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Timestamp: 2018-01-18 14:09:24+00:00

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Miércoles, 29 Julio 2015 03:21
Published in INTERVENCIÓN DE COMUNICACIONES
NECESIDAD DE PROPORCIONALIDAD EN EL REQUERIMIENTO DE CON-
TROL DE COMUNICACIONES
“3.1. Razonabilidad de la medida
Se entiende por principio de razonabilidad que la medida restrictiva que se requiera se justifique en la necesidad de preservar, proteger o promover un fin constitucionalmente valioso. Es la protección de fines constitucionalmente relevantes la que, en efecto, justifica una intervención estatal en el seno de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, la restricción de ese derecho satisface el principio de razonabilidad cada vez que esta persiga garantizar un fin legítimo y, además, de rango constitucional.
Exp. N° 2235-2004-AA/TC.
En este punto, se precisa, que tal como es de apreciarse que el hecho delictivo atribuido consiste en que el imputado David Antonio Vizcarra Domínguez, solicitó a la denunciante Quezada Salinas S/. 200.00, condicionando sus funciones –entre las que destacan las evaluaciones y expediciones de informes y protocolos psicológicos– al pago de un acto de corrupción (cohecho), a efecto de favorecer en un examen psicológico al conviviente de esta, lo que implica una lesión al aparato estatal (deber de lealtad) y un incumplimiento de sus funciones como funcionario público. Es de entender y queda meridianamente establecido, que dicho profesional se valió de la complicidad y cooperación del asistente administrativo Luis Alejandro Cornejo Urbano, quien se encargaría de recibir el dinero por parte de la denunciante. 3.2. Proporcionalidad de la medida
En la medida que las decisiones judiciales tienen una permanente incidencia sobre los derechos fundamentales, la invocación del principio de proporcionalidad resulta plenamente válida también tratándose del control de este tipo de decisiones. El presupuesto para su aplicación es siempre la presencia de dos principios constitucionales en conflicto y una decisión que afecta alguno de estos principios o bienes constitucionales. De este modo, la aplicación del principio de proporcionalidad debe suministrar elementos para determinar si la intervención en uno de los principios o derechos en cuestión es proporcional al grado de satisfacción que se obtiene a favor del principio o valor favorecido con la intervención o restricción. El test está compuesto por tres subprincipios: idoneidad, necesidad y ponderación o proporcionalidad en sentido estricto.
En cuanto al procedimiento que debe seguirse en la aplicación del test de proporcionalidad, hemos sugerido que la decisión que afecta un derecho fundamental debe ser sometida, en primer término, a un juicio de idoneidad o adecuación, esto es, si la restricción en el derecho resulta pertinente o adecuada al fin propuesto; en segundo lugar, superado este primer análisis, el siguiente paso consiste en analizar la medida restrictiva desde la perspectiva de la necesidad; esto supone como hemos señalado, verificar ‘si existen medios alternativos al optado’, en este caso por el juez, que es quien ha tomado la medida. Se trata del análisis de relación medio-medio, esto es, de una comparación entre medios; el medio elegido por quien está interviniendo en la esfera de un derecho fundamental y el o los hipotéticos medios que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. Finalmente, en un tercer momento, y siempre que la medida haya superado con éxito los test o pasos previos, debe proseguirse con el análisis de la ponderación entre principios constitucionales en conflicto. Aquí rige la ley de la ponderación, según la cual ‘cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro’.
