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Timestamp: 2018-10-21 23:43:05+00:00

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﻿ Sentencia 2000-00234 de mayo 28 de 2015
SENTENCIA 2000-00234 DE 28 DE MAYO DE 2015
CONTENIDO:CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. UNA VEZ SON DESVIRTUADAS LAS MOTIVACIONES PARA LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO, PROCEDE EL PAGO DE COMPROMISOS Y DE INDEMNIZACIÓN. DE TAL MANERA, QUE AUNQUE LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 2189 DEL CÓDIGO CIVIL DA LUGAR A LA TERMINACIÓN DEL MANDATO POR EXPIRACIÓN DE SU TÉRMINO, LA EVIDENCIA DE QUE DICHO VENCIMIENTO EN EL PLAZO DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL NO SE PRODUJO OBLIGA AL MANDANTE A CUMPLIR LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL MANDATARIO Y A RESARCIRLO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, CÓDIGO CIVIL
Sentencia 2000-00234 de mayo 28 de 2015
Actor: Jorge Valencia Díaz
El 26 de enero de 2000, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de controversias contractuales consagrada en el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, el señor Jorge Valencia Díaz actuando en su propio nombre y representación, formuló demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca contra el Distrito Capital de Santafé de Bogotá solicitando se hagan las siguientes declaraciones y condenas (fl. 2, cdno. ppal.):
PRIMERA. Que EL DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C., incumplió la adjudicación del contrato que se hizo al Dr. JORGE VALENCIA DÍAZ, según acto administrativo contenido en oficio de 27 de Octubre de 1997, cuya fotocopia auténtica se adjunta.
SEGUNDA. Que igualmente el DISTRITO demandado incumplió el contrato de prestación de servicios 127 de fecha 07 de noviembre de 1997, concertado entre esta entidad y la parte actora.
TERCERA. Que así mismo la parte demandada incumplió el otrosí al contrato antes mencionado, el cual se suscribió el 10 de diciembre de 1997.
CUARTA. Que el demandado DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C., dio por terminado, sin justa causa y en forma arbitraria, el contrato de prestación de servicios a que se contraen las peticiones anteriores, sin que fuera notificado por la entidad contratante.
QUINTA. Que con fundamento en las anteriores declaraciones se condene al DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTA D.C., a indemnizar a mi mandante la totalidad de los perjuicios que se le irrogaron por el incumplimiento e injusta terminación del contrato de prestación de servicios de que trata el oficio de Octubre 27 de 1997, el contrato 127 de 07 de noviembre de 1997 y su otrosí suscrito el 10 de diciembre de 1997.
SEXTA. Que por tanto se condene a la entidad estatal demandada a pagar al Dr. JORGE VALENCIA DÍAZ, la suma [sic] $ 280.000.000 junto con la corrección monetaria y los intereses a que haya lugar de conformidad al artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, desde la fecha en que se dio por terminado el contrato de prestación de servicios y hasta tanto se produzca la indemnización de los perjuicios impetrados.
SÉPTIMA. SUBSIDIARIA. En subsidio que se condene al Distrito demandado al pago de los perjuicios que se prueben dentro del proceso y que se causaron con la injusta terminación e incumplimiento del contrato de prestación de servicios antes mencionado, junto con la corrección monetaria y los intereses a que haya lugar.
OCTAVA. Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, conforme al artículo 176 del Código Contencioso Administrativo y se tenga en cuenta lo preceptuado por el artículo 177 de la misma obra.
PRIMERA. Que por causas no imputables al contratista, se presentó un desequilibrio en la equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos dentro del contrato de prestación de servicios (mandato) concertado entre el DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C. y el Dr. JORGE VALENCIA DÍAZ, el cual tenía por objeto la atención de 200 procesos judiciales.
SEGUNDA. Que el desequilibrio en la ecuación financiera a que se refiere la anterior petición obedeció a causas imputables a la entidad estatal contratante.
TERCERA. Que el DISTRITO CAPITAL DE SANTAFE DE BOGOTÁ, D.C. desconociendo el numeral octavo del artículo 4º, numeral 1º del artículo 5º y artículo 27 de la Ley 80 de 1993, se negó a tomar las medidas tendientes a restablecer la igualdad o equivalencia entre los derechos y obligaciones de las partes.
CUARTA. Que al demandante Dr. JORGE VALENCIA DÍAZ se le causaron perjuicios al pagársele tan sólo por la contestación de 200 demandas cuando atendió 227 procesos judiciales.
QUINTA. Que en consecuencia el Distrito demandado está obligado a pagar al contratista JORGE VALENCIA DÍAZ la totalidad de los honorarios que se causaron a su favor por la atención de 200 procesos judiciales.
SEXTA. Que por tanto se condene a la entidad estatal demandada a pagar al Dr. JORGE VALENCIA DÍAZ, la suma [sic] $ 280.000.000, junto con la corrección monetaria y los intereses a que haya lugar de conformidad al artículo 178 del Código Contencioso Administrativo desde la fecha en que se produjo el desequilibrio del contrato de prestación de servicios y se dio por terminado el mismo y hasta tanto se produzca la indemnización de los perjuicios impetrados.
SEXTA. SUBSIDIARIA. En subsidio que se condene al Distrito demandado al pago de los perjuicios que se prueben dentro del proceso y que se causaron por el desequilibrio financiero del contrato de prestación de servicios antes mencionado, junto con la corrección monetaria y los intereses a que haya lugar.
SÉPTIMA. Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, conforme al artículo 176 del Código Contencioso Administrativo y se tenga en cuenta lo preceptuado por el artículo 177 de la misma obra”.
Para fundamentar el anterior petitum, el actor explicó que en respuesta a la invitación pública realizada por el Distrito Capital para contratar profesionales del derecho con el fin de que le representaran en los procesos judiciales en los que había sido demandado, propuso apersonarse de 200 procesos por un valor de $ 2’000,000 por cada uno. El Distrito aceptó contratar los servicios profesionales propuestos por el señor Valencia Díaz bajo las condiciones detalladas en la oferta, advirtiendo que “la administración lo contrataría para atender los procesos por etapas, de conformidad con las disponibilidades presupuestales aclarando que para la vigencia fiscal de 1997 se le cancelarían honorarios por $ 600.000 que correspondían a cada contestación de demanda”.
El 7 de noviembre de 1997 se suscribió contrato de prestación de servicios entre las partes con el objeto de que el abogado contestara 200 demandas por un valor de $ 120’000,000, y el 10 de diciembre del mismo año, se suscribió un otrosí “para pactar que si por cualquier circunstancia no fuera posible contestar alguna o algunas de las demandadas conforme a los poderes otorgados, los honorarios recibidos se abonarían al contratista por la atención de igual número de procesos nuevos”.
Con el objetivo de demostrar lo anterior, adjuntó como pruebas documentales entre otras: correspondencia cruzada entre las partes; contrato de prestación de servicios y otrosí suscrito entre las partes; y acta de conciliación prejudicial 323 del 23 de junio de 1999.
Adicionalmente solicitó oficiar: a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor del Distrito Capital de Santafé de Bogotá para que arrime copia auténtica de los antecedentes administrativos del contrato suscrito entre las partes; y al Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que envíe copia auténtica de los 227 procesos en los que el actor actuó como apoderado judicial del Distrito.
La demanda fue admitida el 24 de febrero de 2000 (fl. 46, cdno. ppal.), y notificada en debida forma a la Alcaldía Mayor el 12 de abril siguiente (fls. 53 y 54, cdno. ppal.).
El 29 de mayo de 2000, el apoderado del Distrito Capital de Santafé de Bogotá contestó oponiéndose a las pretensiones de la demanda por considerar de un lado, que no incurrió en ningún incumplimiento, y por el otro, que quien había incumplido había sido el actor quien no obstante haber recibido el pago del valor pactado, no contestó ni atendió la totalidad de los más de 200 procesos cuya responsabilidad se le había encomendado. Adicionalmente explicó que la revocatoria de los poderes se dio una vez expirado el plazo contractual al igual que la liquidación del mismo que terminó siendo un acto unilateral por cuanto el actor rechazó la propuesta inicial.
Vencido el término de suspensión del proceso solicitada por las partes, en auto del 21 de agosto de 2003, se dio traslado a las partes para presentar alegatos de conclusión (fl. 105, cdno. ppal.).
El 9 de septiembre siguiente, el demandante presentó su escrito insistiendo en los argumentos sostenidos en otras etapas procesales, y subrayando que la labor desempeñada en la ejecución del contrato no se limitó a la contestación de las demandas que fue lo que el Distrito efectivamente pagó, sino que se desarrollaron las demás diligencias procesales, las cuales no fueron cuantificadas ni pagadas (fl. 106, cdno. ppal.).
En la misma fecha, la demandada alegó que “en desarrollo del objeto contractual y teniendo como base el informe presentado por el interventor el 17 de septiembre de 1999, se estableció que el contratista dio contestación a CIENTO DIECIOCHO (118) demandas, de las doscientas (200) asignadas, pero no atendió de conformidad con los poderes otorgados, ningún proceso con presentación de alegatos de conclusión, no ejecutando por tanto el objeto contractual en su integridad, faltando por contestar demanda o atender OCHENTA Y DOS (82) procesos. Eso en términos económicos, significa que el contratista ejecutó labores que equivalían a la suma de Setenta Millones Ochocientos Mil Pesos ($ 70.800.000), y que, toda vez que el valor pagado fue de ciento veinte millones de pesos ($ 120.000.000), al momento de liquidar el contrato, el contratista debía devolverle a la administración la suma de cuarenta y nueve millones doscientos mil pesos ($ 49.200.000), como saldo a favor del Distrito Capital por lo dejado de ejecutar” con base en lo estipulado en el otrosí suscrito entre las partes (fl. 112, cdno. ppal.).
