Source: http://enciclopediadebioetica.com/index.php/todas-las-voces/295-reflexion-bioetica-criminologica-y-tratamiento-juridico-penal-de-la-mutilacion-genital-femenina
Timestamp: 2018-06-24 05:23:36+00:00

Document:
Enciclopedia de Bioética - REFLEXION BIOÉTICA, CRIMINOLÓGICA Y TRATAMIENTO JURÍDICO PENAL DE LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA
Está aquí: Home Todas las voces REFLEXION BIOÉTICA, CRIMINOLÓGICA Y TRATAMIENTO JURÍDICO PENAL DE LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA
Autores: Fidel Bedia Castillo, Rocío Salamanca de Dueñas*
La mutilación genital femenina (MGF), es una práctica, fundamentalmente presente en África, pero también en algunos países de Asia e incluso en América Latina, como es el caso de Colombia, así como en muchos países del continente europeo como efecto de la inmigración, que comprende todos los procedimientos consistentes en la resección parcial o total de los genitales externos femeninos, así como otras lesiones de los órganos genitales femeninos por motivos culturales o religiosos u otros no médicos o terapéuticos. Si bien es cierto que se utilizan distintos términos para referirse a esta acción (ablación, circuncisión femenina, cortes genitales, , cirugía genital femenina, práctica tradicional, sunna , ñyakaa , entre otras), también lo es que en la actualidad, y no solo desde las posiciones más tuitivas de los derechos humanos sino también desde diversas organizaciones internacionales (ONU, Comisión Europea,…), se aboga por englobar dichas prácticas bajo la denominación de mutilación genital femenina toda vez que esta idea trasciende de la práctica, stricto sensu, de la acción amputativa para considerar que integra un atentado a la integridad psico-física de las mujeres y niñas.
Tipo II: Excisión : Según la OMS, escisión o ablación; consistente en la resección parcial o total del clítoris y los labios menores, con o sin escisión de los labios mayores. En Francia el término “excision” con frecuencia se utiliza como el término general que da cobertura a todos los tipos de mutilación genital femenina.
Tipo III: Infibulación : Mediante esta técnica (cuya etimología se remota a la palabra latina “fibula” –pinza-) se provoca el estrechamiento de la abertura vaginal para crear un sello mediante el corte y la recolocación de los labios menores o mayores, con o sin resección del clítoris, manteniéndolos unidos . Se erige, así, como la técnica más cruenta, agresiva y drástica de todas cuyos orígenes se remontan a las practicas realizadas hace cinco mil años por las sacerdotisas del antiguo Egipto, motivo por el cual se designa, también, “circuncisión faraónica”.
La jurista francesa, MIREILLE DELMAS-MARTY , afirma que la dignidad humana es inherente a la condición humana, es la humanidad del ser humano. Por consiguiente, añade BENEDICTE LUCAS, “debe ser protegida, respetada y promovida, lo que implica que ninguna costumbre puede menoscabarla; lo que no significa negar el derecho de cada ser humano a ser diferente, a tener una identidad cultural distinta, sino poner un límite intangible a la aceptación de ciertos valores y prácticas”. (6)
Razones religiosas: La fundamentación de la mutilación genital femenina de índole religioso no ofrece una única motivación sino que ésta se encuentra vinculada a la localización espacial de la etnia en que se practique. Así, en Mali, los bambaras , entienden que el clítoris es el refugio de un espíritu maligno, incluso un aguijón que puede herir al futuro marido, por lo que su extracción es imprescindible; en otros pueblos africanos consideran que el clítoris es un atributo masculino, y para que una mujer alcance la femineidad absoluta es preciso privarla de rasgos masculinizantes y así poder considerarla pura.
