Source: https://es.scribd.com/doc/110346608/Derecho-a-Un-Juicio-Justo
Timestamp: 2017-01-22 02:04:59+00:00

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NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosArtículosPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseEL DERECHO A UN JUICIO JUSTOLILIA NOEMI DIEZ ** “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”. Lucio Anneo Séneca.
1) Introducción. 2) El período a considerar. 2.1.) Según su contradicción: 2.1.1. Como cuestión de previo y especial pronunciamiento. 2.1.2.) Como cuestión controvertida. 2.2) Según el tipo de asunto. 2.3) Según su extensión. 2.3.1.) En la totalidad del proceso. 2.3.2.) En alguna de sus instancias. 3.) Especial consideración al proceso finalizado. 4) El amparo como alternativa para el reclamo. 5)Reflexiones finales
1) INTRODUCCIÓN: La preocupación por la incidencia del paso del tiempo en la eficacia del derecho, entendida como protección jurídica efectiva, o garantía de tutela efectiva constituye una preocupación constante en casi todas las épocas y países, pudiendo constatarse que existe casi desde el origen mismo del derecho escrito, cuyo nacimiento se atribuye a los sumerios entre la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo. Así por ejemplo, el artículo 13 del Código de Hammurabi, (1792-1750 a. C.), el más antiguo de los que se conservan prácticamente completos ya se establecía que si los testigos de alguno de los litigantes “no estuviesen a mano, los jueces le señalarán un plazo de seis meses para presentarlos, y si al término del sexto mes no los presenta, perderá el proceso”. 1. No obstante habrá que esperar hasta el siglo XX, para que la comunidad internacional establezca, con carácter general la vigencia de criterios jurídicos precisos en cuanto a la relevancia del paso del tiempo y a sus efectos en el proceso judicial o administrativo, y para que la ciencia jurídica contemple la desvirtuación de la constatación empírica de Blaise Pascal: ”Si el hombre supiese qué es exactamente la justicia, no habría establecido esta máxima, la más general de todas cuantas existen entre los hombres: que cada cual siga las costumbres de su país: El brillo de la verdadera justicia hubiera sometido a todos los pueblos”. Las grandes declaraciones de principios de los siglos XVIII y XIX sirvieron de base e informaron a la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, y ello ha posibilitado la progresiva regulación de los derechos públicos subjetivos, en el plano internacional, europeo y argentino. Así fueron incluidos en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales del 4 de noviembre de 1950 y en la Constitución Argentina de 1994. Entre los derechos con proyección universal se destaca junto a los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad, y a la igualdad, entre otros, el derecho a un juicio justo o a un proceso equitativo, constituido por un conjunto de derechos y garantías entre los que se encuentra el derecho a un proceso dentro de un plazo razonable o, en expresión sinónima, sin dilaciones indebidas.2
Docente de “Instituciones de Derecho Privado II” (“Obligaciones y Contratos Civiles y Comerciales”) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste. 1 En su comentario, Fernando Lara Peinado “Código de Hammurabi”. Editorial Tecnos. Segunda edición. Madrid. 1992, página 90, escribe: “Era un plazo muy razonable y no largo si se tiene en cuenta las dificultades que los viajes entrañaban en la antigüedad. Este plazo de seis meses cumplía creemos, la doblee condición de dar tiempo para que se presentasesn los testigos y para que el juiciono se eternizase” 2 En Europa la interpretación del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que raliza el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, constituye la doctrina que posibilita la delimitación de los derechos públicos subjetivos, sobre los que cada día rece la opinión en el
