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Timestamp: 2019-01-21 20:48:20+00:00

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﻿ SENTENCIA T-424 DE ABRIL 26 DE 2001
SENTENCIA T-424 DE 26 DE ABRIL DE 2001
CONTENIDO:LA ACCIÓN DE TUTELA NO ES MECANISMO IDÓNEO PARA OBTENER EL PAGO DE LA PRIMA TÉCNICA. PROCEDE LA ACCIÓN CUANDO SE ENCUENTRE DEMOSTRADA LA AFECTACIÓN DEL MÍNIMO VITAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, PRIMA TÉCNICA, DERECHO AL MÍNIMO VITAL, VIOLACIÓN DEL DERECHO AL MÍNIMO VITAL, RECONOCIMIENTO DE LA PRIMA TÉCNICA, LIQUIDACIÓN DE LA PRIMA TÉCNICA, PAGO DE LA PRIMA TÉCNICA
Sentencia T-424 de abril 26 de 2001
Sent.: T-424, abr. 26/2001. Ref.: Exp.: T-423453.
M. P.: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
Acción de tutela incoada por Amparo Castaño de Peña contra el gobernador y la secretaría de educación y de la Juventud del departamento del Tolima.
dentro del proceso de revisión del fallo dictado por el Juzgado 2º Civil Municipal de Líbano (Tolima), al resolver sobre la acción de tutela de la referencia.
Amparo Castaño de Peña solicitó el amparo transitorio de sus derechos a la igualdad, al trabajo en condiciones dignas y justas, y a la remuneración o pago de un salario adecuado, los cuales consideró vulnerados por parte de la gobernación y la secretaría de educación y de la juventud del departamento del Tolima.
Manifestó la peticionaria que se desempeña como “secretaria habilitada” del municipio de Líbano en el Instituto Departamental Nuestra Señora del Carmen y que, a pesar de sus constantes reclamaciones, no le han pagado la prima técnica a que tiene derecho, según reconocimiento que se le hizo mediante Resolución 118 del 13 de julio de 1999, lo cual —según afirma— afecta su núcleo familiar hasta el punto de encontrarse en apuros económicos.
Solicitó al juez de tutela que ordenara el pago respectivo, toda vez que se siente discriminada por cuanto a otras personas sí les han cancelado dicho emolumento.
A folio 6 y siguientes del expediente aparece fotocopia de la Resolución 118 del 13 de julio de 1999, por medio de la cual el gobernador del departamento del Tolima reconoce la prima técnica a la accionante.
El abogado asesor, Luiyen Barrero Salazar, presentó escrito en defensa de los intereses del gobernador y del secretario de educación y de la juventud del departamento del Tolima y manifestó que revisada la hoja de vida de la señora Amparo Castaño de Peña no se encontró resolución de inscripción en carrera administrativa, requisito indispensable para acceder a la prima técnica.
Adujo que si bien es cierto mediante Resolución 118 de 1999 se le reconoció a la petente la referida prima, también lo es que ello se hizo en forma irregular y por tal motivo ese acto se encuentra demandado ante el tribunal del Tolima.
Mediante fallo del 12 de diciembre de 2000, el Juzgado 2º Civil Municipal de Líbano (Tolima) concedió el amparo solicitado y ordenó al gobernador y al secretario de educación del departamento del Tolima que en el término de 48 horas pagaran la prima reclamada por la peticionaria.
Adujo el fallador de instancia que la prima técnica hace parte del salario y que al no pagarse la misma se le está ocasionando a la peticionaria un perjuicio irremediable, toda vez que se afecta su mínimo vital.
La acción de tutela no es el mecanismo idóneo para obtener el pago de la prima técnica. La no afectación del mínimo vital en este caso.
