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Blog | Alejandria Gestión
19 julio, 2012Leave a reply
LEY 29/94 DE ARRENDAMIENTOS URBANOS 24 Noviembre 1994 BOE núm 282 de 25 Noviembre de 1994
Ley 13/1996, de 30-12-1996 (BOE de 31/12/96)
Ley 50/1998, de 30-12-1998 (BOE de 31/12/98)
Ley 55/1999, de 29-12-1999 (BOE de 30/12/99)
Ley 1/2000, de 7-01-2000 (BOE de 8/01/00)
Ley 39/2010, de 22-12-2010 (BOE de 23/12/10)
El establecimiento de un plazo de duración limitado permite mitigar el impacto que el instituto de las subrogaciones pudiera tener sobre el equilibrio de las prestaciones. En la medida en que el derecho de las personas subrogadas a continuar en el uso de la vivienda arrendada sólo se mantiene hasta la terminación del plazo contractual, no existe inconveniente en mantener dicho derecho en el ámbito “mortis causa” a favor de aquellas personas con vinculación directa con el arrendatario. Destaca como novedad el reconocimiento de este derecho al conviviente “more uxorio”.
En relación con las subrogaciones ínter vivos, sólo se reconoce su existencia previo consentimiento escrito del arrendador. Al mismo tiempo, se introduce una novedad en casos de resoluciones judiciales que, en procesos de nulidad, separación o divorcio, asignen la vivienda al cónyuge no titular. En estos casos, se reconoce “ex lege” a dicho cónyuge el derecho a continuar en el uso de la vivienda arrendada por el tiempo que reste del contrato.
Se regulan así, con carácter supletorio de la voluntad expresa de arrendador y arrendatario, el régimen de obligaciones de conservación y obras, el derecho de adquisición preferente, el de traspaso y las subrogaciones “mortis causa”, aunque limitadas al cónyuge e hijos del arrendatario que continúen la actividad.
Por último, y como novedad más significativa de la ley en materia procesal, se establece la regulación del recurso de casación en materia arrendaticia por entender que la materia, dada su importancia y la trascendencia de los cambios normativos que esta norma introduce, debe poder ser objeto de una doctrina jurisprudencial elaborada en sede del Tribunal Supremo. Como notas más características del recurso de casación pueden señalarse las siguientes: sólo serán susceptibles de dicho recurso las sentencias dictadas en los procesos seguidos por los trámites del juicio de cognición, siempre que las sentencias de primera y segunda instancia no sean conformes, y la renta de los contratos se encuentre por debajo de los límites que por ley se consagran. Por lo que se refiere a los contratos existentes a la entrada en vigor de esta ley, los celebrados al amparo del Real Decreto-ley 2/1985 no presentan una especial problemática puesto que ha sido la libre voluntad de las partes la que ha determinado el régimen de la relación en lo que a duración y renta se refiere. Por ello, estos contratos continuarán hasta su extinción sometidos al mismo régimen al que hasta ahora lo venían estando.
En este sentido, en el arrendamiento de viviendas se opta por la supresión total de la subrogación “ínter vivos”, excepción hecha de la derivada de resolución judicial en procesos matrimoniales, y por la supresión gradual de los derechos de subrogación “mortis causa” que el texto refundido de 1964 reconocía.
TITULO I: AMBITO DE LA LEY
Artículo 2: Arrendamiento de vivienda
1. Se considera arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento que recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisface la necesidad permanente de vivienda del arrendatario.
Artículo 3: Arrendamiento para uso distinto del de vivienda
Artículo 4: Régimen aplicable
CAPITULO I :Normas Generales
CAPITULO II : De la duración del contrato
3. (Redacción según Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de Medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios). No procederá la prórroga obligatoria del contrato cuando, al tiempo de su celebración, se haga constar en el mismo, de forma expresa, la necesidad para el arrendador de ocupar la vivienda arrendada antes del transcurso de cinco años para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de divorcio o nulidad matrimonial.
Artículo 10: Prórroga del contrato
Artículo 15: Separación, divorcio o nulidad del matrimonio del arrendatario
Artículo 16: Muerte del arrendatario
Artículo 17: Determinación de la renta
Artículo 18: Actualización de la renta
Artículo 19: Elevación de renta por mejoras
Artículo 20: Gastos generales y de servicios individuales
CAPITULO IV : De los derechos y obligaciones de las partes
Artículo 21: Conservación de la vivienda
CAPITULO V : De la suspensión, resolución y extinción del contrato
Artículo 27: Incumplimiento de obligaciones
TITULO III: DE LOS ARRENDAMIENTOS PARA USO DISTINTO DEL DE VIVIENDA
Artículo 29: Enajenación de la finca arrendada
Artículo 30: Conservación, mejora y obras del arrendatario
Artículo 31: Derecho de adquisición preferente
Artículo 32: Cesión del contrato y subarriendo
Artículo 33: Muerte del arrendatario
Artículo 34: Indemnización al arrendatario
TITULO IV: DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 36: Fianza
6 (Redacción según Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.). Quedan exceptuadas de la obligación de prestar fianza las Administraciones Públicas, la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local, así como los organismos autónomos, entidades de derecho público y demás entes públicos dependientes de ellas, cuando la renta haya de ser satisfecha con cargo a sus respectivos presupuestos.
Artículo 37: Formalización del arrendamiento
TITULO V: PROCESOS ARRENDATICIOS
Artículo 38: Competencia
(DEROGADO por la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil)
Artículo 40: Acumulación de acciones
“5. Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, y los subarriendos, cesiones y subrogaciones de los mismos.”
“1) El desahucio por falta de pago de las rentas, de las cantidades asimiladas o de las cantidades cuyo pago hubiera asumido el arrendatario en el arrendamiento de viviendas o en el arrendamiento de una finca urbana habitable en la que se realicen actividades profesionales, comerciales o industriales, podrá ser enervado por el arrendatario si en algún momento anterior al señalado para la celebración del juicio, paga al actor o pone a su disposición en el Juzgado o notarialmente el importe de las cantidades en cuya inefectividad se sustente la demanda y el de las que en dicho instante adeude.
3) En todo caso, deberán indicarse en el escrito de interposición de la demanda las circunstancias concurrentes que puedan permitir o no la enervación. Cuando ésta proceda, el Juzgado indicará en la citación el deber de pagar o de consignar el importe antes de la celebración del juicio.”
“Las sentencias dictadas por las Audiencias en los juicios de desahucio que no tengan regulación especial, salvo las dictadas en juicio de desahucio por falta de pago de la renta, las dictadas en procesos sobre arrendamientos urbanos seguidos por los trámites del juicio de cognición, en este último supuesto cuando no fuesen conformes con la dictada en primera instancia, y las recaídas en los juicios de retracto, cuando en todos los casos alcancen la cuantía requerida para esta clase de recursos en los declarativos ordinarios.
Se entenderá que son conformes la sentencia de apelación y de primera instancia, aunque difieran en lo relativo a la imposición de costas.”
“En los procedimientos arbitrales que traigan causa de contratos sometidos al régimen jurídico de la Ley de Arrendamientos Urbanos, a falta de pacto expreso de las partes, los árbitros deberán dictar el laudo en el término de tres meses, contado como se dispone en el número 1 de este artículo”.
DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMA
Se consideran actividades comerciales a estos efectos las comprendidas en la División 6 de la tarifa del Impuesto sobre Actividades Económicas. Se exceptúan los locales cuya superficie sea superior a 2.500 metros cuadrados, en cuyo caso, la extinción se producirá en cinco años.
12. (Redacción según Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social).
El apartado 3 de la disposición transitoria segunda entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de la presente ley en el ”Boletín Oficial del Estado”.
El Gobierno, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la presente ley, publicará en el ”Boletín Oficial del Estado” una relación de los Indices de Precios al Consumo desde el año 1954 hasta la entrada en vigor de la misma.

References: resolución 

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 10

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21
 resolución 

Artículo 27

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 40