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Timestamp: 2020-01-28 20:11:51+00:00

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﻿ Sentencia C-267 de abril 30 de 2014
SENTENCIA C-267 DE 30 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:SE DECLARA EXEQUIBLE EL “ACUERDO ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y LA ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS QUÍMICAS SOBRE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES DE LA OPAQ”, SUSCRITO EN LA HAYA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2006 Y LA LEY 1605 DE DICIEMBRE 21 DE 2012, POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA. CUMPLE CON EL PROPÓSITO PERSEGUIDO, QUE ES EL RECONOCIMIENTO DE LOS PRIVILEGIOS E INMUNIDADES PARA DELEGADOS Y REPRESENTANTES DE ESTADOS PARTE, BIENES, LOCALES Y ARCHIVOS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA PROHIBICIÓN DE LAS ARMAS QUÍMICAS, OPAQ, TODO EN CABAL OBSERVANCIA DE LOS PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y FINALIDADES PROPIOS DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO, ASUMIDO COMO MODELO POLÍTICO, SOCIAL Y ECONÓMICO POR LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 2º, 3º, 8º, 9º, 226 Y 227 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRATADO INTERNACIONAL, ARMAS BIOLÓGICAS
Sentencia C-267 de abril 30 de 2014
Ref.: LAT- 409
Examen de constitucionalidad del “Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la prohibición de las armas químicas sobre privilegios e inmunidades de la OPAQ”, suscrito en La Haya el 12 de septiembre de 2006 y de la Ley 1605 de diciembre 21 de 2012, mediante la cual fue aprobado.
Los textos del “Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la prohibición de las armas químicas sobre privilegios e inmunidades de la OPAQ”, firmado en La Haya en septiembre 12 de 2006 y de su ley aprobatoria, objeto de revisión, son los siguientes, según la publicación efectuada en el Diario Oficial 48.651 de 21 de diciembre de 2012:
Diario Oficial 48.651 de 21 de diciembre de 2012
ART. 2º—Personalidad jurídica.
2. Cuando la imposición de cualquier gravamen dependa de la residencia, no se considerarán como periodos de residencia los periodos durante los cuales las personas designadas en el párrafo 1º del presente artículo se encuentren en el territorio del Estado Parte para el ejercicio de sus funciones.
1. En la ejecución de las actividades de verificación, el director general y el personal de las Secretaría, inclusive los expertos habilitados durante las investigaciones del presunto empleo de armas químicas a que se hace referencia en los párrafos 7º y 8º de la Parte XI del anexo sobre verificación de la convención, gozarán, en virtud del párrafo 51 del artículo VIII de la convención de los privilegios e inmunidades que se enuncian en la Sección B de la Parte II de anexo sobre verificación de la convención o cuando estén en tránsito por el territorio de Estados Partes no inspeccionados, de los privilegios e inmunidades a que se hace referencia en el parágrafo 12 de la Parte II del mismo anexo.
b) las controversias en que esté implicado un funcionario de la OPAQ o un experto que, por razón de su posición oficial, goce de inmunidad, si la OPAQ no ha renunciado a dicha inmunidad conforme a las disposiciones del párrafo 5 del artículo 6º el párrafo 2 del artículo 7º del presente acuerdo.
2. Las disposiciones del presente acuerdo no limitarán ni menoscabarán en forma alguna los privilegios e inmunidades otorgados a “los miembros del grupo de inspección en la Parte II de la Sección B del anexo sobre verificación de la convención, ni los privilegios e inmunidades otorgados al director general y a los funcionarios de la secretaría de la OPAQ en el párrafo 51 del artículo VIII de la convención. Las disposiciones del presente acuerdo en sí mismas no se aplicarán en el sentido de que se revoque o derogue cualquiera de las disposiciones de la convención o cualquiera de los derechos u obligaciones que, de otro modo, la OPAQ podría tener, adquirir o asumir.
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas sobre Privilegios e Inmunidades de la OPAQ”, hecho en La Haya el 12 de septiembre de 2006, que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto de la misma.
El control que esta Corte ejerce, según lo estatuido en el artículo 241 superior (numeral 10º), sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueban, incluye el atinente a eventuales vicios de procedimiento, que empieza por examinar la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado, al igual que acerca del cumplimiento de las reglas relativas al trámite legislativo durante el estudio y aprobación del correspondiente proyecto de ley en el Congreso.
Dada la naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el legislador no puede alterar el contenido de estos intercalando otras cláusulas, ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del tratado, no pudiendo en principio fraccionar dicha aceptación ni modificar el texto.
En cuanto al examen de fondo, radica en cotejar las disposiciones del tratado internacional y de su ley aprobatoria, frente a la totalidad de las disposiciones del ordenamiento superior, para constatar si se ajustan o no a la Constitución, sin perjuicio de que el Estado pueda realizar declaraciones interpretativas y, a menos que esté expresamente vedado, introducir reservas que no afecten el objeto y fin del tratado.
