Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2015-00035-de-enero-28-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_2c99dfc081a244b390e2e3267059b60f&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-13 22:45:25+00:00

Document:
﻿ Auto 2015-00035 de enero 28 de 2016
AUTO 2015-00035 DE 28 DE ENERO DE 2016
CONTENIDO:ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL CONTRA ELECCIÓN DE GOBERNADOR DEBIDO A FALTA DE AVAL. LA DELEGACIÓN POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE UN PARTIDO POLÍTICO, DEBE ESTAR PREVIAMENTE FACULTADO PARA CONCEDER EL AVAL A SUS CANDIDATOS , SO PENA DE CONFIGURAR LA CAUSAL DE NULIDAD ELECTORAL ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 5ª DEL ARTÍCULO 275 DE LA LEY 1437 DE 2011. EL ARTÍCULO 102 CONSTITUCIONAL SEÑALA QUE QUIEN TIENE COMPETENCIA PARA OTORGAR EL AVAL PARA LA RESPECTIVA INSCRIPCIÓN ES EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTIDO O QUIEN ÉL DELEGUE, EL CUAL DEBE SER PROBADO EN EL CORRESPONDIENTE MOMENTO PROCESAL, Y MEDIANTE PRUEBAS CONDUCENTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL, ELECCIÓN DEL GOBERNADOR, NULIDAD ELECTORAL, CAUSALES DE NULIDAD ELECTORAL, TRÁMITE DE LA NULIDAD ELECTORAL, TRÁMITE DE LA DEMANDA DE NULIDAD ELECTORAL, DEMANDA DE NULIDAD ELECTORAL, CAUSALES DE LA ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL, NULIDAD DEL ACTO ELECTORAL, CAUSALES DE NULIDAD DEL ACTO ELECTORAL, REPRESENTANTE LEGAL DEL PARTIDO POLÍTICO, CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL, AVAL DEL PARTIDO POLÍTICO, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL, REQUISITOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE NULIDAD ELECTORAL, MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL
Auto 2015-00035 de enero 28 de 2016
Radicación: 11001-03-28-000-2015-00035-00
Demandante: Edison Bioscar Ruiz Valencia
Demandado: Edgar Enrique Martínez Romero - Gobernador de Sucre
Naturaleza: Nulidad electoral única instancia - Admisión de la demanda y decisión de la solicitud de suspensión provisional
Bogotá, D.C., veintiocho de enero de dos mil dieciséis.
1.1. De la demanda.
El señor Edison Bioscar Ruiz Valencia, actuando en nombre propio, radicó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, a fin de que se declare la nulidad: (i) de la inscripción del señor Edgar Enrique Martínez Romero como candidato a la Gobernación del Departamento de Sucre; (ii) del acta parcial de escrutinio que declaró la elección del señor Edgar Enrique Martínez Romero como Gobernador del Departamento de Sucre, proferida por la Comisión Escrutadora Departamental el día 4 de noviembre de 2015 y contenida en el formulario E-26GOB, por encontrarse incurso en las causales de nulidad establecidas en los numerales 5º y 8º del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011. De igual manera, (iii) solicitó ordenar la exclusión de los votos obtenidos por el mencionado candidato en las elecciones de autoridades locales realizadas el 25 de octubre de 2015 y adoptar la decisión que en derecho corresponda con los nuevos resultados.
1.2. De la inadmisión de la demanda.
Mediante auto del 1º de diciembre de 2015, el Despacho resolvió inadmitir la demanda. En primer lugar, en razón que el accionante a folio 2 de su escrito señaló como partes demandadas al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Sr. Edgar Enrique Martínez Romero. Sin embargo, frente a los dos primeros no formuló ningún cargo. Por tal razón, se consideró necesario precisar si la demanda realmente estaba dirigida contra dichas entidades, o si por el contrario, debía entenderse que lo que se pretende es que se les vincule como terceros interesados en las resultas del proceso.
En segundo lugar, se advirtió que el accionante en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, solicitó declarar tanto la nulidad del acto de inscripción del Dr. Edgar Enrique Martínez Romero como candidato a la Gobernación del Departamento de Sucre para las elecciones de autoridades locales realizadas el 25 de octubre de 2015, período constitucional 2016-2019, así como la nulidad del acto que declaró su elección como Gobernador del Departamento de Sucre, para el mencionado período constitucional. No podía entonces el accionante demandar de manera independiente el acto de inscripción, dada su naturaleza de acto de trámite.