Razones higiénicas y estéticas: La creencia de que los genitales femeninos son antiestéticos o sucios es la que subyace en este motivo. La mutilación genital femenina se concibe como un medio para embellecer a la mujer, e incluso, para purificarla (la ablación en algunos contextos socioculturales es sinónimo de purificación). Este es el caso de los emberá chamí , el tercer pueblo indígena más grande de Colombia, donde se han detectado los únicos casos de esta práctica en América Latina; las mayoras (ancianas) proceden a "curarlas” como un acto cuyo significado cultural mantiene la forma de purificación o limpieza, bien por considerarlas demasiado fogosas y así evitar que incurrieran en actos de infidelidad, para impedir que se conviertan en “marimachas” o lesbianas, o con argumentos tan kafkianos como la malformación o la evitación del placer de la mujer durante el acto sexual.
Razones psicosexuales y reproductivas: Éstas gravitan principalmente en torno a la idea de que la mutilación genital femenina integra un control sobre la sexualidad femenina toda vez que las mujeres sometidas a esta práctica, entienden sus defensores, tienen un menor deseo sexual, lo que en países como Uganda o Kenia o aquellos en los que se practica la poligamia contribuye a la paz familiar (el marido puede satisfacer las demandas sexuales de todas sus mujeres); o en países como Egipto, Sudán o Somalia garantiza el honor de las familias, ya que éste está íntimamente vinculado a la virginidad de las niñas.
Esta actividad internacional (son numerosos los instrumentos legales que la comunidad internacional arbitra en defensa de los Derechos Humanos, tales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención de la ONU sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer -destacando en su artículo 5, la eliminación de prejuicios o prácticas consuetudinarias basadas en la idea de inferioridad o superioridad de los sexos-, la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración de la ONU sobre la eliminación de todas la formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la religión o convicciones que protege los derechos del niño contra los abusos cometidos en nombre de una creencia o tradición cultural determinada, los programas del Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM) y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), así como la Resolución de la Asamblea General 56/128 sobre Prácticas Tradicionales o Consuetudinarias que afectan a la Salud de la Mujer o la Niña,…) será positivamente recibida por los estados quienes la implementarán en sus ordenamientos jurídicos y agendas.
En el caso de España, durante los años ochenta del siglo pasado, la mutilación genital femenina era vista como una rara avis, una situación “exótica”, cuya incidencia -en número de casos- era poco significativa. Una década después, y también en los albores del siglo XXI, el contexto se va modificando (debido al aumento de la población inmigrante en nuestro país de personas oriundas de países en los que la práctica de la mutilación genital femenina está socialmente aceptada –tales como Guinea, Egipto, Malí, Chad, Costa de Marfil, Eritrea, Mauritania, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Yibuti,….-, los pediatras y ginecólogos detectan mujeres y niñas mutiladas genitalmente lo que suscita alarma social y una situación que precisa de una respuesta desde la Justicia –que se encontrará en una delicada tesitura-.
El artículo 149.2 del Código Penal, redactado según el número seis del artículo primero de la L.O. 11/2003 , de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, dispone que “El que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones será castigado con la pena de prisión de seis a 12 años. Si la víctima fuera menor o incapaz, será aplicable la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de cuatro a 10 años, si el juez lo estima adecuado al interés del menor o incapaz” (10). No obstante, y tras la reforma operada en el Código Penal mediante L.O. 1/2015 -por la que se modifica la L.O. 10/1995, del Código Penal- se introduce la referencia al término “persona discapacitada necesitada de especial protección” (11), en sustitución al concepto de “incapaz” empleado en la citada modificación de 2003 resultando, por tanto, en vigor -desde el día 1 de julio de 2015- el siguiente texto, a saber, el que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones será castigado con la pena de prisión de seis a doce años. Si la víctima fuera menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, será aplicable la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de cuatro a diez años, si el juez lo estima adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección.
Los hechos que se declaran probados refieren que el padre y la madre de las menores (debidamente escolarizadas), naturales de Gambia y residentes legales en España -desde hacía veintidós años, en el caso del padre, y desde 1998, en el caso de la madre-, en fecha no determinada de los últimos seis meses del año 2010, “dichos procesados, puestos de común acuerdo, bien directamente o bien a través de persona de identidad desconocida, pero contribuyendo eficazmente a tal fin, extirparon el clítoris a ambas menores, motivados por sus creencias culturales y religiosas, siendo conocedores ambos procesados de la prohibición de tal práctica en su país de residencia, y sin que durante dicho periodo de tiempo las mencionadas menores hayan salido del territorio nacional. (…) Como consecuencia de los hechos descritos, ambas menores resultaron con lesiones consistentes en ausencia del glande del clítoris, no imposibilitando la relación sexual pero sí alterando el placer sexual”. (12)
No se puede obviar, con ocasión del análisis tanto de la resolución judicial citada como de la normativa penal aplicable, la habitual invocación de la pretendida concurrencia de error de prohibición ; o dicho de otro modo, que se intente exonerar de responsabilidad criminal a los autores de los hechos por considerar que éstos actúan en la creencia de estar obrando lícitamente. Pese a la circunstancia de que en el país de origen la ablación del clítoris sea una práctica habitual, no puede ser excusa para elaborar una teoría del «error de prohibición fundado en los factores culturales a los que pertenece el sujeto», y ello porque el respeto a las costumbres tiene un límite infranqueable, a saber, el respeto a los Derechos Humanos.
En Colombia, existe un compromiso decidido con la erradicación de una práctica secular a través de la educación y la concienciación, a pesar de que en el artículo 33 del Código Penal colombiano (13) establece -especialmente para aquellas comunidades que tienen una cosmovisión ancestralmente diferente a la mayoría de la sociedad colombiana- la inimputabilidad para quienes en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica no tuvieran la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez sicológica, trastorno mental, diversidad sociocultural o estados similares (…), figura esta última, como señala GAVIRIA TRESPALACIOS, “reservada para las comunidades indígenas y para otros grupos sociales aislados y marginados que no se inscriben dentro de la órbita social dominante, parte hoy en día del principio constitucional de que Colombia es una nación pluriétnica y pluricultural”. (14)
El Protocolo de Maputo se pronunció por primera vez en el año 2003 contra la mutilación genital femenina; aunque el Parlamento de la Unión Africana prohibió en agosto del año 2016 esta práctica en sus cincuenta estados miembros, considerándola ilegal, existen países que aún no lo han ratificado. En Etiopía, tanto la Constitución de 1994 como el Código Penal lo prohíbe expresamente, castigando con penas de entre cinco y veinte años de cárcel por esta práctica; en Kenia existen dos leyes que protegen a la mujer contra la mutilación genital, estableciendo una de ellas, desde el año 2011, un mínimo de tres años de prisión para los autores y penas para aquellos que discriminan a las mujeres que no han sido mutiladas; sin embargo, siguen existiendo enclaves en el país donde persiste la ley de la costumbre que tradicionalmente sancionan los ancianos, con lo que se mantiene esta sangrienta ceremonia en la clandestinidad.
Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.
Podrá considerarse "víctima" a una persona, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el perpetrador y la víctima. En la expresión "víctima" se incluye además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en peligro o para prevenir la victimización.
Tanto la comunidad internacional (Asamblea de Naciones Unidas, Parlamento Europeo,…) como los distintos gobiernos nacionales son conscientes de que la erradicación de la mutilación genital femenina no pasa, de manera exclusiva y excluyente, por dispensar un tratamiento jurídico penal adecuado , sino que requiere un enfoque global e interdisciplinar que abarque todas las caras de esta realidad poliédrica (aspectos sanitarios, culturales, educativos y legales).
[12] Respecto al error de prohibición, el Tribunal Supremo, en Sentencia 2026/2014, señaló que en el caso enjuiciado deviene imposible la aplicación del mismo puesto que “ entrevistas con la Administración dieron ocasión a específicas advertencias antes de la fecha en que se sitúa la ablación y de las reacciones de la madre, así como de que ésta informó a su esposo aquí recurrente.
[13] Sobre la diversidad sociocultural es interesante la Sentencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional C-370, de 14 de mayo de 2002, donde declara la exequibilidad de la expresión “ diversidad sociocultural” del artículo 33 del Código Penal Colombiano, bajo los siguientes dos supuestos: a) que, la inimputabilidad no se deriva de una incapacidad sino de una cosmovisión diferente, y b) que en casos de error invencible de prohibición proveniente de esa diversidad cultural, la persona debe ser absuelta y no declarada inimputable, conforme a lo señalado en esta sentencia.
1. Oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Chile. (6 de febrero de 2014). (ONU, Ed.) Recuperado el 1 de junio de 2016, de Sistema de las Naciones Unidas: http://www.onu.cl/onu/mensaje-del-secretario-general-con-motivo-del-dia-internacional-de-tolerancia-cero-con-la-mutilacion-genital-femenina/
2. Tomás y Garrido, G. M. (2006). Cuestiones actuales de bioética. Navarra: Eunsa.
3. United Nations Children’s Fund. (2013). Female Genital Mutilation/Cutting: a statistical overview and exploration of thedynamics of change. New York: UNICEF.
4. Organización Mundial de la Salud. Mutilación genital femenina [Nota descriptiva. Febrero de 2017]; Recuperado el 3 de Abril de 2017, de Centro de Prensa: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs241/es/index.html
5. Kant, E. (1977). Fundamentación metafísica de las costumbres (5ª ed.). (M. García Morente, Trad.) Madrid: Espasa-Calpe.
6. Lucas, B. (2008). Recuperado el 16 de Junio de 2016, de Aproximación antropológica a la práctica de la ablación o Mutilación Genital Femenina: http://www.uv.es/CEFD/17/blucas_antropo.pdf
7. Guerra López, R. (2007). La persona es fin y no medio. El fundamento normativo de la bioética personalista. En G. M. Tomás y Garrido, & E. M. Postigo Solana (Edits.), Bioética personalista: ciencia y controversias (pág. 55). Madrid: Ediciones Internacionales Universitarias.
8. UNICEF (2016). Female Genital Mutilation/Cutting: A Global Concern. New York.
9. van Gennep, A. (1986). Los ritos de paso. Madrid: Taurus.
10. Medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros. Ley Orgánica 11/2003 de 29 de septiembre. Boletín Oficial del Estado, nº 234, (30-09-2003).
11. Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo. Boletín Oficial del Estado, nº 77, (31-03-2015).
12. Tribunal Supremo. (8 de Mayo de 2014). Recuperado el 1 de junio de 2016, de CENDOJ. Recurso de Casación por infracción de ley y precepto constitucional: http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
13. Código Penal y de Procedimiento Penal colombiano: Leyes 599 y 600 de 2000 (24 de Julio); actualizado, comparado y concordado con sentencias de exequibilidad e inexequibilidad de la Corte Constitucional. (2002). Bogotá́: Ed. Nueva Jurídica..
14. Gaviria Trespalacios, J. (2005). La inimputabilidad: concepto y alcance en el Código Penal Colombiano. Revista Colombiana de Psiquiatría (34), 26-48.
15. Pérez Vaquero, C. (2011). Recuperado el 12 de junio de 2016, de Las mutilaciones genitales femeninas en la Unión Europea: http://www.derechoycambiosocial.com/revista026/mutilaciones_genitales.pdf
16. Serrano Ruiz-Calderón, J. M. (2006). Bioética y Derecho. En G. M. Tomás y Garrido, Manual de Bioética (2 ed., pág. 60). Barcelona: Ariel.
17. Stuart Mill, J. (1997). Sobre la libertad. Madrid: Alianza.
18. Amirian, N., & Zein, M. (2009). El Islam sin velo: Un acercamiento serio y riguroso a la cara más desconocida del mundo islámico. Barcelona: Planeta.
Bedia Castillo, Fidel ; Salamanca de Dueñas, Rocío: Reflexión bioética, criminológica y tratamiento jurídico penal de la mutilación genital femenina, en García, José Juan (director): Enciclopedia de Bioética, URL:http://www.enciclopediadebioetica.com/index.php/todas-las-voces/295-reflexion-bioetica-criminologica-y-tratamiento-juridico-penal-de-la-mutilacion-genital-femenina

References: artículo 5
 Resolución 
 artículo 149
 resolución 
 artículo 33
 artículo 33