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Timestamp: 2018-09-25 15:44:59+00:00

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SENTENCIA nº 29 año 2017 dictada por la SALA DE JUSTICIA
Resolution: SENTENCIA nº 29 año 2017 dictada por la SALA DE JUSTICIA
Subject: Recurso del art. 41.2 de la Ley Orgánica 2/82, nº 40/16: Ramo Sector Público Local (Ayuntamiento de Torrelaguna), Madrid.
Presenter: Excmo. Sr. D. José Manuel Suárez Robledano
Doctrine summary: Se estima el recurso interpuesto al amparo del artículo 41.2 de la LOTCu, sin imposición de costas. Comienza la Sala exponiendo las posiciones jurídicas de las partes a lo largo del procedimiento para contemplar a continuación la pretensión de la parte actora, consistente en que se declare la nulidad del Decreto de la Alcaldía por presunta vulneración del derecho constitucional a la defensa, al haberse denegado en su día por el instructor del expediente administrativo la práctica de pruebas que dicha parte actora consideró pertinentes en la tramitación administrativa. Recuerda la Sala a estos efectos que para poder apreciar la pretendida vulneración es necesario que resulte acreditada la existencia de una indefensión constitucionalmente relevante, es decir que la actividad probatoria inadmitida o no practicada hubiera podido tener una influencia decisiva en la resolución del pleito, circunstancia que en este caso no ha quedado demostrada, ya que no se han limitado los medios de prueba de los que pudo valerse la parte ni tampoco se limitó su actuación durante la instrucción de las actuaciones. Analiza la Sala, a continuación, la concurrencia o no de responsabilidad contable en la recurrente, para lo cual adquiere especial relevancia todo el caudal probatorio aportado al procedimiento y su valoración conjunta, y llega a la conclusión de que con las cantidades que se obtuvieron de la recaudación de entrada pública por taquilla – para la celebración de festejos taurinos en la localidad- se pagó por la recurrente – en su calidad de Primer Teniente de Alcalde y Concejala de Educación, Cultura y Festejos del Ayuntamiento- a personas y entidades que prestaron servicios acordes con los fines públicos para los que estaban destinados, procediendo, en consecuencia, la revocación del Decreto de la Alcaldía dictado en el expediente de responsabilidad contable incoado y la estimación del recurso interpuesto. Insiste la Sala en el hecho de que la presunta comisión de errores o irregularidades en la liquidación de los presupuestos, en la tramitación de las modificaciones presupuestarias o en la gestión administrativa, no dan lugar a la existencia de responsabilidad contable. Es necesario que se haya producido un menoscabo en los fondos públicos, del cual derivaría la obligación de indemnizar el mismo, daño que en modo alguno se ha producido en el presente caso. Por último, declara la Sala, en cuanto a las costas ocasionadas en esta instancia, que no procede la imposición de las mismas, toda vez que las circunstancias de hecho y de derecho concurrentes y la especialidad y dificultad de estas, suscitan serias dudas en su apreciación.
Categories: DAÑODERECHO DE DEFENSAEXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD CONTABLEFONDOS PUBLICOSINDEFENSIONIRREGULARIDADES CONTABLESPRUEBARECURSO DEL ARTICULO 41.2 DE LA LEY ORGANICA 2/1982RESPONSABILIDAD CONTABLE
En Madrid, a veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete
La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, en única instancia, ha visto el presente recurso interpuesto, al amparo del artículo 41.2 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, contra el Decreto de Alcaldía del Ayuntamiento de Torrelaguna (Madrid) nº 169/2016, de fecha 8 de junio de 2016, dictado en el expediente de responsabilidad contable 2/2014 000001780.
Han sido partes en el recurso, como recurrente, el Letrado Don Mario Bartolomé Guerra, en nombre y representación de DOÑA M. J. M. S., y como recurrido el Ayuntamiento de Torrelaguna, representado por el Procurador de los Tribunales Don Javier González Fernández y asistido por el Letrado Don Mario González Bereijo. También ha sido parte en el recurso el Ministerio Fiscal.
Ha sido Ponente, el Excmo. Sr. Consejero de Cuentas Don José Manuel Suárez Robledano, quien, previa deliberación y votación, expresa la decisión de la Sala, de conformidad con los siguientes,
PRIMERO.- En el debate surgido en el Pleno del Ayuntamiento de Torrelaguna (Madrid), en sesión celebrada el día 30 de septiembre de 2015, como consecuencia de una pregunta planteada por un concejal, se puso de manifiesto que no habían sido ingresadas en las arcas municipales los importes provenientes de la taquilla realizada durante las Fiestas Patronales del año 2014, por la venta de entradas de las novilladas organizadas por dicho Ayuntamiento.
En el seno del expresado Pleno de la Corporación, la Concejala DOÑA M. J. M. S. indicó que se habían contabilizado 3.500 euros por ese concepto, procediéndose a la comprobación de este extremo por la Intervención Municipal, que señaló que dicho importe no se encontraba, ni contabilizado, ni reflejado, en las cuentas municipales.
SEGUNDO.- Constaba en el departamento de contabilidad del Ayuntamiento de Torrelaguna, el expediente 2/2014 000001780, instruido como un pago a justificar, con fecha 31 de diciembre de 2014, por importe de 1.500 euros, a favor de la concejal SRA. M. S., que, en ese momento, no justificó, en aplicación del artículo 190 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
TERCERO.- En el mes de octubre de 2015, se inició, por parte del Ayuntamiento de Torrelaguna, una serie de actuaciones tendentes a aclarar el destino de los fondos a los que se ha hecho referencia en el antecedente Primero, comunicándoselo a la SRA. M. S., sin que constara contestación por escrito, de la misma.
CUARTO.- Mediante Providencia de la Alcaldía, de fecha 5 de enero de 2016, se convocó sesión plenaria extraordinaria de la Corporación citada, para el día 16 de marzo de 2016, con el fin de incoar expediente administrativo de responsabilidad contable. Momentos antes de la apertura de la sesión, la SRA. M. S. presentó un escrito en el Registro Municipal (RGC nº 2016/960) en el que trató de justificar, con una serie de documentos, la cantidad de 5.878,49 euros, en concepto de gastos diversos de la feria taurina del año 2014.
QUINTO.- El Pleno del Ayuntamiento acordó, con fecha 16 de marzo de 2016, por mayoría absoluta, iniciar un expediente administrativo de responsabilidad contable, por la existencia de hechos constitutivos de una posible infracción administrativa, a causa de “pagos a justificar”, así como de los ingresos procedentes de la venta de entradas para los festejos taurinos, en las Fiestas Patronales del año 2014, de conformidad con el artículo 177 b) a f), de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
SEXTO.- Remitido por el Ayuntamiento de Torrelaguna dicho Acuerdo a este Tribunal de Cuentas, 27 de abril de 2016, el Pleno de este Tribunal acordó no avocar el conocimiento del expediente administrativo de responsabilidad contable incoado a raíz del Acuerdo adoptado por el Pleno del citado Ayuntamiento de Torrelaguna, el 16 de marzo de 2016, sin perjuicio de recordar al mismo, que la resolución que en su día se dictara, sería recurrible ante esta Sala de Justicia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.2 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo.
SÉPTIMO.- Con fecha 4 de mayo de 2016 se formuló el Pliego de cargos por el Órgano Instructor, dándose traslado de copia del expediente, y se propuso conceder un plazo de alegaciones de quince días, siendo presentado escrito de alegaciones por la interesada, DOÑA M. J. M. S., con entrada en el Registro Municipal el 20 de mayo de 2016.
OCTAVO.- En fecha 24 de mayo de 2016 el Órgano instructor formuló propuesta de resolución, desestimando las alegaciones presentadas por DOÑA M. J. M. S., así como sus propuestas de práctica de pruebas. La propuesta de resolución se notificó a la mencionada interesada, concediéndole un plazo de diez días para que formulara alegaciones y presentara los documentos e informaciones que tuviera por convenientes ante dicho instructor, lo que hizo la SRA. M. S., mediante escrito que tuvo entrada en el Registro Municipal en fecha 6 de junio de 2016.
NOVENO.- El día 7 de junio de 2016, el Órgano Instructor remitió a la Alcaldía todo el expediente administrativo para su resolución.
DÉCIMO.- Se dictó el Decreto nº 169/2016 de la Alcaldía de Torrelaguna, en fecha 8 de junio de 2016, por el que se resolvió el expediente de responsabilidad contable nº 2/2014 000001780, cuya parte dispositiva estableció lo siguiente:
“…PRIMERO. Se consideran probados y así se declaran la no justificación de CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO EUROS (5.828 €) de los que corresponden 1.500 euros como pago a justificar y 4.328 euros en concepto de taquilla de los eventos taurinos del 7 y 9 de septiembre de 2014.
SEGUNDO. Se declara responsable por su participación en los hechos a Doña M. J. M. S.
