Source: http://www.asesoriayempresas.es/jurisprudencia/JURIDICO/45478/sentencia-tc-22-1984-de-17-de-febrero-ce-ejecucion-de-actos-administrativos-respeto-a-la-inviol
Timestamp: 2017-12-15 08:29:44+00:00

Document:
Sentencia T.C. 22/1984, de 17 de febrero. CE-ejecución de actos administrativos: respeto a la inviolabilidad del domicilio - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
Inicio > Jurisprudencia > Resultados > Sentencia T.C. 22/1984, de 17 de febrero. CE-ejecución de actos administrativos: respeto a la inviolabilidad del...
Sentencia T.C. 22/1984, de 17 de febrero
El Tribunal Constitucional otorga el amparo al entender que la potestad de la Administración de autoejecución de las resoluciones y actos dictados por ella se encuentra en nuestro Derecho positivo vigente legalmente reconocida y no puede considerarse que sea contraria a la Constitución, si bien es preciso que en la ejecución forzosa de actos administrativos se respeten los derechos fundamentales de los sujetos pasivos de la ejecución.
1. La Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de Murcia adoptó un acuerdo, en la reunión de 29 de noviembre de 1977, por el cual concedió a don Francisco Vera Aznar una licencia para construir, en la plaza de los Apóstoles, esquina a la calle de Eulogio Soriano de la mencionada ciudad, un edificio de cinco plantas en la fachada de la primera de las calles citadas y de cuatro en la segunda, de acuerdo con las características urbanísticas de la zona. Algún tiempo después, el Servicio de Inspección de Obras del Ayuntamiento, comprobóque el señor Vera Aznar estaba llevando a cabo la edificación aludida sin ajustarse al proyecto que había servido de base al otorgamiento de la licencia. Por ello, con fecha 27 de febrero de 1979, la Alcaldía dictó un Decreto, en elque requirió la inmediata suspensión de las obras, su ajuste al proyecto y la iniciación de un expediente sancionador. La orden de inmediata suspensión, no obedecida por el señor Vera, fue renovada por un Decreto de la Alcaldía de Murcia de 15 de octubre de 1979.
Fueron fundamentos sustanciales de esta Sentencia, las siguientes afirmaciones:1.ª Que la cuestión sometida a enjuiciamiento se centraba en determinar si los actos administrativos combatidos eran o no conformes al ordenamiento jurídico, en relación a si lesionan o no el derecho fundamental de la persona, en su manifestación de inviolabilidad del domicilio, reconocido en la art. 18.2 de la constitución, y en caso positivo, si ha de reconocerse la situación jurídica individualizada, adoptándose las medidas adecuadas para su pleno restablecimiento, ya que la parte actora denuncia que el Ayuntamiento demandado, aduciendo que trataba de ejecutar un acuerdo de demolición, ordenó el desalojo de una vivienda habitada, con advertencia de ejecución forzosa, pasando a continuación a la actividad material, sin haber obtenido previamente autorización judicial para la entrada en el domicilio, oponiéndose a la pretensión entablada, tanto el Ministerio Fiscal, como la Corporación, que solicita en su escrito de alegaciones, además, la inadmisibilidad del recurso con base en el art. 82 g), en relación con los arts. 69, 43 y 57 de la Ley Jurisdiccional, al no existir la congruencia debida entre el escrito de interposición y las pretensiones deducidas en la demanda, alegando, asimismo, otra segunda causa de inadmisibilidad, en cuanto los actos impugnados, al no tener otra finalidad que la de iniciar la ejecución de un derribo decretado, estaban excluidos de la revisión jurisdiccional. 2.ª Que debe pronunciarse la Sala sobre la alegación del Ministerio Fiscal y del Ayuntamiento de Murcia, deque la actora no tenía el domicilio en el ático litigioso, por lo que era inadecuado el procedimiento utilizado, al no existir el derecho fundamental, objeto de protección; alegación que no se consideró atendible, ya que del acta de desalojo, levantada el 14 de junio de 1982, surge la duda de si el referido piso 6-A del edificio número 18 de la plaza de los Apóstoles, estaba o no destinado a vivienda fija y permanente de la parte, no siendo suficiente para reforzar la tesis pretendida la hoja del Padrón de Habitantes presentada por el Ayuntamiento, en el que aparece la actora como residente en el domicilio de su padre, al ser de fecha 4 de mayo de 1981, máxime cuando existe una prueba testifical practicada en autos, que acredita que doña Dolores Tomás, por determinadas circunstancias, acaecidas en 1982, tenía su domicilio en el ático señalado, con anterioridad a los actos recurridos. 3.