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Timestamp: 2019-11-17 06:57:02+00:00

Document:
Diario Oficial C 437/18 d
Asunto C-389/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 25 de octubre de 2017 — Comisión Europea / Consejo de la Unión Europea (Recurso de anulación — Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones sobre el Arreglo de Lisboa Revisado relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas — Artículo 3 TFUE, apartado 1 — Competencia exclusiva de la Unión — Política comercial común — Artículo 207 TFUE, apartado 1 — Aspectos comerciales de la propiedad intelectual)
Asunto C-467/15 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 25 de octubre de 2017 — Comisión Europea / República Italiana [Recurso casación — Ayudas de Estado — Ayuda otorgada por la República Italiana a los productores de leche — Régimen de ayudas vinculado al reembolso de la tasa láctea — Decisión condicional — Decisión adoptada por el Consejo de la Unión Europea sobre la base del artículo 108 TFUE, apartado 2, párrafo tercero — Reglamento (CE) n.o 659/1999 — Artículo 1, letras b) y c) — Ayuda existente — Nueva ayuda — Conceptos — Modificación de una ayuda existente que incumple un requisito que garantiza la compatibilidad de la ayuda con el mercado interior]
Asuntos acumulados C-593/15 P y C-594/15 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 25 de octubre de 2017 — República Eslovaca / Comisión Europea (Recurso de casación — Recursos propios de la Unión Europea — Decisión 2007/436/CE — Responsabilidad financiera de los Estados miembros — Pérdida de determinados derechos de importación — Obligación de pagar a la Comisión Europea el importe correspondiente a la pérdida — Recurso de anulación — Admisibilidad — Escrito de la Comisión Europea — Concepto de acto impugnable)
Asunto C-599/15 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 25 de octubre de 2017 — Rumanía / Comisión Europea (Recurso de casación — Recursos propios de la Unión Europea — Decisión 2007/436/CE — Responsabilidad financiera de los Estados miembros — Pérdida de determinados derechos de importación — Obligación de pagar a la Comisión Europea el importe correspondiente a la pérdida — Recurso de anulación — Admisibilidad — Escrito de la Comisión Europea — Concepto de acto impugnable)
Asunto C-650/15 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 25 de octubre de 2017 — Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS / Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, Reino de los Países Bajos, Comisión Europea [Recurso de casación — Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (REACH) — Artículo 57 — Sustancias extremadamente preocupantes — Identificación — Artículo 2, apartado 8, letra b) — Exención — Artículo 3, punto 15 — Concepto de sustancia intermedia — Acrilamida]
Asunto C-687/15: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 25 de octubre de 2017 — Comisión Europea / Consejo de la Unión Europea (Recurso de anulación — Conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2015 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones — Artículo 218 TFUE, apartado 9 — Inobservancia de la forma jurídica establecida — Falta de indicación de la base jurídica)
Asunto C-39/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 26 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Bélgica) — Argenta Spaarbank NV / Belgische Staat (Procedimiento prejudicial — Impuestos sobre sociedades — Directiva 90/435/CEE — Artículo 1, apartado 2, y artículo 4, apartado 2 — Sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes — Régimen fiscal común — Deducibilidad del beneficio imponible de la sociedad matriz — Disposiciones nacionales encaminadas a suprimir la doble imposición de los beneficios distribuidos por las filiales — No consideración de la existencia de un vínculo entre los intereses de los préstamos y la financiación de la participación que dio lugar al pago de dividendos)
Asunto C-90/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 26 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Reino Unido) — The English Bridge Union Limited / Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs [Procedimiento prejudicial — Fiscalidad — Impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Directiva 2006/112/CE — Exenciones de prestaciones de servicios directamente relacionadas con la práctica del deporte — Concepto de deporte — Actividad caracterizada por un componente físico — Juego de bridge de contrato duplicado]
Asunto C-106/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 25 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Najwyższy — Polonia) — procedimiento iniciado por POLBUD — WYKONAWSTWO sp. z o.o., en liquidación Procedimiento prejudicial — Libertad de establecimiento — Transformación transfronteriza de una sociedad — Traslado del domicilio social sin traslado del domicilio real — Denegación de la cancelación de la inscripción en el Registro Mercantil — Normativa nacional que supedita la cancelación de la inscripción en el Registro Mercantil a la disolución de la sociedad al término de un procedimiento de liquidación — Ámbito de aplicación de la libertad de establecimiento — Restricción a la libertad de establecimiento — Protección de los intereses de los acreedores, de los socios minoritarios y de los trabajadores — Lucha contra las prácticas abusivas
Asunto C-195/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Kehl — Alemania) — Proceso penal contra I [Procedimiento prejudicial — Transporte — Permiso de conducción — Directiva 2006/126/CE — Artículo 2, apartado 1 — Reconocimiento recíproco del permiso de conducción — Concepto de permiso de conducción — Certificado de examen del permiso de conducción (CEPC) que autoriza a su titular a conducir en el territorio del Estado miembro que lo ha expedido antes de la entrega del permiso de conducción definitivo — Situación en la que el titular del CEPC conduce un vehículo en otro Estado miembro — Obligación de reconocimiento del CEPC — Sanciones impuestas al titular del CEPC por conducir un vehículo fuera del territorio del Estado miembro que expidió dicho CEPC — Proporcionalidad]
Asunto C-201/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 25 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Majid Shiri, también conocido como Madzhdi Shiri Procedimiento prejudicial — Reglamento (UE) n.o 604/2013 — Determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país — Artículo 27 — Recurso — Alcance del control jurisdiccional — Artículo 29 — Plazo para efectuar el traslado — Falta de ejecución del traslado en el plazo establecido — Obligaciones del Estado miembro responsable — Transferencia de la responsabilidad — Exigencia de una decisión del Estado miembro responsable
Asunto C-347/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 26 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Balgarska energiyna borsa AD (BEB) / Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR) [Procedimiento prejudicial — Artículos 101 TFUE y 102 TFUE — Directiva 2009/72/CE — Artículos 9, 10, 13 y 14 — Reglamento (CE) n.o 714/2009 — Artículo 3 — Reglamento (UE) n.o 1227/2011 — Artículo 2, punto 3 — Reglamento (UE) 2015/1222 — Artículo 1, apartado 3 — Certificación y designación de los gestores de transporte independientes — Restricciones al número de personas a las que en territorio nacional se puede conceder licencia de transporte de electricidad]
Asunto C-407/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 26 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por la Augstākā tiesa — Letonia) — Aqua Pro SIA / Valsts ieņēmumu dienests [Procedimiento prejudicial — Unión aduanera — Código aduanero comunitario — Artículo 220, apartado 1 y apartado 2, letra b) — Recaudación a posteriori de derechos de importación o de exportación — Concepto de contracción de los derechos de importación — Resolución de la autoridad aduanera competente — Plazo de presentación de una solicitud de devolución o condonación — Obligación de remitir el asunto a la Comisión Europea — Elementos de prueba en caso de recurso contra una resolución de la autoridad competente del Estado miembro de importación]
Asuntos acumulados C-454/16 P a C-456/16 P y C-458/16 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 26 de octubre de 2017 — Global Steel Wire, S.A. (C-454/16 P), Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. (C-455/16 P), Trefilerías Quijano, S.A. (C-456/16 P), Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. (C-458/16 P) / Comisión Europea (Recurso de casación — Reglamento (CE) n.o 1/2003 — Competencia — Prácticas colusorias — Mercado europeo del acero para pretensado — Infracción del artículo 101 TFUE — Multas — Directrices para el cálculo de las multas de 2006 — Punto 35 — Capacidad contributiva — Nueva solicitud de reducción del importe de la multa por falta de capacidad contributiva — Escrito de desestimación — Recurso contra este escrito — Admisibilidad)
Asuntos acumulados C-457/16 P y C-459/16 P a C-461/16 P: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 26 de octubre de 2017 — Global Steel Wire, S.A. (C-457/16 P), Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. (C-459/16 P), Trefilerías Quijano, S.A. (C-460/16 P), Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. (C-461/16 P) / Comisión Europea [Recurso de casación — Reglamento (CE) n.o 1/2003 — Competencia — Prácticas colusorias — Mercado europeo del acero para pretensado — Infracción del artículo 101 TFUE — Imputabilidad a la sociedad matriz del comportamiento infractor de sus filiales — Concepto de empresa — Indicios de la existencia de una unidad económica — Presunción de ejercicio efectivo de una influencia determinante — Sucesión de empresas — Importe de la multa — Capacidad contributiva — Requisitos — Respeto del derecho de defensa]
Asunto C-534/16: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 26 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Najvyšší súd Slovenskej republiky — Eslovaquia) — Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky / BB construct s. r. o. [Procedimiento prejudicial — Impuesto sobre el valor añadido (IVA) — Directiva 2006/112/CE — Inscripción en el registro de sujetos pasivos del IVA — Legislación nacional que impone la constitución de una garantía — Lucha contra el fraude — Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea — Libertad de empresa — Principio de no discriminación — Principio non bis in idem — Principio de irretroactividad]
Asunto C-505/17 P: Recurso de casación interpuesto el 18 de agosto de 2017 por Groupe Léa Nature contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 8 de junio de 2017 en el asunto T-341/13 RENV: Groupe Léa Nature / Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
Asunto C-548/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 21 de septiembre de 2017 — Finanzamt Goslar / baumgarten sports & more GmbH
Asunto C-552/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 21 de septiembre de 2017 — Alpenchalets Resorts GmbH / Finanzamt München Abteilung Körperschaften
Asunto C-558/17 P: Recurso de casación interpuesto el 22 de septiembre de 2017 por OZ contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 13 de julio de 2017 en el asunto T-607/16, OZ / Banco Europeo de Inversiones
Asunto C-562/17: Petición de decisión prejudicial presentada por la Audiencia Nacional (España) el 25 de septiembre de 2017 – Nestrade S.A. / Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)
Asunto C-575/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 28 de septiembre de 2017 — Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA / Ministre de l’Action et des Comptes publics
Asunto C-590/17: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 12 de octubre de 2017 — Henri Pouvin, Marie Dijoux, con apellido de casada Pouvin / Electricité de France (EDF)
Asunto C-595/17: Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 16 de octubre de 2017 — Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL / MJA, en calidad de liquidador de eBizcuss.com (eBizcuss)
Asunto C-596/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 16 de octubre de 2017 — Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS / Premier ministre, Ministre de l’Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé
Asunto C-600/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el Giudice di pace di Roma (Italia) el 16 de octubre de 2017 — Pina Cipollone / Ministero della Giustizia
Asunto C-602/17: Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal de première instance de Liège (Bélgica) el 19 de octubre de 2017 — Benoît Sauvage, Kristel Lejeune / État belge
Asunto C-603/17: Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom (Reino Unido) el 20 de octubre de 2017 — Peter Bosworth y Colin Hurley / Arcadia Petroleum Limited y otros
Asunto T-627/15: Sentencia del Tribunal General de 7 de noviembre de 2017 — Frame/EUIPO — Bianca-Moden (BIANCALUNA) [Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa de la Unión BIANCALUNA — Marca nacional figurativa anterior bianca — Economía procesal — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Identidad de los productos — Similitud entre los signos — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]]
Asunto T-628/15: Sentencia del Tribunal General de 7 de noviembre de 2017 — Frame/EUIPO — Bianca-Moden (BiancalunA) [Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión BiancalunA — Denegación — Marca nacional figurativa anterior bianca — Motivo de denegación relativo — Inexistencia de riesgo de confusión — Identidad de los productos — Similitud entre los signos — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]]
Asunto T-42/16: Sentencia del Tribunal General de 8 de noviembre de 2017 — De Nicola/Consejo y Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Responsabilidad no contractual — Función pública — Personal del BEI — Directivas relativas a las terapias con láser — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales — Plazo razonable — Infracción de las normas sobre un proceso justo — Daño material — Perjuicio moral — Pretensiones formuladas por el demandante en el marco de un asunto pendiente ante el Tribunal de la Función Pública — Remisión parcial del asunto ante el Tribunal General)
