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Timestamp: 2013-06-19 13:07:39+00:00

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NYR. Informe n� 153. BOE de junio de 2007.
www.notariosyregistradores.com INFORME N� 153. (BOE de JUNIO de 2007)
Reglamento Reg. Mercantil
Servicios P�blicos electr�nicos Dep�sitos judiciales
Demarcaciones: errores
Donaci�n ganancial
Nuevas cuotas p.h.
Inmatriculaci�n con montes
Seguro-comunidad valenciana
SA: requisitos Junta
SA: plazo mes
CAPITAN�AS Y DISTRITOS MAR�TIMOS. Real Decreto 638/2007, de 18 de mayo, por el que se regulan las Capitan�as Mar�timas y los Distritos Mar�timos.
Con este real decreto se trata de lograr una flexibilizaci�n de la estructura perif�rica mar�tima, que permita una mejor utilizaci�n de los medios tanto materiales como personales con que cuenta la Administraci�n mar�tima. De igual modo, se intenta potenciar la figura del Capit�n Mar�timo, que se configura como el elemento de referencia de la Administraci�n mar�tima perif�rica, mediante el refuerzo de las funciones de direcci�n y coordinaci�n que le corresponden en el �mbito de las Capitan�as Mar�timas. Se suprimen las Capitan�as de segunda y tercera categor�as, de forma que �nicamente exista un tipo de Capitan�as Mar�timas. El lugar de las antiguas Capitan�as Mar�timas de segunda y tercera categor�a es ocupado por los Distritos Mar�timos, que se configuran como �rganos desconcentrados.
Seg�n el art. 11, dedicado a las funciones de los Jefes de Distritos Mar�timo, �stos, bajo la direcci�n y de acuerdo con las instrucciones que imparta el Capit�n Mar�timo, ejercer�n las siguientes funciones:�
a) Las actividades relacionadas con el registro y abanderamiento de buques y embarcaciones menores de 24 metros de eslora, con excepci�n de las bajas por exportaci�n y de la expedici�n de las patentes de navegaci�n.
PDF (14 p�gs. - 302 KB.) **REGLAMENTO REGISTRO MERCANTIL. Real Decreto 659/2007, de 25 de mayo, por el que se modifica el Reglamento del Registro Mercantil aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, para su adaptaci�n a las disposiciones de la Ley
19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad an�nima europea domiciliada en Espa�a.
Esta reforma del
Reglamento del Registro Mercantil tiene por objeto su adaptaci�n a la Ley sobre la sociedad an�nima europea domiciliada en Espa�a, que se aprob� para cumplir la obligaci�n impuesta por el Reglamento (CE) n.�
2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, de adoptar todas aquellas disposiciones que sean precisas para garantizar la efectividad en Espa�a de las normas de aplicaci�n directa que en �l se contienen. Aspectos destacables:
- Se parte de la distinci�n entre los diferentes procedimientos constitutivos de una sociedad an�nima europea, mediante fusi�n, por transformaci�n de una sociedad an�nima espa�ola y por constituci�n de una sociedad an�nima europea filial o de una sociedad an�nima europea holding; a lo que cabe a�adir el traslado a Espa�a del domicilio de una sociedad an�nima europea, regulando la protecci�n de los intereses en juego, en sus diferentes fases del procedimiento registral espa�ol. - Se aprovecha para dar reflejo registral a otras modificaciones introducidas por la Ley 19/2005, pero no vinculadas con el r�gimen de las sociedades an�nimas europeas como la publicaci�n de un complemento a la convocatoria de una Junta o la reducci�n de costes de publicidad de determinados acuerdos sociales. Esquema: - Cambio de domicilio al extranjero. Art. 20 y nuevo art. 160 bis.
- Contenido de la hoja de la sociedad. Arts. 94.
- Se modifica el art�culo 104, que se adapta al nuevo art�culo 97 de la Ley de Sociedades An�nimas, e incorpora a su contenido las especialidades de la publicaci�n de un complemento a la convocatoria de una Junta. - Caracter�sticas de la primera inscripci�n de una SA europea. Art. 114.
- Sigla y abreviatura para la sociedad an�nima europea: SE y S.E., respectivamente. Arts. 116 y 403..
- Administraci�n monista o dual de este tipo de sociedades. Art. 126.
- Inscripci�n de la constituci�n de una SA europea holding. Nuevo art. 131 bis.
- Solo una publicaci�n en peri�dicos de gran difusi�n para reducir capital, cambio de denominaci�n o de domicilio, o de cualquier modificaci�n del objeto social. Arts. 161.2, 163.1 y 170.3.
- Transformaci�n de una sociedad an�nima existente en SA europea. Nuevo art. 224 bis.
- Constituci�n mediante fusi�n de una SA europea domiciliada en otro Estado miembro. Nuevo art. 226 bis y art. 230 en cuanto a documentos complementarios. - Inscripci�n de SA europea filial. Nuevo art. 309 bis.
- El Registro Mercantil Central ha de comunicar a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas determinados datos. Art. 379.
Art�culo 20. Cambio de domicilio al extranjero.-
1. Si el cambio de domicilio se efectuase al extranjero, en los supuestos previstos por las Leyes, se estar� a lo dispuesto en los Convenios internacionales vigentes en Espa�a.
Uno. Se modifica el apartado 1 del art�culo 20 y se a�ade un nuevo apartado 4 con la siguiente redacci�n: �1. Si el cambio de domicilio se efectuase al extranjero, en los supuestos previstos por las Leyes, se estar� a lo dispuesto en los Convenios internacionales vigentes en Espa�a y a las normas europeas que resulten de aplicaci�n. En tales supuestos, el Registrador competente en raz�n del domicilio de la sociedad que se traslada certificar� el cumplimiento de los actos y tr�mites que han de realizarse por la entidad antes del traslado, y no cancelar� la hoja de la sociedad hasta que reciba una comunicaci�n del tribunal, notario u autoridad competente del nuevo domicilio acreditativa de la inscripci�n de la sociedad. Recibida �sta, cancelar� la hoja de la sociedad y extender� nota de referencia expresiva de los nuevos datos registrales.�
�4. Si el traslado fuera de una sociedad an�nima europea domiciliada en Espa�a a otro estado miembro de la Uni�n Europea, el Registrador del domicilio social originario certificar� el cumplimiento de los actos y tr�mites que han de realizarse por la entidad antes del traslado y extender� en la hoja abierta a la entidad la diligencia a que se refiere el apartado primero del art�culo anterior.
Cuando la sociedad an�nima europea se haya inscrito en el Registro del nuevo domicilio, el Registrador espa�ol del anterior domicilio cancelar� la hoja de la sociedad despu�s de recibir la correspondiente notificaci�n en la que la autoridad correspondiente del nuevo domicilio le d� cuenta de aquella inscripci�n. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los art�culos 315 de la Ley de Sociedades An�nimas y 160.3 de este Reglamento.� Disposiciones generales
Art�culo 94. Contenido de la hoja.-
1. En la hoja abierta a cada sociedad se inscribir�n obligatoriamente: �
11�. En general, los actos o contratos que modifiquen el contenido de los asientos practicados o cuya inscripci�n prevean las leyes o el presente Reglamento.
Dos. El actual n�mero 11 del art�culo 94.1 pasa a ser el 13 y se introducen dos nuevos n�meros, el 11 y el 12, con la siguiente redacci�n: �11. Los acuerdos de implicaci�n de los trabajadores en una sociedad an�nima europea, as� como sus modificaciones posteriores, de acuerdo con lo previsto en el art�culo 114.3 de este Reglamento. 12. El sometimiento a supervisi�n de una autoridad de vigilancia.� Art�culo 104. Anotaci�n preventiva de la solicitud de acta notarial.-
1. A instancia de los interesados, deber� anotarse preventivamente la solicitud de levantamiento de acta notarial de la Junta por la minor�a prevista en la Ley.
La anotaci�n se practicar� en virtud del requerimiento notarial dirigido a los administradores y efectuado dentro del plazo legalmente establecido para dicha solicitud.
2. Practicada la anotaci�n preventiva, no podr�n inscribirse en el Registro Mercantil los acuerdos adoptados por la Junta a que se refiera el asiento si no constan en acta notarial.
3. La anotaci�n se cancelar� por nota marginal cuando se acredite debidamente la intervenci�n del Notario en la Junta, o cuando hayan transcurrido tres meses desde su fecha.
Tres. El art�culo 104 queda redactado en los siguientes t�rminos: �Art�culo 104. Anotaci�n preventiva de la solicitud de acta notarial y de la publicaci�n de un complemento a la convocatoria de una Junta. 1. A instancia de alg�n interesado deber� anotarse preventivamente la solicitud de levantamiento de acta notarial de la Junta por la minor�a prevista por la Ley y de la publicaci�n de un complemento a la convocatoria con inclusi�n de uno o m�s puntos del orden del d�a, que se regula en el art�culo 97 de la Ley de Sociedades An�nimas. La anotaci�n se practicar�, en el primer caso, en virtud del requerimiento notarial dirigido a los administradores y efectuado dentro del plazo legalmente establecido para dicha solicitud.
La anotaci�n preventiva de la publicaci�n de un complemento a la convocatoria de una Junta se practicar� en virtud de la notificaci�n fehaciente a que se refiere el p�rrafo 3 del art�culo 97 de la Ley de Sociedades An�nimas. 2. Practicada la anotaci�n preventiva, no podr�n inscribirse en el Registro Mercantil los acuerdos adoptados por la Junta a que se refiera el asiento si no constan en acta notarial, o no se justifica la publicaci�n del correspondiente complemento a la convocatoria, en su caso. 3. La anotaci�n preventiva de la solicitud de acta notarial se cancelar� por nota marginal cuando se acredite debidamente la intervenci�n del Notario en la Junta, o cuando hayan transcurrido tres meses desde la fecha de la anotaci�n. La anotaci�n preventiva de solicitud de un complemento a la convocatoria de una Junta se cancelar� por nota marginal cuando se acredite debidamente la publicaci�n de dicho complemento de convocatoria, o hubieran transcurrido tres meses desde la fecha de la anotaci�n.� Art�culo 114. Circunstancias de la primera inscripci�n.-
1. En la inscripci�n primera de las sociedades an�nimas deber�n constar necesariamente las circunstancias siguientes:
1�. La identidad del socio o socios fundadores. En el primer caso, en el acta de inscripci�n se har� una referencia expresa al car�cter unipersonal de la sociedad.
En caso de fundaci�n sucesiva, s�lo se har� constar la identidad de los promotores y de las personas que otorguen la escritura fundacional.
2�. La aportaci�n de cada socio, en los t�rminos previstos en los art�culos 132 y siguientes, as� como las acciones, debidamente identificadas, adjudicadas en pago.
3�. La cuant�a total, al menos aproximada, de los gastos de constituci�n.
4�. Los estatutos de la sociedad.
5�. La identidad de las personas que se encarguen inicialmente de la administraci�n y representaci�n de la sociedad.
6�. La identidad de los auditores de cuentas, en su caso. 2. Adem�s, se har�n constar en la inscripci�n los pactos y condiciones inscribibles que los socios juzguen conveniente establecer en la escritura o en los estatutos, siempre que no se opongan a las leyes ni contradigan los principios configuradores de la sociedad an�nima.
Cuatro. Se a�ade un nuevo apartado 3 al art�culo 114 que queda redactado en los siguientes t�rminos: �3. Para la inscripci�n de una sociedad an�nima europea se deber� acreditar el cumplimiento de los requisitos y tr�mites establecidos en cada procedimiento constitutivo, seg�n se trate de constituci�n mediante fusi�n, transformaci�n de una sociedad an�nima espa�ola, constituci�n de una sociedad an�nima europea filial, o de una sociedad an�nima europea holding. En todo caso, en la inscripci�n se har� constar, adem�s de las circunstancias mencionadas en los apartados precedentes, la existencia de un acuerdo de implicaci�n de los trabajadores conforme a la legislaci�n aplicable, a cuyo efecto se acompa�ar� a la escritura certificaci�n comprensiva de su contenido, expedida por la autoridad laboral competente encargada del Registro a que se refiere el art�culo 90 del Estatuto de los Trabajadores. De no existir ese acuerdo, la escritura p�blica deber� contener la manifestaci�n de los otorgantes, que se har� constar en la inscripci�n, de que la comisi�n negociadora ha decidido no iniciar las negociaciones para celebrarlo o dar por terminadas las que se hubiesen iniciado o, en su caso, de que ha transcurrido el plazo legalmente establecido para llegar a un acuerdo sin lograrlo. De existir un acuerdo de implicaci�n de los trabajadores que atribuya a �stos una participaci�n en el nombramiento de los miembros del �rgano de administraci�n o control de la sociedad, la parte del acuerdo relativa a tal extremo ser� inscribible en el Registro Mercantil a solicitud de la sociedad o de los representantes de los trabajadores. En los mismos t�rminos ser� inscribible la aplicaci�n de las disposiciones de referencia supletorias a tales nombramientos. � Art�culo 116. Denominaci�n de la sociedad.-
1. En los estatutos se consignar� la denominaci�n de la sociedad, con la indicaci�n "Sociedad An�nima" o su abreviatura "S.A.".
Cinco. El apartado 1 del art�culo 116 queda redactado en los siguientes t�rminos: �1. En los Estatutos se consignar� la denominaci�n de la sociedad, con la indicaci�n ��Sociedad An�nima�� o su abreviatura ��S. A.��. Trat�ndose de sociedad an�nima europea la sigla SE deber� constar delante o detr�s de su denominaci�n.� Art�culo 124. Administraci�n y representaci�n de la sociedad.-
1. En los estatutos se har� constar la estructura del �rgano al que se conf�a la administraci�n, determinando si se atribuye: a) A un administrador �nico.
b) A varios administradores que act�en solidariamente.
c) A dos administradores que act�en conjuntamente.
d) A un Consejo de Administraci�n, integrado por un m�nimo de tres miembros.
Seis. Se a�ade un nuevo apartado 5 al art�culo 124 que queda redactado en los siguientes t�rminos: �5. Cuando se trate de una sociedad an�nima europea, en los estatutos se har� constar el sistema de administraci�n, monista o dual, por el que se opta. Si se opta por el sistema de administraci�n monista, ser�n de aplicaci�n las reglas de este art�culo. Si se opta por el sistema de administraci�n dual, se har� constar en los estatutos la estructura del �rgano de direcci�n, as� como el plazo de duraci�n en el cargo. En su caso, se har� constar tambi�n el n�mero m�ximo y m�nimo de los componentes del consejo de direcci�n y del consejo de control, as� como las reglas para la determinaci�n de su n�mero concreto.� Siete. Se a�ade un nuevo art�culo 131 bis que queda redactado en los siguientes t�rminos: �Art�culo 131 bis.
Inscripci�n de la constituci�n de una sociedad an�nima europea holding.
1. En la constituci�n de una sociedad an�nima europea holding, en que participen sociedades an�nimas y sociedades limitadas espa�olas, conforme al art. 2 del Reglamento (CE) n�m. 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, el dep�sito del proyecto de constituci�n se regir� por lo establecido en el art�culo 226 de este Reglamento. 2. El nombramiento del experto o expertos independientes que hayan de elaborar el informe escrito sobre el proyecto de constituci�n destinado a los socios de cada una de las sociedades que participen en la misma se regular� por lo establecido en los art�culos 338 a 349 de este Reglamento y se practicar� previa solicitud de cada sociedad espa�ola que promueva la constituci�n. En caso de informe conjunto, si la sociedad va a ser domiciliada en Espa�a ser� competente para el nombramiento el Registrador correspondiente al futuro domicilio. 3. El derecho de separaci�n de los socios que hubieran votado en contra deber� ejercitarse por escrito en el plazo de un mes a contar desde la fecha del acuerdo de constituci�n. Si la sociedad an�nima europea holding fuera a establecer su domicilio en Espa�a, adem�s de los requisitos generales para su constituci�n, en la escritura se har� constar la declaraci�n de los administradores de que ning�n socio ha ejercitado su derecho de separaci�n en las sociedades domiciliadas en Espa�a o, en caso contrario, la declaraci�n de los administradores de la que resulte el reembolso de las acciones correspondientes y los datos de identidad de los accionistas que ejercitaron tal derecho, previa amortizaci�n de aquellas y reducci�n del capital social.� Ocho. Se a�ade un nuevo art�culo 160 bis que queda redactado en los siguientes t�rminos: �Art�culo 160 bis. Inscripci�n del traslado del domicilio de una sociedad an�nima europea a otro Estado miembro. 1. En el traslado de domicilio de una sociedad an�nima europea domiciliada en Espa�a a otro Estado miembro de la Uni�n Europea, el Registrador del domicilio social, una vez que tenga por efectuado el dep�sito del proyecto de traslado, lo comunicar�, en el plazo de cinco d�as, al Ministerio de Justicia, a la Comunidad Aut�noma donde la sociedad an�nima tenga su domicilio social y, en su caso, a la autoridad de vigilancia correspondiente. Dicha comunicaci�n se har� constar por nota marginal en la hoja abierta a la sociedad. 2. El Gobierno, o en su caso la autoridad de vigilancia correspondiente, notificar�n al Registrador la oposici�n en cuanto se haya aprobado dicho acuerdo y como m�ximo en el plazo de dos meses a que se refiere el art�culo 316.3 de la Ley de Sociedades An�nimas. El Registrador har� constar esta circunstancia por nota marginal y denegar� la expedici�n de la certificaci�n a que se refiere el art�culo 315 de dicha Ley. 3. En la escritura p�blica de traslado deber� constar la declaraci�n de los administradores de que ning�n accionista ha ejercitado su derecho de separaci�n, ni ning�n acreedor su derecho de oposici�n. Caso contrario, el derecho de separaci�n se recoger� mediante la declaraci�n de los administradores de la que resulte el reembolso de las acciones correspondientes y los datos de identidad de los accionistas que ejercitaron tal derecho, previa amortizaci�n de aquellas y reducci�n del capital social. Y el derecho de oposici�n de los acreedores se recoger� mediante declaraci�n de los administradores en la que conste la identidad de quienes se hubieren opuesto, el importe de su cr�dito y las garant�as que hubiese prestado la sociedad. Todas estas circunstancias se har�n constar en la inscripci�n. 4. El Registrador, a la vista de los datos obrantes en el Registro y en la escritura p�blica de traslado presentada, acreditado el cumplimiento de lo dispuesto en los p�rrafos anteriores y practicadas las correspondientes operaciones registrales, expedir� la certificaci�n a que se refiere el art�culo 315 de la Ley de Sociedades An�nimas, y extender� la diligencia contemplada en el art�culo 20.4 de este Reglamento. 5. Una vez recibida por el Registrador la certificaci�n de haber quedado inscrita la sociedad an�nima europea en el Registro correspondiente al nuevo domicilio social, extender� la inscripci�n de cierre de la hoja registral.� Art�culo 161. Reducci�n del capital a causa de sustituci�n del objeto o de la transferencia del domicilio social al extranjero.-
2. Cuando alg�n accionista hubiere ejercitado el derecho de separaci�n dentro del plazo legal, los administradores de la sociedad, una vez transcurrido dicho plazo, publicar�n el acuerdo de reducci�n del capital social en el Bolet�n Oficial del Registro Mercantil y en dos peri�dicos de gran circulaci�n en la provincia en que la sociedad tuviera su domicilio.
En el caso de que los acreedores hubieran ejercitado el derecho de oposici�n, no podr�n reembolsarse las acciones hasta tanto la sociedad no preste las garant�as oportunas.
Nueve. El apartado 2 del art�culo 161 queda redactado en los siguientes t�rminos: �2. Cuando alg�n accionista hubiere ejercitado el derecho de separaci�n dentro del plazo legal, los administradores de la sociedad, una vez transcurrido dicho plazo, publicar�n el acuerdo de reducci�n del capital social en el ��Bolet�n Oficial del Registro Mercantil�� y en un peri�dico de gran circulaci�n en la provincia en que la sociedad tuviera su domicilio. En el caso de que los acreedores hubieran ejercitado el derecho de oposici�n, no podr�n reembolsarse las acciones hasta tanto la sociedad no preste las garant�as oportunas.� Art�culo 163. Inscripci�n del cambio de denominaci�n o de domicilio, o de cualquier modificaci�n del objeto social.-
1. Para la inscripci�n en el Registro Mercantil del cambio de denominaci�n, del cambio de domicilio, incluido el traslado dentro del mismo t�rmino municipal, o de cualquier modificaci�n del objeto social, se acreditar� en la escritura la publicaci�n del correspondiente anuncio en dos diarios de gran circulaci�n en la provincia o provincias respectivas.
Diez. El apartado 1 del art�culo 163 queda redactado en los siguientes t�rminos: �1. Para la inscripci�n en el Registro Mercantil del cambio de denominaci�n, del cambio de domicilio, incluido el traslado dentro del mismo t�rmino municipal, o de cualquier modificaci�n del objeto social, se acreditar� en la escritura de publicaci�n del correspondiente anuncio en un diario de gran circulaci�n en la provincia o provincias respectivas.� Art�culo 170. Escritura de reducci�n del capital social.-
3. En la escritura se expresar� adem�s la fecha de publicaci�n del acuerdo en el Bolet�n Oficial del Registro Mercantil y se presentar�n en el Registro Mercantil los ejemplares de los diarios en que se hubiera publicado dicho anuncio o copia de los mismos.
Once. El apartado 3 del art�culo 170 queda redactado en los siguientes t�rminos: �3. En la escritura se expresar�, adem�s, la fecha de publicaci�n del acuerdo en el ��Bolet�n Oficial del Registro Mercantil�� y se presentar� en el Registro Mercantil un ejemplar del diario en que se hubiera publicado dicho anuncio o copia del mismo.� Doce. Se a�ade un nuevo art�culo 224 bis que queda redactado en los siguientes t�rminos: �Art�culo 224 bis. Transformaci�n de una sociedad an�nima existente en sociedad an�nima europea. 1. En el caso de constituci�n de una sociedad an�nima europea mediante la transformaci�n de una sociedad an�nima espa�ola se aplicar�n, en lo que proceda, las reglas del presente Cap�tulo. El proyecto de transformaci�n se depositar� en el Registro Mercantil correspondiente a su domicilio social y se regir� por lo establecido en el art�culo 226 de este Reglamento. El nombramiento del experto o expertos independientes que certifiquen que la sociedad dispone de activos netos suficientes, al menos para la cobertura del capital y de las reservas de la sociedad an�nima europea, se regular� por lo establecido en los art�culos 338 a 349 de este Reglamento. 2. Para la inscripci�n de la sociedad an�nima europea resultante de la transformaci�n se incorporar�n a la escritura el informe de los administradores y la certificaci�n de los expertos que se regulan en el art�culo 326 de la Ley de Sociedades An�nimas. � Trece. Se a�ade un nuevo art�culo 226 bis que queda redactado en los siguientes t�rminos: �Art�culo 226 bis.
Constituci�n mediante fusi�n de una sociedad an�nima europea domiciliada en otro Estado miembro. 1. En la constituci�n de una sociedad an�nima europea domiciliada en otro Estado miembro mediante fusi�n, en la que participe una sociedad espa�ola, ser� de aplicaci�n lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del art�culo 160 bis de este Reglamento. 2. El nombramiento del experto o expertos independientes que hayan de informar sobre el proyecto de fusi�n se regular� por lo establecido en los art�culos 338 a 349 de este Reglamento.
3. El derecho de separaci�n de los socios que hubieran votado en contra deber� ejercitarse por escrito en el plazo de un mes a contar desde la fecha del acuerdo de fusi�n. En documento p�blico se har� constar la declaraci�n de los administradores de que ning�n socio ha hecho uso de su derecho de separaci�n o, en caso contrario, la declaraci�n de los administradores de la que resulte el reembolso de las acciones correspondientes y los datos de identidad de los accionistas que ejercitaron tal derecho, previa amortizaci�n de aquellas y reducci�n del capital social. 4. El Registrador, a la vista de los datos obrantes en el Registro y en la escritura p�blica de fusi�n presentada, y acreditados los tr�mites previstos en los apartados anteriores, certificar� el cumplimiento por parte de la sociedad an�nima espa�ola que se fusiona de todos los actos y tr�mites previos a la fusi�n.� Art�culo 230. Documentos complementarios.-
Para su inscripci�n, se acompa�ar�n a la escritura de fusi�n los siguientes documentos:
1�. El proyecto de fusi�n, salvo que se halle depositado en el mismo Registro.
2�. Los ejemplares de los diarios en que se hubiesen publicado la convocatoria de la Junta y el acuerdo de fusi�n.
3�. El informe de los administradores de cada una de las sociedades que participan en la fusi�n, explicando y justificando el proyecto.
4�. El informe o informes del experto o expertos independientes sobre el proyecto de fusi�n y sobre el patrimonio aportado por las sociedades que se extinguen, cuando fueran obligatorios.
Catorce. El art�culo 230 queda redactado en los siguientes t�rminos: �Art�culo 230. Documentos complementarios. 1. Para su inscripci�n, se acompa�ar�n a la escritura de fusi�n los siguientes documentos: 1.� El proyecto de fusi�n, salvo que se halle depositado en el mismo Registro. 2.� Los ejemplares de los diarios en que se hubiesen publicado la convocatoria de la Junta y el acuerdo de fusi�n.
3.� El informe de los administradores de cada una de las sociedades que participan en la fusi�n, explicando y justificando el proyecto. 4.� El informe o informes del experto o expertos independientes sobre el proyecto de fusi�n y sobre el patrimonio aportado por las sociedades que se extinguen, cuando fueran obligatorios.
2. En el caso de constituci�n de una sociedad an�nima europea mediante fusi�n que vaya a fijar su domicilio en Espa�a, se acompa�ar�n los certificados de las autoridades correspondientes al domicilio de las sociedades extranjeras participantes en la fusi�n acreditativos de la legalidad del procedimiento con arreglo a la ley aplicable y de los asientos vigentes obrantes en el Registro de procedencia, as� como el informe o informes del experto o expertos independientes.� Quince. Se a�ade un nuevo art�culo 309 bis que queda redactado en los siguientes t�rminos: �Art�culo 309 bis. Inscripci�n de sociedad an�nima europea filial. La constituci�n y dem�s actos inscribibles de una sociedad an�nima europea filial se inscribir�n en el Registro Mercantil de su domicilio conforme a lo dispuesto para las sociedades an�nimas, identificando a las sociedades o entidades matrices conforme a lo dispuesto en el articulo 38 de este Reglamento. � Del Registro Mercantil Central
Art�culo 379. Objeto.-
El Registro Mercantil Central tendr� por objeto:
a) La ordenaci�n, tratamiento y publicidad meramente informativa de los datos que reciba de los Registros Mercantiles.
b) El archivo y publicidad de las denominaciones de sociedades y entidades jur�dicas.
c) La publicaci�n del Bolet�n Oficial del Registro Mercantil, en los t�rminos establecidos en este Reglamento.
d) La llevanza del Registro relativo a las sociedades y entidades que hubieren trasladado su domicilio al extranjero sin p�rdida de la nacionalidad espa�ola.
Diecis�is. Se a�ade un nuevo p�rrafo e) al art�culo 379, con la siguiente redacci�n: �e) La comunicaci�n a la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas de los datos a que se refiere el art�culo 14 del Reglamento CE
2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad An�nima Europea.� Art�culo 403. Indicaci�n de la forma social.-
1. En la denominaci�n social deber� figurar la indicaci�n de la forma social de que se trate o su abreviatura. En el caso de que figure la abreviatura, se incluir� �sta al final de la denominaci�n.
2. En las denominaciones de las sociedades inscribibles, s�lo podr�n utilizarse las siguientes abreviaturas:
1�. S.A., para la sociedad an�nima.
2�. S.L., o S.R.L., para la sociedad de responsabilidad limitada.
3�. S.C., o S.R.C., para la sociedad colectiva.
4�. S. en C. o S. Com., para la sociedad comanditaria simple.
5�. S. Com. p.A., para la sociedad comanditaria por acciones.
6�. S. Coop., para la sociedad cooperativa.
7�. S.G.R., para la sociedad de garant�a rec�proca.
Diecisiete. Se a�ade una nueva abreviatura, la 8.�, al final del apartado 2 del art�culo 403, con la siguiente redacci�n: �8.� S.E., para la sociedad an�nima europea.� Entrada en vigor.
El 9 de junio de 2007. (JFME)
Ver resumen sobre reforma SA europeas de
JFME, y de
PDF (5 p�gs. - 152 KB.) DEP�SITOS JUDICIALES. Orden JUS/1623/2007, de 4 de abril, por la que se aprueban los modelos de formularios de ingreso, de mandamientos de pago y de �rdenes de transferencia, as� como los requisitos que �stas han de reunir para su correcta recepci�n en las cuentas de dep�sitos y consignaciones judiciales, reguladas por el Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los pagos, dep�sitos y consignaciones judiciales en met�lico, de efectos o valores. Esta Orden aprueba los modelos de formularios de ingreso, mandamientos de pago y �rdenes de transferencia, as� como los requisitos que �stas han de reunir para su correcta recepci�n, y de cuantos instrumentos de pago puedan ser admisibles en el futuro. De todos modos, la Exposici�n de Motivos advierte que estos formularios tienen un car�cter excepcional y residual, ya que el real decreto pretende la incorporaci�n paulatina de las t�cnicas electr�nica, inform�ticas y telem�ticas en la actividad administrativa y judicial. Ver resumen del Real Decreto 467/2006, de 21 de abril.
PDF (32 p�gs. - 6529 KB.) GALICIA. LEY 6/2007, de 11 de mayo, de Medidas urgentes en materia de ordenaci�n del territorio y del litoral de Galicia. Se suspende en unos 90 municipios costeros la tramitaci�n y aprobaci�n de los planes especiales de reforma interior, planes parciales, planes de sectorizaci�n e instrumentos de equidistribuci�n que tengan por objeto la transformaci�n urban�stica de terrenos situados a una distancia inferior a 500 metros, medidos en proyecci�n horizontal tierra adentro, desde el l�mite interior de la ribera del mar en determinadas clases de suelo.
Son tambi�n objetivos de esta Ley:
- Integrar los procedimientos de aprobaci�n de los instrumentos de ordenaci�n del territorio y del planeamiento urban�stico con el proceso de evaluaci�n ambiental estrat�gica.
- Crear el Instituto de Estudios del Territorio. - Fomentar la creaci�n de suelo destinado a viviendas protegidas. Se modifican la Ley 10/1995, de 23 de noviembre, de Ordenaci�n del territorio de Galicia y la Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de
Ordenaci�n urban�stica y protecci�n del medio rural de Galicia
PDF (6 p�gs. - 193 KB.) DEMARCACI�N REGISTRAL. Correcci�n de errores del Real Decreto 172/2007, de 9 de febrero, por el que se modifica la demarcaci�n de los Registros de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
PDF (2 p�gs. - 64 KB.) DEMARCACI�N NOTARIAL. Correcci�n de errores del Real Decreto 173/2007, de 9 de febrero, sobre demarcaci�n Notarial.
PDF (6 p�gs. - 122 KB.) CARGAS ADMINISTRATIVAS. Resoluci�n de 23 de mayo de 2007, de la Secretar�a General para la Administraci�n P�blica, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de
4 de mayo de 2007, sobre impulso del programa de mejora de la reglamentaci�n y reducci�n de cargas administrativas.
Se publica como anexo un acuerdo del Consejo de Ministros sobre la materia que tiene como objetivos el reducir costes administrativos derivados de nuestra legislaci�n para mejorar las relaciones de los ciudadanos con sus administraciones p�blicas y aumentar la competitividad de nuestras empresas.
En esta l�nea se citan iniciativas previas como la supresi�n de la obligaci�n de presentar fotocopias del DNI y de los certificados de empadronamiento en la Administraci�n central. La administraci�n electr�nica y la gesti�n telem�tica de los procesos jugar�n un papel esencial en la agilizaci�n de tr�mites y procedimientos. Tambi�n, la transparencia, calidad y eficiencia en la gesti�n de los servicios p�blicos se refuerza con la creaci�n de la Agencia estatal de evaluaci�n de las pol�ticas p�blicas y de la calidad de los servicios. Se planea analizar nuestra legislaci�n para ver si �sta puede simplificarse, al objeto de aligerar las cargas que pesan sobre los operadores y ciudadanos garantizando su claridad, actualizaci�n, eficiencia y f�cil aplicaci�n, respetando el derecho existente. Todo ello en consonancia con las dem�s administraciones y siguiendo dictados de la Uni�n Europea que tiene como objetivo reducir las cargas administrativas derivadas de la legislaci�n de la UE en un 25%, para 2012 y que ha aprobado el Programa de Acci�n de la Comisi�n Europea de Reducci�n de cargas administrativas, referido a las cargas sobre las empresas originadas por la legislaci�n tanto europea como nacional, debiendo de tener los estados miembros su propio programa de objetivos.
Con dichos antecedentes, el Consejo de Ministros acuerda crear un Grupo de Alto Nivel, presidido por el Ministro de Administraciones P�blicas al que se le encargar� elaborar un Plan de acci�n para la reducci�n de cargas administrativas, que deber� ser presentado antes de fin de 2007, con los siguientes objetivos: a. Valoraci�n de las cargas administrativas existentes para las empresas en la legislaci�n nacional, con el objeto de reducirlas, sobre todo en la creaci�n de nuevas empresas.
b. Determinar la participaci�n espa�ola en el Programa de acci�n de la Comisi�n de reducci�n de cargas administrativas. c. Impulsar la mejora de la regulaci�n de forma que se reduzcan las cargas administrativas que las nuevas normas supongan para las empresas y ciudadanos en general. d. Avanzar en el uso intensivo de tecnolog�as de la informaci�n, incluyendo la interconectividad entre administraciones, como forma de reducir las cargas administrativas en los procedimientos de impacto ciudadano. PDF (2 p�gs. - 66 KB.) REGISTRO DE BUQUES. LEY 9/2007, de 22 de junio, sobre regularizaci�n y actualizaci�n de inscripciones de embarcaciones pesqueras en el Registro de Buques y Empresas Navieras y en el Censo de la Flota Pesquera Operativa.
Esta ley intenta regularizar y actualizar las inscripciones, tanto en el Registro de Buques y Empresas Navieras, dependiente del Ministerio de Fomento, como en el Censo de la Flota Pesquera Operativa, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci�n, de aquellas embarcaciones de pesca en las que el material del casco, la potencia propulsora o los valores de eslora, manga, puntal o arqueo no coincidan con sus correspondientes datos registrales.
En ning�n caso la regularizaci�n o actualizaci�n del Registro o Censo perjudicar� los derechos adquiridos por tercero a t�tulo oneroso y de buena fe durante la vigencia del asiento que se rectifique.
PDF (3 p�gs. - 94 KB.) LEY DEL LIBRO. LEY 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas.
El objeto de la Ley es el de definir el marco jur�dico del libro, en atenci�n a su car�cter de producto cultural, desde su creaci�n hasta su comercializaci�n, difusi�n y conservaci�n como parte del patrimonio bibliogr�fico espa�ol; de las publicaciones seriadas, del fomento de la lectura, de las bibliotecas y, en especial, de la cooperaci�n bibliotecaria.
PDF (11 p�gs. - 350 KB.) ***SERVICIOS P�BLICOS ELECTR�NICOS. LEY 11/2007, de 22 de junio, de acceso electr�nico de los ciudadanos a los Servicios P�blicos.
Para dar un paso decisivo en el desarrollo de la sociedad de la informaci�n esta Ley sustituye la mera posibilidad que ten�an las Administraciones de ir construyendo la Administraci�n electr�nica por el deber de hacerlo, consagrando
la relaci�n con las Administraciones P�blicas por medios electr�nicos como un derecho de los ciudadanos y como una obligaci�n correlativa para tales Administraciones.
T�TULO PRELIMINAR. . Del �mbito de aplicaci�n y los principios generales.
Objeto de la Ley. Esta Ley reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con las Administraciones P�blicas por medios electr�nicos y regula los aspectos b�sicos de la utilizaci�n de las tecnolog�as de la informaci�n en la actividad administrativa, en las relaciones entre las Administraciones P�blicas, as� como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas. A qui�n se aplica: A todas las Administraciones P�blicas salvo en sus actividades de derecho privado y a los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones P�blicas. La D.F.1� indica los art�culos que tienen el car�cter de b�sicos.
Fines de la Ley. Destaquemos:
- Facilitar el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes por medios electr�nicos.
- Facilitar el acceso de los ciudadanos a la informaci�n y al procedimiento administrativo
- Velar por la protecci�n de datos de car�cter personal. - Promover la transparencia administrativa.
- Simplificar los procedimientos administrativos. Principios generales. Son de rese�ar:
- Principio de igualdad con objeto de que en ning�n caso el uso de medios electr�nicos pueda implicar la existencia de restricciones o discriminaciones para los ciudadanos que se relacionen con las Administraciones P�blicas por medios no electr�nicos
- Principio de legalidad en cuanto al mantenimiento de la integridad de las garant�as jur�dicas de los ciudadanos ante las Administraciones P�blicas establecidas en la Ley 30/1992, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n. - Principio de cooperaci�n en la utilizaci�n de medios electr�nicos por las Administraciones P�blicas, debiendo de ser �nteroperativas y reconocerse mutuamente los documentos electr�nicos y los medios de identificaci�n y autenticaci�n. - Principio de proporcionalidad en cuya virtud s�lo se exigir�n las garant�as y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos tr�mites y actuaciones. Asimismo s�lo se requerir�n a los ciudadanos aquellos datos que sean estrictamente necesarios en atenci�n a la finalidad para la que se soliciten. j) Principio de simplificaci�n administrativa para reducir tiempos y plazos en los procedimientos administrativos. Definiciones. Se incluye un anexo donde se definen los t�rminos empleados. T�TULO PRIMERO:
Derechos de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones p�blicas por medios electr�nicos
Derechos que incluye. Est�n entre ellos (art.6):
- Obtener informaciones, realizar consultas y alegaciones, formular solicitudes, manifestar consentimiento, entablar pretensiones, efectuar pagos, realizar transacciones y oponerse a las resoluciones y actos administrativos. - No aportar los datos y documentos que obren en poder de las Administraciones P�blicas
- A conocer por medios electr�nicos el estado de tramitaci�n de los procedimientos en los que sean interesados, salvo en los supuestos en que la normativa de aplicaci�n establezca restricciones.
- A obtener copias electr�nicas de los documentos electr�nicos que formen parte de procedimientos en los que tengan la condici�n de interesado. - f) A la conservaci�n en formato electr�nico por las Administraciones P�blicas de los documentos electr�nicos que formen parte de un expediente. - A obtener los medios de identificaci�n electr�nica necesarios, pudiendo las personas f�sicas utilizar en todo caso los sistemas de firma electr�nica del Documento Nacional de Identidad para cualquier tr�mite electr�nico con cualquier Administraci�n P�blica. - A la utilizaci�n de otros sistemas de firma electr�nica admitidos en el �mbito de las Administraciones P�blicas. - Los dem�s del art. 35 LPA entre los que est�n:
- Identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones P�blicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos.
- Utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su Comunidad Aut�noma.
- El acceso a los registros y archivos de las Administraciones P�blicas en los t�rminos previstos en la Constituci�n y en �sta u otras Leyes.
Defensor del usuario: Se crea esta figura en el seno de la Administraci�n General del Estado
Canales: La Administraci�n del Estado garantizar� el acceso a los servicios electr�nicos al menos con los siguientes medios:
a) Las oficinas de atenci�n presencial b) Puntos de acceso electr�nico. En particular, se crear� un Punto de acceso general a trav�s del cual los ciudadanos puedan acceder a toda la informaci�n y a los servicios disponibles. c) Servicios de atenci�n telef�nica. T�TULO SEGUNDO. R�gimen jur�dico de la administraci�n electr�nica. Sede electr�nica. Es aquella direcci�n electr�nica disponible para los ciudadanos a trav�s de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gesti�n y administraci�n corresponde a una Administraci�n P�blica, �rgano o entidad administrativa en el ejercicio de sus competencias. Boletines Oficiales. La publicaci�n de los diarios o boletines oficiales en las sedes electr�nicas de la Administraci�n, �rgano o Entidad competente tendr�, en las condiciones y garant�as que cada Administraci�n P�blica determine, los mismos efectos que los atribuidos a su edici�n impresa. BOE: La publicaci�n del �Bolet�n Oficial del Estado� en la sede electr�nica del organismo competente tendr� car�cter oficial y aut�ntico en las condiciones y con las garant�as que se determinen reglamentariamente, deriv�ndose de dicha publicaci�n los efectos previstos en el t�tulo preliminar del C�digo Civil y en las restantes normas aplicables. Dichos efectos se dar�n desde el 1� de enero de 2009.
Tabl�n de anuncios o edictos.
La publicaci�n de actos y comunicaciones que, por disposici�n legal o reglamentaria deban publicarse en tabl�n de anuncios o edictos podr� ser sustituida o complementada por su publicaci�n en la sede electr�nica del organismo correspondiente. Formas de identificaci�n y autenticaci�n.
- Los ciudadanos podr�n utilizar: a) En todo caso, los sistemas de firma electr�nica incorporados al DNI, para personas f�sicas. b) Sistemas de firma electr�nica avanzada, incluyendo los basados en certificado electr�nico reconocido, admitidos por las Administraciones P�blicas. c) Otros sistemas de firma electr�nica, como la utilizaci�n de claves concertadas en un registro previo como usuario, la aportaci�n de informaci�n conocida por ambas partes u otros sistemas no criptogr�ficos. - Las Administraciones P�blicas podr�n utilizar para su identificaci�n y autenticaci�n de documentos:
a) Sistemas de firma electr�nica basados en la utilizaci�n de certificados de dispositivo seguro.
b) Sistemas de firma electr�nica para la actuaci�n administrativa automatizada como el sello electr�nico o un c�digo seguro de verificaci�n
c) Firma electr�nica del personal al servicio de las Administraciones P�blicas. Cada Administraci�n P�blica podr� proveer a su personal de sistemas de firma electr�nica, los cuales podr�n identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administraci�n u �rgano en la que presta sus servicios. La firma electr�nica basada en el DNI podr� utilizarse a estos efectos.
d) Intercambio electr�nico de datos en entornos cerrados de comunicaci�n entre Administraciones P�blicas, �rganos y entidades de derecho p�blico.
Revocaci�n: La Administraci�n General del Estado dispondr�, al menos, de una plataforma de verificaci�n del estado de revocaci�n de todos los certificados admitidos en el �mbito de las Administraciones P�blicas que ser� de libre acceso por parte de todos los Departamentos y Administraciones. Ciudadanos sin medios: Para la realizaci�n de cualquier operaci�n por medios electr�nicos que requiera la identificaci�n o autenticaci�n del ciudadano mediante alg�n instrumento del que no disponga, tal identificaci�n o autenticaci�n podr� ser validamente realizada
por funcionarios p�blicos habilitados, si el ciudadano lo consiente.
Representantes: Las Administraciones P�blicas podr�n habilitar con car�cter general o espec�fico a personas f�sicas o jur�dicas autorizadas para la realizaci�n de determinadas transacciones electr�nicas en representaci�n de los interesados. Dicha habilitaci�n deber� especificar las condiciones y obligaciones a las que se comprometen los que as� adquieran la condici�n de representantes, y determinar� la presunci�n de validez de la representaci�n salvo que la normativa de aplicaci�n prevea otra cosa. Las Administraciones P�blicas podr�n requerir, en cualquier momento, la acreditaci�n de dicha representaci�n.
Registros electr�nicos. Cada Administraci�n P�blica ha de tener al menos uno para la recepci�n y remisi�n de todo tipo de solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a dicha Administraci�n P�blica. En el �mbito de la Administraci�n General del Estado se automatizar�n las oficinas de registro f�sicas a las que se refiere el
art�culo 38 de la Ley 30/1992, a fin de garantizar la interconexi�n de todas sus oficinas y posibilitar el acceso por medios electr�nicos a los asientos registrales y a las copias electr�nicas de los documentos presentados. Los registros electr�nicos emitir�n autom�ticamente un recibo consistente en una copia autenticada del escrito, solicitud o comunicaci�n de que se trate, incluyendo la fecha y hora de presentaci�n y el n�mero de entrada de registro. Podr�n aportarse documentos que acompa�en a la correspondiente solicitud, escrito o comunicaci�n, siempre que cumplan los est�ndares de formato y seguridad.
C�mputo de plazos. - Fecha y hora: ser� la oficial de la sede electr�nica.
- Apertura: Se podr� presentar todos los d�as del a�o durante las veinticuatro horas. - D�as inh�biles: la presentaci�n en un d�a inh�bil se entender� realizada en la primera hora del primer d�a h�bil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepci�n en d�a inh�bil. Cada sede publicar� sus d�as inh�biles, no siendo de aplicaci�n a los registros electr�nicos lo dispuesto en el art�culo 48.5 de la Ley 30/1992 por el que, cuando un d�a fuese h�bil en el municipio o Comunidad Aut�noma en que residiese el interesado, e inh�bil en la sede del �rgano administrativo, o a la inversa, se considerar� inh�bil en todo caso.
- Inicio del c�mputo: el inicio del c�mputo de los plazos que hayan de cumplir los organismos p�blicos vendr� determinado por la fecha y hora de presentaci�n en el propio registro o, en el caso de no ser documentos normalizados, por la fecha y hora de entrada en el registro del destinatario. Dicha fecha deber� ser comunicada al interesado.
Comunicaciones electr�nicas. - Requisitos: Ser�n v�lidas siempre que exista constancia de la transmisi�n y recepci�n, de sus fechas, del contenido �ntegro de las comunicaciones y se identifique fidedignamente al remitente y al destinatario de las mismas. - Los ciudadanos podr�n elegir para comunicarse con las Administraciones P�blicas, que sea o no por medios electr�nicos, salvo si una norma con rango de Ley dispone o si infiere de ella la utilizaci�n de un medio no electr�nico. Pueden cambiar de medio en cualquier momento.
- Las Administraciones P�blicas utilizar�n medios electr�nicos en sus comunicaciones con los ciudadanos siempre que as� lo hayan solicitado o consentido expresamente. Reglamentariamente se podr� imponer la v�a electr�nica a determinados colectivos en atenci�n a sus circunstancias especiales.
Notificaciones electr�nicas.
- Solicitud de ese medio: Para que la notificaci�n se practique utilizando alg�n medio electr�nico se requerir� que el interesado haya se�alado dicho medio como preferente o haya consentido su utilizaci�n, salvo que reglamentariamente se le imponga por tratarse de un colectivo de os previstos en el art. 27.6. Salvo en este caso, durante el procedimiento puede solicitarse el cambio del medio por el que se hayan de practicar.
- Rechazo: si han pasado diez d�as desde que se produzca la puesta a disposici�n del interesado del acto objeto de notificaci�n. Se aplicar� el
art. 59.4 de la Ley 30/1992 (se tendr� por efectuado el tr�mite sigui�ndose el procedimiento), salvo que de oficio o a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad t�cnica o material del acceso. - Efectos: Producir� los efectos propios de la notificaci�n por comparecencia. Documento administrativo electr�nico. Las Administraciones P�blicas podr�n emitir validamente por medios electr�nicos los documentos administrativos a los que se refiere el
art�culo 46 de la Ley 30/1992 (documentos p�blicos administrativos, copias de documentos p�blicos y privados), siempre que incorporen una o varias firmas electr�nicas. Los documentos administrativos incluir�n referencia temporal cuando la naturaleza del documento as� lo requiera. Copias electr�nicas. - De qu� documentos: los emitidos por el propio interesado o por las Administraciones P�blicas, manteni�ndose o no el formato original. Las Administraciones pueden hacer copias electr�nicas de documentos en papel y viceversa.
- Requisitos para ser aut�nticas: el documento electr�nico original se ha de encontrar en poder de la Administraci�n y la informaci�n de firma electr�nica y, en su caso, de sellado de tiempo han de permitir comprobar la coincidencia con dicho documento. - Escaneo: Las Administraciones P�blicas podr�n obtener im�genes electr�nicas de los documentos privados aportados por los ciudadanos, con su misma validez y eficacia, a trav�s de procesos de digitalizaci�n que garanticen su autenticidad, integridad y la conservaci�n del documento imagen, de lo que se dejar� constancia. Esta obtenci�n podr� hacerse de forma automatizada, mediante el correspondiente sello electr�nico. Para destrucci�n de los originales cada Administraci�n marcar� criterios.
- Copias en papel de documentos p�blicos electr�nicos: Tendr�n la consideraci�n de copias aut�nticas siempre que incluyan la impresi�n de un c�digo generado electr�nicamente u otros sistemas de verificaci�n que permitan contrastar su autenticidad mediante el acceso a los archivos electr�nicos de la Administraci�n P�blica, �rgano o entidad emisora. Archivo electr�nico de documentos.
Podr�n almacenarse por medios electr�nicos todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas. Debe de identificarse a los usuarios del archivo y existir control de accesos, as� como el cumplimiento de las garant�as previstas en la legislaci�n de protecci�n de datos. Expediente electr�nico.
Es el conjunto de documentos electr�nicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de informaci�n que contengan. El foliado de los expedientes electr�nicos se llevar� a cabo mediante un �ndice electr�nico, firmado por la Administraci�n, �rgano o entidad actuante, seg�n proceda. La remisi�n de expedientes podr� ser sustituida a todos los efectos legales por la puesta a disposici�n del expediente electr�nico, teniendo el interesado derecho a obtener copia del mismo.
T�TULO TERCERO. De la gesti�n electr�nica de los procedimientos. Iniciaci�n del procedimiento. La iniciaci�n a solicitud de interesado requerir� la puesta a disposici�n de los correspondientes modelos o sistemas electr�nicos de solicitud en la sede electr�nica. Los interesados podr�n aportar al expediente copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad con el original garantizar�n mediante la utilizaci�n de firma electr�nica avanzada. La Administraci�n P�blica podr� solicitar del correspondiente archivo el cotejo del contenido de las copias aportadas y s�lo si esto no es posible, podr� requerir al particular la exhibici�n del documento o de la informaci�n original. Instrucci�n del procedimiento.
Las aplicaciones deber�n garantizar el control de los tiempos y plazos, la identificaci�n de los �rganos responsables de los procedimientos as� como la tramitaci�n ordenada de los expedientes y facilitar la simplificaci�n y la publicidad de los procedimientos. Acceso de los interesados a la informaci�n sobre el estado de tramitaci�n. - Procedimientos plenamente electr�nicos: habr� un
servicio electr�nico de acceso restringido donde pueda consultar, previa identificaci�n, al menos la informaci�n sobre el estado de tramitaci�n del procedimiento (actos realizados, contenido y fecha), salvo que la normativa aplicable establezca restricciones a dicha informaci�n. - Resto de procedimientos: los servicios electr�nicos de informaci�n dar�n el estado de la tramitaci�n (fase del procedimiento y el �rgano o unidad responsable).
Terminaci�n de los procedimientos.
La resoluci�n garantizar� la identidad del �rgano competente. Podr�n adoptarse y notificarse resoluciones de forma automatizada en aquellos procedimientos en los que as� est� previsto. Procedimientos especiales: La aplicaci�n de lo dispuesto en el T�tulo Tercero de esta ley a los procedimientos
en materia tributaria, de seguridad social y desempleo y de r�gimen jur�dico de los extranjeros en Espa�a, se efectuar� de conformidad con lo establecido en las disposiciones adicionales espec�ficas de la Ley 30/1992. Para los tributarios
es la 5� la cual determina las fuentes, los plazos para resolver, los efectos de su incumplimiento y la revisi�n de actos en v�a administrativa.
T�TULO CUARTO Cooperaci�n entre administraciones para el impulso de la administraci�n electr�nica.
�rgano t�cnico: El Comit� Sectorial de administraci�n electr�nica, dependiente de la Conferencia Sectorial de Administraci�n P�blica.
Esquemas: Se crear�n el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad. Red de comunicaciones: Interconectar� los sistemas de informaci�n de las Administraciones P�blicas espa�olas y permitir� el intercambio de informaci�n y servicios entre las mismas, as� como la interconexi�n con las redes de las Instituciones de la Uni�n Europea y de otros Estados Miembros.
Red integrada de Atenci�n al Ciudadano.
Se potenciar�n ventanillas �nicas y espacios comunes entre Administraciones.
Software: Cesi�n de programas y posibilidades de que sean de c�digo abierto. R�gimen transitorio: - Los procedimientos y actuaciones, en los que se hayan utilizado medios electr�nicos, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley se seguir�n rigiendo por la normativa anterior hasta su terminaci�n.
- Los registros telem�ticos existentes ser�n considerados registros electr�nicos regul�ndose por lo dispuesto en los art�culos 24, 25 y 26 de esta Ley.
Derogaci�n: Afecta a los siguientes preceptos de la
- apartado n�mero 9 del art�culo 38 (registros telem�ticos), - apartados n�meros 2, 3 y 4 del art�culo 45 (procedimientos, programas y documentos electr�nicos),
- apartado n�mero 3 del art�culo 59 (notificaciones telem�ticas)
- y la disposici�n adicional 18� (presentaci�n telem�tica de solicitudes y comunicaciones
Car�cter b�sico de la Ley. Muchas preceptos se dictan al amparo de lo dispuesto en el art�culo 149.1.18.� de la Constituci�n, que atribuye al Estado la competencia sobre las bases del r�gimen jur�dico de las Administraciones P�blicas y sobre el procedimiento administrativo com�n. Se enumeran en la D.F. 1�.
Entrada en vigor. El 24 de junio del 2007. Los derechos reconocidos en el art�culo 6 podr�n ser ejercidos en relaci�n con la totalidad de los procedimientos y actuaciones de competencia de las diversas Administraciones a partir del 31 de diciembre de 2009. Para las Administraciones que no sean la del Estado, ello depender� de sus posibilidades presupuestarias.
PDF (17 p�gs. - 532 KB.) Correcci�n de errores.
EMPLEADO P�BLICO. Resoluci�n de 21 de junio de 2007, de la Secretar�a General para la Administraci�n P�blica, por la que se publican las Instrucciones, de 5 de junio de 2007, para la aplicaci�n del Estatuto B�sico del Empleado P�blico en el �mbito de la Administraci�n General del Estado y sus organismos p�blicos.
Esta Instrucci�n incluye los siguientes apartados:
1. Normativa aplicable hasta la promulgaci�n de la Ley de Funci�n P�blica de la Adm�n General del Estado
2. �mbito de aplicaci�n del EBEP dentro de la Administraci�n General del Estado 3. Reserva del ejercicio de potestades p�blicas a funcionarios p�blicos (art�culo 9.2)
4. Aplicaci�n del EBEP a las entidades del sector p�blico y a otros Organismos. 5. Normas del EBEP aplicables al personal laboral (art�culo 7).
6. Funcionarios interinos (art�culos 10 y 25.2).
7. Permisos y vacaciones (art�culos 48-51).
8. Adquisici�n y p�rdida de la relaci�n de servicio (art�culos 55-68).
9. Grupos de clasificaci�n de los Cuerpos y Escalas (art�culo 76 y disposici�n transitoria tercera)
10. Provisi�n de puestos de trabajo (art�culos 78-84).
11. Situaciones administrativas (art�culos 85-92).
12. C�digo de Conducta (art�culos 52-54).
13. R�gimen disciplinario (art�culos 93-98).
14. Incompatibilidades (disposici�n final tercera).
PDF (6 p�gs. - 172 KB.)
Ver resumen Estatuto.
GALICIA: DERECHO CIVIL. Recurso de inconstitucionalidad n.� 2845-2007, en relaci�n con diversos art�culos de la Ley de Galicia 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia.
Afecta a la adopci�n y a la autotutela.
PDF (1 p�gs. - 32 KB.) LA RIOJA: FUNDACIONES.
Recurso de inconstitucionalidad n.� 4368-2007, en relaci�n con los apartados 1 y 3 del art�culo 37 de la Ley 1/2007, de 12 de enero, de Fundaciones de la Comunidad Aut�noma de La Rioja.
PDF (1 p�gs. - 20 KB.) TRIBUNAL SUPREMO:
REGLAMENTO REGISTRO MERCANTIL. Sentencia de 28 de marzo de 2007, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anulan los arts. 323.1, 2 y 3 y 324 del Reglamento del Registro Mercantil en la redacci�n dada por el art�culo 10 del Real Decreto 685/2005, de 10 de junio, sobre publicidad de resoluciones concursales, el art�culo 4.1, en el particular relativo a la Secci�n Segunda del portal referido a �liquidadores y apoderados inhabilitados�, el art�culo 9.1.b), �ltimo inciso desde las palabras �y que hayan de publicarse en el portal� hasta el final y el art�culo 9.3, disposici�n adicional �nica, transitoria �nica y final segunda en cuanto se refieren al portal previsto en el art. 324 del Reglamento del Registro Mercantil.
PDF (1 p�gs. - 28 KB.) SECCI�N 2�:
Don Jos� Antonio Gonzalo Rodr�guez, Registrador de la Propiedad de Madrid n.� 13.
Don Hip�lito Rodr�guez Ayuso, Registrador de la Propiedad de Eivissa n.� 1 y Mercantil.
El Notario de Valencia, don Jos� Manuel Garc�a de la Cuadra.
Don Pedro Pascual Marzal, Registrador de la Propiedad de Madrid n.� 15.
El Notario de A Coru�a, don Jos� Iglesias Bouza.
97. EMBARGO DE BIENES DE EXTRANJEROS: PRECISA DEMANDAR A AMBOS CONYUGES. R. 10 de abril de 2007, DGRN. BOE de 1 de junio de 2007. TGSS � Registro de Calpe.
Un bien figura inscrito a favor de un extranjero, casado en r�gimen legal de su pa�s, por t�tulo de compra, con sujeci�n al r�gimen matrimonial que le sea aplicable, y se plantea si puede anotarse un embargo por deudas contra�das por aqu�l, habiendo sido notificado el embargo a su esposa. La Direcci�n, confirmando la calificaci�n del Registrador, sostiene que no, ya que conforme al art. 92 RH, y trat�ndose de adquirentes extranjeros, no se precisa la acreditaci�n a priori del r�gimen econ�mico matrimonial, bastando que la inscripci�n se practique a favor del adquirente o adquirentes casados, haci�ndose constar en la inscripci�n que se verificar� con sujeci�n a su r�gimen matrimonial. Esto obliga a una acreditaci�n a posteriori del Derecho extranjero, y en particular de la capacidad de los c�nyuges de nacionalidad extranjera para realizar los actos dispositivos sobre los bienes o derechos inscritos. A�ade la Direcci�n que para practicar la anotaci�n cabr�a otra soluci�n: que la demanda se dirija contra ambos c�nyuges sin que baste la mera notificaci�n a efectos de tracto sucesivo, porque no se sabe si en el Derecho extranjero aplicable rige un sistema similar al de gananciales que permitiera la aplicaci�n de lo dispuesto en el art. 144.1 RH. (MN)
PDF (2 p�gs. - 99 KB.) 98. DECLARACION DE OBRA NUEVA Y SEGURO DECENAL. R. 16 de abril de 2007, DGRN. BOE de 1 de junio de 2007. Interesado - Registro de La Orotava.
El recurrente afirma que la obra realizada es una mera rehabilitaci�n o adecuaci�n funcional del edificio, que ten�a una licencia antigua, y por tanto considera que no le es exigible el seguro decenal por aplicaci�n de la disposici�n adicional 2� de la Ley de la Edificaci�n.
La DGRN estima que no s�lo hay una rehabilitaci�n de un edificio antiguo, sino tambi�n, al haber una planta m�s, hay una variaci�n esencial de la configuraci�n arquitect�nica y volumetr�a del edificio, por lo que no es aplicable dicha disposici�n adicional 2� y es necesario contratar y acreditar el seguro decenal. (AFS)
PDF (2 p�gs. - 90 KB.) *101. LA FIJACI�N DE NUEVAS CUOTAS EN LA PROPIEDAD HORIZONTAL REQUIERE ACUERDO INDIVIDUAL DE LOS PROPIETARIOS. R. 19 de abril de 2007, DGRN. BOE de 1 de junio de 2007. Comunidad de Propietarios � Registro de J�vea.
Se plantea si, para la modificaci�n de las cuotas de participaci�n en la comunidad que se establecieron en el t�tulo constitutivo del r�gimen de propiedad horizontal, basta la ejecuci�n del acuerdo un�nime de la Junta de Propietarios por el presidente, o es necesario que conste en documento p�blico el consentimiento individualizado de todos los propietarios, como sostiene el Registrador. La Direcci�n parte de la distinci�n entre acuerdos que tienen el car�cter de actos colectivos, que no se imputan a cada propietario singularmente sino a la junta como �rgano comunitario y aquellos otros actos que, por afectar al contenido esencial del derecho de dominio, requieren el consentimiento individualizado de los propietarios correspondientes, el cual habr�a de constar mediante documento p�blico para su acceso al Registro; y a continuaci�n repasa diferentes casos en los que ha considerado actos de Junta, que requieren la unanimidad de los propietarios en los t�rminos previstos por el art. 17.1 LPH y que, por tanto, no requieren la prestaci�n del consentimiento individualizado de los titulares registrales, como son: la desafectaci�n y venta de determinados elementos comunes (RR. de 04.03.2004, 23.03.2005 y 30.11.2006); la vinculaci�n
ob rem de los trasteros a las viviendas, como anejos (R. de 31.03.2005) o determinada modificaci�n de los estatutos (R. 05.07.2005). Y casos que requieren consentimiento individualizado en escritura p�blica de los propietarios, titulares registrales y de sus c�nyuges, como son: la determinaci�n de la superficie y dem�s elementos identificadores del trastero que corresponde a cada uno de los pisos (R. 12.12.2002) o la conversi�n de un elemento privativo en com�n (R. 23.06.2001).
En el caso planteado, para decidir si este acto concreto entra o no en ese �mbito de competencias de la Junta de Propietarios como acto colectivo de la misma, hay que tener en cuenta lo que la cuota de participaci�n representa en el r�gimen de propiedad horizontal, y aunque dicha cuota puede tener diversas aplicaciones, tales como se�alar la proporci�n en la propiedad total del edificio o en la distribuci�n de gastos y cargas, y ni en la LH ni en la LPH se hace referencia a la existencia de una cuota que fije la participaci�n de cualquier propietario en los elementos comunes, es precisamente la proporci�n del inter�s de los propietarios en estos elementos la que reviste mayor importancia, pues determinar� su participaci�n en los nuevos locales en caso de elevaci�n del edificio, o en el solar si aqu�l se destruye, y si se extinguiese el r�gimen de propiedad horizontal, esa cuota de participaci�n en relaci�n con el total valor del inmueble se traducir�a en una cuota de liquidaci�n en consonancia con la de participaci�n fijada (R. 5.5.1970). De ah� que las modificaciones de la misma, y salvo en casos como la desafectaci�n de elementos comunes y subsiguiente venta de los mismos, que implican reajuste proporcional de las dem�s cuotas (RR de. 05.05.1970 y 15.06.1973) o la creaci�n de nuevos pisos o locales, siempre que de ello tampoco resulte alterado el contenido esencial del derecho de cada propietario, en tanto en cuanto afectan al contenido esencial del derecho de dominio, habr�n de realizarse con el consentimiento individual y singular de todos los propietarios afectados en escritura p�blica. (MN)
PDF (3 p�gs. - 122 KB.) 102. INMATRICULACION DE EXCESO DE CABIDA DE FINCA COLINDANTE A MONTE P�BLICO POR ACTA DE NOTORIEDAD. R. 20 de abril de 2007, DGRN. BOE de 1 de junio de 2007. Notario de C�llar � Registro de Baza
Se pretende inscribir un acta notarial de notoriedad de declaraci�n de exceso de cabida de un finca de un propietario particular, colindante a un monte p�blico de titularidad municipal, pero con un convenio de gesti�n con la Junta de Andaluc�a. El Ayuntamiento no ha emitido informe favorable, como exige el art�culo 22 de la Ley de Montes (ni desfavorable), pero consta un informe negativo de la Junta de Andaluc�a, por posible invasi�n de monte p�blico.
