Source: https://e-justice.europa.eu/content_procedures_for_enforcing_a_judgment-52-bg-maximizeMS_EJN-es.do?member=1
Timestamp: 2019-07-16 22:23:22+00:00

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Procedimientos de ejecución de una sentencia - Bulgaria
La ejecución es la última etapa del proceso judicial. Consiste en la posibilidad de que un demandante a cuyo favor se ha dictado una resolución judicial solicite que el órgano ejecutor competente tome todas las medidas que entren en su ámbito de competencias y que estén prescritas por ley para satisfacer la demanda.
El derecho a la ejecución emana de la existencia de un crédito ejecutivo que no se ha satisfecho de manera voluntaria y de un título que permite la ejecución de ese crédito.
Entre las medidas de ejecución figuran:
el embargo de bienes inmuebles;
el inventario y la valoración de la propiedad inmobiliaria;
la venta de bienes inmuebles mediante subasta pública;
el embargo de la cuenta bancaria de un deudor;
el embargo de un vehículo;
la recuperación;
la incautación de bienes muebles;
la ejecución respecto de las acciones de una empresa;
la ejecución del deber de entregar a un niño;
la ejecución respecto de los bienes conyugales.
En Bulgaria, existen dos tipos de funcionarios ejecutores (agentes judiciales):
1. Agentes judiciales públicos;
2. Agentes judiciales privados.
El estatus de los agentes judiciales privados se rige por la Ley de ejecución privada [Zakon za chastnoto sadebno izpalnenie (ZChSI)]. Un agente judicial privado es, tal y como se define en el artículo 2 de dicha ley, un funcionario delegado por el Estado para ejecutar demandas privadas.
De conformidad con el artículo 404 del Código de Procedimiento Civil (Grazhdanski protsesualen kodeks), los procedimientos de ejecución se pueden iniciar por los motivos siguientes:
punto 1 — sentencias o resoluciones con fuerza de cosa juzgada; sentencias dictadas por tribunales de apelación; órdenes de ejecución; arreglos judiciales; sentencias o resoluciones ejecutivas o sentencias y resoluciones declaradas ejecutivas con antelación o inmediatamente; y sentencias dictadas por tribunales de arbitraje y arreglos aprobados por dichos tribunales;
punto 2 — sentencias, actos y arreglos judiciales dictados por órganos jurisdiccionales de fuera de Bulgaria, siempre que sean ejecutorios en Bulgaria sin necesidad de llevar a cabo ningún otro trámite;
punto 3 — sentencias, actos y arreglos judiciales dictados por órganos jurisdiccionales de fuera de Bulgaria y sentencias y arreglos dictados y aprobados por tribunales de arbitraje de fuera de Bulgaria que hayan sido declarados ejecutorios en Bulgaria.
De conformidad con el artículo 405 del Código de Procedimiento Civil, los mandamientos ejecutorios se dictan sobre la base de una solicitud escrita, sin necesidad de entregar una copia al deudor.
De acuerdo con el artículo 405, apartado 2, del Código de Procedimiento Civil, los órganos jurisdiccionales con competencias para tramitar las solicitudes presentadas son:
en los casos citados en el artículo 404, apartado 1, del Código de Procedimiento Civil, el juzgado de primera instancia que haya oído el caso o dictado la orden de ejecución y, cuando el acto sea inmediatamente ejecutorio, el órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución judicial o haya consignado la orden de ejecución;
en los casos previstos en el artículo 404, apartados 2 y 3, del Código de Procedimiento Civil, el órgano jurisdiccional competente para conceder la ejecución;
con respecto a las resoluciones judiciales dictadas por tribunales de arbitraje nacionales y los acuerdos aprobados por dichos tribunales en procedimientos de arbitraje, el Tribunal de la Ciudad de Sofía (Sofiyski Gradski Sad).
Hay un plazo de dos semanas para presentar recurso contra órdenes que concedan o denieguen una solicitud de mandamiento ejecutorio (artículo 407 del Código de Procedimiento Civil).
Con arreglo al Derecho búlgaro, puede presentar una solicitud de mandamiento ejecutorio una parte distinta al abogado, incluida la parte que solicita la ejecución o su representante. No hay que cumplir ningún requisito de registro especial para obtener el mandamiento ejecutorio.
Los costes de ejecución se establecen en las Tarifas de tasas y costas previstas en la Ley de ejecución privada (State Gazette (SG) n.º 35/2006).
