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Timestamp: 2018-02-22 14:44:23+00:00

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Sentencia T.S.J. Castilla y León 934/2010 de 22 de abril. Reclamación de responsabilidad como consecuencia de atención médica defectuosa. Falta de legitimación pasiva de la Administración - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Castilla y León 934/2010 de 22 de abril
Reclamación de responsabilidad patrimonial que el recurrente entendió se produjo como consecuencia de la atención médica defectuosa de que fue objeto. Se alega que retraso en la intervención quirúrgica es el motivo de sus dolores de espalda. La sala entiende que existió mala praxis por parte de los servicios sanitarios en sus intervenciones. Queda estimada la excepción de falta de legitimación pasiva de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
En Valladolid, a veintidós de abril de dos mil diez.
Visto por esta Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, el presente recurso en el que se impugna:
La desestimación por silencio administrativo de la reclamación de responsabilidad patrimonial por menoscabos derivados de atención médica
Son partes en dicho recurso: de una y en concepto de demandante, DON Benigno, defendido por la Letrada doña Natalia Escanciano Bayón y representado por la Procuradora de los Tribunales doña María Aránzazu Muñoz Rodríguez; y de otra, y en concepto de demandada, la ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN, defendida y representada por sus Servicios Jurídicos; y la entidad "FREMAP Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 61", defendida por el Abogado don Abel de la Fuente Díaz y representada por el Procurador don José Miguel Ramos Polo; siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don AGUSTÍN PICÓN PALACIO, quien expresa el parecer de la Sala.
Primero.-Interpuesto y admitido a trámite el presente recurso y recibido el expediente administrativo, la parte recurrente dedujo demanda en que, con base en los hechos y fundamentos de derecho que se tuvieron por convenientes, solicitó de este Tribunal que se dictase sentencia "por la que declare contraria a Derecho y anule el acto recurrido, con restablecimiento de la situación jurídica individualizada de mi representado, que habrá de ser indemnizado solidariamente por las entidades demandadas por los daños y perjuicios sufridos en la cuantía de 105.868,05 euros más los intereses, reclamada ya en vía administrativa, y con expresa imposición de las costas causadas a la administración demandada". Por otrosi, se interesa el recibimiento a prueba del recurso.
Segundo.-En los escritos de contestación, con base en los hechos y fundamentos de derecho expresados en los mismos, se solicitó de este Tribunal se dictase sentencia que desestimase las pretensiones contenidas en el escrito de demanda.
Tercero.-El procedimiento se recibió a prueba, desarrollándose la misma con el resultado que obra en autos.
Cuarto.-Conferido traslado a las partes para presentar conclusiones, se evacuó el trámite por ambas y se señaló para votación y fallo el día quince de abril de dos mil diez.
Quinto.-En la tramitación de este recurso se han observado las prescripciones legales, salvo los plazos fijados por el legislador, por causa del volumen de pendencia y trabajo que soporta la Sala.
I.- Se impugna por el actor la desestimación que por silencio administrativo se hizo de su reclamación de responsabilidad patrimonial que entendió se produjo como consecuencia de la atención médica defectuosa de que fue objeto a raíz de los accidentes laborales que sufrió. Considera que, en concreto, el retraso en la intervención quirúrgica de sus dolores de espalda originados por la hernia padecida le causó perjuicios irreversibles en su persona y con ello en sus intereses económicos y pide ser indemnizado por ellos. Las demandadas se oponen, en el fondo, a las pretensiones contra ellas dirigidas y esgrimen, además, la administración autonómica, la excepción de falta de legitimación pasiva y la entidad FREMAP la prescripción de la acción ejercitada.
II.- La propia naturaleza de las cuestiones esgrimidas por las partes demandadas, y especialmente la intención de simplificar lo más pronto y eficazmente posible el litigio, dando lugar así a las finalidades perseguidas en los artículos 24 y 120.3 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 y 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, aconsejan estudiar ahora y de manera previa la excepción de falta de legitimación pasiva esgrimida por la representación procesal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en su escrito de contestación.
