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Timestamp: 2020-06-03 19:00:46+00:00

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Brasília, 3 de junio de 2020 - 16:00
El Supremo Tribunal Federal, la más alta corte de Brasil, ofrece una selección de resúmenes de sentencias, con el objetivo de informar y divulgar la jurisprudencia constitucional brasileña en idiomas extranjeros.
Jurisprudencia del STF
Los contratos celebrados por el Estado de Mato Grosso y entidades privadas por medio de los cuales se concedió el dominio de las tierras públicas devueltas con el fin de colonización violan la Constitución Federal de 1946, vigente en la época, porque las áreas concedidas eran superiores a diez mil hectáreas y, en esse caso, era necesaria previa autorización del Senado Federal. Sin embargo, no es posible declarar la nulidad de tales contratos 59 años después de haber sido firmado firmados, bajo la pena de ofensa a los principios de la seguridade jurídica y la protección de la confianza, ya que, em el caso, la colonización se consolidó a lo largo del tiempo sobre la base de buena fe y en la convicción de validez de los negocios juridicos celebrados.
Acción Civil Originaria Nº 79 - Diário de la Justicia Eletronica 28.05.2012
El Poder Judicial no puede revisar la decisión política de desviar las aguas del Río San Francisco. Solo puede verificar el cumplimiento de las condiciones de la licencia previa del proyecto. Además, el proyecto no necesita ser autorizado por el Congreso Nacional, pues no aprovechará el agua de comunidad indígena.
Acción Civil Originaria Nº 876 - Diário de la Justicia Eletronica, 01.08.2008
La medida provisional que, ante la crisis energética por la que pasó Brasil entre 2000 y 2001, era constitucional. La medida adoptó un programa en el que se fijaron metas de racionamiento de energía de acuerdo con el gasto medio de cada consumidor. Este programa preveía, entre otras cosas, pago de tarifa especial por quien no alcanzase las metas, pudiendo suspender el suministro de energía al consumidor en caso de reincidencia.
Acción Declaratoria de Constitucionalidad Nº 9 - Diário de la Justicia Eletronica, 23.04.2004
El incumplimiento de la empresa contratada no transfiere, por sí solo, a la Administración Pública la responsabilidad por el pago de las cargas laborales debidas. La responsabilidad del Estado sólo ocurrirá en hipótesis excepcionales, siempre que se haya comprobado que ha habido un error en su deber de fiscalización, por culpa in vigilando.
Acción Declaratoria de Constitucionalidad Nº 16 - Diário de la Justicia Eletronica, 09.09.2011
Es constitucional la aplicación de la Ley Complementaria 135/2010 (Ley de la Ficha Limpia) a actos y hechos jurídicos que hayan ocurrido antes del advenimiento del referido diploma legal.
Acción Declaratoria de Constitucionalidad Nº 29 - Diário de la Justicia Eletronica, 29.06.2012
De acuerdo a la lógica sistemática de distribución de los poderes legislativos, solo una ley federal puede introducir una dispensa a un precepto general establecido en la Constitución Federal. Por ello, las cuestiones que pertenecen a la categoría de reglas generales de preservación del medio ambiente, como la obligación constitucional de estudios de impacto ambiental, no pueden ser sujetas a excepciones establecidas a nivel de Constituciones estaduales.
Acción Directa de Inconstitucionalidad n º 1086 - Diario de Justicia, 10/08/2001
El Procurador General de la República interpuso una acción directa de inconstitucionalidad contra el Artículo 182.3 de la Constitución del Estado de Santa Catarina, que dispensaba del estudio previo de impacto ambiental a proyectos corporativos de forestación y reforestación.
El peticionante argumentó que tal previsión resultaba violatoria del Artículo 225.1.IV de la Constitución Federal, que establece que el Gobierno debería requerir un estudio de impacto ambiental previo a la instalación de obras y actividades que tengan potencial de degradar de manera significativa el ambiente.
La Asamblea Legislativa del Estado de Santa Catarina, a su vez, argumentó que los redactores de la Constitución Estadual actuaron dentro de los poderes concedidos a los estados para regular cuestiones ambientales (Articulo 24.VI de la Constitución Federal). Más aún, el mismo artículo 182.3 de la Constitución Estadual imponía que el plan para administración sustentable de proyectos de forestación y reforestación debía incluir reglas relativas a la exploración de las áreas, a fines de preservar la calidad ambiental.
En su decisión, el Plenario de la Corte, afirmó que las actividades de forestación y reforestación pueden, de hecho, tener efectos ambientales negativos (por ejemplo, si una especie autóctona es reemplazada con una más lucrativa proveniente de un ecosistema totalmente diferente).
Por lo expuesto, la dispensa del Artículo 182.3 de la Constitución del Estado de Santa Catarina resultaba violatoria de la obligación constitucional de un previo estudio de impacto ambiental. También, considerando la lógica sistemática de distribución de los poderes legislativos, solo una ley federal puede introducir una dispensa a un precepto general establecido en la Constitución Federal. La cuestión bajo análisis claramente pertenece a la categoría de reglas generales de preservación del medio ambiente - y no a la categoría de reglas complementarias, que si son atribución constitucional de los Estados miembros -.
En conclusión, el Plenario de la Corte, por voto unánime, declaró la inconstitucionalidad del Artículo 182.3 de la Constitución del Estado de Santa Catarina.
Los derechos asegurados a los abogados ya la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), previstos en la Ley 8.906 / 1994, sufren limitaciones, para compatibilizar con las normas constitucionales.
Acción Directa de Inconstitucionalidad n º 1127 - Diario de Justicia, 11/06/2010
El artículo 7 de la Constitución Federal impone al legislador el deber de estipular un salario mínimo con valor capaz de atender las necesidades vitales básicas del trabajador y de su familia. La definición de valor insuficiente configura la omisión del Poder Público y da lugar a la acción directa de inconstitucionalidad por omisión.
Acción Directa de Inconstitucionalidad Nº 1439 - Diário de la Justicia Eletronica,30.05.2003
Las enmiendas al proyecto de ley promovidas por la Casa revisora que impliquen sólo cambios formales de técnica legislativa no constituyen cambios de mérito y, por eso, el proyecto no necesita volver a la Casa que inició el proceso legislativo.
Acción Directa de Inconstitucionalidad Nº 2182 - Diário de la Justicia Eletronica,10.09.2010
La inconstitucionalidad de la ley estatal que viole dispositivo constitucional y contraria pacífica jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal debe ser también considerada a la luz de la excepcionalidad proveniente de la situación fáctica y de la omisión del legislador federal en reglamentar el dispositivo constitucional por medio de ley complementaria. La decisión del Supremo Tribunal Federal debe tener en cuenta la fuerza normativa de los hechos y ponderar entre el principio de la nulidad de la ley inconstitucional y el principio de seguridad jurídica. De esta forma, la ley puede ser juzgada inconstitucional, sin declaración de nulidad por cierto período de tiempo, hasta que el legislador enmiende la legislación de acuerdo con las exigencias constitucionales, de acuerdo con las reguladas en ley complementaria a ser editada a nivel federal.
Acción Directa de Inconstitucionalidad Nº 2240 - Diário de la Justicia Eletronica, 03.08.2007
El desmembramiento de entes de la Federación debe ser precedido de plebiscito que abarque tanto la población del territorio que se pretende desmembrar, cuanto a la de lo que será creado.
Acción Directa de Inconstitucionalidad Nº2650 - Diário de la Justicia Eletronica, 17.11.2011
La Ley 10.826 / 2003 (Estatuto del Desarme) no invade materia de iniciativa exclusiva del Jefe del Poder Ejecutivo, pues no trata de la creación o extinción de órganos, y no extrapola la competencia de la Unión, pues disciplina materia de interés nacional. Son inconstitucionales los dispositivos que establecen como inafiancables los crímenes de posesión o tenencia ilegal de armas de fuego de uso permitido y de disparo de arma de fuego pues haría de dichos crímenes equiparables a otros de mayor potencial ofensivo gravados como inafianzables por la Constitución Federal. Son inconstitucionales, también, los dispositivos que vedan la libertad provisional en los crímenes de tráfico internacional y de comercio ilegal de armas de fuego, así como en los de posesión o tenencia ilegal de armas de fuego de uso permitido, pues violan los principios de la presunción de inocencia y el debido proceso legal.
Acción Directa de Inconstitucionalidad Nº 3112 - Diário de la Justicia Eletronica, 26.10.2007
I.Se trata de una acción directa de inconstitucionalidad propuesta por la Asociación de Magistrados Brasileños (AMB) frente a los artículos 1 y 2 de la Enmienda Constitucional 45/2004, en la parte en que establece normas relativas al Consejo Nacional de Justicia (CNJ). Los fundamentos jurídicos de la solicitud pueden reducirse a dos argumentos sustanciales, según los cuales la institución del Consejo Nacional de Justicia implicaría: A) tanto innegable violación al principio de la separación de los poderes (artículo 2 de la Constitución Federal), de que son corolarios el autogobierno en los Tribunales y su autonomía administrativa, financiera y presupuestaria (artículos 96, 99 y párrafos, y 168 de la Constitución ); B) como también la ofensa al pacto federativo (artículos 18, 25 y 125 de la Constitución Federal), en la medida en que sometió a los órganos del Poder Judicial de los Estados a una supervisión administrativa, presupuestaria, financiera y disciplinaria por órgano de la Unión Federal.
II.El Plenario del Supremo Tribunal Federal, por unanimidad, apartó el vicio formal de inconstitucionalidad de la enmienda constitucional 45, de 8 de diciembre de 2004, no conoció de la acción en cuanto al artículo 8 del artículo 125 de la mencionada enmienda y, en el mérito, por mayoría, Juzgó totalmente improcedente la acción. El Plenario entendió que son constitucionales las normas que, introducidas por la Enmienda Constitucional 45/2004, instituyen y disciplinan al Consejo Nacional de Justicia como órgano administrativo del Poder Judicial nacional. Se consideró, además, que no hubo ofensa a la cláusula constitucional inmutable (cláusula pétrea) y que subsiste el núcleo político del principio de separación e independencia de los Poderes, mediante preservación de la función jurisdiccional, típica del Poder Judicial, y de las condiciones materiales de su ejercicio Imparcial e independiente.
III.Según el entendimiento del Pleno, los Estados miembros carecen de competencia constitucional para instituir, como órgano interno o externo del Poder Judicial, consejo destinado al control de la actividad administrativa, financiera o disciplinaria de la respectiva justicia. El Consejo Nacional de Justicia tiene atribuciones de control de la actividad administrativa, financiera y disciplinaria de la magistratura. Esta competencia se refiere únicamente a órganos y jueces situados, jerárquicamente, abajo del Supremo Tribunal Federal. El Consejo Nacional de Justicia, por ser órgano de naturaleza exclusivamente administrativa, no tiene ninguna competencia sobre el Supremo Tribunal Federal y sus Ministros, siendo éste el órgano máximo del Poder Judicial nacional, al que el propio Consejo está sujeto.
Acción Directa de Inconstitucionalidad Nº 3367 - Diário de la Justicia Eletronica, 17.03.2006
La investigación con células madre embrionarias para fines terapéuticos no viola el derecho a la vida ni a la dignidad de la persona humana.
Acción Directa de Inconstitucionalidad Nº 3510 - Diário de la Justicia Eletronica, 28.05.2010
I. Se cuida de acción directa de inconstitucionalidad propuesta por el Consejo Federal de la Orden de los Abogados de Brasil en relación al artículo 2 de la Enmienda Constitucional 52/2006, que modificó la redacción del artículo 17, §1º, de la Constitución Federal, para insertar en Su texto, en lo que se refiere a la disciplina relativa a las coaliciones partidistas electorales, la regla de la no obligatoriedad de vinculación entre las candidaturas a nivel nacional, estadual, distrital o municipal.
II. El Pleno del Supremo Tribunal Federal, por mayoría de votos, juzgó procedente la acción para fijar que el §1º del artículo 17 de la Constitución Federal, con la redacción dada por la Enmienda Constitucional 52, de 8 de marzo de 2006, no se aplica a las elecciones de 2006, remanente aplicable, a tal elección, la redacción original del mismo artículo. El Plenario entendió que hay restricción constitucional en cuanto a la alteración promovida por la Enmienda Constitucional 52, porque vigente a menos de siete meses de los comicios de 2006, lo que puede suponer una modificación abrupta de las reglas y principios del proceso electoral, que hiere los principios de la anterioridad electoral Y la seguridad jurídica.
Acción Directa de Inconstitucionalidad Nº 3685 - Diário de la Justicia Eletronica, 28.08.2008
El crimen de inducir, instigar o auxiliar a alguien al uso de drogas no puede ser interpretado de manera a impedir la realización de manifestaciones públicas en favor de la legalización del uso de drogas, bajo pena de violar el derecho de reunión y la libertad de expresión.
