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Timestamp: 2018-08-16 11:45:36+00:00

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﻿ SENTENCIA C-715 DE JULIO 16 DE 2008
SENTENCIA C-715 DE 16 DE JULIO DE 2008
CONTENIDO:EL DERECHO A LA HUELGA. SE ESTA A LO RESUELTO EN LA SENTENCIAS C-691 DE 2008.
TEMAS ESPECÍFICOS:HUELGA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS, PROHIBICIÓN DE HUELGA
Sentencia C-715 de julio 16 de 2008
Sentencia C-715 de 2008
Ref.: Expediente D-7125
Demanda de inconstitucionalidad: del literal g) del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1º del Decreto 753 de 1996.
Actora: Yuly Andrea Galindo Castro
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución, la ciudadana Yuli Andrea Galindo Castro solicitó la inexequibilidad parcial del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 1º del Decreto 753 de 1956, cuyo texto se transcribe subrayando el aparte demandado:
“Artículo 430 Modificado. Decreto 753 de 1956. Artículo1º. De conformidad con la Constitución Nacional, está prohibida la huelga en los servicios públicos.
Para este efecto se considera como servicio público toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continúa, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado, directa o indirectamente o por personas privadas.
e) Declarado inexequible;
f) Las de todos los servicios de higiene y aseo de las poblaciones;
h) Las de explotación, refinación transporte y distribución de petróleos y sus derivados, cuando estén destinados al abastecimiento normal de combustibles del país a juicio del gobierno;
i) Derogado. Ley 48 de 1968, artículo 3º, ordinal 4º”.
(Diario Oficial Nº 39618 de 1991)
En virtud de lo dispuesto por el artículo 241.4 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer las demandas de inconstitucionalidad contra normas legales, como la impugnada en la demanda.
2. El problema jurídico de constitucionalidad.
Corresponde a la Corte Constitucional determinar si las actividades de explotación, elaboración y distribución de sal constituyen formal y materialmente un servicio público esencial, y por tanto, si la prohibición de la huelga está acorde con lo consagrado en el artículo 56 de la Constitución Política.
Para resolver el problema jurídico planteado se hará referencia a: (i) el derecho de huelga; (ii) el concepto de servicio público esencial y los límites del legislador para restringir el derecho de huelga en este tipo de servicios. Finalmente, se evaluará formal y materialmente la limitación del derecho de huelga en las actividades relacionadas con la sal, a que se refiere el literal de la norma demandada.
2.1. El derecho de huelga.
El artículo 56 de la Constitución Política consagró el derecho de huelga, como garantía de los trabajadores en general, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador.
El derecho a la huelga es un medio eficaz y legítimo de que disponen los trabajadores para lograr un mejoramiento real de sus condiciones de trabajo y de vida, erigiéndose en un valioso instrumento jurídico con que cuentan para solucionar sus conflictos laborales de carácter económico, previo el agotamiento de las etapas de arreglo directo o mediación (20) . Para la Corte Constitucional,
“(...) el derecho de huelga se constituye en una de las más importantes conquistas logradas por los trabajadores en el presente siglo. Se trata de un instrumento legítimo para alcanzar el efectivo reconocimiento de aspiraciones económicas y sociales que garanticen justicia en las relaciones obrero-patronales y un progresivo nivel de dignidad para el trabajador y su familia, cuya consagración constitucional, desde la reforma de 1936, ha representado la más preciosa garantía del ordenamiento positivo para la salvaguarda de los derechos laborales y para el desarrollo de un sistema político genuinamente democrático (21) ”.
No obstante tener rango constitucional, el derecho de huelga no es absoluto, puede ser limitado. Por ello el artículo 56 de la Carta consagra expresamente la prohibición del ejercicio de este derecho en las empresas que tengan a su cargo la prestación de los servicios públicos esenciales establecidos por el legislador, debido a los graves efectos que su interrupción total podría tener en los derechos de ciudadanos extraños al conflicto laboral. Por esto se autorizó al legislador para imponer restricciones o limitaciones protectivas de los derechos ajenos y de la colectividad, con el fin de asegurar con ello el disfrute social de los derechos fundamentales o sociales cuya satisfacción se pretende con la prestación de los servicios públicos esenciales y, en suma, garantizar una finalidad constitucional que se estima esencial o valiosa (22) .
También se ha dicho que la reglamentación de la huelga, en lo que concierne con la calificación de las consecuencias jurídicas que se derivan del hecho de la cesación colectiva del trabajo, no puede considerar exclusivamente los intereses de los trabajadores. Es necesario armonizar estos, con los intereses generales de la comunidad, en lo relativo a la continuidad en la prestación de ciertos servicios y a la necesidad de preservar las fuentes de producción y de empleo, y aún con los intereses del propio empleador, vinculados al derecho de propiedad, al desarrollo de la actividad económica y al reconocimiento de una ganancia lícita, justa y apropiada a su esfuerzo empresarial (23) ”.
La Corte, al pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 451 del Código Sustantivo del Trabajo (24) recopiló los criterios jurisprudenciales sobre el derecho a la huelga así:
(i)“El derecho a la huelga no es un derecho fundamental, puesto que para su ejercicio se requiere reglamentación legal (25) ”; (ii) “Solo puede ejercerse legítimamente el derecho a la huelga cuando se respeten los cauces señalados por el legislador (26) ”; (iii) “El derecho a la huelga puede ser objeto de tutela cuando se encuentre en conexión íntima con los derechos al trabajo y a la libre asociación sindical, derechos que sí ostentan el carácter de fundamentales” (27) ; (iv) “El derecho a la huelga solamente puede excluirse en el caso de los servicios públicos esenciales cuya determinación corresponde de manera exclusiva al legislador, o los señalados como tales por el constituyente, de acuerdo con la interpretación realizada a cerca del contenido de las normas constitucionales vigentes (28) ”; (v) El derecho a la huelga puede ser restringido por el legislador para proteger el interés general y los derechos de los demás o cuando se deriva de la alteración del orden público (29) ; (vi) En los demás casos el derecho a la huelga se debe ceñir a lo establecido por el legislador”.
2.2. Concepto de servicio público esencial y los límites del legislador para restringir el derecho de huelga en este tipo de servicios.
La Corte Constitucional ha manifestado que el “servicio público esencial” es una especie del género “servicio público” para indicar que “si una determinada actividad no es materialmente un servicio público esencial, no podrá el legislador prohibir o restringir la huelga porque estaría violando el artículo 56 de la Carta (30) ”. Esto es, su limitación requiere de una condición material, inherente al servicio mismo, y de una condición formal consistente en que el legislador haya expresamente definido la actividad como servicio público esencial y restringido el derecho de huelga en ella (31) .
Al precisar el concepto de servicio público esencial dijo la Corte:
“(...) Es de la esencia de la filosofía política que inspira al Estado social de derecho la de asegurar, como cometido básico de éste, inherente a su finalidad social, la atención y satisfacción de las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, y otras, que aseguren el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida, con el fin de hacer efectiva la igualdad material entre todos los integrantes de la comunidad. De este modo, la realización y la eficacia sustantiva del Estado social de derecho se mide por la capacidad de este para satisfacer, a través de la presentación de lo servicios públicos, las necesidades vitales de la población, mediante el suministro de concretas prestaciones que tiendan a ello y, consecuentemente, de lograr por esta vía la igualdad de las condiciones materiales de existencia de las personas (32) ”.
“El carácter esencial de un servicio público se predica, cuando las actividades que lo conforman contribuyen de modo directo y concreto a la protección de bienes o a la satisfacción de intereses o a la realización de valores, ligados al respeto, vigencia, ejercicio y efectividad de los derechos y libertades fundamentales. Ello es así en razón de la preeminencia que se reconoce a los derechos fundamentales de la persona y de las garantías dispuestas para su amparo, con el fin de asegurar su respeto y efectividad (33) ”.
En consecuencia, el concepto de servicio público esencial está vinculado al impacto social y económico que tiene determinada actividad en la protección de una sociedad, para evitar que no (sic)discontinuidad pueda llegar a afectar los derechos y libertades fundamentales de las personas.
3. Evaluación formal y material del derecho de huelga en las actividades relacionadas por la explotación, elaboración y distribución de sal.
3.1. A partir de la Constitución de 1991, solamente se puede restringir el derecho de huelga en los servicios públicos esenciales. Si bien corresponde al legislador definir el contenido de la categoría ‘servicio público esencial’, esto es, conceptuar su diferencia específica, este se halla condicionado a la evaluación material de la actividad y su trascendencia e impacto en la comunidad, con arreglo a los criterios de utilidad, racionabilidad, razonabilidad y finalidad, y frente a los valores, principios, derechos y deberes constitucionales.
3.2. La norma acusada fue expedida en vigencia de la Constitución de 1886 cuando solo existía el concepto de servicios públicos, y la limitación del derecho de huelga no estaba asociado a la noción de servicio público esencial. Por tanto, existiendo la limitación constitucional de prohibir la huelga en los servicios públicos que no son esenciales, deferido además a la reglamentación que expida el legislador, la norma demandada no es legítima desde el punto de vista formal.
3.3. En relación con la evaluación material de dicha actividad, con arreglo a los criterios de utilidad, razonabilidad y finalidad frente a los valores, principios, derechos y deberes constitucionales, no es posible que pueda limitarse el derecho de huelga en este sector, teniendo en cuenta que, como lo señaló el apoderado del Ministerio de Protección Social, la razón de ser de la norma se debió a un tema de salud pública, específicamente a la ausencia de yodo en la sal consumida por la población, que originó una considerable morbilidad en algunas regiones del país, obligando la intervención del Estado para garantizar que la explotación, elaboración y distribución de la sal se hiciera de manera estandarizada, con unos mínimos de calidad, para contrarrestar el problema de salud pública que se estaba presentando. Hoy, la existencia de mecanismos de inspección vigilancia y control para estas actividades, con estándares de calidad que pueden ser desarrollados por los particulares, permite concluir que la prohibición absoluta del ejercicio de huelga para los trabajadores vinculados a las empresas del sector de la sal no llega a afectar los derechos y libertades de las personas, en su vida, su salud o su seguridad, y por tanto no está vinculado al concepto de servicio público esencial que ha definido la Corte.
4. Cosa Juzgada Constitucional.
En la Sentencia C-691 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) la Corte Constitucional conoció de una demanda en la que se acusaba, entre otras normas, el literal g) del artículo 1º del Decreto Extraordinario 753 de 1956, que subrogó el artículo 430 del Código Sustantivo de Trabajo. En esa oportunidad esta corporación resolvió lo siguiente:
“Primero.—Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-797 de 2000, en la cual se declaró la inconstitucionalidad de las expresiones “mayores de edad” e “y que hayan estado al servicio de éste por más de seis (6) meses, o por todo el tiempo que hubiere funcionado el establecimiento cuando fuere menor de seis (6) meses”, contenidas en el numeral segundo del artículo 432 del código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 16 de la Ley 584 de 2000.
Segundo.—Declarar inexequible el literal g) del artículo 1º del Decreto Extraordinario 753 de 1956, que subrogó el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo.
Tercero.—Declarar exequibles las expresiones “Personas que no pueden intervenir. No pueden ser miembros de tribunales de arbitramento, individuos condenados a sufrir pena aflictiva que no hubieren sido rehabilitados” contenidas en el artículo 463 del Código Sustantivo del Trabajo.
Cuarto.—Declarar inexequible la norma “No pueden ser representantes o voceros de los trabajadores ni de los patronos” contenida en el artículo 463 del Código Sustantivo del Trabajo.
Quinto.—Inhibirse para pronunciarse sobre la expresión “ni conciliadores” contenida en el artículo 463 del Código Sustantivo del Trabajo” (resaltado fuera del texto).
Visto lo anterior, se concluye que, como la acción de inconstitucionalidad de la referencia recae sobre una norma que fue objeto de pronunciamiento previo y de fondo por parte de esta corporación, no es posible entonces un nuevo pronunciamiento. En consecuencia, esta Corte debe concluir que ha operado la figura de la Cosa Juzgada constitucional, pues la Corte ya había declarado inexequible el literal g) del artículo 1º del Decreto Extraordinario 753 de 1956, que subrogó el artículo 430 del Código Sustantivo de Trabajo. Por tal razón, este tribunal se someterá a lo allí decidido y ordenará estarse a lo resuelto en la citada providencia.
ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-691 de 2008, en la que se declaró inexequible el literal g) del artículo 1º del Decreto Extraordinario 753 de 1956, que subrogó el artículo 430 del Código Sustantivo de Trabajo.
(20) Sentencia C-548 de 1994, M.P. Hernando Herrera Vergara.
(21) Sentencia T-443 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(22) Sentencia C-1369 de 2004, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(23) Sentencia C-1369 de 2000, citada.
(24) Sentencia C-432 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(25) Sentencia T-443 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(26) Sentencia C-473 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(27) Sentencia 473 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(28) Sentencia 473 de 1994, citada.
(29) Sentencias C-110 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-473 de 1994 citada, C-179 de 1994, Dr. Carlos Gaviria Díaz.
(30) Sentencia C-473 de 1994, citada.
(31) Sentencias C-473 de 1994, citada y C-450 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(32) Sentencia C-450 de 1995, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(33) Sentencia C-450 de 1995, citada.

References: artículo 430
 artículo 1
 artículo 241
 artículo 430
 artículo 1
 Artículo1
 artículo 3
 artículo 241
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 451
 artículo 56
 artículo 1
 artículo 430
 artículo 432
 artículo 16
 artículo 1
 artículo 430
 artículo 463
 artículo 463
 artículo 463
 artículo 1
 artículo 430
 artículo 1
 artículo 430