La DGRN considera que el Acta no es inscribible porque falta el informe favorable del Ayuntamiento, argumento indiscutido. Y adem�s porque, atendida la finalidad de la ley (impedir la invasi�n de montes p�blicos por los particulares), consta informe negativo de
la Junta de Andaluc�a a la que en virtud del convenio de gesti�n con el Ayuntamiento la considera encargada y legitimada para la defensa jur�dica del monte. (AFS)
PDF (2 p�gs. - 100 KB.) *103. CALIFICACI�N DEL REGISTRADOR DE LA NO SUJECI�N O EXENCI�N FISCAL. R. 23 de abril de 2007, DGRN. BOE de 1 de junio de 2007. Tesorer�a Seguridad Social � Registro de Sabadell n� 1.
Hechos: Se presenta oficio expedido por la Direcci�n Provincial de Barcelona de la Tesorer�a General de la Seguridad Social donde consta que se procedi� a la aceptaci�n de una hipoteca unilateral, solicit�ndose la constancia de dicha aceptaci�n por nota al margen de la hipoteca. El Registrador suspendi� su pr�ctica por no acreditarse el pago de los impuestos, si los devengare, el acto a que se refiere el t�tulo calificado.
La Tesorer�a General recurri� alegando que el art. 65 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social declara la exenci�n tributaria absoluta en la misma medida que el Estado, de los actos que realicen o los bienes que adquieran; que el art�culo 254 de la Ley Hipotecaria no debe ser objeto de interpretaci�n literal y formalista como as� lo hace la DGRN.
La DGRN revoca la calificaci�n, pues, aunque el art�culo 254 de la Ley Hipotecaria exige para la pr�ctica de los asientos en el Registro de la Propiedad la previa justificaci�n del pago de los Impuestos que graviten sobre el acto o contrato cuya inscripci�n se pretenda ha de interpretarse el precepto concediendo al Registrador la valoraci�n de si el acto est� o no sujeto al Impuesto a los solos efectos de practicar o no la correspondiente inscripci�n sin necesidad de acreditar el pago o la presentaci�n ante las autoridades fiscales lo que se justifica por claras razones de econom�a procedimental
Considera, descendiendo al caso estudiado, que la aceptaci�n de una hipoteca unilateral efectuada por la Tesorer�a General de la Seguridad Social est� incursa en causa legal de exenci�n fiscal y que entra dentro de las facultades calificatorias generales del Registrador el apreciarla de oficio.
Nota: Creo que hay un cierto salto en el vac�o en los razonamientos de esta Resoluci�n, pues parte de justificar que el Registrador pueda calificar la no sujeci�n para, acto seguido, aplicarlo a un caso diferente como es el de la exenci�n (que implica una sujeci�n previa).
Salvando este salto en el vac�o, parece que en la interpretaci�n flexible que hace la DG del art�culo 254 de la Ley Hipotecaria, puede el Registrador apreciar tanto la no sujeci�n como la exenci�n y que su criterio es revisable v�a recurso contra la calificaci�n. Tal vez en la misma situaci�n estar�a el caso de prescripci�n evidente por el transcurso de un dilatado lapso de tiempo desde la producci�n del hecho imponible. (JFME)
PDF (2 p�gs. - 102 KB.) 104. ANOTACION DE SUSPENSION POR FALTA DE INMATRICULACI�N: NO CABE PRORROGA POR 4 A�OS PERO S� POR UNO EN CASOS EXTRAORDINARIOS. R. 24 de abril de 2007, DGRN. BOE de 1 de junio de 2007. Banco Sime�n, S.L. - Registro de Olmedo.
Se solicita la pr�rroga, por plazo de cuatro a�os, de una anotaci�n preventiva de suspensi�n de una anotaci�n de embargo por el defecto subsanable de la falta de inmatriculaci�n previa de la finca.
El Registrador la deniega por haber sido ya prorrogada con anterioridad y no estar permitida por Ley una segunda pr�rroga, adem�s de exceder del plazo m�ximo de 180 d�as establecido imperativamente en el art.96 de la LH.
La Direcci�n resuelve que efectivamente el art. 96 LH fija como plazo de duraci�n de la anotaci�n preventiva por defecto subsanable el de 60 d�as, permitiendo una �nica pr�rroga de 180 d�as; pero hay que tener en cuenta tambi�n el art. 205 RH, que en desarrollo del art. 96 LH, excepcionalmente prev� para los supuestos de falta de previa inscripci�n de la finca que el Juez pueda acordar, a petici�n de parte, una segunda pr�rroga de la anotaci�n, hasta que transcurra un a�o de su fecha (entendiendo por fecha, la de la anotaci�n misma de pr�rroga).
En el presente recurso se solicita una segunda pr�rroga por cuatro a�os, plazo que no es aplicable al supuesto concreto, pero no porque no quepa una segunda pr�rroga, sino porque �sta se ha de limitar a un a�o. (MN)
PDF (2 p�gs. - 102 KB.) 105. DECLARACION DE QUIEBRA NO INSCRITA Y EFECTOS RETROACTIVOS. R. 27 de abril de 2007, DGRN. BOE de 1 de junio de 2007. Banesto - Registro de Llerena.
Se presenta un mandamiento judicial de cancelaci�n de las inscripciones de una finca, a partir de una determinada fecha, teniendo en cuenta que la Declaraci�n de Quiebra nunca se anot� en el Registro de la Propiedad.
La DGRN, sin prejuzgar el fondo del asunto y sus efectos sustantivos, considera que no es inscribible el mandamiento cancelatorio en base a dicha declaraci�n y retroacci�n de la quiebra, por cuanto considera aplicable a los titulares registrales la normativa constitucional que proscribe la indefensi�n judicial y la normativa hipotecaria que salvaguarda los derechos de los titulares registrales que no han sido parte en el procedimiento. (AFS)
PDF (2 p�gs. - 100 KB.) 106. EMBARGO CONTRA PERSONA CASADA EXTRANJERA. R. 30 de abril de 2007, DGRN. BOE de 5 de junio de 2007. Ayuntamiento de J�vea � Registro de J�vea.
Hechos: Se presenta en el Registro mandamiento expedido por el Recaudador Municipal ordenando el embargo de la mitad indivisa de una finca que aparece a favor de una se�ora de nacionalidad brasile�a �que compra con arreglo a su r�gimen matrimonial� y est� inscrita �con sujeci�n a su r�gimen econ�mico matrimonial�.
El Registrador deniega la anotaci�n por entender que debe entablarse el procedimiento no s�lo contra la esposa, sino tambi�n contra el marido, no siendo suficiente la mera notificaci�n, �nico tr�mite realizado con la misma.
El Ayuntamiento recurre alegando que hay que entender que la finca est� inscrita proindiviso por partes iguales entre los c�nyuges, por lo que debe anotarse el embargo. La DGRN confirma la calificaci�n y su criterio de que, para el embargo de los bienes, habr�n de aplicarse las normas de la legislaci�n que rija el r�gimen econ�mico del matrimonio y que, si no se acreditan las normas aplicables, como ocurre en el caso presente, puede solucionarse el problema dirigiendo la demanda contra ambos c�nyuges, �nico supuesto en el que, si la anotaci�n concluyera con la venta forzosa de la finca, el funcionario correspondiente podr�a actuar en representaci�n de ambos titulares en caso de rebeld�a. As� podr�a embargarse, adem�s, toda la finca.
Nota: todav�a no se ha planteado, pero este criterio (que considero ortodoxo, pero muy estricto al ser m�s riguroso que el previsto para los gananciales en el
art�culo 144 del Reglamento Hipotecario) podr�a considerarse extrapolable a los procedimientos judiciales en los que se ordene una anotaci�n preventiva. De hecho se utiliza terminolog�a m�s judicial que administrativa (demanda, rebeld�a�). En la pr�ctica este criterio tan estricto (no olvidemos que el de gananciales es un r�gimen de comunidad germ�nica y en �l vale con la notificaci�n).puede producir importantes da�os econ�micos, sobre todo en zonas tur�sticas: extranjeros que desatienden las obligaciones de su comunidad de propietarios, que no pagan liquidaciones complementarias de transmisiones o sucesiones, que ni se presentan para abonar el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos y que se vuelven a sus pa�ses o que apenas vienen, pueden estar m�s tentados para dejar sin cumplir obligaciones pendientes en nuestro pa�s ante esta extrema rigurosidad en los criterios de embargo. (JFME)
PDF (2 p�gs. - 88 KB.) 107. SEGURO DECENAL: EL CAPITAL ASEGURADO ES EL COSTE DE EJECUCI�N MATERIAL. R. 4 de mayo de 2007, DGRN. BOE de 5 de junio de 2007. Don Enrique Branc�s N��ez, notario de Gerona - Registro de Gerona n� 1.
Hechos: Se solicita la constataci�n registral de la terminaci�n de una obra nueva, present�ndose un acta notarial de final de obra a la que se incorpora p�liza de seguro decenal cuya suma asegurada es �el coste total definitivo de la edificaci�n� que incluye la obra fundamental, los honorarios t�cnicos, impuestos y licencias. Dicha suma es inferior al valor de la obra nueva expresado en la escritura declaraci�n de obra nueva en construcci�n.
El Registrador suspendi� por ser �inferior el capital asegurado al coste final de ejecuci�n material de la obra m�s honorarios profesionales�, seg�n los datos que obran en el Registro.
El Notario autorizante recurri� entendiendo que no cabe equiparar el valor fiscal declarado con el coste final de ejecuci�n, incluidos honorarios profesionales. La DGRN revoca la calificaci�n pues conforme al art.
art�culo 19.5-c de la Ley de Ordenaci�n de la Edificaci�n (y la
Instrucci�n que la desarrolla) el importe m�nimo del capital asegurado ser� el 100% del coste final de la ejecuci�n material de la obra, incluidos los honorarios profesionales. Al respecto, no se pueden considerar como equivalentes los conceptos de coste de ejecuci�n material y valor de la obra nueva declarado en la escritura, pues el primero alude a la suma de las cuant�as de los recursos empleados para la realizaci�n de la obra, cuant�a que es la que debe ser objeto de seguro, mientras que el concepto de valor de la obra nueva hace referencia a una realidad mayor, es un concepto m�s amplio en el que se incluye no s�lo el coste de ejecuci�n sino otros aspectos, fundamentalmente, el incremento o valor a�adido de la construcci�n, valor a�adido que vendr� determinado por una serie de circunstancias concurrentes y diversas tales como el mercado, el entorno, la situaci�n las propias caracter�sticas internas y externas de la obra. (JFME)
PDF (2 p�gs. - 90 KB.) *108. FIN DE OBRAS PARCIAL Y SEGURO DECENAL. R. 8 de mayo de 2007, DGRN. BOE de 15 de junio de 2007. Interesado � Registro de Cocentaina. Vinculante.
Hechos: Se presenta en el Registro un �Acta parcial de fin de obra� en la que se declara haberse terminado, adem�s de los elementos comunes, una de las fincas integrantes del edificio. Se presenta certificaci�n del seguro a que se refiere el art�culo 19 de la Ley de Ordenaci�n de la Edificaci�n pero s�lo referido a la vivienda terminada..
El Registrador suspende la inscripci�n por entender que del art�culo 46 del
Reglamento para la inscripci�n de actos urban�sticos se induce que no cabe la finalizaci�n de obra de una vivienda mientras no est� finalizado todo el edificio y que el seguro debe extenderse a la totalidad del edificio, y no solo a la vivienda concluida.
Los interesados recurren estimando que la Ley de la Edificaci�n en su
art�culo 6 permite que la recepci�n de la obra pueda abarcar no s�lo la totalidad sino tambi�n las fases completas y terminadas de la misma por lo que cabe fin de obra parcial y seguro decenal parcial cuyo plazo se cuenta desde dicha recepci�n.
La DGRN revoca la calificaci�n, porque, cuando la legislaci�n aplicable se refiere al seguro del edificio y a la terminaci�n de obra del mismo, est�n aludiendo al supuesto m�s com�n, pero cabe tambi�n que se haya terminado una vivienda, ser la misma susceptible de aprovechamiento, y no haberse concluido todo el edificio, en cuyo caso basta con que el seguro garantice la vivienda que se inscribe. (JFME)
PDF (2 p�gs. - 82 KB.) *110. DENEGACION DE INMATRICULACION POR SER TRANSMISIONES INSTRUMENTALES. RECURSO CONTRA LA CALIFICACI�N. R. 21 de mayo de 2007, DGRN. BOE de 15 de junio de 2007. Interesado - Registro N�mero 2 de Ponferrada.
HECHOS: Se formaliza escritura de compra de dos fincas, en la que comparecen dos esposos casados en gananciales, reconociendo ambos, que el precio pagado es privativo del marido. Acto seguido y en el mismo d�a, ambos formalizan otra escritura en que el esposo aporta las dos fincas adquiridas a la sociedad de gananciales. Por diligencia a continuaci�n se determinan los linderos de las dos fincas adquiridas, aunque respecto de una de ellas, se indica que �linda con zona urbana�.
REGISTRADORA: Se rechaza la inscripci�n, porque, dado el principio de especialidad, no es admisible el lindero recogido como �l�mite de zona urbana�, ya que no especifica los nombres de los colindantes a efectos de busca, y en su caso notificaci�n. Por otro lado se apoya, en base a la Rs 11 de marzo de 2006, en que se trata de lograr una inmatriculaci�n a trav�s de transmisiones instrumentales (Resoluci�n, por cierto, que ha sido revocada en primera instancia).
DIRECCION GENERAL. La Direcci�n General rechaza el recurso, en base, principalmente, a lo alegado por la Registradora, es decir, no son admisibles las inmatriculaciones basadas en transmisiones instrumentales, y en el presente caso, se debi� acudir al acta complementaria del t�tulo p�blico del art 298 RH. Sin embargo, y aparte lo anterior, hace una serie de manifestaciones que son de inter�s general:
1.- En el presente caso, se hab�a solicitado una calificaci�n sustitutoria por otro Registrador, y sin embargo, se acude por el interesado a la DG antes de que se emita esta segunda calificaci�n.
La DG estima que ello es admisible, desde el momento que, habi�ndose planteado esta posibilidad, m�s que como un recurso, como una reposici�n previa, con los consecuentes efectos suspensivos de los plazos de interposici�n del recurso gubernativo, tal efecto suspensivo se articula a favor del interesado, a efecto de no provocarle indefensi�n, luego �ste puede acudir perfectamente al recurso, sin esperar el resultado de la segunda calificaci�n.
2.- El recurso lo interpone una Gestor�a, en representaci�n del interesado, sin acreditar dicha representaci�n, lo que efect�a posteriormente a trav�s de un simple documento privado, cuya firma se legitima. La DG ten�a establecido que tal representaci�n hay que acreditarla en forma aut�ntica, si bien este defecto no determina la inadmisi�n del recurso, sino que se le concede al interesado un plazo, normalmente no superior a 10 d�as, para que subsane el defecto.
Aqu� se plantean dos cuestiones: 1) Examinar si es bastante para interponer el recurso un documento privado con firmas legitimadas, que se plantea con posterioridad a la presentaci�n del recurso, a lo que la DG responde afirmativamente, bas�ndose para ello en la ley 24/01 de R�gimen Jco del Procedimiento Administrativo com�n, y en base a lo que la DG llama �administrativaci�n� del recurso registral, estima admisible dicha posibilidad. 2) La segunda cuesti�n es que la legitimaci�n de la firma es posterior a la presentaci�n del recurso, y de nuevo la DG estima que, conforme a la jurisprudencia, esa representaci�n aportada posteriormente, equivale a una ratificaci�n de lo actuado por el representante.
3.- Para colmo, se presenta, otra acta posterior, complementaria de lo actuado, que no hab�a sido calificada por el Registrador. En este caso la DG estima que dicha acta no puede tomarse en cuenta en el recurso.
4.- Finalmente, despu�s de todas estas manifestaciones a modo de �obiter dicta�, la DG entra en el fondo del asunto, y estima que hay determinados supuestos de inmatriculaci�n que �son permeables a la posibilidad de que el documento que incorpora la adquisici�n es en ocasiones, como aqu�, elaborado ad hoc, con la �nica finalidad de conseguir la inmatriculaci�n, surgiendo asi en el Registrador, sospechas acerca de la realidad del negocio llevado a cabo�. Y es evidente que si lo que se quer�a conseguir por los interesados es que la finca fuera ganancial, tal efecto se pod�a haber obtenido con la primera adquisici�n, completando �ste con un acta de notoriedad, acreditativa de que quien interviene en ella como transmitente es tenido por due�o.
�Por tanto entra plenamente en el terreno de lo racional �que no en el de las conjeturas- considerar que el iter documental seguido, busca crear una documentaci�n aparentemente susceptible de conseguir la inmatriculaci�n de las fincas, a favor de quienes al final resultar�an ser sus propietarios con car�cter ganancial�con ello se �volatilizan todas las prevenciones que para la inmatriculaci�n por t�tulo p�blico ha instituido el legislador�. (JLN)
PDF (5 p�gs. - 159 KB.) 111. RESERVA DE DERECHOS DE EDIFICACION POR FASES Y POSTERIOR AMPLIACION DE OBRA NUEVA. R. 19 de mayo de 2007, DGRN. BOE de 16 de junio de 2007. Interesado - Registro n. � 1, de Lorca. En una finca dividida horizontalmente en la que se ha construido
la Fase I el propietario se reserva el derecho de realizar la fase II de la edificaci�n con un determinado n�mero de apartamentos, pero condicionando ese derecho y la modificaci�n de cuotas de los iniciales elementos en propiedad horizontal a que en determinada fecha conste inscrita en el Registro el inicio de las obras de ampliaci�n de la fase II.
Se otorga la prevista obra nueva de ampliaci�n de la segunda fase que se presenta en el Registro en plazo, pero es denegada su inscripci�n por excederse del derecho reservado. Posteriormente, ya fuera del plazo previsto, se otorga y presenta a inscripci�n una escritura de rectificaci�n de la anterior, con una nueva licencia, ajust�ndose ahora s�, a las previsiones de la reserva de derechos.
La DGRN desestima el recurso por cuanto que no se ha cumplido la inscripci�n en el Registro en plazo del inicio de las obras de la segunda fase (ampliaci�n de la obra nueva) y ahora solo cabe obtener el consentimiento individualizado de los propietarios de la primera fase. (AFS)
PDF (3 p�gs. - 120 KB.) 112. CERTIFICADO DE ANTIG�EDAD DE UNA CASA EMITIDO POR INGENIERO TECNICO AGRICOLA. R. 22 de mayo de 2007, DGRN. BOE de 16 de junio de 2007. Notario de Antequera, don Jer�nimo Moreno Moreno � Registro de Antequera. Vinculante.
Se declara la ampliaci�n de obra nueva de una casa enclavada en una finca r�stica en base a un certificado emitido por un Ingeniero T�cnico Agr�cola, visado por su Colegio Profesional, que es rechazado por el Registrador por cuanto considera que no se acredita la competencia del t�cnico certificante.
La DGRN estima el recurso y declara:
.- Que el visado colegial presupone el cumplimiento de la normativa profesional correspondiente por parte del t�cnico.
.- Que, en el presente caso, la casa tiene al menos en parte el car�cter de agr�cola, (se supone que por estar enclavada en una finca r�stica) por lo que le parece evidente la competencia del t�cnico. (AFS)
PDF (2 p�gs. - 97 KB.) 113. ELEVACI�N A P�BLICO: HAN DE INTERVENIR TODOS LOS CONTRATANTES O SUS HEREDEROS. R. 23 de mayo de 2007, DGRN. BOE de 16 de junio de 2007. Interesado--Registro de Cuellar
El supuesto de hecho es el siguiente: en 1940 un Ayuntamiento vendi�, en documento privado, una parcela. Posteriormente, ya en escritura p�blica, el comprador don� la finca a sus tres hijas, y �stas, tambi�n en escritura, extinguieron el condominio, adjudic�ndosela a una de ellas. Ahora se otorga una escritura de elevaci�n a p�blico de aquella venta, compareciendo el representante del Ayuntamiento y la hija que hoy es propietaria de la parcela.
La Registradora suspende la inscripci�n por no concurrir al otorgamiento una de las partes � el comprador- o en caso de fallecimiento, todos sus herederos.
La Direcci�n confirma la nota, ya que en aquellas escrituras en que se reconoce la existencia de un acto o contrato anterior, se requiere, trat�ndose de negocios bilaterales o plurilaterales, que concurran al otorgamiento de la escritura todos los que en ellos fueron parte o sus herederos, sin que sea suficiente con la intervenci�n de la hija, actual propietaria de la finca. (MN)
PDF (2 p�gs. - 97 KB.) *114. EJECUCI�N HIPOTECARIA: CALIFICACI�N DE
LA COMPETENCIA TERRITORIAL. R. 24 de mayo de 2007, DGRN. BOE de 16 de junio de 2007. Interesado�Registro de Roquetas de Mar N� 2
En un procedimiento de ejecuci�n hipotecaria, la Registradora deniega la inscripci�n del auto de adjudicaci�n y del correspondiente mandamiento cancelatorio, entre otros defectos (que parece no son objeto de recurso ni examinados por la DG) porque, como consecuencia de una alteraci�n de los t�rminos municipales, no se ha seguido el procedimiento ante el Juez competente.
La Direcci�n confirma la nota porque, de acuerdo con los arts. 18 y 100 LH y 100 RH, la calificaci�n de los documentos judiciales alcanza la competencia de Juez o Tribunal y el art. 684 LEC establece que, en el caso de hipoteca inmobiliaria, ser� competente el juez de 1� instancia donde est� situada la finca. (MN)
PDF (3 p�gs. - 129 KB.) ***115. PRESENTACI�N TELEMATICA. ACUSE DE RECIBO. PRACTICA DEL ASIENTO Y SU NOTIFICACI�N. REQUISITOS. R. 4 de junio de 2007, DGRN. BOE de 18 de junio de 2007. Notario de Bilbao, Manuel L�pez Pardi�as- Registro de Belorado. Vinculante.
Hechos: Se trata de una copia electr�nica de escritura de compraventa, presentada telem�ticamente en el Registro competente y objeto de acuerdo de suspensi�n por adolecer de determinados defectos subsanables. Dada la complejidad de la resoluci�n y de sus fundamentos, para el an�lisis con claridad de esta resoluci�n, conviene separar dos aspectos de la nota de calificaci�n: Uno, el relativo al documento electr�nico en s� y su presentaci�n telem�tica y otro los defectos de fondo observados en dicho documento.
Del documento electr�nico y su presentaci�n telem�tica. a) El primer defecto de la nota de calificaci�n parece poner en duda, si no la firma electr�nica utilizada, s� el hecho de que haya sido presentada por el notario autorizante, pues el documento se autoriza determinado d�a y se remite al Registro dos d�as despu�s y parece tambi�n, aunque esto no queda claro, el que desde la salida del ordenador del notario autorizante, hasta la llegada al ordenador del Registro, han transcurrido dos horas de plazo lo que, a juicio de la registradora calificante, es incompatible con el sistema. b) Adem�s no consta el car�cter de primera copia de la recibida sino s�lo el de copia autorizada electr�nica, lo que impide hacer constar la especie de t�tulo presentado.
c) Resulta como presentante el Notario sin que conste el t�tulo o autorizaci�n del interesado que lo habilite.
De los defectos de fondo: a) No se acredita de modo fehaciente la previa adquisici�n del derecho que se trata de inscribir (era una inmatriculaci�n por el art. 205 LH).
b) No se acredita la liquidaci�n de los impuestos correspondientes.
El notario autorizante recurre s�lo los defectos relativos al documento electr�nico y su presentaci�n, poniendo de relieve, adem�s, aunque ello no deber�a haber sido materia de recurso y s� en su caso de protesta formal o denuncia a la DGRN o Colegio de Registradores, ciertos desajustes producidos, a su juicio, en la confirmaci�n del asiento de presentaci�n por un lado, -recibe tres comunicaciones del mismo, una sola de ellas firmada digitalmente, al d�a siguiente de la presentaci�n- y por otro en la notificaci�n de la nota de calificaci�n, respecto de la cual recibe dos firmadas digitalmente y con id�ntico contenido. Alega, en cuanto al fondo, que ha procedido conforme al art. 112 de la Ley 24/2001, el cual no da plazo para la presentaci�n telem�tica del documento, ni exige para esa presentaci�n la conformidad del interesado y que ninguna norma obliga a que lo que se inscriba sea primera copia.
De los hechos relatados en la resoluci�n se deduce que fue presentada copia en papel de la escritura electr�nica y a su vista la registradora comunica al notario recurrente que rectifica la calificaci�n en los t�rminos solicitados, revoc�ndose los defectos y accediendo a la pr�ctica del asiento calificado. No obstante el Notario considera que en puridad la registradora no revoca su nota, solo da por subsanados los defectos, y presenta el recurso directamente en la DG. La Registradora contesta que no procede el recurso pues la nota hab�a sido reformada, constando ya inscrito el documento.
Doctrina: Como cuesti�n previa la DG se plantea si el recurso es o no admisible a la vista del escrito de la registradora. Y lo admite pues del escrito de la registradora parece que el decaimiento de los defectos se produce ante la presentaci�n f�sica del documento y no porque haya admitido los razonamientos esgrimidos por el notario recurrente.
Una vez admitido, lo primero que hace la DG es examinar si han existido irregularidades formales en la tramitaci�n telem�tica realizada por la registradora.
El primer acuse de recibo digital emitido por el Registro, le parece a la DG totalmente insuficiente, lo que deja en absoluta indefensi�n al presentante. Dicho acuse de recibo, a su juicio, debe contener el n�mero de entrada, la debida identificaci�n del documento, la del registro que lo expide y fecha con sellado temporal exacto.
Una vez acusado recibo de la presentaci�n, sigue diciendo la DG, si el t�tulo se ha presentado en horas de oficina, el registrador proceder� a la pr�ctica del asiento de presentaci�n notificando el mismo d�a fehacientemente con firma electr�nica la pr�ctica del asiento. Y si tiene entrada fuera de horas de oficina deber� proceder en igual forma al d�a siguiente h�bil guardando el orden riguroso de la presentaci�n. Por ello la registradora no ha procedido en la forma correcta, pues, aparte del defectuoso acuse de recibo, la legislaci�n vigente no permite la existencia de una comunicaci�n registral del asiento de presentaci�n y una notificaci�n fehaciente de su pr�ctica. En definitiva, para la DG la pr�ctica del asiento de presentaci�n es una decisi�n personal�sima del registrador, decisi�n que debe ser adoptada y notificada en el mismo d�a, si se present� en las horas de oficina o el d�a h�bil siguiente si lo fue fuera de ellas. Por tanto no cabe aplicar el plazo de la LPA de 10 d�as desde que se toma el acuerdo hasta que se notifica.
Entrando la DG en el supuesto de hecho que motiva el recurso dice que la primera comunicaci�n registral, carece de valor jur�dico alguno, siendo la segunda comunicaci�n, con la firma digital de la registradora, la que debe considerarse como notificaci�n de la pr�ctica del asiento de presentaci�n, aclarando la DG que en dicha notificaci�n deber�a de haberse distinguido entre la pr�ctica del asiento en s� y la notificaci�n, como si de cualquier otro acto se tratara, y exigiendo que dicha notificaci�n, en caso de denegaci�n del asiento de presentaci�n, deber� estar articulada en hechos y fundamentos de derecho, incluyendo igualmente el pi� de recursos contra la denegaci�n.
Finalmente y para cerrar esta cuesti�n, dice la DG, y creo que es muy importante, que estos errores no invalidan la actuaci�n registral, puesto que el asiento se practic� y se notific� telem�ticamente en los plazos previstos. Y en cuanto a la doble notificaci�n de la calificaci�n en el mismo d�a, pero a horas distintas, afirma que carece de trascendencia, aunque deben evitarse estos errores y los relativos a la doble notificaci�n de la pr�ctica del asiento, pues los mismos pueden generar responsabilidad civil y, en su caso, disciplinaria.
En cuanto al defecto del transcurso de dos horas entre la firma del documento y su recepci�n en el Registro, que lleva a la registradora a decir que ello es indicativo de que la remisi�n no ha sido efectuada por el mismo Notario autorizante, dice que es un defecto inexistente. El plazo m�s o menos dilatado entre la firma de la escritura y la expedici�n de su copia electr�nica, escapa a la calificaci�n del registrador, pudiendo generar en su caso, la pertinente responsabilidad y civil del notario autorizante. Y el plazo en que llegue al Registro desde su emisi�n, tampoco es objeto de calificaci�n. En definitiva, en este punto lo calificable por el Registrador es lo siguiente: a) Que el documento ha sido firmado electr�nicamente; b) que el certificado de la firma es la del Notario que la expide; c) que dicho certificado est� vigente; y d) que la copia se ha expedido para la finalidad que se utiliza; y que no han trascurrido m�s de 30 d�as -60 d�as en la actualidad- desde que se expide la misma. Por todo ello la diferencia horaria entre la expedici�n y la recepci�n, carece de trascendencia y es algo que el registrador no tiene que calificar.
Finalmente el defecto relativo a la
no constancia de que el t�tulo sea primera copia, tampoco lo es, pues no existe precepto alguno que exija que la escritura que se inscriba en el Registro sea la primera, aunque realmente dicho defecto, seg�n la fundamentaci�n de la calificante, se centraba en el hecho de que el notario no hab�a sido autorizado por el interesado para la presentaci�n telem�tica de su t�tulo. Frente a ello la DG dice que la situaci�n, de conformidad con el art. 112 de la Ley 24/2001, es justamente la contraria, es decir que para que el Notario no presente telem�ticamente el documento, debe ser eximido de ello por el interesado, pues en otro caso, si no lo remite, incurrir�a en la responsabilidad civil o disciplinaria que en su caso proceda.
Comentarios: Alboroto, zozobra, preocupaci�n, extra�eza, ha causado esta resoluci�n a sus naturales y vinculados destinatarios, entre los que me incluyo, los registradores de la propiedad y mercantiles. No obstante, para centrar debidamente el problema, debemos hacer las siguientes consideraciones:
1. Al menos en el punto m�s pol�mico de la resoluci�n, que despu�s veremos, no se trata realmente de un recurso contra la calificaci�n de un registrador y ello por los siguientes motivos:
a) Los defectos contra los que se recurre, realmente no son defectos de fondo, sino de procedimiento. Como mucho, se podr�a considerar que son defectos relativos a las formalidades extr�nsecas del documento presentado a inscripci�n (Cfr. art. 18 LH), pero ello s�lo con un criterio amplio, pues ni el retraso en el env�o de la copia, ni el plazo de dos horas entre su env�o y su recepci�n, afectan al documento en s� mismo considerado. Tampoco las presuntas irregularidades en la notificaci�n de la pr�ctica del asiento de presentaci�n, achacables, en principio, a lo novedoso de la materia. S�lo el defecto relativo a que no era primera copia o a que no constaba la autorizaci�n para la presentaci�n por parte del interesado, se pueden considerar como defectos del documento en s�.
b) Tampoco era un recurso porque la registradora calificante �rectifica la calificaci�n en los t�rminos solicitados por el recurrente, revoc�ndose los dos defectos que son objeto del recurso�, lo que no puede querer decir otra cosa que utiliza la posibilidad que le presta el art�culo 327.6 de la LH, procediendo a la inscripci�n del documento.
c) En rigor por tanto, el escrito que el notario autorizante remite a la DG poniendo de manifiesto los hechos acaecidos con su escritura telem�ticamente presentada, m�s que un recuso, al amparo del �ltimo p�rrafo del art. 325 de la LH (�La subsanaci�n de los defectos indicados por el Registrador en la calificaci�n no impedir� a cualquiera de los legitimados, incluido el que subsan�, la interposici�n del recurso�), es un escrito de denuncia contra la registradora ante una actuaci�n, a su juicio, incorrecta por parte de la misma.
No obstante la DG lo admite como recurso, al amparo del precepto citado, y formalmente resuelve revocando uno por uno los defectos incluidos en la nota de calificaci�n y objeto del recurso. Pero lo que realmente hace la DG, dicho sea con los debidos respetos, a trav�s de casi toda la fundamentaci�n jur�dica de la resoluci�n, es dictar instrucciones generales sobre c�mo debe procederse, fundamentalmente por parte del registrador, ante la presentaci�n de t�tulos telem�ticos. Efectivamente, a lo largo de los fundamentos de derecho va indicando los requisitos del recibo autom�tico de presentaci�n, los requisitos de la notificaci�n del asiento de presentaci�n, y lo que es o no calificable por el registrador. S�lo, insistimos, la parte de la nota relativa a que no era primera copia y a que no se contaba con la autorizaci�n del interesado, pueden considerarse propiamente defectos revocados y con raz�n por la DG.
2. Por tanto la resoluci�n, salvo en lo antes se�alado, debe entenderse como instrucciones o reflexiones, que, al hilo de un caso concreto, hace la DG sobre c�mo debe procederse ante la presentaci�n de t�tulos telem�ticos. Por tanto, al ser instrucciones generales fuera del instrumento adecuado para darlas, las mismas s�lo pueden tener el valor de ser meramente indicativas sobre el modo de proceder que la DG entiende correcto, pero en ning�n caso pueden vincular a los registradores que reciban documentos telem�ticos sobre c�mo deben proceder con los mismos.
3. Realmente lo que preocupa de esta resoluci�n-instrucci�n es el hecho, puesto de relieve en el fundamento 3, p�rrafo 15, -si he contado bien- de que la decisi�n sobre la pr�ctica o no del asiento de presentaci�n, �implica una calificaci�n recurrible que debe ser adoptada y notificada en el mismo d�a h�bil si el t�tulo se present� en horas de oficina o en el d�a siguiente si se hubiera presentado fuera de horas de oficina� y obviamente esta notificaci�n debe ser hecha
personalmente por el registrador con su firma electr�nica reconocida. Pues bien, esta afirmaci�n de la DG, �tiene algo que ver o guarda relaci�n con alguno de los puntos de la calificaci�n recurrida? A mi juicio no y por tanto dicha afirmaci�n debe ser entendida como lo que es, una reflexi�n de la DG sobre el problema planteado por la denuncia del notario recurrente. Y si no tiene nada que ver con lo calificado por el registrador, es obvio que dicha afirmaci�n no podr� tener el car�cter vinculante para todos los registradores que la LH atribuye en general a las resoluciones de la DG (Cfr. art. 117 RH todav�a vigente).
Adem�s, para ver si ello es efectivamente como dice la DG, con independencia de que sea vinculante o no, debemos partir de una interpretaci�n del p�rrafo segundo del art. 112 de la Ley 24/2001, seg�n su redacci�n dada por la Ley
24/2005. Dice este precepto que presentado un documento telem�ticamente, �el registrador... comunicar� al notario autorizante...por v�a telem�tica y con firma electr�nica reconocida del mismo, tanto la pr�ctica del asiento de presentaci�n, como, en su caso, la denegaci�n del mismo...�. Parece obvio que dicho precepto precisa de un adecuado desarrollo reglamentario, pues el mismo no detalla el momento exacto en que el registrador debe hacer esa comunicaci�n. La pura l�gica del sistema nos dice que si la decisi�n del registrador es negativa, es decir se opone a la pr�ctica del asiento de presentaci�n por cualquier causa, esa notificaci�n denegatoria debe ser inmediata. Pero si la decisi�n del registrador, como lo ser� en el 99,99...% de los casos, es positiva, es decir accede a la pr�ctica del asiento, no comprendemos realmente la importancia que tiene el que el presentante reciba inmediatamente la notificaci�n fehaciente de su pr�ctica, pues dicha notificaci�n puede ser perfectamente suplida por una comunicaci�n del sistema que, a modo de acuse de recibo- que ya existe-, o a modo de comunicaci�n inform�tica, confirme la pr�ctica del asiento y ello, sin perjuicio, claro est�, que en plazo razonable-puede ser el de 10 d�as u otro que establezca el reglamento hipotecario y sin perjuicio, claro est�, de que si es posible, sin perturbar el funcionamiento de la oficina, sea inmediato- se notifique fehacientemente con firma electr�nica reconocida, porque lo exige el art. 112, que el asiento ha sido debidamente practicado, en la fecha y la hora exacta que previamente habr� sido notificada por el sistema.
4. Pensamos que esta debe ser la interpretaci�n que debe darse al art. 112.2 de la Ley 24/2001. Si conforme al art. 3.1 del CC las normas deben ser interpretadas atendiendo a la realidad social... y ... al esp�ritu y finalidad de aqu�llas, no podemos pensar de ninguna de las maneras que el art. 112 haya querido crear una especie de esclavo del asiento de presentaci�n (de lunes a s�bado, ma�ana y tarde, imponiendo a los registradores que sustituyan por vacaciones el don de la ubicuidad). Ello va en contra de toda l�gica, dada la complejidad de la vida, y las m�ltiples incidencias que pueden surgir en el devenir diario de una oficina. En los mercantiles contamos con la experiencia inestimable de las 24 horas de la SLNE. Afortunadamente, y es una paradoja, el �xito no ha acompa�ado a este subtipo de sociedad y dado el escaso n�mero de sociedades constituidas bajo esta forma, el sistema ha funcionado perfectamente y los registros mercantiles han cumplido escrupulosamente el plazo establecido. No obstante constatamos que las pocas presentadas lo han sido, curiosamente, en al menos un 60 o 70% de los casos, el viernes por la ma�ana, no se sabe con qu� designios. Ahora bien, dada la competencia del personal de los registros, todas ellas, sin mayores perturbaciones, han sido despachados en menos de 24 horas y firmadas con firma electr�nica reconocida. Curiosamente este sistema ha funcionado casi a la perfecci�n sin necesidad alguna de firmar digitalmente la pr�ctica del asiento de presentaci�n. Por ello quiz�s el futuro est� en la reforma del art.112.2 de la Ley 24/2001, para sustituir la firma electr�nica del registrador por una firma del propio sistema, ya que, si el sistema de la presentaci�n telem�tica se generaliza, como es previsible y de desear, los problemas que puede plantear la notificaci�n inmediata, pueden ser realmente graves.
5. Por �ltimo para terminar estas reflexiones a vuela pluma y que tienen el �nico objetivo de centrar, en la medida de lo posible el problema, y de tranquilizar, tambi�n en la medida de lo posible, a los destinatarios de la resoluci�n, no pretendiendo en ning�n caso ser un estudio exhaustivo y detallado de la resoluci�n que llevar�a mucho m�s tiempo, repasemos la forma habitual de actuar con los asientos de presentaci�n presenciales o no telem�ticos, para comprobar que el sistema ha funcionado perfectamente y funciona sin necesidad de garantizar fehacientemente y menos notificar la pr�ctica del asiento de presentaci�n. Si la memoria no me falla, en un principio, cada asiento de presentaci�n practicado llevaba su propia fecha y su propia firma. Despu�s se pas� a fechar y firmar s�lo la diligencia de apertura y cierre del diario, implicando la firma de este cierre, la firma de todos los asientos presentaci�n practicados en el d�a y finalmente se suprimi� la firma de la diligencia de apertura, respecto de la cual basta consignar la fecha, y sigue existiendo la diligencia de cierre, con su fecha y firma correspondiente. En cuanto a las garant�as del interesado, le bastar� con su recibo de presentaci�n, sin firma alguna y es m�s, el RH incluso dice que s�lo se dar� recibo si lo pidiere el interesado. Pues bien, si el sistema ha funcionado perfectamente con tan escasas garant�as, no llego a comprender el porqu� nos volvemos tan garantistas cuando de presentaci�n telem�tica se trata, cuando esta forma de presentaci�n, por su propia naturaleza y por el rastro que deja a trav�s de los ordenadores por donde se realiza el env�o, queda mucho m�s garantizada, en cuanto a su efectividad, que la propia presentaci�n f�sica y ello sin necesidad de a�adirle requisitos de imposible cumplimiento. Por ello, el art. 112 debe ser entendido de forma racional, efectuando la notificaci�n si es posible en el mismo momento de la presentaci�n, pero si ello no es posible y el asiento efectivamente se ha practicado, no existe perjuicio para nadie con que su notificaci�n se efect�e con uno o varios d�as de intervalo. Procuremos entre todos que el sistema funcione sin excesivos problemas y exigencias en los iniciales momentos de su implantaci�n, que como toda novedad implicar� dificultades, y colaboremos unos con otros en beneficio de la propia seguridad jur�dica y del futuro de nuestras instituciones. (JAGV).
PDF (6 p�gs. - 203 KB.) *116. INMATRICULACION EN MUNICIPIOS CON MONTES DEMANIALES: SILENCIO POSITIVO. R. 3 de mayo de 2007, DGRN. BOE de 19 de junio de 2007. Interesado � Registro de Barbate.
Se pretende, mediante un Expediente de dominio, inmatricular una finca r�stica ubicada en un municipio en el que existen montes demaniales. El Registrador, el 5 de noviembre de 2004, solicita a la Consejer�a de Medio Ambiente de la Junta de Andaluc�a el informe que para este supuesto establece el art. 22 de la Ley de Montes. La Consejer�a requiere informaci�n complementaria (que es aportada por los interesados) y m�s de tres meses m�s tarde, el 29 de marzo de 2.005, comunica al Registrador que estima no producido el silencio y se opone a la inmatriculaci�n solicitada. El Registrador reitera la calificaci�n negativa, porque estima no producido el silencio administrativo y por no acompa�arse certificaci�n catastral para inmatricular.
