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Decreto de 26 de Abr de 1957 (Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa) | Iberley
DECRETO de 26 de abril de 1957 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa. - Boletín Oficial del Estado de 20-06-1957
Estado: Versión VIGENTE. Validez desde 07 de Noviembre de 1999
Fecha de entrada en vigor: 10/07/1957
Fecha de Publicación: 20/06/1957
La Ley de Expropiación Forzosa, aprobada el dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, determinó en y su disposición final segunda la publicación del Reglamento general para el desarrollo de las normas sustantivas y de su adecuada aplicación.
Se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, de fecha dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, que a continuación se inserta
2. La enumeración de los supuestos de privación singular de la propiedad, derechos o intereses patrimoniales legítimos que hace el artículo primero de la Ley, tiene carácter enunciativo y no excluye la posibilidad de otros distintos, a los fines de la calificación del párrafo anterior:
1.º Por tales disposiciones especiales en cuanto a la extensión, procedimiento y, en su caso, normas de valoración.
2.º Por la Ley general y por este Reglamento, preceptivamente, en cuanto a garantías jurisdiccionales, intervención del Jurado de Expropiación, responsabilidad por demora y reversión.
3.º Subsidiariamente, cuando se apliquen las normas especiales referidas en el número primero, por las disposiciones generales de la Ley y de este Reglamento.
1. A los efectos del presente Reglamento, se entiende por expropiante el titular de la potestad expropiatoria; por beneficiario, el sujeto que representa, el interés público o social para cuya realización está autorizado a instar de la Administración expropiante el ejercicio de la potestad expropiatoria, y que adquiere el bien o derecho expropiados, y por expropiado al propietario o titular de derechos reales e intereses económicos directos sobre la cosa expropiable, o titular del derecho objeto de la expropiación.
4. Cuando expropie la Provincia o el Municipio, corresponde, respectivamente, a la Diputación provincial o al Ayuntamiento en pleno, adoptar los acuerdos en materia de expropiación que conforme a la Ley o a este Reglamento tengan carácter de recurribles en vía administrativa o contenciosa. En los demás casos, la representación de estas entidades corresponde al Presidente de la Diputación y al Alcalde, sin perjuicio de la competencia del Gobernador civil en el supuesto regulado por el artículo 18 de la Ley general. Estos principios no serán de aplicación en cuanto las normas de régimen local o de urbanismo, a que se refiere el artículo 85 de la Lev, establezcan criterios especiales de competencia.
Cuando no concurran en el mismo sujeto las cualidades de expropiante y beneficiario, el titular de la potestad expropiatoria corresponderá ejercerla en favor del beneficiario a instancia del mismo: decidir ejecutoriamente en cuanto a la procedencia y extensión de las obligaciones del beneficiario respecto al expropiado y adoptar todas las demás resoluciones que impliquen ejercicio de dicha potestad. sin perjuicio de la intervención, facultades y obligaciones que al beneficiario atribuye el artículo siguiente.
1. Corresponderá a las persona: o entidades que ostenten la condición de beneficiarios de la expropiación forzosa solicitar de la respectiva Administración expropiante la iniciación del expediente expropiatorio en su favor, para lo que deberán justificar plenamente la procedencia legal de la expropiación y su cualidad de beneficiarios, pudiendo la Administración expropiante pedirles cuantas justificaciones estime pertinentes y efectuar por sus propios medios las comprobaciones necesarias.
1.º Como parte en el expediente expropiatorio, impulsar el procedimiento e informar a su arbitrio sobre las incidencias y pronunciamientos del mismo.
2.º Formular la relación a que se refiere el artículo 17 de la Ley.
3.º Convenir libremente con el expropiado la adquisición amistosa, a que se refiere el artículo 24 de la Ley.
4.° Actuar en la pieza separada de justiprecio, a los efectos de presentar la hoja, de aprecio a que se refiere el artículo 30 de la Ley, y cae aceptar o rechazar la valoración propuesta por los propietarios.
5.º Pagar o consignar, en su caso, la cantidad fijada como justo precio.
7.° Las obligaciones y. derechos derivados-de la reversión; y
8.° Los demás derechos y obligaciones establecidos en la Ley ,v en este Reglamento.
1. La determinación de la persona o entidad a la que conviene el carácter de expropiado en los expedientes expropiatorios se ajustara a lo dispuesto en los artículos 3 a 7 de la Ley.
2. Los titulares de derechos o intereses sobre el bien expropiado, salvo los arrendatarios rústicos o urbanos, no percibirán indemnización independiente, sin perjuicio cae que puedan hacerlos valer sobre el justo precio derivado de la expropiación principal.
2. Cuando no exista acuerdo en la distribución del justo precio entre los distintos titulares de derechos o intereses la Administración procederá a consignar la cantidad total en la Caja General de Depósitos hasta que se resuelvan las discrepancias entre los mismos.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, podría conservarse algún derecho sobre el bien expropiado, siempre que resultase compatible con el fin a que tal bien haya de quedar afectado como consecuencia de la expropiación.
3. Las reglas de este artículo no serán de aplicación en los casos en que directamente e promueva, una expropiación parcial de facultades limitadas del dominio o de derechos, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el artículo segundo de este Reglamento.
TITULO II. Procedimiento general
CAPITULO PRIMERO. De los requisitos previos a la expropiación forzosa
a) Cuando se trate de obras y servicios comprendidos en los planes del Estado, Provincia o Municipio aprobados, con los requisitos legales, en los que se entenderá implícita aquella declaración. La realización concreta de los planes del Estado deberá ser acordada por Orden ministerial, y los de la Provincia o Municipio, por los organismos competentes.
b) Cuando por Ley se haya declarado genéricamente la utilidad pública para categorías o clases determinadas de obras, servicios o concesiones bastará el reconocimiento de la utilidad pública en cada caso concreto, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, salvo que las Leves que las regulen hubieran dispuesto otra cosa.
2. No obstante, cuando en virtud de Les, se hubiere declarado genéricamente el interés social de categorías o clases determinadas de obras, servicios o concesiones, a los fines específicos del artículo 31 del Fuero de los Españoles, aquella declaración llevará implícita la facultad expropiatoria y bastará, el Decreto acordado en Consejo de Ministros para su aplicación en cada caso concreto.
Si la expropiación afectare a bienes muebles, la utilidad pública o interés social deberá declararse expresa concretamente en cada caso, mediante Ley, salvo que en otra se haya autorizado la expropiación para una categoría o clase especial de bienes, en cuyo supuesto bastará Decreto acordado en Consejo de Ministros.
