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María Rosa Salas Cárdenas
1 PROCEDIMIENTOS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS
2 INTRODUCCIÓN Como cuestión previa hemos de advertir que esta serie no se produce en las Diputaciones Provinciales. Éstas solamente se ven afectadas en cuanto son receptoras de la reclamación y se les puede solicitar, por parte de alguno de los Tribunales competentes, el envío de los expedientes sobre los que se ha interpuesto la misma y, en su caso, informe sobre ellos a petición del Tribunal. Ante las Diputaciones se pueden presentar recursos de reposición contra las liquidaciones, que son previos a las reclamaciones económico-administrativas. Finalmente deben cumplir las resoluciones de estos Tribunales y modificar, si es el caso, la liquidación correspondiente. El estudio se ha realizado, por lo tanto, revisando la legislación que puede afectar a esta serie y desglosando su tramitación. LOS TRIBUNALES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS La reclamación económico-administrativa constituye una vía específica para impugnar los actos tributarios ante la propia Administración y parte del principio de separación entre los ámbitos de gestión tributaria y de resolución de las reclamaciones interpuestas contra dicha gestión, que se consagra en el artículo 90 de la Ley General Tributaria de Esta separación se contempla ya en la Ley de 31 de diciembre de 1881 que aprueba las bases para el procedimiento en las reclamaciones económicoadministrativas (Gazeta nº 1 de 1 de enero de 1882) y se reafirma en el Real Decreto- Ley de 16 de junio de Si bien en un primer momento los órganos competentes para resolver estas reclamaciones eran unipersonales, pronto se vio la necesidad de que fueran órganos colegiados. Así se establece en el Reglamento de procedimiento económico-administrativo aprobado por el Real Decreto de 29 de julio de1924, en cuyo artículo 39 se enumeran las autoridades competentes en este tema, que son: a) Las Juntas Arbitrales b) Los Tribunales Económico-administrativos provinciales c) El Tribunal Económico-administrativo Central d) El ministro de Hacienda Estos mismos órganos se mantienen en el Reglamento de 1959 refiriéndose a las Juntas Arbitrales específicas de aduanas. Éstas se suprimen en el Reglamento de El Reglamento de 1996 establece como órganos competentes los siguientes: 1. El Ministro de Economía y Hacienda 2. El Tribunal Económico-Administrativo Central 3. Los Tribunales Económico-Administrativos Regionales
3 4. Los Tribunales Económico-Administrativos Locales de Ceuta y Melilla Finalmente hay que anotar que a partir de la reforma del Régimen Local de 1985, los Tribunales Económico-Administrativos dejaron de resolver los recursos en materia de tributos locales por entenderse que la autonomía de los municipios y provincias era incompatible con este control externo de órganos estatales. Para paliar en cierto modo con la posible indefensión que pudiera generar esta decisión, la Ley 57/2003 admite la posibilidad de creación de Tribunales Económico- Administrativos municipales en grandes ciudades (art. 121, 123 y 137) LAS RECLAMACIONES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS Así pues la reclamación económico-administrativa supone una vía específica para impugnar los actos tributarios ante la propia administración con el fin de convertirlo en definitivos o no, antes de acudir a los tribunales de justicia, al recurso contencioso-administrativo. Es una vía de revisión previa que es preciso agotar para acudir a la vía judicial. Las materias sobre las que pueden versar estas reclamaciones, según el art. 2 del Reglamento de procedimiento de 1996, son: a) La gestión, inspección y recaudación de los tributos y de las exacciones parafiscales y, en general, de todos los ingresos de derecho público del Estado y de la Administración Institucional vinculada o dependiente de la Administración General del Estado. b) La gestión, inspección y recaudación de los tributos cedidos por el Estado a las Comunidades Autónomas o de los recargos establecidos por éstas sobre tributos del Estado. c) El reconocimiento o la liquidación por autoridades u organismos del Ministerio de Economía y Hacienda de obligaciones del Tesoro Público y las cuestiones relacionadas con las operaciones de pago por dichos órganos con cargo al Tesoro. d) El reconocimiento y pago de toda clase de pensiones y derechos pasivos que sean de peculiar competencia del correspondiente centro directivo del Ministerio de Economía y Hacienda e) Los actos relativos a los tributos que constituyan ingresos de las Haciendas locales en los casos que así se disponga por la legislación reguladora de dichas Haciendas f) Cualesquiera otras respecto de las que por precepto legal expreso así se declare.
