Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2018/as201810436.html
Timestamp: 2019-11-22 05:40:05+00:00

Document:
as201810436
AUTO SUPREMO Nº 436/2018-RRC
Expediente : Santa Cruz 161/2017
Parte Imputada : Gloria Máxima Cardona Morón
Delitos : Uso de Instrumento Falsificado y otros
Por memorial presentado el 11 de agosto de 2017, cursante de fs. 783 a 785, Gloria Máxima Cardona Morón, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 11 de 20 de febrero de 2017, de fs. 769 a 772 vta., pronunciado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por Ministerio Público y la Cooperativa “La Merced” Ltda., representada por Walter Arteaga Knauerhase contra la recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Hurto Agravado, Falsedad Material e Ideológica, Uso de Instrumento Falsificado, Manipulación Informática, Falsificación de Documento Privado y Uso de Instrumento Falsificado Privado, previstos y sancionados por los arts. 326, 198, 199, 203, 363 bis, 200 y 203 del Código Penal (CP), respectivamente.
Por Sentencia 03/2016 de 10 de marzo (fs. 725 a 737), el Tribunal de Sentencia de Vallegrande del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Gloria Máxima Cardona Morón, autora de la comisión de los delitos de Manipulación Informática, Falsificación de Documento Privado y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 363 bis, 200 y 203 del CP, imponiendo mediante concurso ideal la pena de cuatro años de reclusión, más la reparación y pago del daño civil ocasionado a la víctima, además del pago de costas y gastos ocasionados al Estado, siendo absuelta de los delitos de Hurto Agravado, Falsedad Material e Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado.
b) Contra la mencionada Sentencia, la imputada Gloria Máxima Cardona Morón (fs. 739 a 741 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, que fue resuelto por Auto de Vista 11 de 20 de febrero de 2017, dictado por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró admisibles e improcedentes las apelación restringida e incidental planteados; motivando la interposición del presente recurso de casación.
I.1.1. De los motivos de los recursos de casación
Del recurso de casación interpuesto y del Auto Supremo 176/2018-RA de 21 de marzo, se extrae el motivo a ser analizado en esta resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
La recurrente señala que el Auto de Vista recurrido vulneró sus derechos y garantías constitucionales; como ser, el debido proceso, seguridad jurídica y legalidad, porque: a) En dicha resolución indicó que no se precisó qué medios probatorios no hubieran sido debidamente valorados, cuando del recurso de apelación restringida se advierte que se detalló de manera puntual los mismos; en consecuencia, le restaron valides a dicha pretensión y como consecuencia de ello no se entró a realizar el análisis del agravio planteado, siendo que simplemente se afirmó que la impugnante no precisó qué medios probatorios no fueron debidamente valorados; b) Refiere que en el Auto de Vista impugnado, se señaló que en el desarrollo de la Sentencia se logró establecer que se trataba de un documento privado, el que había sido supuestamente falseado por la imputada, conforme lo hubiera determinando el informe del perito grafológico; sin embargo, es preciso señalar que no es razonable que la Sala Penal ratifique y afirme tal posición cuando tanto la prueba documental y la testifical (relativa a la pericia), a contrario sensu el perito Carlos Oporto Díaz manifestó que no se logró establecer la autoría porque no le habían solicitado dicho trabajo; sin embargo, a contrario sensu la Sala Penal estableció que se determinó dicha responsabilidad de manera clara con el informe del perito grafológico, lo cual deja entrever que no hubo ni existió una correcta valoración de la prueba por ambos órganos jurisdiccionales; en este caso, por el Tribunal de Sentencia y la Sala Penal Tercera; c) Respecto a otro punto del Auto de Vista se señalaría que se demostró plenamente la concurrencia de la manipulación informática y posterior falsificación de firmas de los socios para beneficio propio (Es decir de la imputada), así lo hubiera demostrado la pericia grafológica, bajo este argumento se tiene que una vez más el Tribunal de alzada afirma que la imputada tendría la total y única responsabilidad sin que se hubiera establecido de manera objetiva lo afirmado, no se considera que la imputada no fue la única encargada del ente financiero, dado que se conoce y se entiende que también se encontraba involucrado Miguel Ángel Talamás Hurtado en su condición de cajero, quien además también fue procesado pero se acogió a una salida alternativa en la etapa de juicio oral; entonces, bajo ningún parámetro se puede establecer que la imputada fuera la única responsable, además como bien se manifestó el estudio grafológico nunca determinó que la imputada hubiera realizado tal falsedad. En igual sentido, señala que la Sentencia estableció que la Cooperativa sufrió un desfalco perpetrado por la encargada de la agencia Gloria Cardona Morón y el ex cajero Miguel Ángel Talamás, esta última prueba también demuestra la inconsistencia de la Sentencia emitida porque antes se afirmó que la imputada sería la única funcionaria y ahora refieren que existía otro responsable más, aspecto que fue motivo de observación en el recurso de apelación y que la Sala Penal no pasó a considerar; d) También, se debe tener en cuenta que el perito designado tampoco fue claro de brindar información a tal punto que en la última parte de su intervención dudó acerca de la posibilidad de que los funcionarios podían o no acceder al sistema informático, por lo que este aspecto también es atentatorio al referir como hecho probado el trabajo realizado por este profesional, aspecto que también fue motivo de impugnación; empero, el Tribunal de mérito no supo valorar ni pronunciarse al respecto; e) El Auto de Vista cuando se expresó respecto de la existencia del delito de Hurto Agravado, el cual dentro de los datos cursantes en el cuaderno procesal parecía demostrar que el ilícito que correspondía fuera el de Apropiación Indebida, determinando en consecuencia como se dijo antes que resultaría absuelta de este delito, de tal manera que el Tribunal de Sentencia supo referir que tampoco correspondía considerar los delitos de Falsedad Material e Ideológica, porque la documental no reunía los requisitos previstos en el Código Civil para considerarlo como documentos público, en este sentido, se observa el criterio contraproducente de la actuación del Tribunal de origen, dado que termina acusándole a la imputada del delito de Falsedad de Documento Privado, hecho que en ningún momento fuera denunciado, ni imputado mucho menos acusado por lo que también atentaría contra los derechos y garantías constitucionales al sentenciarle por un delito inexistente en actuados, los mismos que el Tribunal de alzada llego a proteger al no considerar el delito de Hurto Agravado o cualesquier otro que parezca y/o asimile.
Refiere que el Auto de Vista sin mayor análisis y valoración ratificó el fallo emitido por el Tribunal de Sentencia con base a fundamentos contraproducentes puesto que, como se dijo inicialmente supieron referir que la apelación cumplía con toda la formalidad de rigor y posteriormente para ratificar y de paso restar valor al fundamento expuesto en la aplicación lograron manifestar que no se había señalado tanto los agravios, el sustento legal y las pretensiones esperadas, dejando en indefensión al encausado con la emisión de la Resolución recurrida. Dichos antecedentes constituyeron agravios y por ende los mismos tienen calidad de defectos absolutos conforme se tiene previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP, esto en función a que el Auto de Vista no emitió criterios sólidos que fundamenten los alcances de las resoluciones emitidas, entrando en contradicción al referir que la apelación fue insuficiente y carente de los requisitos necesarios para su consideración, cuando de manera inicial se observó que los mismos se hallaban en conformidad. Al respecto, hizo alusión al art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE), que determina que bajo el principio de legalidad y del derecho al debido proceso las personas estarán protegidas tanto por los Jueces o Tribunales en ejercicio de sus derechos legítimos, lo cual implica que dichos órganos, bajo esos presupuestos están en la obligación de emitir sus fallos de conformidad a lo establecido en la constitución, normativas, convenios y tratados tomando en cuenta los intereses de las partes.
La recurrente solicita se deje sin efecto la resolución impugnada.
Mediante Auto Supremo 1176/2018-RA de 21 de marzo, cursante de fs. 804 a 808, este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por la recurrente, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.
De la revisión de los antecedentes venidos en casación se tiene lo siguiente:
La acusada refiere que la Sentencia condenatoria vulneró derechos y garantías constitucionales, al incurrir en errónea aplicación de la norma Sustantiva, aspecto que habría sido determinado procedente según el entendimiento asumido en la Sentencia Constitucional 722/2003-R; bajo dicho argumento, refiere que en la fundamentación fáctica de la Sentencia, se concluyó que su persona hubiera sustraído dineros de las cajas de ahorros de las víctimas, con base a las declaraciones testificales de Karen Arianne Molina Cuellar, Javier Siles Balladares y Jesús Zeballos Fernández, quienes habrían señalado que fueron víctimas de la sustracción de los dineros que depositaron en la cooperativa; además, la primera testigo mencionada, también indicaría que su madre Olga Cuellar Chavarría y su abuelito Nicolás Cuellar Vásquez, fueron víctimas del mismo ilícito; por otro lado, a decir de la recurrente, en Sentencia pareciera darse valor a lo que el testigo Rene Marca Sánchez, dijo desconocer. Fundamento fáctico que observa, cuestionando cómo pudo establecer el hecho referido, cuando en la parte dispositiva de la Sentencia se la absolvió de la comisión del delito de Hurto Agravado, pues si el mencionado hecho fue probado, debió otorgársele la calidad de autora y culpable.
El segundo hecho probado, referido a que la imputada procedía a falsificar la firma de los socios titulares de las cuentas y que en otros casos los formularios de la parte interesada quedaban en blanco y procedía a hacer los retiros; habría sido establecido relacionando las declaraciones de los testigos, quienes hubiesen manifestado que la acusada era la encargada de la agencia y la única responsable, además que el tiempo en que ocurrieron los hechos juzgados sería la única funcionaria de la cooperativa. Al respecto, refiere que el mencionado hecho no fue establecido a ciencia cierta; toda vez, que el co acusado Miguel Ángel Talamas Hurtado el tiempo en que ocurrieron los hechos juzgados fungía como cajero, de lo cual se establece que no era la única funcionaria del banco y responsable del hecho; asimismo, refiere que era necesario establecer en la pericia grafológica, la responsabilidad directa; al respecto, el perito Carlos Oporto Días, había manifestado que no se logró establecer la autoría, por lo que habría solicitado hacer ese trabajo. Agrega que del documento que le hicieron firmar de manera maliciosa, aceptando la realización de retiros indebidos, no se establecería que hubiese falsificado documentos, así como tampoco deberían concluir que la cooperativa sufrió un desfalco, toda vez que fue absuelta del delito de Hurto Agravado. Refiere también, que el de mérito después de afirmar que era la única funcionaria, alegó que el desfalco perpetrado a la cooperativa fue realizado por la acusada y el cajero Miguel Ángel Talamas; argumento que demostraría la inconsistencia del fundamento del A quo.
El tercer hecho probado, establecería que el perito designado no fue claro en su informe porque en su última intervención dudó acerca de la posibilidad de que los funcionarios puedan acceder con facilidad al sistema informático; por lo que considera atentatorio tener como probado el trabajo realizado por el referido perito. Agrega que su intención no es la revaloración de la prueba por el Ad quem, sino que se de consistencia a la valoración.
Finalmente, a decir de la acusada el Tribunal de Sentencia manifestó que no corresponde considerar el delito de Hurto Agravado porque no fue investigado ni acusado; sin embargo, después de manifestar que tampoco correspondía considerar los delitos de Falsedad Material e Ideológica, porque no se reunía los requisitos del Código Civil (CC), para considerar los documentos de carácter público, de manera contradictoria, terminó acusándola del delito de falsedad de documento privado, ilícito que no fue denunciado ni imputado, menos acusado; por lo que considera que se atentó sus derechos y garantías, al sentenciarle por un delito inexistente. Bajo dichos argumentos refiere interponer el recurso de apelación en virtud a lo dispuesto por los arts. 407 y siguientes, 116, inc. 1) y 3) del 169; incs. 5), 6) y 8) de la Ley 1970, Sentencia Constitucional 1075/2003-R de 24 de julio y art. 115 de la CPE.
