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Timestamp: 2019-05-24 18:37:15+00:00

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Privacion injusta de la libertad - Colombia
Constitución Política de Colombia (1991) Mejor documento Vigente
TÍTULO I.. De los principios fundamentales - arts. 1 a 10
TÍTULO II.. De los derechos, las garantias y los deberes
TÍTULO III.. De los habitantes y del territorio
TÍTULO IV.. De la participacion democratica y de los partidos politicos
TÍTULO V.. De la organizacion del estado
TÍTULO VI.. De la rama legislativa
TÍTULO VII.. De la rama ejecutiva
TÍTULO VIII.. De la rama judicial
TÍTULO IX.. De las elecciones y de la organizacion electoral
TÍTULO X.. De los organismos de control
TÍTULO XI.. De la organizacion territorial
TÍTULO XII.. Del regimen economico y de la hacienda publica
TÍTULO XIII.. De la reforma de la constitucion - arts. 374 a 380
ARTÍCULO TRANSITORIO 4.
ARTÍCULO TRANSITORIO 5.
ARTÍCULO TRANSITORIO 6.
ARTÍCULO TRANSITORIO 7.
ARTÍCULO TRANSITORIO 8.
ARTÍCULO TRANSITORIO 9.
ARTÍCULO TRANSITORIO 10.
ARTÍCULO TRANSITORIO 11.
ARTÍCULO TRANSITORIO 12.
ARTÍCULO TRANSITORIO 13.
ARTÍCULO TRANSITORIO 14.
ARTÍCULO TRANSITORIO 15.
ARTÍCULO TRANSITORIO 16.
ARTÍCULO TRANSITORIO 17.
ARTÍCULO TRANSITORIO 18.
ARTÍCULO TRANSITORIO 19.
ARTÍCULO TRANSITORIO 20.
ARTÍCULO TRANSITORIO 21.
ARTÍCULO TRANSITORIO 22.
ARTÍCULO TRANSITORIO 23.
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ARTÍCULO TRANSITORIO 27.
ARTÍCULO TRANSITORIO 28.
ARTÍCULO TRANSITORIO 29.
ARTÍCULO TRANSITORIO 30.
ARTÍCULO TRANSITORIO 31.
ARTÍCULO TRANSITORIO 32.
ARTÍCULO TRANSITORIO 33.
ARTÍCULO TRANSITORIO 34.
ARTÍCULO TRANSITORIO 35.
ARTÍCULO TRANSITORIO 36.
ARTÍCULO TRANSITORIO 37.
ARTÍCULO TRANSITORIO 38.
ARTÍCULO TRANSITORIO 39.
ARTÍCULO TRANSITORIO 40.
ARTÍCULO TRANSITORIO 41.
ARTÍCULO TRANSITORIO 42.
ARTÍCULO TRANSITORIO 43.
ARTÍCULO TRANSITORIO 44.
ARTÍCULO TRANSITORIO 45.
ARTÍCULO TRANSITORIO 46.
ARTÍCULO TRANSITORIO 47.
ARTÍCULO TRANSITORIO 48.
ARTÍCULO TRANSITORIO 49.
ARTÍCULO TRANSITORIO 50.
ARTÍCULO TRANSITORIO 51.
ARTÍCULO TRANSITORIO 52.
ARTÍCULO TRANSITORIO 53.
ARTÍCULO TRANSITORIO 54.
ARTÍCULO TRANSITORIO 55.
ARTÍCULO TRANSITORIO 56.
ARTÍCULO TRANSITORIO 57.
ARTÍCULO TRANSITORIO 58.
ARTÍCULO TRANSITORIO 59.
ARTÍCULO TRANSITORIO 60.
Presentación de alegato de conclusión - reparación directa
Responsabilidad del Estado por privacion injusta de la libertad (evolución)
El daño especial como título de imputación vigente y aplicable para resolver los casos en los que se pretenda endilgar responsabilidad al Estado con ocasión a la privación injusta de la libertad
Posición adoptada por el Consejo de Estado frente al carácter objetivo de la privación injusta de la libertad
Implicaciones de la interpretación efectuada por la Corte Constitucional, y de la posición adoptada por el Consejo de Estado al momento de endilgar responsabilidad al Estado por la privación injusta de la libertad
Sentencia nº 68001-23-31-000-2002-02548-01(36149) (1) de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 28 de Agosto de 2014
Sentencia nº 25000-23-26-000-2005-02760-01(38662) de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 11 de Junio de 2014
Sentencia nº 13001-23-31-000-1997-12710-01(30300) de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 26 de Marzo de 2014
Responsabilidad del Estado por Privación Injusta de la Libertad
Introducción - 1. Tratamiento jurisprudencial - a) Etapa subjetiva - b) Etapa objetiva - c) Responsabilidad por el artículo 90 de la Constitución - 2. Competencia
Sentencia nº 25000-23-26-000-1995-10714-01(33806) de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 29 de Enero de 2014
Sentencia nº 9214 de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 13 de Octubre de 1994
Sentencia nº 52001-23-31-000-1996-07459-01(23354) de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 17 de Octubre de 2013
Sentencia nº 73001-23-31-000-1995-02201-01(15498) de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 4 de Diciembre de 2007
ACCION DE REPARACION DIRECTA - Término de caducidad.PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Término de caducidad. En criterio de la Sala, no le asiste razón al tercero vinculado, puesto que no es la fecha de la última actuación del funcionario judicial que ordenó la privación de la libertad la que determina el inicio del cómputo de la caducidad, sino que, precisamente, aquél debe comenzar a contarse una vez queda ejecutoriada la providencia que decretó la absolución o su equivalente a favor del sindicado o acusado; lo anterior, en tanto sólo a partir de este último momento es que la persona detenida tiene conocimiento del daño antijurídico a ella irrogado y, por ende, es a partir de allí cuando se puede predicar que empieza el conteo del término de caducidad. Nota de Relatoría: Sentencia de 20 de abril de 2005, exp. 14835En relación con un conjunto abundante de recortes de periódicos y constancias expedidas por los medios de comunicación, aportados con la demanda, en los cuales se da cuenta, principalmente, de la detención preventiva de la señora Ramos Echandía en el año 1992, la Sala se abstiene de hacer cualquier tipo de consideración y valoración, como quiera que las noticias difundidas en medios escritos, verbales, o televisivos, en términos probatorios, no dan fe de la ocurrencia de los hechos en ellos contenidos, sino simplemente, de la existencia de la noticia o de la información; por consiguiente, no es posible dar fuerza de convicción alguna a dichos documentos, en cuanto se relaciona con la configuración del daño antijurídico y su imputación a la organización pública, en tanto a partir de los mismos no se puede derivar certeza sobre el acaecimiento y las condiciones de tiempo, modo y lugar de los sucesos allí reseñados. No obstante lo anterior, conviene precisar que en el caso concreto, dicho conjunto de documentos resultan apreciables en cuanto se relacionan con la magnitud del perjuicio causado a los demandantes, como quiera que a partir de los recortes de periódicos aportados, se tiene que a la señora Martha Esperanza Ramos se la expuso a un escarnio público, toda vez que los mismos evidencian o demuestran que hubo unas publicaciones en su contra, lo que genera una grave afectación, máxime si se tiene en cuenta que se trataba de una persona ampliamente reconocida en el departamento del Tolima. Nota de Relatoría: Ver sentencia de 1º de marzo de 2006, exp. 16587; sentencia de 17 de junio de 2004, exp. 15.450PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Sentencia absolutoria. Delito no existió. Artículo 414PRIVACION INJUSTA DE LA LIBERTAD - Responsabilidad objetiva. Artículos 9, 141 del decreto 2700 de 1991RESPONSABILDIAD OBJETIVA - Privación injusta de la libertad. Artículo 414 del decreto 2700 de 1991SENTENCIA ABSOLUTORIA - Delito no existió. La restricción a la libertad de la señora Ramos de Echandía, pudo tener justificación a partir de los elementos de juicio que obraban en el proceso en desarrollo de la investigación penal, pero lo cierto es que con la absolución se torna en inequívoca la aplicación de la consecuencia jurídica a dicho supuesto, el de la privación de la libertad, como quiera que fue el legislador, quien inspirado en principios tutelares de una visión política de Estado, tales como la justicia, la libertad, la locomoción, etc., dispuso en desarrollo de la soberanía legislativa, que frente a la materialización de cualquiera de esas hipótesis normativas, se habría de calificar sin ambages la privación de la libertad como injusta. Es por ello, que el artículo 414 del C.P.P., de aquel entonces, consagraba una responsabilidad objetiva, porque así lo dispuso el legislador. Así las cosas, una vez determinada la existencia del daño antijurídico, corresponde establecer si es posible imputar el mismo a las entidades demandadas, concretamente, a través de la aplicación de los supuestos normativos de responsabilidad objetiva consagrados en el artículo 414 del C.P.P. de 1991 (decreto ley 2700), ya que para el abogado del llamado en garantía, dicho cuerpo normativo no resultaba aplicable, en tanto la fecha del acaecimiento -imposición de la medida cautelar de detención preventiva-, el decreto ley 2700 de 1991, no estaba vigente. No resulta admisible desde ningún punto de vista sostener que, en casos como el que ocupa la atención de la Sala, los escenarios de responsabilidad objetiva contenidos en el artículo 414 del C.P.P. de 1991, no son aplicables como quiera que precisamente para la fecha en que se profirió la sentencia de absolución, esa normatividad ya había entrado en vigencia y, por lo tanto, independientemente al hecho de que la medida de aseguramiento haya sido impuesta con base en el estatuto procedimental penal anterior, no supone ello que la responsabilidad del Estado deba seguir los planteamientos allí contenidos, sino que por el contrario, los preceptos que regulan los supuestos indemnizatorios deben ser los vigentes al momento en que se profirió la providencia absolutoria o de preclusión de la investigación, toda vez que es a partir de esa fecha en que se configuró la existencia del daño antijurídico que se reclama. Para la Sala es inhesitable que en el asunto sub exámine, el título de imputación del daño debe ser el objetivo, conforme al artículo 414 del C.P.P. de 1991, ya que se logró determinar, por parte del juez penal, que el hecho investigado como delito no existió. El daño antijurídico, por lo tanto, está suficientemente demostrado, así como la imputación del mismo al Estado mediante un título objetivo contenido en la propia ley (artículo 414 del C.P.P.), sin que exista, además, ningún tipo de causa extraña que impida la atribuibilidad fáctica, como el hecho de un tercero, la culpa exclusiva de la víctima, o un evento de fuerza mayor. En efecto, con la prueba de la existencia de los fallos proferidos por los jueces de conocimiento en primera y segunda instancia, quedó plenamente establecida la imputación del daño antijurídico al Estado, ya que en los términos del artículo 414 ibídem, basta la comprobación de que la absolución o su equivalente fue decretada: i) bien, porque la persona no cometió el ilícito, ii) el hecho no constituía conducta punible -es decir era atípico-, o iii) porque el hecho delictivo investigado no existió, para que se derive de manera automática responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, a través del título objetivo contenido en la precisada disposición, siempre y cuando no exista una causa extraña comprobada que imposibilite la imputación, situación ésta que no se evidencia en el asunto materia de análisis. (…) contrario a lo precisado por el a quo, no requieren de la constatación de un error judicial, sino, simplemente, del acaecimiento de cualquiera de las mismas sin referencia alguna al contenido de la providencia judicial que impuso la medida de aseguramiento. Se trata por lo tanto, en estos eventos, de la obligación objetiva establecida en la ley, de reparar el perjuicio causado cuando frente a la persona que, en determinado momento fue privada de la libertad a través o con fundamento en una providencia legal y, en principio, ajustada al ordenamiento jurídico, sin embargo, se precluye la investigación, cesa el procedimiento, o se absuelve en la sentencia. Nota de Relatoría: Ver sentencia de 4 de diciembre de 2006, exp. 13168; sentencia de 29 de noviembre de 2004, exp. 14774; sentencia de 17 de noviembre de 1995, exp. 10056 FF: CODIGO DE PROCEDIMEINTO PENAL ARTICULO 414La simple acreditación del parentesco, para los eventos de perjuicios morales reclamados por abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos cuando alguno de estos haya muerto o sufrido una lesión, a partir del contenido del artículo 42 de la Carta Política, debe presumirse, que el peticionario ha padecido el perjuicio solicitado. FF: CONSTITUCION POLITICA ARTICULO 42Si bien en la demanda se deprecó como perjuicio moral una suma que asciende al valor de 1.000 gramos de oro para cada uno de los demandantes, es relevante precisar que en el sub judice no se presenta el perjuicio en su mayor magnitud (v.gr. eventos de muerte), sino que la aflicción de los demandantes, al menos, se prolongó no sólo durante el período en que la señora Ramos Echandía estuvo privada de la libertad, sino que se extiende hasta el momento en que quedó ejecutoriada la decisión que la absolvió de las imputaciones penales a ella formuladas; se tiene en cuenta además, la posición social de quien fuera privada de la libertad, su prestigio como profesional del derecho que indudablemente resulta afectado, la ancianidad de los padres, y las demás particularidades que en este tópico enseñan los autos; en esas condiciones, habrá lugar a reconocer, a título de daño moral y con fundamento en el arbitrio judicial.
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Sentencia nº 25000-23-26-000-2000-00718-01(27252) de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 12 de Diciembre de 2013
Actualidad sobre «Privacion injusta de la libertad»
Penal- El hábeas corpus procede en los siguientes eventos: (1) siempre que la vulneración de la libertad se produzca por orden arbitraria de autoridad no judicial; (2) mientras la persona se encuentre ilegalmente privada de la libertad por vencimiento de los términos legales respectivos; (3) cuando, pese a existir una providencia judicial que ampara la limitación del derecho a la libertad personal, la solicitud de hábeas corpus se formuló durante el período de prolongación ilegal de la libertad, es decir, antes de proferida la decisión judicial; (4) si la providencia que ordena la detención es una auténtica vía de hecho judicial. Ver Sentencia- Corte Suprema de Justicia
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Responsabilidad del Estado por privación de la libertad
Administrativo- Cuando una persona implicada en un proceso penal haya sido absuelta, ello no implica, per se, que se configure la responsabilidad patrimonial de la administración. Ver Sentencia- Consejo de Estado
Responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad
Administrativo- La responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamenta en el error judicial, que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene todo juez de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa valoración, seria y razonada, de las distintas circunstancias del caso. Ver Sentencia- Consejo de Estado
Familia Cárdenas pide una indemnización total de $ 2.127 millones
Administrativo- La familia Cárdenas pide una indemnización total de $ 2.127 millones, esto incluye el pago por los gastos de su defensa, perjuicios por la “privación injusta de la libertad” que tasan en 442 millones de pesos y daño a la reputación que sufrió, por su rehabilitación física y psicológica, así como los costos del reingreso a la carrera de ingeniería industrial en Los Andes. Ver Noticia- El Tiempo
Corte Constitucional le ordenó al INPEC actualizar sus bases de datos
Constitucional- La Corte Constitucional tuteló el derecho a la defensa, habeas data, libertad, buen nombre y honra, de un hombre que fue capturado por lo menos cuatros veces, a pesar de no tener orden de detención vigente, por estos hechos ordenó al Inpec actualizar sus bases de datos “las autoridades judiciales tienen el deber de llevar un registro actualizado en el que aparezcan las órdenes de captura, así como la información sobre su cancelación, lo anterior, por cuanto constituye una de las formas de garantizar el derecho al habeas data”. Ver Noticia- El Tiempo
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Privación injusta de la libertad por error judicial
Administrativo- La responsabilidad del Estado se configura en aquellos eventos en los que se causa un perjuicio como consecuencia de una decisión proferida por la autoridad judicial competente.Ver Sentencia- Consejo de Estado
Causales eximentes de responsabilidad del estado por privación de la libertad
Administrativo- El Estado se exonera de la responsabilidad por la privación injusta de la libertad, cuando el hecho se haya causado con dolo o culpa grave de la víctima. Ver Sentencia- Consejo de Estado
privación injusta de la libertad víctima
Administrativo- Es procedente la acción de reparación directa para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, cuando se ha lesionado el derecho de la libertad personal, por la privación injusta de la libertad. Ver Sentencia- Consejo de Estado
privación injusta de la libertad privación injusta de la libertad
Responsabilidad por privación injusta de la libertad
Administrativo- La responsabilidad del Estado se configura cuando se produce la exoneración del sindicado mediante sentencia absolutoria o su equivalente, el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo hubiere privado del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues, de hallarse inmerso en alguna de tales causales, ningún ciudadano está obligado a soportar dicha carga. Ver Sentencia- Consejo de Estado
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Responsabilidad por la privación injusta de la libertad.
