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Timestamp: 2019-12-06 06:24:56+00:00

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Voto concurrente del señor Ministro José Ramón Cossío Díaz en el Amparo en Revisión 375/2013. Tema: ¿Puede el poder judicial federal intervenir para lograr el
Voto concurrente del señor Ministro José Ramón Cossío Díaz en el Amparo en Revisión 375/2013.
Tema: ¿Puede el poder judicial federal intervenir para lograr el cabal e íntegro cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado Mexicano?
Jorge Castañeda Gutman, por su propio derecho, en enero de dos mil doce, promovió juicio de amparo indirecto en contra del Presidente de la República, el Secretario de Gobernación y diversos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En dicho juicio reclamó, esencialmente, las órdenes dictadas o actos que por propia iniciativa hubiesen realizado dichas autoridades, con el objeto de que el Estado Mexicano continúe con la práctica omisiva para el cumplimiento cabal e íntegro de la resolución dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el seis de agosto de dos mil ocho en el caso Castañeda Gutman vs. los Estados Unidos Mexicanos.
Conoció del caso el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y dictó sentencia1 en la que, por una parte, sobreseyó respecto de los actos reclamados a ciertos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores por no haber quedado demostrada su existencia; mientras que, por otro lado, concedió el amparo para que el Presidente de la República, el Secretario de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el ámbito de sus atribuciones, cumplieran con todos los requerimientos formulados por la Corte Interamericana, o bien, formularan las aclaraciones correspondientes, de manera ágil y eficaz, para que la citada Corte pudiera pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo, ello en virtud de que consideró que las citadas autoridades violaron en perjuicio del quejoso los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y de acceso a la justicia, consagrados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales.
Inconformes con dicha sentencia, las autoridades condenadas interpusieron recursos de revisión, mismos que fueron admitidos por el Presidente del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, sin embargo, mediante acuerdo se remitieron los autos al Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región para que dictara la resolución correspondiente2.
El quejoso solicitó que el asunto se pusiera a consideración de los Ministros integrantes de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que la falta de cumplimiento de las resoluciones de un tribunal internacional que condenan al Estado Mexicano por violación a los derechos humanos, se trataba de un tema de importancia y trascendencia, en el que resultaba necesario un pronunciamiento de la Suprema Corte3.
En sesión privada de diecisiete de abril de dos mil trece, el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena decidió, de oficio, hacer suyo el escrito de solicitud de ejercicio de la facultad de atracción y, por proveído de siete de mayo de dos mil trece, se admitió a trámite el asunto y se ordenó turnarlo al citado Ministro, para que elaborara el proyecto de resolución correspondiente. En sesión de doce de junio del mismo año, la Primera Sala, determinó ejercer la facultad de atracción para conocer del asunto.
Sentencia dictada en el asunto.
El veintisiete de noviembre de dos mil trece, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cinco votos, resolvió el asunto con los siguientes puntos resolutivos:
“PRIMERO.- Queda firme el sobreseimiento decretado en la sentencia impugnada.
SEGUNDO.- En la materia de la revisión, se revoca la sentencia impugnada.
TERCERO.- Se sobresee en el juicio de amparo.”
Las consideraciones que sustentan dicha resolución son, esencialmente, las siguientes:
Es parcialmente fundado el agravio relativo a que la Juez de Distrito precisó incorrectamente los actos reclamados, en contravención al artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, porque los argumentos del quejoso iban dirigidos a que la justicia mexicana se pronunciara sobre las acciones y omisiones de ciertas autoridades para incumplir con la sentencia dictada por la Corte Interamericana el seis de agosto de dos mil ocho, es decir, a que la justicia nacional determinara si está cumplida o no la sentencia internacional de referencia. Así, la cuestión a resolver era determinar si ¿es posible que el Poder Judicial mexicano se pronuncie sobre el cumplimiento o incumplimiento de una sentencia emitida por un tribunal internacional?; sin embargo, la Juez de Distrito, no precisó esto como la cuestión a resolver y por tanto el agravio es parcialmente fundado.
El acto reclamado efectivamente por el quejoso consiste en la omisión de cumplimiento de las autoridades responsables a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el seis de agosto de dos mil ocho.
Tomando en consideración el acto reclamado, es fundada la causa de improcedencia hecha valer por las autoridades responsables y que lleva al sobreseimiento en el juicio, ya que “… el Poder Judicial mexicano, aun en ejercicio de sus poderes de control constitucional, no está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento o incumplimiento, por parte de las autoridades nacionales, de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano —y como consecuencia lógica— de ningún otro organismo internacional que emita resoluciones respecto de México, con base en tratados ratificados por nuestro país, pues ello encierra el ejercicio de una facultad de apreciación, cuyo ejercicio está reservado constitucionalmente a dicho tribunal internacional en grado de exclusividad, por lo que cualquier acto que exija el despliegue de esa facultad, debe entenderse como un acto no justiciable en sede nacional.”
