Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2013/as201321119.html
Timestamp: 2019-04-23 06:53:40+00:00

Document:
as201321119
Auto Supremo: 119/2013
Expediente: LP-131-12-S.
Partes: Empresa Constructora ASBUN S.R.L. c/ Banco Internacional de
Desarrollo S.A. (BIDESA) en Liquidación y el Fondo Nacional de Vivienda
Social (FONVIS) en Liquidación.
Proceso: Cumplimiento de contrato y pago de multas.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 1549 a 1550, interpuesto por Pablo Asbun Aburdene, en representación de la Empresa Constructora ASBUN S.R.L., contra el Auto de Vista Nº 267/2012, cursante de fs. 1542 a 1544 vlta., emitido el 2 de agosto de 2012 por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el proceso ordinario sobre cumplimiento de contrato y pago de multas seguido por el recurrente contra el Banco Internacional de Desarrollo (BIDESA) S.A en Liquidación y el Fondo Nacional de Vivienda Social (FONVIS) en Liquidación; las respuestas de fs. 1561 a 1563 y, de fs. 1566 a 1569 vlta., la concesión de fs. 1571; los antecedentes del proceso; y:
El Juez de Partido Sexto en lo Civil de la ciudad de La Paz, el 12 de diciembre de 1998 emitió el Auto Nº 271/98, cursante de fs 141 a 143, declarando improbadas las excepciones opuestas por Luís Adolfo Bustos Bretel, Presidente de la Comisión Liquidadora del Fondo Nacional de Vivienda Social, así como las que opuso Ramón Antonio Aguirre Pérez en representación del Banco Internacional de Desarrollo en Liquidación, con costas.
Contra esa Resolución el representante del Banco Internacional de Desarrollo en Liquidación, interpuso recurso de reposición bajo alternativa de apelación cursante de fs. 174 a 176, por su parte la Comisión Liquidadora del fondo Nacional de Vivienda Social en Liquidación interpuso recurso de apelación cursante de fs. 178 a 180 vlta., en cuyo mérito el Juez de la causa emitió el proveído de 11 de febrero de 1999, declarando sin lugar a la reposición formulada y difiriendo las apelaciones para una eventual apelación de la Sentencia.
Tramitado el proceso, el Juez de la causa el 24 de febrero 2006 dictó la Sentencia cursante de fs. 1005 a 1010 declarando probada la demanda interpuesta por la empresa ASBUN S.R.L., y en consecuencia dispuso que las entidades demandadas cumplan con el contrato contenido en la Escritura Pública Nº 552/1997 de 28 de julio de 1997, en la forma pactada, en especial respecto a la cláusula trigésima en su segunda parte, relativa al pago de planillas. Igualmente declaró improbada la demanda reconvencional interpuesta por el BIDESA S.A. en Liquidación e improbadas las excepciones perentorias opuestas tanto por el FONVIS en Liquidación como por el Banco Internacional de Desarrollo S.A. en Liquidación. Con costas solo para la primera institución.
Contra esa Sentencia apelaron tanto el Banco Internacional de Desarrollo S.A: en Liquidación como el Fondo Nacional de Vivienda Social en Liquidación, cuya concesión, luego de una serie de incidencias, fue dispuesta por Auto de 18 de mayo de 2011, cursante de a fs. 1508 vlta., conjuntamente la apelación diferida contra la Resolución Nº 271/98 de 12 de diciembre de 1998, de fs. 141 a 143; en cuyo mérito la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 2 de agosto de 2012 pronunció el Auto de Vista Nº 267/2012, cursante de fs. 1542 a 1545, revocando la Resolución Nº 271/98, declarando en consecuencia probadas las excepciones de incompetencia y litispendencia, aclarando que al estar declaradas probadas la referidas excepciones, no correspondía emitir pronunciamiento respecto a las demás pretensiones. Sin costas.