El Gobierno Nacional remitió a esta corporación en enero 11 de 2013, copia auténtica de la Ley 1605 de diciembre 21 de 2012, “Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la prohibición de las armas químicas sobre privilegios e inmunidades de la OPAQ”, hecho en La Haya el 12 de septiembre de 2006”, para su control constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 241 numeral 10 de la carta política, dentro del término de los seis días siguientes a su sanción, previsto en la citada disposición.
Sobre este aspecto debe indicarse que, según lo informó la cancillería, el acuerdo cuya aprobación se formaliza mediante la Ley 1605 de 2012 fue suscrito en julio 13 de 2006 por el embajador Guillermo Fernández de Soto, en calidad de representante permanente ante la OPAQ, en virtud de los plenos poderes conferidos por el entonces Presidente de la República.
En consecuencia, frente al instrumento internacional que se revisa, encuentra esta corporación que se reunieron las formalidades requeridas para el ejercicio de la representación del Estado colombiano, de conformidad con lo previsto en las normas internacionales y nacionales sobre la materia.
2.4. Trámite realizado en el Congreso de la República para la formación de la Ley 1605 de 2012.
Tal como la Corte ha indicado al realizar este tipo de análisis, salvo la exigencia de iniciar el trámite de los proyectos de leyes aprobatorias de tratados internacionales en el Senado de la República (art. 154 superior), la Constitución Política no estableció un procedimiento especial para la expedición de este tipo de leyes. De allí que a ellas corresponda, entonces, el proceso de formación previsto para las leyes ordinarias, regulado por los artículos 157 a 165 de la Carta, entre otros. Tampoco el reglamento del Congreso, contenido en la Ley 5ª de 1992, prevé reglas especiales, salvo las contenidas en su artículo 217.
2.4.1. El trámite en el Senado del Proyecto de Ley 111 de 2011 Senado.
El proyecto fue presentado a consideración del Senado de la República por la Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín Cuéllar y por el entonces Ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Echeverry Garzón el día 7 de septiembre de 2011, con sujeción a lo dispuesto en los artículos 150-16, 154, 189-2 y 224 de la Constitución.
El texto inicial y la respectiva exposición de motivos aparecen publicados en la Gaceta del Congreso Nº 667, de septiembre 7 de 2011, páginas 1 a 7. Así, aparecen cumplidos los requisitos de iniciación del trámite en el Senado de la República (art. 154 precitado) y de publicación previa a la iniciación del trámite legislativo en la comisión respectiva (art. 157, num. 1º, ib.).
La ponencia para primer debate, fue presentada por el Senador Carlos Fernando Motoa Solarte y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 329, de junio 8 de 2012, páginas 4 a 8.
El Proyecto de Ley 111 de 2011 fue anunciado por el secretario de la Comisión Segunda del Senado, según consta en el acta Nº 30 de junio 13 de 2012, publicada en la Gaceta Nº 21 de febrero 8 de 2013 (págs. 1 y 2), así:
Por instrucciones de la Presidenta de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión (A.L. 1/2003, art. 8º).
Gracias señor secretario, le ruego el favor anunciar los proyectos de ley que tenemos para la próxima sesión.
Proyecto de Ley 111 de 2011 Senado, “Por medio de la cual se aprueba el acuerdo de entre la República de Colombia y la Organización para la prohibición de las armas químicas sobre privilegios e inmunidades de la OPAQ, hecho en La Haya el 12 de septiembre de 2006.
… en razón que ya han sido anunciados los proyectos que se van a debatir en la próxima sesión, vamos a convocar, citamos para la próxima sesión a las 9:00 de la mañana en el recinto de la Comisión Sexta del Senado, Esta citación se va hacer a las 9:00 de la mañana del día jueves 14 de junio…”
Se observa entonces que el anuncio constitucionalmente requerido se hizo en términos suficientemente claros y explícitos, lo que permitió que sus destinatarios (miembros de la comisión y comunidad en general) se enteraran de manera clara y precisa, conforme a lo reiteradamente planteado por la jurisprudencia de esta corporación. De otra parte, en lo que atañe a la fecha en la que debería tener lugar la votación anunciada, se aludió a “la próxima sesión… día jueves 14 de junio”.
En cumplimiento de lo así anunciado, la discusión y votación unánime (dado que se realizó una votación ordinaria), de este proyecto efectivamente se produjeron en la siguiente sesión, esto es, la del día 14 de junio de 2012, que contó con la participación inicial de 6 de los 13 senadores que conforman dicha célula legislativa, haciéndose presente en el transcurso de la sesión los faltantes, omitiéndose la lectura del articulado y los Senadores de Comisión se encontraban todos de acuerdo con el proyecto de ley, de todo lo cual da cuenta el acta 31 de ese año, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 549 de 2012 (págs. 50 a 52).
De tal manera, se concluye que la aprobación del proyecto por parte de la Comisión Segunda del Senado cumplió la totalidad de los requisitos previstos.
La ponencia para segundo debate fue también presentada por el Senador Carlos Fernando Motoa Solarte, siendo publicada en la Gaceta del Congreso Nº 565, de agosto 29 de 2012, páginas 28 a 32.
Según certificación expedida en febrero 11 de 2013 por el Secretario General del Senado, el proyecto de ley fue anunciado para su discusión y aprobación en segundo debate en la sesión del 4 de septiembre de 2012, según consta en el Acta de Plenaria Nº 12, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 797, de noviembre 9 del mismo año, páginas 1 y 2, de la siguiente forma:
Proyecto de Ley 11 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas sobre privilegios e inmunidades de la OPAQ, hecho en la Haya el 12 de septiembre de 2006”.
Finalmente, al concluir la sesión se convocó de manera inequívoca para el día “martes 11 de septiembre de 2012, a las 3:00 p.m.”.
Así mismo, dicho secretario general certificó que este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate en la sesión plenaria del 11 de septiembre de 2012, según consta en el acta Nº 13, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 798 de noviembre 9 del mismo año, con votación ordinaria, conforme al artículo 129 de la Ley 5ª de 1992, quórum de 92 senadores (de 100).
En septiembre 18 del mismo año, fue publicado en la Gaceta del Congreso Nº 617 el texto definitivo aprobado en plenaria del Senado, del Proyecto de Ley 111 de 2011 Senado (pág. 4).
La ponencia para primer debate fue presentada en dicha comisión por el representante Telésforo Pedraza Ortega, a quien le fue repartido el proyecto, siendo publicada en la Gaceta del Congreso Nº 728 de octubre 25 de 2012, páginas 3 a 9.
El proyecto de ley fue anunciado en sesión de octubre 30 de 2012, según consta en el acta Nº 18, publicada en la Gaceta Nº 17 de febrero 6 de 2013, página 29, así:
“Siguiente punto de orden del día. Anuncio de proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003, para aprobación en próxima sesión de comisión donde se discutan y aprueben proyecto de ley.
Proyecto de Ley 140 de 2012 Cámara, 111 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el ‘Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas sobre Privilegios e Inmunidades de la OPAQ’, hecho en la Haya el 12 de septiembre de 2006.
Agotado el Orden del Día se cita para el próximo miércoles 7 de noviembre a las 9 de la mañana”.
Posteriormente, según certificación expedida en febrero 18 de 2013 por la secretaria general de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el debate y aprobación “por unanimidad en votación ordinaria” se realizó en noviembre 7 de 2012, como consta en el acta 19 de la misma fecha, publicada en la Gaceta 222 de 2013.
En noviembre 21 de 2012 fue publicado en la Gaceta del Congreso Nº 823 el texto definitivo aprobado en primer debate (págs. 22 a 27).
La ponencia para segundo debate, fue presentada por el mismo representante Telésforo Pedraza Ortega y publicada en la Gaceta Nº 823 de noviembre 21 de 2012, páginas 22 a 27.
En relación con el anuncio del proyecto previo a su votación, la certificación de marzo 21 de 2013, suscrita por el secretario general de la Cámara de Representantes, da cuenta de haber sido producido en noviembre 26 de 2012, según consta en el acta 176 de esa fecha, que fuera luego publicada en la Gaceta del Congreso Nº 26 de febrero 8 de 2013 (pág. 31), donde se lee:
“Señor Presidente, se anuncian los siguientes proyectos para la sesión plenaria del miércoles 28 de noviembre o para la siguiente sesión en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos de acuerdo al Acto Legislativo 1, de julio 3 de 2003,en su artículo 8.
Proyecto de Ley 140 de 2012 Cámara, 111 de 2011 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas sobre Privilegios e Inmunidades de la OPAQ, hecho en La Haya, el 12 de septiembre de 2006”.
De acuerdo con la certificación recibida en abril 9 de 2013 y con el contenido del acta de plenaria 177 de la Cámara de Representantes, luego publicada en la Gaceta Nº 83 de marzo 12 de 2013 (pág. 40), este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate, precisamente durante la sesión realizada el miércoles 28 de noviembre de 2012, aprobación que se produjo unánimemente por los 152 representantes presentes, en votación ordinaria.
2.4.3. Resumen sobre el cumplimiento de los requisitos constitucionales aplicables al trámite legislativo dispensado a este proyecto.
Frente al trámite dado en las cámaras legislativas al Proyecto de Ley 111 de 2011 - Senado / 140 de 2012 Cámara, que posteriormente vino a convertirse en Ley 1605 de 2012, la Corte reitera lo siguiente:
El proyecto de ley cumplió de manera satisfactoria la totalidad de los requisitos previstos en la Constitución y en el reglamento del Congreso para el trámite de una iniciativa de esta naturaleza, pues dicho proyecto: (i) comenzó su tránsito en el Senado de la República; (ii) fue publicado previamente al inicio del proceso legislativo; (iii) fue aprobado tanto en primero como en segundo debate en cada una de las cámaras, con el quórum y las mayorías normativamente exigidas; (iv) las ponencias, tanto en comisiones como en plenaria, fueron publicadas antes de iniciarse los respectivos debates; (v) entre el primero y el segundo debate en cada cámara, como entre la aprobación del proyecto en la plenaria del Senado y la iniciación del trámite en la Cámara de Representantes transcurrieron los términos mínimos previstos en el texto constitucional (art. 160); (vi) fue sancionado por el Presidente de la República una vez concluido el trámite legislativo; (vii) fue enviado a esta Corte para su revisión de constitucionalidad, dentro de los seis (6) días siguientes a su sanción presidencial.
