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Timestamp: 2018-09-19 13:43:51+00:00

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﻿ Sentencia 2002-0373 de julio 22 de 2010
SENTENCIA 2002-0373 DE 22 DE JULIO DE 2010
CONTENIDO:CONSULTA PREVIA AMBIENTAL RESPECTO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS. ZONAS ADJUDICADAS EN PROPIEDAD COLECTIVA. ZONAS NO TITULADAS HABITADAS REGULAR Y PERMANENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:LICENCIA AMBIENTAL, COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE, CONSULTA PREVIA AMBIENTAL, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, SOLICITUD DE LA LICENCIA AMBIENTAL, PROTECCIÓN A LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE, MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA
Sentencia 2002-0373 de julio 22 de 2010
Ref.: Expediente 11001032400020020373 01
Actor: Héctor Segundo Pérez Fernández
2.1. Los actos demandados.
El demandante solicitó la nulidad de la Resolución 1288 de 15 de diciembre de 2000 del director general de la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique Cardique, cuya copia auténtica obra a folios 71 a 77 del expediente, “Por medio de la cual se otorga una licencia ambiental”.
Esta resolución señala en sus consideraciones que la sociedad Ingeambiente S.A. ESP, presentó estudio de impacto ambiental del proyecto relleno Regional La Paz, ubicado en el municipio de Turbana y que luego de evaluado se le otorgó viabilidad al proyecto con fundamento en el análisis de la subdirección de gestión ambiental que se transcribió.
El artículo primero de la parte resolutiva decidió “otorgar licencia ambiental a la sociedad Ingeambiente S.A. ESP, para la construcción y operación del relleno sanitario regional “La Paz”; el artículo segundo señaló que la sociedad mencionada deberá dar cumplimiento a las obras y acciones contempladas en el estudio de impacto ambiental, especialmente las que seguidamente describe; el artículo 3º establece que la licencia se otorga por el término de operación vida útil del rellano(sic) sanitario, aproximadamente diez años y no confiere derechos reales sobre los predios que se vayan a afectar por el proyecto; el artículo cuarto señala que no se requiere de permiso de vertimiento de residuos líquidos debido a que estos serán reciclados; el artículo quinto obliga a informar con un mes de anticipación de la clausura del rellano; el artículo sexto señala que los deberes de la interventoría; el artículo séptimo establece que la autoridad ambiental podrá exigir la corrección, complementación y sustitución de las medidas de prevención, mitigación, corrección o compensación en el caso de que las tomadas en el plan de manejo no resulten efectivas o se presenten condiciones no esperadas que afecten negativamente el proyecto. El artículo octavo exige la aprobación de cualquier modificación del proyecto; el artículo noveno precisa que el concepto técnico rendido por la subdirección de gestión ambiental solo ampara el proyecto presentado por la sociedad solicitante; el artículo décimo prevé la cesión de la licencia con autorización de Cardique; el artículo undécimo la posibilidad de suspensión o revocatoria de la licencia por incumplimiento de los deberes de su titular; el artículo duodécimo exige el otorgamiento de garantías; el artículo décimo tercero ordena el control y seguimiento de la licencia por parte de la subdirección de gestión ambiental; el artículo décimo cuarto ordena la publicación de la resolución en el boletín oficial de Cardique; y el décimo quinto señala que proceden los recursos de reposición y apelación.
También solicitó el demandante la Resolución 0227 de 18 de abril de 2001 de la misma autoridad, cuya copia auténtica obra a folios 48 a 59 por medio de la cual decidió el recurso de reposición y la solicitud de revocatoria directa contra la resolución anterior.
La Ley 99 de 22 de diciembre de 1993(1), “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el sistema nacional ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”, estableció en el artículo 73 que “la acción de nulidad procede contra los actos administrativos mediante los cuales se expide, modifica o cancela un permiso, autorización, concesión o licencia ambiental de una actividad que afecte o pueda afectar el medio ambiente”.
En sentencia de 11 de mayo de 2000, esta Sección (M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), fijó el alcance de la norma anterior en los siguientes términos:
“Cabe resaltar que, conforme al artículo 73 de la Ley 99 de 1993 “La acción de nulidad procede contra los actos administrativos mediante los cuales se expide, modifica o cancela un permiso, autorización, concesión o licencia ambiental de una actividad que afecte o pueda afectar el medio ambiente”.
Los actos acusados (licencia de construcción) no están expidiendo, modificando o cancelando un permiso, autorización, concesión o licencia ambiental, actos estos que deben provenir de una autoridad de la misma naturaleza, verbi gracia, el Ministerio del Medio Ambiente o el departamento administrativo del medio ambiente.
Tan cierto es que la acción debe estar relacionada directamente con la defensa del medio ambiente, que al definir la licencia ambiental, la mencionada ley, en su artículo 50, la refiere al cumplimiento por parte del beneficiario de la misma a los requisitos atinentes a la “prevención, mitigación, corrección, compensación y manejo de los efectos ambientales”; y también, en consideración a la protección del medio ambiente prevé la revocatoria, sin necesidad de consentimiento expreso o escrito del titular y la suspensión de obras por razones ambientales (art. 62).
Luego, la acción tendiente a dejar sin efecto un acto administrativo contentivo de una licencia ambiental debe fundamentarse, básicamente, en los efectos “ambientales dañinos que se generan con la actividad autorizada por aquella. Así las cosas, los cargos ajenos a la defensa del medio ambiente (relativos a la licencia de construcción), no pueden ventilarse a través de la acción de simple nulidad impetrada, sino de la de nulidad y restablecimiento del derecho (...)”. (subrayado de la Sala).
Con apoyo en este criterio el agente del Ministerio Público solícita que se declare la ineptitud de la demanda, porque no apunta a prevenir o corregir los efectos dañinos de la licencia cuestionada, único caso en que procedería la acción de nulidad, sino a reclamar el derecho de las comunidades negras del área de ejecución del proyecto a ser consultadas e intervenir en el trámite de expedición de dicha licencia.
