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Timestamp: 2018-09-20 20:48:26+00:00

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INDUCCIÓN O AYUDA AL SUICIDIO EN LA NORMATIVIDAD COLOMBIANA, UNA REFLEXIÓN DESDE LA PSICOLOGÍA JURÍDICA – LUZ MARINA CARMONA RAVE – COLOMBIA « PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE
INDUCCIÓN O AYUDA AL SUICIDIO EN LA NORMATIVIDAD COLOMBIANA, UNA REFLEXIÓN DESDE LA PSICOLOGÍA JURÍDICA – LUZ MARINA CARMONA RAVE – COLOMBIA
INDUCCIÓN O AYUDA AL SUICIDIO EN LA NORMATIVIDAD COLOMBIANA, UNA REFLEXIÓN DESDE LA PSICOLOGÍA JURÍDICA
LUZ MARINA CARMONA RAVE
El sufrimiento, la muerte y la ley, asuntos que se fusionan constantemente en el discurso, conceptos transversales que han sido dotados de diferentes interpretaciones de acuerdo a la historicidad, serán los puntos de enfoque para examinar los planteamientos de la normatividad colombiana con respecto al acto de matar a otro, inducirle al suicidio o ayudar en dicho propósito, y la manera como ello se configura en fenómeno susceptible de interpretación e intervención desde la psicología jurídica; para ello, inicialmente se definirán algunos conceptos claves relacionados con la temática, aunados a algunos aportes jurisprudenciales, para posteriormente, dilucidar las opciones de la interdisciplinariedad en el contexto jurídico nacional.
Según el Código Penal Colombiano (2000), existen diversos delitos contra la vida y la integridad personal, tales como el genocidio (art. 101), el homicidio (art. 102), el feminicidio (art. 104 A), el homicidio por piedad (art. 106) y la inducción o ayuda al suicidio (art. 107); este último, objeto de análisis del presente escrito, y enunciada en dicha ley bajo los siguientes parámetros:
El que eficazmente induzca a otro al suicidio, o le preste una ayuda efectiva para su realización, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años.
Cuando la inducción o ayuda esté dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable, se incurrirá en prisión de uno (1) a dos (2) años. (Ley 599 de 2000, art. 107)
De acuerdo a ello, es necesario establecer diferencia entre inducir al otro al suicidio y prestarle ayuda efectiva para ello. Cuando se habla de inducir al otro, se pone en tela de juicio problemáticas como el acoso escolar, el cual podría implicar riesgo en la calidad de vida de la persona que es objeto de éste; por ejemplo, quien sea víctima de dichos actos “puede presentar depresión, temor, baja autoestima, aislamiento y sentimientos de rechazo. (…). El acoso puede incluso impulsar (…) a tomar decisiones extremas como el suicidio” (Cepeda-Cuervo, E., Pacheco-Durán, P, García-Barco, L., & Piraquive-Peña, C., 2008, p. 518); se trata de una situación de impacto emocional tal, que desde la percepción de quien lo sufre, la única salida visible es su muerte.
Ahora, un caso adicional que puede tenerse en cuenta, y que bien, atañe al psicólogo jurídico, tiene que ver con la perfilación de los sujetos que, de una u otra manera, inducen a otro(s) al suicidio, asunto que se presenta, incluso, a nivel colectivo (como fue el caso orquestado por Jim Jones en Guyana); en efecto, es probable que la inducción al suicidio posea matices de discriminación y agresión, pero a su vez, un fuerte ahínco en ideologías herméticas, o incluso, discursos que se imponen, teniendo como gabela, la propia existencia; se trata de fenómenos que acallan al sujeto como consecuencia de la presión social y de otros asuntos que pueden desbordarle.
Con lo anterior, puede evidenciarse la manera como un concepto jurídico -que desde la normatividad se reduce a establecer unos tiempos de pena- posee un trasfondo significativo, que otorga luces a la comprensión e investigación del comportamiento con implicaciones jurídicas.
Cuando se habla de aportar ayuda efectiva, es menester aclarar que el sujeto activo sirve como medio para un fin: la muerte del otro como respuesta a su padecer; por ende, no sería agente directo de homicidio, determinado como “el que matare a otro” (art 103, C.P., p.36) ya que dicha acción no es realizada deliberadamente sino que posee un sustento, está “dirigida a poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave e incurable (…)” (Ley 599 de 2000, art. 107) además no se realiza el acto homicida per se.
Teniendo en cuenta estos planteamientos, surge el siguiente interrogante: ¿existe diferencia entre homicidio por piedad, inducción al suicidio y eutanasia? Los anteriores son conceptos utilizados indiscriminadamente por los medios de comunicación alarmistas que aprovechan el impacto de un término, por sujetos que no profundizan en las particularidades sino que anuncian información a su amaño, ocasionando la distorsión de los preceptos jurídicos; es por ello que se hace relevante precisar la diferenciación entre éstos. Aunque en su definición, el fin es la muerte, varía el medio, los planteamientos éticos, jurídicos y morales, los agentes y su investidura, los agravantes y atenuantes.
Según Del Rio (2007, en Gonzalez –Javier F. & Guzmán-Priego C., 2016), eutanasia se refiere al método que utiliza la medicina para producir la muerte de un paciente bajo el consentimiento del mismo, sin que éste posea sufrimiento, de allí su connotación de “buen morir”.
Alrededor de dicho concepto han surgido un sinnúmero de posibilidades, una de ellas – y en la cual el psicólogo jurídico podría tener injerencia- es la valoración del daño en situaciones asociadas al “encarnizamiento terapéutico”, el cual se refiere al hecho de someter al paciente a una cantidad de tratamientos infructuosos, ya sea por fines de investigación, percepciones socio familiares, religiosas o normatividad. Otro elemento adicional que no se escapa de la función psicojurídica, es la posibilidad de evaluar la capacidad para decidir que posee el sujeto; en este orden de ideas, se trata de la relación entre el concepto de interdicción, el derecho a morir dignamente y la voluntad anticipada, lo cual se fundamenta en la resolución 1051 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social, objeto de la cual en su artículo 1, resuelve:
Regular los requisitos y formas de realización de la declaración de la voluntad de cualquier persona capaz, sana o en estado de enfermedad, en pleno uso de sus facultades legales y mentales y con total conocimiento de las implicaciones de esa declaración, respecto a la negativa a someterse a medios, tratamientos y/o procedimientos médicos innecesarios que pretendan prolongar su vida. (p.3)
¿Acaso el sufrimiento y su reconocimiento debe estar supeditado a la facultad legal? ¿Posee el psicólogo jurídico la competencia para realizar valoraciones asociadas a la interdicción en casos de enfermedad crónica o degenerativa?
Se observa pues, como los conceptos de inducción al suicidio, homicidio por piedad y eutanasia poseen elementos divergentes que configuran toda una teorización y disertaciones en torno a la calidad de vida, capacidad legal del sujeto, la dignidad humana y el proceso de morir. Ahora, conociendo esta diferenciación y lo que ello implica, se hace relevante realizar un breve rastreo de la jurisprudencia relacionado con la temática planteada, ello con el fin de conocer las diversas posiciones y puntos álgidos de la discusión.
El concepto de ayuda o inducción al suicidio, comenzó a tener eco en la normatividad colombiana con la Sentencia C 239 de 1997, relacionada con el homicidio por piedad o pietístico. Según Cruz S. (2017), fundamentada en su rastreo documental jurídico del tema, afirma que la discusión acerca de la muerte digna ha sugerido diversos matices desde la promulgación de la misma; así, la solicitud habitual se encuentra enmarcada en la necesidad de regular este fenómeno, asunto que se vislumbra en el proyecto de ley estatutaria 005 del 2007 (relacionado con las solicitud de pacientes para la terminación de su vida en condiciones dignas, médico tratante y los procedimientos para ello), el Proyecto de Ley 044 del 2008 (prácticas de la eutanasia y cuidados paliativos), la Sentencia C-224 del 2008,(por medio de la cual la corte se declara inhibida para pronunciarse acerca de la inducción o ayuda al suicidio) y los proyectos de Ley estatutaria 070 de 2012 y el 117 del 2014 ( ambos, para regular la eutanasia y el suicidio asistido),de los cuales, ninguno prosperó en las discusiones jurisprudenciales.
