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Timestamp: 2020-05-30 00:25:34+00:00

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LA PARTICIPACIÓN PRIVADA EN LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO EN BOLIVIA - ERICO NAVARRO - 2011 | Cooperativa | Caso de estudio | Free 30-day Trial | Scribd
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Erico Navarro Agreda
EN LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO
DE LAS CIUDADES DE LA PAZ Y EL ALTO EN BOLIVIA
1.4.1 Alcance temporal
1.4.3 Alcance temático
2.1 Desregulación del sector de saneamiento básico
2.2 La participación privada en los servicios de agua y alcantarillado
2.3 Condiciones para la consolidación de la participación privada
3.1 Participación privada, un modelo de gestión viable en Bolivia
3.2 El nuevo régimen normativo del sector de saneamiento básico
3.3 La Superintendencia de Saneamiento Básico
3.4 Inicio de la licitación internacional de los servicios
3.5 La denominada Guerra del Agua de Cochabamba
3.5.1 El contrato de concesión con Aguas del Tunari
3.5.2 Las causas y crónica del conflicto
3.5.3 Situación del servicio del agua “post guerra del agua”
Licitación y contrato con Aguas del Illimani
Observaciones al proceso de licitación
3.6.2 Limitaciones del contrato de concesión
3.6.3 Un contrato de concesión singularmente maleable
Metas de cobertura de los servicios para el primer quinquenio
3.7.1 Servicio de agua potable
3.7.2 Servicio de alcantarillado sanitario
Programación y ejecución de metas para el segundo quinquenio
Ejecución de conexiones de alcantarillado sanitario
3.9 Ampliación de los servicios fuera del Área de Servicio
3.10 Revisión de precios y tarifas para el segundo quinquenio
3.10.1 Tarifas de los servicios para el segundo quinquenio
3.10.2 Rebaja de tarifas para la ciudad de El Alto
3.11 Benchmarking de las empresas concesionarias
3.12 Acciones para dar fin al contrato de concesión
3.12.1 Inicio de las protestas de los vecinos de la ciudad de El Alto
3.12.2 Instrucción del Gobierno para terminar el contrato con AISA
3.12.3 Pedido de algunas zonas para que AISA continúe
3.12.4 Reacción de la cooperación internacional
Auditorías al contrato de concesión
3.13.1 Auditoría al primer quinquenio del contrato
3.13.2 Auditoría regulatoria sobre el cumplimiento del contrato
3.14 Fin de la participación privada en La Paz y El Alto
3.15 El nuevo operador de los servicios
3.15.1 Creación transitoria de una empresa de sociedad mixta
3.15.2 Calidad de los servicios con la nueva empresa
Artículos citados de la prensa escrita
Opinión de la población a través de la prensa
Publicación 1: Ley de agua potable y alcantarillado todavía espera
Publicación 2: El déficit del líquido elemento en la capital valluna es casi del 50%
Publicación 3: La gente del sur, siente la falta de agua
Publicación 4: La FEJUVE de El Alto tuvo un fogueado asesor: Pablo
Publicación 5: Mesa acepta echar a Aguas del Illimani, pero El Alto se
Publicación 6: El Alto sigue en paro; pero se abren posibilidades de
Publicación 7: - Barrios alteños de tres distritos piden que AISA se quede
Publicación 8: La socia de AISA advierte con un arbitraje
Publicación 9: Aguas del Illimani tendrá
Publicación 10: EVO termina con AISA y anuncia nuevas rupturas
Publicación 11: A partir de hoy se estructurará el directorio de la nueva
Publicación 12: El Gobierno buscará ayuda para una empresa de
Publicación 13: La FEJUVE reclama por la nueva empresa de agua
Publicación 14: Allegada a Mamani es accionista de
Publicación 15: La empresa pública del agua ya opera y garantiza el
Publicación 16: Se reduce la provisión de agua en El Alto
Publicación 17: Alteños se quejan por el alza en tarifas
Publicación 18: La nueva empresa de agua arrastrará deuda de EPSAS
Publicación 19: Trabajadores de EPSAS piden nuevas
Publicación 20: Trabajadores de EPSAS de El Alto y La Paz, en
Cuadro Nº 1: Conexiones de AP ejecutadas en la ciudad de La
Cuadro Nº 2: Conexiones de AP ejecutadas en la ciudad de El Alto
Cuadro Nº 3: Metas programadas de conexiones de alcantarillado sanitario
Cuadro Nº 4: Conexiones ejecutadas de alcantarillado sanitario
Cuadro Nº 5: Conexiones de ALC-S para el segundo
Cuadro Nº 6: Conexiones de ALC-S ejecutadas entre el 2002 y el
Cuadro Nº 7: Conexiones de ALC-S ejecutadas fuera del Área de Servicio
Cuadro Nº 8: Elevación de derechos de
Cuadro Nº 9: Incremento en el costo de los
Cuadro Nº 10: Tarifas cobradas por AISA en categoría
Cuadro Nº 11: Aplicación de indicadores de eficiencia a las
Cuadro Nº 12: Inversiones ejecutadas por AISA
Cuadro Nº 13: Inversiones ejecutadas por AISA de acuerdo a la auditoría
Cuadro Nº 14: Resultados de las auditorias sobre inversiones de
Cuadro Nº 15: Composición accionaria de
Aguas del Illimani Sociedad Anónima
Asociación Nacional de Empresas de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado
Empresa Pública Social Metropolitana de Saneamiento “Agua Para Todos”
Aguas del Tunari Sociedad Anónima
Bolivian Investment Corporation S.A.
Centro de Asesoramiento Empresarial Multidisciplinario
Cooperativa de Agua de Trinidad
Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba
Cooperativa de Agua y Alcantarillado de Tarija
Cooperativa de Servicios Públicos Montero
Cooperativa de Servicios Públicos Humberto Leigue
Empresa Municipal de Agua Potable de Yacuiba
Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Banco Alemán de Crédito para el Desarrollo
Programa de Desarrollo del Marco Regulador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario
Plan Estratégico de Desarrollo del Servicio
Sistema Nacional de Administración de Bienes y Servicios
Sistema de Administración, Fiscalización y Control Gubernamental
Cooperativa de Servicios Públicos de Santa Cruz
Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
Servicio Local de Agua Potable de Oruro
Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cochabamba
La participación privada en el sector de saneamiento básico es un modelo de gestión que tiene por objeto apoyar a los gobiernos para elevar las coberturas, mejorar la calidad de los servicios y el desempeño de las empresas públicas, proporcionando mecanismos alternos para que los países en desarrollo puedan realizar inversiones a gran escala sin afectar sus recursos limitados y así permitir que estos se destinen a otras áreas prioritarias en el desarrollo humano, como salud y educación. Con este fin, el Gobierno de Bolivia firmó en la gestión 1997 un contrato de concesión con el consorcio Aguas del Illimani S.A. para operar por 30 años los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de las ciudades de La Paz y El Alto. Desde su inicio, esta concesión tenía serias limitaciones y falencias, principalmente debido a que en ese momento el país no contaba con una ley y reglamentación sectorial para el proceso de regulación. Recién dos años más tarde, en octubre de 1999 se promulgó la Ley 2029, la cual fue modificada en abril de 2000 con la Ley 2066. Mientras que sus reglamentos nunca fueron aprobados.
Con el antecedente de la “Guerra del Agua” de Cochabamba, a fines de la gestión 2000 se inició un movimiento social en la ciudad de El Alto que alcanzó su mayor efervescencia el mes de enero de 2005, con el bloqueo de la ciudad de La Paz, logrando que bajo presión el gobierno del Presidente Carlos Meza, promulgue el Decreto Supremo 27973, instruyendo se inicien las acciones para la terminación del contrato de concesión. Con este propósito, la Superintendencia de Saneamiento Básico no escatimó ningún recurso para demostrar que la concesionaria incumplió su contrato y a través de una auditoría regulatoria obtuvo resultados diametralmente divergentes a otra realizada tres años antes, principalmente en lo relacionado al monto invertido, que de acuerdo a declaraciones del Ministro de Aguas fueron US$. 46 millones. A inicios del 2007, el trabajo de la concesionaria llegó a su fin y el Estado de Bolivia, luego de una larga negociación, erogó alrededor de 20 millones de dólares americanos y procedió a crear transitoriamente una empresa de sociedad mixta bajo dominio estatal.
La fortaleza de este estudio radica en el hecho que por el tiempo transcurrido, diez años desde los conflictos de Cochabamba, cinco desde el momento que se decidió la salida de Aguas del Illimani S.A. y más de tres desde la formación de la Empresa Pública y Social de Agua y Saneamiento, la experiencia de la participación privada extranjera en los servicios de saneamiento básico en Bolivia, puede ser asimilado con una mayor objetividad y ecuanimidad. Asimismo, esta importante característica temporal también permite realizar una evaluación imparcial y cuidadosa de los beneficios o perjuicios que al final recibió la población que luchó por las mejoras prometidas en sus servicios.
Para alcanzar este propósito, en el marco de una metodología evaluativa de investigación, se presenta una rememoración sistemática y cronológica de los antecedentes, motivaciones, acciones, resultados alcanzados. El contenido del trabajo es el resultado de una revisión de la documentación producida por las diferentes instituciones y organizaciones sociales involucradas. A su vez, los acontecimientos están enriquecidos con la opinión pública reflejada en una selección de publicaciones de medios de comunicación escrita y principalmente por la participación directa del autor en varios momentos de todo este proceso.
Al final, el lector podrá discernir sobre la importancia que representa la participación privada en los servicios públicos, como un modelo de gestión vigente hace varias décadas en el sector de saneamiento básico de Bolivia, a través de las cooperativas de aguas y empresas de recolección de residuos sólidos urbanos, como una alternativa ante la debilidad endémica de las empresas públicas.
Por ser el tema una indiscutible lección aprendida, conjuntamente las conclusiones y recomendaciones expuestas, se constituyen en una contribución para que las autoridades actuales y futuras del país, puedan mejorar las estrategias sectoriales en busca de mejores condiciones de vida y salud para los bolivianos.
La participación privada en los servicios de agua y alcantarilladlo de las ciudades de La Paz y El Alto, lamentablemente no ha sido una experiencia satisfactoria debido a la conjunción de diversos factores que en su momento no fueron debidamente evaluados y una vez que se desencadenaron las acciones para su terminación, no se comprendió la verdadera magnitud del problema ni los efectos futuros en la calidad de los servicios para una población que esperaba a corto plazo solucionar sus necesidades básicas.
Las bajas coberturas y la mala calidad de los servicios de agua potable y alcantarillado, tanto en Bolivia como en otros países latinoamericanos, ameritan que las autoridades responsables del sector de saneamiento básico 1 analicen los resultados alcanzados por las diferentes experiencias implementadas, rescatando sus debilidades, fortalezas, aciertos y desaciertos, para que estén en la capacidad de formular futuras estrategias sectoriales y trabajen en el perfeccionamiento de nuevos modelos de gestión adaptados a las realidades socio económicas y culturales de cada país.
La participación privada bien encaminada, enmarcada en las disposiciones legales normativas y bajo condiciones contractuales transparentes y equitativas, puede ayudar a los gobiernos a mejorar institucionalmente sus empresas públicas que muestran altos niveles de ineficiencia e insostenibilidad financiera y por otra parte, viabilizar la captación oportuna de recursos destinados a la ampliación de coberturas, sin que eso signifique que el Estado este deslindando su innata responsabilidad de velar para que todos sus ciudadanos gocen de un derecho humano universal, como es el agua.
1 Sector de saneamiento básico comprende: la gestión del agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, saneamiento in situ y la gestión de residuos sólidos.
Es necesario e importante que las autoridades nacionales logren comprender que, no obstante de experiencias pasadas no exitosas y sobre la base de una revisión de los errores cometidos, la participación privada puede ser un aliado eficiente en la provisión de los servicios en el área urbana, permitiendo destinar mayor atención y recursos al área rural donde justamente está concentrada la población más pobre y desprotegida.
Esta estrategia sectorial contribuirá también en gran medida a que los países en desarrollo que cuentan con recursos financieros limitados, puedan destinar sus esfuerzos a la atención de otras áreas importantes para el desarrollo humano, como vivienda, salud y educación.
En este contexto, se pretende que los resultados positivos y negativos, aciertos y desaciertos, de la participación privada en los servicios de agua y alcantarillado sanitario en las ciudades de La Paz y El Alto, contenidos en el presente Estudio de Caso, puedan ser evaluados y utilizados como insumos para enfrentar los retos venideros en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
El presente Estudio de Caso, busca cumplir un objetivo principal y dos específicos, los cuales están detallados a continuación:
Contribuir al sector de saneamiento básico con un documento que contenga las lecciones aprendidas de la participación privada extranjera en la concesión de los servicios de agua y alcantarillado sanitario para las ciudades de La Paz y El Alto, para que sean consideradas tanto por las autoridades nacionales y locales, como también por instituciones y organizaciones que trabajan en el sector, para el diseño y definición de nuevos e innovadores modelos de gestión, que permitan a la población gozar de mejores servicios en calidad y cobertura.
 Primer objetivo específico:
Presentar los antecedentes, motivos, argumentos y consecuencias actuales de los sucesos que originaron y dieron fin a la participación privada extranjera en los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el país, luego de transcurridos diez años de la denominada Guerra del Agua acaecida en la ciudad de Cochabamba, cinco años desde la agudización de los conflictos sociales en las ciudades de La Paz y El Alto y más de tres años desde el funcionamiento transitorio de una empresa de sociedad mixta bajo la administración estatal.
 Segundo objetivo específico:
Patentizar una opinión especializada contenida a lo largo de todo el documento
y principalmente en las conclusiones y recomendaciones pertinentes, para que
sobre la base de una retrospectiva histórica de los sucesos, demostrar de una manera imparcial y desde un punto de vista esencialmente técnico, las razones
y circunstancias por las cuales la participación privada en los servicios de agua
y alcantarillado sanitario son una alternativa vigente y hasta en cierto punto necesaria para los países en desarrollo.
El trabajo de investigación abarca un periodo que está comprendido entre la gestión de 1994, año en el cual se realizan las primeras acciones concretas para crear en Bolivia la desregulación de los servicios públicos 2 con la promulgación de la Ley del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), pasando por el proceso de licitación y contrato de concesión de los servicios de agua y alcantarillado sanitario
2 Servicios públicos, comprenden aquellos servicios que están presentes en la vida cotidiana de cualquier sociedad civilizada, como correos, comunicaciones, transporte, vías, telefonía, electricidad, gas, agua, canalizaciones y otros.
de las ciudades de la Paz y El Alto, a mediados del año 1997, hasta el momento en el cual la participación privada extranjera llega a su fin mediante la rescisión del contrato de concesión y se crea la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), sucesos acontecidos a inicios de 2007.
El área geográfica dentro del cual se enfoca el Estudio de Caso y que determina su alcance espacial, está comprendido por las ciudades de Cochabamba, La Paz y El Alto, todas dentro del Estado Plurinacional de Bolivia, en los Departamentos de Cochabamba y La Paz.
El alcance temático del presente Estudio de Caso, se circunscribe al análisis de todo el proceso que significó la participación privada extranjera en los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en las ciudades de La Paz y El Alto, como un modelo de gestión factible en el sector de saneamiento básico.
Tomando como premisa, el hecho que un estudio de caso puede ser considerado como un instrumento o forma de investigación que implica un examen intensivo y profundo de una experiencia, dentro de un proceso de indagación sistemática caracterizado por un examen detallado y comprehensivo del caso objeto de interés colectivo; la elaboración de este documento se enmarca dentro de la metodología evaluativa, donde la información analizada es sopesada en toda su magnitud, para luego emitir un juicio cuyo propósito se dirige a generar conocimiento para una toma de decisiones futuras .
La investigación fue planificada y desarrollada en función de los objetivos buscados con el Estudio de Caso, remontándose la misma hasta el año de 1992, periodo en el cual se ejecutó un proyecto financiado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 3 , donde se sentaron las bases para que el país inicie las acciones tendientes a una desregulación de los servicios de saneamiento básico. Asimismo, se recopiló y revisó la documentación que se produjo en el proceso de licitación y firma del contrato de concesión y el marco legal sobre el cual se respaldaban tales acciones. Principal atención requirió la información de la Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB), como también de la Superintendencia del SIRESE, sobre todo el proceso de regulación del contrato de concesión. Asimismo, se analizaron los documentos de la empresa concesionaria de los servicios y las organizaciones que estaban en contraposición de la participación privada extranjera en La Paz y El Alto.