II.2. Del Auto de Vista impugnado
El recurso de apelación restringida referido precedentemente, fue resuelto por Auto de Vista 11 de 20 de febrero del 2017, emitido por la Sala Penal Tercera; bajo los siguientes argumentos:
Previo al análisis de fondo de las circunstancias alegadas en apelación, el Tribunal de alzada manifestó que el recurso cumplió con los alcances de lo dispuesto por el art. 407 y 408 del CPP; posteriormente, en el primer considerando del fallo impugnado, identificó el agravio planteado señalando que el mismo, fue fundado en los defectos de sentencia previstos por los incs. 5), 6) y 8) del art. 370 del CPP; empero, la apelante no habría precisado cómo surgen los mismos y de qué forma le causa agravios; a pesar de ello rescata el argumento de apelación en sentido de que el A quo, se refirió al delito de Hurto o Sustracción fraudulenta de dineros de la caja de ahorro de las víctimas, basado en las declaraciones testificales de cargo, observando que la parte resolutiva de la Sentencia es contradictoria al absolverla del referido delito; también alegaría, que no se probó la falsificación de la firma de los socios para realizar los retiros de dinero; a decir, de la recurrente porque la pericia grafológica no identificó al autor o autora; también denunció que el delito de Falsificación de Documento Privado, nunca fue denunciado ni acusado.
Posteriormente hace referencia a la doctrina legal sentada por el Auto Supremo 317 de 13 de junio de 2003, asimismo hace referencia a que la defectuosa valoración de la prueba importa la incorrecta aplicación de las reglas de la sana crítica, por lo que en el caso de autos, sería obligación de la apelante, identificar el medio probatorio que considera indebidamente valorado, identificar el fundamento probatorio intelectivo, pues el soporte del agravio debe fundarse en la razón por la cual el A quo dio crédito o no a una determinada prueba, y cuestionar en ese razonamiento del de mérito, la aplicación de las reglas de la lógica, la ciencia o experiencia; agrega que el Tribunal de Sentencia se halla desprovisto de la inmediación procesal para emitir criterio de hecho sobre la prueba, dada la naturaleza del sistema acusatorio oral.
Seguidamente hizo una precisión sobre la distinción entre documento público y privado, para referir que el Tribunal de Sentencia concluyó que no existe documento público, por lo cual absolvió a la acusada de la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material, Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado; empero, la condenó por Falsedad de Documento Privado, toda vez que en juicio se evidenció la falsificación de firmas de socios de la cooperativa; aspecto que, habría sido determinado por el informe del perito grafólogo; verificándose que en el caso de autos el de mérito actuó conforme lo dispuesto por el art. 365 del CPP, sin incurrir en los defectos de sentencia previstos por el art. 370 del CPP, observando la norma sustantiva penal y fundamentando su resolución conforme lo exigido por los arts. 124 e incs. 1), 2) y 3) del 360 del CPP, habiendo efectuado una correcta valoración probatoria, estableciendo plenamente que la acusada incurrió en manipulación informática, con la finalidad de falsificar las firmas de los socios de la cooperativa y utilizar esos documentos en su propio beneficio.
Que en el caso de autos el Ministerio Público habría acusado a la imputada, por la comisión de los delitos de Hurto Agravado, Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, y que Tribunal de Sentencia en aplicación del principio Iura Novit Curia, sin modificar los hechos contenidos en la acusación, respetando el principio de congruencia y toda vez que en juicio se habría probado la falsificación de documentos privados respecto a las firmas de los socios de la cooperativa, que actuó con conocimiento pleno, la existencia de una relación y coincidencia en tiempo, lugar, hechos y personas, hicieron que el A quo condene a la acusada por la comisión de los delitos de Manipulación Informática, Falsificación de Documento Privado y Uso de Instrumento Falsificado.
Finalmente, en el último párrafo del Auto de Vista impugnado, el Tribunal de apelación alegó: “asimismo debemos indicar que la acusada recurrente, en su recurso de apelación restringida invoca y expone como defectos de sentencia lo que establece el art. 370 incs. 5), 6) y 8) del Código de Procedimiento Penal; sin embargo, no cumple con la carga procesal de identificar taxativamente las normas y en qué consiste la violación o aplicación errónea que pretende y de qué forma le habría afectado a sus intereses, o a su derecho a la defensa, el debido proceso y la igualdad de las partes ni sus pretensiones y al contrario no identifica ninguna prueba que haya sido valorada defectuosamente, conforme lo exige el art. 407 y 408 del CPP y 370 del mismo cuerpo de leyes.” (sic).
