Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1996-02231-de-mayo-4-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_a51ecac91b100146e0430a0101510146&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-20 00:42:36+00:00

Document:
﻿ Sentencia 1996-2231 de mayo 4 de 2011
CONTENIDO:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA. EL DAÑO ANTIJURÍDICO PUEDE SER ATRIBUIDO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA MEDIDA EN QUE ÉSTA LO HAYA PRODUCIDO POR ACCIÓN U OMISIÓN. EL PRINCIPIO DE REPARACIÓN INTEGRAL NO SÓLO COMPRENDE LOS CASOS DE GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS SINO CUALQUIER ASUNTO EN EL QUE SE JUZGUE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO Y EL JUEZ PODRÁ DECRETAR TODO TIPO DE MEDIDAS ENCAMINADAS A LA RESTITUCIÓN DE LAS GARANTÍA MÍNIMAS AFECTADAS Y GRADUAR LA INDEMNIZACIÓN INMATERIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, DAÑO ANTIJURIDICO, REPARACIÓN INTEGRAL A LA VÍCTIMA
Sentencia 1996-2231 de mayo 4 de 2011
Expediente: 76001232500019962231 01 (22.231, 22.289 y 22.528 acumulados)
Rad. Interna: 19.355
1.1. Copia íntegra y auténtica de las providencias proferidas en el proceso penal adelantado contra de Libardo Carlosama González, todas valorables como quiera que la prueba trasladada fue solicitada por ambas partes, motivo por el cual será apreciable sin limitación alguna en armonía con el principio de lealtad procesal(2).
1.1.1. Sentencia proferida el 15 de mayo de 1995, por el Juzgado Diecinueve Penal del Circuito de Cali, en la que se condenó a Libardo Carlosama González a la pena principal de 50 años de prisión como autor responsable del delito de homicidio múltiple agravado, en concurso con homicidio en grado de tentativa (fls. 2 a 43 cdno. 2).
“En estos mismos hechos sufrieron varias heridas por impacto de bala Eliuber Lasso y Daniel Vidal Vargas, que aparecen descritas en los reconocimientos practicados por los médicos legistas (...).
“(...) Ezequiel Oliveros (fl. 25) dice, 15 días antes los bajaron a todos a la inspección de Meléndez, porque dizque estaban consumiendo droga; Luis Alberto Revelo [agente de la policía], al ser preguntado si conocía la casa de Tarcilo, dice en su declaración “... ahí efectuamos un plan realizado a través de información y memoriales que llegaban a la subestación” (fl. 143); el procesado Carlosama sostiene participó (sic) del operativo al que se refiere Revelo (fl. 415 vto.), es decir, hubo acción de la policía contra estas personas porque eran señaladas como viciosos y delincuentes, es claro que ese es el concepto de los agentes Revelo y Carlosama tenían de ellos, lo que no es una novedad porque es conocido que en esta clase de barrios la delincuencia ha hecho sus cunas, por ello es creíble las afirmaciones de Lasso cuando sostiene que el agente Carlosama le había preguntado datos sobre la casa de Tarcilo. El procesado lo niega, pero la verdad es que si él en su calidad de agente del orden se encuentra con Eliuber Lasso, detenido en la inspección donde presta sus servicios, no es extraño que hubiera preguntado por Tarcilo y por quienes lo frecuentaban, contra quienes las quejas se habían vuelto comunes, haciendo que ellos tuvieran que intervenir; era lógico que quisiera indagar sobre la real situación de los moradores de la vivienda, que al parecer se dedicaban al vicio y a la brujería, y dice el declarante, el interés del agente era saber donde se reunían para caerles. Pero esto ahora lo niega Carlosama porque quiere desvirtuar cualquier vínculo con estas personas. Las afirmaciones en tal sentido hechas por Lasso le pueden resultar a él ahora comprometedoras, pero si no estuviéramos frente a este proceso seguramente las aceptaría como parte de su labor acuciosa.
“(...) Puede resultar curioso que el agente Carlosama, a sabiendas que era conocido por las víctimas, se hubiera presentado con el rostro descubierto, pero si pensamos en la seguridad que estas personas tenían que cumplir su objetivo poco le importaba a él se supiera estaba ahí, pues lejos estaba de imaginarse que habrían sobrevivientes. Daniel Vidal, que en tales condiciones también debió percatarse de que Carlosama no tenía cubierta la cara, no se refiere a este aspecto [como sí lo hizo Eliuber Lasso] y por el contrario sostiene que todos estaban tapados y muestra en sus intervenciones en el proceso, una actitud cuidadosa y prevenida hacia el hecho de ir a comprometerse, sin embargo, a una pregunta del Despacho (fl. 38 vto.) que si a pesar de que todos los homicidas iban encapuchados, podría indicar por la voz o gestos si alguno de ellos le recordó a alguien o se le pareció, impulsivamente contestó: “yo la ley la respeto y no me tropiezo con ellos”, pero en su declaración a folio 363 aclara “cuando digo la ley me refiero a la policía”. La primera declaración fue rendida el 29 de abril cuando aún, anímicamente debía estar bajo el impacto de lo ocurrido y si la ley para él es la policía, cuando respondió que con ella no se tropezaba, estaba indicando su temor a ellos, siendo que de haber resultado totalmente desconocidos los homicidas hubiera sido más sencillo manifestarlo así. Daniel Vida hombre joven, analfabeta, de estrato social bajo, tenía miedo, situación comprensible ante lo que le había tocado vivir horas antes y no se le puede pedir tuviera la entereza de Eliuber Lasso.
“(...)” (fls. 2 a 38 cdno. 2).
“(...) Conviene sin embargo de lo acordado en el aparte que antecede indicar que la responsabilidad que ahora se endilga a Libardo Carlosama González deviene de los hechos violentos sucedidos en esta ciudad en el sector conocido como Alto de Polvorines, vecino tanto de la inspección de policía del barrio Meléndez como del Batallón de Policía Carabineros, donde en el amanecer del día 28 de abril de 1994, resultaron muertas cinco (5) personas del lugar y heridas de gravedad otras dos (2) que, según sus recuerdos lograron escapar del propósito criminal de los autores del reato quienes, en número de 5 a 7 de acuerdo con las versiones presenciales, se apersonaron abruptamente, ya entrada la noche, a la residencia de Tarcilo Córdoba Mosquera lugar de reunión habitual de un grupo de personas marginales, que allí estaban esa noche, conminados a seguirlos y dándoles a entender que se trataba de una “batida” de la policía como la cumplida unos días atrás, también en contra de ellos, razón por la cual los presentes accedieron sin mayores repulsas, siendo de esta forma conducidos en un jeep de color blanco a un lugar despoblado a orillas del río Meléndez donde, sin vacilar y con toda sangre fría procedieron a hacerlos tender en el suelo “boca abajo” para seguidamente disparar repetidamente en su contra y por la espalda con las armas de fuego que llevaban con ellos. De este violento y aterrador proceder lograron escapar Eliuber Lasso y Daniel Vidal Vargas quienes también se encontraban allí reunidos y a quienes como a los demás los autores de la masacre hicieron movilizar en el vehículo referenciado hasta el lugar de cumplimiento del designio pero a quienes, en su orden, en su orden favoreció la suerte y la entereza. De acuerdo en efecto con las versiones juramentadas que éstos con posterioridad rindieron para el proceso, llegados al lugar de consumación del ilícito, los autores del mismo procedieron a hacer salir a los cuatro o cinco primeros, entre quienes se contaba Eliuber Lasso, y sin vacilar los hicieron tender en el suelo en la forma ya indicada, procediendo de inmediato a disparar repetidas ráfagas en su contra por la espalda. En este acontecer Eliuber recibió tres (3) impactos que sin embargo de afectar algunas zonas letales del organismo no le causaron la muerte pero, le permitieron asumirse como tal ante los antisociales y mientras se concluyó el proceder ilícito, lo que también resultó favorecido por las condiciones imperantes entre las que importa destacar que era tarde de noche y llovía profusamente. La situación con relación a Daniel Vidal se desenvolvió de manera un tanto diferente, pues correspondiéndole a éste el segundo turno y comprendiendo que efectivamente iba a ser muerto, una vez salido del automotor forcejeó con quien lo conducía y liberado emprendió veloz carrera que lo llevó de nuevo a la existencia no obstante las ráfagas que en su contra se hicieron y que también como al anterior le afectaron zonas vitales del organismo.
