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Timestamp: 2018-01-23 00:04:45+00:00

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1995-03-13 | Convenios Chile Suecia
Convenio de Seguridad Social entre Suecia y Chile (Refundido el 2006)
CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE SUECIA Y LA REPUBLICA DE CHILE
El Reino de Suecia y la República de Chile animados por el deseo de regular sus relaciones en el área de la Seguridad Social, han convenido lo siguiente:
l. Las expresiones y términos que se indican a continuación tienen, a efectos de aplicación del presente Convenio, el siguiente significado:
a) ”Legislación”, las leyes, reglamentos y disposiciones sobre cotizaciones y beneficios de los sistemas de seguridad social que se indicant en el artículo 2o. de este Convenio.
b) ”Autoridad Competente”, respecto de Chile, el Ministro del Trabajo y Previsión Social y respecto de Suecia, el Gobierno o la autoridad designada por el Gobierno.
c) ”Institución Competente”, designa la Institución o Organismo responsable, en cada caso, de la aplicación de la legislación a que alude el artículo 2o. de este Convenio.
d) ”Pensión” o ”Renta Vitalicia”, pensión o otra prestación pecuniaria de largo plazo, incluyendo suplementos, asignaciones y aumentos.
e) ”Período de Seguro”, todo período reconocido como tal por la legislación bajo la cual se haya cumplido, así como cualquier período considerado por dicha legislación, como equivalente a un periodo de seguro.
l. El presente Convenio se aplicará:
a) Los regímenes de prestaciones de salud;
b) El seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales;
c) El Nuevo Sistema de Pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, basado en la capitalización individual;
d) Los regímenes de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia administrados por el Instituto de Normalización Previsional, y
e) El Seguro de Cesantía.
Las letras a) y b) no tendrán aplicación respecto de las disposiciones contenidas en el Capítulo II del Título III del presente Convenio.
B) Respecto de Suecia, a las disposiciones legales sobre:
a) seguro por enfermedad con compensación por enfermedad y compensación por actividad,
b) seguro parental,
c) seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales,
d) pensiones de garantía y pensiones de jubilación basadas en los ingresos,
e) pensiones de sobrevivencia así como subvención de sobrevivencia para hijos,
f) seguro de desempleo.
2. El presente Convenio se aplicará igualmente
a las disposiciones legales que en el futuro complementen o modifiquen las enumeradas en el párrafo precedente.
3. La aplicación de las normas del presente Convenio excluirá las disposiciones contenidas en otros Convenios bilaterales o multilaterales celebrados por uno de los Estados Contratantes, en relación con la legislación que se indica en el No. l de este párrafo.
a) Los nacionales del otro Estado Contratante.
b) Los refugiados y los apátridas.
c) Otras personas, en lo referente a los derechos derivados de las personas mencionadas en las letras a) y b).
l. Salvo que en el presente Convenio se disponga otra cosa, las rentas vitalicias o pensiones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y las pensiones de invalidez, vejez
y sobrevivencia que se abonarán de acuerdo con la legislación de un Estado Contratante no podrán ser sujetas a reducción, modificación, suspensión o retención por el hecho de que el beneficiario se encuentre o resida en el otro Estado.
2. Las prestaciones enumeradas en el párrafo precedente debidas por uno de los Estados a los nacionales del otro Estado, que residan en un tercer país, se harán efectivas en las mismas condiciones y con igual extensión que a los propios nacionales que residan en ese tercer
El trabajador estará sometido a la legislación del Estado Contratante en que ejerza la actividad laboral, independientemente del Estado en que tenga su domicilio o del Estado en que el empleador tenga su sede, salvo que en el artículo 7o. se disponga otra cosa.
1. El trabajador dependiente al servicio de una Empresa cuya sede se encuentre en uno de los Estados Contratantes, que sea enviado al otro Estado para realizar trabajos de carácter temporal, quedará sometido a la legislación del primer Estado, siempre que la duración previsible del trabajo no exceda de doce meses.
Si, por circunstancias imprevisibles, la duración del trabajo excediera de los doce meses, el trabajador continuará sometido a la legislación del primer Estado por un nuevo período de doce meses, a condición de que la Autoridad Competente del segundo Estado dé
2. El funcionario público que sea enviado por uno de los Estados Contratantes al otro Estado, continuará sometido a la legislación del primer Estado sin límite de tiempo.
3. A los Agentes diplomáticos y funcionarios consulares de carrera, así como el personal administrativo y técnico de las Embajadas y oficinas consulares dirigidas por funcionarios consulares de carrera, al igual que los miembros del personal de servicio de las Embajadas
y oficinas consulares, respectivamente, y a las personas que estén empleadas exclusivamente al servicio privado doméstico de los Agentes Diplomáticos, funcionarios consulares de carrera y miembros de oficinas consulares dirigidas por funcionarios consulares de carrera, en la medida que estas personas queden afectadas por la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y la Convención de Viena sobre
relaciones consulares, se les aplicarán las disposiciones de estos instrumentos internacionales.
4. El trabajador dependiente que ejerza su actividad a bordo de un buque estará sometido a la legislación del Estado cuyo pabellón enarbole el buque.
5. Para la aplicación de las disposiciones de este artículo, los familiares acompañantes del trabajador, que no realicen actividades laborales propias, se considerarán residentes en el país a cuya legislación está sometido dicho trabajador.
Las Autoridades Competentes de ambos Estados Contratantes podrán, de común acuerdo, establecer excepciones a las disposiciones contenidas en los artículos 6o. y 7o. para determinadas personas o categorías de personas.
En tales casos, se aplicará lo dispuesto en el artículo 7o. número 5 del presente Convenio.
El que perciba una pensión de acuerdo con la legislación de uno de los Estados Contratantes, tiene derecho durante su residencia en el otro Estado, a prestaciones de salud, con arreglo a la legislación de este último Estado en las mismas condiciones que quienes perciban
los beneficios correspondientes según la legislación del Estado de residencia.
Cuando la legislación de uno de los Estados Contratantes exija el cumplimiento de determinados períodos de seguro para la adquisición, conservación o recuperación del derecho a pensión de invalidez, vejez o sobrevivencia, los periodos cumplidos según la legislación del otro Estado se sumarán, cuando sea necesario, a los períodos cumplidos baja la legislación del primer Estado, siempre que ellos no coincidan.
l. Para la determinación de la disminución de la capacidad de trabajo a efectos del otorgamiento de las correspondientes pensiones, la Institución Competente de cada uno de los Estados Contratantes efectuará su evaluación de acuerdo con la legislación a la que está
sometida. Los reconocimientos médicos necesarios serán efectuados por la Institución del lugar de residencia a petición de la Institución Competente.
2. Para efectos de los dispuesto en el párrafo anterior, la Institución del Estado Contratante en que resida el interesado pondrá a disposición de la Institución del otro Estado, a petición de ésta y gratuitamente, los informes y documentos médicos que obren en su poder.
3. En caso de que la Institución sueca estime necesario que en Chile se realicen exámenes médicos que sean de su exclusivo interés, éstos serán financiados por la Institución Competente sueca.
4. En caso que la Institución Competente chilena estime necesario la realización de exámenes médicos adicionales en el otro Estado Contratante que sean de su exclusivo interés, éstos serán financiados de acuerdo con la legislación chilena.
Cuando se trate de trabajadores afiliados al sistema chileno de capitalización individual, la Institución Competente chilena efectuará el reembolso del costo total de estos exámenes, a la Institución Competente del otro Estado Contratante, debiendo requerir del afiliado, cuando proceda, el porcentaje a su cargo. La Institución Competente chilena podrá deducir el costo que le corresponde asumir al afiliado, de las pensiones devengadas o del saldo de su cuenta de capitalización individual. Si los nuevos exámenes se solicitan a propósito de una reclamación interpuesta al dictamen de invalidez emitido en Chile, el costo de tales exámenes será financiado de la forma señalada precedentemente, salvo que la reclamación sea interpuesta por una Institución Competente chilena o por una Compañía de Seguros, en cuyo caso tales gastos serán financiados por el reclamante.
B. APLICACION DE LA LEGISLACION SUECA
1. Para determinar el derecho a compensación por enfermedad o compensación por actividad, las personas que se encuentren cotizando o perciban pensiones conforme a la legislación chilena, se equipararán a asegurado conforme a la legislación sueca.
2. El artículo 10 no será aplicable para los efectos de cumplir con el requisito básico de tres años de residencia en Suecia para tener derecho a la pensión de garantía o a la compensación por enfermedad o a la compensación por actividad en forma de compensación de garantía.
3. Para calcular la compensación por enfermedad y la compensación por actividad basada en los ingresos, únicamente se tomarán en cuenta los ingresos percibidos durante los períodos en los que era aplicable la legislación sueca.
4. Para calcular el monto de la pensión de jubilación sueca basada en los ingresos en forma de pensión suplementaria que se otorgue conforme a las disposiciones del artículo 10, unicamente se tomarán en cuenta los períodos de seguro que correspondan a la legislación sueca.
5. El Artículo 5 no será aplicable a las pensiones de garantía, a la subvención de sobrevivencia para hijos o a la compensación por enfermedad como tampoco a la compensación por actividad en forma de compensación de garantía.
6. Para los efectos del presente Convenio, los beneficios indemnizatorios por gracia otorgados en Chile por las Leyes N°s 19.123, 19.234, 19.980 y 19.992, y sus modificaciones, como así también, los concedidos por leyes dictadas con posterioridad a las anteriormente citadas, con ocasión de la violación a los derechos humanos o de la violencia política durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, no se considerarán pensión y no afectarán la pensión de garantía o las otras partes de garantía de las otras pensiones suecas.
C. APLICACION DE LA LEGISLACION CHILENA
1. Los afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones financiarán sus pensiones en Chile con el saldo acumulado en su cuenta de capitalización individual. Cuando éste fuere insuficiente para financiar pensiones de un monto al menos igual al de la pensión mínima garantizada por el Estado, los afiliados tendrán derecho a la totalización de períodos computables de acuerdo al artículo 10 para acceder al beneficio de pensión mínima de vejez o invalidez.
Igual derecho tendrán los beneficiarios de pensión de sobrevivencia.
2. Para los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos que exigen las disposiciones legales chilenas para pensionarse anticipadamente en el Nuevo Sistema de Pensiones, se considerarán como pensionados de los regímenes previsionales indicados en el
párrafo cuarto, los afiliados que hayan obtenido pensión conforme a la legislación sueca.
3. Los trabajadores que se encuentren afiliados al Nuevo Sistema de Pensiones en Chile, podrán enterar voluntariamente en dicho Sistema cotizaciones previsionales en calidad de trabajadores independientes durante el tiempo que residan en Suecia, sin perjuicio de cumplir
además, con la legislación de dicho país relative a la obligación de cotizar. Los trabajadores que opten por hacer uso de este beneficio quedarán exentos de la obligación de enterar la cotización destinada al financiamiento de las prestaciones de salud.
4. Los imponentes de los regímenes de pensión administrados por el Instituto de Normalización Previsional, también tendrán derecho al cómputo de períodos en los términos del artículo 10o. para acceder a los beneficios de pensión establecidos en las disposiciones legales que les sean aplicables.
5. En las situaciones contempladas en los párrafos 1 y 4 anteriores, la Institución Competente determinará el monto de la prestación como si todos los períodos de seguro hubieren sido cumplidos conforme a su propia legislación y, para efectos del pago del beneficio, calculará la parte de su cargo como la proporción existente entre los períodos de seguro cumplidos exclusivamente bajo esa legislación y el total de períodos de seguros computables en ambos Estados. Cuando la suma de períodos de seguro computables en ambas Partes Contratantes exceda el período establecido por la legislación chilena para tener derecho
a una pensión completa, los períodos en exceso se desecharán para efectos de este cálculo.
6. Las personas que estén aseguradas debido al trabajo o que perciban pensiones o compensaciones por enfermedad o compensaciones por actividad, debido al trabajo, conforme a la legislación de Suecia, serán consideradas como actuales imponentes del régimen provisional que les corresponda en Chile, para acceder a beneficios de acuerdo con las leyes que regulan los regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional.
1. Las solicitudes, declaraciones, recursos y otros documentos que, a efectos de aplicación de la legislación de un Estado, deban ser presentados en un plazo determinado ante las Autoridades o Instituciones correspondientes de ese Estado, se considerarán como presentados ante ella si lo hubieran sido dentro del mismo plazo ante la Autoridad o Institución correspondiente del otro Estado.
2. Cualquier solicitud de pensión presentada de acuerdo con la legislación de un Estado será considerada como solicitud de la pensión correspondiente según la legislación del otro Estado, a condición de que el interesado en la oportunidad de la solicitud manifieste o declare expresamente que ha ejercido una actividad laboral en dicho Estado. Sin embargo, esto no se aplicará si el interesado pide expresamente que se postergue el otorgamiento de una pensión prevista por la legislación del otro Estado, siempre que la legislación de dicho Estado, le permita elegir la fecha a partir de la cual la pensión se abonará.
Las comunicaciones escritas entre las Autoridades e Instituciones, así como las solicitudes de particulares concernientes a la aplicación del presente Convenio podrán redactarse en alguno de los idiomas oficiales, o bien, en idioma inglés.
Las Instituciones Competentes de los Estados Contratantes podrán solicitarse, en cualquier momento, reconocimientos médicos, comprobaciones de hechos y actos de los que pueden derivarse la adquisición, modificación, suspensión, extinción o mantenimiento de un beneficio.
Los gastos que, en consecuencia, se produzcan serán reintegrados en la forma que se señale en el Acuerdo Administrativo.
1. El beneficio de las exenciones de derechos de registro, de escritura, de timbre y de tasas consulares u otros análogos, previstos en la legislación de un Estado Contratante, se extenderá
a los certificados y documentos que se expidan por las Instituciones del otro Estado para la aplicación del presente Convenio.
2. Todos los actos administrativos y documentos que se expidan por una Institución de un Estado para la aplicación del presente Convenio serán dispensados de los requisitos de legalización o otras formalidades similares para su utilización por Instituciones del otro
c) Comunicarse las medidas adoptadas en el plano interno para la aplicación del presente Convenio.
d) Notificarse toda modificación de la legislación indicada en el artículo 2o.
2. Si una controversia no pudiera ser resuelta mediante negociaciones en un plazo de seis meses a partir de la primera petición de negociación, ésta deberá ser sometida a una comisión arbitral, cuya composición y procedimiento serán fijados de común acuerdo entre los Estados Contratantes. La decisión de la commission arbitral será obligatoria y definitiva.
Los períodos de seguro cumplidos según la legislación de un Estado Contratante antes de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio, serán tomados en consideración para la determinación del derecho a las prestaciones que se reconozcan en virtud del mismo.
1. La aplicación de este Convenio otorgará derecho a prestaciones por contingencias acaecidas con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor. Sin embargo, el pago de las mismas no se efectuará por períodos anteriores a la entrada en vigor del Convenio.
2. Las prestaciones que hayan sido liquidadas por una o ambas Partes o los derechos que hayan sido denegados antes de la entrada en vigor del Convenio, serán revisados a petición de los interesados o de oficio, teniendo en cuenta las disposiciones del Convenio. No se revisarán las prestaciones abonadas que hayan consistido en una cantidad única.
3. Las normas sobre prescripción y caducidad existentes en los Estados Contratantes no se aplicarán a los derechos previstos en este artículo, cuando los interesados presenten la solicitud dentro de los dos años siguientes a la fecha de entrada en vigor de este Convenio,
salvo disposición más favorable de la legislación del Estado en cuestión.
Artículo 23o.
1. El presente Convenio se celebra por tiempo indefinido. Podrá ser denunciado por cada uno de los dos Estados. La denuncia deberá ser notificada por vía diplomática a más tardar tres meses antes del término del año calendario en curso, produciéndose la expiración del Convenio al término de dicho año.
2. En caso de denuncia, las disposiciones del presente Convenio continuarán aplicándose a los derechos ya reconocidos, no obstante las disposiciones restrictivas que la legislación de los Estados pueda prever para los casos de residencia en el extranjero de un beneficiario.
3. Los Estados Contratantes establecerán un acuerdo especial para garantizar los derechos en curso de adquisición derivados de los períodos de seguro o asimilados cumplidos con anterioridad a la fecha de término de la vigencia del Convenio.
Artículo 24o.
El presente Convenio entrará en vigor el primer dia del tercer mes siguiente al mes en que los instrumentos de ratificación hayan sido intercambiados.
Hecho en Estocolmo el 13 de marzo 1995
en duplicado escritos en los idiomas sueco y
español respectivamente, teniendo todos los
textos igual valor legal.
PARA EL REINO DE SUECIA
PARA LA REPUBLICA DE CHILE
Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
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Para incluir al solicitar pensión por vejez en Chile, a través Convenio de Seguridad Social
Jag tar emot ett skadestånd varje månad för kränkningar av mänskliga rättigheter eller för politisk våld som har skett under perioden 11 september 1973 till och med den 10 mars 1990, enligt chilenska lagen 19.234 och sina ändringar.
Lag om konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile, artikel 12, nummer 6, skall gottgörelse förmåner som betalas ut av Chile, enligt ovanstående lag inte betraktas som pensioner och inte påverka garantipensioner eller garanterade delar av andra svenska pensionen.

References: artículo 2
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 10
 artículo 10
 Artículo 5
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 2

Artículo 23

Artículo 24