III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y VERIFICACIÓN DE POSIBLE CONTRADICCIÓN
Admitido el recurso de casación, corresponde emitir pronunciamiento de fondo, dentro de los límites establecido en el Auto Supremo 176/2018-RA de 21 de marzo, que admitió vía flexibilización, el recurso que es caso de autos; por lo que con carácter previo, a los efectos señalados, se establece las bases legales y doctrinales que servirán de sustento a la presente Resolución.
III.1. Sobre la fundamentación.
Partiremos recordando que la fundamentación y motivación, constituye a decir de Orlando A. Rodríguez Ch., en su obra “Casación y Revisión Penal”, “… un sello de garantía a los usuarios de la administración de justicia, porque con ello se evita la arbitrariedad, el capricho, decisiones contrarias, errores de lógica jurídica, y el actuar irrazonado de los funcionarios judiciales”.
Para que la fundamentación cumpla con la referida garantía tiene como requisito entre otros, la publicidad, que en nuestro ordenamiento jurídico se encuentra expresamente reconocido en el art. 180.I de la CPE, como una garantía de la jurisdicción ordinaria, en materia penal se halla contemplado en el art. 124 del CPP, que dispone que “… Expresarán los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones…”; ésta garantía jurisdiccional, tiene diversos fines, entre los cuales de manera enunciativa y no limitativa, siguiendo a Joan Pico I Junoy, citado por Orlando Rodríguez en su obra referida, podemos citar: “ … c) Logra el convencimiento de las partes sobre la justicia y corrección de la decisión judicial, eliminando la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer por qué concreto de s contenido; y, d) Les garantiza a las partes procesales la posibilidad de control de la resolución judicial interponiendo ante los tribunales superiores que conocen de los correspondientes recursos.”
Al respecto, este Tribunal a través del Auto Supremo 354/2014-RRC de 30 de julio de 2014, que señaló: “Conforme la normativa legal precitada, este Tribunal de Justicia, en la amplia doctrina legal emanada (Autos Supremos 342 de 28 de agosto de 2006, 207 de 28 de marzo de 2007, 319 de 4 de diciembre de 2012 y 149 de 29 de mayo de 2013), concordante con la jurisprudencia constitucional, estableció que la fundamentación de las resoluciones judiciales, constituye uno de los elementos esenciales del debido proceso, toda vez que brinda seguridad jurídica a las partes en conflicto, respecto a que sus pretensiones fueron escuchadas y merecieron el debido análisis de fondo, emergiendo de él una Resolución, no sólo con base y sometimiento en la Ley, sino con explicación clara y precisa de las circunstancias y razones por las cuales las denuncias fueron acogidas de forma positiva o negativa, asegurando con ello, que el fruto de la Resolución, no es el resultado del capricho de los juzgadores, sino, de un estudio analítico y jurídico en procura de otorgar justicia.”.
Bajo ese entendido, es obligación de los funcionarios judiciales, hacer públicas las razones que tuvo la autoridad jurisdiccional para fallar de una determinada manera en los casos sometidos a su jurisdicción, pues dicho requisito posibilita a este Tribunal ejercer control sobre la racionalidad y logicidad del fallo que pudiera ser cuestionado, determinando si el mismo no incurre en los vicios de ser insuficiente o contradictoria, y valorando si dichos defectos tienen repercusiones nocivas en el fallo, de tal modo de que si no se hubiesen presentado, el resultado del mismo sería diferente o favorable a la parte que reclama el defecto.
La recurrente denunció que el Auto de Vista impugnado vulneró sus derechos y garantías constitucionales, como el debido proceso, seguridad jurídica y legalidad, por seis razones que fueron identificadas en el acápite I.1.1 del presente fallo, de los cuales centraremos el análisis en la circunstancia alegada en el inc. a) y el fundamento identificado en el último párrafo del referido acápite.
