Source: http://www.slideshare.net/dlsaavedra/codigo-procesal-civil-proyecto-de-ley
Timestamp: 2015-09-03 07:47:32+00:00

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by aitzolabaroa
Apersonamiento alimentos julio fern...
PROYECTO DE LEY - El nuevo Código Procesal Civil, será la base de la Reforma Procesal Civil. A través de su aplicación, se espera una ágil tramitación de los conflictos, llevando la oralidad, la inmediación y la adversariedad al ámbito civil. A su vez, el Código constituirá un sistema general, base y supletorio de todos los demás ordenamientos procesales, dotándolos de coherencia y principios comunes.
Escuela de Derecho UNAPVIC
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Rocio Pilar Campos Quispe
MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA RE- PUBLICA CON EL QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE APRUEBA EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CIVIL. _______________________________ SANTIAGO, mayo 18 de 2009 M E N S A J E Nº 398-357/ Honorable Cámara de Diputados:A S.E. EL Tengo el honor de someter a vuestra consideración un proyecto de ley que aprueba el nuevo Código Procesal Civil.PRESIDENTE I. ANTECEDENTES.DE LA H. Los continuos esfuerzos desplegados por el Gobierno de Chile en elCAMARA DE sector justicia en los últimos veinte años, han estado encaminados a forjar un proceso histórico de recambio en nuestro sistema jurídico, en la búsquedaDIPUTADOS. constante de una justicia más rápida, más eficaz, más cercana a la gente, de mayor transparencia en su desarrollo, y que, por sobretodo, logre tutelar en forma efectiva los intereses de los sujetos involucrados en cada uno de los conflictos. Y es que un sistema democrático como el nuestro no se satisface con un re- conocimiento de los derechos de las perso- nas sino sólo cuando aquel reconocimiento lleva aparejado, siempre y bajo cualquier circunstancia, un sistema de tutela eficaz que proteja tales derechos ante las eventuales vulneraciones que pue- dan sufrir. Este sistema debe permitir, junto con llegar a una solución justa, que ésta llegue en tiempo y se materialice con efectividad, a fin de satisfacer en forma real el quiebre de la paz social que implica tal vulneración. Sólo así se reconoce la verdadera existencia de los derechos. Por ello, la etapa de renovación íntegra de nuestro sistema de justicia, que el Gobierno de Chile ha venido desarrollando en las últimas dos décadas, deviene en un proceso histórico y transformador, que nos prepara para los nuevos desafíos que asumirá nuestro país de cara al bicentenario. Es así como en materia orgánica, en la década del noventa, amplia- mos el número de Ministros de nuestra Corte Suprema y especializamos el conocimiento de las salas que integran dicho tribunal; creamos la Academia Judicial, permitiendo con ello no sólo una preparación especializada y de alta calidad de las nuevas generaciones de jueces, sino además el perfecciona- miento constante de los ya existentes. 2.
2 Posteriormente, ya a finales de esa misma década, comenzamos con lo que conoceríamos como las reformas procesales, iniciando dicho proceso con el establecimiento de un nuevo sistema procesal penal, cumpliendo con una antigua aspiración: instaurar en Chile un proceso oral, transparente y público, que introdujera en el campo penal soluciones formales diversas a la sentencia judicial, a la vez de crear un sistema que cumple efectivamente con las garantías de un debido proceso, reconociendo a la víctima y al imputado como sujetos de derechos. Asimismo, ya comenzando la presente década, logramos otro cambio trascendental y esperado, la unificación, en un solo sistema de solución, de los diversos conflictos derivados de las relaciones de familia, a través de la creación de los tribunales de familia. Dejamos atrás la justicia de menores y las diversas materias entregadas a la competencia civil, para comenzar a hablar finalmente de la justicia de familia, como un sistema único, que incorpo- ra junto con la tutela judicial efectiva, un sistema de mediación que permite que sean los propios involucrados en el conflicto quienes alcancen una solu- ción, a través de los acuerdos a que, asistidos por un profesional, arriben libre y voluntariamente. Por su parte, y en pro de la necesaria integración jurídica de nuestro país a la economía global y a los desafíos que impone un mundo globalizado, establecimos, en el año 2004, la ley de arbitraje comercial internacional, su- perando con ello un importante vacío que manifestaba nuestro ordenamiento en relación a los conflictos de tal naturaleza. Finalmente y dentro de una serie de otras modificaciones, creamos la justicia tributaria y modernizamos la justicia laboral, contemplando nuevos y mejores mecanismos de solución de tales controversias, y permitiendo así una sustancial mejora en las condiciones de protección jurídica de los dere- chos de los trabajadores y un más sano desarrollo de dicha relación contrac- tual. A pesar del fuerte impulso modernizador, tenemos aún una deuda pendiente, y en uno de los más importante campos de la ciencia jurídica: La justicia civil. Y han sido los propios frutos de dicho impulso modernizador los que han develado en forma importante las actuales carencias del sistema civil, el que por las necesidades históricas de nuestro país y la extrema urgencia de asumir otras reformas, ha quedado aparentemente rezagado en lo que desde hoy ya podemos denominar el antiguo sistema. Sin embargo no hemos descansado. Por el contrario, pacientemente hemos esperado el momento oportuno de introducir esta importante reforma, cuando la consolidación de los restantes nuevos procesos fuera ya un hecho.ESCUELA DE DERECHO Universidad Arturo Prathttp://derecho-unapvic.blogspot.com Victoria - Chile 3.
3 II. ORÍGEN DE LA REFORMA PROCESAL CIVIL. Concientes de la relevancia que tiene el sistema civil en el sano desa- rrollo de nuestra convivencia social -tanto por representar la solución a los conflictos sociales más diversos, generales y cotidianos de las personas, así como por constituir en nuestro ordenamiento la base supletoria de todos los restantes sistemas- y esperanzados en conciliar una nueva estructura y con- cepción de la forma en que esta justicia civil debe administrarse, a la vez de cerrar y complementar el histórico ciclo de reformas, el Ministerio de Justicia en el año 2005 decide asumir este nuevo desafío. Comenzaron así las primeras actividades de lo que sería la Reforma Procesal Civil, cuyo primer gran fruto es el presente proyecto de ley que hoy someto, ante este Honrable Congreso, a vuestra consideración. Las labores de diseño legislativo de esta importante reforma comen- zaron con una especial convocatoria, en mayo de 2005, por parte del Ministe- rio de Justicia a destacados académicos especialistas en Derecho Procesal, representantes a su vez de diversas Universidades e instituciones integrantes del mundo jurídico, así como también de diversos intervinientes del amplio y diverso campo del Derecho. Fue así como académicos, magistrados, aboga- dos litigantes y destacados personeros del mundo público se reunieron en el denominado “Foro Procesal Civil”, con el claro objetivo de entregar a Chile una nueva justicia civil. La generosa labor de este grupo de destacados académicos se des- arrolló principalmente en dos grandes etapas. La primera, en la generación de las bases generales y principios del nuevo sistema. La segunda, en la discu- sión y generación del contenido del proyecto de Código Procesal Civil, que hoy presentamos a vuestra consideración. La mencionada primera etapa se desarrolló entre los meses de mayo y diciembre del año 2005, y basó su trabajo en los aportes de sus miembros y, principalmente, en los documentos elaborados especialmente a este efecto, por dos de las más prestigiosas Universidades de nuestro país: “Propuesta De Bases Para Redactar Un Nuevo Código Procesal Civil Para La República de Chile” elaborado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y “Bases Generales Para Una Reforma Procesal Civil”, elaborado por la Facul- tad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Esta primera etapa del Foro estuvo integrada por los siguientes académicos: Don Cristian Maturana Miquel, don Juan Agustín Figueroa Ya- var, don Raúl Tavolari Oliveros y don Raúl Nuñez Ojeda, de la Universidad de Chile; don Orlando Poblete Iturrate y don Alejandro Romero Seguel, de la Universidad de Los Andes; don Jorge Vial Álamos, don José Pedro Silva Pra- do y don Juan Pablo Domínguez Balmaceda, de la Universidad Católica deESCUELA DE DERECHO Universidad Arturo Prathttp://derecho-unapvic.blogspot.com Victoria - Chile 4.
4 Chile; doña Nancy de la Fuente Hernández, don Claudio Díaz Uribe y don Eduardo Jara Castro, de la Universidad Diego Portales; don Miguel Otero Lathrop, del Instituto Chileno de Derecho Procesal; las señoras juezas civiles doña Dora Mondaca Rosales y doña Claudia Lazen Manzur, del Instituto de Estudios Judiciales; y el abogado asesor del Ministerio de Justicia don Rodri- go Zúñiga Carrasco. Actuó como Coordinador de esta primera etapa, don Or- lando Poblete Iturrate; como Secretario Ejecutivo, don Rodrigo Zúñiga Carras- co; y como secretarios de actas los abogados de la Universidad de Chile se- ñores Matías Insunza Tagle y Cristóbal Jimeno Chadwick. Las labores de este primer ciclo culminaron en diciembre del año 2005, con la entrega de un informe al Ministerio de Justicia, y por su interme- dio, al Presidente de la República, en el que se manifestó claramente la nece- sidad de Reforma y especialmente, la idea de no realizar nuevas modificacio- nes al actual Código de Procedimiento Civil- cuyo Mensaje data del mes de febrero de 1893- sino que, imperiosamente, emprender la elaboración de un nuevo Código Procesal Civil, que manifestara los principios que la moderna doctrina procesal reconoce, acogiéndolos en un sistema que permita enfrentar eficazmente la resolución de los actuales conflictos civiles y comerciales. El diagnóstico aportado por el foro, así como los estudios realizados por el Ministerio de Justicia e instituciones ligadas a la investigación jurídica, nos dan cuenta de una situación de gran retraso en la resolución de los con- flictos, con un altísimo número de ingresos de causas, que aumentan expo- nencialmente año a año; procesos que se enfrentan a ser resueltos mediante procedimientos múltiples, diversos, formales y escriturados, impidiendo la re- lación directa entre el juzgador, las partes y los demás intervinientes, forzán- dose con ello a nuestros órganos jurisdiccionales a una constante delegación de las funciones propias del juzgador en funcionarios o auxiliares de la admi- nistración de justicia, los que si bien no han sido llamados originalmente por la ley a cumplir tales funciones, por la fuerza de la realidad y la necesidad de respuesta de la justicia, han debido paulatinamente asumirlas. Finalmente, cuando ya se ha logrado superar los obstáculos del co- nocimiento del asunto litigioso, y se ha obtenido la ansiada sentencia definiti- va, en nuestro actual sistema, el litigante vencedor lejos de obtener la satis- facción inmediata de su pretensión, debe, salvo cumplimiento voluntario del vencido, iniciar un nuevo procedimiento judicial con el fin de hacer cumplir compulsivamente lo ya ordenado por el juzgador en el correspondiente proce- dimiento declarativo. Es que el diseño original de nuestra actual justicia civil representó las necesidades de otros tiempos. Muy lejos de la realidad de activa economía que hoy nos caracteriza. La masiva actividad contractual, la expedita circula- ción de bienes, el acceso y frecuencia del crédito, son fenómenos muy fre-ESCUELA DE DERECHO Universidad Arturo Prathttp://derecho-unapvic.blogspot.com Victoria - Chile 5.
5 cuente en nuestros días, pero que existían solo incipientemente en la época de diseño de nuestro actual Código. La sola mención a la data de su diseño y la conciencia de las importantes transformaciones sociales y económicas que desde ese entonces hemos vivido, nos da cuenta de una clara inadecuación a los tiempos que corren. Tal carencia de adecuación a la realidad ha derivado en otros fenó- menos quizás más perjudiciales a la justicia que la propia lentitud de los pro- cesos. El aumento sostenido de la actividad económica y, en especial, el de la actividad crediticia, ha generado una suerte de desnaturalización de la compe- tencia de nuestros tribunales civiles. Según las estadísticas, gran parte del to- tal de las causas que conocen estos tribunales corresponde a Juicios Ejecuti- vos, procedimiento que no tiene otra finalidad sino obtener el cumplimiento compulsivo de lo ya ordenado por el propio juez, o por otro juez en un deter- minado procedimiento declarativo, o el cumplimiento efectivo de los denomi- nados títulos ejecutivos. La circunstancia de presentarse un real conflicto de relevancia jurídica en este procedimiento es meramente eventual. Sin embar- go, el diseño de nuestro sistema actual judicializa necesariamente todos y ca- da uno de los procedimientos de ejecución, sin importar que no exista sobre dicha ejecución oposición alguna por parte del demandado. Aún más grave, incluso existiendo oposición, no existe razón para que los restantes trámites, en su mayoría meramente administrativos, estén entregados a la labor del órgano jurisdiccional. Se desconcentra así al juez ci- vil de su labor principal, que no es otro sino la resolución del conflicto de rele- vancia jurídica. La escrituración absoluta del procedimiento, el exceso de ritualidades muchas veces sin fundamento y la carencia de mecanismos tecnológicos usados hoy cotidianamente en la gran mayoría de las restantes actividades del hombre, constituye otra arista de las debilidades que presenta el sistema. Asimismo, la multiplicidad de procedimientos existentes, impone un sistema confuso, que dificulta el hallazgo del camino idóneo para obtener la adecuada tutela judicial de derechos. Las características descritas nos alejan con fuerza del legítimo anhelo y deber de una justicia pronta, eficaz y accesible al ciudadano común, y con- vencidos que justicia retardada es justicia denegada, la necesidad de reforma se nos hace imperiosa. Pero no basta con un nuevo procedimiento. El avance cultural de nuestro país, la madurez cívica que hemos alcanzado y la multiplicidad en la naturaleza de los conflictos existentes en la actualidad, nos imponen los re- querimientos de un diseño mucho más complejo que un solo camino de solu- ción.ESCUELA DE DERECHO Universidad Arturo Prathttp://derecho-unapvic.blogspot.com Victoria - Chile 6.
6 El verdadero acceso a la justicia se alcanza cuando ofrecemos a las personas una multiplicidad de opciones para alcanzar una real solución a sus problemas, sin importar la vía legítima por la cual se opte. El fin de la justicia y de la protección de los derechos no puede ser confundido con la asistencia a tribunales ni la existencia de procedimientos judiciales. Existen muchas otras formas de solución que alcanzan grados notables de eficiencia y que pueden acercar al ciudadano común a una satisfacción mayor que la que podría obte- ner por los mecanismos tradicionales. Estamos convencidos que se requiere una nueva concepción del sis- tema de justicia civil. Las necesidades del Chile del Bicentenario no se satis- facen con la instauración de un nuevo procedimiento civil. Se requiere de un Nuevo Sistema de Solución de los Conflictos Civiles y Comerciales, que aleje la idea del enjuiciamiento civil como opción única, integrando una amplia vi- sión de los diversos mecanismos alternativos de solución de conflictos exis- tentes, tanto judiciales como extrajudiciales, siempre mediante simples y des- formalizadas vías que permitan un real y efectivo acceso de las personas a la justicia. Un sistema que impulse la solución del arbitraje cuando aquellos me- canismos han fracasado o, cuando por su especial naturaleza no le sean apli- cables, y que ubique al proceso judicial como última ratio, cuando ninguna de las posibilidades haya tenido éxito y se justifique entonces la actividad adjudi- cativa de la labor jurisdiccional. Con dicha inspiración, y con la confianza en un diseño que lograra plasmar las características deseables de este nuevo sistema, el Ministerio de Justicia encargó a la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile la re- dacción de un anteproyecto de Código Procesal Civil, basándose en el man- dato del propio Foro Procesal y, por tanto, requiriendo que el diseño del pro- cedimiento -reflejando los principios formativos, de la oralidad, inmediación, concentración, continuidad y publicidad- constituyera una vía judicial justa y expedita de soluciones, y permitiera una conexión coherente con los restantes mecanismos de solución que serán luego introducidos por leyes especiales. Finalmente, que cumpliera con el doble compromiso de establecer un nuevo procedimiento civil y la fundación de una nueva base para todo el sistema procesal chileno. Fruto del intenso trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a fines de 2006, ya contábamos con un anteproyecto de Código Procesal Civil, el que sirvió de base y guía para la activa y pormenorizada dis- cusión que, en su segunda etapa, el Foro Procesal Civil comenzara durante el mes de marzo de 2007 y culminara hace sólo pocas semanas. En esta segunda etapa se contó con la participación de los siguientes académicos:ESCUELA DE DERECHO Universidad Arturo Prathttp://derecho-unapvic.blogspot.com Victoria - Chile 7.
7 1. Cristian Maturana Miquel, Académico y Director del Depar- tamento de Derecho Procesal de la Universidad de Chile. 2. Juan Agustín Figueroa Yavar, Académico de la Universi- dad de Chile. 3. Raúl Tavolari Oliveros, Académico de la Universidad de Chile. 4. Raúl Núñez Ojeda, Académico de la Universidad de Chile. 5. Orlando Poblete Iturrate, Académico y Rector de la Univer- sidad de los Andes. 6. Alejandro Romero Seguel, Académico de la Universidad de los Andes. 7. José Pedro Silva Prado, Académico y Director del Depar- tamento de Derecho Procesal de la Universidad Católica de Chile. 8. Juan Pablo Domínguez Balmaceda, Académico de la Uni- versidad Católica. 9. Jorge Vial Álamos, Académico de la Universidad Católica. 10. Claudio Díaz Uribe, Académico de la Universidad Diego Portales. 11. Eduardo Jara Castro, Académico de la Universidad Diego Portales. 12. Nancy de la Fuente Hernández, Académico de la Universi- dad Diego Portales. 13. Juan Carlos Marín González, Académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. 14. Álvaro Pérez Ragone, Académico de la Universidad Cató- lica de Valparaíso. 15. Miguel Otero Lathrop, Académico y Presidente del Instituto de Derecho Procesal. 16. Dora Mondaca Rosales, Jueza Civil, por el Instituto de Es- tudios Judiciales.ESCUELA DE DERECHO Universidad Arturo Prathttp://derecho-unapvic.blogspot.com Victoria - Chile 8.
8 17. Jenny Book Reyes, Jueza Civil, por el Instituto de Estudios Judiciales. 18. Ricardo Núñez Videla, Juez Civil, por el Instituto de Estu- dios Judiciales. 19. María de Los Ángeles Coddou Plaza de los Reyes, Conse- jera del Colegio de Abogados. 20. Ruth Israel López, Abogada del Consejo de Defensa del Estado. 21. Marcelo Chandía Peña, Abogado del Consejo de Defensa del Estado. 22. Rodrigo Zúñiga Carrasco, Abogado del Ministerio Justicia, Coordinador y Secretario Ejecutivo del Foro Procesal Civil. Ello, sin perjuicio de la valiosa colaboración que prestaron los señores abogados Cristóbal Jimeno Chadwick, Matías Insunza Tagle, Mariana Valen- zuela Cruz, Maite Aguirrezabal Grünstein y Pablo Bravo Hurtado. La labor del Foro Procesal Civil, traducida hoy en la presente pro- puesta, es el más fiel reflejo de generosidad y compromiso cívico de sus inte- grantes y de los altos frutos que es posible obtener desde la sociedad civil hacia el Estado. La notable calidad de la presente propuesta es reflejo del constante cuidado que pusieran sus miembros en desarrollar un debate de al- to nivel en todos y cada uno de los diversos aspectos de que implica, defen- diendo y argumentando las legítimas diversas opciones contempladas, pero con el objetivo claro de lograr un proyecto de consenso que reflejara las nue- vas tendencias en materia procesal y los más altos estándares de calidad en la justicia, en materia civil y comercial. El Código que hoy se presenta es, sin duda, la pieza fundamental del nuevo sistema, pero a la vez sólo el primer gran paso de una reforma mucho más compleja marcada por la instauración de un Nuevo Sistema De Resolu- ciones De Conflictos Civiles y Comerciales. Los siguientes pasos para llegar a este nuevo escenario de sistema de resolución de conflictos deberán encaminarse a la promulgación de una ley sobre mecanismos alternativos de resolución, introducidos como medios for- males y preferentes en nuestro sistema civil y comercial, con herramientas de promoción de sus notables ventajas y con incentivos importantes para su uso. Asimismo deberá promulgarse una nueva ley de arbitraje interno que permita su simplificación y masificación de su uso, fortaleciéndo con ello la cultura de justicia de los acuerdos, y permitiendo que sólo se acuda ante el juez civilESCUELA DE DERECHO Universidad Arturo Prathttp://derecho-unapvic.blogspot.com Victoria - Chile 9.
9 cuando aquellos mecanismos han fracasado o, por la naturaleza del conflicto, aquellos no le son aplicables. Confiamos en la madurez de nuestros ciudada- nos y creemos profundamente en la real posibilidad de solución auto composi- tiva de los conflictos. Este nuevo sistema es reflejo de tal convicción. III. CONTENIDO DEL PROYECTO. 1. Ideas generales del Nuevo Código. El resultado final del trabajo realizado por el Foro se traduce en una propuesta moderna que simplifica la forma de resolver los conflictos civiles y comerciales en sede judicial, a la vez que vela por el adecuado comporta- miento de los litigantes durante el proceso, sancionando la mala fe y las con- ductas dilatorias. Es un Código que simplifica los procedimientos unificándolos en sólo dos procedimientos declarativos generales, e introduciendo la espe- cialidad en determinados procesos sólo cuando por la naturaleza del conflicto aquello pareció estrictamente necesario. En su estructura, el Código mantiene la línea tradicional de nuestra codificación, dividiéndose en Libros, Títulos, Capítulos y Artículos. Asimismo, a objeto de facilitar su conocimiento, ha introducido la apreciada herramienta de las últimas legislaciones procesales de la intitulación de los artículos, ex- presando al inicio de ellos su contenido. 2. Estructura y contenido del nuevo Código Procesal Civil. El Libro I, denominado “Disposiciones Generales” se inicia con la in- troducción de los denominados “Principios Básicos” y alude en su artículo primero al modelo de sistema de resolución de conflictos preferentes propues- to. Así, se señala que las partes podrán precaver o poner término a todo con- flicto de común acuerdo, tanto dentro como fuera del proceso, con o sin la asistencia de un tercero, en la medida que se trate de derechos disponibles, y que así mismo, podrán convenir en acudir a un árbitro para la solución de un conflicto, salvo norma legal expresa en contrario. Así, es el propio Código de Procedimiento el que señala la existencia de tales mecanismos, sin perjuicio de no regularlos en su funcionamiento ya que aquello será tarea de leyes especiales, estableciéndolos como vía previa y externa a la sede judicial. En cuanto al inicio del proceso, así como la introducción de las pre- tensiones y excepciones, acorde a un sistema de resolución de conflictos pri- vados, el Código señala que aquello incumbe exclusivamente a las partes, salvo que la ley ordene al juez, o lo habilite, para actuar de oficio y pronunciar- se sobre pretensiones y excepciones que no se hubieren hecho valer por lasESCUELA DE DERECHO Universidad Arturo Prathttp://derecho-unapvic.blogspot.com Victoria - Chile 10.
10 mismas. Asimismo, señala que las partes podrán disponer de sus derechos, salvo que aquéllos fueren indisponibles por mandato de la ley. En cuanto a la dirección e impulso procesal, se manifiesta un gran avance para el eficaz desarrollo del proceso y el menor desgaste jurisdiccio- nal. El Código señala que la dirección del procedimiento se encuentra confia- da al tribunal, quien adoptará de oficio todas las medidas que considere perti- nentes para su válido, eficaz y pronto desarrollo, de modo de evitar su parali- zación y conducirlo sin dilaciones indebidas a la justa solución del conflicto. Para ello, el tribunal adoptará, a petición de parte o de oficio, todas las medi- das necesarias que resulten de la ley o de sus poderes de dirección, para prevenir o sancionar cualquier acción u omisión contrarias al orden o a los principios del proceso y para lograr el más pronto y eficiente ejercicio de la ju- risdicción, así como la mayor economía en su desarrollo. Como es dable apreciar, el rol que juega el juez en este procedimien- to es, sin lugar a duda, un rol activo. Es que no es concebible un procedimien- to oral eficiente, en la resolución de un conflicto privado, sin la acción potente del juzgador que asuma directamente el rol de dirección del proceso y repre- sente al órgano público frente a la acción de las partes. Ello es coherente, además, con los restantes principios que este mismo libro contiene. Por expresa mención legal y con intensas manifestacio- nes durante el desarrollo del proceso este nuevo procedimiento se estructura sobre la base de los principios de concentración, inmediación, publicidad y oralidad, principios que la propia doctrina ha consagrado como el referente más importante de los modernos Estados democráticos que promueven la existencia una justicia pronta, concentrada y eficaz para la adecuada protec- ción de los derechos. Un aspecto relevante, en cuanto a la relación de este Código con la restante legislación procesal lo constituye el artículo 14 propuesto, el que se- ñala expresamente la aplicación supletoria del Código con respecto a los pro- cedimientos de minería, laborales, familia, tributarios, penales o de cualquier otra materia, salvo que aquellos contemplen una norma especial diversa o su aplicación se encuentre en oposición con la naturaleza de los derechos o de los principios que los rigen, señalando, además, que el procedimiento ordina- rio, contenido en el Libro II de este Código, se aplicará en todas las gestiones, trámites y actuaciones que no estén sometidos a una regla especial diversa, salvo que su aplicación se encuentre en oposición con la naturaleza de los de- rechos o de los principios que los rigen. Por su parte, este Libro I sistematiza el tratamiento de las denomina- das medidas cautelares, reconociendo positivamente la teoría general que sobre ellas la doctrina ha elaborado, reconociendo los diversos objetivos que pueden perseguir. Se distingue claramente entre aquellas que pretende pre-ESCUELA DE DERECHO Universidad Arturo Prathttp://derecho-unapvic.blogspot.com Victoria - Chile 11.
