Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28CDD201202100033.CODI.%29
Timestamp: 2020-08-14 08:56:07+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 33, de 10/02/2012
299/000004 Personal eventual como Asistente para la atención de los señores Presidentes de Comisión. Nombramientos ... (Página4)
299/000005 Personal eventual como Asistente para la atención del señor ex Presidente del Congreso de los Diputados. Nombramiento ... (Página4)
162/000139 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre el desarrollo de un modelo de evaluación del desempeño. Corrección de error ... (Página5)
162/000144 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a realizar las modificaciones normativas precisas para excluir a todos los licenciados en derecho de la obligación de cumplir con los requisitos de capacitación exigidos por la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales ... (Página5)
162/000145 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la extensión del derecho a voto de las personas inmigrantes ... (Página6)
162/000146 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para el establecimiento de un sistema público de indemnizaciones para las víctimas del amianto ... (Página7)
162/000147 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la retirada de los símbolos franquistas ... (Página8)
162/000148 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, para la creación de un registro de lobbies o grupos de intereses ... (Página9)
162/000149 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la identificación por fenotipo étnico ... (Página10)
162/000150 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre Catálogo de Regulaciones Administrativas de carácter económico de las Comunidades Autónomas ... (Página11)
162/000151 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual ... (Página12)
162/000152 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre Cualificación Profesional Inicial ... (Página13)
162/000153 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a configurar un plan de reactivación socioeconómica de la isla de El Hierro como consecuencia de la actual crisis sismo-volcánica ... (Página13)
162/000154 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, por la que se insta al Gobierno a establecer un precio social en el suministro de electricidad ... (Página15)
162/000155 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el nuevo modelo de canon digital ... (Página16)
162/000156 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre defensa de la investigación judicial de los crímenes del franquismo y de la verdad, justicia y reparación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura ... (Página17)
162/000157 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre el control de la seguridad privada ... (Página17)
162/000158 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre encuesta estatal de victimización ... (Página18)
162/000159 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Supremo 8750/2011 relativa a las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del IRPF ... (Página19)
162/000160 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre reforma del sistema financiero y creación de un Polo de Banca Pública, mediante la nacionalización de las Cajas de Ahorro y sus Bancos participados ... (Página19)
162/000161 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la situación de los españoles afectados por las expropiaciones de tierras y propiedades en Venezuela ... (Página23)
162/000162 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, sobre reforma de la Inspección de la Aviación Civil y la creación de un cuerpo de Inspectores del Estado en dicha materia ... (Página24)
162/000163 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el mantenimiento de la Renta Básica de Emancipación de los Jóvenes ... (Página25)
162/000164 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la adopción de medidas para mejorar las políticas activas de empleo ... (Página26)
162/000165 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre elaboración de un Plan de Empleo para Jóvenes para reducir el elevado desempleo juvenil y apoyar la creación de empleo de los jóvenes ... (Página27)
162/000166 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas en relación con la falta de transparencia y liquidez de los ahorros invertidos en participaciones preferentes ... (Página28)
162/000167 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la creación y desarrollo de un Plan de Lucha contra el crimen organizado y la corrupción en la zona de Levante ... (Página29)
162/000168 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre investigación de los robos y desapariciones de neonatos ... (Página30)
162/000169 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre la financiación de la Iglesia Católica ... (Página30)
162/000171 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a impulsar un Acuerdo Nacional para el fomento de la Ciencia y la Innovación como ejes estratégicos para la economía española ... (Página31)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.° del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 6 de febrero de 2012 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. don Alfonso Alonso Aranegui, con efectos de 6 de febrero de 2012, de doña Margarita Martínez Martín, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.° del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 1 de febrero de 2012 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a doña Ana María Artigas Montero, a propuesta del Excmo. Sr. don Gabino Puche Rodríguez-Acosta, con efectos de 1 de febrero de 2012 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Peticiones.
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.° del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 8 de febrero de 2012 el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a doña Magdalena Martorell Reus, a propuesta del Excmo. Sr. don Miquel Ramis Socias, con efectos de 8 de febrero de 2012 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Educación y Deporte.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
En virtud de lo acordado por la Mesa del Congreso de los Diputados en su reunión de 12 de abril de 2011, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.° del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 3 de febrero de 2012, el Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a doña María Mercedes Sánchez González, a propuesta del Excmo. Sr. don José Bono Martínez, con efectos de 6 de febrero de 2012 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del ex Presidente del Congreso de los Diputados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
162/000139
Autor: Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Corrección de error en su Proposición no de Ley sobre el desarrollo de un modelo de evaluación del desempleo, en el sentido de que donde dice: "Proposición no de Ley sobre el desarrollo de un modelo de evaluación del desempleo", debe decir: "Proposición no de Ley sobre el desarrollo de un modelo de evaluación del desempeño."
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por corregida la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2012.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 27, de 31 de enero de 2012.
162/000144
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a realizar las modificaciones normativas precisas para excluir a todos los licenciados en derecho de la obligación de cumplir con los requisitos de capacitación exigidos por la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a realizar las modificaciones normativas precisas para excluir a todos los licenciados en derecho de la obligación de cumplir con los requisitos de capacitación exigidos por la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, para su debate en Pleno.
La Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, estableció una nueva regulación para los actuales y futuros estudiantes de Derecho. Posteriormente, la LO 4/2007 estableció extraordinarios cambios en la estructura del sistema universitario español, articulado sobre la base de 3 niveles de títulos oficiales: Grado, Máster y Doctorado. La Ley 34/2006 desconoce esta nueva realidad y los principios vertebradores del nuevo sistema universitario que se ha diseñado, lo que hace necesario armonizar esta Ley con los nuevos parámetros del actual sistema universitario ya que, de no hacerlo, se estaría creando un grave problema a todos los que son y serán licenciados en Derecho, y que han cursado 5 años de formación universitaria, para poder acceder a la colegiación de manera directa sin necesidad de la realización de un curso y pruebas adicionales, conforme a nuestra tradición jurídica.
Por todo ello, considerando necesario y urgente hacer las modificaciones precisas con el fin de evitar las situaciones injustas que la aplicación de la ley provocará entre licenciados en Derecho que han cursado los mismos estudios, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que realice, con carácter urgente, las modificaciones normativas necesarias en la Ley 34/2006, al objeto de precisar su contenido y con el fin de que todos los licenciados en Derecho queden excluidos de la obligación de cumplir con los requisitos de capacitación exigidos por la Ley, con independencia del momento de finalización de sus estudios de licenciados, aplicándoseles las nuevas exigencias de capacitación sólo a los futuros graduados conforme al nuevo sistema adaptado al EEES."
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de enero de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000145
Proposición no de Ley sobre la extensión del derecho a voto de las personas inmigrantes.
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno y entendiendo que se insta al Gobierno a ejercer su iniciativa de reforma constitucional, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la extensión del derecho a voto de las personas inmigrantes, para su debate en el Pleno de esta Cámara.
El 15 de enero de 2001 el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea en la que se recomienda a Austria, Bélgica, Alemania, España, Francia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo y Portugal que firmen y ratifiquen el convenio Europeo sobre la participación de los extranjeros en la vida pública local, de forma que amplíen el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales y europeas a todos los ciudadanos de terceros países que residan legalmente en el territorio de la Unión Europea desde hace al menos tres años.
El reconocimiento de los derechos de ciudadanía es un elemento básico en la integración de los inmigrantes, puesto que evita la discriminación entre los que pueden y los que no pueden votar. Al reconocimiento de los derechos laborales y sociales debe sucederle el reconocimiento de los derechos políticos. Sólo con el pleno reconocimiento de los derechos políticos se logrará la incorporación de los extranjeros a la sociedad como miembros de pleno derecho.
Las actuaciones en contra de la discriminación deben ir más allá del ámbito laboral y abarcar otros como la educación, la protección social, la asistencia sanitaria o la oferta de bienes y servicios.
Está claro que el hecho de que los inmigrantes no puedan participar en la elección de quienes legislan implica que éstos se interesen en menor cuantía por ello, por lo que se ahonda en la diferenciación y colateralmente en la discriminación. Permitir a los inmigrantes el voto es coherente con la propia democracia que aboga por la igualdad y el respeto a los demás.
La opción de voto para los extranjeros en España implica una modificación legislativa y constitucional importante, aunque no por ello imposible, y sí muy lógica. El principal cambio se centra sobre la Constitución de 1978. En el momento de la redacción de la Carta Magna, la situación social estaba muy alejada de la actual. En aquellas fechas, los artífices del texto constitucional no podían prever la realidad de principios del siglo XXI, en la que los inmigrantes se han convertido en parte inseparable de nuestra sociedad y, en mayor medida, los procedentes de países extracomunitarios.
El mayor obstáculo para que los inmigrantes puedan acceder al sufragio es la exigencia constitucional de la reciprocidad. Es decir, que se admita este derecho siempre y cuando se establezca por ley o tratado criterios recíprocos.
"El Congreso de los Diputados insta a modificar la Constitución Española para incorporar el reconocimiento del derecho a voto de las personas migradas en todas las elecciones, a partir de los tres años de residencia. Mientras que esta modificación no se produzca, se ampliará la firma de convenios de reciprocidad con otros países y se posibilitará el acceso automático al censo de las elecciones municipales de todas las personas con derecho a voto reconocido fruto de la firma de estos convenios."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000146
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el establecimiento de un sistema público de indemnizaciones para las víctimas del amianto, para su debate en el Pleno de esta Cámara.
España fue en el siglo XX la principal productora europea de productos con amianto, destacadas fábricas como Uralita S.A., en Cerdanyola del Vallés, Rocalla S.A., en Castelldefels, Honeywell, en el Prat del Llobregat o Alstom S.A., en Barcelona, expusieron a sus trabajadores/as al polvo del amianto provocando enfermedades respiratorias graves como la asbestosis o el cáncer de pulmón.
Según estimaciones realizadas por AVIDA (Asociación de Víctimas del Amianto), hasta el 2010 se producirán unas 1.500 muertes anuales de personas expuestas al amianto entre 1960-1975. Del 2010 al 2025 esta tasa aumentará hasta 2.300 muertes por año entre la población expuesta hasta 1990. Del 2025 al 2040 empezará a decrecer situándose en 700 muertes por año entre población expuesta a partir de los 90, sobre todo en los procesos de demolición y reparación de estructuras y edificios.
Añadiendo a estas estimaciones las de otros estudios epidemiológicos, podemos afirmar que en los próximos 30 años se producirán en España unas 50.000 muertes por cáncer de pleura y pulmón directamente relacionados con la exposición al amianto. Desde el año 2002 está prohibido en España la utilización,
producción y comercialización del amianto, pero el problema continua, pues las personas afectadas siguen sin reconocimiento y sin compensación económica, teniéndose que enfrentar a largos procesos judiciales para determinar como profesionales sus patologías y ser indemnizados por las empresas que durante décadas no cumplieron con la normativa de prevención de riegos.
Mientras en otros países europeos como Francia o Bélgica se han creado fondos para indemnizar económicamente a las víctimas de esta peligrosa sustancia, en el Estado Español los/las trabajadores/as se ven obligados a largos procesos judiciales para obtener cuantías muy inferiores.
El Fondo de Indemnización Francés fue aprobado por el Gobierno en el año 2001, tiene una financiación básica de 410 millones de euros y se nutre a partir de las aportaciones del Gobierno Francés, la Seguridad Social y las sanciones impuestas por la justicia a las empresas infractoras en materia de prevención de riesgos referentes a la exposición a esta sustancia. Las cuantías que reciben los afectados por exposición al amianto y sus familiares directos oscilan entre 146.000 euros y 22.000 euros.
El Fondo de Indemnización Belga, creado en el año 2006, determina unas prestaciones periódicas para todos los afectados/as por importe de 750 euros mensuales para todas la personas que sufren asbestosis. Otros países como Holanda se comprometen a indemnizar a todas las personas que hayan trabajado en empresas que hoy día ya no existen.
La historia de la exposición laboral al amianto en el Estado Español es la historia una verdadera catástrofe humana. Miles de trabajadores han visto afectada su salud por una sustancia que ya constaba como causante de asbestosis en el Cuadro de Enfermedades Profesionales de 1974.
Por todo ello, y al margen de otras iniciativas que puedan realizarse como la jubilación anticipada, se presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer un sistema público de indemnizaciones para las víctimas del amianto."
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la retirada de los símbolos franquistas, para su debate en el Pleno de esta Cámara.
Cuatro años después de la aprobación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, todavía quedan sin retirar numerosos símbolos franquistas en espacios públicos y edificios del gobierno.
