Source: https://www.scribd.com/doc/115093139/Sobre-responsabilidades-Y-los-proveedores-de-internet
Timestamp: 2019-02-18 00:14:55+00:00

Document:
Mientras se discute cómo llevar a cabo la ley para limitar las responsabilidades de los ISP sobre los conflictos en derechos de autor, existen varios problemas que afectan al uso legítimo de internet en el perú. Los bloqueos arbitrarios contra páginas web y algunos servicios ejercidos por los proveedores de internet y las paupérrimas garantías de conexión (cosa que se agrava con la eliminación de la tarifa plana que planean Telefónica y Claro pese a los beneficios tributarios que han recibido), dificultan seriamente el uso legítimo de internet. La ausencia de autoridad (pese a que existen) es también parte del problema, donde quienes deberían blindar al internauta de estos abusos se convierten en cómplices de los infractores. Sin atención a estos puntos externos una ley de responsabilidad de ISP puede terminar siendo fatal, pasando de ser una liberación a una excusa para el abuso.
Sobre responsabilidades: ¿Y los proveedores de int...
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Por Arturo Zevallos (aka chillinfart). Esta nota es un complemento a una nota escrita con motivo del planteo de la ley de limitación de responsabilidad de ISP que se piensa gestar en el Perú. En esa nota se habló de cinco casos donde la poca o excesiva regulación sobre el manejo de contenidos en la red ha causado problemas, dando lugar a los abusos y atentando contra la libertad de expresión, la de empresa y hasta los derechos de autor. Sin embargo, el derecho de autor es solo parte del problema. Aparte de los problemas con los “usos justos” o la falta de oferta legal (o incentivos para tenerla) explicados en la nota anterior, el acceso a internet sigue siendo un gran problema en el Perú. Solo 6 de cada 100 personas tiene acceso propio a la red, de acuerdo a cifras del INEI (y esto es asumiendo un hogar por persona, la cifra real puede ser menor). La mediocridad de internet en el Perú. “Siempre fuimos mediocres en Sudamérica, segundones” Nicolás Delfino, ex-presidente de la Federación Peruana de Fútbol. La poca penetración de internet tiene más de una explicación. Al momento de redactar esta nota, el Perú ocupa el puesto 135 de 178 países en conexiones a internet (según Ookla). Somos uno de los peores del mundo, felicidades (y eso, con trampa porque solo hay índices de subida y bajada, pero no de calidad). Históricamente hubo zancadillas al proceso de implementación de la red en el Perú, desde la fundación de la Red Científica Peruana y sus roces con CPT (hoy Telefónica, quien mantuvo el rechazo) hasta la contradicción entre los recortes de los planes de banda ancha y los jugosos beneficios tributarios que han recibido esos proveedores (nuevamente, con trampa), pasando por la lucha por la tarifa plana del desaparecido congresista Daniel Estrada (ver “internautas sin tarifa”) en los días del módem analógico. Y esta mediocridad ha sido usada como excusa en más de una ocasión para los mencionados recortes y otros abusos (acá también entra la excusa de los derechos de autor) que como en la nota anterior, también atentan a la libertad de expresión y la de empresa. En esta nota me centraré en los recortes mencionados y las arbitrariedades de los proveedores de acceso a internet en el mal manejo de sus líneas, llegando incluso a cometer delitos contra sus clientes. Esto preocupa por la forma como puede ser interpretada una norma que brinde facultades a los ISP a retirar contenidos que estén marcados como “infractores” a los derechos de autor, pero mientras eso se discute, esta nota hablará del contexto bajo el cual se piensa aplicar. NdR: Hablar de ISP (Proveedor de Servicios de Internet por sus siglas en inglés) es hablar también de hosting, dominios y otros servicios, por lo que solo hablaré de los proveedores de conexión, un tema más cercano al internauta.
Excusas y engaños. En el 2012, IDL-Reporteros dio dos revelaciones sobre el actual duopolio Movistar/Claro. La primera fue por irregularidades en la declaración de la cobertura de sus servicios (especialmente telefonía celular) y la segunda por los beneficios tributarios que recibieron, ahorrándose hasta 460 millones de soles pero sin dar mejoras a cambio. Todo esto se contradice con los sucesivos recortes a los planes de internet que efectuaron ambos entre el 2010 y hoy.
