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Timestamp: 2020-04-02 00:10:13+00:00

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Abogados de construcción en Madrid centro | Lucas Franco Abogados
Bufete de abogados en Madrid centro. Nuestra actuación procesal es de contrastada eficacia
La responsabilidad penal de la Persona Jurídica en el Derecho español proviene del año 2010. Si bien con la reforma de nuestro Código Penal por la LO 1/2015 de 30 de marzo, se introduce en nuestra legislación una modificación especialmente importante en cuanto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, exigiendo la adopción y ejecución con eficacia de modelos de organización y gestión de la empresa que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.
Dicho programa de prevención o plan de cumplimiento normativo resulta por tanto fundamental para lograr la exoneración de cualquier responsabilidad penal a la empresa.
Se exige compromiso y cumplimiento desde la máxima autoridad de la empresa, Consejo de Administración, hasta los trabajadores de la misma, siendo obligatorio establecer políticas de actuación, protocolos y planes de cumplimiento normativo, un sistema eficaz y eficiente de previsión de riesgos penales y controles de los mismos. De este modo surge en este ámbito la figura del “Compliance Officer” para direccionar el citado plan de cumplimiento.
Teniendo en cuenta sus áreas de actuación y su responsabilidad para que la organización desarrolle su actividad conforme a la legislación nacional e internacional que le afecta, resulta innegable la necesidad de formar a las personas que van a desarrollar dicha función, con el objetivo de establecer las políticas y procedimientos adecuados y suficientes para garantizar que la organización incluidos sus directivos, empleados, así como sus clientes y proveedores, entre otros agentes vinculados, cumplan con el marco normativo aplicable.
El legislador está incrementando la presión y el número de normas de ámbito local y general, incluso internacionales, que atienden a la exigencia de la existencia de los modelos de prevención penal en las empresas.
La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas a través del artículo 31 bis ha generado inquietudes en las empresas y los profesionales sobre como son los sistemas de gestión que permitan la exención o la atenuación de las sanciones. Por ello nuestro despacho presta no sólo un servicio de asesoramiento, sino de formación integral los distintos miembros de la empresa que permita conocer sus obligaciones y direccionar y crear una NUEVA GESTION DE RIESGOS de empresa. POLITICA DE PREVENCION, DETECCION Y REACCION.
OBJETIVOSSomos un despacho multidisciplinar con más de 30 años de experiencia en el sector de asesoría legal, asesoría fiscal y defensa penal de las empresas que nos permite sustentar nuestra labor en base a la propia experiencia y conocimiento del negocio. Nuestro sistema de trabajo en materia de asesoría legal y de cumplimiento normativo se apoya en una base de formación continua a trabajadores y directivos para lograr así una alta efectividad en el modelo de empresa garantizando su comprensión y autonomía por parte de ésta.
Proponemos un sistema o modelo comprensible, transparente y adaptado a las necesidades de la empresa. Un modelo para la detección de delitos, así como, la organización del canal de denuncias, tratamiento de la información sobre comportamientos delictivos; puesta en marcha de protocolos de investigación de los posibles riesgos, irregularidades, incumplimiento de las medidas preventivas y posibles delitos de directivos, empleados o trabajadores.
Proponemos un sistema de formación para dar a conocer las responsabilidades penales de las personas jurídicas, como son los sistemas de cumplimiento establecidos en el apartado 5 del artículo 31 del CP.
Para lograr un eficaz desarrollo de nuestro trabajo a la hora de establecer modelos de prevención de riesgos penales, o participar en el desarrollo de políticas y protocolos de cumplimiento y actuación, nuestro despacho otorga especial importancia a conocer y entender la realidad de la empresa. Atender su reales necesidades y valorar los medios técnicos, económicos y personales con los que cuenta.
Resultan necesarios igualmente trabajos de:
Evaluación previa y antecedentes. Due Diligence.
Fijación de objetivos y plan de acción razonables atendiendo a las circunstancias y necesidades de la empresa, así como en virtud del nivel de riesgo existente
Fijación de Mapa de riesgos penales empresarial
Elaboración de un sistema de gestión, organización y funcionamiento del “sistema compliance” nacional e internacional.