ª Que hay un régimen exorbitante de Derecho común, en nuestro sistema administrativo, asistido de una serie de prerrogativas, que sitúan a la Administración en una posición de supremacía respecto de los particulares, contándose entre ellas la de que sus actos aparecen revestidos de los privilegios de la decisión ejecutiva y de la acción de oficio, implicando el primero de ellos la posibilidad de que la Administración pueda llevar adelante sus resoluciones, a pesar de los recursos contencioso-administrativos que contra las mismas se interpongan, en tanto no se acuerde la suspensión de la ejecución por el Tribunal correspondiente, según viene establecido en diversos preceptos legales, 33 de la Ley de Régimen jurídico de la Administración del Estado, 44 y 101 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 361 de la Ley de Régimen Local y 122.1 de nuestra Ley jurisdiccional, y suponiendo el segundo de los privilegios, la facultad de lograr la Administración el cumplimiento forzoso de los actos administrativos, sin necesidad de exigir la intervención de los Tribunales, como expresamente dispone el art. 102 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 4.ª Que ante esta realidad, y a la vista del texto literal del art. 18 de la Constitución, que establece que no podrá entrarse en el domicilio sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito, surge el problema de la compatibilidad de este derecho fundamental con los privilegios de la ejecutoriedad y acción de oficio derivadas del principio de auto tutela que caracteriza nuestro régimen de Derecho Administrativo, pues en ocasiones, como ha ocurrido en el supuesto de Autos, la Administración se ve obligada, al acudir a la ejecución forzosa, a entrar en los domicilios de los particulares para vencer la resistencia de los mismos, y de exigirse intervención judicial autorizatoria de la entrada para garantizar la inviolabilidad del domicilio, quebraría de hecho nuestro sistema de administración pública, problema que ha de resolverse considerando que el art. 18 de la Constitución se limita a prohibirla entrada en el domicilio a efectos de registros o en el ejercicio de funciones represivas, sean penales o administrativas, pero sin comprender a la entrada en el ejercicio de potestades administrativas en otros ámbitos de ordenamiento jurídico, conclusión a la que se llega no ya sólo por la naturaleza de la excepción que se establece en el precepto, flagrante delito, sino además por el propio fundamento tradicionalmente asignado al derecho examinado y porque a tenor del artículo 117.3 y 4 de la Constitución, los Jueces y Tribunales no pueden ejercer más funciones que la de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en toda clase de procesos y las que les atribuya la Ley en garantía de algún derecho, por lo que al no existir, en la actualidad, ninguna Ley que, por regla general, confiera a los Juzgados la función de otorgar las autorizaciones parala entrada en domicilios particulares cuando la Administración pretenda ejecutar sus propias decisiones, como ocurre en el caso de autos, no es posible encomendar a la autoridad judicial funciones como la pretendida por la parte actora, más cuando el Juez ordinario no tiene en nuestro Derecho la facultad para ejercer control sobre la conformidad al ordenamiento jurídico de los actos administrativos, al corresponder la revisión a la Jurisdicción contencioso-Administrativa, con lo que en la práctica carecería de efectiva la garantía examinada. 5.ª Que especial referencia merece el fundamento del derecho a la inviolabilidad del domicilio, y que no es otro que el de evitar injerencias arbitrarias en el domicilio o la correspondencia de una persona, en cuanto aquél es el ámbito espacial donde se proyecta básicamente la intimidad personal y familiar y de ahí que toda persona tenga derecho a la protección de la Ley contra los posibles ataques, como sentó el Tribunal Supremo en Auto de 17 de diciembre de 1981, citando determinados textos internacionales, Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos y Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, no teniendo otro carácter la resolución judicial del art. 18.2 de la Constitución que el de crear un título legitimador de la violación del domicilio en aras de intereses públicos. 6.ª Que un examen del expediente administrativo pone de manifiesto que el Ayuntamiento de Murcia, en ningún momento, al dictar los actos recurridos y realizar la subsiguiente actividad material, intentó inmiscuirse en la vida privada de la recurrente, por lo que no cabe hablar de intromisión ilegítima, estando, por el contrario, toda su actuación amparada por la legislación vigente, en cuanto el art. 184 de la Ley del Suelo atribuye a la Administración Municipal la potestad de disponer la demolición de las obras ilegales no legalizables, todo lo cual obliga a desestimar el recurso, debiendo imponerse las costas a la actora, a tenor de lo establecido en el núm. 3 del art. 10 de la Ley de 26 de diciembre de1978, al quedar rechazadas todas sus pretensiones.
