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Sentencia A.P. Palma de Mallorca 215/2010 de 1 de junio. Acción reivindicatoria. Tercería de dominio. Derecho de propiedad - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Palma de Mallorca 215/2010 de 1 de junio
Acción reivindicatoria: Finca urbana que se considera propiedad del actor. Elevación a público del contrato de compraventa. Los actos dispositivos de bienes gananciales requieren el consentimiento de ámbos cónyuges, pero no son nulos de pleno derecho. Jurisprudencia al respecto.
SENTENCIA: 00215/2010
Rollo: RECURSO DE APELACION 0000166 /2010
SENTENCIA N.º 215
ILMOS SRS. Palma de Mallorca, a uno de
PRESIDENTE: de junio dos mil diez.
D. Carlos Gómez Martínez.
D. Guillermo Rosselló Llaneras.
Dña. Catalina María Moragues Vidal.
VISTOS por la Sección 3.ª de esta Audiencia Provincial, en grado de
apelación, los presentes autos, juicio ordinario, seguidos por el Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de Palma, bajo el n.º 591/08,
Rollo de Sala n.º 166/10, entre partes, de una como demandada - apelante don Benigno,
representada por el procurador don José Antonio Cabot Llambías, y de otra, como actora - apelada don Germán, representada por el procurador don Mateo Cabrer Acosta, asistidas ambas de sus respectivos letrados don Luis
Berastain Díez y don Juan Camps Femenía.
ES PONENTE el Ilmo. Sr. Magistrado D. Guillermo Rosselló Llaneras.
Primero.-Por la Ilma. Sra. Magistrada Jueza del Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de Palma, en fecha 16 de noviembre de 2009, se dictó sentencia, cuyo fallo dice: "Que estimando la demanda de Juicio Ordinario, promovida por el Procurador Sr. Cabrer, en nombre y representación de D. Germán, contra D. Benigno y Doña María Teresa, ésta última en rebeldía, debo declarar y declaro que la finca Urbana, apartamento tipo A del piso NUM000, bloque NUM001 de apartamentos Vía DIRECCION000, término de Calviá... inscrita en el Registro de la Propiedad de Calviá n.º 1 finca registral n.º NUM002, es propiedad del actor, y en consecuencia, debo condenar y condeno a los referidos demandados a elevar a público el contrato de compraventa de 16 de mayo de 1994, con imposición de costas.".
Segundo.-Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por la representación de la parte demandada, que fue admitido, y seguido el procedimiento por sus trámites, se señaló para deliberación, votación y fallo el día 26 de mayo del presente año; quedando el presente recurso concluso para sentencia.
Tercero.-En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales.
Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada en lo que no se opongan a los que siguen
Primero.-Son hechos acreditados en autos y de los que se deberá partir para la adecuada resolución del presente litigio los siguientes:
1.º Los consortes don Benigno y doña María Teresa, casados en régimen de gananciales, adquirieron para su sociedad conyugal el pleno dominio de la finca urbana n.º 49 de orden, apartamento tipo A del piso NUM000, Bloque NUM001 de Apartamentos Vía DIRECCION000 de Palma Nova (Calvià), finca registral NUM002, mediante escritura pública de compraventa autorizada por el notario don Raimundo Clar Garau en fecha 12 de diciembre de 1983, debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad n.º 1 de Calvià a nombre de los esposos.
2.º Por sentencia firme de fecha 11 de octubre de 1993 dictada por el juzgado de primera instancia n.º 3 de los de Palma, se acordó la separación matrimonial de los indicados consortes, inscribiéndose en el Registro Civil n.º 2 de Palma, al margen de la inscripción del matrimonio, en fecha 31 de enero de 1994.
3.º Mediante documento privado de compraventa de fecha 16 de mayo de 1994, la esposa doña María Teresa vendió como propio el apartamento descrito a don Germán, por el total precio debidamente abonado de 3.500.000 pesetas, obligándose a otorgar escritura pública una vez "resuelto el asunto de separación matrimonial, que está pendiente de liquidación de bienes gananciales", entregando a la firma del contrato la posesión del apartamento al comprador que la ha venido manteniendo hasta la fecha.
4.º En los autos de menor cuantía sobre tercería de dominio seguidos ante el juzgado de primera instancia n.º 13 de los de Palma bajo el número 169/1998, promovidos por el comprador don Germán contra la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y el deudor don Benigno, en el que fue declarado en rebeldía, se dictó sentencia firme de fecha 20 de mayo de 1998 por la que se declaró que la descrita finca registral NUM003 era propiedad del demandante, dejando sin efecto el embargo trabado sobre la misma.
