Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/1565
Timestamp: 2020-01-17 15:56:58+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 140/1990
SENTENCIA 140/1990, de 20 de septiembre
ECLI:ES:TC:1990:140
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Tomás y Valiente, Presidente, don Francisco Rubio Llorente, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Eugenio Díaz Eimil, don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer, don Jesús Leguina Villa don Luis López Guerra, don José Luis de los Mozos y de los Mozos, don Alvaro Rodríguez Bereijo y don Vicente Gimeno Sendra, Magistrados, han pronunciado
b) Una vez descrito sintéticamente el contenido de la norma -la elección, la constitución y las funciones de los órganos de representación del personal funcionario al servicio de las Administraciones públicas de Navarra- plantea el problema de si la Comunidad Foral tenía competencia para dictarla. La primera cuestión a dilucidar es si el art. 49.1 b) de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (en adelante L.O.R.A.F.N.A.) concede a esta Comunidad un tipo de competencia especial y más intensa en materia de función pública que el reconocido con carácter general por la Constitución. En dicho precepto se establece que Navarra tiene competencia sobre el «régimen estatutario de los funcionarios públicos de la Comunidad Foral, respetando los derechos y obligaciones esenciales que la legislación básica del Estado reconozca a los funcionarios públicos de la Comunidad Foral». Pues bien, la en otros aspectos significativa redacción del precepto, no implica que la Comunidad Foral tenga en la materia unas competencias de distinta intensidad que las que ostentan las restantes Comunidades Autónomas, pues, como el Tribunal Constitucional ha sostenido en otras ocasiones, pese a las peculiaridades propias del régimen foral de Navarra, ésta es una Comunidad Autónoma, cuyo techo competencial es el mismo que pueden tener las restantes en el marco de la Constitución.
8. Por Acuerdo de la Presidencia, de 15 de marzo último, se designó nuevo Ponente al haber quedado en minoría la posición mantenida por el Magistrado excelentísimo señor don Miguel Rodríguez Piñero. Por providencia de 18 de septiembre de 1990, se acordó el día 20 del mismo mes y año para deliberación y votación de la Sentencia.
El hecho cierto de que Navarra haya venido ejerciendo competencias, en razón de sus derechos históricos, en materia de organización de la función pública y, más en concreto, de régimen estatutario de los funcionarios, permite incluir dentro de ese ámbito competencial lo que en cada momento histórico haya de considerarse como régimen estatutario de los funcionarios, lo que comprende, también, aquellos aspectos, como el de la representación colectiva de los mismos, que se consideren incluidos en él aunque su regulación no se haya realizado con anterioridad, pues cabe entender que es consecuencia ineludible de las competencias que le corresponden históricamente a la Comunidad Foral y le reconocen expresamente la Constitución y la L.O.R.A.F.N.A..
La Comisión Superior de Personal de Navarra es un órgano colegiado que tiene funciones de información y asesoramiento al Ejecutivo y Parlamento Navarros en aquellas actividades que le sean propias como tales Poderes Públicos y que afectan al personal de las Administraciones públicas de Navarra. Su composición es paritaria, y la representación de los funcionarios se realiza a través de las Organizaciones sindicales implantadas en la función pública en Navarra y en razón a su representatividad. Aparece, pues, como un órgano que puede ser producto de la capacidad de autoorganización de la Comunidad Autónoma, cuya competencia no puede ser discutida ni recortada por el hecho de que las funciones que dicho órgano desempeña afecten a cuestiones de personal.
