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Timestamp: 2018-12-15 19:13:00+00:00

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Acceso a La Justicia y Nuevas Formas de Participac...
Acceso a la justicia y nuevas formas de participación en la esfera política.
En algunas concepciones acerca de la teoría de la democracia se ha planteado
con frecuencia el vínculo entre el acceso a la justicia y la posibilidad de acción
de ciertos grupos o colectivos en la esfera política, al punto que algunos
autores han incluido el derecho a la jurisdicción en el limitado catálogo de las
libertades políticas concomitantes con la existencia de un régimen
democrático. Así, se ha sostenido que algunas libertades políticas o libertades
civiles que contienen una incuestionable dimensión política, tales como el
derecho de acceso a información, la libertad de expresión y el derecho de
asociación, pese a ser libertades eminentemente negativas, requieren
adicionalmente como una herramienta de efectividad que está implícita en
ellas, la libertad positiva de acceso expedito y ecuánime a los tribunales de
justicia, que entraña la expectativa de que ciertos agentes del estado
emprenderán en caso de ser apropiado, acciones tendientes a la protección de
las mencionadas libertades1. De tal modo, se sostiene que sin la posibilidad de
acudir a los tribunales como un ámbito de resguardo institucional de última
instancia, el reconocimiento de aquellas libertades políticas sería sólo formal e
ilusorio, de allí la estrecha relación entre el acceso –al menos potencial- a los
tribunales y capacidad de acción en la esfera política. Este vínculo en
definitiva se define a partir de una mirada instrumental del derecho a la
jurisdicción como una garantía indispensable para el ejercicio efectivo de los
demás derechos políticos (derechos electorales activos o pasivos) o de
aquellos derechos civiles que conllevan una indiscutible dimensión política
(información, participación, petición, asociación, libertades sindicales, etc).
No pretendo en este trabajo ahondar en esa relación, sino explorar otro tipo de
vínculo entre la esfera judicial y política, que surge del reconocimiento legal
de nuevos mecanismos procesales de representación de intereses colectivos y
de la práctica de ciertos grupos o actores de plantear en el ámbito judicial
conflictos públicos o que trascienden lo individual, a través de lo cual buscan
fijar cuestiones en la agenda del debate social, cuestionar los procesos de
definición e implementación de políticas del estado, el contenido de esas
políticas y sus potenciales impactos sociales, o en ocasiones ante la omisión
del Estado, activar procesos de toma de decisión de políticas públicas o
Guillermo O Donell “Teoría democrática y política comparada”, Desarrollo Económico, Revista de Ciencias
Sociales, enero-marzo 2000, vol. 39 p. 519-568.
impulsar reformas de los marcos institucionales y legales en que se
desarrollan. Aquí la esfera judicial no aparece tan sólo como un espacio de
resguardo de derechos civiles o políticos, que se pretenden ejercer en el plano
social o institucional, sino que es precisamente a través de la instancia judicial
que ciertos actores sociales demandan al Estado, fiscalizan o impugnan sus
decisiones y dialogan o confrontan con sus diferentes instancias y con los
demás protagonistas del conflicto. El acceso a la jurisdicción actúa de ese
modo como un mecanismo de participación en la esfera política, que
reemplaza o complementa el deterioro de otros canales institucionales propios
del juego democrático.
La debilidad de las instituciones democráticas de representación y el deterioro
de los espacios tradicionales de mediación social y política, han contribuido a
trasladar a la esfera judicial conflictos colectivos que eran dirimidos en otros
ámbitos o espacios públicos o sociales, lo que en ocasiones ha reeditado la
vieja polémica sobre los márgenes de actuación de las instancias judiciales con
relación a las instancias políticas. En cierta medida, el reconocimiento de
derechos directamente justiciables sean estos civiles y políticos o sociales,
limita o restringe el espacio de actuación de los órganos políticos. El análisis
de esta cuestión excede el marco conceptual de este trabajo. Sin embargo,
entendemos que de ningún modo esta pregunta puede responderse en
abstracto, sin atender al contexto social e institucional en el cual la
administración de justicia es llamada a intervenir.2 Cuando los canales
institucionales tradicionales se obturan o se estrechan, las demandas sociales y
la práctica de incidencia política de los actores sociales, buscan nuevos cauces
institucionales, que al mismo tiempo pueden afectar y modificar las formas
tradicionales de la acción social y política. Dicho de otro modo, la debilidad
de los actores políticos y de ciertos espacios de mediación social transforma
los escenarios y los protagonistas de la práctica política. En muchos de los
ejemplos que analizamos el camino judicial emprendido por organizaciones de
la sociedad civil apunta a compensar la inoperancia de las instancias de
fiscalización del propio Estado, y en ocasiones a activar debates sociales que
V. Christian Courtis, “Reyes Desnudos. Algunos ejes de caracterización de la actividad política de los
tribunales” (inédito). El autor señala que la pregunta por la legitimidad de la actuación judicial no puede
responderse en abstracto, tomando en consideración una o dos variables normativas, como el lugar de los
tribunales en una “teoría pura” de la democracia o el origen no electivo de los jueces. La pregunta por la
legitimidad requiere información empírica sobre el funcionamiento del sistema político, y el conocimiento
concreto del contexto histórico en el cual se desempeñan los jueces. En este sentido, el análisis de la
legitimidad de la actuación judicial supone la necesaria comparación con el análisis de la legitimidad de la
actuación de los demás poderes. Así, sostiene, la importación irreflexiva de la “dificultad contramayoritaria”
en América Latina tiene a veces el efecto de legitimar –intencionada o inadvertidamente-normas o prácticas
dictadas durante gobiernos autoritarios cuya legitimidad electoral era nula. Algo similar cabe afirmar con
respecto a las normas emitidas por muchos niveles de la administración pública, cuyos funcionarios no tienen
responsabilidad política ni están investidos de legitimidad electoral. Extender la representatividad del
presidente o primer ministro, cabeza de la Administración a todo acto de la administración, por delegación,
“derrame” o aquiescencia, implica extender la noción de representación mucho más allá de lo permisible.
e incluso modalidades de intervención judicial. no se trata de de una consecuencia fatal. el funcionamiento de la administración pública y sus procesos de toma de decisión. En ocasiones. También en este punto es posible pensar en formas de intervención del poder judicial que apunten a fortalecer la capacidad de acción colectiva de las organizaciones sociales. Se ha discutido mucho acerca del impacto de la judicialización de ciertos reclamos sobre la identidad y la capacidad de acción de las organizaciones y movimientos sociales. robusteciendo en lugar de debilitar ciertos procesos políticos. y la dinámica de gobierno. merece ser estudiada por su incidencia sobre la dinámica de algunos procesos sociales y en especial sobre las prácticas habituales de la acción colectiva. en términos de violación individualizada y concreta de un derecho personal y con . es posible encontrar diversas formas de articulación entre ambas instancias. sin embargo. tanto en el resguardo de derechos civiles y políticos como de derechos sociales. II. aun en un contexto procesal tradicional.no han sabido nutrir los tradicionales actores políticos. En este trabajo. Articulación de estrategias legales y de incidencia en políticas públicas. pero que debe observarse en función del tipo de estrategia legal y de la modalidad de actuación judicial que se presente en cada caso. puede reformularse. que sin duda amplia y hace más complejo el escenario de la acción política democrática. que lejos de opacar la actividad política. Tampoco es evidente que la judicialización de ciertos conflictos debilite la capacidad de acción política de las organizaciones y los movimientos sociales. sólo procuraremos brindar algunas claves que marcan las diferentes formas de intervención judicial sobre las políticas públicas. Esperamos que la descripción de estas diversas modalidades y de su relación con las estrategias de las organizaciones civiles contribuya a pensar líneas acción en el plano de las reformas judiciales sobre acceso a la justicia. que sirvan para apuntalar este rol de la judicatura. al punto que la apelación a la vía judicial esta fuera del repertorio de acciones de muchos importantes actores sociales. Se trata de una cuestión de enorme complejidad que no trataremos aquí. pueden activar procesos de toma de decisión sobre políticas de estado. abriendo canales de diálogo entre los poderes. Esta dimensión no tradicional del acceso a la justicia. como un espacio de participación en la arena política. En muchos casos las demandas de derechos que revisten una naturaleza social o política. garantizando nuevas vías de participación comunitaria y vigorizando una lánguida esfera pública. Si bien la intervención judicial puede en ocasiones debilitar o acotar aún más la dinámica política.