TERCERO. Declarar que los hechos arriba expuestos son constitutivos de infracción administrativa, de conformidad con el artículo 177 b) a f), de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
CUARTO. Por tanto, se propone imponer a Doña M. J. M. S. el reintegro de 5.828 euros o la presentación de documentos justificativos de gastos acordes a Derecho, los cuales en el momento de su presentación, y siempre que cumplan los requisitos legales mínimos exigidos, se aminorarán de la cuantía no justificada.
QUINTO. Notificar a la interesada y al Tribunal de Cuentas la presente Resolución junto con los recursos pertinentes así como el plazo para el reintegro de la cantidad reseñada en el punto primero…”.
UNDÉCIMO.- Por escrito recibido en el Registro General de este Tribunal el día 13 de septiembre de 2016, el Letrado Don Mario Bartolomé Guerra, en nombre de su representada DOÑA M. J. M. S., impugnó la resolución administrativa citada en el apartado anterior de esta Sentencia, solicitando a esta Sala que tuviera por interpuesto el recurso del artículo 41.2 previsto en la Ley Orgánica 2/1982, del Tribunal de Cuentas.
DUODÉCIMO.- Por Diligencia de Ordenación de la Secretaria de esta Sala de Justicia, de 20 de septiembre de 2016, se acordó: 1º) abrir el correspondiente rollo, asignándole el nº 40/16; 2º) nombrar Ponente, siguiendo el turno establecido, al Consejero de Cuentas Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano; y 3º) solicitar al Ayuntamiento de Torrelaguna el expediente administrativo 2/2014 000001780, del que derivaba la resolución impugnada y practicar los emplazamientos previstos en el artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (en adelante, LJCA).
DECIMOTERCERO.- Por Diligencia de Ordenación de la Secretaria de la Sala de Justicia de 5 de octubre de 2016, se dio traslado a la parte recurrente del expediente administrativo de responsabilidad contable enviado por el Ayuntamiento de Torrelaguna, a fin de que presentara su escrito de demanda, en el plazo improrrogable de veinte días, con apercibimiento de declarar la caducidad del recurso en caso contrario.
DECIMOCUARTO.- Se recibió escrito del Letrado Don Mario Bartolomé Guerra, en nombre y representación de DOÑA M. J. M. S., con fecha de entrada en el Registro General de este Tribunal el día 10 de noviembre de 2016, formulando la demanda, en la que solicitó que se declarara la nulidad del Decreto impugnado por la omisión de la práctica de las pruebas propuestas, en su día, por esa parte, que consideraba pertinentes, o, en su defecto, que se declarara la no conformidad a derecho del Decreto impugnado, reconociéndose la inexistencia de infracción administrativa, o alcance alguno, y dejando sin efecto la imposición del reintegro de 5.828 euros, fijados en la expresada resolución administrativa que se recurría. También, solicitó, mediante Otrosí, el recibimiento del pleito a prueba, para la práctica de documental, testifical e interrogatorio de parte.
DECIMOQUINTO.- Por Diligencia de Ordenación de la Secretaria de esta Sala de 16 de noviembre de 2016 se dio traslado de la misma, por plazo común de veinte días, al representante procesal del Ayuntamiento de Torrelaguna, para que la contestara, y al Ministerio Fiscal, con traslado del expediente administrativo, para que formulara sus alegaciones.
DECIMOSEXTO.- El Ministerio Fiscal, mediante escrito de 5 de diciembre de 2016, presentó sus correspondientes alegaciones, en el sentido de considerar procedente la desestimación de la demanda y confirmación de la resolución recaída en el expediente de responsabilidad contable, sin perjuicio de lo que resultare de la contestación a la demanda por parte del Ayuntamiento de Torrelaguna y de la práctica de la prueba que, en su caso, pudiera practicarse.
DECIMOSÉPTIMO.- El Procurador de los Tribunales Don Javier González Fernández, en nombre y representación del Ayuntamiento de Torrelaguna, contestó a la demanda formulada por la representación procesal de DOÑA M. J. M. S., mediante escrito recibido en el Registro General de este Tribunal el 21 de diciembre de 2016, solicitando la desestimación del recurso y la confirmación de la resolución administrativa impugnada, con expresa imposición de costas a la parte recurrente. Mediante Otrosí señaló que, por tratarse de una cuestión de aplicación e interpretación jurídica, no resultaba necesario el recibimiento del pleito a prueba, ni la celebración de vista y formulación de conclusiones.
DECIMOCTAVO.- Mediante Diligencia de Ordenación de la Secretaria de esta Sala de 12 de enero de 2017, se vino a rectificar un error material advertido en la notificación de la Diligencia de Ordenación dictada el 16 de noviembre de 2016.
DECIMONOVENO.- Se dictó Auto de esta Sala de Justicia, en fecha 6 de febrero de 2017, por el que se acordó, en relación a la práctica de la prueba y celebración de vista, lo siguiente:
Incorporar a los autos, con carácter definitivo, el expediente administrativo de responsabilidad contable y documentación complementaria remitida a este Tribunal.
Admitir el recibimiento a prueba para la práctica de la documental consistente en que se aportara por el órgano municipal correspondiente:
Copia testimoniada de la resolución previa de la autoridad competente que autorizó el gasto y la expedición de la orden de pago a justificar y ordenó la entrega de la cantidad correspondiente.
Copia testimoniada e íntegra del expediente administrativo relativo a las Fiestas Patronales del año 2014.
Relación de cantidades retenidas en el IRPF, a los matadores a Don A. H. V., Don P. M. A. y Don C. S. M., en el año 2014 y documentos justificativos de su ingreso en la Hacienda Pública, así como de los pagos a la Seguridad Social realizados.
Admitir el interrogatorio del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Torrelaguna, que se celebraría el día 28 de febrero de 2017, a las 10:30 horas, debiendo ser citado a esos efectos.
Admitir la prueba testifical, consistente en que se tomara declaración a Don A. H. V., Don P. M. A. y Don C. S. M., al representante legal de la Escuela Taurina de Guadalajara, a Don J. L. O. C. y a Don J. N. D., que se celebraría el día 28 de febrero de 2017, a las 11:00 horas, debiendo ser citados a esos efectos.
Inadmitir la prueba restante.
Admitir la solicitud de vista, en relación con la cual, se acordaría en el momento procesal oportuno.
Asimismo, el día 6 de febrero de 2017, se dictó Providencia mediante la cual, la Sala de Justicia acordó delegar en el Consejero de Cuentas, Excmo. Sr. Don José Manuel Suárez Robledano, la práctica de las diligencias probatorias admitidas en el Auto al que se acaba de hacer referencia, más arriba.
VIGÉSIMO.- Habiéndose practicado la prueba, en sus distintos ramos, con los trámites y el resultado que constan en las actuaciones –y que se dan aquí por debidamente reproducidos, en aras de la economía procesal-, se dictó Providencia de fecha 7 de junio de 2017, mediante la cual, habiéndose cumplimentado el trámite de conclusiones, concedido a las partes mediante Diligencias de Ordenación de 18 de abril de 2017 y 16 de mayo del mismo año, al haberse recibido el escrito presentado por la representación procesal de DOÑA M. J. M. S., en fecha 18 de mayo de 2017, así como sendos escritos de fecha, 25 de mayo y 6 de junio de 2017, respectivamente, de la representación procesal del AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA y del Ministerio Fiscal, esta Sala acordó declarar el procedimiento concluso y visto para Sentencia.
VIGESIMOPRIMERO.- Por Providencia de 19 de septiembre de 2017, esta Sala señaló para deliberación y fallo del recurso interpuesto, el día 25 de septiembre de 2017, fecha en que tuvo lugar el citado trámite.
VIGESIMOSEGUNDO.- En la tramitación de este recurso se ha observado las prescripciones legales establecidas.
PRIMERO.- DOÑA M. J. M. S. ostentó el cargo de Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Educación, Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Torrelaguna, encargada, por dicha Corporación, de la gestión organizativa de las Fiestas patronales, en las fechas en que ocurrieron los hechos sometidos a enjuiciamiento.
SEGUNDO.- En fechas 7, 8 y 9 de septiembre de 2014, tuvo lugar la celebración de determinados festejos taurinos en el marco de las Fiestas Patronales de Torrelaguna de dicho año, organizadas por el Ayuntamiento de la localidad, a través de su Concejalía de Educación, Cultura y Festejos.
TERCERO.- Los eventos taurinos fueron anunciados mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 25 de agosto de 2014, y consistieron en:
Domingo día 7 de septiembre de 2014. Encierro, a las 11:30 y a las 12:00 horas, suelta de reses, a las 12:30 horas. Novillada sin picadores, a las 18:30 horas.
Lunes día 8 de septiembre de 2014. Encierro, a las 10:0 horas, suelta de reses a las 11:00 horas y encierro con bueyes, a las 12:00 horas. Clases prácticas de la Escuela Taurina de Colmenar Viejo de la Comunidad Autónoma de Madrid, a las 18:30 horas.
