Source: https://www.scribd.com/document/30523435/Situacion-carcelaria-en-Argentina-CELS-2008
Timestamp: 2018-11-17 14:07:56+00:00

Document:
Debates Penitenciarios 18
Cod Ejec Sanci Penales y Med de Lib Anticipada Edo Chis
Proyecto Sol.inf Carceles
Sistema Penitenciario en Bolivia
mod.20.b
Capitulo 1 Usm
Centros Penitenciaro Noruega
Foucault señala que la crítica a la prisión comienza ya a principios del siglo XIX
Documentos de La Procuraduria
La situación carcelaria: una deuda de nuestra democracia*
1. Introducción La mayoría de las personas privadas de su libertad en nuestro país sufre condiciones de detención que implican una grave vulneración de sus derechos fundamentales. Los altos índices de sobrepoblación y violencia carcelaria caracterizan –en mayor o menor medida– la situación de los centros de detención de todo el país. Este contexto de crisis ha subsistido en el transcurso de los últimos años en base a los errores, fracasos y omisiones en materia político-criminal, penitenciaria y judicial. Los funcionarios de los distintos poderes del Estado, responsables del problema, conviven con esta situación sin reaccionar en forma adecuada. Esta virtual naturalización de la crisis carcelaria expresa una de las deudas sociales más importantes de nuestro sistema democrático. Cierto sector de la opinión pública señala que no se utiliza lo suficiente la pena de prisión y que con el restablecimiento de la democracia han proliferado leyes penales “blandas” que posibilitaron el incremento de la criminalidad. Sin embargo, la realidad revela que en las últimas décadas hubo un uso creciente de la prisión, tanto en su modalidad cautelar como en su carácter de pena en sentido estricto. Recién recuperada la democracia, en las cárceles federales de nuestro país había 2.369 personas privadas de su libertad. En 2007, la población carcelaria en esa misma jurisdicción era de 9.148 personas. Esto significa que durante ese período de tiempo se cuadruplicó la cantidad de personas privadas de su libertad en cárceles federales,1 aun cuando los dos últimos años muestran una leve tendencia descendente de esta evolución.
* Este capitulo fue elaborado por Rodrigo Borda, Gabriela Kletzel y Denise Sapoznik, del Área Litigio y Defensa Legal del CELS, con la colaboración de Luciana Pol, del Programa Violencia Institucional y Seguridad Ciudadana, Roxana Amendolaro, del Equipo de Salud Mental, y de Paula Litvachky y Anabella Museri, del Programa Justicia Democrática del CELS. 1 Según datos del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
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Evolución personas privadas de la libertad en el Servicio Penitenciario Federal. Años 1984 - 2007
9.721 9.495
10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000
Según información del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), en los últimos diez años la población carcelaria total en el país creció más del 80%: de 29.690 detenidos en 1997 a 54.000 en 2006. Los datos citados del SNEEP no contemplan la situación de las personas detenidas en dependencias policiales o de otras fuerzas de seguridad. En la actualidad, más del 10% de las personas encarceladas en nuestro país se encuentra en esa situación.2 La falta de un adecuado registro de este problema resulta más grave si se repara en que las personas detenidas en dependencias policiales son quienes padecen las peores condiciones de detención. El primer informe del SNEEP mencionó esta realidad recién en el año 2002: allí se contabilizaban al menos 11.344 personas privadas de su libertad en comisa-
2 Según menciona el informe del SNEEP del año 2006, si se incluye a los detenidos en comisarías (faltando datos de Jujuy, Misiones y Salta) y en dependencias de la Prefectura y la Gendarmería, la población carcelaria de todo el país se eleva a 60.621. Esto equivale a una tasa de encarcelamiento de 156 personas cada 100.000 habitantes. Fuente: Ministerio de Justicia y Derecho Humanos, Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Dirección Nacional de Política Criminal, “Informe Anual de la República Argentina, SNEEP 2006”. Disponible en <www.polcrim.jus.gov.ar>.
rías. Sin embargo, estas personas no fueron incluidas en ninguna de las estadísticas del informe.3 En 1997, sólo en la provincia de Buenos Aires había 2.765 personas alojadas en dependencias policiales. Desde mediados de la década del noventa, se produjo en la provincia de Buenos Aires un notable incremento de la población carcelaria. Tal como puede apreciarse en el cuadro siguiente, entre 1994 y 2005 la cantidad de personas detenidas casi se triplicó. Frente a este escenario, en 2004 el go-
Evolución de población penitenciaria. Total país
54.472 55.423 51.998 54.000
48.288 30.145 37.885 31.683 41.007
10.000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fuente: Informe Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena 2006, Dirección Nacional de Política Criminal, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
3 Se contabilizaban los detenidos en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Córdoba, Salta y Entre Ríos. Se informa allí que el relevamiento de presos en comisarías había sido respondido parcialmente: “En algunos casos la falta de respuesta se debió a que en estos distritos no existen personas detenidas en comisarías, mientras que en otros simplemente no se remitió la información requerida”. Ministerio de Justicia y Derecho Humanos, Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Dirección Nacional de Política Criminal, “Informe Anual de la República Argentina, SNEEP 2002”, p. 8. Disponible en <polcrim.jus.gov.ar>.
150 derechos humanos en argentina. informe 2008
bierno provincial decretó el “estado de emergencia” del Sistema Penitenciario Bonaerense (SPB).4 En los dos últimos años se ha registrado una sensible disminución de las personas detenidas en cárceles, lo que ha permitido descomprimir –en cierta medida– la extrema gravedad del problema. Sin embargo, aún existe un alto nivel de sobrepoblación y hacinamiento en las cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires.
Evolución personas privadas de la libertad en la pcia. de Buenos Aires Unidades penales y dependencias policiales. Años 1994-2007
3.823 24.306
Fuente: CELS, en base a datos del Servicio Penitenciario Bonaerense y el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
4 Los decretos 1132/2001 y 2024/2001 declaran la emergencia físico-funcional del SPB. Luego, mediante la ley 13.189 se dispuso el estado de emergencia del SPB a partir del 18 de mayo de 2004 por el término de seis meses, autorizando al Poder Ejecutivo a extender por seis meses adicionales la vigencia de la misma. La emergencia es prorrogada por medio del decreto 2480/2004. Con fecha 25 de octubre de 2005, se dicta el decreto 2491/2005 que declara la emergencia de las obras de construcción y/o refacción de las unidades y dependencias carcelarias a los fines de su adecuación habitacional y antisiniestral, conforme lo previsto por la ley 11.340. Mediante la ley 13.417 se declara nuevamente el estado de emergencia del SPB por el término de seis meses a partir del día 19 de enero de 2006 y se faculta al Poder Ejecutivo a extender por seis meses adicionales su vigencia. La emergencia continuó siendo prorrogada mediante el decreto 1679/2006, hasta el 19 de enero de 2007, y luego a través de la ley 13.677, prorrogada por decreto 1299/2007 (Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, “Estado, Justicia y Ciudadanía. Las claves del proceso de reforma de la Política Criminal en la Provincia de Buenos Aires. Integración Social para la seguridad pública”, Buenos Aires, 2007, p. 35).
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El vertiginoso aumento de la población carcelaria no es un fenómeno espontáneo, pues no se relaciona solamente con un aumento demográfico ni con un incremento de la criminalidad. En el período 1997-2006 la tasa de hechos delictuosos cada 100.000 habitantes, en la totalidad del país, aumentó el 37%.5 Por su parte, en la provincia de Buenos Aires la tasa de delitos cada 100.000 habitantes, desde 1990 hasta 2006, aumentó el 34%.6 Si bien estos últimos datos mostrarían, en los períodos referenciados, un crecimiento considerable de la criminalidad en nuestro país, esta evolución no guarda proporción con el incremento exponencial de la población carcelaria de la provincia de Buenos Aires.7 El ritmo de aumento de la tasa de encarcelamiento en la provincia fue mucho más acelerado: entre los años 1994 y 2006 aumentó el 100%.8
5 En 1997, la tasa de hechos delictuosos era de 2.288, mientras que en 2006 fue de 3.142. Cabe destacar que entre los años 2002 y 2005 se produce un leve descenso de la tasa de delitos en todo el país: en 2002 era de 3.573, en 2003 de 3.358, en 2004 de 3.254 y en 2005 de 3.127. Fuente: Ministerio de Justicia y Derecho Humanos, Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Dirección Nacional de Política Criminal, Sistema Nacional de Información criminal (SINC), “Informe Anual de Estadísticas policiales 2006”. Disponible en <www.polcrim.jus.gov.ar>. 6 En 1990 era de 1.205 y en 2006 era de 1.612. También en la provincia de Buenos Aires se ha registrado una disminución de la tasa de hechos delictivos en los últimos años, en 1999 la tasa fue de 2.223, en 2000 de 2.124, en 2001 de 2.121, en 2002 de 2.523, en 2003 de 2.278, en 2004 de 2.044 y en 2005 de 1.633, Fuente: Ministerio de Justicia y Derecho Humanos, Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Dirección Nacional de Política Criminal, Sistema Nacional de Información criminal (SINC), “Informe Anual de Estadísticas policiales 2006”. Disponible en <www.polcrim.jus.gov.ar>. 7 Con respecto a la falta de relación directa entre el número de detenidos y la cantidad de delitos cometidos, focalizando el análisis en algunos países de Europa, véase Nils Christie, “La industria del control del delito. ¿La nueva forma del holocausto?”, Buenos Aires, Editores del Puerto, 1993, pp. 41 y ss. Sobre el mismo tema, pero focalizando el análisis en la región véase Elías Carranza, “Sobrepoblación carcelaria en América Latina y el Caribe: Situación y respuestas posibles”, en Elías Carranza (coord.), Justicia penal y sobrepoblación carcelaria, Méxido, ILANUD, Naciones Unidas y Siglo XXI, 2001, pp. 32 y ss. 8 La tasa de encarcelamiento en 1994 era de 95 personas cada 100.000 habitantes. En el año 2000 era de 149, en 2001 de 163, en 2002 de 180, en 2003 de 195, en 2004 de 209, en 2005 de 210 y en 2006 de 190. La tasa en el año 2007 registró nuevamente un descenso, y es de 181 personas cada 100.000 habitantes. CELS, en base a datos del Servicio Penitenciario Bonaerense, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. El cálculo de la tasa de
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El colapso del sistema penitenciario es fruto de decisiones políticas que privilegiaron el recurso al sistema penal como herramienta para resolver conflictos sociales. En este sentido resultan particularmente relevantes las reformas de las leyes procesales tendientes a generalizar el uso de la prisión preventiva. El endurecimiento de la legislación penal y procesal penal ha sido la respuesta recurrente de las autoridades del Estado frente a la demanda de mayor seguridad ciudadana.9 Y lo sigue siendo. Durante 2007 dos provincias pretendieron avanzar con este tipo de reformas normativas, aunque con suerte diversa. Ambos proyectos fueron impulsados desde los gobiernos provinciales en el marco de un conjunto de acciones destinadas a “terminar con la delincuencia”.10 En el caso de la provincia de Mendoza, el proyecto llegó a contar con media sanción de la Cámara de Diputados, pero desde el gobierno provincial se decidió revisar la medida y retirar el proyecto, luego de recibir críticas de parte de varios sectores sociales, entre ellos el CELS.11 Fundamentalmente se llamó la atención sobre el carácter inconstitucional de la propuesta y sobre su probado fracaso como política orientada a reducir el delito, considerando fundamentalmente la experiencia de la provincia de Buenos Aires.
encarcelamiento en la provincia se realizó considerando a las personas privadas de su libertad en cárceles y comisarías, usando las proyecciones de población de la provincia de Buenos Aires realizadas por el INDEC, disponibles en <indec.mecon.ar>. 9 Cfr. CELS, Derechos Humanos en Argentina. Informe 2001, capitulo VI, “Situación carcelaria: hacinamiento, violencia e indefensión”, Buenos Aires, Siglo XXI, 2001; CELS, Derechos Humanos en Argentina. Informe 2002, capitulo VII, “Trato inhumano en cárceles y comisarías”, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002; CELS, Derechos Humanos en Argentina. Informe 2002-2003, capitulo VI, “Violencia y superpoblación en cárceles y comisarías: la ausencia de una política criminal respetuosa de los derechos humanos”, Buenos Aires, Siglo XXI, 2003; CELS, Derechos Humanos en Argentina. Informe 2005, capitulo VII, “Las políticas de la privación de la libertad”, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005; Ales, Cecilia, Borda, Rodrigo y Alderete Lobo, Rubén, “Sobrepoblación y violencia carcelaria en la Argentina. Diagnóstico de experiencias y posibles líneas de acción”, en Colapso del sistema carcelario, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2005, págs. 21-27. 10 La relación entre estas políticas judiciales y las de seguridad pueden verse en el cap. II, en este mismo informe. 11 Véase “Opinión del CELS sobre el proyecto de ley de modificación del régimen de prisión preventiva, Código Procesal Penal”, disponible en <cels.org.ar>.
