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Timestamp: 2018-10-18 12:14:49+00:00

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﻿ SENTENCIA 2002-01202/30602 DE FEBRERO 13 DE 2015
SENTENCIA 2002-01202 DE 13 DE FEBRERO DE 2015
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL. SE GENERA LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR OCUPACIÓN PERMANENTE DE INMUEBLE, DADO A QUE SE GENERA UNA RUPTURA DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD FRENTE A LAS CARGAS PÚBLICAS CON LA OCUPACIÓN. EL RÉGIMEN APLICABLE CORRESPONDE A LA ESPECIE DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA. LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA PUEDE DECLARARSE DE OFICIO O A PETICIÓN DE PARTE. ESTA CADUCIDAD ES DE DOS AÑOS, Y EL CONTEO DEL TÉRMINO SE REALIZA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DEL ACAECIMIENTO DEL HECHO, OMISIÓN U OPERACIÓN ADMINISTRATIVA. LA INTERRUPCIÓN DEL TÉRMINO DE PRESCRIPCIÓN SE GENERA CON LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, ESTA IMPIDE QUE SE PRODUZCA LA CADUCIDAD SIEMPRE QUE EL AUTO ADMISORIO SE HAYA NOTIFICADO DENTRO DEL TÉRMINO DE UN AÑO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN CAMBIARIA, BIEN INMUEBLE, OCUPACIÓN DE BIEN INMUEBLE
Sentencia 2002-01202/30602 de febrero 13 de 2015
Rad.: 25000-23-26-000-2002-01202-01(30602)
Actor: Yoko S.A.
Demandado: Distrito Capital - Instituto de Desarrollo Urbano
Cumplidos los trámites propios de esta instancia y sin causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Subsección a pronunciarse sobre el asunto de la referencia, para lo cual abordará los siguientes puntos: 1) competencia; 2) acervo probatorio; 3) caducidad de la acción 4) análisis del caso concreto y 5) condena en costas.
La Subsección es competente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo(25), modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 del Consejo de Estado para decidir el recurso de apelación formulado por la parte demandante, contra la sentencia del veintitrés (23) de diciembre de dos mil cuatro (2004), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, en un proceso de reparación directa con vocación de doble instancia(26).
Del material probatorio allegado al proceso se destaca:
• Certificado de existencia y representación legal de la sociedad mercantil Yoko S.A.(27).
• Copia auténtica de la escritura pública 090 del 20 de enero de 1992, por medio del cual la sociedad El Mirador del Refugio vendió a Yoko S.A., los siguientes inmuebles: a) lote número 2, localizado en la autopista Medellín Nº 58A-50, de la ciudad de Bogotá D.C., barrio Las Ferias, identificado con cédula catastral Nº A81A68-2, con un área de 8.795.56 mts2; b) lote número 4, ubicado en la autopista Medellín Nº 57-82, de la ciudad de Bogotá D.C., barrio Las Ferias, identificado con cédula catastral Nº A81A68-4; y c) lote número 6 ubicado en la avenida carrera 68 Nº 81-51, de la ciudad de Bogotá D.C., barrio Las Ferias, identificado con cédula catastral Nº A81A68-6, y en cuya cláusula segunda se estipuló que los predios serían entregados de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 466 de 1991 proferida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital(28).
• Copia auténtica de la escritura pública 4351 del 27 de agosto de 1997, por medio del cual se procedió a englobar en un solo inmueble los tres (3) bienes señalados anteriormente y posteriormente a desenglobarlos en dos (2) inmuebles, uno de mayor extensión correspondiente al área neta construible y utilizable y otro correspondiente a las zonas de cesión y áreas libres que a este lote corresponden(29).
• Copia auténtica de los certificados de tradición y libertad de matrículas inmobiliarias 50C-1223524, 50C-1223525 y 50C-1220199, en donde se observa en las anotaciones número 2, el registro de la compraventa realizada por Yoko S.A., a la sociedad El Mirador del Refugio, y de igual forma, mediante anotaciones número 3, el englobe de los predios objeto de compraventa(30).
• Copia auténtica del acta 1 de iniciación de contrato de obra 027 de 1999, cuyo objeto fue la construcción de la adecuación de la calle 80 al sistema troncal de Bogotá D.C., tramo Los Héroes - avenida Boyacá, cuyo plazo de ejecución fue de once (11) meses, teniendo como fecha de iniciación el día quince (15) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999), y de terminación el catorce (14) de febrero de dos mil (2000)(31).
• Copia auténtica del acuerdo 19 de 1972, “por el cual se crea y reglamenta el funcionamiento del Instituto de Desarrollo Urbano”(32).
• Copia simple de la Resolución 466 del dos (2) de octubre de mil novecientos noventa y uno (1991)(33), proferida por el Departamento Administrativo de Planeación Distrital, por medio del cual se expidió licencia para urbanizar, en inmuebles de propiedad de la sociedad El Mirador del Refugio Ltda., cuyo representante legal era Fernando Jaramillo Mutis, del cual se resalta:
“Conceder licencia para urbanizar terreno a: Fernando Jaramillo Mutis para el predio ubicado en el (los) plano(s) del proyecto urbanístico aprobado(s) No(s). E.209/4-00 (…), de los cuales se extracta la siguiente información básica:
Área bruta: 37.024.23 m2.
