Source: http://cdb-tonatierra.blogspot.com/2014/07/
Timestamp: 2017-11-19 06:33:38+00:00

Document:
Comités de Defensa del Barrio: July 2014
Peticion para los Niños Refugiados de Centroamérica
Adolecent unaccompanied immigrants from Honduras are reporting that the border crossings between Guatemala and Honduras at Corinth, both Honduran and Guatemalan armed forces are guarding both sides of the border and detaining children and adolescents traveling alone. This military presence is forcing minors to go around these inspection points by traveling through nearby mountains where the troops maintain some guard houses. The result is the youth are moving into isolated areas, walking further afield from population centers to evade surveillance.
The presence of troops on the border has been confirmed by José Luis Hernández, President of the AMIREDIS, (Association of Returned Migrants with Disability) who in regrets concerning these events has said: "Juan Orlando Hernandez, president of our country acts as if hen is ignorant of the source of the problem. "
Posted by chantlaca at 9:26 PM No comments:
Se vulnera la seguridad energética nacional y la soberanía del país sobre los recursos naturales, al no fijar plazos para las concesiones petroleras, lo que prácticamente perpetuará el control de empresas trasnacionales sobre el petróleo mexicano y porque los intereses de esas empresas, que buscan el mayor rendimiento para sus inversiones, en el menor plazo posible, provocará sobre explotación de nuestras reservas y su más pronta declinación.
Prevé la extracción del petróleo por empresas privadas bajo fórmulas contractuales, que analizaremos en el próximo artículo, que les permitirán llevarse la mayor parte del valor de los hidrocarburos.
Estas fórmulas contractuales prevén que el Estado les “rembolse” la totalidad de sus costos, sin mecanismos que permitan supervisarlos, creando una supercarretera hacia la corrupción y otorgándoles un “cheque en blanco” a costa de los mexicanos. Deja en el vacío el control y la propiedad de activos tan relevantes como la generación de electricidad hidráulica en las grandes presas que el país ha construido con grandes esfuerzos y sacrificio de la población local.
Se crea un Fondo Mexicano del Petróleo, cuya principal función es ser una caja de pagos para reembolsar los costos de las empresas trasnacionales y no el ahorro a largo plazo.
Socava los derechos de ejidatarios, indígenas y propietarios rurales sobre sus tierras, al otorgar prioridad a las empresas privadas que lleven a cabo actividades vinculadas a los hidrocarburos y la electricidad.
Se prevé la contratación de empresas privadas para la comercialización del petróleo mexicano en los mercados internacionales, cobrando una comisión y dejando nuestros canales de venta a merced de los intereses privados.
Se impone un requisito de 35 por ciento de contenido nacional, pero a nivel de la industria y no por contrato. Se le podrá exigir a Pemex cumplirlo a totalidad y liberar a sus competidores de esta obligación.
Reduce y desmantela innecesariamente a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, empresas públicas que han sido pilar del desarrollo industrial del país, que han sostenido el suministro energético de los mexicanos y las finanzas públicas del gobierno desde hace más de 57 años. Y no digamos lo relacionado con los brazos tecnológicos del sector. El Instituto Mexicano del Petróleo no merece en la reforma más que un par de artículos transitorios sobre cuándo y dónde tiene que transferir sus bienes y la información de que dispone. Del de Investigaciones Eléctricas ni se acordaron. Seguro no saben ni dónde está ni qué hace.
Deja en manos del mercado servicios públicos esenciales de manera irresponsable, sin organismos de regulación maduros, lo que expondrá la explotación de hidrocarburos y el suministro de electricidad a riesgos irreparables y a vulnerar los derechos de los consumidores y de la Nación.
Se enfrenta al país a conflictos legales, que no serán resueltos en tribunales mexicanos, sino en arbitrajes internacionales en los cuales los Estados han tenido muy malas experiencias.
Se evita un manejo transparente y responsable de los recursos y del sector, sin mecanismos adecuados para evitar el poder corruptor de las grandes petroleras.
No se toman las precauciones necesarias para el cuidado del medio ambiente, las comunidades y la salud de las personas. Se impulsan procesos técnicos controversiales por sus potenciales daños a la naturaleza ( fracking). Se violentan, además, leyes sobre cuidado del medio ambiente.
La reforma que se pretende imponer reducirá, para la Nación, los ingresos petroleros y las divisas captadas por exportación, lo que creará tensiones sobre el crecimiento, la estabilidad monetaria y económica del país.
A contracorriente de los cientos de miles de empleos bien remunerados que ofrecen crear, se producirá el despido de trabajadores de CFE y Pemex y reducirá a importantes sectores de ellos sus derechos laborales. Además, incorpora elementos de excepción para los trabajadores mexicanos que contraten las empresas privadas que participarán en la industria energética para la explotación de hidrocarburos, como la eliminación del derecho al reparto de utilidades, lo que violenta la legislación laboral mexicana.
¡Ah!, y en cuanto al tránsito hacia la necesaria transferencia del balance energético con fuentes limpias y renovables, eso queda señalado con tenues pinceladas para cuando lleguemos al reino de la utopía… y apenas estamos entrando a la “dictadura perfeccionada”.
En el marco del Seminario Agua y Energía realizado en Oaxaca de Juárez, el día 14 de julio de 2014, se reunieron organizaciones civiles y comunidades pertenecientes a los pueblos mixteco, chatino, zapoteco y mixe del estado de Oaxaca “para analizar y denunciar las actuales reformas que se están implementando en nuestro país, mismas que carecen de una perspectiva de respeto a los derechos humanos. Con todas estas nuevas leyes y estrategias para despojarnos de nuestros bienes naturales, creemos que el debate sobre la distribución y generación de la energía se vuelve fundamental, donde el agua constituye el eje principal de la vida en su conjunto, y el que más se encuentra amenazado”.
Ejemplo de este despojo, lo representan proyectos hidroeléctricos y de minería en Oaxaca, según 15 organizaciones y comunidades firmantes. Afirman que seguirán “construyendo iniciativas de protección, cuidado y defensa de nuestros territorios a través del manejo participativo y comunitario del agua y nuestros bienes comunes, la recuperación de nuestras cuencas y la protección de nuestras fuentes de agua”.
San Felipe Usila, Tuxtepec. Sigilosos, discretos, con la cautela del cazador que vigila a su presa, los promotores de la empresa Enersi, tratan de convencer a los pobladores de la comunidad. Insertan la idea de la presa. Los visitan casa por casa, con la intensión de que avalen la construcción de una hidroeléctrica, la cual arrasaría con el pueblo, aseguran los habitantes y la autoridad.
El comunero, César Gachupín de Dios, detalló que desde hace un año, agentes de la compañía mexicana acudieron a la población para plantearles el proyecto sobre la construcción de una mini hidroeléctrica a cambio de la cimentación de hospitales, caminos y puentes. Sin embargo, en asamblea, la comunidad rechazó la oferta.
Ahora, otra vez vino un comisionado de la empresa, por eso la gente está en alerta máxima, en cualquier momento que llegue maquinaria o veamos un movimiento extraño, los vamos a regresar, nos vamos a oponer”, sentenció el también experto en la elaboración del caldo de piedra, platillo originario de la región.
Igualmente, el hombre que viste una camisa blanca con bordados característicos de la zona, señaló que a un costado del paraje “Piedra, Sol y Luna”, donde colindan las tierras comunales de Usila y San Juan Bautista Tlacoatzintepec, pretenden construir el proyecto energético.
Ante tal situación, Gachupín de Dios explica que teme que autoridades vecinas sean atraídas por el dinero y acepten la edificación de la mini hidroeléctrica. Hasta ahorita, la gente ha rechazado la idea porque perderíamos el patrimonio cultural de nuestros antepasados, pero puede haber líderes que agarren dinero, y aunque así sea, la gente es muy activa y defenderemos nuestros recursos a costa de lo que sea”, sentenció el indígena chinanteco.
Primero quieren el agua, luego vendrán por nuestro oro
Sin titubeos, Juan Gachupín de Dios, quien desde hace décadas se dedica a recopilar la documentación oficial e historia de Usila, acusa que el proyecto de Enersi sería el primer paso de la privatización del pueblo, para después saquear el oro de la región. En los vestigios de la cultura chinanteca, se encontraron restos de oro que ocupaban nuestros antepasados, por eso desde hace años algunas transnacionales vienen a estudiar la zona. Primero vienen por nuestra agua y si aceptamos después se van a llevar el oro”.
Entre las montañas que rodean a San Felipe, Juan, explicó que la presa para que opere la hidroeléctrica, tendrían que afectar la agricultura, principal actividad de los pobladores, en especial la siembra de café, cacao, maíz y frijol, plantíos que se hallan sobre la ribera del río.
De la misma forma “el cronista de Usila”, identificó a Adán Ruiz Jiménez como el operador de Enersi en la región, quien dijo, por medio de amenazas, despensas o dinero, dependiendo de la persona, busca convencer a la gente que avale el proyecto.
Si se construye la presa, al menos ocho comunidades podrían inundarse, como sucedió en 1984, por eso la hidroeléctrica fue rechazada en asamblea, ahora quieren entrar a la fuerza, tal como paso para la construcción de la presa Cerro de Oro, ahí hubo muertos y el conflicto sigue, espero aquí no suceda lo mismo”, lamentó Juan Gachupín.
El pueblo no merece otro engaño
Por su parte, el presidente municipal, Ángel Domínguez Escobar, señaló que en tres ocasiones representantes de la empresa Enersi lo visitaron, sin embargo aclaró que respetará la decisión que tome el pueblo, respecto a la hidroeléctrica. Hay incertidumbre en la población, en 1989 cuando se construyó la presa Miguel de la Madrid, conocida como Cerro de Oro, el gobierno federal ofreció apoyos que nunca llegaron, y si el gobierno no cumplió, menos una empresa privada, por eso el descontento, pues el pueblo no merece otro engaño”, exclamó el edil.
De la misma forma, indicó que la empresa no le ha entregado un proyecto formal y sólo se limitó a externarle el interés por invertir en el pueblo, pero la decisión está tomada y se resume en un monosílabo que reúne el consenso de la comunidad: no.
Juchitán. Integrantes del Frente por el Desarrollo y la Democracia Cocei, integrado por indígenas zapotecas de las comunidades de Álvaro Obregón, Emiliano Zapata, Heliodoro Charis Castro, Chicapa de Castro y Santa María del Mar, se manifestaron a la orilla de la carretera Panamericana, a la altura del canal 33, para exigir fueran atendidos por el representante de la CDI en el Estado.
Gloria Sánchez López, representante de esta fracción de la Cocei, señaló que lo único que ellos están solicitando es que se les dé una atención digna a los indígenas zapotecas, pues la falta de una respuesta clara a los proyectos que ellos como organización han metido en tiempo y forma a desesperado a los integrantes de esta agrupación.
“Hemos hecho todos los trámites necesarios para poder gestionar en tiempo y forma cada uno de los proyectos productivos, que van desde huertos familiares, producción de huevos a través de gallinas de rancho y apoyos campesinos y al día de hoy no tenemos una respuesta clara a estas solicitudes”, agregó.
Sánchez López comentó que el bloqueo carretero se suspendió debido a la voluntad por parte de la CDI de abrirles una mesa de trabajo programada para el próximo martes a las 10:00 de la mañana, a la cual acudirá en compañía de los 25 beneficiarios a los cuales no se les ha dado una respuesta.
“Realmente no entendemos el porqué de la lentitud de la liberación de los recursos, ya que en meses pasados, la CDI, a través de su titular señaló que es el año donde más recursos tienen para este tipo de proyectos”.
La lideresa señaló que además aprovecharan el viaje a la capital del estado para entrevistarse con los titulares del Servicio Estatal de Empleo y de la Sagarpa, ya que a esas dependencias han sido dirigidos varios de los proyectos productivos.
Durante esta manifestación se contó con la presencia de aproximadamente mil simpatizantes, en su mayoría mujeres indígenas de las diferentes poblaciones aledañas a Juchitán.
*Desde el año pasado este grupo integrado por indígenas zapotecas han venido realizando diferentes manifestaciones, para exigir la liberación de los recursos para sus proyectos productivos, sin que hasta el momento se les hayan otorgados.
Comuneros de San Miguel y Santa María Chimapala acusaron al gobierno estatal de ignorar el conflicto territorial con habitantes de Chiapas, quienes continúan construyendo infraestructura en la zona limítrofe, por lo que retuvieron la maquinaria que se utilizaba en esos proyectos. Responsabilizaron al gobierno oaxaqueño de lo que pueda ocurrir, pues ha abandonado su responsabilidad en la defensa del territorio. Además, dos empresas extranjeras (Minaurum Gold e Imdex) pretenden explotar dos minas en unas 7 mil hectáreas. Los habitantes exigieron información y respeto a sus derechos.
Para mi abuelo José Torres, ferrocarrilero, que como buen mexicano atendió el llamado de Lázaro Cárdenas y llevo a la Alameda Central de la ciudad de México su aportación para consumar la Expropiación Petrolera. Pocos años después murió de tifo.
El Istmo Mexicano es un territorio ubicado en el sureste de México el cual ha sido habitado desde tiempos inmemoriales por diferentes pueblos indígenas. En diversas épocas esta estratégica y rica región ha sido escenario de disputas y graves conflictos entre los pueblos originarios y grupos de poder que han buscado apoderarse de sus tierras y de sus recursos naturales.
Durante el Porfiriato se impuso un megaproyecto de infraestructura y se despojó de cientos de miles de hectáreas a los pueblos de la región, mismas que fueron cedidas a empresas norteamericanas e inglesas. Pocos años después estas tierras fueron recuperadas al calor de la Revolución. A partir de los años sesentas del siglo pasado se instrumentó un nuevo megaproyecto, y en el Istmo y su entorno se crearon dos refinerías, y se construyeron grandes represas trayendo como consecuencia funesta que miles de indígenas fueran lanzados de sus tierras, relocalizados usando la jerga tecnócrata de los empleados del World Bank.
Bajo el gobierno salinista, hacia 1994 arranca una nueva oleada invasora en el Istmo Mexicano. El cambio climático y sus perturbadores efectos potencian la búsqueda de generación de energía a través de fuentes alternas. Grandes empresas trasnacionales ven en ello un gran negocio e impulsan megaproyectos “amigables con el medio ambiente”. Nace así el Megaproyecto Eólico del Istmo y en sus tierras se entroniza el llamado Capitalismo Verde.
En apenas nueve años el paisaje istmeño se modificó profundamente. Miles de hectáreas de los antiguos bienes comunales del pueblo binniza de Juchitán y de algunos ejidos de la región como La Venta, La Ventosa, la Mata e Ingenio Santo Domingo han sido ocupadas por más de 1.300 aerogeneradores construidos principalmente por empresas europeas como Vestas, Iberdrola y Acciona para proveer de energía barata a corporaciones como Femsa, Cemex, Bimbo, Wall Mart entre otras.
Se estima que hasta ahora unas 14,000 hectáreas de tierras indígenas han sido despojadas a sus dueños mediante aviesos contratos de arrendamiento, contratos ilegales que no soportarían el más mínimo escrutinio de la ley. Instrumentos que les brindan a las empresas trasnacionales el usufructo por 30 años y todo tipo de facilidades a costa de los más elementales derechos de los dueños de la tierra.
La violación de la ley ha sido la constante en este proceso. Cuando por disposición constitucional era potestad de la Nación el generar electricidad, las empresas eólicas extranjeras pudieron generar electricidad bajo el pretexto del autoabasto fundadas en una ley secundaria a todas luces anticonstitucional. En el Istmo de Tehuantepec en salvo dos parques en el resto los permisos que extendió la Comisión Reguladora de Energía tienen como fin el autoabasto, aunque los excedentes que no son pocos los venden a la Comisión Federal de Electricidad, misma que los adquiere a precios elevados. Este negocio redondo de funcionarios y empresarios nos ayudaría a entender en parte una de las causas del quebranto que sufre esta empresa gubernamental.
Cuando el Convenio 169 de la OIT obliga al estado mexicano a consultar a las comunidades indígenas sobre proyectos que les impacten, en el Istmo de Tehuantepec se han construido hasta ahora 15 parques eólicos sin el más mínimo ejercicio de consulta. El Banco Mundial dice haber enviado a un consultor cuando se construía el Parque La Venta II, hecho que nadie recuerda, pero lo que si recuerdan los ejidatarios es que el Comisariado que se oponía a ceder las tierras fue encarcelado acusado falsamente de dos homicidios. En estos momentos como lo ha venido denunciando la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, la Secretaria de Energía instrumenta una simulación de consulta con el fin más de guardar las formas que de acatar una disposición legal y respetar un derecho de los pueblos originarios.
En el caso de las tierras comunales de Juchitán los notarios, magistrados y funcionarios han hecho todo tipo de maniobras para legalizar el despojo y para ello formalizado y validado contratos de arrendamiento donde han hecho pasar tierras comunales como si fueran propiedad privada. Ante la inexistencia de órganos de representación y de la Asamblea, miles de hectáreas comunales han sido privatizadas.
El gigantesco programa de generación de energía eléctrica que se ha venido imponiendo en el Istmo mexicano a través del aprovechamiento de sus fuertes vientos, ha tenido dos coartadas, una: las tierras de la región son improductivas y la otra que “era necesario producir electricidad sin contaminar”. Ambas justificaciones son falsas.
Ya en su momento denunciamos que la construcción del Parque Eurus en el Ejido La Venta había destruido un campo de riego que producía al año más de 10,000 toneladas de alimentos. Por su parte los vecinos de La Ventosa y La Venta han denunciado la gran mortandad de aves y el molesto zumbido que provoca el constante movimiento de las aspas, mientras tanto algunos pescadores de Unión Hidalgo han reportado manchones de aceite en aguas de las lagunas huaves.
Las resistencias comunitarias
Algunas organizaciones y pueblos de la región, entre ellas la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) venían alertando desde el año 1997 sobre el riesgo de una nueva invasión; en el año 2001 en un encuentro ocurrido en La Ventosa, Oaxaca, con la Comandancia del EZLN se vislumbro que la imposición del llamado Plan Puebla-Panamá representaba una grave amenaza para los territorios y los derechos indígenas de los pueblos de Mesoamérica.
A partir del año 2003 decenas de operadores de bienes raíces al servicio de las grandes empresas recorren día y noche las diferentes comunidades tratando de “apartar y contratar” tierras. La falta de información facilitó entre otras razones que decenas de campesinos indígenas suscribieran contratos leoninos, donde se les ocultaba información y se les hacían diversas promesas.
El Grupo Solidario La Venta fue la primera organización que levanto la voz en contra del despojo y encabezó la defensa de las tierras del ejido frente al proyecto La Venta II impulsado por la Comisión Federal de Electricidad y la trasnacional española Iberdrola. Esta resistencia no logró frenar la construcción del mencionado parque, pero a pesar de la persecución y criminalización que sufrieron los opositores estos lograron que más de 500 hectáreas ejidales no fueran contratadas.
Tiempo después el Centro de Derechos Humanos Tepeyac y algunos maestros juchitecos que integraban el Colectivo 14 de Junio, acompañan acciones legales que buscan anular contratos leoninos que habían suscrito con engaños campesinos de Juchitán y Unión Hidalgo, logrando con esta intervención la nulidad de numerosos contratos y con ello rescatar tierras que ya habían sido arrendadas.
La construcción del parque eólico en Barra de Santa Teresa en terrenos comunales de San Dionisio del Mar al poner el peligro la fuente de sustento de 5,000 familias de pescadores, provoco intensa movilización de pueblos ribereños, cuales acompañados de diferentes organizaciones y colectivos nacionales e internacionales y desplegando una estrategia múltiple, logró después de un largo año de lucha la cancelación del megaproyecto que impulsaba el holding Mareña Renovable. Este ha sido sin lugar a dudas el triunfo más importante que ha tenido la resistencia istmeña que enfrenta este gigantesco megaproyecto.
Los campesinos y pescadores juchitecos que han enfrentado al parque Bii Hioxo no han corrido con la misma suerte; perseguidos y constantemente agredidos, los miembros de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco no contaron con el apoyo unificado de los demás pueblos y organizaciones y este parque se encuentra ahora en un avanzado estado de conclusión.
El desarrollo del Megaproyecto Eólico del Istmo nos muestra que a pesar de las luchas y diferentes acciones, el movimiento social que defiende las tierras y los derechos indígenas ha fracasado en buena medida y para ello han contribuido varios factores entre los que se encuentran: el sectarismo de algunos colectivos; la traición de los partidos de izquierda, la pobreza de los campesinos y su falta de información y organización y por supuesto la campaña constante de hostigamiento, denostación y criminalización en contra de campesinos, pescadores y activistas por parte de los gobiernos municipales, estatal y federal.
Hacer legal el despojo
La contrarreforma energética tiene como objetivo central el abrir el sector de energía a la inversión privada, y con ello sólo se formaliza el despojo que en el Istmo se ha enseñoreado en los últimos años. Las leyes de Hidrocarburos y de la Industria Eléctrica que ya se cocinan y que seguramente se modificaran los próximos días para permitir a las empresas trasnacionales el generar energía eléctrica y realizar trabajos de explotación petrolera auguran una nueva etapa de invasiones, despojos y de violencia para los pueblos originarios de México.
Con tal de privatizar los recursos comunes, seguramente la mayoría legislativa al servicio de las trasnacionales votara por considerar la actividad de estas empresas como de interés social y orden público y con ello facilitar el saqueo de los pueblos originarios y la completa desnacionalización del sector energético.
El presente para nuestros pueblos es harto difícil y el futuro se presenta aciago. A lo largo y ancho del país nuestras comunidades enfrentan los proyectos de muerte que impulsan poderosas empresas mineras, eléctricas, de la construcción y otras incluyendo a PEMEX. Ante la tenaz resistencia, la defensa de los territorios comunitarios es abiertamente reprimida. Defensores de las comunidades como Mariano Abarca de Chiapas o Bernardo Vázquez de Oaxaca han sido brutalmente asesinados; muchos más como Marco Antonio Suástegui del estado de Guerrero y los poblanos Juan Carlos Flores o Enedina Rosas Vélez se encuentran encarcelados acusados de delitos que no cometieron.
El grupo gobernante prepara un gran atraco a la Nación; las mal llamadas reformas que impulsa son una abierta regresión, significan despojo, pérdida de derechos y de Soberanía Nacional. Como banda del crimen organizado desde la oscuridad han decidido que México es su plaza, su gran negocio y con tal de hacer realidad sus delirios de riqueza y poder son capaces de cualquier cosa. Salinas de Gortari, Beltrones y Gamboa Patrón son los capos de este grupo delictivo que, en venta de garaje, buscan vender al mejor postor el patrimonio nacional y amenazan la existencia misma de nuestros pueblos. Ante ello sólo nos resta seguir luchando, construir resistencias más colectivas e invocar la protección, el apoyo y el consuelo de la Virgen de Guadalupe. Qué más nos queda…
Rincón Viejo Petapa, Oaxaca. Primeros días de Julio del 2014
El 82 aniversario de la fiesta de la Guelaguetza, considerada como la fiesta étnica más importante en América Latina, reportó un saldo blanco, y una asistencia de poco más de 30 mil espectadores, en sus dos presentaciones.
El encuentro fue encabezado por el gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, y por el cuerpo diplomático del país, e invitados especiales, entre ellos la secretaria de Desarrollo Social (Sedesol) Rosario Robles que acudió en representación del Presidente Enrique Peña y la titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Nuvia Mayorga, además de algunas actrices y escritores.
“Ha sido un gran honor asistir con la representación del Presidente de la República a la edición 82 de la Guelaguetza, honra acrecentada por compartir con miles de oaxaqueños junto al gobernador Gabino Cué, esta celebración de verdadera fraternidad entre mujeres y hombres de todos los pueblos de esta entidad entrañable, a cuyo sentido corresponde la política social de nueva generación ordenada por el Presidente Peña Nieto, encontrando en nuestras raíces culturales el mejor componente, el vigor de nuestros ancestros, para seguir adelante en el empeño de hacer llegar el apoyo de toda la Nación a quienes menos tienen”, aseveró la titular de la Sedesol.
Guelaguetza” significa “dar y recibir” en lengua zapoteca; “ofrenda y presente”, fraternidad entre pueblos, y desde el escenario circular y en lengua originaria se describe cada uno de los sones y danzas, algunas de las cuales se refieren a la resistencia indígena ante los españoles, en tanto otras lo hacen sobre las Mayordomías de cada comunidad.
La Guelaguetza fue instituida como se conoce actualmente el 16 de julio de 1932, pero los orígenes de esta festividad oaxaqueña se ubican desde la época prehispánica, describe una investigación de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).
El Cerro de Bella Vista, Dani Lao Nayaalaoni, ubicado en la ciudad de Oaxaca, es un lugar sagrado donde los antiguos zapotecas, ofrendaban a los dioses agrícolas Pitao Cocijo (lluvia) y Pitao Cozobi (deidad del maíz) en agradecimiento por las cosechas recibidas.
Los cantos eran plegarias y danzas, reverencias; los alimentos derivados del maíz simbolizaban la esencia de los dioses, pero en el siglo XVI, los españoles erigieron una capilla a la Santa Cruz que, en 1679, fue convertida en iglesia de la Virgen del Carmen.
La celebración se hacía el 16 de julio y, con el tiempo, los ritos de los antiguos pobladores se fueron fundiendo con el catolicismo generando una nueva forma religiosa. Con el transcurso del tiempo, la Guelaguetza se transformó en espectáculo cultural, y en el Dani Lao Nayaalaoni, hoy Cerro del Fortín, se hace un despliegue musical, dancístico y de atuendos tradicionales de los pueblos oaxaqueños, y en forma simbólica recuerda la reciprocidad entre ellos.
Las China Oaxaqueñas de Ayoquezco de Aldama, abrieron la Novena Edición de la Guelaguetza Popular, que el magisterio oaxaqueño organiza en las canchas del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO).
Previo a los bailables, el líder de la Sección 22 del SNTE, Rubén Núñez Ginez, señaló que el evento es un ejemplo de que Oaxaca es cuna de la resistencia nacional. Además, detalló que continuarán el boicot contra la Guelaguetza oficial, la cual dijo, sólo es un negocio de los empresarios para lucrar con las tradiciones y cultura de los indígenas.
De igual forma, el grupo “Raíces” entonó el "son de la barricada" para después dar paso a la delegación de Huautla de Jiménez, de la región de la Cañada.
La Policía Comunitaria (PC) de la Montaña y Costa Chica surge en un contexto de caos del sistema: ya en 1994 se había iniciado con la irrupción del EZLN, los asesinatos de Luis Donaldo Colosio –candidato del PRI a la presidencia de la República– y de Ruiz Massieu –líder priísta– y con la severa crisis económica del presidente Ernesto Zedillo.
Estos hechos propiciaron un auge del movimiento indígena nacional y una fuerte sacudida al campo guerrerense, amplificada por la masacre de Aguas Blancas en junio de 1995, en el gobierno de Rubén Figueroa. En estos años me involucré en dos procesos importantes para la Unión de Ejidos Luz de la Montaña: en café tostado y molido y en la lucha de las comunidades contra la inseguridad y por la construcción de infraestructura. En reuniones de la Coordinación de Organizaciones Sociales –antecedente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC)– siempre estaba en el orden del día el punto seguridad y servicios. En octubre de 1995 nace la PC, producto de procesos organizativos y de lucha de más de 30 comunidades tlapanecas, mixtecas y náhuatl de San Luis Acatlán y Malinaltepec; dos organizaciones cafetaleras, Luzmont y la Unión Regional, y cuatro sociales: 500 ARI-CG, SSS-Café-Maíz, CAIN y CCA.
A fines de 1996, la coordinación logra el reconocimiento a la PC por el gobierno del estado. Fueron cientos los fundadores –líderes a diferente nivel– y, en la dirigencia máxima, uno de cada organización. A partir de ese reconocimiento se consolidarían los grupos de comunitarios, que empezaron a operar con armas muy sencillas: escopetas 12 y 16 y rifles 22 de un tiro. Su labor se centró en el resguardo de caminos y camionetas pasajeras. Vale la pena destacar su gran espíritu de lucha y servicio. Los robos y asaltos a camionetas, violaciones sexuales y demás delitos se fueron erradicando y en 1997 se da un primer salto cualitativo: la PC se estructura, opera y fortalece bajo esa coordinación. Se instituye su primer mando, el comité ejecutivo, y funciona como policía preventiva y ministerial con ayuda de los dos ayuntamientos, el gobierno del estado y el Ejército: credenciales, uniformes, 20 escopetas, capacitación y registro de armas. También se organizan los primeros operativos regionales y procesos de reeducación.
En 1998 se dio otro salto: se nombra por primera vez como coordinadores a seis comisarios y comienza a usarse el nombre de CRAC, la cual funcionará, dualmente, como MP y jueces. La Asamblea Regional de Autoridades es la máxima autoridad en la toma de decisiones y su base social, las tres etnias. En 2002 se da la primera embestida por el gobernador René Juárez para desaparecer la comunitaria. El gobierno encarcela a cinco coordinadores pero, ante la protesta de miles en la agencia del MP de San Luis, son liberados y se firma un Acuerdo de cooperación y respeto. Entre 2004 y 2012, el desarrollo de la Policía Comunitaria es de un crecimiento lento, pero sostenido, casi siempre a contracorriente del gobierno, y su presencia está en 77 pueblos de 12 municipios. La relación con autoridades y sus apoyos variaron dependiendo de la coyuntura y del partido en el poder; por ejemplo, en 2011, a pesar de que el gobernador Torreblanca nunca había simpatizado con la CRAC, reconoce su eficacia y se promulga la ley 701, que la ampara. Con todo, en los últimos nueve años la CRAC cayó en una inercia de falta participación de la gente, que permitió que se organizara un grupo disidente.
El gobernador Ángel Aguirre “primero fortaleció y promovió la seguridad civil –tanto a comunitarios como autodefensas– y después emprendió una feroz represión en su contra” con complicidad federal. Fue muy conocido el apoyo de Aguirre a las autodefensas (que no hay que confundir con las policías comunitarias) al contactarlos en altos niveles, pero ahora todo indica que el objetivo es destruir el sistema indígena de justicia, pues no ha podido controlarlo. Y es que la ofensiva del gobierno, con complacencia de la delincuencia, va más allá de sólo encarcelar a dirigentes de la CRAC.
A fines de este año, Aguirre decidió usar a algunos de sus líderes para cooptar a la CRAC-PC. La estrategia fue corroerla por dentro con dinero y respaldo político. Lo intentó primero al inicio de 2013 con el grupo que dirige la UPOEG, pero no pudo. Así es que en mayo decidió que era más fácil comprar a Eliseo Villar, líder desviado que se coló como coordinador. Su grupo se fortaleció en la primera mitad de 2013, en un contexto de gran crecimiento de policías comunitarias y autodefensas.
El grupo de Eliseo Villar y Adelaida Hernández facilitó las embestidas del gobierno. Con su ayuda, Aguirre encarceló, en penales de alta seguridad, a más de 15 comunitarios de la casa de justicia de Ayutla como Nestora Salgado, Gonzalo Molina y Arturo Campos.
En agosto de 2013, Eliseo Villar y su grupo en mucho ayudaron a Aguirre, defraudaron a la CRAC con 740 mil pesos para la compra de armas y equipo a un grupo del crimen organizado. Por ello, la Asamblea de Autoridades trató de removerlo en marzo de 2014. En abril de 2014, más de tres mil indígenas marcharon en defensa de la CRAC y recuperaron la casa matriz. A fines de junio, el gobierno encarceló a Marco A. Suástegui, de Cecop, cuyas 48 comunidades ya se habían integrado a la CRAC-PC histórica, y en San Luis miembros de ésta se enfrentaron con la facción de Eliseo Villar. Este mes Eliseo y sus efectivos tomaron por asalto la casa matriz y la volvieron a saquear.
El 10 de julio pasado, sin calcular consecuencias, el gobernador Aguirre reconoció “legítimo” al grupo de Eliseo Villar instalado en una casa de justicia paralela y hoy se encuentra en otro escándalo acusado de corrupción en la casa de justicia de Cochoapa. La verdadera CRAC-PC está convocando a sus comunidades y organizaciones fraternas a la marcha del 20 de julio, a las 9 horas, partiendo de la bodega de Luz de la Montaña a su casa de justicia matriz en San Luis Acatlán. Esperamos haya mucha respuesta de sus pueblos fundadores y solidaridad nacional.
Con el objetivo de recuperar los conocimientos de los pueblos originarios en todas sus manifestaciones y establecer su importancia en el sistema educativo nacional, fue inaugurado el Segundo Encuentro Iberoamericano en Educación Indígena. El coordinador general de Educación Media Superior y Superior, Ciencia y Tecnología en el estado, Fausto Díaz Montes, encabezó el arranque del evento, que se realizará en la Universidad Santander (Unisan).
El funcionario puntualizó que este encuentro cobra mucha relevancia para Oaxaca, pues los pueblos indígenas y la educación son un eje transversal en el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016. Indicó que Oaxaca es el estado con mayor diversidad étnica y cultural del país, por ello es necesario que los nuevos modelos educativos para los pueblos originarios, tomen en cuenta su cosmovisión, su idiosincrasia, sus lenguas, valores y costumbres.
Por su parte, Enrique Navarro Flores, rector de la Universidad Santander, manifestó el compromiso que tiene la Unisan con Oaxaca para llegar a todas sus regiones y ofrecer educación superior de calidad a las y los jóvenes indígenas. Expresó que es fundamental que todos participen en la construcción de un mejor futuro e indicó que para ello el conocimiento es el camino del cambio y la transformación.
El Segundo Encuentro Iberoamericano en Educación Indígena contará con expertos en diferentes disciplinas educativas, como el doctor Nicolás Malinowski, de Francia; la doctora Jazmín Sambrano, de Venezuela, y el doctor Carlos Álvarez de Zayas, de Cuba.
