Source: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2017/06/despidos-colectivos-finaliza-la-saga_4.html
Timestamp: 2018-03-19 03:15:22+00:00

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EL BLOG DE EDUARDO ROJO: Despidos colectivos. ¿Finaliza la saga Santa Bárbara con la sentencia del TS de 12 de mayo de 2017, que desestima los recursos de casación interpuestos por varios sindicatos y por el comité del centro de A Coruña? Análisis de la conflictividad judicial desde la primera sentencia de la AN de 8 de julio de 2013 (II).
Despidos colectivos. ¿Finaliza la saga Santa Bárbara con la sentencia del TS de 12 de mayo de 2017, que desestima los recursos de casación interpuestos por varios sindicatos y por el comité del centro de A Coruña? Análisis de la conflictividad judicial desde la primera sentencia de la AN de 8 de julio de 2013 (II).
3. Sobre la legitimación de lossindicatos con implantación suficiente. Santa Bárbara volverá a la AudienciaNacional. Notas a la sentencia del TS de 28 de enero de 2015, que anula ladictada por la AN el 8 de julio de 2013.
A) Paso al análisis de la sentencia dictada por la Sala de lo Social del TS el 28 de enero, que anula la dictada el 8 de julio de 2013 por la AN en el conocido como “caso Santa Bárbara”, sentencia que me fue enviada, y se lo agradezco, por el Sr. Gregorio Martín, presidente de la plataforma de los 55 despedidos.
De dicha sentencia apareció publicada una amplísima nota informativa del gabinete de comunicación del Poder Judicial, con el título “El Tribunal Supremo ordena dictar una nueva sentencia sobre el ERE de Santa Bárbara”, y el siguiente contenido: “El despido colectivo se inició el 14 de febrero de 2013 e los distintos centros de trabajo de Santa Bárbara Sistemas en A Coruña, Granada, Trubia (Oviedo), Sevilla y Madrid, celebrando un período de consultas con el comité de empresa intercentros, a cuya finalización sin acuerdo la empresa comunicó que iba a proceder a 600 extinciones -que según hechos probados se tradujo finalmente en 593 despidos-, de los cuales 495 eran de adscripción voluntaria. Interpusieron demanda ante la Audiencia Nacional los sindicatos CIG, CGT y el comité de empresa del centro de A Coruña, solicitando CIG en su demanda el emplazamiento como interesados de los sindicatos UGT, CCOO y CSIF. En su sentencia, la Audiencia Nacional niega la legitimación de UGT, CSIF y CCOO, dado que estima que son solo interesados, pero no tienen la condición de parte, al no haber formulado petición de condena, a la vez que declara ajustada a derecho la extinción. Recurren en casación tanto quienes habían interpuesto demanda (CGT, CIG, comité de empresa de A Coruña), como dos de los sindicatos cuya legitimación había sido denegada (UGT y CCOO), que impugnan la falta de legitimación apreciada por la sentencia. Ahora, la sentencia dictada por el Pleno de la Sala Cuarta del TS estima que los sindicatos personados como demandados tenían la condición de interesados y la legitimación para ser parte en el proceso y por tanto igualmente para interponer el presente recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Por ello, sin entrar en el resto de las cuestiones suscitadas en los recursos, estimando los recursos de UGT, CCOO y de CGT (que asimismo sostiene en su recurso la legitimación de estos dos últimos) se anula la sentencia de la Audiencia Nacional, que rechazó tal legitimación y dejó imprejuzgadas sus alegaciones y pretensiones, y se ordena reponer las actuaciones para que se dicte nueva sentencia en la que se tomen en consideración las alegaciones y pruebas de estos sindicatos”. La sentencia se pronuncia en sentido contrario a la tesis del informe del Ministerio Fiscal, que sostuvo la improcedencia de los recursos presentados. La nota oficial de síntesis de la sentencia es la siguiente: CASACiÓN COMÚN. DESPIDO COLECTIVO. SANTA BÁRBARA SISTEMAS, SA. Causas económicas, organizativas y productivas. La sentencia de instancia, dictada por la Audiencia Nacional, acogió la falta de legitimación para ser parte de CCOO, UGT y CSI-CSIF porque "no han presentado demanda ni han sido demandados", y desestimó las 3 demandas (acumuladas) interpuestas por CGT, CIG y por el Secretario del Comité de Empresa del centro de trabajo de A Coruña, absolviendo a la empresa de todos sus pedimentos. La Sala IV del TS estima los recursos de CGT, de CCOO, de UGT y del Secretario del Comité del centro de Coruña, en el punto exclusivo de la legitimación de aquellos tres sindicatos y, en consecuencia, anula la sentencia de instancia para que, aceptando tal legitimación, y sólo a partir de ese momento procesal, dicte una nueva resolución que tome en consideración sus alegaciones y pruebas, tal y como quedaron delimitadas en el acto del juicio”.
B) Lógicamente, la sentencia mereció una especial atención por los medios de comunicación de la Comunidad Autónoma de Asturias y también en las redes sociales. En el blog https://ensantabarbarablog.wordpress.com/ puede encontrarse una amplia información al respecto, siendo de especial interés conocer la reacción de los trabajadores despedidos, que en un comunicado emitido el 27 de febrero manifestaban que “Una vez conocida la Sentencia del Tribunal Supremo en relación al Recurso de Casación 35/2014 y a expensas de posteriores valoraciones de los recurrentes y a la vista de una “resolución estimatoria”, nos reafirmamos en nuestras pretensiones que no son otras que la declaración de la nulidad del ERE”.
Contra la sentencia de la AN se interpusieron cinco recursos de casación, cuatro por parte sindical (CIG, UGT, CC OO y UGT) y uno por el comité de empresa del centro de trabajo de La Coruña, de cuyo contenido se da muy detallada cuenta en el fundamento jurídico segundo de la sentencia del TS de 28 de enero. Por el interés que tiene para la resolución del litigio por el TS, reproduzco aquellos argumentos de las recurrentes que se refieren a la legitimación de los sindicatos que no fue aceptada en la sentencia de la AN.
a) Del recurso de la CGT menciono el primer motivo amparado en el art. 207 c) de la LRJS, con alegación de infracción del art. 17 de la misma norma y del art. 13 de la LEC, solicitando la retroacción de las actuaciones “para que se dicte nueva sentencia que tome en cuenta las alegaciones y pruebas que sostuvieron los sindicatos que no fueron tenidos como partes”. Por la CIG se alega vulneración del art. 7 de la CE y del 17.2 de la LRJS, así como de la doctrina del TC, argumentando que los sindicatos que no fueron tenidos como partes “ostentan legitimación para participar en el presente proceso en calidad de interesados, toda vez que ostentan legitimidad para participar en el presente proceso en calidad de interesados, toda vez que ostentan un interés legítimo y todos ellos participaron activamente en el proceso a través del Comité Intercentros como órgano unitario de adscripción sindical”. Por el comité de empresa del centro de trabajo de La Coruña también se alega, al amparo del art. 207 c) LRJS, vulneración de los arts. 17 y 124 de la LRJS, en relación con el art. 14 LEC, defendiendo la legitimación de los sindicatos que no fueron tenidos como parte y argumentando que “la empresa, al negarla, va contra sus propios actos porque.... no impugnó las resoluciones judiciales en las que dichos sindicatos son tratados como partes del procedimiento”. Por el sindicato CC OO se reiteran argumentos ya expuestos en los recursos antes referenciados, denunciando infracción de los arts. 24.1 y 28.1 CE “para combatir la falta de legitimación del sindicato recurrente declarada en instancia”. Por fin, hay que mencionar el recurso de UGT, que al igual que CC OO, y con una argumentación jurídica coincidente con la del recurso del comité del centro de trabajo de La Coruña, defiende que dispone de la legitimación para ser parte en este proceso “que le ha negado la sentencia recurrida”.
b) La sentencia, tiene un contenido básicamente de índole procesal, poniendo de manifiesto, los interrogantes de formales, y no sólo sustantivos, que plantea la redacción del art. 124 de la LRJS, especialmente en punto a determinar la legitimación de los sujetos que pueden ser parte en procesos de despidos colectivos y también a cuál es la vía procesal adecuada de impugnación de algunos “acuerdos parciales” incluidos en la resolución final, o dicho de otra forma la relación entre la modalidad procesal de despido colectivo (art. 124 LRJS) y la de conflictos colectivos (155 y ss).
Pero no sólo se abordan estas cuestiones, sin entrar en la sentencia ahora examinada en el fondo de litigio, sino que también se aprovecha la oportunidad por la Sala, en un muy extenso fundamento jurídico tercero, para dar su respuesta a otro problema de índole procesal respecto de la Sala competente para conocer de la admisión de documentos nuevos a los que se refiere el art. 233.1, en el bien entendido que se trata sólo de una respuesta “doctrinal” (que, sin embargo, tendrá indudable trascendencia de cara a otros conflictos que puedan suscitarse) y que no tiene influencia en la decisión que adopte la Sala, es decir carecerá “de cualquier repercusión práctica para la resolución de los recursos de casación”.
El TS entiende que, en el caso concreto enjuiciado, con respecto a la aportación de nuevos documentos debió conocer (tesis doctrinal, reitero) la Sala que conoce del recurso, y no la que conoció de la demanda (y en este caso sí fue la AN quien conoció, y resolvió, la petición de admisión de nuevos documentos), “por la sencilla razón de que el primer tribunal sentenciador, una vez dictada su resolución, perdió su jurisdicción a favor precisamente del órgano revisor”. Pero, como ya he dicho, el argumento es “obiter dicta” para futuros conflictos, y además el TS manifiesta que, en caso de haberse pronunciado al respecto, por ser la Sala competente, lo hubiera hecho en los mismos términos que la AN por estar de acuerdo con los mismos. En definitiva, que el TS aprovecha la oportunidad para sentar doctrina sobre una cuestión que no afectará a la decisión final que se adopte en el presente proceso pero que parece que quiere dejar sentada de forma muy clara para los posteriores.
c) Llegamos al fundamento jurídico cuarto, y este es sin duda el que merecerá la atención de todas las partes interesadas, ya que después de explicarnos el tribunal como debería abordarse el recurso si hubieran de tratarse todos los motivos alegados (primero, la legitimación de los sindicatos “interesados”, en segundo lugar la revisión de los hechos probados y en tercer lugar el análisis jurídico sustantivo), la Sala entrará en lo que califica de “problema de legitimación de CC OO y UGT”, abordando extensamente esta cuestión y aceptándola, por lo que procederá a anular la sentencia de instancia, sin entrar en el examen de los restantes motivos expuestos en los cinco recursos, anulación que se dicta “a fin de que la propia Sala de instancia dicte una nueva resolución en la que tome en consideración, en la medida que arriba ha quedado expuesta, las alegaciones y pruebas articuladas por CC OO y UGT antes de que aquella fuera dictada...”.
Desgranemos, pues, el iter argumental de la sentencia respecto a la pretendida legitimación de los sindicatos citados para ser partes, como interesados, en este proceso, cuál sería la intensidad de esa legitimación y cuáles serían sus efectos, porque, dice la Sala, “eso es lo que la AN les ha negado de una manera, al parecer, excesivamente contundente, por la doble circunstancia de no haber demandado y de no haber sido demandados”. Legitimación que el TS les reconocerá, no sin antes formular una velada crítica a dichos sindicatos (y aceptando pues, implícitamente las tesis de la AN) en cuanto que fueron ellos mismos quienes decidieron, al menos tácitamente, “no ejercitar de forma directa el derecho que al respecto les reconoce expresamente el art. 124.1 LRJS…”, disponiendo de la “implantación suficiente en el ámbito del despido colectivo”.
Para la Sala, más allá de cómo fueron traídos al proceso por la parte demandante (en condición de interesados y no de demandados), suponiendo (al menos no se encuentra esa argumentación en la demanda) que esa condición guardaría relación con ser titulares “de un interés genérico o institucional, no del interés cualificado y específico propio de la RLT en los períodos de consultas de los despidos colectivos...”, la cuestión nuclear a resolver es si tales sindicatos “tenían o no legitimación para actuar como parte en este concreto litigio, fueran cuales fueran las condiciones e incluso las limitaciones que tal actuación pudiera conllevar”. Y siendo la Sala consciente, al menos, del indudable esfuerzo intelectual de la AN para llegar a la tesis de la falta de legitimación de tales sindicatos, no comparte la misma y procederá a su reconocimiento, trayendo a colación la argumentación doctrinal desarrollada en otra sentencia también dictada el mismo día (y también deliberada en la misma sesión de 21 de enero) respecto a la necesaria relación (que por otra parte no creo que fuera negada en modo alguno por la AN) del precepto procesal regulador de los despidos colectivos, el art. 124 LRJS, con otras normas procesales “cuya integración sistemática es ineludible”, tales como el art. 7 CE, 17.2 LRJS, 155 LRJS, 13 LEC y 11 LOPJ, concluyendo de toda la amplia panoplia de normas referenciadas, y coincido con el planteamiento doctrinal más allá de la aplicación concreta a este caso, que el legislador ha adoptado una actitud que es calificada de “proactiva” respecto a “la intervención procesal de los sindicatos cuando de intereses colectivos se trata, para favorecer el cumplimiento de su función constitucional”.
