Source: http://docplayer.es/15815770-Acuerdo-por-el-que-se-establecen-las-normas-de-operacion-del-registro-de-servidores-publicos-sancionados.html
Timestamp: 2018-06-22 19:34:05+00:00

Document:
ACUERDO por el que se establecen las normas de operación del registro de servidores públicos sancionados. - PDF
Download "ACUERDO por el que se establecen las normas de operación del registro de servidores públicos sancionados."
Isabel de la Fuente Poblete
1 ACUERDO por el que se establecen las normas de operación del registro de servidores públicos sancionados. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función Pública. EDUARDO ROMERO RAMOS, Secretario de la Función Pública, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 fracciones XVII y XXVI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1 fracciones III y V, 3 fracción III, 24 y 40 párrafos primero, cuarto y quinto de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y 6 fracción I, 38 fracción VII y 44 fracción IX del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, y CONSIDERANDO Que el Plan Nacional de Desarrollo establece como uno de sus propósitos fundamentales, formar un gobierno que sea capaz de simplificar sus procedimientos de trabajo, mediante la utilización de avanzados sistemas administrativos y tecnológicos, con la finalidad de evitar dispendios, elevar su eficiencia y abatir los niveles de corrupción en el país. Que el Registro de Servidores Públicos Sancionados es un instrumento mediante el cual se recaban, integran, inscriben y publicitan los datos de las sanciones impuestas por la Secretaría de la Función Pública, con lo que se evita se contraten o nombren a servidores públicos que se encuentren inhabilitados para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, mismos datos que podrán tomarse en consideración a efecto de determinar, al momento de resolver el procedimiento disciplinario, la reincidencia que, en su caso, haya incurrido algún servidor público en el incumplimiento de sus obligaciones. Que resulta conveniente aprovechar los beneficios que otorga el uso de medios remotos de comunicación electrónica para generar las cédulas de información relativas a los datos de las sanciones que se impongan a los servidores públicos, así como las correspondientes al seguimiento y verificación de los medios de impugnación que hayan hecho valer los sujetos afectados y que refleje la situación jurídica actualizada que guardan las sanciones. De esta forma, la información se almacenará en una base de datos bajo el resguardo de esta dependencia, lo cual permitirá corroborar la efectiva imposición de las sanciones y generar las constancias de inhabilitación, así como las de no existencia de sanciones. Que en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, el Registro podrá ser objeto de consulta por el público en general; lo que de manera coordinada con las acciones antes descritas, conlleva a la conformación de un registro confiable, oportuno y veraz, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente: ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS NORMAS DE OPERACION DEL REGISTRO DE SERVIDORES PUBLICOS SANCIONADOS PRIMERA.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las disposiciones que deberán observar los órganos internos de control en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República, para la integración, operación y actualización del Registro de Servidores Públicos Sancionados, así como las áreas de las propias dependencias y entidades y de la Procuraduría General de la República, responsables de la administración de los recursos humanos, para la consulta y la obtención de las constancias de no inhabilitación y antecedentes de sanciones a servidores públicos. SEGUNDA.- Para los efectos del presente Acuerdo se entenderá por: I. Certificado digital: el medio de identificación electrónica del servidor público que le permite generar su firma electrónica, en sustitución de su firma autógrafa y que se obtiene en los términos del Acuerdo que establece las normas que determinan como obligatoria la presentación de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos, a través de medios de
2 comunicación electrónica, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 19 de abril de 2002; II. III. IV. Contralorías: Los órganos internos de control en la Presidencia de la República, en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República; Dirección General: La Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Secretaría de la Función Pública; Registro: El Registro de Servidores Públicos Sancionados, y V. Sistema Electrónico: El sistema electrónico desarrollado por la Secretaría de la Función Pública, el cual operará mediante la aplicación de programas informáticos que se ofrecen en la página de Internet: y que permitirá la captura, actualización, transmisión, recepción y consulta de la información que integre la base de datos del Registro. TERCERA.- El Registro constituye el medio de acopio, inscripción y difusión de las sanciones administrativas que la Secretaría de la Función Pública imponga conforme a los ordenamientos en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como de la situación jurídica que dichas sanciones guardan con motivo de las resoluciones emitidas por las autoridades competentes en los medios de impugnación que hagan valer los servidores públicos afectados. Al tener el citado Registro el carácter de público, podrá acceder a su información cualquier interesado mediante la consulta del Sistema Electrónico. La operación integral del Registro corresponderá a la Dirección General. CUARTA.