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Timestamp: 2017-08-21 17:32:34+00:00

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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA MARCOS ALEJANDRO CELIS QUINTAL, AL RENDIR EL INFORME DE ACTIVIDADES 2011 DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN
Mérida, Yucatán a 17 de mayo de 2012
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 40 fracción XVIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial, comparezco ante el Pleno del Tribunal Superior de Justicia con la asistencia de todos los magistrados y los consejeros del Poder Judicial del Estado de Yucatán, a rendir el informe de actividades correspondiente al año 2011, y con la distinguida presencia de los titulares de los poderes públicos del estado, así como de altas autoridades civiles y militares del municipio y la entidad.
En un ejercicio republicano de rendición de cuentas, por mandato de ley y por convencimiento propio, sometemos a la opinión pública la actuación de los órganos que integran el Poder Judicial, para reportar los avances de la impartición de justicia durante el año anterior.
Con respeto y apego a la Constitución Política del Estado de Yucatán, así como a la autonomía e independencia del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa, y del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios, en este informe se dará cuenta únicamente del actuar del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo de la Judicatura y de los Juzgados de Primera Instancia.
Imaginemos, hoy, la justicia que queremos en 10, en 20, en 50 años. Pensemos como quisiéramos que sean los edificios Judiciales del siglo XXI, sus oficinas, las Salas de audiencias, la dinámica de los procesos, las sentencias de los jueces.
Esa justicia que seguramente hemos imaginado, la compartimos quienes integramos el Poder Judicial, y a cada paso que damos nos acercamos más al ideal de justicia que la sociedad yucateca espera.
2011 ha sido trascendental para avanzar en este proceso de constante mejora de la justicia en nuestra entidad. Ha sido un año de arduo trabajo y excelentes resultados, pero sobre todo de pasos sin retorno en la ruta que nos hemos trazado.
2011 puede distinguirse como el año del fortalecimiento del Poder Judicial de Yucatán.
En marzo entró en vigor la Reforma en materia judicial más importante de los tiempos recientes en el Estado.
El Tribunal Superior de Justicia pasó a estar conformado de 6 a 11 magistrados, y se le dio al Pleno la facultad de organizar el trabajo de las Salas, que ahora pueden ser tanto Colegiadas como Unitarias. Con base en esta facultad, se creó la Sala Mixta y la Sala Especializada de Justicia para Adolescentes, que a partir de 2011 es Sala Unitaria.
2011 fue un año de cambios, renovación y ratificación. Los señores Magistrados Jorge Rivero Evia, Santiago Altamirano Escalante, Leticia del Socorro Cobá Magaña, Luis Felipe Esperón Villanueva, Ingrid Ivette Priego Cárdenas, José Rubén Ruiz Ramírez y la Consejera de la Judicatura Melba Angelina Méndez Fernández iniciaron sus respectivos periodos de ejercicio. Los señores magistrados Adda Lucelly Cámara Vallejos y Marcos Alejandro Celis Quintal fueron ratificados por el Pleno del Congreso del Estado de Yucatán hasta diciembre de 2022.
Además, en virtud de la Reforma Constitucional, ahora existe un procedimiento para la designación de los Magistrados, que en un sano esquema de frenos y contrapesos participan los otros dos poderes y un procedimiento de ratificación en el que participan el Tribunal Superior y el Congreso del Estado.
Ese mismo año se consolidó el Consejo de la Judicatura como Órgano especializado de Administración, que permite que los juzgados dediquen mayor tiempo a su función sustantiva que consiste en impartir justicia.
La actividad del Consejo en este período ha generado el inicio de un proceso de modernización administrativa en el Poder Judicial sobre bases más técnicas y científicas.
En marzo de 2011 se instaló el Tribunal Constitucional de Yucatán. Este órgano jurisdiccional, constituido por los magistrados que integran el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, tiene a su cargo controlar la Constitucionalidad de las normas y actos que emitan los otros órganos del Poder Público.
El nuevo Sistema de Control Constitucional del Estado cuenta con 4 figuras procesales: La acción de Inconstitucionalidad, la Controversia Constitucional, la Comisión Legislativa y el Control previo de Constitucionalidad. Este último mecanismo, sin precedentes en nuestro país.
