la declaración de concurso, si antes no se hubiese aperturado la liquidación]. Se exceptúa el caso en que al tiempo de la declaración de concurso ya estuvieran publicados los anuncios de subasta del bien o derecho afecto y la ejecución no recaiga sobre bienes o derechos necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor». Si el bien o derecho afecto fuese necesario 8 para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del concursado, se suspenderá la subasta anunciada con anterioridad a la declaración de concurso. De lo expuesto se deduce que si el bien o derecho afecto y en garantía de obligaciones no fuese necesario para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del concursado podría iniciarse la liquidación anticipada, durante la fase común, mediante la ejecución de garantías reales, así como cuando se integren en la masa activa buques o aeronaves, al amparo del art. 76.3, que regula expresamente un supuesto de separación ex iure creditii y reconoce, por tanto, derecho de ejecución separada a los titulares de estos créditos. Se ocupan de la cuestión, relativa a bienes necesarios o no para continuación de las actividades, en las conclusiones del mencionado Primer Encuentro de la Especialidad Mercantil, celebrado en Valencia, los días 9 y 10 de diciembre de 2004, y se considera, respecto del art º, que corresponderá al Juez de lo Mercantil la decisión sobre si los bienes son o no necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del concursado: «B) Ejecuciones contra el patrimonio del deudor. 4. Artículo A quien corresponde determinar si los bienes objeto de embargo no resultan necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor, al Juez del concurso o al Juez o autoridad administrativa que conoce de la ejecución? En caso de discrepancia, Como se soluciona el conflicto? Sabemos que el art º establece la prohibición de que, iniciado el concurso, puedan iniciarse ejecuciones singulares, judiciales ni extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del concursado, y que el art establece respecto de las actuaciones que se hallaren en tramitación, que quedaran en suspenso, desde la declaración de concurso, sancionando con nulidad de las actuaciones que se practiquen en contravención de lo anterior (art LC). Ahora bien, el párrafo 2 del art LC, contiene una excepción, al permitir que puedan continuarse aquellos procedimientos administrativos de ejecución en los que se hubiera dictado providencia de apremio y las ejecuciones laborales en las que se hubieran embargado bienes del concursado, todo ello con anterioridad a la fecha de declaración del concurso, siempre que los bienes objeto de embargo no resulten necesarios para la continuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. Casi con unanimidad se acordó que la decisión debería corresponder, al Juez de lo Mercantil, quien estará en mejores condiciones para resolver, porque tendrá un mayor conocimiento de dicha actividad, aunque se reconoce que la LC no contiene la previsión específica al respecto y que podrán surgir 8 Sinónimo de imprescindible. DRAE: Que es menester indispensablemente, o hace falta para un fin. 20 Mostrar más
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 artículo 1124
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 Artículo 769

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