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Timestamp: 2018-10-23 05:54:32+00:00

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Ley de Abogados - Juan Candelario
G.O. N° 1.081 Extraordinario de 23 de enero de 1967
La profesión de abogado y su ejercicio se regirá por la presente Ley y su Reglamento, los reglamentos internos y el código de ética profesional que dictare la Federación de Colegios de Abogados.
El ejercicio de la abogacía impone dedicación al estudio de las disciplinas que impliquen la defensa del derecho, de la libertad y de la justicia. No puede considerarse como comercio o industria y, en tal virtud, no será gravado con impuestos de esta naturaleza.
Para comparecer por otro en juicio, evacuar consultas jurídicas, verbales o escritas y realizar cualquier gestión inherente a la abogacía, se requiere poseer el título de abogado, salvo las excepciones contempladas en la Ley.
Los representantes legales de personas o de derechos ajenos, los presidentes o representantes de sociedades cooperativas, asociaciones o sociedades civiles o mercantiles que no fueren abogados, no podrán comparecer en juicio a nombre de sus representados sin la asistencia de abogados en ejercicio.
Si la parte se negare a designar abogado esta designación la hará el Juez. En este caso la contestación de la demanda se diferirá por cinco audiencias. La falta de nombramiento a que se refiere este artículo será motivo de reposición de la causa, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde al Juez de conformidad con la Ley.
Los Jueces, los Registradores, los Notarios y demás autoridades civiles, políticas y administrativas sólo admitirán como representantes o asistentes de terceros a abogados en ejercicio, en los asuntos reservados a éstos en virtud de la Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en las Leyes y disposiciones, que regulan las relaciones obrero-patronales.
Los Jueces, los Registradores, los Notarios y los Inspectores Fiscales se abstendrán de protocolizar o dar curso a escrituras contentivas de actos traslativos o declarativos de la propiedad de bienes, títulos supletorios documentos relativos a constitución o liberación de gravámenes, contratos de cualquier naturaleza, poderes, documentos que deban inscribirse en el Registro de Comercio declaraciones de herencia y en general toda especie de escrituras que versen sobre cualquier derecho, si dichos documentos no han sido redactados por un abogado en ejercicio.
Quien haya obtenido el título de Abogado de la República, de conformidad con la Ley, deberá inscribirse en un Colegio de Abogados y en el Instituto de Previsión Social del Abogado para dedicarse a la actividad profesional.
La solicitud de inscripción del título se formulará por escrito ante el Colegio respectivo y se acompañará:
Cumplidos los requisitos anteriores, la Junta Directiva del Colegio señalará uno de los cinco días siguientes para que el solicitante preste ante ella el juramento de obedecer la Constitución y Leyes de la República y de cumplir las normas de ética profesional y demás deberes que le impone la profesión de abogado. Llenadas estas formalidades, la Junta Directiva del Colegio ordenará la anotación del título en el libro denominado Libro de Inscripción de Títulos de Abogados, expedirá al interesado constancia de la inscripción y lo participará al Director de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, al Ministerio de Justicia y a la Corte Suprema de Justicia.
Si la solicitud fuese negada, o no se decidiere en el término de treinta días, podrá apelarse dentro de los cinco días hábiles siguientes para ante el Directorio de la Federación de Colegios de Abogados, el cual deberá decidir dentro de los treinta días consecutivos siguientes. La falta de decisión del Directorio de la Federación podrá recurrirse para ante la Corte Suprema de Justicia.
El Abogado inscrito en un Colegio de Abogados, puede ejercer legalmente en todo el territorio de la República; cuando pase a ejercer habitualmente su profesión en una entidad que territorialmente corresponda a otro Colegio, o cambiare de residencia o domicilio en virtud de la función que desempeñe, deberá incorporarse en este último dentro del término de treinta días. A la solicitud de incorporación deberá acompañar la constancia de la inscripción en el anterior Colegio y la prueba de la solvencia en el pago de las contribuciones con los organismos indicados en el artículo 70. Si la solicitud de incorporación fuere negada, podrá apelarse dentro de los cinco días hábiles siguientes para ante el Directorio de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, caso en el cual se observará el procedimiento establecido en el artículo anterior.
A los efectos de la presente Ley se entiende por actividad profesional del abogado el
desempeño de una función propia de la abogacía o de una labor atribuida en razón de una Ley especial a un egresado universitario en Derecho, o aquellas ocupaciones que exijan necesariamente conocimientos jurídicos.
Se entiende por ejercicio profesional la realización habitual de labores o la
prestación de servicios a título oneroso o gratuito, propios de la abogacía, sin que
medie nombramiento o designación oficial alguna.
Quedan sometidos a la presente Ley, y en consecuencia, sujetos a los mismos derechos y obligaciones, los abogados que sean: Profesores en las Universidades del país; Magistrados de la Corte Suprema de Justicia o Jueces de la República; Secretarios de los Tribunales, Defensores; Fiscales del Ministerio Público; Registradores; Notarios, Consultores o Asesores Jurídicos de personas individuales o colectivas públicas o privadas y, en general, todo abogado que en ejercicio de una función y en razón de sus conocimientos especiales en Derecho, preste a terceros, pública o privadamente, el concurso de su asesoramiento.
No podrán ejercer la abogacía los ministros de culto, los militares en servicio activo ni los funcionarios públicos. Se exceptúan de esta inhabilitación los que desempeñan cargos ad honorem y funciones judiciales accidentales; y los que sirvan empleos académicos, asistenciales, electorales, docentes o edilicios, salvo que estos últimos cargos exijan por la naturaleza de sus funciones o por las leyes o reglamentos que las rijan, dedicación a tiempo completo.
Los abogados incorporados a las Asambleas Legislativas de los Estados o a sus
Comisiones Permanentes, no podrán ejercer la abogacía en su jurisdicción durante las sesiones de dichos Cuerpos. Tampoco podrán ejercer, los abogados que presten sus servicios profesionales a tiempo completo en organismos oficiales nacionales, estadales o municipales o en institutos autónomos, salvo que actúen en representación de tales entes.
Sin perjuicio de los que establezcan los tratados internacionales de los cuales sea parte Venezuela, no se permitirá el ejercicio de la profesión a los abogados extranjeros, originarios de países en los cuales no se permita el ejercicio de dicha profesión u otra equivalente a los venezolanos.
En el mes de enero de cada año, el Ministerio de Justicia publicará en la Gaceta Oficial, la lista que contenga en orden alfabético por apellido, los nombres de los abogados cuyos títulos hayan sido inscritos hasta el 31 de diciembre del año anterior, indicándose el Colegio en el cual quedó anotado el título y la fecha de Inscripción. Lo dispuesto en este artículo no impide el ejercicio profesional a los abogados que no aparezcan en la lista, siempre que comprueben que han cumplido los requisitos de Ley al respecto.
El abogado tiene el deber de ofrecer al cliente el concurso de la cultura y de la técnica que posee; aplicarlas con rectitud de conciencia y esmero en la defensa; ser prudente en el consejo, sereno en la acción, y proceder con lealtad, colaborando con el Juez, en el triunfo de la Justicia.
Los abogados en ejercicio están obligados a aceptar las defensas que se les confíen de oficio, salvo negativa razonada, y podrán exigir a sus defendidos el pago de honorarios.
Es obligatorio para los abogados la defensa gratuita de los que han sido declarados
pobres por los Tribunales.
Los abogados están obligados a cumplir los reglamentos, acuerdos, resoluciones y demás decisiones de la Federación de Colegios de Abogados, de los Colegios en cuya jurisdicción ejerzan su profesión y del Instituto de Previsión Social del Abogado.
Es función propia del abogado, informar y presentar conclusiones escritas en cualquier causa sin necesidad de poder especial ni de que la parte por quien abogue esté presente o se lo exija, a menos que exista oposición de ésta. Esta actuación no causará honorarios, salvo pacto en contrario.
El abogado tiene derecho a anunciarse para el ejercicio de su profesión en general. Para ofrecerse como especialista en una rama determinada del Derecho, es necesaria la anuencia del respectivo Colegio o Delegación, la que será otorgada previa comprobación de la circunstancia del caso, debiendo los anuncios ser sometidos a la consideración y aprobación del Colegio.
Los abogados deben estar solventes en el pago de las contribuciones reglamentarias con el respectivo Colegio de Abogados y con el Instituto de Previsión Social del Abogado.
El ejercicio de la profesión da derecho al abogado a percibir honorarios por los trabajos judiciales y extrajudiciales que realice, salvo en los casos previstos en las Leyes.
Cuando exista inconformidad entre el abogado y su cliente en cuanto al monto de
honorarios por servicios profesionales extrajudiciales, la controversia se resolverá por la vía del juicio breve y ante el Tribunal Civil competente por la cuantía. La parte demandada podrá acogerse al derecho de retasa en el acto de la contestación de la demanda.
La reclamación que surja en juicio contencioso acerca del derecho a cobrar honorarios
por parte del abogado, será sustanciada y decidida de conformidad con lo establecido en el artículo 386 del Código de Procedimiento Civil y, la relación de la incidencia, si surgiere, no excederá de diez audiencias.
Las costas pertenecen a la parte, quien pagará los honorarios a sus apoderados,
asistentes o defensores. Sin embargo, el abogado podrá estimar sus honorarios y pedir la intimación al respectivo obligado, sin otras formalidades que las establecidas en esta Ley.
Para los efectos de la condenatoria en costas los abogados podrán anotar al margen de todo escrito o diligencia el valor en que estimen la actuación profesional y, en su defecto, podrán hacerlo en diligencia o escrito dirigido al Tribunal, que se anexará al expediente respectivo.
La retasa de honorarios, siempre que sea solicitada dentro de los diez días hábiles
siguientes a la intimación del pago de los mismos, la decretará el Tribunal de la causa o el que estuviere conociendo de ella cuando se los estime, asociado con dos abogados, y a falta de éstos con personas de reconocida solvencia e idoneidad, domiciliados o residenciados en jurisdicción del Tribunal, nombrados uno por cada parte.
La retasa es obligatoria para quienes representen en juicio personas morales de carácter público, derechos o intereses de menores, entredichos, inhabilitados, no presentes y presuntos o declarados ausentes.