La excepción invocada por el agente del Ministerio Público debe declararse no probada, en primer lugar, porque el demandante sí cuestiona el fundamento técnico ambiental de la licencia con el evidente propósito de prevenir los daños que el mal funcionamiento de un relleno sanitario puede ocasionar en el medio y la comunidad que reciben su impacto. En consecuencia, ese cargo deberá estudiarse y decidirse.
En segundo término, porque si bien el artículo 73 de la Ley 99 de 1993 autoriza ejercer la acción de nulidad contra los actos administrativos que contienen licencias ambientales cuando la demanda se orienta a proteger el ambiente, también se puede ejercer para, proteger otros intereses, también generales, ateniéndose a los siguientes lineamientos, prohijados igualmente de modo reiterado por esta corporación:
“Cuando la situación de carácter individual a que se refiere el acto, comporte un especial interés, un interés para la comunidad de tal naturaleza e importancia, que vaya aparejado con el afán de legalidad, en especial cuando se encuentre de por medio un interés colectivo o comunitario, de alcance y contenido nacional y de innegable e incuestionable proyección sobre el desarrollo y bienestar social y económico de gran número de colombianos. Es evidente que los actos administrativos que aquí se impugnan no encuadran dentro de los actos de carácter particular a que se hizo mención anteriormente, razón por la cual no existe la posibilidad alguna de su control jurisdiccional a través de la acción de nulidad. También reiteradamente ha precisado la Sala que, en aras de garantizar la prevalencia del derecho sustancial, debe interpretarse la acción propuesta como de nulidad y restablecimiento del derecho, para lo cual es menester establecer si se dan o no los presupuestos procesales para el ejercicio. Ello no acontece en el caso sub examine ya que el actor ni en la etapa gubernativa ni en la jurisdiccional acreditó interés jurídico alguno que le permitiera incoar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho porque se le hubiera lesionado un derecho suyo; además, para la fecha de presentación de la demanda ya había transcurrido el término de 4 meses de que trata el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, razón por la cual a la luz de las disposiciones que gobiernan esta acción, tampoco puede estudiarse la demanda(2).
Para la Sala no hay duda de que el cargo de violación del derecho de las comunidades negras a participar en el trámite de las licencias ambientales propuesto por el actor también debe estudiarse, a la luz del fallo parcialmente transcrito, porque ello concita el interés de esa(sic) comunidades y el de los colombianos en general para defender la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana que el artículo 7º de la Constitución Política reconoce y protege y que el parágrafo del artículo 330 ibidem extiende a las comunidades indígenas a participar en las decisiones gubernamentales que se adopten respecto la explotación de los recursos naturales en sus territorios; derechos regulados por las leyes 70 de 1993 y 99 de 1993 que establecen que la explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y negras tradicionales de acuerdo con la ley y obligan a consultarles las decisiones relacionadas con la materia.
Conviene anotar que, en esta misma línea, la Sala Plena de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación profirió el fallo de 4 de marzo de 1997, Expediente S-673,en el cual se consideró procedente el ejercicio de la acción de nulidad por parte de la Defensoría del Pueblo contra una licencia ambiental, fundada en la presunta violación de los derechos de los grupos étnicos en los procesos de explotación de sus recursos naturales.
Los cargos de violación del derecho de personas determinadas e indeterminadas a participar en la expedición de la licencia ambiental no están orientados concretamente a la protección del ambiente sano y tampoco a la protección de otros intereses colectivos o comunitarios y de innegable e incuestionable proyección sobre el desarrollo y bienestar social y económico de gran número de colombianos. Por ello su estudio no procede en ejercicio de la acción de nulidad.
— Antes de avocar el estudio de fondo de los cargos se debe anotar, que el agente del Ministerio Público advirtió que la Resolución 0227 de 18 de abril de 2001 concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo para ante el Ministerio del Medio Ambiente y que no se demandó la resolución que decidió ese recurso.
Se precisa que el demandante no tenía por qué demandar esta última decisión por la sencilla razón de que no se profirió. Así se constata al examinar la Resolución 0227 de 18 de abril de 2001 demandada, la cual señaló que si dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación los suministraran las expensas se declararía desierto, el recurso (fls. 48, 56) Y el edicto que figura a folio 238 ibidem, donde consta que por Auto de 0211 de 25 de mayo de 2001 se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por los señores José Ángel Fernández Zaher y Pedro Pérez Marrugo, por lo que dichos actos referidos adquirieron firmeza y su nulidad podía ser demandada.
2.2.1. Primer cargo: Violación del derecho de las comunidades negras a intervenir y ser consultadas en el trámite de las licencias ambientales.
El actor afirma que la corporación autónoma demandada violó el derecho de audiencia y de defensa de las comunidades negras de las zonas de influencia del proyecto a que se refiere la solicitud de la licencia porque no fueron consultadas y no se les convocó a participar de su trámite.
Aseguró que ese derecho se lo reconocen los artículos 76 de la Ley 99 de 1993; 2, 5, 8 y 13 del Decreto 1320 de 1998 y 1º de la Ley 170 de 1999 en concordancia con los artículos 29 y 55 transitorio de la Carta, a las comunidades negras que pueblan en un 70% el municipio de Turbana, donde se desarrolla el proyecto, como lo certificó el Ministerio del Interior el 23 de octubre de 2001 y el 9 de enero de 2002. De allí que la afirmación de que ellas no habitan el territorio, contenida en los actos acusados, los vician de falsa motivación.
2.2.1.1. No hay duda de que las comunidades negras, al igual que las indígenas, gozan de una protección especial en nuestro ordenamiento jurídico que les permite intervenir en el trámite de las licencias ambientales relacionados con proyectos y actividades que puedan afectar sus territorios y su integridad social y cultural.
Así, el artículo 7º de la Constitución Política establece que “EI Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana”
El numeral 3º del artículo 7º de la Ley 21 de 1991, “por la cual se aprueba el Convenio 169 de 1987 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales”, dispuso que “Los gobiernos deberán velar porque, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas”.
