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Timestamp: 2019-04-24 22:03:08+00:00

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Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
Esta Ley tiene por objeto incorporar al derecho interno la Directiva 2000/35/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen
A lo largo de esta última década, la Unión Europea ha venido prestando una atención
creciente a los problemas de los plazos de pago excesivamente amplios y de la morosidad
en el pago de deudas contractuales, debido a que deterioran la rentabilidad de las empresas,
produciendo efectos especialmente negativos en la pequeña y mediana empresa. Además,
las disparidades existentes entre los Estados miembros respecto a las legislaciones y
prácticas en materia de pagos constituyen un obstáculo para el buen funcionamiento del
Son numerosas las iniciativas de la Unión Europea desarrolladas sobre esta materia,
entre las cuales está la Recomendación de la Comisión de 12 de mayo de 1995, relativa a
los plazos de pago en las transacciones comerciales. Al no haberse logrado mejoras en
materia de morosidad desde la adopción de esta recomendación, se ha hecho necesaria la
Directiva 2000/35/CE.
El objetivo general de esta directiva es fomentar una mayor transparencia en la
determinación de los plazos de pago en las transacciones comerciales, y también su
cumplimiento. Para ello, la directiva comprende un conjunto de medidas tendentes, de una
parte, a impedir que plazos de pago excesivamente dilatados sean utilizados para
proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor, y, de otra, a disuadir
los retrasos en los pagos, erradicando las causas por las que en la actualidad la morosidad
puede resultar ventajosa económicamente para los deudores.
El alcance de esta directiva está limitado a los pagos efectuados como contraprestación
en operaciones comerciales entre empresas y entre éstas y el sector público. No regula las
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000. Las medidas sustantivas contra la morosidad que esta Ley regula consisten en establecer. por lo que el juez podrá modificar estos acuerdos si.3 de la Ley 7/1996. Precisamente esta regulación de las cláusulas abusivas es la que ha determinado la necesidad de dar una nueva redacción al artículo 17. de 16 de junio. Objeto. en perjuicio del acreedor. Esta Ley tiene por objeto combatir la morosidad en el pago de deudas dinerarias y el abuso. El plazo de exigibilidad de la deuda y la determinación del tipo de interés de demora establecidos en la ley son de aplicación en defecto de pacto entre las partes. en la fijación de los plazos de pago en las operaciones comerciales que den lugar a la entrega de bienes o a la prestación de servicios realizadas entre empresas o entre empresas y la Administración. Artículo 1. principalmente. La Ley se dicta al amparo de las competencias que la Constitución Española atribuye al Estado en el artículo 149. como es el de desplazar a los usos del comercio que hayan venido consagrando plazos de pago excesivamente dilatados. aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000. Cuando la Ley hace referencia a que el juez puede considerar los usos del comercio como elemento objetivo de valoración a la hora de determinar el posible carácter abusivo de una cláusula contractual. resultaran abusivos para el acreedor. También. valoradas las circunstancias del caso. los intereses relacionados con otros pagos como los efectuados en virtud de la legislación en materia de cheques y letras de cambio ni los pagos de indemnizaciones por daños. los cuales se verían sustituidos por las disposiciones de esta Ley.ª que atribuye al Estado la legislación básica sobre Contratos de las Administraciones Públicas. modifique el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACIÓN CONSOLIDADA operaciones en las que intervienen consumidores. de 15 de enero. de Ordenación del Comercio Minorista.ª y 8. A estas medidas se añade la posibilidad de pactar cláusulas de reserva de dominio a los efectos de que el vendedor conserve la propiedad de los bienes hasta el pago total de la deuda. dispensando igual tratamiento a todos los agentes económicos en materia de pagos por operaciones comerciales. en una disposición final.1.1.18. Igual adecuación requieren las disposiciones reguladoras de los pagos entre contratistas y subcontratistas y suministradores. de 16 de junio. podrá considerarse factor constitutivo de dicho abuso el que el acuerdo sirva. toma este extremo sólo como un dato factual y objetivo que permite comparar la actuación de un operador con la situación del tráfico mercantil en cada momento. El criterio subjetivo y material que delimita el ámbito de aplicación de la Directiva 2000/35/CE aconseja efectuar su transposición a nuestro ordenamiento jurídico mediante una ley especial que regule las medidas sustantivas contra la morosidad. un plazo de exigibilidad de intereses de demora. En este sentido. con carácter general. determinar su devengo automático. la Ley regula la acción colectiva dirigida a impedir la utilización de estas cláusulas cuando hayan sido redactadas para uso general. para ajustar los pagos a los proveedores a las previsiones de esta Ley. Ahora bien. la disposición final primera de esta Ley se dicta al amparo del artículo 149. La nueva Ley introduce un cambio esencial en este ámbito. La inclusión de las Administraciones públicas en el ámbito de la Directiva 2000/35/CE. señalar el tipo de interés de demora y otorgar al acreedor el derecho a reclamar al deudor una indemnización razonable por los costes de cobro.6. La adecuación de nuestra legislación interna sobre contratación pública al ordenamiento jurídico comunitario está contenida en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. para su adecuación a las previsiones de la norma comunitaria.ª por afectar a la legislación mercantil y civil. y que. hace necesario modificar la regulación del tipo de interés de demora e introducir el reconocimiento del derecho del acreedor a una indemnización por costes de cobro de la deuda. No obstante. A estos fines responde la disposición final primera de esta Ley. la libertad de contratar no debe amparar prácticas abusivas imponiendo cláusulas relativas a plazos de pago más amplios o tipos de interés de demora inferiores a los previstos en esta Ley. para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor o para que el contratista principal imponga a sus proveedores o subcontratistas unas condiciones de pago que no estén justificadas por razón de las obligaciones que asuma. Página 2 .
mediante una factura comprensiva de todas las entregas realizadas en dicho período. o agrupándolas en un único documento a efectos de facilitar la gestión de su pago. se referirá a todos los días naturales del año. de 30 de octubre. c) Morosidad. 4. o entre empresas y la Administración. c) Las deudas sometidas a procedimientos concursales incoados contra el deudor. 1. en ningún caso. Artículo 3. Ámbito de aplicación. En este caso. y serán nulos y se tendrán por no puestos los pactos que excluyan del cómputo los periodos considerados vacacionales. el incumplimiento de los plazos contractuales o legales de pago. y siempre que se tome como fecha de inicio del cómputo del plazo la fecha correspondiente a la mitad del período de la factura Página 3 . agrupación periódica de facturas. incluso aunque la factura o solicitud de pago se hubiera recibido con anterioridad a la aceptación o verificación. la recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo de pago. El plazo de pago que debe cumplir el deudor. 3. de acuerdo con el artículo 3. Esta Ley será de aplicación a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas. 2. Si legalmente o en el contrato se ha dispuesto un procedimiento de aceptación o de comprobación mediante el cual deba verificarse la conformidad de los bienes o los servicios con lo dispuesto en el contrato. siempre que se encuentre garantizada la identidad y autenticidad del firmante. Artículo 4. Cuando en el contrato se hubiera fijado un plazo de pago. factura resumen periódica. a los entes. d) Plazo de pago. si no hubiera fijado fecha o plazo de pago en el contrato. Definiciones. Podrán agruparse facturas a lo largo de un período determinado no superior a quince días. y la recepción por el interesado. su duración no podrá exceder de treinta días naturales a contar desde la fecha de recepción de los bienes o de la prestación de los servicios. la integridad de la factura. b) Administración. pagarés y letras de cambio y los pagos de indemnizaciones por daños. incluso cuando hubiera recibido la factura o solicitud de pago equivalente con anterioridad. b) Los intereses relacionados con la legislación en materia de cheques. así como las realizadas entre los contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas. se pueda acordar un plazo superior a 60 días naturales. de Contratos del Sector Público. de Contratos del Sector Público. organismos y entidades que forman parte del sector público. se considerará como: a) Empresa. será de treinta días naturales después de la fecha de recepción de las mercancías o prestación de los servicios.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACIÓN CONSOLIDADA Artículo 2. a cualquier persona física o jurídica que actúe en el ejercicio de su actividad independiente económica o profesional. 2. incluidos los pagos por entidades aseguradoras. Los proveedores deberán hacer llegar la factura o solicitud de pago equivalente a sus clientes antes de que se cumplan quince días naturales a contar desde la fecha de recepción efectiva de las mercancías o de la prestación de los servicios. Quedan fuera del ámbito de aplicación de esta Ley: a) Los pagos efectuados en las operaciones comerciales en las que intervengan consumidores. Los plazos de pago indicados en los apartados anteriores podrán ser ampliados mediante pacto de las partes sin que. de 30 de octubre. 1. Determinación del plazo de pago. que se regirán por lo establecido en su legislación especial. A los efectos regulados en esta Ley.3 de la Ley 30/2007. el plazo de pago será de treinta días después de la fecha en que tiene lugar la aceptación o verificación de los bienes o servicios. de conformidad con lo dispuesto en la Ley 30/2007.
en defecto de pacto. Indemnización por costes de cobro. según el caso. Artículo 5. el acreedor tendrá derecho a cobrar del deudor una cantidad fija de 40 euros. 1. El deudor no estará obligado a pagar la indemnización establecida en el apartado anterior cuando no sea responsable del retraso en el pago. Por tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de financiación se entenderá el tipo de interés aplicado a tales operaciones en caso de subastas a tipo fijo. El tipo legal de interés de demora. Interés de demora. 3. cuando alguno de los plazos no se abone en la fecha acordada. b) Que no haya recibido a tiempo la cantidad debida a menos que el deudor pueda probar que no es responsable del retraso. este tipo de interés se referirá al tipo de interés marginal resultante de esa subasta. Artículo 7. El obligado al pago de la deuda dineraria surgida como contraprestación en operaciones comerciales incurrirá en mora y deberá pagar el interés pactado en el contrato o el fijado por esta Ley automáticamente por el mero incumplimiento del pago en el plazo pactado o legalmente establecido. En el caso de que se efectuara una operación principal de financiación con arreglo a un procedimiento de subasta a tipo variable. incluidas: Página 4 . Requisitos para que el acreedor pueda exigir los intereses de demora. el tipo legal que se establece en el apartado siguiente. Artículo 9. En caso de que las partes hubieran pactado calendarios de pago para abonos a plazos. El Ministerio de Economía y Hacienda publicará semestralmente en el «Boletín Oficial del Estado» el tipo de interés resultante por la aplicación de la norma contenida en el apartado anterior. el tipo de interés de demora o la compensación por costes de cobro cuando resulte manifiestamente abusiva en perjuicio del acreedor teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso. 1. El tipo legal de interés de demora que el deudor estará obligado a pagar será la suma del tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a su más reciente operación principal de financiación efectuada antes del primer día del semestre natural de que se trate más ocho puntos porcentuales. El acreedor tendrá derecho a intereses de demora cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos: a) Que haya cumplido sus obligaciones contractuales y legales.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACIÓN CONSOLIDADA resumen periódica o de la agrupación periódica de facturas de que se trate. sin necesidad de aviso de vencimiento ni intimación alguna por parte del acreedor. Además. El interés de demora que deberá pagar el deudor será el que resulte del contrato y. Devengo de intereses de demora. Cuando el deudor incurra en mora. Artículo 6. se aplicará durante los seis meses siguientes a su fijación. determinado conforme a lo dispuesto en este apartado. los intereses y la compensación previstas en esta ley se calcularán únicamente sobre la base de las cantidades vencidas. 2. Será nula una cláusula contractual o una práctica relacionada con la fecha o el plazo de pago. que se añadirá en todo caso y sin necesidad de petición expresa a la deuda principal. 1. Cláusulas y prácticas abusivas. y el plazo de pago no supere los sesenta días naturales desde esa fecha. el acreedor tendrá derecho a reclamar al deudor una indemnización por todos los costes de cobro debidamente acreditados que haya sufrido a causa de la mora de éste y que superen la cantidad indicada en el párrafo anterior. Artículo 8. 2.