Desde México, El Salvador, Brasil, Bolivia, Perú, Argentina, Honduras y Panamá, organizaciones e investigadores nos explican por qué están contra la minería. Nos cuentan cómo esta industria, muy presente en el continente latinoamericano, contamina el medio ambiente y afecta a las comunidades aledañas. América latina unida contra la minería fue realizado por Otros Mundos y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo extractivo Minero en junio de 2014 y está integrado en el Manualito del Radialista Antiminero, un disco que contiene 40 cuñas radiales sobre los impactos de las minas en los territorios.
http://www.radiotemblor.org/index.php/america-latina-unida-contra-la-mineria/
Las radios comunitarias han sido definidas por la UNESCO, como “un medio de comunicación que da voz a los que no la tienen, que sirve como vocero de los marginados y es el corazón de la comunicación y de procesos democráticos en las sociedades.” Estas emisoras constituyen el acceso a la palabra de los grupos indígenas, se conforman por miembros de la comunidad y su programación se basa en el acceso y participación comunitaria que en muchos casos está orientado a mantener sus tradiciones y reivindicar sus demandas. No tienen fines de lucro pero necesitan financiamiento para subsistir. La nueva ley de comunicaciones publicada esta semana no lo permite: está prohibido que las radios comunitarias transmitan publicidad o patrocinios. El argumento es que permitirles a las radios comunitarias transmitir publicidad sería una “competencia desleal” con las otras televisoras y radiodifusoras.
La AMEDI ha hecho un estudio comparado sobre legislaciones que han superado el debate sobre competencia desleal, con normativas equitativas: Por ejemplo, en la legislación irlandesa se impone un tope para las emisoras comunitarias de seis minutos por hora para la transmisión de mensajes publicitarios. En los Países Bajos, las estaciones de radio comunitarias están autorizadas a emitir doce minutos de publicidad por cada hora. En Venezuela, los radiodifusores comunitarios pueden emitir publicidad, aunque menos tiempo que las emisoras comerciales. Y entre legislaciones más avanzadas, está la normativa peruana que prevé que todos los titulares de servicios de radiodifusión pueden transmitir mensajes publicitarios sin restricciones. Mientras tanto, en México, las radios comunitarias deben instalarse y mantenerse con recursos de las propias comunidades, pero incluso para ello, la ley les pone trabas porque, según el artículo 88 de la ley, para recibir donativos deberán expedir comprobantes fiscales.
El componente Salud del PDH Oportunidades, que coordina y opera la Comisión Nacional de Protección Social en Salud se ha constituido como un eje que ha trastocado inercias que por más de tres lustros han existido en uno de los programas sociales icónicos más conocidos a nivel internacional, basta señalar que el Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha generado una migración del paquete básico garantizado de salud con trece intervenciones al Catálogo Universal de Servicios de Salud (CAUSES) con 27 intervenciones que incluyen vacunas insertadas en la cartilla nacional de vacunación vigente, una nueva suplementación para niñas y niños de 6 a 59 meses y para madres gestantes y lactantes de las 5.8 millones de familias que hoy reciben a través del Programa Oportunidades incentivos para incrementar las capacidades en alimentación, salud y educación con el propósito de interrumpir el ciclo intergeneracional de la pobreza
Por ello de igual forma el comisionado nacional de Protección Social en Salud, doctor Gabriel O'shea Cuevas ha rediseñado entre otras cosas los talleres de autocuidado para la salud a través de 9 determinantes de vida en donde se han privilegiado los temas de alimentación, obesidad y sobrepeso, detección de cáncer de mama, adicciones, violencia, planificación familiar y desarrollo infantil y una Estrategia Integral de Atención a la Nutrición (ESIAN), entre otros.
Uno de los logros más trascendentes se ubica en que 1.8 millones de personas de la comunidad Oportunidades se ha afiliado en los últimos meses al seguro popular, circunstancia que mejora sustancialmente la atención en 285 intervenciones que incluyen más de 1500 enfermedades y que son atendidas en los servicios estatales de salud del Distrito Federal y del IMSS Oportunidades, es pertinente.
Señalar que en esta constante de Mover a México destaca el Plan de Comunicación Indígena, que incluye más de la mitad de las 70 lenguas con más de 300 variables dialectales en 624 municipios determinados como indígenas y que a través de las unidades de primer nivel de atención y de las 24 radiodifusoras comunitarias de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas se promueven mensajes para el autocuidado en salud que incluye lo familiar y lo comunitario, adicionalmente se han generado a través de Talleres Gráficos de México materiales impresos y utilitarios que promueven interactivamente la protección social en salud mediante historietas, pelotas imponchables, calendarios, videos, formatos y cuerdas para saltar.
Hay que destacar que muchas de estas actividades y acciones permean de manera acentuada en los municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre que al no ser un programa y sí una estrategia alinea y potencializa los recursos y las capacidades de los tres niveles de gobierno, en esta movilidad lo único que cuenta son los resultados, y como dicen los especialistas en la calidad "lo que no se puede medir, no existe", por lo que las alianzas con instituciones públicas y privadas de carácter nacional o internacional tendrán que abonar en la medición del impacto de estas transformaciones que cambiaran el destino y trayecto de vida de un número muy importante de quienes conforman el capital humano de nuestro país, ahora corresponde también llevar al terreno de la realidad el discurso presidencial para que haya un acceso efectivo, calidad en el servicio y prevención en materia de salud fundamentalmente con quienes son más vulnerables por estar por debajo de los indicadores multidimensionales de la pobreza, se tendrá que actuar con un sentido de urgencia promoviendo consensos entre todos los actores sociales. danielacevesv@yahoo.com.mx
San Cristóbal de Las Casas. En la comunidad El Limonar, en la selva norte de Ocosingo, se celebró una preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), instancia internacional que culminará en noviembre próximo su capítulo México, cuando “denunciará y visibilizará ante la opinión pública nacional e internacional las graves violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado”, hasta la fecha impunes.
El tribunal considera que las evidencias son suficientes “para presumir la comisión de crímenes de lesa humanidad” por el Estado mexicano, el cual “identificó a poblaciones que constituían o podían constituir base social para el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y con ello definió un ‘enemigo interno’, objetivo de estrategia de contrainsurgencia que incluyó a miles de tzotziles, tzeltales, choles y zoques, de Las Abejas, Xi’nich, simpatizantes y bases de apoyo del EZLN”.
El dictamen subraya que la violencia de Estado no se dirigió “contra combatientes, sino también contra la población civil no combatiente, incluyendo niños y niñas”, lo cual “pone de manifiesto que el único factor común a todas las víctimas era su pertenencia a determinadas organizaciones”, y demuestra que aquellos actos fueron cometidos “con la intención de destruir total o parcialmente” a tales grupos.
Participaron en El Limonar testigos y sobrevivientes de hechos de gran violencia en comunidades choles de la zona Norte (Jolnixtié Sección I, Miguel Alemán, Usipá, El Limar, Saquil, Susuclumil, Masojá Shucjá, Masojá Grande y Chuctiejá); tzotziles de Chenalhó, integrantes de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, y desplazados de Viejo Velasco, todos “víctimas de la estrategia de guerra contrainsurgente y de exterminio contempladas en el Plan de Campaña Chiapas 94 e implementada por el gobierno mexicano a partir del levantamiento armado del EZLN, que dio como consecuencia decenas de desapariciones forzadas, asesinatos, desplazamientos forzados, violencia sexual y masacres: crímenes de lesa humanidad que siguen en la impunidad”, expone el dictamen de la preaudiencia.
Participaron como jueces nacionales Alejandro Cerezo Contreras, Alejandro de Jesús Martínez Martínez, los arregladores tzeltales Carlos Núñez Ruiz y Juan Méndez Gutiérrez, Joel Heredia y Rubén R. García Clark. Éstos sentenciaron que los tres casos examinados “se enmarcan en luchas sociales y políticas de los pueblos y comunidades por el reconocimiento y reivindicación de la identidad y derechos indígenas”.
El tribunal resolvió “que se cometieron violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en la zona Norte, Viejo Velasco y Acteal, por conductas derivadas del accionar de grupos paramilitares como Paz y Justicia, o pobladores de la comunidad Nueva Palestina, o bien en Chenalhó, siempre “organizados por autoridades municipales, estatales y federales”.
El Estado mexicano “está obligado a la reparación integral de los daños”, determinó el tribunal. Reconoció en los declarantes firmeza, dignidad, constancia de su memoria, búsqueda de justicia y verdad. También “su valor ante las amenazas que puedan surgir después de las preaudiencias”. El TPP dijo observar con preocupación los hechos en la comunidad La Realidad, “donde fue ejecutado extrajudicialmente José Luis Solís López (votan Galeano), significando la continuidad de la política contrainsurgente en Chiapas”.
Los aullidos de los monos saraguatos trepados en las copas de los árboles dan la bienvenida a los caminantes en un rincón de la Selva Lacandona. La gravedad de su lamento parecería corresponder a bestias monumentales escondidas en la espesa vegetación, y no a animales de medio metro de altura que buscan marcar su territorio con un sonido que alcanza hasta 2 kilómetros a la redonda.
Son las seis de la tarde. La hojarasca cubre casi por completo la vereda. Es un camino poco iluminado: la lucha de las plantas por captar la luz genera que sólo 5 por ciento de los rayos solares alcance a tocar el suelo. No cesa el sonido de los miles de insectos que interactúan con plantas y animales para sobrevivir y dar vida a la selva húmeda más grande en el hemisferio norte. Si se pone atención en la tierra, a cada paso por lo menos un bicho se mueve.
La espesura vegetal obliga a esquivar ramas y agachar la cabeza para seguir avanzando. Hay lianas delgadas que forman columpios y otras perfectamente anudadas cuyo grosor no es posible abarcar con una mano; también, hormigueros de cuatro metros de diámetro; árboles que han recorrido 10 metros en 20 años para alcanzar un poco de luz solar; ranas camufladas como hojas otoñales; hongos en forma de flores; siete especies de vainilla; pitas que servirían para cinturones de charros, magueyes que, trepados en la copa de un árbol para alcanzar rayos de luz, propician el nacimiento de otros ecosistemas con ranas, salamandras y víboras a decenas de metros de altura.
Entre la amplia diversidad de plantas y animales, sobreviven las enormes ceibas pentandras. Sus 500 años de vida les han permitido a esos árboles extenderse más de 60 metros hacia arriba y ensanchar su tronco a cinco metros. La ceiba es el árbol sagrado de los mayas, en cuya cosmovisión la copa significaba el supramundo; los contrafuertes esos soportes que llegan a medir hasta ocho metros desde el tronco representaban el inframundo, y el tronco, la realidad de ese pueblo indígena. Por eso no había que talarlos, si no los mayas perderían su realidad y, según sus poemas, una estrella del cielo.
La Selva Lacandona es un espacio que ha sido deforestado en 70 por ciento de su superficie original en tres décadas, de 1.8 millones de hectáreas a poco menos de 500 mil. Pero sigue palpitando. Mario Olvera es un hombre moreno de ojos claros, tan serio que cuando ríe procura hacerlo hacia adentro. Habita en el sur de la Selva Lacandona desde hace tres décadas, en el ejido Boca Chajul, municipio Marqués de Comillas. Trabaja en la estación biológica.
La vía aérea era la única opción de acceso: con avionetas que aterrizaban en pistas abiertas entre la selva o directamente en el río. Así lo hizo la familia de Mario Olvera, junto con personas provenientes de Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, entre otros estados, además de otras regiones de Chiapas.
Entonces no existía la carretera fronteriza de Palenque a Comitán, que se comenzó a construir en 1994 y fue inaugurada el 19 de junio de 2000 por Ernesto Zedillo.
La familia de Mario se estableció inicialmente en el ejido Galacia, pero las constantes inundaciones con agua proveniente del río Lacantún los hicieron buscar otra zona. Se mudaron a Chajul y reprodujeron lo que sabían hacer en su lugar de origen: sembrar maíz. Para ello tenían que tumbar la selva. Ése ha sido un patrón en las comunidades que llegaron a poblar el sur de la Selva Lacandona. Algunos se han dedicado a la agricultura en una tierra de menos de un metro de fertilidad y completamente dependiente de que el ecosistema persista. Otros han optado por la ganadería extensiva, echando abajo decenas de árboles para establecer potreros.
Durante décadas se ha reproducido ese modelo de consumo, que ha generado que sólo permanezca 30 por ciento de la superficie original forestada, concentrada principalmente en las áreas de protección natural, como la Rebima, y otros remanentes.
A lo largo de la carretera fronteriza de Palenque a Comitán, ya no sólo existen milpas de maíz o frijol, como ocurría en años pasados. Ahora una palma de aceite traída desde África a principios de los noventa ocupa gran parte del paisaje.
El cultivo obedece a un proyecto de reconversión productiva que pretende revitalizar como áreas de cultivo terrenos que son utilizados por los ejidatarios como potreros. La siembra de esta palma es impulsada por el gobierno estatal a través de la Secretaría del Campo, que otorga a los productores plantas para sembrar, y el Fondo Estatal de Desarrollo Comercial Agropecuario y Agroindustrial, que los respalda con financiamientos.
De acuerdo con Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, FIRA, del Banco de México, Chiapas ocupa el primer lugar en el cultivo de palma de aceite en México, con 38 mil 525 hectáreas establecidas, 70 por ciento de la superficie total en el país. En el cultivo de la palma también participa la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), con apoyos financieros en proyectos de inversión para el establecimiento de la planta y para infraestructura productiva.
El rendimiento por hectárea de fruta de la palma rebasa, según FIRA, con 7 mil pesos por hectárea lo que recibiría un agricultor dedicado a productos típicos de la región. Pero el costo ambiental de esta práctica es alto. Aunque la iniciativa buscó sustituir potreros por sembradíos, la medida ha promovido de manera indirecta que algunos nuevos productores deforesten otras áreas de selva para no renunciar a la cría de ganado. Más palma y más potrero; menos selva.
Daniel, un joven que estudia el bachillerato en el ejido Zamora Pico de Oro, recuerda que el cultivo de la palma de aceite en esa región comenzó a realizarse aproximadamente tres años atrás. Al principio, dice, las familias buscaban participar en el cultivo de la palma, pero poco a poco algunos agricultores han perdido interés de sembrar por temor a que la tierra no dé la misma ganancia. Después de que termina su ciclo de productividad, el alto consumo de agua de la palma y la degradación de la tierra no permiten que esos terrenos sean utilizados nuevamente como sembradíos. El grado de desertificación es tal que algunos pobladores temen que no sirvan ni para potreros.
Otro factor que incide directamente en la preservación de la selva tropical de la región chiapaneca son las políticas públicas que terminan siendo contraproducentes por la contradicción entre sus objetivos.
Sin una agenda ambiental transversalizada, la Sagarpa y la Semarnat propician que los ejidatarios de la región elijan entre dos apoyos: recibir mil 300 pesos anuales para criar una cabeza de ganado, que consume en promedio alrededor de una hectárea de terreno, o conservar la selva a través del Programa por Servicio Ambiental, de la Comisión Nacional Forestal, con el que reciben mil pesos al año por cuidar una hectárea.
En la selva persiste también la tala ilegal de maderas, principalmente de la conocida como corazón azul, apreciada por su dureza y cuyos tablones de 12 pulgadas cuadradas son comprados en 30 pesos a los ejidatarios para sacarlos hacia China.
Desde la carretera transfronteriza de Palenque a Comitán, cerca del ejido de Nueva Palestina, es posible mirar que una brecha de cuatro metros de ancho, a ambos lados del asfalto, divide la selva. Es parte de la delimitación, que ya suma más de 100 kilómetros, alrededor de los Bienes Comunales lacandones con la intención de regularizar los terrenos. Esa brecha, realizada por la comunidad lacandona en conjunto con autoridades agrarias, quedó suspendida en los límites de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules. La Semarnat advirtió en 2008 sobre los riesgos ambientales para el área natural protegida de continuar con el trazo. Sin embargo, las tres etnias de la comunidad lacandones, tzeltales y choles están de acuerdo en que se continúe la delimitación.
El conflicto agrario en la zona no es nuevo. Es el resultado de decisiones gubernamentales erróneas a lo largo de la historia, que han generado una tensión que puede impactar directamente en el ecosistema.
En 1972, el gobierno federal entregó 614 mil hectáreas de la zona a 66 familias lacandonas, en una región donde habitaban etnias tzeltales y choles, a quienes se les reconoció como parte de la Comunidad Lacandona, pero les restringieron el derecho de presidir la Asamblea de Bienes Comunales. El 70 por ciento de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules está dentro de esos bienes comunales.
En este año la situación ha dado un vuelco, con la llegada de un tzeltal a la dirigencia de la Asamblea de Bienes Comunales, y se ha incrementado la tensión.
El 24 de abril, integrantes de la comunidad lacandona llegaron a un acuerdo con representantes de los ejidos de San Gregorio, Salvador Allende y Ranchería Corozal para permitirles seguir habitando dentro del área nacional protegida de Montes Azules.
La madrugada del 28 de abril, la ambientalista Julia Carabias, integrante de Natura Mexicana y ex secretaria federal del Medio Ambiente, fue sorprendida por hombres armados y encapuchados en la estación biológica de Chajul, quienes la sacaron del lugar y la encadenaron dos días en la selva cercana a la frontera con Guatemala.
