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Timestamp: 2017-08-20 07:44:57+00:00

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Existe responsabilidad civil del Ministerio de Defensa por los 4 miembros del Ejército ahogados en el mar de Madgalena
(Aeronoticias) Cuatro soldados y miembros del Ejército Peruano fallecieron y cuatro quedaron heridos, durante un entrenamiento realizado en la playa Marbella en el distrito de Magdalena del Mar.
Los miembros del Ejército fallecidos tenían entre 18 - 21 años y estaban preparándose para realizar ejercicios dentro del mar, cuando fueron arrastrados por una fuerte ola.
Una vez dada la voz de alerta, personal del Ejército, Bomberos y de la Policía de Salvataje llegaron con motos acuáticas, inclusive un helicóptero para asistir a quienes aún faltaban rescatar.
Los fallecidos son Miguel Angel León Lamas, Percy León Gálvez Pareja, Bryan Lizana Chávez y Percy Huangal Alvarado.
Julián Palacin Fernández, candidato al Decanato del Colegio de Abogados de Lima (CAL) 2018-2019, expresó que "debemos recordar que en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima promovemos y defendemos la justicia y el derecho como supremo valores, y defendemos y difundimos los derechos humanos; en consecuencia soy de la opinión que existe responsabilidad civil del Ministerio de Defensa en estas injustas muertes, en razón a que el hecho dañoso ha lesionado a los herederos de estos miembros del Ejército, en consecuencia el Derecho se pregunta ¿si es justo que el daño quede a cargo de las familias o si por el contrario se deben desplazar las consecuencias económicas al Ministerio de Defensa?".
"Si estas muertes no son justas, se impone la obligación de responder, la razón por la cual se produce tal desplazamiento y es lo que denominamos factor de atribución, porque fue un representante del Ministerio de Defensa, en este caso, el Mayor Ejército Kliford Sánchez Rey, del Batallón de Intendencia 511, quien les ordenó ingresar al mar con uniforme y botas, en una zona señalizada como “no apta para nadar” y menos para realizar ejercicios militares por el peligroso oleaje".
La muerte de estos jóvenes cadetes que ha conmocionado a nuestra sociedad, nos lleva a considerar la resarcibilidad del daño, por lo que deberemos establecer en qué condiciones, este menoscabo debe ser calificado como daño resarcible que genera la obligación de indemnizar a los herederos de los cadetes, y para ello debemos precisar el criterio sobre el cual este daño debe ser considerado como “daño jurídico”, afirmó Julián Palacin.
Además dijo, "La responsabilidad civil en concreto es el hecho derivado del comportamiento antijurídico y culpable inexcusable del Jefe de mando del Batallón de Intendencia 511 del Cuartel de Pueblo Libre, Kliford Sánchez Rey; que obliga al Ministerio de Defensa a indemnizar a los herederos de los miembros del Ejército, en aplicación al Artículo 1969 del Código Civil".
"Debemos recordar, que existe responsabilidad por el hecho de otro, es decir, “el Artículo 1981 del Código Civil sobre responsabilidad originada por un subordinado dice que “aquel que tenga bajo sus órdenes, responde por el daño causado por este último, si este daño se realizó en el ejercicio de cargo o en cumplimiento del servicio respectivo. El autor directo y el autor indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria".
Julián Palacin dijo, "en consecuencia, soy de la opinión jurídica que se dan los presupuestos del deber de reparar, la antijuridicidad, no existe causales de justificación, hay imputación, relación causal, dolo o culpa, daño resarcible y daño moral y el Ministerio de Defensa es responsable del hecho de sus dependientes, en este caso la decisión grave del Mayor del Ejército (EP) Kliford Sánchez Rey, de ordenar el ingreso al mar de soldados que no sabían nadar y con botas, ya que esto se configura como culpa inexcusable, es decir, el comportamiento negligente que obligaba al dependiente del Ministerio de Defensa, Mayor Kliford Sánchez Rey, a enviar a la muerte a esos 4 soldados, es decir, a obligarlos a ingresar al mar con conocimiento de que no sabían nadar y en un oleaje que no era apto para ingresar, según la Municipalidad de Magdalena del Mar".
"Como abogados defensores de esta causa por la justicia, exigiremos al Ministerio de Defensa una indemnización por daño moral, lucro cesante y daño emergente en favor de los herederos de estos 4 soldados de la patria que viajaron al cielo y que exigen justicia para sentar un precedente, para que nunca más se den órdenes con culpa inexcusable que originen la muerte de más jóvenes de nuestro valeroso Ejército Peruano".
Por último dijo que, "los abogados del Bicentenario e Ilustre Colegio de Abogados de Lima (CAL), fundado en 1804 al servicio de las causas justas de la República, nos ponemos de pie en defensa de los herederos de los soldados del Ejército Peruano fallecidos y defenderemos esta causa justa de la Nación peruana".
Ministerio de Justicia debe denunciar a abogados sancionados que ejercen ilegalmente la profesión
(Aeronoticias) La promulgación del Decreto Legislativo 1265 que creó el Registro Nacional de Abogados Sancionados, que en el Perú nos ha permitido conocer los nombres de los letrados que han sido sancionados por sus Colegios de Abogados con suspensión o expulsión por mala práctica profesional.