en la situación denominada por el derecho procesal contemporáneo de derechos o intereses individuales homogéneos3. Lucía Eibaum. al respecto. un sistema para que voten los presos sin condena. en Sofía Tiscornia (compiladora) “Burocracias Estatales y Violencia. las numerosas decisiones judiciales individuales constituirán una señal de alerta hacia los poderes políticos acerca de una situación de incumplimiento generalizado de obligaciones en materias relevantes de política pública4. así como las movilizaciones de los familiares y el movimiento de opinión creado a partir del caso. Silvia s/interrupción de la prisión preventiva” se argumentó que la detención de personas enfermos terminales de HIV/SIDA podía constituir trato inhumano o degradante y se requirió la concesión de un beneficio de arresto domiciliario para una portadora.. Esa acción y otras decisiones adoptadas por jueces de ejecución actuaron como una señal de alerta que motivo la posterior reglamentación de la ley de ejecución penal.Cfr. medidas de compensación de presupuesto educativo o de salud entre diferentes reparticiones públicas. de allí que también en estos supuestos la actuación judicial tiene el sentido de garantizar de alguna manera cierta vía de participación en la esfera política. Es verdad que ante acciones de reclamo colectivo de derechos civiles. 2004. y Vanina Lekerman. el suministro de medicamentos a un sector de la población. la producción de información estadística indispensable para el control del grado de violencia con que actúa la policía en un estado. sobre todo cuando se requiere del Estado la adopción de acciones positivas de gran escala o bien directamente la puesta en marcha de una política. la implementación de un mecanismo de consulta a pueblos indígenas antes de la implementación de un proyecto de desarrollo en sus tierras culturales. 4 . Argumentos para la discusión sobre sus usos y abusos”.org. lo que marcara el tono de su relación con las demás instancias del Estado. mejoras en las condiciones de detención de enfermos de HIV en ciertas cárceles. por ejemplo: un plan para descongestionar cárceles superpobladas. alimentaron aunque con muy distinta intensidad el debate público y político. Sofía. “Detención por averiguación de identidad. originando distintas fuentes de presión sobre las autoridades para avanzar en modificaciones de prácticas y legislaciones. estableciéndose supuestos en los cuales portadores de HIV podían acceder al beneficio del arresto domiciliario (ver Decreto 1058/97 reglamentario del artículo 33 de la ley 24660).ar El caso Bulacio ante los tribunales locales y la denuncia ante la Comisión Interamericana. casos individuales por violaciones de derechos civiles en los que se cuestionaban prácticas del estado generalizadas. y en definitiva con los demás actores del proceso político. Así por ejemplo en el caso “Sterla. Código Brasileño de Defensa del Consumidor. Cfr. si lo tendrá su impacto. Podría señalarse que si la violación afecta a un grupo generalizado de personas. Sin embargo. Tiscornia. 81. En principio la actuación judicial puede consistir por un lado en la declaración de que una omisión estatal constituye una violación del derecho en cuestión. Silvia presentado por el CELS en septiembre de 1996 en www. Eudeba. Amicus curiae Sterla. tuvieron un indudable impacto en el debate político y parlamentario que condujo a la modificación de las normas sobre detención de menores de edad y del régimen de detención por averiguación de antecedentes. la respuesta de la administración judicial puede asumir temperamentos muy diversos. audiencias públicas con usuarios con carácter previo al aumento de tarifas de servicios públicos domiciliarios. aun cuando el caso no tenga carácter colectivo. políticos o sociales. Estudios de Antropología Jurídica”. y luego en el emplazamiento al Estado a realizar la conducta 3 V.una víctima determinada. p.cels. art. En ambas situaciones . 125-158.
para imponer acatamiento. corresponde al órgano judicial señalar a los poderes políticos del Estado el carácter de la conducta debida – sea a partir del resultado concreto requerido sin consideración de los medios a emplearse. Cox concluye “(l)ejos estoy de sugerir que la decisión en los casos de desegregración escolar fue errónea. se traslada con frecuencia al problema de la extensión del remedio concreto que dispondrá el tribunal. pues contribuyen a acotar la discusión sobre asuntos de “política pública” o de índole técnica – por ejemplo acerca de las prioridades presupuestarias o la formulación. y de administración de hospitales psiquiátricos y prisiones a efectos de lograr un funcionamiento compatible con los derechos constitucionales. pero también debe contemplar las necesidades de los hombres y armonizar con sus sensibilidades éticas. y en los cuales el Poder Judicial suele actuar con mayor reticencia. previsión presupuestaria e implementación que por naturaleza corresponden a los poderes políticos.D. 132-133. A. describiendo con precisión la acción que debe adoptarse. 344 F. pp. No cabe duda de que la implementación de derechos a través de políticas públicas depende de actividades de planificación. La vasta experiencia judicial estadounidense en materia de des-segregación racial del sistema educativo público. ofrecen ejemplos de estos casoslímite de activismo judicial. En estos casos. como ejemplo de estos casos. aún cuando el tribunal entienda violados derechos y justificada su intervención en el caso. para que definan la medida o política pública necesaria para reparar la violación de los derechos en juego. como por ejemplo. cit. pero no imposibles. siendo limitados los casos en los que el Poder Judicial puede llevar a cabo la tarea de suplir la inactividad de aquéllos. caps.. aún en estos casos los márgenes de actuación de la magistratura son variados y los tribunales han encontrado la manera de garantizar la vigencia de los derechos afectados. porque la ley. diseño o implementación de medidas de gobierno específicas-. procura 5 Limitados. ver Cox. Evidentemente.debida. Para un recuento no ingenuo de la imposición judicial de deberes afirmativos de amplísimo alcance al gobierno en el contexto estadounidense. han tenido que pagar el precio de revelar que los jueces a veces logran que la ley se adapte y ajuste a la ocasión. o bien. En tal sentido. Después de señalar las dificultades a las que se enfrenta el poder judicial para llevar a cabo la imposición de obligaciones positivas de gran escala. el acceso de parte de la población a servicios médicos. la información pública disponible y la conducta previa del Estado. Id. Siempre hubo ocasiones en las que los tribunales.5 Sin embargo. sus “actos propios” revisten una enorme importancia. Ala 1972). Stickney. el activismo judicial es motivado por la gravedad de la violación a los derechos en cuestión. sino el sentido moral de la civilización. a los que en ocasiones han reenviado la cuestión. Supp 373 (M. aun en el tribunal más elevado. luego de fijar su marco jurídico. Es en este tipo de casos en los cuales los obstáculos para la acción judicial se observan con mayor claridad.. En estos supuestos. en caso de existir una única medida posible para obtener el resultado requerido. . La ley debe ser obligatoria. aun en el sentido más técnico. El dilema estriba en la raíz de la jurisprudencia anglo-americana. El haber adherido a la doctrina “separados pero iguales” hubiera sido ignorar no sólo la revolución que sacude al mundo. El núcleo de la discusión en estos supuestos. como veremos. debe merecerlo”. Wyatt v. Tampoco debemos olvidar que de no pagar ese precio hasta puede frustrarse el objetivo de obtener anuencia voluntaria. Ver. para plasmar la ley según estos objetivos. III y IV. y buscando en cada caso la mejor manera de resguardar la órbita de acción de los demás poderes del Estado. o la relocalización de personas desalojadas forzosamente.. tomando como base de su intervención los estándares jurídicos fijados en las Constituciones y los Tratados de Derechos Humanos.
Cuando las normas constitucionales o legales fijen pautas para el diseño de políticas públicas de las que depende la vigencia de los derechos civiles.). P. cuando la magnitud de la violación o la falta completa de colaboración de los poderes políticos lo ha justificado. políticos o sociales. pp.reenviar la cuestión a los poderes pertinentes para que ellos reaccionen ajustando su actividad en consecuencia. sino que incluso viene normativamente exigida”. “El derecho como sistema de garantías”.Ferrajoli. Señala el autor: “ la discusión acerca del activismo o del self-restraint del tribunal constitucional no puede efectuarse en abstracto. Jürgen. p. para actuar en resguardo de las condiciones procedimentales de la génesis democrática de las leyes. Esta dimensión de la actuación judicial puede ser conceptualizada como la participación en un “diálogo” entre los distintos poderes del Estado para la concreción del programa jurídicopolítico establecido por la constitución o por los pactos de derechos humanos 6. en R. 311 y ss. Owen Fiss. Derecho y Grupos Desaventajados. que muchos analistas han valorizado el rol judicial de avanzar en el diseño de políticas y el cambio de prácticas institucionales ante la poca predisposición de la administración o de las legislaturas a reconocer y modificar sus políticas y acciones ilegales. debe estar firmemente asentada sobre un estándar jurídico: la “regla de juicio” sobre cuya base interviene el Poder Judicial no puede ser otra que un criterio de análisis de la medida en cuestión que surja de una norma constitucional o legal: por ejemplo. en aras de preservar su legitimidad. “Grupos y Cláusula de Igual Protección”. sino la de confrontar el diseño de políticas asumidas con los estándares jurídicos aplicables y –en caso de hallar divergencias. Sobre el rol de los jueces en un estado constitucional y social de derecho puede verse además. 1994. una jurisprudencia constitucional ofensiva no sólo no resultará perjudicial en los casos en que se trata de hacer valer el procedimiento democrático y la forma deliberativa de formación de la opinión y de la voluntad política. cfr. o las limitaciones del proceso judicial para tratar cuestiones complejas o con múltiples actores. La intervención judicial en el campo de las políticas públicas. Justicia y Legislación: sobre el papel y legitimidad de la jurisprudencia constitucional”. Gedisa. Habermas. y los poderes respectivos no hayan adoptado ninguna medida. pp. V. 7 Así ha ocurrido en los mencionados litigios de reforma estructural. o el análisis de contenidos mínimos que pueden venir dados por las propias normas que fijan derechos. William Wayne. que incluye la garantía de los derechos sociales fundamentales que aseguran la inserción en el proceso político. corresponderá al Poder Judicial reprochar esa omisión y reenviarles la cuestión para que elaboren alguna medida. Por ello. “adecuación” o “igualdad”. Trotta. Resulta útil remarcar en respuesta a las objeciones apuntadas sobre la incapacidad de la administración de justicia para resolver cuestiones técnicas. Ob cit. 1999. 354. los jueces han avanzado en la determinación concreta de las medidas a adoptar a partir de su propio criterio7. La ley del más débil. Si se entiende la constitución como interpretación y configuración de un sistema de derechos mediante el que se hace valer la conexión interna de autonomía pública y privada.Gargarella (comp.137-159. V. L. 6 Acerca de la legitimidad de un tribunal constitucional en un estado social y democrático de derecho.23-28. Madrid. Otros autores han justificado una intervención judicial fuerte para resguardar de las mayorías los derechos de grupos sociales desaventajados. Por ejemplo. el Poder Judicial no tiene la tarea de diseñar políticas públicas. en “Facticidad y Validez”. Sólo en circunstancias excepcionales.administrar con cuidado la intensidad esa intervención. Barcelona. lo que determinara la estricta necesidad de que la cuestión fuera abordada y resuelta por un tribunal imparcial e independiente. en Derechos y Garantías. Trotta. graduando el alcance de las medidas que obligará a adoptar a las instancias políticas. cfr. los estándares de “razonabilidad”. “Two Faces of Judicial .
