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Timestamp: 2018-11-20 16:09:06+00:00

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﻿ Sentencia 40596 de junio 20 de 2012
SENTENCIA 40596 DE 20 DE JUNIO DE 2012
CONTENIDO:SI EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO NO MODIFICA SU NATURALEZA JURÍDICA, SUS SERVIDORES CONTINÚAN SIENDO EMPLEADOS PÚBLICOS . SI EL ESTABLECIMIENTO PÚBLICO NO SE TRANSFORMÓ EN UN UNA SOCIEDAD POR ACCIONES O EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO, BAJO LO ORDENADO POR LAS LEYES 142 DE 1994 Y 286 DE 1996, SUS SERVIDORES CONSERVAN EL ESTATUS DE EMPLEADOS PÚBLICOS, A MENOS QUE DEMUESTREN SU DEDICACIÓN AL SOSTENIMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS, LO CUAL IMPLICARÍA QUE SON TRABAJADORES OFICIALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:TRABAJADOR OFICIAL, EMPLEADO PÚBLICO, ESTABLECIMIENTO PÚBLICO
Sentencia 40596 de junio 20 de 2012
Rad. 40596
Lo interpuso el demandante y con él pretende de la Corte que case la sentencia del tribunal para que, en sede de instancia, revoque la del juzgado y acceda a las pretensiones plasmadas en la demanda.
Con esa intención propuso tres cargos, que fueron replicados.
Acusa a la sentencia del tribunal de violar por la vía indirecta, por aplicación indebida, los artículos 2º de la Ley 286 de 1996; 17 y 41 de la Ley 142 de 1994; 1º, 2º, 3º, 18 y 20 del Decreto 2127 de 1945; 81 del Decreto 222 de 1983; 42 y 292 del Decreto 1333 de 1986; 5º del Decreto 1848 de 1969; 1º del Decreto 797 de 1949; 1º y 17 de la Ley 6ª de 1945; 1º, 2º y 3º de la Ley 244 de 1995; 1º de la Ley 52 de 1975; 5º y 14 del Decreto 3135 de 1968; 2º y 5º del Decreto 1045 de 1978; y la Ley 11 de 1986.
Dice que el ad quem apreció erróneamente los acuerdos 11 de 1972 (fls. 36 a 41) y 36 de 2004 (fls. 42 a 49), la Resolución 91 de 14 de mayo de 1994 (fl. 59), la certificación de las funciones ejercidas por el demandante (fls. 15 a 17), las declaraciones de Edgar Pulecio Rivas (fls. 158 y 159) y el interrogatorio que a instancia de parte absolvió el demandante (fls. 123 y 124).
Arguye que ese juzgador no apreció la confesión del representante legal (fl. 124), la inspección judicial (fl. 172), la comunicación de 5 de enero de 2005 (fl. 63), la Resolución 192 de 30 de septiembre de 2005 (fl. 82), el Decreto 80 de 30 de diciembre de 2004 (fl. 50), la Resolución 405 de 1996 (fl. 57) y la Resolución 015-06 de 20 de febrero de 2006 (fl. 94).
“1. No dar por demostrado, estándolo, que lo que verdaderamente ligó a las partes en conflicto fue un contrato de trabajo.
2. No dar por establecido aún estando comprobado que las labores de “celador”, que desempeñó el demandante lo eran para mantenimiento y sostenimiento de obra pública.
3. Dar por demostrado, contra toda evidencia, que la demandada es un establecimiento público y no dar por demostrado que es una empresa industrial y comercial del estado.
4. No dar por probado estándolo que el demandante tuvo la calidad de trabajador oficial”.
“5. No dar por demostrado, que las labores de celaduría y matarife que desarrolló el demandante en la plaza de mercado mayorista y minorista, en la plaza galería y el servicio de matadero o degüelle de ganado mayor y menor, eran en obras públicas, así acreditado en los autos.
6. No dar por demostrado, estándolo, que el demandante estuvo vinculado como obrero celador en obras públicas municipales”.
Para su demostración asevera que el ad quem se basó en los actos administrativos antes relacionados, que fueron mal valorados por ese juzgador, para concluir que la demandada era un establecimiento público, pero que los artículos 2º de la Ley 286 de 1996 y 17 parágrafo 1º de la Ley 142 de 1994 determinan que las empresas que prestaban servicios públicos serían sociedades por acciones, excepto las descentralizadas de cualquier nivel que no queriéndolo debían transformarse en industriales y comerciales del Estado, lo que ocurrió en este caso el 11 de enero de 1996 por ministerio de la ley.
Copia lo que asentó el representante legal de la demandada en el interrogatorio que a instancia de parte absolvió (fl. 124), y añade que la demandada era una empresa industrial y comercial del Estado, porque fue creada para “prestación de servicio telefónico y similares, prestación de los servicios de matadero y pabellón de carnes y plazas de mercado, así como los demás que se le adscriban en el futuro” (fls. 36 a 41) y, por tanto, sometida al régimen de la Ley 142 de 1994, artículo 1º.
Transcribe los artículos 304 del Acto Legislativo 1 de 1986, 81 del Decreto 222 de 1983, 5º del Decreto 3135 de 1968, para indicar que los trabajadores oficiales se vinculan a la administración mediante contrato de trabajo, según los artículos 1º y 4º del Decreto 2127 de 1945, y que el término “Empresas” significa mercantil, con ánimo de lucro, como arrendar localidades y pabellones de plaza de mercado, cobrar por el sacrificio de ganado, prestar servicios públicos de mataderos, mercados, etc., mediante tarifas fijadas y reguladas por el gobierno, por lo que siempre mantuvo, sostuvo y construyó obras públicas y prestó servicios públicos esenciales, por lo que sus servidores fueron trabajadores oficiales.
Sostiene que en el cargo brilla por su ausencia la indicación de la correcta inteligencia de los medios probatorios calificados que afirma el recurrente fueron analizados con error, y su incidencia en la conclusión del tribunal, puesto que solo se ocupa de los textos de los acuerdos 11 de 1972 y 376 de 2004 y el Decreto 380 de 2004, sin evidenciarse que ellos expresen algo distinto de lo que dedujo ese juzgador, por lo que el ataque debe desestimarse.
El tribunal tomó en cuenta, para negar las pretensiones, que el cargo desempeñado por el demandante era de celador y que sus funciones no corresponden a la excepción señalada, de trabajador oficial, por no corresponder a mantenimiento de la planta física, puesto que por mantenimiento se entienden las actividades de conservación de la obra o que impliquen mantenerla en condiciones aptas para su uso, para lo cual se apoyó en la sentencia de esta Sala de la Corte de 29 de enero de 1998, Radicación 10132.
Esas reflexiones no son controvertidas en el ataque, pues, por el contrario, el impugnante despliega toda su atención en tratar de demostrar que el cargo de “celador”, que desempeñó al final de su vinculación, correspondía a la calidad de trabajador oficial, por estimar que el ad quem se equivocó en su análisis de la calidad jurídica de la demandada, al no tomar en cuenta que los acuerdos 11 de 1972 y 36 de 2004 perdieron vigencia, porque esa entidad debió transformarse “en empresa industrial y comercial del orden territorial desde el 11 de enero de 1996”, lo cual constituye una alegación jurídica que no es de recibo en un ataque planteado por la vía de los hechos, como aquí sucede.
El impugnante, para acreditar los supuestos errores de hecho, relaciona cada una de las pruebas que, a su juicio, fueron erróneamente apreciadas o no valoradas por el juzgador. Sin embargo, era necesario que explicara, de manera clara y precisa, frente a cada una de ellas, qué es lo que en realidad ellas acreditan y de qué manera influyó su falta de valoración o su errada estimación en la decisión acusada, que lo llevaron a dar por probado lo que no está demostrado y a negarle evidencia a lo que en realidad está acreditado en los autos con las pruebas calificadas, es decir, el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección ocular, en conformidad con lo previsto por el artículo 7º de la Ley 16 de 1969.
No se debe olvidar que el recurso extraordinario de casación no otorga a la Corte competencia para juzgar el pleito, en la perspectiva de resolver a cuál de las partes antagonistas le acompaña la razón; desde luego que su misión, a condición de que el recurrente sepa plantear bien la acusación, se circunscribe a enjuiciar la sentencia gravada a efectos de establecer si el juez, al pronunciarla, observó las normas jurídicas que debía aplicar para definir rectamente la controversia jurídica llevada a su examen.
El recurso de casación revela el ejercicio de la más pura dialéctica, en tanto que comporta el enfrentamiento de la sentencia y de la ley. Exige de parte del recurrente una congruente y lógica labor de persuasión, en el propósito de hacerle ver a la Corte que la presunción de legalidad y acierto que ampara a la decisión judicial acusada no deja de ser una simple apariencia o una enunciación formal.
Así las cosas, el cargo carece de vocación de prosperidad en el recurso extraordinario y se desestima.
Acusa a la sentencia del tribunal de violar por la vía directa, por infracción directa, los artículos 2º de la Ley 286 de 1996; 17 y 41 de la Ley 142 de 1994; 1º, 2º, 3º, 18 y 20 del Decreto 2127 de 1945; 81 del Decreto 222 de 1983; 42 y 292 del Decreto 1333 de 1986; 5º del Decreto 1848 de 1969; 1º del Decreto 797 de 1949; 1º y 17 de la Ley 6ª de 1945; 1º, 2º y 3º de la Ley 244 de 1995; 1º de la Ley 52 de 1975; 5º y 14 del Decreto 3135 de 1968; 2º y 5º del Decreto 1045 de 1978 y la Ley 11 de 1986.
Explica que el ad quem quebrantó los artículos 2º de la Ley 286 de 1996 y 17 parágrafo 1º de la Ley 142 de 1994, al dejar de aplicarlos, siendo del caso hacerlo, en razón de que esos preceptos determinaron que las empresas que prestaban servicios públicos serían sociedades por acciones, excepto las descentralizadas de cualquier nivel que no queriendo que su capital esté conformado por acciones, debían transformarse en empresas industriales y comerciales del Estado, para lo cual se les concedió un término que se fijó en 18 meses, contados desde la vigencia de la Ley 142 de 1994, según Diario Oficial 41433 de 11 de julio de 1994, plazo que venció el 11 de enero de 1996.
Reitera que si la entidad demandada estaba obligada por esa normatividad a “adoptar la forma de empresa industrial y comercial del estado”, no existe duda de que adquirió la calidad de trabajador oficial, y transcribe lo que considera que al respecto adoctrinó la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en la sentencia de 19 de febrero de 2008, Radicación 32207.
Sostiene que la normatividad cuya aplicación extraña el censor, parte del supuesto de que la demandada estaba dedicada a prestar servicios públicos, pero soslaya la precisa exigencia de que esos servicios tuvieran carácter domiciliario, a lo cual jamás se dedicó, porque ellos nunca tuvieron esa precisa connotación, por lo cual estima que el cargo no puede prosperar.
El cargo pretende, en esencia, demostrar que el demandante adquirió la calidad de trabajador oficial por no haberse transformado la calidad jurídica de la demandada, de establecimiento público en empresa industrial y comercial del Estado.
No comparte la Corte el razonamiento jurídico del impugnante pues la transformación de la entidad demandada implicaba una modificación del régimen aplicable a sus servidores, los que pasarían a ser trabajadores particulares si eventualmente se hubiera convertido en sociedad por acciones, o en trabajadores oficiales si hubiere mutado a empresa industrial y comercial del Estado. Pero como ello no ocurrió, porque la entidad convocada al proceso siguió siendo establecimiento público mientras transcurría su proceso de liquidación, el régimen aplicable al demandante continuó siendo el mismo, es decir, el de empleado público, toda vez que no demostró que estuviese dedicado a la construcción y sostenimiento de obras públicas para ser tenido como trabajador oficial.
Por ende, si el establecimiento público, denominado Empresas Públicas Municipales de Girardot, no se transformó en sociedad por acciones, ni adoptó la forma de empresa industrial y comercial del Estado, como lo ordenaba el artículo 17 de la Ley 142 de 1994, dentro del plazo previsto por el artículo 2º de la Ley 286 de 1996, al no acoger ninguna de esas dos modalidades para su conversión, sus servidores conservaron el estatus que ostentaban hasta la extinción del lazo jurídico que los vinculaba, puesto que la mutación de ese régimen solo podía producir efectos a partir de la transformación del respectivo establecimiento público, lo cual no ocurrió.