Los 4 procesos a través de los cuales el Tribunal controlará la constitucionalidad local, ya fueron avalados en su totalidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En el nuevo papel como garante de la Constitucionalidad estatal, el Tribunal Constitucional resolvió en agosto la primera controversia constitucional, sometida a su jurisdicción, declarando fundada la demanda de la Legislatura Estatal contra el ayuntamiento de Tinum por el cambio de sede municipal sin la autorización del Congreso, única autoridad facultada para realizar dicha reubicación.
En este tenor, el Poder Judicial asumió cabalmente su papel como árbitro objetivo e imparcial en los conflictos entre los órganos del Poder público.
El Poder Judicial, solo puede ser fuerte si es independiente financieramente. En este contexto se estableció en la constitución el porcentaje mínimo del 2% respecto del presupuesto estatal y no puede ser disminuido respecto del año anterior.
Es de honor subrayar que la iniciativa de Reforma Constitucional local fue construida de manera coordinada con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la sociedad yucateca representada en el Consejo Consultivo para la Reforma del Estado, y firmada por el Ejecutivo Estatal y este Poder Judicial. Esa es la voluntad política que impulsa el fortalecimiento y la independencia judicial.
Hoy podemos corroborar que la fórmula para mejorar es la coordinación, nunca la confrontación y la división.
El resultado de la independencia financiera es que de 2007 a 2012 el presupuesto judicial aumentó de 132 a 391 millones de pesos. Es decir, los recursos para la justicia se han incrementado en un 296%. Es decir, casi se triplicó el presupuesto en este período.
Otro aspecto de la reforma constitucional es la incorporación de los Tribunales de Justicia Electoral y Administrativa y del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado, para privilegiar el principio de unidad de la jurisdicción, el cual dispone que los órganos que imparten justicia, deban estar adscritos al Poder Judicial.
Con esta nueva adscripción de los tribunales administrativos autónomos, se fortalece su independencia y pasan a gozar de las prerrogativas y garantías de la función jurisdiccional que protegen a los demás miembros de la Judicatura.
El fortalecimiento del Poder Judicial, nos permite contar con mejores herramientas y nos compromete a hacer cada día mejor nuestro trabajo.
Que no se malinterprete. El Poder Judicial hace su trabajo y lo hace con profesionalismo y dedicación. Somos un equipo de gente comprometida y con vocación de servicio que hace la tarea con calidad y extraordinarios resultados.
2011 ha sido el año de la productividad judicial, la cantidad de asuntos concluidos fue mayor al de los iniciados, lo cual nos refleja un importante avance en la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales.
En primera instancia los juzgados civiles tuvieron una tasa de resolución del 120%, los mercantiles del 112%, los familiares del 93%, los mixtos del 104%, los penales del 106%, y los especializados en justicia para adolescentes del 151%.
Esto se traduce en que la tasa de resolución del total de asuntos en primera instancia fue del 105%.
En cuanto a la productividad jurisdiccional en segunda instancia, la sala civil, familiar y mercantil registra una tasa de resolución del 124%, la sala penal del 146%, y la sala especializada en justicia para adolescentes del 105%.
La Sala mixta inició funciones a mediados de 2011 y hasta el cierre del año tuvo 2, 285 tocas iniciados. De estos asuntos, una importante cantidad se recibieron en la segunda parte del año, y de acuerdo con los tiempos procesales ya se han concluido 846 asuntos. Por supuesto en el primer semestre de 2012, se verá reflejado un considerable abatimiento de las cargas de trabajo de la nueva Sala del Tribunal Superior.
La cantidad de asuntos iniciados en 2011 respecto a 2010 fue menor en la mayoría de los juzgados de primera instancia, lo cual se traduce en una buena señal pues refleja que existe una mejor distribución de los asuntos como resultado de la apertura de nuevos juzgados.
