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Timestamp: 2020-04-04 02:22:15+00:00

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AUGIRONA - Ciudad de Girona - República de Cataluña : viernes 19 de julio de 2013
AUGIRONA CINE : El hipnotista ( 2012 )
Lena Olin, Tobias Zilliacus, Mikael Presbrandt, Helena af Sandeberg, Oscar Pettersson, Eva Melander, Anna Azcarate
Expertos alertan del aumento de legionela por el calor
Cada año se registran en España una media de 45 brotes de legionela, cuyos casos aumentan con la llegada del calor, ha advertido la Sociedad Española de Sanidad Ambiental.
Las altas temperaturas hacen que se pongan en funcionamiento los sistemas de aire acondicionado vinculados a torres de refrigeración, instalaciones consideradas de riesgo pues en ellas puede desarrollarse la bacteria causante de la enfermedad.
Si no tienen un buen mantenimiento, debido a que los titulares de las mismas no han llevado a cabo tratamientos higiénico-sanitarios para garantizar que la bacteria se encuentre controlada, pueden producirse casos de legionelosis.
Dado que las instalaciones con potencial de riesgo se encuentran en todos los lugares, empezando por las propias casas, hoteles o gimnasios, el buen mantenimiento de duchas, jacuzzis o spas es la mejor medida preventiva que a título particular se puede adoptar, según los expertos.
La legionela afecta de forma muy diferente a las personas y los más vulnerables son los mayores, los varones, los enfermos o los fumadores.
Los casos producidos en el ámbito comunitario son los más frecuentes, seguidos de los que se registran en los hospitales y los asociados a viajes.
Los segundos, que se denominan "nosocomiales", son los más graves al afectar a pacientes en situación vulnerable, con una mortalidad en torno al 11,1%.
En España, las medidas de mantenimiento de las instalaciones de riesgo están reguladas por el Real Decreto 865/2003, de 4 de julio y obligan a realizar un tratamiento de limpieza y desinfección previa a su puesta en funcionamiento cuando hayan estado paradas más de un mes.
Según José Mª Ordóñez Iriarte, presidente de la Sociedad Española de Seguridad Ambiental, "los titulares de las instalaciones tienen que ser conscientes que son los responsables del cumplimiento de lo dispuesto en esa norma".
Un traje para camuflarse contra los tiburones
El modelo 'Ellude' permite camuflar a los deportistas en el agua, mientras que el 'Diverter', con patrones de rayas blancas y azules, pretende emular las señales naturales que repelen a los tiburones, según la agencia local, AAP.
La Fiscalía pide al Supremo que aumente la condena a Isabel Pantoja
La Fiscalía ha presentado su recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia de la Audiencia de Málaga, que condenó, entre otros, a la cantante Isabel Pantoja a dos años de prisión por un solo delito de blanqueo de capitales. El Ministerio Público considera que la condena para la tonadillera debería ser por un delito continuado, y pide que se aumente la pena a tres años, tres meses y un día de prisión y multa de 2,2 millones de euros, tal y como ya adelantó ELMUNDO.es.
El recurso consta de un único motivo, que se refiere a que la Sección Segunda de Málaga no apreció la continuidad delictiva a la hora de condenar a la tonadillera, estimando la Fiscalía que "la calificación correcta de los hechos probados sería la de delito continuado de blanqueo de bienes".
Tras la lectura pública del fallo de la sentencia, la Fiscalía Anticorrupción en Málaga presentó ante el Tribunal que enjuició el caso el anuncio de recurso, alegando como motivo infracción de ley. En el juicio, la representante del Ministerio Público mantuvo su acusación para Isabel Pantoja por un delito continuado de blanqueo, aunque la Audiencia consideró que era un sólo delito.
El PSOE presiona a Cospedal para comparecer por los 200.000 euros de Toledo
A María Dolores de Cospedal le ocurre en las Cortes de Castilla-La Mancha lo que a Mariano Rajoy en el Congreso. El PSOE está exigiendo su comparecencia para abordar los 200.000 euros de Toledo entregados por Luis Bárcenas que no se sabe dónde fueron a parar y que no figuran en ninguna contabilidad oficial. Si hoy el PP bloquea su comparecencia, los socialistas pedirán formalmente la próxima semana la dimisión y la convocatoria de elecciones anticipadas.
La secretaria segunda de la Mesa y diputada regional, Blanca Fernández, ha indicado en rueda de prensa "que la negativa" a esta petición de los 'populares' es "previsible" al tiempo que ha indicado que Cospedal está "jugando con los ciudadanos de Castilla-La Mancha" con este asunto.
En el mismo sentido se ha manifestado en Cuenca el secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que ha dicho que los socialistas "esperan y confían en que -Cospedal- cumpla con el deber más elemental de la democracia y que es dar explicaciones en sede parlamentaria".