Martes día 9 de septiembre de 2014. Encierro, a las 11:30 y a las 12:00 horas y suelta de reses, a las 12:30 horas. Becerrada local, a las 18:30 horas.
CUARTO.- Para la celebración de estos festejos taurinos se celebraron los pertinentes contratos con los profesionales taurinos intervinientes, se despacharon los correspondientes permisos a diversos organismos de la Comunidad de Madrid, así como a otros, tanto administrativos, como colegiales (Colegio Oficial de Veterinarios, especialmente), se suscribieron los apropiados seguros (de responsabilidad civil, de incendios y de accidentes colectivos) que vienen exigidos por la normativa reguladora en materia de espectáculos de esta índole, se satisfizo la obligación de cotizar a la Seguridad Social de los ya expresados profesionales taurinos y se contó con los oportunos medios sanitarios, personales y materiales, realizándose los exigibles trámites oficiales, habiendo resuelto, el municipio organizador, que los mismos se llevarían a cabo a través de la empresa de gestoría “T., S.L.”.
QUINTO.- Los gastos generados por la celebración de los festejos de lidia, que tuvieron lugar de forma efectiva, en los días señalados, fueron los siguientes:
Remuneraciones del novillero Don A. H. V. y su cuadrilla, por importe de 1.457,84 euros.
Remuneraciones del novillero Don P. M. A. y su cuadrilla, por importe de 1.457,84 euros.
Remuneraciones del sobresaliente Don C. S. M. y su cuadrilla, por importe de 262,81 euros.
Pago a Don J. N. D., por las mulillas utilizadas para el arrastre de reses, por importe de 800 euros.
Pago a la Escuela Taurina de Guadalajara, por un gasto de banderillas en la cantidad de 400 euros.
Pago de trashumancia de reses con destino a la Cabestrada local, a Don J. L. O. C., por importe de 1.500 euros.
Gratificaciones a porteros de la plaza de toros, de cuantía indeterminada.
SEXTO.- Los gastos anteriormente descritos fueron satisfechos, casi en su totalidad, mediante la recaudación obtenida en las taquillas del coso taurino.
SÉPTIMO.- Los pagos de los gastos que precisaron una tramitación administrativa (seguros sociales de los diestros y sus cuadrillas, permisos, certificados, etc.) fueron realizados a través de la ya citada empresa de gestoría “T., S.L.”.
OCTAVO.- Se aceptan los hechos contenidos en el expediente administrativo de responsabilidad contable nº 2/2014 000001780, incoado por el Ayuntamiento de Torrelaguna, en lo que no se opongan al resultado de la valoración fáctica de las pruebas, realizada por esta Sala, en cumplimiento de su función jurisdiccional.
PRIMERO.- El órgano jurisdiccional que debe resolver el presente recurso es la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 41.2 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo (LOTCU), y 54.1 a) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de su Funcionamiento.
SEGUNDO.- La representación procesal de DOÑA M. J. M. S. basó la impugnación de la Resolución de la Alcaldía del AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA (Madrid), de fecha 8 de junio de 2016, dictada en el expediente administrativo de responsabilidad contable 2/2014 000001780, por lo que se refiere al fondo del asunto, en los siguientes Fundamentos de Derecho, contenidos en su escrito de demanda:
Comenzó realizando un estudio jurídico de los requisitos que deben concurrir para apreciar la existencia de responsabilidad contable por alcance, tal y como tiene establecido el artículo 72 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, en los términos concretados por la doctrina de este Tribunal, en distintos pronunciamientos.
Partiendo de dichas consideraciones legales, la parte demandante afirmó que no podía declararse la responsabilidad contable, al faltar los elementos exigibles para apreciarla. Así, comenzó alegando que no existía menoscabo alguno para los caudales o efectos públicos realizados por la SRA. M. S., en cuantía superior a los fondos que se decía que habían sido recibidos por ella.
Según constaba en el expediente administrativo, las cantidades, cuya justificación y reintegro se solicitaban, no estaban determinadas por el AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA, ni acreditado su importe, habiéndose abonado por la demandante, incluso, cantidades superiores a las que por dicha Administración local se reclamaban, debido a que se habían realizado pagos destinados a liquidar las actuaciones de profesionales que intervinieron en los festejos taurinos, que generaron recibos por valor de 5.878,49 euros. Cantidad superior, por tanto, a los 5.828 euros que el Decreto impugnado entendía como no justificados y susceptibles de reintegrar, cuya diferencia -afirmó la parte demandante- puso de su bolsillo la SRA. M. S.
Señaló, también, la representación procesal de DOÑA M. J. M. S. que el AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA tuvo constancia de los pagos a los que ya se hizo referencia, limitándose la Corporación municipal a negar la validez meramente formal de los documentos presentados como justificantes. O dicho en otros términos, que la Administración local demandada no había negado la existencia y realidad de los abonos producidos y que los mismos correspondían a gastos necesarios para el desarrollo de las Fiestas Patronales, oficialmente programadas.
Terminó la parte demandante denunciando vulneración del derecho constitucional a la defensa, que rige todo procedimiento sancionador, al haberse denegado, en su día, por parte del instructor del mismo, la práctica de pruebas que dicha parte actora consideró pertinentes en la tramitación administrativa, lo que le llevó a solicitar, por este motivo, la nulidad del Decreto municipal impugnado.
TERCERO.- Por su parte, el Ministerio Fiscal formuló alegaciones, mediante escrito de fecha 5 de diciembre de 2016, en el que, tras hacer resumen de antecedentes, en sus apartados 1 (“Sobre la demanda”) y 2 (“Resumen de los hechos expuestos en la demanda”), señaló en el apartado 3 de su razonado informe (“Sobre los fundamentos de derecho de la demanda”) que los fundamentos principales esgrimidos por la parte recurrente en su demanda, consistían en: 1) la ausencia de los requisitos exigidos por el Tribunal de Cuentas para la concurrencia de la responsabilidad contable por alcance, afirmando la justificación de los pagos realizados, y 2) la vulneración del derecho constitucional a la defensa que rige en todo procedimiento sancionador, al haberse denegado la práctica de pruebas pertinentes -a juicio de la parte actora- en la tramitación administrativa, lo que determinaría la nulidad de la resolución recurrida.
De esta manera, el Ministerio Público, entró, en primer lugar, al estudio de la primera de las cuestiones señaladas, que se refería al contenido material del expediente administrativo que culminó con la declaración de responsabilidad de la SRA. M. S., afirmando que, dado que los argumentos hacían referencia a la valoración de la prueba realizada y a cuestiones de fondo, sobre los cuales, en ese momento procesal concreto, el Fiscal se veía impedido de emitir pronunciamiento, al no haber tenido lugar la práctica de la fase probatoria y carecer de elementos de juicio que permitieran formar criterio sobre el contenido material de la resolución que puso fin al expediente.
En segundo término, en cuanto al segundo aspecto de la motivación de la demanda, no compartía los argumentos del recurrente, acerca de la supuesta existencia de indefensión, pues el expediente administrativo no entrañaba penalidad o sanción alguna, sino que tenía una naturaleza reparatoria. El Ministerio Fiscal añadió que, en cualquier caso, no existía vulneración del derecho a la defensa, habida cuenta de la correcta tramitación del expediente, al haber sido realizadas por el instructor las diligencias de prueba que fueron consideradas necesarias para una adecuada resolución, contestándose, de manera fundamentada, a todas las alegaciones y solicitudes efectuadas en el mismo, por la interesada. Sin apreciar que los medios de defensa de la recurrente se hayan visto afectados, como lo demostraba su presencia activa en el mismo y la existencia de numerosos escritos de alegaciones presentadas en su tramitación, que fueron atendidos debidamente.
En el apartado 4 de su informe (“Conclusión”), el Fiscal manifestó, en principio, que procedía desestimar la demanda interpuesta y confirmar la resolución recaída en el expediente administrativo de responsabilidad contable, a expensas de lo que alegara el AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA, en su contestación a la demanda y a lo que resultara de la práctica de la prueba.
CUARTO.- Por último, la representación procesal del AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA formuló contestación a la demanda, oponiéndose a la misma, por escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal de Cuentas el día 21 de diciembre de 2016. Tras oponerse a los hechos consignados en la demanda, que no se desprendieran del expediente administrativo y mostrándose conforme con el Hecho Primero de la misma, y disconforme con el resto de los enumerados en los ordinales Segundo a Sexto del repetido escrito de la recurrente, la representación procesal de la Corporación municipal demandada impugnó los motivos de fondo, alegados de adverso, como sigue:
I.- Con respecto a la posición mantenida por la parte demandante, en el sentido de que no había existido menoscabo para los caudales públicos municipales, ya que consideraba justificadas las cantidades reclamadas, a través de los documentos aportados con su escrito de fecha 16 de marzo de 2016, la Corporación señaló que los mismos no podían considerarse como justificativos de los referidos pagos, ya que no reunían los requisitos necesarios para ello.