Por ende, bajo todos estos aspectos, la Ley 1605 de 2012 es exequible, en lo que se refiere a la validez y suficiencia de su trámite legislativo.
2.5. Análisis material sobre el contenido y estipulaciones del instrumento internacional aprobado mediante la Ley 1605 de 2012.
2.5.1. Del propósito de este acuerdo y de su adecuación constitucional.
El “Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la prohibición de las armas químicas sobre privilegios e inmunidades de la OPAQ”, firmado en La Haya el 12 de septiembre de 2006 entre la República de Colombia y la OPAQ, e incorporado al ordenamiento jurídico colombiano mediante la Ley 1605 de 2012, que ahora se revisan, tiene como objetivo el reconocimiento de los privilegios e inmunidades para los delegados y representantes de la OPAQ, y así asegurar la aplicación de las disposiciones de la Convención sobre Armas Químicas (CAQ) “entre ellas las relativas a la verificación internacional de su cumplimiento, y proporcionar un foro de consultas y colaboración de los Estados Partes”.
Además, las partes que suscriben el acuerdo incluyeron consideraciones que justifican su adopción, por la importancia de afianzar nexos entre Colombia, los Estados Parte y la OPAQ, ya que este instrumento “constituye un mecanismo para que Colombia pueda atender los serios compromisos adquiridos en los distintos foros internacionales, en los cuales la comunidad internacional aboga por la seguridad internacional”(2), basada en “procesos de verificación por parte de los inspectores de la OPAQ y los expertos que los apoyan, quienes adelantan sus tareas de desmantelamiento de estructuras para el almacenamiento de armas químicas, así como de vigilancia de las industrias químicas como medida preventiva”, evitando que dichos elementos puedan ser desviados de sus propósitos pacíficos, con el fin de causar algún mal a la humanidad, lo cual representa un gran avance en materia de unidad y fortalecimiento de la seguridad internacional.
Desde otro ángulo, nada de lo acordado engendra contradicciones ni dificultades frente a la preceptiva constitucional colombiana y, por el contrario, encuadra dentro de su marco axiológico y compagina con las tendencias globalizantes, constituyendo un valioso instrumento jurídico internacional, con la finalidad de propiciar el logro de los objetivos previstos en la Convención sobre Armas Químicas (CAQ).
El instrumento internacional cuya exequibilidad se revisa, consta de considerandos que precisan su objeto de promover y facilitar el cumplimiento de las competencias atribuidas a la OPAQ por la Convención de Armas Químicas, CAQ, y sus instrumentos complementarios, nada de lo cual irrespeta la soberanía ni precepto alguno de la carta política colombiana, como se precisará más adelante.
En el artículo 1º se hace referencia a definiciones de términos, como convención, OPAQ, director general, estado parte y sus representantes, bienes, archivos de la OPAQ, entre otros.
Respecto a la personalidad jurídica de la OPAQ, el artículo 2º establece su plena capacidad para contratar, adquirir bienes, entablar acciones judiciales y actuar en las mismas.
Frente al artículo 3º sobre privilegios e inmunidades de la OPAQ, señala que sus bienes y archivos gozarán de inmunidad, independientemente del lugar en que se encuentren y quienquiera que los tenga, sin hallarse sometidos a fiscalizaciones, reglamentos o moratorias, prestando “la debida atención a todo requerimiento del Estado Parte, en la medida en que estime posible dar curso a dichos requerimientos sin detrimento de sus propios intereses”.
Así mismo, en materia de comunicaciones y publicaciones oficiales dirigidas a la OPAQ, al igual que las procedentes de la misma, expresa el artículo 4º que son inviolables, cualquiera sea el medio o forma de transmisión.
Los artículos 5º, 6º y 7º refieren los privilegios e inmunidades otorgados a los representantes de los Estados Parte, funcionaros de la OPAQ y expertos, tales como inmunidad de detención o arresto, inmunidad de toda jurisdicción mientras ejerzan sus funciones, inviolabilidad de sus documentos, exención a cualquier medida de migración, inmunidad de equipajes. Por otra parte, el artículo 8º hace referencia al abuso de los privilegios otorgados, el cual será resuelto con arreglo a un procedimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10, que establece la solución de controversias.
Paralelamente, el artículo 9º enuncia que los documentos de viaje y visados de las personas señaladas en los artículos 5º, 6º y 7º gozan de privilegio, para impedir que surjan obstáculos donde deban ir a cumplir sus funciones.
A su vez, el artículo 10 describe que la OPAQ deberá prever procedimientos apropiados para la solución de controversias relacionadas con interpretación o aplicación del acuerdo, en las que estén implicados funcionarios de la organización, señalando que aquellas que no logren ser resueltas de forma amistosa serán sometidas a un tribunal permanente de arbitraje.
Igualmente, el artículo 11 versa sobre la interpretación de las disposiciones del acuerdo, la cual debe realizarse en consideración a las funciones asignadas a la OPAQ por la convención.