Juicio de idoneidad o adecuación: La decisión de limitar el derecho de las comunicaciones en el delito de corrupción de funcionarios en las modalidades de cohecho pasivo específico y cohecho pasivo propio corresponde al juicio de legitimidad que el juez debe hacer de la modalidad empleada, esto es, a que los agentes del delito habrían empleado las comunicaciones telefónicas para solicitar y/o ofrecer beneficios económicos recíprocamente, a sabiendas que es realizado con el objeto de influir en un resultado favorable en el examen psicológico a practicársele al denunciante Alberto Bradi Ruiz Espinoza, a cambio de un beneficio económico para ambos encartados. La necesidad: En este acápite traeremos a colación la jurisprudencia nacional que nos dice que ‘el Derecho Penal es objetivo, real, cierto concreto y su aplicación está en función de realidades materiales, no de ficciones formales o subjetivas apreciaciones que puedan resultar como consecuencia de la interpretación de las normas en un plano meramente abstracto o teórico, en esas condiciones, el Derecho Penal no es útil y ningún derecho es útil, sino en la medida que se adecua y se basa en una realidad material real’ [Expediente N° 45-2001, Segunda Sala Penal Especial Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Lima]; para ello debe armonizarse el Derecho Procesal Penal con el cumplimiento de los fines de la política criminal del Estado para evitar la impunidad [R.N. N° 3651-2006-Lima, Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema]. Es por eso que no existe entonces otra necesidad que el logro de los fines de la investigación y del proceso penal mismo, es decir, recabar los elementos de convicción necesarios para determinar la culpabilidad o inocencia de los imputados. No existiendo otra medida alternativa que la solicitada, porque no puede pedirse a alguien que entregue las pruebas del delito que comete cuando este lo hizo en la clandestinidad más absoluta, con la intención y el cuidado de no dejar pruebas de ninguna clase [Exp. N° 10-2001 /Acumulado N° 45-2003-A.V., Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República].
La ponderación: diversos pronunciamientos judiciales han tenido en cuenta el juicio ponderación que debe hacerse entre derechos fundamentales y medidas procesales tendientes a recabar la prueba del delito. En ese orden de ideas, es imperativo para la investigación: a) identificar a los titulares de las series de celulares; b) determinar el tráfico o flujo de llamadas de los celulares precisados.
Finalmente, en cuanto a la proporcionalidad (análisis del equilibrio entre las ventajas de la acción y las desventajas), se debe señalar que el artículo 230 del CPP señala que la medida limitativa de comunicaciones procede cuando existen graves elementos de convicción que prevén la comisión de un delito sancionado con una pena superior a cuatro años; en el caso en examen el delito de Corrupción de Funcionarios - cohecho pasivo específico y cohecho pasivo propio previstos en los artículos 395 y 393, tipos penales que sancionan al agente con penas, no menor de 8 ni mayor de 15 años, y no menor de 6 ni mayor de 8 años, respectivamente”.
Expediente N° : 229-2012
Caso N° : 46-2012
Especialista : Dr. Miranda
REQUERIMIENTO DE MEDIDA LIMITATIVA DE DERECHOS
SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS DE LIMA
DANIEL ERNESTO CERNA SALAZAR, fiscal provincial del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, a usted con respeto digo:
I. REQUERIMIENTO
En mérito a la autoridad conferida por los artículos 159.1 y 159.5 de la Constitución Política del Perú, concordante con los artículos 11 y 94.2 de la LOMP, y en virtud a lo estatuido en los artículos 218, 226, 230 y 233 del Código Procesal Penal, procedemos a requerir que vuestro Despacho dicte la MEDIDA LIMITATIVA DE DERECHOS - CONTROL DE COMUNICACIONES con el
objeto que las empresas operadoras del servicio de telecomunicaciones América Móviles - Claro y Movistar - Telefónica del Perú S.A.A. informen a este Ministerio Público lo siguiente:
a) Informar los titulares de las líneas de telefonía celular; así como nos remitan un cuadro conteniendo información acerca de los usuarios y/o abonados y/o clientes de los siguientes números telefónicos:
§ 948 114 229 : presuntamente de David Antonio Vizcarra Domínguez.
§ 999 894 908 : presuntamente de Luis Alejandro Cornejo Urbano.
§ 997 323 242 : presuntamente de Maribel Roxana Quezada Salinas. § 991 949 075 : presuntamente de Alberto Bradi Ruiz Espinoza.
b) Detallar el tráfico de llamadas que hayan acaecido el día 11 de octubre de 2012 entre los 04 teléfonos celulares indicados en el literal a). Esto es: informar el detalle de llamadas entrantes y salientes, con indicación de duración e imei, con indicación de fecha, hora y tiempo de duración de las llamadas, así también dirección donde se encontraban físicamente los celulares al momento de producirse las citadas llamadas, con ubicación de celdas activas, sms e imei, los chips que fueron insertados en dichos aparatos telefónicos, la localización al tiempo real de las líneas telefónicas e
imei, los mensajes de texto y e-mail entrantes y salientes y la ubicación de IP de dichos celulares.