1.° que la Corporación municipal personada en Autos en calidad de parte demandada se ha adherido al recurso de apelación entablado por la recurrente, respecto del particular de la Sentencia apelada desestimatorio de las dos causas de inadmisibilidad del contencioso-administrativo esgrimidas por aquélla y dada la naturaleza de tales objeciones y sus posibles efectos en el proceso, es obligado iniciar el estudio del asunto con el tratamiento de ellas, por su carácter previo, para pasar en su caso al examen del problema de fondo sobre el que disiente el apelante principal y al efecto conviene señalar que la primera inadmisibilidad se articula con base en el apartado g) del art. 82 de la Ley reguladora de la Jurisdicción, en relación con el 69 de la misma, denunciándose cierta discordancia entre el escrito de interposición del recurso y el suplico de la demanda en orden a las pretensiones deducidas en una y otra fase del procedimiento, que supone, según la parte, una desviación procesal determinante del vicio acusado; mas a lo que acertadamente argumenta al respecto la Sentencia apelada se ha de añadir que el criterio mantenido por la jurisprudencia en ordena la interpretación del art. 69 citado ha sido siempre el de huir de toda directriz literal y formalista, entendiendo que se respeta su mandato si aparecen cumplidos sustancialmente todos los requisitos de la demanda (
Sentencias de 20 de octubre de 1969 y 24 de abril de 1972), bastando que del contexto se infieran cuáles son las pretensiones ejercitadas (Sentencia de 9 de octubre de 1970), y es indudable, como afirma aquella resolución, que aparece claro de los escritos de la parte actora el ámbito objetivo del proceso y la petición deducida en el mismo y, de consiguiente, cumplida la exigencia formal del artículo últimamente citado, con lo que se orilla la viabilidad de la causa de inadmisión que nos ocupa y que, por tanto, se ha de rechazar.
2.° Que la segunda inadmisibilidad planteada se ampara en el apartado c) del art. 82 de la Ley Jurisdiccional, en relación con el 37 de la misma, pues, aunque no se cite expresamente, su contenido pone de manifiesto el apoyo en esa norma y lo dicho por el Tribunal a quo para rebatirla puede ser adicionado aduciendo que, si bien la regla general es la inimpugnabilidad de los actos de ejecución, la jurisprudencia no cierra de modo tajante la posibilidad de que puedan ser revisados en vía jurisdiccional cuando éstos incurran per se en algún vicio o infracción del ordenamiento jurídico (Sentencias de 4 de octubre de 1966y 6 de julio de 1981, entre otras), de modo que como la presunta infracción cometida consiste en la posible violación del domicilio de la actora, sólo pudo llevarse a cabo con los actos de ejecución impugnados por la forma material de la actuación municipal, resultan éstos, a los fines que nos ocupan, desligados del acto causante o determinante de los mismos, y por tanto, con sustantividad propia para ser enjuiciados, lo que determina la obligada desestimación de la causa de inadmisibilidad, pero es que, además, esta cuestión, dado el planteamiento del tema litigioso, se confunde con el fondo, puesto que lo que en esencia se cuestiona en el proceso, especialmente n este grado de apelación, essi para ese desalojo de la vivienda previo a su demolición, por la falta urbanística cometida, era precisa o no la autorización judicial a que se refiere el precepto constitucional consagrador del derecho fundamental supuestamente infringido.