Por último, el artículo 12 señala las disposiciones finales sobre la entrada en vigor del acuerdo, al igual que la facultad de la OPAQ y los Estados Parte de concertar los acuerdos suplementarios que sean necesarios e iniciar consultas relativas a la enmienda del acuerdo.
2.5.3. Prohibición de armas químicas, derecho a la paz y dignidad humana.
La Constitución Política en el artículo 22 ubica la paz como “un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”, disposición que de conformidad con los artículos 2º y 189 superiores vinculan al Estado y particularmente al Gobierno Nacional, en la adopción de políticas públicas encaminadas a la preservación del orden y el mantenimiento de la convivencia pacífica, mientras toda persona tiene el deber de “propender al logro y mantenimiento de la paz” (Const., art. 95-6).
En este sentido y de conformidad con normas internacionales(3), el mandato del artículo 22 de la carta ha de entenderse como una regla de conducta que debe conducir a todos los habitantes del territorio nacional hacia la solución pacífica de los conflictos de manera pacífica, lo cual tiene relación directa con el respeto a la dignidad humana, pues “la solución violenta de los conflictos sociales y personales únicamente conduce a la anulación del ser humano y a la destrucción de las sociedades”(4), sentencia que también refiere:
“El logro de la convivencia pacífica en una sociedad no sólo es una cuestión de medios institucionales y personales para contrarrestar la violencia; es también un asunto cultural. La paz no es simplemente el resultado de la eliminación de los conflictos, también es la consecuencia de la convicción ciudadana en la conveniencia de los métodos jurídicos de solución de conflictos. Una sociedad que centre sus esperanzas de convivencia pacífica en los métodos de disuasión por medio de las armas de fuego es una sociedad fundada en un pacto frágil y deleznable. Las relaciones intersubjetivas estarían construidas en el temor y la desconfianza recíprocas, de tal manera que la ausencia de cooperación, entendimiento y confianza como bases del progreso social serían un obstáculo insalvable para el crecimiento individual y colectivo”.
En lo interno, surge clara la correlación con lo establecido en el artículo 81 superior, sobre la prohibición de “la fabricación, importación, posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares” y el deber de “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida…” (Const., art. 2º).
Así, el principio de dignidad humana y el derecho a la paz no solo imponen la obligación de prevenir la guerra, sino que, en caso de conflicto, obligan al Estado a morigerar sus efectos. Como se expuso en la misma sentencia que acaba de ser citada:
“El derecho humanitario en manera alguna legitima la guerra. Lo que busca es garantizar que las partes en contienda adopten las medidas para proteger a la persona humana. Las normas humanitarias, lejos de legitimar la guerra, aparecen como una proyección de la búsqueda de la paz, que es en el constitucionalismo colombiano un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, lo cual confiere nuevas bases constitucionales al Protocolo II”(5).
Las armas químicas tienen devastadores efectos indiscriminados y su acción suele superar la capacidad de control, aun del propio agresor, implicando horrenda destrucción masiva, gravemente contraria a los principios del derecho internacional humanitario. En los términos de la precitada Sentencia C- 328 de marzo 22 de 2000 (está resaltado en el texto original):
“La obligación constitucional de respetar en los estados de guerra y de conmoción interior (art. 214, num. 2º) el derecho internacional humanitario, deriva en el deber del Estado colombiano de asegurar que, en todo conflicto bélico o interno, tales normas se apliquen. De igual manera, siguiendo la cláusula Martens(6), y en evidente conexión con el principio de dignidad humana, el Estado colombiano estará obligado a lograr la no utilización de medios que tengan efectos desproporcionados contra los no combatientes o que afecten la población civil. Es decir, tiene el deber de evitar la fabricación y el uso de cualquier arma de destrucción masiva, ya sea en el conflicto interno o en sus acciones bélicas internacionales.
Del deber de prevenir la guerra y de asegurar la realización del derecho internacional humanitario, se sigue que el Estado colombiano (1) en términos de reciprocidad (C.P., art. 226) puede acudir a los escenarios de cooperación internacional a fin de procurar avances en el desarme mundial y en el control sobre los medios de producción de las armas e, (2) imponer restricciones proporcionadas al libre comercio y la libre empresa, a fin de evitar la producción de armas o de sus insumos, todo lo anterior, con el objeto de lograr que el desarrollo científico y tecnológico se dirija a ‘conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano’ (C.P., art. 334)”.
2.5.4. La jurisprudencia constitucional y el principio de inmunidad de jurisdicción restringida. Reiteración de jurisprudencia(7).
