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Timestamp: 2017-04-27 17:27:56+00:00

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OPERACIONES GARANTIZADASJAVIER DOMÍNGUEZ ROMEROValencia, 2011Copyright ® 2011
(http://www.tirant.com).© JAVIER DOMÍNGUEZ ROMERO© TIRANT LO BLANCH
I.S.B.N.: 978-84-9004-157-4
empresa/politicas-de-empresa.htm nuestro Procedimiento de quejas.A mi familiaÍNDICE
PRÓLOGO .............................................................................................Capítulo 1
APROXIMACIÓN CONCEPTUAL, FUNCIONAL E
INTERPRETATIVA AL PACTO LIQUIDATORIO
1.1. Precisiones terminológicas y conceptuales previas: liquidez y
liquidación. Deuda líquida y deuda liquidable.......................
1.2. Concepto, naturaleza y finalidad del pacto de liquidación ....
1.3. Evolución histórico-legislativa del mecanismo liquidatorio
basado en el pacto....................................................................
1.3.1. Primer periodo: de 1881 a 1983. La plasmación del uso
bancario en la normativa española y sus controversias
1.3.2. Segundo periodo: de 1984 a 1999. La reforma del artículo 1435 LECA, cuestiones de inconstitucionalidad y
problemática interpretativa..........................................
1.3.3. Tercer periodo: desde el año 2000. Novedades introducidas por la LEC 1/2000, su motivación y trascendencia
práctica ..........................................................................
A) Racionalización estructural, ampliación del ámbito
de aplicación del mecanismo liquidatorio y consiguiente cambio de formulación ..............................
B) Resolución de ciertas dudas y polémicas existentes
con la anterior regulación ......................................9
58Capítulo 2
INDISPENSABILIDAD E INNECESARIEDAD DEL
PACTO DE LIQUIDACIÓN SEGÚN EL CONTENIDO
2.1. Contratos de los que nace una deuda indeterminada en su
cuantía: la indispensabilidad del pacto de liquidación a efectos
ejecutivos..................................................................................
2.2. Contratos de los que deriva una deuda de cuantía determinada:
¿inocuidad del pacto liquidatorio? ..........................................
2.2.1. Durante la vigencia de la LECA ...................................
A) Préstamo .................................................................63
6910ÍNDICEB) Otros contratos .......................................................
2.2.2. Tras la entrada en vigor de la LEC 1/2000 ..................77
81Capítulo 3
MECANISMOS DE GARANTÍA EN OPERACIONES DONDE
MEDIA PACTO LIQUIDATORIO
3.1. Hipoteca de máximo ................................................................
3.1.1. Hipoteca de máximo simple (hipoteca en garantía de
cuenta corriente de crédito) ..........................................
3.1.2. Hipoteca de máximo general (hipoteca omnibus) ........
3.2. Prenda de créditos ...................................................................
3.2.1. Prenda ordinaria de créditos y PSD de créditos ..........
3.2.2. Prenda global de créditos ..............................................
3.3. Fianza general .........................................................................
3.3.1. Visión panorámica de la figura .....................................
3.3.2. Interrelación de la fianza general y las operaciones de
saldo ...............................................................................
A) En el ordenamiento español...................................
