Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2018/as201831495.html
Timestamp: 2019-11-16 02:24:48+00:00

Document:
as201831495
Auto Supremo Nº 495
Expediente : 247/2017-S
Demandado : Empresa Manufacturera Calzados Patricia Ltda.
“Cremer Shoes”
Materia : Coactivo Social, cobro de aportes devengados a la
VISTOS: El recurso de casación en el fondo, fs. 169 a 175, interpuesto por el Servicio Nacional del Sistema de Reparto “SENASIR”, a través de su apoderada Claudia Maldonado Encinas, contra el Auto de Vista N° 222/2016 de 9 de septiembre de 2016, de fs. 118 a 120, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Contenciosa y Contencioso Administrativa Primera, del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; dentro del proceso coactivo social, por cobro de aportes devengados a la seguridad social, seguido por el SENASIR, contra la Empresa Manufacturera Calzados Patricia Ltda. “Cremer Shoes”, el Auto de 17 de mayo de 2017, fs. 179, que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:
Auto Interlocutorio definitivo.
Tramitado el proceso coactivo social, por cobro de aportes devengados a la seguridad social, la Juez Primero de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Cochabamba, emitió la resolución de 25 de enero de 2012, cursante de fs. 93 a 96 vta., declarando improbada la excepción de prescripción, conminando a la Empresa Manufacturera Calzados Patricia Ltda. “Cremer Shoes”, cancele a favor de la institución coactivante en tercero día, la suma total de Bs.862.101,64 (Ochocientos sesenta y dos mil ciento un 00/100 bolivianos).
Interpuesto el recurso de apelación por Empresa Manufacturera Calzados Patricia Ltda. “Cremer Shoes”, mediante Auto de Vista N° 222/2016 de 9 de septiembre de 2016, la Sala Social y Administrativa, Contencioso y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; fs. 118 a 120 vta., revocó en parte la resolución apelada, estableciendo la prescripción para el régimen básico y complementario del periodo mayo de 1992, a septiembre de 1993, y no así, los periodos correspondientes de octubre 1983-abril 1997.
Dicha Resolución motivó el recurso de casación de fs. 169 a 175 vta., interpuesto por Servicio Nacional del Sistema de Reparto, a través de su apoderada Claudia Maldonado Encinas, argumentando:
Acusa mala interpretación y errónea aplicación del art. 55 de la Ley Nº 1732 de 29 de noviembre de 1996, que dispuso la liquidación de los ex Entes Gestores que administraban la Seguridad Social en su Régimen de Largo Plazo, y el art. 57 de la misma ley disponía que la Unidad de Recaudaciones (actual SENASIR) tendrá las facultades legales necesarias y suficientes para el cobro de adeudos por la vía coactiva social de las cotizaciones efectuadas al Sistema de Reparto que incluyen al periodo de transición de noviembre/1996-abril/1997 (fecha de corte Sistema de Reparto).
Argumenta, haberse violado la seguridad jurídica al efectuar el auto de vista una incorrecta interpretación del art. 4 del D.S. 25809 y el inicio de computo de la prescripción, toda vez que la interpretación realizado es aplicable en materia civil y no así en materia de seguridad social, aplicando los arts. 1492 y 1503 del Código Civil, perjudicando de sobremanera a los intereses del Estado Plurinacional y sobre todo al reconocimiento de los aportes realizados por los trabajadores. Señala la prescripción en el Seguro Social de Largo Plazo del Sistema de Reparto, mediante D.S. 25714 de 23/03/2000, que en su art. 4 deroga el art. 7 del D. L. 18494 de 13/07/1981 referente a la prescripción y se dicta el D.S. Nº 25809 de 08/06/2000, que en su art. 4 señala: "Los aportes no pagados y/o no cobrados, por periodos superiores a los quince (15) años prescriben, determinando como fecha límite de aportes el 30 de abril de 1997. El término de la prescripción se interrumpe por una demanda coactiva o cualquier acto que sirva para constituir en mora al deudor", disposición, vigente aun, determinando el 30 de abril de 1997 como fecha de corte. Señalando que se entiende que el cobro de aportes devengados abarca un periodo de tiempo de 15 años, que comprende, desde mayo /1982 a Abril/1997, y que el cobro por periodos superiores a los 15 años se encuentran prescritos, realizándose el computo de los 15 años retroactivamente tomando en cuenta la fecha de Corte del Sistema de Reparto del 30 de abril de 1997, por la Ley 1732.
