Source: https://blasgonzalez.com/en/derecho-concursal-y-propiedad-industriall-el-contrato-de-licencia/
Timestamp: 2020-03-31 00:58:53+00:00

Document:
Derecho concursal y propiedad industrial: el contrato de licencia – Blas González
Revista de derecho concursal y paraconcursal: Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y legislación, ISSN 1698-4188, Nº. 19, 2013, págs. 243-253.
Se abordan en este trabajo, sin ánimo de exhaustividad, algunas notas problemáticas que el contrato de licencia de patente, marca o diseño industrial plantea en un concurso de acreedores. La importancia creciente que la propiedad industrial presenta en muchos procesos concursales, hasta el punto de que en ocasiones se asiste a concursos que sólo exigen, para su misma viabilidad, resolver cuestiones nucleares en torno a esos activos intangibles, permite describir algunas de esas situaciones, generalmente ligadas a una adecuada comprensión de la naturaleza y caracteres del contrato de licencia, que operará de forma diversa ante la aplicación de los artículos 61 y 62 de la Ley Concursal, legitimará al licenciatario exclusivo para proteger la masa activa del licenciante en concurso sin necesidad de autorización judicial, o resultará inviable si su origen no es negocial, como ocurre con las licencias obligatorias.
Sea como fuere, es importante matizar la importancia de esta discusión en sede concursal, pues incluso asumiendo las tesis de quienes mantienen que la licencia inscrita tiene eficacia real, ello no podría traducirse sin más en un privilegio crediticio. Como dijo la SAP Barcelona, secc. 15ª, de 5 de octubre de 2006, cuando reflexionaba – evidentemente antes de la regulación introducida con la reforma operada por la Ley 38/2011 – sobre si un derecho de retención (que en bajo el Codi Civil catalán es un derecho real típico) podría otorgar un privilegio especial al margen del artículo 90 de la LC, el propósito inicial de acabar con la dispersión de los privilegios también se concretó en el debate sobre si era necesario respetar las preferencias extraconcursales, o por el contrario proclamar un principio de exclusividad concursal, de modo que sólo por la LC es posible establecer prioridades a la hora de distribuir la masa activa. Y en este sentido, el legislador ha optado claramente por esta última opción, ubicando y sistematizando los privilegios y derechos preferentes en la sede concursal que les es propia, determinando al efecto el artículo 89.2 de la LC que “no se admitirá en el concurso ningún privilegio o preferencia que no esté reconocido en esta Ley”. En palabras de la Audiencia de Barcelona al tratar el derecho de ejecución separada que reconoce el artículo 56 de la LC:
“50. La interpretación literal de la norma, primero de los criterios aplicables a tenor del art. 3.1 del Código Civil, apunta claramente a que, en el caso previsto, todas las prestaciones debidas por el concursado sean a cargo de la masa, lo que confirma un análisis sistemático de la misma, en relación con el apartado 4 para los supuestos en los que se acuerda la resolución – en cuanto a las vencidas, se incluirá en el concurso el crédito que corresponda al acreedor que hubiera cumplido sus obligaciones contractuales, si el incumplimiento del concursado fuera anterior a la declaración de concurso; si fuera posterior, el crédito de la parte cumplidora se satisfará con cargo a la masa» – a lo que hay que añadir que, en otro caso, la previsión devendría absolutamente superflua teniendo en cuenta que el art. 84.2. LC establece que «tendrán la consideración de créditos contra la masa los siguientes: 5. Los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso (…) 6. Los que, conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso (…)».
51. Finalmente, esta respuesta coincide con la prevista en los artículos 68 a 70 para los supuestos de rehabilitación de contratos, incluso de tracto único, de préstamo, crédito y adquisición de bienes con precio aplazado y de enervación del desahucio en arrendamientos urbanos, ya que, si bien -como precisa la Audiencia- no es lo mismo «rehabilitar» contratos resueltos que «impedir» la resolución de los vigentes, ambas medidas responden a una misma idea: la necesidad de que la masa -en cuyo interés se obliga a mantener los contratos en los que concurre causa de resolución- responda frente a quienes se ven expropiados de la facultad de desligarse o a rehabilitar el contrato ya resuelto. De ese modo se cumplen las «garantías» a las que se refiere la Exposición de Motivos- «en interés del concurso y con garantías para el derecho de la contraparte, se prevé tanto la posibilidad de una declaración judicial de resolución del contrato como la de enervarla en caso de que exista causa para una resolución por incumplimiento”.
