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Timestamp: 2018-08-16 09:58:53+00:00

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Derechos laborales de los periodistas | Derecho en Zapatillas by Sergio Mohadeb
admin | El 08, Jun 2015
Actualizado a febrero de 2016. Cuáles son los derechos laborales de los periodistas en la argentina, qué dice el estatuto del periodista profesional, cuáles son las prácticas más comunes y cómo afectan a los derechos de los periodistas. ¿Cuáles son los derechos laborales de los periodistas? ¿Se cumple el estatuto del periodista y el convenio que regulan la actividad?
La periodista coautora de esta nota aceptó participar a condición de mantener su anonimato, igual que otros que mandaron algunas líneas desde un cyber chino. Prefirieron no ser citados porque las empresas están cada vez más atentas a la actividad del trabajador, especialmente en Internet. Y no me refiero a medios independientes sino al trabajador de prensa que escribe a pedido de un medio lucrativo, y que no necesariamente comparte su línea editorial (una de las premisas es la diferencia entre el trabajador y la empresa de prensa…).
El primer derecho es cobrar
“El 98% de los medios que te llaman, cuando les decís que cobrás, te dicen ah, muchas gracias, chau. Y llaman a otro para encontarlo gratis“, tuiteó el periodista Alejo Schapire desde París. Cuando le pregunté si eso hacían los argentinos respondió: “todos“. Por eso, el primer derecho, aunque suene básico, es cobrar por la tarea, como cualquier profesional.
De la Moleskine al IPad pero colgados del WiFi
Entre periodistas profesionales, oficio que según la ONU rankea entre los más peligrosos del mundo (así escriba desde una trinchera o sobre vedetonga y políticos), se rumorea esta frase: «Eameo, ¿Tenés una factura para prestarme?» Varios medios le imponen a sus trabajadores el monotributo en lugar de registrar la relación laboral, estar en relación de dependencia, y dejar atrás la precarización. Hoy, el periodista empleado y en blanco ha pasado a ser una rara avis de varias redacciones.
Una vez entregada la entrevista o nota con la factura llega el momento de esperar que a fin de mes el editor la encuentre en su cajón —entre los saquitos de té y azúcar— y se la pase a la administración. En caso de ser un freelancer requerido y contar con factura propia solo resta esperar que la secretaria avise vía mail que ya podés retirar el cheque (del cual el banco descontará el impuesto).
El objetivo de todo periodista suelto o que hace frilos no es registrarse como monotributista para dejar de pedir facturas prestadas (cosa que tampoco debería), sino que en algún momento lo tomen efectivo y así poder gozar de una estabilidad económica, ART, aguinaldo y vacaciones para irse directo a Las Toninas. Así se autodefinía un trabajador de la máquina de escribir, y ahora la PC, «cero vacaciones, cero ART, cero aguinaldo. Somos proveedores, como camiones de coca cola».
Además, «el tema es que ser freelance en EE.UU. no es lo mismo que ser freelance en Argentina. Ser freelance en Argentina es estar “afuera”. Pueden prescindir de vos cuando quieran, porque se les antoja. O no aceptarte una nota un mes. En verano es el peor momento», agrega otra fuente. Y ni hablar de la paga. Para cerrar, pasa que «cuando llegás a las 24 colaboraciones, a partir de las cuales te tienen que efectivizar por ley, te planchan».
¿Una colaboración por favor?
La “ley” es el estatuto que regula los derechos laborales de los periodistas, y quien explica esto es Cesar Francis, periodista y abogado que asesoró a muchos trabajadores de prensa. A veces el medio congela al periodista que está a punto de cumplir el umbral… «hagamos que presente una colaboración por mes así pierde el derecho», «hacete una nota más larga, de investigación»,son las tretas a las que la empresa de medios recurre.
Y toda esa manganeta que a partir de las 24 colaboraciones el periodista pase a estar en relación de dependencia como corresponde, aunque el trabajador no cumpla horarios o mande las notas por mails, da igual. «Las colaboraciones no deben computarse por año calendario sino tomar a partir de la última colaboración y 12 meses hacia atrás; muchas veces esto no se conoce», explica Francis. Y también agrega que cada columna, aunque se relacione con la misma nota o esté en la misma página, es independiente y «se computa como una colaboración más a los fines de la ley».
A los fines de la ley laboral, las formas poco importan, importan los hechos. Así, en un caso remarcaron que pese a que el «periodista deportivo, haya emitido facturas a favor de la empresa y estuviera inscripto como trabajador autónomo no empece a tener por configurada una prestación de servicios de naturaleza dependiente, ya que, frente al principio de primacía de la realidad, puede concluirse que esas circunstancias fueron exigencias formales de la empleadora para eludir la aplicación de las normas laborales».
Las columnas o notas, ¿Deben estar firmadas? Es una prueba de que el periodista las escribió, pero no la única y valen testigos, mails, facturas, pericia informática, etcétera. Claro está, es un derecho del periodista no firmar el artículo (sobre todo si no está de acuerdo con la línea editorial del medio). Una ley de la Ciudad reforzó este derecho constitucional: «Los periodistas o comunicadores sociales que desempeñen su actividad desde un medio de comunicación instalado en la Ciudad y colaboren en la redacción, investigación, elaboración, producción o conducción de la difusión de contenidos que impliquen posturas o críticas políticas con las que discrepen, en caso que su nombre o imagen aparezcan asociados a las mismas, podrán requerir que como nota a pie de página, cartón al final del programa o la modalidad análoga que corresponda según el medio, se deje constancia de que no comparten el contenido difundido».
Esto se cumple como la exigencia de firma, que algunos medios a propósito suprimen con la intención de eliminar la prueba de la colaboración. En otros medios sí se respeta.
Por las redacciones
La primera fase es superar el período de prueba de tres meses. «Confieso que trabajé en los principales medios del país y cuando menos lo esperaba llegué adonde había soñado entrar. Luego de someterme a una seguidillas entrevistas, de pasar la visita ambiental —donde mandan a alguien a ver dónde y cómo vivís, y de que el médico de la empresa, no el del preocupacional, me mirara las piernas para ver si tenía várices— me dieron la aprobación para formar parte del dream team. Pero todo tiene su costo y el mío, como el de muchos, fue el de renunciar al convenio del periodista por lo cual, entre otras cosas me hicieron un contrato de tres meses, pasé a trabajar 9 horas diarias y no gocé de ningún beneficio que brinda la empresa por estar en período de prueba», cuenta una colaboradora de esta nota.
