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Timestamp: 2016-02-08 06:00:07+00:00

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Real Decreto 54/2005, de 21 de enero, por el que se modifican el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevenci�n del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, y otras normas de regulaci�n del sistema bancario, financiero y asegurador.
Vigente desde 22/Abril/2005
Código Administrativo. Edición 2015	Redacción LA LEY 14 € + IVA Las costas procesales Luis Martín Contreras 90 € + IVA La reforma del régimen jurídico de la Administración Local	Juan Antonio Carrillo Donaire y Pilar Navarro Rodríguez
�Modificaciones del Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevenci�n del blanqueo de capitales
�Vigencia provisional de la lista de para�sos fiscales
�Modificaci�n del Reglamento de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de cooperativas de cr�dito, aprobado por el Real Decreto 84/1993, de 22 de enero
�Modificaci�n del Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, de r�gimen jur�dico de los establecimientos financieros de cr�dito
�Modificaci�n del Real Decreto 867/2001, de 20 de julio, sobre r�gimen jur�dico de las empresas de servicios de inversi�n
�Modificaci�n del Reglamento de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las instituciones de inversi�n colectiva, aprobado por Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre
R.D. 54/2005, 21 enero, rectificado por Correcci�n de errores (�B.O.E.� 26 enero). La reforma operada en la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevenci�n del blanqueo de capitales, por la Ley 19/2003, de 4 de julio, de r�gimen jur�dico de los movimientos de capitales y de las transacciones econ�micas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevenci�n del blanqueo de capitales, ha supuesto una notable actualizaci�n de nuestro r�gimen jur�dico de prevenci�n del blanqueo de capitales a la luz de las disposiciones de la Directiva 2001/97/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre de 2001. No obstante, ciertas previsiones de la ley requieren, para su total efectividad, el adecuado desarrollo reglamentario.
En consecuencia, procede reformar el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, para adecuarlo a las novedades derivadas de la Ley 19/2003, de 4 de julio. Asimismo, se introducen ciertas modificaciones aconsejadas por la experiencia acumulada desde 1995, exigidas por los cambios organizativos e institucionales operados en la Administraci�n espa�ola, o inspiradas por los est�ndares emanados de organismos como el Grupo de Acci�n Financiera Internacional, el Comit� de Supervisi�n Bancaria de Basilea, la Asociaci�n Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS), la Organizaci�n Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) o las Instituciones Financieras Internacionales.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Econom�a y Hacienda, con la aprobaci�n previa del Ministro de Administraciones P�blicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 21 de enero de 2005,
Modificaciones del Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevenci�n del blanqueo de capitales El Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevenci�n del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, se modifica en los siguientes t�rminos:
�1. Este reglamento regula, en desarrollo de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevenci�n del blanqueo de capitales, las obligaciones, actuaciones y procedimientos dirigidos a prevenir e impedir la utilizaci�n del sistema financiero y de otros sectores de actividad econ�mica para el blanqueo de capitales procedentes de cualquier tipo de participaci�n delictiva en la comisi�n de un delito castigado con pena de prisi�n superior a tres a�os.�
Dos. El art�culo 2 queda redactado del siguiente modo:
Sujetos obligados 1. Quedan sujetas a las obligaciones establecidas en este reglamento:
d) Las sociedades de inversi�n. Se except�an las sociedades de inversi�n cuya gesti�n, administraci�n y representaci�n est�n encomendadas a una sociedad gestora de instituciones de inversi�n colectiva.
e) Las sociedades gestoras de instituciones de inversi�n colectiva y de fondos de pensiones.
g) Las sociedades emisoras de tarjetas de cr�dito.
h) Las personas f�sicas o jur�dicas que ejerzan actividad de cambio de moneda o gesti�n de transferencias, sea o no como actividad principal, respecto a las operaciones relacionadas con esa actividad.
Se entender�n incluidas entre las anteriores los establecimientos financieros de cr�dito a que se refiere la disposici�n adicional primera de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislaci�n espa�ola en materia de entidades de cr�dito a la Segunda Directiva de Coordinaci�n Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero, as� como las personas o entidades extranjeras que, a trav�s de sucursales o mediante prestaci�n de servicios sin establecimiento permanente, desarrollen en Espa�a actividades de igual naturaleza a las de las entidades anteriormente citadas.
Los sujetos obligados quedar�n, asimismo, sometidos a las obligaciones establecidas en este reglamento respecto de las operaciones realizadas a trav�s de agentes y otras personas f�sicas o jur�dicas que act�en como mediadores o intermediarios de aquellos.
2. Las personas f�sicas o jur�dicas que ejerzan las siguientes actividades profesionales o empresariales quedar�n sujetas a las obligaciones establecidas en el art�culo 16:
b) Las actividades de promoci�n inmobiliaria, agencia, comisi�n o intermediaci�n en la compraventa de inmuebles.
c) Las personas f�sicas o jur�dicas que act�en en el ejercicio de su profesi�n como auditores, contables externos o asesores fiscales.
d) Los notarios, abogados y procuradores quedar�n igualmente sujetos cuando:
1.� Participen en la concepci�n, realizaci�n o asesoramiento de transacciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales; la gesti�n de fondos, valores u otros activos; la apertura o gesti�n de cuentas bancarias, cuentas de ahorros o cuentas de valores; la organizaci�n de las aportaciones necesarias para la creaci�n, el funcionamiento o la gesti�n de empresas o la creaci�n, el funcionamiento o la gesti�n de fiducias ("trusts"), sociedades o estructuras an�logas, o
2.� Act�en en nombre y por cuenta de clientes, en cualquier transacci�n financiera o inmobiliaria.
f) Las actividades relacionadas con el comercio de objetos de arte y antig�edades.
g) Las actividades de inversi�n filat�lica y numism�tica.
j) La comercializaci�n de loter�as u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios.
Cuando las personas f�sicas mencionadas en este apartado ejerzan su profesi�n en calidad de empleados de una persona jur�dica o le presten servicios permanentes o espor�dicos, las obligaciones impuestas recaer�n sobre dicha persona jur�dica respecto de los servicios prestados.
3. Estar�n sujetas a la obligaci�n de presentar declaraci�n previa sobre el origen, destino y tenencia de los fondos las personas f�sicas y jur�dicas que, actuando por cuenta propia o de tercero, realicen los siguientes movimientos de medios de pago:
a) Salida o entrada en territorio nacional de moneda met�lica, billetes de banco y cheques bancarios al portador denominados en moneda nacional o en cualquier otra moneda o cualquier medio f�sico, incluidos los electr�nicos, concebido para ser utilizado como medio de pago, por importe superior a 6.000 euros por persona y viaje.
b) Movimientos por territorio nacional de medios de pago consistentes en moneda met�lica, billetes de banco y cheques bancarios al portador, denominados en moneda nacional o en cualquier otra moneda o cualquier medio f�sico, incluidos los electr�nicos, concebido para ser utilizado como medio de pago, por importe superior a 80.500 euros.
A estos efectos, se entender� por origen el t�tulo o negocio jur�dico que determine la leg�tima tenencia de los fondos, y por destino, la finalidad econ�mico-jur�dica a que se hayan de aplicar los fondos.
La referencia a medios de pago electr�nicos no comprende las tarjetas nominativas de cr�dito o d�bito.
