Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2006/A220-06.htm
Timestamp: 2017-11-25 04:04:38+00:00

Document:
A220-06
Auto 220/06
PROVIDENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Tendría efectos inter pares donde se inaplique Decreto 1382 de 2000
ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Competencia de jueces municipales en primera instancia/COMPETENCIA A PREVENCION EN TUTELA-Lugar donde ocurrió amenaza o vulneración de derechos fundamentales/ACCION DE TUTELA CONTRA EL COMITE OLIMPICO COLOMBIANO-Competencia de jueces municipales
Referencia: expediente ICC - 1019
Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Administrativo de Nariño y el Juzgado Tercero (3º) de Familia del Circuito de Pasto.
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de agosto de dos mil seis (2006)
1. El 30 de junio de 2006, Carmen Eugenia Narváez Imbaquín interpuso acción de tutela contra el gerente director deportivo del Comité Olímpico Colombiano, solicitando el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de defensa, a la igualdad, al trabajo, a la recreación, al deporte y aprovechamiento del tiempo libre, al desarrollo de la personalidad, a la libertad de profesión y oficio, por presunta vulneración que achaca a la entidad demandada, la cual se habría configurado al no permitirle a la accionante participar en los Juegos Deportivos Centro Americanos y del Caribe, Cartagena 2006, evento a realizarse en la mencionada ciudad del 15 al 30 de julio del presente año.
2. El 5 de julio de 2006, fue repartida la acción a la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño, que se declaró incompetente para conocer del asunto por considerar que la entidad accionada, el Comité Olímpico Colombiano “no tiene personería jurídica para ser citado como demandado”, por lo tanto va dirigida al Instituto Colombiano del Deporte, COLDEPORTES, entidad del orden nacional descentralizado por servicios, adscrito al Ministerio de Educación Nacional conforme al Decreto 2743 de 1968, a la Ley 181 de 1995 y al “numeral 2°, literal b, artículo 38 de la Ley 489 de 1998”.
De esta manera, creyéndose ajustado al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 y al numeral primero del artículo primero del Decreto 1382 de 2000, el cual designa como competentes a los Jueces del Circuito o con categoría de tales, para conocer y resolver este tipo de acciones, el Tribunal Administrativo de Nariño resolvió remitir la acción instaurada por Carmen Eugenia Narváez Imbaquín a “los Jueces del Circuito o con categoría de tales, de este municipio”.
3. Surtido el trámite descrito, recibió el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Pasto, que mediante auto de julio 11 de 2006, manifestó su discrepancia conforme a lo expresado por el Tribunal, por concluir que la presente acción de tutela está dirigida contra el director general del Comité Olímpico, entidad del orden nacional, por lo tanto para el caso son los funcionarios de la ciudad de Bogotá D. C, quienes deben conocer de estas acciones. En su entendimiento de lo estipulado en el citado precepto del Decreto 1382 de 2000, se declaró incompetente y en conflicto negativo con el Tribunal Administrativo de Nariño, resolviendo remitir las diligencias a la Corte Constitucional para dirimirlo.
2. Mediante auto N° 71 de febrero 27 de 2001, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, se determinó que las providencias donde se inaplique el artículo 1° del Decreto 1382 de 2002, tendrían efectos inter pares, porque:
1. Encuentra la Sala que el presente conflicto de competencia es el resultado de una discrepancia sobre la naturaleza jurídica de la entidad demandada, situación que lleva a definir si el Comité Olímpico Colombiano es quien debe responder por la acción interpuesta por Carmen Eugenia Narváez Imbaquín, o si de lo contrario, es el Instituto Colombiano de Deportes, COLDEPORTES, el llamado a contestar la acción. Para resolver lo anterior, cabe observar la Resolución N° 43 de abril 18 de 1939 diario oficial N° 24071 de mayo 16 de 1939, emitida por el Ministerio de Justicia:
“Resuelve: Reconocer personería jurídica a la entidad denominada COMITÉ OLÍMPICO COLOMBIANO (C.O.C.) domiciliado en Bogotá.”
2. Además, es conocida la certificación proferida por la Jefe División de la Unidad de Registro - Subdirección Personas Jurídicas de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C., de fecha abril 18 de 2006, mediante la cual se reconoce conforme a la Resolución anteriormente citada la personería jurídica del Comité Olímpico Colombiano, corroborándose así que es una entidad particular con personería propia.
3. Frente a lo descrito anteriormente y a la luz de lo estatuido en el inciso 3° del numeral 1° del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, que designa como competentes a los Jueces Municipales para conocer en primera instancia de las acciones de tutela contra particulares, y conforme a lo estipulado en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, que adujo el conocimiento de estas acciones, a prevención, a los jueces o tribunales del lugar donde ocurre la violación o amenaza, la Corte Constitucional ejercerá su función de guardián superior de la integridad y supremacía de la Constitución, para que la decisión no sufra más retardos y el asunto sea remitido de inmediato a la Oficina Judicial de Pasto, para que repartido entre los Jueces Municipales de esa ciudad, se resuelva la acción planteada,[2] ya tardíamente por la indebida aplicación del Decreto 1382 de 2000, en que incurrieron los despachos en conflicto.
4. Esta decisión debe ser comunicada, además, a la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Nariño y al Juzgado 3° de Familia del Circuito de Pasto.
Remitir, por intermedio de la Secretaría General, el expediente de la referencia a la Oficina Judicial de Pasto, para que lo reparta entre los Jueces Municipales de esa ciudad, y se decida la acción de tutela instaurada por Carmen Eugenia Narváez Imbaquín contra el Comité Olímpico Colombiano.
Infórmese esta decisión, además, a la Sala Quinta del Tribunal Administrativo de Nariño y al Juzgado 3° de Familia del Circuito de Pasto.
CLARA INÉS VARGAS HERNÁDEZ
Salvamento de voto al Auto 220/06
Referencia: expediente ICC-1019
Peticionario: CARMEN EUGENIA NARVAEZ INBAQUIN
[1] Cfr. entre otros, auto 108 B del 23 de julio de 2002, M. P. Alvaro Tafur Galvis, expediente ICC – 395.
[2] Al dirimir anteriores conflictos de competencias (Cfr. ICC – 755 de 2003, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, entre otros), la Corte Constitucional ha decidido resolverlos directamente, dado el tiempo transcurrido desde la interposición de la tutela hasta la fecha en que ésta se decide.

References: artículo 38
 artículo 37
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 37