Existen actos “excepcionales” —como es el caso del pronunciamiento sobre el cumplimiento o incumplimiento de una sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos— cuya determinación en el ordenamiento jurídico otorga en exclusividad a un tribunal internacional, en cuyo caso, por razones debidamente justificadas, los tribunales nacionales no podrían conocer para resolver sobre tal determinación, pues ello implicaría sustituirse y compartir una competencia que, “por definición expresa” es exclusiva y no concurrente.
Lo anterior “… no implica que los puntos de determinación que no pasen necesariamente por la sustitución en la competencia del tribunal internacional puedan ser sometidos al conocimiento de los tribunales nacionales —cuando los particulares aleguen que ciertas obligaciones individualizadas en el fallo de la Corte Interamericana impuestas a autoridades nacional distintas del poder judicial que otorguen derechos subjetivos concretos no han sido satisfechas y con ello se deba determinar si el fallo total de dicha Corte está cumplido o no—”, sin embargo esta categoría de casos es “sumamente excepcional”.
“Esta calificatoria de no justiciabilidad en sede interna no rompe con la coherencia del modelo de estado constitucional, pues no implica el reconocimiento de una categoría de casos impune al escrutinio de los derechos humanos; por el contrario, justamente su reconocimiento implica el respeto a un diseño institucional reconocido constitucionalmente que otorga ese control a un órgano especializado de manera exclusiva”. Se trata de una exigencia de la estructura de relaciones de coordinación entre ramas, poderes u órganos, en específico, de las relaciones del Estado mexicano con el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Se trata de evitar una inapropiada interferencia del Poder Judicial mexicano en las facultades exclusivas de la Corte Interamericana, para desplegar sus facultades de cumplimiento.
Por tanto, el Poder Judicial mexicano está imposibilitado para revisar el cumplimiento o incumplimiento de una resolución emitida por un tribunal internacional, pues existe un impedimento técnico que convierte a ese tipo de reclamo en una cuestión no justiciable en sede nacional, por ello se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo en relación con el artículo 103, fracción I de la Constitución Federal.
No obstante lo anterior, se actualiza otra causa de improcedencia, la prevista en el artículo 73, fracción XVI de la Ley de Amparo —cesación de los efectos de los actos reclamados— ya que el trece de agosto de dos mil trece, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio por cumplida su sentencia. En este sentido, “… la fuente jurídica de los requerimientos de información cuya omisión se reclama en el juicio de amparo ha desaparecido”, por tanto, no es técnicamente posible ya analizar la omisión de las autoridades, pues dichos actos han cesado.
Como lo precisé anteriormente, estoy de acuerdo con el sentido de la resolución, sin embargo no comparto las consideraciones que la sustentan.
En primer lugar, no comparto las consideraciones de la sentencia en las que se sostiene que el Poder Judicial mexicano, aun en ejercicio de sus poderes de control constitucional, no está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento o incumplimiento, por parte de las autoridades nacionales, de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano, ya que dicho ejercicio está reservado constitucionalmente a dicho tribunal internacional en grado de exclusividad, por lo que cualquier acto que exija el despliegue de esa facultad, debe entenderse como un acto no justiciable en sede nacional.
Difiero de estas razones ya que en principio considero que el poder judicial mexicano, sí puede pronunciarse respecto de la existencia o no de actos u omisiones tendentes al cumplimiento de una sentencia internacional por parte de las autoridades nacionales obligadas a ello. Estoy de acuerdo en que no puede pronunciarse respecto del cumplimiento o incumplimiento de la sentencia misma ya que ello, en efecto, es competencia exclusiva del tribunal internacional que la haya dictado, sin embargo, una función de vigilancia y de calificación respecto de si existen o no actos emitidos por las autoridades nacionales para lograr el cumplimiento de este tipo de sentencias, si puede ser llevado a cabo por el poder judicial mexicano. Sin embargo, no abundaré mi opinión en este punto, pues considero que este no era el caso idóneo para pronunciarse sobre dicho tópico y explicaré porqué.