El Ministerio Público guardó silencio (fl. 120, cdno. ppal.).
El 25 de septiembre de 2003, el proceso fue remitido a la Sala de Descongestión creada para la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo 1921 de 2003 (fl. 121, cdno. ppal.).
El 5 de mayo de 2004, la Sala de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia así:
“PRIMERO: Denegar las pretensiones de la demanda de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia”.
En efecto, una vez explicó que la comunicación del 27 de octubre de 1997 no constituye un acto administrativo sino “un mero acto de trámite precontractual mediante el cual la administración informó el resultado de la evaluación de las diferentes ofertas”, concluyó que “mal podría predicarse una declaratoria de incumplimiento del contrato, porque con fundamento en las pruebas aportadas al proceso, es imposible determinar qué parte le incumplió a cuál, además, porque, se insiste, no obra especialmente acto administrativo o acta de liquidación del contrato, ni peritazgo o informe de la administración que permita establecer” su real ejecución (fl. 373, cdno. ppal.).
El 14 de mayo de 2004, el demandante interpuso recurso de apelación (fl. 147, cdno. ppal.), el cual fue concedido el 20 de mayo siguiente (fl. 150, cdno. ppal.), y admitido por la Sección Tercera del Consejo de Estado el 17 de septiembre de 2004 (fl. 160, cdno. ppal.).
El 27 de agosto de 2004, sustentó el recurso de apelación advirtiendo que con base en el acervo probatorio, se constata que el señor Valencia Díaz no se limitó a contestar demandas sino que su gestión fue mucho más allá, tareas cuya remuneración debe ser reconocida (fl. 156, cdno. ppal.).
El 24 de septiembre siguiente, el recurrente solicitó la práctica de pruebas en segunda instancia bajo el entendido de que se trata de pruebas que fueron decretadas por el Tribunal pero no allegadas por diversas circunstancias (fl. 161, cdno. ppal.), solicitud a la que se accedió en auto del 11 de marzo de 2005 (fl. 167, cdno. ppal.). No obstante lo anterior, la prueba no se practicó por cuanto la Secretaría del Tribunal Administrativo de Cundinamarca informó que los expedientes se encontraban bajo la custodia del Jefe del Archivo Central de los Tribunales, oficina a la que el interesado debía acercarse para cancelar las expensas y colaborar con la ubicación de los expedientes (fl. 175, cdno. ppal.), de acuerdo con lo informado al interesado en comunicación fechada 28 de octubre de 2005 (fl. 200, cdno. ppal.), sin que hubiera dado respuesta (fl. 201, cdno. ppal.).
Habiéndose dado traslado a las partes para alegar el 10 de marzo de 2006 (fl. 202, cdno. ppal.), el 5 y 6 de abril siguiente, demandante y demandado arrimaron sus escritos insistiendo en los argumentos expuestos en otras etapas procesales (fls. 201 y 227, cdno. ppal.).
El Ministerio Público guardó silencio (fl. 234, cdno. ppal.).
El proceso entró a esta Corporación para fallo el 10 de mayo de 2006.
7. La competencia de la Subsección.
El artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 referido a la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia(1), dice que la Corporación, en la Sala Contenciosa Administrativa, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales, en el mismo sentido del artículo 212 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 51 del Decreto 2304 de 1989. Así, la Corporación es competente para conocer del asunto, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante(2), en proceso con vocación de segunda instancia ante el Consejo de Estado(3).
— Folio 10 del cuaderno 1 de pruebas: oficio sin número suscrito el 27 de octubre de 1997 por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el que se lee: “Estudiadas las diferentes propuestas para atender los procesos que en contra de Santa Fe de Bogotá, D.C., cursan en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y en los juzgados del circuito laboral, por supresión de cargos en entidades distritales, o por solicitud de nivelación salarial, la administración reconocerá honorarios a razón de Dos Millones de Pesos ($ 2’000.000) por proceso, sin incluir recurso extraordinario; sin embargo la administración lo contratará para atender los procesos por etapas, de conformidad con las disponibilidades presupuestales de la respectiva vigencia fiscal. Con recursos de la vigencia fiscal de 1997, la administración puede contratar sus servicios por contestar demandas correspondientes a doscientos (200) procesos y reconocerle como honorarios por cada contestación de demanda la suma de seiscientos mil pesos ($ 600.000). En el caso de que por cualquier circunstancia no sea posible contestar alguna o algunas demandas, los honorarios recibidos se causarán por la atención durante 1998 de un número de procesos igual al número de demandas no contestadas o contestando las demandas de nuevos procesos, para lo cual se otorgarán los respectivos poderes. Si Usted, lleva el proceso hasta la culminación de la primera y/o segunda instancia, las sumas recibidas por la atención de cada una de las etapas, se abonarán al valor total de los de los honorarios señalados anteriormente” (resaltado fuera de texto).
— Folio 110 del cuaderno 1 de pruebas: certificado de disponibilidad presupuestal 44726 expedido el 30 de octubre de 1997 con destino al cumplimiento de los contratos de prestación de servicios suscritos con diversos apoderados por $ 120’000,000 para cada uno. Dicho certificado tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 1997.
— Folio 95 del cuaderno 1 de pruebas: constancia sin fecha suscrita por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, en la que se lee: “Que ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo se han presentado más de 1.000 demandas contra el Distrito Capital - Alcaldía Mayor, las cuales deben ser atendidas en Defensa de los intereses de la Administración. Que la contestación de las mismas no puede realizarse con personal de planta de la oficina de asuntos judiciales, por lo que celebrarán contratos de prestación de servicios al tenor de lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. Que en el presupuesto del Distrito Capital - Alcaldía Mayor - Secretaría General, se apropió la suma de $ 1.440.000.000 a razón de $ 120.000.000 para cada uno de los doce profesionales del Derecho a contratar, en el rubro administrativos - servicios personales - honorarios - entidad. Que en virtud del principio de transparencia en el artículo 24 numeral 1º literal d) de la Ley 80 de 1993 se encomendará a los doctores (…) Jorge Valencia Díaz (…) el desarrollo de los objetos contractuales, teniendo en cuenta sus hojas de vida, estudios realizados, experiencia en el campo del litigio y gran profesionalismo, razones por las cuales resulta conveniente para la Secretaría General, contratar directamente con ellos” (resaltado fuera de texto).
— Folio 90 del cuaderno 1 de pruebas: certificado de reserva presupuestal expedido el 7 de noviembre de 1997 por $ 120’000,000 con destino al cumplimiento del contrato de prestación de servicios suscrito con el señor Jorge Valencia Díaz quien sería apoderado del Distrito Capital dentro de los procesos contenciosos que le fueran asignados.
— Folio 11 del cuaderno 1 de pruebas: contrato de prestación de servicios 127 suscrito entre el Distrito Capital a través de la secretaría General de la Alcaldía Mayor, y el señor Jorge Valencia Díaz el 7 de noviembre de 1997, en el que se lee: “PRIMERA. OBJETO: El contratista se compromete para con la Alcaldía Mayor - Secretaría General a actuar como apoderado judicial en representación del Distrito Capital para contestar las demandas correspondientes a doscientos (200) procesos contencioso administrativos, de conformidad con los poderes que se le otorguen. (…) SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: A) DEL CONTRATISTA: 1) Defender los intereses del Distrito Capital, contestando las demandas dentro del término legal en cada uno de los procesos para los cuales reciba poder con la mayor diligencia posible de acuerdo con las disposiciones que rigen la profesión de abogado. 2) Presentar copia de las contestaciones de cada una de las demandas asignadas, a la Oficina de Asuntos Judiciales y/o Secretaría General. (…) TERCERA. VALOR: Para todos los efectos legales y fiscales el valor del presente contrato es de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 120’000,000) por contestar las demandas. (…) QUINTA. PLAZO. La duración del presente contrato será por el término necesario para la ejecución total del objeto estipulado en la cláusula primera de este contrato. (…) SÉPTIMA. CONTROL Y VIGILANCIA. La Secretaría General y/o la Oficina de Asuntos Judiciales ejercerá la vigilancia y control en la ejecución del presente contrato. (…) DÉCIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN UNILATERALES. Es entendido que son aplicables al contrato los principios de terminación, modificación e interpretación unilaterales de acuerdo a las causales y procedimientos establecidos en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. (…) DÉCIMA NOVENA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO. Forman parte integrante del contrato los siguientes: a) Decreto de nombramiento y acta de posesión de la Secretaria General. b) Certificado de disponibilidad presupuestal. C) Hoja de Vida del contratista, fotocopia de la tarjeta profesional y los demás documentos que directa o indirectamente se relacionen con este contrato y con la ejecución del mismo” (resaltado fuera de texto).