“(...) La carga incriminante así conformada contra la fuerza pública representada por la policía y muy concretamente para efectos de este asunto por Libardo Carlosama González uno de los fundadores de la estación Meléndez resulta corroborada y afianzada por una serie de circunstancias indiciarias entre las que importa destacar la relativa a la presencia del incriminado en la zona la noche-amanecer de los hechos en razón precisamente a que le correspondió el cargo de vigilancia del turno comprendido entre las 7 de la noche y las 6 de la mañana. De este aspecto y para efectos de precisarlo hablan para el proceso tanto la versión injurada de Carlosama González, como la de Luis Alberto Revelo Rivera, su compañero de patrulla quien también como él resultó incriminado y quien avalando la imputación abandonó el cargo y la institución al día siguiente de ocurridos los hechos cuando ya, con sustento inequívoco la incriminación se dirigía hacia ellos. También se encuentra corroboración de este aparte en la prueba documental que se trajo al proceso y que está confirmado que Carlosama González como Revelo Rivera conformaron la patrulla de vigilancia de ese sector la noche de autos.
“Contribuye también a avalar la incriminación que se ha ido estructurando contra Carlosama González las comprobaciones obtenidas con la práctica de la inspección judicial efectuada por el Fiscal que instruyó el proceso a la sede de la 5ª Estación de Policía emplazada en el barrio Meléndez, a través de las que se confirma que la dotación de armas de la patrulla ES2P como internamente se nombra la conformada por Revelo Rivera y el aquí procesado, comprendía a más de revólveres, carabinas y radio; importando precisar que el porte de este por parte de la patrulla no implica no obstante que la central conozca el lugar o las coordenadas espaciales donde ésta se encuentra, toda vez que este es un reporte cuya veracidad depende de los integrantes de la patrulla.
“(...) Un último razonamiento quiere formular la Sala en torno a las críticas presentadas por los recurrentes. Se ha advertido con alarma por parte de éstos que el testimonio del menor Eliuber Lasso no puede atenderse por cuanto al momento de la ejecución del punible y entonces de la percepción de que éste registró a través de sus sentidos, los mismos estaban alterados por el consumo reiterado de sustancias estupefacientes, a lo que precisamente se dedicaban las personas reunidas en la casa de Tarcilo Córdoba Mosquera.
“(...)” (fls. 44 a 57 cdno. 2 - negrillas del original).
“En reconocimiento en fila de personas efectuado por la Fiscalía Quince, el agente Carlosama González Libardo, fue ampliamente reconocido por Eliuber Lasso Abanis, como uno de los autores del crimen múltiple, que éste se encontraba uniformado para ese día y que no estaba encapuchado.
“Así las cosas, se observa ampliamente, que existen indicios graves y declaración testimonial que ofrece serios motivos para responsabilizar al agente Carlosama González Libardo, como partícipe del homicidio múltiple, ocurrido en Meléndez el día 28 de abril de 1994, situación ésta que lo coloca al margen de la Justicia Penal Ordinaria, toda vez que su actuar se realizó fue de un procedimiento (sic) policivo, no fue por causa del servicio, si tenemos en cuenta que el policía, está instruido para proteger la honra, bienes y la vida de sus congéneres, mal podría tenerse este hecho como un acto del servicio, por el contrario está de fuera todo orden legal y jurídico, debiendo ser investigado y sancionado por la autoridad respectiva. Entre tanto le corresponda al fallador de primera instancia de la Policía Metropolitana “Santiago de Cali”, determinar que el citado agente violó el Reglamento de Disciplina y Ética Policial, en su artículo 39 numeral 12 debiendo ser separado en forma absoluta de la Policía Nacional, lo cual se solicitará en la parte resolutiva de este proveído.
“(...)” (fls. 142 a 144 cdno. 2 - mayúsculas del original).
“Analizando el acervo probatorio allegado al plenario acorde con las reglas de la sana crítica, considera esta instancia que efectivamente el Agente Libardo Carlosama González transgredió lo preceptuado en el artículo 39 ordinal 12 del Decreto 2584 de 1993, “Violar las disposiciones penales o el estatuto de control y comercio de armas, municiones y explosivos o demás normas relacionadas con la materia” al establecerse que fue plenamente reconocido por el joven Eluber (sic) Lasso Abanis como el agente que participó en el ilícito en el que dieron muerte a María del Carmen Leguizamón Bolaños, Elizabeth Hoyos, Francisco Ortiz Jimenez, Tarcilo Mosquera Córdoba, Juan Carlos Muriel Guerrero y causaron lesiones lesiones (sic) a Daniel Vidal Vargas y Eluber (sic) Lasso Abanis, actuación censurable desde todo punto de vista y pese a que aún no haya sido condenado penalmente, disciplinariamente amerita la máxima sanción toda vez que existen graves indicios que ofrecen serios motivos de credibilidad que lo comprometen, como partícipe del múltiple homicidio, además de haber sido privado de su libertad por parte de la Fiscalía 15, evidenciándose su falta contra el ejercicio de la profesión, máxime si se tiene en cuenta que el fin primordial de esta es servir a la sociedad, respetando la persona humana y sus derechos consagrados en la Carta Magna.
“(...)” (fls. 146 a 156 cdno. 2).
1.2.3. Protocolo de necropsia de María del Carmen Leguizamón Bolaños, realizado el 28 de abril de 1994, por la Fiscalía No. 117, en el que se consignó:
“Descripción del cadáver: cadáver de mujer de edad madura de más o menos 37 años, raza negra, estatura 196 cm, en regular estado de nutrición, pálida, quien presenta heridas por bala que a continuación se describen:
“Bala Nº 1:
“Bala Nº 2:
“Bala Nº 3:
“En la espalda al lado derecho en séptimo espacio intercostal con línea escapular (...).
“(...)” (fls. 162 y 163 cdno. 2 - mayúsculas del original).
“Cadáver de varón joven con una edad aparente de 21 años, raza mestiza, estatura de 1,70 cm, buen estado de nutrición y desarrollo quien presenta heridas por bala que se describen a continuación:
“Bala Nº 01:
“Bala Nº 02:
“Bala Nº 03:
“Cuero cabelludo: heridas de cuero cabelludo por entrada de balas # 1 y 2.
“(...)” (fls. 164 y 165 cdno. Nº 2 - mayúsculas del texto original).