La Direcci�n confirma la calificaci�n en cuanto a la necesidad de certificaci�n catastral aun cuando el medio inmatriculador sea un Expediente de dominio; pero, estima el recurso en lo que se refiere al otro defecto ya que entiende que si bien es cierto que, seg�n el art. 43.2 de la Ley de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, el silencio es negativo en los procedimientos cuya estimaci�n tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio p�blico o al servicio p�blico; el art. 22,.2, de la Ley de Montes, que considera ley especial, establece que los informes solicitados por el Registrador para la inmatriculaci�n de montes se entender�n favorables si desde su solicitud por el Registrador de la propiedad transcurre un plazo de tres meses sin que se haya recibido contestaci�n. De manera que bastar� el transcurso de ese plazo sin que la Administraci�n se haya pronunciado, para que el Registrador deba inscribir,
sin perjuicio de que la Administraci�n pueda proceder a la revisi�n o declaraci�n de lesividad a trav�s de los procedimientos legalmente establecidos. (MN)
PDF (4 p�gs. - 172 KB.) *117. ANOTACI�N PREVENTIVA DE DEMANDA EN RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. COMUNIDAD DE BIENES DEMANDADA. R. 7 de mayo de 2007, DGRN. BOE de 19 de junio de 2007. Interesado � Registro de Villena.
Hechos: Se solicita la pr�ctica de una anotaci�n preventiva de demanda de las del art�culo 67 del
Real Decreto 1093/1997 es decir de las que impugnan los actos de la Administraci�n P�blica que tengan por objeto la aprobaci�n definitiva de los planes de ordenaci�n, de sus instrumentos de ejecuci�n o de licencias.
El Registrador, a la vista de los documentos presentados a la hora de calificar, objeta:
1�.- Es necesario que del mandamiento resulte que se ha dado audiencia a los titulares del dominio y cargas de las fincas sobre las que se ordena la anotaci�n preventiva; 2�.- Debe constar que se ha prestado
cauci�n por los perjuicios que pudieran seguirse en caso de ser desestimado el recurso. La DGRN confirma la calificaci�n partiendo de que se ajusta a la dicci�n literal del art. 68 del
Real Decreto 1093/1997, de 4 de julio. Ser� el propio interesado el que haya de acreditar a la autoridad judicial los datos de identificaci�n de esas personas con su domicilio, debiendo de solicitar al respecto certificaci�n registral. Se aclara m�s adelante que la audiencia debe de ser tanto del titular registral como del titular de dominio (que pueden no coincidir)
Pasa a continuaci�n a analizar si la
demanda dirigida frente a una comunidad de bienes puede entenderse que implica la intervenci�n de los comuneros que forman parte de ella (y que parecen ser los titulares registrales). Lo rechaza por carecer civilmente de personalidad jur�dica (aunque tenga trascendencia tributaria) y por no acreditarse qui�nes sean sus miembros no siendo apta para ser titular registral (art. 11 RH).
Respecto de la cauci�n, el Centro Directivo resuelve que debe constar en el mismo mandamiento si se ha prestado, o manifestarse que no le ha sido exigida. (JFME)
PDF (3 p�gs. - 138 KB.) *118. SEGURO DECENAL: NO ES EXIGIBLE EL SUPUESTO DE DIVISION HORIZONTAL SUJETA A LA LLAMADA �COMUNIDAD VALENCIANA�.
R. 9 de mayo de 2007, DGRN. BOE de 19 de junio de 2007.
Luis-Fernando Mu�oz de Dios S�ez, Notario de Herencia - Registro de la Propiedad de Daimiel.
Hechos: Se formaliza una escritura de donaci�n, declaraci�n de obra nueva terminada de un edificio de tres plantas (en que se ubican dos viviendas, una en la planta primera y otra en la segunda), y extinci�n de comunidad, en que se adjudican a cada uno de dos cond�minos, una vivienda a cada uno. Posteriormente se formaliza una escritura de �subsanaci�n� en que ambos cond�minos manifiestan, ser autopromotores de su vivienda respectiva, conforme al sistema de la llamada comunidad valenciana. Consecuentemente con ello, y seg�n el notario, no se precisa para llevar a cabo la declaraci�n de obra nueva, la formalizaci�n del seguro decenal.
Registradora.- Rechaza la inscripci�n, por entender que aunque la DG entiende el concepto de autopromotor en sentido amplio, incluido el sistema de la comunidad valenciana,
es necesario para no exigir dicho seguro decenal, que se trate de construcci�n aislada, con independencia del n�mero de plantas e instalaciones, pero se ha de tratar de una unidad de morada, que no comparta elementos comunes con otras (como es el caso de la presente divisi�n horizontal), y adem�s el seguro debe ser �nico para todo el edificio, ya que si un comunero vende su vivienda y el comprador exige el seguro, el seguro debe ser de todo el inmueble, ya que protege los vicios o defectos que afecten a la cimentaci�n, soportes, vigas etc..
Notario.- Se apoya para defender la no exigencia de seguro, en el concepto de autopromotor de la propia vivienda, que se trata de vivienda unifamiliar y que se destine a uso propio. En este caso no existe una declaraci�n de obra nueva sobre varias viviendas, sino dos declaraciones distintas realizadas por los dos propietarios, cada uno respecto de su vivienda. Direcci�n General.- Admite el recurso y da la raz�n al Notario, y se apoya en la interpretaci�n de la disp. Adicional 2� de la ley 38/99, seg�n la redacci�n dada por la ley 53/2002: �El seguro decenal no ser� exigible en el supuesto de autopromotor individual, de una �nica vivienda unifamiliar para uso propio�.
Para exonerar del seguro, a tenor de la Instrucci�n de 3 diciembre de 2003, se exige:
1.- Que se trate de un autopromotor individual, y no se deben dar interpretaciones rigoristas, sino una interpretaci�n amplia (Rs 5 abril 2005 y 9 julio 2003), que admita tanto a las personas f�sicas como jcas, y se contrapone al concepto de promotor colectivo.
2.- Se ha de tratar de una vivienda, lo que se determina por el uso a que se destina (Rs 24 mayo 2001), y debe ser unifamiliar y para uso propio, al menos mientras no se transmita. La exigencia de destino a uso propio resultar� de la manifestaci�n en tal sentido por el interesado. -.. La licencia municipal debe serlo para vivienda unifamiliar y su destino debe ser para uso propio, siendo tal aquel a que se destine a ese uso por el autopromotor, siendo indiferente que sea primera o segunda vivienda o que se trata de residencia meramente temporal. 3.- Debe atenderse a que la finalidad de la norma, es el establecimiento de garant�as para los consumidores, aplicable a lo que se entiende como �vivienda en el mercado�, o sea vivienda destinada a residencia de una familia, en la que el consumidor invierte una gran parte de sus ahorros.
4.- En el concepto de
interpretaci�n amplia del concepto de autopromotor para uso propio, debe incluirse el supuesto de la llamada comunidad valenciana, pero se precisa para esto:
a.- que las circunstancias arquitect�nicas de la promoci�n de viviendas lo permitan (es decir no se puede admitir en una edificaci�n de muchas alturas); b.- que se refiera a viviendas construidas en parcelas independientes, aunque no hay que excluir el caso de divisi�n horizontal en sentido vertical; c.- se ha de tratar de pluralidad de autopromotores, due�os ab initio cada uno de su propia vivienda con car�cter independiente.
Comentario: La verdad es que el tema es muy discutible. Curiosamente, acabo de formalizar una escritura de divisi�n horizontal en t�rminos parecidos y bajo el sistema de la c. valenciana: una sola parcela indivisible; una sola licencia para construir dos viviendas unifamiliares; y dos autopromotores seg�n resulta de la propia licencia, cada uno de los cuales construye su vivienda; y las dos viviendas eran independientes y del tipo �adosadas o pareadas�. Entiendo que hay que estar a cada caso concreto, y por tanto, habr� que atender principalmente a las circunstancias arquitect�nicas (no es admisible no exigir el seguro en un edificio de cuatro o cinco alturas o m�s); habr� que estar a la licencia que debe ser para construir viviendas unifamiliares; y deben ser autopromotores varias personas. No caben reglas generales, habr� que atender a cada caso espec�fico. (JLN).
PDF (3 p�gs. - 138 KB.) 119. PERMUTA DE SOLAR POR OBRA FUTURA INSCRITA Y CONDICION RESOLUTORIA EN OTRA ESCRITURA POSTERIOR. R. 10 de mayo de 2007, DGRN. BOE de 19 de junio de 2007. Interesado - Registro de Albacete n. � 3.
Una permuta de solar por obra futura consta ya inscrita en el Registro y ahora se otorga una escritura complementaria de transacci�n por la que se pacta una condici�n resolutoria de la permuta.
El registrador deniega la inscripci�n de la condici�n resolutoria por cuanto considera que no afecta a derechos reales inscritos, sino a derechos personales futuros.
La DGRN revoca la calificaci�n pues le parece indudable que la condici�n resolutoria afecta a derechos reales inscritos (la propiedad del solar), que dicho pacto es complementario de la permuta y forma un todo con ella, que no es contradictorio con lo inscrito, y que en las permutas y contratos sinalagm�ticos similares a la compraventa con precio aplazado es posible la condici�n resolutoria expl�cita y su inscripci�n. (AFS)
PDF (1 p�gs. - 48 KB.) 120. RECURSO FRENTE A CALIFICACI�N POSITIVA. R. 11 de mayo de 2007, DGRN. BOE de 21 de junio de 2007. Interesado � Registro de Barbate.
Hechos: Se presenta una escritura de agrupaci�n y la Registradora la inscribe. Una sociedad, titular de una parcela lim�trofe �y de la que procede por segregaci�n una de las fincas ahora agrupadas por sus actuales propietarios- recurre alegando que la agrupaci�n ha derivado en la invasi�n de su finca.
La DGRN, aparte de realizar consideraciones acerca de la acreditaci�n del representante de la sociedad como firmante del recurso, reitera la doctrina de que el cauce elegido es improcedente pues el recurso gubernativo s�lo puede interponerse frente a las calificaciones negativas, totales o parciales, suspensivas o denegatorias del asiento solicitado. Una vez practicado el asiento el mismo queda bajo la salvaguarda de los tribunales y produce todos sus efectos mientras no se declare su inexactitud en los t�rminos establecidos en la Ley mediante el consentimiento de todos los interesados o resoluci�n judicial. (JFME)
PDF (2 p�gs. - 85 KB.) 121. INSCRIPCION DE BIENES CON CAR�CTER PRIVATIVO DUDOSO O NO ACREDITADO. R. 12 de mayo de 2007, DGRN. BOE de 21 de junio de 2007. Notario de Madrid don Rafael Bonardell Lenzano - Registro n.� 4 de Madrid. En una disoluci�n y liquidaci�n de una SL, con dos socios, marido y mujer, casados en r�gimen de gananciales y presentes en el otorgamiento de la escritura, se adjudican varios bienes a la mujer y se dice expresamente que con car�cter privativo, unos en pago de su haber social privativo y otros en pago de una deuda de la sociedad, sin especificar si la deuda es privativa o ganancial. La registradora deniega (sin decirlo expresamente) la inscripci�n de una finca adjudicada a la mujer en pago de la deuda por cuanto considera no suficientemente acreditado el car�cter privativo y exige para la inscripci�n un consentimiento expreso complementario de ambos c�nyuges.
.- En cuanto a la notificaci�n del defecto por el registrador al notario, reitera que el Fax no es el medio id�neo por cuanto no queda constancia de la recepci�n. Salva parcialmente el defecto por cuanto el notario recurrente se ha dado por notificado.
.- En cuanto al Informe del registrador, reitera que es puramente procedimental, y en ning�n caso puede llamarse �en defensa de la nota�, pues se remite a su reiterada doctrina de que todos los argumentos en defensa de los defectos tienen que constar en la nota de calificaci�n.
.- En cuanto al fondo del recurso, parte la DGRN de que hay que diferenciar entre titularidad de los bienes y car�cter de los mismos (privativo o ganancial). Por ello, no habiendo duda de la titularidad de los bienes, como en el presente caso, la registradora debi� de inscribir el bien a favor de la esposa; En cuanto al car�cter del bien, si la registradora consideraba no acreditado suficientemente el car�cter privativo del bien, debi� de inscribir con car�cter presuntivamente ganancial, y denegar el car�cter privativo que en un momento posterior, una vez debidamente aclarado, podr�a hacerse constar por nota marginal. .- En el presente caso, aunque la escritura no tiene la claridad deseable (no hay manifestaci�n sobre el car�cter privativo de la deuda) considera que del conjunto del documento est� claro el car�cter privativo del bien (as� se dice expresamente por ambos c�nyuges) por lo que considera innecesario hacer comparecer de nuevo a los c�nyuges para hacer declaraciones complementarias que, aunque �tiles para los operadores jur�dicos, pueden caer en �ritual repetici�n de palabras o f�rmulas�. (AFS)
PDF (2 p�gs. - 85 KB.) 122. RETRACTO ADMINISTRATIVO: SU EJERCICIO REQUIERE ACUDIR A LA VIA JUDICIAL. R. 16 de mayo de 2007, DGRN. BOE de 21 de junio de 2007. Junta de Andaluc�a � Registro de Almer�a n� 4.
En el presente recurso se plantea si cabe practicar una inscripci�n en virtud del ejercicio de un derecho de retracto por parte de la Junta de Andaluc�a en virtud de resoluci�n administrativa.
El Registrador deniega la inscripci�n solicitada por considerar, adem�s del ejercicio extempor�neo del derecho, que nos encontramos frente a un acto de administraci�n que deber� ser resuelto por el juez competente y no ante un acto administrativo. La DGRN se�ala que es doctrina de este Centro Directivo que el hecho de que un derecho de retracto tenga su origen en una norma administrativa, como es el que aqu� se ejercita, no trae como consecuencia obligada que pueda ejercitarse mediante un procedimiento meramente administrativo, pues, como ha dicho el Tribunal Supremo (cfr. Sentencia de 10 de junio de 1988), a efectos de competencia atribuible a la jurisdicci�n civil y a la jurisdicci�n contencioso-administrativa, deben distinguirse los llamados �actos de la administraci�n� de los �actos administrativos� pues, sentado que s�lo estos �ltimos son susceptibles de la v�a administrativa, dicha calificaci�n la merecen solamente aquellos actos que, junto al requisito de emanar de la Administraci�n P�blica, sean consecuencia de un actuar de �sta con facultad de �imperium� o en el ejercicio de una potestad que solo ostentar�a como persona jur�dica-p�blica, y no como persona jur�dica-privada; pues cuando la Administraci�n contiende con el particular sobre cuestiones atributivas de propiedad sobre un bien originariamente privado, sin base en el ejercicio de facultades de expropiaci�n forzosa, y concretamente, en relaci�n a la titularidad, adquisici�n y contenido de la propiedad y dem�s derechos reales, deber� ser resuelto por el Juez ordinario, como consecuencia del principio secular b�sico en Derecho administrativo de atribuirse a la jurisdicci�n ordinaria la defensa del administrado frente a la injerencia sobre bienes de su propiedad, salvo cuando se ejerciten potestades administrativas, que inexcusablemente tienen que venir atribuidas mediante norma con rango de ley, de tal manera que, cuando -como en el presente caso- esa atribuci�n no se produce, y la Administraci�n act�a en relaciones de Derecho privado, como es la adquisici�n de bienes de tal �ndole, el control de esa situaci�n administrativa debe quedar reservada a los Tribunales ordinarios, cuesti�n que, adem�s, viene reforzada al establecerse en el
art�culo 249.7 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil que las acciones de ejercicio del derecho de retracto de cualquier tipo deben ventilarse en juicio declarativo ordinario y por el propio derecho hipotecario, articulada dicha protecci�n a trav�s del principio de legitimaci�n registral de los art�culos 1.3 y 38 de la Ley Hipotecaria. (JDR)
PDF (3 p�gs. - 117 KB.) 123. SENTENCIA DECLARATIVA DE DOMINIO, DICTADA EN REBELD�A. R. 17 de mayo de 2007, DGRN. BOE de 21 de junio de 2007. Interesados � Registro de Alcorc�n n� 1.
El presente recurso se interpone frente a la negativa a la inscripci�n de una Sentencia dictada en juicio ordinario, por la que se declara el dominio de los demandantes sobre determinada finca. La Registradora opone que el fallo de la Sentencia rechaza el pedimento de la parte actora de que se inscriba la Sentencia declarativa del dominio en el Registro de la Propiedad. Por otra parte, que no se acredita el transcurso de los plazos establecidos en el art�culo 524 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la inscripci�n de Sentencias dictadas en rebeld�a. La DGRN confirma el primer defecto, pues la Sentencia presentada no s�lo no ordena la rectificaci�n sino que la excluye, por lo que el desacuerdo de la parte actora con dicha Sentencia debi� encauzarse mediante el correspondiente recurso jurisdiccional, sin que ello pueda obviarse ahora pretendiendo que el Registrador act�e en contra de lo ordenado por la autoridad judicial. Y tambi�n el segundo, pues la mera menci�n de firmeza no comporta la preclusi�n de la acci�n rescisoria porque dicha acci�n, seg�n la Ley de Enjuiciamiento Civil, cabe precisamente contra sentencias firmes dictadas en rebeld�a y su plazo (veinte d�as o cuatro meses desde la notificaci�n de la Sentencia, en funci�n de si la notificaci�n fue personalmente o no y, como m�ximo, diecis�is meses desde la notificaci�n, incluso aunque subsistiese fuerza mayor) se cuenta a partir de la notificaci�n de las mismas. Estas circunstancias son esenciales para la calificaci�n del Registrador, puesto que seg�n el
art�culo 524 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, mientras quepa la acci�n de rescisi�n, la Sentencia dictada no es inscribible sino solamente susceptible de anotaci�n preventiva. (JDR)
PDF (2 p�gs. - 84 KB.) 125. APODERAMIENTO: ES INSCRIBIBLE LA VENTA OTORGADA EN USO DE UN PODER NO INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL. R. 1 de junio de 2007, DGRN. BOE de 21 de junio de 2007. Don Carlos Garc�a Viada Notario de Torrijos, - Registro de Torrijos.
HECHOS: Se formaliza una escritura de compraventa, en la que la entidad vendedora se encuentra representada por dos apoderados mancomunados, que acreditan su representaci�n mediante un apoderamiento no inscrito en el Registro Mercantil (parece ser un poder general) concedido por los dos Consejeros Delegados de la entidad. El Notario autorizante hace la rese�a del poder y el juicio de suficiencia. El Registrador suspende la inscripci�n por entender que no se acredita debidamente dicha representaci�n, ya que el no figurar inscrito el poder en el Registro Mercantil, ser� necesario �acreditar el cargo y facultades representativas, respecto de los consejeros delegados que concedieron e poder�. El Notario interpone el recurso gubernativo. DIRECCION GENERAL: La DG estima el recurso, ya que �aunque se trate de un poder general, cuya inscripci�n en el Registro Mercantil es obligatoria, el hecho de que el poder no estuviera previamente inscrito en dicho Registro, ello no debe impedir la inscripci�n en el Registro de la Propiedad (Rs 15 febrero 2003... y 2 enero 2005 y 5 de marzo de 2005). Se insiste en que el Registrador igual que no puede revisar el juicio del Notario sobre la capacidad natural del otorgante, tampoco puede revisar su valoraci�n, que en la forma prevenida en el art 98.1 de la ley 24/2001, respecto de la suficiencia de las facultades representativas, ya que la �rese�a� del poder y su �valoraci�n� sobre la suficiencia de la representaci�n �har�n fe por s� solas de la representaci�n acreditada�, de modo que adem�s de quedar dicha rese�a bajo la fe p�blica notarial, se deriva de ese juicio de valor sobre la suficiencia de las facultades representativas, una fuerte presunci�n iuris tantum de validez que ser� plenamente eficaz, mientras so sea revisada judicialmente�. En el presente caso, el Notario, ha rese�ado adecuadamente el documento del que nacen las facultades representativas y su juicio de suficiencia es congruente y coherente con el negocio documentado. (JLN).
PDF (3 p�gs. - 109 KB.) 126. EFECTOS RETROACTIVOS DE LA RATIFICACION DE LA PARTE ADQUIRENTE. R. 25 de mayo de 2007, DGRN. BOE de 22 de junio de 2007. Interesada � Registro n� 3 de Madrid.
El problema planteado en el recurso se centra en decidir, si las escrituras de ratificaci�n de otra de elevaci�n a p�blico de documento privado, que fueron otorgados por haber actuado un representante de las adquirentes en ejercicio de un mandato verbal de las mismas, tiene eficacia retroactiva suficiente para privar de efectos a la anotaci�n de suspensi�n de pagos que, con anterioridad a la fecha de la ratificaci�n se hab�a reflejado en el Registro de la Propiedad, sobre la participaci�n de finca perteneciente a la sociedad transmitente. Se�ala la DGRN que los efectos retroactivos del negocio jur�dico bilateral ratificado han de entenderse sin perjuicio de los derechos leg�timamente adquiridos en el �nterin por terceros, como reconoce la jurisprudencia y gran parte de los comentaristas, y como se deduce tambi�n del art�culo 184 del C�digo civil alem�n y prescribe el art�culo 1399 del vigente c�digo italiano, acordes con la naturaleza y el juego propio de la instituci�n, y, as�, tanto el Tribunal Supremo como esta Direcci�n General protegen frente a los efectos retroactivos, a los terceros que hubieran practicado una anotaci�n preventiva de embargo sobre el bien objeto del negocio representativo, antes de que la ratificaci�n accediese al Registro, o se hiciese constar en documento de fecha aut�ntica.