c) Y cuando el deudor tenga alguna razón objetiva para apartarse del tipo de interés legal de demora del apartado 2 del artículo 7. de 13 de abril. por las siguientes entidades: a) Las asociaciones. si sirve principalmente para proporcionar al deudor una liquidez adicional a expensas del acreedor. en los términos y con los efectos dispuestos por la legislación comercial y mercantil de carácter nacional. de trabajadores autónomos y de agricultores que estatutariamente tengan encomendada la defensa de los intereses de sus miembros. Estas entidades podrán personarse. Página 5 . b) La naturaleza del bien o del servicio. de 3 de julio. o aquellas que excluyan el cobro de dicho interés de demora o el de la indemnización por costes de cobro prevista en el artículo 8. contraria a la buena fe y actuación leal. en los órganos jurisdiccionales o en los órganos administrativos competentes para solicitar la no aplicación de tales cláusulas o prácticas.258 del Código Civil y dispondrá de facultades moderadoras respecto de los derechos y obligaciones de las partes y de las consecuencias de su ineficacia. 2. en nombre de sus asociados. 4. Asimismo. federaciones de asociaciones y corporaciones de empresarios. En todo caso. pueda probarse que el interés aplicado no resulta abusivo.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACIÓN CONSOLIDADA a) Cualquier desviación grave de las buenas prácticas comerciales. en los contratos que no están incluidos en el ámbito de la Ley 7/1998. son nulas las cláusulas pactadas entre las partes o las prácticas que resulten contrarias a los requisitos para exigir los intereses de demora del artículo 6. También son nulas las cláusulas y prácticas pactadas por las partes o las prácticas que excluyan el interés de demora. conforme a la Ley 7/1998. salvo que atendiendo a las circunstancias previstas en este artículo. o cualquier otra sobre el tipo legal de interés de demora establecido con carácter subsidiario en el apartado 2 del artículo 7. no será de aplicación a las operaciones comerciales realizadas con la Administración. o si el contratista principal impone a sus proveedores o subcontratistas unas condiciones de pago que no estén justificadas por razón de las condiciones de que él mismo sea beneficiario o por otras razones objetivas. de acuerdo con lo previsto en esta Ley. Serán igualmente nulas las cláusulas abusivas contenidas en las condiciones generales de la contratación según lo dispuesto en el apartado 1. de Defensa de la Competencia. sobre Condiciones Generales de la Contratación. Industria y Navegación. c) Los colegios profesionales legalmente constituidos. Las denuncias presentadas por estas entidades ante las autoridades de competencia tendrán carácter confidencial en los términos de la Ley 15/2007. entendiendo que será abusivo cuando el interés pactado sea un 70 por ciento inferior al interés legal de demora. las entidades mencionadas en dicho apartado también podrán personarse en los órganos jurisdiccionales o en los órganos administrativos competentes y asumir el ejercicio de acciones colectivas de cesación y de retracción en defensa de los intereses de sus asociados frente a empresas incumplidoras con carácter habitual de los períodos de pago previstos en esta Ley. Esta posible modificación del interés de demora. o de la cantidad fija a la que se refiere el apartado 1 del artículo 8. b) Las Cámaras Oficiales de Comercio. 5. 3. para determinar si una cláusula o práctica es abusiva para el acreedor se tendrá en cuenta. El juez que declare la invalidez de dichas cláusulas abusivas integrará el contrato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1. de profesionales. de 13 de abril. considerando todas las circunstancias del caso. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior. Las acciones de cesación y de retracción en la utilización de las condiciones generales a que se refiere el apartado anterior podrán ser ejercitadas. cuando tenga un contenido abusivo en perjuicio del acreedor. sobre Condiciones Generales de la Contratación.