Lo que corresponde examinar en este asunto, según el Fiscal, dando por supuesto el privilegio de la Administración, es si el Ayuntamiento de Murcia, que hizo aplicación de él, actuó en todo momento ajustadamente a Derecho. De que actuó conforme a la Ley no puede haber duda alguna. El inicial acuerdo de demolición fue ratificado en vía contencioso-administrativa. Hubo reiterados requerimientos a quien construyó ilegalmente, siempre desoídos. Y llegado el momento, al comprobarse que terceras personas estaban ocupando las viviendas que habían de ser destruidas, se extendió a ellas el oportuno requerimiento para que procedieran al desalojo y facilitasen el derribo. Había, pues, un título adecuado (nulla executio sine titulo) y el obligado requerimiento antes de pasara la ejecución directa. El título tenía su norma habilitante en el art. 29.5 yen el 184.4 de la Ley del Suelo, que obligan al Ayuntamiento, o si él no actuara al Alcalde o al Gobernador, a proceder al derribo de lo ilegalmente construido. Esta obligación la reitera el Reglamento de Disciplina Urbanística, cuyo art. 51.
1 impone la adopción de las «medidas precisas para que se proceda a la restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada o transformada como consecuencia de la actuación ilegal», y se torna aún más imperativa en el art. 52, según el cual en ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes afectados al estado anterior a la producción de la situación ilegal.
La obligación que inicialmente correspondió al constructor por imperativo del art. 88 de la Ley del Suelo se transmitió a la adquirente. Así lo establece de modo inconcuso este artículo, al igual que lo dispone el art. 7 de la Ley de Expropiación Forzosa («se considerará subrogado el nuevo titular en las obligaciones y derechos del anterior»), y lo viene declarado la jurisprudencia, según la cual la obligación de respetar el uso urbanístico impide conceder licencias de apertura, siendo esta doctrina aplicable a los terceros adquirentes de buena fe, incluso registral, en virtud del principio de subrogación real, consagrado en el art. 88 de la Ley del Suelo, lo que, a pesar de las duras críticas de que es objeto como supuestamente atentatorio a los principios de publicidad registral y seguridad del tráfico jurídico inmobiliario, encuentra su fundamento en las consideraciones que al respecto se exponen en la Sentencia apelada y que pueden resumirse en la necesidad de evitar que el régimen legal de la ordenación urbana quede al arbitrio de los particulares y en la concepción de las limitaciones urbanísticas como definiciones del contenido normal de la propiedad de los inmuebles, explicitadas en el art. 87, que conlleva la obligada consecuencia de la eficacia erga omnes de las mismas frente a toda clase de adquirentes, incluidos aquellos que no se procuraron, del transmitente o del Ayuntamiento, el conocimiento de tales limitaciones urbanísticas, sin perjuicio de las acciones resolutorias o indemnizatorias que la Ley concede frente al transmitente que hizo ocultación maliciosa o negligente de las mismas. La demandante quedó, pues, subrogada en la situación jurídico-administrativa del constructor, sin que pueda alegar, como hizo ante la Audiencia, que se trata deun tercero ajeno a la contienda entre el Ayuntamiento y el transmitente. Además, no pudo permanecer tan ignorante de la situación del piso que compró desde el momento que la escritura notarial de compraventa es de 26 de abril y el día 1 de ese mes tuvo lugar un primer enfrentamiento entre los funcionarios municipales que fueron a hacer una visita técnica al piso y el padre de la demandante, que les exigió autorización judicial para penetrar en el piso de su propiedad y en el que después adquiriría la actora.
