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Timestamp: 2017-03-27 04:47:55+00:00

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RECURSO DE REVISIÓN 015/2016-3.
San Luis Potosí, San Luis Potosí. Acuerdo del Pleno de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, correspondiente a la sesión extraordinaria del 14 catorce de septiembre de 2016 dos mil dieciséis. VISTOS, para resolver, los autos del recurso de revisión identificado al rubro; y
PRIMERO. Solicitud de acceso a la información pública. Según consta en la Plataforma Nacional de Transparencia en el folio 00219716, el 03 tres de junio de 2016 dos mil dieciséis, la Secretaría de Desarrollo Económico recibió una solicitud de acceso a la información pública en donde pidió la información siguiente:
“Contratos, convenios, acuerdos de colaboración o cualquier otro acto jurídico o documento, sea deliberativo, previo o definitivo para el otorgamiento de subsidios o estimulos fiscales, economicos y no economicos para la instalacion en el estado de San Luis Potosí de las plantas industriales empresas o centros fabriles de General Motors de Mexico, BMW Mexico, y Ford de Mexico o cualquiera de sus empresas matrices subsidiarias diliales o relacionadas”
SEGUNDO. Respuesta a la solicitud de acceso a la información pública. El 06 seis de junio de 2016 dos mil dieciséis, el sujeto obligado notificó al solicitante, por el mismo medio electrónico, la respuesta a la solicitud de acceso a la información pública, misma que es como sigue:
“Se anexa oficio SDE/UJ/UT/060/2016 en el cual se le notifica que la información requerida se encuentra clasificada con carácter de reservada, según Acuerdos 030/2012, 014/2014, 017/2014 y 004/2016 que también se anexan.”
TERCERO. Interposición del recurso. El 21 veintiuno de junio de 2016 dos mil dieciséis, mediante registro RR00024816 en la Plataforma Nacional de Transparencia, el solicitante de la información interpuso recurso de revisión en contra de la respuesta mencionada en el punto anterior, mismo que al día siguiente quedó presentado ante la Oficialía de Partes de esta Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública. CUARTO. Excusa y ampliación del plazo para resolver el recurso de revisión. Por auto de 04 cuatro de julio de 2016 dos mil dieciséis el Comisionado Presidente dio cumplimiento a los acuerdos del Pleno CEGAIP-704/2016.S.E. y 705/2016.S.E., para los efectos de returnar el presente expediente a la Ponencia que el preside, en virtud de la excusa aprobada de la Comisionada Claudia Elizabeth Avalos Cedillo, para conocer tramitar y resolver el presente medio de impugnación y acordó la duplicidad del plazo previsto en el artículo 170 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. QUINTO. Auto de admisión y trámite. El 08 ocho de julio de 2016 dos mil dieciséis, el Comisionado Ponente acordó la admisión del recurso de revisión por actualizarse las hipótesis establecidas en las fracciones I y XII del artículo 167 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, tuvo como entes obligados al GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, a través de la SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO por conducto del TITULAR a través del TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, y a través del PRESIDENTE DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA en lo sucesivo sujetos obligado, se registro en el Libro de Gobierno el presente expediente como RR-015/2016-3. Se puso a disposición de las partes el expediente para que en un plazo máximo de 7 siete días manifestaran lo que a su derecho conviniera –ofrecer pruebas y alegar–. Por lo tanto, el ponente apercibió a las autoridades de que en caso de ser omisas para manifestar lo que a su derecho conviniera respecto del presente recurso se aplicarían en su contra las medidas de apremio previstas en el artículo 190, fracción I, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
Finalmente en el contexto del mismo proveído en cumplimiento a lo ordenado en el auto de fecha 04 cuatro de julio de 2016 dos mil dieciséis y al Acuerdo de Pleno CEGAIP-704/2016 S.E. tomando en Sesión de Pleno Extraordinaria de fecha 24 veinticuatro de junio de 2016 dos mil dieciséis, se ordenó requerir al C. José Martin Vázquez Vázquez Comisionado Supernumerario otorgándole un plazo no mayor de tres días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al que se le notificó, para que manifestara si supliría en el presente recurso de revisión a la Comisionada Claudia Elizabeth Avalos Cedillo, en función de la excusa aprobada. SEXTO. Rendición del informe de los sujetos obligado. El ponente del presente asunto tuvo por recibido el oficio número SDE/DS/UT/530/2016, signado por el Licenciado Gustavo Puente Orozco, Secretario de Desarrollo Económico y Presidente del Comité de Transparencia y por la Licenciada Carmen Lucía Castelo Grijalva, Titular de la Unidad de Transparencia, ambos de la Secretaría de Desarrollo Económico.
