Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teaf-navarra-990887-01-07-2003-106871
Timestamp: 2019-09-22 03:49:04+00:00

Document:
Resolución de TEAF Navarra, 990887, 01-07-2003 | Iberley
Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 990887 de 01 de Julio de 2003
Núm. Resolución: 990887
Se solicita sea declarada la nulidad de sanción impuesta por utilización de gasóleo no autorizado, debido a varios vicios procedimentales y a que en dicho momento se encontraba realizando actividad relacionada con la ganadería. Se desestima el recurso. La posibilidad de efectuar un segundo análisis de las muestras queda a petición del interesado, que no solicitó, no siendo válida la alegación de desconocimiento del resultado del primero, pues perfectamente pudo conocerlo y no lo hizo. Se presumen veraces las actuaciones de los agentes en cuanto a formalización de la denuncia. Para que proceda dicha utilización es necesario el uso del vehículo en ganadería, no en labores ganaderas que no estén directamente conectadas con la crianza, granjería o tráfico de ganados. Al no haber conexión entre la actividad presuntamente desarrollada de construcción y desescombro de nave ganadera, y la ganadería, se confirma la resolución impugnada.
Empleo de los vehículos en ganadería para la utilización de gasóleo bonificado.
PRIMERO.- Mediante acta de denuncia número (...) suscrita por parte de la Comandancia de Navarra de la Guardia Civil, Unidad Fiscal 2ª Compañía (...), se constata que por el vehículo Tractor Fiat, matrícula (...), de titularidad del reclamante, se estaba utilizando gasóleo tipo B.
SEGUNDO.- Habiéndose ofrecido al interesado el correspondiente trámite de alegaciones, el procedimiento administrativo culminó con la imposición de sanción, mediante Resolución del Jefe de la Sección de Impuestos Especiales, sobre Primas de Seguros y Tasas, de (?) de noviembre de 1999, por entender que con la comisión de dicha conducta se habría producido infracción de la normativa vigente en materia de Impuestos Especiales, ya que el vehículo citado en el expositivo anterior no está autorizado a utilizar ese tipo de combustible en las circunstancias que se describen en el acta de denuncia.
TERCERO.- Y contra dicho acto administrativo viene ahora el interesado a interponer reclamación económico-administrativa ante este Tribunal mediante escrito con fecha de entrada en los registros de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de (...) de diciembre de 1999, señalando que la Resolución impugnada incurre en una serie de vicios procedimentales que la hacen nula, por haberse causado indefensión al sujeto pasivo; que si bien el interesado no manifestó disconformidad respecto de la clase y características del producto que utilizó como combustible, se extrajeron muestras de cuyo análisis no se ha dado audiencia al interesado, con lo que tampoco habría podido solicitar los pertinentes análisis contradictorios si así lo hubiera estimado oportuno; que la toma de muestras fue de todo punto arbitraria y ha causado retraso en la tramitación del expediente; que la denuncia no se redactó en el lugar y hora señalado en la misma, de modo que no se remitió al Jefe de la Oficina gestora en el mismo día o en el más próximo si ello no fuera posible, como preceptúa la normativa vigente; que la actividad llevada a cabo con el tractor del caso ha de reputarse como relacionada con la ganadería, puesto que se trató de labores de construcción y desescombro de nave ganadera. Por todo ello, solicita sea declarada la nulidad de Resolución impugnada.
SEGUNDO.- Denuncia, en primer lugar, el interesado que se hace constar en la denuncia la recogida de tres muestras de 0,5 litros del carburante empleado, cuando lo cierto es que el denunciado no discutió en ningún momento la clase combustible que estaba empleando en su tractor. Pues bien: aun cuando el artículo 121.e) del Reglamento de los Impuestos Especiales prevea que la toma de muestras se realizará necesariamente (y se hará constar en la diligencia de denuncia) en el caso de que el interesado mostrara su disconformidad respecto de la clase y características del producto reseñadas en la diligencia, el hecho cierto es que nada impide que dicha toma de muestras se realice aun cuando el interesado no discuta cuál es el combustible empleado. Es más: ello añade un plus de garantía jurídica para el interesado en cuanto a la composición y características del producto empleado. Por ello, extraña la sorpresa y la indignación del reclamante (que tacha tal actuación de arbitraria y de simple causante de demora en el expediente), cuando lo cierto es que se trata de una actuación que vendría a reforzar sus posibilidades de defensa, caso de que se descubriese en el análisis que no se estaba empleando gasóleo bonificado.
TERCERO.- Alega el interesado que aun cuando no se solicitó la práctica de los mencionados análisis sobre las muestras extraídas, lo cierto es que ha carecido del oportuno trámite de audiencia respecto de las mismas al objeto de solicitar los análisis contradictorios si así se estimaba oportuno, con lo que se ha causado indefensión. Pues bien: aun cuando ciertamente dicho trámite de audiencia resulta innecesario en el caso (el reclamante no niega en ningún momento haber utilizado gasóleo bonificado, con lo que es absurdo que reclame el resultado de los análisis), sucede que en el Acuerdo de incoación del expediente sancionador (adoptado el (?) de septiembre de 1999 y notificado al interesado en la persona de su suegra el día (?) de septiembre de 1999) se le informa al ahora reclamante de que ?se le pone de manifiesto el expediente, comunicándole que dispone de un período de quince días hábiles, a contar desde el siguiente a esta notificación, para formular las alegaciones que considere pertinentes así como presentar los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunos?. Así que el interesado tuvo la oportunidad de examinar por completo el expediente que se le incoó con el fin de determinar su responsabilidad, expediente en el que figura el resultado de los análisis practicados, con lo que no puede tacharse de incorrecta la actuación administrativa.
CUARTO.- Parece denunciarse veladamente que el interesado no contó con la posibilidad de efectuar un segundo análisis de las muestras extraídas. Frente a esta alegación, ha de indicarse que era facultad del interesado la de pedir un segundo análisis, lo que en ningún momento se pidió. Y no puede alegar el interesado que no pidió ese segundo análisis por desconocimiento del resultado del primero, puesto que, como ya se ha dicho con anterioridad, perfectamente pudo conocerlo y no lo hizo. En efecto: la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Granada de 3 de enero de 2000 recoge el contenido de la Orden de 4 de septiembre de 1985, sobre análisis y emisión de dictámenes por los laboratorios de aduanas, cuyo artículo 4, apartados 2, 3 y 4 dispone lo siguiente:
?2. Si el interesado no estuviese conforme con el resultado del análisis del Laboratorio, podrá solicitar por escrito, en el plazo de un mes a partir de su notificación, un segundo análisis a los Servicios de Aduanas e Impuestos Especiales que dispusieron el primer análisis, en la forma que se determine reglamentariamente.
3. Siempre que lo estime necesario, los Servicios de Aduanas e Impuestos Especiales podrán solicitar ampliación del dictamen emitido por el Laboratorio o la práctica de un segundo análisis. En todo caso, deberán solicitar un segundo análisis cuando en el aludido dictamen se aprecie la existencia de algún error en la toma de muestras o en el etiquetado de las mismas.
4. El acuerdo de la práctica de un segundo análisis a instancia del interesado corresponderá al Director general de Aduanas e Impuestos Especiales o funcionario en que delegue, quien decidirá discrecionalmente, a la vista de los justificantes presentados. De ser negativo el acuerdo adoptado, habrá de ser motivado?.
Como puede verse, además, perfectamente podía haber sido denegada la práctica de ese segundo análisis, ya que por el conductor del vehículo se había reconocido expresamente el repostaje del vehículo con gasóleo bonificado, de lo que tampoco hubiera derivado indefensión para el interesado, como bien argumenta la Sentencia citada.
QUINTO.- Señala el reclamante que se negó a firmar el acta de denuncia porque no se redactó en el lugar y hora en que dicha denuncia se produjo. Pues bien: aparte de no haber quedado acreditado tal extremo (y en este punto habrá de estarse a la presunción de veracidad que acompaña a las actuaciones de los funcionarios y agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones), tampoco ello, de ser cierto, tendría mayor trascendencia, puesto que con la redacción en momento posterior de la denuncia lo único que se hace es recoger los hechos y circunstancias conocidos por los agentes de la autoridad, aprovechando, por otro lado, medios técnicos (mecanográficos o informáticos) que permitan que los documentos redactados sean perfectamente legibles.
SEXTO.- Además, se dice que tampoco se respetó en el caso el contenido del párrafo final del artículo 121.2 del Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, en el sentido de no haberse remitido el acta de denuncia al jefe de la oficina gestora en el mismo día de la denuncia, o en el más próximo si ello no fuere posible. Pues bien: consta en el expediente que habiéndose formulado la denuncia el día (?) de julio de 1999, el acta de denuncia tuvo entrada en la Oficina Gestora de los Impuestos Especiales el día (?) de julio de 1999, por lo que no puede reputarse que haya habido contravención de la norma. Distinto es que el expediente sancionador se haya incoado algún tiempo después (concretamente, con la notificación del Acuerdo de incoación del expediente al que antes se ha hecho alusión), pero, desde luego, ninguna anomalía se detecta en relación con esta fase del expediente sancionador.