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El Gobierno de la Provincia de Tucumán impulsó una medida similar destinada a restringir las excarcelaciones. A diferencia del caso mendocino, la Legislatura provincial aprobó la reforma.12 Tradicionalmente, las reformas legislativas de este tipo fueron acompañadas por una respuesta judicial que convalidó las decisiones de endurecimiento del sistema. En este sentido, el Poder Judicial ha sido determinante para el incremento del nivel de prisionización en nuestro país. Las estadísticas judiciales muestran que en los últimos años aumentó el número de condenas penales por mayor tiempo y que éstas son cada vez más de cumplimiento efectivo y menos de ejecución condicional. En 1998, se registraron 4.311 sentencias condenatorias en la provincia, mientras que en 2006 fueron 13.249. En estas sentencias, es cada vez mayor la proporción de condenas a prisión o reclusión por más de cinco años, que pasaron del 10,6% en 1998 al 18,1% en 2006. Como contrapartida, las sentencias a prisión o reclusión por menos tiempo (hasta tres años) se redujeron del 80% al 62,2% en el mismo período. Adicionalmente, las sentencias son, cada vez en mayor proporción, condenas de cumplimiento efectivo: en 1998 era el 40,2% del total de las condenas, mientras que en 2006 llegó al 63,4%.13 Asimismo, ya sea por las leyes de endurecimiento de las excarcelaciones o por las dinámicas inquisitivas propias de los distintos sistemas penales del país, la prisión preventiva sigue siendo la respuesta más usual del poder penal. Los cuadros que siguen, si bien muestran una disparidad entre la provincia de Buenos Aires y la situación del país en su conjunto, indican que la Argentina maneja un nivel muy alto de presos preventivos. En el año 2006, el 63% del total de las personas privadas de su libertad no tenía condena firme.
12 Con un respaldo de 41 votos contra 4, la Legislatura provincial modificó los artículos 268, 280, 281, 284, 291 y 336 ley 6.203 del Código Procesal Penal. El CELS había enviado una nota a las autoridades señalando que el proyecto resultaba violatorio de los estándares fijados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales, y que además tendría consecuencias negativas como la reforma de alcance similar en provincia de Buenos Aires (para más información véase “Opinión del CELS sobre el proyecto de reforma del Código Procesal Penal en Tucumán”, disponible en <www.cels.org.ar>). El gobernador Alperovich se limitó a señalar “Nosotros vamos a trabajar fuerte para que los delincuentes estén presos, le guste a quien le guste, porque yo tengo que defender a la buena gente, no a la mala, si no todo seguirá igual” (La Gaceta de Tucumán, 21 de noviembre de 2007). 13 CELS, en base a datos del Registro Nacional de Reincidencia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
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Personas privadas de la libertad en la Argentina, según situación procesal. Año 2006
Condenados 20.537 36%
Procesados* 35.673 63%
Otros** 839 1%
Fuente: CELS en base a datos del Informe del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de Fuente: (SNEEP) 2006,aDirección Nacionaldel Sistema Criminal, de EstadísticasJusticiaEjecución de la Pena CELS en base datos del Informe de Política Nacional Ministerio de sobre y Derechos la Pena (SNEEP) 2006, Humanos de la Nación.Dirección Nacional de Política Criminal, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación Nota: La información del SNEEP fue reprocesada para incluir a las personas privadas de su libertad alojadas en comisarías (6.621 personas). Cabe señalar que las provincias de Salta, Jujuy y Misiones no informaron si tienen detenidos en comisarías. * El cálculo de presos procesados incluye a los detenidos en comisarías, dado que se presume que éstos, tras ser dictada la prisión preventiva, no son trasladados a unidades penitenciaras por falta de plazas. ** La categoría “otros” corresponde a inimputables, menores o sin discriminar.
En la provincia de Buenos Aires este porcentaje se eleva hasta un índice abrumador, aun cuando se observe una tendencia descendente. A pesar de la reducción de la cantidad de presos preventivos registrada a partir del año 2005, actualmente el 73% de la población penitenciaria bonaerense no tiene condena firme.
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Personas privadas de la libertad en la pcia. de Buenos Aires según situación procesal. Años 2000 - 2007
86,4 87,1 87,1 85,4 83,9 79 72,7 72,8 15 15,3
8,5 9,8 10 10,7 11,5 13,7
5,1 3 2,9 3,9 4,6 7,3 12,2 11,6
Fuente: CELS, en base a datos del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la Superintendencia Fuente: CELS, en base a datos del Servicio Penitenciario Bonaerense y de la Superintendencia de Coordinación General del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. de Coordinación General del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Nota: La categoría “otros” corresponde a personas inimputables con medidas de seguridad, controladas por monitoreo electrónico y con alojamiento transitorio. El cálculo de presos ‘procesados’ incluye a los detenidos en comisarías dado que se presume que éstos, tras ser dictada. la prisión preventiva, no son trasladados a unidades penitenciarias por falta de plazas. Sin embargo, la Policía de la Provincia de Buenos Aires no tiene información sobre la situación legal de los detenidos en sus comisarías.
La situación carcelaria se explica también porque la mayoría de los operadores del sistema judicial parece haberse habituado a las condiciones de encierro que sufren las personas encarceladas. El panorama general muestra que jueces, fiscales y defensores conviven cotidianamente con diversas expresiones de violencia institucional, como la tortura y los tratos degradantes o inhumanos, sin reconocer que constituyen violaciones de derechos humanos. Esta intensa coerción estatal es producto también de que los jueces no cumplen correctamente su función de control de las garantías durante el
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proceso, ni durante la ejecución de la pena.14 Por su parte, los fiscales acostumbran pedir la prisión preventiva en forma automática, sin mejorar sus prácticas investigativas. Además, frente a los preocupantes índices de violencia carcelaria –que se detallan en este informe– tampoco promueven seriamente la investigación de los casos de torturas o malos tratos.15
14 En el marco de la ejecución del fallo Verbitsky (CSJN, causa V856/02, “Verbitsky, Horacio [representante del Centro de Estudios Legales y Sociales] s/Hábeas Corpus”, 3/05/05) y ante un pedido de la SCBA a los jueces penales para que informen las medidas tomadas luego del fallo de la CSJN, pudimos comprobar que los jueces están lejos de asumir la función de garantía que les corresponde. Algunos ejemplos paradigmáticos son los siguientes: en su informe remitido a la SCBA, la titular del Juzgado en lo Correccional nº 3 de Mercedes, María Laura Pardini, señaló: “[…] En los lugares de detención ya visitados, no se detectó situación de agravamiento de la detención que importe trato cruel, inhumano y/o degradante, ya que si bien y sobre todo en las Comisarías, no se cuenta con la infraestructura necesaria como para hacer frente a tanta cantidad de detenidos, se observa buena disposición por parte de las autoridades policiales […]” (cfr. Anexo Departamento Judicial Mercedes, fs. 99/100). Por su parte, el Juzgado de Garantías 3 de Bahía Blanca, a cargo de la Dra. Calcinelli, indicó que no se ha detectado ninguna disfuncionalidad que informar, adjuntando el informe producido por Secretaría –previa comunicación telefónica con funcionarios policiales de las distintas dependencias– del que surge que existen comisarías que no están en condiciones edilicias óptimas. Por ejemplo, respecto de la comisaría de Monte Hermoso informa: “el funcionario policial con el cual mantuvo comunicación telefónica manifestó que la dependencia cuenta con cupo para cuatro personas, que los calabozos no cuentan con patio, poseen poca luz y son de reducidas dimensiones, tal es así que no poseen ‘imaginaria’, dado que el mismo no cuenta con espacio para su ubicación” (cfr. informe del Dr. Jorge Alcolea, juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal, Sala I del 11 de diciembre de 2006, en causa nº 83.909, “Verbitsky, Horacio- Representante del Centro de Estudios Legales y Sociales s/Hábeas Corpus. Recurso de Casación. Recursos Extraordinarios de Nulidad e Inaplicabilidad de Ley”, anexo documental, cumplimiento res. 2376/06, cuerpo I, Fs. 54 Vta). Para un mayor desarrollo véase Memorial presentado por el CELS a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en el marco de la audiencia pública celebrada por este tribunal el 1 de noviembre de 2007 en el marco de la causa nº 83.909, “Verbitsky, Horacio –representante del Centro de Estudios Legales y Sociales–. Hábeas corpus. Rec. de casación. Rec. extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley”. Disponible en <cels.org.ar/common/documentos/audiencia_SCBA.pdf>. 15 Para un análisis de este tipo de respuestas judiciales en la provincia de Buenos Aires, véase entre otros, Litvachky, Paula y Martínez, María Josefina, “La tortura y las respuestas judiciales en la provincia de Buenos Aires”, en CELS, Colapso del sistema carcelario, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005. Algunos
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En este contexto, la Defensa Pública, que defiende a un altísimo porcentaje de los privados de libertad, resulta un actor fundamental para motorizar cambios posibles o denunciar este tipo de prácticas violatorias de derechos. Sin embargo, en muchas ocasiones se observa que los defensores también re-
ejemplos muestran la continuidad de prácticas fiscales y judiciales que avalan la violencia institucional y de quienes trabajan contra esta inercia del sistema. Ante un caso en que los imputados denunciaron haber sido maltratados por la policía, el fiscal Gerardo Loureyro, de Lomas de Zamora, avaló la prueba policial y promovió la acción contra los detenidos. Sin embargo, el juez de garantías Javier Maffucci Moore anuló la investigación desde la aprehensión por considerar que “todo lo actuado […] fue producto –sin duda alguna– de los golpes salvajes aplicados a Fernández y el ilegal interrogatorio a que se sometió a Rodríguez”. En su decisión el juez expresó “[…] es mi deber atenerme a lo que surge de lo actuado y no hacer la vista gorda –o sujetarme a pruritos formales en abandono de la verdad ante la barbaridad que es harto evidente se ha cometido con estos sujetos […]” (IPP 741.445, UFI 7, 29/11/2007). En otra investigación, la defensora oficial Marcela Piñero, puso en conocimiento del defensor general la inactividad del mismo fiscal de Lomas de Zamora (nota del 16/1/08). En el caso se había denunciado que el 6 de septiembre de 2007 un detenido sufrió golpes, apremios y vejaciones en la seccional Almirante Brown II. La defensora constató que desde la recepción de la denuncia, el 12 de septiembre de 2007, hasta su pedido de vista el 15 de enero de 2008, no se había ordenando ninguna medida de investigación, ni siquiera una revisación médica de la víctima (UFI 7, IPP 796.961). El fallo del Tribunal Oral en lo Criminal nº 7 de la Capital Federal en la causa “Barrionuevo, Víctor y otros s/vejaciones” (causa nº 1844) es otro ejemplo paradigmático del tratamiento judicial que se da a los hechos de tortura y maltrato a personas privadas de libertad. En este caso se había detenido a José Luis Ojeda, junto con otras personas, mientras estaban jugando al fútbol en el barrio Illia de la Capital, en febrero del año 1996. Ya desde esa detención se denunció el maltrato inferido a Ojeda, lo que se agravó una vez que llegaron a la comisaría 34ª. Al resto de los detenidos se los alojó en una celda por haber violado el edicto de escándalos, mientras que a él se lo mantuvo en otra celda solo, por averiguación de identidad. En esa celda la pegaron trompadas, culatazos, lo insultaron, lo tiraron sobre una letrina, y le hicieron cortes en los brazos presumiblemente con un cutter. La sentencia absolvió a los acusados con el voto de los jueces Valle y Guidice Bravo, basados en que el maltrato conferido (y probado) se adecuó a la figura penal de severidades (art. 144 bis inc. 3 del CP) y no a la de torturas (art. 144 ter. inc. 1 del CP). Esta diferencia de interpretación trajo como consecuencia que los hechos del año 1996 quedaran prescriptos. Por el contrario, el juez Morín realizó un extenso voto en el cual sostuvo que los hechos que se probaron configuraron un caso de torturas. Además de esta diferencia interpretativa, el juez Guidice Bravo no dio por acreditadas las lesiones cortantes en los brazos, ya que le habían quedado dudas de la posibilidad de que se las
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producen las prácticas judiciales tradicionales que ayudan a mantener el statu quo.16
hubiera realizado la propia víctima. Este tipo de diferencias entre los jueces muestran las dificultades judiciales que existen para lograr sanciones en casos de torturas. Y ya no sólo se trata de la indiferencia de los jueces para interpretar estos hechos en contextos histórico-institucionales determinados, y sobre la base de los estándares internacionales de derechos humanos, tal como se esfuerza en hacerlo el juez Morín. Este caso también muestra la combinación de esta actitud judicial con la desidia procesal y organizativa. El caso duró, desde los hechos hasta la sentencia de juicio, más de diez años. La investigación llevó alrededor de siete años (desde febrero de 1996 hasta el requerimiento de elevación, el 16 de octubre de 2003) y luego casi cuatro años más para que se realizara el juicio. Paradójicamente el juez Giudice Bravo se sorprendió de que no se hubiera llegado a juicio con pruebas tales como la búsqueda de rastros de evidencia de la agresión en la comisaría, la ropa de la víctima, testigos que contaran que escucharon lo que sucedió allí adentro, un relato convincente del médico que al otro día del hecho hizo el examen físico a la víctima (y que sostuvo que presumiblemente las heridas eran autoinfligidas). Este tipo de respuesta judicial puede explicar, sin dudas, los bajísimos índices de resolución de casos judiciales de torturas y malos tratos. Si bien no existen datos actualizados sobre el tema, de la información del MPF surge que entre el año 2005 y el primer semestre de 2006, en la justicia nacional y federal existieron 1.626 causas iniciadas por casos de tortura (considerando los delitos de apremios ilegales simple, apremios ilegales a presos a su guarda y tortura). Del total de causas, sólo el 3,44% (56 casos) fue elevado a juicio, y el 0,36% (seis casos) fue resuelto con condena. No se informa específicamente sobre las figuras de severidades y vejaciones. Sin embargo, podrían surgir del dato “otros delitos contra la libertad”. En el mismo período, en esa categoría se informa que se iniciaron 139 causas, se elevaron 22 y se llegó a condena en tres. (Cfr. MPF, “Informe Anual al Congreso de la Nación del Ministerio Público Fiscal. Informe 2006”, disponible en <mpf.gov.ar>.) 16 En la provincia de Buenos Aires, alrededor del 80% de las personas privadas de libertad recurre al patrocinio de la Defensa Pública. La debilidad de la Defensa está directamente relacionada con su falta de autonomía. El trabajo cotidiano de los defensores bonaerenses muestra una importante falta de homogeneidad en los planteos de los distintos departamentos judiciales. Además, si bien en forma individual algunos defensores desarrollan estrategias de mucha creatividad e inteligencia, éstos no son replicadas en otras jurisdicciones. Hasta el momento, en la provincia de Buenos Aires la experiencia del Consejo de Defensores como órgano de gobierno de la Defensa Pública no ha mostrado todos los resultados que podía dar. No se conocen sus discusiones, no hay actas públicas de sus decisiones y no se difunde si existe un plan estratégico orientado a revertir la situación de debilidad de la Defensa y la desprotección de las personas privadas de libertad. Para un mayor desarrollo, véase el Memorial presentado por el CELS ante la SCBA, citado,
