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BOE.es - Documento BOE-A-2019-16285
Documento BOE-A-2019-16285
«BOE» núm. 273, de 13 de noviembre de 2019, páginas 124599 a 124608 (10 págs.)
BOE-A-2019-16285
En el recurso interpuesto por don L. C. M., en nombre y representación de la sociedad «Editorial Amao, S.L.», contra la nota de calificación del registrador de la Propiedad de Terrassa número 2, don José Luis Hernández Alonso, por la que se deniega cancelación de inscripciones de compraventa, hipoteca y adjudicación judicial en virtud de una instancia.
Mediante una instancia suscrita por don L. C. M., en nombre y representación de la «Editorial Amao, S.L.», se solicitaba la anulación de las inscripciones de compraventa entre dicha sociedad y don J. R. T., una inscripción de hipoteca a favor de «Caixa Terrassa» y un decreto de adjudicación. Junto con dicha instancia, se acompaña de testimonio notarial de sentencia dictada por el Juzgado Mercantil número 11 de Barcelona en el seno del procedimiento número 157/2018, por la que se declaraba la nulidad de la entidad «Editorial Amao, S.L.» así como la apertura de la fase de liquidación de la misma.
Presentada la referida documentación en el Registro de la Propiedad de Terrassa número, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
«Registro de la Propiedad N.º 2 de Terrassa.
Hechos.–En escrito presentado en este Registro el día 24 de Enero de 2019 se solicita, sobre la finca 3.813 de la sección tercera de Terrassa, la anulación de las inscripciones:
– Compraventa entre Editorial Amao, S.L. y don J. R. T.
– La inscripción de la hipoteca a favor de la entidad Caixa Terrassa.
– Decreto de adjudicación.
1. La ejecución provisional se instará por demanda o simple solicitud, según lo dispuesto en el artículo 549 de la presente ley.
2. La ejecución provisional de sentencias de condena, que no sean firmes, se despachará y llevará a cabo, del mismo modo que la ejecución ordinaria, por el tribunal competente para la primera instancia.
3. En la ejecución provisional de las sentencias de condena, las partes dispondrán de los mismos derechos y facultades procesales que en la ordinaria.
4. Mientras no sean firmes, o aun siéndolo, no hayan transcurrido los plazos indicados por esta Ley para ejercitar la acción de rescisión de la sentencia dictada en rebeldía, sólo procederá la anotación preventiva de las sentencias que dispongan o permitan la inscripción o la cancelación de asientos en Registros públicos.
5. La ejecución provisional de las sentencias en las que se tutelen derechos fundamentales tendrá carácter preferente.
– La anterior calificación registral negativa podrá (…)
Terrassa, a dieciséis de Mayo de dos mil diecinueve. El Registrador (firma ilegible) Fdo: José Luis Hernández Alonso.»
Contra la anterior nota de calificación, don L. C. M., en nombre y representación de la sociedad «Editorial Amao, S.L.», interpuso recurso el día 2 de julio de 2019 en el que indicaba lo siguiente:
Primero.–El Juzgado 11 de lo Mercantil de Barcelona, con fecha 17 de diciembre del 2018 dictó sentencia, (…) anulando la sociedad Editorial Amao, S.L por haber sido constituida ilegalmente, al no haber concurrido a ella dos de los socios. Es decir que fueron nunca socios, ni asistieron a su constitución.
Segundo.–El juzgado dictó sentencia a la luz de la documentación presentada, y al entender que ciertamente esa entidad no se podía tenerse por constituida, porque la ley determina que cuando dos de los socios no concurren a su fundación es nula radicalmente.
Tercero.–Presentada la sentencia ante el registro 2 de Terrassa, nos encontramos con la negativa del registro a inscribir la sentencia firme en base a los argumentos que estimo convenientes y que luego examinaremos.
Cuarto.–Esta parte cree, que existe una discriminación, y desigualdad al examinar los hechos por parte del registro 2 de Terrassa, pues las sentencias firmes deben cumplirse, y sus razonamientos debió explicar motivadamente, porque no puede cumplir con la sentencia del Juzgado de lo Mercantil 11 y si lo hizo con la sentencia del Juzgado de primera Instancia 5 de Terrassa. Esta parte cree que muchas de la administración, tratan de proteger a la banca, más que al ciudadano. Dicho todo ello con el debido respeto. Como alguien dijo no hace mucho, hablando de los desahucios, “que habría una gran crisis, si los bancos perdían las propiedades” ¿Y la gente? ¿Qué debe hacer? ¿Irse a la calle? Eso lo que sucede, lamentablemente.