"Lo que le voy a exigir a Cospedal es que si no tiene la decencia de dar explicaciones y asumir responsabilidades tenga la cordura democrática de convocar elecciones ya que les va tan bien en las encuestas y nosotros estamos tan en el suelo" porque, ha añadido, "estamos deseándolo". García-Page se ha mostrado convencido de que "si hoy hubiera elecciones en la región, el PSOE ganaría en todas las provincias".
El Barça no escuchará ofertas por Fábregas
Fuentes del club catalán han asegurado a EFE que el Barça no piensa negociar con el United ni con ningún otro equipo el traspaso de Cesc, después de que el internacional español haya dejado claro su deseo de no moverse del Camp Nou. Desde Sidney, donde el Manchester está haciendo la pretemporada, Moyes, en cambio, confía en hacerse con los servicios de Cesc.
El principio del libre mercado europeo llega a la asistencia sanitaria. El Consejo Interterritorial de Sanidad tiene previsto aprobar la próxima semana el proyecto de real decreto que establece las normas para la atención sanitaria transfronteriza. Según el texto, cualquier español tendrá derecho a tratarse en otro país de la UE con cargo a su comunidad autónoma y los europeos podrán venir a España a recibir atención, pagarla y reclamar luego el importe a su país. El texto considera que alrededor de 50.000 españoles que llevan en lista de espera para operarse más de 180 días (el plazo máximo establecido para 700 procedimientos quirúrgicos) tendrán derecho a ser operados fuera y exigir el reembolso a su comunidad. Si el 10% de estos pacientes elige esa opción, que es lo que calcula el Gobierno, a las comunidades autónomas les costará 27,5 millones de euros al año.
La norma que ultima el Ministerio de Sanidad adapta a España la directiva europea de atención sanitaria transfronteriza, aprobada en 2011 y que promueve la libre movilidad de pacientes dentro de la UE. El decreto entrará en vigor en octubre y ha creado grandes expectativas entre los hospitales privados españoles, que se preparaban desde hace meses para recibir a pacientes extranjeros que quieran venir a España a tratarse con cargo a la sanidad pública de su país.
El Gobierno calcula que las autonomías desembolsarán 27,5 millones de euros
Pero la movilidad funcionará también en sentido contrario: los españoles que opten por recibir fuera de España un servicio incluido en la cartera básica de salud podrán acordar con el centro que quieran esta atención, abonarla de su bolsillo y exigir luego el reembolso a su comunidad autónoma o a las mutualidades de funcionarios. Esta opción, pues, solo estará al alcance de los ciudadanos que puedan pagar la intervención por adelantado, una condición que exige el proyecto de real decreto que verá la próxima semana el consejo interterritorial. Además, las comunidades solo tendrán que pagar el importe correspondiente a lo que le hubiera costado esa atención en su territorio y será el paciente el que deberá que abonar la diferencia si elige tratarse en un país más caro.
La libre elección será total para la mayoría de los tratamientos que no requieran hospitalización, ya sean intervenciones de cirugía mayor sin ingreso (como la mayoría de las cataratas, los juanetes o las extirpaciones de hernia), pruebas diagnósticas o tratamientos, por ejemplo, de rehabilitación.
El proyecto pone en evidencia una gran paradoja: un ciudadano de Madrid no puede optar por operarse en otra comunidad autónoma o en un hospital privado y pasarle la factura a la sanidad madrileña, pero sí podrá hacerlo en un centro de otro país de la UE. “En los términos actuales de legislación española y comunitaria, un paciente español tendría derecho al reembolso de una intervención en territorio europeo pero no al de una realizada por un hospital privado español”, advierte el texto, que admite que esto supone una “diferencia de trato” que puede originar reclamaciones económicas.
Las intervenciones que requieran pasar al menos una noche de hospital y las prestaciones más complejas sí necesitarán autorización previa por parte de la comunidad autónoma. Y, para evitar que los pacientes se salten las listas de espera, el decreto establece entre las causas de denegación del permiso aquellos tratamientos que en su comunidad se puedan prestar en un plazo que sea “médicamente justificable”, un criterio subjetivo pero que se intenta afinar con una evaluación clínica y, en el caso de las operaciones, tomando como referencia los 180 días de plazo máximo que garantizan las comunidades para 700 procedimientos quirúrgicos.
La atención a extranjeros que quieran tratarse en España no supondrá, en principio, un coste extra para las comunidades. Adelantarán el importe y sus países lo reembolsarán después. Pero el texto sí alerta del peligro de que esta asistencia acabe repercutiendo en un incremento de las listas de espera para los españoles. Supondría, advierte la norma, un “deterioro de la situación” que se traduciría en un coste “no valorable en términos monetarios sino de pérdida de confianza y eficacia del sistema”.
ESPAÑA exige a una niña de tres años “buena conducta” para nacionalizarla
El Ministerio de Justicia ha denegado la nacionalidad a una niña de tres años, con residencia en Galdakao, por no justificar su “buena conducta” y no tener, según la resolución, su documentación en regla a pesar de contar con un permiso de residencia en España hasta el año 2017. Los padres de la menor, de origen congoleño y afincados en España desde hace más de 10 años, habían solicitado a la vez la ciudadanía española de todos sus miembros. Sin embargo, se han encontrado con que el “único” permiso denegado ha sido el de la pequeña, explica la directora de la Comisión Española para la Ayuda del Refugiado (CEAR) en Euskadi, Patricia Bárcena.