Buscando la mayor objetividad e imparcialidad en la elaboración del Estudio de Caso, se efectuó también una revisión de las publicaciones que se produjeron en los últimos diez años en la prensa escrita, con la intención de mostrar a través de la serie de artículos, la opinión de la población que se involucró directa e indirectamente en los acontecimientos, como también las decisiones tomadas por las autoridades.
Por otra parte, el trabajo de investigación fue enriquecido con una revisión de la bibliografía producida por autores entendidos en la problemática estudiada, utilizando en algunas oportunidades las ventajas que proporciona el internet.
Pero un aporte sustancial a la elaboración del presente documento y que le otorga una especial peculiaridad, es que el autor participó profesionalmente desde el momento que se diseñaron los primeros lineamientos de la desregulación de los servicios públicos en el país y posteriormente en una serie de circunstancias claves en todo el periodo que abarca el Estudio de Caso, principalmente el momento en el cual el Gobierno de Bolivia decidió dar fin a la participación privada extranjera en los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en las ciudades de La Paz y El Alto.
3 Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión Pública – BOL 91-504,1992.
La intervención del Estado en los servicios públicos, puede ser directa o planificadora, normativa y regulatoria. Mediante la primera modalidad participa y opera los servicios, mientras que en la segunda, define el comportamiento y desenvolvimiento de los servicios, operados por actores tanto públicos como privados, dentro de un mercado competitivo y en algunos casos monopólico.
La desregulación de un sector, se define como la simplificación y la desburocratización del mercado, apuntando a redimensionar el área de influencia del Estado. En otras palabras, el objetivo principal de la desregulación es aproximar el funcionamiento de un servicio a la conducta del mercado, precautelando en todo momento la preservación del nivel de bienestar del consumidor.
Mediante la desregulación, se crean las condiciones favorables para una coexistencia equitativa e igualitaria, con los mismos derechos, obligaciones y responsabilidades, de empresas tanto públicas como privadas. Lo que se busca en un servicio desregulado, es que el proceso contribuya a disminuir el déficit fiscal originado en sus operaciones y aumentar la eficiencia y la competitividad global de la economía de un país, eliminando o reduciendo las trabas para que la participación privada invierta mayores cantidades de recursos, ayude a superar las deficiencias existentes y de esa forma pueda participar en actividades antes privativas del Estado.
Por lo anterior, la determinación de desregular el sector de saneamiento básico se convierte en una alternativa necesaria y factible, donde se busca crear las condiciones de la libre competencia entre unidades operativas que prestan servicios, ya sean estás de carácter público o privado.
Pero también la desregulación impone al Estado la creación de un mecanismo institucional independiente, que licite, contrate y otorgue concesiones a operadores públicos y privados, para la prestación de los servicios de saneamiento básico. Igualmente se considera necesario que esta entidad sea debidamente fortalecida para ejercer idóneamente su responsabilidad de fiscalización, control técnico sobre los operadores y competencia para la aprobación de las tarifas de los servicios en el sector desregulado. Sus decisiones no deberían ser sometidas al veredicto de los mandos políticos y el nombramiento de sus autoridades debía ser realizado en un proceso donde la capacidad e idoneidad sea el requisito indispensable.
Mientras que las empresas de servicios, cuya actividad debía ser regulada por el Estado con disposiciones jurídicas precisas, podrían organizarse en todas las formas que las leyes nacionales les permitan competir en condiciones equitativas para optar a un contrato de concesión con especificaciones muy precisas, en resguardo de su propio desarrollo y en el buen servicio en el área que les corresponda trabajar. Ellas podrían contar con servicios complementarios especializados que consideren necesarios para el cumplimiento de sus actividades.
Se puede mencionar que aproximadamente el 5% de la población mundial (300 millones de personas) reciben agua a través de empresas privadas. Asimismo, se conoce que la mayor parte de la participación privada en los servicios de suministro de agua y saneamiento, se han dado a través de sociedades mixtas (público-privadas) en áreas urbanas y casi una gran mayoría de estos casos se han originado en la década de los años 90. Este modelo de gestión ha surgido como una alternativa prometedora para mejorar el desempeño de las empresas públicas, expandir coberturas, elevar la calidad de los servicios, incrementar la eficiencia operativa, proporcionar mecanismos alternos para la financiación de infraestructura y principalmente reducir la carga fiscal del sector público.
La participación privada en el sector de saneamiento básico ha conducido en la mayoría de los casos a mejorar las prácticas administrativas y procedimientos operativos. La gestión administrativa se ha fortalecido, la eficiencia productiva se ha incrementado y sólidas prácticas comerciales han contribuido a aumentar los ingresos. Los catastros han sido actualizados, las pérdidas de agua se han reducido y el servicio a los usuarios ha mejorado de manera sustancial. Asimismo, se ha demostrado una sorprendente capacidad para optimizar la operación de la infraestructura existente en periodos de tiempo relativamente reducidos.
Pero este panorama optimista de la participación privada en los servicios y los logros que se alcanzan, no pueden por si solos ayudar a resolver todas las ineficiencias y debilidades operacionales e institucionales, heredadas de la administración del sector público, problemas estructurales típicos de los países en desarrollo donde se tienen una gran cantidad de instituciones ineficientes, falta de profesionalismo, cargos directivos ocupados por favores políticos y baja productividad.
Debido a la envergadura de las inversiones necesarias para mejorar un servicio y por las características que encierra este tipo de participación, de acuerdo a la experiencia existente, la participación del sector privado es limitada solamente a las áreas urbanas de los países de bajos ingresos, siendo muy poco probable que se tenga interés en abastecer servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en zonas rurales y en algunos casos áreas periurbanas, ya que los mismos en su generalidad son subvencionados y el dinero que se recauda no cubre los costos de operación, mantenimiento, ampliaciones y con mayor razón no genera beneficios por la inversión realizada.
Asimismo, la desregulación del sector de agua y alcantarillado, principalmente en el área urbana, ofrece la `posibilidad de que la participación privada esté presente en todos o en algunos segmentos de los servicios, como también en la misma gestión de la empresa. Existen varias alternativas en este modelo, tantas como las
características de los servicios y resultados que se deseen alcanzar. Por ejemplo los casos mencionados a continuación:
 La gerencia de una empresa pública es entregada a un privado, para que en un plazo contractual determinado, entre 5 a 10 años, se logre el fortalecimiento institucional previsto, se cumplan indicadores de eficiencia establecidos en el contrato, se eleven los niveles de ingresos bajando los índices de morosidad, se logre la implementación de programas de operación y mantenimiento y se alcancen otras metas institucionales. En este caso, a la empresa privada se le cancela un monto anual por el cumplimiento de las metas fijadas. Mientras que las inversiones necesarias para la ampliación de las coberturas de los
servicios, continua bajo la responsabilidad de la propietaria de la infraestructura de los servicios.
 Cuando la participación privada recibe en concesión por un periodo de 30 a 40 años todas las instalaciones de una empresa pública, sin detrimento de su propiedad, para que sobre la base de un programa de inversiones y coberturas
a ser alcanzadas, se realice la ampliación de todo el sistema de distribución de
agua potable y alcantarillado sanitario. Al final de la concesión, todas las inversiones y la infraestructura renovada, pasan nuevamente a propiedad de la empresa pública. Este es un caso similar a la experiencia realizada en Bolivia, motivo del presente Estudio de Caso.
 Cuando la participación privada, invierte en la ampliación y construcción de nuevas obras de captación, perforación de pozos y producción de agua cruda y en un periodo de concesión que estaría alrededor de 30 años. El privado recupera la inversión con la venta de agua en bloque 4 a la empresa pública,
para que luego ésta la potabilice, distribuya y comercialice.
 Similar al anterior caso, pero en la concesión entra la inversión que se requiere para las obras de ampliación y modernización de los procesos de tratamiento de agua potable. En este caso, la concesionaria vende agua potable en bloque
a la empresa púbica, para que ésta la comercialice.
4 Venta de grandes volúmenes de agua en un punto determinado de entrega, a precios mucho más bajos que si se comercializaría en cantidades pequeñas.
 El caso de la participación de una empresa privada especializada en tratamiento de aguas servidas industriales, para que invierta en la construcción de la infraestructura necesaria y en un periodo de concesión de 30 o 40 años, pueda hacerse cargo de todos los desagües industriales. En este caso, las industrias que son las responsables de los vertimientos de aguas con índices elevados de contaminación, serán grabadas con un sistema tarifario que pueda cubrir los costos de la inversión realizada.
 La construcción de colectores principales y plantas de tratamiento de aguas servidas de una o varias zonas o del total de una ciudad, es realizada por un privado, el cual recupera su inversión en 40 años a través de un sistema tarifario ligado al servicio de agua potable. La nueva estructura tarifaria considerará y categorizará a los responsables de las descargas, de acuerdo a sus actividades, principalmente en el sector comercial e industrial. La categoría domestica contemplaría la implementación de subsidios cruzados, con el propósito de beneficiar a la población de bajos ingresos.
 Otra posibilidad totalmente factible, es otorgar en concesión a una empresa privada especializada, todo el sector de comercialización de una empresa pública, para que bajo condiciones claramente establecidas el cocesionario invierta en la realización de un catastro actualizado de los usuarios, implemente sistemas de tecnología de punta en la lectura y registro de consumos, proceda con la instalación y mantenimiento de los medidores domiciliarios, equipe a la institución con artefactos para la detección de fugas, disminuya los indicadores de mora y eleve los niveles de recaudación. El contrato podría realizarse para un periodo de 10 a 15 años, con revisiones anuales para verificar el cumpliendo de las metas establecidas.
Por lo tanto, la participación privada, encaminada de acuerdo a las características de un país y necesidades de una ciudad, sobre la base de condiciones contractuales traducidas en indicadores verificables, puede ayudar a los gobiernos a lograr resultados exitosos, que al final se traducen en un mayor acceso de la población a los servicios del agua y alcantarillado sanitario. Existen en el mundo
numerosos ejemplos alcanzados con la implementación de este modelo de gestión, algunos de los cuales pueden ser mencionados a continuación 5 :
 En cuatro ciudades camboyanas, se obtuvieron mejores resultados con la distribución del agua en manos de empresas privadas que en las ciudades donde la distribución estaba a cargo de la administración pública.
 En Guinea, en poco más de una década, la privatización incrementó la proporción de habitantes urbanos con acceso a agua potable desde 2 de cada 10 pobladores hasta 7 de cada 10.
 En Marruecos, con la descentralización y la privatización de las empresas de servicios, se obtuvieron buenos resultados.
 En Buenos Aires, a pesar de las protestas contra la privatización de las empresas, se tuvo como resultado no sólo una mayor cantidad de gente con acceso al agua potable a menor precio, sino también la reducción de los índices de mortalidad infantil.
 Una investigación que abarcó 27 países en desarrollo, confirmó la relación positiva que existe entre la privatización y el descenso de las tasas de mortalidad infantil. En los países donde se privatizó el agua, la mortalidad infantil disminuyó un 34%, mientras que naciones donde no se propició la participación privada, la mortalidad infantil descendió solo un 28%.
 En Chile, uno de los países latinoamericanos con más experiencia en este modelo de gestión, ha logrado que la participación privada se convierta en un pivote de su desarrollo. Esto se ha logrado debido a que el sistema regulatorio tiene un fuerte respaldo gubernamental y es sostenido con firmeza. Es un país donde la escasez se transformó en abundancia y actualmente tiene coberturas que se encuentran en valores cercanos al 100%, tanto en el área urbana como en zonas rurales.
 En Gabón se comprobó que los intereses privados, no sólo son beneficiosos para los centros urbanos de los países en desarrollo, sino que también lo son para las comunidades rurales.
5 “Agua privada para todos. Cómo la empresa privada y el mercado pueden solucionar la crisis mundial del agua”. Fredrik Segerfeldt.
La consolidación y sostenibilidad de la participación privada en la gestión de un servicio público, depende de un fuerte y sostenido compromiso político, niveles altos de seguridad jurídica y la aplicación de regímenes tarifarios realistas y eficientes, acompañados de mecanismos directos de sistemas de subsidios que favorezcan la viabilidad política y financiera del modelo, posibilitando a la población pobre el acceso a los servicios. Pero para que estas transformaciones sectoriales lleguen a ser exitosas, se requiere el cumplimiento de ciertas condiciones mínimas complementarias, como ser:
 La existencia de un sistema regulatorio fuerte, con sus normas y reglamentos adecuados al contexto de cada país, impermeable a interferencias originados por intereses políticos e ideológicos.
 Que la población perciba el mejoramiento en la prestación de los servicios.
 La existencia de un componente social que acerque las empresas al usuario.
 La fortaleza de los sistemas jurídico y judicial, que garanticen la aplicación de los marcos normativos y reglamentarios.
En forma general la participación privada en los servicios básicos debe ser parte de las acciones que realiza un país donde las reformas internas comprenden ajustes estructurales orientados al logro de condiciones estables de crecimiento de la economía y al desarrollo de estrategias para reducir la pobreza y las desigualdades sociales.
Sin estas condiciones, las perspectivas para la sostenibilidad de los esquemas de participación privada en el sector de agua potable y alcantarillado en los países en desarrollo permanecerán inciertas.
Pero por otra parte también, es necesario que la participación privada no asuma solo una posición estrictamente económica y por el contrario, garantice al Estado y
a la sociedad un grado sostenido de eficiencia y reducción de costos mediante el cumplimiento de indicadores tales como por ejemplo:
 Mayor cobertura y un fácil acceso a los servicios de la población. Como la reinversión de una parte de las utilidades en la ampliación de la cobertura y rebajas de los costos de conexiones nuevas.
 Tarifas accesibles y justas. En gestiones que cierren con óptimas utilidades, rebaja de las tarifas para algunas categorías y en determinados meses del año.
 Mejor calidad del servicio y atención al usuario. Una ventanilla de reclamaciones con un sistema de seguimiento.
 Mayor información a la población. Con la entrega continua de boletines y revistas informativas sobre los avances del servicio.
 Complementación del servicio con otras ventajas. Como por ejemplo premios a la puntualidad en el pago de las facturas y atención medica gratuita a los usuarios sin morosidad.
Sin embargo en todo ese entorno positivo, en países donde el sistema regulatorio es débil y especialmente cuando existen condiciones de monopolio natural de los servicios públicos, la participación privada puede originar también, mecanismos perversos de distribución de los beneficios.
La participación privada estuvo presente en los servicios públicos en Bolivia, muchos años antes que se promulgue la Ley 1600 que creó el SIRESE y la formación de las superintendencias sectoriales; pero con la diferencia de que esta funcionaba sin un marco legal normativo que permitía su regulación. A continuación se realiza un recuento conciso de esta situación, haciendo notar que actualmente, en la totalidad de los casos expuestos, se mantienen las mismas características de administraciones.
 En los servicios de agua y alcantarillado sanitario, teléfonos y electricidad, en varias ciudades mayores e intermedias principalmente en el oriente del país, funcionan un gran número de cooperativas 6 bajo el amparo de una ley promulgada en el año 1958, cuando las características sociopolíticas de Bolivia, que salía de una revolución nacional con una reforma agraria y la nacionalización de la minas; exigían cambios institucionales que le permitieran superar la miseria y el subdesarrollo al que estaba sumido el Estado. Fue así que con la Ley General de Sociedades Cooperativas, se buscaba fomentar principalmente la formación de cooperativas agrarias y mineras.
 En el marco de esta Ley, en la década de los años 70, empezaron a formarse cooperativas de servicios, las cuales estaban sujetas a una vigilancia estatal mediante el Instituto Nacional de Cooperativas (INALCO), repartición dependiente del Ministerio de Trabajo, carente de una capacidad técnica sectorial para ejercer las funciones de regulador.
 Con la creación del SIRESE, se superó esta deficiencia y a partir de entonces, recién el Estado realizó una regulación técnica y legal a las cooperativas, para que estas brinden un buen servicio a la población, trabajen con objetivos y metas, se cobren tarifas técnicamente respaldadas y se cree un ambiente
6 Empresas con gestión privada que funcionan bajo la Ley General de Cooperativas. Decreto Ley 5035 del 13 de septiembre de 1958.
competitivo con las empresas públicas, tratando principalmente de que éstas últimas mejoren su gestión, sean eficientes y auto sostenibles.
