Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=654874
Timestamp: 2019-08-24 01:40:34+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 12
RÉPLICA A ALUSIÓN PERSONAL. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento).
INTERVENCIÓN : Eliana Caraball Martinez
ADECUACIÓN DE LEGISLACIÓN PARA IMPLEMENTAR CONVENCIÓN SOBRE COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS. Primer trámite constitucional.
INTERVENCIÓN : Edgardo Riveros Marin
ACUERDO SOBRE VOTACIÓN DE PROYECTOS.
INTERVENCIÓN : Carlos Recondo Lavanderos
INTERVENCIÓN : Arturo Longton Guerrero
MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 19.628 PARA HACER MÁS EQUITATIVOS LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE ANTECEDENTES COMERCIALES. Primer trámite constitucional.
MODIFICACIÓN DE LA LEY Nº 19.537, SOBRE PROPIEDAD INMOBILIARIA. Primer trámite constitucional. (Votación).
DEROGACIÓN DE MEDIDAS QUE AFECTAN A ÁREAS DE PROTECCIÓN DE PESCADORES ARTESANALES DE LA TERCERA REGIÓN.
INFORMACIÓN ACERCA DE CUPOS LABORALES ASIGNADOS EN LA MUNICIPALIDAD DE CUNCO. Oficio.
ACLARACIÓN SOBRE DESFASE PRESUPUESTARIO EN NOVENA REGIÓN. Oficios.
ANTECEDENTES SOBRE ACTUAL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE UNIVERSIDAD DE ATACAMA. Oficio.
MEDIDAS PARA PALIAR ALTO NIVEL DE CESANTÍA EN PROVINCIA DE SAN ANTONIO. Oficios.
MANTENIMIENTO DE VÍA FÉRREA ENTRE LA CALERA E IQUIQUE POR PARTE DE FERRONOR S.A. Oficios.
INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIONES EN SECTOR DE ALERCE, DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
IRREGULARIDADES EN EJECUCIÓN DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS EN LOCALIDAD DE ENTRE LAGOS, DÉCIMA REGIÓN. Oficios.
INFORMACIÓN ACERCA DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN COMUNA DE FRESIA, DÉCIMA REGIÓN. Oficio.
PETICIÓN DE REPARACIÓN DE CAMINOS RURALES EN MAL ESTADO DE LA SÉPTIMA REGIÓN. Oficios.
SALUDO AL SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE FERIAS LIBRES DE MACUL EN SU SÉPTIMO ANIVERSARIO.
PERSECUCIÓN POLÍTICA EN CANCILLERÍA. Oficio.
SOBREPOBLACIÓN DE PERROS VAGOS EN ANTOFAGASTA. Oficio.
REEMPLAZO DE LANCHA DE PIUCHÉN POR PUENTE DEFINITIVO, Y DE BALSA DE MONCUL POR LA DE PULLANGUE. Oficios.
ACUERDO ECONÓMICO PARA ATENCIÓN MÉDICA DE PACIENTES EN HOSPITAL DE TOLTÉN. Oficios.
FORRAJE PARA GANADO DE CAMPESINOS DE LA NOVENA REGIÓN. Oficio.
SERVIDUMBRE DE PASO PARA EJECUTAR PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN EN TRILTRIL Y CALETA MANZANO. Oficio.
INFORMACIÓN SOBRE ACTUACIÓN DEL DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES. Oficios.
ALCANCES A INTERVENCIÓN DE DIPUTADO SEÑOR IVÁN MOREIRA.
ANTECEDENTES SOBRE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS TRANSGÉNICOS. Oficios.
RECTIFICACIÓN DE TRAZADO DE RUTA 5 SUR EN ACCESO A COMUNA DE VILCÚN. Oficios.
NECESIDAD DE DEBATE PÚBLICO SOBRE EL ACTUAL MODELO ECONÓMICO.
Sesión 12ª, en miércoles 3 de julio de 2002
(Ordinaria, de 10.39 a 13.52 horas)
Réplica a alusión personal. (Aplicación del artículo 34 del Reglamento)	9
-	Adecuación de legislación para implementar Convención sobre cohecho a funcionarios públicos extranjeros. Primer trámite constitucional	10
-	Acuerdo sobre votación de proyectos	17
-	Regulación de derecho real de habitación periódica. Primer trámite constitucional. (Continuación)	17
-	Modificación de la ley Nº 19.628, para hacer más equitativos los sistemas de información de antecedentes comerciales. Primer trámite constitucional	22
-	Modificación de la ley Nº 19.537, sobre propiedad inmobiliaria. Primer trámite constitucional. (Votación)	33
Derogación de medidas que afectan a áreas de protección de pescadores artesanales de la Tercera Región	34
-	Información acerca de cupos laborales asignados en la municipalidad de Cunco. Oficio	37
-	Aclaración sobre desfase presupuestario en Novena Región. Oficios	38
-	Antecedentes sobre actual nivel de endeudamiento de Universidad de Atacama. Oficio	39
-	Medidas para paliar alto nivel de cesantía en provincia de San Antonio. Oficios	39
-	Mantenimiento de vía férrea entre La Calera e Iquique por parte de Ferronor S.A. Oficios	40
-	Instalación de señalizaciones en sector de Alerce, Décima Región. Oficio	40
-	Irregularidades en ejecución de proyecto de mejoramiento de barrios en localidad de Entre Lagos, Décima Región. Oficios	41
-	Información acerca de obras de pavimentación en comuna de Fresia, Décima Región. Oficio	42
-	Petición de reparación de caminos rurales en mal estado de la Séptima Región. Oficios	43
-	Saludo al sindicato independiente de trabajadores de ferias libres de Macul en su séptimo aniversario	43
-	Persecución política en Cancillería. Oficio	44
-	Sobrepoblación de perros vagos en Antofagasta. Oficio	44
-	Reemplazo de lancha de Piuchén por puente definitivo, y de balsa de Moncul por la de Pullangue. Oficios	45
-	Acuerdo económico para atención médica de pacientes en hospital de Toltén. Oficios	45
-	Forraje para ganado de campesinos de la Novena Región. Oficio	46
-	Servidumbre de paso para ejecutar proyectos de electrificación en Triltril y Caleta Manzano. Oficio	46
-	Información sobre actuación del director del Instituto Nacional de Deportes. Oficios	46
-	Alcances a intervención de diputado señor Iván Moreira	50
-	Antecedentes sobre importación de productos transgénicos. Oficios	50
-	Rectificación de trazado de Ruta 5 Sur en acceso a comuna de Vilcún. Oficios	51
-	Necesidad de debate público sobre el actual modelo económico	52
1.	Oficio de S.E. el Presidente de la República mediante el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “suma”, para el despacho del proyecto que otorga bonificación anticipada a funcionarios de los servicios de salud y de las entidades que se mencionan. (boletín Nº 2966-11)	54
2.	Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual retira y hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho del proyecto que crea la Dirección Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural. (boletín Nº 2286-04)	54
3.	Oficio de S.E. el Presidente de la República por el cual comunica que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República respecto del proyecto que modifica la ley orgánica de la Contraloría General de la República. (boletín Nº 2610-07)	55
4.	Moción de los diputados señores Bayo e Hidalgo, que modifica el Reglamento de la Corporación para garantizar el conocimiento de los diputados respecto de los proyectos de acuerdo y la oportunidad de su discusión y votación (boletín Nº 2983-16)	55
5.	Oficio del Tribunal Constitucional por el cual remite copia autorizada de la sentencia recaída en el proyecto que modifica la ley de Tránsito, en lo que dice relación con la operación de los equipos de registro y detección de infracciones relativas a velocidad y luz roja. (boletín Nº 2904-06)	56
Del diputado señor Mora, quien informa que se ausentará de la Corporación por un lapso de 25 días a contar del 4 de julio en curso, para realizarse una intervención quirúrgica.
-Del diputado señor Villouta, llamado a concurso para Liceo Municipal de Lumaco.
-Del diputado señor Errázuriz, nómina de municipalidades que no aportan al Fondo Común Municipal.
-Del diputado señor Jarpa, salvaguardia a sustitutos del azúcar.
-Del diputado señor Sánchez, declaraciones de intereses de subsecretario de Pesca.
-De la Corporación, extensión de plazo para postulaciones al subsidio de agua potable.
-Del diputado señor Hidalgo, Hospitales de Viña del Mar, Quillota, Valparaíso y San Antonio.
-Del diputado señor Navarro, exportación del PCB’s a Suecia.
-Del diputado señor Kuschel, patentes entregadas y caducadas en los últimos 10 años, avance y funcionamiento de la ventanilla única y estado de avance del Programa de Desarrollo e Innovación Tecnológica.
-Del diputado señor Burgos, programa nacional horizontal de fiscalización de hospitales de Servicios de Salud.
-Asistieron los siguientes señores diputados: (112)
-Con permiso constitucional estuvo ausente el diputado señor Juan Bustos.
-Asistieron, además, el ministro del Interior , señor José Miguel Insulza, y el senador señor Juan Antonio Coloma.
El señor SALAS (Vicepresidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
El señor SALAS (Vicepresidente).- El acta de la sesión 4ª se declara aprobada.
El acta de la sesión 5ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
El señor SALAS (Vicepresidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
La diputada señora Eliana Caraball ha pedido la palabra por cinco minutos, en conformidad con el artículo 34 del Reglamento.
Señor Presidente , en la edición del viernes 28 de junio del diario “El Mercurio”, en la página 3 del cuerpo C, aparece un artículo de los periodistas Mónica Guerra y Laureano Checa , titulado “El oficialismo se juega por salvar a Trivelli”, en el que se me alude en una forma que considero inaceptable e irresponsable.
En efecto, relatan que el ministro del Interior se habría desplazado a Valparaíso a “ordenar la casa”, advirtiendo en tono claro a sus parlamentarios: “El que vote a favor del libelo, pasará a ser tratado como si fuera diputado de la Oposición ”.
Acto seguido, los periodistas mencionados afirman que en el caso de la DC tuvo que intervenir el jefe de bancada, Waldo Mora , quien habría dejado en libertad de acción a cuatro parlamentarios, entre quienes suponen, gratuitamente, que estaría yo. Al efecto señalan: “ Eliana Caraball tiene otras motivaciones para no plegarse. Según fuentes parlamentarias, está molesta porque su marido, José Antonio Gómez , figura entre quienes no fueron recontratados, luego que Trivelli les pidiera la renuncia a todos los Seremi”.
Debo señalar que los mencionados periodistas, señora Guerra y señor Checa , jamás se han acercado a mí o a mi oficina para pedirme una opinión al respecto. Luego, sus afirmaciones son totalmente gratuitas, pues están basadas en rumores que ellos magnifican, amparados en la sagrada frase “según fuentes parlamentarias”, con la que buscan dar credibilidad a sus dichos. Ni siquiera usan el tiempo condicional de los verbos; simplemente afirman “está molesta” y “tiene otras motivaciones”, y no “estaría” o “tendría”. O sea, ellos lo saben, a ellos les consta, lo que es absolutamente falso, pues ni siquiera los conozco. Por eso, me siento agredida por la bajeza que supone esa publicación, al atribuírseme una pequeñez que jamás he tenido en mi actuar político.
Tengo muy claro mi papel y nunca he confundido situaciones de carácter personal con las decisiones que me corresponde tomar en mi calidad de diputada . Mi larga historia política y los distintos cargos que me ha correspondido desempeñar dan buena prueba de ello: en mi vida académica, como profesora y subdirectora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Chile y de la Universidad Finis Terrae; en mi vida gremial, como presidenta del Colegio de Arquitectos y de la Federación de Colegios Profesionales de Chile; en mi vida política, como vicepresidenta nacional de la Democracia Cristiana , en dos oportunidades; como consejera nacional desde hace más de diez años, elegida siempre entre las primeras mayorías, y en mi vida parlamentaria, elegida por tres períodos como diputada , presidenta de diversas comisiones y primera mujer que ocupó la Vicepresidencia de la Cámara. Son algunos de los cargos que he tenido el honor de desempeñar, y durante su ejercicio sólo recibí muestras de cariño y de reconocimiento de mis pares y colaboradores. Nunca he mezclado ni confundido lo personal o familiar con mis responsabilidades y obligaciones.
Por lo tanto, pido y exijo respeto en el desempeño de nuestras delicadas funciones, sobre todo en momentos en que nos corresponde tomar una decisión frente a una acusación constitucional. Asimismo, considero pertinente que se haga llegar al diario “El Mercurio” el texto íntegro de mi intervención, a fin de que se repare de alguna manera el daño causado, dando a conocer estrictamente la verdad, con los mismos caracteres con que se publicó la información “según fuentes parlamentarias”, lo cual no es otra cosa que hacerlo en forma anónima, quizás con qué intenciones.
Si le parece a la Sala, se enviará la intervención de la diputada señora Eliana Caraball al diario “El Mercurio”.
En el Orden del Día, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que adecua la legislación interna para implementar en Chile la Convención para combatir el cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales, y modifica el tipo penal de cohecho activo.
Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Jorge Burgos.
-Mensaje, boletín Nº 2828-07, sesión 16ª, en 13 de noviembre de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 2.
-Informe de la Comisión de Constitución, sesión 11ª, en 2 de julio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 14.
Señor Presidente , atendido el hecho de que este proyecto cae en el ámbito del Derecho Penal, originalmente la Comisión había acordado por unanimidad designar diputado informante al profesor de derecho penal, colega Juan Bustos . Por desgracia, el proyecto fue incluido en la Tabla en momentos en que el señor diputado no podía cumplir tal cometido. De manera que intentaré informar con la claridad con que lo habría hecho el profesor Bustos .
El proyecto se enmarca en el cumplimiento de uno de los compromisos internacionales contraídos por el Estado de Chile, después de que el Congreso Nacional aprobara, en mayo de 2001, la “Convención para combatir el cohecho a funcionarios públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales”, adoptada por la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo, conocida con la sigla Ocde, una de cuyas funciones es propiciar instancias que permitan combatir el cohecho y la corrupción. Chile fue uno de los pocos países no desarrollados invitados a ratificar esa Convención.
Dicho Acuerdo incluye, entre sus prescripciones, la adopción de medidas administrativas, políticas y legislativas que permitan reprimir la ocurrencia de situaciones de cohecho o corrupción en el marco de las relaciones internacionales.
En la actualidad, Chile cuenta con un régimen jurídico y administrativo que garantiza el cumplimiento de la mayoría de las obligaciones contenidas en el Convenio, las cuales quedaron consolidadas en nuestra legislación con la aprobación -no hace muchos años-, por este mismo Congreso Nacional, de la llamada ley de probidad, promulgada a fines de la década recién pasada.
Sin embargo, a pesar del avance logrado en esta articulación jurídica, fue necesario hacer algunos ajustes a la legislación penal aplicable a algunas personas que incurren en actos de corrupción, a fin de dar cabal cumplimiento a la Convención suscrita y ratificada por Chile.
La Convención contiene un mandato de incriminación penal en las leyes internas a ciertas hipótesis aplicables a las figuras tradicionales de cohecho y soborno, en el contexto de las transacciones comerciales internacionales, y es resorte de cada Estado, de acuerdo con sus leyes internas, realizar las reformas necesarias tendientes a penalizar tales delitos, con el fin de lograr que sean sancionados en todos los Estados soberanos, evitando con ello la existencia de paraísos de impunidad.
Ésa es la idea central del proyecto. Se trata de que exista simetría en los países firmantes de la Convención, de tal suerte que nadie pueda buscar refugio en otro país para inhibirse de la sanción penal que se aplica al cohecho, sea activo o pasivo.
El primer fundamento de la Convención radica, naturalmente, en el proceso de globalización que está experimentando el mundo, siendo cada vez más frecuente la existencia de negociaciones, transacciones y procesos de licitación y otros similares que tienen carácter transnacional.
Se suma a este objetivo la necesidad de aunar los esfuerzos universales en pro de la represión y del combate de todas las formas de corrupción, dentro de las cuales destacan las hipótesis penales que podemos englobar en el concepto de cohecho o soborno. Por ello, nos ha parecido evidente la necesidad de aportar, como Estado, a los objetivos de la Convención, lo que resulta, sin lugar a dudas, ampliamente compartido por todos los sectores de la sociedad.
En lo concreto, el actual texto de nuestro Código Penal sanciona como delito de cohecho los actos de corrupción ejecutados por funcionarios públicos chilenos, con el propósito de obtener un beneficio personal o cuando éste le es ofrecido. Es decir, se sanciona tanto la solicitud de la dádiva, como cuando ésta le es ofrecida por un particular. También se sanciona al funcionario que acepta una dádiva después de haber realizado un acto ilegal, y a quien cobra o intenta cobrar después de haber llevado a cabo tal acto.
Por cierto, la sanción se aplica no sólo al funcionario, sino también al particular que lo ha sobornado o que ha aceptado darle la dádiva pedida a cambio de realizar determinado acto funcionario. Asimismo, si con el acto funcionario se incurre en otro delito, como la malversación de caudales públicos o algún tipo de exacción o negociación incompatible, se deberá proceder adicionalmente a punir esa acción, más allá del delito específico del soborno.
Estas conductas se fundamentan en la vulneración del deber de probidad funcionaria involucrado y en todos los objetivos adicionales que descansan en dicho concepto jurídico. Por lo mismo, si el soborno es efectuado por un extranjero o desde fuera del territorio de la República , también sería penalizable en Chile, por cuanto el funcionario sobornado representa los intereses públicos chilenos. En consecuencia, cuando existe un intento externo de soborno, sea por vía activa o pasiva, el funcionario que participe en ese ilícito puede ser sancionado en nuestro territorio jurisdiccional.
Sin embargo, hasta antes de este proyecto no se consideraba punible la situación inversa: cuando un particular actúa desde Chile -normalmente un chileno-, a fin de obtener un beneficio derivado de la actuación de un funcionario público internacional. Aquí se inicia el delito, pues se intenta sobornar a un funcionario extranjero. Esta situación no era punible en nuestro país. Es decir, si en el marco de una transacción comercial internacional que comprometa el interés público de algún Estado extranjero actúa una persona desde Chile para obtener un beneficio particular, hasta ahora dicha conducta quedaba impune, a pesar de que nuestro país ha suscrito una Convención internacional que nos obliga a penalizarla.