En primer lugar, no se trataría de documentos originales, sino de fotocopias que carecían de cualquier prueba de autentificación o verificación.
En segundo lugar, porque, del contenido de dichos documentos, se desprendía que los mismos deberían formar parte del expediente administrativo, referente a las fiestas patronales de 2014. Sin embargo, no constaba en el referido expediente, ni los originales de los documentos, ni copia de ellos, ni ninguno otro que hiciera referencia a los mismos o de los que se pudiera desprender su existencia. Además, no contenían los que se aportaron, sello de registro de entrada municipal, por lo que no constaba intervención o control alguno sobre los mismos.
También, varios de ellos no cumplirían los requisitos mínimos exigidos por el artículo 72 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas para ser considerados como factura.
Por tanto, los referidos documentos no podían ser considerados como justificativos de los gastos, lo que, unido a la concurrencia de una conducta negligente que el AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA apreciaba en la actuación de la SRA. M. S., conllevaría la procedencia de declarar su responsabilidad contable y la obligación de reintegrar al Erario Público las cantidades injustificadas. Todo ello, de acuerdo con diversos pronunciamientos de esta Sala de Justicia, que en el escrito de contestación a la demanda se citaban y, en parte, se transcribían.
II.- En cuanto a las observaciones realizadas por la parte demandante, en relación con ciertos documentos que obraban en el expediente administrativo de responsabilidad contable y a los que achacaba determinados defectos, en orden a sostener la procedencia de declarar dicha responsabilidad, el AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA realizó un tratamiento pormenorizado de los mismos para rebatir los argumentos esgrimidos de contrario, llegando a la conclusión de que, en cuanto a tales extremos, las alegaciones realizadas por la SRA. M. S., en la tramitación del referido expediente, fueron correctamente desestimadas, tanto por la instrucción, como por el Decreto que se impugnaba en demanda.
III.- Por último, en lo referente a la denuncia de vulneración del derecho a la defensa, que pudiera haber producido indefensión a la parte demandante, durante la instrucción del expediente administrativo, la representación procesal del AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA defendió, en su contestación a la demanda, que constaba en el expediente que la prueba propuesta por la SRA. M. S. resultaba inútil, por innecesaria y redundante, ya que trataba sobre extremos ya aclarados, por lo que la denegación de aquélla, por las razones aducidas por el instructor, resultó debidamente justificada y motivada. Ello impediría la producción de la vulneración constitucional alegada, invocándose, en tal sentido, la Sentencia de 11 de marzo de 2003, del Tribunal Constitucional.
QUINTO.- Practicada la prueba, con el resultado que consta en autos -dándose ahora por reproducido, en aras de la economía procesal- las partes formularon las correspondientes conclusiones finales, reiterándose en sus argumentaciones, tanto la parte actora, como la parte demandada.
Por lo que respecta al Ministerio Fiscal, reiteró su oposición a apreciar la existencia de una causa de nulidad por presunta vulneración del derecho constitucional a la defensa. En cuanto al fondo, el Ministerio Público entendió que no había prueba que desvirtuara la no justificación de los 1.500 euros que la actora recibió de la caja municipal para pagar facturas relacionadas con los festejos municipales del año 2014, si bien discrepó de lo resuelto en el expediente administrativo, por entender que, respecto al resto de cantidades recaudadas en los festejos taurinos que se entendían, asimismo, como injustificadas, estas deberían quedar fijadas en 2.528 euros –y no en 4.328 euros, como alegó el Ayuntamiento-, toda vez que la documental obrante en las actuaciones, así como las testificales practicadas en el citado expediente administrativo, permitían concluir que, de las cantidades que fueron recaudadas en taquilla, 1.800 euros sí fueron utilizados por la SRA. M. S. para el pago de los gastos relacionados con los eventos taurinos.
En resumen, el Fiscal entendió que se había producido un perjuicio económico a los fondos municipales, puesto que la documentación aportada por aquélla carecía de validez por sus múltiples defectos formales, si bien la cantidad que debería ser reintegrada por la demandante habría de fijarse en 4.028 euros, y no en 5.528, debiéndose proceder a estimar parcialmente la demanda, en tales términos.
SEXTO.- Expuestas, así, las posiciones jurídicas de las partes, a lo largo del procedimiento, se debe contemplar, en primer término, la pretensión de la parte actora de que se declare la nulidad del Decreto de la Alcaldía del municipio de Torrelaguna, de fecha 8 de junio de 2016, por presunta vulneración del derecho constitucional a la defensa, al haberse denegado, en su día, por parte del instructor del expediente administrativo, la práctica de pruebas que dicha parte actora consideró pertinentes en la tramitación administrativa.
En general, se parte de que, de acuerdo con el artículo 54.1, a) de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, la Sala de Justicia conocerá, en única instancia, de los recursos que se formulen contra resoluciones dictadas por las Administraciones Públicas en materia de responsabilidades contables en aquellos casos expresamente previstos por las leyes. Esta función revisora no sólo afecta al contenido de las resoluciones administrativas impugnadas, sino también al sometimiento a Derecho de la tramitación de los expedientes administrativos en los que éstas se hubieren dictado. Se considera que así se articula la garantía, en vía jurisdiccional contable, del derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución Española, que protege, no sólo el derecho de las partes a obtener una resolución justa, sino también el que corresponde a las mismas respecto a que dicha resolución sea consecuencia de un iter procesal ajustado a Derecho. Esta Sala de Justicia, asimismo, ha tenido ocasión, en otros recursos de esta misma naturaleza, de entrar a valorar la corrección jurídica de la tramitación de los expedientes de responsabilidad contable incoados por las Administraciones Públicas (por todas, Sentencia 20/05, de 28 de octubre).
Pues bien, centrándonos en el motivo, antes expuesto, que la parte demandante alega como causa, a su juicio eficiente, para solicitar la nulidad pretendida, cabe establecer que no se puede deducir que se haya producido indefensión, en el sentido del artículo 24 de la Constitución, que ha sido interpretado por numerosa jurisprudencia del Tribunal Constitucional y recogida, a su vez, por esta Sala de Justicia.
A este respecto, debe hacerse mención de que la doctrina general del Tribunal Constitucional, para apreciar la existencia de indefensión exige, en relación con la tutela judicial efectiva que proclama el mencionado artículo 24 de la Constitución, que se haya producido un perjuicio real y efectivo para la posición jurídica y los intereses de los afectados. La doctrina de esta Sala de Justicia ha declarado, también, que la indefensión es una noción material que, para que tenga relevancia constitucional, ha de obedecer a las siguientes tres pautas interpretativas: a) de una parte, las situaciones de indefensión han de valorarse según las circunstancias de cada caso (Sentencia 8/2006, de 7 de abril); b) de otra, la indefensión prohibida en el artículo 24.1 de la Constitución debe llevar consigo el menoscabo del derecho a la defensa y el perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado (Sentencias 20/2005 y 8/2006); y, finalmente, c) que el repetido artículo 24.1 de la Constitución no protege situaciones de simple indefensión formal, sino de indefensión material en que, razonablemente, haya podido producirse un perjuicio al recurrente (Sentencias 3/2005, de 1 de abril, 6/2005, de 13 de abril y 11/2005, de 14 de julio, y Auto de 3 de diciembre de 2008).
El derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa, consagrado en el art. 24.2 de la Constitución Española, es especialmente significativo y paradigmático en cuanto a la exigencia de indefensión material. En efecto, el Tribunal Constitucional ha destacado, de manera reiterada, que el alcance de dicha garantía queda condicionado, por su carácter de derecho constitucional de índole procedimental. Lo que exige que, para apreciar su vulneración, quede acreditada la existencia de una indefensión constitucionalmente relevante, resultando necesario demostrar que la actividad probatoria que no fue admitida o practicada era decisiva en términos de defensa, esto es, que hubiera podido tener una influencia decisiva en la resolución del pleito, potencialmente trascendental para el sentido de la resolución. Igualmente, se ha sostenido que «tal situación de indefensión … debe de ser justificada por el propio recurrente en amparo en su demanda, pues la tarea de verificar si la prueba es decisiva en términos de defensa y, por tanto, constitucionalmente trascendente, no puede ser emprendida por este Tribunal Constitucional mediante un examen de oficio de las circunstancias concurrentes en cada caso concreto, sino que exige que el solicitante de amparo haya alegado y fundamentado adecuadamente dicha indefensión material en la demanda, habida cuenta de que, como es notorio, la argumentación recae sobre el recurrente en amparo. Esta carga de la argumentación se traduce en la doble exigencia de que el demandante de amparo acredite, tanto la relación entre los hechos que se quisieron, y no se pudieron probar, y las pruebas inadmitidas o no practicadas, como el hecho de que la resolución judicial final podría haberle sido favorable de haber admitido y practicado dichas pruebas, quedando obligado a probar la trascendencia que la inadmisión o la ausencia de la práctica de la prueba pudo tener en la decisión final del proceso, ya que sólo en tal caso, comprobando que el fallo pudo, acaso, haber sido otro, si la prueba se hubiera admitido o practicado, podrá apreciarse también un menoscabo efectivo del derecho de defensa. De no constatarse la circunstancia de que la prueba inadmitida o no practicada era decisiva en términos de defensa, resultará ya evidente ab initio, sin necesidad de ulterior análisis, que no habría existido la lesión denunciada, puesto que, como hemos señalado, el ámbito material protegido por el derecho fundamental a utilizar los medios de prueba pertinentes no abarca las meras infracciones de la legalidad procesal que no hayan generado una real y efectiva indefensión» (STC 185/2007, de 10 de septiembre, F.J. 2).
