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Timestamp: 2019-07-21 19:10:32+00:00

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POR AGREDIR VERBALMENTE A ASISTENTE: FISCALÍA SUPREMA DEL MINISTERIO PÚBLICO SANCIONA A FISCAL
Edición N° 1111
La fiscal titular de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, Tania Bravo Vigo, fue sancionada por la Fiscalía Suprema de Control Interno a través de la resolución N° 350 – 2019 – MP – FN – FSCI, emitida el 15 de abril del 2019 luego de ser acusada de agredir verbalmente a una trabajadora del Ministerio Público de Lambayeque.
De acuerdo con el artículo 45°, numeral 6 de la Ley N° 30483, ‘Ley de la carrera fiscal’, Tania Bravo estaría incurriendo en una falta leve tipificada, que implica faltar el respeto debido al público, compañeros, subalternos, funcionarios judiciales u otros de la administración pública; representantes de órganos auxiliares de justicia, de la defensa del oficio y abogados en el desempeño del cargo.
El 3 de julio del 2017, la trabajadora del Ministerio, Zully Chimpén Cadenillas, se encontraba cumpliendo sus funciones diarias, entre ellas, de atención al público. De repente, de forma intempestiva se acercó la fiscal Tania Bravo abandonando su centro de trabajo para recriminarle de manera ofensiva cuestiones ajenas al ámbito laboral. Todo ello sucedió en presencia del jefe inmediato, personal de apoyo y usuarios.
El documento detalla que, de forma alterada y con gritos, Tania Bravo acusó a la agraviada de alterar la tranquilidad de su hija, pues esta recibió una foto y mensajes que involucraban a su papá – esposo de la fiscal – con otra mujer.
Posteriormente, la fiscal se retiró del establecimiento tirando fuertemente la puerta de acceso al pasillo y sin permitirle expresar palabra alguna a modo de descargo.
Luego, la recurrente sustentó su recurso de apelación señalando que la resolución impugnada fue manipulada de manera defectuosa e incongruente, pues la ODCI de Lambayeque analizó la queja disciplinaria en base a los literales I – M del artículo 23° del Reglamento de Organización y Funciones Fiscalía Suprema de Control Interno del Ministerio Público. Sin embargo, luego hace referencia a la infracción prevista en el numeral 6 del artículo 45 de la Ley de la Carrera Fiscal, concluyendo que hubo incongruencia en el argumento expuesto y la decisión adoptada.
Ante dicha situación, la ODCI sustentó su resolución señalando que, con relación a la falta tipificada en los literales I y M del artículo 23° del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema, alega que no existe prueba de cargo suficiente y válida en contra de Tania Bravo Vigo respecto a que se haya producido un trato descortés en agravio de Zully Chimpén.
Por otro lado, respecto a la falta tipificada en el artículo 46°, numeral 1 de la Ley N° 30483, sanciona como falta grave el hecho abandonar total o parcialmente las tareas propias del desempeño del cargo fiscal. Sin embargo, dice, dicha conducta no puede subsumirse dentro de los alcances de la falta.
La resolución detalla que no se puede concluir que la fiscal haya abandonado total o parcialmente las tareas propias de su cargo, pues se debe contar con medios probatorios idóneos de carácter objetivo que acrediten cuáles son las labores propias del cargo.
Las faltas disciplinarias atribuidas a la fiscal son: tratar descortésmente a la asistente en función fiscal, Zulli Chimpén, y no guardar consideración y respeto a los usuarios del servicio, además de abandonar tareas propias de su cargo fiscal el 3 de julio del 2017. Ambas incidencias son consideradas como faltas leves tipificadas.
Asimismo, se sanciona la falta grave tipificada: abandonar total o parcialmente las tareas propias del desempeño del cargo fiscal.
Ya que la fiscal quejada abandonó sus funciones laborales e incurrió en una falta leve tipificada en el artículo 50° de la Ley de la Carrera Fiscal, será sancionada por inconducta funcional. La sanción consiste en una amonestación por incurrir en la referida infracción en la disposición legal.
Cabe precisar que la ODCI descartó tres testimonios pese a que la Fiscalía Suprema de Control Interno señalaba que esas personas fueron testigos presenciales de los hechos. En ese contexto la resolución impugnada es nula por no haber sido debidamente fundamentada.
“La ODCI de Lambayeque no cumplió con su labor de control en consonancia con los principios de razonabilidad y objetividad.
SEGÚN EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN: EN LAMBAYEQUE: TRES DE CADA 10 NIÑOS DE CUARTO DE PRIMARIA COMPRENDEN LO QUE LEEN
El departamento se ubica por debajo de Piura, Cajamarca y La Libertad en cuando a capacidad lógico matemática de sus estudiantes.
Entre octubre y noviembre del año pasado fueron evaluados los estudiantes de cuarto de primaria y segundo de secundaria de Lambayeque respecto a su desempeño en áreas como matemática y comprensión lectora, para el caso de los primeros, y ciencia y tecnología, ciencias sociales (historia, geografía y economía), matemática y comprensión lectora en el caso de los alumnos de secundaria. Los resultados, de acuerdo a la Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes del Ministerio de Educación revelan un ligero avance en comparación a años anteriores. La evaluación también incluyó a estudiantes quechuahablantes de la zona altoandina.
Para evaluar a los estudiantes con algún tipo de discapacidad, el ministerio dispuso que se formulen procedimientos para atender a quienes presentan discapacidad auditiva, visual o sordoceguera, así como a quienes tienen discapacidad motora o Trastorno del Espectro Autista – TEA. En el caso de los escolares con discapacidad intelectual se modificaron las pruebas y procedimientos de aplicación.
Los niveles en los que miden los resultados son: ‘Previo al inicio’, que significa que el estudiantes no logró los aprendizajes necesarios; ‘Inicio’, que el estudiante logró aprendizajes muy elementales respecto a lo que se espera para el ciclo evaluado; ‘En proceso’, que el estudiante logró parcialmente los aprendizajes esperados para el ciclo evaluado y se encuentra en camino de lograrlos, pero todavía tiene dificultades, y ‘Satisfactorio’, que es cuando el alumno logra los aprendizajes y está preparado para afrontar los retos del ciclo siguiente.
RESULTADOS EN CUARTO DE PRIMARIA
La Evaluación Censal de Estudiantes – ECE 2018 arrojó como resultado que solo el 25.4 % de los estudiantes tienen capacidad lógico matemática en nivel ‘Satisfactorio’; es decir 2 de cada 10 alumnos. Asimismo, el 43.8 % de alumnos se encuentra ‘En proceso’, el 22.2 % en ‘Inicio’ y el 8.7 % ‘Previo al inicio’. El incremento de la capacidad lógico matemática de los estudiantes de cuarto grado de primaria en Lambayeque, entre el 2016 y el 2018, fue de 1.3 %.
El resultado ‘Satisfactorio’ en el departamento se encuentra por debajo del promedio nacional, que indica que 30 de cada 100 estudiantes de este nivel alcanzaron capacidad lógico matemática. Otro resultado revelado es que existe brecha de acuerdo al sexo del estudiante, así, por ejemplo, en Lambayeque 27 de cada 100 alumnos logran nivel satisfactorio en matemáticas, frente a las 23 de cada 100 niñas que llegan a dicho indicador.
Con el 25.4 % de nivel ‘Satisfactorio’ en matemáticas, Lambayeque se ubica por debajo de Piura (27.5 %), Cajamarca (25.8 %) y La Libertad (25.7 %), en la zona norte. Los departamentos con los indicadores más altos son Tacna (60.1 %), Moquegua (52.6 %) y Arequipa (43.1 %).
Respecto a comprensión lectora, el 30.2 % de los alumnos de cuarto de primaria alcanzó nivel ‘Satisfactorio’ (3 de cada 10), el 33.1 se encuentra en ‘Proceso’, el 27.4 % está en fase de ‘Inicio’ y el 9.3 ‘Previo al inicio’. La media nacional es de 34.8 %, 4.6 % más que lo alcanzado en Lambayeque.
En comprensión lectora, Lambayeque también se encuentra debajo de Piura (31.2 %) y La Libertad (30.3 %). El incremento entre el 2016 y el 2018, a nivel departamental, fue de 1.1 %. En este caso, las niñas lograron mejor desempeño (31.9 %), en comparación con los niños (28.7).
En cuarto de primaria, Chiclayo es la provincia en la que se concentra el mayor porcentaje de aprendizajes satisfactorios para la resolución de problemas lógico matemáticos (28.7 %), seguida de Ferreñafe (22.2 %) y Lambayeque (19.2 %).
El crecimiento en Chiclayo, entre el 2016 y el 2018, fue de 1.9 %, en Ferreñafe de 1.5 % y en Lambayeque de 0.8 %.
Asimismo, la provincia de Chiclayo logró el mayor porcentaje en comprensión lectora (34.6 %), seguida de Ferreñafe (27.4 %) y Lambayeque (22 %). Desde el 2016 el incremento en este indicador solo fue de 0.5 % para Ferreñafe y 0.1 % para Lambayeque.
Los resultados varían enormemente en relación a los estudiantes de cuarto de primaria de las instituciones bilingües (quechuahablantes) de Lambayeque. Por ejemplo, la Evaluación Censal reveló que solo el 9.6 % de los alumnos (casi un estudiante), alcanza el nivel ‘Satisfactorio’ al leer utilizando el castellano como su segunda lengua, el 27.3 % se encuentra en ‘Proceso’ y el 63.1 % en fase de ‘Inicio’.
A los alumnos quechuahablantes del departamento solo se les evaluó en ese aspecto, arrojando resultados que se aproximan a los nacionales. A nivel país, el 10.4 % de alumnos de escuelas bilingües lograron niveles satisfactorios en lectura en castellano como segunda lengua; el 23.2 % está en ‘Proceso’ y el 66.5 % está ‘En Inicio’.
El 7.8 % de los alumnos de segundo de secundaria alcanzó el nivel ‘Satisfactorio’ en ciencia y tecnología, el 37.1 % se encuentra en ‘Proceso’, el 45 % en ‘Inicio’ y el 10.2 en la etapa previa al inicio. El promedio nacional es de 8.5 %.
En ciencia y tecnología Lambayeque se ubica igual que La Libertad y por encima de Piura (7.7 %) y Cajamarca (6.3 %). En el departamento, el mejor desempeño lo obtuvieron los estudiantes. A nivel provincial, los mejores resultados se alcanzaron en Chiclayo (8.9 %), frente a Ferreñafe (6.2 %) y Lambayeque (5.2 %).
En ciencias sociales, el 10.9 % de alumnos logró resultados satisfactorios, el 35.8 % está en proceso de aprendizaje, el 30.9 iniciando el aprendizaje y el 22.4 % previo al inicio. El promedio nacional es de 11.6 %.
En lo referido a ciencias sociales, Lambayeque se ubica por debajo de La Libertad (11.1 %) y Piura (11 %). Los departamentos con mejores resultados a nivel nacional son: Tacna (21.7 %) y Moquegua (21.4 %).
El departamento mostró un notable retroceso, toda vez que en el 2016 el 15.1 % de los estudiantes de segundo de secundaria alcanzaron nivel ‘Satisfactorio’ en ciencias sociales, resultado que para el 2018 cayó en 4.2 %. A nivel provincial, el indicador más alto lo tuvo Chiclayo (12.3 %), seguido de Ferreñafe (10.9 %) y Lambayeque (7.2 %).
Del mismo modo, la evaluación revela que 12 de cada 100 estudiantes de segundo de secundaria tienen nivel ‘Satisfactorio’ en lógico matemática, 14 están en ‘Proceso’, 38 en ‘Inicio’ y 34 ‘Previo al inicio’. El promedio nacional es de 14 de cada 100 con nivel ‘Satisfactorio’. Empero, Lambayeque se ubica en este indicador por encima de La Libertad y Piura.
Los resultados respecto a comprensión lectora son los siguientes: 14 de cada 100 tienen nivel ‘Satisfactorio’, 27 están en ‘Proceso’, 40 en ‘Inicio’ y 17 ‘Previo al inicio’. El promedio nacional es de 16 alumnos de cada 100 con nivel ‘Satisfactorio’.
De acuerdo a la Evaluación Censal, Lambayeque se ubica por debajo de La Libertad y encima que Piura en los resultados de comprensión lectora entre los estudiantes de 2° grado de secundaria.
EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE: CONSEJERO DELEGADO NO PRESENTÓ DECLARACIÓN DE INGRESOS, BIENES Y RENTAS
Al igual que en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en el Gobierno Regional de Lambayeque llama la atención las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas presentadas al inicio de gestión por las actuales autoridades, en tanto dos consejeros omitieron la presentación de dicho documento, yendo en contra de lo establecido por la Ley N° 27482.
De acuerdo a la “ley que regula la publicación de la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado”, todos aquellos que tienen entre sus funciones la administración de recursos públicos deben presentar la declaración correspondiente ante la Contraloría General de la República, documento que permitirá evaluar el incremento de su patrimonio – en caso lo haya – y detectar indicios de enriquecimiento ilegal y otros delitos.
Los funcionarios y autoridades deben presentar una declaración jurada de ingresos, bienes y rentas al inicio de sus períodos y, en lo sucesivo, una vez al año hasta finalizar el mandato o ejercicio de la función pública. El incumplimiento puede constituir en responsabilidad penal del titular del pliego correspondiente.
Cuando postuló a la gobernación regional de Lambayeque, tras 19 años y tres meses como alcalde del distrito de La Victoria, Anselmo Lozano Centurión declaró al Jurado Nacional de Elecciones – JNE, una remuneración bruta anual de 63 mil 700 soles, a razón de su sueldo como burgomaestre. En aquella ocasión, no declaró ingresos del sector privado.
Del mismo modo, declaró la propiedad de seis inmuebles: dos casas, un edificio comercial, una casa rústica y tres lotes de terreno, valorizados en más de medio millón de soles, además de bienes muebles por 135 mil 280 soles, cuatro unidades vehiculares y siete máquinas industriales.
Al iniciar su gestión como gobernador, Lozano Centurión ha declarado como ingreso mensual del sector público los 14 mil 300 soles de su sueldo como autoridad regional más dos mil 500 soles procedentes del sector privado, 813 mil 724.90 soles en bienes y 64 mil 300 soles en el rubro de “otros”.
Por su parte, el ahora vicegobernador Luis Díaz Brazo, declaró el año pasado tener ingresos de 15 mil soles anuales procedentes del sector público (era regidor de La Victoria) y rentas ascendentes a 16 mil 380 soles. Además, la propiedad sobre dos bienes inmuebles valorizados en casi cien mil soles.
Esta vez, Díaz Bravo ha reportado ante la Contraloría General de la República como ingreso procedente del sector público los 11 mil 700 soles que recibe como vicegobernador, además de 10 mil soles mensuales del sector privado y bienes por 270 mil soles.
Manuel Huacchillo Gonzales declaró el año pasado ingresos privados por 10 mil 200 soles al año, así como rentas por tres mil 786 soles, la propiedad de cinco lotes de terreno, cinco vehículos, entre ellos tres camiones, y seis estructuras metálicas para publicidad exterior (paneles).
