Source: https://www.slideshare.net/angelicadelap/iniciativa-que-reforma-a-la-ley-de-atencin-a-vctimas
Timestamp: 2018-02-22 21:18:49+00:00

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Iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Víctimas
1. Página 1 de 121 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE VÍCTIMAS HONORABLE ASAMBLEA: Los suscritos, integrantes de la LXIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,y la fracción I del artículo 8 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Víctimas. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS En años recientes nuestro país ha sido escenario de múltiples formas de violencia, las cuales han experimentado un incremento en incidencia e impacto en la seguridad y los derechos humanos de las personas. En vistas de la situación, el Estado Mexicano ha adoptado diversas medidas para contrarrestar el fenómeno. Aunque es innegable que aún falta mucho por hacer para consolidar una política efectiva de Estado que prevenga, investigue, sancione y repare de manera integral los hechos victimizantes ocurridos en nuestro territorio, tampoco cabe duda de que, principalmente a partir de la iniciativa de la sociedad civil, se ha avanzado en la construcción de un marco normativo garantista que amplía los mecanismos de protección de toda persona contra la violencia, los abusos y la inseguridad. Cuatro de las más relevantes propuestas normativas que se han adoptado en ese sentido, la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia del 18 de junio de 2008; la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011; la Ley General de Víctimas del 9 de enero de 2013, primera disposición reglamentaria de los derechos victimales en materia de reparación de las primeras reformas constitucionales; y la reforma constitucional para crear las leyes generales de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley y de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes del 10 de julio de 2015, nacieron a partir de insumos presentados a esta soberanía por parte de organizaciones de derechos humanos, expertos de la academia y grupos de víctimas. En particular la Ley General de Víctimas nació y tomó forma desde 2011 a partir de la legítima demanda de miles de víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos que rompieron el silencio, así como de organizaciones de derechos humanos y personas solidarias, que se articularon en ese momento en torno al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y dio origen a referentes que se han convertido en colectivos en favor de la construcción de una cultura de la paz.
2. Página 2 de 121 La Ley General de Víctimas es, sin duda, una de las más avanzadas y completas del mundo, y debe considerarse como un modelo de buena práctica en la armonización de la normatividad interna con respecto a los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos, justicia restaurativa y justicia transicional. Ese reconocimiento, particularmente hacia los principios, derechos y medidas de ayuda, asistencia y reparación integral que contempla, viene no solamente de las y los legisladores o de los organismos internacionales de derechos humanos que así lo han externado en reiteradas ocasiones, sino sobre todo de miles de víctimas que, en lo individual o colectivo, ven plasmadas muchas de sus expectativas y demandas en este texto normativo. Con todo, la forma que debe asumir la legislación siempre está condicionada a la eficacia y eficiencia que tenga en los hechos para atender la problemática que la motivó, y desde esta Legislatura, en atento diálogo con los grupos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil expertas en el tema, hemos observado de cerca los avances y desafíos que se han presentado ya en su plena implementación, advirtiendo que hay importantes áreas de oportunidad para que, a partir de la modificación del texto normativo, se faciliten y mejoren los trabajos para que los derechos de las víctimas se realicen y se dé la mayor satisfacción posible a aquellos por los que la legislación se creó. En este sentido, una de las principales exigencias y preocupaciones externadas por las víctimas en foros legislativos, ante la opinión pública y en las oficinas de las instancias creadas por la Ley, es que las instituciones que ella estableció garanticen con efectividad sus derechos, con apego irrestricto al espíritu protector de la norma que perseguía desde su origen la eliminación de los obstáculos que, bajo la forma de requisitos y procedimientos burocratizados, fragmentarios y arbitrariamente extendidos incurrían en la victimización secundaria de las víctimas, esto es, que se convertían en una fuente de nuevos daños o agravaban los existentes. Con todo, y pese a la buena fe de la norma, los hechos han vuelto evidente la necesidad de plantear modificaciones urgentes para rectificar aquellos aspectos que desde la instalación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hasta la fecha están produciendo victimización secundaria y mayor dolor a quienes se acercan a esta institución. Desde luego, se reconoce que la reforma normativa es una de muchas herramientas de política pública que deben impulsarse para que los derechos de las víctimas sean finalmente una realidad en el país; esto se lograrácuando las numerosas iniciativas para combatir efectivamente la impunidad, la corrupción y las causas estructurales de la violencia se concreten en el quehacer cotidiano, pues la crisis de violencia y humanitaria no tendrá solución con la simple adecuación del texto legislativo. De la mano con las reformas que constituyen la presente Iniciativa deberán emprenderse esfuerzos serios desde todas las instituciones del Estado mexicano obligadas por la Ley General de Víctimas, especialmente aquellas que conforman el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y particularmente
3. Página 3 de 121 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que, tomando en cuenta las experiencias previas, permitan prevenir fenómenos de discrecionalidad, inmovilidad, improvisación o conflictividad interna institucional, y sobre todo, incurrir en negligencias, omisiones y, en suma, el incumplimiento de las obligaciones de garantizar, promover, proteger y respetar a cabalidad los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación integral. A tres años de publicada la Ley y dos de instalado su órgano operativo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, los resultados esperados se han visto limitados e insatisfactorios, pues no se ha interpretado la ley con base en el principio constitucional pro persona. Es indudable que la expectativa en la institución se elevó de modo dramático debido a que fue instalada teniendo como telón de fondo la emergencia victimal y la consternación pública por la incidencia constante y sistemática de casos dolorosos de violencia como los numerosos casos de desapariciones de personas, homicidios, tortura, secuestros, extorsiones, violencia sexual y feminicidios, trata de personas y muchos otros tipos de hechos victimizantes que se ventilan hace años en diversas instituciones públicas de fuero federal y común. Las condiciones para el conjunto de las instituciones públicas en Méxicohan sido complejas por la desconfianza ciudadana y el colapso que muchas de ellas, sobre todo las de seguridad y procuración de justicia, han vivido; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas surge en medio de dicha complejidad, y no hubo la capacidad de comprender la trascendencia humana de su mandato, y pese a que se le dotó de importantes recursos públicos, especialmente para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, quedó subsumida en la burocracia y, los obstáculos que su reglamentación e interpretación de la norma impusieron, generó un subejercicio mayor del 90%. Las víctimas y sus familiares han vivido desde hace muchos años una situación de indefensión y orfandad, de maltrato, de condiciones indignas que profundizan su dolor; la Ley General de Víctimas, con todo y lo que pudiera haberse criticado válido o no, se construyó como instrumento del Estado mexicano para atenderlas y protegerlas, sin embargo, se convirtió en una institución más de la estructura del gobierno y no ha sido eficaz ni eficiente para cumplir con el propósito vital que le dio origen; por ello, sobra reiterar la importancia de asumir los cambios que se requieren y que, como una aportación al debate, se ponen a la consideración de esta soberanía. Es importante destacar que en la presente iniciativa se recogen preocupaciones y propuestas que han surgido del propio entorno legislativo en el Senado y que se han visto expresadas en la interlocución constante con las víctimas y sus familiares, así como con las organizaciones de derechos humanos que las acompañan. II.- CONTENIDO DE LA INICIATIVA:
4. Página 4 de 121 A lo largo de toda la ley se incorporan a las víctimas de desplazamiento forzado y migrantes como sujetos de los derechos que otorga la presente Ley; así también se armoniza con la reforma constitucional que modifica el estatus jurídico del antiguo Distrito Federal, ahora Ciudad de México y se utiliza Entidades Federativas para incorporar a los estados y a la Ciudad de México en las obligaciones establecidas por esta norma; en los artículos 84 y 79 se establece que ninguna norma de carácter inferior puede restringir ni disminuir los derechos establecidos por esta ley sustantiva; se incorporan elementos que estarán incluidos en las disposiciones de la ley en materia de desaparición de personas para mayor protección a las víctimas de este hecho delictivo; así también, en los artículos 64, 66, 67 y 69, se precisan los elementos para agilizar y hacer expedita la compensación a que tienen derecho las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. En el artículo 1, se establece que la Ley General de Víctimas es la ley en materia de reparación de conformidad con los artículos 1°, tercer párrafo y 17, 20 y 73, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. También, en el cuarto párrafo, y a lo largo de toda la iniciativa de reforma, se modifica el concepto “compensación” por el de “indemnización”, para evitar interpretaciones burocráticas. En el artículo 2, se precisa todos los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos y se ratifica el bloque constitucional que se ha creado a partir de la reforma en derechos humanos del 10 de junio de 2011. En el artículo 4, se define con mayor precisión como se adquiere la calidad de víctimas y se recoge la demanda de los familiares de ser considerados también víctimas directas porque uno de los efectos de la victimización es su carácter múltiple de violación a derechos por la propia condición de víctimas, es decir, se les estigmatiza, se les criminaliza, se les tortura psicológicamente, se les maltrata en las instituciones, y en el caso de familiares de personas desaparecidas, delito pluriofensivo, también existe la tortura. La definición de víctima se recoge de la que, para estos efectos, ha establecido el Comité Internacional de la Cruz Roja. Así mismo, se incorpora mayor precisión para la protección de las víctimas potenciales. En el artículo 5, en primer lugar, se organizan los principios en un formato de fracciones para poder citar con precisión el principio que se quiere referir, así también se precisan las definiciones para atender una implementación efectiva, en particular, se modifica en su totalidad el principio de mínimo existencial para incidir en el cambio cultural de los servidores públicos que atienden víctimas y que interpretan con una visión burocrática lo mínimo que deben ofrecer a las víctimas para tratarlas con respeto y dignidad. En el artículo 6, el concepto de “compensación” representa internacionalmente la reparación en términos económicos que debe recibir una víctima desde la perspectiva de un derecho, se agrega en la fracción V, como lo obligado para la autoridad cuando se trate de la “compensación” a una víctima, la clarificación de que se trata de la reparación o indemnización económica a la que tiene derecho la víctima; actualmente, las autoridades que interpretan la ley han usado su incomprensión sobre el concepto “compensación” para obstaculizar la reparación; por ello, con el objetivo de que las
5. Página 5 de 121 autoridades puedan identificar una definición que sigue presente en el entramado jurídico en cuanto a reparación del daño y no se utilice como pretexto para la victimización secundaria de las víctimas es que se propone incorporar en la definición de “compensación” que se trata de reparación o indemnización económica; se adiciona en la fracción VIII, la definición de desplazamiento interno forzado para poder proveer a las víctimas de este fenómeno creciente de los derechos que integralmente se protegen en esta ley, la experiencia ha sido que los comisionados de la Comisión Ejecutiva han desconocido a las víctimas del desplazamiento interno por no estar referido este hecho victimizante en la ley actual. Al adicionar esta definición en la fracción VIII, se recorren todas las fracciones. La incorporación del fenómeno victimizante y de las víctimas de desplazamiento interno forzado se hace en los artículos 6, 8, 9, 28, 38, 41, 45, 47, 63, fracción XXX del 79, fracción IX del 93, fracción II del 101, fracción VIII del 118, fracción VI del 119, 131 y 150. Se incorpora un nuevo párrafo a la nueva fracción XVIII con el objeto de definir con precisión la calidad de víctima con base en la definición propuesta por el Comité Internacional de la Cruz Roja. En el artículo 7, se inhiben interpretaciones personales o reglamentarias que disminuyan los estándares protectores que se plantean en la ley sustantiva, se precisa en la fracción I que los derechos a una investigación eficaz se deriva del hecho victimizante; en las fracciones III y IV, se define con mayor precisión el derecho a la verdad y el derecho a la protección; en la XX, el derecho a la consulta sobre todos los procesos en los que participan; En el artículo 8, se incorpora con claridad que independientemente de la competencia federal o de las entidades federativas, las víctimas tienen derechos, que no pueden ser soslayados bajo argumentos de jurisdiccionales. En el artículo 9, se incorpora como derecho de las víctimas de violaciones a derechos humanos, desaparición; tortura, tratos crueles o penas crueles inhumanos degradantes; ejecuciones extrajudiciales o desplazamiento interno forzado, a la reintegración y a soluciones duraderas- En los artículos 15 y 23, se incorpora el derecho de las víctimas a un perito independiente con cargo a los recursos de las comisiones nacional o de las entidades federativas. En el artículo 21, se incluye que las organizaciones de víctimas u otras personas que representen a las víctimas puedan participar directamente en las exhumaciones, así como ajustarse en lo que tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales como la legislación en materia de desapariciones, establecen en materia de pruebas científica, y se plantea no sólo en caso necesario, frase que se elimina, sino como una directriz normativa, que las autoridades no pueden autorizar ni ellas mismas realizar, cremación de cadáveres, hayan sido éstos identificados o no. En el artículo 26, y a lo largo de toda la propuesta de reforma, se incorpora la previsión de que ningún ordenamiento de carácter inferior, como ha sucedido a partir de la creación del reglamento de ley, puede restringir ningún derecho ni medida de reparación que disminuya los estándares protectores y garantistas de la ley sustantiva. En el artículo 27 fracción III, se aclara nuevamente que la compensación es una indemnización económica, en la fracción VI se agrega que debe ser un derecho de las víctimas, la reinserción y soluciones duraderas que permitan una real reparación integral.
6. Página 6 de 121 En el artículo 28, al igual que en el artículo 6, se incorpora a las víctimas de desplazamiento interno forzado como sujetos de derecho en esta ley. Mientras que en el artículo 29, se adiciona la obligación de la comisión nacional de víctimas de cubrir los gastos de atención médica de emergencia cuando no haya garantía de que las instituciones hospitalarias o la comisión de la entidad federativa de que se trate, puedan atender a la víctima. En Iguala, Gro., la indiferencia en atender un caso de un joven, familiar de un desaparecido, pero víctima directa por haber sido objeto de agresión con arma de fuego, y no cubrir los gastos de emergencia, derivó en su muerte; y posteriormente, lo que nos lleva a la reforma al artículo 31, hubo una negativa inicial a cubrir los gastos funerarios; por ello, en este último artículo, se define con claridad que las autoridades, independientemente del fuero competencial, están obligadas a apoyar los gastos funerarios por el fallecimiento de una víctima. En el artículo 34, se establece la prohibición de negar atención en los servicios médicos a personas víctimas, independientemente que estén fuera de su jurisdicción como derechohabientes En el artículo 38, se incorporan a las víctimas de desplazamiento interno forzado como sujetos de derecho en el sistema DIF, y se adiciona que el Sistema DIF deberá contar con recursos presupuestales específicamente asignados como partida emergente. Un argumento recurrente para no apoyar a las víctimas con el pago de sus traslados es la confusión en la redacción del artículo 39, en el sentido de que no quedó claro que el apoyo se dará tanto para salir del lugar de residencia como para el regreso, de tal manera que la reforma en este artículo tiene como objetivo esa clarificación y dejar especificado que estos apoyos se cubren en diligencias de carácter federal o cuando se cumplan los supuestos del cuarto párrafo del artículo 79. Incorpora, en el artículo 41, a las víctimas como sujetos de las medidas que otorgan otras normas como Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal y la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En el 61, se define con mayor claridad las medidas de restitución como el derecho a regresar a su lugar de origen y a ser restituidos en sus tierras, propiedades o posesiones o a ser indemnizado por la vulneración de estos derechos. Para mayor claridad de que se compensa o repara económicamente, se incorpora en la fracción viii del artículo 64, que se pagan gastos de traslado a diligencias ministeriales o judiciales, además de las que ya están establecidas en esa fracción. En el artículo 83, se precisa la naturaleza jurídica de la Comisión Ejecutiva y en el artículo 85, se propone una nueva estructura para la comisión Ejecutiva con un comisionado presidente y seis personas víctimas y expertos en el consejo directivo de la comisión ejecutiva; para la elección del comisionado presidente se señala que el Ejecutivo deberá convoca a consulta a los colectivos y organizaciones de víctimas, así mismo se establece el principio de máxima publicidad en cada etapa del proceso de selección de los comisionados. Se establece que quienes participen en la Comisión Ejecutiva deberán tener experiencia acreditable como académicos con cinco años de experiencia en investigación o docencia especializada en atención
7. Página 7 de 121 a víctimas y ser personas provenientes de colectivos de víctimas propuestas por organizaciones no gubernamentales con al menos cinco años de especialización en atención a víctimas. En relación con el comisionado presidente, la terna que se envíe deberá estar integrada por personas con al menos siete años de experiencia demostrable en atender víctimas y haber sido postulados por colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos reconocidas por su trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las víctimas. Se establece que serán las comisiones de Justicia y Derechos Humanos del Senado las encargadas del desarrollo del proceso de elección, con ello, ya no sería la comisión de gobernación sino la de derechos humanos. En el artículo 86, se plantean los requisitos para ser comisionado presidente o miembro del Consejo Directivo, específicamente en la fracción III se señala que sea obligado contar con experiencia acreditada y comprobable en actividades relacionadas con atención a víctimas; se adiciona la fracción V para establecer que no haya sido objeto de recomendaciones de organismos nacionales o internacionales de derechos humanos o que se hubieran señalado contra personal de una institución o unidad administrativa a su cargo sin haberse sancionado y reparado integralmente; así también se establece la obligación del Ejecutivo Federal y del Senado de garantizar el principio de enfoque diferencial y especializado, particularmente que haya un criterio de paridad y que los comisionados provengan de diferentes Entidades Federativas y ser personas destacadas en el ejercicio de actividades profesionales diversas, con esto se pretende que no sean sólo abogados sino que haya profesionales de diversas ramas de la ciencias. Se señala que los integrantes del Consejo Directivo, así como el Comisionado Presidente se desempeñarán en su cargo por cinco años y se renovarán de forma escalonada cada dos años hasta que concluyan su mandato, sin posibilidad de reelección, y la regulación para que el Comisionado Presidente no tenga ningún otro empleo, cargo o comisión, excepto en actividades docentes, científicas o de beneficencia ni puede participar o estar participando como representante de sociedad civil en espacio consultivo derivado de otras leyes; lo mismo se señala para los integrantes del Consejo Directivo. Los integrantes del Consejo Directivo tampoco podrán tener ningún empleo, cargo o comisión gubernamental durante su período, ni podrán ejercer actividades remuneradas que impliquen la representación de víctimas en lo particular ante las instituciones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Especialmente, y este es un aspecto fundamental de la reforma, se establece la revocación del mandato de los comisionados y del presidente del Consejo Directivo de la Comisión Ejecutiva y se establecen los supuestos por lo que esta revocación puede ser ejercida por el Senado. Es importante mencionar que todos los supuestos se han presentado ya en la operación e implementación de esta Ley y por ello, se considera deben ser causales para ya no desempeñar el cargo, como un procedimiento efectivo de rendición de cuentas: El subejercicio del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral mayor a 60% en el ejercicio presupuestal anual; el incumplimiento en el otorgamiento de las medidas de ayuda, asistencia, atención y reparación integral establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley y así lo hagan constar por escrito dirigido a las Comisiones Unidas al menos cien víctimas inscritas
8. Página 8 de 121 en el Registro; la negativa a una víctima del delito o de violación de derechos humanos de apoyarle con los recursos necesarios para garantizar el acceso a las medidas contempladas en los artículos 28, 29, 30 y 31, de esta Ley, incluso si de la esta negativa, la víctima pierde la vida, se establece que podrá iniciarse además un procedimiento de sanción administrativa y penal, de conformidad con la legislación aplicable; o incurran en otras conductas que coloquen a las víctimas del delito o de violación a derechos humanos en situaciones de victimización secundaria o en mayor vulnerabilidad. Por último se establece el procedimiento que deberán seguir las Comisiones Unidas para la revocación del mandato, lo cual se acompaña de una reforma al Reglamento del Senado de la República para dotar de facultades a las comisiones para realizar esta tarea. En el artículo 87, se establece que el Comisionado Presidente durara en el encargo dos años, renovable por una ocasión y que será electo por el pleno de los comisionados integrantes del Consejo Directivo. Así también, se establecen las facultades de carácter administrativo, y se determina que en el cumplimiento del Título Quinto de la Ley, estará a las decisiones que tome el Consejo Directivo, de la Comisión Ejecutiva, con voto de exclusivamente en decisiones que afecten de manera directa a la seguridad y el ejercicio de los derechos de las víctimas y cuando éstas se encuentren en riesgo. En el artículo 88, además de incorporar a las víctimas migrantes y de desplazamiento forzado, se agrega un párrafo con varias fracciones para establecer las funciones del Consejo Directivo: establecer en conjunto con el Comisionado Presidente los lineamientos generales de actuación de la Comisión Ejecutiva;Instruir la elaboración y aprobar, en su caso, los proyectos de normas de carácter interno, manuales, protocolos, políticas públicas, convenios y otros documentos técnicos, operativos o reglamentarios relacionados con la actuación de la Comisión Ejecutiva y el cumplimiento de sus fines, o bien, validar los proyectos sometidos a su consideración por el Comisionado Presidente;Validar, en su caso, el proyecto de informe anual que rinda el Comisionado Presidente, así como hacer todo tipo de recomendaciones y observaciones sobre el proyecto;Conocer y validar, en su caso, el informe mensual de ejercicio presupuestal de la Comisión Ejecutiva;Emitir recomendaciones para la actuación de la Comisión Ejecutiva en casos concretos, particularmente cuando haya hechos victimizantes que, por su importancia y gravedad, ameriten su intervención o la del Sistema Nacional de Atención a Víctimas; y Emitir recomendaciones públicas al Comisionado Presidente para atender adecuadamente algún asunto que sea de interés del Consejo Directivo,en el marco del cumplimiento de esta Ley. Se reforman también los artículos 91 y 92 para que se precise que los diagnósticos nacionales que elabore la Comisión Ejecutiva, se podrán realizar por iniciativa propia de la misma o a solicitud de grupos de víctimas o de la sociedad civil, incorporar la palabra de personas a la violación de derechos humanos de desaparición, y señalar que el presidente tendrá voto de calidad de conformidad con lo que se establece en el artículo 87 de la propia ley, respectivamente. En el artículo 93, los comités temáticos se propone se conviertan en relatorías y quienes estén a cargo, sean designados por el Pleno de la Comisión a partir de una convocatoria pública con el objetivo de que las personas responsables de las relatorías, tengan conocimientos demostrables y sólidos en el campo de su mandato y se establecen sus funciones en las nueve fracciones que se proponen. Las relatorías son equivalentes a los comités existentes, y se adiciona dos, una de ellas, sobre desplazamiento forzado y la otra sobre migrantes; al mismo tiempo se deroga el Comité Interdisciplinario Evaluador para darle una función de mayor alcance pues en la propuesta el Pleno de
9. Página 9 de 121 la Comisión Ejecutiva se constituye en el Comité Interdisciplinario Evaluador que dictamine y apruebe los proyectos de reparación integral, con base en la proporcionalidad del daño en cada caso. Con el objetivo de resolver la burocratización en el registro de víctimas que ha significado altos niveles de victimización secundaria, se incluye en el artículo 96 un párrafo que señala que las víctimas no requieren para su inscripción exhibir ningún documento en específico, ni podrá exigírseles, en consecuencia, la presentación de denuncia o cualquier otro documento o trámite presentado ante la instancia de procuración de justicia o de protección de derechos humanos que corresponda por motivo de su jurisdicción. Además, se deberá contar con subregistros para cada uno de los tipos de hechos victimizantes, divididos en dos archivos generales para hechos victimizantes de fuero federal y los de fuero común. En el artículo 97 se adicionan dos párrafos para fortalecer las otras fuentes que alimentan la integración del Registro. En ellos se establece que aportarán de inmediato sus bases de datos las instituciones de protección de derechos humanos, procuración de justicia, poderes judiciales federal y de las entidades federativas con objeto de que se incorpore dicha información en el formato único de declaración; y que a partir de que el responsable del Registro turne los expedientes a la presidencia de la Comisión Ejecutiva, si ésta concluye la revisión de los casos, deberá turnar un proyecto de dictamen de reparación para su discusión y aprobación al Pleno de la Comisión Ejecutiva; en caso de tratarse de un asunto de la competencia de la comisión de víctimas de una entidad federativa, se le turnará y exhortará para su inmediata atención. En el artículo 101 se establece un plazo máximo de cinco días para el ingreso al registro de una solicitud y la obligación del servidor público de la Comisión Ejecutiva, una vez autorizada la inscripción al registro, informar sobre la misma, así como, expedir y entregar al solicitante un comprobante foliado que le acredite su inscripción. Se incluye también que ninguna autoridad podrá condicionar el cumplimiento de los derechos de las víctimas a que se le presente el comprobante foliado. Se establece con precisión que no se le podrá exigir a las víctimas mayores requisitos de los establecidos en esta ley ni que realice ninguna gestión relacionada con la obtención de información para el mismo. Se adiciona un párrafo que rompa con la dinámica revictimizante de exigir a las víctimas más de lo que la ley establece: Los servidores públicos de la Comisión Ejecutiva no podrán condicionar las ayudas del Título Tercero a estar previamente inscritos en el Registro ni la inscripción al Registro Nacional a que la víctima le entregue los documentos arriba señalados ni a la ejecución de condiciones de cualquier tipo que se establezcan por el Reglamento o resoluciones de la Comisión Ejecutiva que reduzcan los parámetros protectores de esta Ley. El artículo 110 es uno de los más relevantes que se propone reformar, porque ahí ha descansado toda la errada interpretación de esta ley de protección a víctimas por parte de quienes están obligados a cumplirla. Por ello, se adicionan varios párrafos que marcan con claridad cómo se reconoce la calidad de víctima y se define con mayor amplitud qué autoridades lo determinan, para efectos de reparación integral. La iniciativa establece que la calidad de víctima se adquiere por el menoscabo o anulación del ejercicio de los derechos que se deriva de un hecho victimizante y hace referencia a lo que señala el artículo 4
10. Página 10 de 121 de esta ley y que bastará con la existencia de un daño objetivo y evidente y el dicho de la víctima para tener acceso a las medidas de ayuda inmediata que están reguladas en el Título Tercero de esta ley, mismas que deberán tomar la Comisión Ejecutiva y la comisión de las entidad federativa que corresponda, todo ello con base en el principio pro persona establecido en el artículo primero constitucional y los principios de buena fe, no victimización secundaria, debida diligencia y los demás aplicables; así mismo se señalan los casos de emergencia que deberán ser atendidos sin que medie requisito ni formalidad. Los párrafos que se adicionan tienen como objetivo clarificar los distintos procesos para garantizar que se cumplan las medidas de ayuda inmediata, asistencia, apoyo, atención y de reparación integral que se han establecido en los diversos títulos del Tercero al Quinto. , todo ello para que las víctimas superen su condición de victimidad y se reinserten lo más plenamente posible a la sociedad y a la realización de su proyecto de vida. En lo que se refiere a la garantía de las medidas de reparación integral contempladas en el Título Quinto de esta Ley, además de las autoridades ya señaladas en esta ley, se adiciona a las instituciones de derecho público nacionales o internacionales cuyo mandato expreso tenga conexión directa con la protección, promoción o defensa de los derechos de las víctimas, tales como comisiones de la verdad, grupos de investigación conformados por personas expertas designadas para conocer de un caso por organismos internacionales o instituciones gubernamentales, u otros mecanismos públicos de investigación sobre justicia transicional, que tuvieran conocimiento probado sobre la ocurrencia del hecho victimizante alegado. En el artículo 111, se señalan los efectos que tiene el reconocimiento de la calidad de víctima de conformidad con artículos 4 y 110 de la ley, y de manera importante, se establece que no se podrá invocar el reglamento para negar o restringir la garantía del cumplimiento de los derechos reconocidos por la ley. En los artículo 118 y 119, se adiciona la creación de refugios seguros para víctimas de desplazamiento interno forzado y migrantes, así como el diseño y ejecución de programas de prevención social de la violencia y la delincuencia con el objetivo de promover la reinserción social y favorecer medidas de no repetición. En el artículo 120, dada la experiencia de que servidores públicos de la propia institución responsable de operar la ley, han incumplido con ella y no ha sucedido nada, se adiciona una redacción que pueda ser un mecanismo de mayor incentivo para el cumplimiento de las obligaciones en esta ley definidas a partir de que se especifica que quienes tengan responsabilidad institucional, serán sancionados en los términos de la legislación aplicable. En el artículo 123, se adicionan dos fracciones como deberes del Ministerio Público, el de iniciar procedimientos de investigación y eventual sanción penal a los servidores públicos que incurran en conductas delictivas aprovechando la vulnerabilidad de las víctima, así como otras sanciones que se establezcan en normas aplicables en materia de atención integral a víctimas y reparación integral. En el artículo 131, se señala que en las tareas del Pleno de la Comisión Ejecutiva como Comité Interdisciplinario Evaluador para definir las medidas de reparación desde el Título Tercero hasta el Título Quinto, realizará una evaluación integral del entorno y se incorpora que para dicha evaluación,
11. Página 11 de 121 en el caso de victimas de desaparición y desplazamiento interno forzado, se atenderán las condiciones de extrema vulnerabilidad. En el último párrafo del artículo 132, sobre todo considerando que el subejercicio en el 2015 del Fondo al que se refiere el mismo artículo fue por encima del 90 por ciento, se establece una excepción a que las compensaciones subsidiarias se cubrirán con los recursos correspondientes al ejercicio fiscal vigente cuando haya un subejercicio superior al 60 por ciento del mismo. Se adiciona un nuevo Título Décimo Primero, Capítulo Único, De las Sanciones que adiciona los artículos del 190 al 197. Para efectos de mayor claridad de las diversas disposiciones que se reforman se integra un comparativo con la ley vigente y las propuestas de modificación:
12. Página 12 de 121 LEY VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo tercero, 17, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas. Artículo 1. La presente Ley general es de orden público, de interés social y observancia en todo el territorio nacional, en términos de lo dispuesto por el artículo 1o., párrafo tercero en materia de reparación, 17, y 20, y de conformidad con la fracción XXX del artículo 73,todos en materia de reparación del daño,de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratificados por el Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas. En las normas que protejan a víctimas en las leyes expedidas por el Congreso, se aplicará siempre la que más favorezca a la persona. [...] La presente Ley obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. [...] La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante. La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante. Artículo 2. El objeto de esta Ley es: Artículo 2. [...] I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y los demás consagrados en esta Ley, en la Constitución, y en las normas
13. Página 13 de 121 LEY VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos; sobre derechos humanos enlos Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos; II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral; II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral; III – V. [...] III.- a V.- [...] Artículo 4. Se denominarán víctimas directas aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Artículo 4. Se denominarán víctimas las personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro, lesión a sus bienes jurídicos oanulación de sus derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. También se consideran víctimas a las personas que, en términos de la legislación aplicable, tengan parentesco con la persona directamente afectada por consanguinidad o afinidad, en línea recta ascendente y descendente, sin limitación de grado; en la línea transversal hasta el cuarto grado; el cónyuge, y la concubina o, en su caso, quienes estén sujetos al régimen de sociedad en convivencia u otras figuras jurídicas afines, dependan económicamente de la persona desaparecida o sean allegadas. En los casos de hechos victimizantes que por su naturaleza impliquen la desaparición, ausencia, privación de la libertad o muerte de la víctima directa, también se considerarán como tales las personas a las que se refiere el párrafo anterior. Son víctimas potenciales las personas físicas cuya Son víctimas potenciales las personas físicas cuya
14. Página 14 de 121 LEY VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito. En todo momento tendrán derecho a que las autoridades faciliten y colaboren con ellas para cumplir con su labor, en los términos de esta Ley y en el ámbito de sus respectivas competencias, así como, en los casos que lo ameriten, a las medidas de protección a las que se refiere el Título Tercero Capítulo IV de esta Ley. [Artículo 4 párrafo cuarto] La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de los derechos en los términos establecidos en la presente Ley, con independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito o la violación de derechos. […] Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes: Artículo 5. […] Dignidad.- La dignidad humana es un valor, principio y derecho fundamental base y condición de todos los demás. Implica la comprensión de la persona como titular y sujeto de derechos y a no ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o de los particulares. I. Dignidad.- Las víctimas deben ser tratadas en todo momento como titulares y sujetos de derechos, y a no ser objeto de violencia, discriminación, humillaciones, tratos vejatorios, desinterés o arbitrariedades de cualquier especie por parte del Estado o de los particulares. En virtud de la dignidad humana de la víctima, todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarla y tratarla como fin de su actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial Todas las autoridades del Estado están obligadas en todo momento a respetar su autonomía, a considerarlas y tratarlas como fin de su actuación. Igualmente, todas las autoridades del Estado están obligadas a garantizar que no se vea disminuido el mínimo existencial al que la víctima tiene derecho, ni sea afectado el núcleo esencial de sus derechos.
15. Página 15 de 121 LEY VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA de sus derechos. En cualquier caso, toda norma, institución o acto que se desprenda de la presente Ley serán interpretados de conformidad con los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, aplicando siempre la norma más benéfica para la persona. [...] Buena fe.- Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos. II.-Buena fe.- Las autoridades presumirán en todo momento la buena fe de lo dicho y actuado por las víctimas. Los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima, ni fundar en cuestionamientos injustificados, razones de jurisdicción u opiniones de ninguna índole la negativa o restricción de brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia que requiera, así como respetar y no obstaculizar el ejercicio efectivo de sus derechos. Este principio no admite excepciones basadas en prejuicios de ninguna especie, así como tampoco en las opiniones técnicas a las que llegue el personal jurídico, psicológico, médico o cualquier otro encargado de la atención a víctimas. Complementariedad.- Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta Ley, en especial los relacionados con la de asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las víctimas, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes. III. Complementariedad.- Los mecanismos, medidas y procedimientos contemplados en esta Ley, en especial los relacionados con la asistencia, ayuda, protección, atención y reparación integral a las víctimas, deberán realizarse de manera armónica, eficaz y eficiente entendiéndose siempre como complementarias y no excluyentes. Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas deben ser complementarias para alcanzar la integralidad que busca la reparación. Tanto las reparaciones individuales, administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas deben ser adoptadas conforme al principio de complementariedad para alcanzar la integralidad que busca la reparación. Por lo anterior, en ningún caso podrán sustituirse unas medidas de reparación por otras; especialmente las medidas de
16. Página 16 de 121 LEY VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA indemnización no podrán sustituir a las de restitución, rehabilitación, satisfacción y no repetición, ni éstas a las de indemnización. Las reparaciones adoptadas deberán garantizar en conjunto la realización de los derechos a la verdad y a la justicia. Debida diligencia.- El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho. IV. Debida diligencia.- El Estado deberá realizar todas las actuaciones necesarias dentro de un tiempo razonable para lograr el objeto de esta Ley, en especial la prevención, ayuda, atención, asistencia, derecho a la verdad, justicia y reparación integral a fin de que la víctima sea tratada y considerada como sujeto titular de derecho. El Estado deberá remover los obstáculos que impidan el acceso real y efectivo de las víctimas a las medidas reguladas por la presente Ley, realizar prioritariamente acciones encaminadas al fortalecimiento de sus derechos, contribuir a su recuperación como sujetos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes, así como evaluar permanentemente el impacto de las acciones que se implementen a favor de las víctimas. [...] Enfoque diferencial y especializado.- Esta Ley reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas. V. Enfoque diferencial y especializado.- Esta Ley reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con mayor situación de vulnerabilidad en razón de su edad, género, preferencia u orientación sexual, etnia, condición de discapacidad y otros, en consecuencia, se reconoce que ciertos daños requieren de una atención especializada que responda a las particularidades y grado de vulnerabilidad de las víctimas. Las autoridades que deban aplicar esta Ley ofrecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, garantías especiales y medidas de protección a los grupos expuestos a un mayor riesgo de violación de sus derechos, como niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, migrantes, miembros de pueblos indígenas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y personas en situación de [...]
17. Página 17 de 121 LEY VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA desplazamiento interno. En todo momento se reconocerá el interés superior del menor. Este principio incluye la adopción de medidas que respondan a la atención de dichas particularidades y grado de vulnerabilidad, reconociendo igualmente que ciertos daños sufridos por su gravedad requieren de un tratamiento especializado para dar respuesta a su rehabilitación y reintegración a la sociedad. [...] Enfoque transformador.- Las autoridades que deban aplicar la presente Ley realizarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, los esfuerzos necesarios encaminados a que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación y marginación que pudieron ser la causa de los hechos victimizantes. VI. Enfoque transformador.- Las autoridades encargadas de aplicar la presente Ley, en el ámbito de sus respectivas competencias, tomarán las acciones necesarias para que las medidas de ayuda, protección, atención, asistencia y reparación integral a las que tienen derecho las víctimas contribuyan a la eliminación de los esquemas de discriminación, marginación y violencia que fueran causa de los hechos victimizantes, favoreciendo en todo momento su prevención y no repetición. Las reparaciones que se adopten a favor de las víctimas deberán contribuir a la no repetición de los hechos. Gratuidad.- Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para la víctima. VII. Gratuidad.- Todas las acciones, mecanismos, procedimientos y cualquier otro trámite que implique el derecho de acceso a la justicia y demás derechos reconocidos en esta Ley, serán gratuitos para la víctima. Igualdad y no discriminación.- En el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas y en todos los procedimientos a los que se refiere la presente Ley, las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial deberá VIII. Igualdad y no discriminación.- En el ejercicio de los derechos y garantías de las víctimas y en todos los procedimientos a los que se refiere la presente Ley, las autoridades se conducirán sin distinción, exclusión o restricción, ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos, sociales, nacionales, lengua, religión, opiniones políticas, ideológicas o de cualquier otro tipo, género, edad, preferencia u orientación sexual, estado civil, condiciones de salud, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio y discapacidades, o cualquier otra que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas. Toda garantía o mecanismo especial deberá
18. Página 18 de 121 LEY VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA fundarse en razones de enfoque diferencial. fundarse en razones de enfoque diferencial. Integralidad, indivisibilidad e interdependencia.- Todos los derechos contemplados en esta Ley se encuentran interrelacionados entre sí. No se puede garantizar el goce y ejercicio de los mismos sin que a la vez se garantice el resto de los derechos. La violación de un derecho pondrá en riesgo el ejercicio de otros. IX. Integralidad, indivisibilidad e interdependencia.- Todos los derechos contemplados en esta Ley se encuentran interrelacionados entre sí. No se puede garantizar el goce y ejercicio de los mismos sin que a la vez se garantice el resto de los derechos. La violación de un derecho pondrá en riesgo el ejercicio de otros. Para garantizar la integralidad, la asistencia, atención, ayuda y reparación integral a las víctimas se realizará de forma multidisciplinaria y especializada. [...] Máxima protección.- Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos. X. Máxima protección.- Toda autoridad de los órdenes de gobierno debe velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos. Las autoridades adoptarán en todo momento, medidas para garantizar la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas. [...] Mínimo existencial.- Constituye una garantía fundada en la dignidad humana como presupuesto del Estado democrático y consiste en la obligación del Estado de proporcionar a la víctima y a su núcleo familiar un lugar en el que se les preste la atención adecuada para que superen su condición y se asegure su subsistencia con la debida dignidad que debe ser reconocida a las personas en cada momento de su existencia. XI. Mínimo existencial.- Las autoridades encargadas de cumplir esta Ley están obligadas a proporcionar a la víctima y a su núcleo familiar, en todos los casos en los cuales ello sea necesario, y en las proporciones y duraciones que se precisen, todos los servicios y atenciones que se requieran para la satisfacción de sus necesidades elementales independientemente de otras medidas de ayuda inmediata o asistencia que pudieran estársele brindando en el marco de esta Ley, especialmente si el hecho victimizante produjo o empeoró una situación de precariedad patrimonial o económica a las víctimas, si perdieron su fuente de ingresos o si entre ellos hay niñas, niños o adolescentes que pudieran ser especialmente afectados por el hecho victimizante. No criminalización.- Las autoridades no deberán XII. No criminalización.- Las autoridades no
19. Página 19 de 121 LEY VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie. deberán agravar el sufrimiento de la víctima ni tratarla en ningún caso como sospechosa o responsable de la comisión de los hechos que denuncie. Ninguna autoridad o particular podrá especular públicamente sobre la pertenencia de las víctimas al crimen organizado o su vinculación con alguna actividad delictiva. La estigmatización, el prejuicio y las consideraciones de tipo subjetivo deberán evitarse. [...] Victimización secundaria.- Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos. XIII.No victimización secundaria.- Las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podrá exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos. Participación conjunta.- Para superar la vulnerabilidad de las víctimas, el Estado deberá implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral con el apoyo y colaboración de la sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas. XIV. Participación conjunta.- Para superar la vulnerabilidad de las víctimas, el Estado deberá implementar medidas de ayuda, atención, asistencia y reparación integral con el apoyo y colaboración de la sociedad civil y el sector privado, incluidos los grupos o colectivos de víctimas. La víctima tiene derecho a colaborar con las investigaciones y las medidas para lograr superar su condición de vulnerabilidad, atendiendo al contexto, siempre y cuando las medidas no impliquen un detrimento a sus derechos. [...] Progresividad y no regresividad.- Las autoridades que deben aplicar la presente Ley tendrán la obligación de realizar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados. XV. Progresividad y no regresividad.- Las autoridades que deben aplicar la presente Ley tendrán la obligación de realizar todas las acciones necesarias para garantizar los derechos reconocidos en la misma y no podrán retroceder o supeditar los derechos, estándares o niveles de cumplimiento alcanzados. Publicidad.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos deberán ser públicos, siempre que esto no vulnere los derechos humanos de las XVI. Publicidad.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos, adoptados en el marco de esta Ley,incluidos los que señalan los artículos 85 y
20. Página 20 de 121 LEY VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA víctimas o las garantías para su protección. 86, deberán ser públicos, siempre que esto no vulnere los derechos humanos de las víctimas o las garantías para su protección. El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías y recursos, así como acciones, mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara y accesible. El Estado deberá implementar mecanismos de difusión eficaces a fin de brindar información y orientación a las víctimas acerca de los derechos, garantías y recursos, así como acciones, mecanismos y procedimientos con los que cuenta, los cuales deberán ser dirigidos a las víctimas y publicitarse de forma clara, periódica y accesible. Rendición de cuentas.- Las autoridades y funcionarios encargados de la implementación de la Ley, así como de los planes y programas que esta Ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación que contemplen la participación de la sociedad civil, particularmente de víctimas y colectivos de víctimas. XVII. Rendición de cuentas.- Las autoridades y funcionarios encargados de la implementación de la Ley, así como de los planes y programas que esta Ley regula, estarán sujetos a mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación, especialmente en lo referente al ejercicio presupuestal del Fondo y a la adopción a favor de las víctimas de medidas de ayuda, asistencia o reparación integral a que se refiere esta Ley, que contemplen la participación de la sociedad civil, particularmente de víctimas y colectivos de víctimas. Transparencia.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve a cabo el Estado en ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la información, así como el seguimiento y control correspondientes. XVIII. Transparencia.- Todas las acciones, mecanismos y procedimientos que lleve a cabo el Estado en ejercicio de sus obligaciones para con las víctimas, deberán instrumentarse de manera que garanticen el acceso a la información, así como el seguimiento y control correspondientes. Las autoridades deberán contar con mecanismos efectivos de rendición de cuentas y de evaluación de las políticas, planes y programas que se instrumenten para garantizar los derechos de las víctimas. [...] Trato preferente.- Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de garantizar el trato digno y preferente a las víctimas. XIX. Trato preferente.- Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de garantizar el trato digno y preferente a las víctimas. Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: Artículo 6. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
21. Página 21 de 121 LEY VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA I. Asesor Jurídico: Asesor Jurídico Federal de Atención a Víctimas y sus equivalentes en las entidades federativas; II. Asesoría Jurídica: Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas y sus equivalentes en las entidades federativas; III. Comisiones de víctimas: Comisión Estatal y del Distrito Federal de Atención Integral a Víctimas; IV. Comisión Ejecutiva: ComisiónEjecutiva de Atención a Víctimas; I. al IV. [...] V. Compensación: Erogación económica a que la víctima tenga derecho en los términos de esta Ley; V. Compensación: Reparación o indemnización económica a la que la víctima tenga derecho en los términos de esta Ley; VI. Daño: Muerte o lesiones corporales, daños o perjuicios morales y materiales, salvo a los bienes de propiedad de la persona responsable de los daños; pérdidas de ingresos directamente derivadas de un interés económico; pérdidas de ingresos directamente derivadas del uso del medio ambiente incurridas como resultado de un deterioro significativo del medio ambiente, teniendo en cuenta los ahorros y los costos; costo de las medidas de restablecimiento, limitado al costo de las medidas efectivamente adoptadas o que vayan a adoptarse; y costo de las medidas preventivas, incluidas cualesquiera pérdidas o daños causados por esas medidas, en la medida en que los daños deriven o resulten; VII. Delito: Acto u omisión que sancionan las leyes penales; VI.- y VII.- [...] VIII.- Desplazamiento interno forzado: Condición de las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a abandonar, escapar o huir de su lugar de residencia habitual y que no han cruzado los límites de territorio nacional, o bien, personas o grupos de personas que hayan tenido que huir de México por los motivos previstos en la Ley de Refugiados y Protección complementaria. Es víctima de
22. Página 22 de 121 LEY VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA desplazamiento interno forzado la persona o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal mexicana internacionalmente reconocida. VIII. Fondo: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; IX. Fondo: Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral; IX. Hecho victimizante: Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forme parte; X. Hecho victimizante: Actos u omisiones que dañan, menoscaban o ponen en peligro los bienes jurídicos o derechos de una persona convirtiéndola en víctima. Éstos pueden estar tipificados como delito o constituir una violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que México forme parte; X. Ley: Ley General de Víctimas; XI. Ley: Ley General de Víctimas; XI. Plan: Plan Anual Integral de Atención a Víctimas; XII. Plan: Plan Anual Integral de Atención a Víctimas; XII. Programa: Programa de Atención Integral a Víctimas; XIII. Programa: Programa de Atención Integral a Víctimas; XIII. Procedimiento: Procedimientos seguidos ante autoridades judiciales o administrativas; XIV. Procedimiento: Procedimientos seguidos ante autoridades judiciales o administrativas; XIV. Registro: Registro Nacional de Víctimas, que incluye el registro federal y los registros de las entidades federativas; XV. Registro: Registro Nacional de Víctimas, que incluye el registro federal y los registros de las entidades federativas; XV. Reglamento: Reglamento de la Ley General de Víctimas; XVI. Reglamento: Reglamento de la Ley General de Víctimas; XVI. Sistema: Sistema Nacional de Atención a Víctimas; XVII. Sistema: Sistema Nacional de Atención a Víctimas; XVII. Víctima: Persona física que directa o XVIII. Víctima: Persona física queha sufrido la
23. Página 23 de 121 LEY VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA indirectamente ha sufrido daño o el menoscabo de sus derechos producto de una violación de derechos humanos o de la comisión de un delito; anulación, el daño o el menoscabo de sus derechos como consecuencia deuna violación de derechos humanos o de la comisión de un delito; También se consideran víctimas a las personas que, en términos de la legislación aplicable, tengan parentesco con la persona desaparecida por consanguinidad o afinidad, en línea recta ascendente y descendente, sin limitación de grado; en la línea transversal hasta el cuarto grado; el cónyuge, y la concubina o, en su caso, quienes estén sujetos al régimen de sociedad en convivencia u otras figuras jurídicas afines, o dependan económicamente de la persona desaparecida. XVIII. Víctima potencial: Las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la comisión de un delito; […] Se deroga XIX. Violación de derechos humanos: Todo acto u omisión que afecte los derechos humanos reconocidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales, cuando el agente sea servidor público en el ejercicio de sus funciones o atribuciones o un particular que ejerza funciones públicas. También se considera violación de derechos humanos cuando la acción u omisión referida sea realizada por un particular instigado o autorizado, explícita o implícitamente por un servidor público, o cuando actúe con aquiescencia o colaboración de un servidor público. XX. Se deroga. XXI. Se deroga. XXII. Se deroga. XIX. a XXII.- […] Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las Artículo 7. Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las
24. Página 24 de 121 LEY VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos. leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos, por tanto, esta ley no podrá ser interpretada de forma tal que limite, modifique o menoscabe las disposiciones de cualquier instrumento internacional aplicable. Las víctimas tendrán, entre otros, los siguientes derechos: [...] I. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones al Derecho Internacional de los derechos humanos, y a su reparación integral; I. A una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables del hecho victimizante, y a su reparación integral; II. A ser reparadas por el Estado de manera integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron; II.- […] III. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos humanos para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones; III. A conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos victimizantes, incluyendo aquéllos en los que hubiera intervenido una autoridad pública, para lo cual la autoridad deberá informar a las víctimas y sus representantes acerca de los resultados de toda investigación practicada, así como hacerlos públicos en los términos de la legislación en la materia; IV. A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal, en los casos previstos en el artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; IV. A que se le brinde protección y se salvaguarde su vida y su integridad corporal, a lo largo de todos los procesos en los que sean parte, indistintamente de la fase procesal en la que se encuentren; V. A ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas responsables del cumplimiento de esta Ley, así como por parte de los particulares que cuenten con convenios para brindar servicios a las víctimas; V.- [...]
25. Página 25 de 121 LEY VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA VI.- A solicitar y a recibir ayuda, asistencia y atención en forma oportuna, rápida, equitativa, gratuita y efectiva por personal especializado en atención al daño sufrido desde la comisión del hecho victimizante, con independencia del lugar en donde ella se encuentre, así como a que esa ayuda, asistencia y atención no dé lugar, en ningún caso, a una nueva afectación; VI.- […] VII. A la verdad, a la justicia y a la reparación integral a través de recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces; VII. A contar con recursos y procedimientos accesibles, apropiados, suficientes, rápidos y eficaces para garantizar su acceso a la ayuda, asistencia, verdad, justicia y reparación integral; VIII. A la protección del Estado, incluido el bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a la dignidad y privacidad de la víctima, con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas, así como derecho a contar con medidas de protección eficaces cuando su vida o integridad personal o libertad personal sean amenazadas o se hallen en riesgo en razón de su condición de víctima y/o del ejercicio de sus derechos; VIII. Al bienestar físico y psicológico y la seguridad del entorno con respeto a su dignidad y privacidad, […] con independencia de que se encuentren dentro un procedimiento penal o de cualquier otra índole. Lo anterior incluye el derecho a la protección de su intimidad contra injerencias ilegítimas; IX. A solicitar y a recibir información clara, precisa y accesible sobre las rutas y los medios de acceso a los procedimientos, mecanismos y medidas que se establecen en la presente Ley; X. A solicitar, acceder y recibir, en forma clara y precisa, toda la información oficial necesaria para lograr el pleno ejercicio de cada uno de sus derechos; XI. A obtener en forma oportuna, rápida y efectiva todos los documentos que requiera para el ejercicio de sus derechos, entre éstos, los documentos de identificación y las visas; XII. A conocer el estado de los procesos judiciales y administrativos en los que tenga un interés como interviniente; IX. a XIX.-[...]
26. Página 26 de 121 LEY VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA XIII. A ser efectivamente escuchada por la autoridad respectiva cuando se encuentre presente en la audiencia, diligencia o en cualquier otra actuación y antes de que la autoridad se pronuncie; XIV. A ser notificada de las resoluciones relativas a las solicitudes de ingreso al Registro y de medidas de ayuda, de asistencia y reparación integral que se dicten; XV. A que el consulado de su país de origen sea inmediatamente notificado conforme a las normas internacionales que protegen el derecho a la asistencia consular, cuando se trate de víctimas extranjeras; XVI. A la reunificación familiar cuando por razón del tipo de victimización su núcleo familiar se haya dividido; XVII. A retornar a su lugar de origen o a reubicarse en condiciones de voluntariedad, seguridad y dignidad; XVIII. A acudir y a participar en escenarios de diálogo institucional; XIX. A ser beneficiaria de las acciones afirmativas y programas sociales públicos para proteger y garantizar sus derechos; XX. A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral; XX.- A participar en la formulación, implementación y seguimiento de la política pública de prevención, ayuda, atención, asistencia y reparación integral; en especial tendrán el derecho de ser consultadas en todo momento por las autoridades integrantes del Sistema con respecto a las políticas, programas y modelos de atención que adopten; XXI. A que las políticas públicas que son implementadas con base en la presente Ley tengan un enfoque transversal de género y diferencial, particularmente en atención a la infancia, los adultos mayores y población XXI.- a XXXII.- [...]
27. Página 27 de 121 LEY VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA indígena; XXII. A no ser discriminadas ni limitadas en sus derechos; XXIII. A recibir tratamiento especializado que le permita su rehabilitación física y psicológica con la finalidad de lograr su reintegración a la sociedad; XXIV. A acceder a los mecanismos de justicia disponibles para determinar la responsabilidad en la comisión del delito o de la violación de los derechos humanos; XXV. A tomar decisiones informadas sobre las vías de acceso a la justicia o mecanismos alternativos; XXVI. A una investigación pronta y efectiva que lleve a la identificación, captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, al esclarecimiento de los hechos y a la reparación del daño; XXVII. A participar activamente en la búsqueda de la verdad de los hechos y en los mecanismos de acceso a la justicia que estén a su disposición, conforme a los procedimientos establecidos en la ley de la materia; XXVIII. A expresar libremente sus opiniones e intereses ante las autoridades e instancias correspondientes y a que éstas, en su caso, sean consideradas en las decisiones que afecten sus intereses; XXIX. Derecho a ejercer los recursos legales en contra de las decisiones que afecten sus intereses y el ejercicio de sus derechos; XXX. A que se les otorgue, en los casos que proceda, la ayuda provisional; XXXI. A recibir gratuitamente la asistencia de un intérprete o traductor de su lengua, en caso de que no comprendan el idioma español o tenga
28. Página 28 de 121 LEY VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA discapacidad auditiva, verbal o visual; XXXII. A trabajar de forma colectiva con otras víctimas para la defensa de sus derechos, incluida su reincorporación a la sociedad; XXXIII. A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse con otras víctimas, y XXXIII. A participar en espacios colectivos donde se proporcione apoyo individual o colectivo que le permita relacionarse con otras víctimas; XXXIV.- A ser reconocidas por su calidad de víctimas de desplazamiento interno forzado cuando se cumplan los supuestos establecidos en la fracción VIII del artículo 6 de esta Ley y contar con medidas de asistencia y atención especializada; a no sufrir privación arbitraria, apropiación, ocupación o destrucción de sus propiedades y/o posesiones, sea individual o colectiva, a su identidad y reconocimiento de personalidad jurídica, a transitar de manera libre, a elegir su lugar de residencia, a trámites para la obtención o restitución de su documentación personal, acceso a gozar de condiciones satisfactorias de vida con programas de seguridad, salud e higiene, agua potable, alimentos, alojamientos básicos y vivienda, educación, a ser consultados y participar en la planificación y gestión de soluciones duraderas y al acceso a procesos de procuración y administración de justicia, a medios de defensa efectivos, que permitan su reinserción en condiciones de seguridad al territorio y a la comunidad de la que han sido desplazados forzadamente; XXXV.- A solicitar ayuda internacional humanitaria, XXXVI.- A transitar de manera libre y elegir su lugar de residencia; XXXVII. A que las definiciones, principios, derechos y medidas contemplados en cualquier normatividad que involucre la participación de víctimas sean interpretados de manera tal que favorezcan a la mayor y mejor protección de sus derechos, así como a que, en caso de conflicto
29. Página 29 de 121 LEY VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA normativo, se aplique en todo caso la que más favorezca a la víctima, y XXXIV. Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición aplicable en la materia o legislación especial. XXXVIII. Los demás señalados por la Constitución, los Tratados Internacionales, esta Ley y cualquier otra disposición aplicable en la materia o legislación especial. Artículo 8. Las víctimas recibirán ayuda provisional, oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata. Artículo 8. Las víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos a nivel federal, o las del delito o violaciones de derechos humanos de jurisdicción de las entidades federativas, en el caso de que no hubiera comisión estatal de víctimas, eindependientemente de que estén inscritas en el Registro Nacional de Víctimas, recibirán de la Comisión Ejecutiva federal ayuda provisional, oportuna y rápida de acuerdo a las necesidades inmediatas que tengan relación directa con el hecho victimizante para atender y garantizar la satisfacción de sus necesidades de alimentación, aseo personal, manejo de abastecimientos, atención médica y psicológica de emergencia, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas y seguras, a partir del momento de la comisión del delito o de la violación de los derechos o en el momento en el que las autoridades tengan conocimiento del delito o de la violación de derechos. Las medidas de ayuda provisional se brindarán garantizando siempre un enfoque transversal de género y diferencial, y durante el tiempo que sea necesario para garantizar que la víctima supere las condiciones de necesidad inmediata. Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos contra la libertad y la integridad, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley. Las víctimas de delitos o de violaciones de derechos que atenten contra la vida, contra la libertad o la integridad, así como de desplazamiento interno forzado, recibirán ayuda médica y psicológica especializada de emergencia en los términos de la presente Ley. Los servidores públicos deberán brindar información clara, precisa y accesible a las víctimas y sus familiares, sobre cada una de las garantías, mecanismos y procedimientos que [...]
30. Página 30 de 121 LEY VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA permiten el acceso oportuno, rápido y efectivo a las medidas de ayuda contempladas en la presente Ley. Las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán exclusivamente por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipios, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas. Las medidas de ayuda, asistencia, atención y demás establecidas en los Títulos Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de esta Ley, se brindarán exclusivamente por las instituciones públicas de los gobiernos Federal, de las entidades federativas y municipios en el ámbito de sus competencias, a través de los programas, mecanismos y servicios con que cuenten, salvo en los casos urgentes o de extrema necesidad en los que se podrá recurrir a instituciones privadas. Artículo 9. Las víctimas tendrán derecho a la asistencia y a la atención, los cuales se garantizarán incluyendo siempre un enfoque transversal de género y diferencial. Artículo 9. Las víctimas tendrán derecho a la asistencia y a la atención, los cuales se garantizarán incluyendo siempre un enfoque transversalrestaurativo, transformador, de género y diferencial. Se entiende por asistencia el conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, económico, social, cultural, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política. Entre estas medidas, las víctimas contarán con asistencia médica especializada incluyendo la psiquiátrica, psicológica, traumatológica y tanatológica. Se entiende por asistencia el conjunto integrado de mecanismos, procedimientos, programas, medidas y recursos de orden político, económico, social, cultural, entre otros, a cargo del Estado, orientado a restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para superar su victimidad, llevar una vida digna y garantizar su incorporación a la vida social, económica y política, y a las víctimas de desaparición; tortura, tratos crueles o penas crueles inhumanos degradantes; ejecuciones extrajudiciales o desplazamiento interno forzado, su reintegración y a soluciones duraderas. Entre estas medidas, las víctimas contarán con asistencia médica especializada incluyendo la psiquiátrica, psicológica, traumatológica y tanatológica. Se entiende por atención, la acción de dar información, orientación y acompañamiento jurídico y psicosocial a las víctimas, con el objeto de facilitar su acceso a los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación integral, cualificando el ejercicio de los mismos. [...]
31. Página 31 de 121 LEY VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las medidas de reparación integral, por lo tanto, el costo o las erogaciones en que incurra el Estado en la prestación de los servicios de atención y asistencia, en ningún caso serán descontados de la compensación a que tuvieran derecho las víctimas. Las medidas de asistencia y atención no sustituyen ni reemplazan a las medidas de reparación integral, por lo tanto, el costo o las erogaciones en que incurra el Estado en la prestación de los servicios de atención y asistencia, en ningún caso serán descontados de la indemnización a que tuvieran derecho las víctimas. Artículo 12. Las víctimas gozarán de los siguientes derechos: Artículo 12. [...] I.- A ser informadas de manera clara, precisa y accesible de sus derechos por el Ministerio Público o la primera autoridad con la que tenga contacto o que conozca del hecho delictivo, tan pronto éste ocurra. El Ministerio Público deberá comunicar a la víctima los derechos que reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales y esta Ley a su favor, dejando constancia en la carpeta de investigación de este hecho, con total independencia de que exista o no un probable responsable de los hechos; I.-[...] II.- A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos a que se refiere el artículo 64 de esta Ley y de la legislación aplicable. En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación. Si la víctima o su Asesor Jurídico no solicitaran la reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo; II.-A que se les repare el daño en forma expedita, proporcional y justa en los términos a que se refieren los artículos 64 al 72 de esta Ley y de la legislación aplicable. En los casos en que la autoridad judicial dicte una sentencia condenatoria no podrá absolver al responsable de dicha reparación. Si la víctima o su Asesor Jurídico no solicitaran la reparación del daño, el Ministerio Público está obligado a hacerlo; III.- A coadyuvar con el Ministerio Público; a que se les reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuenten, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio como partes plenas ejerciendo durante el mismo sus derechos los cuales en ningún caso podrán ser menores a los del imputado. Asimismo, tendrán derecho a que se les otorguen todas las facilidades para la III.-a XIII.- [...]
32. Página 32 de 121 LEY VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA presentación de denuncias o querellas; IV. A ser asesoradas y representadas dentro de la investigación y el proceso por un Asesor Jurídico. En los casos en que no quieran o no puedan contratar un abogado, les será proporcionado por el Estado, de acuerdo al procedimiento que determine esta Ley y su Reglamento; esto incluirá su derecho a elegir libremente a su representante legal; V. A impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento, con independencia de que se haya reparado o no el daño; VI. A comparecer en la fase de la investigación o al juicio y a que sean adoptadas medidas para minimizar las molestias causadas, proteger su intimidad, identidad y otros datos personales; VII. A que se garantice su seguridad, así como la de sus familiares y la de los testigos en su favor contra todo acto de amenaza, intimidación o represalia; VIII. A rendir o ampliar sus declaraciones sin ser identificados dentro de la audiencia, teniendo la obligación el juez de resguardar sus datos personales y, si lo solicitan, hacerlo por medios electrónicos; IX. A obtener copia simple gratuita y de inmediato de las diligencias en las que intervengan; X. A solicitar medidas precautorias o cautelares para la seguridad y protección de las víctimas, ofendidos y testigos de cargo, para la investigación y persecución de los probables responsables del delito y para el aseguramiento de bienes para la reparación del daño; XI. A que se les informe sobre la realización
33. Página 33 de 121 LEY VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA de las audiencias donde se vaya a resolver sobre sus derechos y a estar presentes en las mismas; XII. A que se les notifique toda resolución que pueda afectar sus derechos y a impugnar dicha resolución, y XIII. En los casos que impliquen graves violaciones a los derechos humanos, a solicitar la intervención de expertos independientes, a fin de que colaboren con las autoridades competentes en la investigación de los hechos y la realización de peritajes. Las organizaciones de la sociedad civil o grupos de víctimas podrán solicitar que grupos de esos expertos revisen, informen y emitan recomendaciones para lograr el acceso a la justicia y a la verdad para las víctimas. Artículo 15. Las víctimas tienen derecho a que se les explique el alcance y trascendencia de los exámenes periciales a los que podrán someterse dependiendo de la naturaleza del caso, y en caso de aceptar su realización a ser acompañadas en todo momento por su Asesor Jurídico o la persona que consideren. Artículo 15. Las víctimas tienen derecho a que se les explique el alcance y trascendencia de los exámenes periciales a los que podrán someterse dependiendo de la naturaleza del caso, y en caso de aceptar su realización a ser acompañadas en todo momento por su Asesor Jurídico, perito independiente acreditado por la víctima con cargo a los recursos de las comisiones nacional o de las entidades federativas o la persona que consideren. Artículo 21. El Estado, a través de las autoridades respectivas, tiene la obligación de iniciar, de inmediato y tan pronto como se haga de su conocimiento, todas las diligencias a su alcance para determinar el paradero de las personas desaparecidas. Toda víctima de desaparición tiene derecho a que las autoridades desplieguen las acciones pertinentes para su protección con el objetivo de preservar, al máximo posible, su vida y su integridad física y psicológica. Artículo 21. [...] Esto incluye la instrumentación de protocolos de búsqueda conforme a la legislación aplicable y los Tratados Internacionales de los que México sea Parte. [...]
34. Página 34 de 121 LEY VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA Esta obligación, incluye la realización de las exhumaciones de cementerios, fosas clandestinas o de otros sitios en los que se encuentren o se tengan razones fundadas para creer que se encuentran cuerpos u osamentas de las víctimas. Las exhumaciones deberán realizarse con la debida diligencia y competencia y conforme a las normas y protocolos internacionales sobre la materia, buscando garantizar siempre la correcta ubicación, recuperación y posterior identificación de los cuerpos u osamentas bajo estándares científicos reconocidos internacionalmente. [...] Los familiares de las víctimas tienen el derecho a estar presentes en las exhumaciones, por sí y/o a través de sus asesores jurídicos; a ser informadas sobre los protocolos y procedimientos que serán aplicados; y a designar peritos independientes, acreditados ante organismo nacional o internacional de protección a los derechos humanos, que contribuyan al mejor desarrollo de las mismas. Los familiares de las víctimas tienen el derecho a estar presentes en las exhumaciones, por sí y/o a través de sus asesores jurídicos, así como de organizaciones de víctimas u otras personas a voluntad de las víctimas; a ser informadas sobre los protocolos y procedimientos que serán aplicados; y a designar peritos independientes, acreditados ante organismo nacional o internacional de protección a los derechos humanos, que contribuyan al mejor desarrollo de las mismas. Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley y en los códigos de procedimientos penales, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades competentes, a solicitud de los familiares, generarán los mecanismos necesarios para repatriar los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley. Una vez plenamente identificados y realizadas las pruebas técnicas y científicas a las que está obligado el Estado y que han sido referidas en esta Ley, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y la legislación en materia de desapariciones, la entrega de los cuerpos u osamentas de las víctimas a sus familiares, deberá hacerse respetando plenamente su dignidad y sus tradiciones religiosas y culturales. Las autoridades competentes, a solicitud de los familiares, generarán los mecanismos necesarios para repatriar los restos de las víctimas ya identificados, de conformidad con lo que establezca el Reglamento de esta Ley. En caso necesario, a efecto de garantizar las investigaciones, la autoridad deberá notificar a los familiares la obligación de no cremar los restos, hasta en tanto haya una sentencia ejecutoriada. Las autoridades ministeriales tampoco podrán autorizar ni procesar ninguna […]
35. Página 35 de 121 LEY VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA solicitud de gobierno extranjero para la cremación de cadáveres, identificados o sin identificar, hasta en tanto no haya sentencia ejecutoriada. Con independencia de los derechos previstos en esta Ley, el reconocimiento de la personalidad jurídica de las víctimas de desaparición de personas y el procedimiento para conocer y resolver de las acciones judiciales de declaración especial de ausencia por desaparición se sujetarán a lo que dispongan las leyes aplicables, a fin de que las víctimas indirectas ejerzan de manera expedita los derechos patrimoniales y familiares del ausente para salvaguardar los intereses esenciales del núcleo familiar. […] Artículo23. Las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, podrán proporcionar a la autoridad competente, los resultados que arrojen sus investigaciones de violaciones a los derechos humanos, con el fin de contribuir con la búsqueda y conocimiento de la verdad. Las autoridades deberán dar las garantías necesarias para que esta actividad se pueda realizar de forma libre e independiente. Artículo23. Las organizaciones de la sociedad civil, tales como asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas, podrán proporcionar a la autoridad competente, los resultados que arrojen sus investigaciones de violaciones a los derechos humanos, así como peritajes independientes con cargo a los recursos de las comisiones nacional o de las entidades federativas, con el fin de contribuir con la búsqueda y conocimiento de la verdad. Las autoridades deberán dar las garantías necesarias para que esta actividad se pueda realizar de forma libre e independiente. CAPÍTULO VI DEL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL CAPÍTULO VI DEL DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. Artículo 26. Las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición. Ningún ordenamiento de carácter inferior puede restringir ningún derecho ni
36. Página 36 de 121 LEY VIGENTE TEXTO DE LA INICIATIVA medida de reparación integral protegidos por esta ley. Artículo 27. Para los efectos de la presente Ley, la reparación integral comprenderá: Artículo 27. [...] I. La restitución busca devolver a la víctima a la situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus derechos humanos; II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las violaciones de derechos humanos; I. a II.- [...] III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delitoo de la violación de derechos humanos; III. La compensación, indemnización económica, ha de otorgarse a la víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia del delitoo de la violación de derechos humanos; IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la dignidad de las víctimas; V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva a ocurrir; IV. [...] V. [...] VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo que reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y la promoción de los derechos en las VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la violación de los derechos individuales de los miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo, así como la reinserción y soluciones duraderas que reconozcan la afectación en la capacidad institucional de garantizar el goce, la protección y
Etienne Davy
Gestão consciente dos residuos
Mácia Hora

References: artículo 71
 artículo 8
 artículo 1
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 artículo 4
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 artículo 26
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 artículo 64
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 artículo 96
 artículo 97
 artículo 101
 artículo 110
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 artículo 111
 artículo 118
 artículo 120
 artículo 123
 artículo 131
 artículo 132
 Artículo 1
 Artículo 1
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 artículo 73
 Artículo 2
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 Artículo 4
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 Artículo 5
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 Artículo 6
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 Artículo 7
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 artículo 34
 artículo 6
 Artículo 8
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 Artículo 9
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 Artículo 12
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 resolución 
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 Artículo 21
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 Artículo23
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 Artículo 26
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 Artículo 27
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