“Nunca más que ahora frente a la vertiginosa aceleración histórica, la necesidad de que la solución a un conflicto judicial recaiga en un tiempo razonablemente limitado, de modo que la garantía de la efectiva tutela que anida en el marco del proceso, satisfaga los valores de pacificación, justicia y seguridad”.3 “El derecho a un proceso dentro de un plazo razonable, como derecho autónomo incardinable en el derecho a un juicio justo o debido proceso constituye un criterio objetivo de medición temporal de un proceso, en el derecho europeo, el período a considerar, aplicable en todos los países por igual, como expresión de la obligación de prestar un servicio de todos los poderes públicos del estado, y por consiguiente como expresión de su responsabilidad, criterio implícitamente también asumido por el Tratado de Amsterdam y explícitamente compartido por la más reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el caso “Baustalhgewe”.4 En nuestro país, el derecho a una rápida y eficaz decisión judicial fue reconocido en el Dictamen del Procurador General doctor Elías P. Guastavino, in re “Tomatti c/Gobierno Nacional”.5. La justicia del proceso, se posa ente otros, en el eje decisivo del factor tiempo en el desarrollo de las controversias judiciales, en cualquier competencia, civil, comercial, laboral, penal, contencioso administrativo, etc. Nos referimos en este trabajo a un proceso judicial en general, sin distinción de fueros. Porque es sin duda, el tiempo uno de los aspectos más importantes en el objetivo para lograr la eficacia de cualquier proceso judicial.6 No olvidamos que además del tiempo necesario o razonable, la justicia del proceso tiene otros ejes para considerar, tales como: los costos, sabido es que algunos sectores por motivos económicos, poco o ningún acceso tienen a la justicia; 7 las dificultades (inclusive las psicológicas), a superar (vallas o estorbos, como por ejemplo: dificultades en el idioma, discriminaciones etc.) y los beneficios a obtener por parte de quien solicita la solución de un conflicto. Estos ejes serán estudiados en otra oportunidad. En este trabajo sólo nos ocuparemos del tema real de la dilación de los procesos judiciales y el tiempo dentro del cual sería deseable resolverlos, tema que ha sido motivo de estudio por parte de jueces 8 y doctrinarios. 9
sentido de que por imperativo económico constituirán, una vez alcanzados los fundamentos de la unidad monetaria, parte esencial de los mínimos de la futura unidad política europea en el previsible supuesto que el proceso de unión monetaria se consolide y avance,. 3 Augusto Mario Morello. “La terminación del proceso en un plazo razonable como manifestación concreta del la eficacia del servicio de justicia”. En El Derecho Tomo 122 página 887. 4 Enrique García Pons: “El período a considerar en el derecho a un juicio justo”. En Revista Crítica de Derecho Inmobiliario. Año LXXV, Nº 654, septiembre- octubre 1999, página 2025.
Fallo 766.029 del 31 de octubre 1977 en LL 1977-C-448
Desde la Fundación JUS de la Plata, el Dr. Carlos A. Noguera, está llevando a cabo una investigación exhaustiva, a través de un abordaje polifacético, desde los planos, constitucional, filosófico, sociológico, y dogmático jurídico acerca del “Tiempo y proceso”. También el dr. Roberto Berizonce, docente de la Universidad Nacional de La Plata, ha realizado una investigación cuya primera parte fue publicada en El Derecho titulada: ”Evolución provisional de una investigación empírica trascendente para el mejoramiento del servicio de justicia”. Tomo 114, página 860. 7 Representa una posibilidad de acceso a la justicia, el beneficio procesal de litigar sin gastos, que facilita la remoción del obstáculo económico para la utilización de los tribunales de justicia, para personas que por falta de medios se verían obligadas a prescindir de los ellos. La persona que se encuentra en una situación económica de carencia difícil para afrontar los gastos derivados de un litigio, no se vea impedida de hacer valer sus derechos, concretándose de este modo la garantía de la defensa en juicio establecida en el artículo 18 de la Constitución Nacional y el principio de igualdad ante la ley establecido en el artículo 16 del mismo cuerpo legal. 8 La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su concepción del debido proceso (artículo 18 de la Constitución Nacional), impone la posibilidad, cierta, real efectiva, de ejercer en concreto la defensa de los derechos, ocurriendo para ello ante un órgano jurisdiccional en procura de justicia (Fallos 276-157; 281-235; 303-2063, entre muchos otros). Para alcanzar esta meta, es decir la tutela que recaba, debe llegar con ciertas exigencias razonables que están involucradas en su propia definición. Tiene que consumarse en un tiempo razonable, tal como reza el artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, reformada en septiembre de 1994, “lo más rápido posible”
2) EL PERÍODO A CONSIDERAR: Decía Quevedo: “El tiempo que no vuelve ni tropieza”. La delimitación del período a considerar constituye la determinación de las fechas de los hechos probados en el proceso, dentro de un plazo razonable en cada caso concreto, e integra tres perspectivas, teniendo en cuenta: su contradicción, en razón del tipo de asunto que se ventila y en relación a su extensión. Existen actitudes dilatorias en diversos procesos, cuyos retrasos pueden no resultar imputables al estado por responsabilidad del recurrente, lapsos de tiempo que deben ser tomados en cuenta para determinar si ha habido un exceso de plazo razonable en el proceso judicial, en otras palabras deben descontarse del total del período a considerar. Enumeramos entre otros, los siguientes: 1) En el de solicitudes del propio recurrente de plazos injustificados de audiencias en el proceso. 2) Solicitudes del propio recurrente de aplazamientos injustificados de audiencias en el procedimiento. 3) Frecuentes cambios de abogados. 4) Multiplicidad de incidentes en el procedimiento. 5) No presentarse injustificadamente a revisiones médicas. 6) No presentarse ante el tribunal competente estando debidamente notificado. 7) Recusaciones reiteradas. 8) Iniciativas manifiestamente obstruccionistas. 9) Fuga del imputado. 10) No ejercicio diligente de los propios derechos procesales que son responsabilidad de las partes en la conducción del proceso. Sin perjuicio de lo expuesto, debe tenerse presente que la responsabilidad última de en cualquier caso el respeto del contenido esencial del derecho a un proceso, dentro de un plazo razonable, corresponde siempre al estado, dada la importancia de una correcta administración de justicia en una sociedad democrática, no sólo cuando el impulso procesal compete legalmente a los poderes públicos, (procesos en los que se juzgan delitos de acción pública), sino también cuando la iniciativa corresponde por imperio de las normas procesales a las partes (procedimientos civiles, comerciales, laborales, administrativos etc.).10 “La tramitación dilatoria y el abuso de los pliegues y repliegues de las formas procesales, que por su indebida prolongación desconocen los derechos de las partes, sin lugar a dudas constituyen una situación equiparable a la denegación de justicia”. 11 Así lo señaló la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la sentencia del 23 de septiembre de 1976, in re “Festherton”.12 No se trata sólo de la rapidez con que debe llegar la sentencia que ponga fin al conflicto, sino que también la sentencia sea eficaz. “Es que en verdad obtener nada más que con rapidez la decisión es insuficiente para asegurar el resultado de la jurisdicción. Si tal pronunciamiento se fundamenta sólo de
Antonio Lorca Navarrete “Tratamiento que tanto el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos como el Tribunal Constitucional Español otorgan a la garantía procesal del derecho a un proceso sin garantías indebidas”. En Revista Uruguaya de Derecho Procesal. Nº 3; Montevideo, 1985, páginas 258 a 275. Augusto Mario Morello: “El proceso justo”. Editora Platense. La Plata, 1994, en especial páginas 267 y siguientes. Roberto Omar Berizonce. “Efectivo acceso a la justicia”. Editora Platense. La Plata, 1987. 10 Entre los estudios que se han ocupado del tiempo en el proceso, de su duración y de los remedios previstos para evitar el excesivo alargamiento de los pleitos. Entre ellos Mauro Capelletti ”Aspectos sociales y políticos del procedimiento civil: Proceso, ideologías, sociedad” Traducción de Santiago Sentís Melendo. Editorial Ejea. Buenos Aires. 1974, páginas 25 y 51.Mauro Capelletti y B: Garth, “El acceso a la Justicia”. Traducción S: Amaral. Edición del Colegio de Abogados de L Plata. La Plata, 1983, página 29. 11 Fallos, 244-34; 246-87 (ED 7-324), 261-132, 265-147 (ED 15-789). 12 Al dictaminar en esta causa el Dr. Elías Guastavino el 23de junio de 1976, expresó: “que la tramitación dilatoria es lo más parecido que puede encontrarse a la denegación de justicia”, (doctrina de Fallos, 244-37, último considerando y las que citamos en la nota anterior). LL 1977-A-448.
