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Timestamp: 2019-02-22 06:06:49+00:00

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Consejo Superior del Cooperativismo > Marco Legal > Derecho Cooperativo
El Derecho cooperativo es un conjunto de normas especiales, de jurisprudencia, doctrina y costumbres basadas en los principios que determinan y regulan la actuación de las organizaciones cooperativas y las personas que en ellas participan.
Las sociedades cooperativas se regirán por las disposiciones de la Legislación a la que se refiere la fracción XXIX N del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, sus normas reglamentarias que en general conforman el Derecho cooperativo.
En materia de fomento cooperativo serán aplicables las normas de Derecho económico y, en sus relaciones de Derecho privado, supletoriamente se regirán por el Derecho común en cuanto fuera compatible con la naturaleza social de las cooperativas.
En cuanto al Derecho público cooperativo, las sociedades cooperativas en todas sus modalidades y sus organismos de representación, integración y de articulación quedan sujetas, por cuanto a sus garantías, derechos y obligaciones, a los preceptos de los Artículos 5, 9, 25, 26, 27, 28, 73, 115, 123 y 124 de la Constitución General de la República, sus leyes secundarias y las normas constitucionales y legales análogas en las entidades federativas y el Distrito Federal.
La base normativa de esta Ley es el Derecho cooperativo que se sustenta en el Derecho Constitucional y las leyes secundarias de Derecho Administrativo, Agrario, Del Trabajo, Civil, Mercantil y Fiscal, principalmente
La Constitución Mexicana y las cooperativas
El Derecho cooperativo nace de los artículos 5º y 9°de la Constitución Federal, que sustenta la libertad de toda persona para dedicarse a la actividad que más le acomode y que este derecho puede ser limitado solamente por decisión de una autoridad judicial.
A las personas les asistirá el Derecho de organizarse económicamente conforme al párrafo séptimo del Artículo 25 constitucional, que “establece los mecanismos para facilitar la organización y la expansión de la actividad económica del sector social: de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios.”
El Artículo 28 constitucional en su párrafo octavo delimita a las cooperativas en su función de actividades prioritarias no monopólicas al amparo de la Federación o los estados: “No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores formadas para proteger sus propios intereses y las asociaciones o sociedades cooperativas de productores para que, en defensa de sus intereses o del interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente de riqueza de la región en que se produzcan o que no sean artículos de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo vigilancia o amparo del Gobierno Federal o de los Estados, y previa autorización que al efecto se obtenga de las legislaturas respectivas en cada caso. Las mismas Legislaturas, por sí o a propuesta del Ejecutivo podrán derogar, cuando así lo exijan las necesidades públicas, las autorizaciones concedidas para la formación de las asociaciones de que se trata”.
El Artículo 73, fracción XXIX-N de esta Norma suprema, faculta explícitamente a promover la concurrencia de la Federación, Estados y Municipios, así como la del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa, una de las bases centrales de la presente Ley.
La Constitución General de la República no enumera exhaustivamente las facultades implícitas, tácitas, complementarias y compartidas atribuidas a los poderes de los propios estados, sino que consigna los lineamientos generales de las disposiciones legislativas y con posterioridad corresponde a cada poder de la Soberanía nacional, el derecho al uso de los medios necesarios para la consecución de sus fines. El Artículo 124 constitucional dispone que todas las facultades que no están expresamente concedidas a los poderes federales, se entienden como reservadas a los Estados.
El Derecho Administrativo, que tiene como fuente primera y principal a la Constitución General de la República, ha de proyectarse, en su función de ordenación racional de los asuntos públicos de acuerdo con la justicia, en el marco de los preceptos constitucionales y de 264 normas legislativas vigentes del orden federal que regulan y vertebran la organización y el cometido de los poderes públicos.
Se basará en el propósito de desplazar un Derecho administrativo rígido y de imposición jerárquica a un Derecho cooperativo de objetivos consensado, tutelando que los medios de ejecución forzosa armonicen y se complementen con las estrategias de convencimiento y persuasión de naturaleza normativa social.
Las diversas instituciones de la Administración pública con facultades jurisdiccionales relacionadas con las cooperativas, procurarán atender el propósito de ejercitar el Derecho administrativo constitucionalmente sustentado con el Derecho cooperativo que propende a una autonomía democrática en el ejercicio de actividades también constitucionalmente respaldadas.
Con el propósito de promover el desarrollo rural cooperativo y de conformidad con el Artículo 27, fracción XX, las sociedades cooperativas agrarias, junto con las de los consumidores y productores de bienes y servicios, podrán abastecerse o suministrarse de terceros de productos o servicios que les sean necesarios para sus actividades agropecuarias y forestales para el óptimo uso de la tierra, no solamente como destinatario final, sino que tendrán la condición de mayoristas y podrán detallar como minoristas en la distribución y venta de sus productos.
En correspondencia a la normatividad constitucional, en el Artículo 123, fracción XXX, se determina que serán consideradas de utilidad social, las sociedades cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad, por los trabajadores en plazos determinados. Las sociedades cooperativas en todo tiempo y lugar podrán hacer uso de este derecho.

References: artículo 73
 Artículo 25
 Artículo 28
 Artículo 73
 Artículo 124
 Artículo 27
 Artículo 123