Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28DSCD-10-CO-839.CODI.%29
Timestamp: 2020-07-12 12:31:23+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 839, de 18/06/2015
cve: DSCD-10-CO-839
Año 2015 X LEGISLATURA Núm. 839
- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. (Número de expediente 121/000150) ... (Página2)
Se abre la sesión a la dos y treinta y cinco minutos de la tarde.
- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 37/2007, DE 16 DE NOVIEMBRE, SOBRE REUTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. (Número de expediente 121/000150).
Algún grupo no está presente y no sé si querría estarlo pero, dado que han transcurridos unos minutos desde la finalización del Pleno, vamos a comenzar, sin perjuicio de que, si llegase algún portavoz, flexibilizaríamos un poco el orden para que pudiese intervenir.
Como saben, el orden del día consta de dos puntos para tramitar un único proyecto de ley por el que se modifica la Ley 32/2007, sobre reutilización de la información del sector público. Con los grupos que estamos, la sesión va a ser breve y, para quien se quiera organizar, votaremos no antes, pero tampoco mucho después de las tres y cuarto. Si terminamos antes de las tres y cuarto esperaremos porque además hay que preparar las votaciones. Probablemente votaremos a esa hora.
De todas formas, aprovecho para solicitar antes que cualquier otra cosa a los grupos que, en la medida de lo posible, nos acerquen a la Mesa las votaciones separadas para que podamos luego organizar con mayor agilidad la votación.
El primer punto del orden del día es la ratificación de la ponencia designada para informar la iniciativa legislativa que hemos referido. ¿Entiendo que la ratificamos por asentimiento? (Asentimiento).
El señor PRESIDENTE: Al texto remitido por el Gobierno no se ha incorporado ninguna enmienda según el informe de la ponencia. Por tanto, pasamos ya a la discusión de las enmiendas presentadas al proyecto con el orden habitual de menor a mayor y por un tiempo máximo de diez minutos.
En primer lugar, tiene la palabra el portavoz de Unión Progreso y Democracia para defender sus enmiendas.
El señor CALDUCH CERVERA: Señorías, voy a ser breve.
Nosotros hicimos solo tres propuestas de enmiendas, en realidad muy técnicas, porque entendemos que en conjunto el proyecto de ley viene precisamente a cubrir las limitaciones o deficiencias que hasta ahora existían en cuanto a la reutilización de los datos y la información que está en poder del sector público. Ya se nos ha indicado que una de las enmiendas que considerábamos más importantes se nos acepta, con lo cual mi intervención quedará reducida básicamente a una reflexión sobre las otras dos. Efectivamente, aunque nuestras propuestas son técnicas, en algún caso pretenden evitar, como la enmienda número 7, la discrecionalidad que hay por parte de la Administración y del sector público en esta reutilización de la información. Por ejemplo, cuando se añade el término apropiado. Es un término subjetivo, pues lo que unos consideran apropiado otros lo consideran inapropiado, mientras que el término posibilidad es objetivo. Nosotros hemos propuesto que se suprima el término apropiado y no renunciamos a la idea de que la sensatez terminará permitiendo que esto se pueda corregir. Asimismo, proponemos establecer no tarifa sino precio, pues el término precio incluye tanto las tasas como los precios públicos. Si nos atenemos al término tarifa -enmienda número 8-, en nuestra opinión estamos restringiendo excesivamente el criterio de aplicación de los costes.
En términos generales estamos bastante conformes, salvo -tengo que señalarlo- por las enmiendas que está añadiendo el Grupo Popular. Con la última, adicional, que se nos acaba de repartir es algo con lo que mi grupo va a estar sistemáticamente en contra en cualquier proyecto de ley o propuesta que se haga de enmienda, pues introduce inseguridad jurídica. Eso de que en el texto de un proyecto de ley que tiene que ver con la reutilización de la información existente en el sector público se introduzcan enmiendas, por ejemplo, sobre el ERE de la Fábrica de Moneda y Timbre, la modificación de la Ley de Régimen de
Administración Local, la Ley de Reproducción Asistida, etcétera, hace que se desvirtúe su sentido y siempre estaremos en contra -ya lo anticipo-, puesto que desvirtúa no solamente el proceso legislativo sino también, lo que es peor, la seguridad jurídica de los ciudadanos, porque al final, sinceramente, el ciudadano tiene que buscar en las leyes más peregrinas las modificaciones que se han incorporado a leyes que tienen sentido. Dicho esto, concluyo mi intervención.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra su portavoz.