Huacchillo Gonzales, consejero regional oficialista, ha declarado a inicios de la gestión que sus ingresos mensuales son cuatro mil 290 soles que percibe como dieta por el cargo que ocupa, que tiene bienes valorizados en 212 mil 312 soles y otros ingresos por 36 mil 656.76 soles.
El consejero Esar Aguilar Valdera consignó ante el JNE ingresos privados por 36 mil soles anuales y la propiedad de dos viviendas valuadas en 150 mil soles. Al asumir como autoridad regional su declaración de ingreso mensual es de cuatro mil 290 (dieta), además de cuatro mil soles del sector privado, bienes por mil 4.44 soles y 49 mil 183.07 en otros.
En tanto, el consejero Nicolás Vallejos Celis declaró el año pasado ingresos anuales procedentes del sector público por 55 mil soles y una renta privada de cinco mil soles, además de bienes muebles por 15 mil 300 soles.
Gisella Fernández Muro, declaró en el 2018 percibir 30 mil soles al año procedentes del sector público, la propiedad de dos viviendas y un terreno por casi 100 mil soles, bienes mueles por 40 mil soles y una camioneta. Este año, la consejera ha declarado ingresos del sector público por seis mil 500 soles (incluye su sueldo de maestra) y bienes por 139 mil 887.63 soles.
El consejero Williams Velásquez Bardales consignó ante el JNE ingresos anuales por 18 mil soles obtenidos del sector privado. Sin embargo, este año declaró que no percibe ningún ingreso (tampoco incluyó su dieta como autoridad). Lo que sí declaró fue la posesión de mil 550 soles en bienes.
Del mismo modo, Mónica Toscanelli Rodríguez declaró en el 2018 ingresos anuales del sector público por 18 mil soles e ingresos de otras fuentes por 30 mil 420 soles. También, una vivienda y un terreno, valuados en 62 mil soles, bienes muebles por 32 mil soles y un auto. Este año, la declaración de Toscanelli Rodríguez es de seis mil 118 soles de ingresos mensuales de sector público, 109 mil 923.50 soles en bienes y siete mil 500 soles procedentes de otros rubros.
Óscar Cárpena Recoba declaró ante el JNE ingresos procedentes del sector privado de 22 mil 830 soles al año y rentas por 225 mil 283 soles, también al año, la propiedad de 222 inmuebles, la mayoría predios rurales y urbanos, bienes por 97 mil 200 soles, dos camionetas y un auto.
A inicios de este año, Cárpena Recoba declaró ingresos públicos de cuatro mil 290 soles (dieta como consejero) y 20 mil 391 soles mensuales del sector privado y bienes por cuatro millones 34 mil 40 soles.
Finalmente, la consejera Glender Núñez García declaró el año pasado ingresos anuales, del sector privado, por 26 mil soles y rentas por 18 mil 252 soles, una vivienda valuada en 30 mil soles y dos unidades vehiculares. En enero, Núñez García consignó en su declaración jurada ingresos privados por dos mil soles, bienes por 49 mil 400 y nueve mil soles en el rubro de otros.
Los consejeros que han incumplido con la presentación de sus declaraciones de ingresos, bienes y rentas son Antonio Sánchez Chacón y el delegado del Consejo Regional José Carmona Salazar.
Empero, el primero de estos en el 2018 declaró al JNE ingresos por 39 mil 500 soles al año, 21 mil 500 procedentes del sector privado, y un departamento valorizado en 118 mil soles. En tanto, Carmona Salazar declaró ante la misma entidad ingresos anuales por 26 mil soles, 16 mil procedentes del sector público. También seis predios rústicos y urbanos y un auto.
MPCH DIO POR CIERTO REGISTRO INEXISTENTE: VEOLIA FUE CALIFICADA COMO OPERADORA DE RESIDUOS SÓLIDOS CUANDO NO LO ES
Municipio de Chiclayo se defiende con documento de la Dirección de Gestión Ambiental, pero este es insuficiente de acuerdo a la Ley de Gestión de Residuos Sólidos.
En Acta de Buena Pro se consignó que Veolia contaba con registro del Ministerio del Ambiente pero este le fue negado en enero pasado.
Se afirmó que la comuna recibió copias de un documento que no existe.
La cereza del pastel en el controvertido caso de la contratación directa de maquinaria para el recojo de residuos sólidos en Chiclayo es la inexistencia de Veolia Servicios Perú SAC en el Registro de Operadoras de Residuos Sólidos del Ministerio del Ambiente. La empresa es beneficiada por la gestión de Marcos Gasco Arrobas con un contrato superior al millón 800 mil soles por 90 días de trabajo.
Desde su concepción, el proceso seguido por la Municipalidad Provincial de Chiclayo para tercerizar por tres meses el servicio de recojo de residuos sólidos en la ciudad estuvo mal.
El 28 de febrero con 12 votos a favor y tres abstenciones, el concejo municipal aprobó declarar el desabastecimiento inminente del servicio, dejando expedita a la administración de Gasco Arrobas para la contratación directa de maquinaria, recurso humano, compra de repuestos u otros servicios que permitiesen atender lo que para ellos era una situación de emergencia.
Empero, debido a la imprecisión del acuerdo, que se sustentó en un informe técnico con datos del 2017 (no actualizados) y sin que exista mayor sustento legal, semanas después, el 15 de marzo, el concejo, nuevamente con 12 votos a favor, aprobó precisar que el desabastecimiento se daba sobre 10 máquinas de recolección de basura. Ese mismo día el Órgano de Control Institucional – OCI, comunicó al alcalde Marcos Gasco que la declaratoria del desabastecimiento tenía anomalías.
Sin importar la advertencia, la gestión continuó en su propósito y el 23 de marzo arribó al contrato directo con Veolia Servicios Perú SAC, empresa que había prestado el servicio de recojo de basura en Trujillo y cuyo contrato fue anulado por la comuna de esa ciudad, para que asuma la cobertura de la situación de emergencia con su maquinaria durante 90 días, por un valor ascendente a un millón 800 mil soles. Pese a que el acuerdo rectificatorio fue por diez máquinas recolectoras, en los Términos de Referencia del Contrato – TRD, se estableció que serían solo ocho las compactadoras que estarían en operatividad, en tanto dos se mantendrían de retén.
Horas después se conoció que OCI volvió a pronunciarse señalando que dicha contratación tenía errores tanto en los procedimientos preparatorios como en la evaluación de la empresa ganadora.
A ello se suma, ahora, que Veolia carece de la autorización correspondiente para brindar los servicios de operadora de residuos sólidos, requisito exigido en la Ley de Gestión de Residuos Sólidos y cuyo ente rector es el Ministerio del Ambiente.
El 17 de enero pasado, con Resolución Directoral N° 0034-2019, la Dirección General de Gestión de Residuos Sólidos le negó a Veolia Servicios Perú SAC la inscripción en el Registro Autoritativo de las Empresas Operadoras de Residuos Sólidos, en atención al incumplimiento de los requisitos establecidos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos del Ministerio del Ambiente, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2010-MINAM y su modificatoria, concordando con lo señalado en el reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
De acuerdo al Artículo 87 del reglamento, “las empresas que se constituyen para el desarrollo de las operaciones vinculadas al manejo de residuos sólidos, deben inscribirse previamente en el Registro Autoritativo de Empresas Operadoras de Residuos Sólidos administrado por el Ministerio del Ambiente.
LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO
Si bien la contratación directa entre la MPCH y Veolia se dio bajo el paraguas de la declaratoria de desabastecimiento inminente, en las bases administrativas del proceso, publicadas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, se contienen los Términos de Referencia elaborados por la comuna provincial.