En el presente caso, como ha quedado acreditado en la documentación obrante en estas actuaciones y se ha expuesto con detalle en los antecedentes de hecho de esta Resolución, esa verificación manifiesta de la trascendencia de las pruebas propuestas por la demandante y la hipotética vulneración de derechos en su intervención en la formación del expediente de responsabilidad contable no ha quedado demostrada.
Por el contrario, lo que se infiere es que DOÑA M. J. M. S. estuvo perfectamente informada, en el momento de la instrucción que resultaba idóneo, de toda la tramitación del expediente de responsabilidad contable 272014 000001780, que se personó y tuvo siempre abierto el acceso a la vista del ya citado expediente, tras la notificación de la resolución que reflejó la primera invitación al reintegro, mediante Providencia de 16 de noviembre de 2015 (folio 5 de autos). Además, después de ello, consta que realizó todas las alegaciones que tuvo por convenientes (folios 23 a 25 de autos), que obtuvo audiencia y tuvo perfecto y cabal conocimiento de todos los argumentos fácticos y jurídicos que se realizaron en el seno del repetido procedimiento administrativo, proponiendo la prueba que juzgó pertinente, y volviendo a realizar alegaciones que consideró oportunas (folios 56 a 62 de autos), argumentos y prueba, que tuvieron expresa respuesta, por parte del instructor del expediente. Todo ello, en conclusión, debe llevar a afirmar, como se desprende, más que palmariamente, de las actuaciones realizadas, que no se han puesto de manifiesto circunstancias que hayan producido un perjuicio real y efectivo para la posición jurídica y la defensa del recurrente, ni se han limitado los medios de prueba de que pudo servirse esa misma parte, ni se limitó su participación durante la instrucción de las actuaciones, llevadas a cabo por la autoridad municipal competente para la tramitación del expediente, sin que la SRA. M. S. fuera preterida para ningún trámite esencial, ni que se le impidiera completar las diligencias con los extremos que señalase, aunque, lógicamente, discrepase de las valoraciones realizadas, tanto por el ya aludido instructor, a la hora de formular su pliego de cargos, como por el Alcalde del AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA, como órgano competente para resolver el expediente.
En atención a lo expuesto, debe concluirse que en el presente caso no concurre la vulneración del derecho a la defensa (art. 24.2 de la Constitución Española) alegada, habida cuenta de que, si bien no se acogieron los argumentos formulados por la SRA. M. S., así como tampoco la práctica de determinadas pruebas, por ella propuestas, que, de forma debidamente justificada y motivada, fueron consideradas repetitivas e improcedentes por el instructor, sin embargo, no resulta posible apreciar que dicha circunstancia le haya generado una indefensión material, sino, en todo caso, como ya se ha apuntado, una lógica discrepancia de la parte que vio desestimadas sus pretensiones.
Razonamiento que se refuerza con la constatación evidente de que la demandante no ha tenido impedimento alguno para acceder a la revisión de la Resolución con la que se muestra jurídicamente disconforme, ejercitando su acción, sin inconvenientes, en el procedimiento jurisdiccional que ahora se sustancia, asegurándose, de esta manera, con plenitud de medios jurídicos a su alcance, la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción, que impone a los órganos judiciales –y, desde luego, a esta Sala de Justicia- el deber positivo de evitar desequilibrios entre la respectiva posición procesal de las partes, o limitaciones en la defensa que puedan inferir a alguna de ellas un resultado de indefensión, prohibido, en todo caso, en el inciso final del art. 24.1 de la Constitución Española.
Estas circunstancias vienen a avalar, aún más si cabe, la desestimación de la denuncia de indefensión material que la parte recurrente alega, por lo que este motivo de su demanda debe ser rechazado por la Sala.
SÉPTIMO.- No existiendo más cuestiones que pudieran precisar de un previo pronunciamiento, procede que esta Sala de Justicia resuelva acerca de la existencia, o no, de los elementos necesarios para que los hechos sometidos a enjuiciamiento puedan ser considerados generadores de responsabilidad contable respecto de la demandante, DOÑA M. J. M. S.
La figura jurídica del alcance, como es bien sabido, se encuentra definida en el artículo 72 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas como saldo deudor injustificado de una cuenta o, en términos generales, como la ausencia de numerario o de justificación en las cuentas que deban rendir las personas que tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos, ostenten, o no, la condición de cuentadantes ante el Tribunal de Cuentas. En el mismo sentido, se considerará malversación de caudales o efectos públicos su sustracción, o el consentimiento para que ésta se verifique, o su aplicación a usos propios o ajenos por parte de quien los tenga a su cargo.
Además de lo anterior, al ventilarse en el presente proceso la eventual responsabilidad contable por alcance que pudiere derivarse del manejo de fondos públicos por la SRA. M. S., se debe tener en cuenta el artículo 177.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que, al hacer una enumeración de los hechos susceptibles de generar responsabilidad (y, en consecuencia, la obligación de indemnizar a la Hacienda Pública), señala en su apartado a) “Haber incurrido en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos”, y, en general, cualquiera de las enumeradas en las letras b) a f) del artículo 177.1 de la ya mencionada Ley General Presupuestaria de 2003, que pudieran quedar subsumidas en la figura del alcance, de acuerdo con el antes citado artículo 72.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, y en sintonía con la concepción amplia que, de este ilícito contable, ha venido siendo acuñada por la constante y reiterada doctrina emanada por esta Sala de Justicia (entre otras, las Sentencias núms. 11/1993, de 25 de febrero, 8/1994, de 23 de marzo, 4/1994, de 23 de febrero o, de forma más contundente, el Auto núm. 8/1995, de 23 de febrero) al hacer una interpretación conjunta y sistemática de la repetida Ley General Presupuestaria y del referido artículo 72.1 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.
OCTAVO.- Por otro lado, para que pueda imputarse responsabilidad contable por alcance es necesaria la existencia de una cuenta que arroje un saldo deudor injustificado, siendo indiferente que el descubierto obedezca a la pura y simple ausencia material del numerario o a la falta de acreditación de la justificación del resultado negativo observado. El alcance no se produce solamente cuando falta el dinero público por la apropiación de la persona que lo tenía a su cargo o de otras personas, sino, también, cuando el que maneja caudales públicos es incapaz de explicar con la mínima e imprescindible actividad probatoria la inversión, destino o empleo dado a los mismos.
La existencia de un saldo deudor injustificado, como ha declarado esta Sala de Justicia, en muy reiteradas ocasiones -entre otras muchas, las Sentencias, nº 1 de 28 de enero, nº 3 de 25 de febrero y nº 7, de 30 de junio de 2000-, es constitutiva de alcance de fondos públicos, en aplicación de los artículos 38.1 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo y 49.1 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, con independencia de que la conducta del responsable contable pueda calificarse de malversadora por haberse apropiado de los fondos públicos, ya que, a efectos de delimitar el alcance como ilícito contable, basta que tenga lugar la falta de numerario o de justificación en las cuentas que deben rendirse.
Pero, por otra parte, también, hay que tener en cuenta que, para que se pueda declarar la existencia de una responsabilidad contable por alcance, deben concurrir todos los requisitos o elementos configuradores de la misma. Los repetidos artículos 38.1 de la Ley Orgánica 2/82, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas y 49.1 de la Ley 7/88, de 5 de abril, que regula su Funcionamiento, establecen un modelo de responsabilidad contable basado en la concurrencia de una serie de requisitos que han sido sistematizados, de forma inconcusa, por su reiteración, por esta Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas (Sentencias de 30 de junio de 1.992, 20 de octubre de 1.995, y otras muchas) en los apartados que a continuación se exponen: a) Que haya una acción u omisión atribuible a una persona que tenga a su cargo el manejo de caudales o efectos públicos; b) que dicha acción u omisión se desprenda de las cuentas que deben rendir quienes recauden, intervengan, administren, custodien, manejen o utilicen caudales o efectos públicos; c) que la mencionada conducta suponga una vulneración de la normativa presupuestaria y contable reguladora del Sector Público de que se trate; d) que esté marcada por una nota de subjetividad, la concurrencia de dolo, culpa o negligencia grave; e) que el menoscabo sea efectivo e individualizado con relación a determinados caudales o efectos y evaluable económicamente; y, f) que exista relación de causalidad entre la acción u omisión de referencia y el daño efectivamente producido.