Natura Mexicana es una organización civil que administra la estación biológica, integrada por un grupo de especialistas que trabajan para la conservación y recuperación de los ecosistemas naturales dentro y fuera de las áreas naturales protegidas.
La retención fue señalada por indígenas como una "simulación" para intentar desestabilizar los acuerdos de la comunidad lacandona con los indígenas que viven de manera irregular dentro de la Rebima, quienes forman parte de la Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones, ARIC Independiente y Democrático (ARIC ID).
En una entrevista radiofónica, la ambientalista dijo desconocer quién estaba detrás de su retención, pero señaló que podía obedecer a los intereses ilegales que Natura Mexicana combate en la selva, como las invasiones a las áreas naturales protegidas, la tala ilegal o la caza de especies en extinción. No descartó que haya sido alguien que quiso sacar provecho en medio de la confusión.
Las organizaciones que trabajan a favor de la conservación de la selva y en busca de soluciones a la pobreza de las zonas colindantes a la Rebima, escribió Carabias tres semanas después, viven amenazadas (Reforma, 24/05/2014).
Los representantes de esos tres ejidos aseguran que los pobladores han recibido capacitación y cuentan con un programa de agroecología, pero Natura Mexicana y otras organizaciones ambientalistas como Na Bolom advierten sobre el riesgo de permitir las invasiones en el área natural protegida.
Con los acuerdos firmados por la Comunidad Lacandona y los integrantes de ARIC ID, éstos podrían permanecer dentro de la Rebima y los terrenos que ocupan, ser regularizados.
En respuesta, los gobiernos estatal y federal señalaron el 14 de mayo que no permitirían más invasiones en las áreas protegidas. Dos días después, el 16 de mayo, se celebró la renovación de las autoridades de Bienes Comunales de la Zona Lacandona. Por primera vez en tres décadas, la dirigencia de esa comunidad fue ocupada por un indígena de la etnia tzeltal, Emilio Bolom.
Un grupo de lacandones impugnó el nombramiento. Uno de ellos es Chambor Chancayum Yuc, quien combina su cotón blanco con un chaleco con colores militares y se desplaza en una motocicleta por la selva para trabajar como guía turístico. Es uno de los indígenas que se oponen al nombramiento de Bolom.
A la entrada de Lacanhá, uno de los poblados que concentra a los integrantes de su etnia, Chancayum Yuc afirma que la postura de la Comunidad Lacandona hacia la selva cambiaría con un tzeltal al frente.
"No pensamos igual. Si se quedan como gobernantes los choles o tzeltales, no están viendo la forma de preservar el área natural protegida. Están viendo tomar esto y repartirlo", advierte.
El indígena teme que, al ser minoría, la etnia lacandona tenga que ceder ante la presión de los otros dos grupos. "Somos muy pocos, como mil, los choles son de 10 a 15 mil. Los tzeltales, entre 20 a 25 mil integrantes. Ellos no están viendo que acabando los recursos naturales esto lleva al fracaso".
En contraparte, en el poblado de Nueva Palestina, el tzeltal Emilio Bolom considera más importante resolver el conflicto agrario que la conservación ambiental. "Primero es lo agrario, luego lo ambiental. La decisión es del pueblo", dice en entrevista.
Bolom solicita la liberación de su asesor Gabriel Montoya Oseguera, detenido el 14 de mayo bajo los cargos de motín, ataques a las vías de comunicación y secuestro. El indígena anuncia, para el 29 de julio, una movilización del recientemente creado Frente Campesino Popular en ocho municipios chiapanecos para demandar la liberación de Montoya Oseguera.
A la orilla del río Lacantún, en el ejido de Galacia, en Marqués de Comillas, David Marroquín Pérez administra un hotel ecoturístico con 22 socios más en una propiedad que pertenece a 54 ejidatarios. Buscan utilizar 120 hectáreas de la selva como un medio para hacerse de recursos sin dañarla. El joven de 29 años narra desde el sillón de su casa que pobladores de la zona sólo tenían dos opciones: la agricultura o la ganadería. Se organizaron para crear una tercera alternativa.
Primero participaron en el Programa de Servicio Ambiental de Conafor y, en 2008, recibieron 300 pesos anuales por cada hectárea que conservaban; después, con la asesoría y el apoyo de Natura Mexicana, consiguieron fondos privados para construir un hotel enclavado en la selva. Es uno de los cuatro proyectos que la organización impulsa para que los ejidatarios obtengan recursos sin dañar la naturaleza.
Llevan alrededor de un año y medio con el hotel construido en terrenos previamente deforestados por un agricultor, a la orilla del río Lacantún, en el último resquicio de la valiosa selva inundable de México.
A unas semanas de dejar el cargo, Felipe Calderón pasó por ahí y decidió inaugurarlo de manera improvisada. La publicidad del acto es el único apoyo indirecto que han obtenido de una autoridad estatal o federal, además del tianguis turístico de Chiapas que se celebrará próximamente y al que ya fueron invitados.
El joven relata que en los periodos vacacionales de Semana Santa el hotel luce abarrotado y en fin de año reciben un poco menos de visitantes, pero en el resto del año prácticamente está vacío. "Aún no podemos decir que es redituable. Ni siquiera para decir que hay una utilidad para los socios, porque los que trabajamos en el hotel no somos todos los socios. Los que trabajamos recibimos un ingreso mínimo mensual, pero los ingresos se han usado para el mismo mantenimiento del hotel", explica.
En el hotel laboran 16 personas; son los únicos que reciben ingresos. Marroquín admite que se está complicando la situación económica del proyecto, pero reconoce que están todavía en un periodo de arranque.
A principios de este mes, Manuel Velasco presentó junto con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la "Estrategia para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad en Chiapas". Sin embargo, David Marroquín no percibe un interés gubernamental genuino para cuidar el hábitat de miles de especies animales, entre ellas el tucán real, el ave utilizada como estandarte del Partido Verde Ecologista de México, al que pertenece el actual gobernador Manuel Velasco Coello. "Nuestros representantes electorales los vemos sólo en campañas. Es cuando se acercan aquí, prometen. Después no se acercan. En el sentido de la selva no he sentido que se refuercen los programas que ayudan a conservar", sentencia David.
Esos mismos representantes (PVEM, y PRI) están por aprobar una reforma energética que, a decir de pobladores y especialistas, podría ser una otra amenaza a la selva. La Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, actualmente en discusión, prioriza en su artículo 33 la exploración y extracción de hidrocarburos, así como el tendido de ductos o de infraestructura eléctrica sobre cualquier otra actividad, lo que deja vulnerables desde patrimonios culturales hasta reservas de la biósfera como Montes Azules.
Fuera de la selvaSobre las aguas del Lacantún, río abajo, es posible comparar las dos caras de lo que un día fue una misma selva. Del lado izquierdo, la Reserva de la Biósfera de Montes Azules proyecta su espesa vegetación en una amplia gama de verdes. Aun sobre la corriente, es posible escuchar algunos de los miles de sonidos que producen un zumbido permanente.
Desde esa distancia, no se alcanzan a mirar las especies en peligro de extinción que habitan la selva, como el tapir, el pécari de labios blancos, el mono araña, el venado temezate o la guacamaya roja, pero basta internarse algunos metros para mirar las huellas que dejan los venados en las veredas, o las garras de los jaguares marcadas en los árboles. Hay gente que lleva años trabajando en la Lacandona y sólo ha visto al jaguar retratado en las cámaras infrarrojas que son colocadas para monitorearlo. El deterioro de la Lacandona también amenaza a este felino ancestral
Como titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Nuvia Mayorga ha canalizado más recursos públicos a su natal Hidalgo que a entidades como Oaxaca o Chiapas.
En los 18 meses de su gestión, la funcionaria ha acudido a su estado una vez por mes, en promedio, mientras que a Oaxaca, la entidad con mayor población indígena del país solo ha ido en una ocasión. A Guerrero, entidad afectada por inundaciones en 2013, Mayorga ha acudido en 13 ocasiones, en varias de ellas para acompañar las giras del Presidente Enrique Peña Nieto.
A Michoacán, donde la Secretaría de Gobernación ha instruido a los integrantes del Gabinete asistir regularmente para apoyar el trabajo del comisionado federal Alfredo Castillo, ha viajado oficialmente en 11 ocasiones.
Veracruz, un estado con una población indígena de más de un millón de personas, ha sido visitado por la titular de la CDI sólo una vez, en 2013.
De sus 17 visitas a Hidalgo, dos han sido para acompañar a Peña y ocho al Gobernador Francisco Olvera.
En una ocasión acudió en calidad de madrina del Centro de Espectáculos La Rocca, que presenta peleas de box y de gallos, situado en el municipio de Epazoyucan y que, según datos oficiales, tiene 47 indígenas.
Al estado de Sonora, con una población de 130 mil indígenas, entre ellos los de la tribu yaqui que sostienen un litigio con autoridades estatales y federales por el trasvase de agua de sus zonas de cultivo a Hermosillo, no se ha presentado durante toda su gestión.
El privilegio a su entidad natal se refleja también en los recursos otorgados. Por ejemplo, los del Programa de Infraestructura Indígena van en mayor proporción a Hidalgo que a Chiapas, Oaxaca o Veracruz.
El programa ha asignado a Hidalgo 515 millones de pesos equivalente a 89 centavos por indígena. En tanto, para Oaxaca, con el triple de población indígena, la inversión asciende a 35 centavos y para Chiapas a 26 centavos.
El Programa de Infraestructura está focalizado a los más necesitados dentro de la misma población indígena y sus recursos se asignan sobre la base de una fórmula determinada por las reglas de operación.
Sin embargo, las disparidades en la inversión de la CDI son notables. Veracruz, que concentra 11.3 por ciento de la población indígena del país -de la cual el 81 por ciento es elegible para acceder a apoyos del Programa de Infraestructura- recibe apenas el 1.4 por ciento de los recursos asignados hasta marzo de 2014, según documentos oficiales.
A Oaxaca y Chiapas, con comunidades con 40 por ciento de su población indígena ubicada en localidades de alta y muy alta marginación, sólo se les asigna el 16.9 por ciento del total del presupuesto.
Licenciada en Contaduría, Mayorga se desempeñó como Secretaría de Finanzas de Hidalgo, y como integrante del Consejo Político del PRI en ese estado, antes de hacerse cargo de la CDI.
"Yo solía decir que los jóvenes son los líderes del mañana.
Pero he revisado mi punto de vista. Los jóvenes son también los líderes de hoy" Ban Ki-moon, Secretario general de las Naciones Unidas
Esta semana se realizó el Encuentro Nacional de Liderazgo de la Juventud Indígena, el cual es el resultado de tres foros regionales de capacitación a jóvenes indígenas para la difusión de derechos humanos, indígenas y político-electorales, en el que de los asistentes se eligieron 120 jóvenes lideres para participar en el Encuentro.
Los participantes son jóvenes de 18 a 29 años que se han destacado por ser líderes en diversas materias, participantes activos en asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales, estudiantes, que realizan trabajo comunitario, que han participado o han sido merecedores de algún tipo de reconocimiento estatal o federal como por ejemplo el Premio Estatal de la Juventud o el Premio Nacional de la Juventud.
El objetivo del Encuentro fue que los jóvenes indígenas intercambiaran sus experiencias y conocimientos en torno a la partición social y política, diseñado en un formato en el que se expusieron primeramente temas de interés, como el tema de violencia, particularmente violencia contra las mujeres; discriminación y políticas públicas inclusivas para la juventud.
Posteriormente se utilizó una metodología denominada "historias de vida", de jóvenes líderes indígenas y líderes no indígenas ya que contar una historia de vida se traduce en que todos pueden lograr sus metas, que no es fácil pero que hay quienes han logrado cumplirlas. Este conocimiento adquirido se reflejará dentro y fuera de las comunidades y pueblos a los que pertenecen los jóvenes participantes, a través de acciones afirmativas que impliquen la difusión, asesoría en el tema y la denuncia de la violación de cualquiera de los derechos de los que son titulares.
El Encuentro tuvo contenidos que acercaron a los jóvenes a revalorar su identidad, ser jóvenes semilla de cambio para la construcción del México incluyente que se ha trazado el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para generar diálogo constructivo y que ese diálogo beneficie a todas sus comunidades.
Los jóvenes son agentes de cambio, prevalecerán los valores, en una sociedad incluyente, igualitaria donde todas y todos construyamos un mejor país para las generaciones venideras. Para ello se recalca que hoy tienen otras posibilidades que no tuvieron sus padres, otras herramientas que brindan las instituciones para el beneficio de sus comunidades y de todo México.
Muchos jóvenes han derribado barreras ideológicas, de violencia y discriminación, han tenido oportunidades que quizá muchos de sus padres no tuvieron, en muchos casos porque sus padres se vieron obligados a migrar de sus comunidades. Ello generó enormes desafíos que enfrentar en zonas urbanas y en zonas fronterizas, en las que existen opresiones para perder la identidad. Por ello es de celebrarla perseverancia para mantener la cultura y que los jóvenes indígenas sean líderes en las ramas de educación y de la ciencia que han elegido.
Estos jóvenes son los liderazgos que harán los cambios en las comunidades, en todas las regiones indígenas y en este México, las herramientas que este Encuentro les otorgó las llevarán a sus comunidades, abriéndose paso en los caminos del diálogo constructivo y la participación de una gran nación. ¡Vamos México!
Las comunidades indígenas presentan rezago en desarrollo educativo, salud e infraestructura, reconoció Nuvia Mayorga, directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Durante la inauguración del encuentro nacional Liderazgo de la Juventud Indígena, convocó a los jóvenes a trabajar proyectos que mejoren las condiciones de sus comunidades. Asimismo, afirmó que en ciertas comunidades indígenas aún existe violencia contra las mujeres que ejercen el voto, por lo que los jóvenes deben comprender sus derechos y obligaciones con perspectiva de género.
"(Estaremos) constantemente trabajando con ustedes para el desarrollo de la educación, de la salud, en lo que corresponde al ingreso a través de los proyectos productivos, en lo que corresponde a infraestructura básica, que ustedes nos ayuden a sacar a las comunidades que aún tenemos un gran rezago en México", dijo.
Por su parte, José Manuel Romero, director general del Instituto Mexicano de la Juventud, lamentó el rezago educativo que sufre la juventud mexicana, particularmente respecto a la población indígena.
Seis de cada 10 jóvenes van a la preparatoria, señaló, mientras que sólo dos de cada 10 acuden a la universidad. Asimismo, indicó, en 2012 se registraron 406 mil embarazos adolescentes.
El encuentro cuenta con la participación de 132 jóvenes de 28 entidades del País, considerados líderes sociales de sus comunidades. Se comentarán políticas de inclusión para población indígena, construcción de liderazgos, y compartirán historias de vida sobre jóvenes indígenas.
Jóvenes indígenas exigieron ayer el diseño e implementación de políticas públicas que ayuden al desarrollo de sus comunidades.
Ante funcionarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), reprocharon el que las políticas públicas actuales no incidan positivamente en sus vidas. “Todo lo contrario, están afectando e incidiendo en la pérdida de nuestras culturas, de nuestras vivencias, de nuestra lengua”, señaló Santos, uno de los 152 participantes en el Encuentro Nacional Liderazgo de la Juventud indígena.
Conceptos como el desarrollo y la pobreza, opinó, son manejados desde una realidad alejada de la indígena, por lo cual se crean políticas fallidas para la población. Marina, otra de las participantes, consideró que las políticas no están enfocadas a las necesidades de los jóvenes indígenas, por lo que sufren carencias, sobre todo, de índole educativa y laboral.
Por ejemplo, dijo, cada vez más jóvenes indígenas cuentan con licenciaturas y maestrías, pero no pueden ejercer su profesión debido a la discriminación y la falta de políticas de inclusión. “Exigimos que nos tomen en cuenta las instituciones públicas federales, estatales, municipales, en donde podamos cooperar y así nosotros ayudemos a nuestras poblaciones, y para que hayan políticas reales pensadas desde las mismas comunidades”, demandó.
Guaymas. Más de 50 viviendas, colapsadas, una mujer lesionada, árboles y cableado eléctrico caídos, así como inundaciones en sectores, dejó la tromba del jueves en la comunidad Yaqui de Vícam, de este municipio, donde el Gobierno del Estado atiende la emergencia.
Por instrucciones del Gobernador Guillermo Padrés, el Encargado de Despacho de la Unidad Estatal de Protección Civil, Carlos Arias, y el Director de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (COVES), Jesús Alfonso López López, realizaron este viernes un recorrido por las zonas afectadas.
Acompañados por el Comisario de Vícam, Lucio Jiménez Molina, los funcionarios constataron los daños que sufrieron decenas de familias indígenas principalmente en las colonias Yaqui, La Curva y Masocoba, entre otras, con el objetivo de enviar los apoyos necesarios.
"Según el recorrido que hicimos hay al menos cincuenta viviendas colapsadas por el desprendimiento de los techos, una mujer que sufrió golpes en la cabeza, problemas de inundación que todavía están presentes, muchos árboles que nos indican que la fuerza del viento pudo ser de hasta 60 y 70 kilómetros por hora", aseveró Carlos Arias.
La precipitación pluvial fue de 57 milímetros en media hora, lo que habla de la intensidad de la tormenta, dijo.