En el numeral cuarto, referido al Objetivo de la contratación, se lee textualmente:
“Contratar a una empresa Operadora de Residuos Sólidos que cuente con las autorizaciones respectivas para que brinde los servicios de recolección y transporte hasta la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios, mercados, barrido de áreas públicas y afines que se generen de los servicios de Limpieza Pública en el distrito de Chiclayo, para ello deberá cumplir con las condiciones establecidas por la Ley”.
Pues bien, no contando Veolia con el registro como operadora de residuos sólidos es posible determinar que la comuna incumplió sus propios términos al contratar con dicha empresa.
DOCUMENTO INSUFICIENTE
Cuando Expresión hizo público que la compañía contratada por Gasco Arrobas no cumple con los requisitos para operar en el manejo de los residuos sólidos, la comuna, a través de su cuenta de Facebook, emitió un comunicado calificado de “medias verdades” lo informado, y que esto obedecía a “solamente al intento por confundir y hacerle daño a Chiclayo".
Como prueba, el comunicado de la comuna adjuntó un documento emitido por la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria del Ministerio de Salud. Sin embargo, omitió lo señalado en el numeral 4 de dicho documento extendido a favor de Veolia.
"El registro tiene vigencia de cuatro (04) años y no constituye autorización de funcionamiento u operación".
En resumen, lo extendido por la DIGESA no convierte a Veolia en operadora de residuos sólidos, pues de acuerdo a la ley solo se logra tal condición tras el registro autoritativo emitido por el Ministerio del Ambiente.
En consecuencia, Veolia no podía ser beneficiada con el contrato directo para asumir el recojo de los residuos en Chiclayo.
FALSEDAD EN LA BUENA PRO
El 5 de abril del 2019 la Municipalidad Provincial de Chiclayo otorgó la Buena Pro en el proceso de contratación directa N° 001-2019-MPCH, a Veolia Servicios Perú SAC, para que asuma el servicio de recojo de residuos sólidos en la ciudad por el plazo de 90 días.
En dicho documento, firmado por el Subgerente de Logística y Servicios Internos, Edgardo Siadén Ortega, se indica que la empresa cumple con el Registro de Empresa Operadora de Residuos Sólidos ante el Ministerio del Ambiente. Sin embargo, ello es falso.
Como informó Expresión, el Ministerio del Ambiente le negó a Veolia dicho registro el 19 de enero de este año.
En conclusión, la Municipalidad Provincial de Chiclayo afirma que Veolia sí es operadora de residuos sólidos y así lo consignó en el otorgamiento de la buena pro invocando un registro ante el Ministerio del Ambiente, empero dicho registro no existe porque le fue negado en enero.
EN CASO “LIMPIOS DE LA CORRUPCIÓN”: “DOCUMENTOS” DE SUNAT QUE SUSTENTARON DETENCIÓN TAMPOCO EXISTIERON
El requerimiento de detención preliminar emitido por el fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco el 29 de septiembre de 2014, que habría sido un copia y pega del cuestionado Informe N° 136-2014-RPNO-DIRTEPOL-LAMB, señaló textualmente: “…En tal consideración y estando a los elementos de convicción tanto documentales emitidos por SUNAT y SUNARP …, se debería proceder a la ubicación y captura; así como allanamiento de su domicilio u oficina donde realiza su actividad laboral, empresarial o de otro tipo, de las siguientes personas…”; es decir, en ambos documentos dan por sentado que existen informes de SUNAT y SUNARP que acreditan supuestos hechos delictivos.
Expresión ha tomado conocimiento del Oficio N° 555-2014/SUNAT-6H0000, con el que se da respuesta al fiscal Juan Manuel Carrasco Millones respecto del Levantamiento de la Reserva Tributaria de los investigados en el caso “Los limpios de la corrupción”.
El referido informe fue emitido el 1 de octubre del 2014; posterior a la emisión del Informe N° 136-2014-RPNO-DIRTEPOL-LAMB y del Requerimiento de Detención Preliminar Judicial, ambos emitidos el 29 de septiembre del 2014, incluso posterior a la Resolución N° 1 emitida por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria que ordena la detención preliminar Roberto Torres Gonzáles y una veintena de personas más; por lo que no solo los policías habrían actuado en forma irregular, sino que el fiscal y la juez habrían afirmado la existencia de documentos que no obraban en el expediente.
LEVANTAMIENTO DEL SECRETO TRIBUTARIO
Mediante Oficio N° 2447-2014-3FPPCH-MP, recepcionado por la Intendencia Regional de la SUNAT Lambayeque, el día 24 de septiembre del 2014, el fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, entonces integrante de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, solicitó al ente recaudador dar cumplimiento a la Resolución N° 4, de fecha 23 de septiembre de 2014, la cual autorizaba el Levantamiento de la Reserva Tributaria, “información que resulta necesaria en la investigación N° 2447-2014”.
La SUNAT dio respuesta al fiscal mediante el Oficio N° 555-2014/SUNAT-6H0000, del 1 de octubre del 2014, señalando que “…en atención al documento de la referencia (Oficio N° 2447-2014-3FPPCH-MP) mediante el cual solicita el Levantamiento de la Reserva Tributaria, con relación a las personas naturales y jurídicas que se detallan en el mismo, a efectos que se remita información tributaria: órdenes de fiscalización, fiscalizaciones en general, Declaraciones Juradas anuales de obligaciones con terceros, pago y deudas tributarias e información referente a las relaciones vigentes y no vigentes con Holdings nacionales e internacionales e información relevante conexa y complementaria desde el año 2006 hasta agosto de 2014, con relación a la investigación que se encuentra vinculada a un posible caso de asociación ilícita para delinquir, corrupción de funcionarios y lavado de activos… se remite la documentación detallada a continuación de los contribuyentes que pertenecen a la Intendencia Regional de Lambayeque…”.
Entonces, si el informe de la SUNAT es posterior a los documentales que dieron origen y dispusieron la detención preliminar de los investigados en la carpeta Fiscal N° 2447-2014 ¿Por qué los oficiales Romel Díaz Paz y Víctor Chafloque Oliden; así como, los magistrados Sergio Zapata Orozco, Juan Carrasco Millones y Cecilia Costa Gonzáles, consignaron haber recibido información de la SUNAT, si esto no se habría producido aún?
EL CASO DE CIRO CHÁVEZ MARTOS
En el cuestionado Informe N° 136-2014-RPNO-DIRTEPOL-LAMB, de fecha 29 de septiembre del 2014, en el numeral 4 del inciso C (página 7), respecto del investigado Ciro Manuel Chávez Martos, se señala textualmente lo siguiente: “Esta persona tiene como propiedad ante la SUNARP un vehículo marca Great Wall modelo Pickup, placa de rodaje M4X-866, que fue comprado en el año 2008, por un valor de US$ 18,500.00 Dólares USA; sin embargo, no tiene fuente de ingresos que justifique el monto de inversión en el vehículo, esto es, por información de SUNAT no tiene RUC y no es parte de empresa u otro tipo de organización lícita para generar ingresos”.
Chávez Martos fue Jefe de Sucursal del Banco de Materiales desde el 2 de noviembre del 2006 (información que se encuentra disponible en el portal del Estado Peruano), y es falso que no tenga RUC, pues de una simple consulta realizada en la página web de la SUNAT, se tiene que el mencionado exfuncionario, desde el 23 de septiembre de 2008, cuenta con RUC N° 10164805552, figurando como persona natural con negocio, autorizado para realizar hasta tres actividades económicas: Otras actividades de tipo servicio NCP (Actividad Principal), actividades teatrales, musicales y otras (Actividad Secundaria 1), y actividades inmobiliarias (Actividad Secundaria 2).