Es de destacar que, en términos globales se registró una ligera disminución de los asuntos iniciados respecto del 2010 año en el que se iniciaron 34,175 asuntos, mientras que en el período que se informa, se aperturaron 34,104 procedimientos. Mejor aún, en primera instancia se registra un aumento de asuntos concluidos en 2011 con respecto al año anterior, de 32,674, a 35,145. Un incremento de 11.28%.
Sin embargo, hay áreas en las que se registra un importante crecimiento. En los juzgados mercantiles el incremento es de 10.8%, y en los mixtos del 32.54%. Esta información es de suma utilidad pues indica que es en la materia mercantil y mixta donde hay que focalizar el crecimiento y descentralización judicial.
Los juzgados mixtos son los que mayor número de asuntos concluidos reportan con 69.52% en el 2011 respecto de 2010, lo cual se traduce en un acierto al haber creado nuevos juzgados foráneos.
También los juzgados mercantiles registran una mayor cantidad de asuntos concluidos del 69.52% y los familiares del 2.77%, respecto del año anterior
En cuanto a las finanzas públicas, tanto por necesidad como por convicción, la austeridad es una regla en la función jurisdiccional. El 2011 fue un ejemplo de trabajo, siempre fiel a los principios de transparencia, eficiencia y racionalidad del gasto público.
El Congreso del Estado de Yucatán autorizó al Poder Judicial un presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011 la cantidad de $300,000,000.00. Con la integración del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa y del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios al Poder Judicial, en marzo de 2011, el presupuesto de dichos órganos jurisdiccionales pasó a formar parte del presupuesto de egresos asignado al Poder Judicial lo que resultó en la cantidad de $322,622,778.00.
Durante el ejercicio 2011, de la disponibilidad presupuestal estatal total del Poder Judicial del Estado de Yucatán se destinó el 89% para servicios personales, el 2% a la adquisición de bienes muebles como activo fijo, y el 9% a la adquisición de materiales y suministros de los servicios generales que requiere el Poder Judicial del Estado.
Adicionalmente en el 2011, recibimos recursos extraordinarios (no presupuestados) por la cantidad de $2,460,040.00 del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el equipamiento de los Juzgados de Oralidad de Valladolid y Umán.
También se recibieron recursos por un monto total de $10,625,972.00 provenientes de la COMEY, de los cuales $6,242,415.32 serán destinados para la construcción de la segunda etapa del Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado con cabecera en el Municipio de Kanasín, Yucatán y $4, 383, 557.00 serán para la construcción del Juzgado Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado con cabecera en el Municipio de Progreso.
Se obtuvieron ingresos extraordinarios por la cantidad de $19,632,106.00 correspondientes a servicios de fotocopiado, ventas de bases de licitación, recuperación por siniestros, y estímulo fiscal, mismos que fueron destinados a la compra de activo fijo e infraestructura del Poder Judicial, así como equipamiento de juzgados.
En relación a la plantilla laboral y no obstante el aumento de las Salas en el Tribunal Superior de Justicia, la creación del Tribunal de Oralidad, los Juzgados de Ejecución, los Juzgados de Control y el inicio de labores del Juzgado de Ticul e Izamal en el 2011, el crecimiento de la Plantilla laboral fue de 74 plazas.
Del personal que integra el Poder Judicial, el 44% son hombres y el 56% son mujeres, lo cual refleja nuestra política de equidad de género.
En materia de infraestructura judicial, es de relevancia mencionar que se concluyó la construcción de la Sala de Oralidad del Tribunal Superior de Justicia, así como su equipamiento.
Para el inicio del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, se construyó en el municipio de Umán, en beneficio de 11 municipios del Primer Departamento Judicial del Estado, el Juzgado de Control y Sede de los Tribunales de Juicio Oral, con recursos de la COMEY y del propio Poder Judicial, que representó una inversión de $8,340,675.00.
Asimismo, en el área que ocupaba la administración de los Juzgados Penales, se habilitaron las oficinas de los dos Juzgados de Ejecución, al igual que una sala de oralidad, reubicándose las oficinas administrativas.
Asimismo, considerando espacios más cómodos y funcionales para los usuarios y empleados jurisdiccionales y la centralización de dos servicios en un solo lugar, se realizaron cambios en las sedes del Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado con sede en Ticul, y de la Oficina Regional de Mediación de esa ciudad, quedando ambas ubicadas en un solo inmueble.