En el planteamiento identificado en el referido inc. a), la apelante argumentó: 1) Que, el Tribunal de alzada estableció que en el recurso de apelación restringida no se precisó qué medios de prueba no fueron debidamente valorados; aspecto que, cuestiona en virtud a que si hubiese identificado cada prueba de manera puntual, inobservancia del Tribunal de alzada que tuvo como resultado la falta de pronunciamiento respecto al agravio planteado; y, 2) En el último párrafo del motivo de casación, la acusada también reclamó que: El Tribunal de apelación, en principio habría referido que el recurso de apelación cumplió con las formalidades de rigor; y posteriormente, alegó que no manifestó los agravios, el sustento legal y las pretensiones esperadas; argumentos de los cuales se establecería que el Ad quem, incurrió en defecto absoluto conforme lo dispuesto por el inc. 3) del art. 169 del CPP, incurriendo en fundamentación contradictoria.
Al respecto, por razones didácticas comenzaremos el análisis por la circunstancia identificada en el inc. 2) del párrafo precedente. De la revisión del Auto de Vista impugnado, conforme lo descrito en el acápite II.2 del presente fallo, el Tribunal de apelación previo al ingreso de análisis de fondo de los agravios planteados, afirmó que la apelante cumplió con los requisitos previstos por los arts. 407 y 408 del CPP, sin embargo, posteriormente en el primer considerando del referido fallo, después de identificar el agravio planteado, precisando que el mismo, fue fundado en los incs. 5), 6) y 8) del CPP; argumentó que la apelante no especificó de qué manera se dio esos defectos de Sentencia, de qué forma le causa agravios; fundamento del Ad quem que si bien es evidente, es contrapuesto a la primera manifestación realizada. El referido argumento, fue reiterado en el último párrafo del quinto considerando del Auto de Vista impugnado, en el que además agregó que la apelante no identificó taxativamente las normas violadas o aplicadas erróneamente y en qué consiste la referida violación, además de que “no habría identificado ninguna prueba que hubiese sido valorada defectuosamente, conforme lo previsto por los arts. 407 y 408 del CPP”.
De lo relatado, se establece que es evidente que el Tribunal de apelación expuso argumentos que se excluyen entre sí, pues no es lógico declarar admisible el recurso de apelación interpuesto con el argumento de que sí cumplió con los requisitos de admisibilidad previstos por los arts. 407 y 408, para posteriormente anular dicha afirmación con la manifestación de que la acusada a tiempo de denunciar que el fallo de mérito incurrió en los defectos de sentencia previstos por los incs. 5), 6) y 8) del art. 370 del CPP, no cumplió con los requisitos exigidos para la admisibilidad –art. 407 y 408 de la norma Adjetiva Penal-, argumento contradictorio que constituye vulneración al derecho que tienen las partes de obtener una resolución debidamente fundamentada conforme lo previsto por el art. 124 del CPP, pues esa argumentación ilógica deja la resolución de alzada, carente de motivación, toda vez que ambas se anulan entre sí; teniendo como efecto nocivo, la falta de resolución de los agravios planteados –inc. 5), 6) y 8) del art. 370 del CP; es decir, el incumplimiento de lo preceptuado por el art. 398 y 399 de la Ley 1970, ésta última en virtud a que si el de alzada consideraba que la apelación no cumplía con los requisitos para su admisibilidad, debió dar a la recurrente la oportunidad de subsanar su recurso, en lugar de emitir una fundamentación falsa; toda vez, que en principio declaró el recurso de alzada admisible, posteriormente después de identificar las circunstancias que para él serían rescatables, sentó las bases para una aparente resolución, señalando que no tiene facultades para revalorar prueba, cómo debe plantearse el motivo fundado en la defectuosa valoración de la prueba y que es lo que debe cuestionar el sensor; para finalmente dejar a la recurrente en estado de zozobra e incertidumbre sobre el la razón de la declaratoria de improcedencia de su recurso de alzada, pues por un lado se afirmó que cumplió con los requisitos de admisibilidad y finalmente después de sentar las bases legales y jurisprudenciales para la resolución, se declara el mismo improcedente observando aspectos que constituyen requisitos de admisibilidad, tales como la identificación de normas violadas o erróneamente aplicadas, de qué manera se incurrió en los defectos de sentencia que acusa y de qué forma le causa agravio.