Mediante orden del Ministro de Econom�a y Hacienda se regular� el lugar, forma, modelos y plazos de declaraci�n y podr�n modificarse las cuant�as recogidas en los p�rrafos a) y b) de este apartado.
La obligaci�n establecida en este apartado no ser� aplicable a los sujetos obligados que acrediten debidamente su condici�n.�
Tres. El apartado 4 del art�culo 3 queda redactado del siguiente modo:
�4. Cuando existan indicios o certeza de que los clientes no act�an por cuenta propia, los sujetos obligados recabar�n la informaci�n precisa a fin de conocer la identidad de las personas por cuenta de las cuales act�an.
En el caso de personas jur�dicas, los sujetos obligados adoptar�n medidas razonables al efecto de determinar su estructura accionarial o de control.�
Cuatro. Se adiciona un nuevo apartado 5 al art�culo 3, con la siguiente redacci�n:
�5. En el momento de establecer relaciones de negocio, los sujetos obligados recabar�n de sus clientes informaci�n a fin de conocer la naturaleza de su actividad profesional o empresarial. Asimismo, adoptar�n medidas dirigidas a comprobar razonablemente la veracidad de dicha informaci�n.
Tales medidas consistir�n en el establecimiento y aplicaci�n de procedimientos de verificaci�n de las actividades declaradas por los clientes. Dichos procedimientos tendr�n en cuenta el diferente nivel de riesgo y se basar�n en la obtenci�n de los clientes de documentos que guarden relaci�n con la actividad declarada o en la obtenci�n de informaci�n sobre ella ajena al propio cliente.
Asimismo, los sujetos obligados deber�n aplicar medidas adicionales de identificaci�n y conocimiento del cliente para controlar el riesgo de blanqueo de capitales en las �reas de negocio y actividades m�s sensibles, en particular, banca privada, banca de corresponsales, banca a distancia, cambio de moneda, transferencia de fondos con el exterior o cualesquiera otras que determine la Comisi�n de prevenci�n del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. Mediante orden del Ministro de Econom�a y Hacienda podr�n aprobarse orientaciones para las distintas �reas de negocio y actividades.�
Cinco. Se adiciona un nuevo apartado 6 al art�culo 3, con la siguiente redacci�n:
�6. En el caso de transferencias de fondos dentro del territorio nacional, la entidad de origen de la transferencia tendr� los datos de identificaci�n del ordenante y, en su caso, de la persona por cuya cuenta aquel act�e, a disposici�n de la entidad de destino, a la que le ser�n facilitados de modo inmediato si lo solicita.
Si se trata de transferencias internacionales, las entidades deber�n incluir y, en su caso, mantener los datos de identificaci�n del ordenante en la transferencia y en los mensajes relacionados con ella a trav�s de la cadena de pago.
Se considerar� ordenante al titular o a los titulares de la cuenta o, cuando no exista cuenta, a la persona f�sica o jur�dica que ordene la transferencia.
A los efectos de este apartado, son datos de identificaci�n del ordenante el nombre y los apellidos de la persona f�sica o la denominaci�n de la persona jur�dica; el n�mero del documento nacional de identidad, tarjeta de residencia, pasaporte, NIF o NIE; y el n�mero de la cuenta origen de la transferencia.
El r�gimen establecido en el p�rrafo primero de este apartado para las transferencias de fondos dentro del territorio nacional podr� extenderse a las transferencias de fondos en el �mbito de la Uni�n Europea mediante orden del Ministro de Econom�a y Hacienda o norma de derecho comunitario.�
Seis. Se adiciona un nuevo apartado 7 al art�culo 3, con la siguiente redacci�n:
�7. No obstante lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 de este art�culo, los sujetos obligados podr�n establecer relaciones de negocio o ejecutar cualesquiera operaciones a trav�s de medios telef�nicos, electr�nicos o telem�ticos con clientes que no se encuentren f�sicamente presentes para su identificaci�n, siempre que:
a) La identidad del cliente quede acreditada de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable sobre firma electr�nica, o
b) El primer ingreso proceda de una cuenta a nombre del mismo cliente abierta en Espa�a o en pa�ses o territorios distintos de los se�alados en el art�culo 7.2.b), o
c) Se verifiquen los requisitos que a tal efecto establezca el Ministro de Econom�a y Hacienda.
En todo caso, en el plazo de un mes desde el establecimiento de la relaci�n de negocio, los sujetos obligados deber�n obtener de estos clientes una copia de los documentos expresados en los apartados 2 y 3 de este art�culo.
Cuando los sujetos obligados aprecien discrepancias entre los datos facilitados por el cliente y otra informaci�n accesible o en poder de la entidad, ser� preceptivo proceder a la identificaci�n en la forma establecida en los apartados 1, 2 y 3 de este art�culo.
Los sujetos obligados adoptar�n medidas adicionales de verificaci�n de la identidad del cliente cuando en el curso de la relaci�n de negocio aprecien riesgos superiores al riesgo promedio.�
Siete. El art�culo 4 queda redactado del siguiente modo:
Excepciones a la obligaci�n de identificar 1. La obligaci�n de identificaci�n quedar� exceptuada cuando el cliente sea una instituci�n financiera domiciliada en el �mbito de la Uni�n Europea o en aquellos terceros Estados que, por establecer requisitos equivalentes a los de la legislaci�n espa�ola, determine la Comisi�n de prevenci�n del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
2. Asimismo, la obligaci�n de identificaci�n de los clientes quedar� exceptuada en los siguientes casos:
a) Cuando se trate de operaciones con clientes no habituales cuyo importe no supere los 3.000 euros o su contravalor en divisas, salvo las transferencias en las que la identificaci�n del ordenante ser� en todo caso preceptiva conforme a lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 del art�culo 3.Cuando se aprecie que los clientes fraccionan la operaci�n en varias para eludir el deber de identificaci�n, se sumar� el importe de todas ellas y se proceder� a exigir su identificaci�n.
Igualmente, existir� el deber de identificaci�n en aquellas operaciones que, tras su examen por los sujetos obligados conforme a lo establecido en el art�culo 5.1, presenten indicios o certeza de que est�n relacionadas con el blanqueo de capitales procedentes de las actividades se�aladas en el art�culo 1, incluso cuando su importe sea inferior al umbral antes mencionado.
b) Cuando se trate de planes de pensiones o contratos de seguro de vida suscritos en virtud de una relaci�n de trabajo o de la actividad profesional del asegurado, siempre que dichos contratos no contengan cl�usula de rescate ni puedan servir de garant�a para un pr�stamo.
c) Cuando se trate de contratos de seguros de vida y complementarios realizados por empresas debidamente autorizadas, cuando el importe de la prima o de las primas peri�dicas que se deben pagar durante un a�o no exceda de 1.000 euros o, si se trata del pago de una prima �nica, cuando el importe sea inferior a 2.500 euros, y cuando se trate de planes de pensiones individuales siempre que la aportaci�n o las aportaciones al a�o no superen los 1.000 euros.
d) Cuando se haya establecido que el importe de las contraprestaciones de los seguros de vida, complementarios y planes de pensiones deba ser adeudado en una cuenta abierta a nombre del cliente en una entidad de cr�dito sujeta a la obligaci�n enunciada en el art�culo 3.