Acción Directa de Inconstitucionalidad Nº 4274 - Diário de la Justicia Eletronica, 2.05.2012
Es constitucional ley estatal que prevé elección por la Asamblea Legislativa, por votación nominal y abierta, para los cargos, vagos en los últimos dos años del mandato, de Gobernador y Vice-Gobernador.
Acción Directa de Inconstitucionalidad Nº 4298 - Diário de la Justicia Eletronica, 27.11.2009
La Enmienda Constitucional 62/2009 viola los principios de la moralidad administrativa, de la razonabilidad y de la proporcionalidad, porque creó nuevas limitaciones para el pago de premedios, propiciando el no cumplimiento de las deudas Fiscales.
Acción Directa de Inconstitucionalidad Nº 4425 - Diário de la Justicia Eletronica, 19.12.2013
En propaganda electoral regional de partido político, se permite la participación de candidatos o afiliados de otros partidos de la coalición nacional. Es inconstitucional limitar el acceso a la propaganda electoral gratuita sólo a los partidos que tengan representantes en la Cámara de los Diputados. Sin embargo, se puede considerar esa representación y su proporción, para establecer parámetros de división del tiempo de propaganda electoral gratuita. Los partidos creados después de las elecciones pueden tener acceso a la propaganda electoral en la proporción de sus participaciones en la Cámara de los Diputados.
Acción Directa de Inconstitucionalidad Nº 4430 - Diário de la Justicia Eletronica, 19.09.2013
Viola la libertad de prensa la ley que prohíbe las emisoras de radio y de televisión a partir del 1 de julio del año de la elección, producir o vehicular programas que usen trucado, montaje u otro recurso que degrade o ridiculice a candidato o partido y de difundir Opinión favorable o contraria a candidato o partido.
Acción Directa de Inconstitucionalidad Nº 4451 - Diário de la Justicia Eletronica, 23.09.2012
La norma que establece la obligatoriedad de la exhibición concomitante del título electoral y de documento oficial de identificación con fotografía en el momento de la votación hiere el principio de proporcionalidad. Sólo la ausencia de documento oficial de identidad con foto puede impedir al elector votar.
Acción Directa de Inconstitucionalidad Nº4467 - Diário de la Justicia Eletronica, 1º.06.2011
Son inconstitucionales los dispositivos legales que autorizan donaciones de empresas a las campañas electorales, porque no neutralizan la influencia del poder económico en las elecciones.
Acción Directa de Inconstitucionalidad Nº4650 - Diário de la Justicia Eletronica, 24.02.2016
No puede exigirse el consentimiento de una persona biografiada, de coadyuvantes o de familiares (en caso de personas fallecidas o ausentes) en relación con obras biográficas literarias o audiovisuales.
Acción Directa de Inconstitucionalidad Nº 4815 - Diário de la Justicia Eletronica, 10.06.2015
La regla de la pérdida del mandato en razón de cambio de partido no se aplica a los candidatos elegidos por el sistema mayoritario, bajo pena de violar la soberanía popular y las opciones hechas por el elector.
Acción Directa de Inconstitucionalidad Nº 5081 - Diário de la Justicia Eletronica, 27.05.2015
Es constitucional el acto normativo interno expedido por un tribunal de justicia que reguló las audiencias de custodia en el ámbito del propio órgano, porque no innovó en el orden jurídico, sino que sólo explicitó contenido normativo ya existente en el Código de Proceso Penal y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Ya promulgada en Brasil.
Las convenciones y tratados sobre derechos humanos ratificados por Brasil poseen jerarquía supralegal y, por eso, tienen el condón de sostener la legislación conflictiva con sus preceptos. Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al disponer sobre la rápida presentación del preso al juez, legitimó a las audiencias de custodia en todo el país.
Acción Directa de Inconstitucionalidad Nº 5240 - Diário de la Justicia Eletronica, 1.02.2016
La Constitución Federal confiere a la Unión, en carácter exclusivo, la explotación del servicio postal y el correo aéreo nacional.
Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental Nº 46 - Diário de la Justicia Eletronica, 26.2.2010
Es inconstitucional la interpretación según la cual la anticipación terapéutica del parto en el caso de feto anencéfalo es un crimen de aborto. La anencefalia es una anomalía equivalente a la muerte cerebral, letal en un cien por ciento de los casos, siendo el diagnóstico de muerte encefálica el marco para declararse determinada persona como muerta. Así, la gestante tiene el derecho de elegir entre mantener la gestación o interrumpirla, siendo la interrupción conducta atípica en razón de la absoluta impropiedad de aquel sobre el cual recae la conducta del agente.
Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental Nº 54 - Diário de la Justicia Eletronica, 30.4.2013
Son constitucionales los actos normativos expedidos por órganos del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior y por el Consejo Nacional del Medio Ambiente que prohíben la importación por Brasil de bienes de consumo usados, especialmente de neumáticos, ya que esta medida atiende a los derechos constitucionales a la salud, al medio ambiente ecológicamente equilibrado ya la búsqueda del desarrollo económico sostenible.
Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental Nº 101 - Diário de la Justicia Eletronica, 04.06.2012
La libertad de prensa es plena y libre, no puede sufrir ningún tipo de restricción o censura previa. La edición de leyes debe restringirse únicamente a materia secundariamente relacionadas a la actividad de la prensa y no tratar de sus características elementares. No obstante ser libre, la prensa debe respectar otros derechos fundamentales igualmente importantes, tales como: el sellado del anonimato; el derecho de respuesta; el derecho al sigilo de la fuente de la información, cuando sea demandada pela profesión; y el derecho a la indemnización por daño material o moral por violación a la intimidad; a la vida privada, al honor o a la imagen.
Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental Nº 130 - Diário de la Justicia Eletronica, 06.11.2009
La unión entre personas del mismo sexo constituye una entidad familiar a la cual se aplican las reglas de la unión estable entre hombre y mujer, hasta que el Congreso Nacional edite una ley específica que disciplina la materia.
Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental Nº 132 - Diário de la Justicia Eletronica, 14.10.2011
La Ley 6.683/1979 (Ley de Amnistía) fue recibida por la Constitución Federal de 1988, y la amnistía por ella concedida es amplia y general, alcanzando los agentes de la represión y los opositores políticos del régimen de dictadura militar que cometieron crímenes electorales, políticos o relacionados a estos – es decir, crímenes de cualquiera naturaleza que tuvieron motivación política – durante el período de 2 de septiembre a 15 de agosto de 1979.
Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental Nº 153 - Diário de la Justicia Eletronica, 06.08.2010
El sistema penitenciario brasileño se enmarca en el concepto de “estado de cosas inconstitucional”,
teniendo en vista la situación fáctica de los presidios brasileños que implica una violación generalizada a los derechos fundamentales de los presos, derivada de actos y omisiones persistentes del poder público y cuyo cambio depende de medidas de naturaleza normativa, administrativa y presupuestaria.
Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental Nº347 - Diário de la Justicia Eletronica, 19.2.2015
Es legítimo el rito previsto em la Ley 1.079/1950 para el proceso de impeachment de Presidente de la República, desde que sean observadas interpretaciones del texto legal a la luz de la actual Constitución Federal.
Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental Nº 378 - Diário de la Justicia Eletronica, 17.12.2015
Es legítima la publicación, incluso en sitio electrónico mantenido por la Administración Pública, de los nombres de sus servidores y del valor de los correspondientes sueldos y ventajas pecuniarias.
Agravio en Recurso Extraordinario Nº 652777 - Diário de la Justicia Eletronica, 23.4.2015
El plazo prescriptivo para el cobro de valores no depositados em el Fondo de Garantía por tiempo de servicio (FGTS) es de cinco años.
Agravio en Recurso Extraordinario Nº 709212 - Diário de la Justicia Eletronica, 19.2.2015
A partir de la Enmienda Constitucional 45/2004, la Justicia del Trabajo pasó a ser competente para el juicio de las acciones de indemnización por daños morales y patrimoniales derivados de accidente de trabajo.
Conflicto de Jurisdicción Nº 7204 - Diário de la Justicia Eletronica,
En casos de extradición, corresponde al Supremo Tribunal Federal analizar los requisitos legales y constitucionales del pedido. La decisión final corresponde al Presidente de la República, em el ejercicio de la soberanía internacional del Estado brasileño. Las controversias entre Estados soberanos sobre la aplicación de tratados deben ser solucionadas por medio de los instrumentos de derecho internacional.
Extradición Nº 1085 - Diário de la Justicia Eletronica, 8.6.2011
La ley que prevé plazo en doble para la Defensoría Pública recurrir debe ser considerada constitucional, aunque el Ministerio Publico (Fiscalía), parte adversa y órgano de la acusación de la acción penal pública, tenga un plazo simple en el ámbito penal, teniendo en vista la deficiencia de infraestructura y organización de las defensorías públicas, especialmente en relación al Ministerio Público (Fiscalía).
Habeas Corpus Nº 70514 - Diário de la Justicia Eletronica, 23.3.1994
La conducción forzada de individuo a la realización de examen de verificación de paternidad viola los principios de la dignidad humana, de la integridad física, de la intangibilidad del cuerpo humano e de la legalidad. Le negativa del acusado debe ser resuelta en el plano jurídico y no por medio de coacción física.
Habeas Corpus Nº 71373 - Diário de la Justicia Eletronica, 22.11.1996
Es inconstitucional ley que retira la discrecionalidad del juez de decidir por la sustitución de la pena privativa de libertad por la restricción de derechos de quien fue condenado por el delito de tráfico de estupefacientes.
Habeas Corpus Nº 97256 - Diário de la Justicia Eletronica, 31.8.2011
Las comisiones parlamentarias de interrogatorio pueden determinar la quiebra de los sigilos fiscal, bancario y de datos telefónicos, desde que fundamenten la adopción de esas medidas. No pueden practicar otros actos ordinariamente atribuidos a magistrados, como decretar la prisión o determinar la apreensão de bienes.
Orden de Amparo Nº 23452 - Diário de la Justicia Eletronica, 16.09.1999
En el sistema electoral proporcional, la salida partidaria en fecha posterior a la de la respuesta a la consulta por el TSE (27 de marzo de 2007), se caracteriza infidelidade partidaria si no se registraran situaciones excepcionales que a justifiquen.
Orden de Amparo Nº 26603 - Diário de la Justicia Eletronica, 19.12.2008
La garantía que tiene un magistrado de no ser cambiado de sitio comprende tanto los jueces titulares cuánto los sustitutos y permite a la Judicatura el ejercicio independiente e imparcial de sus actividades. De ese modo, un juez sólo puede ser cambiado de sitio si así consentir o por fuerza del interés público, como en el caso de remoción punitiva.
Orden de Amparo Nº 27958 - Diário de la Justicia Eletronica, 29.08.2012
Vacante abierta en la Cámara de los Diputados, en razón del alejamiento de diputado federal, debe ser ocupada por el suplente de la coalición partidaria formada a la época de las elecciones, y no por el suplente del partido a que pertenece el diputado titular.
Orden de Amparo Nº 30260 - Diário de la Justicia Eletronica, 30.08.2011
Es legítima la actuación de los sindicatos como sustituto procesal de sus representados, cuando actúa, en nombre propio, en la defensa colectiva de los derechos, comunes u homogéneos, de sus representados. En esa calidad, su actuación es extraordinaria y alcanza las diversas fases del proceso: del conocimiento a la liquidación de la sentencia, en caso de condenación.
Recurso Extraordinario Nº 193503 - Diário de la Justicia Eletronica,
Recurso Extraordinario Nº 197917 - Diário de la Justicia Eletronica,
Los derechos fundamentales asegurados por la Constitución vinculan directamente no sólo poderes públicos, pues también están direccionados a la protección de los particulares en faz de los poderes privados. Las violaciones a derechos fundamentales no ocurren solamente en el ámbito de las relaciones entre el ciudadano y el Estado, pero igualmente en las relaciones trabadas entre personas físicas y jurídicas de derecho privado. Siendo así, el espacio de autonomía privada conferido a las asociaciones está limitado por la observancia a los principios y derechos fundamentales inscritos en la Constitución.
Recurso Extraordinario Nº 201819 - Diário de la Justicia Eletronica, 27.10.2006
En conflictos de naturaleza privada, estados extranjeros no tienen inmunidad de jurisdición, pero tienen imunidade de ejecución. La inmunidad de ejecución puede ser alejada si el estado extranjero renuncia o si él tiene bienes que no están vinculados a las finalidades esenciales de la actividad diplomática.