SÉPTIMO.- Y entrando ya en el examen de los hechos acaecidos y de la infracción que al reclamante se le imputa, hay que indicar que desde su redacción original y pasando por las sucesivas modificaciones que ha venido padeciendo, el artículo 54.2 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, ha venido exigiendo para la utilización de gasóleo bonificado en el ámbito de la agricultura y ganadería la concurrencia de dos requisitos: su empleo en tractores y maquinaria agrícola y la realización con dichos artefactos de tareas agrícolas y ganaderas. Así, dicho precepto, en su redacción original hablaba de ?los motores de tractores y maquinaria utilizados en agricultura, incluida la horticultura, ganadería y silvicultura?. A partir de la modificación operada en dicho precepto por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, se autorizó la utilización de gasóleo bonificado a ?los motores de tractores y maquinaria agrícola utilizados en agricultura, incluida la horticultura, ganadería y silvicultura?, redacción que permaneció tras la entrada en vigor de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Véase que las normas ni siquiera hablan de labores o tareas agrícolas y ganaderas como hemos llegado a decir en un principio, sino que se refieren lisa y llanamente a empleo o utilización de tractores y maquinaria agrícola en agricultura y ganadería. Y de conformidad con lo que dice el Diccionario de la Real Academia Española, ganadería no es ni más ni menos que la ?crianza, granjería o tráfico de ganados?, sin que puedan acogerse bajo esta denominación tareas que no estén directamente conectadas con aquellas a las que alude la Real Academia. Es más: cuando el legislador concede la autorización para la utilización de gasóleo bonificado está pensando en beneficiar estrictamente a la agricultura y a la ganadería; si hubiera querido otra cosa hubiera reflejado legalmente la autorización de utilización de gasóleo bonificado para aquellas otras tareas que se hallasen indirectamente conectadas con la crianza, engorde, reproducción, etc. del ganado. De la misma opinión es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Sevilla, quien en su Sentencia de 16 de febrero de 2000 dice lo siguiente (si bien lo hace en el estricto ámbito agrícola): ?La conservación de los canales, desagües y carreteras de las tierras de arrozal no pueden considerarse que constituyan uso agrícola, pues, como dice el señor Abogado del Estado, estaríamos extendiendo el concepto de uso agrícola más allá de lo que es propio. Llega a decir que la producción de tractores, dado que éstos sólo se usan en agricultura, también sería un uso agrícola a los efectos de consumo de gasóleo ?B?. No podemos, por una parte, interpretar extensivamente las exenciones tributarias y, de otra, no alterar la naturaleza de la actividad agrícola hasta el punto de llevarla a conclusiones absurdas. Las normas exigen no sólo una interpretación jurídica, sino que dicha interpretación nos lleve a una solución razonable del problema examinado, sin que en ningún supuesto podamos caer en el absurdo, lo que ocurriría de considerar uso agrícola el gasóleo ?B? consumido por la maquinaria que arregla los caminos de tierra de los arrozales, o que también pueda usar gasóleo ?B? el camión del distribuidor de abonos que suministre los mismos a los socios de la Comunidad de Regantes actora?.
En conclusión: por un lado, la Guardia Civil en su denuncia afirma que ésta se produjo cuando el tractor ?se encontraba realizando trabajos relacionados con la construcción de una vivienda de su propiedad (?) manifestando el conductor citado anteriormente que al tratarse de una vivienda familiar y realizar un trabajo aproximado de una hora diaria, no se iba a dedicar a cambiar el carburante puesto que realiza habitualmente trabajos agrícolas?. A lo anterior se limita el reclamante a oponer genéricas afirmaciones acerca de la falsedad de lo consignado en dicha acta de denuncia, pero sin aportar pruebas concluyentes que pudieran llevarnos a la conclusión de que, en efecto, las cosas no habían sucedido tal y como lo expone la Guardia Civil en su acta de denuncia. En vista de que las afirmaciones de los agentes de la autoridad se ven amparadas por la presunción de veracidad y de que el interesado no aporta pruebas concluyentes en contra ha de estarse a que el tractor se dedicó a la realización de labores que evidentemente nada tenían que ver con la ganadería. Es más: aun cuando llegase a admitirse que el interesado se hallaba desescombrando los restos de una antigua cuadra en ruinas, tampoco podríamos admitir que ello constituyese labor agrícola o ganadera, puesto que, parafraseando la Sentencia antes transcrita, la admisión de la premisa anterior nos habría de conducir al absurdo de admitir también, por ejemplo, la utilización de gasóleo bonificado en un camión dedicado a dichas labores de desescombro.
Y, en consecuencia, este Tribunal, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda desestimar la reclamación económico-administrativa interpuesta por don (?) contra Resolución del Jefe de la Sección de Impuestos Especiales, sobre Primas de Seguros y Tasas, de (?) de noviembre de 1999, por la que vino a imponerse sanción de 300.000 pesetas y precintado e inmovilización del vehículo Tractor Fiat, matrícula (...), por un período de dos meses, confirmándose dicha Resolución en sus propios términos.
Sentencia Administrativo Nº 382/2004, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 603/2001, 23-04-2004
Orden: Administrativo Fecha: 23/04/2004 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Zarzalejos Burguillo, Jose Ignacio Num. Sentencia: 382/2004 Num. Recurso: 603/2001
Resolución de TEAF Navarra, 010236, 14-05-2004

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 121
 artículo 4
 artículo 121
 Real Decreto 
 artículo 54
 Resolución 
 Resolución 

Resolución