Tal alegación de falta de legitimación pasiva entendida como falta de razón para llamar al proceso a la parte que la invoca, no puede ser atendida por el Tribunal. Efectivamente, ha de valorarse que, además de otros extremos, se dilucida en este proceso la validez de un acto proveniente de la administración autonómica, cual es su desestimación por silencio administrativo de la reclamación que a ella se le dirigió por lo que el actor entendió que era una deficiente atención médica. Tal autoría del acto lleva implícito el correcto llamamiento a juicio de su autora, y con ello la legitimación pasiva de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de acuerdo con el artículo 21.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que considera parte demandada a la administración pública contra cuya actividad se dirija el recurso. Por lo tanto, en los términos que se dejan dichos, es preciso desestimar la excepción que se ha articulado por dicha administración autonómica.
III.- Cuestión distinta es la relativa a la falta de legitimación en cuanto falta de acción contra la citada Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León derivada de la falta de responsabilidad que se le imputa.
Para resolver esta cuestión, ha de considerarse que se ejercita por el actor una acción de responsabilidad patrimonial y que la jurisprudencia viene exigiendo para que resulte viable la reclamación de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, que el particular sufra una lesión en sus bienes o derechos que no tenga obligación de soportar y que sea real, concreta y susceptible de evaluación económica; que la lesión sea imputable a la administración y consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y que, por tanto, exista una relación de causa a efecto entre el funcionamiento del servicio y la lesión, sin que ésta sea producida por fuerza mayor (SSTS. de 3 octubre 2000, 9 noviembre 2004, 9 mayo 2005, 21 diciembre 2.006 y 24 enero 2007, entre otras).
De estos requisitos ha de considerarse, a los efectos en cierto modo preliminares que interesan en este momento, que el actor imputa las consecuencias perjudiciales que ahora padece y las que ha sufrido hasta este momento, a la atención médica de que ha sido objeto por los servicios médicos que le han venido atendiendo, los cuales no eran stricto sensu los de la sanidad pública de Castilla y León, dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, sino que han sido los que fueron puestos a su disposición por otra administración, cual era la encarnada, a los efectos que deben valorarse, los de la entidad "FREMAP Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 61", que nada tenían que ver con la referida administración territorial. Efectivamente, ninguna imputación se hace realmente a la Sanidad de Castilla y León (SACYL) a lo largo de los escritos de alegación de la parte actora y ninguna actuación relevante se aprecia en los expedientes de dicha sanidad castellano leonesa en relación con el tratamiento dispensado al actor.
Por ello, entendido en estos términos, la alegación de la representación procesal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León de falta de legitimación pasiva debe ser atendida. Efectivamente, en nada consta que la administración autonómica haya intervenido en el tratamiento de que fue objeto don Benigno como consecuencia de las atenciones médicas de que fue objeto y nada, por ello, puede imputársele en su contra.
La Sanidad de Castilla y León, y con ella la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León es completamente ajena a lo sucedido y no puede atribuírsele responsabilidad alguna en lo acaecido. De ahí que deba acogerse la alegación de dicha representación procesal y absolverse a su patrocinada de todo lo que contra ella se actúa en este proceso, como, de hecho, han entendido, implícitamente, los otros interesados quienes se han desentendido de la reclamación contra la Comunidad Autónoma y han debatido entre ellos la controversia, lo que, como se dice, es una prueba plena más de la procedencia de la estimación que se hace.
IV.- Hecha la anterior consideración, queda el litigio entre el actor y la entidad demandada, la entidad "FREMAP Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 61", quien esgrime, como se ha dicho, la excepción de prescripción de la acción ejercitada por el demandante y que se regula en el artículo 142.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y el artículo 4.2, párrafo segundo, del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos en materia de Responsabilidad de las Administraciones Públicas, en clara conexión con el lapso de tiempo que para el ejercicio de la acción de responsabilidad extracontractual regula el artículo 1968.2 del Código Civil.
Tal alegación, falta de una concreta precisión de los respectivos dies a quo y dies ad quem cuando se aduce -penúltimo párrafo del hecho tercero y fundamento de derecho III, del escrito de contestación-, no puede apreciarse en un supuesto como el de autos en que don Benigno es operado en el mes de septiembre de 2002 y en el mes de agosto del año siguiente ejercita su acción de responsabilidad patrimonial como obra al folio 2 del expediente, existiendo entre ambas fechas actuaciones de control del resultado de la operación y posteriormente traslado de las actuaciones por FREMAP al Equipo de Valoración de Incapacidades, cuyo dictamen, en principio, sería el que serviría para señalar el momento en que debe entenderse que el actor pudo conocer su situación definitiva y ejercer las acciones correspondientes, lo que excluye la estimación, en el presente caso, de la excepción argüida.
V.- Se está, por lo tanto, ante una reclamación de responsabilidad patrimonial en el que el lugar de la administración se halla la entidad "FREMAP Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 61", de acuerdo con lo establecido en el artículo 68 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en relación con lo regulado en la disposición adicional duodécima de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, por lo que habrán de considerarse las normas recogidas, entre otros, en los artículos 106.2 de la Constitución Española, 139 y siguientes y concordantes de la citada Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el Reglamento de los procedimientos en materia de Responsabilidad de las Administraciones Públicas, y, en lo no modificado por dichas disposiciones, en los artículos 121 y 122 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y 133 del Decreto de 26 de abril de 1957, por el que se publica el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa.
La jurisprudencia viene exigiendo, para que resulte viable la reclamación de responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, que el particular sufra una lesión en sus bienes o derechos que no tenga obligación de soportar y que sea real, concreta y susceptible de evaluación económica; que la lesión sea imputable a la administración y consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y que, por tanto, exista una relación de causa a efecto entre el funcionamiento del servicio y la lesión, sin que ésta sea producida por fuerza mayor (SSTS de 20 junio 2006 y 23 marzo 2009).
Por otra parte, y al estarse ante un supuesto de responsabilidad patrimonial que surgiría en el ámbito de la sanidad, ha de tenerse en cuenta igualmente la constante jurisprudencia (SSTS 3 octubre 2.000, 21 diciembre 2.001, 10 y 16 mayo 2.005 y 26 junio 2008, entre otras muchas) en el sentido de que la actividad médica y la obligación del profesional es de medios y no de resultados, de prestación de la debida asistencia medica y no de garantizar en todo caso la curación del enfermo, de manera que los facultativos no están obligados a prestar servicios que aseguren la salud de los enfermos, sino a procurar por todos los medios su restablecimiento, por no ser la salud humana algo de que se pueda disponer y otorgar, no se trata de un deber que se asume de obtener un resultado exacto, sino más bien de una obligación de medios, que se aportan de la forma más ilimitada posible. La adopción de los medios al alcance del servicio, en cuanto supone la acomodación de la prestación sanitaria al estado del saber en cada momento y su aplicación al caso concreto atendiendo a las circunstancias del mismo, trasladan el deber de soportar el riesgo al afectado y determina que el resultado dañoso que pueda producirse no sea antijurídico. Debiéndose precisar que, cuando se trata de reclamaciones derivadas de la actuación médica o sanitaria, la jurisprudencia viene declarando que no resulta suficiente la existencia de una lesión (que llevaría la responsabilidad objetiva mas allá de los límites de lo razonable), sino que es preciso acudir al criterio de la lex artis como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo, ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente. Así, la sentencia de 14 octubre 2.002, por referencia a la de 22 diciembre 2.001, señala que "en el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración el elemento de la culpabilidad del agente desaparece frente al elemento meramente objetivo del nexo causal entre la actuación del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido, si bien, cuando del servicio sanitario o médico se trata, el empleo de una técnica correcta es un dato de gran relevancia para decidir, de modo que, aun aceptando que las secuelas padecidas tuvieran su causa en la intervención quirúrgica, si ésta se realizó correctamente y de acuerdo con el estado del saber, siendo también correctamente resuelta la incidencia postoperatoria, se está ante una lesión que no constituye un daño antijurídico conforme a la propia definición legal de éste, hoy recogida en el citado artículo 141.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, redactado por Ley 4/1999, de 13 de enero, que no vino sino a consagrar legislativamente la doctrina jurisprudencial tradicional, cuyo alcance ha quedado aquilatado en este precepto." (STS de 2 noviembre 2.007).
VI.- Los términos en los que ha discurrido el debate hacen aconsejable recordar que el propio litigio se centra, esencialmente, en determinar si la actuación de la administración sanitaria en este caso ha sido o no correcta a partir de un problema concreto, cual es si, a partir de la lesión que sufrió don Benigno el 13 de noviembre de 2001 en un accidente de trabajo al verse obligado a levantar un carril debajo del cual había una manga de viento que debía manipular, lo que le originó un fuerte tirón en la espalda, fue o no correcta, en cuanto el demandante fue objeto de un tratamiento conservador y rehabilitador y no quirúrgico y las consecuencias que ello pudo tener en su estado de salud.
Ese el problema litigioso que debe dilucidarse y no otros. Que ello es así se infiere del conjunto de los razonamientos contendidos en el escrito de demanda y más concretamente de las referencias que en dicho documento, y en el informe médico que le acompaña, se hace al retraso de nueve meses que en la realización de la operación quirúrgica que al fin se le practicó, y al que se imputa la situación en que ha quedado don Benigno. Por lo tanto, las referencias a hechos pasados, como son las referidas a los anteriores percances del demandante próximos a su trabajo y las repercusiones en sus dolores de espalda y los tratamientos allí observados, aunque puedan ser ilustrativas de lo acontecido tras la tercera de las lesiones padecidas, queda al margen del contenido de este litigio donde se debate, no debe olvidarse para lo que a continuación se dice, si el tratamiento proporcionado al demandante de tipo conservador/rehabilitador, fue o no procedente y si debió o no indicársele la conveniencia de un tratamiento quirúrgico.
VII.- De los informes técnicos unidos a los autos, y especialmente del que con carácter en buena parte dirimente se emitió en fase probatoria por un perito que no fue de los aportados por los litigantes, se sigue claramente que lo procedente para el tratamiento del paciente debió ser el tratamiento quirúrgico y no el conservador aplicado. Así lo dice claramente el doctor Carlos Ramón, quien expresivamente manifiesta que, "Con este claro diagnóstico clínico mediante Resonancia Magnética y electromigráfico, hubiese estado indicada la cirugía descompresiva de las raíces afectadas" y que, "Una cirugía más temprana, libera la raíz y suele ser más resolutiva", así como que, "La situación final es el resultado de sus lesiones traumáticas, descritas, de la evolución de su proceso y de los tratamientos (a) que ha sido sometido". Dictamen que viene a coincidir con el emitido por el doctor Alonso, cuando en su pericia se lee que, "Existe una clara relación de causalidad entre el retardo de la cirugía y el establecimiento del diagnóstico (nueve meses), lo que ha dado lugar a una secuela neurológica de la extremidad inferior izquierda" y que, "Al presentar el paciente un DOLOR CRÓNICO además de alteraciones de la sensibilidad en la extremidad inferior izquierda, clara sospecha de lesión neurológica, por lo que sin dudas nos hace enfrentarnos a una pérdida de oportunidad, ya que hubiera sido necesario una nueva valoración y optar por la opción quirúrgica". De estos informes se sigue la procedencia de la intervención quirúrgica, la cual, además, consta prevista, y no actuada, en el expediente aportado por la entidad demandada, cuando en la anotación del 3 de enero de 2002, se expresa, "Lo más llamativo a la exploración es la pérdida de fuerza manifiesta para la flexión dorsal del pie. 2.ª Epidural y si no mejora cirugía", con lo que se hace referencia que lo más trascendente es la pérdida de fuerza y se prevé, para el caso de no existir mejora, la intervención quirúrgica, la cual no se lleva a cabo, pues si bien hay referencias a algunas mejoras en el campo del dolor, no las hay -salvo una referencia mejora de la fuerza del pie, pero, "lo llamativo es la pérdida de fuerza marcada para la flexión dorsal del tobillo izdo, así como la hipoestesia en dorso del pie", el 12 de abril de 2002- respecto de la falta de fuerza de la extremidad inferior izquierda, no obstante lo cual, no se indica intervención quirúrgica sino cuando, a instancias del paciente se cambia de médico.
