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Sentencia en Juicio Verbal especial de Incapacidad 306/2010 | Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil
09 de noviembre de 2010 - 22:08	 - SENTENCIAS DE JUICIOS CIVILES Y MERCANTILES
SENTENCIA nº 108/2010
En Cuenca, a dos de Noviembre de dos mil diez.
Vistos por Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, MAGISTRADO-JUEZ del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca los presentes autos de Juicio Verbal, sobre incapacitación, seguidos en este Juzgado bajo el número 306 del año 2.010, a instancia de Don xxxxx, representado por la Procuradora de los Tribunales Doña María José Herráiz Sáiz y asistido por el Letrado Don José L. Navarro Solera, contra Doña xxxxx y el Ministerio Fiscal.
PRIMERO.- Por la Procuradora de los Tribunales Doña María José Herráiz Sáiz, en nombre y representación de Don xxxxx, se interpuso demanda de incapacitación de Doña xxxxx, además de que se nombre como tutor a su hijo Don xxxxx.
SEGUNDO.- Por Decreto de fecha 24 de Mayo de 2.010, se admitió a trámite la demanda, acordando que se emplazara por término de veinte días a la parte demandada, para comparecer en autos y contestar a la demanda, designándose con carácter previo defensor judicial.
TERCERO.- Mediante Decreto de 1 de Septiembre de 2.010, se convocó a las partes al acto del juicio y disponiendo el exámen del presunto incapaz. Celebrado el juicio y practicadas las pruebas que se declararon pertinentes, y que constan en el acta del juicio, se declararon los autos conclusos para sentencia.
PRIMERO.- Por la representación procesal de Don xxxxx se interesa al amparo de lo establecido en el artículo 200 CC la declaración incapacitación de Doña xxxxx, además de que se le nombre tutor a Don xxxxxx.
El Ministerio Fiscal interesa que se dicte sentencia estimatoria de la demanda.
SEGUNDO.- El artículo 200 CC dispone lo siguiente:” Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la persona gobernarse por sí misma.”.
Según la STS de 31 de diciembre de 1991 establece que "Los procesos sobre incapacitación imponen un especial tratamiento y exigen una concentrada y directa atención de los juzgadores, ya que el objeto de los mismos no son las cosas ni las controversias derivadas de las relaciones jurídicas, sino la persona misma y mediante dichos trámites procesales se declara si se les reconoce o priva de la capacidad jurídica de obrar, que es aptitud innata para ser sujeto de derechos y obligaciones, determinada por el nacimiento (art. 29 del Código Civil) e inherente a la condición de ciudadanos que desarrollan su actividad vital en una comunidad organizada, por ser consustancial a su dignidad y proyectar el ejercicio y libre desarrollo de cada personalidad, conforme al art. 10 de la Constitución.
La incapacitación supone la decisión judicial de carecer de aptitud para autogobernarse el afectado, si bien con los límites y extensiones que autoriza el art. 210 del Código Civil (hoy artículo 763 LEC), dándose equivalencia a muerte jurídico-civil; de ahí que la normativa que la regula (Título IX-Libro I del Código Civil), prevé las máximas garantías e instrumentos necesarios que se deben adoptar a fin de lograr la mayor aproximación a la verdad material para cerciorar la convicción de los juzgadores.”.
Como señala la STS de 19 de febrero de 1996, "la capacidad de las personas físicas es atributo de la personalidad, no obstante cabe su restricción y control, por disposición expresa de la ley, mediante las que han sido llamadas circunstancias modificativas de la capacidad, al presumirse siempre la capacidad mental, mientras no quede demostrado lo contrario, por los medios procesales legales arbitrados, observancia de las garantías constitucionales, y con base a pruebas concluyentes y rotundas en contrario, que conforman probanzas directas, dada la trascendencia de la resolución en cuanto priva a una persona de su libertad de disposición subjetiva o patrimonial".