Las excepciones establecidas en este art�culo se entender�n sin perjuicio de la preceptiva identificaci�n del beneficiario, en los t�rminos establecidos en el art�culo 3, con car�cter previo a la entrega de la prestaci�n por el asegurador u otro sujeto obligado.�
Ocho. El apartado 1 del art�culo 5 queda redactado del siguiente modo:
�1. Los sujetos obligados examinar�n con cuidadosa atenci�n, siguiendo el procedimiento interno que establezcan, cualquier operaci�n, con independencia de su cuant�a, que, por su naturaleza, pueda estar aparentemente vinculada al blanqueo de capitales procedentes de las actividades se�aladas en el art�culo 1. En particular, los sujetos obligados examinar�n con especial atenci�n toda operaci�n compleja, inusual o que no tenga un prop�sito econ�mico o l�cito aparente, rese�ando por escrito los resultados del examen. A tal fin, el procedimiento interno de cada sujeto obligado determinar� expresamente qu� operaciones deben reputarse complejas, inusuales o sin prop�sito econ�mico o l�cito.�
Nueve. El apartado 2 del art�culo 5 queda redactado del siguiente modo:
�2. Al establecer los procedimientos y medidas de control interno a que se refiere el art�culo 11, los sujetos obligados concretar�n el modo en que se dar� cumplimiento a este deber de examen especial que incluir� la elaboraci�n y difusi�n entre sus directivos y empleados de una relaci�n de operaciones susceptibles de estar particularmente vinculadas con el blanqueo de capitales, la peri�dica revisi�n de tal relaci�n y la utilizaci�n de aplicaciones inform�ticas apropiadas para realizar el an�lisis, teniendo en cuenta el tipo de operaciones, sector de negocio, �mbito geogr�fico y volumen de la informaci�n; en todo caso, se observar� lo dispuesto en los art�culos 9 y 10 de la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de Datos de Car�cter Personal.
En la relaci�n de operaciones susceptibles de estar particularmente vinculadas con el blanqueo de capitales, se incluir�n, en todo caso, entre otros, los siguientes supuestos:
b) Cuando una misma cuenta, sin causa que lo justifique, venga siendo abonada mediante ingresos en efectivo por un n�mero elevado de personas o reciba m�ltiples ingresos en efectivo de la misma persona.
c) Los movimientos con origen o destino en cuentas ubicadas en territorios o pa�ses a que se refiere el art�culo 7.2.b).
d) Las transferencias que reciban o en las que intervengan en las que no se contenga la identidad del ordenante o el n�mero de la cuenta origen de la transferencia.
e) Los tipos de operaciones complejas, inusuales o que no tengan un prop�sito econ�mico o l�cito aparente que establezca la Comisi�n de prevenci�n del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. Estas operaciones ser�n objeto de publicaci�n o comunicaci�n a los sujetos obligados, directamente o por intermedio de sus asociaciones profesionales.�
Diez. El apartado 1 del art�culo 7 queda redactado del siguiente modo:
�1. Los sujetos obligados colaborar�n con el Servicio Ejecutivo y a tal fin comunicar�n inmediatamente cualquier hecho u operaci�n respecto al que exista indicio o certeza de que est� relacionado con el blanqueo de capitales procedentes de las actividades se�aladas en el art�culo 1, as� como cualquier circunstancia relacionada con dichos hechos u operaciones que se produzca con posterioridad.
Tambi�n se comunicar�n las operaciones que muestren una falta de correspondencia ostensible con la naturaleza, volumen de actividad o antecedentes operativos de los clientes, siempre que en el examen especial previsto en el art�culo 5 no se aprecie justificaci�n econ�mica, profesional o de negocio para la realizaci�n de las operaciones, en relaci�n con las actividades se�aladas en el art�culo 1.�
Once. El apartado 2 del art�culo 7 queda redactado del siguiente modo:
�2. En todo caso, los sujetos obligados comunicar�n mensualmente al Servicio Ejecutivo:
a) Las operaciones que lleven aparejado movimiento f�sico de moneda met�lica, billetes de banco, cheques de viaje, cheques u otros documentos al portador librados por entidades de cr�dito, con excepci�n de las que sean objeto de abono o cargo en la cuenta de un cliente, por importe superior a 30.000 euros o su contravalor en moneda extranjera. Los sujetos obligados a los que se refiere el art�culo 2.1.h) comunicar�n al Servicio Ejecutivo las operaciones que lleven aparejado movimiento f�sico de moneda met�lica, billetes de banco, cheques de viaje, cheques u otros documentos al portador por importe superior a 3.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
b) Las operaciones con o de personas f�sicas o jur�dicas que sean residentes, o act�en por cuenta de estas, en territorios o pa�ses designados a estos efectos mediante orden del Ministro de Econom�a y Hacienda, as� como las operaciones que impliquen transferencias de fondos a o desde dichos territorios o pa�ses, cualquiera que sea la residencia de las personas intervinientes, siempre que el importe de las referidas operaciones sea superior a 30.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
c) Cualesquiera otras operaciones que, a propuesta de la Comisi�n de prevenci�n del blanqueo de capitales e infracciones monetarias, se recojan en las disposiciones de aplicaci�n de este reglamento.
Cuando los clientes fraccionen una operaci�n en varias para eludir lo dispuesto en este apartado, se sumar� el importe de todas ellas y se proceder� por los sujetos obligados a la comunicaci�n de aquellas.
En los casos en que cualquiera de las operaciones incluidas en este apartado presente indicios o certeza de estar relacionada con el blanqueo de capitales, se estar� a lo dispuesto en el apartado anterior.
En todo caso, de no existir operaciones susceptibles de comunicaci�n, los sujetos obligados comunicar�n semestralmente esta circunstancia al Servicio Ejecutivo.
Para facilitar el tratamiento y la explotaci�n de la informaci�n, la declaraci�n de las operaciones que se se�alan en este apartado se efectuar� en el soporte y con el formato que determine el Servicio Ejecutivo, y se adoptar�n las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de car�cter personal, de conformidad con lo prevenido en el art�culo 9 de la Ley Org�nica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protecci�n de Datos de Car�cter Personal.�
Doce. El apartado 3 del art�culo 7 queda redactado del siguiente modo:
�3. Excepcionalmente, la obligaci�n de comunicaci�n a que se refiere el apartado anterior no ser� de aplicaci�n cuando, por tratarse de operaciones relativas a clientes habituales y respecto de los que los sujetos obligados conozcan suficientemente la licitud de sus actividades, no concurran las circunstancias previstas en el apartado 1 anterior. En estos casos, el �rgano de control interno aprobar� previamente la relaci�n de clientes objeto de excepci�n, y rese�ar� por escrito los motivos que la justifiquen.