- La información que integre la base de datos del Registro, se recabará por las Contralorías a través del Sistema Electrónico, para lo cual sus titulares deberán proponer por escrito ante la Dirección General hasta tres servidores públicos que cuenten con certificado digital vigente, quienes serán los únicos responsables de la captura y el envío oportuno de las Cédulas de Inscripción de Sanciones y de Medios de Impugnación que proporciona el Sistema Electrónico. En el escrito aludido en el párrafo que antecede, se proporcionarán el nombre, cargo, dependencia o entidad en la que prestan sus servicios, unidad de adscripción, Registro Federal de Contribuyentes y dirección de correo electrónico de los servidores públicos propuestos, quienes serán autorizados por la Dirección General para capturar y enviar la información al Sistema Electrónico, dentro de los cinco días hábiles contados a partir de la recepción del escrito. QUINTA.- La captura y el envío al Registro de la Cédula de Inscripción de Sanciones se hará una vez concluido el procedimiento disciplinario, en un plazo que no excederá de cinco días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en que surta efectos la notificación al afectado, de la resolución que imponga la sanción correspondiente. La Cédula de Inscripción que ofrezca el Sistema Electrónico contendrá, al menos, los datos siguientes: a) El nombre, puesto, Registro Federal de Contribuyentes con homoclave incluida y dependencia o entidad de adscripción del servidor público sancionado; b) Datos de la resolución y de la autoridad que la emite; c) Datos de la sanción impuesta, periodo de ejecución en el caso de suspensión o inhabilitación con la precisión de la fecha de inicio y terminación, y monto tratándose de la de carácter económico; d) Origen, causa y descripción sucinta de la irregularidad que propició la sanción, y e) Nombre del servidor público responsable de la captura y envío de la Cédula.
3 La Cédula de Medios de Impugnación se capturará y enviará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que se tenga conocimiento de la interposición del medio impugnativo de que se trate y, en idéntico plazo, cuando causen estado las resoluciones que se dicten en los recursos de revocación, juicios de nulidad, recursos de revisión o juicios de amparo. En igual término, se deberán capturar en dichas Cédulas y enviar al Registro, las interlocutorias que concedan la suspensión de la ejecución de la resolución recurrida. En el Sistema Electrónico, la Cédula de Medios de Impugnación, contendrá al menos lo siguiente: a) El nombre y Registro Federal de Contribuyentes con homoclave incluida del servidor público sancionado; b) Datos de la resolución impugnada; c) Datos del medio impugnación hecho valer por el servidor público; d) Datos de la resolución que pone fin al medio de impugnación con la descripción de sus puntos resolutivos y el sentido en que se resuelve; e) Nombre del servidor público responsable de la captura y envío de la Cédula, y f) Un apartado en la parte superior de la Cédula que precise si la sanción se mantiene subsistente o si se ha cancelado su inscripción. La Dirección General al recibir las Cédulas de Inscripción de Sanciones y de Medios de Impugnación en el Sistema Electrónico emitirá un acuse de recibo por la misma vía, con el que se acreditará la fecha y hora de recepción, así como la autoría y autenticidad de la información remitida. SEXTA.- Las Contralorías y las áreas responsables de la administración de los recursos humanos en la Presidencia de la República, en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y en la Procuraduría General de la República, deberán obtener la constancia de no inhabilitación de quienes pretendan ingresar al servicio público, a través del Sistema Electrónico. Para tal efecto, los titulares de esas unidades administrativas propondrán por escrito ante la Dirección General hasta tres servidores públicos que cuenten con certificado digital vigente, quienes serán los únicos responsables de obtener este tipo de constancias. Las constancias que emita el Sistema Electrónico tendrán validez para los efectos del ingreso al servicio público, por lo que no será necesario requerir este documento a los aspirantes. En el escrito mencionado en el párrafo anterior, se proporcionará el nombre, cargo, dependencia o entidad en la que prestan sus servicios, unidad de adscripción, Registro Federal de Contribuyentes y dirección de correo electrónico de los servidores públicos propuestos, quienes serán autorizados por la Dirección General para obtener del Sistema Electrónico este tipo de constancias, dentro de los cinco hábiles contados a partir de la recepción del escrito. Los servidores públicos autorizados en los términos del párrafo anterior, también podrán obtener a través del Sistema Electrónico constancias de no existencia de sanciones. SEPTIMA.- Cualquier interesado podrá obtener las constancias de no inhabilitación y de no existencia de sanciones, en las oficinas que ocupa la Dirección General, previo el pago que establezca la Ley Federal de Derechos. La expedición de las constancias se hará exclusivamente al interesado y a las personas que éste autorice mediante carta poder, previa solicitud y mediante la exhibición de identificación oficial vigente. OCTAVA.- La interpretación de este Acuerdo para efectos administrativos, corresponde a la Dirección General. TRANSITORIOS PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor a los cuarenta y cinco días naturales siguientes al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO.- Se abroga el Acuerdo que fija las Normas de Funcionamiento e Integración del Registro de Servidores Públicos Sancionados en la Administración Pública Federal y se delegan facultades que en el mismo se consignan, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 24 de febrero de TERCERO.- Quedan sin efectos el Oficio Circular número 001/DGARP/2001 de fecha 3 de julio de 2001 y el oficio número DG/311/0264/2003 de fecha 9 de abril de 2003 emitidos por la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.
4 CUARTO.- La base de datos electrónica del Registro de Servidores Públicos Sancionados integrará la información a que se refiere este Acuerdo, generada con anterioridad a la entrada en vigor del propio ordenamiento. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, Distrito Federal, a quince de septiembre de dos mil cinco.- El Secretario de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos.- Rúbrica. ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos que regulan la disposición contenida en el artículo 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, relativa a la propuesta que resulte económicamente más conveniente para el Estado. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de la Función Pública. EDUARDO ROMERO RAMOS, Secretario de la Función Pública, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 fracciones VIII y XIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5, 8, 28, 33, 36 y 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 1, 5, 6 fracción I y 24 fracción III del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, tomando en cuenta la opinión de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Economía, y CONSIDERANDO Que con fecha 7 de julio de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el cual entró en vigor al siguiente día de su publicación. Que entre las disposiciones que fueron reformadas se encuentra el artículo 38, cuyo séptimo párrafo antes de las reformas disponía lo siguiente: Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición cuyo precio sea el más bajo Derivado de las modificaciones contenidas en el Decreto de referencia, actualmente el citado párrafo señala lo siguiente: Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que resulte económicamente más conveniente para el Estado. Que el artículo 33 de la Ley establece la distinción entre dos momentos, la evaluación de las propuestas y la adjudicación de los contratos, distinción que resulta relevante, en función de que el artículo 38 del mismo ordenamiento prohíbe utilizar para la evaluación mecanismos de puntos y porcentajes, pero no así para la adjudicación. Que en virtud de que la Ley no prevé el mecanismo para adjudicar a la propuesta solvente que resulte económicamente más conveniente para el Estado, es necesario definir los criterios y parámetros objetivos; así como su correspondiente valoración que permitan, por una parte, pronunciar los fallos de adjudicación de los contratos y por la otra, sostenerlos en caso de cuestionamientos e impugnaciones. Que conforme a lo expuesto, la propuesta económicamente más conveniente para el Estado, debe entenderse como aquella que en términos del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 28 y 38 de la supracitada Ley, asegure las mejores condiciones de contratación para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, y que, además de resultar solvente por cumplir con las condiciones de orden legal, técnico y económico requeridos por las dependencias y entidades convocantes en sus procedimientos de contratación, otorgue mayor certeza en la ejecución y conclusión de los trabajos que pretendan contratarse. Que resulta necesario solucionar la problemática que pudiera presentarse en aquellas obras y servicios relacionados con las mismas cuya cuantía o complejidad no amerita introducir un mecanismo como el que se
5 plantea en los presentes lineamientos, o bien, se trata de dependencias o entidades cuyas funciones principales no son las de ejercer recursos para construir obras y en consecuencia no cuentan con áreas especializadas ni con la estructura de recursos humanos y materiales para planear, programar y construir obras en forma repetitiva o éstas no son de gran magnitud, por lo que es conveniente establecer la opción de adjudicar a la propuesta solvente cuyo precio sea el más bajo. Que a fin de salvaguardar los principios consagrados por el artículo 134 Constitucional en cuanto a garantizar las mejores condiciones de contratación en los términos ya descritos; así como dar certeza jurídica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a los licitantes, he tenido a bien expedir el siguiente Acuerdo, por el que se establecen los: LINEAMIENTOS QUE REGULAN LA DISPOSICION CONTENIDA EN EL ARTICULO 38 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, RELATIVA A LA PROPUESTA QUE RESULTE ECONOMICAMENTE MAS CONVENIENTE PARA EL ESTADO

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 33
 artículo 38
 artículo 134
 artículo 134