Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2004/A004A-04.htm
Timestamp: 2017-11-20 21:07:17+00:00

Document:
A004A-04
Auto 004A/04
CORTE CONSTITUCIONAL-Conocimiento directo del conflicto de competencia para evitar dilaciones injustificadas/CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-La peticionaria no tiene por que sufrir la mora en los términos sobre interpretación de normas de competencia para conocer de la acción de tutela
CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS-Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
Referencia: ICC-766
Conflicto de Competencia entre el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca -Sección Segunda Subsección A- y el Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar -Sala de Decisión-.
Provee la Corte en relación con el aparente Conflicto de Competencia suscitado entre el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca -Sección Segunda Subsección A- y el Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar -Sala de Decisión-, en la acción de tutela promovida a través de apoderado judicial por el Señor Lucas Barrios Polo y Otros contra la Nación -Ministerio de Protección Social-.
1. El 15 de septiembre de 2003, el doctor Ramiro Mejía Correa interpuso acción de tutela ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, contra la Nación -Ministerio de Protección Social-, con el fin de que se tutele el derecho a la igualdad de sus representados y en tal medida como mecanismo transitorio, se haga a ellos extensivo el fallo dictado por el Consejo de Estado el día 3 de julio de 2003.
2. Mediante providencia del 16 de septiembre de 2003, el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca -Sección Segunda Subsección A-, consideró que dado que el lugar de ocurrencia de los hechos que configuraban la presunta vulneración no ocurrió en Cundinamarca sino en el Departamento de Bolívar (sitio de residencia de los accionantes), debía darse aplicación a lo establecido en el inciso primero del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, según el cual, son competentes para conocer de las acciones de tutela los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurra la violación o amenaza del derecho, de tal manera estimó que la competencia correspondía al Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar. En consecuencia, remitió el expediente al mencionado Tribunal para que conociera del caso.
3. Por su parte el Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar -Sala de Decisión-, manifestó en auto del 2 de octubre de 2003, que es claro que como la tutela se dirige contra una autoridad del orden nacional, el conocimiento de la misma efectivamente corresponde al Tribunal Contencioso Administrativo, sin embargo plantea que el problema radica en determinar, si realmente es competente para conocer de la acción impetrada el Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar, por razón territorial.
En tal sentido considera que dado que la vulneración o amenaza del derecho fundamental invocado, se origina con la expedición de la Resolución No. 00482 de 2002 “por la cual se excluye de la nomina de pensionados y se abstiene de pagar las mesadas correspondientes a los trabajadores que carecen de titulo de derecho pensional”, emitido por el Ministerio de Protección Social a través del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia, el cual tiene su sede en la ciudad de Bogotá y que además, como dicho Ministerio no cuenta con personería propia y por lo tanto se ampara bajo la personería del Estado Colombiano que se encuentra en todo el territorio nacional, al demandante le cabía la facultad de escoger en dónde interponer la acción, lo cual efectivamente hizo al realizar la presentación de la demanda ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y en esta medida al no compartir la tesis del Tribunal remitente, ordena enviar a la Corte Constitucional el presente asunto para que sea ésta la que dirima la colisión de competencia.
1.- Esta Corporación en ocasiones anteriores ha manifestado,[1] que los conflictos de competencia suscitados durante el trámite de la acción de tutela, deben ser resueltos por la Corte Constitucional únicamente cuando la controversia ha sido planteada entre autoridades judiciales que hacen parte de distintas jurisdicciones y que por tanto, carecen de un superior jerárquico común.
2.- No obstante lo anterior, cabe precisar que en algunas casos la Corte ha asumido de manera directa el conocimiento de conflictos de competencia entre organismos judiciales que tienen superior jerárquico común, ello con el fin de garantizar de manera oportuna la protección de los derechos fundamentales y en aplicación de los principios de celeridad, y sumariedad que reviste el proceso de tutela.
En efecto recientemente la Corte al resolver un conflicto de competencia plantado entre el Juzgado 61 Civil Municipal de Bogotá y el Juzgado 14 Civil Municipal de Medellín, manifestó mediante auto del 2 de diciembre de 2003, expediente ICC-755, M.P., Marco Gerardo Monroy Cabra, lo siguiente:
“l. En pronunciamientos anteriores, esta Corporación estableció que no está dentro de sus atribuciones resolver conflictos de competencia entre jueces de la misma jurisdicción que cuenten con un superior jerárquico común.[2]
2. En el presente conflicto de competencia el superior jerárquico común del Juzgado 61 Civil Municipal de Bogotá y el Juzgado 14 Civil Municipal de Medellín es la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Es esta quien en principio debería conocer del presente conflicto. [4]
3. A pesar de que la Corte ha reconocido reiteradamente que su competencia es residual y que cuando los jueces en conflicto tengan un superior jerárquico común que pueda conocer del conflicto no le corresponde a esta Corporación hacerlo, en virtud de los principios de celeridad y sumariedad en el procedimiento de tutela, y del derecho al acceso oportuno a la administración conflictos de competencia teniendo en cuenta el objetivo de garantizar la mejor protección de los derechos fundamentales. Ha dicho la Corporación:
"No puede olvidar esta Corte, y este ha sido su criterio, que la resolución de los conflictos de competencia debe atender dos principios básicos que orientan la protección de los derechos fundamentales, como objetivo primordial de la Constitución de 1991 y de la consagración de la acción de tutela. Estos principios son, en primer lugar, la eficacia de los derechos fundamentales (art. 2 c.P.), para lo cual es necesario -las más de las veces- atender al postulado de prevalencia del derecho substancial sobre el procedimental; y en segundo lugar, la sumariedad, celeridad e informalidad del procedimiento de tutela (art. 86 c.P.), entendidos como condición necesaria para la protección real y oportuna de este tipo especial de derechos constitucionales.
La Corte no puede ser permisiva con la dilación de los términos ni con la renuencia de las autoridades a asumir de manera definitiva el conocimiento de las solicitudes de tutela. En este sentido, la Sala considera que remitir a la Corte Suprema las presentes diligencias para que ella resuelva el conflicto de competencia, agravaría aun más la situación de la peticionaria, quien por demás, no tiene por que sufrir la mora que aparejan los problemas de interpretación de las normas de competencia para conocer de la acción de tutela. [5]
4. Dado el tiempo transcurrido desde la interposición de la tutela hasta la fecha en que esta Corporación conoce del conflicto de competencia, la Sala considera necesario entrar a resolver de manera directa la presente colisión.”
De igual manera esta Corporación al resolver un conflicto de competencia planteado entre las Salas Penal y Civil-Familia del Tribunal Superior de Buga, precisó en auto del 30 de septiembre de 2003, expediente ICC-720, M.P., Eduardo Montealegre Lynett, lo siguiente:
“6. Siguiendo el orden del argumento plasmado en la consideración anterior, para la Corte es claro que, al ser las Salas Penal y Civil-Familia del Tribunal Superior de Buga autoridades judiciales de igual categoría y de idéntica especialidad (en tanto actúan en este asunto como integrantes de la jurisdicción constitucional), la competencia para resolver de esta colisión corresponderá a su superior jerárquico, es decir a la Corte Suprema de Justicia.
En este caso la solicitud de tutela impetrada por Hilda Ordóñez González fue sometida a reparto entre las distintas Salas del Tribunal Superior de Buga, correspondiendo para su conocimiento a la Sala Penal. Esta sola situación (la adjudicación por reparto) basta a la Corte para determinar que es precisamente la Sala Penal, la autoridad competente para conocer de la acción de tutela aludida.”
3.- Tomando en consideración lo expresado anteriormente, así como el tiempo transcurrido desde la interposición de la tutela en referencia hasta la fecha, y en aras de garantizar el derecho al acceso oportuno a la administración de justicia de los demandantes y los principios de prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimental, de celeridad, eficacia e informalidad del trámite de tutela, la Corte entrará a resolver el conflicto de competencia planteado de la siguiente manera:
3.1 De conformidad con lo establecido en el numeral primero del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000,[6] corresponde a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura, conocer en primera instancia de las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional.
3.2 En ese orden de ideas, tendrían en principio competencia para conocer del asunto, tanto el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca -Sección Segunda Subsección A- como el Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar -Sala de Decisión-.
3.3 Ahora bien, teniendo en cuenta que la vulneración o amenaza del derecho fundamental invocado, se origina con la expedición de la Resolución No. 00482 de 2002 emitida por el Ministerio de Protección Social a través del Grupo Interno de Trabajo para la Gestión del Pasivo Social de la Empresa Puertos de Colombia y que el actor dirigió la acción de tutela al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la interpretación correcta de la expresión "se repartirán para su conocimiento" del artículo 1º del decreto 1382 de 2000, debe entenderse en el contexto de la competencia a prevención y de la libertad del actor, en los términos de los artículos 86 de la Constitución, 37 del Decreto 2591 de 1991 y 1º del Decreto 1382 de 2000.
Por lo tanto, la Corte ordenará al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, asumir de forma inmediata el conocimiento de la acción de tutela presentada a través de apoderado judicial por el Señor Lucas Barrios Polo y Otros contra la Nación -Ministerio de Protección Social-.
Remitir al Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Segunda Subsección A-, el expediente de la acción de tutela promovida por el doctor Ramiro Mejía Correa en representación del señor Lucas Barrios Polo y Otros contra la Nación -Ministerio de Protección Social-., para que la tramite y decida en forma inmediata.
Salvamento de voto al Auto 004A/04
Referencia: expediente ICC-766
Peticionario: Lucas Barrios Polo
[1]Ver entre otros los Autos 073 de 2003, 068 de 2002, 044 de 1998 y la Sentencia C-037/96.
[2] Ver auto A-044/98, M.P. José Gregorio Hemández Galindo (En esta ocasión la Corte se abstuvo de dirimir un conflicto de competencia entre el Juzgados 25 Civil del Circuito de Bogotá y 5 Civil del Circuito de Neiva y remitió el conflicto a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil para su solución)
[3] Ver auto del 14 de marzo de 2001 ICC-147 Magistrado ponente Marco Gerardo Momoy Cabra
[4] Tal afirmación se complementa y soporta con el artículo 16 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia que contempla:
"(...)Las Salas de Casación Civil y Agraria, Laboral y Penal, actuarán según su especialidad como tribunal de casación. También conocerán de los conflictos de competencia que, en el ámbito de sus especialidades, se susciten entre las Salas de un mismo Tribunal, o entre Tribunales, o entre éstos y Juzgados de otro distrito, o entre juzgados de diferentes distritos. "
[5] Ver ICC- 720 del 30 de septiembre de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, en el cual esta Corporación conoció de manera directa un conflicto de competencia entre las salas Civil-Familia y Penal del Tribunal Superior de Buga, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia era la entidad que, en principio, debía resolverlo, toda vez que habían transcurrido más de tres meses desde la interposición de la tutela sin que esta pudiera haber sido resuelta en virtud de la colisión. Ver también ICC-711, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, en el cual la Corte asumió conocimiento del conflicto entre el Juzgado 26 Penal del Circuito de Bogotá y el Tribunal Superior de Bogotá -Sala Penal- a pesar de que, en virtud de la competencia residual de esta Corporación debería conocer la Corte Suprema de Justicia. Para el momento de la resolución del conflicto de competencia ya habían transcurrido más de 6 meses desde la interposición de la tutela.
[6]El referido numeral señala: "1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura."

References: artículo 37
 Resolución 
 resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 16
 resolución