de 16 de junio. en cuanto a la nulidad de las cláusulas pactadas por las causas establecidas en su artículo 9. Régimen de pagos en el comercio minorista. Con el fin de velar por la plena transparencia en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley. En las relaciones internas entre vendedor y comprador. Derogación normativa.112 del Código Civil. aquél conservará la propiedad de los bienes vendidos hasta el pago total del precio. Disposición final primera. Disposición adicional primera. a excepción de aquellas que. El Gobierno. la presente Ley será aplicable a los contratos celebrados con posterioridad a su entrada en vigor. se estará en primer lugar a lo dispuesto por el artículo 17 de dicha Ley. siendo de adscripción voluntaria por parte de los agentes económicos. remitirá al Congreso de los Diputados un informe en el que se analizarán y evaluarán los efectos y las consecuencias de la aplicación del contenido de la misma en relación a los plazos de pago en las operaciones comerciales realizadas entre empresas y entre empresas y Administración. aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000. Sin perjuicio de la aplicación del artículo 1. efectivamente. Cláusula de reserva de dominio. en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Ley. incluida la aplicación del tipo de interés de demora establecido en su artículo 7. Informe del Gobierno al Congreso de los Diputados. Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a esta Ley. La Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial del Página 6 . las Administraciones Públicas promoverán la elaboración de Códigos de buenas prácticas comerciales. se modifica en los siguientes términos: Uno. financiación o asunción de la obligación. Modificación del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000. hayan sido celebrados con posterioridad al 8 de agosto de 2002. realiza la contraprestación por cuenta del deudor o permite a este último adquirir derecho sobre el objeto de la reserva de dominio o utilizarlo cuando dicha contraprestación se destina.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACIÓN CONSOLIDADA Artículo 10. Contratos preexistentes. Disposición derogatoria única. En el ámbito de los pagos a los proveedores del comercio que regula la Ley 7/1996. El apartado 4 del artículo 99 queda redactado como sigue: «4. No obstante. de 15 de enero. El texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. en cuanto a sus efectos futuros. Disposición adicional segunda. el vendedor podrá subrogar en su derecho a la persona que. mediante la realización de anticipos. en relación a la determinación del plazo de pago. de 16 de junio. de Ordenación del Comercio Minorista. a ese fin. el vendedor o el tercero que haya financiado la operación podrá retener la documentación acreditativa de la titularidad de los bienes sobre los que se haya pactado la reserva de dominio. Esta Ley será de aplicación a todos los contratos que. así como la adopción de sistemas de resolución de conflictos a través de la mediación y el arbitraje. Artículo 11. resulten más beneficiosas para el acreedor. aplicándose de forma supletoria esta Ley. Transparencia en las buenas prácticas comerciales. Entre las medidas de conservación de su derecho. Disposición transitoria única. incluidos en su ámbito de aplicación. siempre que se haya convenido expresamente una cláusula de reserva de dominio entre comprador y vendedor antes de la entrega de los bienes.
Si se produjera demora en el pago del saldo de liquidación. el contratista tendrá derecho a percibir los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. podrá además exigirse por el subcontratista o suministrador que dicho pago se garantice mediante aval.» Tres. el contratista deberá abonar las facturas en el plazo fijado de conformidad con el artículo 4 de la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. si se demorase. cuatro meses y ocho meses previstos en el artículo 99. dentro del plazo de un mes. se entenderá que los comerciantes deben efectuar el pago del precio de las mercancías que compren antes de treinta días a partir de la fecha de su entrega. y cuando el plazo de pago supere los ciento veinte días. La Ley 7/1996. Los aplazamientos de pago para los demás productos de alimentación y gran consumo no excederán del plazo de sesenta días. Modificación de la Ley 7/1996. Los apartados 4 y 5 del artículo 116 quedan redactados como sigue: «4.3. salvo pacto expreso en el que se prevean compensaciones Página 7 . de 15 de enero. El apartado 4 del artículo 110 queda redactado como sigue: «4.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACIÓN CONSOLIDADA contrato. a partir del vencimiento del plazo previsto para su entrega. sin perjuicio del plazo especial establecido en el apartado 4 del artículo 110. Salvo lo que se dispone en el siguiente apartado 5. Cuando el plazo de pago se convenga más allá de sesenta días.» Disposición final segunda. se modifica en los siguientes términos: Uno. los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. A falta de plazo expreso. 3. Los aplazamientos de pago de productos de alimentación frescos y de los perecederos no excederán en ningún caso de treinta días. En caso de demora en el pago. Excepto en los contratos de obras.a). 4 y 5 del artículo 17 quedan redactados como sigue: «1. 3. 5. a contar desde la fecha del acta de recepción.» Dos. Los apartados 1. el subcontratista o el suministrador tendrá derecho al cobro de los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la misma Ley. dicho pago se instrumentará mediante un documento que lleve aparejada la acción cambiaria. el contratista tendrá derecho al abono del interés de demora previsto en la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales de las cantidades debidas o valores económicos convenidos. que se regirán por lo dispuesto en el artículo 147. Los subcontratos y los contratos de suministros a que se refiere el párrafo anterior tendrán en todo caso naturaleza privada.» Cuatro. el saldo resultante.» Cinco. deberá acordarse y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato y abonársele. En el supuesto del artículo 167. de Ordenación del Comercio Minorista. a partir del cumplimiento de dicho plazo de sesenta días. deberá abonar al contratista. El apartado 3 del artículo 169 queda redactado como sigue: «3. La letra a) del apartado 2 de la disposición final primera queda redactada como sigue: «a) Los plazos de sesenta días. de 15 de enero. de Ordenación del Comercio Minorista. y. en su caso. así como de los daños y perjuicios sufridos.
se producirá el devengo de intereses moratorios en forma automática a partir del día siguiente al señalado para el pago o.ª y tendrá la consideración de norma básica. a aquel en el cual debiera efectuarse de acuerdo con lo establecido en el apartado 1. cuando los comerciantes acuerden con sus proveedores aplazamientos de pago que excedan de los sesenta días desde la fecha de entrega y recepción de las mercancías. el pago deberá quedar instrumentado en documento que lleve aparejada acción cambiaria. a contar desde la fecha de recepción de la mercancía. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».3 de esta Ley se aplicará a partir del 1 de julio de 2006.» Dos.18. que en ningún caso será inferior al señalado para el interés legal incrementado en un 50 por ciento. En todo caso. que no tiene este carácter de norma básica de acuerdo con la disposición final primera de este texto legal.ª y 8. 4. con excepción de la modificación del artículo 169. 5. Se añade una disposición transitoria segunda con la siguiente redacción: «Disposición transitoria segunda. la disposición final primera de esta Ley se dicta al amparo del artículo 149.ª de la Constitución atribuye en exclusiva al Estado en materia de legislación mercantil y civil. el documento se deberá emitir o aceptar por los comerciantes dentro del plazo de treinta días. Mando a todos los españoles. salvo que las partes hubieren acordado en el contrato un tipo distinto. En el caso de aplazamientos superiores a noventa días. proveedores del comercio minorista. con mención expresa de la fecha de pago indicada en la factura. Esta Ley se dicta al amparo de las competencias que el artículo 149. En esos supuestos. este documento será endosable a la orden. No obstante. en defecto de pacto. Son productos de gran consumo aquellos fungibles de compra habitual y repetitiva por los consumidores y que presenten alta rotación.» Disposición final tercera. particulares y autoridades. el vendedor podrá exigir que queden garantizados mediante aval bancario o seguro de crédito o caución. Entre tanto. Régimen de aplazamientos de pagos a los El plazo fijado para los productos frescos y perecederos seguirá siendo el ya exigible de 30 días.1. Entrada en vigor. que guarden y hagan guardar esta ley. Por tanto.1. sin que en ningún caso pueda exceder el plazo de noventa días. Disposición final cuarta. El Gobierno determinará reglamentariamente en el plazo de tres meses la definición de los productos a los que se refiere el apartado anterior. los aplazamientos de pago de los productos de alimentación que no tengan carácter de frescos ni perecederos y los productos de gran consumo no excederán de noventa días desde la entrega de la mercancía.3 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Título competencial. Se entenderá por productos de alimentación frescos y perecederos aquellos que por sus características naturales conservan sus cualidades aptas para comercialización y consumo durante un plazo inferior a treinta días o que precisan condiciones de temperatura regulada de comercialización y transporte.BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACIÓN CONSOLIDADA económicas equivalentes al mayor aplazamiento y de las que el proveedor sea beneficiario.6. siempre que la factura haya sido enviada. Para la concesión de aplazamientos de pago superiores a ciento veinte días. Con relación a los productos que no sean frescos o perecederos ni de alimentación y gran consumo. el tipo aplicable para determinar la cuantía de los intereses será el previsto en el artículo 7 de la Ley por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. En cualquier caso. La limitación máxima de 60 días a la que se refiere el artículo 17. Página 8 .
29 de diciembre de 2004. Más información en info@boe.es Página 9 .BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO LEGISLACIÓN CONSOLIDADA Madrid. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO Este texto consolidado no tiene valor jurídico. El Presidente del Gobierno. JUAN CARLOS R.
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 Artículo 3
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 Artículo 4
 Artículo 2
 Artículo 5
 Artículo 7
 Artículo 9
 Artículo 6
 Artículo 8
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 9
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 Real Decreto 
 artículo 1
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 Real Decreto 
 Artículo 10
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 resolución 
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 artículo 110
 artículo 17
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 artículo 167
 artículo 169
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