Uno de los grandes logros del 2011 fue la celebración de un convenio con la Contraloría General del Estado, por medio del cual se creó el Registro Patrimonial de los Servidores Públicos Pertenecientes al Poder Judicial del Estado de Yucatán que otorgó a la Contraloría del Consejo de la Judicatura, las facultades para la recepción, disposición, registro y resguardo de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del Poder Judicial, con excepción de los adscritos al Tribunal Superior de Justicia.
De esta manera, al inicio del ejercicio del año que se informa, el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Yucatán, en lo referente a los recursos ajenos, depositados en custodia, inició con la cantidad total de $12,520, 992.00. En lo referente a los recursos propios, resultado de la generación de intereses, al inicio del año, la cantidad fue de $5,136,510.00.
En el transcurso del año, ingresaron recursos ajenos, en virtud de actos jurídicos o mandamientos de autoridad debidamente motivados y fundados en ley, un total de $205,541,853.00 que sumados a la cantidad anteriormente mencionada hizo un total de $318,062,845.00 de los cuales, fueron devueltos a los particulares, la cantidad de $201,213,811.00 quedando en custodia al final del año la cantidad de $116,849,034.00.
De igual manera a lo largo del año ingresaron por diversos conceptos tales como intereses, cauciones y fianzas la cantidad de $11,247,787.00, alcanzando con ello un total de $16,384,297.00.
Así al cierre del ejercicio financiero 2011, los recursos propios del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia ascendieron a la cantidad de $2,171,529.00.
En relación a capacitación, en el 2011, se invirtieron $2,896,168.71, en la importante estrategia de capacitación y desarrollo profesional, que nos permiten cumplir con nuestros altos estándares de exigencia profesional los cuales forman parte de nuestras acciones para brindar una justicia de mejor calidad.
Se impartieron 1716 horas de estudio, a través de 50 cursos, talleres y conferencias.
También se impartieron conferencias, y cursos de actualización a 350 abogados litigantes y público interesado, quienes se entrenaron en un total de 254 horas, en el nuevo Sistema Penal Acusatorio.
Como actividad ancla para la sensibilización y el cambio cultural, se realizó el Primer Simposio sobre Juicio Oral, en el que 4000 personas asistieron a diversas conferencias y presenciaron una simulación de juicio oral coordinado por jueces, fiscales y defensores estadounidenses.
Por otro lado, un importante logro en el impulso al desarrollo humano, fue el aumento, por encima de la inflación, un 5% al salario y a las prestaciones que reciben nuestros trabajadores. En la medida en la que dispongamos de más recursos, se irá realizando un aumento de sueldos como estrategia para la dignificación del servidor judicial.
En el período que se informa hemos continuado, como parte importante de nuestra agenda institucional, con la política de impulso a la equidad de género, a la protección de los menores y el acceso a la justicia a los integrantes de la etnia maya. Para ello hemos realizado diversos talleres, cursos conferencias, certificación de intérpretes y participación activa del Poder Judicial en las mesas y foros nacionales sobre estos importantes temas. El objetivo, es generar una justicia cada vez, más humana y sensible a las necesidades de la gente que acude a pedir justicia, principalmente de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Uno de los objetivos transversales del Poder Judicial del Estado de Yucatán en los últimos años ha sido fomentar una justicia que tienda a construir puentes para la reconciliación familiar. En noviembre del año pasado, entró enfuncionamiento del Centro de Convivencia Familiar para Visitas Supervisadas, en el que los padres podrán recibir y entregar a sus hijos para la convivencia con el progenitor que no tiene la custodia del menor, y para que los padres puedan convivir con sus padres en el propio centro, en un ambiente seguro y con el apoyo y la supervisión de especialistas.
Acercar y simplificar la justicia ha sido el eje central del trabajo en 2011.
En 2011 se creó en Ticul el Juzgado Segundo Mixto de lo Civil y Familiar, que se encuentra al servicio de 106 mil habitantes de 12 municipios del sur de la entidad, quienes ya no tendrán que trasladarse a Tekax, donde se encontraba el juzgado más cercano en la materia.