5.º Don Benigno, hijo de los titulares registrales del apartamento, el 18 de diciembre de 2007 requirió por medio de su abogado a don Germán a fin de que acreditara su ocupación y exhibiera título justificativo de la misma, atribuyéndose el requeriente la propiedad del inmueble, requerimiento al que dio contestación el requerido en fecha 8 y 13 de mayo de 2008 a los titulares registrales recordándoles que era el legitimo propietario del apartamento en virtud de contrato privado de compraventa de fecha 16 de mayo de 1994, otorgado por la esposa Sra. María Teresa.
Segundo.-Don Germán interpuso demanda de juicio ordinario contra don Benigno y doña María Teresa, origen de los presentes autos, en la que solicitaba sentencia por la que se declare que la finca registral número NUM002 es de su propiedad, viniendo obligados los demandados a elevar a público el contrato privado de compraventa de fecha 16 de mayo de 1994, pretensiones que fundamentó en que el acto de disposición a título oneroso del bien ganancial realizado por la esposa era meramente anulable a instancia del otro cónyuge que no prestó su consentimiento (art. 1.322 CC), anulabilidad que sólo se puede interesar por vía de acción la que, en cualquier caso, habría caducado por el transcurso de los cuatro año que señala el artículo 1.301 del Código Civil, sin que el esposo pueda argumentar desconocimiento del acto de disposición efectuado por la esposa en el año 1994 ya que desde el año 1998 tuvo cabal conocimiento de la enajenación al ser emplazado en los autos de tercería de dominio.
La esposa demandada no se personó en los autos siendo declarada en situación de rebeldía, mientras que el esposo compareció sin contestar la demanda, y propuesta y practicada la prueba, se dictó sentencia estimando íntegramente la demanda declarando que el demandante es el propietario del apartamento de autos y condenando a los esposos demandados a elevar a público el contrato privado de compraventa de 16 de mayo de 1994, con expresa imposición de las costas a la parte demandada.
Dicha resolución constituye el objeto del presente recurso al haber sido apelada por el esposo demandado alegando, al razonar el motivo, la nulidad absoluta del contrato privado de compraventa por falta de consentimiento del recurrente (art. 1.261 CC) que no puede ser objeto de sanación por el transcurso del tiempo, y no meramente anulable al amparo del artículo 1.322 del CC que entiende que no es de aplicación al encontrase separados judicialmente en la fecha de su otorgamiento, sin que existiera consentimiento tácito que la sentencia extrae de la falta de reclamación del recurrente durante casi trece años, insistiendo en no haber tenido noticia de la transmisión efectuada por su ex cónyuge.
Tercero.-La primera cuestión que se somete a la resolución de este tribunal es la referente a si la enajenación del inmueble ganancial efectuada por la esposa como propio, tras la sentencia firme acordando la separación matrimonial de los cónyuges titulares, adolece de nulidad radical o absoluta, tesis del recurrente, o simplemente de nulidad relativa o anulabilidad, como entiende la sentencia apelada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 1.322 del CC y jurisprudencia que lo ha venido interpretando.
Si bien es cierto que los actos dispositivos de bienes gananciales requieren el consentimiento de ambos cónyuges (arts. 1.375 y 1.377 CC), no lo es menos que la disposición a título oneroso, como en el caso, de alguno de dichos bienes por uno sólo de los cónyuges, sin concurrir el consentimiento del otro, no es un acto radicalmente nulo, sino meramente anulable a instancia del cónyuge cuyo consentimiento se ha omitido, según establece el artículo 1.322 del Código Civil, por contraposición a los actos dispositivos a título gratuito cuya nulidad radical o absoluta declaran expresamente el citado precepto y el artículo 1.378 del CC, y así lo tiene reiteradamente declarado la jurisprudencia (SS.T.S. de 20 de septiembre de 2007 y 5 de diciembre de 2008, por todas), cuya anulabilidad no puede hacerse valer por vía de excepción sino a través exclusivamente del ejercicio de la correspondiente acción y entre tanto ha de tenerse por válido y vinculante para ambos cónyuges (SS.T.S. de 6 de octubre de 1988, 7 de junio del 1990, 22 de diciembre de 1992, entre otras muchas).
