Source: http://notiwayuu.blogspot.ch/2009/02/
Timestamp: 2017-08-16 17:27:56+00:00

Document:
febrero 2009 ~ N o t i W a y u u
4:00 Karmen Ramírez Boscán No comments
La Fuerza de Mujeres Wayuu de Colombia y la Organización Ja'in Wain'jin de Venezuela, informan a los productores audiovisuales, fotógrafos, documentalistas y periodistas en general, que para participar y acompañar la Segunda Caravana por Wounmainkat, se debe firmar el siguiente documento:
Considerando: Que los registros de imágenes y sonidos sobre las culturas indígenas ha sido capitalizado por externos, muchos de los elementos de identidad de estas culturas son usados como un producto exótico para fines comerciales.
- “Para la grabación y/o registro con cámaras de video o fotográficas para archivo, memoria o con fines no lucrativos, debe hacerse saber con suficiente anticipación por escrito y firmar la carta de compromiso, por lo que es indispensable solicitarlo oportunamente; no es posible bajo ninguna circunstancia, la grabación y/o registro para fines comerciales”.
-Por lo tanto quedo comprometido a dar cumplimiento a las leyes, reglamentos y normas establecidas por las comunidades y doy fe de estar disposición y capacidad de aplicar todo lo pautado en el Convenio 169 de la OIT, "Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes", el Plan de Acción de Ginebra relacionado a los Pueblos Indígenas y su participación, la aplicación del párrafo 22 de los Compromisos de Túnez, la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, así como lo establecido en la Ley de Patrimonio Cultural de Pueblos y Comunidades Indígenas de Venezuela y obligación que me sobrevenga en el desarrollo de las actividades de la Caravana.
-Estoy en conocimiento de que la Segunda Caravana por Wounmainkat “Porque en Wounmainkat, los únicos Gigantes somos los Wayuu”, no se hace responsable ni posee ninguna obligación por objetos perdidos y/o extraviados.
- Los registros de imágenes y sonidos dentro de las actividades de la Segunda Caravana por Wounmainkat es de propiedad de las comunidades indígenas, por consiguiente estoy en la disposición de ceder copias del material fotográfico y audiovisual editado y no editado cuando sea solicitado.
-Tengo plena voluntad de dar cumplimiento a las condiciones de Reproducción, Distribución.
Nombre de la persona comprometida (o nombre del colectivo comprometido)
Nombre (s) y Apellido (s)___________________________________
Cédula de Identidad ______________________________________
En la carta de solicitud debe contemplarse la siguiente información:
¿en donde va a ser distribuido ese material?
¿con que razón?
¿a través de quien?
¿cuántos ejemplares serán impresos?
¿Cuántos ejemplares serán producidos?
Debemos proteger a los Wayúu
7:39 Karmen Ramírez Boscán No comments
Por: Editorial El Informador
Familias pertenecientes a la etnia Wayúu, vienen siendo desplazadas de su territorio por bandas de paramilitares que han invadido la región, sin control de ninguna índole.
"Autodefensas Gaitanistas de Colombia"
Con suma frecuencia se nos ha informado de la ocurrencia de un hecho insólito en La Guajira y es la denuncia hecha por el Defensor del Pueblo en el sentido de que familias guajiras, pertenecientes a la etnia Wayúu, vienen siendo desplazadas de su territorio por bandas de paramilitares que han invadido últimamente la región, sin control de ninguna índole.
No es este un hecho aislado, porque como ya anotamos, viene sucediendo con frecuencia inusitada y los Wayúu tienen que emigrar hacia otras regiones, lo que constituye un claro y abusivo desalojo de sus tierras.
La protección del Estado debe ser inmediata para evitar confrontaciones sangrientas que pongan en peligro la tranquilidad de un pueblo que ha dado muestra de querer vivir en paz.
No existe razón valedera para que a estas alturas, los vándalos quieran sembrar el terror en la Península. Si se lo permiten en cualquier momento puede estallar una guerra sin cuartel cuyas consecuencias son impredecibles.
Evitar a tiempo esta situación es un deber ineludible del Estado y por ello llamamos la atención de nuestras fuerzas armadas a efecto de que se corrijan los graves hechos que constituyen por demás una situación lamentable y peligrosa.
Hemos de recordar que el Estado peca por omisión y no por acción y que por ello en el caso que nos ocupa debe actuar con prontitud.
[Riohacha (La Guajira) a 24 de febrero de 2009]
Tomado de: http://el-informador.com/editorial.php?id=1181
22:37 Karmen Ramírez Boscán No comments
Punto de salida: Casa de la Fuerza de Mujeres Wayuu, 4 Vías, Maicao-La Guajira
Punto de Llegada: Escuela Fe y Alegría, Paraguaipoa - Estado Zulia, Venezuela
Punto de salida: Escuela Fe y Alegría, Paraguaipoa - Estado Zulia, Venezuela
Punto de Llegada: Casa Comunal de Ciruelo Alto
Hora: 6 a.m.
Punto de salida: Casa Comunal de Ciruelo Alto
Punto de Llegada: Comunidad de Kassusain - El Socuy
Punto de salida: Comunidad de Kassusain - El Socuy
Punto de Llegada: Maracaibo
*9 de Marzo de 2009
7:00 a.m. Retorno a lugares de origen
Autoridades estudian informe de riesgo de la Defensoría del Pueblo en Maicao (La Guajira)
8:56 Karmen Ramírez Boscán No comments
El informe que señala las amenazas contra las mujeres wayuu y las comunidades indígenas que han liderado los reclamos de su etnia en Justicia y Paz fue evaluado en consejo de seguridad extraordinario.
El mismo se realizó el pasado viernes. El informe es del 27 de enero y menciona, además, la situación de riesgo en que se encuentran las directivas de Ayatawacoop, la cooperativa wayuu autorizada para la distribución de gasolina venezolana en La Guajira. Al igual que los transportadores y comerciantes del municipio, en especial los de origen árabe, que están siendo víctima de extorsiones.
Las amenazas, de acuerdo con el informe, provienen de las 'Autodefensas Gaitanistas de Colombia', nuevos 'paras' que le responderían a alias 'Don Mario', y de las autodenominadas 'Águilas Negras', integradas por desmovilizados de los grupos paramilitares que quieren retomar el control de negocios ilegales como el contrabando de gasolina e intimidar a la ciudadanía para el cobro de 'vacunas'.
En algunos barrios subnormales como Donyth Vergara (conocido como Los Palitos), Majupay, Villa Mery, Villa Amelia, Divino Niño y El Carmen, según el informe, empezaron a circular desde octubre panfletos firmados por las 'Águilas Negras' en los que amenazan de muerte a varias personas.
Entre las personas que figuran en los panfletos está el indígena wayuu Miguel Ángel Ospina Boscán, hermano de una reconocida líder de Maicao, cuyo cadáver fue hallado en la madrugada del pasado 9 de diciembre, cerca del barrio Donyth Vergara.
El alcalde encargado de Maicao, Jarlen Garrido, quien convocó al consejo de seguridad, dijo que dada la complejidad del informe será sometido a estudios de inteligencia por los organismos de seguridad e hizo un llamado a la comunidad para que denuncie a los delincuentes.
Agregó que pese a lo mencionado en el informe el ambiente que hoy se respira en el municipio es de tranquilidad. "En el tema de seguridad se están ejerciendo controles con presencia de la Policía y el Ejército en la zona urbana y rural del municipio. Además contamos con el apoyo del CTI y del DAS", señaló el mandatario.
El comandante del Gaula del Ejército, mayor Carlos Marmolejo, advirtió que en el municipio fronterizo no opera una organización armada como tal, pero que algunos ex paramilitares se han reagrupado para continuar con su accionar delictivo.
Tomado de: http://www.eltiempo.com/colombia/caribe/autoridades-estudian-informe-de-riesgo-de-la-defensoria-del-pueblo-en-maicao-la-guajira_4817714-1
Jorge 40 el heredero de la parapolítica de Mancuso
14:03 Karmen Ramírez Boscán No comments
Parapolítica - Costa Caribe
Unas grabaciones que reposan en los expedientes de la parapolítica de la Costa Caribe revelan cómo ‘Jorge 40’, ‘Diego Vecino’, entre otros jefes de las Auc que se suponía estaban desmovilizándose, se movieron en Bolívar y Sucre para seguir robando la rentas públicas y, de paso, mantener su proyecto vivo en el Congreso elegido en marzo de 2006.
Por César Molinares Dueñas, editor de Verdad Abierta
Jorge 40 heredó de Salvatore Mancuso el Bloque Norte.
Lea la noticia completa en: http://www.verdadabierta.com/
13:56 Karmen Ramírez Boscán No comments
Por: Corte Constitucional
Representate de Comunidad Annamana. Maicao
Aparte sobre el pueblo Wayúu contenido en el Anexo titulado "Análisis focalizado de la situación de los pueblos indígenas colombianos mayormente afectados por el conflicto armado interno y el desplazamiento forzado" concerniente al Auto No. 004 del 26 de enero de 2009 mediante el cual la Honorable Corte Constitucional, a través de la Sala Segunda de Revisión, ordena al Gobierno Nacional formular e iniciar la implementación de planes de salvaguarda étnica ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado para cada uno de los treinta y cuatro pueblos indígenas, entre ellos el Wayúu, identificados en la presente providencia. En el cumplimiento de esta orden deberán tener participación efectiva las autoridades legítimas de los pueblos indígenas.
Durante el proceso de monitoreo del cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 y sus autos de seguimiento la Corte Constitucional ha recibido una serie de documentos y testimonios acerca de la situación que afrontan los siguientes pueblos indígenas: Wiwa, Kankuamo, Arhuaco, Kogui, Wayúu, Embera-Katio, Embera-Dobida, Embera-Chami, Wounaan, Awa, Nasa, Coreguaje, Cofan, Siona, Betoye y Nukak-Maku.
La situación que se describe en esos documentos y testimonios es alarmante. Por eso, el objeto de este anexo es sintetizar lo que en ellos se expone sobre cada uno de los pueblos indígenas mencionados, con el fin de hacer visibles las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario que padecen, lo cual hace imperioso que el Estado actúe para salvaguardar los derechos de las comunidades y de las personas que las integran.
Como se ha señalado, en este anexo se compendian los datos que han sido reportados a esta Corporación, sin que la Corte asuma una posición frente a ellos. Corresponde a las autoridades competentes, a las cuales se les comunica el presente auto, adoptar las decisiones que estimen conducentes para esclarecer lo sucedido y la exactitud de todo lo que se menciona, al igual que sancionar a los responsables que se identifiquen en el transcurso de las investigaciones.
En los documentos y testimonios recibidos se relatan hechos criminales atribuidos a la guerrilla y a grupos paramilitares, y en algunos casos a miembros de la Fuerza Pública. Al respecto, la Corte considera necesario manifestar que ella parte de la base de que las conductas ilícitas atribuidas a miembros de la Fuerza Pública fueron ejecutadas por cuenta propia. Por eso, la mención de esos delitos en este anexo no puede entenderse como una afirmación acerca de que ellos son el producto de una política de la Fuerza Pública. Como se ha indicado, en todos esos casos las denuncias deben ser investigadas en lo referido a su exactitud y a los supuestos responsables de las mismas.
Por otra parte, es importante anotar que la lista de los pueblos en situación crítica no se agota con los pueblos cuya situación se describe en este anexo. Existen otras etnias sobre las cuales también la Corte ha recibido información y para las cuales es igualmente necesario adoptar un plan de salvaguarda específico. Estas son: Pijao, Sikuani, Guayabero, U'wa, Chimila, Kuna, Yukpa, Eperara-Siapidaara, Guambiano, Zenu, Yanacona, Kokonuko, Totoro, Huitoto, Inga, Kamentza, Kichwa y Kuiva. Sin embargo, la Corte no tuvo a su alcance suficiente información para poder referirse adecuadamente a la situación que afrontan estas comunidades. Por esta razón, la Corte estimó que lo más prudente era incluirlas en la orden de protección, pero dejar a un proceso posterior la identificación de sus problemas específicos atinentes al conflicto armado y al desplazamiento interno. La carga de identificar estos problemas recae sobre el gobierno.
Por lo tanto, también en relación con estos pueblos el gobierno deberá (i) iniciar un proceso de participación efectiva con las autoridades indígenas legítimas de cada comunidad con el fin de identificar los problemas que deben ser abordados por el plan de salvaguarda correspondiente y, (ii) luego, diseñar con participación de los pueblos concernidos el respectivo plan. En estos procesos participativos se habrán de respetar las reglas fijadas por la jurisprudencia constitucional, en aplicación del bloque de constitucionalidad, y las autoridades indígenas podrán invitar a participar a organizaciones sociales que abogan por sus derechos así como a asesores externos a la comunidad. De los invitados se informará previamente al Ministerio del Interior y de Justicia.
D. Situación del pueblo Wayúu ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado.
La información de base que ha servido a la Corte para elaborar el diagnóstico sobre la situación actual del pueblo Wayúu ante el conflicto armado y el desplazamiento forzado proviene de múltiples fuentes que coinciden en su descripción del estado de cosas presente.
Los principales documentos tenidos en cuenta son los siguientes: (1) Informe Regional de la Misión Internacional de Verificación a la Sierra Nevada de Santa Marta, septiembre de 2006. (2) Documento titulado "Reporte Actual sobre la situación de violencia en las comunidades Wayúu, La Guajira – Colombia" – Reporte preparativo para la "Misión Internacional de Verificación de la Verdad en Pueblos Indígenas", julio de 2006. (3) Documento titulado "Acerca de la problemática del desplazamiento interno: Consideraciones de Organizaciones del Pueblo Wayúu", presentado ante el Relator Especial de Naciones Unidas para los Refugiados y Desplazados Internos. (4) Artículo titulado "A los desplazados Wayúu los está matando el hambre", aparecido en Vanguardia Liberal – Valledupar el 14 de agosto de 2006. (5) Informe de Riesgo No. 17-06 del SAT, 28 de abril de 2006 – Defensoría del Pueblo. (6) Informe titulado "Guajira: Alertas tempranas, desplazamientos anunciados", elaborado por CODHES, enero de 2007. (7) Documento titulado "La cosmogonía Wayúu y la masacre de Bahía Portete", enero 11 de 2006. (8) Documento de ONIC titulado "Las verdades ocultas: qué hay detrás de la masacre contra el pueblo Wayúu".
1. Panorama general de afectación étnica del pueblo Wayúu por el conflicto armado.
El pueblo Wayúu está conformado por aproximadamente 144.000 personas, es decir, representan un alto porcentaje de la población indígena de Colombia. Su territorio tradicional ocupa 1.080.336 hectáreas en el resguardo de la Alta y Media Guajira; hay más resguardos en el sur de la Guajira y en la media Guajira.
El pueblo Wayúu ha sido gravemente afectado por el conflicto armado colombiano, principalmente por razón de las características geográficas de su territorio, que lo han hecho atractivo para los grupos armados ilegales. En efecto, los principales factores que inciden sobre el agravamiento del conflicto armado son el reacomodamiento geográfico y estructural de los grupos armados ilegales, y la importancia geográfica estratégica de La Guajira por la salida al mar, la frontera con Venezuela, corredores hacia la Sierra Nevada de Santa Marta y la Serranía del Perijá. Las características naturales del territorio, que implican ventajas para el tráfico de mercancías, vehículos y personas, junto con la precaria presencia estatal, han sido las causas de la presencia de grupos armados ilegales que buscan aprovechar esas ventajas por vía armada y violencia. Los Wayúu, población mayoritariamente ancestral y socialmente vulnerable, han sido víctimas en los últimos años de amenazas, principalmente por los paramilitares. La facilidad para el desarrollo del contrabando de bienes y de gasolina en el territorio Wayúu, por la facilidad del paso de mercancías, vehículos y personas, hace que los grupos armados ilegales se hagan presentes en la región y busquen canalizar esas ventajas para sus respectivos negocios, por la vía armada. En consecuencia, la población Wayúu se vuelve objeto de amenazas por los grupos armados ilegales.
En los años noventa, la violencia en La Guajira fue causada principalmente por las actividades de narcotraficantes; en la segunda mitad de los 90s, por el combate entre las estructuras del narcotráfico y las Fuerzas Armadas; y desde 2001, especialmente por las confrontaciones entre las Fuerzas Armadas, los paramilitares, grupos de narcotraficantes y la guerrilla. Según reportan las comunidades Wayúu, la entrada de los grupos paramilitares a La Guajira en los años 90 produjo una grave violencia de cuyas víctimas no hay registro. Entre 2001 y 2004, se reporta una etapa de expansión del conflicto armado por el territorio; y desde 2005 hasta la fecha, una grave disputa armada territorial, por el control de los recursos y de la población, que ha generado una nueva dinámica de violencia, exacerbada por el narcotráfico y el comercio ilegal de armas y de gasolina. Sin embargo, el contrabando, que en amplias partes de La Guajira es usual, es secundario frente al problema del narcotráfico, en el que participan muy pocos Wayúu.
Se reportan como tipos de violaciones de derechos humanos del pueblo Wayúu en el marco del conflicto armado: masacres; homicidios selectivos o múltiples; desapariciones; enfrentamientos armados que afectan a los civiles; destrucción de bienes civiles; destrucción de bienes indispensables para la supervivencia; y desplazamiento forzado.