La declaración de industria de interés nacional llevar aneja, sin otro requisito la de la utilidad pública de las obras o servicios necesarios para el emplazamiento, instalación o ampliación de la misma, en los términos y con las condiciones que establece la Ley de 24 de octubre de 1939.
CAPITULO II. La necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de derechos
1. La declaración de utilidad pública o interés social, de un fin, obra o servicio autoriza a la Administración para resolver sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que resulten estrictamente indispensables para la realización de aquéllos, ajustándose al procedimiento que se establece en el presente capitulo.
2. Si la ocupación hubiere de extenderse a bienes que puedan resultar indispensables para previsibles ampliaciones, se entenderá que los mismos quedan afectos al fin, obra o servicio determinantes de la expropiación. sin que puedan ser calificados de partes sobrantes a los efectos del artículo 54 de la Ley.
2. En la relación se expresará el estado material y jurídico de cada uno de los bienes o derechos, los nombres de los propietarios o de sus representantes, con indicación de su residencia y domicilio, y los de cuantos sean titulares de algún derecho o interés indemnizable afectados a la expropiación.
1. La Administración expropiante, a través del Gobernador civil o de la autoridad competente en cada caso, hará pública la relación de los bienes y derechos, para que dentro de un plazo de quince días, contados a partir de la última de las publicaciones a que se refiere el párrafo siguiente, puedan los interesados formular alegaciones sobre la procedencia de la ocupación, o disposición de los bienes y su estado material o legal.
2. A los expresados efectos, cuando las expropiaciones sean realizadas por el Estado, la relación de los bienes y derechos de necesaria ocupación o disposición deberá publicarse en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, en el de la provincia o provincias respectivas y en uno de los diarios de mayor circulación en éstas, si los hubiere. Igualmente, se remitirá copia de la relación a los Ayuntamientos en cuyo término radiquen las cosas objeto de la expropiación, para que la fijen en el tablón de anuncios.
c) Incorporación al expediente, cuando hubiere lugar, de certificaciones u otros documentos de comprobación que, al efecto, se extienden por los Registros de la Propiedad. Fiscales u otras dependencias públicas.
2. Cumplidos los trámites a que se refiere el párrafo anterior, y dentro del plazo fijado en el mismo, se resolverá, previo informe de la Abogacía del Estado, sobre la necesidad de la ocupación, debiendo relacionarse detalladamente en el acuerdo los bienes y derechos afectados. así como los titulares de los mismos con los que hayan de entenderse los sucesivos trámites del expediente.
3. La condición de interesados, sólo se reconocerá, a las personas definidas en los artículos 3 y 4 de la Ley y 6 y 7 de este Reglamento.
2. La publicación de dicho acuerdo tendrá. lugar en igual forma que la establecida en el artículo 17 para el trámite de información pública.
a) Por entrega al interesado o a su representante, en su domicilio, por agente público del traslado de la resolución administrativa; si no fuere hallado, se hará la notificación al familiar, empleado o sirviente, mayor de edad, que se encontrare en el domicilio del destinatario de la notificación, o a un vecino, a presencia y firma, en uno y otro caso, de otros dos vecinos.
4. En los casos de indeterminación o desconocimiento de los titulares o de sus domicilios, la notificación habrá de realizarse simultáneamente por edictos en el «Boletín Oficial» de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento en cuyo término radiquen los bienes.
7. Los particulares afectados por la resolución administrativa gire acuerde la necesidad de la ocupación de bienes o derechos, podrán deducir los recursos que estimen procedentes, aunque no fueran de los expresados en la notificación.
3. El plazo para, la interposición del recurso será de diez días, contado a partir de la fecha de notificación del acuerdo.
6: El procedimiento continuará su tramitación en cuanto se refiera a los bienes o derechos cuyos titulares no hubieren deducido el recurso de alzada contra el acuerdo de la necesidad de ocupación.
1. En los casos en que la finalidad de la expropiación sólo requiera le necesidad de ocupación de parte de una finca rústica o urbana de tal modo que, a consecuencia de la misma, resulte antieconómico para el propietario la conservación de la parte de la finca no afectada, podrá el titular interesado solicitar de la Administración que la expropiación comprenda su totalidad.
2. Cuando la Iglesia fuere beneficiarla de la expropiación con arreglo a lo previsto en el artículo segundo de la Ley se aplicará el procedimiento regulado en este titulo y tendrá en el mismo las facultades previstas en el artículo quinto.
1. Las normas del presente capítulo sobre publicación de edictos en los «Boletines Oficiales» y tablón de anuncios de los Ayuntamientos; anuncios en periódicos; notificaciones; plazos y su cómputo, que será siempre de días hábiles y a contar desde el siguiente al de notificación o publicación y las que se refieren a interposición, trámite y resolución de recursos, serán observadas y aplicadas en las distintas actuaciones a que se refiere este Reglamento, salvo que expresamente se disponga lo contrario.
CAPITULO III. De la determinación del Justo precio
SECCIÓN PRIMERA. De la determinación por mutuo acuerdo
b) Informe de los servirlos técnicos correspondientes en relación con el valor riel bien objeto de la expropiación.
1. Transcurridos quince días sin resolver acerca de la adquisición por mutuo acuerdo, se iniciará el expediente ordinario a que se refieren los artículos siguientes. A tal fin, los beneficiarios de la expropiación propondrán al Gobernador civil de la provincia o autoridad competente, en su caso, la iniciación del expediente de ,justiprecio, remitiéndole las actuaciones a que se refiere el párrafo primero del artículo 29.
3. Sin embargo, la fijación del precio por mutuo acuerdo puede verificarse en cualquier momento del expediente hasta que el Jurado de Expropiación decida acerca del justo precio y, producido el mutuo acuerdo, quedarán sin efecto las actuaciones que se hubieran verificado, relativas a la determinación del mismo.
SECCIÓN SEGUNDA. Del expediente ordinario para la determinación del justo precio
El expediente de justiprecio a que se refiere el Capítulo III de la Ley se entenderá iniciado, a todos los efectos legales, el día siguiente a aquél en que haya adquirido firmeza el acuerdo declaratorio de la necesidad de la ocupación con independencia de la fecha en que la Administración expropiante extienda la correspondiente diligencia de apertura. En consecuencia, a continuación de la misma, se fijará por la Administración la fecha legal de iniciación del expediente, a la que deberán referirse todas las tasaciones de los bienes o derechos expropiados, con arreglo a lo ordenado por el párrafo primero del artículo 36 de la Ley.
1. La pieza separada a que se refiere el artículo 26 de la Ley, se iniciará con un extracto de las actuaciones practicadas para la fijación por mutuo acuerdo del precio de adquisición, así congo del resultado del mismo.
A continuación figurará la descripción exacta del bien concreto que haya de expropiarse, a tenor de lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley. Esta descripción deberá ser Idéntica a la contenida en el acuerdo de necesidad de ocupación.
A los efectos del artículo 29 de la Ley, y al requerir la Administración a los propietarios para que presenten su hoja de apremio deberá darles traslado igualmente de la fecha legal de iniciación del expediente de justiprecio, pudiendo aquéllos, al presentarle, discutir la procedencia de adoptar la expresada fecha razonando, en su caso, la fijación de otra.
Los peritos de que trata el número segundo del artículo 29 de la Ley habrán de tener titulo profesional expedido por el Estado, de acuerda con la especialidad de la materia sobre que hayan de dictaminar. Todos ellos deberán haber ejercido su profesión por espacio de un año con anterioridad a la fecha en que sean requeridos por el particular para la confección de la hoja de aprecio. Si el nombramiento no reuniera estas condiciones, la Administración la admitirá como si estuviere firmada exclusivamente por el propietario.
SECCIÓN TERCERA. Del Jurado de expropiación.
1. Cuando los bienes objeto de la expropiación fueren distintos de los enumerados en el apartado b) del artículo 32 de la Ley, será vocal del Jurado de Expropiación el Ingeniero industrial designado por la respectiva Delegación de Industria, si se tratare de instalaciones industriales, y, en los demás casos, aquel funcionario técnico más idóneo, a juicio de la entidad expropiarse.
2. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley, apartado tercero, los miembros de los Jurados de Expropiación serán incompatibles con la defensa o el asesoramiento de los particulares en los expedientes de expropiación. Los funcionarios a que se refieren los apartados a), b) y d) del articula 32 de la Ley no podrán prestar servicio en las Cámaras Oficiales Sindicales Agrarias o en la C.N.S.
3. Cuando el afectado no estimara justificada la causa, se tramitará en pieza separada el incidente, al que se podrán aportar cuantos datos y pruebas conduzcan a su justa resolución. Paralelamente se proseguirá el expediente de justiprecio, que no podrá resolverse antes que el incidente de recusación, suspendiéndose a tal fin cuando llegue el momento de su resolución por el Jurado.
4. El Jurado, constituido con el suplente o suplentes de los presuntos recusados, tramitará el expediente de justiprecio y fallará el incidente de recusación, pudiendo ordenar la práctica de cuantas pruebas estima convenientes a tal fin. El incidente deberá resolverse en el plazo de veinte días.
5. Cuando se dé lugar a la recusación se tendrá por definitivamente separado del expediente principal al miembro a que afecte, no pudiéndose interponer recurso alguno.
1. En los casos previstos en el artículo 32 y en los de imposibilidad física o material de asistencia de cualquiera de los miembros del Jurado de Expropiación, el Presidente procederá, a su sustitución. A estos efectos, los Vocales mencionados en el artículo 32 de la Ley, deberán tener designado, por el mismo procedimiento que para su nombramiento se determina en el citado precepto, un Vocal sustituto. En consecuencia, la falta de asistencia sena suplida mediante la sustitución, quedando prohibida la representación de un Vocal ausente por otro presente.
Los Vocales comprendidos en el apartado c) del artículo 32 de la Ley, se considerarán funcionarios públicos en cuanto afecte al desempeño de su función en el Jurado de Expropiación.
1. La ausencia injustificada a las sesiones del Jurado de Expropiación se reputará falta leve para los funcionarlos del mismo cuando no sea reiterada; grave, en caso de reiteración, corregida con apercibimiento, y muy grave, si la ausencia implicase abandono del servicio. En todo caso, el funcionario que estuviere imposibilitado física, legal o materialmente para la asistencia a cualquier sesión deberá hacerlo saber así al Presidente del Jurado o al de la Audiencia, en su caso, con la suficiente antelación, a fin de que se proceda a !a. citación del sustituto.
2. La revelación de datos que los miembros del Jurado de Expropiación conozcan por razón de su cargo se considerará falta leve cuando se trate de indiscreción manifiesta, pero irrelevante y no repetida, que no produzca daño al servicio o las personas; grave, cuando exista reincidencia o produzca evidente perjuicio a los particulares o a la Administración o entrañe riesgo notorio para el prestigio de la función o el interés público, y muy grave, cuando fuese evidente el daño al servicio público o al prestigio de la función, sin perjuicio de la responsabilidad penal que proceda.
2. En los demás casos, el Presidente pondrá, los hechos en conocimiento de dicho Ministerio, a efectos de la instrucción del expediente disciplinario, sin perjuicio de acordar por sí mismo la suspensión preventiva del funcionario de que se trate si lo estima conveniente en cuanto a su participación en el Jurado.
2. La cuantía de las asistencias será, parra el Presidente y todos los Vocales, respectivamente, la máxima autorizada en el vigente Reglamento de Dietas.
3. En cuanto a las dietas y gastos de viaje, se devengarán por el Presidente y los Vocales designados en los apartados a) y b) del artículo 32 de la Ley con arreglo a su respectiva categoría administrativa. Los Notarios, Vocales del Jugado gozarán, a estos efectos, de las siguientes asimilaciones: Los de Madrid y Barcelona y los de primera se considerarán incluidos en el segundo grupo del Anexo del vigente Reglamento de Dietas; los de segunda y tercera, en el tercer grupo.
5. El pago de los emolumentos o indemnizaciones a que se refieren los párrafos 1 y 2 de este artículo será anticipado por los Gobiernos Civiles a cuyo efecto se consignarán en los presupuestos correspondientes los créditos necesarios, sin perjuicio de que los costos de la intervención del Jurado de Expropiación en cada expediente de justiprecio sean, satisfechos en definitiva por las entidades expropiantes o por los beneficiarios de la expropiación en su caso.
6. A tales efectos, las asistencias correspondientes a cada sesión del Jurado se prorratearán, en su caso, entre los expedientes de justiprecio que se hayan resuelto en la misma; y los gastos de viaje y las' dietas se imputarán como costo del expediente de justiprecio con cuyo motivo se hayan devengado.
SECCIÓN CUARTA. De la valoración
La fecha límite para determinar la procedencia de abonar las mejoras efectuadas en los bienes objeto de expropiación con arreglo a los módulos señalados en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley, será la de iniciación del expediente expropiatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de este Reglamento.
1. Cuando se trate de expropiación de fincas rústicas, el valor en venta de las mismas será el que tengan otras fincas análogas por su clase y situación en el mismo término municipal o en la comarca.
La indemnización prevista a favor de arrendatarios de fincas por el artículo 44 de la Ley procederá, exclusivamente cuando la expropiación lleve consigo la privación definitiva del uso y disfrute de la finca por el titular arrendaticio, pero no cuando la privación de derechos inherentes a la expropiación sea compatible con la continuidad del contrato arrendaticio entre sus primitivas partes, en cuyo caso la indemnización a los arrendatarios serví la determinada para las ocupaciones temporales, sin perjuicio de la posible aplicación en cualquier hipótesis de lo determinado en los párrafos primero y tercero del artículo 43 de la Ley.
Las indemnizaciones previstas en el artículo 45 de la Ley corresponderán a los que por cualquier título hubieren de percibirlos frutos o cosechas pendientes o realizado los trabajos de barbechera u otras labores análogas en la proporción que les corresponda en su caso.
El cinco por ciento del premio de afección se incluirá siempre como última partida de las hojas de aprecio de los propietarios y de la Administración o de la valoración practicada por el Jurado, y se calculará exclusivamente sobre el importe final del justiprecio de los bienes o derechos expropiables, sin que proceda, por tanto, su abono sobre las indemnizaciones complementarias señaladas en otros artículos de la Ley a favor de titulares de derechos posiblemente distintos del propietario con la sola excepción de las indemnizaciones debidas a los arrendatarios en caso de privación definitiva para los mismos del uso y disfrute de los bienes o derechos arrendados, en cuya hipótesis sus indemnizaciones se incrementarán también en el precio de afección.
CAPITULO IV. Del pago y torna de posesión
SECCION PRIMERA. Del pago
1. Determinado el justo precio por cualquiera de los procedimientos previstos en el capítulo III del titulo II de la Ley, sé remitirá el expediente al Ministerio que corresponda o a la Diputación Provincial o Ayuntamiento que hayan acordado la expropiación. En el primero de los casos, el Ministro adoptará las medidas oportunas a fin de que por la Ordenación de Pagos se expida el libramiento para el pago del precio de cada expropiación. Tratándose de expropiaciones simultáneamente realizadas para una misma obra o plan y correspondientes a objetos situados en un mismo término municipal, el libramiento podrá comprender a todos ellos.
1. No se admitirá a ninguno de los interesados protesta ni observación alguna al firmar el "Recibí" de la cantidad que les corresponde, cuyo recibo habrá de constar en la hoja respectiva. En caso de que alguno de ellos tuviese algo que objetar, se suspenderá el pago de la expropiación de su parte, advirtiéndosele del derecho a elevar la reclamación que proceda.
2. Las incidencias del pago se reflejarán en el acta que oportunamente habrá de levantarse. .
Modificación realizada (51 (apdos. 2 y 3)) por Decreto 1780/1967, de 13 de julio, por el que se modifica el articulo 51 del Reglamento de Expropiacion Forzosa. (BOE de 27-07-1967) en vigor desde 16-08-1967
Texto Original. Publicado el 20-06-1957 en vigor desde 10-07-1957
16/08/1967 (Vigente)
10/07/1957 (Versión Original)
SECCIÓN SEGUNDA. De la toma de posesión
2. La ocupación administrativa de la cosa expropiada sólo podrá realizarse cuando los titulares de los derechos hayan percibido la indemnización que pudiera corresponderles en aplicación del capitulo III del titulo II de la Ley, o consignada en la Caja General de Depósitos en los supuestos previstos en el artículo 51.
Los desahucios y lanzamientos que exija la ocupación de las fincas expropiadas tendrá carácter administrativo.
1. Se extenderá acta de ocupación de la cosa o derecho expropiados a continuación de la de pago o consignación
2. Si se tratase de bienes o derechos reales inscribibles en el Registro de la Propiedad, el acta de ocupación deberá contener las prevenciones siguientes.
a) Nombres, apellidos y estado civil del beneficiario, si es persona natural y si es persona jurídica, la denominación con que fuese conocida, domicilio y nombre y circunstancias de las personas que en su representación intervinieren en el acta de ocupación.
b) Las mismas circunstancias de la persona o personas que, según el acta de pago, reciben el justo precio, y si tuvo lugar la consignación la razón por la que se llevó a cabo ésta, según el artículo 51 de este Reglamento.
c) La naturaleza, situación y linderos de los bienes inmuebles objeto de la expropiación o a los cuales afecte el derecho que debe inscribirse o cuya inscripción cancele, y su medida superficial.
1. El acuerdo en que se declare la urgente ocupación de bienes afectados por una expropiación deberá estar debidamente motivado, con la exposición de las circunstancias que, en su caso, justifican el excepcional procedimiento previsto en el artículo 52 de la Ley y conteniendo referencia expresa a los bienes a que la ocupación afecta o al proyecto de obras en que se determina, así como al resultado de la información pública en la que por imposición legal, o en su defecto, por plazo de quince días, se haya oído a los afectados por la expropiación de que se trate.
2. En estos casos no será procedente recurso alguno, pero los interesados, una vez publicada la relación y hasta el momento del levantamiento del acta previa podrán formular por escrito ante el Organismo expropiante, alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan padecido al relacionar los bienes afectados por la urgente ocupación.
1. Si al levantamiento del acta previa a la ocupación a que se refiere el número 3 del artículo 52 de la Ley, al que deberá asistir, en todo caso, el beneficiario de la expropiación o quien lo represente, no acudiese el Alcalde o su delegado, se suspenderá, la diligencia, acordándose seguidamente por quien corresponda nueva citación, también con antelación a ocho días naturales y dándose cuenta al Gobernador civil de la provincia para que ordene a la autoridad municipal la asistencia al nuevo acto con prevención de las responsabilidades en que, caso de desobediencia, pueda incurrir.
2. En el supuesto de que el beneficiario no tenga reparos que oponer, la pasará a su Perito para que en el plazo que se fije formule la tasación que sirva de base a las hojas de depósito previo a la ocupación, de acuerdo con lo que se dispone en la regla cuarta del artículo 52 de la Ley. En los casos no previstos en dicha regla, la tasación se ajustará a los criterios contenidos en el capitulo III del titulo II de la Ley.
