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Timestamp: 2016-12-05 13:19:50+00:00

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Proyecto de Ley Número 107 de 2010 Cámara, Por la cual se dictan medidas de atención y reparación integral a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. – ACUMULADO Proyecto de Ley No. 85 de 2010 Cámara, Por la cual se establecen normas transicionales para la restitución de tierras.
Published on: Mar 4, 2016Source: www.slideshare.net Transcripts - Ponencia Primer Debate Ley de Víctimas
Bogotá D.C.02 de Noviembre de 2010
REF: Informe de Ponencia para primer debate.
Proyecto de Ley Número 107 de 2010 Cámara Por la
cual se dictan medidas de atención y reparación
integral a las víctimas de violaciones a los Derechos
Humanos e infracciones al Derecho Internacional
Humanitario. – ACUMULADO Proyecto de Ley No. 85
de 2010 Cámara, Por la cual se establecen normas
transicionales para la restitución de tierras.
En atención a la designación que nos fuera hecha por la Mesa Directiva de la Comisión
Primera Permanente de la Cámara de Representantes y dando cumplimiento al término
establecido en el artículo 153 de la Ley 5ª de 1992, nos permitimos presentar ponencia
para primer debate al Proyecto de ley número 107 de 2010 Cámara (ACUM. PL 85/10 –
Cámara), por la cual se dictan medidas de atención y reparación integral a las víctimas
de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional
I. ORIGEN DE LA INICIATIVA Y ACUMULACIÓN
La presente iniciativa es de origen parlamentario y gubernamental. Fue radicada por el
Ministro del Interior y de Justicia, doctor Germán Vargas Lleras, así como por los
honorables Senadores de la República Armando Benedetti, José Darío Salazar, Juan
Francisco Lozano, Juan Fernando Cristo y los honorables Representantes a la Cámara,
Guillermo Rivera, Germán Barón, entre otros honorables Congresistas.
El Proyecto de Ley 85 de 2010 Cámara, por la cual se establecen normas transicionales
para la restitución de tierras, radicado por el Ministro del Interior y de Justicia y el Ministro
de Agricultura y Desarrollo Rural, doctor Juan Camilo Restrepo Salazar, fue acumulado a
la iniciativa que se somete a discusión de la Comisión Primera de la Cámara de
Representantes, en virtud de lo establecido en el artículo 151 de la Ley 5ª de 1992 y por
disposición del Presidente de esta corporación, el honorable Representante Berner
Zambrano Erazo. Lo anterior, teniendo en cuenta que el proyecto de ley 107 de 2010 -
Cámara, incluía un capítulo específico que hacía referencia al Proyecto de Ley 85 de
2010 - Cámara y en la medida en que este último tiene por objeto la restitución de los
predios de las víctimas de despojo en el país razones por las cuales, en virtud del artículo
154 de la Ley 5 de 1992, se decidió acumular estas iniciativas.
Audiencia Pública Realizada en el Trámite del Proyecto de Ley
El 21 de Octubre de 2010, se realizó la audiencia pública del proyecto de ley 107 de 2010
- Cámara (Acum. PL 085 de 2010 – Cámara), a la cual fueron convocadas todas las
personas naturales y jurídicas que estuvieran interesas en el tema. Se hicieron presentes
los ponentes de la iniciativa legislativa, miembros de la Comisión Primera y algunos
Representantes a la Cámara, así como también funcionarios del Gobierno Nacional.
Intervinieron en su orden:
- De la oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Señor Cristian
- El Representante de las Naciones Unidas, Señor Bruno Moro.
- De la Conferencia Episcopal, Monseñor Fabián Marulanda.
- Por la Fundación Social, Paula Gaviria Betancourt.
- De la Comisión Colombiana de Juristas, Fátima Esparza.
- El Profesor Luis Jorge Garay de la Comisión de Seguimiento a las Políticas
Públicas sobre Desplazamiento.
- De la Mesa del Encuentro de Víctimas Pertenecientes a Organizaciones Sociales,
el Dr. Antonio Madarriaga.
- La comisionada Patricia Buriticá, de la Comisión Nacional de Reparación y
- El Señor Defensor del Pueblo, Volmar Pérez.
- De Iniciativa de Mujeres por la Paz, la señora Ángela Cerón.
- Representantes de ACNUR y de UNIFEM.
- Miembros de Colombia con Memoria.
- Víctimas representantes de las diferentes regiones del país.
Los Representantes de la Comunidad Internacional, dejaron en claro la importancia que
tiene para nuestro país el hecho de estar estudiando una iniciativa de esta magnitud, y
recomendaron de manera especial crear una ley que permita una satisfacción integral,
oportuna y plena de los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación,
respetando siempre las normas Internacionales de los Derechos Humanos.
Las víctimas, por su parte, solicitaron que su situación sea reconocida y que puedan
crearse instancias en donde sean escuchadas. También enfatizaron sobre la necesidad
de implementar con eficiencia un programa de titulación de tierras y proyectos productivos
gratuitos. De igual manera solicitaron que fuese incluida atención psicosocial con el fin de
poder superar su estado de vulnerabilidad.
La Comisión Primera es competente para conocer esta iniciativa toda vez que el proyecto
busca establecer medidas de reparación y atención para las víctimas de país. De tal
forma, la iniciativa es una herramienta de la justicia transicional necesaria para conseguir
la reconciliación nacional, lo cual, se enmarca como una estrategia para conseguir la paz
y para materializar los derechos que les atañen a las víctimas, en los términos del artículo
2 de la Ley 3ª de 1992.
III. OBJETO DEL PROYECTO
Con el presente proyecto se pretende instituir una política de Estado de asistencia,
atención, protección y reparación a las víctimas de violaciones manifiestas a las normas
internacionales de Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional
Humanitario. El articulado que aquí se propone, es el resultado de un amplio consenso
entre el Gobierno Nacional, diversos sectores políticos y la sociedad civil, en aras de
lograr un amparo integral de las víctimas que abarque mecanismos de asistencia,
atención, prevención, protección, reparación integral con enfoque diferencial, acceso a la
justicia y conocimiento de la verdad, ofreciendo herramientas para que aquéllas
reivindiquen su dignidad y desarrollen su modelo de vida. Sólo con la materialización de
este objetivo es posible lograr la finalidad última de la justicia transicional en Colombia,
como recuperación de los traumas de la violencia sistemática y generalizada: la
Sin menguar esfuerzos frente a los mecanismos para la reintegración a la vida civil de los
victimarios comprometidos con el proceso de paz en el marco de la justicia transicional, el
Estado asume aún con mayor relevancia los esfuerzos tendientes a la recomposición del
tejido social adoptando medidas efectivas en favor de las víctimas de violaciones
manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos o infracciones al Derecho
Internacional Humanitario, particularmente, dignificando su calidad de tales con la
implementación de mecanismos efectivos de realización y protección de sus derechos.
Los titulares de las medidas contenidas en este proyecto de ley, son las personas que
hayan sufrido menoscabo en sus derechos como consecuencia de violaciones manifiestas
a las normas internacionales de Derechos Humanos o infracciones al Derecho
Internacional Humanitario, en el marco de los estándares internacionales de Justicia
Transicional. Con ello, se pretenden resolver problemáticas sociales derivadas de un
periodo prolongado de violencia sistemática y generalizada causada por diferentes
actores, tales como los grupos armados organizados al margen de la ley, así como los
grupos criminales organizados con una fuerte estructura de poder y presencia en
diferentes partes del territorio nacional1.
Dentro de los estándares transicionales, en efecto, no se pretende otorgar la calidad de
víctima a los sujetos que sufran menoscabo en sus derechos como consecuencia de
actos de delincuencia común, pues éstos seguirán siendo amparados por la normatividad
y la institucionalidad establecida para el efecto con carácter de permanencia.
No debe entenderse, por tanto, que toda violación de Derechos Humanos que coincida
con la comisión de delitos tipificados en la legislación penal, dará lugar a la aplicación de
Policía Nacional. Dirección de Carabineros y Seguridad Rural. Grupo Seguimiento Armados
Ilegales. Informe GSAI-ABC116, presentado el 14 de julio de 2010 por solicitud del Ministerio del
Interior y de Justicia, titulado “PERSPECTIVA Y SITUACIÓN ACTUAL DE LAS BANDAS CRIMINALES
NARCOTRAFICANTES”.: “Inicialmente estos grupos armados ilegales se conocieron como Bandas
Emergentes de las extintas AUC, (Sic) Posteriormente se les dieron (Sic) el nombre de Bandas
Criminales al Servicio del Narcotráfico y actualmente se les conocen (Sic) como Bandas Criminales
Narcotraficantes, toda vez que su medio de financiación y sus acciones criminales giran en torno
ciclo del narcotráfico; a futuro y teniendo en cuenta la constante mutación que presentan estos
grupos al margen de la ley, se visualiza que a estas estructuras criminales se les llamaran Bandas
Criminales Narcotraficantes Terroristas, debido a las acciones que están presentando como los
son: -Confrontaciones con la Fuerza pública, -Utilización de artefactos explosivos como medio de
intimidación y realizar daño a sus contrarios y -Alianzas con grupos guerrilleros en torno al negocio
del narcotráfico.”
las disposiciones de que trata este proyecto de ley: la idea de un marco de transición
como el que aquí se contempla es, precisamente, crear mecanismos excepcionales para
reparar y atender a las víctimas con motivo de violaciones masivas y sistemáticas de
derechos humanos y no reemplazar de forma permanente las herramientas ordinarias y
regulares con las que cuenta el Estado para amparar a los que sean sujetos de delitos
aislados e inconexos.
IV. PRESENTACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Desde la vigencia de la Constitución Política de 1991, quizá sea el proceso de Justicia
Transicional uno de los escenarios en los que más se ha invocado y aplicado el principio
constitucional de la colaboración armónica entre las ramas del poder público para la
consecución de los fines del Estado. De los componentes esenciales que se han
construido para y que giran en torno a este proceso, casi todos apelan a ese principio
constitucional y no hay uno solo de tales componentes que no haya pasado por el tamiz
interinstitucional; de lo contrario, no sería posible dinamizar el enorme engranaje que el
proceso de transición hacia la paz reclama y amerita. Tal es el escenario en el que el
Estado, de manera consensuada, a través de este proyecto de ley, pretende rendir tributo
a las víctimas de violaciones manifiestas a las normas internacionales de Derechos
Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario.