La afectación del pueblo Wayúu por el conflicto armado ha sido invisibilizada por las características culturales de los Wayúu; éstas han dado lugar a malas interpretaciones que, por un lado, subsumen los homicidios y las masacres de los que han sido víctimas a manos de los grupos armados ilegales dentro de los patrones documentados de conflictos y guerras interclaniles y, por el otro, confunden el desplazamiento forzado con la representación social predominante de su estilo de vida polirresidencial o semi-nómada. Así, los principales factores que dificultan la visibilización del impacto que ha surtido el conflicto armado sobre esta etnia son sus rasgos culturales: el desarrollo de actividades económicas ilegales, como el contrabando, por algunas familias Wayúu; la posesión y uso de armas; su forma polirresidencial de vida. Debe precisarse a este respecto que las denominadas "guerras interclaniles", que están estrictamente reguladas por códigos culturales, han sido cooptadas y pervertidas por los grupos armados en el curso de su expansión territorial.
El desplazamiento forzado de los indígenas Wayúu es, por lo tanto, invisible. En efecto, aparte de sus ciclos usuales de trashumancia a lo largo de la península, que se regulan culturalmente, ha habido un alto grado de desplazamiento forzado por el conflicto, por los enfrentamientos armados entre los miembros de clanes Wayúu y grupos armados ilegales, o por masacres y asesinatos selectivos de los Wayúu que no acatan las imposiciones de estos últimos. Estos desplazamientos forzados quedan ocultos tras los movimientos normales de población.
Otros factores que promueven fuertemente la invisibilización, y por lo tanto hacen más difícil la situación, consisten en que algunos pocos Wayúu sí se han involucrado con grupos armados; algunos sí se han desplazado por guerras interclaniles; y algunos sí participan en el contrabando y el narcotráfico. Pero estos son una minoría de casos que generan falsas representaciones sobre la mayoría de las víctimas reales del conflicto armado.
Sin lugar a dudas, la afectación más significativa que ha causado el conflicto armado sobre esta etnia fue la comisión de una masacre en Bahía Portete, el 18 de abril de 2004, que generó serios desplazamientos masivos. Para abril de 2006, Bahía Portete estaba habitado por cuatro familias; las demás abandonaron el territorio luego de la masacre y del asesinato de otra indígena Wayúu en julio de 2005. En noviembre de 2004 el gobierno departamental organizó un proceso de retorno a Bahía Portete, pero no ha sido posible el restablecimiento por el acoso paramilitar persistente; a la fecha se reporta que sólo un escaso número de familias vive ahí. En el segmento siguiente del presente capítulo se describe con mayor detalle este crimen atroz.
Hoy en día, la confrontación armada y la crisis humanitaria persisten en La Guajira, ante la aparente inacción de las autoridades, pese a las advertencias de las organizaciones de derechos humanos y las alertas tempranas de la Defensoría. El hecho más importante en este campo es la permanencia de grupos paramilitares que no se desmovilizaron o se rearmaron, y siguen operando en La Guajira, bajo otro nombre pero con las mismas estructuras armadas. También hay presencia en La Guajira de guerrillas activas.
En efecto, se ha reportado por múltiples fuentes la presencia de paramilitares desmovilizados que siguen ejerciendo control sobre la población civil. Por ejemplo, desde marzo de 2006 el SAT ha conocido de la presencia y actividad de un grupo paramilitar en las poblaciones Wayúu de Poropo, Perpana, La Esperanza, Tres Bocas, Pusheo, La Loma, Kariwac, Jatete, Jepsut, Karimaya, Ariguna Kimana, y sector de Bahía Portete en el municipio de Uribia, constituido por aproximadamente 70 hombres armados que hicieron parte del Frente Contrainsurgencia Wayúu de las AUC y que no se desmovilizaron. Según un reporte de la Defensoría del Pueblo de abril de 2006, este grupo ha amenazado a la población para evitar que denuncien su actuación en el territorio y su control de las actividades de tráfico de estupefacientes, armas, combustible, contrabando y actividades comerciales ilícitas, y su pretensión de controlar los puertos y los corredores naturales entre La Guajira y Venezuela.
Salvo por el caso de Bahía Portete y algunos desplazamientos individuales de familias Wayúu, la violencia de los paramilitares es focalizada, de baja intensidad, selectiva, y queda invisibilizada por el inmenso temor de los Wayúu a denunciar. Este temor se fundaría, según los documentos, en una clara situación de desconfianza y distancia históricas hacia las autoridades y en el temor de que existe una alianza entre miembros de la Fuerza Pública y funcionarios del Estado con los paramilitares.
Algunas familias Wayúu han tenido que armarse para defenderse de los paramilitares, porque se niegan a colaborarles. La situación, sin embargo, es descartada por las autoridades como un conflicto interclanil. En efecto, ante la imposición violenta de los paramilitares, los Wayúu se han resistido, negándose a colaborarles con ganado, información, ayuda logística o de movilidad; la reacción de los paramilitares ha sido violenta. Esto ha llevado a algunas familias Wayúu a armarse para defenderse: se ha generado la necesidad de organizarse para la defensa armada frente a las agresiones paramilitares, y se han causado enfrentamientos, lo cual ilustra la gravedad de la amenaza.
Por ejemplo, el 3 de abril de 2006, en inmediaciones del sector de Perpuana, un grupo de aproximadamente 10 indígenas se enfrentaron con paramilitares; se desconoce si hubo víctimas. Como retaliación, el 7 de abril de 2006 los paramilitares incursionaron en una vivienda de Poropo, donde torturaron y asesinaron a Álvaro Uriana de 37 años por negarse a dar información sobre dónde estaba el resto de su familia; maltrataron a dos mujeres e incendiaron la vivienda. La población se siente amenazada y considera que es una advertencia de los paramilitares de acabar con toda la familia; se generó el desplazamiento de 50 personas, principalmente niños, niñas y mujeres de la familia Uriana – Pana.
El SAT desde el Informe de Riesgo No. 052/04 del 24 de junio de 2004 había advertido sobre las acciones de control del Bloque Norte de las AUC – Tercer Grupo de La Guajira sobre los puertos de embarque y descargue de mercancías para garantizar el paso de contrabando, el ingreso de precursores para procesamiento de drogas, la salida de drogas (cocaína), la entrada de armas y de combustibles. En el proceso de controlar la zona cometieron actos de violencia contra las comunidades Wayúu que tradicionalmente comerciaban en la zona; frente a sus amenazas, un grupo de indígenas de diferentes clanes había organizado resistencia armada para hacerles frente, lo cual generaba mayor riesgo de violencia para la población civil. Se generaron así distintas masacres, desapariciones, homicidios selectivos, nuevos desplazamientos forzados, enfrentamientos con la población civil interpuesta, destrucción de bienes civiles y de bienes indispensables para la supervivencia, ataques contra las familias Wayúu que viven en las zonas de los puertos naturales de la región, particularmente las autoridades de las familias locales y sus parientes, que se oponen al control de los paramilitares en la Alta Guajira. Además, ello significa un riesgo para las familias que se desplazaron después de la masacre de Bahía Portete, asentadas en el municipio de Uribia y Maicao en asentamientos dispersos.
Esta etnia también ha sido afectada por la presencia y las actividades de la guerrilla en su territorio. Así, por ejemplo, el 14 de agosto de 2006, el Frente 59 de las FARC atacó el centro de acopio de gasolina de la cooperativa de indígenas Wayúu Ayatawacoop en Maicao, con cilindros que destruyeron 88 camiones y provocaron un gran incendio que dejó grandes pérdidas materiales; la guerrilla acusó a la cooperativa de vínculos con los paramilitares.
Múltiples organizaciones y entidades, incluida la Defensoría del Pueblo, han denunciado la persistencia de los grupos paramilitares después de la desmovilización formal de las AUC, bien sea por causa del rearme, de la no desmovilización o de la aparición de grupos emergentes. Lo cierto es que persisten los ataques a la población civil Wayúu. Este escenario es de alto riesgo para las comunidades Wayúu, por amenazas de enfrentamientos, hostigamientos y crímenes selectivos y desplazamientos.
El conflicto armado y el desplazamiento forzado han generado la ruptura de tradiciones culturales y familiares y de estructuras sociales a lo largo de La Guajira. La restricción de la libertad de movimiento que conlleva su presencia, afecta también las prácticas culturales básicas. Esta situación surte un impacto especialmente fuerte sobre los más jóvenes y sobre la continuidad y transmisión cultural.
Por último, el desorden institucional en La Guajira hace más difícil el reconocimiento y atención de las víctimas del conflicto armado.
2. Relación detallada de los crímenes sobre los cuales se ha informado a la Corte.
La Corte ha sido alertada sobre una serie de crímenes de los que ha sido víctima la población Wayúu. En los documentos que sirven de fuente a este aparte se mencionan, entre otros, los siguientes crímenes perpetrados contra la población Wayúu en el marco del conflicto armado:
1. El informe de OACNUDH de 2002 reporta que el 1º de octubre de 2001, en Maicao, varios soldados dispararon contra una residencia Wayúu, causando la muerte de 2 hombres y heridas a una mujer con un bebé de seis meses.
2. 1º de febrero de 2004: en los documentos se denuncia la ejecución extrajudicial de Nicolás Ballesteros Epinayú y Segundo Epinayú, luego de que por la mañana hubieran puesto una denuncia ante la Policía contra los paramilitares. La comunidad fue testigo de que los estaban esperando.
3. El 18 de abril de 2004, paramilitares entran a Bahía Portete y asesinan y maltratan a personas Wayúu de todas las edades. Esto genera un desplazamiento masivo hacia otras partes de la Guajira y de Venezuela. Bahía Portete queda prácticamente deshabitada. El pueblo Wayúu denunció que en el transcurso de esta masacre se asesinó a por lo menos doce personas (incluidas mujeres y niños), treinta más desaparecieron (incluyendo a veinte menores de edad), y aproximadamente trescientas personas se desplazaron forzosamente. Muchos huyeron hacia Maracaibo, o a otras partes de La Guajira. Se ha denunciado la sevicia con la cual este grupo paramilitar asesinó niños, torturó adultos antes de matarlos, cometió violencia sexual y mutilaciones, decapitó ancianos, incendió y desmembró menores de edad y mujeres vivas hasta la muerte, o desmembró los cadáveres, entre otros crímenes atroces.
En una comunicación de las autoridades Wayúu a la ONIC, se enuncian los siguientes muertos: Nicolás Barros Ballesteros; Arturo Epiayú; Alberto Everts Fince; Rolan Everts Fince; Rosa Fince Uriana (asesinada con una granada); Diana Fince Uriana (desaparecida); Reina Fince Pushaina (desaparecida, 13 años); Rubén Epinayú (16 años); una joven mujer del clan Epinayú (desaparecida); Margarita Epinayú (75 años); Rosalinda Fince (45 años); Reyes Fince (17 años); Segundo Ashapua (28 años); Jorge Ashapua (30 años); Moyo Uriana (10 años – desaparecido); Luquita Epinayú (8 años – desaparecida); Jacqueline y Diosa (niños, quemados entre un camión). Afirman adicionalmente las autoridades Wayúu que hubo muchas más víctimas, y que no denuncian en su integridad las atrocidades cometidas por miedo. Los desplazados que huyeron de la región tras este violento episodio, hacia Maracaibo y otras partes, viven en condiciones de extrema pobreza.
Aparentemente la masacre se relaciona con la lucha por el control territorial para comercios ilícitos, por los paramilitares, que buscan expulsar a los Wayúu de sus territorios. La primera versión oficial, sin embargo, era que la masacre se había cometido en el transcurso de un combate entre las AUC y la guerrilla; otras versiones oficiales posteriores presentaron estas muertes como resultado de enfrentamientos entre las AUC y Wayúu o entre clanes Wayúu; y se reporta la población desplazada como resultado de medidas adoptadas contra el contrabando.
Las autoridades Wayúu denuncian que ocho días antes de la masacre de Bahía Portete, una unidad del Ejército adscrita al Batallón Cartagena que había sido trasladada a mediados de marzo de 2004 a la zona, fue retirada. Habían establecido su base en la escuela de la comunidad y utilizado a algunos indígenas como informantes. Miembros de la comunidad denunciaron la connivencia del Capitán de esta unidad con el comandante del grupo paramilitar que efectuó la masacre. Se reporta que tres días antes de la masacre, la Defensoría y la Procuraduría recibieron una denuncia y solicitud de protección para los habitantes de Bahía Portete por las autoridades Wayúu, pero no hicieron nada.
4. El 13 de julio de 2005, se asesinó a Dilia Epinayú, quien había sobrevivido a la masacre de Bahía Portete y estaba desplazada, y había denunciado y atestiguado sobre los hechos. Estaba incluida en el programa de protección de la Fiscalía.
5. En abril de 2006, los paramilitares entran a una vivienda en Poropo, torturan y asesinan a un miembro del clan Uriana por negarse a suministrar información sobre la ubicación del resto de la familia; con ello se genera el desplazamiento de 50 personas de esta familia.
6. Según reporta la Misión Internacional de Verificación, se registró en 2006 el asesinato de 16 mujeres líderes que ejercían resistencia contra los distintos megaproyectos que se busca construir en La Guajira. Debe reportarse a este respecto que existe la percepción, entre las autoridades Wayúu, de que existe un vínculo entre los megaproyectos mineros en el área impulsados por el Gobierno, y la violencia paramilitar, especialmente en Bahía Portete. El propósito, para ellos, es el de apoderarse de los territorios mediante el terror y el exterminio.
3. Afectación del pueblo Wayúu por el desplazamiento forzado.
El desplazamiento forzado y la búsqueda de refugio tiene características distintivas entre los Wayúu: las condiciones geoestratégicas de la Alta y Media Guajira; la polirresidencialidad y alta movilidad geográfica; la organización social en grupos familiares autónomos, descentralizados y dispersos, generan dificultad en diferenciar fácilmente las migraciones culturales de las migraciones forzadas por el conflicto armado. Estas especificidades hacen imperceptible el desplazamiento Wayúu, lo que contribuye a su invisibilización y negación por parte de las autoridades –en relación con 3 cabildos, el gobierno a diferentes niveles pretendió negar su condición de desplazados.
La imperceptibilidad no implica la inexistencia del desplazamiento y del refugio. En el no reconocimiento radica la gravedad del problema, porque sin reconocimiento no hay respuesta del Estado.
Ha habido algunos desplazamientos masivos Wayúu, pero en su mayoría son gota a gota, y a lo largo de los años generan asentamientos de personas desplazadas emparentadas entre sí. La inmensa mayoría no han sido reportados; no hay registro. No se declara por desconfianza, temor, ignorancia o pragmatismo, con el resultado de que no hay estadísticas ni mediciones del problema.
Como se indicó, el 18 de abril de 2004, presuntos paramilitares entran a Bahía Portete y asesinan y maltratan a Wayúu de todas las edades. Esto genera un desplazamiento masivo hacia otras partes de La Guajira y de Venezuela. Bahía Portete queda prácticamente deshabitada; hoy en día se informa que sólo viven allí 4 familias; los planes de retorno sugeridos por la Gobernación no se han concretado.
En la comunidad de Wepiapaa en Mingueo (Dibulla), hay 36 familias Wayúu desplazadas, que llegaron en tres oleadas sucesivas, entre octubre y noviembre de 2006, de un asentamiento hoy desaparecido que quedaba en el Alto San Jorge (Sierra Nevada). Pasaron seis meses antes de que el Gobierno reconociera y atendiera el desplazamiento. Los indígenas desplazados en Wepiapaa tienen problemas críticos de alimentación. En 2006 murieron dos niños por desnutrición y otros nueve fueron hospitalizados en Valledupar, Riohacha y Dibulla, en estado crítico. Dusakawi afirma que es por falta crónica de alimentación.
El primer desplazamiento fue hace más de 20 años, desde la Alta Guajira, por disputas entre familias; un total de 36 familias llegaron desplazadas al Alto San Jorge, en límites entre La Guajira y Magdalena en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde un familiar que tenían allí. De septiembre a noviembre de 2005 se presentaron 2 desplazamientos masivos de indígenas Wayúu provenientes del Alto San Jorge. El primero fue el 25 de septiembre, de 14 familias, por el atentado contra Efraín Cuadrado, el esposo de la profesora de la comunidad. El segundo fue el 12 de noviembre, cuando 40 familias se desplazaron por la desaparición de Eleuterio Jayariyú, quien antes había denunciado maltratos por parte de los paramilitares.
Se instalaron en Wepiapaa no en albergues sino en una finca de un familiar, por lo cual las instituciones no les dieron atención adecuada. Después de confrontaciones con la comunidad, Acción Social solo reconoció al 60% de los desplazados que llegaron al corregimiento de Mingueo en Dibulla. La polémica retrasó la atención a la comunidad; intervino la ONG internacional Acción contra el Hambre, que estableció una olla comunitaria que les dio una comida diaria. Al terminar el proyecto alimenticio, en marzo de 2006, llegó una crisis alimentaria fuerte, causando problemas de desnutrición que se suman a los problemas de higiene por la falta de agua y la calidad de los asentamientos (cambuches). Según informan, a veces el gobierno departamental manda agua, pero no con frecuencia. En sus palabras, sienten que están mendigándole al Estado. Una niña murió porque su madre, igualmente desnutrida, no tenía leche materna, dice Dusakawi. El niño muerto fue Mario Iguana Ipuana. La segunda semana de mayo de 2006, la Misión de Verificación constató que permanecían 32 familias / 280 personas, 90 niños y niñas, que no habían sido incluidos en el SUR; las autoridades locales y departamentales afirmaron que estas personas no eran población desplazada y querían aprovecharse de las ayudas del Estado.
En distintos barrios marginales de Santa Marta –Timayuy, Cristo Rey, La Parrilla y La Paz- hay 45 familias Wayúu provenientes de distintos lugares de la Media y Alta Guajira, en cuatro oleadas distintas; pasaron 4 meses hasta que el Gobierno reconoció.
En la comunidad Nóüna de Campamento, en zona rural de Maicao, se ha reducido el número de familias porque varias de ella en forma sucesiva se desplazaron hacia Venezuela o diferentes ciudades del interior, por la violencia; no se registraron como desplazados.
En estos tres últimos casos los desplazamientos los causaron los paramilitares, incluso después de la desmovilización. En la comunidad desplazada hacia Wepiapaa, el desplazamiento se dio por la desaparición de un miembro de la comunidad, y por un atentado contra el esposo de la maestra de la comunidad. En el caso de la población desplazada en Santa Marta, se causaron los desplazamientos por amenazas de los paramilitares a distintas familias a quienes les ordenaron desalojar el territorio, y en algunos casos por homicidios. En la comunidad de Nóüna de Campamento, el desplazamiento se causó por el asesinato sistemático de varios miembros de familias de esta comunidad.
Posteriormente, en abril de 2006, como se indicó, los paramilitares entraron a una vivienda en Poropo, torturaron y asesinaron a un miembro del clan Uriana por negarse a suministrar información sobre la ubicación del resto de la familia y agredieron a varias mujeres, incluida una anciana de 80 años; este acto criminal genera el desplazamiento de 50 personas de esta familia. Acción Social entregó ayuda inicial a algunos, supeditada a un retorno rápido. Pero más de 150 permanecen en Uribia y otras se fueron a Venezuela (56 personas).
La poliresidencia de los Wayúu y la organización social basada en clanes autónomos y dispersos, hacen difícil distinguir entre los desplazamientos forzados y desplazamientos normales. Por eso las expresiones y formas del desplazamiento terminan por ser imperceptibles, generando invisibilización y negación por las autoridades. Por ejemplo, se han negado los desplazamientos de Wepiapaa en Dibulla, o los desplazamientos desde la Media y Alta Guajira hacia Santa Marta, o a Venezuela.
La inmensa mayoría de los desplazamientos han sido "gota a gota", pero van consolidando con el tiempo asentamientos de población desplazada; la inmensa mayoría no han sido reportados ni han sido objeto de ningún registro, por desconfianza, temor, ignorancia o pragmatismo.
Las organizaciones Wayúu reportan los siguientes problemas en la reacción el Estado al desplazamiento Wayúu:
a) Negación frecuente del estado de desplazamiento, se les señala de querer aprovecharse de los beneficios para la población desplazada.
b) Poca voluntad de ayuda y animadversión de las autoridades y funcionarios hacia la comunidad, lo cual genera un ambiente tenso.
c) Procedimientos inapropiados de recepción de declaraciones por parte de personas que no entiende wayuunaiki – especialmente en el caso de Wepiapaa.
d) Problemas de la ayuda humanitaria de emergencia: es insuficiente, les dan alimentos que no corresponden a su dieta, entregas por familia sin atender al número de personas de cada una, entregas a destiempo e incompletas, demasiados productos innecesarios.
La negativa a reconocer el desplazamiento también se deriva de la negativa a reconocer la presencia de paramilitares en La Guajira luego de su anuncio público de desmovilización. Sin embargo, los testimonios de diversas comunidades coinciden en que los paramilitares siguen operando.
Siguiendo este patrón, se informa que en los casos de los desplazamientos forzados de Wepiapaa y Santa Marta, la reacción de las autoridades fue semejante: primero se expresó sorpresa y desconocimiento de la existencia de Wayúu en la Sierra Nevada de Santa Marta; luego se hizo una acusación de oportunismo y descrédito; finalmente se realizó el registro a regañadientes por presión de las organizaciones indígenas y del Ministerio Público, lo cual generó hostilidad en las relaciones con las autoridades.
Se ha denunciado que en muchos casos en Wepiapaa, se recibieron declaraciones a Wayúu que prácticamente no hablaban español, sin la ayuda de intérpretes, por lo cual se produjeron declaraciones que no reflejan la realidad.
También se reporta que la ayuda humanitaria de emergencia fue entregada en cantidades insuficientes, y en alimentos distintos a los de la dieta Wayúu; se entregaron por familias sin atender al número de miembros, en entregas incompletas y a destiempo, o entregando en demasía productos innecesarios.
En términos generales, las comunidades Wayúu desplazadas han protestado por la indignidad de la respuesta del Gobierno; se sienten, en sus palabras, mendigándole una ayuda inadecuada. Por ello han solicitado expresamente que el Gobierno reconozca las especificidades y la naturaleza sui generis del desplazamiento interno y el éxodo a Venezuela de los Wayúu. La invisibilización de este problema es en sí misma una amenaza a la integridad del pueblo Wayúu. Es necesario, igualmente, capacitar a los funcionarios públicos municipales y departamentales, que desconocen al igual que el pueblo Wayúu los derechos de los indígenas y los derechos de la población desplazada.
A pesar de la inclusión de varios municipios de La Guajira en los Informes del SAT de la Defensoría y de los desplazamientos del 2006 las autoridades no han respondido enérgicamente a esta situación, ni han formulado un plan de contingencia o mecanismos de prevención.
4. Medidas interamericanas de protección del pueblo Wayúu.
El 23 de septiembre de 2004, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de cuatro mujeres líderes Wayúu, que posteriormente fueron ampliadas a otros 5 líderes más en noviembre de 2004.
En términos de la Comisión, "la información disponible indica que durante los últimos tres años la comunidad indígena Wayúu ha padecido actos de violencia por parte de grupos paramilitares comandados por 'Jorge 40', con la colaboración o aquiescencia de miembros del Estado. Los peticionarios alegan que algunas de las llamadas 'liderezas' (voceras de las familias Wayúu ante los organismos nacionales e internacionales) han sido objeto de amenazas contra su vida e integridad personal como resultado de su actividad de denuncia. Entre ellas se destacan [nombres de 4 mujeres], liderezas y familiares de indígenas asesinados y desaparecidos en una masacre perpetrada el 18 de abril de 2004, quienes han sido blanco de amenazas y actos de hostigamiento. En vista de la situación de las beneficiarias, la Comisión solicitó al gobierno colombiano la adopción de las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad física de [nombres]; e informar sobre las acciones adoptadas a fin de poner término a la situación que justifica la adopción de medidas cautelares, incluyendo los procesos judiciales que resulten pertinentes. El 16 de noviembre de 2004 la CIDH amplió la vigencia de las medidas cautelares a fin de cobijar a [otros 5 líderes] (…)".
5. Respuesta estatal a la situación del pueblo Wayúu
Las autoridades han informado a la Corte sobre sus actuaciones ante la grave situación del pueblo Wayúu, en dos ámbitos: la implementación de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana, y la atención de la población desplazada.
5.1. Implementación de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En el informe de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia a la Corte Constitucional, en respuesta al Auto 248 de 2007, se reportan las siguientes actuaciones:
- Adopción de medidas de protección individual para cada uno de los beneficiarios – esquemas duros y medidas de protección.
- Realización de reuniones periódicas de concertación y seguimiento en las que se revisan situaciones de seguridad y protección concretas.
- Adopción de medidas de seguridad por parte de la Fuerza Pública y la Policía Nacional.
- Seguimiento a las investigaciones penales y disciplinarias.
5.2. Atención a la población Wayúu desplazada.
Por otra parte, en la respuesta de Acción Social al Auto 251 de 2007 de la Corte Constitucional, se incluye una tabla de resumen que presenta la siguiente información:
- En relación con el documento titulado "Reporte Actual sobre la situación de violencia en las comunidades Wayúu, La Guajira – Colombia" – Reporte preparativo para la "Misión Internacional de Verificación de la Verdad en pueblos indígenas", julio de 2006, se informa:
"Queja y/o solicitud: Retorno a Bahía Portete.
Respuesta: Se atendieron las 100 familias que retornaron a Bahía Portete que se quedaron en el país en Maicao y Uribia, de la siguiente manera, la atención de urgencia la prestó la Alcaldía Municipal de Uribia y fue complementada por Acción Social, mientras que la atención humanitaria la efectuó la Cruz Roja Internacional de acuerdo a la carta de entendimiento que existe con ellos."