“(...) PREGUNTADO: sírvase decir si conoce a la señora María Elena Guerrero y al señor Luis Antonio Muriel, desde cuándo, qué relaciones existen entre éstos y si han tenido descendencia, indicando los nombres. CONTESTÓ: sí los conozco a ellos desde hace 20 años, ellos conviven bajo el mismo techo por ser compañeros permanentes, tienen 5 hijos de nombres: María Otilia Muriel, Francia Elena Muriel, Juan Carlos Muriel, María Lida Muriel y dos últimos que ella tuvo extramatrimonial que son Frank Guerrero y Ronal Moncayo Guerrero, esto me consta porque vivo ahí mismo en la misma comunidad y porque somos amigos. PREGUNTADO: Sírvase decir, si todos los mencionados vivían en una misma casa y cómo era el trato de los hijos con respecto a la madre y de éste respecto a sus hijos. CONTESTÓ: Si, ellos convivían en la misma casa, ellos tenían una buena relación entre la familia... PREGUNTADO: Sírvase decir si Juan Carlos Muriel Guerrero tenía esposa o compañera permanente y si tuvo hijos, indicando los nombres? CONTESTÓ: Sí. El tenía su mujer que convivía con él tenían una niña. La señora se llama María del Pilar Chacón y su niña se llama Lisa Daniela Chacón, ellos convivían en la misma casa con la mamá del él. PREGUNTADO: Sírvase decir, a qué actividades laborales se dedicaba Juan Carlos y a qué destinaba los dineros que ganaba para sostenerse él? CONTESTÓ: Pues el se desempeñaba en oficios varios como decir, ayudante de construcción, auxiliar de brocha gorda, y auxiliar de mecánica automotriz, cuando a él lo mataron él estaba trabajando en el taller de un señor Armando...” (fls. 1 y 2 cdno. 3 - mayúsculas del original).
“(...) Sí a la señora María Elena la conozco desde muy niña, es decir, aproximadamente unos 30 años, lo que hace que tengo uso de razón la estoy viendo, ella convive con el señor Luis Antonio Muriel y de esta unión procrearon a Otilia, Francy Elena, Juan Carlos y María Lidia Muriel Guerrero y Ronald Moncayo Guerrero, esto me consta por ser vecinos desde hace mucho tiempo, los he visto crecer en el mismo barrio donde vivimos (...). Sí Juan Carlos tuvo compañera la señora María del Pilar Chacón y con ella tuvo una niña de nombre Luisa Daniela Chacón (...)” (fls. 4 a 6 cdno. 3).
1.5. Registros Públicos de: i) nacimiento de Tito Jiménez, Francisco, Maris Ligia, Washington, Marleny, y Armando Ortiz Jiménez, en los que se acredita que el primero es hijo de Nohora Jiménez y los demás son hijos de la misma y del señor Jorge Lino Ortíz; ii) de defunción de Francisco Ortiz Jiménez; iii) de bautismo de María del Carmen Leguizamón(3), en la que consta que nació el 27 de junio de 1957, y que sus padres son María Leonila Bolaños y Emiliano Leguizamón; registro de nacimiento de Lida Carmenza González Leguizamón; Jhon Alexander Leguizamón Bolaños, Nini Johanna, Claudia Viviana, Luis Fernando y Emilcen Lorena Rentería Leguizamón; Emiliano Leguizamón Moreno, y partida de bautismo de Florinda Leguizamón Bolaños, quien nació el 24 de enero de 1961; iv) de defunción de María del Carmen Leguizamón y de José Robinson Rentería; v) de bautismo de Otilia Muriel Guerrero y Francy Muriel; Juan Carlos y María Lida Muriel Guerrero; Fran Sánchez Guerrero, Ronal Moncayo Guerrero; vi) de defunción de Juan Carlos Muriel Guerrero, en el que consta que era hijo de María Elena Guerrero y Luis Antonio Muriel (fls. 6 a 13 cdno. ppal. Exp. 22289, fls. 10 a 18 cdno. ppal. exp. 22528, fls. 4 a 10 cdno. ppal. exp. 22231).
1.6. Auto del 8 de abril de 1996, en el que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca designa al apoderado de los demandantes como curador ad litem de los menores Claudia Viviana, Luis Fernando y Emilsen Rentería Leguizamón, previa solicitud elevada por su abuela a esa Corporación, para que ejerza su representación en este proceso (fls. 5 a 9 cdno. ppal. Exp. 22528).
Ahora bien, en cuanto concierne a la imputación, se tiene que el daño antijurídico puede ser atribuido a la administración pública en la medida en que ésta lo haya producido por acción u omisión, pues, precisamente, en sentido genérico o lato la imputación es la posibilidad de atribuir un resultado o hecho al obrar —en sentido activo o pasivo— a un sujeto.
Si la ciencia jurídica parte del supuesto de atribuir o endilgar las consecuencias jurídicas de un resultado (sanción - responsabilidad), previa la constatación de que una trasgresión se enmarca en una específica proposición normativa, es evidente que el nexo causal por sí mismo deviene en insuficiente para solucionar el problema de la atribución de resultados, tal y como desde hace varios años se viene demostrando por el derecho penal, lo que ha conllevado a que se deseche el principio de causalidad a efectos de imputar un hecho, para dar aplicación a una serie de instrumentos e ingredientes normativos (v. gr. el incremento del riesgo permitido, la posición de garante, el principio de confianza, la prohibición de regreso, etc.) dirigidos a establecer cuándo determinado resultado es imputable a un sujeto. Lo anterior, como quiera que es posible que un determinado suceso tenga origen material en una específica conducta (causa material), pero las consecuencias del mismo sean atribuidas a un tercero (v. gr. la responsabilidad por el hecho de las cosas, o por el hecho de otro; la posición de garante)(5).
Así las cosas, en el caso concreto la problemática implica determinar si el daño es imputable a la administración pública, para lo cual es necesario establecer si en la materialización de aquél existió o no un nexo con el servicio público o, si por el contrario, el suceso tuvo su génesis en la culpa personal del agente estatal lo que configuraría la ausencia de imputación por el hecho de un tercero.
“... las actuaciones de los funcionarios sólo comprometen el patrimonio de las entidades públicas cuando las mismas tienen algún nexo o vínculo con el servicio público. La simple calidad de funcionario público que ostente el autor del hecho no vincula necesariamente al Estado, pues dicho funcionario puede actuar dentro de su ámbito privado separado por completo de toda actividad pública (...)”(6).
“Para determinar cuándo el hecho tiene o no vínculo con el servicio se debe examinar la situación concreta para establecer si el funcionario actuó frente a la víctima prevalido de su condición de autoridad pública, es decir, que lo que importa examinar no es la intencionalidad del sujeto, su motivación interna sino la exteriorización de su comportamiento. En otros términos lo que importa para atribuir al Estado, por ejemplo, el hecho de un policía que agrede a una persona es establecer “si a los ojos de la víctima aquel comportamiento lesivo del policía nacional aparecía como derivado de un poder público, si quiera en la vertiente del funcionamiento anormal de un servicio público” (...)”(7).
En el caso concreto, la Sala comparte los planteamientos del a quo en tanto encontró demostrada la falla del servicio de la entidad estatal, toda vez que no es predicable la culpa personal invocada. En efecto, no debe perderse de vista que el agente de policía actuó prevalido de su condición de funcionario público, ya que no sólo participó de la execrable masacre en servicio activo, sino que poseía información relevante, adquirida con ocasión de su investidura, sobre las reuniones que se efectuaban en la casa de Tarcilo Córdoba y las personas que participaban en las mismas.