Pues bien, ése es precisamente el caso que contempla esta iniciativa, para lo cual se propone incorporar un nuevo artículo 250 bis A en el Código Penal, que establece la misma penalidad aplicable a los casos nacionales a la ejecución de cualquiera de las conductas antes mencionadas. Leo este artículo, que es la principal novedad del proyecto: “El que ofreciere dar a un funcionario público extranjero un beneficio económico, en provecho de éste o de un tercero, para que realice una acción o incurra en una omisión con miras a la obtención o mantención, para sí u otro, de cualquier negocio o ventaja en el ámbito de transacciones comerciales internacionales, será sancionado con las mismas penas de reclusión, multa e inhabilitación establecidas en el inciso primero del artículo 248 bis. De igual forma será castigado el que ofreciere dar el aludido beneficio a un funcionario público extranjero por haber realizado o haber incurrido en las acciones u omisiones señaladas.
“El que, en iguales hipótesis a las descritas en el inciso anterior, consintiere en dar el referido beneficio, será sancionado con pena de reclusión menor en su grado mínimo, además de las mismas penas de multa e inhabilitación señaladas”.
Ése es el tipo penal que se incorpora: sujeto activo, un particular chileno; sujeto pasivo, un funcionario público extranjero.
Luego, para facilitar la homologación de nuestras normas con aquellas que rijan en otro Estado -la simetría de que hablaba anteriormente- y contribuir a la mejor solución judicial de estos delitos, se define qué se entiende por funcionario público internacional, tomando como base los conceptos expresados en la Convención aludida. Tal definición está contenida en el nuevo artículo 250 bis B que se agrega, que dice: “Para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se considera funcionario público extranjero toda persona que detente un cargo legislativo, administrativo o judicial en un país extranjero, haya sido nombrada o elegida, así como cualquier persona que ejerza una función pública para un país extranjero, sea dentro de un organismo público o de una empresa de servicio público. También se entenderá que inviste la referida calidad cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional”. Ésos son los funcionarios públicos extranjeros a los cuales se aplica esta norma.
De manera que el legislador se pone en todos los casos que pueden originar la situación descrita. Esta definición de funcionario público no dista mucho de la que establece nuestro propio Código Penal y que los colegas pueden encontrar en el título respectivo.
Los fundamentos de las figuras descritas no radican ya en la necesidad de proteger la probidad pública comprometida, sino en la conveniencia de fortalecer la represión de actos de corrupción ejecutables desde nuestro país. Ello define nuestra imagen internacional, pues la comisión de dichos actos afecta la fe pública depositada en quienes actúan bajo la bandera nacional en el extranjero. Cabe destacar que, si estas conductas no fueran penalizadas en virtud de este proyecto, quedarían totalmente impunes por tratarse de actos ejecutados en Chile, y como creo que en la Cámara nadie desea que un acto delictual quede impune, parece de toda lógica aprobar el proyecto.
Asimismo, la Convención asegura que los demás Estados contarán con una normativa similar, lo que constituye, por ende, un aporte de toda la comunidad internacional para combatir los actos de corrupción. La norma propuesta aplica una sanción mayor a quien activa el acto de corrupción proponiendo un negocio ilícito al funcionario público extranjero, y otra menor a aquel que sólo acepta recibir la dádiva propuesta. Las sanciones son diferentes, de acuerdo con la participación en el hecho ilícito, distinción que no estaba contemplada en la regulación del cohecho que hace nuestro Código Penal.
De manera que el legislador y el Ejecutivo han aprovechado la oportunidad para corregir los artículos 249 y 250 de nuestro Código Penal -modificados por la ley de probidad-, haciendo una distinción de las sanciones, según la actividad que realice el delincuente: cuando realiza una actividad proactiva -por decirlo de alguna manera- o, simplemente, cuando recoge la petición de un funcionario que le ofrece los resultados de un acto ilegal.
Finalmente, con el mismo ánimo de perfeccionar nuestra legislación, se ha introducido la posibilidad de considerar como cohecho la entrega del beneficio a un tercero que no sea funcionario público, pero con su consentimiento, con el objeto de impedir la utilización de los llamados “palos blancos”. Éste es un elemento muy importante en nuestro derecho interno, pues nuestra legislación sancionaba la petición de una dádiva para sí, pero no cuando se recurría a un tercero para beneficiarse con un acto ilegal, lo que comúnmente se conoce como “palo blanco”. Actualmente, sólo se incurre en delito cuando el beneficio es recibido directamente por el funcionario público. Esta corrección se logra mediante la sustitución del actual artículo 250 del Código Penal, incorporándose este nuevo tipo penal y la calificación del funcionario público.
Además, la Convención establecía que los países debían introducir modificaciones en la penalización o la posibilidad de que las personas jurídicas fueran sujeto activo en los delitos de cohecho. Sin embargo, lo anterior no se incorporó en el proyecto porque se trata de aspectos de mayor magnitud desde el punto de vista penal, que se han ido incorporando poco a poco en distintas legislaciones. De hecho, el Ejecutivo estimó, y con razón, que esa cuestión debiera estar incluida en la iniciativa legal referida al nuevo Código Penal, la que se encuentra en etapa de estudio y de análisis en distintas academias y en el propio Ministerio de Justicia.
La Comisión, por la unanimidad de sus miembros -diputadas señoras Marcela Cubillos , María Pía Guzmán y Laura Soto , y diputados señores Gabriel Ascencio , Juan Bustos , Guillermo Ceroni , Marcelo Forni , Zarko Luksic y Nicolás Monckeberg -, solicita a la honorable Cámara la aprobación del proyecto, atendida la naturaleza y los beneficios del mismo y la necesidad de que se dé una señal categórica y definitiva hacia el exterior de que en nuestro país no hay impunidad para ningún tipo de delito funcionario de cohecho activo o pasivo.
Como el proyecto no tiene artículos rechazados ni indicaciones y fue aprobado en forma unánime por la Comisión, por lo cual también sería aprobado en particular, propongo a la Sala que se fije un tiempo para su discusión, debido a que en tabla hay cuatro iniciativas por tratar, y que con posterioridad se vote en general.
Por lo tanto, a fin de no mezclar lo general con lo particular, propongo que se fije media hora para la discusión de la iniciativa, haciendo presente que la Mesa será muy ecuánime en dar la palabra a parlamentarios de las distintas bancadas, a fin de que todos puedan expresar su opinión.
Tiene la palabra el diputado señor Riveros.
Señor Presidente , quiero destacar que me parece significativa la adecuación de nuestro derecho interno a un compromiso internacional, en este caso, a lo establecido en una convención internacional.
Queda en claro que el derecho penal internacional se abre paso con mucha fuerza. De hecho, hay normas que tienen que ver con aspectos como el que hoy observamos, que dicen relación con actividades condenables que pugnan con la ley penal y que tienen efectos económicos, como es el caso del cohecho.
Otros ámbitos del derecho internacional público penal tienen que ver con la protección de la vida de las personas y de su integridad, y con los derechos humanos, perspectiva a partir de la cual se desarrolló el derecho humanitario que ha concluido con la consagración de la Corte Penal Internacional, que hace algunos días entró en vigor.
En ese sentido, nuestro país también debe asumir esa perspectiva, porque es conveniente que nuestro derecho sustantivo se adapte en materia de derechos humanos, tal como lo estamos haciendo en el ámbito económico. A mi juicio, el proyecto permitirá adaptar nuestro derecho penal al desarrollo internacional.
En el cuadro de desarrollo del derecho penal internacional, es bueno que los derechos internos del país vayan adecuándose en plena consonancia con el esfuerzo que otros Estados hacen, tanto en los aspectos económicos como en lo referente a las personas.
En ese sentido, el proyecto me parece oportuno y adecuado, pues, como he señalado, está en íntima relación con un compromiso internacional que el país adoptó con Estados europeos y con aquellos que, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, crearon una organización que tuvo como objeto aprovechar de manera adecuada el esfuerzo económico que se hizo para reconstruir Europa, cuyo desarrollo ha posibilitado llegar al perfeccionamiento jurídico en la materia sobre la cual estamos legislando: el cohecho en la acción de funcionarios públicos.
Por todo lo anterior, manifiesto mi posición favorable a la iniciativa.
Señor Presidente , la base del desarrollo de las naciones en los tiempos actuales debiera ser la probidad, por lo que cada día se hace más importante demostrar ante el mundo que los funcionarios públicos y privados se comportan con apego a la ley y a la ética en los asuntos comerciales. Sin embargo, como aquí se ha señalado, ningún país está libre de la corrupción ni al margen de las condiciones que el progreso y la competencia imponen un mundo cada vez más integrado.
En ese esquema entendemos el sentido del proyecto, que busca adecuar nuestra legislación a los tratados suscritos sobre la materia, que pretenden perfeccionar la tipificación del delito de cohecho referente a los funcionarios públicos, cuando éstos intervienen en operaciones de índole internacional o los agentes corruptores tienen esa calidad.
Lamento no haber intervenido en la Comisión. No pude hacerlo porque no soy miembro de ella, y en el momento en que se trató este importante proyecto tuve que cumplir con otras funciones parlamentarias. Sin embargo, el tema al que me voy a referir, al menos, debería haber sido tratado tangencialmente.
Hace mucho tiempo me correspondió conocer, por comentarios de fuentes calificadas, una serie de hechos referidos a pagos impropios, por decirlo de alguna manera, que se efectuaban en las transacciones de material bélico.
Según se me explicó en esos momentos, cuando se iba a adquirir el armamento a mercados secundarios o informales, que son los más en ese comercio, se justificaban dichos pagos en virtud del riesgo que corría el funcionario que debía acudir ante los mercaderes de la guerra en pos de llevar a cabo el comercio mencionado.
Ésos son hechos que se ignoran o que no se comentan, los cuales han transcurrido a través de la historia y también han sucedido en nuestro país. Lo señalo porque recuerdo que las situaciones ocurridas con anterioridad a que se retornara al régimen democrático me llevaron a reflexionar sobre el tema.
No podemos ignorar que las adquisiciones de sistemas de defensa significan cuantiosos recursos. Por eso llama la atención que los gobiernos no se preocupen de regular con mayor celo esta clase de operaciones, de modo de evitar compromisos delictivos u ofertas ilícitas de vendedores en el mercado internacional de la defensa. Si se examina con cuidado esta actividad, se puede comprobar que se encuentra a un paso del terrorismo.
En una publicación editada por la agencia “Transparencia Internacional”, se señala que el 30 por ciento de los volúmenes de recursos generados por la venta de armas en el mundo se desvía al pago de coimas y exacciones ilegales; en otras palabras, al pago, por concepto de cohecho, a militares, a políticos y a un sinnúmero de agentes públicos que intervienen en el complejo sistema de autorización de esas operaciones.
En Chile nos falta mucho por avanzar en esta materia. Por ello, el proyecto en debate se erige como última alternativa, pues acá se trata de sancionar delitos y de prevenir el cohecho internacional, el tráfico de influencias y las exacciones ilegales. Para ello, debemos avanzar en nuevas regulaciones en el área de la defensa nacional, en las que la mirada fiscalizadora y atenta de la Cámara de Diputados esté presente.
Anuncio mi voto favorable al proyecto, que me lleva a reflexionar, una vez más, sobre lo que he señalado.
Señor Presidente , el proyecto que nos convoca es de gran importancia, pero tiene aspectos de dulce y de agraz. Lo señalo porque Chile, como lo ha señalado el diputado señor Burgos, ha sido distinguido como uno de los pocos países invitados a firmar este Convenio internacional. Los funcionarios que han representado a Chile ante organismos internacionales siempre han dejado muy bien puesto el nombre de nuestro país. Por eso, uno se resiste a pensar que personas tan honorables pudieran estar en riesgo de caer en un cohecho internacional, es decir, de recibir dádivas, recursos o algún tipo de ayuda.
Señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción al diputado señor Burgos.
Señor Presidente , a fin de contestar la inquietud razonable del diputado señor Vilches , debo señalar que la situación es exactamente al revés de lo que plantea. Se busca sancionar a funcionarios extranjeros, por lo que no existe juicio de reproche a los funcionarios públicos. En otras palabras, se busca sancionar al particular, incluso al funcionario público chileno que intente accionar contra uno extranjero.
Puede continuar el diputado señor Vilches .
Señor Presidente , así lo hemos entendido, y por ello señalaba que el proyecto presenta aspectos de dulce y de agraz. Sin duda, se justifica plenamente contar con una legislación para castigar a quienes ejecutan estas prácticas. Por lo demás, el proyecto concreta en un artículo único lo establecido en los numerales 2) y 3) del artículo 60 de la Constitución Política, en relación con el número 1º, párrafo segundo, de su artículo 50. Por lo tanto, la iniciativa es consecuente con nuestra Constitución.
Estimo positivo agregar una nueva figura penal a fin de sancionar el delito de cohecho activo respecto de un funcionario público extranjero y definir lo que debe entenderse por tal.
Comparto la suscripción del proyecto de ley. Es útil que funcionarios públicos extranjeros que realizan transacciones comerciales internacionales en representación de organismos extranjeros con sede en Chile, conozcan la modificación en debate.
El proyecto se vota en general, pero, al no haber sido objeto de indicaciones, se puede aprobar también en particular.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Aprobado en general el proyecto.
Por no haber sido objeto de indicaciones, queda también aprobado en particular.
Aguiló,Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Becker, Bertolino, Burgos, Caraball (doña Eliana), Cornejo, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Escobar, Forni, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), Hales, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Kuschel, Lagos, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Martínez, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Monckeberg, Mora, Moreira, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Ortiz, Palma, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Riveros, Robles, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Tapia, Tuma, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena), Vilches y Villouta.
¿Habría acuerdo para votar el proyecto junto con el que se refiere a los derechos de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido, que figura en el segundo lugar de la Tabla, al término del Orden del Día?
Señor Presidente , ¿examinaremos sólo esos dos proyectos o nos abocaremos al tratamiento de todos los que figuran en Tabla? Lo pregunto porque, al parecer, hay consenso en despacharlos pronto, por lo que podemos concluir el debate en no más de media hora. La idea es no detener la sesión, continuar con proyectos de acuerdo y finalizar con Incidentes. De no ser así, se producirá un desfase de 20 ó 30 minutos.
La Tabla considera cuatro proyectos de ley. Si podemos tratarlos todos de aquí a las 12.30, votaríamos los cuatro al término del Orden del Día.
Tiene la palabra el señor Paya.
Señor Presidente , deseo preguntar si su Señoría recabó el acuerdo de la Sala para votar los proyectos al término del Orden del Día.
Lo acabo de hacer, señor diputado.
Tiene la palabra la diputada señora Eliana Caraball.
Señor Presidente , sugiero que el proyecto sobre propiedad inmobiliaria que figura en el tercer lugar de la Tabla, sea votado en esta sesión, por cuanto ha sido postergado desde antes de la semana distrital.
En efecto, señora diputada, el proyecto que usted alude fue discutido latamente en la Sala.
¿Habría acuerdo para votar los proyectos al término del Orden del Día y, sin discusión, el que figura en el tercer lugar de la Tabla?
Corresponde continuar tratando el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, que establece un sistema de protección para los adquirentes de derechos de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido. Diputado informante de la Comisión especial para el desarrollo del turismo es el señor Recondo.
-Segundo informe de la Comisión especial de desarrollo del turismo, sesión 11ª, en 2 de julio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 13.
El señor RECONDO .-
Señor Presidente , rendiré el segundo informe de la Comisión especial para el desarrollo del turismo acerca del proyecto de ley que establece un sistema de protección para los adquirentes de derechos de utilización de inmuebles en régimen de tiempo compartido.
Como se sabe, en la Comisión se incorporó una indicación sustitutiva emanada de un estudio de la Universidad Diego Portales que complementó la moción original.
La iniciativa en debate fue despachada por la Comisión, en su primer trámite, el 3 de octubre de 2001, y aprobada en general en la sesión de Sala de fecha 10 de abril.
En el segundo trámite, tuvo muy pocas variaciones en relación con lo que aprobó en general la Sala. La gran mayoría de las disposiciones no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones. En esta situación reglamentaria se encuentran prácticamente todos los artículos.
La Comisión estimó que el proyecto no contiene artículos calificados como normas de carácter orgánico-constitucional o de quórum calificado.
En el segundo trámite fue suprimido el artículo 31 por indicación formulada en la Sala por los diputados señores Leay, Recondo y Rojas. Disponía que “la fiscalización del cumplimiento de esta ley corresponderá al Servicio Nacional de Turismo”. Se eliminó porque no correspondería entregar a un servicio público como el Sernatur, ente de ejecución que tiene la responsabilidad de promocionar el turismo, atribuciones de fiscalización.
Esa disposición se había incorporado al proyecto en la propia Comisión por indicación parlamentaria, por lo cual tenía características de inconstitucionalidad, puesto que incidía en un organismo de la administración del Estado y, como se sabe, esa materia es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República . En consecuencia, se eliminó el artículo 31 por la unanimidad de los diputados presentes en la Comisión.
Por haberse aprobado esa supresión, cambió la numeración de los artículos 32, 33 y 34, que pasaron a ser 31, 32 y 33, respectivamente.
Se encuentran en esta situación los artículos 1º, 21, inciso final; 24, número 9, y 33, que pasó a ser 32.
El artículo 1º fue modificado mediante una indicación formulada por la diputada señora Caraball y por el diputado señor Burgos, para incorporar, en su inciso primero, la palabra “periódica”, luego del término “habitación”.
Esa indicación fue acogida por la unanimidad de los diputados presentes en la Comisión, puesto que hace concordante lo que consagra el proyecto, que es la creación de un derecho real de habitación periódica. Así se llama el derecho que crea, y que en el artículo 1º se había omitido. La frase “habitación periódica” corrige esa situación.
En el artículo 21, mediante una indicación de la diputada señora Caraball y del diputado señor Burgos, se sustituyó, en su inciso final, el término “pagarse” por “reembolsarse”.
Esta indicación fue aprobada por la unanimidad de la Comisión.
El artículo 24 fue modificado por indicación de los diputados señores Araya , Bertolino y Meza, y de la diputada señora Carmen Ibáñez , para incorporar el siguiente número 9, nuevo, pasando el actual número 9 a ser 10. Dice así: “9.- Información sobre los derechos de desistimiento que tendrá el adquirente, expresando el tiempo de que dispondrá, según el artículo 27 de esta ley”.
El artículo que se está modificando dispone, en lo esencial, que “Cualquier persona natural o jurídica que se dedique profesionalmente a la constitución o transferencia de derechos de habitación periódica, deberá editar un documento informativo sobre el régimen, el que entregará gratuitamente a cualquier persona que lo solicite. Deberá contener datos objetivos, completos, suficientes, veraces y susceptibles de ser verificados por la autoridad o los particulares.
En dicho documento se mencionará, a lo menos, la siguiente información:”.
A continuación, el artículo establece nueve numerales que señalan el contenido que debiera tener tal información. Esto fue siempre una materia bastante sensible en lo que se refiere a la venta o a la difusión de estos inmuebles de tiempo compartido o de habitación periódica, porque en general la gente siente que, muchas veces, lo que se difunde no es exactamente lo que al final se compra por parte de los interesados.
Por tal razón, a los numerales que definen qué debería contener la información se les agrega la proposición de los diputados ya mencionados, la cual fue aprobada por la unanimidad de la Comisión.
El artículo 33, que pasa a ser 32, se modificó mediante una indicación de los diputados señores Araya , Bertolino y Meza, y de la diputada señora Carmen Ibáñez , para agregar el siguiente inciso segundo, nuevo: “Las acciones civiles se someterán a las normas del procedimiento sumario”.
El artículo 33 establecía: “Sin perjuicio de las acciones civiles o penales que sean procedentes, la infracción de los preceptos de esta ley será sancionada con multa a beneficio fiscal de 10 a 100 unidades de fomento”.
El diputado señor Araya explicó que la indicación tiene por objeto incorporar una norma por la cual las acciones civiles se tramiten de acuerdo con el procedimiento sumario, puesto que, si nada se dijere, deberían tramitarse de acuerdo con el procedimiento ordinario, en virtud de lo dispuesto en el artículo 3º del Código de Procedimiento Civil.
Puesta en votación la indicación, fue aprobada por la unanimidad de los diputados presentes.
También se acordó modificar el epígrafe del título VI, “De la fiscalización, sanciones y competencia”.
Los diputados señores Araya , Bertolino , Recondo y Rossi y la diputada señora Ximena Vidal formularon indicación para eliminar, en el encabezamiento del título VI, el vocablo “fiscalización”. Esto es concordante con la eliminación del artículo 31, que ya se había adoptado y que eliminó la fiscalización por parte del Servicio Nacional de Turismo.
No hay disposiciones nuevas y la Comisión estimó que tampoco hay artículos que, en conformidad con el artículo 222 del Reglamento, deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.
Finalmente, se rechazó la indicación planteada por los diputados señores Bertolino , Palma y Longton para sustituir el epígrafe del título II, que dice “Del derecho de habitación periódica”, por “Del derecho de tiempo compartido o de habitación periódica”.
El diputado señor Bertolino señaló que la indicación tenía por finalidad incorporar al título II un nombre más apropiado al derecho que se crea, que es el de “tiempo compartido”, por cuanto ésa es la denominación que tiene el proyecto de ley y, además, el nombre a través del cual lo conoce la gente.
Se acotó que ése era el título de la moción original, pero que la Comisión, ya que crea un derecho real de habitación periódica, lo denominó de ese modo y, por lo tanto, podría llevar a confusión si se agregara otro nombre. La Comisión acordó mantener la denominación que se había acordado en el primer informe.
La mayoría de los artículos, como ya lo señalé, no sufrieron modificaciones, salvo los que he comentado.
Se acordó facultar a la Secretaría de la Comisión para introducirle mejoras de carácter formal al proyecto de ley aprobado en el primer informe.
El texto completo, con las modificaciones menores que tuvo en el segundo informe, está a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
Tiene la palabra el diputado señor Arturo Longton.
Señora Presidenta , seré muy breve.
Está llegando a su término el trámite de este proyecto tan importante sobre los derechos de las personas en la adquisición de un régimen de tiempo compartido.
Si bien es cierto que, desde el punto de vista del derecho, el nombre que se le ha dado al proyecto es correcto, creo que, como estamos hablando de una ciudadanía que no sabe de esa materia, pero que necesita tener un conocimiento previo acerca de qué trata la ley, habría sido preferible hablar de “derechos en régimen de tiempo compartido”, y hacer la salvedad de que se le puede denominar de las dos formas: de “derechos de habitación periódica” y de “tiempo compartido”. Habría sido lo más correcto. En todo caso, es de esperar que nuestros senadores se iluminen para encontrar un nombre que, en definitiva, permita el conocimiento general de la ciudadanía respecto del proyecto que estamos tramitando.
Me alegro de que este proyecto, de origen en una moción de varios señores diputados, cumpla su trámite final en esta Cámara. Cuando se convierta en ley, regulará una actividad que ha ido adquiriendo mucha vigencia con el tiempo, por cuanto mucha gente está adquiriendo estos derechos. En nuestro país no existía una regulación sobre esta materia. Aquí se hace una clarísima, desde el punto de vista del derecho de las personas, y creo que con esta iniciativa de ley se pone término a los abusos que se han venido cometiendo durante casi diez años.
Reciban mis felicitaciones los diputados que hicieron un esfuerzo importante en la Comisión.
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Encina.
El señor ENCINA .-
Señora Presidenta , quiero valorar el trabajo de la Comisión de Turismo respecto de las indicaciones y aportes que hicieron los señores diputados en la primera discusión de la moción y, por supuesto, reconocer la labor de quienes han trabajado en este proyecto, como los ex diputados señores Munizaga y Prokurica , y la ex diputada señora Marina Prochelle , el diputado señor Longton , y quien les habla.
Quiero destacar que el proyecto se inscribe, dentro de las nuevas modificaciones a la ley del consumidor, en algo muy fundamental, establecido en el artículo 27 del proyecto, que dice relación con la cláusula de retracto, es decir, la posibilidad de que el adquirente del tiempo compartido tenga un plazo de diez días para establecer la firma definitiva del contrato. Esto es lo más importante dentro de esta modalidad, que me parece muy interesante y muy incisiva, desde el punto de vista de lo que es el desarrollo del sector turístico, pero que también tiene limitaciones en defensa de quienes adquieren el tiempo compartido. Esta cláusula es, quizás, fundamental. Estoy muy contento, en forma anticipada, por la aprobación del proyecto, el cual, ojalá, también pueda ser despachado en forma rápida por el Senado a fin de contar con un instrumento jurídico para defender los intereses de los adquirentes del tiempo compartido y desarrollar este tipo de modalidad, que me parece muy interesante tanto para la modernización del sector turístico del país como a nivel internacional.
Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni .
El señor CERONI .-
Señora Presidenta , no hay duda de que este proyecto de ley es extraordinariamente positivo y permite solucionar una serie de inconvenientes que se estaban generando a raíz de la contratación de este sistema de derechos compartidos, pues es de público conocimiento que se cometieron múltiples estafas y engaños a personas que contrataron supuestos derechos compartidos, los que, en definitiva, no se concretaron en realidad. También muchas personas fueron víctimas de toda la escenografía, de toda la “mise en scène” que se hacía para presionarlas a hacer esta adquisición, por lo cual la gente que compraba después se encontraba arrepentida.
Obviamente, el proyecto, desde ese punto de vista, da más seriedad a este contrato tan especial, ya que establece que, en definitiva, es un derecho real. Pero también es muy importante porque deja la puerta abierta para que la persona pueda desistirse una vez que haya firmado esa especie de contrato, precisamente porque cuando adquiere estos derechos normalmente lo hace en un momento en que la voluntad no está claramente libre para expresarse. Lo importante es que en los contratos se establezca libremente la voluntad. Por eso, tiene mucho valor fijar un plazo de diez días, contado desde la firma del contrato, para que la persona pueda abandonar este contrato unilateralmente, lo que es algo curioso dentro de lo que son los contratos. Se hace precisamente porque hay mucha influencia sobre la voluntad, la que normalmente no se manifiesta en forma realmente clara en esta materia.
También tiene valor estipular que en estos contratos no se podrá pactar arbitraje, uno de los elementos que contenían desde la partida. Por lo tanto, si la persona veía que sus intereses habían sido perjudicados, estaba amarrada a un árbitro que ella no conocía y que, por supuesto, perjudicaba sus derechos. Ahora se dejó claramente establecido que más adelante, de común acuerdo, podrá nombrarse un árbitro entre las partes.
Considero que debemos valorar mucho esta moción, por cuanto defiende los derechos de las personas, de los usuarios, por lo que nuestra bancada la apoyará decididamente.
Debo recordar a los señores diputados que existe un acuerdo para votar todos los proyectos a las 12.30 horas.
-Posteriormente, la Sala se pronunció sobre el proyecto en los siguientes términos:
Corresponde votar, en particular, el proyecto que dice relación con el régimen de tiempo compartido.
Solicito el asentimiento de la Sala para votar todo el articulado en un solo acto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 68 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Aguiló,Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Barros, Becker, Bertolino, Burgos, Caraball (doña Eliana), Cornejo, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Escobar, Forni, García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), Hales, Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Kuschel, Lagos, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Longueira, Luksic, Martínez, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Riveros, Robles, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Tapia, Tuma, Uriarte, Urrutia, Valenzuela, Vargas, Venegas, Vidal (doña Ximena) y Vilches.
A continuación, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto que modifica la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, con el objeto de reforzar los derechos de los ciudadanos y hacer más equitativos los sistemas de información de antecedentes comerciales.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Carlos Hidalgo.
-Moción, boletín Nº 2771-05, sesión 28ª, en 21 de agosto de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 8.
-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 8ª, en 18 de junio de 2002. Documentos de la Cuenta Nº 8.
Señora Presidenta , en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar sobre el proyecto de ley mencionado por la señora Presidenta , en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.
I. Constancias previas.
1.	Origen y calificación.
La iniciativa tiene su origen en una moción de los diputados señores Encina, Leal, señora Muñoz , doña Adriana ; señor Pérez, don José , y de los ex diputados señor Elgueta y señorita Sciaraffia , doña Antonella .
2.	Quórum especial de aprobación.
El proyecto no contiene normas de este carácter.
Asistió a la Comisión durante el estudio del proyecto la señora Bernardita Piedrabuena, asesora del Ministerio de Hacienda.
II. Objetivo y estructura del proyecto.
La iniciativa tiene por objeto modificar la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada, a fin de extender a 30 días el plazo mínimo en que los acreedores deben comunicar la morosidad; dejar en 3 días el plazo en que el acreedor debe avisar al registro o banco de datos el pago o extinción de la obligación, y hacer de cargo de quien informó la morosidad o protesto el pago de la tarifa por aclaración o actualización de datos, dando lugar a la acción de cobro en caso de que el deudor efectúe el pago.
III. Ideas matrices o fundamentales del proyecto.
Consisten en asegurar, en el marco de la legislación vigente, los principios de gratuidad, a todo evento para los deudores, de la eliminación de antecedentes comerciales, de inmediatez de las aclaraciones y de la comunicación de la morosidad en tiempo prudente.
IV. Disposiciones legales que el proyecto modifica.
Los artículos 17 y 19 de la ley Nº 19.628, sobre protección de la vida privada. El primero se refiere a la facultad que tienen los responsables de los registros o bancos de datos personales de comunicar el tipo de información que se señala. El segundo contiene los efectos que produce el pago o extinción de las obligaciones que indica y de la comunicación que el acreedor o deudor hagan al banco de datos, según el caso. El aviso del acreedor al responsable del registro o banco de datos corresponde que lo haga dentro de siete días hábiles y la tarifa es de cargo del deudor.
Nuestro país cuenta con un sistema de recopilación, archivo y comunicación de los antecedentes comerciales de las personas, cuyo propósito es otorgar fluidez y certeza en las relaciones comerciales, lo que, en definitiva, permite disminuir el riesgo de la contratación.
Este sistema actualmente se encuentra administrado por diversas instituciones, algunas de naturaleza gremial, como la Cámara Nacional de Comercio, y otras de carácter empresarial, como Dicom.
Según lo manifestado en la moción, la aplicación de este sistema se ha tornado un obstáculo para la economía nacional y para la seguridad y tranquilidad de las familias chilenas, toda vez que tener antecedentes negativos en las bases de datos administradas por las referidas instituciones puede llegar a ser casi más grave que tener antecedentes penales, pues se han multiplicado los actos y negocios jurídicos en que se exige contar con una certificación de no estar incorporado en los registros de deudores morosos con documentos protestados.
En consideración a lo anterior, se destaca por los autores de la moción que el Congreso Nacional y, en especial, la Cámara de Diputados, ha recogido el interés ciudadano para hacer más justo y equitativo el sistema, lo que se ha traducido en diversas iniciativas parlamentarias que han permitido aprobar un marco jurídico más acorde con la realidad.
En respuesta a dicha motivación, la iniciativa procura incorporar los tres principios enunciados en el párrafo de las ideas matrices del proyecto. El primer principio se fundamenta en que los sujetos beneficiados por la existencia de los sistemas de informaciones comerciales de terceros son las instituciones comerciales, de crédito, bancos, etcétera, pues evitan los riesgos al contratar, por lo que parece pertinente que paguen, además del acceso a las bases de datos, por las aclaraciones. El segundo principio se basa en que la modernidad de las tecnologías permite reducir el tiempo de aclaración y no justifica plazos extensos. El tercer principio persigue dar un plazo mayor para informar de los incumplimientos, pues se estima que la legislación actual otorga un plazo muy breve.
VI. Discusión y votación general del proyecto.
La representante del Ejecutivo planteó que cualquier iniciativa que conlleve la disminución de la calidad y la oportunidad de la información comercial va en desmedro de los consumidores finales, al ser la relación crediticia esencialmente riesgosa para quien presta respecto de la capacidad de endeudamiento del sujeto del crédito, por lo cual acentuar tal riesgo se traducirá necesariamente en un aumento en la tasa de interés. Agregó que cargar la tarifa de la aclaración o actualización de datos a quien informe la morosidad o protesto, se traducirá en elevar los costos a todos los deudores por igual, tanto “buenos como malos”; además, está el problema práctico que implicará fiscalizar que el acreedor cumpla con la obligación impuesta. Finalmente, consideró atendible, en razón al avance de la tecnología, reducir a 3 días el plazo fijado al acreedor para dar aviso al responsable del registro o banco de datos, cuando se efectúe el pago o se extinga la obligación por otro modo en que intervenga el deudor.
En el debate de la Comisión se manifestó que al aclarar un documento y ser, por consiguiente, nuevamente sujeto de crédito el deudor está siendo beneficiado directamente, por lo que sería razonable que incurriera en el gasto correspondiente. Se señaló también que, actualmente, Dicom consigna en el certificado solicitado los motivos por los cuales se incumplió la obligación, con lo cual se custodia a quien tuvo dificultades verdaderas para no pagar, por lo cual el costo de la aclaración se justifica que lo asuma el deudor.
Sometido a votación general el proyecto, fue aprobado por 5 votos a favor, 2 votos en contra y una abstención.
VII. Discusión y votación particular del proyecto.
En relación con este párrafo, cabe señalar lo siguiente:
Por el artículo único se modifica la ley Nº 19.628, de la siguiente manera:
En el numeral 1), se agrega un inciso tercero al artículo 17, del siguiente tenor:
“Sin perjuicio de lo anterior los acreedores podrán informar de las morosidades, sólo una vez que hayan transcurrido al menos treinta días corridos desde la fecha en que la obligación se hizo exigible. En caso de la información de protestos de documentos, este plazo se contará desde la fecha del mismo”.
Puesto en votación este numeral, fue aprobado por 5 votos a favor, 3 en contra y una abstención.
Por el numeral 2) se reemplaza el inciso segundo del artículo 19, por el siguiente:
“Al efectuarse el pago o extinguirse la obligación por otro modo en que intervenga directamente el acreedor, éste avisará tal hecho, a más tardar dentro de los siguientes tres días hábiles, al responsable del registro o banco de datos accesible al público que en su oportunidad comunicó el protesto o la morosidad, a fin de que consigne el nuevo dato que corresponda. Las tarifas a que dé lugar la actualización o aclaración de los datos será de cargo de la persona natural o jurídica que informó la morosidad o protesto. En caso de que sea el deudor el que requiera directamente la modificación al banco de datos, tendrá acción de cobro en contra de su acreedor por el monto de la tarifa que le fue cobrada por la empresa o institución administradora de datos de terceros”.
Puesto en votación este numeral, fue aprobado por 6 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones.
Por otro lado, al proyecto se le introdujeron modificaciones formales, que se recogen en el texto propuesto a continuación:
“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley Nº 19.628.
1.	Agrégase el siguiente inciso tercero al artículo 17:
2.	Reemplázase el inciso segundo del artículo 19, por el siguiente:
Señora Presidenta , este proyecto está ligado a uno que se aprobó recientemente, denominado “ley Dicom”, que modifica la privacidad de la información de las personas, respecto del cual existe un fuerte debate porque algunos bancos, en particular el Banco del Estado, entidades financieras, casas de crédito y comerciales están vulnerando su espíritu, recurriendo a diversas triquiñuelas, entre otras, borrar del registro histórico a quienes tienen una deuda menor de 2 millones de pesos al 1 de mayo de 2002, para incorporarlos de nuevo en ese registro, con posterioridad, agregando los intereses respectivos.
Quiero destacar que inumerables entidades financieras y bancos están cumpliendo con la ley; no así otros.