El artículo 35 del Decreto 1745 de 1995 trata sobre los elementos básicos para el concepto previo por parte de la comisión técnica y en su numeral 1º establece que esta comisión verificará “si el proyecto objeto de la solicitud de otorgamiento de licencia ambiental, concesión, permiso, autorización o de celebración de contratos de aprovechamiento y explotación de los recursos naturales y genéticos (sic), se encuentra en zonas susceptibles de ser tituladas como tierras de comunidades negras, a fin de hacer efectivo el derecho de prelación de que trata la ley”.
El artículo 76 de la Ley 99 de 1993 estipula, por su parte, que: “La explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y de las negras tradicionales de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el artículo 330 de la Constitución Nacional, y las decisiones sobre la materia se tomarán, previa consulta a los representantes de tales comunidades”.
Precisamente para hacer efectivos esos derechos se dictó el Decreto 1320 de 13 de julio de 1998 que reglamentó la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio, cuyos apartes más relevantes se destacan:
DECRETO 1320 DE 1998(3)
“Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio”.
en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el numeral 11 del artículo 189 y el parágrafo del artículo 330 de la Constitución Política, en desarrollo de lo dispuesto en el numeral 20 del artículo 15 de la Ley 21 de 1991 en el artículo 44 de la Ley 70 de 1993 y en el artículo 76 de la Ley 99 de 1993,
ART. 1º—Objeto. La consulta previa tiene por objeto analizar el impacto económico, ambiental, social y cultural que puede ocasionarse a una comunidad indígena o negra por la explotación de recursos naturales dentro de su territorio, conforme a la definición del artículo 2º del presente decreto, y las medidas propuestas para proteger su integridad.
ART. 2º—Determinacion de territorio. La consulta previa se realizará cuando el proyecto, obra o actividad se pretenda desarrollar en zonas de resguardo o reservas indígenas o en zonas adjudicadas en propiedad colectiva a comunidades negras. Igualmente, se realizará consulta previa cuando el proyecto, obra o actividad se pretenda desarrollar en zonas no tituladas y habitadas en forma regular y permanente por dichas comunidades indígenas o negras, de conformidad con lo establecido en el siguiente artículo.
ART. 3º—Identificacion de comunidades indígenas y negras. Cuando el proyecto, obra o actividad se pretenda realizar en zonas no tituladas y habitadas en forma regular y permanente por comunidades indígenas o negras susceptibles de ser afectadas con el proyecto, le corresponde al Ministerio del Interior certificar la presencia de dichas comunidades, el pueblo al que pertenecen, su representación y ubicación geográfica. El Instituto Colombiano para la Reforma Agraria - Incora, certificará sobre la existencia de territorio legalmente constituido.
PAR. 1º—De no expedirse las certificaciones por parte de las entidades previstas en este artículo, en el término señalado, podrán iniciarse los estudios respectivos. No obstante si durante la realización del estudio el interesado verifica la presencia de tales comunidades indígenas o negras dentro del área de influencia directa de su proyecto, obra o actividad deberá integrarlas a los estudios correspondientes, en la forma y para los efectos previstos en este decreto e informará al Ministerio del Interior para garantizar la participación de tales comunidades en la elaboración de los respectivos estudios.
PAR. 2º—En caso de existir discrepancia en torno a la identificación del área de influencia directa del proyecto, obra o actividad serán las autoridades ambientales competentes quienes lo determinen.
PAR. 3º—Las certificaciones de que trata el presente artículo se expedirán transitoriamente mientras el Ministerio del Interior en coordinación con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAG y el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria - Incora, elaboran una cartografía georeferenciada a escala apropiada respecto de las áreas donde existan comunidades indígenas o negras de las que trata la Ley 70 de 1993, en los términos de ocupación territorial de que tratan los artículos 2º y 3º del presente decreto. Para este efecto, dichas entidades dispondrán de un término de seis (6) meses contados a partir de la expedición del presente decreto. La cartografía de que trata este parágrafo deberá ser actualizada cada seis (6) meses.
ART. 4º—Extensión del procedimiento. Cuando los estudios ambientales determinen que de las actividades proyectadas se derivan impactos económicos, sociales o culturales sobre las comunidades indígenas o negras, de conformidad con las definiciones de este decreto y dentro del ámbito territorial de los artículos 2º y 3º del mismo, se aplicará el procedimiento establecido en los artículos siguientes.
Consulta previa en materia de licencias ambientales o establecimiento de planes de manejo ambiental
ART. 5º—Participacion de las comunidades indígenas y negras en la elaboración de los estudios ambientales el responsable del proyecto, obra o actividad que deba realizar consulta previa, elaborará los estudios ambientales con la participación de los representantes de las comunidades indígenas o negras.
En caso que los representantes de las comunidades indígenas y/o negras se nieguen a participar, u omitan dar respuesta dentro de los términos antes previstos, el interesado elaborará el estudio ambiental prescindiendo de tal participación.
ART. 6º—Terminos de referencia. Dentro de los términos de referencia que expida la autoridad ambiental para la elaboración de los estudios ambientales se incluirán los lineamientos necesarios para analizar el componente socioeconómico y cultural de las comunidades indígenas o negras.
ART. 7º—Proyectos que cuentan con términos de referencia genéricos. Cuando el proyecto, obra o actividad, cuente con términos de referencia genéricos expedidos por la autoridad ambiental respectiva, el interesado deberá informar al Ministerio del Interior sobre la participación de las comunidades indígenas o negras susceptibles de ser afectadas, en la elaboración de los estudios.
ART. 8º—Solicitud de licencia ambiental o de establecimiento del plan de manejo ambiental. Cuando se pretenda desarrollar un proyecto, obra o actividad dentro del ámbito territorial previsto en los artículos 2º y 3º de este decreto, a la solicitud de licencia ambiental o de establecimiento del plan de manejo ambiental, se anexará las certificaciones de que trata el artículo 3º del presente decreto.
ART. 9º—Proyectos que no cuentan con términos de referencia genéricos. Recibida la solicitud de términos de referencia y establecida la necesidad de hacer consulta previa, la autoridad ambiental competente al momento de expedirlos, informará al Ministerio del Interior sobre la participación de las comunidades indígenas y/o negras susceptibles de ser afectadas, en la elaboración de los estudios.