 Si bien una cooperativa es una entidad privada sin fines de lucro, esto no restringe la generación de utilidades, las cuales podría ser reinvertidas en los servicios, redistribuidas entre sus socios o son dispuestas de acuerdo a las decisiones de sus consejos de administración y vigilancia. Un ejemplo de esta situación sucedió en la Cooperativa de Telecomunicaciones Cochabamba (COMTECO) 7 , que decidió entregar bonos a sus socios, destinando para ello aproximadamente el 60% de sus utilidades.
 En el sector de electricidad, los servicios de generación y distribución de electricidad en un gran número de ciudades principales e intermedias, están a cargo y bajo responsabilidad de cooperativas y empresas privadas. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de La Paz y El Alto, Electropaz 8 es una empresa privada extranjera que realiza la distribución y comercialización de la energía eléctrica.
 Los servicios de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, en muchas ciudades capitales del país se encuentran a cargo de empresas privadas, en algunos casos también extranjeras, las cuales en el marco de contratos de concesión con los gobiernos municipales, invierten en infraestructura, proveen el equipo, maquinaria y experiencia, para luego en un tiempo determinado, logran recuperar su inversión y generar utilidades. Esta forma de gestión fue la solución a una cadena de experiencias negativas de administración directa por parte de los municipios, ya en unos pocos años, la maquinaria utilizada era convertida en chatarra, el servicio era deficiente, las tarifas obedecían a intereses políticos, existían altos índices de morosidad y se tenían botaderos de basura sin criterios técnicos y convertidos en centros de contaminación ambiental.
7 Los Tiempos; 28 de junio de 2008. COMTECO distribuye sus utilidades. En la gestión 2007, como en dos gestiones anteriores, se obtuvo una utilidad neta de 20.7 millones de bolivianos, de los cuales 12.6 millones fueron distribuidos como dividendos o excedentes entre los socios de COMTECO. 8 Compañía distribuidora de energía eléctrica en las ciudades de La Paz y El Alto. Controlada por la multinacional española Iberdrola a través de su filial Iberbolivia de Inversiones.
En el sector de la telefonía fija, en casi en la totalidad de ciudades mayores e intermedias, están funcionando cooperativas y en telefonía móvil, se tiene la presencia de la iniciativa privada extranjera.
En este contexto, es importante resaltar que en los servicios de agua y alcantarillado sanitario principalmente en centros urbanos, algunas cooperativas se constituyen en modelos de renombre internacional por la excelencia de sus servicios, mientras que en el otro extremo, existen también casos donde muchas empresas cooperativizadas fueron administraciones corruptas y deficientes. La Cooperativa de Servicios Públicos Santa Cruz (SAGUAPAC) y la Cooperativa de Servicios Públicos Montero Ltda. (COSMOL), muestra que la gestión privada de los servicios puede ser eficiente y que la población es la que recibe los beneficios. SAGUAPAC inició a partir de diciembre de 2009, una distribución de sus utilidades ya que en la gestión 2008 logró que las mismas superen los Bs 25 millones 9 . Por otra parte, COSMOL logró reducir a niveles mínimos la morosidad en el pago de sus facturas, ya que los usuarios que están al día, gozan de atención médica gratuita.
El nuevo régimen normativo del sector de saneamiento básico
Para la vigencia del proceso de desregulación, el país requirió de un nuevo régimen normativo que le permita regular el sector de saneamiento básico y principalmente muestre seguridad jurídica a futuros emprendimientos privados que apoyen a los esfuerzos del Gobierno para incrementar las inversiones y mejorar las condiciones de cobertura y calidad. El nuevo sector regulado se implementó bajo las siguientes disposiciones legales y normativas:
 La Ley de Dominio y Aprovechamiento de Aguas, que data del año 1906, desde el cual, Bolivia ha tratado infructuosamente de contar con una ley actualizada del recurso agua, la cual ha requerido muchos anteproyectos que actualmente son más de treinta versiones y todavía continua en debate.
9 El Deber; 3 de diciembre de 2009. SAGUAPAC baja Bs 70 en factura de agua y prevé disminuir tarifa. Aplicó un descuento de Bs 70 a cada factura del mes de diciembre de 2008, a socios de la categoría domestica.
 Ley 1333, de Protección y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales, del 27 de abril de 1992, establece que la planificación, protección y conservación de los recursos hídricos y el manejo integral de las cuencas constituyen prioridad nacional y que el Estado debe promover la planificación, uso y aprovechamiento integral del agua. De acuerdo con esta Ley, el manejo sostenible de los recursos a nivel de cuenca, es uno de los instrumentos básicos de la planificación ambiental.
 La Ley 1600 del 28 de octubre de 1994, creó el Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE), integrado por la Superintendencia General y las Superintendencias Sectoriales.
 Decreto Supremo 24716 del 22 de julio de 1997, aprueba el Reglamento de la Organización Institucional y de las Concesiones del Sector de Aguas y el Reglamento de Uso de Bienes de Dominio Público y de Servidumbres para Servicios de Aguas.
 Ley 2029 de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, promulgada el 29 de octubre de 1999, la cual en su aplicación desencadenó la denominada Guerra del Agua, en la ciudad de Cochabamba en abril de 2000.
 Ley 2066 del 11 de abril de 2000, promulgada en lugar de la Ley 2029, como una de las consecuencias de la violencia social producida en la ciudad de Cochabamba. Contiene los principios centrales del Marco Regulatorio e Institucional del nuevo sector regulado.
La Ley 2066, a diferencia de la anterior, establece zonas concesibles 10 y zonas no concesibles 11 . En las primeras, la provisión de los servicios debe efectuarse obligatoriamente mediante una Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (EPSA), bajo las distintas organizaciones jurídicas:
empresa privada, empresa pública municipal, sociedad anónima mixta o cooperativa de servicios públicos. Mientras que en las zonas no concesibles,
10 Centros de población concentrada o asociaciones de asentamientos humanos en los que viven más de 10.000 habitantes y donde la provisión de los servicios es financieramente autosostenible.
11 Asentamientos humanos cuya población es dispersa o si es concentrada, no debe exceder 10.000 habitantes y no es autosostenible.
algunos gobiernos municipales administran los servicios directamente o la comunidad a través de juntas o comités de agua.
La Ley 2066, promulgada bajo presión social, obligó al Gobierno de ese entonces a reformar 36 artículos de la Ley 2029, en un periodo corto y sin un debate racional y principalmente sectorial. Lamentablemente, debido a esta decisión apresurada, esta nueva disposición legal dañó profundamente el sistema regulatorio del sector de saneamiento básico, ya que producto de uno de sus principales cambios, se determinó que la SISAB antes de aprobar una solicitud para la modificación de una estructura tarifaria presentada por un concesionario, debía necesariamente ser consultada al Gobierno Municipal de su jurisdicción.
Lamentablemente para realizar estos cambios no se tomó en cuenta la situación de insolvencia financiera en la que se encuentran casi la totalidad de las empresas municipales de servicios; porque a ninguna autoridad edilicia le conviene elevar tarifas de los servicios en detrimento de su popularidad política y con mayor razón cuando se encuentran en periodos electorales. Es justamente por esta razón que en un sistema regulado, donde el sistema tarifario es crucial para que una empresa cumpla un contrato de concesión y una programación de inversiones, la interferencia política debe ser nula y la aprobación o rechazo de las solicitudes para elevar las tarifas de los servicios, debe ser realizada por la autoridad regulatoria bajo la aplicación estricta de criterios técnicos y financieros.
Otro artículo importante de esta Ley, era el Art. 82º, en el cual se disponía que para su aplicación, las autoridades sectoriales debían elaborar y aprobar los siguientes siete reglamentos:
 Reglamento de Concesiones, Licencias y Registros
 Reglamento de Prestación de Servicios en Áreas Concesibles
 Reglamento de Prestación de Servicios en Áreas No Concesibles
 Reglamento de Tarifas en Áreas Concesibles
 Reglamento de Tarifas en Áreas No Concesibles
 Reglamento de Infracciones y Sanciones
 Reglamento de Servidumbres
Para el cumplimiento de éste mandato, las labores de elaboración de los reglamentos se iniciaron una vez promulgada la Ley 2029, utilizando recursos no reembolsables del Fondo Multilateral de Inversiones (MIF), administrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través del Programa de Desarrollo del Marco Regulador de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (PDMR). Durante los primeros meses de 1999, se realizaron una serie de reuniones y consultas con varias instituciones y profesionales del sector, con el fin de precisar los temas que debían ser complementados en los reglamentos.
Publicación 1: Ley de agua potable y alcantarillado todavía espera reglamentos.
Pese a que transcurrieron cinco años.
La falta de elementos complementarios a la ley han provocado que la Superintendencia de Saneamiento Básico (SISAB) no haya podido ejercer eficientemente sus funciones regulatorias, ocasionando que el país se vea inmerso en un juicio internacional con la empresa "Aguas del Tunari S.A". ex – concesionaria de los servicios de agua y alcantarillado sanitario de la ciudad de Cochabamba y este a las puertas de otro pleito con la empresa "Aguas del Illimani S.A:".
De acuerdo a fuentes del sector, Álvaro Camacho Garnica, actual Superintendente de Saneamiento Básico, que desempeño las funciones de Director General de Saneamiento Básico (DIGESBA) desde octubre de 1997 hasta el 6 de abril de 2005, era la autoridad nacional responsable de realizar todas las labores necesarias para que el Sistema Regulatorio Sectorial cuenten con los Reglamentos de la Ley No. 2066 y mejorar los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en las 48 concesiones que actualmente se tiene en todo el país.
Fuente: El Diario, 20 de julio de 2005.
A fines de octubre de 1999, ya se contaba con una versión de los reglamentos, la cual luego fue socializada a través de una serie de talleres con todas las organizaciones nacionales e instituciones públicas y empresas del sector de saneamiento básico del país. Pero debido a la promulgación de la Ley 2066, a partir de la gestión 2000, nuevamente fueron actualizados y se volvieron a realizar una infinidad de talleres y reuniones de consulta a diferentes niveles, tanto institucionales como también a la población civil en todo el territorio nacional. Pero todos esos esfuerzos y la utilización de recursos humanos y financieros fueron inútiles, ya que luego de transcurridos más de 10 años, el país todavía no cuenta con estos instrumentos normativos legales.
La regulación en el sector de saneamiento básico, comenzó el año 1997 con la creación de la Superintendencia de Aguas, que trabajó de acuerdo a lo que disponía el Decreto Supremo (D.S.) 24716, denominado: Organización Institucional y de Concesiones del Sector de Aguas y de Uso de Bienes de Dominio Público y de Servidumbres para Servicios de Agua.
El 29 de octubre de 1999, con la aprobación y promulgación de la Ley 2029 denominada de: Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, se creó la SISAB, como parte del SIRESE, en sustitución de la Superintendencia de Aguas.
Algunas de sus principales atribuciones y responsabilidades regulatorias, en el marco normativo, eran las siguientes:
 Promover, en el marco de la ley, la competencia y la eficiencia en las actividades de los sectores regulados por SIRESE e investigar posibles conductas monopólicas, anticompetitivas y discriminatorias en las empresas y entidades que operan en dichos sectores, cuando considere que pueden ir en contra del interés público.
 Vigilar la correcta prestación de los servicios por parte de las empresas y entidades bajo su jurisdicción reguladora y el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, incluyendo la ejecución del plan de inversiones comprometido y el mantenimiento de sus instalaciones.
 Otorgar, modificar y renovar las concesiones, licencias, autorizaciones y registros, y disponer la caducidad o revocatoria de los mismos en aplicación de la presente ley, las normas legales sectoriales y reglamentos correspondientes.
 Conocer y procesar, las denuncias y reclamos presentados por los usuarios, las empresas y entidades reguladas y los órganos competentes del Estado, en relación a las actividades bajo jurisdicción de SIRESE.
 Aprobar y publicar precios y tarifas de acuerdo a las normas legales sectoriales, vigilando su correcta aplicación y asegurando que la información que la sustente esté disponible para conocimiento de personas interesadas.
 Intervenir las empresas y entidades bajo su jurisdicción reguladora y designar los interventores, según lo dispongan las normas legales sectoriales.
 Aplicar sanciones en los casos previstos por las normas legales sectoriales y por los contratos de concesión y licencia.
Asimismo, la SISAB aprobaba metas de calidad, expansión y desarrollo de las empresas concesionarias y realizaba un seguimiento y control a su desempeño a través de instrumentos de planificación, tales como el Plan Operativo Anual (POA), el Plan Estratégico de Desarrollo del Servicio (PEDS) y el Plan Quinquenal (PQ).
Pero las atribuciones y responsabilidades de la SISAB, sufrieron un debilitamiento paulatino, luego de los resultados de los conflictos suscitados en la ciudad de Cochabamba y que dieron origen a la derogatoria de la Ley 2029. Su función se limitó solo a la autorización del uso de fuentes de agua destinada al consumo
humano a través del servicio de agua potable, mientras que la aprobación de las tarifas estaba supeditaba a la opinión de la autoridad política. La competencia en la regulación sobre el uso del recurso agua para cualquier otro fin, como el destinado a comercialización, exportación, riego, minería, electricidad u otros, fue traspasada al Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, en su calidad de Autoridad Nacional de Aguas
Pero uno de los factores decisivos que no le permitieron desarrollar su responsabilidad regulatoria fue definitivamente la ausencia de los Reglamentos de la Ley 20066. Deficiencia continuamente reconocida por las autoridades de la SISAB en sus informes enviados al Viceministerio de Servicios Básicos y en diversos eventos y reuniones realizados en el sector, dentro y fuera del país 12 .
El Gobierno boliviano en los años 1996 y 1997, encomendó al entonces Ministerio
de Capitalización llevar adelante un proceso para captar el interés de la
participación privada extranjera en invertir recursos económicos en los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, principalmente en los centros urbanos, con
el fin de mejorar las bajas coberturas existentes.
A medida que avanzaba este trabajo, se verificó que en una gran mayoría de las
ciudades de Bolivia, los activos de los servicios estaban bajo propiedad municipal,
razón por la cual, no podían ser transferidos a privados sin leyes específicas. Ante esta situación se decidió que la forma de participación privada se lograría a través de contratos de concesión y que los bienes e inmuebles serían entregados a los nuevos concesionarios a cambio de que estos paguen un alquiler al municipio o a
la empresa propietaria, por el uso de las instalaciones.
Los servicios elegidos para licitar en concesión fueron los de agua potable y alcantarillado sanitario de las ciudades de La Paz y El Alto y los de la ciudad de
12 Exposición realizada en la ciudad de Santa Marta, por Álvaro Camacho, Colombia .2007.
Cochabamba. Para realizar los procesos de licitación se contrató a la firma consultora inglesa HALCROW y al Banco de Inversión Francés PARIBAS. La primera realizó los estudios de ingeniería y económicos para los programas de agua potable y alcantarillado sanitario y el segundo se responsabilizó de la preparación y búsqueda de empresas internacionales interesadas en la inversión y la operación de los sistemas.
De las dos ciudades seleccionadas para iniciar los procesos de licitación de la concesión de sus servicios, la que tropezó con serios impedimentos, fue la destinada a Cochabamba, ya que inicialmente se realizó sobre la base de la fuente de agua de la represa de Corani, de la cual se vendería el agua en bloque al concesionario de los servicios a un precio competitivo. Este proceso de licitación fue interrumpido y anulado por una demanda motivada por las autoridades de Cochabamba ante la Corte Suprema de Justicia, debido a que ellos preferían la opción que tomaba como fuente de agua Misicuni, ya que pensaban que además de resolver el problema de agua potable, se podía proveer energía eléctrica y agua de riego al valle bajo de la región.
Por otra parte, la licitación del proyecto de abastecimiento de agua potable y alcantarillado de las ciudades de La Paz y El Alto culminó el 26 de junio de 1997 con la presentación de dos empresas internacionales, International Water de Inglaterra y Lyonnaise des Eaux de Francia. La segunda presentó la propuesta económica y ganó la licitación por ofertar el mayor número de conexiones de agua potable en la ciudad de El Alto y adoptó el nombre de Aguas del Illimani S.A. (AISA), con capitales franceses, argentinos y bolivianos.
Para una comprensión real y completa de lo que sucedió con la experiencia privada en las ciudades de La Paz y El Alto, amerita en primera instancia efectuar un recuento de los conflictos sucedidos en la ciudad de Cochabamba en los primeros meses de la gestión 2000, conocidos con la denominación de “Guerra del
Agua”, y que culminaron con la expulsión del Consorcio Aguas del Tunari S.A. (ATSA) 13 y la posterior modificación de la Ley 2029.
Mediante D.S. 25133 del 21 de agosto de 1998 se encargó al Ministerio de Comercio Exterior e Inversión, la realización de la licitación pública nacional e internacional para el Proyecto Múltiple Misicuni y los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de la ciudad de Cochabamba. Las comunicaciones realizadas y los viajes de promoción a los Estados Unidos de Norteamérica y Europa despertaron un relativo interés en las empresas especializadas en electricidad, abastecimiento de agua y construcción de obras. Por lo que el proceso de licitación culminó en abril de 1999 con la presentación de ATSA como único ofertante, que al final no presentó una propuesta, sino una oferta de negociación.
Es necesario mencionar que el proyecto Misicuni en varias oportunidades fue calificado como no factible por organizaciones multilaterales de financiamiento. Pero no obstante de esta situación, el Gobierno de Bolivia en 1997 logró un crédito del Gobierno de Italia para la construcción de una parte del túnel. Sobre la base de esta inversión inicial, se realizaron las negociaciones para la nueva concesión, diseñando una primera etapa financieramente factible de todo el proyecto, con la disminución de la altura de presa y la producción de solo la tercera parte del caudal. Asimismo, la cantidad de agua obtenida, solo alcanzaría para el abastecimiento a la provincia Cercado (ciudad de Cochabamba) y solamente una parte del caudal se destinaría para el riego.
Como estos ajustes la concesión estaba al límite de la factibilidad financiera, por lo que fue necesario que el nuevo concesionario trámite ante la SISAB un primer
13 El Consorcio, se conformó con cuatro de las diez empresas que compraron los pliegos:
International Water Limited de Inglaterra con el 55% de las acciones, Rivestar International (Abengoa) de España con el 25% y cuatro empresas bolivianas cada una con el 5% de las acciones, ICE Agua y Energía S.A., Compañía Boliviana de Ingeniería SRL., Constructora Petricevic S.A. y Sociedad Boliviana de Cemento S.A.
aumento de tarifas en un promedio del 38%, que se implantaría a partir de enero de 2000 y se programó un segundo incremento, que estaría también en un rango estimado al 20%, para julio de 2002. Se acordó que el primer incremento debía entrar en vigencia desde el inicio del proyecto, a sabiendas que en ese momento el abastecimiento de agua potable a la población era ineficiente y no se podría mostrar ninguna mejora. Pero el alza de las tarifas tuvo un mayor impacto al comenzar la concesión, debido a que se sumó a una anterior del 20%, ya que el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) todavía no la había implantado, pese a que fue aprobada por la SISAB un año antes.
Un otro aspecto que incidió en la elevación súbita de las tarifas de agua potable, fue el hecho que SEMAPA contrajo deudas para ampliar su capacidad, que ascendían a cerca de 30 millones de dólares americanos y que la nueva concesionaria debía cancelar en los siguientes años. Con el fin de subrogar esta carga económica, se realizaron variadas gestiones ante el Tesoro General de la Nación, pero fueron rechazadas por el Gobierno de ese entonces, con el argumento que se podría poner en riesgo convenios con organismos internacionales como el FMI y BM.
Ya antes de la firma del contrato se fue generando un grupo social en contra de la concesión, llamado “La Coordinadora de defensa del Agua y la Vida”, que estaba apoyado por las empresas perforadoras de pozos de agua que temían perder la oportunidad de continuar obteniendo grandes ganancias, si el problema del abastecimiento del agua en Cochabamba se solucionaría. Uno de los principales argumentos utilizado y que fue convenciendo a la población, era el pago de una tarifa alta durante 10 años, periodo necesario para concluir el proyecto del túnel de Misicuni, sin que el suministro de agua potable no habría mejorado. Por otra parte, entre las asociaciones de agricultores que utilizaban el agua para riego
(Asociación de Regantes) 14 , existía mucha susceptibilidad con relación al proyecto de la Ley de Aguas que estaba preparándose en el Parlamento. Según opinión de esa asociación, el Gobierno pretendía manejar el agua como un bien económico y no existían posiciones claras sobre la forma como se cobraría y comercializaría este líquido elemento.
El 29 de octubre de 1999, dos días antes del inicio de operaciones de ATSA, fue aprobada y promulgada la Ley 2029 de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. No obstante que la mencionada Ley no disponía nada sobre el agua destinada al riego, los representantes de la Coordinadora, convencieron a los regantes de provincias agrícolas aledañas a Cochabamba, que ATSA, con el contrato y con esta nueva Ley, les confiscarían sus pozos y colocarían medidores para cobrarles por el agua que produjeran.
Pueden mencionarse también otras causas que influyeron en este conflicto, como ser la estigmatización creada en forma intencional sobre la privatización del agua y la falta de información generalizada respecto a los diferentes aspectos relacionados con el contrato de concesión, que daban pie a la especulación, la demagogia y los rumores. En este panorama confuso halló su lugar sin mucho esfuerzo el tema ideológico, ya que la presencia de una firma extranjera era una buena oportunidad para que crezcan y sienten presencia las organizaciones que tienen como su único objetivo luchar contra la globalización.
Después de haber trascurrido más de 10 años desde la Guerra del Agua, la cual de acuerdo a lo que pregonaban sus organizadores, fue para defender a la población de un incremento de tarifas que injustamente debían cancelar sin tener agua; hoy la realidad muestra que justamente la gente más pobre de la ciudad de
14 Los agricultores del valle bajo de Cochabamba a mediados de los años 90 se organizaron en una primera Asociación de Regantes, que luego se convirtió en la Federación de Regantes de Cochabamba.
Cochabamba cancela por cada 200 litros de agua 15 entre Bs 5 a Bs 12 (el metro cúbico cuesta entre US$ 3,5 a US$ 8,5) 16 . Este costo es aproximadamente 14 veces más alto que la tarifa que pretendía cobrar ATSA. Además, paradójicamente ya han trascurrido los 10 años, que según el contrato de concesión era el periodo en el cual se debía concluir el proyecto de Misicuni. Por lo que se podría presumir que si no se hubiera producido la Guerra del Agua, la población de Cochabamba contaría con este servicio y habría mejorado sus condiciones de vida.
Pero la situación es otra actualmente, el agua potable producida y distribuida por SEMAPA para la ciudad de Cochabamba, abastece aproximadamente al 50% de la población 17 , obligando a la otra mitad de los habitantes de esta urbe, alrededor de 500.000 personas, aprovisionarse de carros cisternas que recorren los barrios vendiendo agua a precios prohibitivos y consumir agua almacenada en recipientes sucios, oxidados y sin ninguna protección. Las personas que no pueden pagar a los privados se abastecen de pozos comunitarios y vecinales, con el consiguiente peligro de contraer enfermedades por la mala calidad del agua.
Publicación 2: El déficit del líquido elemento en la capital valluna es casi del 50%.
Gonzalo Ugalde, Gerente de SEMAPA, admite que la empresa del agua en Cochabamba está en crisis financiera.
La deuda de la empresa se acerca a los 20 millones de dólares que, según dice su gerente, se contrajo en gestiones pasadas.
Con una deuda de 20 millones de dólares, SEMAPA no es, al momento, sujeto de crédito. Esta entidad espera que el Estado asuma una parte de ésta.
Aprovisionamiento casero • Un niño cochabambino recibe agua del grifo para echar en envases de mayor tamaño.
Fuente: La Razón, 29 de mayo de 2005.
15 Volumen que contiene un turril, que es un recipiente reciclado, de forma cilíndrica y de metal, que es utilizado para el almacenamiento de agua.
16 El metro cúbico cuesta entre Bs 25 a Bs 60. El tipo de cambio es de Bs 7,07 igual a US$ 1. 17 La Razón, 29 de mayo de 2005.
Un gran porcentaje del sector de la ciudad que se encuentra dentro del sistema de SEMAPA, recibe el líquido elemento por horas debido a que la mayor parte de la red de distribución, principalmente en el centro de la ciudad, ya ha cumplido su vida útil, no tiene capacidad, es de mala calidad, mal construida y origina que aproximadamente el 60% del agua se pierda por la gran cantidad de fugas existentes.
Publicación 3: La gente del sur, siente la falta de agua.
Pasados nueve años de la Guerra del Agua, en la zona Sur de la capital valluna, los vecinos no tienen el servicio de agua potable. Madrugan para comprar el líquido elemento, cuya calidad no está garantizada
Nueve años ya desde la histórica Guerra del Agua y la gente que peleó, la que ha estado más comprometida, hasta la fecha no cuenta con ese líquido, afirmó Irene Tordoya, vecina de Valle Hermoso.
La presidenta de la OTB (Organización Territorial de Base) en el Distrito 7, se preguntó, “si la esperanza era recuperar lo que por derecho nos correspondía y para ello nos hemos organizado, ¿en qué nos ha favorecido?”.
El principal dirigente de la Coordinadora del Agua, Óscar Olivera, afirmó que la Guerra del Agua del 2000 cumplió con el objetivo de echar a la empresa que quería el monopolio y ganar mucho con baja inversión, pero no logró que el agua potable llegue a todos los pobladores del valle
Agua en baldes y turriles • Vecinos de Villa Pagador, en la zona Sur a ocho kilómetros de Cochabamba, compran agua de un cisterna que llega a la zona dos veces por semana
Fuente: La Razón, 2 de septiembre de 2009.
Otro ejemplo de la situación después de la Guerra del Agua, es lo que sucede en el Distrito 9, donde viven aproximadamente 150 mil habitantes. El presidente de la OTB Alto San Miguel señor Leoncio Janco 18 declaró que la población “no conoce el agua potable”. Para poder acceder a una pequeña cantidad de agua, se debe esperar desde las cuatro de la madrugada, el paso del camión repartidor de agua,
18 La Razón; 2 de septiembre de 2009.
el cual llega una o dos veces por semana. En algunos distritos como el 7, las OTB organizaron y conformaron cooperativas privadas para perforar pozos, pero el agua es salada, tiene exceso de hierro y manganeso.
Pero no obstante de todo este panorama, el festejo de los 10 años de la Guerra del Agua, realizado entre el 15 al 18 de abril de 2010, se convirtió en un evento internacional con la presencia de representantes de activistas provenientes de varios países y organizaciones que ven en este conflicto una personificación de la lucha internacional contra la globalización empresarial 19 .
3.6 Licitación y contrato con Aguas del Illimani
El Servicio Autónomo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SAMAPA), creado por Decreto Ley 07597 de 20 de abril de 1966, como empresa municipal descentralizada, en su calidad de propietaria de toda la infraestructura existente para la provisión de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de las ciudades de La Paz y El Alto; viabilizó la firma del contrato de concesión a través de su Directorio 20 cumpliendo el D.S. 24573 del 19 de abril de 1997, que autorizaba llevar a cabo el proceso.
En el marco de lo instruido en el mencionado decreto, en fecha 20 de abril de 1997, el Ministerio sin Cartera Responsable de Capitalización emitió los términos de referencia y realizó la convocatoria a la licitación pública internacional para la concesión del servicio público de agua potable y alcantarillado en las ciudades de La Paz y El Alto. Durante el proceso, el 21 de junio de 1997 se dictó el D.S. 24663 disponiendo que la licitación pueda ser adjudicada cuando exista una sola propuesta, siempre y cuando ésta cumpla con el alcance de la licitación o caso contrario, el Ministerio de Capitalización podría ajustar los contratos de concesión y de régimen de bienes y enmendar los términos de referencia. Además facultaba
19 Declaración de Marcela Olivera, en el festejo del décimo aniversario del levantamiento popular contra Bechtel y la privatización de la empresa de suministro de agua de la ciudad. Programa Democracy Now de Nueva York.19 de abril de 2010.
Resoluciones de Directorio 18/96 del 12 de abril de 1996 y 45/96 del 11 de octubre de 1996.
a la Superintendencia de Aguas oficializar la adjudicación de la concesión y proceder con la subscrición del contrato de concesión.
Siguiendo el procedimiento, la Superintendencia de Aguas, mediante Resolución Administrativa SA-01/97 de fecha 30 de junio de 1997, adjudicó en favor del proponente calificado, la licitación pública internacional, “Concesión de Aprovechamiento de Aguas y la Concesión del Servicio Público de Agua Potable y Alcantarillado en las Ciudades de La Paz y El Alto y sus Alrededores”.
En fecha 17 de julio de 1997, el Ministro sin Cartera Responsable de Capitalización y el Superintendente de Aguas, presentaron un Informe al Presidente Constitucional de la República, al Ministro de Hacienda y al Superintendente General del SIRESE, con los resultados de la licitación pública internacional. En mérito a este informe, el Gobierno autorizó al Ministerio de Capitalización y a la Superintendencia de Aguas 21 , efectuar modificaciones en los contratos de concesión y de régimen de bienes que formaban parte de la licitación pública internacional.
Concluido este procedimiento, mediante Resolución Administrativa SA-05/97 de fecha 24 de julio de 1997, la Superintendencia de Aguas, suscribió el contrato de concesión por el plazo de 30 años con la sociedad Aguas del Illimani SA, con su accionista mayoritario Lyonnaise des Eaux de Francia 22 y el 1 de agosto de 1997 se iniciaron sus actividades.
El contrato de concesión firmado entre la Superintendencia de Aguas y AISA, de
ninguna manera significó la venta o entrega en propiedad de los activos e infraestructura de SAMAPA a manos privadas, ya que de acuerdo a las cláusulas
21 Resolución Suprema 217099; 23 de julio de 1997. 22 Su conformación societaria al final de la concesión: 55,46% Lyonnaise des Eaux (Francia); 22,32% Bolivian Investment Corporation S.A (BICSA, grupo financiero del Banco Mercantil, Bolivia); 9,10% Inversora en Servicios S.A. (capitales argentinos); 4,57% Consultora Nacional (CONNAL, Bolivia); 7,50% IFC (grupo financiero del Banco Mundial) y personal de AISA con el
del contrato, se otorgaba en concesión solo la administración, ampliación, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarilladlo sanitario por un plazo determinado, pasados el cual, el servicio debía volver bajo la responsabilidad de la empresa municipal. Asimismo, durante ese periodo, la concesionaria debía pagar anualmente 3,2 millones de dólares americanos a SAMAPA, para que ésta pueda cubrir sus obligaciones crediticias.
3.6.1 Observaciones al proceso de licitación
El proceso de licitación y adjudicación de la concesión de los servicios de agua y alcantarillado de La Paz y El Alto, fue realizado bajo presión política, ya que fue la premura del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada para que se concluya con la firma del contrato antes de que finalice su gestión (agosto de 1997). Es por esta razón que para la adjudicación se emitieron disposiciones legales que permitían al Ministerio de Capitalización realizar una adjudicación apresurada y sin dar lugar a un margen razonable de negociación para conseguir mejores condiciones y mayores beneficios. En el mejor de los casos, lo correcto hubiera sido declarar desierta la licitación, para que en una próxima gestión gubernamental, se pueda nuevamente licitar y tener la posibilidad de negociar con más proponentes.
Una de las primeras acciones que observó el proceso de licitación y adjudicación del contrato, la realizó justamente SAMAPA, presentando el 3 de octubre de 2000 ante la SISAB, un documento denominado: “Análisis de los contratos de concesión y Régimen de Bienes, sus Antecedentes y Consecuencias”; en el cual se aducía la existencia de irregularidades en el proceso de calificación y que el mismo no se ajustó al marco legal definido en los términos de referencia. Ante esta situación, el Superintendente de Saneamiento Básico, con la finalidad de tener mayores elementos de juicio y en sujeción a sus responsabilidades, instruyó la realización de una Auditoria Especial, cuyos resultados, con toda la documentación pertinente, fueron enviados posteriormente a la Contraloría General de la República. Al respecto, dicha institución no emitió dictamen alguno confirmando la aseveración de SAMAPA.
Es innegable que el contrato de concesión, contenía limitaciones estructurales, principalmente debido a que al momento de suscribirlo (julio de 1997) no se contaba con una ley marco específica para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en el país y por lo tanto se carecía de una reglamentación precisa para las tareas de regulación, a diferencia de otros sectores en materia de servicios públicos.