11 parar la entrada a juicio y las que tienen por objeto asegurar pruebas que pu- dieran desaparecer, y se establecen sus requisitos generales y específicos; se regulan separadamente las de naturaleza precautoria, con un tratamiento y requisitos diversos a los exigidos para las restantes. Mención especial merece la inclusión de las medidas anticipativas. Con el fin de procurar una efectiva tutela durante todo el proceso y de evitar el riesgo de vulneración de los derechos, el Código señala que el tribunal podrá decretar fundadamente las medidas que anticipen total o parcialmente la pre- tensión del actor, cuando se haya de temer que de no concederse de inme- diato la anticipación requerida, se hará imposible o se limitará severamente la efectividad de la sentencia estimatoria de dicha pretensión, precisándose que sólo procederán en los casos en que las restantes medidas fueren insuficien- tes para resguardar la eficacia de la pretensión hecha valer. Los incidentes es otra de las materias importantes de que trata el libro I, señalando expresamente las diferencias en su tramitación entre aquellos presentados en audiencias y los presentados fuera de ellas; estableciendo hitos preclusivos para su interposición, así como procurando evitar la interpo- sición de incidentes dilatorios. El Libro II, que trata sobre los procesos declarativos generales, reco- noce la existencia de sólo dos procedimientos. El ordinario y el sumario. El procedimiento ordinario posee una estructura simple y claramente delimitada en sus características: Un periodo de discusión escrito, una au- diencia preliminar y una audiencia de juicio, en la cual, por regla general, se procederá a la dictación de la sentencia. Convencidos de la necesidad de exigencia de la máxima seriedad y de reales fundamentos al momento de decidir el inicio de un proceso judicial, el periodo de discusión comenzará por una demanda que no sólo deberá con- tener sus requisitos ya tradicionales, sino además la identificación de los testi- gos y peritos que presentará a declarar en juicio, así como el señalamiento de los demás medios de prueba de que piensa valerse, solicitando su diligencia- miento. Deberá señalar, asimismo, con claridad y precisión los hechos sobre los cuales recaerán las declaraciones de testigos y peritos, así como aquéllos que pretenderá demostrar con los demás medios de prueba. La sanción a la falta de ofrecimiento de prueba, será la imposibilidad de practicarse u ofrecer- se medio de prueba alguno posteriormente, salvo respecto a hechos nuevos. Por su parte el demandado, junto con contestar la demanda, y de ofrecer y señalar su prueba, deberá controvertir los hechos afirmados por el actor y los documentos acompañados por éste, en forma categórica, bajo sanción de tenerse aquéllos como admitidos.ESCUELA DE DERECHO Universidad Arturo Prathttp://derecho-unapvic.blogspot.com Victoria - Chile 12.
12 El posterior desarrollo del procedimiento se realiza sobre la base de las audiencias ya señaladas: audiencia preliminar y audiencia de juicio. La audiencia preliminar tendrá entre sus objetivos la fijación del objeto del litigio y la determinación de los hechos que deberán ser probados; el sa- neamiento de cualquier vicio que pudiere afectar la validez del proceso judi- cial, la eventual conciliación a que pudiere arribarse por las proposiciones efectivas de bases de solución por parte del tribunal, la determinación de los medios de prueba que se rendirán, y, por último, la citación a audiencia de jui- cio. La segunda audiencia, denominada de juicio, tendrá por finalidad la rendición de toda la prueba determinada en la audiencia preliminar, y por re- gla general, la dictación de la sentencia. En cuanto al régimen probatorio, se ha optado por la libertad probato- ria y por la existencia del principio de la sana crítica, que en esta área civil, por respeto a tradicionales normas sustantivas, tendrá algunas atenuaciones con respecto a los demás sistemas procesales. Así, el Código señala que los jueces apreciarán la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, y que en consecuencia, no podrán contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, salvo texto legal que expresamente contemple una regla de apreciación diversa. Establece a continuación que el acto o con- trato solemne sólo puede ser acreditado por medio de la solemnidad prevista por el legislador; que se dará por establecido el hecho presumido de derecho si se han acreditado sus supuestos o circunstancias, sin que se admita prueba en contrario y que, el hecho presumido legalmente se dará por establecido si se han acreditado sus supuestos o circunstancias, a menos que se hubiere rendido prueba que permita establecer un hecho distinto al colegido. Destacan en la regulación de la prueba, además, un nuevo y más jus- to tratamiento a la tradicional carga de la prueba, señalándose que corres- ponde la carga de probar los fundamentos de hecho contenidos en la norma jurídica a la parte cuya aplicación le beneficie, salvo que una disposición legal expresa distribuya con criterios especiales diferentes la carga de probar los hechos relevantes entre las partes. Asimismo, se señala que el tribunal podrá distribuir la carga de la prueba conforme a la disponibilidad y facilidad probato- ria que posea cada una de las partes en el litigio, lo que comunicará a la parte con la debida antelación para que ella asuma las consecuencias que le pueda generar la omisión de información de antecedentes probatorios o de rendición de la prueba que disponga en su poder. Concluye este Libro I con la regulación del denominado procedimien- to sumario, el que no difiere mayormente de su actual regulación, salvo porESCUELA DE DERECHO Universidad Arturo Prathttp://derecho-unapvic.blogspot.com Victoria - Chile 13.
13 determinadas modificaciones que tanto en su directa regulación, como por aplicación de las demás normas del Código, lo harán efectivamente un juicio rápido y eficaz. El Libro III nos entrega un nuevo régimen de recursos en materia civil, que refleja simplicidad y eficiencia, a la vez de un justo equilibrio entre tales aspiraciones y el debido proceso. Se señala que podrán recurrir las partes y los terceros admitidos para obrar en juicio contra las resoluciones judiciales que les causen agravio, sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en la ley. Así, el recurso de reposición procederá en contra de los decretos y de las sentencias interlocutorias, en tanto que la apelación sólo tendrá lugar en contra de las sentencias definitivas, las sentencias interlocutorias que pusie- ren término al juicio o hagan imposible su continuación, las resoluciones que ordenen el pago de costas por un monto superior a 100 UTM y las que se pronuncien sobre el otorgamiento, rechazo, modificación y alzamiento de me- didas cautelares, todas dictadas en primera instancia. Serán también apela- bles las sentencias dictadas en segunda instancia, que declararen de oficio la falta de jurisdicción o de competencia absoluta para conocer de un asunto. Todas las demás resoluciones serán inapelables, a menos que la ley dispusie- re lo contrario. Este recurso, a diferencia del establecido en el actual Código de Pro- cedimiento Civil, tendrá un objeto mucho más amplio, no limitado a la modifi- cación o revocación de la sentencia, sino que podrá incluir la declaración de nulidad, ya sea del procedimiento o de la propia sentencia. Así, se señala que el objeto del recurso será obtener del tribunal superior respectivo, que en- miende o revoque conforme a derecho la resolución del inferior, total o par- cialmente, con base precisa en los fundamentos de las pretensiones formula- das ante el tribunal inferior, pudiendo alegarse además, o bien exclusivamen- te, la infracción a normas o garantías procesales cometidas en la primera ins- tancia, para obtener la invalidación del juicio y de la resolución respectiva, o solamente de ésta, y ello por las causales específicas señaladas. En este último caso el recurrente expresará en capítulos separados los motivos que justifiquen la enmienda o revocación, de aquellos que justifiquen la invalida- ción del juicio oral y de la resolución respectiva o sólo de esta, pudiéndose hacer valer la pretensión de enmienda o revocación, sólo en subsidio de la de invalidación. Finalmente, en lo que constituye el más importante cambio en materia de recursos, este Código introduce el denominado Recurso Extraordinario, el que tendrá por objeto que la Corte Suprema unifique la jurisprudencia con ocasión de una sentencia notoriamente injusta para el recurrente. El recurso además tendrá por objeto revocar la sentencia impugnada si se han vulneradoESCUELA DE DERECHO Universidad Arturo Prathttp://derecho-unapvic.blogspot.com Victoria - Chile 14.
