Source: http://indigenas.bioetica.org/mono/inves3.htm
Timestamp: 2017-09-22 22:21:30+00:00

Document:
Comunidad de Ignacio Coliqueo. Organización política y económica.
Propuesta para una reglamentación del art.75 inc.17 C.N.
Alumnas: Natalia Sabrina Sulcich (DNI 26.539.566) Romina Soledad Cavallo (DNI 26.443.345)
1. Ley 23.302- Art.75 Inc. 17 Constitución Nacional
2. Distinción entre concepto de pueblo y comunidad. Distinción entre los dos reconocimientos del articulo 75 inc.17.
3. Criterio de adjudicación de tierras.
4. Propuestas de modificaciones e innovaciones en nuestra legislación.
5. Puntos en común entre las entidades autárquicas del actual art.33 c.c. y las entidades autárquicas no estatales propuestas en este trabajo.
6. Comunidad de DON MARCELINO ADOLFO CAYUQUEO, Los Toldos, Pcia. de Buenos Aires.
Propiedad de las tierras que habitan.
Este trabajo esta orientado a crear una ley reglamentaria del art.75 inc.17 de la Constitución Nacional para lograr que realmente sea operativo, focalizando en el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y el reconocimiento de la personería jurídica de las comunidades del pueblo. Para ello analizamos la Ley 23.302 sobre Política Indígena comparándola con este inciso en los siguientes puntos:
Distinción entre los conceptos "Comunidad" y "Pueblo" utilizados por estas normativas y el criterio de adjudicación de tierras establecido en cada una.
Luego analizaremos los alcances de la palabra "reconocimiento" empleada en el primer y segundo párrafo del art.75 inc.17 C.N.
Continuaremos con el tema elegido puntualmente en este trabajo: Propuesta de modificaciones a nuestro ordenamiento jurídico y la creación de una nueva figura denominada "entidad autárquica no estatal". Para esto nos basamos en una institución vigente en nuestro derecho positivo: Entidades autárquicas. Esta elección no fue arbitraria, lo que rescatamos esencialmente de ella es la posibilidad de autogobernarse y autoadministrarse, respetando de esta manera los usos y costumbres de los pueblos indígenas sin necesidad de que tengan que adaptarse a una figura de nuestro derecho que les es totalmente ajena y hasta perjudicial.
La información utilizada para este modelo de reglamentación que inventamos, es la brindada en una entrevista mantenida con Don Marcelino Adolfo Cayuqueo, Presidente del Gran Parlamento Indígena Nacional, perteneciente a la Comunidad denominada Ignacio Coliqueo, ubicada en Los Toldos, Pcia. de Buenos Aires, de la cual destacamos puntos importantes. Dicha entrevista se basó exclusivamente en dos puntos que consideramos interesantes para desarrollar: Organización política y económica.
La Ley 23.302 sobre Política Indígena y de Apoyo a las Comunidades Indígenas fue el punto de partida del art.75 inc.17 de la Constitución Nacional, esta ley habla de Comunidades Indígenas definiéndolas como los conjuntos de familias que se reconozcan como tales por el hecho de descender de población que habitaba el territorio nacional en la época de la conquista o colonización e indígenas o indios a los miembros de dicha comunidad.
Les reconoce personería jurídica, la cual se adquiere mediante la inscripción en el Registro de la Comunidad Indígena y se puede extinguir a través de su cancelación. En cuya virtud se creó el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que es un órgano que maneja las cuestiones políticas del Estado Nacional y los ciudadanos Indígenas, actualmente dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación.
En el tercer artículo se enumeran los requisitos necesarios para la inscripción en el Registro, a saber:
§ Nombre y domicilio de la comunidad.
§ Miembros que la integran.
§ Su actividad principal.
§ Pautas de su organización.
§ Datos y antecedentes que puedan servir para acreditar su preexistencia o reagrupamiento.
§ Demás datos que requiera el INAI.
En base a estos requisitos el INAI otorgará o rechazará la inscripción, y esta puede cancelarse cuando no se encuentren presentes dichas condiciones.
Con respecto a las relaciones entre los miembros de la comunidad indígena con personalidad jurídica reconocida, el art.4 dispone que se regirán de acuerdo a las leyes de cooperativas, mutualidades u otras formas de asociación que podamos encontrar en nuestro ordenamiento jurídico vigente.
De conformidad con lo manifestado en uno de los considerandos de la Resolución SDS 4811/98 (reglamentaria del art.75 inc. 17 C.N.) creemos que esta imposición de formas asociativas ajenas a la cultura indígena y a su propia forma de asociación no parece respetar la identidad histórica de dichas comunidades.
Esta ley crea un criterio de atribución de tierras. Dispone la adjudicación en propiedad de tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal a las comunidades indígenas existentes en el país, debidamente inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, llevado adelante por el INAI. Estas tierras deben estar situadas en el lugar donde habita la comunidad o en las zonas más aptas para su desarrollo.
Una característica importante que luego desarrollaremos es que esta adjudicación se hará prefiriendo a las comunidades que carezcan de tierras o las tengan insuficientes; también podrá hacerse en propiedad individual.
El INAI es el encargado de elaborar planes de adjudicación y explotación de las tierras, de educación y salud.
Esta ley también establece que si fuese necesario el INAI propondrá la expropiación de tierras de propiedad privada al Poder Ejecutivo. Es importante destacar que las tierras adjudicadas deberán destinarse a la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, en cualquiera de sus especialidades y los adjudicatarios además de estar obligados a radicarse en las tierras asignadas y trabajarlas personalmente los integrantes de la sociedad o el adjudicatario individual con la colaboración del grupo familiar, tiene la prohibición de vender, arrendar o transferir bajo ningún concepto o forma sus derechos sobre la unidad adjudicada, ni subdividir o anexar las parcelas sin autorización del INAI; en caso contrario los actos jurídicos realizados serán nulos.
En caso de extinción de la comunidad o cancelación de su inscripción las tierras adjudicadas pasarán a la Nación, a la provincia o al municipio correspondiente.
Una de las principales críticas que se le podrían hacer a esta ley es que es una ley de política de estado y no de derechos indígenas, porque lo que propone es: Primero que la comunidad indígena se adapte a una forma legal totalmente extraña a ella y en segundo lugar el criterio de adjudicación de tierras no se basa en un criterio de identidad sino asistencial ya que le dá preferencia a las comunidades o individuos que carezcan de tierras o las tengan insuficientes. Parece que es una ley para pobres e indigentes y no para indígenas. Hemos dicho que no se basa en un criterio de identidad porque no establece ninguna pauta para identificar quien es indígena, lo cual da lugar a la discrecionalidad por parte del Estado. Pensamos que es cada pueblo el que debe establecer cual es su identidad.
Con la reforma constitucional del año 1994, la Ley 23.302 ha quedado superada por su rango inferior a la Constitución Nacional y además por el hecho de ser anterior a la misma, el artículo 75 inc.17 dispone que es atribución del Congreso: "Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones".
Haciendo una comparación entre estas dos normativas, la primera distinción que encontramos es que la C.N. ha reconocido a los pueblos indígenas como sujetos de derecho por el solo hecho de existir como tales, en cambio en la ley 23302, la comunidad tenía que estar inscripta para ser reconocida como sujeto de derecho.
El término comunidad se apoyaba en la figura de la asociación sin fines de lucro. En cambio el artículo 75, inc. 17, marca un reconocimiento. No apunta a reconocer una personalidad jurídica de carácter privado, que cualquier conjunto de personas puede obtener dirigiéndose a la IGJ e inscribiéndose por un plazo determinado. El inc. 17 le reconoce a los pueblos indígenas preexistentes un carácter de sujeto de derecho público.
No son una simple asociación civil, fundación o corporativa. Dicho inciso no solo reconoce la personalidad jurídica del pueblo, sino que además manda a reconocer y hasta crear una estructura jurídica que reconozca la personería de las comunidades. Al referirse a la palabra "sus" comunidades, se está refiriendo a que dichas comunidades pertenecen al pueblo, es decir que las coloca como organizaciones intermedias entre el pueblo y los individuos, sería una pirámide social, política y jurídica. A su vez el reconocimiento de esta personería indica que tampoco va a ser una estructura del tipo de sociedades o corporativas, sino una estructura propia de acuerdo a sus usos y costumbres.
Este reconocimiento permite que las comunidades puedan tener relaciones fuera del pueblo por propio derecho, es decir, sin necesidad de ser representadas por el pueblo, sería una suerte de autonomía respecto del pueblo, cuyas relaciones como sujeto de derecho serán eficientes, eficaces y oponibles.
En síntesis, el art.75, inc. 17, manda como atribución del Congreso, reconocer no solamente a los pueblos sino también la personería jurídica de sus comunidades.
También es importante destacar el significado de la palabra reconocimiento de la preexistencia del pueblo del primer párrafo, y el reconocimiento referido a la personería del segundo párrafo.
Cuando se habla de personería aludimos a una comunidad que se puede crear, la comunidad es distinta al pueblo porque éste es preexistente a la formación del Estado Nacional (1853), en cambio la comunidad se crea porque es algo actual, dinámico, en base a la población que tenga, es una forma de organización interna del pueblo, son nucleamientos políticos, económicos, familiares y sociales. Y lo que se intenta a través de esta personería es que estas comunidades puedan tener a partir del reconocimiento, la posibilidad de entablar relaciones jurídicas eficaces, oponibles, válidas, directamente y sin necesidad de pasar por la estructura orgánica de su pueblo.
La base de atribución de tierras para la C.N es la identidad, en cambio para la ley 23302, sería la inscripción registral como persona jurídica de carácter privado, entonces, mientras para la C.N. la identidad no se perdería nunca, para la ley 23302, la personería podría desaparecer con la cancelación de la inscripción de la figura asociativa.
Pasamos a analizar por qué se desprende implícitamente de la redacción del inc.17 que los pueblos indígenas tienen carácter público y no privado (como proponía la ley 23302):
Son personas de carácter público no estatal, y se las considera imprescindibles y constituyentes por ser los cimientos culturales sociales y políticos sobre los cuales se crea el Estado Argentino, es decir, hacen a la existencia misma del Estado Nacional porque si este sujeto público (pueblos indígenas) no hubiera existido el Estado Nacional tampoco. En síntesis, son preexistentes a la creación del Estado Nacional, y es por esta razón que los debemos reconocer como tales.
Otra de las razones por las cuales son personas jurídicas de carácter público es que simplemente no hacía falta la aclaración en el inc. 17, porque en el art. 14 C.N. se le reconoce a todos los habitantes de la Nación el derecho de asociarse con fines útiles, entonces el inc. 17 implica que se les reconozca el carácter público. Esto daría lugar a que se amplíe el art. 33 del Código Civil incorporando como un inciso más a esta clase de personas jurídicas de carácter público no estatal.
La consecuencia directa del hecho de ser de carácter público es que el patrimonio que tienen lo administran para el Estado, es decir, responden a los intereses del conjunto, lo hacen en función y beneficio de todos los miembros de la sociedad, no hay propiedad privada. La otra consecuencia es que al ser de carácter público pasan a formar parte del Presupuesto Nacional.
Los pueblos indígenas ejercen la propiedad sobre bienes de carácter público. A estos bienes sólo pueden administrarlos y no podrán ser enajenados trasmitidos ni susceptibles de gravámenes ni embargos. Las tierras que tienen solo pueden explotarlas, en interés del pueblo que las posee.
La propiedad comunitaria desprendida de la C.N. es de carácter público no estatal, "de provecho colectivo", y otorga a todo individuo indígena el derecho a habitar las tierras tradicionales de acuerdo a sus usos y costumbres, o compartir los beneficios que de ellas se obtengan. La norma constitucional se refiere a los pueblos indígenas ya que a ellos es a los que les garantiza la entrega de tierras -el reconocimiento de la propiedad y la posesión de tierras-, el manejo de sus recursos naturales y la injerencia en la gestión de sus intereses. Por lo tanto es la C.N. la que pone en los pueblos y no en las comunidades (unidades internas) a la propiedad.
En cambio en la ley 23.302 la propiedad es cooperativa o individual y depende de una inclusión registral. Solo podían aspirar a estas tierras aquellas comunidades que como simples asociaciones o agrupaciones se inscribieran.
Además ser sujeto de derecho privado implica gestionar el patrimonio en su propio interés.
Por lo tanto cuando la C.N. utiliza como elemento para el reconocimiento de derechos la identidad está superando a la ley 23302 que reconocía al registro. En la ley 23302 todo dependía de un registro, de un acto administrativo, mientras que con la C.N. todo gira en torno a la identidad.
El gran problema es que no hay un criterio para establecer la identidad de cada pueblo, lo óptimo sería que cada pueblo determine de qué modo internamente va a establecer la forma de pertenencia y las responsabilidades (no sólo los derechos y beneficios), sin que sea alguien ajeno el que lo haga. El inc. 17 si bien reconoce la preexistencia de los pueblos y su identidad, dicho reconocimiento es abstracto porque lo correcto sería que especifique los nombres de los pueblos. Para ello sería necesario reglamentar el inc. 17 a los fines de hacerlo operativo, a través de una ley que establezca los mecanismos para que cada pueblo manifieste y de a conocer cuál es su criterio de pertenencia o identidad. Una vez logrado esto, el paso siguiente sería el reconocimiento de cada pueblo en particular como personas jurídicas de carácter público no estatal.
Si bien existe la Resolución 4811/98 que reglamenta el art. 75, inc.17 creemos que tiene la misma deficiencia que la ley 23302, en el sentido que no establece un criterio de identidad ni tampoco manda a enumerar los pueblos indígenas en particular. Por eso es necesario una reglamentación más acorde y completa para llevar a cabo los objetivos que se propone el art. 75, inc. 17, facultad concurrente del Estado Nacional y Provincial. Proponerla es uno de los desafíos que se plantea este trabajo.
Una vez analizados los instrumentos legales aplicables al caso trataremos de delinear una nueva forma o institución jurídica de carácter público no estatal que intente adaptarse a la organización del pueblo Mapuche, tratando de no alterar sus costumbres, tomando como base el régimen de las entidades autárquicas, pero con modificaciones importantes.
En nuestro ordenamiento legal las entidades autárquicas se encuentran consagradas en el art. 33 del Código Civil como una persona jurídica pública de carácter estatal, ya que pertenece a la organización administrativa descentralizada. Tienen la facultad de autoadministrarse y autogobernarse, pero siempre hacia adentro, nunca pueden ejercer actos de gobierno hacia afuera. Para relacionarse con otras personas lo hacen a través de un representante.
§ Personalidad jurídica propia
§ Substractum económico financiero que permita la constitución de un patrimonio estatal de afectación a fines determinados
§ Cumplimiento de una finalidad específicamente estatal, no industrial o comercial.
Pueden ser creadas tanto por ley como por decreto del Poder Ejecutivo, por tratarse de facultades concurrentes.
Se les aplica las normas de la L.P.A directamente. Como consecuencia de su encuadramiento en la organización administrativa debe respetar las disposiciones emanadas del poder ejecutivo. Sus actos y contratos son administrativos. La relación que vincula al personal con la entidad autárquica es la de empleado o función pública. Sus empleados son públicos. Pueden ser titulares de bienes del dominio público. No existe posibilidad de quiebra.
Aquí presentaremos un modelo de entidades autárquicas no estatales, aplicable exclusivamente al pueblo Mapuche, estando sujeto a las modificaciones que ellos quieran introducir. Este modelo podría ser tomado como base para otros pueblos, siempre teniendo en cuenta la organización político jurídica de cada uno.
Para ello sería conveniente modificar nuestra legislación de la siguiente manera:
Art. 33 Código Civil: "Las personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado.
§ El Estado nacional, las provincias y los municipios
§ Las entidades autárquicas
§ La Iglesia Católica
§ Entidades autárquicas no estatales…"
Art. 75, inc. 17 C.N.: "Corresponde al Congreso reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, a saber: Mapuches…"
Hay que dejar bien en claro que el modelo que pasaremos a proponer es al solo efecto de que el Estado reconozca sus derechos y que los demás habitantes de la Nación puedan conocer su organización política y económica, primeramente para respetarla y también para relacionarse con esa comunidad, logrando un intercambio sociocultural. La propuesta no modificaría en nada su organización interna debido a que está basada precisamente en sus usos y costumbres. Además es sumamente flexible en el sentido de que cada comunidad Mapuche puede modificarla de acuerdo a su criterio, es importante que el Lonko o cacique de cada comunidad haga saber al órgano de aplicación (INAI) las modificaciones que quieran introducir y que dicho órgano las comunique al resto de los habitantes.
De esta manera lograremos plasmar sus propias leyes que se transmiten en forma oral, con lo cual se evitarían potenciales conflictos que se pueden llegar a suscitar de manera involuntaria y por el solo hecho de desconocerlas. Saber como están organizados es un buen punto de partida para que el Congreso Nacional reconozca a los pueblos Indígenas, en este caso al Mapuche.
Esta es la propuesta que materializaría el desafío que nos planteamos al realizar este trabajo. Sería una suerte de reglamentación del art.75 inc.17 de la C.N. para que cada pueblo dé a conocer su forma de adquirir la identidad, organización política y económica, tomando como base en este caso la organización de la Comunidad denominada Ignacio Coliqueo.
Es fundamental para poder llevar a cabo esta reglamentación que el INAI adopte una actitud activa acercándose a todos y cada uno de los pueblos indígenas que habitan el suelo argentino comunicándoles esta propuesta y recolectando toda la información necesaria, para así poder ser plasmada en una Ley Nacional que adoptaría este modelo:
PARTE I: DENOMINACION
Art.1°. El Pueblo Mapuche es considerado una entidad autárquica no estatal a los fines de esta ley. No pertenece a la Administración Pública. Tiene la facultad de autogobernarse y autoadministrarse.
El Estado Nacional no tendrá poder de control alguno sobre la misma.
PARTE II: DE LA IDENTIDAD
Art. 2°. Adquisición.
La identidad se adquiere por ser hijo de un hombre Mapuche, es decir, se hereda sólo por parte paterna. También se adquiere por hablar la lengua Mapuche. [1]
Art.3°. Pérdida.
No se pierde por cometer alguna falta grave o irse de la comunidad. Sólo por causas externas a ellos, como ser prohibirles hablar su lengua.
PARTE III: DE LAS AUTORIDADES.
Art. 4°. La estructura jerárquica de poder en cada comunidad es:
§ Lonko (cabeza) o cacique
§ Konas
§ Capitanejos
§ Caciquillos
A) FUNCIONES Y REQUISITOS.
Art.5°. Lonko o cacique.
Es la principal autoridad dentro de la comunidad. Tiene a su cargo la toma de todas las decisiones y la representación de la misma. Es quien imparte justicia entre los miembros de la comunidad.
Los requisitos que debe reunir principalmente son: Conocer todas las leyes -las cuales no son escritas- y referidas a temas espirituales, historia del pueblo, saber lo recomendado por las familias, respetar todas las cosas del espacio, la naturaleza y todos los seres vivientes. Básicamente tiene que tener el aval de la comunidad.
Art.6°. Konas.
Son cuatro consejeros del Lonko y cada uno tiene a su cargo una función distinta. Para ello deben tener conocimientos específicos:
6.1 Agricultura, siembra y ganadería: Debe conocer los tiempos de la siembra, la lluvia y la sequía. También la velocidad del viento.
6.2 Medicina.
6.3 Parte social: Su actividad principal es atender a las mujeres, a los niños y a los ancianos. A las mujeres porque son las que llevan la organización de la casa y aconsejan a los hombres. Los ancianos representan y enseñan el pasado de la tribu a los niños. Los niños representan el futuro de la tribu. También tienen asignada la tarea de comercializar los productos hechos por los artesanos y el intercambio de bienes con otras comunidades.
6.4 Guerra: Tiene que conocer los cuatro puntos cardinales. Comparte la función de dirigir la guerra junto con los capitanejos y de dirigir y entrenar a los guerreros.
Tienen funciones de juzgamiento en el caso que alguna autoridad haya cometido alguna falta grave. Cada kona tiene la función de ir preparando dos o tres hombres para el caso de que alguno de ellos se enferme o tenga que dejar el cargo. Entrena a cualquier miembro de la comunidad que él considere que está capacitado para ejercer las funciones del área en la cual se desempeña mejor. (Por ej.: Caza, siembra, guerra, etc.)
Art.7°. Capitanejos.
Su principal función es la de dirigir la guerra junto con el kona y de preparar a los soldados, mantener las caballerizas y todo lo concerniente a la guerra. También tiene funciones de juzgamiento en el caso que sea necesario juzgar a alguna autoridad. La cantidad de capitanejos depende de la cantidad de gente que habite en la comunidad. Se estima que hay un capitanejo cada 100 personas.
Art.8°. Caciquillos.
Cada uno tiene asignada una zona y deben poner al tanto a las autoridades de los problemas que se susciten en ella, como ser enfermedades, falta de medicamentos, alimentos, etc. A su vez, cada uno tiene asignado un trabajo, ya sea caza, pesca, industria de metales, siembra y otros.
En nivel jerárquico luego de los caciquillos se encuentra el Pueblo.
B) FORMAS DE ELECCION.
Art.9°. Lonko.
El cargo se sucede por dinastía, por lazos de sangre, y puede ser ejercido tanto por hombres como por mujeres.[2] El cargo es vitalicio.
Sólo se elige a otro lonko en el caso que haya sido destituido del cargo por haber cometido una falta grave. En este caso es elegido por el voto de la comunidad reunida en Parlamento (asamblea).[3]
Para que sea electo basta con una mayoría simple de los votos. Es requisito para votar ser mayor de catorce años.
Art. 10°. Konas. Capitanejos. Caciquillos.
Son elegidos por el Lonko, de acuerdo a sus capacidades y conocimientos específicos.
C) PARLAMENTO Y GRAN PARLAMENTO
Art. 11°. Parlamento.
Existe un Parlamento (asamblea) anual en el cual se reúnen todos los miembros de la comunidad con las autoridades. Se plantean todos los problemas sociales existentes y se proponen las cuestiones que se quieren llevar a cabo. Sin perjuicio de esto, si durante el transcurso del año se presenta algún problema grave, también se dá a conocer a las autoridades y se convoca un Parlamento extraordinario.
Los encargados de convocar el Parlamento son los konas.
Art. 12°. Gran Parlamento.
Cada dos o tres años se reúnen todas las comunidades o tribus del país, para los mismos fines que se convoca el parlamento anual, pero a nivel general. Previo a esto hay una reunión de Lonkos donde eligen al Lonko General, quien es el encargado de dirigir el Gran Parlamento.
D) DESTITUCION DEL CARGO. FALTAS GRAVES. PROCEDIMIENTO.
Art.13°. Lonko.
Para ser destituido del cargo debe haber cometido alguna falta grave, a saber: No atender los reclamos de la comunidad, no hacer las reuniones (asambleas) como corresponde, descuidar enfermos, ancianos, mujeres y/o niños, haber quedado alguna familia abandonada, sin alimento y el Lonko a sabiendas no haberse encargado de ella.[4]
El procedimiento es a través de un juzgamiento en público, en el cual los cuatro konas y los capitanejos deben estar de acuerdo para hacerlo. Los miembros de la comunidad exponen los motivos por los cuales desean destituirlo, si los konas consideran las acusaciones ciertas y existe evidencia suficiente para aseverar que son verídicas entonces es juzgado y es la comunidad la que decide si debe abandonar su cargo. En caso afirmativo se elegirá nuevo Lonko, quien en este caso podría ser hijo del Lonko destituido o se elige por voto de la mayoría simple.
El Lonko destituido sigue perteneciendo a la comunidad, sólo pierde el cargo que ocupaba.
Art. 14°. Konas.
Son destituidos por decisión del Lonko con apoyo de la tribu, si el resto de la comunidad no está de acuerdo con su destitución continúa en el cargo.
Art. 15°. Capitanejos y Caciquillos.
Son destituidos por decisión del Lonko.
PARTE IV: DE LA ECONOMIA.
Art. 16°. Actividades.
Son cazadores y recolectores. También se dedican a la agricultura y ganadería, cría de animales menores como guanaco, avestruz, llama y vicuña. De estos utilizan su leche, lana y carne. Estas tareas son realizadas por hombres y mujeres, exceptuando la caza que es reservada sólo para los hombres.[5]
Existe un grupo de artesanos dedicados a las labores manuales, confección de telares, hilandería y artesanías en metal, la mayoría de estas labores son realizadas por mujeres.
También intercambian bienes con otras comunidades.[6]
Art. 17°. Forma de distribución de lo obtenido con las actividades.
El animal cazado se divide en partes iguales, y cada uno se lleva una parte para su familia, la cantidad a llevarse depende de la cantidad de miembros que compongan la familia. Si algún hombre no fue a cazar por estar enfermo se le asigna la misma proporción que si hubiera estado presente. Una parte es reservada para el Lonko y su familia.
Los konas es el encargado de hacer esta repartición.
Art. 18°. Tareas asignadas a las mujeres.
Siembra, tejidos, alfarería, hilandería, confección de vestimenta. La principal es mantener la casa y educar a los hijos. Tienen un rol muy importante de aconsejar a los hombres. Si es necesario también van a la guerra, dejando a los hijos con sus abuelos maternos o paternos indistintamente.
Ninguna mujer puede quedar sola, si una mujer queda viuda cualquier hombre en condiciones de mantenerla está obligado a hacerlo, si no existe ninguno es el cacique el que debe tomar a su cargo esta obligación.
Art. 19° Tareas asignadas a los hombres.
Ir a la guerra, trabajar para traer cosas a la casa. Ancestralmente están en una situación de poder con respecto a las mujeres, debido a su rol de cazadores.
Finalizada la reglamentación propuesta debemos aclarar que no fueron abarcados todos los aspectos que hacen a la vida de la comunidad, por ejemplo: organización familiar, educación, tipos de ofensas, etc., cuya reglamentación es sumamente importante que este incluida en la misma.
Con respecto a la forma de relacionarse entre los miembros de una comunidad indígena, a partir de la reforma de nuestra constitución, las deberán regirse por aquellas pautas de orden histórico, cultural y asociativa que las mismas comunidades entiendan que es la que mejor tiende a la defensa de todos aquellos intereses que los afectan. Cualquier otro criterio implicaría no respetar el art. 75, inc. 17, esto ocurre cuando el art. 4 de la ley 23302 dispone que las relaciones entre los miembros de las comunidades indígenas con personería jurídica reconocida se regirán de acuerdo a las disposiciones de las leyes cooperativas, mutualidades u otras formas de asociación contempladas en la legislación. Como hemos dicho anteriormente la mencionada ley ha quedado ampliamente superada por la C.N.
1. El principal punto en común sería la facultad que posee el pueblo Mapuche de autogobernarse y autoadministrarse.
2. Se relacionan hacia afuera a través de un representante que es el Lonko.
3. Con respecto al tema económico, están incluidas en el Presupuesto Nacional en carácter resarcitorio.
4. Tienen personalidad jurídica propia otorgada por el primer párrafo del art. 75, inc 17.
6. Otros datos importantes sobre la comunidad a la cual pertenece DON MARCELINO ADOLFO CAYUQUEO, ubicada en Los Toldos, Pcia. de Buenos Aires.
Si bien la propiedad de las tierras para nuestro derecho es comunitaria, la comunidad internamente la considera propiedad privada debido a que en el año 1865 aproximadamente el cacique asignó a cada familia un porción de tierra, para habitar y sembrar, estas porciones de tierra fueron alambradas por ellos para no permitir el acceso a personas ajenas a la familia.
La casa donde habitan se denomina RUKA, hoy día son de material, pero también pueden ser de barro con techo de paja.
Según lo informado por el Sr. Cayuqueo no existen clases sociales dentro de la comunidad. Sin embargo la familia del Lonko y de los konas tienen una serie de privilegios debido a su autoridad dentro de la comunidad. Lo que ellos necesiten se los dá la comunidad, tienen predilección, por ejemplo si necesitan algún animal. Entre los miembros de la tribu todos tienen los mismos bienes.
Creemos entonces que si hay una suerte clase social privilegiada, que es la que accede al poder.
Desde el año 1871 hasta 1945 estuvieron fuera del panorama nacional. Durante el primer gobierno de Perón se dictó el decreto N° 9658 de fecha 7 de mayo de 1945, el cual establecía que debían respetarse las tierras ocupadas o plantadas por aborígenes cualquiera fuera el título de propiedad. De esta manera se los deja de considerar inmigrantes, pasando a formar parte del panorama nacional, ya que anteriormente a este decreto debían hacer cualquier tipo de trámite en Migraciones.
Luego de haber desarrollado el tema no nos queda ninguna duda acerca de que realmente hace falta una reglamentación del art.75 inc.17, porque a pesar de que algunos doctrinarios sostengan que es operativo observamos que esto no es así, sólo basta remitirse al hecho de que hace ya nueve años que este inciso existe en la Constitución Nacional y no sólo es ignorado por la mayoría de la población sino por los mismos autores de la reforma. Y lo que es más preocupante aún, por el Estado Nacional, que no tiene dimensión de lo que los pueblos indígenas representan como pilares básicos de esta Nación, por ende tampoco los derechos que les pertenecen como ciudadanos argentinos. Por estas razones elegimos elaborar un modelo de reglamentación del art.75 inc.17., ya que los instrumentos existentes resultan insuficientes para la aplicación concreta de este inciso.
§ Clases dictadas por la Dra. Teodora Zamudio en la cátedra de Derecho de los Pueblos Indígenas, UBA, primer bimestre año 2003.
§ Información suministrada por la Cátedra a trvés de la página de internet www.indigenas.bioetica.org.
§ Entrevista realizada con fecha 22/04/03 a Don Marcelino Adolfo Cayuqueo, Presidente del Gran Parlamento Indígena Nacional, perteneciente a la comunidad Mapuche de Ignacio Coliqueo, ubicada en Los Toldos, Pcia. de Buenos Aires.
§ Versión taquigráfica de la Cámara de Senadores de la Nación. Reunión de la Comisión de Población y Desarrollo celebrada el día 14/11/02.
§ Resolución SDS 4811/98.
§ Ley 23.302.
§ Juan Carlos Cassagne, "Derecho administrativo", Editorial Abeledo Perrot, Tomo I.
Agradecemos a Don Marcelino Cayuqueo por su buena predisposición y el tiempo que nos dedicó en la entrevista mantenida en su casa donde nos brindó todos sus conocimientos.
[1] El Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, que la Argentina ratificó por Ley N°24071 introduce un concepto rector en relación a este importante aspecto: La autodefinición. Su art.2 expresa que la conciencia de su identidad indígena o tribal, deberá considerarse un criterio fundamental para determinar a los grupos a los que se aplican las disposiciones del Convenio. Ello implica que subyace en la conciencia de la identidad indígena la adopción de formas asociativas que les sean propias y que mejor representen los intereses individuales y comunitarios de sus miembros.
[2] Hasta el siglo pasado no se permitía que el cargo de lonko sea ejercido por una mujer. Esto se modificó porque se reconoció que quien ocupe el cargo debe ser la persona que tenga más condiciones y apoyo de la tribu.
[3] Puede ser que cada familia proponga un candidato, y de todos los candidatos propuestos se elige uno.
[4] Esta enumeración no es taxativa, y queda a consideración de cada comunidad el criterio de falta grave.
[5] Con respecto a la caza, durante el día ven donde hay más cantidad de animales y luego salen en la noche y se organizan en forma de triángulo para converger todos en un mismo punto habiendo dirigido a los animales hacia ese mismo lugar.
[6] Antiguamente intercambiaban con los Querandíes que se encontraban en la actual Pcia. de Bs. As. sal, manzanas traídas del sur, o papaya y mango traídos del norte, también intercambiaban oro, plata y tejidos. Los konas se encargaban de este intercambio comercial.

References: Resolución 
 artículo 75
in fine
 artículo 75
 Resolución 
 Resolución