Será, dicho sea en síntesis, la aplicación analógica del art. 155 LRJS (en redacción ciertamente más amplia que la del art. 124 respecto a la posible personación de los sindicatos representativos en los proceso de conflicto colectivo aunque no los hubieren promovido) la que dará base a la argumentación del TS para defender su tesis, no sin antes argumentar que de la dicción de los apartados 4 y 9 del art. 124 no cabe deducir en modo alguno “una prohibición de que otros sindicatos no firmantes del acuerdo pero con implantación en el ámbito de conflicto pueden personarse bien como demandantes bien como demandados...”. La tesis de la mayor concreción y especificación del proceso de despido colectivo en relación con el más amplio de aquel del conflicto colectivo (y que sin duda tuvo en consideración la AN para dictar su resolución) no parece ser obstáculo insalvable para el TS, si bien hubiera requerido de mayor análisis esta cuestión, siquiera sea para responder adecuadamente a la cuidada argumentación de la AN, y no resolverlo únicamente con la mención que “Al fin y a la postre, el proceso especial de despidos colectivos es una variante de un proceso – también especial pero de mucho mayor alcance – como es el de conflictos colectivos”.
Sigue dándole vueltas y más vueltas la Sala a su argumentación (¿quizás por no tener tan clara la respuesta estimatoria de la pretensión de los recurrentes, o quizás para lograr, como así ocurrió, una sentencia unánime?), planteando el carácter menor a efectos procesales, a mi parecer, de cómo han sido llamados al proceso por la parte demandante en instancia, en cuanto que sujetos que tenían, siempre según la demandante, “condición de interesados en el ámbito de conflicto”. No han sido pues llamados al proceso como demandados (obviamente no son demandantes al no haber accionado contra la decisión empresarial, y aquí la Sala pone de manifiesto, y creo que acierta, que en tal caso se hubiera producido probablemente “una contradicción material porque, al no existir acuerdo sobre el despido colectivo, su posición e intereses nunca podrían confluir con los del empleador”). Se tratará, pues, de una intervención adhesiva según el TS ex art. 13.1 LEC, suscitándose aquí la duda de si la dicción del art. 124 LRJS es suficientemente clara (incluso con la relación con los arts. 17 y 155 de la misma norma) para no tener que acudir supletoriamente a la LEC (así pareció entenderlo la AN) o por el contrario es necesaria su integración (tesis del TS). Aceptado el carácter adhesivo, es obvio que la limitación de la intervención de los sindicatos “interesados” es clara en cuanto que si bien puede formular las alegaciones y aportar las pruebas que estimen convenientes no podrán en modo alguno, al realizar esas alegaciones y aportación de pruebas, “variar el contenido de la pretensión ni hacer modificaciones sustanciales a la demanda...”, ya que de actuar en esos términos se produciría una indefensión a la parte demandada, “y en este aspecto” señala la Sala para remarcar aquel aspecto del argumento de la AN que le parece válido”, “el razonamiento de la AN es acertado”.
D) La conclusión de la tesis sostenida por el TS, y que lleva a la anulación de la sentencia de instancia, es la devolución de las actuaciones a la AN para que dicte una nueva resolución. En la misma, “por supuesto, con plena libertad de criterio” afirma enfáticamente la Sala, pero añadiendo inmediatamente a continuación “en la forma y medida que arriba ha quedado expuesta”, la AN deberá tomar en consideración “las alegaciones y pruebas ya articuladas y practicadas por CC OO y UGT sin protesta alguna al respecto, antes de que aquella fuera dictada, dado que CGT no ha formulado recurso”.
4. Santa Bárbara: de la AN al TS, del TS a la AN… ¿y nuevamente de la AN al TS? Una breve nota a la sentencia de 15 de abril de 2015.
A) El Sr. Gregorio Martín, presidente de la plataforma de los 55 despedidos de la empresa Santa Bárbara, tuvo la amabilidad, que le agradezco, de enviarme la sentencia dictada el 15 de abril por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, de la que fue ponente la magistrada Carolina Sanmartín.
Dicha sentencia es la que motiva el título de esta entrada y la breve nota que efectuaré a continuación. En efecto, la sentencia de la AN se dicta como consecuencia de la nulidad, declarada por el TS en sentencia de 28 de enero del mismo año contra la dictada por la AN el 8 de julio de 2.013.
Sólo deseo recordar ahora, para enmarcar adecuadamente la nueva sentencia de la AN, que la nulidad se declaró por una cuestión procesal, la legitimación de CC OO y UGT, y que el TS no entró en el examen de los restantes motivos expuestos en los cinco recursos presentados, anulación que se dictó “a fin de que la propia Sala de instancia dicte una nueva resolución en la que tome en consideración, en la medida que arriba ha quedado expuesta, las alegaciones y pruebas articuladas por CC OO y UGT antes de que aquella fuera dictada...”. En síntesis, se devolvieron las actuaciones a la AN para que dictara una nueva resolución.
b) Por consiguiente, el enfado claramente manifestado por los trabajadores despedidos con la nueva sentencia, y del que se encuentran buenas muestras en el blog https://ensantabarbarablog.wordpress.com, ha de ir dirigido a las dos sentencias de la AN pero fundamentalmente a la dictada el 8 de julio de 2013, ahora ratificada íntegramente por la de 15 de abril por entender la Sala que el cumplimiento de la sentencia del TS no debe afectar en modo alguno al contenido de fondo del litigio debatido.