Adicionalmente a lo anterior, se pueden mencionar otras limitaciones o restricciones, que más tarde influirían negativamente en la ejecución del contrato, como las siguientes:
a. La indexación de las tarifas al dólar americano.- Las tarifas de los servicios estaban calculadas en dólares americanos, por lo cual se indexaban o ajustaban conforme al tipo de cambio de la divisa norteamericana. Por lo que en caso de una devaluación de la moneda boliviana, las tarifas debían automáticamente incrementarse.
b. La no coincidencia entre el área concesionada y el área del Municipio.- Si bien el contrato con AISA otorgaba como área concesionada los municipios de La Paz y El Alto y sus alrededores, las metas de ampliación de los servicios abarcaba solo la determinada por el “Área de Servicio” que correspondía a las áreas censales de La Paz y El Alto existentes en el Censo Nacional de 1992. Por lo que la atención de AISA no comprendía toda el área concesionada, ni tomaba en cuenta las nuevas zonas censales creadas después de 1992 y los límites de los dos municipios.
c. Responsabilidad sobre el drenaje pluvial.- El contrato determinaba que AISA era responsable de la operación y mantenimiento del drenaje pluvial existente y construido al inicio de la concesión en la ciudad de La Paz, pero no se especificaba nada sobre las nuevas construcciones de expansión en dicha ciudad y la atención de este sistema en la ciudad de El Alto.
Si bien el contrato de concesión firmado con AISA, contenía las debilidades que fueron detalladas anteriormente, el mismo dejaba abierta la posibilidad de ser modificado y mejorado sustancialmente por la SISAB una vez que fuera promulgada la Ley 2029 y posteriormente la Ley 2066 en la gestión 2000, ya que en la Cláusula 13.6 "Derechos y Protección del Usuario", textualmente se
mencionaba: "……
el Contrato de Servicio utilizado por el Concesionario para el suministro del Servicio, con el fin de asegurarse que sus términos sean justos, razonables y
consistentes con las leyes y reglamentos……".
la Superintendencia podrá revisar, de tiempo en tiempo,
Pero lamentablemente, hasta la fecha en la cual se iniciaron las protestas y las acciones contra AISA, el Viceministerio de Servicios Básicos no aprobó ni promulgó los Reglamentos de la Ley 2066, por tanto la SISAB no pudo realizar las mejoras y ajustes necesarios al contrato de concesión sobre aspectos esenciales que hubieran beneficiado a la población de las zonas desabastecidas y de hecho se hubieran evitado los conflictos sociales que convulsionaron a las ciudades de La Paz y El Alto.
3.7 Metas de cobertura de los servicios para el primer quinquenio
De acuerdo a las cláusulas del contrato de concesión, la obligatoriedad de metas de expansión de los servicios para el primer quinquenio estaba referida para el Área Servida de cada uno de los sistemas de Pampahasi, Achachicala y El Alto 23 .
Para el servicio de agua potable (AP), el contrato establecía metas que debían ser cumplidas en el periodo de agosto de 1997 a diciembre de 2001, para cada una de
23 La distribución de agua potable en las ciudades de La Paz y El Alto, está dividida en tres sistemas de abastecimiento, denominados: Pampahasi, Achachicala y El Alto. La ciudad de La Paz esta abastecida principalmente por los dos primeros sistemas y una zona que colinda con El Alto (Talud Oeste) por el tercer sistema. Mientras que la ciudad de El Alto, únicamente por el sistema que lleva su nombre.
las dos ciudades en forma independiente. Para la ciudad de La Paz, AISA tenía programado lograr una cobertura 24 del 100%. Mientras que para El Alto, la meta del servicio determinaba que se debía instalar 71.752 conexiones, con el fin de lograr una cobertura del 82%, considerando un índice de crecimiento de la población del 9,1%.
Al final del quinquenio, para certificar el cumplimiento de las metas de la cobertura de los servicios de AP en la ciudad de La Paz, la SISAB procedió con la revisión detallada de los registros donde se consignaban los tiempos que AISA otorgó a las solicitudes de los vecinos, además de un muestreo en sitio y tomó como respaldo los informes de certificación que presentó el Auditor Técnico 25 . Al final los resultados confirmaron que la cobertura del servicio en la ciudad de La Paz, era el 100%. La información pertinente, se encuentra detallada en el Cuadro Nº 1.
Cuadro Nº 1: Conexiones de AP ejecutadas en la ciudad de La Paz.
Agosto 97 – diciembre 1998
Gestión 1999
Fuente: SISAB – Informes anuales elaborados por el Auditor Técnico, 2002.
24 El término de “cobertura”, significaba que la empresa estaba en condiciones de aprobar y atender una solicitud de conexión domiciliara en un periodo no mayor a 30 días computables a partir de la solicitud en un sector donde existiese una tubería matriz en la vía pública cercana a la vivienda (conexión de densificación) y 90 días para las conexiones en áreas donde todavía no existiera una red de distribución (conexiones de expansión). 25 Auditor Técnico es la denominación dada a la firma CAEM Consultores, contratada para certificar la veracidad de la información que AISA presentaba a la SISAB.
Mientras que en la ciudad de El Alto, de las 71.752 que debían ser realizadas, la SISAB certificó que en el primer quinquenio AISA no cumplió con las metas determinadas en la programación, ya que se ejecutaron solamente 52.764 que representaba un 26,5% menos de lo fijado. El detalle de la información está mostrado en el Cuadro Nº 2.
Cuadro Nº 2: Conexiones de AP ejecutadas en la ciudad de El Alto.
Agosto 97 – diciembre 98
Fuente: Informe Auditoría de Pozo & Asociados, 2006.
Con relación al servicio de alcantarillado sanitario (ALC-S), la concesionaria AISA durante el primer quinquenio había programado ejecutar anualmente una cantidad de conexiones domiciliarias, que al final significaban 38.000 nuevas viviendas con este servicio en las tres zonas comprendidas en el Área de Servicio. De este número deberían haber sido conexiones de expansión, al menos el 10% en Achachicala, el 80% en el área de Pampahasi y el 50% en el Alto.
El contrato de la concesión especificaba que una conexión para ser considera como de expansión, debía cumplir los siguientes criterios:
a. Que la densidad de población en un área determinada sea superior a 50 habitantes por manzana.
b. Que la densidad de predios en área determinada sea superior a 15 predios por manzana, considerándose en su caso las unidades funcionales existentes.
c. Que la cantidad de predios sea superior a 6 por cuadra.
Las metas programadas de ALC-S en el primer quinquenio, son las siguientes:
Conexiones por área y año
Fuente: SISAB – Contrato de Concesión con AISA, 1997.
Al final del primer quinquenio, las metas propuestas fueron cumplidas y superadas, no obstante que en la gestión 2001 la ejecución bajó sensiblemente principalmente en la ciudad de El Alto donde no se ejecutó ni la mitad de lo programado, producto de la incertidumbre que se iba creando sobre el futuro de la concesión, con las primeras protestas y atentados realizados a las oficinas e instalaciones de AISA.
Al final, en la ciudad de El Alto, lugar donde se originaron los conflictos, se ejecutó 35,5% más.de las 27.200 conexiones de alcantarillado sanitario programadas. En las tres áreas atendidas se ejecutaron 7.099 conexiones adicionales. Todo este trabajo significó que en el primer quinquenio del contrato de la concesión se benefició e incorporó a este servicio a aproximadamente a 250.000 personas 26 . El detalle de lo mencionado esta mostrado en el Cuadro Nº 4.
26 Cada hogar en Bolivia tiene un promedio de 5,5 personas. Ministerio de Salud y Deportes. Línea de Base Desnutrición Cero-Bolivia 2007.
Fuente: SISAB – Informe Anual del Plan de Desarrollo del Servicio. Auditor Técnico, 2002.
3.8 Programación y ejecución de metas para el segundo quinquenio
La programación de metas del servicio de AP para el segundo quinquenio, determinaba mantener la cobertura del 100% en las tres áreas. Mientras que en ALC-S, se determinó que AISA debía ejecutar 19.478 conexiones nuevas en las dos ciudades, de las cuales el 71% del total correspondían a la ciudad de El Alto, de acuerdo a la RAR N° 80/2001 y según lo señalado en el Cuadro Nº 5.
Cuadro Nº 5: Conexiones de ALC-S para el segundo quinquenio.
Fuente: SISAB - Resolución Administrativa Regulatoria Nº 80/2001.
De esta cantidad, aproximadamente el 53,7% del total correspondían a conexiones de densificación, que son instalaciones nuevas en sectores donde ya existía un sistema de recolección de aguas servidas y el 46,3% son conexiones de expansión, en zonas donde previamente era necesario la construcción de colectores públicos.
3.8.1 Ejecución de conexiones de alcantarillado sanitario
Pese a que el segundo quinquenio del contrato de concesión se caracterizó por una inseguridad profunda, con la radicalización de las protestas, atentados a sus oficinas y la amenaza constante de la salida de AISA como operador del servicio, el trabajo desarrollado demostró resultados más altos a los definidos en la Resolución Administrativa Regulatoria Nº 80/2001, emitido por la SISAB.
La cantidad de conexiones de AL-S ejecutada en las dos ciudades, superó en un 190% a lo programado. Solo en la ciudad de El Alto, se ejecutaron 18.861 conexiones, representando el 66% del total de ambas ciudades, con lo que se benefició con la dotación de este importante servicio, a una población de más de 150.000 habitantes. En el Cuadro Nº 6, se detalla este nivel de ejecución para los cuatro primeros años del segundo quinquenio.
Cuadro Nº 6: Conexiones de ALC-S ejecutadas entre el 2002 y el 2005.
Fuente: FitchRatings Corporates America Latina, Aguas del Illimani S.A.
Si bien uno de los argumentos esgrimidos para expulsar a AISA, era que se estaban dejando zonas de la ciudad de El Alto sin atención, se constata que para el segundo quinquenio, se tenía programado ejecutar trabajos en sectores que se encontraban fuera del Área de Servicio definida en el contrato de concesión. Asimismo, estos trabajos se constituían en una prueba que el contrato de concesión no era rígido y que la SISAB juntamente con AISA podían haber propiciado la implementación de otros nuevos proyectos a zonas que estaban sin servicios. Lamentablemente, estas iniciativas no fueron planteadas antes que se produzcan las protestas de la población que vivía en esos barrios.
El artículo segundo de la Resolución Administrativa Regulatoria (RAR) N° 80/2001 estableció que AISA debía realizar hasta un máximo de 15.000 nuevas conexiones de ALC-S en la ciudad de El Alto, dentro del área de concesión pero fuera del Área Servida. Pero esta meta no fue cumplida, ya que el concesionario solo ejecutó 2.847 en las tres gestiones. El detalle está contenido en el Cuadro Nº 7.
Fuente: SISAB – Servicios de AP y ALC-S, ciudad de El Alto. 2004
Para subsanar esta deficiencia, AISA gestionó y concretó un convenio con el Gobierno de Suiza para invertir US$. 3 millones, en el mejoramiento de las coberturas de los servicios en el Distrito 7, con la instalación de 11.500 conexiones de AP y 13.500 conexiones de ALC-S, que sumadas representaban un total de 25.000 nuevas conexiones. De haberse concluido este proyecto, se habría
superado ampliamente las 15.000 conexiones inicialmente programadas y este beneficio hubiera llegado a una cantidad aproximada de 138.000 habitantes de las zonas periurbanas de la ciudad de El Alto.
Conforme lo establecían las Cláusulas Décima y Décima Tercera del contrato, en la gestión 2002, debía procederse a la revisión de los precios y tarifas para el segundo quinquenio de la concesión (periodo 2002-2006). Pero este procedimiento normal y rutinario en un sistema regulado, donde una autoridad regulatoria es la que debe dar procedencia o rechazo a una solicitud de sus empresas concesionarias; en el caso de AISA, sirvió para confirmar la debilidad en la que estaba sumido el sistema regulatorio en Bolivia por los cambios introducidos en la nueva Ley 2066. En las negociaciones no solo intervinieron la SISAB, sino que participaron instituciones esencialmente políticas, como ser los gobiernos municipales de las ciudades de La Paz y El Alto y principalmente el Viceministerio de Servicios Básicos. Estas intervenciones lamentablemente fueron el augurio más claro del inicio del fin del SIRESE.
Como era de esperarse, debido a la intervención política en este tema, no se aprobó ni rechazó la nueva tarifa propuesta por AISA, sino que en su lugar lo único que primó fue evitar que el Gobierno y los Alcaldes tengan problemas sociales en caso que la población reclame. Es por esta razón que se decidió incrementar los costos referidos a los derechos de conexión para los servicios de AP y ALC-S, aspecto que luego sería uno de los principales motivos que esgrimieron los dirigentes vecinales de la ciudad de El Alto, para la rescisión del contrato. Con el objeto de respaldar esta situación, que fue vital en la continuidad de la participación privada en el sector, los pasos que se siguieron en la negociación entre AISA y la SISAB, son sintéticamente descritos a continuación:
 En fecha 12 de septiembre de 2001 el concesionario AISA remitió a la SISAB los estudios de metas de expansión y estudio de precios y tarifas
correspondiente al segundo quinquenio de la concesión (2002 -2006), para su aprobación, en base a los cuales presenta un requerimiento de incremento en sus ingresos del 24,8%.
 Dichos estudios fueron remitidos a las respectivas Alcaldías Municipales de La Paz y El Alto, conforme a lo dispuesto por el Art. 540 de la Ley 2066, solicitando su “Opinión Técnica Fundamentada”. Resultado de esta consulta, como era de esperarse, se rechazó el mencionado estudio.
 Como consecuencia del rechazo, AISA, propuso una nueva relación de precios y tarifas, determinando un requerimiento de ingresos de 21,8% para el quinquenio 2002 a 2006.
 Luego de un proceso de negociación, en el cual intervino el Gobierno a través del Viceministerio de Servicios Básicos, se acordó no subir las tarifas pero en su lugar se estableció y se autorizó para que AISA, incremente el precio de los derechos de conexión de agua potable y alcantarillado sanitario. Esta solución fue el resultado de una total falta de visión de la SISAB y de AISA, ya que con esta medida se estaba colocando una traba significativa para que la población carente de recursos económicos pueda acceder a una mejora de su calidad de vida a través de los servicios de saneamiento básico. Este incremento está detallado en el Cuadro Nº 8.
Cuadro Nº 8: Elevación de derechos de conexión.
Fuente: SISAB – Acta de Aclaración entre la SISAB y AISA.
 Adicionalmente, se autorizó a AISA, incrementar el cargo mensual por concepto de formularios, para las categorías comercial e industrial en la ciudad de La Paz y la doméstica en la ciudad de El Alto, de acuerdo al siguiente detalle mostrado en el Cuadro Nº 9.
Cuadro Nº 9: Incremento en el costo de los formularios.
 Ampliar el periodo de vida de 20 a 30 años de los bienes de uso que son necesarios para la provisión los servicios de AP y ALC-S, aspecto que le significaba a AISA una disminución del canon de alquiler por las instalaciones que cancelaba a SAMAPA.
 Posteriormente, y con el fin de implementar otros mecanismos compensatorios para que AISA no suba las tarifas de agua y alcantarillado sanitario 27 , en junio de 2003 se acordó:
 Disminuir de 15.000 a 8.000 las conexiones de agua potable fuera del Área Servida establecidas en la RAR de la SISAB Nº 80/2001
 Rebajar desde julio de 2003 la alícuota de la tasa de regulación de 3% a 2%
 Reconocer como pendiente de ser aplicado un 3% de incremento en los ingresos de AISA, el cual no se concretó hasta principios de la gestión 2004
 También se acordó que SAMAPA debía reprogramar su deuda con el FNDR 28 , permitiendo por tanto, reducir el canon de arrendamiento que dicha empresa cobraba a AISA por el uso de sus instalaciones, con su respectivo impacto en el requerimiento de ingresos solicitado por el concesionario para el segundo quinquenio.
 Para culminar este proceso, en una última negociación 29 , la SISAB anuló las 8.000 conexiones de agua potable establecidas en el Acta de Instrumentación y fijó como nuevo número de conexiones las que AISA pudiera realizar hasta
27 Acta de Instrumentación, firmada entre la SISAB y AISA. 23 de junio de 2003
28 Contrato de reprogramación de deuda Nº. 014/2003. 30 de abril de 2003,
29 Acta de Cierre, firmada entre la SISAB y AISA. 16 de marzo de 2004.
fin de la gestión 2006. Adicionalmente, la SISAB se comprometió realizar un adenddum al Contrato de Régimen de Bienes estableciendo la reprogramación del crédito de SAMAPA.
En síntesis, para un proceso de rutina de aprobación o rechazo de una solicitud de
modificación tarifaria de un concesionario, la SISAB tardó 3 años y medio, desde la fecha de su presentación hasta la firma del Acta de Cierre de la negociación. La autoridad regulatoria boliviana mostró su debilidad y fue impotente de defenderse ante el avasallamiento político, no pudo responder técnicamente una solicitud de elevación de tarifas ni presentó otras alternativas que hubieran evitado tomar decisiones que perjudicaron a la población. Por otra parte, el Viceministerio de Servicios Básico, corresponsable de estas decisiones, no supo defenderlas cuando se iniciaron las protestas sociales y por el contrario se puso al lado de los que buscaban la rescisión del contrato con AISA.
Mientras que la firma Lyonnaise des Eaux de Francia, socia mayoritaria de AISA, pese a la experiencia que tenía, no tuvo la capacidad de evaluar que con los
resultados de las negociaciones, se estaba restringiendo el servicio principalmente
a las personas con menores ingresos, en un país donde justamente la
participación privada debería realizar lo contrario, como es, ayudar al Gobierno a mejorar las bajas coberturas existentes y buscar una universalización de los servicios. Por otra parte, la concesionaria lamentablemente no pudo prever que estas soluciones, a corto plazo, generarían una reacción social justificada, que sería capitalizada por otros intereses.
Al final del proceso de negociación detallado en el punto anterior, se acordó que
AISA debía mantener por cinco años más las tarifas de los servicios sin ningún incremento, tal como estaban vigentes desde el inicio de la concesión. Para una evaluación cabal de esta situación, amerita que se comprenda con mayores elementos lo que cobraba AISA en la categoría doméstica por los servicios de AP
y ALC-S en las ciudades de La Paz y El Alto. Para lo cual, con fines comparativos, en el Cuadro Nº 10 se muestra el costo del agua potable en otras ciudades de Bolivia, el cual está referido a la tarifa en dos niveles de consumo, que son normalmente rangos que comprenden a un gran porcentaje de la población. Para este ejemplo demostrativo se toman seis empresas privadas (cooperativas), conjuntamente dos empresas públicas de las ciudades de Oruro y Sucre.
Cuadro Nº 10: Tarifas cobradas por AISA en categoría doméstica.
Tarifa Consumo 20 m 3 (US$.)
Tarifa Consumo 60 m 3 (US$.)
ATSA 30
A. de Guarayos
Fuente: MSc. Rodolfo Ledezma – Superintendencia General del SIRESE. 2001
Como resultado de esta información se puede concluir que AISA en su calidad de operador privado extranjero, cobraba una de las tarifas más bajas de Bolivia y sin lugar a equivocación, a muchas empresas públicas y privadas de los países latinoamericanos.
En el cuadro anterior, también se puede verificar, que la empresa ATSA y dos cooperativas del Departamento de Santa Cruz, se encuentra en el otro extremo
30 En el cuadro también figuran las tarifas que pretendía cobrar ATSA en el corto periodo de su contrato de concesión.
del cuadro, con tarifas que superan aproximadamente tres veces a las de AISA. En el rango de consumo de 60 m 3 la tarifa cobrada en las ciudades de La Paz y el Alto, era menos de la mitad de ELAPAS, empresa pública de la ciudad de Sucre. Asimismo, resalta el hecho de que la empresa ATSA durante su corta permanencia, había planificado cobrar en la ciudad de Cochabamba una tarifa que presisamente no era la más alta del país.
Dentro de la estructura tarifaria aplicada por SAMAPA y heredada por AISA, los usuarios de la ciudad de El Alto recibían una subvención por parte de los consumidores de la ciudad de La Paz, de aproximadamente un 30% en su facturación. Adicionalmente a este beneficio y con el propósito de favorecer aún más a la población alteña, se firmó un convenio entre AISA, FEJUVE y la Central Obrera Regional (COR) de El Alto 31 , con los siguientes acuerdos:
 Reducción de las tarifas de un 50% en la categoría doméstica por consumo no medido (conexiones sin medidor).
 Aplicación de la categoría mixta, en predios donde existen actividades domesticas y comerciales, en función a los siguientes criterios:
 Facturar con la categoría doméstica, centros de educación y salud, sedes de las juntas de vecinos.
 Facturación de mercados periféricos conforme al número de puestos
 Revisión periódica tarifaria del segundo quinquenio de la concesión.
La SISAB implementó un benchmarking 32 con el objeto de apoyar al fortalecimiento institucional de las empresas concesionarias, tanto públicas como privadas y dotarles de herramientas operativas sencillas y ágiles que les permitiría
31 Convenio Interinstitucional entre AISA, FEJUVE y COR El Alto. 32 El benchmarking es un proceso que permite la búsqueda de la excelencia a través de las mejores prácticas. Definición dada por Robert Camp, considerado el creador de este proceso,
un gestión institucional con criterios de calidad, eficacia y eficiencia. El propósito era medir, comparar y evaluar los servicios, procesos de trabajo, funciones, etc. para identificar mejores prácticas y posibles debilidades.
De los nueve indicadores utilizados por la SISAB en la gestión 2005, en el Cuadro Nº 11 se presentan los seis más significativos, que demuestran los niveles de eficiencia alcanzados por las empresas evaluadas. Estos son: coberturas de los servicios de AP y ALC-S, micro medición 33 , productividad laboral 34 , continuidad del servicio de AP 35 y finalmente el índice de recaudación 36 .
Cuadro Nº 11: Aplicación de indicadores de eficiencia a las empresas.
Fuente: Fitch Ratings Corporates America Latina, Aguas del Illimani S.A., 2005.
33 Relación entre el número de conexiones con medidor y el total de las conexiones existentes en la red de distribución, multiplicadas por cien.
Resultado de la relación de número de empleados por cada 1000 conexiones de AP y ALC-S.
35 Número de horas (promedio ponderado por las horas de desabastecimiento del servicio de AP en el área de concesión.
36 Resultado de la relación del monto cobrado entre el facturado, por 100.
De acuerdo a estos resultados emitidos por la SISAB, se puede colegir que AISA era una de las mejores empresas en comparación a diez concesionarias entre públicas y privadas de las ciudades principales de Bolivia. De todos lo valores mostrados, el de la productividad laboral era el más significativo, ya que comparativamente con SEMAPA, empresa pública que quedó en el lugar de ATSA luego de la Guerra del Agua, es aproximadamente diez veces menor. Esta diferencia demuestra que SEMAPA en ese entonces tenía una planilla sobrecargada de empleados fijos y eventuales, resultado de los efectos de la Guerra del Agua e influencias políticas y sectoriales.
El proceso para dar fin al contrato de concesión con AISA, no fue tan sencillo como algunos sectores lo percibían al inicio de los conflictos, ni se realizó en un corto periodo como era la exigencia inicial de los dirigentes vecinales de la ciudad de El Alto, por el contrario fue bastante complicado en el cual intervinieron varios actores tanto institucionales como particulares, quienes en su momento desarrollaron su papel de acuerdo a sus intereses personales, económicos, políticos, ideológicos y doctrinales; pero lamentablemente en la mayoría de los casos con desdén por la población que los apoyaba y por el futuro de los servicios en las dos ciudades.
La Guerra del Agua ocurrida en la ciudad de Cochabamba y el éxito alcanzado con la expulsión de ATSA, fue una de las principales motivaciones de algunos dirigentes vecinales de la ciudad de El Alto, quienes a fines de la gestión 2000 se contactaron con los representantes de la Coordinadora de defensa del Agua y la Vida 37 , organización que liderizó las protestas, con la intención de formar una similar en la urbe alteña. Pero esta estrategia de lucha no prosperó como se había planificado y se prefirió iniciar la batalla contra la concesión de AISA, bajo la estructura de la FEJUVE de El Alto.
37 Información extractada de “Aguas del Illimani y Resistencia Social”. Carlos Crespo Flores
Es así que en diciembre de ese año, se realizó la primera marcha de protesta contra el incremento de tarifas y se pidió la expulsión de las empresas AISA y Electropaz, distribuidora de energía eléctrica para las ciudades de La Paz y El Alto. Pero las protestas solo fueron una más de las medidas de presión, ya que el mes anterior, se destrozaron 27 postes de energía eléctrica que alimentaban los pozos ubicados en Tilata 38 e igualmente se colocó dinamita a las instalaciones de la red de distribución de agua potable, dejando temporalmente sin suministro a toda la ciudad de El Alto y la ladera oeste de La Paz.
Las acciones para el retiro de AISA de la ciudad de El Alto, continuaron los meses siguientes y se sumaron a los problemas políticos que atravesaba el Gobierno de ese entonces con la denominada Guerra del Gas 39 , que alcanzó uno de sus puntos críticos en octubre de 2003, con el destrozo y saqueo de instalaciones gubernamentales, oficinas de los partidos políticos, comercios, bancos y empresas en La Paz y El Alto. Entre ellas nuevamente fueron atacadas las oficinas de AISA en la ciudad alteña.
En forma paralela se entablaron varios recursos legales ante el Tribunal Constitucional por parte de algunos usuarios que fueron afectados por AISA con consumos elevados, no obstante que de acuerdo a lo establecido por el sistema del SIRESE, existía un procedimiento para las reclamaciones a través de las oficina de Defensa del Consumidor que funcionaban en instalaciones de AISA y de la SISAB. Por otra parte, con el propósito de socavar el área comercial del concesionario, se instruyó a los vecinos a ejecutar conexiones domiciliarias de agua potable en forma clandestina, las cuales fueron incrementándose hasta ser consideradas en un porcentaje cercano al 9% de las legalmente ejecutadas en la ciudad de El Alto 40 .
38 Treinta pozos de agua, construidos con la cooperación japonesa en el año de 1980 y que abastece de agua potable a una parte de la ciudad de El Alto. 39 La guerra del gas: nombre dado a los conflictos de octubre de 2003 relacionados a la exportación de gas natural de Bolivia a EEUU y México a través de Chile. La segunda demanda era la conformación de una Asamblea Constituyente. 40 “Aguas del Illimani y Resistencia Social”– Carlos Crespo Flores
Publicación 4: La FEJUVE de El Alto tuvo un fogueado asesor: Pablo Solón.
Abel Mamani, máximo líder de la FEJUVE alteña admitió que Pablo Solón asesoró el movimiento contra la transnacional. "Ahora si recibe o no dineros del exterior ese ya no es mi problema". Empero, apuntó que lo importante son los resultados y su experiencia mostrada en la Guerra del Agua en Cochabamba, junto a Oscar Olivera.
José Luis Álvarez, rechazó que Solón fuese un cultor del pensamiento trostkista. "Este elemento siempre ha utilizado el trotskismo para recibir dinero del exterior y beneficiarse a nombre de los bolivianos a través de una red de ONG´s con intereses sobre el país", recalcó.
Negociaciones en El Alto • El presidente de la FEJUVE de El Alto, Abel Mamani, que aparece en primer plano a la izquierda fue acompañado por Pablo Solón en las discusiones de enero.
Fuente: La Razón, 23 de enero de 2005.
La FEJUVE asesorada por organizaciones no gubernamentales, desde inicios de la gestión de 2002, realizó una campaña sistemática de concientización a los vecinos de la ciudad de El Alto, buscando el apoyo necesario de la población para exigir al Gobierno la ruptura del contrato de concesión. Como uno de sus principales instrumentos de comunicación se elaboró un documento ampliamente difundido, en el cual se detallaban 14 razones para la salida de AISA del país. Dicho documento por su importancia que representa en el conflicto, en forma inextensa está incluido en el anexo del Estudio de Caso.
Los 14 motivos esgrimidos para le retiro de AISA y mencionados en el manifiesto difundido por la FEJUVE de El Alto, está enumerado a continuación:
1. Una adjudicación amañada y a espaldas de la población.
2. Hace trampa y condena a parte de la población a vivir sin agua.
3. La mayoría del dinero que invierte es de préstamos blandos.
4. No paga a SAMAPA todo lo que se calculó.
5. Las tarifas son dolarizadas.
Las tarifas vienen con sobre precio desde la firma del contrato.
7. Tarifas de usura para el sector público.
8. Ha elevado las tarifas de conexión de agua potable y alcantarillado.
9. No coloca medidores en las zonas pobres para ganar más.
10. No hace un adecuado mantenimiento ni reposición de la infraestructura.
11. No se hace cargo de extender el alcantarillado pluvial.
12. Permite la contaminación del medio ambiente.
13. Aguas del Illimani impone el secreto de la información.
14. Le vamos a pagar dos veces a AISA cuando termine su contrato
Pero lo que llama la atención en este comunicado, es que no obstante que los vecinos reclamaban aspectos que tienen que ver con la situación del servicio, como ser el alza de tarifas, la dificultad de acceder a los servicios y la desatención a varias zonas de la urbe alteña; al final del texto se puede leer un mensaje que se refiere a posiciones ideológicas de organizaciones que no estaban de acuerdo que Bolivia firme el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos de Norteamérica y estaban en contra de la globalización.
Las protestas más radicales y el bloqueo a la Sede del Gobierno, se iniciaron durante el mes de noviembre de 2004, inicialmente con un paro de 24 y luego 48 horas al que le siguió un paro cívico indefinido. El gobierno de Carlos Mesa, ante esta arremetida ofreció entonces revisar el contrato de concesión y si se encontraba irregularidades o causas de rompimiento, se realizaría todo el proceso legal. Ante este compromiso, los vecinos de El Alto aceptaron retomar el diálogo, dando como plazo el 20 de diciembre, pero sin cambiar la consigna de que la transnacional tenía que irse en forma inmediata y sin indemnización.
En el primer mes del año 2005, las protestas se radicalizaron y se realizó otro bloqueo indefinido a la ciudad de La Paz, el cual no sería levantado hasta que el Gobierno decida en forma inmediata el rompimiento del contrato con AISA y su salida del país. Igualmente, se amenazó con tomar por la fuerza las instalaciones de la empresa en caso de prolongarse la situación.
Como consecuencia de toda la presión ejercida por los vecinos de la ciudad de El Alto, el presidente Carlos Mesa Gisbert, el 11 de enero de 2005 promulgó el DS 27973, instruyendo realizar las acciones necesarias en forma inmediata para la terminación del contrato de concesión en sujeción a las leyes bolivianas. En una de sus disposiciones señala que de acuerdo a la Constitución Política del Estado, todas las empresas establecidas para explotaciones, aprovechamientos o negocios en el país se consideran nacionales y estarán sometidas a la soberanía, a las leyes y a las autoridades de la República.
Publicación 5: Mesa acepta echar a Aguas del Illimani, pero El Alto se radicaliza.
Después de 48 horas de iniciado el paro indefinido en esa urbe, en demanda de la expulsión de la empresa de provisión de agua potable, el Poder Ejecutivo decidió atender la solicitud, en el marco de un acuerdo concertado que evite al Estado enfrentar juicios por incumplimiento de contrato, como años antes ocurrió en Cochabamba con la empresa Aguas del Tunari.
Lo que se quiere es que el Gobierno garantice la salida inmediata de Aguas del Illimani por una libre decisión, señaló el dirigente Abel Mamani, tras anunciar que el paro indefinido continuará en esa urbe.
Fuente: La Razón, 12 de enero de 2005
La promulgación del mencionado Decreto Supremo, es nuevamente una demostración que para las autoridades políticas del país, ya no existía el sistema regulatorio establecido por la Ley 1600 del SIRESE, porque estaba claro que la relación contractual era con la SISAB y esta autoridad debería haber sido la que tome las decisiones sobre una de sus concesiones.
Posteriormente, en las continuas reuniones llevadas a cabo entre el Gobierno y los dirigentes de la FEJUVE de El Alto, se propuso que la ruptura del Contrato de Concesión con AISA, se realice en forma concertada para evitar el pago de una indemnización. Pero todos los argumentos eran insuficientes ante los dirigentes
alteños, ya que estos insistían en una expulsión inmediata y amenazaron con una marcha a La Paz si el Poder Ejecutivo no asumía esta decisión.
Publicación 6: El Alto sigue en paro; pero se abren posibilidades de diálogo.
MITIN • Cerca de 15.000 alteños se concentraron en la autopista y determinaron radicalizar la protesta. El Defensor del Pueblo logró una base de acuerdo que hoy se pondrá a prueba.
Toma de la autopista • Miles de vecinos alteños escuchan al presidente de la FEJUVE, Abel Mamani.