El reconocimiento de las víctimas, a través de la búsqueda imperativa de la
materialización de sus derechos, es al tiempo una finalidad intermedia y sus resultados
serán el rasero –y de hecho lo son, hoy día- a través del cual se mida el éxito de este
proceso, cuya finalidad última es la reconciliación nacional y el restablecimiento de la
democracia. El tránsito institucional por las rutas que a esa solución confluyen ha sido
detenido innúmeras ocasiones por impedimentos, en la mayoría de los casos, generados
por la yuxtaposición de procesos institucionales desarticulados o sin la suficiente robustez
para garantizar la marcha hacia la consecución del objetivo que se persigue, cual es el
fortalecimiento y la debida coordinación de los entes del Estado para satisfacer los
Ante la vasta magnitud y complejidad del problema que el Estado aborda, al tiempo que
avanzan las dificultades inherentes al proceso, se configura también la construcción
institucional de soluciones que se pretenden efectivas. Así, para citar algunos ejemplos,
frente a la comprensible lentitud para satisfacer el derecho a la reparación de las víctimas
en los procesos judiciales, se instituyó, vía decreto, la reparación individual por vía
administrativa. Debido a la escasa participación y la falta de información con la que
contaban las víctimas acerca de sus derechos y los procedimientos para hacerlos
efectivos, nació, creció y gradualmente se consolida el Modelo Interinstitucional de
Atención a Víctimas. Para solventar la situación de riesgo y amenaza de que éstas
pueden ser objeto, se creó el Programa de Protección cuyos sujetos son justamente las
víctimas que participan en los procedimientos de Justicia y Paz.
No obstante la pretensión de efectividad integral de tales esfuerzos, éstos requieren ser
compilados y complementados mediante un cuerpo normativo vinculante que fije una
política de Estado clara, con legitimidad y con la publicidad suficiente, características
propias de una ley de la República. La prolija normatividad y la multiplicidad de
procedimientos administrativos en torno a la atención, protección y reparación a víctimas,
que parte de los conceptos de las leyes 418 de 1997 y 975 de 2005, requiere reunirse en
un articulado que busque crear las sinergias necesarias para el correcto encause
institucional hacia la satisfacción de las pretensiones de las víctimas. Por tanto, se justifica
con creces la creación de un elemento integrador con fuerza vinculante para superar tal
Respecto a su contenido, el proyecto de ley está integrado por quince capítulos que
contienen normas sobre los principios rectores y las disposiciones generales; los
derechos de las víctimas dentro del proceso judicial; las medidas de asistencia y de ayuda
humanitaria a las víctimas; la conformación de la Red Nacional de Información para la
atención y reparación a víctimas; el derecho de reparación de las víctimas y el desarrollo
de todos sus componentes; la conformación y objetivos del Sistema Nacional de Atención
y Reparación a las Víctimas; el diseño y objetivos del Plan Nacional para la Atención y
Reparación a las Víctimas de la Violencia; la adición a la norma referente al Fondo de
Reparación para las Víctimas de la Violencia; el régimen disciplinario de los funcionarios
públicos frente a las víctimas, la atención y reparación a las víctimas del desplazamiento
forzado; la protección integral a niños, niñas y adolescentes víctimas; la participación de
las víctimas en los diseños institucionales, y las disposiciones finales.
V. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA
La Ley de Víctimas y la política consignada en la Ley de Restitución2, cuyo proyecto está
también en la actualidad puesto a consideración del Honorable Congreso, sin duda alguna
demuestran el inicio de una nueva etapa para el país en la concepción y orientación de
los Derechos Humanos, enmarcada en el ámbito de la ya existente institucionalidad
transicional, cada vez más fortalecida, para el restablecimiento de la paz y la democracia.
Ante la situación particular del proceso de desmovilización de grupos armados
organizados al margen de la ley en Colombia, que, como por todos es sabido, no implica
una transición propiamente dicha de la guerra a la paz en un periodo de post-conflicto, es
innegable que los actores armados siguen hoy día, aunque en menor proporción respecto
de años anteriores, afectando a la población civil en toda la extensión del territorio
Proyecto de ley 085 de 2010 Cámara, “Por la cual se establecen normas transicionales
para la restitución de tierras”.
El informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos,
publicado el 13 de septiembre de este año, urge a los grupos armados ilegales a respetar
plenamente el DIH. Dicho informe expresa textualmente:
“La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos registra un inquietante incremento de las
hostilidades durante la primera mitad del mes de septiembre, lo que ha
causado por lo menos la muerte a 56 personas y heridas a 52, entre
policías, militares y guerrilleros. En este contexto, el irrespeto del Derecho
Internacional Humanitario por parte de los grupos guerrilleros preocupa a
la Oficina profundamente.
“La violenta pérdida de vidas en estas dos semanas de septiembre
recuerda la crueldad de un conflicto que desangra al país de forma inútil.
Detrás de cada persona muerta o herida, hay una tragedia humana y
familiar que genera un profundo rechazo entre quienes buscan el
máximo respeto por el derecho a la vida.
“Estas acciones constituyen infracciones a los principios de
proporcionalidad y de protección de heridos y personas fuera de combate,
así como de la prohibición de usar determinados métodos y materiales de
combate, que, entre otras cosas, causen daños superfluos o sufrimientos
innecesarios. Estas infracciones podrían constituir crímenes de guerra.”3
(Negrilla ausente del original).
Ya en meses anteriores, en el último informe sobre Colombia publicado por la Oficina del
Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en el marco del acuerdo entre
esa Organización y el Gobierno Nacional, correspondiente a la situación de los Derechos
Humanos durante el año 2009, se destacó la persistencia de situaciones coyunturales o
Comunicado de prensa: “La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos urge a los
grupos armados ilegales a respetar plenamente el DIH”. Publicado el 13 de septiembre de
2010. Enlace web:
http://www.hchr.org.co/publico/comunicados/2010/comunicados2010.php3?
cod=31&cat=81
estructurales que por diversas razones afectan seria y gravemente el goce y ejercicio de
los derechos fundamentales consagrados en la Convención Americana sobre Derechos
Dicho informe, publicado en marzo de 2010, “muestra cómo el conflicto armado interno
continúa planteando muchos retos para el país, incluyendo el total desprecio por el
derecho internacional humanitario por los grupos guerrilleros. Esta situación se ve
exacerbada por la violencia contra la población ejercida por los grupos armados ilegales
surgidos del proceso de desmovilización de las organizaciones paramilitares, los nexos de
los actores armados con el narcotráfico y el impacto especialmente grave del conflicto
armado interno en las comunidades indígenas y afrocolombianas.”4
En el acápite relacionado con los derechos de las víctimas y la justicia de transición, las
sugerencias del alto organismo internacional giran en torno a la coexistencia de
mecanismos judiciales y no judiciales para contribuir a satisfacer los derechos de las
víctimas de una manera oportuna y plena.
Frente a la imperiosa necesidad de la expedición de una ley que busque resolver las
problemáticas actuales, el alto organismo internacional también expresó:
“El archivo definitivo en junio de 2009 del proyecto de ley sobre víctimas
fue una oportunidad clave perdida. Una ley de esta naturaleza,
coherente con estándares internacionales, continúa siendo
conveniente como un complemento apropiado al marco de justicia
transicional en Colombia.”5 (Negrilla no original).
La evaluación de la situación de Derechos Humanos realizada por ese organismo de la
ONU, es el origen de la recomendación para el Estado colombiano que a continuación,
para lo que se pretende resaltar en este documento, se transcribe:
“Invita al Gobierno a conformar un grupo de trabajo interinstitucional que
considere, de manera consensuada, transparente y participativa, reformas
estructurales y procedimentales de la Ley Nº 975 (2005), así como
instrumentos de justicia transicional no judiciales”6
sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 2009. Publicado el 4 de marzo
de 2010. Enlace web:
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/Informe2009_
Ibídem. Pág. 18.
Ibídem. Pág. 22, recomendación f.
Otro organismo internacional que evalúa periódicamente la situación de los derechos
humanos en Colombia en el marco de acuerdos internacionales, es la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el informe anual correspondiente al
año 2009, Capítulo IV sobre Colombia, reconoce la compleja situación que enfrenta el
país tras cinco décadas de violencia y su impacto sobre la población civil. También
reconoce que a pesar de los desafíos que quedan por delante, “el Estado colombiano ha
emprendido esfuerzos dignos de reconocimiento, a fin de avanzar en la pacificación
mediante la desmovilización de actores armados y la protección de sus ciudadanos”7.
Reitera, sin embargo, la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección dirigidos a
las víctimas y establecidos en los diferentes programas estatales.
En el párrafo 12 de dicho informe, la Comisión observa textualmente que “junto a las
iniciativas de promoción y protección de los derechos humanos (…) pervive la violencia y
continúa golpeando a los sectores más vulnerables de la población civil. Existen además
nuevos desafíos para administrar justicia y asegurar la reparación integral del daño
causado a las víctimas del conflicto”8.
La CIDH reitera el contenido del documento sobre Lineamientos principales para una
política integral de reparaciones, publicado en febrero de 2008. Ésta debiera asegurar el
derecho de las víctimas a una reparación integral por el menoscabo generado, sin
distinción del agente perpetrador del mismo. Tal reparación debe estar basada en
medidas de restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción.
Señala también que dicha política debe estar guiada por el principio de integralidad y
ajustarse a los parámetros establecidos en el Sistema Interamericano en materia de
reparaciones por similares hechos, los cuales han sido en parte recogidos en la
jurisprudencia reciente de la jurisdicción contencioso administrativa colombiana. Todos
estos parámetros se recogen y desarrollan mediante el articulado propuesto.
Se refiere el informe de la CIDH también al documento de Política Económica y Social
-CONPES, que sería expedido en marzo de 2010, sobre lo que es necesario mencionar lo
El Decreto 1290 de 2008, en el artículo 18, encarga al Gobierno Nacional de la expedición
de un documento CONPES para establecer y especificar las medidas de restitución,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición; asegurar la ejecución y hacerle
seguimiento a las medidas de reparación y determinar los responsables de la ejecución
de cada una de tales medidas.