ART. 10.—Contenido de los estudios ambientales frente al componente socio económico y cultural. En relación con el componente socioeconómico y cultural, los estudios ambientales deberán contener por lo menos lo siguiente:
c) Las medidas que se adoptarán para prevenir, corregir, mitigar, controlar o compensar los impactos que hayan de ocasionarse.
ART. 11.—Comunicacion a la comisión técnica de que trata la Ley 70 de 1993. Hasta cuando se adjudique en debida forma la propiedad colectiva de las comunidades negras susceptibles de ser afectadas por el proyecto, obra o actividad, la autoridad ambiental competente remitirá copia del auto de iniciación de trámite a la comisión técnica de que trata el artículo 8º de la Ley 70 de 1993, para que emita el concepto exigido en el artículo 17 de la misma ley.
ART. 12.—Reunion de consulta. Dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha de la solicitud de licencia ambiental o de establecimiento del plan de manejo ambiental, la autoridad ambiental competente comprobará la participación de las comunidades interesadas en la elaboración del estudio de impacto ambiental, o la no participación, y citará a la reunión de consulta previa que deberá celebrarse dentro de los treinta (30) días siguientes al auto que así lo ordene preferiblemente en la zona donde se encuentre el asentamiento.
Dicha reunión será presidida por la autoridad ambiental competente, y deberá contar con la participación del Ministerio del Interior. En ella deberán participar el responsable del proyecto, obra o actividad y los representantes de las comunidades indígenas y/o negras involucradas en el estudio.
Sin perjuicio de sus facultades constitucionales y legales, podrán ser igualmente invitados la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las demás entidades del Estado que posean interés en el asunto, de conformidad con la naturaleza del impacto proyectado.
PAR. 1º—Cuando para un proyecto, obra o actividad hayan de consultarse varias comunidades indígenas y negras se realizará una sola reunión de consulta, salvo cuando no sea posible realizarla en conjunto por existir conflictos entre ellas.
PAR. 2º—La reunión se celebrará en idioma castellano, con traducción a las lenguas de las comunidades indígenas y negras presentes, cuando sea del caso. De ella se levantará un acta en la que conste el desarrollo de la misma, que será firmada por los representantes de las comunidades indígenas y negras; Igualmente será firmada por los representantes de la autoridad ambiental competente, del Ministerio del Interior y de las autoridades de control que asistan a ella.
d) “Aparte tachado NULO” En caso de no existir acuerdo sobre las medidas propuestas dentro del plan de manejo ambiental y las demás a que hubiere lugar, la autoridad ambiental competente suspenderá la reunión por una sola vez, y por el término máximo de 24 horas, con el fin de que las partes evalúen las propuestas. Si después de reanudada la reunión, se llegare a un acuerdo deberá darse aplicación a lo establecido en el literal anterior, en caso de que continúe el desacuerdo, se procederá de conformidad con el siguiente literal del presente artículo;
e) En caso de no existir acuerdo respecto de las medidas contenidas en el plan de manejo ambiental, se dará por terminada la reunión dejando en el acta constancia expresa de tal hecho y la autoridad ambiental competente decidirá sobre el particular en el acto que otorgue o niegue la licencia ambiental,
g) Justificada la inasistencia, la autoridad ambiental, dentro de los quince (15) días siguientes, citará a una nueva reunión para el efecto;
Consulta previa frente al documento de evaluación y manejo ambiental
ART. 14.—Documento de evaluación y manejo ambiental. Cuando quiera que se den los supuestos del artículo 2º del presente decreto para los proyectos, obras o actividades cobijados por lo dispuesto en el Decreto 883 de 1997, se deberá realizar la consulta previa con las comunidades indígenas y negras.
En tal caso, el documento de evaluación y manejo ambiental deberá elaborarse de conformidad con lo establecido en los artículos 5º y 10 numeral 2º del presente decreto. El interesado antes de elaborar el documento de evaluación y manejo ambiental deberá informar al Ministerio del Interior para que constate la participación de las comunidades indígenas o negras susceptibles de ser afectadas en la elaboración de los estudios.
Dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación del documento de evaluación y manejo ambiental, la autoridad ambiental competente se pronunciará indicando si es procedente o no dar inicio a las obras (...).
ART. 19.—Comunicacion de la decisión. El acto administrativo que otorgue o niegue la licencia ambiental, el establecimiento del plan de manejo ambiental o el permiso de uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables deberá ser comunicado a los representantes de las comunidades indígenas y negras consultadas (...)”.
Como se infiere de las normas transcritas, el derecho de las comunidades negras a ser consultadas en el trámite de una licencia ambiental está condicionado a que el proyecto, obra o actividad objeto de la licencia se pretenda desarrollar en zonas que le hayan sido adjudicadas en propiedad colectiva, que no es el caso pues el actor no alega esta circunstancia.
También deberán ser consultadas las comunidades negras cuando el proyecto, obra o actividad deba desarrollarse en zonas no tituladas y habitadas en forma regular y permanente por ellas, pero en este caso será necesario que esas zonas sean susceptibles de ser afectadas con el proyecto, caso en el cual el Ministerio del Interior debe certificar la presencia de las comunidades, el , pueblo al que pertenecen, su representación y ubicación geográfica y el Instituto Colombiano para la Reforma Agraria - Incora, certificará sobre la existencia de territorio legalmente constituido. Dichas certificaciones deberán tener el contenido requerido en las normas comentadas.
De acuerdo con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, el demandante tenía la carga de probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que persigue y las que invocó lo obligaban a demostrar que el proyecto, obra o actividad se desarrollaría en zonas no tituladas y habitadas en forma regular y permanente por comunidades negras y que esas zonas eran susceptibles de ser afectadas con el proyecto.