II. FUNDAMENTOS QUE SUSTENTAN EL REQUERIMIENTO
1. Hechos materia de imputación
1.1. Conforme fluye de la denuncia verbal que contiene la notitia criminis los denunciantes Maribe Roxana Quezada Salinas y Alberto Bradi Ruiz Espinoza precisan que con fecha 11 de octubre del 2012 acudieron a la sección de Medicina Legal ubicado en las instalaciones del Ministerio de la Mu-
jer y Poblaciones Vulnerables, a efectos de que se le practique la evaluación psicológica al segundo de los citados –ello por cuanto refiere haber sido víctima de violencia familiar–, siendo atendidos por el asistente administrativo –el hoy encartado– Luis Alejandro Cornejo Urbano, quien mostrara su aquiescencia para el examen requerido, sin embargo, también le refirió que ello estaría supeditado a un ilegal requerimiento: acto de corrupción ascendiente a S/. 500.00 (quinientos y 00/100 nuevos soles), lo que incluía además el ingreso de dicho informe, a la comisaría correspondiente.
1.2. El espurio requerimiento fue ratificado por el psicólogo del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público y coinvestigado David Vizcarra Domínguez al momento en que este conferenciara con la denunciante. Es así que el propio encartado profesional de la salud le confirma el cohecho formulado, aduciendo que cobraban más, sin embargo, harían una excepción por tratarse de ella – conocida por ser trabajadora del Mimp–, habida cuenta que, cuando un abogado pretende un simple trámite el costo ascendente oscila entre los S/. 300.00 a S/. 350.00, con lo cual “quinientos soles no era nada por el trámite que le iba a hacer”. La denunciante en contraparte, precisó no contar con la suma requerida, aun así hizo la salvedad que consultaría con su pareja, ante lo cual el psicólogo fo-
rense solicitó le facilite el numero del móvil de su pareja (991949075), efectuando el funcionario denunciado, la llamada de su propio celular (948114229), indicándole al denunciante Ruiz Espinoza que ante el Oficio N° 873-12-Region-Policial-Divter-Norte-3-CR-VF, debía presentarse a las instalaciones de Medicina Legal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, “porque ahí lo estaba esperando”; siendo presenciado todo ello por la propia denunciante, quien luego procedió a retirarse. 1.3. Minutos más tarde, y ya habiéndose retirado del consultorio psicológico, la denunciante procedió a comunicarse con su pareja, viéndose sorprendida cuando del lado receptor le contestara el propio denunciado Vizcarra Domínguez, quien le refirió que “baje porque la estaban esperando”. Una vez retornara a la citada oficina, efectivamente encontró tanto al psicólogo forense como a su pareja, indicando el primero que “le cobrarían doscientos soles porque eran de condición económica baja y que no se trataba de un cobro sino de un reconocimiento”, asimismo, refirió que en un futuro, le prestaría ayuda en caso tengan problemas, conviniendo la denunciante que previo a dar una respuesta (positiva o negativa) consultaría con su pareja, ante lo cual el denunciado Vizcarra Domínguez le preciso que “toda coordinación la haga con el señor Alejandro”. Posteriormente, ambos denunciantes se acercaron al asistente administrativo –Cornejo Urbano–, quien adujo que el dinero solicitado debía ser entregado el mismo día y que además “le estaban cobrando bien cómodo”. Asimismo, precisó la denunciante que el investigado le mencionó que “si se iba directo a Medicina
Legal, no regrese”, ello por cuanto le estaban cobrando cómodo por tratarse de ella.