— Folio 87 del cuaderno 1 de pruebas: póliza de seguro de cumplimiento 971851363 tomada por el señor Jorge Valencia Díaz para garantizar el cumplimiento del contrato de prestación de servicios 127, con fecha de iniciación 7 de noviembre de 1997, y de vencimiento el 7 de julio de 1998.
— Folio 137 del cuaderno 1 de pruebas: orden de pago 1641 con base en el cual la Alcaldía Mayor canceló en favor del señor Jorge Valencia Díaz, la suma de $ 108’200,000 correspondientes al valor del contrato 127 de 1997 una vez descontado el 10% de retefuente, el 1% de reteICA, y el 0.5% de timbre nacional.
— Folio 15 del cuaderno 1 de pruebas: Otrosí aclaratorio al contrato de prestación de servicios 127 del 7 de noviembre de 1997, celebrado entre el Distrito Capital y el señor Jorge Valencia Díaz, suscrito entre las partes el 10 de diciembre de 1997, en el que se lee: “(…) hemos convenido adicionar a la Cláusula Primera el siguiente PAR.—En el caso de que por cualquier circunstancia no fuere posible contestar alguna o algunas de las demandas conforme a los poderes otorgados, los honorarios recibidos se abonarán o acreditarán al Contratista por la atención de igual número de procesos durante 1998, o contestando las demandas de procesos nuevos para lo cual se otorgarán los respectivos poderes; en el evento de procesos nuevos el plazo automáticamente se prorrogará por doce (12) meses más y, en consecuencia, el Contratista ampliará la garantía única y presentará ante la Oficina de Asuntos Judiciales informes bimestrales del estado en que se encuentren los procesos con sus respectivas actuaciones” (resaltado fuera de texto).
— Folio 50 del cuaderno 47 de pruebas: Poder otorgado al señor Jorge Valencia Díaz, el 12 de diciembre de 1997, en el que se lee: “(…) respetuosamente manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente al doctor Jorge Valencia Díaz (…) para que ejerza la representación judicial del Distrito Capital en el proceso de la referencia. El apoderado queda facultado para recibir, notificarse de la demanda y de las providencias que se produzcan en desarrollo del proceso, sustituir, reasumir, conciliar, transigir y en general con todas las atribuciones inherentes al presente mandato conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del Código de Procedimiento Administrativo”.
— Folio 16 y ss. del cuaderno 1 de pruebas: Comunicaciones suscritas por el señor Valencia Díaz, en las que presentó informes sobre los procesos a su cargo dando cuenta de 95 contestaciones de demandada, 12 contestaciones de adición de demanda, 1 alegato de conclusión y 1 respuesta a un recurso de súplica incoado por un demandante, para un total de 109 actuaciones, así:
Ref. actor actuación estado
1 44442 Martha Nidia Arboleda Herrera contestación presentada apertura pruebas
2 44495 Camilo Alberto Rubiano Torres contestación presentada apertura pruebas
3 44507 Fabio Rubiano Rueda contestación presentada apertura pruebas
4 44531 Carlos Efraín González Barbosa contestación presentada apertura pruebas
5 44543 Luz Magdalena Zarate Areiza contestación presentada apertura pruebas
6 44567 Doris Melba Guasca Sabogal contestación presentada apertura pruebas
7 44579 Fernando Forero Vanegas contestación presentada apertura pruebas
8 44232 Manuel Virgilio Nieto Baquero contestación presentada
9 44070 José Guillermo Reyes González atendido por la abogada Gloria Ramírez
10 44082 Ovelio Orozco García atendido por la abogada Gloria Ramírez
11 44094 Luis Eudoro Bermúdez atendido por la abogada Gloria Ramírez
12 44208 Aracely Aguilera Acosta atendido por la abogada Gloria Ramírez
13 44311 Francisco José Cruz Parada atendido por la abogada Gloria Ramírez
14 44350 Nidia Velásquez Díaz atendido por la abogada Gloria Ramírez
15 44555 Elkin Yesid Rey Bernal atendido por la abogada Gloria Ramírez
16 45941 Mauro Octavio Guaje Hernández Inconsistencia en la información
17 39566 Lisandro Vega Castillo contestación presentada el 20/04/1997
18 43430 Estrella Buitrago Casas contestación presentada el 20/04/1998
19 43478 Mariela Cruz de Mora contestación presentada el 20/04/1998
20 43927 José Alejandro Ramírez Pardo contestación presentada el 20/04/1998
21 44348 Jorge Eliecer Hernández Albarracín contestación presentada el 20/04/1998
22 44724 Eduardo Bonilla Arias contestación presentada el 20/04/1998 contestación a adición de demanda presentada el 14/08/1998
23 44736 Henry Bautista Murcia contestación presentada el 20/04/1998 contestación a adición de demanda presentada el 14/08/1998
24 44772 Rosabel Sánchez Ardila contestación presentada el 20/04/1998 contestación a adición de demanda presentada el 14/08/1998
25 44904 Edgar Antonio Porras Bohórquez contestación presentada el 20/04/1998 contestación a adición de demanda presentada el 14/08/1998
26 44988 Félix Arturo Aponte Martínez contestación presentada el 20/04/1998 contestación a adición de demanda presentada el 14/08/1998
27 45012 Fabio Dolsey González Cortes contestación presentada el 20/04/1998 contestación a adición de demanda presentada el 14/08/1998
28 45072 Clara Esperanza Caviedes Nivia contestación presentada el 20/04/1998 contestación a adición de demanda presentada el 14/08/1998
29 45096 Henry Javier Fernandez C contestación presentada el 20/04/1998 contestación a adición de demanda presentada el 14/08/1998
30 45197 Nubia Isabel Calderón Calderón contestación presentada el 20/04/1998 contestación a adición de demanda presentada el 14/08/1998
31 45221 Jorge Enrique Díaz Monroy contestación presentada el 20/04/1998 contestación a adición de demanda presentada el 14/08/1998
32 45479 José Joaquín Fajardo Rodríguez contestación presentada el 20/04/1998
33 45503 Carlos Daniel Rojas Carrillo contestación presentada el 20/04/1998
34 45515 Armando Vasquez Chavarro contestación presentada el 20/04/1998
35 45527 Luz Edith Parra Ovalle contestación presentada el 20/04/1998
36 45610 Alejandrina Riaño contestación presentada el 20/04/1998
37 45611 Martha Cecilia Ramírez Guzmán contestación presentada el 20/04/1998
38 45645 Flor Alba Forero contestación presentada el 20/04/1998
39 45647 Juan Guillermo Parra Correa contestación presentada el 20/04/1998
40 45765 Alfredo Pérez Barrero contestación presentada el 20/04/1998 contestación a adición de demanda presentada el 26/08/1998
41 45813 Jorge Lino Peña Velasco contestación presentada el 20/04/1998
42 45837 Oscar Martín Rojas González contestación presentada el 20/04/1998 contestación a adición de demanda presentada el 14/08/1998
43 45957 Alfonso Barrera Moreno contestación presentada el 20/04/1998
44 44220 Ricardo López López contestación presentada el 20/04/1998
45 44244 Rubiela Gómez Vda. de Cubillos contestación presentada el 20/04/1998
46 46134 Lilia Caro de Olarte contestación presentada el 20/04/1998 se descorrió traslado del recurso de súplica
47 44748 Germán Medina Salazar contestación presentada
48 45132 Ángel Alberto Suárez contestación presentada
49 45293 Luís Eduardo Castellanos contestación presentada
50 45449 María Euinice Solórzano contestación presentada
51 46710 Juan Ariza contestación presentada
52 43994 Yolanda Caviedes alegato de conclusión presentado fallo declara probada la ineptitud sustantiva de la demanda
53 44953 Víctor Julio Pataquiva Silva atendido por el abogado Francisco Suárez
54 45208 Wilson Hernández atendido por la abogada Cecilia Acevedo de molano
55 45941 Jairo Enrique Roa Puentes atendido por el abogado Juan Andrés Carreño
56 45341 Pablo José Parra Ayala demandas rechazadas pero procesos aún abiertos
57 45353 Clara Inés Forero Sánchez demandas rechazadas pero procesos aún abiertos
58 45365 Leonel Antonio Rodríguez Guzmán demandas rechazadas pero procesos aún abiertos
59 45377 María Eugenia León Barbosa demandas rechazadas pero procesos aún abiertos
60 45389 Nohemí Pérez Sánchez demandas rechazadas pero procesos aún abiertos
61 45413 Aura Daxia Quiñónez demandas rechazadas pero procesos aún abiertos
62 44425 Cecilia Silva de Suárez demandas rechazadas pero procesos aún abiertos
63 45437 Marco Aurelio Chaparro R. demandas rechazadas pero procesos aún abiertos
64 45461 Dora Inés Delgado demandas rechazadas pero procesos aún abiertos
65 46095 Raquel Elisa Arias demandas rechazadas pero procesos aún abiertos
66 46317 Melba López P. contestación presentada el 08/06/1998
67 46376 Ana Arsene Pérez contestación presentada el 08/06/1998
68 46388 Juan de la Cruz Pereira contestación presentada el 08/06/1998
69 46437 Luís Germán Merchán contestación presentada el 08/06/1998
70 46550 Rodolfo Romero contestación presentada el 08/06/1998
71 44784 Sara Julia Parrado Barbosa contestación presentada el 02/07/1998
72 44844 Amparo Rocío Bohórquez contestación presentada el 02/07/1998
73 44916 Luz Nery López Huertas contestación presentada el 02/07/1998
74 44940 Juan Nepomuceno Blanco Piñeros contestación presentada el 02/07/1998