Pero en el presente caso estima el recurso, pues se trata de un acto dispositivo realizado antes de la anotaci�n de la suspensi�n de pagos, por lo que al elevarse a p�blico el acuerdo extrajudicial de retracto legal de comuneros, la sociedad transmitente ten�a capacidad y poder de disposici�n, por lo que la posterior ratificaci�n del negocio documentado por parte de las adquirentes y el efecto retroactivo que tal ratificaci�n conlleva, debe permitir la inscripci�n en el Registro de la Propiedad de la transmisi�n operada. (JDR)
PDF (4 p�gs. - 165 KB.) 127. PODERES: JUICIO NOTARIAL DE SUFICIENCIA. R. 30 de mayo de 2007, DGRN. BOE de 22 de junio de 2007. Notario de Coslada Fernando Rodr�guez Prieto -Registro n. � 19, de Madrid.
Id�ntica a la 131 (MN)
PDF (7 p�gs. - 278 KB.) 128. PODER NO INSCRITO EN EL RM: JUICIO NOTARIAL DE SUFICIENCIA. R. 31 de mayo de 2007, DGRN. BOE de 22 de junio de 2007. Notario de Madrid Carlos Entrena Palomero -Registro n. � 19, de Madrid. Vinculante.
Reitera la doctrina en materia de calificaci�n de poderes, a�n trat�ndose de un poder objeto de inscripci�n obligatoria en el Registro Mercantil ya que �la falta de dicha inscripci�n... no debe impedir la inscripci�n en el Registro de la Propiedad de la adquisici�n del derecho real de que se trate.� (MN)
PDF (3 p�gs. - 137 KB.) 130. PODERES: JUICIO NOTARIAL DE SUFICIENCIA. R. 1 de junio de 2007, DGRN. BOE de 22 de junio de 2007. Notario de Coslada Fernando Rodr�guez Prieto -Registro n. � 19, de Madrid.
Id�ntica a la 131. (MN)
PDF (7 p�gs. - 278 KB.) 131.- JUICIO DE SUFICIENCIA NOTARIAL EN RELACI�N CON LOS PODERES. Rs. 1 de junio de 2007. DGRN. BOE de 22 de junio 2007. Notario Luis de la Fuente O�Connor � Registro n� 19 de Madrid. Vinculante.
HECHOS: Se formaliza una escritura de carta de pago y cancelaci�n de hipotecas, en la que se aporta un poder respecto del cual el notario indica �Tengo a la vista copia autorizada de la referida escritura de poder, siendo suficientes, a mi juicio y bajo mi responsabilidad, las facultades representativas acreditadas para el otorgamiento de esta escritura de carta de pago y cancelaci�n de hipotecas�.
REGISTRADOR: Suspende la inscripci�n ya que la escritura no puede inscribirse, puesto que en la daci�n de fe del notario sobre las circunstancias del poder, concurren dos defectos subsanables:
1.- El Notario se�ala que el apoderado tiene facultades representativas suficientes para el otorgamiento de la escritura de carta de pago y cancelaci�n, pero no especifica cu�les son esas facultades, lo que impide que el Registrador califique la suficiencia del poder alegado en los t�rminos que prev� la legislaci�n hipotecaria.
2.- El notario no justifica la congruencia del poder alegado con el contenido del negocio que se formaliza en la escritura. Juicio de suficiencia: En cuanto a su desacuerdo respecto a lo que la DG considera �juicio de suficiencia�, se basa en la sentencia de la Audiencia Provincial de Sta Cruz de Tenerife de 22 de noviembre de 2006 (la cual llega a admitir la posibilidad de que una escritura de venta formalizada en Alemania, entre dos ciudadanos alemanes y ante Notario alem�n, pueda ser inscrita en el Registro Espa�ol de la Propiedad). Dicha sentencia separa los efectos �inter partes� de la forma notarial y la oponibilidad de los dchos reales frente a terceros que s�lo se producen a partir de la inscripci�n y no con la escritura, y se apoya para ello en el art 1218 y 1257 c.c., que deja claro que los efectos de los contratos (se formalicen ante notario espa�ol o extranjero) s�lo se producen entre los contratantes y sus herederos. De igual forma, se apoya en la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia n� 4 de Madrid, de 19 de enero de 2007, que revoca la Rs de 17 de julio de 2005, que considera absurdo que la DG considere que en materia de poderes ha desaparecido la doble calificaci�n notarial y registral. Tambi�n alega la Rs de 12 de abril de 2002, que exigi� una somera o sucinta especificaci�n de las facultades contenidas en el poder, y cuya orientaci�n ha sido posteriormente modificada por la DG, pero que fue ratificada por la ss de 25 de octubre de 2006, dictada por la Secci�n S�ptima de la Audiencia Provincial de Valencia.
En cuanto a la congruencia: La ley 24/2001 conten�a esta frase: �La rese�a por el notario del documento aut�ntico y su valoraci�n de la suficiencia de las facultades representativas har�n fe suficiente, por s� solas, de la representaci�n acreditada, bajo la responsabilidad del notario�. Aqu� cab�an dos posibilidades: 1.- o que la rese�a por el notario se refiriera a las circunstancias identificativas del poder y adem�s a las facultades conferidas por el poderdante; 2.- o bien que se refiriera solamente a las circunstancias identificativas del poder, puesto que las facultades de apoderamiento quedar�an incluidas dentro del juicio de suficiencia. Y en este sentido la Rs de 12 de abril de 2002, se inclin� por la primera de estas soluciones, aunque posteriormente a partir de la ley 24/2005, esta postura se �reinterpreta� por la DG en el segundo sentido, es decir el juicio de suficiencia del notario, tiene alcance suficiente para imposibilitar la calificaci�n por el Registrador (y ello se hace sin revocar en ning�n momento la primitiva Rs).
el inciso segundo desde �El Registrador� hasta el final del p�rrafo, se refiere a ambos, notario y registrador, y sit�a al documento en una fase posterior a su otorgamiento, es decir en la fase de que el documento una vez inscrito, puede producir efectos erga omnes�. (El registrador limitar� su calificaci�n a la existencia de la rese�a identificativa del documento, del juicio notarial de suficiencia y a la congruencia de �ste con el contenido del t�tulo presentado, sin que el registrador pueda solicitar que se le transcriba o acompa�e el documento del que nace la representaci�n). De aqu� que la congruencia debe entenderse referida, por un lado, al documento o al juicio de suficiencia que al mismo se hace, y de otra parte al documento presentado. El primero lo hace el notario, pero el art 98 se refiere tambi�n al segundo �mbito de congruencia, y por eso hace una referencia directa al Registro, puesto que es la que ha de calificar el registrador, a partir del momento en que se inicia el procedimiento registral y no antes de ese momento, ya que hasta entonces, el documento s�lo produce efectos entre partes. La escritura agota sus efectos ante el Registro, para quedar sometida a la calificaci�n del registrador.
DIRECCION GENERAL: Interpuesto recurso por el Notario, la DG estima el recurso del Notario e insiste en la reiterada doctrina del Centro Directivo, en el sentido de que �el Registrador debe calificar la existencia y regularidad de la rese�a identificativa del documento de que nace la representaci�n y la existencia del juicio notarial de suficiencia expreso y concreto en relaci�n con el acto o negocio jco documentado o las facultades ejercitadas y la congruencia de la calificaci�n que hace el notario del acto o negocio documentado y el contenido del mismo t�tulo. Dicho de otro modo, el Registrador debe calificar que se ha practicado la rese�a de modo adecuado y se ha incorporado un juicio de suficiencia de las facultades del representante, siendo el contenido de �ste y de la calificaci�n del notario congruente con el acto o negocio jco documentado.
Existe en la interpretaci�n del Registrador un error, que no se puede pasar por alto: el Registrador no debe ni puede calificar la congruencia del poder alegado y exhibido con el contenido del negocio jco que se formaliza en la escritura calificada, sino que se debe limitar a comprobar que existe el juicio notarial de suficiencia de las facultades representativas acreditadas y que ese juicio emitido por el notario �que no el poder- es congruente con el contenido del t�tulo. Por ello resulta evidente que la ley ha establecido que la suficiencia de dichas facultades representativas es valorada por el notario y no por el registrador.
1.- �El notario interviene no s�lo para salvaguardar el inter�s de los contratantes, sino tambi�n de los terceros, ya que los efectos de la escritura se producen no s�lo entre las partes, sino adem�s �como dice el art 1218 c.c.- en contra de tercero. La tercivalencia de la escritura, obliga al notario a adoptar numerosas cautelas a favor de los terceros, como dejar inutilizados los t�tulos del transferente, y muchas otras (notificaci�n al arrendatario, verificaci�n de la licencia de segregaci�n de un terreno, inclusi�n de la finca en las �reas de retracto a favor del Ayuntamiento etc..) y entre los terceros protegidos por la actuaci�n notarial, se encuentran las propias Administraciones P�blicas, especialmente el Fisco (remisi�n de informaci�n a los Ayuntamientos, Catastro, o Administraciones Auton�micas o Estatal). 2.- Y esta labor que el Notario debe desplegar le es encomendada por el Legislador con independencia de que preste su funci�n en r�gimen de libre concurrencia y libertad de elecci�n por el particular. Esa libertad de elecci�n e trata de un modo de organizar del servicio p�blico que seg�n demuestra la pr�ctica es �ptimo para asegurar la �gil y eficiente prestaci�n del mismo, sin que ese criterio organizativo empa�e en modo alguno el ejercicio de dicha funci�n p�blica.
PDF (6 p�gs. - 228 KB.) 132. JUICIO DE SUFICIENCIA NOTARIAL EN RELACI�N CON LOS PODERES. R. 2 de junio de 2007, DGRN. BOE de 22 de junio de 2007.
Notario Luis de la Fuente O�Connor � Registro n� 19 de Madrid. Vinculante. En este caso es una escritura de compraventa pero es resoluci�n similar a la anterior. (JFME)
PDF (6 p�gs. - 243 KB.) 133. JUICIO DE SUFICIENCIA NOTARIAL EN RELACI�N CON LOS PODERES. R. 2 de junio de 2007, DGRN. BOE de 22 de junio de 2007. Notario Luis de la Fuente O�Connor - Registro n� 19 de Madrid. Vinculante.
Su contenido es id�ntico a la n�mero 131, Rs 2 junio 2007, BOE 22 junio 2007. (JLN)
PDF (7 p�gs. - 295 KB.) 134. SENTENCIA QUE ORDENA ELEVAR A P�BLICO UN CONTRATO PRIVADO DICTADA FRENTE A REBELDE. R. 28 de mayo de 2007, DGRN. BOE de 23 de junio de 2007. Interesada - Registro n. � 17, de Barcelona
Hechos: Se presenta en el Registro un mandamiento judicial en el que se ordena la inscripci�n de una sentencia por la que se condena a un demandado declarado en rebeld�a al otorgamiento de escritura de elevaci�n a p�blico de un documento privado de compraventa. La Registradora, atendiendo a los documentos entonces presentados, formul� dos defectos:
1�.- Es precisa la elevaci�n a p�blico del contrato privado de compraventa por parte de los demandantes, acreditando su condici�n de herederos. 2�.- No resulta acreditado el transcurso del plazo m�ximo de diecis�is meses que han de pasar para la caducidad de la acci�n de rescisi�n de sentencia firme que asiste al demandado rebelde.
La DGRN confirma la calificaci�n. En cuanto al primer defecto, el registrador no puede entrar en el fondo de las resoluciones dictadas, pero s� ha de examinar, entre otras cuestiones, la congruencia entre el procedimiento seguido y el mandamiento judicial que se presenta en el Registro. Y hay falta de congruencia, porque, mientras el fallo de la sentencia que se ejecuta condena a la demandada a elevar a p�blico el documento privado de compraventa (en coherencia con lo pedido en la demanda), el mandamiento dictado en ejecuci�n del mismo, ordena practicar directamente en el Registro la inscripci�n de la finca a nombre de las demandantes. Cita la Resoluci�n de
29 de julio de 2006, y ratifica su interpretaci�n del p�rrafo segundo del
art�culo 708.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil como una excepci�n de lo previsto en el p�rrafo primero, que exige la observancia de las normas civiles y mercantiles sobre forma y documentaci�n de actos y negocios jur�dicos. En cuanto al segundo defecto, recuerda los tres posibles plazos que tiene el rebelde para ejercitar la acci�n de rescisi�n seg�n el art.
502 LEC a partir de la notificaci�n de la sentencia:
- veinte d�as si se le hubiera notificado personalmente - cuatro meses, si la notificaci�n no hubiese sido personal; y - diecis�is meses si contin�a subsistiendo la causa de fuerza mayor que hubiera impedido al rebelde la comparecencia.
Como de los t�tulos presentado no se desprende que sea de aplicaci�n un plazo m�s corto, ha de esperarse a que transcurran los diecis�is meses, siendo s�lo posible anotar mientras tanto (art. 524). (JFME)
PDF (2 p�gs. - 84 KB.) 136. DESVINCULACI�N DE GARAJE NO PREVISTA ESTATUTARIAMENTE. R. 26 de mayo de 2007, DGRN. BOE de 25 de junio de 2007. Interesada � Registro de Cangas.
1�.- Como situaci�n inicial, la vivienda 9394 tiene vinculada �ob rem� una veintinueveava parte indivisa de la finca 9.942, concretada en la utilizaci�n de la plaza de garaje-trastero n�mero dieciocho.
2�.- Su propietaria desvincula ambas titularidades.
3�.- Permuta la referida participaci�n indivisa con una SL, que entrega a cambio otra una veintinueveava parte indivisa de la finca 9.942, concretada en la plaza de garaje-trastero n�mero diecis�is. 4�.- La propietaria de la vivienda 9394 vincula �ob rem� a la misma la nueva participaci�n adquirida.
El Registrador entiende que es necesario el consentimiento de la Junta de Propietarios adoptado por unanimidad, por afectar al t�tulo constitutivo. Tiene en cuenta una cl�usula estatutaria inscrita muy com�n que permite agrupar, segregar, etc., pero donde no se incluye la desvinculaci�n.
La sociedad recurre alegando precisamente dicha cl�usula, pues considera que ampara el negocio formalizado.
La DGRN desestima el recurso bas�ndose en la ausencia de previsi�n estatutaria y en que no puede asimilarse la desvinculaci�n a la segregaci�n o divisi�n: est�s �ltimas afectan a la configuraci�n f�sica de los elementos independientes; por el contrario, la desvinculaci�n de los anejos supone un cambio de r�gimen jur�dico, y tiene una mayor trascendencia pues posibilita la disposici�n de los anteriores anejos a favor de personas que no sean titulares de ning�n elemento independiente en el edificio, lo cual tiene gran importancia en las comunidades de propietarios. Nota: podr�a quiz�s defenderse la soluci�n contraria sustent�ndola en una valoraci�n conjunta y finalista de la operaci�n, ya que, si comparamos la situaci�n de origen y la final, se observa que no han entrado propietarios ajenos, ni por la operaci�n va a aumentar el n�mero de ellos. A ello habr�a que a�adir que se cambia 1/29 por otra 1/29 indivisa y que, realmente lo �nico que se intercambia es la atribuci�n de uso. Puede observarse que el Centro Directivo no ha exigido acuerdo de Junta a cambios de uso m�s severos �como entre local y vivienda- siempre que no estuviese exigido por los estatutos. Y aqu� no hay propiamente cambio de uso objetivo sino de personas que van a utilizar determinado espacio que, adem�s ya formaban parte antes de la comunidad.
Tambi�n podr�a pensarse en una soluci�n intermedia: que se solicitara s�lo el consentimiento de los propietarios de la finca garaje (la 9942), aplicando el art�culo 398 del C�digo Civil.
PDF (2 p�gs. - 94 KB.) RESOLUCIONES DE MERCANTIL:
D*99. SOCIEDAD ANONIMA. CONVOCATORIA DE JUNTA. REQUISITOS. R. 17 de abril de 2007, BOE de 1 de junio de 2007. Sociedad-Registro Mercantil de Madrid n� 9.
Hechos: Se trata de la convocatoria de la Junta General de una sociedad an�nima, en cuyo anuncio de convocatoria concurren las siguientes circunstancias:
1. La convocatoria la firma el Presidente.
2. Se convoca en �sede� seg�n orden del d�a.
Ante dicha convocatoria, el registrador, entre otros defectos ya subsanados, pone los siguientes:
1. Falta de claridad en el anuncio en cuanto al lugar de celebraci�n por la utilizaci�n exclusiva de la palabra �sede�.
2. No resulta que la convocatoria la haya hecho el Consejo de Administraci�n.
3. No consta en el anuncio, dado que determinados acuerdos se refer�an a la modificaci�n de estatutos, el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto sobre las modificaciones estatutarias y el informe sobre las mismas, ni la posibilidad de pedir el env�o de una u otro(Art. 144.1 c) TRLSA).
Doctrina: La DGRN, en breve resoluci�n, revoca el primer defecto de la nota y confirma el 2 y 3. El primero es revocado, pues a�n reconociendo lo escueto e impreciso de la expresi�n sede, parece claro que con dicha expresi�n se designa la sede social.
El segundo defecto lo confirma pues dando por supuesto que la convocatoria es competencia del Consejo como tal, y que dicha competencia no hab�a sido delegada en el Presidente, no resulta de ning�n punto de la convocatoria que exista dicho acuerdo.
El tercer defecto es igualmente confirmado, reiterando doctrina ya establecida con anterioridad, dado el car�cter esencial del derecho de informaci�n de los accionistas.
Comentario: S�lo merece destacar, de esta concisa resoluci�n de nuestra DG, lo relativo a la necesidad de que en caso de que el �rgano de administraci�n sea el de Consejo, se explicite en el anuncio que la convocatoria se hace por acuerdo de dicho Consejo. Es decir y seg�n entendemos nosotros, que si en el pi� de la convocatoria se expresa que la firma el Presidente, o cualquier otro miembro del Consejo, del anuncio debe resultar que ha existido un acuerdo del Consejo convocando dicha Junta. En el fondo estamos plenamente de acuerdo con la resoluci�n y la nota de calificaci�n del registrador. Es claro y evidente que la convocatoria de la Junta debe hacerla el �rgano de administraci�n (Cfr. art. 94 TRLSA) y que el Presidente no tiene facultades para convocar la Junta (Vid. STS 13-5-76 y 8-3-84). Pero en cuanto a la forma y dada la inexistencia de normas legales o reglamentarias que fijen el contenido en este aspecto del anuncio de convocatoria, condenar a la no inscripci�n de determinados acuerdos sociales porque en el anuncio no se exprese con claridad que ha existido un previo acuerdo del Consejo, me parece excesivo. Es decir que si del anuncio resulta claramente que la convocatoria ha sido hecho por persona incompetente a todas luces, como por ejemplo el supuesto de que la convocara y as� resultara del anuncio, un socio (RDGRN de 28 de febrero de 1953) o persona claramente incompetente, dicho anuncio no ser�a v�lido en ning�n caso. Pero si del anuncio resulta que la convocatoria la firma el Presidente, que ostenta la representaci�n del Consejo, puede tambi�n presumirse que dicha firma es una expresi�n habitual de los anuncios y que dicho Presidente cuenta con el preceptivo acuerdo del Consejo para convocarla. Por tanto nosotros, y salvo que del anuncio resulte claramente lo contrario o sea evidente la falta de acuerdo de Consejo, nos inclinamos a reconocer la validez de los anuncios de convocatoria de Juntas Generales de sociedades an�nimas en los que, o bien no se expresa nada acerca de la persona o personas que toman el acuerdo de convocatoria, o bien, en caso de Consejo, aparece simplemente al pi� del anuncio, el expresi�n el Presidente o Secretario. A nuestro juicio dicha expresi�n no quiere decir que la convocatoria la haya hecho el presidente directamente, sino simplemente que ha sido el ejecutor del previo acuerdo del Consejo. Aparte de ello es evidente que si dicho acuerdo no existi� y las decisiones tomadas en la Junta son perjudiciales para uno o varios accionistas, siempre les queda a estos la posibilidad de recurrir los acuerdos, hayan sido o no inscritos. Lo que en definitiva me parece excesivo es condenar a la no inscripci�n de determinados acuerdos de una sociedad an�nima, bien porque no consta nada en el anuncio acerca de la persona que ha hecho la convocatoria, o bien conste al pie del anuncio expresiones como �El Presidente�, o el �Secretario�. Recordemos a este respecto que cuando la Ley quiere establecer determinado contenido del anuncio los hace expresamente, (Cfr. 144.1 c) y 212 LSA) y cuando quiere que se sepa la persona del firmante tambi�n lo exige expresamente como es el caso de la convocatoria de la Junta de la sociedad limitada en cuyo supuesto el art. 46.4 de su ley, se exige de forma clara que conste la persona que firma la comunicaci�n, en determinados casos. Se trata de flexibilizar en definitiva toda la materia del contenido de los anuncios e impedir que determinadas circunstancias u oscuridades del anuncio, como hace la propia DG al interpretar en esta resoluci�n la palabra �sede�, obliguen a una nueva convocatoria con las dilaciones y gastos que ello implica para la sociedad, sin que tampoco suponga mayor protecci�n para los socios. (JAGV).