Carlos Arias advirtió que de acuerdo a los pronósticos, las posibilidades de lluvia continúan para el fin de semana en el Sur del Sonora, por lo que la UEPC en conjunto con las Unidad Municipal de Protección Civil Guaymas estará alerta para atender cualquier contingencia que pudiera surgir.
Durante el recorrido para hacer un recuento de daños, las autoridades exhortaron a los vecinos a extremar precauciones, no cruzar ríos ni arroyos mientras llueva, permanecer en partes seguras y refugiarse en otras casas si es necesario y bajar el switch de la energía eléctrica.
Agregó que se coordinarán también con la Secretaría de Salud para prevenir enfermedades infecciosas por las aguas acumuladas, y analizarán la posibilidad de habilitar albergues si continúan las tormentas de verano.
En entrevista con La Jornada, Mario Luna, vocero de la tribu, informó que con ese acueducto no sólo serán afectados los yaquis, sino varias comunidades de la zona, donde habitan alrededor de un millón de personas, por lo que desde hace varios años se han venido realizando acciones políticas y legales para detener la obra. “Aun cuando en los tribunales hemos ganado y nos han dado la razón, el gobierno no detiene el proyecto y ha emprendido una campaña de odio en nuestra contra”.
El 5 de mayo de 2011 las autoridades tradicionales yaquis, organismos empresariales, agrícolas y representantes de algunos de los ayuntamientos del Valle del Yaqui firmaron un “pacto simbólico” para la defensa del agua.
Ello ha generado “hostigamiento y represión” de las autoridades estatales, informó. Los yaquis han sufrido “una campaña negra” promovida por los gobiernos estatal y del municipio de Hermosillo, acusándolos de ser los responsables de que esa urbe se quede sin agua potable, además que se han levantado procesos judiciales contra algunos y a muchas familias se les han suspendido los apoyos de los programas especiales para la atención de comunidades indígenas.
“Es ahí cuando Cárdenas, con su visión de estadista, logra calmar los ánimos de la tribu. En 1940, mediante un decreto presidencial, otorga la restitución de un tercio de los territorios que los yaquis reconocen como suyos, además de que 50 por ciento de las aguas de la presa Álvaro Obregón (que se sirve del río Yaqui) serían destinadas para uso exclusivo de nuestro pueblo, a lo que se debían sumar los escurrimientos y agua de lluvia que se acumularan abajo de la presa. El otro 50 por ciento se destinaría a los colonos de la región.”
Pero en 74 años ese decreto no se ha cumplido a cabalidad. Primero porque en la década de los 50 se construyó una presa hidroeléctrica, cuya agua acumulada sólo se destina para la producción de electricidad, además de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) –dependiente del gobierno federal– “ha escamoteado” el recurso para los yaquis, asignándoles únicamente 250 millones de metros cúbicos al año, cuando la capacidad de la presa es de 800 millones de metros cúbicos.
“Por ello, cuando en 2010 nos enteramos de la construcción del Acueducto Independencia, lo primero que nos viene a la mente es que si en 70 años no han cumplido el decreto del presidente Cárdenas ¿qué pasará al agregar a otro usuario de estas aguas”, planteó Luna.
“Si se pretende hacer una megaobra que de alguna forma pueda afectar a los pueblos indígenas y al medio ambiente, tenemos derecho a una consulta y a que soliciten el consentimiento (para su construcción) previo, libre e informado. Eso fue violentado. Aparentaron una consulta pública en Hermosillo, a la que fue una comisión yaqui para fijar nuestra posición; ahí agredieron a huevazos a nuestros compañeros.”
Los opositores al acueducto cierran carreteras, realizan varias caminatas a Ciudad Obregón, marchan hasta la capital del estado, se han reunido con legisladores federales y, además, han iniciado procesos judiciales contra esa construcción. Los agricultores del Valle del Yaqui fueron los primeros en ampararse, primero contra la licitación y después contra la construcción; mientras los yaquis lo hacen contra la compraventa del agua. “Ha sido amparo tras amparo, todos los hemos ganado y ninguno se ha cumplido”.
“Esa resolución es muy ambigua y la construcción no se ha detenido. La SCJN deja a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Conagua el criterio para que valoren si nos afecta o no, pero esas instancias ya habían aprobado un manifiesto de impacto ambiental sin otorgar el derecho de consulta a la tribu yaqui, de ahí que sean juez y parte. Aun así solicitan una sentencia aclaratoria, la cual se ratifica a mediados de 2013.”
Recientemente, el juzgado octavo de distrito con sede en Ciudad Obregón ordenó cerrar el acueducto para proteger el derecho del pueblo yaqui a conservar sus recursos naturales. Tras la impugnación de ese fallo, el juez hace una sentencia aclaratoria para ratificar su resolución. “Es justo cuando las autoridades del estado inician una campaña en nuestra contra, ya que hablan de que tendrá que haber tandeos de tres horas para algunas colonias, culpándonos a nosotros de ese problema”.
Mientras los procesos judiciales avanzan, el Acueducto Independencia –de 173 kilómetros de longitud– ha comenzado desde hace nueve meses la etapa de prueba, extrayendo “volúmenes de agua que nunca volveremos a ver. El recurso se ha acumulado en un reservorio de la zona industrial de Hermosillo, debido a que el sistema de aguas estatal no cuenta con potabilizadoras suficientes para tratar esas grandes cantidades y enviarlas a la red de agua potable de la capital del estado”, sentenció el vocero yaqui.
De acuerdo con Luna, pese a que las autoridades del estado aseguran que la intención es beneficiar a todos los pobladores de Hermosillo, “la realidad es que esta agua es para los industriales”.
Recordó que esta ciudad se surte de la cuenca del río Sonora, pero sólo 8 por ciento del recurso procedente de ese reservorio es para consumo de los ciudadanos; el resto abastece a los campos agrícolas y ganaderos. “No les hace falta agua, pero en lugar de compartirla lo que quieren es llevar el recurso desde otra cuenca. Además, no se están construyendo plantas tratadoras ni potabilizadoras; tampoco se ha rehabilitado la red de agua potable de la ciudad, que, de acuerdo con la comisión estatal del agua, tiene una pérdida de 40 por ciento, por lo que inyectarle más sería reventarla.”
Pero curiosamente, una vez que se anunció la construcción del Acueducto Independencia, el sector industrial comenzó a asentarse en la región. “La planta Ford se amplió a casi el doble de su capacidad; se instala también la segunda planta más grande en Latinoamérica de la productora de cementos Holcim Apasco, anunciando todo un desarrollo inmobiliario; llega Heineken, la cervercera más grande del orbe, y la refresquera Big Cola; mientras Coca Cola y Pepsico anuncian la ampliación de sus instalaciones. ¿Cómo es posible que en una ciudad donde no hay agua llegue tal nivel de industria?”
Pero los yaquis y sus aliados no claudicarán en su lucha. Continuarán con las movilizaciones –en breve se prevé una caravana hasta la ciudad de México–, seguirán insistiendo por las vías legales para echar atrás ese proyecto, insistirán las veces que sean necesarias que las resoluciones judiciales que les han favorecido se cumplan, solicitarán “respetuosamente” a la SCJN que en el marco de sus tiempos resuelva la controversia constitucional. “Son nuestros recursos, es nuestro derecho y los seguiremos defendiendo”, finalizó el vocero yaqui
El pueblo yaqui ha mantenido por siglos una constante lucha por sus derechos. Estudios antropológicos ubican la llegada de esta tribu a lo que hoy es el Valle del Yaqui, al sur de Sonora, hace más de 2 mil años.
En ese sitio, rico en recursos naturales, han visto morir a sus ancestros y nacer a sus descendientes. Pero su subsistencia no ha sido sencilla, a lo largo de la historia han enfrentado riesgos, tanto contra sus pobladores como contra sus tierras y riquezas naturales, de las que son los dueños originarios.
En el año 1533 los colonizadores españoles tuvieron el primer encuentro con la tribu yaqui. La expedición liderada por Diego de Guzmán se enfrentó con los habitantes de la zona, dejando cientos de muertos entre los indígenas, mientras que los detenidos fueron usados como guías para el resto de las exploraciones.
En el siglo XVII, los jesuitas lograron la evangelización de estos pueblos indígenas, sin embargo, también se dio una combinación con ritos que los yaquis mantenían de forma ancestral. A mediados del siglo XVIII, ante la pretensión de los colonizadores de apoderarse de las tierras fértiles de la región sur de Sonora, los yaquis se coordinaron con otras tribus indígenas para defender sus territorios. Al considerarse una nación autónoma, los yaquis no se suman a la guerra de Independencia iniciada en 1810. Varios años después hubo levantamientos indígenas en la zona con el propósito de que se les de trato de nación separada de México.
Quizás el mayor de los abusos contra esta etnia se dio durante el porfiriato. Los intereses del gobierno de Porfirio Díaz por las tierras y los recursos del río Yaqui generaron una guerra contra este pueblo, causando un “genocidio” y una deportación masiva de hombres, mujeres y niños a las plantaciones de Yucatán y Quintana Roo, para usarlos prácticamente como esclavos.
Durante la Revolución se lograron acuerdos para que ingresaran a las filas del ejército de Álvaro Obregón. Este grupo indígena sólo exigía su propio autogobierno, pero Obregón al darse cuenta de la riqueza de sus tierras trató de expulsarlos para cederlas a colonos agrícolas. Se lanzaron bombardeos contra esa región. Tal fue el impacto de estos dos sucesos que en el primer censo del país, en 1890, se contabilizaron cerca de 30 mil yaquis, pero en el conteo posterior al movimiento revolucionario sólo sumaron 5 mil habitantes. Lázaro Cárdenas les restituyó, en 1940, parte de sus territorios originarios.
Actualmente el pueblo yaqui mantiene un gobierno basado en usos y costumbres con una estructura civil-militar. El gobierno es una autoridad tradicional dividida en ocho pueblos y en cada uno de ellos existe un gobernador tradicional, un capitán, un comandante, un secretario y un pueblo mayor.
Vicam. Autoridades tradicionales de Belem, Potam, Vícam, Loma de Bacum y Loma de Guamúchil (Cócorit), así como la tropa yoreme de los ocho pueblos indígenas acordaron interponer una demanda en contra de dos magistrados del Tercer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito que no se apegaron a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual señala que la suspensión de planos se sigue por oficio.
La guardia tradicional yaqui se reunirá el lunes 21 para determinar las acciones de resistencia que emprenderán la próxima semana, las cuales podrían endurecerse, informó Tomás Rojo Valencia, vocero de la tribu yaqui.
Con respecto a las declaraciones del gobernador de Sonora, Guillermo Padrés de atender la petición de Gobernación para abrir una mesa de diálogo, Rojo Valencia desestimó el llamado y destacó que es el propio Ejecutivo quien está propiciando esta división entre los sonorenses al "robarse" el agua que le pertenece a la tribu.
A lo largo y ancho de la de la república los grupos indígenas han sido blanco de ataques, discriminación y presión económica. Los casos más emblemáticos del problema indígena en México se encuentran en Chiapas, debido a la alta densidad de población tzotzil, tzetzal entre otros descendientes mayas. No obstante, en el noroeste del país se ha llevado a cabo un acoso hacia la población indígena, lo que ha ocasionado la desintegración de sus comunidades.
En Baja California sucede un fenómeno muy particular, ya que por un lado los grupos indígenas autóctonos están desapareciendo, mientras que el crecimiento de los campos agrícolas en el municipio de Ensenada atrae indígenas del estado de Oaxaca, principalmente mixtecos.
Del lado bajacaliforniano son varios los motivos por los cuales los cucapá, kumiai, pai pai y kiliwa se encuentran al borde de la desaparición. Este proceso de desintegración y desaparición de comunidades es de larga duración, ya que desde la llegada de los misioneros hasta la actualidad el conflicto y la resistencia han estado presentes. No obstante, el siglo XX se dio una estrepitosa caída poblacional de estas comunidades.
La llegada de grandes empresas agrícolas, ganaderas y vinícolas significa una competencia directa y desproporcionada por los recursos naturales de la región. Estas compañías, en ocasiones asociadas con políticos locales, se apropian de ojos de agua y tierras, situación que aumenta la marginalidad de los indígenas bajacalifornianos.
La migración también tiene un peso específico en los californios, ya que, ante el cierre de oportunidades y el casi bloqueo económico que los capitalistas han impuesto en la región, los indígenas más jóvenes optan por la búsqueda de oportunidades en Estados Unidos.
Esta situación llegó a tal grado que los kiliwa firmaron un pacto de muerte, el cual indica que no tendrán descendencia y caminarán hacia la desaparición. Si bien, los demás grupos indígenas no optaron por dicha medida, también enfrentan el olvido de los políticos, la carencia de servicios, recursos y la competencia desleal de los empresarios.
Por ello, el siglo XXI puede significar, al igual que en otras entidades federativas, la desaparición de los grupos originarios. Los retos son muchos, por lo que es necesario tomar medidas gubernamentales que vayan más allá del indigenismo proselitista. Desde la sociedad civil, la empresa resulta igual de complicada, pero podemos empezar por saber más de los grupos que han habitado la región, sus formas de vida, convivencia, sus retos e ideología. Este camino nos convertirá en una sociedad más plural e igualitaria.
El encuentro de naciones hermanas, Omáwari, cuyo significado es festividad en lengua rarámuri, surge como un proyecto especial del Instituto Chihuahuense de la Cultura y dentro del Festival Internacional Chihuahua, con la finalidad de generar un proceso de valoración y respeto a la diversidad cultural, los pueblos originarios del estado, y otras regiones de la República Mexicana y del extranjero.
El Omáwari se convierte año con año en una reunión donde las etnias más representativas de Chihuahua y del país muestran su riqueza cultural, con la participación de sus mejores portavoces culturales y artísticos, homenajes, actos de difusión, así como exposición y venta de sus productos. Así, la décima edición del Festival Internacional Chihuahua logró estructurar un programa con la participación de los pueblos indígenas: makurawe (guarojío), con su danza ritual; maya y su música ceremonia y danza tradicional; wixárika (huichol) con música regional y nayerij (cora), que presentarán una danza ritual, además de la tradicional unión de todos en la mística ceremonia de la Fogata Ritual.
El Omáwari de este año se realizará el sábado 2 de agosto en el Centro Cultural Paso del Norte, en Ciudad Juárez, y en Chihuahua capital el domingo 3 de agosto, en Plaza Mayor, en punto de las siete de la tarde en ambas sedes y con la conducción de la locutora en lenguas indígenas Carmen Sotelo y del poeta actor y periodista Mardonio Carballo.
También dentro de este encuentro se llevará a cabo la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas en Plaza Mayor, el día 9 de agosto, con conferencias y presentaciones de música y danza.
Omáwari es un llamado hacia la convivencia pacífica, la tolerancia y el respeto a la diversidad cultural, basándose en los derechos y aspiraciones plasmados en las declaraciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, así como en diferentes documentos de organismos nacionales e internacionales.
Máximo galardón a creadores
Dentro del décimo Festival Internacional Chihuahua de nueva cuenta se hará entrega del premio Gawí Tónara (Pilares del Mundo, en rarámuri), máximo reconocimiento que otorga el estado a sus creadores artísticos y culturales, quienes con su obra y talento han puesto en alto el nombre de Chihuahua a escala nacional e internacional.
En otras ediciones han recibido el galardón chihuahuenses como Lucha Villa y Jaime Almeida (actriz y cantante, y locutor, ambos en 2006), Elsa Aguirre (actriz, 2007), Erasmo Palma y Víctor Hugo Rascón Banda (músico tarahumara y escritor, en ese orden, en 2008), Carlos Montemayor (escritor, 2009), Luis Y. Aragón (pintor y escultor, 2010), Ignacio Solares (escritor, 2011), Aarón Hernán (actor, 2012) y Benjamín Domínguez (pintor, 2013). Este 2014 la presea será para la actriz de cine, teatro y televisión de origen camarguense, Evangelina Martínez.
Una de las figuras más emblemáticas de las artes escénicas en México y con calidad de exportación es sin duda la actriz Evangelina Martínez, quien inició su carrera cinematográfica en 1973 en la icónica cinta El principio, dirigida por su hermano, el también chihuahuense Gonzalo Martínez. “Fue una gran experiencia. Mi hermano acababa de llegar de estudiar de Rusia y me dijo que quería que participara en su película. Qué mejor principio que iniciar con una película con el mismo nombre y sobre todo dirigida por mi hermano”.
A la fecha, Evangelina Martínez cuenta con más de 50 películas en su carrera, entre las que destacan títulos como, Longitud de guerra (1975), El cumpleaños del perro (1975), La pasión según Berenice (1976), Sin motivo aparente (1987), Memoria de mis putas tristes (2011) y Las horas contigo (2014).
Evangelina Martínez Ortega nació en Camargo, Chihuahua, el 24 de marzo de 1937. Proviene de una familia de 10 hermanos, tres hombres y siete mujeres, entre quienes fluye la vena artística. Supo desde los 12 años que quería ser actriz: “De niña iba al cine Alcázar, de Camargo, a ver las películas de Libertad Lamarque con Los Panchos. “Yo lloraba por los dramas que veía, pero lloraba tanto, tanto, hasta que me di cuenta de que lloraba porque quería estar en la pantalla y no sentada en una butaca como público. Ahí descubrí que quería ser actriz.”
