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Preguntero Recursos Naturales (1º) | solopregunteros
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Preguntero Recursos Naturales (1º)
Publicado en octubre 21, 2011 por solopregunteros
Detalle las principales obligaciones del minero.
1) Obligación de amparar, esta obligación es múltiple pues contiene en sí varios debe-res, cuyo incumplimiento trae aparejada la caducidad de la mina.
Se amparan solamente las minas de 1er categoría cumpliendo las siguientes exi-gencias: a) pago del cánon; b) plan y monto de inversiones; c) proyecto de activación o reactivación.
2) Obligación de indemnizar, en los siguientes casos:
(i) en las servidumbres, el valor de las piezas de terreno a ocupar y los perjuicios inmediatos de su constitución; y
(ii) en la explotación, el deterioro del suelo y los demás perjuicios que se originen por la acción de explotar, aún cuando provengan de caso fortuito y además el perjuicio causado al propietario superficiario, al impedirle realizar obras útiles.
3) Obligación de comprar el terreno que ocupa o explota con trabajos serios y perma-nentes si el propietario así lo exige.
4) Obligación de mantener los linderos para evitar conflictos manteniendo la pertenen-cia debidamente demarcada.
5) Obligación de soportar las obras mineras vecinas.
6) Obligación de soportar vías públicas de circulación.
7) Obligación de cumplir las reglas de seguridad y salubridad del Código.
Explique la expresión contenida en la Convención Marco de Cambio Climático, donde los países establecen que asumen responsabilidades comunes, pero diferenciadas en relación a la alteración del clima.
En el año 1992 se celebró en Río de Janeiro la Cumbre de la Tierra, en la que los países, mediante la suscripción de la Convención Marco de Cambio Climático, recono-cieron la responsabilidad común pero diferenciada en relación a la alteración del clima.
a) Acciones de Argentina en cambio climático.
En el año 1997 Argentina emite su primer comunicación sobre Cambio Climático, en la que se informa la creación de la Oficina del programa OZONO2 y de la Comisión Nacional del Cambio Climático.
b) Esquema bosques – clima.
La Convención Marco de Cambio Climático pretende hacer un desarrollo del am-biente como comercio y convertir los bosques y también los cultivos, en el sumidero de todos los gases de efecto invernadero.
Los suelos y los bosques, en la medida que no se encuentren saturados, consti-tuirán el basural (sumidero) de carbono que las industrias (especialmente las ubicadas en el hemisferio norte) producen.
c) El Protocolo de Kyoto.
Convención Internacional que vendría a reglamentar lo establecido en la Conven-ción Marco de Cambio Climático.
De esta manera, en el año 1997 la Tercera Conferencia de las Partes adoptó el protocolo en cuestión que trata de:
(i) reafirmar la necesidad de incrementar el desarrollo sustentable;
(ii) flexibilizó los mecanismos para ayudar a los países (implementación conjunta – mecanismos de desarrollo limpio – control de emisiones).
Así el Protocolo persigue aumentar la eficiencia energética, incrementar el uso de energías renovables y mantener la conservación forestal.
¿El Código de Minería recepta el sistema de dominio regalista únicamente? No.
Sistema de la Accesión: a consecuencia del concepto romano del dominio co-mún o civil, se caracteriza por considerar las minas como de propiedad del dueño del suelo o fundo superficiario, a quienes les pertenecerían por ser la sustancia mineral ac-cesoria del inmueble (cosa principal) y justo motivo para extender el derecho de dominio al subsuelo. No existe para esta orientación una diferente propiedad entre la superficie terrestre y el subsuelo, por lo cual es conocida como posición civilista.
Sistema Regalista: distingue la propiedad existente en la superficie de la tierra de la propiedad minera (subterránea), cuyo dominio considera originario del rey (de ahí su nombre), si bien este está inhibido de explotar y debe delegar la propiedad al primer descubridor o peticionante. La circunstancia de haber desaparecido el rey como persona de derecho, no ha producido variantes en la teoría puesto que el Estado Constitucional ha heredado todos los caracteres de la soberanía realista.
El Criterio de dominio minero adoptado por el Código de Minería argentino es el de la adhesión en lo fundamental al sistema regalista, por nosotros llamado tradicional, puesto que ha fijado como base de su sistemática los cuatros principios de:
(i)	Dominio originario de Estado;
(ii)	Obligación del estado de otorgar las sustancias a los particulares;
(iii)	Prohibición de explotar por parte del Estado; y
(iv)	Existencia de una propiedad particular de las minas, distinta de la existente en la superficie, pero -al igual que esta- también considerada inmueble.
¿Qué es un monumento natural? Mencione al menos un ejemplo.
En la Argentina, en el ámbito federal los parques nacionales estan reulados por la ley 22.351. El propósito de las mismas es proteger la naturaleza sea por su extraordina-ria belleza, la riqueza en flora y fauna autóctonas o el interés científico determinado.
En nuestro país Parque Nacional es toda tierra del dominio público cedido al Es-tado Nacional o de propiedad de éste que debe conservarse en estado primitivo sin otras alteraciones que las necesarias para su control (Art. 4).
Monumentos Naturales: son sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico
Y en general, los pertenecientes al patrimonio cultural. Ej.: Ruinas de San Ignacio (Misiones)
Deben protegerse en forma absoluta, toda área, cosa, especie viva de animal o plante, de interés estético o valor histórico o científico.
Caracterice el contrato de tranquera.
Contrato de utilización de tranquera: Habrá contrato de utilización de tranquera cuando una de las partes, titular o ocupante legal de un predio, convenga con su lindero, a su vez titular u ocupante legal del predio anexo, la utilización de una tranquera situada en el alambrado medianero de ambos campos, para fines diversos.
La tranquera es una especie de puerta o portón que tiene por objeto facilitar el acceso de personas, vehículos o animales de un predio a otro.
El objeto de contrato bajo análisis es establecer en que casos y bajo que circuns-tancias, los linderos u otras personas pueden hacer uso de la tranquera y acceder al otro campo.
Así se evita que la tranquera constituya signo de tránsito o señal de presencia de una camino público, reflejando el principio de restricción del acceso, por ello es aconse-jable cerrar la tranquera con candado que indique a todos que no se trata de un paso de uso general.
¿Qué es el Amparo Ambiental?
La reforma de la Constitución Nacional del año 1994 crea la institución del Daño
Ambiental como nueva categoría jurídica de dimensión constitucional, distinto del daño civil y penal, ya que no procura una indemnización para un patrimonio particular, sino para un patrimonio social y colectivo que es la naturaleza. La indemnización debe apli-carse a recomponer la naturaleza.
La materia ambiental, según el párrafo 3ro del Art. 41 de la Constitución Nacional, es atribución compartida por la Nación y la Provincias. Sin embargo, “corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las juris-dicciones locales”.
Por último destacamos la creación con rango constitucional de una acción expedi-ta y rápida de amparo a los derechos que protegen al ambiente.
Creemos que se trata de una acción de amparo ambiental, distinta de la mera aplicación del régimen de amparo existente. En el párrafo 2do, del Art. 43 de la Consti-tución Nacional surge que pueden presentar el amparo:
“el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines”.
Por otra parte, el 1er párrafo del citado Art. 43 permite un amparo contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, admitiendo también la declaración del juez de la inconstitucionalidad de la norma. Estimamos que se trata de otra forma de amparo similar a la regulada por la ley 16.986, pero distinto del amparo ambiental que se configura en vía neutro a favor de la naturaleza.
