Source: http://orobolivia.blogspot.com/2014_06_01_archive.html
Timestamp: 2018-04-24 06:31:30+00:00

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Oro en Bolivia: June 2014
Así lo hizo conocer a La Razón el presidente de esa federación, Edmundo Polo, quien informó que las cooperativas mineras restantes son tradicionales y se dedican a la explotación de estaño, wólfram, plata, plomo y antimonio en los departamentos de Potosí, Oruro y Cochabamba.
"Tenemos 1.700 cooperativas mineras en el país, de las cuales 1.100 son auríferas y de éstas 1.000 están ubicadas en el norte de La Paz en todos sus municipios", aseguró el dirigente, quien además acotó que las otras 100 cooperativas auríferas están distribuidas en Pando, Beni y Santa Cruz.
La inversión que hacen estas asociaciones varía de acuerdo al lugar que exploten, la tecnología que usen y según al yacimiento y su tamaño, pues las operaciones mineras son "en cuadro, en tajo, en socavón, en cauce antiguo y a cielo abierto", detalló.
Las regalías por la explotación minera aurífera en el departamento de La Paz llegaron en 2013 a Bs 113 millones y este año se estima que será de Bs 250 millones, recursos que beneficiarán a la Gobernación y por ende a los municipios, acotó Polo.
ya fueron relegadas
Las zonas tradicionales auríferas del departamento de La Paz como Tipuani, Guanay, Mapiri y Teoponte fueron "relegadas" en la actualidad por otras nuevas que están en Ixiamas, Nor Yungas, Inquisivi y en las faldas del cerro Illimani, informó la Ferreco.
El presidente de esta organización, Edmundo Polo, indicó que "por una bendición de la naturaleza todo el norte del departamento paceño está inundado de oro" pues antes se pensaba que solo Tipuani, ubicada también en los Yungas, era la beneficiada.
"La zona tradicional de Tipuani está siendo relegada por otros sectores, aunque sigue siendo una de las mayores productoras", señaló el dirigente minero, luego de indicar que "hay oro en el río Chaquety, Nor Yungas, Ixiamas y Apolo, que son nuevas áreas donde se descubrió que hay el metal, por lo que empiezan a crecer las cooperativas, esto a pesar de que no se hizo prospección específica".
Ferreco recomienda
ser actor minero
El presidente de Ferreco, Edmundo Polo, recomendó que para evitar enfrentamientos en zonas auríferas, entre comunarios y cooperativistas, los primeros pasen a ser actores mineros y se dediquen a esa actividad con el fin de ser reconocidos por la Constitución Política del Estado (CPE) para no ser considerados ilegales.
"Difícilmente va a aplicarse contra ellos esa ley, lo único que se puede hacer es recomendar que las comunidades que quieren hacer actividad minera en predios particulares se conviertan en actores mineros, soliciten su área y entren a la legitimidad. De lo contrario, lo único que va a prevalecer son intromisiones sin ser actores mineros y habrá enfrentamiento, violencia y muertes, porque los cooperativistas legalmente establecidos con contrato y con personería no van a permitir que otros trabajen en sus áreas y van a defenderse con uñas y dientes", aseguró el dirigente.
En este hecho también se involucró al viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, quien dijo que contratará un asesor legal para iniciar una querella penal contra las personas de la comunidad de El Choro, que lo sindicaron "sin pruebas" como accionista de la Cooperativa Cruz del Sur.
Cooperativa Cruz del Sur trabaja de manera ilegal
Extrabajadores de la cooperativa Cruz del Sur señalaron que esta empresa trabaja de manera ilegal, en concesiones que pertenecían a la cooperativa Kantuta Ltda y Samo, que dejaron el lugar por falta de fichas ambientales. Asimismo, el representante de Kantuta Ltda, durante la gestión 1997, José Luis Ayoroa, manifestó que la región arrastra conflictos desde hace muchos años atrás, por la difícil relación con los comunarios del lugar. De acuerdo a la Gobernación no se descarta militarizar la zona.
“Esta es una mina ilegal, antes el lugar era de la cooperativa Kantuta Ltda que estaba establecida legalmente con una proyección de mucho futuro, pero empezaron las enfermedades en el río y la comunidad en presencia del Cofecay, dirigida por Gabriel Carranza, y la federación de Nor Yungas, decidió intervenir y expulsar a la empresa, por no controlar su ficha ambiental”, manifestó el excooperativista Marcelino Pai.
Según los pobladores de El Choro, en esta ocasión la cooperativa Kantuta Ltda dejó de trabajar en la región y los predios fueron tomados por las familias que ahora conforman la cooperativa Cruz del Sur, quienes explotan la mina desde entonces contaminando el río y sin que nadie les haga las observaciones que se hizo a la anterior empresa.
“Cruz del Sur tiene una concesión, pero sus cuadrillas están más arriba de donde se encuentran trabajando ahora, los cooperativistas se han ido sobre lo que ya estaba abierto por Kantuta, se han apropiado de los terrenos, además de hacer uso de las maquinarias de la anterior empresa”, señaló a EL DIARIO en un contacto telefónico el poblador Primo Patzi.
Por su parte, el representante de Kantuta Ltda, de la gestión 1997, José Luis Ayoroa, mencionó en una entrevista con Radio Fides, que ellos habían explotado la zona tras una caducidad de las minas de Gonzalo Sánchez de Lozada 1970, fecha en la que 27 personas se asociaron para iniciar los trabajos con un financiamiento de Fencomin y la organización Pan para el Mundo, con lo que lograron ingresar maquinaria pesada para interior mina.
“En ese entonces los comunarios denunciaron contaminación del río Peri, instigados por Javier Vargas, mano derecha de Juan del Granado en aquel entonces y encabezados por las familias Mamani, Cocarico y Santander que ahora dicen ser víctimas. Nosotros fuimos despojados de toda nuestra maquinaria y fuimos víctimas de atentados, se hizo un juicio contra la comunidad sin tener éxito”, señaló Ayoroa.
Indicó que en esta zona es muy complicado resolver cualquier conflicto, por la difícil relación que se tiene con los comunarios, que hasta el momento tienen retenida la maquinaria de interior y exterior mina, e incluso ropa de trabajo.
“En cuanto a las coopertaivas del lugar, nosotros éramos los únicos que teníamos los papeles en regla, las demás incluyendo a la cooperativa Cruz del Sur son ilegales y conformadas, por los campesinos del lugar que creen tener autoridad, sobre todos los recursos”, manifestó Ayoroa.
Si bien, al momento se ha logrado estabilizar la zona y detener los enfrentamientos desde la Gobernación del departamento se evalúa la posibilidad de realizar un “rastrillaje” con la participación de efectivos militares en la localidad de Trinidad Pampa, comunidad El Choro, para decomisar el armamento que tendrían en su poder los cooperativistas.
“Los pobladores han pedido el cese de las actividades mineras y un rastrillaje militar de tal forma que se pueda despojar de los armamentos bélicos, para lo que se debe estudiar la situación en coordinación con el Ministerio de Defensa”, aseguró a los periodistas el Gobernador del departamento.
Por su parte, Primo Patzi, poblador de El Choro, informó desde el lugar, que si bien ya no hay disparos aún por las noches se oye la explosión dinamitas en los alrededores de la mina, donde se encontrarían refugiados 21 personas que participaron en los enfrentamientos, resguardado de gente foránea que porta armas de grueso calibre, razón por la que se espera que lleguen refuerzos al lugar.
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Autoridades involucradas en la explotación del oro
En los enfrentamientos suscitados en Arcopongo y Trinidad Pampa, tres autoridades del actual Gobierno se vieron involucradas, tanto en las cooperativas como en la aprobación de personerías jurídicas, de las que sólo el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, acusado de ser accionista de la cooperativa Cruz del Sur, implicada en el caso de Trinidad Pampa, se pronunció sobre el tema, señalando que no tenía vínculo alguno y que no haría mayor referencia al respecto.
Sin embargo, las dos diputadas oficialistas Gladys Vargas y Julia Figueredo de quienes su nombre figuraba entre los accionistas de la cooperativa Palma Flor, no brindaron declaración alguna al respecto, ni tampoco fueron investigadas, como pidió el abogado defensor de una de las víctimas.
“El problema radica en la falta del ministerio público en estas zonas, no sólo de efectivos policiales, sino de una presencia institucional del Estado. En estas zonas hace falta el control de la actividad minera, nadie sabe exactamente cuántas minas están trabajando en este instante de manera legal o ilegal, o cuantas pequeñas agrupaciones de personas están iniciando nuevos campamentos en nuevas regiones, donde se encuentra oro”, señaló el ingeniero en minas, Pedro Oviedo.
Esta actividad, que opera sobretodo en el lecho de los ríos es impredecible, ya que los campamentos mineros aparecen y desaparecen con gran facilidad, no necesitan grandes maquinarias, y sólo los mueve el rumor del hallazgo de oro, que corre entre cooperativistas, quienes buscan establecerse en estas regiones con sus maquinarias y campamentos.
“Entre los que se dedican a esta actividad, se sabe que cerca o en el mismo río, se encuentra el oro en grandes cantidades, lo que llama la atención e incita a acaparar la zona donde se encuentra la beta, para que otros no la encuentren, lo que desemboca en enfrentamientos, como los ya vistos en Arcopongo, Tacacoma y Trinidad Pampa, donde simplemente hay ambición por tener toda la riqueza”, sostuvo Oviedo.
Hasta el momento no se tiene una solución definitiva para resolver los casos, no existe un control o inspección de las regiones en las que existe oro, que son reportadas sólo para obtener las concesiones o por denuncia de los pobladores o autoridades. En este contexto son muy difíciles los acuerdos y tarde o temprano las partes terminan enfrentadas.
Por su parte, las autoridades correspondientes han presentado informes de los daños, pero no han presentado una política que garantice el control, ya que la presencia de unos pocos efectivos no garantiza la seguridad en estas zonas, donde al parecer tanto comunarios, como cooperativistas viven armados como en la época de la fiebre del oro.
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La Paz registra cuatro conflictos por explotación de oro en último mes
Durante el último mes, el departamento paceño reportó cuatro conflictos por disputas en la explotación de oro entre comunarios y cooperativistas mineras, de los cuales tres contaron con la manipulación de armas de fuego y dos de los casos involucraron a autoridades de gobierno. Sin embargo a pesar de las investigaciones encaminadas aún no existe una solución definitiva.
El conflicto ocurrido el pasado sábado en Trinidad Pampa, es el cuarto suceso ocurrido en un mes, en el departamento de La Paz, cuyas consecuencias dejaron cinco muertes y varios heridos, por arma de fuego.
Este hecho se registró el último fin de semana, cuando dos personas fallecieron tras recibir impactos de bala en un enfrentamiento entre comunarios del cantón Trinidad Pampa del municipio de Coripata, Nor Yungas de La Paz, con cooperativistas de Cruz del Sur por la posesión de una mina de oro.
Es preocupante que en este tipo de hechos veamos el uso de armas de fuego, de grueso calibre, lo que demuestra que la ambición por el oro no mide consecuencias y ante la falta de autoridad los pobladores deben resguardarse como puedan”, señaló el cooperativista jubilado, Andrés Marka.
Arcopongo, de la provincia Inquisivi, fue el primer conflicto durante esta gestión, que se suscitó el 19 de mayo en la comunidad de Palma Flor, cuando cooperativistas de Ullakaya Condorini y pobladores de dicha comunidad, se enfrentaron con armas de fuego dejando tres muertos de ambos bandos y varios heridos.
Un caso similar se dio en la misma fecha en Tacacoma, de la provincia Larecaja, donde comunarios de Bancuni y cooperativistas de Machacamarka, se enfrentaron al igual que en Arcopongo, este conflicto tuvo una evolución de más de 10 años, en los que las autoridades municipales hicieron las respectivas denuncias sin llegar a ser escuchadas. Durante el enfrentamiento, si bien no se tuvo pérdidas humanas, se evidenció heridos por arma de fuego y se logró decomisar un máuser.
Dos semanas después en el Valle de Zongo, se registró un tercer problema, sin embargo este fue detenido a tiempo, ya que los roces entre comunarios y cooperativistas entró en cuarto intermedio para que ambas partes justifiquen su posición. “Tenemos un conflicto con los cooperativistas, están entrando sin que nosotros sepamos si tienen un permiso de explotación y con los problemas que ya han ocurrido en otras poblaciones. Los comunarios son sensibles a lo que pueda pasar, por lo que no les dejan entrar a la zona, por lo que hubo enfrentamientos”, manifestó la dirigente de la central agraria del Valle de Zongo, Blanca Mollinedo.
Si bien este caso fue el más leve, se pudo evidenciar la dejadez de las autoridades, ya que la comunidad hiso las respectivas denuncias, pero desde la Secretaría Departamental de Minería nos indicaron que no tenían conocimiento de lo que ocurría en la región, lo que nos da a pensar que podría evolucionar y terminar como los anteriores tres conflictos.
Mineros que también plantan coca se disputan yacimientos auríferos
Tras el conflicto ocurrido el fin de semana en Nor Yungas, que dejó el saldo de dos personas fallecidas, surgen nuevas versiones sobre la situación que se vive en la región respecto a la explotación de oro.
En la comunidad de El Choro y El Choro Grande, de la provincia Nor Yungas de La Paz, cocaleros, que vieron otra fuente de ingresos en la minería, se disputan el territorio en que se encuentra un yacimiento aurífero.
El presidente de la cooperativa Cruz del Sur, Ramiro Balmaceda explicó: "somos comunarios, hemos nacido con este principio. Desde chicos nosotros somos cocaleros; pero, ya en otra actividad (la minera), lo que se hace es cultivar poco o algunos nada. Estamos dedicados al sistema cooperativo", informó ERBOL.
El dirigente de El Choro, Víctor Flores, denunció el domingo que dicha cooperativa tiene a su disposición un grupo armado responsable de matar a dos comunarios durante el fin de semana, pero Balmaceda negó esta versión y afirmó que lo quieren inculpar por los asesinatos.
El gobernador César Cocarico, por su parte, indicó que el conflicto se suscitó entre cooperativas mineras. Relató que hubo una fiesta donde los rivales se enfrentaron, se apedrearon y hubo disparos.
Algunos años atrás -en 2007 o 2009, según Balmaceda- El Choro se dividió en dos comunidades (una del mismo nombre y otra llamada Choro Grande). Flores agregó que esta ruptura fue propiciada por algunos habitantes que pretendían quedarse con el yacimiento. "La mina es la manzana de la discordia", manifestó.
Recordó que los problemas entre los bandos fueron recurrentes, por lo cual se convocó una reunión para conciliar una solución al conflicto. El viernes se llevó adelante el encuentro. Allí se acordó que El Choro Grande ya no exista y que se pediría al Estado que administre la mina para evitar más enfrentamientos. No obstante, Balmaceda criticó esa decisión debido a que significaba -según él- la creación de una tercera localidad de nombre Choro.
Flores aseguró que, luego de la reunión, el supuesto grupo armado de Cruz del Sur atacó a los comunarios en represalia por la conciliación. Los fallecidos perdieron la vida la mañana del sábado.
Entre la noche del sábado y el domingo, de acuerdo al dirigente, una comisión de la Fiscalía ingresó al lugar donde realizó las autopsias y confirmó la muerte de los comunarios. El Gobernador añadió que el mismo equipo del Ministerio Público verificó contusiones en otras seis personas y destacó que la Policía improvisó un operativo y tomó control de la zona.
Sin embargo, según testimonios que ERBOL pudo recoger ayer, la tensión se mantiene en El Choro, donde no llega el transporte porque los choferes tienen miedo a ingresar.
Flores acusó al viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, de ser socio de la cooperativa Cruz del Sur. El funcionario lo negó y pidió al dirigente que compruebe sus afirmaciones.
Además, Balmaceda también desmintió que Cáceres sea socio de la entidad que preside, pero reveló que mantiene una larga amistad con el Viceministro a quien conoció en la actividad sindical de los cocaleros.
Por otro lado, de acuerdo con ANF, el Ministerio Público aprehendió a una persona sospechosa de haber participado en la muerte de dos comunarios de la población de Trinidad Pampa de la comunidad El Choro en los Yungas de La Paz quienes fueron asesinados con armas de fuego la el sábado cuando se habría producido un enfrentamiento con mineros cooperativistas de Cruz del Sur.
El fiscal de distrito de La Paz, José Ponce, sostuvo que la representante del Ministerio Público a cargo de las investigaciones, Roxana Cuba, recolectó elementos probatorios como los casquillos de los proyectiles que habrían sido utilizados para victimar a las dos personas de la zona de los Yungas.
Explotación de oro Afirman que problemas en El Choro son internos
El Gobierno afirmó ayer que los problemas suscitados en la comunidad El Choro, en Nor Yungas, donde se reportaron dos muertes, son internos y no por áreas de trabajo.
El pasado fin de semana pobladores de El Choro denunciaron que un grupo armado de la Cooperativa Cruz del Sur asesinó a Aurelio Mamani y Lucas Cocarico Santander por el control de una mina de oro. Los cuentapropistas negaron las acusaciones.
"Los problemas son internos, hay disputas entre los comunarios de El Choro Grande y El Choro, ahí la competencia es de otras instancias como la Gobernación y el INRA (que delimita las comunidades)”, afirmó ayer el viceministro de Cooperativas Mineras, José Luis Chorolque.
El presidente de la Cooperativa Cruz del Sur, Ramiro Balmaceda, afirmó ayer que cuentan con los permisos para explotar el yacimiento aurífero, donde operan desde hace cinco años, por lo que también pagan regalías al departamento de La Paz, aunque no precisó el monto.
El dirigente de la comunidad El Choro, Víctor Flores, denunció que los miembros de la Cooperativa Cruz del Sur y el grupo armado amedrentaron a los habitantes del lugar con disparos de armas de fuego y detonaciones de cachorros de dinamita, para que no asistan a la asamblea de conciliación que se realizó el pasado viernes en la localidad de Trinidad Pampa.
El gobernador de La Paz, César Cocarico, anunció ayer que se organizará una comisión para investigar los hechos ocurridos en la comunidad.
El secretario general de la comunidad El Choro de los Yungas de La Paz, Víctor Flores, denunció que la Cooperativa aurífera Cruz del Sur conformó un grupo irregular armado entre 15 y 20 personas que son los responsables del asesinato suscitado el pasado sábado de dos comunarios de este sector. También señaló que en el lugar existe una inseguridad y que los pobladores demandan la sanción de los responsables del hecho.
"La Cooperativa Cruz del Sur crea zozobra en toda la población y sus comunidades. A título de extraer oro, con todo ese dinero ha creado un grupo irregular (armado) que en estos ocho años han amedrentado psicológicamente a través de disparos de fuego y cachorros de dinamita a toda una población que en su mayoría es gente joven y niños en edad escolar", expresó.
La muerte se debió a que el grupo de la Cooperativa Cruz del Sur se apostaron el sábado en la parte superior del lugar con "francotiradores", quienes agredieron a una habitante del lugar y un comunario pidió ayuda a las autoridades del lugar, quienes solicitaron el apoyo de efectivos de la Policía, que acudieron inmediatamente. Un policía "fue secuestrado" por la Cooperativa y la población acudió al auxilio para rescatarlo, pero "lamentablemente (el grupo irregular) a quemarropa empezaron a disparar con armas de fuego de grueso calibre", explicó Víctor Flores a "Levántate Bolivia" de Cadena A.
La posesión de mina aurífera causó dos muertes en Yungas
Mientras que el Ministerio de Gobierno envío un contingente policial para evitar nuevos enfrentamientos en la comunidad de El Choro en los Yungas, un dirigente de la zona confirmó que la muerte de dos personas el sábado por arma de fuego, se dio por el control de una mina de oro.
"Tenemos un recurso natural, es aurífero y lamentablemente; hace mucho tiempo a causa de la cooperativa Cruz del Sur (que explota este recurso), la comunidad se dividió. Unos Choro Grande y otros El Choro”, declaró el dirigente de la región, Víctor Flores a Erbol.
Recordó que el conflicto surgió hace muchos años por la posesión del centro minero que se encuentra en el municipio de Coripata.
Sin embargo, Flores dijo que el viernes se llegó a un acuerdo para frenar la división de la comunidad entre El Choro y El Choro Grande; este último al que pertenecerían los cooperativistas.
