Source: http://apamcyl.es/historia
Timestamp: 2019-03-25 16:47:44+00:00

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Reseña histórica | APAMCyL
Ciertamente, hace ya siglos que nuestros gobernantes vieron la necesidad de proteger y conservar nuestros recursos naturales, al objeto de garantizar, en primera instancia, la titularidad y la perdurabilidad de sus aprovechamientos (maderas, leñas, frutos, caza, pastos,...) y, en un plano ulterior, algo más conservacionista y global, el de conservar nuestro patrimonio natural, por lo que entre otras medidas se crearon diferentes colectivos de policía con el fin de salvaguardar tales bienes.
Al menos desde el siglo XIII se tienen noticias de personal destinado a la vigilancia de bosques y la fauna en general. Así, durante la Edad Media, encontramos diversas referencias históricas en fueros como los de Molina, Cuenca o Albarracín, de una figura de carácter público o concejil que se denominó «Caballeros de la Sierra». Estos tenían como principal misión la defensa de los bosques, encinares, pinares y sabinares, árboles y arbustos, pastizales, cobros del uso de estos bienes y ontazgos, percibiendo por ello «por cada grey una borra de ciento arriba», o lo que es lo mismo, el uno por ciento del ganado o grey que guardaran. Igualmente, durante el reinado de Carlos II se dictó una Real Ordenanza en el año 1677 que propugnaba:
«La vigilancia de las masas arbóreas y los animales salvajes que las habitasen por todas las autoridades de la monarquía a quienes correspondiesen».
En 1748 Fernando VI dicta otra ordenanza en cuyo artículo 25 nombra a los Guardas de Campo y Monte con ese título, ordenándoles que «prendan, denuncien a los taladores, causantes de incendios, e introductores de ganados en plantíos, procurando que dichos guardas sean hombres de buena opinión, fama y costumbres».
Mediante un decreto publicado unos días después nombra a otras personas que «actúen hacia el mismo fin, usando un saber ganado con el estudio que les permita hacer o mandar lo más concerniente»; y en cuanto a los Guardas de Campo y Monte les ordena «que actúen conjuntamente con aquellas personas de más sabiduría, poniendo en su cometido, la reciedumbre de sus cuerpos, la aversión al soborno o la malicia, y el largo conocimiento de los montes que tutelan». Lo cual perduró hasta nuestros días más recientes, suponiendo una más que cierta dependencia jerarquizada de los Agentes Forestales respecto a los Ingenieros Superiores de Montes e Ingenieros Técnicos forestales, que actualmente incluso se mantiene en otras comunidades autónomas españolas.
Años después, durante el reinado de Carlos III, se dicta la Real Orden de 19 de abril de 1762, por la que se crea la Compañía de Fusileros Guardabosques Reales, dedicados fundamentalmente a la custodia de los bosques reales de El Pardo y la Casa de campo. Dicha Compañía de Infantería llegó a alcanzar en 1782 la cantidad de 96 componentes, siendo disuelta en 1830.
La pluralidad de Cuerpos con semejantes competencias tampoco es algo nuevo en la historia de este país; de hecho, en el año 1866, siendo reina Isabel II, coexistían en su acción policial en los montes la Guardería Rural, los Guardas Mayores, los Guardas del Monte y del Estado y la Guardia Civil. Ante esta situación, Alfonso XII, una década más tarde, cesa a todas las guarderías y se encarga a la Guardia Civil en exclusividad la guarda y defensa del monte. Sin embargo, mediante la Ley de Mejora, Fomento y Repoblación de los Montes Públicos, de 11 de julio de 1877, se crea la figura profesional de los Capataces de Cultivo en los Distritos Forestales, a los que dos años después (coincidiendo con la primera Ley de Caza de 1879) se les autoriza a denunciar los daños que se causen a los bosques, considerándose esta reseña histórica como el verdadero punto de partida de los actuales Agentes Forestales españoles. El Gobierno de Alfonso XIII considera precisa la creación de un cuerpo específico que se ocupe de la vigilancia y conservación de los montes en actuaciones y misiones incompatibles con el carácter propio de la Guardia Civil, por lo que mediante el Real Decreto de 15 de febrero de 1907 se crea el Cuerpo de Guardería Forestal, se encomienda, por primera vez en España, la custodia de los montes a un cuerpo especializado cuyos orígenes procedían de aquel incipiente colectivo creado por la Ley de Mejora, Fomento y Repoblación de los Montes Públicos de 1877. En el texto de su constitución se dice:
«El personal que se elija, ha de vivir apartado de todo lo que significa influencia o favor, y convencido de que sólo puede fiar la seguridad de su destino y la recompensa de los ascensos al cumplimiento estricto de sus deberes».
El Real Decreto de 20 de diciembre de 1912, por el que se aprueba el Reglamento Provisional de la organización, servicio y disciplina del Cuerpo de Guardería Forestal, y en concreto parte de su artículo 11, dice:
«Todos los individuos del Cuerpo de Guardería tendrán carácter de Agentes de la Autoridad...».
En 1935, durante la Segunda República, se crea el Patrimonio Forestal del Estado, con el objetivo de salvaguardar y gestionar los montes públicos patrimoniales, siendo reformado este organismo en el año 1941. Durante el gobierno de Franco, y dependiendo de la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial del Ministerio de Agricultura y Pesca, vuelve a darse una diversificación del colectivo, coexistiendo los Agentes Forestales de la Guardería Forestal del Estado, con funciones generalistas, de la Guardería del Servicio de Caza y Pesca Continental, especializada en labores de policía y gestión cinegética y piscícola, y de la Guardería del Patrimonio Forestal, especializada en la gestión, aprovechamiento y conservación de los montes públicos, si bien en muchas circunstancias las competencias eran comunes y compartidas, como podía ser el caso de la extinción de los incendios forestales.
El artículo 28 del Decreto de 30 de diciembre de 1941, por el que se aprueba el Reglamento del Cuerpo de Guardería Forestal del Estado, y más tarde el artículo 46 del Decreto 2481/1966, de 10 de septiembre, decía de ellos:
«Como Agentes de la Autoridad y como individuos de la Policía Judicial, tienen el deber de intervenir en todos los hechos justiciables. A tal efecto, si se hallaran en el monte con alguna persona sospechosa, le exigirán con precaución la documentación, y si no la tiene, la conducirán al puesto más inmediato de la Guardia Civil para que se haga cargo de ella, recogiendo recibo como comprobante de su celo. Lo mismo harán con las personas que encontraren delinquiendo».
El Reglamento del Cuerpo de la Guardería Forestal del Estado, aprobado por el Decreto 2841/1966, de 10 de septiembre, establece un régimen normativo para su funcionamiento; así, por ejemplo, en su artículo 5.1.b), se determina la exigencia del diploma de Capataz Forestal como requisito para el ingreso en dicho Cuerpo Especial, lo que supuso la creación y mantenimiento de diversas Escuelas de Capacitación Forestal repartidas por toda la geografía nacional. Hasta los años 80 del pasado siglo XX, fue el grado de formación profesional más extendido entre los Agentes Forestales de este país, manteniéndose aún hoy diversas promociones de agentes con esta titulación académica frente a las nuevas generaciones de titulados universitarios.
En 1971 se constituye el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), organismo autónomo que crea su propia Guardería con la integración de los agentes forestales del Patrimonio Forestal y del Servicio de Caza y Pesca Continental, quedando como agregados los de la Guardería Forestal del Estado.
Siete años más tarde, a través del Real Decreto 609/1978, la denominación de Guarda Forestal queda derogada oficialmente y es sustituida por la de Agente Forestal, pese a lo cual la anterior se mantuvo ( se mantiene aún hoy) con un mayor arraigo popular. En los primeros años de la década de los ochenta, tras la aprobación de la Constitución Española y la creación de las diferentes comunidades autónomas, se inició el proceso de transferencia de competencias, así como de los recursos humanos y materiales del Estado a las distintas autonomías, lo que originó la mayor fragmentación que nunca antes había vivido este Cuerpo, al traducirse todo ello en diferentes denominaciones específicas, órganos de pertenencia, ámbitos competenciales e identidad corporativa: tantos como comunidades autónomas a las que fueron derivados los Agentes Forestales de toda España (incluso en algunas comunidades, como Andalucía o Extremadura, el colectivo se disgregó aún más).
Una especial significación tuvieron igualmente todos los procesos de metamorfosis con los que se pretendió eliminar todo ápice de corporativismo, jerarquía o imagen coercitiva (que recordara, en gran parte, a los tiempos pasados del franquismo), suprimiéndose cargos como el de Subinspector, Jefe de Comarca o Jefe de Zona (sustituidos ahora por la denominación genérica de Coordinador en sus diferentes acepciones), supresión del Escudo Forestal o de Montes como emblema identificador del Cuerpo, eliminación de elementos del uniforme como los galones que identificaban los diferentes puestos jerárquicos o incluso las hombreras de las camisas, así como la retirada progresiva de armamento, a lo que ayudó de manera decisiva la no inclusión de este colectivo como cuerpo profesional en el Reglamento de Armas de 1993.
En Castilla y León, dado que eligió la vía lenta para el traspaso de competencias del Estado, éstas se hacen efectivas en 1992, pasando entonces los Agentes Forestales de la Comunidad a depender de la Consejería de Medio Ambiente.
Finalmente, en 2002, mediante la publicación del DECRETO 136/2002, de 26 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la Escala de Agentes Medioambientales del Cuerpo de Ayudantes Facultativos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y la estructura básica de la organización de sus puestos de trabajo, y a través de un proceso formativo primero, y más tarde, de promoción interna, culminado en 2005, los Agentes Forestales pasan a llamarse Agentes Medioambientales, adquiriendo en el proceso una serie de competencias tales como actividades clasificadas y residuos, que hasta entonces no tenían, conservando, por supuesto, su condición de Agentes de la Autoridad y Policía Judicial genérica en el ejercicio de sus funciones y dentro del ámbito de sus competencias.
Una vez establecido el Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León el Cuerpo de Agentes Forestales queda a extinguir.
En la actualidad el Cuerpo de Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León está compuesto por más de 800 profesionales distribuidos por todo el territorio de la Comunidad Autónoma, conformando un colectivo con una formación técnica muy específica, y erigiéndose, por derecho propio, en la Policía Medioambiental del siglo XXI.

References: artículo 25
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 11
 artículo 28
 artículo 46
 artículo 5
 Real Decreto