. a transformar medidas formuladas por el Estado dentro de su marco de discrecionalidad en obligaciones legales y. caso Viceconte. o un reglamento del Ministerio de Salud que fije el alcance de la cobertura asistencial en materia de HIV-SIDA en todos los hospitales públicos en cumplimiento de un mandato legal. sociales y culturales. 81. pp. de mera decisión discrecional en obligación legal. solo que ahora su adopción ha cobrado carácter obligatorio y su ejecución no queda librada solamente a la voluntad del órgano que la formuló. 61 George Washington Law Review 1 (1992). a ejecutar. 2 de junio de 1998.Pueden trazarse algunas líneas tentativas para caracterizar situaciones-tipo en las que el Poder Judicial ha asumido la tarea de verificar el cumplimiento de estándares jurídicos en el diseño y ejecución de políticas públicas. y el tribunal se limitó a transformar el carácter de esa medida. el tribunal acepta la medida diseñada por los otros poderes del Estado. Mariela c/ Estado Nacional-Ministerio de Salud y Acción Social s/ amparo. En estos supuestos no es el tribunal el que debe fijar comportamientos o políticas. El establecimiento de normas claras sobre espacio y condiciones de detención que marcan el Activism”. por tanto. sino que se limita a hacer cumplir. La Ley. tiene aristas particulares en los casos en que ésta debe decidir exclusivamente acerca del cumplimiento por la administración de obligaciones muy claras establecidas por las leyes o reglamentos. Modelos de intervención judicial en el control de políticas públicas Un primer tipo de casos consiste en aquellas intervenciones judiciales que tienden a juridificar medidas de política pública asumidas por el Estado sin entrar en la valoración de la propia política pública –esto es. Un ejemplo de estas situaciones es el caso Viceconte8. Suplemento de derecho constitucional. 8 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. El Poder Judicial se transforma así en garante de la ejecución de esa medida. El caso puede consultarse en la investigación de IIDDH: Los derechos económicos. fijando sanciones para el caso de inejecución. o de impacto colectivo. En muchos de estos casos la medida que el Estado ha formulado coincide con la que reclaman los demandantes. Corresponde en este punto señalar que la discusión sobre los problemas de legitimación de la judicatura en este tipo de litigios colectivos. Sala IV. convirtiéndola en una obligación legal –y por ende emplazó al Estado en los términos del cronograma. en cual el Estado argentino había asumido la decisión política de fabricar una vacuna contra una enfermedad endémica y epidémica. 5 de noviembre de 1998. pero transforma su carácter. lo establecido en las leyes. Por ejemplo una ley de HIV/SIDA que fije claramente las prestaciones que deben suministrarse a las personas afectadas. y hasta había elaborado un cronograma para su producción. En su análisis. sujetas a sanciones jurídicas en caso de incumplimiento-.
Carbonell. Gerardo. The Government of the Republic of South Africa and Others v. pp. por ejemplo. con referencia a los derechos sociales justiciables. and Law”.Campbell. caso CCT 11/00. y la consiguiente atribución de nuevos poderes a la justicia en detrimento del Parlamento. Tomkins (comp. Así. Buenos Aires.en sentido jurídicode brindar la prestación. Mexico. en T. adecuación. Loughlin “Rights. Sceptical essays on human rights. J. Acerca de la clásica discusión sobre la tensión entre democracia y derechos.10 etc. en AAVV. por ende. “Los derechos y la democracia. Un segundo tipo de situaciones está dado por aquellos casos en los cuales el tribunal examina la compatibilidad de la política pública con el estándar jurídico aplicable y. de los que se derivan obligaciones jurídicas para ésta.deber del Estado de impedir superpoblación o hacinamiento.A. ¿Conflicto o complementariedad?. pero como vemos es igual de importante para otros supuestos de obligaciones positivas vinculados a derechos civiles y políticos. la justicia contenciosoadministrativa argentina anuló ajustes de tarifas de servicios públicos por la ausencia de audiencia pública –entendida como oportunidad de consulta a los usuarios. la Corte Constitucional entiende que la política de vivienda desarrollada por el 9 En estos casos la discusión entre derechos justiciables y actuación libre de las instancias políticas esta limitada. Oxford.Ewing y A. En estos casos. También E.Cruz Parcero y R. 2001. M. con los beneficiarios. si el tribunal considera que esa política –o un aspecto de esa política.en la etapa de diseño o evaluación de una política social. pues la política actúa previamente a través del congreso. el criterio para la anulación del proceso de privatización fue precisamente la falta de acceso a la información de los usuarios del sistema. en el caso Defensoría del Pueblo de la Ciudad v. reenvía la cuestión a los poderes concernidos para que ellos la reformulen. en M. 11 Corte Constitucional de Sudáfrica.113-138.Rivera Ramos. no discriminación. De igual modo. La justicia se limita a hacer cumplir obligaciones de la administración fijadas por una ley o por la propia administración en ejercicio de sus competencias reglamentarias. progresividad/no regresividad. Así. Derechos sociales y derechos de los minorías.es incompatible con el estándar. Para una visión más general del debate suscitado en Reino Unido con la incorporación del estatuto de derechos humanos. en el caso Grootboom11. Pisarello. Irene Grootboom and Others. que es en la teoría clásica de división de poderes. Editores Del Puerto.previa a la adopción de la decisión. 2001. Si bien todo acto de interpretación de la ley resulta en cierta medida un acto de creación de derecho. INSSJP. cfr.41-6010 Nos referimos a los casos en los que una norma legal impone la obligación de desarrollar procesos de producción de información y consulta –por ejemplo. “Los derechos sociales en el constitucionalismo moderno: por una articulación compleja de la relaciones entre política y derecho”. Este punto es particularmente importante en casos vinculados con derechos sociales a los cuales se les cuestiona su exigibilidad en la esfera judicial. en otros casos. la actuación judicial sigue los lineamientos y pautas fijadas por el Congreso. sino tan sólo se examina el incumplimiento de la administración. La posible intromisión en áreas o esferas de actuación reservadas a los demás poderes no es una cuestión que pueda plantearse validamente en estos casos. puede verse. 2001. Lo mismo ocurre cuando la justicia es convocada a ejecutar reglamentaciones o actos emanados de la propia administración. Ejemplos de estándares a partir de los cuales los tribunales analizan una política pública son los de razonabilidad. . su idoneidad para satisfacer el derecho en cuestión. Porrua-UNAM-. Vazquez (comp. pp.D.K. En estos casos no hay discusión acerca de la existencia de una obligación . transparencia. Los derechos fundamentales. Democracy. en todo caso se autolimita al fijarse obligaciones legales en la materia.). expresión de la voluntad política de los intereses mayoritarios9. SELA 2001.).