El Gobierno Nacional, efectivamente, gestionó desde marzo de 2009 la elaboración del
documento CONPES a que se refiere el Decreto 1290 pero, dada la coincidencia en el
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Informe Anual de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos 2009, Capítulo IV, Colombia”. Párrafo 10.
Ibídem. Párrafo 12.
tiempo entre la finalización de dicha gestión y la terminación del período del Gobierno
anterior, se consideró prudente dejar la decisión de aprobación del documento elaborado
al Gobierno actual. La evaluación realizada en 2009, contenida en el proyecto del
documento CONPES, fue entregada al actual Gobierno como un Documento de Política,
el cual ha servido de importante insumo para el presente proyecto de ley puesto a
consideración del Honorable Congreso de la República.
La CIDH manifestó su preocupación por el contenido del proyecto de ley que se discutió el
año anterior, particularmente en lo relacionado con la limitación de la reparación
administrativa sólo a víctimas de grupos armados organizados al margen de la ley y la
pretensión que tal proyecto contenía de establecer topes a la reparación de carácter
indemnizatorio, lo cual resultaría lesivo al principio de la reparación integral. Estas
potenciales falencias fueron corregidas y superadas en el texto que se somete a su
Ahora, frente a la situación de desplazamiento en Colombia, la CIDH afirma que el
fenómeno del desplazamiento interno continúa afectando a la población civil en Colombia.
“El Registro Único de Población Desplazada registra una cifra total de 3.226.442 de
desplazados internos hasta el 30 de septiembre de 2009. Por su parte, la Consultoría
para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) habla de un total de
4.629.190 desplazados internos hasta finales de 2008.”
Es de destacar, sin embargo, que bajo la coordinación de la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional, el Grupo de Prevención, Atención de
Emergencias y Retornos y sus Unidades Territoriales adelantaron entre enero y agosto de
2009, 562 misiones humanitarias. Así mismo, la Mesa Nacional de Prevención realizó 26
planes de contingencia y entre enero y agosto de 2009 se elaboraron 161 bitácoras
diarias a través de las cuales se mantuvo un monitoreo permanente de la situación de
violencia en el país, con el fin de (i) promover acciones de verificación de las condiciones
de riesgo de desplazamiento de la población, y (ii) activar mecanismos de prevención y
atención inmediata del Estado.
Entre enero y agosto de 2009 el Observatorio Nacional de Desplazamiento Forzado
elaboró 21 informes que incluyeron un análisis cuantitativo y cualitativo relacionado con la
dinámica de la violencia y el desplazamiento forzado. Durante ese mismo periodo, el
Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo emitió 18 Informes de Riesgo
y 18 notas en el marco de los Comités Municipales de Atención Integral a la Población
De vital relevancia es mencionar que el Estado colombiano y, en particular, en Gobierno
Nacional, tiene la titánica obligación, frente al Máximo Tribunal Constitucional, de superar
el estado de cosas inconstitucional declarado mediante sentencia T-025 de 2004.
Frente a la violencia sexual, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) llama la
atención en el sentido de que, en el marco del conflicto, es una de las problemáticas
menos reportadas, por la vergüenza que las víctimas sienten y el miedo a represalias.
Afirma que, a pesar de registrarse una incidencia especial en las zonas rurales más
apartadas, la denuncia de casos es mínima y que esta situación va en detrimento de la
salud de las mujeres pues, ante el silencio, no reciben la debida atención médica urgente
y especializada para evitar enfermedades de transmisión sexual o el tratamiento
adecuado ante la posibilidad de un embarazo como consecuencia de la violación.
Así mismo, anota que, bajo estricta confidencialidad, el CICR brindó, en 2009, asistencia
médica y psicosocial a 82 víctimas de abusos sexuales (45 niñas, niños y adolescentes,
31 mujeres y 6 hombres). De éstas, 53 víctimas fueron orientadas al Sistema Nacional de
El CICR resalta que aunque el retorno es en la actualidad una prioridad dentro de las
políticas públicas en el tema del desplazamiento, pocas personas desplazadas han
regresado a sus lugares de salida por falta de garantías de seguridad.
Finalmente, cabe hacer una breve referencia a los reportes realizados por el Observatorio
del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario,
de la Vicepresidencia de la República, pues este organismo elabora periódicamente
informes que contienen las cifras de la situación de Derechos Humanos en Colombia,
entre las cuales resaltamos las siguientes:
Según información de ese Observatorio, entre enero y julio de 2009 se presentaron 16
casos de masacres, mientras que en el mismo período de 2010, se presentaron 22 casos,
con un saldo en 2009 de 77 víctimas y en 2010 de 109.
Durante el mismo período, en 2009 fueron secuestradas 119 personas y en 2010, 149.
Así mismo, 312 actos de terrorismo se presentaron en el período descrito de 2009 y 288
durante este período de 2010.
1.504 personas se desmovilizaron de la subversión durante el primer semestre de 2010 y
1.974 miembros de de bandas criminales han sido dados de baja.
Basta este corto resumen del panorama de los Derechos Humanos en el país para
evidenciar que el Estado colombiano requiere instrumentos sólidos para asumir de
manera integral la atención y la protección a las víctimas de manifiestas violaciones a los
Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, tal como se propone en el
presente Proyecto de Ley.
VI. PARÁMETROS INTERNACIONALES
Los parámetros internacionales para la protección de las víctimas que el Gobierno
Nacional y el Congreso de la República, en la elaboración de este proyecto de ley, han
tenido en cuenta, son los contenidos en los diferentes instrumentos internacionales, tales
como los (i) “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de
violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener
reparaciones”; (ii) el “Conjunto de Principios actualizado para la protección y la promoción
de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”; (iii) los “Principios
rectores de los desplazamientos internos”, y (iv) la “Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer”, entre otros.
VII. SOBRE EL CONCEPTO DE VÍCTIMA
Frente al Concepto de Víctima contenido en el proyecto de ley, alrededor del cual
gravitan todos los componentes del mismo, ha sido planteado en absoluta concordancia
con los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la materia, y reconociendo
dentro del Bloque de Constitucionalidad la disposición contenida en la Resolución 60/147
La Sentencia C-370 de 2006, en los apartes esenciales que definen el concepto de
víctima, se transcribe a continuación (consideraciones 6.2.4.2.11 y 6.2.4.2.12):
“Por su parte, la Corte Constitucional ha señalado que debe tenerse como
víctima o perjudicado de un delito penal a la persona ha sufrido un daño
real, concreto y específico, cualquiera sea la naturaleza de éste y el delito
que lo ocasionó. Subraya la Corte que en las presunciones establecidas
en los incisos 2 y 5 del artículo 5 se incluyen elementos definitorios
referentes a la configuración de ciertos tipos penales. Así, en el inciso 2
se señala que la condición de familiar víctima se concreta cuando a la
“víctima directa” “se le hubiere dado muerte o estuviere desaparecida”. Es
decir, que los familiares en el grado allí señalado se tendrán como
víctimas solo en tales supuestos. Esto podría ser interpretado en el
sentido de que los familiares, aun en el primer grado establecido en la
norma, no se consideran víctima si un familiar no fue muerto o
desaparecido. Esta interpretación sería inconstitucional por limitar de
manera excesiva el concepto de víctima a tal punto que excluiría de esa
condición y, por lo tanto, del goce de los derechos constitucionales
propios de las víctimas, a los familiares de los secuestrados, de los que
sufrieron graves lesiones, de los torturados, de los desplazados
forzosamente, en fin, a muchos familiares de víctimas directas de otros
delitos distintos a los que para su configuración exigen demostración de la
muerte o desaparición. Esta exclusión se revela especialmente gravosa
en casos donde tal delito recae sobre familias enteras, como sucede con
el desplazamiento forzado, o donde la víctima directa estando viva o
presente ha sufrido un daño psicológico tal que se rehúsa a hacer valer
para sí misma sus derechos, como podría ocurrir en un caso como la
tortura. Las víctimas que demuestren haber sufrido un daño real, concreto
y específico, así como sus familiares que cumplan los requisitos
probatorios correspondientes, pueden hacer valer sus derechos.
(…) En este sentido, afectaría el derecho a la igualdad y los derechos al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, que el
legislador tuviera como perjudicado del delito sólo a un grupo de
familiares y sólo por ciertos delitos, sin atender a que en muchos casos el
grado de consanguinidad deja de ser el factor mas importante para definir
la magnitud del daño causado y la muerte o la desaparición no son los
únicos aspectos relevantes para identificar a las víctimas de grupos
armados ilegales. Al respecto la sentencia citada señaló:
Se requiere que haya un daño real, no necesariamente de contenido
patrimonial, concreto y específico, que legitime la participación de la
víctima o de los perjudicados en el proceso penal para buscar la verdad y
la justicia, el cual ha de ser apreciado por las autoridades judiciales en
cada caso. Demostrada la calidad de víctima, o en general que la persona
ha sufrido un daño real, concreto y específico, cualquiera sea la
naturaleza de éste, está legitimado para constituirse en parte civil, y
puede orientar su pretensión a obtener exclusivamente la realización de la
justicia, y la búsqueda de la verdad, dejando de lado cualquier objetivo
patrimonial. Es más: aun cuando esté indemnizado el daño patrimonial,
cuando este existe, si tiene interés en la verdad y la justicia, puede
continuar dentro de la actuación en calidad de parte. Lo anterior significa
que el único presupuesto procesal indispensable para intervenir en el
proceso, es acreditar el daño concreto, sin que se le pueda exigir una
demanda tendiente a obtener la reparación patrimonial. La determinación
en cada caso de quien tiene el interés legítimo para intervenir en el
proceso penal, también depende, entre otros criterios, del bien jurídico
protegido por la norma que tipificó la conducta, de su lesión por el hecho
punible y del daño sufrido por la persona o personas afectadas por la
conducta prohibida, y no solamente de la existencia de un perjuicio
patrimonial cuantificable.”9
Ha dicho la Corte, que de acuerdo al bloque de constitucionalidad: “…los familiares de las
personas que han sufrido violaciones directas a sus derechos humanos tienen derecho a
presentarse ante las autoridades para que, demostrado el daño real, concreto y
específico sufrido con ocasión de las actividades delictivas, se les permita solicitar la
garantía de los derechos que les han sido vulnerados.”10
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006. Magistrados
Ponentes: Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil,
Marco Gerardo Monroy Cabra, Alvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández.
Ibídem. Consideración 6.2.4.2.14.
Otro referente constitucional que ineludiblemente se reconoce hoy día, relativo al
concepto de víctima en el marco de la justicia transicional, es el contenido en la Sentencia
de constitucionalidad de la Ley 742 de 2002 que aprobó el estatuto de la Corte Penal
Internacional (C-578 de 2002):
“No obstante lo anterior, y con el fin de hacer compatible la paz con la
efectividad de los derechos humanos y el respeto al derecho internacional
humanitario, el derecho internacional ha considerado que los
instrumentos internos que utilicen los Estados para lograr la reconciliación
deben garantizar a las víctimas y perjudicados de una conducta criminal,
la posibilidad de acceder a la justicia para conocer la verdad sobre lo
ocurrido y obtener una protección judicial efectiva. Por ello, el Estatuto de
Roma, al recoger el consenso internacional en la materia, no impide
conceder amnistías que cumplan con estos requisitos mínimos, pero sí
las que son producto de decisiones que no ofrezcan acceso efectivo a la
justicia.”11
Ahora, en la Sentencia T-188/07, señala la Corte que a la luz del derecho internacional y
las normas internas, las víctimas deben recibir asistencia estatal por daños ocasionados
dentro del marco del conflicto interno, el derecho de conocer la verdad, a que sus
victimarios sean condenados y que tengan acceso a una reparación integral.
Reitera la Corte que este accionar estatal procede en aquellos conflictos que no sean de
índole internacional y excluye aquellos que constituyan meros disturbios o tensiones
internas como “motines, actos asilados y esporádicos de violencia” o similares.
La Corte Constitucional deja claro que la violación de normas de Derecho Internacional
Humanitario no distingue la situación en que hayan ocurrido, es decir, si fue en combate,
ataque, acto terrorista o masacre, para lo cual las víctimas pueden ejercer su derecho de
reclamar al Estado colombiano su asistencia y protección, sin que medie un supuesto de
Finalmente, la Asamblea General de Naciones Unidas, en sus “Principios y directrices
básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional
humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones” en cuanto a las obligaciones
de los Estados Partes, en el numeral 4, dispuso:
“En los casos de violaciones manifiestas de las normas internacionales de
derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional
humanitario que constituyen crímenes en virtud del derecho internacional,
los Estados tienen la obligación de investigar y, si hay pruebas
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-578 del 30 de julio de 2002. Magistrado
Ponente: Manuel José Cepeda Espinosa.
suficientes, enjuiciar a las personas presuntamente responsables de las
violaciones y, si se las declara culpables, la obligación de castigarlas.
Además, en estos casos los Estados deberán, en conformidad con el
derecho internacional, cooperar mutuamente y ayudar a los órganos
judiciales internacionales competentes a investigar tales violaciones y
enjuiciar a los responsables”12
Adicionalmente, el numeral 8 puntualizó el concepto de víctima así:
“se entenderá por víctima a toda persona que haya sufrido daños,
individual o colectivamente, incluidas lesiones físicas o mentales,
sufrimiento emocional, pérdidas económicas o menoscabo sustancial de
sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u
omisiones que constituyan una violación manifiesta de las normas
internacionales de derechos humanos o una violación grave del
derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en
conformidad con el derecho interno, el término “víctima” también
comprenderá a la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima
directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para prestar
asistencia a víctimas en peligro o para impedir la victimización.”13 (Negrilla
ausente del texto original).
Todos estos lineamientos jurisprudenciales y estándares internacionales se incluyen en el
proyecto que se somete a consideración del Congreso de la República. En efecto, la
calidad de víctima se adquiere con independencia de quién sea el victimario y sin
necesidad de que éste sea individualizado o individualizable. Además, los miembros de la
Fuerza Pública, que a diario ponen el interés de proteger a los ciudadanos por encima de
su propia vida, podrán acceder a los beneficios de la ley siempre que éstos no sean
otorgados por los regímenes especiales que hoy en día los cobijan.
En definitiva, el proyecto de ley no matiza la condición de víctima bajo ninguna
circunstancia sino que, a la inversa, reconoce y acepta el sufrimiento y menoscabo de
derechos a los que estas personas han sido expuestos y pretende, de forma incluyente,
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005,
“Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas
de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”. Cuarto
Ibídem. Octavo Principio.
que el Estado contribuya a la materialización de los derechos que les han sido
VIII. EL CONSENSO INTERNACIONAL SOBRE VERDAD, JUSTICIA Y
Sobre el alcance de los derechos de las víctimas y su fundamento constitucional, expuso
la Corte en el fallo C-454 de 2006 (M. P. Jaime Córdoba Triviño):
“Esta reconceptualización de los derechos de las víctimas, a partir de la
Constitución, se funda en varios principios y preceptos constitucionales:
(i) En el mandato de que los derechos y deberes se interpretarán de
conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos
ratificados por Colombia (Art. 93 CP); (ii) en el hecho de que el
Constituyente hubiese otorgado rango constitucional, a los derechos de
las víctimas (Art. 250 num. 6 y 7 CP); (iii) en el deber de las autoridades
en general, y las judiciales en particular, de propender por el goce efectivo
de los derechos de todos los residentes en Colombia y la protección de
los bienes jurídicos (Art. 2° CP); (iv) en el principio de dignidad humana
que promueve los derechos a saber qué ocurrió, y a que se haga justicia
(Art.1° CP); (v) en el principio del Estado Social de Derecho que
promueve la participación, de donde deviene que la intervención de las
víctimas en el proceso penal no puede reducirse exclusivamente a
pretensiones de carácter pecuniario; (vi) y de manera preponderante del
derecho de acceso a la administración de justicia, del cual se derivan
garantías como la de contar con procedimientos idóneos y efectivos para
la determinación legal de los derechos y las obligaciones, la resolución de
las controversias planteadas ante los jueces dentro de un término
prudencial y sin dilaciones injustificadas, la adopción de decisiones con el
pleno respeto del debido proceso, así como la existencia de un conjunto
amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias.”14
Teniendo en cuenta los lineamientos internacionales en favor de las víctimas, se hace
necesario para este proyecto se articule con los pronunciamientos de la Corte
Constitucional en desarrollo al contenido de los derechos de verdad, justicia y reparación,
así como las garantías de no repetición.
La Corte Constitucional ha fijado el alcance de estos derechos así:
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-454 del 7 de junio de 2006. Magistrado
Ponente: Jaime Córdoba Triviño.
a) El derecho a la verdad. El conjunto de principios para la protección y la promoción de
los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.
Esta sistematización se apoya en el “Conjunto de Principios para la protección y
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”. Estos
principios fueron actualizados por la experta independiente Diane Orentlicher, de acuerdo
con informe E/CN. 4/2005/102, presentado a la Comisión de Derechos Humanos
(Principios 1 a 4).
Incorporan en este derecho las siguientes garantías:
- El derecho inalienable a la verdad.
- El deber de recordar.
- El derecho de las víctimas a saber.
El primero, comporta el derecho de cada pueblo a conocer la verdad acerca de los
acontecimientos sucedidos y las circunstancias que llevaron a la perpetración de los
crímenes. El segundo, consiste en el conocimiento por un pueblo de la historia de su
opresión como parte de su patrimonio y por ello se deben adoptar medidas adecuadas en
aras del deber de recordar que incumbe al Estado. Y el tercero, determina que,
independientemente de las acciones que las víctimas, así como sus familiares o allegados
puedan entablar ante la justicia, tiene el derecho imprescriptible a conocer la verdad,
acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de
fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima.
Proyectando estos principios en el ámbito nacional, la jurisprudencia constitucional ha
determinado que el derecho de acceder a la verdad, implica que las personas tienen la
prerrogativa de conocer qué fue lo que realmente sucedió en su caso. La dignidad
humana de una persona se ve afectada si se le priva de información que es vital para ella.
El acceso a la verdad aparece así íntimamente ligado al respeto de la dignidad humana, a
la memoria y a la imagen de la víctima.
b) El Derecho a que se haga justicia en el caso concreto, es decir, el derecho a que no
haya impunidad. Este derecho incorpora una serie de garantías para las víctimas de los
delitos que se derivan de unos correlativos deberes para las autoridades, que pueden
sistematizarse así:
- El deber del Estado de investigar y sancionar adecuadamente a los autores y partícipes
- El derecho de las víctimas a un recurso judicial efectivo.
- El deber de respetar en todos los juicios las reglas del debido proceso.
La jurisprudencia constitucional ha señalado que el derecho de acceso a la justicia, tiene
como uno de sus componentes naturales el derecho a que se haga justicia. Este derecho
involucra una verdadera prerrogativa constitucional al proceso penal y el derecho a
participar en el mismo, por cuanto en el Estado democrático todo procedimiento penal
debe ser eminentemente participativo.
Esta participación se expresa en "que los familiares de la persona fallecida y sus
representantes legales serán informados de las audiencias que se celebren, a las que
tendrán acceso, así como a toda información pertinente a la investigación y tendrán
derecho a presentar otras pruebas.”15
c) El derecho a la reparación integral del daño que se ha ocasionado a la víctima o a los
perjudicados con el delito. El derecho de reparación, conforme al derecho internacional
contemporáneo, también presenta una dimensión individual y otra colectiva. Desde su
dimensión individual abarca el menoscabo de derechos sufrido por la víctima y
comprende la adopción de medidas individuales relativas al derecho de:
• Restitución: Siempre que sea posible, ha de devolver a la victima a la situación anterior a
la violación manifiesta de las normas internacionales de Derechos Humanos o la
infracción grave del Derecho Internacional Humanitario. La restitución comprende, según
corresponda y en la medida de lo posible, el restablecimiento de la libertad, el disfrute de
los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su lugar
de residencia, la reintegración en su empleo y la devolución de sus bienes.
• Indemnización: La indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional
a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios
económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las
normas internacionales de Derechos Humanos o de infracciones graves al Derecho
• Rehabilitación: Ha de incluir la atención médica y sicológica así como los servicios
jurídicos y sociales.
“Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones
extrajudiciales, arbitrarias o sumarias”, aprobado por el Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas, mediante resolución 1989/65 del 29 de mayo de 1989, y ratificado por la
Asamblea General, mediante resolución 44/162 del 15 de diciembre de 1989. Citados en
la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia C-293 de 1995. Magistrado Ponente:
• Satisfacción: Medidas eficaces para conseguir que no continúen las violaciones, la
verificación de los hechos y su revelación pública siempre que ésta no provoque más
menoscabo de derechos, la búsqueda de personas desaparecidas y secuestradas,
declaraciones oficiales que restablezcan la dignidad, disculpas públicas, sanciones
judiciales a los responsables, conmemoraciones y homenajes, así como exposición
precisa de las violaciones.
• Garantía de no repetición: Éstas incluyen: (i) el ejercicio de un control efectivo por las
autoridades civiles sobre las fuerzas armadas y de seguridad; (ii) la garantía de que todos
los procedimientos civiles y militares se ajustan a las normas internacionales relativas a
las garantías procesales, la equidad y la imparcialidad; (iii) el fortalecimiento de la
independencia del poder judicial; (iv) la protección de los profesionales del derecho, la
salud y la asistencia sanitaria, la información y otros sectores conexos, así como de los
defensores de los derechos humanos; (v) la educación, de modo prioritario y permanente,
de todos los sectores de la sociedad respecto de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario y la capacitación en esta materia de los funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley, así como de las fuerzas armadas y de seguridad; (vi) la promoción
de la observancia de los códigos de conducta y de las normas éticas, en particular las
normas internacionales, por los funcionarios públicos, inclusive el personal de las fuerzas
de seguridad, los establecimientos penitenciarios, los medios de información, el personal
de servicios médicos, psicológicos, sociales y de las fuerzas armadas, además del
personal de empresas comerciales; (vii) la promoción de mecanismos destinados a
prevenir, vigilar y resolver los conflictos sociales, y (viii) la revisión y reforma de las leyes
que contribuyan a las violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos
Humanos y a las infracciones graves del derecho humanitario o las permitan.
La integralidad de la reparación comporta la adopción de todas las medidas necesarias
que tengan como objetivo hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas y
devolver a la víctima al estado en que se encontraba antes de la violación.
IX. SOBRE EL CONTENIDO DEL PROYECTO
El presente Proyecto tiene por objeto reunir las disposiciones existentes en torno a la
atención, protección y reparación a las víctimas de la violencia, introducir otras
herramientas en el mismo sentido e implementar los mecanismos necesarios para
materializar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, así como
para garantizar que las violaciones de derechos humanos perpetradas en su contra no se
Esta iniciativa propende por (i) que las condiciones para que el derecho de igualdad de las
víctimas frente a los demás ciudadanos sea real y efectiva y (ii) adoptar medidas
especiales de protección en favor de las víctimas, que por su condición de debilidad
manifiesta se encuentren en tal circunstancia, en correspondencia con el llamado
constitucional del artículo 13 de la Carta Magna.
De tal modo las víctimas tienen derecho a que se les reconozca como tales y se les
dignifique ofreciéndoles oportunidades de recuperación del ejercicio de sus derechos
constitucionales, buscando promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.
Es menester enfatizar que el ámbito de aplicación del presente proyecto, en relación con
los destinatarios de las prerrogativas que contiene, se enmarca en el principio de igualdad
que predica dar trato prevalente a quienes se encuentren en circunstancias de
desigualdad por su especial condición de vulnerabilidad. La pretensión del mismo no es
otra que el Estado asuma de manera integral la implementación de una serie de
mecanismos que garantizarán la debida asistencia, atención, protección y reparación a las
víctimas afectadas por la violencia sistemática y generalizada, en el marco de las normas
internacionales de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, a fin de
mitigar los efectos de tales afectaciones, sin distinción del agente perpetrador del delito.
Ahora bien, el Gobierno Nacional no ha diezmado esfuerzos frente a este cometido. Es
por ello que comprometido con los lineamientos establecidos en la Constitución y la Ley, y
en búsqueda de la verdad, la justicia y reparación a las víctimas ha sido constante y
diligente en la gestión de propuestas viables que puedan brindar soluciones efectivas a la
Así, en una posición garantista de los derechos de las víctimas, a través del Decreto 1290
de 2008, se creó el Programa de Reparación Individual por Vía Administrativa para las
Víctimas de los Grupos Armados Organizados al Margen de la Ley, soportado en el
derecho de las víctimas de ser reparadas y en el principio de solidaridad, teniendo claro
que las medidas que se otorgan no excluyen otras medidas de reparación que devengan
de un proceso judicial, sino que, antes bien, las complementan.
En virtud de este programa, fueron recibidas 331.604 solicitudes al 22 de abril de 2010. El
Comité de Reparaciones Administrativas ya ha aprobado a la fecha la reparación para
25.000 familias y se han destinado 500.000 millones de pesos para financiar todo el
programa de reparación por vía administrativa.
Del mismo modo, el Gobierno Nacional ha trabajado de manera permanente en la
promoción de acciones y medidas dirigidas a atender y reparar a las víctimas de la
violencia armada. Como parte de estos esfuerzos, la Comisión Nacional de Reparación y
Reconciliación, la Dirección de Justicia Transicional del Ministerio del Interior y de Justicia,
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Agencia Presidencial para la Acción Social
y la Cooperación Internacional y el Departamento Nacional de Planeación surtieron el
proceso de diseño y elaboración del documento de política pública de Atención y
Reparación a Víctimas de la Violencia Armada, cuyo contenido sustancial fue
aprovechado para la elaboración del presente Proyecto.
De los elementos sustanciales del presente Proyecto, nos permitimos destacar a
continuación los siguientes:
Como es sabido, el sistema jurídico está compuesto, además de reglas, de un modo
esencial, por principios jurídicos. Los principios son los pilares ideológicos sobre los que
se estructura el ordenamiento normativo. Ellos determinan y orientan las posibilidades
jurídicas y prácticas de materializar el contenido de una disposición legal. Los principios
son, por consiguiente, mandatos de optimización; es decir, no se trata simplemente de
normas vagas, sino que con ellas se plantea una tarea de optimización.
De allí que los principios, se constituyen en pautas de interpretación para el aplicador de
la norma, por lo cual, se puede decir claramente que los principios juegan un papel de
carácter superior frente a las reglas.
El proyecto cuenta con una serie de principios con el objeto de optimizar la aplicación de
las normas establecidas en el mismo, a fin de que aquéllos se constituyan en pautas para
que los múltiples destinatarios y operadores puedan, de manera efectiva, dar la aplicación
correcta a la totalidad del articulado.
Son principios del presente proyecto, los consagrados en el Título I: la dignidad, la buena
fe, la igualdad, la garantía del debido proceso, el carácter de las medidas transicionales,
aspectos relativos a las condenas en subsidiariedad, la coherencia externa, la coherencia
interna, el enfoque diferencial, la corresponsabilidad, el respeto mutuo, la progresividad, la
gradualidad, la sostenibilidad fiscal, la prohibición de doble reparación y de
compensación, la complementariedad, la acción de repetición y subrogación, la obligación
de perseguir al victimario, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la
Ellos se refieren a la naturaleza y sirven de sustento –junto con las normas de carácter
superior- para la interpretación de la totalidad del articulado del proyecto. Su alcance
normativo no consiste simplemente en la enunciación de ideales que deben guiar los
destinos institucionales y sociales, sino que, además, su valor normativo debe ser
entendido de tal manera que signifiquen una definición en el presente y una base
axiológico-jurídica sin la cual cambiaría la naturaleza misma del proyecto. Desconocerlos
implicaría que la parte organizativa del articulado pierda su significado y su razón de ser.
Los principios expresan normas jurídicas para el presente: son el inicio del nuevo orden
en la materia16.
La protección de los derechos en escenarios de transición a la democracia supone la
adopción de mecanismos de justicia transicional basados en tres principios
fundamentales: el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la
Sentencia de la Corte Constitucional T-406/92. M.P. Ciro Angarita Baron. Véase el
acápite correspondiente a la distinción entre principios y valores.
reparación. Estos principios se derivan de la tipificación desarrollada por Joinet, 1997, en
el Informe Final Acerca de la Cuestión de la Impunidad de los Autores de Violaciones de
los Derechos Humanos (Derechos Civiles y Políticos). De conformidad con este informe
se identifican las obligaciones de los Estados en procesos de transición, a saber: (i) la
satisfacción del derecho a la justicia; (ii) la satisfacción del derecho a la verdad; (iii) la
satisfacción del derecho a la reparación de las víctimas; y (iv) la adopción de reformas
institucionales y otras garantías de no repetición.
Recogiendo esos principios se ha señalado que “la justicia de transición exige de los
Estados la búsqueda y difusión de la verdad histórica, programas de reparación integral
para las víctimas, que no pueden ser reducidos a una mera indemnización ni ser
condicionados a la renuncia de otros derechos, y el diseño de modelos excepcionales de
aplicación de justicia, que si bien admiten la flexibilización de principios como el de
proporcionalidad e igualdad en materia penal, no pueden constituirse en paradigmas de
impunidad que profundicen el dolor y el rechazo de las víctimas y en consecuencia
impidan la cicatrización de las heridas”17.
A la luz de lo anterior, los principios del proyecto han sido recopilados bajo premisas de
carácter constitucional (principio de dignidad, de buena fe, de garantía del debido
proceso, igualdad, enfoque diferencial, entre otros) en el marco de la denominada Justicia
Transicional, a la luz de los tratados de Derecho Internacional en la materia; es por ello,
que se constituirán en el mejor de los soportes para la interpretación y aplicación de la
futura ley.
Con particular importancia hacemos referencia al principio de “carácter de las medidas
transicionales”, vital para la interpretación de la totalidad del articulado del proyecto. De
ahí que el grupo poblacional de víctimas, en el ámbito conceptual de Justicia Transicional,
es diferenciable de las víctimas como sujetos de derechos en la legislación penal
ordinaria. No podrán ser víctimas en los términos del proyecto puesto a consideración del
Honorable Congreso, quienes hayan sufrido menoscabo en sus derechos como
consecuencia de la comisión de delitos comunes que no se enmarquen en el contexto
La intención de las medidas transicionales es, como su nombre lo indica, el
establecimiento de un marco excepcional que permita reparar y brindar asistencia a las
víctimas que han visto violentados sus derechos de forma también excepcional. La
delincuencia común, en este entendido, debe ser enfrentada mediante los mecanismos
ordinarios y permanentes con los que cuenta el Estado: la protección de las víctimas de
delitos que no sean consecuencia de la violencia generalizada que ha azotado al país,
deberá garantizarse mediante dichos mecanismos de carácter permanente.
Procuradurìa General de la Nación. Guía de la Participación Ciudadana. Enlace Web:
http://www.procuraduria.gov.co/descargas/publicaciones/guia_participacion_ciudadana.
Diseño y Organización Institucional como Componente de la Justicia Transicional
Con base en las doctrinas autorizadas universalmente en materia de Justicia Transicional,
uno de los componentes que se convierten en enfoques básicos en respuesta a las
violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos, es la adopción de
reformas institucionales. El texto del proyecto que se somete a consideración del
Congreso de la República adopta, como acción efectiva de garantía a las víctimas, un
diseño institucional sólido, que involucra tanto al Gobierno Nacional como a la rama
judicial y a los órganos de control, con modelos excepcionales de atención administrativa
y de aplicación de justicia que complementan y perfeccionan los ya existentes en el marco
de las normas transicionales.
Así, el texto del presente proyecto de ley contiene la creación del Sistema Nacional de
Atención y Reparación Integral a las Víctimas, como instrumento que reúne y centraliza
de manera integral las acciones de las instituciones involucradas, con el objeto primordial
de formular y ejecutar los planes, programas, proyectos y acciones específicos, tendientes
a la atención y reparación integral de las víctimas.
Para el logro de tal objeto, el Sistema contará con un Plan Nacional para la Atención y
Reparación Integral a las Víctimas, del cual hará parte el Plan Nacional de Reparación,
elaborado por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
Adicionalmente, el Sistema estará soportado y coordinado por la Dependencia Especial
para la Atención y Reparación a las Víctimas, creada al interior de la Agencia Presidencial
para la Acción Social y la Cooperación Internacional, y por un Comité Interinstitucional
consultivo, con funciones claramente definidas. Este último brindará apoyo especializado
al Vicepresidente de la República, director del Sistema Nacional de Atención y Reparación
a las Víctimas. Las funciones de este Alto Órgano Consultivo, serán desarrolladas por el
Comité de Coordinación Interinstitucional de que trata el Decreto 3391 de 2006 (por el
cual se reglamenta parcialmente la Ley 975 de 2005).
Es muy importante acentuar que este diseño institucional no funcionará solamente en el
nivel central, sino que también se replicará a nivel territorial, a través de los Comités
Departamentales, Municipales y Distritales para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas, encargados de prestar apoyo y brindar colaboración al Sistema Nacional.
Política Pública de Prevención y Atención Integral a las Víctimas de Desplazamiento
En el contexto de la violencia generalizada y confrontación que ha venido azotando al
Estado Colombiano por más de dos décadas, han sido miles de personas las que han
sido forzadas a desplazarse de sus lugares de origen por las acciones de los Grupos
Armados al Margen de la Ley, teniendo que abandonar no sólo sus bienes sino dejar atrás
su entorno y tejido social, sufriendo la vulneración de múltiples derechos fundamentales.
De acuerdo con la información del Registro Único de población Desplazada - RUPD,
administrado por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación
Internacional, con corte a junio de 2010 se encuentran incluidas en el citado Registro,
3.461.223 personas, cifra que equivale a 793.599 hogares, es decir, que desde que existe
el registro el 7,6% de la población colombiana se ha reconocido como desplazada
forzadamente. Al revisar la tendencia del desplazamiento se puede observar que el
momento más crítico de esta problemática se presentó entre los años 2000 y 2002. En
ese lapso, el desplazamiento creció en promedio 40% anual y afectó a 900 municipios del
país. Los departamentos más expulsores históricamente durante todo el período
corresponden a Antioquia, Bolívar, Magdalena, Chocó, Cesar, Caquetá y Tolima.
Durante el primer semestre de 2010, los municipios más expulsores corresponden a
Tumaco (Nariño) seguido de Roberto Payán (Nariño), Buenaventura (Valle del Cauca),
Tame (Arauca), Medellín (Antioquia), Olaya Herrera (Nariño), Ituango (Antioquia), Tierralta
(Córdoba), Caucasia (Antioquia) y El Tambo (Cauca).
Esta tragedia de enormes proporciones ha sido asumida con responsabilidad por parte de
cada una de las instituciones competentes dentro del Gobierno Nacional para afrontar
esta grave situación humanitaria. Desde antes de la expedición de la ley 387 de 1997, ya
el Gobierno Nacional había desarrollado una serie de instrumentos de política estatal para
hacer frente a la problemática del desplazamiento y que no sólo se concretan con la
promulgación por parte del Congreso de la República de la ley antes citada, sino que se
materializaron con la expedición de varios decretos, entre ellos, el 250 de 2005, actual
Plan Nacional de Atención Integral a la población Desplazada. Igualmente, se han
diseñado estrategias y programas de atención diferencial y protección, entre otros, para
garantizar los derechos de esta población.
Ahora bien, no sólo ha habido avances en materia de lineamientos de política pública,
sino que se han realizado importantes progresos en materia de gestión de las entidades
que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, tales
como, asignación presupuestal exclusiva, diferenciación de la atención de la población
desplazada respecto de la atención del resto de la población vulnerable a través de
programas específicos, diseño de un sistema de indicadores para medir de manera
periódica el goce efectivo de los derechos de la población en situación de
desplazamiento, entre otros.
En el año 2004 la Honorable Corte Constitucional constató mediante la Sentencia T-025
de 2004, la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional, en la situación de la
población desplazada debido a la falta de concordancia entre la gravedad de la afectación
de los derechos reconocidos constitucionalmente y desarrollados por la ley, de un lado, y
el volumen de recursos efectivamente destinados a asegurar el goce efectivo de tales
derechos y la capacidad institucional para implementar los correspondientes mandatos
constitucionales y legales. El Gobierno Nacional, el Consejo Nacional para la Atención
Integral a la Población Desplazada por la Violencia y las entidades que conforman el
Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, dentro de la órbita de
sus competencias y en cumplimiento de sus deberes verificaron la magnitud de esta
discordancia y desde ese mismo momento tales autoridades dieron inicio a la ejecución
de las medidas necesarias para dar cumplimiento a todas y cada una de las órdenes
impartidas en dicha Sentencia.
Tal control, una vez afirmada la competencia de la Corte Constitucional a efectos de
verificar el cumplimiento de su determinación, ha supuesto posteriormente un intenso
proceso de seguimiento que ha incluido la expedición de más de 80 Autos y,
adicionalmente, la realización de diversas audiencias orientadas a determinar la manera
de optimizar el proceso de ejecución y seguimiento de la política pública en materia de
Durante los años 2007 y 2008, la Corte Constitucional profirió varios Autos con el objeto
de analizar la situación general de esta población y la situación particular de los grupos
especiales, para impartir, como en efecto lo hizo, un conjunto de órdenes que se agrupan
en los siguientes temas: i) la adopción y aplicación de indicadores de goce efectivo de
derechos; ii) la introducción de un enfoque diferencial en la respuesta estatal (mujeres, los
niños y niñas, los indígenas, los afrocolombianos y las personas con discapacidad); iii) la
participación de las organizaciones de desplazados así como de la sociedad civil a través
de la Comisión de Seguimiento dentro de una perspectiva a la vez crítica, propositiva y
constructiva; iv) la rendición pública de cuentas y v) el compromiso de las entidades
territoriales en la superación del ECI.
Cinco años después de proferida la Sentencia T-025 de 2004, mediante el Auto 008 de
2009, la Corte Constitucional concluyó de nuevo que se habían presentado avances
importantes hacia la superación del ECI, pero que éste aún no se había superado. En
consecuencia, la Corte impartió nuevas órdenes, todas ellas relacionadas con la
reformulación, ajustes o avances de las políticas al tiempo que solicitó (i) diseñar e
implementar un plan de fortalecimiento de la capacidad institucional, (ii) adoptar un
sistema para evaluar el desempeño de las entidades, (iii) mejorar el sistema de protección
que responda a la naturaleza de los riesgos que enfrenta esta población, (iv) diseñar una
estrategia para que la población cuente con la libreta militar respectiva, (v) adelantar y
concluir un proceso de revisión técnica de los sistemas de medición de los indicadores
adoptados. Finalmente, ordenó a otras entidades del Estado Colombiano (i) diseñar una
estrategia para avanzar en la investigación del delito de desplazamiento forzado, así
como el desarrollo de un mecanismo de coordinación para el intercambio fluido y seguro
de información entre el Registro Único de Población Desplazada- RUPD y la Fiscalía
General de la Nación – FGN, y (ii) establecer mecanismos que faciliten la redistribución de
asuntos civiles, penales, administrativos, agrarios o de otro tipo para garantizar la
protección efectiva de los derechos y que permitan el establecer la verdad por hechos
relacionados con el desplazamiento forzado.
Teniendo en cuenta la complejidad, el carácter integral y que las políticas públicas son de
naturaleza multisectorial, aunado a los distintos Autos de enfoque diferencial que entre el
2008 y 2009 se profirieron, lo mismo que el Auto 007 de 2009 sobre coordinación de la
política pública de prevención y atención a la población en situación de desplazamiento
con las entidades territoriales, el Gobierno Nacional avanzó de manera significativa en el
proceso de reformulación, ajuste e instrumentalización de las políticas públicas,
adecuando un mapa conceptual con enfoque de derechos, como criterio orientador del
mismo, y el respeto del enfoque diferencial.18 Esto significa que más allá de lo establecido
en la ley 387 de 1997, actualmente, la política pública para la prevención y atención
integral a las víctimas del desplazamiento forzado, contiene programas y acciones
específicas y prevalentes en la prevención y protección, atención integral y de manera
complementaria, en la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación integral
de las víctimas del desplazamiento forzado.
De otra parte, se han minimizado las barreras más graves en materia de capacidad
institucional y existe una asignación de recurso actual y programada en vigencias futuras
suficiente19 para los próximos 10 años, a fin de atender las necesidades de la población
desplazada, con el que se busca garantizar de manera progresiva y sostenida el goce
efectivo de los derechos de esta población, mediante la ejecución de las políticas
recientemente reformuladas y ajustadas, pero al mismo tiempo, buscando no desconocer
las cargas fiscales que implican el cumplimiento de las obligaciones constitucionales a su
cargo frente a otros grupos vulnerables.
Es importante señalar que los recursos actualmente asignados para este fin se han
multiplicado casi 10 veces entre el período 1999-2002 y el período 2007-2010. En lo
referente a la evolución de la programación de recursos, entre 1999 y 2002 el monto del
Presupuesto General de la Nación- PGN destinado a la prevención y protección, atención
y reparación de la población desplazada alcanzó $543.109 millones de 2010; entre 2003 y
2006 éste ascendió a $2,0 billones de 2010, mientras que entre 2007 y 2010 el monto
destinado a la atención de dicha población, a través del Presupuesto General de la
Nación, se estima en $5,3 billones de 2010.20
Ahora bien, con el fin de contar con un sistema de seguimiento y evaluación de la citada
política pública, el Gobierno Nacional cuenta con una batería de indicadores de GED, que
responde a lo ordenado por la Corte Constitucional en el Auto 116 de 2008, como un
Informes del Gobierno Nacional 30 de junio y 30 octubre de 2009 y 1 de julio de 2010 –
Superación del ECI
Capítulo V, Plan financiero a 10 años – Informe del Gobierno Nacional 1 de julio de
Capítulo V, 5.1.3. Avances y resultados en la asignación de recursos para atender a la
población desplazada, – Informe del Gobierno Nacional 1 de julio de 2010.
mecanismo para orientar los objetivos de las diferentes intervenciones en materia de
desplazamiento forzado y direccionar las acciones para el cumplimiento de los elementos
definidos para cada derecho. Esta batería de indicadores le permite al gobierno medir la
eficiencia, pertinencia y eficacia de la acción estatal con miras a resolver el cumplimiento
de los derechos que debe gozar efectivamente la población desplazada.
El 30 de octubre de 2008, el Gobierno Nacional presentó la línea de base de los
resultados de la medición de los indicadores de GED, y en el 2010 realizó el primer
seguimiento de los indicadores, en virtud del cual se demostraron importantes avances en
los derechos a la identificación (87.8% a 95.2%), educación (68.9% a 75.7%), salud
afiliación al SGSSS (78.7% a 88.1%), alimentación – consumo adecuado (88.4% al 90%)
y reunificación familiar (95.3% a 95.6%). Aún persisten retos importantes, a pesar de los
avances en los derechos a la subsistencia mínima – atención humanitaria de emergencia
(19.5% a 35.9%) y vivienda (12.4% a 16%). Por supuesto, en otros temas, como el apoyo
psicosocial (58.2% a 53.5%), y la generación de ingresos, se constituyen también en
desafíos muy importantes para la política pública.
Las modificaciones y ajustes que se han realizado a la política pública sobre
desplazamiento forzado en los últimos dos años, aunando a los pronunciamientos de las
Altas Cortes sobre algunos temas neurálgicos para la atención integral de la población,
requieren actualizar la legislación colombiana sobre la materia, especialmente, el
denominado Plan Nacional de Atención Integral a la población Desplazada, con el fin de
que responda a las necesidades de la población a través de la idoneidad de las políticas
públicas, a fin de contribuir de manera efectiva al goce de los derechos que le asiste a
Tomando en consideración estos elementos y aunado a que hoy está claramente
demostrado que el Estado ha convertido la protección de esta población en un tema de la
mayor importancia dentro de su agenda de política pública; y al hecho de que el Estado
cuenta con la posibilidad de acudir a herramientas que le permiten garantizar la
sostenibilidad del proceso hacia el logro del pleno goce de derechos de la población en
situación de desplazamiento, se considera necesario a través de esta Ley avanzar en
algunos aspectos centrales del proceso de atención integral a la población desplazada.
Es claro, que las personas que han sido obligadas a desplazarse, han sufrido una
vulneración masiva y continua de sus derechos humanos, lo cual ha generado que el
Estado Colombiano desarrolle múltiples medidas para atender la situación de
vulnerabilidad manifiesta en la que se encuentran más de tres millones de personas; pero
adicionalmente, al reconocerles su calidad de víctima por las graves violaciones a los
derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que han sufrido,
los hace titulares de otros derechos, como el de derecho a la verdad, a la justicia y a la
reparación integral. Es por ello, que en la nueva concepción de la política pública de
prevención, protección y atención integral a las víctimas del desplazamiento forzado, el
Gobierno Nacional, incluye un nuevo componente denominado Verdad, Justicia y
reparación Integral, el cual se nutre de la atención específica y prevalente que recibe esta
población, y de elementos adicionales, que responden a las necesidades propias y
específicas para la protección plena y efectiva de los citados derechos. Por ello, esta ley,
que reviste la mayor importancia para el país, sienta las bases centrales para el desarrollo
de este nuevo componente de la política pública para la población desplazada, más aún si
se tiene en cuenta que esta población se constituye en el grupo de víctimas mayoritario
Esta ley incorpora en distintos apartes, aspectos señalados por la Corte Constitucional en
algunas de sus sentencias, entre ellos, los principios generales, la adopción de medidas
para el mejoramiento del sistema de registro, seguimiento y administración de la
información de las víctimas de desplazamiento forzado, cuya herramienta se constituirá
en la plataforma principal para el nuevo Registro Único de Víctimas que se creará a partir
de la expedición de la presente ley.
Actualmente, el Registro Único de Población Desplazada, ha surtido cambios
significativos en el comportamiento de las declaraciones presentadas ante las oficinas del
Ministerio Público, las cuales deben ser valoradas por Acción Social para establecer la
condición de víctima del desplazamiento forzado. A partir del pronunciamiento del
Consejo de Estado, al declarar nulo el límite para presentar la declaración, esto es un año
después de los hechos que ocasionaron el desplazamiento, sólo entre junio de 2008 y
junio de 2010, alrededor del 40% de las declaraciones presentadas corresponden a
hechos que ocurrieron hace más de un año después de la expulsión. Sin embargo, la
proporción de declaraciones por hechos cada vez más lejanos en el tiempo ha crecido
rápidamente y en los últimos meses más del 50% de las declaraciones son por hechos
que ocurrieron hace más de cinco años, y el 25% son por hechos que ocurrieron hace
Si bien es cierto, estas dos situaciones evidencian un avance en la reducción del
subregistro, también lo es que alertan al Gobierno Nacional sobre la necesidad de
establecer nuevamente límites para el registro, que responda a la definición de un
período razonable para la reducción del subregistro, y un nuevo límite en el tiempo para la
declaración, definiendo un momento en la historia a partir de la cual se empiece a
reconocer el desplazamiento forzado tal y como lo establece el artículo 1 de la ley 387 de
De otra parte, la presente ley incorpora las líneas centrales de la política de atención
humanitaria, que tiene como finalidad asistir y socorrer a la población desplazada
forzosamente a fin de satisfacer el derecho a la subsistencia mínima. Así mismo, se
incorporan otros temas fundamentales destinados a que el Estado Colombiano pueda
generar procesos de sostenibilidad en las personas u hogares desplazados a fin de lograr
la superación de la situación de vulnerabilidad asociada con el hecho de desplazamiento.
En consecuencia a los distintos aspectos que se han mencionado a lo largo de la
presente exposición, aunado a los temas centrales de esta Ley, el Gobierno Nacional ha
considerado de imperiosa necesidad el de replantear el esquema institucional, no sólo
para las víctimas de desplazamiento forzado sino para todas las víctimas contempladas
en la presente ley. Esto significa, que es necesario contar con un solo esquema
institucional de coordinación para la todas las víctimas, que recoja, por supuesto, la
institucionalidad y la capacidad institucional y presupuestal, y demás herramientas que de
ella se desprende para la prevención, protección, atención integral y reparación a la
población desplazada, a través de un único Sistema Nacional de Atención y Reparación
Integral para todas las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al
Derecho Internacional Humanitario. La creación de este nuevo Sistema permitirá
administrar de manera articulada esta nueva política a través de un espacio técnico, y
contará para tal efecto, con la dirección política del Vicepresidente de la República.
Por supuesto, esta decisión implica un reto muy importante para el país, por cuanto
subsume el universo de víctimas más numeroso que corresponde al de la población
desplazada, y debe incorporar un esquema institucional nacional y territorial muy
avanzado en la protección de los derechos de esta población.
Finalmente, es importante señalar que en lo atinente a la restitución de las tierras que han
sido despojadas, o que han sido abandonadas forzosamente, será objeto de regulación
en la ley por medio de la cual se establecen normas transicionales para la restitución de
Enfoque Diferencial – Igualdad Real
Para el Gobierno Nacional es claro que, si bien es cierto que los derechos de todas las
víctimas deben ser reconocidos y garantizados con criterios de igualdad, también es
importante reconocer que en el contexto colombiano no puede predicarse una igualdad
lineal, pues existen particulares realidades que fundamentan la gestación de regulaciones
tendientes a hacer efectiva la igualdad real, en virtud del cual debe tratarse de la misma
manera a los iguales, así como debe darse trato diferente a los desiguales.