Por otra parte, de acuerdo a la certificación, tuvo a la parte recurrente por omiso en hacer manifestaciones respecto a lo que a su derecho conviniera.
Se ordenó requerir al segundo Comisionado Supernumerario José de Jesús Cárdenas Turrubiartes otorgándole un plazo no mayor de tres días hábiles contados a partir del día hábil siguiente al que se le notificó, para que manifestara si supliría en el presente recurso de revisión a la Comisionada Claudia Elizabeth Avalos Cedillo, en función de la excusa aprobada, lo anterior, porque el Licenciado José Martin Vázquez Vázquez, Primer Comisionado Supernumerario, fue omiso en realizar manifestaciones respecto de la suplencia aludida. SÉPTIMO. El 23 veintitrés de agosto de 2016 dos mil dieciséis, el Comisionado Ponente dictó un acuerdo por medio del cual tuvo al Segundo Comisionado Supernumerario de esta Comisión, por manifestando que suplirá en el presente recurso de revisión a la Comisionada Claudia Elizabeth Avalos Cedillo. Por lo que, en el contexto del mismo proveído se declaró cerrado el periodo de instrucción y procedió a elaborar el proyecto de resolución respectivo.
PRIMERO. Competencia. Esta Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública es competente para conocer del presente asunto, de acuerdo con los artículos 6, párrafo cuarto, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17, fracción III, párrafo tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 27, primer párrafo, 34, fracciones I y II, 35, fracción I, y 175 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de este Estado. SEGUNDO. Procedencia. El presente recurso de revisión es procedente en términos del artículo 166 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado ya que el recurrente se inconforma por la respuesta a su solicitud de acceso a la información pública por parte del sujeto obligado. TERCERO. Legitimación. El recurrente se encuentra legitimado para interponer el recurso de revisión, ya que fue él quien presentó la solicitud de acceso a la información pública y la respuesta recaída a ésta es precisamente aquél quien impugnó ésta.
CUARTO. Agravios y argumentos planteados. De la solicitud presentada por el particular se advierte que en ella requirió:
“Contratos, convenios, acuerdos de colaboración o cualquier otro acto jurídico o documento, sea deliberativo, previo o definitivo para el otorgamiento de subsidios o estimulos fiscales, economicos y no economicos para la instalacion en el estado de San Luis Potosí de las plantas industriales empresas o centros fabriles de General Motors de Mexico, BMW Mexico, y Ford de Mexico o cualquiera de sus empresas matrices subsidiarias diliales o relacionadas” (sic)
La Secretaría de Desarrollo Económico, respondió que la información requerida se encuentra clasificada como reservada, según Acuerdos 030/2012, 014/2014, 017/2014 y 004/2016. Inconforme con la contestación otorgada, el particular interpuso el presente recurso de revisión, en el cual impugnó la reserva invocada por el sujeto obligado, toda vez que:
“se restringe mi derecho fundamental de acceso a la información y toda vez que la reserva de la información no cumple con los supuestos de reserva previstos en las leyes, ni tampoco son acorde con las bases, principios y disposiciones establecidos en las leyes y porque además el sujeto sujetos obligados no cumplió con las formalidades y procedimientos para clasificar la información, tampoco aplicó, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información, mucho menos acredita su procedencia. Además de lo anterior, porque el sujeto obligado fundamentó su determinación en acuerdos de reserva anteriores a la fecha en que se solicitó la información y la ley dice que sólo se podrá reservar información, entre otros supuestos cuando se reciba una solicitud de acceso a la información…” (sic). En su escrito de alegatos, la Secretaría de Desarrollo Económico reiteró su respuesta y además señaló: “(…) efectivamente los acuerdos de reserva fueron emitidos con fecha anteriores a la solicitud del peticionario en virtud de que fueron elaborados como consecuencia de las solicitudes de otros anteriores a las de él. Si se realizará un acuerdo de reserva de información cada que existiera una solicitud de información se estaría trasgrediendo el derecho fundamental de los peticionarios ya que se estaría modificando LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN COMO RESERVADA, y se estaría emitiendo un nuevo plazo cada vez que llegue una solicitud, lo que generaría un perjuicio a los demás peticionarios, además, que el Comité de Información no cuenta con facultades ni disposición que le permita revocar sus propias determinaciones y realizar esto estaría el mismo Comité del ente obligado desconociendo sus propios acuerdos.