"En la asamblea se determinó que no haya Choro Grande, y que la mina pase a control del Estado, que nadie pueda ir a explotar y vivamos en paz y armonía”, y aseguró que un grupo afín a la cooperativa no estuvo de acuerdo con la decisión.
Por esta razón, este grupo comenzó a amedrentar a las personas de Trinidad Pampa y el sábado se produjeron las muertes por armas de grueso calibre de Lucas Cocarico Santander y el señor Aurelio Mamani Quina, según confirmó el Gobierno.
El dirigente detalló que uno de ellos recibió las balas de una ametralladora en el corazón; y el otro recibió un proyectil de un fusil mauser en el abdomen.
Además, protestó por el nulo resguardo policial, pese a los reclamos que hicieron ante el comandante departamental de esta institución. "La fiscal llegó a Trinidad Pampa a las 12 de la noche para ver los cadáveres. Ella, una fiscal -mujer- vino sin seguridad ante este conflicto. Ella manifestó su malestar de que ningún policía quiso acompañarla en esta su tarea”, dijo.
Por el contrario, el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez indicó que se envió un contingente de uniformados el sábado por la tarde. "Se ha trasladado ya la Policía para evitar cualquier otra situación que puede haber, pero nos dicen que al momento hay calma en el lugar”, manifestó al periódico digital Oxígeno.
Por su parte el secretario general de la Gobernación de La Paz, Johnny Bautista, sostuvo que de manera extraoficial tiene conocimiento de este nuevo hecho de sangre en los Yungas de La Paz y no descartó que una comisión de la Secretaria de Minería se dirija al lugar para una investigación.
"Una vez tengamos toda esa información como Gobierno departamental vamos a ingresar al sector donde se produjo este hecho”, dijo al medio digital.
A mediados de mayo un conflicto similar en la localidad de Arcopongo, que se encuentra en la provincia Inquisivi de La Paz, derivó en tres muertes.
El Gobierno responsabiliza a tres familias
El Ministerio de Gobierno responsabilizó a tres familias por los enfrentamientos que se produjeron en la comunidad de Trinidad Pampa y que derivaron en la muerte de dos personas.
"Se produce una discusión y producto de ello fallecieron dos personas, el señor Lucas Cocarico Santander y el señor Aurelio Mamani Quina”, declaró el viceministro de Gobierno, Jorge Pérez, al periódico digital Oxígeno y responsabilizó a tres familias, por este hecho. Argumentó que ellas no están de acuerdo con la conciliación arribada el viernes, entre comunarios y cooperativistas por la explotación de un yacimiento de oro.
Según Pérez quienes originaron este conflicto fueron identificadas como las familias Palmasea, Siama y Quispe, que rechazaron el acuerdo. "Se presume que el motivo inicial (de estas muertes) estaría vinculado a la explotación de oro”, añadió.
Según reporte de medios de comunicación, uno de los policías de la región, del que se desconoce el nombre, también fue agredido y luego trasladado a un centro médico de la zona; no obstante, este hecho es desconocido por la autoridad.
También informaron que Lucas Cocarico se dirigía a jugar fútbol a la cancha de su comunidad acompañado de sus hijos, cuando recibió el proyectil que segó su vida.
Ubicación El municipio de Coripata cuenta con cuatro distritos. Uno de ellos es el de Trinidad Pampa donde existen las comunidades de: El Choro, Huaycuni y Chacón.
Conflicto Los comunarios denunciaron que cooperativistas alentaron la división de El Choro y crearon "El Choro Grande” que no contaría con ningún reconocimiento.
Temor El viernes acordaron unir a las dos comunidades y dejar al Gobierno la explotación del centro minero y solucionar un conflicto de hace años. Sin embargo, se produjeron las muertes y denuncian que siguen los disparos.
Cáceres sospecha que "mano negra" lo involucra con explotación de oro
El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, dijo el lunes que sospecha que existe una "mano negra" que lo involucra con la explotación de oro para agraviar la lucha contundente contra el narcotráfico.
"Sospecho que hay mano negra en este hecho que me informé a través de los medios de comunicación (...) para mí son calumnias e intimidaciones por el trabajo que cumplimos al frente de la lucha contra el narcotráfico", enfatizó.
Emplazó a Víctor Flores, dirigente de la localidad del Choro en Nor Yungas, a probar que él es accionista o dueño de la cooperativa aurífera "Cruz del Sur".
Insistió que por su dignidad, haya una aclaración por parte de Flores, quien, dijo, por intereses oscuros lo implicó con los sucesos que se registraron en la comunidad Trinidad Pampa, donde asesinaron con armas de fuego a Aurelio Mamani y Marcos Cocarico.
Cáceres comentó que como acto de amedrentamiento en varias ocasiones fue calumniado y recordó que en el trópico de Cochabamba dijeron que era dueño de surtidores y tres hoteles.
Aunque, reconoció que fruto de su trabajo es propietario de un hotel en esa región.
Agregó que en la localidad de Apolo, donde emboscaron a miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), también le echaron la culpa por esos sucesos, en los que fueron asesinados los militares Óscar Gironda y Willy Yujra, el policía Reynaldo Quispe y el médico Michael Olivarez, todos por impacto de proyectil de arma de fuego.
"En la lucha contra el narcotráfico seguramente estoy afectando algunos intereses. Es más hace uno o dos años esa comunidad realizó una marcha pidiendo mi renuncia, pero interesado en que se aclare me pongo a disposición del Ministerio Público", afirmó.
Los mineros cooperativistas auríferos del norte de La Paz demandan al Gobierno la industrialización de su sector, así como la mecanización para el aumento de la producción de este mineral con valor agregado, afirmó el presidente del Consejo de Administración de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), Máximo Panti.
Este lunes los mineros protagonizaron una marcha por diferentes calles de la ciudad de La Paz, en conmemoración de los 24 años de Fecoman. La concentración inició en la plaza Villarroel de la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz.
“Algunas peticiones que tenemos (al Gobierno) son la industrialización de nuestros minerales, otro la mecanización más que todo de las cooperativas y otros temas que son importantes para el sector cooperativista minero”, manifestó Panti.
Asimismo, aseguró que sostienen constantes reuniones con autoridades del Ejecutivo, para que su demanda sea atendida y esperan que estos encuentros prosigan hasta su conclusión.
El vicepresidente Álvaro García entregó en mayo a los cooperativistas mineros 100 volquetas con una inversión de ocho millones de dólares, en aquella oportunidad se planteó que los vehículos estén destinados en un 20% de sus utilidades, para tecnificar la actividad minera y afrontar posibles bajas en la cotización de los minerales.
Entre los beneficiarios de las volquetas están Huari Huari, 7 de Mayo, 9 de abril, Multiactiva Calamarca, Unificada Potosí, Reserva Fiscal Limitada, Encarnación, 10 de Noviembre, San Andrés, 10 de Noviembre, 23 de Marzo, Pailaviri Unificado, San Felipe de Colavi, Las Lomas de Illampu, Choquetanga, Gran Poder del Asiento, 24 de Septiembre, Viloco y María Barzola.