PDF (1 p�gs. - 49 KB.) 100. S. A. TRANSFORMADA EN S. L. NO INSCRITA. ACUERDO PREVIO DE REDUCCI�N DE CAPITAL SOCIAL POR P�RDIDAS. DERECHO DE INFORMACI�N DE LOS ACCIONISTAS. R. 18 de abril de 2007, DGRN. BOE de 1 de junio de 2007. Sociedad -- Registro Mercantil de Madrid n� 12.
Hechos: Lo �nico que se discute en esta resoluci�n es la necesidad de que conste, en los anuncios de convocatoria de la Junta General de una sociedad an�nima relativos a la reducci�n de capital social, el hecho de reconocer a los accionistas el derecho a examinar en el domicilio social el texto de la modificaci�n propuesta y del informe sobre la misma as� como la posibilidad de pedir el env�o gratuito de una y otro. El Registrador en su acuerdo calificatorio, aparte de otros defecto ya subsanados, se�ala este como defecto insubsanable. Se recurre alegando que en el anuncio constaba la posibilidad de examinar en el domicilio social el balance, cuentas del ejercicio e informe de auditor�a y que ello, dado que la reducci�n del capital era por p�rdidas, equivale a lo exigido por el registrador de conformidad con el art. 144.1 c) del TRLSA.
Doctrina: La DGRN, con base a su doctrina ya consolidada sobre este punto, confirma con rotundidad la nota de calificaci�n. (JAGV)
PDF (2 p�gs. - 98 KB.) *109. DENOMINACI�N SOCIAL SUBJETIVA ADMISIBLE. NO ES NECESARIO EL CONSENTIMIENTO DEL TITULAR PARA SU UTILIZACI�N. R. 14 de mayo de 2007, BOE de 15 de junio de 2007. Sociedad � Registro Mercantil de Valencia.
Vinculante. Hechos: Se trata de una constituci�n de sociedad limitada que adopta la denominaci�n de
�Giovanna Tornabuoni, S.L.�. La registradora, de conformidad con lo dispuesto en el art. 401 del RRM, suspende la inscripci�n por no ser dicha persona fundadora de la sociedad, ni constar su consentimiento. Se recurre alegando que dicho nombre es el una noble dama florentina fallecida hace m�s de 500 a�o y que fue inmortalizada en una obra del pintor del renacimiento Giovanni (aunque seg�n la DG es Dom�nico) Ghirlandaio.
Doctrina: La DG revoca la nota de calificaci�n. En sus fundamentos de derecho la DG, tras hacer una serie de consideraciones sobre la denominaciones subjetivas que necesariamente deben ser adoptadas por las sociedades personalistas, concluye que �no siempre que una sociedad utilice una denominaci�n social compuesta por un nombre y un apellido que no sea el de uno de los socios, haya de mediar el consentimiento de una persona en la que concurran aquellos apelativos�.
Para llegar a esta conclusi�n utiliza argumentos teleol�gicos acerca de la verdadera finalidad del art. 401, estableciendo que su interpretaci�n y aplicaci�n ha de atemperarse a las circunstancias del caso. Por ello si no es posible individualizar el nombre utilizado en una persona concreta, lo que puede ocurrir en supuestos de nombre y apellidos de uso frecuente, o en aquellos supuestos como el presente en que el nombre y apellidos hacen tr�nsito a �una denominaci�n de fantas�a por referirse al t�tulo de una conocida obra de arte renacentista atribuida a Domenico Ghirlandaio�, la denominaci�n social es admisible.
Comentario: Pese a su aparente sencillez, el problema que plantea y resuelve esta resoluci�n es de los m�s complejos que pueden darse en torno a las denominaciones subjetivas de sociedades. Efectivamente, el acuerdo de la Registradora calificante, a la vista de la denominaci�n social y del art. 401 del RRM, era totalmente correcto. La denominaci�n adoptada se formaba por el nombre y apellido de una persona y por tanto, si dicha persona no era fundadora de la sociedad, deb�a prestar su consentimiento. Al calificar el registrador debe tener en cuenta textos legales, pero no est� obligado a conocer determinados datos de la historia del arte o de otras ciencias que le son ajenas. Pero por otra parte, la resoluci�n de la DGRN, a la vista de las alegaciones del recurrente y de sus propios conocimientos de la pintura del renacimiento, tambi�n es impecable. �D�nde pues se ha producido el error que ha originado el recurso?. A nuestro juicio en el propio interesado que ante el conocimiento de la norma reglamentaria, bien porque la conociera de antemano, o bien porque hubiera sido advertido por su asesor o por el Notario autorizante del posible problema con la denominaci�n social, deb�a haber manifestado en la escritura lo que despu�s manifest� en el recurso. A la vista de ello, el registrador calificante, con conocimiento de causa, y previa comprobaci�n, en su caso, de la veracidad de dichas manifestaciones, pod�a haber adoptado una decisi�n en un sentido u otro y si optaba por el despacho del documento, evitando el recurso, reflejar en la inscripci�n las alegaciones hechas en la escritura. Obviamente tambi�n pod�a haber reformado su calificaci�n a la vista del recurso, pero, una vez calificada una escritura en determinado sentido, siempre existe la natural tendencia al mantenimiento de dicha calificaci�n. En definitiva que ante denominaciones subjetivas dudosas, en cuanto a su admisibilidad, es conveniente manifestar en la escritura el porqu� se adopta dicha denominaci�n.
Por lo dem�s, en esta resoluci�n se hacen unas manifestaciones, acerca de las denominaciones subjetivas, que conviene tener en cuenta. As�:
a) Para que sea aplicable el art. 401 la denominaci�n subjetiva debe estar compuesta, al menos, por el nombre y un apellido. Por tanto ser�a admisible la denominaci�n de Picasso, pero no la de Pablo Picasso, o la de Garc�a Lorca, pero no la de Federico Garc�a Lorca y ello sin entrar en consideraciones, en estos ejemplos extremos, sobre si dichos nombres y apellidos, por su utilizaci�n masiva en calles y plazas de Espa�a, han entrado a formar parte del acervo com�n a todos los espa�oles y se incluyen en la categor�a c) siguiente. b) No entran en la prohibici�n del art. 401 aquellos nombres y apellidos de uso tan com�n y frecuente que no pueden identificar a persona alguna, porque identifican a multitud de ellas. As� ocurrir�a con los P�rez, Fern�ndez, G�mez, Garc�a, o incluso con otros menos frecuentes a nivel nacional, pero frecuentes en determinadas regiones, como los Macia en Baleares o los Bethancourt en Canarias. Apellido complementado por nombres como los de Jos�, Francisco, Antonio, Fernando, etc. Y finalmente
c) Tampoco entran en la prohibici�n citada aquellos nombres que realmente hacen tr�nsito a una denominaci�n de fantas�a por ser reflejo de alguna obra de arte o por otro motivo, que no permita la identificaci�n actual de la persona a que se refiere. (JAGV).
PDF (2 p�gs. - 81 KB.) 124. SOCIEDAD LIMITADA. REDONDEO DEL CAPITAL AL EURO. REDUCCI�N DE CAPITAL CON CONSTITUCI�N DE RESERVA INDISPONIBLE. R. 29 de mayo de 2007, DGRN. BOE de 21 de junio de 2007.
Sociedad - Registro Mercantil de Toledo. Vinculante.
Hechos: La cuesti�n planteada en este recurso se centra en si es posible, en la actualidad, transcurrido ampliamente el plazo para la adaptaci�n del capital de las sociedades al euro, adoptar un acuerdo de reducci�n del capital de una sociedad limitada, con dicha finalidad y constituyendo una reserva indisponible. Igualmente es tema de calificaci�n el hecho de que, en una ampliaci�n de capital posterior por compensaci�n de cr�ditos -cr�ditos que surgen de una ampliaci�n de capital dejada sin efecto y no inscrita- en el informe preceptivo de los administradores no constara la concordancia de los cr�ditos con la contabilidad social (Art. 74 LSRL y 199.3 RRM).
Doctrina: Ambos defectos son revocados por la DG. El primero por las siguientes razones: a) Se trata de acuerdo de Junta Universal y por unanimidad. b) La reducci�n acordada es de escasa entidad econ�mica -3,09 euros- y por ello, a�n reconociendo que el art. 79 de la LSRL no admite esta finalidad en las reducciones de capital, la reducci�n es m�s un apunte contable, por lo que la exigencia de otros requisitos resultar�a desproporcionada con la finalidad de la norma. Los fines perseguidos podr�an haberse conseguido con una restituci�n a los socios y constituci�n de la reserva del art. 80.4 de la LSRL, y por ello debe admitirse que la sociedad pueda conseguir dicha finalidad sin restituci�n alguna a los socios. En definitiva que el defecto carece de la entidad suficiente para impedir la inscripci�n del documento presentado.
En cuanto al segundo defecto y dada la forma de instrumentalizar el acuerdo -compensaci�n de cr�ditos que surgen de un aumento no inscrito y dejado sin efecto- tanto de la certificaci�n como del informe resultan los requisitos de la fecha de los cr�ditos y la concordancia con la contabilidad social.
Comentario: En el fondo y para el caso concreto contemplado, debemos estar de acuerdo con la resoluci�n de la DG. Lo que ocurre que basar resoluciones o calificaciones en criterios meramente cuantitativos, resulta sumamente peligroso pues no sabremos nunca d�nde poner el l�mite de lo insignificante o no representativo de un posible perjuicio a acreedores de la sociedad o socios de la misma. La calificaci�n de la registradora se ajustaba estrictamente, en cuanto al primer defecto, al art. 79 de la LSRL como la misma DG reconoce, citando su resoluci�n de
24 de Mayo de 2003, al decir que quedan excluidas reducciones de capital al servicio de futuros repartos de dividendos. Realmente no entendemos la dificultad, por parte de asesores o notarios, de ajustar estos acuerdos a la normativa vigente, pues es obvio que el mismo trabajo cuesta el hacer la reducci�n por constituci�n de reserva, que el hacerla por restituci�n de aportaciones, ajust�ndonos en este �ltimo caso las normas mercantiles vigentes y aplicables al supuesto de hecho contemplado. En cuanto al segundo defecto, es m�s forma que de fondo, pues si efectivamente del informe y de la propia certificaci�n resultaba claramente los datos exigidos en el art. 74.2 de la LSRL, el que no constaran formal y expresamente en el informe no debe ser obst�culo que impida la inscripci�n. (JAGV).
PDF (3 p�gs. - 116 KB.) *129. SOCIEDAD AN�NIMA. FORMA DE C�MPUTO DEL, PLAZO DE UN MES QUE PARA LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA EXIGE EL ART. 97 DE LA LSA.
R. 31 de mayo de 2007, DGRN. BOE de 22 de junio de 2007. Sociedad- Registro Mercantil de Badajoz. Vinculante.
Hechos: Se trata de una Junta General de una sociedad an�nima convocada el 29 de Mayo y celebrada en primera convocatoria el 29 de Junio siguiente. El Registrador considera que no ha transcurrido el plazo de antelaci�n del mes que exige el art. 97 de la LSA seg�n redacci�n de la Ley 19/2005. La sociedad recurre citando una interesante sentencia del TS de 16 de Junio de 1981, seg�n la cual debe entenderse que el c�mputo de fecha a fecha quiere decir que �si un mes empieza a contarse en determinada fecha, en la misma del mes siguiente comenzar� un nuevo mes� o sea que el �ltimo d�a del plazo es el inmediatamente anterior.
Doctrina: La DG acoge en su integridad la doctrina jurisprudencial citada, revocando la nota de calificaci�n y estableciendo con claridad que la Junta celebrada el mismo d�a en que un mes antes se public� el anuncio de convocatoria, es perfectamente v�lida.
Comentario: La DG, siguiendo la l�nea ya marcada por la resoluci�n de
10 de Enero de 2007, publicada en esta web bajo el n�mero 29, establece, acogiendo en su integridad, la doctrina jurisprudencial antes rese�ada, que el plazo del mes fijado como de antelaci�n en la convocatoria se cumple el d�a inmediato anterior al de la misma fecha de la convocatoria y por tanto, si esta se celebra el mismo d�a del mes siguiente al del anuncio, es plenamente v�lida y los acuerdos tomados en ella son inscribibles.
Esta resoluci�n, con m�s claridad que la de 10 de Enero, interpreta, ya creemos que de forma definitiva, o al menos hasta que se pronuncie el TS, la forma de computar el plazo del mes de antelaci�n del art. 97 de la LSA para la celebraci�n de la Junta. (JAGV).
PDF (2 p�gs. - 97 KB.) 135. SOCIEDAD LIMITADA. REDUCCI�N DE CAPITAL POR P�RDIDAS Y SIMULT�NEO AUMENTO POR COMPENSACI�N DE CR�DITOS. ES NECESARIO INFORME DE AUDITOR. R. 30 de mayo de 2007, DGRN. BOE de 23 de junio de 2007. Sociedad- Registro Mercantil de Barcelona V.
Hechos: En Junta General de una sociedad limitada se toma el acuerdo, con el voto en contra del 25,53% del capital social, de reducir a cero el capital por p�rdidas y aumentarlo simult�neamente por compensaci�n de cr�ditos de uno de los socios, sin que los restantes suscriban capital alguno, con lo que quedan separados de la sociedad. El Registrador suspende la inscripci�n por no acreditarse que el balance aprobado por la Junta haya sido verificado por un auditor (Vid. art. 82 LSRL). La sociedad recurre poniendo de relieve que el balance tenido en cuenta para la reducci�n es pr�cticamente id�ntico al del cierre del ejercicio, el cual fue aprobado por unanimidad en Junta Universal. Igualmente destaca que la DGRN en varias de sus resoluciones (Cfr. 28-4-1994 o la de 16-1-1995), ante operaciones semejantes de reducci�n y simult�neo aumento de capital social, ha minimizado los requisitos exigibles al ser operaciones neutras para los acreedores.
Doctrina: La DGRN confirma la nota de calificaci�n. Efectivamente, a�n reconociendo que en operaciones semejantes, cuando la cifra de capital resultante, supera la que ten�a con anterioridad la sociedad, podr�an cuestionarse para la inscripci�n la exigencia de algunos de los requisitos legales, en el caso presente se producen determinadas consecuencias como es la exclusi�n indirecta de los socios que no acudan a la ampliaci�n de capital en uso de su derecho de suscripci�n preferente, lo que obliga a ser estrictos en el cumplimiento de los requisitos legales. Y aunque ello en principio no es objetable, pues la propia sociedad pod�a haber acordado su disoluci�n, las p�rdidas en todo caso deben resultar justificadas en su existencia y cuant�a por un balance aprobado y verificado por el auditor de cuentas de la sociedad o en su defecto por el designado por los administradores.
Comentario: Acertada resoluci�n del Centro Directivo, pudi�ndose extraer de ella la conclusi�n de que, si bien es posible prescindir en determinadas operaciones acorde�n de algunos de los requisitos legales -por ejemplo el anuncio del art. 165 de la LSA cuando el capital supera el inicial y su desembolso es en efectivo- en aquellos otros casos en que pueda existir, como era el contemplado en la resoluci�n, perjuicio para alguno o algunos de los socios y beneficio indirecto para otros, deben, como dice la DG, �extremarse al m�ximo el respeto a las exigencias legales�. (JAGV)
PDF (2 p�gs. - 80 KB.) CASOS PR�CTICOS DEL SEMINARIO DE BILBAO:
Junto a este informe se publica la rese�a del Seminario celebrado el de 2007. Se recoge a continuaci�n un caso, estando el resto en
1. PRESENTACI�N TELEM�TICA.
Ante la introducci�n efectiva en todos los Registros de Vizcaya/Bizkaia de la presentaci�n telem�tica de documentos notariales, se plantea con cierta frecuencia el modo de proceder cuando la copia notarial de la escritura se remite sin constancia ni referencia alguna a la presentaci�n y pago del impuesto.
El caso ya se plante� en el
Seminario anterior, donde se lleg� a la conclusi�n de que lo procedente era practicar �nicamente el asiento de presentaci�n, quedando suspendida, por imperativo del art. 255 LH, la calificaci�n y toda otra operaci�n registral.
Ahora, a punto de culminarse en Vizcaya/Bizkaia, en un tiempo record, el despliegue t�cnico que habilita a todos los Registros del Territorio para recibir presentaciones telem�ticas de documentos notariales, se vuelve a examinar el caso.
El resultado del an�lisis conduce a los mismos resultados por pr�ctica unanimidad. As� se se�alaron los inconvenientes de someter el defecto de falta de pago del impuesto al mismo r�gimen que los dem�s defectos, ya que la propia regulaci�n hipotecaria diferencia entre los defectos sustantivos del documento y la falta de pago del impuesto, que tiene una consideraci�n y tratamiento especial, que no es, propiamente la de un defecto. Basta, al respecto con detenerse en la letra de los arts. 427 y 428 RH, donde aparece con toda claridad esa distinci�n y diferencia de tratamiento. En efecto, la manifestaci�n de la falta de presentaci�n y pago del impuesto correspondiente no es un defecto sino la exigencia de un imperativo legal, que conduce a la suspensi�n de la calificaci�n.
Precisamente por ello, la resoluci�n de 27 de marzo de 1935 entiende que sin la nota de liquidaci�n no cabe ni siquiera extender anotaci�n preventiva por defecto subsanable.
Por otra parte, las resoluciones de 1 de marzo de 2006 y 31 de enero de 2007 no parecen aplicables al caso, toda vez que las mismas se refieren al modo de realizar la calificaci�n, para lo que es necesario que haya tal. Es decir, una vez resuelto el Registrador a calificar, la calificaci�n que realice habr� de ser unitaria por imperativo del art. 258 LH, sin embargo, aqu� no se trata de las modalidades de la calificaci�n sino de la imposibilidad de entrar a realizarla por imperativo legal.
Una interpretaci�n en otro sentido obligar�a, adem�s, a extender nota de un n�mero muy importante de documentos, los cuales no adolecer�an de otro defecto que la falta de presentaci�n y pago.
Por tanto, estas resoluciones no deben ser entendidas en el sentido de que el Registrador deba poner nota de calificaci�n negativa en caso de presentaci�n de documentaci�n sin liquidar, sino en el sentido de que si el Registrador entra a calificar, debe hacerlo �ntegramente conforme al art. 258 LH.
Una interpretaci�n distinta llevar�a a la saturaci�n de las oficinas registrales y, quiz�s tambi�n, de las notariales, ya que se ver�an obligadas a incorporar a las matrices esas notas de calificaci�n, recibir y enviar los acuses correspondientes, etc., con la consiguiente lentificaci�n del tr�fico jur�dico.
En el supuesto que se produzca la suspensi�n de la calificaci�n, no parece necesario comunicar la misma al remitente, sin embargo, se considera conveniente que se advierta en la comunicaci�n fehaciente del asiento de presentaci�n que la falta de presentaci�n y pago del impuesto dar� lugar a los efectos que determina el art. 255 LH.
Tampoco parece que quepa devolver el documento al Notario, ya que el mismo, por raz�n de la naturaleza telem�tica de la documentaci�n, se encuentra en poder del fedatario, por lo que bastar� con dejar constancia de que se da por devuelto el documento telem�tico por nota al margen del asiento de presentaci�n en la que conste la situaci�n del t�tulo por falta de liquidaci�n.
Dicha devoluci�n, a efectos de liquidaci�n, cabr�a sin embargo, hacerse por medio de certificaci�n registral, al presentante, a su solicitud, a fin de que procediera al cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Finalmente, respecto a si procede la pr�rroga del asiento de presentaci�n, parece claro que no por no tratarse de una calificaci�n, sino de su suspensi�n, por lo que si la liquidaci�n no llega y vence el asiento de presentaci�n, el mismo quedar� caducado con perdida de la prioridad registral del documento.
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le�n, sede de Burgos, de 15 de mayo de 2007. Cuando los c�nyuges donan un bien ganancial no hay una transmisi�n sino dos transmisiones, al contrario de lo que dispone el art�culo 38 del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
El tema ya fue resuelto en dicho sentido por las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de junio y 22 de septiembre de 2002. Alega tambi�n el Tribunal que dicho art�culo 38 infringe el principio de reserva de Ley, de legalidad y de jerarqu�a normativa, produci�ndose una extralimitaci�n. Al estimarse el recurso indirecto contra dicha disposici�n general, el Tribunal resuelve plantear la cuesti�n de ilegalidad ante el Tribunal Supremo para conocer el recurso directo contra dicha norma reglamentaria, art�culos 12.1 y 27.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicci�n Contencioso-Administrativa.
La Orotava, Archidona, Bilbao, Madrid, Los Realejos, Lugo, Puerto de la Cruz, Alicante, Granada, Lucena, Vitigudino y Arucas, a 8 de julio de 2007.
LISTA DE INFORMES Visita n� desde el 3 de julio de 2007

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