Afectación de plan vial: 1.096.00 m2
Afectación canal R. Salitre: 780.00 m2
Total afectaciones: 1.876.00 m2
Zonas verdes y comunales de cesión: 3.025.33 m2
Vías locales de cesión: 8.265.30 m2
Área útil: 22.524.75 m2”
• Copia auténtica del escrito dirigido al Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, por la sociedad interventora Unión Temporal Restrepo y Uribe Ltda. - Elsamex S.A., del cual se resalta:
“De acuerdo con sus instrucciones, en la fecha sostuvimos una reunión con los señores Fernando Cuartas y Diego Paredes, quienes, en representación de la Organización Corona S.A. a través de su filial Sodimac Colombia S.A. y Yoko S.A. (Home Center), suscribieron la comunicación dirigida al IDU con radicación 06350 del 26 de enero del presente, relacionada con la propiedad del terreno ocupado por la oreja sur-occidental de la intersección de la calle 80 con la av. 68 actualmente en construcción como parte de las obras al contrato 027/99.
En dicha reunión se estableció que la solicitud del propietario del predio localizado en el interior de la oreja mencionada, donde actualmente se encuentra construido el centro Comercial “Home Center”, se refiere al reconocimiento que en opinión de ellos no ha hecho el IDU por concepto de la compra de la faja de terreno colindante con el predio de la EAAB que aparece en el plano con número de archivo CU5-E209/4/-01 del DAPD, afectado para la construcción de las calzadas que conforman la oreja en mención”(34).
• Copia auténtica de la petición elevada por el representante legal de la sociedad Yoko S.A., al IDU el día diecisiete (17) de mayo de dos mil (2000), en donde manifestó:
“De acuerdo con el artículo 23 de la Constitución Nacional, nos permitimos formular derecho de petición para solicitar el reconocimiento correspondiente al valor del lote de terreno de nuestra propiedad ubicado en la intersección de la avenida Medellín con avenida 68, el cual ha sido utilizado por el IDU para la construcción de la oreja vial en dicha intersección”(35).
• Copia auténtica de la respuesta a la anterior petición, suscrita por el director técnico de construcciones del IDU:
“En respuesta a los derechos de petición de la referencia les manifiesto que el instituto esta (sic) estudiando la solicitud hecha por ustedes, por lo tanto en un término de 30 días a partir de la fecha estaremos en contacto para informar lo pertinente”(36).
• Copia auténtica de la solicitud de registro topográfico por parte de Yoko S.A., correspondiente a la afectación del predio ubicado en la avenida Medellín (troncal 80), intersección avenida carrera 68, de fecha veintiuno (21) de junio de dos mil (2000)(37).
• Copia auténtica del escrito suscrito por el Director Técnico de Predios (E), del cinco (5) de diciembre de dos mil (2000)(38):
“En atención a la solicitud presentada por ustedes consistente en la adquisición del predio ubicado en la avenida Medellín Nº 58A-50 (lote 2), de propiedad de la sociedad Yoko S.A., por la presente me permito informarle que la Subdirección Técnica de Planeación Estratégica, encargada de conceptuar sobre la viabilidad de adquisición de nuevos predios, luego de hacer el correspondiente estudio, nos manifiesta que por falta de disponibilidad presupuestal, no resulta posible adquirir para la presente vigencia el área afectada identificada con registro topográfico 19320”.
• Copia auténtica del proceso 2001-0861 seguido por el Juzgado 28 Civil del Circuito de Bogotá D.C., y posteriormente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, el cual fue solicitado mediante auto del cinco (5) de diciembre de dos mil dos (2002)(39), del cual se resalta:
i) Demanda presentada por Yoko S.A., ante Juez Civil del Circuito de Bogotá D.C. (Reparto)(40).
ii) Acta individual de reparto de fecha veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001), en donde se observa que la demanda reivindicatoria presentada por Yoko S.A., fue repartida al Juzgado 28 Civil del Circuito(41).
iii) Escrito del dieciocho (18) de febrero de dos mil dos (2002)(42), en donde la parte demandante, se pronunció respecto de la excepción previa de falta de competencia propuesta por el IDU:
“Por expreso mandato del numeral 8° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo en razón a que éste dispone que “La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa” la competencia se encuentra radicada en cabeza del señor juez del conocimiento, ya que la acción indicada por la apoderada de la demanda(43), se encuentra caducada ya que la ocupación temporal o permanente de la franja de terreno de propiedad de la demandante data desde hace más de dos años de su ocupación, razón por la cual y por el fundamento antes transcrito la excepción previa propuesta debe ser despachada desfavorablemente a las pretensiones de la demanda”.
iv) Providencia proferida el doce (12) de abril de dos mil dos (2002)(44) por el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogotá D.C., en donde se decidió la excepción previa de falta de competencia, presentada por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, la cual se declaró probada y se dispuso remitir el proceso al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca.
v) Auto del ocho (8) de agosto de dos mil dos (2002)(45), proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, en donde se dispuso que previo a avocar conocimiento del proceso remitido por el Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogotá D.C., remitir oficio al IDU para que indicara la fecha exacta en la que comenzaron y terminaron las obras para la construcción de la oreja del puente de la calle 80 (autopista Medellín).
vi) Oficio STEO-3300-2442(46), del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, del cual se resalta:
“Las obras de la construcción de la oreja noroccidental del puente de la av. 68 con calle 80, se adelantaron durante el periodo de julio de 1999 a julio de 2000”.
vii) Solicitud de acumulación, por parte de la demandante al proceso de reparación directa 2002-1202(47).
viii) Auto admisorio de la demanda, del doce (12) de agosto de dos mil cuatro (2004)(48).
ix) Auto del diecisiete (17) de noviembre de dos mil cuatro (2004), en donde se dispuso dar por terminado el proceso, por renuncia a las pretensiones de la parte demandante(49).
• Dictamen pericial rendido el catorce (14) de julio de dos mil tres (2003)(50):
“Para el desarrollo de lo pedido por la parte actora nos permitimos informar a su señoría que nos concretamos exclusivamente al avalúo de las franjas de terrenos de la pretensión de la parte actora con la respectiva indexación e intereses conforme a las certificaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas “DANE” y la Superintendencia Bancaria, ajustándonos al artículo 236 numeral 1º del Código de Procedimiento Civil el cual transcribimos “La parte que solicita un dictamen pericial determinará concretamente las cuestiones sobre los cuales deben versar, sin que sean admisibles puntos de derecho”…
Conforme con lo anterior nuestro dictamen pericial se concretara (sic) al concepto técnico y la liquidación de los perjuicios actualizados a la fecha de presentación del experticio.
a) Avalúo de las franjas de terreno.
Para el calculo (sic) del valor procedemos a determinar primeramente el área, la cual se encuentra definida en los levantamientos efectuados por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU Dirección Técnica de Construcciones, Subdirección Técnica de Adquisición de Predios con registros 19320 y 19430 así:
Área registro 19320 = 1084.65 m2
Área registro 19430 = 324.71 m2
Total = 1409.36 m2
Como paso segundo establecemos el valor del suelo en Bogotá D.C. Según tabla elaborada por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá para la zona 39 en donde se encuentran ubicadas las franjas de terreno solicitadas en la prueba pericial así:
Valor metro cuadrado $ 480.000 para el año 1997.
Con los datos anteriores calculamos el valor total de las franjas de terreno así:
Valor total = 1409.36 x 480.000 = $ 676.492.800 (…)”.
• Oficio STPJ-6400, del Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, en donde se adujo:
“De conformidad con lo solicitado por el Despacho en oficio de la referencia, me permito dar respuesta a lo solicitado por su despacho en el oficio de la referencia:
— Con respecto a lo solicitado en el numeral 8.2.1 del acápite de pruebas de la demanda: Allego copia autenticada de los registros topográficos 19430, 19320 y 19321, en relación con éste último registro debe aclararse que no corresponde al predio objeto de su solicitud, ya que este pertenece a un inmueble que se encuentra dentro de otro proyecto denominado Alameda El Provenir.
— En cuanto a lo requerido en el numeral 8.2.2: Me permito informar que la dirección técnica de predios no ha expedido oferta de compra ni ha iniciado proceso alguno de adquisición sobre el predio en mención.
• Testimonio rendido por el señor Josué Fernando Cuartas Cuartas(51), del cual se resalta:
“Yo era representante legal de Yoko S.A. en el momento en que se hizo la construcción del almacén Home Center y en la época en que el IDU hizo la construcción de la oreja sin solicitar ninguna autorización y sin mediar un previo acuerdo entre las partes, es decir el IDU se tomó de hecho el lote de propiedad de Yoko S.A. Los perjuicios tienen que ver con que de la franja de terreno del costado oriental más la franja de terreno del costado occidental, no fueron expropiadas ni compradas por el IDU, pero si construyeron en ella una vía y una alameda sin que hasta la fecha se halla (sic) hecho ningún reconocimiento al propietario (…).
• Testimonio rendido por el señor Diego Paredes Mosquera(52):
“Nosotros Fernando Cuartas y Diego Paredes por mandato de la sociedad Yoko S.A. para revisar todo el proceso de construcción, encontramos que el IDU había construido vía sobre terrenos de nuestro cliente en dos franjas, en la parte que colinda con el lote del acueducto y la otra parte sobre la avenida 68. Iniciamos contacto con el IDU y les demostramos con planos dicha anomalía, y seguimos el proceso que nos indicaron, que fue inicialmente hablar con el consorcio constructor de todas esas infraestructuras, quien inmediatamente informó el IDU sobre nuestra reclamación. (…) Yoko había prestado al IDU algunas vías privadas, mientras construían el puente contractual con el fin de facilitar el tráfico normal de la ciudad.
Procede la Subsección a estudiar si en el presente asunto operó el fenómeno de la caducidad de la acción.
Sobre el particular, esta corporación ha señalado reiteradamente que dicho fenómeno está inspirado en elementales exigencias de seguridad, certeza y estabilidad jurídica, culmina un estado de incertidumbre e impone en determinadas situaciones subjetivas al titular del derecho, la imperiosa necesidad de hacerlo valer en la forma y en el término predispuesto por la ley, so pena de perderlo.
Sobre dicho fenómeno, la Corte Constitucional ha señalado:
“La caducidad es la extinción del derecho a la acción por cualquier causa, como el transcurso del tiempo, de manera que si el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho; por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”(53).
Por consiguiente, el efecto extintivo por caducidad, actúa al verificarse el plazo, per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular(54).
En este entendido, la caducidad puede y debe declararse ex officio por el juzgador o, a solicitud de parte, pero en todo caso, su efecto se produce per ministerium legis sin requerir declaración alguna.
Consecutivamente, el artículo 136 numeral 8° del Código Contencioso Administrativo, establece que la acción de reparación directa “caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.
En el sub examine, las pretensiones de la demanda se encausan a la declaratoria de la responsabilidad de la parte demandada, con ocasión de la ocupación permanente del bien inmueble de propiedad de la demandante por los trabajos públicos que llevaron a la construcción de las obras señaladas en la demanda, revisado el expediente, observa la Subsección que el acta 1 de iniciación del contrato de obra 027 de 1999, cuyo objeto fue la construcción de la adecuación de la calle 80 al sistema troncal de Bogotá D.C., tramo Los Héroes - avenida Boyacá, cuyo plazo de ejecución fue de once (11) meses, teniendo como fecha de iniciación el día quince (15) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999), y de terminación el catorce (14) de febrero de dos mil (2000).