Esta corporación en Sentencia C-788 de octubre 20 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, se señaló que “en sede de tutela y en materia de control de constitucionalidad, las siguientes limitaciones a la inmunidad de los agentes de Estados extranjeros y organismos de derecho internacional que se encuentren en el territorio nacional”, son las siguientes:
2.5.4.1. La jurisdicción laboral.
“En la Sentencia T-932 de 2010, la Corte analizó el caso de una ciudadana a favor de quien la Misión Diplomática de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Colombia, dejó de realizar los aportes al sistema de pensiones. Para resolver el caso concreto, en las consideraciones generales del fallo, la Sala Novena de Revisión llegó a tres conclusiones principales: (i) de manera progresiva, el derecho internacional ha reconocido que los Estados y los organismos internacionales tienen inmunidad restringida en materia laboral, es decir, ha aceptado que las misiones diplomáticas y los organismos supranacionales pueden ser llamados a juicio por tribunales locales “cuando se encuentran comprometidos derechos laborales y prestacionales de connacionales y residentes permanentes del territorio nacional (…)”(8); (ii) cuando un Estado extranjero celebra un contrato laboral con un nacional colombiano, debe someterse irrestrictamente a las normas laborales internas, razón por la que “un Estado acreditante no puede alegar inmunidad por reclamos derivados del contrato de trabajo o de la ejecución de relaciones laborales”; y (iii) la celebración de contratos de trabajo con nacionales colombianos obliga a las misiones diplomáticas y a los organismos supranacionales a asumir el riesgo de vejez(9), “mediante la afiliación del trabajador al Instituto de Seguros Sociales o incluso a otras entidades de previsión social que cubrieran tal riesgo.
Así, en dicha sentencia se arribó a la conclusión de que la acción de tutela sí es procedente para obtener la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital, al trabajo y a la seguridad social de quien ha prestado sus servicios a una misión diplomática o a un organismo internacional, cuando el empleador ha omitido dar cumplimiento al deber de realizar los aportes correspondientes al sistema de pensiones.
2.5.4.2. Las jurisdicciones civil y administrativa.
Mediante la Sentencia C-315 de abril 1º de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, la Sala Plena de esta Corte declaró la constitucionalidad de “La Convención sobre las Misiones Especiales” de las Naciones Unidas —abierta a la firma en Nueva York el 16 de diciembre 1969—, así como de la Ley 824 de 2003 que lo aprobó.
Con fundamento en las disposiciones anteriores, en la citada sentencia, luego de reiterar que el principio de inmunidad de jurisdicción restringida no contradice la Constitución pues no vulnera por sí mismo el principio de igualdad, la Corte afirmó que “los artículos que abordan el tema contenidos en la convención deben ser entendidos de conformidad con (i) la jurisprudencia del Consejo de Estado en lo concerniente a la jurisdicción administrativa, y (ii) los demás artículos de la misma convención que se refieren a las obligaciones generales que deben satisfacer los integrantes de una misión diplomática”.
A continuación se resumen las consideraciones que expuso la Corte en esa oportunidad, en relación con la inmunidad de jurisdicción restringida en materia civil y administrativa:
“(1) El principio de inmunidad de jurisdicción no implica que la víctima de un daño antijurídico causado por una misión diplomática no pueda obtener la indemnización respectiva. En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia sentada por el Consejo de Estado en la materia, si “por un tratamiento de privilegio conferido por el Estado a una persona, atendidas sus calidades, se produce un desequilibrio en su favor y en contra de otro que resulta damnificado y sin la posibilidad de demandar con fundamento en el hecho dañino ante su juez natural, es claro que hay un desequilibrio de las cargas públicas y que por ello el particular está habilitado para demandar al Estado en reparación con fundamento en su actuar complejo (…)”(10). De este modo, el rompimiento del equilibrio de las cargas públicas ocasionado por la actividad legítima del Presidente de la República y el Congreso, que genera un daño antijurídico, impone al Estado el deber de reparar a los afectados(11).
(2) Los locales, archivos, documentos y la correspondencia oficial de la misión diplomática son inviolables(12).
(3) La inmunidad de jurisdicción de los representantes del Estado que envía la misión especial y de los miembros de su personal diplomático “no los eximirá de la jurisdicción del Estado que envía”(13).
(4) los representantes del Estado que envía la misión especial y de los miembros de su personal diplomático gozan de inmunidad en el Estado receptor, únicamente por los actos realizados en el desempeño de sus funciones oficiales”(14).
2.5.4.3. La jurisdicción penal.
En la Sentencia C-315 de 2004 ya citada, se señaló que la Convención sobre las Misiones Especiales de las Naciones Unidas, incorporada al ordenamiento jurídico interno por la Ley 824 de 2003, “también señala en su artículo 31 que los representantes de un Estado y los miembros del personal diplomático gozan de inmunidad penal en el Estado receptor”, frente a lo cual esta corporación efectuó ningún reproche.
Sin embargo, es preciso aclarar que en la Sentencia C-863 de septiembre 7 de 2004, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, al estudiar la constitucionalidad de la Ley 877 de 2 de enero de 2004, “Por medio de la cual se aprueba ‘la Convención sobre la Seguridad Personal de las Naciones Unidas y el personal asociado’, suscrita en Nueva York el 9 de diciembre de 1994”, la Corte afirmó que en concordancia con lo dispuesto en dicha convención, el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado tienen la obligación de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor.