Queda pendiente de aplicación, por tanto, una de las medidas previstas en la Ley: la retirada de escudos, insignias, plazas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, según lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 52/2007.
En dicho artículo se incluye la retirada de subvenciones o ayudas públicas a las instituciones y propietarios privados que no retiren la simbología franquista. La Administración central debe dar ejemplo y proceder a la retirada de los símbolos franquistas en todos los edificios dependientes del Estado. Efectivamente, todavía son numerosos los símbolos franquistas que todavía persisten en edificios del Estado.
1. Proceder a la retirada de los edificios dependientes del Ministerio de Defensa, de todos los símbolos franquistas contemplados en el artículo 15 de la Ley 52/2007.
2. Completar urgentemente, con la colaboración de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, el catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura, a los efectos de acelerar la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, según lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 52/2007; en el mismo plazo, publicar los criterios establecidos por la Comisión técnica de expertos para valorar la retirada de los mencionados símbolos."
162/000148
Proposición no de Ley para la creación de un registro de lobbies o grupos de intereses.
Considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno y entendiendo que, en todo caso, la eventual aprobación de la iniciativa no implicará la creación de la Comisión Parlamentaria a la que se alude en la misma, sino que ésta deberá realizarse por el cauce reglamentariamente establecido al efecto, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de un registro de lobbies o grupos de intereses, para su debate en el Pleno de esta Cámara.
Los ciudadanos tienen derecho a saber a qué intereses responden nuestros legisladores y el Gobierno. Por ello es necesaria la transparencia en la actuación de los lobbies, entendidos como grupos de presión que defienden intereses particulares y no generales.
Estos importantes poderes fácticos, por su posición preeminente, disponen de capacidad de influencia en la toma de decisiones públicas que no está sometida a ningún control democrático pero que influye decisivamente en la actividad política.
España no es ajena a esta realidad. Existen ejemplos claros de la capacidad de influencia de los lobbies en nuestra economía y nuestra política, y de los privilegios que determinados sectores gozan en el ámbito financiero, el de las empresas concesionarias y también en el mercado eléctrico, se trata de maniobras especulativas que quedan al margen del control público y democrático.
Otros países han resuelto, en mayor o menor medida, esta cuestión de distintas manera. La regulación al respecto es mucho más estricta en los EEUU, donde los lobbistas están obligados a registrarse y a declarar sus actividades, sus intereses y a quién representan. En Europa actualmente los lobbistas se amparan en la protección de datos y al hecho que tratan con información confidencial, cuando, sin embargo, en EEUU esto no les supone ningún problema. Este mayor control ha permitido que se destapen escándalos como el Abramoff.
Por su parte, Bruselas es el segundo centro de decisión política más importante del mundo, después de Washington. De acuerdo con esto, también es el segundo punto con más lobbies del mundo. Las empresas sitúan sus sedes cerca de los centros de poder y decisión política. Así, encontramos más de 2.500 lobbies que dan trabajo a más de 15.000 personas, entre consultores, abogados, comerciantes, activistas de ONGs o representantes de empresas. Pero, de hecho, más del 70% representan los intereses de grandes empresas. Actualmente hay 4.435 lobbistas acreditados en el Parlamento Europeo, con pleno acceso a las sesiones de comisiones y también en los plenos. La proporción es de 6 lobbistas por eurodiputado/da.
Por todo ello, consideramos necesario que los representantes públicos y todos los grupos de presión muestren sus relaciones con transparencia para que la ciudadanía tenga pleno conocimiento de en qué grupos de interés se apoyan determinados partidos políticos.
"1. El Congreso de los Diputados acuerda crear una Comisión Parlamentaria de Control y Fiscalización del Lobby.
2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar, en el plazo de seis meses, un proyecto de Ley de Registro y Control de Lobbies o grupos de interés cuya finalidad será regular la actividad de promoción, defensa o representación de intereses de personas y/o organizaciones públicas o privadas, ejercida por personas naturales o jurídicas con el objeto de influir en las decisiones a adoptar por el Gobierno.
Dicho proyecto de Ley contemplará como mínimo los ejes siguientes:
a) Creación de un registro y control de lobbies. Dicho registro estará gestionado por el Congreso de los Diputados, será de obligada inscripción para acceder a la condición de diputado o diputada. También será imprescindible su inscripción en él para los lobbies para poder ejercer como tales. Este registro publicará las audiencias de gestión de intereses, y sus correspondientes actas, de los diputados, de las diputadas y de los senadores y senadoras, así como de todo cargo electo, miembro del Gobierno y trabajador de la administración pública de libre designación política.
b) Elaboración de un código de conducta común para todos los miembros de lobbies, exigiéndose que declaren el interés o los intereses que representan. Así mismo se elaborará un sistema de control y sanciones en caso de irregularidades o violación del código de conducta."
162/000149
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la identificación por fenotipo étnico, para su debate en el Pleno de esta Cámara.
En los últimos meses se ha registrado en Cataluña un incremento significativo de las operaciones de extranjería dirigidas a identificar y aplicar los protocolos de expulsión a personas que se encuentran en situación de irregularidad administrativa.
Estos dispositivos, ordenados por el Ministerio de Interior y ejecutados por la Policía Nacional se desarrollan en lugares de afluencia de personas inmigrantes. Lugares como estaciones de tren y metro, locutorios y discotecas son los más habituales.
La Policía Nacional actúa de paisano y se encarga de abordar a las personas requeridas para su identificación. La identificación en la mayoría de los casos se hace por criterio étnico, es decir se identifica a personas que no tengan un fenotipo europeo. En este sentido, si bien el Tribunal Constitucional ha fallado que "la policía puede utilizar este criterio como mecanismo idóneo para el control de flujos migratorios" en la práctica ha promovido acciones discriminatorias por el hecho de relacionar rasgos étnicos con la ilegalidad administrativa.
Este procedimiento, añadido al despliegue policial que supone tres cuerpos de seguridad implicados en la misma operación, contribuye a generar alarma social, provoca en el imaginario colectivo la vinculación entre inmigración y delincuencia debido a que los peatones sólo obtienen la información visual de un despliegue policial dirigido a un grupo de población concreto e invita a suponer que la motivación es delictiva y no administrativa. En segundo lugar refuerza la idea de diferencia de un grupo social y con esto incentiva la discriminación social. En este mismo sentido una sentencia del Tribunal Supremo afirma "que el cacheo e identificación debe realizarse con racional cautela y también racional espíritu investigador, hecho que comporta la necesidad de actuar por simple sospecha, siempre que éstas no sean ilógicas, irracionales o arbitrarias".
Los cacheos derivados de la aplicación del protocolo de expulsión a personas que se encuentran en situación de irregularidad administrativa legitiman una discriminación social y una diferencia entre ciudadanía autóctona y extranjera y, al mismo tiempo ocasionan un rechazo y miedo generalizado entre la población migrada que ven en la policía más un cuerpo que los persigue de forma permanente y no un cuerpo que se encarga de su protección.
Los dispositivos dirigidos a identificar a personas en situación de irregularidad administrativa, violan flagrantemente la honra de las personas identificadas, su dignidad y la de sus familias. El despliegue policial es desproporcionado y redunda en una utilización innecesaria de los cuerpos de seguridad locales impidiendo que realicen otras tareas prioritarias como las de seguridad ciudadana o control del tráfico.
Por ello, y teniendo en cuenta que los controles policiales realizados en nuestro país no están siendo efectivos para el control de flujos migratorios y sin embargo si están generando un efecto disuasorio y una situación de clandestinidad que revierte en la convivencia local presentamos la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio del Interior a:
1. Replantear los procedimientos de actuación de la Policía Nacional en los procesos de extranjería garantizando el derecho a la intimidad, honor y dignidad de las personas identificadas.
2. Eliminar de los protocolos el criterio de identificación por fenotipo étnico.
3. Iniciar una campaña ciudadana con la finalidad de reestablecer la dignidad colectiva de las personas
migrantes y reconstruir la idea de inferioridad de este colectivo en relación al conjunto de la sociedad."
162/000150
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa Díez González, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Catálogo de Regulaciones Administrativas de carácter económico de las Comunidades Autónomas, para su debate en Pleno.
La actividad reguladora de las Administraciones Públicas, referida a las actividades de producción de bienes y servicios, a su distribución o a sus condiciones generales de funcionamiento, tiene su justificación en la corrección de los fallos del mercado que encuentran su raíz en las condiciones tecnológicas, de información o institucionales de éste, o en los objetivos redistributivos y de estabilización de los gobiernos. Las regulaciones que corrigen fallos del mercado tienden generalmente a favorecer la eficiencia y, con ella, el desarrollo económico. Pero las regulaciones orientadas por objetivos de redistribución o estabilización conducen muchas veces a reducir la eficiencia y a generar barreras a la entrada en los mercados, en beneficio de las empresas ya instaladas y en detrimento de la competencia.
Por otra parte, aun cuando las Administraciones Públicas orienten su actividad reguladora a la corrección de fallos del mercado, pueden generar ineficiencias con ella si existen problemas de información asimétrica y costes de agencia, si los costes de transacción inherentes a la regulación son elevados, si la incertidumbre sobre sus costes y beneficios es alta o si se dan fallos del sector público.
En estas circunstancias, desde la segunda mitad de la década de 1990, diversas organizaciones internacionales y gobiernos nacionales, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión Europea, la Unión of Industrial and Employer's Confederations of Europe (UNICE), han alertado acerca de los posibles efectos negativos de las regulaciones administrativas de carácter económico, en especial cuando esas regulaciones son excesivas, superpuestas y acumulativas en un mismo sector de actividad. Y, consecuentemente con ello, han propiciado las políticas de revisión de las regulaciones y, en su caso, de desregulación para favorecer la competencia en los mercados y la eficiencia en la asignación de los recursos económicos.
España no ha sido ajena a esta orientación revisionista de la actividad reguladora del Estado y, en general, ha aplicado las directrices europeas en esta materia, favoreciendo así una mayor competencia en determinados mercados. Sin embargo, mientras el Estado ha propiciado la des regulación de los mercados competitivos y la regulación procompetitiva de los que reúnen la condición de monopolio natural, no ha ocurrido lo mismo con respecto a los gobiernos de las Comunidades Autónomas, de manera que en muchos de éstos se ha registrado una auténtica proliferación normativa que se traduce en la existencia de varios miles de normas publicadas.
Desde diferentes instancias empresariales y sindicales se ha llamado la atención acerca de los efectos perniciosos que pudieran derivarse de la acción normativa de las Comunidades Autónomas en materia económica, toda vez que con ella se están generando barreras a la movilidad de los factores productivos, tanto de capital como de trabajo. El Consejo de Cooperación Económica, en su labor de asesoramiento a la Comisión Europea, ha alertado recientemente acerca de la necesidad de favorecer en España políticas que restablezcan la unidad de mercado, en tanto en cuanto que ésta se ha visto mermada por las regulaciones autonómicas. A su vez, algunos estudios académicos realizados en los últimos años han aportado evidencias de que las regulaciones autonómicas tienen un efecto negativo sobre las ganancias de productividad, lo que se traduce en un menor desarrollo de las Comunidades Autónomas en las que la proliferación normativa ha sido mayor.
La Constitución española prestó atención a los problemas que se acaban de aludir. Por una parte, ordenó a los poderes públicos "la defensa de la productividad" en el marco de la libertad de empresa (art. 38). Por otra, prohibió que cualquier autoridad adopte "medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español" (art. 139). Y, asimismo autorizó al Estado para "dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas ... cuando así lo exija el interés general" (art. 150.3).
El Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia considera indispensable que el Gobierno aborde el problema que se ha venido generando con la proliferación de las regulaciones autonómicas de carácter económico en orden a la unidad del mercado nacional y a la libertad de circulación de trabajadores, capitales y
mercancías dentro de él. Por ello, este Grupo Parlamentario presenta la siguiente
1. Encargar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la elaboración de un "Catálogo de las regulaciones administrativas de carácter económico de las Comunidades Autónomas" en el que se recojan todas las disposiciones legislativas y reglamentarias emanadas de los órganos competentes de las Comunidades Autónomas que se refieran a las actividades agrarias, energéticas, industriales y de servicios, a la actividad laboral de los trabajadores o a cualesquiera otra materia que tenga incidencia económica.
2. El referido Catálogo, que deberá estar realizado en el plazo de seis meses, servirá de base para la elaboración de un dictamen acerca de las materias que requieren la elaboración de leyes de armonización por parte del Estado, clasificándolas por su mayor o menor urgencia. Para ello, el Ministerio de Economía y Hacienda recabará entre los expertos académicos y profesionales de estas materias los informes que considere convenientes.
