Source: http://temas.cult.cu/articulo/3019/control-de-tierras-y-calidad-de-vida-del-campesino-cubano
Timestamp: 2019-10-17 01:07:02+00:00

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Control de tierras y calidad de vida del campesino cubano | Temas
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El presente trabajo propone un examen, desde una perspectiva interdisciplinaria, de la problemática existente en el sector campesino en Cuba, y de todo el andamiaje que perturba el trabajo y el desenvolvimiento de este grupo poblacional. Es imprescindible un recorrido por las legislaciones referidas al sector agropecuario, con la pretensión de buscar soluciones para el beneficio de la economía nacional, a partir del incremento de los productos del campo en los mercados con precios adecuados a la posibilidad económica de la población.
En este marco, ante los evidentes fenómenos sociodemográficos, los juristas asumimos los retos para la diáfana y justa interpretación de la Ley y responder al contexto imperante, en el cual, además de las situaciones sociales y económicas, se observan fenómenos contrarios a la moral, la ética profesional y a la política social cubana. Estos son tomados en cuenta a partir de resultados de facto que representan amenazas para el actual modelo de socialismo cubano.
Los valores no son solos epistémicos o técnicos, los hay políticos, éticos, sociales. Las trayectorias tecnocientíficas dependen de intereses, valores, relaciones de poder: «redes de actores» integradas por científicos, tecnólogos, gestores, jefes de laboratorios, departamentos de ventas, empresarios, funcionarios, políticos, asesores legales, campesinos, entre otros.
Actualmente en Cuba, se avanza por un derrotero que identifica el sistema socialista como un nuevo modelo donde se debe «cambiar todo lo que debe ser cambiado», revolucionar las ideas, los modelos y métodos de trabajo, en busca de llegar a recursos sólidos que coadyuven a sustraer al país de la crisis en la que se encuentra inmerso.
Luego de 1959 —e incluso antes—[1] el espacio rural ha sido siempre interés del Estado, lo que se fundamenta en la Primera Ley de Reforma Agraria (1959, de 17 de mayo) y en la Segunda (1959, de 3 de octubre).
La actividad campesina se ha incrementado a partir de la entrega de tierras en los años 90; el proceso de ruralización de la ciudad se ha acelerado, lo que lleva implícito el uso continuado de tecnologías como maquinarias agrícolas y otros instrumentos, técnicas de cultivos, fertilizantes, así como nuevos estilos de trabajo que surgen debido a las carencias propias de un país subdesarrollado.
La urbe exhibe agromercados, entre ellos los arrendados por trabajadores por cuenta propia, y puntos de ventas de las cooperativas, donde se ofertan variedades de productos agropecuarios. Esto es también parte de una política alimentaria[2] para mejorar la salud y calidad de vida de la población a partir del consumo de frutas y vegetales, aunque es conocido que no existe correspondencia entre la oferta, la gran demanda y los precios, así como entre estos últimos y la calidad de los productos.
Ocasionalmente, también se cometen errores por malas decisiones o por conductas incongruentes con el interés estatal; por ejemplo, al entregar tierras en usufructo, ya explotadas por el usufructuario, a otra persona; o al plantear que dicho otorgamiento se realizó cuando la tierra estaba en manos de una persona jurídica; o al entregarla a quien posee mejores condiciones para trabajarla. Lo mismo sucede con las tierras propiedad, al tramitar la adjudicación hereditaria de ellas, o se pretende realizar una donación que finalmente no se logra. En general, en estos casos los afectados han realizado inversiones que luego resulta prácticamente imposible recuperar.
Otro aspecto a considerar es la subjetiva imposición de planes productivos, las negligencias, la mala praxis como consecuencia del desconocimiento y de ignorar los criterios de quien posee experiencia de vida en el asunto. Todo ello conlleva a cientos de reclamaciones que no reciben la repuesta adecuada, a pesar de la justa intención estatal.
En el año 2008 se emitió el Decreto-Ley 259/2008 (de 10 de julio), mediante el cual se entregaban tierras a quienes las solicitaran, dando lugar así a una nueva Reforma, la quinta, a mi modo de ver. El Decreto-Ley 300/2012 (de fecha 22 de octubre) deroga el anterior, ajusta algunos aspectos no recogidos en el cuerpo legal, y a principios de 2014 se emite el Decreto-Ley 311/2014 modificativo del 300. Todo esto indica la emisión de legislaciones sin un sólido y profundo análisis científico de la realidad social para establecer nuevos paradigmas que respondan al modelo del país, e incluyan la ciencia y la tecnología en la sociedad de manera coherente.