Entiende el Fiscal que no es ésta una interpretación restrictiva del contenido del derecho, ni mucho menos arbitraria. El propio art. 18.2, después de declararla inviolabilidad del domicilio, al prohibir unas precisas conductas -entrada y registro está en cierta medida definiendo el alcance del derecho, y el art. 17del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 19 de diciembre de1966, coincidente en su texto con el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dice que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su domicilio. En nuestro caso, como se ha dicho antes, no ha habido injerencias ni, aún menos, ha existido una actuación arbitraria o ilegal. Lo mismo declara el art. 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de Roma, que permite las injerencias previstas por la Ley y necesarias en una sociedad democrática para la protección de los derechos y libertades de los demás. Aparece bien clara la idea de que la inviolabilidad del domicilio está concebida como protección del individuo frente a injerencias de todo orden que puedan perturbar la paz y tranquilidad de la vida privada, pero no puede entenderse que la protección llegue a contrariar los intereses colectivos. Cuando el Municipio actuó, legitimado por un interés público, no fue contra la intimidad de un hogar que es el objeto propio del derecho, aunque insoslayablemente tuvo que lesionarlo, sino para corregir una conducta antisocial, y, en cualquier caso, el perjuicio sufrido puede ser reparado en vía indemnizatoria.
La representación del Ayuntamiento de Murcia ha alegado que de los antecedentes del caso se desprende que el tema central del recurso está constituido por la invocada violación del domicilio por las Ordenes de 7 de mayo y 4 de junio de1982 de la Alcaldía del Ayuntamiento de Murcia, disponiendo el desalojo de una vivienda que había de ser demolida en ejecución de actos municipales previamente declarados ajustados a Derecho por la jurisdicción contencioso-administrativa, yque junto a este tema central la recurrente plantea otras cuestiones de estricta legalidad ordinaria, en las que, para no desbordar su competencia, el Tribunal Constitucional no podrá entrar a conocer.
A la anterior idea se llega a través de los elementos histórico y sistemático de interpretación del texto constitucional. La Declaración de Virginia de 1776reconoció el derecho a la inviolabilidad del domicilio como una reacción contra las prácticas abusivas de las autoridades inglesas, que expedían mandamientos en blanco para efectuar registros, y la enmienda IV de la Constitución Americana de1787 dispuso que «no se violará el derecho del pueblo a la seguridad de sus personas, lugares, papeles y efectos contra registros y detenciones arbitrarias... ». Pasando por los sucesivos textos constitucionales, la inviolabilidad del domicilio ha sido concebida como un freno contra las injerencias arbitrarias de la Policía Judicial en su pesquisa de personas o pruebas de convicción delictiva.
Se encuentran, además, los textos internacionales, aplicables en virtud del art. 10.2 y del art. 96.1 de la Constitución. El art. 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 19 de diciembre de 1966, señalan que «nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia... ». El art. 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, de Roma, de 4 de noviembre de 1950, permite la injerencia en la vida privada y en el domicilio cuando «esta injerencia esté prevista por la Ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria parala seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral o la protección de los derechos y las libertades de los demás».
La recurrente en amparo deduce la existencia de violación de su domicilio por carecer el Ayuntamiento de su consentimiento y de resolución judicial. Sin embargo, las tres excepciones contenidas en el art. 18.2 de la Constitución (
consentimiento, resolución judicial y flagrante delito) y las derivadas del art.55 de la Constitución de suspensión del derecho, no son sino supuesto en que cesa el ius prohibendi o derecho de exclusión que otorga la Ley al titular del domicilio, de modo que en tales supuestos se hace legal la intromisión en la vida privada. Por ello, si la Administración no pretende en modo alguno, como es nuestro caso, inmiscuirse en la vida privada de la persona, no es necesario que se dé alguno de tales supuestos o títulos legitimadores.