3. Dicho dictamen y los informes aludidos en el punto anterior, serán remitidos al Congreso para su conocimiento en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, y publicados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para general conocimiento, antes de que transcurra un año desde la aprobación de la presente Proposición no de Ley."
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000151
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, para su debate en el Pleno.
En los últimos años los avances de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han democratizado y amplificado el acceso a la información y a la cultura. Esa revolución digital ha provocado que el modelo de industria clásico en los mundos editorial, audiovisual y musical entre en una crisis irreversible por su obsolescencia, al facilitarse el contacto directo entre el creador y el consumidor de su obra sin necesidad de una red de distribución.
Por ello, hace falta una fórmula que permita conciliar los legítimos derechos de los creadores y el igualmente legítimo derecho de la ciudadanía a acceder a la cultura, y todo ello sin perjudicar el interés general de desarrollar plenamente la sociedad de la información. Precisamente en esta sociedad del conocimiento existen ya alternativas tecnológicas que garantizan la protección de los derechos de autor y que deberían contribuir a resolver el problema generado en torno a la compensación por copia privada.
Se ha demostrado que un canon indiscriminado, y además gestionado por entidades privadas orientadas a obtener el máximo beneficio y sin la necesaria transparencia, no ha sido la fórmula más adecuada para resolver la cuestión. Tampoco lo es la reciente decisión del Consejo de Ministros de suprimir el denominado "canon digital" y compensarlo vía Presupuestos Generales del Estado a costa de reducir las subvenciones destinadas a industrias culturales.
Por tanto, resulta imprescindible abordar sin más demora una profunda reforma del modelo vigente de propiedad intelectual, que elimine el actual oligopolio de facto, que ha derivado en problemas de opacidad e incluso en presuntos delitos que se encuentran en estos momentos bajo investigación judicial. A nuestro juicio, la alternativa pasa por la gestión pública de los derechos de autor, el reconocimiento de las alternativas al "copyright" tradicional y la búsqueda, mediante el diálogo entre todas las partes implicadas, de una fórmula que permita, de forma definitiva, atender la compensación equitativa por copia privada.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, en el plazo de seis meses, un proyecto de ley de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, elaborado con la participación de todas las partes implicadas -creadores, consumidores, industrias culturales ... - que incluya las siguientes premisas:
a) La creación de una entidad pública de gestión de los derechos de autor, que actúe con la máxima transparencia.
b) El acuerdo entre las partes acerca de una regulación que permita, de forma definitiva, atender la compensación equitativa por copia privada
c) El reconocimiento de las alternativas al "copyright" tradicional, como las licencias Creative
Commons, dejando en manos del autor sobre qué derechos quiere licenciar su obra o si renuncia a los mismos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2012.-José Luis Centella Gómez y Chesús Yuste Cabello, Portavoces Adjuntos del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000152
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de Cualificación Profesional Inicial, para su debate en Pleno.
Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación, un 19% de alumnas y un 32% de alumnos abandonan la enseñanza secundaria en España sin obtener titulación alguna, lo que además les impide continuar sus estudios (con la Ley General de Educación, un estudiante que no hubiera obtenido el título de EGB sí podía acceder a la Formación Profesional). La media global de fracaso escolar se ha mantenido durante toda la última década por encima del 25%, llegando varios años a superar el 30%. Aunque a menudo se ha pretendido achacar el fracaso escolar a la bonanza económica y no a los defectos del sistema educativo, los efectos de la crisis sobre el mercado de trabajo no parecen capaces de reducir significativamente el fracaso, ni mucho menos de llevarlo por debajo del 10%, que es el compromiso que España adquirió con la Unión Europea para 2010.
Gran parte de los alumnos que fracasan muestran interés por asignaturas de contenido práctico, que la estructura académica de la ESO proporciona en mucha menor medida que los recientes Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI). La Ley actual exige para cursar estos programas -que están encuadrados dentro de la Educación Secundaria Obligatoria, y han sido estructurados en dos cursos-, haber cumplido al menos quince años, y haber repetido antes en la etapa. Entendemos que es necesario establecer la edad de inicio de los Programas de Cualificación Profesional Inicial a los catorce años por dos razones: una, para que los alumnos que los cursan puedan alcanzar el título de graduado en Secundaria a los dieciséis años, sin un año de retraso; dos, para que aquellos que no desean seguir estudiando, dispongan de al menos de dos años de formación específica antes de incorporarse al mercado laboral. Es, por otro lado, fundamental que no se exija haber repetido curso para entrar en dichos programas, si se quiere dignificar la iniciación profesional.
Considerando que un sistema educativo que da a los jóvenes la mejor formación posible, ya sea de carácter más práctico o más académico, es además una herramienta excelente para lograr mayor cohesión social, progreso económico y calidad democrática, desde Unión, Progreso y Democracia se considera conveniente que el Congreso inste al Gobierno a mejorar las condiciones de acceso y permanencia en los programas de cualificación profesional inicial.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia presenta la siguiente
Realizar las reformas legislativas necesarias, tomando en consideración:
1. Que se permita cursar un programa de cualificación profesional inicial a los alumnos mayores de catorce años, cumplidos antes del 31 de diciembre del año del inicio del programa, que así lo soliciten, y sin más restricción que el acuerdo de padres o tutores."
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, por la que el Pleno del Congreso de los Diputados inste al Gobierno a configurar un plan de reactivación socioeconómica de la isla de El Hierro como consecuencia de la actual crisis sismo-volcánica.
La isla de El Hierro, al formar parte de un territorio calificado en el Tratado de la Unión Europea y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como Región Ultraperiférica, tiene reconocidos en el acervo institucional comunitario una serie de hándicaps estructurales
entre los que se destaca su naturaleza volcánica y los riesgos naturales asociados a su origen geológico. Pero tal como se reconoce en los diferentes estudios sobre los "costes de la ultraperiferia", esta isla se ve seriamente condicionada y afectada por los costes conocidos como, de doble insularidad, de oportunidad, de suministros y de movilidad de mercancías, entre otros muchos.
Los acontecimientos sísmicos iniciados el pasado mes de julio (hasta el momento se han contabilizado más de doce mil registros sísmicos de diferente intensidad), en su doble expresión de gran continuidad sísmica y de erupción submarina en el mar de Las Calmas (zona marítima de la Restinga, municipio de El Pinar), en plena vigencia hasta la actualidad, han producido una alteración que desborda, territorial y socioeconómicamente, a los ya de por sí graves efectos humanos, económicos y ambientales experimentados en dicho municipio y su localidad costera.
A través de los diferentes medios de comunicación, se ha ido trasladando a toda la ciudadanía española, las circunstancias que han venido desarrollándose en la isla de El Hierro vinculadas a las decisiones que han debido adoptarse y que inexorablemente vienen generando distorsiones en la vida ciudadana y en el desarrollo diario de las actividades económicas. En primer lugar todas aquellas vinculadas a los necesarios desplazamientos de ciudadanos de sus lugares de residencia habituales a otros puntos considerados de mayor seguridad ante potenciales focos de naturaleza volcánicos. En segundo lugar, la seria limitación producida en la movilidad de la población herreña así como en las mercancías, que se ha producido por el cierre temporal del Túnel de Frontera a Valverde por el Roquillo que fuerza la reorientación de los tráficos por la carretera de la cumbre con evidentes problemas de tiempo superiores y con no menores riesgos en el tráfico; con unos efectos que se acentúan ante la radicación de los centros logísticos ( puerto y aeropuerto) en la costa del municipio de Valverde originándose retrasos en los suministros y por tanto sobrecostes en la logística de los productores, comercializadores y consumidores del Valle de Frontera. En tercer lugar, es en la zona de La Restinga y en las actividades centradas en el conocido como Mar de Las Calmas donde se concentra, en la fase actual del fenómeno sísmico-volcánico, los efectos más evidentes y gravemente condicionantes no sólo de la actual coyuntura de la localidad sino, lo que resulta aún más relevante e inquietante, lastra su futuro en términos de daños emergentes, continuados y marcados por el "lucro cesante".
Asimismo, desde la perspectiva de la economía marítima, el fenómeno volcanológico marino que está teniendo lugar, representa la pérdida de la rica biodiversidad reconocida y amparada por la Reserva Marina del Mar de Las Calmas. Al menos y según ponen de relieve expertos de la propia reserva y biólogos marinos académicos e investigadores, por un período de tiempo de difícil cuantificación, dado que deberá culminar el proceso eruptivo submarino, consolidarse sus materiales y a partir de ese momento esperar que la propia capacidad regenerativa de la naturaleza posibilite una recuperación de la biodiversidad marina y de sus recursos estratégicos. Una perspectiva que según los diferentes expertos, puede variar entre cinco y siete años en el mejor de los casos.
Todas las circunstancias a las que estamos haciendo referencia están derivando en efectos de naturaleza socioeconómicos evidentes: parada biológica de los pescadores y cierre de la actividad comercializadora en la lonja gestionada por la "sociedad cooperativa pescarestinga", cierre o desplazamiento de las actividades asociadas de buceo, pesca submarina y fotosub, transformación de la tipología de la restauración de la zona, reducción sustancial de la oferta de alojamientos extrahoteleros, reducción de los ingresos comerciales por las restricciones de las ventas y capacidad de compra de la población afectada, etc.
En síntesis, un auténtico colapso socioeconómico que conjuga factores de suspensión de actividades (en especial, las marítimas) con los efectos sobre servicios conexos que tendrán especiales dificultades para mantener sus equilibrios económico-financieros.
Ante estas circunstancias adversas tanto la Administración General del Estado como la Administración Autonómica han adoptado decisiones que se han reflejado en los respectivos boletines oficiales que se recogen en el Real Decreto-Ley 17/2011 de 31 de octubre (BOE de 1 de noviembre de 2011), en la Orden PRE/2936/2011 de 28 de octubre (BOE de 1 de noviembre de 2011). Y Decreto 310/2011, de 10 de mayo (BOC de 14 de noviembre). También es de destacar todas aquellas medidas que de carácter inmediato el Cabildo de El Hierro ha procedido a implementar en colaboración con los Ayuntamientos de El Pinar y Frontera. Asimismo el Gobierno de Canarias a través del PEVOLCA (Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico) ha sido quien ha dirigido la coordinación de las instituciones y administraciones actuantes como el IGN, el ITER del Cabildo Insular de Tenerife o efectivos de las diferentes unidades de la Guardia Civil (servicio marítimo, unidad de helicópteros, Grupo Rural de Seguridad, etc.) o del Ejército de Tierra a través de la unidad militar de emergencias.
La realidad es que la continuidad por un tiempo indeterminado de la combinación de fenómenos sísmicos y de la erupción en fase activa en las aguas cercanas a la Restinga, requieren de un aseguramiento de las condiciones de las coberturas técnicas y científicas que deberán adoptarse de los recursos y capacidades técnicas más avanzadas en la detección, seguimiento y previsión de los efectos volcánicos y sísmicos. Así como el de la modernización de las infraestructuras básicas de servicios esenciales.
Por todo ello, se propone al Pleno del Congreso de los Diputados, la siguiente
En la menor cantidad de tiempo posible, elabore un estudio de desarrollo socioeconómico de la Isla de El Hierro, en colaboración con el Cabildo Insular de la isla y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, desde la perspectiva derivada de la experiencia de los acontecimientos sismo-volcánicos acontecidos en el segundo semestre del año 2011, y desde la óptica provisional de las necesidades que en un futuro se precisarían de continuar el fenómeno volcánico referenciado en la exposición de motivos. Por ello, se estima la necesidad de manera inmediata de:
1. Introducir un cambio relevante en el enfoque y requerimientos estipulados en la línea ICO específicamente para El Hierro en función de la práctica inoperatividad del mecanismo actual en los términos publicitados por la Agencia Financiera del Estado en correspondencia con lo dispuesto en la cláusula sexta de la Orden PRE/2936/2011, de 28 de octubre.
2. Adoptar decisiones en cuanto a las coberturas de estímulos productivos y comerciales, en particular: Plan de Mejora de Productividad y Competitividad del Comercio; convocatoria específica del Reindus para el ejercicio de 2012 y 2013 con una dotación de 1,5 millones de euros de subvención directa y de 8 millones de euros de anticipos reembolsables para recuperar la actividad productiva y manufacturera; otorgamiento de una ayuda directa al Cabildo Insular de El Hierro para atender a los problemas de infraestructuras alteradas por los sismos o para efectuar actuaciones de protección de riesgos por desprendimientos en viales y zonas habitadas, etc.