Detalle los principales derechos del minero.
Obtenida la mensura y demarcación de las pertenencias, el minero tiene título de propiedad minera, es decir el derecho a disponer, usar y gozar de las sustancias exis-tentes en los límites físicos de su yacimiento. Los derechos más importantes son:
1) Derecho a todos los criaderos existentes en el perímetro de la concesión.
2) Derecho a extender los trabajos de explotación subterránea.
3) Derecho a establecer trabajos dentro de la pertenencia sin autorización.
4) Derecho a establecer servidumbres: (a) de ocupar; (b) de tránsito;(c) de aguas y acueductos; y (d) de pastos.
5) Derecho a expropiar el terreno superficial.
6) Derecho de ampliar la pertenencia.
7) Derecho de mejorar, que consiste en modificar los límites de la pertenencia, de ma-nera tal que se pueda aprovechar en mayor medida la parte rica del criadero, que antes de la mejora está fuera de la pertenencia, pero muy junto a ella.
8) Derecho a las demasías, en el código de minería la demasía es el terreno vacante que se halla entre dos minas que no llegan a tener dimensiones de una pertenencia.
9) Derecho a internarse en la pertenencia ajena, tal facultad es admitida por la ley su-jeto a las siguientes condiciones:
a) lleve veta en mano; b) avise al colindante la proximidad de los trabajos y el propósito de internarlos. El aviso es legal aún cuando sea dado a los 10 metros de inter-nación; c) otorgue al minero invadido la mitad de los minerales que extraiga y pague la mitad de los gastos ocasionados.; d) se interne sólo hasta comunicarse con sus labores, una vez comunicadas las labores, la internación debe cesar.
10) Derecho de visitar y reconocer la mina colindante previa autorización de la autori-dad.
11) Derecho a constituir grupo minero, esta facultad del minero consiste en reunir per-tenencias con el objeto de realizar en ellas una sola explotación, aunque no se trate de un solo propietario minero.
12) Derecho a explotar por socavón, fuera de los límites de la pertenencia.
13) Derecho de abandonar la pertenencia.
Explique el rol de los bosques en función del clima.
Considéranse bosques nativos a los ecosistemas forestales naturales compuestos predominantemente por especies arbóreas nativas maduras, con diversas especies de flora y fauna asociadas, en conjunto con el medio que las rodea -suelo, subsuelo, atmósfe-ra, clima, recursos hídricos-, conformando una trama interdependiente con características propias y múltiples funciones, que en su estado natural le otorgan al sistema una condición de equilibrio dinámico y que brinda diversos servicios ambientales a la sociedad, además de los diversos recursos naturales con posibilidad de utilización económica.
Considéranse Servicios Ambientales a los beneficios tangibles e intangibles, generados por los ecosistemas del bosque nativo, necesarios para el concierto y supervivencia del siste-ma natural y biológico en su conjunto, y para mejorar y asegurar la calidad de vida de los habi-tantes de la Nación beneficiados por los bosques nativos.
Entre otros, los principales servicios ambientales que los bosques nativos brindan a la
– Regulación hídrica;
– Conservación de la biodiversidad;
– Conservación del suelo y de calidad del agua;
– Fijación de emisiones de gases con efecto invernadero;
– Contribución a la diversificación y belleza del paisaje;
– Defensa de la identidad cultural.
Explique que es el Amparo Minero.
Amparo: esta obligación es múltiple pues contiene en sí varios deberes, cuyo in-cumplimiento trae aparejada la caducidad de la mina. Se amparan solamente las minas de 1er categoría cumpliendo las siguientes exigencias:
a) pago del cánon;
b) plan y monto de inversiones;
c) proyecto de activación o reactivación.
Tanto el arrendatario como el usufructuario pueden aprovechar el yacimiento en el mismo modo en que los hiciere el propietario.
Ambos son responsables, salvo cláusula expresa en contrario, de mantener las condiciones y obligaciones del amparo de las pertenencias, y cuando hubiere riesgo de perder la mina, por negligencia en el cumplimiento de ellas, el dueño de la pertenen-cia puede solicitar a la autoridad la cesación del contrato y la entrega de la mina.
Desde el momento de la presentación del dueño a la autoridad hasta existir resolu-ción de ella se entiende que no existe la obligación de amparo para la pertenencia en cuestión
Indique brevemente el procedimiento legal para obtener la propiedad de una mina de 1ra categoría.
El minero debe realizar la diligencia, excavación o ahonde para consolidar la propiedad de la mina y poder estimar la inclinación de la mina, grueso, existencia del mineral, clase de éste, de modo de poder solicitar luego con precisión las pertenencias que fueran más convenientes para una explotación económica adecuada.
Realizada la labor legal, se solicita la mensura de la futura propiedad minera, la que se realizara sobre la región minera que proporcione las mejores posibilidades cuali-tativas y cuantitativas del mineral a extraer.
En ésta petición, que debe ser publicada en la forma establecida para el registro, se determina con toda precisión las líneas perimetrales de la pertenencia (longitud y lati-tud), la dirección de la veta principal y el terreno a ocupar.
Mensura Legal: Constituidos en el lugar del descubrimiento el perito, la autoridad minera y el escribano de minas (y en defecto de estos dos últimos un juez delegado y dos testigos), se notificará a los dueños colindantes o a sus administradores la hora de iniciación de las operaciones para que -autorizados los últimos con suficiente poder- rea-licen las observaciones u oposiciones que estimen convenientes al mejor resguardo de sus derechos e incluso designan un perito, a los fines de controlar debidamente los pro-cedimientos del técnico oficial.
Con lo dicho podemos abordar el estudio de los elementos que integran la men-sura en si aspecto legal. Copia de ella servirá de suficiente título al minero. En una enun-ciación de carácter general podemos establecer que el acta de mensura contiene:
• Mención del lugar y tiempo en que se inicia el acto.
• Autoridades que concurren.
• Notificación que se cursa a los dueños de minas colindantes o a sus administradores respecto de la obra de iniciación de las operaciones.
• Manifestaciones que los dueños de las minas colindantes o administradores realicen en nombre del perito particular que designen como control, si lo hicieren.
• Las resoluciones que la autoridad adopte y los recursos que se presentaren.
• Las variaciones que en el terreno se presenten con respecto al período inicial.
• La descripción completa y exacta de las diligencia, especificando:
a) el reconocimiento de la labor legal;
b) el punto de partida de la operación;
c) las mediciones de latitud, longitud de la pertenencia, como así también el deta-lles de los cálculos realizados y referencias a los puntos del terreno; y
d) la forma de la pertenencia y la indicación de los puntos en que se han colocado o deberán fijarse los linderos.
Finalmente, lugar y tiempo en que se finaliza la operación.
La autoridad minera aprobará el acta o le incluirá reformas que estime pertinen-tes, si no hubiere estado presente en el acto de mensura, mandando a inscribirla en re-gistro especial de mensura y extendiendo copia de ella al minero interesado “como títu-lo definitivo de propiedad”.
Demarcación de la pertenencia en el terreno si no se puede amojonar inmedia-tamente, la ley impone como plazo máximo para deslindar la pertenencia con estacas el de 20
días, haciendo pasible de multa a quien infrinja esta norma.
Con ello se pretende obtener una clara comprobación de derechos, en el terreno mismo de la explotación. La remoción de estos límites es posible sólo si media resolu-ción expresa de la autoridad, fundada en modificaciones de los derechos reconocidos.
¿Qué es un residuo industrial conforme a la Ley 25.612?