Planteada así la controversia, la presente resolución determinará la debida atención de la solicitud de acceso, de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado. Antes de analizar la litis planteada en el considerando anterior, es un hecho notorio que con fecha 03 tres de mayo de 2016, el Pleno de esta Comisión resolvió el recurso de queja 148/2015-1. En el recurso de queja respectivo, se requirió a la Secretaría de Desarrollo Económico mediante solicitud de acceso la siguiente información:
“Copia simple, o escaneo del documento enviado por esta misma vía, del convenio que celebró el gobierno del estado con la empresa General Motors de México durante la administración de Marcelo de los Santos Fraga, así como todos y cada uno de los documentos relacionados con el mismo, para la instalación de una planta de esa compañía” (sic). En respuesta a la solicitud antes referida, la Secretaría de Desarrollo Económico, clasificó la información solicitada bajo acuerdo de reserva No. 030/2012 de fecha 3 de diciembre del 2012.
Inconforme con dicha respuesta, el recurrente interpuso recurso de queja ante esta Comisión, en el que impugnó la negativa del sujeto obligado a proporcionarle la información solicitada.
Ahora bien, con fecha 03 tres de mayo de 2016 dos mil dieciséis, el Pleno de esta Comisión resolvió el recurso de queja 148/2015-1. En dicha resolución se señaló lo siguiente:
“…Por tanto y derivado de lo anterior, esta Comisión REVOCA la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Económico y se le instruye para que entregue sin costo al recurrente la información siguiente:
“a) Convenio de colaboración y otorgamiento de incentivos en materia financiera celebrado entre Gobierno del Estado de San Luis Potosí y la empresa General Motors de México, S. de R.L. de C.V., con fecha 31 de octubre de 2005. b) Convenio de colaboración para el otorgamiento de un paquete de apoyos e incentivos, celebrado entre el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y la empresa General Motors de México, S. de R.L. de C.V., de fecha 7 de febrero de 2006.
c) Convenio de colaboración y otorgamiento de incentivos en materia de vigilancia para oficinas temporales, celebrado entre Gobierno del Estado de San Luis Potosí y la empresa General Motors de México, S. de R.L. de C.V., de fecha 1° de junio de 2006. d) Convenio por el cual, se dan parcialmente concluidos y recibidos los compromisos asumidos por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, ante la empresa General Motors de México, S. de R.L. de C.V., de fecha 25 de septiembre de 2009. e) Convenio de colaboración para el fomento industrial celebrado entre el Poder Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Economía, El Gobierno del Estado de San Luis Potosí y la empresa General Motors de México, S. de R.L. de C.V., de fecha 18 de marzo de 2011.
f) Convenio de colaboración para el Fomento Industrial, celebrado entre el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y la empresa General Motors de México, S. de R.L. de C.V., de fecha 13 de julio de 2012, y así mismo a publicarla en la página de Internet de dicha Secretaría a efecto de cumplir con sus obligaciones de difusión oficiosa de información. En caso de que en la información contenga datos personales o información confidencial contenidos en la fracciones XI y XVII del artículo 3 de la referida ley, entonces el Ente Obligado deberá realizar una versión pública en los términos del mencionado artículo 3, fracción XXVII y artículo 78 de la misma ley.” (SIC). En el caso que nos ocupa, esta Comisión ya conoció y resolvió en definitiva respecto a la información relativa a la empresa General Motors, por lo cual el acuerdo de reserva número 030/2012 fue declarado sin efecto y por tanto se desclasificó la información que ahí se constriñe al secreto administrativo, por lo que se ordenó permitir el acceso a ésta al particular. En razón de lo anterior, resulta fundado el agravio del recurrente, por lo que los efectos se precisaran más adelante. Ahora bien, en relación con la información solicitada consistente en: “Contratos, convenios, acuerdos de colaboración o cualquier otro acto jurídico o documento, sea deliberativo, previo o definitivo para el otorgamiento de subsidios o estimulos fiscales, economicos y no economicos para la instalacion en el estado de San Luis Potosí de las plantas industriales empresas o centros fabriles de (…) BMW Mexico, y Ford de Mexico o cualquiera de sus empresas matrices subsidiarias diliales o relacionadas” el ente obligado reservó la información de conformidad con el artículo 41, fracción I, V, VI y VII de la abrogada Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con número de Acuerdos de Reserva 014/201, 017/2014 y 004/2016.