En el 2017 hubo una nueva modificación por el Decreto 319/2013 (de 4 de diciembre), para ampliación o vinculación de las tierras. Igualmente se da una situación de extemporaneidad con el Decreto-Ley 125/1991 (de 30 de enero) y su reglamento la Resolución 24/1991 (de 19 de marzo), que rigen la trasmisión de la tierra de los pequeños agricultores desde ese año; a pesar de resultar inoperante para el desarrollo social y el fortalecimiento del campesinado, no existe aún pronunciamiento al respecto.
También se observa que el concepto y definición de los agricultores pequeños, que aparecen refrendados en la Constitución de la República/1976 (de 24 de febrero), en los artículos 19 y 128.2 del Código Civil (L 59/1987, de 16 de julio), en el Decreto-Ley 125/91 y en la Resolución 288/90, hacen alusión a la entrega de tierras a personas naturales y a personas jurídicas. Existen actualmente borrascosas interpretaciones sobre el agricultor pequeño, el campesino y el obrero agrícola. Estas tres figuras corresponden a personas naturales, por lo que no deben confundirse los conceptos por la actividad que ejecutan y el condicionamiento que los caracteriza.
Relaciones jurídicas derivadas de la actividad agraria
Las relaciones jurídicas enmarcan las interacciones humanas representativas de la convivencia, respecto a las cuales el Derecho se pronuncia, protegiendo con sus normas no solo los intereses de las personas, sino también, y la vez, los sociales. En Cuba se ha desplegado un formidable esfuerzo general por conectar el saber al desarrollo sociopolítico. Existe un amplio consenso, fuertemente apoyado en evidencias, según el cual el bienestar de las sociedades descansa en gran medida en el conocimiento y sus aplicaciones a todas las esferas de la vida. La producción y uso del conocimiento debe satisfacer necesidades (acceso básico a alimentos y sanidad, justicia social, equidad, derechos humanos, convivencia intercultural, diálogo y entendimiento entre los pueblos, paz, democracia, participación, gobernanza y ciudadanía, relación con el medio natural y las formas de vida, ética, libertades y valores), así como lidiar con el cambio climático, las pandemias y otros males.
La actividad agropecuaria se desplaza en un complicado escenario de interacciones jurídicas que oscilan desde la propia concepción de un nacimiento hasta las relaciones civiles (administrativas, penales, medioambientales, económicas, financieras, entre otras) que pueden generarse entre los seres humanos.
Mediante el análisis científico de los decisores y actores directos e indirectos en las actividades agropecuarias, cuadros, funcionarios, investigadores, economistas, profesores, juristas, filósofos, sociólogos, entre otros, y con una mirada biopsicosocial, podemos concluir que un individuo que nace en una finca, o es trabajador o dueño, para dedicarse a labores agropecuarias no le bastará conocer sobre los requerimientos del campo, tendrá que dominarlas relaciones comerciales, ya que mercantilizará lo que ha cosechado o elaborado, y tratar de incorporar nuevas técnicas y productos, para obtener ganancias. En este caso, existiría una fuerte vinculación interdisciplinaria, donde la investigación propia de su campo, con el auxilio de disciplinas como la etnografía, la antropología, la sociología, la economía y la filosofía, pudiera repercutir en el desarrollo de la sociedad cubana y propiciar la toma de decisiones de los actores.
En los apartados 44 y 45 del Plan nacional de desarrollo económico y social hasta 2030: propuesta de visión de la nación, ejes y sectores económicos estratégicos (Título IV) (PCC, 2016) se expresa que, a partir de la visión de la nación definida en él se establecen seis ejes estratégicos: gobierno eficaz y socialista e integración social; transformación productiva e inserción internacional; infraestructura; potencial humano, ciencia, tecnología e innovación; recursos naturales y medioambiente; y desarrollo humano, justicia y equidad; en torno a los cuales (apartado 47) se fijan veintidós objetivos generales y ciento seis específicos.
Calidad de vida del campesino desde su perspectiva
La población rural se expone a disímiles riesgos: físicos, químicos, ergonómicos, biológicos y psicológicos, que pueden afectar directa o indirectamente su salud. El ambiente en que ejecutan las labores (los rigores del tiempo, las características de los suelos y la extensión de los terrenos, etc.) y sus propias tareas (la aradura de la tierra, la cría y cuidado de animales, la comercialización de los productos, entre otras) expresan una cultura determinada por la ocupación, donde queda contenida la calidad de sus vidas y su mayor o menor aporte al consumo social.
La calidad de vida ha sido definida como la combinación de componentes objetivos y subjetivos, es decir, las condiciones de vida de una persona junto a la satisfacción que experimenta; y, por último, como la combinación de estas ponderadas por la escala de valores, aspiraciones y expectativas personales (Lugones, 2002). Es esta última definición a la que me adhiero en este trabajo.
Un aspecto que frena o impide al campesinado una adecuada calidad de vida está relacionado con la propiedad de la tierra, asunto altamente discutido y que aún despierta grandes polémicas. La primera Ley de Reforma Agraria reconoció como propietarios a todos los que trabajaban la tierra, pero de ellos, no todos recibieron el título, por lo que actualmente existen reclamaciones sobre los derechos adquiridos y reconocidos mediante esa ley, que luego fue regulada por diferentes normas que, en el transcurso del tiempo, modificaron la situación legal de los beneficiarios. También existen, minoritariamente, quienes ya poseían el dominio y titularidad antes de 1959.
Entre 1966 y 1969 se llevó a cabo un grupo de planes para regular la tenencia de la tierra:
Los planes integrales. Los campesinos integraban sus tierras y producciones. Sus ingresos provenían, por una parte, de una compensación en forma de renta o subsidio por los bienes integrados y, por la otra, de su trabajo en el plan, lo que dio origen a los mal llamados «arrendamientos».
Los planes especializados. Los campesinos se incorporaban a unidades estatales, y eran incluidos en el plan de producción de la entidad.
Los planes dirigidos. Esta es una modalidad del plan especializado. Se caracterizó por la organización de un grupo de campesinos dedicados a un tipo de cultivo determinado.
Aún existen campesinos que ostentan la condición de propietarios-arrendadores, cuyos hijos, incluso habiendo trabajado las tierras, según la exigencia, desde cinco años antes del fallecimiento del causante, no pueden heredarlas, debido a que se dispuso que las dejadas para autoconsumo pasan a propiedad estatal mediante una norma legal que ha sido ratificada. Esto ha traído muchos disgustos entre la población campesina, ya que es muy remota la posibilidad de probar que el área de autoconsumo no fue arrendada al Estado, y muchos de estos actores figuran entre los que no recibieron su título de propiedad, máxime cuando el registro de Tenencia de Tierras comenzó a funcionar, mediante la Resolución 288/90, en el momento en que la sociedad perdía y recobraba sus controles administrativos. El inicio de la crisis económica de los 90, motivada por una serie de factores externos como la desaparición del campo socialista y del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), el recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos y algunos factores internos, impuso la necesidad de modificar las relaciones de producción, de buscar y establecer nuevas formas de explotación de la tierra que liberalizaran el desarrollo de las fuerzas productivas e iniciaran un proceso de reactivación de la agricultura, lo que conllevó una reforma económica caracterizada por profundos cambios estructurales y organizativos en el sector agropecuario, donde el eslabón central lo ha constituido la tenencia de la tierra.
En la actualidad, hemos conocido de tierras a las que no se les ha hecho aún el levantamiento registral, por lo que, en la mayor parte de las ocasiones recogen un historial desconocido, por los actores administrativos. Gracias a que Geodesia y Cartografía realizaron un serio trabajo por vía aérea, aparecen en los mapas.
Influencia de la ruralización social en el desarrollo económico
La población que realiza trabajos agrícolas ha aumentado en los últimos años, lo que beneficia a la nación y libera al Estado de importaciones. En ella se incluyen aquellos que realizan actividades relacionadas con aspectos colaterales, como los agromercados, los puntos de venta, los mercados arrendados a cooperativas no agropecuarias y a trabajadores por cuenta propia (TCP). En este sentido, se aprecia el aumento y la especialización en la venta de carnes, viandas y hortalizas, lo que ha producido cambios en la alimentación del cubano.
La organización que existe a partir de los tres tipos de cooperativas agrarias —de Crédito y Servicio (CCS), de Producción Agropecuaria (CPA) y las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC)— cuenta con 438 716 asociados, y 80% de los alimentos producidos en el país es aportado por ellos.[3]
Un aspecto que considerar es la agroecología en Cuba, país líder en ese campo, que frente a las múltiples crisis del sistema capitalista (alimentaria, económica y social), la ha convertido en pilar fundamental en la construcción de la soberanía alimentaria (Funes Aguilar, 2016: 13). Desde los años 90 se viene trabajando en la transición hacia una agricultura orgánica y agroecológica, mediante un proyecto conocido como «Transformando el Campo Cubano» (19).
Ha sido fundamental la innovación y su trasmisión a los productores, entre los que han sobresalido el Movimiento Agroecológico de Campesino a Campesino (MACaC) de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), el Programa Nacional de Agricultura Urbana (PNAU) del Ministerio de la Agricultura (MINAG), y otros que se han ido desarrollando en los últimos años (19-20).
La agroecología es una disciplina científica relativamente nueva (década de los 70) que, frente a la agronomía convencional, se basa en la aplicación de los conceptos y principios de la ecología al diseño, desarrollo y gestión de sistemas agrícolas sostenibles.
«Constituye un grupo de principios y de metodologías participativas que logran conjugar los conocimientos de los agricultores y campesinos con los conocimientos científicos, en apoyo al proceso de conversión de la agricultura convencional a una agricultura de base ecológica orgánica». La aplicación de sus principios involucra aspectos ambientales, sociales, económicos, culturales, políticos y éticos (Funes Aguilar, 2007: 15).
Falta de autonomía en la gestión económica y sus consecuencias
La falta de autonomía de las cooperativas lleva al desentendimiento de los aspectos técnico-jurídicos en materia contractual y del pago por la calidad de los productos, así como a la inescrupulosa violación de las normas técnicas, lo que impide el mayor y adecuado desempeño de estas empresas y provoca desinterés y poco esfuerzo para la incorporación de nuevas técnicas.
Existe una perceptible ignorancia respecto a las actividades productivas y de prestación de servicios agrícolas por parte de la población, lo que incluye a funcionarios y profesionales (planificadores físicos, arquitecto, especialistas de la salud, etc.), quienes son también actores activos, pues el campo de lo agrario es multidisciplinario; igualmente entre los estudiantes de Derecho en las universidades cubanas. Hay una gran ausencia de cultura sobre seguridad y soberanía alimentaria provocada por la tendencia al «menor esfuerzo». También aparecen numerosos incumplimientos contractuales, debidos también al desconocimiento de lo básico jurídico, a la incomprensión de los elementales derechos individuales y a la inobservancia del actuar recto, acogido al cumplimiento de la norma que, en última instancia, no es un complemento legislativo capaz de resolver la situación existente, pero coadyuva al ordenamiento social con vistas a soluciones atenuantes.
Felizmente, en la actualidad se trabaja con intensidad para culminar las normativas, debido a las sentidas y concretas necesidades de la sociedad y ante las considerables quejas y reclamaciones de los trabajadores rurales.
Estas evoluciones legislativas se acomodan a la situación socioeconómica y muestran una transformación culminante en la mentalidad de los decisores, con vistas a promover una sociedad sostenible y sustentable, donde, en definitiva, se adecuen y armonicen los intereses individuos-Estado sobre la base de los principios socialistas, justos y humanitarios. Solo en ese momento estaríamos ante un verdadero desarrollo productivo, que traería consigo satisfacción individual, que a la larga respondería a la conciencia social con un incremento de valores y conciencia jurídica, principalmente en los actores del espacio agrícola.
Debe existir una correlación ajustada y armónica entre las leyes y las fuerzas productivas, una satisfacción justa por los resultados de trabajo, la calidad en los productos y la valoración de precios compatibles con los salarios, ya que en este proceso participan desde el productor hasta el consumidor, pero entre ellos hay un entramado que obstaculiza, por causas ajenas a ellos la comercialización.
En cuanto a la conformación de contratos por parte de las empresas comercializadoras, estos contienen cláusulas abusivas, en muchas ocasiones por necesidad social, respecto a determinadas cantidades de productos específicos —por ejemplo, leche, carne de res y de cerdo, entre otros—, lo que significa violaciones de las normas vigentes en materia económica y recarga la faena de los tribunales ante el exceso de demandas y reclamaciones económicas. Por suerte, en este proceso existe la posibilidad de la audiencia preliminar, donde las partes, en ocasiones, llegan a feliz acuerdo.
Este escenario se repite constantemente, dado a que las empresas comercializadoras intentan imponer un plan de producción que no se analiza con la profundidad y el rigor científico-técnico y mercantil necesario. Ejemplo de esto son las demandas mensuales que realiza la Empresa de Productos Lácteos a una veintena de cooperativas —mayormente CCS y UBPC—, debido a informalidades en las entregas de leche e incumplimiento de los planes productivos por violaciones de los convenios con los productores.
En el caso de los mercados de productos del agro, existe el fenómeno de los precios topados y los de oferta y demanda. Esto significa que el productor dispone de un porciento del remanente de la comercialización realizada a través de las cooperativas, cuando en realidad la preferencia de producción está dirigida a la satisfacción de demandas alimentarias de la comunidad. Sin embargo, en ocasiones los insumos no llegan o lo hacen con retraso, debido, principalmente, a la falta de combustible para la transportación de los productos o la ausencia de transporte, lo que provoca la pérdida de calidad en los alimentos; no obstante, dicha mercancía se exhibe en los agromercados, y se trata de vender a elevados precios.
El insuficiente suministro de insumos e, igualmente, «la contratación económica» son procesos en los que se integran los diferentes sujetos que actúan legalmente, lo que permite a las partes organizar y participar en ello desde las etapas de negociación previa hasta su cumplimiento. El objetivo esencial del Decreto-Ley 304/2012 (de 1 de noviembre), «Sobre la Contratación Económica» es la regulación del universo de relaciones contractuales que se establecen en la economía nacional entre los diferentes operadores que en ella intervienen; contiene los principios rectores de este sistema y prevé una estructura más simple, que favorece la autonomía de las partes, ya que les permite definir las principales cláusulas del contrato, pero a la vez las obliga a actuar de manera eficiente.
Existe lo que se conoce como contrato leonino, un «contrato oneroso en el que se pacta una desmedida ventaja para una de las partes en perjuicio de la otra»; «el oneroso […] desconoce la equitativa relación entre las prestaciones, por abuso de la superioridad propia o de la ajena debilidad o ignorancia» (Martínez de Navarrete, 1991: 21-2). Este entra en contradicción con lo expuesto en la Conceptualización del modelo económico y social cubano de desarrollo socialista y el Plan nacional de desarrollo…, donde se indica que el «plan es un instrumento dinámico, sujeto a modificaciones en sus componentes en función de la evaluación periódica de sus resultados» (PCC, 2016). Significativamente, las empresas conforman un plan protegido y aun demostrada su falta de operatividad, insisten en cumplirlo y, para ello se establece una demanda o se cumple de alguna otra forma, de manera imprevista.
En el tráfico mercantil impulsado por la empresa estatal se insta a la utilización de proformas contractuales preconcebidas, que no permiten al otro sujeto participante en la negociación tomar parte activa en su contenido, lo que induce a contratos con falta de armonía y desigualdad de principios. Si a esto sumamos las limitaciones existentes en las negociaciones —aunque cabe destacar que ya existen determinadas libertades—, y la exigencia mayoritaria del cumplimiento social en los contratos de suministros con escuelas, hospitales, hogares maternos y de ancianos, lo cierto es que el irrespeto mercantil propicia, en ocasiones, pérdidas de mercancías debido a negligencias, incumplimientos, falta de legalidad contractual, ausencia de incorporación de técnicas productivas y deterioro en la entrega de insumos, que son expresión de que las fuerzas productivas se encuentran aún obstruidas por las regulaciones y de que es preciso transformar las relaciones de producción de manera sistémica.
Estas relaciones de producción se han descentralizado en algunos casos a través de experimentos como los de Artemisa y Mayabeque. Allí se observan aplicaciones de nuevas tecnologías y se hace efectivo el tan preciado recurso natural de la tierra y sus productos.
Una visión antropológica del fenómeno demográfico en los 90
Lo biológico y lo sociocultural forman una unidad compleja articulada en el estudio de lo humano en una sociedad tecnológica y del conocimiento. Ella muestra cada vez más la necesaria confluencia entre las ciencias de la vida y las sociales. La biología y las tecnologías que se aplican a ella están conformando, a su vez, una biosociedad que pasa a ser parte del campo de estudio de muchas disciplinas conectadas: otras ciencias y tecnologías, ética, ciencia política, salud, psicología, sexualidad, etcétera.
Casuísticamente, el individuo se desenvuelve en un medio social, donde incorpora sus hábitos e interactúa con el medio ambiente, de forma directa y activa, permeando su cultura de rasgos que le son idóneamente análogos, por lo que asume los caracteres que identifican a un grupo cultural, un conjunto de individuos que ahora asumen una forma de vida, y que logran ser reconocidos por las ciencias sociales, la etnología y la antropología. Una diligente implementación científica pudiera llegar a optimizar la calidad de vida de los campesinos que sobrepasan la edad.
La ruralización de la ciudad trae aparejado un proceso migratorio hacia la capital, donde los rasgos culturales han comenzado a variar. Surgen huertos, organopónicos, crías masivas de animales, puntos de ventas, ferias agropecuarias, carretillas con productos del agro, en plena ciudad, entre otros; al tiempo que surgen nuevos hábitos de alimentación y estilos de vida que repercuten tanto en la cultura citadina y rural, con una visión diferente de la existencia humana.
Los campos han comenzado a recibir individuos que han abandonado su actividad laboral urbana anterior para insertarse en otra, hasta el momento extraña y ajena para ellos, pero que representa un medio de subsistencia posible. También se adecuan a una nueva clase social, dejan de ser obreros, empleados públicos o profesionales y se convierten en campesinos.
Ahora bien, a pesar de los esfuerzos del Partido y el gobierno para priorizar las actividades mencionadas, mediante planes como los de entrega de tierras (DL 300/2012 y 259/2018, de 10 de julio), aún se observa una significativa contradicción entre las actividades agrícolas y la población rural, dado que las propias tierras entregadas son devueltas por diversos motivos. Son numerosos los expedientes que se encuentran en espera del proceso legal para la eliminación de usufructos de tierras, muchas entregadas recientemente, por lo que se evidencian situaciones no atemperadas a la función social de la tenencia de tierra con fines agropecuarios, así como desconocimiento del proceso agrícola o falta de sentido de pertenencia.
Se observan notables cambios en el recién promulgado Decreto-Ley 358/2018 y su Reglamento el Decreto 350/2018 (de 7 de agosto), en los que se aprecia una acertada consideración respecto a las tierras entregadas en usufructo a personas naturales, las que ahora se otorgarán por un período de veinte años, prorrogable sucesivamente por igual término, y por tiempo indeterminado a personas jurídicas. Igualmente se adiciona un segundo párrafo al artículo 215 de la Ley 59/1987, «Código civil», que ratifica esto último. Lo que no es contradictorio, pues antes solo decía: «El usufructo concedido a las personas jurídicas no puede exceder del término de veinticinco años, prorrogable por igual término a solicitud del titular del derecho, formulada antes de la fecha de su vencimiento», y esto se refiere al derecho perpetuo de superficie que se otorga, mientras que el DL 358 hace referencia a las tierras entregadas en usufructo, para trabajarlas.
En el DL 300/2012, las entregas se hacían por diez años a personas naturales y veinticinco a personas jurídicas. Asimismo, se establece en el artículo 25.1 del DL 358/2018 que
La construcción de más de una vivienda en las tierras entregadas en usufructo se autoriza para los familiares del usufructuario que trabajen establemente dichas tierras, en dependencia de las necesidades de fuerza de trabajo que requiera el usufructuario y en todos los casos queda a nombre de este.
En esta norma prexiste mayor protección al usufructuario de tierra, inclusive en la disposición transitoria, y se le brinda la posibilidad al que no se haya afiliado a la seguridad social, a realizarlo en un término de hasta seis meses y; terminado este plazo, si no lo ha hecho se da por culminado el contrato de usufructo. Es este un aspecto que muestra el elevado nivel humanista y de protección a la salud del individuo incorporado a estas actividades.
Las personas naturales, usufructuarias de tierras, que no tengan como finalidad el autoabastecimiento familiar, están obligadas a vincularse por medio de contratos a empresas estatales agropecuarias, azucareras o forestales; granjas estatales con personalidad jurídica; UBPC, CPA, o CCS; mediante las cuales podrán adquirir insumos, recibir servicios y comercializar sus producciones.
En la disposición final tercera del DL 358 queda expresado que
El Banco Central de Cuba, dentro del plazo de sesenta días, contándose partir de la publicación en la Gaceta Oficial de la República de Cuba del presente Decreto-Ley, actualiza en lo que corresponda los procedimientos sobre el otorgamiento de Créditos Bancarios para las personas naturales que reciban tierras en usufructo.
Hasta el momento esto no se ha cumplido, ya que cuando el productor solicita su crédito, aun cumpliendo el requisito de haber asegurado su cosecha, tropieza con un sinnúmero de obstáculos, y pocos de ellos logran obtenerlo.
Comparativamente, en las legislaciones citadas (DL 259 y 300) se aprecia un mayor beneficio para la persona natural que usufructúa tierras, ya que se incrementa hasta dos caballerías su cesión (26, 84 hectáreas) a los que no posean ninguna tierra, además de poder ampliarse hasta cinco caballerías (67, 10 hectáreas) y, como ya se dijo, el término del usufructo se amplió de diez a veinte años.
El tecnicismo utilizado se adecua a los momentos actuales; aunque siempre aparecerá, durante la implementación, algún aspecto que no fue previsto por el legislador y será el operador del Derecho quien hallará o no la fórmula para cumplimentarlo. Confiemos.
Dado el momento histórico y las transformaciones que se vienen generando en Cuba, resulta imprescindible cambiar paradigmas para ajustar las legislaciones y enfocar los modelos sociales del campesinado cubano con una mentalidad encauzada en el desarrollo económico de la nación, donde los campos de la ciencia y la tecnología sean un componente directo en la sociedad para descentralizar, de hecho y de derecho, la actividad agropecuaria.
Es urgente trabajar en el reconocimiento general de una nueva cultura, donde el trabajador agrícola aparezca como actor principal del desarrollo económico y productivo del sustento alimentario de la población, garantizando nuevas técnicas y enfoques científicos que permitan disminuir las importaciones y aumentar las exportaciones con la calidad requerida, bajo un sistemático y estricto control legal. Es preciso revisar la legislación vigente, a través de una mirada científica, donde se pueda avizorar la actividad agraria como una cultura de elevada importancia en Cuba; por lo que el tratamiento debe ser ajustado a la realidad moderna, con profunda inserción de la ciencia y la tecnología a la sociedad.
Se impone efectuar profundos estudios en torno a la cultura agraria, en aras de reconocer sus rasgos y caracteres, como consecuencia de decisiones y políticas que han dado lugar a la ruralización de la ciudad.
Habría que promover amplios estudios sociales y legales, donde se constate el escenario de los actores que participan y la situación anárquica sobre la tenencia de las tierras y las decisiones, contrarias a la ley, de los funcionarios, aspecto que afecta objetivamente la calidad de vida del trabajador de la tierra y el incremento de la producción agropecuaria, pues provoca desinterés e inmovilismo.
Resulta atinado incorporar, y no solo como experimento, las formas de ecoturismo, ya que va en ascenso el turismo de naturaleza, que puede derivar en agroturismo.
Para trabajar en los Registros de Tenencia de la Tierra se debieran realizar exámenes de oposición que incrementen el nivel científico y técnico de los registradores, lo que evitaría no solo errores, sino también condiciones propicias para actividades de corrupción. Es necesaria la búsqueda de soluciones ajustadas al Derecho que consideren la incorporación de esta actividad registral al control y subordinación del Ministerio de Justicia, actualmente integradas por las delegaciones municipales de la agricultura, la Dirección Municipal del Centro Nacional de Control de la Tierra, donde funcionan los registros y obran los expedientes de las tierras entregadas en usufructo, o las pocas que aún existen como propiedad.
Los tribunales de justicia municipal y provincial deben tener la facultad de resolver asuntos en materia agraria para que se tomen decisiones justas y adecuadas con respecto a la Ley, y así obtener resultados objetivos relacionados con esas actividades y lograr que todos los organismos conozcan y se involucren con la política económica del país.
Por último, estimo que resulta imprescindible garantizarla trasmisión de las tierras en la observancia de concesión de la propiedad a los herederos, para que las nuevas generaciones ganen sentido de pertenencia hacia ellas y así se satisfagan las necesidades de los campesinos y aumente el interés en la producción y su crecimiento, todo ello sobre los sólidos principios del estricto cumplimiento de la legalidad y de su función social; es decir, adecuar el ordenamiento jurídico a la trasmisión inter vivo[4] y mortis causa[5] y en relación con el respeto a la propiedad. Además, es preciso incrementar los derechos del productor, sus potestades de decidirlo que debe producir, a quién debe vender y a qué precio; y la potestad de acudir a un mercado de insumos para adquirir los medios necesarios con vistas a lograr un cierre exitoso del ciclo productivo. Todo ello, naturalmente, teniendo en cuenta los requerimientos del universo económico- social.
Lo antes expuesto debe llevarse a cabo sobre la base de un acceso universal a la justicia, requisito básico para el bienestar del ser humano, fundamentalmente en un sistema social que pretende garantizar, y no solo proclamar, los derechos de todos.
[1] La Ley 3/1958 del Alto Mando del Ejército Rebelde, en cuyo quinto «Por Cuanto» establece: «Se ha llegado, asimismo, a la convicción unánime de que para arribar a las mencionadas transformaciones y al bienestar del agricultor resulta indispensable el establecimiento de una amplia capa de cultivadores independientes, dueños de sus tierras, dotados por el Estado de las facilidades de crédito, de instrumentos de trabajo, con la garantía de un precio justo para sus productos, lo que determinará no sólo un bienestar individual y familiar, sino el incremento de la productividad agrícola, consustancial al verdadero progreso económico de que está apremiado el país».
[2] Los ejecutores de esas políticas han sido el Ministerio de la Agricultura, el Grupo Empresarial AZCUBA (antiguamente Ministerio del Azúcar), la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), la Asociación Cubana de Técnicos Agroforestales (ACTAF), entre otros.
[3] Información tomada de la conferencia impartida por Alcides López Labrada en el Congreso Internacional de Derecho agrario, efectuado en el Hotel Nacional de La Habana en 2014.
[4] Inter vivos es una expresión latina que se utiliza en Derecho para referirse a aquellos actos jurídicos que se producen entre personas vivas, en contraposición a los actos mortis causa. La expresión literalmente significa «entre vivos».
[5] Mortis causa o causa mortis es una expresión latina que significa «por causa de muerte» o «a causa de la muerte» que se utiliza en Derecho para referirse a aquellos actos jurídicos que se producen o tienen efecto a partir del fallecimiento de una persona.
______ (2016) Avances en la agroecología en Cuba. Matanzas: Estación Experimental de Pastos y Forrajes Indio Hatuey.
Cuba. Constitución de la República de Cuba/1976, de 24 de febrero. Disponible en <http://cort.as/-EphB> [consulta: 5 diciembre 2018]
_____ Decreto 319/2013, de 4 de diciembre, modificativo del Decreto 304, Reglamento del Decreto-Ley 300/2012, de 22 de octubre, sobre la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo. Disponible en <http://cort.as/-Cq0n> [consulta: 5 diciembre 2018].
______ Decreto 350/2018, de 7 de agosto, Reglamento del Decreto- Ley 358/2018, ob. cit. Gaceta Oficial de la República de Cuba, 7 de agosto de 2018. Disponible en <http://cort.as/-E4W9> [consulta: 22 enero 2019].
______ Decreto-Ley 125/1991, de 30 de enero, de régimen de posesión, propiedad y herencia de la tierra y bienes agropecuarios. Disponible en <http://cort.as/-Cvqt> [consulta: 5 diciembre 2018].
______ Decreto-Ley 259/2018, de 10 de julio, sobre la entrega de tierras ociosas en usufructo. Disponible en <http://cort.as/-0OyG> [consulta: 5 diciembre 2018]
______ Decreto-Ley 300/2012, ob. cit. Disponible en <http://cort. as/-Cvr0> [consulta: 5 diciembre 2018].
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Los ejecutores de esas políticas han sido el Ministerio de la Agricultura, el Grupo Empresarial AZCUBA (antiguamente Ministerio del Azúcar), la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), la Asociación Cubana de Técnicos Agroforestales (ACTAF), entre otros.
Información tomada de la conferencia impartida por Alcides López Labrada en el Congreso Internacional de Derecho agrario, efectuado en el Hotel Nacional de La Habana en 2014.
Inter vivos es una expresión latina que se utiliza en Derecho para referirse a aquellos actos jurídicos que se producen entre personas vivas, en contraposición a los actos mortis causa. La expresión literalmente significa «entre vivos».
Mortis causa o causa mortis es una expresión latina que significa «por causa de muerte» o «a causa de la muerte» que se utiliza en Derecho para referirse a aquellos actos jurídicos que se producen o tienen efecto a partir del fallecimiento de una persona.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 215
 artículo 25
 Resolución 
 Resolución