De igual forma obra en el plenario oficio STEO-3300-2442, por medio del cual el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, mencionó que las obras de la construcción de la oreja noroccidental del puente de la av. 68 con calle 80, se adelantaron durante el periodo de julio de 1999 a julio de 2000.
En lo concerniente al conteo del término de caducidad, cuando se trata de ocupación de inmuebles por trabajos públicos, esta Sección en Sala Plena ha señalado:
“El numeral 8º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo establece que la acción de reparación directa caduca al vencimiento del plazo de 2 años, los cuales se cuentan a partir del día siguiente de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa, que es el caso que ahora concita la atención de la Sala.
La aplicación de dicha regla general se exceptúa cuando el conocimiento del hecho sólo fue posible en un momento posterior a la ocurrencia del mismo, siempre y cuando se observe que el interesado no pudo conocer el hecho dañoso en un momento anterior.
En dichas situaciones el término de caducidad se cuenta a partir de que el interesado tiene conocimiento del daño cuya indemnización pretende(55), o desde la cesación del mismo cuando el daño es de tracto sucesivo o causación continuada(56).
La jurisprudencia de la Sala distingue dos supuestos, en lo que tiene que ver con la ocupación temporal o permanente de inmuebles:
(i) En los eventos en que la ocupación ocurre con ocasión de la realización de una obra pública con vocación de permanencia, el término de caducidad para ejercicio de la acción de reparación directa no puede quedar suspendido permanentemente, razón por la cual el mismo debe calcularse desde que la obra ha finalizado, o desde que el actor conoció la finalización de la obra sin haberla podido conocer en un momento anterior. En la sentencia del 10 de junio de 2009 se dijo al respecto:
“En los asuntos relativos a la ocupación de un inmueble por trabajos públicos, la jurisprudencia ha reiterado, en varias oportunidades […], que el término de caducidad se cuenta a partir de la fecha en que cesó la ocupación del bien, como quiera que la pretensión del afectado es reclamar los perjuicios que se dieron durante el lapso que permaneció ocupado el terreno y éstos sólo pueden determinarse, cuando aquella haya cesado.
Como quiera que el acta de iniciación del contrato no fue aportada al expediente y de las actas de reunión no se puede establecer claramente cuándo se dio por terminado aquél, en el presente caso no se declarará la caducidad de la acción toda vez que al no existir claridad sobre la fecha exacta de finalización de la obra, se entiende que no ha corrido el término legal de 2 años para presentar la demanda de reparación directa por ocupación de inmueble por trabajos públicos”(57).
Por otra parte, esta corporación ha tenido oportunidad de definir la ocupación permanente o definitiva de bienes inmuebles en los siguientes términos:
“La ocupación permanente o definitiva por obras públicas es un hecho dañoso reconocido por la jurisprudencia del Consejo de Estado, como fuente de indemnización de la persona que ha visto afectados sus derechos de propiedad, posesión, uso, usufructo o habitación, y está prevista legalmente como una de las causas por las que el afectado puede reclamar directamente la reparación del daño, como lo dispone el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo”(58).
Así las cosas, cualquier ocupación del predio que tenga la virtud suficiente para limitar las atribuciones del titular del derecho de dominio sobre el bien inmueble, y que además tenga vocación de permanencia en el tiempo aun cuando no se busque la realización de una obra por parte de la administración, debe considerarse como ocupación permanente en los términos del artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, y merece ser reparada en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, pero con las limitaciones que para el ejercicio de la acción indemnizatoria establece el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo”(59).
Teniendo como premisa lo anterior, se observa que la parte demandante inició un proceso reivindicatorio ante la jurisdicción civil el día veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001), cuyo proceso fue asignado al Juzgado Veintiocho Civil del Circuito de Bogotá D.C., el cual remitió por competencia al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y en el transcurso del trámite ante la jurisdicción contencioso administrativa, la parte demandante desistió de las pretensiones de la demanda, argumentando la existencia del presente proceso por los mismos hechos.
Es menester de la Sala señalar que de conformidad con lo establecido en el artículo 94 del Código General del Proceso, la presentación de la demanda interrumpe el término para la prescripción e impide que se produzca la caducidad siempre que el auto admisorio se haya notificado al demandado dentro del término de un (1) año contado a partir del día siguiente a la notificación de tal providencia al demandante, como en efecto sucedió en el presente asunto.
No obstante lo anterior, seguidamente el artículo 95 ibídem, menciona:
“ART. 95.—Ineficacia de la interrupción de la prescripción y operancia de la caducidad. No se considerará interrumpida la prescripción y operará la caducidad en los siguientes casos:
1. Cuando el demandante desista de la demanda (…)” (subrayado fuera del texto).
Es así, que el hecho de que la parte desistió de la demanda en el sub lite, da lugar a la aplicación de la norma del Código General del Proceso antes trascrita.
Sin embargo, la parte demandante el día siete (7) de junio de dos mil dos (2002), presentó el libelo introductorio del presente asunto, por lo que la presente acción no se encuentra caducada, máxime cuando se observa que el oficio STEO-3300-2442, expedido por el IDU, da cuenta que la terminación de los trabajos públicos se produjo en julio del año dos mil (2000), por lo que el término máximo con que contaba el demandante era el mes de julio de dos mil dos (2002), y como quiera que se presentó en la fecha ut supra, se itera que la acción no se encuentra caducada(60).
Previo a abordar el fondo del asunto, la Sala considera necesario pronunciarse acerca del valor probatorio del proceso reivindicatorio y después de reparación directa número 11001310302820010861, trasladado al sub judice, el cual se le dará valor probatorio, toda vez que cumple con los requisitos del artículo 174 del Código General del Proceso(61), teniendo en cuenta que fueron solicitadas en la contestación de la demanda y con audiencia de la demandante y demandadas.