– En el 2010 sale un escándalo con los contratos del servicio de internet Speedy de
Telefónica. Quisieron cambiar de forma arbitraria los contratos a fin de imponer una cláusula que establece límites mensuales de tráfico de datos. Una vez conocido el escándalo (bromas incluidas), OSIPTEL detuvo la medida porque no tuvo el visto bueno del regulador, pero Telefónica mantuvo esa idea en servicios posteriores (como Movistar UNO). Este escándalo es conocido como #Speedygate. En Septiembre del 2011, Claro elimina los planes de “tarifa plana” del internet móvil, obligando a los usuarios a pagar por contenido descargado. Estos planes en realidad eran planes capados con una cuota de descarga que permitía una velocidad mayor cuando estaba en vigencia, una práctica que desconosco por qué OSIPTEL no cuestionó en su momento. Claro traslada esos recortes al internet fijo en Marzo del 2012 de una forma parecida al primer Speedygate. Y como en el Speedygate, este tampoco tuvo aval de OSIPTEL, pero saber esa respuesta requirió algo de presión: El foro de Perú Hardware llamó a un bombardeo masivo de correos (mail bombing) para consultar al regulador ante el silencio de la prensa, en contraste con el Speedygate. En Mayo del 2012 se detectan cambios arbitrarios en los contratos de Speedy (otra vez), a fin de insertar una promoción dudosa que “duplicaba la velocidad”. Esta promoción trajo como consecuencia, problemas de conexión al brindar capacidades no soportadas en algunas localidades y la reinserción de los límites mensuales de datos en los planes más baratos. Para remate, esa acción fue en coincidencia con la salida de la resolución 059-2012-CD de OSIPTEL, que prohíbe cambiar un contrato de forma unilateral. Esto es sin contar que la publicidad de estos cambios fue un engaño (se publicitó el aumento de velocidad como algo real cuando en realidad era una promoción). Ni OSIPTEL ni INDECOPI se manifestaron al respecto, pese a que Telefónica mandó correos a algunos usuarios diciendo que esa mejora fue en convenio con OSIPTEL. Doble engaño. En el 2013, Movistar vuelve con los límites de descarga, anunciando la vigencia de esto para todos los usuarios de Speedy comenzando el 2014. Como en el caso de Claro, estamos convocando otro mail bombing para OSIPTEL a fin de saber la legitimidad (o ilegitimidad) de estas acciones.
Ahora, ¿Preocupa esto en el tema de la “responsabilidad de ISP”? SI (y bastante), porque para comenzar ellos serán los principales afectados por esta ley, pero paradójicamente son los que menos cumplen la ley (citando el Speedygate). Esto sumado a los atropellos al internauta por parte de los ISP y las diversas excusas dadas para estos recortes, dificulta el uso legítimo de la red. De eso trataré en la nota que viene a continuación. Nota: INDECOPI aquí muestra su doble cara, siendo duro en las medidas de propiedad intelectual, pero a la vez es mano blanda en su función como defensor del consumidor. ¿Así pretenden tenerlo como ente administrativo de un caso que chocará ambos mundos? Hay que ponerse las pilas.
Los crímenes de los ISP. Y acá es donde el riesgo de que una ley de responsabilidad se vuelva una SOPA es patente. ¿Qué pasa cuando es el proveedor de conexión a internet el que cierra o recorta el tráfico desde/hacia ciertos servicios o sitios por su cuenta? Para comenzar, esas acciones actualmente son ilegales por ley. La ley 29904 (Ley de Promoción de la Banda Ancha) replica un artículo de la resolución 040-2005 de OSIPTEL, que prohíbe toda distorsión o bloqueo del tráfico de datos que pasa por los proveedores de servicios. Es básicamente, nuestra declaración de neutralidad de la red. Artículo 6.— Libertad de uso de aplicaciones o protocolos de Banda Ancha Los proveedores de acceso a Internet respetarán la neutralidad de red por la cual no pueden de manera arbitraria bloquear, interferir, discriminar ni restringir el derecho de cualquier usuario a utilizar una aplicación o protocolo, independientemente de su origen, destino, naturaleza o propiedad. El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL determina las conductas que no serán consideradas arbitrarias, relativas a la neutralidad de red. El artículo 283 del Código Penal va más allá, estableciendo penas de cárcel para quienes interrumpan los servicios públicos aun de una forma no violenta. Esto incluye telecomunicaciones y los operadores no pueden barajarla recurriendo a su condición de empresa privada, porque brindan servicios públicos (y eso lo dijo un ministro cuando el gobierno salvó la operatividad de una). Artículo 283.- Entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos El que, sin crear una situación de peligro común, impide, estorba o entorpece el normal funcionamiento del transporte o de los servicios públicos de telecomunicaciones, saneamiento, electricidad, hidrocarburos o de sustancias energéticas similares, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años. En los casos en que el agente actúe con violencia y atente contra la integridad física de las personas o cause grave daño a la propiedad pública o privada, la pena privativa de la libertad será no menor de seis ni mayor de ocho años.” Sin embargo pese a esto, los proveedores de acceso a internet han violado estas normas múltiples veces bajo diversas excusas (si es que las dan). El riesgo de leyes que proporcionen mecanismos de baja de contenidos puede multiplicar esos casos si no se adecúan las cosas ni se fuerza a los operadores a respetar la normativa vigente. Los reguladores como OSIPTEL (telecomunicaciones) e INDECOPI (defensa del consumidor y propiedad intelectual), brillan por su ausencia en estos casos.