La sociedad y los agraviados de estos malos profesionales pueden ahora recabar las pruebas y denunciarlos cuando estén ejerciendo ilegalmente la profesión de abogado y la Ministra de Justicia tendrá que ordenarle al Procurador del Ministerio de Justicia que realice la denuncia por ejercicio ilegal de la profesión Artículo 263 del Código Penal que dice lo siguiente: “el que ejerce profesión sin reunir los requisitos legales requeridos será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años", es decir, los abogados sancionados inscritos en el Registro del Ministerio de Justicia no reúnen los requisitos legales para ejercer lícitamente la profesión y si lo hacen el Procurador del Ministerio de Justicia debe denunciarlos penalmente.
Ministerio de Justicia publicó sanciones hasta fines del 2020 contra Víctor Girao Alatrista
(Aeronoticias) El Ministerio de Justicia de la República del Perú publicó en el Registro Nacional de Abogados Sancionados por mala práctica profesional, la inhabilitación profesional que tiene en todo el territorio nacional el abogado Víctor Octavio Girao Alatrista, Registro del Colegio de Abogados de Lima N° 32825, Registro del Colegio de Abogados del Callao N° 7591 y Registro del Colegio de Abogados de Huancavelica N° 234.
Este abogado sancionado en agravio de los ciudadanos Pablo Castillo Bardales (2 años) y July García Paredes (5años), estaba suspendido para ejercer la profesión desde el 2015 hasta el 2020, sin embargo burlándose de los Colegios de Abogados del Perú, seguía ejerciendo como abogado de Antauro Humala en la Corte Suprema y en la Cuarta Sala Penal de Reos en el Expediente 27683-2012, en donde fue condenado a 1 año de cárcel por difamación agravada en agravio de la Sra. July García Paredes, en donde le ordenaron una reparación civil de 50 mil nuevos soles, que hasta ahora no paga.
Los agraviados de este abogado sancionado, se dirigieron al Presidente de la Cuarta Sala Penal de Reos de Lima y le anexaron el Registro Oficial del Ministerio de Justicia, en donde se certifica que Víctor Octavio Girao Alatrista estaba impedido de ejercer la profesión de abogado en todo el territorio nacional entre el 2015 y 2020, sin embargo ha venido ejerciendo, por lo que se ha solicitado que se informe al Procurador del Poder Judicial, en razón a que los abogados sancionados que ejerzan la profesión podrían incurrir en ejercicio ilegal de la profesión, delito tipificado en el Artículo 363 del Código Penal.
Dirección de Ética del CAL omite informar al Ministerio de Justicia el caso más grave de un abogado sancionado 5 años
(Aeronoticias) La Dirección de Ética del Colegio de Abogados de Lima (CAL) a cargo de la abogada Irma Alejandra Carrasco Vera, incumpliendo el Decreto Legislativo 1265, su Reglamento y la Resolución Ministerial 0092-2017-JUS, que la obliga a informar al Ministerio de Justicia la nómina de los abogados que tienen sanción vigente para que sean escritos en el Registro Nacional de Abogados Sancionados del Ministerio de Justicia, no ha informado las Resoluciones del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Lima Exp. 155-2012 de setiembre del 2015, que sanciona a Víctor Girao Alatrista por 5 años hasta el 22/10/2020 y la Resolución 269-2012 de octubre del 2015, que sanciona al mismo abogado hasta noviembre del 2017, es decir, este caso que es el más grave en la historia de la abogacía peruana, ya que está precedido de resoluciones de expulsión, de suspensión, de sanciones del Colegio de Abogados del Callao, dentro de un contexto en que el mencionado abogado luego que lo sancionara el CAL, se incorporó al Colegio de Abogados del Callao con Registro CAL 7591 y cuando lo sanciona el Colegio de Abogados del Callao, se incorpora al Colegio de Abogados de Huancavelica “extrañamente no habría sido informado” por la Directora de Ética Profesional del CAL en la relación de los primeros 17 abogados que enviaron al Ministerio de Justicia.
Es preocupante que el 01/06/2017 en la Cuarta Sala Penal de Lima en el Exp. 27683, este abogado se presente como abogado habilitado estando suspendido en todo el territorio nacional, y la agraviada la Sra. July García Paredes, quien lo denunció expresó que el 34º Juzgado Penal lo condenó a 1 año de cárcel y apeló simulando estar habilitado, estando suspendido en todo el territorio nacional y esto ocurre porque precisamente la Dirección de Ética Profesional del CAL no cumplió con la obligación estatutaria con el Decreto Legislativo 1265 y su Reglamento.
La agraviada, July García Paredes a través de su abogado, se dirigió al Decano del CAL, Pedro Angulo Arana, para que se corrija esta omisión de una obligación tan elemental de la Dirección de Ética Profesional de informar al Ministerio de Justicia la nómina de los abogados que tienen sanción vigente y este es un síntoma ético preocupante que se tendrá que corregir, ya que se han comunicado sanciones de multa y de suspensiones leves de 17 abogados, pero la más grave de todas se ha omitido y el Decano del CAL no lo debe permitir.
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References: Artículo 1969
 Artículo 1981
 Artículo 263
 Artículo 363
 Resolución 
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