En ese sentido, oficié al presidente del Banco del Estado , porque tenemos antecedentes concretos acerca de que esa entidad no está cumpliendo con la ley, como tampoco lo hacen grandes casas comerciales, que recurren a diversas maniobras para tratar de eludir el efecto de una importante ley, desde el punto de vista de la reactivación económica, pues esa legislación pretende que la gente vuelva a ser sujeto económico. Con ello, volverá a tener acceso al crédito, podrá contratar y, en el caso de los pequeños y medianos empresarios, tendrán la oportunidad de poner de nuevo en marcha su actividad económica, repactando y obteniendo nuevos créditos, lo que les permitirá, al mismo tiempo, generar empleos.
A mi juicio, es muy importante discutir este aspecto. Sé que el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara invitó a los presidentes del Banco del Estado, de la Asociación de Bancos y de otras entidades para el próximo martes, a fin de discutir sobre la aplicación de una ley plenamente vigente, ya que, en algunos casos, se informa a los usuarios que ésta todavía no ha entrado en vigencia.
El proyecto en discusión tiene mucho que ver con el otro, porque trata del tema de la aclaración. Una persona paga su deuda más intereses, comisiones de las casas de cobranza y seguros, con lo cual su deuda se agranda. Pero después, debe pagar, además, la aclaración. Este es un gigantesco negocio. La Cámara de Comercio obtiene entre 8 mil millones y 10 mil millones de pesos anuales por concepto de aclaraciones.
El espíritu del proyecto -naturalmente, puede ser perfeccionado- consiste en que, como ocurre en otros países, los bancos de datos sean gratuitos. En muchos países, son manejados directamente por el Estado y, por tanto, son gratuitos. Es decir, el deudor no paga una aclaración que le puede significar entre mil y 63 mil pesos, ni tiene un cargo después de saldar su deuda. Por tanto, el espíritu del proyecto es lograr que el deudor que ha cancelado su deuda para salir del registro histórico de los boletines comerciales, de Dicom, de las bases de datos, no deba pagar por abandonarlos, sino que el proceso sea automático y se cumpla en un lapso de tres días y no en una semana, dado que hoy tenemos sistemas computacionales y los bancos informan con enorme rapidez cuando una persona no cubre un cheque. Por eso, con la misma rapidez deben informar al banco de datos respecto de la cancelación de la deuda; al mismo tiempo, tiene que existir un plazo antes de que la deuda sea enviada al registro de datos. El tema fundamental es cómo lograr que el deudor no sea obligado a efectuar una aclaración. El envío a una base de datos de morosidad ha sido utilizado por el acreedor y ha perjudicado al deudor, quien no puede pagar, después de haber cancelado la deuda, las comisiones de cobranza y los gastos que ello significa y, muchas veces, a abogados, etcétera, además de la aclaración en el registro de datos.
Ése es el sentido del proyecto. Agradezco al diputado Hidalgo por su amplia información y por decir que es un proyecto importante para los deudores del país y que, por eso, junto a varios colegas de otros sectores lo hemos presentado. Queremos que sobre esto haya un debate amplio y que podamos comprender la situación en que se encuentran los deudores en Chile, teniendo presente, además, las altas tasas de interés que los deudores han debido pagar cuando enfrentan el pago de sus deudas, tasas de interés que, como sabemos, son mucho más altas que la máxima convencional, porque los bancos no han incorporado en sus tasas la rebaja de interés del Banco Central.
Obviamente, no dejamos de tener presente que cuando hablamos de operaciones contractuales de esta naturaleza no sólo nos estamos refiriendo a los grandes bancos, casas comerciales y entidades financieras, sino también a los contratos que suscriben privados, tema que también deberá ser analizado en el contexto de este proyecto; pero nuestra preocupación principal es que el deudor no deba pagar la aclaración, es decir, no siga incrementando la utilidad de una empresa privada que, en definitiva, lucra con los 8 mil millones o 10 mil millones de pesos anuales, contribución que se pide ulteriormente a los deudores cuando han cancelado sus deudas.
Señora Presidenta , cuando uno lee estos proyectos se llena de orgullo. Hace poco tiempo, junto con el diputado Tuma y otros parlamentarios, presentamos el proyecto denominado “Dicom”.
En mi zona he dicho muchas veces que ésta es una moción de varios señores parlamentarios, y eso hay que reconocerlo, porque uno no se puede atribuir, en beneficio propio, todo lo que hacen los demás. Entonces, en mi zona y en todas las partes donde nos han querido escuchar, manifiesto que esta iniciativa va en beneficio de todas las personas.
Aprovecho la ocasión para anunciar que, aparte de este proyecto, que nos interesa mucho, también hay otro en la Comisión de Obras Públicas -ya tenemos la venia del Ejecutivo para su tramitación-, que cuenta con mayoría absoluta, relativo al “Dicom” de los conductores.
Son muchos los conductores de vehículos motorizados que, hace 20 ó 30 años, cometieron alguna infracción a la ley de Tránsito o causaron un accidente, y en sus respectivas hojas de antecedentes figuran hasta hoy esos registros. Contamos con la venia del Ejecutivo para iniciar el trámite legislativo de ese proyecto, a fin de que esa situación también sea corregida. Lo curioso -nos hemos llevado la sorpresa- es que esa iniciativa favorecerá a 1.200.000 personas. La estamos estudiando para limpiar los antecedentes de los conductores y resguardar a las personas.
Siempre uno piensa en las casas comerciales, en los contratos privados, en la gente que tiene más dinero o en la que, por uno u otro motivo, ha quedado cesante y no ha podido pagar deudas menores de dos millones de pesos. Consideramos justo que esa gente blanquee sus deudas y pueda insertarse en el mundo de los negocios, porque hoy día está con los brazos cortados.
¿Por qué me refiero a los pequeños empresarios? Hoy en día, la deuda que tiene la gente en Indap debiera estar borrada; pero cuando vuelve al Indap le dicen que es moroso. Ahí está lo grave. No sacamos nada con despachar leyes en el Parlamento si, en el fondo, no se respetan. Lo digo con mucho conocimiento de causa. Si alguien pide un crédito, el funcionario, disimuladamente, debajo del escritorio, lee el boletín de Dicom. En mis tiempos ése era el Peneca Verde, que todavía sigue prestando servicio a las instituciones financieras para perjudicar a las personas. En verdad, considero que debemos velar por que se respeten y cumplan las leyes que despachemos en el Congreso. De lo contrario, trabajamos en el aire, y nuestros proyectos, nuestra inteligencia y nuestro esfuerzo por favorecer a las personas quedan en nada.
Deseo hacer un poco de memoria respecto de las proposiciones que uno efectúa. Hace algunos días sugerí en la Sala -cuando se trató el proyecto relacionado con las transferencias- que no se entregaran los padrones a los compradores de vehículos en remate, porque éstos son ocupados para legitimar los documentos de autos robados por encargo. En esa oportunidad, el diputado señor Villouta dijo que esa afirmación era muy temeraria; pero resulta que la semana pasada pudimos conocer que en Chile se roban 9 mil autos, a los cuales les compran los padrones. Por ello, con la diputada señora Saa y con los diputados señores Ceroni y Quintana estamos presentando un proyecto de ley sobre la venta de vehículos en remate, como una manera de frenar los robos.
Con mucho entusiasmo, votaré el proyecto a favor. Sin embargo, quiero dar la voz de alerta y pedir, una vez más, que la Mesa oficie al señor presidente del Banco del Estado a fin de que me responda por qué no se ha abierto la oficina agrícola.
Muchos de los presentes en la Sala se preguntarán que tiene que ver lo que está pidiendo el diputado García con el proyecto de Dicom. Les respondo que mucho, porque una de las disposiciones de ese proyecto dice que los deudores de Indap, entre quienes hay muchos pequeños agricultores, serán beneficiados. En consecuencia, queremos que quienes no puedan optar nuevamente a un crédito de Indap, tengan la posibilidad de obtenerlo a través del Banco del Estado.
Me interesa que se despache ese oficio para que el presidente del Banco del Estado, nuestro ex colega, don Jaime Estévez, quien muchas veces defendió la agricultura, realice un gesto para favorecer y apoyar a los pequeños agricultores.
Con mucho entusiasmo y haciendo un reconocimiento a los diputados que ya no están en la Cámara, hoy vamos a aprobar el proyecto. Pero, más que eso, quiero que las leyes se cumplan y se respeten; si se continúa con la práctica de utilizar subterfugios, no sacamos nada con seguir trabajando para favorecer a la gente. Ella debe saber que este tipo de proyecto va en su beneficio, y no en el de las grandes instituciones, que siguen empleando el Peneca Verde u otros mecanismos, bajo cuerda, que no la favorecen.
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Burgos .
Señora Presidenta , más allá del indudable y positivo interés que tiene el proyecto, a uno le surgen algunas dudas. Si se trata de liberar al deudor del pago de la aclaración, conforme con lo dispuesto en la propuesta legislativa, quien terminará pagando será el acreedor. En consecuencia, la persona perjudicada por una operación no cumplida en el plazo o de acuerdo con las condiciones establecidas, después de meses o de años de que le paguen, cargará con el déficit generado por el no pago oportuno, a lo cual debe agregar el valor de la aclaración.
En primer lugar, me parece que eso es relativamente dudoso desde el punto de vista constitucional. En segundo lugar, a pesar de la muy buena intención de los diputados que presentaron esta iniciativa, sólo están pensando en las grandes casas comerciales o bancos, en circunstancias de que hay muchas operaciones entre particulares. Por ejemplo, qué pasa cuando cualquier particular vende un bien mueble, un refrigerador o un automóvil y se estipula que el pago será una parte al contado y la otra a plazo, la cual se documenta con letras de cambio. Si, llegado el vencimiento de las letras, éstas no son pagadas por el deudor, las protesta. Pasan meses y logra, vía cobranza judicial o mera convención, que le paguen lo adeudado. Esa persona, que fue víctima de un perjuicio al no recibir el dinero en tiempo y forma, y que debió incurrir en gastos de abogado, tendrá que pagar, además, la aclaración a los boletines comerciales.
En el fondo, la idea es crear un boletín comercial no sujeto a pago -me parece bien- o, a lo menos, que otras entidades que compitan con esta organización puedan interesarse en llevar el boletín comercial. Pero el proyecto no versa sobre esto.
En consecuencia, estimo que debemos darle una segunda vuelta -ojalá en la misma Comisión-, para precisar qué pasa con los acreedores que terminarán cargando sobre sí estos gastos.
Según leo en el informe, la representante del Ejecutivo dio la señal, bastante preocupante, de que este tipo de cuestiones generales pueden terminar encareciendo el crédito; porque si los acreedores se dan cuenta de que serán ellos quienes tengan que pagar las aclaraciones, ¿a qué imputarán ese gasto? ¡Al otorgamiento de los créditos, porque ellos no querrán perder dinero ni tampoco los notarios! Ellos le dirán al girador de las letras: “Momentito, usted me provee de fondos para hacer esa gestión; de lo contrario, me rebotará a mí”.
Entonces, la proposición conlleva muchos riegos. Es muy buena la intención, pero debemos darle una vuelta más en la Comisión; porque por el hecho de liberar al deudor de su obligación de aclarar el documento, si no se clarifica bien la situación, será el acreedor quien deberá hacerlo, y eso representa una serie de riesgos pa-ra quienes se dedican a la concesión de crédito; pero también los particulares se verán perjudicados por el incumplimien-to del no pago de obligaciones contractuales.
Señora Presidenta , hace algunos días aprobamos un proyecto de ley que establece la eliminación de determinados antecedentes históricos, especialmente para quienes habían pagado sus deudas, reduciendo el plazo de permanencia en el registro de tres años a uno.
La Cámara de Comercio de Santiago estuvo muy en contra de esta legislación por ser la administradora de toda la situación de morosidad, conforme al decreto ley Nº 950, de 1928, que la faculta para recibir toda la información de morosidad que existe en el comercio, originada en transacciones, protestos de cheques, letras, pagarés, mutuos hipotecarios y en todos aquellos documentos que requieren de alguna formalidad en su protesto. Asimismo, obliga a los notarios, conservadores y organismos públicos a entregar esta información a la Cámara de Comercio de Santiago.
En verdad, independientemente de la opinión de la Cámara de Comercio respecto de la iniciativa que tenía mi autoría, debo reconocer que esta entidad lleva casi 80 años administrando un sistema que ha sido tremendamente eficiente para la democratización del crédito en el país. Por lo tanto, resulta muy importante no destruir este sistema de información sobre la base de que hay personas que no cumplen oportunamente con sus compromisos comerciales, bancarios o financieros.
Resuelto el tema de la disparidad de criterios en cuanto a la permanencia en estos registros de acuerdo con los plazos, si eran 5 ó 7 años para los que no pagaban; o 3 o cero días para los que finalmente sí pagaban -así quedó- lo que debemos resolver es si la Cámara de Comercio de Santiago ha cumplido con seriedad el rol de ministro de fe en el manejo de esta información.
La primera cuestión es que me hace fe el cómo se ha manejado esta información, al igual que la seriedad con que ha actuado por tantos años la Cámara de Comercio.
Otra cosa por discutir son los ingresos que recibe esta institución y quiénes hacen los aportes.
También debe aclararse la pertinencia de quién financia las necesidades de costo del sistema. Si concluimos que es indispensable mantener un sistema que recoja la información, la compile y la comunique, alguien tendrá que hacerlo.
Si concordamos en que la Cámara de Comercio de Santiago es un ente idóneo que lo ha hecho bien hasta ahora, entonces, ¿por qué no pensar en cómo financiarlo? No podemos pedirle que financie gratuitamente o a su costa un sistema que beneficia a las entidades crediticias.
Entonces, concluimos que la queja de los usuarios y deudores del país es la pertinencia del cobro. Por ello, presentaré una indicación para que el problema de fondo por resolver pueda hacerse a través de una tarificación; porque si hemos entregado la facultad de un monopolio, deberíamos continuar dándosela, en mi opinión, exclusivamente a la Cámara de Comercio de Santiago; y como todas las actividades monopólicas de nuestro país las hemos resuelto tarificando, por qué no aceptar esta modalidad, que sería fijada por el Estado mediante un estudio de tarifas, en el cual se considere, en primer lugar, el costo por administrar este sistema. Otra posibilidad sería descontar de los ingresos que recibiría la Cámara de Comercio -y es probable, si no me equivoco, que este sistema no tendría ningún costo para los deudores- puesto que sólo con la venta de esta información al conjunto de acreedores del sistema, se podría financiar su administración. Si así no fuera, o si faltaren recursos para financiarlo, lo lógico es que el causante de este cargo -el deudor- pague la parte correspondiente al justo costo de aquello en que el administrador en el conjunto del sistema incurre.
Junto con el diputado Leal , hoy hemos presentado un proyecto que tiende a resolver la falta de transparencia de los acreedores cuando ofrecen crédito a un cliente. Queremos hacer transparentes los requisitos que exige un banco, financiera o casa comercial para otorgar un crédito. Al igual que en Estados Unidos y países europeos, deseamos establecer una legislación sobre la base de la no discriminación.
Hoy se vulnera en parte la ley relativa a los registros de Dicom, porque si bien a la mayoría de los usuarios se les han borrado sus antecedentes históricos, cuando piden un crédito a un banco se encuentran con que no saben cuáles son los requisitos que deben cumplir, por cuanto éstos no son públicos.
Ése es el objetivo de nuestro proyecto, el cual apunta, además a una preocupación ciudadana. Pero también me parece que la solución que consigna este proyecto no va en la dirección de equidad, justicia ni racionalidad deseada.
Por las razones anteriores, pienso que deberíamos aprobar en general el proyecto, y presentar indicaciones -como la que hemos reseñado- para que vuelva a la Comisión y desde ahí estudiar el modo más justo y equitativo para resolver una demanda ciudadana de estricta justicia, respecto de quién debe financiar el costo de las aclaraciones y cuánto debe pagar cada una de las personas involucradas, sean acreedores o deudores interesados en el tema.
Señora Presidenta , este proyecto de ley tiene la gran virtud de ser una moción y de estar inserto en la famosa Dicom, que ya es ley de la República.
Diez parlamentarios fueron los autores de esa iniciativa. Debo ser muy franco y transparente: las instituciones que administran la morosidad no imaginaron nunca la existencia de un proyecto de ley que buscara perfeccionar, mejorar y, especialmente, borrar de los registros de deudores a más de 1 millón 500 mil chilenos que, por diferentes circunstancias, habían ingresado al registro histórico de Dicom .
En cuanto al proyecto, puedo afirmar -su Señoría tiene mayores conocimientos por ser autora del proyecto junto con otros ahora ex parlamentarios- que es necesario demostrar con hechos que la Cámara de Diputados quiere solucionar los problemas que afectan a las personas.
Deseo clarificar que la idea de legislar es excelente y apunta hacia el camino correcto.
Al analizar este proyecto de ley, se puede constatar que un primer principio se fundamenta en que los sujetos beneficiados por la existencia de los sistemas de informaciones comerciales de terceros son las instituciones comerciales, crediticias, bancarias, etcétera, pues evitan los riesgos al contratar. Parece pertinente, entonces, que paguen, además del acceso a las bases de datos, por las aclaraciones.
El segundo principio que tuvieron en mente los colegas que presentaron la moción, se basa en que la modernidad de las tecnologías permiten reducir el tiempo de aclaración, por lo que no se justifican plazos extensos. De ahí que el proyecto establece dejar en 3 días el plazo en que los acreedores podrán informar al registro o banco de datos el pago o extinción de la deuda.
El tercer principio consiste en otorgar un plazo de 30 días corridos, para informar de los incumplimientos, a partir desde la fecha en que la obligación se hizo exigible, pues se estima que la legislación vigente otorga uno muy breve.
Estas tres grandes motivaciones, según mi criterio, se encuentran en el camino correcto. Así lo planteé en la Comisión de Hacienda durante la discusión suscitada el 13 de junio.