1. La cantidad determinada deberá consignarse inmediatamente en la Caja de Depósitos, a no ser que el expropiado, cuando no hubiese cuestión sobre su titularidad prefiera percibirla renunciando a los intereses legales de la misma que se establecen en la regla, cuarta del artículo 52 de la Ley. Si por cualquier causa la cantidad percibida resultase mayor que la que se fija definitivamente como justo precio, el expropiado habrá de reintegrar el exceso, que podrá exigírsele por vía de apremio a través del Gobernador civil o autoridad competente.
Caso de que alguien opusiere resistencia a la ocupación acordada. el beneficiario se dirigirá al Gobernador civil de la provincia, quien después de cerciorarse de que han sitio cumplidos los trámites de la Ley, le prestará el auxilio de la fuerza pública para efectuar el lanzamiento y ocupación, sin perjuicio de las responsabilidades penales exigibles.
SECCIÓN TERCERA. De la inscripción en los Registros públicos
3. La expropiación de l as restantes modalidades de la propiedad industrial se inscribirá, con arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior.
3. En los demás casas ye Inscribirá, la transmisión, constitución o extinción de los derechos objeto de la expropiación.
a) En él caso de que el titular registral del dominio fuera el beneficiario de la expropiación, se procederá a la cancelación del derecho expropiado.
b) En los demás estos se inscribirá el derecho expropiado a nombre del beneficiario.
SECCIÓN CUARTA. Reversión de bienes y derechos expropiados
Procederá la reversión de los bienes o derechos expropiados en los siguientes casos
2. En todo caso, transcurridos cinco años desde la fecha en que los bienes o derechos expropiados quedaron a disposición de la Administración sin que se hubiere iniciado la ejecución de la obra o establecido el servicio o dos años desde la fecha prevista a este efecto, los titulares de aquellos bienes o derechos o sus causahabientes podrán advertir a la Administración expropiante de su propósito de ejercitar la reversión, pudiendo efectivamente ejercitarla si transcurren otros dos años desde la fecha de aviso sin que se hubiere iniciado la ejecución de la obra o establecido el servicio.
Modificación realizada (Vigente en cuanto no se opongan o resulten compatibles con lo establecido en la disposición adicional quinta de la Ley 38/1999,de 5 de noviembre.) por LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. (BOE de 06-11-1999) en vigor desde 07-11-1999
En los casos b) y c) del artículo 63, la notificación por parte de la Administración de la existencia de terrenos o bienes sobrantes o de la desafectación, facultará a los titulares de los bienes o derechos expropiados o a sus causahabientes para solicitar la reversión. Asimismo procederá ésta, en defecto de aquella notificación, cuando quedaren de hecho bienes o terrenos sobrantes y hubieran transcurrido cinco años desde la terminación de la obra o establecimiento del servicio.
Modificación realizada (Vigente en cuanto no se opongan o resulten compatibles con lo establecido en la disposicion adicional quinta de la Ley 38/1999, de 5 noviembre.) por LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. (BOE de 06-11-1999) en vigor desde 07-11-1999
2. En los casos en que como consecuencia de una alteración indebida no fuere legalmente posible la reversión se estará, a lo previsto en el artículo 121 de la Ley, apartado I, sin perjuicio de que se deduzcan las responsabilidades previstas en el mismo precepto.
3. El Gobernador civil resolverá, previo informe de la Administración interesada, y previas las comprobaciones que estime oportunas, contra cuya resolución cabrá recurso de alzada ante el Ministro competente por razón de la materia, contra cuyo acuerdo será admisible el recurso contencioso-administrativo
Declarada la reversión a favor de determinada persona se procederá de oficio a la valoración de los bienes o derechos objeto de la misma, con arreglo a las normas contenidas en el capitulo III, titulo II de la Ley y a las disposiciones concordantes de este Reglamento. En el caso previsto en el párrafo 2) del artículo 54 de la Ley, tan sólo intervendrá el Jurado de Expropiación si no hubiera acuerdo entre el beneficiario de la expropiación y los que hubieren promovido la reversión acerca de la mejoras realizadas o de los daños producidos.
1. Tan sólo será preciso el otorgamiento de escritura pública para formalizar la reversión si lo solicitasen los interesados. En caso contrario, será suficiente y servirá como título inscribible si ha de surtir efectos en los Registros públicos la resolución administrativa que la declare según lo dispuesto en los artículos anteriores y el acta de pago que se levantara por el Gobernador civil respectivo al hacerse el mismo.
CAPITULO V. Responsabilidad por demora
1. La responsabilidad por demora se imputará al causante de la misma. Si lo fuere el beneficiarlo de la expropiación, decidirá el Jurado sobre su procedencia y cuantía al fijar el justiprecio.
2. Si la fijación del justo precio hubiera sido impugnada los intereses se devengarán sobre la cantidad determinada en la sentencia firme, liquidándose con efectos retroactivos desde la, fecha legal de iniciación de la mora, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 71, hasta la determinación definitiva del Justiprecio en vía administrativa.
1. En relación con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley, se entenderá por justo precio el fijado administrativamente.
2. La nueva evaluación prevista en dicho artículo de la Ley se hará a instancia del expropiado, por quien se formulara nueva hoja de aprecio en la forma prevista en su artículo 29, sin necesidad de requerimiento de la Administración. Presentada esta instancia se seguirán los trámites previstos en el capítulo III del título II.
CAPITULO PRIMERO. De la expropiación por zonas o grupos de bienes
Cuando la ejecución de una obra exija la expropiación de grandes zonas territoriales o series de bienes susceptibles de una consideración de conjunto, el Ministerio del que dependa la obra redactará y aprobará, el correspondiente proyecto, que someterá al Consejo de Ministros, para que, mediante Decreto, pueda acordar la aplicación del procedimiento expropiatorio especial regulado en el capitulo primero del título III de la Ley.
2. La clasificación de los bienes comprenderá forzosamente un cuadro razonado de los precios máximos y mínimos de valoración por cada polígono o grupo de bienes, con sus correspondientes módulos de aplicación, cuyos precios se fijarán por peritos designados por el beneficiario, tomando por base lo dispuesto en el artículo anterior y lo que disponen los artículos 37 y siguientes de la Ley y concordantes de este Reglamento,
1. Los edictos que han de publicarse en el «Boletín Oficial» de la provincia, serán el artículo 62 de la Ley, se referirán a la apertura del trámite de información pública, y en los mismos se expresará el lugar, días y horas en qué podrá ser examinado el proyecto por los interesados.
2. En el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO se publicara un extracto de los edictos a que se refiere el artículo anterior.