Asunto T-99/16: Sentencia del Tribunal General de 8 de noviembre de 2017 — De Nicola/Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Responsabilidad extracontractual — Función pública — Personal del BEI — Acoso psicológico — Incumplimiento de las normas del proceso equitativo — Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales — Plazo razonable — Pretensiones de indemnización formuladas en el marco de un recurso pendiente ante el Tribunal de la Función Pública — Remisión parcial del asunto al Tribunal General)
Asunto T-144/16: Sentencia del Tribunal General de 7 de noviembre de 2017 — Mundipharma/EUIPO — Multipharma (MULTIPHARMA) [Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca denominativa de la Unión MULTIPHARMA — Marca denominativa anterior de la Unión MUNDIPHARMA — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009]
Asunto T-754/16: Sentencia del Tribunal General de 8 de noviembre de 2017 — Oakley/EUIPO — Xuebo Ye (Representación de una elipse discontinua) [Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de registro de una marca figurativa de la Unión que representa una silueta en forma de elipse discontinua — Marca figurativa anterior de la Unión que representa una elipse — Motivos de denegación relativos — Artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001]]
Asunto T-776/16: Sentencia del Tribunal General de 8 de noviembre de 2017 — Isocell/EUIPO — iCell (iCell.) [Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión iCell. — Marca denominativa anterior de la Unión Isocell, marca internacional denominativa anterior Isocell y marcas internacional y nacional denominativas anteriores ISOCELL — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]]
Asunto T-777/16: Sentencia del Tribunal General de 8 de noviembre de 2017 — Isocell/EUIPO — iCell (iCell. Insulation Technology Made in Sweden) [Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión iCell. Insulation Technology Made in Sweden — Marca denominativa anterior de la Unión Isocell, marca internacional denominativa anterior Isocell y marcas internacional y nacional denominativas anteriores ISOCELL — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]]
Asunto T-80/17: Sentencia del Tribunal General de 8 de noviembre de 2017 — Steiniger/EUIPO — ista Deutschland (IST) [Marca de la Unión Europea — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca figurativa de la Unión IST — Marca figurativa anterior de la Unión ISTA — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Público pertinente — Similitud de los productos y servicios — Similitud de los signos — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]]
Asunto T-623/17: Recurso interpuesto el 11 de septiembre de 2017– Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija/JUR
Asunto T-657/17: Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2017 — Anabi Blanga/EUIPO — Polo/Lauren (HPC POLO)
Asunto T-667/17: Recurso interpuesto el 21 de septiembre de 2017 — Alkarim for Trade and Industry/Consejo
Asunto T-698/17: Recurso interpuesto el 11 de octubre de 2017 — Man Truck & Bus/EUIPO — Halla Holdings (MANDO)
Asunto T-703/17: Recurso interpuesto el 12 de octubre de 2017 — Chipre/EUIPO — Papouis Dairies (Papouis Halloumi)
Asunto T-708/17: Recurso interpuesto el 12 de octubre de 2017 — OPS Újpest/Comisión
Asunto T-709/17: Recurso interpuesto el 13 de octubre de 2017 — M-Sansz/Comisión
Asunto T-710/17: Recurso interpuesto el 13 de octubre de 2017 — Lux-Rehab Non-Profit /Comisión
Asunto T-712/17: Recurso interpuesto el 9 de octubre de 2017 — Ntolas/EUIPO — General Nutrition Investment (GN Laboratories)
Asunto T-713/17: Recurso interpuesto el 14 de octubre de 2017 — Motex/Comisión
Asunto T-714/17: Recurso interpuesto el 10 de octubre de 2017 — Aeris Invest/JUR
Asunto T-97/17: Auto del Tribunal General de 25 de octubre de 2017 — Franmax/EUIPO — R. Seelig & Hille (her-bea)
DO C 424 de 11.12.2017
DO C 412 de 4.12.2017
DO C 402 de 27.11.2017
DO C 392 de 20.11.2017
DO C 382 de 13.11.2017
DO C 374 de 6.11.2017
DO C 369 de 30.10.2017
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 25 de octubre de 2017 — Comisión Europea / Consejo de la Unión Europea
(Asunto C-389/15) (1)
((Recurso de anulación - Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de negociaciones sobre el Arreglo de Lisboa Revisado relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas - Artículo 3 TFUE, apartado 1 - Competencia exclusiva de la Unión - Política comercial común - Artículo 207 TFUE, apartado 1 - Aspectos comerciales de la propiedad intelectual))
Demandante: Comisión Europea (representantes: F. Castillo de la Torre, J. Guillem Carrau, B. Hartmann, A. Lewis y M. Kocjan, agentes)
Parte coadyuvante en apoyo de la demandante: Parlamento Europeo (representantes: J. Etienne, A. Neergaard y R. Passos, agentes)
Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: M. Balta y F. Florindo Gijón, agentes)
Partes coadyuvantes en apoyo de la demandada: República Checa (representantes: M. Hedvábná, K. Najmanová, M. Smolek y J. Vláčil, agentes), República Federal de Alemania (representantes: T. Henze y J. Techert, agentes), República Helénica (representante: M. Tassopoulou, agente), Reino de España (representante: M.A. Sampol Pucurull, agente), República Francesa (representantes: G. de Bergues, D. Colas, F. Fize, B. Fodda y D. Segoin, agentes), República Italiana (representantes: G. Palmieri, agente, asistida por S. Fiorentino, avvocato dello Stato), Hungría (representantes: M. Bóra, M.Z. Fehér y G. Koós, agentes), Reino de los Países Bajos (representantes: M. Bulterman, M. Gijzen y B. Koopman, agentes), República de Austria (representante: C. Pesendorfer, agente), República Portuguesa (representantes: M. Figueiredo, L. Inez Fernandes y M.L. Duarte, agentes), República Eslovaca (representantes: M. Kianička, agente), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: C. Brodie y D. Robertson, agentes)
Anular la Decisión 8512/15 del Consejo, de 7 de mayo de 2015, por la que se autoriza la apertura de negociaciones sobre el Arreglo de Lisboa Revisado relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas, por lo que respecta a las cuestiones que son de la competencia de la Unión Europea.
Mantener los efectos de la Decisión 8512/15 hasta la entrada en vigor, dentro de un plazo razonable que no debe exceder de seis meses desde la fecha en que se dicte la presente sentencia, de una Decisión del Consejo de la Unión Europea basada en los artículos 207 TFUE y 218 TFUE.
La República Checa, la República Federal de Alemania, la República Helénica, el Reino de España, la República Francesa, la República Italiana, Hungría, el Reino de los Países Bajos, la República de Austria, la República Portuguesa, la República Eslovaca, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte así como el Parlamento cargarán con sus propias costas.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 25 de octubre de 2017 — Comisión Europea / República Italiana
(Asunto C-467/15 P) (1)
([Recurso casación - Ayudas de Estado - Ayuda otorgada por la República Italiana a los productores de leche - Régimen de ayudas vinculado al reembolso de la tasa láctea - Decisión condicional - Decisión adoptada por el Consejo de la Unión Europea sobre la base del artículo 108 TFUE, apartado 2, párrafo tercero - Reglamento (CE) n.o 659/1999 - Artículo 1, letras b) y c) - Ayuda existente - Nueva ayuda - Conceptos - Modificación de una ayuda existente que incumple un requisito que garantiza la compatibilidad de la ayuda con el mercado interior])
Recurrente: Comisión Europea (representantes: V. Di Bucci y P. Němečková, agentes)
Otra parte en el procedimiento: República Italiana (representantes: G. Palmieri, agente, asistida por S. Fiorentino y P. Grasso, agentes)
Anular los puntos 1, 2 y 4 del fallo de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 24 de junio de 2015, Italia/Comisión (T-527/13, EU:T:2015:429).
Desestimar el recurso interpuesto por la República Italiana ante el Tribunal General de la Unión Europea en el asunto T-527/13.
La República Italiana cargará con sus propias costas y con las de la Comisión Europea, tanto las relativas al procedimiento en primera instancia como las del procedimiento de casación.
(1) DO C 406 de 7.12.2015
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 25 de octubre de 2017 — República Eslovaca / Comisión Europea
(Asuntos acumulados C-593/15 P y C-594/15 P) (1)
((Recurso de casación - Recursos propios de la Unión Europea - Decisión 2007/436/CE - Responsabilidad financiera de los Estados miembros - Pérdida de determinados derechos de importación - Obligación de pagar a la Comisión Europea el importe correspondiente a la pérdida - Recurso de anulación - Admisibilidad - Escrito de la Comisión Europea - Concepto de «acto impugnable»))
Recurrente: República Eslovaca (representante: B. Ricziová, agente)
Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: A. Caeiros, A. Tokár, G.-D. Balan y Z. Malůšková, agentes)
Partes coadyuvantes en apoyo de la recurrente: República Checa (representantes: M. Smolek, J. Vláčil y T. Müller, agentes), República Federal de Alemania (representantes: T. Henze y K. Stranz, agentes), Rumanía (representantes: R.-H. Radu, M. Chicu y A. Wellman, agentes)
Desestimar los recursos de casación.
Condenar a la República Eslovaca a cargar, además de con sus propias costas, con las costas de la Comisión Europea.
La República Checa, la República Federal de Alemania y Rumanía cargarán con sus propias costas.
(1) DO C 27 de 25.1.2016.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 25 de octubre de 2017 — Rumanía / Comisión Europea
(Asunto C-599/15 P) (1)
Recurrente: Rumanía (representantes: R.H. Radu, M. Chicu y A. Wellman, agentes)
Otras partes en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: G.-D. Balan, A. Caeiros, A. Tokár y Z. Malůšková, agentes)
Partes coadyuvantes en apoyo de la recurrente: República Checa (representantes: M. Smolek, J. Vláčil y T. Müller, agentes), República Federal de Alemania (representantes: T. Henze y K. Stranz, agentes), República Eslovaca (representante: B. Ricziová, agente)
Condenar a Rumanía a cargar, además de con sus propias costas, con las costas de la Comisión Europea.
La República Checa, la República Federal de Alemania y la República Eslovaca cargarán con sus propias costas.
(1) DO C 38 de 1.2.2016.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 25 de octubre de 2017 — Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS / Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas, Reino de los Países Bajos, Comisión Europea
(Asunto C-650/15 P) (1)
([Recurso de casación - Reglamento (CE) n.o 1907/2006 (REACH) - Artículo 57 - Sustancias extremadamente preocupantes - Identificación - Artículo 2, apartado 8, letra b) - Exención - Artículo 3, punto 15 - Concepto de «sustancia intermedia» - Acrilamida])
Recurrentes: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG), SNF SAS (representantes: E. Mullier y R. Cana, abogadas, D. Abrahams, Barrister)
Otras partes en el procedimiento: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (representantes: M. Heikkilä y W. Broere, agentes, asistidos por J. Stuyck y S. Raes, advocaten), Reino de los Países Bajos (representantes: M. Bulterman y B. Koopman, agentes), Comisión Europea (representantes: K. Talabér-Ritz, E. Manhaeve, K. Mifsud-Bonnici y D. Kukovec, agentes)
Condenar a Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) y SNF SAS a cargar con sus propias costas y, además, con las de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA).
El Reino de los Países Bajos y la Comisión Europea cargarán con sus propias costas.
(Asunto C-687/15) (1)
((Recurso de anulación - Conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2015 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones - Artículo 218 TFUE, apartado 9 - Inobservancia de la forma jurídica establecida - Falta de indicación de la base jurídica))
Demandante: Comisión Europea (representantes: L. Nicolae y F. Erlbacher, agentes)
Demandada: Consejo de la Unión Europea (representantes: I Šulce, J.-P. Hix y O. Segnana, agentes)
Partes coadyuvantes en apoyo de la demandada: República Checa (representantes: M. Smolek, J. Vláčil y M. Hedvábná, agentes), República Federal de Alemania (representantes: T. Henze y K. Stranz, agentes), República Francesa (representantes: F. Fize, G. de Bergues, B. Fodda y D. Colas, agentes), Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (representantes: C. Brodie, M. Holt y D. Robertson, agentes, asistidos por J. Holmes, Barrister)
Anular las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea, adoptadas el 26 de octubre de 2015, en su sesión n.o 3419 en Luxemburgo, sobre la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2015 (CMR-15) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
La República Checa, la República Federal de Alemania, la República Francesa y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte cargarán con sus propias costas.
(1) DO C 68, de 22.2.2016.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 26 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Bélgica) — Argenta Spaarbank NV / Belgische Staat
(Asunto C-39/16) (1)
((Procedimiento prejudicial - Impuestos sobre sociedades - Directiva 90/435/CEE - Artículo 1, apartado 2, y artículo 4, apartado 2 - Sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes - Régimen fiscal común - Deducibilidad del beneficio imponible de la sociedad matriz - Disposiciones nacionales encaminadas a suprimir la doble imposición de los beneficios distribuidos por las filiales - No consideración de la existencia de un vínculo entre los intereses de los préstamos y la financiación de la participación que dio lugar al pago de dividendos))
Demandante: Argenta Spaarbank NV
El artículo 4, apartado 2, de la Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una disposición nacional, como el artículo 198, punto 10, del Código de impuestos sobre la renta de 1992, refundido mediante Real Decreto de 10 de abril de 1992 y convalidado mediante la Ley de 12 de junio de 1992, con arreglo a la cual los intereses pagados por una sociedad matriz en concepto de préstamo no son deducibles del beneficio imponible de esta sociedad matriz hasta un importe equivalente al de los dividendos, que disfrutan ya de deducibilidad fiscal, percibidos de participaciones de una duración inferior a un año que la sociedad matriz tiene en sociedades filiales, aun cuando dichos intereses no estén vinculados a la financiación de las participaciones.
El artículo 1, apartado 2, de la Directiva 90/435 debe interpretarse en el sentido de que no autoriza a los Estados miembros a aplicar una disposición nacional como el artículo 198, punto 10, del Código de impuestos sobre la renta de 1992, refundido mediante Real Decreto de 10 de abril de 1992 y convalidado mediante Ley de 12 de junio de 1992, en la medida en que ésta va más allá de lo necesario para evitar fraudes y abusos.
(1) DO C 136 de 18.4.2016.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 26 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Reino Unido) — The English Bridge Union Limited / Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs
(Asunto C-90/16) (1)
([Procedimiento prejudicial - Fiscalidad - Impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Directiva 2006/112/CE - Exenciones de prestaciones de servicios directamente relacionadas con la práctica del deporte - Concepto de «deporte» - Actividad caracterizada por un componente físico - Juego de bridge de contrato duplicado])
Recurrente: The English Bridge Union Limited
Recurrida: Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs
El artículo 132, apartado 1, letra m), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, debe interpretarse en el sentido de que una actividad como el bridge de contrato duplicado, que se caracteriza por un componente físico que resulta insignificante, no está comprendido dentro del concepto de «deporte» a efectos de dicha disposición.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) de 25 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Sąd Najwyższy — Polonia) — procedimiento iniciado por POLBUD — WYKONAWSTWO sp. z o.o., en liquidación
(Asunto C-106/16) (1)
(«Procedimiento prejudicial - Libertad de establecimiento - Transformación transfronteriza de una sociedad - Traslado del domicilio social sin traslado del domicilio real - Denegación de la cancelación de la inscripción en el Registro Mercantil - Normativa nacional que supedita la cancelación de la inscripción en el Registro Mercantil a la disolución de la sociedad al término de un procedimiento de liquidación - Ámbito de aplicación de la libertad de establecimiento - Restricción a la libertad de establecimiento - Protección de los intereses de los acreedores, de los socios minoritarios y de los trabajadores - Lucha contra las prácticas abusivas»)
POLBUD — WYKONAWSTWO sp. z o.o., en liquidación
Los artículos 49 TFUE y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que la libertad de establecimiento es aplicable al traslado del domicilio social de una sociedad constituida de conformidad con el Derecho de un Estado miembro al territorio de otro Estado miembro, en orden a su transformación, conforme a los requisitos impuestos por la normativa de ese otro Estado miembro, en una sociedad regida por el Derecho de este último, sin que se desplace el domicilio real de la mencionada sociedad.
Los artículos 49 TFUE y 54 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen a una normativa de un Estado miembro en cuya virtud el traslado del domicilio social de una sociedad constituida de conformidad con el Derecho de un Estado miembro al territorio de otro Estado miembro, en orden a su transformación, conforme a los requisitos impuestos por la normativa de ese otro Estado miembro, está supeditada a la liquidación de la primera sociedad.
(1) DO C 211 de 13.6.2016.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda) de 26 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Amtsgericht Kehl — Alemania) — Proceso penal contra I
(Asunto C-195/16) (1)
([Procedimiento prejudicial - Transporte - Permiso de conducción - Directiva 2006/126/CE - Artículo 2, apartado 1 - Reconocimiento recíproco del permiso de conducción - Concepto de «permiso de conducción» - Certificado de examen del permiso de conducción (CEPC) que autoriza a su titular a conducir en el territorio del Estado miembro que lo ha expedido antes de la entrega del permiso de conducción definitivo - Situación en la que el titular del CEPC conduce un vehículo en otro Estado miembro - Obligación de reconocimiento del CEPC - Sanciones impuestas al titular del CEPC por conducir un vehículo fuera del territorio del Estado miembro que expidió dicho CEPC - Proporcionalidad])
con intervención de: Staatsanwaltschaft Offenburg
El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción, y los artículos 18 TFUE, 21 TFUE, 45 TFUE, 49 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a una normativa de un Estado miembro en virtud de la cual ese Estado miembro puede denegar el reconocimiento de un certificado expedido en otro Estado miembro, que acredita que su titular está autorizado a conducir, cuando este certificado no responda a las exigencias del modelo de permiso de conducción establecido en esa Directiva, aun en el supuesto de que el titular de dicho certificado cumpla los requisitos impuestos por la citada Directiva para la expedición de un permiso de conducción.
El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2006/126 y los artículos 21 TFUE, 45 TFUE, 49 TFUE y 56 TFUE deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un Estado miembro imponga una sanción a una persona que, aunque haya cumplido los requisitos de expedición de un permiso de conducción establecidos en esta Directiva, conduce un vehículo de motor en el territorio de ese Estado miembro sin disponer de un permiso de conducción conforme con las exigencias del modelo de permiso de conducción que determina dicha Directiva y que, en espera de la expedición de tal permiso por otro Estado miembro, únicamente puede acreditar la existencia de su autorización para conducir obtenida en ese otro Estado miembro mediante un certificado temporal expedido por este último, siempre que dicha sanción no sea desproporcionada en relación con la gravedad de los hechos de que se trate. A este respecto, al valorar la gravedad de la infracción cometida por esa persona y la severidad de la sanción que deba imponérsele, corresponde al órgano jurisdiccional remitente tener en cuenta, como eventual circunstancia atenuante, el hecho de que dicha persona obtuvo la autorización para conducir en otro Estado miembro, acreditada por la existencia de un certificado expedido por ese otro Estado miembro y que será sustituido en principio antes de su expiración, a petición de la persona interesada, por un permiso de conducción conforme con las exigencias del modelo de permiso de conducción establecido en la Directiva 2006/126. Ese mismo órgano jurisdiccional deberá examinar igualmente, durante su análisis, qué peligro real representaba dicha persona para la seguridad de la circulación vial en su territorio.
(1) DO C 260 de 18.7.2016.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 26 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — Balgarska energiyna borsa AD (BEB) / Komisia za energiyno i vodno regulirane (KEVR)
(Asunto C-347/16) (1)
([Procedimiento prejudicial - Artículos 101 TFUE y 102 TFUE - Directiva 2009/72/CE - Artículos 9, 10, 13 y 14 - Reglamento (CE) n.o 714/2009 - Artículo 3 - Reglamento (UE) n.o 1227/2011 - Artículo 2, punto 3 - Reglamento (UE) 2015/1222 - Artículo 1, apartado 3 - Certificación y designación de los gestores de transporte independientes - Restricciones al número de personas a las que en territorio nacional se puede conceder licencia de transporte de electricidad])
Demandante: Balgarska energiyna borsa AD (BEB)
Los artículos 9, 10, 13 y 14 de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, el artículo 3 del Reglamento (CE) n.o 714/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.o 1228/2003, el artículo 2, punto 3, en relación con el considerando 3, del Reglamento (UE) n.o 1227/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre la integridad y la transparencia del mercado mayorista de la energía, y el artículo 1, apartado 3, del Reglamento (UE) 2015/1222 de la Comisión, de 24 de julio de 2015, por el que se establece una directriz sobre la asignación de capacidad y la gestión de las congestiones, no se oponen, en circunstancias como las del asunto principal, a que la normativa nacional fije restricciones al número de personas a las que en un territorio determinado se puede conceder licencia de transporte de electricidad.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 26 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por la Augstākā tiesa — Letonia) — «Aqua Pro» SIA / Valsts ieņēmumu dienests
(Asunto C-407/16) (1)
([Procedimiento prejudicial - Unión aduanera - Código aduanero comunitario - Artículo 220, apartado 1 y apartado 2, letra b) - Recaudación a posteriori de derechos de importación o de exportación - Concepto de «contracción de los derechos de importación» - Resolución de la autoridad aduanera competente - Plazo de presentación de una solicitud de devolución o condonación - Obligación de remitir el asunto a la Comisión Europea - Elementos de prueba en caso de recurso contra una resolución de la autoridad competente del Estado miembro de importación])
Demandante:«Aqua Pro» SIA
Demandada: Valsts ieņēmumu dienests
Los artículos 217, apartado 1, y 220, apartado 1, del Reglamento (CEE) n.o 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 2700/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000, deben interpretarse en el sentido de que, en caso de recaudación a posteriori, el importe de los derechos adeudados reconocidos por las autoridades se considerará contraído en el momento en que las autoridades aduaneras lo hayan anotado en los registros contables o en cualquier otro soporte que haga las veces de aquellos, con independencia de que la resolución de las autoridades sobre la contracción o sobre la determinación de la obligación de pagar los derechos haya sido impugnada en vía administrativa o judicial.
Los artículos 220, apartado 2, letra b), 236, 239 y 243 del Reglamento n.o 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.o 2700/2000, deben interpretarse en el sentido de que, en un recurso administrativo o judicial, a efectos del artículo 243 del citado Reglamento, en su versión modificada por el Reglamento n.o 2700/2000, contra una resolución de la Administración tributaria competente de contraer a posteriori un importe de derechos de importación y de imponer su pago al importador, este último puede invocar la confianza legítima con arreglo al artículo 220, apartado 2, letra b), de dicho Reglamento, en su versión modificada por el Reglamento n.o 2700/2000, a fin de oponerse a esa contracción, con independencia de si el importador presentó una solicitud de condonación o devolución de esos derechos de conformidad con el procedimiento establecido en los artículos 236 y 239 de ese mismo Reglamento, en su versión modificada por el Reglamento n.o 2700/2000.
El artículo 869, letra b), del Reglamento (CEE) n.o 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento n.o 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.o 1335/2003 de la Comisión, de 25 de julio de 2003, debe interpretarse en el sentido de que, a falta de una decisión o de un procedimiento de la Comisión Europea a efectos del artículo 871, apartado 2, de dicho Reglamento, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1335/2003, en una situación como la debatida en el litigio principal, las autoridades aduaneras no pueden decidir por sí mismas no contraer a posteriori los derechos que no han percibido por estimar que se cumplen las condiciones para invocar la confianza legítima con arreglo al artículo 220, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.o 2700/2000, y las citadas autoridades tienen la obligación de remitir el expediente a la Comisión, o bien cuando consideren que la Comisión ha incurrido en un error en el sentido de dicho precepto del Reglamento n.o 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.o 2700/2000, o bien cuando las circunstancias del litigio principal estén vinculadas a los resultados de una investigación de la Unión Europea a efectos del artículo 871, apartado 1, segundo guion, del Reglamento n.o 2454/93, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1335/2003, o en caso de que el importe de los derechos en cuestión en el procedimiento principal sea igual o superior a 500 000 euros.
El artículo 220, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.o 2700/2000, debe interpretarse en el sentido de que los datos de un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) acerca del comportamiento de las autoridades aduaneras del Estado de exportación y del exportador forman parte de las pruebas que han de tenerse en cuenta para determinar si se cumplen las condiciones en que un importador puede invocar la confianza legítima, con arreglo al citado artículo. No obstante, en la medida en que dicho informe, a la vista de los datos que contenga, resulte insuficiente para determinar de modo satisfactorio en Derecho si efectivamente se cumplen esas condiciones en todos sus aspectos, lo cual debe valorar el órgano jurisdiccional nacional, cabe exigir a las autoridades aduaneras que presenten pruebas adicionales para este fin, en particular llevando a cabo controles a posteriori.
El artículo 220, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento 2700/2000, debe interpretarse en el sentido de que corresponde al tribunal remitente apreciar, de acuerdo con todos los datos concretos del litigio principal y, en particular, con las pruebas aportadas para este fin por las partes, si se cumplen las condiciones en que un importador puede invocar la confianza legítima, con arreglo a dicho artículo. A efectos de realizar esta apreciación, los datos obtenidos con ocasión de un control a posteriori no prevalecen sobre los incluidos en un informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).
El artículo 875 del Reglamento n.o 2454/93, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1335/2003, debe interpretarse en el sentido de que un Estado miembro queda vinculado, en las condiciones precisadas por la Comisión Europea de conformidad con dicho artículo, por las apreciaciones efectuadas por dicha institución en una decisión adoptada, con arreglo al artículo 873 del citado Reglamento, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1335/2003, con respecto de otro Estado miembro, en los casos en que existan elementos de hecho y de Derecho comparables, lo cual deben valorar sus autoridades y órganos jurisdiccionales teniendo en cuenta, concretamente, los datos acerca del comportamiento del exportador o de las autoridades aduaneras del Estado de exportación, tal como resulten del informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en que se base la citada decisión.