1.4. En misma fecha –y asumiendo la competencia por el turno–, este despacho fiscal toma conocimiento de los hechos plasmados en la denuncia verbal efectuada, por lo que procedió a emitir las correspondientes disposiciones de investigación preliminar y de formalización y continuación preparatoria, respectivamente. Asimismo, se ordenó la organización y preparación de determinados actos de investigación, entre los que destaca el operativo de revelación del delito el cual fuera programado para el 12/10/2012 el cual fuera desplegado de manera coordinada y conjunta con efectivos policiales de la Dircocor - PNP. Fotocopiados y certificados la cantidad de S/. 200.00 en 02 billetes de cien nuevos soles, con números de series A5343019G y A5343020G, siendo impregnados con reactivo compatible con luz alógena, siendo los investigados encontrados en flagrancia delictiva, obteniéndose como resultado positivo para reacción fluorescente en la cara interna de los dedos de la mano derecha e izquierda, así como en la zona dorsal de las mismas manos, hechos que demos-
trarían que el investigado Cornejo Urbano recibió los dos billetes de cien nuevos soles, y en el caso del imputado Vizcarra Domínguez el resultado obtenido fue “escasa fluorescencia en las palmas de las manos; la fluorescencia es muy tenue, color anaranjado”.
1.5. Así las cosas, queda evidente que en el presente caso denunciado, queda evidenciado que los investigados requeridos, valiéndose de las facultades conferidas en razón de sus cargos, pretendían influir en el resultado de la evaluación psicológica que se le debía practicar al denunciante –pese a que este debió de realizarse en el Instituto de Medicina Legal–, por lo cual el psicólogo forense David Antonio Vizcarra Domínguez condicionó su desempeño funcional a la entrega de un acto de corrupción (cohecho), ascendente a la suma de S/. 200.00 el cual fuera formulado por el propio encartado y comunicado por vez primera al denunciado Ruiz Espinoza vía telefónica, a través del celular móvil de aquel, por lo cual este despacho fiscal considera pertinente establecer el flujo de llamadas entre denunciantes e investigados, con lo que quedaría evidenciado la génesis del espurio requerimiento efectuado. 2. Imputación penal efectuada
En este punto, es necesario precisar, que de acuerdo al hecho narrado y la tipificación penal descrita, queda claro que, de acuerdo a los hechos materia de la imputación, que en el comportamien-
to desplegado por ambos investigados se daría por configurado el germen de la ilicitud, encajando la hipótesis normativa ubicada en el segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal - Cohecho pasivo específico, para la persona de DAVID ANTONIO VIZCARRA DOMÍNGUEZ; en tanto que al encartado LUIS ALEJANDRO CORNEJO URBANO le seria atribuible el tipo penal residente en el segundo párrafo del artículo 393 del cuerpo punitivo - Cohecho pasivo propio, ambas conductas en agravio del Estado.
PRESUPUESTOS PROCESALES PARA ATENDER LA MEDIDA SOLICITADA
3.1. Razonabilidad de la medida
Se entiende por principio de razonabilidad que la medida restrictiva que se requiera se justifique en la necesidad de preservar, proteger o promover un fin constitucionalmente valioso. Es la protección de fines constitucionalmente relevantes la que, en efecto, justifica una intervención estatal en el seno de los derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, la restricción de ese derecho satisface el principio de razonabilidad cada vez que esta persiga garantizar un fin legítimo y, además, de rango constitucional. Exp. N° 2235-2004-AA/TC.
En este punto, se precisa, que tal como es de apreciarse que el hecho delictivo atribuido consiste en que el imputado David Antonio Vizcarra Domínguez solicitó a la denunciante Quezada Salinas S/. 200.00, condicionando sus funciones –entre las que destacan las evaluaciones y expediciones de informes y protocolos psicológicos– al pago de un acto de corrupción (cohecho), a efecto de favorecer en un examen psicológico al conviviente de esta, lo que implica una lesión al aparato estatal (deber de lealtad) y un incumplimiento de sus funciones como funcionario público. Es de entender, y queda meridianamente establecido, que dicho profesional se valió de la complicidad y cooperación del asistente administrativo Luis Alejandro Cornejo Urbano quien se encargaría de recibir el dinero por parte de la denunciante. 3.2. Proporcionalidad de la medida
En la medida que las decisiones judiciales tienen una permanente incidencia sobre los derechos fundamentales, la invocación del principio de proporcionalidad resulta plenamente válida también tratándose del control de este tipo de decisiones. El presupuesto para su aplicación es siempre la presencia de dos principios constitucionales en conflicto y una decisión que afecta alguno de estos principios o bienes constitucionales. De este modo, la aplicación del principio de proporcionalidad debe suministrar elementos para determinar si la intervención en uno de los principios o derechos en cuestión es proporcional al grado de satisfacción que se obtiene a favor del principio o valor favorecido con la intervención o restricción. El test está compuesto por tres subprincipios: idoneidad,
necesidad y ponderación o proporcionalidad en sentido estricto.