"Queja y/o solicitud: AHE – Entrega de ayudas alimentarias conforme a su dieta especial.
Respuesta: En el desplazamiento masivo de Bahía Portete, atendido por la CICR, se sustituyó la harina por maíz en grano a 115 familias atendidas en Bogotá. Aparte de la Atención Humanitaria, se han brindado otra serie de elementos a través del programa de donaciones de Acción Social, tales como alimentación, vestuario, kits de aseo, kits de hábitat, medios de transporte y elementos para apoyar la generación de ingresos."
"Queja y/o solicitud: Registro sobre los desplazamientos Wayúu e invisibilización.
Respuesta: Los desplazamientos deben ser reportados por las personas afectadas ante cualquier entidad del Ministerio Público, para proceder a valorar los hechos narrados y determinar su acceso o no al Registro Único de Población Desplazada. En caso que la persona resulte incluida, puede acceder a los beneficios contemplados en la Ley 387 de 1997 y el Decreto 2569 de 2000. Sin embargo, según el artículo 11 del decreto 2569 de 2000, es posible que la persona resulte No Incluida, cuando se presenten los siguientes casos: a) Cuando la declaración resulte contraria a la verdad. B) Cuando existan razones objetivas y fundadas para concluir que de la misma no se deduce la existencia de las circunstancias de hecho previstas en el artículo 1º de la Ley 387 de 1997. c) Cuando el interesado efectúe la declaración y solicite la inscripción en el Registro después de un (1) año de acaecidas las circunstancias descritas en el artículo 1º de la Ley 387 de 1997.
Por esta razón, cabe resaltar que el que las personas no se encuentren incluidas en el Registro Único de Población Desplazada no quiere decir que se les esté negando su condición de desplazados, pues lo que esto implica es que las personas no rindieron declaración de acuerdo con lo estipulado en el artículo 32 de la Ley 387 de 1997, sin perder por ello su condición de desplazados y en el caso en que la declaración se encuentre dentro de los parámetros de No Inclusión (artículo 11 L. 387/97), esto se le expone a la persona mediante acto administrativo motivado, contra el cual proceden los recursos de Ley."
- En relación con el documento titulado "Acerca de la problemática del desplazamiento interno: Consideraciones de Organizaciones del Pueblo Wayúu", presentado ante el relator especial de Naciones Unidas para los Refugiados y Desplazados Internos", se informa:
"Queja y/o solicitud: Entrega de ayudas alimentarias conforme a su dieta especial.
Respuesta: En el desplazamiento masivo de Bahía Portete, atendido por la CICR, se sustituyó la harina por maíz en grano a 115 familias atendidas en Bogotá."
- En cuanto al documento titulado "A los desplazados Wayúu los está matando el hambre", aparecido en Vanguardia Liberal – Valledupar el 14 de agosto de 2006, se informa:
"Queja y/o solicitud: Entrega de ayudas alimentarias.
Respuesta: El programa RESA en el año 2007 ejecutó un proyecto por 750 millones de pesos, 500 millones aportados por Acción Social, a través de la Acción Cerrejón. Se beneficiaron 3750 familias – 1875 indígenas."
- En cuanto al documento titulado "Amenazas de grupos paramilitares contra comunidades del pueblo Wayúu de la Media y Alta Guajira", por la Defensoría del Pueblo – Dirección del sistema de Alertas Tempranas, abril de 2006", se informa:
"Queja y/o solicitud – Retorno Bahía Portete.
- En cuanto al documento titulado "Guajira: Alertas tempranas, desplazamientos anunciados", se informa:
"Queja y/o solicitud: Maltrato de las personas por parte de los funcionarios de Acción Social Guajira.
Respuesta: En este sentido, realizaremos las acciones correspondientes para encontrar y corregir las irregularidades en la Atención a la población en la Unidad Territorial Guajira."
"Queja y/o solicitud: Registro - Cifras de Acción Social frente a las de otras instituciones.
Respuesta: El Sistema de Registro es una herramienta para facilitar la atención y un medio para que la población desplazada pueda ejercer sus derechos de una forma ordenada e integral, por lo anterior, y a pesar de que el registro produce cifras que miden el comportamiento de parte del fenómeno, no es el registro la herramienta legal para medir el desplazamiento."
"Queja y/o solicitud: Registro – Masivo Mingueo Municipio de dibulla, inclusión de familias en este desplazamiento.
Respuesta: En el registro se incluyeron 36 familias de la comunidad indígena Wayúu de Weepiapaa del masivo de Mingueo, que por su cultura, usos y costumbres y sus propias individualidades se realizó de manera familiar. Acción Social realizó una verificación in situ y se confirmó que de las 54 personas que le manifestaron a otras entidades haber llegado del Alto San Jorge, se pudo establecer que 14 familias vivían y trabajaban en entidades privadas en Mingueo y Maicao, y que nunca vivieron en el alto San Jorge, lo que fue aceptado por la comunidad."
"Queja y/ o solicitud: Registro – 'Acción Social obliga a las personas a retornar, para que puedan recibir ayudas'.
Respuesta: De acuerdo al Protocolo de Retornos de Acción Social, el retorno solo se da cuando existe voluntariedad, seguridad y dignidad. De esta forma si falla alguna de estas tres condiciones, no se realiza el retorno y Acción Social no hace el acompañamiento de las familias para el retorno. En este orden de ideas, no es cierta la afirmación que descansa en este documento, puesto que los funcionarios de Acción Social no constriñen a las persona ha realizar determinada actuación, siendo voluntario el acceso a todos los programas y beneficios de la Ley 387/97 y tampoco condicionamos la entrega de nuestras ayudas al acceso a otros programas."
"Queja y/o solicitud: AHE – Entrega de la Ayuda Humanitaria de Emergencia.
Respuesta: Tras el desplazamiento masivo la ayuda humanitaria de Emergencia es entregada directamente a la población a través de la Cruz Roja Internacional – Ver anexo CICR".
En cuanto al documento de ONIC titulado "Las verdades ocultas: qué hay detrás de la masacre contra el pueblo Wayúu", se informa:
"Queja y/o solicitud – Registro: Invisibilización del desplazamiento, reflejado en las cifras.
"Queja y/o solicitud: AHE – Situación de la Atención Humanitaria de Emergencia.
Respuesta: En cuanto a la Ayuda Humanitaria de Emergencia, resaltamos que en el desplazamiento masivo de Bahía Portete, atendido por la CICR, se sustituyó la harina por maíz en grano a 115 familias atendidas en Bogotá."
"Queja y/o solicitud: Retornos – Atención familias Wayúu en Venezuela.
Respuesta: Las familias Wayúu que se desplazaron hacia Venezuela, no han seguido los parámetros para la entrega de la Atención Humanitaria, dado que se les solicitó la caracterización de la población, el número de personas que se encuentran en el vecino país y cuantas personas componen los núcleos familiares, tal y como se refleja en la última reunión con la comisión binacional Colombia-Venezuela realizado en Maracaibo."
Bogotá, D.C., 26 de enero de 2009
Tomado de: www.notiwayuu.blogspot.com/
"Porque los Únicos Gigantes Somos los Wayuu" (DEMO)
21:42 Karmen Ramírez Boscán 1 comment
Del pasado 20 al 25 de noviembre de 2008, hombres y mayoritariamente mujeres Wayuu, recorrieron Wounmaikat, para apoyar la Minga por la Resistencia Indigena y Social, que se inició el 12 de octubre de 2008.
La Caravana por Wounmainkat, bucaba lanzar la Campaña por la Eliminación de todas las Formas de Violencia contra Wounmainkat - Nuestra Tierra. Aquí, algunos apartes del documental que se lanzará el próximo 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.
DENUNCIAN MASACRE COMETIDA POR LAS FARC CONTRA MIEMBROS DEL RESGUARDO DE TORTUGAÑA TELEMBI EN BARBACOA NARIÑO
9:04 Karmen Ramírez Boscán No comments
UNIDAD INDÍGENA DEL PUEBLO AWÁ – UNIPA, Y ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA
DE COLOMBIA –ONIC-
DENUNCIAN MASACRE COMETIDA POR LAS FARC CONTRA
MIEMBROS DEL RESGUARDO DE TORTUGAÑA TELEMBI EN BARBACOA NARIÑO
La Unidad Indígenadel pueblo Awá UNIPA y la ONIC hacen claridad que la
grave situación de violación a los Derechos humanos, al DIH y los
derechos colectivos del pueblo AWA de Nariño no es nueva; muestra de ello
son los siguientes hechos:
La dinámica social, cultural y organizativa del pueblo AWA se alteró con
la llegada de los grupos armados insurgentes a finales de la década de
los 90, quienes en el afán de imponer su proyecto político armado han
cometido distintas violaciones a nuestra autonomía política, territorial y
contra los derechos humanos. Esta situación se torno mucho mas grave con
la aparición de los grupos paramilitares y su accionar a favor de
militarización creciente de nuestros
territorio en el desarrollo de la política de seguridad democrática,
también ha complejizado la situación de las comunidades en cuanto que
los grupos armados ilegales responsabilizan a estas, de ser las
facilitadoras de la entrada de los militares en los territorios y por
que miembros del ejercito cometen violaciones a los Derechos humanos
e infracciones al DIH , violación al convenio 169 de la OIT y las
directrices del ministerio de defensa.