Del período que comprende de 2007 a 2011, pasamos de dos a nueve juzgados foráneos en el Estado, y por supuesto, seguiremos acercando la justicia a las comunidades del interior del estado.
Como parte del cambio cultural que le da vida y adaptabilidad al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral en Yucatán, el Poder Judicial mantiene una vinculación constante con las Escuelas y Facultades de Derecho locales.
Con el objetivo de fomentar entre los estudiantes de Derecho el conocimiento, estudio y participación en el Nuevo Sistema de Justicia, el Poder Judicial del Estado convocó en febrero a la Competencia Universitaria de Litigio Oral, en la cual participaron 56 alumnos de nueve universidades de Yucatán y una de Tabasco.
En materia de Mediación, en 2011, se inauguraron las Oficinas Regionales de Mediación y Conciliación de Ticul, Progreso y Umán, las cuales ofrecen a los habitantes de estas localidades del estado la posibilidad de resolver sus conflictos sin la necesidad de una intervención jurisdiccional, pero dejando abierta a la vez la posibilidad de obtener un convenio con plena validez legal.
Fomentando la transparencia institucional, durante 2011, se recibieron 282 peticiones, de las cuales 180 constituyeron solicitudes de acceso a la información; 168 por medio de la página de internet, dos por correo electrónico y diez de manera personal. De tipo jurisdiccional fueron 119 solicitudes y 61 de tipo administrativo. El 99.4% (179) fueron resueltas durante el año. A las 102 peticiones restantes que no constituyeron solicitudes de acceso a la información se les dio un tratamiento de orientación.
Como consecuencia de una revisión, el INAIP reconoció oficialmente al Poder Judicial del Estado por contar en las páginas de internet del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura con la totalidad de la información a la que se encuentran obligados por la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán.
Ahora bien, la Reforma Penal fue el principal objetivo en 2011. Este fue el tercer año del período Constitucional para la implementación de la Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal. En Yucatán ya se encuentra funcionando en 35 de sus municipios el nuevo Sistema de Justicia Penal, lo que nos ha convertido en modelo nacional de implementación.
Con el objetivo de dar continuidad y contribuir en la instrumentación del nuevo Sistema de Justicia Penal, previsto en nuestra Carta Magna y en nuestra Constitución local, el Poder Judicial del Estado de Yucatán ha realizado diversas acciones que se dividen en cuatro ejes fundamentales sobre los cuales se sustenta el proceso de cambio en la jurisdicción local: eje de cambio organizacional, eje de cambio cultural, eje de coordinación interinstitucional, eje de comunicación social, y eje de cambio normativo gradual y eficiente.
De acuerdo con las acciones del eje de cambio organizacional, destaca la creación del Juzgado Primero de Control, con residencia en Umán y competencia en la Segunda Región del Primer Departamento Judicial del Estado; así como del Juzgado Segundo de Control, con residencia en Valladolid y competencia en el Tercer Departamento Judicial de Estado. También se crearon dos Tribunales de Juicio Oral, integrados cada uno por tres Jueces de Oralidad, con residencia alterna entre Valladolid y Umán, y con competencia en todo el Tercer Departamento Judicial y en 13 municipios del Segundo Departamento Judicial.
Asimismo, destaca la creación los dos primeros juzgados de Ejecución de Sentencia, órganos jurisdiccionales que se encargan, por mandato constitucional, de proteger los derechos fundamentales de los sentenciados y de otorgar los beneficios de libertad anticipada, que antes era una labor administrativa a cargo del Ejecutivo.
Destaca también la creación de dos Salas Colegiadas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, integradas por tres Magistrados cada una, y con competencia para resolver los recursos de apelación, casación y revisión establecidos en el Código Procesal Penal para el Estado de Yucatán, así como del recurso de apelación que establece la Ley de Ejecución de Sanciones y Medidas de Seguridad del Estado de Yucatán. Estas Salas iniciaron funciones el 15 de noviembre de 2011.