Para demostrar esos hechos el actor aportó copias simples de sendas resoluciones de la dirección general de comunidades negras del Ministerio del Interior del 23 de octubre de 2001 y de 9 de enero de 2002 cuyos textos son los siguientes:
La Dirección General para las comunidades negras, minorías étnicas y culturales del Ministerio del Interior,
Que el doctor Roger Emigdio Turizo Turizo solicitó certificación sobre presencia de comunidades negras en jurisdicción del municipio de Turbana, Bolívar con el objeto de iniciar consultas preliminares tendientes a hacer un estudio de factibilidad de una planta de tratamiento y reciclaje de residuos sólidos urbanos en dicho municipio.
Que se reconoce como comunidad negra a las familias de ascendencia afrocolombiana poseedoras de una cultura propia que comparten una misma historia, “tienen sus propias tradiciones y costumbres y además, revelan y conservan conciencia de identidad que las distinguen de otros grupos étnicos (cap. I, art. 2º, num. 5º de la L. 70/93).
Que entre los principios de la presente ley está el de la participación de las comunidades negras y sus organizaciones sin detrimento de su autonomía en las decisiones que los afectan y en las de toda la Nación en pie de igualdad, de conformidad con la ley (cap. II, art. 3º, de la L. 70/93).
Que de acuerdo con el listado del Plan Nacional de Desarrollo de la población Afrocolombiana sí existen comunidades negras en Turbana. Departamento de Bolívar con una población afrocolombiana de aproximadamente el 70%. Que para el caso es menester contactar en Cartagena a los señores Dionisio Miranda, teléfono ... y ... Cáceres Reyes, teléfono 6666131, comisionados consultivos de comunidades negras de la regional Costa Atlántica.
El segundo de los oficios expresa:
Doctor Jhonny Dunoyer Ballesteros,
Referencia: Solicitud certificación existencia comunidades negras - Relleno Regional la Paz.
Respectado señor Dunoyer
En atención a su Oficio 002 sin fecha, mediante el cual allega el acto administrativo 0798 de fecha 20 de diciembre de 2001, de manera atenta me permito manifestarle lo siguiente:
De conformidad con el Decreto 1320 de 1998 le corresponde al Ministerio del Interior certificar la presencia de comunidades negras en las zonas susceptibles de ser afectadas con el proyecto. En este sentido es de aclarar que a la dirección general para comunidades negras, minorías étnicas y culturales no se le solicitó con anterioridad el otorgamiento de licencia ambiental al relleno sanitario regional “La Paz”, la certificación de que trata la norma en mención.
De acuerdo con el plan de desarrollo de la población Afrocolombiana en el municipio de Turbana (Bolívar) existe aproximadamente una población afrocolombianas del 70 % por lo cual consideramos que se debe adelantar el procedimiento establecido en el Decreto 1320 de 1998.
El primer oficio se aportó en copia simple y por su falta de autenticidad carece de mérito para demostrar los hechos de que da cuenta. El segundo de los oficios fue remitido por la entidad demandada en copia auténtica que obra a folios 167 del cuaderno anexo 3.
Pero, aún en el evento de ambos documentos se hubieran aportado en copias autenticadas, no demostrarían los hechos que constituyen el presupuesto fáctico requerido para que las comunidades negras fueran consultadas, porque de acuerdo con el artículo 3º del decreto comentado, cuando el proyecto, obra o actividad se pretenda realizar en zonas no tituladas y habitadas en forma regular y permanente por comunidades indígenas o negras susceptibles de ser afectadas con el proyecto, le corresponde al Ministerio del Interior certificar la presencia de dichas comunidades, el pueblo al que pertenecen, su representación y ubicación geográfica, y dicha certificación debe contener: A Identificación del interesado: a) Fecha de la solicitud; b) Breve descripción del proyecto, obra o actividad; e) Identificación del área de influencia directa del proyecto, obra o actividad, acompañada de un mapa que precise su localización con coordenadas geográficas o con sistemas Gauss.
Es evidente que el tercero de los datos requeridos no consta en las certificaciones transcritas.
Esa situación dio lugar a que la entidad demandada solicitara al ministerio la precisión acerca del área de influencia directa, mediante oficio de 22 de enero de 2002 (fl. 169, ibid.).
No obstante lo anterior, no figura en el expediente certificación alguna del ministerio con los datos exigidos por el artículo 3º del Decreto 1320 de 1998.
Obra sí copia de la Resolución 589 de octubre de 2002 mediante la cual Cardique revoca directamente los actos acusados luego de reconocer que desconoció el derecho de participación de las comunidades negras a ser consultadas por habitar algunas familias afrodescendientes en la zona de impacto directo del relleno sanitario objeto de la licencia ambiental (ver cdno anexo 3). Empero, esta resolución no se funda en un certificado del Ministerio del Interior que reúna los requisitos legales exigidos y no hay constancia de su firmeza en el expediente.
Precisamente el agente del Ministerio Público aportó con el concepto de fondo, copia de la Resolución 0279 de 29 de abril de 2003 del mismo Cardique que revocó la resolución anterior con fundamento en certificado de 23 de abril de 2008 del director general de comunidades negras del Ministerio del Interior que habría establecido definitivamente que en la zona de influencia directa no existen comunidades afrodescendientes (fls. 327 a 331 del cdno. ppal.). Este documento se aporta por fuera de la oportunidad legal y la Sala no lo tendrá como prueba para decidir.
Señalado lo anterior, procede concluir que el demandante no demostró mediante certificado del Ministerio del Interior que reúna los requisitos previstos en el artículo 30 del Decreto 1320 de 1998, ni por cualquier otro medio de prueba, que en la zona de influencia directa del proyecto objeto de la licencia ambiental cuestionada habitaran en forma regular y permanente comunidades negras susceptibles de ser afectadas por dicho proyecto.
2.2.2. Segundo cargo: La licencia cuestionad(sic) desconoce los mandatos del reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico RAS 2000:
Transcribe la Sala los argumentos expuestos por actor para sustentar esta acusación:
“A. Descripción del relleno.
La parte de costo beneficio no se compadece con lo requerido por el reglamento técnico de saneamiento básico y agua potable, RAS 2000. No hay argumentación técnica suficiente, existe grave error al proponer que para la post clausura el uso de los terrenos sea para ganadería.