De su natal Camargo, Evangelina Martínez llega a Chihuahua y ahí empieza a actuar en obras amateur; al mismo tiempo trabajaba como secretaria en un banco. En 1956, a la edad de 19 años, emigra a la capital del país. Amante de la lectura y admiradora del escritor Carlos Montemayor, no olvida su tierra. “De Chihuahua han salido extraordinarios escritores, guionistas, cineastas y actores. No es necesario salir del estado para sobresalir, aquí hay muchas oportunidades y sólo es cuestión de aprovecharlas”.
Egresada de la Academia Andrés Soler, de la ANDA, y de Bellas Artes, la actriz también cuenta con una sólida carrera en teatro y televisión. “La vida del actor a veces es muy dura, pero también muy satisfactoria, porque el aplauso del público es maravilloso.” Más de 50 años dedicados a la actuación hacen de Evangelina Martínez una de las figuras artísticas más grandes que han salido de Chihuahua.
El esfuerzo mostrado por el gobierno del Estado por conducto de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, en coordinación con el Instituto Chihuahuense de la Cultura, logra que el Festival Internacional Chihuahua se establezca y se consolide como uno de los escaparates más importantes para la cultura a escalas local, nacional e internacional.
La música, el teatro, la danza, el folclor y las tradiciones convergen en una gran fiesta multicolor con la gastronomía y el turismo, conformando una hermandad entre el pueblo chihuahuense, la República Mexicana y el mundo.
Del primero al 24 de agosto, el Festival Internacional Chihuahua está de regreso en el estado en su décima edición.
Bocoyna. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, el gobernador César Duarte Jáquez y el secretario de Educación Pública Emilio Chuayffet Chemor entregaron ejemplares de la Convención para Eliminar todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la guía de programas sociales de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la República, traducidos a lengua indígena.
Este mismo evento, celebrado a orillas del Lago de Arareko, municipio de Bocoyna, sirvió también para que el funcionario federal anunciara el lanzamiento de la Campaña Nacional de Alfabetización la que, aseguró, no tiene precedente desde la que se realizó el siglo pasado.
Emilio Chuayffet dijo que la última gran campaña de alfabetización se realizó durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, pero estuvo enfocada a la población hispanoparlante, sin embargo la que lanzará el presidente Enrique Peña Nieto tendrá como eje la alfabetización en lenguas indígenas.
Ambos, gobernador y secretario de Educación, entregaron los citados documentos que fueron traducidos a 12 lenguas indígenas, a igual número de personas integrantes de las diversas etnias.
En su intervención, el gobernador del estado dijo que “la Celebración del Día de la Lengua Materna habla por sí sola de la diversidad con la que cuenta el estado de Chihuahua”.
Dio la bienvenida a los visitantes de otros lugares del país y del extranjero. “Los acontecimientos intelectuales más asombrosos del ser humano son cuando aprende a hablar y a leer”, indicó el mandatario, quien enfatizó que donde una lengua muere, muchos mundos se mueren con ella: “por eso en este día rindo honor a la pluralidad y cultura de la nación mexicana, que es admirada por todo el mundo”. Indicó que las lenguas evolucionan y cambian para entender las nuevas realidades sociales, así como para nutrirse de otras culturas.
El gobernador anunció un Centro de Bachillerato Tecnológico y Administrativo (Cbta) en Salaises, en el municipio de López.
Por su parte, el secretario de Educación Pública festejó que fue precisamente en un estado donde viven tarahumaras, pimas, tepehuanes y guarojíos donde se realizó este acto protocolario. “Venir a Chihuahua es venir al estado de uno de los mejores gobernadores de México, quien se empeña en construir con audacia un mejor Chihuahua a las nuevas generaciones”, aseveró Chuayffet Chemor.
Señaló que en el Programa Escuela Digna se invertirán 7 mil millones de pesos para trabajar en 37 mil escuelas, de las cuales 19 mil serán para población indígena en su mayoría.
Al hacer uso de la palabra, la representante de la UNESCO en México Nubia Sanz dijo que en el mundo existen 7 mil lenguas indígenas que son patrimonio común de la humanidad, engloban 200 mil años de historia e incrementan cada día la capacidad creadora del hombre.
Miembros de la comunidad indígena huichola de Durango realizaron la Ceremonia de Bendición del Domo de la Identidad Duranguense para que este año la feria inicie y termine con bien.
Como parte de los eventos de la feria Nacional Villista, también efectuaron una caminata donde los niños y adultos huicholes acomodaron el ”Marakame” (Dios del fuego) y llevaron ofrendas de maíz de cinco colores, un borrego, peyote, aguas sagradas y venado.
En la ceremonia de inauguración del Domo cantaron y bailaron, y al mismo tiempo entregaron agua y pinole de maíz; luego con un leño limpiaron los brazos y piernas de las personalidades y miembros huicholes, y luego lo arrojaron al fuego para así quemar las impurezas.
Posteriormente los huicholes ofrecieron el pinole y el agua como alimento y vida y los dirigieron al fuego mientras cantaban.
Luego de la ceremonia participó el grupo musical “Hawiekame”, formado por niños y músicos de la comunidad de Bancos de Calitique, Mezquital Durango. Ellos mostraron sus danzas especiales que realizan en las ceremonias de sus comunidades y con todo el ambiente musical, como lo hizo el delegado Abraham Moreno, quien pasó al frente y bailó animado y sonriente. El grupo musical interpretó canciones en su dialecto además de canciones populares, y para sorpresa de todos, cantó y tocó el corrido de Durango.
El grupo musical “Hawiekame” tendrá participación toda la semana dentro del Domo de Identidad Indígena, que por primera vez en la feria se presenta y donde se pueden encontrar artesanías como collares, sombreros, morrales y representaciones de la forma de vida de los pueblos indígenas de Durango.
Playa del Carmen. El 28 de julio podría ser la fecha para conmemorar el día nacional de la lucha social maya, en memoria del inicio de la Guerra de Castas, la cual sería una de las formas de seguir con ese embate, pero ahora para que se cumplan las demandas sociales de todos los mayas que habitan en el país.
Lo anterior lo dio a conocer Hermelindo Be Cituk, coordinador estatal de la Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía (Anipa), quien expresó que actualmente se trabaja con diputados de las dos legislaturas, tanto estatal como federal, para que se dignifique con la citada fecha a los integrantes de esta cultura.
En el territorio mexicano, el número de personas mayahablantes asciende a más de 892 mil 723 personas. Es la segunda lengua más hablada luego del náhuatl, según el Inegi.
Agregó que también se han tenido acercamientos con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), para que desde su posición lo gestione, incluso para que se cree un decreto donde se tome en cuenta esa fecha.
Esta fecha, que podría volverse una celebración nacional, primero se convertiría una conmemoración estatal, por ello, en la 32 sesión ordinaria de la XIV legislatura estatal se presentó la propuesta para que la fecha del 28 de julio sea considerada como “Día Estatal de la Lucha Social Maya”, sin que hasta el momento haya avanzado el asunto.
Los “desarrollos premiun”, como el Mayazama en Tulum, están llevando al colapso las costas de Quintana Roo, afirma el doctor Ernesto Vargas Pacheco, en una conferencia sustentada en la sede del INAH-Yucatán, en el VIII Diplomado sobre Peritaje antropológico.
Las grandes empresas aprovechan los resquicios de las leyes sobre protección de la naturaleza, la arqueología y los bienes históricos para hacer de las suyas, afirmó el académico quien es un experto en peritaje.
Han aprendido los hombres del capital a dar por su lado a las autoridades para lograr sus objetivos, señala Vargas Pacheco, y ejemplifica: una constructora llama al INAH y le dice que en cierta área hay unos cerros que conviene explorar, y a esta buena voluntad se suma una aportación importante en efectivo para la realización de los trabajos. Con esto el constructor sigue con sus trabajos mientras el INAH hace el salvamento. Además, el constructor acude ante al Semarnap y le dice: “el INAH ya me dio permiso”. ¿Qué ya te dio permiso? “Pues adelante, adelante”, le dice Semarnap. Y así se la gastan, señala jocosamente Vargas Pacheco.
En la elocución del especialista se infiere que las leyes que dividen naturaleza y arqueología son dañinas porque no permiten proteger adecuadamente el patrimonio. En una obra donde se destruye la ecología, el INAH no puede hacer gran cosa porque no hay vestigios arqueológicos, continúa señalando. Lo más que podría hacerse en estos casos, considera, es recurrir a los antropólogos sociales, quienes advertirán de los daños que producen ciertas construcciones en la idiosincracia de una población autóctona.
En su disertación, el perito –cuyo trabajo dio la victoria a Quintana Roo en el conflicto limítrofe entre los tres estados peninsulares­–, se refirió expresamente al “plan maestro” de la urbanización de Tulum (ya aprobado por la Semarnap), lo cual arrasará con el entorno natural y destruirá el subsuelo, contaminando el agua con toneladas de cloaca al año. La mejor manera de proteger naturaleza, arqueología y cultura intangible es un perfecto acuerdo entre las autoridades que velan por estos bienes, afirma. Y eso es posible cuando hay buena voluntad.
En su exposición, que rondó las tres horas, con un receso, Vargas Pacheco recordó que en algún momento las leyes protegían naturaleza y arqueología como uno solo. Desgraciadamente hoy día, el primer obstáculo con que los peritos del INAH se topan es con la “delimitación de su área”. Y estos pueden presenciar la destrucción de los bienes de la nación en sus propias narices (por ejemplo, naturaleza) sin poder hacer nada.
Vargas Pacheco conoce bien Tulum porque fue él y su equipo de arqueólogos quienes delimitaron la ciudadela e hicieron los trabajos de rescate. En aquellos tiempos el INAH se enfrentó a una de las más fuertes crisis en defensa del patrimonio cultural, pues demandó a la propia Marina y a varios empresarios que se habían apropiado de zonas federales y construido pequeños hoteles. La Marina había construido un faro en los cerros de la zona arqueológica.
Pero muchos daños ya estaban hechos, por ejemplo el patrimonio que se destruyó al construir la carretera federal donde se accede a Tulum. “Cada dos o tres kilómetros había vestigios arqueológicos”, lamenta el especialista. “Y esta manera de construir de los mayas, las distancias que imponían entre unos y otros centros rituales, debiera ser un ejemplo para nosotros hoy día”, afirma.
En Holbox (Quintana Roo) un megaproyecto “premium” llamado Ensenada amenaza hoy día con destruir un gran patrimonio natural y para la zona arqueológica de Chichén Itzá (Yucatán) recientemente se anunció un gran desarrollo que incluirá campo de golf, para el disfrute de los turistas. Vargas Pacheco sustentó su conferencia el 26 de junio pasado, en el marco del Diplomado sobre Peritaje antropológico que se inició la primera semana de mayo pasado y terminará en diciembre
Somos mujeres mayas herederas de un pueblo antiguo, y ante la ONU voy a decir que todavía seguimos aquí. Hoy día vemos que gente extraña viene a nuestros pueblos y afirman que los mayas nos hemos extinguido, que ya no estamos, que nos hemos perdido. Pues bien: yo voy a decir que no es cierto, que los mayas seguimos aquí, que todavía estamos vivos, que en la tierra maya estamos, que en la tierra maya trabajamos, que a la tierra maya es la que defendemos.
Habla Leydi Aracelly Pech Martin, fundadora de la organización Koolel-Kab que fue galardonada con el Premio Ecuatorial 2014 que otorga el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Con las abejas decimos que los montes no deben destruirse, que deben ser cuidados, y que debe aceptarse el trabajo de las mujeres porque ellas también tienen capacidad de tomar sus decisiones, no sólo los hombres, afirma. “Eso es lo que voy a decir en las Naciones Unidas”, asevera, y agrega que estas ideas no las aprendió fuera, sino en su casa, en su hogar porque así fue educada por sus padres.
Después de la entrega oficial de las constancias a las seis integrantes de Koolel-Kab y a otras varias de su asociada Muuchkambal en esta pequeña comisaría de Ich Ek (que en maya quiere decir “entre los árboles de tinte”), elChilamBalam conversó brevemente con Leydi Pech sobre la idea inspiradora de la iniciativa –que cumplió 19 años el 13 de junio pasado– y sobre las dificultades que tuvieron que sortear. Ella viajará a Nueva York para recibir el premio de manos del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.
Lo más difícil que hubo que afrontar es el comienzo, dice. Nuestra condición de mujer fue un gran obstáculo. En segundo lugar, encontramos mucha resistencia en encontrar ayuda para comenzar a trabajar las abejas, porque la apicultura es asunto de hombres, señala. “Esas mujeres están despistadas; no prosperarán”, les decían.
Pero ello no podía detenerlas. “En vez de detenernos esto nos acicateó más y elegimos trabajar a la abeja melipona (Xuunan Kaab), porque se nos ha enseñado que es la mejor abeja y produce la mejor miel, y es la nuestra por herencia. Nos animó más la situación de que esta abeja está en peligro de extinción, que ellas, como las enseñanzas de los antiguos hombres, se están extinguiendo. Y con más razón nos esforzamos”, afirma Leydi quien poco antes había hablado en el evento sin papel en mano, a pura memoria e improvisación.
Las abejas meliponas, dijo entonces ante el presídium integrado por autoridades y representantes de asociaciones civiles y de la ONU, son de gran importancia en el cuidado del medio ambiente, si desaparecen, desaparecerá con ellas parte de nuestra cultura, de nuestra identidad. Es por eso que cada día ponemos nuestro corazón y nuestro esfuerzo en cuidarlas, afirma. Y anunció la creación de una Escuela de la abeja melipona para transmitir estos conocimientos a los niños y a los jóvenes, con lo que cumplirán con su responsabilidad de perpetuar los conocimientos ancestrales.
Cuando tomó la palabra, Xavier Moya, director del PNUD en Yucatán, puso de relieve que el premio de la ONU pretende ser un altavoz de la organización, de los pueblos mayas. (¡Y vaya que lo fue al menos en este evento, pues el representante de Koolel-Kab, Gustavo Huchim Cauich, le reclamó muy bien a las autoridades su falta de apoyo, su cerrazón al diálogo y les pidió, ahora que son galardonados por la ONU, que tomen los apuntes pertinentes!)
La apicultura, como otras actividades, cuida a las familias mayas, les da muchos beneficios y sustento, genera recursos para el municipio, el estado, divisas para el país y no destruye el patrimonio, contrariamente a otros casos en donde sólo gana uno y pierden los demás, observó en su momento Xavier Moya.
La ONU, dijo Moya, “apoya hoy la apicultura porque protege el medio ambiente, pero sobre todo porque la encabezan las mujeres, quienes salen de los más profundo de nuestra casa: de nuestro vientre, de nuestra cultura, de nuestra historia y cuando las escuchamos decimos sí es cierto, yo lo creo”. Sin mencionar el trascendental caso que la organización Koolel-Kab ganó contra la gigante Monsanto que tenía ya permiso del gobierno de la República de cultivar cientos de hectáreas de soya transgénica en tierras de Campeche, Moya observó: “Parecía que la voz de los mayas no se iba a escuchar, parecía que el que tenía más recursos, más dinero, más abogados iba a poder con ustedes, pues no, no fue así; algunas veces sí nos escuchan, algunas veces nos permiten probar un poquito de la miel de la justicia”.
El evento oficial, que estaba programado para las 12 horas en punto del lunes 7 pasado,, comenzó 20 minutos antes de las 13 horas, apenas arribó el alcalde de Hopelchén, municipio al que pertenece Ich Ek, y después de la entrega de las constancias grupos artísticos de Hopelchén (la Rondalla y un grupo que hace música prehispánica) demostraron sus habilidades. Una pequeña de Ich Ek declamó en maya el poema Abejita melipona (y después, de pura casualidad, la recitó de nuevo para el ChilamBalam).
Jóvenes lugareños repartieron entre los invitados una dotación de tacos de deliciosa cochinita pibil y una gaseosa de sabor. Después pudimos visitar la casa en donde la organización vende sus productos.
Antes de mayo de 1911 estaba prohibido que al centro de la ciudad de Puebla ingresaran personas vestidas con calzón de manta, entre las 6 pm y las 6 am. Era una norma que servía para confirmar que esa bella urbe porfiriana tenía dueño y no era lugar para que se paseara libremente la indiada. Cuando la tropa de Zapata cercó Puebla, la élite escribió a Pancho Villa para que fuera su Ejército, criollo y norteño, quien entrara a la ciudad porque a los catrines les daba horror el mexicano de piel cobriza.
¡Cuán poco pareciera haber cambiado la realidad poblana en los últimos cien años! Tan discriminante como aquella medida del calzón de manta es la ley que, el pasado mes de mayo, alejó el registro civil de las comunidades indígenas de Puebla. Si, por ejemplo, se vive en la sierra y es necesario registrar a un recién nacido, hoy hay que rezar al cielo para que una unidad itinerante del gobierno pase cerca de casa y acepte expedir el acta..
Sin embargo, el problema más serio son los fallecimientos. En México está prohibido enterrar a un muerto si no se cuenta antes con el acta de defunción. En el presente, no hay unidad móvil oportuna para cada vez que se requiere este papel.