Los artículos 220, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.o 2700/2000, y 875 del Reglamento n.o 2454/93, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1335/2003, deben interpretarse en el sentido de que las autoridades aduaneras pueden realizar todos los controles a posteriori que estimen necesarios, y utilizar la información obtenida al llevar a cabo dichos controles, tanto para apreciar si se cumplen los requisitos para que un importador pueda invocar la confianza legítima, de acuerdo con el artículo 220, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.o 2700/2000, como para determinar si el asunto de que conocen contiene elementos de hecho y de Derecho comparables, en el sentido del artículo 875 del Reglamento n.o 2454/93, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1335/2003, a los de un asunto en el que la Comisión Europea haya adoptado una decisión de no contracción de los derechos de conformidad con el artículo 873 del Reglamento n.o 2454/93, en su versión modificada por el Reglamento n.o 1335/2003.
El artículo 220, apartado 2, letra b), del Reglamento n.o 2913/92, en su versión modificada por el Reglamento n.o 2700/2000, debe interpretarse en el sentido de que el hecho de que un importador haya importado mercancías con arreglo a un acuerdo de distribución no influye en su facultad de alegar su confianza legítima, y ello en las mismas condiciones que un importador que haya importado mercancías comprándolas directamente al exportador, es decir, si se cumplen tres condiciones acumulativas. En primer lugar, es necesario que los derechos no hayan sido recaudados como consecuencia de un error de las propias autoridades competentes; además, que este error sea de tal naturaleza que razonablemente no pudiera ser detectado por un deudor de buena fe y, por último, que éste haya observado todas las disposiciones en vigor en lo que atañe a su declaración en aduana. A estos efectos, corresponde a dicho importador precaverse contra los riesgos de una acción de recaudación a posteriori, en particular tratando de obtener de la otra parte contratante de dicho acuerdo de distribución, con ocasión de éste o después de su celebración, todos los elementos de prueba que confirmen la exactitud de la expedición del certificado de origen modelo A para esas mercancías. Por lo tanto, no concurre confianza legítima en el sentido de dicho precepto, en particular, cuando, aun habiendo razones manifiestas para dudar de la exactitud de un certificado de origen modelo A, ese importador se ha abstenido de averiguar, preguntando a la otra parte del acuerdo, las circunstancias de la expedición de dicho certificado para comprobar si estas dudas estaban justificadas.
(1) DO C 343, de 19.9.2016.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 26 de octubre de 2017 — Global Steel Wire, S.A. (C-454/16 P), Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. (C-455/16 P), Trefilerías Quijano, S.A. (C-456/16 P), Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. (C-458/16 P) / Comisión Europea
(Asuntos acumulados C-454/16 P a C-456/16 P y C-458/16 P) (1)
((Recurso de casación - Reglamento (CE) n.o 1/2003 - Competencia - Prácticas colusorias - Mercado europeo del acero para pretensado - Infracción del artículo 101 TFUE - Multas - Directrices para el cálculo de las multas de 2006 - Punto 35 - Capacidad contributiva - Nueva solicitud de reducción del importe de la multa por falta de capacidad contributiva - Escrito de desestimación - Recurso contra este escrito - Admisibilidad))
Recurrentes: Global Steel Wire, S.A. (C-454/16 P), Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. (C 455/16 P), Trefilerías Quijano, S.A. (C-456/16 P), Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. (C-458/16 P) (representantes: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco y V. Romero Algarra, abogados)
Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: F. Castillo de la Torre y C. Urraca Caviedes, agentes)
Condenar en costas a Global Steel Wire, S.A., Moreda-Riviere Trefilerías, S.A., Trefilerías Quijano, S.A., y Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L.
(1) DO C 392 de 24.10.2016.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Sexta) de 26 de octubre de 2017 — Global Steel Wire, S.A. (C-457/16 P), Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. (C-459/16 P), Trefilerías Quijano, S.A. (C-460/16 P), Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. (C-461/16 P) / Comisión Europea
(Asuntos acumulados C-457/16 P y C-459/16 P a C-461/16 P) (1)
([Recurso de casación - Reglamento (CE) n.o 1/2003 - Competencia - Prácticas colusorias - Mercado europeo del acero para pretensado - Infracción del artículo 101 TFUE - Imputabilidad a la sociedad matriz del comportamiento infractor de sus filiales - Concepto de empresa - Indicios de la existencia de una unidad económica - Presunción de ejercicio efectivo de una influencia determinante - Sucesión de empresas - Importe de la multa - Capacidad contributiva - Requisitos - Respeto del derecho de defensa])
Recurrentes: Global Steel Wire, S.A. (C-457/16 P), Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L. (C-459/16 P), Trefilerías Quijano, S.A. (C-460/16 P), Moreda-Riviere Trefilerías, S.A. (C-461/16 P) (representantes: F. González Díaz, A. Tresandi Blanco y V. Romero Algarra, abogados)
Otra parte en el procedimiento: Comisión Europea (representantes: F. Castillo de la Torre y C. Urraca Caviedes, agentes, asistidos por L. Ortiz Blanco y A. Lamadrid de Pablo, abogados)
Condenar en costas a Global Steel Wire, S.A., Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L., Trefilerías Quijano, S.A., y Moreda-Riviere Trefilerías, S.A.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Novena) de 26 de octubre de 2017 (petición de decisión prejudicial planteada por el Najvyšší súd Slovenskej republiky — Eslovaquia) — Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky / BB construct s. r. o.
(Asunto C-534/16) (1)
([Procedimiento prejudicial - Impuesto sobre el valor añadido (IVA) - Directiva 2006/112/CE - Inscripción en el registro de sujetos pasivos del IVA - Legislación nacional que impone la constitución de una garantía - Lucha contra el fraude - Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea - Libertad de empresa - Principio de no discriminación - Principio non bis in idem - Principio de irretroactividad])
Demandante: Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Demandada: BB construct s. r. o.
El artículo 273 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, y el artículo 16 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que en el momento del registro a efectos del IVA de un sujeto pasivo, cuyo administrador haya sido administrador o socio de otra persona jurídica que haya incumplido sus obligaciones tributarias, la Administración tributaria imponga a ese sujeto pasivo la obligación de constituir una garantía por un importe que puede llegar a ser de 500 000 euros, siempre que la garantía exigida a dicho sujeto pasivo no vaya más allá de lo necesario para alcanzar los objetivos contemplados en el referido artículo, extremo que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente.
El principio de igualdad de trato debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que la Administración tributaria exija a un nuevo sujeto pasivo la constitución de tal garantía en el momento de su registro a efectos del IVA, en razón de sus vínculos con otra persona jurídica que no esté al corriente en el pago de impuestos.
(1) DO C 22, de 23.1.2017.
Recurso de casación interpuesto el 18 de agosto de 2017 por Groupe Léa Nature contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 8 de junio de 2017 en el asunto T-341/13 RENV: Groupe Léa Nature / Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
(Asunto C-505/17 P)
Recurrente: Groupe Léa Nature (representante: E. Baud, abogado)
Otras partes en el procedimiento: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, Debonair Trading Internacional Lda
La parte recurrente solicita que el Tribunal de Justicia que:
Anule la sentencia dictada por el Tribunal General el 8 de junio de 2017.
Condene en costas a Debonair.
En apoyo del recurso de casación, la recurrente formula dos motivos.
Primer motivo, en el que se alega la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea, basado en la vulneración de la jurisprudencia consolidada relativa a la valoración del riesgo de confusión entre las marcas.
En apoyo de este motivo, la recurrente sostiene que el Tribunal General:
No aplicó los criterios relevantes exigidos para determinar el público relevante.
No valoró correctamente las similitudes existentes entre los signos.
No aplicó adecuadamente los requisitos relevantes que permiten valorar la adquisición de carácter distintivo mediante el uso.
No llevó a cabo un análisis válido de la valoración genérica del riesgo de confusión.
Segundo motivo, en el que se alega la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento sobre la marca de la Unión Europea, basado en la vulneración de la jurisprudencia consolidada en relación con usos perjudiciales para el renombre de una marca anterior.
No aplicó todos los criterios exigidos para acreditar el renombre de una marca anterior.
No llevó a cabo un análisis válido de la existencia del vínculo que el público relevante puede establecer entre las marcas.
No valoró adecuadamente el perjuicio que el uso de una solicitud de marca puede causar en el renombre de una marca anterior.
Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 21 de septiembre de 2017 — Finanzamt Goslar / baumgarten sports & more GmbH
(Asunto C-548/17)
Recurrente: Finanzamt Goslar
Recurrida: baumgarten sports & more GmbH
¿Debe interpretarse de forma restrictiva el artículo 63 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, (1) teniendo en cuenta el deber tributario que incumbe al sujeto pasivo como recaudador del impuesto, en el sentido de que el importe que debe cobrar por la prestación:
ha de ser exigible o
al menos debe ser adeudado de forma no condicionada?
En caso de respuesta negativa a la primera cuestión: ¿Está obligado el sujeto pasivo a financiar por adelantado el impuesto adeudado por la prestación durante un período de dos años cuando no puede cobrar la remuneración de su prestación (parcialmente) hasta dos años después de producirse el devengo del impuesto?
En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión: ¿Están habilitados los Estados miembros, habida cuenta de las facultades que les otorga el artículo 90, apartado 2, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, a considerar una regularización con arreglo al artículo 90, apartado 1, de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, para el propio período impositivo de devengo del impuesto cuando, por no vencer aún el importe que debe percibir, el sujeto pasivo sólo puede cobrarlo dos años después de producirse el devengo del impuesto?
Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesfinanzhof (Alemania) el 21 de septiembre de 2017 — Alpenchalets Resorts GmbH / Finanzamt München Abteilung Körperschaften
(Asunto C-552/17)
Demandante: Alpenchalets Resorts GmbH
Demandada: Finanzamt München Abteilung Körperschaften
¿Se somete al régimen especial de las agencias de viajes establecido en el artículo 306 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, (1) una prestación que consiste esencialmente en la cesión de una vivienda vacacional y en la que los elementos adicionales de la prestación deben considerarse como meras prestaciones accesorias de la principal conforme a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de noviembre de 1992, Van Ginkel (C-163/91, EU:C:1992:435)?
En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Puede someterse dicha prestación, además de al régimen especial de las agencias de viajes establecido en el artículo 306 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, también a la reducción del tipo impositivo aplicable al alojamiento para vacaciones con arreglo al artículo 98, apartado 2, en relación con el anexo III, punto 12, de dicha Directiva?
Recurso de casación interpuesto el 22 de septiembre de 2017 por OZ contra la sentencia del Tribunal General (Sala Sexta) dictada el 13 de julio de 2017 en el asunto T-607/16, OZ / Banco Europeo de Inversiones
(Asunto C-558/17 P)
Recurrente: OZ (representante: B. Maréchal, abogado)
Otra parte en el procedimiento: Banco Europeo de Inversiones
Anule en su totalidad la sentencia recurrida, dictada en el asunto T-607/16.
Anule la decisión de 16 de octubre de 2015 adoptada por el Sr. Werner Hoyer, presidente del BEI, en el marco del procedimiento en materia de dignidad en el trabajo incoado a raíz de la denuncia presentada por OZ el 20 de mayo de 2015 contra el supervisor, Sr. F, examinada por el comité de investigación, y anule el informe fechado el 14 de septiembre de 2015 relativo a la denuncia formulada por OZ, en el que ésta se desestimaba y se incluían recomendaciones inadecuadas.
Ordene que se le resarzan los gastos médicos como consecuencia del daño sufrido por OZ por importe de: a) 977 euros hasta la fecha (incluido el IVA), y b) una cantidad provisional de 5 850 euros por los futuros gastos médicos.
Le conceda una indemnización por daños y perjuicios en relación con el daño moral sufrido por importe de 20 000 euros.
Ordene el pago de los honorarios correspondientes al presente procedimiento por un monto de 35 100 euros (incluido el IVA).
Condene al BEI a cargar con las costas en que se haya incurrido tanto en el presente procedimiento de casación como ante el Tribunal General.
Ordene la reapertura del procedimiento en materia de dignidad en el trabajo por parte del BEI y/o una nueva decisión del presidente del BEI.
La parte recurrente solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia del Tribunal General de 13 de julio de 2017, OZ/Banco Europeo de Inversiones (asunto T-607/16), mediante la que éste desestimó el recurso de anulación contra la decisión del presidente del BEI, de 16 de octubre de 2015, adoptada en el marco del procedimiento de investigación en materia de dignidad en el trabajo incoado a raíz de la denuncia atinente a la dignidad en el trabajo presentada por OZ el 20 de mayo de 2015, en relación con el Sr. F, respecto a las alegaciones de acoso sexual que examinó el comité de investigación, y que anule el informe de dicho comité fechado el 14 de septiembre de 2015, relativo a la denuncia atinente a la dignidad en el trabajo formulada por OZ el 20 de mayo de 2015 («decisión e informe en cuestión»).