En los últimos 10 años como consecuencia del conflicto armado se han
registrado 5 desplazamientos masivos, desplazamientos individuales
continuos hacia dentro y fuera del territorio, migración transfronteriza
,4 masacres, aproximadamente 200 asesinatos, 50 afectados por minas
antipersonales, secuestros,
detenciones arbitraras, señalamientos ,
amenazas, reclutamiento forzado bloqueo de alimentos y medicamentos,
utilización de bienes civiles, presión a los civiles para que sirvan de
Todo lo anterior ha sido objeto de permanente denuncia a nivel nacional
e internacional hasta tal punto que en el año 2008 la Defensoría del
Pueblo emitió l resolución defensoría numero 53 demostrando la gravedad
de la situación del pueblo Awa y planteando una serie de recomendaciones
al Estado para garantizar la protección de este pueblo sin que hasta el
momento se hayan tomados medidas efectivas.
A partir del año 2008 se reactivo de la presencia grupos paramilitares
en la región, se radicalizo el accionar de la insurgencia, y se
incremento la militarización del Estado, trayendo como consecuencia
incremento de violación de los derechos humanos, profundización de la
crisis humanitaria en todo el territorio AWA..
En relación a los hechos que son objeto de esta denuncia se destaca:
a partir de 1 de febrero se ha registrado presencia del ejercito (grupo
cabal, Batallón Contraguerrilla Mártires de Puerres dee la Brigada 29 ,
adscrita al tercera división ) en las Vereda Volteaderoy Bravo del Resguardo de Tortugaña Telembí (Barbacoas), entrando
de manera abusiva a las viviendas y obligando mediante diferentes
maltratos a miembros de la comunidad a dar información sobre la ubicación
de los guerrilleros de las FARC_EP, exponiendo a la comunidad a una
situación de impotencia y miedo.
El 4 de febrero hombres armados con distintivos de las Farc
retuvieron a l 20 personas (hombres, mujeres y niños), las cuales
llevadas amarradas a una quebrada denominada el Hojal de la comunidad el
Bravo y se les observó asesinando a algunas persona con arma blanca. Según
informaciones de la comunidad estos mismos hombre regresaron al otro día
por los niños que quedaron en las casas y de los cuales no sabemos que
suerte han corrido. Miembros de las comunidades informan que esta
actuación de las FARC se da en retaliación por considerar que los
soldados ocuparon las casas de los indígenas, e porque estos brindaron
Según información de las comunidades del resguardo, el 5 de febrero a
las 4 de la tarde se registraron enfrentamiento entre la guerrilla y el
ejercito, en los que este último hizo bombardeo entre Bravo y el cerro de
Sabaleta generando zozobra en las comunidades.
El día 6 de febrero a las 5 de la tarde se
presentaron combates entre el
ejército y las Farc, los cuales se reanudaron el 7 del mismo mes. Como
resultado de todos estos hechos se han desplazados varias familias al
interior del territorio y hacia Samaniego, Buenavista (Barbacoa), a
Planadas Telembí, a pesar de la presencia de minas antipersonales
sembradas por la guerrilla en las diferentes vías de acceso. De igual
forma se encuentran al rededor de 1300 personas en situación de
confinamiento, padeciendo situación de hambres y enfermedades con graves
impactos sobre la población infantil.
A todos los grupos armados exigimos respeto ala vida y derechos de los
pueblos indígenas de Colombia y nos dejen vivir tranquilos como antes,
que no nos involucren en una guerra que no es nuestra ni apoyamos
AL secretariado, la comandancia del frente 29 y de la columna Mariscal
Sucre que
se pronuncien ante la comunidad nacional e internacional sobre
su responsabilidad en estos crímenes, que respeten la autonomía
territorial y política del pueblo AWA , que cese el minado de los
territorios Y no involucren a las comunidades indígenas en una guerra que
A las FARC si tiene personas retenidas que las libere inmediatamente sin
ninguna condición
Al ministerio del Interior y De Justicia, que tome las medidas necesarias
para Esclarecer los hechos en el menor tiempo posible.
AL Gobierno Nacional y a todas las instituciones a reconocer el nivel
de vulnerabilidad del pueblo Awá manifestado en la resolución defensorial
No 53 del 5 de junio del 2008y cumplir a cabalidad cada una de las
recomendaciones que en ella se hacen implementar las recomendaciones que
en ella se hacen
A Acción Social
y al Ministerio del Interior que implemente el plan de
salvaguarda étnica para el Pueblo indígena Awá , respetando el derecho
de consulta previa de acuerdo del auto 004 de 2009 de la Corte
Al Ejército Nacional que en el desarrollo de sus operaciones observe
el estricto cumplimiento de las normas Derechos Humanos y de DIH así como
las directrices emanadas por el Ministerio de Defensa en lo referente
a su intervención en los territorios indígenas.
A todos las instituciones, especialmente a Acción Social, la gobernación
de Nariño y a los organismos humanitarios que diseñen, un plan de
atención efectiva la situación humanitaria
Convocamos al Sistema de Naciones Unidas, organismos de Derechos Humanos,
a las organizaciones Sociales, Instituciones del Estado, ONGs
organismos de control y a las organizaciones Indígenas a
acompañarnos en el desarrollo de una minga humanitaria para la
verificación de lo ocurrido y salvar las vidas de nuestros hermanos
indígenas que se encuentren en riesgo.
A la Procuraduría General de la Nación que haga seguimiento a las
responsabilidades correspondientes a cada una de la instituciones.
UNIDAD INDIGENA DEL PUEBLO AWA _UNIPA- Y ORGANIZACION ANCIONAL INDIGENA
Pasto, 10 de febrero de 2009
La urdimbre neoparamilitar se asoma a la costa Atlántica
6:55 Karmen Ramírez Boscán No comments
SIEC - Actualidad Étnica. Bogotá, Colombia. Los informes se multiplican y las pruebas se superponen unas a otras. Desde diferentes puntos del país llegan noticias a diario con denuncias, acusaciones, llamadas de socorro. Algunos sufren sus embestidas físicamente mediante palizas y asesinatos selectivos, otros llevan a cuestas la pesadumbre de ser víctimas de la extorsión y el chantaje, y un grupo no menos extenso ha tenido que abandonar sus tierras ancestrales ante la constancia de amenazas e intimidaciones.
Estas son algunas de las conclusiones que se extraen del último informe de Riesgo del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) dependiente de la Defensoría del Pueblo sobre la reactivación de grupos armados ilegales post-desmovilización en el municipio fronterizo de Maicao, en la Alta Guajira.
El panorama no es halagüeño. Siguiendo el documento, tres facciones armadas ilegales estarían operando conjuntamente en la zona combinando acciones de violencia política, económica y cultural con una cotidianeidad aberrante. El Frente Contrainsurgencia Wayúu, que nunca participó de las negociaciones de desmovilización pese a estar vinculado a las actividades del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), un grupo de nuevo cuño cuyo tejido organizativo parece apuntar a la sombra de alias Don Mario, y las autodenominadas Águilas Negras, bandas delincuenciales conformadas en gran parte por reintegrados de las AUC descontentos con su actual situación.
Con este horizonte criminal, el abanico de víctimas es cada vez más considerable. Sobre todo entre aquellos que tratan de erigirse como delegados o representantes de sus comunidades, cuyas actividades de sensibilización, denuncia y asociación colectiva chocan directamente con los intereses de los grupos emergentes.
Es el caso de los líderes y lideresas del movimiento Fuerza de Mujeres Wayúu (FMW, Sutsüin Jieyuu Wayúu), cuya misión gira en torno a la difusión y el sostenimiento de las tradiciones ancestrales de esta etnia y que viene denunciando desde hace varios años las violaciones a los derechos humanos proferidas en su mayoría por personas relacionadas con el paramilitarismo y neoparamilitarismo. Amenazadas e intimidadas, muchas familias Wayúu han tenido que abandonar sus territorios, y las que todavía resisten han visto perecer a multitud de compañeros y amigos.