“En lo que se refiere a la prueba trasladada, debe reiterarse lo expuesto por la Sala en el sentido de que aquellos medios que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil, es decir, que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con su audiencia, o que en su defecto no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen, no podrán ser valoradas en éste. También ha establecido la Sala que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas rendidas dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo sin limitaciones, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que las partes soliciten que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que en el evento de resultar desfavorable a sus intereses invoquen las formalidades legales para su inadmisión. Si no se cumple alguno de los mencionados requisitos, la posibilidad de apreciar tales pruebas dependerá si en el proceso al cual se trasladan se atienden las formalidades que la ley ha establecido respecto de cada una de éstas, (…). La Sala al revisar los documentos que obran en el expediente, observa que pueden ser valorados en esta oportunidad, porque tales medios de prueba han permanecido a disposición de las partes durante el curso del proceso y ninguna de ellas a controvertido la autenticidad de los mismos, razones por las cuales tales pruebas serán apreciadas en el sub lite con el valor legal que les corresponde. No ocurre lo mismo con la prueba testimonial practicada en los procesos disciplinarios anteriormente mencionados, puesto que respecto de ella no se cumplieron los requisitos de traslado, la misma no fue aportada al proceso por solicitud de la demandada, razones por las cuales dicho material no podrá ser imputado en su contra en aras de proteger el derecho de defensa de la administración y de impedir la violación a su derecho de contradicción de la prueba”(62).
Es preciso recordar que a partir de la expedición de la Constitución de 1991, la responsabilidad del Estado se define de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 en virtud del cual, el Estado será patrimonialmente responsable por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión imputable a sus agentes. En efecto, dos son los postulados que fundamentan dicha responsabilidad: i) El daño antijurídico, y ii) la imputación del mismo a la administración, “sin que sea posible predicar la existencia y necesidad y/o valoración y análisis de otro tipo de componentes a efectos de configurar la responsabilidad”(63).
Es así, que la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta corporación ha reiterado que la declaratoria de la responsabilidad patrimonial del Estado por ocupación permanente de inmuebles supone la concurrencia de los anteriores elementos, de la siguiente forma:
“Son por tanto supuestos o elementos de este evento de responsabilidad los siguientes: — el daño antijurídico, que consiste en la lesión al derecho subjetivo, real o personal, de que es titular el demandante. Están comprendidos, por tanto, no sólo los perjuicios derivados de la afectación del derecho de propiedad, sino también los perjuicios provenientes de la ocupación jurídica del inmueble, por la limitación al ejercicio de las facultades propias de los derechos reales y del menoscabo del derecho de posesión que se ejerce respecto del predio ocupado y — la imputación jurídica del daño al ente demandado, que se configura con la prueba de que la ocupación permanente, total o parcial, del bien inmueble de propiedad del demandante, provino de la acción del Estado. El Estado podrá exonerarse de responsabilidad, si desvirtúa la relación causal mediante la prueba de una causa extraña tal como la fuerza mayor, el hecho exclusivo de tercero o el hecho exclusivo de la víctima”(64).
Al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que “la fuente de la responsabilidad patrimonial del Estado es un daño que debe ser antijurídico, no porque la conducta del autor sea contraria al derecho, sino porque el sujeto que lo sufre no tiene el deber jurídico de soportar el perjuicio, razón por la cual se reputa indemnizable”(65).
Sobre la noción de daño antijurídico, esta Sección ha definido que “consistirá siempre en la lesión patrimonial o extra-patrimonial que la víctima no está en el deber jurídico de soportar”(66). En este sentido, el daño ocasionado a un bien jurídicamente tutelado, impone el deber de indemnizar el consecuente detrimento con el objetivo de garantizar el principio de igualdad ante las cargas públicas.
La imposición de la obligación resarcitoria a cargo del Estado en este tipo de casos se justifica por la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas en que la ocupación se traduce, pues no existe para el particular afectado el deber jurídico de soportar, sin compensación alguna, el detrimento que a su patrimonio, material o inmaterial, se ocasiona a causa de la realización de unas obras o trabajos públicos que bien pueden reportar beneficio para la colectividad entera, pero lesionan desproporcionadamente los derechos de un coasociado. La concreción y prevalencia del interés general, artículo 1º de la Constitución Política, si bien respalda y orienta teleológicamente la actividad administrativa, no justifica el desproporcionado sacrificio de la esfera de derechos e intereses del individuo, cuya salvaguarda también constituye fin esencial del Estado a tenor de lo normado por el artículo 2º de la Carta(67).
De ahí que la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad de los artículos 219, inciso 2º y 220 del Código Contencioso Administrativo, razonara de la siguiente manera en relación con la responsabilidad del Estado frente a eventos como el que, en el sub júdice, ocupa la atención de la Sala:
“Las autoridades públicas tienen el deber constitucional de respetar el derecho de propiedad privada sobre toda clase de bienes y, por consiguiente, cuando requieran bienes inmuebles para cumplir los fines del Estado consagrados en el artículo 2º de la Constitución deben obrar con sujeción al principio de legalidad y garantizando el derecho al debido proceso contemplado en el artículo 29 ibídem, o sea, deben adquirir el derecho de propiedad sobre ellos en virtud de enajenación voluntaria o de expropiación si aquella no es posible, en las condiciones contempladas en la ley, y no pueden obtenerlos mediante su ocupación por la vía de los hechos (…).
