Source: http://ww.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/C-749-13.htm
Timestamp: 2019-07-17 00:19:26+00:00

Document:
C-749-13
Sentencia C-749/13
(Bogotá DC, 30 de octubre)
ACUERDO DE COOPERACION OPERATIVA Y ESTRATEGICA ENTRE COLOMBIA Y OFICINA EUROPEA DE POLICIA-Exequibilidad
El examen de validez formal del “Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010 y su Ley aprobatoria, arroja para la Corte que: (i) es válida la suscripción del Acuerdo entre el Estado colombiano y la Oficina Europea de la Policía, autorizada por el Consejo de la Unión Europea, según lo prescrito en el artículo 23, de la “Decisión del Consejo de la Unión Europea” de abril 6 de 2009 y (ii) se observaron las reglas propias del trámite legislativo que precedieron la aprobación de la ley objeto de análisis. Asimismo, revisado el contenido de las disposiciones del “Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010, la Corte encuentra que se ajusta a los postulados constitucionales relativos a la integración con otros Estado u organizaciones internacionales, a la soberanía nacional y a la autodeterminación (CP. Art. 9), el deber del Estado de garantizar el respeto por la dignidad humana, la solidaridad de las personas que la integran (CP. Art. 2), el deber de las autoridades de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y en el ejercicio de sus derechos y libertades (CP. Art. 2), la protección del derecho a la intimidad personal, familiar y a su buen nombre, y el derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que sobre ellas hayan sido recogidas en los bancos de datos y en archivos públicos o privados (CP., art. 15), a la facultad del Presidente de la Republica de dirigir las relaciones internacionales. (CP. Art. 189.2), a la función del Congreso de aprobar o improbar los tratados que celebre el Gobierno Nacional con otros Estados o con entidades de derecho internacional (CP. Art. 150.16) y a la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución, así como con el deber de protección de la vida de todos las personas residentes en Colombia y la función de la Policía Nacional de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades publicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz (CP., art. 218). Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional declara exequible el contenido del “Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010”, así como la Ley 1582 del 30 de octubre de 2012, que lo aprobó.
La Corte Constitucional es competente para examinar la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias, según lo establecido por el artículo 241.10 de la Constitución Política, para evitar que el Gobierno asuma compromisos internacionales incompatibles con la Constitución. El control de Constitucionalidad de los tratados públicos y de las leyes que los aprueban, presenta unas características singulares, al ser: (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto Constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.
ACUERDO DE COOPERACION OPERATIVA Y ESTRATEGICA ENTRE COLOMBIA Y OFICINA EUROPEA DE POLICIA-Trámite legislativo
ACUERDO DE COOPERACION OPERATIVA Y ESTRATEGICA ENTRE COLOMBIA Y OFICINA EUROPEA DE POLICIA-Régimen constitucional de las relaciones internacionales/ACUERDO DE COOPERACION OPERATIVA Y ESTRATEGICA ENTRE COLOMBIA Y OFICINA EUROPEA DE POLICIA-Antecedentes
Referencia: expediente LAT - 396
Revisión de Constitucionalidad: de la Ley 1582 del 30 de octubre de 2012 “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010”
Dado el cumplimiento de los requisitos formales previstos en la Constitución Política para su suscripción y aprobación legislativa, y en tanto el contenido del mismo consulta los principios y postulados que gobiernan al Estado colombiano y a su política exterior, considera que la Corte debe declarar exequible el instrumento internacional a la par con la ley aprobatoria numero 1582 de 2012.
Lo anterior, en razón de que se dio cumplimiento a los requisitos procedimentales exigidos por la Constitución y la ley para integrar el ordenamiento jurídico y de otra, en la medida que sus objetivos y su contenido buscan la realización de los fines del Estado colombiano al regular la cooperación entre Europol y la Republica de Colombia, con el fin de apoyar a este ultimo, y a los Estados miembros de la Unión Europea, en la lucha contra las formas graves de delincuencia internacional en los ámbitos del artículo 3 del Acuerdo.
Además de lo expuesto, el “intercambio de conocimientos especializados, de los resultados de análisis estratégicos, la información sobre procedimientos de investigación penal, la información para la prevención del delito, la participación en actividades de formación y la prestación de apoyo y asesoramiento en investigaciones especificas”, previstos en el convenio guardan relación con los fines esenciales del Estado.
No se encuentra objeción formal o sustancial de constitucionalidad, en relación con la ley 1582 de 2012, “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010” máxime cuando la misma reviste una relevancia constitucional en la protección y los fines e intereses legítimos del Estado colombiano y se encuentra acorde a los parámetros y principios previstos en la Constitución y la Ley.
No se evidencia contrariedad entre el Acuerdo y la Constitución Política, en tanto se orienta a regular la cooperación con la Oficina Europea de la Policía, con el fin de que Colombia y los Estados miembros de la Unión Europea cuenten con un apoyo mas en la lucha contra formas graves de delincuencia internacional , principalmente mediante el intercambio de información.
Frente a la protección de los derechos fundamentales de las personas, como la honra, el derecho al buen nombre y el habeas data, el acuerdo es respetuoso de ellos, analizado desde el fin que se propone y la idoneidad del medio para alcanzarlo.
Debe devolverse la Ley 1582 de 2012, a la Presidencia de la Cámara de Representantes, para que proceda al saneamiento del vicio de procedimiento detectado en el primer debate y aprobación del proyecto de Ley, al no seguirse el procedimiento establecido en el artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, según el cual ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella en la que previamente se haya anunciado.
Frente al contenido material del “Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010”, debe declararse exequible, al encontrarlas ajustadas a la Carta Política (Arts. 9, 226 y 227), en tanto fortalece las relaciones entre Colombia y la Oficina Europea de Policía mediante el intercambio de información y conocimientos especializados tendientes a crear un frente común, contra la delincuencia y a su vez impedir el incremento de las diversas actividades delictivas que atentan contra el orden y la paz transnacional.
1.2. El control de Constitucionalidad de los tratados públicos y de las leyes que los aprueban, presenta unas características singulares, al ser: “(i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto Constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.”
2.1.2. En cuanto a la representación del Estado colombiano durante este proceso, según certificación del Ministerio de Relaciones Exteriores, el “Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010”, fue firmado en nombre y representación de la República de Colombia, por el entonces Director General de la Policía Nacional, Mayor General Óscar Adolfo Naranjo Trujillo a quien le fueron otorgados plenos poderes por el entonces Presidente de la República, Doctor Álvaro Uribe Vélez, el 22 de junio de 2010[2].
2.1.3. Sobre este punto, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 189, numeral 2º de la C.P., la Rama Ejecutiva en cabeza del señor Presidente de la República, Doctor Juan Manuel Santos Calderón, autorizó y ordenó someter a consideración del Congreso de la República el acuerdo, el 19 de julio de 2011. Mediante dicho decreto se dio aprobación al “Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010”, y se manifestó que obligaría al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respectivo.
2.2. El proceso de formación de la ley en el Congreso de la República[3].
2.2.1. El proyecto de ley.
El Proyecto de Ley fue radicado en el Senado de la República, por el Gobierno Nacional, por la Ministra de Relaciones Exteriores y el Ministro de Defensa Nacional, el 07 de septiembre de 2011, de conformidad con lo prescrito por la Constitución Política (art 154) que ordena la iniciación de tales procedimientos legislativos en el Senado de la República.
Aparecen publicados en la Gaceta del Congreso No. 674[4] de septiembre 9 de 2011, cumpliéndose así el requisito de hacerlo antes del curso en la comisión respectiva (CP., artículo 157.1).
La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República fue presentada en sentido favorable, por el Senador Juan Lozano Ramírez y publicada en la Gaceta del Congreso No. 751 del 5 de octubre de 2011[5].
El Proyecto de Ley 125 de 2011 Senado fue anunciado previamente en la sesión del 9 de noviembre de 2011, para ser discutido y aprobado en primer debate, en la próxima sesión, según consta en Acta No. 10[6], publicada en la Gaceta del Congreso 153 de abril 17 de 2012[7] y conforme certificación del Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República, de fecha 17 de enero de 2013[8].
El proyecto de ley fue discutido y aprobado el 16 de noviembre de 2011, conforme al Acto Legislativo 01 de 2009, por doce (12) de los trece (13) Senadores, que conforman la Comisión y que se encontraban presentes en la sesión, según consta en la Acta No. 11[9] del 16 de noviembre de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso No. 155 del 17 de abril de 2012[10] y certificación[11] emitida por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República[12].