NOVENO.- Centrándonos en la acción ejercitada por la parte actora y teniendo en cuenta los anteriores fundamentos jurídicos, resulta procedente valorar la prueba aportada al proceso, y que ha sido invocada por las partes con el fin de apoyar sus distintas pretensiones. Estas últimas, ya han sido sucintamente expuestas en los Fundamentos de Derecho Segundo a Quinto de esta Resolución, y ahora se trata de determinar si los hechos que constan acreditados en autos son generadores de una responsabilidad contable, directamente en la persona de DOÑA M. J. M. S., que ostentó, el cargo de Primer Teniente de Alcalde y Concejal de Educación, Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Torrelaguna, encargada, por dicha Corporación, de la gestión organizativa de las Fiestas patronales, en las fechas en que ocurrieron los hechos sometidos a enjuiciamiento.
Antes, se debe tener presente que, de forma general, el artículo 59 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, disponeque “1. Las partes legitimadas activamente podrán pretender ante la jurisdicción contable el reintegro de los daños y el abono de los perjuicios originados a los caudales o efectos públicos y, en ambos casos, con los intereses legales desde el día en que se entienda producido el alcance o irrogado los perjuicios…”, y que “…Los daños determinantes de la responsabilidad deberán ser efectivos, evaluables económicamente e individualizados en relación a determinados caudales o efectos…”.
Si bien el contenido del citado precepto parece ir dirigido, más bien, a los procedimientos de reintegro contable por alcance, distintos del cauce procedimental que ahora se sigue, es decir, la sustanciación del recurso previsto en el artículo 41.2 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, ello no es óbice para afirmar que, genéricamente, en éste y los anteriores tipos de procedimientos ya señalados, las pretensiones contables tienen causa eficiente en la obligación de reintegro del alcance o la indemnización de los daños o el abono de los perjuicios y, en ambos casos, con los intereses legales desde el día en que se entienda producido el alcance o irrogados los perjuicios.
Por lo demás, el artículo 59.1, último párrafo, insiste, de acuerdo con el criterio constante de la doctrina sobre la materia, en la realidad o efectividad del daño o perjuicio, lo que significa que éste ha de ser real y no meramente potencial o posible, descartando especulaciones acerca de perjuicios contingentes o dudosos. De la misma forma, el carácter evaluable del daño o perjuicio significa que son indemnizables todos los que se produzcan sobre los caudales o efectos públicos, pues el único requisito es la susceptibilidad de valoración económica.
Por tanto, en el ámbito de esta jurisdicción contable lo más relevante es que se haya producido un daño en relación a determinados caudales públicos y que, además, ese daño sea efectivo y evaluable económicamente.
Ahora bien, el mandato legal contenido en el artículo 217 de la LEC impone que los hechos constitutivos -aquéllos que forman parte del supuesto de hecho de manera positiva, siendo necesaria su existencia para la creación de la correspondiente situación de Derecho- sean a cargo de la parte legitimada para ello y los demás lo sean de su contraparte, por lo que, en este concreto procedimiento contemplado en el artículo 41.2 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, ha de corresponder a la Corporación municipal demandada acreditar, mediante cualquiera de los medios probatorios admitidos en derecho, que se ha originado un menoscabo en los fondos públicos municipales, según el Decreto de la Alcaldía que así lo ha declarado y que ha sido impugnado por la parte actora, que, por el contrario, debe acreditar que ha cumplido con sus obligaciones contables de justificación de gastos, por lo que dicho daño al Erario municipal, no se ha producido en los términos que más arriba se han expuesto.
En efecto, en el ámbito de esta jurisdicción, cuyo contenido es el de una responsabilidad patrimonial y no sancionadora, es de aplicación el principio civil del reparto de la carga de la prueba. En este sentido, el citado artículo 217 de la LEC establece que corresponde al demandante la carga de probar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y al demandado la carga de probar los hechos que impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos objeto de la demanda. Hay que señalar, además, que la aplicación de dicho principio de carácter civil no debe quedar obviado en la sustanciación de este procedimiento aunque se rija por los cauces previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, toda vez que, en materia de prueba, el apartado 4, primer inciso, del artículo 60 de la recién mencionada Ley procesal, remite a las normas generales establecidas para el proceso civil.
Por tanto, el principio del “onus probandi” establecido, pues, en el varias veces citado artículo 217 de la LEC, según ha venido reiterando el Tribunal Supremo, parte de la base de que su aplicación por parte del Juez, es necesaria en las contiendas en que efectuada una actividad probatoria, los hechos han quedado inciertos, lo que supone que las consecuencias perjudiciales de la falta de prueba han de recaer en aquél a quién correspondía la carga de la misma.
DÉCIMO.- Partiendo de lo anterior, en resumen, esta Sala de Justicia considera, como ya se ha adelantado, que ha correspondido a la parte actora probar que los pagos de los eventos taurinos, celebrados en la localidad, entre los días 7 a 9 de septiembre de 2014, en el marco de las Fiestas Patronales celebradas en dicho año, a los que se contraen los hechos que configuran el supuesto litigioso, según las partes, estaban debidamente justificados y que, en consecuencia, no se ha producido daño alguno a los fondos municipales por el abono de dichos gastos.
Por el contrario, al AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA, como parte demandada en este procedimiento, le ha venido impuesta legalmente la carga de la prueba sobre la existencia de un menoscabo o daño en los caudales públicos municipales, por haberse omitido la oportuna justificación de dichos gastos, por parte de la demandante, SRA. M. S.
Esta Sala de Justicia ha declarado en múltiples Resoluciones -por todas las Sentencias 1/2006, de 22 de febrero o la ya citada 7/2000, de 30 de junio-, que es indiferente, al efecto de imputar responsabilidad contable por alcance, que el descubierto obedezca a la simple ausencia de numerario o a la falta de justificación de ese numerario por falta de soportes documentales.
El alcance nace de un descubierto injustificado que surge de una cuenta, en sentido amplio, que deben rendir quienes tengan a su cargo el manejo de caudales públicos, y su origen puede ser, tanto la ausencia de numerario, como la ausencia de su justificación por falta de los necesarios soportes documentales.
En este mismo sentido, el Auto de 26 de marzo de 1993 se refiere a que los supuestos típicos de alcance pueden sistematizarse en dos categorías: ausencia de numerario o ausencia de justificación y la Sentencia nº 18/97, de 3 de noviembre, dice literalmente que: “el saldo deudor injustificado producido en la gestión llevada a cabo por el declarado responsable contable es constitutivo de alcance, en aplicación de los artículos 38.1 de la Ley Orgánica 2/1982 y 49.1 de la Ley 7/1988, en relación con el artículo 72.1 de este mismo texto legal pues a efectos de delimitar el alcance, como ilícito contable que es, basta con que tenga lugar la falta de justificación de una partida en las cuentas que deben rendirse”.
UNDÉCIMO.- Dados los términos de la doctrina relativa a la apreciación, o no, de la concurrencia de responsabilidad contable que se acaban de exponer, adquiere una relevancia jurídica innegable el examen de todo el caudal probatorio aportado al procedimiento y su valoración conjunta, respetándose, siempre, las reglas de la sana crítica, tal y como viene siendo exigido por las normas procesales y, en concreto, por las contenidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuya observancia a la presente “litis” viene exigida, como ya se ha señalado, por el artículo 60.4, primer inciso de la Ley 29/1998, de 13 de julio.
Cabe establecer, así, en primer lugar, que ha quedado sobradamente acreditado en autos que en fechas 7, 8 y 9 de septiembre de 2014 tuvo lugar la celebración de determinados festejos taurinos en el marco de las Fiestas Patronales de Torrelaguna de dicho año, organizadas por el Ayuntamiento de la localidad, a través de su Concejalía de Educación, Cultura y Festejos, cuyo titular era la hoy demandante, SRA. M. S. Dichos eventos taurinos fueron anunciados mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 25 de agosto de 2014, según consta expresamente reflejado en el documento obrante a los folios 499 y 500 de las actuaciones, dentro del expediente que contiene toda la documentación de dichas Fiestas Patronales, remitido, en la fase probatoria de este procedimiento, por el AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA. Asimismo, la celebración efectiva de dichos festejos fue ratificada, en sede testifical, por el Alcalde de la localidad.
Los eventos taurinos, en los días que se señalan a continuación, consistieron en:
a) Domingo día 7 de septiembre de 2014. Encierro, a las 11:30 y a las 12:00 horas, suelta de reses, a las 12:30 horas. Novillada sin picadores, a las 18:30 horas.
b) Lunes día 8 de septiembre de 2014. Encierro, a las 10:0 horas, suelta de reses a las 11:00 horas y encierro con bueyes, a las 12:00 horas. Clases prácticas de la Escuela Taurina de Colmenar Viejo de la Comunidad Autónoma de Madrid, a las 18:30 horas.
c) Martes día 9 de septiembre de 2014. Encierro, a las 11:30 y a las 12:00 horas y suelta de reses, a las 12:30 horas. Becerrada local, a las 18:30 horas.