Por tal razón discriminatoria es que las poblaciones afectadas decidieron protestar. Primero tomaron el Centro de Servicios Integrados de Tehuacán, luego la carretera federal Atlixco-Puebla y finalmente la autopista de cuota.
En el primer caso el gobierno poblano concedió sólo seis horas para la negociación y luego decidió lanzar a la policía en contra mil 500 ciudadanos. En el último evento -ocurrido ocho días después- se instruyó para que, sin contemplaciones, la policía removiera a los manifestantes de la autopista. El resultado fue desastroso: la fuerza estatal disparó proyectiles que en su interior contenían gas lacrimógeno, un arma que resulta peligrosísima si se dirige en contra de las personas.
Uno de esos proyectiles impactó contra la cabeza de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, un niño de 13 años que por azar pasaba cerca de la refriega. El viernes, este menor de edad falleció descerebrado en una cama de hospital.
En vez de asumir con digno arrepentimiento los costos del estúpido operativo, el gobierno de Puebla optó por echarle la culpa del asesinato a los manifestantes. Sus voceros declararon y también publicaron desplegados en la prensa argumentando que el niño fue herido con un cohetón de pólvora arrojado por la gente de la misma comunidad..
En respuesta, el médico del menor, Luis Felipe Loria, afirmó públicamente que la hipótesis del cohetón era absurda ya que el niño no mostró huellas de quemadura alrededor de la herida. Con tal argumento especializado se exhibió al gobierno, no sólo por autoritario, sino también por falsario.
En 1911 no había proyectiles lacrimógenos para impedir la entrada de los mexicanos vestidos con calzón de manta al centro de Puebla, pero la intolerancia contra sus descendientes ha variado poco desde entonces.
La moral imperante dice que si esas poblaciones se rebelan -no importa cuán justa sea su causa- merecen ser quebradas con todo el peso de la autoridad. Si hay víctimas, entonces es la comunidad -siempre salvaje y bárbara- la que debe pagar por los muertos que siembra el gobernante.
La crisis de inseguridad que desde hace una década viene azotando al país, y la desigualdad que según todos los indicadores es como la que había en 1910, son las dos razones por las que la élite privilegiada ha decidido pertrecharse, contando con el gobierno como su guardia privada.
Ambos quieren ver fuera de su cierre social, cargado de estigmas discriminatorios, a los otros mexicanos: indígenas sin derechos, mestizos desposeídos, marginados seculares. Si alguno se atreve a protestar, la respuesta será contundente: ahí está el cadáver de José Tehuatlie como monumento a nuestra contemporánea intolerancia de clase.
Se equivoca quien piense que este episodio solo podría suceder en Puebla. Recorre todo México la intransigencia que vincula a la élite privilegiada y al poder policial. Quien no lo vea es porque ha optado por la negación.
Es “rock con influencias de jazz y electrónica que usa videos; no hacemos algo intelectual lento, sino un espectáculo muy vertiginoso en el que la interacción con la gente es esencial”, dice Alonso Arreola
El trío Arreola + Carballo lo mismo hace una rola de los Beastie Boys (pero en náhuatl), que un danzón o una cumbia progresiva con electrónica. También puede recrear un bolero del compositor cubano Bola de Nieve (Ignacio Jacinto Villa Fernández) y transformarlo en un funky... Habla de la tierra de donde es, pero con influencias del exterior.
Es “un trío de rock con influencias de jazz y electrónica que utiliza visuales (videos). El 80 por ciento es rock, pero con toques progresivos. No hacemos algo intelectual lento, sino un show muy vertiginoso en el que los solos (de la batería y el bajo) y la interacción con la gente, es esencial”, dice Alonso Arreola. El trío se presentará en dos encuentros importantes en Europa, los cuales tienen “la etiqueta mamona de música del mundo”: el Festival Músicas do Mundo de Sines, en Portugal y el Festival Womad, en Inglaterra, el mismo que creó Peter Gabriel.
Feria de libros o festival
El jueves y domingo próximos este proyecto de “poesía extendida” mostrará una de las más hermosas lenguas de Latinoamérica, la cual “dialogará” con el discurso lúdico de la batería de Chema Arreola y el bajo de Alonso, respaldados por los videos de Rogelio Aguilar, quien muestra las traducciones al español e inglés del náhuatl en versión spoken word de Mardonio Carballo. “La ventaja de este proyecto es que lo mismo puede estar insertado en una feria del libro que en un festival de rock”, asegura Alonso Arreola a La Jornada.
“No es la musicalización de un güey que sólo lee, sino una puesta en escena en la que hay rolas. Nuestras letras tienen qué ver con lo que pasa en el México hoy día: la violencia, situaciones políticas y sociales... sin ser panfletarios. No es una ocurrencia con la que queremos sorprender; es decir, nietos del escritor (Juan José Arreola) con el indígena. Es un proyecto que nació como a nosotros nos gusta: de madrugada y con una botella de vino. Es algo que se ha transformado en algo serio y bien planteado; hecho con honestidad, pensando en hacer un espectáculo y sorprender a los sentidos de la gente”.
En el encuentro de Womad también fueron invitados a ofrecer una muestra culinaria. El mismo día del concierto, en una cocina inmersa en el aérea del festival, prepararán comida mexicana. Harán un pastel azteca y un coctel con mezcal, cuyas recetas son de Marion Díaz.
Alonso Arreola, quien también es periodista y ha trabajado con músicos como Michael Manring, Trey Gunn, David Fiuczynski, Pat Mastelotto, Jaime López y Alfonso André, habla de su eterno compañero, su bajo.
“Tenemos una relación obsesiva y neurótica, pero también amorosa”, afirma. “Le tengo un respeto enfermizo. Va más allá del respeto... Creo que el respeto a un instrumento es el tiempo que le dedicas para tocarlo, no virtuosamente, sino de la mejor manera posible, para lo que quieras decir salga de la mejor forma”. Agrega que “hoy por hoy, estamos tan llenos de tecnología y de una idea de posproducción tan elaborada que, a veces, el contenido o la sustancia se sacrifican mucho. Hoy con ciertas aplicaciones y unos pedales, un par de notas pueden sonar bestiales, pero no significa que estén tocadas de la mejor manera ni puestas en el mejor lugar”.
Híbrido escénico musical
Alonso, quien fue parte de la banda La Barranca y creador del espectáculo Las partículas horizontales al lado, del escritor francés Michel Houellebecq, anunció la realización, el próximo 9 de agosto, de un espectáculo en el teatro Degollado, de Guadalajara, dedicado al Bestiario, el libro de su abuelo Juan José Arreola. Hablamos de Arreola por Arreola, bestias y prodigios, “pieza en torno a esa obra de mi abuelo por sus 55 años de existencia. Participarán en este otro híbrido escénico musical, Jaime López, Nicolás Alvarado, Fernando Rivera Calderón, Chema Arreola, Pío (quien hace cine a mano, con arena), Iraida Noriega y la banda Troker.
Ese espectáculo, cuyo guion construyó el propio Alonso, es un tributo al Bestiario, pero además “tributo a José Emilio Pacheco, quien fue quien recibió todo el dictado de ese libro. Mi abuelo no lo escribió, se lo dictó a Pacheco, porque era su alumno”, dijo Alonso. Aprovechó para anunciar que del 5 a 15 de octubre harán una gira por la costa oeste de Estados Unidos con su proyecto Three Below, en el que también están Michael Manring y Trey Gunn.
Mardonio Carballo es Premio Nacional de Periodismo 2009, por el Club de Periodistas de México. También es actor que ha sido dirigido por Jorge Fons y Salvador Aguirre. Como periodista es colaborador habitual de los noticiarios de Carmen Aristegui y Canal 22. Por su parte, Chema Arreola es también escritor. Ha grabado tres discos con La Barranca más otros muchos al lado de su hermano Alonso y Álex Otaola, con quienes toca y hace giras regularmente. Asimismo, es el letrista y baterista de Cerro del Aire, banda del caifán Alfonso André.
Bogotá. El Festival Internacional de Poesía de Medellín, inaugurado en cerro Nutibara, con 73 poetas de 39 países, es un homenaje a los pueblos indígenas del mundo y un espacio de apoyo a los diálogos de paz con la insurgencia, que se llevan a cabo en La Habana, Cuba.
El encuentro cultural arrancó con la lectura de poemas del mexicano Juan Gregorio Regino, Horacio Benavides (Colombia), Oumar Farouk Sesay (Sierra Leona), Ivo Svetina (Eslovenia). Además estuvieron Metin Cengiz (Turquía), Isztván Turczi (Hungría), Joséphine Bacon (Canadá, Nación Innu), Amin Khan (Argelia), Luo Ying (China), Gcina Mhlophe (Suráfrica), y Joy Harjo (Estados Unidos, Nación Muskogee).
El acto de la inauguración empezó ayer por la tarde en el imponente Cerro de Nutibara, en el corazón de la ciudad de Medellín, cerró con un concierto de la rockera colombiana Andrea Echeverri.
El festival fue convocado por la revista “Prometeo” para hacer una celebración de la tierra con los pueblos indígenas, explicaron los organizadores.
Este encuentro poético mundial se configura como “un evento constructivo en respaldo de los diálogos de La Habana y esfuerzos por el mutuo entendimiento y coexistencia pacífica, en un tiempo de graves conflictos y tensiones en muchos lugares neurálgicos del planeta”.
“Tras una guerra de más de medio siglo que ha dejado cientos de miles de muertos, heridos, lisiados y desaparecidos, Colombia necesita y merece una paz justa, con democracia política, económica, social y cultural”, señaló la revista “Prometeo” en un comunicado.
Agregó que “justamente procesos culturales democráticos multitudinarios los que pueden fortalecer y hacer irreversible un clima de diálogo, de paz y reconciliación nacional”. Este festival fue galardonado con el Premio Nobel Alternativo hace ocho años en el Parlamento de Suecia por “probar que la creatividad, la belleza, la libre expresión y la comunidad pueden florecer y superar incluso los temores más profundamente afianzados, así como la violencia”.
Ibarra. Fortalecimiento de la interculturalidad y los saberes ancestrales en la zona 1 se denomina el programa que lleva a cabo el catedrático Alfonso Cachimuel, con la coordinación de instituciones como el centro de sabiduría ancestral Achill Sami o Energía del Fuego. Como parte de este fortalecimiento ayer se desarrolló en la UTN el segundo encuentro provincial de saberes ancestrales de Imbabura.
El evento busca fomentar una verdadera interculturalidad.
Cachimuel enfatizó que lo ancestral cuenta con todas las garantías constitucionales y el derecho de realizar los rituales indígenas. “Si el planeta está enfermo, el ser humano también está enfermo... estamos buscando, a través de los saberes ancestrales, la armonía que debe existir entre el hombre con la comunidad humana, con la naturaleza, con la comunidad divina”, explicó.
Se dio a conocer que la UTN fortalece estos saberes mediante un proyecto de vinculación con la comunidad.
Los saberes están conformados por cada elemento vivo de la naturaleza. “Los minerales son seres vivos, la tierra es un ser vivo, el agua también lo es y mediante la palabra vivificamos estos elementos y la utilizamos en las curaciones, la palabra es poder; esto no es creencia, es ciencia y tecnología”, agregó Alfonso Cachimuel.
Comentó que el médico occidental cura lo físico, mientras que el yachak cura lo físico, lo espiritual y lo mental. Calificó de “inaudito” que en la mayoría de instituciones educativas no se practique la enseñanza del kichwa. “No existe ni siquiera una materia ni un área en la que se dé fortalecimiento de interculturalidad, el estudio de la lengua, de la identidad, cultura, sabiduría y espiritualidad, las políticas establecidas son prácticamente de papel y no se vive en la práctica”, lamentó.
María Yamberla, una de las participantes, llegó desde San Juan de Ilumán y forma parte de la Asociación de Jóvenes Kichwas de Imbabura que trabaja en el rescate de la identidad cultural. Comentó que a través de un convenio con la Universidad Técnica del Norte se lleva a cabo cursos de kichwa Imbabura. Trabajan desde su espacio para dar a conocer los saberes ancestrales en todo sentido, como el rescate de la sabiduría de la salud ancestral, además de los conocimientos en la agricultura y artesanía. Se realizó una purificación ancestral considerando a la salud como un enfoque integral, que toma en cuenta la espiritualidad empleando las plantas que transmiten energía.
En el evento, que finalizará el sábado 19, participarán 60 creadores del audiovisual indígena y comunitario. El encuentro tendrá una dinámica de mesas de trabajo, charlas, exposiciones y debates.
Según Rocío Gómez, una de las organizadoras, el objetivo es juntar las diversas experiencias de creación audiovisual de los pueblos originarios y del sector comunitario, que a pesar de las adversidades están cultivando un cine propio y aporta a la construcción del cine ecuatoriano. “La idea es conocernos entre nosotros y saber el tipo de trabajo que estamos desarrollando. Queremos construir propuestas colectivas que ayuden al fomento de obras cinematográficas originarias, y a la vez cimentar espacios y dinámicas permanentes de producción y circulación”, añade Gómez.
Se prevé que en Baños estén referentes del trabajo audiovisual indígena como el director de cine Alberto Muenala, de Otavalo, quien en el 2012 rodó su ópera prima ‘Killa’; el productor amazónico Heriberto Gualinga, que hace dos años obtuvo el primer premio en el Festival All Roads de National Geographic, con el documental ‘Los Hijos del Jaguar’.
Este realizador de Sarayaku afirma que estos espacios “permiten conocernos entre pueblos y ver que a pesar de que somos diferentes tenemos las mismas realidades. En el encuentro podremos juntar experiencias y proponer al Estado que nos ayude con los fondos necesarios para producir”.
Y es que trabajar en este tipo de proyectos implica conseguir fondos para períodos a largo plazo. Gualinga dice que en su caso, Sarayaku lo apoya cuando presenta alguna idea de producción. También está el interés por hacer coproducción y el rol de las ONG internacionales que quieren videos hechos desde la visión de un realizador indígena y aceptan sus propuestas. De acuerdo con Wayra Coro, otro de los organizadores, gran parte de la producción indígena es comunitaria. “La minga es una ayuda importante.
Actualmente estamos trabajando en la preproducción de una obra llamada ‘Expedición Poncho Rojo’ en donde recibimos la colaboración de compañeros con dinero, contingente profesional, capacidad ideológica… todos unidos por el interés de que nuestra identidad se fortalezca”, explica. Otra de las aristas del encuentro será analizar las herramientas con las que cuentan los realizadores.
El objetivo es elaborar una nueva categoría destinada al fomento del cine de los pueblos y nacionalidades, en el marco de las convocatorias de fondos concursables del Consejo Nacional de Cinematografía del Ecuador.
​La idea es que el cine que hacemos tenga una marca distinta, añade Gómez. “Queremos trabajar desde nuestra cosmovisión. Por ejemplo, asumimos la luz de una manera diferente a lo que generalmente se hace; las sombras y la relación con la naturaleza son propias”. La gestora imbabureña explica que el tema de la producción genera debate. “Estamos apegados a la forma de producir desde lo comunitario, sin que esto implique que no manejamos la forma occidental de producir y la idea es conjugar ambas”, dice. Personalmente, cree que en la narrativa ellos ven el hacer cine como una estrategia de comunicación política que les ayuda a visibilizar a los pueblos y nacionalidades.
Desde ese punto, la historia nace de una necesidad de la comunidad por mostrar sus formas de organización, la sabiduría y la filosofía de vida en un cine distinto, que fortalezca su identidad. La variedad de las propuestas es también una fortaleza en el cine indígena y sus creadores. Algunos cineastas, sigue Gómez, están metidos en la cuestión mítica del mundo andino; pero también hay quienes trabajan -como Alberto Muenala- en una película que muestra su relación con la tierra y la minería, algo más contemporáneo.
Una iniciativa de formación audiovisual realizada con el apoyo de CHIRAPAQ, Centro de Culturas Indígenas del Perú, Wapikoni Mobile y OXFAM.
http://www.chirapaq.org.pe/nuestra-imagen/nuestro-saber
Sendero Luminoso mató al 10% de su población y les obligó a desplazarse
Ahora luchan contra un proyecto hidrológico que podría inundar sus tierras
TVE ha entrevistado a Ruth Buendía, una de sus líderes más importantes
En 2003, la Comisión reconoció los años de sufrimiento asháninka, pero aún hoy no se conocen todos los datos de la tragedia. Luzmila Chiricente perdió varios familiares en aquellos años de represión senderista. Ahora, como líder de la principal asociación de mujeres indígenas de Perú (FREMANK), trata de recomponer la memoria de su pueblo. Una tarea, asegura, nada fácil.
"Muchos tenían miedo de hablar porque pensaban que hablando de lo que pasó iban a ir a la cárcel", asegura a TVE Chiricente. "Pero a pesar de todo la Comisión de la Verdad dejó una recomendación en la que dice que tenemos que ser reparados", añade.
Ahora, con 35 años, Buendía lidera la Central Ashánika del Río Ende, una de las organizaciones más importantes de Perú. Sus hijos, señala a TVE, todavía preguntan por su abuelo. "Les tengo que explicar por qué su abuelo está en cielo", afirma emocionada a TVE.
