Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/18262
Timestamp: 2020-01-17 22:09:15+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: AUTO 27/2000
AUTO 27/2000, de 20 de enero
ECLI:ES:TC:2000:27A
Pleno. Auto 27/2000, de 20 de enero de 2000. Recurso de inconstitucionalidad 3.740/1999. Levanta la suspensión en el recurso de inconstitucionalidad 3.740/1999
1. Mediante escrito presentado en el Registro general de este Tribunal el día 30 de julio de 1999, el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, interpuso recurso de inconstitucionalidad contra los arts, 4.3; 8; 15.1, letras e) y f), y 15.2, letra h), en relación con el 17; 16.5, último párrafo, y 18, en cuanto al inciso "las graves a los dos años", de la Ley de Castilla-La Mancha 6/1999, de 15 de abril, de Protección de la Calidad del Suministro Eléctrico.
2. La Sección Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 15 de septiembre de 1999, acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad; dar traslado de la demanda y de los documentos presentados, de conformidad con lo establecido en el art. 34 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, así como a la Junta de Comunidades y a las Cortes de Castilla-La Mancha, por conducto de sus Presidentes, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimaren convenientes; tener por invocado el art. 161.2 de la Constitución, lo que, a su tenor, produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, lo que se comunicó a los Presidentes de la Junta de Comunidades y de las Cortes de Castilla-La Mancha; así como, finalmente, publicar la incoación del conflicto y la suspensión acordada en el "Boletín Oficial del Estado" y en el "Diario Oficial de Castilla-La Mancha".
3. El Letrado de las Cortes de Castilla-La Mancha, en la representación que ostenta, mediante escrito registrado el 7 de octubre de 1999, se persona en el procedimiento y formula alegaciones solicitando que se declare la constitucionalidad de los preceptos impugnados. En otrosí de dicho escrito suplica del Tribunal el levantamiento de la suspensión de la vigencia y aplicación de dichos preceptos.
4. Por su parte, el Letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la representación que legalmente ostenta y dentro de los plazos conferidos, también se persona en el proceso y formula alegaciones mediante escrito presentado el 18 de octubre de 1999, interesando del Tribunal que se dicte Sentencia que desestime la demanda y declare la constitucionalidad de los preceptos impugnados. En otrosí del escrito solicita el levantamiento de la suspensión.
5. La Sección Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 19 de noviembre de 1999, próximo a finalizar el plazo de cinco meses que señala el art. 161.2 de la Constitución desde que se produjo la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, acordó oír a las partes personadas para que, en el plazo de cinco días, expusieran lo que consideraran conveniente sobre el levantamiento o mantenimiento de la suspensión.
6. El Abogado del Estado, en su escrito de 26 de noviembre de 1999, formula las siguientes alegaciones, en solicitud del mantenimiento de la suspensión.
Expone, finalmente, el representante del Gobierno los perjuicios que se derivarían del levantamiento de la suspensión, según se deduce de un Informe que adjunta del Ministerio de Industria y Energía, según el cual: 1° Se han de producir inversiones extraordinarias no previstas, ni retribuidas; 2° Ello conlleva la insuficiencia del modelo retributivo actual, al no contemplar la LSE las inversiones que resultarían obligadas de conformidad con la Ley de Castilla-La Mancha; 3° Supone también la imposibilidad de restaurar las condiciones previas a la Ley, pues la declaración final de inconstitucionalidad produciría una situación difícil de reparar, ya que las empresas habrían incurrido en un nivel de inversión innecesario y difícilmente recuperable o compensable; 4° Se produce, por tanto, un perjuicio irreparable a los consumidores nacionales, dado el carácter de coste reconocible de los gastos en que habrían de incurrir los distribuidores de Castilla-La Mancha para hacer frente a las obligaciones que establece la Ley autonómica.