Fomento de una cultura sinergética empresarial.
Programas de coordinación al sistema de Compliance: Formación, elaboración de informes, revisiones y “forensic”.
Promover cultura ética y de cumplimiento en la empresa
Desarrollar estructura eficaz y eficiente de cumplimiento normativo
Establecer objetivos y prioridades del ámbito empresarial
Dotar a la empresa de una línea unidireccional de negocio.
RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y SU ALCANCE AL COMPLIANCE PENAL
Los modelos de prevención penal, o como resultan denominados en la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre de código penal, los modelos de organización y gestión constituyen un elemento organizativo empresarial que incluyen las medidas de vigilancia y control “idóneas” para prevenir los delitos de la empresa y en la empresa.
Este nuevo criterio y su desarrollo legal enfocado a un sistema organizativo responsable de la empresa y por la empresa, tiende a abandonar el aforismo latino “societas delinquere non potest” universitas delinquere nequit”, para considerar a la empresa y sus responsables o empleados como posibles sujetos activos en el derecho penal. Así se hace necesario concebir que existe la necesidad de:
a.- Lograr que la empresa sea una entidad autónoma y responsable para con el cumplimiento normativo.
b.- Lograr un compromiso social de participación e implicación de las empresas en la investigación criminal (entendida en el seno de la empresa).
c.- Lograr una mentalidad unívoca de cultura de cumplimiento que permita ser desplegada ante las autoridades judiciales en caso de que exista una investigación criminal por la comisión de uno o varios delitos en el seno de la empresa.
Nuestro despacho de abogados en Madrid, a través de su asesor legal, Daniel Lucas Romero, presta servicios a nivel nacional en materia de formación y orientación a empresas, directivos y empleados, sobre cumplimiento y gobierno corporativo, elaboración y redacción de programas de cumplimiento, o supervisión (implementación) de los existentes, para lograr un adecuado cauce de la empresa a las directrices marcadas por la Fiscalía General del Estado y por los Tribunales. En concreto:
redacción y elaboración de programas de cumplimiento penal
elaboración de funciones de compliance penal o compliance officer penal
supervisión e implementación de programas existentes
estrategias procesales de defensa de la entidad en delitos económicos y de empresa
Es importante conocer que no todo es materia de protección de datos. Existe una absoluta desinformación generada por muchas empresas que se identifican como compliance Penal, o Compliance Officer, y se limitan a ver los aspectos referidos a la LOPD. Si bien, cabe decir, que los delitos que se ajustan a la responsabilidad penal de al persona jurídica, y por acción, omisión o por imprudencia, a sus directivos y/o empleados ascienden a más de una treintena de delitos que deben ser valorados y supervisados en su totalidad.
Nuestros cursos de formación van a permitir identificar los riesgos de la entidad, concretar los sistemas de prevención o control de tales riesgos, y contar con una infraestructura o con medios suficientes para permitir el tratamiento de las posibles conductas ilícitas, o irregulares para salvar con ello la imposición de una pena ala entidad, y por extensión, a los responsables y delegados o trabajadores de la misma.
Los cursos se imparten en su modalidad presencial en la sede de la empresa, o bien, en nuestras instalaciones, en nuestros despacho de abogados en Madrid, adaptándonos a las necesidades del cliente
· Reclamación de daños e indemnizaciones
· Reclamación de deudas e Impagos
· Arrendamientos urbanos y Propiedad horizontal
· Derecho de Construcción
· División y Liquidación de Comunidad de Bienes
· Redacción y Resolución de contratos
· Honor, Intimidad y Propia imagen
· Derechos del Consumidor
· Reclamación a Seguros
Los cursos se imparten en su modalidad presencial en la sede de la empresa, o bien, en nuestras instalaciones, en nuestros despacho de abogados en Madrid, adaptándonos a las necesidades del cliente.
·Accidentes de Tráfico, alcoholemias etc..
.Extradiciones
·Expulsiones
·Asilo y refugio
·Lesiones y delitos de sangre
·Violencia de Género y Domestica
·Hurtos, Robos, Estafas y daños.