Para citar un ejemplo, las mujeres, como lo ha reconocido la Corte Constitucional en el
auto 092 de 2008, enfrentan patrones sociales de discriminación, exclusión y violencia
que son potenciados por los actores armados durante el conflicto. En este punto, es
importante tener presente que si bien tanto los hombres como las mujeres son víctimas de
“en el caso de las mujeres, a los actos de violencia física y psicológica, se suman
agresiones y delitos de índole sexual”21.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Las mujeres frente a la violencia y la
discriminación derivadas del conflicto armado en Colombia”, OEA/Ser.L/V/II.Doc.67, 18
Este tipo de violencia no recibe la misma atención que otras violaciones de derechos
humanos, ya que es vista como una circunstancia cotidiana o menos importante. Sin
embargo, debe tenerse en cuenta que la violencia contra las mujeres ha sido empleada
como una estrategia de guerra, no sólo para la afectación directa de las víctimas sino para
impartir terror en la comunidad y lograr el control de territorios y recursos. Además, tal y
como lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las mujeres
resultan afectadas como víctimas directas así como por sus vínculos afectivos como hijas,
madres, esposas, compañeras, o hermanas22.
Es indispensable que un Proyecto de la magnitud del presente, haga explícito un enfoque
diferencial, en virtud del cumplimiento del principio mayor de igualdad, diseñando políticas
de atención y reparación integral que respondan a las necesidades, pero sobre todo a los
derechos de aquellos que por su condición diferente sean más vulnerables.
Es por ello que de acuerdo con los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional,
el presente Proyecto otorga prevalencia a los niños, niñas, mujeres, campesinos, por
cuanto en especial, son estas comunidades las que más han sido afectadas en su
identidad cultural, en la integridad de sus territorios y la permanencia de sus formas de
El presente Proyecto, con el objetivo de otorgar igualdad real y en consonancia con la
realidad actual de nuestro país y los estándares internacionales, también incorpora el
reconocimiento de los derechos de las parejas del mismo sexo en la definición de víctima
a fin de no mitigar sus prerrogativas a la atención y reparación integral.
Atención y Reparación con Independencia del Agente Perpetrador
Como fue explicado, el presente proyecto define como víctimas a las personas que han
sufrido un menoscabo en sus derechos por violaciones de normas de Derechos Humanos
o infracciones al Derecho Internacional Humanitario, independientemente de quién sea el
Para el presente Proyecto, quienes son realmente importantes son las víctimas, no el
victimario. Fundamentado en ello, se busca que las mismas puedan ser incluidas en los
programas y políticas tendientes a ofrecer la atención y reparación integral de aquellos a
los que les han sido menoscabados sus derechos como consecuencia de violaciones
octubre 2006, párrafo 6.
Internacional Humanitario. Pueden las víctimas acogerse a los beneficios ofrecidos en el
presente proyecto, tanto para la atención como para la reparación integral.
El proyecto se encuentra acorde con lo establecido por la Corte Constitucional, según lo
cual las medidas de atención, asistencia y reparación en éste contenidas, no implican
reconocimiento ni podrán presumirse o interpretarse como reconocimiento de la
responsabilidad del Estado derivada del daño antijurídico imputable a éste en los términos
del artículo 90 de la Constitución Nacional, como tampoco ningún otro tipo de
responsabilidad para el Estado o sus agentes.
Es también importante acentuar lo manifestado anteriormente en relación con los
miembros de la Fuerza Pública, quienes podrán recibir los beneficios de que trata la ley,
siempre que éstos no sean otorgados por los regímenes especiales que hoy día los
cobijan.
La consulta previa, como un derecho fundamental que protege a las minorías de manera
excepcional frente al interés colectivo, cuya salvaguarda está hoy día establecida en una
definida línea jurisprudencial de la Corte Constitucional, tiende a garantizar la subsistencia
de los integrantes de los pueblos indígenas y las comunidades étnicas afrodescendientes,
derecho que implica que estas comunidades sean consultadas sobre proyectos que
puedan afectarlos como una forma de proteger la identidad cultural, social y económica de
Estos grupos poblacionales, que también han sufrido menoscabo en sus derechos y son
de prioritario interés para el Estado, no se incluyen en el ámbito de aplicación del proyecto
de ley que se somete a consideración del Honorable Congreso, por cuanto el Gobierno
Nacional estableció una agenda para llegar a un consenso sobre la forma más
conveniente de realizar la consulta previa. Así, posteriormente el presente proyecto será
complementado con leyes específicas que cobijen a las víctimas de dichos grupos,
realizando previamente el proceso de consulta requerida para atender a sus usos y
costumbres particulares.
Por tratarse de un proceso indispensable, una vez éste sea efectuado con las
comunidades indígenas y afrodescendientes, se presentarán otros proyectos de normas
de protección especial, complementarios del presente proyecto. A la fecha, según nos
informó el Ministerio del Interior y de Justicia, el procedimiento de consulta previa con las
comunidades indígenas y afrodescendientes ya inició.
En efecto, el Ministerio aseveró que ya fue acordada la metodología para realizar dicha
consulta, en el seno de las instancias de representación con las que cuentan estos grupos
indígenas. En la definición inicial de ese procedimiento que hoy en día se está surtiendo,
el Ministerio del Interior y de Justicia manifestó que ha sido instalada la Mesa Permanente
de Concertación para definir prioridades y mecanismos para llevar a cabo los procesos de
consulta previa, en desarrollo de este derecho fundamental de las minorías étnicas.
Sobre el particular, la Honorable Corte Constitucional se pronunció en sentencia C-030 de
2008 de la siguiente manera:
Tratándose de medidas legislativas, la situación puede tornarse compleja, porque
como se señaló en precedencia, el ejercicio del control abstracto de
constitucionalidad frente a la omisión de consulta previa a la adopción de una medida
legislativa, comporta la verificación en torno a un procedimiento, cuya ausencia, sin
embargo, se proyecta sobre la materialidad misma de la ley. En ese evento, sería
posible, en determinadas circunstancias, encontrar que la ley como tal es
inconstitucional, pero también cabe que, en una ley que de manera general concierne
a los pueblos indígenas y tribales, y que los afecta directamente, la omisión de la
consulta se resuelva en una decisión que excluya a tales comunidades del
ámbito de aplicación de la ley; o puede ocurrir que, en un evento de esa
naturaleza, lo que se establezca es la presencia de una omisión legislativa, de tal
manera que la ley, como tal, se conserve en el ordenamiento, pero que se adopten
las medidas necesarias para subsanar la omisión legislativa derivada de la falta de
previsión de medidas específicamente orientadas a las comunidades indígenas y
tribales. Si la ley no tiene esas previsiones específicas, habría un vacío legislativo,
derivado de la necesidad de que, en una materia que si bien afecta a todos, lo hace
con los indígenas en ámbitos propios de su identidad, contemple previsiones
especiales y que las mismas sean previamente consultadas. (Negrilla fuera de texto).
Los Ponentes abajo suscritos, manifestamos y dejamos constancia de nuestra intención
de participar, como verificadores u observadores, del proceso de consulta previa en la
medida en que las etapas de concertación celebradas así lo permitan.
Los representantes nacionales de las comunidades indígenas, respondiendo a la
solidaridad con las víctimas del conflicto, los desplazados y los despojados, han decidido
que se consulte a través de un mecanismo excepcional y por única vez.
Se llegó al siguiente acuerdo en materia de procedimiento para la consulta: las
comunidades indígenas manifestaron su intención de participar en el desarrollo del
proceso de consulta previa; así mismo, el Gobierno Nacional prestó absoluta disposición
para adelantar los procesos de consulta con estas minorías; se deben incluir las
propuestas concertadas con los representantes de los pueblos indígenas para garantizar
la legitimidad del proyecto de ley que los acoja y que se presente posteriormente al
Los delegados de los pueblos indígenas consideran que los derechos de las víctimas –
inclusive la restitución de tierras- constituyen temas de alta sensibilidad y transversalidad
para la sociedad colombiana y manifiestan su voluntad frente a todas las víctimas de la
violencia armada en Colombia para que el Estado garantice la restitución integral de sus
Se ha conformado un equipo con delegados indígenas a fin de protocolizar la propuesta
conjunta de consuno con las autoridades administrativas concernidas en el proyecto de
ley que se presente.
Las partes, indígenas y Gobierno, determinaron que el procedimiento excepcional para
realizar la consulta previa de los proyectos de ley que se presenten y que afecte a estas
minorías, se iniciará con la conformación de una comisión política con cinco delegados (4
de indígenas y un enlace de Gobierno), que a su vez contará con dos subcomisiones, que
priorizarán la consulta en materia de los derechos de atención y reparación a víctimas.
El producto de este trabajo consensuado será la entrega de un documento con los
contenidos de la consulta que se considera deben ser incorporados al proyecto de ley, y
será entregado a la Mesa Permanente de Concertación. Así, de lo acordado en la Mesa
surgirá el texto que será incorporado en el proyecto de ley para su inmediato trámite
De otra parte, en lo que respecta a las comunidades afrodescendientes, el Gobierno
Nacional se encuentra en el proceso de definir, tal y como se ha venido realizando en
tratándose de pueblos indígenas, la manera como se llevará a cabo el proceso de
consulta previa. Una vez definida la metodología dentro del marco de los acercamientos
que se han venido surtiendo con los representantes de dichas comunidades, como
resultado de un consenso se llegará a la definición final del procedimiento de consulta
previa, que se aplicará de forma paralela al trámite legislativo del presente proyecto.
La Indemnización por Vía Administrativa y la Reparación por vía Judicial.
Además de la reparación judicial, es procedente que el Estado pueda establecer un
procedimiento administrativo para indemnizar de manera anticipada a las víctimas de
violaciones manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos o
infracciones al Derecho Internacional Humanitario, sin perjuicio de la obligación que tienen
los victimarios de hacer dicha reparación y el Estado de repetir contra éstos. En el marco
del presente proyecto las víctimas pueden aspirar a una reparación, sin que haya habido
un proceso judicial y una sentencia condenatoria.
Pese a los avances logrados con la Ley de Justicia y Paz, todavía un gran número de
víctimas no han podido ser resarcidas; por ello es imperativo que el Gobierno nacional
ofrezca a las víctimas un programa de indemnización por vía administrativa para atender
de manera pronta y efectiva a las víctimas de violaciones manifiestas a las normas
Humanitario, claro está, sin menoscabo de la reparación por vía judicial y de las demás
acciones que conlleven una reparación integral.
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References: artículo 153
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 artículo 13
 artículo 1
 artículo 90