“Como recuerda Zelaya, la doctrina de la ocasionalidad necesaria comporta que el empresario responda cuando la función o trabajo encomendado al dependiente haya constituido el marco circunstancial, coyuntural y externo que ha permitido o activado la operatividad de la conducta lesiva desarrollada por el dependiente; consiguientemente, bastará que el acto lesivo haya sido realizado durante la jornada laboral, en lugar de trabajo, con los instrumentos inherentes a la función o como consecuencia de un móvil proporcionado por la función; el empresario quedará exonerado de responsabilidad únicamente en el supuesto de que el acto del dependiente sea total y absolutamente ajeno a la función, lo que ocurrirá cuando ésta ni siquiera haya suministrado la oportunidad de realizarlo(8)”(9).
“(...) La tesis de la falla personal ha sido elaborada por esta misma Sala y se ha insistido en varias oportunidades que para que ésta se dé se tiene que mostrar el accionar del agente totalmente desvinculado del servicio, porque si el resultado dañoso deja ver que se actúa dentro o con ocasión del mismo la culpa personal desaparece para mostrar la falla de la administración y con esta su responsabilidad” (destaca la Sala).
De lo anterior se infiere con nitidez o claridad, que de lo que dan cuenta los autos es de la ejecución de varios ciudadanos en una de esas mal llamadas “labores de limpieza social” que no pueden ser sino catalogadas como una vergüenza nacional, no sólo frente al mundo, sino ante el tribunal de la razón y la civilidad por más deteriorada que se encuentre en un momento histórico dado. Y como tristemente en época que se espera ya superada, en un culto al prejuicio, se devaluó por algunos miembros de los organismos de seguridad, al ciudadano humilde o de escasos recursos para identificarlo con el delincuente, y fue eso sin eufemismo alguno lo que ocurrió, y así lo trasunta este proceso, ya que la labor de la fuerza pública se pervirtió para servir de medio o instrumento a la hora de desencadenar unos hechos propios del pandemonio.
“En numerosas oportunidades la Sala ha hecho una verdadera apología de la vida (...). Y lo seguirá haciendo, cada vez que encuentre, como en el presente caso, que se sigue aplicando en el país la pena de muerte, proscrita por la Carta Fundamental desde hace más de un siglo.
“La muerte injusta de un hombre no podrá considerarse más o menos admisible dependiendo de la personalidad, de la identidad, de la influencia o de la prestancia de ese hombre. La muerte injusta de una persona con antecedentes delictivos, continúa siendo injusta a pesar de los antecedentes que registre y lo será tan injusta, tan insoportable y tan repudiable como la del hombre bondadoso de irreprochable conducta”(12) (negrillas adicionales).
Sobre el particular, resulta oportuno destacar que los miembros de la fuerza pública deben ceñirse estrictamente a los parámetros y postulados fijados por la Carta Política, pues cualquier distorsión o trasgresión de ese conjunto de principios, valores y derechos contenidos a lo largo del ordenamiento jurídico, por muy loable que en apariencia sea el propósito con que subjetivamente se actúe por parte de los funcionarios (v. gr. eliminar a las fuerzas al margen de la ley o la delincuencia), se traduce en uno de los peores crímenes o delitos reprochados por la humanidad; lo anterior, como quiera que cuando es el mismo Estado —entidad que detenta el uso legítimo de la fuerza—, quien a través de sus miembros activos emplea sus medios e instrumentos para cercenar, aniquilar y desdibujar las garantías fundamentales del ser humano se quebranta el principio basilar del Estado Social de Derecho, esto es, la dignidad humana, y ello se presta para definir a la organización pública como ilegítima, pues actúa en contra de los propios mandatos trazados por el constituyente primario y directo detentador de la soberanía y del poder político.
“Ninguna mayoría, ni siquiera por unanimidad, puede legítimamente decidir la violación de un derecho de libertad o no decidir la satisfacción de un derecho social. Los derechos fundamentales, precisamente porque están igualmente garantizados para todos y sustraídos a la disponibilidad del mercado y de la política, forman la esfera de lo indecidible y de lo indecidible que no; y actúan como factores no sólo de legitimación sino que también y, sobre todo, como factores de deslegitimación de las decisiones y de las no-decisiones (...). Las garantías no son otra cosa que las técnicas previstas por el ordenamiento para reducir la distancia estructural entre normatividad y efectividad y, por tanto, para posibilitar la máxima eficacia de los derechos fundamentales en coherencia con su estipulación constitucional (...). Este es el sentido de la frase ¡Hay jueces en Berlín!: debe haber un juez independiente que intervenga para reparar las injusticias sufridas, para tutelar los derechos del individuo, aunque la mayoría o incluso los demás en su totalidad se unieran contra él; dispuesto a absolver por falta de pruebas aun cuando la opinión general quisiera la condena, o a condenar, si existen pruebas, aun cuando esa misma opinión demandase la absolución”(13).
“Ya en el mero nombre de hombre hay una dignidad. Y como esta corresponde en igual medida a todos los hombres, todo hombre es también igual a los otros por naturaleza. Esta igualdad “natural” no es una igualdad de fuerzas, como pensaba Hobbes, sino una igualdad en el Derecho, cuyo fundamento se halla en el deber de sociabilidad que une igualmente a todos los hombres, ya que está dado con la naturaleza humana como tal (...)”(14).
De otro lado, resulta oportuno advertir acerca de la existencia de un pronunciamiento previo de esta Sala que refleja o traduce en el plano material, más no en el formal, un fenómeno de cosa juzgada debido a la identidad de objeto y causa entre los hechos objeto de juzgamiento, toda vez que en providencia del 29 de enero de 2010(15), se declaró la responsabilidad extracontractual de la Policía Nacional por la muerte de la señora Elizabeth Hoyos, ocurrida el 27 de abril de 1994, producida en las mismas circunstancias analizadas en el sub lite. En el reciente fallo, cuyo análisis se circunscribió al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, se puntualizó lo siguiente:
“(...) En relación con el tipo de arma utilizado en la masacre se tiene, por un lado, que los testimonios son concordantes en afirmar que un Agente de Policía, quien posteriormente fue identificado como Libardo Carlosama González, portaba una arma tipo carabina; de otro lado, el dictamen de balística practicado a las armas incautadas —entre las cuales se encontraba aquella—, determinó que habían sido disparadas después de que fueron limpiadas por última vez; asimismo, causa extrañeza a la Sala que no se hubiere realizado anotación alguna en el libro de control de armamento respecto de las armas utilizadas en el turno del día 27 de abril de 1994 entre las 9.00 P.M., y las 7.00 A.M., esto es, precisamente en el turno asignado al Agente Carlosama González, lapso en el cual se perpetraron los hechos.
“(...) Así las cosas, resulta claro entonces que la responsabilidad de la Policía se ve comprometida por cuanto los anteriores medios probatorios recaudados en el proceso señalan que la muerte de los señores Francisco Ortiz Jiménez, Elizabeth Hoyos, María del Carmen Leguizamon Bolaños, Tarcilio Mosquera Córdoba, Juan Carlos Muriel Guerrero, y las lesiones de Daniel Vidal Vargas y del menor Euliber Lasso Abanis, se produjeron mientras éstos estaban en estado de indefensión, bajo la custodia de un Agente de la Policía —el cual fue plenamente identificado—, en asocio con otros individuos quienes también se identificaron como tales, quienes habrían detenido a las víctimas bajo el argumento de que los conducirían a una Estación de Policía para verificar antecedentes penales.