Así mismo, si en tales circunstancias la entidad pública es condenada a pagar la indemnización, es razonable que se ajuste a Derecho, así sea a posteriori, la adquisición del vulnerado derecho de propiedad privada por parte de aquella, pues como efecto del pago ulterior y cierto de la condena por parte del Estado no existe jurídicamente ninguna justificación para que el titular de dicho derecho continúe siéndolo. Si así fuera, se configuraría un enriquecimiento sin causa de este último a costa del Estado, pues aunque en virtud de la ocupación aquella adquirió la posesión del inmueble, la misma no tendría el poder jurídico de disposición del bien, a pesar de haberle sido impuesta la obligación de reparar todo el derecho”(68).
Ahora bien, en lo relativo a la imputación, se ha entendido que se trata de la “atribución de la respectiva lesión”; en consecuencia, “la denominada imputación jurídica (imputatio iure o subjetiva) supone el establecer el fundamento o razón de la obligación de reparar o indemnizar determinado perjuicio derivado de la materialización de un daño antijurídico, y allí es donde intervienen los títulos de imputación que corresponden a los diferentes sistemas de responsabilidad que tienen cabida tal como lo ha dicho la jurisprudencia en el artículo 90 de la Constitución Política”(69).
Sobre el particular esta Sección ha señalado que:
“La imputación fáctica supone un estudio conexo o conjunto entre la causalidad material y las herramientas normativas propias de la imputación objetiva que han sido delineadas precisamente para establecer cuándo un resultado, en el plano material, es atribuible a un sujeto. De otro lado, la concreción de la imputación fáctica no supone por sí misma, el surgimiento de la obligación de reparar, ya que se requiere un estudio de segundo nivel, denominado imputación jurídica, escenario en el que el juez determina si además de la atribución en el plano fáctico existe una obligación jurídica de reparar el daño antijurídico; se trata, por ende, de un estudio estrictamente jurídico en el que se establece si el demandado debe o no resarcir los perjuicios bien a partir de la verificación de una culpa (falla), o por la concreción de un riesgo excepcional al que es sometido el administrado, o de un daño especial que frente a los demás asociados es anormal y que parte del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas”(70).
Tratándose de supuestos como el que mediante esta providencia se resuelve, la Sala ha sostenido que el régimen aplicable corresponde a la especie de la responsabilidad objetiva y que hay lugar a declararla una vez demostrado que una parte o la totalidad de un bien inmueble de propiedad del demandante, fue ocupado permanentemente por la administración o por particulares que actúan autorizados por ella(71).
Así lo ha sostenido esta Subsección, de la siguiente forma:
“En este sentido, se tiene que el daño antijurídico puede ser ocasionado por el desarrollo de actividades que pueden reportar un beneficio para la sociedad, pero que rompen con el principio de igualdad frente a las cargas públicas. Configurado el daño en estas condiciones, el régimen de responsabilidad aplicable sería objetivo por daño especial(72). Así, “para hablar del daño especial como presupuesto de responsabilidad de la administración este debe ser anormal, excepcional y superior al que normalmente deben sufrir los ciudadanos en razón de la especial naturaleza de los poderes y actuaciones del Estado, es decir, que solo unos pocos ciudadanos resultan sacrificados en su patrimonio como contrapartida de que la comunidad obtenga beneficios que le representan un mejoramiento en la calidad y prestación de los servicios”(73).
Ahora bien, en el sub examine, teniendo claridad sobre la obligación que se impone al Instituto de Desarrollo Urbano de ejecutar el Plan Vial de la ciudad, y teniendo en cuenta que la acción interpuesta no se encontraba caducada al momento de interponer la demanda, pasa ahora la Subsección a pronunciarse de fondo con el objetivo de decidir si le asiste razón a la parte demandante sobre la existencia de los perjuicios causados por la ocupación permanente de un bien inmueble de su propiedad con ocasión de la construcción de una obra pública.
De conformidad con el acervo probatorio allegado al plenario, considera la Subsección que el daño deprecado no se encuentra probado, por lo que resulta innecesario abordar lo relacionado a la imputación, por los siguientes asertos.
En el plenario obra la Resolución 466 del dos (2) de octubre de mil novecientos noventa y uno (1991), del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, por medio del cual se expidió licencia para urbanizar terrenos de propiedad de la sociedad El Mirador del Refugio Ltda., conforme con el plano E.209/4-00(74), en donde claramente se observa las áreas de afectación de plan vial, las zonas de protección ambiental, las zonas verdes y comunales así como las vías locales de cesión, lo anterior conforme a las normas establecidas en el Acuerdo 2 de 1980(75) y el trámite señalado en el Decreto 204 de abril quince (15) de mil novecientos noventa y uno (1991)(76).
Seguidamente, el Acuerdo 6 de 1990 vigente para la época de los hechos, menciona en los artículos 418 y 419, lo siguiente:
“ART. 418.—Origen de las áreas para la conformación del sistema vial arterial. Todo predio ubicado parcial o totalmente sobre una zona de reserva vial del plan vial arterial deberá segregar esta zona del resto del terreno para transferirla a la entidad encargada de la ejecución de la vía. Si se trata de un terreno urbanizable de conformidad con el presente acuerdo, deberá ceder a título gratuito una proporción del área a ceder, tal como se indica más adelante, como requisito para la obtención de licencia de urbanización” (subrayado fuera del texto).
a) Tratamiento de desarrollo: El 7% del área bruta del terreno. (…)” (subrayado fuera del texto)(77).