Habiendo sido aprobado el proyecto de ley en primer debate de Senado el día 16 de noviembre de 2011 e iniciado el debate en la correspondiente plenaria el 5 de diciembre de 2011, se cumple el requisito Constitucional del término mínimo de ocho (8) días entre uno y otro momento legislativo (C.P. art. 160)
La ponencia para segundo debate en el Senado fue presentada favorablemente por el Senador Juan Lozano Ramírez y publicada en la Gaceta del Congreso No. 878 del 23 de noviembre de 2011[13].
El proyecto de ley fue anunciado en la sesión ordinaria del día 30 de noviembre de 2011, según consta en el Acta No. 24[14] de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 36 del 16 de febrero de 2012, para ser discutido y votado en la siguiente sesión y conforme la certificación expedida por el Secretario General del Senado de la República[15].
El proyecto de ley fue discutido y aprobado en la sesión del 5 de diciembre de 2011, según consta en el Acta No. 25[16] de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 37 del 16 de febrero de 2012, mediante votación ordinaria señalada en el artículo 129 de la Ley 5 de 1992, y un quorum de 87 de 100 Senadores, conforme certificación[17] expedida el 8 de enero de 2013 por el Secretario General del Senado de la República[18].
- Publicación texto aprobado en Plenaria.
El texto definitivo del proyecto de ley aprobado en la plenaria de Senado de la República fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 946 del 7 de diciembre de 2011.
Habiendo sido aprobado el proyecto en segundo debate de Senado el día 5 de diciembre de 2011, e iniciado el primer debate en la Cámara de Representantes el día 7 junio de 2012, se cumple el requisito Constitucional del término mínimo de quince días entre uno y otro momento legislativo. (C.P. art. 160).
La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue presentada por el representante a la Cámara Yahir Fernando Acuña Cardales y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 250 del 18 de mayo de 2012[19].
En anuncio de la votación fue realizado el 30 de mayo de 2012, según consta en el Acta No. 26 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 563 del 28 de agosto de 2012[20], en los siguientes términos:
Cuarto. Anuncio de Proyectos de ley para la discusión y aprobación en primer debate para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo número 01 de 2003, para ser discutidos y votados en la próxima sesión donde se discutan y aprueben Proyectos de Ley.
Segundo. Proyecto de ley número 160 de 2011 Cámara, 125 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía¿, suscrito en Bogotá, Distrito Capital, el 20 de septiembre de 2010.
(...)” (subrayas fuera de texto)
Conforme a lo expuesto, la siguiente sesión de la Comisión Segunda Permanente de la Cámara de Representantes se realizó el martes 5 de junio del mismo año, fecha en la que no se discutieron proyectos de ley, sino que se llevó a cabo una sesión de control político, como lo manifiesta el Secretario General de la Cámara de Representantes en su certificación cuando dijo: “Es de anotar que en la sesión del día 05 de junio de 2012, Acta No. 27, no hubo discusión y aprobación de proyectos de ley, en dicha sesión se realizó Control Político, No. 563 del 28 de agosto de 2012. Paginas 23 a 34”, de manera que fue en la siguiente sesión llevada a cabo el día 7 de junio de 2012, en la que se discutieron y aprobaron proyectos de ley[21].
El proyecto de ley fue aprobado el 7 de junio de 2012, por unanimidad en votación ordinaria, con la presencia de dieciséis (16) Representantes, lo que se encuentra registrado en el Acta No. 28[22] del 7 de junio de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso No. 563 del 28 de agosto de 2012[23] y según consta en la certificación[24] expedida por la Secretaria General de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, del 6 de diciembre de 2012[25].
En consecuencia, fue en esos términos en los que se produjo el anuncio de la discusión y aprobación del proyecto de ley bajo examen, toda vez que se estableció: “Anuncio de proyectos para para la discusión y aprobación...para ser discutidos y votados en la próxima sesión donde se discutan y aprueben Proyectos de Ley”, lo que permitía deducir que si bien la fecha para su discusión y aprobación no estaba determinada como una fecha cierta, era determinable, permitiéndose así la participación de las minorías en el debate parlamentario y respectando el principio democrático.
Habiendo sido aprobado el proyecto en primer debate en Cámara de Representantes el día 7 de junio de 2012 e iniciado el segundo debate el 25 de septiembre de 2012, se cumple el requisito Constitucional del término mínimo de ocho (8) días entre uno y otro momento legislativo. (C.P. art. 160).
La ponencia para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes también fue presentada por el mismo Representante y publicada en la Gaceta del Congreso No. 595 del 6 de septiembre de 2012[26].
El proyecto de ley fue anunciado en la sesión Plenaria del día 25 de septiembre de 2012, según consta en el Acta No. 155 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No. 14 del 6 de febrero de 2013[27] y conforme certificación del 1 de diciembre de 2012, expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes y radicada en esta Corporación el 17 de diciembre de esa misma anualidad.
El proyecto fue aprobado por la Plenaria de la Cámara el día 26 de septiembre de 2012, por unanimidad con el voto de los 150 Representantes presentes, según consta en el Acta No. 156[28] del 26 de septiembre de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso No. 15 del 6 de febrero de 2013[29] y acorde a certificación[30] allegada por el Secretario General de la Cámara Representantes[31].
En la Gaceta del Congreso No 658 del 1 de octubre de 2012 se publicó el texto aprobado del Proyecto Ley 160 de 2011 Cámara, 125 de 2011 Senado.
El Presidente de la República sancionó la ley “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010”, convirtiéndose en la Ley 1582 del 30 de octubre de 2012, la cual fue debidamente publicada en el Diario Oficial No. Diario Oficial No. 48.599 de 30 de octubre de 2012.
Mediante oficio recibido el día 31 de octubre de 2012, la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, remitió a esta Corporación copia auténtica de Acuerdo y de la ley aprobatoria, dentro del término de seis días contados a partir de la sanción de ésta, en cumplimiento del artículo 241 numeral 10 de la Constitución.
El proyecto de la ley “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010, (i) surtió los cuatro debates de aprobación con el quórum exigido y las mayorías necesarias; (ii) contó con las publicaciones del proyecto y las ponencias para cada debate; (iii) recibió los anuncios previos a cada votación; (iv) cumplió los términos que deben existir entre las votaciones en comisión y plenaria de ambas cámaras y entre Senado y Cámara de Representantes y v) su trámite no excedió dos legislaturas. Por lo anterior, la Corte concluye que no hay vicio alguno de Constitucionalidad en el trámite de este proyecto.
Las relaciones exteriores de Colombia se basan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos (CP., art. 9) y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por el Estado (CP, artículos 150.16, 226 y 227). Adicionalmente se señala que la internacionalización del país, así como la celebración de tratados internacionales, debe edificarse sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional (artículos 226 y 227). Finalmente, el ámbito de desarrollo de la integración internacional comprende las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas (artículo 226).
La Oficina Europea de Policía – EUROPOL - , fue creada mediante acuerdo en el tratado de la Unidad Europea, el 7 de febrero de 1992 e inicio el ejercicio de sus actividades en 1994, bajo el nombre de Unidad de Drogas de Europol, combatiendo principalmente crímenes de narcotráfico. En 1998 se ratificó la convención de la Europol, por todos los Estados miembros de la Unión Europea, entrando en vigencia el 1º de octubre de 1998. Actualmente cuenta con el aporte de 27 cuerpos de policía de la Unión Europea, que orientan su acción en problemas como trafico de drogas, redes de inmigración ilegal, trata de seres humanos y pornografía infantil, falsificación de dinero y otros medios de pago, trafico de sustancias radioactivas y nucleares y terrorismo[32].
2. Europol podrá celebrar acuerdos con las entidades mencionadas en el apartado 1 que estén incluidas en la lista contemplada por el artículo 26, apartado 1, letra a). Tales acuerdos podrán referirse al intercambio de información operativa, estratégica y técnica, incluidos los datos personales y la información clasificada, siempre que se transmitan a través de un punto de contacto designado que figure en el acuerdo a que se hace referencia en el apartado 6, letra b), del presente artículo. La celebración de tales acuerdos requerirá la aprobación previa del Consejo, tras consultar al consejo de administración y, por lo que se refiere al intercambio de datos personales, una vez recabado el dictamen de la Autoridad común de control a través del consejo de administración (...)”[33]
En síntesis, encuentra la Corte que la Oficina Europea de la Policía - Europol - se encuentra facultada por el Consejo de la Unión Europea, para la celebración de acuerdos de cooperación con el Estado Colombiano, que lo suscribió conforme a lo expresado en el numeral 2.1.2. de este providencia, según lo prescrito por el artículo 189.2 constitucional que señala que corresponde al Presidente de la República “Dirigir las relaciones internacionales (...) y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o convenio que se someterán a la aprobación del Congreso”.