Contra esa Resolución de Alzada Pablo Asbun Aburdene, en representación de la Empresa Constructora ASBUN S.R.L. interpuso recurso de casación.
El recurrente señaló que el Auto de Vista recurrido declaró probada la excepción de incompetencia opuesta por la parte adversa, en mérito a la existencia de un proceso de liquidación forzosa radicado en la ciudad de Santa Cruz al que la parte actora se habría sometido voluntariamente según las notas de 8 y 22 de enero de 1998; al respecto el recurrente manifiesta que la Resolución revocada Nº 271/98, con relación a la aludida excepción de incompetencia, fundamentó que si bien era evidente la existencia del aludido proceso de liquidación, sin embargo no existía una demanda concreta que demuestre que el actor se hubiese sometido a su competencia, por lo que en consideración a los arts. 122 y 123 de la Ley de Bancos y en aplicación del art. 134 num. 1) de la Ley de Organización Judicial resultaba competente para el conocimiento de la causa.
En ese marco, considera que el Auto de Vista recurrido solo se circunscribió a reconocerle valor a las notas de referencia, sin resolver el fondo de la decisión interlocutoria, vulnerando de esa manera lo previsto por el art. 236 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto sostiene que el fallo de segunda instancia se limitó a la referencia de las notas por las que la empresa actora se abría sometido al referido proceso de liquidación, empero, no habría fundamentado nada respecto a las normas en que le Juez A quo fundó su decisión. Omisión que en su criterio habilitaría el recurso de casación, conforme prevé el art. 258 num. 2) del Código de Procedimiento Civil.
Por otro lado manifestó que el Auto de Vista impugnado fundamentó que la existencia de un proceso de liquidación no admitía la posibilidad de otro, aspecto que en criterio de la parte recurrente violaría la exigencia de la triple identidad que se exige para la procedencia de la litis pendencia; por otro lado no cuestiona la falta de precisión respecto a la normativa que respaldaría el criterio del Tribunal de Alzada.
Finalmente señaló que el aludido proceso de liquidación no guarda relación de identidad porque las partes no serían las mismas, no existiendo demanda que la empresa actora hubiese interpuesto sometiendo a la competencia del Juez Liquidador, tampoco existiría identidad de objeto ni causa.
Por las razones expuestas solicitó se emita Auto Supremo casando la Resolución impugnada y se declare improbadas las excepciones de incompetencia y litispendencia, es decir confirmando el Auto Nº 271/98 de 12 de diciembre de 1998 y la Sentencia Nº 36/2006.
No obstante la imprecisión en la que incurre el recurrente en sentido de no establecer si el recurso de casación que deduce es en la forma, en el fondo o en ambos, rescatando los agravios en la manera como han sido expuestos y a fin de garantizar el derecho al acceso a la justicia y a la impugnación, éste Tribunal Supremo considera necesario resolver los reclamos argumentados en el siguiente sentido.
La violación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, constituye siempre un reclamo que debe ser planteado como sustento del recurso de casación en la forma y no en e fondo, toda vez que como consecuencia de esa acusación lo que el recurrente persigue es que el Tribunal de Casación anule el Auto de Vista recurrido, porque dicha Resolución no se habría ceñido a la pertinencia prevista por la norma citada y, como consecuencia de ello, pretende que se disponga la emisión de un nuevo fallo de Alzada que se circunscriba a todos los agravios contenidos en el recurso de apelación o solo a los agravios fundamentados en el recurso de Alzada.
En el caso de Autos, el recurrente considera que el citado art. 236 del Código de Procedimiento Civil habría sido vulnerado por el Tribunal Ad Quem, en razón a que éste habría sustentado su determinación de revocar el Auto Nº 271/98 de 12 de diciembre de 1998, en base a los fundamentos referidos únicamente a las notas de 8 y 22 de enero de 1998, que acreditarían que la parte actora se sometió voluntariamente al trámite de liquidación forzosa del Banco BIDESA S.A., sin hacer referencia alguna a los arts. 122 y 123 de la Ley de Bancos, ni al art. 134-1) de la Ley de Organización Judicial, disposiciones que sustentaron la decisión del Juez A quo y que necesariamente debieron ser consideradas y analizadas por el Tribunal de Alzada.