En términos generales, hay que referir las deficiencias a aquellos estados en los que se da un impedimento físico, mental o psíquico, permanente, y a veces progresivo, que merma la personalidad, la deteriora y amortigua, con efectos en la capacidad volitiva y de decisión, incidiendo en su conducta al manifestarse como inhabilitante para el ejercicio de los derechos civiles y demás consecuentes, constituyendo las enfermedades mentales, como muestra la praxis civil, las causas que de forma mas peculiar modifican la capacidad de ejercicio de los derechos, pues los que se encuentran en este estado están incapacitados para la realización de la casi totalidad de los actos jurídicos. Lo esencial no es padecer una determinada forma de enfermedad mental, sino sufrir una perturbación que sea origen de un "estado mental" propio con repercusiones jurídicas, caracterizándose por los siguientes elementos: 1) existencia de un trastorno mental, cuya naturaleza y profundidad sean suficientes para justificar dichas repercusiones (criterio psicológico); 2) permanencia o habitualidad del mismo (criterio cronológico); y 3) que como consecuencia de dicho trastorno, resulte el enfermo incapaz de proveer a sus propios intereses, o dicho con palabras del Código, que le impida gobernarse por si mismo (criterio jurídico), si bien tal expresión, en principio ambigua y desorientadora, por su excesiva radicalidad, no debe interpretarse en sentido absoluto, pues bastará que la enfermedad o deficiencia de que se trate impliquen una restricción sustancial o grave de autogobierno de la persona a que respectivamente afecten, pues como indica la STS de 31 de octubre de 1994, no puede exigirse un estado deficitario del afectado mucho mas profundo o grave del que resulta de la propia literalidad del precepto mencionado.
Aplicando tal doctrina al caso de autos procede indicar que de las pruebas practicadas, con especial relevancia de la exploración de Doña xxxxxx y el informe médico forense unido a los presentes autos, se llega a la convicción de que es necesaria la incapacitación de Doña xxx, toda vez que la misma es una persona de edad avanzada que tiene 82 años, padece una demencia de tipo alzheimer asociada a patología vascular cerebral con deterioro cognitivo severo, crónico e irreversible, que le incapacitan de forma total y absoluta tanto para el cuidado de sí misma como para el de sus propios intereses, por lo que declaro la incapacitación total y absoluta de Doña xxxx, tanto para el cuidado de sí misma como para el de sus propios intereses, quedando inhabilitada entre otros actos y negocios jurídicos para contratar, testar y votar, debiendo someterse a régimen de tutela.
TERCERO.- El artículo 234 del Código Civil establece que:” Para el nombramiento de tutor se preferirá:
1º Al designado por el propio tutelado, conforme al párrafo segundo del artículo 223.
2º Al cónyuge que conviva con el tutelado.
3º A los padres.
4º A la persona o personas designadas por éstos en sus disposiciones de última voluntad.
5º Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el juez.
Excepcionalmente, el Juez, en resolución motivada, podrá alterar el orden del párrafo anterior o prescindir de todas las personas en él mencionadas, si el beneficio del menor o del incapacitado así lo exigiere.”.
En el presente caso, habiendo sido declarada la incapacitación de Doña xxxxxx en virtud de la presente resolución y siendo beneficioso para la incapaz el nombramiento de su hijo como tutor de la misma, procede designar como tutor de Doña xxxxx a Don xxxxxx al no concurrir en su persona ninguna de las causas de inhabilidad previstas en los artículos 243 y siguientes del Código Civil.
CUARTO.- Por la especial naturaleza del procedimiento, no procede hacer expreso pronunciamiento sobre costas.
ACUERDO la incapacitación total y absoluta de Doña xxxxx, tanto para el cuidado de sí misma como para el de sus propios intereses, quedando inhabilitada entre otros actos y negocios jurídicos para contratar, testar y votar.
ACUERDO designar como tutor de Doña xxxx a Don xxxxx.
Líbrese testimonio de esta resolución al Registro Civil donde consta la inscripción del nacimiento del incapaz, y a la Junta Electoral Central.
Así lo acuerda, manda y firma Dº JOSÉ LUIS PASCUAL MARTÍN, Magistrado- Juez del Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Cuenca y su Partido, de lo que doy fe.
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References: artículo 200
 artículo 200
 artículo 763
 resolución 
 artículo 234
 artículo 223
 resolución 
 resolución 
 resolución