Por lo que se refiere a las disposiciones relativas al régimen sancionador, dice el Abogado del Estado que resultan evidentes los perjuicios que se derivan de su aplicación para los terceros, en este caso, los potenciales infractores de la Ley autonómica. Tanto el Estado como la Comunidad Autónoma han reivindicado, a través de sus respectivas normas, la titularidad de la potestad sancionadora en esta materia que, hasta ahora, sólo ejercía el Estado en el ámbito material de los preceptos impugnados, es decir, de las conductas tipificadas en el art. 15.1, e) y f), y 15.2 h) -en relación con el art. 17-, que son reproducción de las conductas tipificadas en los arts. 60.7 y 8, y 61.6 LSE. Siendo así, el levantamiento de la suspensión de las disposiciones impugnadas podría traer como resultado la vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el art. 25 de la Constitución, puesto que abre la posibilidad de que las dos Administraciones sancionen las mismas conductas, cuando, hasta ahora, sólo el Estado podía hacerlo (STC 177/1999, FJ 3, infine). Por otra parte, el ejercicio de la potestad sancionadora por la Administración autonómica supondría, de declararse la inconstitucionalidad de la norma impugnada, la vulneración del propio art. 25 CE por falta de competencia de la Comunidad Autónoma para sancionar. Por último, en el caso específico del art. 18 de la Ley impugnada, el levantamiento de la suspensión determinaría que una infracción grave que, por razón del tiempo transcurrido desde su comisión, se hubiera declarado prescrita de acuerdo con la normativa autonómica (dos años), no lo esté según el plazo previsto en el art. 67 de la Ley del Sector Eléctrico (tres años).
7. El Letrado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, formula escrito, recibido el 29 de noviembre, en solicitud del levantamiento de la suspensión, a cuyo fin efectúa las siguientes alegaciones.
Acerca de los arts. 4.3 y 8 de la Ley 6/1999 dice que, sin perjuicio de la plena adecuación de tales preceptos autonómicos a lo establecido en el art. 3.1 y) LSE, que atribuye a la Administración General del Estado sólo el establecimiento de los "requisitos mínimos de calidad y seguridad que han de regir el suministro de energía eléctrica", lo cierto es que la vigencia de aquél no genera perjuicios irreversibles, pues son fácilmente cuantificables los costes que, en su caso, ello podría comportar para las empresas distribuidoras y, por tanto, susceptibles de reparación de prosperar el recurso de inconstitucionalidad.
8. El Letrado de las Cortes de Castilla-La Mancha, en escrito que se recibe el 1 de diciembre, formula alegaciones en solicitud del levantamiento de la suspensión.
Los arts. 4.3 y 8 de la Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 6/1999 establecen el derecho del consumidor a que le sea instalado un sistema de registro de incidencias y calidad del servicio, al tiempo que se dispone la implantación de un sistema de control de incidencias en la red "que permita registrar todas las magnitudes y características que incidan en la calidad del suministro". Es evidente que la aplicación de estos preceptos no ocasionaría perjuicio alguno a los usuarios, sino al contrario, y, por lo que respecta a las empresas distribuidoras, el coste de tales instalaciones es perfectamente cuantificable y susceptible de reparación, en su caso.
1. El objeto de la presente resolución es determinar, de acuerdo con el art. 161.2 CE, si procede mantener o levantar la suspensión de la aplicación que afecta a determinados preceptos de la Ley de Castilla-La Mancha 6/1999, de 15 de abril, de Protección de la Calidad del Suministro Eléctrico. Suspensión que fue acordada por este Tribunal en virtud de la invocación expresa que de aquel precepto constitucional hizo el Abogado del Estado, al formalizar el conflicto positivo de competencia.
2. Los arts. 4.3 y 8 de la Ley 6/1999, de 15 de abril, de Protección de la Calidad del Suministro Eléctrico, prevén, respectivamente, que el consumidor tendrá derecho a que le sea instalado, con cargo a las empresas distribuidoras, un sistema de registro de medida de incidencias de la calidad del servicio y la obligación de dichas empresas de implantar en toda la red un sistema de control de incidencias en la calidad de dicho servicio.