En el mismo sentido, el despacho observó que a pesar que la demanda aduce la presunta configuración de las causales subjetivas consagradas en los numerales 5º y 8º del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011(1), por medio de la tercera pretensión solicitaba la exclusión de los votos obtenido por el Sr. Edgar Enrique Martínez Romero como candidato a la Gobernación del Departamento de Sucre y, en consecuencia, se produjeran unos nuevos resultados electorales.
Finalmente, se advirtió que el accionante no anexó las respectivas copias de la demanda y de sus anexos para las partes y al Ministerio Público.
En consecuencia, se le concedieron tres (3) días al accionante para efectos de corregir la demanda.
1.3. De la corrección de la demanda.
Mediante escrito presentado dentro del término legal correspondiente(2), el accionante corrigió la demanda atendiendo las indicaciones señaladas por el Despacho a través del citado auto de inadmisión.
Esta Sala es competente para tramitar el presente proceso electoral en virtud de lo establecido en el artículo 149, numeral 14º, de la Ley 1437 de 2011, al igual que lo normado en el Acuerdo 55 de 2003, expedido por la Sala Plena de esta corporación.
Luego de realizar el estudio correspondiente, la Sala observa que, en primer lugar, la demanda fue presentada dentro de los (30) treinta días que establece el literal a) del numeral 2º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011(3). En efecto, el acta parcial de escrutinio contenida en el formulario E-26GOB que declaró la elección del señor Edgar Enrique Martínez Romero como Gobernador del departamento de Sucre, se produjo en audiencia pública el 4 de noviembre de 2015 por la Comisión Escrutadora Departamental y la demanda se presentó el 24 de noviembre de la misma anualidad(4), es decir, dentro del término señalado en el citado artículo.
Seguidamente, advierte la Sala con el nuevo escrito que no se presenta acumulación de causales de nulidad objetivas y subjetivas, según lo prescrito en el mencionado artículo 281 de la citada Ley.
En cuanto a la observancia de lo establecido en el artículo 162 de la Ley 1437 de 2011, en relación con el contenido de la demanda, observa la Sala que el libelo demandatorio corregido fue presentado cumpliendo dichos requisitos, pues se encuentran debidamente designadas las partes, la pretensión fue formulada de manera clara y precisa, narra los hechos que lo fundamentan, identifica las normas violadas y explica el concepto de la violación, aporta pruebas y, finalmente, señala las direcciones para las notificaciones personales de las partes.
De igual manera, se advierten cumplidos los requisitos en relación con los anexos de la demanda. El accionante anexa copia del acto acusado, es decir, del acta parcial de escrutinio contenida en el formulario E-26GOB que declaró la elección del señor Edgar Enrique Martínez Romero como Gobernador del departamento de Sucre, del el 4 de noviembre de 2015(5). Finalmente, se verifica que fueron allegadas las respectivas copias de la demanda y sus anexos.
2.3. De la medida de suspensión provisional solicitada.
A diferencia del Decreto-Ley 1 de 1984 derogado, la nueva normatividad establece expresamente la finalidad de tales medidas cautelares, cuales son, la necesidad de garantizar el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, superando de esta forma la concepción tradicional de mera garantía de control de la legalidad de las actuaciones de la Administración, tal y como se circunscribió en su momento la única de aquellas: la suspensión provisional. Ello, sin duda alguna, repercute favorablemente en la búsqueda de la materialización del denominado derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Al respecto, la Corte Constitucional ha manifestado que:
(...) Era apenas natural que el ordenamiento de las medidas cautelares evolucionara con el tiempo en esa dirección, pues como ha dicho la jurisprudencia constitucional la inevitable duración de los procesos judiciales en ocasiones puede implicar la afectación del derecho a una administración de justicia pronta y eficaz, ya que si bien la justicia llega, lo hace en esos casos demasiado tarde, cuando han tenido lugar “daños irreversibles, o difícilmente reparables, en el derecho pretendido por un demandante”(6). Resultaba entonces necesario ampliar el catálogo de medidas cautelares, con el fin de asegurar instrumentos efectivos de protección provisional que pudieran usarse en las controversias contenciosas no originadas en un acto administrativo, sino por ejemplo en una omisión o un hecho de la administración. También era imperativo morigerar la radical limitación de la suspensión provisional, con el fin de asegurar una protección previa a la sentencia frente a actos administrativos, que garantizara el derecho a una justicia pronta y efectiva (7)(...).