La Ley 25.612 regula los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicios y fue san-cionada el 25 de julio de 2002.
El hecho de manejar residuos, en particular los peligrosos (que la Ley 25.612 trata sin discriminarlos), impone en la doctrina ambiental establecer el principio de una res-ponsabilidad inexcusable.
La normativa actual define “residuo industrial”, pero no detalla las características (peligroso, tóxico) ni los efectos en el medio ambiente que puede tener el mismo (Art.2), es decir, se define genéricamente con el propósito de abarcar todo el universo de ele-mentos obtenidos como resultado de un proceso industrial o por la realización de una actividad de servicio.
Pese a la amplitud que la ley indica, en al Art. 5 excluye su aplicación a los resi-duos biopatogénicos, domiciliarios, radiactivos o derivados de las operaciones normales de los buques y aeronaves, ya que son regulados por su normativa específica.
¿Qué es el Avío de Minas conforme a nuestro Código de Minería?
Se trata de un contrato característico del derecho minero, por el cual una per-sona se obliga a suministrar (dinero, útiles, enseres, etc.) todo lo necesario para la ex-plotación de una mina a una o más personas, debiendo estas pagar por ello según las estipulaciones que se establezcan. El código de Minería establece que el avío puede prestarse:
a) por tiempo limitado o ilimitado;
b) por cantidad determinada o ilimitada de implementos;
c) por obras específicao indeterminadas.
No estipulándose modo, el aviador debe los avíos a los 15 días de solicitado por el aviado, pudiendo este último demandar judicialmente su préstamo, si no se realiza, o tomar nuevos avíos por cuenta del deudor
El contrato de avío concluye, tratándose de prestaciones determinadas, por el cumplimiento de estas conforme al contrato.
El aviador esta facultado a poner un interventor en la mina en cualquier oportuni-dad, pero siempre sin tomar decisiones contrarias a la administración de la mina o a la dirección de los trabajos.
El interventor que el aviador designe puede inspeccionar la mina, inspeccionar la contabilidad y mantener a su cargo los avíos para entregarlos en oportunidad.
El aviador puede solicitar de la autoridad la administración de la mina cuando:
a) no mediando garantías y faltando completar más de las 3/4 partes del valor de los avíos el aviado realice una mala administración o dirección de las labores.
Sin embargo, antes de retirarle la administración, se requerirá al minero (dentro del término de 20 días o el que la autoridad estime prudente) la rectificación o reformas que convinieren, las que al no producirse autorizan la entrega de la administración al aviador.
b) el minero destine los avíos a objeto diferente al contrato.
Tomada la administración por el aviador, la mantiene hasta tanto se cobren los avíos distribuidos, con sus intereses.
Caracterice la responsabilidad del Derecho Minero.
Bajo el título responsabilidades el Código Minero trata las diversas indemnizaciones que pueden deberse entre el minero y el propietario superficiario, en razón de perjuicios que la actividad de cada uno de ellos pueda provocar.
La Ley imputa al minero los perjuicios que se produzcan contra terceros como con-secuencia de los trabajos (superficiales o subterráneos), aunque no medie en el evento dolo o culpa.
El Código establece así un fundamento objetivo de la responsabilidad, que puede ser calificado como teoría del riesgo minero, que básicamente establece: La actividad mine-ra es riesgosa por naturaleza; luego quien la realiza en beneficio propio debe responsa-bilizarse por los daños que cause en la propiedad superficial.
El concepto de daños aquí expuesto considera: los perjuicios resultantes de la explo-tación, tanto en el inmueble (mayor deterioro en suelo y cultivos) como en las construc-ciones (grietas, fisuras, etc.).
Ahora bien, la responsabilidad del dueño de la mina, cesa, cuando el propietario su-perficiario realiza alguna de las siguientes acciones:
a) inicia trabajos sobre lugares explotados, en actual explotación, o en dirección de los trabajos en actividad, o sobre el criadero manifestado o reconocido.
b) Inicia trabajos sin previo aviso a la autoridad ni citación del dueño de la mina.
c) Continua trabajos por él suspendidos 1 año antes de otorgada la concesión al mi-nero.
d) Inicia obras o trabajos de por sí peligrosos.
Asimismo, se debe una indemnización al propietario superficiario cuando se abstiene de realizar alguna de las actividades antes detalladas, cuando las obras de cuya cons-trucción se trata son necesarias o verdaderamente útiles; el terreno adecuado para esas obras, y no es posible establecerlas en otro punto.
En este caso, el propietario optara: (i) por el pago de la diferencia de precio entre el terreno tal cual se encuentra y el terreno considerado como inadecuado como para las obras que deben emprenderse, prescindiendo de los beneficios que esas obras pudieran producir; o (ii) por el pago del terreno designado según tasación, el que en este caso pasará al dominio del concesionario.
Las indemnizaciones que puede deber el propietario al minero son las que se deven-gas de los casos de trabajos superficiales prohibidos expuestos en los puntos a, b, c, y d, de apartado I. precedente.
El resarcimiento patrimonial se reduce al pago de los objetos inutilizados y al de las reparaciones o fortificaciones necesarias para dejar expeditas las tareas en la mina.
El propietario superficiario también debe indemnización al minero, cuando continúa trabajos que la autoridad minera mandó suspender y por atentar contra la seguridad de la explotación y causar un perjuicio a ella.
Cuál es la obligación de las provincias en materia ambiental, conforme a la Constitu-ción Argentina.
Artículo 41:	Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las ne-cesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recompo-ner, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racio-nal de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales.
Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mí-nimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.
Se prohibe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente pe-ligrosos, y de los radiactivos
¿Qué relación existe entre los bosques y el cambio climático?
¿Quién explora sin permiso un terreno franco de derechos mineros puede hacer suyo el descubrimiento?
Para ejercitar el derecho de explorar minerales es necesario solicitar un permiso especial, expedido por la autoridad minera de la provincia en la que se efectuarán los trabajos. Dicho permiso garantiza al peticionante la propiedad de todo descubrimiento mineral que efectúe dentro del plazo del mismo y dentro del radio afectado, sea el des-cubrimiento propio o pertenezca a terceros incursores del espacio reservado.
La exploración subterránea -que requiere también de permiso- se realiza por so-cavón, vale decir, por medio de una galería o túnel cuyo trazado queda sujeto a las exi-gencias técnicas de la autoridad minera.
Exploraciones no autorizadas: Dos son los supuestos que el código regula par-tiendo de la base de falta de solicitud de permiso de catear, a saber: propietario de la superficie que explora su propio inmueble y cateador libre (o cateador ilegal).
Ambas situaciones se caracterizan por un mismos derecho reconocido de ser propietarios de las sustancias que descubren y manifiestan a la autoridad, siempre que el terreno indicado este vacante, es decir, libre de todo derecho minero anterior o coexis-tente, puesto que de existir en él algún permiso de cateo o mina otorgada, los descubri-mientos benefician al minero y todo actividad en la zona de cateo es absolutamente do-losa.
La circunstancia de que obre sin permiso el propietario de terreno es sancionada por la ley con la pérdida del derecho a explotar las sustancias que se otorgan preferen-temente, conforme a los Arts. 171 y 172 del Código de Minería, si se presenta un tercer solicitante.
Por otra parte, en el caso del cateador ilegal en campo ajeno se pena con:
1) la condena en daños y perjuicios que causare con su acción;
2) una multa de 20 a 200 veces el canon de explotación de una unidad de medida a favor del propietario (salvo que el propietario no la reclame dentro de los 30 días de registro del yacimiento); y
3) la expulsión de la propiedad en que incursiona.