“La Corte ha establecido que el derecho a la vida juega un papel fundamental en la convención Americana por ser el presupuesto esencial para la realización de los demás derechos. Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho inalienable y, en particular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra él. La observancia del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva), conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias, no sólo para prevenir, juzgar y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales, en general, sino también para prevenir las ejecuciones arbitrarias por parte de sus propios agentes de seguridad”(17).
“(...)” (cursivas y negrillas del original).
“Este precepto constitucional retoma el viejo mandato contenido en el artículo 29 de la Constitución de 1886, correspondiente al artículo 3º del Acto Legislativo No. 003 de 1910, que estableció que el legislador no podía imponer la pena capital en ningún caso. Prohibición que desde entonces ya era absoluta(22) en tanto se trata del primer derecho y el supuesto de todos los derechos(23), según lo precisó el guardián de la Constitución de esa época. Canon prohibitivo que no admitía excepción alguna para el legislador y por lo mismo cobijaba a las demás ramas del poder público. Esta preceptiva fundamental era interpretada por nuestra jurisprudencia constitucional en armonía con el artículo 16 de la Carta de 1886, disposición que a su turno obligaba a todas las autoridades a proteger la vida y, por lo mismo, era concebida como un principio rector de toda la Constitución(24).
“De ahí que no sorprende que haya sido ubicado en el artículo 11, a la cabeza del capítulo I del Título II de la Carta de 1991, dedicado justamente a los derechos fundamentales (tal y como sucede en otras latitudes)(26).
“(...) Síguese de todo lo anterior que no son admisibles las ejecuciones extrajudiciales y por ello en varias oportunidades, no sólo esta Corporación —como ya se indicó— sino también la Comisión Interamericana ha declarado responsable al Estado Colombiano por actuaciones de esta naturaleza, por parte de miembros del Ejército Nacional(30).
“No debe perderse de vista que el artículo 11 superior contempla a la vida como un derecho intangible en tanto fundamento, sustento y —por lo mismo— primero de los derechos inherentes a la persona. Se trata sin duda de la más importante motivación política de nuestro orden constitucional que irradia —por supuesto— el resto de la Carta y su primacía es reconocida por el artículo 5º CN junto con los demás derechos inalienables de la persona.
“En consonancia con estos mandatos, el artículo 2 Constitucional —en perfecta armonía con el preámbulo de la Carta— dispone que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, en su dimensión bifronte de derecho fundamental y principio superior(31) que inspiró al constituyente en el diseño del ordenamiento constitucional y por lo mismo es uno de los pilares de nuestra democracia.
“(...)” (negrillas y cursivas del original).
En consecuencia, la importancia de la dignidad humana entendida como aquel imperativo categórico —en términos Kantianos— que determina que cada ser humano —sin importar su sexo, raza, etnia, clase social, capacidad física y/o mental, capacidad económica, etc.— es un fin en sí mismo y no puede ser utilizado como un medio para alcanzar los fines de otros, radica en que la misma constituye el sustrato de todos los derechos humanos, principalmente de los derechos fundamentales y, por ende, de la vida y la libertad garantías éstas sin las cuales la existencia y plenitud de la humanidad se vería amenazada. Así lo pone de presente de forma majestuosa el vate universal Jorge Luís Borges, en su canto a la vida “Remordimiento por cualquier muerte”:
“(...) En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias, no sólo para prevenir, juzgar y castigar la privación de la vida como consecuencia de actos criminales, en general, sino también para prevenir las ejecuciones arbitrarias por parte de sus propios agentes de seguridad”(32).
“80. La Corte ha señalado en su jurisprudencia que el cumplimiento de las obligaciones impuestas por el artículo 4º de la Convención Americana, relacionado con el artículo 1.1 de la misma, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere, a la luz de su obligación de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva) de quienes se encuentren bajo su jurisdicción(39).
Así mismo, en el informe del 6 de enero de 1999, E/CN.4/1999/39/Add.1, la Relatora Especial, Asma Jahangir, presentó en cumplimiento de la resolución 1998/68 de la Comisión de Derechos Humanos, el informe por países de las Ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. En relación con Colombia, las observaciones fueron las siguientes:
“63. No obstante, queda claro que el Gobierno de Colombia demuestra su voluntad de cooperar con el mandato de la Relatora Especial, a pesar de las dificultades internas con que se enfrenta. Esta cooperación se manifiesta por la presencia de las Naciones Unidas en el país, las respuestas de Colombia a las denuncias y la visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en octubre de 1998. En este espíritu de cooperación, la Relatora Especial insta al Gobierno de Colombia a formular una política coherente en materia de derechos humanos y de apoyo al sistema, con miras a poner fin a la impunidad de que actualmente gozan los militares y los grupos paramilitares. Alienta asimismo las conversaciones de paz entre todas las facciones en el actual conflicto del país e insta a que estas partes intervengan en la elaboración de la política sobre derechos humanos” (se destaca).
a) La restitución o restitutio in integrum, es el restablecimiento de las cosas a su estado normal o anterior a la violacion, producto del ilícito internacional, es la forma perfecta de reparación, y que sólo en la medida en que dicha restitución no resulte accesible procede acordar otras medidas reparatorias(42).
c) Rehabilitación, comprende la financiación de la atención médica y psicológica o siquiatrica o de los servicios sociales, juridicos o de otra indole(44).
d) Satisfacción, son medidas morales de carácter simbolico y colectivo, que comprende los perjuicios no materiales, como por ejempo, el reconocimiento público del Estado de su responsabilidad, actos conmemorativos, bautizos de vías públicas, monumentos, etc.(45)
e) Garantias de no repetición, son aquellas medidas idóneas, de carácter administrativo legislativo o judicial, tendientes a que las víctimas no vuelvan a ser objeto de violaciones a su dignidad, entre las cules cabe mencionar aquellas encaminadas a disolver los grupos armados al margen de la ley, y la derogación de leyes, entre otras(46)”(47).
“La reparación colectiva debe orientarse a la reconstrucción sicosocial de las poblaciones afectadas por la violencia. Este mecanismo se prevé de manera especial para las comunidades afectadas por la ocurrencia de hechos de violencia sistemática” (negrillas y subrayado de la Sala).
“Esta Corte, al resolver sobre qué debe entenderse por desplazado por la violencia, en función del Registro Único de Población Desplazada, ha considerado que las víctimas no requieren del “reconocimiento oficial para la configuración del desplazamiento forzado en un caso concreto”, toda vez que la realidad del desplazamiento desborda “la afirmación de su configuración por parte de las autoridades(49)” (negrillas del original).
“Los Principios prevén, además, medidas contra la prescripción i) con miras a que ésta no opere, tanto respecto de la investigación, como de las penas, en tanto “no existan recursos eficaces contra esa infracción” y ii) que la misma no se invoque dentro del marco de “las acciones civiles o administrativas entabladas por las víctimas para obtener reparación” –Principios 22 y 23-.
“En lo que tiene que ver con la reparación de los daños, la directriz distingue el derecho de las víctimas y sus derechohabientes a ser indemnizados por los perjuicios causados, del derecho de los Estados a repetir contra los autores, de manera que, con independencia de los resultados de la investigación, toda persona afectada en su vida, honra, bienes, derechos y libertades, por hechos sucedidos dentro del marco del conflicto armado interno, puede exigir “medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción según lo establece el derecho internacional”, sin perjuicio del derecho del Estado de dirigirse contra los responsables de la vulneración —artículo 2º C.P. Principio 34—.