Para la celebración de estos festejos taurinos, según se refleja en los correspondientes documentos obrantes en el ya mencionado expediente, que contiene toda la documentación de dichas Fiestas Patronales, se despacharon los correspondientes permisos a diversos organismos de la Comunidad de Madrid, así como a otros, tanto administrativos, como colegiales (Colegio Oficial de Veterinarios, especialmente), se suscribieron los correspondiente seguros (de responsabilidad civil, de incendios y de accidentes colectivos) que vienen exigidos por la normativa reguladora en materia de espectáculos de esta índole, se satisfizo la obligación de cotizar a la Seguridad Social de los profesionales taurinos intervinientes, y se contó con los oportunos medios sanitarios, personales y materiales, realizándose los exigibles trámites oficiales, habiendo resuelto, el municipio organizador, que los mismos se realizarían a través de la empresa de gestoría “T., S.L.”.
Como ya se ha dicho, los festejos se celebraron, de forma efectiva, produciéndose unos ingresos por taquilla que, según consta en el informe relativo a la recaudación por taquilla de las corridas de toros, elaborado –en fecha indeterminada- por la empleada municipal Doña M. O. I., ascendieron a 4.328 euros, desglosados del siguiente modo:
Novillada sin picadores, del domingo, 7 de septiembre de 2014, una recaudación de 2.185 euros.
Becerrada local, del martes, 9 de septiembre de 2014, una recaudación de 2.143 euros.
En el mismo informe, la expresada empleada señaló que los ingresos netos por taquilla ascendieron a 2.528 euros, toda vez que la SRA. M. S. pagó 1.800 euros de los ingresos de la taquilla (4.328 euros - 1.800 euros = 2.528 euros), con el fin de cubrir determinados gastos de los festejos que, según señaló, consistieron, entre otros, en gratificaciones a porteros y a las mulillas de arrastre.
El informe escrito, al que se acaba de hacer referencia, fue ratificado por la Sra. O. I. en la instrucción del expediente de responsabilidad contable, incoado por el AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA, y su contenido fue refrendado por el Alcalde de dicha localidad en sus respuestas escritas al interrogatorio que obra unido a estas actuaciones.
Estas circunstancias, recién descritas, han llevado al Ministerio Fiscal a considerar que, no obstante su postura coincidente con la parte demandada -AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA- en el sentido de apreciar que existen cantidades injustificadas que generarían responsabilidad contable, ésta debería contraerse a una cuantificación del daño en los fondos públicos municipales, en 4.028 euros, cantidad resultante de considerar, como no justificados los 1.500 euros sumados a los 2.528 euros de la recaudación de la taquilla, puesto que consideró justificados los 1.800 euros restantes.
Esta pretensión del Ministerio Público, en los términos que se acaban de detallar, podría ser acogida por esta Sala de Justicia, como conclusión provisional (aunque no definitiva, como se verá en su momento), en orden a resolver el litigio planteado, puesto que, en efecto, no cabría acoger el “petitum” de la Corporación municipal demandada, en el sentido de exigir a la SRA. M. S. el reintegro de los 5.828 euros, es decir, los correspondientes a los 1.500 euros y a los 4.328 euros de los ingresos por taquilla, cuando el propio Alcalde que dictó el Decreto impugnado declaró en su testifical escrita que el importe final debía ser correcto, porque así lo ratificaron ambas trabajadoras [Doña M. O. I. y Doña M. C.] en sus declaraciones, prestadas en el expediente de responsabilidad contable (folios 47 y 49 de autos). Ello impediría admitir una hipotética responsabilidad contable, al menos, por esos 1.800 euros, cuyo destino público parece haber quedado acreditado ya, incluso antes de iniciarse el presente procedimiento jurisdiccional.
DUODÉCIMO.- La parte actora, sin embargo ha considerado que no ha existido daño patrimonial alguno para el Erario municipal, por cuanto, cumpliendo con su obligación de soportar la carga de la prueba ha tratado de acreditar que las cantidades por diversos pagos estaban debidamente justificadas, en cuanto al fin público a que debían destinarse.
A tal efecto, aunque la demandante ya aportó inicialmente la documentación que consideró justificativa de los pagos efectuados, ha vuelto a facilitar determinados documentos, en ciertos casos, reiterando unos, o aportando otros nuevos, con el fin de demostrar la inexistencia de la responsabilidad contable que se le achaca.
Hay que destacar que el AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA, parte demandada en este recurso, y el Ministerio Fiscal han rechazado el carácter justificativo de tales documentos, aunque en ningún momento del procedimiento dichas partes hayan impugnado la prueba documental presentada por la actora y, ello, pese a que esa parte procesal pretendió adverar la veracidad del contenido expresado en dichos documentos, mediante la práctica de la testifical de las personas que habían elaborado las facturas que la demandante presentaba como pruebas de descargo. Testifical a la que tuvo que renunciar la representación procesal de la SRA. M. S., toda vez que la representación del municipio demandado manifestó (min. 11:43 hasta el min. 16:19 de la grabación audiovisual de la vista de práctica de prueba) que no impugnaba los documentos, ni los tachaba de falsos.
La principal razón jurídica que esgrimieron, tanto la parte demandada, como el Ministerio Fiscal para tratar de desvirtuar la eficacia de la prueba documental esgrimida de contrario, para apoyar sus pretensiones, fue que dichos documentos no reunían los requisitos estrictamente formales para provocar el efecto liberatorio de responsabilidad contable perseguido por la parte actora.
Siendo muy importante la formalidad en los documentos justificativos, cabe matizar respecto a dicha postura procesal de la parte demandada y del Ministerio Fiscal que la obligación que incumbe a todo gestor de fondos públicos de rendir cuentas de su gestión no puede entenderse cumplida simplemente con la justificación formal de los pagos realizados, sino que debe explicar, con la imprescindible actividad probatoria, el destino o inversión dado a los fondos públicos cuya gestión tiene encomendada.
Es cierto, por tanto, que la justificación, en ningún caso, puede quedar al libre arbitrio del que gestiona y maneja los caudales o efectos públicos, sino que ha de acomodarse a lo legal y reglamentariamente dispuesto, de suerte que los documentos que sirvan de soporte a los pagos realizados reúnan una serie de requisitos formales.
Pero, además, es imprescindible que quede acreditado que el destino dado a los fondos públicos sea el legalmente adecuado y, únicamente en tal caso, puede entenderse debidamente cumplida la obligación personalísima de rendir cuentas que incumbe a todo el que tiene a su cargo la gestión de caudales o fondos públicos. Y a este respecto es criterio asentado de esta Sala de justicia, manifestado en múltiples pronunciamientos que, por su número, hacen su cita ociosa, que, dentro de cualquier proceso jurisdiccional, y, en particular, los procedimientos contables, las limitaciones existentes en el proceso de fiscalización cabe que sean suplidas en sede del mismo, donde las partes pueden aportar una convicción más completa de los hechos controvertidos y su posible justificación, siempre presidida, como ya se apuntó antes, por el principio de “onus probandi” y de libre valoración conjunta del Juzgador, con aplicación de criterios de sana crítica, según ordena la Ley de Enjuiciamiento Civil.
DECIMOTERCERO.- La parte actora ha aportado, a lo largo del procedimiento, la siguiente documentación:
Liquidación del novillero Don A. H. V. y su cuadrilla, por importe de 1.457,84 euros.
Liquidación del novillero Don P. M. A. y su cuadrilla, por importe de 1.457,84 euros.
Liquidación del sobresaliente Don C. S. M. y su cuadrilla, por importe de 262,81 euros.
Por lo que respecta a las tres liquidaciones de las retribuciones de los profesionales taurinos, señaladas en los puntos 1, 2 y 3 anteriores (dos pagos de 1.457,84 euros, para los novilleros y sus cuadrillas, así como 262,81 euros para el sobresaliente taurino), constan acreditados en el expediente de las Fiestas Patronales de Torrelaguna del año 2014, los correspondientes contratos, firmados por los expresados profesionales (documentos nº 667, 668 y 669). Del examen de dichos contratos se extrae el importante dato (Cláusula Tercera, para todos ellos) de que la remuneración de novilleros y cuadrilla se tenía que realizar el mismo día de la celebración del festejo, por lo que, forzosamente, el Ayuntamiento contratante, si quería cumplir los términos del negocio realizado, se debía ver precisado a abonar dichos emolumentos con dinero en efectivo, idóneamente con el producto de la recaudación por taquillas, toda vez que las oficinas bancarias que se pudieran utilizar se hallarían cerradas, dado el carácter festivo del día, en la localidad.