opera como un punto de inflexión que modifica el sentido de la actuación jurisdiccional: desde su dictado. pero no cuestiona la totalidad de la política. que incluía el entrenamiento de los médicos para asesorar y prescribir el uso de la droga.gobierno sudafricano resultaba irrazonable al no prever el suministro inmediato de soluciones habitacionales a aquellos sectores de la población con necesidades de vivienda imperiosas. es al Estado a quien le corresponde diseñar el modo en que cumplirá las instrucciones del juez. La materia más amplia era el debate sobre la idoneidad del plan estatal para reducir concretamente el riesgo de contagio en las embarazadas. De modo que la sentencia. el Poder Judicial no entra a analizar si hubiera podido adoptarse alguna política alternativa. esto es. El margen de control también depende del estándar: el análisis de “razonabilidad” es menos riguroso que el que podría elaborarse sobre la base de la noción de “medida apropiada” del PIDESC. La Corte ordena que se implemente un plan en la medida de los recursos disponibles que incluya centralmente a los médicos y las instalaciones del estado con alcance nacional para lo cual impone la adopción de acciones previas de capacitación y adecuación de los servicios. a centros de investigación privados. los servicios de asesoramiento y exámenes que venía implementando el gobierno. con escasa utilización de los servicios de salud públicos. los tribunales reconocen a los demás poderes un amplio margen para diseñar políticas públicas. y el tribunal se limitará a controlar la adecuación de las medidas concretas adoptadas con el mandato que ha impartido13. Es interesante puntualizar al respecto. 12 sino en el seguimiento de una instrucción fijada en términos generales. la medida concreta que el tribunal mandará a implementar para lograr la plena satisfacción de los derechos en juego. Por lo general. pues el gobierno había reconocido que un laboratorio le había donado la droga para su distribución por cinco años. exclusivamente en algunas clínicas privadas y centros de investigación. y lo obligó a implementar un sistema de distribución de la droga en el sistema público de salud. la actuación judicial en la etapa de ejecución no consiste en la imposición compulsiva de una condena. La corte considera insuficiente de acuerdo a estándares legales. el tribunal llega a la conclusión de que un aspecto de la política era contrario al estándar de razonabilidad. cuyo contenido concreto se va construyendo en el curso de la instancia a partir del “diálogo” entre el juez y la autoridad pública. una evidente discriminación en el acceso a los servicios de prevención de los sectores más pobres. lejos de constituir la culminación del proceso. que en el caso no existía una discusión sobre recursos presupuestarios. En igual sentido puede consultarse el caso de la Corte Constitucional CCT 8/02 “ Treatmen Action Campaign vs. En este caso. de modo que no los sustituyen en la elección de los lineamientos que se ajusten a los estándares jurídicos aplicables. Un punto que sería importante tener en cuenta es que en este tipo de casos. la condena a pagar un monto líquido y exigible. En este caso como en Grootbrom la Corte utiliza información del propio Estado para demostrar la efectividad de la droga y el escaso costo económico y de tiempo requerido en el adiestramiento a los médicos del sistema 13 . Si la actuación de los poderes políticos se ajusta al estándar. entendida como una orden detallada y autosuficiente. Minister of Health” en el cual la Corte consideró ilegal la política del ministerio de salud sudafricano de reservar el suministro de la droga antirretroviral nevirapine. 12 Por ejemplo. efectiva para reducir el riesgo de transmisión de HIV de madres a hijos. Antes de fijar la orden concreta al poder político el tribunal recorre la larga jurisprudencia de los tribunales locales y mecanismos de intervención similar en el derecho comparado. lo que implicaba por el costo requerido y la ubicación geográfica de los efectores. lo que convierte a la sentencia en una pieza de enorme valor para la cuestión que aquí analizamos. Este caso de enorme complejidad muestra que una parte central del debate judicial está referido al alcance del remedio. El tribunal ordena al gobierno la implementación de un plan de prevención de la transmisión de la enfermedad entre madres e hijos de modo de garantizar el acceso a servicios de salud de las mujeres embarazadas con independencia de su condición social.
a ordenar su remedio. 30. ordenó a la Ciudad definir un nuevo plan de acuerdo a estándares legales básicos sobre derecho a la vivienda fijados en la sentencia a partir de la interpretación de la Constitución de la Ciudad y los tratados internacionales de derechos humanos. Sala II. Sala II. . Cámara Contencioso Administrativo y Tribunatorio de la Ciudad Autónoma. Felisa A. Los tribunales han actuado con diferente grado de activismo y con variadas modalidades de intervención. en Sur-International Journal on Human Rights. Saavedra.org. el agitado y complejo debate judicial desarrollado en la Ciudad de Buenos Aires sobre la razonabilidad de un nuevo programa social del Gobierno local que pretendió sustituir el alojamiento en hoteles de personas en emergencia habitacional. “Perez. Sin embargo. Víctor Gustavo y otros c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ amparo”. 2002/04/09 en “Comisión Municipal de la Vivienda c. También puede consultarse respecto del debate sobre el alance de la intervención judicial la presentación amicus curiae realizado en la misma causa por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y el CELS. por el pago por única vez de un subsidio a las familias involucradas.ar No se trata de una decisión aislada. de modo que la revisión judicial se limita a verificar el cumplimiento de las obligaciones positivas y negativas establecidas por aquellas normas y.cels. p. el tribunal puede ir precisando esa instrucción general o readecuar las cargas en función de cómo se evalúen ciertas público para la realización de exámenes y asesoramiento necesario para la reducción del riesgo de transmisión que incluía el uso o prescripción del nevirapine. La intervención del tribunal sigue en cierta medida el sistema de reenvío que examinamos en Grootboom. TSJBA. Nro. Una orden judicial de contenido general puede imponer al Estado demandado algunas cargas que deben ser cumplidas en el tiempo. p. luego de considerar que el cambio de un plan por otro podía implicar un retroceso irrazonable en la situación de las personas afectadas por la falta de vivienda. Si la respuesta no es adecuada. que han realizado. Causa 869/01. por entender que el juez se había extralimitado en su intervención al determinar el tipo de solución de política pública idónea para el caso. trasladando parte del debate a la etapa de ejecución.1 st Semester 2004. (Del voto de los dres Ruiz y Maier). usando con frecuencia la técnica del reenvio para graduar el alcance del remedio fijado. sino que integra una serie de casos fallados por diversos tribunales de la Ciudad Autónoma. “Public Interest Litigation Strategies for advancing Human Rights in Domestic Systems of Law”. de la Defensoría del Pueblo y mayormente de asesores de menores y defensores oficiales. En el caso Ramallo la sala segunda de la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario dejó sin efecto un fallo de primera instancia que obligaba a la Ciudad a mantener el original programa de alojamiento en hoteles. 14 Ver al respecto expte 3260 “Ramallo. a instancias de organizaciones no gubernamentales. del 12 de marzo de 2002. GCBA s/ amparo (artículo 14 CCABA). Beatriz y otros c. en www. y otros” con nota de Gustavo Daniel Moreno “La Defensa jurisdiccional de la vivienda” en Suplemento de Jurisprudencia de Derecho Aministrativo de La Ley del 28 de junio de 2002.1. un control de constitucionalidad de medidas de política social del gobierno local. En tal sentido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad dispuso al respecto:”Las prestaciones sociales son disciplinadas por normas jurídicas.En ilustrativo en ese sentido.127/141. Sin que esto importe violación alguna de la división de poderes o de la “zona de reserva” de la administración. en caso de incumplimiento. que dudosamente cubriría sus necesidades habitacionales. Allí el margen de intervención judicial estará determinado básicamente por la reacción del Gobierno al definir nuevas medidas de política social acordes con los estándares fijados14. Ver además CContenciosoadministrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para una mirada de la estrategia legal y política detrás de esta acción puede consultarse Vinodh Jaichand.
En el caso los demandantes reclamaban que el presupuesto asignado a las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York no alcanzaba para garantizar el derecho a la eduación básica adecuada establecido por la Constitución estadual. . Al mismo tiempo estableció una definición de lo que debía entenderse por eduación básica adecuada de acuerdo al precepto constitucional. El tribunal fijó un plazo de un año para que el gobierno estadual cumpliera el mandato y en audiencias realizadas este año supervisó el plan presentado en audiencia con intervención de la parte demandante y tras un fuerte debate público. Por lo demás este tipo de remedio judicial requiere habilitar facultades de supervisión para lo cual los sistemas procesales no siempre brindan respuestas adecuadas15. vinculando que tipo de aportes realizaba el Estado en el sistema educativo: calidad de los docentes. v State of New York del 26 de junio de 2003. Esta modalidad también se ha aplicado en casos de obligaciones positivas vinculados a conflictos colectivos por violación de derechos civiles y políticos. Pero es posible que este mecanismo de reenvío. El tribunal fijó la obligación del gobierno estadual de fijar el costo actual y real de un servicio educativo idóneo para garantizar en la ciudad de Nueva York el derecho a la eduación básica adecuada. y provoque un mayor desgaste de la actuación judicial. En la decisión final del caso la Corte de Apelaciones hizo lugar a la acción y consideró que el presupuesto del Estado era insuficiente para garantizar el estándar constitucional de acuerdo a los indicadores mencionados. En el caso Mignone la Corte Suprema de Justicia de la argentina luego de declarar la inconstitucionalidad de una norma del código electoral que prohibía votar a los presos y presas sin condena. dispuso que el Estado tenía la obligación de implementar medidas para 15 Esta modalidad de intervención judicial sobre la política social en la Ciudad de Buenos Aires puede compararse con la reciente decisión de la Corte de Apelaciones del Estado de Nueva York en el caso Campaign for Fiscal Equity. Ver. por ejemplo. Inc. a fin de poder establecer una relación causal entre cantidad de presupuesto y calidad de la eduación suministrada por el Estado. por ejemplo. en el caso X e Y la Comisión Interamericana efectuó un análisis de razonabilidad y proporcionalidad del sistema de inspección vaginal establecido en las cárceles argentinas e impuso al Estado la obligación de modificarlo fijando pautas concretas que debía seguir en la implementación del nuevo sistema 16. con los resultados obtenidos en el proceso educativo: nivel de calificaciones. el Dictamen del Procurador General de la Nación. demore la solución del problema.cfequity. Nicolás Becerra. ante un demandado renuente. Así. Luego de un largo proceso judicial. en una primera decisión el tribunal determinó los extremos que serían materia de prueba a fin de determinar la relación causal entre los recursos presupuestarios y la calidad del servicio educativo brindado por el Estado. del 9 de febrero de 2004 en el caso "Verbitsky Horacio (representante del CELS) s/Habeas Corpus".circunstancias sobrevivientes. El caso y los principales documentos jurídicos pueden consultarse en www. de las instalaciones escolares. Las instrucciones más generales resultan mucho más respetuosas de las competencias de los órganos políticos para definir políticas públicas adecuadas para resolver el problema sobre la base del marco legal fijado en la sentencia.org 16 La intervención de la CIDH se efectúa en base a la Convención Americana. Al mismo tiempo fijó pautas para determinar en que medida estas variables podían responder a una variación de los recursos presupuestarios. definiéndo el principio como el nivel de educación idóneo para garantizar la inserción laboral y la participación política de un ciudadano (capacidad necesaria para votar y ejercer el rol de jurado en un juicio). de modo que sus argumentos podrían haber sido la base argumental de la intervención de un tribunal local actuando por ejemplo en un amparo o en habeas corpus colectivo. de la información y material didáctico disponible. Luego obligó al Estado a presentar una reforma del sistema de financiamiento de la eduación estadual idóneo para garantizar que en cada escuela de la ciudadad se lograra alcanzar el estandar y por último obligó al gobierno a fijar un mecanismo de información y transparencia para poder fiscalizar el nuevo sistema. Al mismo tiempo fijó un test de insumos y resultados. deserción y repitencia entre otros.
