Source: https://www.legaltoday.com/practica-juridica/derecho-penal/penal/la-prescripcion-y-la-cancelacion-de-antecedentes-penales-respecto-de-las-personas-juridicas-2017-02-28/
Timestamp: 2020-07-04 16:11:14+00:00

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La prescripción y la cancelación de antecedentes penales respecto de las personas jurídicas - Legal Today
03/07/2020. 17:39:48
Si una persona física comete el delito tipificado en el artículo 305.1 CP, se enfrentará a una pena de prisión de 1 a 5 años y una multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada. Además, se le impondrá la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años. No obstante, esta última consecuencia que prevé el referido precepto ha sido considerada por la doctrina como una consecuencia accesoria y no como una verdadera pena privativa de derechos (DE LA CUESTA ARZAMENDI), por lo que el plazo de la prescripción del delito fiscal se mantendría en los 5 años.
Con dicha facultad, podría pensarse que se le podrá imponer a la persona jurídica incluso la prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito por un plazo que puede llegar hasta 15 años (33.7.e) CP), pero lo cierto es que el mismo artículo 310 bis remite al 66 bis, que limita las posibilidades de imponer las penas del 33.7 CP a las personas jurídicas. Su segundo apartado podría solucionar el problema: "2.ª Cuando las penas previstas en las letras c) a g) del apartado 7 del artículo 33 se impongan con una duración limitada, ésta no podrá exceder la duración máxima de la pena privativa de libertad prevista para el caso de que el delito fuera cometido por persona física."
En este caso, vemos como la duración de las penas asociadas al delito fiscal podría no comportar diferencias entre las personas físicas y las jurídicas, en relación con la prescripción del delito, si se entiende que la regla prevista en el artículo 66 bis limita la inhabilitación contenida en el artículo 33.7.e CP en función de la pena privativa de libertad que se establece para el delito fiscal ex art. 305 CP.
Ello supone, primero de todo, la clara constatación de una falta de lógica y coherencia en la regulación de las personas jurídicas como sujeto susceptible de la acción penal, del ius puniendidel Estado, y segundo, muchísimos problemas injustificados para la continuación de su actividad. Uno muy evidente, por seguir poniendo ejemplos prácticos, es el de la posibilidad de las personas jurídicas de contratar con la Administración Pública, que, efectivamente, constituye una opción muy provechosa para obtener beneficios económicos y para conseguir reputación en su ámbito de trabajo. Pues bien, si observamos el artículo 60 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se prohíbe contratar con la Administración Pública a las personas jurídicas con antecedentes penales por ciertos delitos mencionados en el mismo artículo. Por ello, que la cancelación de dichos antecedentes se alargue, sin excusa, hasta los 10 años, puede provocar muy serios problemas en la potencial actividad de una sociedad.

References: artículo 305
 artículo 310
 artículo 33
 artículo 66
 artículo 33
 artículo 60
 Real Decreto