Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2013/as201321317L.html
Timestamp: 2019-03-23 00:32:22+00:00

Document:
as201321317L
Auto Supremo: Nº 317
Sucre: 22 de julio de 2013
Expediente:SC - 54 -08 – S
Proceso: nulidad de contrato y otros
Partes: Rafael Álvarez Mamani c/ Mario La Fuente Roca
VISTOS: el recurso de casación en el fondo interpuesto por la Alcaldía Municipal de Santa Cruz de fojas 466 a 470 vuelta, contra el Auto de Vista Nº 473 de 16 de octubre de 2007 pronunciado por la Sala Civil Segunda de la ex Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el proceso sobre nulidad de contrato, negativa de cesión de área y urbanización, mejor derecho de propiedad, acción negatoria, y pago de daños y perjuicios, seguido por Rafael Álvarez Mamani contra Mario, Eduardo José, Jaime Osvaldo y Raúl Edgar La Fuente Roca, y la entidad recurrente, el auto concesorio de fojas 479, los antecedentes procesales; y,
CONSIDERANDO: que, el Juez Séptimo de Partido en materia Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz pronunció la Sentencia Nº 60 de 31 de marzo de 2007 (fojas 397 a 405 vuelta), declarando improbada la demanda sobre nulidad de contrato, negativa de cesión de área de urbanización, acción negatoria, pago de daños y perjuicios, probada la demanda de mejor derecho de propiedad sobre el inmueble en litis, improbada la excepción perentoria innominada de acción y derecho opuestas de fojas 113 a 116, 141 a 142 y 153 a 155, e improbados los daños y perjuicios demandados por la Alcaldía Municipal de Santa Cruz y los hermanos La Fuente Roca; sin costas. Complementado por Auto de 13 de abril de 2007 (fojas 408) en sentido que se declara improbada la excepción de impersonería de la demandada interpuesta por Ingrid Wichtendahl.
En grado de apelación, la Sala Civil Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz mediante Auto de Vista Nº 473 de 16 de octubre de 2007 (fojas 449 a 450), confirma la sentencia apelada, con costas.
CONSIDERANDO: que, la demandada Alcaldía Municipal de Santa Cruz en su recurso de casación en el fondo de 30 de noviembre de 2007 (fojas 466 a 470 vuelta), acusa:
1. Falta de motivación en el auto de vista recurrido, pues no se respalda en ninguna normativa o jurisprudencia, para confirmar la sentencia.
2. Error de hecho y derecho e inobservancia de sus pruebas, ya que adquirió los terrenos para una Posta Sanitaria mediante instrumento público 537/2000 y los urbanizadores lo obtuvieron por Título Ejecutorial de Consolidación Agraria de 11 de diciembre de 1989, al efecto anota los artículos 1538 del Código Civil, 3 inciso 1) y 90 del Código de Procedimiento Civil.
3. Interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, puesto que el demandante no interpuso ningún recurso contra el auto de perención de instancia y se le notificó con la nueva demanda el 6 de abril de 2005, siendo que la ejecutoria es un acto procesal constitutivo, al efecto apunta los artículos 311 y 7 del Código de Procedimiento Civil.
I. Por razones metodológicas y respondiendo inicialmente, al punto 2. El auto de vista recurrido concluyó que “el demandante Rafael Álvarez Mamani, quien alega y demanda mejor derecho de propiedad, que lo tiene acreditado con su registro en Derechos Reales en las partidas 010206596, 010209737 y 010209738, que lo obtuvo con anterioridad a los Hnos. La Fuente Roca”, por su parte la sentencia concluyó que “De la revisión de los Planos de Urbanización de fs. 108, 274 y 321, se llega a inferir que la Alcaldía Municipal de esta ciudad ya tiene destinado sus áreas de uso público, especialmente para la POSTA SANITARIA, sin que se haya llegado a afectar los terrenos del demandante”. En efecto, acreditado como está el derecho propietario del demandante en la manzana 14 y no en la manzana 11 (fojas 274 de 8 de diciembre de 1998) y en la manzana 25 y no en la manzana 28 (fojas 108 de 19 de marzo de 2002, 222 de 6 de abril de 2006); se tiene que, los terrenos de la “POSTA SANITARIA” cedidos al Gobierno Municipal de Santa Cruz se encuentran, tal y como describen las escrituras públicas Nº 205/2001 de 10 de abril de 2002 “en la manzana 28 de la U.V. 257” (minuta aclarativa de colindancia y transferencia de 25 de abril de 2001, fojas 93 a 97 vuelta) y Nº 537/2000 de 11 de abril de 2001 “en el manzano 28” (minuta de transferencia de 28 de agosto de 2000, fojas 135 a 140 vuelta), y el informe técnico Nº 090/2005 de 8 de marzo de 2005 “en el manzano 28 de la U.V. 257” (fojas 339), máxime sí el 23 de febrero de 2005 los demandados cedentes reconocieron ante el Gobierno Municipal también demandado que “NO EXISTE terreno disponible en las dos Unidades Vecinales (251 y 257)”, respecto terrenos que cedieron, por lo que incluso propusieron “EN COMPENSACIÓN… EL PAGO DE LA TARIFA DE USO DE SUELO” (fojas 337), proposición de compensación que dicho sea de paso, se informa que “NO ES PROCEDENTE” (fojas 339 a 340). Por lo que, no es evidente el error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas acusados, resultando el recurso infundado sobre este punto en particular.