La Cámara Nacional Electoral si bien hizo lugar al amparo y declaró la inconstitucionalidad del Código por contradecir el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. en el cual declaró la inconstitucionalidad de un sistema de ajuste de las jubilaciones por considerarlo contrario al derecho constitucional a la movilidad de los haberes previsionales. el Congreso finalmente reformó el Código Electoral autorizando el voto. sentencia del 8 de agosto de 2006. 16. Bossert agrega como fundamento de la legitimación para accionar colectivamente. Así por ejemplo sostuvo que la movilidad no es un mero ajuste por inflación sino que debe guardar una proporción razonable con los ingresos de los trabajadores activos. En tal sentido la decisión tuvo carácter meramente declarativo. lo que justificaba la acción presentada en términos colectivos. de allí que el derecho al sufragio tiene un carácter colectivo que se extiende más allá de la protección del derecho individual de cada ciudadano. parr. pero sin disponer remedio alguno. puede ser útil para definir también la dimensión colectiva de otros derechos civiles indispensables para la dinámica democrática. no dispuso medida alguna para hacer efectivo el derecho a votar. La sentencia fue comunicada por la propia Corte a los legisladores y sobre la base del fallo judicial se iniciaron acciones de incidencia en el Congreso hasta que se logró incorporar el tema en la agenda parlamentaria y finalmente reformar la disposición inconstitucional el 4 de diciembre de 2003 (Ley 25.garantizar el derecho a votar de las personas detenidas. Si bien el derecho a votar es un derecho político de ejercicio individual. se consideró que la máxima participación de electores en el proceso electoral mejoraba la calidad del sistema político. para garantizar el derecho a votar de los detenidos. Bossert. tales como el derecho de asociación y de expresión. Sin embargo. El otro tema central en el caso fue el alcance del remedio judicial.000 personas). La dimensión colectiva del ejercicio del derecho político de votar. parr. en el servicio penitenciario federal. Es interesante señalar que también la Corte Constitucional Sudafricana en un caso similar dispuso la inconstitucionalidad de una norma que limitaba el ejercicio de derechos políticos de los detenidos sin condena y obligó a la Comisión Electoral del Gobierno que fijara un plan y las regulaciones necesarias. incluido la fijación de costos. Tras un prologado período que excedió largamente el plazo fijado por la Corte. Fayt y Petrachi.1999 (4) BCLR 363 (CC). 16 y 18). Adolfo Valentín c/ ANSES s/ reajustes varios. reconoció la legitimación del CELS para actuar en representación de las personas detenidas y en el voto de la minoría se estableció con claridad la idea de que existía un interés público en la integridad del cuerpo electoral como mecanismo de elección de autoridades democráticas y por lo tanto de organización del Estado.858). emplazando al Estado nacional a adoptar en un término de seis meses “las medidas conducentes a que los detenidos sin condena puedan votar". por ser la jubilación una prestación sustitutiva de los salarios. Un remedio similar estableció la Corte Suprema en el caso Badaro18. que trascendía el derecho individual de votar de cada detenido. 18 Corte Suprema de Justicia. tal como la construye la Corte en este caso. La Corte. y en la actualidad el Ministerio de Justicia se encuentra abocado a definir el procedimiento concreto para implementarla17. “Badaro. En su decisión la Corte fijó un marco orientador para determinar qué tipo de sistema de movilidad podría ser considerado adecuado a la luz del precepto constitucional. Electoral Comisión and Other 1999 (3) SA 1 (CC). con fecha 9 de abril de 2002. 9 y 10 y voto del Dr. Voto de los Dres. Por este motivo los demandantes acudieron ante la Corte que emplazó al Congreso a modificar la norma impugnada. Ver August and Another v. constituido por los detenidos sin condena judicial que se ven impedidos de ejercer su derecho al voto (parr. que el andamiaje institucional de la sociedad política se asienta en el efectivo ejercicio del voto.” . lo que resultaba de interés público y dotaba al conflicto de un carácter eminentemente colectivo. un grupo abierto pero limitado de personas. Emilio Fermin s/ promueve acción de amparo”. Señala además que el derecho al sufragio en un sistema democrático es un derecho de incidencia colectiva y que existían en el caso una pluralidad de sujetos ubicados en una misma situación de hecho. el tribunal consideró 17 El caso se tramitó como un amparo colectivo interpuesto por el CELS en representación de todos los presos y presas sin condena del servicio penitenciario federal ( alrededor de 5. Ver Mignone.
Al interponerse habeas corpus individuales los presos eran movidos de una comisaría a otra sin solucionarse el problema de superpoblación. adopten las medidas correspondientes para ajustar el sistema de movilidad al mandato constitucional. En ese sentido a diferencia de Migone donde se argumentó que el conflicto afectaba derechos de índole colectiva pues el ejercicio de los derechos políticos incluía en cierta medida la integración sin discriminaciones del cuerpo electoral. La decisión fue confirmada por el Superior Tribunal provincial.que no le correspondía definir el sistema de ajuste determinado. 20 En este caso se ha justificado la interposición de un litigio colectivo en la naturaleza general y sistémica del problema. su complejidad técnica y su impacto presupuestario19. En ambos casos sin embargo se trata de litigios colectivos vinculados a derechos civiles y políticos en los que se demanda la adopción de acciones positivas de cierta envergadura al poder político. El argumento de la Corte no está vinculado sólo con la asignación de esa competencia al órgano legislativo. En tal sentido los demandantes presentaron un recurso extraordinario ante la Corte alegando que la división del caso en habeas corpus individuales o departamentales les impedía discutir el conflicto colectivo y vulneraba de esta forma el derecho de acceso a la justicia. Lo mismo ocurría con los habeas corpus colectivos de alcance limitado a un determinado departamento judicial o administrativo. Para facilitar la adopción de esas medidas se pide al Tribunal que fije un procedimiento de consulta y diálogo entre los principales actores involucrados en la cuestión y que disponga mecanismos concretos para supervisar el plan de acción que el Gobierno establezca en cumplimiento de la orden judicial. en representación de alrededor de 6. presentado ante la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires. El procurador general dictaminó a favor de la apertura del recurso federal por considerar que la . debido a la complejidad de la gestión del gasto público y las múltiples necesidades que está destinado a satisfacer”. En el caso Verbitsky se procuró mediante un habeas corpus correctivo de alcance colectivo.000 personas detenidas en comisarías de la Provincia. El remedio judicial requerido va en la línea de algunas de las decisiones judiciales examinadas respecto al control de políticas sociales en el ámbito local y e internacional 20. que el tribunal establezca en términos precisos bajo qué condiciones debe habilitarse un lugar de alojamiento digno de acuerdo a estándares constitucionales. en Verbitsky se argumenta el carácter colectivo del remedio para justificar la intervención judicial de alcance general. no le impedirá en el futuro examinar a su vez la adecuación constitucional del sistema que en definitiva se adopte. La Corte advierte que el reenvió a los órganos políticos del asunto. En una decisión inicial la Cámara de Casación de la provincia rechazó el habeas corpus negándose a considerar el conflicto en su dimensión colectiva y envió a sorteo la petición a los diferentes departamentos judiciales segmentando de tal manera el caso y acotando la posibilidad de discutir las políticas para solucionarlo. conforme los estándares fijados en la decisión. pues la trascendencia de esa resolución y las actuales condiciones económicas requieren de una evaluación cuidadosa y medidas de alcance general y armónicas. y que ordene al Gobierno provincial remediar de forma urgente la situación de las personas alojadas en condiciones denigrantes de superpoblación ofreciendo un plan de acción. 19 La corte establece:” Que ello no implica que resulte apropiado que el tribunal fije sin más la movilidad que cabe reconocer en la causa. ya que esta definición correspondía preferentemente al Congreso de la Nación. La Corte decide entonces comunicar la decisión al Gobierno y al Congreso a fin de que un plazo razonable. sino que valora también los múltiples intereses en juego que deben ser contemplados y ponderados en la definición de un mecanismo apropiado de ajuste.