3. La notificación del proyecto a los Ayuntamientos y entidades corporativas y sindicales, a que se refiere el artículo 62 de la Ley, se les hará, remitiendo una copia del mismo a los organismos referidos, para que éstos le den la publicidad necesaria para que llegue a conocimiento de los vecinos o miembros de la Entidad o corporación y puedan examinar la copia del proyecto.
Si no se presentase reclamación contra el proyecto de precios máximos y mínimos durante la información pública, la Administración lo elevará, a definitivo, mediante acuerdo, que no será, susceptible de recurso alguno.
1. Si se hubiesen presentado reclamaciones contra los precios máximos y mínimos, la Administración formulará una hoja de aprecio definitiva y motivada, en la que necesariamente habrá de constar la clasificación del bien y precios máximos aplicables al mismo, que será notificada al reclamante, el cual contestará lisa y llanamente, en el plazo de diez dios, si la acepta o la rechaza. El silencio del interesado se estimará, como aceptación de la oferta de la Administración.
2. Si el reclamante rechazase la hoja de aprecio de la Administración, se enviará el expediente dentro del plazo de diez días, a partir del en que se produzca la discordia, al Jurado Provincial de Expropiación, que fijará definitivamente en vía administrativa la clasificación y los precios controvertidos. Contra este acuerdo se dará, el recurso contencioso en los térm1nos comunes del artículo 126 de la Ley.
Las clasificaciones de precios máximos y mínimos del proyecto correspondiente, referentes, a polígonos o grupos, que no hubiesen sido objeto de controversia se reputarán firmes y definitivos a todos los efectos.
Sin embargo, si se produjeren discrepancias entre la Administración y los interesados, en cuanto a la aplicación de aquellos precios, se tramitarán y resolverán por el procedimiento establecido en los artículos 26 y siguientes de la Ley y los concordantes de este Reglamento,
Transcurridos cinco años desde que se fijaron los cuadros de precios máximos y mínimos, los interesados en la expropiación podrán solicitar de la Administración expropiante la revisión y actualización de dichos precios, que se llevará, a efecto por el mismo procedimiento y con las garantías señaladas en los artículos anteriores.
La Administración resolverá, dichas peticiones en el plazo de un mes, y contra el acuerdo expreso o tácito desestimándolas, podrán utilizar los interesados o sus causahabientes la vía contenciosa en los términos previstos en el artículo 126 de la Ley.
Serán aplicables a los expedientes tramitados por este procedimiento especial las disposiciones generales de la Ley y de este Reglamento sobre garantías jurisdiccionales responsabilidad por demora, reversión, beneficiarios de la expropiación y pago y toma de posesión de los bienes expropiados.
CAPITULO II. De la expropiación por incumplimiento de la función social de la propiedad
1. Son requisitos necesarios para la aplicación de esta causa de expropiación los determinados por el artículo 73 de la Ley.
2. La declaración a que se refiere el párrafo 1 de dicho artículo debe ser hecha mediante ley, bien específicamente, bien por clases o categorías de bienes, supuesto éste último en el cual será preciso un Decreto acordado en Consejo de Ministros para formular la declaración particular que proceda en cada caso concreto.
La subasta a que se refiere el artículo 75 de la Ley. apartados b) y c), será anunciada mediante edictos, que se publicarán en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO y en un periódico, al menos, de gran circulación en la provincia donde los bienes están situados, con la tarifa a que se refiere el artículo 24. Los gastos de estas inserciones se descontarán riel precio de licitación, antes de ser entregado al expropiado.
Cuando un bien se encuentre en el estado público ole venta a qué se refiere el artículo 75, apartado d), de la Ley, constará en el Registro especial si existiere y se publicará en edictos, que se repetirán mensualmente desde la caducidad final del expediente, conforme a lo dispuesto en el apartado e) del mismo articulo. Estos edictos se ajustarán a lo dispuesto en el artículo anterior.
CAPITULO III. De la expropiación de bienes de valor artístico, histórico y arqueológico
SECCIÓN PRIMERA. De la expropiación en general
1. La expropiación de bienes, muebles e inmuebles, de valor artístico, histórico y arqueológico se regirá por el procedimiento especial de este capitulo y el correspondiente de la Ley.
2. En cuanto a los bienes inmuebles, la expropiación únicamente se ajustará al procedimiento especial dispuesto por la Ley cuando dichos bienes hubieran obtenido la correspondiente declaración oficial de su carácter artístico, histórico y arquea lógico, con antelación mínima de un año a la fecha de iniciarse el expediente expropiatorio.
2. Cuando los bienes u objetos que hayan de ocuparse o expropiarse, pertenezcan n, la Iglesia católica serán designados, con preferencia, los académicos que formen parte de la Comisión diocesana correspondiente, si estuviera constituida, que se establece en el artículo XXI del vigente Concordato.
1. En la misma fecha de la Orden ministerial por la que se acuerde la expropiación el Ministerio de Educación Nacional designará al académico que ha de representarle, cuyo nombramiento se notificará al interesado y al Instituto de España.
2. El propietario del bien u objeto afectado por la expropiación, en el plazo de diez días, a contar desde el siguiente al de recepción de la notificación a que se refiere el párrafo anterior, deberá poner en conocimiento del Instituto de España el nombre y residencia del académico que ha designado, acompañando escrito de este último por el que manifieste la aceptación del cargo.
2. El justo precio se determinará por acuerdo motivado de la Comisión en el que se expresarán cuantos elementos, cualquiera-que sea su naturaleza, hubieran justificado la peritación. En ningún caso el justo precio podrá ser inferior del que resultare si se aplicaren las disposiciones del título segundo de la Ley.
SECCIÓN SEGUNDA. De los derechos de tanteo y retracto
1. Sin perjuicio de la posibilidad de actuación de la potestad expropiatoria, con arreglo a lo dispuesto en los artículos anteriores, el Estado podrá ejercer, para sí o para otra persona pública, el derecho de tanteo y retracto a que se refiere el artículo 81 de la Ley, en los casos de exportación, venta pública, subasta o liquidación de 'bienes de valor artístico, histórico y arqueológico.
2. El ejercicio de los derechos de tanteo y retracto se ajustará a las condiciones y plazos que se señalan en el artículo 81 de la Ley.
3. En garantía de la efectividad del pago del precio correspondiente al titular de la cosa o bien objete de uno u otro derecho, el Ministerio de Educación Nacional y la Intervención de la Administración del Estado estarán obligados a expedir libramiento oportuno con cargo a los créditos consignados en los presupuestos para, la adquisición de bienes en los que concurren las citadas características. Si el beneficiario fuera otra persona pública, el Ministerio de Educación Nacional adoptará las medidas convenientes para que el pago del precio se efectúe en las condiciones y plazos legales.
En tanto se hace efectivo el precio de la cosa o bien sobre el que, se hubiera ejercitado el derecho de tanteo o de retracto, se respetará al propietario de aquél en la posesión del mismo.
1. Si transcurrieren los plazos previstos en el artículo 81 de la Ley sin que por el Estado se ejercitasen los derechos de tanteo o retracto, el bien o la cosa afectados quedarán de libre disposición de su titular, sin perjuicio de las facultades reconocidas al Ministerio de Educación Nacional por la Ley del Tesoro Artístico y disposiciones complementarias, así como de la posibilidad de aplicar las normas contenidas en la sección primera de este capítulo.
CAPITULO IV. De la expropiación por Entidades locales o por razón de urbanismo
1. Lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley será de aplicación a las expropiaciones llevadas a cabo por la Entidades locales referentes a obras o servicios incluidos en planes o proyectos municipales o. provinciales.
Las expropiaciones que se realicen por razón de urbanismo se ajustarán a lo dispuesto en la Ley de Régimen del Sueldo y disposiciones, vigentes o que puedan dictarse en lo sucesivo sobre dicha materia. '
Cuando funcionen Comisiones y Organismos encargados no sólo de la aprobación de planes de urbanismo, sino de su ejecución y realización, el funcionario técnico a. que se refiere el apartado b) del artículo 32 de la Ley de Expropiación Forzosa será designado por los mismos.
CAPITULO V. De la expropiación que dé lugar a traslado de poblaciones
Siempre que fuere preciso expropiar las tierras o instalaciones industriales que sirvan de base principal de sustento a todas o a la mayor parte de las familias de un Municipio o de una Entidad local menor, el expropiante lo pondrá en conocimiento del Consejo de Ministros, y. a la vez, remitirá al Instituto Nacional de Colonización una relación nominal de todos los vecinos que deban ser trasladados, con expresión de los que sean cultivadores personales de tierras en propiedad o en arrendamiento, número de familiares y bienes afectados por la expropiación.
Establecidos por el Consejo de Ministros los tipos de indemnización, previo dictamen del de Estado, el Gobernador civil de la provincia ordenará, su publicación en la forma que determina el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley, para que en el plazo de quince días los interesados puedan solicitar por escrito ante dicha autoridad la indemnización a que crean tener derecho, expresando las circunstancias en que fundan su petición.
Dentro de los treinta días siguientes a la terminación del plazo para la presentación de instancias la Comisión a que se refiere el artículo 107 fijará la indemnización abonable a cada interesado, los que podrán recurrir dentro de los quince días siguientes a la notificación ante el Jurado Provincial de Expropiación cuando se hayan aplicado indebidamente los tipos aprobados por el Consejo de Ministros. El pago de las indemnizaciones se efectuará en la forma prevista en el capitulo IV del título II de la Ley y en las normas, de este Reglamento.
Los vecinos que deseen ser instalados en el territorio de la nueva Entidad local lo expresarán así en la instancia solicitando la indemnización a que se refiere el artículo 91 de la Ley, acompañando una descripción detallada de las viviendas que ocupaban y de las fincas que personal .y directamente explotaban afectadas por la expropiación.
Expuesta al público la relación de vecinos que deseen ser trasladados y hechas las rectificaciones que procedan, después de transcurrir el plazo de quince días, sé remitirá al Instituto Nacional de Colonización, para que éste, teniendo en cuenta los datos que figuran en la relación, los que 1e haya facilitado el expropiante y cuantos puedan proporcionarse de los informes que al efecto solicite, estudie el problema social y su posible solución mediante el traslado de las familias afectadas que voluntariamente lo hayan solicitado, a las zonas de regadío en las que el Instituto desarrolla su actividad o a las fincas que al efecto adquiera por compra voluntaria o por expropiación forzosa, conforme a las normas que regulan la actuación de este Organismo, en los casos de expropiación por razones de interés social. ,
Las solicitudes de 'traslado con la propuesta del Instituto se elevarán a la aprobación del Consejo de Ministros, el que podrá autorizar a dicho Organismo para la adquisición de la finca o fincas adecuadas para el establecimiento de los vecinos que hayan solicitado el traslado y creación de la nueva Entidad local.
Para la amortización del valor de los bienes que se adjudiquen a cada una de las familias trasladadas el Instituto Nacional de Colonización designará en primer término una cantidad comprendida entre el 80 por 100 y el importe total de lo que cada expropiado deba percibir como precio o indemnización de todos los bienes que se le expropien, entendiéndose subrogado el Instituto en los derechos de los expropiados que voluntariamente hubieren verificado el traslado a que se refiere el artículo 106, a cuyo efecto éstos, al formular la petición, habrán de conferir por escrito a dicho Organismo su representación, para que éste actúe en nombre de los mismos en el expediente expropiatorio desde que se inicien las actuaciones para determinar el justo precio hasta el momento del pago, que habrá, de hacerse directamente al Instituto.
Las familias que deseen ser trasladadas a fincas del Instituto podrán colocarse con el carácter de cultivadores provisionales en tanto se acuerde su instalación definitiva como colono, en cuyo momento, si no les convienen los lotes o parcelas que se les ofrezcan, podrán optar por percibir el importe integro de la expropiación de sus bienes, sin más obligación por parte del Instituto.
La nueva Entidad local se constituirá en la forma prevenida en el Decreto de 23 de octubre de 1955 o por las disposiciones que en lo sucesivo puedan dictarse al respecto.
CAPITULO VI. De las expropiaciones por causa de colonización y de obras públicas
SECCIÓN PRIMERA. De las expropiaciones por causa de colonización
Las expropiaciones por causa de colonización y de fincas mejorables se regirán por su legislación especial y por las disposiciones reglamentarias dictadas en ejecución a aquélla.
SECCIÓN SEGUNDA. De las expropiaciones por causa del obras públicas
Los Ingenieros Jefes de los Servicios respectivos de Obras Públicas asumirán las facultades a que se refiere el artículo 98 de, la Ley.
CAPITULO VII. De la expropiación en materia de propiedad industrial
1. Tratándose de las restantes modalidades de la propiedad industrial el, Ministerio de Industria, previo informe de sus Organismos técnicos, podrá incoar el oportuno expediente de expropiación forzosa en la forma y con los requisitos que se previenen en la Ley y en este Reglamento.