En este sentido, aunque la corporación consideró constitucional el artículo de la Convención según el cual, el personal militar o de policía asociado a las Naciones Unidas no puede ser detenido ni interrogado cuando haya sido capturado en el curso del desempeño de sus funciones y se haya establecido su identidad, pues “debe ser devuelto a las Naciones Unidas o a las autoridades pertinentes, y en todo caso tratado de conformidad con las normas de derechos humanos universalmente reconocidas y con los principios y el espíritu de los convenios de Ginebra de 1949”, también fue enfática en sostener que los privilegios de los que goza el personal de Naciones Unidas(15), señalando que:
“no implican la impunidad frente a posibles delitos cometidos por este personal durante su paso por territorio colombiano. Según las normas penales aplicables, incluso de conformidad con las normas internacionales(16), los privilegios e inmunidades no tienen como consecuencia la impunidad por los delitos cometidos por agentes amparados por ellas. En el caso de delitos cometidos por personal que goza de privilegios o inmunidades, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación deben ser garantizados, por lo que cabe la indemnización de los perjuicios ocasionados a las víctimas, incluso a cargo del Estado colombiano cuando se reúnan los requisitos para ello” (resaltado fuera del texto original).
Así las cosas, la jurisprudencia constitucional ha estimado que el principio de inmunidad de jurisdicción restringida no es contrario a la Carta. En este sentido, dicho principio solo se justifica en la necesidad de garantizar que las misiones diplomáticas y los organismos de derecho internacional cumplan sus funciones con independencia, y en el respeto por la soberanía, independencia e igualdad de los Estados.
Por lo anterior, se tiene que dicho principio no es contrario a la intervención de las autoridades colombianas, cuando éstas persigan la protección de los derechos de los habitantes del territorio nacional, concluyendo entonces que el reconocimiento de privilegios e inmunidades en los términos planteados es compatible con las normas constitucionales.
2.5.5. De la exequibilidad material de las estipulaciones del acuerdo bajo análisis.
Referidas las previsiones incluidas en el acuerdo cuya exequibilidad se analiza, es ostensible que todas se ajustan al contenido usual de este tipo de convenios y que en nada devienen contrariados los principios, fines, objetivos ni garantías propias de un Estado social de derecho, sino que, por el contrario, los desarrollan, particularmente en lo determinado por los artículos 2º, 8º, 9º, 226, 227 y complementarios de la Constitución, por lo cual ningún reproche de inexequibilidad alcanza tan siquiera a columbrarse.
En otras palabras, ejecutar el propósito general de este acuerdo implica desarrollar la preceptiva constitucional al respecto, mas no conculcarla, en la medida en que se establecen privilegios e inmunidades, que resguardan internacionalmente a quienes tienen a su cargo el recto y eficaz ejercicio de las funciones encomendadas a la OPAQ.
Para sus efectos, el instrumento internacional también prevé la protección a bienes, locales y archivos de propiedad de la OPAQ, avalando la legitimidad de la organización y velando por la salvaguarda de sus elementos.
Adicionalmente, las disposiciones acordadas están determinadas dentro de un marco de equidad, reciprocidad, cooperación, conveniencia nacional, respeto a la soberanía de los Estados Parte y reconocimiento de la Organización para la Prohibición del uso de Armas Químicas, que realzan el acatamiento de lo así mismo instituido en los artículos de la Carta Política señalados anteriormente, paralelamente a que las ventajas que emanan del acuerdo podrán ser aprovechadas, en plena igualdad de condiciones, por miembros de los Estados Parte y expertos de la OPAQ.
Todo ello evidencia que la participación de Colombia en este convenio tiene un claro sustento constitucional y contribuye a la realización de los mandatos superiores, para el caso los referentes a la promoción y fomento de la cooperación en materia de seguridad internacional, sin contrariar postulados constitucionales como los establecidos en los artículos 3º y 9º, lo que desvirtúa cualquier eventual objeción a su incorporación al derecho interno y a que se formalice el compromiso de cumplimiento por el Estado colombiano.
En síntesis, el acuerdo internacional aprobado mediante la Ley 1605 de 2012, y esta misma, se ajustan a la Constitución Política, en sus aspectos formales al haber satisfecho cabalmente los requisitos procedimentales establecidos al efecto, y en el contenido material por cuanto sin contrariedad alguna frente a la preceptiva nacional constitucional, cumple el propósito perseguido, que es el reconocimiento de los privilegios e inmunidades para delegados y representantes de Estados Parte, bienes, locales y archivos de la OPAQ, todo en cabal observancia de los principios, objetivos y finalidades propios del Estado social de derecho, asumido como modelo político, social y económico por la República de Colombia.
1. Declarar EXEQUIBLE el “Acuerdo entre la República de Colombia y la Organización para la prohibición de las armas químicas sobre privilegios e inmunidades de la OPAQ”, suscrito en La Haya el 12 de septiembre de 2006.
2. Declarar EXEQUIBLE la Ley 1605 de diciembre 21 de 2012, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de entre la República de Colombia y la Organización para la prohibición las de armas químicas sobre privilegios e inmunidades de la OPAQ”, suscrito en La Haya el 12 de septiembre de 2006.
Cópiese, notifíquese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. Cúmplase.»
(2) Gaceta del Congreso 667 del 7 de septiembre de 2011.