La propia sentencia narra de manera muy puntual todos los antecedentes del caso, los cuales son de suma importancia tener presentes para la comprensión y resolución del mismo:
1.- El seis de agosto de dos mil ocho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictó sentencia en el caso Castañeda Gutman vs. los Estados Unidos Mexicanos. En dicha sentencia la Corte Interamericana, esencialmente, declaró que México violó en perjuicio del señor Jorge Castañeda Gutman, el derecho a la protección judicial previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, por lo que, entre otras cosas, condenó al Estado mexicano a que, en un plazo razonable, complementara la adecuación de su derecho interno a la Convención mencionada, y así ajustara su legislación secundaria y las normas que reglamentan el juicio de protección de los derechos del ciudadano de acuerdo con lo previsto en la reforma constitucional de trece de noviembre de dos mil siete, para que de esa forma, se garantice a los ciudadanos, en forma efectiva, el cuestionamiento de la constitucionalidad de la regulación legal del derecho a ser electo —también se ordenó al Estado Mexicano a publicar en el Diario Oficial de la Federación y en un diario de amplia circulación nacional partes de la sentencia y, a pagar a Jorge Castañeda Gutman el reintegro de costas y gastos—.
2.- El primero de julio de dos mil nueve, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución de cumplimiento de la sentencia y en ella consideró que México había cumplido con la publicación de las partes de la sentencia y con el pago por concepto de costas y gastos; sin embargo, en relación con la obligación de adecuar la legislación interna, la Corte precisó que aún no vencía el plazo de un año contado a partir de la notificación de la sentencia, para que el Estado mexicano presentara información al respecto, por lo que determinó que se pronunciaría sobre tal cuestión, una vez que se hubiera cumplido el plazo referido y se recibiera el informe del Estado.
3.- El nueve de enero de dos mil doce, Jorge Castañeda Gutman, promovió juicio de amparo indirecto en contra del Presidente de la República, el Secretario de Gobernación y diversos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y reclamó esencialmente, las órdenes dictadas o actos que por propia iniciativa hubiesen realizado dichas autoridades, con el objeto de que el Estado Mexicano continúe con la práctica omisiva para el cumplimiento cabal e íntegro de la resolución dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el seis de agosto de dos mil ocho en el caso Castañeda Gutman vs. los Estados Unidos Mexicanos.
4.- Al momento de la interposición del amparo, el Estado Mexicano había presentado ante la Corte Interamericana, cinco informes de cumplimiento respecto de la sentencia aludida y, en febrero de dos mil doce, dicha Corte llevó a cabo una audiencia privada de supervisión de cumplimiento de sentencia. Así mismo, en abril y septiembre de dos mil doce, y en febrero de dos mil trece, el Estado mexicano presentó a la Corte Interamericana información sobre las medidas adoptadas con el punto de la sentencia pendiente de cumplimiento.
5.- La Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal dictó sentencia en el juicio de amparo y la terminó de engrosar el trece de diciembre de dos mil doce.
6.- El veintiocho de agosto de dos mil trece, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, emitió una resolución de cumplimiento de sentencia respecto del punto pendiente relativo a la adecuación normativa ordenada en la sentencia y consideró que el Estado mexicano había dado total cumplimiento a la sentencia, por lo que archivó el expediente.
7.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictó sentencia en el presente asunto —amparo en revisión 375/2013—, el veintisiete de noviembre de dos mil trece.
De los antecedentes narrados, se advierte claramente que tres meses antes de que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera el presente caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución de cumplimiento total a la sentencia dictada en el caso Castañeda Gutman vs. los Estados Unidos Mexicanos. Este dato es trascendente ya que, de este modo, el amparo en revisión 375/2013, en el que se había reclamado la omisión de las autoridades señaladas como responsables para dar cumplimiento cabal a la sentencia dictada por la Corte Interamericana, debía sobreseerse sin más razón que la consistente en que los actos reclamados cesaron en sus efectos.
En efecto, dado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció respecto del cumplimiento de la sentencia dictada en el caso Castañeda Gutman vs. los Estados Unidos Mexicanos y consideró que se había dado cumplimiento total a la sentencia, los actos reclamados en el amparo en revisión 375/2013, cesaron en efectos, ya que el Tribunal competente ya se había pronunciado respecto del cumplimiento a la sentencia, por lo que a ningún fin práctico conduciría que en dicho amparo se analizara si existían actos u omisiones tendentes al cumplimiento de la citada sentencia internacional.
De este modo y únicamente por estas razones, estimo que el amparo en revisión 375/2013 debió sobreseerse, resultando del todo innecesario el estudio relativo a si el Poder Judicial mexicano, está facultado o no para pronunciarse sobre el cumplimiento o incumplimiento, por parte de las autoridades nacionales, de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano.
LPRZ/RMMG/LGR
1 Terminada de engrosar el 13 de diciembre de 2012.
2 Por acuerdo de 5 de marzo de 2013 y en cumplimiento del acuerdo de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal adoptado en sesión de 28 de enero de 2013, el Magistrado Presidente del Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, hizo esta remisión.
3 Por escrito presentado el 2 de abril de 2013 ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 77
 resolución 
 artículo 73
 artículo 103
 artículo 73
 resolución 
 artículo 25
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución