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Timestamp: 2019-12-10 02:10:41+00:00

Document:
DS. Senado, Pleno, núm. 116, de 17/06/2014
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PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ
Sesión núm. 55
celebrada el martes, 17 de junio de 2014
1.1. Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión anterior, celebrada los pasados días 3, 4 y 5 de junio de 2014.
2.1. LECTURA ÚNICA
2.1.1. Proyecto de Ley Orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Núm. exp. 621/000075)
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Se abre la sesión a las dieciséis horas.
Se inicia el debate de las propuestas de veto.
El señor Mariscal Cifuentes defiende la propuesta de veto número 1, del señor Iglesias Fernández y este senador, del Grupo Parlamentario Mixto.
La señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la propuesta de veto número 2, presentada por esta senadora.
El señor Saura Laporta defiende la propuesta de veto número 3, presentada por el señor Guillot Miravet y este senador, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
En turno en contra hace uso de la palabra el señor Barreiro Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
En turno de portavoces intervienen los señores Unamunzaga Osoro, Eza Goyeneche; Quintero Castañeda, y Martínez Oblanca, por el Grupo Parlamentario Mixto; Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); Montilla Aguilera, por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; Cleries i González, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; Iglesias Ricou, por el Grupo Parlamentario Socialista, y Barreiro Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Se procede a votar las propuestas de veto.
El señor presidente informa a la Cámara de que para la aprobación de las propuestas de veto se requiere mayoría absoluta.
Asimismo, informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para la senadora Ibarz Ibarz, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que ha emitido su voto contrario a las tres propuestas de veto.
Se rechaza la propuesta de veto número 1, con el siguiente resultado: presentes, 258 más 1 voto telemático, 259; votos emitidos, 257 más 1 voto telemático, 258; a favor, 5; en contra, 234 más 1 telemático, 235; abstenciones, 18.
Se rechaza la propuesta de veto número 2, con el siguiente resultado: presentes, 258 más 1 voto telemático, 259; votos emitidos, 258 más 1 voto telemático, 259; a favor, 5; en contra, 235 más 1 telemático, 236; abstenciones, 18.
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Se rechaza la propuesta de veto número 3, con el siguiente resultado: presentes, 258 más 1 voto telemático, 259; votos emitidos, 258 más 1 voto telemático, 259; a favor, 5; en contra, 235 más 1 telemático, 236; abstenciones, 18.
Se aprueba el texto del proyecto de ley con el siguiente resultado: presentes, 258; votos emitidos, 258; a favor, 233; en contra, 5; abstenciones, 20.
El señor presidente informa a la Cámara de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley orgánica.
Se levanta la sesión a las dieciocho horas y cincuenta minutos.
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El señor presidente da lectura a los puntos 1. y 1.1.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna observación? (Pausa).
El señor presidente da lectura a los puntos 2., 2.1. y 2.1.1.
El señor PRESIDENTE: A este proyecto de ley se han presentado 3 propuestas de veto.
Vamos a entrar en el debate de las propuestas de veto. En primer lugar, la número 1, de los senadores Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto.
Para la defensa de esta propuesta de veto, tiene la palabra el senador Mariscal, por un tiempo de quince minutos. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor. Guarden silencio.
Señorías, escasísimos miembros del Gobierno de España (Rumores), que no han tenido a bien venir a la Cámara a presentar sus argumentos para sacar adelante este proyecto de ley, espero que al menos estén atentos al debate y lo escuchen hoy.
Señorías, estamos aquí para decidir si el pueblo decide. (Varios señores senadores: ¡Oooh!— Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio.
El señor MARISCAL CIFUENTES: Hoy estamos aquí para decidir si nos guiamos por un mandato medieval o por la soberanía popular. (Rumores). Hoy estamos aquí para debatir si el pueblo soberano tiene derecho a ser escuchado en un momento trascendental para la historia de nuestro país. Hoy estamos aquí para decidir si las Cortes son solo notarias de un acto administrativo o si las Cortes devuelven al pueblo la soberanía y el derecho a decidir la forma de Estado para un buen gobierno. En España, bipartidismo y monarquía son las dos caras de la misma moneda, y ambas se encuentran en una profunda crisis, fruto del agotamiento del modelo de la Transición.
La semana pasada, mi compañero Cayo Lara intervino en nombre de la Izquierda Plural para defender nuestra posición: consulta a la ciudadanía sobre la forma del Estado, monarquía o república, y apertura de un proceso constituyente. Cayo pertenece a esa generación que desde su juventud asumió con ilusión los retos cívicos, los retos públicos, a los que llamaba la construcción de la democracia en este país. Cayo pudo votar la Constitución de 1978, y lo hizo tal y como su partido le pedía: a favor; un sí, porque sabía de las renuncias para que la democracia saliera adelante. Cayo representa también a unos padres que creyeron que la democracia permitiría que sus hijos vivieran
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mejor que ellos, que podrían estudiar y evitar así el paro y la emigración. En la España de hoy esas expectativas han sido frustradas, y esta indignación se está mostrando mediante la movilización, el conflicto social y la conciencia política, hasta el punto de que el régimen monárquico bipartidista se encuentra contra las cuerdas. Y por eso también estamos hoy aquí.
Se habla mucho en estos días de la Transición y de la concordia. Se deslegitima nuestra propuesta de consulta democrática con referencias más o menos veladas al caos y a la incertidumbre: o Felipe VI —nos dicen— o el caos. Mal bagaje de partida, señorías, para afrontar un debate democrático. Porque incertidumbre en España, señorías, la mayor de las incertidumbres, la tienen las familias que no saben cómo van a llegar a fin de mes.
Concordia, la palabra mágica de la Transición. Se refería Mariano Rajoy hace poco, en el obituario que escribió a Adolfo Suárez, de nuevo a esta palabra. La retórica habitual, señorías, repetida hasta la saciedad: reconciliación de los españoles, unidad más allá de la diferencia ideológica, cerrar heridas, borrar cicatrices. La concordia —decía el presidente— como entendimiento perdurable y fecundo entre diferentes para satisfacción de la mayoría. Y me parece bien la definición, pero ¿qué satisfacción? ¿De qué mayoría se habla? Señorías, no hay concordia desde la negación del conflicto. No hay concordia con 6 millones de parados. No hay concordia con 13 millones de personas en riesgo de pobreza y de exclusión social. No hay concordia sin la seguridad de una pensión justa. No hay concordia con miles de jóvenes abandonando su casa, su gente, su familia, su país, haciendo el mismo camino de su padres, esta vez, eso sí, con un título debajo del brazo. No hay concordia cuando el patrón te puede echar cuando quiera del trabajo. No hay concordia cuando se trabaja tantas horas y se cobra una miseria. No hay concordia cuando no se asegura la salud y la educación como servicios públicos universales. No hay concordia cuando las mujeres son tratadas como ciudadanas de segunda, como trabajadoras de segunda; eso sí, como siervas de primera. No hay concordia cuando se expulsa a la gente de sus casas y hay tantas casas sin gente, con un drama social que conculca los derechos humanos, sociales y constitucionales; 50 000 viviendas se ha quedado la banca por impago de la hipoteca durante el año 2013. No hay concordia, señorías, cuando el dinero público se dedica a salvar los negocios bancarios de los amiguetes, mientras que 2 millones de hogares permanecen con todos los miembros de su familia en paro. No hay concordia cuando por participar en una huelga general te condenan a tres años de cárcel y te obligan a entrar en prisión, mientras los corruptos se pasean a sus anchas por los consejos de administración del Ibex 35.
Y quiero denunciar aquí hoy la caza de brujas que se está dando contra el movimiento obrero organizado. Quiero hablar hoy aquí de Carlos y de Carmen, de Ana y de Tamara, condenados —los 4— a tres años de prisión, obligados a entrar en la cárcel. Van a solicitar el indulto. Les pido, señores del Gobierno, que por favor atiendan esa solicitud, porque si no, entenderemos que este gesto, la entrada en prisión de sindicalistas que lo único que han hecho ha sido participar en piquetes informativos durante la huelga general (Rumores), en defensa de... Sí, es mucho mejor indultar a un guardiacivil que graba acoso sexual, pero como es hijo de un concejal del Partido Popular sí se le indulta por el Gobierno. (Rumores). Eso sí. Indulto…, o entenderemos esto como un momento fundacional del nuevo régimen en España, una llamada de atención al movimiento obrero, un aviso para que se desate, con la nueva reforma del Código Penal, una caza de brujas contra el pueblo trabajador. Y entenderemos, señorías, que en España vuelve a haber presos políticos.
La monarquía, el símbolo de la unidad de la nación por encima de fronteras y de clases, se ha convertido en el símbolo de la unidad de intereses de la oligarquía económica y financiera con el poder político; la monarquía, la de los silencios en torno a la corrupción del yerno Urdangarin y la corrupción en general; la corona de la concordia, que se ha convertido en el mejor intermediario de las empresas del Ibex 35 en todo el mundo, incluyendo a países reconocidos ampliamente en la defensa de los derechos humanos, como son las monarquías del Golfo Pérsico, el Reino de Marruecos o Guinea Ecuatorial; el monarca que se ha convertido en garante de la disciplina atlántica que permite que haya bases militares de potencias extranjeras en nuestro país; Juan Carlos de Borbón se ha visto obligado a abdicar, y a partir de pasado mañana, señorías, vamos a tener las promesas de regeneración del país.
Y antes de que lleguen esas promesas yo me atrevo a hacerles una propuesta: que el ciudadano Juan Carlos de Borbón declare su patrimonio ante sus compatriotas, que nos saque de dudas, que nos explique cómo es posible que se tenga un patrimonio de 1800 millones de euros
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con un salario de 300 000 euros al año (Rumores), que nos informe de sus propiedades inmobiliarias, de sus adquisiciones de obras de arte, de sus inversiones en bolsa, que realice un acto de transparencia que nos permita abandonar el debate sobre su aforamiento. ¿A qué tanto miedo sobre el aforamiento del ciudadano Juan Carlos de Borbón?
El pasado miércoles asistimos en el Congreso a un interesantísimo debate, y la verdad es que algunos nos quedamos ojipláticos cuando el portavoz del Partido Popular, señorías, citó, nada más y nada menos, que a Santiago Carrillo. (Rumores). El portavoz del Partido Popular citaba a Santiago Carrillo, y es una novedad, sobre todo teniendo en cuenta qué es lo que ha dicho la derecha de Santiago Carrillo durante tantos años, ¿verdad? Y hablaba el señor Alonso de la altura de miras y de su capacidad de renuncia por el bien de España. Efectivamente, pero ¿a qué renuncian ustedes por el bien de España? ¿Renuncian a las reformas laborales? ¿Renuncian a dar ayudas públicas a la banca? ¿Renuncian a una legislación que permite los desahucios? ¿Renuncian al control de los grandes medios de comunicación? ¿Renuncian a obedecer a la Iglesia para que la mujer elija libremente su maternidad? ¿Renuncian a privatizar las pensiones o la sanidad o la educación? (Rumores). No renuncian a nada, ustedes van como un bulldozer con su hoja de ruta, una hoja de ruta que podría haberse visto empantanada por la tozudez real, pero al final han ganado los que sabían que para seguir mandando había que cambiarlo todo para que nada cambie.
La diferencia es que llegamos a la monarquía de Juan Carlos I sabiendo, ilusionados, que cada persona podía ser un voto. Hoy llegamos a la monarquía de Felipe VI seguros y convencidos de que no es así; sin embargo, es un euro, un voto. Y no se crean que nos molesta que citen a Carrillo. A mí me encanta. Ustedes pueden citar a Carrillo las veces que quieran, las veces que quieran. Solo les voy a pedir una cosa: cuando citen a Carrillo, recuerden que era la máxima figura de un partido plagado de luchadores muertos, de mujeres fusiladas y de jóvenes torturados. (Fuertes protestas).
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.
El señor MARISCAL CIFUENTES: Cuando citen a Carrillo, recuerden que era el líder de un partido que no abandonó ni un solo instante la defensa de la legalidad republicana. Cuando citen a Carrillo, recuerden que representaba a un partido que no cejó durante cuarenta años de combatir la dictadura franquista, esa a la que ustedes todavía no han tenido la decencia de condenar con todas las letras. Un partido de hombres y mujeres que se lo jugaron todo —su familia, su amor, su amistad—, absolutamente todo para conseguir que hubiera en España justicia y libertad. No sé dónde estaban ustedes entonces.
Por eso estamos sobradamente legitimados para pedir y para exigir más democracia. Los que votaron a favor de la Constitución del 78 lo hicieron porque se hablaba de libertad de expresión, de derecho de huelga, del derecho a la salud, del derecho a la vivienda, a la educación y al trabajo; porque hablaba de supeditar la riqueza al bien común; porque hablaba de igualdad efectiva entre hombres y mujeres; porque hablaba de que todos los españoles y las españolas son iguales ante la ley. Y también el ruido de sables y la amenaza del golpe de Estado, ¿se acuerdan?
Es un clásico del constitucionalismo tratar de blindar las constituciones frente a las reformas populistas —entre comillas—, pero fue Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, el que dijo que había que cambiar las máximas leyes soberanas en nombre del pueblo soberano, en nombre del poder soberano de las generaciones históricas.
Hoy, un 63% del censo electoral no tuvo ocasión de votar la Constitución del 78. Yo tenía 1 año cuando el dictador murió. Yo tenía 3 años cuando 100 000 personas salieron con un silencio atronador a despedir a los abogados asesinados por el fascismo en Atocha 55; tenía 3 años. Y tenía 4 años cuando mis padres me llevaron de la mano a votar la Constitución, y votaron, como tantos otros y tantas otras, a favor de la Constitución.
No es el pueblo el que ha roto el pacto constitucional, porque constatamos que las renuncias que entonces hicimos muchos no han servido para hacer valer los aspectos civiles, sociales, económicos y laborales de la Constitución del 78. Y si algo ha roto ese consenso constitucional fue la reforma del artículo 135 de la Constitución que se hizo en el año 2011; una reforma que consagra el dogmatismo neoliberal y lo eleva a ley, y una reforma que debería avergonzar a sus promotores, sobre todo cuando pronuncian la palabra consenso.
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Por eso, la alternativa republicana para nosotros, señorías, no consiste solamente en elegir a la Jefatura del Estado, consiste en construir desde el poder popular una alternativa democrática republicana, con un proyecto de país que garantice pan, trabajo y techo al conjunto de la ciudadanía y de la mayoría social trabajadora de este país.
Venimos hoy aquí a demandar un acuerdo: que el rey abdique, pero que el rey abdique en el pueblo. Es la hora de la democracia. Es la hora de que el pueblo decida su futuro. Los voceros del régimen siguen utilizando el miedo al enfrentamiento entre españoles para desdeñar las aspiraciones democráticas de una parte cada vez mayor de la población. El miedo al conflicto inoculado durante cuarenta años de franquismo y utilizado en la Transición para construir consensos ya no vale hoy, señorías. Los hijos y las hijas de los que hicieron la Transición ya no tenemos miedo y vamos a seguir hablando.
Hoy se aprueba esta ley y no se le da la palabra al pueblo para que decida cuál es su modelo de Estado. Tendremos próximas citas con las urnas. Tendremos las elecciones municipales de 2015, que van a ser las más políticas de la historia desde 1979, y no solamente porque la reforma local ha dejado sin financiación y sin competencias a los ayuntamientos, sino porque la situación política y social del país nos exige dar a la cita electoral del próximo mayo de 2015 un carácter constituyente, con un precioso antecedente en la historia de España: las elecciones del 12 de abril de 1931. También fueron municipales.
El 2 de junio se manifestó alegre el pueblo que reclama el derecho a decidir el modelo de Estado, que reclama un referéndum para elegir entre monarquía y república y la apertura de un proceso constituyente en nuestro país. Señorías, la Transición terminó el 2 de junio. Ese día los nietos enterramos para siempre el silencio, el miedo y el dolor que cuarenta años de dictadura inocularon en este país. Señorías, el silencio de la Transición se ha roto para siempre.
La propuesta de veto número 2 ha sido presentada por la senadora doña Ester Capella, del Grupo Parlamentario Mixto.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Molt bona tarda a tothom. Presidente, señorías, saludo también a los escasos ministros que hoy nos acompañan.
Hoy aquí nos presentan, y será sometido a votación, el Proyecto de Ley Orgánica por la que se hace efectiva la abdicación del Rey Juan Carlos I. Esquerra Republicana ha vetado y votará que no a este proyecto de ley. Hoy votar favorablemente al presente proyecto de ley es avalar, conceder carta de naturaleza a una decisión de carácter personal que trasciende al monarca y que cierra la puerta a la democracia porque impide pronunciarse a la ciudadanía. Ustedes, aquellos que hoy voten favorablemente este proyecto de ley, se convertirán en fedatarios de una decisión personal.
En un aspecto de tanta trascendencia como es el que debatimos hoy, lo normal es que el trámite parlamentario asegure la plena intervención de todos los sujetos políticos y que lo puedan hacer con plena capacidad de enmienda, negociación, debate y publicidad. Lejos de ello, ustedes acumulan dos procedimientos excepcionales: urgencia y lectura única, cercenando los derechos de los parlamentarios a intervenir de forma plena en su tramitación.
Sorprende el uso del procedimiento de urgencia, cuando en treinta y cinco años no se ha desarrollado el precepto constitucional. Nada impedía que el trámite se hubiese hecho con la necesaria serenidad y con la regulación de todos los aspectos que atañen al rey que abdica y a la sucesión del nuevo monarca. Y más sorprende el procedimiento de lectura única, reservado para los proyectos cuya naturaleza así lo aconseja o su simplicidad de formulación lo permite. La naturaleza del proyecto, una ley orgánica de sucesión, difícilmente puede aconsejar el trámite en lectura única. La simplicidad de la formulación se debe única y exclusivamente a la presentación de un proyecto de ley meramente declarativo, lejos de lo que demanda el artículo 57 de la Constitución.
Pero lo que no tiene parangón alguno, lo que supone un vicio de procedimiento insalvable, es la acumulación de ambos procedimientos, con fines distintos, y cuyo único objetivo es finalizar la tramitación lo antes posible. Es evidente que en este proceder los dos grandes partidos del Estado
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español se ponen de acuerdo. Ya lo hicieron al final de la legislatura anterior, en esa ocasión para congratularse con la troika, y ahora lo hacen para eludir el debate, la trasparencia y el ejercicio democrático que la ciudadanía demanda. Ustedes actúan por miedo al cambio, y su miedo amordaza de nuevo a la democracia.
Decía el presidente del Gobierno del Estado español el pasado miércoles en el Congreso: La forma política del Estado no está en el orden del día. También dijo que su oposición a convocar un referéndum para que fuese consultada la ciudadanía obedecía a que ya sabemos lo que piensa la ciudadanía, en atención al resultado de las encuestas y los estudios de opinión que durante estos días se han ido publicando, mostrando una vez más su gran fe en la demoscopia y su poca fe en la democracia, en los principios democráticos y en el derecho de la ciudadanía a ser consultada en las urnas. Entenderán que para nosotros, para Esquerra Republicana de Cataluña, todo esto resulte inaceptable. Siempre lo ha sido, pero en pleno siglo XXI y en democracia no es aceptable que nadie, estadista o político, transmita por herencia sus atributos, su condición. La condición de representante político nace de las urnas, de la soberanía del pueblo, y una vez más ustedes sustraen a la ciudadanía el derecho a poder decidir, a votar sobre la forma política del Estado, igual que hicieron en el año 78.
Hoy se somete a votación no solo la abdicación sino también el mecanismo de sucesión y, en consecuencia, la perpetuación de la monarquía a través de un cambio de rey, un nuevo Borbón del que no cabe esperar, ni esperamos, una actitud diferente hacia Cataluña. (Rumores). Hoy, la aprobación de este proyecto de ley convalida de nuevo la sucesión diseñada por el dictador. Efectivamente, el régimen franquista aprobó, como una de sus leyes fundamentales, la ley de sucesión, donde se determinaba que el jefe del Estado, el dictador, en cualquier momento podría proponer a las Cortes la persona que estimase que debía ser llamada un día a sucederle a título de rey o de regente. Fruto de esta ley, y en el contexto de la llamada democracia orgánica, el dictador propuso a las Cortes de procuradores la Jefatura del Estado de su designado, Juan Carlos de Borbón. Tras su proclamación como sucesor a título de rey, el entonces príncipe de España reconoció en su discurso ante aquellas Cortes Españolas la legitimidad del ilegítimo régimen surgido del 18 de julio del 36, así como su fidelidad a él y a los Principios del Movimiento Nacional y a las Leyes Fundamentales del régimen. Así, tras la muerte del dictador, fue proclamado jefe del Estado a título de rey.
Después de casi cuarenta años de dictadura la sociedad española reclamaba cambios políticos, y Juan Carlos encabezó una transición a la democracia que fue tutelada por las propias instituciones franquistas, en un difícil equilibrio entre las demandas de los demócratas y la resistencia del núcleo duro del aparato franquista amparado por la amenaza del ruido de sables. El llamado consenso constitucional estuvo, pues, condicionado por el momento histórico y no pudo ejercerse en plena libertad. (Rumores). Este es el contexto en el que fue redactada, aprobada y refrendada la Constitución, que determina la actual forma política del Estado español. En estas circunstancias, el referéndum de la Constitución de 1978 se percibe como un plebiscito entre la continuación de la dictadura o el cambio por una democracia en los términos definidos en el texto constitucional, es decir, se le plantea a la ciudadanía un dilema: estas libertades o ninguna. Y una clara mayoría opta por estas libertades.
La aprobación de la Constitución es interpretada como una legitimidad explícita a cada uno de los puntos en ella consagrados. De esta manera, y sin haber sido aprobada específicamente por la ciudadanía, se legitima democráticamente la monarquía. Esto significó obviar la legitimidad republicana y reconocer al sucesor establecido por la ilegítima legalidad franquista.
En definitiva, el resultado es una Constitución donde en algún artículo nos dicen que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Pero la máxima autoridad del Estado está determinada por razón de su nacimiento, e incluso de su sexo. Por otro lado, el proceso constituyente español también impuso una visión territorial del Estado ambigua, que distingue entre regiones y nacionalidades sin especificar y sin reconocer más derechos históricos que los de los territorios forales. En este sentido, se abortó una vez más la posibilidad de reconocer los derechos nacionales catalanes, que fueron abolidos por Felipe V, a los que nunca ha renunciado el pueblo ni el Parlamento de Cataluña.
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A lo largo de la historia de la actual etapa democrática el Parlament de Cataluña ha ido incrementando sus demandas de autogobierno y de reconocimiento y afirmación nacional. De nuevo los fantasmas de dos de los asuntos más polémicos de la Transición han regresado a las Cortes Generales. El reconocimiento de los derechos históricos de las naciones del Estado y la forma de Estado como monarquía o república. Ambos asuntos pueden y deberían ser resueltos de manera sencilla y democrática mediante el reconocimiento del derecho de los pueblos a decidir su organización política, de la misma manera que el pueblo español tiene el derecho a decidir si desea que la forma política de su Estado sea una monarquía o una república. (Rumores).
La crisis económica ha confluido en una crisis política e institucional que reclama más y mejor democracia y la consolidación del Estado del bienestar...
El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por favor.
La señora CAPELLA I FARRÉ: …ante el desmantelamiento impuesto por el neoliberalismo o la garantía efectiva de derechos como la salud, la educación, el trabajo o la vivienda. Asimismo, la asfixia a la que el Estado central y centralista ha sometido a las comunidades autónomas, prioritariamente, en el gasto social, ha puesto en entredicho el propio modelo territorial.
En todo este contexto institucional, social y político, la abdicación del rey ha abierto la puerta a cuestionar todo el proceso constituyente que le entronizó mediante un cambio político tutelado por las fuerzas e instituciones franquistas. Contrariamente, la rapidez y cerrazón con que se pretende dar carpetazo a la sucesión dinástica se percibe como una segunda transición exprés, en que todo vuelve a estar atado y bien atado. El propio discurso del monarca pone en evidencia algunas de las contradicciones que se producen en este momento. Según su discurso, una nueva generación reclama con justa causa el papel protagonista. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías.
El proceso sigue siendo decidido por los mismos. En consecuencia, el futuro rey, después de la abdicación del actual, no es rey ni por elección ni por méritos. No es rey porque tenga la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la Jefatura del Estado, como afirma el abdicado rey en su discurso, sino que es rey por ser hijo varón del rey. Es decir, que no lo elige la ciudadanía, sino su ADN. E incluso podría ser rey aunque no tuviera la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios.
En Esquerra Republicana no podemos asumir que el jefe del Estado, o cualquier otro cargo público, lo sea por herencia y no por voluntad popular. Esquerra Republicana de Cataluña no reconoce la legitimidad de la impuesta monarquía, ni la imposición de un ordenamiento jurídico que no reconoce el derecho inalienable de Cataluña a decidir libremente su futuro. Aunque les duela, el 9 de noviembre Cataluña decidirá entre monarquía o república catalana.
Asimismo, he de manifestar que no nos es indiferente lo que acontece en el Estado español. Nos unen lazos de amistad y fraternidad con los pueblos de España y su ciudadanía, y por ello también nosotros defendemos su derecho a decidir sobre la forma de Estado. Por este último motivo también votaremos que no al proyecto de ley.
Hoy, una vez más, he de decirles que su modelo de Estado, el que hoy ustedes van a consagrar de nuevo, significa la perpetuación de un modelo que no se basa en la igualdad, cuya Jefatura del Estado no ha pedido perdón por los crímenes de la dictadura, y que su nombramiento se sustenta sobre ella. El dictador le designó, las Cortes franquistas le proclamaron, y la Constitución española de 1978 lo legitimó. Y hoy, de nuevo, a través de esta ley renuncian a cuestionar esa decisión. Renuncian a la memoria, a la justicia y a la reparación y dejan que prescriba de nuevo el franquismo. Atado y bien atado. De nuevo actúan en sentido contrario a las demandas de la ciudadanía, al derecho a decidir de la ciudadanía sobre el sistema de Estado: democracia o república. Por eso decía que los catalanes y catalanas decidiremos.
Por todo ello, desde la convicción, el compromiso, con plena conciencia de la responsabilidad y el deber que tenemos con aquellos que nos precedieron en la lucha por los derechos y las libertades, termino recordando al president Lluís Companys. Por cierto, tampoco el jefe del Estado que abdica ha pedido perdón por el asesinato del que fue president de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys. Sería deseable que el nuevo rey lo hiciese.
Finalizo mi intervención con sus palabras: «Venim per servir els ideals. Portem l’ànima amarada de sentiment. Res de venjances, però sí un nou esperit de justícia i reparació. Recollim
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les lliçons de l’experiència. Tornarem a sofrir, tornarem a lluitar i tornarem a guanyar. Difícil és la tasca que ens espera, però jo dic que estem possessionats de la nostra força, que ens portarà endavant per Catalunya i per la república.»
Y añado: Visca la llibertat.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Capella.
La propuesta de veto número 3 ha sido presentada por los senadores don Jordi Guillot Miravet y don Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Para su defensa, tiene la palabra el senador Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, he de decir que lamento la ausencia del jefe de Gobierno. Pienso que el debate que tenemos hoy es lo suficientemente importante como para que don Mariano Rajoy estuviera aquí. (Rumores). No imagino nada más importante que tenga que hacer el presidente del Gobierno que asistir a un debate sobre la abdicación del rey. (Aplausos). Sin ningún menosprecio, evidentemente, a los ministros y ministras que están aquí.
No voy a hacer una intervención de juicio de la figura del rey Juan Carlos, tampoco sobre la monarquía o la república, sino un intento de hablar sobre la abdicación con un contexto social ineludible y con unos antecedentes históricos ineludibles.
Yo estoy convencido de que los resultados electorales de las elecciones europeas significaron el fin de una etapa política en el Estado español. Cuando digo fin soy consciente de que el fin de una etapa no se produce hoy y mañana se inicia la nueva. El terremoto electoral que se produjo con la abstención, el voto en blanco, el hecho de que formaciones políticas sacaran más de un millón de votos, el hundimiento del bipartidismo, no se puede decir que miméticamente se vaya a producir, sino que son tendencias importantes. Y estoy seguro —me lo van a permitir— de que la decisión del rey de abdicar no es ajena a los resultados electorales; no digo que sea la única, pero no es ajena. Estoy seguro de que los resultados electorales gravitan sobre la decisión de Juan Carlos de abdicar. Juan Carlos abdica ocho días después de las elecciones y simultáneamente aparecen en todo el Estado manifestaciones, concentraciones, opiniones en relación con la necesidad de referéndum o de la tercera república. La pregunta sería: ¿en qué momento político está España cuando se produce la decisión de abdicar?
Difícilmente podemos negar que estamos ante una situación política delicada, con una crisis económica, una crisis social y una crisis territorial. No me voy a extender, pero sí quiero, como mínimo, fijar tres ideas de las crisis que estamos pasando. (Rumores). La primera es que la crisis está teniendo una repercusión en la estructura de la sociedad de mayor desigualdad y de mayor precariedad; no sé cuándo saldremos de la crisis ni con qué ritmos. No estoy de acuerdo con las políticas de austeridad, pero las políticas de austeridad están determinando una sociedad más precaria y más desigual. Como me decía el otro día una bióloga: no solo no puedo mirar el horizonte con optimismo, con esperanza, sino que cuando estoy optimista lo veo con incertidumbre y cuando estoy pesimista lo veo amenazador. Lo mismo podemos decir de la crisis territorial. Pero me van a permitir que introduzca una nueva crisis importante, más importante que estas tres. Yo creo, señorías, que España tiene una crisis moral, que estamos no solo ante una crisis territorial, ante una crisis social, ante una crisis económica, sino que estamos ante una crisis moral, donde la corrupción está en el centro de esa crisis moral que se produce, y esto tiene unos efectos fulminantes sobre la sociedad: el efecto de la valoración negativa de los partidos políticos, de los gobiernos y de la misma monarquía. (Rumores). Y tiene una consecuencia social de desafección, de indignación, de estar en contra, de alejamiento de las instituciones; por tanto, lo que estoy planteando aquí es que la abdicación se está produciendo no solo en un momento de crisis material, sino en un momento de crisis moral y es necesario darle respuesta.
En el debate en el Congreso de los Diputados sobre esta ley orgánica todos los portavoces parlamentarios, excepto el presidente del Gobierno, afirmaron que estábamos en una nueva etapa; lo dijeron los grupos parlamentarios. El otro día Javier Pérez Royo decía en un periódico una frase que me gustó: La Transición como instancia legitimadora no da más de sí. Comparto esta opinión que daba Pérez Royo: la Transición como instancia legitimadora no da más de sí. (Rumores). Y si nos encontramos en una nueva etapa donde el espíritu de la Transición no sirve, donde tenemos
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una crisis moral y una crisis social, la pregunta es cómo se afronta esto, cómol las fuerzas políticas españolas hacemos frente a una crisis moral y a un cambio de etapa. Las preguntas son muchas: ¿Sobre qué base se construye una nueva respuesta? ¿En qué consiste una nueva respuesta? ¿Quién lidera una nueva respuesta? ¿Cómo se enmarca la abdicación en esta nueva respuesta? Y las respuestas son también diversas; la más clara es la del presidente Rajoy, que dijo simplemente continuidad. El señor Rajoy no se da por aludido ni del resultado electoral, ni de las movilizaciones, ni de la estructura social, ni de la crisis moral, para él la continuidad. Hay otros portavoces parlamentarios que plantearon simplemente un relevo generacional. Dijeron: esto es fácil, en lugar del rey Juan Carlos, el rey Felipe y todo funcionará. Y hubo otras voces que, en definitiva, planteaban no solo el relevo generacional, sino, además, una reforma constitucional.
A mi parecer esto es absolutamente insuficiente porque si coinciden conmigo, y creo que es innegable que se puede coincidir en que nos encontramos en un país con una crisis moral, no se puede hacer frente a la crisis moral dejando aparte a la gente, dejando a la gente sin participar, sin complicidades, sin participación. (Rumores). Y desde ese punto de vista les quiero decir que se deben tomar toda una serie de medidas para salir de la crisis moral: es necesario que los ciudadanos participen en las decisiones relevantes; es necesario acercar las instituciones a los ciudadanos; es necesario promover y renovar la regeneración política; es necesario conservar y promover la diversidad; es necesario luchar contra la corrupción; es necesario que haya un revulsivo en la política. Y ustedes me preguntarán: de todo esto, ¿qué estamos haciendo? A la pregunta de si estamos promoviendo una participación ciudadana en las decisiones relevantes, la respuesta es no. (Rumores).Pasó con el artículo 135 de la Constitución, como ejemplo clarísimo, o pasó...
El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senador Saura.
Señorías, yo les ruego que guarden silencio porque hay un rumor de fondo que hace imposible escuchar al senador Saura. Guarden un poco de silencio, por favor. Continúe.
El señor SAURA LAPORTA: Es que la crisis moral tiene muchas variedades. (Aplausos).
Decía que en ese intento de respuesta a la crisis moral que creo que padece el Estado español es necesario lanzar diversas iniciativas. La primera es que los ciudadanos participen en las decisiones relevantes. ¿Esto se ha hecho? No. La segunda, que se acerquen las instituciones a la ciudadanía; aún recuerdo hace quince días o tres semanas el debate sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha, donde no solo no se acercaba, sino que se alejaba y se disminuía la relación entre la política y los ciudadanos. La tercera, que se pueda debatir lo que no se pudo debatir en 1978, no solo la Constitución; la Constitución fue una imposición preconstitucional para iniciar el proceso de democratización, pero hay otro tema importantísimo que no se pudo debatir: el Concordato. El Concordato con la Iglesia católica es preconstitucional, que todo el mundo sabe que es anticonstitucional pero que no se puede debatir. La cuarta, devolver la confianza a los ciudadanos en la transparencia, garantía de la diversidad y de la pluralidad. El Gobierno central tiene una obsesión por el centralismo y por subir la Administración hacia arriba. Es decir, creo que las líneas importantes que determinan un cambio de espíritu —el llamado espíritu de la Transición quedó en el pasado— hacia un espíritu de modernización democrática ha pasado.
Y la pregunta es cómo se gobierna en todo este escenario el tema de la abdicación, qué ocurre con la abdicación en este escenario. Nuestra respuesta, la de Jordi Guillot y mía, es clarísima: es esencial e imprescindible que exista un referéndum donde la gente pueda opinar sobre monarquía o sobre república, por varias razones. La primera se ha dicho, porque no creo que el hecho de ser hijo de unos padres dé derecho a ser rey; quiero un jefe de Estado que pueda ser elegido por el conjunto de ciudadanos y ciudadanas. En segundo lugar, porque no tengan ustedes ninguna duda de que un referéndum sobre la forma de Estado es un referéndum ejemplarizante en el Estado español, abre una dinámica, en definitiva, de saneamiento y de regeneración. El tercer elemento es poder discutir y poder decidir sobre aquello que no se pudo decidir en 1978. Se han hecho algunas referencias, como que la monarquía no era un tema de debate sino un tema previo sin el cual no se podía hablar de democracia y que la monarquía fue un tema que estaba absolutamente custodiado por los poderes fácticos de aquellos momentos. La cuarta razón es que la propia Constitución señala la necesidad de referéndums consultivos en temas de especial relevancia. El artículo 92 dice lo siguiente: «Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos». Cuando leí esto me pregunté lo
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siguiente: ¿en estos momentos y en los próximos años ustedes creen que va a haber una decisión de especial trascendencia que la sucesión de Juan Carlos I? ¿Existe una decisión de especial relevancia, de mayor importancia a la abdicación de Juan Carlos I? Yo creo que no. Si es así, ¿por qué no se hace el referéndum? ¿De qué se tiene miedo? Además, quiero decir lo siguiente. Cuando pienso en la necesidad de referéndum y en los argumentos en contra, a mí de verdad, lo digo sinceramente, no se me ocurre ningún argumento democrático que pueda ir en contra de celebrar un referéndum una vez visto el contenido de la Constitución. No sé cuál es el argumento democrático que puede hacer rechazar un referéndum de la Constitución. Posiblemente se rechaza porque se considera que son menores de edad, puede quedar la monarquía más frágil sin un referéndum o, como decía también un periodista, Javier Pérez Royo, en el siglo XXI, con todo lo que ha llovido, es difícil legitimar a una monarquía sin un referéndum.
Algunas razones —y con esto voy acabando— de por qué se dice que se va a votar que no. Una es la estabilidad; se dice que la monarquía ofrece estabilidad. Yo no me atrevo a decir, porque no sería verdad, que con la república se van a solucionar todos los problemas de la crisis. Esto sería absolutamente falso. Pero tan falso es esto como decir que solo la monarquía ofrece estabilidad, porque hoy el pueblo español tiene un nivel de madurez democrática que asegura estabilidad. No es un pueblo español inmaduro, inestable, sino que es un pueblo español absolutamente estable y maduro.
Luego se dice otro argumento: que la Constitución no lo permite. Siempre tengo la sensación de que el señor Rajoy se esconde detrás de la Constitución, y evidentemente hay que cumplir la Constitución, pero la Constitución se ha de cambiar en la medida en que cambian las condiciones sociales. En Alemania han hecho más de 50 reformas constitucionales, en Francia no sé cuántas más; aquí se han hecho un par de referéndums constitucionales. ¿Por qué hay que hacer la reforma constitucional? Porque la mayoría de la sociedad quiere otra política. Dicho de otra manera, si en Cataluña queremos ejercer el derecho a decidir, el señor Rajoy no se puede esconder detrás de la Constitución, sino que ha de reformar la Constitución si está de acuerdo en que se ejerza el derecho a decidir. Y en el referéndum pasa absolutamente lo mismo. Si hay dificultades constitucionales, modifiquemos la Constitución. Dicho de otra manera, no estamos para servir a la Constitución, la Constitución está para servirnos a nosotros, independientemente del cumplimiento de la Constitución cuando se produzca.
Y se dice otra razón: votaremos al rey mientras tenga una actitud democrática. Y yo digo: ¡faltaría más! Evidentemente hay que mantener al rey si tiene una actitud democrática, pero el problema no está entre un rey que tiene una actitud democrática o un presidente de la república, sino entre dos sistemas de Gobierno que son absolutamente diferentes.
Por lo tanto, acabo con lo siguiente. Sería una inconsciencia no tener en cuenta que estamos en el final de una etapa; que se rompió, que acabó con luces y con sombras el espíritu de la Transición; que los resultados electorales, las manifestaciones que hay, la crisis territorial y la crisis moral necesitan otro espíritu modernizador de la democracia en el Estado español, y que ese espíritu necesita incorporar a toda la gente que hoy quiere participar, que es responsable y tiene madurez política pero que no encuentra cauces de participación, y lo expresa de diversas maneras, desde las manifestaciones hasta la desafección. Por eso, lo que proponemos es fácil: que el Gobierno celebre un referéndum consultivo y que, en el caso de que la decisión sea un cambio de Gobierno, se promueva una reforma constitucional que dé a España otro tipo de modelo de Estado.
Muchas gracias. Espero que el debate sea instructivo y constructivo. Buenas tardes. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Saura.
En el turno en contra de las propuestas de veto, tiene la palabra el señor Barreiro.
El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, representantes del Gobierno, permítanme que, en primer lugar, y aunque sea a título personal pero creo que compartida, exprese la satisfacción que uno tiene de poder participar en este debate. Efectivamente, estamos en un momento histórico, como se ha puesto de manifiesto; es verdad que por circunstancias que no comparto, como las que se han referenciado aquí e intentaré explicar por qué, pero estamos ante un momento crucial para el futuro de nuestro país.
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Por tanto, todos los que estamos en esta Cámara, y estoy seguro de que el conjunto del pueblo español, sienten este momento como lo que realmente representa, y de esa circunstancia se deriva el orgullo personal, el orgullo colectivo y, en definitiva, el orgullo de español, y no solo de representante público, de poder asistir a este momento; un momento que se inicia el pasado 2 de junio con la abdicación de su majestad el rey Juan Carlos I, y esto, que puede parecer y es, evidentemente, una obviedad, es fundamental para circunscribir y delimitar el debate al que hoy hemos sido convocados.
Efectivamente, el rey, amparado en la Constitución, ejerce un derecho que tiene de carácter personal, de carácter individual, que es la abdicación, y la propia Constitución define la forma a través de la que debe articularse ese proceso de abdicación, que es mediante una ley orgánica. Y esto es, señorías, lo que hoy venimos a debatir, de esto es sobre lo que hoy venimos a hablar. Hoy venimos a hablar de que la abdicación inicia un proceso de sucesión, pero no venimos a hablar de la sucesión a la Corona de España porque la propia Constitución establece el mecanismo para llevar a cabo ese proceso de sucesión. Hoy venimos a hablar de si respetamos el pacto constitucional o no lo respetamos, de si estamos con la Constitución o no estamos con la Constitución. Ese es el debate. (Aplausos).
El debate, señorías, por muy interesante que a algunos les pueda parecer, no es monarquía o república; el debate no es la estructura territorial del Estado; el debate tampoco es el Concordato —y agradezco el tono del señor Saura—. Ahora bien, si ustedes quieren plantear ese debate, la Constitución establece los mecanismos para que ustedes puedan hacerlo. Esa es otra cuestión, y por eso es tan importante el pacto constitucional, porque se apoya en la generosidad del conjunto del pueblo español; tanto es así que incluso aquellos —y aquí se ha puesto de manifiesto— que no están de acuerdo tienen amparo en ese pacto constitucional. De ahí la generosidad y la importancia de esa institución, y de ahí la importancia de ese gran consenso conseguido entre todos. Y eso, a nuestro juicio y creo que a juicio de una gran mayoría de los representantes de esta Cámara, es lo realmente importante, porque eso ha posibilitado que este país haya tenido prácticamente 4 décadas de convivencia pacífica, de progreso económico y de progreso social, a pesar de las dificultades. Por tanto, permítanme que tengamos cierto orgullo en el Senado porque somos la parte final y una parte importante en el proceso de hacer efectiva la abdicación de su majestad el rey.
Ahora bien, decía —y yo creo que con gran acierto— la semana pasada el presidente del Gobierno en el Congreso que la abdicación como derecho personal es una condición necesaria pero no una condición suficiente. Y esto, desde mi punto de vista, es enormemente importante. No es una condición suficiente porque estamos en un régimen de una monarquía parlamentaria y, por lo tanto, esa abdicación necesita el trámite del refrendo de las Cortes Generales. Y eso es lo que estamos haciendo. Por eso, lo que estamos discutiendo es tremendamente clave para el futuro de este país. Y, por eso, me parece fundamental que nos centremos en el debate, que nos centremos en lo que realmente venimos aquí a discutir. Venimos a discutir el ejercicio legítimo de su majestad el rey Juan Carlos I a ejercer la abdicación y el pronunciamiento de las Cortes Generales sobre ese derecho. Eso es lo que estamos discutiendo.
Ahora bien, hay grupos políticos que han aprovechado este momento, a través de la figura del veto, para introducir o tratar de plantear otra serie de debates. Evidentemente, mi grupo no está de acuerdo. Por ello, señor presidente, señorías, yo aprovecho ya este momento para expresar en nombre del Grupo Parlamentario Popular, en nombre del grupo mayoritario de esta Cámara y, por lo tanto, creo que legítimamente también en nombre de una gran mayoría de la sociedad española, que nos ha refrendado con su apoyo y ha dado lugar a esa representación mayoritaria, nuestro compromiso con el pacto constitucional. (Aplausos). Nos reafirmamos en la lealtad a ese pacto constitucional. Nos reafirmamos en la lealtad a la monarquía parlamentaria como fórmula efectiva para la estabilidad del Estado español. (Aplausos). Y, por lo tanto, entenderán sus señorías que no apoyemos los vetos que ustedes han presentado. No obstante, yo intentaré explicar también lo que a mi juicio es una falta de argumentación suficiente para los propios vetos.
Si buscamos —y en aras de la brevedad creo que hay que hacerlo— un denominador común a los 3 vetos, seguramente todos coincidamos en que los 3 portavoces han utilizado un argumento; han utilizado más, pero hay un argumento que aparece en las 3 propuestas de veto y que básicamente viene a decir, a su juicio: la falta de legitimidad democrática —llegan incluso a decirlo
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en el propio escrito— del proceso de reconocimiento de la monarquía parlamentaria. Obviamente, no podemos estar de acuerdo. No podemos estar de acuerdo e intentaré explicarlo. Incluso añaden, para complementar esta argumentación, que una parte importante de la sociedad española actual, por razones obvias de edad, no ha votado el referéndum del año 1978. Primera cuestión: por primera vez en la historia de este país, por primera vez, una monarquía es refrendada a través de las Cortes Generales, a través de los representantes del pueblo. Es la monarquía que en este momento encarna el rey Juan Carlos I y que a partir del próximo jueves encarnará el rey Felipe VI. Por lo tanto, refrendo democrático, total y absoluto. (Aplausos). Total y absoluto. Segunda cuestión: por la reflexión que hacen ustedes acerca de la participación —y disculpen la expresión— podemos llegar a un razonamiento absurdo. Yo les pregunto: ¿ustedes creen que los ciudadanos norteamericanos, que tienen una Constitución del año 1787, cuestionan continuamente la fórmula de la República Federal de los Estados Unidos? Pues desde 1787 no se ha votado esa Constitución, pero no se está cuestionando de forma continua esa fórmula. (Aplausos). ¿Ustedes creen —por utilizar otra fórmula de Estado— que la monarquía noruega, que tiene una Constitución que hace ahora 200 años, se cuestiona diariamente convocar un referéndum para decidir si esa es o no la fórmula de Estado? Tampoco lo hacen. ¿O ustedes creen que en la República francesa —que ha sido citada aquí—, que tiene una Constitución refrendada 20 años antes que la nuestra, en el año 1958, también se cuestionan eso de forma continua? Obviamente no. Y podríamos seguir poniendo ejemplos en este sentido. Es más, creo que ha sido Iniciativa per Catalunya quien, en la exposición de motivos de su veto ha utilizado también el ejemplo de Bélgica y de Italia con referéndums en 1950 y en 1946 ó 1947, creo. Obviamente tampoco me sirve. Estamos ante contextos totalmente diferentes después de una segunda guerra mundial; pero, en todo caso, si seguimos el eje central de su argumentación, los ciudadanos belgas e italianos también tendrían que pedir un referéndum porque sus constituciones fueron avaladas a través de esta fórmula en los años cincuenta y anteriores.
Entenderán ustedes que ese argumento a mi juicio no se sostiene y, por tanto, no saca en absoluto validez democrática a esta Constitución; una Constitución, por cierto, aprobada en el referéndum de 1978 por la gran mayoría de la sociedad española. Prácticamente el 89% de la sociedad española votó a favor de esta fórmula, votó a favor de la Constitución y, por tanto, a favor del Título II. Y se ha incluido aquí, yo creo que como una manera de introducir el debate territorial, el caso de Cataluña. Pues miren ustedes por dónde, de todo el territorio del Estado español, donde la Constitución actual ha tenido mayor apoyo ha sido precisamente en Cataluña, por encima del 90%. (Aplausos). Es más, yo les pregunto a ustedes si creen que tiene más validez democrática el Estatuto catalán de 1979 o el del 2006 que la Constitución Española de 1978. Seguramente nadie lo cuestiona. Si lo medimos en términos cuantitativos, no tiene más validez, porque esos 2 estatutos han tenido un apoyo sustancialmente menor en Cataluña que el que tuvo la Constitución de 1978 en ese mismo territorio. (Aplausos).
Por tanto, evidentemente no seré yo —más bien al contrario— quien no dé validez democrática a esos estatutos. Evidentemente sí, pero al menos permítanme decir que la Constitución del 78 tiene, cuando menos, el mismo refrendo que esos dos estatutos. Por consiguiente, ¿a qué conclusión llegamos, señorías? Pues a algo que a mí me parece obvio, y es que no se sostiene el argumento de la validez democrática del proceso de sucesión establecido en la Constitución de 1978, y por tanto, de la legítima abdicación que el rey don Juan Carlos acaba de hacer.
Dicho esto, hay otro tipo de cuestiones importantes desde mi punto de vista que avalan precisamente este momento, y son las que se refieren a todo el proceso histórico a lo largo de estos 40 años. Yo decía hace un momento que nunca en la historia de España ha habido un proceso de paz, de derechos, de libertades, de progreso económico, de progreso social, de defensa de las señales de identidad de cada uno de los territorios, de avance en el autogobierno en cada uno de los territorios como el que hemos vivido hasta ahora. Y también soy consciente de que estamos ante un momento difícil derivado precisamente de las circunstancias económicas que ya se han referido aquí. Pero es precisamente la conjunción de estas 2 cuestiones lo que a mi juicio avala todavía más la necesidad de la estabilidad, la necesidad del consenso, la necesidad de la armonía, la necesidad, en definitiva, de no reabrir debates de otras épocas, de no plantear diferencias que la sociedad española tiene superadas hace más de cuarenta años. (Aplausos). Hace más de cuarenta años que esas diferencias están superadas por la sociedad española.
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Citaba el señor Saura al señor Pérez Royo acerca de la Transición. Puedo coincidir en parte con esa apreciación, pero precisamente hoy hace cien años que nació el gran pensador español Julián Marías, que además fue senador de designación real. Y Julián Marías definía la Transición como un ejemplo de genialidad histórica. Yo estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación y, por lo tanto, si la Transición española ha sido un modelo, si la Transición española ha sido algo de lo que debemos y podemos sentirnos orgullosos, si la Transición española es un referente a nivel mundial, ¿por qué vamos a negar los valores de la Transición española? ¿Por qué vamos a negarlos? Y negar los valores de la Transición española es negar el papel que ha asumido de protagonismo y de actor principal la Corona a lo largo de estos cuarenta años. Y negar los valores de la Transición española es precisamente no impulsar el consenso, que ha sido y debe ser la base no solo de la Transición, sino del período que empieza a partir de ahora. Y nosotros apelamos a eso; nosotros apelamos a ese espíritu de la concordia; nosotros, en definitiva, apelamos y hacemos un llamamiento a todos los grupos a que, efectivamente, no desandemos lo mucho que hemos hecho juntos; a que la concordia, que ha sido la base fundamental en esos momentos históricos, lo siga siendo en este momento. La concordia y el consenso siguen siendo la base para el futuro; y la base para ese futuro —y termino ya, señor presidente— solo puede conseguirse en el marco de la democracia y en el marco de la libertad que establece la Constitución.
Muchísimas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Barreiro.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Unamunzaga.
Señorías, nos encontramos debatiendo un proyecto de ley orgánica porque se regula, teóricamente, que el ciudadano nacido en Italia, Juan Carlos Alfonso Víctor María de Borbón y Borbón-Dos Sicilias, hace efectiva su abdicación como rey de nuestro país vecino; cargo para el que fue nombrado por la gracia de Dios, la legitimidad divina y el aval mostrado por parte del dictador genocida Francisco Franco. Un nombramiento aprobado sin haber sido posteriormente ratificado expresamente por la sociedad; un nombramiento disuelto y envuelto hace cuarenta años en un pack, a modo de trágala, en un todo, y como un «lo tomas o lo dejas», en torno a una formulación, como es la Constitución, a la que hoy en día se intenta poner la máxima de que todo lo que no está recogido en ella se coloca automáticamente fuera de la democracia.
Y por ello nosotros no vamos a tomar parte en esta farsa; no vamos a respaldar con nuestra participación este sistema que no es el nuestro y que está maquillado con una apariencia formal de ser un sistema plenamente democrático.
Quiero recordarles que en Euskal Herria, su Constitución no contó con el refrendo mayoritario; quiero recordarles que han pasado cuarenta años; quiero recordarles que la mayor parte de la ciudadanía vasca actual no tuvimos la posibilidad de expresar nuestra postura en relación con este texto; un texto que ahora se intenta vender que es inmutable, que es atemporal, perfecto y eterno.
Y en Amaiur, ante este inmovilismo, apostamos por dar la palabra a la sociedad vasca, apostamos por profundizar en la democracia articulando el derecho a decidir y planteando, en nuestro caso, como propuesta la Constitución de la primera república vasca, frente a lo que nos supone permanecer en este régimen, frente a lo que nos supone jugar en campo de juego ajeno, con reglas ajenas y con árbitro casero.
Por todo lo anterior, queda claro que de lo que de verdad estamos debatiendo es de un símbolo. Estamos debatiendo sobre el símbolo máximo de una etapa de nuestra historia, de una etapa que ha durado casi cuarenta años; cuarenta años en los que se ha profundizado en la máxima de «todo para el pueblo pero sin el pueblo»; se ha profundizado en el hecho de que unas elites sean las encargadas de tomar las decisiones. Se ha posibilitado decidir sobre temas importantes, sí, pero filtrando y señalando de antemano cuáles son, dejando decidir, no sobre el conjunto, sino sobre los temas que se quiere dejar decidir, hurtando a la sociedad su derecho a decidir. Una mal llamada Transición, en la que no se pudo debatir con libertad sobre todo, en la que no se pudo dar la palabra a la ciudadanía vasca para que escogiese libremente sobre su futuro y su forma de autoorganización, poniendo y proponiendo diferentes opciones sobre la mesa.
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Y este veto al derecho a decidir, implementado por el sistema, se sigue manteniendo, y lo que es peor, se quiere intentar perpetuar; porque esto es lo que supone este proyecto de ley: un movimiento precipitado, improvisado, hecho deprisa y corriendo para que, bajo la apariencia del cambio, se consiga todo lo contrario, que las cosas sigan igual, que esta situación de falta de democracia se perpetúe, que el propio sistema se mantenga.
Y estamos debatiendo sobre una figura que también es un símbolo para el pueblo vasco, un símbolo de una de las mayores estafas, como fue la Transición. Cuarenta años después así estamos, así seguimos, sin poder articular el derecho a decidir del pueblo vasco. De esto estamos hablando realmente hoy, señorías, de la Corona, de la Constitución, del propio sistema vigente como símbolo de la negación de los derechos de los vascos, de los derechos de las diferentes naciones que existen en el Estado español; estamos debatiendo sobre el intento de que todo siga igual bajo la apariencia de un supuesto cambio y estamos hablando de que el régimen imperante hace este movimiento para perpetuarse y mantenerse en el poder, haciendo caso omiso a las demandas sociales de profundización en la democracia, de articular la voluntad real de los pueblos; en una palabra, se rechaza realizar el camino hacia una democracia plena.
Porque la sociedad no es menor de edad, señorías, no necesita de ningún tutor que decida por ella. La sociedad tiene voz, opinión, capacidad de obrar, de decidir y de optar, y quiere ejercer estas capacidades —y no me vengan ahora con que lo hace cada cuatro años; estamos hablando de algo muy diferente, de algo que afecta a la base de todo el sistema—, y las quiere ejercer en sus respectivos ámbitos de decisión, en sus diferentes realidades nacionales, sobre las diferentes demandas que existen en cada realidad dentro del Estado, que no es la nación española única e indivisible que quieren vender ustedes. Las leyes, los sistemas, los marcos legales, por mucho que se empeñen, no son inmutables; se amoldan, cambian y se adaptan a las realidades sociales. Señoras y señores del Partido Popular, recuerden la cita de Montesquieu: «Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa.»
Por todo ello, y dado que en Euskal Herria todavía no se han podido pronunciar sobre ellas, voy a terminar con dos proclamas, con dos reivindicaciones que siguen más vivas que nunca después de cuarenta años: ¡Gora euskal errepublika! ¡Gora Euskal Herria askatuta! (Rumores).
Tiene la palabra el senador Eza.
El señor EZA GOYENECHE: Gracias, señor presidente.
Señorías, los 3 senadores de Unión del Pueblo Navarro vamos a votar a favor del proyecto de ley orgánica (Aplausos), conscientes de que con este sí nos sumaremos a la mayoría absoluta necesaria precisamente para la ratificación por el Senado de este paso importante y para que el rey pueda firmar la abdicación. De este modo, consideramos que se habrán cumplido las previsiones dentro de la normalidad y de la legalidad constitucional.
Fueron años difíciles en lo político y en lo económico —crisis del petróleo— los que vivía España al inicio de su mandato y numerosas eran las incógnitas, las incertidumbres a las que se ha hecho referencia, con el terrorismo de ETA —que por lo visto, tampoco hay tendencia a referirse a él— y las tensiones y actuaciones promovidas, como saben ustedes y que todos recordamos. Sin embargo —ya se ha hecho referencia a ello—, la sociedad española supo responder con esfuerzo y generosidad, buscando siempre el diálogo y el consenso, que concluyó en el pacto constitucional, es decir, en la Constitución de 1978, sometida a referéndum —no como otras constituciones, que no fueron sometidas a referéndum— y que tan ampliamente fue respaldada por los españoles. El rey alentó desde el primer momento estos propósitos de renovación y de cambio y se incorporó decididamente a ellos.
Señorías, entonces apostamos por la monarquía parlamentaria; es decir, por una Jefatura del Estado sujeta solo a los intereses nacionales, sometida a los límites constitucionales de su magistratura y vinculada al refrendo del Gobierno de cada uno de sus actos.
Ahí tenemos el resultado y, evidentemente, cada uno sabrá sacar las conclusiones correspondientes, pero los observadores imparciales son capaces de reconocer que, en efecto, han sido años de estabilidad política, libertad política, convivencia social, paz ―con la salvedad del terrorismo, y de eso algunos sabemos más que otros, por eso nos referimos a él―, que han
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hecho posible precisamente que hoy España tenga mayor credibilidad en el exterior, y por eso también he de expresar nuestro agradecimiento y reconocimiento al rey Juan Carlos.
Se ha dicho que hoy no era el día de hablar del futuro ni del príncipe Felipe, pero, evidentemente, esta decisión de abdicación conlleva la llegada de don Felipe VI a la Jefatura del Estado.
Ciertamente, son muchas las expectativas que se han suscitado en los españoles y no pretendo yo añadir ideas a esa lista, pero compartimos con los ciudadanos la impresión de que supondrá un gran estímulo y nos dará el impulso necesario para que todos juntos abordemos los retos ineludibles que España tiene encima de la mesa ―a los que se han hecho también referencia― porque, evidentemente, pueden ser días de esperanza, pueden ser días de ilusión, pero la modernización a la que se alude y se reclama y el progreso social de España dependerán sobre todo del dinamismo de la sociedad; una sociedad que amparó en su día a don Juan Carlos y que esperemos que también esté dispuesta a amparar al nuevo rey. Sin olvidarnos de que es precisamente a nosotros, a quienes aquí estamos, a los que se nos va a pedir cuentas de si realmente actuamos de acuerdo con los compromisos adquiridos en su día, porque el papel del rey no es gobernar —aquí se ha hablado ya mucho de eso—, sino saber reinar desde el conocimiento y el entendimiento profundos de los problemas básicos de España y del mundo.
Dijo un destacado portavoz en la sesión del Congreso de los Diputados: «No se trata solo de un relevo generacional; este cambio debería dar paso a un tiempo nuevo, a un tiempo de cambios y reformas pactadas, consensuadas.» Diciéndolo con otras palabras: debemos abordar un programa de regeneración política que el nuevo rey, desde su posición de árbitro y moderador del sistema político, debe favorecer siguiendo la máxima de animar, advertir y ser consultado, que caracteriza a la monarquía parlamentaria.
En este proyecto de renovación estaremos los hombres y mujeres de Unión del Pueblo Navarro. Ahí nos encontrarán, trabajando día a día y buscando siempre el acuerdo y los consensos necesarios para desarrollar juntos un proyecto compartido que aspire a mayores cotas de igualdad, fraternidad, justicia y concordia.
Así pues, señorías, votaremos sí al proyecto de ley orgánica, y a la vez daremos nuestra bienvenida al rey Felipe VI, deseándole sinceramente los mayores éxitos, como el primer valedor de los intereses de la España unida y diversa en la que creemos. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Eza.
Tiene la palabra el senador Quintero.
El señor QUINTERO CASTAÑEDA: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señores ministros y senadores.
El debate que hoy celebramos, con una tramitación urgente, fugaz y con un texto consensuado en despachos cerrados, me recuerda a lo que vivimos en 2011, cuando se acordó por la puerta falsa modificar el artículo 135 y se modificó la Constitución. Desde entonces, las prioridades del Gobierno, en lugar de ser las personas y los servicios públicos, son el equilibrio presupuestario y el pago de la deuda. A los ciudadanos se nos negó entonces que pudiéramos pronunciarnos.
El descrédito de la política y de las instituciones ha ido en aumento desde entonces, aunque la desafección se ha intensificado desde que los ciudadanos se han percatado de que su voz y su participación no cuentan cuando se adoptan decisiones que les afectan en su vida diaria.
Los resultados de las últimas elecciones europeas y las tendencias certifican que el abismo que existe entre políticos y ciudadanos es cada vez mayor. No existen puntos de encuentro, no existe un diálogo sincero, y quienes deberíamos estar orgullosos de representar a nuestros electores, en muchas ocasiones no nos sentimos así. Ellos nos perciben como muy alejados y muy poco creíbles, y nos señalan como el principal problema de muchas de las consecuencias derivadas de esta crisis económica. El debate que hoy vivimos en esta Cámara es un ejemplo más de cómo algunos se empeñan en gestionar la política tratando a los ciudadanos como si fuéramos meros espectadores.
Nosotros no queremos sumarnos al inevitable debate abierto en la sociedad sobre la celebración de un referéndum sobre monarquía o república, lo que nosotros planteamos es que esta sea una oportunidad para que las cosas se hagan de otra manera, para que se afronte con valentía la reforma de la Constitución —que ya se hizo en el año 2011, con lo cual se puede reformar la Constitución— y para que no dejemos que este país siga sufriendo las consecuencias
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y la incapacidad de quienes tienen en su mano la posibilidad de iniciar una nueva transición que devuelva la esperanza a los ciudadanos. Las reformas que reclama este país son mucho más profundas y, sin duda, generarían soluciones reales a problemas reales, y tenemos dos opciones: o construimos un proyecto en el que merezca la pena participar activamente o, si todo sigue igual, el resultado será inevitablemente más desafección y más distanciamiento de los ciudadanos hacia la política.
Nos encontramos en una Cámara que nació para ser un foro de representación territorial, y treinta y seis años después sigue siendo una simple Cámara de segunda lectura, una Cámara que —y me duele profundamente decirlo— está desaprovechada y no cumple con su labor, sin menospreciar a los ministros que están aquí presentes, evidentemente; hasta el Gobierno así lo transmite, al no venir hoy a presentar este proyecto de ley; una Cámara en la que no hay diálogo entre el Estado y las autonomías.
El modelo territorial requiere una revisión urgente para encajar la demanda de las comunidades autónomas que se sienten maltratadas por un Estado que en estos últimos años ha optado por la recentralización y la paralización del diálogo entre las comunidades autónomas y el Estado. En nuestro caso, en lo que respecta a Canarias, no podemos permitir que la Constitución española obvie el estatus de régimen ultraperiférico que sí nos reconoce la Constitución europea y que sí reconoce también nuestro régimen económico y fiscal, y queremos que sea de obligado cumplimiento para el Estado—, o que el mar que nos rodea sigue sin formar parte de un archipiélago que además de islas, reclama sus aguas. Tenemos que ser valientes, dar la cara, abrir las puertas a la participación, y que el pueblo se pronuncie. Frente al miedo de aquellos que no están dispuestos a ceder un solo centímetro al poder que les garantiza el actual sistema, nosotros abogamos por que este debate no sea un simple trámite, sino que, al menos, sirva como trampolín para que la política de este país transite por el camino más correcto; en caso contrario, el déficit de la democracia que hoy existe se irá agravando con el tiempo.
Termino, señor presidente, con unas palabras de López Abadía: «Convertir la clase dirigente en clase diligente para hacer del mandatario político un mandato del ciudadano.» Por lo cual, mi compañero de Coalición Canaria y yo nos vamos a abstener en esta ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Quintero.