A pesar de ello; en el 2014, con la Ley 1733, conocida como la “Ley Consuelo Devis Saavedra”, se logra promulgar la regulación de los servicios de salud para pacientes con enfermedades terminales, irreversibles, degenerativas o crónicas; seguido de esto, está la Sentencia T-970 del 2014, la cual ordena la redacción de un protocolo médico asociado con el morir dignamente, asunto que correspondería al Ministerio de Salud, adicionalmente, se solicita la creación de comités interdisciplinarios (conformados por un médico especialista, un abogado y un psicólogo clínico o psiquiatra) para evaluar peticiones asociadas al morir dignamente.
Posterior a ello, la Resolución 1051 del 2016, plantea el tema de negarse a recibir tratamientos que prolonguen la vida y la voluntad anticipada, y finalmente, con la Resolución 4006 del 2016, surge un comité Ministerio de Salud encargado de controlar los procedimientos para hacer efectivo el derecho en cuestión; a pesar de ello, aún no se valida ni se pone en marcha un proyecto de ley que lo reglamente.
Se trata de una temática controversial que, a lo largo del tiempo, ha recibido críticas desde diversas entidades públicas y privadas, ergo, es una invitación para la reflexión acerca de aquello que puede realizar el psicólogo jurídico, y que bien, puede encontrarse relacionado con la realidad social de la nación y la historia que le configura. Otro elemento que puede ser objeto de intervención desde dicho campo de la psicología, podría residir en el consentimiento libre, inequívoco e informado del paciente con respecto a morir dignamente (expuesto en el fallo de tutela 970 de 2014 en el numeral 7.2.3) específicamente, en la valoración del testimonio; ello, con el fin de sugerir elementos que permitan dar cuenta de que la decisión del sujeto no es efecto de presiones de terceros, e incluso, de características anímicas o presencia de trastornos mentales.
Se trata de un tema con múltiples aristas, que implican la dignidad humana, la vida y otros derechos, tras esta surgen discusiones y planteamientos constitucionales sin avance significativo como los anteriormente nombrados; con base en ello, ¿Qué reflexión puede realizarse al respecto? Bien afirma Beccaria C. (2010) refiriéndose a la división de los delitos y sus múltiples consideraciones, que “la incertidumbre (…) ha producido en las naciones una moral que contradice la legislación” (p.61) que complejiza la posibilidad de decir algo por causa de los diques culturales arraigados por tradición en su acervo ideológico, criterios que enfrentan constantemente a la moralidad y a la doctrina jurídica.
Ahora, se plantean diversos interrogantes que pueden encaminar la reflexión en torno a la investigación de la temática propuesta, tales como: ¿Cuáles son los mecanismos apropiados para determinar la responsabilidad judicial en estos casos? ¿Cómo determinar si un homicidio tuvo como causa la piedad hacia el sufriente? ¿El sujeto poseía capacidad volitiva y cognoscitiva en el momento en el cual ejecuta el suicidio? ¿Cómo determinar si el discurso del otro influyó en la decisión de morir?