No tiene, además, la regulación de dicha composición el carácter de legislación básica estatal, tanto más cuanto que el art. 9 de la Ley 30/1984 remite al Reglamento la composición de la Comisión Superior de Personal de la Administración del Estado. El único problema que puede plantearse aquí es el relativo a la selección de los interlocutores sindicales de acuerdo a lo establecido en el art. 6.3 a) L.O.L.S., al que, sin duda, sirven de complemento los arts. 39.2 y 40.2 de la Ley 9/1987, que exigen un mínimo del 10 por 100 de representatividad de las organizaciones sindicales en las elecciones correspondientes, a los Sindicatos que no tengan la consideración de más representativos a nivel estatal o de Comunidad Autónoma. No cabe entender que exista contradicción entre el art. 44 del Decreto Foral 236/1984 y el art. 40.2 de la Ley 9/1987, puesto que el derecho de participación de las Organizaciones sindicales más representativas a nivel del Estado y de la Comunidad Autónoma viene reconocido directamente por la Ley estatal, y la no exigencia del 10 por 100, aunque utilizando el mismo criterio estatal de la representación proporcional, ha de entenderse que no contradice el precepto estatal, puesto que éste no ha de ser interpretado en sentido prohibitivo de modo que, como ante un precepto similar hemos dicho en la STC 98/1985, «las Comunidades Autónomas pueden incorporar a sus propios órganos de autogobierno, en el ejercicio de sus facultades al respecto, representaciones de Sindicatos distintos» a los contemplados, cabría entender que con carácter mínimo, por la normativa del Estado. Por ello, el art. 44 del Decreto Foral, dictado por el Gobierno de Navarra en el ejercicio de sus competencias propias, no está en contradicción con la legislación estatal sobre la participación institucional de los Sindicatos, ni vulnera tampoco el derecho esencial de representación de los funcionarios públicos.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Miguel Rodríguez Piñero y Bravo-Ferrer en el conflicto positivo de competencia núm. 192/1985
Mal puede conjugarse con una titularidad derivada de un derecho histórico, al margen de su actualización, una materia totalmente novedosa, que afecta a algunos derechos fundamentales y que es consecuencia directa del Estado democrático nacido de la Constitución. La representación colectiva de los funcionarios, aun incidiendo en el régimen estatutario de los funcionarios, no puede dejar de ponerse en conexión con los derechos colectivos reconocidos a los funcionarios públicos en el art. 28.1 C.E., como se comprueba en la regulación contenida en la Ley 9/1987, de 12 de junio. Esta ley «desarrollo de lo previsto en el art. 103.3 C.E.» según la Disposición adicional segunda, 2, L.O.L.S., ha partido de una pluralidad de vías de representación, electiva y sindical, y de órganos de participación.
BOE (Official State Gazzete) number and date [Num, 254 ] 23/10/1990 Amendment 1
Type and record number Conflicto positivo de competencia 192-1985
Date of the decision 20/09/1990
Promovido por el Gobierno de la Nación en relación con Decreto 236/1984, de 21 de noviembre, del Gobierno de Navarra, por el que se aprueba el Reglamento para la Elección de Organos de Representación de los Funcionarios de las Administraciones Públicas de Navarra. Voto particular
Como afirma la STC 86/1988, el plazo de dos meses que concede el art. 63.2 LOTC en los conflictos positivos para la formulación del requerimiento de incompetencia ha de exigirse sólo respecto de la adopción del Acuerdo y su comunicación y envío al requerido, con independencia del lapso aleatorio de tiempo, puramente circunstancial, que pudiera transcurrir entre esa formulación y la posterior recepción por su destinatario. [F.J. 1]