Es bueno que mis colegas, que siguen el curso del proyecto, sepan que la aprensión dada a conocer por varios parlamentarios fue ampliamente debatida. Al final, respecto de las situaciones bursátiles o comerciales realizadas entre particulares, se consignó que el día de mañana debe pagar quien compra, y no asumir el costo adicional otra persona.
Quiero aclarar la forma en que se discutió en la Comisión de Hacienda: se aprobó, en votación dividida, la idea de legislar; pero, por unanimidad, se acordó presentar indicaciones, sin perjuicio de que el proyecto se aprobara en general. La idea de legislar es buena, pero se sugiere que el proyecto vuelva a la Comisión de Hacienda a fin de perfeccionarlo.
Con mucha claridad, debo decir -es bueno que lo afirme un diputado de región, como yo, representante de Concepción, de Chiguayante y de San Pedro de la Paz, y no un diputado de la Región Metropolitana , porque se puede prestar para malentendidos- que la Cámara de Comercio de Santiago le solicitó formalmente a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados ser escuchada respecto de este proyecto de ley. En forma unánime -lo que indica la seriedad del tratamiento que les damos a los proyectos de ley- se acordó que, cuando se estudie en particular el segundo informe en la Comisión de Hacienda, se escuchará a los representantes de la Cámara de Comercio o a las personas que quieran expresar su opinión.
La Cámara de Diputados debe aprobar, en general, la idea de legislar, porque el proyecto va en la dirección justa y precisa.
Esperamos que vuelva a Comisión, para ver en qué forma se soluciona la aprensión planteada: el hecho de que una tercera persona o institución tenga que pagar por algo que no le corresponde.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Hidalgo .
Señora Presidenta , sobre este proyecto y su relación con el que se aprobó recientemente sobre la ley Dicom -mal bautizada así-, se ha dicho casi todo.
Me llama la atención lo que ha señalado el diputado señor Leal en cuanto al incumplimiento de la ley por el Banco del Estado. Todos sabemos quién dirige dicho Banco. Por lo tanto, es bueno establecer también quién no cumple hoy día con la ley.
Asimismo, no debemos ser ingenuos: el costo terminal de un proceso, de un servicio o de un producto determinado, siempre lo asumirá el consumidor final. Por ello, no debemos pensar que si se aprueba una modificación, como la que se propone, no habrá más costos. Al revés, la tasa de interés, en el caso de los créditos comerciales, podría sufrir una variación importante. Ésa es la aprensión del Ejecutivo y de muchos señores diputados.
Reitero mis aprensiones respecto del plano ético y moral de este tipo de iniciativas, que pueden ser muy loables y bien intencionadas, pero, en los registros de índices de incumplimientos comerciales, a lo menos un diez por ciento de la población, mayores de 18 años, está con la calificación de estafadores o con la indicación de malos deudores.
Cuando tratamos el proyecto -hace un par de semanas-, dije que el riesgo más grande que provoca este tipo de iniciativas es la crisis moral, la cual existe a nivel mundial. ¡Para qué nombrar lo que está sucediendo con las compañías estadounidenses!
De alguna forma esta iniciativa limpia los antecedentes comerciales del diez por ciento de los estafadores. A lo mejor, hay que tomar ciertos resguardos porque el crédito se va encareciendo y, a lo mejor, incluso se corta por no disponerse de información. Si uno se pone en el lugar de un banco o de una casa comercial y no tiene ningún antecedente comercial de una persona que ha solicitado crédito, a lo mejor decide no otorgárselo para no correr riesgos; puede que se trate de un excelente deudor o también de un muy hábil estafador. Entonces, la falta de información puede ser un elemento negativo.
En relación con los comentarios de algunos señores diputados respecto de la Cámara Nacional de Comercio, quiero señalar que ojalá tuviéramos cien o mil instituciones similares en Chile que generen tal cantidad de plata. En la medida en que se le dio tiempo al diputado señor Leal la subió de seis mil millones a diez mil millones; se equivocó poco menos que en un cincuenta por ciento de la cifra real.
La Cámara Nacional de Comercio, y específicamente la Cámara de Comercio de Santiago -mencionada por el honorable colega-, es una institución muy respetable que ha contribuido considerablemente al desarrollo económico de Chile. Lo digo con mucho orgullo porque, antes de asumir mi cargo como diputado , fui dirigente gremial de la Cámara de Comercio de San Antonio.
Si el proyecto se vota hoy, nuestra bancada, con excepción del diputado señor García , no le dará su aprobación.
Tengo entendido que se han presentado indicaciones; por lo tanto, si queremos revisar seriamente el proyecto, con el que no estoy en absoluto de acuerdo, solicito que no se vote en general y que vuelva a la Comisión correspondiente.
Señor diputado , el proyecto volverá a Comisión porque se han presentado indicaciones.
Señora Presidenta , considerando lo expresado por algunos diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, especialmente los señores Jorge Burgos y José Miguel Ortiz , no voy a discutir si los deudores son buenos o malos.
Me hace mucha fuerza la idea matriz del proyecto: que el sistema de recopilación, archivo y comunicación de los antecedentes comerciales “se ha tornado en un obstáculo para la economía nacional y para la seguridad y tranquilidad de las familias chilenas, toda vez que tener antecedentes negativos en las bases de datos” -administradas por la Cámara Nacional de Comercio o Dicom-, “puede llegar a ser casi más grave que tener antecedentes penales...”.
Eso es lo que debemos apoyar; no estoy ni a favor ni en contra de la iniciativa, en cuya redacción están las diferencias -como dijo el diputado señor Ortiz -. Debemos aprobar el proyecto en general, para que, en virtud de las indicaciones propuestas, de algunas de las cuales soy coautor, vuelva a Comisión para mejorarlo.
Difiero de las expresiones vertidas por algunos señores diputados en cuanto al monopolio que la Cámara de Comercio ejerce, realidad que debemos reconocer. Ojalá pudiéramos financiar actividades de bien público como hace este verdadero estanco que mantiene la Cámara de Comercio; por eso mismo estimo que mi opinión no tiene que dejar de ser reconocida. A lo mejor sería conveniente que hubiera no una, sino varias Cámaras de Comercio que compitieran por una información seria, loable y honesta, que es el norte que deben tener estas instituciones.
Señores diputados, existe el acuerdo de votar a las 12.30 horas todos los proyectos que están en Tabla. Faltan cinco minutos para el término del Orden del Día, y están inscritos para intervenir los diputados señores Vilches -quien ha pedido la palabra insistentemente-, Monckeberg y Riveros. Es difícil que en cinco minutos puedan materializar sus aportes, que, estoy cierta, serán brillantes; en todo caso, si se comprometen a hablar un minuto cada uno, podremos cumplir nuestro cometido en el tiempo previsto.
Tiene la palabra el diputado señor Monckeberg.
El señor MONCKEBERG.-
Señora Presidenta , de acuerdo con su información, el proyecto vuelve a Comisión; pero me parece necesario considerar algunos aspectos muy importantes.
Debemos hacer una distinción esencial: cuando se trata de deudas que no constan de título ejecutivo o fundamento plausible -es el caso de una factura, una boleta o una orden de compra-, el acreedor, voluntariamente, puede acudir a una empresa de registro de deudas -Dicom u otras- y registrar la factura morosa; ahí se genera un mecanismo de presión para que el deudor pague. Ése es un servicio adicional que el acreedor contrata y es razonable que él lo pague una vez que el deudor satisfaga su deuda.
La situación es muy distinta cuando se trata de un cheque protestado o de una letra vencida, porque esos instrumentos van directamente al registro, sin que el acreedor lo solicite, y es obvio que, en esa eventualidad, no se pueden cargar al acreedor los gastos por la aclaración del pago. En consecuencia, la primera distinción que debemos hacer en la iniciativa es entre las deudas que tienen origen o fundamentos plausibles -como cheques o letras vencidas- y las que se originan en facturas o boletas, cuya gestión de cobro es voluntaria.
Se ha solicitado en forma reiterada que no votemos el proyecto en general y que vuelva para un segundo informe a la Comisión, porque se han presentado indicaciones.
Recabo la unanimidad de la Sala para proceder de esa forma.
Señora Presidenta , su excelente conducción de la sesión permitiría que un acuerdo fuera revocado por unanimidad y, en ese evento, podríamos votar quince minutos más tarde. Ello no ocasionaría ningún daño al ejercicio legislativo.
El proyecto que nos convoca trata de un tema muy delicado, muy sensible, y sin duda trata de resolver un problema generado en las reglas del juego que, en materia comercial, existen hoy en el país.
La relación entre deudores y acreedores debe tener un registro, el cual ha de ser respetado. Hay cinco instituciones que registran a los deudores; no sólo la Cámara de Comercio de Santiago. Como el proyecto requiere de un debate más profundo, es necesario que vuelva a Comisión.
Diputado señor Vilches, ¿usted ha solicitado que prorroguemos el Orden del Día?
Señora Presidenta , me parece que eso ya no se justifica; pero lo dije porque había otros señores diputados interesados en intervenir en el debate.
Hemos llegado al término del Orden del Día, y estimo que corresponde dejar pendiente el debate del proyecto para una próxima sesión. Tenemos tabla suficiente para debatir el tema, de suma importancia para nuestro país.
Propongo cerrar el debate; los diputados conservan su inscripción para la sesión de mañana.
Corresponde votar, sin discusión, el proyecto que modifica la ley Nº 19.537, sobre propiedad inmobiliaria, otorgando funciones y atribuciones a los administradores en materia de prevención y seguridad de evacuación de gases.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Allende (doña Isabel),Araya, Ascencio, Barros, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Caraball (doña Eliana), Cornejo, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Escobar, Forni, Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González (doña Rosa), Hales, Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Kuschel, Lagos, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Longueira, Luksic, Martínez, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Moreira, Muñoz (doña Adriana), Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Pareto, Paya, Pérez (don José), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Riveros, Robles, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Tapia, Tuma, Uriarte, Urrutia, Vargas, Venegas y Vidal (doña Ximena).
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Cornejo.
Señora Presidenta, ayer se acordó tratar los proyectos relativos a la reforma de la salud en Comisiones unidas.
Luego de discutir el tema, esa Comisión acordó pedir a la Mesa la revocación del acuerdo, a fin de que las iniciativas legales sean analizadas en su seno, sin perjuicio de que las normas que traten sobre su financiamiento sean estudiadas por la Comisión de Hacienda.
Solicito la unanimidad de la Sala para proceder en la forma solicitada por el diputado señor Cornejo.
Proyecto de acuerdo Nº 56, de los diputados señores Robles, Lagos, Meza; Pérez, don José; Paredes, Venegas, Jarpa, Luksic, Navarro y Vilches.
Que las movilizaciones de pescadores artesanales en contra de medidas que ha implementado, o intentado implementar, la Subsecretaría de Pesca en diversas partes del país, obliga, al menos, a efectuar una reconsideración de los fundamentos de estas medidas; además, por los hechos acaecidos en la ciudad de Caldera.
Que la flota arrastrera artesanal de la III Región ha establecido una estrategia de captura rentable y sustentable, que propende a la conservación del recurso, pero, de igual manera, a aumentar las plazas de trabajo (constituyendo en los hechos un plan de manejo, ya que ha asumido acciones responsables de captura programada que da sustentabilidad al recurso y ha rentabilizado con ello su actividad.)
Que es un hecho que la flota industrial, principalmente de Coquimbo, depredó y colapsó la biomasa de la Cuarta Región, reduciéndola a “miserables” 230 toneladas actualmente, por lo que la Subsecretaría de Pesca ha debido determinar la veda para el año 2002.
Que el informe técnico N° 108 de la propia Subsecretaría de Pesca, de noviembre de 2001, indica que para la Segunda Región el 65% de la biomasa se encuentra en el Arpa y en la Tercera Región un 44% se encuentra en esta condición. Por consiguiente, el 49,96% de la biomasa se encuentra fuera del Arpa, es decir 12.521,6 toneladas.
Que, de acuerdo con lo anterior, el sector artesanal e industrial se encuentran equilibrados en cuanto a disponibilidad del recurso, 50% cada uno. Pero, si se considera que la flota arrastrera artesanal no puede ingresar al Arpa de la Segunda Región y si, por otro lado, se autorizara a la flota industrial a perforar el Arpa de la Segunda Región , donde no hay esfuerzo artesanal sobre el recurso, la disponibilidad de la flota industrial aumentaría al 69% del recurso, quedando la flota artesanal con un 31% de disponibilidad del recurso, manteniéndose sólo en los caladeros tradicionales de la Tercera Región.
Que es innegable el hecho de que la perforación del Arpa de la Tercera Región en el área que la Subsecretaría de Pesca, mediante oficio Ord. N° 1117, de 16 de mayo de 2002, solicita al Consejo Zonal de Pesca de la Segunda y Cuarta Regiones, provoca interferencia física ocasional y una interferencia económica. Ello perjudicaría no sólo a los actores artesanales, sino que pondría en peligro la estrategia que los artesanales han desarrollado y que la propia Subsecretaría de Pesca pretende implementar respecto de la conservación de los recursos. Además, se debe considerar que el artículo 47 de la ley de Pesca permite perforaciones sólo en casos de que no exista interferencia de ningún tipo.
Que, a todas luces, aparece inconveniente autorizar la perforación industrial del Arpa de la Tercera Región.
Que, muy por el contrario, la perforación del Arpa de la Segunda Región aparece, técnica, económica y políticamente recomendable, pues permite a ambos sectores acceder a una biomasa directamente proporcional a su porcentaje autorizado de captura en la cuota global anual de captura del langostino colorado.
Que las movilizaciones que han efectuado los pescadores artesanales y sus familias, las cuales cuentan con la solidaridad del sector artesanal del resto del país, constituyen un elemento por considerar de cara a la discusión del proyecto de ley que acaba de ingresar al Senado. Pues, de mantenerse la decisión de perforar la zona en comento, pueden generarse movimientos sociales de insospechadas consecuencias, no sólo en la zona en discusión, sino también a lo largo del país.
Que no compartimos la decisión de perforar el Arpa de la III Región,
Oficiar al señor subsecretario de Pesca a fin de que disponga, por una parte, el inmediato retiro del oficio Ord. N° 1117 del Consejo Zonal de la Tercera y Cuarta Regiones y, por otra, el estudio, con la mayor brevedad, de la factibilidad de que la flota industrial capture su cuota sin necesidad de perforar el Arpa de la Tercera o Segunda Regiones o, en el peor de los casos, autorice la perforación del Arpa de la Segunda Región , dado que en ella no existe esfuerzo artesanal y no se producen interferencias. Además, enviar copia del presente proyecto de acuerdo a S.E. el Presidente de la República , al señor ministro del Interior y al señor ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción”.
Para hablar a favor del proyecto, tiene la palabra el diputado señor Robles .
El señor ROBLES .-
Señora Presidenta , el proyecto de acuerdo pretende que el subsecretario de Pesca considere los informes técnicos desarrollados precisamente por dicha Subsecretaría, relacionados con la posibilidad de que los pescadores artesanales de la región de Atacama mantengan para sí la cuota de pesca del langostino colorado en las cinco millas que les corresponden, desde el punto de vista del área de reserva para la pesca artesanal de la Tercera Región. Ello, debido a la interferencia, tanto económica como física, entre los barcos de la flota pesquera artesanal y la flota industrial, que pretenden capturar dicho recurso en las aguas de la Tercera Región.
El subsecretario de Pesca , haciendo caso omiso de esos informes técnicos, que establecen que actualmente existiría interferencia en dicha zona, ha emitido un decreto que permite a la flota pesquera industrial de la Cuarta Región introducirse en las zonas norte y sur de la región de Atacama.
El proyecto de acuerdo pretende que el subsecretario de Pesca disponga el retiro de dicho decreto y que la cuota correspondiente a los pescadores artesanales en la región de Atacama sea capturada por la flota pesquera artesanal, dado que es el único recurso que pueden extraer desde el punto de vista de la soberanía jurisdiccional.
La flota pesquera artesanal no puede pasar de una región a otra, lo que sí puede efectuar la flota pesquera industrial, que está facultada para ello. Por eso se ha presentado el proyecto de acuerdo, a fin de que se haga justicia en términos de respetar la legislación vigente en esta materia.
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Vilches .
Señora Presidenta , la ley de Pesca ha perjudicado al sector de la Tercera Región, que, por ser una de las zonas declaradas abiertas dentro de la legislación, permite el acceso a la pesca desde otras regiones.
Tal como lo ha señalado el diputado señor Robles , a través del proyecto de acuerdo se solicita al subsecretario de Pesca disponer el retiro de las medidas adoptadas por medio del oficio Nº1117, del Consejo Zonal de las regiones Tercera y Cuarta, a través del cual se permite perforar las cinco millas de la Tercera Región, lugar donde tradicionalmente han trabajado los barcos de los pequeños pescadores artesanales, lo que, debido a sus limitaciones, significa quitarles el pan de la boca.
Por lo anterior, solicito el apoyo de la Sala al proyecto de acuerdo.
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Mario Escobar.
El señor ESCOBAR .-
Señora Presidenta , puedo entender la buena intención de los autores del proyecto de acuerdo, en la medida en que no introduzca algunos acápites que, en mi concepto, son lesivos para la pesca artesanal de la Segunda Región.
No entiendo cómo un proyecto de acuerdo se puede plantear en términos de solucionar el problema de una región perjudicando a otras, en circunstancias de que hace algunos días se rechazó la posibilidad de ampliar a ellas el tema de la pesca industrial. Por lo demás, considero que es un agravio para los pescadores de esa zona, en especial para los del distrito que represento, que “en el peor de los casos, se autorice la perforación del Arpa en la Segunda Región, dado que en ella no existe esfuerzo artesanal”.
El proyecto de acuerdo está mal planteado, razón por la cual invito a mis colegas parlamentarios a rechazarlo mientras no se redacte de la manera que corresponde.
Ofrezco la palabra para hablar en contra del proyecto.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 25 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 2 abstenciones.
Por falta de quórum, se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 23 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.
Se llamará a votar por cinco minutos, a las señoras diputadas y a los señores diputados.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.