En tal sentido. La Corte pareció seguir el mismo modelo de remedio judicial en el caso Mendoza22 por la contaminación de la Cuenca Matanza-Riachuelo. sino la habilitación de determinados mecanismos de diálogo o concertación social que aseguran que ciertas voces e intereses estarán representados al momento de definirse las acciones y políticas destinadas a cumplir la instrucción general fijada por el órgano judicial. Por otro lado. En ocasiones. En este caso. resulta una variable de los remedios judiciales anteriores. insta al poder judicial de la Provincia a revisar las detenciones a la luz de los estándares mínimos fijados en la sentencia sobre la base de las normas constitucionales y del derecho internacional. Ver. del 9 de febrero de 2004 en el caso "Verbitsky Horacio (representante del CELS) s/Habeas Corpus". También exhorta a los poderes políticos de la Provincia a abrir un espacio de diálogo con diversos actores sociales para formular políticas que permitan una solución adecuada del problema estructural determinado en el caso. en los que los tribunales se limitaban a imponer una instrucción general para definir políticas públicas y se reservaban la facultad de supervisar su formulación por las instancias políticas. por ejemplo. Este tipo de modelo de remedio es propio del denominado litigio de reforma estructural.El fallo de la Corte Suprema de Justicia en este caso admite en cierta medida el modelo de intervención judicial que proponían los demandantes. la multiplicidad de intereses en juego en la resolución del conflicto y la complejidad de las cuestiones examinadas en un caso colectivo que refiere problemas de índole estructural. . Este problema puede definirse en la lógica de las estregáis de litigio en el sentido de que corresponderá al demandante juzgar a priori si el espacio judicial disponible en función de las restricciones procesales es adecuado para desarrollar una discusión adecuada de las políticas del estado. Nicolás Becerra. la Corte estableció deberes de información a diversas empresas que imposibilidad de discutir el conflicto colectivo importaba una vulneración del derecho de acceso a la justicia. En el caso Verbitsky la Corte además de fijar un marco general para la formulación de políticas públicas por las instancias provinciales. sino también la participación ciudadana a fin de dotar de mayor legitimidad social a las decisiones que se adoptan en el marco. el Dictamen del Procurador General de la Nación. habilitando a ciertos actores sociales a dialogar con las agencias del Estado a fin de arribar a una solución consensuada del problema. este último punto. Si el caso está acotado por el alcance del recurso la discusión sobre la orientación de las políticas públicas requeridas se verá seriamente cercenada o condicionada. determina un procedimiento participativo para la elaboración de esas políticas. aconsejan no sólo un margen de deferencia mayor a las instancias políticas. Por un lado obliga a desalojar a menores de edad. El caso muestra con claridad la relación directa entre los mecanismos procesales y la posibilidad de discutir en un espacio judicial apropiado ciertas políticas públicas. de por sí acotado del proceso21. En su caso elegir aquellos puntos clave que podrían detonar con posterioridad fuera del caso un debate público más amplio y agudo. y procura asegurar no sólo un margen prudente de actuación de la instancia judicial frente a las competencias propias de las instancias políticas. ancianos y enfermos de las Comisarías.
abriendo así un mecanismo de supervisión y seguimiento. “El caso “Verbitsky”: ¿nuevos rumbos en el control judicial de la actividad de los poderes políticos?”. caso Verbitsky. 24 de octubre de 2000. en Víctor Abramovich. cabe resaltar el valor de una acción judicial en la que el Poder Judicial declare que el Estado está en mora o ha incumplido con obligaciones asumidas en materia de derechos económicos. Ed. Horacio s/ Habeas Corpus. Se trata de aquellas situaciones en las cuales. Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción Social-Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogras Neosplásicas s/ recurso de hecho. “ Superpoblación carcelaria y hábeas corpus colectivo”. Mendoza. ante la pasividad de los demás poderes frente a la vulneración de un derecho social.yale. (disponible en http://islandia. Beatriz y otros c/ Estado Nacional y otros. Alberto Bovino and Christian Courtis (comp. en Colapso del sistema carcelario. sentencia del 20 de junio de 2006. provincial y de la Ciudad de Buenos Aires.law. 3 de Mayo de 2005. en SELA 2005 Panel 4: El papel de los abogados. CSJN. sociales y culturales. de la conducta debida. Puede imaginarse un tercer tipo de situaciones. el Poder Judicial es el que asume la elección de la medida a adoptar. Siglo XXI. en la cual el Poder Judicial se vería forzado a valorar él mismo el tipo de medida a adoptar. Sería ejemplo de ello la situación planteada en el caso Beviacqua. También en este caso la Corte les impuso a los gobiernos el desarrollo de un “plan integrado basado en el principio de progresividad” a fin de cumplir con la obligación constitucional definida en la sentencia de proteger el ambiente. La Corte además fijó un procedimiento de audiencias públicas con participación de las organizaciones demandantes y otras organizaciones de la sociedad civil para provocar una discusión participativa de las propuestas gubernamentales.). CELS. En estos casos. la inexistencia de alternativas para satisfacer el derecho en cuestión y ordena realizarla. sólo admitía la entrega del medicamento específicos que los padres no estaban en condiciones de costear. Publicada en La Ley del 11 de julio de 2006 con comentarios de Daniel Sabsay. Aun en casos en los que la sentencia de un juez no resulte directamente ejecutable. Leonardo G. Temas para pensar la crisis. 23 CSJN. por ende. agosto de 2005. Puede pensarse un cuarto tipo de intervención judicial.operan en la costa del Río y a los gobiernos nacional. Sobre esta forma de remedio judicial propio del denominado litigio experimental puede consultarse: Paola Bergallo. el tribunal verifica la existencia de una única medida de política pública adecuada. a diferencia de los anteriores. Ver: Christian Courtis. “Justicia y experimentalismo: la función remedial del poder judicial en el litigio de derecho público en Argentina”. Filippini. Tanto en el caso de decisiones judiciales individuales que resulten ejecutables– como en el de este párrafo –decisiones judiciales que declaren el 21 CSJN. es decir. . en Revista Lexis-Nexis Buenos Aires N° 2. que se limite a declarar que la omisión del Estado es ilegítima sin disponer medida alguna de reparación.23 en el cual la preservación de la vida y la salud de un niño con una enfermedad de médula de suma gravedad. caso Campodónico de Beviacquea.edu/) 22 Corte Suprema de Justicia. 2005. y. con competencia ambiental concurrente en el problema.
tales como el monitoreo de políticas públicas sociales. La Corte entendió que el sistema excluyente de reparación tarifada. Además. pues forzó al Gobierno a abrir una discusión integral sobre un nuevo sistema. las políticas de estado. una clave de éxito es la posibilidad de articular los diferentes campos. la declaración de inconstitucionalidad del sistema de reparaciones de accidentes laborales. la negociación. la movilización social o las campañas de opinión pública. tiene un claro sentido político. o plantear una disyuntiva entre actuar en los tribunales o hacerlo en la esfera pública política. Por lo general. y no meramente a través de las actividades de lobby o demanda político-partidaria. en especial en casos que expresan conflictos colectivos o situaciones de intereses individuales homogéneas. bajo los parámetros de la ley civil ordinaria. ni efectuó ningún reenvió a los órganos políticos como si lo hizo en el caso Aquino en materia de jubilaciones. el cabildeo en las instancias de la administración o en el Parlamento. y que eventualmente comuniquen la decisión a los poderes políticos– las sentencias obtenidas pueden constituir importantes vehículos para canalizar hacia los poderes políticos las necesidades de la agenda pública. lo que había vedado la ley impugnada. Un efecto de interpelación similar a los órganos políticos produce las decisiones judiciales que declaran la ilegalidad o inconstitucionalidad de ciertas políticas públicas.incumplimiento de la obligación del Estado en determinada materia. Como puede observarse. que contemplara la opción para el trabajador de acudir al sistema civil ordinario. pero no obligó al Congreso a establecer un nuevo mecanismo reparatorio. a través de una semántica de los derechos. tuvo un efecto similar al de aquellos casos. e implicaba una discriminación a los trabajadores. en su derecho de acceder a la justicia en busca de una indemnización plena del daño. por impedir acudir opcionalmente a una reparación integral del daño. vulneraba el principio constitucional de reparación integral. las estrategias legales . Pese a ello. El tribunal convalidó la acción civil iniciada por un trabajador en el caso particular que estaba examinando. o las situaciones sociales que están en la raíz del conflicto. las múltiples formas de intervención judicial que obedecen a distintos niveles o grados de activismo. Por eso es erróneo pensar las estrategias legales como excluyentes de otras estrategias de incidencia política. Así. la Corte Suprema argentina declaró la inconstitucionalidad del sistema de indemnizaciones tarifadas en materia de accidentes laborales. en el marco de las acciones de exigibilidad de derechos económicos. En principio toda estrategia de reclamo de derechos. determinan el potencial de las diversas estrategias de incidencia legal y la posibilidad de establecer articulaciones fructíferas con otras estrategias de incidencia política. de modo que la resolución del caso legal contribuya a transformar las deficiencias institucionales. y en el caso Mignone en relación con la reforma del Código Electoral. sociales y culturales. recientemente.
se enfrentará a la correspondiente responsabilidad política que derive de su actuación morosa ante su propia población. y como vimos. sociales y culturales. Cuando el poder político no cumpla con las obligaciones frente a las que es “puesto en mora” por el Poder Judicial. . forzándolos a incorporar dentro de las prioridades de gobierno la toma de medidas destinadas a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos económicos. en este contexto. En el marco de nuestras débiles democracias la sanción de leyes por el Congreso por lo general no asegura la efectividad de los derechos reconocidos. en ocasiones es necesario litigar para lograr la implementación y el cumplimiento de esas normas. La decisión obligaba al Poder Ejecutivo a dar cumplimiento con la ley de SIDA que establecía la obligación de suministro de medicamentos. En ocasiones las vías legales vienen a resguardar o a hacer efectivas las “conquistas” obtenidas en el plano político 24. y obligan a utilizar todas las vías de reclamo y las acciones disponibles. Esa ley había sido dictada como resultado de una potente campaña de incidencia política en parte impulsada por los mismos grupos y actores que se vieron luego obligados a impulsar la acción judicial para hacerla efectiva. ejecutar una ley o una norma administrativa que fija 24 En el caso Asociación Benghalensis un grupo de organizaciones defensoras de los derechos de los portadores de HIV-SIDA promovieron una acción de amparo colectivo que fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia argentina. Resulta especialmente relevante a este respecto que sea el propio Poder Judicial el que “comunique” a los poderes políticos el incumplimiento de sus obligaciones en esta materia. en un sistema institucional con fuertes falencias. sino en tanto que programa de gobierno asumido tanto interna como internacionalmente. es importante establecer mecanismos de comunicación. debate y diálogo a través de los cuales se recuerde a los poderes públicos los compromisos asumidos. También puede mencionarse los casos en que organizaciones de mujeres acudieron a los tribunales a exigir la implementación y cumplimiento de la legislación sobre salud reproductiva por la que habían peleado ante el Congreso. Parece evidente que. ni los triunfos judiciales en materia de derechos sociales. De tal modo. ni los triunfos políticos. amén de las posibles consecuencias adversas en el plano internacional. antes de acudir a la esfera internacional a denunciar el incumplimiento.exitosas resultan ser aquellas que van acompañadas de la movilización y el activismo en el ámbito público de los protagonistas del conflicto real que subyace y sostiene al proceso. Hemos visto como el margen de actuación del Poder Judicial puede variar considerablemente: desde convertir en legal una decisión de política pública ya asumida por el Estado. Uno de los sentidos de la adopción de cláusulas constitucionales o de tratados que establecen derechos para las personas y obligaciones o compromisos para el Estado. son definitivos. consiste en la posibilidad de reclamo de cumplimiento de esos compromisos no como concesión graciosa. La lógica de este proceso es similar a la que informa el requisito del agotamiento de los recursos internos en materia de recursos ante el sistema internacional de protección de los derechos humanos: ofrecer al Estado la posibilidad de conocimiento y reparación de la violación alegada.
La Justicia como garante de procesos participativos Es conveniente analizar otros supuestos en los que es posible articular estas dos vías en el trabajo de exigibilidad de derechos. fijar un marco dentro del cual la administración debe diseñar e implementar acciones concretas y monitorear su ejecución. hará necesario un trabajo político más activo. Podría suponerse que la mayor moderación con la que actúe la justicia. y la producción de datos en su caso. Se trata de estrategias legales complementarias que parten de una perspectiva o enfoque procedimental: no se reclama una prestación. por ejemplo. así como la ejecución y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados por personas o organizaciones sociales. con otras estrategias de incidencia política. la intervención judicial. También puede pedirse el acceso a la información pública indispensable para el control previo de las políticas y decisiones a adoptarse y la legalidad de las adoptadas. Sin embargo no existe ningún factor que obligue a considerar a las estrategias legales como opciones excluyentes de las vías políticas. reclamando por ejemplo la realización de audiencias públicas antes de la negociación de tarifas de . bajo condiciones igualitarias. puede buscarse tan sólo para apuntalar otros frentes abiertos para canalizar demandas sobre instancias administrativas u órganos legislativos del Estado. para lograr que esa decisión judicial puede traducirse en la satisfacción de los derechos en juego. sino tan sólo complementar las demás acciones de incidencia política. meramente declarar al Estado en mora respecto de una obligación sin imponer remedio procesal o una medida de ejecución determinada. III. o la garantía de participación en estos espacios. en ciertos casos. En algunos países de la región las organizaciones de usuarios y consumidores han desarrollado con éxito estas vías de acción. determinar una conducta a seguir o. sino que se pretende garantizar las condiciones que hacen posible la adopción de procesos deliberativos de producción de normas legislativas o actos de la administración. La articulación de las acciones legales que puedan conducir a algunos de estos resultados. serán las claves de una estrategia efectiva de exigibilidad. En estas situaciones las demandas no procuran que la justicia conozca directamente el conflicto colectivo y garantice un derecho. en las diversas instancias formales o informales de intercambio y comunicación con la administración. se reclama ante la justicia la apertura de espacios institucionales de diálogo. de los actores potencialmente afectados. el establecimiento de sus marcos legales y procedimientos. ni se impugna directamente una política o medida que afecta derechos. En este caso el poder judicial incide en los procesos de formulación de las políticas públicas abriendo espacios de participación o condicionando a determinados requisitos las políticas que en definida se adopten.obligaciones jurídicas en materia social. Así. En ocasiones.
A través de una acción de amparo se logró que la justicia de la Provincia de Entre Rios dictara el 3 de junio de 2004 una medida cautelar que obligó al gobierno provincial a no autorizar el desmonte hasta tanto no se cuente con estudios de impacto ambiental y normas que regulen la sustentabilidad del recurso. el resultado alcanzado tras esos procesos deliberativos25. Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos s/ acción de amparo ambiental”. 26 Es ilustrativa la campaña iniciada por el Foro Ecologista de Paraná. juzgado de .servicios domiciliarios. Cfr. Sin embargo. Tratado de Derecho Administrativo. o de los contratos con las empresas concesionarias. Las organizaciones ambientalistas también han desarrollado estrategias de incidencia judicial tendientes a reclamar espacios de participación y de acceso a la información con anterioridad a la adopción de medidas o políticas que implicaban riesgos para el ambiente. Sergio Daniel y otros c. También tuvo un indudable impacto en la discusión sobre desmonte en Santiago del Estero donde la intervención federal en la provincia dicta un decreto frenando el desmonte. Tomo 2. ante el desmantelamiento de las instancias de fiscalización interna del Estado y la inoperancia de los entes reguladores de servicios públicos y el inexistente control parlamentario. En la jurisprudencia local este tipo de decisión es recurrente aunque lamentablemente los procedimientos de participación han demostrado no ser siempre efectivos. posibilite la debida participación de los usuarios y de las asociaciones que los nuclear. En este punto resulta de enorme valor la batalla legal para frenar los procesos de desertificación y afectación del suelo en la región del centro y norte de la Argentina. Ver causa 37161 “Verzeñassi.org . en su caso. La defensa del usuario y del administrado”. Un ejemplo de ello fue la batalla legal contra el irregular rebalanceo telefónico que analizó finalmente la Corte en la causa “Prodelco c. Programa de Derecho de Interés público. La decisión judicial que tuvo una importante repercusión en medios de prensa nacionales y locales si bien fue apelado por el gobierno de la provincia activó algunos interesantes procesos políticos. Mariela Puga.alternativaverde. Acción de Amparo en la Jurisdicción Federal”. Las acciones judiciales de los 25 Ver al respecto la rica jurisprudencia argentina de control de servicios públicos privatizados. agua o gas. por lo que tiene enorme relevancia en términos políticos26. Estado Nacional” del 7 de mayo de 1998. el ofrecimiento y producción de prueba que aquellos estimen pertinente. Así por ejemplo en el caso Youssefian se ordenó al Estado nacional a través de la secretaría de comunicaciones que previo a decidir acerca de la prórroga del período de exclusividad de las licenciatarias del servicio básico teléfonico nacional e internacional. Numerosas organizaciones sociales y ambientales combinaron sus demandas y acciones en el plano social con reclamos de medidas judiciales para impedir el avance de la frontera sojera. pidiendo acceso a la información pública indispensable para hacer valer sus derechos en esos ámbitos y resguardando también en ocasiones con la intervención judicial. Ver Agustín Gordillo. con el evidente daño ambiental y social. Se solicitó que se instrumetara el procedimiento en un plazo determinado y el tribunal resguardó su competencia para verificar la adecuación del procedimiento al fallo. resulta indudable que el activismo judicial transformó a la justicia en un espacio de control de las políticas del Estado en esta materia.1998. La acción tuvo impacto nacional. se abrió un espacio de concertación con participación del gobierno y los principales actores sociales con participación en el tema (más allá de los demandantes) para discutir las medidas que podrían adoptarse. permitiéndoles un adecuado conocimiento de los hechos y. En este caso. “Documentos de Trabajo sobre Derecho de Interés Público. Centro de Postgrado de la Universidad de Palermo. por decisión de una Sala del Superior Tribunal de la provincia que entendiendo en la apelación interpuesta por el gobierno. El tema de la gestión de recursos naturales se vincula con los conflictos sociales por la propiedad y tenencia de la tierra en el centro y norte del país. al punto que otros procesos similares se abrieron en la provincia de Salta y Chaco. a raíz del cultivo de soja. también el Estado el que debe fijar el procedimiento de participación de los usuarios y el tribunal se limita a imponerlo y a fijar algunos extremos básicos para garantizar su efectividad. como por ejemplo energía eléctrica. Sobre el caso puede consultarse el boletín electrónico del Foro de Ecología Política. www. En el ámbito provincial. El fallo indica la ausencia de una estrategia de biodiversidad frente a la acutal devastación de las masas forestales nativas. Otra vez el Poder Judicial ocupó un espacio que dejó vacante el aparato institucional del Estado y la debilidad del sistema político. Editorial Fundación de Derecho Administrativo. y apuntó a los aspectos irregulares de su relación con las empresas prestatarias.