El asunto se refiere a alegaciones de acoso sexual formuladas por OZ respecto al supervisor, Sr. F, que tuvo lugar entre 2011 y 2014 y llevó a OZ a iniciar un procedimiento formal en materia de dignidad en el trabajo el 20 de mayo de 2015.
De acuerdo con el procedimiento en materia de dignidad en el trabajo, un comité de investigación emitió un informe, fechado el 14 de septiembre de 2015, sobre cuya base el presidente del Banco Europeo de Inversiones adoptó una decisión el 16 de octubre de 2015.
La parte recurrente alega que: a) se incurrió en varias irregularidades en el curso del procedimiento de investigación, en particular respecto a la violación del derecho de OZ a un proceso equitativo, tal como se establece en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos («CEDH») y en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («CDF»), y b) tanto el informe como la decisión contienen diversos elementos que carecen de pertinencia para la tramitación de la denuncia por acoso sexual presentada por OZ, que corresponden a la vida privada de OZ y que por tanto deben ser suprimidos, o carecen de pertinencia y exceden del ámbito de la investigación.
Tras haber intentado infructuosamente solucionar de manera amistosa el litigio, especialmente mediante un procedimiento de conciliación con arreglo al artículo 41 del Reglamento del personal del Banco Europeo de Inversiones (cuyo fracaso se constató el 22 de abril de 2016), OZ, mediante su abogado, el Sr. Benoit Maréchal, interpuso ante el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea un recurso de anulación de la decisión y del informe.
Mediante sentencia de 13 de julio de 2017, el Tribunal General desestimó el recurso. Ese Tribunal consideró que el Banco Europeo de Inversiones no había incurrido en ilegalidad respecto a OZ en el marco del procedimiento de investigación de acoso sexual y desestimó la pretensión de resarcimiento.
OZ interpone el presente recurso de casación invocando la violación del Derecho de la Unión Europea por parte del Tribunal General y pretende demostrar la responsabilidad del BEI.
Primer motivo: infracción del procedimiento en materia de dignidad en el trabajo y del artículo 6 del CEDH y del artículo 47 de la CDF; vulneración en la investigación de la denuncia por acoso del principio del derecho de OZ a un proceso equitativo, de conformidad con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y con el artículo 47 de la CDF.
Segundo motivo: infracción del artículo 8 del CEDH y del artículo 7 de la CDF; inclusión de elementos y comentarios que carecen de pertinencia en el informe y en la decisión del presidente del BEI; violación del derecho de OZ al respeto de la vida privada.
Tercer motivo: infracción relativa a la denegación de justicia, dado que el Tribunal General no resolvió sobre la base de los hechos y fundamentos jurídicos invocados.
Petición de decisión prejudicial presentada por la Audiencia Nacional (España) el 25 de septiembre de 2017 – Nestrade S.A. / Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)
(Asunto C-562/17)
Recurrente: Nestrade S.A.
Otras partes: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)
¿Puede matizarse la jurisprudencia Petroma (asunto C-271/12) (1) en el sentido de admitir la devolución de cuotas de IVA solicitada por una empresa no establecida en la Unión, a pesar de haber recaído ya una resolución de la autoridad fiscal nacional denegatoria de dicha devolución por no haber respondido la empresa a un requerimiento de información sobre el NIF, teniendo en cuenta que la Administración disponía en ese momento de dicha información suministrada por la recurrente al atender otros requerimientos?
Para el caso de que se respondiera afirmativamente a dicha cuestión:
¿Puede entenderse que la aplicación retroactiva de la jurisprudencia Senatex (asunto C-518/14) (2), exige anular un acto administrativo denegatorio de la devolución de las cuotas de IVA referidas, teniendo en cuenta que dicho acto se limitó a confirmar una previa resolución administrativa firme denegatoria de la devolución de cuotas, que fue adoptada por la AEAT siguiendo un procedimiento distinto al previsto en la Ley para ese supuesto y que, además, recortaba los derechos del solicitante de la devolución causándole indefensión?
(1) sentencia de 8 de mayo de 2013, Petroma Transports y otros, C-271/12, EU:C:2013:297
(2) sentencia de 15 de septiembre de 2016, Senatex, C-518/14, EU:C:2016:691
Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 28 de septiembre de 2017 — Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA / Ministre de l’Action et des Comptes publics
(Asunto C-575/17)
Recurrentes: Sofina SA, Rebelco SA, Sidro SA
¿Deben interpretarse los artículos 56 y 58 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, actualmente artículos 63 y 65 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en el sentido de que la desventaja de tesorería resultante de la aplicación de una retención en la fuente a los dividendos abonados a las sociedades no residentes deficitarias, mientras que las sociedades residentes deficitarias únicamente tributan por el importe de los dividendos que perciben en el ejercicio en que sus resultados recuperan, en su caso, una situación de superávit, constituye, por sí misma, una diferencia de trato que caracteriza una restricción a la libre circulación de capitales?
¿Puede considerarse justificada la posible restricción a la libre circulación de capitales mencionada en la cuestión prejudicial anterior, habida cuenta de las obligaciones derivadas de los artículos 56 y 58 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, actualmente artículos 63 y 65 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por la necesidad de garantizar la recaudación eficaz de los impuestos, puesto que las sociedades no residentes no están sometidas al control de la Administración tributaria francesa, o por la necesidad de mantener el reparto de la potestad tributaria entre los Estados miembros?
En el supuesto de que la aplicación de la retención en la fuente impugnada pueda, en principio, admitirse por lo que respecta a la libre circulación de capitales:
¿se oponen estas disposiciones a la percepción de una retención en la fuente sobre los dividendos abonados por una sociedad residente a una sociedad deficitaria no residente de otro Estado miembro cuando esta última pone fin a su actividad sin recuperar una situación de superávit, mientras que una sociedad residente que se encuentre en esta misma situación no está sujeta a tributación efectiva sobre estos dividendos?
¿deben interpretarse estas disposiciones en el sentido de que, de existir normas tributarias que concedan un trato diferente a los dividendos según se abonen a los residentes o a los no residentes, es preciso comparar la carga impositiva efectiva que recae en cada uno de ellos por dichos dividendos, por lo que una restricción de la libre circulación de capitales, que se desprende del hecho de que estas normas excluyen, tan solo para las sociedades no residentes, la deducción de los gastos directamente vinculados a la propia percepción de los dividendos, podría considerarse justificada por la diferencia de tipos entre la imposición según el régimen del Derecho común que grava, con cargo a un ejercicio posterior, a los residentes y la retención en la fuente practicada sobre los dividendos abonados a los no residentes, cuando esta diferencia compensa, con respecto al importe de la cuota tributaria abonada, la diferencia de base imponible?
Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 12 de octubre de 2017 — Henri Pouvin, Marie Dijoux, con apellido de casada Pouvin / Electricité de France (EDF)
(Asunto C-590/17)
Demandantes: Henri Pouvin, Marie Dijoux, con apellido de casada Pouvin
Demandada: Electricité de France (EDF)
¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, (1) en el sentido de que actúa como profesional una sociedad, como la sociedad EDF, cuando concede a un empleado un préstamo inmobiliario en el marco de un plan de ayuda al acceso a la vivienda, y al cual sólo pueden acceder los miembros del personal de la sociedad?
¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva antes citada en el sentido de que actúa como profesional una sociedad, como la sociedad EDF, cuando concede un préstamo inmobiliario al cónyuge de un empleado, que no es miembro del personal de dicha sociedad, pero sí coprestatario solidario?
¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva antes citada en el sentido de que actúa como consumidor el empleado de una sociedad, como la sociedad EDF, que contrata con ella dicho préstamo inmobiliario?
¿Debe interpretarse el artículo 2 de la Directiva antes citada en el sentido de que actúa como consumidor el cónyuge de este empleado, que suscribe el mismo préstamo, no en condición de trabajador de la sociedad, sino de coprestatario solidario?
(1) DO L 95, p. 29.
Petición de decisión prejudicial planteada por la Cour de cassation (Francia) el 16 de octubre de 2017 — Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL / MJA, en calidad de liquidador de eBizcuss.com (eBizcuss)
(Asunto C-595/17)
Recurrente: Apple Sales International, Apple Inc., Apple retail France EURL
Recurrida: MJA, en calidad de liquidador de eBizcuss.com (eBizcuss)
¿Debe interpretarse el artículo 23 del Reglamento n.o 44/2001 (1) en el sentido de que permite al juez nacional que conoce de una acción por daños y perjuicios ejercitada por un distribuidor contra su proveedor sobre la base del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea aplicar una cláusula atributiva de competencia prevista en el contrato celebrado entre las partes?
En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión, ¿debe interpretarse el artículo 23 del Reglamento n.o 44/2001 en el sentido de que permite al juez nacional que conoce de una acción por daños y perjuicios ejercitada por un distribuidor contra su proveedor sobre la base del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea aplicar una cláusula atributiva de competencia contenida en el contrato celebrado entre las partes, incluso cuando dicha cláusula no contiene una referencia expresa a los litigios relativos a la responsabilidad derivada de una infracción del Derecho de la competencia?
¿Debe interpretarse el artículo 23 del Reglamento n.o 44/2001 en el sentido de que permite al juez nacional que conoce de una acción por daños y perjuicios ejercitada por un distribuidor contra su proveedor sobre la base del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea excluir una cláusula atributiva de competencia prevista en el contrato celebrado entre las partes cuando ninguna autoridad nacional o europea haya detectado una infracción del Derecho de la competencia?
(1) Reglamento (CE) n.o 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12, p. 1).
Petición de decisión prejudicial planteada por el Conseil d’État (Francia) el 16 de octubre de 2017 — Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS / Premier ministre, Ministre de l’Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé
(Asunto C-596/17)
Demandantes: Japan Tobacco International SA, Japan Tobacco International France SAS
Demandadas: Premier ministre, Ministre de l’Action et des Comptes publics, Ministre des Solidarités et de la Santé
¿Debe interpretarse la Directiva 2011/64/UE, de 21 de junio de 2011, (1) en el sentido de que, a la luz de las definiciones de los productos del tabaco que recoge en sus artículos 2, 3 y 4, también regula el precio de los productos del tabaco envasados?
En caso de respuesta afirmativa a la cuestión anterior, ¿debe interpretarse el artículo 15 de la Directiva de 21 de junio de 2011, que consagra el principio de libre determinación de los precios de los productos del tabaco, en el sentido de que se opone a una norma según la cual el precio de esos productos debe fijarse por cada 1 000 unidades o por cada 1 000 gramos y que tiene por efecto prohibir a los fabricantes de los productos del tabaco modular sus precios en función de las eventuales diferencias en el coste de envasado de tales productos?
(1) Directiva 2011/64/UE del Consejo, de 21 de junio de 2011, relativa a la estructura y los tipos del impuesto especial que grava las labores del tabaco (DO 2011, L 176, p. 24).
Petición de decisión prejudicial planteada por el Giudice di pace di Roma (Italia) el 16 de octubre de 2017 — Pina Cipollone / Ministero della Giustizia
(Asunto C-600/17)
Demandante: Pina Cipollone
¿Queda comprendida la actividad de la Juez de Paz demandante en el concepto de «trabajador con contrato de duración determinada», contemplado en la cláusula 2 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, recogido en la Directiva 1999/70, (1) en relación con los artículos 1, apartado 3, y 7 de la Directiva 2003/88, (2) y con el artículo 31, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea?
En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial, ¿puede considerarse que los jueces ordinarios o de carrera son trabajadores con contrato de duración indefinida equiparables a los jueces de paz —trabajadores con contrato de duración determinada— a efectos de la aplicación de la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada recogido en la Directiva 1999/70?
En caso de respuesta afirmativa a la segunda cuestión prejudicial, la diferencia entre el procedimiento de contratación estable de los jueces ordinarios y los procedimientos selectivos legalmente previstos para la contratación con carácter temporal de jueces de paz ¿constituye una razón objetiva a efectos de la cláusula 4, apartados 1 y/o 4, del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada recogido en la Directiva 1999/70/CE, para justificar la no aplicación —en la interpretación jurisprudencial del Pleno (Salas Reunidas) de la Corte di Cassazione (Tribunal de Casación) en su sentencia n.o 13721/2017, y del Consiglio di Stato (Consejo de Estado) en su dictamen n.o 464/2017, de 8 de abril de 2017— a los jueces de paz, como en el caso de la demandante, trabajadora con contrato de duración determinada, de las mismas condiciones de trabajo aplicadas a los jueces ordinarios con contrato de duración indefinida comparables, así como para justificar la no aplicación de las medidas destinadas a evitar y a sancionar la utilización abusiva de los contratos de duración determinada, contempladas en la cláusula 5 del citado Acuerdo marco recogido en la Directiva 1999/70/CE, y de las normas internas de transposición? Todo ello en ausencia, en el ordenamiento jurídico y constitucional italiano, de normas que puedan legitimar tanto la discriminación en las condiciones laborales como la prohibición absoluta de convertir en contratos de duración indefinida las relaciones de servicio de los jueces de paz, y a la luz de la legislación interna anterior (Ley n.o 217/1974), que ya había previsto la equiparación de las condiciones laborales y la estabilización de los jueces honorarios (en concreto, de los vice pretori onorari [jueces de primera instancia honorarios]).