Por no haber reunido el quórum requerido, quedará pendiente la votación del proyecto de acuerdo para la próxima sesión.
En el turno correspondiente al Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
Señora Presidenta , quiero que se oficie al alcalde de la municipalidad de Cunco , señor Patricio Mittersteiner , para que aclare la situación producida con un certificado emitido el 21 del presente mes, con el cual se hace presente que diez personas que aparecen en él se encontraban inscritas con anterioridad en la lista del comité de cesantes de la comuna de Cunco, que alcanza el número de diez mil interesados.
Es decir, aparecen inscritos en la lista de los cesantes de la comuna el mismo día en que se otorgó el certificado para optar a los trabajos ofrecidos por la Conaf, en circunstancias de que desde mucho antes ya existían diez mil personas inscritas. Por lo tanto, se beneficiaría a los inscritos entre los números 1.015 y 1.025 con los trabajos ofrecidos por la Conaf en la ciudad de Los Laureles.
Por consiguiente, quiero saber quién paga estos trabajos; quién decide qué personas son seleccionadas y por qué o qué influencia hubo para que la señora asistente social de la comuna entregara este certificado a personas que no estaban inscritas como cesantes en esa comuna. Asimismo, deseo que se envíe copia de la petición al señor ministro del Trabajo , con el objeto de que estudie si estos trabajos se están dando por compromiso político o porque la gente los necesita.
Señora Presidenta , deseo oficiar al ministro del Interior , señor Insulza ; al subsecretario de Desarrollo , señor Vidal , y al intendente de la Novena Región , con el objeto de aclarar una situación que se produjo la semana antepasada.
En esa oportunidad, el intendente envió un oficio a las treinta y una comunas de la región, planteando que, debido a un desfase presupuestario, solamente se realizarían tres obras por comuna. Lo curioso es que de los tres proyectos, uno debe corresponder a caminos, otro a electrificación, y el último a educación. En la información no se especifican los montos ni ningún otro detalle.
Por lo expuesto, los parlamentarios de la Novena Región, de todas las tendencias políticas, queremos que nos explique qué significa el desfase presupuestario, por cuanto el intendente señala que ha disminuido el Fndr en la Novena Región. Asimismo, que nos señale cuál es el presupuesto del Fndr correspondiente a 1999, 2000 y 2001, a fin de tener un acabado conocimiento acerca de qué montos estamos hablando.
Señora Presidenta , está bien que exista un pequeño desfase, pero no que se produzca lo que actualmente estamos viendo en la Novena Región, en la cual alcanza al 80 por ciento.
Por antecedentes que manejamos, esto se debe a que, en el período eleccionario de 1999, proyectos que costaban diez millones se realizaban a cualquier precio con tal de que se hicieran los trabajos. La falta de agua potable en la Novena Región -hecho que denunciamos-, se debe precisamente a que se desperdiciaron mil quinientos millones de pesos.
A la región más pobre del país le entregan tres proyectos por comuna, en circunstancias de que todo el mundo desea que se otorguen más, porque es una de las maneras de absorber mano de obra.
Por extraña coincidencia, una lista que he recibido señala que la Novena Región, la más pobre del país, tiene en este momento 7.438 cupos de trabajo, es decir, aproximadamente doscientos cupos para cada una de las 31 comunas, en circunstancias de que sólo en Temuco hay más de 9 mil inscritos, y en Cunco, que es una comuna relativamente pequeña, más de mil.
Reitero, a la región más pobre del país se la castiga al no darle proyectos para absorber mano de obra, a lo cual se debe agregar que el intendente y el gobierno regional aprueban la distribución de tres proyectos por comuna, es decir, aproximadamente noventa en total, en circunstancias de que en la región tenemos posibilidades de ejecutar un promedio de aproximadamente veinte proyectos por comuna.
Debido a esas inconsecuencias, con mucha fuerza y entusiasmo quiero que se nos aclare lo que he señalado, para el buen entendimiento de todos los parlamentarios de la Novena Región que, en forma privada, se me han acercado a contarme lo que allí está pasando, situación que constituye una gran preocupación.
Tiene la palabra el diputado señor Vilches .
Señora Presidenta , pido que se oficie a la ministra de Educación , señora Mariana Aylwin , a fin de solicitarle que nos haga llegar los antecedentes sobre la siguiente situación relacionada con la Universidad de Atacama.
Ha causado mucha alarma noticias que señalan que, hasta la fecha, dicha casa de estudios superiores tendría una deuda que superaría los 8 mil millones de pesos, situación a la que ha llegado debido a varios problemas de administración y a la no devolución de los montos por concepto de créditos universitarios. Además, en el presente año el índice de morosidad en el pago de los alumnos alcanza el 84 por ciento, cifra que en abril se redujo al 70 por ciento. Asimismo, se han acumulado varias deudas a raíz de inversiones llevadas a cabo en los últimos años.
Debido a lo anteriormente señalado, pido que se nos hagan llegar todos los antecedentes relacionados con la deuda que actualmente mantiene la Universidad de Atacama a fin de estudiar las posibilidades de apoyo y de ayuda para ese establecimiento de educación superior. Las precarias condiciones producidas por la falta de flujos de recursos le impedirían, incluso, continuar funcionando normalmente, por lo que es necesario ir en ayuda de esa universidad tradicional, que ha entregado tantos profesionales al país por más de un centenar de años.
Se han producido movilizaciones de los alumnos debido a los serios problemas que afectan el quehacer normal de esa universidad, por lo que se requiere la atención de las máximas autoridades para lograr su solución.
El señor LETELIER, don Juan Pablo ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el diputado señor Hidalgo .
Señor Presidente , durante la semana pasada el Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer las cifras oficiales de cesantía, en las que se puede observar que tanto mi distrito como la provincia de San Antonio baten, en cuanto a cesantía, un triste récord: mientras ésta aparece como la que presenta el más alto nivel, con 15,6 por ciento y la comuna del mismo nombre alcanza a 17,6 por ciento de cesantía.
Por lo tanto, pido que se oficie a los ministros del Interior y del Trabajo , al intendente de la Quinta Región , al gobernador de la provincia de San Antonio y a los alcaldes de las comunas de Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena , San Antonio y Santo Domingo , a fin de solicitarles -en particular a los ministros señalados- que nos informen cuáles son las medidas que se están tomando para paliar el alto nivel de cesantía.
Cabe recordar que en abril del presente año se aprobó un proyecto de acuerdo por medio del cual se solicitó a su Excelencia el Presidente de la República presentar iniciativas con el fin de efectuar modificaciones legales a los fondos de contingencia, con el objeto de que los recursos fueran utilizados especialmente en las regiones y provincias que presentaban mayor nivel de cesantía, es decir, en aquellas que tuvieran cifras de desempleo superiores al 10 por ciento.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del Comité Renovación Nacional y de los diputados que así lo indican a la Mesa, de lo cual la Secretaría toma debida nota.
El señor LETELIER, don Juan Pablo (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Encina.
Señor Presidente, en 1996, la empresa Ferronor S.A., que une La Calera con Iquique, fue licitada a un precio considerado extremadamente bajo, lo que hice saber en forma oportuna en la Cámara.
En las bases de la licitación se estableció la obligatoriedad de la empresa de mantener en funcionamiento la vía férrea troncal entre La Calera e Iquique, y las condiciones mínimas de circulación y de calidad de los trenes y de las vías. Sin embargo, en la actualidad ese tramo de vía férrea se encuentra interrumpido en diversos sectores debido al abandono y a los fenómenos naturales acaecidos en los últimos cinco años.
La situación descrita hace imposible el transporte hacia el norte del país, por lo cual dicha vía férrea no es considerada una alternativa en el caso de catástrofes naturales u otros hechos de esa índole. Más aún, desde un punto de vista estratégico, está absolutamente fuera de operatividad.
La mantención de esa vía significaría generar puestos de trabajo entre las regiones Quinta y Primera, muy necesarios en la actualidad.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro vicepresidente ejecutivo de Corfo y al ministro de Transportes y Telecomunicaciones a fin de nos informen por qué no se ha hecho exigible a la empresa Ferronor S.A. la mantención de la vía férrea troncal entre La Calera e Iquique, empresa sobre la cual, en su momento, todo el mundo dio explicaciones acerca de por qué era necesario licitar, pero en cuya operación no se dio a conocer el monto del precio que fue logrado por Corfo en esos momentos -que alcanzó los 12 millones de dólares- por una línea férrea que reviste una tremenda importancia para el país.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los Comités del Partido por la Democracia, de la Unión Demócrata Independiente y de la Democracia Cristiana.
Tiene la palabra el diputado señor Lagos.
Señor Presidente , quiero referirme a la situación que se vive en un sector del distrito que represento, específicamente en la comuna de Puerto Montt.
Con la construcción de la carretera Norte-Sur y la instalación de los peajes, el camino que une a la localidad de Puerto Varas con Puerto Montt, a través del sector de Alerce, ha visto incrementado su tránsito. Lamentablemente, una vez terminadas las obras de construcción de ese camino, no fueron instaladas las señalizaciones respectivas, tan necesarias para orientar a quien conduce un vehículo. Sobre el particular, debe considerarse que, desde un tiempo a esta parte, han aumentado los accidentes en ese sector.
Por lo anterior, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas a fin de que informe por qué, al momento de construir esa carretera, no se consideró la instalación de señalizaciones que, como ya lo expresé, son tan necesarias para informar a los automovilistas respecto de las situaciones que se presentan en las vías. Además, deseo que informe si se ha contemplado su instalación dentro de la planificación de obras de ese ministerio.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
En el tiempo del Comité Socialista y Radical, tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
Señor Presidente , me referiré a una situación de extrema gravedad, prolongada excesivamente en el tiempo, que afecta a los habitantes de la comuna de Puyehue, en especial a quienes viven en las poblaciones General Lagos y Nueva Esperanza, en la localidad de Entre Lagos, debido a la ejecución de un proyecto vinculado con el programa de mejoramiento de barrios, que consideraba alcantarillado público y domiciliario por un monto de más de 150 millones de pesos.
La situación se remonta al 29 de septiembre de 1996, cuando comenzó el diseño del proyecto, el que hasta la fecha no ha tenido resultados satisfactorios. Una larga lista de irregularidades ha sido denunciada por los dirigentes vecinales del sector, encabezados por su presidente , don Ricardo Ramírez . Entre ellas, mala calidad del trabajo, nula supervisión de la municipalidad de Puyehue como contraparte técnica, utilización de materiales en mal estado, falla en los sistemas hidráulico y eléctrico de la planta elevadora de aguas servidas, y, lo que es también muy grave, acumulación, rebase y escurrimiento de las cámaras domiciliarias, las que han contaminado gravemente el lago Puyehue.
A estas alturas, cuando el proyecto, que se estimaba que se ejecutaría en 120 días, ha superado los cinco años y se ha reformulado tres veces, nos hemos formado la convicción de que la propuesta de su reparación es utópica, porque no ha sido posible que la obra ejecutada sea técnicamente operable. Además, el municipio ha desarrollado una serie de acciones para eludir su responsabilidad.
Ante esto, lo único que aparece como serio y responsable es el diseño y ejecución de un nuevo proyecto en una ubicación distinta de la actual, en el cual se asegure la participación de profesionales idóneos y la designación de un organismo público que actúe como inspector técnico de obra, ajeno a la municipalidad.
Por lo expuesto, solicito que se oficie a la Subsecretaría de Desarrollo Regional para que nos informe en detalle respecto del proyecto y de las irregularidades producidas; a la alcaldesa de la municipalidad de Puyehue , señora María Núñez , a fin de que nos remita información sobre su participación en el proceso de ejecución frustrada de este proyecto de mejoramiento de barrios, en especial en lo relacionado con la forma de supervisión adoptada por la municipalidad, y un informe pormenorizado respecto de las gestiones desarrolladas por el municipio para solucionar el problema; al ministro de Salud , para que, por su intermedio, el director del servicio de salud de Osorno nos remita copia de los informes mediante los cuales los responsables del Programa del ambiente constataron el vertimiento de aguas servidas en el lago Puyehue; que dé a conocer cuál es el impacto de esta contaminación y si se han instruido sumarios sanitarios y aplicado sanciones.
Por último, solicito que se oficie a la Contraloría General de la República a fin de que inicie una investigación administrativa, legal y técnica respecto de la ejecución del proyecto, sobre la base de todos los antecedentes presentados. En tal sentido, deberían considerarse no sólo los informes formales del municipio de Puyehue , sino, además, las denuncias responsables efectuadas por vecinos, por otras autoridades comunales y por los servicios públicos pertinentes, con el objeto de precisar las faltas, errores e irregularidades en el cumplimiento de lo establecido en las bases técnicas, diseño y ejecución de esta obra, de manera de determinar las responsabilidades que correspondan.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo indican.
En el tiempo del Comité de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Carlos Recondo .
Señor Presidente , hace algunos días y con ocasión de una visita efectuada por el ministro del Interior , señor José Miguel Insulza , a la localidad de Tegualda, comuna de Fresia, la señalada autoridad anunció la pavimentación definitiva del tramo Colegual-Tegualda-Fresia. En esa oportunidad, no se precisaron adecuadamente las obras que se iniciarían a partir de septiembre. Incluso, los pobladores presentes formularon algunas consultas que no quedaron debidamente resueltas en el anuncio del señor ministro .
Por tal razón, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas a fin de que informe acerca del lugar que se escogerá para trazar el camino que unirá las localidades de Colegual y Tegualda. De acuerdo con el informe de la secretaría ministerial de la Décima Región, aún no estaría definido ese trazado, por lo que se manejan dos alternativas: Colonia Zagal o la variante denominada La Naranja. Como no existe claridad al respecto, parece difícil licitar el proyecto en septiembre.
En tal sentido, es importante que se aclare si la licitación comprenderá, como se anunció, el tramo Colegual-Tegualda-Fresia, o sólo Tegualda-Fresia, por cuanto, si sólo se tratara de este último, significaría cumplir con una parte del proyecto anunciado.
Por otro lado, los pobladores presentes en esa oportunidad preguntaron a las autoridades respecto de un tramo de pavimento asfáltico que aún no se ejecuta en el camino que une las localidades de Frutillar y Tegualda, que comprende alrededor de cuatro kilómetros. Sobre el particular, ni el intendente ni el ministro entregaron una respuesta clara; sólo hicieron saber que ese tramo estaba incluido en el anuncio efectuado. En mi opinión, los pobladores quedaron con la duda acerca de si en ese anuncio se consideraba el tramo señalado.
Por eso, me parece indispensable que se oficie al ministro de Obras Públicas para que aclare a la Cámara cuáles serán los trayectos incluidos en la licitación anunciada; si efectivamente se incorporan los cuatro kilómetros del tramo Frutillar-Tegualda y, finalmente, la fecha definitiva de licitación y los montos involucrados en este proyecto.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención y con la adhesión de los diputados que así lo indican.
El señor URRUTIA .-
Señor Presidente , los caminos rurales de ripio de las comunas de Longaví, Retiro, Parral , Cauquenes , Chanco y Pelluhue, de la Séptima Región, uno de cuyos distritos represento en este hemiciclo, se encuentran en muy mal es-tado, algunos, incluso, intransitables por el abandono sufrido durante el presente año.
Vialidad argumenta no tener recursos para mantenerlos ni menos para repararlos. Todos esos caminos se encuentran enrolados en ese organismo. Los municipios de esas comunas han debido destinar fondos propios para ayudar a ese servicio a fin de que cumpla con su función, pero los recursos municipales no dan abasto para reparar todos los caminos que lo requieren.
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Obras Públicas para que informe sobre qué sucede con los recursos de que debería disponer Vialidad, y qué posibilidad existe de reparar estos caminos a la brevedad.
Además, solicito que copia de mi intervención sea enviada a los alcaldes de las comunas mencionadas.
Señor Presidente , el domingo recién pasado me tocó compartir con más de cuatrocientas personas, feriantes de Macul, quienes cumplían siete años de vida gremial. En esa jornada fui acompañado por el alcalde de Macul , señor Sergio Puyol .
En esta ocasión, quiero saludar al sindicato independiente de trabajadores de ferias libres de Macul en la persona de su presidente , señor Ricardo Vilches . Asimismo, deseo agradecer la invitación que recibí para participar en esa jornada el domingo recién pasado, y felicitarlos por sus siete años de vida gremial.
Tiene la palabra el diputado señor Iván Moreira.
Señor Presidente , el mundo político y también el diplomático se estremecieron hace algunas semanas con una actuación que se podría calificar de verdadera persecución política en la Cancillería chilena.
En mi calidad de miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, públicamente he representado al país y al Gobierno esta actitud discriminatoria y prácticamente sectaria y antidemocrática del gobierno del Presidente Lagos en torno de un grupo de funcionarios de la Cancillería que, por el solo hecho de pensar distinto, hoy son perseguidos.
Podrá haber distintas apreciaciones sobre este caso, pero no cabe duda de que hay una sola interpretación con respecto a la violación de correspondencia de los funcionarios de la Cancillería aludidos.
Por tal razón, en nombre de la bancada de la UDI, solicito que se oficie a la ministra de Relaciones Exteriores para que informe a esta Corporación acerca de cómo tuvo conocimiento la Cancillería de los mails que fueron publicados en los medios de comunicación. Parece que hubo una investigación, un verdadero espionaje. Así se explica que correspondencia privada de funcionarios de ese ministerio haya aparecido en la prensa.
Se ha especulado mucho sobre esta situación, pero finalmente no ha habido una respuesta clara. Por lo tanto, queremos saber si fue la Cancillería o personeros de ella los que realizaron la investigación; en definitiva, queremos claridad sobre esta situación que afecta al mundo diplomático.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con copia de su intervención para una mejor comprensión.
Señor Presidente , quiero referirme a un problema que está afectando a la ciudad de Antofagasta y que, por cierto, se irradia a toda la Segunda Región: la sobrepoblación canina en Antofagasta y la falta de atención que muestra el servicio de salud para enfrentar este desafío. Ya tenemos que lamentar, y la comunidad nacional ha sido testigo, la muerte de un niño y el ataque de jaurías a dos más. Esos hechos son los que han salido a la luz pública, pero ciertamente tenemos muchos más antecedentes que obran en nuestro poder, que señalan que en nuestra ciudad hay perros vagos que atacan a diestro y siniestro.
