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Timestamp: 2019-07-23 00:56:05+00:00

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BOC - 2017/093. Martes 16 de Mayo de 2017 - Anuncio 2325
2017/093. Martes 16 de Mayo de 2017
BOC Nº 93. Martes 16 de Mayo de 2017 - 2325
2325 DECRETO 153/2017, de 8 de mayo, por el que se modifica el Reglamento de la Ley por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, aprobado por el Decreto 136/2007, de 24 de mayo.
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BOC-A-2017-093-2325. Firma electrónica - Descargar
El 14 de febrero de 2015 entró en vigor la Ley 2/2015, de 9 de febrero, por la que se modifica la Ley 1/2007, de 17 de enero, reguladora de la Prestación Canaria de Inserción, por la que se ha dado nueva redacción, total o parcialmente, a los artículos 1, 2, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 30, 32, 40, 41 y 42, y se añaden como nuevos los artículos 43 y 44.
La Disposición final segunda de la citada Ley 2/2015, de 9 de febrero, establece que el Gobierno de Canarias, en un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la ley, a propuesta de la persona titular de la Consejería con competencias en políticas sociales, dictará las disposiciones reglamentarias necesarias para la adecuación, así como la modificación, o en su caso, la sustitución del Decreto 136/2007, de 24 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción para su adaptación a las modificaciones introducidas en dicha Ley.
En el presente Decreto se introducen, pues, los cambios necesarios en el Reglamento para la aplicación de la Ley reguladora de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) en su redacción vigente, y que se centran en las siguientes novedades: la aparición de la nueva figura de personas en riesgo de exclusión social, entendidas como aquellas personas que se han quedado desempleadas, que se encuentren en edad laboral y reúnen condiciones legales para su contratación; la nueva definición y requisitos que habrán de cumplir las unidades de convivencia; lo que deba entenderse por alojamiento, no solo en viviendas sino en cualquier espacio habitacional; el renovado carácter de subsidiaridad de la prestación; la necesaria agilización y reducción de cargas del procedimiento; potencia la figura de suspensión del plazo para dictar y notificar la resolución a través del requerimiento cuando con la documentación aportada no se hallen suficientemente acreditados los extremos necesarios para resolver; la introducción de un nuevo capítulo dedicado al procedimiento de reintegro de las prestaciones indebidamente percibidas sin la exigencia de intereses de demora para los casos de personas con derecho a estas prestaciones; y en fin, las actuaciones de los servicios sociales municipales en el seguimiento de las actividades de inserción y, a nivel orgánico, nueva regulación de la Comisión técnica de coordinación y de la Comisión sectorial de seguimiento y comunicación interadministrativa, y la fijación de los parámetros de la financiación para el ejercicio de las competencias municipales.
Por otro lado, para su adaptación a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la regulación del procedimiento de solicitud de la PCI, en ausencia de oposición de la persona interesada, las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, lo que facilitará con carácter general la tramitación de las solicitudes al no tener que aportar documentos o datos que pueden ser recabados de oficio, por cuanto se presume que la consulta u obtención de los mismos, se halla autorizada por las personas interesadas, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En virtud de los principios de necesidad y eficacia, esta iniciativa normativa se halla justificada por una razón de interés general que se concreta en adaptar y poner al día el reglamento ejecutivo de la PCI a los cambios introducidos en la Ley 2/2015, de 9 de febrero, por la que se modifica la Ley 1/2007, de 17 de enero, reguladora de la Prestación Canaria de Inserción; al basarse en una identificación clara de los fines perseguidos, tales como los ya citados de la aparición de la nueva figura de personas en riesgo de exclusión social; la nueva definición y requisitos que habrán de cumplir las unidades de convivencia; lo que deba entenderse por alojamiento, no solo en viviendas sino en cualquier espacio habitacional; o el facilitar con carácter general la tramitación de las solicitudes al no tener que aportar documentos o datos que pueden ser recabados de oficio, etc., y ser el presente Decreto el instrumento más adecuado para garantizar su consecución, dado que el rango normativo ha de mantenerse a fin de proceder a modificar parcialmente el vigente reglamento, aprobado por el citado Decreto 136/2007, de 24 de mayo.
En su virtud, a propuesta conjunta del Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad y de la Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, de acuerdo con el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, y previa deliberación del Gobierno en sesión celebrada el día 8 de mayo de 2017,
Artículo único.- Aprobación de la modificación del Reglamento de la Ley por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción.