Recurso Extraordinario Nº 222368 - Diário de la Justicia Eletronica,
La inviolabilidad de la cosa juzgada puede ser relativizada en la hipótesis de acción de investigación de paternidad en que no fue posible verificar la existencia del alegado vínculo, por falta de pruebas, en razón de la parte interesada no disponer de condiciones económicas para realizar el examen de ADN y del Estado no haber costeado la realización de ese examen.
Recurso Extraordinario Nº 363889 - Diário de la Justicia Eletronica, 16.12.2012
Las sociedades civiles de profesión reglamentada deben pagar la Contribución para la Financiación de la Seguridade Social (COFINS), visto que el artículo 56 de la Ley 9.430/1996 revocó la exención concedida a las referidas sociedades por la Ley Complementaria 70/1991.
No existe relación jerárquica entre ley ordinaria y ley complementaria. Lo que las diferencia es sólo la exigencia de la Constitución Federal en el sentido de establecer que determinada materia sea regulada por ley complementaria.
Recurso Extraordinario Nº 377457 - Diário de la Justicia Eletronica, 19.12.2008
El recurso administrativo independe de depósito previo.
Recurso Extraordinario Nº 388359 - Diário de la Justicia Eletronica, 22.06.2007
Compite a la Justicia Federal juzgar los crímenes de reducción a la condición análoga a la de esclavo, una vez que cualquier conducta practicada en el contexto de las relaciones de trabajo y que viole el trabajador configura crimen contra la organización del trabajo.
Recurso Extraordinario Nº 398041 - Diário de la Justicia Eletronica, 19.12.2008
Para entrar en el Ministerio Público, se requiere un mínimo de tres años de experiencia jurídica, a partir de la consecución de un título de licenciatura en Derecho. La ocupación de cargos cuya atribución no exige graduación en derecho no puede ser descrito como un ejercicio de la actividad jurídica. La Prueba del referido tiempo se debe dar en el momento de la inscripción del concurso de empleados de registro en la carrera.
Mandato de seguridad N º 22 609 - Diario de Justicia - 02/04/2009
Se trata de un mandato de seguridad deducido contra un acto del Procurador-General de la República, que canceló la inscripción definitiva del accionante para concursar para el cargo de Procurador de la República, bajo el argumento de no llenar el requisito de los tres años de práctica jurídica. El afectado alegó que la autoridad mencionada, no consideró el periodo en que ejerció la función de Secretario de Gabinete de Juez Substituto de Segundo Grado de Jurisdicción. El Procurador-General de la República, por su parte, adujó que, de acuerdo com la orientación del Consejo Nacional del Ministerio Público, el trieño de actividad jurídica se cuenta en un cargo, función o profesión privado de um graduado en Derecho. Como el accionante no estaba aún graduado cuando ejerció la citada función, entonces la misma no puede ser considerada como privativa de bachiller en Derecho. La Corte, por mayoría, denegó el madato de seguridad y entendió que la exigencia del trieño de actividad jurídica previsto en el artículo 129.3 de la Constitución debe ser demostrado en el acto de inscripción definitiva en el concurso. La Corte entendió que la actividad jurídica es aquella que es desempeñada por el graduado en Derecho, y tiene como objeto la exclusividad o la comprobada existência de conocimiento jurídico y que la ocupación de cargo, cuyas funciones no exigen graduación en Derecho, no puede ser considerado como ejercicio de actividad jurídica.
El Distrito Federal no tiene facultades para legislar sobre la condición jurídica de los funcionarios de la policía. Esta competencia es exclusiva del Gobierno Federal y incluye la regulación de la jubilación.
La acción directa de inconstitucionalidad núm 3817 - Revista Electrónica de Justicia de 64 años, 03/04/2009
Se trata de una acción directa de inconstitucionalidad enjuiciada por el Gobierno del Distrito Federal con el objeto de declarar la inconstitucionalidad del artículo 3 de la Ley distrital 3.556/2005, que consideró, como efectivo el ejercicio de actividad policial, el tiempo de servicio prestado por policías cedidos a otros órganos de la Administración Pública directa e indirecta, de cualquier de los Poderes de la Unión y del Distrito Federal, la publicación de la mencionada ley. El requeriente afirma que el dispositivo cuestionado alarga indebidamente el beneficio de la jubilación especial de policía civil establecido en el artículo 1 de la Ley Complementar Federal 51/1985. La Corte, por mayoría de votos, juzgó procedente la acción directa y declaró la inconstitucionalidad del artículo 3 de la Ley distrital 3.556/2005. La Corte decidió que el dispositivo cuestionado no trató directamente de jubilación especial y, por lo tanto, no afrontaba el artículo 40.4, de la Constitución, pero consideró que hubo inconstitucionalidad formal por desobediencia al artículo 21.14, de la Constitución, que otorga competencia privativa a la Unión para legislar sobre el régimen jurídico de los policías civiles del Distrito Federal. Decidió también, por la inconstitucionalidad material del mencionado artículo 3 de la Ley distrital 3.556/2005, una vez que la regla establecida en ese dispositivo no se armonizaba con las exigencias constitucionales para la jubilación especial, ni con las determinaciones de la Ley Complementar 51/1985, que cuida del asunto y fue recepcionada por la Constitución Federal de 1988.
Viola la Constitución Federal Ley estadual que disponga sobre la decadencia del crédito fiscal, tema que es de competencia de ley complementaria federal.
La acción directa de inconstitucionalidad n º 124 - Diario de Justicia - 16/04/2009
Se trata de una acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por el Gobierno del Estado de Santa Catarina contra el artículo 16.4 de la Constitución estadual y el artículo 4 del Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias, que se refieren al plazo para el pronunciamiento de la decisión final en el proceso contencioso-administrativo tributario. El peticionante alega que las disposiciones ofenden los artículos 146.3.b, 24.1.1, 24.1.4, y el acápite del artículo 37 de la Constitución Federal, y el artículo 34.5 del Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias de la Constitución Federal. La Corte, por mayoría, determinó procedente la acción directa y declaró la inconstitucionalidad de la frase “so pena de su archivo e imposibilidad de revisión o renovación de la imposición tributaria al mismo hecho generador”, contenida en el artículo 16.4, y del artículo 4 del Acto de las Disposiciones Constitucionales Transitorias, ambos de la Constitución del Estado de Santa Catarina. La Corte entendió que el archivo del proceso administrativo tributario como consecuencia del vencimiento del plazo, sin posibilidad de revisar la imposición tributaria, equivale a la extinción del crédito tributario, cuya validez está en discusión en el campo administrativo. En materia tributaria, la extinción del crédito tributario o del derecho de constituir el crédito tributario por extinción del plazo, combinado con cualquier otro criterio, implica prescripción. En los términos del Código Tributario Nacional (Ley 5.172/1966), la prescripción del derecho del Fisco al crédito tributario está vinculada a la imposición extemporánea y no, propiamente, a la extinción del plazo y a la inercia de la autoridad fiscal respecto de la revisión de la imposición originaria. La imposición tributaria no puede durar indefinidamente sin riesgo a la seguridad jurídica, sin embargo, la Constitución Federal concede a la ley complementaria federal la aptitud de disponer sobre la prescripción en materia tributaria.
La omisión de los legisladores federales en la regulación de la disposición constitucional a través de una ley complementaria requerida puede constituir una violación del orden constitucional. El establecimiento de un parámetro temporal razonable para la promulgación de la legislación constitucional por mandato del Poder Legislativo.
La acción directa de inconstitucionalidad núm 3682 - Diario de Justicia - 06/09/2007
La Asamblea Legislativa del Estado de Mato Grosso presentó una acción de inconstitucionalidad directa ante el Tribunal Supremo Federal en contra de la omisión del Presidente de la República y el Congreso Nacional por no haber promulgado la ley complementaria mencionada en el Artículo 18,4 de la Constitución, que debe regular el ejercicio de la competencia para crear, incorporar, fusionar y desmembrar municipalidades.
El Plenario de la Corte reconoció la omisión del Poder Legislativo en la promulgación de la ley complementaria sobre la creación, incorporación, fusion y el desmembramiento de los municipios. En razón de esta omisión, que duró desde la aprobación de la enmienda constitucional 15/96, fue imposible para los Estados el ejercicio de sus competencias para crear, incorporar, fusionar o desmembrar municipalidades.
A pesar de que varios proyectos de ley habían sido presentados en el Congreso con miras a reglamentar el Artículo 18.4 de la Constitución, la Corte consideró posible el reconocimiento de la omisión inconstitucional en cuanto a la deliberación y aprobación efectiva de la antes mencionada ley complementaria. Las peculiaridades de las actividades parlamentarias que inexorablemente guardan relación con el proceso legislativo no justitifican una conducta manifiestamente negligente o remisa de las Cámaras Legislativas, que puede poner en peligro el orden constitucional en si. De esta manera, se decidió que la inertia deliberandi de las Cámaras Legislativas pueden ser objeto de una acción de inconstitucionalidad directa y que la no promulgación de la ley complementaria en un plazo razonable constituye una auténtica violación del orden constitucional. La Corte tuvo que hacer frente al hecho de que, careciendo de la ley complementaria mencionada, desde la aprobación de la enmienda constitucional 15/96 varios municípios se habían efectivamente creados y ya existían como entidades federativas de hecho. En consecuencia, el Plenario de la Corte, por unanimidad de votos, aceptó la acción directa de inconstitucionalidad y declaró al Congreso Nacional en estado de retraso, de modo que en el plazo razonable de dieciocho meses, debería adoptar todas las medidas legislativas necesarias para cumplir con el deber constitucional impuesto por el artículo 18.4 de la Constitución, contemplando las situaciones imperfectas causadas por el estado de inconstitucionalidad generada por la omisión.
Por último, la Corte destacó que la decisión no impuso un tiempo limite para la acción legislativa por el Congreso Nacional, sino solo estableció un razonable parámetro temporal a la luz del tiempo marco de 24 meses establecido por la Corte, en las acciones 2.240, 3.316, 3.489 y 3.689, por las leyes del estado que crearon los municipios o modificaron sus limites territoriales para permanecer en vigor hasta la promulgación de la ley complementaria federal que tiene en cuenta la situación de esos municípios.
La decisión del Supremo Tribunal Federal debe tener en cuenta la normativa la fuerza de los hechos y alcanzar un balance entre la nulidad de la inconstitucionalidad de la ley y la salvaguarda del principio de seguridad legal De este modo la ley puede ser declarada inconstitucional sin ser anulada por un cierto periodo de tiempo, hasta que los legisladores estatales ajusten la legislación a los requerimientos constitucionales como regulados en la ley complementaria para ser promulgada a nivel federal.
Acción Directa de Inconstitucionalidad n º 2240 - Diario de Justicia - 03/08/2007
El partido de los trabajadores presento una Acción Directa de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte Federal contra la ley 7.619/2000 del estado de Bahia, la cual creo el municipio de Luis Eduardo Magalhaes por desmembrarse del distrito de Luis Eduardo Magalhaes y parte del distrito de Sede del municipio de Barreiras. El peticionante allega que la ley impugnada viola el Article 18.4 de la Constitución por crear un municipio en un año cuando se celebran elecciones municipales mientras la ley complementaria mencionan en la Constitución todavía no fue aprobada determinando el periodo durante el cual el estado podrá crear, incorporar, fusionar y desmembrar municipio. Leyes complementarias la sitúan bajo normas constitucionales y encima de la legislación ordinaria en la jerarquía de las leyes Brasileras Como ellos usualmente tratan con materias cuasi – constitucional ellos no siguen el mismo grado de requerimiento de enmiendas constitucionales pero no puede simplemente revocarse por una subsiguiente ley ordinaria.
El Plenario de la Corte, puede tomar en cuenta el buen establecimiento del living case en la inconstitucionalidad de la ley que crea municipios Article 18.4 de la Constitución, reconoce la inconstitucionalidad de la ley impugnada la cual crea el municipio de Luis Eduardo Magalhaes. Sobre la realización de la inconstitucionalidad de la ley, la corte tiene que encarar el factor de que el municipio en cuestión estuvo establecido y listo como de facto entidad federativa por mas de seis años. Hasta este punto la corte previo el caos judicial que la declaración de inconstitucionalidad anula toda la ley podría traer al municipio. Por lo tanto, la corte reorganizo la necesidad de alcanzar un balance entre el principio de nulidad y el de inconstitucionalidad de la ley y el principio de seguridad legal. Consecuentemente el plenario de la corte por unanimidad de votos acepta la acción y por mayoría de votos aplicando el articulo 27 de la ley 9.868/1999, declarando la inconstitucionalidad sin pronunciar la nulidad de la ley impugnada quedando en vigencia por el periodo de 24 meses este plazo fue considerado razonable por los legisladores para volver a examinar el tema teniendo en cuenta las pautas a ser establecidas por la ley federal complementaria de acuerdo a las reglas de la corte en la Acción directa de inconstitucionalidad 3.682.