B) En el marco del Derecho contractual europeo (PEL
Pers. Sec. y DCFR) ..................................................86
162Capítulo 4
CONCLUSIONES FINALES .............................................................167BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................191ABREVIATURAS
ABIAssociazione Bancaria Italiana = Asociaciones de la Banca
ItalianaAGBGGesetz zur Regelung des Rechts der allgemeinen
Geschäftsbedingungen = Ley alemana sobre Condiciones
Generales de la ContrataciónAPAudiencia ProvincialAAPAuto de la Audiencia ProvincialATAudiencia TerritorialAptdo.ApartadoArt.ArtículoBGBBürgerliches Gesetzbuch = Código Civil alemánBGBIBundesgesetzblatt = Boletín Oficial Federal alemánBGHBundesgerichtshof = Tribunal Supremo Federal alemánBOCGBoletín Oficial de la Cortes GeneralesBOEBoletín Oficial del EstadoCCCódigo CivilCCoCódigo de ComercioCEConstitución EspañolaCPCódigo PenalCoord./-s.Coordinador/-sDADisposición AdicionalDCFRDraft Common Frame of ReferenceDDDisposición DerogatoriaDFDisposición FinalDGRNDirección General de los Registros y del NotariadoDTDisposición TransitoriaDir./-s.Director/-sEp.EpígrafeEtc.EtcéteraFJFundamento JurídicoGURIGazzetta Ufficiale Repubblica Italiana = Gaceta
Oficial de la República ItalianaLCChLey Cambiaria y del Cheque (Ley 19/1985, de 16 de julio)12ABREVIATURASLECLey de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero)LECALey de Enjuiciamiento Civil Antigua (Ley de 3 de febrero
de 1881)LHLey Hipotecaria (Texto Refundido según Decreto de 8 de
febrero de 1946)LHMPSDLey sobre Hipoteca Mobiliaria y Prenda Sin
Desplazamiento de Posesión (Ley de 16 de diciembre de
1954)Núm.NúmeroOMOrden MinisterialPEL Pers. Sec.Principles of European Law on Personal SecurityPSDPrenda sin desplazamientoPág./-s.Página/-sPfo.PárrafoRBMRegistro de Bienes MueblesRDReal DecretoRDLegReal Decreto LegislativoRDGRNResolución de la Dirección General de los Registros y del
NotariadoSAPSentencia de la Audiencia ProvincialSTCSentencia del Tribunal ConstitucionalSTJSupremo Tribunal de Justiça = Supremo Tribunal de
Justicia portuguésSTS/SSTSSentencia/s del Tribunal SupremoSs.SiguientesTCTribunal ConstitucionalTRLGDCUTexto Refundido de la Ley General para la Defensa de
los Consumidores y Usuarios (Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre)TSTribunal SupremoTSJCETribunal de Justicia de las Comunidades EuropeasT.TomoVol.VolumenPRÓLOGO
El Derecho no debe ser una realidad ajena a la sociedad, por más
que en alguna ocasión así nos pueda parecer, sino que debe contemplar a dicha realidad, así como elaborarse en atención a ella. Toda
regla jurídica, entendida en el sentido más amplio posible, así como
toda concepción jurídica, no puede dar la espalda a la realidad. Si
lo hace cae en el vacío, es pura abstracción o artificio. Por ello, el
jurista debe esforzarse por recuperar, como diría Pietro BARCELLONA,
“la específica relación social de la cual brote una determinada elaboración conceptual”, reconduciendo así “las categorías conceptuales
que encontramos expuestas en los manuales y en las elaboraciones
monográficas a las específicas relaciones sociales de nuestros días, a
fin de constatar en aquéllas su carácter condicionado, sus conexiones
con las estructuras económicas y, por consiguiente, su parcialidad”.
El Derecho privado, indudablemente, por mucho que a algunos pese,
en general ha de beber tal pócima de la verdad para desvelar su verdadera funcionalidad y rendir cuentas con la historia.
La presente monografía de Javier Domínguez Romero, en la que
se estudia el denominado “pacto de liquidación” en las operaciones
garantizadas, no adolece de tal defecto, todo lo contrario. Se trata de
una excelente obra porque ni rehúye la realidad social a la que las
reglas de derecho van dirigidas —tal vez porque nos encontramos
ante un excelente abogado en ejercicio, aunque ésta no es la única
razón de tal virtud—, ni renuncia a la solución de los conflictos jurídicos que en ella se presentan. Fácil le sería a Javier Domínguez
hacer finta a la realidad e intentar ver en las reglas de derecho lo
que uno quiere que en ellas se exprese. Desgraciadamente, es lo que
hacen muchos autores de la denominada doctrina “científica”: primero, crean el problema o formulan la hipótesis y, luego, construyen
todo el aparato dogmático en derredor. El camino, sin embargo, no
es éste, sino el de entender el problema o el conjunto de problemas
que debe resolverse, considerándolo en su contexto histórico y social,
y aportar las soluciones jurídicas elaboradas a través de un proceso
de investigación riguroso. Quienes así no lo hacen se olvidan de que
la “jurisprudencia” (entiéndase como “ciencia del derecho”) es, como
diría el admirado Norberto BOBBIO, “ciencia crítica” y, por ello, debe
transformar el discurso legislativo en un discurso riguroso; en conse-14FRANCISCO J. INFANTE RUIZcuencia, las proposiciones del jurista deben ser rigurosas, hasta que
sean sustituidas por otras más rigurosas. He aquí la relatividad del
Derecho (y de la ciencia en general). Eso es hacer Derecho, hablar
de Derecho o explicar el Derecho. Lo que se debe hacer. Habiendo
procedido el autor de este modo no debe de extrañar a nadie que el
resultado sea una opera prima (aunque no cronológicamente, pues el
autor ya tiene otra anterior) de gran valor.