Pese a que la guerra con Sendero Luminoso diezmó a su pueblo, los ashaninkas lograron persistir en en sus tierras: la selva central de Perú, en la región de Junín y la provincia de Satipo. Y ahora se enfrentan a diferentes desafíos que podrían obligarles a abandonarlas.
"Los funcionarios de mi país benefician a las empresas extranjeras. Así que hemos llevado el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos", comenta Ruth Buendía a TVE. "Ya que mi país no nos defiende, lo llevamos a esta corte. Y ha respondido diciendo que el Gobierno debe garantizar los derechos de los pueblos indígenas".
Buendía asegura que los asháninkas solo quieren que el Gobierno tenga en cuenta los derechos de los pueblos indígenas. "Solo queremos dialogar, que nos tengan en cuenta", asegura.
Se trata de charlas que abordarán el tema de educación, cultura y comunicación de los pueblos indígenas y las distintas experiencias, en materia legal en Latinoamérica, y para ello estarán presente en la mesa de expositores la Sra. Karin Herrera, Viceministra de Educación y Cultura de los Pueblos Originarios de Venezuela; la Sra. Jeannette Paillan, de la CLACPI (Chile); el Sr. Orlando Sánchez, docente bilingüe del Chaco y representantes de la Subsecretaría de Educación Intercultural del Ministerio de Educación del Chaco y de la Legislatura del Chaco, todo en el marco del 7º Festival Latinoamericano de Cine Indígena, que se llevará a cabo en el Recinto de Sesiones de la Cámara de Diputados, sito en Brown 520, el próximo viernes 18 a partir de la hora 18 hasta las 21.
Desde la Dirección de Cine y Espacio Audiovisual (DCEA) del Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco, que organiza el encuentro, se precisa que el debate rondará sobre las diversas experiencias en estos temas, teniendo en cuenta que el Chaco está discutiendo sobre una ley de educación intercultural. Además también la incursión de los pueblos originarios en la producción audiovisual juega un papel fundamental en la conformación de estrategias de comunicación para lograr el fortalecimiento de las identidades indígenas, al tiempo que rompe con la mirada colonialista con que dichos pueblos son tradicionalmente representado desde la mirada del otro”.
La Legislatura del Chaco, a través de una iniciativa de su Presidente doctor Darío Bacileff Ivanoff, aprobó la Resolución 730 que expresar beneplácito con motivo del “7º Festival de Cine de los Pueblos Indígenas”, organizado por la Dirección de Cine y Espacio Audiovisual (DCEA) del Instituto de Cultura Chaco, a realizarse los días 17 al 19 de Julio del corriente año en la Casa de las Culturas de la ciudad de Resistencia – Chaco y además destaca que dicho evento constituye un espacio de difusión y sensibilización sobre los derechos de los pueblos originarios del Chaco, nuestro país y toda Latinoamérica.
El Festival de Cine fue creado en 2008 y tiene como objetivos fomentar el valor de las culturas originarias y el respeto hacia las mismas; promover el acceso al uso de medios audiovisuales por parte de las comunidades qom, wichí y mocoit del Chaco y de la región; fortalecer los lazos culturales entre las provincias del norte argentino y aportar a la divulgación de realidades sociales propias de los pueblos indígenas.
Los planes para expandir el tristemente célebre proyecto gasístico de Camisea, localizado en el corazón de la reserva Nahua-Nanti para indígenas no contactados, recibieron recientemente luz verde por parte del Gobierno para seguir adelante. El gigante petrolero colombo-canadiense, Pacific Rubiales, también está llevando a cabo exploraciones en tierra habitada por la tribu de los matsés y sus vecinos no contactados. Ambos proyectos traerán a cientos de trabajadores del sector de hidrocarburos a las tierras de las tribus aisladas e introducirán el riesgo de enfermedades mortales y encuentros violentos, a la vez que ahuyentarán a los animales que los indígenas cazan para su supervivencia.
En EEUU se ha generado una enorme polémica contra la empresa Nestlé en California que sigue vendiendo agua embotellada de los manantiales locales, pese a estar sufriendo esta zona una de las peores sequías en décadas.
La sequía ha entrado en su tercer año, y el estado ha introducido medidas para limitar el uso del agua y castigar con multas a los derrochadores de este líquido ahora escaso. Sin embargo, Nestlé no paga y tampoco informa al estado desde 2009 sobre las cantidades de agua que saca del manantial, que lleva usando más de una década. La cuestión es que el manantial se ubica en territorio de los indígenas, que tienen privilegios y no están obligados a observar las limitaciones y reportar el uso del agua, señala 'The Desert Sun'.
Al respecto el director de la organización Urban Semillas, Miguel Luna, cree que es injusto que se sancione a los ciudadanos por descuidar el ahorro de agua, mientras no se toca a las empresas millonarias. "Es un poco irresponsable mientras se le está pidiendo a la gente en general conservar agua y ahora ya reforzando estas regulaciones con multas (…) mientras estas compañías que hacen millonadas de dinero no tengan ninguna regulación que les diga que no saquen tanta agua", comentó.
Madam / Sr. Silla, miembros expertos, delegados gubernamentales distinguidos, los hermanos y hermanas indígenas, El Caucus de Asia se complace en informar al Mecanismo de Expertos de varios desarrollos en la realización de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Asia.
En Indonesia, la Alianza Nacional de los Pueblos Indígenas en el Archipiélago, AMAN, ha ganado su caso en el Tribunal Constitucional a través de su declaración de que los bosques tradicionales no son bosques estatales, afirmación de los derechos consuetudinarios de los pueblos indígenas sobre sus bosques.
En Malasia Constitución Federal reconoce la noción de los pueblos indígenas a un grado. Sin embargo, estos artículos son discutibles (como en el caso de los nativos de Sabah), incompleta (como en el caso de un número de indígenas de Sarawak haber sido dejado fuera de la lista detallada), y no incluido (como en el caso de ser el Orang Asli completamente omitido). El reconocimiento constitucional, sin embargo, no va mano a mano con las medidas para garantizar que se les da el apoyo y el respeto necesarios en relación con los demás derechos reconocidos, incluyendo tierras y territorios, formas de vida tradicionales o documentos como prueba de ciudadanía. Muchos pueblos indígenas, especialmente de las zonas remotas, tienen grandes dificultades para lograr que sus documentos de ciudadanía debido a la inscripción tardía de nacimiento o de la falta de acceso al servicio de registro.
En Filipinas, los derechos de las "comunidades culturales indígenas / pueblos indígenas" están constitucionalmente garantizadas y habilitadas a través de la Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas [IPRA]. El IPRA protege y promueve la integridad cultural de los pueblos indígenas, el derecho a poseer y desarrollar sus tierras ancestrales / dominios, y el derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI). Sin embargo, la aplicación del CLPI y derechos sobre la tierra ha sido muy problemático y manipulado el resultado conflictos y violaciones graves de sus derechos a la tierra, así como los derechos civiles y políticos.
En Nepal, los representantes indígenas están haciendo campaña para tener distinta representación de los pueblos indígenas en la Asamblea Constituyente, a pesar de su demanda de un sistema federal basado en la identidad indígena y la autodeterminación sigue siendo un enorme desafío.
En Asia, la conciencia sobre la DDPI está igualmente en aumento con los esfuerzos de las organizaciones y aliados de los pueblos indígenas en la producción y el uso de materiales de promoción y creativas en la DDPI. Existe asimismo un compromiso sostenido con los organismos de las Naciones Unidas en los diferentes niveles y visibilidad sostenida de los pueblos indígenas en diferentes procesos regionales y mundiales.
A pesar de estos avances, los pueblos indígenas de Asia continúan enfrentando serios desafíos, especialmente en el reconocimiento legal y el ejercicio de nuestros derechos colectivos como se estipula en la DDPI. Muchos países asiáticos todavía afirman que no tienen los pueblos indígenas o que todo el mundo es indígena. Esta distinción muy fundamental tendrá que ser abordado con un sentido de urgencia con el fin de minimizar los conflictos y la escalada de la violación de los derechos de los indígenas peoples. Both Bangladesh y Myanmar todavía no han conferido el reconocimiento jurídico oficial para los pueblos indígenas en la forma de su elección.
Tierras de los pueblos indígenas, los territorios y los recursos siguen siendo explotados por los proyectos de desarrollo, como las mega-represas, la minería, plantaciones, etc, sin el CLPI. En Odisha, India, donde el pueblo Dongria tuvieron durante años que se oponen a la mina planificada por la empresa Vedanta, sólo 12 de 100 aldeas afectadas fueron consultados por las autoridades locales a pesar de un histórico fallo de la Corte Suprema en abril de 2013 la consulta comunitaria pedido antes de iniciar el proyecto podía continuar. Por otra parte las comunidades indígenas en el noreste de la India y el centro de la India, entre otros, siguen siendo víctimas de la militarización y violaciones sistemáticas de los derechos humanos debido a las leyes y políticas nacionales de seguridad existentes. En Bangladesh, la violencia contra las mujeres y los niños indígenas son comparativamente más altos que en cualquier otro momento en el pasado. En el primero 4 meses de 2014, 19 mujeres indígenas han violado. La semana pasada, la Comisión CHT ha sido atacado por la organización de los colonos bengalíes.
En Myanmar, el Proyecto Kaladan Multimodal de Transporte de Tránsito "en dos comunidades indígenas se está aplicando sin CLPI. En Vietnam, más de 90.000 personas, la mayoría étnica tailandesa, fueron reubicados para dar paso a la planta hidroeléctrica de Son La que los científicos vietnamitas dijeron dejado a muchos sin acceso a tierras agrícolas para el año 2010. En la región de Prey Lang Forestal de Camboya, el hogar de los indígenas Kui pueblos, concesiones de tierras oficiales de decenas de miles de hectáreas de bosque para la extracción de minerales, la madera y las plantaciones de caucho han obligado a muchos a abandonar sus medios de vida tradicionales. Desde 1996 hasta el 2013, se otorgaron 117 empresas concesiones económicas (ELC) por un total de 1,5 millones de hectáreas, es decir más del 50% de la tierra cultivable en Camboya, muchos de ellos son tierras indígenas. Aunque el gobierno de Camboya declaró una moratoria sobre la emisión de ELC en mayo de 2012 el procedimiento para la revisión de ELC existentes ha creado conflictos dentro de las comunidades. Esto ha incluido la privatización de las tierras y las amenazas a las comunidades y sus representantes que se negaron los títulos de propiedad individuales y lucharon para recuperar sus tierras comunales tradicionales.
En la ASEAN, el Plan de Inversiones de la ASEAN revela un plan agresivo para proyectos extractivos que afectará negativamente a las tierras, territorios y recursos de los pueblos indígenas, entre otros, mientras se preparan para lograr una Comunidad Económica de la ASEAN en 2015.
Tenemos por tanto un llamamiento a los Estados de Asia para participar de manera constructiva con los pueblos indígenas para el reconocimiento legal de los pueblos indígenas a través de leyes y políticas para facilitar la implementación de la UNDRIP y constitucionales que permitan
Pedimos además a los Estados a establecer mecanismos y procedimientos eficaces para la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en los asuntos que les afectan y para la ejecución del libre consentimiento libre, previo e informado en los proyectos de desarrollo que afecten a los pueblos indígenas.
Hacemos un llamamiento a los Estados Miembros de Asia que se han abstenido en la adopción de la UNDRIP para cambiar su posición y asimismo expresar su apoyo a la DDPI.
Hacemos un llamado a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que inicie un papel más proactivo para controlar y garantizar la aplicación de la UNDRIP.
Por último, como nos acercamos a la Conferencia Mundial de los Pueblos Indígenas en 2015, hacemos un llamado a los Estados a cooperar y apoyar el Documento Final de Alta hacia la realización de los derechos de los pueblos indígenas.
El video de "Gestión basada en la comunidad forestal: Soluciones Locales a Desafíos Globales" expone sobre el importante papel de la gestión forestal basada en la comunidad en los medios de subsistencia de los pueblos indígenas y la seguridad alimentaria; los valores espirituales y culturales; y la mitigación del cambio climático. El vídeo se centra en el sistema de uso de la tierra de Lua (​​La-UEO) los pueblos indígenas, incluyendo la práctica sostenible de la agricultura migratoria en el norte de Tailandia; y los desafíos que enfrenta la Bhagpani y Forestales Comunitarios Grupos de usuarios de la Mujer Sitalupakha sobre la gestión forestal en Nepal.
El Pacto de Pueblos Indígenas de Asia (AIPP) y el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) produjeron este video en colaboración con la Fundación de los Pueblos Indígenas para la Educación y el Medio Ambiente (IPF).
Programa de Desarrollo de la Investigación y de la Comunicación
A la comunidad indígena vecinos de Chuarrancho
La Fundación Rigoberta Menchú Tum saluda y hace un reconocimiento a la lucha histórica desarrollada por la Comunidad Indígena de Chuarrancho por defender legalmente la propiedad ancestral de sus tierras.
La resolución de la Corte de Constitucionalidad que confirma la resolución de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil y Mercantil de restituir el derecho de propiedad de las tierras a la Comunidad Indígena Vecinos de Chuarrancho, usurpadas por la Municipalidad de Chuarrancho
Gregorio Canil
Director Fundación Rigoberta Menchú Tum
(502) 2230-2431, 232-0793 y 2232-2192
Toronto. La Comisión para la Cooperación Ambiental de Norteamérica (CCA), que celebra su 20 aniversario, “comenzó con gran expectativa, tuvo unos años de bajada, pero está retomando el rumbo”, afirmó el especialista mexicano José Carmelo Zavala.
El ingeniero bioquímico participó en la XXI Sesión Ordinaria del Consejo de la CCA, realizada en Canadá la semana pasada, en su calidad de coordinador del Comité Consultivo Nacional del Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte (ACAAN).
El ambientalista, quien ha participado y seguido de cerca a la CCA, consideró que ésta “tuvo unos años de bajada porque en la administración Bush le disminuyeron el presupuesto, mismo que no se ha recuperado. Hoy aportan los países dos millones de dólares cada uno, pero hace 20 años aportaban tres millones”.
Las expectativas y eventos del organismo disminuyeron, pero se está recuperando, aseveró. Antes había un fondo de financiamiento que patrocinaba proyectos y participación social en el mejoramiento ambiental, legislación ambiental, mismo que desapareció y resurgió hace dos años como NAPECA, el programa de subvenciones a proyectos comunitarios, explicó.
El especialista fue entrevistado en el marco de la XXI sesión ordinaria de la CCA, que se realizó en Yellowknife, en el norte de este país, y en la que participaron los ministros de Medio Ambiente de México, Canadá y Estados Unidos.
“Soy un viajero frecuente de la CCA desde que nació, era un organismo con mucha expectativa y mucha movilidad”, definió el también presidente del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable, Región Noroeste (CCDS).
El ingeniero Zavala, originario de Tijuana, Baja California, sostuvo que la participación social en el tema ambiental “es de vanguardia” y que la CCA ha sido “un gran protagonista y motivador de esto” en Norteamérica.
Consideró que la CCA debe dar un paso más adelante y brincar “del nicho ambiental, que nos encapsula, al nicho económico, porque no hay que olvidar que somos parte del ACAAN”. “Tenemos que jalar a las otras áreas, como la económica, para lograr el desarrollo sustentable. Sería bueno que a estas reuniones de la CCA también participaran los ministros de Economía y de Turismo” de los países integrantes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dijo.
De esta forma, añadió, se evitaría que el tema ambiental esté aislado y de lo que se trata es de articularlo con las otras áreas para alcanzar la sustentabilidad.
Destacó que el tema ambiental tiene ya una relevancia política, ahora se reconoce que el crecimiento verde debe ser el motor de las economías y hay una tendencia fuerte hacia las energías renovables. “Norteamérica es un solo ecosistema, por ello el símbolo de la CCA son las mariposas monarca. La naturaleza nos está dando una lección. Debemos ser más modestos los seres humanos frente al poder de la naturaleza”, enfatizó.
Respecto a la importancia que le dieron los ministros de Medio Ambiente al conocimiento ecológico tradicional (TEK) de las comunidades indígenas de Norteamérica, Zavala aplaudió la iniciativa, la cual quedó plasmada en la declaración ministerial signada por los funcionarios el 17 de julio.
“México, a través de sus comunidades indígenas, puede aportar mucho conocimiento tradicional, con su herbolaria y la medicina tradicional”, ejemplificó.
Zavala afirmó que el Comité Consultivo Público Conjunto (CCPC), de la CCA, que también se reunió la semana pasada, debe ampliar su proceso de selección, porque actualmente sus cinco miembros por cada país son designados por cada gobierno. Recordó que el Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable (CCDS) tiene 18 años, agrupa a 600 miembros y sus representantes se eligen democráticamente. “El CCPC debe incluir en la elección de sus representantes mexicanos a organismos como el CCDS porque ya tiene una estructura de participación muy sólida y legitimizada”, precisó.
“Respeto la forma de elección para el caso de Canadá y EUA, pero para México, los cinco ciudadanos podrían ser electos con base en el proceso de representación del CCDS, eso sería el proceso más natural y lógico”, expresó.
Posted by chantlaca at 10:25 PM No comments:

References: artículo 88
 artículo 33
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