Argumenta que a partir del 7 de febrero de 2009, fecha de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado el art. 48 inc. IV señala que los aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia y son irrenunciables e imprescriptibles, advirtiendo un nuevo corte constitucional para la prescripción. Acusa, violación del carácter obligatorio de las disposiciones sociales, haciendo cita y transcribiendo parte del Auto Supremo Nº 442 de fecha 26 de noviembre de 2014, decisión de la cual el auto de vista impugnado se apartó, amparándose en otras decisiones que no tienen calidad de cosa juzgada, hace referencia a la Sentencia ConstitucionaI Plurinacional 1425/2015-52 de 23 de diciembre de 2015 que confirma la Resolución 037/2015 de 30 de julio de 2015, y considerando los principios protectores que rigen el derecho fundamental a la seguridad social, establecen por mandato constitucional que los aportes devengados son imprescriptibles debido a que no se consideró por una parte la fase de transición que sufrió el Sistema de Reparto como efecto de la Ley 1732, que determino como fecha límite de aportes efectuados a este sistema susceptibles de recuperación al 30 de abril de 1997 a partir del cual corre el computo de quince años para que opere la prescripción.
Señala que la finalidad de la recuperación de aportes devengados al Sistema de Reparto del Seguro Social de Largo Plazo se encuentra establecido en el D.S. Nº 25177 de 28 de septiembre de 1998 en su artículo 1 establece que, la recuperación de aportes devengados al Sistema de Reparto, tienen por finalidad de que los trabajadores asegurados con rentas en curso de adquisición no se vean perjudicados en su justo derecho a las prestaciones que por derecho les corresponde, por lo que la recuperación de aportes devengados al Seguro Social de Largo Plazo incide tanto en las rentas en curso de pago y en curso de Adquisición del Sistema de Reparto, como también en el reconocimiento de Compensación de Cotizaciones establecido actualmente en el Art. 24 la Ley 065.
Concluye solicitando: “…que deliberando en el fondo CASE en parte el Auto de Vista N° 222/2016 de 9 de septiembre de 2016, con referencia a la prescripción del régimen básico y complementario de los periodos de mayo/1992 a septiembre de/1993, y en consecuencia confirme en su totalidad el Auto de 25 de enero de 2012”
Mediante decreto de 26 de abril de 2017, de fs. 177, se corre traslado del Recurso de Casación interpuesto por el SENASIR a través de su apoderada Claudia Maldonado Encinas, contra el Auto de Vista N° 222/2016, mismo que es notificado a Juan Carlos José Cremer, en representación de Empresa Manufacturera Calzados Patricia Ltda. “Cremer Shoes”, el 2 de mayo de 2017, sin que formule respuesta en el plazo previsto por ley.
Mediante Auto de 17 de mayo de 2017 de fs. 179, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba resolvió conceder el recurso de casación de fs. 169 a 175 vta., interpuesto por el SENASIR.
La motivación de las resoluciones judiciales, constituye un deber jurídico que se enmarca dentro del debido proceso, por el que el juez o tribunal que conoce una causa, debe exponer los hechos, efectuar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan su fallo. Sobre este deber el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) Nº 0092/2012 de 19 de abril estableció que: "La motivación de las resoluciones es un requisito elemental del derecho al debido proceso, conforme se encuentra establecido en la SC 1057/2011-R de 1 de julio, refiere que:...las resoluciones que emiten las autoridades judiciales, deben exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones, exigencia que se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación o casación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades inferiores.(...)".
Asimismo, debe tenerse presente que, el art. 265-I del Código Procesal Civil (CPC-2013), aplicable al caso por permisión de las normas remisivas previstas en los arts. 630 y 633 del RCSS y Disposición Transitoria Sexta del indicado CPC-2013, determina que: ”El auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de la apelación y fundamentación.”; esta previsión establece que, el Tribunal de Alzada que se constituye en la instancia de segundo grado, al resolver el recurso de apelación debe cumplir con los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad, ciñéndose a lo objetado en el recurso de apelación, no pudiendo en el Auto de Vista disponer cuestiones que no fueron alegadas, ni omitir el análisis y resolución de ningún agravio, pudiendo apreciar y considerar el conjunto de la prueba acumulada al proceso, debiendo enmarcar su decisión a las formas previstas por el art. 218-II del Código adjetivo citado.
Del análisis, revisión y evaluación del Auto de Vista recurrido, la Sentencia y los datos del proceso en su conjunto, se establece que, por mandato del art. 48.IV de la CPE; Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles; asimismo, el art. 45 en sus parágrafos I y II, respecto al derecho de cobro de los beneficiarios del sistema de seguridad social dispone: “I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad social. II. La seguridad social se presta bajo los principios de universalidad, integralidad, equidad, solidaridad, unidad de gestión, economía, oportunidad, interculturalidad y eficacia. Su dirección y administración corresponde al Estado, con control y participación social.”; sin embargo, debe tenerse en cuenta que estas disposiciones deben sujetarse a la irretroactividad delimitada por la misma CPE, en el entendido de que dicha imprescriptibilidad opera a partir de su vigencia (9 de febrero de 2009), puesto que su aplicación no tiene carácter retroactivo.
Con el objetivo de dar seguridad jurídica, el art. 123 de la Constitución boliviana, establece que, la ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores; en materia penal, cuando beneficie a la imputada o al imputado; en materia de corrupción, para investigar, procesar y sancionar los delitos cometidos por servidores públicos contra los intereses del Estado; y en el resto de los casos señalados por la Constitución.
El fundamento jurídico del principio de irretroactividad, es la necesidad de dar estabilidad al ordenamiento jurídico, la sociedad tiene confianza en la ley vigente, y conforme a ella celebra sus transacciones y cumple sus deberes jurídicos. Dar efecto retroactivo a una ley equivale a destruir la confianza y seguridad que se tiene en las normas jurídicas; consiguientemente la naturaleza jurídica del principio de irretroactividad es la premisa según la cual, se prohíbe con base en la preservación del orden público y con la finalidad de plasmar la seguridad y estabilidad jurídica, que una ley tenga efectos con anterioridad a su vigencia, salvo circunstancias especiales que favorezcan, tanto al destinatario de la norma como a la consecución del bien común, de manera concurrente.
Conocidos los fundamentos del recurso de casación en el fondo, del análisis se desprende que, la entidad recurrente cuestiona parte del Auto de Vista emitido por el Tribunal Ad quem, solicitando se case el mismo, al haberse declarado prescrito el cobro de aportes devengados del periodo mayo 1992 a septiembre de 1993, y no prescritos los periodos octubre 1993 - abril 1997, apartándose de la decisión que emitió la Juez de del Trabajo y Seguridad Social Primero de Cochabamba que declaró improbada la excepción de prescripción de la totalidad de los periodos, opuesto por Empresa Manufacturera Calzados Patricia Ltda., “Cremer Shoes”, argumentando que de acuerdo a la nueva Carta Fundamental, los aportes para las prestaciones del Seguro Social Obligatorio son imprescriptibles.
Ahora bien, ante las referencias históricas que plantea el recurso de casación, desarrollando normativa que no fue parte del debate en instancias de grado, resulta preciso puntualizar que, en relación a la figura de la prescripción, el art. 465 del Reglamento del Código de Seguridad Social, R-CSS; estableció que: “Las cotizaciones cuyo monto no fue determinado y notificado a las empresas respectivas, de acuerdo a los artículos 462 y 463, en un lapso de cinco años a calcularse desde el fin de cada año civil al cual corresponden, no podrán ser exigidas ni pagadas. Las cotizaciones no pagadas, determinadas en base a planillas que entregue el empleador y que no fueren notificadas por la Caja igualmente prescribirán en un lapso de cinco años, a calcularse desde fin del año civil al cual correspondan. Las cotizaciones notificadas prescribirán en un lapso de cinco años a calcularse desde la fecha de notificación.”
Posteriormente, el Decreto Ley (DL) Nº 13214 de 24 de diciembre de 1975, estableció en su art. 65 que el cobro de las cotizaciones patronales y laborales es imprescriptible, por tratarse de contribuciones que, en contrapartida, generan prestaciones; determinando además, conforme a su art. 90, la derogatoria de las disposiciones contrarias a dicho DL, quedando subsistentes las normas del Código de Seguridad Social, su Reglamento, los DL Nº 10173 de 28 de marzo de 1972 y 10776 de 23 de marzo de 1973, en las partes que no se le opongan.
Años más tarde, el DL Nº 18494 de 13 de julio de 1981, en su art. 7 derogó el art. 65 del DL Nº 13214, estableciendo como plazo para la prescripción 15 años; sin embargo, este artículo fue posteriormente derogado por el art. 4 del D.S. Nº 25714 de 23 de marzo de 2000; estableciendo en su art. 3, la prescripción en 5 años ampliables a 7 para el seguro a corto plazo.
El 8 de junio de 2000, el D.S. Nº 25809 aclaró el tratamiento legal de las cotizaciones a seguridad social a largo plazo, estableciendo en su art. 4 que; los aportes no pagados y/o no cobrados, por periodos superiores a los quince (15) años prescriben, determinando como fecha límite de aportes el 30 de abril de 1997 (fecha de corte del Sistema Residual de Reparto de la Seguridad Social de largo plazo). Asimismo, el término de la prescripción se interrumpe por una demanda coactiva o cualquier acto que sirva para constituir en mora al deudor; derogando señalada norma, mediante su art. 6 toda disposición contraria.