Nada habría que objetar, pues, a la argumentación de la sentencia de la instancia acerca de la validez del acto de disposición unilateral por parte de la esposa del apartamento ganancial al no haber postulado el esposo su nulidad dentro del plazo legal señalado en el artículo 1.301 del Código Civil de cuatro años a contar desde el día de la disolución de la sociedad conyugal. Sin embargo, en dicho razonamiento no se toma en consideración el hecho trascendental de que la venta del bien ganancial la realizó la esposa unilateralmente como propio cuando la sociedad ganancial se hallaba legalmente disuelta por la sentencia firme de separación matrimonial anterior al acto de disposición, disponiendo al efecto el artículo 1.392 del CC que la sociedad de gananciales concluirá "cuando judicialmente se decrete la separación de los cónyuges", siendo criterio doctrinal y jurisprudencialmente admitido de que durante el período intermedio entre la disolución y la definitiva liquidación de la sociedad conyugal surge una comunidad postganancial sobre la que fuera masa ganancial, cuyo régimen ya no puede ser el de la sociedad de gananciales sino el de la comunidad de bienes ordinaria. En este sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2005 que dice "Dentro las normas de la Sección 4.ª del Capítulo IV, sobre administración de la sociedad de gananciales, el artículo 1375 establece un principio de cogestión y codisposición de bienes gananciales(STS 14-XI-2000), completado en el artículo 1384 para corregir las perniciosas consecuencias que pudieran derivarse del mismo(STS 14-II-2005), al señalar que en defecto de pacto en capitulaciones, la gestión y disposición de los bienes gananciales, se atribuye conjuntamente a los cónyuges, distinguiéndose a estos efectos entre actos de administración (art. 1376) y actos de disposición a título oneroso de cualquier bien de carácter ganancial (art. 1.377), para los que se establecen determinadas cautelas y autorizaciones asimismo supletorias en defecto de consentimiento siempre que estime fundada la petición o le lleven a la convicción de que estos actos sirven para mejorar y conservar de una manera mas eficaz el patrimonio familiar. Presupuesto, por tanto, para interesar esta autorización judicial es que la vivienda sea de titularidad conjunta de ambos esposos y que se encuentre vigente el régimen económico de sociedad de gananciales, lo que no es el caso, puesto que el piso a que se refiere la demanda pertenece en copropiedad a ambos cónyuges y su uso fue atribuido a la actora en una sentencia previa de divorcio que también produjo la disolución del régimen económico matrimonial vigente hasta dicho momento (arts 95 y 1392 CC). Se trata, por tanto, de una sociedad de gananciales disuelta y no liquidada y, en concreto, de un bien que dejó de integrar dicha sociedad para formar parte de lo que se conoce como comunidad postganancial, formada por la recurrente y Don Raúl, que dejó de regirse, en cuanto a la administración y disposición de los bienes, por las normas propias de esta sociedad para hacerlo por las de la comunidad de bienes; razones todas ellas que impiden entender infringidos los artículos 1.375 y 1.377 del Código Civil, ni ninguna de las normas de la Sección que los contiene, puesto que, como es obvio, no resultan de aplicación a una sociedad de gananciales que ha dejado de existir de pleno derecho a partir del divorcio..... La Sentencia de este Tribunal Supremo que se dice infringida, de fecha 31 diciembre de 1998, no hace sino confirmar lo expuesto al establecer de forma clara las consecuencias derivadas del tránsito de un régimen jurídico a otro como consecuencia de la disolución de la sociedad de gananciales, al declarar que "los bienes que, hasta entonces, habían tenido el carácter de gananciales, pasan a integrar (hasta que se realice la correspondiente liquidación) una comunidad de bienes postmatrimonial o de naturaleza especial, que ya deja de regirse, en cuanto a la administración y disposición de los bienes que la integran, por las normas propias de la sociedad de gananciales. Sobre la totalidad de los bienes integrantes de esa comunidad postmatrimonial ambos cónyuges (o, en su caso, el supérstite y los herederos del premuerto) ostentan una titularidad común, que no permite que cada