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Timestamp: 2018-08-15 03:57:49+00:00

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Pedimos que resuelvan su solicitud de plaza de residencia por su condición de dependiente mayor | Defensor del Pueblo Andaluz
Pedimos que resuelvan su solicitud de plaza de residencia por su condición de dependiente mayor
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Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 17/2035 dirigida a Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla
El marido de la interesada, reconocido como Gran dependiente, está padeciendo la demora en la aprobación del recurso propuesto, consistente en el servicio de atención residencial en residencia para personas mayores asistidas.
Con el informe recibido, la documentación que obra en la queja y la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución en virtud del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formula Resolución a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla en el sentido de que se impulse la solicitud de revisión de programa individualizado de atención instada por la persona solicitante, dictando la correspondiente resolución y dando efectividad al recurso correspondiente." data-share-imageurl="">
Con el informe recibido, la documentación que obra en la queja y la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución en virtud del artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formula Resolución a la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla en el sentido de que se impulse la solicitud de revisión de programa individualizado de atención instada por la persona solicitante, dictando la correspondiente resolución y dando efectividad al recurso correspondiente.
Nuevamente nos ponemos en contacto con esa Delegación Territorial, en relación con el expediente promovido a instancias de Dª. ..., haciéndolo en su propio nombre y en representación de su marido, D. ..., con DNI ... y domicilio en ..., reconocido en situación de dependencia, exponiendo la demora en la revisión del programa individualizado de atención.
Una vez analizado el informe recibido, puesto el mismo en relación con la documentación que obra en poder de esta Institución y con la normativa que resulta de aplicación al presente caso, esta Institución considera necesario, haciendo uso de la posibilidad contemplada en el artículo 29 de la Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz, formular Resolución en base a los siguientes:
1. Con fecha de 3 de abril de 2017 se recibió en esta Institución escrito de queja en el que la compareciente expuso lo siguiente:
“El motivo de mi escrito es el problema que tengo respecto a la atención a mi marido desde hace 8 años que tuvo un derrame cerebral. En mayo de 2016 le concedieron una residencia pues era ya un peligro para mi siendo víctima de sus agresiones, por este motivo lo ingresaron en salud mental. No duró un mes en la residencia al sacarlo yo por pena. Ahora está en una que yo costeo, me vi obligada a volverlo a ingresar después de repetirse los episodios de agresiones, necesitando por ello recuperar el recurso de la residencia con la que contaba ya que no puedo hacer frente a los 1200 euros que pago en la actual. Los trámites solicitando otra vez la residencia fue en septiembre de 2016.
La petición de la necesidad de la residencia y todas las gestiones me las llevan de forma muy diligente desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sevilla, zona San Jerónimo, no dependiendo de ellos los tiempos que transcurren que para mi son vitales.”
Al parecer, con fecha 2 de febrero pasado los servicios sociales comunitarios de ... remitieron el Informe Social y la Propuesta de Programa Individual de Atención a esa Delegación Territorial, si bien aún no se ha aprobado el referido PIA (expediente ...).
2. Admitida a trámite la queja, esta Institución acordó requerir la emisión del preceptivo informe a esa Delegación Territorial, que en fecha 26 de julio de 2017 manifestó lo siguiente:
“Solicitado el reconocimiento de su situación por Resolución de fecha 16 de noviembre de 2016 se le reconoció el de Gran Dependencia (Grado III), se ha se elaborado la propuesta de PIA, en la que señala como modalidad de intervención, el servicio de atención residencial en residencia para personas mayores asistidas en el ámbito geográfico de Sevilla y provincia, estando a la espera de disponibilidad de plaza en la provincia de Sevilla.
Como criterio para asignación de plazas concertadas en centros residenciales se atiende al principio establecido en el 71.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas , siguiendo el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza.”.
3. De dicha información dimos traslado a la interesada para que formulase las alegaciones que estimase oportunas, comunicándonos que la situación era la misma que antes.
4. Persistiendo, por tanto, la demora expuesta por la promotora de la queja, procede el dictado de la presente Recomendación.
Conforme al artículo 28.1 de la Ley 39/2006, el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema, -que se iniciará a instancia de la persona interesada-, se ajustará en su tramitación a las previsiones establecidas en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, con las especificidades que resulten de la propia Ley 39/2006, entre las que se encuentra la contenida en el apartado segundo de la Disposición Final Primera, que preceptúa que “el plazo máximo, entre la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses, independientemente de que la Administración Competente haya establecido un procedimiento diferenciado para el reconocimiento de la situación de dependencia y el de prestaciones”.
De la relación cronológica que consta en el expediente de la interesada, resulta que se ha superado en exceso el plazo máximo legal antedicho (seis meses), sin que aún se haya satisfecho la pretensión mediante la revisión de su programa individualizado de atención y la aprobación del recurso idóneo resultante de dicho procedimiento.
La Delegación se ciñe a reseñar la cronología de las actuaciones esenciales del procedimiento administrativo, para terminar aludiendo al principio del impulso en la ordenación del mismo, y, específicamente al deber de guardar el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza en el despacho de los expedientes. Deber este último que, no obstante venir impuesto por la Ley, no es inferior al de la obligatoriedad de cumplimiento de los plazos contemplado en el artículo 29 de la propia Ley 39/2015.
Por otra parte, y a mayor abundamiento, los titulares de las unidades administrativas y el personal al servicio de las Administraciones Públicas que tuviesen a su cargo la resolución o el despacho de los asuntos, serán responsables directos de su tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación de procedimientos (art,20. Ley 39/2015).

References: Resolución 
 artículo 29
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 artículo 29
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