Es menester comentar, que en relación con la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Comisión advierte que los acuerdos de reserva 014/201, 017/2014 y 004/2016 deben realizarse en forma fundada y motivada. En este sentido, la fundamentación constituye con la cita de la Ley vigente que en caso es al artículo 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 9 nueve de mayo de 2016 dos mil dieciséis, y la motivación la exposición de las razones por las que así se considera, de conformidad con los artículos 113, 114, 117, 118 y 119 y demás disposiciones, mismos que a la letra señalan:
“ARTÍCULO 129. Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación: I. Comprometa la seguridad pública y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable; II. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales; III. Se entregue al Estado mexicano expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho internacional, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad de conformidad con el derecho internacional;
IV. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física; V. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones; VI. Obstruya la prevención o persecución de los delitos; VII. La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada; VIII. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa; IX. Afecte los derechos del debido proceso; X. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado; XI. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y XII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.
ARTÍCULO 113. Las figuras jurídicas de excepción al derecho de acceso a la información pública, son las de información reservada, e información confidencial. ARTÍCULO 114. La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en el presente Título.
Los supuestos de reserva o confidencialidad previstos en las leyes deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y, en ningún caso, podrán contravenirla. Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la información, de conformidad con lo dispuesto en, la Ley General y esta Ley. ARTÍCULO 117. En los casos en que se niegue el acceso a la información, por actualizarse alguno de los supuestos de clasificación, el Comité de Transparencia deberá confirmar, modificar o revocar la decisión. Para motivar la clasificación de la información y la ampliación del plazo de reserva, se deberán señalar las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron al sujeto obligado a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento. Además, el sujeto obligado deberá, en todo momento, aplicar una prueba de daño. Tratándose de aquella información que actualice los supuestos de clasificación, deberá señalarse el plazo al que estará sujeto la reserva
ARTÍCULO 118. En la aplicación de la prueba de daño, el sujeto obligado deberá justificar que: I. La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público; II. El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación supera el interés público general de que se difunda, y III. La limitación se adecua al principio de proporcionalidad y representa el medio menos restrictivo disponible para evitar el perjuicio.
ARTÍCULO 119. Los sujetos obligados deberán aplicar, de manera restrictiva y limitada, las excepciones al derecho de acceso a la información prevista en el presente Título y deberán acreditar su procedencia. La carga de la prueba para justificar toda negativa de acceso a la información, por actualizarse cualquiera de los supuestos de reserva previstos, corresponderá a los sujetos obligados.”
Así las cosas, con las disposiciones antes reproducidas, se advierte que las autoridades que pretendan reservar información deberán, entre otros supuestos, fundar y motivar su decisión, así como acreditar la prueba de daño. Lo anterior significa que viene a confirmar que la autoridad debió fundar y motivar su acto de conformidad con la vigente Ley de Transparencia, pues lo dispuesto en el artículo 41 de la abrogada Ley de la materia, no se reproducen literalmente en la ley vigente de Transparencia, como a continuación se demuestra:
“ARTICULO 41. La autoridad sólo podrá clasificar información como reservada, cuando concurra alguna de las siguientes hipótesis: I. Cuando se trate de información cuyo conocimiento público ponga en riesgo la gobernabilidad del Estado, la vida, la salud y la seguridad de las personas, suponga un riesgo insalvable para la seguridad pública, los intereses públicos del Estado, e impida la realización de políticas y decisiones fundadas y motivadas en la Constitución Local y las leyes secundarias; II. Cuando se trate de información que a juicio de las entidades del Estado, se considere de seguridad estatal o nacional, y esto último se confirme por la autoridad federal; III. Cuando la información pueda causar un serio riesgo y perjuicio a las actividades de prevención, persecución de delitos, averiguaciones previas, investigaciones y procedimientos penales, recaudación de impuestos y aplicación de las leyes, salvo los casos de excepción señalados por esta Ley;
IV. Cuando se trate de expedientes de juicios o procedimientos que no hayan causado estado y ejecutoria, con excepción de los casos en los que sea inexcusable la tutela del derecho de protección de datos personales, previsto en la presente Ley;
V. Cuando se trate de información relacionada con la propiedad intelectual, patentes, marcas y procesos industriales, que haya sido recibida por la autoridad bajo la promesa de reserva; VI. Cuando se trate de información que pueda generar ventajas personales indebidas en perjuicio de terceros, y VII. Cuando se trate de información que una ley expresamente clasifique como reservada.”
En ese sentido, corre la misma suerte la integración del Comité de Información que al ser éste el órgano que se encuentra facultado para poder determinar si cierta información que éste posea sea clasificada como reservada, no cumple con el artículo 51 de la vigente Ley de Transparencia, que establece lo siguiente:
“ARTÍCULO 51. En cada sujeto obligado se integrará un Comité de Transparencia colegiado e integrado por un número impar. El Comité de Transparencia adoptará sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. A sus sesiones podrán asistir como invitados aquéllos que sus integrantes consideren necesarios, quienes tendrán voz pero no voto.
Los integrantes del Comité de Transparencia no podrán depender jerárquicamente entre sí dentro de la estructura funcional del sujeto obligado; tampoco podrán reunirse dos o más de estos integrantes en una sola persona. Cuando se presente el caso, el titular del sujeto obligado tendrá que nombrar a la persona que supla al subordinado. Los integrantes del Comité de Transparencia tendrán acceso a la información para determinar su clasificación, conforme a la normatividad previamente establecida por los sujetos obligados para el resguardo o salvaguarda de la información.”
En ese mismo tenor, estos conceptos de fundamentación y motivación han sido materia de diversos pronunciamientos jurisprudenciales, por lo que sirve de apoyo la siguiente:
“SEGURIDAD JURÍDICA. ALCANCE DE LAS GARANTÍAS INSTRUMENTALES DE MANDAMIENTO ESCRITO, AUTORIDAD COMPETENTE Y FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 16, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA ASEGURAR EL RESPETO A DICHO DERECHO HUMANO. De las jurisprudencias 1a./J. 74/2005 y 2a./J. 144/2006, de la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXII, agosto de 2005, página 107, de rubro: "PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN UNA VÍA INCORRECTA. POR SÍ MISMO CAUSA AGRAVIO AL DEMANDADO Y, POR ENDE, CONTRAVIENE SU GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA." y XXIV, octubre de 2006, página 351, de rubro: "GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA. SUS ALCANCES.", respectivamente, se advierte una definición clara del contenido del derecho humano a la seguridad jurídica, imbíbito en el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en que la persona tenga certeza sobre su situación ante las leyes, o la de su familia, posesiones o sus demás derechos, en cuya vía de respeto la autoridad debe sujetar sus actuaciones de molestia a determinados supuestos, requisitos y procedimientos previamente establecidos en la Constitución y en las leyes, como expresión de una voluntad general soberana, para asegurar que ante una intervención de la autoridad en su esfera de derechos, sepa a qué atenerse. En este contexto, de conformidad con el precepto citado, el primer requisito que deben cumplir los actos de molestia es el de constar por escrito, que tiene como propósito que el ciudadano pueda constatar el cumplimiento de los restantes, esto es, que provienen de autoridad competente y que se encuentre debidamente fundado y motivado. A su vez, el elemento relativo a que el acto provenga de autoridad competente, es reflejo de la adopción en el orden nacional de otra garantía primigenia del derecho a la seguridad, denominada principio de legalidad, conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que la ley es la manifestación de la voluntad general soberana y, finalmente, en cuanto a fundar y motivar, la referida Segunda Sala del Alto Tribunal definió, desde la Séptima Época, según consta en su tesis 260, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, página 175, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", que por lo primero se entiende que ha de expresarse con exactitud en el acto de molestia el precepto legal aplicable al caso y, por motivar, que también deben señalarse con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, lo cual tiene como propósito primordial, confirmar que al conocer el destinatario del acto el marco normativo en que el acto de molestia surge y las razones de hecho consideradas para emitirlo, pueda ejercer una defensa adecuada ante el mismo. Ahora bien, ante esa configuración del primer párrafo del artículo 16 constitucional, no cabe asumir una postura dogmatizante, en la que se entienda que por el solo hecho de establecerse dichas condiciones, automáticamente todas las autoridades emiten actos de molestia debidamente fundados y motivados, pues la práctica confirma que los referidos requisitos son con frecuencia inobservados, lo que sin embargo no demerita el hecho de que la Constitución establezca esa serie de condiciones para los actos de molestia, sino por el contrario, conduce a reconocer un panorama de mayor alcance y eficacia de la disposición en análisis, pues en la medida en que las garantías instrumentales de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación mencionadas, se encuentran contenidas en un texto con fuerza vinculante respecto del resto del ordenamiento jurídico, se hace posible que los gobernados teng
an legitimación para aducir la infracción al derecho a la seguridad jurídica para asegurar su respeto, únicamente con invocar su inobservancia; igualmente se da cabida al principio de interdicción de la arbitrariedad y, por último, se justifica la existencia de la jurisdicción de control, como entidad imparcial a la que corresponde dirimir cuándo los referidos requisitos han sido incumplidos, y sancionar esa actuación arbitraria mediante su anulación en los procedimientos de mera legalidad y, por lo que atañe al juicio de amparo, a través de la restauración del derecho a la seguridad jurídica vulnerado. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.
Queja 147/2013. Andrés Caro de la Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.”
En este sentido, al considerar que no acreditaron los extremos de los artículos 117, 118, 120 y 129 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, resulta innecesario analizar de fondo la clasificación de la información solicitada.
Lo anterior toda vez que, como lo establecen los preceptos anteriormente insertados en el cuerpo de la presente resolución, los supuestos de reserva o confidencialidad deberán ser acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 9 nueve de mayo de 2016 dos mil dieciséis, y en ningún caso podrán contravenirlos ; situación que no ocurre en los acuerdos de reserva entregados por el sujeto obligado, toda vez que se fundamentan y motivan en una Ley abrogada a la fecha de la presentación de la solicitud de información.
Igualmente, y tomando en consideración las disposiciones antes citadas, la carga para fundar y motivar, así como acreditar el daño, presente y especificó que causaría la divulgación de la información corresponde al ente obligado; no obstante, de lo manifestado y aportado en su escrito de alegatos, no se advierte que la clasificación de la información concerniente a los documentos requeridos referentes a las empresas BMW SLP, S.A. DE C.V. y Ford Motor Company, S.A. de C.V. se haya hecho de acorde con los supuestos señalados en el artículo 129 de la Ley de Transparencia vigente en el Estado publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 09 nueve de mayo de 2016 dos mil dieciséis. Lo anterior se refuerza con lo señalado en el artículo 122 de la misma Ley, mismo que a la letra dice:
“ARTÍCULO 122. Los sujetos obligados no podrán emitir acuerdos de carácter general ni particular que clasifiquen Documentos o información como reservada. La clasificación podrá establecerse de manera parcial o total de acuerdo al contenido de la información del Documento y deberá estar acorde con la actualización de los supuestos definidos en el presente Título como información clasificada.
La clasificación de información reservada se realizará conforme a un análisis caso por caso, mediante la aplicación de la prueba de daño.”
Asimismo, que dichos acuerdos de reserva igualmente fueron elaborados por un órgano colegiado distinto al que la nueva normatividad de la materia faculta para confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de clasificación de la información realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados ; acción que es notoria toda vez que dichos acuerdos fueron elaborados con fecha anterior a la publicación de la Ley de Transparencia vigente, y en consecuencia, el Comité que en su momento confirmó la clasificación de la información, estuvo conformado de manera distinta a como lo ordena la actual Legislación.
Por último, es importante mencionar que según lo dispuesto en la fracción XXI del artículo 3 de la Ley de Transparencia vigente en el estado, se entiende como información reservada, “aquella con carácter temporal como restringida al acceso del público.” Es decir, la característica de la información reservada es que su excepción al derecho de acceso a la información es de manera temporal y no permanente, como sí lo es la información confidencial, y que su limitante para acceder a la misma, únicamente será basada en que su divulgación pudiera causar un daño al interés público o seguridad nacional . Lo anterior refuerza la necesidad de que el sujeto obligado, para estar en condiciones de fundamentar y motivar de manera exhaustiva la clasificación de la información, debió de haber aplicado la Ley que se encontraba vigente a la fecha de la solicitud de información que derivó el recurso que nos atañe, y de esa manera, estar en condiciones de acreditar que la información requerida se encontraba en ese momento en los supuestos de excepción temporal a su publicidad.