Cuando la retasa sea acordada a solicitud de parte, éstas concurrirán el día y hora señalados por el Tribunal para nombrar los retasadores, debiendo presentar en el mismo acto, constancia de que los retasadores designados aceptan el cargo.
La inasistencia de alguna de las partes al acto de nombramiento de retasadores, la negativa a nombrarlo o la falta de presentación de la constancia de aceptación al cargo, autoriza al Tribunal para designar retasadores dejando a salvo el derecho de la parte que concurra. Cuando el Tribunal decrete de oficio la retasa sólo designará al retasador de la parte que estando obligado a solicitarla no lo hizo.
En la tercera audiencia siguiente al nombramiento de los retasadores por las partes o por el Juez, según el caso, y a la hora fijada, los nombrados deberán concurrir al Tribunal a prestar juramento de desempeñar fielmente su cargo.
Si el retasador no compareciere oportunamente o incumpliere sus funciones, el Tribunal
designará otro en su lugar.
Los honorarios de los retasadores los pagará la parte interesada cuyo monto determinará
el Tribunal prudencialmente, fijando fecha para su consignación, y, en caso de que ésta
no se produzca en su oportunidad, se entenderá renunciado el derecho de retasa, salvo lo
dispuesto en el artículo 26.
En el mismo acto de la consignación de los emolumentos o dentro de las dos audiencias
siguientes, se constituirá el Tribunal retasador. La decisión se dictará como Tribunal
Colegiado, dentro de los ocho días hábiles siguientes a partir de su constitución.
Ejercen ilegalmente la profesión de abogado:
1. Quienes sin poseer el título respectivo se anuncien como abogados, se atribuyan ese carácter, ostenten placas, insignias, emblemas o membretes de tal, o quienes realicen los actos o gestiones reservados a los abogados en los artículos 8° y 6° de esta Ley, salvo las excepciones legales.
2. Quienes habiendo obtenido el Título de Abogado de la República, realicen actos y gestiones profesionales sin haber cumplido los requisitos para ejercer legítimamente la profesión o se encuentren impedidos de ejercerla conforme al artículo 12.
También incurren en ejercicio ilegal de la profesión y serán sancionados con las penas previstas para los responsables directos, los abogados que en alguna forma patrocinen o encubran a las personas de que trata este artículo.
En todos los casos de ejercicio ilegal de la profesión de abogados, el Tribunal Disciplinario en cuya jurisdicción se haya cometido el hecho abrirá la averiguación de oficio o a instancia de parte, levantará el expediente respectivo y pasará copia al Fiscal del Ministerio Público, quien actuará de oficio ante los Tribunales competentes, sin perjuicio de la sanción disciplinaria a que hubiese lugar.
En el Distrito Federal, en cada uno de los Estados de la República y en los Territorios Federales existirá un Colegio de Abogados, en la Capital respectiva. Para que un Colegio de Abogados pueda establecerse, deben estar domiciliados o residenciados en la respectiva Entidad un número no menor de diez abogados.
Los Colegios de Abogados son corporaciones profesionales con personería jurídica y patrimonio propio, encargados de velar por el cumplimiento de las normas y principios de ética profesional de sus miembros y defender los intereses de la abogacía.
Tienen, además, la obligación de procurar que sus asociados se guarden entre sí el debido respeto y consideración, observen intachable conducta en todos sus actos públicos y privados y contribuyan a enaltecer la profesión de la abogacía y al mejoramiento de la doctrina, de la legislación y de la jurisprudencia nacionales.
Son miembros de los Colegios, los abogados cuyos títulos han sido debidamente inscritos
en ellos, hállense o no en el ejercicio de la profesión.
Son órganos del Colegio de Abogados la Asamblea, la Junta Directiva y el Tribunal
La Asamblea es la suprema autoridad de los Colegios y se reunirá ordinariamente, todos
los años durante la primera quincena del mes de diciembre y extraordinariamente, cuando
fuere convocada por la Junta Directiva.
La Asamblea estará integrada por todos los abogados, hábiles para elegir y ser elegidos,
Inscritos o Incorporados en el respectivo Colegio o Delegaciones de su dependencia.
Para elegir o ser elegido o tomar parte en las decisiones de la Asamblea, es
Indispensable la solvencia con el respectivo Colegio o Delegación y con el Instituto de
Previsión Social del Abogado.
La Asamblea se Instalará con no menos de las dos terceras partes de sus miembros, pero
podrá deliberar con la mitad más uno de los asistentes. Si no existiere el quórum
reglamentario para la instalación de la Asamblea, los abogados asistentes se constituirán
en comisión Preparatoria y tomarán las medidas necesarias para asegurar la asistencia
del número de abogados requeridos. Si el día fijado por la Comisión Preparatoria para la
instalación de la Asamblea, no se obtuviere el quórum reglamentarlo, ésta se instalará con
b) Nombrar la Mesa Directiva, que estará compuesta por un Presidente, un Primero y
Segundo VicePresidente, electos de su seno, en votación pública y por mayoría
absoluta de los delegados presentes, y un Secretarlo que podrá ser de fuera de su
d) Examinar el Informe que anualmente debe presentarle la Junta Directiva del Colegio
sobre su gestión administrativa y demás realizaciones relacionadas con sus funciones.
e) Las demás que le señalen el Reglamento de esta Ley y los reglamentos internos.