Administrativo- La privación injusta de la libertad se configura (i) “porque el hecho no existió”, (ii) “el sindicado no lo cometió”, o (iii) “la conducta no constituía hecho punible”, la Sala agregó la aplicación la del in dubio pro reo, con fundamento en la misma cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, la expedición de una providencia absolutoria por cualquiera de los citados supuestos, pone en evidencia que la medida de aseguramiento fue injusta y la persona no estaba obligada a soportarla. Ver Sentencia- Consejo de Estado
Responsabilidad aplicable por privación injusta de la libertad
Administrativo- En la privación injusta de la libertad, al perjudicado le basta con demostrar que se impuso en su contra una medida privativa de la libertad en el trámite de un proceso judicial, que dicho proceso culminó con decisión favorable a su inocencia, así como el daño surgido de la situación de la detención, para que con esa demostración surja a cargo de la administración la obligación de indemnizar los perjuicios sufridos por el ciudadano. Ver Sentencia- Consejo de Estado
Caducidad de la acción por privación injusta de la libertad
Administrativo- El término de la caducidad de la reparación directa por privación injusta de la libertad, empieza a correr cuando está en firme la providencia que absuelve a la víctima directa. Ver Sentencia- Consejo de Estado
Administrativo- Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave. Ver Sentencia- Consejo de Estado
privación injusta de la libertad demanda prisión domiciliaria
Por detenciones injustas, Fiscalía debe pagar 477.000 millones de pesos
Penal- Por privación injusta de la liberta, la Fiscalía debe pagar 477.000 millones de pesos, aún hay 15.123 demandas en trámite y el 64 por ciento de ellas corresponden a supuestas privaciones injustas de la libertad. Ver Noticia- El Tiempo
prisión domiciliaria privación injusta de la libertad demanda
Procedencia del habeas corpus
Penal- El habeas corpus fue concebida como una garantía esencial cuyo ejercicio de carácter informal demanda el estudio de cualquier situación de hecho indicativa de la privación ilegal de la libertad, sin embargo, no puede ser usado de forma genérica e indiscriminada, esto es, omitiendo las instancias y los instrumentos ordinarios establecidos por el legislador para cada asunto, pues esta acción está instituida como la principal garantía fundamental en materia de protección del derecho a la libertad con la que cuenta el perjudicado para restablecerlo. Ver Sentencia- Consejo de Estado
demanda privación injusta de la libertad
Policía pide garantías en el proceso que avanza.
Penal- La grabación de un patrullero que critica a la Policía, fue llevado a la justicia penal militar porque habría cometido presuntamente los delitos de amenaza, injuria y utilización ilegal de uniformes. Ver Noticia- El Tiempo
Administrativo- Para que la entidad demandada se exima de responsabilidad, es necesario que demuestre que existió un hecho exclusivo de la víctima producido con dolo o culpa grave que dio lugar a la privación de la libertad. Ver Sentencia- Consejo de Estado
privación injusta de la libertad demanda víctima
Indemnización por privación injusta de la libertad
Administrativo- El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales, deberá indemnizar aquellos perjuicios siempre que esta se hubiere causado con dolo o culpa grave. Ver Sentencia- Consejo de Estado
Responsabilidad de la administración por la privación injusta de la libertad
Administrativo- Cuando el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios provocados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos. Y que la entidad hubiera obrado con Dolo o culpa grave. Ver Sentencia- Consejo de Estado
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References: artículo 90
 Artículo 414
 Artículo 414
 artículo 414
 artículo 414
 artículo 414
 artículo 414
 artículo 414
 artículo 42
in dubio