4.1. Efectos de la resolución. Por todo lo anterior, esta Comisión determina procedente modificar la respuesta de la Secretaría de Desarrollo Económico, en los siguientes términos:
4.1.1. Toda vez que el Acuerdo de Reserva 030/2012 invocado por la Secretaría de Desarrollo Económico resulta nulo por así ordenarse la publicidad de la información en el recurso de queja 148/2015-1, se instruye para que notifique los convenios de colaboración y otorgamiento de apoyos e incentivos, celebrados entre Gobierno del Estado de San Luis Potosí y la empresa General Motors de México, S. de R.L. de C.V., cubriendo las mismas características con las que fueron entregados derivados de la resolución del recurso citado.
4.1.2. Se instruye para que analice de nueva cuenta y a la luz de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, la información requerida por el hoy recurrente mediante escrito de solicitud de información de fecha 03 tres de junio de 2016 dos mil dieciséis. En caso de que se actualice la reserva de la información emita nuevos acuerdos en los cuales fundamente y motive la misma y por la autoridad que corresponda, en este caso, el nuevo Comité de Información que deberá de integrarse conforme a las disposiciones legales vigentes, en la inteligencia de que en caso de que no se actualicen los supuestos de excepción a la publicidad de la documentación que nos atañe, ésta deberá ser entregada al hoy recurrente.
4.2. Precisiones de la resolución. De conformidad con la última parte del artículo 176 de la Ley de Transparencia está Comisión de Transparencia establece los siguientes términos para el cumplimiento de la resolución.
•	La información de los puntos 4.1.1 y 4.1.2 el ente obligado deberá de entregarla a la recurrente en versión electrónica mediante el correo que le fue proporcionado para entregar la información.
•	El ente obligado deberá de proporcionar todo aquéllos datos, tales como lugar, horario de atención al público y costos de reproducción –si excede la cantidad de la reproducción gratuita– así como todos aquéllos elementos que faciliten el pago y entrega de la información. •	El ente obligado deberá de cuidar en todo momento de que la información que entregará no contenga datos personales, pues en caso de contener información con esos datos deberá de elaborar la versión pública. 4.3. Plazo para el cumplimento de esta resolución. Con fundamento en el artículo 175 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, este órgano colegiado le concede al ente obligado el plazo de diez días hábiles para la entrega de la información, plazo que es el máximo permitido por ese dispositivo y que está Comisión de Transparencia considera que es suficiente para la entrega de la información por parte del ente obligado.
4.4. Informe sobre el cumplimento a la resolución. De conformidad con el artículo 177, segundo párrafo, el ente obligado deberá de informar a esta Comisión de Transparencia el cumplimento a la presente resolución en un plazo que no deberá de exceder de tres días siguientes a la notificación del auto que la declare ejecutoriada en donde justificará con los documentos necesarios el cumplimento a lo aquí ordenado.
4.5. Medida de apremio en caso de incumplimiento a la resolución. Esta Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública apercibe al ente obligado que, en caso de no acatar la presente resolución, se le impondrá la multa establecida en el artículo 190, fracción II, de la Ley de Transparencia, en virtud de que este órgano colegiado debe de garantizar el debido cumplimiento al derecho humano de acceso a la información pública. RESOLUTIVO Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE:
ÚNICO. Esta Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública modifica la respuesta del ente obligado por los fundamentos y las razones desarrolladas en el considerando cuarto de la presente resolución.
Así, por unanimidad de votos lo resolvió la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, integrada por los Comisionados M.A.P. Yolanda E. Camacho Zapata, MTRO. Alejandro Lafuente Torres presidente, José de Jesús Cárdenas Turrubiartes, Comisionado Supernumerario, siendo ponente el segundo de los nombrados, quienes en unión de la licenciada Rosa María Motilla García, Secretaria Ejecutiva que da fe, firman esta resolución. COMISIONADO PRESIDENTE
COMISIONADO SUPERNUMERARIO
C. JOSÉ DE JESÚS CÁRDENAS TURRUBIARTES SECRETARIA EJECUTIVA
LIC. ROSA MARÍA MOTILLA GARCÍA Criterios adjetivos de actualización, de formato y de confiabilidad
Creado el 02/06/2017 02:55:24 PM
Accesado el 02/06/2017 02:55:24 PM
Modificado el 02/06/2017 02:55:24 PM
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