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La responsabilidad del Poder Judicial por el funcionamiento de sistemas penales de estas características es evidente, aunque en muchos casos se desvíe la mirada o no se la indique con claridad. Ya en el 2005, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso sobre condiciones de detención en la provincia de Buenos Aires marcó la necesidad de que se trabaje sobre el funcionamiento de la justicia para revertir el problema carcelario. Desde esta perspectiva, la medida más importante de involucramiento judicial durante este año fue la decisión del máximo tribunal bonaerense de intervenir en la ejecución de este caso con una acción inédita para la provincia. La Suprema Corte de la provincia (SCBA) convocó a una audiencia pública para analizar el estado de la situación carcelaria bonaerense.17 Esta intervención contribuye a ubicar al poder judicial como parte importante del problema provincial. Luego de la audiencia, la Suprema Corte resolvió tomar algunas medidas que, si bien resultaron menos abarcativas de lo esperado, avanzaron en la identificación de este tribunal como una instancia institucional obligada a tomar medidas de política judicial para la resolución o el mejoramiento del problema.18
y CELS, “La mirada sobre el sistema judicial bonaerense”, en CPM, El sistema de la crueldad III. Informe sobre violaciones a los derechos humanos en lugares de detención de la provincia de Buenos Aires 2006-2007, La Plata, diciembre de 2007. 17 Audiencia pública convocada para el día 1 de noviembre de 2007, en el marco de la ejeución del caso “Verbitsky”. Participaron los jueces de la SCBA, Daniel F. Soria, Juan C. Hitters, Héctor Negri, Hilda Kogan, Eduardo Pettigiani, el ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Eduardo Di Rocco, la procuradora General ante la SCBA, María del Carmen Falbo, el defensor de Casación, Mario Coriolano, ADC, INECIP, la CPM y el CIAJ como amici curiae y el CELS. 18 Todavía no es posible hacer una evaluación del impacto de esta decisión en el problema de fondo, ya que la resolución se tomó el 19 de diciembre de 2007. La SCBA resolvió: 1) dar por concluido el trámite regular del hábeas corpus en lo concerniente a los apartados 3 y 7 del fallo de la CSJN (esto es, hacer cesar en el término de sesenta días la detención en comisarías de menores y enfermos; y en cuanto a la adecuación de las normas relativas a la prisión preventiva y excarcelación); 2) requerir al Poder Ejecutivo provincial que presente un plan operativo integral tendiente a normalizar de modo definitivo las disfuncionalidades edilicias de los lugares de detención y la provisión de servicios elementales; 3) reiterar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo la exhortación para que se adecue la legislación de ejecución penal y penitenciaria a los estándares constitucionales e internacionales; 4) crear en el ámbito de la SCBA un Área de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad con rango de subsecretaría para que organice un programa de actividades, un
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Este panorama pone en evidencia que la situación carcelaria constituye una de las deficiencias más significativas de nuestra institucionalidad democrática. El informe de este año coincide con la finalización del período de gobierno de Néstor Kirchner, quien en uno de sus últimos actos oficiales reconoció que “el mejoramiento profundo del sistema penitenciario argentino” es una de las asignaturas pendientes que su gestión le legará a la de su esposa y sucesora, Cristina Fernández.19 En este capítulo, luego de dar cuenta de algunos de los sucesos más relevantes de 2007 relacionados con la problemática carcelaria, expondremos algunas propuestas que contribuyan a revertir una crisis que cuestiona el grado de civilidad de nuestra sociedad y de sus instituciones.
2. Las condiciones de detención en las cárceles de nuestro país 2.1. Incendio y muerte en el penal de varones nº 1 de Santiago del Estero El 4 de noviembre de 2007 sucedió un episodio que ya es recurrente en la lamentable historia de los centros de detención de la Argentina: 3520 internos del penal de varones nº 1, perteneciente al Servicio Penitenciario Provincial de Santiago del Estero, fallecieron en el marco de un incendio, cuyas causas aún no fueron esclarecidas.21
sistema de seguimiento y un modelo de organización que permita sistematizar y controlar el proceso de implementación y ejecución de las condiciones de detención de las personas alojadas en comisarías y establecimientos del sistema penitenciario, conforme a las pautas establecidas en la sentencia de la CSJN; 5) trabajar en la elaboración de un protocolo estándar de visitas carcelarias de magistrados de acuerdo con los parámetros de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas; 6) Por último, resolvió que en el marco de la estructura del Área de Derechos Humanos, la Corte definirá el modelo de vinculación interinstitucional necesario para dotar de efectividad a su misión específica. 19 Cfr. La Nación, “Asignatura pendiente. Kirchner legó a su esposa ‘la mejora del sistema carcelario’”, 15 de noviembre de 2007, en <lanacion.com.ar/ informaciongeneral/nota.asp?nota_id=962350>; “Kirchner dijo que mejorar las cárceles es una deuda. ‘Una asignatura pendiente’”, 5 de noviembre de 2007, <pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-94695-2007-11-15.html>. 20 Según los datos oficiales fueron 35 las muertes sucedidas a causa del incendio. Ahora bien, algunos familiares reclaman que se consideren 37 los fallecidos. 21 La causa en la que se investigan las muertes –caratulada “Homicidio culposo y abandono de persona seguida de muerte en perjuicio de
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Las muertes ocurridas en la Unidad Penal n° 1 de Varones se explican por la falta de medidas de prevención y las graves condiciones de hacinamiento que caracterizan a las unidades penales provinciales. En un penal con capacidad declarada para 200 personas, se alojaban en el momento del incendio 267 procesados y 215 condenados.22 Estos hechos ocurrieron a sólo dos años del incendio en la Unidad nº 28 de Magdalena, provincia de Buenos Aires, en el que murieron 33 personas en condiciones por demás similares.23 Así, en los últimos años se han repetido situaciones de extrema gravedad en distintas jurisdicciones provinciales24 sin que ello haya generado una política estatal a nivel federal para prevenirlas.25
Leguizamón y otros”– está radicada en el juzgado Criminal y Correccional de 4ta nominación a cargo del Dr. Tarchini Saavedra. En la causa fueron recientemente procesados 13 guardiacárceles, 11 de los cuales ya están detenidos en el predio de Gendarmería Nacional, dos aún están prófugos. Las imputaciones son por los delitos de abandono de persona seguido de muerte y homicidio culposo. De acuerdo con las versiones de los familiares de los internos fallecidos y de abogados de organizaciones de derechos humanos de la provincia que se entrevistaron con sobrevivientes al día siguiente del siniestro, el incendio se habría originado en el marco de un episodio de fuerte represión penitenciaria. También se denunció que los internos reclamaban el cese de las requisas vejatorias que sufren los familiares que los visitan. 22 Según el último SNEEP disponible, a diciembre de 2006, la Unidad Penal Nº 1 tenía una sobrepoblación del 111,5%. 23 Véase CELS, Derechos Humanos en Argentina. Informe 2007, Buenos Aires, Siglo XXI Editores Argentina y Centro de Estudios Legales y Sociales, 2007, pp. 251-255. 24 Otro antecedente similar es el incendio que tuviera lugar en mayo de 1990 en el penal de Olmos, provincia de Buenos Aires, en el cual perdieron la vida 35 reclusos. También el siniestro ocurrido años antes en la cárcel de Villa Devoto. 25 Conocida la noticia del siniestro, el CELS solicitó al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que convocara en forma urgente al Consejo Penitenciario Federal a fin de analizar la situación y establecer estándares claros sobre las condiciones de seguridad en las que deben estar alojadas las personas privadas de su libertad en todo el territorio nacional, para impedir que estos hechos sigan ocurriendo. La subsecretaria de Asuntos Penitenciarios de la Nación respondió que el Consejo Federal Penitenciario había sido convocado meses antes para reunirse por esos días e invitó al CELS a participar en una de reunión destinada a analizar cuestiones relativas al cupo penitenciario. En la reunión del Consejo Penitenciario Federal que se sucediera tras las muertes en el penal de Santiago, el CELS presentó un informe en el que se evalúan los problemas asociados a la sobrepoblación y el hacinamiento en la Argentina y se realizan diversas propuestas en la materia.
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Estos casos ilustran crudamente las consecuencias de las condiciones inhumanas de detención y los tratos vejatorios a los que se enfrentan las personas privadas de su libertad en la Argentina.
2.2. Sobrepoblación y hacinamiento. La determinación del cupo carcelario En una de sus últimas declaraciones públicas antes de dejar el cargo, el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Alberto Iribarne, afirmó: “[…] En estos dos últimos años hemos dado pasos para modificar un sistema que estaba en crisis y hoy podemos decir que se han revertido los casos de superpoblación del Servicio Penitenciario Federal […]”.26 Asimismo, en una reciente publicación de las autoridades de la gestión anterior del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, se afirma que hacia principios de 2007 ya no se verificaba sobrepoblación carcelaria en la provincia. 27 A la vez, el último informe disponible del Sistema Nacional de Estadísticas sobre la Ejecución de la Pena (SNEEP) destaca que no existe sobrepoblación carcelaria en la Argentina.28 Ahora bien, existen buenas razones para no compartir el diagnóstico oficial sobre condiciones de detención en la Argentina. El CELS ha detectado problemas tanto en la construcción de los datos que permiten arribar a tales conclusiones como en la conceptualización del cupo carcelario conforme a estándares constitucionales y legales. En primer lugar, los datos aportados en el último informe anual del SNEEP no resultan fiables. De acuerdo con este estudio, hacia diciembre de 2006 el porcentaje de sobrepoblación en el país era de -2,3%.29 Sin embargo, este porcentaje omite considerar al menos unas 15.000 personas privadas de su libertad en la Argentina, pues no toma en cuenta a los detenidos en comi-
26 El destacado es propio. Diario Judicial, edición digital, “Iribarne destacó el descenso de la superpoblación en las cárceles”, 21 de noviembre de 2007. Disponible en <diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=34212>. 27 Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, “Estado, Justicia y Ciudadanía”, op. cit., p. 116. 28 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Dirección Nacional de Política Criminal, “Informe Anual de la República Argentina, SNEEP 2006”. Disponible en <polcrim.jus.gov.ar>. 29 Según se consigna en el informe, este porcentaje equivale a más de 1.056 plazas disponibles para su utilización.
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sarías, dependencias de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval,30 ni tampoco incluye las cifras correspondientes a tres provincias que no informan al SNEEP la capacidad de sus unidades.31 Entre las provincias sobre las que se omite informar se encuentra la provincia de Mendoza, denunciada ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos por la situación de hacinamiento y las condiciones infrahumanas de detención que presentan sus cárceles.32 Por otra parte, la determinación del cupo de los centros de detención es subsidiaria de la definición de cuáles son las características que, concretamente, debe reunir un lugar de alojamiento para que pueda ser considerado “digno” en los términos que la normativa internacional, constitucional y legal reclama. Por ello no basta con la sola indicación –sin ningún fundamento adicional– de la cantidad de personas que pueden ser alojadas en un establecimiento carcelario para poder establecer si ese lugar está sobrepoblado o no. Una correcta evaluación de la capacidad real del sistema carcelario requiere hacer explícitos los criterios utilizados para establecer la cantidad de plazas y verificar la correspondencia de esas pautas con los estándares legales. En los centros de detención bajo la órbita del SPB y SPF resulta notoria la falta de criterios claros para determinar el cupo carcelario. Esta circunstancia resta verosimilitud a los diagnósticos oficiales que niegan la sobrepoblación y pone en evidencia la discrecionalidad de las autoridades encargadas de fijar la capacidad de los distintos lugares de encierro. En primer lugar, cabe destacar que la situación en la provincia de Buenos
30 En la primera página del informe se afirma que la población en prisión en la Argentina es de 54.000 personas. Ahora bien, a nota a pie se aclara que de incluirse a los detenidos en comisarías, dependencias de Prefectura y Gendarmería, y aun faltando datos de las provincias de Jujuy, Misiones y Salta, la población se eleva a 60.621. 31 A pesar de afirmarse en el SNEEP 2006 que el total de población penitenciaria en el país es de 54.000 personas, el porcentaje de sobrepoblación se elabora sobre un total de 45.438 personas alojadas en 46.495 plazas disponibles. Esto pues, según se indica: “[…] estos datos no incluyen las unidades que no informaron su capacidad (faltan Mendoza, Salta y Unidades 1 y 2 de Tucumán) […]”. Véase Ministerio de Justicia y Derecho Humanos, Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios, Dirección Nacional de Política Criminal, “Informe Anual de la República Argentina, SNEEP 2006”. 32 Véase CELS, Derechos Humanos en Argentina. Informe 2007, op.cit., p. 263.