Sin que sea dable derivar de la negligencia en que incurrió la administración municipal, al no acoger el mandato imperioso del artículo 17 de la Ley 142 de 1994 de convertirse en sociedad por acciones o en empresa industrial y comercial del Estado, la consecuencia jurídica de tener al actor como trabajador oficial, lo cual no se da, por ser la ley la que determina la naturaleza de las entidades, en tanto no cumplan las previsiones requeridas de transformaciones, no tendrán esa condición.
Lo anterior, a juicio de la Corte, es suficiente para desestimar el cargo.
Acusa a la sentencia del tribunal de violar por la vía directa, por interpretación errónea, los artículos 2º de la Ley 286 de 1996; 17 y 41 de la Ley 142 de 1994; 1º, 2º, 3º, 18, 20 y 52 del Decreto 2127 de 1945; 81 del Decreto 222 de 1983; 42 y 292 del Decreto 1333 de 1986; 5º del Decreto 1848 de 1969; 1º del Decreto 797 de 1949; 1º y 17 de la Ley 6ª de 1945; 1º, 2º y 3º de la Ley 244 de 1995; 1º de la Ley 152 de 1975; 5º y 14 del Decreto 3135 de 1968; 2º y 5º del Decreto 1045 de 1978; y la Ley 11 de 1986.
Afirma que no cuestiona las conclusiones fácticas del ad quem pero si que este interpretó erróneamente los preceptos enlistados que enseñan cuándo se debe considerar a un servidor como trabajador oficial o empleado público, según desarrolle sus actividades en un establecimiento público, como —dice—, lo enseña la Sentencia C-484-95, cuyo texto reproduce íntegramente, y añade que respecto de la calidad jurídica de las entidades del Estado, la jurisprudencia ha señalado lo que expresa la sentencia de 3 de mayo de 1996, sin identificar el número de radicación ni la corporación que la profirió.
Sostiene que la extensa transcripción parcial de criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional no suplen la clara exigencia de demostrar, como presupuesto para la prosperidad de la acusación, cuál ha sido el entendimiento equivocado del tribunal respecto de la normatividad acusada, y cuál fue el que debió darle, por lo que el ataque debe desestimarse.
El tribunal no interpretó con error las normas enlistadas en la proposición jurídica, toda vez que si la demandada era un establecimiento público del orden municipal, lo cual no es desvirtuado en el ataque, sus servidores tenían la calidad de empleados públicos.
De modo que si el ad quem le atribuyó al demandante la calidad de empleado público, al no haber demostrado este en el proceso que sus funciones estuvieran relacionadas con el sostenimiento de obras públicas, ello está conforme con lo que explicó esta Sala de la Corte en la sentencia de 28 de septiembre de 2010, Radicación 35571, en la que se pronunció como a continuación se transcribe:
“Con todo, la postura de la Sala ante procesos judiciales con perfiles fácticos y jurídicos semejantes al que ahora concita su atención, ha sido pacífica, en señalar que, a partir de la naturaleza de establecimiento público atribuida a la entidad accionada, que el impugnante no cuestiona, las personas que les prestan sus servicios son empleados públicos, con excepción de quienes laboran en actividades de construcción o sostenimiento de obras públicas, sin que sea de la mayor trascendencia que la misma tenga como razón de su existencia, o como una de sus funciones, la construcción o el sostenimiento de obras públicas, puesto que, tratándose de un establecimiento público, es la actividad ejecutada por el servidor oficial el criterio que impera, en aras de dilucidar la naturaleza jurídica de su vinculación”.
De modo que esas reflexiones se adecuan de manera clara al presente asunto, lo que implica que el cargo es infundado y, por ende, no sale avante.
En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Laboral, de fecha 29 de enero de 2009, proferida en el proceso ordinario laboral que Edilberto Gómez Méndez le sigue a Empresas Públicas Municipales de Girardot, en liquidación.
Costas en casación a cargo del recurrente, porque hubo oposición.
Se fijan las agencias en derecho en tres millones de pesos ($3.000.000) moneda corriente.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 17
 artículo 2
 artículo 17