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Timestamp: 2019-05-22 16:40:56+00:00

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Argenpolítica - Publicación analítica sobre la política nacional: Propuesta de Constitución conforme el sistema parlamentario
Propuesta de Constitución conforme el sistema parlamentario
El siguiente es un trabajo que consiste en una propuesta de reforma constitucional que adecúe nuestro sistema republicano al modo parlamentario. Se dice que el parlamentarismo está lejos de nuestra idiosincrasia política, pero naciones muy ligadas a nuestra cultura como España e Italia lo han adoptado con éxito.
Al desdoblar las funciones de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, el parlamentarismo transfiere poder del Ejecutivo al Congreso, favoreciendo las políticas de Estado a largo plazo, el diálogo y la negociación permanentes entre las distintas corrientes y la celebración de acuerdos entre gobierno y oposición, dándole más confiabilidad al sistema institucional.
El sistema parlamentario otorga mayores seguridades jurídicas a los inversores, quienes pueden confiar que las condiciones políticas, económicas y sociales del país no variarán de un plumazo con el siguiente cambio de gobierno. A los sectores populares, les brinda la tranquilidad que sus conquistas sociales no les serán quitadas de la misma forma.
Cuando se sancionó la Constitución Nacional en 1853, su ideólogo Juan Bautista Alberdi señaló que era necesario que el Presidente fuera un monarca que durara cuatro años. Décadas de enfrentamiento a sangre y fuego eran el marco previo. Hoy la necesidad es bien distinta. El país necesita políticas de largo plazo, desalentando las falsas polarizaciones y las eternizaciones en el poder.
He tomado como fuentes de consulta las constituciones de España, Italia, Francia y Alemania.
Invito a leer el texto de esta imaginaria Constitución, y quedo a la espera de comentarios y sugerencias. Agradezco su difusión. Los textos en itálico son los agregados y los puntos suspensivos reemplazan texto suprimido.
Artículo 2º.- El Gobierno federal es laico y respeta por igual a todos los cultos reconocidos.
Artículo 5º.- Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria y secundaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.
Artículo 14. bis.- El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios: concertar convenios colectivos de trabajo; recurrir a la conciliación y al arbitraje; el derecho de huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o provinciales con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles; la protección integral de la familia; la defensa del bien de familia; la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.
Artículo 25.- El Gobierno federal … no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias, e introducir y enseñar las ciencias y las artes.
Artículo 32.- El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de expresión o establezcan sobre ella la jurisdicción federal.
Artículo 36.- Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas. Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles. Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo. Atentara asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos. El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función.
Artículo 37.- Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de la soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual y secreto… La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral.
Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos.
Artículo 42.- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control.
Artículo 43.- Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio.
Artículo 45.- La Cámara de Diputados se compondrá de trescientos representantes elegidos directamente por el pueblo de las provincias, de la ciudad de Buenos Aires, y de la Capital en caso de traslado, que se consideran a este fin como distritos electorales de un solo Estado y a simple pluralidad de sufragios.
Artículo 46.- Los diputados serán electos de la siguiente manera:
a) Ciento cincuenta junto a la elección del Presidente y Vicepresidente, por sistema proporcional D’Hont, por cada uno de los distritos mencionados en el artículo 45. La cantidad de diputados por cada distrito será determinada por el Instituto Federal Electoral o el organismo que lo reemplace, de manera proporcional conforme los datos del último censo nacional, que se realizará cada diez años.
b) Ciento cincuenta a mitad de cada período presidencial, elegidos por voto uninominal por circunscripciones por mayoría simple. A tal efecto, cada distrito estará dividido en la misma cantidad de circunscripciones que la fijada en el inciso anterior.
Artículo 50.- Los diputados durarán en su representación por cuatro años, y son reelegibles.
