Source: http://www.infovivienda.es/indice/alquiler/el-contrato-de-alquiler/
Timestamp: 2018-11-17 16:10:45+00:00

Document:
Infovivienda > Alquiler > El contrato de alquiler
El contrato de alquiler urbano tiene unas particularidades especiales, dado que atribuye al arrendatario una serie de protecciones que no se encuentran en la normativa general. Cuestiones como la forma del contrato, la duración, el registro, la normativa administrativa o si hay diferencias con el alquiler público o social se tratan en este apartado.
1. ¿Qué implica el alquiler de una vivienda?
El contrato de alquiler para uso de vivienda es aquel contrato por el cual el inquilino se compromete a pagar un precio al arrendador a cambio de que éste le proporcione el uso temporal de una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad de vivienda habitual y permanente del inquilino (artículos 1543 CC y 1 y 2 LAU).
La LAU exige que la habitabilidad sea predicable del inmueble a la celebración del contrato y se mantenga, esencialmente a costa del arrendador, durante toda la vigencia del mismo (art. 2.1, 21.1 y 26 LAU). Una excepción es la rehabilitación por renta: las partes acuerdan que el inquilino realice las obras necesarias de rehabilitación para conseguir la habitabilidad de la vivienda durante la vigencia del contrato.
El régimen jurídico aplicable al alquiler de vivienda será igualmente aplicable al mobiliario, los trasteros, las plazas de garaje y cualesquiera otras dependencias, espacios alquilados o servicios cedidos como accesorios de la vivienda por el mismo arrendador (art. 2.2 LAU).
No se considera alquiler de vivienda el uso de las viviendas que los porteros, guardas, asalariados, empleados y funcionarios tengan asignadas por razón del cargo que desempeñen o del servicio que presten, ni el uso de las viviendas militares, de la casa de labor o de las viviendas universitarias (art. 5 LAU).
2. ¿Qué son los alquileres que no son de vivienda habitual (turístico, de temporada, parkings, locales, de habitaciones…)?
La Ley 29/1994 de Alquileres Urbanos regula los contratos de alquiler para uso de vivienda en el título II y los contratos de alquiler para usos distintos de vivienda en el título III. Los Títulos I y IV de la Ley se aplican ambos tipos de contratos.
Los contratos de alquiler para uso distinto de vivienda (título III), incluye aquellos contratos de alquiler que recaen sobre una edificación cuyo destino sea diferente a satisfacer la necesidad de vivienda habitual y permanente del inquilino. Se incluyen los alquileres de inmuebles (local o vivienda) donde se desarrollan actividades económicas y los contratos de temporada.
La principal diferencia entre estos dos tipos de contrato es que al contrato de alquiler de uso de vivienda se le aplican las normas del Título II de la LAU que generalmente son de obligado cumplimiento, siendo más proteccionistas con el inquilino (ej. duración mínima), de manera que cualquier pacto sobre normas imperativas que perjudique al inquilino será nulo, excepto que la ley lo autorice expresamente (art. 6 LAU). En cambio, a los contratos de alquiler para uso distinto de vivienda se les aplican las normas del Título III de la LAU, generalmente dispositivas, es decir, sólo se aplicarán en el caso que no exista un pacto entre las partes.
No se regularán por la LAU: los contratos de alquiler de plazas de garaje que no se alquilen conjuntamente con la vivienda; el alquiler de apartamentos turísticos; ni el alquiler de habitaciones cuando no es el inquilino quien alquila una parte de la vivienda alquilada (subarrendamiento). De este modo:
Contrato de alquiler de plazas de garaje: Dependiendo del objeto del contrato, se aplicarán unas determinadas normas:
Cuando se alquila la plaza de garaje como complemento de la vivienda y junto con ella, ya sea porque estén configuradas como anejo inseparable de la vivienda (se incluye en la misma escritura pública y se inscribe como una sola finca tanto la vivienda como la plaza de garaje), o bien porque se ofrece la plaza de garaje al inquilino como accesorio de la vivienda (cuando se incluye en el contrato de alquiler de vivienda) se aplica las normas sobre el alquiler de vivienda de la LAU (título II) (art. 2.2 LAU).
Cuando la plaza de garaje se escritura e inscribe separadamente de la vivienda se aplicará con carácter general las normas sobre alquileres de cosas del Código Civil (artículos 1543 y ss.). Ello implica que el arrendatario no se beneficia de las protecciones LAU.
Si la plaza de garaje forma parte de un aparcamiento público utilizable por unidades de tiempo mediante precio publicado, se aplicará al contrato de alquiler de la Ley 40/2002 de 14 de noviembre modificada por Ley 44/2006 de 29 de diciembre.[1]
Contrato de alquiler de habitaciones: Dependiendo del objeto del contrato se aplicaran unas determinadas normas:
Si la/s habitaciones se alquilan por el inquilino de un contrato de alquiler de vivienda se aplicaran las normas del contrato de alquiler de vivienda de la LAU (título II) (art. 8.2 LAU).
Si la/s habitaciones se alquilan por otra persona diferente al inquilino se regulará por las normas del contrato de alquiler del Código civil (arts. 1.542 a 1.581).
Apartamentos turísticos: son aquellos establecimientos destinados a prestar el servicio de alojamiento turístico, que cumplen los requisitos y están inscritos en el Registro administrativo de acuerdo a la legislación de cada Comunidad Autónoma.
El artículo 5 LAU excluye expresamente la aplicación de esta ley a las viviendas de uso turístico cuando están reguladas por la normativa administrativa de cada Comunidad Autónoma. Así, en algunas CCAA las viviendas de uso turístico están reguladas y, por lo tanto, se sujetan a la normativa especial y no a la LAU. Un ejemplo es la regulación de viviendas de uso turístico de Cataluña (Decreto 159/2012)[2], que establece una serie de requisitos para considerar la vivienda como de uso turístico (que se alquile como máximo por 31 días, que se alquile por dos veces o más al año, etc.)
El propietario tiene que hacer una serie de trámites para poder destinar el inmueble a uso turístico. En la Comunidad Autónoma de Cataluña, por ejemplo, tiene que:
Comunicar al Ayuntamiento que el inmueble se va a destinar a uso turístico. Cada Ayuntamiento tiene su propio formulario para realizar este trámite. Contacte con la Oficina de Atención al Ciudadano del municipio dónde esté situado el inmueble.
Una vez hecha la comunicación al Ayuntamiento, se debe comunicar a los Mossos d'Esquadra la identificación de las personas que se van a alojar.
Ingresar a la Agencia Tributaria de Cataluña, mediante modelo de autoliquidación, la tasa correspondiente a viviendas de uso turístico.
[1] BOE 15/11/2002 núm. 274.
[2] Decreto 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico (DOGC 05/12/2012 núm. 6268).
3. ¿Que normativa se aplica a mi contrato de alquiler? (con link a las diferentes leyes o disposiciones adicionales).
Siempre se debe tener en cuenta la la fecha en que se ha formalizado el contrato de alquiler. Así:
Contratos firmados antes del 9 de mayo de 1985. Se aplica la Disposición Transitoria segunda de la Ley de Alquileres Urbanos de 1994 (http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l29-1994.t5.html#tr2). Respecto aquello que no se regule en esta disposición se aplica la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 (http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r0-d4104-1964.html).
Contratos firmados a partir del 9 de mayo de 1985 y hasta el 31 de diciembre de 1994. Se aplica la Disposición Transitoria primera de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 (http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l29-1994.t5.html#tr2). Respecto aquello que no se regule en esta disposición se aplica el artículo 9 del Real Decreto Ley 2/1985 (http://noticias.juridicas.com/base_datos/Fiscal/rdl2-1985.html#I7).
Contratos firmados a partir del 1 de enero de 1995 hasta el 5 de junio de 2013. Se aplica la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994. (http://noticias.juridicas.com/base_datos/Anterior/r4-l29-1994.html).
Contratos firmados a partir del 6 de junio de 2013. Se aplica la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 con las modificaciones introducidas por la Ley 4/2013 de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas (http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/l29-1994.html).
4. ¿Si mi vivienda es de protección oficial, qué particularidades tiene?
Las viviendas de protección oficial (VPO) son aquellas que se han calificado como tal por el Órgano competente de cada Comunidad Autónoma, y que cumplen los requisitos establecidos en el Plan de Vivienda Autonómico, de acuerdo al cual se ha calificado la promoción de viviendas.
Suelen cumplir una serie de requisitos en relación a la superficie útil máxima, precio limitado de acuerdo a las tablas publicadas, la obligación de destinarse a residencia habitual y permanente de sus ocupantes y el límite de ingresos máximos que deben disponer la unidad de convivencia que ocupe la vivienda.
El contrato de alquiler puede especificar la normativa que se le aplica. Si el contrato no dice nada se aplicará la Ley de Arrendamientos Urbanos. Sin embargo, las VPO en régimen de alquiler pueden excluir la aplicación de la LAU cuando se establezca que el contrato se regulará por su propia normativa.
5. ¿Qué datos deben figurar obligatoriamente en el contrato de alquiler?
Deberán hacerse constar obligatoriamente en el contrato la identidad de los contratantes, su voluntad de obligarse a contratar, la identificación de la vivienda alquilada y la renta inicial del contrato (art. 37 LAU).
Para la identificación de la vivienda debe hacerse constar por el arrendador (art. 40.1.d LCI)[1] en el contrato de alquiler la referencia catastral de la misma (art. 38 LCI). No obstante, el incumplimiento de esta obligación no impedirá que los notarios autoricen el contrato de alquiler, no afectará a la eficacia del negocio ni impedirá su inscripción en el Registro de la Propiedad (art. 44.2.b y 44.3 LCI). Además se entenderá que la identificación de la vivienda se corresponde con la referencia catastral siempre que los datos de situación, denominación y superficie, coincidan con los del título (art. 45.a LCI). Además hay Comunidades Autónomas que exigen que se indique en el contrato de alquiler el número de la cédula de habitabilidad, e incluso que se acompañe el documento al contrato, como sucede en Cataluña (art. 66. 2 LDVC). La información contenida en la cédula, o en la calificación definitiva para las VPO, se entiende suficiente para considerar identificada la finca (art. 61.3 LDVC).
Además, en el contrato de alquiler el arrendador debería hacer constar la entrega de copia del certificado de eficiencia energética de la vivienda para acreditar que ha cumplido con su obligación de información (art. 1.2 RD 235/2013).[2]
Además, hay que tener en cuenta que cuando el contrato de alquiler se formalice entre un empresario o profesional y un consumidor, éste tiene derecho a que se le adjunte al contrato los documentos contemplados en el artículo 4 y 6 del RD 515/1989,[3] entre los que podemos destacar los siguientes: datos de la inscripción en el Registro Mercantil del vendedor o arrendador, plano general del emplazamiento de la vivienda y plano de la vivienda misma, así como descripción y trazado de las redes de suministros y garantías de las mismas, y de las medidas de seguridad contra incendios con que cuente el edificio; descripción de la vivienda con expresión de su superficie útil, y descripción general del edificio en el que se encuentra, de las zonas comunes y de los servicios accesorios; referencia a los materiales empleados en la construcción de la vivienda, incluidos los aislamientos térmicos y acústicos, y del edificio y zonas comunes y servicios accesorios; instrucciones sobre el uso y conservación de las instalaciones, datos identificadores de la inscripción del inmueble en el registro de la propiedad o expresión de no hallarse inscrito en el mismo; y la forma de pago.
Aunque no sea obligatorio, el contrato de alquiler también debería expresar si está permitido subarrendar la vivienda, cederla a terceros o instalar un negocio en ella. Además debería pronunciarse sobre si la posibilidad de dar por finalizado el contrato por el inquilino antes del transcurso de seis meses que fija la ley da derecho al arrendador a una indemnización. Si se acuerda que el inquilino debe abonar tributos u otros gastos no individualizables del inmueble (IBI, cuota de la comunidad de propietarios, etc.) es imprescindible que conste el coste anual de estos gastos en el contrato.
[2] Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, que aprueba el procedimiento básico para la certificación de eficacia energética de los edificios (BOE 13/04/2013 núm. 89).
[3] Real Decreto 515/1989, de 21 de abril, sobre protección de los consumidores en cuanto a la información a suministrar en la compra-venta y alquiler de viviendas (BOE 17/05/1989 núm. 117).
6. ¿Qué cláusulas del contrato podrían ser nulas por ir contra la ley?
El artículo 6 LAU prevé que son nulas, y se tendrán por no puestas, las estipulaciones que modifiquen en perjuicio del inquilino o subarrendatario las normas del Título II de la LAU, salvo los casos en que la propia norma expresamente lo autorice. Por lo tanto, las partes son libres de pactar las cláusulas que consideren conveniente pero siempre dentro de los límites que impone, por un lado, el Título II LAU, que recoge la normativa aplicable a los contratos de alquiler para uso de vivienda y, por otro, el resto de normas del ordenamiento jurídico que directa o indirectamente influyen en la celebración de este contrato.
De esta manera, la ley contempla algunos derechos irrenunciables del inquilino, como el poder prorrogar forzosamente el contrato hasta alcanzar los tres primeros años de duración (sería nulo el pacto que posibilitase al arrendador dejar sin efecto el contrato transcurrido el primer año sin una justa causa, art. 9.3 LAU), y el de poner fin al contrato de alquiler una vez transcurridos los seis primeros meses de duración del contrato (art. 11 LAU).
Asimismo, algunas de las cláusulas más usuales en la práctica y que son nulas de pleno derecho son las siguientes:
a) El arrendador no puede exigir el pago por adelantado de más de una mensualidad de la renta, cuyo pago no puede imponerse en un período inferior a los primeros siete días de cada mes (art. 17 LAU).
b) El arrendador no puede repercutir al inquilino ni los gastos de conservación de la vivienda para que reúna las condiciones necesarias de habitabilidad (art. 21 LAU), ni los gastos extraordinarios, por ejemplo derramas comunitarias (art. 20 LAU).
c) El pacto por el cual se faculta al arrendador a acceder a la vivienda alquilada sin consentimiento del inquilino sería nulo por ir en contra del derecho a la inviolabilidad del domicilio contemplado en el artículo 18.2 CE.
d) También sería nulo el pacto que impusiera los costes del procedimiento judicial al inquilino, pues es una cuestión que depende de la aplicación de la legislación procesal.
7. ¿Por cuánto tiempo se puede hacer el contrato de alquiler?
Los contratos de alquiler han de ser por tiempo determinado (art. 1543 CC) y, por tanto, es nula la cláusula que somete la duración del contrato a prórrogas indefinidas, ya que vulnera la noción general de temporalidad y de conferir la decisión a ambos contratantes (art. 1256 CC). [1]
Respecto a la duración será la que libremente establezcan las partes, pero en caso de no especificarse en el contrato de alquiler, la duración será de un año (art. 9.2 LAU). Sin embargo, se reconoce una prórroga mínima de tres años en beneficio del inquilino (art. 9.1 LAU) que no permite al arrendador resolver el contrato, excepto que haya transcurrido un año de contrato y éste necesite la vivienda para residencia permanente para sí mismo o para sus familiares de primer grado -padres, hijos, cónyuge- (art. 9.3 LAU).
[1] Así lo ha resuelto el Tribunal Supremo en SSTS de 27 de junio de 1989 (RJ 19896967), de 9 de mayo de 2005 (RJ 20053981) y de 20 de marzo de 2013 (RJ 20133258).
8. ¿Es obligatorio formalizar otro contrato de alquiler al finalizar el plazo acordado en el contrato vigente?
No, porque si las partes no se pronuncian en contra, el contrato se prorroga automáticamente.
Se establece una prórroga mínima obligatoria para el arrendador de tres años de contrato para los contratos firmados a partir del 6 de junio de 2013. Y de cinco años para los contratos firmados entre el 1 de enero de 1995 y el 5 de junio de 2013 (art. 9.1 LAU).
En este último caso, si no hay notificación por ninguna de las partes en un mes, se entenderá el contrato prorrogado por un año más. Y por tres años para los contratos firmados entre el 1 de enero de 1995 y el 5 de junio de 2013 (art. 10 LAU).
Y si transcurrido este año (o tres años), el inquilino permanece en la vivienda quince días más sin que haya notificación por parte del arrendador, el inquilino podrá continuar por una duración igual a como se hubiera fijado la renta: por años, meses o días, lo que se denomina tácita reconducción (arts. 1566 y 1581 CC).
Ejemplo de la tácita reconducción:
“CLÁUSULA X.- El precio de este alquiler es de cuatro cientos (400) euros mensuales, que serán abonados de la forma siguiente…” En este caso el contrato de alquiler se prorrogará mensualmente.
9. ¿Si no he firmado un contrato es válido el alquiler?
Sí, porque el contrato de alquiler puede celebrarse por escrito o verbalmente. Sin embargo, se recomienda celebrar el contrato de alquiler por escrito a efectos de poder probar la existencia del contrato. Ahora bien, si el inquilino dispone, por ejemplo, de recibos que acreditan el pago de la renta o equivalente podrá probar la existencia de un contrato de alquiler verbal y obtendrá las protecciones de la LAU (ej. duración mínima de tres años).
Además, cualquiera de las partes podrá compeler a la otra a celebrar el contrato de alquiler por escrito (art. 37 LAU).
10. ¿Debe inscribirse el contrato de alquiler en algún registro?
Debemos distinguir dos clases de registros:
Registro administrativo de depósito de fianzas: Cada Comunidad Autónoma podrá acordar la creación de un registro administrativo encargado de gestionar el depósito obligatorio de fianza en los contratos de alquiler, que además podrá solicitar la presentación de los contratos de alquiler y controlar el cumplimiento de los requisitos obligatorios que debe contener el mismo, como por ejemplo la indicación de la referencia catastral o el número de registro del certificado de eficiencia energética en el documento. En Cataluña este registro lo gestiona el Institut Català del Sól, que le permite disponer de una información adecuada sobre la situación del parque de viviendas en régimen de alquiler. En dicha Comunidad Autónoma se regula por la Ley 13/1996.[1]
En el caso de Cataluña, la inscripción se realiza junto al depósito obligatorio de fianza, adjuntando el contrato de alquiler y fotocopia del NIF de arrendador/s e inquilino/s. Además, si se ajunta el documento de compromiso de avalloguer y se cumplen los requisitos exigidos, el arrendador podrá beneficiarse de las coberturas establecidas para el avalloguer. Podrá presentarse dicha documentación directamente a INCASOL, a través de las Cámaras de la Propiedad Urbana o mediante las entidades financieras conveniadas.
Registro de la Propiedad: No es obligatoria la inscripción de los contratos de alquiler en el Registro de la Propiedad. Sin embargo pueden inscribirse los contratos de alquiler de bienes inmuebles, y los subarrendamientos, cesiones y subrogaciones de los mismos (art. 2.5 LH).[2] Para su inscripción es preciso haber elevado a escritura pública el contrato de alquiler (art. 3 LH). Además, de acuerdo al principio de legalidad, el registrador de la propiedad califica e inscribe el contenido estrictamente real de los contratos, excluyendo los pactos personales, nulos, oscuros o abusivos, y, al mismo tiempo, verifica y exige el cumplimiento de las disposiciones civiles, administrativas y fiscales aplicables al caso concreto (art. 18 LH). Debe señalarse que, si el arrendamiento no está inscrito, desde 2013, el arrendatario puede ser desahuciado más fácilmente en caso de venta del inmueble[3] pero el arrendador tiene menos vías para desahuciar[4].
Deberán satisfacerse los gastos notariales, fiscales y registrales. No obstante, se acuerda una reducción del 25% de los honorarios notariales y registrales (art. 8 Real Decreto 297/1996).[5] Tras la aprobación de la Ley 4/2013[6] deberá modificarse el RD 297/1996 para reducir los aranceles notariales y registrales aplicables (disposición final segunda). Ejemplo del coste de inscripción en el Registro de la Propiedad: Al coste de la escritura pública que se realizará ante notario, hay que añadir un arancel registral de 102,36€ para un alquiler de 900€ mensuales y cinco años de contrato.[7]
[1] Ley 13/1996, de 29 de julio, del Registro y el Depósito de Fianzas de los Contratos de Alquiler de Fincas Urbanas y de Modificación de la Ley 24/1991 de la Vivienda (BOE 23/08/1996 núm. 204).
[2] Decreto de 8 de febrero de 1946 por el que se aprueba la nueva redacción oficial de la Ley Hipotecaria (BOE 27/02/1946 núm. 58).
[3] Ver la pregunta 3.2: “¿Puedo vender la vivienda alquilada?”.
[4] Ver la pregunta 4.3: “¿Cuándo puede interponerse una demanda de desahucio? ¿Que procedimientos hay para reclamar en un contrato de alquiler y dónde debo hacerlo?”
[5] Real Decreto 297/1996, de 23 de febrero, sobre inscripción en el Registro de la Propiedad de los contratos de arrendamientos urbanos (BOE 14/03/1996 núm. 64).
[6] Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas (BOE 05/06/2013 núm. 134).
[7] Véase web de Registradores de España: http://www.registradores.org/detalle_noticia.jsp?DS48.PROID=13023, 19 de marzo de 2015.
11. ¿Qué es la rehabilitación por renta?
La rehabilitación por renta es una cláusula en un contrato de alquiler en que el inquilino no tendrá que pagar una renta en dinero, sino que se comprometerá a realizar unas determinadas obras de rehabilitación en la misma vivienda. De esta forma, los inquilinos que tienen conocimientos en reformar viviendas podrán alquilar sin necesidad de tener dinero en efectivo.
La sustitución de la renta por obras de rehabilitación se puede hacer de forma total o parcial, pudiéndose combinar las obras de rehabilitación con el pago de una renta simbólica (por ejemplo, 50€ al mes).
Al finalizar el contrato, el inquilino no recibirá una indemnización por las obras realizadas y pasarán a ser del arrendador. De esta forma, tanto el arrendador como el inquilino se ven beneficiados: el arrendador podrá rehabilitar su vivienda sin tener suficientes ahorros, y el inquilino podrá alquilar cuando no tenga suficiente dinero en efectivo pero tenga la capacidad de rehabilitar la vivienda.
La rehabilitación por renta está regulada en la LAU (art. 17.5), de modo que serán de aplicación los derechos reconocidos al inquilino en virtud de esta ley.
12. ¿Qué importancia tiene el certificado de eficiencia energética?
El certificado de eficiencia energética es un documento oficial que hace un técnico competente en el que se establece la eficacia de la vivienda en relación al consumo energético. Es decir, si de acuerdo con las condiciones físicas de la vivienda (grosor de pared, materiales, aislamiento...) tendremos un mayor o menor consumo de electricidad.
Para el inquilino es muy importante conocer la eficiencia energética de la futura vivienda alquilada, pues una mala calificación comportará que deba pagar, por ejemplo, más en las facturas de la luz.
A partir de junio de 2013 es obligatorio para los inmuebles que se vendan o alquilen por más de 4 meses disponer del certificado de eficiencia energética. El arrendador estará obligado a adjuntar una copia del certificado en el contrato. Si el arrendador no proporciona el certificado de eficiencia energética cuando se formaliza el contrato, podrá ser sancionado de 300€ a 6.000€ de acuerdo a la Ley 8/2013). También está sancionado falsear la información en la expedición o registro de certificados de eficiencia energética y publicitar en la venta o alquiler una calificación de eficiencia energética que no esté respaldada por un certificado en vigor debidamente registrado (Disposición adicional tercera y cuarta).
Además también se podrán derivar consecuencias civiles del incumplimiento de estas obligaciones. Podría suponer la anulación del contrato de alquiler si se demuestra que se ha producido un vicio en el consentimiento del inquilino (error o dolo). Por ejemplo, si éste acredita que la vivienda no dispone de la calificación energética prometida por el arrendador, creando unas expectativas erróneas en el inquilino, que de haberse conocido por éste no hubiera arrendado la vivienda.[1] También podrá pedir el cumplimiento forzoso, es decir, que el arrendador consiga la calificación de energía prometida (art. 1124 CC). O bien, podrá suponer un cumplimiento defectuoso del contrato de alquiler acreditando la existencia de vicios ocultos (art. 1484 y 1553 CC), que podría dar lugar al desistimiento del inquilino con la correspondiente indemnización de daños y perjuicios si se acredita la mala fe del arrendador o a una reducción de la renta en proporción al vicio probado mediante informe pericial (art. 1486 CC). Ver pregunta 25 "¿Puedo terminar el contrato si me he equivocado o me engañaron?" del tema "Información para el inquilino".

References: artículo 5
 artículo 9
 Real Decreto 
 artículo 4
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 6
 artículo 18
 Real Decreto 
 Real Decreto