Artículo 3. Ámbitos de delincuencia a los que es aplicable el Acuerdo
Artículo 4. Ámbitos de cooperación
Artículo 5. Centro Nacional de Enlace
Artículo 7. Disposiciones generales relativas al intercambio de información
Artículo 8. Suministro de información por Colombia
Artículo 9. Entrega de datos personales por parte de Europol
Artículo 10.Evaluación de la fuente y de la información
Artículo 11.Corrección y eliminación de la información facilitada por Colombia
Artículo 16.Disposiciones relativas a los medios de comunicación
Artículo 19.Cláusula de reserva
Encuentra la Corte que la importancia de la suscripción del Acuerdo consagrada en su preámbulo, armoniza con los fines del Estado colombiano y de sus autoridades de proteger a sus habitantes en su vida, honra y bienes, así como en el ejercicio de las garantías y libertades (CP., art. 2)
3.4.2. Definiciones - Artículo 1.
Señala el significado para efectos del Acuerdo, de las siguientes expresiones: “Decisión del Consejo sobre Europol”[34], “Datos Personales”[35], “Tratamiento de Datos Personales”[36] e “Información”[37], conceptos que dan claridad y permiten una adecuada interpretación del Acuerdo por las partes del mismo.
3.4.3. Objeto del Acuerdo - Artículo 2.
La disposición contenida en el presente artículo señala que el objeto del Acuerdo es regular la cooperación entre el Estado colombiano y la Europol, con el fin de apoyar la lucha contra las formas graves de delincuencia internacional, el cual se ejercerá en los ámbitos definidos en el artículo 3º , compromisos que están en consonancia con el deber del Estado y de sus autoridades (CP., Art. 218) de proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de las personas residentes en Colombia, para lo que podrá celebrar tratados internacionales con otros Estados o con entidades de derecho internacional, bajo condiciones de equidad y reciprocidad (CP., arts. 2, 9, 150. 16, 189.2).
3.4.4. Ámbitos de delincuencia a los que es aplicable el Acuerdo de Cooperación - Artículos 3 y 4.
El artículo 3 define el ámbito de los delitos a los que se aplica el Acuerdo de cooperación, delimitándolos a los que son competencia de la Europol, y sus delitos conexos, los cuales se encuentran especificados en el anexo 2 y que son: i) el tráfico ilícito de estupefacientes[38]; ii) la delincuencia relacionada con materiales nucleares y radiactivos[39]; iii) la Introducción ilegal de inmigrantes[40]; iv) la trata de seres humanos[41]; v) la Delincuencia relacionada con el tráfico de vehículos robados[42]; vi) la falsificación de los medios de pago[43] y las vii) actividades ilícitas de blanqueo de dinero[44] y lo delitos conexos, los cuales define como los cometidos para procurarse los medios para perpetrar las conductas delictivas antes descritas, y los delitos para lograr la impunidad.
Indica este artículo que una vez se modifique el mandato de la Europol, deberá ponerlo en conocimiento del Estado colombiano, a fin de introducir las modificaciones al Acuerdo, las cuales solo entraran en vigencia una vez el Estado Colombiano manifieste su aceptación, para lo que deberá cumplir con las condiciones establecidas en el ordenamiento jurídico interno (CP., arts. 189.2, 150.16, 241.10)
El artículo 4 que delimita el ámbito de la cooperación, al intercambio de información, de conocimientos especializados, de informes generales de situación y de resultados de análisis estratégicos, así como la participación en actividades de formación, y la prestación de apoyo y asesoramiento en investigaciones delictivas, no contradice ningún postulado constitucional. Por el contrario, permite al Estado colombiano el fortalecimiento de las acciones en la lucha contra la delincuencia internacional, través de un mejor desempeño de las funciones de la Policía Nacional como organismo encargado del mantenimiento de las condiciones para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar la convivencia pacifica de los habitantes de Colombia. (CP., Art. 218)
3.4.5. Centro Nacional de Enlace, Autoridades Competentes, Asociación a Grupos de Análisis y Funcionarios de Enlace Representantes de Colombia en Europol – Artículos 5, 6, 12 y 14.
Esta Corporación, no tiene objeción de constitucionalidad, con relación al contenido de los artículos 5 y 6 del Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Europol, que establecen las condiciones para la aplicación del Acuerdo, como son la designación de la Policía Nacional como el punto nacional de enlace entre la Europol y las demás autoridades competentes, el compromiso de celebración de reuniones periódicas y consultas entre Europol y la Policía, así como la designación de las autoridades competentes para prevenir y luchar contra los delitos referidos en el artículo 3 del Acuerdo, en tanto busca establecer las condiciones de operación del Acuerdo, que permitan a través de la cooperación mutua, cumplir los objetivos en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia internacional, en salvaguarda de sus habitantes y de la seguridad del Estado colombiano y de los Estados miembros de la Unión Europea (CP., arts. 1, 2, 216, 218) .
Como parte de los compromisos adquiridos por Colombia en el marco del acuerdo, está el asumir los costos de las telecomunicaciones y garantizar que los funcionarios de enlace dispongan de un acceso rápido a las bases de datos nacionales, - cuando ello sea técnicamente posible – necesarias para llevar a cabo sus labores mientras se encuentren en la Europol.
En el anexo No. 4 se describen en forma detallada los funcionarios de enlace, tareas, estatuto, métodos de trabajo, confidencialidad, aspectos administrativos y responsabilidad y casos de conflicto.
Para la Corte las disposiciones del artículo 7, referidas a la restricción del intercambio de información, a la lucha contra las formas graves de delincuencia internacional, a que su recolección, almacenamiento y transmisión se realice conforme a las disposiciones jurídicas de cada una de las partes, a la definición de las autoridades que se encargarán del intercambio de información y a la garantía de un nivel adecuado de protección de los datos, no riñe con ningún postulado de la Constitución Política, al estar orientadas a la salvaguarda de la seguridad y la vida de los habitantes del territorio colombiano (CP., arts. 1 y 2) y a la protección de los datos intercambiados, en tanto ellos puedan afectar los procesos de investigación que realice la Policía Nacional en ejercicio de sus competencias (CP., art. 218) y a la protección de los datos que puedan afectar a las personas (CP., art. 15).
Las disposiciones del artículo 7, relativas al derecho de las personas a acceder a la información que les ataña y a solicitar su comprobación, corrección, borrado o revelación, debiendo las partes informarse sobre ello; a juicio de esta Corporación son concordantes con la Constitución Política, en especial con lo prescrito con el artículo 15, que señala que todas las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que sobre ellas se haya recogido en entidades publicas y privadas y a que en la recolección, tratamiento y circulación de datos se respeten las garantías consagradas en la Constitución.
De conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación, dentro de las prerrogativas –contenidos mínimos- que se desprenden de este derecho encontramos por lo menos las siguientes: (i) el derecho de las personas a conocer –acceso- la información que sobre ellas está recogida en bases de datos, lo que conlleva el acceso a las bases de datos donde se encuentra dicha información; (ii) el derecho a incluir nuevos datos con el fin de se provea una imagen completa del titular; (iii) el derecho a actualizar la información, es decir, a poner al día el contenido de dichas bases de datos; (iv) el derecho a que la información contenida en bases de datos sea rectificada o corregida, de tal manera que concuerde con la realidad; (v) el derecho a excluir información de una base de datos, bien por que se está haciendo un uso indebido de ella, o por simple voluntad del titular –salvo las excepciones previstas en la normativa.”[45]
3.4.7. Suministro de Información por Colombia y Entrega de Datos por Europol -- Artículos 8 y 9.
Para la Sala, los artículos 8[46] y 9[47] del Acuerdo, que consagran las condiciones para el suministro de información entre Colombia y la Europol, entre las que resaltan: i) la indicación del motivo de la comunicación, las restricciones a su uso, borrado, destrucción y transmisión de la misma; ii) el procedimiento y plazos que se surtirán en la Europol, para definir la inclusión de los datos en sus bases de datos; iii) las condiciones que Europol y Colombia deberán cumplir respecto de las transmisiones de datos personales y iv) el deber de asegurar la protección de los datos mediante la aplicación de medidas técnicas y organizativas, no contravienen la Carta Política, en tanto constituyen disposiciones propias de la mecánica del intercambio de la información y de la protección de los datos suministrados por cada una de las partes.
Sobre la protección de datos, la sentencia C- 748 de 2011, expuso:
“La transferencia internacional de datos personales ha surgido como consecuencia de la globalización y los fenómenos de integración económica y social, en los que tanto las empresas como las entidades gubernamentales requieren transferir datos personales destinados a diferentes propósitos[48].
Europa ha sido considerada pionera en establecer fórmulas jurídicas tendientes a la protección de datos cuando se transfieren a terceros países. Así, uno de los presupuestos exigidos para que se pueda realizar la transferencia es que el país receptor cuente con un adecuado nivel de protección a la luz del estándar europeo.”
En consecuencia, las condiciones así establecidas, garantizan que el uso de los datos estará restringido a los fines del Acuerdo, a los motivos que ocasionaron la solicitud, a que los datos no se transmitan a terceros sin la autorización del emisor y a la garantía de la seguridad a través de los medios tecnológicos pertinentes, en procura de la salvaguarda de los derechos de las personas a la intimidad y la honra y de la seguridad de los Estados (CP., art.15).
El artículo 10, señala que las cuando las partes contratantes faciliten información con arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo, indicaran la fuente de la misma, conforme a los siguientes criterios: “a) Que no quepa duda sobre la autenticidad, veracidad y competencia de la fuente, o si la información es suministrada por una fuente que haya resultado en el pasado ser fiable en todos los casos; b) Que se trate de una fuente cuya información haya resultado en el pasado ser fiable en la mayoría de los casos; c) Que se trate de una fuente cuya información haya resultado en el pasado no ser fiable en la mayoría de los casos; x) Que no pueda evaluarse la fiabilidad de la fuente.”
En relación con la fiabilidad de la fuente, señala el Acuerdo que igualmente cuando las partes contratantes faciliten información conforme a lo dispuesto en el Acuerdo, indicarán la fiabilidad de la misma, según a los criterios que se enumeran a continuación: “(1) Que se sepa que la información es verdadera sin reserva alguna;(2) Que la información sea conocida personalmente por la fuente, pero no personalmente por el funcionario que informa; (3) Que la información no sea conocida personalmente por la fuente, pero esté corroborada por otras informaciones ya registradas;(4) Que la información no sea conocida personalmente por la fuente y no pueda ser corroborada de ninguna manera.”
El artículo 11 contempla las reglas sobre corrección y eliminación de la información suministrada por Colombia a la Europol y las advertencias que las partes se harán al respecto, disposiciones contra las que no hay reparo de constitucionalidad, por tratarse de reglas operativas relativas al mantenimiento de la información intercambiada entre las partes, por criterios de fiabilidad, actualización, falta de precisión, entre otros, aspectos, que fortalecen la posibilidad de que datos intercambiados contrarios a la verdad sean verificados, corregidos y el último caso eliminados, en garantía de los derechos de las personas a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre (CP., art. 15) y en aras de que la información sea útil en la realización de investigaciones sobre la presunta comisión de delitos dentro de la lucha contra la delincuencia internacional.
Este artículo del Acuerdo señala que toda la información tratada por Europol – excepto la expresamente reconocida como pública – estará sujeta a un nivel básico de protección, tratamiento que debe ser garantizado por las partes a toda la información intercambiada en virtud del Acuerdo mediante la aplicación de una serie de medidas, incluida la obligación de reserva y confidencialidad, la limitación del acceso a la información al personal autorizado y la adopción de medidas técnicas especializadas para proteger su seguridad.
Para la Corte la clasificación de la información por el nivel de seguridad que requiera, se aviene a la Carta Política en tanto permite la protección del derecho de las personas a su intimidad personal y familiar y al buen nombre, consagrados en el artículo 15 constitucional que señala que: “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar y hacerlos respetar...En la recolección, tratamiento y divulgación de datos se respetaran la libertad y demás garantías constitucionales” y en términos de la lucha contra la delincuencia internacional, permite la protección de la información que será el objeto para la toma de decisiones dentro de los procesos investigativos.
Sobre el tipo de información y el acceso o divulgación de la misma, ésta Corporación, en Sentencia C- 540 de 2012, resaltó:
“La información pública es aquella que puede ser obtenida sin reserva alguna, entre ella los documentos públicos, habida cuenta el mandato previsto en el artículo 74 C.P. […] Esta información, puede ser adquirida por cualquier persona, sin necesidad de autorización alguna para ello.
La información semiprivada es aquel dato personal o impersonal que, al no pertenecer a la categoría de información pública, sí requiere de algún grado de limitación para su acceso, incorporación a bases de datos y divulgación. Por ende, se trata de información que sólo puede accederse por orden de autoridad judicial o administrativa y para los fines propios de sus funciones, o a través del cumplimiento de los principios de administración de datos personales antes analizados. […]
La información privada es aquella que se encuentra en el ámbito propio del sujeto concernido y, por ende, sólo puede accederse por orden de autoridad judicial competente y en ejercicio de sus funciones.
Por último, se encuentra la información reservada, eso es, aquella que sólo interesa al titular en razón a que está estrechamente relacionada con la protección de sus derechos a la dignidad humana, la intimidad y la libertad […]. Estos datos, que han sido agrupados por la jurisprudencia bajo la categoría de “información sensible”,[49] no son susceptibles de acceso por parte de terceros, salvo que se trate en una situación excepcional, en la que el dato reservado constituya un elemento probatorio pertinente y conducente dentro de una investigación penal y que, a su vez, esté directamente relacionado con el objeto de la investigación. En este escenario, habida cuenta la naturaleza del dato incorporado en el proceso, la información deberá estar sometida a la reserva propia del proceso penal”[50]
En consecuencia, las disposiciones contempladas en el artículo bajo examen, tendientes a la protección de la información intercambiada que no sea clasificada como pública, incluida la obligación de reserva y confidencialidad, el deber de limitar el acceso a la misma y de implementar las herramientas tecnológicas requeridas, si bien pueden considerarse una restricción al derecho al acceso a la información, cumple con objetivos legítimos, por cuanto garantiza el derecho de las personas a la intimidad personal, familiar y al buen nombre, a la protección de la garantías constitucionales frente a la recolección, tratamiento y divulgación de información, y propende por la realización de fines constitucionales como la seguridad y la defensa nacional, la integridad territorial, la soberanía nacional y el régimen democrático, frente a comportamientos punibles como son las amenazas producto del terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico, la trata de seres humanos, el lavado de activos, la delincuencia con el trafico de vehículos, la falsificación de medios de pago, entre otros. (CP., arts. 2, 9, 15, 113, 209, 217 y 218)
Encuentra la Sala que la disposición del artículo 15 que indica que Colombia será responsable de conformidad con su legislación interna, de lo daños o perjuicios que cause a personas físicas, como resultado de los errores de hecho o derecho en la información intercambiada con Europol y que si los errores se generaron como consecuencia de la información comunicada equivocadamente por Europol, esta deberá devolver los importes abonados como indemnización, es respetuosa de la Carta Política, en tanto la responsabilidad del Estado Colombiano se sujeta a su legislación interna, a que el daño haya sido ocasionado por su acción u omisión de sus agentes y que en el evento de que los daños se deban a la acción de la Europol, corresponde a esta última reembolsar los importes pagados a titulo de indemnización (CP., art. 90).
El artículo 1 de este anexo establece las definiciones de los conceptos de: i) información[51]; ii) información clasificada[52]; iii) confidencialidad[53]; iv) nivel de clasificación[54]; v) batería de seguridad[55]; principio de necesidad de conocer[56]; vi) enlaces de comunicación seguros[57]; vii) Europol Restrient UE/EU restricted[58]; viii) Europol Confidentiel UE/EU Confidential[59]; ix) Europol Secret UE/EU Secret[60]; x) Europol Trés Secret UE/EU Top Secret[61], las cuales constituyen un elemento importante en la adecuada interpretación del Acuerdo y de las obligaciones de las partes, en la protección de los datos de cualquier tipo que puedan intercambiarse entre las partes.
El artículo 2 del anexo, señala las acciones que desplegarán las partes para la protección de la información clasificada, que sea intercambiada, en cuanto a su salvaguarda, el mantenimiento de la clasificación de seguridad que le haya asignado el emisor; la restricción del para los fines y dentro de los limites indicados por el emisor y la no comunicación a terceros sin la autorización del emisor.
Por su parte el artículo 3 del anexo, establece que “cada una de las partes contará con una organización de seguridad y con programas de seguridad basados en principios básicos y normas mínimas de seguridad, que se aplicarán a los sistemas de seguridad de las Partes para garantizar que se aplica al menos un nivel equivalente de protección a la información clasificada sujeta al presente acuerdo.”
Los principios básicos y las normas de seguridad mínimas se establecen en los artículos 4 a 15 del anexo No. 1 que se enumeran a continuación: artículo 4. Principio de necesidad de conocer; rtículo 5. Habilitación de seguridad y autorización de acceso; artículo 6. Elección del nivel de clasificación; artículo 7. Tabla de equivalencias; artículo 8. Registro; artículo 9. Identificación; artículo 10. Almacenamiento; artículo 11. Reproducción; artículo 12. Transmisión; artículo 13. Destrucción; artículo 14. Evaluaciones y artículo 15. Riesgo para la Información clasificada.
Examinado el contenido del anexo, se evidencia que su objeto es la determinación de las medidas de seguridad y protección de la información que se intercambie entre las partes, y que haya sido definida como clasificada, aspectos sobre los que la Sala no encuentra objeción de constitucionalidad, al tratarse de disposiciones operativas e instrumentales cuyo objeto final es la lucha contra la delincuencia internacional organizada y que reflejan el deber del Estado de garantizar el respeto por la dignidad humana y la solidaridad de las personas que la integran, el deber de las autoridades de proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, y demás derechos y libertades, sin que con ello se afecte la soberanía del Estado Colombiano y la libre autodeterminación de los pueblos (CP., Arts. 1, 2, 9, 113, 217 y 218).
Este Anexo, define las formas graves de delincuencia organizada internacional que hacen parte del objeto del Acuerdo de “regular la Cooperación entre la Europol y la Republica de Colombia con el fin de apoyar a este país y a los Estados miembros de la Unión Europea en la lucha contra las formas graves de delincuencia internacional (...)”
Las formas de delincuencia son: el trafico ilícito de estupefacientes[62], la delincuencia relacionada con materiales nucleares y radioactivos[63], la introducción ilegal de inmigrantes[64], la trata de seres humanos[65], la delincuencia relacionada con el trafico de vehículos robados[66], la falsificación de medios de pago[67] y las actividades ilícitas de blanqueo de dinero[68].
Por su parte, el anexo No. 3, señala que la autoridad competente y responsable en Colombia de prevención y lucha contra los delitos mencionados en el anexo 2, es la Policía Nacional, asignación que resulta conforme al artículo 218 de la Constitución Política, que establece que corresponde a ella el mantenimiento de la convivencia pacifica, la seguridad ciudadana y el ejercicio de las libertades y garantías publicas.
3.5. Conclusión sobre el Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la Republica de Colombia y la Oficina Europea de la Policía.
3.5.1. El examen de validez formal del “Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010 y su Ley aprobatoria, arroja para la Corte que: (i) es válida la suscripción del Acuerdo entre el Estado colombiano y la Oficina Europea de la Policía, autorizada por el Consejo de la Unión Europea, según lo prescrito en el artículo 23, de la “Decisión del Consejo de la Unión Europea” de abril 6 de 2009 y (ii) se observaron las reglas propias del trámite legislativo que precedieron la aprobación de la ley objeto de análisis.
3.5.2. Asimismo, revisado el contenido de las disposiciones del “Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010, la Corte encuentra que se ajusta a los postulados constitucionales relativos a la integración con otros Estado u organizaciones internacionales, a la soberanía nacional y a la autodeterminación (CP. Art. 9), el deber del Estado de garantizar el respeto por la dignidad humana, la solidaridad de las personas que la integran (CP. Art. 2), el deber de las autoridades de proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y en el ejercicio de sus derechos y libertades (CP. Art. 2), la protección del derecho a la intimidad personal, familiar y a su buen nombre, y el derecho a conocer, actualizar y rectificar la información que sobre ellas hayan sido recogidas en los bancos de datos y en archivos públicos o privados (CP., art. 15), a la facultad del Presidente de la Republica de dirigir las relaciones internacionales. (CP. Art. 189.2), a la función del Congreso de aprobar o improbar los tratados que celebre el Gobierno Nacional con otros Estados o con entidades de derecho internacional (CP. Art. 150.16) y a la efectividad de los principios y derechos consagrados en la Constitución, así como con el deber de protección de la vida de todos las personas residentes en Colombia y la función de la Policía Nacional de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades publicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz (CP., art. 218) .
3.5.3. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional declarará exequible el contenido del “Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010”, así como la Ley 1582 del 30 de octubre de 2012, que lo aprobó.
Primero.- Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía”, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010”
Segundo.- Declarar EXEQUIBLE la Ley 1582 del 30 de octubre de 2012 “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010”
Por Europol
Difusión restringida)
Colombia RESTRINGIDO
(Europol Confidencial)
Colombia CONFIDENCIAL[2]
SECRET (Europol Secreto)
Colombia SECRETO
TOP SECRET (Europol Secreto riguroso)
Colombia ULTRASECRETO
SALVAMENTO Y ACLARACIÓN DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
A LA SENTENCIA C-749/13
ACUERDO DE COOPERACION OPERATIVA Y ESTRATEGICA ENTRE COLOMBIA Y OFICINA EUROPEA DE POLICIA-Vicio de procedimiento por rompimiento de cadena de anuncios (Salvamento de voto)
En el trámite surtido en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes se rompió la cadena de anuncios, debido a una irregularidad similar a la que nos llevó a salvar el voto a la sentencia C-622 de 2013. Al igual que ocurrió en aquella ocasión, en la sesión del 30 de mayo de 2012 se anunció la votación del Proyecto de Ley número 160 de 2011 Cámara, 125 de 2011 Senado, “por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía’, suscrito en Bogotá, Distrito Capital, el 20 de septiembre de 2010”. El proyecto se anunció para ser discutido y votado “en la próxima sesión donde se discutan y aprueben proyectos de ley”. La sesión siguiente, realizada el 5 de junio, fue dedicada al control político y en la inmediatamente posterior, realizada el 7 de junio, se llevó a cabo la votación de proyectos, entre ellos del que hoy es objeto de control. Visto así, la tesis sostenida por la Sala Plena al desestimar la existencia del vicio de procedimiento parecería razonable, puesto que, en efecto, el proyecto fue votado en la primera sesión, con posterioridad a la fecha del anuncio, en la que se discutieron y aprobaron proyectos de ley. Sin embargo, esta tesis elude dar cuenta de un dato relevante: en la sesión intermedia del 5 de junio sólo se anunció el debate de un proyecto para la próxima sesión, que no fue el Proyecto de Ley 160 de 2011 Cámara, 125 de 2011 Senado “por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía’, suscrito en Bogotá, Distrito Capital, el 20 de septiembre de 2010”. Este único anuncio permitía suponer que el que se anunció sería el único proyecto de ley a discutir y aprobar en la sesión citada para el 7 de junio. La omisión de anunciar los demás proyectos que efectivamente fueron debatidos y aprobados en esta sesión, supone una ruptura en la cadena de anuncios de dichos proyectos. Tal proceder desconoció lo previsto en el inciso 5º del artículo 160 de la Constitución, adicionado por el artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, donde se establece: “Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”. Como lo ha reiterado esta Corporación, dicha exigencia está orientada a garantizar el derecho a la participación política oportuna, en primer lugar, de los congresistas que intervienen en la discusión y aprobación de los proyectos, que de este modo no serán sorprendidos con votaciones no anunciadas e intempestivas, pero también el derecho de los ciudadanos y organizaciones sociales que tengan interés en conocer e incidir en el proceso de aprobación de un determinado proyecto de ley. El cumplimiento de esta exigencia, en aquellos casos en los que la votación del proyecto no se lleva a cabo en la sesión para la que había sido inicialmente anunciado sino que se difiere para una posterior, requiere mantener la continuidad en la cadena de anuncios en todas las sesiones intermedias entre aquella en la que se llevó a cabo el anuncio inicial y aquella en la que finalmente tiene lugar la votación.
Revisión constitucional de la Ley 1582 de 2012, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía’, suscrito en Bogotá el 20 de septiembre de 2012”
Con el acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala, en esta ocasión nos apartamos de la mayoría en relación con la declaratoria de exequibilidad de la Ley 1582 de 2012, por cuanto consideramos que durante el trámite surtido en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes se incurrió en un vicio de procedimiento, debido al rompimiento de la cadena de anuncios. Además, aclaramos nuestro voto en lo atinente a la constatación del cumplimiento de la regla de votación nominal y pública, excepto en los casos previstos en la ley (art. 133 C.P.).
1. En el trámite surtido en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes se rompió la cadena de anuncios, debido a una irregularidad similar a la que nos llevó a salvar el voto a la sentencia C-622 de 2013[69]. Al igual que ocurrió en aquella ocasión, en la sesión del 30 de mayo de 2012 se anunció la votación del Proyecto de Ley número 160 de 2011 Cámara, 125 de 2011 Senado, “por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía’, suscrito en Bogotá, Distrito Capital, el 20 de septiembre de 2010”. El proyecto se anunció para ser discutido y votado “en la próxima sesión donde se discutan y aprueben proyectos de ley”. La sesión siguiente, realizada el 5 de junio, fue dedicada al control político y en la inmediatamente posterior, realizada el 7 de junio, se llevó a cabo la votación de proyectos, entre ellos del que hoy es objeto de control.
Visto así, la tesis sostenida por la Sala Plena al desestimar la existencia del vicio de procedimiento parecería razonable, puesto que, en efecto, el proyecto fue votado en la primera sesión, con posterioridad a la fecha del anuncio, en la que se discutieron y aprobaron proyectos de ley. Sin embargo, esta tesis elude dar cuenta de un dato relevante: en la sesión intermedia del 5 de junio sólo se anunció el debate de un proyecto para la próxima sesión, que no fue el Proyecto de Ley 160 de 2011 Cámara, 125 de 2011 Senado “por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía’, suscrito en Bogotá, Distrito Capital, el 20 de septiembre de 2010”. Este único anuncio permitía suponer que el que se anunció sería el único proyecto de ley a discutir y aprobar en la sesión citada para el 7 de junio. La omisión de anunciar los demás proyectos que efectivamente fueron debatidos y aprobados en esta sesión, supone una ruptura en la cadena de anuncios de dichos proyectos.
Tal proceder desconoció lo previsto en el inciso 5º del artículo 160 de la Constitución, adicionado por el artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, donde se establece: “Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”. Como lo ha reiterado esta Corporación, dicha exigencia está orientada a garantizar el derecho a la participación política oportuna, en primer lugar, de los congresistas que intervienen en la discusión y aprobación de los proyectos, que de este modo no serán sorprendidos con votaciones no anunciadas e intempestivas, pero también el derecho de los ciudadanos y organizaciones sociales que tengan interés en conocer e incidir en el proceso de aprobación de un determinado proyecto de ley.[70] El cumplimiento de esta exigencia, en aquellos casos en los que la votación del proyecto no se lleva a cabo en la sesión para la que había sido inicialmente anunciado sino que se difiere para una posterior, requiere mantener la continuidad en la cadena de anuncios en todas las sesiones intermedias entre aquella en la que se llevó a cabo el anuncio inicial y aquella en la que finalmente tiene lugar la votación.
De acuerdo al precedente fijado en la sentencia C-576 de 2006[71], para determinar el carácter subsanable o no de las infracciones al precepto constitucional antes citado, debe atenderse al momento del trámite legislativo en el que se configura este vicio de procedimiento en relación con las leyes aprobatorias de tratados internacionales. Conforme a esta regla, si la falencia en el cumplimiento del requisito del anuncio previo tiene lugar en los dos primeros debates, esto es, hasta la votación en la Plenaria del Senado, se considera un vicio insubsanable que origina la declaratoria de inexequibilidad de la ley aprobatoria del tratado. Entretanto, si el vicio tiene lugar en un momento posterior a la votación en la Plenaria del Senado, habrá lugar a considerarla como un vicio subsanable, que da lugar a la devolución de la ley al Congreso para que subsane el vicio. En atención a este criterio, en el presente caso la ruptura de la cadena de anuncios ha de estimarse como un vicio subsanable, en tanto tuvo lugar durante el primer debate del proyecto en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, esto es, en el tercero de los cuatro debates que debe surtir el proyecto antes de convertirse en ley.
Por lo anterior, se verificaba un vicio en el trámite legislativo que impedía a esta Corporación emitir un pronunciamiento de fondo, sin antes devolver al Congreso la Ley 1582 de 2012 a fin de subsanar el defecto señalado.
2. Adicionalmente, aclaramos nuestro voto respecto de la constatación del cumplimiento de la regla de votación nominal y pública, excepto en los casos previstos en la ley (art. 133 CP.). Entre estas excepciones, el artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, modificado por el artículo 1° de la Ley 1431 de 2011, en su numeral 16, establece la posibilidad de aprobar un proyecto por votación ordinaria cuando exista unanimidad por parte de la respectiva comisión o plenaria para aprobar o negar todo o parte del articulado de un proyecto, a menos que alguno de los miembros de la célula legislativa solicite que se efectúe votación nominal y pública.
En el presente caso, si bien consta que en los cuatro debates el proyecto se aprobó mediante votación ordinaria, en relación con los debates surtidos en la Comisión Segunda[72] y en la Plenaria de la Cámara de Representantes[73], no existe constancia expresa ni elementos que permitan inferir que el proyecto haya sido aprobado por unanimidad, razón por la cual no concurrían los supuestos que habilitaban la excepción a la regla de votación nominal y pública.
En tal sentido, la Sala debió atender al precedente establecido en decisiones anteriores[74] para mantener una línea consistente en la exigencia de verificar y dejar constancia explícita del número de votos con el que se aprueba cualquier proyecto, pues así lo exige el parágrafo 1º del art. 129 de la Ley 5ª de 1992, modificado por el artículo 1° de la Ley 1431 de 2011. De lo contrario, se seguirá fomentando la práctica de consignar de manera ambigua el resultado de la votación de los proyectos de modo tal que se presuma la existencia de unanimidad y la votación ordinaria, que debería ser excepcional, se convierta en la regla, impidiendo satisfacer las exigencias de claridad y publicidad que el propio legislador estableció respecto a este tipo de votación.
Revisión de constitucionalidad de la Ley 1582 del 30 de octubre de 2012 “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre de 2010”.
Si bien estoy de acuerdo con la exequibilidad del instrumento internacional cuya validez analizó la Corte en esta oportunidad, creo necesario hacer algunas precisiones acerca de aspectos importantes que la sentencia no tuvo en cuenta.
Lo primero es destacar que el acuerdo de cooperación con la Oficina Europea de Policía es de gran importancia. No solo porque persigue el fin constitucionalmente legítimo de combatir diversas formas de delincuencia, sino también debido a que tiene una relación directa con el ejercicio de derechos fundamentales de los colombianos. Sin embargo, considero que la sentencia C-749 de 2013 no indagó de manera suficiente las implicaciones que tal acuerdo puede tener respecto de derechos como la intimidad, el buen nombre y el habeas data, entre otros.
De igual manera, se regulan en él aspectos vitales acerca del manejo y clasificación de información reservada, tal y como se registra en el articulado del tratado y en los anexos 1 al 4 del mismo. En relación con estos últimos, considero que la Corte debió examinarlos con mayor profundidad, por cuanto abordan directamente cuáles son los niveles de protección de la información y su confidencialidad.
Considero que el análisis de la sentencia debió basarse en la consolidada jurisprudencia que esta Corporación ha producido en relación con la materia. Cabe destacar, en este sentido, los múltiples pronunciamientos acerca de los contenidos del derecho al habeas data (sentencias C-1011 de 2008 y C-748 de 2011), así como en la providencia que abordó el estudio de la ley estatutaria en materia de acceso a la información pública (C-247 de 2013).
Así mismo, la sentencia C-749 de 2013 debió armonizar los contenidos del instrumento internacional estudiado con lo dispuesto por la Corte en el pronunciamiento C-540 de 2012, mediante el cual la Corporación decidió sobre la constitucionalidad de la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia. Cabe destacar que se debieron abordar temas que resultaban fundamentales como i) los organismos que llevan a cabo la inteligencia; ii) la interceptación de comunicaciones privadas, los centros de protección de datos, la depuración de datos y archivos, la actualización, corrección y retiro de datos; y iii) la reserva de la información y los niveles de clasificación de la información, entre otros.
De haber tenido en cuenta tales fallos, la Corte podría haber llegado a la conclusión de que se hacía imperativo incluir una declaración interpretativa en el sentido que todas las obligaciones adquiridas en virtud del acuerdo de cooperación debían sujetarse a la Constitución Política y a las leyes estatutarias sobre información e inteligencia.
[1] Concepto 5586 de junio 14 de 2013.
[2] Certificación de la Cancillería aFolio 34 cuaderno principal..
[3] En lo relativo a la realización de la consulta previa a las comunidades indígenas y afrodescendientes, la Corte aprecia que el objeto del Acuerdo es establecer vínculos de cooperación estratégica y operativa entre la Republica de Colombia y la Oficina Europea de la Policía, con el fin de combatir la delincuencia internacional, mediante el intercambio de información y el manejo de la misma, la realización de contactos periódicos, disposiciones que no implican una regulación para las comunidades étnicas que como tal pueda afectarlas de manera directa, sino que prevé normas generales que pueden tener incidencia en todas las personas. En conclusión, estima la Sala que las disposiciones del Acuerdo no constituyen ni contienen medidas que afecten de forma directa a las comunidades indígenas y afrodescendientes colombianas y, en consecuencia, su consulta previa no se torna obligatoria. Lo anterior, en tanto la afectación que se puede derivar del mismo frente a estos grupos no difiere de la que se produce para los demás habitantes del territorio colombiano, la cual proviene del efecto general que, en principio, tienen las leyes y los tratados internacionales.
[4] Folios 9 a 24.
[5] Folios 37 a 53.
[6] “Sesión Ordinaria del día miércoles 9 de noviembre de 2011//Recinto Comisión Segunda del Senado de la República.
7. Proyecto de ley número 125 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía¿, suscrito en Bogotá, D.C., el día 20 de septiembre de 2010.
Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso número 751 de 2011.”
[7] Folios 52 a 55.
[8] Folios 1 a 3 del cuaderno de pruebas.
[9] “(...)Siendo las 10:30 a. m. del miércoles dieciséis (16) de noviembre del año dos mil once (2011), previa convocatoria hecha por el Secretario de la Comisión Segunda, doctor Diego Alejandro González González, se reunieron los honorables Senadores para sesionar en la Comisión Segunda de Relaciones Internacionales, Comercio Exterior, Seguridad y Defensa Nacional y Honores Patrios, del honorable Senado de la República.
El Secretario informa a la Presidente que sí ha sido aprobada la proposición de reabrir el debate de los dos proyectos del Senador Juan Lozano. Me permito dar lectura al proyecto: Proyecto de ley número 125 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica, entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía, suscrito en Bogotá, D. C., el día 20 de septiembre de 2010.
Ponencia Primer Debate: Gaceta del Congreso número 751 de 2011.
Informa a los Senadores de la Comisión, que está en consideración el informe final de la ponencia. Se abre la discusión, se anuncia que se va a cerrar, lo aprueba la Comisión el informe.
El Secretario da lectura al título del proyecto: Proyecto de ley número 125 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica, entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía, suscrito en Bogotá, D. C., el día 20 de septiembre de 2010.
Somete a consideración de los Senadores de la Comisión el título del proyecto leído. Aprueba la Comisión el título del proyecto.
Informa a la Presidencia que ha sido aprobado el título del Proyecto de ley leído número 125 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica, entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía, suscrito en Bogotá, D.C., el día 20 de septiembre de 2010.
Quiere la Comisión que este Proyecto de ley 125 de 2011, tenga el siguiente debate para ser ley de la República.
La Comisión sí quiere y aprueba que el Proyecto de ley 125 de 2011 pase al segundo debate y se convierta en ley de la República.
Por lo tanto, la señora Presidente, Senadora Alexandra Moreno Piraquive, nombra como ponente para el segundo debate en la Plenaria del Senado al Senador Juan Lozano Ramírez. (...)”
[10] Folios 1,5, 19 y 20.
[11] Folio 1 a 3 del cuaderno de pruebas.
[12] “(...) En relación con el quorum se informa que este quedó integrado por doce (12) de los trece(13) Senadores que conforman la Comisión Segunda del Senado, algunos de los cuales contestaron a lista al iniciar la sesión y otros que se hicieron presentes durante el transcurso de la misma, según consta en el Acta 11 del 16 de noviembre de 201, publicada en la gaceta No. 155 de 17 de abril de 2012(...)”
[13] Folios 15 a 31.
[14] “En Bogotá, D. C., a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil once (2011), previa citación, se reunieron en el recinto del honorable Senado de la República los miembros del mismo, con el fin de sesionar en pleno.
Proyecto de ley número 125 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía¿, suscrito en Bogotá, D. C., el día 20 de septiembre de 2010.
[15] Folio 123 del cuaderno de pruebas.
[16] “En Bogotá, D. C., a los cinco (05) días del mes de diciembre de dos mil once (2011) previa citación, se reunieron en el recinto del honorable Senado de la República los miembros del mismo, con el fin de sesionar en pleno.
Proyecto de ley número 125 de 2011 Senado
por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo de Cooperación Operativa y Estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía¿, suscrito en Bogotá, D. C., el día 20 de septiembre de 2010.
Por Secretaría se da lectura al título del Proyecto de ley número 125 de 2011 Senado:
Cumplidos los trámites constitucionales, legales y reglamentarios, la Presidencia pregunta: ¿Quieren los Senadores presentes que el proyecto de ley aprobado surta su tránsito en la Cámara de Representantes? Y estos responden afirmativamente. (...)”
[17] Folio 123 del cuaderno de pruebas.
[18] “(...) Que el mencionado proyecto de ley fue aprobado en segundo debate con el lleno de los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios, mediante votación ordinaria señalada en el artículo 129 de la ley 5ª de 1992, y un quorum de 87 de 100 Senadores, en la sesión Plenaria correspondiente al día cinco de diciembre de 2012 (...)”
[19] Folios 6 a 18.
[20] Folios 1 a 23.
[21] “Comisión Segunda Constitucional permanente ACTA NÚMERO 27 DE 2012
[22]“(...) Hace uso de la palabra el señor Presidente, honorable Representante Juan Carlos Sánchez Franco: Continúe señora Secretaria.
Proyectos de ley 160 de 2011 Cámara, 125 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo de cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía¿, suscrito en Bogotá, D. C., el día 20 de septiembre de 2010.
Título del proyecto: por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo de cooperación operativa y estratégica entre la República de Colombia y la Oficina Europea de Policía¿, suscrito en Bogotá, D. C., el día 20 de septiembre de 2010.
Se nombra como ponente al honorable Representante Yahir Fernando Acuña. Continuemos señora Secretaria.(...)”
[23] Folios 34 a 44.
[24] Folios 37 y 38.
[25] “(...) Certifico: que en la sesión del día jueves 07 de junio de 2012, Acta No. 28, se le dio primer debate y se aprobó por unanimidad en votación ordinaria, de acuerdo a la Ley 1431 de 2011, el Proyecto de Ley N. 160 CAMARA, 125/11 SENADO “POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA EL “ACUERDO DE COOPERACION OPERATIVA Y ESTRATEGICA ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA OFICINA EUROPEA DE POLICIA” SUSCRITO EN BOGOTA D.C., EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2010”, con la presencia de 16 Honorables Representantes(...)”
[26] Folios 1 a 16.
[27] Folio 37.
[28] “(...) Dirección de la Sesión por la Presidencia, doctor Augusto Posada Sánchez:
Por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo de Cooperación Operativa y estratégica entre la República de Colombia y la oficina Europea de Policía¿, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre del 2010¿. El informe de ponencia es como sigue, dese segundo debate al proyecto por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo de Cooperación Operativa y estratégica entre la República de Colombia y la oficina Europea de Policía¿, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre del 2010¿. Firma. Yahir Acuña.
Por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo de Cooperación Operativa y estratégica entre la República de Colombia y la oficina Europea de Policía¿, suscrito en Bogotá, el 20 de septiembre del 2010¿.
[29] Folios 11 y 23.
[30] Folio 92.
[31] “(...) Que en la sesión Plenaria de la H. Cámara de Representantes del día 26 de Septiembre de 2012, que consta en Acta No. 156, a la cual se hicieron presentes ciento cincuenta (150) Honorables Representantes a la Cámara, fueron considerados y aprobados por unanimidad en votación ordinaria, la ponencia para segundo debate, el articulado titulo y la pregunta “quiere la Plenaria que este Tratado sea Ley de la Republica” del Proyecto de ley 160/2011 Cámara – 125/2011 Senado, hoy Ley 1582 de 2012(...)”
[32] Ponencia para primer debate en Cámara. GC. 751 de 2011,
[33] DECISIÓN DEL CONSEJO de 6 de abril de 2009 por la que se crea la Oficina Europea de Policía (Europol) (2009/371/JAI). Diario Oficial de la Unión Europea. L 121/37.
[34] “La Decisión del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se crea la Oficina Europea de Policía (Europol);”
[35]“ toda información sobre una persona física identificada o identificable: se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, económica, cultural o social;”
[36] “cualquier operación o conjunto de operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, aplicadas a datos personales, como la recogida, registro, organización, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma que permita el acceso a los mismos, así como el cotejo o interconexión, y el bloqueo, eliminación o destrucción;”
[37] “los datos personales y no personales.”
[38] “los actos delictivos mencionados en el apartado 1 del artículo 3o de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de 20 de diciembre de 1988, y en las disposiciones que la modifican o sustituyen”
[39] “los delitos enumerados en el apartado 1 del artículo 7o de la Convención sobre protección física de los materiales nucleares, firmada en Viena y en Nueva York el 3 de marzo de 1980, y que se refieran a materiales nucleares o radioactivos, o a ambos, tal como se definen en el artículo 197 del Tratado Euratom y en la Directiva 80/836/Euratom de 15 de julio de 1980, respectivamente.”
[40]“las acciones destinadas a facilitar deliberadamente, con fines de lucro, la entrada, la estancia o el trabajo en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea, con incumplimiento de las reglamentaciones y las condiciones aplicables en dichos territorios, y en Colombia, con incumplimiento de su legislación nacional.”
[41] “La captación, el transporte, el traslado, la acogida, o la recepción de personas, mediante amenazas o recurriendo a la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o situación de vulnerabilidad o entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la producción, venta o distribución de material de pornografía infantil, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos”
[42] “el robo o la sustracción de automóviles de turismo, de camiones, de semirremolques, de cargamentos de camiones o semirremolques, de autobuses, de motocicletas, de caravanas, de vehículos agrícolas, de vehículos para obras y de recambios de vehículos, así como la reaceptación de dichos objetos.”