Siendo ese el reclamo efectuado por el recurrente, corresponde señalar que, es posible que una de las partes no comparta los fundamentos en que se sustenta la Resolución de Alzada o que los considere insuficientes o imprecisos, sin embargo esa observación de ninguna manera corresponde vincularla a la violación del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, toda vez, que dicha acusación únicamente se refiere a la falta de pertinencia o congruencia que adolecería la Resolución de Alzada, situación que no se presenta cuando lo que se cuestiona son los fundamentos en que se basa la decisión de segunda instancia.
Establecido lo anterior y de la revisión del Auto de Vista recurrido se establece que el mismo guarda la debida congruencia y pertinencia, en razón a que, en base a los fundamentos en el contenido, se pronunció respecto a la excepción de incompetencia que fue declarada probada por el Juez A quo y que fue motivo de apelación, consiguientemente el Tribunal de Alzada circunscribió su decisión al motivo que le fue impugnado y que fue resuelto por el Juez A Quo.
Ahora bien, el fundamento que sustenta la decisión del Tribunal de Alzada esta expuesto en sentido de ser evidente la existencia de un proceso de Liquidación forzosa de las entidades demandadas, en especial del Banco BIDESA S.A., razón por la que la competencia para conocer de la presente causa corresponde precisamente al Juez que conoce la Liquidación, conclusión que se refuerza en virtud a que la Empresa demandante se sometió a dicho trámite de liquidación de forma voluntaria como se evidenciaría de las notas de 8 y 22 de enero de 1998. Criterio que resulta correcto teniendo en cuenta que la Empresa Constructora ASBUN S.R.L. intenta demanda ordinaria de cumplimiento de contrato inicialmente en contra del Banco BIDESA S.A. en Liquidación y posteriormente también en contra del FONVIS en Liquidación, pretendiendo el cumplimiento del contrato de construcción bajo la modalidad de obra vendida que suscribió con el nombrado Banco en Liquidación, de donde resulta que la pretensión demandada tiene un contenido patrimonial o económico por estar orientado precisamente a lograr que la entidad demanda honre a su favor una obligación de esa naturaleza, aspecto que indudablemente tendría incidencia en el patrimonio del Banco en Liquidación.
Establecido lo anterior corresponde señalar que al momento en que la Empresa actora interpuso la presente demanda, la situación del Banco BIDESA S.A. era de Liquidación, en efecto por Resolución Nº SB 143/97 de 12 de diciembre de 1997 la entonces Superintendencia de Bancos en aplicación de la normativa contenida en la Ley de Bancos Nº 1448 de 14 de abril de 1993, dispuso la Liquidación de la indicada institución financiera; situación legal que era de pleno conocimiento de la parte actora como se evidencia de las notas de fecha 26 de febrero de 1998, (fs. 2 a 8), de 20 de febrero de 1998 (fs. 9), de 22 de enero de 1998 (fs. 10) y de 8 de enero de 1998 (fs. 11 a 16), dirigidas todas al Intendente Liquidador del Banco Internacional de Desarrollo S.A., a través de las cuales, en lo principal, le solicitó el reconocimiento e inscripción de la acreencia que tuviera la Empresa como consecuencia del contrato de construcción, cuyo cumplimiento es objeto del presente proceso.
En ese marco corresponde puntualizar que de conformidad a lo previsto por el art. 126 de la Ley No. 1488 de 14 de abril de 1993, vigente, al momento en que se originó la obligación contractual así como al momento de la liquidación del Banco BIDESA S.A. y de la propia interposición de la demanda: “Ninguna Sentencia judicial o resolución administrativa que se dicte después de publicada la resolución de liquidación, podrá constituir gravamen especial sobre parte o la totalidad del activo de la entidad en liquidación. No se darán curso a acciones judiciales o administrativas que se entablen con posterioridad, ni se decretarán embargos o medidas precautorias por obligaciones contraídas con anterioridad a la resolución de liquidación y mientras tal situación se mantenga en vigor. Las autoridades administrativas y judiciales, suspenderán la tramitación de las acciones respectivas y, de oficio, harán conocer a la Superintendencia antecedentes sobre las demandas o acciones iniciadas para ser acumuladas al proceso general de la liquidación. Los procesos con Sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada, pronunciadas con anterioridad a la fecha de la resolución de liquidación, ingresarán en la distribución de la masa liquidatoria como acreencias concursales directamente aceptadas.”.
Del texto de la norma citada se establece que al encontrarse el Banco BIDESA S.A. en Liquidación, desde ese momento, ningún Juez o Tribunal ordinario podía admitir y sustanciar la presente causa, toda vez que la misma debió ser remitida al Juez encargado de la Liquidación conforme así lo dispone la citada norma y el entendimiento asumido en ese mismo sentido por la entonces Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de los A.S. Nº 158, de 19 de agosto de 2006, A.S. Nº 101 de 23 de marzo de 2011, entre otros, y la S.C. 220/2010-R de 31 de mayo de 2010, ésta ultima validó la aplicación del art. 126 de la Ley Nº 1488 de 14 de abril de 1993, en razón a que la norma vigente al momento de sucederse los hechos por ella prevista, es la que se aplica a esos hechos, aunque la norma haya sido derogada después, aspecto que en la Teoría General del Derecho se circunscribe en el principio “tiempos regit actus”, en otras palabras la ultra actividad de aquellas normas que aun habiendo sido derogadas se siguen aplicando a los hechos ocurridos durante su vigencia.
En ese contexto, la empresa demandante se encontraba en la obligación de presentar la acreencia que reclama en el proceso de liquidación y no estaba facultada para accionar al margen de aquel proceso de Liquidación, en observancia de la última parte del art. 1688 del Código de Comercio que dispone que: “El reconocimiento de créditos y de grados y preferidos deberá ser resuelto por el juez competente, previo informe del órgano administrativo de fiscalización.” Disposición que es concordante con la primera parte del art. 1591 del citado Código de Comercio que prevé: “Desde la publicación del Auto que declara la quiebra, ningún crédito contra el quebrado constituido con anterioridad podrá hacerse valer en juicio por separado”.
Expuesto lo anterior y de la lectura de la notas a que hace referencia el Auto de Vista recurrido se constata que dentro el plazo previsto por el art. 133 de la Ley Nº 1488, la Empresa demandante en conocimiento de la situación de Liquidación del Banco BIDESA S.A., oportunamente solicitó el reconocimiento de su acreencia al Intendente Liquidador, razón por la que resulta evidente que sometió su pretensión a los términos previstos para el proceso de Liquidación, en cuyo mérito, aún en el supuesto caso de no haber merecido respuesta por parte del Liquidador, su pretensión se encontraba sometida a ese proceso especial no pudiendo accionar la vía ordinaria separada del proceso de Liquidación; resultando por ello correcta la determinación del Tribunal de Alzada en sentido de revocar la Resolución Nº 271/98 de fs. 141 a 143 y declarar en consecuencia probadas las excepciones de incompetencia y litispendencia.
Por las razones expuestas, resultando innecesario realizar mayores consideraciones de orden legal, corresponde a éste Tribunal fallar en la forma prevista por los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 numeral 1 de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación de los arts. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Pablo Asbun Aburdene, en representación de la Empresa Constructora ASBUN S.R.L., contra el Auto de Vista Nº 267/2012, cursante de fs. 1542 a 1544 vlta., de fecha 2 de agosto de 2012. Con costas.
Relatora : Magda. Dra. Rita Susana Nava Durán.

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