Fuente: La Razón, 5 de marzo de 2005.
La dirigencia de FEJUVE El Alto movilizó toda su estructura organizacional, ya que en cada uno de los barrios los dirigentes tomaban nota de los vecinos que no participaban en las protestas y se les hacía saber que la familia que no participaba, luego no tendría derecho a las futuras conexiones de gas domiciliario. Paulatinamente se logró que más zonas se unan a la medida y las personas que circulaban a sus labores eran conminadas a participar en las protestas, como lo reflejan reportajes de la prensa escrita 41 . En toda esta situación, paradójicamente, la población de la ciudad de La Paz era solo un espectador más de los acontecimientos y no se manifestó ni en contra ni a favor, no obstante a sabiendas que cualquier decisión que se tome, afectaría también a sus servicios.
El Gobierno acorralado por la presión social, llegó a doblegarse en los momentos críticos y manejó la posibilidad de aceptar la ruptura unilateral del contrato con AISA. Ante esta situación y a la gravedad que conllevaba una determinación de este tipo y el perjuicio que podía acarrear al país, fue el motivo por la que en un lapso de cinco meses, la SISAB tuvo cuatro Superintendentes.
41 La Razón, 5 de marzo de 2005.
En todo este panorama convulsionado, AISA concesionaria del servicio, en una carta dirigida al Superintendente de Saneamiento Básico negó toda posibilidad de revisar nuevamente tarifas por consumo de agua o precios por conexión, apelando al contrato de concesión firmado en 1997. Además hizo notar que en un sistema regulado la relación contractual es con la SISAB y no con el Gobierno. Asimismo, AISA en otra misiva enviada al Presidente de la República apeló a las obligaciones asumidas por Bolivia en el marco de un convenio de promoción y protección recíproca de inversiones suscrito con Francia.
A medida que transcurría el tiempo desde el inicio de las protestas, la población se daba cuenta de las consecuencias de sus acciones y surgieron pedidos de algunas zonas de la ciudad de El Alto, para que AISA continúe con su trabajo. Estas posiciones se iniciaron en el Distrito 8 y luego de unos meses se repitieron en otros sectores. Pero la situación creada por la dirigencia vecinal, resultaba irreversible y los pedidos fueron tildados de haber sido alentados por la empresa.
Publicación 7: - Barrios alteños de tres distritos piden que AISA se quede.
El Distrito 8 se pronunciará sobre AISA. El dirigente vecinal del Distrito 8 de El Alto, y delegado ante la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), Germán Mamani, informó ayer que un ampliado asumirá una posición respecto al voto resolutivo de apoyo a Aguas de Illimani, emitido por unas 30 de las más de 100 urbanizaciones que allí existen.
Ese día, los dirigentes amenazaron con bloqueos si Aguas del Illimani se va sin concluir los trabajos programados, razón por la que pidieron se anule el decreto de su salida.
Catorce urbanizaciones, de las 50 que tiene el Distrito 5 (sector Norte de El Alto), emitieron un voto resolutivo solicitando que la empresa Aguas de Illimani (AISA) se quede en esa ciudad para asegurar la continuidad del servicio y la ejecución de obra.
De los 90.000 vecinos que viven en el Distrito 5, el 95 por ciento carece del servicio de agua y alcantarillado. Similar actitud tomaron una decena de barrios del Distrito 7, que tiene 42.000 habitantes y que en un 95 por ciento carece de agua potable. A ellos se suman los habitantes de 28 urbanizaciones del Distrito 8 (Sur), los primeros en rechazar la salida de AISA en mayo de este año. En el sector hay 140 zonas, con una población total de 40.000 personas.
Fuentes: La Razón, 19 de julio de 2005 y 20 de septiembre de 2005
Iniciado el conflicto para la salida de AISA, la cooperación internacional manifestó
su preocupación y decidió postergar todos los posibles financiamientos hasta que
se esclarezcan la situación en torno a la problemática del agua. El Banco Mundial
dejó en suspenso el financiamiento para conexiones en el Distrito 8 y zonas
adyacentes y una similar posición asumió el Gobierno de Alemania. Pero el mayor
perjuicio para la población de El Alto y justamente para el Distrito 7, donde se
profundizaron las protestas, fue la decisión del Gobierno de Suiza de suspender
una donación de US$. 3 millones, gestionado y concretado por AISA y que estaba
destinado para el financiamiento de conexiones de agua potable y alcantarillado
sanitario en varias zonas del mencionado Distrito.
3.13 Auditorías al contrato de concesión
La SISAB, realizó dos auditorías a la ejecución del contrato, la primera en marzo
de 2002, con el objeto de cuantificar las inversiones realizadas por AISA durante el
primer quinquenio y la segunda para contar con elementos que puedan ser
utilizados en una rescisión contractual y no pagar ningún tipo de indemnización.
De acuerdo a lo previsto en el contrato de concesión, la SISAB mediante invitación pública contrató a una empresa especializada para realizar una auditoría a la empresa AISA 42 , por el periodo comprendido entre el 1 de agosto de 1997 al 30 de junio de 2001. Resultado de esta convocatoria, se adjudicó el contrato 43 a la empresa consultora Delta Consult Ltda., con el siguiente alcance de trabajo:
a. Recabar, organizar, revisar, analizar y evaluar la información referida a las
inversiones y contrataciones que ha realizado la empresa AISA en el periodo
comprendido entre el 1 de agosto de 1997 y el 30 de junio de 2001.
42 Denominación oficial de la auditoría: “Auditoria especial de inversiones de la empresa Aguas del Illimani S.A.” 43 El contrato se firmó el 8 de marzo de 2002.
b. Presentar informes con información detallada y relevante que permita análisis posteriores en materia de inversiones, así como la toma de decisiones en todos los temas relacionados.
c. Hacer conocer una opinión clara y precisa con relación al cumplimiento y apego a los procedimientos establecidos en la concesión, respecto a las contrataciones que han dado lugar a las inversiones realizadas en el periodo.
d. Proporcionar una opinión clara y precisa sobre la cuantificación y registro de las inversiones en el marco de la normatividad vigente en nuestro país.
e. Presentar en forma nítida todas las conclusiones y recomendaciones que correspondan, a efectos de tomar los recaudos que sean necesarios.
Concluida la auditoría, la firma Delta Consult Ltda. presentó su dictamen, del cual a continuación se detallan algunas de sus principales conclusiones:
a. Inversiones realizadas por la empresa AISA. Habiendo revisado la documentación técnica y contable respaldatoria de las inversiones efectuadas por AISA desde el 1 de agosto de 1997 hasta el 30 de junio de 2001 y la documentación que sustenta las inversiones que componen las obras activadas a esa fecha, se determinó que en el periodo analizado, se ha invertido US$. 52‟426.753, aspectos que se encuentra respaldado en su registro contable. Asimismo, la auditoría concluyó que la inversión efectuada durante el periodo auditado estaba directamente relacionada con la política de desarrollo y los planes de inversión anual presentados por AISA a la SISAB; a excepción de una observación en el rubro de inversiones, donde se consideró que no formaban parte de la misma, activos de la partida destinada a estructuras por un monto de US$. 97.088, debido a que ese gasto no estaba relacionado con el servicio. En el Cuadro Nº 12, se presenta el resultado de las inversiones realizadas por AISA, de acuerdo al informe de la firma auditora, detallando los rubros en los cuales fueron ejecutados.
Cuadro Nº 12: Inversiones ejecutadas por AISA.
Inversiones según AISA en US$.
Inversiones observadas por la auditoría en US$.
23„350.023
16‟850.353
1‟709.937
9‟978.352
52’426.753
Fuente: Informe de Auditoría por Delta Consult Ltda, 2002.
b. Conclusión técnica. Según la información contenida en los informes periódicos preparados por el Auditor Técnico, se determinó que la empresa AISA cumplió con las metas de expansión establecidas en el contrato de concesión, considerándose que este fue presentado a la Superintendencia y no se ha realizado ninguna objeción a los mismos, como establece el contrato de concesión. Mediante la aplicación de procedimientos de auditoria efectuados durante el análisis y evaluación de la documentación sustentatoria se pudo satisfacer la ejecución del número de conexiones realizadas en el periodo auditado.
c. Suficiencia y confiabilidad del sistema contable. De acuerdo al análisis del sistema contable que utilizó AISA, se determinó que si bien el sistema de registro contable computarizado era confiable, el mismo debió ser mejorado considerando el tipo de operaciones que desarrolla la Empresa y la información requerida por la SISAB. Al momento de efectuarse la revisión definitiva de la documentación de descargo, durante el mes de enero de 2003, AISA implementó a partir del 6 de enero de 2003, un nuevo Sistema Administrativo Financiero (SAP) cuyos controles internos automatizados generaban un adecuado ambiente de control.
d. Registros contables, confiabilidad y responsabilidad de las inversiones. De acuerdo al análisis efectuado, se concluyó que los registros se realizaron en base a los principios de contabilidad generalmente aceptados, asimismo, se verificó que los montos de las inversiones presentadas por la empresa AISA se encontraban registrados en sus estados financieros.
e. Inversión en función a los servicios prestados. Luego de la revisión de la documentación de descargo se ha determinado que la inversión total estaba clasificada en función a los servicios prestados.
f. Criterios de valuación en las inversiones. Luego de la revisión de la documentación de descargo presentada por AISA, se pudo determinar que los criterios de evaluación aplicados a los distintos rubros de las inversiones eran razonables, bajo los aspectos de competitividad en relación al mercado y de las obligaciones contractuales con la SISAB, debido a que la auditoría tuvo acceso a los procedimientos aplicados a las adquisiciones y licitaciones.
g. Incumplimiento de disposiciones regulatorias. De acuerdo a la revisión de los descargos presentados por AISA, se pudo opinar que el concesionario efectuó inversiones en concordancia con disposiciones regulatorias o con el contrato de concesión, excepto por la adquisición del sistema informático ICIS efectuada a la empresa Lyonnaise des Eaux, aspecto sancionado por la SISAB.
h. Fuentes de financiamiento utilizadas en las inversiones. De acuerdo a la documentación presentada por AISA, se verificó que los financiamientos fueron aplicados a las obras de inversión, tal como explícitamente está establecido en los distintos contratos de financiamiento que la empresa ha formalizado (BID-CAF y CITIBANK).
i. Conclusión sobre las empresas vinculadas. De acuerdo a la revisión de los descargos presentados por AISA, la auditoría opinó que el concesionario ha efectuado inversiones sin contratar a empresas vinculadas relacionadas con AISA, excepto por la adquisición del sistema informático ICIS, aspecto que fue sancionado por la SISAB.
Por lo que de acuerdo a las conclusiones de la auditoría, producto de una opinión independiente, imparcial y principalmente profesional, sobre las inversiones realizadas durante el primer quinquenio y la calidad del trabajo desarrollado por AISA; no coinciden y contrastan profundamente con los argumentos esgrimidos por la dirigencia de los vecinos de la ciudad de El Alto y contenidos en el documento que contenía los 14 motivos para romper el contrato de concesión.
Posteriormente, como una de las acciones que realizó la SISAB para viabilizar la salida de la concesionaria y tener los elementos necesarios para una intervención a la empresa o una rescisión del contrato, se autorizó el 13 de diciembre de 2005 44 la contratación de la firma Pozo & Asociados Auditores Consultores, para auditar el trabajo de AISA desde la gestiones 1997 45 . El monto del contrato fue de US$. 363.000, que superó en más del 100% a la cantidad presupuestada y determinada en el D.S. 28100, dictado por el ex - Presidente Carlos Mesa Gisbert 46 .
Pero un aspecto que llamó la atención, fue que la contratación de la firma auditora no se realizó mediante una licitación pública, sino que fue una adjudicación directa y con términos de referencia aprobados seis días antes 47 , que fueron diferentes a los originalmente utilizados dos meses antes en la licitación pública, que durante su proceso de evaluación y calificación de propuestas, sin muchas explicaciones fue declarada desierta por los directivos de la SISAB 48 .
Esta contratación también originó una confrontación entre la SISAB y AISA, ya que esta última, se oponía a que nuevamente se audite gestiones anteriormente ya
44 Resolución Administrativa Regulatoria 140/2005 45 Denominación completa de la auditoría: Auditoría Regulatoria con carácter Técnico – Ambiental, Económico – Financiera, Legal y Comercial sobre el cumplimiento del Contrato de Concesión de Aguas del Illimani S.A.
46 El inciso IV, del Decreto Supremo 28100, determina que el costo de la contratación de las auditorias para la terminación del Contrato de Concesión de AISA, no podrá exceder del monto de US$ 165.000.
47 Resolución Administrativa Regulatoria Nº 138/2005 del 7 de diciembre de 2005. 48 Resolución Administrativa Interna Nº 114/2005 del 14 de octubre de 2005.
auditadas por la firma Delta Consult Ltda. Esta oposición estaba sustentada en el hecho de que acorde a procedimientos establecidos y principios de equidad y ética profesional, no era correcto realizar una auditoría sobre otra.
Publicación 8: La socia de AISA advierte con un arbitraje internacional.
La accionista francesa de Aguas del Illimani pone un plazo
de seis meses para concertar una salida amigable. De enero
a la fecha, la Súper y AISA no lograron un acuerdo;
discrepan en una auditoría.
Tanto el superintendente de Servicios Básicos, Álvaro Camacho, como el gerente general de Aguas de Illimani, Alberto Chávez, coincidieron en señalar que el punto central de diferencia radica en la auditoría de los primeros cinco años de inversión en las ciudades de La Paz y El Alto.
Pasaje de salida • El presidente de la FEJUVE de El Alto, Abel Mamani (izq.), y Julián Pérez (der.) exponen una imitación de boleto aéreo para la salida de AISA. Fue el 29 de abril
Fuente: La Razón, 1 de julio de 2005.
La firma auditora no solo revisó documentalmente la información producida desde el inicio de operaciones de AISA, sino que extrañamente, con ayuda de personal contratado por la misma SISAB en calidad de contraparte 49 , se procedió en algunos casos a desenterrar la tubería instalada para verificar los diámetros de las redes de AP y ALC-S. En el trabajo, no se escatimó ningún esfuerzo para hallar indicios que demuestren que la empresa no cumplió con el contrato.
Finalizada la auditoría y como era de esperarse, la firma Pozo & Asociados, determinó que AISA incumplió su contrato, cuestionó las inversiones realizadas, aseguró que la compañía no cumplió las metas de expansión, que sólo invirtió US$. 11,3 millones de sus fondos y que cobraba tarifas altas porque utilizaba esos montos para invertir. Asimismo, llegó a la conclusión que AISA no registró de forma separada los bienes transferidos de SAMAPA y los de la concesionaria.
49 La Resolución Administrativa Regulatoria No. 140/2005, la SISAB se compromete a designar a un grupo de profesionales multidisciplinarios, para que trabajen como “contraparte” de la firma auditora.
Adicionalmente, como una sanción a todos estos incumplimientos, la firma auditora estimó que AISA debería pagar multas que sumaban alrededor de US$. 11,5 millones y debía ejecutar obligatoriamente 29.242 conexiones de AP y 7.825 conexiones de ALC-S.
También estableció que AISA realizó una sobrevaloración del monto de las inversiones ejecutadas al imputar en este rubro, gastos que no correspondían en razón de su naturaleza, carácter y objeto. Como consecuencia de esta irregularidad, el monto total de la inversión neta reconocida por la auditoria era de US$. 22‟227.047, cantidad que contrastaba sustancialmente el valor declarado por AISA de US$. 44‟520.086. Un detalle de lo anterior esta en el Cuadro Nº 13.
Inversión según AISA
Inversión según auditoría
51‟725.535
9‟545.298
42‟180.237
23‟559.886
3‟672.688
19‟887.198
2‟648.434
2‟339.849
54‟373.969
9‟853.883
44‟520.086
26‟208.320
3‟981.273
22‟227.047
Total bienes transferidos
11‟548.648
8‟449.062
3‟135.586
11‟584.648
Total Activo Fijo (A+B)
65‟958.617
18‟302.945
47‟655.672
37‟792.968
12‟430.335
25‟362.634
Fuente: Auditoría Regulatoria a AISA por la firma Pozo & Asociados, 2006.