La señora SAYÓS I MOTILLA: En defensa de las enmiendas de Convergència i Unió he de manifestar que este proyecto debe incorporar en el ordenamiento jurídico español la directiva de 2013. La fecha límite para aprobar y publicar la disposición legal que dé cumplimiento a esta directiva finaliza el 18 de julio, por lo que el Gobierno va muy apurado de tiempo. Entre 2013 y 2015 no ha hecho los deberes y ahora los tiene que hacer de forma apresurada.
Me voy a centrar más en el artículo 4 que en los otros, enmiendas 9 a 14. Por lo que hace referencia a la número 9, que modifica el artículo 4.5, las TIC permiten a día de hoy hacer una búsqueda de documentos en cualquier idioma. El preámbulo de la Constitución española establece que el Estado protegerá las culturas y las lenguas que existen en el territorio español. En este sentido, el artículo 3 de la Constitución establece que las lenguas de las comunidades autónomas también son oficiales, de acuerdo con sus estatutos. Pues bien, es obvio que en el artículo 4, apartado 5 de este proyecto de ley sea una obligación, en los términos que se establecen en esta enmienda, que la búsqueda de los documentos se pueda realizar en formato multilingüe, sin que ello suponga un coste para la comunidad autónoma, pues es una obligación constitucional del Estado preservar las lenguas existentes en el territorio español. Y, en consecuencia, la reutilización de la información que se emane de las administraciones autonómicas y locales sin coste alguno a soportar por las dos administraciones públicas -la autonómica y la local- que conviven en el mismo estadio que la Administración General del Estado sin que una predomine por encima de la otra, lo que no es más que cumplir y hacer cumplir la Constitución española.
La enmienda 10, al artículo 10, apartado 3 del punto ocho, no supone más que plasmar la coherencia entre la Ley de Transparencia y la modificación de la Ley 37/2007, donde se estable el plazo de un mes en lugar de veinte días. En el artículo 10 punto ocho, si tenemos en cuenta la normativa comparada, impera el silencio positivo. La Administración pública tiene la obligación de resolver, no pudiendo trasladar la carga al administrado o, en definitiva, al ciudadano. Muchas prerrogativas tiene ya la Administración, por lo que no debería tener este privilegio. Por tanto, debe ser responsable y resolver. Por ello, si la Administración no resuelve la solicitud del ciudadano, debe imperar el silencio positivo, por lo que el solicitante podrá entender estimada su solicitud.
En cuanto a la enmienda 11, que modifica la disposición adicional tercera, en su apartado 1 se reconoce a la Administración autonómica y la Administración local como dos administraciones públicas más, por lo que debe presentarse igualmente informe a la Comisión Europea, dando cumplimiento así a la directiva de referencia. Por ello queda claro que el informe que se emita debe incluir los datos relativos a las otras dos administraciones que cohabitan con la Administración General del Estado, que son la Administración autonómica y la Administración local. Por lo que hace referencia al apartado 2 de esta disposición adicional tercera, se recoge que entre las distintas administraciones públicas debe haber coordinación, pero mucho más colaboración pues cada una de ellas tiene encomendadas competencias establecidas por la propia Constitución española ya que, insisto, ninguna de ellas está por encima de otra sino que cada una tiene encomendadas unas determinadas competencias. Hacer referencia a la conferencia sectorial correspondiente no deja de ser una mejora técnica a la norma.
En lo que respecta a la enmienda 12, de Convergència, ya hemos presentado la justificación técnica en cuanto a la disposición adicional cuarta, por lo que no me voy a extender. La enmienda 13 no supone más que el cumplimiento también de la Constitución española en cuanto al respeto entre las administraciones. Por ello, el Gobierno, o sea, el Poder Ejecutivo, dictará aquellas disposiciones reglamentarias para la ejecución y desarrollo del contenido de esta ley, siempre en el ámbito de sus competencias, por lo que deberá consultar previamente a las comunidades autónomas con competencia en esta materia. Finalmente, la enmienda 14, en el apartado 1 de la disposición adicional única, establece que los Presupuestos Generales del Estado deben incluir las partidas necesarias para dar cumplimiento a esta norma por lo que el Gobierno, en consecuencia, transferirá a las distintas administraciones intervinientes en el proceso de los datos.