La Dirección y Administración de los Colegios de Abogados estará a cargo de una Junta
Directiva compuesta por un Presidente, un VicePresidente, un Secretario, un Tesorero y
un Bibliotecario y tres Suplentes, que serán elegidos cada dos años, durante la primera
quincena del mes de diciembre y tomará posesión en la primera quincena del mes de
enero del año siguiente.
El Presidente ejercerá la representación jurídica del Colegio, pudiendo delegarla previa
autorización de la Junta. Las faltas absolutas y temporales del Presidente las llenará el
Vice-Presidente y las de éste, el primer Suplente.
La Junta Directiva será electa el día y hora que fije la Asamblea, con tres días de
anticipación por lo menos, en votación secreta, salvo que la Asamblea, con el voto de las
dos terceras partes de sus asistentes, decida hacerlo público. Los escrutinios se
efectuarán en acto público.
Cuando en una Entidad Federal no exista Colegio de Abogados por no estar domiciliados
en ella el número de profesionales previstos en el artículo 32 de esta Ley, quienes hayan
cumplido los requisitos establecidos en el artículo 70, podrán constituirse en delegación,
la cual dependerá de la Federación de Colegios de Abogados.
Las Delegaciones tendrán las mismas atribuciones de los Colegios de Abogados en
cuanto les sean aplicables salvo la de inscribir títulos y estarán dirigidas por un
Presidente, un Secretarlo y un Tesorero, elegidos por mayoría absoluta.
En las ciudades donde estén residenciados un número de abogados no menor de seis,
éstos podrán constituirse en Delegación, la cual dependerá del Colegio de Abogados de
la respectiva Entidad.
Las atribuciones de los miembros de la Junta Directiva de los Colegios y Delegaciones,
serán establecidas en el Reglamento Interno que dicten dichas Juntas.
Corresponde a los Colegios de Abogados:
1. Fomentar el espíritu de solidaridad entre sus asociados y proveer a la defensa de sus
6. Estudiar y redactar Ante Proyectos de Leyes, y enviar al Congreso Nacional, a las
Asambleas Legislativas, a los Concejos Municipales, al Ejecutivo Nacional, al de los
Estados y a las Comisiones Revisoras de Leyes, cuando lo Juzguen oportuno y a
título de información, observaciones relativas a las reformas legislativas que estimen
7. Asesorar a los organismos señalados en el número anterior y evacuar las consultas
que éstos les hagan sobre cuestiones de derecho o sobre el mérito científico de obras
o ponencias relacionadas con la profesión, salvo las prohibiciones contenidas en esta
8. Cumplir y hacer cumplir sus decisiones, las normas que establezcan la Federación de
Colegios de abogados y el Instituto de Previsión Social del Abogado y mantener una
estrecha vigilancia sobre la disciplina y moralidad de sus socios.
11. Acordar dentro de los treinta días siguientes a la elección de su Junta Directiva, el
Presupuesto anual de gastos del Colegio y proveer los fondos para realizarlo.
12. Promover ante las autoridades competentes todo lo que juzguen conveniente a los
intereses de la profesión de la abogacía.
13. Hacer cumplir las normas y medidas sobre previsión social que dicten los organismos
gremiales competentes.
14. Fijar la cuota que deben pagar sus asociados, y
La Federación de Colegios de Abogados de Venezuela estará integrada por los Colegios
de Abogados existentes y por las Delegaciones que de ella dependan de conformidad con
la Ley. Tiene carácter exclusivamente profesional, personería jurídica y patrimonio propio.
La Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, fomentará el perfeccionamiento
moral y científico de los abogados, su bienestar material y social; promoverá la defensa
de los intereses y fueros de los Colegios y Delegaciones que la integran e incrementará
en la sociedad el público reconocimiento de la misión fundamental que atañe a la
profesión de la abogacía.
La Federación de Colegios de Abogados de Venezuela tendrá su sede en la Capital de la
Corresponde a la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela:
1. Establecer las reglas de ética profesional y las medidas de disciplina que aseguren la
dignidad del ejercicio de la abogacía, y la estimación pública que ésta merece;
2. Ejercer una acción vigilante de protección hacia el libre e independiente ejercicio de la
abogacía, reivindicando sus fueros y el respeto público a su dignidad;
3. Excitar a los Colegios de Abogados y Delegaciones a tomar medidas conducentes,
para la mejor defensa del honor, la dignidad y el decoro de la profesión de abogado;
5. Coordinar y orientar las actividades de los Colegios de Abogados.
6. Colaborar con las instituciones que se ocupan del estudio del Derecho y con el Poder
Judicial para lograr la mejor forma de enseñanza y divulgación de las ciencias
jurídicas y velar por la más perfecta administración de Justicia en escala nacional.
7. Publicar una revista que le sirva de órgano para la mejor difusión de los estudios
jurídicos y de la Jurisprudencia.
8. Estimular y preparar la realización de conferencias en distintos lugares de la
República, con el fin de robustecer los conocimientos de los profesionales del derecho
y orientar a la opinión pública sobre los beneficios que derivan de las instituciones
9. Promover la celebración de Congresos Jurídicos, donde se trate a la luz de los
principios, temas relacionados con el Derecho y disponer todo lo necesario para su
mejor realización.
10. Mantener un servicio de bibliografía y publicaciones jurídicas nacionales y extranjeras.
11. Mantener intercambio cultural con los organismos profesionales y con las Escuelas
Universitarias de Derecho, nacionales o extranjeras.
12. Poner en práctica los más adecuados medios de previsión social, para asegurar el
bienestar del profesional de sus familiares.
Son órganos de la Federación de Colegios de Abogados: La Asamblea, el Consejo
Superior, el Directorio y el tribunal Disciplinario.
La Asamblea es la máxima autoridad de la Federación y estará formada por los delegados
que elijan los Colegios de Abogados de la República y las Delegaciones que de ella
dependan. Se reunirá cada dos años, el 16 de agosto o el día más inmediato posible, en
el lugar que se haya designado al efecto en la última reunión, previa convocatoria hecha
por su Directorio, con treinta días de anticipación por lo menos.
La Asamblea sesionará también extraordinariamente cuando así lo decida el Directorio o
a solicitud de cinco Colegios de Abogados por lo menos.
Los Colegios de Abogados estarán representados en la Asamblea de la Federación, por
tres Delegados Principales elegidos por la Asamblea del respectivo Colegio, eligirá
también tres suplentes para llenar las faltas de los principales.
Los Colegios cuyo número de miembros fuere superior a cien, podrán elegir un delegado
más por cada cincuenta o fracción de veinticinco.
Las Delegaciones estarán representadas por un Delegado principal, elegido en la misma
forma que los representantes de los Colegios. Asimismo eligirá un suplente para llenar la
falta del principal. El nombramiento podrá recaer en cualquier inscrito, siempre que esté
solvente con el Colegio y con el Instituto de Previsión Social del Abogado, sea o no
miembro de la Junta Directiva.
No se declarará abierta ninguna sesión de la Asamblea sin estar presente la mitad más
uno del número total de Colegios y Delegaciones dependientes de la Federación.
El Consejo Superior de la Federación estará integrado por: el Presidente de la
Federación; los Presidentes de los Colegios de Abogados y de las Delegaciones que de
ella dependan, o en su defecto, por un representante elegido por la Junta Directiva; por el
Presidente del Instituto de Previsión Social del Abogado y el Presidente del Tribunal
Disciplinario de la Federación.
El Consejo Superior se reunirá ordinariamente, una vez al año, por lo menos, y
extraordinariamente a solicitud de cinco o más Colegios, en el lugar elegido en su última
reunión cuya convocatoria la hará el Colegio sede, Indicando su duración y la materia a
El Consejo Superior conocerá y decidirá de las materias correspondientes a la
Federación, enunciadas en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 8, 9, 11 y 12 del artículo 46 de la
presente Ley y las demás que le señalare el Reglamento de la misma.
El Consejo Superior podrá conocer además cuando la convocatoria lo prevea, de las
apelaciones cuyo conocimiento se haya reservado a la Federación en la presente Ley o
en su Reglamento.
Los fondos de la Federación estarán formados por los aportes de los Colegios de
Abogados y Delegaciones que de ella dependen, y por las contribuciones extraordinarias
que determine la Asamblea, a cuyo efecto, este mismo órgano elaborará y aprobará el
Presupuesto respectivo.
El Directorio es el órgano Ejecutivo de la Federación de Colegios de Abogados de
Venezuela y funcionará en la Capital de la República.
El Directorio de la Federación estará compuesto por cinco miembros, que se denominarán
Presidente vicepresidente, Tesorero, Bibliotecario y Secretario, y tres Suplentes para
llenar las faltas absolutas o temporales de tos principales.
El Presidente del Directorio ejercerá la representación jurídica de la Federación, pudiendo
delegar con aprobación de dicho órgano.
Las faltas del Presidente las llenará el VicePresidente y las de éste, el primero de los
suplentes designados.
La elección de estos funcionarios se hará cada dos año por la Asamblea, en la
oportunidad y forma que señale el Reglamento de esta Ley.
La afiliación de un Colegio de Abogados a la Federación no impide que ésta pueda llevar
relaciones con organismos internacionales afines; y aun afiliarse a ellos a los efectos de
promover el estudio científico de la Disciplina Jurídica.
Son atribuciones del Directorio de la Federación:
1. Cumplir y hacer cumplir los fines de la Federación y los acuerdos y resoluciones de la
2. Interpretar las normas de ética profesional, cuando le fuere solicitada por algún
Colegio y dictar aquellas normas no previstas en el Código de Ética Profesional,
mediante acuerdos que serán sometidos a consideración de la Asamblea.
3. Convocar la Asamblea a reunión ordinaria o extraordinaria, según el caso.
4. Preparar el Presupuesto de Gastos de la Federación y disponer las medidas
adecuadas para realizarlo.
5. Adoptar las medidas necesarias para la ejecución de los Acuerdos y Resoluciones de
6. Informar a la Corte Suprema de Justicia, al Ejecutivo Nacional y al Consejo de la
Magistratura, de las faltas o incorrecciones que observe en la administración de
Justicia y recomendar la forma de evitarlas y subsanarlas, pudiendo formular las
denuncias correspondientes cuando lo creyere conveniente.