75 45933 Jorge Alirio Callejas Bernal contestación presentada el 02/07/1998
76 46614 Luís Ernesto Rojas Niño contestación presentada el 02/07/1998
77 45000 Javier Enrique Naranjo Manrique contestación presentada el 08/07/1998
78 45024 Alba Edilma García González contestación presentada el 08/07/1998
79 45036 Orlando Humberto Riaño García contestación presentada el 08/07/1998
80 45060 Ruth Junguito Cárdenas contestación presentada el 08/07/1998
81 45108 Alexandra Pilar Arenas Alvarado contestación presentada el 08/07/1998
82 45120 Nubia Elena Rodríguez Cortés contestación presentada el 08/07/1998
83 45144 Miguel Ángel Orjuela Pardo contestación presentada el 08/07/1998
84 45185 Martha Patricia Naranjo Cuesta contestación presentada el 08/07/1998
85 45245 Luís Enrique Sánchez Castiblanco contestación presentada el 08/07/1998
86 45317 José Vicente Triana Casallas contestación presentada el 08/07/1998
87 45825 Fredy Eduardo Guerrero Contreras contestación presentada el 08/07/1998
88 45969 Jorge Alberto Gómez Mora contestación presentada el 08/07/1998
89 46225 Gonzalo Pérez contestación presentada el 08/07/1998
90 46299 Vilma Cecilia Bello Silva contestación presentada el 08/07/1998
91 46322 María E. Hernández contestación presentada el 08/07/1998
92 46347 Nancy Franco R. contestación presentada el 08/07/1998
93 46371 Eulises Carrillo Osma contestación presentada el 08/07/1998
94 46383 Fabio Enrique Quiroga Vargas contestación presentada el 08/07/1998
95 46602 José Jairo Ramos Polanco contestación presentada el 08/07/1998
96 46626 Gabriel Villamil Rojas contestación presentada el 08/07/1998
97 46638 Luís Eduardo Romero Pulido contestación presentada el 08/07/1998
98 46650 Jorge Enrique Pulido Alfonso contestación presentada el 08/07/1998
99 46662 Pedro Ibáñez Puin contestación presentada el 08/07/1998
100 46674 Roberto Fernández contestación presentada el 08/07/1998
101 46686 Otoniel Infante Parra contestación presentada el 08/07/1998
102 46698 Jorge Adelmo Martín Martín contestación presentada el 08/07/1998
103 46722 Héctor Emilio Beltrán Penagos contestación presentada el 08/07/1998
104 46734 Luís Adolfo Salamanca Guerrero contestación presentada el 08/07/1998
105 46746 José Hermenson Orozco Herrera contestación presentada el 08/07/1998
106 47181 Luís Carlos Gómez Rojas contestación presentada el 08/07/1998
107 44976 Carlos Arturo Montenegro contestación presentada el 13/08/1998
108 45084 Aureliano Díaz Rueda contestación presentada el 13/08/1998
109 45870 Francy Yamile Vega Riaño contestación presentada el 18/08/1998
110 45897 Germán Guillermo Molano Palomo contestación presentada el 18/08/1998
111 45918 José Calazanz Botello Salcedo contestación presentada el 18/08/1998
112 45921 Carlos Hermógenes Cano Bernal contestación presentada el 13/08/1998
113 45930 Ruby Constanza Torres Espejo contestación presentada el 13/08/1998
114 45990 Samuel Enrique Orjuela Díaz contestación presentada el 18/08/1998
115 45623 Carlos Alberto Santamaría Estrada contestación presentada el 26/08/1998
116 45707 Edilberto González Ardila contestación presentada el 26/08/1998
117 45896 José Gustavo Celis Cárdenas contestación presentada el 26/08/1998
— Folio 43 del cuaderno 1 de pruebas: Comunicación dirigida al Director de Asuntos Judiciales de la Alcaldía Mayor, suscrita el 15 de Octubre de 1998 por los señores José Antonio Lema, Jorge Enrique Márquez y Jorge Valencia, en la que se lee: “Como es de su conocimiento ejercemos un mandato judicial para la atención de doscientos procesos que cursan en el tribunal administrativo de Cundinamarca contra Santa Fe de Bogotá Distrito Capital. La relación contractual se deriva de las comunicaciones dirigidas a nosotros con fecha 27 de octubre de 1997, por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, cuyas fotocopias nos permitimos adjuntarle, y de los doscientos poderes que, en desarrollo de su contenido, nos fueron otorgados para la atención de dichos negocios en su integridad, a cada uno de nosotros. En el contenido de la mencionada comunicación se establecen como honorarios la cantidad de dos millones de pesos ($ 2.000.000) m/cte. por cada proceso, sin incluir recurso extraordinario y se advierte que se hará la contratación por etapas, de conformidad con las disponibilidades presupuestales de la respectiva vigencia fiscal. Lo anotado en el párrafo anterior explica la razón del documento contentivo de los contratos de prestación de servicios profesionales que suscribimos con fecha noviembre 7 de 1997 y de su otrosí aclaratorio de 10 de diciembre del mismo año (anexamos fotocopia de los mismos). En ellas se establece como objeto “actuar como apoderado judicial en representación del Distrito Capital para contestar las demandas correspondientes a doscientos procesos Contenciosos Administrativos, de conformidad con los poderes que se le otorguen”. Es obvio que nuestra obligación profesional es la atención y vigilancia integral de cada proceso y en su desarrollo, no sólo hemos procedido a contestar las demandas sino que también hemos atendido la Etapa Probatoria, acudido al Consejo de Estado a atender apelaciones de autos y sentencias, presentado Alegatos de conclusión, etc. Por lo expresado sometemos a su consideración el reconocimiento y pago del saldo de los honorarios, o sea, la cantidad de un millón cuatrocientos mil pesos ($ 1.400.000) m/cte. por cada proceso (…)” (resaltado fuera de texto).
— Folio 45 del cuaderno 1 de pruebas: Oficio 3020-3134 suscrito el 24 de diciembre de 1998 por el Director de la Oficina de Asuntos Judiciales de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el que se lee: “(…) De conformidad con los anteriores datos extractados del expediente del contrato es pertinente efectuar el siguiente análisis: El objeto inicial del contrato se modificó de contestar 200 demandas a la contestación o atención, en el caso de que por algún motivo no se pudieran contestar algunas demandas conforme a los poderes otorgados. (…) En cuanto al valor que resulta de dividir el valor del contrato en el número de negocios a atender, a razón de $ 600.000 pesos cada uno, la adición automáticamente equiparó el valor de la contestación de la demanda abonándolo o acreditándolo a la atención procesal por un año y acertadamente no pactó erogación adicional en el último evento. (…) Como el equilibrio contractual funciona para ambos extremos contractuales (L. 80, art. 4º, num. 3º, antes transcrito), el interventor deberá al momento de la liquidación de los contratos determinar que entre contestación de demandas y atención procesal se concreten actuaciones en los 200 procesos en los términos estipulados en el contrato 127 (…)” (resaltado fuera de texto).
— Folio 135 del cuaderno 1 de pruebas: certificado de modificación de la póliza 971851363 con el fin de prorrogar su vigencia del 7 de julio de 1998, al 7 de julio de 1999.
— Folio 58 del cuaderno 1 de pruebas: oficio 3020-1657 suscrito el 3 de febrero de 1999 por el Director de la Oficina de Asuntos Judiciales de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el que se lee: “En virtud del vencimiento del contrato de la referencia, y siguiendo instrucciones de la Subsecretaría de Asuntos Legales de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, me permito informarle que esta Dirección revocó los poderes conferidos en los procesos a Usted asignados. Por tal razón, le solicito comunicarse al día siguiente del recibo de ésta, a la Dirección de Asuntos Judiciales con el doctor Cesar Méndez Díaz a efectos de iniciar la liquidación del contrato” (resaltado fuera de texto).
— Folio 59 del cuaderno 1 de pruebas: oficio 3020-4643 suscrito el 30 de mayo de 1999 por el Director de la oficina de asuntos judiciales de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el que se lee: “Atentamente envío para su firma el acta de liquidación del contrato 127, ruego a usted firmarla y devolverla para continuar el trámite de la misma. De no estar de acuerdo con la misma le agradezco devolverla en un término no superior a tres (3) días, con las observaciones correspondientes. De conformidad con lo establecido en los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993, si no se llegare a un acuerdo sobre el contenido del acta, La misma se hará directa y unilateralmente por la Secretaría General” (resaltado fuera de texto).
— Folio 64 del cuaderno 1 de pruebas: acta de conciliación prejudicial 323 de 1999, realizada el 23 de junio de 1999 ante la Procuraduría Segunda Judicial Administrativa en la que se lee: “(…) Se concede el uso de la palabra al apoderado del Distrito Capital quien expone: Estudiada la propuesta de conciliación en el Comité, éste decidió no presentar fórmula conciliatoria por cuanto dichos contratos no se encuentran liquidados y se reserva dicha facultad y los contratos se liquidarán de conformidad al artículo 60 y siguientes de la ley 80 de 1993” (resaltado fuera de texto).