AURÍFEROS DICEN QUE ESTÁN CERCA DE QUEBRAR
Los cooperativistas mineros de La Paz dedicados a la extracción de oro celebraron ayer vigésimo cuarto aniversario, aunque declararon que tienen poco ánimo para festejar debido a que el precio cayó estrepitosamente y estan a punto de declararse en quiebra.
En el plano internacional se manejan varias hipótesis respecto a la coyuntura del metal precioso, desde la deflación europea hasta considerar que los bancos se abocan a vender oro para contar con efectivo debido a que la economía está muy débil.
Ayer, el Banco Central de Bolivia (BCB) informó que la onza troy del oro se cotiza 1.277 dólares, muy lejos de los 1.800 dólares que se habían alcanzado hace algunos años.
LOS COOPERATIVISTAS PIDEN AYUDA. En una marcha que concluyó ayer en la plaza Villarroel, los afiliados a la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) recordaron los 24 años de fundación de la entidad en medio de críticas porque indicaron que las comunidades indígenas y campesinas pretenden apropiarse de las zonas de explotación aurífera.
Julián Chino Bautista, secretario general de la organización, informó que actualmente agrupan a unas 19 centrales, en 18 provincias en el departamento de La Paz, con más de 400 cooperativas afiliadas y cada una de ellas tienen de 30 a 100 socios.
Dijo que uno de los mayores problemas que enfrentan es la ocupación de zonas de explotación por parte de comunidades que aseguran ser las dueñas de las concesiones, pero el tema que más les preocupa al momento es la caída del precio del oro de un nivel considerado récord de 350 bolivianos el gramo en 2012 a 250 bolivianos que se cotiza en la actualidad. "Esto nos afecta porque algunas cooperativas han mecanizado sus operaciones y con este precio apenas cubren el costo de sus operaciones".
Si bien hay algunas cooperativas que todavía trabajan con "pala y picota", el dirigente señaló que ya se ha solicitado el apoyo del Gobierno porque, de acuerdo con la actual Ley de Minería y Metalurgia, no pueden asociarse con empresarios privados, hecho que motivó una movilización del sector en todo el país durante el pasado mes de abril.
"Ojalá se mantenga en este precio, porque si cae a 150 bolivianos, muchos cooperitivistas tendrán que buscar otras fuentes de trabajo y habrá desempleo".
Con mecanización aurífera se producirá más oro
La Federación de Cooperativistas Auríferas del norte de La Paz (Fecoman), pidió al gobierno la industrialización y la mecanización del sector. Máximo Panti, presidente del Consejo de Administración de Fecoman, dijo que si el gobierno atiende estas demandas la producción de oro aumentará. “Tenemos varias necesidades, una de ellas es la industrialización de nuestros minerales y la mecanización de las cooperativas auríferas mineras, esperamos que después de la aprobación de la Ley minera haya resultados”, dijo. / Radio Fides
Regalías mineras de oro suben, pero cae el volumen exportado
Datos oficiales comparativos entre 2012 y 2013 muestran que el valor de las regalías mineras obtenidas por la exportación de oro se incrementaron; sin embargo el volumen del metal dorado bajó de 22 a 12 toneladas.
Este hecho fue observado por el diputado Jaime Navarro, quien teme que esa cantidad fue desviada por vía contrabando.
De acuerdo al informe del Ministerio de Minería, en 2012 Bolivia exportó un volumen de 22.684 toneladas de oro fino, amalgamas y desechos, por un valor de 1.215 millones de dólares.
Según el legislador fue grande la cantidad negociada, pero el pago que recibieron las regiones por regalías solamente llegó a 7,8 millones de dólares.
No obstante, el año pasado, el volumen enviado al exterior cayó a 12 toneladas por los cuales recibió 577 millones de dólares.
Pese a la menor cantidad enviada a los mercados exteriores, los departamentos y municipios recibieron 13,9 millones de dólares.
"Sólo en desperdicios exportados llegaba a 20 toneladas, Bolivia no producía esta cantidad en gestiones anteriores, históricamente produjo entre 4 a 6 toneladas de desperdicios. Ésa es una de mis observaciones”, afirmó Navarro.
En agosto de 2013, este matutino informó que el país exportó oro por 1.215 millones de dólares y el 90,4% -1.099 millones de dólares- de esa producción se vendió bajo la figura de "desechos y desperdicios de amalgama”, lo que permitió pagar menos regalías a favor de las regiones.
El Senarecom calculó, entonces, una presunta evasión impositiva que va entre 21,4 y 71 millones de dólares (entre 150 y 500 millones de bolivianos, aproximadamente).
Debido a ello, la entidad estatal, con el fin de regular las exportaciones de desperdicios y amalgamas, éstas fueron incorporadas entre las partidas que deben ser controladas y registradas por el Senarecom, mediante la Resolución Ministerial 123 de Minería, que obliga a declarar a los operadores la producción que sale al exterior. Navarro ponderó el nivel de control realizado por Senarecom
“Mi temor es que haya contrabando de oro”
En 2013, las regalías crecieron de 7,8 a 14 millones de dólares, esto es bueno porque las regiones productoras obtienen mayores recursos por regalías, en relación a 2012.
Quiere decir que el Senarecom mejoró sus sistema de control y se cobra un poco más por la producción de oro. Si en 2012, el Estado habría cobrado este monto los departamentos y los municipios podían haber recibido 25 millones de dólares y no sólo 7,8 millones. Pero ahora mi preocupación es saber a dónde se va el oro que antes llegaba a 20 toneladas, el anterior mes hemos pedido un informe al Ministerio de Minería, pero no obtuvimos respuesta. ¿Dónde están las 10 toneladas faltantes?, ahí viene mi temor que esas 10 toneladas salgan de contrabando y que ahora sí se genere una gran cantidad de pérdida, no creo que en el país haya habido una crisis en la producción de oro
DENUNCIAN QUE SE REANUDÓ EXPLOTACIÓN ILEGAL EN ARCOPONGO
Representantes de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman) y de la cooperativa minera Ullakaya Condorini denunciaron que se ha reanudado la explotación de oro en el rio Chaqueti, ubicado en Arcopongo, pese a existir una determinación de inamovilidad temporal en el sector.
El pasado 23 de mayo la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) emitió una resolución que prohíbe realizar trabajos en la región como consecuencia del enfrentamiento entre socios de las cooperativas Ullakaya y Palma Flor que causó tres muertes.
"La resolución de Comibol es un saludo a la bandera. Lo único que logró con esa decisión es que se explote el oro ilegalmente. Hay supuestos comunarios que están realizando la extracción del mineral", señaló el presidente de Ullakaya, Telmo Cahuana.
"Hay campesinos del sector que estan trabajando el yacimiento en el río Chaqueti".
También explicó que la suspensión temporal en el área solamente beneficia a un grupo de personas que se aprovecha de sacar oro sin la licencia respectiva.
