Source: http://competenciard.blogspot.com/2016/10/evaluacion-de-las-practicas-concertadas_21.html
Timestamp: 2018-05-27 03:49:57+00:00

Document:
Derecho de Defensa a la Competencia en la República Dominicana: Evaluación de las prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos tipificados en la Ley No. 42-08
Evaluación de las prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos tipificados en la Ley No. 42-08
Recientemente la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) publicó una serie de documentos, entre los cuales se encuentra la Serie 02 de Fichas Técnicas de la Ley 42-08 titulada "Prácticas Concertadas y Acuerdos Anticompetitivos. Artículo 5 de la Ley No. 42-08"[1] (en adelante la "Ficha Técnica").
Este documento recoge la orientación institucional que adoptará la Comisión en la aplicación de las disposiciones del artículo 5 de la Ley General de Defensa de la Competencia No. 42-08 (en adelante la "Ley 42-08"), el cual tipifica las prácticas concertadas y acuerdos anticompetitivos en los siguientes términos:
La regla per se, en cambio, basa el análisis de las conductas presuntamente anticompetitivas en la verificación de ciertos elementos formales establecidos en la ley. Si la conducta examinada reúne esos criterios formales, se considerará ilícita sin necesidad de que la autoridad de competencia tenga que probar sus efectos en el mercado. Tal como señala Piercechi (2011):
“Según la regla per se algunos acuerdos anticompetitivos deben considerarse ilegales por sí mismos, de manera objetiva, absoluta y automática, sin importar su idoneidad o no, o si produjeron o no efectos perjudiciales en el mercado, motivo por el cual siempre serán sancionables. En otras palabras, bajo la regla per se ciertos acuerdos anticompetitivos en la modalidad de, por ejemplo, concertación de precios, revisten un carácter ilegal inherente debido a que no puede esperarse del mismo efecto beneficioso alguno, sino únicamente perjuicios para la competencia. Por este motivo, la autoridad de competencia puede prescindir de cualquier evaluación sobre su idoneidad o no, lo que equivale a descartar argumentos o medios probatorios de la defensa, destinados a justificar el acuerdo en virtud a su racionabilidad u otros criterios.”[4]
Al adoptar la regla per se como metodología de evaluación de las prácticas concertadas, la Comisión se ciñe el criterio de organismos internacionales con mucha autoridad en esta materia, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), la cual considera la fijación de precios, repartición de mercado, limitar la producción y colusión en licitaciones públicas como carteles duros ("hardcore cartels")[5]. La adopción de esta metodología se considera particularmente adecuada para autoridades de competencia que se estrenan en su labor de prevenir, investigar y sancionar prácticas anticompetitivas, ya que la regla per se simplifica su labor al requerir simplemente probar la existencia de la práctica anticompetitiva y la configuración de los elementos formales que tipifican la conducta, sin necesidad de tener que acudir a los complejos procedimientos que conlleva probar sus efectos en el mercado.
La publicación de la Ficha Técnica por parte de la Comisión resulta sumamente oportuna y pertinente, ya que la orientación que tomaría la institución en cuanto a la evaluación de las prácticas concertadas y acuerdos restrictivos de la competencia no era suficientemente clara hasta la publicación de la Ficha Técnica. La cuestión resultaba particularmente interesante debido a que, en primer lugar, la redacción del texto legal previsto en la parte in fine del numeral 1 del artículo 7 de la Ley 42-08 deja abierta la posibilidad de que cierto tipo de acuerdos entre competidores (acuerdos horizontales) -que en principio caerían dentro de las conductas tipificadas en el artículo 5 de la Ley 42-08- puedan estar justificados porque "sean accesorias o complementarias a una integración o asociación convenida que haya sido adoptada para lograr una mayor eficiencia de la actividad productiva o para promover la innovación o la inversión productiva". En segundo lugar, porque el artículo 43 numeral 1 de la Ley 42-08[6] exige que una vez instruido el expediente sancionador de una conducta que haya sido investigada por la Dirección Ejecutiva de la Comisión, el mismo deberá ser sometido al Consejo Directivo acompañado de un informe que exprese, entre otras cosas taxativamente señaladas en dicho texto legal, "los efectos producidos en el mercado" por la conducta bajo escrutinio.
“En este sentido, para analizar estas conductas se debe comprobar que la conducta es realizada por agentes económicos competidores entre sí (actuales o potenciales) y que se ha cometido un acto, convenio o acuerdo con el objeto de realizar alguna de las conductas anticompetitivas tipificadas en la Ley."[9]
"1) El primer paso en el análisis de este tipo de prácticas es determinar si los participantes del acuerdo son o no competidores entre sí, para lo cual es suficiente con una definición básica del mercado relevante. Este ejercicio es bastante más simple que el realizado para efectos de las conductas de abuso de posición dominante contenidas en el artículo 6 de la Ley.
[2] Addyston Pipe & Steel Co., vs. United States, 175 U.S. 211 (1899)
[6] Ley 42-08: “Artículo 43.- Instrucción del expediente sancionador. La instrucción del expediente cumplirá con el procedimiento siguiente: 1. Informe de instrucción. Una vez instruido el expediente, la Dirección Ejecutiva lo remitirá al Consejo Directivo, acompañándolo de un informe que exprese las conductas observadas, las evidencias que la demuestran, sus antecedentes, sus autores, los efectos producidos en el mercado, la calificación que le merezcan los hechos y las responsabilidades que corresponden a los autores...”
Publicadas por Merielin Almonte a la/s 08:00
Etiquetas: acuerdos anticompetitivos, carteles, colusión, prácticas concertadas, regla de la razón, regla per se

References: Artículo 5
 artículo 5
in fine
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 43
 artículo 6