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Timestamp: 2017-06-26 14:00:15+00:00

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Política de privacidad - trolli.es
I. INFORMACIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LOS ESTABLECIDO EN LA LEY 34/2002, DE 11 DE JULIO, DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO ELECTRÓNICO
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, se Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en adelante, LSSI-CE), se informa de modo expreso, preciso e inequívoco, tanto a los destinatarios del servicio como a los órganos competentes, de los siguientes aspectos relativos al prestador de servicios de la sociedad de la información.
Nombre / Denominación social: Trolli Ibérica, S.A.
Actividad / Objeto social: Producción de caramelos de goma
Domicilio social / profesional:
Teléfono: (+34) 96 134 30 18
Fax: (+34) 96 134 10 97 / (+34) 96 132 58 52
Dirección web: www.trolli.es
Datos de inscripción en el Registro Mercantil / Registro Público: Reg. Mercantil de Valencia, Tomo 4.928, General 2.237, Libro de Sociedades, Folio 12, Hoja V-35.525, Inscripción 1 ª, 27-06-94 V.A.T. Reg. No: ES A-96.311.832
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante LOPD), le informamos de modo expreso, preciso e inequívoco que los datos facilitados por usted a través de los formularios dispuestos al efecto en nuestra página web o en cualquier otro canal de recogida de los mismos, así como los que se generen durante su relación con nuestra entidad, serán objeto de tratamiento en los ficheros responsabilidad de TROLLI IBÉRICA S.A., debidamente notificados en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, con la finalidad del mantenimiento y cumplimiento de la relación del destinatario del servicio con nuestra entidad y prestación de servicios derivada de la misma.
Asimismo, en cumplimiento de lo establecido en la citada LOPD y en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en adelante, LSSI-CE), le informamos que sus datos podrán ser utilizados con la finalidad de enviarle comunicaciones comerciales y de cortesía relacionadas con nuestra entidad a través del teléfono, correo postal ordinario, fax, correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalentes.
De igual manera, le informamos de que sus datos serán cedidos en todos aquellos casos en que sea necesario para el desarrollo, cumplimiento y control de la relación del destinatario del servicio con nuestra entidad o en los supuestos en que lo autorice una norma con rango de ley y, en particular, cuando concurra uno de los supuestos siguientes: a) El tratamiento o la cesión tengan por objeto la satisfacción de un interés legítimo del responsable del tratamiento o del cesionario amparado por dicha norma; b) El tratamiento o la cesión de los datos sean necesarios para que el responsable del tratamiento cumpla un deber que le imponga dicha norma.
El destinatario del servicio será el único responsable de la veracidad y exactitud de los datos aportados, actuando TROLLI IBÉRICA S.A. de buena fe como mero prestador de servicio.
En el supuesto de que el destinatario del servicio facilite datos falsos o de terceras personas sin mediar su consentimiento para ello, responderá personalmente frente a TROLLI IBÉRICA S.A., los afectados o interesados, Agencia Española de Protección de Datos y, en su caso, autoridades autonómicas de protección de datos, de las responsabilidades derivadas de dicha circunstancia.
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 4.3 de la LOPD, el destinatario del servicio se compromete a comunicar a TROLLI IBÉRICA S.A., los cambios que se produzcan en sus datos, de forma que respondan con veracidad a su situación actual en todo momento.
TROLLI IBÉRICA S.A. se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto respecto de los datos de carácter personal y de su deber de guardarlos y adoptará todas las medidas de índole técnica y organizativa necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural, desarrolladas en el Título VIII del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
El responsable del fichero o del tratamiento es TROLLI IBÉRICA S.A., con dirección a efectos de notificaciones en CIUDAD DE ÉIBAR 4, 46988 – PATERNA (Valencia).
Principio de calidad de los datos: conservación de los datos de carácter personal
En relación a esta cuestión, la Agencia Española de Protección de Datos, en sendos informes jurídicos de 30 de julio de 2004 y 1 de agosto de 2005, ha señalado lo siguiente:
“(…) la Ley Orgánica 15/1999 viene regular el bloqueo de los datos de carácter personal en su artículo 16.3, al establecer que “la cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y Tribunales, para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de éstas. Cumplido el citado plazo, deberá procederse a la supresión”.
Este precepto, a su vez, se complementa con la previsión contenida en el artículo 16.5, que indica que “los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su caso, en las relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado”.
Del análisis conjunto de las normas citadas se desprende que existirán supuestos en los que si bien deberá procederse a la cancelación de los datos, al haber dejado de ser necesarios para la ﬁnalidad que justificó su tratamiento, como sucederá cuando se haya producido la completa consumación del contrato que vincula al responsable del tratamiento con sus clientes, dicha cancelación deberá producirse mediante el bloqueo de los datos de carácter personal sometidos a tratamiento que, produciendo unos efectos similares al borrado físico de los datos, salvo en determinadas circunstancias, descritas por el artículo 16.3 de la Ley Orgánica, no implicará automáticamente ese borrado.
Así, el artículo 16.3 viene a reconocer, en consonancia con lo previsto en el artículo 16.5 de la Ley, que existirán determinados supuestos en los que la propia relación jurídica que vincula al afectado con el responsable del ﬁchero y que determina, en deﬁnitiva, el tratamiento del dato de carácter personal cuya cancelación se pretende, así como las obligaciones de toda índole que pudieran derivarse de la citada relación jurídica y que aparecen impuestas por la Ley, impedirá que la cancelación se materialice de forma inmediata en un borrado físico de los datos.
Por el contrario, el responsable del ﬁchero estará obligado, bien por el contenido de aquella relación jurídica, bien por lo establecido en una norma imperativa, al mantenimiento del dato, si bien sometido a determinadas condiciones que aseguren y garanticen el derecho del afectado a la protección de sus datos de carácter personal, no pudiendo disponer de tales datos en la misma medida en que podría hacerlo en caso de que no procediera (de oficio -por haber dejado de ser necesarios para el cumplimiento de la ﬁnalidad del ﬁchero- o a solicitud del afectado) la cancelación de los mismos.
En cuanto a las causas que podrán motivar la conservación del dato, sujeto a su previo bloqueo, y al margen de la relación jurídica con el afectado, a la que se reﬁere el artículo 16.5 de la Ley Orgánica 15/1999, estas deberán fundarse en lo dispuesto “en las disposiciones aplicables ” o a la “atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento”, tal y como prevé la meritada Ley.
En este sentido, para la determinación del periodo de bloqueo de los datos debe tenerse en cuenta que la Sentencia del Tribunal Constitucional 2923000, de 30 de noviembre, viene a imponer, expresamente, el principio de reserva de Ley en cuanto a las limitaciones al derecho fundamental de protección de datos de carácter personal, de forma que cualquier limitación a ese derecho (como sería la derivada del artículo 16.3 de la Ley) deberá constar en una disposición con rango de Ley para que el bloqueo de los datos pueda considerarse lícitamente efectuado. Así, a título de ejemplo, podría considerarse que el bloqueo habrá de efectuarse durante los plazos de prescripción de las acciones derivadas de la relación jurídica que funda el tratamiento, en los términos previstos por la legislación civil o mercantil que resulte de aplicación, así como el plazo de cuatro años de prescripción de las deudas tributarias, en cuanto los datos puedan revestir trascendencia desde el punto de vista tributario (habida cuenta de la obligación de conservación que impone el artículo 111 de la Ley General Tributarias y el plazo legal de prescripción de cuatro años previsto en el artículo 24 de la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes).
En todo caso, debe recordarse que el mantenimiento del dato bloqueado, supone una excepción al borrado físico del mismo que, en deﬁnitiva, es el ﬁn último de la cancelación (tal y como prevé el propio artículo 16.3, al indicar que “cumplido el citado plazo deberá procederse a la supresión”).
En consecuencia, a nuestro-juicio, la cancelación no supone automáticamente en todo caso un borrado o supresión físico de los datos, sino que puede determinar, en caso de que así lo establezca una norma con rango de Ley o se desprenda de la propia relación jurídica que vincula al responsable del ﬁchero con el afectado (y que motiva el propio tratamiento), el bloqueo de los datos sometidos a tratamiento.
En lo atinente a la determinación de los períodos en que el dato habrá de permanecer bloqueado, en relación con lo dispuesto en el artículo 16.3, resulta imposible establecer una enumeración taxativa de los mismos, debiendo, fundamentalmente, tenerse en cuenta, como ya se ha indicado con anterioridad, los plazos de prescripción de las acciones que pudieran derivarse de la relación jurídica que vincula al consultante con su cliente, así como los derivados de la normativa tributaria o el plazo de prescripción de tres años, previsto en el artículo 47.1 de la propia Ley Orgánica 15/1999 en relación con las conductas constitutivas de infracción muy grave.
Por último, en cuanto al modo de llevar a cabo el bloqueo, deberá efectuarse de forma tal que no sea posible el acceso a los datos por parte del personal que tuviera habitualmente tal acceso, por ejemplo, el personal que preste sus servicios en el centro consultante, limitándose el acceso a una persona con la máxima responsabilidad y en virtud de la existencia de una requerimiento judicial o administrativo a tal efecto. De este modo, pese a permanecer el tratamiento de los datos, el acceso a los mismos quedaría enteramente restringido a las personas a las que se ha hecho referencia”.

References: artículo 10
 artículo 5
 artículo 4
 Real Decreto 
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 111
 artículo 24
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 47