El 15 de noviembre es un día histórico para la justicia en Yucatán, con el inicio del sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral, nuestro estado se puso a la vanguardia en la justicia penal de México, y no porque sea el primer Estado que implementa la oralidad, sino porque se convierte en un referente por el proceso de planeación y ejecución del sistema.
Nuestro Estado es reconocido por el Órgano Nacional de Implementación, como modelo en la implementación de la Reforma Procesal de más largo alcance en la historia de México. Ello no es gratuito.
Factores como su población, su geografía, sus comunicaciones, sus altos índices de seguridad, el número y tipo de delitos que se cometen en nuestra entidad, la cultura de respeto a la ley, pero sobre todo el firme compromiso de los Poderes del Estado para impulsar la reforma procesal, han propiciado que Yucatán sea el paradigma en el proceso de implementación. De nosotros depende que sea una experiencia de éxito.
La implementación del Sistema Acusatorio en nuestro Estado se encuentra en su fase de inicio. En septiembre de este año, en 46 municipios del Centro y Sur de la entidad, y en 2013 en los restantes municipios de Yucatán, incluyendo Mérida.
Pero el proceso de cambio cultural de consolidación del Sistema y profesionalización de los actores del sistema, es un proceso de largo alcance, que en países como Chile, ha llevado 12 años y sigue siendo un cambio inacabado.
El sistema acusatorio está diseñado para brindarnos herramientas que nos permitan agilizar los procedimientos y generar más elementos para incrementar la calidad de los procesos penales.
La justicia de calidad que hoy distingue al proceso penal tradicional de Yucatán se enfrenta a nuevos retos para tender a su perfeccionamiento constante y estamos convencidos de que la implementación del sistema acusatorio y oral es el camino correcto.
Por ello, hago un reconocimiento público a los jueces y todos los integrantes del Poder Judicial de Yucatán por servir a los yucatecos con profesionalismo y dedicación.
Los principios que disciplinan el Sistema Acusatorio y Oral en materia penal, se incorporarán a otras materias en los próximos meses. El siguiente paso es la implementación de la oralidad en los procesos familiares y mercantiles. Los juzgadores en Yucatán pronto contarán con esas herramientas procesales para agilizar los juicios y generar información probatoria más depurada que faciliten las decisiones judiciales. Se trata de lograr procesos más dinámicos y más sencillos, que permitan soluciones más rápidas.
En eso consiste la revolución procesal que el Poder Judicial ha emprendido y que hoy anima nuestro trabajo. Queremos servir cada día mejor a la sociedad y en ello empeñamos nuestro esfuerzo cotidiano.
En este contexto, los Poderes Ejecutivo y Legislativo enviaron al Congreso del Estado las iniciativas de Código Familiar y Código de Procedimientos familiares.
Dichos cuerpos normativos, fueron enriquecidos en la legislatura estatal, y aprobados este año; inician su vigencia en febrero de 2013.
Entre muchas novedosas figuras, la nueva legislación familiar establece el proceso oral, con base en los principios articuladores de la buena justicia; la inmediación, la contradicción y la concentración.
Ello es un trascendente reto para el Poder Judicial del Estado, para la comunidad jurídica y para toda la sociedad.
Todo lo anterior, nos lleva a reflexionar sobre el papel de la función jurisdiccional, en el México del siglo XXI.
El Poder Judicial tiene a su cargo la función esencial del Estado de darle a cada quién lo que le corresponda en derecho.
Jueces y Magistrados tienen a su cargo la altísima responsabilidad de decidir sobre el patrimonio y la libertad de las personas, así como de sus deberes familiares. No hay poder humano más importante que éste.
Hoy, el Poder Judicial a través de sus sentencias, cumple cada día con un papel de gran relevancia en la sociedad, pero no siempre ha sido así.
El célebre Montesquieu, en su obra El Espíritu de las Leyes expresó que los jueces eran “la boca muda de la ley”; reflejo sin duda de la desconfianza que se tenía a la función judicial y a la idea de la soberanía popular residente en el parlamento, que minimizaba la importancia de la función judicial.