(3) Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, 1945 y Resolución 95 de diciembre 11 de 1946, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
(4) C-328 de marzo 22 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(5) “Sentencia C-225 de 1995”.
(6) “Sobre el particular ver Sentencia C-225 de 1995”.
(7) C-788 de octubre 20 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
(8) Sobre el tema de la inmunidad restringida en materia laboral, también se puede consultar la Sentencia T-633 de 2009. En esa oportunidad, la Corte Constitucional afirmó que la Corte Suprema de Justicia sí es competente para conocer de las demandas laborales interpuestas por nacionales colombianos contra agentes diplomáticos que actúan a título personal o en representación de un Estado acreditante para los fines de la misión, por la terminación unilateral y sin justa causa de un contrato de trabajo. En consecuencia, según lo dicho por la Corte, la acción de tutela es procedente para obtener la protección del derecho fundamental al debido proceso, cuando so pretexto del principio de inmunidad de jurisdicción, una misión diplomática o un organismo internacional controvierte injustificadamente una decisión judicial mediante la cual se le ordena pagar a favor del trabajador una indemnización por despido sin justa causa.
(9) De forma similar, en la Sentencia T-628 de 2010, la Corte Constitucional afirmó que frente a los casos en que la vinculación de los nacionales se realice mediante la suscripción de un contrato de prestación de servicios, el organismo internacional contratante tiene el deber jurídico de verificar la afiliación al sistema de seguridad social en salud del contratista, para pagar los honorarios propios de la ejecución del contrato.
(10) Sentencia del 25 de agosto de 1998, radicación IJ-001, Sección Tercera del Consejo de Estado.
(11) Sobre este mismo punto, se pueden consultar las sentencias C-1156 de 2008 y C-254 de 2003.
(12) Artículos 25 a 28 de la Convención sobre las Misiones Especiales.
(13) Artículo 31.5 de la Convención sobre las Misiones Especiales.
(14) Artículo 43 de la Convención sobre las Misiones Especiales. Al respecto, en la Sentencia C-1156 de 2008, la Corte afirmó: “la inmunidad de jurisdicción no es un beneficio personal, es decir, un privilegio concedido intuitu personae, sino que se otorga por razones funcionales para asegurar precisamente el cumplimiento de las mismas”.
(15) Sobre el particular, cabe mencionar que en la Sentencia C-578 de julio 30 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa que declaró la constitucionalidad de la Ley 742 del 5 de junio de 2002 “Por medio de la cual se aprueba el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”, hecho en Roma el 17 de 1998, esta corporación precisó: “ni los altos funcionarios públicos dentro de un Estado —por ejemplo un Jefe de Estado o de gobierno, un miembro del gobierno o un parlamentario—, cualquiera que sea su nivel y jerarquía, queden a salvo de la instrucción y del juzgamiento por parte de la Corte Penal Internacional cuando incurren en una de las conductas estipuladas en el estatuto. Se ha optado por colocar el valor de los bienes jurídicos de interés para toda la humanidad protegidos en el estatuto por encima de la protección a la investidura de los mandatarios. Se trata aquí de un cambio de enorme significación: los derechos humanos ocupan un claro lugar de precedencia sobre los principios de inmunidad de los jefes de Estado, de gobierno y de otros altos funcionarios del Estado reconocidos por el derecho internacional y por el derecho interno de los Estados, con lo que se ratifica la tendencia en este sentido presente en diversos instrumentos internacionales, entre ellos la Convención de Genocidio, los Principios de Nuremberg, los estatutos de los tribunales ad hoc y el código de crímenes contra la paz. La inmunidad penal del poder ha cedido, no sin resistencia, dadas las reformas constitucionales que ciertos países como Francia tuvieron que adelantar para exceptuar el principio de inmunidad del primer mandatario, frente a la importancia y a la necesidad de protección de la dignidad de la vida humana”.
(16) Por ejemplo, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, si bien establece en su artículo 31.1 que “el agente diplomático gozará de inmunidad de la jurisdicción penal del Estado receptor,” señala en el numeral 4º del mismo artículo que “la inmunidad de jurisdicción de un agente diplomático en el Estado receptor no le exime de la jurisdicción del Estado acreditante”. Igualmente, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963 (L. 17/71), establece en su artículo 41, para. 1 que: “Los funcionarios consulares no podrán ser detenidos o puestos en prisión preventiva sino cuando se trate de un delito grave y por decisión de la autoridad judicial competente”. Igualmente, el artículo 43 de la convención que regula la Inmunidad de jurisdicción, señala que “1. Los funcionarios consulares y los empleados consulares no estarán sometidos a la jurisdicción de las autoridades judiciales y administrativas del Estado receptor por los actos ejecutados en el ejercicio de las funciones consulares”. Ver. Sen B., “A Diplomat’s Handbook of International Law and Practice, 3ª Edición, págs. 95-202 y 285 a 309.

References: artículo 6
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 241
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 artículo 217
 artículo 129
 artículo 8
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 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 22
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 artículo 81
 artículo 31
 Resolución 
 Artículo 31
 Artículo 43
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