uno de los cónyuges, por sí solo, pueda disponer aisladamente de los bienes concretos integrantes de la misma, estando viciado de nulidad radical el acto dispositivo así realizado". En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2007 diciendo "El plazo de cuatro años que fija el artículo 1301 CC para el ejercicio de la acción de nulidad es aplicable a las acciones ejercitadas para solicitar la declaración de nulidad de los contratos y, por extensión, de los demás negocios jurídicos que "adolezcan de algunos de los vicios que los invalidan con arreglo a la ley", siempre que en ellos, según se desprende del artículo 1300 CC, al cual se remite implícitamente el artículo 1301 CC, "concurran los requisitos que expresa el artículo 1261 ", es decir, consentimiento, objeto y causa, sin los cuales "no hay contrato"(SSTS de 18 de octubre de 2005, 4 de octubre de 2006, 6 de septiembre de 2006, 28 de septiembre de 2006 y 22 de febrero de 2007). Cuando no concurren en el negocio jurídico controvertido los requisitos establecidos en el artículo 1261 CC estamos en presencia de un supuesto de nulidad absoluta o de pleno Derecho, cuya declaración puede solicitarse sin sujeción a plazo alguno, pues,como declaran las SSTS de 4 de noviembre de 1996 y 14 de marzo de 2000 "la nulidad es perpetua e insubsanable, el contrato viciado de nulidad absoluta en ningún caso podrá ser objeto de confirmación ni de prescripción"(en el mismo sentido la SSTS de 14 de marzo de 2000, entre muchas otras). En el caso examinado se trata de este último supuesto y por consiguiente estamos en presencia de un supuesto de nulidad absoluta y no de un supuesto de nulidad relativa. Con anterioridad a la reforma del CC llevada a cabo por la Ley 11/1981, la trascendencia de la falta del consentimiento uxoris en las enajenaciones de bienes gananciales realizadas por el marido no encontró una solución unívoca en la doctrina, pues para unos determinaba la inexistencia o nulidad radical del negocio, para otros la anulabilidad o nulidad relativa y para un tercer sector la rescindibilidad o ineficacia parcial y estas vacilaciones también se reflejaron en la jurisprudencia, pues hubo sentencias que calificaron la acción ejercitada al amparo del art. 1413 CC (actual 1322 CC, que resuelve la cuestión a favor de la anulabilidad, salvo cuando se trata de enajenación a título gratuito) como de ineficacia, otras de nulidad absoluta y, por último, las más recientes, de anulabilidad(SSTS de 10 de octubre de 1982, 22 de enero de 1983, 5 de mayo de 1988, 20 de febrero de 1988, 6 de octubre de 1988, 26 de junio de 1989, 15 de diciembre de 1989, 17 de abril de 1990, 7 de junio de 1990, 11 de octubre de 1990, 22 de diciembre de 1992, 1 de abril de 1993 y 22 de diciembre de 1993 y 29 de septiembre de 2006, que invoca la doctrina de muchas anteriores). La sentencia impugnada mediante el recurso no se refiere a un supuesto de falta de consentimiento uxorio, pues declara la inexistencia del contrato por falta de consentimiento de uno de los condóminos, en congruencia con la existencia de una comunidad postganancial que se rige por las normas de la comunidad ordinaria(SSTS de 6 de junio de 1997, 21 de noviembre de 1987, 3 de marzo de 1998, 19 de junio de 1998, 7 de diciembre de 1999 y 13 de diciembre de 2006, entre otras), respecto de la cual no cabe la alteración de la cosa común, y consiguientemente la enajenación, sin consentimiento de todos los condóminos(art. 397 CC y SSTS de 10 de diciembre de 1966, 25 de junio de 1995, 25 de junio de 1990, 31 de marzo de 1997 y 23 de enero de 2003)".
Cuarto.-Sentado lo anterior y hallándonos ante la venta de un bien común por parte de un condómino, la cuestión esencial se traduce en la existencia o no del consentimiento tácito del otro condómino que para su validez y eficacia exige el artículo 399 del Código Civil para la venta de su parte, al disponer que "todo condueño tendrá la plena propiedad de su parte... pudiendo en su consecuencia enajenarla, cederla o hipotecarla....", que la sentencia de la instancia considera debidamente acreditado por las circunstancias concurrentes en el caso y en especial la pasividad del esposo, ahora recurrente, durante largos años, ya que de no apreciarse su existencia se tendría que declarar la nulidad de la compraventa.
En cuanto al consentimiento tácito de uno de los cónyuges respecto de los actos de disposición realizados por el otro, la jurisprudencia se muestra partidaria de deducir su existencia de la pasividad de la parte que no expresó su consentimiento teniendo conocimiento del acto sin impugnado. En este sentido se pronuncia la S.T.S. de 20 de julio de 2006, y se recoge en las mas recientes de 20 de julio de 2006 y 15 de enero de 2008, proclamando aquélla que "conforme reiterada doctrina jurisprudencial, el consentimiento contractual, es decir, el concurso de la oferta y la aceptación sobre la cosa y la causa que constituyen el contrato (art. 1.262, párrafo primero, CC), no ha de manifestarse siempre y en todo caso de forma expresa, sino que es admisible, de cara a conformar los presupuestos necesarios para declarar la validez de los contratos, la apreciación de un consentimiento tácito con base en determinadas deducciones, como acto presuntivo del Tribunal de instancia. De igual modo ha de significarse que, como enseña la Sentencia de 10 de junio de 2005,aunque es cierto que generalmente el mero conocimiento no implica conformidad, ni basta el mero silencio para entender que se produjo la aquiescencia, sin embargo el silencio puede entenderse como aceptación cuando se haya tenido la oportunidad de hablar, es decir que no se esté imposibilitado para contradecir la propuesta del oferente, por impedimento físico o por no haber tenido noticia del mismo (Sentencias de 4 marzo 1.972 y de 13 febrero 1.978), y se deba hablar conforme a los principios generales del Derecho "tacens consentit, si contradicendo impedire poterat" (Sentencia de 13 febrero 1.978) y "qui siluit cum loqui et debuit et potuit, consentire videtur" (Sentencias de 24 noviembre 1.943, 24 enero 1.957 y 14 junio 1.963), existiendo tal deber de hablar cuando haya entre las partes relaciones de negocios que así lo exijan(Sentencias de 14 junio 1.963, 13 febrero 1.978, 18 octubre 1.982 y 17 noviembre 1.995), o cuando lo natural y normal, según los usos generales del tráfico y en aras de la buena fe, es que se exprese el disentimiento, si no se deseaba aprobar las propuesta de la contraparte(Sentencias de 23 noviembre 1.943, 13 febrero 1.978, 18 octubre 1.982, 18 marzo y 22 noviembre 1.994, 30 junio y 17 noviembre 1.995, 29 febrero 2.000 y 9 junio 2.004)".
Pues bien, en el caso se comparten los razonamientos de la juzgadora de instancia sobre las circunstancia concurrentes que ponen de manifiesto que el esposo, teniendo conocimiento de la venta del apartamento de autos, prestó su consentimiento a dicho acto, puesto que no resulta razonable que teniendo interés de quedarse con el apartamento para entregárselo, junto a otro igual, a sus dos hijos, lo advirtiera al comprador cuando tuvo conocimiento de la intención de adquirirlo, según afirma en el recurso, y, sin embargo, teniendo conocimiento de la venta al menos desde el año 1988 no postulara su nulidad, dejando transcurrir casi trece años sin preocuparse de la situación de dicho bien común, hasta el extremo que fue su hijo el que, atribuyéndose la propiedad y sin constancia de que actuara en representación de su padre, el que requirió al actor para que justificara el título por el que lo ocupaba, ni siquiera contestando la demanda origen de los presentes autos, salvo que hubiera llegado a un acuerdo con su esposa, no ex esposa como afirma al sólo hallarse separado legalmente de la misma, consistente en que cada uno dispondría libremente de uno de los apartamentos comunes al ser de características análogas, pues nada dice del destino dado al otro apartamento lo que hace presumir una liquidación tácita de la sociedad conyugal.
Señalar, por último, que la demora del comprador de elevar a público el documento privado de compraventa, a la que atribuye una gran relevancia el recurrente para apoyar su nulidad, se justifica por el hecho de haber entrado en posesión del bien en la fecha de su compra y disfrutarlo de forma pacífica durante casi catorce años, reaccionando lógicamente cuando se le cuestiona ser el legítimo propietario del apartamento ejercitando la correspondiente acción declarativa de dominio.
Por todo lo expuesto procede desestimar el recurso y confirmar íntegramente la sentencia de la instancia.
Quinto.-Que con respecto a las costas y de acuerdo con lo previsto en el artículo 398 de la L.E.C. procede imponer las de esta alzada a la parte apelante, al desestimarse el recurso.
1) QUE DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el RECURSO DE APELACION interpuesto por el procurador don José Antonio Cabot Llambías, en nombre y representación de don Benigno, contra la sentencia de fecha 16 de noviembre de 2009, dictada por la Ilma. Sra. Magistrada Jueza del Juzgado de Primera Instancia n.º 11 de Palma, en los autos Juicio ordinario, de los que trae causa el presente Rollo, y, en consecuencia, DEBEMOS CONFIRMARLA y la CONFIRMAMOS en todos sus extremos.
2) Se imponen las costas de esta alzada a la parte apelante.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevar certificación al Rollo de la Sala, definitivamente Juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.
Publicación.-Leída y publicada que ha sido en audiencia pública la anterior sentencia por el. Sr. Magistrado D. Guillermo Rosselló Llaneras; Ponente que ha sido en este trámite, en el mismo día de su fecha, de lo que certifico.

References: resolución 
 artículo 1
 resolución 
 artículo 1
 resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1375
 artículo 1384
 artículo 1301
 artículo 1300
 artículo 1301
 artículo 1261
 artículo 1261
 artículo 399
 artículo 398