¿De dónde sacaron los oficiales Díaz Paz y Chafloque Oliden la información de que Ciro Chávez Martos no tenía RUC?
Lo que es peor, exactamente la misma información (copia y pega) consigna el fiscal provincial Sergio Lucio Zapata Orozco en su Requerimiento de Detención Preliminar Judicial de la misma fecha (29 de septiembre del 2014), en su página 8, mediante el cual solicitó, ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, la ubicación y captura; así como, el allanamiento del domicilio y oficinas donde realizaban su actividad laboral una veintena de ex funcionarios de la gestión del encarcelado ex alcalde Roberto Torres Gonzáles.
Asimismo, la juez del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, Cecilia Costa Gonzáles igualmente hizo un copia y pega del requerimiento de detención preliminar que le presentó el fiscal Zapata Orozco, y emitió la Resolución N° 1, de fecha 30 de septiembre del 2014, mediante la cual resolvió ordenar la detención preliminar del exalcalde y sus funcionarios conforme a lo solicitado por el fiscal a cargo de la Carpeta N° 2447-2014.
Quiere decir que los encargados de administrar justicia no corroboraron si los oficiales Romel Díaz Paz y Víctor Chafloque Oliden habían sustentado documentalmente lo señalado en su “Informe de Inteligencia”, el cual como se ha señalado no consta en los archivos de la OFINTERPOL-Lambayeque. Siendo así, Zapata Orozco y Costa Gonzáles habrían incurrido en prevaricato al consignar hechos falsos en sus disposiciones, delito penado según el Artículo 418° del Código Penal Peruano con una pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de cinco.
CONABI TAMPOCO PARTICIPÓ
En el Informe N° 136-2014-RPNO-DIRTEPOL-LAMB, de fecha 29 de septiembre de 2014, (elaborado Díaz Paz y Chafloque Oliden); así como, en el Requerimiento de Detención Preliminar Judicial (copia y pega del referido informe), se consigna que “…En la ejecución del trabajo entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, por coordinación del fiscal del caso Sergio Lucio Zapata Orozco, se ha generado la participación de diferentes entes del Estado, tales como: un equipo de Contraloría, Unidad de Inteligencia Financiera, equipo de Lavado de Activos de la PNP, un equipo de la Comisión Nacional de Bienes Incautados (CONABI), un equipo de peritos contables, equipo de inteligencia operativa de la Dirección general del Ministerio del Interior…”.
Al respecto, el Memorándum N° 1029-2015-PCM/CONABI-OPR, de fecha 29 de septiembre de 2015, emitido por el Responsable de la Unidad de Operaciones, documento en el que se señala textualmente, respecto de lo manifestado en el Informe N° 136-2014-RPNO-DIRTEPOL-LAMB, lo siguiente: “…cabe precisar que en aplicación del Decreto Legislativo N° 1104 referido (Legislación sobre Pérdida de Dominio), la participación de la CONABI se ciñe a la recepción de bienes incautados, y no participa en modo alguno en la etapa de investigación fiscal previa a la entrega de los bienes en mención; por ende, no existe un informe elaborado por CONABI en los términos señalados…”.
La participación de CONABI fue solicitada por el fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco recién el 2 de octubre del 2014.
En lo que concierne a los peritos contables, estos recién fueron contratados por el Ministerio Público a fines del año 2017, por lo que, en las investigaciones previas al operativo del 30 de septiembre del 2014, la fiscalía no contó con la participación de perito alguno.
Respecto a la participación de un equipo de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú, también es posterior al 30 de septiembre del 2014; ya que, recién el 4 de octubre del 2014, mediante Oficio N° 2447-2014-3°FPPC-CH, el fiscal provincial Sergio Lucio zapata Orozco solicitó el apoyo de la División de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional del Perú.
La esposa de Percy Quesquén Díaz, Claudia Pecsén Gonzáles, es prima de quien estuvo encargada del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Cecilia Costa Gonzáles, quien en una polémica decisión dictó mandato de prisión preventiva contra todos los detenidos en el operativo del 30 de septiembre del 2014, a excepción de Percy Quesquén Díaz, a quien ni siquiera de le dictó comparecencia restringida a solicitud del fiscal Juan Manuel Carrasco Millones.
EN 100 DÍAS DE GESTIÓN: MUNICIPALIDAD DE LAMBAYEQUE REALIZA BALANCE PARA TRANSPARENTAR SUS ACCIONES
Alcalde Alexander Rodríguez, logra destrabar proyectos con la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios por más de 47 millones de soles.
“Lucha frontal contra la corrupción”, es el slogan que caracteriza a la gestión.
En audiencia pública informó al pueblo lambayecano las acciones realizadas durante 100 días y el hallazgo de deuda por un monto aproximado de 30 millones de soles.
La gestión construirá el emblemático Mercado Modelo que le dará una vista arquitectónica a Lambayeque acorde al Museo Tumbas Reales del Señor de Sipán por su ubicación.
Transcurridos cien días de gestión, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, Alexander Rodríguez Alvarado, realiza un análisis de todo el trabajo municipal que emprendió desde el 1 de enero de este año. Asimismo, mediante audiencia pública dio a conocer el pasado 9 de abril el estado en que recibió la alcaldía.
El municipio de Lambayeque finalizó el 2018 con juicios, arbitrajes en diferentes obras valorizadas en cinco millones, la obra de saneamiento en 60 millones, denuncias judiciales y otras de mediana envergadura.
“Encontramos una deuda de aproximadamente 30 millones de soles y ya firmamos un compromiso para cumplir el pago con los trabajadores. Hoy en día queremos seguir avanzando con la gestión, pues Lambayeque no tiene tiempo que perder”, asevera.
Rodríguez Alvarado precisa que para superar los problemas, su gestión correspondiente al periodo 2019 – 2022 se está enfocando en aspectos importantes como destrabar proyectos previstos en la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios que no se habían realizado en el momento oportuno.
De acuerdo con el balance realizado, el número de personal que registra en planilla de pagos mensuales de la municipalidad asciende a 481. Son 18 pensionistas, 110 empleados nombrados, 54 contratados, 227 obreros permanentes, 14 eventuales, cuatro transferidos del CEDIF, 43 personal CAS y 11 CAS repuestos judicialmente.
El alcalde lambayecano precisó en Audiencia Pública que la gestión anterior que presidió Ricardo Velezmoro revertió al Tesoro Público al cierre del ejercicio fiscal 2018, el importe de 181 mil 876 soles con 88 céntimos. En mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados se devolvió 81 soles; en apoyo nutricional a personas afectadas por tuberculosis se revirtió 67 mil 720 soles; en apoyo al adulto mayor dos mil 946 soles con cuatro céntimos; en el Programa Vaso de Leche 83 soles con 40 céntimos; en el programa de complementación alimentaria 90 mil 961 soles con 17 céntimos; en protección social siete mil 331 con 35 céntimos y en atención de los niños y adolescentes en riesgo 12 mil 753 soles con 92 céntimos.
Con respecto a las deudas pendientes en bienes y servicios, por obras, en procesos judiciales y resoluciones administrativas el monto asciende a seis millones 417 mil 386 soles con 73 céntimos; cuatro millones 369 mil 988 soles con 19 céntimos; 19 millones 530 mil 948 soles con siente céntimos y 268 mil 831 con tres céntimos respectivamente. Sumando un aproximado de 31 millones de soles, deuda que ha asumido la gestión actual.
Alexander Rodríguez indica que el 40 % de la población lambayecana no tiene acceso a obras de saneamiento básico y pavimentación tanto en la zona rural como en la zona urbana, pese a que esta última es más avanzada.
“Lambayeque tiene que mejorar, pero también debemos ser realistas y tener en cuenta que nos falta superar algunas brechas. Tenemos muchas dificultades y las prioridades son diversas, pues van desde la electrificación de un caserío hasta la edificación de un colegio o la pavimentación de una pista”, apunta.
Otro de los problemas latentes en Lambayeque es el mercado, pues no cuenta con licencia social.
El representante de Lambayeque refiere que en los primeros cien días de su gestión se realizó la ampliación y cobertura del horario de limpieza pública, sembrado de plantones y barrido de áreas críticas, creación de comités ambientales comunitarios, equipamiento de juntas vecinales, mejoramiento del estadio municipal, se tomaron medidas para erradicar el comercio ambulatorio del mercado, se recaudó hasta el 31 de marzo más del 30 % de lo presupuestado en pagos de impuestos municipales, licencias y arbitrios y otros.
Asimismo, se consiguió que pasen algunos proyectos de la unidad ejecutora a la provincia lambayecana con un promedio 48 millones de soles que han estado distribuidos en diferentes ministerios.
“Actualmente estamos elaborando los expedientes técnicos para ingresarlos a la autoridad con la reconstrucción y pedir los recursos para hacer obras importantes como el saneamiento y la pavimentación del Pueblo Joven Santa Rosa con un monto aproximado de 15 millones de soles, la pavimentación de la Avenida Huamachuco y el mejoramiento de calles y colegios”, sostiene.
Menciona además que existen otros proyectos emblemáticos que se contemplan en su plan de gobierno como la carretera Lambayeque-San José, el mejoramiento de la carretera Lambayeque-Huaca Chotuna centro arqueológico con el objeto de impulsar el turismo y poner en valor el centro histórico y otros más.
“Ya iniciamos el presupuesto participativo 2020 y la Municipalidad Provincial de Lambayeque pretende recoger la preocupación de los 11 alcaldes de los distritos correspondientes, evaluar y asumir el compromiso de realizar, por los menos, una obra en cada distrito como señal de descentralización”, dice.
Alexander Rodríguez manifiesta que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ha previsto un paquete de 62 obras correspondientes a 48 millones de soles, que se deben invertir en Túcume, Salas y Motupe.
Indica además que la comuna lambayecana está a un 20 % de ejecución presupuestal. El año pasado, dice, la gestión no cumplió con la meta del gasto presupuestal (75%) y debido a ello les redujeron el plan de incentivo.
“El presupuesto que manejamos como provincia es mínimo, estamos hablando de ocho millones de inversión al año para cubrir todas las necesidades que tiene Lambayeque como ciudad, adicionalmente de los once distritos que corresponden a la provincia”, expone.
En torno a las obras del atrio de la iglesia San Pedro que se iniciaron sin supervisión, refiere que actualmentecuenta con todos los requisitos, e incluso con un monitor de la DDC que trabaja en coordinación con la municipalidad. Agrega que se prevé agilizar esa obra y culminarla antes del 28 de julio.
Asimismo, sostiene que el turismo es un aspecto importante para el desarrollo de su ciudad, motivo por el que su gestión está trabajando en un proyecto integral con todas las condiciones para que esté acorde a la arquitectura del museo Tumbas Reales y del museo Brüning.
“Una gestión no solo debe recordarse por obras de infraestructura, sino también por la promoción de la educación, la cultura y el deporte, aspectos que muchas veces se dejan de lado ya que no son obras notorias, por eso los alcaldes no tienen interés en ejecutarlas”, señala.
Entonces, para visibilizar y promover esos aspectos se están dictando talleres de danzas. Asimismo, se realizarán ‘viernes culturales’ mensualmente para promocionar la cultura lambayecana y generar participación de artistas nacionales e internacionales y así formar nexos culturales.
“El viernes pasado realizamos un festival afrointernacional, donde participaron danzantes de Ecuador, Colombia, Lima, Chincha, Lambayeque y Zaña. Estas actividades se promocionarán mucho con el fin de disminuir los índices delincuenciales y fomentar valores”, cuenta.
Respecto a la participación del Gobierno Regional, Alexander Rodríguez refiere que se está trabajando conjuntamente para que se destine un presupuesto acorde a las necesidades de la provincia el que se sustentará a fines de año y realizar más obras para el 2020.
“Esperamos que antes de junio se cierre el presupuesto y para el próximo año tengamos los expedientes listos para recibir y ejecutar obras”, asegura.
En torno al aspecto medioambiental, informa que Lambayeque está considerada dentro de las ocho ciudades beneficiarias con el financiamiento de proyectos para el depósito de residuos sólidos que se recogen a diario.
“Nos van transferir millón y medio de soles para empezar con unas celdas transitorias, que son procesos que se deben dar hasta llegar a una planta de tratamiento de residuos sólidos y para ello tenemos el compromiso del Ministerio del Ambiente, quien financiará el expediente técnico y la ejecución a partir del próximo año”, señala.
“Nosotros nos caracterizamos por la transparencia, el trabajo y la participación de los vecinos. Es preciso que la gente sepa en qué se invierte sus recursos, qué se está haciendo y qué queremos para los próximos”, menciona.
Por ello, puntualiza, las acciones a realizar el presente año son: concluir la actualización de instrumentos de gestión, coordinación para el inicio de actividades del bicentenario, saneamiento físico de los terrenos y predios de propiedad municipal, elaboración de un nuevo expediente técnico para el mejoramiento del Mercado Modelo, entre otros.
“Lucha frontal contra la corrupción es nuestro lema y en ese sentido vamos a trabajar de forma ordenada. Es necesario unir esfuerzos para convertir a Lambayeque en una ciudad moderna, limpia y segura para así celebrar el próximo año el bicentenario de nuestra ciudad”, finaliza.
TRANSPORTISTAS DEMANDAN ORDENAMIENTO A LA MPCH: CINCO MIL TAXIS DE CHICLAYO CUENTAN CON GPS
“Estas tres últimas gestiones, dos terminadas y una que empiezan, no representan ninguna esperanza de solución para nuestro querido Chiclayo. Cada vez vemos con mucha pena cómo nuestras autoridades no se esfuerzan lo necesario y se presentan sin un plan de gobierno anticipando, por lo que seguimos con gente improvisada que llega al sillón municipal sin saber qué cosa hacer”, señala Segundo García Sánchez, presidente de la Corporación de Taxis de Lambayeque.
El dirigente de la organización que agrupa a más de 50 empresas de taxis, señala que es urgente que en la ciudad se emprendan acciones concretas para el reordenamiento del transporte y una de ellas es la construcción de un depósito municipal en el que sean internados los vehículos que no reúnen los requisitos para circular o prestar servicios públicos.
Actualmente, las unidades vehiculares intervenidas son trasladadas a parte del terminal al lado de EPSEL o en los exteriores de las comisarías.
García Sánchez recuerda que a inicios de la gestión del ahora recluido exalcalde David Cornejo Chinguel se tomaron acciones a través del CEPRI Chiclayo para que se concesione la construcción y operación del depósito municipal, pero que al igual que otros muchos proyectos de la ciudad todo quedó “en letra muerta”.
“No creo que sea muy difícil para la municipalidad gestionar la construcción de un depósito y dar una solución al caos que ahora se ve afuera de todas las comisarías. Esto pasa por falta de gestión y desconocimiento de los funcionarios de la municipalidad, quienes no son capaces de hacer y ordenar”, manifiesta.
CAOS Y CORRUPCIÓN
El dirigente añade que tampoco se percibe voluntad para el ordenamiento y eficacia en el funcionamiento de la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes.
“El desorden fomenta el escenario propicio para la corrupción y ya sabemos quiénes son los beneficiados. Cuando no hay formalidad O entrega de documentación a los transportistas en los plazos establecidos, se benefician los que fiscalizan, porque estos son los que piden sobornos”, manifiesta.
Según indica, la gerencia de transportes del municipio no tiene una base de datos actualizada y, por lo tanto, no conoce cuántos vehículos de cada modalidad circulan por la ciudad.
“En pleno siglo XXI es vergonzoso que el municipio no tenga los datos actualizados, hay vehículos que tienen tarjeta de operatividad pero sus expedientes no existen en el municipio. ¿Cómo se hizo? Nosotros le hemos dicho a la municipalidad que si no actualiza su base de datos será imposible ordenar el sector transportes”, señala.
De acuerdo con cifras de la corporación, en Chiclayo circulan aproximadamente 25 mil vehículos dedicados al servicio de taxis entre formales e informales. Para la municipalidad, las cifras son inexactas.
El año pasado, por ejemplo, cuando se formuló el Plan Regulador de Rutas se consignó, en el mismo documento, que en la ciudad transitaban ocho mil, 11 mil y 13 taxis.
“Eso demuestra que no hay trabajo de campo ni actualización del servicio de transporte público en ninguna modalidad. Hasta ahora nadie nos puede decir cuántos vehículos oficialmente hay en la ciudad”, menciona.
Segundo García sostiene que una forma de actualizar la información municipal es convocando a una reinscripción general de las unidades dedicadas al transporte público, validando únicamente a quienes reúnen todos los requisitos.
“Debería realizarse un censo vehicular, pero para ello debe haber la voluntad de querer hacer las cosas bien. En estos momentos hay más de seis mil expedientes a la espera de ser resueltos por la administración municipal y con mucha pena debo decir que nuevamente se ha designado en Transportes a personas que no tienen ningún conocimiento, gente que tiene interpretaciones personalísimas de las normas pese a que el Reglamento Nacional de Transporte es único, facultándole a la municipalidad administrar y normar de acuerdo a su realidad”, explica.
Añade que en las anteriores gestiones municipales hubo mafias enquistadas en el área de Transportes y precisa que en los últimos años solo puede destacar el trabajo realizado por Edwin Vásquez Sánchez, a quien – asegura – “nadie pudo acusarlo de corrupción”.
Respecto a seguridad, García Sánchez comenta que la corporación ha redoblado sus esfuerzos por garantizar mecanismos que permitan mayor resguardo tanto a los transportistas como a los usuarios.
Desde el 2015, ante la ausencia de la protección policial, las empresas de transportes empezaron a organizarse a fin de mejorar la seguridad. Cada empresa – afirma – tiene registrados y filtrados a sus conductores.
“Ahorita tenemos cinco mil unidades con GPS que circulan en la ciudad, todas interconectadas a tres centrales de monitoreo. Esto nos ha permitido recuperar en tiempo récord las unidades desviadas y reducir el pago de cupos por aparente vigilancia. Las extorsiones en transportes se han reducido en 90 % en el sector”, manifiesta.
Acota que con ayuda de la Policía Nacional del Perú se filtra las nóminas de los conductores adscritos a las empresas de taxis y se trabaja en una estrategia para interconectar las centrales de comunicación con las unidades de emergencia.
FÉLIX CHERO MEDINA: “SE HA DESNATURALIZADO LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL PERÚ”
El abogado y docente universitario Félix Chero Medina conversó con Expresión sobre el uso de la prisión preventiva en el país y afirmó que la judicatura peruana se ha apartado ampliamente de las recomendaciones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respecto a cautelar los derechos fundamentales de cualquier investigado.
¿Considera usted que el Ministerio Público y el Poder Judicial hacen uso excesivo de la prisión preventiva?
Antes debemos precisar que en nuestro sistema procesal penal la prisión preventiva es una medida cautelar provisional, pero también excepcional. Es decir, la regla es que un ciudadano, al que se le imputa la comisión de un delito sea investigado en libertad. La excepción es que se le dicte la medida cautelar de prisión preventiva cuando concurren los presupuestos que establece el Código Procesal Penal, pero no se trata de un tema formal de concurrencia de presupuestos, sino que además se debe respetar los estándares internacionales de la prisión preventiva.
Lamentablemente en nuestro país esta medida cautelar se está desnaturalizando y es muy cuestionada porque los jueces solo se han encasillado en la norma interna y en la formalidad del Código Procesal Penal y no fundamental, no motivan ni justifican esta medida excepcional sobre la base de los estándares internacionales en tanto estamos adscritos nosotros a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
¿Es por ello el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
El informe, que es de julio del 2017, en términos coloquiales le da un jalón de orejas al Perú. Nos dice: “Señores, en América Latina hay un uso abusivo de la prisión preventiva y ustedes deben realizar todos los esfuerzos para disminuir el uso de esta medida”. Sin embargo, en diciembre de ese año el entonces presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, dictó un decreto legislativo que aumentó a 36 meses la prisión preventiva por crimen organizado y ahora él es alguien que prueba de su propia medicina.
Más allá de que el Estado tiene que protegerse del crimen porque socaba la seguridad ciudadana, socaba la cosa pública y que las comunidades tengan acceso a servicios de calidad, tras ese clamor social no se puede justificar que se dicten prisiones preventivas violatorias de derechos fundamentales.
Un expresidente (Alan García) se suicidó en una diligencia fiscal y otro expresidente (Pedro Pablo Kuczynski) está en grave situación de salud con una medida cautelar que pesa sobre él. ¿En qué situación pone esto a la justicia del país?
No podemos generar una psicosis colectiva ni permitir que cualquier delincuente común o vinculado a las esferas del poder amenace al sistema diciendo: “Si me das prisión preventiva me mato”. El mensaje no puede ser ese.
El mensaje claro, objetivo y preciso debe ser que nuestros operadores jurídicos dicten prisiones preventivas que sean inteligibles a quienes trabajamos con el sistema de justicia y que el común de las gentes entienda que dichos mandatos se dan porque existen razones y motivos fundados.
Existen además medidas alternas a la prisión preventiva…
Comentaba con mis alumnos hace poco que en este clamor social de que se combata la corrupción, si se quiere metaforizar esto, se ha convertido al Poder Judicial en un circo romano y los adversarios que son el fiscal y los abogados terminan siendo gladiadores y no sujetos procesales. ¿Por qué? Porque si el fiscal consigue una prisión preventiva bien o mal admitida hay quien celebra: o los adversarios políticos o la comunidad que clama justicia.
Hay que combatir a la corrupción, pero no a cualquier precio. Se tienen que dictar prisiones preventivas como medidas excepcionales, pero fundamentar y justificar sobre estándares internacionales.
En algún momento el expresidente de la Corte Suprema de la República Duberlí Rodríguez Tineo dijo que el Poder Judicial se había convertido en “mesa de partes de la fiscalía”. ¿Lo corrobora?
Insisto, el Estado se tiene que proteger de la criminalidad organizada pero no a cualquier precio. ¿Por qué es que el doctor Duberlí Rodríguez afirmó esto? Porque el fiscal hace un requerimiento de prisión preventiva y el juez sobre esa base termina emitiendo su resolución de admisión por muchas razones: populismo punitivo, mediatización y presión social.