Siendo evidente que el Tribunal de apelación vulneró el debido proceso al emitir una resolución con fundamentación contradictoria, dejando a la recurrente en incertidumbre sobre la verdadera razón de la improcedencia de las circunstancias planteadas en su recurso de apelación restringida, defecto que constituye absoluto e insubsanable conforme lo previsto por el inc. 3) del art. 169 del CPP, toda vez que esos argumentos que se neutralizan entre sí, dejan el fallo de alzada, sin fundamentación sobre la problemática planteada, vulnerando a la vez lo dispuesto por los arts. 124, 398 y 399 del CPP.
Sobre la temática identificada en el inc. 1) de la circunstancia analizada, también es evidente que el Tribunal de apelación en el mencionado párrafo del quinto considerando del Auto de Vista, alegó que la recurrente además de no cumplir con los requisitos de admisibilidad previstos por los arts. 407 y 408 del CPP; también, manifestó que la apelante no identificó qué prueba fue defectuosamente valorada. Al respecto y conforme lo redactado en el acápite II.1 del presente fallo, se advierte que la acusada alegó que la Sentencia incurrió en errónea aplicación de la norma sustantiva y posteriormente pasó a referirse a los hechos probados y el sustento de los mismos, finalmente en el petitorio del agravio planteado de manera general señaló que los defectos en los que habría incurrido el Tribunal de Sentencia, son los previstos por los incs. 5), 6) y 8) del art. 370 del CPP; es decir, que además de no citar la norma habilitante para acusar la errónea aplicación de la norma sustantiva penal –inc. 1) del art. 370 de la Ley 1970-, no expuso de manera separada cada defecto en el que habría incurrido el Tribunal de Sentencia, defectuosa proposición jurídica que el Ad quem, no puede suplir, rectificar o modificar; advirtiéndose una vez más que era indispensable que el Tribunal de alzada aplique el art. 399 de la norma adjetiva penal, a fin de poder emitir un fallo coherente con las circunstancias alegadas o en su caso declarar la inadmisibilidad del recurso planteado. Bajo dichas precisiones, este Tribunal, no puede ejercer control sobre la presunta vulneración de los derechos alegados en cuanto a los demás aspectos identificados en los incs. b), c), d) y e) del recurso de casación, pues la defectuosa proposición de su recurso de apelación restringida, no permite establecer a este Tribunal, a que agravio corresponde el argumento de alzada que sería incorrecto a decir de la impugnante, por lo que el Ad quem, debe actuar en observancia de la doctrina emitida por Auto Supremo 599/2003 de 27 de noviembre, estableció la siguiente doctrina legal: “…Que el espíritu de la nueva normativa procesal penal en consonancia con la doctrina contemporánea sobre la apelación restringida que constituye el único medio para impugnar la sentencia, enseñan los requisitos de forma exigidos por los arts. 407 y 408 del Col. Pdto. Pen., radican en facilitar a la autoridad el conocimiento cabal y objetivo de la pretensión impugnatoria del recurrente en el marco de un mayor control jurisdiccional de la sentencia apelada, por lo que para lograr este propósito, el art. 399 del Cod. Pdto. Pen., obliga al tribunal de alzada a conminar al recurrente para que se subsane los defectos u omisiones de forma que contiene su recurso, bajo apercibimiento de rechazo, a cuyo efecto debe conceder el plazo de tres días para que el recurrente precise en términos concretos su impugnación; por lo que en ningún caso el tribunal está facultado a rechazar el recurso así formulado in limine, es decir, sin haberle previamente dado la oportunidad de subsanar las formalidades extrañadas. Lo contrario, implicaría vulnerar las normas del debido proceso, en su componente del derecho de defensa y derecho a obtener tutela judicial efectiva, en el caso, mediante un fallo o segunda opinión que resuelva su pretensión impugnatoria”.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Gloria Máxima Cardona Morón y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 11 de 20 de febrero del 2017, disponiendo que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.
En aplicación del art. 17.IV de la LOJ, por Secretaría de Sala, comuníquese el presente Auto Supremo al Consejo de la Magistratura.

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