Asimismo, la Comisi�n de prevenci�n del blanqueo de capitales e infracciones monetarias podr� acordar, de oficio o a instancia de uno o varios sujetos obligados, la no inclusi�n de determinados clientes o grupos de clientes dentro de las comunicaciones se�aladas en el apartado 2, en las condiciones que establezca la Comisi�n en cada caso.�
Trece. El apartado 4 del art�culo 7 queda redactado del siguiente modo:
�4. Las comunicaciones a que se refiere el apartado 1 de este art�culo se efectuar�n a trav�s de los �rganos de control interno y por los procedimientos que se establezcan de acuerdo con el art�culo 13, y contendr�n, en todo caso, la siguiente informaci�n:
a) Relaci�n e identificaci�n de las personas f�sicas o jur�dicas que participan en la operaci�n y el concepto de su participaci�n en ella.
b) La actividad conocida de las personas f�sicas o jur�dicas que participan en las operaciones y la correspondencia entre la actividad y las operaciones realizadas.
c) Relaci�n de las operaciones y fechas a que se refieren con indicaci�n de su naturaleza, moneda en que se realizan, cuant�a, lugar o lugares de ejecuci�n, finalidad e instrumentos de pago o cobro utilizados.
e) Exposici�n de las circunstancias de toda �ndole de las que pueda inferirse el indicio o certeza de vinculaci�n al blanqueo de capitales o que pongan de manifiesto la falta de justificaci�n econ�mica, profesional o de negocio para la realizaci�n de las actividades.
f) Cualesquiera otros datos relevantes para la prevenci�n del blanqueo de capitales que el Servicio Ejecutivo determine en el ejercicio de sus competencias.
Las comunicaciones a que se refiere este apartado podr�n cursarse en forma electr�nica. Con tal finalidad, el Servicio Ejecutivo podr� establecer procedimientos t�cnicos de comunicaci�n que garanticen la celeridad en la transmisi�n de la informaci�n y su confidencialidad.�
Catorce. Se adiciona un nuevo apartado 4 al art�culo 8 con la siguiente redacci�n:
�4. Los requerimientos de informaci�n a que se refieren los apartados precedentes podr�n cursarse en forma electr�nica. Con tal finalidad, podr�n establecerse entre el Servicio Ejecutivo y los sujetos obligados comprendidos en el art�culo 2.1 procedimientos t�cnicos de comunicaci�n que garanticen la celeridad en la transmisi�n de la informaci�n y su confidencialidad. A tal efecto, los �rganos de control interno de los sujetos obligados verificar�n diariamente la existencia o inexistencia de requerimientos, y remitir�n en forma electr�nica la informaci�n requerida en el plazo indicado por el Servicio Ejecutivo.�
Quince. El apartado 1 del art�culo 11 queda redactado del siguiente modo:
�1. Los sujetos obligados que sean bien personas jur�dicas, bien establecimientos o empresarios individuales cuyo n�mero de empleados sea superior a 25, establecer�n procedimientos y �rganos adecuados de control interno y de comunicaci�n para conocer, prevenir e impedir la realizaci�n de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales. Dichos procedimientos y �rganos podr�n estructurarse a nivel de grupo y prever�n, en su caso, las comunicaciones precisas a tal fin con entidades filiales, incluso extranjeras, o entidades del mismo grupo.
Se entiende que los referidos procedimientos y �rganos son adecuados cuando su articulaci�n responda a los principios de rapidez, seguridad, eficacia y coordinaci�n tanto en la transmisi�n interna como en el an�lisis y comunicaci�n al Servicio Ejecutivo de la informaci�n relevante a los efectos de la normativa sobre prevenci�n de blanqueo de capitales. Mediante orden del Ministro de Econom�a y Hacienda podr�n aprobarse orientaciones para las distintas categor�as de sujetos obligados.
Los sujetos obligados establecer�n una pol�tica expresa de admisi�n de clientes. Dicha pol�tica incluir� una descripci�n de aquellos tipos de clientes que podr�an presentar un riesgo superior al riesgo promedio en funci�n de los factores que determine el sujeto obligado de acuerdo con los est�ndares internacionales aplicables en cada caso. La pol�tica de admisi�n de clientes ser� gradual, adopt�ndose precauciones reforzadas respecto de aquellos clientes que presenten un riesgo superior al riesgo promedio.�
Diecis�is. El apartado 6 del art�culo 11 queda redactado del siguiente modo:
�6. Los sujetos obligados remitir�n al Servicio Ejecutivo informaci�n completa sobre la estructura y funcionamiento del �rgano de control y comunicaci�n y de los procedimientos a que se refieren los apartados anteriores para su supervisi�n. El Servicio Ejecutivo supervisar� la idoneidad de dichos �rganos y procedimientos, y podr� proponer las medidas correctoras oportunas, as� como dirigir instrucciones a los sujetos obligados encaminadas a la mejora y adecuaci�n de los procedimientos y �rganos.
Cualquier modificaci�n de la estructura y funcionamiento de dicho �rgano o de los indicados procedimientos ser�, igualmente, objeto de supervisi�n por el Servicio Ejecutivo conforme a lo indicado en este apartado.
El �rgano de control interno y de comunicaci�n operar�, en todo caso, con separaci�n org�nica y funcional del departamento o unidad de auditor�a interna de la entidad.�
Diecisiete. Se adiciona un nuevo apartado 7 al art�culo 11, con la siguiente redacci�n:
�7. Los procedimientos y �rganos de control interno y de comunicaci�n a que se refiere el apartado 1 ser�n objeto de examen anual por un experto externo. Los resultados del examen ser�n consignados en un informe escrito de car�cter reservado que describir� detalladamente las medidas de control interno existentes, valorar� su eficacia operativa y propondr�, en su caso, eventuales rectificaciones o mejoras. El referido informe, que incluir� como anexo una descripci�n detallada de la trayectoria profesional del experto que lo redacta, estar� en todo caso a disposici�n del Servicio Ejecutivo durante los seis a�os siguientes a su realizaci�n.
Los sujetos obligados a los que se refiere el art�culo 2.2 podr�n optar por realizar el examen externo regulado en el p�rrafo anterior cada tres a�os, siempre que anualmente eval�en internamente por escrito la efectividad operativa de sus procedimientos y �rganos de control interno y de comunicaci�n. Ambos informes, externo e interno, estar�n en todo caso a disposici�n del Servicio Ejecutivo durante los seis a�os siguientes a su realizaci�n.
Los sujetos obligados deber�n encomendar la pr�ctica del examen externo a personas que re�nan las condiciones acad�micas y de experiencia profesional que las hagan id�neas para el desempe�o de la funci�n. Los sujetos obligados no podr�n encomendar la pr�ctica del examen externo a aquellas personas f�sicas que les hayan prestado o presten cualquier otra clase de servicios retribuidos durante los tres a�os anteriores o posteriores a la emisi�n del informe.�
Dieciocho. Se adiciona un nuevo apartado 8 al art�culo 11, con la siguiente redacci�n:
�8. En los expedientes de creaci�n de entidades financieras, la autoridad competente para conceder la autorizaci�n recabar� con car�cter preceptivo el informe del Servicio Ejecutivo sobre la adecuaci�n o inadecuaci�n de los procedimientos y �rganos de control interno y de comunicaci�n previstos en el programa de actividades, a fin de prevenir e impedir la realizaci�n de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.�
Diecinueve. El apartado 2 del art�culo 12 queda redactado del siguiente modo:
�2. Al frente de cada uno de dichos �rganos existir� un representante del sujeto obligado ante el Servicio Ejecutivo, que ser� el encargado de transmitir a este la informaci�n a que se refieren los art�culos 7 y 8 y de recibir las solicitudes y requerimientos de aquel.
El representante del sujeto obligado ser� la persona que comparecer� en toda clase de procedimientos administrativos o judiciales en relaci�n con los datos recogidos en las comunicaciones al Servicio Ejecutivo o cualquier otra informaci�n complementaria que pueda referirse a aquellas cuando se estime imprescindible obtener la aclaraci�n, complemento o confirmaci�n del propio sujeto obligado y no s�lo del Servicio Ejecutivo o de otras instancias.�
Veinte. El art�culo 16 queda redactado del siguiente modo:
�mbito y contenido 1. Las personas que realicen las actividades a que se refiere el art�culo 2.2 estar�n sujetas a las obligaciones siguientes:
a) Exigir�n los documentos referidos en los apartados 2 y 3 del art�culo 3, acreditativos de la identificaci�n de los clientes que efect�en operaciones por importes superiores a 8.000 euros o su contravalor en moneda extranjera. Este umbral no ser� aplicable a los sujetos obligados a que se refieren los p�rrafos c) y d) del art�culo 2.2, que exigir�n, en todo caso, la identificaci�n de sus clientes. En relaci�n con los notarios, esta obligaci�n de identificaci�n se entender� sin perjuicio de otros requisitos adicionales establecidos en la legislaci�n notarial.Si se apreciase que los clientes fraccionan la operaci�n en varias para eludir el deber de identificaci�n, se sumar� el importe de todas ellas y se proceder� a exigir su identificaci�n.
En el caso de los casinos de juego, la obligaci�n de identificaci�n a que se refiere este apartado se aplicar� a las siguientes operaciones:
1.� La entrega a los clientes de cheques como consecuencia de operaciones de canje de fichas.
2.� Las transferencias de fondos realizadas por los casinos a petici�n de los clientes.
3.� La expedici�n por los casinos de certificaciones acreditativas de ganancias obtenidas por los jugadores.
4.� La compra o venta de fichas de juego por un valor igual o superior a 1.000 euros, salvo cuando se proceda a registrar e identificar a los clientes, con independencia del n�mero de fichas que compren, en el momento en que accedan al casino.
b) Examinar�n con especial atenci�n cualquier operaci�n, con independencia de su cuant�a, que pueda estar particularmente vinculada al blanqueo de capitales procedentes de las actividades se�aladas en el art�culo 1, y comunicar�n directamente al Servicio Ejecutivo aquellas respecto de las que, tras dicho examen, existan indicios o certeza de que est�n relacionadas con dicho blanqueo.Sin perjuicio de lo anterior, los casinos de juego comunicar�n en todo caso al Servicio Ejecutivo aquellas operaciones que presenten indicios o certeza de estar vinculadas al blanqueo de capitales y se concreten en alguna de las modalidades previstas en el p�rrafo a) anterior.
Las comunicaciones a que se refiere este apartado deber�n reunir los requisitos establecidos en el art�culo 7.4.
Mediante orden del Ministro de Econom�a y Hacienda podr� acordarse que determinadas categor�as de personas que realicen las actividades a que se refiere el art�culo 2.2 comuniquen obligatoriamente las operaciones comprendidas en el art�culo 7.2.
c) Conservar�n durante seis a�os los documentos acreditativos de las operaciones que superen los 30.000 euros o su contravalor en moneda extranjera, as� como las copias de los documentos identificativos de las personas a que se refiere el p�rrafo a) anterior. Este umbral no ser� aplicable a los sujetos obligados a que se refieren los p�rrafos c) y d) del art�culo 2.2, que conservar�n, en todo caso, durante seis a�os los referidos documentos.El plazo indicado se contar� a partir de la ejecuci�n de la operaci�n correspondiente.
En relaci�n con los notarios, esta obligaci�n de conservaci�n se entender� sin perjuicio de lo establecido en la legislaci�n notarial.
d) En todo lo dem�s, les ser� de aplicaci�n la regulaci�n de los art�culos 8 a 15, ambos inclusive.
2. No estar�n sujetos a las obligaciones establecidas en el art�culo 3.4 de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, los auditores, contables externos, asesores fiscales, notarios, abogados y procuradores con respecto a la informaci�n que reciban de uno de sus clientes u obtengan sobre �l al determinar la posici�n jur�dica en favor de su cliente, o desempe�ar su misi�n de defender o representar a dicho cliente en procedimientos administrativos o judiciales o en relaci�n con ellos, incluido el asesoramiento sobre la incoaci�n o la forma de evitar un proceso, independientemente de si han recibido u obtenido dicha informaci�n antes, durante o despu�s de tales procedimientos.
Los abogados y procuradores guardar�n el deber de secreto profesional de conformidad con la legislaci�n vigente.�
Veintiuno. Se adiciona un nuevo apartado 4 al art�culo 17, con la siguiente redacci�n:
�4. El procedimiento sancionador aplicable al incumplimiento de las obligaciones previstas en el art�culo 3.9 de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, ser� el previsto, con car�cter general, para el ejercicio de la potestad sancionadora por las Administraciones p�blicas.
La omisi�n de la declaraci�n, cuando esta sea preceptiva, o la falta de veracidad de los datos declarados, siempre que pueda estimarse como especialmente relevante, determinar� la intervenci�n por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de todos los medios de pago hallados, salvo el m�nimo de supervivencia que pueda determinarse mediante orden del Ministro de Econom�a y Hacienda. El acta de intervenci�n, de la que se dar� traslado inmediato al Servicio Ejecutivo, para su investigaci�n, y a la Secretar�a de la Comisi�n, para la instrucci�n del correspondiente expediente, deber� reflejar claramente si los medios de pago fueron hallados en lugar o situaci�n que mostrase una clara intenci�n de ocultarlos. Los medios de pago intervenidos deber�n remitirse en todo caso al Banco de Espa�a o ponerse a disposici�n en la misma moneda o divisa intervenida en las cuentas abiertas, en la citada entidad, a nombre de la Comisi�n de prevenci�n del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
La competencia para la instrucci�n de los procedimientos sancionadores corresponder� a la Secretar�a de la Comisi�n de prevenci�n del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. Durante la instrucci�n del procedimiento sancionador podr� acordarse la constituci�n de garant�a suficiente para hacer frente a las responsabilidades a que hubiera lugar, devolvi�ndose, en su caso, el resto de la cantidad inicialmente intervenida.
La competencia para resolver el procedimiento sancionador corresponder� al Presidente del Comit� Permanente de la Comisi�n de prevenci�n del blanqueo de capitales e infracciones monetarias, cuyas resoluciones pondr�n fin a la v�a administrativa. Para la resoluci�n del procedimiento ser� preceptivo el informe del Servicio Ejecutivo, en el que se establecer� si resulta acreditado el origen de los fondos.