El juez debe ser muy prolijo y analítico, más aún porque hace un control difuso no solo de constitucionalidad, sino también de convencionalidad; es decir, el juez penal es un juez de garantías, debe evaluar no solo los presupuestos formales sino también el marco constitucional del derecho fundamental a la libertad y los estándares internacionales para dictar la prisión preventiva.
Nosotros tenemos infinidad de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que orientan el tema. Si se revisa en el Perú 100 resoluciones que dictan prisión preventiva a lo mucho una o dos citarán sentencias de la Corte Interamericana. Tenemos como jurisprudencia vinculante los casos Roseros vs. Ecuador y López Álvarez vs. Honduras, en las que se establece que no por la gravedad del delito necesariamente una persona tiene que ir a prisión porque se debe considerar si tiene arraigo laboral, familiar y otros aspectos.
¿Influye en ello la cultura jurídica del país?
Nosotros podemos ver una película de juicios en Estados Unidos y notaremos que son muy ágiles. Si el imputado paga su caución, queda en libertad y si no se va a la cárcel y toda la comunidad lo acepta porque forma parte de la cultura jurídica.
La legislación también es importante…
Veamos los viajes que hacen los congresistas. ¿A dónde van? A Japón, a Estados Unidos o a Rusia. ¿Qué de bueno han aprendido de esos viajes para aplicarlo en nuestro país? ¿Saben acaso que en Suiza y Holanda se han cerrado 40 cárceles? ¿Por qué? Porque no hay presos. La razón es que en estos países han adoptado medidas alternativas a la prisión preventiva como la imposición de cauciones, el arresto domiciliario o los grilletes electrónicos y leyes dan un mensaje claro a la sociedad respecto a la lucha contra la delincuencia, pero también un mensaje al delincuente que sabe que si comete un delito la sanción será drástica.
La propuesta de la congresista Luciana León de revisar la legislación sobre la prisión preventiva, ¿es oportuna?
Yo no puedo justificar que como consecuencia de un acto concreto, vinculado a un partido político, se deban buscar medidas aisladas. Las medidas que se adoptan tienen que ser integrales. ¿Qué tiene que pasar en el Perú? Simple y llanamente cumplir las recomendaciones que ha hecho la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Si así fuera el mensaje colectivo sería que se combate a la delincuencia sin violar derechos fundamentales.
Estamos adscritos a un modelo procesal garantista y si nos preciamos de ser garantes de los derechos fundamentales no podemos desnaturalizar la esencia de la prisión preventiva y del proceso penal, porque una persona será inocente desde que lo detienen hasta que se emita una sentencia condenatoria y esta quede firme.
EN AUDIENCIA DE PRUEBA ANTICIPADA: TESTIGOS DEL CASO “WACHITURROS” CAEN EN CONTRADICCIONES
A solicitud del Ministerio Público, el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, que despacha el juez Carlos Chanamé Chumán, continuó con las audiencias de prueba anticipada en el caso “Los Wachiturros”, mecanismo considerado en el Código Procesal Penal que permitirá – para la fiscalía - asegurar los testimonios de los testigos y colaboradores en el proceso seguido contra Edwin Oviedo Picchotito, exfuncionarios y extrabajadores de la Empresa Agroindustrial Tumán por su presunta participación en el asesinato de Manuel Rimarachín Cascos y Percy Farro Witte, así como la supuesta comisión del delito de asociación ilícita para delinquir.
El Ministerio Público tiene los testimonios de la viuda y el hijo de Manuel Rimarachín Cascos, Rosalía Vera Cajusol y Bryan Rimarachín Vera respectivamente, y del hermano de Percy Farro Witte, José Farro Witte, a efectos de demostrar la participación de los 21 investigados del caso “Los Wachiturros” en los asesinatos, así como las declaraciones del colaborador eficaz 002-2015 para evidenciar la asociación ilícita.
Esta semana ofrecieron sus testimonios Rosalía Vera y su hijo, quienes se sometieron al interrogatorio del representante de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada – FECOR, Lambayeque, Juan Manuel Carrasco Millones y los abogados defensores de los imputados. Este viernes lo hará el hermano de Farro Witte.
SUPUESTO PELIGRO
La fiscalía, para lograr la realización de las audiencias de prueba anticipada, invocó un supuesto peligro de la seguridad del colaborador eficaz, así como la posible compra de testigos para que cambien sus versiones respecto a los hechos que dicen conocer. Inicialmente, el despacho del juez Carlos Chanamé negó el pedido de la FECOR Lambayeque, decisión que fue revocada por la instancia superior en un procedimiento que tendría visos de irregular, debido a que las partes procesales no fueron efectivamente notificadas del requerimiento de prueba anticipada presentado por el Ministerio Público.
Con la realización de las audiencias de prueba anticipada tanto el colaborador eficaz como los familiares de Manuel Rimarachín y Percy Farro quedan exentos de acudir a juicio oral en caso este llegase a instalarse.
DECLARACIONES CONFUSAS
Uno de los hechos más saltantes conocidos en la audiencia de prueba anticipada continuada el lunes de esta semana fue que Rosalía Vera Cajusol, tras el asesinato de Manuel Rimarachín Cascos, ocurrido el octubre del 2012, acudió dos veces a rendir su manifestación ante la Policía Nacional del Perú y cuatro años después – según ha detallado – de manera voluntaria lo hizo ante la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada – FECOR, que jefatura en Lambayeque el fiscal Juan Manuel Carrasco.
Lo particular de las dos primeras declaraciones de Vera Cajusol ante la policía es que no dijo que su esposo, aún con vida, tras el atentado registrado cuando salía de su vivienda, le reveló el nombre de quienes ejecutaron los disparos, episodio que sí recordó cuatro años cuando acudió voluntariamente ante el fiscal Carrasco Millones. Eso evidenciaría el cambio de versión.
En la audiencia de prueba anticipada también quedó claro que Vera Cajusol desconoce los motivos por los cuales asesinaron a su esposo. Empero, cuando declaró ante Carrasco Millones señaló que uno de los motivos habría sido la enemistad que Rimarachín Cascos mantenía con el exfuncionario de la agroindustrial Tumán, procesado por el caso “Wachiturros”, Pablo Arce Benites.
Vera Cajusol inicialmente también indicó que encontró con vida a su esposo el día del atentado y que ayudó a subirlo a la mototaxi. El lunes, refirió que cuando se constituyó a la escena del crimen este ya se encontraba a bordo de la unidad.
La viuda del exdirigente azucarero no evidenció razón justificable para precisar que mantuvo el en reserva lo que supuestamente le dijo Manuel Rimarachín (nombre de sus asesinos) antes de morir, tampoco afirmó haber sido amenazada o coaccionada durante el desarrollo de las investigaciones para cambiar de versión.
Similares contradicciones ha expuesto Bryan Rimarachín. Rosalía Vera indicó que contó de los hechos revelados ante el fiscal Carrasco Millones únicamente a su padre (fallecido hace cuatro años). Sin embargo, Bryan Rimarachín sostuvo en la audiencia de prueba anticipada que conoció los nombres de los criminales por boca de su madre.
A ello se suma otro cambio de versión por parte de Rimarachín Vera, quien luego aseguró que se enteró “por unos amigos”, pero al ser interrogado sobre el nombre de estos dijo desconocer cómo se llaman.
También se ha detectado una contradicción con lo dicho por el colaborador eficaz, quien aseguró que no intervino en la muerte de Manuel Rimarachín. Empero, Rosalía Vera habría indicado que el colaborador eficaz (cuyo nombre conoce), sí participó en el crimen.

References: resolución 
 artículo 45
 resolución 
 artículo 23
 artículo 45
 resolución 
 artículo 23
 artículo 46
 resolución 
 artículo 50
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Artículo 87
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 418
 resolución