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⭐Ley María da Peña: conquistas y desafíos en Brasil. Stela Cavalcanti 1. (Autor desconocido)
Ley María da Peña: conquistas y desafíos en Brasil. Stela Cavalcanti 1. (Autor desconocido)
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Ana María Aguirre Martín
1 Ley María da Peña: conquistas y desafíos en Brasil Stela Cavalcanti 1 La ley no puede forzar a los hombres a ser buenos; pero puede impedirles ser malos (Autor desconocido) Resumen: Este artículo revela las conquistas y los desafíos para la efectividad de la ley María da Peña en Brasil. Informa que la violencia doméstica y familiar es un problema que aflige chicos, adolescentes, mujeres adultas y ancianas en todo el mundo. Enfatiza que la acción política de los movimientos de mujeres y feministas en los últimos 30 años fue decisiva para la implantación, en Brasil, de una política pública de prevención y combate a la violencia contra las mujeres. Presenta los cambios establecidos por la ley María da Peña, principalmente en lo que se refiere a la defensa de la aplicación de la ley en los juzgados especiales, n /95 para los casos de violencia doméstica y enumera las especies de violencia doméstica consagradas por la ley n /06- Ley María da Peña. Se exponen los datos estadísticos sobre hechos de violencia doméstica en Brasil y en el mundo. Demuestra que esta ley consagra un nuevo microsistema jurídico de enfrentamiento de la violencia doméstica y familiar en Brasil y aunque se trata de algo reciente, mucho ya fue hecho para que sea efectivo. Abstract: This article reveals the achievements and the challenges to the effectiveness of the law Maria da Peña at Brazil. It is reported that domestic and family violence is a problem that afflicts children, adolescents, adult and elderly women around the world. It emphasizes that the political action of the movements of women and feminists in the past 30 years was decisive for the implantation in Brazil of public policy for the prevention and combat violence against women. Presents the changes established by the law Maria da Peña, mainly in what refers to the defence of the application of the law in the special courts, n /95 for cases of domestic violence and lists the species of domestic violence enshrined by law n /06 - law Maria da Peña. Presents statistical data on 1 Promotora de Justicia de Alagoas. Maestra en Derecho Público. Autora da la obra: Violencia doméstica: análisis de la ley María da Peña. 3 ed., Juspodivm, Salvador, Coautora de la obra: Violencia y hostigamiento contra la mujer, Maceió, Edufal, Coautora de la obra: El sistema de Justicia, derechos humanos y violencia contra la mujer. Juruá, Curitiba, Escritora y conferenciante en diversos cursos, congresos y seminarios. 902 domestic violence in Brazil and in the world. It demonstrates that this law establishes a new legal microsystem of confrontation of domestic violence and family in Brazil and although it's something recent, much as it was made to make it effective. 1. Introducción La violencia contra las mujeres es un problema que alcanza chicos, adolescentes, mujeres adultas, y ancianas en todo el mundo. Ocurre principalmente, por las desigualdades en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, y también por la discriminación de género todavía presente tanto en la sociedad como en la familia. Mientras el sexo (masculino y femenino aparecen como un dato biológico, el género 2 se presenta como una adquisición social. La sociedad define las creencias y los comportamientos característicos de cada sexo en un determinado período histórico y a lo largo del tiempo, la concepción del mundo ha favorecido el sub juzgamiento de las mujeres, por conceder solamente a los hombres los papeles importantes, respetados y valorizados, a costa de la opresión de las mujeres y supresión de sus derechos fundamentales. De tales diferencias y desigualdades surgió la idea de superioridad de los hombres en relación a las mujeres, responsable por la dominación masculina, instituida socialmente, dando origen a lo que llamamos de violencia de género, sufrida actualmente, tal como en todos los tiempos, solamente por las mujeres en todo el mundo. La violencia doméstica y familiar se destaca en el panorama mundial como uno de los mayores obstáculos a la efectuación de los derechos humanos de las mujeres. Se destacan los siguientes hechos: violencia física, psicológica, sexual, moral y patrimonial, conforme establece el art. 7 de la ley María da Peña, n /06. Aunque los derechos fundamentales posean un carácter universal, las mujeres aun son un grupo vulnerable a todas las formas de violencia. Los medios de comunicación y las estadísticas denuncian diariamente agresiones físicas y verbales, amenazas y asesinatos 2 Dentro de la teoría feminista la terminología para las cuestiones de género se desenvolvió alrededor de la década del 70. En la edición de 1974 del libro Masculine/Feminine or Human de Janet S. Chafetz, la autora usa genero innato y papeles sexuales aprendidos, pero en la edición de 1978, el uso de sexo y género es invertido. En la década de 1980, la mayoría de los escritos feministas pasaron a estar de acuerdo en el uso de género apenas para aspectos socioculturales adaptados. En los estudios de género el término es usado para referirse a las construcciones sociales y culturales de masculinidad y feminidad. En este contexto, el género explícitamente excluye referencias para las diferencias biológicas y se focaliza en las diferencias culturales. Fuente: Wikipédia Disponible en: Acceso en3 practicados en el ambiente familiar, como también otros tipos de violencia practicados contra las mujeres en las relaciones domésticas y en el trabajo, teniendo como principales motivos el preconcepto y la discriminación. Hasta hace pocas décadas, la sociedad y el poder público no tenían grandes preocupaciones en prevenir y reprimir la violencia doméstica. El tema era tratado como un problema privado de las familias, que excluía la intervención del estado. El movimiento feminista tuvo participación definitoria en la conquista de los derechos civiles y políticos, luchando en defensa de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, junto a los ideales de derechos humanos, defendiendo la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia, tanto en las leyes como en las prácticas sociales. La acción política de los movimientos de mujeres y feministas en los últimos 30 años fue decisiva para la implantación, en Brasil, de una política pública de prevención y combate a la violencia contra las mujeres. A partir de la Constitución de 1988 hubo un gran cambio de paradigma, pues el estado salió de la condición de mero espectador para asumir el deber de promover acciones preventivas y represivas destinadas a combatir la violencia en el ámbito de las relaciones familiares. Mientras, el art. 5 de la Constitución Federal de 1988 que instituía la igualdad formal ente hombres y mujeres, no consiguió disminuir las desigualdades y los índices de agresiones practicadas contra las mujeres, pues especialmente la violencia doméstica continúa en cantidades alarmantes en el país. La ley n /2006, bautizada con el nombre de ley María da Peña, surgió después de historias de muchas luchas en busca de justicia contra actos de violencia doméstica y familiar. Considerando que, la legislación brasileña no respondía de forma satisfactoria a la realidad, por no ofrecer protección necesaria a las mujeres, ni tampoco punía el agresor adecuadamente, y los resultados de las encuestas demostraban que cada vez más se complicaba el cuadro de violencia doméstica y familiar contra las mujeres en Brasil, por lo tanto se hizo necesario la creación de una ley de enfrentamiento a ese tipo de violencia. La efectiva protección de los derechos humanos demanda no apenas políticas universalistas mas especificas, apuntadas a grupos socialmente vulnerables, entretanto victimas preferenciales de la exclusión. Esto es, la implementación de los derechos humanos requiere la universalidad y la indivisibilidad de estos derechos, agregado del valor de la diversidad. 924 El gran desafío del nuevo milenio es como actuar para que el reconocimiento de los derechos humanos sea capaz de generar políticas públicas y acciones eficaces que concretamente contribuyan para la plena fruición de esos derechos por parte de las mujeres, proporcionándoles una vida libre de violencia. 