Nos hallaríamos, así, con gastos satisfechos con los importes de la recaudación de las taquillas del coso donde se celebraron los festejos de lidia, a los que se refirió la empleada del Ayuntamiento Doña M. O. I., ya mencionada anteriormente, si bien se constata que dicha señora no tuvo en cuenta la realización de estos otros pagos, que hacen que difieran las cuantías que ella estimó como producidas mediante la satisfacción de cantidades por importes de taquilla. Conclusión a la que debe llegarse, además, si se tiene en cuenta que la empresa encargada de la gestión de derechos sociales –”T., S.L.”- no tuvo mayores inconvenientes en satisfacer las correspondientes cuotas de la Seguridad Social ante el Servicio Común de dicha Administración -Tesorería General de la Seguridad Social-, según resulta de las copias de los correspondientes boletines de cotización y justificantes de su abono, para dichos profesionales de lidia, que constan debidamente unidos al expediente de la Fiestas Patronales (documentos nº 670 a 689). Debiéndose destacar que, de modo obligado, la expresada empresa colaboradora de la gestión de las Fiestas tuvo que conocer el importe de las nóminas pagadas a los maestros de lidia y sus cuadrillas, pues, de otro modo, nunca se podrían haber calculado las cuotas de cotización y las cifras correspondientes a tales conceptos para satisfacer los seguros sociales de aquéllos. Los mismos, fueron abonados en momento posterior a la celebración de los festejos y no con cargo a los ingresos por taquilla, sino, como ya se ha señalado, a través de “T., S.L.”, con cargo al presupuesto de Fiestas, pero los términos de los contratos suscritos entre la Corporación y los diestros y sus cuadrillas, no impedían esta posibilidad.
Esta Sala de Justicia, por tanto, entiende debidamente justificadas, en el seno del presente procedimiento, las cantidades en concepto de remuneraciones a los profesionales taurinos que intervinieron en la novillada sin picadores, celebrada el 7 de septiembre de 2014, en Torrelaguna.
También considera esta Sala acreditado en autos el pago de 800 euros a Don J. N. D., por las mulillas utilizadas para el arrastre de reses (punto 4, anterior), dado que dicho servicio fue considerado cumplido por la propia testigo Doña M. O. I., en el informe aportado, en su día, al expediente administrativo de responsabilidad contable, y el importe (800 euros), bien pudo estar comprendido dentro de la cantidad de 1.800 euros que dicha empleada estimaba producido por el concepto “otros gastos” que se cargaron a las cuentas de recaudación por taquilla.
En relación al gasto de banderillas (punto 5) esta Sala de Justicia, también, considera justificado el mismo por la parte actora, en cumplimiento de su deber de asumir la carga de la prueba, en los términos antes expuestos, toda vez que el representante de la Escuela Taurina iba a declarar como testigo en el presente recurso, para adverar la realidad de la venta, pero la representación legal del AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA no tachó de falso el documento que lo soportaba, lo que hizo innecesario tal testimonio. Resultando, por otro lado, un suministro acorde con la naturaleza del evento y destinado al fin público para el que fue realizado.
En parecidos términos, debe aceptarse la realidad del servicio prestado, para el que fueron abonados los 1.500 euros al ganadero Don J. L. O. C., en concepto de trashumancia de reses con destino a la Cabestrada local (punto 6), constando en el expediente de las Fiestas locales la autorización del Alcalde de Torrelaguna para la suelta de reses (documento 502), con su recorrido (documento 505).
Restaría por determinar la justificación de la cantidad de 1.500 euros, que dio origen, en su momento, al expediente de responsabilidad contable, toda vez que, según el Ayuntamiento demandado se le abonó a la SRA. M. S. dicha cantidad que no justificó, mediante cheque al portador nº 5410.281.2, de fecha 27 de agosto de 2014. Y, a tal efecto, se debe aducir que la expresada cuantía, bien pudo satisfacer la última de las facturas señaladas, o bien, tal y como consta unido al documento 691 del citado expediente de las Fiestas Patronales, esos 1.500 euros se utilizaron en taquilla para dar el cambio de las ventas de billetes, en las taquillas del coso taurino. Fuere, cual fuere la operación realizada, la justificación queda acreditada en autos al reflejarse, en ambos casos, el destino público de la cantidad mencionada.
DECIMOCUARTO.- De esta manera, la suma de los gastos producidos arroja la cifra de 5.878,49 euros, por todos los conceptos que se han expresado, que se consideran dedicados a satisfacer los créditos ocasionados por el cumplimiento de fines públicos a los que estaban destinados y que han sido debidamente justificados, con arreglo a derecho, aplicando las normas legalmente previstas para satisfacer la carga de la prueba, dentro de este procedimiento.
Por tanto, hay que concluir que en el supuesto que aquí se enjuicia, no se ha producido un daño económico efectivo y económicamente evaluable que haya producido un menoscabo al Erario del AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA, por lo que no cabe establecer que sea procedente apreciar la responsabilidad contable de la demandante, DOÑA M. J. M. S. Por el contrario, ha resultado probado que, con las cantidades que se obtuvieron de la recaudación por taquilla del lugar donde se habilitó la celebración de los festejos taurinos, de entrada pública, se tuvieron que satisfacer determinados gastos que, bien por contrato, bien por costumbre, se pagaron a personas y entidades que prestaron servicios acordes con los fines públicos para los que estaban destinados, siendo, además, la mencionada DOÑA M. J. M. S., competente para realizar dichos abonos, dada su doble cualidad de Primer Teniente de Alcalde y Concejala de Educación, Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Torrelaguna, organizador de las Fiestas Patronales, en su conjunto y, en concreto, en dicho marco, de los eventos taurinos, tantas veces citados.
Resulta preciso recalcar, en atención a los argumentos esgrimidos, tanto por la representación procesal del AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA, como por el Ministerio Fiscal, que no basta para la iniciación de un procedimiento jurisdiccional contable con que se denuncie la presunta comisión de errores o irregularidades en la liquidación de los presupuestos, en la tramitación de las modificaciones presupuestarias o en la gestión administrativa, sino que, como consecuencia de aquéllos, se debe haber producido un menoscabo en los fondos o caudales públicos del que derivaría la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados, circunstancia que, como se ha razonado en apartados anteriores de esta Resolución no se ha producido en este supuesto.
DECIMOQUINTO.- Por todo lo anteriormente expuesto, la Sala considera que no procede otra cosa que, con revocación del Decreto de la Alcaldía de Torrelaguna nº 169/2016, de fecha 8 de junio de 2016, dictado en el expediente de responsabilidad contable 2/2014 000001780, estimar, el recurso del artículo 41.2 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, formulado por la representación procesal de DOÑA M. J. M. S., debiéndose dictar un fallo estimatorio, en cuanto al fondo, de la pretensión formulada en la demanda inicial por la citada parte actora contra el AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA, en el sentido de no apreciar causa de responsabilidad contable de la mencionada demandante.
DECIMOSEXTO.- En cuanto a las costas causadas en esta instancia, no se hace expresa imposición de las mismas, toda vez que la índole de las circunstancias concurrentes, de hecho y de derecho, en el presente caso, y la especialidad y dificultad de las mismas, han suscitado serias dudas en su apreciación, debiéndose aplicar el tenor del último inciso del artículo 139 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En atención a lo expuesto, vistos los preceptos citados y demás de general aplicación.
PRIMERO.- Estimar, en cuanto al fondo de la pretensión formulada, el recurso nº 40/16 del artículo 41.2 de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, interpuesto por el Letrado Don Mario Bartolomé Guerra, en nombre y representación de DOÑA M. J. M. S., contra el Decreto de la Alcaldía de Torrelaguna nº 169/2016, de fecha 8 de junio de 2016, dictado en el expediente de responsabilidad contable 2/2014 000001780, revocándolo y dejándolo sin efecto, por considerarse que no se ha producido un daño económico efectivo y económicamente evaluable que haya ocasionado un menoscabo al Erario del AYUNTAMIENTO DE TORRELAGUNA.
SEGUNDO.- No realizar pronunciamiento sobre las costas causadas, de acuerdo con lo razonado en el Fundamento Jurídico Decimosexto de esta Resolución.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la precedente Sentencia por el Excmo. Sr. Consejero de Cuentas Ponente en estos autos, Don José Manuel Suárez Robledano, celebrada Audiencia Pública de la Sala de Justicia, de todo lo cual, como Secretaria de la misma, certifico en Madrid, a veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete.

References: artículo 41
 resolución 
 artículo 41
 artículo 190
 Real Decreto 
 artículo 177
 resolución 
 artículo 41
 resolución 
 artículo 177
 Resolución 
 resolución 
 artículo 41
 resolución 
 artículo 49
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 72
 resolución 
 resolución 
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 artículo 72
e contrario
 artículo 54
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 72
 artículo 177
 artículo 177
 artículo 72
 artículo 72
 artículo 59
 artículo 41
 artículo 59
 artículo 217
 artículo 41
 artículo 217
 artículo 60
 artículo 217
 artículo 72
 artículo 60
e contrario
 Resolución 
 artículo 41
 artículo 139
 artículo 41