Primero.–Tenemos dos sentencias firmes, y debemos examinar que dice la ley al respecto, y que dice la jurisprudencia. Porque el registro indica que no se puede cumplir, al negarse a inscribirla, y la ley dice que una sentencia firme no puede dejar de ejecutar en sus propios términos.
Una de las argumentaciones del registro 2 es la siguiente: “Se advierte que para proceder a la cancelación de las inscripciones solicitada en el precedente documento, se debería seguir procedimiento en el que se ordene la misma en resolución judicial firme Artículo 38 de la Ley Hipotecaria, siendo demandados los titulares regístrales de la finca y el Juzgado, en resolución firme, debe ordenar la cancelación de los asientos respectivos.”
Por otro lado, Esta parte solicito al juzgado 5 de Terrassa, anulara la ejecución debido a la sentencia del juzgado 11 de lo Mercantil. So [sic] solicitó con fecha 18 febrero del 2019 ante el Juzgado, véase documento 3. El Juzgado respondió en la Diligencia de fecha 19 de febrero del 2019, donde dice: “El anterior escrito presentado en fecha 18/02/19 por el/la Procurador/a A. L. S. en nombre y representación de L. C. M., queda incorporado al procedimiento, Al haber perdido este Juzgado toda competencia sobre los autos al hallarse los mismos en la Audiencia Provincial de Barcelona, una vez vuelvan de la superioridad se acordará lo procedente.” (…)
Segundo.–Al entender de esta parte la única sentencia firme que puede ser aplicada y obedecida, es la del Juzgado 11 de lo Mercantil de Barcelona, por la sencilla razón que esta retrotrae las actuaciones al momento anterior a su constitución, es decir antes del 23 de diciembre del 2002, todo lo que se firmó posteriormente es nulo, porque no fue constituida legalmente. Y el juzgado sentenció. Y si el registro dice que no, y que prevalecen las transmisiones posteriores, entonces no se somete a la sentencia, y la rechaza, pues la Sentencia anula la sociedad, porque en realidad no fue constituida. ¿Cómo puede el registrador dar por válido, lo que la sentencia anuló? Pues es muy específica, cuando dice: “declaro la nulidad de la sociedad Editorial Amao, S.L”
Tercero.–La ley hipotecaria artículo 14 dice: “Para inscribir bienes y adjudicaciones concretas deberán determinarse en escritura pública o por sentencia firme los bienes, o parte indivisa de los mismos que correspondan o se adjudiquen a cada titular o heredero, con la sola excepción de lo ordenado en el párrafo siguiente.”
– 5.º En virtud de sentencia que expresamente ordene la inmatriculación, obtenida en procedimiento declarativo en que hayan sido demandados todos los que, de conformidad con lo establecido en el artículo 203, deban intervenir en el expediente, observándose las demás garantías prevenidas en dicho artículo.
Artículo 2. En los Registros expresados en el artículo anterior se inscribirán:
Cuarto.–Las resoluciones judiciales en que se declare la incapacidad legal para administrar, la ausencia, el fallecimiento y cualesquiera otras por las que se modifique la capacidad civil de las personas en cuanto a la libre disposición de sus bienes.
“Tomada la anotación preventiva de demanda, si ésta prosperase en virtud de sentencia firme, se practicarán las inscripciones o cancelaciones que se ordenen en ésta.
La anotación de demanda se cancelará en el asiento que se practique en virtud de la ejecutoriar y al margen de la anotación se pondrá la oportuna nota de referencia.”
Quinto.–El Registro 2 sigue diciendo: “Se advierte que la finca 3.813 de la sección tercera de Terrassa no consta inscrita a favor de ninguna entidad bancaria, sino que consta inscrita a nombre de la entidad a favor de la cual indicó el Juzgado de Primera Instancia número cinco de Terrassa en procedimiento de ejecución hipotecaria número 302/2012, que es firme.
Sexto.–Otro de los argumentos utilizados por el Registro 2, es que la sentencia no ordena la cancelación de los asientos. Sin embargo al leer la sentencia dice: “declaro la nulidad de la sociedad Editorial Amao, S.L” Cuando una sociedad es anulada por el juzgado, en base a que dos de los socios no la constituyeron, está declarando la nulidad desde su constitución, pues si así no fuera, es decir si la anulación se decretara a partir de la sentencia, y todo lo firmado fuera valido, estaría perjudicando enormemente y sabiendas haciendo partícipe a las entidas [sic] que han denunciado que no han participado.
Séptimo.–Por último cabe decir, que una sentencia firme debe ser cumplida, este registrada o no en el Registro Mercantil, aunque se ha solicitado y debido a que hay que nombrar al liquidar por el Juzgado, no se ha realizado, pero esta parte está en espera de dicho auto.
Que como el juzgado 5 de Terrassa, en la Diligencia que se ha aportado indica que cuando devuelvan los autos del tribunal superior, se decidirá lo que estime conveniente, y esa decisión que tome el juzgado, puede afectar directamente a esa inscripción, se solicita la anotación preventiva que indica la ley. por lo tanto se solicita la anotación preventiva de la sentencia aportada al Registro 2 de Terrassa, (…).
– 1.º El que demandare en juicio la propiedad de bienes inmuebles o la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real.
– 2.º El que obtuviere a su favor mandamiento de embargo que se haya hecho efectivo en bienes inmuebles del deudor.
– 3.º El que en cualquier juicio obtuviese sentencia ejecutoria condenando al demandado, la cual deba llevarse a efecto por los trámites establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
– Artículo 43.
– En el caso del número 1.º del artículo anterior no podrá hacerse la anotación preventiva sino cuando se ordene por providencia judicial, dictada a instancia de parte legitima y en virtud de documento bastante al prudente arbitrio del juzgador.»
El registrador de la Propiedad emitió informe en defensa de su nota de calificación el día 16 de julio de 2019, ratificándola en todos sus extremos, y elevó el expediente a este Centro Directivo.
1. Se discute en el presente expediente si procede cancelar tres inscripciones de compraventa, hipoteca y adjudicación judicial aportando un testimonio de una Sentencia que declara la nulidad y por tanto la liquidación de una sociedad que fue titular de la finca registral 3813 de la Sección Tercera del Registro de la Propiedad de Terrassa número 2.
– Que el día 24 de enero de 2019 fue presentado en el Registro de la Propiedad de Terrasa número 2 escrito emitido por don L. C. M., en representación de la entidad «Editorial Amao, S.L.», quien solicita, sobre la finca 3.813 de la Sección Tercera de Terrassa, la anulación de las siguientes inscripciones: a) compraventa entre «Editorial Amao, S.L.» y don J. R. T.; b) la inscripción de la hipoteca a favor de la entidad «Caixa Terrassa», y c) decreto de adjudicación.
– Justifica dicha solicitud adjuntando testimonio notarial de la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número once de Barcelona en procedimiento ordinario (impugnación acuerdos sociales artículo 249.1.3), autos 157/2018 -3, en la que se declara la nulidad de la entidad Editorial Arnao, S.L. y ordena la apertura de la liquidación, y fotocopia de la escritura autorizada por el Notario de Sabadell don Joan Bosch Boada el día veinte de Marzo de dos mil seis, escritura de compraventa de don Juan Ramos Torres a favor de la entidad Editorial Amao, S.L..
– Dicho escrito fue contestado mediante oficio, de fecha 4 de febrero de 2019, indicándole la suspensión de la calificación del documento por estar pendiente de inscripción un documento presentado previamente en virtud de los artículos 17 y 18 de la Ley Hipotecaria.
– El día 11 de febrero de 2019 se presentó en el referido Registro de la Propiedad nuevo escrito emitido por don L. C. M., en representación de la entidad «Editorial Amao, S.L.» quien solicita nuevamente la anulación de las inscripciones solicitadas anteriormente de la finca 3.813 de la Sección Tercera de Terrassa.
– Dicho escrito fue contestado mediante oficio, de fecha 25 de febrero de 2019, indicándole nuevamente la suspensión de la calificación del documento por estar pendiente de inscripción un documento presentado previamente, cancelación de hipoteca, en virtud de los artículos 17 y 18 de la Ley Hipotecaria, advirtiendo que para proceder a la cancelación de las inscripciones solicitada se debería seguir procedimiento en el que se ordene la misma en resolución judicial firme.
– El día 14 de marzo de 2019 se presenta nuevo escrito emitido por don L. C. M., en representación de la entidad «Editorial Amao, S.L.», en el que manifiesta tener por rechazadas todas y cada una de las argumentaciones del Registro.
– Dicho escrito fue contestado mediante oficio, de fecha 20 de marzo de 2019, reiterando la suspensión de la calificación del documento por estar pendiente de inscripción un documento presentado previamente, cancelación de hipoteca, en virtud de los artículos 17 y 18 de la Ley Hipotecaria, advirtiendo nuevamente que para proceder a la cancelación de las inscripciones solicitada se debería seguir procedimiento en el que se ordene la misma en resolución judicial firme.
– El día 16 de mayo de 2019, una vez vencido el asiento de presentación del documento presentado previamente sobre la finca 3.813 de la Sección Tercera del Registro de la Propiedad de Terrassa número 2, se procedió a la calificación de los escritos presentados, procediéndose a la denegación de la práctica de las cancelaciones solicitadas, indicándoles que para practicarlas se debería seguir procedimiento en el que se ordene la misma en resolución judicial firme siendo demandados los titulares registrales de la finca y el Juzgado en resolución firme debe ordenar la cancelación de los asientos respectivos; y a su vez se advierte que la inscripción de la titularidad actual en el Registro se produjo por resolución judicial firme del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Terrassa en el procedimiento de ejecución hipotecaria número 302/2012, que es firme y no recurrido y el Registro se limitó a trasladar tabularmente el mandamiento judicial.
2. Es doctrina reiterada de este Centro Directivo que entre los principios de nuestro Derecho hipotecario es básico el de tracto sucesivo, en virtud del cual para inscribir un título en el Registro de la Propiedad se exige que esté previamente inscrito el derecho del transmitente (artículo 20 de la Ley Hipotecaria). Este principio está íntimamente relacionado con los de salvaguardia judicial de los asientos registrales y el de legitimación, según los artículos 1, 38, 40 y 82 de la Ley Hipotecaria. La presunción «iuris tantum» de exactitud de los pronunciamientos del Registro así́ como el reconocimiento de legitimación dispositiva del titular registral llevan consigo el cierre del Registro a los títulos otorgados por persona distinta de dicho titular.
En efecto, las exigencias del principio de tracto sucesivo han de confirmar la denegación de la nota recurrida, toda vez que el procedimiento del que dimana el mandamiento calificado no aparece entablado contra el titular registral, sin que pueda alegarse en contra, la limitación del ámbito calificador respecto de los mandamientos judiciales, pues si bien es cierto que los registradores de la Propiedad, como funcionarios públicos, tienen la obligación de respetar y colaborar en la resolución de las resoluciones judiciales firmes (artículo 17.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), no lo es menos que el principio constitucional de protección jurisdiccional de los derechos e intereses legítimos (artículo 24 de la Constitución Española) impide extender las consecuencias de un proceso a quienes no han tenido parte en él ni han intervenido en manera alguna. Esta exigencia impide, en el ámbito registral, practicar asientos que comprometan una titularidad inscrita (que está bajo la salvaguardia de los tribunales, conforme al artículo 1 de la Ley Hipotecaria) si no consta el consentimiento de su titular o que este directamente o a través de sus órganos de administración y representación haya sido parte en el procedimiento de que se trata. De ahí que, en el ámbito de la calificación de los documentos judiciales, el artículo 100 del Reglamento Hipotecario, en coherencia plena con los preceptos constitucionales y legales, incluya los obstáculos que surjan del Registro. Como recuerda la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 2013, «la fundamental función calificadora del Registrador, está sujeta al art. 20 LH que exige al Registrador, bajo su responsabilidad (art. 18 LH), que para inscribir o anotar títulos por los que se declaren, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre inmuebles deberá́ constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo nombre se otorguen los actos referidos, debiendo el Registrador denegar la inscripción que se solicite en caso de resultar inscrito aquel derecho a favor de persona distinta de la que otorgue la transmisión o gravamen, prohibiéndose incluso la mera anotación preventiva de demanda si el titular registral es persona distinta de aquella frente a la que se había dirigido el procedimiento (art. 20, párrafo séptimo)».
3. En el presente expediente ha quedado acreditada tanto la declaración judicial de la nulidad de la mercantil que fue titular del bien como la existencia de negocios posteriores que han sido debidamente inscritos, cuyos titulares no han sido parte del procedimiento judicial y, por tanto, no se dicta mandamiento judicial alguno en relación a la cancelación de las correlativas inscripciones registrales. De esta manera y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 1, 20 y 38 de la Ley Hipotecaria debe procederse a la desestimación del presente recurso.

References: artículo 549
 resolución 
 Artículo 38
 resolución 
 artículo 14
 artículo 203

Artículo 2
 Artículo 43
 artículo 249
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 100