En lo que respecta a las enmiendas del Grupo Popular, qué vamos a decir. Manifestamos nuestro más enérgico rechazo en la misma línea que mi compañero de UPyD. Sus enmiendas son de un calado similar al del propio texto del proyecto de ley que se presenta. Por tanto, no pueden pretender legislar de esta forma pues las consecuencias que se prevén son serias. Este proyecto de ley, como se determina en la exposición de motivos, no es más que la trasposición de una directiva europea de 2013. Por tanto, el Grupo Popular no puede pretender colar estas enmiendas para cambiar otras leyes que no tienen nada que ver con este proyecto de ley y que, insisto, tienen un calado tan o más importante que el propio proyecto de ley. Esta técnica legislativa, tan propia de este Gobierno, y ahora de su grupo parlamentario, es errónea, nefasta e impropia no tanto a título de regulación legislativa, sino de respeto por quienes tienen que aplicar el derecho y por los que tienen que interpretarlo, lo que conlleva inseguridad jurídica. Ya lo he dicho en multitud de ocasiones: España está en los últimos puestos de los países en seguridad jurídica. Las enmiendas 32 y 33 dan fe de ello.
Me extenderé más en la enmienda 34. La pretensión que tiene el Grupo Popular con esta enmienda es impresentable. En su día aprobaron la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local sin tener en cuenta a dicha Administración, y esto es muy feo. Y como no se atreven a modificar esta Ley de Racionalizacion aberrante, pretenden incorporar en este texto legal la trasposición de una directiva europea, un régimen transitorio para las funciones de tesorería y recaudación. Esta ocurrencia tan precipitada ni tan siquiera mantiene la coherencia con la propia Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y que hoy, recuerdo, se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional. Tampoco respeta las competencias de las comunidades autónomas ni la normativa existente. Esta enmienda no es una mejora técnica, como pretende el Grupo Parlamentario Popular. Esta enmienda es una vergüenza legislativa, una mala praxis legislativa. Las diputaciones provinciales es una Administración que tiene encomendada la competencia de asistencia, y esta enmienda dista mucho de sus funciones. Y con mayor abundamiento debo recordar al Partido Popular que las administraciones locales pequeñas son las más saneadas. Por todo ello les pido que por favor retiren esta enmienda pues el mejor régimen transitorio en los puestos de tesorería es mantener la vigencia del régimen actual.
En cuanto a la enmienda 35, no tengo más que decir que esto es un escándalo. Y con la enmienda 36 no hace falta lavar la cara al Gobierno cuando este no ha cumplido nunca -y sigue sin cumplir- con la Ley de la Dependencia. Ahora se pretenden destinar a un fin social los saldos y depósitos abonados. Bienvenidos sean estos destinos; pero debo recordar aquí que el Estado debe cumplir con la obligación que implica la Ley de la Dependencia, por tanto destinen este dinero a la Administración autonómica, que es quien realmente cumple con esta obligación.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Torres Mora.
El señor TORRES MORA: Señorías, no sé, algunos habrán comido, otros no, entonces trataré de ser breve, pero quiero explicar, sobre todo para que conste en el "Diario de Sesiones", qué sentido tiene este tipo de legislación. Y lo voy a contar de la forma que creo que puede ser más interesante, que es cuando uno lo ha vivido.
