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Timestamp: 2017-01-23 16:53:10+00:00

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[Sentencia C-034/11] Constitucionalidad, artículo 53 (parcial) de la Ley 734 de 2002.- Controles a los particulares que ejercen funciones públicas inherentes al Estado. | laboralparatodos.com
[Sentencia C-034/11] Constitucionalidad, artículo 53 (parcial) de la Ley 734 de 2002.- Controles a los particulares que ejercen funciones públicas inherentes al Estado.
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Referencia: Expediente D-8149.
NILSON PINILLA PINILLA. Bogotá, D. C., dos (2) de febrero de dos mil once (2011).
III. LA DEMANDA. El demandante considera que la expresión acusada vulnera los artículos 1°, 2°, 4°, 13, 29 y 209 de la Constitución, por las razones que a continuación se exponen: Cree que hay vulneración del artículo 1° superior, por cuanto “tal aseveración es funesta para el interés general como corolario implica que los particulares que desarrollan funciones públicas mediante potestades y prerrogativas inherentes al Estado, podrían incurrir en la mayoría de conductas de los artículos 48 y 50 de la Ley 734 de 2002 (excluyendo las que se reproducen en el artículo 55 ibídem) sin repercusión disciplinaria alguna” (f. 27).
Por ello, considera grave e injustificado, desde el interés general, que un particular que ejerce funciones públicas mediante potestades y prerrogativas inherentes al Estado (de manera idéntica a un funcionario público), pueda incurrir en las conductas que son tipificadas como faltas graves o leves, o causales de mala conducta, sin que tuvieran ningún tipo de repercusión disciplinaria (f. 28). Con respecto al artículo 2°, expresa que “esta disposición se viola en lo relacionado con el principio de efectividad de los principios, deberes y derechos, y la vigencia de un orden justo” (f. 29). Más adelante afirma: “… los particulares que ejercen funciones públicas mediante prerrogativas inherentes al Estado podrían violar muchos de los deberes e incurrir en muchas de las prohibiciones establecidas para los servidores públicos. Ello devendría en ineficacia de varios de los principios, deberes y derechos consagrados expresamente en el texto constitucional”.
Sobre la vulneración del artículo 13, señala que “los administrados tendrán un trato desigual dependiendo de quien presta el servicio público, un particular o un funcionario público, pues de ello dependen los controles disciplinarios”. Cita como ejemplo que “si alguien solicita una licencia urbanística en un municipio donde exista la figura de curador urbano y plantea una recusación, a esta no se le dará trámite porque conforme a la interpretación de la norma atacada, esta situación no conlleva sanción disciplinaria; más sin embargo, si la licencia se presenta en un municipio sin la figura de Curador Urbano esta recusación será atendida ya que la norma consagra sanciones al funcionario que no tramite una recusación oportuna y legalmente planteada” (f. 30). Por consiguiente considera que se vulnera también el artículo 29 de la carta, “ya que el trato a recibir dependerá de la calidad de la persona que ejerce la potestad o prerrogativa inherente al Estado, de si es un funcionario o si es un particular”. Finalmente, asevera que se vulnera el artículo 209 por la falta o drástica disminución de controles a los particulares que ejercen funciones públicas, mediante potestades y prerrogativas inherentes al Estado.
IV. INTERVENCIONES. 1. Universidad Nacional de Colombia.
Estima que la adopción de un criterio subjetivo que defina cuándo pueden los particulares ser sujetos de responsabilidad disciplinaria, ha tenido dos momentos claramente distinguibles en el seno de la Corte Constitucional, a partir de que únicamente se le podrá aplicar la ley disciplinaria a los particulares si en su relación con el estado se encontraban subordinados a él. Posteriormente, se señaló que ese criterio subjetivo era apto para determinar la responsabilidad disciplinaria de servidores públicos, pero no para el caso de los particulares que cumplen función pública, evento en el que se debía acudir a un criterio material que no atendiera la calidad de quien actúa, sino la función pública que desarrolla y el interés público inherente a ella. Expone que “la Corte Constitucional en la sentencia C-181 de 2002 expresó que no debería aplicarse ‘in totto’ el régimen de los funcionarios públicos a los particulares que cumplen función pública, pues el artículo 123 de nuestra Constitución plantea que la ley en cada caso establecerá cuáles son los aspectos sancionatorios previstos para unos y otros” (f. 58).
La Secretaría General de esta corporación informó que con posterioridad al vencimiento del término de fijación en lista, fue recibida otra intervención, presentada por el abogado Mauricio Plazas Vega, obrando en representación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, quien explica que “contrario a lo que afirma el demandante, el aparte acusado es acorde con el principio de prevalencia del interés general por cuanto no hace otra cosa que reconocer que los particulares que ejercen funciones públicas responden en el ámbito disciplinario por las conductas que se realicen con ocasión de la función pública que cumplen y ello en manera alguna es contrario a la Constitución. Aunado a lo anterior, se insiste en que los argumentos del demandante se orientaron a la crítica de la ley en lo que toca con la determinación de las conductas por las que responden los particulares, lo cual nada tiene que ver con el artículo 53, en el cual simplemente se alude a los ‘sujetos disciplinables’” (f. 65).
V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. En concepto N° 5015 de septiembre 20 de 2010, el Procurador General de la Nación pidió a la Corte declararse inhibida para conocer de la presente demanda, por no ser posible asumir un estudio de fondo de la misma, dada su falta de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia.
VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. Primera. Competencia.
Segunda. Inhibición para proferir decisión de fondo por ineptitud Debe la Sala advertir que al decidir sobre la admisión de esta demanda, el Magistrado sustanciador observó que no cumplía los requisitos formales exigidos en el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991, pero finalmente la aceptó, al analizar el segundo escrito, con el cual se procuró su corrección por el actor, quien además se anuncia como parte de una “veeduría urbanística”.
Según el actor, la expresión contenida en el artículo 53 de la Ley 734 de 2002, “que ejerzan funciones públicas en lo que tienen que ver con estas”, es inconstitucional por cuanto al limitar la responsabilidad disciplinaria de los particulares que ejercen funciones públicas, se vulnera el interés general, la efectividad de los principios, deberes y derechos constitucionales, la vigencia de un orden justo, la supremacía de la carta, la igualdad, el debido proceso y los principios que rigen la función administrativa. Ahora se aprecia, con la mayor ilustración obtenida, que estos enfoques carecen de especificidad, pertinencia y suficiencia, pues la interpretación que el actor hace de la expresión acusada no se deriva de la misma. En efecto, el artículo 53 parcialmente acusado se refiere a los particulares disciplinables, mientras que la calificación de la falta esta prevista en el artículo 55, no demandado.
Visto desde esta perspectiva más detenida, los planteamientos expuestos por el accionante no reúnen las mínimas características que permitan realizar el examen de constitucionalidad correspondiente, por cuanto se cuestiona un contenido normativo que no emana de su texto, sino que surge de una interpretación subjetiva, distinta a la que contempla el tenor jurídico atacado. El demandante se limitó a plantear una serie de apuntes generales sobre lo que él estima debe ser la responsabilidad disciplinaria, sin sustentar cómo las normas cuestionadas contravienen directamente los preceptos constitucionales que considera vulnerados. Esta corporación, en sentencia C-1052 de octubre 4 de 2001, con ponencia del Magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, reunió y sistematizó la jurisprudencia que se ha consolidado sobre el tema, y señaló los criterios mínimos que debe reunir una demanda de inconstitucionalidad, para que pueda ser decidida de fondo: objeto demandado, concepto de violación, y las razones “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”. Así expuso:
Adicionalmente, las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente ‘y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita’ e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda . Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; ‘esa técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden’ .
La pertinencia también es un elemento esencial de las razones que se exponen en la demanda de inconstitucionalidad. Esto quiere decir que el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado. En este orden de ideas, son inaceptables los argumentos que se formulan a partir de consideraciones puramente legales y doctrinarias , o aquellos otros que se limitan a expresar puntos de vista subjetivos en los que ‘el demandante en realidad no está acusando el contenido de la norma sino que está utilizando la acción pública para resolver un problema particular, como podría ser la indebida aplicación de la disposición en un caso específico’ ; tampoco prosperarán las acusaciones que fundan el reparo contra la norma demandada en un análisis de conveniencia , calificándola ‘de inocua, innecesaria, o reiterativa’ a partir de una valoración parcial de sus efectos. Finalmente, la suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; así, por ejemplo, cuando se estime que el trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado ha sido quebrantado, se tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué consistió su vulneración (artículo 2 numeral 4 del Decreto 2067 de 1991), circunstancia que supone una referencia mínima a los hechos que ilustre a la Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no se aporten todas las pruebas y éstas sean tan sólo pedidas por el demandante. Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional.” Dentro de este contexto, no se vislumbran en la demanda bajo estudio los presupuestos necesarios para emitir un pronunciamiento de fondo; como acertadamente señala el Procurador, el actor no satisface ninguna de las exigencias señaladas por la Corte. Más aún, “debido a su confusión en las normas demandadas y en las razones que soportan su demanda, incurre en contradicciones al momento de apreciar los elementos fácticos relevantes y su correlación con los elementos jurídicos constitucionales” (f. 73).
Esto significa que, no obstante haberse corregido y admitido la demanda, si no se alcanza a cumplir lo requerido, la única opción que desafortunadamente queda es la inhibición, por ineptitud sustantiva, tal como se determinará en la parte resolutiva de esta providencia. VII. DECISIÓN.
INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo, por ineptitud sustancial de la demanda, sobre la constitucionalidad de la expresión “que ejerzan funciones públicas, en lo que tienen que ver con estas;”, contenida en el artículo 53 de la Ley 734 de 2002.

References: artículo 53
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 1
 artículo 55
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 29
 artículo 209
 artículo 123
 artículo 53
 artículo 2
 artículo 53
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 artículo 55
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