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Aires es sensiblemente más grave que en el ámbito federal, razón por la cual merece prioridad en el momento de analizar este problema.33 Como hemos señalado, la sobrepoblación de las cárceles bonaerenses derivó en una situación aún más grave: el alojamiento de personas en condiciones infrahumanas en comisarías, cuyas instalaciones han sido, en la práctica, asimiladas a plazas de alojamiento. Frente a este panorama, es preciso destacar que las dependencias policiales no deben considerarse plazas carcelarias, en tanto no reúnen las condiciones requeridas para los lugares de cumplimiento de pena y/o prisión preventiva. Aun cuando se observa en los últimos años un importante descenso de la cantidad de detenidos en comisarías, el problema no ha sido resuelto. Por otra parte, la forma en que las autoridades bonaerenses calculan las plazas penitenciarias es por demás confusa y ha llevado a la divulgación de información inconsistente. Paradójicamente, la información dispar e imprecisa respecto del cupo de las unidades penales alcanza incluso a las cárceles recientemente construidas.34 Las cárceles más antiguas también informan distintas cantidades de plazas disponibles en los partes del SPB. Estas diferencias son tan importantes, que una comparación de partes diarios del año 2006 con partes del 2007 arroja diferencias abrumadoras: el SPB disponía en 2007 de 1.249 plazas menos que en 2006.35
33 Esta situación de encierro en condiciones inhumanas, crueles y degradantes fue reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso “Verbitsky”, antes citado. 34 Las Unidades nº 18 de Gorina, nº 36 de Magdalena, nº 37 de Barker y nº 19 de Saavedra tienen una capacidad de 700 internos cada una, según el informe de la Dirección Provincial de Arquitectura, y los partes diarios del Servicio Penitenciario Bonaerense del 2006 (27-09-06 y 07-11-06). Pero estas mismas Unidades figuran con una capacidad de 650 internos en los partes del año 2007 (22-08-07 y 30-10-07). La Unidad nº 39 de Ituzaingó presenta divergencias similares: 550 plazas en el informe de la Dirección Provincial de Arquitectura versus 400 plazas en los partes del SPB del año 2007. 35 Comparación efectuada entre el parte del 7 de noviembre de 2006 y el del 22 de agosto de 2007: La diferencia de 1.249 plazas está dada por las disminuciones del cupo en las siguientes Unidades: 1, 2, 4, 9, 15, 17, 21, 30, 45, 19, 36, 37 y 38. El único aumento es el agregado de la Unidad 43, con 424 plazas. Si bien algunas de las unidades que registran en 2007 una capacidad menor a la que tenían en 2006 están sufriendo procesos de mejoras o arreglos, en otros casos se trataría de “reacomodamientos” que no pudieron ser precisados por el Ministerio de Justicia.
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Adicionalmente, se ha detectado que en algunos casos los jueces de Ejecución y/o Cámaras de Apelaciones y Garantías en lo Penal consideran la “capacidad ideal” de las unidades penales de manera diferente a la del Poder Ejecutivo.36 La sumatoria de divergencias en los criterios para determinar las plazas penitenciarias existentes hace que sea imposible hasta hoy establecer fehacientemente el nivel de sobrepoblación existente en las cárceles bonaerenses, y desacredita las informaciones oficiales al respecto. 37 En el ámbito federal tampoco existen criterios claros para determinar la capacidad de los centros de detención. Este dato es muy relevante porque se ha tratado de instalar la idea de que los problemas penitenciarios a nivel federal están en vías de solución, y que los servicios penitenciarios provinciales deberían adecuar sus estándares a la situación nacional. Sin embargo, más allá de que la situación pueda ser menos grave que en otras provincias, lejos está de representar un escenario sin problemas. En este sentido, es posible observar en el siguiente cuadro variaciones significativas en la definición del cupo de las unidades del SPF.
36 El juez de Ejecución Penal del Dpto. de Azul, Dr. Bergoglio Oyhamburu, consideró que la Unidad Nº 37 de Barker tiene capacidad para 450 internos, mientras que el SPB informó para ese mismo establecimiento 700 plazas en 2006 y 650 plazas en 2007. La Unidad nº 5 de Mercedes también presenta divergencias: la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro consideró que la capacidad real es de 370 internos, mientras que el SPB informó que la misma Unidad dispone de 717 plazas. La misma Cámara estableció para la Unidad nº 21 de Campana un cupo real de 683, mientras que el SPB informó 772 plazas en el 2006 y 750 en el 2007. 37 El parte diario del Servicio Penitenciario Bonaerense del día 05-12-2007 establece que existen 24.208 personas privadas de su libertad en las unidades penales, y que la cantidad total de plazas es de 24.203. Consecuentemente, la sobrepoblación del sistema sería inexistente.
166 derechos humanos en argentina. informe 2008
Unidades Penitenciarias CPF1 Fuente Plazas de la información Población alojada Plazas U.3 Población alojada CPF CABA (Devoto) Plazas Población alojada Fecha de la información
SNEEP 2006* SPF** SPF*** SPF****
1817 1740 1879 1716
1619 1646 1568 1540
811 374 500 496
696 679 641 506
1800 1694 1694 1694
1882 1631 1641 1659
Dic-06 20/7/07 5/10/07
* Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena - Informe Anual República Argentina - SNEEP 2006. Dirección Nacional de Política Criminal. Secretaría de Pol. Criminal y Asuntos Penitenciarios. ** Servicio Penitenciario Federal - Síntesis semanal de la población penal alojada al 20/07/2007. *** Servicio Penitenciario Federal - Síntesis semanal de la población penal alojada al 05/10/2007. **** Servicio Penitenciario Federal - Síntesis semanal de la población penal alojada al 10/12/2007.
El CELS consultó al SPF sobre las razones de estas diferencias, pero al cierre de este informe no se había recibido respuesta. Por su parte, y respecto del mismo asunto, la Procuración Penitenciaria de la Nación (la Procuración o la Procuración Penitenciaria) señaló lo siguiente: Sobre la situación del CPF 1 (Ezeiza), informó estar desarrollando actualmente una auditoría por lo que estimó que únicamente una vez concluida ésta podría realizar una evaluación rigurosa de la capacidad declarada por el SPF.38 Sobre la determinación del cupo del Instituto de Detención de la Capital Federal (CPF–CABA o U.2 de Devoto o U.2) el Sr. Procurador Penitenciario
38 Asimismo, el procurador destacó “[…] El SPF no dispone de un sistema informático integrado confiable por lo que no son infrecuentes las disparidades en cuanto a la información”. Al mismo tiempo que expresó que “en algunos casos no coincide la información que remite el SPF en el Parte Diario y en la Síntesis Semanal correspondiente a una misma fecha […]”. Nota del Sr. procurador penitenciario, Dr. Francisco Mugnolo, dirigida al CELS con fecha 18 de diciembre de 2007, nota nº 1426/PPN/07, expediente EP 0018.
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contestó al CELS que: “respecto a la U.2 de Devoto la capacidad declarada en los Partes Diarios del SPF como mínimo desde el año 2004 se ha mantenido sin modificaciones en 1694 plazas […]”.39 En la U.3, según se observa en el cuadro, han tenido lugar durante el 2006 y 2007 al menos cuatro variaciones en el cupo. En relación con el cambio de 374 a 500 plazas entre julio y octubre de 2007, el procurador penitenciario remitió al CELS una nota enviada al director nacional del SPF en la que le solicita que “informe acerca de los criterios en base a los que se incrementa la capacidad declarada de la U.3 […] en función de que este organismo no ha constatado la construcción de nuevos pabellones en la Unidad, ni tampoco la ampliación de los existentes”.40 En respuesta, el director nacional hizo llegar a la Procuración la resolución 4863/2007, por medio de la cual se establece la capacidad máxima de la Unidad en 496 plazas.41 Las únicas explicaciones que ofrece esa resolución para fundar la nueva capacidad son las siguientes: “en el Instituto Correccional nº 3 sin haberse tenido que realizar obras de ampliación, se efectuó un trabajo sin precedentes de reordenamiento del alojamiento y de recuperación de espacios antes destinados a talleres para sectores de alojamiento […]”. También se destaca que “han recuperado su funcionalidad como sectores de recreación los pabellones 22, 23, 25, 26 y ‘E’, que en principio fueron sectores de comedores para las internas y que posteriormente fueron adoptados como lugares de alojamiento dado el incremento de la población penal […]”.42 De esta resolución no surgen los criterios que justifiquen el reacomodamiento ni se identifican cuáles son los sectores de la Unidad que se utilizaron para ampliar su capacidad de alojamiento en 122 plazas Por otro lado, la resolución alega que la cantidad de 496 plazas se obtuvo “teniendo en cuenta que en los dormitorios compartidos habría camas simples […]”,43 cuando una oración antes se aclara que “actualmente los pabellones de alojamiento compartido (dormitorios) cuentan con camas dobles (tipo
39 Cfr. Nota del Sr. procurador penitenciario, Dr. Francisco Mugnolo dirigida al CELS, op. cit. 40 El destacado es propio. 41 En respuesta a la misma consulta, la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación también remitió al CELS la resolución 4863/2007 del SPF de fecha 13 de noviembre de 2007. 42 Cfr. SPF, resolución 4863/2007, del 13 de noviembre de 2007. 43 Id. El destacado es propio.
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cucheta o marinera) […]”.44 Por último, a fines de diciembre de 2007, según información aportada por la Procuración Penitenciaria, los pabellones 22, 23, 25, 26, “A “y “E”,45 seguían funcionando como lugares de alojamiento y no de recreación como se afirma en la resolución. Situaciones de hacinamiento de la misma gravedad fueron denunciadas por el CELS y Mental Disability Rights International (MDRI)46 respecto de la Unidad Psiquiátrica Penal nº 20 (Unidad 20).47 En una prolongada investigación sobre la situación de los derechos humanos en neuropsiquiátricos argentinos, realizada entre 2004 y 2007, se constató la situación de sobrepoblación en esta Unidad.
44 Id. Con fecha 27 de diciembre de 2007, la Procuración Penitenciaria informó al CELS que los pabellones colectivos de la U.3 seguían manteniendo camas dobles. 45 De los cuales, todos menos el “A” son pabellones compartidos con camas dobles. 46 Mental Disability Rights International (MDRI) es una organización dedicada a promover el reconocimiento y el cumplimiento internacional de los derechos de las personas con discapacidades mentales. MDRI documenta abusos a los derechos humanos, promociona el desarrollo de la Defensoría en Discapacidad Mental a nivel mundial, apoya a defensores y abogados que busquen reformar los servicios y el sistema legal de salud, y promueve la supervisión internacional de los derechos de las personas con discapacidades mentales en los Estados Unidos, así como en el resto del mundo. 47 CELS–MDRI, “Vidas arrasadas: la segregación de las personas en los asilos psiquiátricos argentinos. Un informe sobre derechos humanos y salud mental”, presentado públicamente en septiembre de 2007. El CELS y MDRI constataron la existencia de personas que se encontraban en la Unidad 20 desde hacía 20 o 22 años. En septiembre de 2006 las autoridades informaron que había 32 personas internadas en condiciones de ser dadas de alta pero que no lo habían sido por ausencia de instancias intermedias adonde ser derivadas. Según el personal de la unidad, en el caso de los pacientes inimputables no existe una instancia intermedia de derivación para cuando cesan las medidas de seguridad. En diciembre de 2007 una sola persona se encontraba en dicha situación (cfr. CELS–MDRI, op.cit.). Las autoridades informaron que, de las 32 personas arriba mencionadas, seis habían sido derivadas a comunidades terapéuticas, 14 al Hospital Borda y otras dos estaban a la espera de que la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) o el Centro Nacional de Reeducación Social (Cenareso) otorgaran los cupos necesarios. Finalmente, algunos internos de la Unidad recuperaron la libertad y otros fueron a distintas Unidades de Régimen Común. Sin embargo, las autoridades informaron que aún no se ha logrado formalizar acuerdos para sistematizar futuras externaciones (fuente: Comisión Permanente de Evaluación y Seguimiento de la Unidad 20).
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En 2007, la Procuración Penitenciaria denunció un agravamiento del problema48 por la existencia de 121 personas detenidas en la Unidad 20, lo que sobrepasaba en el 40% su capacidad declarada. Ya durante 2006 se había comenzado a elaborar un plan de reforma de la Unidad49 y en septiembre de 2007 entró en funciones la Comisión Permanente de Evaluación y Seguimiento (Comisión Permanente). En respuesta a un pedido de informes del CELS, la Comisión Permanente comunicó, con fecha 11 de diciembre de 2007, que se había dado solución a la situación de sobrepoblación.50 El problema se habría resuelto, por un lado, a través de la ampliación de la capacidad de la Unidad, que pasó de 87 personas a 110. Y por otro, con la creación en Ezeiza de un anexo de la Unidad 20 como parte del plan de reforma que está llevando adelante la Comisión Permanente. En la resolución que establece la creación del Anexo de la U.2051 se repiten las imprecisiones respecto del cálculo del cupo: “[…] Créase el Anexo Psiquiátrico Central de Varones (U.20) […] el que contará con una capacidad de cuarenta y cinco (45), hasta un máximo de (60) plazas”. Como no se explicita el criterio utilizado para arribar al número de plazas, sólo se menciona a este respecto: “[…] Que debe haber una correcta correlación entre la cantidad de internos pacientes, los profesionales asignados y la capacidad y condiciones físicas del establecimiento […]”. Pero no se establece cómo se ha obtenido esta correlación en el caso particular.
48 En junio de 2007 la Procuración Penitenciaria de la Nación interpuso un hábeas corpus correctivo luego de recibir una carta anónima de familiares denunciando malos tratos a las personas institucionalizadas en la Unidad. Causa nº 30.906/07, “Mugnolo, Francisco, Procurador Penitenciario S/ denucias de Hábeas Corpus”, presentado ante el Juzgado en lo Criminal de Instrucción nº 9, Secretaría nº 8 a cargo del Dr. Ricardo Antonio Richiello. 49 CELS–MDRI, op. cit. 50 De acuerdo con la Comisión Permanente, a diciembre de 2007 el número de personas alojadas en la unidad era de 97, al que deben sumarse las 27 personas alojadas en el Anexo de la Unidad 20. Asimismo sólo se encontraban alojadas siete personas con problemas de drogadependencia, pero existía gran cantidad de internos-pacientes con diagnósticos duales. Cfr. Nota de la Comisión Permanente de Evaluación y Seguimiento de la Unidad 20 dirigida al CELS, con fecha 12-12-2007, en respuesta a un pedido de informe. 51 De acuerdo con la resolución 3783/2007 del SPF, el Anexo de la U.20 se establece en un sector residencial del Módulo VI del Complejo Penitenciario Federal I – Ezeiza.
170 derechos humanos en argentina. informe 2008
Cabe mencionar que los organismos gubernamentales dedicados a la protección de los derechos de las personas privadas de libertad en el marco del SPF, tampoco ofrecen parámetros claros para la determinación de la capacidad de las unidades penitenciarias. El procurador penitenciario, en respuesta a la consulta del CELS sobre los estándares que utiliza para la definición del cupo penitenciario, manifestó: […] la Procuración Penitenciaria por el momento no trabaja con un estándar común aplicable a todas las Unidades para definir el cupo carcelario y valorar la existencia de sobrepoblación. Tomando en consideración las características edilicias de las Unidades del SPF, que incluye tanto alojamiento unicelular como pabellones colectivos y a los efectos de no establecer un criterio que seguramente no cumpliría ninguna de las Unidades, por el momento este Organismo ha optado por hacer una evaluación de la existencia o no de sobrepoblación en cada una de las diversas Unidades […].52 De esta manera, la Procuración tampoco explicita los criterios sobre la base de los cuales realiza el control de las condiciones de detención en las Unidades. No es posible dejar de hacer notar que todo monitoreo de las condiciones de detención implica comparar la situación del lugar con determinado parámetro o estándar. Sin determinar esta pauta a priori, no parecería posible una evaluación eficaz. En este sentido, es necesario destacar que en noviembre de 2007 la Dirección Nacional del SPF informó que se encontraba elaborando una resolución por la que se establecería un sistema uniforme de medición de plazas “determinado en base a parámetros objetivos fundados en criterios internacionales basados en la utilización racional del espacio”.53 El anuncio resulta auspicioso de cara al futuro.
52 Cfr. nota del Sr. Procurador Penitenciario, Dr. Francisco Mugnolo, dirigida al CELS con fecha 18 de diciembre de 2007, nota Nº 1426/PPN/07, expediente EP 0018. 53 Servicio Penitenciario Federal, “Informe de Gestión de la Dirección Nacional del Servicio penitenciario Federal”, noviembre de 2007, p. 4. Disponible en <spf.gov.ar/FramePPal/Newsite.htm>. Genera cierto desconcierto que en el mismo informe de gestión se menciona que “se ha dado inicio a la fijación de la capacidad de plazas de alojamiento de los Establecimientos Penitenciarios mediante los criterios señalados en el
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Los graves problemas en materia de sobrepoblación carcelaria afectan, como dijimos, a todo el territorio nacional. A fines de noviembre de 2007, la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario hizo lugar a un hábeas corpus colectivo presentado por la Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC) a favor de los detenidos en las seccionales policiales de la U.R.II. En su resolución, la Cámara reconoció la sobrepoblación en las comisarías de la ciudad y ordenó al Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto de la provincia de Santa Fe que, en lo inmediato, distribuya “los excedentes de población de privados de libertad actualmente existentes en las seccionales de referencia a otras unidades de la región o en su caso de todo el sistema provincial”. Al mismo tiempo, dispuso que en el plazo de diez días el Poder Ejecutivo informe “lo actuado, el panorama existente y restante y la prospectiva de culminación de la distribución conforme a las actuales infraestructuras y al estado de desarrollo de los proyectos de ampliación que exigen una rápida conclusión y habilitación […]”.54 Además, en diciembre de 2007 los internos de la Unidad Penal nº 1 de Corrientes realizaron una huelga de hambre durante varios días en reclamo por las condiciones de detención marcadamente deficientes del penal. Durante la medida, los internos denunciaron entre otras cuestiones la situación de extremo hacinamiento en la que viven,55 la falta de condiciones mínimas de higiene y la ausencia de atención médica suficiente.56 Es cierto también que en varias jurisdicciones ha disminuido el número de personas encarceladas y se observa alguna mejora en las condiciones edilicias de los lugares de encierro, pero la sobrepoblación y el hacinamiento no han sido resueltos todavía. Un escrutinio sobre la mayoría de los centros de de-
punto precedente [criterios que en el párrafo anterior de la resolución se reconocían como aún indeterminados], utilizando también a tales efectos las pautas establecidas por decisiones judiciales” (cfr. SPF, “Informe de Gestión”, op. cit., p. 5). En el informe tampoco se especifica a qué resoluciones judiciales se refiere ni cuáles fueron las pautas trazadas por éstas. 54 Cfr. Sala I de la Cámara de Apelación en lo Penal de Rosario, “Hábeas corpus interpuesto a favor de los detenidos alojados en las Seccionales dependientes de la U.R.II”, sentencia del 23 de noviembre de 2007. 55 De acuerdo con el último SNEEP, a diciembre de 2006 la Unidad contaba con el 144,3% de sobrepoblación. Alojaba así a 469 personas cuando la capacidad declarada es de 192 plazas. 56 Véase Diario Moarandu, versión digital, “Reclusos denuncian críticas condiciones de detención”, 16 de diciembre de 2007, disponible en <momarandu.com/amanoticias.php?a=7&b=0&c=74181>.
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tención del país pone en evidencia que, en cualquier caso, su situación no resulta compatible con los estándares legales sobre condiciones de detención establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el fallo “Verbitsky”.57 En el fallo citado, la CSJN declaró a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas (Reglas Mínimas), como las pautas fundamentales a las que debe adecuarse toda detención. Así, se siguen violando las Reglas Mínimas en una multitud de aspectos: las referidas a la necesidad de que los internos cuenten con celdas individuales destinadas al aislamiento nocturno (arts. 9 y 86); a las condiciones de aireación, iluminación, calefacción y contacto diario con el aire libre (arts. 10, 11 y 21); a la necesidad de contar con instalaciones sanitarias adecuadas (arts. 12, 13 y 14); a las condiciones de higiene personal (arts. 15 y 16); a la posibilidad de acceder a un servicio médico (arts. 22 a 26); al acceso a una adecuada alimentación (art. 20); y a la separación de categorías (art. 8).58
57 Esta afirmación de ningún modo pretende relativizar la importancia de fijar parámetros objetivos que permitan determinan el cupo penitenciario en consonancia con los estándares legales. Por el contrario, mediante el desarrollo de estas pautas podrá mensurarse con mayor precisión los alcances de un problema a todas luces evidente. 58 Sobre las condiciones de detención en el SPF, véanse, entre otros, los siguientes informes de auditoría de la Procuración Penitenciaria: “Monitoreo del Instituto Correccional de Mujeres – Unidad nº 3, Informe Principal, Año 2007”; “Inspección general a la Colonia Penal de Ezeiza (U. 19), 13, 15 y 21 de marzo de 2007”. Disponibles en <ppn.gov.ar>. Asimismo, véanse a este respecto los informes que la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación elaborara tras sus visitas oficiales a la Unidad nº 3 del Servicio Penitenciario Federal Ezeiza, el 30 de mayo de 2007, al Complejo Penitenciario Federal nº 1 del Servicio Penitenciario Federal Ezeiza, el 19 de marzo de 2007 y al Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –ex Unidad nº 2– Devoto del S.P.F, el 25 de abril de 2007. Disponibles en <mpd.gov.ar>. En relación con las condiciones de detención a nivel del SPB véase Comisión Provincial por la Memoria, Comité contra la Tortura, “El sistema de la crueldad III. Informe sobre violaciones a los derechos humanos en lugares de detención de la provincia de Buenos Aires 2006-2007”, op. cit. y CELS, Memorial presentado a la SCBA, op. cit.
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2.3. La situación de las mujeres detenidas embarazadas y con hijos En un contexto de sobrepoblación y hacinamiento carcelario resulta especialmente preocupante el incremento, en los últimos tiempos, de la privación de la libertad de ciertos grupos que merecen especial consideración, como las mujeres embarazadas y con hijos pequeños. En la provincia de Buenos Aires el número de mujeres privadas de libertad ha crecido notoriamente en los últimos años. En la actualidad, de la totalidad de las detenidas casi el 10% reside con sus hijos en los centros de detención, y nueve de cada diez mujeres detenidas con sus hijos lo está bajo el régimen de prisión preventiva.59 El siguiente cuadro muestra la situación particular de los niños privados de libertad con sus madres en los centros de detención bajo la jurisdicción del SPB.
Evolución de niños privados de la libertad con sus madres en cárceles de la Provincia de Buenos Aires. Septiembre 2006 - Diciembre 2007
83 67 68 73 73 73
0 Sep-06 Nov-06 Mar-07 Ago-07 Oct-07 Dic-07
Fuente: CELS; en base a partes diarios SPB 27/09/06, 7/11/06, 29/3/07, 22/8/07, 30/10/2007 59 Véase Comisión Provincial por la Memoria, Comité contra la Tortura, El sistema de la crueldad III. Informe sobre violaciones a los derechos humanos en lugares de detención de la provincia de Buenos Aires 2006-2007, La Plata, diciembre de 2007, p. 87. De acuerdo con este informe, en la Unidad nº 33, donde está alojado casi el 90% de las mujeres con hijos en prisión, el 96% está procesado. El 40% de ellas lo está por delitos contra la propiedad, el 31% por tenencia y comercialización de estupefacientes y el 23% por delitos contra la vida. El tiempo de detención promedio de las mujeres embarazadas y con hijos que se encuentran procesadas es de un año y ocho meses.
174 derechos humanos en argentina. informe 2008
Al mismo tiempo, hacia octubre de 2007 había 22 mujeres embarazadas detenidas en unidades del SPB. Frente a esta situación, el CELS, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), el CIAJ y otras organizaciones no gubernamentales60 decidieron llevar adelante una iniciativa de trabajo conjunto con algunos defensores generales departamentales61 con miras a impulsar excarcelaciones o medidas alternativas a la privación de la libertad en los casos de mujeres detenidas embarazadas y/o con hijos. En algunos departamentos judiciales se materializaron planteos en favor de mujeres detenidas. Sin embargo, en la mayoría de estos casos no se ha obtenido aún una respuesta positiva. En el marco del SPF, a diciembre de 2007 se informaba la existencia de 75 madres alojadas con un total de 84 hijos, todas ellas en la Unidad nº 31.62 Al mismo tiempo, de acuerdo con información suministrada al CELS por la Procuración Penitenciaria, a fines de diciembre de 2007, en la Unidad nº 22 de Jujuy se alojaban cinco madres detenidas con cinco hijos menores que no aparecen informados en los respectivos partes del SPF. En los partes del SPF tampoco aparece consignada la cantidad de mujeres embarazadas detenidas en el marco del sistema federal. El 6 de noviembre de 2007, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un proyecto de ley que habilita el arresto domiciliario de mujeres embarazadas y con hijos pequeños.63 El proyecto propone modificar la ley 24.660 y ampliar los supuestos que habilitan cumplir la pena impuesta en detención domiciliaria, incorporándose entre ellos el caso de la mujer embarazada y la madre de un niño menor de 5 años. Esta propuesta fue impulsada
60 Se trata del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas (CIEPP), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la APDH de Azul, la APDH La Matanza, la APDH La Plata, la Asociación Judicial Bonaerense, el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, el Foro para la Justicia Democrática (FOJUDE), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Cantora y el Grupo de Estudios para la Educación en Cárceles (GESEC). 61 Hasta el momento están participando de esta iniciativa el defensor general de San Nicolás, Gabriel Ganon, el defensor general de La Matanza, Marcelo García, el defensor general de San Martín, Andrés Harfuch, el defensor general de La Plata, Omar Roberto Ozafrain y la defensora general de Quilmes, María Noemí Pérez. 62 Véase Parte Diario del SPF del 10 de diciembre de 2007. 63 Diario Página/12, “Una ley para que las presas con hijos cumplan la pena en su casa”, 9 de noviembre de 2007.
