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Timestamp: 2019-06-25 12:26:25+00:00

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Resolución judicial que deniega efectos civiles a sentencia canónica de nulidad matrimonial
1. Que, antes de entrar en el caso controvertido en estos autos, hemos de tratar el tema, que sugiere el Fiscal, de la comprobación de haberse agotado la vía judicial previa: En efecto, el art. 44.1 a) de la LOTC autoriza el recurso de amparo siempre que se hayan agotado todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial. La doctrina de este Tribunal, expresa, al respecto, el criterio de que sólo podrá conocer del fondo de la cuestión planteada cuando el recurrente haya agotado las vías procesales de que dispone, sin obtener la debida protección de los derechos que invoca. Y, ya que la Ley 30/1981, de 7 de julio , que regula el procedimiento especial para las demandas en solicitud de la eficacia civil de las resoluciones de los Tribunales Eclesiásticos , determina que, contra el Auto resolutorio que, en sentido denegatorio, dicte el Juez, no se dará recurso alguno, pero añade que «quedará a salvo el derecho de las partes y del Fiscal para formular su pretensión en el procedimiento correspondiente» (disposición adicional segunda punto 3); cabe preguntarse si el óbice de procedibilidad que ello supone, respecto al recurso de amparo, cuando el recurrente ha hecho uso de esta facultad, hace inexcusable la terminación del proceso correspondiente con carácter previo a la interposición del amparo. La Sala estima que esta interpretación sería en absoluto improcedente como lo pone de manifiesto la simple comparación de la literalidad de los preceptos que acaban de ser citados. En efecto, mientras el art. 44.1 a) de la LOTC exige el agotamiento de todos los «recursos», la Ley 30/1981 alude a «procedimiento correspondiente», términos que no son en absoluto intercambiables. El reconocimiento de un procedimiento más para reclamar el derecho nada tiene que ver, en sentido técnico, con el agotamiento de la vía de recursos a que se refiere la LOTC; aquél constituye un derecho que puede o no ejercitar la parte y que, de hacerlo, abre un nuevo cauce judicial que debe ser agotado antes de residenciar en sede constitucional el tema; pero que puede ser renunciado porque a nadie se le puede obligar al seguimiento de un nuevo proceso para remediar en su caso una violación de un derecho fundamental ocurrido en procedimiento distinto y agotado.
2. En cuanto al reconocimiento legal de eficacia en el orden civil, de las resoluciones dictadas por los Tribunales Eclesiásticos sobre nulidad de matrimonio canónico y decisiones pontificias sobre matrimonio rato y no consumado, se sustenta de una parte en el carácter aconfesional del Estado - art. 16.3 de la Constitución Española - y, de otra, en el párrafo siguiente del propio texto legal que obliga a los poderes públicos a tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantener las consiguientes relaciones de cooperación. Pues bien, es este principio cooperativo el que se expresa en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede de 3 de enero de 1979 en el que se reconoce a la Iglesia Católica, entre otras, las actividades de jurisdicción; y así, el art. VI.2 del mismo autoriza a los contrayentes a acudir a los Tribunales Eclesiásticos solicitando declaración de nulidad o decisión pontificia sobre matrimonio rato y no consumado otorgando a dichas decisiones eclesiásticas la eficacia civil si se declaran ajustadas al Derecho del Estado en resolución del Tribunal civil competente; la disposición transitoria segunda instaura un régimen transitorio para las causas pendientes que se seguirán tramitando ante los Tribunales Eclesiásticos , y sus Sentencias tendrán efectos civiles a tenor de lo dispuesto en el art. XXIV del Concordato de 1953.
Finalmente, la Ley 30/1981, de 7 de julio , contiene la nueva redacción del art. 80 del Código Civil que dispone que las resoluciones de los Tribunales Eclesiásticos sobre nulidad de matrimonio canónico o matrimonio rato y no consumado tendrán eficacia en el orden civil a solicitud de cualquiera de las partes si se declaran ajustadas al Derecho del Estado en resolución dictada por el Juez civil competente de acuerdo a las condiciones a que se refiere el art. 954 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la disposición adicional segunda, 2, de la misma Ley ordena que, presentada la demanda por cualquiera de las partes, el Juez dará audiencia por plazo de nueve días al otro cónyuge y al Fiscal y si, no habiéndose formulado oposición, aprecia que la resolución es auténtica y ajustada al Derecho del Estado, acordará la eficacia en el orden civil de la resolución eclesiástica procediéndose a su ejecución con arreglo a las disposiciones del Código Civil .
A este respecto hemos de reconocer que, si bien no aparecen indicios de violación del art. 16.3 de la Constitución Española , pues la cooperación del Estado con la Iglesia Católica no implica automatismo en el reconocimiento de las resoluciones dictadas por los Tribunales Eclesiásticos ni se ve de qué modo la negativa al reconocimiento de efectos civiles daña el principio de igualdad del art. 14 de la propia Constitución, ya que, antes al contrario, el fundamento de la resolución contra la que se ejercita el amparo es el de sometimiento de todos los Tribunales españoles al Derecho del Estado, el precepto que puede verse afectado es el del art. 24, en cuanto garantiza a todas las personas el derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, lo que implica el reconocimiento de los efectos de las resoluciones de los Tribunales predeterminados por la Ley por todos los órganos del Estado. Si el reconocimiento a los católicos de someter sus relaciones matrimoniales a los Tribunales Eclesiásticos aparece reconocido en la legislación aplicable y si, por otra parte, la obligación de reconocer los efectos civiles de las correspondientes resoluciones aparece también declarada, la negativa a proceder de esta suerte, por parte de un órgano del Estado, cuando se dan las circunstancias exigidas por dicha legislación debe ser remediada, aparte del problema de la constitucionalidad misma de la norma de donde resulten aquellos derechos o dicho de otro modo, la constitucionalidad del Acuerdo entre España y la Santa Sede a que nos venimos refiriendo.
No podemos menos de constatar que este Acuerdo del Estado español y la Santa Sede tiene rango de tratado internacional y, por tanto, como aprecia el Fiscal, se inserta en la clasificación del art. 94 de la Constitución Española , sin que, respecto a él se haya, institucionalmente, denunciado estipulaciones contrarias a la propia Constitución ni procedido conforme al art. 95 de la misma y, una vez publicado oficialmente el tratado, forma parte del ordenamiento interno. Este Tribunal no debe, sin haber sido previamente requerido por los órganos constitucionales previstos, entrar en el examen de la supuesta contradicción cuando ningún órgano judicial ha planteado cuestión constitucional, ni la han suscitado las partes.

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