2. Desarrollo 2.1 La Ley María da Peña y los Juzgados Especiales Hasta la publicación de la Ley María da Peña, la violencia doméstica contra la mujer no había recibido la debida importancia por parte de la sociedad, del legislador y ni tampoco del judiciario brasileño. Las situaciones de agresiones sufridas por la mujer, durante poco más de diez años y hasta el 22 de septiembre de 2006, cuando entro en vigor la ley María da Peña, eran de competencia de los juzgados especiales criminales, Ley n /95, encuadrándose tales casos de violencia como delitos de menor potencial ofensivo, cuya pena máxima era de dos años de detención, con posibilidades de conmutación de esta pena en restrictiva de derecho, tal como el pago en dinero, en canastas familiares, no preveía la prisión preventiva por los crímenes de violencia doméstica, y también no hacia la detención en flagrante delito del agresor. La ley n /95 llegó como uno de los mayores avances de la legislación brasileña por su propuesta de despenalizar, al introducir importante cambios en la política criminal brasileña, como la aplicación de las penas no privativas de libertad, la adopción de rito sumarísimo, la posibilidad de aplicación de la pena antes del ofrecimiento de la acusación, por lo tanto represento una verdadera revolución en el sistema procesual brasilero, desahogando el judiciario, prestándole mayor celeridad. Sin embargo, no obstante una consciente tentativa de acabar con la impunidad, dejo el legislador de priorizar el ser humano, preservar su vida y su integridad física, como destaca (Días, 2007). Según la autora, el legislador, en el ansia de agilizar el procedimiento, al condicionar a la representación de la victima las lesiones corporales leves y las culposas, se olvido que no es posible condicionar la acción penal a la iniciativa de la victima cuando existe desequilibrio entre agresor y agredido. A pesar de la igualdad entre los sexos estar resaltada en la Constitución Federal, viene ya de siglos la discriminación que coloca a la mujer en posición de inferioridad y subordinación frente al 935 hombre. Al representar contra el agresor, la mujer victima temía sufrir aun más agresiones, pues al retornar al hogar, se veía obligada literalmente, a dormir con el enemigo. Injustificable la falta de consciencia del legislador de que la violencia doméstica y familiar merecía un tratamiento diferenciado. Infelizmente, ese tipo de violencia continúa acumulando estadísticas; al final, la cuestión continuaba sobre la tutela de los Juzgados Especiales Criminales y sobre la incidencia de los institutos despenalizadores de la Ley n 9.099/95. Además, como resalta (Cavalcanti, 2009), la restricción conceptual de las infracciones de menor potencial ofensivo a los crímenes en que la pena aplicada no exceda los dos años, deja de considerar la gravedad objetiva del daño en varias hipótesis típicas, el ejemplo de la violencia sufrida por la mujer. Vea lo que dice la autora: Ejemplificando, la mujer podría ser golpeada, torturada y quedase al borde de la muerte, pero, si recuperase la salud en el plazo de 30 días y no presentase secuelas, el delito sería considerado de menor potencial ofensivo con pena que variaba de seis meses a un año, sujeto al rito de los juzgados especiales, pena restrictiva de derecho o multa, fácilmente convertido en prestación de servicios a la comunidad o pago de canastas familiares. Lo que era incoherente y un verdadero absurdo. Además, las secuelas psicológicas que esas agresiones acarreaban a las víctimas no eran observadas en la aplicación de la pena, bien como el hecho de que las agresiones fueran, generalmente, habituales. La ley María da Peña, de forma clara y tajante anuló la utilización de la ley n /95 para los casos de violencia doméstica, art. 41. A pesar de esto, no hubo acuerdo entre los operadores del derecho brasileño en la aplicación de este artículo, así recientemente, los ministros del Supremo Tribunal Federal, al juzgar la ADC - Acción declaratoria de constitucionalidad n. 19 y la ADI - Acción directa de inconstitucionalidad n. 4424, decidieron por la constitucionalidad del art. 41 de esta ley, dirimiendo cualquier duda existente. Enfatizando, inclusive, que la acción penal en los crímenes de lesión corporal seria pública e incondicionada, es decir, el Ministerio público bajo la obligación de iniciar la acción penal y no más la víctima Datos estadísticos de la violencia doméstica en Brasil y en el Mundo Relato de la Organización Mundial de la Salud (OMS 2002), un estudio realizado en África del Sur, Australia, Canadá, Estados Unidos y Israel apunta que 70% de los asesinatos de mujeres en el mundo son cometidos por hombres con quien ellas tenían o 946 tuvieron algún tipo de relacionamiento amoroso y que en Brasil, de cada 100 mujeres brasileñas asesinadas, 70 son en el ámbito de sus relaciones domésticas. Encuesta realizada en 2009 por el Instituto Ibope/ Avon concluye que la violencia doméstica está en el tope de las preocupaciones de las mujeres brasileñas 56%, siguiendo SIDA con 51%, violencia urbana 36% y cáncer de mamas 31% 3. La violencia doméstica compromete 14,6% del Producto Bruto Interno (PBI) de América Latina y 10.5% del PBI del Brasil, ya que la mujer agredida falta al trabajo y hace uso del sistema público de salud para tratamiento médico, siendo considerada, por lo tanto, un problema de salud pública 4. Varios factores contribuyen para eso, entre ellos: la ineficiencia del atendimiento prestado a las víctimas por el sistema de justicia; la insuficiencia de las políticas públicas de protección y asistencia a las víctimas y sus familiares, también por la ausencia de programas sociales para tratamiento de los agresores. La ley María da Peña, n /2006, fue idealizada con el objetivo general de contribuir para el efectivo combate a las varias formas de violencia domestica y familiar. Sus objetivos específicos son: prevenir, cohibir, punir con mayor rigor y contribuir para la protección de las víctimas de la violencia domestica en Brasil, cumpliendo, así, con los tratados y convenciones internacionales ya ratificados por el país. La ley María da Peña consagra un nuevo microsistema jurídico de enfrentamiento de la violencia domestica y familiar. Aunque se trate de algo reciente, mucho ya fue hecho para hacerla efectiva: como la creación de juzgados de combate a la violencia domestica y familiar en varios Estados de la Federación; núcleos de atendimiento especializado en los Ministerios Públicos y en las Defensorías Públicas; ampliación de las redes asistenciales de protección; aplicación de las medidas proteccionistas de urgencia en favor de las víctimas y contra los agresores, entre otras. El tratamiento legal diferenciado en favor de la mujer en situación de violencia domestica está en consonancia con los objetivos fundamentales establecidos en la Constitución Federal, como la ciudadanía y la dignidad de la persona humana, imponiendo la intervención del Estado, para erradicar la violencia de género y promover la igualdad material entre los hombres y mujeres. Después de cinco años de vigencia, la ley María da Peña fue considerada por el UNIFEM- Fondo de Desenvolvimiento de las Naciones Unidas para la Mujer como una7 de las 3 legislaciones más avanzadas en el mundo (Relato Global Progreso de las Mujeres en el Mundo de 2008/2009 ). Según el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en Brasil, el número de procesos de mujeres contra la violencia domestica aumento 150% entre 2006 y De allá para acá, fueron más de 110 mil procesos, que condenaron casi 12 mil hombres agresores 5. La ley, que cuenta con más de 80% de aprobación de la población, según encuesta de la Fundación Perseu Abramo realizada en 2011, aumenta, por ejemplo, en tres veces la pena para lesión corporal leve en ámbito domestico 6. Además de eso, impidió la aplicación de canastas familiares, o multa, para los casos de violencia doméstica y familiar. Desde la creación de la ley María da Peña, la central de atendimiento a la mujer, el llame 180, del Gobierno Federal, ya recibió más de 240 mil denuncias. La mayoría relatos de agredidas por el marido enfrente de los hijos. La Central de Atendimiento a la Mujer- Llame 180, es un servicio ofrecido por la Secretaria de Políticas para las mujeres, del Gobierno Federal, con el objetivo de recibir denuncias, o relatos de violencia, reclamaciones sobre los servicios de la red y de orientar las mujeres sobre sus derechos