Pero el informe del SAT va más allá. Comerciantes, transportadores, dirigentes de la cooperativa Ayatawacoop (que gestiona la compra y distribución de gasolina procedente de Venezuela), los vecinos de las veredas Vocacional, La Lucha y Los Manantiales, del corregimiento de Carraipí, los miembros de las Juntas de Acción Comunal en Maicao e incluso el colectivo árabe, estereotipado de terrorista (sic) padecen una situación que se está tornando insostenible.
A partir de tácticas propagandísticas que deslegitiman y estigmatizan a buena parte de la población, estos grupos armados están penetrando sibilinamente en el tejido social de Maicao presentándose como una solución contrainsurgente, debilitando las estructuras socioculturales de las comunidades (indígenas y no indígenas) e imponiendo una “administración del terror” que viola sistemáticamente los Derechos Fundamentales y las normas del Derecho Internacional Humanitario.
Grandes referentes informativos sobre el conflicto armado colombiano, como Verdad Abierta o la Corporación Arco Iris, no han dejado de advertir sobre el proceso de resurgimiento de un neoparamilitarismo exacerbado en la costa Atlántica durante el último año y medio. El informe del SAT, focalizado en una zona muy concreta del país, es sólo la punta de un iceberg que se expande a pasos agigantados desde Nariño hasta la Guajira alimentando la tensión de una población afligida, hastiada de tanta muerte y fanatismo.
Tomado de: http://www.etniasdecolombia.org/actualidadetnica/detalle.asp?cid=7464
Desde hace siete meses indígenas wayuu reclaman pago por uso de territorio a la empresa Pdvs
12:43 Karmen Ramírez Boscán No comments
Siete meses, cumplió la toma de dos válvulas de gas, entre ella la de Carraipia, que hace parte del gasoducto transoceánico, por parte de 22 comunidades indígenas wayuu, que acusan a la empresa Pdvs, de no cumplir con el pago de compensaciones por el uso de su territorio.
María Concepción Pana Andriolis, líder de la comunidad, aseguró que la empresa Pdvs gas, solo ha cumplido una mínima compensación con la entrega de varios chivos que terminaron muriéndose.
“Nos hablaron de un proyecto de vivienda, y la entrega de 140 millones de pesos a cada comunidad, y eso no se ha cumplido”, aseguró la líder wayuu. Precisó, que como comunidad siguen exigiendo el derecho que les corresponde, y esperan llegar a un acuerdo serio para levantar la protesta.
En ese sentido, las comunidades indígenas wayuu afectadas, se reunieron con el gobernador de La Guajira, Jorge Pérez Bernier, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, y la representante legal de Pdvsa, Sara Moya, para analizar la situación en busca de un acuerdo mutuo que beneficie a las partes afectadas por el conflicto.
En el encuentro, quedo evidenciado de la existencia de algunas comunidades localizadas en el área de influencia directa, que fueron consultadas y concertadas y que se consideran mal compensadas, otras con las cuales Pdvsa ha iniciado el proceso de concertación.
También se encontró grupos y comunidades que no fueron identificadas como titulares del derecho a consulta previa, dentro de los procesos de verificación realizados, y que sin embargo reclaman inclusión. Además, de comunidades ubicadas por fuera del área de influencia, que reclaman inversión social, y comunidades que reclaman pago de servidumbre.
Sobre la situación, el gobernador de La Guajira, Jorge Pérez Bernier, mostró su preocupación por la toma de dos válvulas de gas, por parte de 22 comunidades wayuu, que se sienten mal compensadas, por parte de la empresa Pdvsa.
Dijo, que con apoyo del Ministerio del Interior, del Medio Ambiente, Defensoría del Pueblo, se comenzó a trabajar con las comunidades afectadas a través de mesas de trabajo, para analizar los distintos problemas y pretensiones en busca de un acuerdo definitivo.
Pérez Bernier, aseguró que una vez se logre el acuerdo, la empresa Pdvsa, reiniciará con su trabajo para cumplir con los compromisos que se adquieran con la comunidad.
El gasoducto transoceánico con la construcción del tramo Antonio Ricaurte comprende 225 kilómetros de tubería, 136 en suelo venezolano y 89 en territorio colombiano, cuya ruta parte desde el Campo de Ballenas en La Guajira colombiana hasta la costa oriental de Lago de Maracaibo en Venezuela.
El proyecto contó con una inversión de Bs. 798 mil 210 millones, capital que fue aportado totalmente por la empresa estatal Pdvs, transportando 150 millones de pies cúbicos de gas metano en su primera fase.
En la segunda fase del proyecto, el gasoducto tendrá una capacidad máxima de transportar hasta 500 millones de pies cúbicos de gas por día. El gasoducto fue concebido para exportar gas venezolano hacia países del sur y Centroamérica, cuando el segundo tramo llegue hasta Panamá.
La construcción del gasoducto transoceánico, generará nuevas regalías al departamento de La Guajira y, a los municipios del área de influencia como Maicao y Manaure.
Tomado de: http://el-informador.com/detgua.php?id=44781
En esta oportu nidad nos dirijimos a todos ustedes amigos, amigas, compañeros y compañeras de lucha, para presentarles y solicitarles su colaboración y participación en la Campaña por la Eliminación de todas las formas de Violencia en contra de la Mujer y la Tierra, que se realizará como la 2da Caravana por Wounmainkat – Caravana por Nuestra tierra*, desde la Casa de la Fuerza de Mujeres Wayuu hasta el estado Zulia, del 5 al 8 de Marzo de 2009, en el marco del Día Internacional de la Mujer.
El Objetivo principal de la caravana es hacer un documento en colectivo, donde quedarán plasmadas las problemáticas que afecten al pueblo Indígena Wayuu, con particular diferenciación en las mujeres Wayuu, en donde las demandas políticas abordan tres temas específicos: Los impactos de la presencia de actores armados, que ha dejado más de 250 Wayuu entre ultimados y desaparecidos así como un número indeterminado de desplazamiento forzoso tranfronterizo, y cómo este fenómeno se ve replicado en el vecino país de Venezuela; los megaproyectos en territorios indígenas y sus consecuencias, las cuales han quebrantado a las comunidades Wayuu, por último, impulsar el fortalecimi ento de alianzas organizacionales entre el pueblo Wayuu y otros pueblos indígenas y no indígenas con el ánimo de trascender fronteras binacionales e internacionales, en aras de consolidar la autonomía entre las naciones indígenas dentro de sus territorios.
Además de transmitir información adecuada a nuestras realidades, la Campaña lleva el mensaje: "Porque los únicos Gigantes Somos los Wayuu", entendiendo que: Los únicos gigantes dentro de nuestros te rritorios somos sus habitantes originarios y no los intereses ajenos internacionales, intervencionistas que invaden y desplazan.
Las Dinámica de las actividades estarán comprendidas de la siguiente manera: Derechos Humanos, Territorios, Megaproyectos, Situaciones particulares de las comunidades Wayuu presentes, Video foros con ejercicios de lectura y análisis.
El tema de los derechos humanos y territorio de los pueblos Indígenas y cóm o sus problemáticas afectan en particular a las mujeres indígenas, no es ajeno a los asuntos políticos, por ser la sociedad compuesta por individuos, la sociedad implica personas, las personas se rigen por dinámicas sociales, y lo social comprende lo político. Por lo tanto la Segunda Caravana por Wounmainkat, no es ajena a la política, más si desdeña categóricamente a la mala praxis del clientelismo mismo. Una característica muy importante de esta 2da Caravana, es que esta sostenida por la autogestión de las comunidades.
Casa de la Fuerza de Mujeres Wayuu – 4 Vías, Colombia a Paraguaipoa, Municipio Páez, Venezuela
Paraguaipoa, Municipio Páez, Venezuela a Aldea Nueva Lucha Municipio Mara
Aldea Municipio Mara a Wayuumanaa, El Socuy – Municipio Mara
Wayuumanaa, El Socuy – Municipio Mara a El Mamón Municipio Maracaibo.
Esta caravana no busca apoyar partido político alguno, y es necesario reafirm ar que el uso del color ROJO dentro de la Caravana, no hace alusión a color político dentro del contexto político electoral ni de Colombia ni de Venezuela, El color rojo representa para la Gran Nación Wayuu una gran carga semántica, así como para otros pueblos de Abya Yala.
Rojo es el color de nuestra sangre,
Rojo nuestro clamor,
Rojo el manto que nos encierra,
Rojo el fruto de la tierra que nos protege
Rojo es el color que alimenta nuestro espíritu
Rojo es el color de nuestra esperanza
Rojo es el color que exige dignidad para Wounmainkat
Agradecemos su apoyo y si inmediata confirmación para adelantar las gestiones correspondientes al permiso de visado. Su acompañamiento y aporte serán de vital importancia.
Fuerza de Mujeres Wayuu - Organización Indígena Colombiana
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References: sui generis
 artículo 11
 artículo 1
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 artículo 32
 resolución 
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