Dentro de tales medidas, se encuentra la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos, de acuerdo con las voces del numeral 3º del artículo 230 de la Ley 1437 de 2011(8). Esta institución se configura además como una de las causales de pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo, teniendo incidencia particularmente respecto de su carácter ejecutorio(9).
“ART. 231.—Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud (...)”.
“... ART. 277.—En el caso de que se haya pedido la suspensión provisional del acto acusado, la que debe solicitarse en la demanda, se resolverá en el mismo auto admisorio, el cual debe ser proferido por el juez, la Sala o Sección. Contra este auto solo procede en los procesos de única instancia el recurso de reposición y, en los de primera, el de apelación...”.
2.4. De la solicitud en el caso concreto.
Como primera medida, el accionante elaboró un cuadro comparativo entre el acto cuya suspensión se solicita, así como de las pruebas aportadas y las normas presuntamente quebrantadas.
Seguidamente, señala que al confrontar el acto con las pruebas que se anexan, se observa la flagrante violación de los requisitos constitucionales y legales, pues se declaró electo a una persona cuya inscripción no cumplió con los requisitos legales.
Aduce el accionante que el señor Edgar Enrique Martínez Romero se inscribió como candidato a la Gobernación del departamento de Sucre, sin el aval correspondiente, pues la delegación realizada por el representante legal del Partido Cambio Radical no incluía tal facultad, violando de esta forma el artículo 108 de la Constitución Política(10) y configurándose la causal de nulidad electoral establecida en el numeral 5º del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011(11).
Igualmente, considera que el señor Edgar Enrique Martínez Romero al inscribirse como candidato a la Gobernación del departamento de Sucre por el Partido Cambio Radical sin renunciar al Partido ASI y al Partido Liberal, incurrió en doble militancia, configurándose de esta manera la causal de nulidad electoral establecida en el numeral 8º del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011(12).
Corresponde a esta Sala analizar si en esta etapa procesal, se encuentran comprobadas las irregularidades que alega el accionante, y en caso afirmativo, si desde este momento se advierte que existe una violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud para tal fin, que imponga al juez electoral el deber de suspender los efectos jurídicos del acto cuya legalidad se estudia, esto es, el acta parcial de escrutinio contenida en el formulario E-26GOB que declaró la elección del señor Edgar Enrique Martínez Romero como Gobernador del departamento de Sucre, emitida el 4 de noviembre de 2015.
En otras palabras, compete a la Sala constatar, con fundamento en las pruebas aportadas y la sustentación de la medida cautelar, si se contravino lo establecido en el artículo 108 de la Constitución Política y en los numerales 5º y 8º del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.
Las pruebas documentales aportadas por el accionante para tales efectos, son las siguientes:
1. Copia simple del formulario E-6 GO con el cual se inscribió la candidatura;
2. Copia simple del aval otorgado y expedido por el señor Alejandro Char Chaljub;
3. Copia simple de la Resolución 2789 de 2015, por medio del cual el Consejo Nacional Electoral negó la solicitud de revocatoria de la inscripción;
4. Copia simple del acta final de escrutinio, Formulario E-26, que declaró la elección como Gobernador de Sucre del señor Edgar Enrique Martínez Romero;
5. Copia simple de la carta enviada por el Secretario del Comité Central, al Senador Antonio Guerra de la Espriella, donde le reconoce su derecho de postulación de candidatos;
6. Copia simple de la Resolución del 20 de enero de 2015, por medio de la cual el partido Cambio Radical establece el protocolo de procedimientos de otorgamiento de avales;
7. Copia simple de la Resolución 2238 del 14 de agosto, mediante la cual el CNE registra una reforma estatutaria del Partido Cambio Radical, resaltando los artículos que corresponden a la Comisión Política Nacional y sus funciones del Partido Cambio Radical;
8. Copia simple de fotografías de eventos tomadas entre el 17 de mayo y el 23 de julio de 2015 donde el señor Martínez Romero adelanta campaña política por la Alianza Social Independiente, ASI;
9. Copia simple de la noticia publicada en El Heraldo y El Tiempo, de fecha 2015-07-04, donde se informa que el señor Martínez Romero es candidato por el partido ASI;
10. Copia simple de la fotografía periodística, donde el señor Martínez Romero aparece recibiendo el supuesto aval del Partido Cambio Radical.