En su oportunidad, el ministro de Minería, César Navarro, aseguró que la inmovilización define de manera estructural la cancelación de todos los trámites de explotación de las cooperativas que tienen Personería Jurídica y de otras que no la tienen. Además, en el río hay solicitudes individuales y de privados.
Los puestos policiales. Para garantizar la seguridad en el sector del conflicto, el Gobierno anunció la instalación de dos puestos policiales, anticipo que hasta el momento no se ha hecho realidad.
Cahuana dijo que "este anuncio es otro saludo a la bandera. No se han instalado los dos puestos policiales para garantizar que no se explote oro en el sector".
El río Chaqueti separa las provincias Sud Yungas e Inquisivi.
Sucre Se abre polémica en torno al oro en el Departamento
Continúa explotación clandestina de oro en Arcopongo
Ante los conflictos registrados en mayo por la disputa del yacimiento aurífero, el Gobierno paralizó todas las actividades mineras en la región.
“Tenemos información de que existen operadores clandestinos en el sector, es imposible cuantificar cuánta gente está trabajando”, declaró Quispe.
Explicó que una comisión mixta conformada entre la Gobernación de La Paz, el Ministerio de Minería y la Comibol verificarán ese tipo de irregularidades que se estarían presentando en la zona.
Producto de los enfrentamientos entre cooperativistas y comunarios de Arcopongo, tres personas perdieron la vida por impactos de bala, las autoridades de justicia investigan los hechos.
Una comisión técnica conformada por la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), el Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin) y ejecutivos de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), definirán el futuro del yacimiento de Arcopongo, manifestó Quispe.
Asimismo aclaró que el plan de análisis técnico definirá si se favorece a los operadores legalmente establecidos para que reanuden sus actividades.
Desde la pugna surgida en Arcopongo entre mineros cooperativistas y comunarios de la región con un saldo de muertos, heridos y detenidos, no le quedó otra alternativa a la autoridad sectorial que determinar la paralización de todas las actividades en la zona del río Chaquety, pero además exigir una investigación profunda para identificar a los autores de los hechos de violencia.
Las autoridades han determinado crear puestos policiales en la zona para ejercer control y hacer cumplir la exigencia de paralización de labores, que en realidad es la causa de los enfrentamientos, pues campesinos y mineros están en pugna abierta por explotar el oro de la zona.
La autoridad ministerial en los días inmediatos al conflicto fue concreta al señalar que la suspensión de operaciones "es una decisión que asumimos como gobierno nacional y gobierno departamental, y ésta inmovilización está definiendo de manera estructural la cancelación de todos los trámites de explotación de las cooperativas que tienen personería jurídica y otras que no tienen personería jurídica". El ministro precisó que la determinación es temporal hasta que se resuelva el conflicto por la explotación aurífera en la región.
LA GANANCIA DEL ORO
En la medida que transcurrieron los días, los mismos cooperativistas se encargaron de revelar algunos datos especiales e incluso revelar la perspectiva de sus utilidades en la operación aurífera en la zona del río Chaquety.
Por ejemplo se conoció el proyecto de la Cooperativa Ullakaya Condorini Ltda. en busca de la concesión en el río Chaquety, operación que calculaba obtener utilidades mensuales de hasta 3,7 millones de dólares. Con algunas diferencias especiales, los cooperativistas estiman lograr 44,5 millones de dólares en un año.
La información conocida por el matutino nacional La Razón, corresponde al perfil de proyecto que fue presentado en diciembre del 2012 a la Unidad de Contratos Mineros de la Autoridad General Jurisdiccional Administrativa Minera, según se verificó por los sellos de recepción de esos organismos.
El perfil que es parte del trámite de personería jurídica señala que "tras un muestreo realizado en el yacimiento contaría con 48.600 toneladas de reservas auríferas con 0,76 gramos la tonelada de ley".
En realidad por la prospección realizada se estima la potencialidad del proyecto que necesita una millonaria inversión para el uso de maquinaria pesada tomando en cuenta que la explotación se realizará a cielo abierto y considera el movimiento de toneladas de material del que se extraerá el oro.
CRECE LA CODICIA
Conocido el perfil de Ullakaya y las posibilidades de lograr millonarias ganancias, despertaron la codicia de mucha gente en la zona y el funcionamiento de otras cooperativas como la denominada Palma Flor, que comenzó a la explotación de oro en la misma zona y como lógica consecuencia el surgimiento de conflictos entre grupos ávidos de aprovechar la riqueza que proporcionaría el metal dorado.
De acuerdo al proyecto de la Cooperativa Ullakaya, por el cálculo de utilidades el proyecto es factible y se recomendaba su ejecución, bajo los parámetros y costos establecidos en el estudio.
Sin embargo de otros detalles que fueron conocidos, las autoridades del sector minero rechazaron el proyecto, exigiendo mayor precisión en los datos técnicos y por lo tanto no se realizó ninguna explotación de oro.
En realidad lo que sucedió es que los comunarios de Arcopongo y de otras cooperativas de la zona al enterarse del proyecto y las posibilidades de ganancias millonarias, se interesaron en la zona y procedieron a explotar oro pero de forma rudimentaria, y lo peor del caso ocupando indiscriminadamente áreas supuestamente ya ocupadas, lo que generó el enfrentamiento entre mineros y comunarios. Por lo menos esa es la apreciación más cercana a los hechos que se produjeron en la zona de Arcopongo.
100 VOLQUETAS
El asunto de las cooperativas mineras cobra importancia particularizada, cuando el Gobierno al terminar mayo, en un acto público de relieve hace entrega de cien volquetas a varias cooperativas mineras, en calidad de regalo, para que los cuentapropistas mejoren su trabajo productivo.
El Vicepresidente y el Ministro de Minería fueron los encargados de entregar las volquetas, que fueron adquiridas con un gasto de 8 millones de dólares, que corresponden, según se dijo, al programa "Bolivia Cambia, Evo Cumple" que cuenta con apoyo de la comunidad internacional.
Álvaro García remarcó en el acto "estamos entregando estas poderosas volquetas, gigantescas, son cien y cuestan alrededor de 8 millones de dólares para los hermanos cooperativistas, para que mejoren su trabajo y producción".
Las beneficiadas son la mayoría de cooperativas agrupadas en la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), cuyos dirigentes estuvieron en el acto. Al término del acto, el Vicepresidente planteó a los cooperativistas "destinar parte de sus utilidades a la tecnificación de la producción con la finalidad de afrontar eventuales bajas en la cotización de minerales y hacer sostenible la actividad minera de las cooperativas".
El regalo de cien volquetas fue recibido con alborozo por los cooperativistas mineros, los que expresaron su beneplácito y sobre todo su "compromiso" de trabajar junto al Gobierno en el proceso de cambio que propugna el líder Evo Morales.
Para los observadores políticos se trata de otra acción proselitista con un sector clave en la actividad minera, considerando que con estos incentivos se abren las puertas para el funcionamiento de más cooperativas, sobre las más de 1.600 que ya operan en el país.