Igualmente observa la Sala que en la cláusula segunda de la escritura pública 090 de mil novecientos noventa y dos (1992), por medio del cual la sociedad Yoko S.A. adquirió en compraventa realizada a El Mirador del Refugio Ltda. los inmuebles allí señalados, se pactó que “los predios que constituyen el objeto del presente contrato serán entregados por La Sociedad Vendedora, sin perjuicio de la entrega real y material prevista en la cláusula séptima de este instrumento, debidamente urbanizados de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 466 del 2 de octubre de 1991 emanada del Departamento Administrativo de Planeación Distrital y a las normas que los modifiquen, obligándose a ejecutarlas conforme a las normas de ingeniería que rigen las obras similares y a las especificaciones vigentes de las empresas del Distrito”.
De igual forma obra en el proceso copias auténticas de los registros topográficos, en donde se puede observar que las áreas afectadas coinciden con las señaladas en los planos E.209/4-00 y E.209/4-01 del Departamento Administrativo de Planeación Distrital.
Por las anteriores razones es evidente que la sociedad demandante, al momento de adquisición de los inmuebles, conocía que existía afectación para el plan vial y que por ende debía ceder el 7% de la mencionada zona del predio de mayor extensión, de forma gratuita, como lo establecía el Acuerdo 6 de 1990 y como de igual manera se consideró en la Resolución 466 del dos (2) de octubre de mil novecientos noventa y uno (1991), y como quiera que en la escritura pública 090 de mil novecientos noventa y dos (1992), se prescribió el cumplimiento a lo dispuesto a la mencionada resolución, por tal situación itera la Subsección que la sociedad tenía conocimiento de la afectación al Plan Vial.
De acuerdo con el artículo 1757 del Código Civil, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. En efecto, las cargas con las que deben correr quienes se enfrentan en un litigio, responden a principios y reglas jurídicas que regulan la actividad probatoria, a través de las cuales se establecen los procedimientos para incorporar al proceso —de manera regular y oportuna— la prueba de los hechos, y de controvertir su valor con el fin de que incidan en la decisión judicial; en efecto, su intención es convencer al juez sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos dañosos, y la respectivas consecuencias(78).
En este orden de ideas, al juez se le impone regir sus decisiones de acuerdo con por lo menos, tres principios fundamentales: onus probandi incumbit actori (al demandante le corresponde probar los hechos en que funda su acción); reus, inexcipiendo, fit actor (el demandado, cuando excepciona, funge de actor y debe probar los hechos en que funda su defensa); y actore non probante, reus absolvitur (el demandado debe ser absuelto de los cargos si el demandante no logra probar los hechos fundamento de su acción). Estos principios están recogidos tanto en la legislación sustancial (C.C., art. 1757) como en la procesal colombiana (CGP, art. 167), y responden primordialmente a la exigencia de justificar lo afirmado con el fin de persuadir a otros sobre su verdad, salvo cuando se trate de hechos notorios y afirmaciones o negaciones indefinidas por no requerir prueba.
De conformidad con las anteriores consideraciones, para la Sala es claro que en el presente asunto no existen los suficientes medios de convicción que permitan inferir ciertamente el daño alegado por la parte demandante con ocasión de la construcción de las obras públicas.
La Sala procederá a condenar en costas, de conformidad con lo reglado en el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, toda vez que se evidencia temeridad y mala fe pues la parte demandante tenía conocimiento de la afectación al plan vial y que debía ceder el porcentaje señalado ad supra.
Revocar la sentencia del veintitrés (23) de diciembre de dos mil cuatro (2004), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Sala de Descongestión, y en consecuencia se dispone:
“1. Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, propuesta por el Distrito Capital de Bogotá.
2. Declarar impróspera la excepción de caducidad de la acción propuesta por el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU.
3. Negar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la presente providencia.
4. Condénese en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en esta providencia.
5. Reconózcase a la doctora Alix Rocío Buitrago Palacios, identificada con cédula de ciudadanía 52.764.731 de Bogotá D.C., abogada titulada portadora de la tarjeta profesional 141.641, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada de la parte demandada, Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, en los términos y para los efectos a que alude el poder presentado (fl. 292, cdno. ppal.).
6. En firme esta providencia envíese el expediente al Tribunal de origen para lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor”».
25 ART. 129.—Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión (…).
26 La pretensión mayor al momento de la presentación de la demanda asciende a la suma de $ 700.000.000.
27 Folios 2 a 4 del cuaderno de primera instancia.
28 Folios 2 a 6 del cuaderno 2.
29 Folios 9 a 17 del cuaderno 2.
30 Folios 19 a 21 del cuaderno 3.
31 Folios 77 a 79 del cuaderno de primera instancia.
32 Folios 73 a 76 del cuaderno de primera instancia.
33 Folios 80 a 84 del cuaderno de primera instancia.
34 Folios 85 y 86 del cuaderno de primera instancia.
35 Folio 24 del cuaderno 2.
36 Folio 25 del cuaderno 2.
37 Folio 28 del cuaderno 2.
38 Folio 30 del cuaderno 2.
39 Folios 88 a 90 del cuaderno de primera instancia.
40 Folios 193 a 203 del cuaderno 2.
41 Folio 4 del cuaderno 3.
42 Folios 217 a 222 del cuaderno 2.
43 Esto es la acción de reparación directa.
44 Folios 223 a 225 del cuaderno 2.
45 Folio 113 del cuaderno 3.
46 Folio 115 del cuaderno 3.
47 Folio 116 del cuaderno 3.
48 Folios 127 y 128 del cuaderno 3.
49 Folios 133 y 134 del cuaderno 3.
50 Cuaderno del dictamen.
51 Folios 162 a 164 del cuaderno 2.
52 Folios 164 a 166 del cuaderno 2.
53 Corte Constitucional. Sentencia C-115 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara.
54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Auto del veintiuno (21) de noviembre de dos mil trece (2013), rad. 080012331000201200224 01 (48598), C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.
55 Ver sentencia del 7 de mayo de 1998, proferida dentro del proceso radicado 14.297, promovido por William Alberto Londoño contra el Instituto de Seguro Social. Los criterios contenidos en la citada providencia, han sido reiterados en los siguientes pronunciamientos: sentencia del 11 de mayo de 2000, C.P. María Helena Giraldo Gómez, exp. 12200; auto del 5 de octubre de 2000, C.P. María Helena Giraldo Gómez, exp. 18.208; auto del 10 de noviembre de 2000, C.P. María Helena Girlado Gómez, exp. 18805; sentencia del 29 de enero de 2004, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, exp. 18273; auto de 25 de marzo de 2004, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, exp. 24647; auto del 22 de marzo de 2007, C.P. Alier Eduardo Hernández Henríquez, exp. 32.935, entre otros.
56 En lo que tiene que ver con los daños de tracto sucesivo o ejecución continuada véase sentencia del 18 de octubre de 2007, C.P. Enrique Gil Botero, rad. 2001-00029-01 (AG), en la cual se distingue el daño instantáneo del de tracto sucesivo, y se establecen reglas para el cómputo del término de caducidad para cada caso.
57 Sentencia del 10 de junio de 2009, exp. 22461, demandante: Sociedad de Comercio Jaramillo Fonnegra y Cía., C.P. Enrique Gil Botero. En dicha sentencia se citan otras proferidas por ésta Sala, a saber: 28 de enero de 1994, exp. 8610; 2 de noviembre de 2000, exp. 18086; y 17 de febrero de 2005, exp. 28360. También puede consultarse el auto del 25 de agosto de 2005, C.P. Ruth Stella Correa Palacio, exp. 26721. Allí se dijo: “Entratándose de ocupación temporal o permanente de inmuebles, el término para accionar, empieza a correr a partir del día siguiente a su ocurrencia, es decir desde cuando cesó la ocupación temporal porque en ese momento se consolida el perjuicio, o desde cuando se termine la obra en relación con la ocupación permanente”.
58 Auto del 9 de abril de 2008, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, exp. 03756.
59 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del nueve (9) de febrero de dos mil once (2011), rad. 5400123310002008030101 (38271), C.P. Danilo Rojas Betancourth.
60 Sobre el particular ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del ocho (8) de agosto de dos mil doce (2012), rad. 47001233100019990091301 (24836), C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.
61 ART. 174.—Prueba trasladada y prueba extraprocesal. Las pruebas practicadas válidamente en un proceso podrán trasladarse a otro en copia y serán apreciadas sin más formalidades, siempre que en el proceso de origen se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. En caso contrario, deberá surtirse la contradicción en el proceso al que están destinadas. La misma regla se aplicará a las pruebas extraprocesales.
La valoración de las pruebas trasladadas o extraprocesales y la definición de sus consecuencias jurídicas corresponderá al juez ante quien se aduzcan.
62 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del veinticinco (25) de mayo de dos mil once (2011), rad. 52001233100019980051501(18747), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del treinta (30) de agosto de dos mil siete (2007), rad. 15932, C.P. Enrique Gil Botero.
64 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Terceras sentencia del diez (10) de agosto de dos mil cinco (2005), rad. 15001233100019901095701(15338), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
65 Corte Constitucional, Sentencia C-333 del primero (1º) de agosto de mil novecientos noventa y seis (1996).
66 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del trece (13) de agosto de dos mil ocho (2008), rad. 17042.
67 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias del cuatro (4) de diciembre de dos mil seis (2006), rad. 52001233100019960763301(15351), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
68 Corte Constitucional, Sentencia C-864 del siete (7) de septiembre de dos mil cuatro (2004), M.P. Jaime Araujo Rentería.
69 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del doce (12) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993), rad. 7622.
70 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del nueve (9) de junio de dos mil diez (2010), rad. 6600123310001998056901 (19385), C.P. Enrique Gil Botero.
71 En este sentido, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de veintiocho (28) de abril de dos mil cinco (2005), rad. 52001-23-31-000-1993-05663-01(13643), C.P. Germán Rodríguez Villamizar.
72 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del quince (15) de noviembre de dos mil once (2011), rad. 25000232600019960280401 (21663), C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.
73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinticinco (25) de septiembre de mil novecientos noventa y siete (1997), rad. 10392.
74 Folio 78 del cuaderno 2.
75 Por el cual se adopta el Plan Vial para el Distrito Especial de Bogotá y se clasifican sus vías según capacidad, función y uso.
76 Reglamenta el procedimiento de licencias para urbanización de terrenos, construcción, ampliación, modificación, adecuación, reparación y demolición de edificaciones en el área urbana del Distrito, regula su prórroga, escrituración, zonas de cesión, póliza de estabilidad de obras, licencia de desarrollo integral, expedición de la licencia y licencia de reparación y demolición de edificaciones.
77 Las expresiones a “título gratuito”, fueron declaradas nulas por sentencia del treinta (30) de agosto de dos mil uno (2001), del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, rad. 2500023240001996816601(5595), C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
78 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del veinticuatro (24) de octubre de dos mil trece (2013), rad. 25000-23-26-000-2001-02749-01 (27807), C.P. Olga Mélida Valle de De La Hoz.

References: artículo 129
 artículo 37
 artículo 13
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 23
 artículo 136
 artículo 236
 artículo 136
 artículo 136
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 90
 artículo 136
 artículo 94
 artículo 95
 artículo 174
 artículo 185
 artículo 90
 artículo 1
 artículo 2
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 artículo 29
 artículo 90
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 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1757
 artículo 171
 artículo 55