En cualquier caso, en una situación como la de autos, ¿es contrario al artículo 47, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y al concepto del Derecho de la Unión de juez independiente e imparcial considerar que un juez de paz, interesado abstractamente en que se dé al litigio una solución favorable a la parte demandante, que desarrolla como actividad laboral exclusiva las mismas funciones judiciales, pueda sustituir al juez competente en Italia para resolver los litigios laborales en general o los litigios de los jueces ordinarios a causa de la negativa del juez de última instancia —el Pleno de la Corte di Cassazione (Tribunal de Casación)— a garantizar la tutela de los derechos invocados y tutelados por el ordenamiento jurídico comunitario, obligando así al juez naturalmente competente (Tribunale del lavoro o T.A.R.) a declinar, cuando así se requiera, su competencia o jurisdicción, pese a que el propio derecho —la retribución de las vacaciones, como se solicita en el recurso— tenga su fundamento en el Derecho de la Unión, vinculante y que prima sobre el ordenamiento del Estado italiano? En el caso de que el Tribunal de Justicia constate la infracción del artículo 47 de la Carta, se solicita, asimismo, que se indiquen las vías de recurso internas para evitar que la infracción de la norma primaria de Derecho de la Unión entrañe también la denegación absoluta en el ordenamiento jurídico interno de la tutela de los derechos fundamentales garantizados por el Derecho comunitario en el caso de autos.
(1) Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO 1999, L 175, p. 43).
(2) Directiva 2003/88/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (DO 2003, L 299, p. 9).
Petición de decisión prejudicial planteada por el tribunal de première instance de Liège (Bélgica) el 19 de octubre de 2017 — Benoît Sauvage, Kristel Lejeune / État belge
(Asunto C-602/17)
Demandantes: Benoît Sauvage, Kristel Lejeune
Demandada: État belge
¿Vulnera el artículo 45 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en la medida en que constituye un obstáculo de naturaleza fiscal que disuade de las actividades transfronterizas, y el principio general de seguridad jurídica, en la medida en que no prevé un régimen estable y seguro de exención de la totalidad de las retribuciones percibidas por un residente belga vinculado por un contrato con un empleador cuya sede de dirección efectiva se sitúa en el Gran Ducado de Luxemburgo y le expone a un riesgo de doble imposición respecto a la totalidad o parte de sus rendimientos y a un régimen imprevisible y carente de toda seguridad jurídica, el artículo 15, apartado 1, del Convenio para evitar la doble imposición celebrado entre Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo el 17 de septiembre de 1970, interpretado en el sentido de que permite limitar la potestad tributaria del Estado de la fuente sobre las retribuciones de un trabajador por cuenta ajena residente en Bélgica que ejerce sus actividades para un empleador luxemburgués proporcionalmente a la actividad desarrollada en el territorio de Luxemburgo, permite atribuir al Estado de residencia una facultad tributaria sobre el saldo de las retribuciones relativas a las actividades ejercidas fuera del territorio luxemburgués, exige una presencia física permanente y diaria del empleado en la sede de su empleador cuando no quepa refutar su presencia regular en la misma de conformidad con una apreciación jurisdiccional llevada a cabo de manera flexible sobre la base de elementos objetivos y cotejables y requiere que los tribunales aprecien la existencia y la importancia de las prestaciones efectuadas en ambas partes contratantes, de manera diaria, con vistas a determinar una proporción sobre 220 días laborables?
Petición de decisión prejudicial planteada por la Supreme Court of the United Kingdom (Reino Unido) el 20 de octubre de 2017 — Peter Bosworth y Colin Hurley / Arcadia Petroleum Limited y otros
(Asunto C-603/17)
Recurrentes: Peter Bosworth y Colin Hurley
Recurridas: Arcadia Petroleum Limited y otros
¿Qué criterio debe seguirse para determinar si una acción ejercitada por un empresario contra un empleado o antiguo empleado (en lo sucesivo, «empleado») se considera una acción «en materia de» contrato individual de trabajo en el sentido de la sección 5 del título II (artículos 18 a 21) del Convenio de Lugano?
Para que un empresario pueda interponer contra un empleado una acción que esté comprendida en los artículos 18 a 21, ¿basta con que el empresario pudiera haber alegado asimismo que la conducta controvertida constituye un incumplimiento del contrato individual de trabajo del empleado, aun cuando la acción efectivamente interpuesta por el empresario no tenga como base, no invoque o no alegue el incumplimiento de dicho contrato, y, en cambio, se base (por ejemplo) en uno o varios de los diferentes fundamentos contenidos en los apartados 26 y 27 de la sección sobre hechos y cuestiones litigiosas?
Como alternativa, ¿es correcto el criterio según el cual una acción interpuesta por un empresario contra un empleado únicamente está comprendida en los artículos 18 a 21 si la obligación en la que se basa efectivamente la acción se deriva del contrato de trabajo? En caso afirmativo, ¿no está comprendida en la sección 5 una acción basada únicamente en el incumplimiento de una obligación que ha surgido al margen del contrato de trabajo (y que, en su caso, no puede considerarse una obligación «aceptada libremente» por el empleado)?
En caso de que ninguno de los criterios descritos sea correcto, ¿cuál sería el criterio apropiado?
Si una sociedad y una persona física celebran un «contrato» (en el sentido del artículo 5, punto 1, del Convenio), ¿en qué medida es necesario que exista una relación de subordinación entre la sociedad y la persona física para que dicho contrato se considere un «contrato individual de trabajo» a los efectos de la sección 5? ¿Puede existir una relación de estas características cuando la persona física es capaz de establecer (y establece) los términos del contrato con la sociedad y tiene control y autonomía sobre el funcionamiento diario de la actividad de la sociedad y el desarrollo de sus propias funciones, aun cuando el o los socios de la sociedad tengan poder para poner fin a dicha relación?
Si la sección 5 del título II del Convenio de Lugano únicamente se aplica a acciones que, de no ser por dicha sección, estarían comprendidas en el artículo 5, punto 1, ¿qué criterio debe seguirse para determinar si una acción está comprendida en el artículo 5, punto 1?
¿Es correcto el criterio según el cual una acción está comprendida en el artículo 5, punto 1, si la conducta controvertida podría considerarse un incumplimiento contractual, aun cuando la acción efectivamente interpuesta por el empresario no tenga como base, no invoque o no alegue el incumplimiento de dicho contrato?
Como alternativa, ¿es correcto el criterio según el cual una acción únicamente está comprendida en el artículo 5, punto 1, si la obligación en la que se basa efectivamente la acción es de naturaleza contractual? En caso afirmativo, ¿no está comprendida en la sección 5, punto 1, una acción basada únicamente en el incumplimiento de una obligación que ha surgido al margen del contrato (y que, en su caso, no puede considerarse una obligación «aceptada libremente» por el demandado)?
las sociedades A y B forman parte de un grupo de sociedades;
el demandado X desarrolla, de hecho, la función de consejero delegado de dicho grupo de sociedades (como hacía el Sr. Bosworth en Arcadia Group: hechos y cuestiones litigiosas, apartado 14; X está contratado por una sociedad del grupo, la sociedad A (y, por tanto, es un empleado de la sociedad A, como lo fue ocasionalmente el Sr. Bosworth en las circunstancias descritas en los hechos y cuestiones litigiosas, apartado 15); y, con arreglo al Derecho interno, no está contratado por la sociedad B;
la sociedad A entabla contra X una serie de acciones, que están comprendidas en los artículos 18 a 21; y
la otra sociedad del grupo, la sociedad B, también entabla una acción contra X en relación con una conducta similar a la que constituye la base de las acciones ejercitadas por la sociedad A contra X;
¿qué criterio debe seguirse para determinar si la acción de la sociedad B está comprendida en la sección 5? En particular:
¿Depende la respuesta de la existencia de un «contrato individual de trabajo», en el sentido de la sección 5, entre X y la sociedad B y, en su caso, qué criterio debe seguirse para establecer la existencia de dicho contrato?
¿Debe considerarse que la sociedad B es el «empresario» de X a los efectos de la sección 5 del título II del Convenio, y/o están comprendidas las acciones ejercitadas contra X por la sociedad B (relacionadas en el apartado 4, punto 4, supra) en los artículos 18 a 21 de la misma forma que las acciones ejercitadas por la sociedad A contra X están comprendidas en los artículos 18 a 21? En particular:
¿Está comprendida la acción de la sociedad B en el artículo 18 únicamente si la obligación en la que se basa efectivamente se deriva del contrato de trabajo entre la sociedad B y X?
Como alternativa, ¿estaría comprendida la acción en el artículo 18 si la conducta controvertida constituyese un incumplimiento de una obligación derivada de un contrato de trabajo entre la sociedad A y X?
Sentencia del Tribunal General de 7 de noviembre de 2017 — Frame/EUIPO — Bianca-Moden (BIANCALUNA)
(Asunto T-627/15) (1)
([«Marca de la Unión Europea - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca denominativa de la Unión BIANCALUNA - Marca nacional figurativa anterior bianca - Economía procesal - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Identidad de los productos - Similitud entre los signos - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»])
Recurrente: Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Italia) (representantes: E. Montelione, M. Borghese, y R. Giordano, abogados)
Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representante: S. Bonne, agente)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, coadyuvante ante el Tribunal General: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Alemania) (representante: P. Lange, abogada)
Recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 7 de agosto de 2015 (asunto R 2952/2014-5) relativa a un procedimiento de oposición entre Bianca-Moden y Frame.
Condenar en costas a Frame Srl.
(1) DO C 68 de 22.2.2016.
(Asunto T-628/15) (1)
([«Marca de la Unión Europea - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca figurativa de la Unión BiancalunA — Denegación - Marca nacional figurativa anterior bianca - Motivo de denegación relativo - Inexistencia de riesgo de confusión - Identidad de los productos - Similitud entre los signos - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»])
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, coadyuvante ante el Tribunal General: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Alemania) (representante: P. Lange, abogado)
Recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 7 de agosto de 2015 (asunto R 2720/2014-5) relativa a un procedimiento de oposición entre Bianca-Moden y Frame.
Anular la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 7 de agosto de 2015 (asunto R 2720/2014-5).
La EUIPO cargará con sus propias costas y con las de Frame Srl.
Bianca-Moden GmbH & Co. KG cargará con sus propias costas.
(1) DO C 7 de 11.1.2016.
Sentencia del Tribunal General de 8 de noviembre de 2017 — De Nicola/Consejo y Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(Asunto T-42/16) (1)
((«Responsabilidad no contractual - Función pública - Personal del BEI - Directivas relativas a las terapias con láser - Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales - Plazo razonable - Infracción de las normas sobre un proceso justo - Daño material - Perjuicio moral - Pretensiones formuladas por el demandante en el marco de un asunto pendiente ante el Tribunal de la Función Pública - Remisión parcial del asunto ante el Tribunal General»))
Demandante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburgo) (representantes: inicialmente L. Isola y G. Isola, posteriormente G. Ferabecoli, abogados)
Demandadas: Consejo de la Unión Europea (representantes: E. Rebasti y M. Veiga, agentes) y Tribunal de Justicia de la Unión Europea (representantes: inicialmente J. Inghelram, P. Giusta y L. Tonini Alabiso, posteriormente J. Inghelram, agentes)
Recurso basado en el artículo 268 TFUE por el que se solicita la indemnización de los perjuicios que afirma haber sufrido debido, en primer lugar, a la adopción por parte del legislador de la Unión de determinadas directivas relativas a las terapias con láser, en segundo lugar, a la duración supuestamente excesiva de los procedimientos ante el Tribunal de la Función Pública y el Tribunal General relativos a su solicitud de reembolso de los gastos médicos correspondientes con una terapia con láser, en tercer lugar, al carácter supuestamente inicuo de esos procedimientos y, en cuarto lugar, a los numerosos recursos que el Tribunal de la Función Pública y el Tribunal General le han obligado a interponer.
Condenar al Sr. Carlo De Nicola al pago de las costas relativas a la presente instancia tanto ante el Tribunal General de la Unión Europea como ante el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea.
(1) DO C 279 de 24.8.2015 (asunto registrado inicialmente en el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea con el número F-82/15).
Sentencia del Tribunal General de 8 de noviembre de 2017 — De Nicola/Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(Asunto T-99/16) (1)
((«Responsabilidad extracontractual - Función pública - Personal del BEI - Acoso psicológico - Incumplimiento de las normas del proceso equitativo - Artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales - Plazo razonable - Pretensiones de indemnización formuladas en el marco de un recurso pendiente ante el Tribunal de la Función Pública - Remisión parcial del asunto al Tribunal General»))
Demandante: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburgo) (representantes: inicialmente L. Isola y G. Isola, y posteriormente G. Ferabecoli, abogados)
Demandada: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (representantes: inicialmente J. Inghelram, P. Giusta y L. Tonini Alabiso, y posteriormente J. Inghelram, agentes)
Recurso basado en el artículo 268 TFUE por el que se solicita la indemnización del daño supuestamente sufrido por el demandante, en primer lugar, debido, por una parte, al acoso moral del que según él fue objeto por parte del Banco Europeo de Inversiones (BEI), y, por otra parte, al carácter supuestamente contrario a la equidad de los procedimientos ante el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea y el Tribunal General en que fue parte el demandante, y, en segundo lugar, debido a la duración supuestamente excesiva de dichos procedimientos.
Condenar al Sr. Carlo De Nicola a cargar con las costas correspondientes a la presente instancia, tanto ante el Tribunal General de la Unión Europea como ante el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea.
(1) DO C 414 de 14.12.2015 (asunto registrado inicialmente en el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea con el número F-100/15).
Sentencia del Tribunal General de 7 de noviembre de 2017 — Mundipharma/EUIPO — Multipharma (MULTIPHARMA)
(Asunto T-144/16) (1)
([«Marca de la Unión Europea - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca denominativa de la Unión MULTIPHARMA - Marca denominativa anterior de la Unión MUNDIPHARMA - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009»])
Recurrente: Mundipharma AG (Basilea, Suiza) (representante: F. Nielsen, abogado)
Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representante: P.H. Kunz, agente)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, coadyuvante ante el Tribunal General: Multipharma SA (Luxemburgo, Luxemburgo) (representantes: P. Goldenbaum e I. Rohr, abogadas)
Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 22 de enero de 2016 (asunto R 2950/2014-1) relativa a un procedimiento de oposición entre Mundipharma y Multipharma.
Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 22 de enero de 2016 (asunto R 2950/2014-1).
La EUIPO cargará con sus propias costas y con las de Mundipharma AG, incluidos los gastos indispensables efectuados por Mundipharma a efectos del procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO.
Multipharma SA cargará con sus propias costas.
Sentencia del Tribunal General de 8 de noviembre de 2017 — Oakley/EUIPO — Xuebo Ye (Representación de una elipse discontinua)
(Asunto T-754/16) (1)
([«Marca de la Unión Europea - Procedimiento de oposición - Solicitud de registro de una marca figurativa de la Unión que representa una silueta en forma de elipse discontinua - Marca figurativa anterior de la Unión que representa una elipse - Motivos de denegación relativos - Artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento (UE) 2017/1001]»])
Recurrente: Oakley, Inc. (Foothill Ranch, California, Estados Unidos) (representantes: E. Ochoa Santamaría y V. Rodríguez Pombo, abogadas)
Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representante: S. Palmero Cabezas, agente)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO: Xuebo Ye (Wenzhou, China)
Recurso interpuesto contra la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 31 de agosto de 2016 (asunto R 2608/2015-4) relativa a un procedimiento de oposición entre Oakley y Xuebo Ye.
Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 31 de agosto de 2016 (asunto R 2608/2015-4) en la parte en que confirmó la resolución de la División de Oposición y desestimó la oposición en la medida en que ésta se basaba en el motivo contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea].
(1) DO C 14 de 16.1.2017.
Sentencia del Tribunal General de 8 de noviembre de 2017 — Isocell/EUIPO — iCell (iCell.)
(Asunto T-776/16) (1)
([«Marca de la Unión Europea - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca figurativa de la Unión iCell. - Marca denominativa anterior de la Unión Isocell, marca internacional denominativa anterior Isocell y marcas internacional y nacional denominativas anteriores ISOCELL - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»])
Recurrente: Isocell GmbH (Neumarkt am Wallersee, Austria) (representante: C. Thiele, abogado)
Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representante: A. Schifko, agente)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, coadyuvante ante el Tribunal General: iCell AB (Älvdalen, Suecia) (representante: J. Kroher, abogado)
Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 15 de septiembre de 2016 (asunto R 2496/2015-1) relativa a un procedimiento de oposición entre Isocell e iCell.
Condenar en costas a Isocell GmbH.
Sentencia del Tribunal General de 8 de noviembre de 2017 — Isocell/EUIPO — iCell (iCell. Insulation Technology Made in Sweden)
(Asunto T-777/16) (1)
([«Marca de la Unión Europea - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca figurativa de la Unión iCell. Insulation Technology Made in Sweden - Marca denominativa anterior de la Unión Isocell, marca internacional denominativa anterior Isocell y marcas internacional y nacional denominativas anteriores ISOCELL - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»])
Recurso interpuesto contra la resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 28 de julio de 2016 (asunto R 181/2016-1) relativa a un procedimiento de oposición entre Isocell e iCell.
Sentencia del Tribunal General de 8 de noviembre de 2017 — Steiniger/EUIPO — ista Deutschland (IST)
(Asunto T-80/17) (1)
([«Marca de la Unión Europea - Procedimiento de oposición - Solicitud de marca figurativa de la Unión IST - Marca figurativa anterior de la Unión ISTA - Motivo de denegación relativo - Riesgo de confusión - Público pertinente - Similitud de los productos y servicios - Similitud de los signos - Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001]»])
Recurrente: Ingo Steiniger (Nümbrecht, Alemania) (representante: K. Schulze Horn, abogada)
Recurrida: Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (representantes: V. Mensing y A. Schifko, agentes)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la EUIPO, coadyuvante ante el Tribunal General: ista Deutschland GmbH (Essen, Alemania) (representante: F. Lindenberg, abogado)
Recurso interpuesto contra la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 1 de diciembre de 2016 (asunto R 2242/2015-5) relativa a un procedimiento de oposición entre ista Deutschland y el Sr. Steiniger.
Condenar en costas al Sr. Ingo Steiniger.
(1) DO C 112 de 10.4.17.
Recurso interpuesto el 11 de septiembre de 2017– Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija/JUR
(Asunto T-623/17)
Demandante: Previsión Sanitaria Nacional, PSN, Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija (Madrid, España) (representante: R. Ariño Sánchez, abogado)
Demandada: Junta Única de Resolución
Anule el acto impugnado;
En cualquier caso, acuerde la obligación de adjudicar el contrato de servicios para la evaluación definitiva y para la evaluación a que se refieren los arts. 20.16 a 19 del Reglamento 806/2014, mediante un procedimiento sujeto a concurrencia competitiva, en el que no pueda participar el experto que valoró el Banco de modo provisional, y reconociendo el derecho de los perjudicados por el acto original a ser oídos en el procedimiento de valoración a posteriori, accediendo a todo el procedimiento administrativo, y teniendo derecho al mayor contravalor que pudiera resultar a posteriori, el cual deberá ser satisfecho por el adjudicatario del Banco [Banco de Santander] o, subsidiariamente, por la JUR;
Independientemente del suplico II, y como petición accesoria al suplico I, condene a la JUR al abono a PSN de la cantidad de 276 201,42 euros, más intereses legales a contar desde la fecha de esta demanda.
Los motivos y principales alegaciones son similares a los alegados en los asuntos T-478/17, Mutualidad de la Abogacía y Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos/Junta Única de Resolución, T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán y Bueno y SFL/Junta Única de Resolución, T-482/17, Comercial Vascongada Recalde/Comisión y Junta Única de Resolución, T-483/17, García Suárez y otros/Comisión y Junta Única de Resolución, T-484/17, Fidesban y otros/Junta Única de Resolución, T-497/17, Sánchez del Valle y Calatrava Real State 2015/Comisión y Junta Única de Resolución, y T-498/17, Pablo Álvarez de Linera Granda/Comisión y Junta Única de Resolución.
Recurso interpuesto el 27 de septiembre de 2017 — Anabi Blanga/EUIPO — Polo/Lauren (HPC POLO)
(Asunto T-657/17)
Recurrente: Gidon Anabi Blanga (Ciudad de México, México) (representante: M. Sanmartín Sanmartín, abogada)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: The Polo/Lauren Company LP (Nueva York, Estados Unidos)
Solicitante: Parte recurrente
Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «HPC POLO» — Solicitud de registro n.o 13531462
Resolución impugnada: Resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 14 de junio de 2017 en el asunto R 2368/2016-1
Recurso interpuesto el 21 de septiembre de 2017 — Alkarim for Trade and Industry/Consejo
(Asunto T-667/17)
Demandante: Alkarim for Trade and Industry LLC (Tal Kurdi, Siria) (representantes: J.-P. Buyle y L. Cloquet, abogados)
Anule, en lo que atañe a la parte demandante, la Decisión (PESC) 2017/1245 del Consejo, de 10 de julio de 2017, por la que se aplica la Decisión 2013/255/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria.
Anule, en lo que atañe a la parte demandante, el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1241 del Consejo, de 10 de julio de 2017, por el que se aplica el Reglamento (UE) n.o 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria.
Condene al Consejo a cargar con la totalidad de costas y gastos del procedimiento, incluso los causados por la parte demandante.
Primer motivo, basado en la existencia de error manifiesto de apreciación de los hechos, en la medida en que el Consejo no aporta ningún tipo de prueba de que la parte demandante sea un conglomerado sirio de empresas reconocido internacionalmente.
Para la parte demandante, esa alegación, que entiende completamente erróneamente, revela una serie de inexactitudes materiales del enfoque del Consejo.
Estima además que podrá probar que no es una gran empresa sino que se corresponde con lo que la normativa europea considera pequeña o mediana empresa y que no goza de notoriedad internacional alguna.
Considera asimismo que el Consejo no tuvo en cuenta ni la sentencia de 6 de abril de 2017, Alkarim for Trade and Industry/Consejo (T-35/15, no publicada, EU:T:2017:262), ni la sentencia de 11 de mayo de 2017, Abdulkarim/Consejo (T-304/15, no publicada, EU:T:2017:327), en las que el Tribunal General anuló, por errores manifiestos de apreciación en que había incurrido el Consejo, las sanciones dirigidas respectivamente contra la parte demandante y contra el Sr. Wael Abdulkarim.
Segundo motivo, basado en la violación del principio general de proporcionalidad, puesto que entiende que las medidas impugnadas:
Acarrean la exclusión de la parte demandante del comercio internacional, dado que una parte sustancial de sus negocios son con proveedores y clientes europeos.
Pueden dejar en papel mojado una serie de contratos anteriores y actuales y pueden dar lugar, sin justificación alguna, a que exista responsabilidad contractual y cuasidelictual de la parte demandante para con sus clientes y co-contratantes. La parte demandante considera que dicha sanción resultaría totalmente desproporcionada.
Tercer motivo, basado en una vulneración desproporcionada del derecho a la propiedad y del derecho a ejercer una actividad profesional, puesto que, mediante las sanciones adoptadas, el Consejo menoscabó sin remedio el derecho a la propiedad y el derecho a ejercer actividades económicas de la parte demandante, infringiendo de ese modo el Primer Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. La parte demandante considera que no puede impedírsele el disfrute pacífico de sus bienes y su libertad económica, por lo que está justificada la anulación de las medidas impugnadas en la medida en que la afectan.
Cuarto motivo, basado en la existencia de desviación de poder, puesto que las medidas adoptadas por el Consejo carecen de efectos frente al régimen sirio y puesto que la parte demandante ha mantenido siempre su independencia frente al poder. Así pues, la parte demandante estima que las sanciones impuestas por el Consejo carecen de fundamento y pruebas y que su objetivo no es el régimen sirio sino sólo la parte demandante, sin que conozca los motivos de ello.
Quinto motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación establecido en el artículo 296, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Sobre este particular, la parte demandante sostiene que la motivación dada por el Consejo para fundamentar las medidas impugnadas incurre en elipsis y no se refiere a ningún dato concreto relevante por el que pueda dilucidar la razón de que se la considere «un conglomerado de empresas sirio reconocido internacionalmente que está vinculado a Wael Abdulkarim, el cual está incluido en la lista como un destacado hombre de negocios que opera en Siria».
Recurso interpuesto el 11 de octubre de 2017 — Man Truck & Bus/EUIPO — Halla Holdings (MANDO)
(Asunto T-698/17)
Recurrente: Man Truck & Bus AG (Múnich, Alemania) (representante: C. Röhl, abogado)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Halla Holdings Corp. (Yongin-si, República de Corea)
Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «MANDO» — Solicitud de registro n.o 11276144
Resolución impugnada: Resolución de la Primera Sala de Recurso de la EUIPO de 13 de julio de 2017 en el asunto R 1919/2016-1
Recurso interpuesto el 12 de octubre de 2017 — Chipre/EUIPO — Papouis Dairies (Papouis Halloumi)
(Asunto T-703/17)
Recurrente: República de Chipre (representantes: V. Marsland, Solicitor y S. Malynicz, QC)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: Papouis Dairies LTD (Nicosia, Chipre)
Marca controvertida: Marca figurativa de la Unión en color que incluye los elementos denominativos «Papouis Halloumi» — Solicitud de registro n.o 11176344
Resolución impugnada: Resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO de 3 de agosto de 2017 en el asunto R 2924/2014-4
Condene a la EUIPO y a la otra parte a cargar con sus propias costas y con las de la recurrente.
Recurso interpuesto el 12 de octubre de 2017 — OPS Újpest/Comisión
(Asunto T-708/17)
Demandante: OPS Újpesti Csökkentmunkaképességűek Ipari és Kereskedelmi Kft. (Budapest, Hungría) (representante: L. Szabó, abogado)
Con carácter principal, declare que la Decisión de la Comisión SA. 29432 — CP 290/2009 — Hungría — «Ayuda para el empleo de trabajadores discapacitados supuestamente contraria a Derecho debido al carácter discriminatorio de la normativa», de 20 de julio de 2011, y la Decisión de la Comisión SA.45498 (FC/2016) — «Denuncia de OPS Újpest-lift Kft. en relación con las ayudas estatales concedidas entre 2006 y 2012 a favor de las empresas que emplean a trabajadores discapacitados», de 25 de enero de 2017, (en lo sucesivo, «Decisiones impugnadas») no declaran la compatibilidad de la ayuda estatal sobre la base del artículo 107 TFUE, apartado 1.
Subsidiariamente, declare que las Decisiones impugnadas no constituyen actos jurídicamente vinculantes para la parte demandante en el procedimiento de reclamación de indemnización de daños y perjuicios iniciado por esa misma parte contra el Emberi Erőforrások Minisztériuma (Ministerio de Recursos Humanos, Hungría), y que está siendo tramitado con el número 28. P. 21.072/2016 (posteriormente, 28. P. 21.143/2017) ante el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría), ya que la demandante fundamenta su pretensión de indemnización en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, y no en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 3.
En caso de que las Decisiones impugnadas deban calificarse como actos jurídicos vinculantes para la parte demandante en el procedimiento de reclamación de indemnización de daños y perjuicios basado en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, declare la nulidad de las Decisiones impugnadas, dado que la ayuda estatal concedida por las autoridades húngaras infringe el artículo 107 TFUE, apartado 1.
En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca una base jurídica en relación con cada pretensión.
Fundamentación jurídica de la primera pretensión
Las Decisiones impugnadas no declaran la compatibilidad de la ayuda estatal sobre la base del artículo 107 TFUE, apartado 1; por este motivo, dichas Decisiones no constituyen actos jurídicamente vinculantes en el contexto del procedimiento de reclamación de indemnización de daños y perjuicios iniciado por la parte demandante contra el Emberi Erőforrások Minisztériuma (Ministerio de Recursos Humanos, Hungría) ante el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría).
Fundamentación jurídica de la segunda pretensión
En las Decisiones impugnadas la Comisión declaró la compatibilidad de la ayuda estatal no sobre la base del artículo 107 TFUE, apartado 1, invocado por la parte demandante, sino sobre la base del artículo 107 TFUE, apartado 3. Por consiguiente, dichas Decisiones carecen de relevancia en relación con la fundamentación jurídica de la pretensión formulada en el procedimiento de reclamación de indemnización de daños y perjuicios que está siendo tramitado ante el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría) y no constituyen actos jurídicamente vinculantes para la parte demandante.
Fundamentación jurídica de la tercera pretensión
A juicio de la parte demandante, las Decisiones impugnadas son nulas porque las autoridades húngaras concedieron una ayuda estatal ilegal que infringe el artículo 107 TFUE, apartado 1, y de la que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 TFUE, apartado 3, la Comisión hubiera debido ser informada. Para fundamentar la ilegalidad de la ayuda, la demandante invoca la Comunicación de la Comisión relativa al concepto de ayuda estatal conforme a lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del [TFUE] (1) y el Reglamento (CE) n.o 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos [107 TFUE] y [108 TFUE] (Reglamento general de exención por categorías) (2).
(1) DO 2016, C 262, p. 1.
(2) DO 2008, L 214, p. 3.
Recurso interpuesto el 13 de octubre de 2017 — M-Sansz/Comisión
(Asunto T-709/17)
Demandante: M-Sansz Kereskedelmi, Termelő és Szolgáltató Kft. (Pécs, Hungría) (representante: L. Szabó, abogado)
Con carácter principal, declare que la Decisión de la Comisión SA.29432 — CP 290/2009 — Hungría — «Ayuda para el empleo de trabajadores discapacitados supuestamente contraria a Derecho debido al carácter discriminatorio de la normativa», de 20 de julio de 2011, y la Decisión de la Comisión SA.45498 (FC/2016) — «Denuncia de OPS Újpest-lift Kft. en relación con las ayudas estatales concedidas entre 2006 y 2012 a favor de las empresas que emplean a trabajadores discapacitados», de 25 de enero de 2017, (en lo sucesivo, «Decisiones impugnadas») no declaran la compatibilidad de la ayuda estatal sobre la base del artículo 107 TFUE, apartado 1.
Subsidiariamente, declare que las Decisiones impugnadas no constituyen actos jurídicamente vinculantes para la parte demandante en el procedimiento de reclamación de indemnización de daños y perjuicios iniciado por esa misma parte contra el Emberi Erőforrások Minisztériuma (Ministerio de Recursos Humanos, Hungría), y que está siendo tramitado con el número 23. P. 25.843/2016 ante el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría), y que, por este motivo, la parte demandante no es una parte afectada directa e individualmente, ya que fundamenta su pretensión de indemnización en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, y no en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 3.
Recurso interpuesto el 13 de octubre de 2017 — Lux-Rehab Non-Profit /Comisión
(Asunto T-710/17)
Demandante: LUX-REHAB Foglalkoztató Non-Profit Kft. (Szombathely, Hungría) (representante: L. Szabó, abogado)
Subsidiariamente, declare que las Decisiones impugnadas no constituyen actos jurídicamente vinculantes para la parte demandante en el procedimiento de reclamación de indemnización de daños y perjuicios iniciado por esa misma parte contra el Emberi Erőforrások Minisztériuma (Ministerio de Recursos Humanos, Hungría), y que está siendo tramitado con el número 66. P. 22.195/2017 ante el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría), y que, por este motivo, la parte demandante no es una parte afectada directa e individualmente, ya que fundamenta su pretensión de indemnización en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, y no en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 3.
Recurso interpuesto el 9 de octubre de 2017 — Ntolas/EUIPO — General Nutrition Investment (GN Laboratories)
(Asunto T-712/17)
Recurrente: Christos Ntolas (Wuppertal, Alemania) (representante: C. Renger, abogado)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: General Nutrition Investment Co. (Delaware, Arizona, Estados Unidos)
Marca controvertida: Marca denominativa de la Unión «GN Laboratories» — Solicitud de registro n.o 11223559
Resolución impugnada: Resolución de la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO de 18 de julio de 2017 en el asunto R 2358/2016-5
Desestime la oposición formulada contra la solicitud de marca comunitaria n.o 011223559.
Recurso interpuesto el 14 de octubre de 2017 — Motex/Comisión
(Asunto T-713/17)
Demandante: MOTEX Ipari és Szolgáltató Rehabilitációs Kft. (Esztergom-Kertváros, Hungría) (representante: L. Szabó, abogado)
Subsidiariamente, declare que las Decisiones impugnadas no constituyen actos jurídicamente vinculantes para la parte demandante en el procedimiento de reclamación de indemnización de daños y perjuicios iniciado por esa misma parte contra el Emberi Erőforrások Minisztériuma (Ministerio de Recursos Humanos, Hungría), y que está siendo tramitado con el número 18. G. 40.399/2017 ante el Fővárosi Törvényszék (Tribunal General de la Capital, Hungría), y que, por este motivo, la parte demandante no es una parte afectada directa e individualmente, ya que fundamenta su pretensión de indemnización en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 1, y no en la infracción del artículo 107 TFUE, apartado 3.
Recurso interpuesto el 10 de octubre de 2017 — Aeris Invest/JUR
(Asunto T-714/17)
Demandante: Aeris Invest Sàrl (Luxembourg, Luxemburgo) (representante: M. Roca Junyent, J. Calvo Costa, R. Vallina Hoset y A. Sellés Marco, abogados)
Declare la responsabilidad extracontractual de la Junta Única de Resolución y la condene a reparar el daño sufrido por la parte demandante derivado del conjunto de sus acciones y omisiones que le privaron de las obligaciones y títulos de los que era propietario de BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.;
Condene a la Junta a pagar a esta parte como importe en concepto de reparación por el perjuicio sufrido (el «importe exigible»):
Con carácter principal, el reembolso de las inversiones efectuadas, de 113 022 558,44 euros en acciones de Banco Popular;
Con carácter subsidiario respecto a la anterior, el pago de 93,74 millones de euros; o, alternativamente,
Con carácter totalmente subsidiario, el pago de 54,29 millones de euros.
Acuerde incrementar el importe exigible mediante intereses compensatorios a partir del 7 de junio de 2017 hasta el pronunciamiento de la sentencia que resuelva el procedimiento;
Acuerde incrementar el importe exigible con los intereses de demora correspondientes desde que se dicte la presente sentencia hasta el pago íntegro del importe exigible, al tipo fijado por el BCE para las principales operaciones de refinanciación, aumentado en dos puntos porcentuales;
Condene en costas a la Junta de resolución.
Los motivos y alegaciones principales son similares a los invocados en el asunto T-659/17, Vallina Fonseca/JUR.
Auto del Tribunal General de 25 de octubre de 2017 — Franmax/EUIPO — R. Seelig & Hille (her-bea)
(Asunto T-97/17) (1)
(1) DO C 112, de 10.4.2017.

References: Artículo 3
 Artículo 207
 artículo 108
 Artículo 1
 Artículo 57
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 218
 Artículo 1
 artículo 4
 Artículo 2
 Artículo 27
 Artículo 29
 Artículo 3
 Artículo 2
 Artículo 1
 Artículo 220
 Resolución 
 resolución 
 artículo 101
 artículo 101
 Artículo 8
 artículo 8
 Artículo 8
 artículo 8
 Artículo 47
 Artículo 47
 Artículo 8
 Artículo 8
 artículo 8
 Artículo 8
 artículo 8
 Artículo 8
 artículo 8
 Artículo 8
 artículo 8
 Artículo 3
 Artículo 207
 artículo 108
 Artículo 1
 Artículo 57
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 218
 Artículo 1
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 198
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 198
 Real Decreto 
 artículo 132
 Artículo 2
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 Artículo 3
 Artículo 2
 Artículo 1
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 1
 Artículo 220
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 243
 resolución 
 artículo 220
 artículo 869
 artículo 871
 artículo 220
 artículo 871
 artículo 220
 artículo 220
 artículo 875
 artículo 873
 artículo 220
 artículo 875
 artículo 873
 artículo 220
 artículo 101
 artículo 101
 artículo 273
 artículo 16
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 63
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 306
 artículo 306
 artículo 98
 artículo 6
 artículo 47
 artículo 41
 artículo 6
 artículo 47
 artículo 6
 artículo 47
 artículo 8
 artículo 7
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 23
 artículo 102
 artículo 23
 artículo 102
 artículo 23
 artículo 102
 artículo 15
 artículo 31
 artículo 47
 artículo 47
 artículo 45
 artículo 15
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 18
 artículo 18
 Artículo 8
 artículo 8
 resolución 
 Artículo 8
 artículo 8
 resolución 
 resolución 
 Artículo 47
 artículo 268
 Artículo 47
 artículo 268
e contrario
 Artículo 8
 resolución 
 resolución 
 Artículo 8
 artículo 8
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 8
 Artículo 8
 artículo 8
 resolución 
 Artículo 8
 artículo 8
 resolución 
 Artículo 8
 artículo 8
 resolución 
 Resolución

Resolución 
 Resolución 
 artículo 296

Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 108
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 107

Resolución 
 Resolución 
 artículo 107
 artículo 107
 Resolución