A partir de las pruebas documentales aportadas por el accionante con el escrito de la demanda, a través de las cuales se pretende demostrar la veracidad de los hechos expuestos como sustento de la solicitud de la medida provisional, advierte la Sala que estas no resultan suficientes ni conducentes para dar por ciertas las aseveraciones hechas por el demandante.
En primer lugar, no se logra colegir en esta etapa procesal que el señor Alejandro Char Chaljub no tenía la competencia para otorgarle el aval correspondiente al señor Edgar Enrique Martínez Romero para inscribirse como candidato a la Gobernación del departamento de Sucre para el período constitucional 2016-2019, en virtud de la delegación que le hiciere el representante legal del Partido Cambio Radical para estos fines. En efecto, las pruebas enlistadas en los numerales 1º (inscripción del candidato), 3º (negativa del Consejo Nacional Electoral de revocar la inscripción) y 4º (declaratoria de elección del señor Edgar Enrique Martínez Romero como Gobernador del departamento de Sucre) dan cuenta de supuestos fácticos que no corresponden a la aseveración realizada por el accionante, ni corresponden a la normatividad vigente que fundamenta el otorgamiento del aval. En este sentido, el artículo 102 constitucional señala que quien tiene competencia para otorgar el aval para la respectiva inscripción es el representante legal del partido o quien él delegue.
Por su parte, con la prueba aportada por el demandante y arriba relacionada en el numeral 2º, en esta instancia no se podría colegir categóricamente que el señor Alejandro Char Chaljub no tenía la facultad para otorgar el aval por parte del Partido Cambio Radical al señor Edgar Enrique Martínez Romero, para inscribir la candidatura a la Gobernación del departamento de Sucre, pues no se logra demostrar que al señor Char Chaljub no se le hubiere delegado la facultad para otorgar avales de conformidad con el citado artículo 108 constitucional.
En cuanto a la prueba enlistada en el numeral 5º, se señala que la carta enviada por el Secretario del Comité Central al Senador Antonio Guerra de la Espriella, indica que los miembros de la Comisión Política Nacional, entre quienes se encuentran los Senadores y Representantes electos por el Partido Cambio Radical, tienen la facultad de postular candidatos junto con el apoderado. Sin embargo, a partir de esta prueba no se puede colegir que el apoderado señor Char Chaljub no tuviere facultad de otorgar los respectivos avales. De igual manera, se advierte que existe diferencia entre el derecho a postular candidatos y el poder para otorgar avales, lo cual entonces no llega a demostrar en esta etapa procesal la aseveración realizada por el accionante.
Así mismo, de la prueba aportada y relacionada en el numeral 6º, es decir, el protocolo y procedimiento de otorgamiento de avales para las elecciones de autoridades locales del 25 de octubre de 2015 establecido mediante Resolución del 20 de febrero del 2015 expedida por el Secretario General del Partido Cambio Radical, no se llega a demostrar en esta etapa procesal el apoderado señor Char Chaljub no tuviere facultad de otorgar los respectivos avales. Lo que da cuenta este documento, por ejemplo, es que los congresistas que hayan tenido la mayor votación en cada municipio, tendrán el liderazgo en la conformación de las listas en diálogo conjunto con los demás miembros de los respectivos directorios. En todo caso, se debe tener en cuenta la facultad de avalar inscripciones radica en cabeza del representante legal del partido, potestad que, según lo dispuesto en el mencionado artículo 108 constitucional, podrá ser delegada.
Finalmente, frente a la prueba enlistada en el numeral 7º en relación con este primer cargo, en esta etapa procesal, se advierte que la Resolución 2238 del 14 de agosto de 2015 señala el registro de una reforma estatutaria del Partido Cambio Radical pero tampoco demuestra la aseveración realizada por el accionante, en el sentido de no comprobarse que el señor Char Chaljub no se le hubiere delegado la facultad para otorgar avales de conformidad con el citado artículo 108 constitucional.
En segundo lugar, tampoco se puede colegir en esta etapa procesal, que el señor Edgar Enrique Martínez Romero hubiese incurrido en doble militancia, pues las pruebas arrimadas para tales efectos y arriba relacionadas en los numerales 8º-10 (fotografías e informes periodísticos), en este estadio procesal no tienen la conducencia para demostrar que el entonces candidato a la Gobernación de Sucre(13): (i) perteneció en algún momento al Partido Político Alianza Social Indígena, ASI, o al Partido Liberal; o (ii) que aun en el evento de haber pertenecido a alguno de estos partidos, no hubiera renunciado para inscribirse como candidato del partido Cambio Radical.