14 sustancialmente garantías constitucionales y sólo procederá en contra de sen- tencias definitivas o interlocutorias que pongan término al juicio o hagan impo- sible su continuación, inapelables, y que hayan sido dictadas por Cortes de Apelaciones. La función de la Corte Suprema, entonces, será preservar la co- herencia y unidad de los criterios de decisión en los tribunales del país en vir- tud de este recurso extraordinario, pudiendo ejercer su función de unificación cuando la sentencia recurrida se oponga a la jurisprudencia uniforme; la juris- prudencia previa fuere contradictoria entre sí, no existiere jurisprudencia sobre la materia, o nuevos contextos históricos, sociales o culturales justifiquen va- riar la tendencia jurisprudencial. Con todo, la Corte Suprema seleccionará para su conocimiento sólo aquellos casos que, cumpliendo con los requisitos anteriores, revistan interés público a juicio de a lo menos tres de sus ministros. El Libro IV, finalmente, regula los denominados procedimientos espe- ciales, destacando entre ellos la nueva regulación de la ejecución. Es que la importancia de esta etapa es, sin duda, máxima. El valor de las soluciones, en la práctica, y el real reestablecimiento de la paz social ante la vulneración de derechos, se encuentra estrictamente determinado por su cumplimiento, bajo la constante posibilidad que ante su inexistencia el sistema completo se desacredite, y pierda todo sentido. Por ello, hemos optado por destacar su lugar y aspirar a instaurar en Chile un sistema que cumpla efecti- vamente con una ejecución eficaz. En primer lugar, se establece como régimen general que procederá la ejecución de las resoluciones una vez que se encuentren ejecutoriadas, y que las sentencias definitivas que causen ejecutoria serán ejecutables provisio- nalmente desde su notificación al demandado. No obstante, no procederá el cumplimiento de dichas sentencias cuando su cumplimiento haga imposible llevar a efecto la que se dicte si se acoge el recurso, como sería si se tratare de una sentencia que declare la nulidad de un matrimonio o permita el de un menor de edad o se trate de resoluciones pronunciadas por tribunales extran- jeros o árbitros. En segundo lugar, siguiendo la tendencia mundial moderna en mate- ria de ejecución, por una imperiosa necesidad de coherencia de nuestro sis- tema, por descargar a los tribunales civiles de una labor que en gran parte no les es propia, y por evitar un desgaste jurisdiccional y económico inútil, hemos optado por desjudicializar la ejecución. Permitiendo su judicialización sólo ante la existencia fundada de oposición a la ejecución por parte del ejecutado o de tercerías en los casos que correspondan.ESCUELA DE DERECHO Universidad Arturo Prathttp://derecho-unapvic.blogspot.com Victoria - Chile 15.
15 Así, la ejecución será simplemente un trámite administrativo, llevado ante un funcionario denominado oficial de ejecución, cuya naturaleza, faculta- des, prohibiciones y régimen disciplinario serán regulados en una ley especial que se dictará prontamente, y que acompañará a este nuevo y moderno pro- cedimiento. En esta nueva ejecución la existencia de un título ejecutivo, ya sea por sentencia definitiva o por los demás títulos indubitados que la ley estable- ce, dará paso simplemente a una solicitud de ejecución efectuada por el eje- cutante ante el oficial mencionado, quien luego de verificar la concurrencia de los presupuestos y requisitos señalados en la ley, que el título ejecutivo no adolezca de ninguna irregularidad formal y que los actos de ejecución que se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del título, despachará la ejecución, pudiendo proceder inmediatamente a la notificación del despa- cho al ejecutado, requiriéndolo de pago, y ante la inexistencia del pago co- rrespondiente, procediendo a efectuar los apremios que por ley procedan, in- cluido, si fuere posible, el embargo de bienes concretos. La ejecución se despachará mediante una resolución de carácter administrativa, dictada por este oficial, respecto a la cual el ejecutado, luego de notificado, podrá oponerse mediante una demanda de oposición a la eje- cución ante el Juez de Ejecución competente. Sólo en dicho caso la ejecución se judicializará, se suspenderá, pero se mantendrán los embargos y demás medidas de garantía, vigentes. Resuelta la oposición, habiendo sido rechazada, se continuará con la ejecución ante el oficial de ejecución. Por su parte, si se acogiera la demanda de oposición a la ejecución, se dejará tal ejecución sin efecto y se mandará alzar los embargos y las me- didas de garantía que se hubieren adoptado, reintegrándose al ejecutado a la situación anterior al despacho de la ejecución, conforme a lo dispuesto para los casos de revocación de una sentencia provisionalmente ejecutada, y con- denándose al ejecutante a pagar las costas de la oposición. Como se puede observar el trabajo de diseño de este nuevo sistema de soluciones ha sido arduo y complejo, y el sinnúmero de aspectos que comprende su proyección requiere de una programación y diseño coordinado de sus diversas aristas y actores. Aún nos queda mucho trabajo por delante en esta tarea. El apropiado diseño orgánico, la ley de mecanismos preferentes de resolución de conflictos, la nueva ley de arbitraje interno, entre varias otras, son sólo una muestra de la gran labor que nos queda por delante, y del in- menso compromiso que hemos asumido. Como tarea de Estado requiere del trabajo de todos los integrantes de nuestra sociedad y, en especial, de la acti- va participación de los intervinientes relevantes del mundo del Derecho.ESCUELA DE DERECHO Universidad Arturo Prathttp://derecho-unapvic.blogspot.com Victoria - Chile 16.
16 Nos encontramos frente a una oportunidad histórica, y tenemos la más amplia voluntad de obtener de ella lo más altos frutos. Las ventajas del sistema propuesto son evidentes, pero como toda obra humana es perfectible tanto en su contenido como en su forma. Entendemos comenzar hoy una época de enriquecimiento de nuestra propuesta y de apertura de los necesa- rios debates que la fortalezcan y aseguren su éxito. Hemos dado el primer gran paso, de una serie de otros de gran rele- vancia, que en conjunto lograrán culminar con el establecimiento transversal de la Nueva Justicia para Chile, en donde el acceso, en su sentido más am- plio, sea una realidad palpable para toda la sociedad chilena. En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra conside- ración, el siguienteESCUELA DE DERECHO Universidad Arturo Prathttp://derecho-unapvic.blogspot.com Victoria - Chile 17.
17 P R O Y E C T O D E L E Y: “CODIGO PROCESAL CIVIL” LIBRO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES Título I. PRINCIPIOS BASICOSArtículo. 1°. Autotutela y Autocomposición. No es lícito recurrir a la fuerza para la protección de losderechos, salvo en los casos expresamente admitidos por la ley.Las partes podrán precaver o poner término a todo conflicto preferentemente de común acuerdo, tantodentro como fuera del proceso, con o sin la asistencia de un tercero, en la medida que se trate de derechosdisponibles.Las partes podrán convenir en acudir a un árbitro para la solución de un conflicto, salvo norma legal expresaen contrario.Art. 2°. Debido proceso de ley y procedimiento. La jurisdicción se ejercerá por un tribunal competente,independiente e imparcial, de acuerdo a un debido proceso, el que se desarrollará de conformidad a losprocedimientos establecidos en este Código, salvo que exista otro procedimiento establecido en una leyespecial.Art. 3°. Iniciativa y disposición de derechos. La iniciación del proceso, así como la introducción de laspretensiones y excepciones incumbe a las partes. El Tribunal sólo podrá actuar de oficio y pronunciarsesobre pretensiones y excepciones que no se hubieren hecho valer por las partes cuando la ley lo faculteexpresamente.Las partes podrán disponer de sus derechos, salvo que ellos fueren indisponibles por mandato de la ley, yterminar, unilateralmente o de común acuerdo, el proceso pendiente en la forma prevista en la ley.Art. 4°. Dirección e impulso procesal. La dirección del procedimiento se encuentra confiada al tribunal, quienadoptará de oficio todas las medidas que considere pertinentes para su válido, eficaz y pronto desarrollo, demodo de evitar su paralización y conducirlo sin dilaciones indebidas a la justa solución del conflicto.El tribunal deberá adoptar, a petición de parte o de oficio, todas las medidas necesarias que resulten de laley o de sus poderes de dirección, para prevenir o sancionar cualquiera acción u omisión contrarias al ordeno a los principios del proceso y para lograr el más pronto y eficiente ejercicio de la jurisdicción, así como lamayor economía en su desarrollo.ESCUELA DE DERECHO Universidad Arturo Prathttp://derecho-unapvic.blogspot.com Victoria - Chile 18.