— Folio 68 del cuaderno 1 de pruebas: Comunicación sin número suscrita el 19 de julio de 1999 por el señor Valencia Díaz, dirigida al director de la Oficina de Asuntos Judiciales de la Alcaldía Mayor, en el que se lee: “(…) me doy por notificado en la fecha del acto administrativo por medio del cual su despacho a cargo inicia el procedimiento administrativo de la referencia. En consecuencia por medio de la presente me permito devolver sin firmar dicho proyecto de acta con las observaciones que a continuación expongo, ya que contiene errores de derecho y de hecho como paso a expresar y demostrar a continuación (…)” (resaltado fuera de texto). Al efecto hace un recuento de la correspondencia cruzada entre las partes previo a la firma del contrato, dándole a la recibida el 27 de octubre de 1997 carácter de acto administrativo contentivo de la voluntad de las partes, y que considera hace parte esencial del contrato 127 y del otrosí posteriormente suscrito; al respecto agrega: “Frente al claro texto de la cláusula quinta del contrato, el 3 de febrero de 1999 no había sido posible contestar algunas de las demandas, luego su término aún estaba vigente. Lo anterior implica, que el Contrato 127 y la relación contractual, se dieron por terminados en forma unilateral por parte del Distrito, y sin alegar justa causa para ello, el 18 de diciembre de 1998. Dicha terminación unilateral, implica, según las normas generales del derecho y según disposiciones legales expresas y concretas, la obligación de reconocer y pagar los perjuicios que con dicha acción se causen (…). Frente a la ignorancia total del texto del OTROSI, frente a la TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA por cuanto la cláusula quinta del contrato establece que el término es el necesario para el cumplimiento total del objeto, y al ser dado por terminado pone al contratista en imposibilidad de cumplirlo, lo que constituye fuerza mayor, frente a la indemnización por lucro cesante que debe cancelar el Distrito por la cancelación unilateral sin justa causa, frente a las argumentaciones de hecho y de derecho atrás realizada, el Distrito Capital está obligado a cumplir en su totalidad con la oferta formulada el 27 de octubre de 1997 en acto administrativo válido y vigente y aceptado por mí y desarrollado a partir del 12 de diciembre de 1997 hasta el 4 de febrero de 1999, fecha a partir de la cual quedé informado de la revocatoria de los poderes (…) PETICIÓN. Que se rehaga el proyecto de acta teniendo en cuenta la relación contractual completa, de la cual hacen parte integrante la oferta contenida en el acto administrativo de 27 de octubre de 1997, el texto de los doscientos (200) poderes inicialmente recibidos, el contrato 127 y su OTROSÍ, y se le dé cumplimiento (…)” (resaltado fuera de texto).
— Los cuadernos 3 a 86, dan cuenta de 53 actuaciones adelantadas por el actor así:
anexo actor actuaciones número de actuaciones
3 Víctor Julio Pataquiva Silva el poder obra a folio 105, sin actuaciones registradas por parte del apoderado. 0
4 Germán Lizandro Medina Salazar el poder obra a folio 93; la contestación de la demanda a folio 116, y los alegatos de alegatos de conclusión a folio 286. 2
5 Luz Nery López Huertas el poder obra a folio 99; la contestación de la demanda a folio 138. 1
6 Alba Edilma García González el poder obra a folio 102; la contestación de la demanda a folio 140 cuando ya le había sido revocado el poder al apoderado. 0
7 Martha Isabel Pinzón el poder obra a folio 117; la contestación de la demanda a folio 161. 1
8 Jairo León Rodríguez el poder obra a folio 75, sin actuaciones registradas por parte del apoderado. 0
9 William Eduardo Borda Urrego el poder obra a folio 55, sin actuaciones registradas por parte del apoderado. 0
10 Rafael Antonio Rodríguez Roldán el poder obra a folio 62; la contestación de la demanda a folio 101. 1
11 Juan Guillermo Parra Correa el poder obra a folio 96; la contestación de la demanda a folio 142. 1
12 Jaime Arturo Díaz Montaña el poder obra a folio 59; durante el proceso se decretó la perención del mismo por el no pago de las expensas para notificación de acuerdo con lo dicho a folio 86. 0
13 Nidia Velásquez Díaz No obra poder en favor del actor. 0
14 Germán Rincón Tovar el poder obra a folio 42; durante el proceso se decretó la perención del mismo por el no pago de las expensas para notificación de acuerdo con lo dicho a folio 92. 0
14A Martha Isabel Gómez Rodríguez el poder obra a folio 56; la contestación de la demanda a folio 81. 1
15 Luis Francisco Laiton Sarmiento el poder obra a folio 40; durante el proceso se decretó la perención del mismo por el no pago de las expensas para notificación de acuerdo con lo dicho a folio 63. 0
16 Jorge Humberto Luna González el poder obra a folio 29; la demanda fue rechazada por haberse configurado el fenómeno de la caducidad de acuerdo con lo consignado a folio 83. 0
17 Camilo Alberto Rubiano Torres el poder obra a folio 96; la contestación de la demanda a folio 108; los alegatos de conclusión a folio 243. 2
18 Lisandro Vega Castillo el poder obra a folio 137; además obra la adhesión a las actuaciones del apoderado anterior. 1
19 Whiltmar Enrique Plazas Torres el poder obra a folio 57 sin actuaciones registradas por parte del apoderado. 0
20 Martín Gonzalo Mejía el poder obra a folio 39; durante el proceso se decretó la perención del mismo por el no pago de las expensas para notificación de acuerdo con lo dicho a folio 62. 0
21 Rubén Darío Candil Fúquene el poder obra a folio 31; durante el proceso se decretó la perención del mismo por el no pago de las expensas para notificación de acuerdo con lo dicho a folio 62. 0
22 José Alejandro Ramírez Pardo el poder obra a folio 102; la contestación de la demanda a folio 110. 1
23 Ricardo Monzón González el poder obra a folio 67; la contestación de la demanda a folio 95. 1
24 Melba Lucía Giraldo Montoya el poder obra a folio 109; durante el proceso se decretó la perención del mismo por el no pago de las expensas para notificación e acuerdo con lo dicho a folio 102. No obstante lo anterior, el abogado responde traslado de la sustentación del recurso de apelación interpuesto por la demandante contra el auto que declaró la perención del proceso, de acuerdo con lo consignado a folio 138. 1
25 Luís Eudoro Bermúdez el poder obra a folio 109; sin actuaciones registradas por parte del apoderado por cuanto la demanda había sido rechazada por no haber subsanado los defectos formales indicados por el juez de conocimiento. 0
26 Rodolfo Villamil Alarcón el poder obra a folio 74; la contestación de la demanda a folio 97. 1
27 Stella Pérez Rosas el poder obra a folio 58 sin actuaciones registradas por el apoderado. 0
28 Luís Carlos Gómez Rojas el poder obra a folio 139; la contestación de la demanda a folio 58. 1
29 Pedro Orlando Bonilla Moreno el poder obra a folio 40; la contestación de la demanda a folio 93. 1
30 Elizabeth Fuentes Zambrano el poder obra a folio 58; durante el proceso se decretó la perención del mismo por el no pago de las expensas para notificación de acuerdo con lo dicho a folio 83. 0
31 Luz Magdalena Zárate Areiza el poder obra a folio 96; la contestación de la demanda a folio108, y los alegatos de conclusión a folio 239. 2
32 Marco Aurelio Chaparro el poder obra a folio 32; la contestación de la demanda a folio 94. 1
33 Ricardo López López el poder obra a folio 70; la contestación de la demanda a folio 98. 1
34 Alirio Palencia Hernández el poder obra a folio 47; durante el proceso se decretó la perención del mismo por el no pago de las expensas para notificación de acuerdo con lo dicho a folio 71. 0
35 Oscar Martín Rojas González el poder obra a folio 99; la contestación de la demanda a folio 152, y la contestación a la adición de la demanda a folio 164. 2
36 Manuel Darío Sánchez el poder obra a folio 72; sin actuaciones registradas por parte del apoderado por cuanto la demanda se inadmite por haber operado el fenómeno de caducidad. 0
37 Hugo Leonardo García Belalcazar el poder obra a folio 101; durante el proceso se decretó la perención del mismo por el no pago de las expensas para notificación de acuerdo con lo dicho a folio 15. 0
38 José Alirio Callejas Bernal el poder obra a folio 101; la contestación de la demanda a folio 139. 1
39 María del Carmen Zambrano Suárez el poder obra a folio 59; la contestación de la demanda a folio 110. 1
40 Juan Heli Peña Sierra el poder obra a folio 47; durante el proceso se decretó la perención del mismo por el no pago de las expensas para notificación de acuerdo con lo dicho a folio 100. 0
41 Martha Nidia Arboleda Herrera el poder obra a folio 96; la contestación de la demanda a folio 108. 1
42 Ricardo Alonso Duarte el poder obra a folio 61 sin actuaciones registradas por parte del apoderado. 0
43 Yolanda Caviedes López el poder obra a folio 102; la presentación de los alegatos de conclusión, a folio 115. 1
44 Carlos Efraín González Barbosa el poder obra a folio 96; la contestación de la demanda a folio 110 y los alegatos de conclusión, a folio 245. 2
45 José Gilberto Reyes González el poder obra a folio 27 sin actuaciones registradas por el apoderado por cuanto la demanda había sido rechazada por no haber subsanado los defectos formales indicados por el juez de conocimiento. 0
46 Alexandra Torres Rodríguez el poder obra a folio 50; durante el proceso se decretó la perención del mismo por el no pago de las expensas para notificación de acuerdo con lo dicho a folio 79. 0
47 José Calazanz Botello Salcedo el poder obra a folio 50; la contestación de la demanda a folio 76. 1
48 José Calazanz Botello Salcedo Se tramitó recurso de queja sin actuaciones del apoderado, cuyo poder obra a folio 50 del cuaderno 47. 0
49 Aracelly Aguilera Acosta el poder obra a folio 26 sin actuaciones registradas por el apoderado por cuanto la demanda había sido rechazada por no haber subsanado los defectos formales indicados por el juez de conocimiento. 0
50 Martha Patricia Briceño Sierra el poder obra a folio 56 sin actuaciones registradas por el apoderado. 0
51 Juan Ariza el poder obra a folio 50; la contestación de la demanda a folio 101 y los alegatos de conclusión a folio 214. 2
52 funcionarios del departamento administrativo de bienestar social de Santafé de Bogotá no obra poder en favor del actor 0
53 Ovelio Orozco García el poder obra a folio 37 sin actuaciones registradas por el apoderado por cuanto la demanda había sido rechazada por no haber subsanado los defectos formales indicados por el juez de conocimiento. 0
54 Lilia Caro Olarte el poder obra a folio 71; la demanda de inadmitió por haber operado el fenómeno de caducidad. El apoderado dio respuesta dentro del término del traslado del recurso de súplica de acuerdo con lo consignado a folio 99. 1
55 Pedro Cenen León Parra el poder obra a folio 39 sin actuaciones registradas por el apoderado por cuanto la demanda fue rechazada por no haber realizado la estimación razonada de la cuantía y por indebida designación de las partes, sin corrección allegada a tiempo. 0
56 Mario Walter Rincón Guerrero el poder obra a folio 40; durante el proceso se decretó la perención del mismo por el no pago de las expensas para notificación de acuerdo con lo dicho a folio 69. 0
57 Edgar Méndez Cuellar el poder obra a folio 30; durante el proceso se decretó la perención del mismo por el no pago de las expensas para notificación de acuerdo con lo dicho a folio 31. 0
58 Armando Rodríguez Ospina el poder obra a folio 57 sin actuaciones registradas por parte del apoderado. 0
59 José Roberto Guamán de Dios el poder obra a folio 53; durante el proceso se decretó la perención del mismo por el no pago de las expensas para notificación de acuerdo con lo dicho a folio 81. 0
60 Ana Leonor Acero Velandia el poder obra a folio 62; durante el proceso se decretó la perención del mismo por el no pago de las expensas para notificación de acuerdo con lo dicho a folio 87. 0
61 Esperanza Lucero Lasprilla Martínez el poder obra a folio 55; la contestación de la demanda a folio 82. 1
62 Jorge Lino Peña Velasco el poder obra a folio 100; la contestación de la demanda a folio 82. 1
63 Rosabel Sánchez Ardila el poder obra a folio 101; la contestación de la demanda a folio 147; la contestación a la adición de la demanda a folio 166. 2
64 Luz Ángela Rincón Mendoza el poder obra a folio 59; durante el proceso se decretó la perención del mismo por el no pago de las expensas para notificación de acuerdo con lo dicho a folio 84. 0
65 Wilson Orlando Barajas Sandoval el poder obra a folio 45; durante el proceso se decretó la perención del mismo por el no pago de las expensas para notificación de acuerdo con lo dicho a folio 74. 0
66 Luís Carlos Ospina Ramos el poder obra a folio 40; durante el proceso se decretó la perención del mismo por el no pago de las expensas para notificación de acuerdo con lo dicho a folio 62. 0
70 Jaiber Enrique Naranjo Manrique el poder obra a folio 101; la contestación de la demanda a folio 142. También obra contestación de la demanda pero la misma se presentó cuando ya le había sido revocado el poder. 1
71 Elkin Yesid Rey Bernal no obra poder en favor del actor. 0
72 Benjamín Bernardo Perdomo Cajamarca el poder obra a folio 57; durante el proceso se decretó la perención del mismo por el no pago de las expensas para notificación de acuerdo con lo dicho a folio 82. 0
73 Fredy Eduardo Guerrero Contreras el poder obra a folio 79; la contestación de la demanda a folio 120. 1
74 Orlando Humberto Riaño García el poder obra a folio 107; la contestación de la demanda a folio 130. 1
75 Ángel Alberto Suárez Díaz el poder obra a folio 100; la contestación de la demanda a folio 105. 1
76 Manuel Alberto Torres Barreto el poder obra a folio 74; durante el proceso se decretó la perención del mismo por el no pago de las expensas para notificación de acuerdo con lo dicho a folio 105. 0
77 Henry Bautista Murcia el poder obra a folio 102; la contestación de la demanda a folio 155 y la contestación a la adición de la demanda a folio 167. 2
78 Jorge Enrique Díaz Monroy el poder obra a folio 97; la contestación de la demanda a folio 150, y la contestación a la adición de la demanda a folio 165. 2
79 Zoraida María Rodríguez Ruíz el poder obra a folio 55; la contestación de la demanda a folio 80. 1
80 José Ignacio Vivas Loaiza el poder obra a folio 31; la contestación de la demanda a folio 84. 1
81 Oscar Antonio Merchán Sánchez el poder obra a folio 90; la contestación de la demanda a folio 142. 1
82 Eduardo Bonilla Arias el poder obra a folio 101; la contestación de la demanda a folio 163; la contestación a la adición de la demanda a folio 166. 2
83 Francy Yalile Vega Riaño el poder obra a folio 53; la contestación de la demanda a folio 85. 1
84 José Vicente Triana Casallas el poder obra a folio 101; la contestación de la demanda a folio 142. 1
85 José Gustavo Celis Cárdenas el poder obra a folio 75; la contestación de la demanda a folio 114. 1
86 Carlos Daniel Rojas Carrillo el poder obra a folio 96; la contestación de la demanda a folio 142. 1
— Que el 27 de octubre de 1997, el distrito envió carta en la que dispuso que con base en la propuesta presentada por el actor, sus servicios serían contratados a razón de $ 2’000,000 por proceso sin incluir recursos extraordinarios, advirtiendo que sería contratado por etapas, de conformidad con las disponibilidades presupuestales de la respectiva vigencia fiscal, de manera tal que con recursos de 1997, la administración le contrataría para contestar 200 demandas a un valor de $ 600,000 por cada una. Advirtió, en todo caso, que los honorarios recibidos por demandas que no pudieran contestarse, se causarían para la atención durante 1998 de un número de procesos igual al número de demandas no contestadas o contestando las demandas de nuevos procesos.
— Que de acuerdo con el certificado de disponibilidad presupuestal apropiado para la contratación del actor, se destinaron $ 120’000,000 para cubrir el valor de la primera etapa del contrato de prestación de servicios 127 suscrito entre las partes el 7 de noviembre de 1997, por la modalidad de contratación directa, en el que el señor Valencia Díaz se comprometió a actuar como apoderado judicial del Distrito Capital para contestar las demandas correspondientes a 200 procesos; de esa suma efectivamente se pagaron $ 108’200,000 correspondientes a la totalidad del objeto contractual, incluyendo el descuento del 10% de retefuente, el 1% de reteICA, y el 0.5% de timbre nacional.
— Que en el otrosí aclaratorio al contrato de prestación de servicios 127 de 1997, se incluyó la advertencia que traía la carta enviada al actor el 27 de octubre de 1997 en el sentido de que cuando por cualquier circunstancia no fuere posible contestar alguna o algunas de las demandas conforme a los poderes otorgados, los honorarios recibidos se compensarían, acreditándolos al Contratista por la atención de igual número de procesos durante 1998, o contestando las demandas de procesos nuevos para lo cual se otorgarían los respectivos poderes.
— Que de acuerdo con los informes que presentó el actor dando cuenta del estado de varios procesos a su cargo, se anunciaron 95 contestaciones de demandada, 12 contestaciones de adición de demanda, 1 alegato de conclusión y 1 respuesta a un recurso de súplica, para un total de 109 actuaciones, aunque al proceso solamente fueron efectivamente aportados 81 procesos con base en los cuales quedaron acreditadas un total de 53 actuaciones.
— Que por comunicación del 3 de febrero de 1999 se informó sobre la revocatoria de los poderes conferidos por parte de la entidad demandada, razón por la cual ésta inició los trámites tendientes a la liquidación del contrato; sin embargo, el actor no compartió el proyecto de acta de liquidación bilateral propuesta el 30 de mayo del mismo año por considerar que se había configurado una terminación unilateral del contrato sin soporte en causal alguna de justificación, solicitando, en consecuencia, que en el acta de liquidación se reconocieran los perjuicios que con dicha actuación se causaron.