Recientemente hemos interpuesto un recurso de protección para que el servicio de salud correspondiente actúe en la forma que corresponde, en conformidad con lo que mandata la ley, pero se nos ha señalado públicamente que no existen recursos para enfrentar esta grave situación.
Por eso, pido que se oficie al ministro de Salud para que analice la situación que afecta gravemente a la ciudad de Antofagasta y que se declare emergencia sanitaria, a fin de disponer de los fondos, a nivel nacional, que permitan enfrentar esta compleja situación.
Asimismo, exigir al servicio de salud de Antofagasta que ordene, a la brevedad posible, el cierre del vertedero municipal que se encuentra ubicado dentro de la ciudad, y que el municipio cumpla lo dispuesto, porque se considera que ese lugar facilita el mantenimiento de esas jaurías.
Señor diputado , ¿la petición al ministro de Salud consiste en que se destinen los recursos para la eliminación de la sobrepoblación canina?
Es muy relevante que su petición sea explícita, porque, como es un tema de debate, es importante que el ministro de Salud entienda cuál es el espíritu de su petición.
Señor Presidente , se deben tomar las medidas pertinentes porque la sobrepoblación canina en este instante constituye un peligro público.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo señalan.
Señor Presidente , en las cercanías de Cholchol, comuna de Imperial, se encuentra nuevamente varada e inservible la lancha de Piuchén. Esto deja aislados a los campesinos de lugares como Huentelar, Huamaqui , Deuco , Repocura y Alto Piuchén , y quienes viajan hacia Cholchol deben realizar un rodeo de más de 15 kilómetros.
Respecto de esta materia, he sido redundante en insistir en la necesidad de instalar un puente en el sector.
Por lo tanto, pido que se vuelva a oficiar al señor ministro de Obras Públicas para que indique si se ha contemplado la construcción de un puente definitivo que reemplace la mencionada balsa, y cuándo se iniciarían las obras.
En segundo lugar, deseo plantear un tema similar. La balsa de Moncul, ubicada a algunos kilómetros al poniente de Nehuentúe , en la comuna de Carahue, también suele padecer problemas parecidos.
Por lo tanto, solicito que se oficie al director regional de Vialidad de La Araucanía para pedirle que esta balsa sea reemplazada por la de Pullangue, una vez que se termine de construir un puente definitivo que se está ejecutando.
Se enviarán los oficios en la forma solicitada por su Señoría.
Señor Presidente , pido oficiar al director del hospital de Toltén y a la alcaldesa de la comuna de Teodoro Schmidt para instarlos a llegar a un acuerdo económico que permita que el mencionado recinto hospitalario siga atendiendo a los pacientes provenientes de sectores como Isla Licán, Gualpín y Punta de Rieles . La falta de coordinación entre el hospital de Toltén y la comuna de Teodoro Schmidt está dejando sin cobertura médica a estas personas.
Finalmente, deseo hacer notar que el hecho de que la televisión no haya filmado los pastos quemados por las heladas en la zona costera de mi región, no significa que ello no haya ocurrido, por cuanto está generando graves problemas a cientos de campesinos de comunas como Saavedra, Imperial, Pitrufquén, Freire , Teodoro Schmidt y Carahue, cuyos animales carecen de alimentación.
En atención a lo ocurrido, solicito que se oficie al secretario regional ministerial de Agricultura de la Novena Región para que disponga el envío del forraje que sea necesario para la alimentación del ganado de las comunas indicadas.
Solicito, además, que se envíe copia de mi intervención a la alcaldesa de Teodoro Schmidt , a los alcaldes de Imperial, Carahue , Freire , Pitrufquén, Saavedra y Toltén , y a sus respectivos concejos, y al director del hospital de Toltén .
Se enviará el oficio en la forma solicitada por su Señoría, con copia a las personas que indica.
El señor HERNÁNDEZ .-
Señor Presidente , solicito oficiar al director nacional de Conadi con el objeto de que le pida, en forma urgente, a la directora regional de Conadi de la Décima Región que realice los trámites para lograr la servidumbre de paso que permita la ejecución de los proyectos de electrificación rural de los sectores de Triltril y Caleta Manzano .
La realización de este trámite se le ha solicitado en reiteradas ocasiones, pero no ha habido respuesta, lo que coloca en riesgo el proyecto de inversión y los recursos que tanto ha costado conseguir para ese sector.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que están alzando la mano, de lo cual se está tomando debida nota.
En el tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el diputado señor Rodolfo Seguel.
Señor Presidente , el Congreso Nacional, a instancias, primero, del gobierno del Presidente Frei , y luego, del Gobierno del Presidente Lagos, trabajó intensamente en la elaboración de la ley del Deporte, la famosa ley Nº 19.712, apoyada por todos los partidos políticos representados en el Congreso Nacional y respaldada por todos los deportistas y comentaristas deportivos como una normativa importante para el país.
Sin embargo, el Presidente de la República y los parlamentarios hemos expresado nuestra gran preocupación por las irregularidades que se han producido, por la forma como se destinan los recursos y por el hecho de que no llegan a toda la gente, como se deseaba.
He seguido permanentemente el actuar de Chiledeportes. Con mucho dolor y preocupación, prefiero hacer esta denuncia en la Cámara, con el objeto de que se haga pública y se enmienden los problemas que allí existen. No me guía ninguna otra intención que solucionar un problema que estamos señalando algunos parlamentarios desde hace meses.
La dictación de la ley Nº 19.712, ley del Deporte, transformó a la ex Digeder en el Instituto Nacional de Deportes, con rango de subsecretaría, dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno.
A continuación, detallo en forma cronológica las actuaciones e intervenciones de Arturo Salah como director de esta institución, las que han vulnerado artículos de la ley y derechos laborales. A mi juicio, ha incurrido en ilegalidades, las que podrían significar abandono de sus funciones.
1.	Encasillamiento de funcionarios públicos de la ex Digeder en Chiledeportes.
En mayo de 2001, la Contraloría General de la República devolvió una resolución de toma de razón por el encasillamiento de cuatro funcionarios que, de acuerdo con el artículo 4º transitorio de la ley Nº 19.712, no se ajustaba a derecho, observación que la institución debió acoger, de acuerdo con lo que dispuso ese órgano.
2.	No reconocimiento de derechos laborales por parte de Salah.
Ante el vacío que contenía el artículo 5º transitorio de la ley Nº 19.712, representantes de los trabajadores solicitaron reuniones a fin de que, por la vía administrativa, se solucionara el problema. Lamentablemente, Salah se negó reiteradamente a resolver el conflicto que afectaba el derecho laboral de más de 420 trabajadores.
Entre julio y noviembre de 2001 se constituyeron trece sindicatos en el país, hecho inédito, porque desde la creación de los consejos provinciales de deportes, en 1976, en época de la dictadura militar, los trabajadores nunca habían sentido la necesidad de conformar este tipo de organización. Aún más, al no ofrecer una solución jurídica al tema, los sindicatos votaron la paralización de las actividades en noviembre de 2001.
3.	Intervención del Ejecutivo.
Frente al hecho descrito en el numeral anterior, el ministro secretario general de Gobierno estableció una mesa de trabajo que se relacionara de manera directa con los dirigentes sindicales, para que, por la vía legislativa, se modificara la ley Nº 19.712, debido a que Salah se negó, por la vía administrativa y presupuestaria, a solucionar el problema en comento.
Es inédito que una ley que crea un servicio público deba ser modificada a tan sólo siete meses de su promulgación.
Curioso es, además, que mientras se hacían esfuerzos políticos para modificar el Código del Trabajo con las denominadas reformas laborales, fuera un ente público el que, a través de esta subsecretaría, desconociera derechos irrenunciables de los trabajadores.
4.	Modificación de la ley.
El 9 de enero de 2002, la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación de la Cámara de Diputados, al tenor de los antecedentes y alegaciones que presentaron los referidos sindicatos, aprobó en forma unánime la modificación del cuerpo legal que resguarda los derechos laborales. En el debate realizado en esa Comisión, Salah se comprometió, entre otras cosas, a que la entrada en vigencia de la ley no afectaría la estabilidad laboral de los trabajadores.
No obstante, entre el 8 de febrero y el 9 de mayo de 2002, más de 110 trabajadores han perdido su fuente laboral en esta institución, hecho que se contradice absolutamente con lo señalado por ese subsecretario en la Comisión, y que, aún más, pone en tela de juicio la credibilidad de las reiteradas intervenciones del Presidente de la República frente al desempleo y a los esfuerzos que realiza el Gobierno para incentivar la contratación de mano de obra.
5.	La modificación de la ley establecía el aplazamiento en la extinción de los consejos provinciales de deportes. Esto porque la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados dio indicaciones respecto de la regulación administrativa y financiera a fin de que se efectuara un traspaso que no provocara alteraciones en la gestión de la institución durante 2002. Sin embargo, Salah , en un acto arbitrario e ilegal, puso fin a los consejos provinciales de deportes entre febrero y marzo del presente año. Esta ilegalidad se adoptó por una resolución exenta, sin la toma de razón de la Contraloría General de la República, lo que ha traído innumerables consecuencias, que señalaré más adelante.
6.	No retiro de 1.600 millones de pesos.
Al 28 de diciembre de 2001, la institución no habría rescatado un aporte considerado en su presupuesto del año 2001 por la suma antes indicada, monto que pasó al erario. Este hecho ha provocado ajustes presupuestarios que, obviamente, han afectado la gestión del servicio, pues, además del despido injustificado de trabajadores, se ha disminuido la inversión en infraestructura y en los proyectos relacionados con actividades deportivas en el país.
7.	Concurso público de proyectos de actividades y de infraestructura deportiva.
Este concurso se abrió con fecha 10 de diciembre de 2001 y se cerró el 7 de febrero de 2002. Las bases administrativas para la concursabilidad vulneraron los derechos de distintas instituciones respecto de la igualdad ante la ley. Del resultado del concurso, publicado el 30 de marzo de 2002, se desprende que, al menos en la Región Metropolitana, a organizaciones privadas y a entes públicos, por la vía formal, no se los considerara, con lo cual se afectaron las actividades deportivas de organizaciones de base y la posibilidad de acceso al mejoramiento de equipamientos básicos para clubes deportivos.
8.	No constitución de los consejos regionales.
El artículo 24 de la ley Nº 19.712 señala que, en cada región, existirá un consejo consultivo regional, que tendrá por misión, entre otras, administrar la respectiva cuota presupuestaria del Fondo nacional para el deporte, requisito esencial para la aprobación de proyectos.
Sin embargo, la institución publicó el resultado del concurso público de postulación a proyectos sin que se llevara a efecto la constitución de esas comisiones consultivas en ninguna región. Dicho resultado, desde el punto de vista social, conculcó las posibilidades de las organizaciones, y se encuentra observado por no cumplirse un mandato establecido en la señalada ley.
Hoy, en la Corte Suprema se encuentra un recurso de protección presentado por el consejo local de deportes de San Fernando. En la Región Metropolitana aún no es convocado para su constitución el citado consejo consultivo, pero ya se encuentran aprobados los proyectos de asignación directa.
9.	Dictación de reglamentos.
El artículo 10 transitorio de la ley Nº 19.712 establece que, para que la ley tenga plena vigencia, deberán dictarse ocho reglamentos, en un plazo máximo de 180 días -venció el 8 de agosto de 2001-, a contar de la entrada en vigencia de la ley. A pesar de haber transcurrido 487 días a la fecha, sólo se encuentran tramitados cuatro de ellos. Esto ha traído como consecuencia que no se han podido aplicar los artículos 51, sobre subsidio del deporte; 55, relacionado con las concesiones; 79, sobre el Premio Nacional del Deporte; 40, que dice relación con las organizaciones deportivas. La imposibilidad de aplicar este último impidió a los consejos locales de deportes postular al concurso público.
10. Política nacional de deporte.
El Consejo Nacional de Deporte, integrado por once personeros representantes de distintas entidades -según lo establece el artículo 15-, rechazó en dos oportunidades la política nacional de deportes, que debió ser promulgada por el Presidente de la República en enero del presente año. Finalmente, ésta se aprobó el 20 de mayo, pero aún no cuenta con la firma del Primer Mandatario , con los consiguientes retrasos que esto significa.
11. No pago de sueldos.
Aproximadamente doscientos trabajadores de los recintos deportivos denominados Centro de Alto Rendimiento y Estadio Nacional vieron retrasados en más de cinco días el pago de sus remuneraciones del mes de junio, porque el Instituto no proveyó los fondos necesarios para cumplir con dichas obligaciones.
12. Dictamen de la Contraloría General de la República.
Frente a las irregularidades acaecidas en el llamado a concurso público para proveer los cargos de personal de planta del Instituto, distintas personas naturales y sindicatos impugnaron el concurso. Con fecha 19 de junio de 2002, el órgano contralor, a través de la resolución Nº 22.530, devolvió sin tramitar las resoluciones de nombramiento en los cargos de planta, estableciendo que este concurso no se ajustó a derecho y que se deberá realizar nuevamente, dando cumplimiento a las disposiciones legales que regulan la materia. Uno de los vicios que dicho órgano contralor señaló es la inconstitucionalidad del concurso, pues se vulneró el artículo 19 de la Constitución Política de la República.
Con este dictamen, hoy el Instituto Nacional de Deportes no cuenta con personal de planta en ninguna región. Éste es el resultado de las innumerables irregularidades administrativas, abandono de funciones, vicios de ilegalidad, vulneración de derechos, anomalías y arbitrariedades en las que ha incurrido la administración de Arturo Salah durante los 487 días de su gestión.
13. Por último, en un acto que no nos atrevemos a calificar, con fecha 27 de junio de 2002, mediante el oficio Nº 119/143/5, Salah pide al señor contralor general de la República la devolución de la toma de razón de 32 resoluciones en las que se solicitaba el nombramiento de funcionarios, señalando que se efectuará un nuevo estudio y que las personas no han asumido funciones.
14. Con ello, el Instituto Nacional de Deportes, administrado por el señor Salah , pretende engañar al órgano contralor al expresar que ninguna de esas personas se encuentra trabajando en Chiledeportes, situación fácilmente demostrable por medio de las respectivas liquidaciones de sueldo de las personas afectadas.
Deseo que todas las interrogantes planteadas sean enviadas al ministro secretario general de Gobierno , señor Heraldo Muñoz , y que cada una de ellas sea respondida a esta Corporación.
Además, solicito que se oficie al señor Arturo Salah , a fin de que, en primer lugar, informe en detalle respecto de los dineros invertidos en implementación deportiva en la Región Metropolitana durante el año 2002.
En segundo lugar, deseo que informe acerca del presupuesto del Instituto Nacional de Deportes para el año 2002 en la Región Metropolitana y respecto de lo destinado a cada modalidad.
En tercer lugar, que señale si se consideró a los consejos locales de deporte en el concurso de proyectos.
En cuarto lugar, que diga si está funcionando el refugio de Lagunillas, de propiedad del Instituto Nacional de Deportes, y a cuántas personas atiende mensualmente. Quiero saber cómo se han gastado los 19 millones de pesos asignados, y en cuántas personas.
En quinto lugar, que informe lo ocurrido con las actividades de Campamento del adulto mayor, para cuyo funcionamiento se habrían entregado 39 millones de pesos. Me gustaría saber cómo se han gastado, en cuánta gente, dónde y cuál es el resultado final.
Esto lo hago con mucha preocupación y dolor, porque la irresponsabilidad de ese funcionario, que ejerce un cargo público sin ser conocido en el ambiente, no debe empañar la labor del Presidente Lagos ni la excelente ley aprobada en el Congreso Nacional con el apoyo de parlamentarios de Oposición y de la Concertación.
Espero que el Gobierno tome las medidas del caso a fin de que se rectifique la situación ocurrida en Chiledeportes.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión del diputado señor Mario Escobar , de las bancadas Demócrata Cristiana y del PPD, y de los señores diputados que así lo indican.
El señor LETELIER (don Felipe) .-
Señor Presidente , en primer lugar, quiero manifestar mi gran alegría por la presencia en tribunas de los integrantes del Conjunto Illapu, verdaderos embajadores del país.
En segundo término, deseo señalar que siempre, en todo el mundo, las relaciones internacionales están a cargo de los gobiernos, más concretamente de los Presidentes de la República .
Ni el alcalde de París ni el gobernador de Buenos Aires tienen a su cargo las relaciones internacionales de sus respectivos países, sino los Presidentes de cada una de esas Repúblicas. Lo señalo de manera muy fraternal para aquellos colegas que ayer persiguieron y fueron cómplices de determinados hechos, pero que hoy se sienten perseguidos. Estas son las cosas insólitas de la vida. En fin, es un tema que deberán resolver las instancias que correspondan.
Quiero decir a los miembros de la UDI que ellos fueron cómplices durante el gobierno militar, persiguieron, torturaron, soplaron; en fin, no me hagan hablar más, porque hay mucho paño que cortar.
Represento a una zona distinta respecto del tema que planteé en respuesta al colega Moreira.
Señor Presidente , soy representante de una zona eminentemente agrícola, huasa y campesina y veo con tremenda preocupación que un grupo pequeño de empresarios, con apoyo de algunos colegas parlamentarios, defienden, contra viento y marea, la importación de productos extranjeros, algunos de los cuales incluso son transgénicos -produc-tos híbridos cuya producción está prohibida en Chile, como la fructuosa, la glucosa y otras mezclas-.
Al importar miles de toneladas de dichos productos agrícolas, estamos otorgando miles de empleos a otros países. Lo más terrible es que ni siquiera tenemos claridad acerca de la calidad de los productos que se importan.
No es lo mismo velar por los costos de producción o por los porcentajes de utilidades de una empresa, que por la situación de vida o de muerte de cuatro regiones del país.
Nos dicen que estamos defendiendo un monopolio. Prefiero defender un monopolio chileno y no ser cómplice de traer, en forma desleal, productos respecto de los cuales algunas instancias tendrán que responder.
Por ello, solicito que se oficie al ministro de Economía con el objeto de que informe sobre quién controla la calidad de los productos que ingresan al país.
En segundo lugar, pido oficiar al ministro de Salud para que nos señale si existe autorización para ingresar productos transgénicos, como la fructuosa. Me parece curioso, porque, por ejemplo, en Chile no se puede producir la remolacha transgénica, en circunstancias de que sí se permite importar azúcar líquida obtenida de maíz transgénico. Estas son las contradicciones que uno no entiende.
Quisiera que hubiera un espíritu más nacionalista, más patriótico, más de chileno. Los agricultores, los campesinos, tienen razón cuando dicen que si se compra en el extranjero se está dando empleo a otros países. En cambio, si se consume lo nuestro, se genera más empleo en el país. Si esa visión fuera entendida por el grueso de los empresarios chilenos, conviviríamos de manera distinta.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo, José Miguel Ortiz , Jaime Quintana y de quien preside.
Señor Presidente , son numerosos los casos en los cuales las carreteras concesionadas nos están dejando un sabor amargo. En muchos de ellos, aun antes de iniciarse su puesta en servicio a la comunidad, nos estamos percatando de erróneos diseños, falta de retornos y de pasarelas, problemas con los enlaces, etcétera, todo lo cual opaca la magna obra planificada por el Gobierno hace algunos años.
Es el caso de la comuna de Vilcún, en la provincia de Cautín, que no está pegada al eje de la Ruta 5 Sur y en cuya única puerta de entrada, en la localidad de Cajón, está previsto el baipás a Temuco, con gran avance de ejecución de la obra. El problema se presenta por la imposibilidad que tiene la comuna de acceder a dicho baipás y, por lo tanto, a la Ruta 5 Sur en su nuevo trazado.
Me parece que esta situación, que afecta a más de 20 mil habitantes y cuya comunidad organizada ya ha dado su opinión al respecto, debe ser corregida por el Ministerio de Obras Públicas.
No estamos hablando de una localidad o de un sector, sino de una comuna: la de Vilcún. Por lo tanto, solicito que se oficie al ministro de Obras Públicas con la finalidad de que envíe una delegación de alto nivel a la Región de La Araucanía para escuchar a la comunidad y tomar las decisiones rectificatorias que impidan el futuro aislamiento de una comuna entera antes de que sea tarde.
Además, pido que se envíe copia del oficio al alcalde y a los concejales de la comuna de Vilcún.
Entiendo que la petición consiste en que los representantes de la Inspección Fiscal y de la Unidad de Concesiones se hagan presentes en terreno, con el objeto de asesorar en la toma de soluciones, de acuerdo con lo planteado por el Presidente de la República , en el sentido de que esto se hace con la gente y no contra ella.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Enrique Jaramillo, José Miguel Ortiz , Mario Escobar y de quien preside.
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Jaramillo .
Señor Presidente , en la edición del domingo recién pasado del diario “La Tercera”, aparece, en la sección económica, una muy decidora nota escrita por el señor Mauricio Rodríguez , titulada “El modelo económico neoliberal tiembla en América Latina”.
Soy un lector que se siente agradado con lo que el escritor de dicho artículo entrega como mensaje. El autor, haciendo gala de una documentada información, pasa revista a una serie de conflictos sociales, algunos agudos, de países tan disímiles como Argentina, Perú, Colombia y Brasil, que serían, a su juicio, síntoma de un profundo malestar social y de algunas elites políticas respecto del modelo económico y social imperante en el continente.
En mi opinión, lo que más llama la atención del artículo es el hecho de haber sido publicado, porque para nadie es un misterio que los poderes controladores de la prensa local normalmente excluyen, al igual que los poderes económicos, las discusiones sobre estos temas globales, referidos, justamente, a los modelos económicos.
Aún recuerdo con pena cómo el año pasado -lo hice presente en esta Sala- el presidente del Banco Central clausuró un pequeño debate público que, a su juicio, peligrosamente cuestionaba el modelo económico de nuestro país.
En Chile, y eso lo sabemos todos, en épocas pasadas se llevó a cabo una verdadera revolución silenciosa, que apuntaba a refundar la economía, la sociedad y la política nacional. Para ello, se valieron de ideologismos que hasta hoy asombran. El neoliberalismo extremo dejó al mercado la solución de los grandes asuntos nacionales.
Lamentablemente, en estos doce años de democracia nunca hemos podido discutir estos asuntos más a fondo, con sinceridad, claridad y sin doble discurso, porque justamente las autoridades, los partidos políticos y los agentes económicos se oponen a ello.
El referido artículo, que comparto y comento, tiene el mérito de considerar la opinión de los latinoamericanos, quienes, en términos generales, comienzan a rechazar, cada vez con más fuerza, los efectos que el actual modelo económico imperante tiene sobre el empleo, la calidad de vida y la satisfacción de las necesidades básicas.
Como diputado integrante de la Comisión de Hacienda de la Cámara , me sentiría mucho más conforme en mi trabajo legislativo si en esta Corporación tuviéramos la oportunidad de discutir estos temas en profundidad, que cruzan las fronteras nacionales y que hoy se agudizan como consecuencia del proceso de la creciente globalización de las economías.
Ha existido un discurso único, el del neoliberalismo, que ha dejado atrás el pensamiento socialista y socialdemócrata, no por la bondad intrínseca de aquél como modelo para organizar las fuerzas de la economía de la nación, generar riqueza y distribuirla, sino por el control que los poderes fácticos tienen sobre la sociedad, sobre el propio Estado y también sobre este Congreso Nacional.
Quienes ingresamos a la política hace muchísimos años y contribuimos al triunfo de opciones populares y democráticas, vemos con pena cómo todos, de una u otra forma, nos conducimos sin capacidad crítica frente a estos grandes temas, y cómo nuestro Parlamento, en su conjunto, no es capaz de avanzar en esta materia.
Termino con la siguiente reflexión: pareciera que estamos en un torbellino; que los hechos se desarrollan más velozmente que nuestra capacidad para captarlos, analizarlos y evaluarlos. Si no somos capaces de salir de la coyuntura del análisis pequeño y de ver qué clase de país estamos construyendo,
serán las generaciones futuras las que, con justicia, nos reclamarán nuestra desidia y despreocupación o, a lo mejor, nuestra equivocación.
Entre sus reflexiones, el diputado señor Jaramillo llama la atención sobre algo que deberíamos hacer: debatir lo que pasa en el mundo y, en particular, en nuestro continente en el último tiempo.
-Se levantó la sesión a las 13.52 horas.
GUILLERMO VITTA PÉREZ,
Jefe accidental de la Redacción de Sesiones.
Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que otorga bonificación anticipada a funcionarios de los servicios de salud y de las entidades que se mencionan. (Boletín Nº 2966-11).
Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; MARIO FERNÁNDEZ BAEZA , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
2.	Oficio de S.E. el Presidente de la República.
Tengo a bien poner en conocimiento de vuestra Excelencia que he resuelto retirar la urgencia para el despacho del proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Cultura y el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural. (Boletín Nº 2286-04).
Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, para el proyecto de ley antes aludido, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple”.
3.	Oficio de S.E. el Presidente de la República.
En respuesta a su oficio Nº 3807, de fecha 18 de junio de 2002, tengo a bien manifestar a vuestra Excelencia que he resuelto no hacer uso de la facultad que me confiere el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República, respecto del proyecto de ley que modifica la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. (Boletín Nº 2610-07).
En consecuencia, devuelvo a vuestra Excelencia el citado oficio de esa honorable Cámara de Diputados, para los efectos de su envío al Tribunal Constitucional.
Moción de los diputados señores Bayo e Hidalgo .
Reforma al Reglamento de la Cámara de Diputados para garantizar el conocimiento de los diputados respecto de los proyectos de acuerdo y la oportunidad de su discusión y votación.
1º	El proyecto de acuerdo es una herramienta importante del trabajo parlamentario, que adquiere muchas veces una relevancia política indiscutible debido a las escasas y limitadas facultades del Congreso Nacional en materia de iniciativa legislativa.
2º	Igualmente, por su amplitud, es utilizado por los diputados para los más diversos objetivos de fiscalización, información, denuncias, reconocimientos, normas de funcionamiento interno de la Cámara, etc.
3º	La regulación reglamentaria de los proyectos de acuerdo resulta insuficiente para hacer eficaz su objetivo, ya que se conceden para su discusión y votación sólo 20 minutos, con lo que gran parte de ellos queda pendiente, a veces durante meses, perdiendo toda vigencia.
4º	Muchas veces la necesaria urgencia con que deben ser discutidos y votados, es lograda mediante la supresión de las exigencias reglamentarias, lo que resulta ser una excepcionalidad, que puede transformarse en una perniciosa costumbre.
5º	La celeridad obtenida por la vía señalada, si bien favorece la oportunidad en la discusión de los proyectos de acuerdo, hace imposible el conocimiento previo indispensable que deben tener todos los diputados sobre las materias que discute y acuerda la Cámara de Diputados.
6º	En virtud de lo señalado, resulta necesario armonizar y combinar dos objetivos esenciales en la regulación de los proyectos de acuerdo, cuales son: la oportunidad de su discusión y el conocimiento de su contenido por los diputados.
7º	Por lo anterior resulta conveniente ampliar el tiempo destinado a la discusión y votación de los proyectos de acuerdo, como asimismo asegurar la posibilidad de que los diputados tengan conocimiento de él.
Venimos en proponer las siguientes modificaciones al Reglamento de la Cámara:
Al artículo 113.
1.	Para reemplazar en el inciso primero el guarismo “20” por “40”.
2.	Para incorporar el inciso final siguiente:
“Para entrar a la discusión de un proyecto de acuerdo este deberá estar materialmente a disposición de los diputados con tres horas de anticipación”.
? Santiago , 27 de junio de 2002
Oficio Nº 1.759
Remito a vuestra Excelencia copia autorizada de la sentencia dictada por este Tribunal, en los autos rol Nº 354, relativos al proyecto que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo que dice relación con la operación de los equipos de registro y detección de infracciones relativas a la velocidad y luz roja, remitido a este Tribunal para su control de constitucionalidad, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 82, Nº 1º, de la Constitución Política de la República.
“Santiago, veintiséis de junio de dos mil dos.
1º	Que, por oficio Nº 3.814, de 20 de junio de 2002, la H. Cámara de Diputados ha enviado el proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo que dice relación con la operación de los equipos de registro y detección de infracciones relativas a velocidad y luz roja, a fin de que este Tribunal, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 82, Nº 1º, de la Constitución Política, ejerza el control de constitucionalidad respecto de los artículos 2º, 3º y 4º del mismo.
2º	Que, el artículo 82, Nº 1º, de la Constitución Política de la República establece que es atribución de este Tribunal: “Ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales antes de su promulgación y de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución”;
3º	Que, las disposiciones sometidas a control de constitucionalidad establecen:
Artículo 2º.- Modifícase el inciso segundo del artículo 14 de la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado se contiene en el decreto con fuerza de ley Nº 1-19.704, del Ministerio del Interior, de 2002, de la siguiente forma:
a)	Reemplázase, en el número 4, la conjunción “y” final y la coma (,) que la antecede, por un punto y coma (;).
b)	Sustitúyese, en el número 5, el punto aparte (.) por una coma (,) seguida de la conjunción “y”.
c)	Agrégase el siguiente número 6, nuevo:
“6.- El ciento por ciento de lo recaudado por multas impuestas por los Juzgados de Policía Local, por infracciones o contravenciones a las normas de tránsito, detectadas por medio de equipos de registro de infracciones.”.
Artículo 3º.- Reemplázase el artículo 55 de la ley Nº 15.231, sobre Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local, por el siguiente:
“Artículo 55.- Las multas que los Juzgados de Policía Local impongan no estarán afectas a recargo legal alguno y serán a beneficio de la comuna en cuyo territorio se cometió la infracción, salvo aquellas que, según lo dispone el número 6 del inciso segundo del artículo 14 de la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, deben ser destinadas al Fondo Común Municipal.
Sin embargo, el 18% de las multas de beneficio comunal se destinará al Servicio Nacional de Menores para la asistencia y protección del menor en situación irregular, para cuyo efecto, las municipalidades deberán poner a disposición del señalado Servicio a lo menos quincenalmente estos recursos.”.
Artículo 4º.- Modifícase el artículo 24 de la ley Nº 18.287, que establece el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, en la siguiente forma:
a)	Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente:
“La operación y administración permanente del Registro corresponderá al Servicio de Registro Civil e Identificación, de acuerdo a un reglamento que dictará el Presidente de la República , y que deberá ser suscrito conjuntamente por los Ministerios de Justicia y de Transportes y Telecomunicaciones.”.
b)	Agréganse en el inciso cuarto, a continuación del punto aparte (.) que pasa a ser punto seguido (.), las siguientes oraciones finales: “No obstante, tratándose de aquellas multas a que se refiere el número 6 del inciso segundo del artículo 14 de la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, la municipalidad que reciba el pago, lo enterará en su totalidad directamente al Fondo Común Municipal. En este caso, no procederá la deducción del 20% antes señalado. Con todo, la municipalidad que reciba el pago, deberá remitir al Registro , dentro de los treinta días siguientes, el arancel que a éste corresponda para que proceda a eliminar la anotación respectiva.”;
4º	Que, de acuerdo al considerando 2º, corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre las normas del proyecto remitido que estén comprendidas dentro de las materias que el Constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional;
5º	Que, el artículo 107 de la Carta Fundamental dispone:
“Artículo 107.- La administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad, la que estará constituida por el alcalde, que es su máxima autoridad, y por el concejo.
6º	Que, las normas comprendidas en los artículos 2º, 3º y 4º, letra b), del proyecto son propias de la ley orgánica constitucional a que se refiere el artículo 107 de la Constitución Política, puesto que se refieren a la forma como se han de administrar por las municipalidades los recursos provenientes de las multas impuestas “por infracciones o contravenciones a las normas de tránsito, detectadas por medio de equipos de registro de infracciones” que pasan a formar parte del Fondo Común Municipal.
7º	Que, no está de más recordar, en el mismo sentido, que este Tribunal, al pronunciarse, en sentencia de 29 de febrero de 1988, sobre el ámbito de la ley orgánica constitucional de municipalidades, señaló que ésta comprendía “aspectos tan relevantes para el adecuado funcionamiento de los municipios, como son... las funciones y patrimonio de estas corporaciones de derecho público y, en fin, la estructura básica de su organización interna”.
8º	Que, en el artículo 4º del proyecto, se introducen dos modificaciones al artículo 24 de la ley Nº 18.287. La primera, contenida en su letra a), alude a la operación y administración del Registro de Multas del Tránsito no pagadas. La segunda, comprendida en su letra b), dice relación con las multas que, en conformidad con el nuevo Nº 6º del inciso segundo del artículo 14, de la Ley Orgánica Constitucional, integran el Fondo Común Municipal.
9º	Que, como puede observarse, ellas se refieren a materias completamente distintas y sin ninguna vinculación entre sí, siendo propia de la ley orgánica constitucional de municipalidades, como se ha señalado, sólo la contemplada en la letra b) del artículo 4º en análisis. No así, la contenida en la letra a) de la misma disposición, que no alude a materias que deben ser reguladas por dicho cuerpo normativo. Por tal motivo, este Tribunal, en el presente caso, declarará como norma propia de ley orgánica constitucional la modificación al artículo 24 de la ley Nº 18.287 comprendida en la letra b) del mencionado artículo 4º, mas no aquella a que se refiere la letra a) de dicho precepto.
10º Que consta de autos que las disposiciones contempladas en los artículos 2º, 3º y 4º, letra b), del proyecto remitido han sido aprobadas en ambas Cámaras del Congreso Nacional con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución Política de la República.
11º Que, las normas a que se ha hecho referencia en el considerando anterior no son contrarias a la Constitución Política de la República.
Y, visto, lo prescrito en los artículos 63, 82, Nº 1º e inciso tercero, y 107 de la Constitución Política de la República, y lo dispuesto en los artículos 34 al 37 de la ley Nº 17.997, de 19 de mayo de 1981, orgánica constitucional del Tribunal Constitucional,
1º	Que los artículos 2º, 3º y 4º, letra b) del proyecto remitido son constitucionales y,
2º	Que, no corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre la norma contemplada en la letra a) del artículo 4º del proyecto, por versar sobre una materia que no es propia de ley orgánica constitucional.
Devuélvase el proyecto a la honorable Cámara de Diputados, rubricado en cada una de sus hojas por el Secretario del Tribunal , oficiándose. Regístrese, déjese fotocopia del proyecto y archívese. Rol Nº 354.
Pronunciada por el Excelentísimo Tribunal Constitucional, integrado por su presidente , don Juan Colombo Campbell y sus ministros señores Eugenio Valenzuela Somarriva , señora Luz Bulnes Aldunate y señores Hernán Álvarez García , Juan Agustín Figueroa Yávar , Marcos Libedinsky Tschorne y Eleorodo Ortiz Sepúlveda . Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional , don Rafael Larraín Cruz .

References: artículo 34
 artículo 34
 artículo 70
 artículo 34
 artículo 250
 artículo 248
 artículo 250
 artículo 250
 artículo 60
 artículo 50
 artículo 31
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 artículo 1
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 artículo 21
 artículo 24
 artículo 27
 artículo 33
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 artículo 3
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 artículo 222
 artículo 27
 artículo 17
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 artículo 19
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 resolución 
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 artículo 5
 resolución 
 artículo 24
 artículo 10
 artículo 15
 resolución 
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 artículo 71
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 artículo 70
 artículo 113
 artículo 82
 artículo 82
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Artículo 2
 artículo 14

Artículo 3
 artículo 55
 artículo 14

Artículo 4
 artículo 24
 artículo 14
 artículo 107
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 artículo 4
 artículo 24
 artículo 14
 artículo 4
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 artículo 63
 artículo 4