y sobre la legislación vigente, encaminándolas para los servicios cuando sea necesario. Además de la importancia de un servicio nacional y gratuito, que pueda constituir una importante puerta de entrada en la red de atendimiento para las mujeres en situación de violencia, la Central se ha revelado bastante útil para el levantamiento de informaciones que subsidian un trazado de la política de enfrentamiento de la violencia y para el control de los servicios que integran la red en todo el país. En estos más de cinco años de aplicación, la ley María da Peña ya dejó una lección: lo más importante para quien sufre violencia doméstica es denunciar enseguida, denunciar temprano y evitar que una amenaza o una agresión verbal se transformen en una tragedia. 3. SINTESIS Y CONCLUSIÓN La violencia contra la mujer se destaca en el panorama mundial como uno de los mayores obstáculos para aplicar los derechos humanos. De ello resultan las siguientes consecuencias: violencia física, psicológica, sexual, moral, patrimonial, espiritual, institucional, de género o raza, doméstica y familiar, entre otras8 Hasta hace pocas décadas, la sociedad y el poder público no tenían grandes preocupaciones en prevenir y reprimir la violencia doméstica. El asunto era tratado como un problema privado, que no requería la intervención del Estado. A partir de la Constitución de 1988, en Brasil, hubo un gran cambio de paradigma, pues el Estado salió de la condición de mero espectador para asumir el deber de promover acciones preventivas y represivas destinadas a combatir la violencia domestica. El movimiento feminista tuvo participación decisiva en la conquista de los derechos civiles y políticos. Los derechos de las mujeres surgen como una especialización de los derechos humanos fundamentales en el orden jurídico internacional y en las constituciones contemporáneas. A partir de la década del 70, los derechos humanos de las mujeres pasaron a ser estatizados por la edición de diversos tratados internacionales. A nivel planeta, los países asociados a las Naciones Unidas asumieron solemnemente el compromiso de realizar reformas legislativas y promover políticas públicas destinadas a la promoción de la igualdad de género, al combate a la discriminación y violencia contra la mujer. El mismo camino fue recorrido en el plano regional, por los países pertenecientes a la Organización de los Estados Americanos, a la Comunidad Europea, Organización para la Unidad Africana y Liga de los Estados Árabes. La existencia de un instrumento internacional de protección de los derechos humanos fundamental de las mujeres, por sí solo, revela un gran avanzo. Las convenciones analizadas traducen el consenso de la comunidad internacional acerca de la urgencia en eliminarse la discriminación y la violencia contra la mujer y, al mismo tiempo, promover la igualdad material y substantiva. Ese consenso mundial ultrapasa la compleja diversidad cultural de los pueblos, que pasan a compartir de una misma gramática cuando el tema es la discriminación y la violencia contra la mujer. Por medio del catalogo especial de derechos humanos consagrados a las mujeres, se protege el valor de la igualdad, basado en el respeto a la diferencia. Se consagra la idea de que la diversidad debe ser vivida como equivalencia y no como superioridad o inferioridad. Es contra las relaciones desiguales que se imponen los derechos humanos de las mujeres. Aunque el Brasil sea suscriptor de esos tratados internacionales, solo inició el proceso de constitucionalización de los derechos humanos fundamentales más tarde que la mayoría de los países latinoamericanos. Solamente con la deflagración del proceso de 979 democratización es que el país comienza a ratificar los tratados más relevantes en materia de derechos humanos. El primer tratado ratificado, ya en 1984, fue la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. A partir de ahí, otros importantes instrumentos internacionales de protección a los derechos fundamentales pasaron por el mismo proceso. La dignidad humana fue levantada por la Constitución Federal de 1988 a una norma principio, dotada de fuerza vinculante en relación al poder público y a los particulares. Por ese motivo el orden jurídico, el