Source: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/llamazares6.html
Timestamp: 2020-02-26 23:02:07+00:00

Document:
Equipo Nizkor - Proyecto de Ley modificando la "Ley de Amnistía" de 1977 presentada por los diputados Gaspar Llamazares y Joan Herrera Torres.
Proyecto de Ley modificando la "Ley de Amnistía" de 1977 presentada por los diputados Gaspar Llamazares y Joan Herrera Torres
Serie B: PROPO SICIONES DE LEY
Núm. 242-1
122/000218 Proposición de Ley de modificación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía.
122/000218
AUTOR: Grupo Parlamentario de Esquerra Republica-na-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2010.--P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republica-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición de Ley de modificación de la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de abril de 2010.--Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-- Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
En consecuencia no puede admitirse la interpretación de que la Ley 46/1977 tenía la finalidad de evitar la aplicación de las normas básicas del derecho internacional en todo lo referente a los denominados delitos de lesa humanidad. Aun cuando alguien hubiera pretendido tal finalidad, la Ley de Amnistía no puede ser considerada válida y suficiente a esos efectos, por aplicación de los más elementales principios de justicia universal, reiteradamente aplicados por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (entre otros, y como uno de los primeros pronunciamientos en este sentido, el referido a la condena por la justicia francesa de Maurice Papon) .
Con esta proposición de ley se pretenden cortar de raíz las dudas o interpretaciones de la Ley de Amnistía que avalan la impunidad de quienes han cometido actos de graves violaciones de derechos humanos en nuestro país y, consecuentemente, evitan la reparación plena de las víctimas de tales actos.
Son numerosos los ejemplos en los que leyes aprobadas antes de la instauración de la democracia han sido dejadas sin efecto precisamente en atención a la gravedad de los delitos perpetrados en las dictaduras previas y a la necesidad de reparación a las víctimas y la conveniencia del conocimiento de la verdad y la restitución de la memoria histórica, elementos todos ellos necesarios también para evitar la repetición de esas experiencias traumáticas y minimizar las adhesiones a postulados totalitarios y degradantes de la condición humana.
Si estos ejemplos de salud democrática se han dado en numerosos países, con más razón debe quedar clara la voluntad del legislador español de evitar la exoneración de responsabilidades penales y la rehabilitación de las víctimas y sus descendientes, dada la inexistencia en nuestro país de una ley de «punto final».
Avalando la idea de que la Ley de Amnistía no está contemplada para dejar impune los crímenes más graves cometidos durante el franquismo, nos encontramos con la plena aplicación la legislación internacional en materia de derechos humanos y crímenes contra la humanidad.
Dicha Ley de Amnistía no puede ser obstáculo a la persecución de dichos delitos.
En este sentido hay que recordar que meses antes de la aprobación de la Ley 46/1977 de Amnistía, España suscribe el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, que fue publicado en el BOE el 30 de abril de 1997. Su artículo 15.2 afirma que la irretroactividad de las normas penales no serán aplicables para impedir el juicio ni la condena «de una persona por actos u omisiones que, en el momento de cometerse, fueran delictivos según los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional».
En el mismo sentido se pronuncia el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, cuyo artículo 7.2 reitera la misma idea con expresiones similares, al decir que la irretroactividad de las normas penales no impedirán «el juicio o la condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas».
La posterior Resolución 47/133 de la ONU de fecha 18 de diciembre de 1992, mediante la que se aprueba la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas afirma textualmente en su artículo 13 lo siguiente:
«1. Los Estados asegurarán a toda persona que disponga de la información o tenga un interés legítimo y sostenga que una persona ha sido objeto de desaparición forzada el derecho a denunciar los hechos ante una autoridad estatal competente e independiente, la cual procederá de inmediato a hacer una investigación exhaustiva e imparcial. Toda vez que existan motivos para creer que una persona ha sido objeto de desaparición forzada, el Estado remitirá sin demora el asunto a dicha autoridad para que inicie una investigación, aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal. Esa investigación no podrá ser limitada u obstaculizada de manera alguna.
6. Deberá poderse hacer una investigación, con arreglo a las modalidades descritas en los párrafos que anteceden, mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición forzada.»
Continúa dicha Declaración afirmando en su artículo 17 que «todo acto de desaparición forzada será considerado delito permanente mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos».
Esta Declaración afirma también, en su artículo 18, que «los autores o presuntos autores de actos previstos en el párrafo 1 del artículo 4 supra no se beneficiarán de ninguna ley de amnistía especial u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal».
Incidiendo en la regulación de hechos ocurridos en España durante el régimen franquista, se dice en el artículo 19 de esta Declaración de la ONU que «Las víctimas de actos de desaparición forzada y sus familiares deberán obtener reparación y tendrán derecho a ser indemnizadas de una manera adecuada y a disponer de los medios que les aseguren una readaptación tan completa como sea posible. En caso de fallecimiento de la víctima a consecuencia de su desaparición forzada, su familia tendrá igualmente derecho a indemnización». A continuación, en su artículo 20, incide en que «Los Estados prevendrán y reprimirán la apropiación de hijos de padres de víctimas de una desaparición forzada o de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres víctimas de la desaparición forzada y se esforzarán por buscar e identificar a esos niños para restituirlos a su familia de origen».
En aplicación de toda esta normativa internacional, El Comité de Derecho de Naciones Unidas ha advertido «más de quince veces» que las autoamnistías no están contempladas, al mismo tiempo que ha pedido a España, al menos cuatro veces, que no considere a la Ley de Amnistía como un obstáculo para juzgar los crímenes contra la humanidad que hubieran podido ser cometidos en nuestro país.
Artículo primero. Se añade un nuevo artículo Quinto bis a la Ley 46/1977, con el siguiente tenor literal:
«Quinto bis.
h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional;
i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que hubieren causado intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.»
Artículo segundo. Se añade una Disposición Adicional a la Ley 46/1977 con el siguiente texto:
«Disposicion adicional.
Cualquier resolución judicial o acto administrativo dictado contraviniendo la presente Ley podrá ser revisado en cumplimiento de la misma.»

References: artículo 15
 artículo 7
 Resolución 
 artículo 13
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 4
 artículo 19
 artículo 20
 resolución