Para expertos y analistas de la temática minera, se trata de un inesperado apoyo a las cooperativas mineras con una importante inversión, precisamente en el año electoral, pero dejando con seguridad un sabor amargo en los otros sectores de la minería, especialmente el estatal y de manera particular en la minería chica que sobrevive gracias a la voluntad de sus asociados, que plantean un determinado apoyo financiero, que no les llega.
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Comisión ingresará para evaluar conflicto por oro en Tacacoma
Debido a los enfrentamientos entre dos cooperativas mineras, por un yacimiento de oro, suscitado el pasado 19 de mayo, en el municipio de Tacacoma, provincia Larecaja, una comisión conformada por autoridades de la Secretaria Departamental de Minería y Organizaciones Sociales, ingresarán al sector en conflicto para evitar que los problemas lleguen a las dimensiones del problema en Arcopongo.
El alcalde de Tacacoma, Carlos Aguilar, manifestó que este problema que se arrastra hace 10 años atrás, ha sido descuidado por las autoridades a pesar de las constantes denuncias.
“Es un problema entre la Cooperativa Machacamarka y la comunidad Bancuni, que menciona que ha sido avasallada por los cooperativistas y que han reaccionado porque no habría un permiso social para que Machacamarka trabaje en ciertos lugares, destruyendo su sector cultivable”, explicó Aguilar.
Asimismo, la autoridad mencionó que él en persona tuvo que ir al lugar para verificar lo que estaba sucediendo, donde evidenció que en lugar se produjo un enfrentamiento con armas de fuego y daños materiales, encontrando campamentos que no están en el lugar establecido en su concesión y que fueron instalados provisoriamente.
“Hay un campamento de Machacamarka que no está en el lugar que le corresponde. En el enfrentamiento se ha baleado movilidades y se ha causado grandes destrozos a las casas precarias de los comunarios de Bancuni”, señaló Aguilar.
CONFLICTOS POR ORO
En el norte paceño es común que en los lechos de los ríos se instalen cooperativas que explotan el oro de manera ilegal, sin que nadie haga un control del hecho y verifique en qué condiciones lo hacen o que conflicto pueden generar.
El caso de Tacacoma es el segundo conflicto por el oro que salta a la luz en el departamento paceño, siendo muy similar al de Arcopongo que ha cobrado la vida de tres personas y que lleva una evolución de casi diez años sin que la autoridades tomen cartas en el asunto.
“Este problema se arrastra de hace diez años atrás, lapso en el que ya han peleado varias veces internamente sin que la sociedad se entere, pero estos pleitos han crecido llegando al punto en que se han usado armas de fuego y cachorros de dinamita para dañarse, sin que las autoridades pertinentes como Comibol o las autoridades en minería del Gobierno central o departamental no hagan nada”, denunció la autoridad.
En este sentido, el Alcalde dio a conocer que habría visto los documentos de tres reuniones de conciliación para ambos sectores en conflicto, que fueron suspendidas por la Dirección Departamental de Minería de La Paz, sin que hayan explicado las razones.
Sin embargo, también reconoció que no es autoridad directa de esta dirección sino de la Comibol, que hasta el momento no ha hecho ninguna inspección en el lugar.
“Pongo responsabilidad en las autoridades, porque ya se han agendado varias reuniones entre la comunidad y la cooperativa con la Dirección de Minería de la Gobernación y que fueron canceladas”, manifestó el burgomaestre de Tacacoma.
Asimismo, señaló que el peso mayor se encuentra en Comibol quienes son los que deben poder solución al problema de delimitación de áreas explotables de oro y que no están atendiendo los procesos como debe hacerse para evitar este tipo de problemas.
Ante esta situación el municipio ha pedido a la Gobernación que ingrese a la región una comisión que haga una inspección y revise el área de explotación que les compete a ambos bandos en conflicto, ya que al parecer habría una sobre posición ilegal de territorios dados en concesión para la extracción de oro.
En este sentido, el director de minería, Nestor Villalobos, manifestó que el lunes una comisión interinstitucional conformada por la gobernación, el Comando Departamental de la Policía, Comibol, Ministerio Público, Sergeotecmin, Fencomin y Fencoman, ingresarán al lugar en conflicto para buscar una solución que evite que se llegue a situaciones como las ocurridas en Arcopongo.
Unas 30 empresas quieren explotar veta de oro paceña
Al menos 30 empresas habrían hecho conocer su intención de explotar el yacimiento de oro de Arcopongo, informó ayer el dirigente campesino Constantino Quispe de la comunidad de Palma Flor. Después de la pelea por la veta, los pobladores determinaron rechazar la presencia de explotadores.
Quispe también informó que, en el cabildo realizado el fin de semana pasado, los comunarios de Palma Flor determinaron exigir la reversión de la personería jurídica y la expulsión de los cooperativistas de Ullakaya Condorini, a quienes acusan de haber avasallado sus tierras para apoderarse del yacimiento de oro.
Hace aproximadamente tres semanas, pobladores y cooperativistas de Palma Flor y Ullakaya Condorini se enfrentaron dejando un saldo de tres muertos por arma de fuego, varios heridos e inclusive rehenes. Ambas cooperativas se acusan mutuamente de avasallamiento.
“Hay otros peticionarios (interesados en explotar el oro), entre ellos empresas personales, o sea que hay como 30 peticiones como cooperativas que no conocemos. De esos, seis cooperativas son del lugar, (entonces) para evitar conflictos han dicho que se analice esta otra alternativa que es la nacionalización”, señaló.
Según Quispe, es la mejor manera de pacificar el lugar porque si el Estado se hace cargo de la mina ocurriría lo que sucedió en la mina Colquiri, donde también hubo enfrentamientos pero, después, “todos los pobladores conformarían una empresa estatal”.
Dijo que ayer una comisión viajó a La Paz a reunirse con el ministro de Minería, César Navarro, para hacerle conocer la resolución del ampliado. Aseguró que, en el caso de que no sean escuchados por el Gobierno los pobladores retomarán las medidas de presión.
“Están pidiendo directamente la expulsión inmediata y que llegue a fojas cero su personería jurídica de la Cooperativa Ullakaya”, dijo.
Por otra parte, dos de los 13 detenidos por el enfrentamiento fueron liberados luego de que la Fiscalía no encontrara indicios de culpabilidad en su contra, pero para los otros 11 se determinó detención preventiva.
El abogados de cuatro de los detenidos, Eduardo León, dijo a este medio que apelará la decisión del juez porque existen varios indicios de irregularidades cometidas.
“Lo que se ha decidido primero es apelar la decisión del juez; segundo, denunciar esto ante la comisión de Derechos Humanos; y, tercero, denunciar el accionar del juez que está totalmente lejos de la esfera legal, ingresa a un plano estrictamente político”, afirmó.