Según ha reconocido la STC 94/1985, la atribución por los Estatutos de Autonomía, en el caso de Navarra por la L.O.R.A.F.N.A., de una determinada competencia supone en ocasiones el reconocimiento y actualización de un derecho histórico. En consecuencia, la competencia atribuida por el art. 49.1 b) L.O.R.A. F.N.A. incluirá, por tanto, las competencias que sobre el régimen estatutario de los funcionarios ejercía Navarra en el momento de la promulgación de la L.O.R.A. F.N.A., teniendo, sin embargo, como límites, en primer lugar, el que las mismas no afecten a las competencias estatales inherentes a la unidad constitucional y, en segundo lugar, el respeto de «los derechos y obligaciones esenciales que la legislación básica del Estado reconozca a los funcionarios públicos». [F.J. 3]
El hecho cierto de que Navarra haya venido ejerciendo competencias, en razón de sus derechos históricos, en materia de organización de la función pública y, mas en concreto, de régimen estatutario de los funcionarios, permite incluir dentro de ese ámbito competencial lo que en cada momento histórico haya de considerarse como régimen estatutario de los funcionarios, lo que comprende también aquellos aspectos, como el de la representación colectiva de los mismos, que se consideren incluidos en él, aunque su regulación no se haya realizado con anterioridad, pues cabe entender que es consecuencia ineludible de las competencias que le corresponden históricamente a la Comunidad Foral y le reconocen expresamente la Constitución y la L.O.R.A.F.N.A. Sin embargo, esta competencia ha de ejercerse dentro de los límites enunciados más arriba. [F.J. 4]
Como ya ha dicho este Tribunal, el reconocimiento de la capacidad representativa de los Sindicatos que tengan la condición de más representativos a nivel estatal o de la Comunidad Autónoma «no impide que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus competencias de organización, integren además en sus propios órganos a otros Sindicatos que no tengan esa consideración legal» (STC 98/1985). La determinación de la composición de las Juntas Electorales tiene un carácter fundamentalmente técnico en la organización de las elecciones y no requiere una completa uniformidad ni tampoco afecta al derecho esencial de representación colectiva de los funcionarios públicos. [F.J. 5]
Decreto Foral del Gobierno de Navarra 236/1984, de 21 de noviembre. Reglamento para la elección de los órganos de representación de los funcionarios de las Administraciones públicas de Navarra
Artículos 5, 6 párrafo 2 (anula)
Reglamento de 3 de febrero de 1928 para la Administración Municipal de Navarra. Texto refundido
Decreto de 31 de octubre de 1935. Ley Municipal
Disposición adicional tercera, apartado 1, f. 4
En general, ff. 3, 4, VP
Artículo 28.1, VP
Artículo 103.3, f. 4, VP
Artículo 149.1.18, f. 2, VP
Disposición adicional primera, ff. 2 a 4
Disposición adicional primera, párrafos 1, 2, f. 3
Artículo 63.2, f. 1
En general, ff. 2 a 4, VP
Artículo 2.1, ff. 2, 3
Artículo 39, ff. 2, 3
Artículo 39.1 a), f. 3
Artículo 49.1 b), ff. 2 a 5, VP
Capítulo undécimo, f. 5
Artículo 3.1, ff. 2, 5
Artículo 3.2, ff. 2, 5, VP
Artículo 5, ff. 2, 5
Artículo 6.2, ff. 2, 5
Artículo 10, ff. 2, 5, VP
Artículo 11, ff. 2, 5
Artículo 13, ff. 2, 5
Artículo 19, ff. 2, 5
Artículo 44, ff. 2, 5
Artículo 6, f. 5, VP
Artículo 6.3, VP
Artículo 6.3 a), f. 5
Artículo 7, f. 5, VP
Disposición adicional segunda, apartado 2, VP
En general, ff. 2, 5, VP
Artículo 5 (redactado por la Ley 7/1990, de 19 de julio), f. 5
Plazo de formulación de requerimiento de incompetenciaPlazo de formulación de requerimiento de incompetencia, f. 1
Derechos históricosDerechos históricos, f. 3
Representación colectiva funcionarialRepresentación colectiva funcionarial, f. 2, VP
Comunidad Foral de NavarraComunidad Foral de Navarra, ff. 2, 3, VP

References: Artículo 28

Artículo 103

Artículo 149

Artículo 63

Artículo 2

Artículo 39

Artículo 39

Artículo 49

Artículo 3

Artículo 3

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 13

Artículo 19

Artículo 44

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 5