modo aparente o no abastece el conjunto de las cuestiones esenciales ni da cabal y profunda solución, estaremos ante una ahuecada y disvaliosa exteriorización jurisdiccional.”.13 En principio deben incluirse en el período a considerar todas las instancias del proceso y debe comprenderse como tal también el tiempo consumido en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la revisión de alguna cuestión constitucional planteada.14 La violación del derecho a un juicio justo, se produce habitualmente una vez finalizado el proceso del que se trate, pudiendo no obstante estimarse incluso en procesos no terminados, finalizando entonces el período a considerar en la fecha en que se dicta resolución y en base a lo acreditado hasta este momento en las actuaciones procesales. 2.1.-SEGÚN SU CONTRADICCIÓN: La determinación del período a considerar puede suscitarse en el proceso atendiendo a su contradicción desde una doble perspectiva: como una cuestión pacífica o como una cuestión contenciosa, y éstas últimas pueden ser de previo pronunciamiento o como una cuestión controvertida.15 2.1.1. COMO CUESTIÓN DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO. Constituye una dimensión objetiva, que debe tenerse en cuenta al analizar al proceso dentro de un plazo razonable, en esta cuestión de previo y especial pronunciamiento se produce la reflexión sobre si dicho período viola el contenido esencial del derecho indeterminado a un proceso dentro de un plazo razonable en función de la valoración de los elementos de ponderación, por preceptivos (complejidad del asunto, comportamiento del recurrente comportamiento de las autoridades judiciales o administrativas) y en su caso, los elementos facultativos procedentes (importancia del litigio para el interesado, y contexto en el que se desarrollaron las actuaciones administrativas o judiciales).16 2.1.2. COMO CUESTIÓN CONTROVERTIDA: El tiempo a considerar, es un elemento de ponderación facultativa, siendo controvertido en sí mismo en cuanto a su extensión y precisa determinación de las fechas de comienzo y finalización. No hay en nuestro derecho fallo alguno que se refiera al plazo en el proceso, pero sí existen al respecto diversos pronunciamientos del Tribunal Europeo, (basadas en el artículo 6º primer párrafo 17 del
Augusto Mario Morello “El derecho a una rápida y eficaz decisión judicial”. En ED 80-746. La Corrte Suprema de Justicia de la Nación, por imperio constitucionales el tribunal de última instancia para todos los asuntos contenciosos en que se les ha dado jurisdicción, como pertenecientes al Poder Judicial de la Nación, y en materia de recursos contra decisiones de los Superiores Tribunales de Justicia provinciales; sus decisiones son finales, por lo que ningún tribunal las puede revocar: (Fallos 12-143). 15 La jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, existente sobre el derecho a un proceso dentro de un plazo razonable propicia que las pautas para determinar las fechas inicial y final que deben conabilizarse para valorar si un proceso ha durado más allá de lo razonable constituyan un elemento cada día más pacífico y menos controvertido progresivamente orientado hacia una concepción del período a considerar, dada la preeminencia del derecho a un proceso justo en una sociedad democrática y a una interpretación extensiva del mismo acorde con el principio procesal de celeridad y con la finalidad de atender a las exigencias de una buena administración de justicia.(casos Golder del 2172/75, König del 28/6/78, y Boddaert del 12/10/92) 16 Así, entre muchas el Supremo Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en el caso “Abdoella, del 25/11/92 ha fallado: “El período a considerar ha comenzado el 18 de enero de 1983, con el arresto del recurrente, para concluir el 19 de mayo de 1987, con el rechazo del segundo recurso de casación. Comprende, pues, cuatro años cuatro meses y un día”. 17 Artículo 6º primer párrafo. “toda persona tiene derecho a que su causa a sea equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable, establecido en al ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella”. El referido convenio aparece en el Boletín de Jurisprudencia Constitucional. Servicios de Estudios del Tribunal
Convenio Europeo de protección de los Derechos Humanos. Roma 4/11/1950), que se refieren al derecho a un proceso dentro de un plazo razonable que propician las pautas para determinar las fechas inicial y final que deben contabilizarse para valorar si un proceso ha durado más allá de lo razonable constituyen un elemento pacífico y no controvertido, que lleva hacia una concepción material y no formal dentro del período a considerar dada la preeminencia del derecho a un proceso justo en una sociedad democrática 18 y a una interpretación extensiva del mismo, acorde con el principio de aceleración y con la finalidad de atender a las exigencias de una buena administración de justicia”.19 2.2.-SEGÚN EL TIPO DE ASUNTO: Para la determinación del período a considerar según el tipo de asunto, debemos distinguir entre el cómputo del plazo, para los asuntos penales, laborales y para los asuntos civiles, esta división atiende a la distinta incidencia del principio de celeridad procesal. Específicamente el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos distingue cuatro grupos de materias según el grado de diligencia exigible a las autoridades competentes, clasificadas de mayor a menor prioridad, en: materia penal, 20 materia de estado y capacidad de las personas, 21 materia laboral, 22 y de seguridad social 23 y resto de las materias. En los fallos ce la Corte Suprema de Justicia de la Nación, citados anteriormente el máximo tribunal no se refirió al plazo en función del tipo de juicio que se fallaba. 2.3.-SEGÚN SU EXTENSIÓN:
Constitucional Español. Publicaciones de las Cortes Federales, dirigidos por Diego López Garrido, 1981, página 62. 18 Supremo Tribunal Europeo de los Derechos Humanos: caso Deweer 27/2/80. “El lugar preeminente que el derecho a un proceso justo ocupa en una sociedad democrática conduce al Tribunal a optar por una concepción material y no formal” 19 El Supremo Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en el caso Boddaert, del 12/10792 ha fallado: “El artículo 6º del Convenio prescribe la celeridad de los procedimientos judiciales pero consagra también el principio más general, de una buena administración de justicia”. Esta tendencia se evidencia en el caso König, del 28/6/78, en el que el mismo tribunal expresó: “El Tribunal ya falló en la sentencia Golder del 21 de febrero de 1975: “puede concebirse que en materia civil el plazo razonable puede comenzar a correr en ciertas hipótesis antes incluso del acto formal que inicia el procedimiento ante el Tribunal que el demandante desea que zanje el litigio”. Tal es el criterio a aplicar en el caso de autos, dado que el demandante no ha podido acudir al Tribunal competente sin antes, haber hecho examinar en un procedimiento preliminar ante la autoridad administrativa la legalidad y oportunidad de los actos administrativos impugnados. Consecuentemente el plazo razonable del artículo 6º párrafo 1, tiene como punto de partida, en este caso, la fecha en la cual el doctor König formuló su oposición a las retiradas de autorización” El recurrente, de profesión médico había sido objeto de un expediente disciplinario por parte del Colegio Profesional Médico por faltas a la deontología y condenado por un Tribunal Administrativo alemán, que dispuso retirarle la autorización para explotar su clínica y practicar la medicina. Contra ambas de cisiones recurrió el afectado en 1967 y 1971 para posteriormente, a su vez, llevar su caso ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, denunciando a duración excesiva del procedimiento judicial alemán y la consecuente violación de lo dispuesto por el artículo 6º primera parte del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos. El tribunal en su sentencia consideró que se había configurado violación a la norma citada por el hecho que el tribunal alemán dispuso la suspensión de la causa por veintiún meses sin motivos suficientemente justificados. 20 Supremo Tribunal Europeo de los Derechos Humanos: entre otras, caso Bunkote, de 26/5/93, caso Abdoella del 25/10/92, caso Corigliano del 10/12/82 y caso Wemhoff del 27/6/68. 21 Supremo Tribunal Europeo de los Derechos Humanos: entre otras, caso Ridi del 27/2/92, caso Casciaroli del 27/2/92, caso Manieri del 27/2/92 y caso Bock del 29/3/89 22 Supremo Tribunal Europeo de los Derechos Humanos: entre otras, caso Buchholz del 6/5/81, en la que se refirió a un reclamo basado en la garantía judicial del artículo 6 primera parte del Convenio, a causa de la larga duración del procedimiento judicial seguido en el Tribunal del Trabajo alemán, y en el Tribunal Constitucional alemán, a raíz del despido laboral del interesado de la empresa en la que trabajaba. 23 Supremo Tribunal Europeo de los Derechos Humanos: entre otras, caso Trevisan del 26/2/93, caso Salesi del 26/2/93, caso Nibbio del 26/27/92, caso Biondi del 26/2/92, caso Vocaturo del 24/5/91, caso Caleffi del 24/5/91, caso Obermeier del 28/6/90 y caso Deumeland del 29/5/86.
Es muy importante tener el cuenta para considerar el plazo de un proceso judicial, la extensión legal o procesal del tipo de juicio que se trata. En nuestro país no hay todavía fallos que se refieran al asunto. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha sentado dos criterios en el período a considerar en el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas en cada caso concreto. Por una parte, se toma un aspecto global o referido a la totalidad del proceso, (atendiendo al tipo de proceso, penal, o civil) y por otra, se toma un aspecto parcial o relativo a alguna de las instancias, en numerosas ocasiones referidas a tiempos muertos o de paralización del procedimiento. Muchas veces estas dos dimensiones se dan en forma conjunta en un mismo proceso judicial. 24 2.3.1. EN LA TOTALIDAD DEL PROCESO: El plazo a considerar se extiende a la duración de la totalidad del proceso, teniendo en cuenta el tipo de proceso, penal, civil, laboral, contencioso –administrativo, etc.25 2.3.2. EN ALGUNA DE SUS INSTANCIAS: En este caso se tiene en cuenta para determinar el plazo a considerar específicamente una sola instancia y, asimismo los tiempos de paralización del procedimiento, los que de por sí solos también pueden conducir la violación al derecho de un juicio justo en un plazo razonable. 26 3) ESPECIAL CONSIDERACIÓN AL PROCESO FINALIZADO. Cuando se ha dictado sentencia firme y existe imposibilidad de remediar la dilación, consecuencia de un anormal funcionamiento de la justicia, esto es la penalización de la demora en la resolución de un proceso. Este requisito identifica y confunde el derecho humano constitucionalmente legislado como fundamental a un proceso dentro de un plazo razonable con el derecho de indemnización por un supuesto de anormal funcionamiento de la administración de justicia. Se trata de derechos distintos y de diferente categoría, y la exigencia que el proceso ante la jurisdicción ordinaria no haya finalizado, niega la autonomía y deja vacío de contenido al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, al impedirle como tal derecho fundamental incluso su eficacia meramente declarativa.
Supremo Tribunal Europeo de los Derechos Humanos: entre otras, caso Adiletta del 19/2/91, caso Motta del 19/2/91, caso Santilli del 19/2/91, y caso Foti del 10712/82 25 El Supremo Tribunal Europeo de los Derechos Humanos: en el caso Zimmermann y Steiner en la sentencia del 13/7/83, expresó: “El proceso de que se trata duró tres años y medio, aproximadamente y durante la mayor parte de este período no hubo ninguna actividad procesal. El Tribunal, teniendo en cuenta el conjunto de las circunstancias que concurren en el caso, considera que ese lapso de tiempo fue excesivo”. Para arribar a esta conclusión consideró: a) la complejidad del litigio, b) la conducta de los demandantes, y c) lo que arriesgan oponen en peligro lo demandantes. Se expresó en idéntico sentido en los fallos. De Santa del 2/9/97, caso Ferrantelli y Santángelo del 7/8/96, caso A y otros contra Dinamarca del 8/2/96, caso De la Granje, del 27/10/94, caso Vallée del 26/4/94, caso Monnet del 27/10/93, caso Abdoella del 25/11/92, caso Maciariello del 27/2/92, caso Tevisan del 26/2/93, caso Salesi del 26/2/93, caso Viezzer del 19/2/92, caso Maj, del 19/12/91, caso Corigliano del 10/12/82, caso Tomasi del 27/8/92 caso Buchholz del 6/5/81 y caso König del 28/6/78. 26 Supremo Tribunal Europeo de los Derechos Humanos: entre otras, en el caso Papageorgiou del 22/10/97, expresó: “Queda el procedimiento ante el Tribunal de Casación que se desarrolló desde el 20 de febrero de 1991, hasta el 23 de noviembre de 1993, es decir dos años y ocho meses. Se trata, ciertamente, de un período bastante largo”. Y en el caso Bunkote del 26/5/93, ha dicho: “Sin embargo, mientras el recurrente presentó su recurso de casación el 10de junio de 1985, el Tribunal de casación no recibió en su secretaría el expediente del Tribunal de apelación, hasta el 23 de septiembre de 1986. El gobierno no suministra ninguna explicación satisfactoria para este plazo de quince meses y medio. El Tribunal no puede aceptar una inactividad total de quince meses y medio. Por consiguiente, ha habido violación del artículo 6º número 1 del Convenio”.
Creemos que el hecho que el proceso haya terminado o no, resulta irrelevante, para el pronunciamiento acerca de la violación del derecho humano a un proceso dentro de un plazo razonable, que se produce única y exclusivamente en función de la aplicación de los criterios de objetivación del plazo razonable, acreditado en cada caso concreto, en el momento de dictarse la sentencia que condene al Estado, por violación del derecho a un proceso dentro de un plazo razonable a indemnizar al individuo por los daños y perjuicios que la dilación injustificada del proceso le trajo aparejada. 27 Se procura o trata de revalorizar el principio de celeridad procesal en los derechos vinculados al plazo razonable, que tiene en cuenta el período a considerar desde la fecha del inicio del proceso, hasta la fecha de finalización, y en el caso de no haber finalizado todavía a lo acreditado en autos a la fecha en que se dicta la resolución 4) EL AMPARO COMO ALTERNATIVA PARA EL RECLAMO: Con la acción de amparo regulada en una ley nacional y en leyes provinciales, se está asegurando el derecho a la jurisdicción y al dictado de una sentencia que no llegue tarde ni mal. Debido a la repotenciación del amparo, en la Constitución Nacional reformada (artículo 43), es hoy flexiblemente adecuado y adaptado a los visibles problemas de la justicia de acompañamiento (menores, derechos de la seguridad social, reclamos laborales etc.). Acción que asume en virtud de su legislación nacional o provincial, según se trate, una técnica de protección rápida, lo que impide que por el estricto rigor de normas reglamentaristas, procesales o burocráticas se frustren derechos de quienes tiene especial cobertura constitucional. 28 Esto es así porque en ciertas especies de litigios, la solución normal, o sea el tradicional proceso litigioso puede no ser el mejor camino para obtener el reconocimiento de los derechos, sea por el costo, la duración o las rigideces procesales, que bloquean la solución a quien no tiene capacidad (económica o física por su edad avanzada o salud quebrantada, etc.) de espera: Si no existiere la acción de amparo como alternativa, que supere estos obstáculos, presentando una posibilidad de rápida solución a un conflicto 5) REFLEXIONES FINALES: El plazo a considerar, criterio objetivo de medida del tiempo en el proceso, constituye la determinación de la fecha de los hechos probados en el proceso, relevantes para la evaluación en cada caso concreto sobre el derecho a un proceso dentro de un plazo razonable y, por ende, sobre el derecho a un juicio justo o a un proceso equitativo, como garantía constitucional del debido proceso, establecida en el artículo 18 de la Constitución Nacional. El principio de celeridad procesal, incorporado en los Códigos Procesales Nacional y provinciales, constituye una garantía procesal del derecho a un juicio justo o al debido proceso y se complementa con los principios procesales clásicos de contradicción, igualdad, economía procesal,