3. El art. 17 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (LSE), determina que las tarifas "serán únicas en todo el territorio nacional, sin perjuicio de sus especialidades", concretando a continuación su estructura de costes, que debe incluir los relativos a la producción, transporte, distribución y comercialización, así como los permanentes del sistema y los de diversificación y seguridad. Se trata, por tanto, de ponderar si, como señala el Abogado del Estado, las prescripciones de la Ley de Castilla-La Mancha 6/1999, relativas al sistema de calidad en el suministro de la energía eléctrica, pueden suponer una alteración de los principios que rigen la configuración legal de las tarifas y de su estructura, generando perjuicios de difícil reparación.
Sin embargo, examinando el marco que la propia LSE establece respecto del control de los suministros, que es el ámbito en el que propiamente se localiza la controversia, se aprecia que las empresas distribuidoras vienen obligadas a proceder a la medición de los suministros, "preservándose, en todo caso, la exactitud de la misma y la accesibilidad a los correspondientes aparatos" (art. 45.1 b, asegurando la calidad del servicio), de modo que "promoverán la incorporación de tecnologías avanzadas en la medición y para el control del suministro eléctrico" (art. 48.1). Al mismo fin tienden las previsiones relativas a la elaboración conjunta por el Estado y las Comunidades Autónomas de programas que establezcan objetivos diferenciados de calidad para zonas determinadas aunque ello pueda tener repercusión en la retribución de la actividad de las empresas, e incluso, la posibilidad de que la Administración competente imponga directrices a dichas empresas (art. 48.2 y 3). De todo lo expuesto se desprende que no resulta ajena al sistema diseñado por la LSE la existencia de zonas geográficas precisadas de actuaciones específicas de registro y control de calidad del suministro, aunque ello pudiera tener repercusiones tarifarias.
4. En cuanto a los perjuicios que el Abogado del Estado manifiesta que se producirían para los intereses generales si se levantara la suspensión, es claro que la LSE no sólo no excluye, sino que prevé que, existiendo déficits de calidad en el suministro eléctrico en determinadas zonas del territorio, hayan de incrementarse las inversiones de las empresas, de acuerdo con lo que dispongan las Administraciones competentes, a fin de paliar esas situaciones, aun cuando ello pudiera repercutir en las tarifas a través de la remuneración de los nuevos costes si éstos, efectivamente, se produjeran. Es decir, el sistema de tarifas únicas de la LSE incluye en su seno la posibilidad de incrementos de costes en lo relativo a la calidad de los suministros, pues, en caso contrario, las zonas deficitarias no verían nunca mejorada su situación. Sobre esta base carecen de virtualidad en este incidente los argumentos del Abogado del Estado de que las medidas a establecer deban necesariamente adoptarse en coordinación entre el Estado y la Comunidad Autónoma, de un lado, y, de otro, que, en caso de implantarse los sistemas controvertidos, no se aplicarían los mecanismos de calidad previstos en la Ley estatal, que son distintos, ya que, precisamente, tal es el objeto de la discusión de fondo en el proceso, en cuanto que en éste se debate la adecuación a la normativa básica estatal de los sistemas de registro implicados, pues las partes no discuten que al Estado le corresponda "establecer los requisitos mínimos de calidad" (art. 3 LSE) y que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha pueda dictar normativa propia en esta materia.
En conclusión, desde la perspectiva de los intereses generales vinculados a la LSE debe prevalecer la mejora de la calidad en los suministros, aunque ello suponga un incremento adicional de las inversiones, principio al que se endereza también la Ley autonómica 6/1999 cuando declara en su preámbulo que "en la actualidad los cortes no programados del suministro eléctrico que se producen en el territorio de nuestra Comunidad Autónoma, además de los problemas qué ocasionan a miles de ciudadanos en sus hogares, provocan cuantiosos daños en la actividad económica de aquellos usuarios que los sufren", lo que pretende paliarse con su entrada en vigor.
En cuanto a los intereses de las empresas distribuidoras, que pudieran verse obligadas a aumentar sus costes, ya hemos dicho que la LSE les impone la obligación de incorporar las innovaciones tecnológicas en cuanto a la "medición de los suministros", preservándose la "accesibilidad a los correspondientes aparatos". Partiendo de este criterio legal, y de que los nuevos costes, de producirse, además de ser resarcibles (ATC 46/1999, fundamento jurídico segundo, con cita del ATC 282/1998, entre otros muchos), siempre "podrán ser tomados en consideración para el reconocimiento de costes a efectos retributivos" (art. 48.2 LSE), tampoco los intereses de las empresas pueden prevalecer sobre los intereses generales a que se ha hecho referencia.