Cabe resaltar que el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011 establece que la militancia o pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de identificación y registro que se adopte para tal efecto el cual deberá establecerse conforme con las leyes existentes en materia de protección de datos.
De igual manera, respecto a los informes periodísticos allegados en la prueba documental enlistada en el numeral 9º, la Sala precisa que sobre el valor probatorio de los informes de prensa, la Sala Plena de esta corporación ha señalado:
“... Conforme el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil y a lo que ha sostenido la doctrina procesal, la publicación periodística que realice cualquiera de los medios de comunicación puede ser considerada prueba documental(14). Sin embargo, en principio solo representa valor secundario de acreditación del hecho en tanto por sí sola, únicamente demuestra el registro mediático de los hechos. Carece de la entidad suficiente para probar en sí misma la existencia y veracidad de la situación que narra y/o describe. Su eficacia como plena prueba depende de su conexidad y su coincidencia con otros elementos probatorios que obren en el expediente. Por tanto, individual e independientemente considerada no puede constituir el único sustento de la decisión del juez...”(15).
Lo discurrido por la Sala entonces permite inferir que no es posible acceder a la suspensión provisional del acto, toda vez que en esta etapa procesal no se cumplió con la carga de argumentación y prueba, al menos sumaria, en cabeza del solicitante de la medida cautelar.
Ello resulta evidente, cuando se observa que el accionante en su escrito de demanda, solicita como prueba documental se oficie a la Registraduría Delegada del Estado Civil de Sucre, para que allegue, entre otros documentos, copia del poder por medio del cual el Representante Legal del Partido Cambio Radical, delegó la facultad de avalar e inscribir al señor Martínez Romero como candidato a la Gobernación de Sucre; así mismo, se oficie al Partido Cambio Radical para que suministre, entre otros documentos, certificado de afiliación y militancia del señor Martínez Romero en dicho partido; igualmente, se oficie a la ASI y al Partido Liberal para que alleguen, entre otros documentos, la renuncia respectiva antes de afiliarse al Partido Cambio Radical.
PRIMERO. ADMÍTASE la demanda de nulidad electoral promovida por el señor Edison Bioscar Ruiz Valencia contra el acta parcial de escrutinio que declaró la elección del señor Edgar Enrique Martínez Romero como Gobernador del departamento de Sucre, proferida por la Comisión Escrutadora Departamental el día 4 de noviembre de 2015 y contenida en el formulario E-26GOB.
1. NOTIFICAR al señor Edgar Enrique Martínez Romero de conformidad con el literal a) del numeral 1º del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011. Para el efecto, se comisiona al Tribunal Administrativo de Sucre. Por Secretaría líbrese despacho comisorio al presidente de esa corporación, con los insertos del caso, remitiéndole copia de la demanda y de sus anexos, a fin de que por el Magistrado a quien corresponda por reparto el asunto, se adelante la actuación pertinente.
2. NOTIFICAR personalmente a los miembros del Consejo Nacional electoral, a través de su Presidente, y al señor Registrador Nacional del Estado Civil, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 277 de la Ley 1437 de 2011.
6. Comuníquese esta providencia a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por medio del buzón electrónico, la cual si así lo decide podrá intervenir en la oportunidad prevista en los artículos 277 y 279 de la Ley 1437 de 2011.
SEGUNDO: NO DECRETAR la suspensión provisional solicitada por el demandante del acto acusado, con fundamento en los motivos expuestos en esta providencia.
Magistrados: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez—Roció Araújo Oñate—Carlos Enrique Moreno Rubio—Alberto Yepes Barreiro.
1 Ley 1437 de 2011. ARTÍCULO 275. CAUSALES DE ANULACIÓN ELECTORAL. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:
(...) 5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad.
(...) 8. Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia política.
2 El término de tres días venció el 10 de diciembre de 2015, fecha en la cual se radicó el escrito. Visible en folio 49.
3 Ley 1437 de 2011. ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser presentada:
(...) 2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
a) Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo electoral, el término será de treinta (30) días. Si la elección se declara en audiencia pública el término se contará a partir del día siguiente; en los demás casos de elección y en los de nombramientos se cuenta a partir del día siguiente al de su publicación efectuada en la forma prevista en el inciso 1º del artículo 65 de este Código.
En las elecciones o nombramientos que requieren confirmación, el término para demandar se contará a partir del día siguiente a la confirmación; (...).