II. Seguidamente y respondiendo, al punto 3. El auto de vista recurrido para el computó del inicio del año previsto por el artículo 311 del Código de Procedimiento Civil, tomó "en cuenta que el auto de la perención tiene diez días para” su ejecutoria. En efecto, notificado el demandante con el auto que declaró la perención de instancia el 11 de agosto de 2003 (fojas 50), éste no apeló contra dicho auto dentro el plazo de diez días establecidos por el artículo 220 parágrafo I numeral 1) del citado adjetivo civil; en consecuencia, el mencionado auto de perención de 20 de mayo de 2003 (fojas 49 vuelta), adquirió autoridad de cosa juzgada recién el 21 de agosto de 2003 al tenor de los artículos 515 numeral 2) y 213 parágrafo I del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, conforme al artículo 1451 del Código Civil justamente “Lo dispuesto por la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada causa estado a todos los efectos entre las partes, sus herederos y causahabientes”. Esto es, de acuerdo inclusive a lo prevenido por el artículo 140 parágrafo I del Código de Procedimiento Civil que la demanda reproducida ex novo fue presentada en término legal el 13 de agosto de 2004. Asimismo, el propio artículo 311 parte primera del Código de Procedimiento Civil indica que “La perención de instancia no importará la extinción de la acción, pudiendo intentarse una nueva demanda dentro del año siguiente”, vale decir que él primigenio requisito para que no se declare la extinción de la acción, es la reproducción ex novo de la demanda, mediante su presentación (intención) y conforme al cargo establecido por el artículo 96 del Código de Procedimiento Civil, que en la especie acaeció y como se dijo líneas arriba, el 13 de agosto de 2004; no siendo aplicable al caso las disposiciones del artículo 7 (apertura de la competencia) del referido adjetivo civil por cuanto la condición de intentarse una nueva demanda dentro del año siguiente, no depende de la citación que refiere dicho articulado procesal civil, pues como señala el mismo en su parte última, es específicamente a afectos que “El citado por el juez no pueda (podrá) ser citado después por otro sobre el mismo asunto”. Por lo que, no se advierte la interpretación errónea y aplicación indebida de la ley denunciadas, deviniendo el recurso en infundado sobre este punto en particular.
III. Finalmente y respondiendo, al punto 1. Toda vez que la entidad recurrente se restringió a denunciar que el auto de vista recurrido no se respalda en ninguna normativa, sin precisar la norma que extraña, y de lo expuesto precedentemente en respuesta a los puntos 2 y 3 del recurso de casación que se analiza, se advierte que el auto de vista recurrido no carece de motivación, máxime sí el artículo 397 parágrafo II del Código de Procedimiento Civil dispone que “El juez tendrá obligación de valorar en la sentencia las pruebas esenciales y decisivas”; valoración esencial y decisiva que ciertamente contiene el auto de vista recurrido como se tiene dicho en los acápites I y II del presente Auto Supremo. Por lo que, no es evidente la falta de motivación acusada, resultando el recurso en infundado sobre este punto en particular.
POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1 y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, conforme los artículos 271 numeral 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo interpuesto por la Alcaldía Municipal de Santa Cruz de fojas 466 a 470 vuelta.
Libro de Tomas de Razón 317/2013

References: artículo 311
 artículo 220
 artículo 1451
 artículo 140
 artículo 311
 artículo 96
 artículo 7
 artículo 397
 artículo 42