“Siendo así, ante la decisión de la Fiscalía General de la Nación de abstenerse de emprender la investigación que demanda la ocurrencia de hechos criminales, dentro del marco del conflicto armado —desconociendo el derecho de las víctimas a conocer la verdad y a que los autores de la violación sean procesados, juzgados y condenados—, la Red de Solidaridad Social no puede, de contera, condicionar la reparación a la expedición de una certificación -sobre los “móviles ideológicos y políticos”- que solo podrían haber expedido las autoridades judiciales, una vez culminado el truncado enjuiciamiento.
“Debe colegirse, por lo tanto, que el principio de reparación integral, entendido este como aquel precepto que orienta el resarcimiento de un daño, con el fin de que la persona que lo padezca sea llevada, al menos, a un punto cercano al que se encontraba antes de la ocurrencia del mismo, debe ser interpretado y aplicado de conformidad con el tipo de daño producido, es decir, bien que se trate de uno derivado de la violación a un derecho humano, según el reconocimiento positivo del orden nacional e internacional o que se refiera a la lesión de un bien o interés jurídico que no se relaciona con el sistema de derechos humanos (DDHH).
“(...) La anterior conclusión se impone, a todas luces, como quiera que, en estos eventos, el reconocimiento de una indemnización económica con miras al cubrimiento de un determinado perjuicio o detrimento, en modo alguno puede catalogarse como suficiente, toda vez que la persona o conglomerado social ven afectado un derecho que, en la mayoría de los casos, es de aquellos que pertenecen a la primera generación de derechos humanos y, por lo tanto, por regla general, se ven cercenadas garantías de naturaleza fundamental, sin las cuales la existencia del ser humano no es plena.
“Así las cosas, es claro que el juez mediante la ponderación del contenido del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, con las demás disposiciones contenidas en el ordenamiento jurídico colombiano, puede arribar a decisiones que respeten plenamente las garantías fundamentales y procesales de las entidades o personas demandadas, sin que ello suponga que aquél deba pasar por inadvertido conductas y violaciones a derechos humanos, posición que está claramente proscrita por los lineamientos del derecho internacional que los protege y, adicionalmente, por el orden jurídico interno.
“Como corolario de lo anterior, debe puntualizarse que, en todas aquellas situaciones en las cuales el juez se enfrente a un evento de flagrante quebrantamiento de derechos humanos, el sistema jurídico interno debe ceder frente a los postulados contenidos en la Carta Política y en el orden internacional, para dar paso a medidas e instrumentos que permitan la protección efectiva y material de aquéllos(55).
“(...)” (negrillas del original - negrillas y subrayado sostenidos adicionales).
A partir de la anterior sentencia, la Corporación ha avalado una hermenéutica garantista, que defiende la protección activa de los derechos humanos, lo que se ha traducido en una prevalencia del derecho internacional sobre el derecho interno. Es posible señalar, en relación con el principio de reparación integral, que este no sólo comprende los casos de graves violaciones de derechos humanos sino cualquier asunto en el que se juzgue la responsabilidad patrimonial del Estado. No obstante, en los casos en los que no esté de por medio una grave violación a derechos humanos, o la vulneración flagrante de un derecho fundamental —en su dimensión subjetiva u objetiva—, la Sala se encuentra limitada por los principios de congruencia y de no reformatio in pejus; por lo tanto, en estos eventos la parte actora podrá solicitar en la demanda cualquier tipo de medida relacionada con: la restitutio in integrum del daño; medidas de satisfacción; indemnización plena de perjuicios; la rehabilitación, y garantías de no repetición, pero no podrán ser decretadas medidas o pretensiones de oficio.
Así las cosas, en este tipo de procesos, siempre que se constate la violación a un derecho humano, sea fundamental o no, a causa de una grave lesión, será procedente adoptar todo tipo de medidas de justicia restaurativa para proteger no sólo la dimensión subjetiva sino objetiva del derecho afectado.
“Como garantía de no repetición, se ordenará enviar copia íntegra y auténtica de esta providencia a la Superintendencia Nacional de Salud, para que remita copia de la misma a cada una de las EPS que funcionan actualmente en Colombia, sin que ello implique, en modo alguno pronunciamiento de responsabilidad en contra de esta última entidad, toda vez que no es parte en el proceso; por ende, se insiste, el único propósito de la medida consiste en la divulgación pedagógica, a efectos de que situación como la descrita en la sentencia no se vuelva a repetir. El valor de las copias será asumido por el ISS” (negrillas y subrayado de la Sala).
“(...) 43. En el periodo examinado la relatora especial ha recibido numerosas informaciones sobre utilización excesiva de la fuerza por parte de la policía o el ejército, en relación con la represión de manifestaciones pacíficas o como consecuencia de tiroteos con agentes del orden, con resultados de muerte. También ha recibido informaciones sobre un número considerable de ejecuciones extrajudiciales como consecuencia de operaciones represivas de la delincuencia llevadas a cabo por las autoridades mediante el procedimiento de las “redadas preventivas” en las comunidades más pobres. Le preocupa que las políticas duras adoptadas por los gobiernos suelan ser mal utilizadas por los organismos de orden público, con el frecuente resultado de ejecuciones extrajudiciales. Las medidas gubernamentales duras para “aplastar la delincuencia” dejan margen a determinados elementos de las autoridades de orden público para hacer justicia, de modo expeditivo contra quienes consideran socialmente “indeseables”. Es sabido que en el curso de sus redadas, la policía, que a menudo carece de la capacitación y los medios para llevar a cabo esas operaciones correctamente, dispara injustificadamente contra presuntos delincuentes o habitantes locales causando muertes. Estas operaciones tienen lugar sobre todo en grandes centros urbanos que generalmente padecen un índice de delincuencia sumamente elevado. No obstante, la Relatora Especial observa que la violencia policial no se limita a esas zonas y que a menudo entre las personas muertas se cuentan campesinos sin tierra o líderes indígenas de zonas rurales involucrados en conflictos sobre las tierras. y jóvenes de hogares desfavorecidos detenidos en operaciones policiales”.
4. Valoración de perjuicios
Contrario sensu, se accederá al reconocimiento de los perjuicios materiales reclamados por los hijos de la víctima María del Carmen Leguizamón, por cuanto respecto de los mismos opera la regla de la experiencia que se deriva de la efectiva acreditación del parentesco y, así mismo, reposan en el proceso los respectivos registros civiles de nacimiento lo que permite acceder al pago del mencionado daño, con la expresa salvedad de que el período a liquidar comprenderá máximo hasta los 25 años de cada uno de los referidos demandantes, como quiera que, según las reglas de la experiencia trazadas por la Corporación, en esa edad los hijos dejan de depender económicamente de sus padres.
Como quiera que ese porcentaje tenía que ser distribuido entre todos sus hijos menores, a efectos de establecer el ingreso base de liquidación de cada uno de ellos se dividirá esa suma entre cuatro, lo que arroja como liquidación la $ 120.703.