Asimismo, se determinó falencias en las que incurrió la SISAB, identificando una serie de acciones u omisiones que al final incidieron en una débil regulación de la concesión, como las mencionadas a continuación:
a. Durante el primer quinquenio de la concesión el operador no realizó un adecuado registro de la información y documentación de los gastos, costos e inversiones, las cuales persistieron durante el segundo quinquenio de la
concesión, sin que la SISAB haya supervisado la correcta aplicación de las disposiciones reglamentarias vigentes.
b. La SISAB no supervisó ni controló la correcta aplicación de las tasas de depreciación de los activos establecidas en el contrato de concesión. En consecuencia, AISA aplicó durante el primer quinquenio de la concesión tasas de depreciación diferentes a las autorizadas, contravención que produjo la sobreestimación en el valor de las inversiones declaradas por el operador, no habiendo impuesto la SISAB ninguna sanción a la empresa por este hecho que vulneró los términos del contrato de concesión.
c. La autoridad reguladora no implementó hasta fines de la gestión 2006 mecanismos operativos de control del cumplimiento de las funciones de los auditores independientes (técnico y contable) asignados a la empresa AISA, que fueron recomendados el año 2003 por la Contraloría General de la República (CGR). Como consecuencia de este incumplimiento, la auditoria evidenció que las certificaciones emitidas por dichos funcionarios sobre la cuantía de las inversiones reportadas en los estados financieros de AISA carecen de confiabilidad y veracidad.
d. Como parte del proceso de negociación llevado a cabo entre la SISAB y AISA,
producto de la revisión de precios y tarifas del segundo quinquenio de la concesión, el regulador autorizó el incremento de la vida útil de los activos y la modificación de sus respectivas tasas de depreciación sin existir ningún análisis técnico fundamentado. e. En la gestión 2003 la SISAB aprobó la auditoría especial de inversiones de AISA realizada por la firma Delta Consult cuyos resultados son inconsistentes y difieren notablemente de lo encontrado por la auditoría realizada el año 2006.
De igual forma, la auditoria efectuada por Pozo & Asociados estableció que AISA entre agosto de 1997 y junio de 2001 invirtió US$. 16‟443.918, de manera contraria a lo que Delta Consult estableció en la auditoría realizada el 2006, cuando se determinó que AISA invirtió en el mismo periodo US$. 52‟426.753, monto que prácticamente triplica el valor anterior.
Cuadro Nº 14: Resultados de las auditorias sobre inversiones de AISA.
Inversión declarada por AISA
Fuente: Informe, Fiscalización de la Superintendencia General del SIRESE, 2006.
Contrastando el monto de inversión neta total de US$. 47,6 millones correspondiente al periodo agosto 1997 a diciembre 2005 declarado por AISA dentro del proceso de auditoria efectuada el año 2006, con el monto de US$. 52,4 millones establecido por Delta Consult, de acuerdo a Pozo & Asociados existió una clara contradicción, toda vez que el propio operador reconoció que se habría invertido un monto menor en un periodo mayor de tiempo (1997 - 2005) con relación a lo determinado con la primera auditoría en el primer quinquenio de la concesión.
Con los resultados alcanzados por la auditoría realizada por Pozo & Asociados, el Gobierno y la SISAB, obtuvieron lo que requerían y por lo tanto se tenían todos los elementos para demostrar ante cualquier escenario nacional e internacional, que la concesionaria AISA había incumplido su contrato en todos los temas auditados, como los referidos a: metas de expansión, inversiones, precios y tarifas, calidad de los servicios y medio ambiente, aspectos legales. Además, de acuerdo al informe de la auditoría, AISA debía pagar multas millonarias al Estado Boliviano y también se estableció que como sanción, debía ejecutarse más de 35.000 conexiones entre AP y ALC-S. Llegar a estas conclusiones demandó del país una serie de recursos económicos y humanos durante casi 20 meses de trabajo.
Por lo tanto, es siguiente paso que deberían haber realizado las autoridades del Ministerio del Agua y la SISAB, era la rescisión del contrato y exigir a la concesionaria el pago de la indemnización por todas las infracciones cometidas. Además esta posición coincidía con las pretensiones de los dirigentes vecinales y algunas organizaciones de la ciudad de El Alto, desde el inicio de las medidas de presión.
Pero la posición de estas autoridades no fue la recomendada por la auditoría y por el contrario, se comunicó que para evitar un proceso de arbitraje internacional que no parecía conveniente para el país en términos de tiempo y costo y, para que el Estado no pague una indemnización, se negociaría con AISA la resolución del contrato de concesión y se buscaría una salida concertada.
Es así que el 16 de octubre de 2006, el Presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que una comisión de transición compuesta por las autoridades de las alcaldías de las ciudades de El Alto y La Paz, con la fiscalización de los dirigentes de las organizaciones sociales, empezarían a trabajar para recibir la documentación de la empresa AISA y que para su salida se cumplirían todos los procesos legales.
Publicación 9: Aguas del Illimani tendrá compensación.
El Embajador de Francia y el Ministro del Agua coincidieron en que hay un acuerdo con ese fin. Abel Mamani especificó que el Estado asumirá deudas por valor de más de $us 14 millones, invertidos en la cobertura.
Mamani especificó que el Estado asumirá las deudas que tiene AISA con dos organismos financieros internacionales, más el pago del valor de bonos que la empresa emitió en la Bolsa Boliviana de Valores, para obtener recursos destinados a la inversión.
Por su parte, el Embajador de Francia declaró a la Red Uno que hay “un convenio firmado entre el Ministerio del Agua y la empresa. La entidad saldrá a fin de año y tendrá una compensación del Estado Boliviano, solamente falta el acuerdo con todos los socios”. La nueva empresa requiere de $us 30 millones.
Fuente: La Razón, 11 de noviembre de 2006.
Con el fin de viabilizar la salida del operador privado, el Gobierno autorizó la suscripción del Acuerdo Marco de Terminación de Disputas 50 . Asimismo, se emitió el D.S. 28985 que determinó los procedimientos para la transferencia de las acciones de la empresa privada a favor del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Según el acuerdo, AISA asumió, entre otros compromisos menores, la obligación de transferir todas sus acciones y derechos al FNDR a través de la constitución de un fideicomiso en beneficio del Ministerio del Agua por un monto aproximado de US$. 7‟390.000 que correspondía al valor del capital accionario.
Por su parte, el Gobierno Nacional asumió, los siguientes compromisos: 51
 Restituir y extinguir todas las boletas de garantías y fianzas emergentes del contrato de concesión y el contrato de régimen de bienes, cuyo monto total asciende a US$. 17‟0000.000.
 Efectuar la cancelación mediante bonos del Tesoro General de la Nación (TGN) de los préstamos de AISA otorgados por sus acreedores multilaterales (BID, CAF, IFC), cuyo monto total asciende a US$. 9‟562.000.
 Realizar el pago a los tenedores de los bonos emitidos por AISA cuyo monto total asciende a US$. 4‟570.000.
 Reconocer mediante bonos del TGN a los accionistas de AISA la suma de US$. 5‟500.000 como monto único para concretar la desvinculación definitiva de los accionistas y el operador de la empresa del contrato de concesión y del referido a régimen de bienes.
Según la información anterior, para la salida de la concesionaria privada, el Gobierno de Bolivia tuvo que erogar algo más de US$. 19,6 millones. Asimismo, resultado de estos acuerdos, se debe considerar que el pago de las deudas de SAMAPA con el Gobierno de Alemania y el BID a través del FNDR, que según el contrato de concesión debían ser cancelados por AISA como un alquiler por el uso de las instalaciones, nuevamente fueron asumidos por la empresa municipal.
50 DS 28933 del 22 de noviembre de 2006. 51 Informe de Fiscalización de la Superintendencia General del SIRESE.
El Ministro del Agua anunció la existencia de dos decretos acerca de la ruptura del contrato con AISA, pero no los mostró. Haciendo suyas las palabras del presidente de la FEJUVE de El Alto, Morales dijo que otras transnacionales dejarán el país.
Consultado sobre la compensación que recibió la empresa para dejar de operar, el titular del Agua explicó que de los $us 46 millones que ésta invirtió en 10 años (el contrato preveía 30), el Estado asumirá las deudas por concepto de créditos obtenidos para realizar nuevas conexiones.
Además, recordó que la nueva empresa pública del agua en La Paz y El Alto arranca con un capital de $us 5,5 millones provenientes de la Unión Europea y el Gobierno de Venezuela.
La salida de AISA en cifras: 46 millones de dólares es la suma que AISA habría invertido en casi 10 años de operación, informó el ministro Mamani en base a la auditoría ejecutada.
En el acto • Un niño saluda a Morales, tras el anuncio, anoche. En la testera se vio también a líderes sociales.
Fuente: La Razón, 4 de enero de 2007
Por otra parte, a este panorama se añade las contradicciones sobre el monto que invirtió AISA en el periodo de su concesión, ya que contrariamente a los resultados de la auditoría de Pozo & Asociados, que indicaban que solo invirtió un monto no superior a los US$. 22,3 millones, el Ministro del Agua en una entrevista a la prensa informó a la ciudadanía, que la inversión alcanzaba a US$. 46 millones en los casi 10 años de su concesión 52 .
En el acto oficial de rescisión del contrato de concesión, se comunicó que durante el periodo de transición hasta la creación de la nueva empresa, se mantendrían inalterables las tarifas que cobraba AISA por los servicios de AP y ALC-S, pero ya no dolarizadas. Asimismo se hizo saber que los costos altos que tenía concesionaria privada como derecho de acceso a los servicios y que fueron uno
52 Periódico La Razón, 4 de enero de 2007.
de los motivos principales para su salida del país, se conservarían en los mismos niveles, con el argumento de que la nueva operadora pública necesitaba recursos para sostener el servicio y financiar las expansiones.
Otro aspecto importante de mencionar, se refiere al tiempo que demoró todo el proceso para la terminación del contrato de concesión, el cual no fue de dos semanas, plazo que fue dado a la SISAB por la dirigencia de FEJUVE de El Alto desde el inicio de las acciones de protesta y principalmente durante el bloqueo a la ciudad de La Paz; sino que tuvieron que pasar aproximadamente dos años para que esa situación se llegue a concretar.
Desde el inicio de los conflictos, una de las principales preocupaciones de todos los actores que participaron directamente en la rescisión del contrato de concesión fue la definición del futuro operador. Pero desde ese entonces los alcaldes de las ciudades de La Paz y El Alto, tuvieron mucho cuidado en no comprometerse a dirigir una futura empresa sin perspectivas de financiamiento y sin una garantía cierta de una mejora de los servicios.
Publicación 11: A partir de hoy se estructurará el directorio de la nueva SAMAPA.
El reelecto alcalde de La Paz, Juan del Granado, será el presidente del directorio de SAMAPA, y el alcalde de El Alto, José Luis Paredes, el vicepresidente. La dirigencia alteña reclama participación vecinal en el directorio y que no se dé lugar al cuoteo político.
El presidente de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto, Abel Mamani; el vicepresidente de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, Eliodoro Equiapaza, y el asesor de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, Pablo Solón, coincidieron en reclamar que exista representación y participación ciudadana en ese directorio.
El vicepresidente de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto, Eliodoro Equiapaza, dijo ayer que para la estructuración de la nueva empresa que reemplace a Aguas del Illimani hay tres proyectos: uno de ellos plantea que la nueva administración esté a cargo del municipio; el segundo propone la conformación de una cooperativa; y el tercero sugiere hacer una empresa más social.
Fuente: La Razón, 16 de enero de 2005
Se analizaron y debatieron diferentes alternativas organizacionales, como la más rápida que consistía en recomponer el directorio de SAMAPA o crear una empresa exclusiva para El Alto. Esta última propuesta no era viable financieramente debido que los ingresos generados en la ciudad de La Paz subvencionan los gastos de operación y mantenimiento de la urbe alteña debido a la baja recaudación por el reducido consumo de agua potable de sus habitantes.
Pero también se analizó la alternativa de dividir la prestación del servicio en dos o más empresas, pero esa opción fue rechazada porque, según explicaciones de las autoridades sectoriales, implicaría un cambio al modelo de gestión que se estaba buscando, con la formación de empresas metropolitanas, regionales o mancomunidades, que permitan subsidios equilibrados y así evitar la dispersión de esfuerzos que limiten la capacidad de reacción y recursos.
Publicación 12: El Gobierno buscará ayuda para una empresa de agua.
presidente Morales se reunió con los alcaldes de La Paz
El Alto y dio la recomendación a Abel Mamani, quien
asistirá a un foro en México
ministro del Agua, Abel Mamani, recibió la recomendación
del presidente Evo Morales de conseguir ayuda económica externa para formar una empresa del Agua estatal para las ciudades de La Paz y El Alto, anunció el alcalde alteño, Fanor Nava.
Ayer, el Primer Mandatario se reunió con los alcaldes de ambas ciudades y el Ministro del Agua, por más de una hora, para hacer un seguimiento a la auditoría que se realiza a la empresa Aguas de Illimani y analizar la creación de otra entidad que se encargue del servicio de agua y alcantarillado.
Movilización social • Los alteños protestan por las tarifas de agua en la Autopista, pasó en marzo de 2005.
Fuente: La Razón, 15 marzo 2006.
La dificultad de implementar una determinada estructura institucional y el motivo que no permitía ponerse de acuerdo, fue principalmente el hecho de que todos los
que participaron y propiciaron la salida de AISA, pretendían ser parte de la dirección de la nueva empresa. Cada sector tenía una propuesta, en algunas se integraba a las organizaciones vecinales, en otras a representantes de usuarios. También al principio surgieron opiniones, como la manifestada por el Alcalde de la ciudad de El Alto, para conformar una empresa de sociedad mixta recurriendo nuevamente a la participación de empresarios privados.
Han transcurrido más de cinco años desde los primeros intentos de conformar una empresa que reemplace a la concesionaria privada AISA y parecería que está en perspectivas de concretarse la creación de la Empresa Pública Social Metropolitana de Saneamiento Agua Para Todos (APT) 53 , institución sustentada en una autonomía de gestión con participación y control social, donde cada ciudad tendrá una administración local con participación equitativa y supervisada por una Gerencia General. Por otra parte se tendrá una asamblea de vecinos que será la que designe al nuevo directorio que estaría conformado por representantes de la dos federaciones de juntas de vecinos y de la Central Obrera Regional.
Publicación 13: La FEJUVE reclama por la nueva empresa de agua.
EMERGENCIA • Las juntas de vecinos de La Paz aseguran que no se las toma en cuenta.
La Federación de Juntas Vecinales de La Paz no conoce los alcances del decreto supremo que establecerá la creación de la Empresa Pública Metropolitana de Servicios Agua para Todos (APT).
El presidente del Concejo Municipal, Luis Revilla, afirmó que se presentó la propuesta en presencia de las dos juntas vecinales y los gobiernos municipales de El Alto y La Paz y añadió que incluso el Gabinete Ministerial ya tiene el decreto para su tratamiento y aprobación.
MILLUNI • La represa será administrada por El Alto según el proyecto de decreto
La Razón, 12 de diciembre de 2009.
53 La Razón, 12 de diciembre de 2009.
La Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A. (EPSAS) se hizo cargo de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario de las ciudades de la Paz y El Alto desde el 4 de enero de 2007. Nace como uno de los resultados de los acuerdos alcanzados en las negociaciones con AISA donde se estableció la desvinculación de los accionistas a través de la constitución de un Fideicomiso en beneficio del Ministerio del Agua a través del FNDR 54 , repartición descentralizada del Estado y dos personas particulares, el señor Félix Calle Huaso y la señora Mercedes Condori Quispe, que tienen en total el 0,0004%, de las acciones.
Cuadro Nº 15: Composición accionaria de EPSAS.
FNDR (fiduciario)
Félix Calle Huasco
Mercedes Condori Quispe
Fuente: Fitch Ratings – Corporates América Latina, Aguas del Illimani S.A.
Los siguientes pasos para consolidar la nueva empresa, fueron encarados el 4 de enero de 2007, en la reunión de la novena Junta Extraordinaria de Accionistas de AISA, donde se aprobó la modificación de la razón social de AISA a EPSAS. Posteriormente, el 17 del mismo mes, se reunió la Primera Junta General Extraordinaria de los nuevos accionistas 55 , para ratificar nuevamente el cambio de denominación o razón social.
Asimismo, por declaraciones oficiales, se determinó que la empresa recientemente formada, debía funcionar solamente un periodo de transición de cuatro a seis
54 Contrato de Fideicomiso firmado el 3 de enero de 2007. 55 Fuente: Fitch Ratings – Corporates América Latina, Aguas del Illimani S.A.

References: in fine
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