Tales circunstancias revelan el tratamiento equivocado seguido, al estar indicado el de tipo quirúrgico, que, como se dice, estaba previsto por la propia sanidad de FREMAP, y si bien es cierto que toda intervención quirúrgica supone un punto de indeterminación en cuanto a sus resultados, lo que no se aprecia es una correcto actuar en el hecho de prever la intervención y no llevarse a cabo sino cuando, efectivamente, ya no era efectiva. De ahí que deba entenderse objeto de mala praxis tal actuación a los efectos de la responsabilidad que se analiza.
VIII.- Cuanto se deja dicho determina la aplicación al caso de la doctrina de la responsabilidad patrimonial que se sigue de los artículos 106 de la Constitución Española y 139 y concordantes de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y visto que las secuelas padecidas por el actor consisten en el lumbalgia crónica persistente y mono paresia grave de miembro inferior, así como haberse dado lugar a una incapacidad permanente total, se fija la indemnización en la cantidad de setenta y cinco mil euros, a cuyo fin se valoran las consecuencias habidas, pero también el punto de incertidumbre existente en el resultado de toa operación y el previo estado del actor con las repetidas crisis que había padecido con anterioridad con dolores lumbares, lo que se considera a los meros efectos de entender que su situación actual no es tan desproporcionada a la que tenía antes, dada su proclividad a las dolencias en la misma parte del cuerpo.
El principio de plena indemnidad aparece recogido ahora en el artículo 141.3 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que ha de reconocerse el derecho del recurrente al abono de los intereses legales de la cantidad que se fija desde el día en que se formuló la reclamación hasta la fecha de notificación de esta sentencia, y sin perjuicio, y para en su caso, de los intereses ejecutorios, como se recoge, v.g. en la STS 24 octubre 2007.
IX.- Procede, por tanto, estimar la pretensión deducida, sin hacer especial condena en las costas de este proceso, al no apreciarse temeridad ni mala fe en ninguna de las partes del mismo, según el artículo 139.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por lo que cada uno de los litigantes abonará las causadas por ellos y las comunes lo serán por iguales partes.
X.- De acuerdo con lo prevenido en el artículo 248.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en relación con lo establecido en los artículos 86 y 90 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, procede comunicar a los interesados, mediante entrega de copia de esta resolución, que la misma devendrá firme si contra ella no se interpone recurso de casación dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación hecha en legal forma.
Que apreciamos la excepción de falta de legitimación pasiva de la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León articulada por su representación procesal y estimamos en parte la demanda presentada por la Procuradora de los Tribunales doña María Aránzazu Muñoz Rodríguez, en la representación que tiene acreditada en autos, así como declaramos el derecho que don Benigno tiene a ser indemnizado por contra la entidad "FREMAP Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social número 61" en la cantidad de setenta y cinco mil euros, así como los intereses legales de dicha cantidad desde el día en que se formuló la reclamación a dicha entidad hasta la fecha de notificación de esta sentencia, y sin perjuicio, y para en su caso, de los intereses ejecutorios. Todo ello, sin hacer especial condena en las costas del proceso, por lo que cada uno de los litigantes abonará las causadas por ellos y las comunes lo serán por iguales partes.
Comuníquese a los interesados, mediante entrega de copia de esta resolución, que la misma devendrá firme si contra ella no se interpone recurso de casación dentro de los diez días hábiles siguientes al de la notificación hecha en legal forma.
NOTA.- Véase el Libro Registro de Resoluciones en el folio 560.
NOTA.- Queda unido testimonio de la sentencia en los autos originales. Doy fe.

References: artículo 21
 artículo 142
 artículo 4
 Real Decreto 
 artículo 1968
 artículo 68
 Real Decreto 
 artículo 141
 artículo 141
 artículo 139
 artículo 248