Una vez adentro, las situaciones son dispares. En ciertos casos se cumple el convenio de prensa, en otros a medias. La primera defensa para que se cumpla esto son los gremios, que han mejorado en los últimos años, con nuevas experiencias e intentos, pero aún es una deuda pendiente, remarcan varios periodistas. Las empresas intentan que los trabajadores no formen comisiones internas, pero al final no pueden hacer nada en su contra. Estas comisiones y los delegados gremiales son intentos de trazar el camino para un sindicato fuerte que pueda controlar las condiciones laborales. Y también que haya un piso salarial más alto para el periodismo.
Una vez, un periodista me preguntó si el convenio colectivo de trabajo marcaba un tope salarial, como alegaba la empresa. «El convenio es el piso», le respondí, y le dije que el salario podía ser mejorado. «¿Ves?», le dijo a otro compañero presente en la charla, no es lo que la empresa dice. En una encuesta de un medio grande, los salarios bajos, incluso según el convenio, fueron una de las preocupaciones centrales.
Otro de los puntos que un sindicato fuerte debería controlar es la pausa para el asadito de obra, el horario de almuerzo en las empresas que deberían pagar por convenio, o las 6 horas de trabajo. Aunque tal vez sea tan importante como que durante las 6 horas el trabajador pueda hacer bien su tarea.
Hay un principio constitucional que es el de igual remuneración por igual tarea; si hacés lo mismo que otrom deberías cobrar igual. Esto no siempre se cumple para los que trabajan por Internet o en medios online. Pero son redactores. Los jueces opinaron que a los medios online también se les aplica el estatuto del periodista profesional. En el caso, los jueces entendieron que «el sitio de la demandada era similar a un diario, con la única diferencia que, en lugar de publicarse, se difunde en la red. Proporciona notas y reportajes periodísticos, etc. Consecuentemente, las tareas del actor que diseñaba los contenidos y los colocaba en portal de noticias de internet que explotaba la accionada encuadra en las disposiciones del Estatuto 12908».
Otro periodista se desempeñaba como jefe de sección para una firma dedicada a la producción de contenido periodístico para un portal de Internet. La Cámara de Apelaciones entendió que la incidencia del sueldo anual complementario debe computarse a los fines de establecer la base de cálculo de la indemnización por despido prevista en la ley 12908. Pero que el trabajador que se desempeñaba como Jefe de Sección con personal a cargo carece del derecho a percibir horas extras pues, si bien el Estatuto del Periodista nada dice en cuanto al trabajo realizado por personal jerárquico, ello está regulado en el art. 11 inc. a) de la ley 16.115/33 de Jornada de Trabajo, norma general aplicable en la especie. La sentencia completa está abajo. Igual que otra de un camarógrafo a quien la empresa lo había categorizado en desconocimiento del convenio colectivo.
En otro caso, los jueces dijeron que se aplica el estatuto a quien «coordinaba el area periodística en una página Web-sitio de internet-donde acumulan informaciones,noticias,datos de interes general o particular,debe ser regida por el estatuto periodistas,dado que su fuerza expansiva hace que este no solo se aplique a los medios periodísticosclásicos conocidos al momento de dictarse el estatuto».
Otro de los puntos pendientes es el descuento en vuelos y pasajes aéreos. El artículo 14 de la ley nacional dice que «el carnet profesional acreditará la identidad del periodista a los efectos de la obtención, cuando proceda, de las rebajas de tarifas acordadas al periodismo en el transporte, en las comunicaciones a través de diversos medios y, en general para la transmisión de noticias». Eh, ¿Alguien dijo descuento?
La ley dice que «las empresas dependientes del Estado, o aquellas en las que éste participe financieramente y que tengan a su cargo servicios de transporte marítimos, terrestres y aéreos, efectuarán la rebaja del cincuenta por ciento de sus tarifas comunes, ante la presentación del carnet profesional, cuando proceda». Aerolíneas califica, ¿Será hora de hacerlo cumplir?
Tribunales anda tranqui
El quiebre fue con el caso de Rolando Hanglin, de hace unos años, quien había firmado un contrato de locación de servicios y, para los jueces, hubo relación laboral, «esa capacidad profesional está dirigida al cumplimiento de fines empresariales del otro, que los frutos del trabajo resultan ajenos al que lo realiza y que la prestación se cumple en beneficio de un establecimiento ajeno», hay relación de dependencia.
Ahí por desborde, otros empezaron a pensar la posiblidad de reclamar sus derechos. Algunos trascienden y otros se arreglan en el SECLO, juicios hay. «La razón principal de juicios de periodistas es el fraude laboral, la facturación», dice el abogado Cesar Francis; «aparte hay casos por cambios de condiciones de trabajo, de tareas y de horarios. Como si no tuvieras una vida aparte del trabajo». Por otro lado hay juicios de pasantes, «en negro, y que pocas veces efectivizan», contaba un periodista. Y también están los periodistas que deciden trabajar gratis, «es lo peor en esto», decía otro periodista, «porque tiran a todo el colectivo abajo».
Durante el período de prueba es donde mayor vulnerabilidad se sufre, y eso incluye que las chances de un litigio sean bajas. «Fueron tres meses donde vi mis derechos pisoteados ante la actitud misógina de un jefe y la pasividad de la oficina de personal ante la denuncia por hostigamiento. El resultado fue mi desvinculación sin ningún tipo de indemnización. Descarté la posibilidad de hacer un juicio por hostigamiento porque es vox populi que si te “metés” firmás tu golden ticket para que te pongan en la lista negra. Suena tajante, pero funciona así», contaba una colaboradora.
En general, el juicio impide trabajar en el grupo, pero no es como antes que cerraba el mercado laboral, hoy algo más diversificado. «En un momento eran cinco dueños de medios y se hablaban entre ellos», dice Francis. «En los últimos años hay más opciones donde trabajar, e incluso hasta ha pasado», agrega, «que con una vez iniciado el juicio el propio medio lo ha reincorporado al periodista».
Es que la ley dice que «en todos los casos de despido injustificado el empleador abonará a su dependiente, una indemnización calculada sobre la base de un mes de sueldo por cada año o fracción mayor de tres meses de antigüedad en el servicio, con un mínimo 12 meses de sueldo», dijeron los jueces en un caso en que también encuadraron como periodista a quien prestaba tareas como «productora ejecutiva a cargo de un equipo de trabajo que realizaba tareas periodísticas y que, además, editaba notas de otros periodísticas».
La sentencia en el caso Hanglin tomó tanta repercusión que fue aleccionadora, porque hizo que se generara conciencia. Francis remarca lo que generó la sentencia del caso Hanglin, «Si ese periodista pudo, ¿por qué nosotros no podemos?»
Con el periodismo, no solo están en juego el derecho a la libre expresión del periodista y sus condiciones laborales, más allá del contexto actual del periodismo y las empresas de medios. Y esto incluye un amplio debate sobre su financiamiento y que el Estado cumpla con las pautas que sentó la corte en el caso “Perfil”, sentencia aún incumplida por el gobierno nacional.
Es que las condiciones de producción periodística necesariamente pueden repercutir sobre la calidad, sobre qué, a quiénes y cuánto se investiga, en una sociedad y democracia que, para ser república, necesita de contrapoderes y que se cumpla su derecho a la información.
A photo posted by Sergio (@derechoenzapatillas) on Jun 4, 2015 at 5:11pm PDT
Un diario de alcance nacional desconoció la antiguedad y categoría de redactor. A lo que el trabajador se dio por despedido y tuvieron que indemnizarlo: “el desconocimiento por parte de la empleadora tanto de la antigüedad como de la categoría y su incidencia en el salario, constituyeron un incumplimiento contractual grave que habilitaba al trabajador a disolver el vínculo con justa causa (arts.242 , 243 , 245 , 246 y conc. LCT).” El otro caso se trata de una radio que lo tomó de pasante varios años. Las sentencias están abajo.
Anexo con el convenio colectivo de trabajadores de prensa
(C.C.T. N° 541/08)
Iberá S.R.L. ( Diario La República) y Talleres El Túnel S.A. todos de la provincia de
CCT 403/75 (Bahía Blanca, Provincia de Bs. As) y el CCT 017/75 (Provincia de Mendoza).ÁMBITO PERSONAL
científico o especializado de cualquier otra materia en un número no menor deveinticuatro (24) anuales y que por la índole de los mismos no corresponde a las tareas
Resolución MTE y FRH 438/2001 y la Resolución 152/2001, que las empresas periodísticas
alcanzadas por este acuerdo propenderán a la incorporación de personal con cualquier
tipo de discapacidad motora y/o psicofísica que puedan desarrollar las tareas propias de
los trabajadores descriptos en la presente convención colectiva de trabajo.
desenvolvimiento de los trabajadores incorporados a partir de este convenio.Para los fines previstos en este artículo, las empresas y los sindicatos adheridos podrán
Tratándose de trabajadores que presten servicios en días inhábiles, las vacacionesdeberán comenzar al día siguiente a aquel en que el trabajador gozare del descanso
ingreso en el período de prueba establecido en el presente.Artículo 20º: Notificación: Las causales consignadas en los incisos del artículo anterior
dinero, conforme a la época de su pago.Artículo 24º: Rebaja de Sueldos: La rebaja de sueldos o comisiones u otros medios de
enfermedad serán valorizadas adecuadamente.La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no
Artículo 31º: Muerte del Trabajador: En los casos de muerte del trabajador , el cónyuge,
los beneficiarios del presente Convenio Colectivo de Trabajo.Artículo 35º: Aumentos en base a méritos y capacidad: Los sueldos establecidos en la
gremial.CAPITULO IV. COMISIÓN PARITARIA PERMANENTE.
correspondiente a la tarea que desempeñen y no efectuaran los aportes de leycorrespondientes a la seguridad social, aportes sindicales y convencionales. Alcanzan a
Empresas Periodísticas, deberán ser comunicadas por escrito al interesado.Artículo 49º: Jornada de trabajo: El horario para el personal administrativo de empresas
correrán desde el último día de más en que se comunique el despido y la notificacióndeberá hacerse por escrito. En caso de despido sin preaviso, o con preaviso dado sin los
periodística en su conjunto y, la rama prensa gráfica en particular, con el objeto de
discutir la incorporación de los institutos que la representación sindical pretende y los
Anexo con sentencia sobre aguinaldo, horas extras y derechos del periodista editor jefe de edición online
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala IV, “CCC, VVHH c. Editorial Amfin S.A. y otro s/despido”, 30/04/2013.
Sentencia sobre la categoría laboral del periodista y el convenio colectivo
Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO – SALA X SENT. DEF. EXPTE. CNT 5133/2013/CA1 (34740) JUZGADO N° 20 SALA X AUTOS: “PPP LEONARDO DAMIAN C/ EL GARAGE TV LATINO S.A. S/ DESPIDO” Buenos Aires, 24/04/2015 El DR. DANIEL E. STORTINI dijo: I. Llegan las actuaciones a esta sala con motivo de los agravios que contra la sentencia de fs. 311/319 formula la demandada a fs. 325/331, mereciendo réplica adversaria del actor a fs. 333/337. También apela a fs. 320 el perito contador por estimar bajos los honorarios que fueron regulados a su favor. II. Se agravia la demandada porque la magistrada que precede estimó probada la incorrecta categorización laboral aducida por el actor en la demanda, con la consecuente admisión de las diferencias salariales respecto del salario básico. Adelanto que la queja no tendrá favorable recepción. En el caso ha sido materia de controversia si el actor se desempeñó para la demandada como “operador de cámaras de video tape portátil” (grupo salarial 3, conf. arts. 121 y 159 del CCT 121/75) o como un “operador de cámaras” (grupo salarial 4, conf. art. 192 del convenio colectivo de trabajo ya citado), tal como lo registró y retribuyó la empleadora. La primera de ambas funciones alcanza a quienes operan cámaras videograbadoras portátiles y realizan con ellas tareas de encuadre, enfoque y diafragmación, en lugares a los cuales no es posible acceder con cámaras en los estudio o mediante unidades móviles de exteriores. La segunda, en cambio, se refiere a quienes operan las cámaras de televisión en las dos situaciones antes referidas, esto es en estudios o mediante conexión con móviles de exteriores. Ante la negativa de la demandada, correspondía al actor acreditar que sus tareas se encuadraban en el primero de ambos supuestos (art. 377 CPCCN). Considero (al igual que la magistrada que precede) que la prueba colectada corrobora que las tareas cumplidas por el actor se encuadran en la primera de las categorías laborales mencionadas. Los testigos Rotundo, Lemme, Zabalza, Bognanni, Campos y Martinini (fs. 200, 201, 216, 227, 219 y 242, respectivamente) fueron contestes en referir que la cámara que manejaba era portátil, primero en formato DV y luego en HD, porque muchas de las producciones se realizaban en exteriores, mayormente dentro del país y ocasionalmente en el extranjero. No obstante las impugnaciones formuladas por la demandada contra las declaraciones brindadas a instancias del actor (fs.204, 220, 223 y 266), las declaraciones de los testigos resultan circunstanciadas y convictivas, de modo que generan prueba válida (art. 91 LO y 386 y cctes. CPCCN). De lo expuesto se sigue que las tareas que se demostraron cumplidas se encuadran en la categoría pretendida por el trabajador. Por ello, en la medida en que la pericial contable de fs. 243/262 y la aclaración de fs. 290/293, corroboró la existencia del perjuicio salarial aducido como consecuencia de la incorrecta categoría laboral (ver fs. 291), considero que la decisión de grado en cuanto hizo lugar a la pretensión resulta ajustada a derecho y debe mantenerse. III. En cuanto a la procedencia de las horas extras reclamadas en el inicio, considero que le asiste razón a la demandada al objetar la admisión del concepto. De comienzo, es dable destacar que la valoración de la prueba en relación al trabajo en tiempo suplementario no requiere de mayor estrictez o grado de contundencia que la necesaria para acreditar cualquier otro hecho litigioso. En otras palabras, el horario puede ser demostrado por cualquiera de las medidas expresa o implícitamente admitidas por la ley orgánica y la valoración de ella debe ser realizadas conforme a los principios de la sana crítica, como lo dispone el artículo 386 del CPCCN. De las declaraciones de los antes mencionados testigos Rotundo, Lemme, Zabalza, Bognanni y Campos (ya cit.) se extrae que el actor no cumplía una jornada laboral fija, sino flexible y supeditada a los requerimientos de la productora. Los dichos de Martinini no obstan a la conclusión apuntada, pues si bien refirió que había un “margen de horario formal” entre las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde (que podía extenderse), no dijo que ese fuera el horario efectivamente cumplido por el actor. Si bien refieren que era usual que el actor viajara al exterior junto con algún productor para filmar material del programa, no dan precisiones respecto de la frecuencia con que ello acontecía. En definitiva, no hay elementos de prueba objetivos como para generar convicción respecto del cumplimiento de una jornada de trabajo superior a la legalmente prevista por la ley 11.544. En el contexto probatorio apuntado, ante la falta de prueba del extremo al que se supedita la procedencia de la pretensión (art. 499 Cód. Civil), propongo admitir este tramo de la apelación y modificar parcialmente la sentencia recurrida al rechazar el reclamo de diferencias salariales e indemnizatorias en concepto de “horas extras”. IV. La solución propuesta respecto de las “horas extras” no obsta a la admisión del reclamo de las indemnizaciones emergentes del despido. Sabido es que cuando son varias las causales invocadas en la notificación del despido (como acontece en el caso), basta la acreditación de alguna de ellas con gravedad o entidad suficiente como causal de injuria laboral para justificar la medida y admitir el reclamo de las indemnizaciones pertinentes. Por ello, ante la acreditada incorrecta categoría laboral (con el consecuente perjuicio salarial), la negativa de la demandada a la rectificación pretendida por el trabajador constituyó una injuria laboral con gravedad suficiente para justificar el despido indirecto del trabajador (conf. arts. 242 y 246 LCT), razón por la cual propongo confirmar lo resuelto en relación. Lo expuesto torna inoficioso el análisis del agravio formulado por la demandada contra la admisión del reclamo fundado en el art. 2º de la ley 25.323, con sustento en la alegada improcedencia de las indemnizaciones derivadas del despido. V. Conforme con las modificaciones propuestas, sobre la base de una remuneración mensual de $4.469,51 ($8.374,77 – $382,04 – $339,59 – $3.183,63 por horas extras al 50% y al 100% y en exteriores, respectivamente) y por rechazo del reclamo de diferencias salariales por trabajo suplementario, al actor le correspondería percibir las siguientes sumas y conceptos: $9.683,94 en concepto de indemnización sustitutiva del preaviso, con incidencia del s.a.c. (art. 232 LCT); $1.936,79 por integración del mes de despido más s.a.c. (art. 233 LCT); $26.817,06 en concepto de indemnización por antigüedad (art. 245 LCT); $19.218,89 de indemnización agravada del art. 2º de la ley 25.323 y $1.501,54 en concepto de vacaciones proporcionales 2011 (con más la incidencia del s.a.c.), todo lo cual arroja la suma de $59.155,22 que la demandada deberá abonar al actor en el plazo, modo y con los intereses establecidos en origen. Deberá asimismo cumplir la obligación de entrega del certificado y las certificaciones previstas en el art. 80 de la LCT establecida en origen, bajo el apercibimiento allí previsto, aunque confeccionadas de conformidad con las pautas salariales que aquí se indican. VI. El nuevo resultado del juicio obliga a revisar la imposición de las costas y los honorarios regulados en la instancia que precede (art. 279 CPCCN), lo cual torna abstracto el tratamiento de las apelaciones formuladas en relación. Postulo que las costas de ambas instancias se impongan a la demandada que resultó vencida en lo sustancial (art. 68 CPCCN), fijándose en el 16%, 14% y 8% del monto de condena con los intereses los honorarios de la primera instancia correspondientes a la representación y patrocinio letrado del actor, de la demandada y del perito contador, respectivamente (art. 38 LO y cctes. ley 21.839, modif. ley 24.432; arts. 3º y 12 del dec.-ley 16.638/57). Fíjanse los honorarios de alzada de los letrados intervinientes en el 25% de los que les correspondan por sus actuaciones ante la primera instancia (art. 14 ley arancelaria cit.). Por las razones expuestas, voto por: 1º) Modificar parcialmente la sentencia recurrida al reducir el capital de condena a la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON VEINTIDOS CENTAVOS ($59.155,22) que la demandada deberá abonar al actor en el plazo, modo y con los intereses establecidos en origen, y confirmarla en lo demás que decide y ha sido materia de apelación y agravios; 2º) Dejar sin efecto la imposición de las costas y los honorarios regulados en la instancia anterior; 3º) Imponer las cosas y regular los honorarios de ambas instancias del modo expuesto en el último de los considerandos anteriores. El DR. GREGORIO CORACH dijo: Por compartir los fundamentos del voto que antecede, adhiero al mismo. El DR. ENRIQUE R. BRANDOLINO no vota (art. 125 LO). Como resultado del acuerdo alcanzado, este Tribunal RESUELVE: 1º) Modificar parcialmente la sentencia recurrida al reducir el capital de condena a la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON VEINTIDOS CENTAVOS ($59.155,22) que la demandada deberá abonar al actor en el plazo, modo y con los intereses establecidos en origen, y confirmarla en lo demás que decide y ha sido materia de apelación y agravios; 2º) Dejar sin efecto la imposición de las costas y los honorarios regulados en la instancia anterior; 3º) Imponer las cosas y regular los honorarios de ambas instancias del modo expuesto en el último de los considerandos del voto del Dr. Stortini; 4º)Regístrese, notifíquese, oportunamente cúmplase con lo dispuesto en el art. 1º de la ley 26.856 y con la acordada de la CSJN Nº 15/2003 y devuélvanse. ANTE MI: A.U. Fecha de firma: 24/04/2015 Firmado por: GREGORIO CORACH, JUEZ DE CAMARA Firmado por: DANIEL EDUARDO STORTINI, JUEZ DE CAMARA
Anexo con sentencia sobre pasantía del periodista en una radio
La actora comenzó a trabajar para la Radio demandada el 1º
de febrero de 2006, en Forma Clandestina, hasta el 1.7.2007.
Suscribió un Contrato de Pasantía.
Al comienzo recibía órdenes del Jefe de Deporte.Un Testigo
explicó que la actora cobrara en Efectivo, lo cual era práctica
habitual con dos (2) o tres (3) personas más; modalidad de
pago que se mantuvo hasta que a la Actora “la pusieron“
Otro Testigo dijo que conoció a la Actora antes del Mundial
de Alemania, a comienzos de 2006, cuando trabajaba en un
programa llamado “Rumbo al Deporte“ que iba de 13 a 14 hs.
Aseveró que la actora entraba antes y se retiraba media hora
después, y que el primer año cobraba “más o menos en negro,
y después…le pagaban como Pasante“.
Un Tercer Testigo coincidió con la declaración en el sentido de
que trabajó con la actora en 2006, cuando ella se incorporó al
programa “Rumbo al Mundial” (13 a 14 hs. Lunes a Viernes).
Quedan claro: la Fecha de Inicio de la relación entre las partes
en la época alegada por la actora; y la prestación de servicios
Por el contrario, la demandada sitúa el comienzo de la
relación, a la Época de la Firma del Contrato de Pasantía.
(Posterior a la Fecha “real“ de inicio).
I. La Sentencia de Primera Instancia admitió la Existencia de un
Contrato de Trabajo `encubierto´ por un Contrato de Pasantía
de carácter fraudulento.
Por tal motivo, aplicó el art.275, del Código Procesal e impuso a
la demandada (Empleadora) la Sanción por Temeridad y Malicia.
II. La demandada alega que las Partes estuvieron Vinculadas
a través de un Contrato de Pasantía, adecuado a la ley.
Apela el Encuadramiento en el Estatuto del Periodista Profesional
y la Condena al Pago de Indemnizaciones por Despido, así como
la Base de Cálculo salarial.
Se queja por la Procedencia de las Sanciones por Irregularidad
Registral (Ley 24.013)- al efecto plantea defensa de prescripción–
por la Falta de Entrega del Certificado de Trabajo (art.80,LCT),
y por la Calificación de su Conducta en el marco del art. 275, LCT.
III.”La prestación de servicios prestados por la actora reviste
naturaleza Laboral y no puede posteriormente “mutar” en
un Contrato de Pasantía, como pretende la apelante, situando
el comienzo de la relación a la Época de la suscripción de
Contrato de Pasantía que estuvo dirigido a encubrir una
relación preexistente, de naturaleza típicamente laboral.
IV.”En orden a la aplicación de la Ley 12.908, los Testigos son
contestes en la descripción de las Tareas cumplidas x la actora.
Ambos Testimonios, analizados conforme la sana crítica (art.
386,CPCCN) revelan que la Actividad que desarrollaba la actora
encuadra en las prescripciones del art. 2º del aludido régimen
Estatutario, en tanto se considera “periodista profesional“ a
quien realiza en forma regular tareas de publicaciones diarias
o periódicas, agencias noticiosas, informativos y noticieros
periodísticos televisivos o filmados, recibiendo por ello, una
remuneración“.
“Es la Naturaleza de la Labor que cumple el Trabajador lo que
determina la operatividad del Estatuto y no el carácter de la
Empresa Dadora de Trabajo,que puede ser periodística o no.1
“Y con relación a las Tareas de Producción, esta Sala sostuvo
que “…las tareas de producción de contenidos televisivos de
los distintos Programas en los que participó la actora eran
de naturaleza Periodística.2
Por ello, la Sra. Juez preopinante propició confirmar la
sentencia en los aspectos precedentemente examinados.
V.La misma suerte debe correr la cuestión relativa a la Injuria,
puesto que el “desconocimiento“ por parte de la Empleadora
tanto de la Antigüedad como de la Categoría y su incidencia
en el salario, constituyen un “incumplimiento“ contractual
que habilita a la trabajadora a disolver el vínculo, con
justa causa. (arts. 242, 243, 245, 246 de la LCT)
VI. En cuanto a la Base de Cálculo fijada en $ 1.570,83 en función
de la remuneración bruta correspondiente, según lo expresado
por el Perito, es de resaltar que ella contiene el SAC o aguinaldo
proporcional y según el art.43, de la Ley 12.908 se ha tomado la
cifra que propone el recurrente de $ 1.450.
VII.Las Sanciones previstas en la Ley 24.013 (Ley de Empleo),
resultan procedentes. Han sido objeto de condena los salarios
correspondientes a los meses de Julio y Agosto de 2.009.
En cuanto al Despido, éste ha sido “indirecto” y la intimación
remitida por la actora dirigida a obtener la “registración“ del
contrato, fue realizada durante la existencia del mismo. Cabe
señalar que el art.43, dispone que para el cálculo de las re-
paraciones previstas en los incs. a,b,c y d “se tomará como base
el promedio remunerativo que resulte de lo percibido en los
últimos seis (6) meses, es decir, que al estarse como base al
promedio remuneratorio que resulte de lo percibido en
el último Semestre, debe incluirse el SAC, tal como lo
hiciera el Sr.Juez a quo.
“La aplicación de la Ley 24.013, no luce Incompatible con el
régimen Estatutario en el que Encuadra la actividad prestada
por la accionante, ya que las Sanciones que contiene aquella
ley reprueban el incumplimiento a las obligaciones registrales
que tampién pesan en cabeza del Empleador y las indemniza-
ciones que prevé la Ley 12.908, tienden a resarcir la ruptura
En autos quedó demostrada la irregularidad registral en
relación a la Fecha de Ingreso“.
VIII.En cuanto a los argumentos vertidos en torno a la prescipción,
he señalado que los arts. 8, 9 y 10, Ley 24.013, no establecen
obligaciones de tracto sucesivo que puedan ser Divididas en
períodos.Son Indemnizaciónes Únicas, que conforme el art.256
(LCT),Comienzan a Prescribir a partir de su Exigibilidad.
IX.Por otra parte, revocó la sanción impuesta en 1ª instancia
por temeridad y malicia, tras considerar que no resultan
aplicables los arts. 45 y 275 LCT,por no existir elementos
que permitan afirmar que actuó de mala fe o que utilizó
el proceso indebidamente para un propósito desleal, ni que
hubiera actuado con dolo o culpa grave o con ánimo
dilatorio u obstruccionista.
Por ello, y a mérito del Acuerdo que antecede, el Tribunal
I. Confirmar la sentencia en lo principal que decide,
con excepción de la sanción por Temeridad y Malicia;
II. Imponer las costas de Alzada a cargo de la
demandada vencida en lo principal del recurso.(art.
68, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
A. Ley Nº 12.908. Estatuto del Periodista Profesional.
Art.2º-Se consideran Periodistas Profesionales…las personas que realicen
en Forma Regular, mediante Retribución pecuniaria, las Tareas que le son
propias, en Publicaciones, diarias o periódicas y Agencias Noticiosas.
Tales el director, codirector, subdirector, jefe de redacción, secretario
general, Secretario de Redacción, prosecretario de redacción, jefe de
noticias, editorialista, corresponsal redactor, cronista, reportero, dibujante,
Se incluyen como Agencias Noticiosas las Empresas Radiotelefónicas que
propalen Informativos o Noticias de carácter periodístico y Únicamente
con respecto al Personal ocupado en estas Tareas.
Art.43-En los casos de Despido por Causas Distintas a las expresadas en el
art.40, el Empleador estará obligado:
a) Comunicar el Despido con un (1) mes de Anterioridad, cuando la Antigüe-
dad del Periodista sea Inferior a tres (3) Años y con dos (2) Meses de Ante-
rioridad si lleva Más de tres (3) Años de Servicios prestados.
Los Plazos correrán desde el último día del Mes que se Comunica la Cesantía
y la Notificación deberá probarse por Escrito.
Durante el Tiempo del Preaviso y sin que disminuya su sueldo, el periodista
gozará de una Licencia Diaria de dos (2) horas, dentro del horario habitual
En caso de Cesantía, sin previo aviso,el Empleador pagará al Empleado
una Indemnización equivalente a la Retribución que corresponde al
Período legal de Preaviso.
b) También abonará el Empleador al Periodista, en todos los casos de
despido, haya o no Preaviso, una Indemnización no inferior al monto
de su retribución mensual, por cada año de servicio o fracción mayor
de tres (3) Meses, tomándose como “base de retribución“ el promedio
de sueldos percibidos en el último semestre…
En ningún caso, esta indemnización será inferior a un (1) mes de
Para fijar el promedio, se computarán como formando parte de los
sueldos, las retribuciones por otros trabajos periodísticos,comisiones,
viáticos, los aumentos por antigüedad y todo pago en especies,
provisión de alimentos o uso de casa–habitación.
B. Ley de Contrato de Trabajo-Ley Nº 20.744-t.o.dec.390/76)-
Art.275-Conducta Temeraria o Maliciosa.(Revocada por la Sala)
“Cuando se declarara Maliciosa o Temeraria la conducta asumida por
el Empleador que Perdiere total o parcialmente el juicio, será condenado
a pagar un Interés de hasta dos (2) veces y 1/2 el que cobren los Bancos
Oficiales, para operaciones corrientes de descuento de documentos
comerciales, el que será graduado por los Jueces, atendiendo a la
Se considerarán comprendidos los casos en los que se Evidencien
propósitos obstruccionistas o dilatorios en reclamos x accidentes de
trabajo, atendiendo las exigencias más o menos perentorias prove-
venientes del Estado de la Víctima, la omisión de Auxilios Indispen-
sables en tales casos o cuando, sin fundamento y teniendo conciencia
de la propia sinrazón, cuestionase la existencia de la relación laboral
o se hiciesen valer actos cometidos en Fraude al trabajador,abusando
de su necesidad o inexperiencia, o se opusiesen defensas manifies-
tamente incompatibles o contradictorias, de hecho o de derecho.
1.Esta Sala I, SD del 13/04/2003,”Álvarez, José y otros
c/ MLS S.A. s/ despido“.
2.Esta Sala I, SD del 13/12/2013,”Sethson,Diego c/ Eyeworks
Argentina S.A. s/ despido“, donde la producción tuvo lugar
en Programas Radiales.(criterio aplicable en estos autos)
Anexo con sentencia completa sobre desconocimiento de la antiguedad y categoría de redactor
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala I, 9-nov-2015
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 9 días del mes de noviembre de 2.015, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente sorteo, se procede a votar en el siguiente orden:
I. La sentencia de fs.443/453 ha sido recurrida por la parte demandada a fs.458/464. También apela los honorarios regulados en autos el perito contador a fs.465.
II. La empleadora se agravia porque se admitió la fecha de ingreso invocada al demandar y la proyección que ello tiene sobre la antigüedad computable -en el orden salarial e indemnizatorio-, por la categoría de redactor asignada al demandante, por la condena al pago de las sanciones previstas en los arts.80 y 132 bis de la LCT, y las gratificaciones reclamadas. Sostiene que no habría mediado injuria. Apela la base salarial tomada para realizar la liquidación de los rubros admitidos, así como las multas por deficiente registración (arts.8 y 15 de la ley 24.013), la tasa de interés fijada, la imposición de las costas y los honorarios regulados a todos los profesionales intervinientes, por elevados.
III. El actor sostuvo que ingresó a trabajar a las órdenes de la editorial demandada el 3 de abril de 2001, y la demandada insiste en su apelación en que se hallaba correctamente registrado desde el 1 de diciembre de 2006. Se queja por la valoración de los testimonios de Diego Alejandro Marcos (fs.281) y de Fernando Capotondo (fs.298/299), quienes manifestaron haber sido compañeros de trabajo del accionante. El primero declaró que el actor ingresó en el año 2000 o 2001, lo que recuerda porque fue sobre la última etapa de trabajo del testigo en Crónica, ya que compartían el trabajo en la sección deportes, el testigo no regresó a trabajar después de los conflictos que relata habrían ocurrido en agosto de 2001.Capotondo trabajó para la demandada desde el año 1989, era uno de los jefes de la sexta edición, expresó que el actor entró a comienzos del año 2001 “más o menos”, y veía al actor como cronista de deportes, lo enviaban a cubrir partidos los fines de
semana, luego trabajó como redactor, tema sobre el que volveré más adelante. No dejo de advertir que Capotondo mantiene juicio con la demandada, mas ello no conduce necesariamente a descartar sus dichos, sino a examinarlos con la precaución y el detenimiento que dicha circunstancia impone, y resalto que sus manifestaciones relativas al ingreso del demandante mucho antes que el registro realizado por la demandada -en diciembre de 2006- son corroboradas con la declaración de Marcos, quien estimo ha dado suficiente razón de sus dichos al recordar la época en la que comenzó el actor por coincidir con el año en el que el propio testigo dejó de trabajar para esa editorial.
Lo cierto es que los testimonios aludidos resultan coherentes y objetivos y no denotan una intención o un interés personal en perjudicar a la requerida ni en favorecer injustificadamente a la accionante. Contrariamente a lo sostenido por la demandada, no existen pruebas de que sus manifestaciones sean falsas o de que tuvieran algún grado de enemistad, animadversión, o rencor personal hacia la demandada que los indujera a declarar del modo en que lo hicieron.
Propongo desestimar este primer aspecto de la queja.
IV. En cuanto a la categoría, que la accionada sostiene habría sido siempre la de cronista (en la sección deportes) y no redactor (en la sección espectáculos), como señalara el actor para el último tramo de la vinculación – desde el año 2009-, observo que la Sra. Jueza de grado tuvo especialmente en cuenta las credenciales acompañadas a fs.89 por el Sr.SSS (ver fs.447), cuya autenticidad no sólo no fue específicamente negada en el responde (art.356 inc.1º CPCCN) por lo que las tuvo por reconocidas, sino que además el testigo FFF (fs.407) reconoció la autenticidad de su firma inserta al dorso de la credencial que consigna que el actor es “Redactor de espectáculos” acreditado por el Diario Crónica -publicado por la demandada-. Sobre este elemento nada se dijo en el memorial. Y con relación a las notas publicadas, escritas por el actor, la Dra. Graciela ….no se basó en una sola, como refiere el apelante, sino que citó una de ellas a modo de “ejemplo”, pero tuvo en consideración la lectura de las notas por él realizadas. Para más, la demandada acompañó a fs.104/107 notas firmadas por el actor -reconocidas-.
Ante todo, considero que la queja deducida no cumple en este punto con los recaudos formales exigidos por el art.116 de la LO. Pongo de relieve que el escrito de expresión de agravios destinado a fundar un recurso de apelación, debe señalar las partes del fallo que se consideran equivocadas, desde el punto de vista fáctico o jurídico y fundamentalmente, criticar los errores -de hecho o de derecho- en que se hubiera incurrido mediante la crítica concreta y razonada de las partes de la sentencia que pretende se revoque, debiendo indicar en forma detallada los errores, omisiones y demás deficiencias que pudiera reprochar al pronunciamiento recurrido, especificando -con toda exactitud- cuál es el gravamen concreto que le produce el pronunciamiento.
En ese orden de ideas, se ha expresado en términos que comparto, que el escrito de expresión de agravios debe expresar con claridad y precisión porqué el apelante considera que la sentencia no es justa; los motivos de su disconformidad; de qué manera el Juez o Jueza valoró incorrectamente la prueba; omitió alguna decisiva para resolver la cuestión o aplicó mal la ley, todo ello, como señalé, mediante la crítica concreta y razonada de los fundamentos del fallo recurrido (Cfrme.Highton Elena I. y Aréan, Beatriz A. y otros “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” Concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial Tº 5, pág.239 y sgtes – 2006- Buenos Aires – Hammurabi).
A todo evento, cabe recordar a esta altura que el estatuto del Periodista Profesional establece que redactor es el encargado de redactar notas que, aparte de su aspecto informativo, contengan apreciaciones subjetivas o comentarios objetivos de índole general (art. 23, inc. d). Por lo tanto, al surgir de los elementos de prueba colectados y mencionados que el actor cumplía funciones como columnista de temas de espectáculos, estimo debidamente demostrada la categoría invocada, por lo que propongo desestimar este aspecto del recurso.
V. A pesar del orden en el que fueron introducidos los agravios, continuaré por el análisis del salario admitido. De acuerdo al pronunciamiento de grado, la remuneración fue conformada por el básico correspondiente a la escala salarial del CCT 301/75 para la categoría de redactor ($6.531,84), a la que se le adiciona la antigüedad calculada conforme a la demostrada en autos -desde el año 2001-, y la incidencia de las asignaciones no remunerativas y de la gratificación. Así, se fijó en la suma de $8.489,06.- Con relación a la antigüedad y a la categoría me expedí en los considerandos anteriores, y con respecto a los rubros “no remunerativos” la apelante sostuvo que el accionante se valía de sus propios equipamientos para cumplir su tarea, mas esta circunstancia no ha sido objeto de discusión en esta litis, ya que la Sra. Jueza analizó el carácter de las asignaciones no remunerativas de origen convencional (ver fs.449) a la luz de los precedentes del Alto Tribunal (“Pérez Aníbal c/Disco SA “, Sentencia del 1/9/2009), doctrina reafirmada en los autos “González Martín N. c/Polimat S.A. y otros” (sentencia de.19/5/2010). Tal como se extrae del detalle volcado en los recibos de haberes, nos encontramos frente a conceptos denominados “suma no remunerativa Ac.2012” (ver fs.117) y no ante otro rubro, como pretende la recurrente.
Es pertinente analizar la temática relativa a la gratificación correspondiente al año 2012 y equivalente a un salario adicional anual -además del SAC-, otorgado por la empleadora según surge de la pericia contable desde el año 2008 (ver fs.358), sin que se advierta cancelada y ha sido objeto de reclamo. La recurrente sostiene a fs.461 que dependía de una liberalidad sujeta a su “exclusivo criterio abonarla o no”, soslayando de este modo que era ella quien debía demostrar que el actor no hubiera reunido los requisitos necesarios
para acceder a la gratificación correspondiente al año 2012, ya que venía percibiéndola en forma regular, en años anteriores (cfr. doctrina fallo Plenario “Piñol c/Genovesi”).
Propongo desestimar también este aspecto del memorial.
La misma suerte debe correr la cuestión relativa a la injuria, puesto que el desconocimiento por parte de la empleadora tanto de la antigüedad como de la categoría y su incidencia en el salario, constituyeron un incumplimiento contractual grave que habilitaba al trabajador a disolver el vínculo con justa causa (arts.242, 243, 245, 246 y conc. LCT).
VI. Las sanciones peticionadas con sustento en la ley 24.013, en el escueto marco del denominado “octavo agravio” (fs.461), son procedentes porque ha sido demostrada la deficiente registración de la fecha de ingreso.
VII. Propongo que se confirme el decisorio en cuanto establece la entrega de certificaciones de servicios y remuneraciones ya que corresponde confeccionar tales instrumentos contemplando las diferencias salariales y la fecha de ingreso que aquí se reconocen, lo que echa por tierra la argumentación en torno de las constancias puestas a disposición del actor -las que por ende son incompletas- por lo que el noveno agravio de la demandada resulta inatendible.
VIII.Con respecto a la sanción prevista en el art.132 bis, la accionada resalta la regularización de la deuda con los organismos previsionales a las que accediera a través de un convenio celebrado con AFIP en el marco del dec.1145/09. Aún cuando tuviéramos por válidas las fotocopias acompañadas, ellas son indicativas de una regularización de deuda conforme al decreto mencionado, al 31/12/2008 (ver fs.126), y en el mejor de los casos, al acceso a un plan de facilidades de pago para la deuda anterior al 31/12/2010 (ver fs.206). El perito contador informó que no le fueron exhibidas constancias de pago al respecto (ver fs.358vta.) a lo que me permito agregar que, por los períodos posteriores -a partir de 2011 y hasta el distracto-, efectuada la consulta de conformidad con los datos que aparecen cargados en la página web de AFIP Servicios “Mis aportes”, realizados por la firma demandada a favor de la accionante, se desprende que todos ellos se encuentran impagos, tanto los aportes referidos a la seguridad social, como a la obra social del trabajador (ver página http://www.servicios1.afip.gov.ar/tramites_con_clave_fiscal/misaportes, a través de la cual se accede al resumen de situación provisional de la trabajadora; conf. convenio celebrado entre Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP y el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación -aprobado por Resolución nro.412/07 del Consejo de la Magistratura-, y con conocimiento de este Tribunal, conforme Acta CNAT 2504 del 27/09/2007).
En consecuencia, no encuentro viables las argumentaciones intentadas y comparto el temperamento adoptado en grado.
IX. La demandada se agravia porque considera que la Sra.Jueza de grado dispuso aplicar retroactivamente la tasa de interés que surge del Acta de la CNAT 2.601 del 21/5/2014 y la considera además, elevada.
En primer término, cabe precisar que las resoluciones que adopta ésta Cámara mediante actas sólo consisten en la exteriorización su criterio y son indicativas de una solución posible pero no constituyen actas obligatorias; en segundo lugar, siendo que los juicios laborales carecen de intereses legales, la tasa determinada por la Sra. Magistrada de grado encuentra fundamento en las facultades conferidas por el art.622 del Código Civil (actual arts.768 y 769 CCCN) y lo resuelto por nuestro más Alto Tribunal en la causa “Banco Sudameris c/ Belcam SA ” del 17.5.94 (Fallos 317:507) que en lo pertinente, destacó que la determinación de la tasa de interés queda ubicada en el espacio de la razonable discreción de los jueces de la causa que interpretan dichos ordenamientos.
Por ello, ante la conducta del empleador moroso que no permitió que la persona trabajadora utilizara su dinero libremente, es criterio jurisprudencial reiterado que la tasa de interés compensa el deterioro del crédito laboral y el lógico avatar que implica un juicio tendiente a recuperar el capital indebidamente retenido por su empleador.De aplicar un interés ajeno a la realidad social y política, notoriamente inferior al imperante en el mercado financiero, sin establecer pautas correctoras de la conducta antijurídica y no contemplar la verdadera dimensión del perjuicio sufrido, significaría premiar al deudor que no cumplió oportunamente sus obligaciones.
X. Habiendo sido vencida la demandada en lo principal, la imposición de costas deberá ser confirmada (conf. art.68 del CPCCN).
XI. Por su parte, en atención al mérito, calidad, eficacia y extensión de los trabajos cumplidos, al resultado del pleito y lo normado por el art.38 de la LO y disposiciones arancelarias de aplicación de aplicación (arts.1, 6, 7, 8, 9, 19 y 37 de la Ley 21839 y art.3° incisos b) y g) del Dto.16638/57), considero que
los honorarios regulados en grado, incluidos los del perito contador, resultan adecuados, por lo que también deberán ser mantenidos.
XII. Finalmente, considero que las costas de Alzada también deberían ser impuestas a la demandada (conf. art.68 del CPCCN). A tal fin, sugiero regular los honorarios correspondientes a las representaciones letradas del actor y la demandada, por su actuación en esta instancia, en el 25% y 25 % respectivamente, de lo que en definitiva les correspondiera percibir por su labor en la etapa anterior (art.14 de la Ley 21.839).
XIII. En definitiva, de prosperar mi voto, correspondería: 1) Confirmar el fallo apelado en todo cuanto fuera materia de apelación y agravios; 2) Establecer las costas y honorarios correspondientes a ésta Alzada, de acuerdo a lo expresado en el considerando XII.
1) Confirmar el fallo apelado en todo cuanto fuera materia de apelación y agravios; 2) Establecer las costas y honorarios correspondientes a ésta Alzada, de acuerdo a lo expresado en el considerando XII.
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Muy buen post! Un tema sensible, bien expuesto.

References: artículo 14

Resolución 
 Resolución 

Artículo 31
 artículo 386
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