Tiene la palabra el senador Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
La abdicación de su majestad el rey Juan Carlos I de Borbón pone término a uno de los periodos de mayor libertad, estabilidad, convivencia y modernización de la historia de España.
En la tramitación del proyecto de ley orgánica por el que se hace efectiva esta abdicación, permítanme recuperar las recientes palabras del presidente de mi partido, Francisco Álvarez-Cascos, subrayando el afecto a la figura de don Juan Carlos I, junto al reconocimiento por la labor que ha desarrollado al frente de la Jefatura del Estado durante casi treinta y ocho años, así como por su exquisito y permanente respeto al papel arbitral de la Corona en la política española; amplío el tributo de gratitud hacia la reina doña Sofía.
Señorías, las Cortes Generales legitiman democráticamente al Estado y abordan este acontecimiento trascendental en la monarquía parlamentaria con la normalidad y la salvaguarda jurídica que tiene sus sólidos cimientos sobre la Constitución y las leyes. Tratar de zarandearlas ahora con vetos, al paso de un trámite legislativo ineludible, no tiene cabida alguna. Quienes persigan un proceso de profundos cambios constitucionales, incluidas otras formas de Estado, tienen que recibir el respaldo de las urnas y posteriormente de las Cámaras para promover un muy alto grado de acuerdo que sea ratificado por los ciudadanos, a semejanza de lo que se hizo en el ejemplar ciclo de la Transición.
La Corona es un poder sometido a nuestra Carta Magna y en ella se resuelve la voluntad de abdicación del rey a través de esta ley orgánica, que votaré favorablemente. Represento una joven opción política que reclama el consenso constitucional como uno de los fundamentos de su acción y que tiene como objetivo esencial el progreso político, económico y social de España sin privilegios ni discriminaciones por razones de historia, población o riqueza.
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Somos autonomistas para construir una mejor nación. En el escenario de esta Cámara Alta, de inequívoca aunque mejorable vocación territorial, es oportuno señalar que en la Constitución la figura del rey aparece más como símbolo de la nación que como símbolo del Estado. En estas décadas pasadas la descentralización ha sido una característica que ha permitido avanzar, garantizar y reconocer la autonomía política de los distintos territorios de España. Confiamos en perseverar en ese camino poniendo especial énfasis en los fundamentos de solidaridad y equilibrio entre todos ellos, como he venido sosteniendo y reclamando a lo largo de esta legislatura.
Tras la abdicación, el punto inicial de esta nueva etapa no es nada fácil, y en ello radica, sin duda, una de las claves de la decisión de nuestro rey, consciente, tal y como lo expresó en su emocionado discurso del pasado 2 de junio, de la necesidad de nuevas energías e impulsos con un cambio en la Jefatura del Estado. El relevo que tomará don Felipe de Borbón, en las próximas horas, nuevo rey Felipe VI, tiene ante sí una situación de partida de enorme exigencia en la que millones de españoles carecen de trabajo, ven con incertidumbre su porvenir, y peliagudo el de sus familias, con descrédito social hacia quienes nos dedicamos al ejercicio de la política, y también en el orden territorial con planteamientos nacionalistas que han derivado hacia inaceptables postulados independentistas y de ruptura con España. De ahí que, con nuestro compromiso de lealtad y de apoyo, saludemos con esperanza la llegada del nuevo rey, plenamente confiados en sus cualidades humanas, intelectuales y de firme compromiso con la democracia.
Felipe de Borbón las ha venido desarrollando desde que siendo muy niño, allá por noviembre de 1977, recuperase ante La Santina, en Covadonga, cuna de España, una tradición de seis siglos que exige que el heredero de la Corona sea Príncipe de Asturias y recibiese allí de su padre el gran encargo de no decaer nunca en su tarea por nuestra nación. Para tratar de acertar en esa función inmensa e intensa que le corresponde como primero de nuestros compatriotas, nunca dejará de contar con aquellos que nos sentimos muy orgullosos de Asturias, nuestro país, y, por ser asturianos, también muy orgullosos de ser españoles.
El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Martínez Oblanca.
Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el senador Bildarratz.
El señor BILDARRATZ SORRON: Bertaratutako Lagunak. Señorías, arratsalde on.
Hoy asistimos a un debate de resultado predeterminado. Presentan un proyecto de ley atado y bien atado hurtando un debate necesario; un proyecto de ley breve, muy breve, pero con una trascendencia y un contenido muy profundo; un breve proyecto de ley que ha dado lugar a un amplio cuestionamiento social. En nuestra opinión, en opinión del Partido Nacionalista Vasco, estamos viviendo las últimas horas de una oportunidad histórica perdida; las últimas horas como monarca de una persona cuya legitimación originaria, no lo olvidemos, nació de la voluntad de un dictador. La dictadura dio paso a la monarquía, que buscó su legitimación y el sustantivo democrático con la aprobación de la Constitución de 1978. La Constitución se gestó, se gestionó y se aprobó en un contexto muy determinado de transición de cuarenta años de una férrea dictadura a una incipiente democracia.
En este clima, duro y difícil, se abrió paso la denominada Transición. La democracia y la libertad vieron la luz, pero hubo también sombras, y hablo desde Euskadi y en la Cámara de representación territorial. La dictadura había combatido y prohibido con saña las realidades nacionales diversas que conformaban el Estado español. La dictadura había combatido la diversidad y pluralidad de cultura, lengua, historia y tradiciones. Combatió, pero no liquidó. La Transición ideó un Estado de las autonomías homogeneizante, con una clara voluntad de desdibujar las demandas realizadas por las nacionalidades históricas, y hubo, señorías, café para todos: hubo quien recibió más de lo demandado o deseado, hubo quien no vio satisfechas sus aspiraciones legítimas fundamentadas en sus derechos históricos, y este es el caso de Euskadi.
La realidad es que la Constitución española no contó con la participación del Partido Nacionalista Vasco, al que se le excluyó de la ponencia constitucional, se le excluyó de la ponencia constitucional tras haber sido, junto al Partido Socialista, el único partido histórico que está en estas Cortes desde 1917. La consecuencia fue que la Constitución nació con una evidente carencia de respaldo o legitimación en Euskadi.
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Un dato elocuente, señorías: más del 60% de la ciudadanía española dijo sí, dijo sí a la Constitución, mientras que ese porcentaje no alcanzó el 30% en Euskadi: el 30% en Euskadi. Primera constatación de un hecho diferencial vasco que se ha mantenido y ha crecido en el tiempo, elección tras elección. La naturaleza consensuada del texto constitucional en España es tan evidente como la ausencia de la misma en Euskadi.
Han pasado treinta y seis años y quiero llamar la atención sobre la trayectoria del Partido Nacionalista Vasco. En 1978 se abstuvo en el debate constitucional que tuvo lugar tanto en el Congreso como en el Senado; la sociedad vasca —la sociedad vasca— también se abstuvo. Hoy el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, es decir, el Partido Nacionalista Vasco, se abstendrá en la votación, y les garantizo, les garantizo, que la sociedad vasca hoy, hoy también se está absteniendo.
He trazado un paralelismo entre 1978 y 2014, pero quiero destacar que algo muy importante ha cambiado. En el debate del 78 se entendía que la Corona era la única vía posible para lograr la transformación política en el Estado español. La aprobación de la Constitución en España incorporó la respuesta a la falta de legalidad democrática de la monarquía y esta quedó investida de legalidad. La abdicación de hoy nos sitúa ante otra realidad totalmente diferente, hablamos del modelo de Estado.
Para el Partido Nacionalista Vasco el modelo de Jefatura de Estado no es lo más importante. Por concepto democrático somos republicanos, pero para nosotros tanto la república como la monarquía tienen su transcendencia en tanto en cuanto aporten algo a la comunidad a la que dicen representar. Si la monarquía es lo demostrado por el rey Juan Carlos I, para nosotros no es un modelo válido. En estos momentos, aceptar la transición de la abdicación a la coronación supone aceptar la perpetuación de un modelo de Estado. No lo aceptamos, no lo otorgamos y no nos callamos. No hay ninguna razón para que la ciudadanía tenga que callar y tenga que otorgar.
Esta es una decisión trascendente, estamos hablando de que la ciudadanía acepte a un nuevo rey sin la oportunidad de pronunciarse. Y digo rey porque, señor presidente, estamos ante un hecho anómalo entre las monarquías europeas. La Constitución española consagra la supremacía del varón sobre la mujer. ¿Nadie de los aquí y las aquí presentes va a decir nada al respeto? ¿Nadie va a decir nada? Una constitución que discrimina a la mujer de esta manera en pleno siglo XXI supone una anomalía democrática injusta a todas luces, injusta. El Partido Nacionalista Vasco no lo puede aprobar.
Vivimos en una democracia asentada, sin amenazas; vivimos en una Europa que pretende impulsar la participación política; vivimos en una sociedad que no acepta una legitimidad heredada. No hay justificación para la urgencia, no hay justificación para adoptar esta decisión sin la participación de la ciudadanía. Esta decisión ni está justificada ni resulta conveniente para aquel a quien se pretende legitimar. No vivimos tiempos acordes con este modus operandi, con estos acuerdos impuestos o con estos acuerdos urgentes.
El Partido Nacionalista Vasco va a mantener una postura crítica ante esta decisión impuesta y solicitamos solemnemente no repetir los errores; este es el momento de hacer una evaluación crítica. La realidad del Estado es plural, está conformada por realidades nacionales diferenciadas, asentadas en una historia, tradición, cultura y lengua diferenciadas. Esta evidencia no acaba de ser reconocida y aceptada, porque no nos sentimos súbditos del Estado, ni del rey ni de la república. Somos ciudadanos vascos que queremos que se nos respete nuestra voluntad de ser. Quien respete nuestra voluntad tendrá, a su vez, nuestro respeto.
Durante estos treinta y seis años nuestras aspiraciones políticas no han sido satisfechas, todo lo contrario. Asistimos a una permanente pulsión recentralizadora. La voluntad política que soportó el pacto estatutario vasco duró tres años escasos. El día 30 de julio de 1982 se aprobó la LOAPA, la Ley orgánica de armonización del proceso autonómico. Su objetivo fue cuestionar el Estado autonómico, y su resultado práctico fue paralizar las transferencias de competencias y abrir la vía al socavamiento estatutario a través de la aprobación de leyes orgánicas. A partir de ese momento en Euskadi hemos vivido la historia del incumplimiento del Estatuto de Guernica. Todos los gobiernos han invocado el cumplimiento de la ley sin cumplirla. Los avances en el autogobierno han dependido de situaciones coyunturales de necesidad de los gobiernos, o bien socialistas, o bien populares. Se han realizado transferencias a conveniencia, demostrando con ello que se puede, pero no se quiere. La reacción del Partido Nacionalista Vasco ha sido siempre propositiva
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y constructiva: Primero, aprobación del informe de transferencias pendientes en 1993 por el Parlamento Vasco, el llamado Informe Zubia, del senador que ustedes todos conocen. Segundo, propuesta del nuevo estatuto político aprobado por la mayoría del Parlamento Vasco en 2005, sin que ni siquiera fuera admitido a trámite en las Cortes. Tercero, planteamiento de reforma constitucional en 2011 que tampoco fue atendida.
Ahora volvemos a realizar un planteamiento constructivo. Vivimos un momento histórico, planteamos una reforma en profundidad del modelo de Estado, planteamos abrir una negociación política para resolver un contencioso político. Estos 15 días de junio, como los 15 días de agosto de 2011, han sido una demostración de que cuando existe una voluntad política se pueden plantear soluciones políticas. ¡Hasta se puede reformar la Constitución!
Señorías, el Estado se encuentra con una realidad incuestionable, con una demanda arraigada y extendida en Euskadi. Pueden tratar de seguir ignorándola o pueden abordarla. Eludir los problemas, señorías, no los resuelve. Enfrentamos un problema y proponemos una solución: reforma constitucional y nuevo modelo de Estado. Ese objetivo histórico merece temple y merece tempo. Exige diálogo, exige negociación, exige acuerdo y exige, señorías, ratificación por parte de la ciudadanía, ratificación por parte de la ciudadanía. Ni admitimos ni entendemos las prisas. Hemos podido ver que el proceso de abdicación ha sido un hecho improvisado. No hay más que ver el debate generado ahora con la cuestión del aforamiento. Los retos del futuro son de calado y necesitan legitimidad y confianza en el sistema. La sociedad nos demanda nuevas actitudes, nos exige una gobernanza representativa del sentir general debidamente legitimada.
Don Felipe de Borbón ha tomado recientemente parte en la entrega del Premio Príncipe de Viana sin ni siquiera hacer una mención a una lengua milenaria como el euskera. Ha hablado de unidad y de diversidad. Veremos qué significa hacer mención a esas dos ideas. Utrimque roditur, por todas partes me roen. Este era el lema del mítico príncipe de Viana ante la vivencia que tuvo él de todas las presiones que le rodeaban. Aquel príncipe de triste vida para quien su abuelo, el rey de Navarra, Carlos III el Noble, instituyó el Principado de Viana. Utrimque roditur, por todas partes me roen. El futuro monarca tiene que conseguir que no le roan por todas partes. Veremos el respeto que le merece la diversidad.
Es necesario un cambio radical porque vivimos una crisis institucional y política además de territorial y económica. El planteamiento de abdicación y coronación en 15 días no llega en un momento cualquiera, llega en un momento de profunda crisis. Las dificultades del presente y los retos del futuro nos exigen altura de miras y sentido de Estado. Los temas de la agenda de Estado demandan una nueva actitud, primero, en el ámbito de la organización territorial. Hay temas de mucho calado a debate: la realidad catalana y vasca, la realidad de Escocia o Flandes, todas ellas realidades a atender.
El Gobierno del Partido Popular mantiene una incomprensible actitud recentralizadora. Asistimos también al debate virtual federal que ha planteado el Partido Socialista. Hay un evidente problema de encaje de las diferentes realidades nacionales en el Estado. Se podrá pretender ocultar o tapar, pero la voluntad natural de la ciudadanía siempre prevalece, quieran o no quieran.
Segundo, una nueva actitud en el ámbito institucional. Se mantiene una profunda crisis de las instituciones, y el ejemplo lo tenemos aquí. Esta misma Cámara, que debiera ser de representación territorial, no encuentra el acomodo deseado. Asistimos a una creciente desafección de la ciudadanía hacia la política. ¡Qué decir de la corrupción, ante la que no se responde con la contundencia necesaria! No se responde con la contundencia necesaria ante un tema que preocupa tanto como es la corrupción. Hay una demanda desatendida de participación democrática por parte de la ciudadanía. Hay un elemento que para nosotros, para el Partido Nacionalista Vasco, es clave: el comportamiento ético en un momento de incredulidad, de desafección por los ejemplos nocivos demostrados. También en la Casa Real, también en la Casa Real quien dirija el Estado deberá tener un comportamiento personal impoluto, transparente y ser el más humilde de los ciudadanos. Cabe exigir al nuevo rey que rompa con esa tradición opaca y absolutista de comportamientos privados que no se corresponden con los valores de una sociedad a la que representa sin rendir cuentas ante nadie. Cabe exigir que su patrimonio sea transparente y que sus conductas sociales sean acordes a los valores de igualdad, incorruptibilidad y honradez que se exigen a cualquier ciudadano.
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Todas estas cuestiones, señorías, ponen de manifiesto un problema institucional y político de profundidad que no se puede obviar o eludir y que es necesario abordar y resolver. Y todo ello aplicando el diálogo y el entendimiento, no la improvisación ni la imposición. Este es un momento de cambio. El Estado español no es una única nación. Soy vasco y mi nación es la vasca. No lo van a poder obviar ni eludir ni evitar. No es una quimera personal, es una realidad colectiva, compartida, sentida y vivida. Juan Carlos de Borbón calificó de quimeras las ideas democráticas de cientos de miles de ciudadanos en Cataluña. Las ideas expresadas en democracia no son una quimera, este es un momento de cambio en profundidad. Lo único que pedimos a quien va a ser nombrado rey, lo único, es respeto; respeto a los hechos diferenciales, respeto a nuestra lengua, respeto a nuestra cultura, respeto a nuestra manera de ser y respeto, señorías, respeto a nuestra ambición de ser, a nuestra ambición de ser. Queremos que se desarrolle un modelo que arbitre, facilite y ofrezca el acomodo necesario a los diferentes pueblos y naciones sin Estado pero con historia, lengua, raíces, cultura y con la voluntad de construir un futuro propio.
Los años pasan, señorías, no estamos en 1978. La monarquía tiene que asumir los valores de una nueva generación, tiene que convivir con la misma, comprender la situación de la juventud con empatía y dar respuesta a sus demandas, a sus preocupaciones, incluida la ratificación del modelo de Estado con un compromiso serio. Muchos de los aquí presentes han nacido en democracia, otros hemos entrado en democracia muy jóvenes, ahora toca abrir la democracia, acercarla, participarla a la ciudadanía. Hoy, señorías, la legitimidad no se hereda, no se hereda, hay que ganársela día a día. Ni más ni menos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.
Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya tiene la palabra el senador Montilla.
El señor MONTILLA AGUILERA: Señor presidente, señorías, este es un acto, efectivamente, de gran trascendencia. Votamos hoy el Proyecto de Ley Orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de su majestad don Juan Carlos I de Borbón, y lo hacemos como Cámara denominada territorial en nuestra Constitución —a ello hacía alusión el senador de Foro— representando al conjunto de ciudadanos y ciudadanas de España. Y lo hacemos ejerciendo esa soberanía y sin ataduras. El Senado votará libremente sobre la aceptación o no de esa abdicación. Y nos habría gustado que el proyecto de ley lo hubiera presentado un miembro del Gobierno y más aún con la presencia del Gobierno.
Los senadores y senadoras socialistas del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya votaremos a favor del proyecto de ley orgánica y, por consiguiente, aceptaremos la abdicación del rey Juan Carlos I.
Deseo empezar mi argumentación en favor de ese voto afirmativo constatando la normalidad de este acto. Permítanme que diga que es precisamente su valor más singular la normalidad, porque nunca en España unas Cortes democráticas y soberanas habían tratado ni habían tramitado parlamentariamente una abdicación, y menos aún habían puesto en práctica de forma automática las previsiones sucesorias. Hoy lo hacemos aquí con normalidad. Con debate político, claro está. Pero con la tranquilidad y la seguridad que nos da el hecho de que la Constitución ya prevé lo que hay que hacer en este supuesto. Constatar que en nuestro país sucede este hecho trascendente con la misma normalidad con la que puede producirse en otras monarquías parlamentarias europeas debería ser un motivo de orgullo. La abdicación es una prerrogativa que corresponde al rey y solo al rey. Las Cortes Generales y este Senado en particular deben aceptar formalmente su decisión, o bien, votando en contra del proyecto de ley, rechazarla, lo que, a mi juicio, no tendría mucho sentido. Porque ¿hemos de decirle al rey que ha considerado que debe abdicar, que renuncie a ello? ¿Hemos de decirle que, a pesar de que le reconocimos esa prerrogativa en la Constitución, ahora no puede utilizarla? Insisto, señorías, no tiene mucho sentido.
Compartimos el proyecto de ley presentado por el Gobierno. Por su brevedad y concisión. Porque se limita a constatar la voluntad del rey y a aplicar las previsiones sucesorias establecidas en la Constitución. Nada más y nada menos. No compartiríamos tanto la intervención del portavoz del Grupo Popular, porque hoy lo que se discute y aprobaremos no es monarquía o república, ni a la concordia se ayuda con intervenciones poco rigurosas. Hoy no estamos votando a Felipe VI.
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Estamos desarrollando y aplicando las previsiones constitucionales. Miren, ha habido voces poniendo de relieve el hecho de que el proyecto de ley se ha confeccionado después de que el rey manifestara su voluntad de abdicar y que, por lo tanto, se trata de una ley ad hóminem, que, por ese carácter, sería inadecuada. Debo decir que no comparto esa apreciación. Se tramita la ley como consecuencia de la voluntad de abdicación y la discusión sobre si debiera haberse tramitado antes en previsión de abdicaciones futuras no me parece muy relevante. ¿Qué sentido tendría haber abierto el debate jurídico formal sobre una eventual abdicación cuando esta no estaba planteada? En todo caso, tampoco debe haber sido considerado relevante por ningún grupo de la Cámara, habida cuenta que nunca se ha presentado una proposición de ley en ese sentido.
Aceptada la abdicación del rey, que es lo único que votamos mediante este proyecto de ley orgánica, se produce automáticamente la sucesión en la persona del príncipe de Asturias y futuro rey Felipe VI. Eso es lo acordado en la Constitución, refrendada por el pueblo soberano. En ese momento, en el de su redacción, negociación, consenso y referendo popular, los socialistas asumimos un pacto político de gran envergadura, como ustedes saben. Aceptamos la monarquía constitucional como parte de un sistema político en el que la soberanía solamente estaba radicada en los ciudadanos. España, como dice nuestro texto constitucional, es un Estado social y democrático de derecho, en el que la soberanía reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Ese fue, señorías, uno de los principales pactos constitucionales. Pacta sunt servanda. Efectivamente, los acuerdos están para ser cumplidos. Y eso es lo que hacemos. A pesar de la sencillez del trámite parlamentario y del automatismo democrático al que me he referido, la abdicación y la sucesión en la Jefatura del Estado ha motivado una intensa y apasionada discusión social y política. Y es lógico que sea así, señorías. Lo es porque aparece relacionada con la crisis de confianza política en la que estamos instalados, como consecuencia, en parte, del injusto reparto de cargas en esta crisis económica y de un cierto anquilosamiento de nuestro sistema político que los ciudadanos perciben como algo muy alejado de sus necesidades y de sus intereses. Creo que es lógico, pues, que se produzca el debate sobre la sucesión a la Corona y que se abran paso voces que reclaman una solución republicana, que, aparentemente, se podría alcanzar mediante la convocatoria inmediata de un referéndum. Hemos tenido ocasión de escucharlo en esta tribuna. Incluso me parece conveniente el debate porque no deberíamos cerrar en falso este proceso. Ahora bien, el debate, la discusión hemos de hacerla con rigor y sin dejarnos llevar por apriorismos. El debate, a mi juicio, no se puede plantear en términos de república, como sinónimo de democracia, y monarquía parlamentaria, como sinónimo de lo contrario. ¿Acaso alguien puede afirmar que los sistemas políticos de Suecia, de Noruega, de Dinamarca, de Bélgica, de Reino Unido o de Holanda no son regímenes profundamente democráticos?
Los socialistas, que hemos sido y somos conceptualmente republicanos, consideramos que estos son países con democracias avanzadas, en las que el poder está en el pueblo y en las instituciones de él emanadas, como en España. Naturalmente que pesan en nuestra retina y en nuestro recuerdo los momentos épicos de la historia reciente y la consideración de que en España los períodos republicanos han sido momentos de gran esperanza y de grandes avances sociales y políticos, lamentablemente frustrados. Pero la comparación de esos momentos con la situación política, económica y social de la España del siglo XXI no es rigurosa. Hoy en España el rey no detenta poder político. La iniciativa y la responsabilidad política corresponden a los gobiernos y a las asambleas parlamentarias. El rey no gobierna, por eso no hay partidos dinásticos, señorías. Por esa razón las decisiones que haya que tomar acerca de la orientación de la política, de la economía y del bienestar de nuestros conciudadanos dependen de nosotros, no de la Corona. Del mismo modo, hay que refutar por igual falta de rigor la afirmación de que nuestra monarquía parlamentaria y, por ende, nuestro sistema constitucional es el resultado de una herencia preparada por el dictador. Algunos creen, y aquí se ha citado, que triunfó el atado y bien atado; yo no lo creo. Es verdad que hubo transición y no ruptura, pero la Transición creó las bases de un sistema democrático que hoy es libre y en el que no hay otra soberanía que la de los ciudadanos. No deberíamos descalificar esta realidad: la Transición nos acabó llevando a una ruptura con el régimen anterior, cosa distinta son los cambios necesarios para mejorar ese sistema democrático, para recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y en la política, para construir un país más justo y más solidario.
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España, Cataluña incluida, está pasando por un momento difícil, muy difícil. Los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país tienen la impresión de que la crisis económica se está saldando con mayores sacrificios de los que menos tienen y que la política democrática no les protege. Desconfían profundamente de las instituciones democráticas y, por ello, se abren camino las vías que ofrecen soluciones rápidas, fáciles, milagrosas. En Cataluña, en particular, ese desapego se ha vinculado con un sentimiento —justificado para unos, no justificado para otros— de incomodidad en su relación con el conjunto de España que conduce hacia una opción secesionista. Debemos escuchar ese clamor, incluso por todos aquellos que no lo compartimos, para darle una respuesta, que ha de ser certera, razonable y, sobre todo, útil.
España debe iniciar una etapa de cambios profundos en su vida política para hacer frente a ese triple reto que nos exige la crisis política, social y territorial, y a este triple reto deberá hacer frente también nuestro nuevo rey constitucional. No se trata de atribuir a la Corona funciones de liderazgo político que en ningún caso le corresponden en nuestro sistema político. Son los gobiernos y los Parlamentos los que tenemos la obligación de encontrar las soluciones adecuadas a esos problemas. Pero el inicio de una nueva etapa en la Jefatura del Estado constituye, a mi juicio, una ventana de oportunidad. Creo que hoy, coincidiendo con ese cambio en la cúpula del Estado, se pueden dar mejores condiciones para abordar un proceso —acordado, sí, consensuado, sí— de reforma constitucional; un proceso que es necesario y que es urgente y, además, posible. No se trata de iniciar un nuevo proceso constituyente, de abrir en canal la Constitución, como algunos arguyen para justificar su recelo, sino de reformar aquellos desajustes que la experiencia ha puesto de manifiesto y otros aspectos que hay que incorporar como consecuencia de los cambios acontecidos a lo largo de sus más de 30 años de vigencia. Se trata de poner al día nuestra Carta Magna después de un largo período de éxito. Hemos de abordar esa agenda de cambios necesarios, cambios para mejorar nuestra vida democrática, para reconocer derechos sociales, para resolver los problemas territoriales y para articular más eficazmente nuestro sistema autonómico, que necesita instrumentos federales y reconocer explícitamente las características específicas de sus territorios que son diversos. Podemos y debemos hacer frente a este envite. Y una vez hayamos sido capaces de construir un nuevo consenso político y social que ampare esa reforma constitucional, habrá que convocar a los ciudadanos y ciudadanas a las urnas para que opinen y decidan en referéndum sobre ese acuerdo.
Confiamos, pues, en el papel que pueda desempeñar en este sentido el futuro rey. Lo puede hacer, en primer lugar por sus condiciones personales; el príncipe de Asturias acredita un profundo conocimiento de la realidad política, social y económica de España en su conjunto. Y especialmente también, y lo digo como catalán, lo puede hacer por su comprensión y conocimiento de los distintos sectores políticos, empresariales, culturales y sociales de Cataluña. Debo decir, precisamente en este sentido, que no acabo de entender que aquellos que hoy mismo le reclaman al futuro rey esta sensibilidad, no contribuyan con su voto afirmativo a facilitar el comienzo de esta nueva etapa.
Quiero terminar mi intervención con un reconocimiento al papel realizado por el rey Juan Carlos I. Con él, que no prometió la Constitución al tomar posesión de la Jefatura del Estado, pero que gracias a él y al esfuerzo de muchos ciudadanos y ciudadanas muchos de ellos desgraciadamente nos han dejado se hizo posible la Constitución que su sucesor pasado mañana sí puede prometer, con él se ha demostrado que la monarquía parlamentaria es posible en España. La existencia de una Jefatura del Estado representativa, sin estrictos poderes políticos, neutral por su propia naturaleza, capaz de ejercer una labor de mediación y arbitraje en el marco de los gobiernos de distinto signo, emanados de la única soberanía existente, ha sido extraordinariamente valiosa y así lo valoro. Confiamos en que su sucesor, Felipe VI, abrirá una nueva etapa tan fructífera como la suya. Estoy convencido de que ese es el deseo de la inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas de este país.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Cleries.
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El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Miembros del Gobierno, señorías, un comentario previo. Hubo un tiempo en el que el diálogo existió, la esperanza de tener una España respetuosa con Cataluña y con su voluntad de autogobierno existió.
Con motivo de la abdicación del rey Juan Carlos I, el Gobierno ha tramitado el Proyecto de Ley Orgánica de abdicación en base al artículo 57.5 de la Constitución. Desde el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, respetamos la decisión del rey de abdicar. Hemos contribuido a facilitar el debate ágil de este proyecto, pero esto, evidentemente, no supone que demos nuestro apoyo a este proyecto de ley orgánica del que, por cierto, hemos sido excluidos de su negociación previa, que se ha limitado a un pacto PP-PSOE, de la misma forma que se nos excluyó de la reforma exprés de la Constitución en el verano de 2011. Una formación política que se comprometió con el pacto constitucional ha sido apartada de todo acuerdo en estos ámbitos.
En la larga trayectoria del rey Juan Carlos I, como sucede en todo servidor público, encontramos activos y pasivos. Desde nuestro grupo parlamentario, al final de su trayectoria, queremos agradecer las aportaciones positivas que ha hecho a lo largo de estos casi 40 años, especialmente queremos destacar su papel en la Transición y en la recuperación de la democracia, como también la estabilidad que generó.
El pueblo de Cataluña, muy mayoritariamente, hizo una apuesta sincera y comprometida con el pacto constitucional de 1978 —antes lo decía el portavoz popular—. Imagínense cómo han ido las cosas en estos años por el cambio que está sufriendo el país hoy. Aquella apuesta inicial de los catalanes ha quedado insuficiente, como intentaré explicar a lo largo de esta intervención, de tal forma que hoy de aquella participación hemos pasado a vivir con distanciamiento, con desafección y existe una desconexión hacia buena parte del conjunto de las instituciones del Estado.
Como les decía, hubo un tiempo en el que el diálogo existió, la esperanza de tener una España respetuosa con Cataluña y con su voluntad de autogobierno existió. Convergència i Unió participó, se obligó a participar activamente en las instituciones del Estado; lo hicimos a través del president Pujol, de Miquel Roca, de los grupos parlamentarios de CiU en el Congreso y en el Senado.
En estos años de monarquía parlamentaria, desde nuestra federación hemos aportado al Estado español, que quede claro, junto a otras formaciones políticas y sociales, tres genes muy determinantes de nuestro ADN: hemos aportado valores democráticos, hemos aportado una parte relevante del Estado de bienestar y hemos aportado modernidad en la defensa de la economía productiva y del empleo, evidentemente, desde nuestra gran fidelidad y prioridad que es Cataluña y sus hombres y mujeres, que es a quien nos debemos como fuerza política, pero sin olvidar nuestro respeto y solidaridad con el conjunto de pueblos que conforman el Estado español y el conjunto de Europa. Pasemos a analizar estas tres grandes aportaciones.
Valores democráticos. Miquel Roca participó en la redacción de la Constitución, una norma de interpretación abierta, buscada para el consenso, que permitió plantear ilusiones y esperanzas, una constitución para un Estado plurinacional, plurilingüístico y pluricultural; una constitución que en su artículo 2 reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. ¿Se acuerdan? ¿Dónde ha quedado esta distinción de nacionalidades y regiones? También es necesario recordar que el artículo 3.3 establece el especial respeto y protección de las distintas lenguas existentes en el Estado. ¿Se acuerdan? Fíjense en este sábado pasado, en Barcelona, miles de personas salieron a la calle en defensa de la lengua catalana, de la inmersión lingüística bajo el lema Som Escola, parecía que estuviéramos en tiempos pasados, en tiempos muy, muy pasados.
El president Pujol contribuyó decisivamente a la construcción del Estado de las autonomías. CiU lideró el europeísmo y la integración europea antes que algunas otras fuerzas dominantes en el Estado. Sin Europa y el modelo autonómico nunca hubiéramos alcanzado el salto cualitativo en nuestro Estado del bienestar. Precisamente en este ámbito, Estado del bienestar, Cataluña fue pionera en la asunción de competencias en políticas sociales y en elevar la calidad de nuestro sistema sanitario y crear un nuevo sistema de servicios sociales. La Lismi, primera Ley de integración social de personas con discapacidad, lleva también el sobrenombre de Ley Trías Fargas, diputado de Convergència i Unió que la impulsó. Fue también nuestra federación quien promovió la creación de la Comisión de los Pactos de Toledo para garantizar el futuro sistema de pensiones y mantener su poder adquisitivo. De nuestra formación política también procede la
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supresión del servicio militar obligatorio. Es indudable que una parte relevante de la creación del Estado del bienestar tiene la marca de Convergència i Unió, exponente de nuestro compromiso social que nos caracteriza.
Economía productiva y creación de empleo. CiU ha sido y es una fuerza especialmente sensible a trasladar y a atender desde la política los problemas de la economía productiva, la de los sectores industriales, del comercio, del turismo, de los trabajadores autónomos, de la necesidad de construir infraestructuras de transportes y comunicaciones, de impulsar la investigación, de mejorar la competitividad, de promover la exportación, también sobre la creación de empleo, sobre la formación, sobre la recolocación de quienes se encuentran en paro. (El señor vicepresidente, Lucas Giménez, ocupa la presidencia). En definitiva, el promover la generación de riqueza para la creación de empleo, para la sostenibilidad del Estado de bienestar y para la cohesión social y territorial.
En Cataluña siempre hemos impulsado esta contribución de nuestra federación a la gobernabilidad del Estado, con la voluntad de consolidar plenamente el autogobierno de Cataluña que la Constitución nos ofrecía y con la voluntad también de unir fuerzas y sinergias con los demás territorios del Estado y con el conjunto de la Unión Europea. Pero a menudo la respuesta de las fuerzas políticas mayoritarias en el Estado ha sido menos constructiva; a menudo una de las prioridades del Gobierno ha sido recortar la autonomía de Cataluña, lo fue bajo el mandato del presidente González, por ejemplo, con la LOAPA, después declarada anticonstitucional; lo fue durante el segundo mandato del presidente Aznar, especialmente; y lo ha sido sin duda a partir del recurso del Partido Popular al Estatut catalán de 2006; también durante el vigente mandato del presidente Rajoy, con una multitud de leyes recentralizadoras y poco respetuosas con la realidad de Cataluña, como la LOMCE, como la Ley de racionalización de la Administración Local, la Ley de unidad de mercado; además, la mayoría de los acuerdos del Consejo de Ministros supone un retroceso en el autogobierno de Cataluña.
La Constitución de 1978 era una norma de interpretación abierta donde Cataluña podía tener su encaje, la Constitución vigente desde la sentencia del estatut es una norma restrictiva, obsesiva, en la que solo cabe una Cataluña con una autonomía en miniatura, que sin duda no es la nuestra. Ya no es aquella Constitución que votamos, la reinterpretación que se ha hecho y se hace no es fiel al espíritu y al consenso con la que se impulsó; con la sentencia del Tribunal Constitucional contra el estatut Miquel Roca i Junyent dijo sentirse frustrado porque el espíritu de la Constitución está roto.
Cuando en 2006 Cataluña aprobó su reforma del estatut, el diálogo existió, solamente el Partido Popular se ausentó de este diálogo, porque él lo quiso. CiU y el president Mas estábamos entonces en la oposición pero, a pesar de ello, contribuimos muy activamente a este diálogo. El puente Cataluña-Madrid funcionó mínimamente; reformamos el estatut para construir una relación Cataluña-España armoniosa, impulsiva y con voluntad de ser duradera. Fue entonces cuando el Partido Popular sembró la semilla de la separación, señor Barreiro, fue entonces cuando se rompió la concordia a la que usted apelaba antes. El Partido Popular impugnó el estatut y se empeñó en dinamitar un acuerdo político adoptado en la sociedad española en las Cortes Generales, y por la sociedad catalana mediante referéndum; fue entonces cuando el Partido Popular lanzó un texto ya refrendado por el pueblo catalán al análisis falsamente tecnicista de un Tribunal Constitucional profundamente politizado, caducado e instrumentalizado.
¿Dónde se ha visto que los acuerdos y voluntades de los pueblos sean enmendados para ser elevados a la categoría de constitución interpretada? La ley de leyes está para ser interpretada por las voluntades de los pueblos, no para ser interpretada al servicio de quienes persiguen romper estas voluntades...(Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Lucas Giménez): Un momento, señoría. Por favor, ruego silencio en la Cámara.
El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Mucha política pequeña, señores del Gobierno y del Partido Popular. Me gustaría decírselo al señor Rajoy, pero no ha venido; al Congreso sí que fue. Mucha política pequeña, señor Rajoy, pequeñísima, diminuta. La sentencia del estatut no fue una simple sentencia, fue mucho más, ha cambiado el sentido de la Constitución, en este contexto Cataluña se ha sentido sola, no hemos tenido el apoyo del Gobierno, sino todo lo contrario. (El señor presidente ocupa la Presidencia). En el caso de la Corona, si ante el 23F reaccionó con decisión
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en defensa de la democracia y de aquello que la sociedad defendía, ante la reforma constitucional que incorpora la sentencia del estatut no hemos sido amparados, no se ha ejercido, como prevé el artículo 56.1, la función de arbitrar, de moderar el funcionamiento regular de las instituciones que tiene atribuida la Corona.
Señorías, queremos confiar en que el futuro monarca contribuya a desbloquear diálogos y a favorecer las sensibilidades políticas y sociales para que una vez roto el acuerdo que significaba el Estatut de 2006 en toda su amplitud, los catalanes y catalanas podamos decidir nuestro futuro democráticamente mediante la consulta que tendrá lugar el 9 de noviembre de este año.
En Cataluña hemos pasado treinta y cinco años haciendo actos de confianza, siendo sobradamente solidarios en todos los sentidos, también en el económico, con el conjunto del Estado español. Solo cabe recordar el déficit fiscal de Cataluña, que supera los 15 000 millones de euros cada año, según las últimas estimaciones de las balanzas fiscales. Estos actos no han sido correspondidos con la misma lealtad y compromiso. Hemos contribuido con sentido de Estado a garantizar la estabilidad de las instituciones españolas siempre, y especialmente en los momentos de mayor dificultad, entre otros, en el intento de golpe de Estado de 23F, en el cumplimiento de los acuerdos de Maastricht, o ante la amenaza de la intervención europea. Hemos contribuido a la gobernabilidad del Estado y hoy nos hemos preguntado: ¿por qué tenemos que volver a realizar un acto de confianza a ciegas a la vista de la experiencia acumulada? ¿Por qué hemos de ofrecer un cheque en blanco mientras se nos niega el derecho a decidir nuestro futuro, que es nuestro? ¿Por qué se nos pide el voto afirmativo cuando no se escucha la voluntad pacífica, cívica y democrática de un pueblo?
Por todas estas razones, nuestro grupo parlamentario se abstendrá en la votación de la Ley Orgánica de abdicación. Que quede claro. No es una abstención a una institución ni a una persona. Ponemos toda la confianza en el nuevo monarca, el hasta ahora príncipe Felipe. Le deseamos suerte y acierto. En este sentido, queremos reclamar al futuro rey sensibilidad hacia Cataluña y, en este momento, a la cita del 9 de noviembre, para que la ciudadanía de Cataluña ejerza su derecho a decidir y exprese en libertad qué futuro quiere. Queremos reclamar al futuro rey que facilite el diálogo hoy inexistente. Diálogo para hablar de todo, sin miedo, desde el respeto entre las instituciones, a la democracia y también con un respeto absoluto a la dignidad del pueblo de Cataluña.
Señorías, finalizaré con las palabras que el futuro rey dijo, hace unos años, en lengua catalana, en el Parlament de Catalunya, como consta en su Diario de Sesiones: «Catalunya és la que els catalans volen que sigui», eso dijo el futuro rey, y continuó: «No oblidem mai que hi ha veritats bàsiques, que hi ha el que ens parla el nostre cor, que hi ha la font de saviesa de l’home que camina pel carrer, que hi ha la clara senyera de la llibertat. Catalans, tot això és nostre: agafem-ho i caminem».
La traducción en castellano es:«Catalunya es la que los catalanes quieran que sea. No olvidemos nunca que hay verdades básicas, que existe lo que nos habla nuestro corazón, que existe la fuente de la sabiduría del hombre que anda por la calle, que existe la clara bandera de la libertad. Catalanes, todo esto es nuestro: cojámoslo y caminemos».
Nos llenan de esperanza estas palabras del futuro rey. Por eso, para saber la Cataluña que queremos, el 9 de noviembre Cataluña debe poder votar, debe poder decidir su futuro a través de una consulta.
Confiamos que en este proceso, el futuro rey tendrá la misma actitud valiente que tuvo hace unos años al pronunciar aquellas palabras, porque sin duda nuestra nación, la nación catalana, debe ser lo que los catalanes queramos que sea.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cleries.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Iglesias.
El señor IGLESIAS RICOU: Gracias, señor presidente.
Me resulta muy sorprendente que el Gobierno no haya querido venir hoy a presentar una ley orgánica de esta envergadura. Ya sé que están presentes tres miembros del Gobierno, pero, como digo, esta es una ley orgánica extraordinariamente importante. Es la primera vez en la historia de España que un rey abdica de acuerdo con la Constitución. Por tanto, yo creo que esta Cámara, que
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no tiene menos representación de la soberanía nacional que el Congreso, hubiera merecido que esta ley tan importante y tan simbólica fuera presentada por el Gobierno. No ha sido así. (Aplausos).
Como segunda cuestión quiero hacer una aclaración al portavoz del Grupo Convergència i Unió, el señor Cleries: la LOAPA fue aprobada con el presidente CalvoSotelo. Sé que es una tradición atribuirnos a mi partido y al Partido Popular una situación simétrica, que creo es muy injusta, en cuanto a nuestra actitud de respeto hacia las autonomías. Señor Cleries, la LOAPA fue una ley del señor Calvo-Sotelo.
Tercera cuestión. El Ayuntamiento de Córdoba le dio en 1981 la medalla de oro de la ciudad al rey de España, señor Mariscal. Estamos hoy convocados para proceder a la aprobación de un proyecto de ley, a mi entender, muy importante. Ciertamente en este caso el título de este proyecto de ley lo dice todo, lo dice casi todo. Pero lo primordial hoy aquí es que el rey de España precisa del consentimiento de la nación como manifestación de cuál es el verdadero alcance de un régimen político de monarquía parlamentaria, que es el sometimiento de todos a la ley.
Los días transcurridos desde el anuncio de la intención del rey de abdicar han sido evidentemente intensos, y esto es lógico, entre otras cosas, porque este hecho se produce tras unos largos años de crisis, una crisis que está afectando también a la percepción y consideración ciudadana de las instituciones, una crisis de todas las instituciones. La crisis económica está poniendo en cuestión muchas cosas. Los ciudadanos perciben cómo los pilares básicos de nuestro Estado de bienestar se están erosionando profundamente en el momento que más necesitan los ciudadanos de dicho Estado. Es una crisis que amenaza la integridad territorial de nuestro país, una crisis de confianza en las instituciones que afecta también a la Jefatura del Estado.
Precisamente por eso quiero subrayar hoy aquí la normalidad democrática que evidencia el acto que estamos realizando. Y lo explicaré. Desde una perspectiva meramente histórica, si sus señorías repasan las abdicaciones reales que se han producido en nuestro país, verán que casi todas ellas están teñidas de dramatismo y en algunos casos incluso rodeadas de circunstancias extraordinarias, a veces casi esperpénticas. La renuncia de don Juan Carlos es el reflejo de un elemento clave de su reinado: la normalización. Una normalización que se aprecia en el hecho de que todos tengamos esta sesión desde la normalidad, y es que en la atribulada vida del constitucionalismo español será esta la primera ocasión en la que el acto de abdicación se produzca de acuerdo con las previsiones de la propia Constitución. En las 12 abdicaciones que hasta ahora han tenido lugar en la historia moderna y contemporánea de nuestro país, o carecíamos de Constitución o la abdicación se producía en circunstancias distintas y en procedimientos ajenos a los recogidos en la Constitución.
Entre las múltiples manifestaciones que se han realizado estos días, algunas de ellas ponían en cuestión el acto que estamos realizando esta tarde. Lo cuestionaban desde una lógica muy elemental. En primer lugar, ¿qué sentido tiene que las Cortes Generales aprueben un acto de voluntad personalísimo que prácticamente no tiene alternativa? Segunda cuestión, ¿qué sentido tiene el voto negativo, o incluso la abstención, en esta votación? Porque es curioso que los que se manifiestan más apasionados republicanos son partidarios de que el rey no se vaya. Y, por otra parte tercera cuestión podemos realmente forzar a una persona de 76 años a continuar al frente de la Jefatura del Estado? Pues tengan en cuenta sus señorías que esta sería la consecuencia de un voto negativo.
Para glosar el sentido profundo de esta sesión, que tiene una gran carga simbólica, tenemos que echar la vista atrás a nuestra historia, porque esta sesión adquiere todo su sentido en la historia del constitucionalismo español. La justificación de que el rey precisa de la autorización de la nación para abdicar la incorporó a nuestro derecho constitucional el constituyente de Cádiz hace más de doscientos años. Y lo hace como consecuencia de la abdicación forzada en los acontecimientos de junio y julio de 1808 en Bayona. Dos años después, el constituyente declaró nula aquella abdicación, no solo por la violencia con la que fue arrancada, sino principalmente —esto es muy importante— por faltarle el consentimiento de la nación. Esa lógica del constituyente de 1812 de que el rey no podía abdicar porque no tenía el consentimiento de la nación la recogen en el mismo sentido las diferentes constituciones que hemos tenido, desde la Constitución de Cádiz hasta el artículo 57.5 de la Constitución de 1978; 7 constituciones que recogen que para abdicar el rey necesita el permiso de la nación. Y hoy, doscientos cuatro años después de aquella primera constitución, por fin se va a producir una abdicación en la historia de España acorde con
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el sentido profundo de la soberanía popular en la que un rey pide y obtiene el consentimiento del pueblo para retirarse.
Es la primera vez que se produce en la historia de España. ¿Realmente a ustedes esto les parece una cuestión baladí? A mí no, porque creo que en la democracia la formas y el fondo van íntimamente unidas. Lo primordial esta tarde, señoras y señores senadores, es que el rey precisa el consentimiento de la nación; el rey precisa el consentimiento de la nación como manifestación de cuál es el verdadero alcance de un régimen político de monarquía parlamentaria: el sometimiento de todos a la Constitución y a la ley; también del rey.
El consentimiento de la nación a través de sus representantes no es más que un elemento de normalidad constitucional e institucional, que precisamente por no haber operado en las anteriores abdicaciones de los siglos anteriores, deberíamos reivindicar en su alcance más radical. Y justamente por eso, en la sesión de abdicación que ahora se somete a votación, no se designa el heredero; no se designa el heredero porque, sencillamente, eso ya lo prevé perfectamente la Constitución. La decisión sobre la sucesión la tomaron todos los españoles en la sesión del referendo constitucional. Y eso, si ustedes me lo permiten, es un ejercicio de republicanismo en sentido profundo; de republicanismo como la supremacía de la ley frente a las decisiones de carácter personal: la ley, como expresión de la voluntad de los ciudadanos a través de sus representantes.
Tampoco —como alguien ha dicho estos días— la función de las Cortes Generales es la de tomar nota, tomar nota simplemente de la voluntad real; no, en absoluto. El Congreso y el Senado autorizan, las Cortes autorizan: eso es lo que dice la Constitución. La base del republicanismo es, en sentido genuino, a la ley desde la ley. No valen atajos; no valen atajos sobre la base de una presunta opinión generalizada de la calle. Y como todos creemos que solo se puede transitar a la ley desde la ley, convendría que los grupos que propugnan una modificación de la actual ley nos explicaran a toda la Cámara de manera concreta hacia dónde pretenden transitar.