El resumen oficial de dicha sentencia es el siguiente: “Se impugna despido colectivo, pretendiendo que se declare nulo o, subsidiariamente, no ajustado a Derecho. Se desestima la excepción de falta de legitimación para ser parte de quienes no son demandantes ni demandados, llamados al proceso en calidad de “interesados”. Se niega el incumplimiento significativo de requisitos formales. No debe concluirse unilateralmente el período de consultas antes del transcurso íntegro del plazo, aunque en este caso ello no es lo suficientemente significativo como para anular el despido. La finalidad del período de consultas ya se había cumplido hasta donde las partes estuvieron dispuestas, dado que no era remotamente previsible que acercaran posiciones absolutamente enfrentadas en el último día, cuando ni siquiera habían acordado celebrar reunión. Concurren causa económica, productiva y organizativa, con pérdidas actuales, contracción de la demanda, subactividad y distribución ineficiente de la plantilla”.
C) La sentencia de 15 de abril de 2015es sustancialmente idéntica a la del 8 de julio de 2013 en la mayor parte de su contenido, y sólo se diferencia en cuanto que la Sala ha de tomar en consideración, de acuerdo a lo marcado por la sentencia del TS, las alegaciones formuladas por las partes interesadas UGT y CC. OO, y así lo hará con extraordinaria brevedad apoyada en argumentos procesales. Igualmente, la Sala aprovecha la oportunidad, o más correcto sería decir la obligación, de dictar una nueva sentencia para pretender dotar de mayor consistencia jurídica a sus argumentaciones cuando ya existe doctrina del TS al respecto. Conviene recordar que la primera sentencia del TS sobre la reforma laboral en materia de despidos colectivos se dictó el 20 de marzo de 2013, es decir muy poco antes de fecha de la primera resolución judicial de la AN.
B) Y una vez realizada esta afirmación, y tras haber examinado las alegaciones y pruebas de UGT y CC OO, que no fueron tenidas en consideración en la sentencia de 8 de julio, junto obviamente con las de las partes demandantes y demandadas que sí fueron valoradas, la conclusión jurídica es la misma, casi punto por punto, o coma por coma, que la que aparece en la resolución de 2013. Las modificaciones, o mejoras jurídicas en punto a fundamentar alguna tesis de la sentencia, se encuentran sólo en la cita de algunas sentencias del TS dictadas con posterioridad al 8 de julio de 2013. Son estas:
a) La referencia a que el comité intercentroS ostenta naturaleza jurídica unitaria, diferenciada de la representación sindical, y su consideración de órgano representativo de segundo grado, con cita de apoyo de las sentencias del TS de 16 y 24 de junio de 2014.
d) Por último, y con respecto a la existencia, para la Sala, de las causas alegadas por la empresa para proceder a los despidos, además de remitirse a la sentencia del TS de 22 de mayo de 2103 la Sala refuerza su argumentación con la sentencia de 20 de septiembre del mismo año, objeto de un análisis crítico por mi parte en una amplia entrada sobre la misma, y su tesis de que los órganos jurisdiccionales “a la hora de valorar las causas, los órganos jurisdiccionales no deben efectuar un juicio de proporcionalidad en el sentido técnico-jurídico de la expresión (el cual presupone una valoración del carácter indispensable de la decisión adoptada), sino un juicio de adecuación más limitado, que compruebe la existencia de las causas alegadas, su pertenencia al tipo legal descrito en art. 51 ET, y la idoneidad de las mismas en términos de gestión empresarial en orden a justificar los ceses”.
C) Concluyo esta breve nota reiterando que la lectura de la sentencia de 15 de abril debe hacerse tomando en consideración los mínimos cambios operados sobre la de 8 de julio de 2013, y que con toda probabilidad habrá un nuevo viaje desde la AN hasta el TS. Mientras tanto, sería bueno, o al menos así lo creo, que se lograra un acuerdo político que pusiera fin a uno de los conflictos que más ha impactado en los últimos tiempos no sólo a los trabajadores directamente afectados sino también a la comunidad autónoma asturiana.

References: resolución 
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