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por diputados del Frente para la Victoria y del ARI (Diana Conti, Marcela Rodríguez y Emilio García Méndez) y por el Procurador Penitenciario,64 y contó con un amplio respaldo del cuerpo.65 La iniciativa promueve alternativas a la prisión en casos de personas que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad. De aprobarse la propuesta en el Senado, existiría un marco normativo más propicio para resolver favorablemente estos casos. Sin embargo, todo dependerá en definitiva de lo que decidan los jueces competentes en cada situación particular.66
3. Torturas y maltratos 3.1. Las dimensiones de un problema estructural La tortura constituye una de las más graves violaciones a los derechos fundamentales de las personas. Destruye la dignidad al degradar el cuerpo y causa lesiones físicas y psicológicas que muchas veces son irreparables. Frente a la persistencia de situaciones de tortura y tratos inhumanos en lugares de hacinamiento de detención o encierro, los valores y principios sobre los que reposa la democracia y la pacífica convivencia humana pierden significado y vigencia. Las palabras “tortura”67 y “maltrato” se utilizan para representar las diversas formas y la variada intensidad en que se manifiesta la violencia ejercida
64 Cfr. Cámara de Diputados de la Nación, O. D. nº 1.261, 6 de noviembre de 2006. 65 Respaldaron el proyecto 127 diputados, mientras que dos se pronunciaron en contra. Cfr. Página/12, “Una ley para que las presa con hijos cumplan la pena en su casa”, op.cit. 66 Esta circunstancia abre un interrogante respecto a la eficacia de la iniciativa parlamentaria. Sin pretender subestimar el valor de una decisión política de estas características, la reticencia de los jueces a disponer medidas alternativas a la cárcel y su propensión a interpretar en forma restrictiva este tipo de institutos alimentan cierto escepticismo. De hecho, decisiones como las que este proyecto impulsa podrían –y deberían– disponerse judicialmente a partir de una interpretación adecuada del derecho actualmente vigente. 67 La palabra “tortura” es utilizada en diversos sentidos. En algunas ocasiones se usa esta expresión para referirse a actos de violencia física o psíquica ejercidas sobre una persona, incluso cuando el victimario no fuese un funcionario del Estado. Por otro lado, la palabra “tortura”, utilizada desde una perspectiva técnico-jurídica, se refiere a aquellos actos de violencia
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por parte de los agentes del Servicio Penitenciario y policías contra quienes se encuentran bajo su custodia. Entre los hechos denotados por estos conceptos pueden advertirse distintas prácticas lesivas de la integridad personal del detenido, utilizadas por lo general como forma de administrar la seguridad en los lugares de encierro. Algunos casos revelan la utilización de mecanismos particularmente mortificantes, tales como descargas con corriente eléctrica o la aplicación de “submarinos secos”.68 Asimismo, se observan casos en que los detenidos son víctimas de fuertes golpizas, patadas o culatazos.69 También existen tratos particularmente degradantes como es el caso de requisas corporales destinadas a mortificar a quienes la sufren. A pesar de las reiteradas denuncias de organizaciones locales –estatales y no estatales–70 y de las observaciones de organismos internacionales, las tor-
perpetrados por agentes estatales que, por sus características, modalidad o consecuencias, revisten mayor gravedad. Para los casos que se caracterizan como de menor gravedad, se reservan expresiones tales como “tratos crueles, inhumanos o degradantes” –en la normativa internacional– o “apremios ilegales, severidades y vejaciones” –en la legislación penal local–. Por cierto, clasificar los casos concretos bajo una u otra categoría genera, por diversas razones, múltiples controversias. Sin dudas, la fuerte carga emotiva que contiene la palabra “tortura” perjudica en cierta medida su función descriptiva. Esta cualidad de la palabra “tortura” contribuye a una banalización del concepto. El peligro del uso trivial de la expresión es que si todo es tortura, en definitiva nada lo es. Sobre el sentido de la palabra “tortura” véase Litvachky, Paula y Martínez, María Josefina, op. cit., pp. 62 y ss. Para una análisis de las interpretaciones del término “tortura” en el ámbito internacional de protección de los derechos humanos véase Bueno, Gonzalo, “El concepto de tortura y de otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en el derecho internacional de los derechos humanos”, Revista Nueva Doctrina Penal, 2003/B, Buenos Aires, Editores del Puerto, 2003, p. 603. Sobre el llamado “significado emotivo” de las palabras véase Hare, R.M., “El lenguaje de la moral”, Instituto de Investigaciones Filosóficas Universidad Nacional Autónoma de Mexico, Cuaderno 30, parte II, cap. 6 y 7, México, 1975, y Hospers, John, Introducción al análisis filosófico, 2da. Edición, Madrid, Alianza Universidad Textos, 1984, pp. 74 y ss. Para un análisis dogmático penal de la figura de torturas véase el voto del juez Morín, en el fallo de TOC 7. 68 Método mediante el cual se asfixia a una persona colocándole una bolsa de nylon en la cabeza. 69 Golpes dados en el cuerpo con la parte posterior o “culata” de las armas largas que portan los miembros de las fuerzas de seguridad. 70 Cfr. Defensoría del Pueblo de la Nación–Observatorio Internacional de Prisiones, informe “Las cárceles en Argentina”, 2006; Procuración Penitenciaria de la Nación, Informe 2002/2003, 2003; Instituto de Investigaciones Gino Germani / Procuración Penitenciaria de la Nación, Voces de encierro. Mujeres y jóvenes encarceladas en la Argentina, Buenos Aires,
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turas y los maltratos siguen constituyendo un problema extendido y generalizado en nuestro país.71 Este tipo de prácticas están presentes en el trato cotidiano que reciben las personas alojadas en cárceles, comisarías y asilos psiquiátricos. Su carácter sistemático radica en que el recurso a estos métodos ilegítimos se encuentra incorporado en las rutinas de las fuerzas de seguridad del Estado.72 Al no existir un registro que reúna información documentada en forma metódica sobre casos de torturas y tratos degradantes en todo el país, resulta dificultoso establecer con precisión su dimensión cuantitativa. Esta falencia, además de sustentar discursos negacionistas y reavivar la tendencia a mantener invisibles estos hechos, impide la posibilidad de desarrollar políticas efectivas para erradicar la tortura y los malos tratos. La carencia de información sistemática y confiable en la materia generó pronunciamientos del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT)73
Favsle, 2006; Comité Contra la Tortura de la CPM, El sistema de la crueldad. Informe sobre corrupción, tortura y otras prácticas aberrantes en el Sistema Penitenciario Bonaerense. 2000/2004, 2005. y Ojos que no ven. El sistema de crueldad II. Informe sobre violaciones a los derechos humanos por fuerzas de seguridad en la Provincia de Buenos Aires. 2005/2006, 2006; CELS, Informe Annual. Hechos 2000, op. cit.; CELS, Informe Annual. Hechos enero-diciembre 2001, op. cit.; CELS, Informe Anual. Derechos Humanos en Argentina informe 2002-2003; op.cit. 71 Comité Contra la Tortura (CAT), “Observaciones finales”, 21 de noviembre de 1997 y 24 de noviembre de 2004. 72 Durante la dictadura militar, la sistematicidad de la tortura radicaba fundamentalmente en el hecho de responder a un plan deliberado o a directivas de las máximas autoridades estatales, y no sólo en el carácter generalizado o extendido de la práctica, como ocurre en el marco de gobiernos democráticos. En noviembre de 2004, el propio gobierno nacional reconoció ante el Comité contra la Tortura de la ONU que “la práctica de la tortura no responde a situaciones excepcionales o a circunstancias particulares, sino que son rutinas de las fuerzas de seguridad del Estado, como un legado de la última dictadura militar que los gobiernos democráticos no han podido resolver”. El Comité contra la Tortura de la ONU expresó entonces su preocupación ante “las numerosas alegaciones de tortura y malos tratos cometidas de manera generalizada y habitual por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto en las provincias como en la capital federal” (CAT/C/CR/33/1, parág. 6. a, 24 de noviembre de 2004). 73 La abreviatura “CAT” se debe a que el Comité contra la Tortura es conocido mundialmente por sus siglas en inglés: “Committe Against Torture”.
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en 199774 y 2004.75 En dichas oportunidades, el CAT señaló la necesidad de crear y desarrollar un Registro Nacional que recopile información sobre casos de tortura ocurridos en todo el país. A pesar de las reiteradas exhortaciones del CAT, el Estado nacional continúa incumpliendo este deber. Frente a este panorama, algunos organismos de control, como la Procuración Penitenciaria y el Comité contra la Tortura de la CPM de la provincia de Buenos Aires decidieron desarrollar sus propios registros e investigaciones con el objetivo de determinar el alcance y la magnitud del problema en el ámbito federal y en la provincia de Buenos Aires, respectivamente.76 La CPM recopiló datos sobre la situación en los lugares de encierro de la provincia de Buenos Aires en base a dos fuentes de información: los informes remitidos por funcionarios del Poder Judicial, en cumplimiento de la acordada nº 2825,77 y las denuncias realizadas por los detenidos o sus familiares ante la CPM. Según surge de la base de datos conformada por la CPM, en el primer cuatrimestre de 2007, en las cárceles y comisarías de la provincia se produjeron 2.057 hechos con lesiones o muertes.78 La CPM aclaró que existe “un considerable sub-registro de casos cuyas dimensiones son de difícil estimación” y que los informes oficiales se concentran principalmente en identificar y dar cuenta de aquellos hechos que se relacionan con peleas entre presos, subestimando la violencia ejercida por los funcionarios de las fuerzas de seguridad. Sin perjuicio de ello, la CPM destaca que en julio de 2007 comenzó a diseñar una base de datos con el fin de sistematizar la información recibida y hacer un mejor seguimiento de la situación.79
74 CAT, Informe del 21 de noviembre de 1997 (A/53/44, parágs. 52-69). 75 CAT, Informe del 24 de noviembre de 2004 (C/CR/33/1, parág. 6. b y 7 e.). 76 En el mismo sentido se inscribe la iniciativa de la Defensoría de Casación Penal Bonaerense de crear, en marzo de 2000, el Banco de Datos de Casos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Un registro de la mismas características fue desarrollado, poco después, por el Ministerio Público de la Defensa de Chubut. 77 Esta acordada de la SCBA ordena a los jueces de la provincia informar a la CPM cuando tomaren conocimiento de hechos referidos a lesiones de cualquier grado o muertes, cualquiera fuera la causa, acaecidos en los lugares de detención de la provincia de Buenos Aires. 78 Esta cifra comprende casos que se relacionan con peleas entre internos (CPM, El sistema de la crueldad III, op. cit., p. 27). 79 Ibid., pp. 26 y 27
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En la provincia de Buenos Aires la situación es especialmente grave por la naturaleza y magnitud de los hechos que se denuncian. Según informa la CPM, en el último semestre de 2007 se denunciaron penalmente doce casos de pasaje de corriente eléctrica en distintas unidades del SPB.80 El informe destaca que en todos ellos se dispuso extraer piel de la zona afectada a fin de poder constatar el hecho. Aún se aguarda el resultado de estos peritajes.81 Sin alcanzar el número y la gravedad de los hechos de torturas y maltratos que se evidencia en la provincia de Buenos Aires, la situación en el ámbito federal resulta también preocupante. Aun cuando los casos de tortura y malos tratos denunciados contra el SPF no adquieran la dimensión o la crudeza que presentan en otras jurisdicciones, también en las cárceles federales son
80 Se trata de la Unidad 17 de Urdapilleta, la 5 de Mercedes, la 45 de La Plata, las 35 y 38 de Magdalena y la 44 de Batán. 81 En abril de 2007, los internos Luis Alberto Aguilera Sosa, Sergio Costilla y Marcos Antonio Núñez Moreno denunciaron ante el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria haber sido víctimas del uso de picana en la Unidad nº 5 de Mercedes. La denuncia fue radicada en la UFI nº 7 del Departamento Judicial de Mercedes. Estos internos habían realizado previamente varias denuncias contra agentes del SPB. Aguilera Sosa fue sacado de su pabellón y llevado a una habitación donde le aplicaron descargas eléctricas en las piernas y la espalda. También fue golpeado duramente. Sergio Costilla denunció haber recibido descargas eléctricas en las axilas y en las plantas de los pies. También recibió una dura golpiza. Núñez Moreno declara en la causa judicial haber sido torturado luego de discutir con el encargado del pabellón, a quien le había solicitado infructuosamente atención médica por una dolencia. El interno relató que fue sacado del sector de máxima seguridad dándole “patadas voladoras […] fue golpeado en todo su cuerpo hasta quedar tirado en el piso, lo hacen arrodillar con las manos en la nuca contra un esquinero, allí sintió muchos golpes con palos y dos golpes de corriente eléctrica, que sabe que son golpes de corriente eléctrica porque nunca antes había sentido esa sensación, estaba totalmente desnudo, lo tienen unos diez minutos golpeándolo, él les decía que no le peguen más, o lo que le respondían: ‘¿no eras tan poronga que querías ir a sanidad?’. Un oficial dijo ‘igual es chorro, no nos va a mandar en cana’”. (CPM, El sistema de la crueldad III, op. cit., p. 64.) La Asesoría Pericial de Mercedes determinó que las lesiones que presentaban los internos Aguilera Sosa y Costilla “eran compatibles con las producidas por corriente o quemadura eléctrica”. Núñez Moreno fue revisado por un médico forense de la Asesoría Pericial de La Plata y profesionales del Hospital de Magdalena le realizaron la biopsia correspondiente. Finalmente, el informe médico corroboró los dichos de Núñez Moreno (CPM, El sistema de la crueldad III, op. cit., pp. 64-65.)