N del A. Esta indemnización ya se puede reclamar en la Provincia de Buenos Aires, cuya Constitución, en su artículo 15 garantiza a los ciudadanos la culminación de un proceso judicial “lo más pronto posible”. Al respecto enseña Berizonce: “Si al montaje procesal, el procedimiento, se lo ha cargado de tanto barroquismo – como en el actual proceso ordinario de conocimiento- donde el consumo de su tiempo (no menos de cuatro años) remite sin término la eventual respuesta judicial; sobreestirada por una ejecución de sentencia kafkiana, también abre una brecha fatal entre la teoría constitucional y la realidad frustratoria de su práctica específica”. Roberto Omar Berizonce, ob. cit, página 865.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, expresó en reiterados fallos que la solución a los asuntos previsionales en que lo beneficios son irrenunciables no cabe ser pronunciada sino con extremada cautela cuando está en consideración la pérdida de los mismos”. (Fallos 301-460, 302-404, 307-1210, 308-135 entre otros). En síntesis: que la interpretación y aplicación de las leyes previsionales (y en general en el campo de la justicia de protección) debe hacerse en forma tal que no conduzca a negar los fines superiores que persiguen. (Fallos 305-773).
para lograr un proceso sin dilaciones indebidas como expresión eficaz del derecho a una tutela judicial efectiva. En el derecho europeo, la celeridad en la pacificación de los conflictos, además de responder al valor democrático de la justicia, constituye una necesidad imperiosa para lograr un eficiente desarrollo económico. En nuestro país, no existe celeridad en las causas judiciales, lo que hace que no se dicte sentencia dentro de los razonables términos temporales en que las personas reclaman el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin perjuicio de decir que no contamos con textos específicos tales como el Convenio Europeo para los Derechos Humanos, artículo 6 primera parte, o una norma expresa en la Constitución Nacional que exija para la efectividad de la adecuada prestación del servicio de justicia que la sentencia sobrevenga en un tiempo razonable, o sin que perturben a marcha del trámite dilaciones indebidas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha señalado que no cabe dilatar en modo irrazonable o disfuncional el acto capital del proceso, la sentencia final que debe ser dada en tiempo propio. 29 La clave fundamental de este pensamiento es que toda demora, cuyo análisis razonable dependerá de las circunstancias del caso, “causa un daño a la buena administración de justicia, pues ella requiere la pronta terminación de los procesos, especialmente cuando se trata de materia penal”.30 La relevancia de la seguridad jurídica, como presupuesto para un mayor crecimiento del mercado y para la subsiguiente generación de empleos y mejora de la calidad de vida, es compartida por los argentinos de hoy en día, en que más que nunca “el tiempo es oro”, dada la aceleración de la vida cotidiana. La duración total de un proceso, sometido a múltiples factores de todo orden, resulta hoy, en nuestro país, incierto, con los consiguiente perjuicio para el que espera una decisión judicial, que se dilata en el tiempo. Como escribió Rudolph von Ihering, parafraseando a Johann Wolfang Goethe: “Desde el momento en que el derecho no está dispuesto a luchar, se sacrifica, así podemos aplicarle la sentencia del poeta: es la última palabra de la sabiduría que sólo merece la libertad y la vida, el que sabe conquistarlas cada día”.
Augusto Mario Morello “La terminación del proceso en un plazo razonable como manifestación concreta del la eficacia del servicio de justicia” (“Tiempo y proceso”) En ED 122 página 892. 30 Fallos 3011-728 causa de competencia Nº 328 Libro XX 19712/1985 considerando 4º .
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