Estado y los particulares deben respetarla y garantirla. Especialmente en lo relacionado a las mujeres, varios tratados de derechos humanos, el ejemplo de la Convención de Viena y de la Convención de Belén de Pará afirman los derechos de las mujeres como una especialización de los derechos humanos, también como es la violencia contra la mujer, grave ofensa a la dignidad humana. constituyente no se preocupó apenas con lo positivo de este valor fuente del pensamiento occidental. Busco por encima de todo estructurar la dignidad humana de forma de atribuirle plena normatividad, proyectándola por todo el sistema político, jurídico y social instituido. A pesar de las conquistas en sectores como educación, trabajo y política, las desigualdades socio económicas todavía son acentuadas. Las mujeres brasileñas, principalmente las negras, aun sufren con varias formas de discriminación. Hay un largo camino a ser recorrido en nuestro País para la aplicación efectiva de los derechos humanos fundamentales de las mujeres. Las políticas de cuño afirmativo son una importante herramienta para la construcción de una sociedad verdaderamente libre, justa igualitaria y solidaria. La concepción de igualdad puramente formal afirma en el principio general de la igualdad delante de la ley, comenzó a ser cuestionada con la comprobación de que la igualdad de derechos no era, por sí solo, un instrumento eficaz para garantizar igualdad de puntos de partida (material). Es con ese espíritu que la igualdad determinada en el art. 5, caput, de la CF ultrapasa la barrera meramente formal y adquiere carácter substancial, junto a la idea de igualdad de oportunidades. La intervención del Estado se torna de suma relevancia para el equilibrio de las relaciones de género creando reales condiciones de fruición de los derechos fundamentales por hombres y mujeres, sin cualquier distinción. El 9810 A pesar de haber amplia protección a los derechos humanos en Brasil, las estadísticas demuestran que acá, la perspectiva universalista de igualdad de derechos no se ha mostrado suficiente para asegurar la equidad deseada ente hombres, mujeres, blancos, indios y negros. El problema está en la desigualdad social y económica cuyas consecuencias llevan a innumerables violaciones a los derechos fundamentales. desigualdad esta estampada en los datos socio económicos de la sociedad brasileña y, cuando son considerados a la luz de indicadores como raza, etnia y genero, esas diferencias se alargan, llegando a cantidades alarmantes. Según las informaciones del Centro regional de informaciones de las Naciones Unidas en Bruselas UNRIC, las mujeres deben estar en la línea de frente de los esfuerzos de la comunidad internacional, bien como de los países, por constituir la mayoría de los 1,3 millones de personas que viven en la pobreza extrema. La feminización de la pobreza se traduce en diferencias en términos de rendimientos, salud y educación, un problema que exige una respuesta más enérgica de los gobernantes y de la sociedad civil, tanto a nivel nacional como internacional. Las políticas públicas son los medios necesarios para la efectuación de los derechos fundamentales, una vez que poco vale el mero reconocimiento formal de derechos si él no viene acompañado de instrumentos para hacerlo efectivo. Las políticas de combate a la pobreza y discriminación deben ser prioridad en Brasil. Ellas incluyen revisión de la política económica que han generado recesión, desempleo e informalidad en el mercado de trabajo. Las mujeres son la mayoría entre las personas desempleadas, en el sector informal, están entre la población con los menores sueldos y peores ocupaciones. Además de eso, el estado debe adoptar estrategias promocionales capaces de estimular la inserción e inclusión de grupos socialmente vulnerables en los espacios sociales. Los programas gubernamentales destinados a prevenir, punir y erradicar violaciones a los derechos humanos de las mujeres se han mostrado frágiles, por su insuficiencia, descalificación, desarticulación, fragmentación y discontinuidad. La necesidad de compromiso del Estado con la efectiva aplicación de políticas públicas sobre la óptica género se torna cada vez mayor, frente a los preconceptos al desenvolvimiento personal y social que alcanzan las mujeres en situación de discriminación y violencia. Frente a este cuadro de desigualdad se justifica, como un imperativo de democracia y ciudadanía, la adopción, cada vez mayor, de programas que promuevan medidas afirmativas necesarias para la corrección de esas distorsiones. No menos importante es la La 9911 implantación de mecanismos institucionales responsables por la formulación y control de políticas e iniciativas de promoción de igualdad. Delante de esas constataciones y en cumplimiento de los Tratados Internacionales ratificados por Brasil sobre los derechos humanos de las mujeres, la violencia contra la mujer recibió tratamiento típico propio en el Código Penal Brasileño con la ley n /04. Fueron retirados del Código Penal los crímenes de adulterio y seducción, con la publicación, en 2005, de la Ley n /05. Más recientemente, la Ley n /06, conocida como Ley María da Peña, vino a satisfacer las expectativas de las entidades de defensa de los derechos de las mujeres, creando mecanismos eficientes para cohibir la violencia contra la mujer y disponiendo sobre la creación de los Juzgados de Violencia Domestica y Familiar, alterando el Código Procesual Penal y la Ley de Ejecución Penal. La Ley María da Peña nos presenta eficaces mecanismos de prevención, protección y represión de la práctica de la violencia domestica, como: la creación de las medidas proteccionistas de urgencia; la organización de juzgados de violencia domestica y familiar contra la mujer; la contratación de equipos multidisciplinares para atendimiento a las víctimas y sus familiares; amplio las posibilidades de prisión in fraganti y preventiva del agresor domestico, entre otras importantes innovaciones en el combate a ese fenómeno perverso, que, a pesar de los avances, todavía hace diariamente victimas en Brasil. El tratamiento legal diferenciado a favor de la mujer en situación de violencia domestica está en consonancia con los objetivos fundamentales establecidos en la Constitución Federal, como la ciudadanía y dignidad del ser humano, imponiendo la intervención del Estado, para erradicar la violencia de género y promover la igualdad material entre los hombres y mujeres. En esa situación específica de violencia contra la mujer, la ley especial es necesaria, bien como es legitima la actuación del Estado. Políticas públicas eficientes, leyes específicas y pensadas en la perspectiva de género pueden contribuir para el empoderamiento de las mujeres y minimizar los problemas creados de las situaciones de violencia. Las políticas públicas concebidas sobre la óptica de género tienden a universalizar los derechos de las mujeres ya legalmente instituidos, mas vividos aun por una minoría de mujeres (blancas, urbanas, de clase media alta y mayor grado de instrucción). Las políticas públicas vueltas a la equidad entre los sexos no realizan todo el proyecto de transformación de la sociedad, pero constituyen un gran 10012 instrumento en el combate a las desigualdades, contribuyendo efectivamente para garantizar los derechos fundamentales a todos. No hay dudas que la Ley María da Peña trajo instrumentos importantes para una postura proactiva del Estado brasileño delante del problema de la violencia contra la mujer, dándole instrumentos de actuación más eficientes para la realización de la justicia en su significado más profundo, no apenas como la aplicación fría y ciega de reglas, pero si como un instrumento de cambio social en pro de la emancipación del ser humano en su amplitud. Con todo, se hace necesario aun el investimento público en políticas en políticas eficaces de enfrentamiento a ese problema perverso, que aflige innúmeras mujeres en todo el país. Garantizar el tratamiento psicológico a los agresores y ampliar la red de protección y combate a la violencia domestica en los Estados, proporcionando a las mujeres en situación de violencia atendimiento adecuado, humanizado y eficiente, es una estrategia interesante para contener el avance de este fenómeno en Brasil. Bibliografía Barbosa, A. W. G. y Cavalcanti, S. V. 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 ARTÍCULO 73
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 artículo 1