La Ley del Estado que prevén rifas viola la Constitución Federal que determina la competencia de la legislación de la Unión que regulan esta materia c
La acción directa de inconstitucionalidad núm 2995 - Diario de Justicia - 28/09/2007
El Procurador-General de la República interpuso uma acción directa de inconstitucionalidad teniendo como base la Ley 12.343/2003 y el Decreto 24.446/2002, ambos del Estado de Pernambuco. La ley estadual regulaba la explotación de juegos de azar en el Estado y el decreto reglamentaba la explotación del juego de bingo. La Procuradoria-General de la República, alegó que la norma estadual violaba lo dispuesto en el artículo 22.20 de la Constitución, que determina que es de competencia privativa de la Unión legislar sobre sistemas de consorcios y sorteos, ya que las “loterias” estarían incluidas en el alcance de la expresión “sorteos”. La Suprema Corte, por mayoría, juzgó que los actos normativos impugnados violaban el artículo 22.20 de la Constitución, que prevé la competencia privativa de la Unión para legislar sobre loterías, juegos, apuestas, bingos y sorteos, y no reconoció competencia al Estado de Pernambuco para legislar sobre este asunto. En consecuencia, declaró la inconstitucionalidad formal de la Ley 12.343, del 29 de enero de 2003, y del Decreto 24.446, del 21 de junio de 2002, ambos del Estado de Pernambuco.
La inconstitucionalidad de cláusulas de desempeño que requerían que los partidos políticos obtuvieran cierto porcentaje del voto como pre-condición para operar en el Congreso, se beneficiaba del acceso a la propaganda electoral gratuita en la radio y en la TV, y tener acceso a los recursos del Fondo partidario. Tales cláusulas de desempeño no respetan los principios constitucionales de la proporcionalidad y de la igualdad de condiciones, pre-requisitos para la competición entre partidos políticos. Decisión del Supremo Tribunal Federal de corrección temporaria de dispositivo legal inconstitucional, hasta que los legisladores traten de la cuestión.
Acción Directa de Inconstitucionalidad n º 1351 - Diario de Justicia - 30/03/2007
El Partido Comunista del Brasil (PC do B) y el Partido Democrático Trabalhista (PDT) entraron con acción directa de inconstitucionalidad contra ciertos dispositivos de la Ley 9.096 de 19.09.1995 (Ley de los Partidos Políticos), que fijó “cláusula de desempeño” para el funcionamiento de partidos políticos. De acuerdo con aquella cláusula, un partido político solo podría operar en el Congreso y beneficiarse del acceso a la propaganda electoral gratuita en la radio y en la TV y de recursos del Fondo partidario si obtuviera a lo mínimo 5% de los votos – excluyendo nulos y blancos – y al menos 2% del total del voto en por lo menos un tercio de los estados.
Los peticionarios alegaron que los preceptos impugnados violan el principio de igualdad de condiciones entre los partidos políticos, así como el régimen democrático, la pluralidad de partidos y el principio de la proporcionalidad.
El Plenario de la Corte decidió que la referida ley viola la Constitución por no respetar los principios constitucionales de la proporcionalidad y de la igualdad de condiciones, que son pre-requisitos para la competición entre partidos políticos inherente al propio modelo de la democracia representativa. Al declarar la inconstitucionalidad de los preceptos impugnados, el Tribunal también tuvo que enfrentar la cuestión del vacío normativo resultante. Para resolverla, el Tribunal decidió preservar temporariamente el precepto impugnado – el artículo 57 de la Ley 9.096/1995 – sin sus límites temporales, hasta que los legisladores aprueben la legislación consistente con los principios constitucionales.
Así, la expresión “como lo dispuesto en el artículo 13 del referido artículo 57 fue declarado inconstitucional y, para evitar el vació normativo, la expresión inconstitucional fue suprimida y sustituida por “conforme dispuesto en la cláusula anterior”, solamente hasta que los legisladores traten de la cuestión, con atención a los principios constitucionales y límites definidos por el Tribunal. El Tribunal, en unanimidad, juzgó procedente la acción directa para declarar la inconstitucionalidad de los siguientes preceptos de la Ley nº 9.096, de 19 de septiembre de 1995: articulo 13; la expresión "obedeciendo a los siguientes criterios", contenido en el subtitulo del artículo 41; incisos I y II del mismo artículo 41; artículo 48; la expresión "que atienda a lo dispuesto en el art. 13", contenida en el subtítulo del artículo 49, con reducción del texto; subtítulo dos artículo 56 e 57, con interpretación que elimina de tais preceptos a las limitaciones temporales constantes en ellos, hasta que sobrevenga disposición legislativa al respecto; y la expresión "en el art. 13", constante en el inciso II del artículo 57. También por unanimidad, juzgó improcedente la acción a lo que se refiere al inciso II del artículo 56.
Para entrar en el ministerio público, se requiere un mínimo de tres años de actividad judicial en el que la licenciatura en Derecho es primordial. la Prueba del tiempo darse en el momento de la inscripción del concurso del ingreso de la carrera.
La acción directa de inconstitucionalidad núm 3460 - Diario de Justicia - 16/06/2007
Teniendo en cuenta la acción directa de inconstitucionalidad propuesta por la asociación nacional de los miembros del ministerio público (CONAMP) en base al art. 7, “caput” y parágrafo único, de la Resolución 35/2002, con la redacción dada por el articulo 1 la Resolución 55/2004, del Consejo Superior del Ministerio Público del Distrito Federal y Territorios. La Corte, por mayoría, juzgó improcedente la acción y considero que la norma impugnada viene a atender el objetivo de la Enmienda Constitucional 45/2004 de reclutar, con más rígidos criterios de selectividad técnico-profesional, los pretendientes de la carrera ministerial pública. Los tres años de actividad jurídica se cuentan desde la fecha de conclusión del curso de Derecho y actividad jurídica significa actividad para cuyo desempeño se hace imprescindible a la conclusión del curso de Licenciatura en derecho. El momento de comprobación de esos requisitos debe ocurrir en fecha de inscripción en el concurso, de forma a promover mayor seguridad jurídica, tanto para la sociedad, cuanto para los candidatos.
En materia de derecho del consumidor, cabe a la Unión promulgar leyes de carácter general, dejando a los Estados miembros promulgar leyes que atiendan sus peculiaridades. En la inexistencia de una ley federal, los Estados ejercerán competencia suplementar, editando tanto las normas generales como las especificas.
La acción directa de inconstitucionalidad núm 3645 - Diario de Justicia - 01/09/2006
El Partido del Frente Liberal interpuso una acción directa de inconstitucionalidad en contra de la Ley 14.861/2005, del Estado de Paraná, que reglamentó, en el ámbito estadual, el derecho a la información respecto de alimentos e ingredientes alimentarios que contengan o que sean producidos a base de organismos genéticamente alterados. El peticionante alega que la ley estadual excedió los límites de la competencia suplementaria del Estado para legislar y determinar la necesidad de información al consumidor cuando la presencia de organismos genéticamente alterados sea igual o inferior al 1% (uno por ciento), el cual es el límite establecido por la norma federal (Decreto 4.680/2003).
Argumenta que las reglamentaciones diferenciadas para cada Estado quitan eficacia a la norma federal y provocan un tratamiento desigual para las empresas que en ellos actúan. La Suprema Corte decidió que la rotulación informativa de productos transgénicos es materia que trasciende el ámbito de los Estados. En consecuencia, el legislador estadual se excedió de los límites legislativos impuestos en el artículo 24 de la Constitución, que permite el suplemento, más no la sustitución de las reglas federales. La norma estadual formuló una disciplina que se aleja de la aplicación de normas federales de carácter general y, por tanto, perjudica la eficacia del acto federal. Por unanimidad, fue declarada inconstitucional la Ley 14.861, del 26 de octubre de 2005, del Estado del Paraná, y, en consecuencia, el Decreto 6.253, de 22 de marzo de 2006, también del Estado de Paraná, que la reglamentaba.
La recepción de una ley anterior de jerarquía provincial, considerada violatoria de la subsiguiente Constitución, puede ser objeto de una Denuncia de Discordancia con Precepto Fundamental (constitucional). Teniendo en cuenta la cláusula de subsidiariedad, la Acción debe ser interpretada en el contexto del orden constitucional integral.
Reclamo de la infracción de precepto fundamental 33 - Diario de Justicia - 27/10/2006
El gobernador del Estado de Para, interpuso, en el Supremo Tribunal Federal, una “Denuncia de Discordancia con Precepto Fundamental” (Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, ADPF, desde aquí llamada: Acción de Discordancia) contra el Artículo 34 del estatuto de personal del Instituto de Desarrollo Económico-Social de Pará (Instituto de Desenvolvimento Econômico-Social do Pará – IDESP, desde aquí llamado: “el Instituto”), alegando que se encontraba en violación del principio federativo (Articulo 60, § 4 de la Constitución) y de la prohibición constitucional de la indexación del salario mínimo (Articulo 7, IV de la Constitución).
La Denuncia de Discordancia fue introducida por la Reforma Constitucional de 1988 (Articulo 102.1) y luego fue normada por la Ley 9.882, del 03.12.1999. Abarca las controversias relativas a la inconstitucionalidad de leyes federales, estaduales o municipales vigentes antes de la entrada en vigencia de la Constitución. Esta fue la primera Denuncia de Discordancia en ser juzgada como tal por la Corte, así dotándola de una oportunidad para definir los principales caracteres de esta acción constitucional.
El Plenario de la Corte decidió que la cláusula de subsidiariedad que define el objeto de la Denuncia de Discordancia se aplica en los procedimientos de revisión abstracta de normas.El principio de subsidiariedad de la Denuncia de Discordancia, que consiste en la inexistencia de otros medios eficientes para reparar el perjuicio, debe ser interpretada en el contexto integral del orden constitucional, por ejemplo, como un principio capaz de resolver una relevante controversia constitucional de una manera amplia, general e inmediata. Así, cuando una norma no puede ser sometida a la revisión por la Corte a través de una Acción de Inconstitucionalidad Directa o una Acción Declarativa de Constitucionalidad (como definida en el Artículo 102.I de la Constitución), es procedente la Denuncia de Discordancia. La recepción o la no recepción de una ley pre-constitucional por la Constitución vigente puede ser sometida al examen de la Corte a través de una Denuncia de Discordancia, y la decisión de la Corte producirá resultados erga omnes y será vinculante debido al carácter objetivo del procedimiento.
Consecuentemente, el Plenario de la Corte, por voto unánime, consideró aceptables las actuaciones para la declaración de la ilegitimidad (no recepción) del estatuto de personal del Instituto, en razón del principio federativo y de la prohibición constitucional de la indexación del salario mínimo (Artículos 60.4.I y 7.IV. de la Constitución).
Los derechos fundamentales garantizados por la Constitución limitan no solo poderes públicos, sino que también están dirigidos a la protección de los ciudadanos de los poderes privados. Las violaciones a los derechos fundamentales no solo ocurren dentro del plexo de relaciones entre el ciudadano y el Estado, sino también en las relaciones entre personas físicas y personas legales privadas. La esfera de autonomía privada que fue concedida a las asociaciones particulares es limitada por la observancia de los principios y derechos fundamentales que se encuentran en la Constitución.
Recurso Extraordinario N º 201 819 - Diario de Justicia - 27/10/2006
La Unión de Compositores Brasileros ("Unión Brasilera de Compositores, UBC") interpuso um Recurso Extraordinario antes que el Supremo Tribunal Federal contra una decisión del Tribunal de Justicia del Estado Río de Janeiro que reinstalo a un miembro de esa Unión que había sido expulsado. El Tribunal argumentó que al miembro le había sido negado el derecho a una defensa amplia en el proceso que causó su expulsión. El apelante alegó que el principio constitucional de defensa amplia no es aplicable al caso porque la Unión de Compositores es una entidad privada por ley y no un órgano de la administración pública.
La Cámara Segunda del Tribunal consideró que los derechos fundamentales garantizados por la Constitución no limitan solo poderes públicos, sino que también están dirigidos a la protección de ciudadanos privados de los poderes privados. Así, fue decidido que las violaciones a los derechos fundamentales no ocurren sólo dentro del ámbito de las relaciones entre el ciudadano y el Estado, sino también dentro del ámbito de las relaciones entre las personas físicas y las personas jurídicas privadas. De este modo, la esfera de la autonomía privada garantizada a las asociaciones tiene como limite la observancia de los principios y derechos fundamentales conservados en la Constitución. Más aún, la entidad en cuestión, aunque privada, es parte de la esfera pública, incluso si no es una entidad estatal.