En ese tenor, en la Constitución yucateca de 1825, nuestra primera Carta Magna, los jueces tenían vedado interpretar las leyes. Si tenían alguna duda sobre el significado de alguna disposición, tenían que acudir al congreso para que hiciera una interpretación auténtica, y con base en lo dispuesto por la legislatura, podían ya aplicar la ley consultada.
Hoy esa idea de los jueces ha cambiado. Ahora se reconoce la creciente importancia de los funcionarios judiciales en la sociedad.
El Poder Judicial está llamado a ocupar un lugar protagónico en la sociedad de nuestros tiempos. Hoy se concibe como un elemento articulador de la armonía social.
La solución prudente y oportuna de los conflictos que se suscitan entre los miembros de la sociedad lleva a la aceptación y al respeto de las decisiones judiciales y ello a su vez significa su cumplimiento voluntario basado en el respeto a la autoridad del juez. La aceptación de las decisiones judiciales reduce el conflicto y allana el camino para la restauración de las relaciones sociales.
Además, la previsión de las consecuencias jurídicas derivadas de las decisiones judiciales inhibe la infracción legal, generando condiciones de paz social. De ahí la importancia de la función judicial, por su papel de garante de convivencia armónica y de la paz social.
El Poder Judicial también es garante de las instituciones más relevantes de la comunidad, tales como la seguridad, la democracia, la justicia y la igualdad.
Las decisiones que día a día se toman en los juzgados y salas, mandan el mensaje recio de que en Yucatán quien comete un delito será juzgado y condenado, que quien despoja de su patrimonio a su semejante tendrá que devolverlo, que quien desea infringir la ley, será obligado a cumplirla. De esta manera interpreta y hace cumplir la voluntad de los ciudadanos a través de las leyes e instituciones que la sociedad se ha dado y reconduce su evolución a través de la interpretación de la evolución social.
En el sistema de división de poderes, un órgano público solo puede auténtica y materialmente ser considerado un poder en la medida que participa plenamente en el esquema de equilibrio de poderes, lo cual implica un sistema de frenos y contrapesos.
Por ello, la moderna visión del Poder Judicial lo coloca como el guardián y el gran árbitro entre los órganos del poder público.
El Poder Judicial es la sede donde con responsabilidad, entereza y objetividad se resuelven las diferencias entre las instancias de gobierno, al contraluz de la norma superior que es nuestra Constitución.
Esa es la relevancia del Poder Judicial en los albores de este siglo XXI. Ese es el Poder Judicial de Yucatán que asume los retos que surgen del redimensionamiento de su papel social.
A ello se suman las grandes transformaciones que se dan en el sistema jurídico mexicano como la reforma al artículo primero Constitucional que encomienda a toda autoridad la promoción, tutela y protección de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales.
La Reforma Constitucional y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha generado el reconocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de que los jueces locales también puedan ejercer el control difuso de nuestra Constitución y de los Tratados Internacionales.
En realidad esa es vieja historia en Yucatán. El mandato del artículo 133 Constitucional, que por cierto data de 1857, ha sido cabalmente cumplido en nuestras sentencias.
En esa virtud hemos hecho respetar los derechos constitucionales de los inculpados, de las víctimas, así como el interés superior del niño y del adolescente, entre muchos otros. No obstante, el nuevo modelo de tutela de los derechos humanos en nuestro país nos plantea retos formidables que el Poder Judicial asume con entereza.
El Poder Judicial de Yucatán se distingue y se seguirá distinguiendo, por ser la casa de los derechos humanos de los yucatecos. Y seguirá siendo ejemplo nacional que derechos humanos y seguridad no están reñidos.
El respeto a la dignidad de las personas nunca será pretexto para la impunidad.
Los retos del Poder Judicial.
Una justicia cercana a los ciudadanos, abierta a la sociedad, humana, directa, rápida y de calidad, son los pilares sobre los cuales estamos construyendo un nuevo modelo de justicia que cumpla con las exigencias que la sociedad yucateca demanda.
Las cuatro vertientes de nuestra visión compartida del Poder Judicial del Estado de Yucatán del siglo XXI son:
Una impartición de justicia más cercana a la comunidad;
Una impartición de justicia más ágil;
Una impartición de justicia más eficiente y directa
Una impartición de justicia más humana.