4 1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN ESTUDIO CÓDIGO DE REFERENCIA: 36 DENOMINACIÓN DE LA SERIE: Procedimientos económico-administrativos DEFINICIÓN DE LA SERIE: Procedimiento específico para impugnar actos tributarios ante la propia Administración, con el fin de convertirlos en definitivos o no, antes de acudir, en los tribunales de justicia, al recurso contencioso-administrativo. Es una vía de revisión administrativa previa que es preciso agotar para acudir a la vía judicial. PRODUCTOR: Tribunal Económico-Administrativo Central; Tribunales Económico- Administrativos Regionales; Tribunales Económico-Administrativos locales de Ceuta y Melilla 1. FECHAS: LEGISLACIÓN: Ley de 31 de diciembre de 1881 que aprueba las bases para el procedimiento en las reclamaciones económico-administrativas (Gazeta nº 1 de ) y reglamentos posteriores Real Decreto de 29 de julio de 1924 de aprobación del Reglamento de Procedimiento económico-administrativo (Gazeta nº 213 de 31 de julio de 1924) Decreto de 4 de agosto de 1952 por el que se aprueba el texto del Reglamento de Haciendas Locales (BOE nº 281 de 7 de julio de 1952) Decreto 2083/1959, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento en la jurisdicción económicoadministrativa (BOE nº 287 de 1 de diciembre de 1959) Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (BOE nº 313 de 31 de diciembre de 1963) y reglamentos posteriores Ley 39/1980, de 5 de julio, de Bases sobre Procedimiento Económico- Administrativo (BOE nº 177 de 24 de julio de 1980) Real Decreto Legislativo 2795/1980, de 12 de diciembre, por el que se articula la Ley 39/1980, de 5 de julio, de Bases sobre Procedimiento Económico-Administrativo (BOE nº 313 de 30 de diciembre de 1980). 1 Con anterioridad al Reglamento de 1996, los órganos competentes en estas reclamaciones eran: El Ministro de Hacienda; el Tribunal Económico-Administrativo Central; los Tribunales Económico-Administrativos Provinciales; las Juntas Arbitrales de Aduanas.
5 Real Decreto 1999/1981, de 20 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico- Administrativas (BOE nº 216 y 217 de 9 y 10 de septiembre de 1981) Ley 10/1985, de 26 de abril, de modificación parcial de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (BOE nº 101 de 27 de abril de 1985) Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales (BOE nº 313 de 30 de diciembre de 1988) Ley 25/1995, de 20 de julio, de modificación parcial de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (BOE nº 174 de 22 de julio de 1995) Real Decreto 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico- Administrativas (BOE nº 72 de 23 de marzo de 1996) Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes (BOE nº 50 de 27 de febrero de 1998). Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de reforma de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales (BOE nº 311 de 28 de diciembre de 2002). Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local (BOE nº 301 de 17 de diciembre). Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE nº 302 de ) y reglamentos posteriores. Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa (BOE nº 126 de 27 de mayo de 2005). Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias (BOE nº 305 de 19 de diciembre de 2009). 1.7.PROCEDIMIENTO: Se inicia a petición de parte, mediante escrito en el que se solicita que se dé por presentada la reclamación con identificación del reclamante, del acto o actuación contra el que se reclama, el domicilio para notificaciones y el Tribunal ante el que se interpone. Este escrito se dirige al órgano administrativo que haya dictado el acto sobre el que se reclama y puede ir acompañado de las alegaciones en que basa su derecho. El órgano administrativo deberá remitir, en el plazo de un mes, el expediente correspondiente al Tribunal económico-administrativo competente, acompañado, si es el caso, de informe. El Tribunal, una vez recibido y, en su caso, completado el expediente, lo pondrá de manifiesto a los interesados que hubieran comparecido en la reclamación y no hubiesen formulado alegaciones, durante el plazo de un mes. El Tribunal podrá también solicitar informe al órgano que dictó el acto impugnado, dando traslado de dicho informe al reclamante para que pueda presentar
6 alegaciones al mismo. Las pruebas testificales, periciales y las consistentes en declaración de parte se realizarán mediante acta notarial o ante el secretario del tribunal o el funcionario en quien delegue. Finalmente se producirá la resolución que deberá contener los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho en que se basen y decidirá todas las cuestiones que se susciten en el expediente, hayan sido o no planteadas por los interesados, y notificación de la misma. Contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los tribunales económico-administrativos regionales y locales podrá interponerse recurso de alzada ordinario ante el Tribunal Económico- Administrativo Central en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación de la resolución. 1.8 DOCUMENTOS QUE FORMAN LA UNIDAD DOCUMENTAL 2 : Escrito de presentación de la reclamación ante el órgano administrativo. Puede ir acompañado de alegaciones Oficio de remisión del expediente al tribunal competente Copia del expediente afectado por la reclamación Presentación de alegaciones ante el expediente Petición por el Tribunal, si procede, de informe al órgano administrativo. Informe, en su caso, del órgano administrativo Traslado de dicho informe a los interesados Presentación de alegaciones al informe, en su caso. Acta de testimonios y pruebas, si procede Resolución Notificación de la resolución 1.9 ORDENACIÓN DE LA SERIE: SERIES PRECEDENTES: SERIES DESCENDENTES: SERIES RELACIONADAS: Los recursos de reposición previos 1.13 DOCUMENTOS RECOPILATORIOS: DESCRIPCIÓN FÍSICA: SOPORTE: VOLUMEN: En las Diputaciones los documentos básicos serían el oficio de remisión del expediente y el informe si se hubiera pedido.
7 2. ÁREA DE VALORACIÓN 2.1 VALOR ADMINISTRATIVO: Sí, hasta su caducidad 2.2 VALOR LEGAL-JURÍDICO: Sí, hasta su caducidad 2.3 VALOR INFORMATIVO: No 3. ÁREA DE SELECCIÓN CONSERVACIÓN: Temporal 3.2 ELIMINACIÓN: A los cinco años Huesca, 3 de febrero de 2011 Mª Dolores Barrios 3 Se sigue la propuesta del Ayuntamiento de Zaragoza, aunque quizá se refiera a los propios expedientes del Tribunal Económico-Administrativo Municipal. Establece también el acceso restringido a estos expedientes que denomina Reclamaciones económico-administrativas por actos de liquidación tributarios del Tribunal Económico-Administrativo
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References: resolución 
 artículo 90
 Real Decreto 
 artículo 39
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
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 resolución 
 Resolución 
 resolución