3. Atender al catálogo de elementos de infraestructura básica vulnerables y con referencia a los servicios esenciales de la isla (agua, electricidad, almacenamiento de combustible, telefonía, suministro eléctrico, etc.) cuyo cometido es el de mantener los servicios elementales para la continuidad normal de actividad de la población y las zonas de emergencia, se considera básico la elaboración de un estudio integral que se elabore desde la óptica de potenciales emergencias que en un futuro pudiesen producirse de reactivarse los fenómenos naturales que han venido produciéndose en los últimos tiempos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2012.-José Segura Clavell, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000154
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para establecer un precio social en el suministro de electricidad, para su debate en el Pleno.
El mercado eléctrico es una clara pugna entre los beneficios de las empresas productoras y el reparto de costes entre las entidades consumidoras. Se obvia en este debate que la electricidad y el gas, además de ser considerados como servicio básico para la ciudadanía, deben tener un precio acorde con el valor de los recursos naturales que utilizan para su generación y con el valor del impacto ambiental que provoca con emisiones, vertidos y residuos.
En el lado del consumo también hay conflicto de intereses ya que no todos los usuarios pagan al mismo precio la electricidad. De un lado están las empresas industriales de gran consumo, que en general reciben la electricidad en alta tensión, y de otro lado está el resto (pequeña y mediana empresa industrial, sector público prestador de servicios, sector servicios y hogares) que la reciben en baja tensión.
Producto de la liberalización, el 1 de julio de 2009 desaparecieron las tarifas integrales -precios fijados por el Gobierno- y fueron sustituidas por precios determinados por mecanismos de oferta-demanda entre productores de electricidad y consumidores.
Permaneció como excepción la llamada Tarifa de Último Recurso, TUR, a la que pueden acogerse si lo desean los hogares y empresas con menos de 10 Kw. de potencia contratada. Es decir, la práctica totalidad de los hogares, de las pymes, de los autónomos, de buena parte del sector servicios y de los ayuntamientos que representan más del 90% de los contratos eléctricos, pero sólo un 40% de la electricidad consumida.
En las negociaciones con el sector eléctrico previas a la promulgación del Decreto-Ley 6/2009, se cometió el error de no forzar más al sector eléctrico a recortar sus pretensiones y les reconoció un déficit excesivo, y como consecuencia, hoy se quiere resolver el problema adoptando medidas gravosas para la ciudadanía.
El Gobierno ha decidido no subir el recibo de la luz, al menos hasta marzo, tras las subidas de enero de 2011 (9,8%) y julio del mismo año (1,5%). Pero el sistema, pese a los cuantiosos beneficios de las compañías eléctricas, arrastra un déficit de más de 22.000 millones de euros cuya solución ha de producirse antes de 2013. La energía es un derecho de ciudadanía. Sólo el control público permite garantizar la universalidad del servicio, la equidad y la progresividad en las tarifas.
Es preciso modificar el modelo eléctrico de manera que permita incluir en el sistema tarifario un mecanismo por tramos que prime el ahorro y penalice el consumo
despilfarrador e ineficiente, garantizando que las TUR no sean objeto de mercado; así como modificar a su vez el funcionamiento del mercado eléctrico excluyendo las instalaciones de producción hidroeléctricas y nucleares del pool, para que pasen a regirse por un mecanismo que considere los costes en que realmente incurren con el objeto de que estas instalaciones no obtengan "beneficios caídos del cielo".
Debemos, en suma, definir un nuevo modelo energético que se apoye en el ahorro y la eficiencia, defina el mix energético que potencie las energías renovables y establezca un calendario de cierre para las nucleares.
Pero también es urgente establecer medidas para evitar que las familias en situaciones económicas complicadas sufran subidas abusivas en los precios de los suministros básicos energéticos.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer un precio social o bonificado en el suministro de electricidad de los abastecimientos energéticos básicos para los hogares con un poder adquisitivo reducido, y en particular, para las familias en situación de desempleo o en riesgo de exclusión social."
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2012.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000155
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el nuevo modelo de canon digital, para su debate en el Pleno.
Una de las múltiples modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre fue la del canon digital cuya aplicación indiscriminada había sido declarada ilegal por el TJUE en octubre de 2010 con la sentencia del caso Padawan (cuestión prejudicial con Asunto C-467/08).
En la disposición adicional décima del Real Decreto, se concreta la supresión de la actual compensación equitativa por copia privada, prevista en la Ley de Propiedad Intelectual -conocida popularmente como canon digital- tal como exigía el cumplimiento del derecho comunitario. Pero también se prevé un procedimiento de pago con cargo a los Presupuestos, con una cuantía y condiciones aún por determinar.
Esta nueva configuración legal podría no adaptarse plenamente a la Directiva 2001/29/CE relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, ya que se seguiría compensando inadecuadamente las copias privadas, alejándose de la finalidad perseguida con el art. 5.2.b) de dicha directiva.
Además genera dudas sobre qué tipo de copias quedaran afectadas por la compensación, cuál será la cuantía y cuál será el modelo de gestión. Después de los escándalos de la SGAE en el que se mostró el desvío de cantidades ingentes de fondos para el lucro personal de una cantidad reducida de autores, se evidenció la necesidad de cambiar hacia un modelo en el que los derechos de autor tengan un reparto público, democrático, equitativo y transparente.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tener en cuenta los siguientes aspectos en la modificación de la regulación de la propiedad intelectual y la compensación por copia privada:
- Respetar plenamente la sentencia del TJUE y la Directiva 2001/29/CE.
- Que la compensación por copia privada no sea a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, explorando fórmulas como una tasa a las empresas con ánimo de lucro con mayores ingresos, como las operadores de telecomunicaciones, indexadores, motores de búsqueda, etc.
- Que las entidades que gestionen de manera colectiva la compensación por copia privada sean públicas y sometidas al control y fiscalización por parte de los autores y autoras, creadores y asociaciones culturales de todos los ámbitos de la cultura.
- Que una parte de los ingresos estén destinados a la promoción de la cultura y el fomento de proyectos emergentes, garantizando el retorno de estas inversiones a toda la sociedad.
- Asegurar que no se paga compensación alguna por la copia de obras que se encuentran en el dominio público, las sujetas a licencia libres que autorizan la copia o las que se realizan con la autorización de los titulares de derechos en el ejercicio de su derecho exclusivo de reproducción."
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2012.-Laia Ortiz Castellví, Diputada.-Joan Coscubiela Conesa, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000156
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley en defensa de la investigación judicial de los crímenes del franquismo y de la verdad, justicia y reparación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, para su debate en el Pleno.
En el Estado español más de 150.000 personas fueron fusiladas y asesinadas por el régimen franquista durante la guerra civil y durante la dictadura. Unas 400.000 fueron encerradas en campos de concentración, miles de "esclavos del franquismo" en batallones disciplinarios, numerosas personas detenidas y torturadas, cientos de miles exiliadas.
Desde el final de la dictadura la democracia ha conseguido avances en materia de bienestar social, aunque una parte de la población cada vez mayor carece del bienestar necesario y de trabajo, así como en el terreno de los derechos y libertades.
Sin embargo, es de justicia reconocer que junto a estos avances sociales y democráticos persiste una gran injusticia. Nos referimos a la falta de una atención suficiente y digna a las personas que entregaron su vida por la libertad por parte de las instituciones, y a la impunidad para los golpistas y para quienes ejecutaron tamañas barbaridades.
La recuperación de una parte de las personas asesinadas o fusiladas, enterradas en cunetas, campos o fosas comunes se realizó en la mayoría de los casos por los familiares de las propias víctimas.
Las asociaciones de familiares de fusilados han protagonizado con un apoyo institucional insuficiente la recuperación del buen nombre de aquellos luchadores de la libertad.
Pues bien, el juez Baltasar Garzón ha sido el único juez español que ha intentado investigar los crímenes contra la humanidad ejecutados por el franquismo durante la guerra y durante la dictadura.
Y va a ostentar la triste exclusiva de ser el primero y el único juez procesado y juzgado en Europa por este motivo.
Hay que cerrar las heridas, hay que hacerlo sin odio, sin venganza, pero con justicia y, en consecuencia, hay que legar a las generaciones futuras un relato histórico institucional basado en la verdad, justicia, reparación moral y que extraiga la gran enseñanza de aquella tragedia: "nunca más y para nadie aquellos horrores". Es una obligación de cualquier Gobierno democrático la promoción de la memoria histórica y un deber que las instituciones públicas ayuden a las familias a recuperar los cadáveres de las personas asesinadas y a darles sepultura con la dignidad y el cariño que se merecen.
Y es, igualmente, necesario un reconocimiento de que el sistema republicano era un sistema plenamente legítimo de libertades y de avance social equiparable a las democracias más avanzadas de la época, un sistema legal y democráticamente constituido; que la Dictadura resultante del Golpe militar era un régimen absolutamente repudiable, por prohibir la libertad, por cometer crímenes execrables y por vulnerar permanentemente los derechos humanos y los derechos democráticos fundamentales; que es absolutamente rechazable la vulneración de derechos humanos llevada a cabo por la dictadura, algo que se hizo sin juicio justo y por motivos ideológicos, políticos, de identidad nacional, de orientación sexual, lingüísticos-culturales o similares.
Por todo ello, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, y para su debate se presenta la siguiente
"1. El Congreso de los Diputados manifiesta su pleno apoyo a la investigación judicial de los crímenes cometidos por el franquismo tanto durante la guerra civil como durante la dictadura y defiende el conocimiento de la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
2. El Congreso de los Diputados rechaza el mensaje que traslada a la sociedad con el enjuiciamiento de un Juez por investigar los crímenes del franquismo: impunidad para la dictadura, olvido de los mayores crímenes cometidos durante el siglo pasado en el Estado español, y negativa a corregir una de las grandes carencias de la democracia.."
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2012.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000157
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el control de la Seguridad Privada, para su debate en Pleno.
Las empresas de Seguridad Privada siguen aumentando sus empleados y prestaciones. Así se desprende de informaciones publicadas y de la percepción diaria que cualquiera puede comprobar. Es un sector en continua expansión y poco que decir tendríamos sobre el éxito de tal mercado, si no fuera que el mismo puede ir en detrimento de la Seguridad Pública y de la razonable
igualdad entre las y los ciudadanos. Pudiera estar llegando un momento en que solo quienes estén dispuestos a pagar y puedan permitírselo llegaran a contar con dispositivos para sentirse seguros.
En ese sentido, la proliferación del personal de seguridad privada está originando problemas graves muy diversos. Hemos sabido tras luctuosos sucesos (el crimen de Madrid, etc.) que la selección de personal tiene grandes fallos y algunas personas con desequilibrios mentales relevantes ejercen funciones que les debieran estar vedadas. También los horarios abusivos, con jornadas prolongadas hasta la extenuación, o la falta de formación continua (reciclajes), son factores que originan deficiencias importantes.
Por otra parte, la actuación de personal de seguridad privada en zonas públicas, en calles, centros de tránsito (aeropuertos, estaciones) o en áreas comerciales, está propiciando que ejerzan tareas estrictamente policiales (acceso a datos privados, detenciones, etc.), una extralimitación en sus funciones, no amparadas por la normativa al caso. Sin olvidar que algunas actuaciones de escoltas privados, protegiendo a sus clientes, son auténticas exhibiciones de fuerza desproporcionada, dando además una imagen claramente atentatoria hacia los derechos cívicos. Ha sido también expuesto por alguna organización policial (pública), que las instituciones públicas se están encontrando con dificultades y falta de colaboración por parte de este personal de seguridad privada, en contravención de su deber de auxilio y de notificación de incidentes.
Por lo expuesto presentamos la siguiente
"El Congreso de los Diputados expresa su preocupación por la proliferación de personal de seguridad privada, en detrimento de la seguridad pública y defiende la seguridad como valor de las democracias avanzadas, resultando su ejercicio particular y desigual un menoscabo de los derechos cívicos.
1. Elaborar un informe en el plazo de seis meses sobre el estado actual de la seguridad privada en España, especialmente en relación a su evolución en los últimos años y la prospectiva que analizan para su presentación ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, Dicho informe se actualizará con carácter anual.
2. Impulsar una reforma integral de la legislación vigente en materia de seguridad privada.
3. Informar anualmente ante la Comisión de Interior, por los cauces establecidos en el Reglamento de la Cámara:
? Sobre los incidentes ocurridos con la seguridad privada, con especial atención a los expedientes sancionatorios elaborados, su conclusión y las resoluciones judiciales que hubiera al respecto, si fuera el caso,
? Sobre los planes que tiene sobre la seguridad privada, a la vista de los datos y de las incidencias detectadas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2012.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000158
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre Encuesta Estatal de Victimización para su debate en Pleno.
Para actuar tenemos que conocer, una máxima elemental que se cumple también en cuanto al campo de la Seguridad Pública. Tal vez en estos temas que afectan a los derechos fundamentales de forma tan directa la exigencia de conocimiento debiera ser mayor. Así la acción institucional tendría una referencia lo más objetiva posible, sin dejarse llevar por campañas mediáticas, como en ocasiones parece, que tienen sus lógicas y no siempre declaradas intenciones. Ese conocimiento, seguido en el tiempo, debería darnos indicadores de la evolución real de los fenómenos delictivos, para saber las políticas que tienen éxito y, en su caso, corregir errores o enmendar fiascos.
Contamos con experiencias de contrastada validez para investigar la victimización delictiva. En algunas zonas de España, como Barcelona o Valencia, se vienen desarrollando encuestas públicas desde hace tiempo. En otros lugares, como Andalucía o el País Vasco, se han realizado estudios puntuales de indudable mérito. Así como los diversos Institutos de Criminología en todo el estado han elaborado múltiples análisis y propuestas, que por desgracia no han contado con el apoyo suficiente para su completo tratamiento. En fin, saberes como la Sociología Jurídica o la Psicología Social, y por supuesto la Victimología, ofrecen un elenco de instrumentos científicos muy válidos para conocer a fondo nuestra realidad delictiva y criminógena.
A veces hemos dispuesto de algún estudio amplio, estatal, sobre la seguridad ciudadana, mediante informes del Centro de Investigaciones Sociológicas. Aunque ha faltado la continuidad en el tiempo y una permanente relación de indicadores contrastados. En una materia, además, que interesa a todo el Gobierno, no sólo al Ministerio del Interior o al de Justicia, porque repercusiones en Sanidad, Educación o Medio Ambiente
son evidentes y conocidas. Al igual que también hay coincidencias y percepciones comunes con empresas y fundaciones privadas, siendo temas de colaboración permanente en nuestro entorno geográfico y cultural.
1. Coordinar la realización de una encuesta estatal y un estudio sobre las condiciones y percepción de la seguridad ciudadana, en todo el Estado, con especial atención a las variables de victimización:
? Las encuestas y el estudio se realizarán durante el presente año y sus resultados deberán ser públicos en el primer semestre del año 2012.
? Las encuestas y el estudio se actualizarán con una periodicidad al menos de cinco años.
? Para la realización de las encuestas señaladas, o de cualesquiera otras investigaciones al caso, los órganos ministeriales suscribirán acuerdos de colaboración con Universidades, organismos públicos o Fundaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro que trabajen en este ámbito específico."
162/000159
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y ss. del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en el Pleno del Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Supremo 8750/2011 relativa a las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del IRPF.
La Generalitat de Catalunya interpuso un Recurso de Casación (6507/2009) contra la sentencia desestimatoria, de 21 de octubre de 2009, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Sección 4.ª en el recurso núm. 226/2008, seguido a instancias de la misma administración, contra la Orden TAS/592/2008, de 29 de febrero, por la que se establecen las bases y se convocan subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación tributaria del IRPF. Por su parte, la Sección 4.ª de la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fallado, el pasado 16 de diciembre de 2011, a favor del Recurso de Casación y ha estimado el recurso 226/2008 deducido por la Generalitat de Catalunya.
Ello viene a significar que el citado Tribunal considera incluida en la esfera de la competencia estatal la regulación de los aspectos centrales del régimen subvencional, mientras que debe situarse dentro de la competencia autonómica lo atinente a su gestión, esto es, la tramitación, resolución y pago de las subvenciones, así como la regulación del procedimiento correspondiente a todos estos aspectos. Como señala la propia sentencia, es doctrina reiterada del Tribunal Supremo que "las normas procedimentales ratione materia e deben ser dictadas por las Comunidades Autónomas competentes en el correspondiente sector material, respetando las reglas del procedimiento administrativo común".
Esta es una reivindicación que ha sido objeto de numerosas iniciativas parlamentarias y que ahora la sentencia del Tribunal Supremo viene a avalar, Por ello el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que con la mayor celeridad posible, dé cumplimiento a la Sentencia de la Sección Cuarta de la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo 8750/2011, relativa a las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, estimando el Recurso de Casación 6507/2009 interpuesto por la Generalitat de Catalunya, y posibilite que sea la Generalitat de Catalunya quien gestione íntegramente los recursos recaudados en Catalunya a través de la casilla destinada a fines de interés social del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a partir de las declaraciones de 2012."
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2012.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
162/000160
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre reforma del sistema financiero y creación de un Polo de Banca Pública, mediante la nacionalización de las Cajas de Ahorro y sus Bancos participados, para su debate en el Pleno.
El Gobierno se dispone a plantear ante esta Cámara medidas legislativas para la reforma del sistema financiero español. Por lo anunciado, esa reforma se fundamenta en profundizar las medidas adoptadas hasta ahora y en estimular los procesos de fusión y adquisición como única vía para garantizar la solvencia de las instituciones financieras. Para ello, previsiblemente se realizarán nuevas transferencias de recursos públicos a las entidades financieras, al mismo tiempo que se recorta el gasto social, se reducen plantillas y se empeoran las condiciones de trabajo de los empleados públicos, con el consecuente deterioro de los servicios públicos que usan la mayoría de los ciudadanos.
Pero las medidas adoptadas hasta el momento han mostrado reiteradamente su ineficacia. No solamente la situación del sistema financiero no ha mejorado, sino lo que es más importante, el crédito sigue sin fluir hacia la mayoría de las empresas españolas, especialmente aquellas en cuyo capital social no intervienen los Bancos y, sobre todo, hacia las pequeñas y medianas empresas. Tampoco llega crédito a las familias. Eso sí, han mostrado su eficacia para ir transfiriendo al erario público las deudas privadas de bancos y empresas, pagando de esta forma su deuda con dinero de los contribuyentes.
Por otra parte, el incremento del tamaño de las instituciones financieras no parece un objetivo deseable, no nos librará de futuras crisis, al contrario, garantizará que se produzcan otras y más graves. Como ha demostrado la experiencia, el riesgo de que los problemas financieros de Bancos demasiado grandes se conviertan en riesgos sistémicos es real, más en un sistema globalizado como el actual y en un mercado completamente falto de regulación.
Las ayudas directas recibidas por el sistema financiero español hasta diciembre de 2011 se estiman en 141.000 millones de euros, de los que un poco más de la mitad son avales, a los que hay que añadir la apertura de una nueva línea de avales por importe de 100.000 millones de euros mediante el Real Decreto-ley 20/2011.
En total, más del 22% del PIB destinado a ayudas a Bancos y Cajas sin que haya habido una mejora en el crédito disponible ni un cambio significativo en los gestores y en los modelos de gestión, ni en las retribuciones, indemnizaciones y pensiones cobradas por directivos, incluidos los de las instituciones que han recibido importantes ayudas, que suponen un insulto a millones de familias trabajadoras, muchas de las cuales tienen a todos sus miembros en paro.
En el terreno legislativo, el Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de Crédito, que creaba el Fondo de Reestructuración Bancaria; el Real Decreto-ley 11/2010 que modificaba profundamente el sistema de Cajas de Ahorro, impulsando la bancarización y privatización de las mismas, y el Real Decreto-ley 16/2011, de 14 de octubre, por el que se crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, han demostrado sus limitaciones al no abordar los problemas centrales de las instituciones financieras españolas. Incluso la entrega al capital financiero privado de la mitad del ahorro y del crédito del país, que gestionaban las Cajas de Ahorro, a un precio irrisorio, operación que pasará posiblemente a la Historia como el expolio económico más gigantesco de la época contemporánea, no ha resuelto la situación.
Aunque es cierto que la cajas no funcionaban bien, esto ha sido debido a que su funcionamiento se parecía cada vez más al de los bancos, como resalta su implicación en el negocio inmobiliario en lugar de promover la vivienda protegida de forma coordinada con las administraciones, lo que les hubiera evitado llegar a esta situación y hubiera evitado el drama de miles de familias desahuciadas. La realidad es que se ha aprovechado la crisis para lograr un doble objetivo: quitar a los bancos del foco de atención, transmitiendo la sensación de que el problema está en las cajas, y facilitar la labor de transformarlas definitivamente en bancos privados.
El río de ayudas financieras, la entrega de los activos de las Cajas de Ahorro y las restantes modificaciones legales aplicadas hasta ahora han demostrado ser ineficaces. Porque en realidad, no se han adoptado para salvar al sistema financiero sino para que una minoría riquísima siga teniendo el control sobre el mismo permitiéndoles utilizar los ahorros de toda la sociedad en beneficio suyo. Los defensores del "libre mercado" están financiando con dinero público un oligopolio financiero cada vez mayor, con la concentración del mismo en entidades privadas cada vez mayores y más poderosas, y creando las condiciones para crisis más devastadoras en el futuro.
No será posible una reforma del sistema financiero privado sin que se aborde su subordinación al interés general establecido en el artículo 128 de la Constitución Española.
La economía española no necesita una gran banca sobredimensionada con relación a su tamaño y necesidades, incluidas las del sector exterior. Pocas entidades privadas de gran tamaño reproducirán por su propia lógica la situación actual: seguirán actuando con exceso de riesgo porque después si hay dificultades serán "salvadas" porque serán demasiado grandes para dejarlas quebrar en la lógica del mercado. Sería suicida reproducir esas condiciones y, por tanto, irresponsable aceptar esas exigencias.
En todo caso, la intervención pública generará derechos políticos proporcionales en la dirección y gestión de las instituciones que reciban las ayudas, sin perjuicio de las competencias del Banco de España. Dicha medida deberá suponer la entrada en sus consejos de administración de representantes públicos con plenos derechos políticos en su gestión. Estos representantes rendirán cuentas públicamente ante sus respectivos parlamentos, central y autonómicos.
Afortunadamente, en España contamos con el sistema de Cajas de Ahorro, que hasta hace poco tiempo no tenían accionistas privados, aunque si algunas participaciones de entidades privadas bajo control público. Su proceso de bancarización está todavía en una fase incipiente con una limitada participación del capital privado y, en algunos casos, existen Cajas nacionalizadas de facto. La aprobación y aplicación del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorros, se hizo y está haciendo sin previo debate cívico y social, y sin debate parlamentario. No ha mejorado su situación de solvencia y está en riesgo la Obra Social.
A lo largo de los años, las Cajas de Ahorros han promovido el ahorro popular, han universalizado el acceso a los recursos financieros, han fomentado las dinámicas empresariales y el uso de nuevas herramientas financieras, al tiempo que desarrollaban una obra social contribuyendo al bienestar social y para evitar la exclusión social, hasta convertirse en las principales entidades financieras del país, gracias a una activa participación de la sociedad civil y de las administraciones territoriales. La primera oleada de fusiones y bancarizaciones de las Cajas han destruido 13.400 empleos, la mayoría mediante prejubilaciones, cuestión ésta que va en la línea opuesta de las proclamas del Gobierno para alargar la edad efectiva de jubilación. Y tampoco parece la medida más eficiente ya que el coste medio es de 300.000 euros por trabajador.
Cabe también recordar que las obras sociales financian programas de importancia para la cohesión social. La supresión de la obra social afectaría gravemente a
las políticas sociales en curso, desbordando la capacidad de las entidades y las administraciones, debilitando las herramientas que contribuyen a reducir la exclusión social y financiera de la ciudadanía. Conviene evitar que se produzca una apropiación particular de los excedentes aplicados en este ámbito y que se minoren sus recursos.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar un proceso para reformar profundamente el conjunto del sistema financiero español. Una parte central de esta reforma debe ser la creación de un Sistema de Banca Pública, nucleado por el Instituto de Crédito Oficial y del que formen parte las Cajas de Ahorro, los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) constituidos y sus Bancos participados, mediante su nacionalización, en aplicación del artículo 128 de la Constitución Española.
1. Los objetivos esenciales de esta reforma deberán ser:
a) Que el sistema financiero cumpla su función en la economía facilitando con eficiencia y a costes competitivos las necesidades de crédito de las empresas y las familias, y contribuyendo a la creación de empleo público y privado.
b) Limitar el sobreendeudamiento familiar; reducir los salarios de los directivos y eliminar los incentivos vinculados a las operaciones de riesgo; modificar el mercado hipotecario para que sólo se responda de los créditos con el bien hipotecado; limitar y controlar las inversiones en actividades especulativas, especialmente en el sector inmobiliario, y las operativas bancarias hacia y desde paraísos fiscales; y a eliminar comisiones injustificadas y cláusulas abusivas.
c) Establecer las medidas que impidan las actuaciones concertadas entre entidades financieras y sociedades de tasación y cuyo resultado es el incremento de precio desorbitado en suelo e inmuebles.
d) Vincular las ayudas públicas directas o indirectas al flujo de crédito hacia las empresas y familias, con una especial atención a las pequeñas empresas y trabajadores autónomos; reducir y racionalizar las remuneraciones de los directivos y proteger a las personas con créditos hipotecarios firmados con la respectiva entidad.
e) Fortalecer la solvencia del Fondo de Garantía de Depósitos para garantizar los ahorros de la ciudadanía y reforzar la solvencia de las entidades de crédito, dado que las nuevas funciones que se le han asignado exceden en mucho la capacidad financiera que el organismo tiene.
f) Exigir la plena operatividad en la dirección y la gestión de las instituciones que reciban cualquier tipo de ayuda pública de los derechos políticos correspondientes a esos fondos y garantizar así, además de con la regulación necesaria, el cumplimiento de los objetivos definidos en el punto anterior.
2. Las características de la nacionalización de las Cajas de Ahorro, los SIP constituidos y sus Bancos participados serían las siguientes:
c) Debe asegurarse la gestión y el control democráticos, mediante la correspondiente participación de electos locales y autonómicos, representantes de los trabajadores y de los impositores que rendirán pública y regularmente cuentas, en un lenguaje asequible ante las distintas instituciones públicas. Así mismo, se establecerán mecanismos independientes de control, contrapesos de gestión y de exigencia de responsabilidades administrativas y penales, en su caso, a los gestores.
d) El control económico de las entidades nacionalizadas deberán ser incluidas dentro de la actividad fiscalizadora del Tribunal de Cuentas.
e) Sus objetivos económicos deben ser la concesión de crédito a proyectos públicos, empresas, con prioridad a las pequeñas, y a los autónomos, especialmente en proyectos vinculados a la creación de empleo. Deben estar territorializadas, garantizándose un porcentaje mínimo de crédito en función de los depósitos en cada territorio.
j) El parque de viviendas actualmente en su poder deberá ser traspasado a Agencia Gestora de Vivienda Pública en Alquiler, dependiente del SIP, y constituir una oferta pública de vivienda en alquiler moderado.
3. El desarrollo simultáneo de un polo complementario de banca pública que, junto a las Cajas nacionalizadas, cuente con el despliegue funcional y territorial del Instituto de Crédito Oficial, la recuperación de las fichas de bancos públicos hoy no operativos (Banco de Crédito Local, Banco Hipotecario, etc.), la renacionalización de la Banca Postal y el despliegue de las Agencias de Inversión de las Comunidades Autónomas.
4. Revisar la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España, modificando las competencias y funciones del Gobernador del Banco de España con el objeto de asegurar su supervisión e intervención en el sistema financiero. Concretar y dotar de mayor especificidad las causas de cese previstas en caso de incumplimiento de sus funciones. Como consecuencia del demostrable incumplimiento grave de las obligaciones del Gobernador del Banco de España, acordar la separación de su cargo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2012.-Alberto Garzón Espinosa, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000161
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la situación de los españoles afectados por las expropiaciones de tierras y propiedades en Venezuela, para su debate en Pleno.
Los españoles que viven en la República Bolivariana de Venezuela constituyen una población de más de 200.000 personas, según las estadísticas que ofrece el Padrón de Residentes del Consulado de España en dicho país. La gran mayoría son emigrantes que se trasladaron hace décadas y que, tras largos años de esfuerzo, han acumulado un patrimonio más o menos importante.
No es la primera vez que en sede parlamentaria se ha venido abordando la problemática que han padecido muchos de estos compatriotas, debida al abandono de la defensa de sus intereses por parte del anterior Gobierno socialista, tras haber sido expulsados de sus propiedades y, en muchos casos, incluso amenazados.
Cabe recordar que el régimen del presidente venezolano Hugo Chávez llevó a cabo una política de expropiación de tierras y propiedades, basada en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; desde 1999, cuando asumió el poder, se han expropiado unos 2,5 millones de hectáreas, pero apenas 50.000 de ellas están productivas. El verdadero plan de confiscaciones comenzó en 2007, tras la reelección del presidente Chávez; en el caso de las tierras, la confiscación se basó en su improductividad y en la necesidad de destinarlas a fomentar la seguridad y la soberanía alimentaria, justamente en un país que importa cerca del 70 por ciento de los alimentos que consume y en el que, tras estas confiscaciones masivas, la llegada de productos alimenticios desde otro países sigue igual. El Gobierno bolivariano, asimismo, decidió la expropiación de tierras que consideró no estaban repartidas de forma justa.
Lo cierto es que estas expropiaciones han afectado a más de 500 propietarios agropecuarios, comerciantes y empresarios de origen español o a sus descendientes, sin contar a otros muchos que por miedo a verse en peligro decidieron no denunciar la toma indebida de sus tierras.
En julio del año 2009, los Gobiernos español y venezolano acordaron la creación de comisiones para revisar los casos de expropiaciones a ciudadanos españoles con el fin de poder indemnizar a los propietarios. Sin embargo, recientemente, miembros de la Federación de Centros Españoles de Venezuela, FECEVE, con su presidente a la cabeza, han confirmado que hasta el momento sigue sin pagarse a la mayoría de los afectados, lamentando además que muchas de las propiedades expropiadas están destruidas y, otras, parceladas y vendidas por los mismos invasores. Los españoles allí residentes calculan que la deuda por las indemnizaciones aún no satisfechas podría superar los 5.000 millones de euros, correspondientes a cerca de 300 de los españoles afectados.
El pasado 6 de enero de 2012, representantes de la FECEVE hicieron entrega en el Consulado español en Caracas de sendas cartas dirigidas a altas instituciones del Estado, para que se exija a Venezuela el reconocimiento de los pagos pendientes, en concepto de indemnización, de las tierras y propiedades afectadas, así como el cumplimiento del Tratado de Promoción y Protección de Inversiones que está vigente entre ambos países.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular propone para su debate y votación la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que retome las conversaciones con el Gobierno de Venezuela para dar una solución a los problemas generados por expropiaciones de tierras y propiedades a ciudadanos españoles, consiguiendo así la defensa de sus intereses y derechos. Para ello, se propondrá asimismo reunir a la comisión mixta de seguimiento de tierras
acordada en su día para la resolución de los dosieres pendientes y el pago de las correspondientes indemnizaciones."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2012.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000162
El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de la Diputada doña Rosa María Díez González y al amparo de lo dispuesto en los artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reforma de la Inspección de la Aviación Civil y la creación de un cuerpo de Inspectores del Estado en dicha materia, para su debate en Pleno.
La alta sensibilidad de la opinión pública en materia de Aviación Civil, motivada por la utilización cada vez más frecuente del avión para los desplazamientos tanto profesionales, de negocios como de ocio, exige que la garantía de la seguridad de las aeronaves y de las operaciones aéreas sea máxima, para evitar que puedan volver a repetirse accidentes tan graves como el ocurrido con el avión de la Compañía Spanair en agosto de 2008.
Una de las maneras más eficaces de conseguir que se cumpla con la normativa de seguridad aérea consiste en disponer de un servicio de inspección profesional e independiente que evite tanto las presiones de las compañías aéreas para volar en condiciones inadecuadas como las presiones de la administración para minimizar posibles fallos en la gestión de las operaciones aéreas.
La regulación de la Inspección de la Aviación Civil dependiente del Ministerio de Fomento la hace la Ley de Seguridad Aérea 21/2003, en su disposición adicional 48. Mediante esta norma la Dirección General de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Fomento, ha externalizado las funciones de inspección aeronáutica en el campo de las operaciones aéreas, en la Empresa estatal SENASA, declarada Empresa Instrumental del Estado.
Esta empresa instrumental contrata a pilotos de los diferentes campos de la aeronáutica (avión, helicopteristas, pilotos de globo, etc.) mediante un contrato de servicios, en el que exige el alta en el Régimen Especial de trabajadores Autónomos de la Seguridad Social para, una vez vinculados por dicho contrato, ceder esos trabajadores a la Dirección General de Aviación Civil para realizar funciones de inspección en el campo de las operaciones aéreas.
Con esta intermediación, la empresa Estatal saca un enorme beneficio, pues paga a sus trabajadores autónomos contratados exactamente la mitad de lo que factura al Ministerio de Fomento por su servicio. Además esta contratación podría llegar a considerase susceptible de incurrir en un eventual fraude de ley, ya que la relación que une a Senasa con sus trabajadores presenta indicios de poder llegar a ser considerada como trabajo por cuenta ajena que no por cuenta propia.
Pero lo más preocupante de la forma en que se contrata a los inspectores y de su régimen jurídico laboral es que, como consecuencia de ella, carecen de la necesaria independencia y autonomía para poder ejercer sus funciones libre de presiones. Para empezar al no tener la condición de funcionarios no gozan de la presunción de veracidad propia de otros Inspectores del Estado; lo que al ser conocido por las empresas y operadores aéreos, les limita para levantar actas, abrir expedientes sancionadores, y en definitiva para elevar a su responsable en la administración un "Informe Técnico" de las deficiencias o infracciones que han detectado. De manera que queda en manos de los funcionarios a los que han sido asignados, quienes no han realizado la inspección y quienes responden a criterios diferentes a los de independencia y rigor técnico, la decisión de abrir o no los expedientes sancionadores.
Además a las empresas expedientadas, en los raros casos en que la Dirección General de Aviación Civil se decide a abrir un expediente sancionador, al no tener este trabajador autónomo subcontratado la presunción de veracidad propia de cualquier cuerpo de inspección del Estado, les resulta muy fácil desvirtuar los informes técnicos de parte emitidos por ellos. De ahí que muchos de los raros expedientes sancionadores instruidos, se archivan por defectos de forma, falta de pruebas, o simplemente se dejan prescribir por falta de personal y medios, cuando no por otros motivos que no se alcanzan a conocer.
Por otra parte este sistema, a la vista de los expedientes sancionadores abiertos por la D.G.A.C. a los Operadores Aéreos en los últimos años, es claramente ineficiente ya que no ha conseguido realizar un control cualitativo relevante de las incidencias que se aprecian en las inspecciones.
En definitiva, el actual sistema implantado de inspección del Estado en las Operaciones Aéreas está basado en una empresa instrumental llamada Senasa que realiza un negocio sin duda lucrativo pero que vacía de contenido realmente a dicha Inspección, de la que según parece lo único que interesa es el elemento cuantitativo objetivable por el número de inspecciones pero no su calidad en aras de evitar riesgos innecesarios en nuestro sistema aéreo.
Se puede considerar que sería mejor un sistema de inspección estatal, a imagen y semejanza de los implantados
en el Ministerio de Hacienda o en el Ministerio de Trabajo, con un cuerpo de Inspectores dotados de la autonomía, independencia y autoridad necesaria para garantizar una adecuada seguridad aérea.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en el plazo máximo de seis meses un proyecto de Ley que contemple lo siguiente:
1. La regulación de un servicio de Inspectores del Estado de Aviación Civil que responda a los principios de autonomía, independencia y calidad técnica para garantizar unas inspecciones de las operaciones aéreas rigurosas y transparentes entre cuyos méritos para la selección sea determinante la experiencia previa en el sector aeronáutico."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2012.-Rosa María Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
162/000163
Proposición no de Ley sobre el mantenimiento de la Renta Básica de Emancipación de los Jóvenes.
Teniendo en cuenta la corrección contenida en el escrito registrado con el número 4277 y, considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, al Grupo Parlamentario proponente y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el mantenimiento de la Renta Básica de Emancipación de los Jóvenes, para su debate en Pleno.
El Real Decreto 1472/2007, de 2 de noviembre, por el que se regula la Renta Básica de Emancipación de los Jóvenes, otorgó a los jóvenes el derecho a percibir las siguientes ayudas para el pago del alquiler de vivienda:
? 210 euros mensuales para el pago del alquiler de su vivienda habitual durante un máximo de cuatro años.
? 600 euros de préstamo que se pueden utilizar para la fianza.
? Si se necesita aval, 120 euros para los gastos de su tramitación.