S = $ 120.703 (1+ 0,004867)156,16 - 1
S = $ 28.133.530
S = $ 120.703 (1 + 0,004867)191,21 - 1
S = $37.953.377
S = $120.703 (1 + 0,004867)191,21 - 1
S= $37.953.377
S = $120.703 (1+ 0.004867)1,26 - 1
0,004867 (1+ 0,004867) 1,26
S = $ 153.703
S = $ 120.703 (1+ 0.004867)7,3 - 1
0,004867 (1 + 0,004867)7,3
S= $ 869.061
S = $ 120.703 (1+ 0,004867)19,4 - 1
0,004867 (1+ 0,004867) 19,4
S = $2.247.808
En la demanda se solicitó una condena por perjuicio moral a favor de cada uno de los demandantes, por valor de 1000 gramos de oro. Ahora bien, con el recurso de apelación se reiteró esa petición o la suma equivalente en dinero, y para los hermanos de las víctimas se incrementara el valor por este concepto a 500 gramos de oro o su equivalente.
En este orden de ideas, se accederá a los requerimientos elevados en la demanda, motivo por el que los perjuicios morales serán decretados, previo señalamiento de que conforme a lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, se ha abandonado el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicio moral, considerando que la valoración del mismo debe ser hecha por el juzgador en cada caso según su prudente juicio, por ello se sugirió la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado(59).
De otro lado, se modificará la sentencia apelada en cuanto denegó los perjuicios morales a favor de Luis Antonio Muriel —padre de Juan Carlos Muriel Guerrero— y de Luisa Daniela Chacón Castro, como quiera que si bien no obran sus registros civiles de nacimiento, lo cierto es que de los registros civiles de nacimiento y de defunción de Juan Carlos Muriel Guerrero, se puede constatar que su padre es Luis Antonio Muriel Guerrero, quien lo reconoció ante las autoridades competentes. Igualmente, los testimonios de Patricia Muños y Victoria Viveros Mideros son demostrativos de que Juan Carlos Muriel era el padre —o al menos así se comportaba— de Luisa Daniela, y si bien esta corporación no cuenta con los medios de convicción ni con la competencia para declarar la filiación de la menor, ello no es óbice para acceder a las súplicas por daño moral elevadas por la misma, pues de las pruebas mencionadas se desprende su condición de damnificada con el daño antijurídico, ya que la convivencia y las relaciones de familia —al margen de los aspectos biológico o jurídico— están acreditadas.
“Porque en la Constitución de 1991, más claramente que en el Código Civil, la familia no es un producto necesariamente surgido de manifestaciones afectivas. Es un producto y es una institución en donde está clara una visión de solidaridad entre seres humanos y una visión de solidaridad que adquiere todo su sentido, sobre todo frente a los niños, porque los niños tienen el derecho fundamental y prevalente a tener una familia. Tienen ese derecho fundamental y prevalente por encima de las coyunturas en los afectos de sus padres (...). Aquí viene a ponerse de presente, como la concepción de familia de la Constitución de 1991, es una concepción solidarista —no individualista—. No depende del íntimo querer del marido y mujer o, de hombre y mujer. Depende de lo que exija esa realidad social de la familia. Los conflictos son importantes, muestran desacuerdos, malformaciones, a veces hasta patologías, pero no son los límites a la existencia de esa unidad familiar”(60).
Al margen de que el apoderado de los demandantes haya actuado durante todo el proceso como curador ad litem de los menores Claudia Viviana, Luis Fernando y Emilcen Lorena Rentería Leguizamón, en virtud de la autorización proferida por el a quo en auto del 8 de abril de 1996, en los términos establecidos en el numeral 1 del artículo 45 del Código de Procedimiento Civil, esto es, por cuenta de la carencia de representantes legales, lo cierto es que para la fecha de esta providencia aquéllos ya cumplieron la mayoría de edad, circunstancia por la que las condenas decretadas a su favor en este fallo serán directamente entregadas a ellos, toda vez que la representación ejercida por el curador ya se encuentra superada, lo que impide que cuente con capacidad de recibir las sumas ordenadas a favor de esos demandantes, tal y como lo dispone el artículo 46 ibídem.
Toda vez que no se evidencia temeridad, ni mala fe de las partes y, así mismo, como quiera que la providencia apelada será modificada parcialmente en virtud del recurso de alzada interpuesto por la parte actora, la Sala se abstendrá de condenar en costas de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
“1. DECLÁRASE administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, de los hechos ocurridos el 28 de abril de 1994, en los que se produjo la muerte varios ciudadanos entre ellos Francisco Ortiz, Juan Carlos Muriel y María del Carmen Leguizamón.
“2 CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a reconocer y pagar, por concepto de perjuicios morales las sumas de dinero que se expresan a continuación:
“3. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, a pagar las siguientes sumas de dinero por concepto de daños materiales en la modalidad de lucro cesante a favor de: i) Nini Johanna Rentería Leguizamón, la suma de veintiocho millones ciento treinta y tres mil quinientos treinta pesos m/cte $ 28.133.530; ii) Claudia Viviana Rentería Leguizamón, el valor de treinta y ocho millones ciento siete mil ochenta pesos m/cte $ 38.107.080; iii) Luis Fernando Rentería Leguizamón, la suma de treinta y ocho millones ochocientos veintidós mil cuatrocientos treinta y ocho pesos m/cte $ 38.822.438, y iv) Emilcen Lorena Rentería Leguizamón, la suma de cuarenta millones doscientos un mil ciento ochenta y cinco pesos m/cte $ 40.201.185.
“4. Las sumas decretadas en esta sentencia a favor de Claudia Viviana, Luis Fernando y Emilcen Lorena Rentería Leguizamón serán entregadas o canceladas directamente a los demandantes, sin que esos valores puedan ser recibidos por el curador ad litem, como quiera que a la fecha de la presente sentencia los citados demandantes ya son ostentan la mayoría de edad.
“5. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional a la reparación de la violación de los derechos humanos de los señores María del Carmen Leguizamón, Francisco Ortiz y Juan Carlos Muriel, para lo cual, de conformidad con la parte motiva de esta providencia, deberán adoptar las siguientes medidas de naturaleza no pecuniaria:
“6. CONDÉNASE al agente de la Policía Nacional Libardo Carlosama González a rembolsar a la institución demandada las sumas que efectivamente sean canceladas a los demandantes por cuenta de este fallo.
“7. DENIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda”.
(2) “Lo anterior, como quiera que la prueba trasladada, en los términos definidos por la jurisprudencia de esta Sala, sólo es susceptible de valoración, en la medida en que las mismas hayan sido practicadas con presencia de la parte contra quien se pretenden hacer valer (principio de contradicción), o que sean ratificadas en el proceso contencioso administrativo. Es posible, además, tenerlas en cuenta, si existe ratificación tácita, esto es que la demandada las haya solicitado, al igual que el demandante; lo anterior conforme al principio de lealtad procesal, como quiera que no resulta viable que si se deprecan... con posterioridad, esa parte se sustraiga frente a los posibles efectos desfavorables que le acarree el acervo probatorio, el cual, como se precisó, fue solicitado en la respectiva contestación de la demanda.” Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 5 de junio de 2008, Exp. 16174, M.P. Enrique Gil Botero. De igual manera se pueden consultar las sentencias sentencias de 20 de febrero de 1992, Exp. 6514 y de 30 de mayo de 2002, Exp. 13476.