La resolución de Justicia, fechada el pasado 14 de junio, dictamina que se le niega el permiso de ciudadanía española por no justificar la “buena conducta cívica” que exige el artículo 22.4 del Código Civil, es decir, por no acreditar el certificado de antecedentes penales español y el del país de origen. Se trata de un documento que, según el subdirector general de Nacionalidad y Estado Civil de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, Rubén Baz, “no suele exigirse a los menores de edad, por lo que se trata de un error en la resolución”.
Justicia también señala en su escrito que la menor “no cuenta con autorización de residencia en España”, cuando tiene toda su documentación en regla, al disponer de un permiso de residencia desde agosto de 2012 con vigencia hasta junio de 2017.
CEAR denuncia que se trata de “un error más” del ministerio desde que se estableció el Plan Intensivo de Nacionalidad (PIN), que pretendía agilizar los trámites de los más de 400.000 expedientes retrasados con los que se encontró el Partido Popular al llegar al Gobierno en noviembre de 2011. “Se están haciendo las cosas mal y rápido con el objetivo de cumplir objetivos cuantitativos establecidos por el ministro Alberto Ruiz-Gallardón”, denuncia el abogado y presidente de la organización en el País Vasco, Javier Galparsoro.
Baz intenta minimizar las consecuencias de la resolución al afirmar que “hay que situarla entre los miles de expedientes que están tramitándose con eficacia” desde que se pusiera en marcha el PIN. “No son una cuestión de criterio, ni están relacionados con las prisas ni con un objetivo cuantitativo” en contra de la opinión de CEAR, que denuncia “constantes irregularidades y falta de criterio” en las denegaciones de nacionalidad, en palabras de Galparsoro. Sin ir más lejos, esta misma semana, el ministerio ha tenido que revocar 74 denegaciones de nacionalidad a refugiados —cuatro fueron detectadas por CEAR Euskadi— que también se habían dictado así “por error”.
Aunque Galparsoro señala que el de la niña de Galdakao es “el único caso” que se ha registrado por ahora en Euskadi, en la delegación andaluza ya se han encontrado otra veintena de casos idénticos. Precisamente, Amaiur presentó ayer una petición en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno esclarezca los criterios utilizados en la resolución de la menor.
Hace broma por Facebook y lo visitan agentes de seguridad
Un joven alemán invitó a través de Facebook a sus amigos a dar un paseo en torno a un centro de Inteligencia de EEUU en las afueras de Frankfurt: a la mañana siguiente un policía estaba llamando a su puerta.
Daniel Bangert, de 28 años, organizó en plan de broma a través de Facebook el grupo ‘Liga de protección de los espías de NSA’ e invitó a sus amigos a dar un paseo alrededor del Complejo Dagger en Darmstadt para “observar a los agentes de la Inteligencia en su ámbito natural”.
Antes del paseo, Bangert bromeó con la posibilidad de que la NSA les pudiera espiar en Facebook y que estaba esperando a que llamasen a su puerta, según escribe el diario alemán ‘The Local’.
“Todavía estaba somnoliento cuando sonó el teléfono, a las 7.17 de la madrugada, y un policía empezó a interrogarme sobre lo que planeaba hacer”, dijo Bangert.
Luego otro policía llamó a su puerta y continuó interrogando al joven. Luego se produjo una llamada más y otra visita de un agente de seguridad nacional y de un policía, que también le formularon preguntas sobre sus actividades políticas, su punta de vista, y sobre si tenía conexiones con los activistas que apuestan por la violencia. Ellos dijeron que su actividad en Facebook podría tener diferentes interpretaciones, pero Bangert insistía en que solo trataba de organizar un paseo.
A las 19.30 horas, la Policía colocaba las vallas que cortaban la calle Génova. El tráfico quedaba interrumpido y unas 3.000 personas, convocadas por diferentes asambleas, colectivos y plataformas surgidas tras el 15-M, comenzaban a gritar el lema más repetido durante la protesta de este jueves: ¡Gobierno dimisión!
Un dispositivo policial de más de 20 furgonetas ha protegido la sede nacional de PP en Madrid ante esta protesta organizada a raíz de las últimas revelaciones sobre el caso Bárcenas que, día a día, se va convirtiendo en el caso PP (así te lo hemos contado en directo). Según las últimas declaraciones ante el juez Ruz del extesorero del partido, Luís Bárcenas, el presidente Mariano Rajoy y la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, habrían recibido sobresueldos ilegales, algo de lo que se ha acordado la multitud que gritaba constantemente "Rajoy y Cospedal al Soto del Real" en la llamada barbacoa de chorizos, que también ha tenido lugar en más de 30 ciudades del país.
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