En la VIII Legislatura, que fue la primera en la que quien les habla fue diputado, me empeñé en pedirle al director del CIS que los datos de las encuestas, una vez que fueran explotadas, se colgaran los microdatos en la página web del CIS y pudieran trabajar con ellos los investigadores, los doctorandos, los estudiantes y también las empresas de investigación sociológica que quisieran utilizar esos datos para su propio beneficio, para su trabajo empresarial, industrial. Me costó prácticamente una legislatura entera y al final fui recabando el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Que conste que al presidente del CIS, aparte de amigo, como estábamos gobernando nosotros, lo había puesto mi Gobierno. Finalmente, a pesar de algunas resistencias y bastantes malentendidos, conseguimos que las matrices de los datos de las encuestas del CIS fueran públicas y que cualquier investigador, cualquier estudiante, cualquier periodista a quien le interesen, a las tres de la mañana de un día en que esté haciendo un trabajo pueda bajarse esos datos, pueda analizarlos y pueda procesarlos. Para explicar por qué hacía eso puse un ejemplo que a mí me impresionó mucho, que la Agencia Espacial americana, la que lanza los cohetes meteorológicos, decidió en un momento determinado que la información meteorológica iba a hacerse pública, gratuitamente y en su totalidad. Los institutos meteorológicos nacionales usan una pequeña parte de la información y el resto se queda ahí, en los discos duros, perdida para siempre; entonces, hace muchos años, los americanos dijeron: oye, ¿y si ponemos todos esos datos y los hacemos públicos?
¿Qué puede ocurrir? Pues lo que ocurrió fue que efectivamente hay intereses de muchos de nosotros, económicos y de todo tipo -para irse de vacaciones o lo que sea- por saber cómo va a ser el tiempo en un sitio concreto; por ejemplo, para cosechar: a uno le interesa saber hasta dónde puede aguantar sin que llueva para poder cosechar. Entonces los físicos que salían de las universidades norteamericanas empezaron a montar pequeñas empresas de predicción meteorológica, útil si uno quería montar un concierto de rock y necesitaba saber si iba a llover ese día en el sitio en cuestión. Los físicos montaron empresas con esos datos; ellos no podían lanzar cohetes, usaron los datos de los cohetes. Ganaron dinero, pagaron impuestos, crearon empleo y además mejoraron el conocimiento de física porque hubo mucha más gente estudiando los datos meteorológicos. Esa vertiente del uso de la reutilización de los datos en el sentido económico es muy valiosa, pero en el caso de los datos del CIS y de otros datos que se tratan en esta ley son valiosos de una forma todavía casi más esencial que la meteorología porque nos ayudan a entendernos como sociedad. Si alguien quiere hacer un proyecto de reforma de la tributación o de las pensiones, que tengan acceso a estos datos los investigadores, los científicos, los que quieren privatizarla, en definitiva todo el mundo le permite plantear a la sociedad un mejor conocimiento de sí misma, de sus posibilidades y de sus necesidades. La directiva y el objeto de la ley son necesarios, no solamente por el beneficio económico que pueden generar sino por el beneficio democrático. Ese es el sentido que tiene.
Como nuestras enmiendas están escritas una a una, en lugar de explicárselas, les cuento por qué las hemos presentado. El sentido de nuestras enmiendas es el siguiente. Cuando los prejuicios de la Administración para soltar los datos son demasiado fuertes y tienden a cerrarlos -en el caso de la Administración tributaria es bastante descarado- lo que hacemos es decirles que analizando los datos y respetando los derechos de cada cual esa información se puede poner a disposición de todo el mundo, de los investigadores, porque redundará en beneficio de nuestra democracia, de nuestra sociedad y funcionará bien. Hemos querido con nuestras enmiendas evitar ese tipo de cierres. Ese es el sentido general de nuestras enmiendas. Me sumo a lo que han dicho los portavoces que me han precedido porque mi grupo piensa lo mismo. En las enmiendas del Grupo Popular reconocemos más la mano del Gobierno que la de este grupo parlamentario. No estamos de acuerdo, por lo que han explicado los dos portavoces que me han precedido, con estas enmiendas. No vamos a entrar ni siquiera a valorarlas. Esta ley no es el lugar para hacer ese tipo de legislación por las razones que se han explicado, que tienen que ver con la seguridad jurídica y con el buen sentido de cómo debe funcionar un Parlamento y la legislación. No vamos a apoyarlas, aunque sí apoyaremos algunas enmiendas que se han presentado por los distintos grupos. Finalmente hemos pedido, como le he comunicado a la Mesa, votación separada para un artículo concreto.
El señor PRESIDENTE: En nombre de Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz.