La Unión de Compositores se encuentra en una posición privilegiada para determinar la extensión de la cual sus miembros pueden disfrutar y sacar provecho de sus derechos de autor. La expulsión de un miembro sin respetar los principios constitucionales del debido proceso y la amplia defensa termina por restringir la libertad de práctica profesional de cada asociado, ya que hace imposible para ellos recibir los derechos de autor que le corresponden por la realización de sus trabajos.
La decisión derrotó la tesis que sostenían las asociaciones privadas que disfrutan de una libertad de organizarse, de establecer reglas operatorias y reglas para relaciones que surgen entre sus miembros mientras se respete la legislación corriente. Siguiendo esta línea de pensamiento, la solución para esta controversia sobre la expulsión de un miembro podría basarse en los estatutos sociales y en el derecho civil, sin respetar el principio constitucional de amplia defensa. Por consiguiente, la Cámara Segunda del Tribunal, por una mayoría de votos, invalidó la petición extraordinaria.
El sometimiento de la vida animal a prácticas crueles, como las riñas de gallos, no es compatible con la Constitución, tal como lo establecen decisiones anteriores del Supremo Tribunal Federal.
Acción Directa de Inconstitucionalidad n º 2514 - Diario de Justicia - 09/12/2005
El Procurador General de la República interpuso una Acción Directa de Inconstitucionalidad contra la Ley 11.366/00 del Estado de Santa Catarina, que regula la cría, exhibición y competencia de las aves del género “Galus-galus”. De acuerdo con el peticionante, la ley impugnada violentaba Artículo 225.1.VII de la Constitución, pues autorizaba una competencia que sometía a los animales a crueldad. La Asamblea Legislativa del Estado de Santa Catarina argumentó que las riñas de gallos entre aves criadas exclusivamente para ese propósito eran parte de la cultura popular. Agregó que tales aves, además de estar genéticamente predispuestas a pelear, no eran apropiadas para consumo humano. Por otro lado, no podría haber “crueldad si peleaban entre ellos mismos”.
La Corte examinó los alegatos a la luz del Artículo 225.1.VII de la Constitución y considerando las anteriores decisiones que valoraban la conservación de la fauna como una meta deseable, prohibiendo las prácticas crueles contra la vida animal. La Corte invocó sus decisiones en ADI 1856/00 y RE 153.531, y afirmó que el mismo razonamiento era aplicable al caso en cuestión, de manera que el contenido de aquellos eran suficientes para rechazar los argumentos de la Asamblea Legislativa del Estado de Santa Catarina; Entonces, la Corte unánimemente aceptó la acción y declaró la inconstitucionalidad de la Ley 11.366/00 del Estado de Santa Catarina.
El Poder Judicial, cuando intervenga para garantizar las franquicias constitucionales y asegurar la integridad y supremacía de la Constitución, legítimamente cumple las funciones que le confiere la Constitución, incluso si sus propios proyectos de acción institucional se proyectan en el dominio orgânico del Poder Legislativo.
Mandato de seguridad N º 24 831 - Diario de Justicia - 04/08/2006
Los senadores presentaron una petición de “madado de segurança” (un peculiar instituto del sistema judicial Brasilero, que comparte algunos elementos con la petición del Derecho Común del auto de mandamus; busca un remedio a la violación de un derecho “liquido y cierto” que se encuentra amenazado por la acción u omission de una entidad pública y puede ser presentada como un procedimiento independiente contra la Junta Directiva del Senado por su omisión en la adopción de los procedimientos necesarios para la instalción de una comision de investigación parlamentaria , (Artículo 58.3 de la Constitución) encargada de: a) investigar el uso de las “casas de bingo” en delitos de lavado de dinero y b) aclarar su posible conexión, junto con las empresas concesionarias de la loteria, a las organizaciones de la delincuencia.
La Constitución establece que la commission de investigación parlamentaria puede ser creada por la Cámara de Diputados y por el Senado Federal, juntos o separados, a través de una moción de un tercio de sus miembros (Artículo 58.3 de la Constitución). Los peticionarios alegan que la omisión se especifica en la violación del derecho público subjetivo de las minorías parlamentarias para la instalación de una comisión parlamentaria.
A fin de evitar que la mayoría legislativa deniegue el ejercicio del derecho de la investigación parlamentaria por minorías legislativas, el Plenario de la Corte admitió el recurso. El Artículo 58, §3 de la Constitución establece que un pedido de instalación de un comité de investigación parlamentario debe: a) ser suscrito por al menos 1/3 de los miembros de la cámara legislativa (en este caso, el Senado); b) indicar un hecho determinado como el objeto de la investigación; y c) definir um marco de tiempo específico para la duración del comité.
Se decidió que si se cumplen estos requisitos constitucionales, una comisión de investigación parlamentaria debe estar instalado, sin necesidad de aprobación por mayoría, por lo que el presidente de la Cámara Legislativa debe adoptar los procedimientos posteriores necesarios para la instalación efectiva de la comisión. La sentencia afirma la posibilidad de revisión judicial de los actos del parlamento siempre que exista una denuncia de inobservancia de los derechos o garantias de naturaleza constitucional. La aparición de desviaciones jurídico-constitucionales en el trabajo de las comisiones de investigación parlamentaria es exactamente lo que justifica el ejercicio, por parte del Poder Judicial, de la actividad de revisión jurisdiccional sobre los posibles abusos legislativos, sin que ello implique una situación de intromisiones ilegítimas em el ámbito orgánico de otro Poder de la República.
La decision derrotó la tesis de que, aún cuando la mayoría no nombre a los miembros de la comisión de investigación parlamentaria, el Comité podría funcionar solo con los miembros designados por la minoría, de modo que no habría ningún obstáculo para el ejercicio del derecho a la supervision. En consecuencia, el Plenario de la Corte admitió la petición del auto de mandamus, por mayoría de votos, a fin de garantizar a los peticionarios el derecho a la instalación efectiva de la comisión invesstigadora parlamentaria que fue objeto del requerimiento 245/2004, determinando – aplicando analógicamente el Artículo 28.1 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, junto con el Artículo 85, caput, del Reglamento Interno del Senado Federal – que el Presidente del Senado procederá a nombrar a los miembros que faltan en el comité parlamentario de investigación, observando también el Artículo 58.1 de la Constitución.
La creación de un órgano central que tiene la competencia para el control administrativo de los tribunales y los jueces no viola el principio de la separación de poderes ni el pacto federal. Su creación es competencia exclusiva de la Unión Federal y no se comparte con los estados federales. El Supremo Tribunal Federal no está sometido al control del órgano mencionado puesto que es Tribunal jerárquicamente superior a él.
La acción directa de inconstitucionalidad núm 3367 - Diario de Justicia - 22/09/2006
Tomando en cuenta de acción directa de inconstitucionalidad propuesta por la Asociación de Magistrados Brasileros (AMB) de cara a dos artículos 1 e 2 de la Enmienda Constitucional 45/2004, en la parte en que establece normas relativas al Consejo Nacional de Justicia (CNJ). Los fundamentos jurídicos del pedido pueden ser reducidos a dos argumentos substanciales, segundo los cuales la institución del Consejo Nacional de Justicia implicaría: a) tanto innegable violación al principio de la separación de los poderes (articulo 2 de la Constitución), de que son corolarios el auto-gobierno en los Tribunales es su autonomía administrativa, financiera y organizativa (artículos 96, 99 e parágrafos, e 168 da Constitución; b) como todavía la ofensa al pacto federativo (artículos 18, 25 y 125 de la Constitución), en la medida en que someten a los órganos del Poder Judicial de los Estados a una supervisión administrativa, organizativa financiera y disciplinar por órganos de la Unión Federal.
La Corte, por unanimidad, aparto el vicio formal de inconstitucionalidad de la Enmienda Constitucional 45, del 8 de diciembre de 2004, no conociendo de la acción cuando el artículo 125.8 de la mencionada Enmienda en, el mérito, por mayoría, juzgo totalmente improcedente la acción. La Corte entendió que son constitucionales las normas que, introducidas por la enmienda Constitucional 45/2004, instituyen y disciplinan el Consejo Nacional de Justicia como órgano administrativo del Poder Judiciario nacional.
Se considero todavía, que no hubo ofensa a la cláusula constitucional inmutable (cláusula pétrea) y que subsiste el núcleo político del principio de la separación y de la independencia de los Poderes, mediante preservación de la función jurisdiccional, típica del Judiciario, y de las condiciones materiales de su ejercicio imparcial e independiente. Todavía segundo el entendimiento de la Corte, los Estados-miembros carecen de competencia constitucional para instituir, como órgano interno o externo del Judiciario, consejo destinado al control de la actividad administrativa, financiera o disciplinar de la respectiva justicia.
El Consejo Nacional de Justicia tiene atribuciones de controle de la actividad administrativa, financiera y disciplinar de la magistratura. Esa competencia es relativa apenas a los órganos y jueces situados, jerárquicamente, abajo del Supremo Tribunal Federal. El Consejo Nacional de Justicia, por ser órgano de naturaleza exclusivamente administrativa, no tiene ninguna competencia sobre o Supremo Tribunal Federal y sus Ministros, sendo este el órgano máximo del Poder Judiciario nacional, a que el propio Consejo está sujeto.
No viola las garantías y los derechos fundamentales la exigencia de contribuciones de seguridad social de los pensionistas y jubilados, porque la medida se basa en el principio de la solidaridad y el principio de equilibrio financiero y actuarial del sistema de pensiones. Viola el principio de igualdad tributaria aplicar diferencial de la tasa impositiva para los funcionarios públicos del Estado y los servidores públicos federales por la que todos pertenecen a una categoría que es de los funcionarios públicos.
La acción directa de inconstitucionalidad núm 3105 - Diario de Justicia - 18/02/2005
La Asociación Nacional de Miembros Del Ministério Público (CONAMP) propuso una acción directa de inconstitucionalidad fundada en el artículo 4 de la Enmienda Constitucional 41/2003, que impone a los funcionários públicos jubilados y pensionados la obligación de pagar la contribución de seguridad social con un porcentaje igual al establecido para los funcionarios titulares de cargos efectivos.
El autor alega que los servidores, después de jubilados conforme al sistema de seguridad social establecido en ese encontes, incorporan a su patrimonio jurídico el derecho de no pagar más contribución de seguridad social. En consecuencia, la contribución sobre la pensión de jubilación violaria la garantia constitucional de derecho adquirido y del acto jurídico perfecto. (Constitución, artículo 5.36). Afirman, también, que la nueva regla ofende los princípios de isonomia tributaria, por establecer alícuotas diferentes de contribución, y la irreductibilidad de los salários y ganancias. La Suprema Corte entendió que la extensión de la contribución de seguridad social ES uma imposición de naturaleza tributaria y, por tanto, debe ser analizada a la luz de los princípios constitucionales relativos a los tributos. Así, uno no puede oponerse a la garantia constitucional del derecho adquirido para eximirse del pagamento, pues no hay ninguna norma em el ordenamiento jurídico brasilero para inmunizar, de forma absoluta, la recaudación de impuestos, ni siquiera el principio de la irreductibilidad de las ganancias. Agrego que el uso de la percepción de productos como hecho generador de la contribución de seguridad social no configura bis in idem del impuesto a la renta, toda vez que las contribuciones de seguridad social no constituyen impuestos. Tampoco constituye doble tributación el hecho de que las contribuciones presenten la misma base de cálculo que el impuesto a la renta en relación a los inactivos, dada la inexistência de una autorización constitucional expresa. (Constitución, artículo 195.2).
El régimen de seguridad social público busca garantizar condiciones de subsistência, independência y dignidad personal del servidor de avanzada edad por médio del pago de la jubilación de la vejez, y, de conformidad con el artículo 195 de la Constitución, debe ser costeado por toda la sociedad, em forma directa o indirecta, lo que se podría denominar principio estructural de la solidaridad. El hecho de que los servidores ya hayan estado retirados al tiempo de la publicación de la Enmienda no puede eliminar la responsabilidad social por el costo, ya que el tratamiento de la seguridad social es distinto del reservado a los servidores activos.
Por otro lado, en relación al parágrafo único del artículo 4 de la norma impugnada, se entiende configurada una violación al principio de igualdad por tratar de forma diferenciada a los servidores en una situación jurídica idéntica. La Suprema Corte, por mayoría, juzgó improcedente el pedido en relación al “acápite” del artículo 4 de la Enmienda Constitucional 41, del 19 de diciembre de 2003, y, por unanimidad, juzgó inconstitucional las expresiones "cincuenta por ciento de" y "sesenta por ciento de" respectivamente, del parágrafo único del artículo 4.1 y del artículo 4.2 de la Enmienda Constitucional 41, por lo tanto se aplica a la hipótesis del artículo 4 de la Enmienda Constitucional 41, el artículo 40.18 del texto de la Constitución, introducido por la misma enmienda constitucional.
Al declarar la inconstitucionalidad de una ley, la concreta situación debe ser respetada, a favor de la seguridad jurídica. La anulación de la ley, con efectos ex tunc, resultaría en una seria amenaza a todo el sistema legislativo. Tomando en consideración el interés público, efectos pro futuro fueron excepcionalmente concedidos a la declaración incidental de inconstitucionalidad.
Recurso Extraordinario N º 197 917
El Procurador Público del Estado de São Paulo interpuso una apelación extraordinaria ante el Supremo Tribunal Federal contra una decisión del Tribunal de Justicia (“Tribunal de Justiça”) del Estado de São Paulo. Esa decisión había revocado el veredicto de una corte inferior, el cual, al reconocer la inconstitucionalidad de una previsión de la Ley Orgánica de la Municipalidad de Mira Estrela (Artículo 6, único párrafo), determinó que el número de concejales municipales debía reducirse de once a nueve y decretó la anulación de los mandatos políticos que excedían ese número. La Constitución establece que el número de concejales municipales debe ser proporcional a la cantidad de habitantes del municipio (Articulo 29.4). El recurrente alegó que la legislación municipal había violentado la proporcionalidad exigida por la Constitución al establecer un excesivo número de concejales, considerando que el municipio solo tenía 2651 habitantes.
El Plenario de la Corte decidió que el Artículo 29.4 de la Constitución demanda la mencionada proporcionalidad, observando los límites definidos en los incisos “a” a “c” de dicho artículo. Así, dejar el establecimiento de la composición de los concejos municipales a los legisladores municipales, con la sola limitación de los máximos y mínimos, significa quitarle sentido al requisito constitucional de la proporcionalidad. Entonces, la ley Orgánica que establece la composición del Concejo Municipal sin considerar la coherente relación proporcional con la respectiva población configura un exceso en el ejercicio del Poder Legislativo y es, por tanto, contraria al sistema constitucional vigente.
La no observancia del requisito de la proporcionalidad violenta los principios constitucionales de igualdad ante la ley y razonabilidad. Los Magistrados acordaron, entonces, que los citados principios constitucionales debían ser interpretados de manera que se observase un parámetro aritmético de tipo general, a fin de que la proporcionalidad requerida no implique la violación de otros principios constitucionales y no provoque resultados extraños a la realidad de los municipios brasileños.
El razonamiento seguido por la Corte en este caso es confirmado por el modelo constitucional para la composición de la Cámara de Diputados y de las Asambleas Legislativas Estaduales. (Artículos 25 y 45.1 de la Constitución). La decisión se impuso ante la tesis de que, a fin de no violentar la autonomía política municipal, los municipios tienen atribución discrecional para decidir la composición del los Concejos Municipales, siempre que respeten los límites máximos y mínimos establecidos en la constitución. Los Magistrados, al reconocer la inconstitucionalidad de la ley impugnada, se encontraron con el hecho de que las situaciones consolidadas debían ser respetadas, a favor del principio de seguridad jurídica. Reconocieron que esta era una situación excepcional, en la que la declaración de nulidad, con sus usuales efectos ex tunc, resultaría en una seria amenaza a todo el sistema legislativo vigente.
Entonces, a fin de preservar el interés público, efectos pro futuro fueron excepcionalmente concedidos a la declaración incidental de inconstitucionalidad En consecuencia, el Plenario de la Corte, por mayoría de votos, concedió parcialmente la apelación extraordinaria, en parte reestableciendo el veredicto de las cortes inferiores, a fin de declarar la inconstitucionalidad, incidenter tantum, del párrafo único del Artículo 6 de la Ley Orgánica de la Municipalidad de Mira Estrela y ordenó al Concejo Municipal adoptar las medidas necesarias para hacer su composición adecuada a los parámetros establecidos en su decisión, respetando los mandatos de los Concejales actuales.
En caso de prosecución criminal donde hay una posibilidad de violación de la privacidad o derecho de confidencialidad sobre fiscal, financiación bancaria o información electoral investigación y recolección de evidencia llevada por jueces que violan los principios de imparcialidad de los jueces y de la publicidad de los procedimientos como consagrados en la constitución Permite al Juez captar personalmente la evidencia que mas tarde pueda servir como fundamento de su propia regla pueda apeligrar la imparcialidad del Juez y la del debido proceso en el sistema criminal de justicia.
Acción Directa de Inconstitucionalidad n º 1570 - Diario de Justicia - 22/10/2004
El Procurador General de la República presento una acción directa de inconstitucionalidad en contra del artículo 3 de la ley 9.034/95, la cual determina que los jueces deben llevar la investigación y la recolección de evidencia en casos de prosecución criminal donde haya posibilidad de violación del derecho a la privacidad o confidencialidad garantizados por la constitución y por la ley sobre fiscal, bancos, información financiera o electoral. Los peticionantes reclaman que la disposición es impugnada por introducir la figura del juez inquisidor en el procedimiento judicial brasilero violando los principios de imparcialidad del juez y la publicidad de los procedimientos consagrado en los artículos 5.LIV, 5.LV, 93.IX y 129.I de la Constitución Podría apeligrar el debido proceso en el sistema de justicia criminal
La Corte estableció inicialmente que la disposición impugnada de la ley 9.034/95 fue parcialmente revocada por la legislación subsecuente de un rango superior (Ley complementaria 105 de 10.01.2001), específicamente sobre la protección privada de la información financiera de los bancos. De este modo se recuerda ante la corte la cuestión de inconstitucionalidad de la provisión relacionada a la recolección de información fiscal y electoral que pueda equivaler a una violación constitucional y garantís legales. Con respecto a esto la Corte considera que el artículo 3 de la ley 9.034/95 ha creado un excepcional procedimiento penal ajeno a la ley brasilera instituyendo la figura de juez instructor concediendo sobre los jueces funciones que generalmente corresponden normalmente al Procurador General de la República y autoridades policiales. Dejando que el juez personalmente colecte las pruebas que mas tarde podrán servir como fundamentación de su propia regla esa disposición puede disminuir la imparcialidad del juez en el debido proceso.
Por estas razones la corte decidio por mayoria votar en aceptar parcialmente la acción declarando la inconstitucionalidad del articulo 3 de la ley 9.034/95 y sus referencias con respecto a informaciones fiscales y electorales.
A fin de lograr una definición jurídico-constitucional del término “racismo”, es necesario combinar los factores y circunstancias históricas, políticas y sociales que determinaron su construcción y aplicación. El crimen de racismo constituye una ofensa contra principios sobre los cuales la sociedad humana se cimienta y organiza, tales como la respetabilidad y la dignidad de los seres humanos y la coexistencia pacífica.
Habeas Corpus N ° 82 424 - Diario de Justicia - 19/03/2004
Un recurso de Hábeas Corpus fue interpuesto ante el Supremo Tribunal Federal (STF) en nombre de Sigfried Ellwanger, un escritor y editor que fue condenado, en instancia de apelación, por el crimen de anti-Semitismo, en razón de haber publicado, vendido y distribuido material anti-Semítico. La Constitución (Artículo 5.42) establece que “la práctica del racismo constituye un crimen no sujeto a libertad bajo fianza o a prescripción.” Basado en la afirmación de que los Judíos no son una raza, el recurrente argumentó que el crimen de discriminación por anti-Semitismo por el que fue condenado, no posee la connotación racial necesaria para que rija la imprescriptibilidad dispuesta por el Artículo 5.42 de la Constitución, la cual debe aplicarse solo al crimen de racismo.
El Plenario de la Corte, basado en la premisa de que no existen subdivisiones biológicas de la especie humana, concluyó que la división de los seres humanos en razas es el resultado de un proceso de contenido meramente político-social. Éste proceso da a lugar al racismo, que a su vez, genera discriminación y prejuicios de tipo segregacionistas.
A fin de lograr una definición jurídico-constitucional del término “racismo”, es necesario combinar los factores y circunstancias históricas, políticas y sociales que determinaron su construcción y aplicación, mediante una interpretación sistémica y teleológica de la Constitución. Sólo así es posible determinar el verdadero sentido y alcance de la norma, la cual debe lograr una coherencia entre los conceptos etimológicos, sociológicos y antropológicos. Se argumentó que la discriminación en contra de los judíos, resultante de la concepción Nacional-Socialista de que los judíos y los Arios constituyen diferentes razas, es irreconciliable con los estándares éticos y morales reconocidos por la Constitución y por el mundo contemporáneo, sobre los cuales el Estado de Derecho Democrático se construye y armoniza. Como consecuencia, el crimen de racismo se verifica por el simple uso de dichos estigmas y constituye una ofensa contra principios sobre los cuales la sociedad humana se cimenta y organiza, tales como el respetabilidad y la dignidad de los seres humanos y la coexistencia pacífica entre ellos.
Es por todo lo expuesto que se reconoció que la edición y publicación de escritos que manifiesten ideas anti-Semíticas – que intenten revivir o dar credibilidad a la concepción racial del régimen Nazi, negando y subvirtiendo hechos históricos incontrovertibles, como el Holocausto, basados en la supuesta inferioridad y descalificación de las personas judías – devienen en una incitación a la discriminación con alto contenido racista, lo cual resulta de mayor gravedad dadas las consecuencias históricas de los actos que en ellas se basaron.
Los Magistrados entendieron que, en este caso, la conducta del recurrente al publicar libros con contenido anti-Semítico fue explícita, revelando una manifiesta intención de engañar, pues el se basó en la premisa incorrecta de que los judíos son, no solo una raza, sino un segmento racial estructural y genéticamente inferior y pernicioso.
De ésta manera, la discriminación que el cometió, deliberadamente y específicamente en contra de judíos, constituye el ilícito de practicar el racismo, con las graves consecuencias que lo acompañan. El Plenario determinó que la Constitución impone a los agentes de tales crímenes, en razón de la naturaleza, gravedad y carácter repugnante de los mismos, una cláusula que impide su prescripción, de manera que el rechazo y oposición de la sociedad brasilera a su práctica queden establecidos ad perpetuam rei memoriam. La prohibición de la prescripción para los crímenes de racismo está justificada como una seria advertencia a las generaciones presentes y futuras, a fin de impedir el renacimiento de viejos y anticuados conceptos que la conciencia jurídica ya no acepta. Fue decidido, por último, que, como cualquier derecho individual, la garantía de la libertad de expresión no es absoluta, y puede ser retraída cuando se extralimita en sus límites morales y jurídicos, como es el caso de manifestaciones inmorales que devienen en ilícitos penales. Por esta razón, en el caso concreto, la garantía de la libertad de expresión fue retraída a favor de los principios de la dignidad de la persona humana y de la igualdad jurídica. Las tesis alegadas por el recurrente, que hubieran determinado la concesión el Hábeas Corpus, considerando la no aplicación de la prescripción, o la concesión el Hábeas Corpus ex officio por conducta atípica, fueron desestimadas. En consecuencia, el Plenario de la Corte, por una mayoría de votos, denegó el Hábeas Corpus.
Para que la violación y el atentado violento al pudor sean considerados crímenes atroces, no es necesario que deriven en lesión corporal grave o muerte. En el ordenamiento jurídico brasilero, la calificación de un crimen como ”atroz” implica penalidades más severas y veda la posibilidad de conceder indulto o la conmutación de la sentencia del reo condenado por esos crímenes.
Habeas Corpus N º 81 288 - Diario de Justicia - 24/04/2003
El Servicio de Revisiones Criminales de la penitenciaría del Estado de Santa Catarina presentó un pedido de hábeas corpus al Supremo Tribunal Federal, en favor de Valdemiro Gutz, alegando retención ilegal practicada por el quinto Turno del Superior Tribunal de Justicia al juzgar el Recurso Especial 271.167, interpuesto en nombre del paciente.
El Sr. Gutz había sido condenado a 16 años y 8 meses de reclusión por el crimen de violación, cometido a lo largo de cinco años, a sus hijas menores, ambas menores de 14 años. Posteriormente, el fuero de Ejecuciones Penales de la ciudad de Curitibanos redujo em ¼ su pena en virtud del Decreto 3.226/99, el cual concede indultos y reduce algunas sentencias penales. Aquel fuero juzgó que el decreto no prohíbe la reducción de penas de condenados por delitos atroces, como la violación.
El Tribunal de Justicia de Santa Catarina hizo lugar al recurso interpuesto por el Ministério Público, que sustentaba que el art. 7º, I, del citado decreto efectivamente vedaba tal reducción de la pena. El Servicio de Revisiones Criminales interpuso, entonces, un Recurso Especial junto al Superior Tribunal de Justicia, que fue denegado.
Así, el Servicio há decidido presentar un pedido de hábeas corpus al Supremo Tribunal Federal, con el objetivo de hacer valer la decisión original del fuero de Curitibanos que conmutaba la sentencia de prisión. El peticionario alegó que, de acuerdo con el precedente del Supremo Tribunal Federal, la violación y el atentado violento al pudor constituirían crímenes atroces solo cuando causaren lesión corporales graves o muertes.
El Tribunal examino si la legislación calificaba la violación y el atentado violento al pudor como crímenes atroces per se o solamente si resultaban en lesión corporal grave o muerte. La controvérsia giraba en torno del texto del art. 1º, V, de la Ley 8.072/90, asi como de las enmiendas introducidas por la Ley 8.930/94, que clasificaba com ocrímenes atroces, entre otros, “violación (art. 213 y su combinación con el art. 223, “caput”y parágrafo único)”.
Los Ministros del Supremo Tribunal debatieron si la conjunción “y” em la expresión “y su combinación con” en el texto citado por la ley significaba que la lesión corporal grave o la muerte eran requisitos acumulativos para que el crimen de estupro sea considerado atroz. Por mayoría de votos, el Tribunal decidió que aquellos no eran requisitos acumulativos y que, por tanto, la legislación ya había, de hecho, determinado que la violación es, por si sola, um crimen atroz. Consecuentemente, el Tribunal denegó el pedido de hábeas corpus.
Un marco constitucional que concede que las libertades de pensamiento, creación y expresión no sufrirán restricción alguna y que explícitamente prohíbe a las leyes la creación de obstáculos a la libertad de prensa, siempre que los derechos individuales sean respetados, no tolerará el establecimiento de penalidades para los medios que divulguen, sin autorización, información sobre un menor acusado de violar la ley. Las penalidades como la suspensión de la circulación de diarios o de transmisiones de radio o de TV devendrían en una violación a la libertad de prensa, pues dificultarían la libertad del pueblo a ser informado.
Acción Directa de Inconstitucionalidad n º 869 - Diario de Justicia - 04/06/2004
El Procurador General de la República interpuso una Acción de Inconstitucionalidad Directa ante el Supremo Tribunal Federal contra el Artículo 247.2 de la Ley 8.069/90, que establece penalidades para cualquier medio que, sin autorización, divulgue información sobre un menor acusado de violar la ley. El peticionante, actuando por pedido de la Associação Nacional de Jornais – ANJ (“Asociación Nacional de Periódicos”), específicamente alegó que la penalidad de “suspensión de una estación de radio o TV hasta por dos días y de un periódico hasta por dos ediciones” violentaba los Artículos 220.1 y 220.2 de la Constitución. Estas disposiciones prohíben cualquier ley que “pueda representar un impedimento a la libertad de prensa” y cualquier forma de censura. El peticionante también argumentó que la disposición impugnada, además de violentar el principio de debido proceso, infringe el Artículo 5.XLV de la Constitución, que afirma que “ningún castigo debe trascender la persona del convicto”.
La Corte examinó las garantías de libertad de expresión reconocidas por la Constitución de 1988, comparándolas a aquellas reconocidas por la Constitución de 1981 y por la Enmienda Constitucional 1 de 1961. Concluyó que, contrariamente a regimenes anteriores, la Constitución de 1988 establece con claridad que la libertad de pensamiento, creación y expresión no sufrirán restricción alguna, y explícitamente prohíbe a las leyes la creación de obstáculos a la libertad de prensa, siempre que los derechos individuales consagrados en el artículo 5.IV, V, X, XII y XIV sean respetados. La divulgación de información sobre un menor acusado de violar la ley no fue incluida entre aquellos derechos individuales por los redactores de la Constitución. La Corte también determinó que las disposiciones del Artículo 247.2 de la Ley 8.069/90 eran inadecuadas como sanciones, pues devendrían en una violación a la libertad a la información del pueblo, lo cual no es tolerado por la Constitución. Además, esas penalidades se aplicarían en violación del debido proceso, pues los acusados no podrían defenderse antes de la imposición de las sanciones.
En conclusión, la Corte decidió, por voto unánime, declarar inconstitucional la expresión “suspensión de una estación de radio o TV hasta por dos días y de un periódico hasta por dos ediciones”, contenida en la mencionada ley.
Aunque los tribunales puedan cobrar tasas judiciarias y costos ad valorem, el cobro de alícuota excesiva o la inexistencia de un techo para las tasas puede infringir la garantía constitucional de pleno acceso a la prestación jurisdiccional si aquellas tasas fueran desproporcionalmente más elevadas de que el costo del servicio que remuneran.
Acción Directa de Inconstitucionalidad n º 1926 - Diario de Justicia - 10/09/1999
El Consejo Federal de la Orden de los Abogados de Brasil impetró acción directa de inconstitucionalidad, con petición de medida cautelar, contra diversos artículos de la Ley 11.404/96 del Estado de Pernambuco, que dispone que las tasas judiciarias y costos deberían ser calculadas con base en porcentaje del valor de la causa.
El autor argumentó que la ley estatal violó el art. 145, II, de la Constitución (que fija los principios para la cobranza de tasas), por utilizar, como base de cálculo de las tasas judiciarias, un criterio que solo podría haber sido utilizado para la cobranza de impuesto. Además de eso, otro dispositivo de la ley estatal que revocó el límite anteriormente existente para las tasas ad valorem violaría las garantías establecidas en los arts. 5, XXXV, y LV (que aseguran pleno acceso a la jurisdicción); 145, II (que define la cobranza de tasas); y 150, IV (que prohibe la tributación confiscatoria) de la Constitución.
Finalmente, el autor se refirió que la ley estatal, al reglamentar el uso de recursos provenientes de tasas judiciarias, infringió también el art. 236, II, de la Constitución, que alegadamente requería que tal reglamentación fuera objeto de ley federal.
El Plenario del Tribunal examinó la legitimidad de las tasas judiciarias ad valorem y su posible infracción del principio del libre acceso a la prestación jurisdiccional. Invocando precedente (Representación 1.077/84), el Tribunal concluyó que, aunque las tasas y costos ad valorem fueran, en principio legítimas, la cobranza de alícuotas excesivas y la inexistencia de techo para las tasas podría infringir la garantía constitucional del pleno acceso a jurisdicción (art. 5, XXXV, de la Constitución) si aquellas tasas fueran cobradas en niveles más elevados de que el servicio que remuneran. Por lo tanto, el Tribunal decidió, unánimemente, no conocer de la acción directa de inconstitucionalidad, por ausencia de interés procesal objetivo, en lo relacionado al art. 20 de la Ley 11.404 del Estado de Pernambuco y, en la parte en que conoció, conceder en parte el pedido de cautelar. Aunque el juicio de inconstitucionalidad del techo de 5% fijado por la referida ley estatal, el Tribunal rechazó expresamente su revocación porque esta implicaría el restablecimiento del techo anterior de 20%, agravando el estado de inconstitucionalidad.
El concepto de crimen político se basa en la identificación del objeto legal que es lesionado. El crimen contra la seguridad externa del Estado constituye un crimen político y por tanto sujeto a prohibición fijada en el art. 5, LII de la Constitución, segundo a la cual la extradición de un extranjero no será concedida con base a un crimen político o ideológico
Extradición N º 700 - Diario de Justicia - 05 / 11 / 1999
El Gobierno de la República Federal de Alemania presento al Supremo Tribunal Federal el pedido de extradición de Karl-Heinz Schaab, ciudadano alemán acusado de alta traición y de violar la Ley de Economía Externa de aquel país. O acusado estaba siendo procesado en Alemania por alevosamente haber pasado, al programa nuclear de Irak, secretos de estado sobre el enriquecimiento del uranio y sobre los equipamientos necesarios, en un período indeterminado en los años 1989-90. El pedido de extradición buscaba dar cumplimiento a una orden de prisión exagerada por Supremo Tribunal Federal alemán en Karlsruhe, el 23 de febrero de 1996.
El Tribunal examino, inicialmente, se los hechos descritos en la orden de prisión serian punibles en el ordenamiento jurídico brasileiro (art. 23 s Lei 6.453 de 17.10.1977). Se verifico además que los hechos imputados no estaban prescritos. Además de eso, el Tribunal considero si el pedido constituiría una violación de cosa Juzgada una vez que el extraditado ya había sido condenado por la corte alemana por los mismos hechos el 16 de abril de 1993 mas aquella sentencia fue suspendida. A pesar del nuevo proceso penal de Alemania es de hecho una reapertura del proceso anterior contra Karl-Heinz Schaab, el tribunal recordó que de acuerdo con la legislación brasilera, solamente la absolución o condenación del extraditado en Brasil – y no por un tribunal extranjero – constituyen excepciones a la concesión de extradición.
El Tribunal debatió entonces la cuestión crucial de si los hechos alegados constituirían crímenes políticos. O art. 5, LII, de la Constitución veda la extradición de extranjeros acusados de crímenes políticos o ideológicos. De acuerdo con la teoría objetiva del Derecho, el concepto de crimen político se basa en la identificación del objeto legal por el lesionado. No presente caso, se trata de seguridad externa del Estado.
No fueron alegados hechos adicionales contrae el extraditado que pudiese caracterizar crimen común de la conducta que le fuera imputada por el Estado requirente fue claramente presentada como crimen político.
El Plenario del Tribunal decidió, unánimemente, que los crímenes alegados eran de naturaleza política, pues esas abarcan no solo los cometidos contra la seguridad interna, más también la seguridad externa del Estado. Por tanto, denegó el pedido de extradición con base en la garantía insculpida en el art. 5, LII, de la Constitución.
El principio de proporcionalidad no es violado cuando la ley estatal garantiza amplios poderes al Gobernador del estado para implementar el programa de destatisación proveída que el estatuto establecido transparenta procesos objetos de repaso judicial y a otros mecanismos descuidados consagrados en la constitución federal.
Acción Directa de Inconstitucionalidad n º 1724 - Diario de Justicia - 22/10/1999
El partido de los Trabajadores (“Partido dos Trabalhadores”) promovió una Acción Directa de Inconstitucionalidad contra la ley complementaria 143 del estado de Río Grande do Norte, el cual creo el programa de destatisación en ese estado, buscando un requerimiento judicial en contra.
Los peticionantes reclamaron que el amplio poder conferido al Gobernador de Rio Grande Do Norte para privatizar cualquier compañía estatal, violando el principio de proporcionalidad una “regla implícita” de la constitución. La corte regulo el ADI 234 que fuera invocado, donde decidió que la ley estatal debe establecer a) condiciones específicas bajo cualquier compañía estatal puede ser alienada b) el interés público relevante o el orden público imperativo haciendo y c) que la actividad cual es privatizada es excesivamente e innecesariamente explorada el sector público.
La corte evalúa inicialmente si el principio de proporcionalidad fu violado por el estado de Rio Grande del Norte tomando en consideración la disciplina establecida discipline por el artículo 1 de la ley complementaria 143, la cual prepara las metas para el programa de destatisación de que el estado y de este modo restringir el poder garantido al Gobernador Mas que el Articulo 6 de la misma ley crea la Dirección de Comité con amplio con amplio poder de supervisión sobre la implementación del programa permitido por el repaso judicial caso por caso.
Finalmente, como el programa de destatisación del estado de Río grande del Norte es abierto al público, partidos políticos y la sociedad en general tiene recursos para prever el procedimiento en el Articulo 5.XXV de la constitución de acuerdo a cual “en caso de inminente peligro público la autoridad competente puede hacer uso de de la propiedad privada proveída en caso de daño subsecuente compensación es segura al dueño.- La corte descarto la búsqueda paralela con las reglas en ADI 234, en el programa de destatisación del estado de Río de Janeiro como en este caso allá no hubo ley general gobernando el programa de destatisación y la constitución del estado claramente demando que la alienación de la participación de ninguna compañía pública objeto de autorización legislativa.- Por estas razones el plenario de la corte por unanimidad de votos denegó la peticiona solicitada
La presunción de violencia en un abuso sexual con penetración perpetrado contra un menor no se opone al principio constitucional de la responsabilidad penal subjetiva, en razón de que un menor no es capaz de dar su consentimiento para tales actos. El alegato de ausencia de justa causa para la condena requiere un examen detallado de cada pieza de evidencia, lo cual no es admitido en un proceso de Habeas Corpus, de acuerdo con la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal.
Habeas Corpus N ° 74 983 - Diario de Justicia - 29/08/1997
Un pedido de Habeas Corpus fue interpuesto ante el Supremo Tribunal Federal en nombre de Mario Somensi, quien había sido sentenciado a cuatro años de prisión por el crimen de abuso sexual con penetración y a un año y diez meses de prisión por el crimen de abuso a menor. El peticionante solicitó ser dejado en libertad durante el trámite de la apelación y la anulación de su sentencia, alegando que no había incurrido en violencia. También afirmó que el Artículo 224.a del Código Penal, que establece la presunción de violencia en los crímenes sexuales contra menores, era inconstitucional.