La Federación de Colegios de Abogados de Venezuela, los Colegios de Abogados y las
Delegaciones, no podrán pronunciarse sobre las cuestiones que estuvieren sometidas o
hubieren de someterse a discusión judicial, ni evacuar consultas de interés meramente
privado, salvo las excepciones contenidas en la presente Ley.
DE LOS TRIBUNALES DISCIPLINARIOS DEL PROCEDIMIENTO Y DE LAS SANCIONES
Cada Colegio de Abogados tendrá un Tribunal Disciplinario, independiente de la Junta
Directiva, compuesto de cinco miembros Principales y tres Suplentes, que deberán estar
domiciliados en la capital de la Entidad respectiva y tener más de tres años de actividad o
ejercicio profesional. La elección del Tribunal Disciplinario la hará la Asamblea cada dos
años, en la oportunidad y forma en que elija la Junta Directiva.
En la misma oportunidad, la Asamblea designará un Abogado, y su respectivo Suplente,
para que actúe como Fiscal en los casos que le pasare el Tribunal Disciplinario, de
conformidad con lo establecido en el artículo 64 de esta Ley, y, en defecto de esto, la
designación la hará el tribunal.
Los cargos de miembros del Tribunal Disciplinario y de Fiscal, son ad honorem y de
obligatoria aceptación.
Dentro de los diez días siguientes a su elección, se instalará el Tribunal Disciplinario y
designará de su seno un Presidente, un VicePresidente, un Secretario y dos Vocales.
Las faltas del Presidente, las suplirá el VicePresidente y las de éste, el Primer Vocal
El Tribunal Disciplinario de la Federación estará integrado por siete miembros principales
que se denominarán: Presidente, vicepresidente Secretario y cuatro Vocales. Además, se
elegirán cuatro Suplentes, que sustituirán en el orden de su elección a los Vocales. Las
faltas absolutas o temporales del Presidente, serán llenadas por el VicePresidente y las
de éste por el Primer Vocal. Todos estos funcionarios serán elegidos en la Asamblea
General en la cual se designe el Directorio de la Federación, en la misma forma que éste
y durarán dos años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo el Consejo Superior
prorrogar su duración por igual tiempo.
Para ser miembro del Tribunal Disciplinario de la Federación se requiere estar domiciliado
en la Capital de la República; la función es ad honorem y de obligatoria aceptación.
Los Tribunales Disciplinarios de los Colegios de Abogados, conocerán en Primera
Instancia de las infracciones a la presente Ley y su Reglamento, a las normas de ética
profesional, las resoluciones y acuerdos que dicten las Asambleas y demás órganos y
organismos profesionales, así como las ofensas inferidas a los miembros de la judicatura,
abogados o representantes de las partes; del abandono de la causa, negligencia
manifiesta en la defensa asumida, cohecho, ejercicio ilegal de la profesión y la violación
del secreto profesional, salvo que éste ocurra para evitar o denunciar la perpetración de
A los efectos del artículo anterior, se entiende que hay negligencia manifiesta cuando el
abogado, sin Justa causa, no concurre a la contestación de la demanda, no promueve
pruebas cuando se le han suministrado oportunamente los datos y elementos necesarios
o si por su culpa queda desierto algún acto, se dicta y ejecuta alguna providencia que
cause gravamen irreparable a su representado o no hace valer las defensas legales que
el Juez no puede suplir de oficio.
Al tener conocimiento el Tribunal de la comisión de un hecho punible de los contemplados
en el artículo 61 o incoada que sea la causa por denuncia o acusación, el Tribunal
practicará las diligencias conducentes a la averiguación y comprobación del hecho y de la
culpabilidad del autor.
Cumplidas estas formalidades, declarará si hay lugar o no a la formación de la causa. En
caso afirmativo, el Indicado será citado personalmente, y si esto no fuere posible, se le
nombrará un defensor con quien se entenderá la citación en toda la secuela del proceso.
Después de la declaratoria de haber lugar a la formación de la causa, el Tribunal pasará
las actuaciones al Fiscal, una vez tomado el juramento de Ley, para que actúe de
conformidad con lo establecido en el artículo 219 del Código de Enjuiciamiento Criminal,
en cuanto resulte aplicable al caso, y decida dentro de los diez días hábiles siguientes, sin
perjuicio de que el acusador particular formulare cargos por su parte.
Haya o no cargo, se abrirá la causa a pruebas durante el lapso de veinte días, al cabo del
cual, se fijará uno de los tres días hábiles siguientes para oír informes de las partes.
El Tribunal podrá mandar a evacuar las pruebas que considere necesario al
esclarecimiento del hecho.
Concluido el acto de informes el Tribunal entrará de inmediato en conferencia y
permanecerá en sesión hasta dictar sentencia. En la determinación, calificación de los
hechos y de la culpabilidad, el Tribunal actuará como jurado y decidirá por mayoría.
Contra las decisiones definitivas del Tribunal Disciplinario, se podrá apelar para ante el
Tribunal Disciplinario de la Federación dentro de los cinco días hábiles siguientes,
después de haberse notificado al Interesado el fallo. La apelación se oirá libremente. Las
amonestaciones sor Inapelables.
Si la causa se incoare contra un miembro del Tribunal Disciplinario el inculpado se
separará de éste en tanto se decida aquella convocándose al Suplente. Si fuere
encontrado culpable, su separación será definitiva cualquier que sea el grado de la
sanción. Igual procedimiento se seguirá con los miembros de las Juntas Directivas de la
Federación, de los Colegios y de las Delega clones.
Las Incidencias de Inhibición y recusación contra los miembros del Tribunal Disciplinarlo o
el Fiscal, se sustanciarán y decidirán de conformidad con lo que disponga el respectivo
Ninguna de las partes podrá intentar más de dos recusaciones, las cuales s610 podrán
fundamentarse en las causales previstas en el Código de Enjuiciamiento Criminal.
A falta de disposición expresa en la presente Ley, o en sus Reglamentos, se aplicarán las
disposiciones del Código de Enjuiciamiento Criminal, o Procedimiento Civil, según el caso.
El procedimiento en Segunda Instancia será Igual al de Primera.
Las infracciones a la presente Ley y al código de Ética Profesional, serán sancionadas
a) Las previstas en el artículo 30 con multa de quinientos a tres mil bolívares o arresto
proporcional. Esta sanción será aplicada por el Juez de Parroquia o municipio del
lugar donde haya incurrido la infracción, a requerimiento del Directorio del Colegio o
del de la Federación de Colegios de Abogados, quienes remitirán al Juez copia de la
decisión del Tribunal Disciplinario, que deba ejecutarse.
b) La prevista en el artículo 16 con suspensión del ejercicio profesional de uno a tres
c) La falta de pago de las contribuciones reglamentarias, las ofensas a los funcionarios
judiciales y abogados; y cualesquiera otras faltas disciplinarias, con amonestación
privada ante el Directorio de la Federación o ante la Junta Directiva del Colegio de
Abogados o de la Delegación en que haya ocurrido el hecho.
d) En los casos de reincidencias y de ofensas y faltas graves de las previstas en el
ordinal anterior, la pena será de amonestación pública ante las autoridades Indicadas.
e) Los abogados que no atiendan al requerimiento que se les haga para oír las
amonestaciones y los que Incurran en graves infracciones a la ética, al honor o a la
disciplina profesional serán sancionados con la suspensión del ejercicio profesional de
un mes a un año, según la gravedad de la falta.
f) Los que se nieguen a cancelar las contribuciones reglamentarias después de haber
sido amonestados conforme a las letras c) y d), serán sancionados con la suspensión
del ejercicio profesional hasta que sean canceladas dichas contribuciones.
g) Los que hayan sido condenados a penas de prisión o de presidio, serán suspendidos
en el ejercicio profesional por todo el tiempo que dure la condena y desde el momento
en que ésta quede firme.
Los Jueces que admitan como representantes de otras a personas quienes carezcan de
las condiciones legales para ello, o que violen las disposiciones de los artículos 3°, 5°, 6°
y 9° de esta Ley, serán sancionados disciplinariamente, de conformidad con lo dispuesto
por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La suspensión de un abogado no cancela su inscripción, pero deberá hacerse constar al
margen del asiento respectivo en el “Libro de Inscripciones de Títulos de Abogados” y
será participada a la Corte Suprema de Justicia, al Ministerio de Justicia, a los Colegios
de Aboga dos y Delegaciones, a las Cortes y Tribunales Superiores y éstos últimos a su
vez, lo comunicarán a los demás Tribunales de su jurisdicción. Comprobado por el
interesado el cumplimiento de la pena o su prescripción, el Colegio le dará constancia de
cese de la suspensión y la participará a los organismos mencionados en este artículo a
los fines consiguientes.
La aplicación de las sanciones previstas en esta Ley no obsta el ejercicio de las acciones
civiles y penales a que haya lugar.
Quien sin ser abogado se anuncie como tal, se atribuya ese carácter o ejerza la abogacía
sin llenar los requisitos legales, será castigado con pena de tres a nueve meses de
prisión. El enjuiciamiento será de oficio y por ante la jurisdicción ordinaria. En ningún
caso, se acordará la libertad bajo fianza.
A los efectos de la aplicación de esta sanción se considera el delito como usurpación de
Todo lo relativo a la previsión social del abogado se regirá por la presente Ley, por el Reglamento de ésta y por los Reglamentos Internos que dicten los organismos competentes, los cuales se publicarán en la Gaceta Oficial de la República.
Se crea el Instituto de Previsión Social del Abogado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
El Instituto tiene por objeto procurar el bienestar social y económico de los profesionales del derecho y a sus familiares y en tal sentido, deberá asegurarles métodos Idóneos de protección social frente a las eventualidades derivadas de la muerte, enfermedad o Incapacidad de aquel, fomentar el ahorro entre sus miembros y propiciar la adquisición de viviendas propias y en general, cualesquiera otras actividades encaminadas a cumplir el objeto esencial de su existencia. En tal virtud el Instituto podrá promover la constitución y funcionamiento de otras entidades que coadyuven al mejor logro de sus fines.
Son miembros del Instituto de Previsión Social del Abogado todos los Abogados de la
República que se hayan inscrito en un Colegio de Abogados, de conformidad con el
artículo 7° de la presente Ley.
El Instituto tendrá su domicilio en Caracas y cada Colegio del interior de la República es una Delegación nata de él y tendrá las atribuciones que le fijen los Reglamentos.
b) El Consejo Directivo formado por siete (7) miembros, que se denominarán: Presidente, Primer VicePresidente Segundo VicePresidente, Secretario, Subsecretario, Tesorero y Subtesorero. El Instituto funcionará de acuerdo con lo que al efecto establezcan la presente Ley, el Reglamento Ejecutivo de ésta y sus Reglamentos Internos. El Presidente del Consejo Directivo ejercerá la representación jurídica del Instituto. Las faltas absolutas o temporales del Presidente, las llenarán los vicepresidentes en orden sucesivo.
Los Reglamentos del Instituto determinarán las atribuciones de cada uno de sus órganos y la fecha en que habrá de reunirse la Asamblea General, en la cual cada Delegación de Colegio de Abogados, tendrá un voto, decidido por la mayoría de sus integrantes. El Consejo Directivo tendrá voto en los asuntos que no versen sobre su gestión.
Los miembros del consejo Directivo del Instituto, serán designados por la Asamblea General del mismo, deberán estar domiciliados en el área metropolitana de Caracas y duraran dos años en el ejercicio de sus funciones.
El patrimonio del Instituto estará integrado:
e) Por un cinco por ciento (5%) del monto de las cantidades recaudadas mensualmente por concepto de arancel y contribuciones, que será también deducido por el funcionario receptor, cuando haga el balance a que se refiere el artículo 38 de la Ley de Arancel Judicial.
Los bienes a que se refiere la letra a) comprenden los créditos que el Montepío de Abogados tenga a su favor y a cargo de sus asociados, provenientes riel no pago de las cuotas previstas en la Ley de Montepío de Abogados como de las decretadas por Resoluciones del Consejo Directivo.
El Consejo Directivo del Instituto queda facultado para reglamentar internamente la estructura y funcionamiento del Instituto.
El Consejo Directivo deberá presentar anualmente a la Asamblea General, Memoria y Cuenta de su actuación en el año inmediatamente anterior, a los fines de su estudio y resolución.
Se mantendrá la actual composición de la Junta Directiva de los Colegios de Abogados y de la Federación de Colegios de Abogados, hasta tanto se realice una nueva elección.
Los abogados y procuradores de la República deberán inscribirse en el Instituto de Previsión Social del Abogado dentro de los seis meses siguientes a la fecha de promulgación de la presente Ley.
Mientras el Ejecutivo Nacional dicta el Reglamento de esta Ley, la Federación, los Colegios de Abogados y el Instituto de Previsión Social del Abogado se regirán por los suyos internos.
Elegidos que sean los Tribunales Disciplinarios de cada Colegio de Abogados, el Tribunal Disciplinario de la Federación de Colegios de Abogados, devolverá a éstos los expedientes de los casos que actualmente está conociendo para que continúe la causa conforme a lo previsto en el artículo 63 de la presente Ley.
Dentro de los sesenta días siguientes a la vigencia de la presente Ley, los Colegios de Abogados de la República designarán sus Delegados a una Asamblea General del Instituto, la cual elegirá el consejo Directivo. Hasta tanto se reúna dicha Asamblea, las personas que integran el consejo Directivo del Montepío de Abogados, desempeñarán iguales funciones en el consejo Directivo del Instituto.
Lo dispuesto en el artículo 13 no se aplicará a los abogados extranjeros que se encuentren en el ejercicio de la profesión para la fecha de promulgación de la presente Ley.
El consejo Superior que haya de reunirse con posterioridad inmediata, a la promulgación de la presente Ley, ocupará la sede escogida por la última Convención de Presidentes de Colegios de Abogados para el próximo evento de esta naturaleza que ha debido realizarse.
A partir de la vigencia de la presente Ley, el patrimonio del Montepío de Abogados pasará a integrar el patrimonio del Instituto de Previsión Social del Abogado.
El Ejecutivo Nacional dictará el Reglamento de la presente Ley, dentro de los seis meses siguientes a su promulgación.
Se deroga la Ley de Abogados de fecha 25 de julio de 1957, la de Montepío de Abogados de la República de fecha 3 de agosto de 1942 y cualesquiera otras disposiciones que colidan con la presente Ley.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo en Caracas, a los doce días del mes de diciembre de mil novecientos sesenta y seis. Años 157° de la Independencia y
108° de la Federación.
El Presidente, (L.S.) Luis Augusto Dubuc.
El VicePresidente, Dionisio López Orihuela.
Los Secretarios, Félix Cordero Falcón, Antonio Hernández Fonseca.
Palacio de Miraflores, en Caracas, a los dieciséis días del mes de diciembre de mil novecientos sesenta y seis. Años 157° de la Independencia y 108° de la Federación.
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References: artículo 70
 artículo 386
 artículo 26
 artículo 12
 artículo 32
 artículo 70
 artículo 46
 artículo 64
 artículo 61
 artículo 219
 artículo 30
 artículo 16

artículo 7
 artículo 38
 artículo 63
 artículo 13