De esta manera, al principio del reinado de don Juan Carlos, hace casi cuarenta años, se inició un nuevo tiempo, y aquel era el tiempo de la democracia, y hoy, al final del reinado, se propone también un nuevo tiempo. Así lo entendió a los pocos días el presidente Felipe González, que afirmaba que las nuevas generaciones necesitan dar un nuevo impulso reformador a la sociedad española. Decía que este proyecto se inscribe en la normalidad, la normalidad de una persona que se retira cuando ya ha cumplido 76 años, la normalidad de quien entiende que ya ha llegado el momento de las generaciones posteriores, la normalidad de que todo ello se produzca no como tantas veces ha ocurrido en la historia de España, mediante algaradas, conflictos, conspiraciones palaciegas, sino en aplicación de las previsiones de una Constitución democrática, que es ya —quiero recordarlo hoy aquí— la Constitución más estable del atribulado constitucionalismo español.
Durante estos días se ha querido convertir esta sesión en una cosa distinta de lo que es. Este no es un Pleno, señoras y señores senadores, para decidir sobre el modelo de Jefatura del Estado o, como alguien ha querido decir aquí, para elegir entre monarquía y democracia. No, este no es ese Pleno; lo que no es democrático es no cumplir las leyes. El verdadero espíritu del republicanismo que algunos invocan es el sometimiento permanente a la ley, y la ley dice que tenemos una Jefatura del Estado bajo forma de monarquía, y el verdadero sometimiento a la ley aconseja que no se pueda aprovechar cualquier momento o cualquier circunstancia para cuestionarla. ¿O es que alguien, en serio, puede entender que se puede reformar lo que la Constitución establece por la vía de negarnos a refrendar la voluntad del rey de abdicar? La ley se modifica por la ley, mediante los procedimientos que esta misma ley tiene previstos. Y esta es la clave del republicanismo, más allá de quién sea en cada momento el jefe del Estado.
El Grupo Socialista, mi grupo, va a votar a favor de esta ley; en primer lugar, por sentido común, porque no se nos ocurre cuál es el objetivo y el alcance del sentido del voto de otra naturaleza. No solo debemos sino que queremos votar a favor de esta ley porque refuerza el profundo sentido del principio que establece que la soberanía reside en el pueblo.
En un régimen democrático constitucional como el nuestro, es el pueblo, a través de nosotros, sus representantes, el que autoriza al rey a abdicar. Y eso es lo que queda hoy patente en este acto: que el pueblo autoriza al rey a abdicar.
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El acto de hoy es un acto de respeto, de cumplimiento y refuerzo del principio básico sobre el que se asienta nuestra Constitución, que quiero recordarles que afirma que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. Todos los poderes, señorías, también la monarquía constitucional.
Por tanto, el Grupo Socialista se propone votar a favor de esta ley de abdicación porque es una consecuencia lógica de su republicanismo, entendido como el imperio de la ley y, además, porque fuimos y somos una parte muy importante, una parte fundamental del consenso constitucional, y el Partido Socialista sigue defendiendo ese consenso; un consenso constitucional del que algunos ahora parecen querer descolgarse; unos, proponiendo cambios o vías ajenas a la propia Constitución; y, otros, por el camino de lecturas reductoras de los principios y valores que la Constitución consagra.
Esa y no otra es la razón de que los socialistas, desde hace ya algún tiempo, planteemos la necesidad de la reforma de la Constitución. Queremos reformar la Constitución para abordar los nuevos retos a los que esta tarde se enfrenta España, que son muy distintos de los que debimos afrontar en la Transición y en la puesta en marcha de la Constitución, en 1978.
Como somos constitucionalistas, creemos que la ley se cambia desde la ley y por eso es por lo que hemos planteado la reforma de la Constitución, porque nosotros hoy nos seguimos sintiendo concernidos por todo aquello que dio lugar al pacto constitucional; nos sentimos concernidos por los derechos y las libertades de aquel pacto; nos sentimos concernidos por el Estado social que allí se define; y nos sentimos concernidos por el respeto a la diversidad cultural, a la diversidad histórica y a la diversidad política de los diferentes territorios de España.
También nos sentimos razonablemente satisfechos con el resultado y los efectos de nuestra Constitución. Sí, con sus luces y con sus sombras, pero lo cierto es que la Constitución de 1978 ha dado lugar, sin duda, al período más largo de estabilidad política y de prosperidad económica de la historia moderna de España. Por eso, seguimos siendo defensores del consenso que alumbró la Constitución, y por eso queremos modificarla, porque desde ella queremos afrontar los nuevos retos y las nuevas dificultades a los que se enfrenta nuestro país. Señoras y señores senadores, queremos modificar la Constitución para revigorizarla y reconociendo los grandes avances que se han producido en la etapa del rey Juan Carlos.
Quiero terminar mi intervención deseándole al príncipe de Asturias lo mejor para su reinado, garantizándole el respeto y la lealtad del Grupo Socialista y ofreciéndole nuestra colaboración para abrir ese tiempo nuevo que nuestro país necesita.
En resumen, señorías, mi grupo parlamentario va a votar sí a la abdicación, y va a votar sí para cumplir la Constitución. Mi grupo va a votar sí a la ley y va a votar sí para ser fieles al consenso que permitió su aprobación, y mi grupo va a votar sí también como expresión de la voluntad de colaborar, señorías, para abrir un tiempo nuevo que nos permita hacer frente a la crisis social, a la crisis política, a la crisis económica y a la crisis territorial que vive en estos años nuestro país, que vive España.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista).
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Barreiro.
El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.
Señorías, señoras ministras, señores ministros, en definitiva estamos terminando un proceso que todos hemos calificado como histórico, y efectivamente es así.
Permítanme que una primera reflexión en esta fase final de este proceso sea de reconocimiento a todos los grupos, incluso a aquellos que han manifestado su discrepancia en relación con la posición que mi grupo ha manifestado y que yo trataré de reiterar a lo largo de esta intervención. Pero no puedo substraerme en esta intervención final a hacer alguna referencia respecto de alguna de las intervenciones, y voy a centrarme exclusivamente en una que desgraciadamente ha hecho algún portavoz que ahora no está presente.
Aquí se nos ha dicho y se ha hablado de que se sustraía el debate, de que se sustraía la democracia, en definitiva, se ha intentado dar lecciones a esta Cámara de democracia, y precisamente la generosidad del consenso constitucional está en que los que pretenden dar esas lecciones que nosotros no aceptamos —que nosotros no aceptamos— son los que han apoyado y
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no han censurado precisamente a los que han estado atentando directamente contra la democracia a través de los atentados de la vida de las personas en el País Vasco. (Aplausos). No podemos admitirlo. Y precisamente subrayo una vez más la grandeza del proceso en el que estamos: la grandeza del consenso constitucional está en que los que no participan del sistema pueden aprovecharse del sistema, aunque sea desde actitudes de cobardía. (Aplausos).
Agradezco muy sincera y muy especialmente las intervenciones de aquellos grupos que han expresado su claro apoyo a esta iniciativa, y coincido, como no podía ser de otra forma, con lo que ha manifestado el señor Iglesias, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, acerca de lo que realmente estamos debatiendo aquí. Intenté expresarlo en mi primera intervención. Quizá, a lo mejor, no tuve la fortuna que él ha tenido y, por eso, alguien no me ha interpretado en la dirección correcta. Yo lo que había planteado en su momento, y reitero ahora, es que el debate no es el que algunos intentaron plantear. El único debate que aquí se está dando es precisamente el reconocimiento por parte de las Cortes Generales del ejercicio legítimo de su majestad el rey a la hora de abdicar, y esa es la esencia fundamental de la monarquía democrática. Por eso, por eso, nosotros estamos orgullosos de este momento, orgullosos de participar en este momento histórico, que desde mi punto de vista viene definido fundamentalmente por dos hechos sustanciales, aunque, seguramente, habrá más que podrían destacarse. El primero de ellos es el referéndum del año 1978, donde la mayoría del pueblo español reconoce, a través de la aprobación de la Constitución, la forma de gobierno de la monarquía parlamentaria. Ese es uno de los hechos fundamentales y definitorios de este periodo de tiempo de prácticamente 40 años. Y el segundo es este: la abdicación de su majestad el rey; el ejercicio legítimo de ese derecho.
Seguramente, entre estos dos hechos fundamentales hay toda una serie de acontecimientos que ponen de manifiesto la importancia de este período. Por eso, me van a permitir, señorías, que en esta intervención final dedique una parte yo creo fundamental, una parte importante al reconocimiento de quien ha sido el actor principal de todo este proceso. Nuestro grupo quiere expresar en este momento en primer lugar su expresión de gratitud, su expresión de reconocimiento a la figura de la monarquía española en la persona del rey Juan Carlos I de Borbón. (Aplausos). Su trayectoria, su compromiso con el país, su participación en momentos decisivos de la historia de este país —y todos están en la mente de cada uno de nosotros— ha sido fundamental para que llegásemos a conseguir precisamente el período más importante de paz, de progreso, de servicios sociales, de prestaciones sociales, de reconocimiento internacional, de reconocimiento hacia las identidades de cada una de nuestras comunidades, de avance en el autogobierno que nunca se haya vivido en España. Esto es fruto, efectivamente, de un esfuerzo colectivo del conjunto de la sociedad española, pero no es menos cierto que no se hubiera conseguido sin la participación activa y decisiva de la figura del rey Juan Carlos I.
Y en ese capítulo de agradecimientos tampoco debe ser menor, a nuestro juicio, el papel que ha desempeñado la reina Sofía. Efectivamente, la reina ha sabido asumir el papel que en una monarquía como la nuestra le corresponde a la figura de la reina, a la figura del consorte o de la consorte del rey. (Aplausos). Su maestría, su dedicación, su ejemplo en definitiva ha sido y es una constante que desde nuestro punto de vista es merecedora de reconocimiento.
Y se ha dicho aquí —y yo lo comentaba en la intervención anterior y por eso coincido plenamente— cuál es el carácter de nuestra monarquía. En nuestra monarquía no hay súbditos. El portavoz del PNV utilizaba esa expresión. Si algo caracteriza a nuestra monarquía es que no hay súbditos. En todo caso, si hay un súbdito es su majestad el rey, y es su majestad el rey porque ha sido y es súbdito de las leyes, es súbdito de los ciudadanos y es súbdito del país; es súbdito de las leyes y del ordenamiento jurídico, porque toda su trayectoria está precisamente ordenada y vinculada, sometida a la Constitución y a nuestro ordenamiento jurídico; es súbdito de los ciudadanos porque, precisamente, nuestra Constitución reconoce claramente que la soberanía nacional reside única y exclusivamente en el pueblo español; y es súbdito del país porque ha entregado estos 40 años de su vida a la defensa de los intereses del país tanto en el ámbito interno como en el externo, y ahí hemos tenido, tenemos al mejor embajador que nunca nunca jamás haya tenido España.
Por lo tanto, a mi juicio, todos estos aspectos y muchos otros más son más que suficientes para este reconocimiento que la gran mayoría de esta Cámara hoy hace —estoy seguro— a su majestad el rey Juan Carlos I.
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Además, en este mismo momento queremos hacer también una declaración clara y rotunda de lealtad a la institución monárquica en la figura del próximo rey Felipe VI. No tenemos ningún tipo de duda de que su capacidad, su preparación, total y absolutamente acreditada, son la mejor garantía que tenemos para el futuro de este país. La mejor garantía está precisamente en la continuidad de la monarquía parlamentaria.
La monarquía parlamentaria ha demostrado que tiene capacidad de dar estabilidad, de aislar de los debates partidistas, y eso es una pieza clave, una pieza fundamental precisamente para la garantía del futuro de las distintas instituciones. (Rumores). Y si me apuran, todavía cobra más importancia en un momento como el actual, de una fuerte crisis económica.
El señor BARREIRO FERNÁNDEZ: Precisamente en un momento en el que estamos viendo síntomas de recuperación económica, es fundamental mantener la estabilidad del país, y la vía para mantener la estabilidad institucional desde nuestro punto de vista es a través de la institución de la monarquía.
Por eso, en este momento coincido con el senador Iglesias en que vamos a aceptar la abdicación del rey. Estamos haciendo un ejercicio de normalidad democrática, pero además creo que con este mismo acto estamos refrendando una vez más el pacto constitucional. Y esto es una clave fundamental, ha sido una clave fundamental en todo este proceso histórico, pero es una clave fundamental para la garantía del futuro del país. Por eso también el orgullo al que hacía referencia se ve incrementado cuando a través de este debate podemos comprobar que sigue plenamente vigente el consenso constitucional, que sigue plenamente vigente el pacto constitucional; que, efectivamente, solo hay un camino, y el camino lo marca la ley, el camino lo marca la Constitución; y dentro de ese camino, caben todas las alternativas, fuera de ese camino no cabe ninguna alternativa.
Decía un premio Nobel de Economía pero que fue un gran constitucionalista, James Buchanan, que en todo juego, más importante que los jugadores son las reglas de juego. Pues bien, en el juego democrático tiene total y absolutamente razón Buchanan: lo importante es el respeto a las reglas de juego, y las reglas de juego vienen dadas, precisamente, por el pacto constitucional. Y ahí podemos discutir de todo, no es el momento hoy, pero podemos hablar de todo: podemos hablar de debates territoriales, podemos hablar de modelos de financiación, podemos hablar de muchas cuestiones, pero siempre, siempre que lo hagamos dentro del respeto a ese marco. Y ese marco es el único, el único, señor Cleries, que no delimita, sino que apoya y refuerza el diálogo al que usted hace referencia. Dentro de ese esquema de juego, todo el diálogo posible; fuera de ese esquema de juego, ya nos explicará usted qué es lo que tenemos que dialogar, qué es lo que podemos dialogar. Por lo tanto, una vez más, este grupo parlamentario y este partido político reivindican ese pacto constitucional y hacen, precisamente, un ejercicio de responsabilidad, igual que otras fuerzas políticas, a la hora de plantearlo de nuevo.
Y termino, señorías, con la expresión inequívoca y rotunda de nuestro grupo parlamentario en el refrendo: el compromiso con la Constitución, el compromiso con el pacto constitucional, el compromiso con la monarquía parlamentaria, el compromiso, en definitiva, con el futuro del país. Este país ha soñado durante muchos años con tener una democracia moderna, y hoy, hoy estamos escribiendo una nueva página en la historia del país, una nueva página que nos permite reconocer el cumplimiento de este sueño, pero sobre todo, lo más importante, es que nos da la garantía de que va a continuar en el futuro.
Llamen a votación. (Pausa).
Cierren las puertas.
Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas de veto.
Les recuerdo que para la aprobación de dichas propuestas de veto se requiere la mayoría absoluta de los senadores que en este momento componen la Cámara. La Cámara está compuesta por 266 senadores, luego la mayoría absoluta es de 134.
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Les informo también que ha habido autorización de la votación telemática por parte de la senadora María Belén Ibarz, del Grupo Parlamentario Popular. La senadora ha emitido su voto en las tres propuestas de veto, en los tres casos en sentido contrario a las propuestas de veto. Como de costumbre, añadiré este voto a la votación que realicemos ahora en el hemiciclo.
Comenzamos por tanto votando la propuesta de veto número 1, de los senadores Mariscal e Iglesias, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 258 más 1 voto telemático, 259; votos emitidos, 257 más 1 voto telemático, 258; a favor, 5; en contra, 234 más 1 telemático, 235; abstenciones, 18.
Votamos a continuación la propuesta de veto número 2, de la senadora Capella, del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 258 más 1 voto telemático, 259; votos emitidos, 258 más 1 voto telemático, 259; a favor, 5; en contra, 235 más 1 telemático, 236; abstenciones, 18.
Votamos finalmente la propuesta de veto número 3, de los senadores Guillot y Saura, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Por lo tanto, señorías, una vez rechazadas las propuestas de veto, sometemos a votación el texto del proyecto de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 258; votos emitidos, 258; a favor, 233; en contra, 5; abstenciones, 20.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, señorías, queda aprobado definitivamente por las Cortes Generales el Proyecto de ley Orgánica por la que se hace efectiva la abdicación de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I de Borbón. (Fuertes y prolongados aplausos de los señores senadores del Grupo Parlamentario Popular, puestos en pie).
Eran las dieciocho horas y cincuenta minutos.

References: artículo 135
 artículo 57
 artículo 135
 artículo 92
 artículo 135
 artículo 57
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 56
 artículo 57