En el tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de esta ayuda a los jóvenes, casi 300.000 jóvenes españoles la han percibido, lo que ha ocasionado no sólo un repunte en el mercado de alquiler como medio de acceso a una vivienda (y en el caso de los jóvenes, una primera vivienda) y a una forma de emancipación del hogar paterno, sino notables beneficios fiscales a las arcas públicas al aflorar datos para las Administraciones de inmuebles cuyos propietarios no declaraban, no sólo a efectos patrimoniales, sino por las rentas que percibían por arrendar los mismos.
Por otro lado, la RBE ha supuesto para los jóvenes que lo percibían, una importante reducción en el esfuerzo de emancipación, es decir, en el porcentaje de sus ingresos que destinaban a tener un hogar propio, pues los perceptores de la RBE tenían un esfuerzo de emancipación 19 puntos inferior de media al de los jóvenes emancipados sin RBE. En este sentido, cabe destacar que el esfuerzo para emanciparse de las jóvenes sin RBE, se situaba en el 45% y siempre 5 puntos por encima de los jóvenes sin RBE, resultando que la RBE reducía el esfuerzo de emancipación en 20 puntos para ellas y 18 puntos para ellos.
En suma, la Renta Básica de Emancipación se ha configurado como una prestación social no sólo extendida entre la población joven de nuestro país, sino como un importante instrumento de dinamización de la economía joven y del mercado del alquiler, y de equiparación económica entre los jóvenes y las jóvenes, al tiempo que un elemento de clarificación fiscal sobre las viviendas en alquiler y las rentas que generan, lo que, en la actual situación económica contribuye a una mayor justicia fiscal en el gravamen sobre las rentas del patrimonio inmobiliario.
El Consejo de Ministros, en su reunión del pasado día 30 de diciembre de 2011, acordó la "no renovación de la Renta de Emancipación, manteniendo la cobertura actual". Ello implica que ningún joven podrá acceder a la misma si no la percibía con anterioridad y que, en términos prácticos, la RBE vaya desapareciendo paulatinamente, con efectos negativos, no sólo para el mercado de alquiler de vivienda, sino, principalmente, para el acceso de los jóvenes a su emancipación y para la actualización de datos fiscales relacionados con los rendimientos por el arrendamiento de viviendas.
El Grupo Parlamentario Socialista considera que son más los beneficios obtenidos por el mantenimiento de la RBE (tanto para los jóvenes como para los ingresos fiscales) que el ahorro presupuestario que se pudiera derivar de su progresiva reducción, sin contar con los perjuicios a los jóvenes perceptores del conjunto de España.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revocar su medida del pasado día 30 de diciembre de 2011 y mantener la Renta Básica de Emancipación en los parámetros que conocíamos hasta ese día."
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2012.-César Luena López, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000164
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, con propuestas para que el Gobierno mejore las Políticas Activas de Empleo para que se conviertan en un instrumento que contribuya de manera efectiva a la creación de empleo en España, para su debate en Pleno.
Las políticas de empleo en España adolecen de un importante desequilibrio estructural entre los recursos destinados a las políticas activas y aquellos dirigidos a las políticas pasivas, desequilibrio a favor de estas últimas y que en los últimos años se ha acentuado debido a la crisis económica y su consecuente aumento del desempleo.
En los Presupuestos Generales del Estado de 2011 se destinaron 7.358 millones de euros a políticas activas, lo que supuso un 0,69% del PIB (porcentaje que asciende a 2,82% en el caso de las políticas pasivas). Los tres bloques fundamentales en los que se dividen las políticas activas son: formación para el empleo, incentivos al empleo y creación de empleo. Una de las deficiencias de nuestro sistema es la formación para el empleo dirigida a desempleados, pues ahora solo se destina a este colectivo un 34% del total de recursos, los cuales ascienden a 2.678 millones de euros.
Nuestras políticas laborales deben seguir corrigiendo estos desequilibrios y por ello, el gobierno socialista impulsó una primera reforma. Las políticas activas deben orientarse a la reactivación del empleo a través de: por un lado, la vinculación de las políticas pasivas con las activas; y por otro lado, aumentando la dotación de las políticas activas dirigidas a los desempleados. La prestación por desempleo supone una garantía de ingresos que no puede implicar en ningún caso un desincentivo a la búsqueda activa de empleo o a la participación en programas específicos. Por ello, los Servicios Públicos de Empleo tienen un papel crucial en la gestión y dinamización de los desempleados.
Las políticas activas deben considerarse un instrumento al servicio de los demandantes de empleo para mejorar los mecanismos de búsqueda de empleo, para mejorar la cualificación personal y en definitiva, para que la reincorporación al mercado de trabajo se produzca en la mayor brevedad posible. Asimismo, las políticas activas serán una herramienta fundamental para dotar al nuevo modelo productivo de aquellos recursos humanos necesarios.
Impulsar un nuevo paquete de medidas en materia de políticas activas de empleo que permita acompasar las políticas para la dinamización de la economía, con políticas para la activación de los desempleados. Por ello proponemos:
? Mejorar la relación actual entre las políticas activas y pasivas, dando paso a un modelo más coherente e integrado, con un mayor grado de coordinación entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno de España.
? Aumentar los recursos de los Servicios Públicos de Empleo, mejorar su eficacia, y adoptar nuevos instrumentos
que hoy no existen. Hay que seguir potenciando el Servicio Público de Empleo estatal, así como su efectiva coordinación con los Servicios de empleo autonómicos, además de impulsar las mejores prácticas de colaboración público-privadas en la intermediación en el mercado de trabajo.
? Ampliar la oferta de formación, mejorar su calidad y aumentar su especialización, con el objetivo prioritario de reorientar a los desempleados provenientes de los sectores y actividades que han sufrido un mayor ajuste hacia sectores emergentes. Asimismo, se deben crear mecanismos de coordinación entre el sector privado y los servicios públicos para que las acciones formativas respondan mejor a las necesidades de las empresas y de las personas desempleadas.
? Fomentar la contratación a tiempo parcial, mediante una nueva regulación de este tipo de contrato, y promover la existencia de contratos de sustitución a través de los cuales se incorporen desempleados que suplan a los trabajadores en activo durante los períodos en los que éstos estuvieran recibiendo formación.
? Buscar nuevas fórmulas de utilización de la prestación por la persona desempleada para mejorar o fomentar su empleabilidad, bajo la tutela y autorización de los servicios públicos de empleo, y en el marco de un itinerario de inserción laboral. Junto a ello, se deben establecer nuevas formas de estímulo al empleo para los perceptores de prestaciones por desempleo sin que se alteren en forma alguna sus derechos, y mantener condiciones adecuadas de estímulo al empleo para los demás desempleados.
? Reforzar los recursos y los mecanismos de actuación disponibles en materia de políticas de empleo mediante la creación de un Fondo para el Empleo que garantizaría la suficiencia de recursos que se precisen para las mismas. Este Fondo se podría constituir con nuevos ingresos de naturaleza tributaria obtenidos a partir del impuesto sobre la banca y sobre las grandes fortunas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2012.-Jesús Caldera Sánchez-Capitán, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000165
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre un Plan de Empleo para Jóvenes para reducir el elevado desempleo juvenil y apoyar la creación de empleo de los jóvenes, para su debate en el Pleno.
La crisis económica global ha puesto de manifiesto la fragilidad de los jóvenes en el mercado de trabajo. Muchos jóvenes abandonaron el sistema educativo para ocupar puestos de trabajo precarios, poco cualificados y muy frágiles, ligados a la burbuja de la construcción. Además, la crisis económica ha cerrado las puertas del empleo a una proporción elevada de jóvenes que ve frenado su acceso a un primer empleo. Esta situación origina la falta de esperanza de los más jóvenes de vivir en una sociedad justa, de acceder a una vivienda digna y a un empleo que les permita realizarse como ciudadanos.
Hoy más de 1,6 millones de jóvenes menores de 30 años están en situación de desempleo y su tasa de paro supera el 36%, más de trece puntos por encima de la tasa de paro media del país. Desde el inicio de la crisis a finales de 2007 han perdido su empleo en torno a 2 millones de jóvenes menores de 30 años, una cifra que representa más del 71% del total de empleo destruido, es decir, 7 de cada 10 empleos perdidos en los últimos cuatro años corresponden a trabajadores jóvenes.
En la Unión Europea, España es después de Grecia el país con mayor tasa de paro juvenil, ambos países con tasas situadas en torno al 35%. A una distancia apreciable se sitúa Irlanda, con niveles de paro cercanos al 25%. Los menores niveles corresponden a Países Bajos, Austria y Alemania, con tasas inferiores al 8%. España lidera el "ranking" cuando consideramos el volumen de desempleo juvenil, aportando cerca del 20% del total de desempleados de menos de 30 años de la UE-27.
Para evitar el riesgo de que una generación entera se quede descolgada, en la pasada legislatura se pusieron en marchas diversas medidas, entre ellas el nuevo contrato de Formación y Aprendizaje, que combina trabajo remunerado en una empresa con formación para adquirir una cualificación profesional reconocida. Este tipo de contrato tiene protección social plena, como por ejemplo, la protección por desempleo, algo que no incluía el anterior modelo. Además, se aprobaron bonificaciones de 800 euros durante tres años (1.000 en el caso de las mujeres) para las empresas que contraten de forma indefinida a desempleados menores de 30 años.
De igual manera, el contrato en prácticas se limitó a un mínimo de seis meses y un máximo de dos años, y elevamos a 12 días (hasta entonces era de ocho días) la indemnización por despido de los contratos temporales.
Con la reforma de la Formación Profesional llevada a cabo en la pasada legislatura se amplió y flexibilizó su oferta para evitar, entre otros objetivos, que ningún alumno abandone el sistema educativo hasta que alcance la formación y cualificación necesaria para su desarrollo personal y profesional.
A pesar del esfuerzo realizado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el agravamiento de la crisis económica en agosto del pasado año ha provocado un empeoramiento del mercado laboral español y especialmente entre el colectivo de los jóvenes. De ahí la urgencia de poner en marcha nuevas medidas para reducir el elevado desempleo juvenil y apoyar la creación de empleo de calidad en la salida de la crisis.
1. Formalizar un compromiso social compartido con un colectivo especialmente vulnerable: los trabajadores jóvenes, con quienes debemos asumir la obligación de dotarles de más formación, y a quienes hay que dedicar todos los esfuerzos para que puedan tener más y mejores oportunidades en el mercado laboral.
2. Adoptar, y evaluar, un conjunto de medidas que ayudarían a mejorar la empleabilidad de los jóvenes, entre las cuales estarían las siguientes:
a) Flexibilizar el sistema educativo para impedir que los jóvenes lo abandonen sin la cualificación y formación necesarias para su desarrollo personal y profesional.
b) Ofrecer segundas oportunidades a los menores de 20 años que abandonaron el sistema educativo a través de programas de cualificación profesional inicial.
c) Ofrecer programas de primera experiencia profesional para aquellos que sí disponen de una cualificación suficiente para acceder con éxito al mercado de trabajo.
d) Introducir instrumentos para la prevención del abandono escolar."
3. Aprobar un Plan de Empleo para Jóvenes, con participación de todos los actores implicados, en el que se recoja un paquete coherente e integrado de medidas para promover el empleo de todo el colectivo de jóvenes. Este Plan deberá tener en cuenta las diversas realidades que presenta este colectivo, donde encontramos, por un lado, a personas jóvenes con titulación universitaria que no pueden acceder a un primer empleo, por otro, a jóvenes con títulos de enseñanza secundaria o formación profesional que renunciaron a otras alternativas en los momentos de bonanza económica y que ahora ven frustradas sus expectativas laborales, y finalmente a un tercer grupo de jóvenes que no disponen de cualificación profesional debido a que abandonaron los estudios atraídos por puestos de trabajo bien remunerados, principalmente en el sector de la construcción, en los que no se requerían estudios pero que tampoco les aportaron ninguna cualificación adicional para ampliar su formación y posibilidades de trabajar en otros sectores. Todos estos grupos de jóvenes reclaman una atención a la que el Gobierno debe dar respuestas adecuadas con políticas bien orientadas."
162/000166
1. Adoptar cuantas medidas sean necesarias, incluso mediante la aprobación o elaboración de la correspondiente normativa, para garantizar la liquidez de las participaciones preferentes que han sido comercializadas a usuarios de servicios financieros sin la adecuada
y suficiente información, garantizando igualmente la recuperación de sus ahorros sin pérdida del capital principal invertido.
c) Garantizar que el producto es adecuado a los conocimientos y experiencia previa de los usuarios de servicios financieros para valorar correctamente su naturaleza y riesgos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2012.-Antonio Hurtado Zurera, Diputado.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000167
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación y desarrollo de un Plan de Lucha contra el crimen organizado y la corrupción en la zona de Levante, para su debate en el Pleno.
Existen numerosos datos objetivos que ponen de manifiesto el rápido aumento del asentamiento de bandas de delincuencia organizada y el consiguiente crecimiento de la inseguridad ciudadana en diversos municipios de la Costa Blanca. En este caso han de valorarse la concurrencia de varios factores, como el aumento de población no censada en los municipios y la denominada población flotante propia de municipios turísticos.
Además de los factores citados, la abundancia en ciertas comarcas de urbanizaciones de una enorme extensión ha hecho que estos grupos de delincuentes hayan logrado instalar sus bases de operaciones en Levante. A ello se suma la escasez de medios de la Policía Judicial y de Agentes de Fuerzas de Seguridad especializados en zonas como el sur de Alicante, considerada en diversos informes de Europol como foco principal de organizaciones mafiosas. Igualmente la mayoría de las policías europeas han revelado conexiones de sus mafias autóctonas con grupos de delincuencia organizada que actúan en España, en un momento de expansión de las mismas.
Desde 2005, el Grupo Especial de Respuesta contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional (Greco), cuenta con unidades en las zonas donde se concentran la mayoría de clanes mafiosos y de delincuencia organizada en la zona de Levante. Concretamente "Greco Levante" tiene bases en Benidorm y Orihuela.
Resulta preocupante el anuncio de recortes o la eliminación de estas unidades por parte del Ministerio del Interior. Al contrario consideramos que es el momento de reorientar, de reorganizar las estructuras especializadas existentes para su mayor eficacia y eficiencia para la consecución de sus fines.
Sin embargo, pese a que en los últimos años se han producido avances, corremos el riesgo de retroceder en la persecución del crimen organizado y la corrupción. Al contrario, para nuestro Grupo Parlamentario la situación requiere la adopción inmediata de medidas complementarias que se concreten en la creación de un Plan de actuación específico en la lucha contra el crimen organizado para la zona de Levante.
Urge, por tanto, la adopción de medidas específicas en la lucha diaria contra el crimen organizado y la corrupción en la C. Valenciana y fundamentalmente en los puntos en que se han registrado un mayor número de delitos cometidos por asociaciones criminales, debido al asentamiento e implantación en la zona de sus estructuras.
Es por ello, que este Grupo presenta la siguiente
Crear y desarrollar de un Plan de lucha contra el crimen organizado y la corrupción, específico para la zona de Levante, que contemple la elaboración de un mapa diagnóstico de donde se están asentando los grupos de delincuencia organizada en esta zona y las actividades delictivas que comprenden su actuación ilícita.
Reorganizar la estructura y el funcionamiento de las unidades especializadas en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción para alcanzar un mayor grado de eficacia y eficiencia en la investigación, detección y persecución de las actividades delictivas llevadas a cabo por las bandas organizadas en la zona de Levante.
Especializar a los Agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, dotándolos de medios humanos y materiales suficientes para afrontar con un mínimo de garantías de eficacia la lucha contra la actuación de bandas organizadas en la zona de Levante."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2012.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000168
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la investigación de los robos y desapariciones de neonatos, para su debate en el Pleno.
Entre los años 1940 y 1990, se produjeron en el Estado español robos organizados de recién nacidos. En la trama estarían involucrados médicos, matronas, funcionarios y rectores. Los afectados, según los cálculos de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (ANADIR), podrían ser cerca de 300.000 en todo el Estado. La Fiscalía ha recibido numerosas denuncias en todo el Estado, y cada día siguen apareciendo más casos.
En las maternidades se decía a las madres que acababan de parir que sus hijos habían muerto, incluso, en algunos casos, llegaban a organizarse por parte del hospital falsos entierros, mientras que en otros, ni tan sólo llegaron a estar inscritos en los registros de los cementerios. En muchos casos, a la hora de exhumar los cuerpos, se ha descubierto que no había ningún tipo de restos mortales en las fosas comunes.
Con el tiempo las familias han descubierto la falsedad de los certificados de defunción. Algunos adultos se han encontrado con que sus padres no son sus auténticos progenitores, bien al someterse a pruebas de ADN o bien al descubrir falsificaciones e incongruencias en su documentación.
La denuncia de una trama, realizada por ANADIR y SOS Bebés Robados, tiene su fundamento en que, una vez muerto el recién nacido, el hospital se encargaba de los trámites de su entierro, cuando esta era una tarea que no le correspondía, y éste se producía en una fosa común.
Es por ello que las pruebas de ADN son determinantes para sacar a la luz los robos y desapariciones de bebés en el siglo XX y cerrar uno de los episodios más negros de la historia reciente española.
Por todo lo cual, se propone la siguiente
1. Impulsar la creación de una Comisión de Investigación en el seno del Congreso de los Diputados que estudie los casos de robos y desaparición de neonatos que se produjeron en el Estado español entre 1940 y 1990.
2. Impulsar las medidas necesarias para facilitar la investigación sobre la desaparición de bebés desde el Franquismo hasta los años 90, facilitando la creación de un banco de ADN que permita cruzar los datos de los denunciantes de los casos de robo y desaparición de recién nacidos, con el objetivo de ayudar a los afectados a encontrarse.
3. Establecer mecanismos de ayuda a las personas afectadas para la financiación de las pruebas de ADN, claves para el esclarecimiento de los hechos.
4. Recabar, en coordinación con los Gobiernos autonómicos, de todos los hospitales, públicos y privados, la información obrante de los casos de recién nacidos muertos desde 1936 hasta principios de los años 90, en los que se hicieron cargo de los trámites de entierro.
5. Crear una oficina para gestionar toda la documentación disponible por parte de los afectados y para coordinar con las demás administraciones públicas toda aquella documentación necesaria para el esclarecimiento de los casos de bebés robados.
6. Instar a la Fiscalía General del Estado para que inicien de oficio las investigaciones oportunas para la determinación de la naturaleza de los hechos y la exigencia de responsabilidades penales y civiles a que pudiera haber lugar."
162/000169
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la financiación de la Iglesia Católica, para su debate en el Pleno.
Por su parte, el artículo 16 del capítulo 11 del Título 1 garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, en un Estado aconfesional que mantendrá relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
En el actual contexto de crisis económica el Gobierno ha considerado necesario reducir en un 20% las subvenciones a partidos políticos, sindicatos y patronal. En particular, se encuentra en tramitación parlamentaria un Proyecto de Ley para adecuar las subvenciones previstas en la Ley Orgánica sobre financiación de los partidos
políticos para que éstos, según se expresa en la exposición de motivos de dicho proyecto, participen en el esfuerzo colectivo necesario para superar la crisis.
Esta situación privilegiada puede herir la sensibilidad y el sentido de igualdad y de justicia distributiva de muchos ciudadanos que no están comprometidos con la Iglesia Católica, especialmente de los que participan de otras creencias filosóficas y religiosas, y principalmente, la de aquéllos que defendemos la independencia del Estado respecto a todas las confesiones religiosas y de las influencias de sus jerarquías, así como la igualdad de todos los ciudadanos ante el Estado y en el acceso a los bienes públicos. En todo caso, esta situación choca frontalmente con el principio constitucional de no confesionalidad del Estado.
1. Llevar a cabo las medidas oportunas para establecer un calendario con un plazo de adaptación para la completa autofinanciación de la Iglesia Católica a través de las donaciones de sus fieles.
2. Revisar en ese plazo de adaptación los beneficios fiscales de los que disfruta la Iglesia Católica con el objetivo de su desaparición, en particular, en lo que respecta a las exenciones en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
3. Suprimir en ese plazo de adaptación la asignación tributaria a la Iglesia Católica en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
4. A recortar en un 20% la asignación tributaria a la Iglesia Católica en el IRPF en los Presupuestos Generales del Estado para 2012, con la finalidad de que la Iglesia participe en el esfuerzo colectivo necesario para superar la crisis."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2012.-José Luis Centella Gómez, Portavoz Adjunto Primero.-Cayo Lara Moya.-Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
162/000171
Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a impulsar un Acuerdo Nacional para el fomento de la Ciencia y la Innovación como ejes estratégicos para la economía española.
Teniendo en cuenta el contenido del escrito número de registro 4292, y considerando que solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, admitirla a trámite como Proposición no de Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno, al Grupo Parlamentario proponente y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre un Acuerdo Nacional para el fomento de la Ciencia y la Innovación como ejes estratégicos para la economía española, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.
En los últimos ocho años, en España se ha llevado a cabo una política en materia de ciencia e innovación, con cambios normativos relevantes y un esfuerzo presupuestario sin precedentes históricos. Todo ello ha permitido una transformación del país que nos sitúa a nivel de nuestros socios comunitarios, y que no debe frenarse a pesar del escenario macroeconómico de crisis que atravesamos, dada la importancia estratégica de esta política para el país.
En materia de ciencia, la comunidad internacional mira por fin a España como socio científico, como sede para grandes instalaciones y como un país de destino para que los investigadores desarrollen aquí sus carreras científicas. La importancia que tienen la educación, la ciencia y la innovación para mejorar a medio y largo plazo la productividad de nuestra economía es un hecho incuestionable.
La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, aprobada por unanimidad en mayo de 2011, es una ley que ayuda a completar el proceso de modernización iniciado en los años 80 y que tiene como fin último situar a la ciencia en el centro de nuestra sociedad y a la innovación en el centro de nuestra economía. España ha pasado de ocupar la posición 30.° en el "ranking" mundial de producción científica a situarse en el 9.° lugar.
En materia de innovación, el esfuerzo presupuestario llevado a cabo desde el sector público y su efecto de arrastre sobre la inversión privada nos ha permitido ir cerrando el enorme diferencial que teníamos con los países más avanzados. En 2009, la suma de la I+D+i civil pública y privada se situaba ya en el 1,38% del PIB, frente al 0,9% que suponía al principio de la década. Los distintos programas englobados dentro de la iniciativa Ingenio 2010 han mostrado los buenos resultados de unas inversiones públicas movilizadoras del sector privado: programa CENIT (2.300 millones de euros, 53% privado), Investigadores a empresas (1.700 contratos en 2010), CONSOLlDER (7.400 investigadores), CIBER (9.000 investigadores SNS). Como resultado de esta política de ciencia e innovación, las patentes españolas y las publicaciones científicas han crecido más de un 70% desde sus niveles de 2004.
Necesitamos dar continuidad a todos estos logros, y sobre todo, que tengan un traslado al tejido productivo, a través de la inversión en I+D+i. La investigación debe aportar la creación de bienes, productos o servicios capaces de aumentar el bienestar de todos los ciudadanos. Debemos defender que la innovación y la creación de empresas de base tecnológica son fundamentales para el cambio del modelo productivo que España necesita.
El esfuerzo realizado por España en las dos últimas décadas y que ha logrado posicionar nuestra ciencia en el panorama internacional debe complementarse ahora con un mayor énfasis en la transferencia de los resultados de investigación hacia el tejido productivo; por una mayor implantación del sistema científico con la empresa y de la empresa con la ciencia.
Considerando todo lo expuesto anteriormente, y para lograr que la Ciencia y la Innovación sean ejes estratégicos para la economía española, se presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar un gran Acuerdo Nacional a través de estas medidas:
1. Mantener la inversión pública en I+D+i civil con el objetivo de seguir aumentando la competitividad de nuestra economía.
2. Diseñar un Plan Estatal de Investigación 2012-2015 a fin de que la financiación nacional estimule de forma más eficiente la colaboración entre investigadores, equipos y centros españoles e internacionales.
3. Mejorar el actual marco legal de las aportaciones privadas de financiación a centros de investigación y patrocinio de investigadores para hacer más atractivo el mecenazgo científico.
4. Actualizar la Estrategia Estatal de Innovación para extender su ámbito temporal hasta 2016, reforzando la cooperación entre los distintos agentes, especialmente las CC.AA. y Ayuntamientos, duplicando el número de empresas innovadoras, y favoreciendo la transferencia de conocimiento.
5. Favorecer la constitución de fondos de inversión de capital-riesgo y de capital semilla mixtos en el sector público y privado, que permitan la financiación de las iniciativas innovadoras.
6. Poner en marcha un programa de "Cheques Tecnológicos" para distribuir a empresas que se inician en las actividades de I+D+i.
7. Fomentar los "clusters" de innovación en sectores clave para la economía española."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2012.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

References: artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 193
 artículo 194
 resolución 
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 194
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 resolución 
 artículo 128
 artículo 128
 artículo 193
 resolución 
 artículo 193
 artículo 194
 artículo 193
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 16
 artículo 194
 artículo 193