CAPITULO VIII. De la expropiación por razones de defensa nacional y seguridad del Estado
Las expropiaciones y requisas que lleven a cabo las autoridades militares de los Ministerios del Ejército, Marina y Aire se regularán por el Reglamento especial previsto en el artículo 107 de la Ley.
TITULO IV. Indemnizaciones por ocupación temporal y otros daños
CAPITULO PRIMERO. Indemnización por ocupación temporal
1. Cuando haya de solicitarse, en virtud de lo previsto en el artículo 110, número 1 de la Ley, el permiso del particular con objeto de llevar a cabo en terreno de su propiedad, estudios o practicar operaciones facultativas de corta duración, se hará constar al solicitarlo, la razón y fin de la ocupación, la duración de la misma y se designará el Perito de la Administración a efectos de la evaluación de los daños,
3. Transcurridas las cuarenta y ocho horas sin que el propietario hubiere concedido expresamente el permiso, se dará, cuenta al Gobernador civil de la provincia o a la autoridad competente por razón del caso, que resolverá sobre la necesidad ele la ocupación.
5. La responsabilidad a que se refiere el número 2 del artículo 110 de la Ley se exigirá de acuerdo con el capitulo segundo del titulo IV de la misma y las disposiciones de este Reglamento que lo desarrollan.
Las ocupaciones temporales que traigan su causa de una declaración de utilidad pública o interés social y que resulten necesarias, por razón del fin de una expropiación se regirán por las siguientes reglas:
1.ª El beneficiario de la expropiación vendrá obligado a formular una relación concreta e individualizada en la que se describan en todos los aspectos, material y jurídico, los terrenos cuya ocupación temporal se considere necesaria a los fines de la expropiación.
3.ª Cuando se trate de expropiaciones realizadas por el Estado, dicha relación habrá de publicarse en el BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO y en el de la provincia respectiva, y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, si lo hubiere, comunicándose, además, a los Ayuntamientos en cuyo término radique, el terreno a ocupar para que la fije en el tablón de anuncios. A la inserción en el periódico de mayor circulación se aplicará, la tarifa a que se refiere el artículo 24.
4.ª Cualquier persona podrá aportar por escrito los datos oportunas para rectificar posibles, errores de la relación publicada u oponerse, por razones de fondo o forma, a la necesidad de la ocupación temporal. En este caso indicará los motivos por los que debe considerarse preferente la ocupación temporal de otros terrenos no comprendidos en la relación como más convenientes al fin de la ocupación.
3. En el mismo plazo deberá acreditar el propietario la concurrencia de los requisitos señalados en el citado artículo de la Ley para que haya lugar a indemnización
5. En los casos en que el beneficiario estimara, imposible evaluar de antemano la indemnización, o cuando el particular discrepara del mismo acerca de este extremo, se seguirán las reglas previstas en el artículo 126.
Las discrepancias que pudieran surgir entre el particular y la Administración en relación con las ocupaciones a que se refiere el artículo 118 de la Ley y con el aumento de los rendimientos económicos obtenidos como consecuencia de las obras realizadas por el beneficiario, serán resueltas por el Gobernador civil de la provincia, cuya resolución será recurrible ante el Jurado Provincial de Expropiación en el plazo de quince días, a contar desde la notificación.
La indemnización prevista en el artículo 119 de la Ley será evaluada mediante Peritos designados por el beneficiario y el particular, elevándose en casó de discrepancias las respectivas tasaciones al Jurado Provincial de Expropiación.
CAPITULO II. Indemnización por otros daños
Modificación realizada por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de los procedimientos de las administraciones publicas en materia de responsabilidad patrimonial. (BOE de 04-05-1993) en vigor desde 05-05-1993
05/05/1993 (Vigente)
TITULO V. Garantías jurisdiccionales
Si la Administración pública intentare la expropiación con infracción de lo dispuesto en las Leyes, el expropiado podrá utilizar, ante la. Jurisdicción correspondiente, las acciones previstas en el titulo V de la Ley de Expropiación Forzosa.
1. El recurso contencioso-administrativo a que se refiere; el articulo 126 de la Ley podrá ser interpuesto por el beneficiario o por cualquiera que hubiera sido parte en el expediente y se regirá por las disposiciones generales sobre, la jurisdicción y procedimiento contencioso-administrativo.
2. La demanda deberá fundarse en todo caso en alguno de los motivos, siguientes:
b) Vicio sustancial, de forma o violación u omisión de los preceptos establecidos en la Ley.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley, corresponderá a la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el conocimiento de los recursos sobre indemnización de daños y perjuicios,
Que dan derogados el Reglamento de 13 de junio de 1879 y cuantas disposiciones se opongan a lo dispuesto en este Reglamento
El orden de prelación de fuentes establecido en el artículo segundo de este Reglamento para los supuestos a; que se refiere, se aplicarán igualmente a las expropiaciones reguladas por las disposiciones relacionadas en el artículo 2 del Decreto de 23 de diciembre cae 1955, que se entenderán en vigor a los solos electos previstos en el apartado primero del expresado artículo de este Reglamento.
Madrid, 26 de abril de 1957,-Aprobado por Su Excelencia, Antonio Iturmendi Banales.
Fecha: 1993-05-05
Decreto 1780/1967, de 13 de julio, por el que se modifica el articulo 51 del Reglamento de Expropiacion Forzosa.
Fecha: 1967-08-16
07/11/1999 Redacción Vigente
desde 05/05/1993 hasta 07/11/1999
desde 26/06/1986 hasta 05/05/1993
desde 16/08/1967 hasta 26/06/1986
desde 10/07/1957 hasta 16/08/1967

References: artículo 18
 artículo 85
 artículo 17
 artículo 24
 artículo 30
 artículo 31
 artículo 54
 artículo 17
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 29
 artículo 36
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 32
 artículo 33
 resolución 
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 36
 artículo 28
 artículo 44
 artículo 43
 artículo 45
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 63
 artículo 121
 resolución 
 artículo 54
 resolución 
 artículo 71
 artículo 58
 artículo 29
 artículo 62
 artículo 62
 artículo 126
 artículo 126
 artículo 73
 artículo 75
 artículo 24
 artículo 75
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 85
 artículo 32
 artículo 18
 artículo 107
 artículo 91
 artículo 106
 artículo 98
 artículo 107
 artículo 110
 artículo 110
 artículo 24
 artículo 126
 artículo 118
 resolución 
 artículo 119
 Real Decreto 
 artículo 128
 artículo 2