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Timestamp: 2016-10-22 06:56:51+00:00

Document:
¿QUE SON LOS DERECHOS HUMANOS?: LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2008 EN MATERIA PENAL
DEFINICION Y TOPICOS SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL
LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2008 EN MATERIA PENAL
REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2008 EN MATERIA PENAL
MAESTRO EN DEFENSA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS POR LA UACM
Desde el 18 de junio del 2008 nos encontramos
ante una situación que nos obliga a estar atentos y participar en el cambio que
se propone respecto al derecho penal. Por ejemplo en lo referente a la pena de
prisión descrita en el artículo 18 representa en parte un cambio que puede
resultar trascendente dependiendo de la acogida y aceptación de las autoridades
judiciales y ejecutivas.
El 18 de junio de 2008 fueron publicadas en
el Diario Oficial de la Federación las reformas y adiciones a los artículos 16,
17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la
fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo
123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estas
reformas se venían gestando desde 2004 cuando el entonces Ejecutivo federal
había presentado una iniciativa en la que se proponía la reforma a varios
artículos constitucionales y a la par anexaban nuevos textos.
Al parecer los objetivos de estas reformas
son: primero procurar un cambio o sustitución del régimen inquisitorial o
inquisitivo por un sistema acusatorio y oral, segundo es dotar a los órganos
del estado de mayores elementos para combatir la delincuencia y principalmente
a las organizaciones criminales.
16, párrafo
tercero, se indica ahora que solo la autoridad judicial podrá librar la orden
de aprehensión, siempre que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley
señale y sancione como delito con pena privativa de libertad, así como
"obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la
probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión".
Esta modificación constitucional es cuestionable y puede ser riesgosa, en
virtud de que en el nuevo contexto Ministerio Público y jueces de control
pueden volver tan laxa la exigencia para emitir la orden de aprehensión que
faciliten atentados contra la libertad y los derechos humanos, amén de que las
expresiones cuerpo del delito y probable responsabilidad tenían un significado
semejante al que ahora se utiliza en la norma constitucional.
En las comunicaciones privadas que son inviolables, párrafo
onceavo del artículo 16, se ha establecido una excepción para cuando sean
aportadas en forma voluntaria por los particulares que participen en ellas, en
éste caso el juez valorará su alcance siempre y cuando contengan información
relacionada con la comisión de un delito. En ningún otro caso, se agrega, se
admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca
podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia
para reclamar su derecho.
persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes,
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio
será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia
penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y
establecerán los casos en los que se requerirá supervisión
sentencias que pongan fin a los procedimientos
orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las
leyes federales y locales establecerán los medios
necesarios para que se garantice la independencia
Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un
servicio de defensoría pública de calidad
y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los
defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las
que correspondan a los agentes del Ministerio Público.
puede ser aprisionado por deudas de carácter
puramente civil…"[1].
Es importante destacar que los párrafos que
nos ocupan en este estudio, son aquellos que se dirigen a establecer mecanismos
alternativos de solución de controversias en aras de agilizar la administración de
Justicia. Es decir, se procurará que los procesos penales brinden una mayor
satisfacción al ciudadano en el menor tiempo
posible. La intención del legislador es clara: la prioridad es la búsqueda de
soluciones expeditas, lo cual implica un reconocimiento de la inoperancia o la
insuficiencia del sistema judicial mexicano actual, tal y como se encuentra
El legislador también busca inspirar
transparencia y confianza hacia la población. De acuerdo al nuevo texto
Constitucional, las sentencias deberán ser explicadas a las partes en audiencia
pública. No obstante, sería bastante interesante saber cómo resolverá las
controversias el Juzgador cuando en los juicios civiles o en ausencia del
inculpado - en el supuesto de que se evada de la prisión preventiva la cual
solo podrá serle impuesta por la comisión de un delito
grave- el procedimiento se
siga en rebeldía.
La Justicia Penal de acuerdo a su
estructuración actual obliga a plantear la urgente necesidad de eliminar el
sistema de justicia escrito e impersonal, y modernizarlo a través de procesos
públicos transparentes, breves, que reduzcan al mínimo la corrupción e
incrementen la calidad de la justicia, pero sobre todo que privilegien los principios de
presunción de inocencia, inmediatez y publicidad.
En este sentido, el sistema penal mexicano es
mixto, sin embargo hay que remarcar que los
principios que inspiran al sistema oral, son la inmediatividad, en cuanto es
obligatoria la presencia del Juez en las audiencias. Asimismo, se encuentra
también como elemento destacado la vinculación entre los sujetos de la relación
procesal, puesto que estos se conocen directamente, no a través de promociones
y recursos y
el de concentración de los actos procesales, es decir, la práctica de varias
diligencias en un solo acto, para dotar de unidad al proceso,
consideramos que la escritura
sirve para documentar mediante el levantamiento de actas, los actos orales. ARTICULO
18.- Las reformas y adiciones al artículo 18 cuya limitación
corresponde a la pena de prisión y su ejecución, su esencia radica en buscar y
presentar una reforma substancial en el ámbito ejecutivo de la pena de
privativa de la libertad(específicamente se refiere a la pena de prisión),
primero se da un cambio de denominación de pena corporal por pena privativa de
la libertad, segundo se sustituye al sistema penal por el sistema
penitenciario) que se refiere al ámbito ejecutivo de la pena de prisión o
privativa de libertad, tercero también cambia el termino de readaptación social
por el de reinserción social (ahora ya no se pretende readaptar al sentenciado
sino simplemente reinsertarlo a la sociedad o mejor dicho reintegrarlo en un
grupo o sociedad, la nueva redacción señala que para lograr la reinserción del
sentenciado, el sistema penitenciario se organizará sobre la base y
capacitación para el trabajo, la educación, y agrega la salud y el deporte),
cuarto también existe una nueva correlación entre delincuencia organizada y la
pena privativa de libertad, para tal efecto se destinarán centros especiales,
parece buena la idea, pero habrá que tomar en cuenta la erogación de recursos
económicos, su mantenimiento y el personal especializado para cumplir esta
lo que se agrega es lo referente a todo mal tratamiento en la aprehensión o en
las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o
contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y
reprimidos por las autoridades” aquí me
parece que el legislador omitió modificar las palabras prisión y cárcel por
penitenciarias, que ahora emplea la reforma.
b. Oralidad y Mediación: Reglas básicas para
su instrumentación en el orden Jurídico mexicano.
La oralidad y su instrumentación encuentra
sus reglas básicas en el nuevo artículo 20 Constitucional, que se reproduce a
continuación a la letra puesto que refleja de manera puntual la adopción de
los principios que fundamentarán el nuevo proceso penal mexicano a partir del
En la actual tesitura del 20 Constitucional y de acuerdo a los planteamientos
de diversos promotores de la Reforma Constitucional en materia penal, se
emplearán medios electrónicos para respaldar la construcción del proceso penal
oral, lo cual puede ser harto riesgoso, dada la alta capacidad de manipulación
que pueden sufrir los dispositivos electrónicos de almacenamiento y
transmisión de información en
la actual era de la alta tecnología al
alcance de las masas. Consideramos que la tecnología si bien puede
ayudar para suplir la demora en la administración y
procuración de Justicia, sin embargo no es lo único que requiere, pues es
necesaria la capacitación del personal, pero también no hay que confiar
ciegamente en la tecnología, por lo que habrá de crearse un respaldo escrito.
En relación con el proceso penal este será
acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción,
concentración, continuidad e inmediación.
proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al
inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por
el delito se reparen;
Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en
ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la
cual deberá realizarse de manera libre y lógica;
hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las
excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que
requiera desahogo previo;
El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente.
La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará
de manera pública, contradictoria y oral;
corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las
partes tendrán igualdad
procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente;
Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera
de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el
principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta
Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del
inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo
las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad
judicial, voluntariamente y con conocimiento
de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de
convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a
audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar
al inculpado cuando acepte su responsabilidad;
El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado;
Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las
audiencias preliminares al juicio.
que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante
A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán
saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá
ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley
penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la
asistencia del defensor carecerá de todo valor
A que se le informe,
tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio
Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten.
Tratándose de delincuencia
organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el
nombre y datos del
ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que
preste ayuda eficaz para la investigación
y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada;
concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y
auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio
solicite, en los términos que señale la ley;
Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo
podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones
de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos
y menores, cuando se ponga en riesgo la
revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que
existen razones fundadas para justificarlo…" (Senado de la República:
Como vemos, hay una profunda transformación
de los principios para la construcción de un proceso penal: existe un franco
reconocimiento a las garantías y derechos humanos del inculpado, pero al mismo
tiempo, se abre un nuevo abanico de responsabilidades para el juzgador, la
defensa del imputado y el propio imputado- nueva acepción- , así como una
enorme gama de necesidades a satisfacer en infraestructura y equipo: una de
ellas, la relativa a la forma en que se deberá proveer nos plantea la necesidad
de contar con más salas de audiencia, personal
judicial, equipo, personal de seguridad, celdas en los juzgados, edificios cuya
arquitectura sea
radicalmente opuesta a la que en estos momentos se emplea en nuestro aparato
judicial actual. Ello por supuesto, implica una enorme inversión; y
frente a una crisis económica como la actual, se verá altamente comprometido el
logro de las metas estimadas por la ambición del político criminal.
Ahora bien, la ventaja es que este nuevo
artículo 20 Constitucional tiene principios definidos y por primera vez en la historia del
Penal Mexicano, el proceso tiene un objeto de ser y de existir: en esta nueva
disposición existe un reconocimiento de la presunción de inocencia, el cual se
encuentra ya presente en el inconsciente del mexicano y este es base de toda la
defensa al imputado- que ya no inculpado -. La oralidad a la vez, permite y
obliga a los litigantes a seguir capacitándose y actualizándose en temas cada
vez más novedosos, adquirir nuevas competencias,
puesto que las defensas en los juicios orales se basarán en argumentaciones
especializadas, no en el criterio de un jurado.
A su vez, el ofendido adquiere nuevos
derechos ante la Justicia: surge para él la posibilidad de constituirse en
coadyuvante, de ser actor en su propia causa y de exigir de manera legal y
transparente la reparación de los daños que le fueron ocasionados con motivo
del ilícito. Esta situación, en el proceso penal actual, está supeditada a la ética de
los abogados, la capacidad de negociación de
estos hacia sus clientes y
de sus clientes y la observancia de todos hacia el principio de buena fe y respeto a
la Ley entre las partes y al interés del
propio Juzgador para mediar en la Litis y lograr la satisfacción temprana de
los daños ocasionados a la víctima. Al menos en el plano ideal.
Un nuevo sistema de Justicia basado en el
proceso penal acusatorio, de corte oral, con preferencia en la mediación, debe
a su vez hacernos conscientes de la necesidad de cultivar el adecuado uso del
lenguaje, la lectura de
los clásicos de la retórica y el estudio profundo de las bases de la
ARTÍCULO 21.- Una facultad novedosa y de suma importancia es la
contemplada en el artículo 21, párrafo séptimo, que indica que el Ministerio
Público "podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la
acción penal en los supuestos y condiciones que fije la ley". Esta reforma
se hizo con el propósito según el legislador de atenuar el principio de
"oficiosidad" (en realidad de legalidad), para evitar la sobrecarga
del sistema de justicia en delitos menores, mismos a los que se aplicarían los
criterios de oportunidad, en tanto los recursos disponibles se aplicarían para
perseguir los delitos que más ofenden y lesionan a los bienes jurídicos de
mayor jerarquía. Si bien este propósito puede tener justificación, el evidente
peligro es que bajo estos criterio de oportunidad el Ministerio Público se
torne aún más protagónico y pueda incluso negociar impunidades, habrá que ser
muy escrupulosos en la regulación de dichos criterios.
Otra facultad también novedosa es la acción penal privada que
se contempla en el párrafo segundo del artículo 21, en el cual después de
ratificar que el titular del ejercicio de la acción penal ante los tribunales
es el Ministerio Público, se expresa "La ley determinará los casos en que
los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial".
Mediante esta nueva facultad se pretende atenuar el monopolio de la acción
penal de que ha gozado tradicionalmente al Ministerio Público, para que la
persecución procesal en ciertos delitos que pueden llamarse
"privados", dependa en mayor medida del interés del ofendido, y no
del Ministerio Público, que orientará sus esfuerzos hacia la persecución de
delitos en lo que el interés general prevalece.
ARTICULO 22.- Se ha recogido también el principio de la determinación de
la pena en el artículo 22 constitucional, primer párrafo, donde se indica que
"Toda pena debe ser proporcional al delito que se sancione y al bien
jurídico protegido", se pretende con ello que el legislador secundario, al
momento de determinar las penas, busque la congruencia entre la sanción y la
importancia del bien jurídico que se tutela, así, entre mayor sea la
afectación, la pena deberá ser mayor y viceversa.
Se ha establecido un régimen jurídico de excepción para la llamada delincuencia
organizada, mismo que ahora se define en el artículo 16 constitucional, párrafo
octavo, entendiéndola como "una organización de hecho de tres o más
personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en los términos
de la ley de la materia". Por tal motivo se adicionó también la fracción
XXI del artículo 73 para dar atribución al Congreso Federal para legislar en
materia de delincuencia organizada, con lo cual dicha materia se federaliza y
las entidades federativas no podrán legislar en este aspecto.
ARTICULO 115.- Para la coordinación del Ministerio Público y de las
instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, se realizó
la modificación al artículo 115 constitucional, fracción VII, que sigue
disponiendo que la policía preventiva estará al mando del presidente municipal,
en "los términos de la ley de seguridad pública del estado", para
cuando menos homologar la materia al interior de cada entidad federativa. FINALMENTE, EN EL
ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, segundo
párrafo, se dispone que los agentes del Ministerio Público, los peritos y los
miembros de las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno,
podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las
leyes exigen para permanecer en dichas instituciones o son removidos por
incurrir en responsabilidad. Si por la cualquier causa se termina el servicio y
es declarada injustificada por la autoridad jurisdiccional, el Estado solo esta
obligado a pagar la indemnización y prestaciones de ley, no así a la
reincorporación al servicio. Para el personal del Ministerio Público, de las
corporaciones policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes,
se instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social. CONCLUSIONES
Se requerirá de una verdadera reforma
integral penitenciaria, también es cierto que durante muchos años, en México rigió el sistema penal
inquisitorio, cuyas premisas fundamentales eran la confesión como reina de las pruebas y la presunción de culpabilidad presente en todos los ordenamientos penales. El procedimiento es escrito y en muchas ocasiones, secreto. Ello a su
vez, originó un sin número de injusticias e inequidades, donde los más
desprotegidos son quienes carecen de recursos para una buena defensa penal, los inimputables, los
menores y los indígenas, así como aquellos que por su condición económica, de desempleo y subempleo así como inflación y carencia de oportunidades
de desarrollo, aunados todos estos factores a la criminalidad organizada y la
represión de grupos sociales, originan un escenario preocupante para la
procuración de Justicia Mexicana.
La interculturalidad es un elemento de
esencial estudio para la instrumentación del nuevo orden jurídico penal basado
en la mediación y la oralidad derivados de la reforma Constitucional 2008 para
garantizar la equidad en el acceso a la Justicia para todos los mexicanos tal y
como lo establecen los artículos 1, 2, 4, 8 y 17 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, la construcción de un proceso
penal oral y la estructura para mediar conflictos requiere de la aprehensión de
elementos conceptuales que integran la identidad del mexicano por parte de los
actores involucrados en la procuración, administración de Justicia y Reinserción Social.
Ahora bien, es menester analizar con suma
precaución la Reforma Constitucional en materia penal, someterla a los cambios
que sean necesarios y que el legislador del fuero común tenga la capacidad de
acotar los preocupantes vacíos que pueden traducirse en un exceso en el abuso
de poder de parte de policías. Asimismo, es indispensable preguntarse si el
sistema que se plantea no es excesivamente costoso para la situación actual
económica de nuestro país. BIBLIOGRAFÍA.
Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de
1917. Con reformas.
judicial en materia penal, Autora:
M.D. Cecilia Natalia Díaz Aguilar, http://www.monografias.com/trabajos65/reforma-materia-penal/reforma-materia-penal2.shtml
reforma constitucional en materia penal. Artículo 18 constitucional, Juan
Manuel Ramírez Delgado,http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/27/13%20La%20reforma_Revista%20Judicatura.pdf
4. CONSTITUCIÓN Y NUEVO PROCESO PENAL, Salvador
Valencia Carmona, http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/refjud/cont/13/pjn/pjn4.htm
excelente análisis! en verdad lastima que no toco el tema del hacinamiento de las cárceles debido a la lenta impartición de justicia en México todavía!
TODO ESTA PERFECTO, LO ÚNICO QUE HASTA LA FECHA NO SE HA VISTO ES QUE A LOS DEFENSORES PÚBLICOS ( EN SONORA LES HAYAN IGUALADO EL SUELDO IGUAL QUE A LOS MINISTERIOS PÚBLICOS AUN TIENEN EL NIVEL 6B Y LOS MINISTERIOS PÚBLICOS ESTÁN EN NIVEL 11), ESPERO QUE PRONTO SE HAGA ESTO.
SON UN CONJUNTO DE PRERROGATIVAS, DERECHOS Y LIBERTADES UNIVERSALES, ES DECIR PARA TODOS LOS SERES HUMANOS, SON INALIENABLES POR QUE NO SE PUEDEN RENUNCIAR, SON INHERENTES O PROPIOS DE LA PERSONA HUMANA, SON IMPRESCRIPTIBLES, POR QUE NO PRESCRIBEN, NO SE PIERDEN, ADEMAS SON INTERDEPENDIENTES UNOS DE OTROS PUES NO PUEDE EXISTIR EL DERECHO A LA VIDA, POR EJEMPLO, SINO SE TIENE EL DERECHO A LA SALUD Y EL DERECHO A LA PAZ; ADEMAS SU REALIZACIÓN EFECTIVA RESULTA INDISPENSABLE PARA EL DESARROLLO DE UN SER HUMANO, ESTAN ESTABLECIDOS EN LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EN MUCHOS OTROS TRATADOS, EN LAS CONSTITUCIONES DE LOS PAISES Y LEYES FEDERALES O NACIONALES Y DEBEN SER RECONOCIDOS Y GARANTIZADOS POR LOS ESTADOS
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