La estructura de esta obra responde a las ideas acabadas de expresar. Con el fin de estudiar el pacto de liquidación en el marco de
las operaciones crediticias aseguradas mediante garantías (personales o reales), el autor procede del siguiente modo: 1º.- Determinación
de la realidad normativa en la que el pacto de liquidación se regula.
A ello responde el primer capítulo de la obra. 2º.- Estudio de la realidad práctica en la que el pacto de liquidación se pacta, cuestión que
se trata en el segundo capítulo de la obra, donde con gran pulcritud
el autor distingue entre contratos en los que el pacto de liquidación
es indispensable a afectos ejecutivos por la indeterminación inicial
de las deudas y aquellos otros en los que el pacto de liquidación no
es necesario. Con mucha agudeza, el autor se pregunta si en este último caso la inclusión del pacto de liquidación tiene alguna virtud o
no en el seno del contrato que se celebra. La solución que propone es
muy correcta: en este caso el pacto de liquidación es inocuo en orden
a acreditar la liquidez de la deuda (la deuda ya estaba determinada
desde el inicio), pero no lo es en lo que se refiere al requisito de la
aportación de la documental prevista en el art. 573 LEC. Este estudio se corresponde con el segundo capítulo. 3º.- Análisis del “comportamiento” del pacto de liquidación en el marco de los contratos
de garantía seleccionados (hipoteca en garantía de cuenta corriente,
hipoteca omnibus, prenda ordinaria de créditos, prenda de créditos
sin desplazamiento de la posesión, prenda global de créditos y fianza
general). Este análisis se contiene en el capítulo tercero. Aquí reside una de las grandes virtudes de la presente monografía: el autor
no formula una idea de pacto de liquidación que deba cumplirse en
todas garantías traídas a discusión, sino que esta figura se estudia,
caso por caso, respecto de cada garantía. El resultado de este proceder es enormemente enriquecedor: en unos casos los problemas son
comunes, mientras que en otros existen particularidades derivadas
de las peculiaridades de cada garantía. Para múltiples problemas,
múltiples soluciones. ¿No es esto lo que se pide a un buen jurista?
Por el contrario, si el autor hubiera procedido con la pseudo-metodo-PRÓLOGO15logía que denunciaba al principio muchos problemas habrían quedado sin solución. En el último capítulo, el cuarto, el autor recoge extensamente las conclusiones alcanzadas a través de la investigación
desarrollada. Este esfuerzo de claridad será muy agradecido, tanto
por el lector experto, como por el que quiera extraer una visión de
conjunto del tema que en esta obra se trata. Para los detalles el lector concienzudo deberá adentrarse en las páginas de esta excelente
obra, que se lee casi de corrido por estar muy bien escrita.
Finalmente, permítase una consideración general de este trabajo. Se trata de una obra de indudable valor práctico que no se olvida de la rigurosidad científica. Intento explicarlo muy brevemente.
Contemplar la realidad práctica en los libros que se escriben o, de un
modo más intenso, hacer una obra de naturaleza práctica, no quiere
decir verter sentencias una detrás de otra y, si es el caso, aderezar el
resultado con algún que otro formulario. Esta labor la puede hacer
cualquiera y, por desgracia, es uno de los males endémicos de las
denominadas obras prácticas. El valor de estas obras es muy escaso.
En el otro extremo se encuentran las obras puramente dogmáticas,
llenas de peticiones de principio y de problemas no resueltos, que ya
he descrito más arriba. La historia las pondrá en su lugar. Conseguir
un resultado práctico en una obra quiere decir determinar los problemas, agruparlos (describir los grupos de casos, cosa que hacen extraordinariamente bien los juristas de common law), considerarlos a
la luz del Derecho vigente y aportar soluciones rigurosas (proposiciones científicas). A este esfuerzo no ha renunciado Javier Domínguez
y, en consecuencia, el resultado es una monografía excelente. Espero
que el lector la disfrute.
Suele ser también tarea del prologuista, junto con la introducción al lector de la obra y alguna que otra licencia más, hacer una
pequeña reseña sobre la personalidad o la biografía del autor. Javier
Domínguez, como ya he comentado, es abogado en ejercicio, circunstancia que imprime una sobresaliente impronta práctica a su investigación. Al mismo tiempo posee un talento académico notable, es decir, tiene indudables virtudes como investigador. Estas virtudes las
ha demostrado de manera excelente en el Master Oficial “Derecho
patrimonial privado en el mercado global”, de la Universidad Pablo16FRANCISCO J. INFANTE RUIZde Olavide (Sevilla), en el se ha graduado como Master Legum con
las máximas calificaciones. Las sigue demostrando en su labor cotidiana universitaria como Profesor Asociado de Derecho procesal
(aunque con corazón de civilista) en dicha Universidad (civilista y
procesalista, ¡qué excelente mezcla!), más allá del cumplimiento estricto de esta función. Y las seguirá demostrando en el futuro, sin
lugar a dudas, con la elaboración de su tesis doctoral en el nuevo
Doctorado en Ciencias Jurídicas de la Universidad Pablo de Olavide,
al haber decidido proseguir en el duro, y nunca suficientemente
recompensado, trabajo de investigador universitario. ¡Ojalá que la
fuerza y la suerte siempre le acompañen, como ha venido siendo hasta ahora! Para soportar la Universidad de hoy en día se exigen altas
dosis de una y otra.
Sevilla, a 15 de marzo de 2011Capítulo 1APROXIMACIÓN CONCEPTUAL, FUNCIONAL E
1.1. Precisiones terminológicas y conceptuales previas:
liquidez y liquidación. Deuda líquida y deuda
En la medida en que la liquidez de la deuda reclamada se ha
enmarcado tradicionalmente en el conjunto de requisitos procesales
del despacho de ejecución, se hace preciso un examen del propio concepto de “liquidez” y su distinción de otros relacionados, previamente al análisis del pacto liquidatorio como tal.
La antigua Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 (en adelante
LECA) no conceptuaba la liquidez1, limitándose a exigir que reuniera esta cualidad la cantidad dineraria adeudada, esto es, la deuda pecuniaria en sí, a efectos del despacho de ejecución (art. 1435
LECA). Y esta falta de previsión legal no pasaría de mera anécdota
de no ser porque se han formulado, al menos, tres concepciones diversas de liquidez, como señala SERRANO MASIP2: por un lado,
liquidez equiparable a facilidad probatoria3; por otro, liquidez como
sinónimo de incontestabilidad4; y por último, liquidez de la deuda co-1234Vid. SANCHO FRAILE, “Artículo 572”, en GUILARTE GUTIÉRREZ
(coord.), Comentarios a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, t. III, Valladolid, 2000, pág. 2789. Señala SANCHO FRAILE que la LECA únicamente
hacía una asimilación, “tendrá la consideración de cantidad líquida”, de los
intereses de una cantidad determinada, cuando se fijara en la sentencia el
tanto por ciento o tipo y el tiempo por el que deban abonarse.
SERRANO MASIP, El juicio ejecutivo cambiario: función, títulos ejecutivos, presupuestos, y especialidades procesales, Tesis doctoral, Universitat de
Lleida, 1997, pág. 305.
Concepción que tiene sus orígenes en el Derecho justinianeo y que mantuvo nuestro Derecho histórico, según apunta SERRANO MASIP, citando a
IGLESIAS, Derecho Romano. Instituciones de Derecho Privado, Barcelona,
1972, págs. 520 y 521.
Concepción sostenida por parte de la doctrina civil alemana (vid. J.W. HEDEMANN, Tratado de Derecho Civil, vol. III, trad. Santos Briz, Madrid,
1958, pág. 198), franca (vid. F. LAURENT, Principes de Droit civil français,
t. XVIII, Bruselas, 1887, págs. 416 a 425; R. B. POTHIER, Oeuvres condenant les Traités du Droit français, t. I, Bruselas, 1829, pág. 194; C. B. M.18JAVIER DOMÍNGUEZ ROMEROmo su perfecta determinación o determinabilidad mediante simples
Esta última concepción, basada en un criterio cuantitativo, fue
adoptada mayoritariamente por la jurisprudencia5, dando, a tal efecto, una definición que no se contenía en la ley. Así, se entendería
como deuda líquida aquélla cuyo importe se halla numéricamente
precisado o que es susceptible de fijación mediante un simple cálculo matemático con arreglo a un módulo cierto preestablecido; lo
cual supone que, o bien las partes fijaron de antemano su montante
exacto, o bien reglaron las bases ciertas a partir de las que resulta
factible obtenerlo6.
Vemos, por tanto, que se venía a asimilar deuda líquida con aquella que precisa (y puede) ser liquidada, forzándose así una interpretación extensiva del concepto de liquidez7, ya que, stricto sensu,
una deuda es líquida cuando la suma dineraria en que consiste está
concretada sin más; en caso contrario estaríamos ante una deuda, si
acaso, liquidable, entendiendo por tal la que es susceptible de liquidación, esto es, de exacta cuantificación mediante las operaciones
conducentes a ello. Ahora bien, siendo esto así, la asimilación de ambos términos (líquido y liquidable) se basaba en una circunstancia
clave: que el contrato del que derivase la deuda contuviera ya en un
inicio las bases ciertas en orden a la fijación del quantum, de mane-5
67TOULLIER, Le Droit civil français, t. IV, Bruselas, 1829, págs. 133 y 134; F.
MOURLON, Répétitions écrites sur le deuxième examen du Code Napoléon,
t. II, Paris, 1859, págs. 741 y 742) e italiana (vid. G. GIORGI, Teoría de las
obligaciones en el Derecho Moderno, vol. IX, Madrid, 1930, págs. 45 y 46);
así, vid. SERRANO MASIP, op. cit., nota nº 10, pág. 305.
SERRANO MASIP, op. cit., pág. 306.
En este sentido, SSTS de 31-01-78, de 12-04-85, de 30-03-88, de 05-07-89,
de 05-03-90, de 19-05-91, de 28-03-92, de 24-03-94, etc. Y jurisprudencia
menor, v. gr., SAP Alicante de 09-02-79, SAP Madrid de 13-04-94, SAP Las
Palmas de 30-11-99, SAP Ciudad Real de 20-06-95, etc.
Como señala CASTILLEJO MANZANARES, el esfuerzo dialéctico del Tribunal Supremo en encontrar un concepto amplio de liquidez conecta con
una equiparación que se encuentra expresamente admitida en el artículo 1243 del Codice Civil italiano, el cual, al referirse a la compensación,
extiende los efectos de una deuda líquida a aquellas otras que, sin serlo,
depende su cuantificación de una simple y material operación aritmética
(CASTILLEJO MANZANARES, El juicio ejecutivo basado en pólizas bancarias, Valencia, 1999, pg. 212).EL PACTO DE LIQUIDACIÓN19ra que bastara un simple cálculo aritmético para precisar el valor
económico del débito8.
Por liquidación se entendería, en consecuencia, la operación necesaria para dotar a la obligación de una concreción nominal de la que
antes carecía, o al menos, esta sería su concepción en sentido propio,
ya que incluso parecía necesario una delimitación conceptual, a la
vista de resoluciones como la Sentencia de la Audiencia Provincial
de Segovia de 10 de junio de 1994, que advertía que una cosa es la
liquidación en ese sentido y “otra cosa es que, partiendo de una obligación ya líquida —y líquida porque lo fuese desde su nacimiento, o
porque no siéndolo haya sido ‘liquidada’ después, adquiriendo así tal
carácter— el acreedor decida o determine, dentro del total nominal
líquido adeudado, la cuantía que aún tiene derecho a exigir, cuando
con cargo al ‘total líquido adeudado’ ya ha cobrado determinadas
cantidades, reductoras, por pago parcial, de la deuda líquida inicial.
En el primer caso —‘liquidación’ en su sentido verdadero— la operación referida tiene la virtud de condicionar la adquisición de una
determinada cualidad de la obligación —la ‘liquidez’— que antes de
esa operación el débito no tenía, y que es presupuesto necesario de la
validez del juicio ejecutivo según los artículos 1.435 y 1.467.2º de la
L.E.C. En cambio en el segundo supuesto (pagos parciales dirigidos
a la extinción en parte de deudas líquidas) no reaparece la falta de
liquidez, sino que presuponiendo tal carácter en la deuda, se plantea
la cuestión de la extinción total o parcial de la misma mediante el
pago y por tanto, el tema de la subsistencia del débito líquido respecto a la cuantía concreta que se reclama al deudor; y esta cuestión es
evidente que tiene naturaleza muy distinta a la de la ‘liquidación’, correspondiéndole por tanto otro encuadre y tratamiento jurídico, en lo
sustantivo y en lo procesal dentro del Juicio Ejecutivo, bien a través
del pago, o bien a través de la pluspetición en su caso”.
CASTILLEJO MANZANARES llegaba a un concepto de liquidación en “sentido formal” partiendo de una distinción de la liquidez
en dos sentidos, formal y material, y ello a la vista de los propios
términos del artículo 1435 LECA. Así, entendía que en el primer in-8Según establece la STS de 13 de abril de 1987, “la deuda no pierde liquidez
si para averiguar el montante basta con sencillas operaciones aritméticas”.20JAVIER DOMÍNGUEZ ROMEROciso de dicho precepto9 se empleaba el concepto de liquidez en “sentido material”, de manera que “cantidad líquida” era la que estaba
determinada en su montante exacto10; mientras que en el párrafo
cuarto11 se utilizaba en “sentido formal”, esto es, como conjunto de
formalidades legalmente exigidas para que la pretensión ejecutiva
quedara cuantificada al inicio del proceso de suerte que permitiera
al juzgador despachar ejecución y al deudor oponerse a la misma12.
Sostenía, en consecuencia, que en caso de desconocerse el montante exacto de la deuda, siendo además imposible deducirlo mediante
operaciones accesibles a cualquier persona que no fuera un técnico
contable, sería preciso el documento fehaciente que justificara, no la
liquidez en sentido material, sino un minimun de garantías de que
la liquidación se hubiera practicado conforme a lo pactado, que es lo
que denomina liquidación en sentido formal13.
Con la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 (en adelante LEC) llegó una definición legal de “cantidad líquida” en el plano procesal ejecutivo, siendo evidente la intención del legislador de atajar la problemática que surgió ante el silencio de la LECA. Y así, el artículo 572.19
13Cuya dicción era: “Sólo podrá despacharse ejecución por cantidad líquida
que exceda de 50.000 pesetas”.
En relación a este sentido de liquidez, traía CASTILLEJO MANZANARES
a colación el término “liquidable”, señalando que su significado “alude a un
derecho de crédito o, desde el punto de vista pasivo, a una obligación que
puede ser determinada en base a una simple operación aritmética” (CASTILLEJO MANZANARES, op. cit. [1999], pág. 211; y en idénticos términos, en
su más reciente obra La ejecución de títulos extrajudiciales, Valencia, 2001,
pág. 71, ya refiriéndose a la regulación actual —arts. 520 y 571 LEC—); entendiendo estas deudas liquidables como deudas líquidas, citando, a su vez,
a DURÁN BRUJAS (“Notas sobre la modificación del artículo 1435 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil por la Ley 34/1984, de 6 de agosto”, en Boletín
de Información del Ministerio de Justicia, nº 1458, 1987, pág. 3).
“Si en los contratos mercantiles otorgados por entidades de crédito, ahorro
y financiación, en escritura pública o en póliza intervenida de conformidad
con lo dispuesto en el número 6 del artículo 1429 de esta Ley, se hubiere convenido que la cantidad exigible en caso de ejecución será la especificada en
la certificación expedida por la Entidad acreedora, aquélla se tendrá por líquida siempre que conste en documento fehaciente que acredite haberse practicado la liquidación en la forma pactada por las partes en el título ejecutivo
y que el saldo coincida con el que aparece en la cuenta abierta al deudor. En
el caso de cuentas corrientes garantizadas con hipoteca abiertas por Bancos o
Cajas de Ahorro, se estará a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria”.
CASTILLEJO MANZANARES, op. cit. (1999), pág. 212.
CASTILLEJO MANZANARES, op. cit. (1999), pág. 214.EL PACTO DE LIQUIDACIÓN21LEC establece que “para el despacho de la ejecución se considerará
líquida toda cantidad de dinero determinada, que se exprese en el
título con letras, cifras o guarismos comprensibles”.
Lo trascendental de esta definición, que aparece en sede de ejecución dineraria, es, por un lado, la decidida ruptura de la sinonimia
entre “liquidez” y “certeza incontestable”, otrora debatida doctrinalmente; por otro, la exigencia de que la cantidad se exprese en el
título, como dato configurador del concepto “cantidad líquida”, junto
con el de que se halle “determinada”.
Ahora bien, configurada la concepción de “cantidad líquida” como
aquélla que esté determinada en el título, surge una cuestión que no
es baladí: nótese que la LEC no dice que la cantidad sea “determinada o determinable”, es más, parece excluir el término “determinable” cuando se refiere a la exacta expresión del quantum “con letras,
cifras o guarismos comprensibles”. Así, pudiera entenderse, en una
primera aproximación, que es ilíquida la cantidad adeudada que dependa de operaciones adicionales para su concreción, aun cuando éstas sean simples operaciones aritméticas, pues en tal caso la cuantía
de la deuda no estaría expresamente contemplada en el título, que
es lo que impone el artículo 572.1 LEC.
De seguirse una interpretación estricta de dicho precepto, resultaría que la deuda determinable conforme a módulos preestablecidos por las partes en el contrato (determinabilidad en base al título,
que no determinada en él) tendría la misma consideración de ilíquida que la deuda que fuese determinable acudiendo a elementos
externos al contrato (v. gr., contabilidad de la entidad acreedora).
En los dos supuestos serían precisas operaciones matemáticas: en
el primer caso, de acuerdo con unas bases ciertas contenidas en el
contrato; en el segundo, con arreglo a los datos que figuren en las
partidas del “debe” y “haber”. Lo que resulta obvio es que, en ambos,
el resultado del cálculo efectuado, esto es, el resultado de la liquidación, no quedaría reflejado como tal en el contrato; es más, en el
segundo supuesto apuntado, el quantum se recogería en un documento independiente al contractual, cual es el previsto en el artículo
573.1.1º LEC.
No obstante, de una interpretación conjunta de los artículos 572.1
y 219.2 LEC, podría entenderse como “cantidad líquida” no sólo la
determinada en el título, sino también la determinable en virtud
del título, en la medida en que el artículo 219.2 permite que acceda22JAVIER DOMÍNGUEZ ROMEROa la ejecución el título que, aun no conteniendo el importe exacto de
la cantidad, fije las bases para su liquidación (que consistirá en una
simple operación aritmética, desprovista de valoraciones de hecho o
de derecho). Ahora bien, este argumento con base legal en defensa
de la liquidez de la deuda determinable conforme a lo previsto en el
título, parece encontrar un escollo si tenemos en cuenta que el artículo 219.2 LEC se refiere a los títulos judiciales, concretamente a
las sentencias de condena, por lo que podría discutirse su extensión
analógica a los títulos extrajudiciales14.
Entendemos que, más allá de disquisiciones interpretativas, hay
que descender al terreno práctico, donde los Tribunales se muestran
partidarios de esa ficción (necesaria tal vez), consistente en que la
deuda, liquidable con arreglo a módulos preestablecidos contractualmente, es líquida. Y decimos ficción porque es obvio que en tal caso el
acreedor ha tenido que practicar una liquidación, esto es, una operación para dotar a la cantidad adeudada de una concreción nominal de
la que antes carecía. Y el resultado de esa liquidación la plasmará en
la demanda sin otro soporte documental que el propio contrato, donde
no estaba determinado el quantum de la deuda; con lo cual, se mire
por donde se mire, no se cumple la dicción del artículo 572.1 LEC.