18Art. 5°. Igualdad de armas. El tribunal velará por mantener la igualdad de las partes en el proceso.Art. 6°. Buena fe procesal. Las partes, los terceros, y general, todos quienes acudan ante los tribunalesdeberán ajustar su conducta a la dignidad de la justicia, al respeto de los derechos fundamentales de lapersona humana y a la lealtad y buena fe procesal.El tribunal, de oficio o a petición de parte, adoptará durante el desarrollo del proceso todas las medidas queestime pertinentes para impedir y sancionar toda conducta u omisión que importe un fraude procesal,colusión o cualquiera otra conducta ilícita o dilatoria.Art. 7°. Oralidad. El proceso se desarrollará en audiencias orales, sin que sea procedente la presentaciónde escritos dentro de ellas, ya sea de argumentaciones o peticiones al tribunal. Las resoluciones serándictadas y fundamentadas verbalmente por el tribunal en la audiencia y se entenderán notificadas desde elmomento de su pronunciamiento, debiendo constar en el registro del juicio.Sin perjuicio de lo anterior, la demanda, la reconvención, la contestación de demanda y la presentación derecursos fuera de las audiencias, deberán efectuarse en forma escrita, en la forma y oportunidad prevista enla ley.Art. 8°. Inmediación. Todas las audiencias, así como las actuaciones de prueba en general deberánrealizarse ante el tribunal competente. Queda prohibida, bajo sanción de nulidad, la delegación defunciones.El juez formará su convicción sobre la base de las alegaciones y pruebas que personalmente haya recibido.Las audiencias y las sentencias que se dicten en procesos verificados sin la presencia ininterrumpida deljuez adolecerán de nulidad.Art. 9°. Concentración y continuidad. Las audiencias se desarrollarán en forma continua y sólo en casos enque no fuere posible cumplir con su objetivo podrán prolongarse en sesiones sucesivas, hasta su conclu-sión. Constituirán, para estos efectos, sesiones sucesivas, aquellas que tuvieren lugar en el día siguiente osubsiguiente del funcionamiento del tribunal.Art. 10. Publicidad. Todas las diligencias y actuaciones del proceso serán públicas, salvo que expresamentela ley disponga lo contrario o el tribunal así lo decida por razones de seguridad, de moral, para la protecciónde la intimidad de alguna de las partes o para evitar la divulgación de un secreto protegido por la ley. Título II APLICACION DE LAS NORMAS PROCESALESArt. 11. Aplicación de la norma procesal en el tiempo. Las normas procesales son de aplicación inmediata yrigen respecto de los procesos que se encuentren en tramitación a su entrada en vigencia.ESCUELA DE DERECHO Universidad Arturo Prathttp://derecho-unapvic.blogspot.com Victoria - Chile 19.
19No obstante, las nuevas normas procesales no regirán para los trámites, diligencias, o plazos que hubierencomenzado a correr ni respecto de los recursos que se hubieren interpuesto, los cuales se regirán por lanorma procesal anterior.Art. 12. Aplicación de la norma procesal en el espacio. Con las solas excepciones que puedan prever lostratados y convenios internacionales, los procesos civiles que se sigan en el territorio nacional se regiránúnicamente en su tramitación por las normas procesales chilenas.Art. 13. Indisponibilidad de las normas procesales. Los sujetos no pueden acordar, por anticipado, dejar sinaplicación las normas procesales para un determinado proceso, salvo en el proceso arbitral y siempre quese respeten las normas del debido proceso.Art. 14. Aplicación supletoria del Código. Este Código se aplicará supletoriamente a los procedimientos deminería, laborales, familia, tributarios, penales o de cualquier otra materia, a menos que ellos contemplenuna norma especial diversa o su aplicación se encuentre en oposición con la naturaleza de los derechos ode los principios que los rigen.El procedimiento ordinario se aplicará en todas las gestiones, trámites y actuaciones que no esténsometidos a una regla especial diversa, o su aplicación se encuentre en oposición con la naturaleza de losderechos o de los principios que los rigen. Título III EL TRIBUNALArt. 15. Organización. La ley orgánica constitucional regulará la designación, integración, competencia yfuncionamiento de los diversos tribunales.Art. 16. Funcionamiento de los tribunales colegiados. En el estudio, deliberación y adopción de susdecisiones, regirá en su máxima aplicación el principio de inmediación. La deliberación será efectiva y no selimitará a la simple emisión del voto.Art. 17. Asistencia entre tribunales. Los tribunales se deben mutua asistencia y colaboración en todas lasactuaciones que se requieran.Art. 18. Facultades del tribunal. El tribunal estará facultado para:1. Rechazar in limine la demanda cuando fuere manifiestamente infundada, cuando manifiestamentecarezca de los requisitos formales exigidos por la ley para la existencia, validez o eficacia del proceso ocuando se ejercite una pretensión especialmente sujeta a término de caducidad y éste haya vencido;2. Pronunciarse de oficio respecto de las excepciones que este Código le faculta;3. Dar al proceso el trámite que legalmente corresponda cuando el requerido aparezca equivocado;ESCUELA DE DERECHO Universidad Arturo Prathttp://derecho-unapvic.blogspot.com Victoria - Chile 20.
204. Ordenar las diligencias necesarias al esclarecimiento de la verdad de los hechos controvertidos,respetando el derecho de defensa de las partes, en la oportunidad establecida en la ley;5. Disponer, en cualquier momento durante la audiencia de juicio, la presencia de los testigos, de losperitos y de las partes, para requerirles las explicaciones que estime necesarias al objeto del pleito;6. Rechazar las pruebas ilícitas, las que recaigan sobre hechos de pública notoriedad como lasmanifiestamente sobreabundantes, inconducentes e impertinentes;7. Rechazar in limine los incidentes extemporáneos, inconexos, que reiteren otros ya propuestos por lamisma causa o cuando, a pesar de fundarse en causa distinta, ésta haya podido alegarse al promoverseuno anterior;8. Rechazar in limine la intervención de terceros cuando la petición carezca de los requisitos exigidos;9. Declarar de oficio las nulidades insubsanables y para disponer las diligencias que persigan evitardichas nulidades;10. Dirigir el proceso y aplicar las sanciones que correspondan a quienes obstaculicen indebidamentesu desarrollo u observen conducta incompatible con el decoro y dignidad de la justicia.Si los tribunales estimaren que alguna de las partes o terceros han actuado conculcando las reglas de labuena fe procesal, podrá imponerle, de forma motivada, y respetando el principio de proporcionalidad, unamulta entre 10 y 100 UTM. En ningún caso la multa podrá superar la tercera parte de la cuantía del litigio. Encaso de reincidencia, se podrá aplicar el doble de la multa.Para determinar la cuantía de la multa el tribunal deberá tener en cuenta las circunstancias de hecho que setrate, así como los perjuicios que al procedimiento o a las otras partes se hubieren podido causar.11. Ordenar directamente la intervención de la fuerza pública y disponer todas las medidas necesariaspara el cumplimiento de las actuaciones que ordenare y la ejecución de las resoluciones que dictare. Paratal efecto, el tribunal podrá también disponer multas por el monto establecido en la ley.No será procedente la adopción de medidas privativas o restrictivas de la libertad personal para elcumplimiento de la sentencia, salvo en los casos expresamente autorizados por la Constitución o por lostratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes.Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal podrá disponer el arresto de una persona como medida de apremiopara el cumplimiento de una actuación judicial en caso de incomparecencia injustificada, el que cesaráinmediatamente después de haber sido realizada la actuación.El tribunal deberá adoptar las medidas necesarias para la más pronta realización de la diligencia, la quedeberá realizarse como máximo dentro de los dos días hábiles siguientes de haber sido puesta la personaarrestada a disposición del tribunal.El tribunal, practicado que sea el arresto, en caso de rendirse una caución real que considere suficiente, otranscurrido el plazo máximo legal sin que la diligencia se hubiere practicado, deberá disponer que laESCUELA DE DERECHO Universidad Arturo Prathttp://derecho-unapvic.blogspot.com Victoria - Chile 21.
21persona arrestada sea dejada en libertad, sin perjuicio de poder citarla para una nueva oportunidad, bajoapercibimiento de impartirse una nueva orden de arresto en caso de incomparecencia injustificada.El tribunal, al encomendar la diligencia a la policía, deberá establecer en la resolución el monto de lacaución que debe rendir la persona citada para impedir el arresto por la policía, el que se hará efectivo deinmediato en beneficio fiscal si no compareciere. La policía deberá depositar la suma dinero que se lehubiere entregado en la cuenta corriente del tribunal, dando cuenta de ello al mismo. Asimismo, no sellevará a efecto la diligencia de arresto si se comprobare a la policía haberse prestado la caución decomparecencia. Título IV LAS PARTESArt. 19. Partes. Son partes en el proceso el demandante y el demandado. Asimismo, lo serán los tercerosen los casos previstos por la ley, cuya intervención sea aceptada por el juez.Art. 20. Capacidad para ser partes. Podrán ser partes en los procesos ante los tribunales civiles:1) Las personas naturales;2) Las personas jurídicas;3) Las masas patrimoniales o los patrimonios separados que carezcan transitoriamente de titular o cuyotitular haya sido privado de sus facultades de disposición y administración, como la herencia yacente y lamasa de la quiebra, y4) Las demás entidades sin personalidad jurídica a las que las leyes les reconozcan capacidad para serpartes, regulando su intervención y representación en juicio.Con todo, las entidades formadas por una pluralidad de elementos personales y patrimoniales puestos alservicio de un fin, pero que no han cumplido los requisitos legales para constituirse en persona jurídicapodrán ser demandadas como tal, sin perjuicio de la responsabilidad que, conforme a la ley, puedacorresponder a los gestores o partícipes.Art. 21. Capacidad procesal. Pueden comparecer por sí en el proceso, las personas capaces de disponer delos derechos que en él se hacen valer.Las que no tienen, total o parcialmente, el libre ejercicio de sus derechos, comparecerán representadas,asistidas o autorizadas según dispongan las leyes que regulan la capacidad.Los menores de edad que carezcan de representante legal o convencional que actúe en su nombre, comoaquellos que litiguen contra quienes ejercen patria potestad o tutela sobre éste, actuarán asistidos decurador ad litem que designará el tribunal que conoce de la causa.ESCUELA DE DERECHO Universidad Arturo Prathttp://derecho-unapvic.blogspot.com Victoria - Chile 22.
22Las personas jurídicas actuarán por intermedio de sus órganos o de sus representantes o de las personasautorizadas conforme a derecho. Sin perjuicio de ello, el gerente o administrador de sociedades civiles ocomerciales, el presidente de las corporaciones o fundaciones con personalidad jurídica, y cualquieradministrador de una sociedad de personas se entenderán autorizados para litigar a nombre de ellas con lasfacultades ordinarias del mandato judicial, no obstante cualquiera limitación establecida en los estatutos oactos constitutivos de la sociedad o corporación.Los ausentes y las herencias yacentes serán representados en el proceso por los curadores designados alefecto.Art. 22. Designación de curador ad litem. Cualquiera que tenga interés legítimo podrá pedir el nombramientode tutor o curador para un menor, incapaz o ausente que sea o haya de ser parte en juicio, si careciere derepresentante legal con capacidad para representarlo.Dicha petición se conocerá por el juez que conoce del proceso respectivo y se tramitará de acuerdo con lasnormas que regulan la designación de curador ad litem.Art. 23. Apreciación de oficio de la falta de capacidad. La falta de capacidad para ser parte, así como decapacidad procesal, podrá ser declarada de oficio por el tribunal hasta antes de la audiencia de juicio, previaaudiencia de las partes si lo considerare necesario.Art. 24. Modificaciones de la capacidad durante el proceso. Si la parte que actúa por sí misma se incapacitadurante el curso del proceso, los actos posteriores a la declaración judicial de incapacidad serán nulos. Losactos anteriores serán anulables si la incapacidad fuese notoria durante la realización de dichos actos.El proceso se seguirá con el representante que legalmente corresponda, quien será emplazado en la mismaforma y con las mismas consecuencias que rigen para el caso de demanda en el juicio ordinario.El fallecimiento o incapacidad de la persona o personas que constituyen una parte no suspende el curso delprocedimiento si esa parte actuaba por medio de un apoderado. El proceso continuará con éste hasta queno se apersonen sus herederos o su representante.Si durante el curso del proceso se hiciere capaz una parte que no lo era, se seguirán con ella los procedi-mientos luego de que se apersone debidamente. Los actos consumados antes de esa comparecencia seránválidos, sin perjuicio de las reclamaciones que la parte pudiera tener contra su anterior representante porhaber omitido comunicarle la existencia del pleito o por cualquier otra circunstancia, pretensión que deberáhacer valer en otro proceso.Art. 25. Sucesión de la partes. Ocurrida la muerte de la parte que actuaba por sí misma, y salvo el caso deproceso relativo a derechos personalísimos, éste debe continuar con los herederos, cónyuge o el curador dela herencia yacente, en su caso.La contraparte podrá solicitar el emplazamiento de estas personas sin necesidad de trámite sucesorio,procediéndose en la forma prevista para la demanda y con las mismas consecuencias. Entre tanto, elproceso quedará suspendido, salvo si los autos se encuentran en estado de dictar sentencia, en cuyo casola suspensión se producirá después de pronunciada.ESCUELA DE DERECHO Universidad Arturo Prathttp://derecho-unapvic.blogspot.com Victoria - Chile 23.
23En caso de transferencia por acto entre vivos de la cosa litigiosa, el sucesor subrogará a la parte, en lamisma situación procesal que ésta se encontraba al momento de la transferencia.En caso de extinción de la persona jurídica, el proceso continuará con sus liquidadores o con quienes lasucedan en su patrimonio.Art. 26. Asistencia letrada obligatoria. La parte deberá comparecer a todos los actos del proceso asistida porabogado, debiendo el tribunal rechazar los escritos que no lleven firma de éste e impedir las actuacionesque se pretendan realizar sin su asistencia. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal podrá ordenar lacomparecencia personal de la parte o de su representante, asistida por su abogado, para la audiencia enque debiere verificarse un llamado a conciliación.Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso precedente:a) La presentación de la demanda monitoria;b) Los asuntos que se tramiten ante los Juzgados Letrados de Primera Instancia cuando no haya o no sedisponga de tres abogados, como mínimo, que patrocinen asuntos en el territorio jurisdiccional del Juzgado.Esta circunstancia deberá ser declarada anualmente por la Corte de Apelaciones respectiva a petición delJuzgado respectivo o de cualquier persona residente en el territorio jurisdiccional de ese tribunal;c) Los asuntos que se tramiten ante los Juzgados de Policía Local, salvo en los asuntos de regulación dedaños y perjuicios;d) En las causas electorales, los recursos de protección y de amparo;e) En las solicitudes que aisladamente se pidan copias, desarchivos y certificaciones ni respecto de losmartilleros, peritos, depositarios, interventores, secuestres, interpretes, y demás personas que desempeñenfunciones análogas, cuando sus presentaciones tuvieren por único objeto llevar a efecto la misión que eltribunal les ha confiado o dar cuenta de ella; yf) En los demás casos establecidos en la leyEl tribunal rechazará de plano los escritos o la realización de actuaciones sin la asistencia de abogado,salvo en caso de existir expresa autorización legal al respecto.Art. 27. Formas de designar apoderado. La parte podrá conferir poder al apoderado por escritura pública;por instrumento privado autorizado ante Notario, en que comparezcan la parte, individualizando el procesopara el cual se confiere el poder, en una declaración escrita del mandante, debidamente autorizada por eladministrador de causas; y mediante endoso en comisión de cobranza de cheque, letra de cambio, opagaré. Deberá otorgarse por instrumento público el poder en el extranjero, debiendo acompañarse con suprotocolización, la debida legalización y su traducción, si correspondiera.No podrá ser otorgado por instrumento privado ante Notario el poder que comprendiere las facultadescontempladas en los dos últimos incisos del artículo 28 de este Código.ESCUELA DE DERECHO Universidad Arturo Prathttp://derecho-unapvic.blogspot.com Victoria - Chile 24.
24La parte podrá designar más de un abogado para que la represente en el proceso, y en tal caso, podránotificarse a cualquiera de ellos de las resoluciones judiciales que se dicten. El tribunal podrá limitar laparticipación de los abogados al número que estime conveniente para el eficaz y continuo desarrollo de losalegatos y las audiencias.El abogado que hubiere comenzado una alegación o la realización de un interrogatorio o contrainterrogatoriode un testigo, parte o perito será el único que podrá participar en representación de la parte en ese alegato oactuación, salvo autorización para que sea reemplazado por otro apoderado.Art. 28. Facultades de apoderado. El poder para litigar se entenderá conferido para todo el juicio en que sepresente, y aun cuando no exprese las facultades que se conceden, autorizará al apoderado para tomarparte del mismo modo que podría hacerlo el poderdante en sus diversas instancias, recursos, incidentes yetapas, incluyendo las preliminares, las de ejecución y el cobro de multas y daños y perjuicios emergentesdel litigio y habilita al apoderado para realizar todos los actos procesales, salvo aquellos que la ley reserva ala parte. Carecen de eficacia las cláusulas en que se nieguen o en que se limiten las facultades expresadas,las que se tendrán por no escritas para todos los efectos legales.Podrá, asimismo, el apoderado delegar el poder obligando al mandante, a menos que se le haya negadoesta facultad.Sin embargo, no se entenderán concedidas al apoderado, sin expresa mención, las facultades de desistirseen primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, formular declaración de parte,renunciar los recursos o los términos legales, transigir, avenir, conciliar, comprometer, otorgar a los árbitrosfacultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir.Art. 29. Sujetos habilitados para actuar como apoderados. Sólo un abogado, que no se encuentresuspendido para el ejercicio de la profesión, podrá actuar como apoderado de una parte.También se podrá conferir poder a un procurador del número, quien tendrá las mismas facultades de unabogado, con la excepción que no podrá en caso alguno realizar actuaciones para las cuales se requierepoder especial y comparecer a audiencias o alegatos en representación de la parte.Art. 30. Justificación de la personería. La personería deberá acreditarse con la presentación de losdocumentos habilitantes contemplados en el artículo 27 desde la primera gestión que se realice en nombredel representado. En casos de urgencia podrá admitirse la comparecencia invocando el poder, sin presentarla documentación, pero si no se acompañase dentro del plazo que atendidas las circunstancias fije eltribunal, que no podrá ser inferior a cinco días, será nulo todo lo actuado por el gestor y ésta pagará losgastos procesales devengados. En todo caso, podrá ser responsabilizado por los daños y perjuiciosocasionados.Art. 31. Agencia oficiosa. Podrá comparecerse judicialmente a nombre de una persona de quien no se tengapoder, siempre que se den las siguientes condiciones:1. Que la persona por quien se comparece se encuentre impedida de hacerlo o esté ausente del país.ESCUELA DE DERECHO Universidad Arturo Prathttp://derecho-unapvic.blogspot.com Victoria - Chile 25.
252. Que quien comparezca sea su ascendiente, descendiente, pariente por consanguinidad o afinidad hastael segundo grado, cónyuge, socio o comunero o que posea algún interés común que legitime esa actuación,o tenga el título de abogado.3. Que si la parte contraria lo solicitare, preste caución suficiente de que su gestión será ratificada por elrepresentado o pagará los daños y perjuicios en el caso contrario y si así correspondiere.Si el agente oficioso no fuere abogado deberá hacerse representar en la forma que esta ley establece.El tribunal, fijará un plazo para la ratificación por la parte representada, transcurrido el cual se podrá declararla ineficacia de todo lo obrado, sin perjuicio de la obligación del agente oficioso de indemnizar la totalidad delos perjuicios causados con su comparecencia, presumiéndose negligente su actuación.Art. 32. Representación en caso de intereses difusos y colectivos. En el caso de cuestiones relativas a ladefensa del medio ambiente, de valores culturales o históricos y, en general, que pertenezcan a un grupoindeterminado de personas o a varias personas, estarán legitimados indistintamente para promover elproceso pertinente la persona interesada y las instituciones o asociaciones de interés social que establezcala ley respectiva y que sean admitidas por resolución judicial previa para representar el interés difuso ocolectivo por garantizar una adecuada defensa de dicho interés comprometido, según el procedimiento quecontemple para tal efecto la ley respectiva.Art. 33. Procurador común. Cuando diversas personas constituyan una sola parte, deberán actuarconjuntamente, representadas por un apoderado común, salvo que perjudique gravemente el derecho adefensa.Si debiendo actuar a través de procurador común, las partes no lo hicieren, el tribunal, de oficio o a peticiónde parte, ordenará su nombramiento en el plazo de diez días y, a falta de esa designación por las partes enel plazo señalado, lo nombrará de oficio.Art. 34. Revocación y renuncia del poder. La parte interesada podrá, en todo momento, designar un nuevoapoderado, lo que hará saber previamente al abogado a quien se hubiere revocado el poder. El nuevoapoderado y la parte serán responsables del pago de los honorarios al abogado a quien se le hubiererevocado el poder, a menos que éste hubiere aceptado expresa o tácitamente la nueva designación deapoderado.Podrá procederse al cobro de dichos honorarios en el mismo proceso.En caso que el abogado desee poner fin a su poder, deberá hacerlo por escrito firmado conjuntamente conla parte, ante el órgano jurisdiccional correspondiente.Si se desconociere el actual domicilio del mandante o éste se negare a firmar, el apoderado estará obligadoa poner la renuncia en conocimiento de su mandante, junto con el estado del juicio, y se entenderá vigenteel poder hasta que haya transcurrido el término de emplazamiento en un juicio ordinario, desde lanotificación de la renuncia al mandante.ESCUELA DE DERECHO Universidad Arturo Prathttp://derecho-unapvic.blogspot.com Victoria - Chile 26.
26El cese de responsabilidad profesional es sin perjuicio de las medidas que en el plano procesal pudieredictar el órgano jurisdiccional. Título V LITISCONSORCIOArt. 35. Litisconsorcio necesario. Cuando por la naturaleza de la relación jurídica sustancial que sea objetodel proceso no pudiere pronunciarse sentencia útilmente sin la presencia (litisconsorcio activo) o elemplazamiento (litisconsorcio pasivo) de todos los interesados, aquéllos deberán todos comparecer y éstosdeberán todos ser emplazados en forma legal.En este caso los recursos y demás actuaciones procesales de cada uno favorecerán a los otros.Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio, sólo tendrán eficacia si emanan detodos los litisconsortes.Art. 36. Poderes del tribunal en el litis consorcio necesario. El litisconsorcio necesario, sea activo o pasivo,podrá ser denunciado por las partes o advertido por el tribunal hasta la audiencia preliminar, incluso antesde la notificación de la demanda si resultare evidente.En caso de litisconsorcio necesario activo, si no hubieren comparecido todos los interesados, el tribunal nodará curso a la demanda hasta tanto no se cumpla ese requisito.Asimismo, en un caso de litisconsorcio necesario pasivo, el tribunal tampoco dará curso a la demandamientras la parte actora no proporcione los datos necesarios para que todos los litisconsortes puedan seremplazados en forma legal.Art. 37. Litisconsorcio facultativo. Dos o más personas pueden litigar en un mismo proceso en formaconjunta, sea activa o pasivamente, cuando sus pretensiones sean conexas por su causa u objeto demanera que la rendición de pruebas sea un objetivo preferentemente común para ellas o cuando lasentencia a dictarse con respecto a una pudiera afectar a la otra.Los litisconsortes facultativos, salvo disposición legal en contrario, serán considerados como litigantesindependientes.Los actos de cada uno de ellos no favorecen ni perjudican la situación procesal de los restantes, sin que porello se afecte la unidad del proceso.ESCUELA DE DERECHO Universidad Arturo Prathttp://derecho-unapvic.blogspot.com Victoria - Chile Recommended
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 artículo 14
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 artículo 28
 artículo 27
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