La Corte examinó la cuestión referida a si el principio de responsabilidad penal subjetiva resultaba violado por el Artículo Art. 224 del Código penal y concluyó por la negativa. Como la víctima había sido una menor de edad, ella no habría podido dar su consentimiento.
La Corte también afirmó que el Artículo 224 del Código Penal (Decreto-Ley 2.848 de 1940) no podía ser “inconstitucional”, en tanto era anterior a la Constitución de 1988. Al examinar si el mismo tenía debida recepción por la Constitución de 1988, la Corte se decidió en lo positivo. El Artículo 227.4 de la Constitución (“La Ley debe punir severamente el abuso, violencia y explotación sexual de niños y adolescentes.”) claramente indica que el artículo 224 debe ser interpretado con la mayor amplitud posible.
Más aún, la Corte recalcó que el alegato de ausencia de justa causa para la condena requiere un examen detallado de cada pieza de evidencia, lo cual no es admitido en un proceso de Habeas Corpus, de acuerdo con la jurisprudencia del Supremo Tribunal Federal. Por lo expuesto, el Plenario de la Corte denegó el Habeas Corpus, por voto unánime.
La obligación constitucional del Estado de asegurar a todos los ciudadanos el pleno ejercicio de derechos culturales, promoviendo la apreciación y difusión de manifestaciones culturales, no exime al Estado de observar el precepto constitucional que prohíbe el tratamiento cruel de animales.
Recurso Extraordinario N º 153 531 - Diario de Justicia - 13/03/1998
Organizaciones para la protección de animales solicitan recurso especial junto al Supremo Tribunal Federal buscando la reforma de decisiones de instancias inferiores que habían rechazado acción demandando orden judicial que prohibiese el festival popular anual “Farra del Buey”. El festival incluye la “torada la cuerda” y la surra de toros, a veces hasta la muerte, y es tradicionalmente celebrado por comunidades litoráneas de origen açoriana en el Estado de Santa Catarina.
Las organizaciones recurrentes alegaron que se trata de una práctica cruel, que perjudica la imagen del País en el exterior. Argumentaron que el Estado de Santa Catarina se encontraba en violación del art. 225, §1,VII, de la Constitución, que dispone el deber del gobierno de “proteger la fauna y la flora, vedadas, en la forma de la ley, las prácticas que (...) sometan a los animales a la crueldad.”
El Segundo Grupo del Tribunal examinó si el festival era simplemente una manifestación cultural que eventualmente conducía a abusos periódicos de animales o si se trataba de una practica violenta y cruel con los animales. En esa discusión, el Tribunal consideró el argumento de que los recursos solo tratan de materia legal, y no factual. Se argumento que el hecho jurídico y la ley muchas veces están conectados inextricablemente, como demuestra la Teoría Tridimensional del Derecho.
Por mayoría de votos, el Segundo Grupo decidió que el festival “Farra del buey” constituía una práctica que sometía animales a un tratamiento cruel, en violación al art. 225, §1, VII, de la Constitución. En voto contrario, un Ministro sustentó que el festival era una expresión cultural legítima al ser protegida como tal por el Estado, en los términos del art. 215, §1 de la Constitución, y que la crueldad con animales durante el festival debería ser atribuida a excesos a ser castigados por las autoridades policiales.
Establecer una jerarquía entre normas constitucionales originarias no es compatible con un sistema rígido constitucional. El fundamento de la validez de todas las normas constitucionales originarias viene del poder constitucional originario - no de otras normas constitucionales.
Acción Directa de Inconstitucionalidad n º 815 - Diario de Justicia - 10/05/1996
El Gobernador del Estado de Río Grande do Sul falló sobre una Acción de Inconstitucionalidad Directa antes que el Supremo Tribunal Federal, contra la provisión constitucional que establece criterios para el número de Autoridades Federales que cada estado puede tener.
Los artículos 45.1 y 45.2 de la Constitución establecen un mínimo de ocho y un máximo de setenta Diputados por estado y por el Distrito Federal, asi mismo, estableció un número fijo de cuatro Diputados por Territorio. El solicitante alegó la existencia de una jerarquía sobre las normas constitucionales originarias para justificar su reclamo de declaración de inconstitucionalidad de las provisiones impugnadas. Sobre el hecho, él se defendió diciendo que configuraria una violación de algunas cláusulas inmutables ("cláusulas pétreas") incluídas en el artículo 60.4 de la Constitución, las cuales serían normas constitucionales superiores. El artículo 60.4 limita el alcance de las enmiendas constitucionales, excluyendo aquellas iniciativas destinadas a suprimir la forma federal de Estado; la votación directa, el voto secreto universal y periódico; la división de poderes; y los derechos individuales y garantías.
El Plenario del Tribunal afirmó que la tesis sobre la extistencia de una jerarquía entre las normas constitucionales originarias no es compatible con el sistema rígido constitucional vigente en Brasil, porque el fundamento de la validez de todas las normas constitucionales originarias proviene del poder constitucional originario y no de otras normas constitucionales.
Así, el Tribunal explicó que para conservar la identidad y la continuidad de todo el texto constitucional, los creadores de la constitución establecieron cláusulas inmutables que ponen límites al poder constitucional derivado. Ellos no crearon normas que puedan subordinar el poder constitucional originario así mismo y luego los mismas ser capaces de dar otras normas inconstitucionales originarias. Por todo esto, la contradicción sobre normas constitucionales originarias no es una pregunta sobre inconstitucionalidad, sino más bien de ilegitimidad de la Constitución en alguno de sus puntos.
Por esta razón, no hay que buscar la jurisdicción del Tribunal por encima de su competencia material, como no es de competencia del Tribunal fallar sobre el poder constitucional originário de sí mismo, sólo em la medida de actuar "como un guardián primario de la Constitución " (Artículo 102 de la Constitución), para evitar que no sea respetada. Por consiguiente, el Plenario del Tribunal fallo unánimemente en contra de la Acción deducida debido a la imposibilidad jurídica de su reclamación.
Con la adopción de la Nueva Constitución, la ley anterior o es coherente con ella y permanecerá en vigor, o es incoherente con ella y sera derogada por la misma. Al elaborar la legislación, los creadores de la ley observan los límites impuestos por la Constitución vigente, ya que es obviamente imposible obedecer los términos y preceptos de una Constitución futura, que todavía no existe.
La acción directa de inconstitucionalidad 2 - Diario de Justicia - 21/11/1997
La Federación Nacional de Establecimientos de Ensenanzas (Federação Nacional de Estabelecimentos de Ensino – FENEN) presentó una acción directa de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo federal en contra de la legislación reguladora de los precios cobrados por estos establecimientos (Artículos 1 y 3 del Decreto-Ley 532/1969 y Artículos 2 y 5 del Decreto 95921/1988). El demandante alegó que esas disposiciones eran incoherentes con la (entonces reciente) Constitución de 1988 y por lo tanto pidió que se declare incostitucionalidad.
El Plenário de la Corte examinó si el advenimiento de una nueva Constitución deroga o hace inconstitucional la ley anterior que es incompatible con la Constitución. La Corte examinó la tesis de la derogación simple y la inconstitucionalidad sobreviniente.
La teoría de la inconstitucionalidad de la ley presupone que una Constitución en vigor, limita los poderes del Estado y establece las responsabilidades y competencias. La ley es inconstitucional cuando es dictada por un poder que sobrepasa los limites establecidos en la Constitución vigente en ese momento, procediendo de una manera ajena a las competencias constitucionales.
El advenimiento de una nueva Constitución no tiene la capacidad de declarar la inconstitucionalidad de una ley que era coherente con la Constitución anterior. La inconstitucionalidad siempre es congénita, nunca posterior. Por lo tanto, la decisión no torna nula una ley anteriormente valida, pero solo declara la falla preexistente. La nueva Constitución deroga las leyes anteriores que sean incoherentes con ella por el simple hecho de que la nueva ley deroga la ley anterior, es decir, es una cuestión de derecho interporal. La decision derroto la tesis de la derogación de una ley anterior por la Constitución no excluye su posible inconstitucionalidad, ya que esto sería una derogación cualificada, derivado de la inconstitucionalidad de la ley posterior.
De acuerdo com los proponentes de esta tesis, el advenimiento de uma nueva Constitución produce la renovación de toda ley anterior, porque la Constitución vigente es siempre la base para la validez de las normas del sistema legal. De esta manera, uno no debe excluir la posibilidad de que la Corte juzgue la norma en el control abstracto, garantizando asi la posibilidad de poner fin a las numerosas controversias sobre las leyes impugnadas, sin obligar a todas las partes interesadas a buscar la tutela judicial efectiva a través del tortuoso camino de las apelaciones.
En consecuencia, por mayoría de votos, el Pleno del Tribunal de Justicia desestimó la acción debido a la imposibilidad juridica de la reclamación, como una Directa Acción de Inconstitucionalidad, la cual no tiene por objeto el examen de la derogación –o no- de las leyes por una Constitución posterior.
Se trata de una acción directa de inconstitucionalidad propuesta por la Asociación Nacional de los Miembros Del Ministerio Público (CONAMP), en el cual se cuestiona la validad del artículo 84.1 e 84.2 del Código de Procesal Penal, con la redacción determinada por la Ley 10.628/2002, cuyos dispositivos extendieron la prerrogativa de fuero de los agentes políticos para además de la da cesación de la actividad política.
La acción directa de inconstitucionalidad núm 2797 - Diario de Justicia - 19/12/2006
Preliminarmente, la Abogacía-General de la Unión, después de argumentar la ilegitimidad de la autora, por tratarse de asociación integrada por personas físicas y por asociaciones cuestionó, incluso, la ausencia del requisito de la pertinencia temática. En El mérito, sustento, en resumen, que las normas impugnadas no introducen competencia adicional alguna a las constitucionalmente previstas para los Tribunales, cuidándose de mera explicación del sentido y del alcance de tales competencias, observando El principio de la hermenéutica constitucional de la máxima efectividad de las normas constitucionales, sin nada que aumentarle.
La Suprema Corte, por unanimidad, rechazó las preliminares y entendió que las entidades de clase del ámbito nacional están legitimadas para ingresar con acciones abstractas de control de constitucionalidad, si hubiera relación de pertinencia temática entre la finalidad institucional de la requirente y de los dispositivos legales cuestionados. La Corte, por mayoría, juzgó procedente la acción para declarar la inconstitucionalidad de la Ley 10.628, de 24 de diciembre de 2002, que aumentó el artículo 84.1 y el artículo 84.2 a el artículo 84 del Código Procesal Penal, y consideró que hubo pretensión inadmisible de interpretación auténtica de la Constitución por ley ordinaria y usurpación da competencia del Supremo Tribunal. Cuanto a la acción de improbidad administrativa, que es una acción civil, la Corte entendió que es inconstitucional la extensión de la competencia especial por prerrogativa de función establecida para el proceso penal condenatorio contra el mismo dignatario (artículo 84.2 del Código Procesal Penal, introducido por la Ley 10.628/2002), teniendo en vista que se trataba de competencia originaria no prevista en la Constitución. La competencia originaria de los Tribunales para juzgar crímenes de responsabilidad es bien más restrictiva que la de juzgar autoridades por crímenes comunes. Al contrario de lo que sucede con los crímenes comunes, la regla es que cesa la imputabilidad por crímenes de responsabilidad con el término de la investidura del dignatario acusado.

References: Artículo 182
 Artículo 225
 artículo 182
 Artículo 182
 Artículo 182
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 125
 artículo 2
 artículo 17
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 artículo 56
 artículo 129
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 40
 artículo 21
 artículo 3
 artículo 16
 artículo 4
 artículo 37
 artículo 34
 artículo 16
 artículo 4
 Artículo 18
 Artículo 18
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 artículo 22
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 artículo 57
 artículo 13
 artículo 57
 artículo 41
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 artículo 48
 artículo 49
 artículo 56
 artículo 57
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 Resolución 
 Resolución 
 artículo 24
 Artículo 34
 Artículo 102
 Artículo 225
 Artículo 225
 Artículo 58
 Artículo 28
 Artículo 85
 Artículo 58
 artículo 125
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 195
 artículo 195
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 40
 Artículo 29
 Artículo 6
 artículo 3
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 Artículo 5
 Artículo 247
 Artículo 5
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 Artículo 247
 artículo 1
 Artículo 224
 Artículo 224
 Artículo 227
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 artículo 60
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 artículo 84
 artículo 84
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