4 Visible a folio 21.
5 Visible a folios 24-25 y 111-112.
6 Sentencia C-490 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero. Unánime). En ese caso, al estudiar algunas normas relativas a medidas cautelares en el proceso civil, la Corte dijo: “La Constitución pretende asegurar una administración de justicia diligente y eficaz (C.P., art. 228). [...] Esto significa no solo que los jueces deben adoptar sus decisiones en los términos establecidos por la ley, sino que, además, sus decisiones deben ser ejecutadas y cumplidas, ya que poco sentido tendría que los jueces resolvieran las controversias, pero sus decisiones resultaran inocuas en la práctica, al no poder ser materialmente ejecutadas. Ahora bien, el inevitable tiempo que dura un proceso puede a veces provocar daños irreversibles, o difícilmente reparables, en el derecho pretendido por un demandante. Es entonces necesario que el ordenamiento establezca dispositivos para prevenir esas afectaciones al bien o derecho controvertido, a fin de evitar que la decisión judicial sea vana. Y tales son precisamente las medidas cautelares, que son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso”.
7 Corte Constitucional, Sentencia C-284 del 15 de mayo de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.
8 Ley 1437 de 2011. Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares. Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:
(...) 3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo (...).
9 Ley 1437 de 2001. Artículo 91. Pérdida de ejecutoriedad del acto administrativo. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos en firme serán obligatorios mientras no hayan sido anulados por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Perderán obligatoriedad y, por lo tanto, no podrán ser ejecutados en los siguientes casos:
10 Constitución Política. Artículo 108. El Consejo Nacional Electoral reconocerá Personería Jurídica a los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos. Estos podrán obtenerlas con votación no inferior al tres por ciento (3%) de los votos emitidos válidamente en el territorio nacional en elecciones de Cámara de Representantes o Senado. Las perderán si no consiguen ese porcentaje en las elecciones de las mismas Corporaciones Públicas. Se exceptúa el régimen excepcional que se estatuya en la ley para las circunscripciones de minorías étnicas y políticas, en las cuales bastará haber obtenido representación en el Congreso.
Los movimientos sociales y grupos significativos de ciudadanos también podrán inscribir candidatos
11 Ley 1437 de 2011. Artículo 275. Causales de nulidad electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:
(...) 5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad (...).
12 Ley 1437 de 2011. Artículo 275. Causales de nulidad electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:
(...) 8. Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia política (...).
13 Cabe resaltar que el artículo 2º de la Ley 1475 de 2011 establece que la militancia o pertenencia a un partido o movimiento político, se establecerá con la inscripción que haga el ciudadano ante la respectiva organización política, según el sistema de identificación y registro que se adopte para tal efecto el cual deberá establecerse conforme a las leyes existentes en materia de protección de datos.
14 “Esta Corporación ha reiterado que los artículos publicados en la prensa escrita pueden apreciarse por el juez como prueba documental solo para tener ‘(...) certeza sobre la existencia de la información, pero no de la veracidad de su contenido’. Sobre el mérito probatorio de las publicaciones de prensa como prueba en los procesos se encuentran también las siguientes providencias: sentencia de 27 de junio de 1996, rad. 9255, C.P. Carlos A. Orjuela G.; sentencia de 15 de junio de 2000, exp. 13.338, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de 10 de noviembre de 2000, rad. 18298, actor: Renata María Guadalupe Lozano, C.P. Ricardo Hoyos Duque, y sentencia del 16 de enero de 2001, rad. ACU-1753, C.P. Reinaldo Chavarro; sentencia de 25 de enero de 2001, rad. 3122, C.P. Alberto Arango Mantilla; sentencia de 6 de junio de 2002, rad. 739-01, C.P. Alberto Arango Mantilla”.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 29 de mayo de 2012, C.P. Susana Buitrago Valencia, radicación: PI 2011-01378-00.

References: ARTÍCULO 275
 ARTÍCULO 102
 artículo 275
 artículo 275
 artículo 149
 artículo 164
 artículo 281
 artículo 162
 artículo 230
 artículo 108
 artículo 275
 artículo 275
 artículo 108
 artículo 275
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 102
 artículo 108
 Resolución 
 artículo 108
 Resolución 
 artículo 108
 artículo 2
 artículo 175
 artículo 277
 artículo 277
 ARTÍCULO 275
 artículo 137
 ARTÍCULO 164
 artículo 65
 Artículo 230
 Artículo 91
 Artículo 108
 Artículo 275
 artículo 137
 Artículo 275
 artículo 137
 artículo 2