No cumple con el artículo 48 del RAS, el cual dice: (...) Alcance. La evaluación socioeconómica de proyectos debe realizarse con el objeto de medir el aporte neto de un proyecto o política de inversión social al bienestar de una comunidad. Es decir, tendrá la capacidad de establecer la bondad del proyecto o programa para la economía nacional en su conjunto. En estos términos, el valor de cualquier bien, factor o recurso a ser generado o utilizado por el proyecto debe valorarse según su contribución al bienestar nacional. Para proyectos de agua potable y saneamiento básico se permiten los siguientes tipos de estudios socio - económicos:
1. Análisis costo-eficiencia.
2. Análisis de costo mínimo, de expansiones de capacidad.
Los estudios de evaluación socioeconómica se deben ejecutar para los niveles de complejidad medio, medio alto y alto”.
B. Impermeabilización: La impermeabilización propuesta por el EIA de Ingeambiente no se encuentra dentro de lo contemplado por el RAS 2000 que dice: F.6.4.3 Sistema de impermeabilización. Todo relleno sanitario debe tener un sistema de impermeabilización en el fondo.
La impermeabilización para los niveles medio y bajo de complejidad del sistema debe estar conformado por una capa de arcilla. Para los niveles alto y medio alto, el sistema de impermeabilización debe constar de una capa de arcilla y de una geomembrana. Si en los niveles y/o geotécnicas la capa de arcilla no garantiza el aislamiento del relleno sanitario del subsuelo la impermeabilización debe estar constituida tanto por la capa de arcilla como de la geomembrana.
Los mínimos requisitos que deben cumplir los elementos constitutivos del sistema de impermeabilización son los siguientes:
1. Capas de arcilla. Construidas de materiales de suelos naturales, aunque la capa puede contener materiales procesados como bentonita o materiales sintéticos. Esta capa debe tener un espesor mínimo de 1 m.
a) Requisitos de compactación y permeabilidad. Debe lograrse una masa homogénea con una conductividad hidráulica menor o igual a IxIO-7 cm/, compactando el suelo con un contenido de humedad de 2% a 3% por encima de la humedad óptima y con un alto nivel de energía de compactación.
b) Materiales. Los siguientes son los requisitos mínimos para lograr la conductividad hidráulica requerida: ???% finos ??20% - 30%
???Índice de plasticidad ??20% ???
Porcentaje de suelo grueso ??30%
???(sic) tamaño máximo de partícula = 25 mm a 50 mm
Si la capa de suelo no logra la permeabilidad requerida, se pueden utilizar aditivos como bentonita, caolinita, etc. No se recomienda utilizar aditivos con altos índices de plasticidad (lp > 30-40%), por la dificultad que presentan en el trabajo en campo.
1. Procesamiento. Para que la hidratación o deshidratación del suelo sea uniforme se requiere de 1 a 3 días. Cuando se utilizan aditivos como la bentonita, deben mezclarse los componentes extendiendo una capa de suelo de espesor de 0.20 m a 0.30 m; y sobre esta se coloca el aditivo para mezclar los materiales.
2. Preparación de la superficie. La superficie de la capa compactada debe ser áspera; de lo contrario, debe ser escarificada 2 cm a 3 cm con un disco o cualquier aparato disponible.
Colocación del suelo: Si se utilizan estacas para controlar el espesor de la capa de suelo, una vez removidas las estacas deben sellarse las perforaciones. Después de colocado el suelo, debe añadirse una pequeña cantidad de agua para compensar la pérdida por evaporación.
Compactación. Se recomiendan las siguientes especificaciones para el equipo de compactación:
Peso mínimo = 1800 kg
Longitud mínima del pie = 180 mm a 200 mm
Número mínimo de pasadas = 5; del compactador aprobado y verificado para obtener la densificación de la referencia.
Una pasada corresponde a una pasada completa del compactador sobre toda el área (parte frontal y parte posterior de los tambores).
Protección. Para evitar la desecación del suelo después del proceso de compactación, se recomienda:
• Cubrir la capa compactada temporalmente con plástico, cuidando que no se caliente excesivamente y seque la arcilla.
• La superficie puede ser allanada con rodillo para formar una capa relativamente impermeable en la superficie.
Humedecer periódicamente el suelo.
Las anteriores recomendaciones deben aplicarse a cada sección de capa compactada y la última capa terminada.
Pruebas de control de calidad. Para controlar la calidad de la construcción de la capa, debe verificarse que los materiales de construcción son los adecuados y se deben realizar pruebas y observaciones para verificar que el proceso de compactación es adecuado.
d) Contenido de humedad y peso unitario seco. Para establecer el contenido de humedad óptimo y el peso unitario seco máximo se recomienda compactar el suelo con energías de compactación, representadas por la energía promedio y alta de compactación. Se recomienda utilizar el ensayo de proctor estándar y proctor modificado para las energías promedio y alta, respectivamente. Debe compactarse las capas de suelo hasta lograr como mínimo el 95% de la densidad máxima del proctor estándar y el 90% de la densidad máxima del proctor modificado.
Dentro del EIA la firma Ingeambiente se limitó a proponer las obras normales de descapote y alistamiento mínimo de los terrenos, pero lo que propone como impermeabilización no cumple con lo consagrado en el RAS para este aspecto.
C. Material de cobertura.
Se describe sin técnica como será la cobertura final del relleno sanitario, para lo cual el RAS 2000 establece:
F.6.4.9.1 Cobertura final.
1. Perfil de la cobertura. El perfil mínimo de cubierta requerido debe constar de una capa de control de infiltración para los niveles medio y bajo de complejidad. El nivel medio alto, debe conformar la cobertura con las capa(sic) de control de infiltración y de erosión. Para el nivel alto de complejidad, el perfil de cobertura debe contener la capa de control de infiltración, la capa de control de erosión, sistema de recolección de gas y una capa de drenaje. a) Capa o barrera de control de infiltración. Si la impermeabilización del relleno sanitario está constituida por el suelo natural (in situ), la capa de control de infiltración debe consistir de un estrato de suelo compactado de un espesor mínimo de 0.45 m y una permeabilidad máxima de IxiO -5 cm/s. Si en el diseño de la impermeabilización del relleno sanitario se utiliza un sistema de estrato compuesto, debe instalarse una geomembrana sobre el estrato de suelo compactado. Se puede aprobar la utilización de un sistema alternativo con infiltración equivalente o menor que el sistema descrito. El material de la geomembrana usado para la cobertura final debe ser de larga duración y debe tolerar deformaciones inducidas por la subsidencia. b) Capa de control de erosión. El espesor mínimo requerido de la capa de erosión es de 0.15 m. El espesor de esta capa debe ser evaluado usando un análisis de balance hídrico y debe proporcionar la humedad disponible para las plantas durante periodos prolongados de sequía. Las pendientes requeridas serán menores que 4:1 (H:V). La erosión hídrica puede ser controlada también por endurecimiento de la superficie de la cubierta mediante riprap. c) Capa de drenaje. Debe localizarse en algunas partes del sistema de cubierta con pendientes mayores que la relación 5: 1 (H: V). Esta capa debe retener la humedad que se infiltra de la capa de control de erosión y que se acumula sobre la capa de infiltración, evitando el deslizamiento de la capa de control de erosión por presiones excesivas de poros. El material de esta capa debe ser un agregado limpio de tamaño uniforme y debe cumplir con los siguientes requisitos: D85 <4D15 y D2 <0.25cm. Esta capa debe diseñarse y construirse de manera que la descarga del flujo vaya en dirección lateral, para minimizar la cabeza hidrostática en la capa permeable y establecer un recorrido de los líquidos infiltrados para salir del sistema de cubierta. Los tubos de drenaje necesarios para controlar la cabeza hidrostática deben localizarse dentro de la capa de drenaje e instalarse a una distancia que asegure que la cabeza hidrostática sobre la capa impermeable no exceda el espesor de la capa de drenaje durante una tormenta de 24 horas en 25 años. Una grava gruesa debe rodear al tubo de drenaje para minimizar el movimiento de partículas de suelo dentro de la tubería.
D. Etapa de operación del relleno (6.1.2).
a) Manejo de lixiviados.
Textualmente el estudio de impacto ambiental (EIA) dice: se utilizaran en la primera fase ... además se instalaran unos sedimentadores y trampas de grasa...”.
Desde el punto de vista de la ingeniería, ciencia exacta, el término “unos” significa que los diseños no están terminados y que no se cuenta con los cálculos matemáticos precisos para indicar el número exacto y real de la cantidad de sedimentadores a colocar.
En el numeral 9.3. dice que en el manual de operaciones y en plano Nº 11 se muestra el esquema de la capa de cobertura final. Esto es falso pues en ninguno de los dos documentos mencionados aparece lo enunciado.
Es más, en todo caso, se incumple el RAS 2000 en lo que tiene que ver con la cobertura final.
Según los diseñadores del proyecto en cuestión, en el literal i) de una forma absurda se llegó a la conclusión que la producción de lixiviados durante los tres primeros años de operación del relleno sanitario es cero. Y muestran en la tabla 10.2.3.1. el resumen de producción de lixiviados.
Al respecto se comenta que la producción de lixiviados y gases es prácticamente inmediata pues la descomposición de la fracción orgánica de los residuos inicia desde el mismo momento en que son producidos en los hogares y residencia de los ciudadanos. El resultado de dichos cálculos pone en tela de juicio a los diseñadores del relleno. Como si lo anterior fuese poco, el mismo EIA contempla en la página 51 (fl. 173) que los materiales orgánicos de rápida descomposición lo hacen entre 3 meses a cinco años.
El evidente la insuficiencia técnica de los diseñadores y calculistas del estudio en cuestión, pues en repetidas ocasiones señalan que la fracción orgánica de los residuos al momento de reaccionar químicamente produce “monóxido de carbono (C02)”. La fracción orgánica de los residuos sólidos producen gas carbónico y no monóxido de carbono como equivocadamente planteo el estudio en cuestión. Este error manifiesta en forma reiterativa.
Pero es aún más grave el hecho que según la tabla 11.2.8.1., durante el primer año de operación del relleno sanitario no hay producción de gases, es decir, la tasa de generación de gas es cero, según el estudio. Esto contradice las más elementales normas de la química orgánica e inorgánica. Al igual que los lixiviados, los gases se producen en forma inmediata y para ello bastaría con revisar la gran literatura que existe, como por ejemplo:
Gestión integral de residuos sólidos, Mcgraw Hill, Tchobanoglous diseño y operación de rellenos sanitarios, Acodal, Hector Collazos, gestión integral de residuos sólidos municipales, Universidad de los Andes - MMA, Eugenio Giralda.
Resulta alarmante que un plano para un relleno sanitario de alta complejidad, haya sido elaborado por ingenieros sin la experiencia suficiente, pero que además, se presenten planos sin escala. Estos dos aspectos se contemplan claramente en los planos:
7-A Tratamiento de lixiviados, zona de pondaje A.
7-B Tratamiento de lixiviados, zona de pondaje A.
8 Detalle del registro de control lixiviados
15 A Localización canal perimetral
En el diseño de los planos anteriores participó la ingeniera Berena Herrera, profesional de ingeniería recién egresada. La totalidad de los planos enunciados están sin escala, por lo tanto estos planos no son definitivos, son simples esquemas inadmisibles para un relleno sanitario de alta complejidad según la norma RAS 2000.
1. El relleno sanitario propuesto por Ingeambiente es clasificado según la norma RAS 2000 como de alta complejidad pero el estudio presentado por dicha firma no lo dice, aclara o sugiere.
2. Existen demasiados errores de cálculo (de cantidades de lixiviados y gases) que afectan los diseños efectuados y ponen en entre dicho la idoneidad de las personas responsables de los cálculos, diseños y planos, violando lo que contempla el artículo 53 del RAS, el cual habla de la calidad de los diseñadores.
3. El personal usado para elaborar los diseños no son los recomendados por el RAS. Para elaborar diseños se contó entre otros, con la ayuda directa de profesionales recién egresados que no tenían la experiencia suficiente para diseñar y efectuar los cálculos pertinentes a una obra de esta magnitud.
2.2.2.1. La Sala advierte que los reparos que el demandante formula contra la licencia ambiental guardan relación con los requerimientos de carácter técnico contenidos la Resolución 1096 de 17 de noviembre de 2000, mediante la cual en el denominado RAS 2000, acto administrativo proferido por el Ministerio de Desarrollo Económico mediante “Por la cual se adopta el reglamento técnico para el sector de agua potable y saneamiento básico - RAS”, en ejercicio de las facultades que le confirió la Ley 142 de 1994 y los artículos 3º y 17 del Decreto 219 de 2000(4).
Este reglamento se dictó con fundamento en las siguientes normas: El artículo 67-1 de la Ley 142 de 1994 que establece que el Ministerio de Desarrollo tendrá, en relación con los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico, la función de señalar los requisitos técnicos que deben cumplir las obras, equipos y procedimientos que utilicen las empresas de servicios públicos del sector, cuando la comisión respectiva haya resuelto por vía general que ese señalamiento es realmente necesario para garantizar la calidad del servicio y no restringe indebidamente la competencia. El artículo 3º del Decreto 219 de 15 de febrero de 2000, por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Desarrollo Económico(5), que le confirió a dicho ministerio competencia para expedir los actos administrativos de carácter general o particular necesarios para el cumplimiento de sus funciones; y el artículo 17-13 ibidem que establece que la dirección general de agua potable y saneamiento básico señalará los requisitos técnicos que deban cumplir las obras, equipos y procedimientos que utilicen las empresas de servicios públicos del sector de agua potable y saneamiento básico, cuando la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico haya resuelto por vía general que ese señalamiento es realmente necesario para garantizar la calidad del servicio y que no implica restricción indebida a la competencia.
Aunque es indudable que el reglamento mencionado establece reglas de carácter técnico que vinculan a la administración en la expedición de las licencias ambientales de los rellenos sanitarios y que su desconocimiento eventualmente viciaría de nulidad dichas licencias, los cargos en estudio no prosperarán por las siguientes razones:
En primer lugar, porque algunas acusaciones se expresan en forma vaga y genérica. Así, las que se limitan a señalar que la parte de costo beneficio del estudio socio-económico del proyecto no se compadece con lo requerido por el artículo 48 del reglamento técnico de saneamiento básico y agua potable y la que califica como insuficiente la argumentación técnica para proponer que se usen los terrenos para ganadería luego de clausurado el relleno sanitario.
En segundo término, porque el actor no aportó pruebas orientadas a desvirtuar el fundamento técnico de las resoluciones demandadas y en el proceso no se decretó ninguna, por lo que no cumplió con la carga de probar que le impone el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.
Así, no se aportó ninguna prueba para demostrar que los profesionales encargados de la elaboración del proyecto sometido a consideración de la corporación autónoma demandada carecieran de la experiencia e idoneidad de exigida por el artículo 6º del reglamento en estudio(6).
Otras acusaciones, que el demandante tampoco respaldó con pruebas orientadas a desvirtuar el fundamento de las resoluciones demandadas, atañen a la presunta violación de los requerimientos puramente técnicos del reglamento señalado, relacionados con la forma de impermeabilización aplicable al relleno sanitario; especificaciones concernientes a la construcción relacionadas con la hidratación o deshidratación del suelo; la preparación de la superficie y la colocación, compactación y protección del suelo; materiales de cobertura del relleno atendiendo los niveles de complejidad; al manejo de lixiviados en la etapa de operación del rellano(sic) y de gases y a la forma de presentación de los planos.
Para decidir cargos como los enunciados, relacionados con asuntos cuyo planteamiento y solución requiere de conocimientos técnicos y científicos especializados, el juez necesita apoyarse en los dictámenes de expertos en esas materias que el demandante no aportó.
De allí que el actor deba asumir la consecuencia de no haber cumplido con la carga de la prueba que le imponía el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.
PRIMERO. Se deniegan las pretensiones de la demanda.
(1) Diario Oficial 41.146, de 22 de diciembre de 1993.
(2) Sentencias de 2 de agosto de 1990. Expediente 1482, consejero ponente Pablo Cáceres Corrales y de octubre 29 de 1996, Sala Plena, Expediente S-404, consejero ponente Daniel Suarez Hernández, reiterada, entre otras sentencias de esta corporación en la de 20 de febrero de 1997 de la Seccion Primera, consejero ponente Ernesto Rafael Ariza Muñoz.
(3) Diario Oficial 43.340, del 15 de julio de 1998.
(4) ART. 17.—Direccion general de agua potable y saneamiento básico. Son funciones de la dirección general de agua potable y saneamiento básico, las siguientes: 13. Señalar los requisitos técnicos que deban cumplir las obras, equipos y procedimientos que utilicen las empresas de servicios públicos del sector de agua potable y saneamiento básico, cuando la comisión de regulación de agua potable y saneamiento básico haya resuelto por vía general que ese señalamiento es realmente necesario para garantizar la calidad del servicio y que no implica restricción indebida a la competencia.
(5) Publicado en el Diario Oficial 43.897 del 17 de febrero de 2000.
(6) ART. 5º—Idoneidad y experiencia de los profesionales: Las autoridades territoriales y/o empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, exigirán para la ejecución de diseños, consultorías, interventorías, obras y servicios propios del sector que la persona natural o jurídica ejecutora acredite los requisitos de idoneidad y experiencia fijados en el presente reglamento técnico.

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 3
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 73
 artículo 73
 artículo 50
 artículo 73
 artículo 136
 artículo 7
 artículo 330
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 35
 artículo 76
 artículo 330
 artículo 189
 artículo 330
 artículo 15
 artículo 44
 artículo 76
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 17
 artículo 2
 artículo 177
 artículo 3
 artículo 3
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 30
 artículo 48
 artículo 53
 Resolución 
 artículo 67
 artículo 3
 artículo 17
 artículo 48
 artículo 177
 artículo 6
 artículo 177