Pues bien, si ésta era la intención del legislador, quizás hubiera
sido preferible que incluyera la expresión “determinable” dentro del
concepto de “cantidad líquida”, de suerte que se considerara por tal
la cantidad determinada en el título o determinable en su virtud,
por haberse fijado en el mismo las bases para ello con claridad y
precisión. En este sentido, resulta criticable que el legislador haya
desaprovechado la ocasión de atajar esta cuestión con la última reforma procesal de gran calado, operada por la Ley 13/2009, de 3 de14Para VEGAS TORRES no habría motivo para excluir la aplicación del mismo criterio a los títulos extrajudiciales (VEGAS TORRES, “Artículo 572”,
en DE LA OLIVA SANTOS/VEGAS TORRES/BENACLOCHE PALAO, Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Civil, Madrid, 2001, pág. 985). CAÑETE
QUESADA, a la vista del propio art. 572.1 LEC —sin entrar en el criterio
extensivo apuntado-, entiende que la ley excluye del concepto de “cantidad
líquida” la que pueda ser “determinable” en base al título y con posterioridad mediante simples operaciones de cálculo o a través de la liquidación de
una situación de cuenta corriente o similar que conlleven a un saldo deudor
(CAÑETE QUESADA, “La emisión de un pagaré en blanco en garantía del
cumplimiento de un contrato de préstamo mercantil”, en Sentencias de TSJ
y AP y otros Tribunales, nº 15, 2005).EL PACTO DE LIQUIDACIÓN23noviembre15. Consideraciones de lege ferenda aparte, lo que resulta
indiscutible es la iliquidez de la deuda que requiera de operaciones
adicionales para su concreción cuando las mismas no resulten del
contenido del propio contrato, pues la LEC permite que acceda a la
ejecución el título huérfano de bases preestablecidas conducentes a
la determinación cuántica de la deuda, siempre y cuando se aporte junto con dicho título el resultado de las operaciones conforme
a la contabilidad del acreedor (liquidación que, a priori, admitió el
deudor mediante un pacto en tal sentido), y ello al efecto de que la
cuantía adeudada conste, no ya en el título, sino al menos en la certificación del saldo.
En definitiva, entendemos que la idea de liquidez, tal y como resulta de la actual configuración procesal, va directamente entroncada con el propio título ejecutivo, por la exigencia de que la concreción
nominal de la deuda conste en el mismo (o resulte de él, atendiendo
a la ficción señalada ut supra), de manera que el llamado “pacto de
liquidez”, que vamos a estudiar en esta obra, no supone ya, en puridad, convertir en líquida una deuda que era ilíquida, porque afirmar
tal cosa sería tanto como decir que, a través de tal pacto, se inserta a
posteriori en el título la cifra exacta de la deuda, cuando obviamente
no es así16. Y ello en la medida de que deuda líquida es, a efectos
procesales, única y exclusivamente, la que se exprese “en el título”
(artículo 572.1 LEC) o resulte directamente de él, por contener elementos suficientes para realizar el cálculo (artículo 572.1 LEC, en
relación con el artículo 219.2 LEC). Cuestión distinta es la concepción de liquidez en el plano sustantivo17, pero dado que tal pacto es151617Ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva
Oficina judicial, publicada en el BOE nº 266, el 4 de noviembre de 2009.
Esta ley viene a reformar, entre otras, la LEC 1/2000, modificando no pocos
preceptos, pero sin alterar en nada la redacción de los arts. 571 a 579 LEC.
Lo que ocurre es que la cuantía de la deuda, tras practicarse la liquidación
conforme al pacto, se reflejará en un documento distinto del título, cual es
la llamada certificación del saldo (documento expresivo del saldo, según el
artículo 573.1.1º LEC).
Donde es predicable un concepto de liquidez de la deuda liberado del título,
esto es, liquidez de la deuda como su determinación o determinabilidad en
un momento dado, sin más. De hecho, como apunta SERRANO MASIP, tanto la jurisprudencia como la doctrina, la mayoría de las veces en las que se
pronuncia sobre la liquidez de las obligaciones lo hace en sede de compensación legal —art. 1196.4º CC— y de mora solvendi —art. 1108 CC— (SERRANO MASIP, op. cit., pág. 306). Por su parte, el art. 1825 CC permite laAll pages:367891011121314151617181920InfoSaveLikeShareDownloadMore1_9788490041567 Published on Jun 8, 2011 OPERACIONES GARANTIZADAS Valencia, 2011 J AVIER D OMÍNGUEZ R OMERO Todos los derechos reservados. Ni la totalidad ni parte de este libro pue...See MoretirantloblanchFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

References: artículo 1435
 Resolución 
 artículo 1243
 artículo 1435
 artículo 572
 artículo 1435
 artículo 1429
 artículo 572
 artículo
573
 artículo 219
 artículo 219
 artículo 572
de lege ferenda
 artículo 219

artículo 573