Por su parte, Quispe dijo que los pobladores exigen la sanción a los responsables de las muertes de las tres personas. “Que caiga quien tenga que caer”, pidió.
“Prófugos” del caso Arcopongo reaparecen ante la Fiscalía
Milan Almilcar Poma, Román Chávez Nina y Mauro Alanoca Nina, quienes se dieron a la fuga el pasado 26 de mayo tras ser capturados por el caso Arcopongo, reaparecieron el viernes para declarar ante el Ministerio Público.
“Estas personas se presentaron a declarar voluntariamente y se recepcionó su declaración informativa mediante memorial, como se presentaron voluntariamente, entonces igual se fueron, pero continúa el proceso”, dijo el fiscal Jhonny Garnica.
Garnica también informó que hasta el momento suman 22 las personas denunciadas por este caso y señaló que si no se presentan a declarar, serán aprehendidas.
“Si los citados vienen voluntariamente, igual después de declarar se irán, luego en función de los elementos ya se verá si son imputados o no”, sostuvo.
La Fiscalía abrió este proceso a denuncia de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) por presunta destrucción y deterioro de los bienes del Estado (explotación ilegal de oro).
Según datos de Radio Patrullas, el pasado lunes, una turba de comunarios ayudó a los tres denunciados a escapar cuando estos llegaban a la Fiscalía para declarar.
En Arcopongo se inmovilizaron 26.000 hectáreas
En la comunidad de Arcopongo, en La Paz, fueron inmovilizadas temporalmente 1.041 cuadrículas, lo que representa 26.025 hectáreas, donde más de 40 operadores mineros realizaron su solicitud de arrendamiento minero para explotar en el río Chaquety, según detalla el informe del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin).
Entre los operadores mineros que hicieron su pedido están la empresa minera Aurífera Thaya Jawira, con una extensión de 115 cuadrículas; le siguen la empresa minera Cumbre Dorada SRL con 104 cuadrículas, y la minera Toro Dorado SRL con 65 cuadrículas, detalla el informe.
Además están la cooperativa minera Elena Pampa Río Chaquety con 60 cuadrículas; la cooperativa Playa Dorada de San Juanito, con 53 cuadrículas, y la cooperativa aurífera Ullakaya Condorini, con 50 cuadrículas, además de otras, con lo que en total suman 1.041 cuadrículas.
El viernes 25 de mayo, la Comibol aprobó la resolución administrativa que inmoviliza de forma temporal las operaciones mineras en el río Chaquety, que comprenden desde el inicio de la provincia Inquisivi, en La Paz, hasta la localidad de La Asunta, en Sud Yungas, luego de los hechos de violencia registrados por la explotación de oro.
Además, la estatal también decidió rechazar todas las solicitudes para operar en el área, donde al menos 28 cooperativas mineras hicieron su pedido, 13 empresas privadas y tres unipersonales.
Según informes del Viceministerio de Cooperativas Mineras, actualmente el área permanece custodiada por contingentes policiales, con el fin de evitar que nuevamente se inicien operaciones en el lugar y que se registren más hechos de violencia.
La semana pasada, el ministro de Minería, César Navarro, afirmó que la explotación que hicieron en el lugar algunas cooperativas mineras es ilegal, porque ninguna de las solicitudes completó el trámite ante las instituciones correspondientes. La zona es rica en oro.
La reguladora de cooperativas definirá su futuro Personerías de mineras Palma Flor y Ullakaya son observadas
Las personerías jurídicas de las cooperativas mineras de Ullakaya Condorini Ltda. y Palma Flor Ltda., para explotar oro en Arcopongo, fueron observadas en enero de este año por el Ministerio de Trabajo porque los solicitantes no cumplieron requisitos ni respetaron el procedimiento.
"En el caso de la cooperativa Ullakaya, los representantes solicitaron áreas de trabajo en la provincia Bautista Saavedra; en una de las cláusulas se señalaba que ellos debían iniciar trabajos de explotación en 90 días, pero como no sucedió aquello se resolvió pedir la anulación de la personería jurídica”, informó el titular de la Dirección General de Cooperativas, dependiente del Ministerio de Trabajo, Wálter Claros.
Además, el trámite quedó paralizado debido a que había que esperar a que la Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (AFCOOP) entre en funcionamiento e inicie labores.
En el Ministerio de Trabajo informaron que en el caso de Palma Flor, esa cartera de Estado observó la resolución administrativa de la personería jurídica por irregularidades en el procedimiento, debido a que el reglamento de la Ley 368 de Suscripción de Contratos Mineros no había sido aún aprobado, por lo que los trámites debían estar paralizados.
Claros dijo que la revocatoria debe ser resuelta por la AFCOOP, que comenzará tareas en los próximos días, en adecuación del reglamento de la nueva Ley General de Cooperativas, promulgada el 13 de mayo de este año.
Mishael Cruz, abogado de la cooperativa Ullakaya Condirini, afirmó ayer que a la fecha no recibieron ninguna notificación para la revocatoria.
"Hay un informe que sugiere la revocatoria de la personería jurídica, pero es algo que fue emitido por el viceministro Tiburcio Aguilar. A la hora de solicitar la personería jurídica nos pidieron uno y otro trámites en diferentes instancias. Ya este año nos comunicaron que había que esperar la aprobación del decreto reglamentario de la Ley General de Cooperativas y todo quedó en statu quo”, dijo. Analizarán el tema cuando opere la AFCOOP.
La pasada semana, abogados de la cooperativa Ullakaya denunciaron que Palma Flor Ltda. obtuvo su personería jurídica en dos días para operar en el yacimiento aurífero de la comunidad Arcopongo en La Paz, con la supuesta influencia del viceministro de Empleo, Servicio Civil y Cooperativas, Tiburcio Aguilar, y de la diputada suplente del MAS Gladys Vargas.
El artículo 13 del reglamento de la Ley General de Cooperativas Mineras señala que "la AFCOOP procederá a la revocatoria de una personalidad jurídica otorgada a una cooperativa, mediante resolución administrativa, previo proceso de disolución, fusión, absorción de una cooperativa o de demostrada la contravención dentro del debido proceso”.
No obstante, esta tarea aún no es ejecutada porque las oficinas donde funcionaba la Dirección General de Cooperativas permanecen cerradas.
Explotación El 18 de mayo, los socios de la cooperativa minera de Ullakaya Condorini y los de Palma Flor, que también viven en la comunidad del mismo nombre, se enfrentaron por la tenencia del área de trabajo en el río Chaquety, en Arcopongo, donde hay oro. El hecho dejó tres personas fallecidas, dos de Palma Flor y una de Ullakaya.
Denuncia El representante de Ullakaya, Thelmo Cahuana, dijo que desde 2012 tramitan la licencia de operación para explotar oro; sin embargo, por supuesta influencia de autoridades del Gobierno, una diputada del MAS y de un asambleísta, se favoreció a Palma Flor, la segunda en tramitar permiso para explotar en el río Chaquety, al obtener su personería en 48 horas.
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