2.1. Naturaleza jurídica de la comunicación del 27 de octubre de 1997.
La comunicación suscrita 27 de octubre de 1997 por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá(6), constituyó un verdadero acto administrativo de naturaleza contractual que en términos de esta Subsección “debe cumplir unas condiciones mínimas, entre las cuales se encuentra el hecho de que se trate de una declaración de voluntad, de carácter unilateral, producida en ejercicio de la función administrativa, y que produzca efectos jurídicos”(7). En efecto, dicha comunicación definió la gestión procesal completa, pues en ella se fijaron las condiciones del contrato que se suscribió con posterioridad, indicando que el Distrito había decidido: establecer la suma de $ 2’000,000 como honorarios por proceso judicial atendido; contratar al actor para la atención de los procesos por etapas de acuerdo con las disponibilidades presupuestales; contratar al actor durante la vigencia de 1997 para la contestación de las demandas en 200 procesos judiciales reconociendo $ 600.000 por cada actuación; y compensar los honorarios pagados en relación con las demandas que no fuere posible contestar, a través de la atención de otras etapas procesales en los mismos procesos, o un número igual de procesos nuevos.
2.2. El contrato 127 de 1997 suscrito entre las partes.
Como lo ha sostenido esta Subsección, “dentro de la autonomía de la voluntad que tiene la administración para contratar, es preciso señalar que la contratación estatal constituye una función reglada, en razón a que debe someterse a las estipulaciones legales sobre el particular, para la consecución de los fines estatales”(8).
De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 80 de 1993(9), el contrato de prestación de servicios es aquél que celebran las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-154 de 1997 caracterizó dicho contrato indicando que 1) versa sobre una obligación de hacer para la ejecución de funciones propias de la entidad en razón de la experiencia, capacitación y formación profesional del contratista, en la que 2) la autonomía e independencia del contratista desde el punto de vista técnico y científico constituye un elemento esencial; adicionalmente, 3) su vigencia es temporal, y puede estar sujeta al 4) pacto facultativo de cláusulas de terminación unilateral de acuerdo con las formas y términos indicados en la ley de contratación aplicable.
Con el fin de cumplir el objeto de un contrato de prestación de servicios, puede ser necesaria la suscripción de algún otro negocio jurídico, como “el contrato de mandato establecido en el artículo 2142 del Código Civil y el acto de apoderamiento referido para efectos de su terminación en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, además de que se tiene presente que en el mandato para representación judicial y en el apoderamiento judicial se predican unas notas características propias de la gestión de los profesionales del derecho, con unas reglas especiales sobre los deberes en relación con la gestión encomendada y la remuneración cobrada, así como el derecho a la revocatoria del poder instituida por nuestro Código de Procedimiento Civil en favor del poderdante, sin perjuicio de la obligación de pagar los honorarios y gastos causados al apoderado”(10).
En el sub lite, mediante contrato de prestación de servicios 127 de 1997, se acordó como objeto la “representación del Distrito Capital para contestar las demandas correspondientes a doscientos (200) procesos contenciosos administrativos, de conformidad con los poderes que se le otorguen” asunto que reviste especial importancia teniendo en cuenta que el alcance de la gestión se definiría en los respectivos poderes.
Los 78 poderes que se arrimaron al proceso, cuya fecha de presentación personal ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca —cuando fue legible— correspondió al 12 de diciembre de 1997, establecían que se confería poder amplio y suficiente en favor del actor para que ejerciera la representación judicial del Distrito Capital, quedando facultado para recibir, notificarse de la demanda y de las providencias que se produjeran en desarrollo del proceso, sustituir, reasumir, conciliar, transigir y en general contenía todas las atribuciones inherentes al mandato conforme a lo dispuesto en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil.
Por lo anterior, esta Subsección entiende que la relación contractual contenida en el contrato 127 de 1997 se extendió más allá de la contestación de las demandas por cuanto estaba sujeta al contenido de los poderes otorgados, y ocurre que el objeto y el alcance de tales poderes comprendió todas las actuaciones inherentes al mandato para la representación judicial.
Al respecto, ha sostenido la Sala que:
“[L]os poderes otorgados y aceptados reunieron las condiciones para constituir un acuerdo de mandato convenido en desarrollo del objeto del contrato de prestación de servicios 130, o si se quiere ver desde otro ángulo, se encuentra el acuerdo escrito de las partes para efectos de ampliar el objeto del contrato inicial, en cuanto que el poder aceptado cumplió con los elementos esenciales del contrato estatal fijados en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, toda vez que se otorgó por escrito que suscribieron por ambas partes, con un objeto claramente establecido y sobre el cual hubo un acuerdo de voluntades, en cuanto que la gestión abarcó la totalidad del proceso referido en el respectivo poder”(11).
Ahora, sobre la potestad de revocar los poderes concedidos, esta Corporación ha advertido que con el objetivo de proteger el derecho a la defensa del poderdante, éste está facultado para revocar el poder otorgado en el momento en que mejor lo considere conveniente de acuerdo con sus intereses y sin mediar justificación alguna, aunque el representante desprovisto de sus facultades puede solicitar, dentro del mismo proceso, que se realice un incidente de regulación de honorarios para que le sean reconocidos los que hasta el momento de la revocatoria hubieren sido causados de acuerdo con los términos del contrato de prestación de servicios o de gestión con base en el cual se realizó el acto de apoderamiento(12), incidente que en el sub lite no hay prueba de que se hubiera surtido.
Por lo anterior, no es posible aceptar, como lo pretendió el actor, que la entidad estuviera en la obligación de mantener los mandatos que le fueron conferidos hasta que culminaran cada uno de los procesos que se le asignaron. En efecto, en Sentencia C-1178 de 2001, la Corte Constitucional al pronunciarse sobre la exequibilidad del artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, advirtió que
“No se puede, entonces, condicionar, como pretende el actor, el ejercicio del derecho a la revocatoria del acto de apoderamiento, de quien está siendo representado en juicio, a una previa y debida justificación, porque tal revocatoria no descalifica per se al profesional del derecho actuante, no resulta abusiva, ni quebranta su derecho a percibir los honorarios causados con su actuación, simplemente indica que el poderdante no será representado más por el abogado actuante, porque el titular del derecho a la participación en juicio así lo resolvió”.
En consecuencia, tampoco las disposiciones en estudio quebrantan los artículos 25, 83, y 95 constitucionales, en cuanto el inciso primero del artículo 69 en estudio prevé que dentro del mismo proceso, mediante el trámite incidental, el abogado afectado con la revocatoria del poder inste la determinación de sus honorarios, lo que no obsta, para que, si así lo prefiere, acuda a otra vía procesal, en la que no solo se regulen los emolumentos a que tiene derecho por la actuación realizada, sino que se evalúe el ejercicio del derecho del poderdante a la revocación, por parte del poderdante, con el objeto de que sea compelido a indemnizar los perjuicios que puede haber causado por haber procedido a una revocatoria abusiva, o sin consultar los derechos del afectado”.
2.3. La terminación unilateral del contrato 127 de 1997.
Advierte la Sala que en aquellos casos en los que se pretende el reconocimiento de perjuicios generados por la ilegalidad de la decisión de terminación anticipada y unilateral de un contrato, debe integrarse a la demanda la pretensión de nulidad del mencionado acto administrativo toda vez que estaría amparado por la presunción de legalidad(13). No obstante lo anterior, en el sub lite, si bien las partes pactaron cláusulas de terminación, modificación e interpretación unilaterales, no hubo lugar a la aplicación de ninguna de ellas por cuanto lo alegado por el Distrito Capital para revocar los poderes, fue el vencimiento del término contractualmente pactado; así las cosas, la Subsección no abordará el estudio de la naturaleza jurídica ni de la legalidad de la comunicación del 3 de febrero de 1999(14), pues la controversia versa sobre la aplicación, supuestamente indebida, de un pacto contractual, que habría dado lugar a la revocatoria sin justa causa del mandato judicial y la consecuente indemnización de perjuicios.
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 2189 del Código Civil, el mandato termina por el desempeño del negocio para el cual se hubiere constituido, o por la expiración del término o por el evento de la condición que hubieren sido prefijados para la terminación del mismo. En el sub lite, el 18 de diciembre de 1998 se revocaron los poderes otorgados, tal y como se comunicó en el oficio fechado 3 de febrero de 1999, invocando el vencimiento del término contractualmente pactado, razón por la que el actor arguyó que se había configurado una terminación unilateral sin justa causa, pues para la fecha en la que se revocaron los poderes, el contrato de prestación de servicios continuaba vigente.
Al respecto, se insiste en que por mandato del artículo 1757 del Código Civil, incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta al poner en funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado. En efecto, las cargas con las que deben correr quienes se enfrentan en un litigio, responden a principios y reglas jurídicas que regulan la actividad probatoria, a través de las cuales se establecen los procedimientos para incorporar al proceso —de manera regular y oportuna— la prueba de los hechos, y de controvertir su valor con el fin de que incidan en la decisión judicial. Su intención es convencer al juez sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos dañosos, y las respectivas consecuencias(15).
Es así como al juez se le impone regir sus decisiones de acuerdo con por lo menos, tres principios fundamentales: onus probandi incumbit actori (al demandante le corresponde probar los hechos en que funda su acción); reus, in excipiendo, fit actor (el demandado, cuando excepciona, funge de actor y debe probar los hechos en que funda su defensa); y actore non probante, reus absolvitur (el demandado debe ser absuelto de los cargos si el demandante no logra probar los hechos fundamento de su acción). Estos principios están recogidos tanto en la legislación sustancial (C.C., art. 1757) como en la procesal civil colombiana (CPC, art. 177 y CGP, art. 167), y responden primordialmente a la exigencia de justificar lo afirmado con el fin de persuadir a otros sobre su verdad, salvo cuando se trate de hechos notorios y afirmaciones o negaciones indefinidas por no requerir prueba.