El plazo para dictar la resoluci�n y notificarla ser� de seis meses. Excepcionalmente, podr� prorrogarse dicho plazo hasta 12 meses mediante acuerdo motivado de la Secretar�a, cuando concurran circunstancias que obliguen a ello y se hayan agotado todos los medios a disposici�n posibles.�
Veintid�s. Se adiciona un nuevo apartado 3 al art�culo 18, con la siguiente redacci�n:
�3. La sanci�n de amonestaci�n p�blica, una vez sea firme en v�a administrativa, ser� ejecutada en la forma que se establezca en la resoluci�n. En todo caso, ser� publicada en el "Bolet�n Oficial del Estado"�
Veintitr�s. El apartado 1 del art�culo 20 queda redactado del siguiente modo:
�1. La Comisi�n, que depende de la Secretar�a de Estado de Econom�a, estar� presidida por el titular de esta �ltima y formar�n parte de ella:
a) El Fiscal Jefe de la Fiscal�a Especial para la Prevenci�n y Represi�n del Tr�fico Ilegal de Drogas.
b) El Fiscal Jefe de la Fiscal�a Especial para la Represi�n de los Delitos Econ�micos relacionados con la Corrupci�n.
c) El Director General de la Polic�a.
e) El Director General del Tesoro y Pol�tica Financiera.
f) El Director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria.
g) El Director del Departamento de Inspecci�n Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria.
i) Un Director General de la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores.
j) Un Director General del Banco de Espa�a.
m) El Director de la Agencia Espa�ola de Protecci�n de Datos.
�) El Director del Servicio Ejecutivo de la Comisi�n.
o) El Subdirector General de Inspecci�n y Control de Movimientos de Capitales de la Direcci�n General del Tesoro y Pol�tica Financiera, que desempe�ar� las funciones de secretario de la Comisi�n.
p) Un representante de cada una de las comunidades aut�nomas que dispongan de polic�a propia para la protecci�n de personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana. Estas comunidades aut�nomas comunicar�n al Presidente el cargo sobre el que recaiga en cada una de ellas la representaci�n en la Comisi�n.
Los miembros de la Comisi�n han de asistir personalmente a sus reuniones. S�lo cabe la delegaci�n de asistencia por motivos excepcionales, previa comunicaci�n a la Secretar�a dentro de los 10 d�as siguientes a la notificaci�n de la convocatoria.�
Veinticuatro. El art�culo 21 queda redactado del siguiente modo:
Comit� Permanente La Comisi�n podr� actuar en Pleno y a trav�s de un Comit� Permanente, cuyas funciones ser�n, adem�s de las que establezca la propia Comisi�n, la propuesta al Pleno de la adopci�n de los pertinentes acuerdos para el cumplimiento de las competencias de la Comisi�n. Su composici�n ser� la siguiente:
a) El Presidente, que ser� el Director General del Tesoro y Pol�tica Financiera.
b) El Director General de la Polic�a.
d) El Director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria.
e) El Director del Departamento de Inspecci�n Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria.
f) El Director General del Banco de Espa�a miembro de la Comisi�n.
h) Un representante de la Secretar�a de Estado de Seguridad.
j) El Director del Servicio Ejecutivo de la Comisi�n.
k) El Subdirector General de Inspecci�n y Control de Movimientos de Capitales de la Direcci�n General del Tesoro y Pol�tica Financiera, que actuar� como secretario del Comit� Permanente.
l) Un representante de las comunidades aut�nomas que dispongan de polic�a propia para la protecci�n de personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana. Estas comunidades aut�nomas comunicar�n anualmente al Presidente cu�l de ellas participar� en las reuniones del Comit� Permanente. En defecto de designaci�n, asistir�n a las reuniones del Comit� Permanente por orden alfab�tico y rotaci�n anual. No obstante, las comunidades aut�nomas citadas podr�n sustituirse entre s� en la asistencia a las reuniones del Comit� Permanente previa deliberaci�n entre ellas y lo comunicar�n al Presidente del Comit� con 24 horas de anticipaci�n al menos.�
Veinticinco. El art�culo 23 queda redactado del siguiente modo:
Secretar�a de la Comisi�n La Subdirecci�n General de Inspecci�n y Control de Movimientos de Capitales de la Direcci�n General del Tesoro y Pol�tica Financiera ejercer�, adem�s de las competencias que le corresponden en materia de r�gimen jur�dico de los movimientos de capitales y de las transacciones econ�micas con el exterior, las funciones de Secretar�a de la Comisi�n a que se refiere el art�culo 15.1 de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre. Le corresponder� concretamente:
a) La elaboraci�n de los proyectos de normas en materia de prevenci�n del blanqueo de capitales, que ser�n elevados en todo caso para informe de la Comisi�n o para su aprobaci�n, cuando proceda.
b) Previa deliberaci�n del Comit� Permanente, la incoaci�n de los procedimientos sancionadores por la comisi�n de las infracciones previstas en la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, y la designaci�n de instructores en tales procedimientos, los cuales formular�n la correspondiente propuesta de resoluci�n que ser� elevada a la Comisi�n para que esta proceda seg�n lo dispuesto en el art�culo 12.1 de la citada ley, en relaci�n con el �rgano competente para la imposici�n de sanciones.�
Veintis�is. El apartado 2 del art�culo 24 queda redactado del siguiente modo:
�2. El Servicio Ejecutivo desempe�ar� las actuaciones tendentes a la prevenci�n e impedimento de la utilizaci�n del sistema financiero o de empresas o profesionales de otra naturaleza para el blanqueo de capitales, as� como las funciones de investigaci�n y prevenci�n de las infracciones administrativas del r�gimen jur�dico de los movimientos de capitales y de las transacciones econ�micas con el exterior, para lo cual ejercer� las competencias a que se refieren el art�culo 15.2 de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, y la Ley 19/2003, de 4 de julio.�
Veintisiete. El apartado 3 del art�culo 24 queda redactado del siguiente modo:
�3. A propuesta de la Comisi�n, el Ministerio de Econom�a y Hacienda y el Banco de Espa�a podr�n determinar el personal a su servicio que ha de ejercer sus funciones para el Servicio Ejecutivo y asignarlo con los puestos de trabajo y niveles administrativos que se requieran. Este personal realizar� sus funciones manteniendo su puesto de trabajo en el departamento u organismo de procedencia.
Este personal depender� org�nicamente del departamento u organismo de procedencia y funcionalmente del Servicio Ejecutivo, y se regir� por la normativa que regule el r�gimen de personal del departamento u organismo de procedencia.
Asimismo, la Comisi�n podr� solicitar de cualquiera de los organismos con representaci�n en ella la colaboraci�n con el Servicio Ejecutivo de los expertos que se estimen necesarios para el ejercicio de las competencias de este.
El personal que preste servicios en el Servicio Ejecutivo, cualquiera que sea su procedencia, mantendr� incompatibilidad absoluta para el ejercicio de otras actividades profesionales p�blicas o privadas.�
Veintiocho. El art�culo 25 queda redactado del siguiente modo:
Unidades policiales adscritas al Servicio Ejecutivo 1. Al Servicio Ejecutivo quedar�n adscritas las siguientes unidades policiales:
a) La actual Brigada de Investigaci�n de Delitos Monetarios, perteneciente a la Direcci�n General de la Polic�a.
b) La Unidad de Investigaci�n de la Guardia Civil.
2. Sin perjuicio de las funciones y facultades que les correspondan como Polic�a Judicial, ser�n funciones espec�ficas de las dos unidades antes mencionadas, a cuyo fin gozar�n de las facultades previstas en las leyes, la colaboraci�n, como unidades policiales adscritas al Servicio Ejecutivo, en el ejercicio por este de las funciones que le corresponden con arreglo al art�culo 15.2 de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, bien por denuncia, por mandato judicial o por decisi�n de la Comisi�n o del Servicio Ejecutivo.