Es en este punto donde la relevancia de la interdisciplinariedad emerge con el afán de explicar un acontecimiento, ya que no se trata de una normatividad hermética sino que representa la realidad social y las necesidades para regular la conducta de cada sujeto, e implica lo propio del sistema oral acusatorio, donde cada parte posee voz, donde se hace fundamental la intervención de peritos que aporten luces para la sentencia; en el caso del psicólogo jurídico, su intervención puede estar dirigida a la realización de estrategias que permitan dilucidar las causas y efectos de la conducta, tales como la entrevista o la autopsia psicológica (ello no implica que sea su única función dentro del contexto jurídico colombiano); esta última es definida por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias forenses (2010) como:
“(…) un procedimiento científico que, después de la muerte, nos posibilita describir cómo era la víctima en vida; es una reconstrucción psicológica de la personalidad de un fallecido. Se reconstruye la historia de vida de la persona fallecida, haciendo énfasis en el estilo de vida, rasgos de personalidad, nivel de estrés, historia de enfermedad mental, y en algunos casos se toman referencias de expresión de ideación o intención suicida y se da especial atención a las circunstancias previas ocurridas los días antes de la muerte (p. 8).
Esto corresponde a la materia prima para realizar una intervención acorde a las demandas del medio; es fundamental el análisis de diversas variables, la reconstrucción de la existencia del sujeto, sus ideas, su historia, para otorgar una respuesta asertiva, consistente, coherente y con todas las garantías profesionales, ya que al tratarse de conductas con consecuencia jurídica está en juego la libertad de un sujeto y la garantía de todos sus derechos, por tanto se debe tener presente que al ejercer la labor, el psicólogo debe guiarse por los principios universales plasmados en el artículo 2 de la ley que reglamenta el ejercicio profesional del psicólogo, es decir, el Código Deontológico y Bioético del Psicólogo (ley 1090 de 2006), tales como: responsabilidad y competencia: “los psicólogos reconocerán los límites de su competencia y las limitaciones de sus técnicas. Solamente prestarán sus servicios y utilizarán técnicas para las cuales se encuentran cualificados. ” (Congreso de la república, 2006, p.2).
Como prefacio y a modo de aporte para reflexión –aunque aún hay mucho por decir y debatir al respecto-, vale la pena citar un fragmento de la Sentencia C 239 de 1997:
“Siendo la muerte un hecho natural con el cual culmina necesariamente toda vida humana, dilatarlo a toda costa y por cualquier medio, aún a costa del sufrimiento de quien va morir, ineludiblemente, constituye una acción reprochable, porque atenta contra la dignidad de aquel a quien se le práctica, e incluso contra su integridad personal en ciertos casos.” (p.43)
Es la muerte una idea abstracta, hasta el mismo proceso de morir es una incógnita para muchos, es la clara imagen de lo íntimo y lo subjetivo, varían los hechos, las causas, pero el fin es el mismo, caducidad. Es complejo reflexionar acerca de la muerte, aunque cuando se habla de la propia puede hallarse fascinación (cuestión que se evidencia en las obras de arte, la poesía, y demás manifestaciones propias de la sublimación y el vicio por la muerte); ergo, cuando se trata de la muerte del otro, muchos asuntos se intersectan, configurando una ardua y atávica discusión que concierne a múltiples disciplinas, para el caso, la psicología y el derecho.
En definitiva, la ayuda o inducción al suicidio amerita ser regulada, pero desde preceptos concretos y ceñidos a la realidad social, a las demandas y voces de quienes han tenido contacto con dicho fenómeno, más no desde conceptos religiosos que aún, permean la dinámica política nacional; es un tema que va más allá de concepciones tradicionales, se trata de la subjetividad, la dignidad humana y los derechos humanos. El morir dignamente no puede estar supeditado, exclusivamente, a dilatados procesos jurisprudenciales, sin resolución alguna.
Con respecto a la labor del psicólogo en el contexto jurídico, puede afirmase que está vinculada a un sinnúmero de situaciones, normalmente disruptivas para quien las padece y que pueden ser estudiadas desde diversos lentes, de manera que no se trata sólo de evaluar y aportar criterios adornados sino de identificar las necesidades de la nación, aportar a la visibilidad de problemáticas, decires y conclusiones, repensar, construir y deconstruir conocimientos,y sobre todo, incentivar la construcción de políticas públicas con matiz psicojurídico que movilicen la garantía de derechos.
Beccaria C. (2010). De los delitos y de las penas (Tercera ed.). Bogotá: Temis.
Cepeda-Cuervo, E., Pacheco-Durán, P, García-Barco, L., & Piraquive-Peña, C. (2008). Acoso Escolar a Estudiantes de Educación básica y media. Revista de salud pública, 10(4), 517-528.
Congreso de Colombia. (2015). Código Penal Colombiano. Ley 599 de 2000 (15 ed.). Bogotá: Legis.
Congreso de la república. (2006). Ley 1090 de 2006. Obtenido de https://www.colpsic.org.co/aym…/LEY_1090_DE_2006_actualizada_junio_2015.pdf
Corte Constitucional. (1997). Sentencia C-239/97. Obtenido en junio de 2017 de http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/c-239-97.htm
Corte Constitucional. (s.f.). Sentencia C-045/03. Recuperado el 13 de febrero de 2017, de http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/C-045-03.htm
Corte Constitucional. (s.f.). Sentencia C-224/08. Recuperado el 13 de Febrero de 2017, de http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2008/C-224-08.htm
Cruz, S. (2017). El lento tránsito legal hacia la muerte digna. Recuperado el 5 de 7 de 2017, de Ámbito Jurídico: https://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/Civil-y-Familia/el-lento-transito-legal-hacia-la-muerte-digna
Javier, F. G., & Guzmán-Priego, C. (2016). Eutanasia, distanacia y encarnizamiento terapéutico. Multidisciplinary Health Research, 1, 37-40. Recuperado el 6 de 7 de 2017, de http://revistas.ujat.mx/index.php/MHR/article/view/1351/1387
Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2010). Guía para la realización de pericias psiquiátricas y psicológicas forenses mediante la autopsia psicológica en la determinación de la manera de muerte (suicidio, homicidio o accidental). Recuperado el 13 de febrero de 2017, de www.medicinalegal.gov.co/documents/…/bcb8ce7f-c271-420a-a282-33471c99ebc9
Ministerio de salud y protección social. (1 de 4 de 2016). Resolución número 00001051 de 2016. Recuperado el 9 de 7 de 2017, de http://achc.org.co/documentos/prensa/RES-1051-16%20voluntad%20anticipada%20pacientes.pdf
Superintendencia Nacional de Salud (27 de 7 de 2015). Circular externa 000013. Recuperado el 6 de 7 de 2017, de https://docs.supersalud.gov.co/PortalWeb/Juridica/CircularesExterna/CIRCULAR%20EXTERNA-13.pdf
31/08/2017 a las 6:34 PM
01/09/2017 a las 4:41 PM
Son muchas las reflexiones que este artículo propone. Hace poco y aún se escucha el caso del juego de “la ballena azul” que ha venido causando estragos entre los jóvenes y los niños por la clara inducción al suicidio. En el otro extremo está la corriente que promueve el “derecho a morir dignamente” como un ejercicio voluntario frente a las fases terminales de la vida. Muchas gracias por sus reflexiones y claridad con que realiza sus planteamientos.
03/09/2017 a las 1:58 PM
Muchas gracias por su ponencia que fomenta un amplio campo de reflexión
Luz Marina Carmona Rave dice:
04/09/2017 a las 9:30 AM
Es grato saber que esta temática les suscita interés y reflexión; más aún, cuando nos vemos inmersos en fenómenos que permiten disertar desde nuestra rol como psicólogos jurídicos, dolientes, o en sí, seres inquietos por la realidad que nos circunda. Muchas gracias por sus comentarios, espero que el presente texto continúe siendo aliciente para la reflexión y la crítica en diversos ámbitos.
04/09/2017 a las 5:04 PM
Una ponencia muy interesante. Gracias por compartirla.
04/09/2017 a las 7:18 PM
Respetada ps. Luz Marina:
Gracias por presentar un enfoque tan novedoso!
Sabe ud. de la legislación al respecto en otros paises?
Excelente exposición. Lo novedoso del tema nos invita a investigar y profundizar la normativa en nuestros países.
NORIS NAVARRO YEPES dice:
Excelente Colega, muy fundamentado.
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