En cuanto al procedimiento que debe seguirse en la aplicación del test de proporcionalidad, hemos sugerido que la decisión que afecta un derecho fundamental debe ser sometida, en primer término, a un juicio de idoneidad o adecuación, esto es, si la restricción en el derecho resulta pertinente o
adecuada al fin propuesto; en segundo lugar, superado este primer análisis, el siguiente paso consiste en analizar la medida restrictiva desde la perspectiva de la necesidad; esto supone como hemos señalado, verificar “si existen medios alternativos al optado”, en este caso por el Juez, que es quien ha tomado la medida. Se trata del análisis de relación medio-medio, esto es, de una comparación entre medios; el medio elegido por quien está interviniendo en la esfera de un derecho fundamental y el o los hipotéticos medios que hubiera podido adoptar para alcanzar el mismo fin. Finalmente, en un tercer momento y siempre que la medida haya superado con éxito los test o pasos previos, debe proseguirse con el análisis de la ponderación entre principios constitucionales en conflicto. Aquí rige la ley de la ponderación, según la cual “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro”. Juicio de idoneidad o adecuación: La decisión de limitar el derecho de las comunicaciones en el
delito de corrupción de funcionarios en las modalidades de cohecho pasivo específico y cohecho pasivo propio, corresponde al juicio de legitimidad que el juez debe hacer de la modalidad empleada, esto es, a que los agentes del delito habrían empleado las comunicaciones telefónicas para solicitar y/o ofrecer beneficios económicos recíprocamente, a sabiendas que es realizado con el objeto de influir en un resultado favorable en el examen psicológico a practicársele al denunciante Alberto Bradi Ruiz Espinoza, a cambio de un beneficio económico para ambos encartados.
La necesidad: En este acápite traeremos a colación la jurisprudencia nacional que nos dice que “el Derecho Penal es objetivo, real, cierto concreto y su aplicación está en función de realidades materiales, no de ficciones formales o subjetivas apreciaciones que puedan resultar como consecuencia de la interpretación de las normas en un plano meramente abstracto o teórico, en esas condiciones, el Derecho Penal no es útil y ningún derecho es útil, sino en la medida que se adecua y se basa en una realidad material real” [Expediente N° 45-2001, Segunda Sala Penal Especial Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Lima]; para ello debe armonizarse el Derecho Procesal Penal con el cumplimiento de los fines de la Política Criminal del Estado para evitar la impunidad [R.N. N° 3651-2006-Lima, Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema]. Es por eso que, no existe entonces otra necesidad que el logro de los fines de la investigación y del proceso penal mismo, es decir, recabar los elementos de convicción necesarios para determinar la culpabilidad o inocencia de los imputados. No existiendo otra medida alternativa que la solicitada, porque no puede pedirse a alguien que entregue las pruebas del delito que comete cuando este lo hizo en la clandestinidad más absoluta, con la intención y el cuidado de no dejar pruebas de ninguna clase [Exp. N° 10-2001 /Acumulado N° 45-2003-A.V., Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la República]. La ponderación: diversos pronunciamientos judiciales han tenido en cuenta el juicio ponderación que debe hacerse entre derechos fundamentales y medidas procesales tendientes a recabar la prueba del delito. En ese orden de ideas, es imperativo para la investigación: a) Identificar a los titulares de las series de celulares; b) Determinar el tráfico o flujo de llamadas de los celulares precisados.
Finalmente, en cuanto a la proporcionalidad (análisis del equilibrio entre las ventajas de la acción y las desventajas), se debe señalar que el artículo 230 del CPP señala que la medida limitativa de comunicaciones procede cuando existen graves elementos de convicción que prevén la comisión de un delito sancionado con una pena superior a cuatro años; en el caso en examen el delito de corrupción de funcionarios - cohecho pasivo específico y cohecho pasivo propio previstos en los artículos 395 y 393, tipos penales que sancionan al agente con penas, no menor de 8 ni mayor de 15 años, y no menor de 6 ni mayor de 8 años, respectivamente.