¿Existe una ley de presupuestos mínimos sobre residuos domiciliarios?
NO. El Art.5 de la Ley 25.612 excluye su aplicación a los residuos domiciliarios.
¿Las minas de tercera categoría pertenecen al propietario del terreno?
Minas del dominio del propietario: Ahora bien, cuando los minerales existentes en el fundo son de poca ley, las minas son calificadas como de tercer categoría (pro-ducciones pétreas y terrosas y las canteras) y se reconoce el dominio al propietario del fundo superficiario (se incluyen en la regulación minera por su forma de extracción y su ubicación en el reino mineral, pero no por su contenido metalífero).
Finalmente, la explotación de canteras se adjudica al propietario de la superficie, por cuanto la ley de minas respeta en este caso el principio civil de la accesión, con-forme al cual el dueño de un inmueble es propietario de todo lo que se halla en los lími-tes de su fundo.
Los motivos para que tales sustancias formen parte de la regulación del Código son explicados por el Codificador, cuando reconoce que se ocupa de ellas al solo efecto de que las tareas de extracción que allí se realicen queden sujetas a los reglamentos y sistemas de trabajo de la minería, las que él legisla con detalles en el capítulo referentes a las condiciones de la concesión.
¿Debe aplicarse la denominada responsabilidad objetiva a los casos de contaminación ambiental?
SI. La Ley 24.051, denominada de “Residuos Peligrosos”, era la norma que ante-riormente regulaba la materia. Si bien mereció algunas críticas, constituyó una legisla-ción que plasmó los principios establecidos en el primer mundo, como por ejemplo, defi-niendo una responsabilidad ambiental de naturaleza objetiva. El hecho de manejar residuos, en particular los peligrosos (que la Ley 25.612 trata sin discriminarlos), impone en la doctrina ambiental establecer el principio de una responsabilidad inexcusable.
¿El propietario del suelo es preferido al descubridor en el régimen de la primera cate-goría?
Minas del dominio del Estado: Se caracterizan por tratarse de minas de propie-dad originaria estadual, otorgables a los particulares. A continuación, se indica las per-sonas que pueden solicitarlas y el motivo de la adjudicación, a saber:
1) el descubridor del mineral, cuando el yacimiento es de importancia, la riqueza del mineral la establece la ley -sin preocuparse de la cantidad-, al incluir a la sustancia descubierta en la denominada primera categoría, como por ejemplo: oro, plata, platino, etc.
Conforme a la mecánica del código, los minerales de mayor valor se adjudican a quien primero manifiesta a la autoridad del hecho de su descubrimiento (minas clasifica-das en primera categoría)
2) el propietario del suelo en forma preferente, cuando es poca la importancia del mineral. Aquí también la ley se encarga de determinar los casos, por ejemplo: salinas, turberas, etc.
Se mantiene el principio anterior en otras sustancias de menor importancia (algu-nas de las de segunda categoría) siempre que el dueño del suelo no indique su interés explotarlas, supuesto en el que el propietario de la superficie logra desplazar al descu-bridor, en razón de las ventajas económicas que significa la explotación acorde de las minas y del predio por parte de una única persona: el propietario de la superficie.
3) cualquier persona cuando se trata de sustancias que carecen de valor. Por ejemplo: los restos de anteriores explotaciones abandonadas.
Se incluyen también como pertenecientes al Estado por cuanto, pese a tratarse de minerales que no requieren capacidad de derecho ni permiso de autoridad para ser explotados (por estar destinados al aprovechamiento común), pueden ser otorgadas a quien las solicite en forma expresa con el fin de realizar un explotación estable y orde-nada.
Las minas comprendidas en los puntos 2 y 3 forman los dos regímenes funda-mentarles de la denominada por el Código segunda categoría.
¿El contrato de tranquera está regulado en el derecho argentino?
¿El Protocolo de Kyoto persigue establecer límites futuros de contaminación ambien-tal?
NO. El Protocolo de Kyoto: Convención Internacional que vendría a reglamentar lo establecido en la Convención Marco de Cambio Climático. De esta manera, en el año 1997 la Tercera Conferencia de las Partes adoptó el protocolo en cuestión que trata de:
¿Puede el minero expropiar terreno superficial?
Obtenida la mensura y demarcación de las pertenencias, el minero tiene título de propiedad minera, es decir el derecho a disponer, usar y gozar de las sustancias exis-tentes en los límites físicos de su yacimiento.
El ejercicio de estas atribuciones se halla perfectamente reglado por el Código de Minería, bajo el título de “Derechos derivados de la titularidad de una propiedad minera”.
Uno de los más importantes es el Derecho a expropiar el terreno superficial.
¿Corresponde a las provincias dictar los presupuestos mínimos ambientales?
NO. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. (Art.41 de la Constitución Nacional).
¿Los residuos industriales tienen legislación federal?
SI. La Ley 25.612 regula los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicios y fue sancionada el 25 de julio de 2002.
¿La explotación de los yacimientos minerales puede suspenderse?
No Lo encontre: pero analizando el de la exploracion (que seuidamente detallo) Supongo que no se puede suspender por el riesgo de perder la concesión.
El término del permiso comenzará a correr los (30) días después de aquel en que se haya otorgado. Dentro de ese plazo deberán quedar instalados los trabajos de explo-ración descriptos en el programa a que se refiere el Artículo 25.
No podrá diferirse la época de la instalación ni suspenderse los trabajos de ex-ploración después de emprendidos, sino por causa justificada y con aprobación de la autoridad minera.
Explique como se estructura el Dominio Minero en el Código de Minería Argentino
(v)	Dominio originario de Estado;
(vi)	Obligación del estado de otorgar las sustancias a los particulares;
(vii)	Prohibición de explotar por parte del Estado; y
(viii)	Existencia de una propiedad particular de las minas, distinta de la existente en la superficie, pero -al igual que esta- también considerada inmueble.
¿Explique la diferencia entre parque nacional, reservas naturales y monumento natu-ral?
La Ley 22.351 Regula el régimen de parques y reservas naturales, por efecto de la declaración que el Poder ejecutivo efectúa en el sentido de que determinada área consti-tuye un parque o reserva nacional, ella queda sujeta a la jurisdicción de una autoridad administrativa (nacional), la que incluso llega a determinar si corresponde otorgar permi-sos de construcción o derechos para explotar sustancias minerales.
Parque Nacional: El propósito de la misma es proteger la naturaleza sea por su extraordinaria belleza, la riqueza en flora y fauna autóctonas o el interés científico de-terminado.
En nuestro país Parque Nacional es toda tierra del dominio público cedido al Es-tado Nacional o de propiedad de éste que debe conservarse en estado primitivo sin otras alteraciones que las necesarias para su control.
Reservas Naturales: Mediante ella se sustraen de los sistemas legales comunes ciertas áreas cuya explotación no puede en modo alguno efectuarse sin una programa-ción previa.
En ese caso, la autoridad administrativa puede concretar y programa de conser-vación de recurso que impida su uso hasta tanto el Estado este en condiciones de pro-mover un uso adecuado.
Las reservas se han usados en forma constante en el derecho argentino, tanto en materia de petróleo, como en otros minerales (carbón, hierro, etc).
Y en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.
Explique brevemente qué es el daño ambiental.