1. Para delimitar de una manera concreta el presente recurso de amparo, es necesario establecer cuáles son los actos de los poderes públicos impugnados en él. De acuerdo con la construcción de la demanda, ésta se dirige contra un complejo de actos y de hechos de distinto cariz. Según literalmente se dice en la súplica, el amparo se formula contra actos jurídicos y vías de hecho del Ayuntamiento de Murcia, de su Alcaldía-Presidencia y de funcionarios de la Corporación municipal. Es de destacar, sin embargo, que en el anterior recurso contencioso-administrativo, articulado conforme con la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, sobre protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, se impugnaron únicamente los acuerdos del Ayuntamiento de Murcia de 7 de mayo y 4de junio de 1982, por los que se requería a doña Dolores Tomás Pravia para que desalojara la vivienda de su propiedad, por entender que sólo en estos acuerdos concurría el hipotético vicio de la lesión de derechos constitucionales. Aún cuando entonces se esgrimió que la recurrente no había sido parte en el procedimiento en el que se había ordenado la demolición de su vivienda, que se había seguido únicamente contra el promotor del edificio, el amparo no se fundó primordialmente en la supuesta violación del art. 24 de la Constitución, sino en la del art. 18.2 y el recurso no se dirigió especialmente contra el acto material de desalojo, que en la medida en que poseía cobertura legal corroborada por los Tribunales no puede ser calificado como vía de hecho, sino contra los acuerdos municipales que lo amparaban.
Como estos fueron los únicos actos jurídicos frente a los que se reclamó la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales conforme con la Ley62/1978, podría pensarse que respecto de los restantes actos jurídicos o de hecho no se ha seguido una genuina vía judicial previa. Sin embargo, aun cuando a la demanda de amparo en este punto le falte la necesaria nitidez, puede admitirse que en la de protección jurisdiccional junto con los acuerdos municipales estaban implicados los posteriores actos de ejecución, por lo que, si bien en los acuerdos municipales que ordenaron la demolición y requirieron el desalojo no puede detectarse violación del art. 18 de la Constitución, hay que plantearse la cuestión respecto de las actuaciones practicadas en ejecución; y no es impertinente reiterar que a los actos referidos hay que considerarlos como actos de ejecución, sin que les convenga la calificación de «vías de hechos»,que la recurrente les da, pues por vías de hecho hay que entender los actos de los funcionarios y de los agentes de la Administración, faltos de cobertura legal y de cobertura concreta en un título jurídico, cosa que en el caso concreto no ocurría, toda vez que la conformidad de los actos administrativos con el ordenamiento legal ha sido decidida positivamente por los Tribunales y el único punto que está en discusión es el relativo a si en ellos se ha violado o no un derecho constitucional, que en todo caso se habría producido de manera lateral y no en lo que constituyó el objeto central de la actuación administrativa, que fue la demolición de un edificio que vulneraba la disciplina urbanística y el desalojo del mismo como medida instrumental previa.
2. Una de las obligaciones que en su momento se formuló frente a la pretensión de la actora, consistía en que ésta no tenía su domicilio en el local litigioso que habría sido, por ello, un domicilio meramente simulado, de manera que no habría existido la violación del derecho fundamental objeto de protección. Esta cuestión, no obstante, no puede ser actualmente objeto de debate. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Albacete, al examinarla pretensión de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, dijo expresamente que del acta del desalojo, de 18 de junio de 1982, podía surgir la duda acerca de si el piso desalojado estaba o no destinado a la vivienda fija de doña Dolores Tomás Pravia, pero concedió a la interesada el beneficio de la duda no cuestionando, en definitiva, que el piso fuera efectiva vivienda. En el proceso de amparo, que nosotros resolvemos, la cuestión no ha sido replanteada por las partes y por ello todo el razonamiento que en lo sucesivo hagamos, partirá de la premisa de que la recurrente tenía en el local de autos su domicilio. En relación con este tema debe señalarse que la idea de domicilio que utiliza el art. 18 de la Constitución no coincide plenamente con la que se utiliza en materia de Derecho Privado y en especial en el art. 40 del Código Civil como punto de localización de la persona o lugar de ejercicio por ésta de sus derechos y obligaciones. Como se ha dicho acertadamente en los alegatos que en este proceso se han realizado, la protección constitucional del domicilio es una protección de carácter instrumental, que defiende los ámbitos en que se desarrolla la vida privada de la persona. Por ello, existe un nexo de unión indisoluble entre la norma que prohíbe la entrada y el registro en un domicilio (art. 18.2 de la Constitución) y la que impone la defensa y garantía del ámbito de privacidad (artículo 18.1 de la Constitución). Todo ello obliga a mantener, por lo menos prima facie un concepto constitucional de domicilio de mayor amplitud que el concepto jurídico privado o jurídico-administrativo.
4. La potestad de la Administración de autoejecución de las resoluciones y actos dictados por ella, se encuentra en nuestro Derecho positivo vigente legalmente reconocida y no puede considerarse que sea contraria a la Constitución. Es verdad que el art. 117.3 de la Constitución atribuye al monopolio de la potestad jurisdiccional consistente en ejecutar lo decidido a los Jueces y Tribunales establecidos en las Leyes, pero no es menos cierto que el art. 103 reconoce como uno de los principios a los que la Administración Pública ha de atenerse, el de eficacia ««con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho». Significa ello una remisión a la decisión del legislador ordinario respecto de aquellas normas, medios e instrumentos en que se concrete la consagración de la eficacia. Entre ellas, no cabe duda de que se puede encontrarla potestad de autotutela o de autoejecución practicable genéricamente por cualquier Administración Pública con arreglo al art. 103 de la Constitución y por ende puede ser ejercida por las autoridades municipales, pues, aun cuando el art. 140 de la Constitución establece la autonomía de los municipios, la administración municipal es una administración pública en el sentido del antes referido art. 103.
5. El art. 18.2 de la Constitución contiene dos reglas distintas: una tiene carácter genérico o principal, mientras la otra supone una aplicación concreta de la primera, y su contenido es por ello más reducido. La regla primera define la inviolabilidad del domicilio, que constituye un auténtico derecho fundamental de la persona, establecido, según hemos dicho, para garantizar el ámbito de privacidad de ésta, dentro del espacio limitado que la propia persona elige y que tiene que caracterizarse precisamente por quedar exento o inmune a las invasiones o agresiones exteriores, de otras personas o de la autoridad pública. Como se ha dicho acertadamente, el domicilio inviolable es un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima. Por ello, a través de este derecho no sólo es objeto de protección el espacio físico en sí mismo considerado, sino lo que en él hay de emanación de la persona y de esfera privada de ella. Interpretada en este sentido, la regla de la inviolabilidad del domicilio es de contenido amplio e impone una extensa serie de garantías y de facultades, en lasque se comprenden las de vedar toda clase de invasiones incluidas las que puedan realizarse sin penetración directa por medio de aparatos mecánicos, electrónico su otros análogos.
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUELE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA,
El juicio negativo que en la Sentencia se hace sobre la ejecución del desalojo se alcanza sólo merced a esta artificial desvinculación entre ella y el acuerdo que la ordena, pues sólo así es posible considerarla como una entrada en el domicilio de la recurrente sin autorización de ésta y sin mandamiento judicial. No es discutible que la acción de oficio de la Administración no legitima ninguna violación de los derechos constitucionalmente garantizados y que la acomodación de este privilegio al orden constitucional plantea problemas delicados. En el presente caso, no obstante, no hay, en mi opinión, sombra detal problema. La Administración no acordó la entrada en el domicilio de la recurrente, sino que la requirió para que lo desalojase. Frente a tal requerimiento, la recurrente pudo solicitar el amparo judicial, como efectivamente hizo, e impetrar del Juez la suspensión del acto que consideraba lesivo. Si no efectuó tal solicitud o habiéndola efectuado no le fue otorgada no había obstáculo alguno a la ejecución del acto, el derecho a la inviolabilidad del domicilio quedó suficientemente asegurado y no se adivina qué protección adicional de sus derechos habría obtenido la recurrente si hubiera logrado de la Administración la exhibición de un mandamiento expedido por otro Juez carente de competencia para controlar la legalidad de la actuación administrativa. La ejecutoriedad del acuerdo administrativo de desalojo no implica contradicción alguna con el derecho a la inviolabilidad del domicilio de quien, como en el presente caso sucede, fue notificado de tal acuerdo y tuvo la posibilidad de buscar y obtener frente a él el amparo judicial.

References: resolución 
 artículo 117
 resolución 
 artículo 12
 resolución 
 resolución