Es importante también aclarar que si bien, luego de la promulgación de las Leyes Nº 1544 de 21 de marzo de 1994, de “Capitalización” y 1732 de 29 de noviembre de 1996, de “Pensiones”, que dispusieron, la Fecha de Corte del Sistema de Reparto, el 31 de abril de 1997, mediante el DS Nº 24586 de 29 de abril de 1997; y la liquidación de los ex Entes Gestores que administraban la seguridad social en el régimen de largo plazo, se dispuso que las empresas y entidades públicas y privadas deudoras, liquidaran, previa declaración jurada sus adeudos; concediéndoles un plazo de diez años a partir de enero de 1997, para cancelar las mismas, quedando sujetas al cobro coactivo en caso de no hacerlo; evidenciándose como consecuencia, que las citadas normas, no modificaron de manera alguna el régimen de la prescripción de los aportes devengados, instituido en el art. 4 del D.S. Nº 25809, norma que aclara, la prescripción de los aportes no pagados y/o no cobrados por periodos superiores a los quince años prescriben y esta prescripción solo se interrumpe por una acción judicial o por cualquier acto que sirva para constituir en mora al deudor, no siendo necesario aplicar las previsiones del Código Civil, en consideración a que estas disposiciones son expresas en materia social; evidenciándose asimismo que las mencionadas disposiciones solo aclararon las fechas de corte y la liquidación de dichos Entes Gestores, mas no así, el tratamiento del plazo y cómputo de la prescripción.
Asimismo, no resulta evidente que bajo el argumento de “desconocimiento de la historia de la seguridad social” como lo refiere la entidad demandante, deba entenderse que la fecha de corte prevista por el señalado art. 4 del D.S. Nº 25809, sea tomado “ipso facto”, como fecha para inicio del cómputo de la prescripción; toda vez que la señalada norma solo estableció el tratamiento legal y el plazo de la prescripción, de los aportes no pagados y/o no cobrados, por periodos superiores a los quince años, determinando su prescripción, estableciendo una fecha límite de aportes, que también es prevista como fecha de corte del Sistema Residual de Reparto de la Seguridad Social de largo plazo, no advirtiéndose asimismo, que el Auto de Vista Impugnado, haya aplicado en su fundamentación de fondo, los arts. 1492 y 1503 del Código Civil, ni articulado alguno de ese compilado legal, aspecto que inhibe a este Tribunal emitir criterio alguno respecto a esta acusación.
Por otra parte, es evidente que el recurso planteado hace referencia de aplicación de la retroactividad prevista por el art. 65 del D.L. Nº 13214, normativa derogada por el art. 7 del D.L. 18494 de 3 de julio 1981, efectuando un recuento de la normativa que a criterio de la entidad demandante es la historia de la Seguridad Social, criterio bajo el cual acusa una arbitraria, ilógica y absurda concordancia con la fundamentación acogida por el Auto de Vista impugnado, evidenciándose sin embargo, que señalada decisión sustentó adecuadamente su fundamento, en la aplicación del art. 4 del D.S. 25809 y en cumplimiento expreso de los arts. 48 .IV y la retroactividad prevista por el 123 de la Constitución Política del Estado y en mérito a la facultad contenida en el art. 236 del CPC-1975 (265-I del CPC-2013), referido a la pertinencia de la resolución de vista, cumpliendo los principios de congruencia, pertinencia y exhaustividad y ciñendo su fallo a los puntos objetados en el recurso de apelación, no habiendo dispuesto cuestiones que no hubiesen sido alegadas, sin omitir agravio alguno, habiendo apreciado y considerado el conjunto de la prueba acumulada al proceso según criterio propio, pero de manera alguna evidencia, la errónea aplicación de la ley denunciada, que pueda determinar la casación del Auto de Vista impugnado, debiendo desestimarse esta pretensión por infundada.
Por lo expuesto precedentemente, se concluye que el Tribunal de Alzada aplicó e interpretó correctamente la normativa vigente a momento de emitir la resolución recurrida, correspondiendo resolver el recurso deducido por el SENASIR de fs.169 a 175 vta., en la forma dispuesta por el art. 220 .II del Código Procesal Civil, concordante con los arts. 271.2) y 273 del CPC, (1975), aplicable por la norma permisiva contenida en los arts. 633 del Reglamento al Código de Seguridad Social y 15 del MPRCPA aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1997.
POR TANTO: La Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contencioso Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.1 de la CPE y el art. 42.I.1 de la LOJ, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 169 a 175 vta., interpuesto por Servicio Nacional del Sistema de Reparto SENASIR, a través de su apoderada Claudia Maldonado Encinas, contra el Auto de Vista N° 222/2016 de 9 de septiembre de 2016, pronunciado por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

References: resolución 
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 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
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