Daño ambiental (Art. 27º de Ley 25.675). El presente capítulo establece las nor-mas que regirán los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos que, por acción u omisión, causen daño ambiental de incidencia colectiva.
Se define el daño ambiental como toda alteración relevante que modifique negati-vamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valo-res colectivos.
Explique cómo se refleja el principio “de la cuna a la tumba” en la Ley de Residuos Pe-ligrosos (Ley 24.051).
En relación a la responsabilidad civil del generador, la ley (25.612) en su Art. 16 trata de defender el principio “de la cuna a la tumba”, al decir en general y sin distin-ción que, “todo generador de residuos industriales, en calidad de dueño de los mismos, es responsable de todo daño producido por estos”, en el término del Título II de la Ley 25.612.
Sin embargo se observa que, dicho principio presentará dificultades al momento de ser aplicado: (i) por la falta de distinción entre residuos peligrosos y no peligrosos; y (ii) por disposiciones contenidas en la propia Ley 25.612 que se encargan de destruir dicho principio (por ej. ver el Art. 40).
Generador es toda persona (física o jurídica, pública o privada) que genere resi-duos industriales y de actividades de servicio.
El generador es el responsable del tratamiento adecuado y la disposición final de los residuos industriales.
Explique brevemente qué se resolvió en el caso Sonora (Residuos Peligrosos).
La Convención de Basilea, ratificada por Ley 23.922, regula el transporte trans-fronterizo en esta materia.
Una Opinión Consultiva emitida por la Corte Internacional de Arbitraje y Concilia-ción Ambiental (Solicitud EAS 8/98 – Resolución EAS 1/99).
La opinión consultiva que citamos más arriba bajo la denominación de caso Sono-ra, se refiere y resuelve sobre el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, la reimportanción al país de origen y la responsabilidad por daño ambiental.
La consulta en cuestión se relacionaba con los desechos y sustancias peligrosas depositadas desde los EEUU en el Rancho “El Florido” en Tijuana y trasladados a un confinamiento ubicado en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
En las conclusiones de la opinión consultiva se sostuvo que el caso permite atri-buir responsabilidad internacional a los EEUU y al Estado de México por la violación de los principios de cooperación ambiental y prevención del daño ambiental transfronterizo.
Se recomendó como solución posible obtener una reparación integral de los da-ños a través del superfund de EE.UU. Como consecuencia de esta opinión consultiva, el entonces gobernador de Texas (George W. Bush) dio instrucciones a los funcionarios del Estado para que procedan a reingresar a los EE.UU. los residuos motivo del reque-rimiento.
El antecedente merece destacarse en función de que la Corte que emitió la opi-nión consultiva, es solo una corte moral y voluntaria que no tiene imperio en el caso concreto, por tratarse de una opinión consultiva.
Explique qué es un bosque y cómo se clasifican.
Para los bosques de propiedad privada del Estado existen disposiciones de ca-rácter local, que reglamentan el uso y goce en concesión de ellos.
Existe sin embargo un régimen nacional aplicable en todas las provincias que se adhieran a él, la Ley 13.273.
Los bosques se clasifican en cinco categorías, a saber:
a) protectores;
b) permanentes;
c) experimentales;
d) montes especiales; y
e) de producción.
Asimismo, otro criterio de clasificación surge de la propia Ley 13.273 que agrupa los bosques (y tierras forestales) según queden sometidos a un régimen común o a un régimen especial.
a) Régimen Forestal Común.
La primer medida protectora de la Ley 13.273, surge del artículo que establece: “queda prohibida la devastación de bosques y tierras forestales y la utilización irracional de productos forestales”, dicha regla rige para todas las categorías de bosques.
Al igual que la regla que establece que los propietarios u ocupantes a cualquier tí-tulo de bosques y tierras forestales, antes de iniciar trabajos de explotación de los mis-mos deberán obtener la conformidad de la autoridad forestal competente a la que debe-rán presentar el plan de manejo.
b) Régimen Forestal Especial.
La ley nacional y el código rural bonaerense determinan que este régimen espe-cial es aplicable tanto a los bosques protectores, como a los permanentes, y en tal sen-tido establece que:
• su inclusión o exclusión del registro podrá ser ordenada de oficio;
• la declaración de un bosque en una de tales categorías puede ser apelada;
• todo cambio de titular o del régimen de tenencia del inmueble debe ser comunicada a la autoridad forestal;
• es obligatoria la conservación y repoblación del bosque, de acuerdo a los planes apro-bados por el organismo de control;
• no está permitido en el suelo o subsuelo trabajos o pastoreos no autorizados;
• no se debe entorpecer las tareas oficiales forestales, y
• se puede reclamar una indemnización administrativa por la disminución
de la renta del predio por causa de la aplicación del régimen especial.
c) Régimen de los bosques fiscales.
Los bosques y tierras forestales que formen el dominio privado del Estado, son inalienables. Pero podrán ser explotados para su mejoramiento, previo relevamiento fo-restal en el caso de los bosques de producción.
El Estado Nacional (y las provincias adheridas) para explotar sus bosque podrá recurrir a la concesión, administración, empresas mixtas, concesión directa, permisos de extracción.
La Ley 13.273 veda en los bosques y tierras forestales de carácter fiscal el pasto-reo, la simple ocupación -que no otorga derechos- y la caza y la pesca –la que sólo se-rán permitidas en las épocas reglamentarias, previa autorización-.
¿Qué es un residuo Peligroso? Actualmente, la gestión de tales residuos está regula-da?.
Existe una tendencia casi universal a identificar los desechos tóxicos y peligrosos con aque-llos que pueden tener características que pueden tener consecuencias graves para el medio ambiente, sea con motivo de un escape o por la eliminación definitiva.
Un número cada vez mayor de países han adoptado reglamentaciones especiales para hacer frente a dichos problemas. Sin embargo los Estado promulgan leyes muy diferentes en esta materia, o no.
Como resultado de tales diferencias, algunos países, especialmente del mundo en desarrollo, se han transformado en un vertedero de productos farmacéuticos insegu-ros y de productos químicos peligrosos que los países industrializados habían prohibido anteriormente.
De esta manera, la eliminación de residuos tóxicos y peligrosos tiene una dimen-sión internacional.
La Ley 25.612 regula los presupuestos mínimos de protección ambiental sobre la gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicios y fue san-cionada el 25 de julio de 2002 y promulgada por el PE mediante el Decreto 1343/2002 con las llamadas observaciones (veto) a los Arts. 51 a 54 (Capítulo sobre la responsabi-lidad penal) y el Art. 60 que derogaba la Ley 24.051.
Caracterice al contrato de Compañía de Minas previsto por el Código de Minería.
Compañía de Minas. Tratándose de la explotación de un yacimiento, se estima constituida una compañía cuando dos o más personas trabajan en común una o más minas. La comprobación de la existencia de la sociedad resulta:
a) del hecho de registra una pertenencia en forma conjunta varias personas, aun-que no se establezcan en especial aportes o contribuciones;
b) del hecho de adquirir una o más personas en conjunto una o más pertenencias registradas; y
c) de la concertación expresa de un contrato de compañía, realizado en escritura pública.
El principio esencial de la sociedad que estudiamos es la participación de todos los socios en la administración de la explotación conforme al sistema de junta, pero esto no implica renunciar a la posibilidad de designar -entre los mismos socios- 1 o varios que se destinen con preferencia a las tareas mineras de la empresa.
¿Existen propuestas para la creación de un Tribunal Internacional del Ambiente?