Para poner en marcha un procedimiento de ejecución, la parte interesada debe solicitarlo por escrito ante un agente judicial público o privado, adjuntando un mandamiento ejecutorio u otro título ejecutivo. La solicitud debe especificar el método de ejecución preferido, que podrá modificarse durante el curso del procedimiento (artículo 426 del Código de Procedimiento Civil).
Las competencias de los agentes judiciales se rigen por el artículo 427 del Código de Procedimiento Civil.
El agente judicial debe emplazar por escrito al deudor a satisfacer voluntariamente la deuda en un plazo de dos semanas a partir de la fecha de recibo de dicha citación, documento en el que se advierte al deudor de que el incumplimiento de la deuda dará lugar a la adopción de medidas de ejecución. La citación debe especificar los embargos e incautaciones que se hayan impuesto y contener, adjunta, una copia de la sentencia ejecutoria. En el emplazamiento al acreedor para que satisfaga voluntariamente la deuda, el agente judicial deberá asimismo precisar la fecha en la que se levantará un inventario de los bienes y, cuando la ejecución vaya a tener por objeto bienes inmuebles, enviará un aviso de embargo a la administración del Registro de la Propiedad.
El agente judicial registrará toda medida que adopte o ejecute.
Cuando se modifique el método inicial de ejecución, el agente judicial deberá notificar esa modificación por escrito al deudor, conforme al artículo 428 del Código de Procedimiento Civil.
Si, cuando se inicie el procedimiento de ejecución, no se tiene constancia de la dirección permanente o actual del deudor, el juez de distrito, a petición del acreedor, debe nombrar un representante ad hoc del deudor (artículo 430 del Código de Procedimiento Civil).
Se pueden tomar medidas de ejecución contra los siguientes bienes del deudor:
ingresos derivados de bienes inmuebles, incluidos los ingresos por percepción de alquileres, etc.;
acciones y bonos emitidos por empresas comerciales;
elementos de los bienes muebles o inmuebles, incluidas las capitulaciones matrimoniales.
En virtud del artículo 442 del Código de Procedimiento Civil, un acreedor puede aplicar la ejecución contra cualquier cosa o cualesquiera activos del deudor.
En virtud del artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, no se pueden tomar medidas de ejecución contra los siguientes bienes:
objetos que el deudor y su familia utilicen en su vida cotidiana, según se especifica en una lista adoptada por el Consejo de Ministros (Ministerski savet);
la comida necesaria para alimentar al deudor y a su familia durante un mes o, en el caso de los campesinos, hasta la nueva cosecha, o su equivalente en productos agrícolas;
el combustible necesario para el uso de la calefacción, la cocina y la iluminación durante tres meses;
la maquinaria y los aparatos que un deudor necesite para poder seguir ejerciendo su oficio o profesión;
parte de los terrenos propiedad del deudor (hasta 0,5 ha de viñedos y otros campos de cultivo y hasta 3 ha de campos de uso general, junto con la maquinaria y las herramientas, fertilizantes, productos fitosanitarios y semillas destinados a la siembra durante un periodo de un año);
en el caso de los ganaderos, el ganado necesario para trabajar, en particular, dos cabezas de ganado de tiro, una vaca, cinco cabezas de ovejas y cabras, diez colmenas y aves de corral, además del pienso necesario para alimentarlos hasta la próxima cosecha o hasta que se les saque a pastar;
la vivienda propiedad del deudor, en caso de que el deudor y su familia no tengan otra vivienda, con independencia de si el deudor reside ahí. Si la vivienda sobrepasa las necesidades de alojamiento del deudor y su familia en virtud de lo que se especifica en un reglamento específico adoptado por el Consejo de Ministros, se venderá una parte de dicha vivienda, siempre y cuando se cumplan las condicionas establecidas en el artículo 39, apartado 2, de la Ley de propiedad (Zakon za sobstvenostta);
otros objetos y activos protegidos por ley contra la ejecución.
Cuando se cite al deudor para satisfacer la deuda de forma voluntaria, el agente judicial también debe indicar la fecha en la que se elaborará el inventario y, cuando la ejecución afecte a bienes inmuebles, debe enviar el aviso de incautación al Registro de la Propiedad.
El embargo de bienes muebles o de un crédito se impone tras la elaboración de un inventario.
El embargo y la incautación tienen los efectos siguientes con respecto al deudor:
Desde el momento de su imposición, el deudor no puede disponer de los activos o bienes (muebles o inmuebles) ni alterar, dañar o destruir dichos bienes, bajo pena de sanciones penales. Estos efectos se aplicarán a partir de la fecha de notificación de la citación para saldar la deuda de forma voluntaria.
El embargo o la incautación tendrán los siguiente efectos con respecto al acreedor:
En virtud del artículo 452, apartado 1, del Código de Procedimiento Civil, cualquier enajenación de los bienes muebles o activos embargados se considera inválida con respecto al acreedor y cualquier coacreedor, salvo que el beneficiario pueda acogerse al artículo 78 de la Ley de propiedad. Esta disposición estipula que una parte que compre bienes muebles o títulos al portador de manera legal, aunque los compre sin saberlo de alguien que no sea el propietario, adquiere la propiedad, salvo que la transmisión de propiedad requiera una escritura pública o certificación notarial de las firmas de las partes de la transacción. Se aplica la misma norma a la adquisición de otros derechos reales sobre bienes muebles.
Cuando se tomen medidas de ejecución contra bienes inmuebles, la invalidez únicamente tendrá efecto con respecto a las transmisiones de acciones llevadas a cabo después de la fecha de registro del embargo preventivo (artículo 452, apartado 2, del Código de Procedimiento Civil).
La ley no establece ningún límite de tiempo para la validez de estas medidas. Están pensadas para satisfacer el crédito del acreedor, de modo que son válidas hasta que acaban los procedimientos de ejecución.
En los apartados I y II del capítulo 39 del Código de Procedimiento Civil se establecen los recursos disponibles en un proceso de ejecución.
Pueden interponer recursos contra medidas coercitivas, incluidas las medidas de ejecución individuales, las partes siguientes:
Un acreedor puede interponer un recurso contra la negativa del agente judicial a llevar a cabo las medidas de ejecución específicas, así como la suspensión y la cesación de la ejeución.
Un deudor puede apelar contra una orden dictada por un ejecutor judicial en la que le imponga una multa que pretenda cobrar con bienes que el deudor considera exentos. También puede apelar contra el embargo de bienes muebles o la expulsión del deudor de bienes inmuebles alegando que el agente judicial no lo notificó debidamente. Por último, el deudor puede apelar contra los requerimientos de pago de las costas.
Un tercero (o sea, ninguna de las partes del procedimiento de ejecución) puede interponer un recurso contra las medidas adoptadas por el agente judicial únicamente cuando la ejecución afecte a bienes en su posesión en la fecha del embargo, incautación o entrega.
Un tercero puede interponer un recurso contra la recuperación de bienes inmuebles únicamente si esos bienes eran propiedad de ese tercero antes de que se presentara la demanda que se está ejecutando (artículo 435 del Código de Procedimiento Civil).
Cuando se celebre una subasta pública, podrán apelar la orden en la que se adjudiquen los bienes la parte que haya pagado un depósito antes del último día de la subasta, el acreedor que haya hecho una oferta en la subasta sin tener que pagar un depósito o el deudor, sobre la base de que la subasta no se realizó conforme a la ley o que los bienes no se adjudicaron al licitador más alto.
Según lo que dispone el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil, el plazo para presentar un recurso es de una semana a contar desde la fecha de la actuación impugnada en el caso de que la parte estuviera presente en la actuación o se la hubiera citado. En el resto de casos, el plazo es de una semana a contar desde la fecha de la notificación. Los recursos se presentarán a través del agente judicial ante el juzgado provincial con competencias en el lugar de ejecución. Cuando se interponga recurso, el agente judicial deberá indicar los motivos por los que se adoptaron las medidas impugnadas.
Estos recursos se examinan en sesión cerrada, excepto los interpuestos por terceros, que se examinan en una sesión pública a la que se convoca a todas las partes del procedimiento de ejecución. Los recursos deben resolverse en el plazo de un mes.
Los recursos no suspenden por sí mismos los procedimientos de ejecución, pero el órgano jurisdiccional puede decidir suspender aquellos procedimientos que estén pendientes de resolución sobre los motivos invocados en el recurso. Si los procedimientos se suspenden, se informará al agente judicial al respecto sin demora (artículo 438 del Código de Procedimiento Civil).
El artículo 432 del Código de Procedimiento Civil establece diferentes supuestos en los que un órgano jurisdiccional puede suspender los procedimientos de ejecución de forma lícita a propuesta del acreedor.

References: resolución 
 artículo 2
 artículo 404
 artículo 405
 artículo 405
 artículo 404
 resolución 
 artículo 404
 artículo 427
 artículo 428
 artículo 442
 artículo 444
 artículo 39
 artículo 452
 artículo 78
 artículo 436
 resolución 
 artículo 432