Ya la Corte ha sostenido que la acción consagrada en el artículo 86 de la Carta no procede, en principio, cuando lo pretendido es el pago de acreencias laborales, pues para ello existe otro medio de defensa judicial como es la acción ejecutiva ante la jurisdicción laboral competente (1) . En forma excepcional, procede la acción de tutela cuando se encuentre demostrada la afectación del mínimo vital del actor, o cuando el otro mecanismo de protección señalado por la ley para el efecto y que tenga la calidad de excluyente de la tutela no sea eficaz, de manera que ofrezca una salvaguarda inmediata al derecho vulnerado o en peligro (2) .
(1) Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-273 del 30 de mayo de 1997. M.P. Dr. Carlos Gaviria Díaz y T-366 del 15 de julio de 1998. M.P. Dr. Fabio Morón Díaz.
(2) Ver Sentencia T-07 del 13 de enero de 2000. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
El concepto de mínimo vital ha sido desarrollado por la jurisprudencia en los siguientes términos:
“El Estado social de derecho exige esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance. El fin de potenciar !as capacidades de la persona requiere de las autoridades actuar efectivamente para mantener o mejorar el nivel de vida, el cual incluye la alimentación, la vivienda, la seguridad social y los escasos medios dinerarios para desenvolverse en sociedad.
El derecho al mínimo vital no sólo incluye la facultad de neutralizar las situaciones violatorias de la dignidad humana, o la de exigir asistencia y protección por parte de personas o grupos discriminados, marginados o en circunstancias de debilidad manifiesta (C.P. art. 13), sino que, sobre todo, busca garantizar la igualdad de oportunidades y la nivelación social en una sociedad históricamente injusta y desigual, con factores culturales y económicos de grave incidencia en el “déficit social” (3) .
(3) Sentencia T-426 del 24 de junio de 1992. M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz.
“… para la Corte el mínimo vital garantizado como derecho inalienable de todo trabajador, está constituido por los requerimientos básicos indispensables para asegurar la digna subsistencia de la persona y de su familia, no solamente en lo relativo a alimentación y vestuario sino en lo referente a salud, educación, vivienda, seguridad social y medio ambiente, en cuanto factores insustituibles para la preservación de una calidad de vida que, no obstante su modestia, corresponda a las exigencias más elementales del ser humano” (4) .
(4) Sentencia T-011 del 29 de enero de 1998. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
Como en el caso sub examine la accionante ha limitado su alegación al pago de la prima técnica —cuestionada en su legalidad por la propia administración—, debe concluirse que no existen elementos de juicio para estimar afectado el mínimo vital, máxime cuando, como se sabe y de acuerdo con lo que obra en el expediente, la gobernación del departamento del Tolima ha cancelado hasta ahora los salarios correspondientes.
Tampoco puede concluirse en el caso analizado el desconocimiento del derecho a la igualdad de la peticionaria, pues no se demostró que a otros empleados se les hubiese cancelado la prima reclamada.
Por último y en cuanto a la afirmación hecha por el abogado asesor, Luiyen Barrero Salazar, consistente en que la accionante no reúne los requisitos para obtener el derecho a la prima técnica y que el reconocimiento que se le hizo mediante la Resolución 118 de 1999 fue en forma irregular, es algo que debe ventilarse ante la jurisdicción ordinaria, pero en ningún momento por la vía de la acción de tutela.
Con fundamento en lo anterior y siguiendo los lineamientos expuestos por la Corte al resolver casos similares (5) , la Corte procederá a revocar el fallo de instancia y a denegar la tutela propuesta.
(5) Ver Sentencias T-376 del 31 de marzo de 2000. M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell y T-178 del 14 de febrero de 2001. M.P. Dr. José Gregorio Hernández Galindo.
1. REVOCAR la sentencia del 12 de diciembre de 2000, proferida por el Juzgado 2º Civil Municipal de Líbano (Tolima), por medio de la cual se concedió la protección solicitada por Amparo Castaño de Peña y, en su lugar, DENEGAR la tutela.

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 86
 Resolución