El señor VÁZQUEZ JIMÉNEZ: Señorías, en su día la Ley 37/2007 se aprobó para trasponer al derecho interno la Directiva 2003/98, de 17 noviembre. Esta ley tiene como objeto la regulación básica del régimen jurídico aplicable a la reutilización de los documentos elaborados o custodiados por las administraciones públicas. Desde la entrada en vigor de dicha ley han tenido lugar cambios relevantes tanto en el volumen de la información generada como en la evolución de las tecnologías utilizadas para su tratamiento. Debo destacar que también se ha producido una concienciación sobre la importancia y el interés de la sociedad respecto de las posibilidades que ofrece la reutilización de las magnitudes de información que maneja el sector público desde el punto de vista económico y social.
Por otra parte, también se han producido cambios en el marco normativo vigente, como el que se provocó con la aprobación del Real Decreto 4/2010, por el que se estableció el esquema nacional de interoperabilidad de la administración electrónica. También la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno recoge importantes principios que deben aplicarse respecto de esta publicidad activa y del portal de transparencia. Vistos estos cambios que se han producido en la sociedad, la Unión Europea, a través de la Directiva 2013/37, de 26 de junio, del Parlamento Europeo, el Consejo, ha intentado ofrecer una respuesta homogénea respecto a estas nuevas necesidades, afrontando la actualización del régimen de reutilización de la información de sector público, y lo hace fomentando el uso transfronterizo de datos para superar los problemas derivados de las diferentes normativas nacionales aplicables. La directiva también ha buscado promover la libre circulación de información y su comunicación, garantizando la seguridad jurídica y la protección de datos personales, así como la propiedad tanto industrial como intelectual. La directiva afirma que los documentos elaborados por los órganos del sector
público de Estados miembros constituyen un conjunto amplio, diverso y valioso de recursos que pueden beneficiar a la economía del conocimiento, situándonos en el contexto de la estrategia de Lisboa que fomenta para el conjunto de la Unión una nueva mentalidad basada en la aplicación de nuevas tecnologías. Por esta razón, las políticas basadas en la apertura de la información, como la propugnada por la directiva y este proyecto de ley, deben desempeñar un papel y una función importante a la hora de impulsar nuevos servicios basados en la reutilización y difusión de la información, estimulándose así el crecimiento económico y el compromiso social. El proyecto de ley que se presenta consta de un artículo único con trece apartados, una disposición adicional y cuatro disposiciones finales. Este proyecto de ley ha recogido numerosas contribuciones y todas las propuestas incluidas en el dictamen del Consejo de Estado que han sido incorporadas al texto. Este proyecto de ley, además, tiene carácter de legislación básica conforme al artículo 149.1.18.ª de nuestra Constitución.
No voy a entrar en el detalle del conjunto porque conocen perfectamente la ley, pero sí hacer algunas consideraciones que son importantes y que se han mencionado, como algunas de las enmiendas que vamos a aceptar. Se ha ampliado la información disponible a las bibliotecas, incluidas las universidades, museos y archivos, dado el importante volumen de recursos de que disponen estos órganos. Las administraciones públicas y los organismos que formen parte del sector público deben poner los documentos a disposición del público a través de formato abiertos y legibles por máquina, es decir, que puedan leer a través de aplicaciones informáticas que permitan identificarlos, reconocerlos y extraer con facilidad los datos que contengan. En cuanto a la introducción de una tarifa por la reutilización de los documentos -alguno de los grupos planteaba el precio y no la tarifa-, tenemos que decir que el precio en la Administración pública se denomina tarifa, y es por lo que apuesta la directiva europea. Además, se distingue entre los organismos del sector público que tienen que generar ingresos para cubrir sus misiones de servicio público de aquellos que no tienen esa obligación en cuanto a la aplicación de tarifas. En el caso de los primeros, se les permite que cobren tarifas superiores a los costes marginales, aunque sometiéndose a criterios objetivos, transparentes y verificables. Se fomenta el uso de licencias abiertas para que la reutilización de la información plantee las mínimas restricciones posibles. Por otro lado, los acuerdos exclusivos de reutilización de documentos no podrán superar el plazo de diez años. También deberá presentarse un informe trienal en el que se dé cuenta a la Comisión Europea de las medidas implantadas y la aplicación de la directiva.