Artículo 51.- En caso de vacante por muerte, renuncia, destitución, ausencia o incapacidad sobreviniente , completará el mandato el diputado siguiente en la lista o el suplente, según el caso. En caso de que algún diputado fuese designado Jefe de Gabinete o Ministro, podrá pedir licencia al cuerpo hasta la finalización de su gestión.
Artículo 55.- Son requisitos para ser elegido senador: tener la edad de treinta años, haber sido seis años ciudadano de la Nación, … ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella.
Artículo 55 bis.- Será senador vitalicio todo ex Presidente de la Nación, que haya cumplido al menos un mandato completo. En caso de volver a ser elegido Presidente, cesará como senador mientras dure el período presidencial. Tendrá los mismos derechos y obligaciones que los senadores elegidos por el voto popular.
Artículo 62.- Cuando vacase alguna plaza de senador por muerte, renuncia u otra causa, completará el mandato quien le sigue en su lista.
Artículo 63.- Ambas Cámaras se reunirán por si mismas en sesiones ordinarias todos los años desde el primero de marzo hasta el treinta de noviembre. Pueden también ser convocadas extraordinariamente por el presidente de la Nación o prorrogadas sus sesiones. Cada Cámara puede autoconvocarse a sesiones extraordinarias cuando así lo solicite por lo menos una quinta parte de sus miembros al titular de cada una de ellas.
Artículo 70.- La prerrogativa del artículo 68 no implica que no pueda ser citado judicialmente como testigo, imputado, procesado o condenado por actos cometidos con anterioridad a su mandato legislativo, en el ámbito privado o en el ejercicio de una función pública. Mientras no tenga sentencia firme de condena privativa de la libertad, el legislador continuará en sus funciones.
Artículo 73.- Los … gobernadores y vicegobernadores de provincia no pueden ser miembros del Congreso…
2. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables. Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos. La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias. No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva resignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso. Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo establecido en este inciso, según lo determine la ley, la que deberá asegurar la representación de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires en su composición.
19. Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de origen. Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional respetando las particularidades provinciales y locales: que aseguren la responsabilidad indelegable del Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales. Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales.
22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño: en las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos. Solo podrán ser denunciados, en su caso, por el Poder Ejecutivo nacional, previa aprobación de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional.
23. Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad. Dictar un régimen de seguridad social especial e integral en protección del niño en situación de desamparo, desde el embarazo hasta la finalización del periodo de enseñanza elemental, y de la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia.
33. Elegir al Jefe de Gabinete, prestar voto de confianza o de censura, conforme lo dispuesto en los artículos 100 bis y 101 de la presente Constitución.
Artículo 76.- Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.
Artículo 84.- En la sanción de las leyes se usará de esta fórmula: El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso... decretan o sancionan con fuerza de ley. CAPÍTULO SEXTO De la Auditoría General de la Nación
Artículo 85.- El control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, será una atribución propia del Poder Legislativo. El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la Auditoría General de la Nación. Este organismo de asistencia técnica del Congreso, con autonomía funcional, se integrará del modo que establezca la ley que reglamenta su creación y funcionamiento, que deberá ser aprobada por mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara. El presidente del organismo será designado a propuesta del partido político de oposición con mayor número de legisladores en el Congreso. Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoria de toda la actividad de la administración pública centralizada y descentralizada, cualquiera fuera su modalidad de organización, y las demás funciones que la ley le otorgue. Intervendrá necesariamente en el trámite de aprobación o rechazo de las cuentas de percepción e inversión de los fondos públicos.
Artículo 87.- El Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de "Presidente de la Nación Argentina" quien será el Jefe del Estado.
Artículo 88.- En caso de enfermedad, ausencia del país, muerte, renuncia o destitución del presidente, el Poder Ejecutivo será ejercido por el vicepresidente de la Nación. En caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del presidente y vicepresidente de la Nación, el Congreso reunido en Asamblea elegirá de entre sus miembros, o entre los Gobernadores de provincia y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al nuevo Presidente que completará el mandato vigente o hasta que haya cesado la causa de la inhabilidad.
Artículo 90.- El presidente y vicepresidente duran en sus funciones el término de cuatro años. El presidente podrá ser reelecto por un solo período, consecutivo o no.
1. Es el jefe del Estado federal y responsable político de la administración general del país.
3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras. Para que el Decreto de Necesidad y Urgencia cobre plena validez, deberá ser aprobado como cualquier ley dentro del mismo período legislativo anual, y su vigencia será retroactiva a la fecha de emisión del Decreto de Necesidad y Urgencia. Si ello no fuera posible, el Decreto de Necesidad y Urgencia se reputará derogado el treinta y uno de diciembre del año en curso, conservando la validez jurídica de todos los actos y efectos derivados del mismo.
7. Nombra y remueve a los embajadores, ministros plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado; nombra por sí mismo a … los oficiales de su secretaría, los agentes consulares y los empleados cuyo nombramiento no está reglado de otra forma por esta Constitución.
8. Propone al Congreso el nombramiento del Jefe de Gabinete conforme lo estipulado en el artículo 100 bis y concordantes de esta Constitución.
9. A propuesta del Jefe de Gabinete, prorroga las sesiones ordinarias del Congreso, o lo convoca a sesiones extraordinarias, cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiere.
10. …Concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las naciones extranjeras, recibe sus ministros y admite sus cónsules.
11. Es comandante en jefe de todas las fuerzas armadas de la Nación.
12. Provee los empleos militares de la Nación: con acuerdo del Senado, en la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores de las fuerzas armadas, y por sí solo en el campo de batalla. 13. Dispone de las fuerzas armadas, y corre con su organización y distribución según las necesidades de la Nación.
14. Declara la guerra y ordena represalias con autorización y aprobación del Congreso.
15. A propuesta del Jefe de Gabinete, declara en estado de sitio uno o varios puntos de la Nación, en caso de ataque exterior y por un término limitado, con acuerdo del Congreso. En caso de conmoción interior sólo tiene esta facultad cuanto el Congreso está en receso, porque es atribución que corresponde a este cuerpo. El presidente la ejerce con las limitaciones prescriptas en el artículo 23. 16. …Puede ausentarse del territorio de la Nación, con permiso del Congreso. En el receso de éste, sólo podrá hacerlo sin licencia por razones justificadas de servicio público.
17. Puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura.
18. Decreta la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Congreso, y debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento. CAPÍTULO CUARTO Del jefe de gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo
Artículo 100.- En su carácter de máximo responsable del gobierno, el Jefe de Gabinete de Ministros ejerce la administración general el país. Son sus competencias:
1. Con el refrendo de los ministros competentes, expedir los actos y reglamentos que sean necesarios en todas las atribuciones constitucionales del Poder Ejecutivo, excepto las señaladas en los incisos 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14 y 15 del artículo 99 de la presente Constitución.
3. Nombra y remueve a los ministros y secretarios del gabinete. Preside las reuniones del mismo.
4. Enviar al Congreso los proyectos de ley de Ministerios y de Presupuesto nacional…
5. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar la ley de Presupuesto nacional.
6. Refrendar los… decretos que dispongan la prórroga de las sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente que promuevan la iniciativa legislativa.
7. Hacer anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, reunidas al efecto ambas Cámaras, dando cuenta en esta ocasión del estado de la Nación, de las reformas prometidas por la Constitución, y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes.
8. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar en sus debates, pero no votar.
9. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del Congreso, presentar junto a los restantes ministros una memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo a los negocios de los respectivos departamentos.
10. Producir los informes y explicaciones verbales o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al Poder Ejecutivo.
11. Refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente.
12. Refrendar conjuntamente con los demás ministros los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente. El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.
13. Solicitar al Congreso reunido en Asamblea, voto de confianza para casos de especial gravedad institucional, económica o social.
Artículo 100 bis.- El Jefe de Gabinete será elegido de la siguiente manera:
1. Dentro de los diez días siguientes a cada renovación del Congreso, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Presidente propondrá al Congreso un candidato al cargo, el cual será un diputado o senador electo o con mandato vigente.
2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso reunido en Asamblea – diputados y senadores conformando un mismo cuerpo- el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza del mismo.
3. Si el Congreso reunido en Asamblea, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Presidente lo nombrará Jefe de Gabinete. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviese la mayoría simple.
4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, o si el Presidente omitiera su propuesta, el Congreso podrá elegir por sí mismo y con mayoría absoluta de todos sus miembros al Jefe de Gabinete.
5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Presidente designará al Jefe de Gabinete.
6. El Presidente podrá proponer al Congreso un voto de censura y/o la remoción del Jefe de Gabinete en cualquier momento de su gestión, en las condiciones previstas en el artículo 101, último párrafo.
Artículo 102.- Los ministros refrendarán y legalizarán los actos del presidente y/o del jefe de gabinete por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia. Cada ministro es responsable de los actos que legaliza; y solidariamente de los que acuerda con sus colegas.
Artículo 105.- No pueden ser senadores ni diputados, sin hacer dimisión de sus empleados de ministros, o pedir licencia conforme artículo 51.
Artículo 108.- El Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia, integrada por cinco jueces, y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación.
Artículo 114.- El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley. Serán sus atribuciones:
3. Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia. 4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados.
Artículo 115.- Los jueces de los tribunales inferiores de la Nación serán removidos por las causales expresadas en el Artículo 53, por un jurado de enjuiciamiento integrado por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal. Su fallo, que será irrecurrible, no tendrá más efecto que destituir al acusado. Pero la parte condenada quedará no obstante sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios. Corresponderá archivar las actuaciones y, en su caso, reponer al juez suspendido, si transcurrieren ciento ochenta días contados desde la decisión de abrir el procedimiento de remoción, sin que haya sido dictado el fallo. En la ley especial a que se refiere el Artículo 114, se determinará la integración y procedimiento de este jurado.
Artículo 120 bis.- El Instituto Federal Electoral es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función, desarrollar, controlar y regular todos los procesos electorales referidos a cargos nacionales.
Tendrá su sede en la capital de la República, pudiendo tener delegaciones administrativas en las capitales de provincia.
Estará integrado por nueve miembros con derecho a voz y voto. Para su nombramiento, tienen los mismos requisitos que los jueces. No podrán ser afiliados a ningún partido político.
Todos ellos serán nombrados por el Congreso, con el voto de las dos terceras partes de cada Cámara. Pueden ser removidos por mal desempeño de sus funciones siguiendo el mismo procedimiento que el Juicio Político, con la mayoría citada en el presente, tanto para la acusación como para la decisión de remover.
Los cargos que no sean cubiertos por no lograrse la mayoría requerida, o por cualquier otra causa, serán cubiertos por la Cámara Nacional Electoral u organismo que la reemplace hasta que el Congreso cubra la vacante según el procedimiento previsto en esta Constitución.
Sus miembros durarán siete años en sus cargos y no son reelegibles. Elegirán su Presidente y Secretario que durarán un año en el cargo. Se distribuirán entre sí las responsabilidades primarias de carácter administrativo, técnico y de control.
a) Llevar a cabo los actos administrativos necesarios para preparar, conducir, organizar y controlar el proceso electoral;