Por último, en lo relativo a los intereses de los particulares que, domiciliados fuera del territorio autonómico, pudieran sufrir incrementos tarifarios, ya hemos afirmado también que así se prevé por la propia LSE. En cuanto a los domiciliados en Castilla-La Mancha, no sólo resultarán beneficiados por la implantación del sistema, sino que, en todo caso, el montaje de registros eficaces les permitirá apreciar de modo riguroso si pueden obtener "reducciones" en la facturación como consecuencia de la mala calidad del servicio (art. 48.4 LSE).
5. En cuanto al régimen de infracciones y sanciones regulado en los arts. 15.1 e) y f), 15.2 h), en relación con el art. 17, y 16.5, el Abogado del Estado manifiesta que se podría producir una vulneración del art. 25 CE al existir dos Administraciones que pueden ejercer la potestad sancionadora, con riesgo de posible incompetencia para imponerla por parte de la Comunidad Autónoma, si prosperara el recurso de inconstitucionalidad.
Como afirmamos en el ATC 144/1999, FJ 3, con cita del ATC 417/1990, en el que se planteaba similar cuestión sobre la existencia de una dualidad de Administraciones actuantes derivada de dos regulaciones diferentes, la estatal y la autonómica, tal dualidad no puede sustentar el mantenimiento de la suspensión de la norma autonómica "en procedimientos como el presente donde se discute una atribución competencia, pues, aparte de que sería igualmente sostenible el razonamiento inverso si la Sentencia reconociera a la Comunidad Autónoma la titularidad de la competencia, de admitirse el criterio del Abogado del Estado, estos incidentes terminarían siempre, como dijimos antes, con el mantenimiento de la suspensión de la norma o acto autonómico".
Además, en este caso no cabe argumentar la vulneración del art. 25 CE. Al distinguir la Ley recurrida en su art. 15, párrafos primero y segundo, entre el régimen tipificado en la "legislación básica del Estado" y el relativo "a lo dispuesto en la presente Ley", hay que admitir que las infracciones del art. 15.1 e) y f) y 15.2 h) se refieren sólo a esta última y no a la tipificación contenida en la LSE. Por lo que, sin entrar a valorar en este incidente si la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha es competente para sancionar las infracciones a la legislación básica del Estado, es lo cierto que no se produce la identidad de infracciones en que se sustentaría la vulneración del art. 25 CE, siendo las infracciones, en último término, resarcibles, habida cuenta de su naturaleza económica.
6. Finalmente, por lo que se refiere al art. 18, que prevé un plazo de dos años para la prescripción de las infracciones graves, el Abogado del Estado señala los indudables perjuicios que se derivarían para los afectados, en razón a que la LSE prevé para las infracciones asimismo graves un plazo de tres años (art. 67), mientras que las representaciones autonómicas manifiestan que el precepto en nada limita o modifica la propia competencia sancionadora del Estado.
Por lo expuesto, el Pleno acuerda el levantamiento de la suspensión de la aplicación de los arts. 4.3; 8; 15.1, letras e) y f), y 15.2, letra h), en relación con el 17; 16.5, último párrafo, y 18, en cuanto al inciso "las graves a los dos años", de la
Ley de Castilla-La Mancha 6/1999, de 15 de abril, de Protección de la Calidad del Suministro Eléctrico.
Levanta la suspensión en el recurso de inconstitucionalidad 3.740/1999
Artículos 4.3, 8, 15.1 apartados e), f), 15.2 h), 16.5, 18
Artículo 41.1 d)
Artículo 45.1 b)
Artículo 15.1 e)
Artículo 15.1 f)
Artículo 15.2 h)
Suministro de energía eléctricaSuministro de energía eléctrica

References: resolución 

Artículo 41

Artículo 45

Artículo 15

Artículo 15

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