[43] “Los actos definidos en el artículo 3 del Convenio de Ginebra de 20 de abril de 1929 para la represión de la falsificación de moneda, aplicable tanto al dinero en efectivo como a otros medios de pago.”
[44] “Los delitos enumerados en los apartados 1 a 3 del artículo 6o del Convenio del Consejo de Europa sobre reciclaje, identificación, secuestro y confiscación de los beneficios del delito, firmado en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990.”
[45] Sentencia C- 748 de 2011.
[46] “1. Colombia comunicará a Europol, en la fecha en la que facilite información, o con anterioridad a la misma, el motivo de que se facilite, así como cualquier restricción a su uso, borrado o destrucción, incluidas las que puedan incumbir a su acceso, en términos generales o específicos. Cuando la necesidad de tales restricciones se haga patente una vez suministradas, Colombia informará a Europol sobre las mismas en una fecha posterior.
9. Europol mantendrá los datos recibidos de Colombia en sistemas de procesamiento únicamente durante el período de tiempo que sea necesario para la ejecución de sus tareas. La necesidad de mantener el almacenamiento de tales datos se revisará, a más tardar, en el plazo de tres años transcurridos desde la recepción de los mismos. Durante la revisión, Europol podrá optar por la continuación del almacenamiento hasta la siguiente revisión, que tendrá lugar tras otro período de tres años, siempre que siga siendo necesario para la ejecución de sus tareas. Si no se adopta ninguna decisión respecto a la continuidad del almacenamiento de los datos, estos se suprimirán de manera automática.”
[47] “1. Cuando se transmitan datos personales a petición de Colombia, la información facilitada solo podrá utilizarse con los fines para los que se haya realizado la solicitud. Cuando se transmitan datos personales sin una solicitud concreta, en la fecha de la transmisión, o con anterioridad a la misma, se indicará el fin para el que se facilitan los datos, así como toda restricción relativa a su utilización, borrado o destrucción, incluidas las posibles restricciones de acceso de índole general o específica. Cuando la necesidad de tales restricciones se haga patente después del suministro, Europol informará a Colombia de las mismas en una fecha posterior.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9o, apartado 2, subapartado 9, el período de almacenamiento de los datos personales transmitidos por Europol no podrá exceder de un total de tres años. Los plazos volverán a empezar de cero en las fechas en que se produzcan los acontecimientos que den lugar al almacenamiento de tales datos. Si, en virtud de la aplicación del presente párrafo, el período total de almacenamiento de datos personales transmitidos por Europol excediera de tres años, la necesidad de continuidad de tal almacenamiento se revisará anualmente, y se documentará tal revisión.”
[48] Para los Estados es recurrente justificar la transferencia internacional de datos por motivos de seguridad pública, seguridad nacional, investigaciones contra el terrorismo, labores de inteligencia militar o policial, cooperación judicial, controles de inmigración, etc. En el plano empresarial, las multinacionales necesitan circular información entre las diferentes sucursales que poseen en varios países del mundo, o requieren información para brindar atención telefónica a los clientes por medio de call centers internacionales.
[49] Sentencias SU-082 de 1995 y T-307 de 1999.
[50] Sentencia C-1011 de 2008.
[51] “Conocimiento que puede transmitirse en cualquier forma y que puede incluir datos personales y/o no personales.”
[52] “Cualquier información o material determinado que requiera protección frente a la divulgación no autorizada y que se haya designado así mediante la asignación de un nivel de clasificación.”
[53] “El nivel de protección atribuido a la información por las medidas de seguridad.”
[54] “Un marcado de protección atribuido a un documento que indica las medidas de seguridad que deben aplicarse a la información.”
[55] “Una combinación específica de medidas de seguridad que se aplicarán a la información en función del nivel de seguridad.”
[56] “El principio conforme al que la información sólo puede distribuirse o hacerse accesible a las personas que tienen que conocer los documentos en cuestión en el desempeño de sus funciones.”
[57]“Los enlaces de comunicación a los que se aplican medidas especiales para la protección de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la transmisión con objeto de evitar la detección y la intercepción de información y datos (por ejemplo, a través de métodos criptográficos).”
[58] “El nivel de clasificación aplicable a información y material cuya difusión no autorizada podría ser inconveniente para los intereses de Europol o uno o varios Estados miembros.”
[59] “El nivel de clasificación aplicable a información y material cuya difusión no autorizada podría resultar inoportuna para los intereses esenciales de Europol o de uno o varios Estados miembros.”
[60] “El nivel de clasificación aplicable a información y material cuya difusión no autorizada podría ocasionar un perjuicio grave para los intereses esenciales de Europol o de uno o varios Estados miembros.”
[61] “El nivel de clasificación aplicable a información y material cuya difusión no autorizada podría ocasionar un perjuicio excepcionalmente grave para los intereses esenciales de Europol o de uno o varios Estados miembros.”
[62] “Los actos delictivos mencionados en el apartado 1 del artículo 3o de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de 20 de diciembre de 1988, y en las disposiciones que la modifican o sustituyen;”
[63] “los delitos enumerados en el apartado 1 del artículo 7o de la Convención sobre protección física de los materiales nucleares, firmada en Viena y en Nueva York el 3 de marzo de 1980, y que se refieran a materiales nucleares o radioactivos, o a ambos, tal como se definen en el artículo 197 del Tratado Euratom y en la Directiva 80/836/Euratom de 15 de julio de 1980, respectivamente;”
[64] “las acciones destinadas a facilitar deliberadamente, con fines de lucro, la entrada, la estancia o el trabajo en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea, con incumplimiento de las reglamentaciones y las condiciones aplicables en dichos territorios, y en Colombia, con incumplimiento de su legislación nacional;”
[65] “la captación, el transporte, el traslado, la acogida, o la recepción de personas, mediante amenazas o recurriendo a la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder o situación de vulnerabilidad o entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la producción, venta o distribución de material de pornografía infantil, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas similares a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos;”
[66] “el robo o la sustracción de automóviles de turismo, de camiones, de semirremolques, de cargamentos de camiones o semirremolques, de autobuses, de motocicletas, de caravanas, de vehículos agrícolas, de vehículos para obras y de recambios de vehículos, así como la reaceptación de dichos objetos;”
[67] “los actos definidos en el artículo 3 del Convenio de Ginebra de 20 de abril de 1929 para la represión de la falsificación de moneda, aplicable tanto al dinero en efectivo como a otros medios de pago;”
[68] “ los delitos enumerados en los apartados 1 a 3 del artículo 6o del Convenio del Consejo de Europa sobre reciclaje, identificación, secuestro y confiscación de los beneficios del delito, firmado en Estrasburgo el 8 de noviembre de 1990.”
[69] MP. Mauricio González Cuervo, SV. María Victoria Calle Correa y Luis Ernesto Vargas Silva.
[70] Así lo ha establecido, entre otras, en el Auto 038 de 2004 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa), Sentencias C-533 de 2003 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), C-576 de 2006 (MP. Manuel José Cepeda Espinosa, SPV. Jaime Araujo Rentería).
[71] MP. Manuel José Cepeda Espinosa, SPV. Jaime Araujo Rentería. En esta sentencia se declaró inexequible la Ley 994 de 2005, “por medio de la cual se aprueba el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes”, hecho en Estocolmo a los veintidós días del mes de mayo de dos mil uno (2001), debido a que se verificó el rompimiento de la cadena de anuncios durante el segundo debate en el Senado. Por esta razón, la Corte la declaró inexequible sin examinar el contenido de la misma, por ser innecesario.
[72] Acta No. 28 del 7 de junio de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso No. 563 del 28 de agosto de 2012.
[73] Acta No. 156 del 26 de septiembre de 2012, publicada en la Gaceta del Congreso No. 15 del 6 de febrero de 2013.
[74] Autos 031 de 2012 (MP. María Victoria Calle Correa), 032 de 2012 (MP. Luis Ernesto Vargas Silva, SV. Humberto Sierra Porto) y 118 de 2013 (MP. Jorge Iván Palacio Palacio, SV. Mauricio González Cuervo, AV. María Victoria Calle Correa).

References: artículo 23
 artículo 241
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 189
 artículo 157
 artículo 129
 artículo 8
 artículo 241
 artículo 26
 artículo 189

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 artículo 11
 artículo 15
 artículo 74
 artículo 15
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 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 218
 artículo 23
 artículo 160
 artículo 8
 artículo 160
 artículo 8
 artículo 129
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 129
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 197
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 9
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 197
 artículo 3
 artículo 6