Modificar el Reglamento aprobado por el Decreto 136/2007, de 24 de mayo, de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, modificada por la Ley 2/2015, de 9 de febrero (en adelante, la Ley), en los siguientes términos:
Uno.- Se modifica el artículo 2, quedando con la siguiente redacción:
"Artículo 2.- Programación de actividades de inserción.
1. La percepción de la ayuda económica básica de la Prestación Canaria de Inserción estará condicionada a la realización de las actividades de inserción necesarias y adecuadas para posibilitar la inserción social, laboral, educativa, o mejorar aquellas existentes relativas al estado de salud o de la vivienda de las personas beneficiarias. Estas actividades estarán orientadas a mejorar la calidad de vida y el pleno ejercicio de los derechos considerados fundamentales de la persona que solicite la ayuda y de los miembros que componen su unidad de convivencia.
2. Podrá exonerarse de la realización de actividades de inserción a aquellas personas beneficiarias con graves problemáticas de salud -mental, física o sensorial-, siempre que se informe mediante las correspondientes certificaciones médicas que la realización de las actividades de inserción diseñadas serían contraproducentes para la terapia que hayan de llevar tales personas en el tratamiento de su enfermedad o que pudieran causar trastornos psicoemocionales o psicofísicos que agravarían el estado de salud de las mismas. En estos supuestos, se promoverá, si fuera factible, la participación en programas preventivos, de promoción de hábitos saludables de vida y de modificación de conductas de riesgo, así como el tratamiento específico de enfermedades o patologías detectadas.
El personal de trabajo social de los servicios sociales municipales realizará el correspondiente acompañamiento social y seguimiento de cada caso a fin de intervenir en la situación y observar las variaciones que puedan implicar un replanteamiento del programa.
3. Para las personas beneficiarias de la prestación mayores de 65 años las actividades de inserción se orientarán a la participación o inclusión en los recursos sociales y sociosanitarios destinados a las personas mayores.
4. Para las personas en situación de riesgo de exclusión social definidas en el artículo 1 de la Ley, las actividades de inserción irán orientadas principalmente a la inserción o integración laboral y búsqueda activa de un empleo, mediante acciones tendentes a facilitar su reincorporación al mercado laboral."
Dos.- Se modifica el artículo 3, cuya redacción queda en los siguientes términos:
"Artículo 3.- Titular y persona beneficiaria.
1. En el supuesto de que en una misma unidad de convivencia existieran varias personas que pudieran ostentar la condición de titular, dicha condición recaerá sobre quien cumpliendo los requisitos exigidos solicite la prestación en primer lugar. En el supuesto de interesarse al mismo tiempo por dos o más personas de la unidad, será titular, de manera prioritaria, aquel que, con capacidad de obrar, tenga mayor edad. No obstante si existiera alguna causa sobrevenida que aconsejara no otorgar a dicha persona la condición de titular de la ayuda económica, se deberá valorar, por medio de los informes pertinentes, la posibilidad de que dicha condición recaiga en otra persona de la unidad de convivencia interesada en esta prestación si fuera mayor de edad y tuviera plena capacidad de obrar. En ese supuesto, se formulará nueva solicitud por parte de la persona que pudiera ostentar esa condición de titular de la prestación.
Podrán ser causas sobrevenidas a que se refiere el párrafo anterior, entre otras, el fallecimiento de la persona solicitante inicial de la prestación o su cambio de domicilio fuera de la Comunidad Autónoma de Canarias, la ausencia de la persona titular de su vivienda o alojamiento por un plazo superior a un mes, salvo hospitalización u otra causa justificada, la declaración legal de incapacidad de la persona titular, así como la inhabitabilidad acreditada de la vivienda o la necesidad de su abandono que pudiera afectar a todos los miembros de la unidad de convivencia.
En el caso de las personas menores de veinticinco años sin hijos que estuvieron en situación o en riesgo de exclusión social, deberá acreditarse en el correspondiente informe social municipal, que en el momento de la solicitud se encuentran en situación o en riesgo de exclusión social, y excepcionalmente, en alguna de las situaciones de extrema necesidad que se recogen en el apartado 3 de este artículo y que queden acreditadas en el expediente.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley, son personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción los miembros de la unidad de convivencia de la persona que solicite la ayuda económica básica.
3. Excepcionalmente, y por causas objetivamente justificadas en el expediente, podrán ser beneficiarias de la ayuda económica básica aquellas unidades de convivencia en las que, aun no cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Ley, se encuentren en alguna de las siguientes situaciones de extrema necesidad:
a) Las personas sin hogar, entendiendo como tales a las personas en situación de exclusión social o riesgo de estarlo, que carezcan de alojamiento estable, adecuado, habitable y adaptado, así como de redes de apoyo personal o familiar.
b) La existencia de procesos de desahucio o de situaciones sobrevenidas por razones de fuerza mayor, accidentes o estragos que, debidamente justificadas y acreditadas, imposibiliten o dificulten a la unidad de convivencia continuar con su residencia en la vivienda habitual.
c) Las víctimas de maltrato doméstico, violencia de género o intragénero, que tengan acreditada tal situación mediante resolución judicial, orden de protección dictada por el Juez y/o informe del Equipo Especializado de Atención a la Mujer Víctima de Violencia de Género y/o conflicto familiar.
d) La existencia en la unidad de convivencia de menores con medidas de protección de las Administraciones Públicas y en seguimiento por los departamentos de menores de las mismas, siempre que la intervención con la familia a través de los planes de inserción pueda suponer un refuerzo para la integración social de los menores.
e) La existencia de conflictos en la convivencia de tal índole, que o bien hayan sido denunciados judicialmente o exista un seguimiento por profesionales mediadores en conflictos familiares, acreditándose tal situación.
f) La imposibilidad con carácter temporal de acceder a rentas o ingresos que permitan la subsistencia de la economía familiar, debido a una situación de extrema necesidad económica sobrevenida o por tener que dedicar gran parte de la actividad diaria a afrontar el cuidado de graves problemas de salud personales o de algún miembro de la unidad de convivencia, siempre que los mismos no estén siendo atendidos a través de otras prestaciones específicamente otorgadas al efecto.
4. Las situaciones de extrema necesidad previstas en el apartado anterior, deberán ser objetivamente justificadas y acreditadas en el informe social que deberá emitir la Administración municipal, pudiendo el Centro Directivo competente en materia de servicios sociales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, solicitar cuantos informes complementarios o aclaratorios considere convenientes, así como recabar informes que avalen la extrema necesidad. La resolución que se dicte por el citado Centro Directivo se motivará en la existencia o no de alguna de las citadas situaciones.
El personal técnico de trabajo social de los Ayuntamientos, en la fase de inicio del procedimiento y a través de la aplicación informática de gestión de la Prestación Canaria de Inserción, identificarán aquellas solicitudes en las que se detecten una o varias de las situaciones excepcionales de extrema necesidad previstas en el apartado anterior, al objeto de su tramitación preferente, dejando constancia de ello mediante resolución motivada dictada por la persona titular del Centro Directivo, al amparo del artículo 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5. Podrán ser beneficiarias de los programas específicos de actividades de inserción todas aquellas personas que reuniendo los restantes requisitos establecidos en el artículo 7 de la Ley, solo pudieran acreditar por cualquier medio de prueba válido en derecho residir de forma ininterrumpida en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma como mínimo, y en su totalidad, el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud. A los citados programas de inserción podrá acogerse el conjunto de personas que forman la unidad de convivencia beneficiaria."
Tres.- Se modifica el artículo 4, cuya redacción queda en los siguientes términos:
1. Se considerará unidad de convivencia a los efectos previstos en la Ley y a este Reglamento, al núcleo familiar constituido por la persona solicitante y, en su caso, a quienes convivan con ella en una misma vivienda o espacio habitacional, ya sea por unión matrimonial o por cualquier otra forma de relación estable análoga a la conyugal, por parentesco civil de consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado en línea recta y colateral, o por adopción, tutela o acogimiento familiar.
A los efectos previstos en la Ley y en este Reglamento, se considerarán:
2. Igualmente y a instancia de la persona interesada, podrán formar otra unidad de convivencia independiente, las personas que, estando emparentadas con quienes residan en su misma vivienda o espacio habitacional según las relaciones establecidas en el apartado anterior, tengan a su cargo hijos o hijas menores de edad, o tutelados o en régimen de acogimiento familiar, o tengan a su cargo personas con discapacidad en grado igual o superior al 33% o personas dependientes reconocidas en los grados III o II.
Formarán parte de estas unidades de convivencia independientes el padre o la madre, quienes estén unidos a ellos por vínculo matrimonial o por cualquier forma de relación estable análoga a la conyugal, sus respectivos hijos e hijas menores de edad, tutelados o en régimen de acogimiento familiar, las personas con discapacidad en grado igual o superior al 33% o personas dependientes reconocidas en los grados III o II que tengan a su cargo, así como, en su caso, sus parientes por afinidad hasta el segundo grado en línea recta o colateral.
