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Timestamp: 2020-08-14 04:33:43+00:00

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﻿ SENTENCIA 2001-01031/3149-2014 DE DICIEMBRE 12 DE 2017
SENTENCIA 2001-01031 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:NATURALEZA DE LA TEMPORALIDAD DEL SEGURO DE VIDA PARA LOS ALCALDES. SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LA LEY 617 DEL 2000, NO EXISTÍA NORMA QUE AUTORIZARA A LOS CONCEJOS PARA QUE LOS ALCALDES LOGRARÁN CONTRATAR SUS SEGUROS DE VIDA CON CUALQUIER COMPAÑÍA DEL RAMO CONSTITUIDA DE MANERA LEGAL, COMO SÍ LO PERMITÍA LA LEY 136 DE 1994 EN RELACIÓN CON LOS CONCEJALES Y LOS PERSONEROS. ASÍ LAS COSAS, LAS ASAMBLEAS DEPARTAMENTALES, POR MEDIO DE UNA ORDENANZA, PUEDEN FACULTAR AL GOBERNADOR A CONTRATAR CON UNA ASEGURADORA AUTORIZADA UN SEGURO DE VIDA E INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE PARA LOS ALCALDES. ES DECIR, ESTAS ORDENANZAS SON LEY EN SENTIDO MATERIAL Y SON DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EN TODO EL DEPARTAMENTO, MIENTRAS NO SEA ANULADA POR LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA. CONFORME A LO ANTERIOR, SE INDICÓ QUE SEGÚN LA LEY 617 DE 2000 QUE ANTES DE LA EXPEDICIÓN DE DICHA NORMA NO ES POSIBLE QUE LA ENTIDAD TERRITORIAL RECONOZCA Y PAGUE VALORES AMPARADOS EN UNA PÓLIZA NO RENOVADA Y TAMPOCO SE LE PUEDE RECONOCER ALGUNA RESPONSABILIDAD POR ELLO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ALCALDE, ASAMBLEA DEPARTAMENTAL, ENTIDAD TERRITORIAL, PERSONERO DISTRITAL, SEGURO DE VIDA, ALCALDÍA, CONTROL JURISDICCIONAL
Sentencia 2001-01031/3149-2014 de diciembre 12 de 2017
Exp.: 54001-23-31-000-2001-01031-01 (3149-2014)
Demandante: Sandra Cecilia Páez Echavez
Demandado: municipio de Ocaña (Norte de Santander)
Tema: seguro de vida de alcalde
Bogotá, D. C., doce de diciembre dos mil diecisiete.
EXTRACTOS: “V. Consideraciones de la Sala
5.1. Competencia. Conforme a la preceptiva del artículo 129 del CCA esta corporación es competente para conocer del presente litigio, en segunda instancia.
5.2. Problema jurídico. Corresponde a la Sala determinar si, en los términos del recurso de apelación, se configuran los presupuestos establecidos en el artículo 87 de la Ley 617 de 2000 para acceder al reconocimiento y pago del seguro de vida a que aspira la actora por el fallecimiento de su esposo en su condición de alcalde.
a) Escrito de la actora, de 8 de febrero de 2001, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores, por conducto de apoderado, dirigido al alcalde de Ocaña en el que le pide “reconocer y pagar a favor de mi asistida el seguro de vida correspondiente al Dr. José Aquiles Rodríguez Martínez (q.e.p.d.), esto es, la suma de: $136.393.152.00, en su condición de alcalde municipal de Ocaña al momento de su trágico suceso, conforme señala el artículo 87 de la Ley 617 de 2000” (fls. 23-26).
b) Respuesta desfavorable a la anterior petición, por medio de Resolución 201 de 28 de febrero de 2001, del alcalde de Ocaña (e.), “por cuanto el funcionario, ajeno a la voluntad de la administración municipal, se encontraba suspenso en su función y por ende no derivaba de la administración la obligación, ni existe norma que soporte la obligación de tener vigente un contrato para amparar riesgos como el lamentablemente acaecido [...]” (fls. 13-15).
c) Resolución 251 de 16 de marzo de 2001, por medio de la cual se resuelve recurso de reposición contra el anterior acto administrativo, en el sentido de confirmarlo (fls. 17-19).
d) Certificación de la oficina de recursos humanos y educación del municipio de Ocaña, en la que se declara que el señor José Aquiles Rodríguez Martínez se desempeñó como alcalde de dicho municipio, entre el 2 de enero de 1998 y el 10 de noviembre de 1999 (fl. 46).
e) Certificación de la Notaría Primera de Ocaña, de 2 de noviembre de 2000, sobre el registro civil de matrimonio de los señores José Aquiles Rodríguez Martínez y Sandra Cecilia Páez Echavez, celebrado el 28 de mayo de 1988 en la parroquia Santa Ana de Ocaña (fl. 212, cdno. 2).
f) Certificados de la Notaría Primera de Ocaña, de 2 de noviembre de 2000, sobre el registro civil de nacimiento de los menores José Aquiles y Mayra Alexandra Rodríguez Páez (fls. 193-194, cdno. 2).
g) Copia del registro civil de defunción, de 15 de noviembre de 2000, del señor José Aquiles Rodríguez Martínez, quien falleció en Teorama (Norte de Santander) el 28 de octubre de 2000 (fl. 219, cdno. 2).
h) Respuesta del secretario general de La Previsora Vida S. A., de 22 de noviembre de 2000, a la reclamación sobre la póliza 571060, formulada por la señora Sandra Cecilia Páez Echavez, en el sentido de que “el señor Jose Aquiles Rodriguez Martinez [sic] (q.e.p.d.) fallecido el pasado 21 de Agosto (sic), no se encuentra amparado en razón a que la póliza venció el día 25 de febrero de 2000 y su renovación correspondiente al período 2000-2001 no fue cancelada” (fl. 34).
i) Copias de las pólizas de seguro de vida 3115570002060, 572060 y 571060, de 25 de febrero de 1998 al 25 de febrero de 1999, desde esta última fecha hasta el 25 de febrero de 2000, y de aquí al 25 de febrero de 2001, en que figuran el señor José Aquiles Rodríguez Martínez, como asegurado; su esposa y los dos hijos menores, beneficiarios, y el municipio de Ocaña, tomador (fls. 36, 38 y 42).
De las pruebas que obran en el proceso, se colige que el fallecido esposo de la actora fue elegido alcalde de Ocaña para el período 1998-2000. El 11 de noviembre de 1999 fue separado del cargo, de manera temporal, mediante Decreto 1581 del mismo día, del gobernador del departamento del Norte de Santander, en cumplimiento de medida aseguramiento, de 23 de agosto anterior, consistente en detención preventiva sustituida por detención domiciliaria, ordenada por el fiscal 2º delegado ante la Unidad 2ª de Patrimonio Económico y Administración Pública Delegada ante Jueces del Circuito de Ocaña (Norte de Santander).
En ejercicio del cargo, suscribió la póliza de seguro de vida 3115570002060 de La Previsora Vida S. A., con vigencia desde el 25 de febrero de 1998 hasta el 25 de febrero de 1999, en que, en su calidad de alcalde, figura como asegurado; su esposa y sus dos hijos menores, beneficiarios; y el municipio de Ocaña, tomador. Esta póliza fue renovada por un año más (572060), o sea, hasta el 25 de febrero de 2000. El valor del seguro fue asumido por el erario municipal, tal como consta en el recibo de ingresos varios 72, por valor de $925.042, de 30 de abril de 1998 (fl. 41).
Cuando el alcalde fue detenido, el 11 de noviembre de 1999, la segunda póliza de seguro de vida (572060) se encontraba próxima a vencerse, el 25 de febrero de 2000, sin que, a pesar de su expedición, la nueva administración la renovara y la aceptara como tomadora (póliza 571060), es decir, contratante y pagadora de la prima. Por ello, en la comunicación de 22 de noviembre de 2000, del secretario general de La Previsora Vida S. A., dirigida a la accionante, se dice: “[...] Una vez transcurrido el plazo de gracia sin que se haya cancelado la prima o fracción, la presente póliza terminará automáticamente y LA COMPAÑÍA quedará libre de toda responsabilidad” (fl. 34).
De tal suerte que al ocurrir la muerte del detenido alcalde, el 28 de octubre de 2000, según su registro civil de defunción (fl. 219, cdno. 2), la póliza de seguro de vida había terminado porque la nueva administración municipal no la renovó. Pero la exigencia legal para ello, solo se estableció con el artículo 87 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000, que dice:
ARTÍCULO 87. Seguro de vida para los alcaldes. Los alcaldes tendrán derecho durante el período para el cual han sido elegidos a un seguro de vida. Para tal efecto, el concejo autorizará al alcalde para que contrate con una compañía de seguros legalmente autorizada el seguro previsto en este artículo.
Sin embargo, la cónyuge supérstite, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores, arguye que como el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Ocaña, a través de sentencia de 6 de diciembre de 2000, absolvió a los servidores que habían sido sindicados con su esposo en la misma causa, por el delito de peculado por destinación oficial diferente y prevaricato por acción en perjuicio de la administración pública (fls. 51-136), confirmada por la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de Cúcuta (sentencia de 26 de octubre de 2001)(1), su consorte hubiera corrido la misma suerte de ellos, esto es, la absolución y no la extinción de la acción penal por muerte.
Así las cosas, la parte actora alega que el ente accionado tiene la obligación de reconocer y pagar en su beneficio el valor del seguro de vida de la póliza (571060) que no pagó, puesto que, en el hecho 9 de la demanda, afirma: “la administración al no cancelar por negligencia, como se ha dicho, la póliza de seguro correspondiente, le sobrevino la correlativa responsabilidad de cancelar los valores correspondientes, esto es, la suma de: $136.393.152” (fl. 7).
Por tal motivo, la accionante formuló, el 8 de febrero de 2001, ante el alcalde de Ocaña (e.), una solicitud en ese sentido, pero le fue negada por Resoluciones 201 de 28 de febrero siguiente y 251 de 16 marzo ulterior, que son los actos acusados.
Pero al mismo tiempo que la demandante ocurrió a la jurisdicción contencioso­administrativa para demandar en acción de nulidad y restablecimiento al municipio de Ocaña, también lo hizo así contra el departamento de Norte de Santander, en el sentido de que “se declare que el departamento Norte de Santander es responsable de reconocer, liquidar y pagar a favor de la señora Sandra Cecilia Páez Echavez y sus menores hijos, el seguro de vida de su esposo en su otrora condición de alcalde popular del municipio de Ocaña, por el período 1998-2000, en virtud de que esta entidad debe correr con el riesgo al no haber contratado el seguro de vida correspondiente” (fl. 339).
Dicha acción le correspondió adelantarla al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que, en sentencia de 27 de junio de 2005, Expediente 540001-23-31-001-2002-1764-00, discurrió, en algunos de sus apartes, así:
En consecuencia, la responsabilidad recae en el departamento Norte de Santander, toda vez que desde 1994 por mandato de la Ordenanza Nº 028 del 25 de agosto, por la cual se conceden unas autorizaciones al gobernador del departamento Norte de Santander, para contratar un seguro de vida e incapacidad total y permanente para los alcaldes de unos municipios de Norte de Santander y se hacen los ajustes presupuestales necesarios, en su tenor literal se dispuso:
“Autorízase al gobernador del departamento por el término de tres (3) meses para contratar con una aseguradora legalmente autorizada, un seguro de vida e incapacidad total y permanente para los alcaldes de los cuarenta (40) municipios del departamento Norte de Santander previo procedimiento que lo determina la Ley 80 y sus decretos reglamentarios...
El término del seguro de vida e incapacidad total y permanente será por el periodo que dure el mandato de los mismos, y en caso de falta absoluta, quien será llamado a ocupar el cargo de alcalde tendrá derecho a los beneficios de que trata el presente artículo, desde el momento de su posesión y hasta que concluya el periodo correspondiente según el caso...”.
El departamento Norte de Santander dentro de ese período contrató un seguro de vida colectivo para todos los alcaldes del departamento menos para el de Ocaña que se encontraba suspendido por orden de autoridad judicial, con el argumento que el titular era otro y por efecto de la misma suspensión.
En este punto la Sala quiere hacer notar que la suspensión a que fue sometido el alcalde de Ocaña, constituye una vacancia temporal, lo que· implica que el alcalde seguía en su condición de alcalde y como tal, sujeto al beneficio que concedió el departamento a todos los alcaldes del departamento en orden a garantizarles la vida y seguridad, por hechos relacionados con el ejercicio del cargo como fue precisamente el riesgo que se presentó con el alcalde asesinado en virtud de acusaciones sobre el manejo presupuestal de esa entidad.
La administración debe correr con el riesgo de no haber contratado el seguro de vida del entonces alcalde de Ocaña, e indemnización por muerte adicional con su respectiva indexación, debiéndosele restablecer todos sus derechos, por cuanto este tenía el derecho aún en el caso de vacancia temporal, pues durante la misma no dejaba de ser alcalde.
En el anterior orden de ideas, se decretará la nulidad del oficio 1501 del 8 de agosto de 2002 suscrito por la secretaría jurídica de la gobernación del departamento Norte de Santander que despacho desfavorablemente el petitorio de la parte accionante, y como consecuencia de ello, a título de restablecimiento del derecho, se ordenará al departamento Norte de Santander el pago de las sumas de dinero que por concepto del seguro de vida le hubieren correspondido a los beneficiarios del extinto José Aquiles Rodríguez Martínez en su condición de Alcalde del Municipio de Ocaña.
Y en su parte decisoria dispuso:
PRIMERO: DECLÁRESE la nulidad del Oficio 1501 del 8 de agosto de 2002, proferido por la Secretaría Jurídica del Departamento Norte de Santander.
SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, y a título de restablecimiento ordénese al departamento NORTE DE SANTANDER que reconozca y pague a favor de la señora SANDRA CECILIA PAEZ ECHAVEZ y de sus menores hijos JOSÉ AQUILES RODRIGUEZ PAEZ Y MAYRA ALEXANDRA RODRIGUEZ PAEZ, la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS correspondientes a DIEZ MILLONES DE PESOS ($10'000.000) por concepto del seguro de vida que debió amparar al señor JOSE AQUILES RODRIGUEZ MARTÍNEZ y DIEZ MILLONES DE PESOS ($10 000.000) adicionales por muerte accidental (fls. 339-364) [sic para toda la cita].
Pero, además de la presente acción, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander también conoció la instaurada por la actora contra el municipio de Ocaña (Expediente 54001-23-31-000-2004-00559-00), con el fin de que este “en su condición de último empleador del doctor José Aquiles Rodríguez Martínez está obligado, al no haber desembolsado las cotizaciones correspondientes ni haber mantenido afiliado al causante a entidad de previsión social alguna, a pesar, de que el entonces servidor público, se le habían realizado los descuentos reglamentarios, a pagar a favor de su cónyuge supérstite y a sus menores hijos el seguro por muerte equivalente a 24 veces el salario que debió recibir como servidor público, en los términos que consagra el literal j) del artículo 14 del Decreto 3135 de 1968 en armonía con los artículos 53 y s.s. del Decreto Reglamentario 1848 de 1969” (fl. 311).
Dicha acción fue decidida por el tribunal, mediante sentencia de 16 de diciembre de 2009, en la que se determinó lo siguiente:
En conclusión que no hay lugar a acceder a las súplicas de la demanda, por cuanto, el seguro por muerte a favor de los accionantes, en virtud al fallecimiento del señor José Aquiles Rodríguez Martínez, ya fue reconocido dentro del proceso de nulidad y restablecimiento Radicado 2002-1764 a cargo del departamento Norte de Santander.
Que al estarse por la Sala a lo dispuesto en dicho fallo, se advierte que existe en el presente proceso: falta de legitimación por pasiva del municipio de Ocaña, al recaer para la época de los hechos la responsabilidad en suministrar el seguro de los alcaldes en el departamento Norte de Santander, toda vez, que la misma vino a quedar en manos de los alcaldes en virtud de la expedición de la Ley 617 de 2000 cuya vigencia inició el 6 de octubre de 2000, fecha en la cual ya se habían contratado los respectivos seguros de vida de los alcaldes del departamento del Norte de Santander, para el periodo del 01 al 31 de diciembre del año 2000, excepto el del alcalde inmolado, por las razones expuestas dentro del proceso 2002-1764 que le otorgó el derecho (fls. 310-322).
Esta sentencia fue recurrida ante esta corporación, mediante sentencia de 24 de octubre de 2012(2), y la cual fue confirmada porque la ·fundamentación del recurso era ajena a lo decidido en la sentencia y a la pretensión de la demanda.
Y, en cuanto a la presente acción, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en sentencia de 31 de octubre de 2013, reitera la posición asumida dentro del proceso 54001-23-31-000-2004-00559-00, esto es, estarse a lo dispuesto en la sentencia de 27 de junio de 2005, proferida dentro del proceso 54001-23-31-001-2002-01764-00; declaró probada de oficio la excepción de falta de legitimidad por pasiva del municipio de Ocaña, y negó las súplicas de la demanda.
En resumidas cuentas, el aspecto jurídico considerado se circunscribe a determinar si el municipio de Ocaña tiene legitimación en la causa para actuar en el proceso, y, en caso afirmativo, si tenía la obligación legal, en la época de los hechos, para amparar con un seguro de vida al fallecido exalcalde señor José Aquiles Rodríguez Martínez, y al no hacerlo debe reconocer y pagar el monto que corresponda a la parte actora.
Sobre la primera cuestión, se ha de recordar que la Ley 153 de 15 de agosto de 1887, “Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la Ley 61 de 1886 y la 57 de 1887”, en su artículo 80(3), le confirió a los municipios, entre otros, la calidad de personas jurídicas. Es decir, al ser un municipio una persona jurídica de derecho público, su capacidad para ser parte en el proceso proviene de su personería jurídica.
Pero la legitimación en la causa, como lo ha dicho esta corporación(4), “hace referencia a la posibilidad de que la persona formule o contradiga las pretensiones de la demanda, por ser el sujeto activo o pasivo con interés en la relación jurídica sustancial debatida en el proceso. La legitimación en la causa está directamente relacionada con el objeto de la litis, es decir, se trata de un elemento sustancial vinculado con la pretensión, en ese sentido, no constituye un presupuesto procesal, como sí lo es la legitimación para el proceso; por el contrario, la legitimación en la causa ha sido entendida como un presupuesto para la sentencia de fondo”. En pocas palabras, en el caso del demandado, es la persona que está legitimada para discutir u oponerse a las pretensiones del demandante.
Por ello, si la actora aspira, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 617 de 2000, a que el municipio de Ocaña le reconozca y pague el seguro de vida del causante, exalcalde de esa población, ha de entenderse que este se encuentra habilitado para enfrentar lo que se reclama. Por lo tanto, la Sala estima que no procede la falta de legitimación en la causa por pasiva.
Por lo que se refiere al segundo aspecto, la recurrente esgrime que “la indemnización reclamada no contraviene ninguna ley; pues un asunto es que el departamento con fundamento en normas de inferior jerarquía contratara un seguro, de baja indemnización, entre otras cosas, a favor de los alcaldes, y otra, la autorización que el legislador estableció mediante Ley 617 de 2000, artículo 87 a favor de los municipios para que la primera autoridad administrativa dispusiera de la contratación de un seguro de vida, estos mandatos, se insiste, no riñen o excluyen entre sí” (fl. 384).
Al respecto, se anota que antes de la expedición de la Ley 617 de 2000, no existía norma que autorizara a los concejos para que los alcaldes pudieran contratar sus seguros de vida con cualquier compañía del ramo constituida de manera legal, tal como sí lo preveía la Ley 136 de 1994 en relación con los concejales y los personeros; por ello, quizá, la Asamblea de Norte de Santander, mediante la Ordenanza 28 de 25 de agosto de 1994, facultó al gobernador a “contratar con una aseguradora legalmente autorizada, un seguro de vida e incapacidad total y permanente para los alcaldes de los cuarenta (40) municipios del departamento de Norte de Santander previo procedimiento que lo determina la Ley 80 y sus decretos reglamentarios [...]”.
En cumplimiento de ello, el departamento actuó como tomador de un seguro de vida en grupo para los alcaldes elegidos en los años subsiguientes; y, por ello, como se afirma en la sentencia de 27 de junio de 2005 del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, el causante fue incluido en la póliza durante el período para el que fue elegido (1998-2000), salvo cuando estuvo suspendido:
El Dr. José Aquiles Rodríguez Martínez (Q.E.P.D.), en su condición de alcalde municipal de Ocaña, Norte de Santander, estuvo amparado por las siguientes pólizas de seguro de vida colectivo, contratadas por el departamento Norte de Santander con Seguros Caja Agraria:
Póliza Nº VG-0541 vigencia 1999/03/10 a 2000/03/10
Vida (básico) $ 10.000.000.00
Anexo enfermedades graves 5.000.000.00
Incapacidad total y permanente 10.000.000.00
Muerte accidental 5.000.000.00
El departamento Norte de Santander contrató un nuevo seguro de vida con La Previsora S.A., el día marzo 11 de 2000 a marzo 11 de 2001 mediante póliza Nº 10011021, por los siguientes amparos:
en donde ya no se incluyó al Dr. José Aquiles Rodríguez Martínez alcalde del municipio de Ocaña, en virtud a que el mismo se hallaba suspendido por órdenes de la Fiscalía General de la Nación [sic para toda la cita].
Sin embargo, en esta sentencia se ordenó al departamento de Norte de Santander reconocer y pagar a la actora y sus hijos menores la suma de veinte millones de pesos, de los cuales diez millones por concepto del seguro de vida, y el resto (adicionales), por muerte accidental.
No obstante, con base en el artículo 87 de la Ley 617 de 2000, que comenzó a regir a partir de su promulgación, el 9 de octubre del mismo año, según el Diario Oficial 44.188, la demandante reclama el valor del seguro de vida que debía haber amparado a su finado cónyuge, tal como lo recuerda en el recurso de apelación, al evocar las pretensiones segunda y tercera de la demanda:
Segunda. Que, se declare que el municipio de Ocaña, Norte de Santander, es responsable de reconocer, liquidar y pagar a favor de la señora SANDRA CECILIA PAEZ ECHAVEZ y sus menores hijos, el seguro de vida de su esposo en su otrora condición de alcalde popular del municipio de Ocaña periodo 1998-2000, en virtud de que esta entidad debe correr con el riesgo al no haber contratado el seguro de vida correspondiente.
Tercera. Que, como consecuencia de las anteriores declaraciones, el municipio de Ocaña, Norte de Santander, deberá reconocer y pagar a favor de la señora SANDRA CECILIA PÁEZ ECHAVEZ y sus menores hijos en su condición de cónyuge e hijos sobrevivientes del Dr. José Aquiles Rodríguez Martínez (Q.E.P.D.) en su otrora posición de alcalde popular del municipio de Ocaña, el seguro de vida que la administración no contrató estando obligado a hacerlo, por una suma igual a $ 136’393.152.oo, de acuerdo a las pólizas de seguro de vida anteriormente suscritas [sic para todo el texto].
Con ese fin, expone en su argumentación que debe prevalecer la ley, y no el acto de la asamblea, al aseverar que “con fundamento en normas de inferior jerarquía contratara un seguro, de baja indemnización, entre otras cosas, a favor de los alcaldes, y otra, la autorización que el legislador estableció mediante Ley 617 de 2000, artículo 87, a favor de los municipios para que la primera autoridad administrativa dispusiera de un seguro de vida”. A pesar de ello, no se puede olvidar que la ordenanza es ley en sentido material y de obligatorio cumplimiento en todo el territorio del departamento, mientras no sea anulada por la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
Ahora bien, la Ley 617 de 2000, que entró en vigor el 9 de octubre del mismo año, estableció en su artículo 87 que los alcaldes tienen derecho, durante el período que han sido elegidos, a un seguro de vida, y el concejo debe autorizarlos para que contraten con una compañía aseguradora. Esta disposición, conforme a su artículo 96, rige a partir de su promulgación, o sea, hacia el futuro: no tiene efectos retroactivos.
Como atrás se señaló, antes de su expedición no existía norma que exigiera la contratación de un seguro de vida para los alcaldes y a cargo del presupuesto del municipio; por lo que no es posible, como lo pretende la actora, que se reconozca y pague los valores amparados con la póliza 571060 de La Previsora Vida S. A. que la administración municipal no renovó, el 25 de febrero de 2000, cuando el alcalde se hallaba detenido, sin que de ello pueda derivársele al ente territorial responsabilidad alguna por su proceder. Tampoco podría ordenarse un nuevo reconocimiento y pago de la cobertura del seguro de vida, por carecer de sustento normativo, y por configurar un doble pago que conduciría a la incursión de un posible enriquecimiento sin causa: incremento del patrimonio sin razón justificada.
Con fundamento en los elementos de juicio allegados al expediente y apreciados en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin más disquisiciones sobre el particular, estima la Sala ·que ha de confirmarse de manera parcial la sentencia de primera instancia, en cuanto a la negación de las súplicas de la demanda; pero se revocará respecto de no declarar probada la excepción de falta de legitimidad por pasiva, tal como antes se explicó.
1. Confírmase parcialmente la sentencia proferida el 31 de octubre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, en cuanto negó las pretensiones de la demanda incoada por la señora Sandra Cecilia Páez Echavez, quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores José Aquiles y Mayra Alexandra Rodríguez Páez contra el municipio de Ocaña (Norte de Santander), conforme a lo expuesto en la parte motiva.
2. Revócase el ordinal segundo de la parte decisoria, que declaró probada de oficio la excepción de falta de legitimidad por pasiva del municipio de Ocaña, y, en su lugar, declárase no probada.
1 Folios 144-166.
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Expediente 54001-23-31-000-2004-00559-01 (1005-10), C. P. Luis Rafael Vergara Quintero.
3 Ley 153 de 1887, artículo 80. “La Nación, los Departamentos, los Municipios, los establecimientos de beneficencia y los de instrucción pública, y las corporaciones creadas ó reconocidas por la ley, son personas jurídicas”.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 25 de septiembre de 2013, Expediente 25000-23-26-000-1997-5033-01, C. P. Enrique Gil Botero, actor: Gabriel Barrios Castelar y otros, demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación.

References: artículo 129
 artículo 87
 artículo 87
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 87

ARTÍCULO 87
 artículo 14
 artículo 80
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 96
 artículo 80