La unión de los derechos humanos a las cuestiones ambientales, los llamados de-rechos generacionales, la necesidad de una convención que de un marco de referencia internacional a lo ambienta, las modalidades de ombudsman para la ecología, o la crea-ción de una universidad del ambiente pluridisciplinaria, o de uno o más fondos de finan-ciamiento para las cuestiones ambientales, o la creación de un tribunal internacional como se auspicia en Roma, o la ampliación del concepto de indemnización ambiental a la recomposición del ambiente (Art. 41 de la Constitución Nacional), o a la utilización del concepto de diligencia debida en la gestión, o la ampliación de las actuales atribu-ciones del Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente, o la constitución de un Comité de Seguridad de las Naciones Unidas, son propuestas que pronto veremos hechas realidad.
¿Qué es la unidad económica?
Unidad económica agraria: se caracteriza por permitir el progreso de una familia con dependientes, con una evolución comercial que permite advertir la existencia de una verdadera empresa.
También se señala la existencia de una unidad económica deseable, similar a la agraria antes definida, pero que apunta al nivel satisfactorio de vida por parte de la fami-lia campesina.
Por último, se hace referencia a la unidad económica de hecho que resulta de considerar las explotaciones tal cual se presentan en la realidad.
La Ley General del Ambiente es operativa. SI – NO
El Protocolo de Kyoto persigue establecer límites futuros de contaminación ambiental. SI-NO
El propietario del suelo es preferido al descubridor en el régimen de la 1ra.categoría.SI – NO
Quien contamina el ambiente debe hacerse cargo de recomponerlo. SI – NO
El Gobierno Federal Argentino puede regular el 100% del Ambiente. SI – NO
Existe regulación de presupuestos mínimos federales de PCBs. SI- NO (ley 25.670)
¿Los residuos industriales tienen legislación federal ? SI – NO (Ley 25612)
La contaminación es permitida por el Derecho Ambiental. SI -NO
Debe aplicarse la denominada responsabilidad objetiva a los casos de contaminación am-biental. SI -NO (Ley 24.051 – 25.612)
Articulos de la Constitución Nacional
Artículo 75:	Corresponde al Congreso: Inc.12.	Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes generales para toda la Nación so-bre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la Argentina; así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la moneda corriente y documentos públicos del Estado, y las que requiera el estableci-miento del juicio por jurado.
Artículo 121:	Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Consti-tución al Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por pactos espe-ciales al tiempo de su incorporación.
Artículo 124:	Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la políti-ca exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto.
Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales exis-tentes en su territorio.
Cuál es la diferencia entre una marca y una señal.
Desde los primero tiempos de la ganadería, la marcación a fuego de un signo o dibujo sobre el cuero del animal, como sistema de identificación colectiva y propietarista del ganado aparece como un factor común en toda la civilización occidental.
Se aplica la marca a animales llamados mayores como vacunos y yeguarizos, en tanto que se aplica una señal (mutilación, cortadura, incisiones o perforaciones) a los animales llamados menores como ovejas y cabras.
Marcas y señales en nuestro país generalmente se han venido legislando juntas a pesar de ser dos cosas distintas, excepto en cuanto al denominador común que las une que es servir de base a la identificación dominial de los semovientes.
Si bien hay quienes han cuestionado el sistema por su crueldad, lo cierto es que aún no se ha hallado en el país un método más práctico y simple para distinguir las re-ses o al ganado bovino y otros animales.
Nuestro país hereda y adopta la costumbre española y romana de marcar,
común a todo Occidente. Recordamos aquí que al aplicar la contramarca, el propietario originario se desprendía del dominio del animal, la transmisión quedaba perfeccionada
-tradición mediante- por la aplicación de la marca del adquirente a la izquierda de la con-tramarca, con lo que se incorporaba el semoviente al patrimonio de su nuevo dueño.
Está ha sido la forma de establecer la propiedad originaria del ganado y su transmisión hasta el Siglo XIX.
En nuestro días, el instituto de la marcación, aún con nuevos requerimientos, con-tinua rigiendo la propiedad, transmisión y transporte del ganado.
Explique los 3 principios del sistema de marcas de ganado.
Tres Principios universales. En el sistema de marcas existen 3 principios uni-versales que son los mismos en casi todo el derecho comparado, a saber:
(1) Deber de registrar la marca. Todo propietario ganadero que utilice un dibujo, diseño o signo para marcar a fuego o por otros medios a su ganado mayor, como identi-ficación colectiva de él de carácter propietaristas debe registrarla.
(2) No puede haber dos marcas iguales en la zona, distrito o jurisdicción en la que habrá de utilizárselas, ya que llevaría a una confusión inadmisible.
(3) No hay marcación sin permiso. A tal fin debe avisarse a la Municipalidad o su delegación local para que controle el acto junto de marcación con la autoridad policial y, eventualmente con los vecinos ganaderos.
La marcación así autorizada permitirá obtener al dueño del ganado el permiso de marcación que es el origen de los restantes documentos (guías y certificados).
La documentación ganadera es hoy un requisito indispensable para acreditar con la marca debidamente impuesta al animal la propiedad del semoviente y la legitimidad de su transporte.
Explique brevemente las 3 principales enfermedades que afectan al ganado.
Aftosa La Fiebre Aftosa es una enfermedad viral muy contagiosa que afecta a animales de pezuña hendida como bovinos, ovinos, caprinos, porcinos, jabalíes, ciervos, llamas y vicuñas, entre otros.
No es una zoonosis, por lo tanto, no afecta al hombre. La enfermedad es provo-cada por un virus que posee afinidad por los epitelios, por lo cual las lesiones principales se encuentran en boca, hocico, pezuñas, pezones y lengua.
La forma de contagio es el animal enfermo de Aftosa, que elimina el virus por sa-liva, leche, materia fecal y orina.
La puerta de entrada del virus a los animales susceptibles puede ser la vía diges-tiva, respiratoria y/o cutánea. La transmisión de la enfermedad es por contacto directo entre animales, o de manera indirecta a través de vehículos (camiones, automóviles, etc.) maquinarias (ordeñadoras, etc.) e indumentaria (ropa de trabajo, calzado, etc.).
Sarna Se trata de una enfermedad producida por pequeños parásitos (ácaros) que viven en colonias sobre la superficie de la piel de los animales, e inyectan líquidos irritantes, provocando zonas inflamatorias que se agravan con nuevas picaduras, exudaciones y suciedades, todo lo cual produce descamaciones de la piel, caída de lana o pelo.
Debilitan al huésped por la succión del suero de la sangre y provocan sufrimientos que pueden llevar a su muerte. La sarna ovina y caprina.
Las principales medidas preventivas previstas por la normativa especializada obligan a:
(i)	extirpar la sarna ovina, caprina y bovina;
(ii)	Instalar bañaderos en lugares donde se deje o concentren animales;
(iii)	Prohibir el tránsito de animales afectados; y
(iv)	Prohibir el transporte y conservación de lana, cuero y pelo de animales en-fermos sin autorización.
Se combate la sarna mediante antisárnicos y productos terapéuticos aprobados por la autoridad competente.
Garrapata Esta enfermedad es provocada por ácaro que se prende a la piel de los ani-males y los parasita, debilitándolos, enflaqueciéndolos y produciéndoles eventualmente la muerte.
Parte de su ciclo continúa en el suelo, desde donde sus prolíficas crías suben a otros cuadrúpedos continuando el proceso.
Su destrucción es sencilla mediante productos terapéuticos, con clásicos baños de inmersión y fumigaciones.
¿La destrucción de animales enfermos es hecha por la autoridad sin indemnización?
Indemnizaciones: Ante la necesidad de destruir animales enfermos y objetos y construcciones que hubieren estado en su contacto, la ley reconoce derecho a los pro-pietarios de esos bienes a ser indemnizados, en dinero, en la medida de lo no aprove-chable al tiempo de su destrucción, salvo que “la enfermedad de que estaba atacado el animal destruido fuese necesariamente mortal” o que el propietario no cumpliere con las prescripciones sanitarias.
Explique brevemente las 3 principales plagas (enfermedades) que atacan a los vegeta-les y sus respectivos programas para atender a la sanidad vegetal.
Nuestra constitución nacional carece de precepto expreso referente a la sanidad de los vegetales.
Los deterioros causados por la tradicional langosta eran signados como catastró-ficos, ya que devora toda la vegetación que encuentra a su paso. Menguaron las man-gas de langostas con las pulverizaciones y fumigaciones de productos químicos. El me-dio más eficaz es la lucha aérea.
Exige vigilancia constante para detectar brotes de difícil control. El triunfo de la técnica sobre la plaga “voladora” fue contrabalanceado por nuevas versiones de “tucu-ras” (en guaraní: parecido a langosta) altamente dañosas.
a) Decreto-Ley 6704/1963
La norma que entramos a analizar, amplia los objetivos de la anterior legislación, por lo cual declara la defensa sanitaria de la producción agrícola contra animales, vege-tales o agentes de cualquier origen biológico (Art. 1º).
La declaración oficial de plaga tiene importancia por las obligaciones y sanciones penales que comporta, tanto para administrados como para funcionarios. Así, el Art. 2 prevé que se podrá declarar plagas “cuando puedan considerarse tales por su carácter extensivo, invasor o calamitoso” y “en tales casos se dará a conocer los métodos acon-sejados por la técnica agroquímica para erradicarlas o establecer sobre ellas un ade-cuado control”.
La elaboración de la nomenclatura de los agentes perjudiciales de la agricultura está a cargo del Departamento de Fiscalización Fitosanitaria que declaró plagas a ciento veinte agentes perjudiciales de la agricultura, como por
Ejemplo: avutardas, cotorras comunes o catas, conejos, cuises, palomas, ceni-cientas, varias especies de ratas y ratones, vizcacha.
Entre los insectos, varias chinchillas, isocas, pulgones y moscas de la fruta.
Entre las malezas, abrojos, cardos y sunchillo vinal.
El ámbito de aplicación del Decreto Ley bajo análisis se extiende a todo el territo-rio de la República.
Las provincias estructuran organismos específicos similares a los nacionales, que dependen de ministerios o secretarías de agricultura locales.
Son sujetos de las obligaciones establecidas por Decreto Ley 6704/ 1963 “todo propietario, arrendatario, usufructuario u ocupante de terreno, cualquiera sea su título, o tenedor de vegetales, sus productos, derivados de éstos y envases que contengan algu-na plaga“, quienes tienen obligación de:
(i) dar aviso del hecho, inmediatamente, a la autoridad competente;
(ii) efectuar por su cuenta, dentro de los inmuebles y/o medios de transportes, las medidas que el organismo de aplicación determine para destruir las plagas, desde el instante mismo en que se produzca el ataque, sin interrupción, hasta la extinción de la plaga o en su caso, hasta obtenerse un adecuado control de la misma;
(iii) permitir el acceso a los funcionarios de aplicación para verificar el cumplimien-to de la norma o para realizar trabajos de lucha, o de destrucción de sembrados, planta-ciones, vegetales, sus portes, productos, derivados de éstos y envases; y
(iv) prestar la colaboración que se tales funcionarios soliciten.
Caracterice el contrato de maquila.
Habrá contrato de maquila o de depósito de maquila cuando una de las partes (denominada productor agropecuario) se obligue a entregar a la otra parte (denominada procesador o industrial) determinada cantidad de materia prima, para que esta última procese dicha materia prima, a cambio del derecho de participar, en las proporciones que convengan, sobre el o los productos finales resultantes, los que deberán ser de idénticas calidades a los que el industrial o procesador retengan para sí.
El productor agropecuario mantiene en todo el proceso de transformación la pro-piedad sobre la materia prima y luego sobre la porción de producto final que le corres-ponde, en tanto que el procesador o industrial asume la condición de depositario de los productos finales debiéndolos identificar adecuadamente.
El contrato bajo análisis debe ser celebrado por escrito detallando (a) nombres y domicilios de las partes; (b) cantidad de la materia prima contratada; (c) lugar de proce-samiento; (d) lugar en que se depositarán los productos elaborados que correspondan al productor agropecuario; (e) facultades de control establecidas a favor del productor agropecuario; (f) fecha y lugar de entrega del producto elaborado; y (g) lugar de celebra-ción y firma de las partes.
Por otra parte, son nulas las cláusulas que impongan al productor agropecuario la obligación de vender al industrial elaborador los productos finales de su propiedad o que traben la libre comercialización por parte del propietario.
Los contratos de maquila de la Ley 25.113 deberán inscribirse a pedido de parte en los registros públicos que se crearan en la jurisdicción de cada provincia.
El régimen de la Ley 25.113 es de aplicación a todos los contratos que tengan por objeto la provisión de materia prima de naturaleza agropecuaria para su procesamiento, industrialización y/o transformación. Como por ejemplo la caña de azúcar, la lechería, madera, carne, o a la materia prima de la avicultura, apicultura, granos, semillas, horti-cultura, floricultura, entre otras.
Se destaca que el Art. 7 de la Ley 25.113 prevé que las provincias establezcan las disposiciones necesarias para los procedimientos y aseguramiento según la natura-leza u objeto de cada actividad, asignándoles las condiciones de autoridad de aplicación local.
Elaboración de Vinos. La Ley 25.113 establece la elaboración de vinos a “ma-quila” continuara siendo regido por la Ley 18.600 y supletoriamente por la primera, ello se debe a que pagar la uva con vino exige una reglamentación especial que determine la relación cantidad de producto primario-cantidad de producto elaborado.
El grado alcohólico de los vinos será como mínimo el promedio zonal y el tipo de vino corresponderá a las características de la uva recibida, los subproductos, salvo pac-to en contrario, quedan en propiedad del elaborador.
El fundamento de esta legislación es asegurar a los viñateros la colocación de su producción y, sobre todo a los productores sin bodega la posibilidad de vinificar sus uvas con calidad y precio ordenado por la ley
Brevemente explique el objeto del Convenio sobre Biodiversidad.
En el año 1992 se celebró, en Río de Janeiro, la Cumbre de la Tierra. Allí se sus-cribió el Convenio de Diversidad Biológica (“CDB”), que ha servido como una teoría rela-tiva a la soberanía de los Estados que impide la utilización de la naturaleza por parte de las personas individuales.
Tal regulación a nuestro entender resulta inadecuada. El CDB establece un pro-cedimiento de donde extraemos los siguientes planteos que hace de la cuestión:
1.- La biodiversidad exige de la comunidad mundial un privilegio a favor de los que poseen el know how del conocimiento genético de las especies;
2.- La limitación del derecho de los individuos, a favor de entidades dedicadas a la biodiversidad y laboratorios de especialidades medicinales, únicos, de hecho y de dere-cho que pueden apropiarse de los elementos naturales;
3.- La aplicación exagerada del derecho de propiedad intelectual;
4.- Establecimiento de un sistema de acuerdos entre Estado, instituciones científi-cas de biodiversidad y los laboratorios medicinales para establecer un régimen de rega-lías que compense a los anteriores propietarios, las que no superarán el 2% de los valo-res que se obtengan con la comercialización de los productos derivados de las especies, deducidos los gastos de la inversión.
Por último, advertimos que la conversión del concepto de res nullius en patrimonio común pasa a ser un grave problema para el futuro.
Explique qué es la concentración parcelaria. Ejemplifique.
Cuando el fenómeno de pulverización de la propiedad agraria es grave, por efecto de haberse configurado áreas de minifundio, esto es, de superficies de producción agra-ria no constitutivas de unidades económicas, se debe recurrir a soluciones como la con-centración parcelaria.
Se trata de un conjunto de disposiciones de derecho agrario mediante las cuales se consigue adjudicar a cada propietario una superficie de explotación conveniente.
Para lograr este resultado es necesario reubicar a los propietarios, mejorando los límites inicialmente fijados mediante el estudio del terreno y la nueva asignación de pro-piedades.
El procedimiento de reagrupamiento de las propiedades que establecen las leyes europeas, es un procedimiento voluntario, ya que por lo general requieren el consenti-miento del 50% de los propietarios.
Cuando no se obtiene ese porcentaje, el Estado se ve obligado a expropiar, con-llevando un mayor costo y oposición de los interesados, aspectos que tornan el plan de difícil ejecución.
En nuestro país el ejemplo más conocido de concentración parcelaria se cumplió en la Provincia de La Rioja.
Asimismo, el instituto de la concentración parcelaria podría mejorar la situación de los minifundios que se detecta en la Provincia de Tucumán y en ciertas áreas de las Pro-vincias de Corrientes y Buenos Aires.
Indique los usos del agua conforme a la legislación local.
De la interdependencia natural en que se hallan los recursos llegamos al concep-to de interdependencia en los usos de tales recursos.
En este último concepto, la ley regulará los usos de tales recursos, con el propósi-to de favorecer el mayor número posible de usos útiles al hombre y disminuir los efectos negativos que tales usos pueden provocar.
Regular la navegación es de jurisdicción federal, pero las provincias no quedan excluidas en lo que al aprovechamiento de otros usos se refiere, en virtud de la reserva
de derechos no delegados a la Nación efectuada por parte de las mismas (Art. 121 CN) y del dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio (Art. 124 CN).
Por su parte, el Art. 2340 Código Civil, ya reconocía el dominio público de los Es-tados particulares (Provincias) sobre los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por cauces naturales y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud para satisfacer usos de interés general.
A ello se debe que las provincias argentinas tengan legislaciones especiales que regulan su patrimonio hídrico, tanto en lo que se refiere a su utilización directa por la administración, como al uso del agua que pudieran hacer los particulares.
Indique los usos del agua según los nomencladores provinciales.
– Doméstico;
– Municipal, a través de los servicios de agua corriente y cloacales;
– Agropecuario;
– Hidroeléctrico e industrial;
– Minero;
– Piscícola; y
– Recreativo.
Explique brevemente la clasificación de las aguas que hace el Código Civil.
El Código Civil establece cuáles son las aguas del dominio público de los estados provinciales, cuáles deben ser consideradas del dominio privado y cuales son “res nu-llius” por carecer de propietario.
Sobre las aguas consideradas públicas recae la legislación provincial cuando se hallan en el territorio provincial.
Las aguas privadas son normadas por el Código Civil y se someten a la legisla-ción provincial al único efecto de recibir un tratamiento adecuado en lo que a la policía de tales aguas se refiere.
Así, se consideran aguas privadas a:
1.- Las que nacen y mueren en un mismo fundo (Art. 2350 Cód. Civ.);
2.- Las de lluvia caídas sobre lugares privados (Art. 2635 Cód. Civ.);
3.- Las que brotan en terrenos privados (Art. 2637 Cód. Civ.);
4.- Las que no se desplazan en el terreno (durmientes); y
5.- Los lagos y lagunas no navegables.
Las aguas públicas son:
1.- Los ríos, sus cauces, las demás aguas que corren por cauces naturales y toda otra agua que tenga o adquiera la aptitud para satisfacer usos de interés general;
2.- Las que corren por sus cauces naturales -siempre que no nazcan y mueran en un mismo fundo-;
3.- Las que brotan en terrenos privados formando un caudal (Art. 2637 Cód. Civ.);
4.- Los lagos y lagunas navegables; y
5.- Las aguas subterráneas (Art. 2340 Cód. Civ.).
6.- Las aguas de lluvia que caiga sobre predios del dominio público son conside-radas “res nullius”, susceptibles de aprehensión por cualquiera (Art. 2636 Cód. Civ.)
Caracterice la línea de ribera.
Línea de Ribera: El Código Civil reconoce como constituyendo parte del dominio público a los cauces o lechos de las aguas hasta la línea de ribera.
La línea de ribera es la que naturalmente señalan las aguas en sus crecidas me-dias ordinarias.
Esa delimitación natural provocaría incontables dificultades prácticas. Es por ello, que se reconoce al Estado (nacional o provincial, de acuerdo a la jurisdicción que co-rresponda) el deber de proceder a su determinación precisa, mediante una operación técnica fundada en la observación constante de las aguas.
Por lo tanto, la determinación de la línea de ribera es esencial para concretar el derecho de propiedad sobre el terreno que habitualmente cubren las aguas, a favor del Estado provincial.
Explique qué es un presupuesto mínimo, quién los dicta y dé 3 ejemplos de leyes de presupuestos mínimos vigentes.
La circunstancia de que el poder de policía esté reservado a las provincias, no excluye la posibilidad de una ley federal que se ocupe del tema.
Actualmente, el Art. 41 de la Constitución Nacional reformada en el año 1994 es-tablece: “… Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales…”.
Es decir, la Nación dicta leyes en la dimensión ambiental que son de carácter bá-sico. Estas leyes no pueden derogar la competencia local que es prioritaria en materia de ambiente y que está depositada en los municipios y en las provincias.
Estás últimas deben aplicar las leyes federales mínimas y tienen la obligación de complementarlas. La doctrina y jurisprudencia dirán cuales son los límites de este siste-ma nuevo establecido por la Constitución.
La Ley 25.612 regula los presupuestos mínimos de protección ambiental so-bre la gestión integral de residuos de origen industrial y de actividades de servicios y fue sancionada el 25 de julio de 2002 y promulgada por el Poder Ejecutivo mediante el De-creto 1343/2002 con las llamadas observaciones (veto) a los Arts. 51 a 54 (Capítulo so-bre la responsabilidad penal) y el Art. 60 que derogaba la Ley 24.051.
La Ley 25.670 regula los presupuestos mínimos para la gestión y eliminación de los PCBs La Ley bajo análisis establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de los PCBs, en todo el territorio de la Nación, en los términos del artículo 41 de la Constitución Nacional.
La Ley 25.675 General del Ambiente (en adelante, la “LGA”) es una norma de presupuestos mínimos conforme al Artículo 41 de la Constitución reformada en el año 1994, para la protección del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desa-rrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presen-tes sin comprometer las de las generaciones futuras.
Quien contamina el ambiente, ¿debe hacerse cargo de recomponerlo?
¿La contaminación es permitida por el Derecho Ambiental?
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References: Artículo 41
 Artículo 25
 Resolución 

Artículo 75

Artículo 121

Artículo 124
 artículo 41
 Artículo 41