AMPARO LEGAL DE LA MEDIDA
El artículo 2.10 de la Constitución Política del Estado, establece que toda persona tiene el derecho al secreto de la inviolabilidad de sus comunicaciones. A su vez, el artículo VI del Título Preliminar del CPP prescribe que las medidas que limitan derechos fundamentales, salvo las excepciones previstas en la Constitución, solo podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las garantías previstas por la ley. Se impondrán mediante resolución motivada, a instancia de la parte procesal legitimada. La orden judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción, en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho fundamental objeto de limitación, así como respetar el principio de proporcionalidad.
El artículo 230 del CPP Penal vigente en este Distrito Judicial, tiene como presupuesto para solicitar la intervención o grabación o registro de comunicaciones telefónicas o de otras formas de comunicación, que el delito investigado sea sancionado con pena superior a los cuatro años de pena privativa de libertad, así como también que la intervención con fines de reporte sea absolutamente necesaria para proseguir las investigaciones; presupuestos que en el presente requerimiento se cumplen, por cuanto el delito materia de investigación es sancionado con pena privativa de libertad
superior a los cuatro años.
V. NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LOS AFECTADOS POR LA MEDIDA
5.1. El imputado DAVID ANTONIO VIZCARRA DOMÍNGUEZ, con domicilio procesal en Ca-
silla N° 4568 del Colegio de Abogados de Lima, Sede Palacio de Justicia (Lima), siendo que en el Acta de Registro Personal y en el Acta de Entrega de Especies, ambas de fecha 12 de octubre del 2012, levantadas al momento de su intervención durante el operativo desplegado con participación de agentes policiales y durante las diligencias llevadas a cabo en las instalaciones de a Dircocor –obrantes a folios 65 y 93, respectivamente de la carpeta fiscal– precisa que entre otras especies en posesión del intervenido se le encontró: un celular marca motorola, cuyo número telefónico proporcionado fue: 948 114 229.
5.2. El imputado LUIS ALEJANDRO CORNEJO URBANO, con domicilio procesal en Casilla
N° 11366 de la Central de Notificaciones de la Cortes Superior de Lima (Lima), siendo que en el Acta de Registro Personal e Incautación del 12 de octubre de 2012, levantada al momento de su intervención durante el operativo desplegado con participación de agentes policiales –obrante a folios 67 a 69 de la carpeta fiscal– precisa que entre otras especies en posesión del intervenido se le encontró: un equipo telefónico celular color plateado y blanco marca Blackberry, cuyo número telefónico proporcionado fue: 999 894 908.
5.3. La denunciante MARIBEL ROXANA QUEZADA SALINAS, con domicilio real en Av. Las Mercedes N° 218, Pueblo Joven Los Ángeles, distrito de El Rímac, siendo que en el Acta de Denuncia Verbal y Declaración, recibida en este Despacho de investigación –obrante a folios 01 a 03 de la carpeta fiscal–, proporciona como teléfono celular de contacto: 997 323 242.
5.4. El denunciante ALBERTO BRADI RUIZ ESPINOZA, con domicilio real en Av. Las Mer-
cedes N° 218, Pueblo Joven Los Ángeles, distrito de El Rímac, siendo que en el Acta de Denuncia Verbal y Declaración, recibida en este Despacho de investigación –obrante a folios 04 a 06 de la carpeta fiscal–, proporciona como teléfono celular de contacto: 991 949 075.
VI. DE LA FORMA DE LA MEDIDA LIMITATIVA DE DERECHOS - CONTROL DE CO-
Detallar el tráfico de llamadas que hayan acaecido el día 11 de octubre de 2012 entre los 04 teléfonos celulares indicados en el literal a). Esto es: informar el detalle de llamadas entrantes y salientes, con indicación de duración e imei, con indicación de fecha, hora y tiempo de duración de las llamadas, así también dirección donde se encontraban físicamente los celulares al momento de producirse las citadas llamadas, con ubicación de celdas activas, sms e imei, los chips que fueron insertados en dichos aparatos telefónicos, la localización al tiempo real de las líneas telefónicas e
c) Debiendo disponer que la información se remita al Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, con domicilio procesal en jirón Lampa 597, con esquina de jirón Miró Quesada 309 Cercado de Lima, a fin de viabilizar la respuesta de las entidades telefónicas, disponiendo que la diligencia sea ejecutada por las mencionadas instituciones en el término de SETENTA Y DOS HORAS con el apercibimiento indicado del artículo 230.4 del CPP.