las que procuran el acceso y la producción de información pública tienen un lugar relevante 30. CELS. punto 13). Estas obligaciones de vigilancia. la falta de equilibrios y debates en las legislaturas e instancias políticas. Sofía c.4. dentro de un plazo de dos años. Es indudable también en este tema que la intervención judicial ha servido para apuntalar la acción social y política de numerosas organizaciones que de alguna manera intentan compensar. personas sujetas a desahucios forzados y grupos de bajos ingresos (OG Nro. En ambos casos los pedidos de información son parte de una estrategia más amplia de control de la indepedencia judicial y del funcionamiento y prácticas legislativas.pueblos indígenas tendientes a lograr mecanismos de consulta y participación en la toma de decisiones concernientes a sus tierras culturales. un plan detallado de acción para su implementación progresiva (art. como medidas inmediatas. personas sin hogar y sus familias. 2004. Policia Federal s. Amparo. así como el acceso a la nómina de asesores del Senado de la Nación 29. PIDESC). aquellos Estados que no la hubiera implementado al momento de la ratificación asumen el compromiso de elaborar y adoptar. y preparación de un plan de acción para la implementación progresiva. . por las vías institucionales disponibles. reunión de información. El derecho a la información constituye una herramienta imprescindible para hacer efectivo el control ciudadano de las políticas públicas. para lo cual debe realizar un relevamiento del problema y de los grupos que se encuentran en situación vulnerable o desventajosa. sociales y culturales. al resto de los derechos consagrados en el Pacto (OG Nro. se encuadran también en esta modalidad de estrategias legales. Sala III Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal del 17 de diciembre de 1997.22. personas que viven en asentamientos ilegales. En relación al derecho a la educación primaria obligatoria y gratuita. 30 La información es relevante como instrumento de protección de derechos civiles y políticos así como de derechos económicos. El instrucción suplementaria de la Provincia de Entre Ríos. En otros casos recientes se reclamó invocando el derecho a la información el acceso a declaraciones juradas de los jueces federales y de la Corte Suprema 28. personas que no tienen acceso a instalaciones básicas. 28 Acción de amparo iniciada por Poder Ciudadano y CELS Ver este caso y otras acciones sobre acceso a la información en “La Información como herramienta para la protección de los derechos humanos”. Así en el caso Tiscornia se logró que el poder judicial obligará a la Policía Federal argentina a proveer información estadística sobre detenciones por averiguación de identidad que era básica para el control de los abusos policiales en la utilización de este mecanismo 27. puntos 3 y 4). personas alojadas inadecuadamente. En algunas materias ­tales como el derecho a la vivienda adecuada­ se reconoce expresamente la obligación del Estado de implementar en forma inmediata una vigilancia eficaz de la situación de la vivienda en su jurisdicción. como la explotación de recursos minerales o forestales. son extensibles. 14. 27 Ver fallo Tiscornia. Dentro de las acciones legales que podrían desarrollarse en el marco de estas estrategias legales indirectas o “procedimentales”. p.1. En el plano de los derechos civiles y políticos también el reclamo de información pública es un mecanismo adecuado para la fiscalización de las políticas del Estado. al tiempo que contribuye a la vigilancia por parte del propio Estado del grado de efectividad de esas políticas y la eventual afectación de derechos de los ciudadanos. 29 Reclamos administrativos iniciados por CIPPEC y Poder Ciudadano.
Las acciones de acceso a la información suelen actuar como vías legales que sostienen el trabajo de monitoreo de políticas sociales y la documentación de violaciones a los derechos económicos. presupuesto participativo. así como los procedimientos de debate y diálogo a fin de garantizar reglas básicas de procedimiento. objetivos. ya sea en su perjuicio o en su provecho. o el sector que debería merecer atención prioritaria del Estado y que por lo tanto debería ser escuchado. y b) el contenido de las políticas públicas desarrolladas o proyectadas. Duhalde (ed. el Estado debe producir y poner a disposición de los ciudadanos. en juego pueden determinar el alcance de esa participación. .L. plazos de realización y recursos involucrados. en E. (Buenos Aires. similar a los tradicionales conflictos de encuadre sindical y legitimación de sindicatos en los procesos de 31 Cfr V. en materia de derechos económicos. mecanismos de elaboración participada de normas. En estos supuestos si bien se discute formalmente un derecho de participación cívica o ciudadana. por ejemplo al configurar el colectivo afectado. sociales y culturales. excluyendo a las legítimas autoridades políticas del pueblo indígena. en especial cuando su descripción requiera de mediciones expresadas mediante indicadores. con expresa mención de sus fundamentos. sociales y culturales31. consejos de planificación estratégica en las ciudades) las acciones pueden dirigirse a discutir las condiciones de admisión. Anuario de Derecho a la Información. Específicamente.Abramovich y C. o contar con un espacio institucional de participación con anterioridad a que una decisión de política social pudiera adoptarse. o el debate entre organizaciones sindicales sobre la participación en el Consejo Asesor del Salario Mínimo. Pensemos por ejemplo en los debates abiertos sobre la participación de entidades en los consejos de supervisión de planes sociales.Estado debe disponer los medios necesarios para garantizar el acceso en condiciones de igualdad a la información pública. “El acceso a la información como derecho”. como mínimo. civiles o políticos. información sobre: a) el estado de la situación de las diferentes áreas concernidas. Este caso. o en los espacios institucionales de renegociación de contratos con las empresas privatizadas. los derechos sociales. se logró por la vía de un amparo judicial que se prohibiera a la compañía negociar con comunidades de base su entrada a territorio indígena para realizar actividades de exploración.Courtis. o posibles discusiones sobre el alcance de la participación en foros de seguridad ciudadana o en entes de control electoral. Así por ejemplo en el caso de la Federación Independiente del Pueblo Suhar de Ecuador contra la empresa petrolera Arco.). Cuando la administración dispone de espacios de participación cívica para la discusión o el análisis de ciertas medidas o políticas (audiencias públicas en el parlamento o en órganos administrativos.Madrid) 1 (2000). o entre las organizaciones de usuarios sobre su derecho a participar de los Entes Reguladores de servicios públicos.
el Congreso o empresas privadas.negociación colectiva. FIPSE vs. se demandó judicialmente el cumplimiento de las obligaciones estatales allí establecidas. el litigio apuntó a hacerlo efectivo y fijar el alcance legal de las obligaciones asumidas por el estado. pretendió resguardar las reglas de un proceso de negociación fijando a los actores legitimados para desarrollarlo32.33 Lo que caracteriza a estas acciones indirectas o complementarias es que las vías judiciales están lejos de ser el centro de la estrategia de exigibilidad de los derechos. Firmes en nuestro territorio. Arco. se utilizaron los estándares constitucionales e internacionales sobre derecho a la vivienda para interpretar el alcance de la obligación del gobierno de dar una vivienda temporaria bajo determinadas características. Aquí la justicia interviene para implementar acuerdos que muchas veces son el resultado de complejas negociaciones entre actores sociales y autoridades políticas. van a fijar los márgenes de actuación de la justicia y la interpretación del alance mismo de las obligaciones que emanan de estos acuerdos. 32 Ver “Tarimat”. Quito. por ejemplo. Si bien el acuerdo fue el resultado de la negociación y la presión política sobre el gobierno. 14 CCABA)". El proceso judicial sirve de punto de apoyo para la acción de incidencia de los actores de procesos sociales o políticos más amplios y complejos. Resolución del 26 de febrero de 2002. pero sirven para apuntalar el resto de las acciones políticas que se emprenden para canalizar las demandas de derechos en el marco de un conflicto colectivo. un acuerdo de relocalización de un grupo de personas sujeto a un desalojo compulsivo. El juzgado hizo lugar al pedido y ordenó alojar a las familias en hoteles de la ciudad bajo determinados requisitos de habitabilidad. las características de los derechos en juego. lo que fue solicitado como medida cautelar. Si bien en estos casos se trata de ejecutar decisiones asumidas por el Estado. CDES. Ver. ya sea que se trate de reclamos directos a la administración. 4437/0. En un caso relativo a un acuerdo entre familias desalojadas y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 33 . En ocasiones la intervención judicial puede requerirse al sólo efecto de hacer efectivo un acuerdo alcanzado como fruto de una negociación con el Estado. En esa acción. mientras se ejecutaban las obras. que era fundamentalmente de ejecución del convenio. 2001. Ejemplo. como el derecho a la vivienda. Aguero Aurelio Eduvigio y otros c/GCBA s/amparo (art. Expte: Exp. que consistían en la construcción de viviendas en un terreno fiscal y la solución transitoria de las necesidades habitacionales del grupo. o del desarrollo de vías de negociación o incluso de cabildeo sobre los funcionarios.
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References: artículo 33
 artículo 23
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