3. El que en una misma vivienda o espacio habitacional puedan alojarse dos o más unidades de convivencia, aunque estén emparentadas según las relaciones establecidas en los apartados 1 y 2 de este artículo, no será obstáculo para que cada una de ellas pueda ser beneficiaria de las ayudas reguladas en la Ley. En ningún caso, una misma persona podrá formar parte simultáneamente de más de una unidad de convivencia. En el supuesto de menores de edad con guardia y custodia compartida entre ambos progenitores, se integrarán en la unidad de convivencia del progenitor con el que se hallen empadronados.
La unidad de convivencia beneficiaria de la Prestación Canaria de Inserción no perderá dicha condición ni el derecho a la percepción de la ayuda, mientras se vea obligada socialmente a habitar de manera temporal, ya sea en establecimientos colectivos de titularidad pública, en entidades de cooperación social o en el domicilio de otra persona, por causas de fuerza mayor, situación sobrevenida, accidente o desahucio, considerándose situaciones sobrevenidas aquellas que, debidamente justificadas y acreditadas, imposibiliten la habitabilidad de la vivienda o aconsejen el abandono de la misma.
4. Una vez finalizado el período de duración y renovación, en su caso, de la ayuda económica básica, o extinguida esta, la misma unidad de convivencia no podrá ser beneficiaria de la prestación con motivo de otra solicitud."
Cuatro.- Se modifica el artículo 5, cuya redacción queda de la siguiente forma:
"Artículo 5.- Modalidades de alojamiento.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.5 de la Ley, quedan excluidos de la noción de vivienda o espacio habitacional, los centros penitenciarios y los centros residenciales para personas mayores, personas con discapacidad y comunidades terapéuticas para personas drogodependientes y centros de internamiento de similar naturaleza. También quedan excluidos de la noción de vivienda o espacio habitacional los espacios físicos integrados en los siguientes centros:
- Centros de internamiento de personas extranjeras (CIES), centros de estancia temporal de inmigrantes (CITE) u otras plazas específicas de acogida a inmigrantes.
2. Se considera vivienda o espacio habitacional, además de las viviendas estimadas como tales a efectos catastrales y a los espacios construidos de manera improvisada, a fin de ser usado como aposento o residencia, a aquellos habitáculos que, utilizados de forma independiente, están integrados en los siguientes marcos físicos de residencia colectiva:
- Centros o viviendas de acogida a mujeres maltratadas de titularidad pública y demás centros sociales de acogida temporal no incluidos en el apartado anterior, de carácter público o de titularidad privada, cuando por el personal técnico de trabajo social municipal o del Equipo Especializado de Atención a la Mujer Víctima de Violencia de Género o de conflicto familiar se informe que la percepción de la prestación contribuirá al abandono del centro y a su inserción social durante el periodo de percepción de la misma.
- Pensiones o apartamentos existentes a la entrada en vigor del Decreto 142/2010, de 4 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad Turística de Alojamiento y se modifica el Decreto 10/2001, de 22 de enero, por el que se regulan los estándares turísticos.
3. Teniendo en cuenta que la ayuda económica básica se otorga en beneficio de todos los miembros de la unidad de convivencia la persona solicitante para satisfacer las necesidades contempladas en el artículo 142 del Código Civil, no se podrá percibir en una misma vivienda o espacio habitacional más de una ayuda económica básica, excepto en los siguientes supuestos:
a) En aquellos habitáculos integrados en residencia colectiva contemplados en el apartado anterior que permitan el alojamiento de dos o más personas, en cuyo caso cada una de ellas podrá tener derecho a la Prestación si no estuviesen incluidos en una misma unidad de convivencia, en los términos del artículo 4.1 y 4.2 de la Ley.
b) Cuando convivan en una misma vivienda o espacio habitacional unidades de convivencia independientes, en los términos establecidos en el artículo 4.2 de la Ley."
Cinco.- Se modifica el artículo 6, cuya redacción queda en los siguientes términos:
"Artículo 6.- Naturaleza de la ayuda.
2. La ayuda económica básica tendrá carácter intransferible y no podrá ofrecerse en garantía de obligaciones ni ser objeto de cesión."
Seis.- Se modifica el artículo 7, cuya redacción queda en los siguientes términos:
"Artículo 7.- Subsidiariedad y complementariedad.
h) El resto de las pensiones del sistema de la Seguridad Social o de cualquier otro régimen público de protección social, hasta el límite de la cuantía de ayuda económica básica que correspondería a la unidad de convivencia."
Siete.- Se modifica el artículo 8, cuya redacción queda como sigue:
"Artículo 8.- Empadronamiento y residencia.