“Ahora bien, con el fin de acreditar el vínculo familiar existente entre el señor Juan Carlos Hidalgo Ariza y sus padres, Reyes Hidalgo y Ana Elvia Ariza, se aportó el registro de bautizo del señor Hidalgo y la partida de matrimonio de quien dicen ser sus padres (fls. 3-4 cdno. 2, Exp.: 15.922), sin embargo, dichas pruebas no resultan procedentes para establecer el parentesco puesto que con la entrada en vigencia del Decreto 1260 de 1970 (la legislación anterior, esto es las Leyes 57 de 1887 y 92 de 1938, contemplan la posibilidad de que las personas católicas acreditaran el parentesco con las partidas de bautismo expedidas por la respectivas parroquias) la única prueba válida para acreditar la filiación es el registro civil de nacimiento. En este caso, dado que el señor Hidalgo nació con posterioridad a la expedición de dicha legislación debe decirse que la partida de bautismo no constituye un medio idóneo para acreditar quiénes son sus padres; en consecuencia, la no acreditación del parentesco torna imposible inferir, aplicando las reglas de la experiencia, el sufrimiento de los demandantes por razón de la detención injusta de la libertad de que fue objeto el señor Juan Carlos Hidalgo Ariza. La sola circunstancia de que en la providencia mediante la cual se impuso la medida de aseguramiento se hubiere hecho mención a que el señor Hidalgo era hijo de los señores Reyes y Ana Elvia, en tanto no constituye prueba del parentesco y no da cuenta del perjuicio moral que los hechos de la demanda causaron en ellos, no es relevante para efectos de reconocer a su favor una condena de tipo patrimonial ni para tenerlos como terceros damnificados puesto que, se reitera, no ase allegó prueba alguna que permita tener por cierto el padecimiento sufrido por ellos con ocasión de los hechos imputables a la Administración.” Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 25 de febrero de 2009, Exp. 25.508, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(5) “En la responsabilidad del Estado la imputación no se identifica con la causalidad material, pues la atribución de la responsabilidad puede darse también en razón de criterios normativos o jurídicos” (se resalta) Sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, de 21 de febrero de 2002 Expediente 14215, M.P. Ricardo Hoyos Duque.
(8) Zelaya E., Pedro “La responsabilidad civil del empresario por los daños causados por su dependiente”, Ed. Aranzadi, Pamplona, p. 445.
(9) Mir Puigpelat, Oriol “La responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria”, Ed. Civitas, pp. 200 y 201.
“[l]a protección contra la privación arbitraria de la vida, que es explícitamente exigida por el tercer párrafo del artículo 6.1 [del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos] es de suprema importancia. El Comité considera que los Estados Partes deben tomar medidas no sólo para prevenir y castigar la privación de la vida [causada por] actos criminales sino también para prevenir los homicidios arbitrarios [cometidos por] sus propias fuerzas de seguridad. La privación de la vida por autoridades del Estado es una cuestión de suma gravedad. En consecuencia, [el Estado] debe controlar y limitar estrictamente las circunstancias en las cuales [una persona] puede ser privada de su vida por tales autoridades”(Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Comentario General 6/1982, párr. 3 y cfr. también Comentario General 14/1984, párr. 1).
(19) Comité de Derechos Humanos, Caso Kindler vs. Canadá, Comunicación 470 de 1991, dictamen aprobado el 18/11/93, en el mismo sentido vid. COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS, Observación general Nº 06: derecho a la vida (art. 6) 30/04/82.
(26) En España, por ejemplo, el valor jurídico fundamental de la dignidad de la persona está consignado en el artículo 10 de la CN de 1978 “situado a la cabeza del título destinado a tratar los derechos y deberes fundamentales”, mientras que el derecho a la vida está previsto en el artículo 15 “a la cabeza del capítulo donde se concretan estos derechos” (STC 53/1985, FJ 3º).
(28) Tribunal Constitucional Español, Sentencia STC 53 de 1985 FJ 3º.
(30) Vid. Comisión Interamericana De Derechos Humanos, Informe 32, Caso 10545 (Colombia), en www.cidh.org
(32) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de los Niños de la Calle (Villagrán Morales y otros), sentencia de 19 de noviembre de 1999. Caso de la Masacre de Pueblo Bello, Caso del Penal Castro Castro, y Caso Vargas Areco y Caso Caso Escué Zapata (vs.) Colombia. Sentencia de 4 de julio de 2007.
(33) Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Zambrano Vélez y otros (vs.) Ecuador, sentencia del 4 de julio de 2007.
(34) Cfr. Caso de los “niños de la calle” (Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C Nº 63, párr. 144. Ver también Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 14 párr. 237, y Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 63.
(35) Cfr. Caso de los “niños de la calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota 59, párr. 144. Ver también Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 63, y Caso Ximenes Lopez. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C 149, párr. 124.
(36) Cfr. Caso Masacre de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006. Serie C 140, párr. 119. Ver también Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 63, y Caso Baldeón García. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C 147, párr. 82.
(38) Cfr. Caso Baldeón García, supra nota 61, párr. 83. Ver también Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia), supra nota 31, párr. 64, y Caso de las Masacres de Ituango. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C 148, párr. 129.
(39) Cfr. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros), supra nota 59, párr. 144. Ver también Caso del Penal Miguel Castro Castro, supra nota 14, párr. 237, y Caso Vargas Areco. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C 155, párr. 14.
(45) Corte Interamericana. Caso Las Palmeras. Vs. Colombia. Sentencia del 6 de diciembre de 2001. párr 68.
(49) Sentencia T-563 de 2005 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. En igual sentido T- 227 de 1997 M.P. Alejandro Martinez Caballero, T-1094 de 2004 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-175 de 2005 M.P. Jaime Araujo Rentería.
(50) La Comisión de Derechos Humanos pidió al Secretario General designar un experto independiente que actualizara el Conjunto de Principios para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad i) conforme la evolución del derecho y las prácticas internacionales en la materia, ii) que partiera del estudio Independiente sobre el tema, elaborado en cumplimiento de la Resolución 2003/72 —Luis Joinet 1997— y iii) que recogiera las opiniones recibidas de los Estados y de las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. El escrito fue confiado a la profesora Diane Orentlicher y presentado como Add.1 conjuntamente con el informe E/CN.4/2005/102.
(54) Determina el numeral 2º del artículo 214 de la Constitución: “No podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario (...)”.
(57) Señala la directriz 7 de la Serie revisada de principios y directrices sobre el derecho de las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho humanitario a obtener reparación, preparada por el señor Theo van Boven de conformidad con la decisión 1995/117 de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías: “de conformidad con el derecho internacional, los Estados tienen el deber de adoptar, cuando la situación lo requiere, medidas especiales a fin de permitir el otorgamiento de una reparación rápida y plenamente eficaz. La reparación deberá lograr soluciones de justicia, eliminando o reparando las consecuencias del perjuicio padecido, así como evitando que se cometan nuevas violaciones a través de la prevención y la disuasión. La reparación deberá se proporcionada a la gravedad de las violaciones y del perjuicio sufrido, y comprenderá la restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”. Tomado de “principios internacionales sobre impunidad y reparaciones”, compilación de documentos de la Organización de Naciones Unidas, Comisión Nacional de Juristas, Bogotá, 2007, pág. 307.
(60) Angarita Barón, Ciro “La familia en la nueva Constitución”, Talleres Macro regionales sobre Conciliación - Memorias, ICBF, pág. 4 y 6.

References: artículo 39
 artículo 39
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 29
 artículo 3
 artículo 16
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 1
 resolución 
 artículo 16
 artículo 106
 artículo 45
 artículo 46
 artículo 171
 artículo 55
 artículo 6
 artículo 10
 artículo 15
 Resolución 
 artículo 214