Para lograr una impartición de justicia más cercana a la comunidad, en un estado que está en constante crecimiento, se hace necesaria una descentralización judicial, es decir, una expansión territorial dirigida a las zonas que muestran un mayor movimiento en el número de casos. Asimismo, dirigiremos nuestros esfuerzos para contar con más jueces y juzgados, que puedan atender de forma más cercana esta demanda de casos.
Para seguir con nuestro compromiso de acercar la justicia a la sociedad yucateca, el Poder Judicial requiere seguir construyendo y adecuando espacios para las audiencias orales del sistema acusatorio, por lo que el próximo año proyectamos abrir más juzgados foráneos en el interior del estado.
Para lograr una impartición de justicia más rápida, continuaremos disminuyendo nuestras cargas de trabajo y generaremos indicadores que nos permitan saber con mayor precisión hacia dónde debemos enfocar nuestro crecimiento.
Para hacer más eficiente la impartición de justicia en el estado, avanzaremos en la implementación del sistema acusatorio y oral que ya inició desde 2011, hacia otros 46 municipios en 2012, llegando a un total de 81 al cierre del siguiente año.
El nuevo Sistema de Justicia Penal nos permitirá a través de los principios de inmediación y contradicción, que los juzgadores escuchen los testimonios de viva voz de las víctimas y acusados, y puedan apreciar los medios de prueba de ambas partes, y así lograr sentencias de mayor calidad y con un menor margen de error.
Estos mismos principios que rigen el sistema oral, se implementarán en materia mercantil, familiar y en el sistema de justicia especializada para adolescentes, lo que seguirá haciendo que Yucatán sea considerado un estado modelo en la modernización de su sistema de impartición de la justicia.
Otro de los avances que queremos consolidar en 2012 tiene que ver con la modernización de los sistemas de consulta de los expedientes en su versión digital, con el propósito de que los abogados litigantes tengan la facilidad de obtener información de dichos documentos, incluso desde sus computadoras.
Lograr una justicia más humana implica un reto mayúsculo. Por un lado, queremos que los servidores judiciales de todos los niveles y áreas tomen como estandarte en su trabajo diario un trato digno hacia todos los ciudadanos.
Sin embargo, el desafío más importante es que nuestro trabajo judicial anteponga, ante cualquier otra circunstancia, el respeto a los derechos humanos de las personas involucradas en los procedimientos, consagrados en la Constitución y los Tratados Internacionales en la materia, de los cuales México forma parte.
En nuestra Institución, donde un 56% de sus colaboradores son mujeres, tener una visión arraigada basada en la equidad de género es muy relevante. El reto es que esta visión se refleje también en la resolución de las sentencias.
El buen manejo de los recursos públicos destinados a nuestra institución, será un factor indispensable para llegar de forma exitosa a nuestras metas.
Nuestra misión es continuar consolidándonos, a través de una cultura de calidad, como un órgano que genere confianza y credibilidad en la administración y en la impartición de justicia, fundamentada en la renovación de los valores tradicionales y de los nuevos principios que nos hacen una institución honesta, responsable y leal.
De ese tamaño es el reto y en el Poder Judicial así lo hemos entendido, lo asumimos con valentía, porque sabemos que el nuevo proceso oral familiar nos permitirá mayor calidad y rapidez en los juicios familiares.
En el Poder Judicial de Yucatán creemos que la medida del reto es la medida del esfuerzo y de lo que hoy hagamos depende la justicia que legaremos a la sociedad yucateca de mañana.
Aquí y en cada sede judicial hacemos las cosas muy bien, pero no nos conformamos y creemos que podemos hacer las cosas cada día mejor. Yucatán hoy nos lo pide y mañana nos lo exigirá.
Hoy en los recintos judiciales estamos consolidando un poder judicial cada día más fuerte, más independiente, más sensible, más humano, más cercano. El Poder Judicial que merece el Yucatán del siglo XXI.
Hoy construimos esa justicia que imaginamos y que anhelamos para el futuro. Un futuro que comienza hoy.

References: artículo 40
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 133
 resolución