VII. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN
Los elementos de convicción que sustentan el presente requerimiento obran en la carpeta fiscal, procediendo a detallarlos a continuación:
Acta de denuncia verbal y Declaración de Maribel Roxana Quezada Salinas, del 11 de octubre de 2012.
Acta de denuncia verbal y Declaración de Alberto Bradi Ruiz Espinoza, del 11 de octubre de 2012.
Dos billetes cada uno del valor de S/. 100.00 (cien nuevos soles), con las Series A5343019G y A5343020G.
Declaración del imputado Luis Alejandro Cornejo Urbano, quien reconoce los hechos denunciados por Doña Maribel Roxana Quezada Salinas.
Declaración del imputado David Antonio Vizcarra Domínguez, quien reconoce haber solicitado conjuntamente con el imputado Cornejo Urbano la suma de S/. 200.00 para favorecer en la evaluación psicológica a la pareja de la denunciante Quezada Salinas.
Declaración del denunciante Alberto Bradi Ruiz Espinoza.
Declaración de la denunciante Maribel Roxana Quezada Salinas.
Acta de Intervención Policial N° 01-2012-DIRCOCOR PNP, de fecha 12/10/12, practicada al imputado Luis Alejandro Cornejo Urbano.
Acta de Registro Personal de David Antonio Vizcarra Domínguez, de fecha 12/10/12 en la cual señala como numero de celular 948114229.
Acta de Registro Personal e Incautación del imputado Luis Alejandro Cornejo Urbano, de fecha 12/10/12, quien acepta haber recibido por parte de la denunciante Quezada Salinas la cantidad de S/. 200.00 en dos billetes cada uno de S/. 100.00 de series A5343019G y A5343020G.
Dos billetes cada uno del valor de S/. 100.00 de series A5343019G y A5343020G, debidamente lacrado en un sobre manila y en cadena de custodia.
Acta Fiscal de Contrastación de Billetes, de fecha 12/10/12, mediante la cual se ha llegado a cotejar que los billetes incautados al imputado Luis Alejandro Cornejo Urbano.
Acta de Ejecución de Diligencia de Examen Corporal - Prueba de Contraste de Reactivo UV-203 en polvo amarillo fluorescente invisible, cuyo resultado para el imputado Cornejo Urbano es positivo para reacción fluorescencia en la cara interna de los dedos de las manos derecha e izquierda, observándose reacción fluorescencia color anaranjado; asimismo; en la zona dorsal de las mismas manos en la cual tiene fluorescencia en las zonas distales de los dedos; en tanto que para la persona de Vizcarra Domínguez, el resultado es escasa fluorescencia en las palmas de las manos, fluorescencia tenue en el color anaranjado, y negativo en prendas de vestir del intervenido.
Acta Fiscal, de fecha 12/10/12, sobre los contratos de trabajo de los imputados Luis Alejandro Cornejo Urbano y David Antonio Vizcarra Domínguez, con la cual se logra demostrar que los imputados tienen la calidad de funcionario y servidor público respectivamente.
Acta de Entrega de Especies en la persona de David Antonio Vizcarra Domínguez de fecha 12/10/12 donde se hace precisión del celular Motorola de número telefónico 948114229.
Solicito a usted, señor Juez de Investigación Preparatoria, acceder al presente requerimiento.
Lima, 26 de febrero de 2013
* Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima
RAZONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN PARA FUNDAMENTAR LAS RAZONES PLAUSIBLES PARA IMPUTAR A UNA PERSONA EL HECHO DELICTIVO COMO PRESUPUESTO DE LA DETENCIÓN PRELIMINAR
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 artículo 395
 artículo 393
 artículo 230
 artículo 2
 resolución 
 artículo 230
 artículo 230