Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2013/as201321232L.html
Timestamp: 2019-03-20 23:32:59+00:00

Document:
as201321232L
Expediente: T-22-08-S
Partes: Ana Romero de Narvaes y otros c/ Bertha Romero Aguilar y otros.
El Recursos de Casación de fojas 384 a 385 vuelta, interpuesto por Elizabeth Narvaes Romero y otros contra el Auto de Vista Nº 73/2008, de fecha 01 de julio, de fojas 377 a 379, emitido por la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, la respuesta al recurso de fojas 391 a 393, dentro del ordinario de Usucapión seguido por Ana Romero de Narvaes, Henry, Elizabeth y Lorena Narvaes Romero contra Bertha, Guido y Palmira Romero Aguilar, los antecedentes del proceso, y:
1.- Que, seguida la causa, la Juez de Partido Primero en lo Civil de la entonces Corte Superior de Distrito Judicial de Tarija, pronunció Sentencia Nº 25/2008, de fecha 27 de febrero, de fojas 342 a 346 vuelta, que declara probada parcialmente la demanda, en mérito del cual declara propietarios a los Sres. Ana Romero de Narvaes, Henry, Elizabeth y Lorena Narvaes Romero de una fracción del terreno objeto de su pretensión, sito en la Avenida Potosí Nº 965 de esta ciudad, cuya superficie y colindancias serán especificadas en ejecución de sentencia por un perito designado de oficio por la juzgadora. Improbada la reconvención de Acción Negatoria, sin costas por ser juicio doble.
Deducida la apelación por la parte demandante, la Sala Civil Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, emitió Auto de Vista Nº 73/2008, de fecha 01 de julio, de fojas 377 a 379, que confirma totalmente la sentencia de fojas 342 a 346 vuelta, sin costas.
2.- Contra el Auto de Vista de referencia, la parte demandante interpone recurso de casación en el fondo, bajo los argumentos expuestos allí:
Que, la Sentencia Constitucional Plurinacional 009/2012 de fecha 23 de abril de 2012 ha razonado que “la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrador el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió”, en este marco las resoluciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales deben ser de manera motivada y fundamentada otorgando la seguridad jurídica que gozan las partes dentro del proceso, tal cual establece el artículo 190 del Código Civil, es decir, de manera expresa, positiva y precisa sobre las cosas litigadas.
En este entendido, la sentencia cursante de fojas 342 a 346 vuelta, emitido por el Juez de Partido Primero en lo Civil de la entonces Corte Superior de Distrito Judicial de Tarija, no ha considerado lo establecido por el artículo 190 del Código Adjetivo mencionado, toda vez, que la sentencia referida carece de motivación y fundamentación al haber realizado la interpretación y aplicación del artículo 138 del Código Civil, referente a los alcances que tiene la figura jurídica de usucapión decenal y extraordinaria, tomando en cuenta, que si bien ésta se produce con la posesión continuada durante diez años, es necesario considerar que la misma al ser un poder de hecho que se ejerce sobre una cosa, mediante actos que denotan la intención de tener sobre ella el derecho de propiedad, tal cual establece el artículo 87 del Código Civil, posesión que además de ser continuada, también debe ser pública y pacífica, sin que exista de por medio violencia o equivocidad, que como vicios de la posesión la hacen inhábil, en este caso, el inmueble que se pretende usucapir extraordinariamente por la parte demandante y ahora recurrente, se constituye en un bien que conforma una parte del bien del padre, de una de las demandantes y del abuelo en el caso de los nietos que vienen a ser codemandantes, por lo que al constituirse un bien que entrará a la sucesión de la hija, como de los hermanos codemandados y de los nietos por su madre con posterioridad, la posesión justamente se abre con la sucesión del causante, a cuya razón, no se puede pretender dicha posesión con anterioridad mediante un trámite de usucapión, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 92 del Código Civil, aspecto que no fue observado por el Tribunal de Alzada al momento de emitir al autor de vista recurrido, en el ámbito del saneamiento procesal y observación del cumplimiento del derecho formal, por lo que, con la facultad conferida por el artículo 252, y lo dispuesto por el artículo 90 ambos del Código de Procedimiento Civil, corresponde aplicar lo previsto en el artículo 271 numeral 3) del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el parágrafo I numeral 1) del articulo 42 concordante con la disposición Transitoria Octava de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo dispuesto por el artículo 271 numeral 3) del Adjetivo Civil, ANULA obrados hasta la Sentencia Nº 25/2008, de fecha 27 de febrero, de fojas 342 a 346 vuelta, emitido por la Juez de Partido Primero en lo Civil de la entonces Corte Superior de Distrito Judicial de Tarija, disponiendo que el Juez de Primera Instancia sin espera de turno dicte nueva sentencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 190 del Código de Procedimiento Civil.
Se impone la multa de Bs. 200 al Juez de Primera Instancia y a cada uno de los Vocales que intervienen en el indicado auto de vista, por inobservancia de la ley, que les serán descontados por planilla.
Libro Tomas de Razón 232/2013

References: resolución 
 resolución 
 artículo 190
 artículo 190
 artículo 138
 artículo 87
 artículo 92
 artículo 252
 artículo 90
 artículo 271
 artículo 271
 artículo 190