Con base en las pruebas aportadas al proceso, observa la Sala que durante la ejecución del contrato se pactaron dos plazos: el primero, contenido en la cláusula quinta del contrato 127 de 1997 con base en el cual su duración sería por el término necesario para la ejecución total de su objeto por lo que fuerza concluir que no pudo configurarse expiración del mismo dado que 51 procesos de los 82 que se arrimaron al plenario, no habían culminado para el momento de la revocatoria de los poderes. El segundo, contenido en el otrosí aclaratorio suscrito el 10 de diciembre de 1997, que estipuló que en el evento de procesos nuevos el término del contrato se ampliaría en 12 meses, de manera tal que sólo habría existido posibilidad de terminar el contrato por vencimiento de su término en relación con los procesos nuevos.
Así pues, dado que el argumento del Distrito Capital para revocar los poderes por vencimiento del término del contrato quedó desvirtuado, la Subsección recuerda que “la terminación del mandato sin justa causa constituye un incumplimiento del contrato en cuanto al deber que tiene el mandante de permitir al mandatario el ejercicio de su gestión, el cual se encuentra expresado en la obligación contenida en el numeral 1º del artículo 2184 del Código Civil, puesto que forma parte de su responsabilidad la de “proveer al mandatario de lo necesario para la ejecución del mandato” y en este sentido el mandante se encuentra obligado a responder por el retiro arbitrario de las facultades conferidas al mandatario”(16). Por esta razón, el mandatario tiene derecho a hacer exigibles los pagos a cargo del mandante en los términos del artículo 2184 del Código Civil, ya sea que se trate del reembolso de los gastos causados, el pago de la remuneración estipulada o usual, y el reconocimiento de los perjuicios en que haya incurrido el mandatario sin culpa o por causa del mandato.
En el sub lite, los gastos causados correspondían al apoderado de acuerdo con el parágrafo de la cláusula segunda del contrato 127 de 1997, en el que se estableció que “[T]odos los gastos que se originen con ocasión del desarrollo y ejecución del presente contrato serán a cargo en todo momento del contratista, con excepción de las costas de las pruebas que se soliciten en defensa del Distrito”.
Por su parte, en lo que se refiere al pago de la remuneración convenida, se tiene probado que los honorarios fueron estipulados en una suma fija de $ 2’000.000 por la representación judicial por cada proceso, sin incluir recursos extraordinarios, y que al actor se le pagó una suma inicial de $ 120’000,000 que cubría los gastos de la contestación de 200 demandas, pactando una compensación por valor de $ 600,000 para la atención de otras etapas procesales o de la contestación de nuevas demandas. Es por tanto que el demandante tendría derecho a que se le pagaran los honorarios por las 53 actuaciones efectivamente probadas dentro del proceso para un monto total de $ 31’800,000 que, como ya se indicó, fue cubierto con el pago inicial de $ 120’000,000.
Finalmente, en lo que se refiere a los perjuicios en que hubiere incurrido el mandatario sin culpa o por causa del mandato, la Sala entiende que “el mandatario privado arbitrariamente de sus facultades para concluir la gestión, tiene derecho a la indemnización de las pérdidas en que haya incurrido sin su culpa o por causa del mandato conferido, de acuerdo con las voces del numeral 5º del artículo 2184 del Código Civil”(17). Así las cosas, de los 82 procesos que fueron arrimados al acervo probatorio, se advierte que en 31 no se adelantó ninguna actuación a cargo del demandante, ya porque el poder no había sido otorgado a su nombre, ya por fallas en las demandas o inactividad de los demandantes, razón por la cual no se puede alegar el derecho a una pérdida indemnizable en lo que a ellos respecta, pues las causas de la inexistencia del litigio fueron ajenas al mandante.
En cuanto a los 51 procesos judiciales que se encontraban en curso, en los que el abogado se vio privado injustamente de la continuidad del mandato por causa de la revocatoria del poder, la Subsección encuentra que tendría derecho a la utilidad dejada de percibir, teniendo en cuenta el pacto de honorarios de $ 2’000,000 como suma fija por la atención de los procesos, determinada por etapas o actividades procesales. Ahora bien, dado que no se tiene precisión sobre las etapas que se surtirían con posterioridad a la revocatoria de los poderes, se encuentra que “sea cual fuere el valor de la indemnización por la pérdida causada por el hecho de la revocatoria y aun si se reconociera por ella el monto total de los honorarios no causados, se impone concluir que por razón de los procesos demostrados y del pago de honorarios cancelados por anticipado, no hay prueba que soporte un valor adicional a pagar por cuanto el monto recibido por el abogado superó la totalidad de los honorarios de los procesos cuya existencia fue probada”(18), así:
Total de expedientes con actuaciones comprobadas 51
Valor causado por honorarios totales ($ 2’000.000 por proceso) $ 102’000,000
Valor pagado por anticipado $ 120’000,000
Y como de acuerdo con lo anterior, el Distrito pagó un valor superior al que realmente se ejecutó en cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, se ordenará compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República, y a la Fiscalía General de la Nación para que inicien las investigaciones a las que haya lugar.
Por último, acerca de la pretensión subsidiaria de restablecer el equilibrio económico del contrato, esta Subsección no encontró probado el aumento de la carga obligacional, pues no se identificaron nuevos procesos por atender, ni hechos sobrevinientes que hubieren dado lugar a una mayor actividad que la usualmente prevista para los procesos asignados inicialmente.
En consecuencia, el análisis que antecede resulta suficiente para concluir que el actor no cumplió con la carga procesal de probar los soportes fácticos de sus pretensiones.
Teniendo en cuenta la actitud asumida por las partes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, y dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Subsección se abstendrá de condenar en costas en contraposición con lo dispuesto por el a quo.
1. Confirmar la sentencia apelada, esto es, la proferida por la Sala de Descongestión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 5 de mayo de 2004.
2. Compulsar copias del expediente a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia.
1 Es preciso advertir que el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, dice que el nuevo Código “sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
2 “La competencia del juez de segunda instancia se encuentra limitada por el alcance del respectivo recurso de alzada (…) [Es así como], si la apelación debe entenderse interpuesta únicamente en relación con aquello que en el fallo impugnado resultare perjudicial o gravoso para el recurrente, el juez de la segunda instancia está en el deber de respetar y de mantener incólume, para dicho recurrente único —y con ello para el resto de las partes del proceso—, los demás aspectos de ese fallo que no hubieren sido desfavorables para el impugnante o frente a los cuales él no hubiere dirigido ataque o cuestionamiento alguno, puesto que la ausencia de oposición evidencia, por sí misma, que el propio interesado no valora ni estima como perjudiciales para sus intereses los aspectos, las decisiones o las materias del fallo de primera instancia que de manera voluntaria y deliberada no recurrió, precisamente por encontrarse conforme con ellos”. Consejo de Estado; Sala Plena de Sección Tercera; Sentencia de Unificación del 9 de febrero de 2012; expediente. 21060.
3 De acuerdo con lo consignado en el decreto 597 de 1988, la cuantía requerida para que un proceso tuviera vocación de doble instancia —cuando la demanda fuera interpuesta en el año 2000—, era de $ 26’390,000. En el sub lite, la mayor pretensión superaba los $ 280,000’000,000, suma alegada como perjuicios materiales por el señor Valencia Díaz.
4 Al momento de la presentación de la demanda, el 26 de enero de 2000, no habían transcurrido los dos años de los que habla la norma para que la acción de controversias contractuales se encuentre caducada contados a partir de la fecha en que termina el plazo contractual o legal para liquidar el contrato estatal, adicionado en dos (2) meses, por cuanto los hechos ocurrieron el 3 de febrero de 1999, fecha en la que el Tribunal notificó la revocatoria de los poderes, teniendo en cuenta que el contrato tenía un plazo indeterminado.
5 Ver, Entre otras sentencias: 19 de septiembre de 2002, expediente 13399; 4 de diciembre de 2002; expediente 13623; 29 de enero 2004, expediente 14018; 29 de enero de 2004, expediente 14951.
6 El artículo 40 del Decreto-Ley 1421 de 1993, Por el cual se dictó el régimen del Distrito Capital, el Alcalde Mayor puede delegar las funciones que le asigne la ley y los acuerdos en los Secretarios de Despacho, Directores de Departamento Administrativo, Gerentes o Directores de entidades descentralizadas, en los funcionarios de la administración tributaria, y en las Juntas Administradoras y los Alcaldes Locales.
7 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 13 de abril de 2015; expediente 28647.
8 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 12 de noviembre de 2014; expediente 25985.
9 modificado por el Decreto 165 de 1997 artículo 2º.
10 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de octubre de 2013; expediente 32720.
11 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de octubre de 2013; expediente 32720.
12 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 16 de marzo de 2015; expediente 26452.
13 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 12 de noviembre de 2014; expediente 30251 (acumulados).
14 Por medio de la cual se informa sobre la revocatoria de los poderes.
15 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 20 de marzo de 2013; expediente 25953.
16 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de octubre de 2013; expediente 30251 (acumulados).
17 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de octubre de 2013; expediente 32720.
18 Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 30 de octubre de 2013; expediente 32720.

References: ARTÍCULO 2189
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