3. El Ministerio del Interior, a propuesta de la Comisi�n, podr� destinar a las unidades policiales adscritas al Servicio Ejecutivo a los funcionarios del Cuerpo Nacional de Polic�a o de la Guardia Civil que se consideren necesarios para la ejecuci�n de las funciones encomendadas al mismo.
Asimismo, los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas a que se refiere el art�culo 20, a propuesta de la Comisi�n, podr�n destinar al Servicio Ejecutivo a los funcionarios de sus cuerpos policiales que se consideren necesarios para la ejecuci�n de las funciones encomendadas al mismo.�
Veintinueve. El apartado 2 del art�culo 26 queda redactado del siguiente modo:
�2. Se except�an de la obligaci�n establecida en el apartado anterior los siguientes supuestos:
a) La difusi�n, publicaci�n o comunicaci�n de los datos cuando el implicado lo consienta expresamente.
b) La publicaci�n de datos agregados a fines estad�sticos, o las comunicaciones en forma sumaria o agregada, de manera que las entidades individuales no puedan ser identificadas ni siquiera indirectamente.
c) La aportaci�n de informaci�n a requerimiento de las comisiones parlamentarias de investigaci�n y de las autoridades judiciales o administrativas que, en virtud de lo establecido en normas con rango de ley, est�n facultadas a tales efectos.
El intercambio de informaci�n entre el Servicio Ejecutivo y la Administraci�n tributaria establecido en la Ley General Tributaria se realizar� en la forma que se determine mediante convenio suscrito entre el Servicio Ejecutivo y la Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria.�
Treinta. El apartado 1 del art�culo 27 queda redactado del siguiente modo:
�1. Las autoridades que descubran hechos que puedan constituir indicio o prueba de blanqueo de capitales procedentes de las actividades se�aladas en el art�culo 1 informar�n de ello por escrito al Servicio Ejecutivo. Asimismo, facilitar�n al Servicio Ejecutivo la informaci�n que este requiera en el ejercicio de sus competencias.
Los �rganos judiciales, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, remitir�n testimonio al Servicio Ejecutivo cuando en el curso del proceso aprecien indicios de incumplimiento de la normativa de prevenci�n del blanqueo de capitales.�
Treinta y uno. El apartado 3 del art�culo 27 queda redactado del siguiente modo:
�3. Como funcionarios especialmente obligados a este deber de colaboraci�n se considerar� a los registradores de la propiedad y mercantiles, quienes deber�n informar por escrito al Servicio Ejecutivo de los actos y contratos de que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones, a los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 anterior.�
Treinta y dos. El art�culo 28 queda redactado del siguiente modo:
Colaboraci�n de determinados �rganos de supervisi�n De acuerdo con lo indicado en el art�culo 16.2 de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, cuando el Servicio Ejecutivo ejerza sus funciones en relaci�n con entidades financieras sometidas a legislaci�n especial, el Banco de Espa�a, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, la Direcci�n General de Seguros y Fondos de Pensiones u otro �rgano de supervisi�n, as� como el �rgano auton�mico correspondiente, seg�n los casos, facilitar�n toda la informaci�n y colaboraci�n precisas para llevarlas a cabo.
En todo caso, el Banco de Espa�a, la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, la Direcci�n General de Seguros y Fondos de Pensiones, la Direcci�n General de los Registros y del Notariado, el Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas, los colegios profesionales y los �rganos estatales o auton�micos competentes, seg�n corresponda, informar�n razonadamente al Servicio Ejecutivo cuando en el ejercicio de su labor inspectora o supervisora aprecien posibles infracciones de las obligaciones establecidas en la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevenci�n del blanqueo de capitales.�
Vigencia provisional de la lista de para�sos fiscales Hasta tanto se establezca por el Ministro de Econom�a y Hacienda la enumeraci�n de pa�ses o territorios a que se refieren los art�culos 5 y 7 del Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevenci�n del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, se continuar� aplicando, a los efectos previstos en tales preceptos, la relaci�n establecida en el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, completada mediante Orden del Ministro de Econom�a, de 24 de octubre de 2002, o normas que las sustituyan.
Modificaci�n del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creaci�n de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al r�gimen jur�dico de las entidades de cr�dito El Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creaci�n de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al r�gimen jur�dico de las entidades de cr�dito, se modifica en los siguientes t�rminos:
�1. Corresponder� al Ministro de Econom�a y Hacienda, previo informe del Banco de Espa�a y del Servicio Ejecutivo de la Comisi�n de prevenci�n del blanqueo de capitales e infracciones monetarias en los aspectos de su competencia, autorizar la creaci�n de bancos.�
Dos. Se adiciona un nuevo p�rrafo i) al apartado 1 del art�culo 2, con la siguiente redacci�n:
�i) Contar con procedimientos y �rganos adecuados de control interno y de comunicaci�n para prevenir e impedir la realizaci�n de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales en las condiciones establecidas en los art�culos 11 y 12 del Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevenci�n del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio.�
Tres. El p�rrafo b) del art�culo 3 queda redactado del siguiente modo:
�b) Programa de actividades, en el que de modo espec�fico deber� constar el g�nero de operaciones que se pretenden realizar, la organizaci�n administrativa y contable, los procedimientos de control interno, as� como los procedimientos y �rganos de control interno y de comunicaci�n que se establezcan para prevenir e impedir la realizaci�n de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.�
Modificaci�n del Decreto 1838/1975, de 3 de julio, sobre creaci�n de cajas de ahorro y distribuci�n de los beneficios l�quidos de estas entidades El Decreto 1838/1975, de 3 de julio, sobre creaci�n de cajas de ahorro y distribuci�n de los beneficios l�quidos de estas entidades, se modifica en los siguientes t�rminos:
El Ministro de Econom�a y Hacienda, previo informe del Servicio Ejecutivo de la Comisi�n de prevenci�n del blanqueo de capitales e infracciones monetarias en los aspectos de su competencia, y a propuesta del Banco de Espa�a podr� autorizar la creaci�n de nuevas cajas de ahorros espa�olas y de filiales y sucursales de cajas de ahorros extranjeras que cumplan las condiciones establecidas en los art�culos siguientes.�
Dos. El p�rrafo b) del apartado 1 del art�culo 2 queda redactado del siguiente modo:
�b) Programa de actividades, en el que se indicar�n, en especial, el g�nero de operaciones que se propongan realizar y la estructura de la organizaci�n de la caja, que deber� contar con personas con la honorabilidad necesaria y la experiencia adecuada para desempe�ar sus funciones, as� como los procedimientos y �rganos adecuados de control interno y de comunicaci�n que se establezcan para prevenir e impedir la realizaci�n de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.�
Tres. Se adiciona un nuevo p�rrafo tercero al art�culo 4, con la siguiente redacci�n:�Asimismo, deber�n contar con procedimientos y �rganos adecuados de control interno y de comunicaci�n para prevenir e impedir la realizaci�n de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, en las condiciones establecidas en los art�culos 11 y 12 del Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevenci�n del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio.�
Modificaci�n del Reglamento de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de cooperativas de cr�dito, aprobado por el Real Decreto 84/1993, de 22 de enero El Reglamento de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de cooperativas de cr�dito, aprobado por el Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, se modifica en los siguientes t�rminos:
�1. Corresponde al Ministro de Econom�a y Hacienda, siempre previo informe del Banco de Espa�a y del Servicio Ejecutivo de la Comisi�n de prevenci�n del blanqueo de capitales e infracciones monetarias en los aspectos de su competencia, resolver sobre la autorizaci�n de las cooperativas de cr�dito, poniendo fin a la v�a administrativa. La autorizaci�n podr� ser denegada por incumplimiento de los requisitos establecidos en los art�culos 2, 3 y 4 o por las causas mencionadas en el art�culo 5.�
Dos. Se adiciona un nuevo p�rrafo h) al apartado 1 del art�culo 2, con la siguiente redacci�n:
�h) Contar con procedimientos y �rganos adecuados de control interno y de comunicaci�n para prevenir e impedir la realizaci�n de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, en las condiciones establecidas en los art�culos 11 y 12 del Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevenci�n del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio.�
Tres. El p�rrafo b) del apartado 1 del art�culo 4 queda redactado del siguiente modo:
�b) Programa de actividades, en el que de modo espec�fico deber� constar el g�nero de operaciones que se pretenden realizar, la estructura de la organizaci�n de la entidad y la vinculaci�n de aquellas operaciones a las necesidades financieras de los socios, as� como los procedimientos y �rganos de control interno y de comunicaci�n que se establezcan para prevenir e impedir la realizaci�n de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.�
Modificaci�n del Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al p�blico distintos de las entidades de cr�dito El Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al p�blico distintos de las entidades de cr�dito, se modifica en los siguientes t�rminos:
�1. Corresponde al Banco de Espa�a, previo informe del Servicio Ejecutivo de la Comisi�n de prevenci�n del blanqueo de capitales e infracciones monetarias en los aspectos de su competencia, autorizar el ejercicio de la actividad de cambio de moneda en los establecimientos de cambio previstos en este real decreto. Dicha autorizaci�n se otorgar� con sometimiento al procedimiento establecido en el t�tulo VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n. En la autorizaci�n se especificar�n las actividades que podr�n realizar los mencionados establecimientos de cambio de moneda.
El Banco de Espa�a denegar�, mediante resoluci�n motivada, la autorizaci�n de un establecimiento de cambio de moneda cuando no se cumplan los requisitos establecidos en los art�culos 4 y 5 de este real decreto. Contra la denegaci�n de la solicitud podr� interponerse recurso de alzada ante el Ministro de Econom�a y Hacienda.�
Dos. Se adiciona un nuevo p�rrafo e) al apartado 2 del art�culo 4, con la siguiente redacci�n:
�e) Contar con procedimientos y �rganos adecuados de control interno y de comunicaci�n para prevenir e impedir la realizaci�n de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, en las condiciones establecidas en los art�culos 11 y 12 del Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevenci�n del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio.�
Tres. El p�rrafo c) del apartado 3 del art�culo 5 queda redactado del siguiente modo:
�c) Programa espec�fico de actividades, en el que expresamente deber� constar el g�nero de operaciones que se pretenden realizar, los datos m�s relevantes sobre los medios personales y t�cnicos con que cuente la sociedad, la estructura de su organizaci�n, as� como los procedimientos y �rganos de control interno y de comunicaci�n que hayan de establecerse para prevenir e impedir el blanqueo de capitales.�
Modificaci�n del Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, de r�gimen jur�dico de los establecimientos financieros de cr�dito El Real Decreto 692/1996, de 26 de abril, de r�gimen jur�dico de los establecimientos financieros de cr�dito, se modifica en los siguientes t�rminos:
�1. Corresponder� al Ministro de Econom�a y Hacienda, previo informe del Banco de Espa�a y del Servicio Ejecutivo de la Comisi�n de prevenci�n del blanqueo de capitales e infracciones monetarias en los aspectos de su competencia, autorizar la creaci�n de los establecimientos financieros de cr�dito. En la autorizaci�n se especificar�n las actividades que podr� realizar el establecimiento financiero de cr�dito, de acuerdo con el programa presentado por aquel.�
Dos. Se introduce un nuevo p�rrafo h) en el apartado 1 del art�culo 5, con la siguiente redacci�n:
Tres. El p�rrafo b) del apartado 1 del art�culo 6 queda redactado del siguiente modo:
�b) Programa de actividades, en el que de modo espec�fico deber� constar el g�nero de operaciones que se pretenden realizar, la organizaci�n administrativa y contable, los procedimientos de control interno, as� como los procedimientos y �rganos de control interno y de comunicaci�n que se establezcan para prevenir e impedir el blanqueo de capitales.�
Modificaci�n del Real Decreto 867/2001, de 20 de julio, sobre r�gimen jur�dico de las empresas de servicios de inversi�n Se adiciona un nuevo p�rrafo al apartado 1.f) del art�culo 14 del Real Decreto 867/2001, de 20 de julio, sobre r�gimen jur�dico de las empresas de servicios de inversi�n, con la siguiente redacci�n:
�En todo caso, la entidad deber� contar con procedimientos y �rganos adecuados de control interno y de comunicaci�n para prevenir e impedir la realizaci�n de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, en las condiciones establecidas en los art�culos 11 y 12 del Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevenci�n del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio.�
Modificaci�n del Reglamento de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las instituciones de inversi�n colectiva, aprobado por Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre Se introduce un nuevo p�rrafo d) en el apartado 2 del art�culo 9 del Reglamento de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las instituciones de inversi�n colectiva, aprobado por el Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre, con la siguiente redacci�n:
�d) Contar con procedimientos y �rganos adecuados de control interno y de comunicaci�n para prevenir e impedir la realizaci�n de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, en las condiciones establecidas en los art�culos 11 y 12 del Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevenci�n del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio.�
Modificaci�n del Reglamento de ordenaci�n y supervisi�n de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre Se adiciona un nuevo p�rrafo 9.� al apartado 1 del art�culo 24 del Reglamento de ordenaci�n y supervisi�n de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, con la siguiente redacci�n:
�9.� Los procedimientos y �rganos adecuados de control interno y de comunicaci�n para prevenir e impedir la realizaci�n de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales, en las condiciones establecidas en los art�culos 11 y 12 del Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevenci�n del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio. En el caso de actuar a trav�s de mediadores en seguros privados, se establecer�n procedimientos y criterios espec�ficos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones exigidas en el reglamento citado.�
No obstante lo dispuesto en el p�rrafo anterior, los p�rrafos h), i) y j) del apartado 2 del art�culo 2, el apartado 6 del art�culo 3 y los p�rrafos c), d) y e) del apartado 2 del art�culo 5 del Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevenci�n del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, entrar�n en vigor a los 12 meses de la publicaci�n de este real decreto. Respecto a las operaciones comprendidas por primera vez en el �mbito del art�culo 7.2 del reglamento, los sujetos obligados deber�n incluirlas a partir de la primera comunicaci�n mensual que deba tener lugar una vez que hayan transcurrido 12 meses naturales completos desde la publicaci�n de este real decreto.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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