2. Con carácter general, dichas circunstancias se acreditarán por medio del Padrón Municipal de habitantes. A estos efectos, la Administración municipal correspondiente incorporará al expediente el pertinente certificado de empadronamiento o mediante la consulta al sistema automático de acreditación de residencia de la Administración General del Estado, que incluirá la relación de todas las personas que convivan en el domicilio. A falta de dicha certificación o consulta positiva, la residencia ininterrumpida durante el año anterior a la solicitud, se acreditará por cualquier otro medio de prueba válido en Derecho."
Ocho.- Se modifica el artículo 9, cuya redacción queda en los siguientes términos:
"Artículo 9.- Recursos económicos suficientes.
d) Rentas derivadas de donaciones, herencias y legados."
Nueve.- Se modifica el artículo 10, con la siguiente redacción:
"Artículo 10.- Criterios interpretativos sobre la suficiencia económica.
2. Se entenderá demostrada la suficiencia de recursos económicos en caso de pensión alimenticia reconocida judicialmente, cuyo importe mensual supere al de la ayuda económica básica que pudiera corresponder a la unidad de convivencia en el mismo periodo, excepto en el supuesto de incumplimiento de la oportuna resolución judicial por la persona obligada a prestarla."
Diez.- Se modifica el artículo 11, cuya redacción queda en los siguientes términos:
"Artículo 11.- Solicitud, documentación e informe social.
6. El informe social que habrá de remitirse desde la Administración municipal conjuntamente con la solicitud y la documentación reseñada se ajustará al modelo normalizado que a tal efecto se apruebe por orden departamental de la Consejería competente en materia de servicios sociales."
Once.- Se modifica el artículo 13, cuya redacción queda en los siguientes términos:
"Artículo 13.- Caducidad del procedimiento.
4. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes."
Doce.- Se modifica el artículo 15, cuya redacción queda como sigue:
"Artículo 15.- Resolución del procedimiento.
La resolución se notificará a la Administración municipal correspondiente, a los efectos de que, si las personas interesadas no se hubiesen personado ante la misma en el plazo de los diez días siguientes contados a partir de su recepción, se les requiera, con la advertencia de que transcurridos tres meses se producirá la caducidad del procedimiento. Obtenida la aceptación del programa específico de actividades de inserción, se remitirá inmediatamente la misma al Centro Directivo competente en materia de servicios sociales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, que tramitará el pago de la ayuda."
Trece.- Se modifica el artículo 16, cuya redacción queda en los siguientes términos:
"Artículo 16.- Modificación, suspensión y extinción de la prestación.
Operará igualmente el mecanismo de la sustitución respecto a la persona solicitante, si dichas circunstancias se producen antes de dictar la resolución que ponga fin al procedimiento y la nueva persona que sustituya a la solicitante acepte expresamente su designación en el plazo de quince días desde que se notifique la propuesta de resolución."
Catorce.- Se modifica el artículo 17 cuya redacción queda como sigue:
"Artículo 17.- Renovación de la prestación.
5. El Centro Directivo competente en materia de servicios sociales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, emitirá la resolución que proceda sobre la citada renovación excepcional."
Quince.- Se añade al Título II un nuevo Capítulo V, con la siguiente rúbrica:
REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS".
Dieciséis.- Se añade un nuevo artículo 17-bis con la siguiente redacción:
"Artículo 17-bis.- Reintegro de prestaciones indebidamente percibidas.
Cuando se comprobara la percepción de cantidades indebidamente percibidas, de conformidad con el artículo 24 de la Ley, por el Centro Directivo competente en materia de servicios sociales se procederá a requerir a la persona beneficiaria de la Prestación el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas."
Diecisiete.- Se añade un nuevo artículo 17-ter con la siguiente redacción:
"Artículo 17-ter.- Procedimiento para el reintegro de prestaciones indebidamente percibidas.
5. Contra las resoluciones por las que se acuerde el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas procederán los recursos pertinentes."
Dieciocho.- Se añade un nuevo artículo 17-quáter con la siguiente redacción:
"Artículo 17-quáter.- Compensación de cantidades indebidamente percibidas.
Diecinueve.- Se modifica el artículo 18, cuya redacción queda en los siguientes términos:
"Artículo 18.- Actuaciones de los servicios sociales municipales y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
1. Los profesionales vinculados al área de trabajo social de la Administración municipal donde se solicitó la ayuda económica básica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.1 de la Ley, elaborarán los programas específicos de inserción dirigidos a la unidad de convivencia de la persona que solicite la prestación, en coordinación con profesionales de las áreas locales de sanidad, educación, vivienda, empleo y desarrollo local, ajustándose al modelo que se regulará mediante orden departamental.
2. Para la elaboración de dichos programas se partirá de un análisis DAFO de la situación en el que se recogerán las debilidades y amenazas de la unidad convivencial y de sus miembros, del mismo modo que las fortalezas y oportunidades tanto de aquella como de las redes sociales, de la comunidad, vecindario o municipio en el que estén ubicados. Este análisis DAFO concluirá en un juicio diagnóstico y en unas propuestas en relación, tanto con la ayuda económica que se solicita, como con los objetivos de las actuaciones de integración que precisan.
Los programas han de constar de objetivos específicos a lograr por áreas de intervención, de los medios adecuados y concretos a emplear y del orden temporal de la intervención.
3. Los programas deben contar con el consentimiento previo de las personas beneficiarias de la ayuda económica básica, en los términos señalados en los artículos 12.5 y 27.3 de la Ley.
4. El itinerario personalizado ha de evaluar sistemáticamente la situación inicial de exclusión social o de riesgo de estarlo, el grado de consecución de los objetivos propuestos, la eficacia de los medios implicados así como el grado de implicación de las personas beneficiarias, debiéndose articular en su caso las modificaciones oportunas, tanto en el diagnóstico de la situación y propuestas de ayuda como en los objetivos de intervención y acciones concretas.
La revisión se ha de hacer trimestralmente y debe contar con la activa participación de las personas beneficiarias de la Prestación con programas de integración. Cuando los programas sean sustancialmente modificados deberán contar con el consentimiento expreso de la persona beneficiaria al plan modificado.
5. El Centro Directivo competente en materia de servicios sociales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, de acuerdo con el artículo 38 de la Ley, comprobará la adecuación de las actuaciones de integración contempladas en los itinerarios de inserción en relación con la problemática y necesidades detectadas en el análisis DAFO, así como la efectiva ejecución de las medidas de integración, su evaluación y, en su caso, modificación. Del mismo modo asesorará, apoyará y promoverá la formación y supervisión específica en favor de los profesionales de los servicios sociales municipales asociados a la elaboración y puesta en práctica de los planes de inserción de las personas beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción."
Veinte.- Se modifica el artículo 20, cuya redacción queda en los siguientes términos:
"Artículo 20.- Subvenciones destinadas a programas y proyectos de inserción.
La Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias financiará, a través del organismo autónomo competente en materia de empleo y de la Consejería competente en materia de servicios sociales, la ejecución y desarrollo de proyectos y programas de inserción. Los programas y proyectos tendrán carácter anual o plurianual en función de sus características y contenidos, los perfiles de los participantes y las necesidades en tiempo e intensidad que requiera la intervención social. Los programas y proyectos estarán orientados según criterios diseñados acordes con las necesidades detectadas y del mismo modo la zonificación de los mismos será acorde con la ubicación de la problemática social o laboral."
Veintiuno.- Se modifica la denominación del Título V, con la siguiente rúbrica:
COMUNICACIÓN, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y FINANCIACIÓN"
Veintidós.- Se modifica el artículo 34 cuya redacción queda de la forma siguiente:
"Artículo 34.- Comisión técnica de coordinación.
1. Se crea la Comisión técnica de coordinación al objeto de coordinar las acciones de los órganos de las administraciones implicadas en la aplicación de la Ley.
3. Estará presidida por la persona titular de la dirección general competente en materia de servicios sociales de la Administración de la Comunidad Autónoma e integrada por:
- Un representante designado por la dirección del Servicio Canario de Empleo.
- Un representante designado por la Consejería competente en materia de educación.
- Un representante designado por la dirección del Servicio Canario de la Salud.
- Un representante designado por la dirección del Instituto Canario de la Vivienda.
- Dos representantes designados por la Consejería competente en materia de servicios sociales, uno de los cuales actuará como Secretario.
- Tres representantes de los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias, designados por la Federación Canaria de Municipios o la asociación de municipios más representativa.
4. Serán funciones de la Comisión técnica de coordinación:
a) Coordinar la acción de las diferentes Administraciones Públicas implicadas en la aplicación de la Ley.
b) Promover la elaboración de programas dirigidos a favorecer la inserción social, laboral, profesional, ocupacional y educativa de las personas beneficiarias de la prestación cuyo contenido se dirija a la realización de las acciones previstas en el artículo 19 del presente reglamento, en los que se tenga en cuenta la zonificación territorial ya establecida en materia de salud, empleo o educación y las propuestas de las Administraciones locales sobre tal zonificación.
c) Proponer el presupuesto de gastos del programa presupuestario de carácter transversal previsto en el artículo 42 de la Ley, a cuyos fines evaluará la necesidad de ayudas económicas directas para:
- Realización de políticas de empleo.
- Escuelas infantiles destinadas a los menores de tres años que estén al cuidado de perceptores de la prestación que hayan de realizar actividades de inserción.
- Creación de actividades complementarias en centros educativos, que permitan ampliar el horario escolar de los hijos de las personas beneficiarias de la prestación que realicen actividades de inserción.
- Cuidado y atención de personas dependientes que estén a cargo de las beneficiarias de la prestación mientras estos realicen actividades de inserción.
- Transporte colectivo, para desplazamientos de la persona beneficiaria al lugar donde haya de realizar las actividades de inserción.
- Acceso a la formación en entidades privadas o públicas.
- Cobertura de gastos de alquiler de vivienda o los suministros de esta.
- Gastos sanitarios y farmacéuticos.
- Otras necesidades de cuya cobertura económica dependiera la eficacia de las acciones de inserción diseñadas.
d) Diseñar soluciones globales para atender a las unidades de convivencia que han percibido la ayuda económica básica durante veinticuatro mensualidades y continuasen en situación de necesidad.
5. La Comisión técnica de coordinación, una vez constituida, acordará sus normas de funcionamiento interno. Deberá reunirse, al menos, una vez cada semestre.
6. Sin perjuicio de las peculiaridades que, en su caso, pudieran preverse en sus normas de funcionamiento interno, la Comisión técnica de coordinación se ajustará a las normas de organización y funcionamiento establecidas para los órganos colegiados en la legislación reguladora del régimen jurídico del sector público."
Veintitrés.- Se modifica el artículo 35 cuya redacción queda de la forma siguiente:
"Artículo 35.- Comisión sectorial de Seguimiento y Comunicación interadministrativa.
1. Se crea la Comisión sectorial de Seguimiento y Comunicación interadministrativa de la Prestación Canaria de Inserción al objeto de hacer un seguimiento de las medidas establecidas en la Ley y en este Reglamento.
2. La Comisión sectorial de Seguimiento y Comunicación interadministrativa de la Prestación Canaria de Inserción queda adscrita a la Consejería competente en materia de servicios sociales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y realizará el estudio y programación en relación a las actividades de inserción establecidas en el Título III de la Ley y en el mismo Título de este Reglamento.
Dicha comisión actuará como órgano de participación de los interlocutores sociales y como órgano de consulta y asesoramiento para el desarrollo de las mencionadas medidas, y actuará con el carácter de comisión sectorial de las previstas en el artículo 19 de la Ley 9/1987, de 28 de abril, de Servicios Sociales, a fin de asesorar al Consejo General de Servicios Sociales.
La Comisión podrá dictar un reglamento de régimen interno para regular su funcionamiento, de conformidad con las disposiciones sobre órganos colegiados de la legislación estatal sobre Régimen Jurídico del Sector Público.
3. Estará presidida por el titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias e integrada por:
a) Ocho representantes de las Administraciones públicas designados de entre los miembros del Consejo General de Servicios Sociales y distribuidos de la siguiente forma:
- Un representante de la Consejería competente en materia de servicios sociales.
- Un representante de la Consejería competente en materia de empleo.
- Un representante de la Consejería competente en materia de salud.
- Tres representantes de los municipios de la Comunidad Autónoma de Canarias, a propuesta de la Federación Canaria de Municipios o la asociación de municipios más representativa.
b) Ocho representantes de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias: cuatro representantes por las organizaciones sindicales y cuatro representantes por las organizaciones empresariales, designados por los respectivos órganos de gobierno de cada organización de entre los miembros del Consejo General de Servicios Sociales.
c) Dos representantes de los Colegios Oficiales de Trabajadores Sociales, correspondiendo uno a cada provincia, designados de entre los miembros del Consejo General de Servicios Sociales.
4. La Secretaría, con voz pero sin voto, la desempeñará quien designe la persona titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, pudiéndola asumir un miembro del propio órgano o una persona al servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
5. Corresponde a la Comisión llevar a cabo las siguientes funciones:
c) El seguimiento y la evaluación global de la aplicación de la Ley y de lo establecido en sus disposiciones de desarrollo.
d) Emitir informes anuales relativos al desarrollo de los programas y a la ejecución de las medidas de inserción y de su efectividad destinados al Consejo General del Servicio Canario de Empleo, al Consejo General de Servicios Sociales y al Consejo Económico y Social de Canarias y su remisión al Parlamento para su conocimiento.
6. Cuando lo considere necesario, el Gobierno podrá solicitar a la Federación Canaria de Municipios un informe sobre la situación de tramitación y aplicación de la Prestación Canaria de Inserción por parte de los ayuntamientos. Asimismo, los ayuntamientos podrán remitir informes al Gobierno sobre situaciones estructurales o coyunturales en relación con la aplicación de la Prestación Canaria de Inserción en su ámbito territorial."
Veinticuatro.- Se añade un nuevo artículo 37, con la siguiente redacción:
"Artículo 37.- Financiación de la gestión municipal.
1. A fin de contribuir a la financiación de las competencias de los ayuntamientos reguladas en el artículo 39 de la Ley, de acuerdo con la dotación contemplada anualmente en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias estableciendo una asignación económica destinada a sufragar los gastos de personal especializado en trabajo social y que estará destinado en estas entidades para llevar a cabo las finalidades previstas de comprobación de los requisitos, la subsanación de solicitudes y la remisión de la documentación aportada por las personas interesadas, la cual será distribuida de acuerdo con los siguientes criterios de reparto y de acuerdo con los siguientes porcentajes:
a) Población empadronada en el municipio: 50% en forma directamente proporcional a la población municipal.
Para esta variable, se utilizarán las cifras anuales de las revisiones de los padrones municipales de habitantes aprobadas para el año a que se refiera el cálculo objeto de distribución.
b) Media mensual de demandantes de empleo inscritos sin percibir prestación económica y residentes en el municipio de los tres años anteriores al cálculo objeto de distribución: 40% en forma directamente proporcional a la media mensual de demandantes de empleo de cada municipio.
Para esta variable se utilizarán las cifras oficiales publicadas por el Servicio Canario de Empleo.
c) Índice medio mensual de perceptores de la Prestación Canaria de Inserción reconocida en los últimos tres años en el municipio objeto de distribución: 10%, en forma directamente proporcional al número de resoluciones aprobadas en cada municipio en dicho periodo.
Para esta variable, se utilizarán el número de resoluciones de reconocimiento de la ayuda aprobadas por la consejería competente en servicios sociales con carácter municipalizado.
2. La contribución de la Comunidad Autónoma a la financiación de las competencias de los ayuntamientos lo será en términos de suficiencia financiera, de forma que no se ponga en riesgo la sostenibilidad de las Haciendas Municipales y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, según la redacción dada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, y de conformidad con lo establecido en la Disposición transitoria segunda de la Ley 7/2015, de 1 de abril, de los municipios de Canarias."
Hasta tanto se aprueben los modelos normalizados previstos en el Reglamento de la Ley de la Prestación Canaria de Inserción, seguirán siendo de aplicación los Anexos I, II, III y IV aprobados por la Orden de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda de 10 de febrero de 2010, por la que se modifican los Anexos I, II, III y IV del Reglamento de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula la Prestación Canaria de Inserción, aprobado por Decreto 136/2007, de 24 de mayo.
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a los dispuesto en este Decreto.
Se autoriza a la persona titular de la Consejería competente en materia de políticas sociales para dictar cuantas disposiciones complementarias requiera el desarrollo de este Decreto.
Disposición final segunda.- Constitución de la Comisión sectorial de Seguimiento y Comunicación interadministrativa de la Prestación Canaria de Inserción.
1. En el plazo máximo de tres meses desde la entrada en vigor del presente Decreto, deberán constituirse la Comisión sectorial de Seguimiento y Comunicación interadministrativa de la Prestación Canaria de Inserción regulada en el artículo 35 del Reglamento.
2. Todas las referencias normativas realizadas a la extinta Comisión de Seguimiento de la Prestación Canaria de Inserción se entenderán hechas a la Comisión sectorial de Seguimiento y Comunicación interadministrativa de la Prestación Canaria de Inserción.
Dado en Las Palmas de Gran Canaria, a 8 de mayo de 2017.
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA, LA CONSEJERA DE EMPLEO,
JUSTICIA E IGUALDAD,	POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA,
José Miguel Barragán Cabrera. Cristina Valido García.

References: resolución 
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 7
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 71
 artículo 7
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 142
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 10
 resolución 
 artículo 11
 artículo 13
 resolución 
 artículo 15
 Resolución 
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 artículo 16
 resolución 
 artículo 17
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 artículo 17
 artículo 24
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 27
 artículo 38
 artículo 20
 artículo 34
 artículo 19
 artículo 42
 artículo 35
 artículo 19
 artículo 37
 artículo 39
 artículo 7
 artículo 35