En consideración a todo lo visto, este proyecto de ley intenta dar cabida a estos principios acogidos en la nueva directiva, dentro de un margen de discrecionalidad del que goza el Gobierno para llevar a cabo la trasposición. Las enmiendas presentadas por los diferentes grupos han sido cuidadosamente analizadas, pero en su mayoría no se pueden aceptar, bien por motivos técnicos, bien por consideraciones del Consejo de Estado o por entrar en el ámbito de competencia de otras leyes. Sin embargo, he de manifestar que no hemos apreciado grandes diferencias de criterio. Por ejemplo, la enmienda 27, del Partido Socialista, coincidía con el anteproyecto, pero ha sido modificado también por la opinión del Consejo de Estado, por lo cual hemos de rechazarla. No obstante, se aceptan las enmiendas número 6, presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; las enmiendas 17 y 19, del Grupo Parlamentario Socialista -la 19 es más un error ortográfico, pero se aceptan ambas-, y es razonable que apoyemos de la 32 a la nueva 36, que se ha presentado a cada uno de los grupos, sustituyendo la presentada anteriormente por la que se ha entregado antes del inicio de esta Comisión. Pido el apoyo de todos los grupos para la votación a favor de estas enmiendas. No obstante, les tengo que recordar que el trámite parlamentario continúa en el Senado, esperando, si cabe, mejorar este texto que estamos debatiendo. Para finalizar, quiero agradecer el trabajo realizado por todos los grupos para la mejora de este proyecto y en especial el de los dos compañeros ponentes que me acompañan del Grupo Parlamentario Popular. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Hemos terminado ya las intervenciones. Votaremos, como hemos dicho, a las tres y cuarto. Lo que les solicito a todos, sobre todo al Grupo Parlamentario Popular y a UPyD, es que me faciliten, por favor, el sentido de sus votaciones para organizarlas lo mejor posible e ir después con toda rapidez. (Pausa).
Vamos a dar comienzo a las votaciones. Iremos despacio para que los grupos comprueben si alguna votación separada no está correctamente reflejada, pero no creo que tengamos mucha complicación. En todo caso, vamos a votar al final las que presumiblemente resultarán aprobadas para que sea más claro
el resultado de la votación. Comenzamos votando las enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. En primer lugar, votamos la enmienda número 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23.
Votamos la enmienda número 8 de Unión Progreso y Democracia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 25; abstenciones, 13.
Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. En primer lugar, votamos las enmiendas 1 y 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 24; abstenciones, 15.
Votamos las enmiendas números 3 y 4.
Votamos ahora la enmienda número 5.
Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, votamos conjuntamente las enmiendas números 9, 12, 13 y 14.
Votamos ahora la enmienda 10.
Votamos la enmienda de CiU número 11.
Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, votamos conjuntamente las enmiendas números 16, 27 y 28.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 24; abstenciones, 2.
Votamos ahora la número 22.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 23, abstenciones, 1.
Votamos ahora conjuntamente las enmiendas números 15, 18, 20 y 21.
Votamos la enmienda número 24.
Votamos ahora las números 25 y 26.
Enmienda 31.
Ahora vamos a votar aquellas que les decía que presumiblemente resultarán aprobadas y que, por tanto, son las más importantes. Votamos, en primer lugar, la enmienda número 6, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37; en contra, 2.
Votamos la enmienda número 17, del Grupo Parlamentario Socialista.
Votamos ahora conjuntamente las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, de la 32 a la 36, con la advertencia de que la enmienda número 36 es la que ha sido sustituida por una enmienda de aproximación presentada en esta Comisión. Las votamos, por tanto, conjuntamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 3; abstenciones, 13.
Votamos ahora el dictamen. Vamos a hacer una cosa un poco inusual -lo advierto previamente- y es que vamos a votar el dictamen -una vez incorporadas las enmiendas que han recibido el voto favorable de esta Comisión- con exclusión de...
El señor TORRES MORA: Señor presidente, tenemos que excluir el apartado 3.b) del artículo 3.
El señor PRESIDENTE: Votamos el dictamen una vez incorporadas las enmiendas que han recibido el voto favorable, con exclusión del apartado 3.b) del artículo 3. Todo menos ese apartado.
Votamos ahora separadamente el apartado que habíamos excluido.
Por tanto, queda incorporado. Dado que la tramitación está aprobada con delegación legislativa plena, remitimos el texto al Senado para su tramitación.
Eran las tres y treinta minutos de la tarde.

References: artículo 4
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 10
 artículo 10
 Real Decreto 
 artículo 149
 artículo 3
 artículo 3