b) Diseñar las circunscripciones electorales para elegir diputados nacionales;
c) Establecer la cantidad de diputados nacionales que elegirá cada provincia, la Ciudad de Buenos Aires y la capital de la República;
d) Confeccionar y publicar los padrones electorales;
e) Reconocer o disponer la caducidad de la personería de los partidos políticos nacionales;
f) Resolver controversias relativas a la vida interna de los partidos políticos nacionales;
g) Fijar los topes de gastos de campaña;
h) Controlar la legalidad y el destino de los aportes dinerarios recibidos por los partidos políticos nacionales;
i) Registrar las candidaturas a cargos nacionales;
j) Diseñar, imprimir, distribuir y dispones todos los materiales electorales, en papel o electrónicos;
k) Proclamar a los candidatos electos;
l) Regular las encuestas y sondeos de opinión;
m) Instrumentar programas permanentes de educación cívica;
n) Resolver todo tipo de controversias relativas a impugnación de padrones y de candidatos, validez de los actos electorales y toda otra cuestión en materia electoral;
o) Dictar un reglamento interno que contemple, quórum, mayorías requeridas y formas de funcionamiento.
Todas sus decisiones son recurribles ante la Cámara Nacional Electoral u organismo que la reemplace.
Artículo 124.- Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto. Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio.
Artículo 125.- Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal; y promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos, por leyes protectoras de estos fines, y con sus recursos propios. Las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para los empleados públicos y los profesionales; y promover el progreso económico, el desarrollo humano, la generación de empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura.
Primera.- La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.
Segunda.- Las acciones positivas a que alude el artículo 37 en su último párrafo no podrán ser inferiores a las vigentes al tiempo de sancionarse esta Constitución y durarán lo que la ley determine. (Corresponde al artículo 37).
Tercera.- La ley que reglamente el ejercicio de la iniciativa popular deberá ser aprobada dentro de los dieciocho meses de esta sanción. (Corresponde al artículo 39).
Cuarta.- Derogada
Quinta.- Derogada
Sexta.- Un régimen de coparticipación conforme lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 75 y la reglamentación del organismo fiscal federal, serán establecidos antes de la finalización del año 1996; la distribución de competencias, servicios y funciones vigentes a la sanción de esta reforma, no podrá modificarse sin la aprobación de la provincia interesada; tampoco podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción de esta reforma y en ambos casos hasta el dictado del mencionado régimen de coparticipación. La presente cláusula no afecta los reclamos administrativos o judiciales en trámite originados por diferencias por distribución de competencias, servicios, funciones o recursos entre la Nación y las provincias. (Corresponde al artículo 75 inciso 2). Séptima.- El Congreso ejercerá en la ciudad de Buenos Aires, mientras sea capital de la Nación, las atribuciones legislativas que conserve con arreglo al artículo 129. (Corresponde al artículo 75 inciso 30).
Octava.- La legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición, excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley. (Corresponde al artículo 76).
Novena.- Derogada
Décima.- Derogada
Undécima.- La caducidad de los nombramientos y la duración limitada previstas en el artículo 99 inciso 4 entrarán en vigencia a los cinco años de la sanción de esta reforma constitucional. (Corresponde al artículo 99 inciso 4).
Duodécima.- Derogada
Decimotercera.- Derogada
Decimocuarta.- Derogada
Decimoquinta.- Derogada
Decimosexta.- Derogada
Publicado por Mariano Rovatti el 13.12.17
Mariano Rovatti (55)
Politica nacional (200)

References: Artículo 2

Artículo 5

Artículo 14

Artículo 25

Artículo 32

Artículo 36
 artículo 29

Artículo 37

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 45

Artículo 46
 artículo 45

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 55

Artículo 55

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 70
 artículo 68

Artículo 73

Artículo 76

Artículo 84

Artículo 85

Artículo 87

Artículo 88

Artículo 90
 artículo 100
 artículo 23

Artículo 100
 artículo 99

Artículo 100
 artículo 101

Artículo 102

Artículo 105
 artículo 51

Artículo 108

Artículo 114

Artículo 115
 Artículo 53
 Artículo 114

Artículo 120

Artículo 124

Artículo 125
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 39
 artículo 75
 artículo 75
 artículo 129
 artículo 75
 artículo 76
 artículo 99
 artículo 99