– Miguel Morachimo explica un antecedente de Claro burlándose de la neutralidad de la red –
en el 2008, con la llegada del iPhone al Perú (la mencionada resolución de OSIPTEL data del 2005). Casi tres años después me toca sufrir en carne propia lo denunciado por Morachimo. Lo que comenzó con un reclamo por restricciones en el uso de puertos TCP, terminó destapando restricciones de tráfico contra los servicios p2p en el internet móvil de Claro. El caso fue descubierto casi por error, haciendo mediciones con el cliente Bittorrent Vuze y la prueba Glasnost del instituto Max Planck de Alemania terminó de confirmar el hecho. Pese a la gravedad del caso, OSIPTEL solo ordenó la baja del servicio en lugar de exigir el cese de esas acciones, favoreciendo la mala conducta de Claro. Al año siguiente, Claro arremete nuevamente contra la neutralidad de la red, recurriendo a medidas más paranoides sobre el manejo de los puertos y bloqueando el uso de la citada prueba Glasnost, que ayudó a desnudar el caso anterior.
– No contentos con eso, en Octubre del 2012 Claro bloqueó un servicio de red privada,
VPNTunnel. A diferencia de los otros casos, acá se bloqueó un servicio de paga que (para variar) sirvió para saltarse las restricciones impuestas por Claro (como los puertos justamente). Como consecuencia de esto último y el bloqueo que hizo Telefónica a bit.ly posteriormente, se hizo de interés común saber qué sitios están bloqueados de forma arbitraria por Telefónica y Claro. Aquí es donde puede entrar a trabajar una ley sobre responsabilidad, ayudando a frenar esta situación al saber de forma concreta qué es ilegal y qué no. A los casos del duopolio le sumamos las cifras irregulares y las evidencias de limitaciones de tráfico (tal como pasó con Claro) en el nuevo servicio de internet OLO, basado en WiMax.
En suma, la legislación vigente promete la neutralidad de la red pero los operadores la incumplen de una forma desvergonzada. OSIPTEL lejos de corregir esos comportamientos los apaña, volviendose cómplice de los crímenes de las operadoras. Puede ser peor. ¿Qué puede ser peor que todo esto? – Que con el mote de la propiedad intelectual se siga el mal ejemplo estadounidense: Time Warner para sabotear a Netflix ofreció descuentos a quienes admitían límites mensuales de descarga en sus planes de internet. El acuerdo “six strikes” entre la RIAA y Verizon por otra parte, permite intimidar a los internautas sin intervención del gobierno. – O peor aún, el mal ejemplo británico: un acuerdo bajo la mesa entre Universal Music, Virgin Media y el gobierno británico que permitió recortes en los planes de internet y monitoreos de datos con el cuento de la piratería. Y ojo que un caso no apunta a piratería, sino a un servicio legal (Netflix). Desafortunadamente como están las cosas hay mucho que arreglar antes de proceder con una norma que regule a estos proveedores de internet. Aunque existen buenas sugerencias para regular los mecanismos de baja y prevenir los abusos, hay temas fuera de la propiedad intelectual que pueden entorpecer su aplicación. Los reguladores no funcionan pese a los delitos e infracciones por parte de estos proveedores, hay mucho a tomar en cuenta. ¿Qué hacer?
Ante la inacción de OSIPTEL se puede comenzar por hacer valer la neutralidad de la red como estamos actualmente, puesto que esto afecta a la libertad de expresión y la de empresa. Pero eso requiere interés de la sociedad civil (nosotros) en valorar los servicios por cuales paga, protestar no basta. Presionar al gobierno y los operadores (ante la inacción de INDECOPI frente a las omisiones y engaños por parte de las operadoras), para sincerar los costos y los planes de internet en lugar de dar cifras y garantías de fantasía (en Perú, la ley solo garantiza el 10% de la velocidad contratada, lo que se presta para el abuso). Evitar revertir una lucha que ya tiene más de 15 años en el Perú, la tarifa plana (ante la inacción de ambos).
Una vez controlados estos puntos, podemos nuevamente tomar las riendas de la responsabilidad, que como vengo diciendo, es un mal necesario para frenar en parte estos abusos (recordando el tema de los bloqueos arbitrarios).
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