·Tráfico de Estupefacientes
·Coacciones y amenazas
DEPORTIVO-COMERCIAL
· Arbitrajes
· Derecho deportivo
· Imagen y publicidad
· Asesoramiento a clubes
· Expedientes disciplinarios
· Divorcios-separaciones
· Herencias-testamentos
· Gestión de patrimonios
. Liquidación de bienes gananciales
· Visados de estancia(Turismo, Schengen, Estudios)
· Visados de Residencia (No lucrativas, Lucrativas, Excepcionales por Arraigo)
· Renovaciones de visados y Estancias
· Recursos por denegaciones
· Expulsiones
· Asilos y refugios
· Constitución de Sociedades y asociaciones
· Asesoramiento- Consejos de administración, Redacción de actas de juntas.
· Contratación de proveedores y suministros
CONVENIO REGULADOR A MUTUO ACUERDO
Abogado experto en derecho de familia. Separaciones, divorcios. Liquidación de gananciales.
Transacción de procedimiento Contencioso a mutuo acuerdo. FORMULARIO DE CONVENIO REGULADOR. SIMPLIFICADO.
¿EN QUÉ CONSISTEN LOS PROCEDIMIENTOS Y BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE COMPLIANCE PENAL?
Constituyen los denominados protocolos y políticas de acción de la empresa. Toda organización debe tener, a partir de la entrada en vigor de la reforma del código penal del año 2015, los siguientes documentos:
1.- Un código ético que establezca las bases ideológicas de la acción de la empresa. Es decir, la determinación de las líneas contra la comisión delictiva, el respeto a la ley y la tendencia al cumplimiento de la norma.
2.- Un Mapa de Riesgos que prevea los riesgos aplicables a la empresa, tras un análisis de los tipos penales aplicables y las actividades y estructura de la compañía.
3.- Unas políticas de actuación en diversas áreas de la empresa, como puede ser la política anti sobornos, política de regalos, anti acoso etc…
4.- Un sistema de denuncia (canal de denuncias) y sistema de gestión de las denuncias y disciplinario adaptado al estatuto de los trabajadores y Convenios colectivos aplicables.
Nuestro despacho de abogados en Madrid, como abogados expertos en derecho penal, derecho penal económico y derecho internacional, presta servicios de formación a empresas y PYMEs en materia de cumplimiento normativo, o lo que coloquialmente se conoce como compliance penal. Daniel Lucas, como “abogado procesalista penal experto” desarrolla estos cursos explicativos de la trascendencia penal en el ámbito empresarial, los protocolos de actuación y la defensa penal, procesal, de la empresa y sus directivos. Con ello se permite a la empresa, sociedades o PYMEs contar con herramientas para elaborar un modelo de prevención penal, cuidar sus protocolos y políticas de empresa, su bien hacer etc… para garantizar una mejor adaptación a la normativa penal.
Nuestros abogados desarrollan también labores de revisión y actualización de modelos de cumplimiento, elaboración o asistencia en la elaboración de modelos de prevención penal, etc..
Llevamos la adaptación legal de la nueva reforma penal a su empresa para que no sufra la pena de banquillo, una pena reputacional, y no se vea sancionado con fuertes multas económicas. Tratamos de mejorar su postura preprocesal y procesal. Consúltanos¡¡¡¡
El Compliance de empresa o cumplimiento normativo es un conjunto de procedimientos y buenas prácticas adoptados por las empresas y organizaciones para identificar y clasificar los riesgos que les pueden ser de aplicación por la íntima conexión y relación con el objeto de su actividad, estructura y situación geográfica que les va a permitir establecer mecanismos internos de prevención, detección control y reacción frente a los mismos.
datos personales por cuenta de éste.Los tipos de encargado del tratamiento y las formas en que se regulará su relación pueden ser tan variados como los tipos de servicios que puedan suponer acceso a datos personales.Así, podemos encontrar servicios cuyo objeto principal es el tratamiento de datos personales (por ejemplo, una empresa o entidad pública que ofrece un servicio de alojamiento de información en sus servidores) y otros que tratan datos personales sólo como consecuencia de la actividad que presta por cuenta del responsable del tratamiento (por ejemplo el gestor de un servicio público municipal).Pese a que la definición puede parecer clara, en la práctica se dan multitud de situaciones donde puede ser difícil deslindar cuándo estamos frente a un encargado o a un responsable del tratamiento. Para facilitar esta distinción, debemos tener en cuenta que corresponde al responsable decidir sobre la finalidad y los usos de la información, mientras que el encargado del tratamiento debe cumplir con las instrucciones de quien le encomienda un determinado servicio, respecto al correcto tratamiento de los datos personales a los que pueda tener acceso como consecuencia de la prestación de este servicio.Cuando sea de aplicación el texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, debe tenerse en cuenta que dicha ley prevé (disposición adicional 26ª) que, cuando la contratación implique el acceso del contratista a datos de carácter personal de cuyo tratamiento sea responsable la entidad contratante, el contratista tendrá la consideración de encargado del tratamiento. En estos casos también será de aplicación el régimen establecido en el RGPD
Pedir Asilo y Refugio en España. ¿Cuándo solicitarlo?
La Constitución Española dispone que;"La ley establecerá los términos en que los
ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en
Esa Ley a la que la Constitución remite es hoy la 12/2009, de 30 de octubre, Reguladora
del Derecho de Asilo y la Protección Subsidiaria, que se aplica en la resolución
impugnada. En el artículo 2 se establece:
"El derecho de asilo es la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a
los apátridas a quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos
definidos en el artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los
Refugiados , hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951 , y su Protocolo, suscrito en
Nueva York el 31 de enero de 1967"
Tales requisitos son a tenor de lo dispuesto en los artículos 1 de la Convención y I.2 del
citado Protocolo:
«Que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión,
encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda, o, a causa de dichos temores,
no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y
hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a
causa de dichos temores, no quiera regresar a él».
Por otra parte el artículo 3 de la propia Ley 12/2009 dispone que:
"La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores
de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas,
pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra
fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere
acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y
hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos
motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté
incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las causas de
denegación o revocación del artículo 9"
El artículo 6 de la norma pretende objetivar, por otra parte, la clase de actos de
persecución que son necesarios para que los "temores" de persecución sean en efecto
"fundados" con exclusión por tanto de cualesquiera otros de relevancia menor.
El artículo 7 de la Ley perfila, a su vez, los motivos por los que el agente perseguidor
puede actuar para que la persecución existente sea en efecto incardinable en la
condición de refugiado.
Por fin, en los artículos 13 y 14 de la repetida Ley describen quiénes pueden ser agentes
de persecución y, en su caso, de protección.
Sí. El espíritu de la propia UE es pretender una libre circulación , movimiento, residencia y por tanto trabajo entre los ciudadanos de la UE, de tal forma que todo ciudadano comunitario puede trabajar en cualquier país de la Comunidad Europea. En el caso de España se debe solicitar previamente su Certificado de Registro como ciudadano de la Unión para que mediante la obtención del NIE se pueda optar a trabajo. Es un trámite sencillo y rápido. ¿Qué Normativa es aplicable a estos supuestos? Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
Lucas Franco Abogados es un despacho de abogados penalista con sede en Madrid y actuación profesional en todo el territorio nacional que inicia su actividad profesional en el año 1975 bajo la dirección del letrado Don Alberto M. Lucas Franco. Contamos con una amplia experiencia profesional, más de 35 años de ejercicio, que nos posiciona como uno de los más exitosos despachos de abogados de España.
Nuestro despacho, situado en pleno centro empresarial de Madrid, está plenamente adaptado a los nuevos tiempos, donde el trato personalizado y extremadamente profesional, junto con la atención e información constante y veraz, constituyen nuestras señas de identidad.
Siguiendo nuestro lema "Consultar es prevenir”, creemos por experiencia que la información jurídica, clara y útil para el cliente, es necesaria para la seguridad y rentabilidad de sus intereses, evitándole futuros problemas y conflictos; Pero, surgido el litigio, defendemos sus derechos e intereses con la mayor firmeza

References: artículo 31
 artículo 31
 Resolución 
 Real Decreto 
 resolución

 artículo 2
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 6
 artículo 7
 Real Decreto