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habituales estas prácticas lesivas de la integridad física y psíquica de los internos. En este sentido, en el transcurso del año 2007 la Procuración Penitenciaria desarrolló una investigación cuyo objetivo fue “develar (hacer visible) y describir la continuidad y sistematicidad de prácticas violentas y vejatorias institucionales, maltrato físico: y describir y comparar su despliegue en las distintas unidades penitenciarias y sobre las distintas poblaciones de detenidos”.82 Para tal estudio, un equipo multidisciplinario de profesionales de la Procuración Penitenciaria encuestó a 939 personas detenidas en cárceles federales, cifra que representa el 10,2 % del total de la población del SPF. Las entrevistas se realizaron entre el 29 de junio y el 7 de septiembre de 2007, en unidades penitenciarias de la “Zona Metropolitana”83 y “Unidades de Máxima Seguridad del Interior del País”.84 El trabajo se focalizó en “el maltrato físico y otras prácticas violentas en tanto castigos aplicados sobre el cuerpo del detenido”. En este sentido, la Procuración consideró a “la agresión física, la requisa personal y de pabellón y la sanción disciplinaria de aislamiento como indicadores clave en cuanto a la producción de dolor físico, degradación y sometimiento, técnicas de control y disciplinarias en el marco de estrategias de gobernabilidad penitenciaria”.85 Según la encuesta, el 64,3% manifestó haber sido agredido físicamente por personal del SPF durante su detención.86 En más de la mitad de los casos,87 las agresiones recibidas produjeron como consecuencia lesiones físi-
82 Procuración Penitenciaria de la Nación, Informe Preliminar. Investigación: Estudios sobre malos tratos físicos: requisa, sanción de aislamiento, y golpes en las cárceles federales, noviembre de 2007, p. 19, inédito. 83 U. 2 de Devoto; CPF I de Ezeiza; CPF II de Marcos Paz; CPF para Jóvenes Adultos de Marcos Paz; Instituto U. 3 de Ezeiza; Centro Federal de Detención de Mujeres “Nuestra Señora del rosario de San Nicolás”, de Ezeiza (Unidad 31). 84 U.6 de Rawson, U.9 de Neuquén y U.7 de Chaco. 85 Procuración Penitenciaria de la Nación, Informe Preliminar, op. cit., pp. 19 y 20. 86 Estos resultados surgen de la pregunta “¿Alguna vez fue agredido físicamente por agentes penitenciarios durante la presente detención?”. El informe preliminar no da cuenta de los resultados de la encuesta frente a preguntas incorporadas al cuestionario con el objetivo de establecer la fecha aproximada y las circunstancias de la agresión, así como también en cuántas oportunidades ello habría ocurrido. Sólo se destaca que el 55,7% de los detenidos fueron golpeados en las Unidades en las que se encontraban al momento de realizarse la encuesta. 87 Nos referimos al 53,4% de las personas agredidas, lo que equivale al 33,9% de la población total encuestada.
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cas.88 La mayor cantidad de personas golpeadas se concentra en las franjas etarias de 18-24 años y de 25-34: 69,6% y 65% respectivamente. El Módulo IV del CPF I (Ezeiza), que aloja a varones jóvenes adultos, se presenta como la Unidad que más utiliza la práctica de golpes por parte del personal penitenciario con el 85%. Le siguen la U.6 (Rawson) con el 81,5%, la U.2 (Villa Devoto) con el 75,5%, la U.7 (Chaco), con el 73,7% y la U.9 (Neuquén) con el 67,4%. De acuerdo con la misma investigación, los varones son víctimas de agresiones físicas del personal penitenciario en una proporción mucho mayor que las mujeres: 65,8 y 5,7%, respectivamente. Según el estudio de la Procuración Penitenciaria, “es la requisa vejatoria, y no tanto en los golpes, donde se canalizan los malos tratos sobre el colectivo de las mujeres presas”. Casi el 70% de las mujeres detenidas sufrió durante 2007 la inspección más degradante y humillante: desnudos totales y flexiones.89 En el caso de los hombres, la proporción es mucho menor: el 17,8% pasó por esa experiencia denigrante. La difusión en medios periodísticos de los resultados preliminares de la investigación de la Procuración Penitenciaria dio lugar a una inmediata y virulenta reacción del jefe del SPF, Alejandro Marambio Avaria. La Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación (en adelante, Comisión de Cárceles) se sumó a estas críticas a través de un duro comunicado en el cual cuestionó la veracidad de la información suministrada por la Procuración Penitenciaria.90
88 El siguiente es un ejemplo de la práctica descripta: el 16 de octubre de 2007 la Procuración Penitenciaria recibió una denuncia de un funcionario de la Defensoría del Pueblo de la Nación. El denunciante refirió que una persona detenida en la U.6 (Rawson) había sido trasladada al CPF II (Marcos Paz) y que, según informaba la esposa de la víctima, había sido fuertemente golpeado como “bienvenida”. La mujer precisó que el interno había efectuado algunas denuncias contra el personal del penal de Rawson. Según destaca un informe de la Procuración Penitenciaria, al llegar al CPF II el interno recibió golpes de puño en la espalda, panza, cara, mientras estaba esposado con las manos en la espalda. Fue tirado al piso boca abajo y golpeado en las costillas. Le pisaron la cabeza, le pegaron patadas en todo el cuerpo, incluso en los testículos. Mientras lo golpeaban lo insultaban y le decían: “te gusta hacernos denuncias […] en cualquier momento te vamos a matar” (Procuración Penitenciaria, res. 105/07). 89 Esta variable da cuenta de la exposición del cuerpo totalmente desnudo con el agravante de realizar flexiones a efectos de “agudizar” la inspección de la zona genital-anal por parte del personal del Servicio Penitenciario. Procuración Penitenciaria de la Nación, Informe Preliminar, op. cit., p. 52. 90 Defensoría General de la Nación, Prensa y Difusión. Boletín: 140/2007 del 4 de diciembre de 2007.
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El jefe del SPF señaló lo siguiente: “[…] no puede haber 63,4 (sic) por ciento de presos que han sido golpeados en la cárceles. Eso no existe. Y no discuto que hay que hacer un trabajo profundo, que es el que encaramos durante dos años y medio de gestión, sobre las prácticas en las cárceles”. Respecto a las requisas corporales destacó: “En todos los lugares del mundo se hace una requisa profunda”.91 Asimismo, la Comisión de Cárceles afirmó en su comunicado que el informe de la Procuración Penitenciaria “no se ajusta a la realidad”. En primer lugar, destacó que “se enc[ontraba] compelida (sic) a efectuar algunas aclaraciones y precisiones en torno a las afirmaciones vertidas y los datos ofrecidos” por la Procuración Penitenciaria. Luego, refutó el diagnostico de sistematicidad de la práctica de tortura enfatizando que “la descripción de un cuadro empírico de la magnitud del descripto […] no sería posible sin el conocimiento de los jueces, fiscales y defensores que gestionan el sistema judicial”.92 Para sustentar su crítica, la Comisión de Cárceles trajo a colación los resultados preliminares de una investigación que estaba desarrollando, tendiente a “definir el perfil del interno alojado en unidades penitenciarias federales”. Según este estudio, “ante la pregunta relativa a si fueron [los detenidos] víctimas de delitos durante su detención, el 87% respondió que no”.93 Las reacciones que provocó el diagnóstico de sistematicidad de la violencia penitenciaria en el ámbito federal no se justifican si se tiene presente la existencia de otras fuentes que informan sobre esta situación.94 Más aún, el propio gobierno nacional había reconocido la extensión del problema no mucho tiempo antes.95 Igualmente, la justificación de las requisas íntimas no resulta compatible con las exhortaciones que distintos organismos internacionales hicieron a nuestro país para erradicarlas.96 Por otra parte, la discrepancia con los resultados de la investigación llevada a cabo por la Comisión de Cárceles estaría relacionada con las claras diferencias de enfoque, metodología y objetivos de investigación que evidencian los trabajos de una y otra institución. Así, el estudio realizado por la
<diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=34307>. Defensoría General de la Nación, Prensa y Difusión, op. cit. Id. Véase nota 72. Véase nota 75. Cfr. CIDH, Informe 38/96, caso 10.506, “Arenas”, 15 de octubre de 1996 y CAT, Informe 24 de noviembre de 2004 (C/CR/33/1. parág. 14).
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Procuración tiene como eje principal el análisis de las distintas formas de violencia institucional y su objetivo es “identificar, describir y analizar las prácticas institucionales violentas referidas a lo que denominaremos MALOS TRATOS FÍSICOS, referenciándolos como modalidad de trato en las diferentes unidades tipificadas por el SPF como de ‘Máxima Seguridad’”.97 En cambio, el trabajo de la Comisión de Cárceles analiza sólo algunos aspectos generales de las condiciones de detención, mientras que su eje es la descripción del “perfil penitenciario del interno”.98 Adicionalmente, la pregunta mencionada más arriba acerca de si el encuestado fue víctima de un delito durante su detención está incluida en la sección “Población carcelaria”. La utilización de la palabra “delito” en este contexto no sólo resulta muy amplia, sino que además fue formulada a los encuestados en el marco de otras preguntas acerca de la convivencia entre los internos, y no en relación con el trato recibido por parte de los agentes penitenciarios. Es por eso que no resulta adecuado evaluar la existencia o –aún menos– la magnitud de los malos tratos penitenciarios en función de las respuestas allí obtenidas. Sin perjuicio de esas diferencias de enfoque y metodológicas, la Comisión de Cárceles refirió, en su comunicado, que el 37% de los detenidos encuestados en su investigación señaló que el trato dispensado por el personal de la requisa era malo. Un informe posterior del resultado de esa investigación99 muestra que el 26% califica el trato del personal de requisa como malo y el
97 Procuración Penitenciaria de la Nación, Informe Preliminar, op. cit., p. 17. 98 El cuestionario con el que se realizó la encuesta consta de las siguientes preguntas: 1) Datos personales, 2) Antecedentes judiciales, 3) Salud, 4) Droga, 5) Grupo familiar, 6) Pareja, 7) Trabajo, 8) Vivienda, 9) Alimentación, 10) Proceso, 11) Abogado, 12) Religión, 13) Solicitudes, 14) Relación con personal penitenciario, 15) Población carcelaria y 16) Solicitud de traslado. 99 El comunicado fue difundido el 4 de diciembre de 2007 y en él se aclaraba que los datos se encontraban en etapa de evaluación. Pocos días después, a raíz de un pedido efectuado por el CELS, la Comisión de Cárceles envió información más completa surgida de este estudio. Allí se consignaban los datos que se presentan a continuación. Las cifras varían respecto de la información que se difundió en el comunicado, en algunos casos –como el mencionado– muy significativamente. Esto en función de que se habían cargado más datos provenientes de unidades cuyas respuestas no se contemplaron en el momento de formular el citado comunicado. La publicación de estos resultados preliminares, en el contexto en que se hizo, y la polémica generada con la Procuración justamente en base a los datos estadísticos resulta un proceder, por lo menos, incauto por parte de la Comisión.
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18% como regular. En algunas de las más importantes unidades carcelarias federales el nivel de reclamo respecto de la actuación del personal de requisa era todavía más alto: en la U.3, el 49% de las mujeres lo califica como malo y el 20% lo considera regular; en la U.31, el 27% de las mujeres califica el trato como malo y el 20% como regular; en el CPF I (Ezeiza) el 33% de los encuestados califica al trato como malo y el 20% como regular; en el CPF II (Marcos Paz) un 32% califica el trato como malo y el 19% como regular y en la U.2 (Villa Devoto) el 33% refiere que el trato de la requisa es malo y el 20% regular. Estos datos son significativos, sobre todo en el marco de una investigación que, como dijimos, no tenía como prioridad identificar prácticas de violencia institucional. Un análisis más atento de esa información debería conducir a una profundización de la investigación en ese punto, con el fin de dilucidar los alcances, las circunstancias y la modalidad de los malos tratos que allí se observan. Una institución como la Comisión de Cárceles, que tiene como misión principal la defensa de los derechos de los imputados, no debería subestimar ningún indicador que refleje algún nivel de violencia institucional. La situación descripta y las distintas intervenciones institucionales llevan a repensar las estrategias necesarias para abordar un problema con estas características. En primer lugar, es fundamental analizarlo desde una perspectiva estructural, buscando los indicadores que logren dar cuenta de la circulación de violencia carcelaria, más allá de que no se traduzca en prácticas evidentes. Por ello, muchas veces prácticas violentas de castigo pueden descubrirse tras hechos como las muertes traumáticas, las sanciones disciplinarias, los suicidios o los traslados generalizados.100 Si se observa con atención, todavía se
100 Decíamos, en una investigación del año 2004 sobre la situación de la provincia de Buenos Aires que puede trasladarse al modo de abordar el problema de la violencia carcelaria y la tortura y el maltrato especialmente: “Las causas más profundas del fenómeno, los contextos concretos en los que se produce, las costumbres institucionales que favorecen el desarrollo de estas prácticas aberrantes y, sobre todo, las fallas en los dispositivos institucionales supuestamente orientados a su prevención y castigo, son cuestiones mucho menos evidentes y exigen una aproximación empírica, un análisis minucioso y una mirada entrenada para distanciarse de las apariencias”. En el punto 2 del trabajo se analizan, además de las denuncias concretas sobre torturas y apremios (judicializadas o no), distintos indicadores como las muertes traumáticas en los lugares de detención, lesiones, autolesiones, sanciones disciplinarias de aislamiento, entre otras. Véase Paula Litvachky y Josefina Martinez, “La tortura y las respuestas judiciales en la provincia de Buenos Aires”, op. cit., pp. 61 y ss. La naturalización de la violencia por parte de las instancias judiciales y
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mantienen indicios serios de que prácticas como las “bienvenidas”, las acciones de los grupos de requisas o las mismas requisas vejatorias a mujeres, resultan formas innominadas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Todas las instituciones públicas vinculadas al funcionamiento del sistema penal y del penitenciario específicamente, tienen responsabilidad en la elaboración de políticas que logren prevenir y sancionar este tipo de hechos. En este contexto, la promoción del ascenso a un cargo relevante de un funcionario penitenciario, como el prefecto Hugo N. Sbardella, acusado de un hecho grave de tortura, cobra especial relevancia.101 Esta medida no resulta
administrativas también es indicada por la Secretaría de Derechos Humanos de la PBA en el Informe sobre sobrepoblación y sus consecuencias sobre las condiciones de detención de las personas privadas de libertad en el ámbito del Servicio Penitenciario Bonaerense, de marzo de 2005, disponible en <www.sdh.gba.gov.ar>. 101 En el mes julio de 2007, el CELS accedió a información según la cual el prefecto Hugo N. Sbardella sería designado como director principal del CPF - CABA (U.2 de Villa Devoto). En esas circunstancias, el CELS junto con la Procuración Penitenciaria y otras ONGs se comunicaron con el director nacional del SPF –Alejandro Marambio Avaria– y el subsecretario de Asuntos Penitenciarios –Federico Horacio Ramos– para expresarles su preocupación por el nombramiento. En tal sentido se hizo notar que sus antecedentes no hacían conveniente su designación. Esta preocupación se sustenta en que Hugo Sbardella demostró tener rasgos violentos que desencadenaron en hechos trágicos que vulneraron derechos humanos. Frente a lo manifestado, los citados funcionarios dejaron sin efecto tal decisión. El 31 de mayo de 1998, Hugo N. Sbardella –quien entonces se desempeñaba como jefe de Requisa de la ex Unidad 2 de Devoto– golpeó brutalmente hasta dejar ciego a un interno, Gabriel Darío M. A raíz de estos hechos se le inició una causa penal por el delito de lesiones gravísimas, lo que llevó a su detención. Sin embargo, el juez a cargo de la investigación, Facundo Cubas, calificó el hecho en forma condescendiente: “exceso en legítima defensa”. Así, la causa prescribió por el paso del tiempo y la falta de avance en la investigación. Prescripta la causa penal, el expediente administrativo también fue cerrado. Con posterioridad al frustrado intento de designar a Sbardella a cargo de la U.2, las autoridades insistieron en promocionar al oficial cuestionado. Así, crearon la Región Noroeste en la órbita del SPF y designaron al prefecto Sbardella a cargo de esta nueva dirección, según consta en la resolución D.N. n° 3.755 –expte. n° 56.534/2007 D.N., resolución D.N. n° 3.755, publicado en el Boletín Público Normativo del Servicio Penitenciario Federal Argentino, AÑO 14, Nº 256, Buenos Aires, 27 de septiembre de 2007– del 29 de agosto de 2007. En consecuencia, el 6 de diciembre de 2007 el CELS envió una carta al entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Alberto Juan Bautista Iribarne, a fin de
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compatible con el objetivo de desalentar, hacia adentro del SPF, prácticas violatorias de derechos humanos. Decisiones de este tipo configuran un mensaje institucional pernicioso que, al igual que la impunidad, terminan alentando la reiteración de hechos aberrantes.
3.2. El proceso de implementación del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes Una de las medidas fundamentales del gobierno del presidente Kirchner en materia de prevención de la tortura fue la firma y posterior aprobación legislativa del Protocolo Facultativo contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (en adelante, Protocolo Facultativo o Protocolo). Sin embargo, al no avanzar el Estado en la implementación del mecanismo nacional de prevención de la tortura previsto en el Protocolo, esta decisión no ha cobrado fuerza.102 El plazo para designar o crear el mecanismo nacional venció en junio de 2007.103 En particular, resulta preocupante que hasta el momento el Estado haya excluido a las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas del proceso de discusión de la implementación del Protocolo y el diseño del
expresarle su preocupación por la designación y solicitarle que Sbardella fuera removido de ese cargo. Al cierre de este informe, el CELS tomó conocimiento de que el prefecto Sbardella no sería ascendido y por lo tanto pasaría a retiro en un futuro cercano. Si bien el resultado es positivo, este caso ofrecía una oportunidad para que el órgano a cargo del SPF mande una señal categórica de que estas prácticas no serán toleradas. Será importante entonces seguir las medias administrativas que definirán la carrera del prefecto Sbardella. 102 El objetivo del Protocolo es prevenir la tortura y los malos tratos mediante un sistema de visitas regulares a lugares de detención llevadas a cabo por órganos independientes en el ámbito nacional e internacional. La Asamblea General de Naciones Unidas lo adoptó el 18 de diciembre de 2002. El 8 de septiembre de 2004 se aprobó en nuestro país, mediante la sanción de la ley 25.932. La ley se promulgó de hecho el 29 de septiembre de 2004 y se publicó el 1 de octubre en el Boletín Oficial. El 16 de noviembre se ratificó mediante el depósito del instrumento en la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas. 103 Según el art. 17 del Protocolo, el plazo para designar o crear el mecanismo nacional es de un año desde la entrada en vigor del instrumento internacional. Según lo establecido en el art. 28, el Protocolo entró en vigor el 22 de junio de 2006.
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mecanismo nacional de prevención. El único proyecto oficial que ha tenido publicidad hasta ahora –el anteproyecto de ley elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación– no responde a las exigencias del Protocolo Facultativo y a las necesidades que impone la grave situación carcelaria en nuestro país, ni se ajusta a los estándares de independencia, idoneidad y transparencia que exige el Protocolo. Tampoco garantiza una implementación uniforme en todo el país, atendiendo a la necesidad de articular las instancias federales y locales. Por último, esta iniciativa oficial tampoco constituye una respuesta efectiva frente al problema de la tortura en la medida que no establece estrategias de intervención originales ni capitaliza experiencias comparadas que posibiliten un adecuado abordaje de la situación compleja y persistente que describimos en el apartado anterior. En junio de 2007, un conjunto de organizaciones,104 entre ellas el CELS, remitió una nota al entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Alberto Iribarne, en donde se le solicitó “la apertura de un espacio de diálogo a fin de encausar un proceso de intercambio de propuestas que favorezcan una buena implementación del Protocolo en nuestro país”. El planteo no obtuvo respuesta alguna. Resulta deseable que las actuales autoridades del Ministerio sean más receptivas y establezcan un ámbito adecuado de discusión sobre este tema con las organizaciones de la sociedad civil.
104 Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Asociación Casa del Liberado (Córdoba), Asociación de Defensores de Derechos Humanos (ADDH), Fundación Sur Argentina, Pasantía de Defensores de Ejecución, Colegio de Abogados de Rosario/Centro de Investigaciones de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario, Coordinadora de Trabajo Carcelario (CTC- Rosario), Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria, Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Colectivo para la Diversidad (COPADI), Centros de Estudios de Ejecución Penal de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Grupo de Estudios sobre Educación en Cárceles (GESEC)/Comisión Universitaria sobre la Educación Pública en las Cárceles-Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Foro para la Justicia Democrática (FOJUDE), Observatorio de Prisión y Derechos Humanos–Universidad Nacional del Litoral, Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y Asociación Xumex (provincia de Mendoza).
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4. Propuestas para una agenda de discusión El cuadro narrado hasta aquí pone en evidencia una situación de extrema gravedad y bastante compleja. A modo de conclusión, expondremos algunas propuestas con el objeto de contribuir a definir los lineamientos de una agenda de discusión de políticas públicas referidas a la problemática carcelaria en nuestro país. En primer lugar, resulta prioritario cuestionar los niveles de tolerancia social al castigo y sufrimiento ajeno, reforzando la condición de sujetos de derecho de las personas privadas de su libertad. Asimismo, es necesario desarrollar un diagrama adecuado de política criminal, coherente y acorde con las herramientas disponibles para sustentarlos. Diseñar la estructura de una política criminal y penitenciaria implica definir, en forma fundada, cuántos presos queremos tener, sobre qué delitos queremos privilegiar la persecución, y en qué condiciones queremos mantener a las personas detenidas. Para ello es fundamental un debate amplio, robusto y transparente, que precisa de la producción y distribución de información sistemática y confiable sobre la materia. Es importante dejar de considerar que el derecho penal es el principal método para resolver conflictos. En este sentido, urge que los funcionarios procesen de otro modo las demandas de mayor seguridad. Ello les permitiría ofrecer respuestas de mejor calidad y más efectivas y no repetirse en el endurecimiento de las leyes penales y procesales, cuyas consecuencias perniciosas están a la vista. La introducción normativa de estándares mínimos sobre condiciones de encierro, y la fijación de cupos de alojamientos basados en ellos, constituyen herramientas imprescindibles para contener el problema de la sobrepoblación carcelaria. A su vez, estos parámetros contribuirán a sortear la discrecionalidad y arbitrariedad que existe actualmente, tanto en la valoración global del problema como en el análisis de casos individuales. No obstante, ello no basta para evitar la sobrepoblación sino que, además, la ley debe prever sanciones para la violación de este cupo y mecanismos eficaces para evitar el alojamiento de personas por sobre la capacidad real de los establecimientos. Ante los graves sucesos producidos en distintos centros de detención, resulta insoslayable adoptar, a la mayor brevedad posible, un plan integral de lucha contra incendios en todas las cárceles del país. Este programa institucional contra incendios debería desarrollar una adecuada política de prevención y organizar la actuación del personal penitenciario frente a este tipo de acontecimientos. Estas medidas deben estar acompañadas de la implementa-
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ción de mecanismos y rutinas de supervisión y control de los estándares y lineamientos que se fijen, para asegurar el efectivo cumplimiento de estas disposiciones en las distintas unidades penitenciarias del país. Además, resulta fundamental articular las instancias locales y federales con el objetivo de garantizar una aplicación uniforme de las normas constitucionales y los tratados internacionales que estipulan los derechos de las personas privadas de su libertad. Para ello deben desarrollarse nuevos mecanismos o remedios federales, jurisdiccionales y políticos idóneos para intervenir en casos de violaciones estructurales a derechos humanos en las provincias, y fortalecer las herramientas existentes. En este sentido, deben potenciarse las instancias de coordinación de políticas criminales y penitenciarias entre el gobierno nacional y las provincias, tales como el Consejo Federal Penitenciario Argentino. Por otra parte, es necesario que los jueces asuman efectivamente su rol de garantes de los derechos de las personas detenidas. Es preciso erradicar el abuso de la prisión preventiva y la prolongación de esta medida más allá del plazo razonable. Para ello se requiere que la discusión en torno a la necesidad de esta medida cautelar se circunscriba a la existencia concreta de peligro de fuga o a la posibilidad de entorpecimiento de la investigación. En consonancia con este criterio, es necesario que los jueces fijen límites temporales precisos y objetivos que impidan la prolongación del encierro preventivo. Además, es recomendable una mayor utilización de medidas alternativas a la detención provisoria, fundamentalmente en casos de mujeres embarazadas o con hijos pequeños, siempre que se verifique la concurrencia de algún peligro procesal que justifique la medida restrictiva. En contextos de crisis como el que se describió, la Defensa Pública debe tener un papel institucional de relevancia para motorizar cambios y promover decisiones que garanticen derechos. Para que pueda cumplir ese papel, es necesario fortalecerla. Se requiere de una Defensa Pública que actúe en forma autónoma, que entienda los problemas del sistema penal y ponga en marcha una política que cuestione la legitimidad del funcionamiento actual del sistema, que tenga capacidad para discutir de igual a igual el modelo de persecución penal y que pueda mostrar un sostenido activismo en materia de resguardo de los derechos de las personas sometidas a proceso, especialmente de las personas privadas de su libertad. Finalmente, la implementación del Protocolo Facultativo obliga al Estado a reforzar los mecanismos de control sobre las condiciones de detención y la violencia institucional en las cárceles de todo el país. Además, este instrumento internacional abre la posibilidad de debatir nuevas estrategias y polí-
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ticas públicas con la intervención de la sociedad civil. En este sentido, crear un mecanismo nacional de prevención de carácter mixto, cuya estructura combine la actuación de agencias estatales y organizaciones civiles, es una posibilidad que merece explorarse seriamente.
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