Como señaló en sede de propiedad industrial la SAP Barcelona, sección 15ª con fecha 28 de enero de 2010, “(s)e ha de recordar que la jurisprudencia (por todas, SSTS de 2 de junio y de 5 de junio de 2009) viene admitiendo desde antiguo la facultad de resolución o disentimiento unilateral, por decisión » ad nutum», sin necesidad de justa causa, cuando se trata de contratos de servicios o de colaboración de duración indefinida, y tanto más si hay en la relación una impronta de confianza, «personae intuitu», como sucede en los contratos de agencia, concesión o distribución mercantil, y otros afines de colaboración comercial. «La extinción del vínculo contractual por ejercicio de la facultad resolutoria unilateral se produce en todo caso, incluso aunque sea arbitraria o injustificada, pero sus consecuencias económicas son distintas según las circunstancias concurrentes», señala la STS de 2 de junio de 2009. La STS de 5 de junio del mismo año reitera que «la doctrina jurisprudencial ha confirmado la facultad de la resolución unilateral «ad nutum» en los contratos de servicios por tiempo indefinido, tanto en los supuestos en que las partes han omitido cualquier condicionamiento a dicha facultad resolutoria, por ejemplo, el respeto de un plazo de preaviso o una indemnización por su inobservancia (SSTS de 12 de mayo de 1997 y 28 de octubre de 1998), como en los casos en que sí se han adoptado condicionantes a la libre resolución del contrato (SSTS de 19 de diciembre de 1991 y 30 de marzo de 1992)».
De otro lado, la previsión del art. 48.4 LM, en la parte que dispone que «salvo pacto en contrario, el titular de una licencia tendrá derecho a utilizar la marca durante toda la duración del registro, incluidas las renovaciones», debe ser interpretada adecuadamente. Esta norma se ha trasladado al ámbito marcario, sin particulares matices, desde la Ley de Patentes, que en su art. 75.4 establece que la duración de la licencia de explotación de la patente se extiende, salvo pacto en contrario, a toda la duración del derecho de patente, que se limita a 20 años, a diferencia del registro de marca, que no está sujeto a una limitación temporal, y de ahí que pueda parecer cuando menos extraño el automático traslado de la norma al campo de los signos distintivos. En cualquier caso, la norma marcaria (el art. 48.4 LM ), que es la que aquí nos interesa, no puede ser interpretada con rigurosa literalidad en el sentido de que impone al titular de la marca, con carácter obligatorio, una relación de licencia a perpetuidad, durante toda la vida de la marca, sino que se ha de entender que el precepto no excluye ni impide la facultad de revocación o denuncia ad nutum propia de las relaciones de carácter intuitu personae de duración indefinida o indeterminada, sin perjuicio de la indemnización a que pudiera dar lugar si se ejercita de mala fe o con abuso de derecho. Se trata de una facultad que surge de la imposibilidad de establecer la perpetuidad obligatoria de una relación jurídica basada en la confianza y concertada por tiempo indefinido, que constituye un principio general del derecho de obligaciones”.
1 Art. 61.2 2º párrafo LC: “No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la administración concursal, en caso de suspensión, o el concursado, en caso de intervención, podrán solicitar la resolución del contrato si lo estimaran conveniente al interés del concurso. El secretario judicial citará a comparecencia ante el juez al concursado, a la administración concursal y a la otra parte en el contrato y, de existir acuerdo en cuanto a la resolución y sus efectos, el juez dictará auto declarando resuelto el contrato de conformidad con lo acordado. En otro caso, las diferencias se sustanciarán por los trámites del incidente concursal y el juez decidirá acerca de la resolución, acordando, en su caso, las restituciones que procedan y la indemnización que haya de satisfacerse con cargo a la masa. Cuando se trate de la resolución de contratos de arrendamiento financiero, y a falta de acuerdo entre las partes, con la demanda incidental se acompañará tasación pericial independiente de los bienes cedidos que el juez podrá tener en cuenta al fijar la indemnización”.
En cuanto a las vencidas, se incluirá en el concurso el crédito que corresponda al acreedor que hubiera cumplido sus obligaciones contractuales, si el incumplimiento del concursado fuera anterior a la declaración de concurso; si fuera posterior, el crédito de la parte cumplidora se satisfará con cargo a la masa. En todo caso, el crédito comprenderá el resarcimiento de los daños y perjuicios que proceda”.

References: artículo 90
 artículo 89
 artículo 56
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución