Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/espanol/Sargentina105-99.html
Timestamp: 2015-03-31 00:20:30+00:00

Document:
Palacios v. Argentina, Caso 10.194, Informe Nº 105/99, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 3 rev. en 355 (1999). I. RESUMEN
3. Al examinar los méritos del caso, la Comisión aprobó el Informe No. 74/98 el 28 de septiembre de 1998, durante el 100° Periodo Ordinario
de Sesiones, según lo establecido en el artículo 50 de la Convención Americana,
concluyendo que al peticionario le fue negado el acceso
a la tutela judicial efectiva, en virtud de la aplicación retroactiva de un
criterio jurisprudencial que modificó la interpretación de la normativa legal
aplicable a su caso. Así mismo, la Comisión concluyó que por esta decisión,
Argentina había dejado de cumplir con su obligación de reconocer y garantizar
el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso garantizado por
los artículos 25 y 8 de la Convención Americana. La Comisión recomendó al Estado
argentino que permitiera el acceso del peticionario a la jurisdicción contencioso
administrativa, a los efectos de que pudiera cuestionar la legalidad del acto
administrativo que dispuso su cesantía. Así mismo, recomendó al Estado que
adecuadamente al señor Narciso Palacios por las mencionadas violaciones.
...en virtud de régimen jurídico que rige el procedimiento administrativo en el caso, no se encuentra cumplimentada la exigencia precisada
por la doctrina del tribunal en lo que respecta a la obligatoriedad de
interposición del recurso de revocatoria contra el acto administrativo
que se quiere enjuiciar (causa B. 50.359 "Lesieux"), res del 11.XII.86; Art. 1, 28 inc. 1 del C.P.C.A.; Art. 89 de la Ord. Gral. No. 207-Reformada por Ord. Gral. No. 233), requisito exceptuado únicamente en los casos de actos desestimatorios de recursos resueltos por la vía jerárquica (conf. doctrina causa B. 47.900 "Bretal", sent. del 31.VII.79) o por autoridad administrativa competente en un procedimiento impugnatorio (conf.
causa B. 50.359 cit.).
17. Al examinar los méritos del caso, la Comisión aprobó el Informe 74/98 el 28 de septiembre de 1998, durante el 100° Periodo Ordinario
de Sesiones, según lo establecido en el artículo 50 de la Convención Americana.
La Comisión transmitió el Informe 74/98 al Estado el
de octubre de 1998 y le otorgó un plazo de dos meses para que adoptara las
medidas necesarias para dar cumplimiento a las recomendaciones de acuerdo a
en el artículo 50. Por cuanto hasta el 7 de mayo de1999 el asunto no había
sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o por
la Comisión aprobó el Informe No. 80/99 reiterando las conclusiones y recomendaciones
adoptadas en el Informe No. 74/98, de acuerdo a lo establecido en el artículo
51(1) y(2) de la Convención Americana y le dió un plazo de un mes para el cumplimiento
de las mismas. El Estado no presentó respuesta alguna dentro del plazo concedido. V. POSICIÓN DE LAS PARTES
25. Agrega que la sentencia que exige el recurso de revocatoria se fundamenta en un "innecesario ritualismo frustratorio del derecho material" y constituye "una negación al principio de administración de justicia". Finalmente, afirma la violación de su derecho a la honra y dignidad establecido
en el artículo 11 de la Convención Americana.
26. Para fundamentar su petición, el peticionario presentó ante la Comisión varias sentencias dictadas por la Corte, entre ellas, el caso Héctor Luis Re de fecha 24 de abril de 1984, SACOAR S.A.I y C. del 13 de octubre de 1988, y otros documentos doctrinarios comentando la jurisprudencia de esa Corte sobre la materia. B. El Estado
29. El Estado argentino afirma que se debe distinguir entre la garantía de acceder a la justicia y el incumplimiento de los presupuestos
procesales preestablecidos. El agraviado contra las decisiones de las Cortes
argentinas "no esgrime como fundamento de su postura que el ordenamiento jurídico vigente en el ámbito nacional y provincial quebrante los derechos adoptados por la Convención", sino que "tiende a demostrar que los tribunales han aplicado erróneamente el derecho y que sus decisiones quebrantaron los artículos 8 y 25 de la Convención".
30. El Estado argumenta que el supuesto de hecho de los casos citados por la Corte en los casos "Bretal" y "Lesieux" difiere sustancialmente del que se examinó en la causa iniciada por el señor
Palacios, en donde no se agotó previamente ningún recurso administrativo. En
este sentido, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires invocó la jurisprudencia
del caso "Bretal", según la cual no se requería la interposición del recurso de revocatoria cuando se había planteado y rechazado previamente un recurso jerárquico. Vale decir que si en sede administrativa se planteó sin éxito el "recurso jerárquico" es innecesario interponer también el de "revocatoria" para habilitar el control judicial. Por otra parte, afirma el Estado que en la causa "Lesieux" se precisa la interpretación que surge de la causa "Bretal", cuando se dice que no es obligatorio interponer el recurso de revocatoria cuando el órgano superior ha intervenido
en virtud de un recurso jerárquico interpuesto ante el inferior en subsidio
de una revocatoria.
31. Afirma que la jurisprudencia señalada "no cae en el excesivo formalismo de exigir la interposición de un recurso de revocatoria, cuando el acto ha sido dictado con motivo de un recurso jerárquico", pero sí lo considera imprescindible si contra la resolución no se hubiera interpuesto
33. Asimismo afirma que la Corte Suprema de la Nación revisó la decisión de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y sostuvo que
la misma no era arbitraria y que el peticionario no presentó contra dicha
ningún argumento por violación de la Convención. El Estado señala que "existe una clara diferencia entre el derecho a un debido proceso y el que esto signifique entender un resultado conveniente al accionante". La ausencia de interposición del recurso de revocación "redujo sensiblemente la posibilidad para el Estado de revisar algún error y efectuar el control de legitimidad y conveniencia".
34. En relación con los efectos de los cambios de jurisprudencia, el Estado sostuvo que el más alto Tribunal de la Nación ha señalado que las
resoluciones de la Corte Suprema sólo deciden el caso concreto sometido a
fallo y no obligan legalmente sino en él. En ello consiste particularmente
la diferencia entre la función legislativa y la judicial (Fallos 25-368).
posición fue reiterada en sentencia de 9 de octubre de 1990, en la cual expresa
que "desde antiguo esta Corte tiene establecido que la garantía de igualdad importa el derecho de todos a que no se establezcan privilegios o excepciones que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias (Fallos 101-401; 124-122; 126-280; 127-167; 137-105; 151-359;157-28; entre muchos otros), principio que es aplicable a una ley que contempla en forma distinta situaciones iguales; pero no puede alcanzar por analogía a la variación de jurisprudencia, que no constituye cuestión federal alguna (E.D. 141:100)".
35. Con relación al cambio de la jurisprudencia efectuado en el caso "SACOAR" en octubre de 1988, --decidido con posterioridad al presente caso--, por el cual se acoge nuevamente el criterio del carácter
potestativo del recurso de revocatoria en procedimientos decididos por la autoridad
administrativa con competencia final y con audiencia e intervención del interesado,
el Estado manifiesta que, en general, los efectos de un cambio de jurisprudencia
son para los casos futuros, por aplicación del principio general de derecho
de la irretroactividad de las normas jurídicas. No implica ello una revisión
de las causas ya decididas pues equivaldría a una violación de la autoridad
36. Asimismo, señala que en el momento de los hechos de la causa del peticionario, el orden jurídico vigente en Argentina ofrecía recursos
internos adecuados y eficaces que estuvieron disponibles y fueron agotados.
En este sentido, "el mero hecho de que un recurso no produzca un resultado favorable al reclamante, no demuestra por sí solo la inexistencia o agotamiento de todos los recursos eficaces, pues podría ocurrir por ejemplo, que el reclamante no hubiera acudido oportunamente al procedimiento apropiado".1
37. El Estado señala que no se puede asumir que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no está firme por el hecho de
sustanciarse una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
la Comisión ha afirmado que no es atribución suya "actuar como órgano cuasi-judicial de cuarta instancia y revisar las decisiones de los tribunales nacionales de los Estados miembros de la OEA".2 Así, ha expresado que no puede casar ni anular la sentencia de un tribunal nacional "pero no puede dudarse que la Comisión puede expresar que una norma de derecho interno o una sentencia judicial desconoce un derecho humano que el Estado se obligó a respetar en un tratado que lo obliga internacionalmente".3
40. Tanto el peticionario como el Estado alegan y reconocen que con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se agotaron los recursos de la jurisdicción interna. La Comisión considera que se cumplió con el requisito del previo agotamiento de los recursos internos establecido en el artículo 46 (1) (a) de la Convención. 41. Por otra parte, la Comisión observa que la decisión de la Corte Suprema de la Nación Argentina fue dictada el 20 de noviembre de 1987 y el peticionario acudió ante la Comisión el 20 de mayo de 1988. El peticionario cumplió con el requisito del plazo de los seis meses previsto en el artículo 46 (1) (b) de la Convención Americana.
VII. ANÁLISIS SOBRE LOS MÉRITOS 45. En principio, según la "fórmula de la cuarta instancia", la Comisión no puede revisar las sentencias dictadas por los tribunales nacionales
que actúen en la esfera de su competencia y apliquen las debidas garantías
a menos que se haya cometido una violación de la Convención Americana.5 La Comisión también ha señalado que era competente para declarar admisible una petición y fallar sobre su fundamento cuando ésta se refiere a una sentencia judicial nacional que ha sido dictada al margen del debido proceso o que aparentemente viola cualquier otro derecho garantizado por la Convención.
48. En este sentido, la Comisión observa, en primer lugar, que la normativa provincial aplicable al caso del peticionario, esto es, la
Ordenanza General No. 207 del 12 de octubre de 1977 (modificada por la Ordenanza
General 233) establece en su artículo 89 que el sancionado "podrá deducir" el recurso de revocatoria. Como puede observarse, al utilizar la configuración verbal "podrá", la norma provincial parecería dar opción al recurrente de agotar la vía administrativa o acudir directamente al contencioso administrativo,
con lo que quedaría consagrado un sistema recursorio de naturaleza potestativa,
el cual se utiliza actualmente en la mayoría de las legislaciones modernas.
Y si a esta aproximación literal se le agrega la interpretación judicial que
los más altos Tribunales Provinciales le habían venido dando a dicho texto
el momento en que el peticionario interpuso su demanda contencioso-administrativa,
parece evidente que las reglas de juego que delimitaban el principio del debido
proceso no exigían como presupuesto obligatorio el agotamiento de la instancia
administrativa antes de acceder a la vía judicial.
50. De igual forma, la doctrina autorizada había reconocido el carácter facultativo de los recursos administrativos provinciales antes
de la decisión "Lesieux" de 1986. En este sentido, el jurista argentino Cassagne, al comentar una posterior decisión del año 1988 (Sacoar), la cual dejó sin efecto la mencionada sentencia "Lesieux", señalaba que
53. De tal manera que para el momento en que el peticionario intentó su demanda contencioso-administrativa no existía ninguna norma ni doctrina
jurisprudencial aplicable a su caso que considerase que el agotamiento de
vía administrativa era un requisito necesario para interponer la demanda judicial.
Por el contrario, fue en el año de 1986 --una vez intentada la demanda del
peticionario--,
cuando la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires en el caso "Lesieux" cambió su criterio para exigir entonces el agotamiento de los recursos previstos en el artículo 89 de la Ordenanza General No. 207 del 12 de octubre de 1977. En consecuencia, al año siguiente y en cumplimiento de la nueva línea jurisprudencial, la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires rechazó la demanda presentada por el peticionario por no haber ejercido los recursos administrativos pertinentes.
VIII. CONCLUSIONES 67. Con base al análisis que antecede, la Comisión reitera las siguientes conclusiones:
B. Indemnizar adecuadamente al ciudadano Narciso Palacios por las violaciones a sus derechos a la tutela judicial efectiva y al debido
X. NOTIFICACIÓN Y PUBLICACIÓN 69. El 14 de octubre de 1998, la Comisión remitió al Estado el Informe 74/98, aprobado el 28 de septiembre de 1998 durante el 100° Periodo
Ordinario de Sesiones y le solicitó que informara sobre las medidas adoptadas
para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión y solucionar
la situación denunciada en el plazo de los dos meses, contados a partir de
fecha de dicha comunicación. Asimismo, en la misma fecha la Comisión informó
al peticionario que había aprobado un informe, de carácter confidencial, de
conformidad con el artículo 50 de la Convención Americana.
70. El 14 de diciembre de 1998, el Estado dio respuesta a la solicitud de información respecto de este caso, y en el señaló lo siguiente: "El Gobierno informa que se están realizando los contactos y gestiones ante las autoridades locales con competencia en los asuntos materia del caso 10.194. Sobre los resultados de tales gestiones se mantendrá informada a la Ilustre Comisión". 71. El 7 de mayo de 1999 la Comisión aprobó el Informe No. 80/99 según lo establecido en el artículo 51 (1) y (2) de la Convención y reiteró a la República Argentina las conclusiones y recomendaciones, el cual fue transmitido al Estado el 17 de mayo de 1999, con un mes de plazo para cumplir las recomendaciones. La Comisión decidió también transmitir este informe a los peticionarios. Ni el Estado ni los peticionarios estaban facultados para hacerlo público mientras la Comisión no adoptara una decisión al respecto. La República Argentina, hasta la fecha, no había respondido a la Comisión. Sólo el peticionario envió una comunicación el 21 de julio de 1999, donde manifestó su conformidad con el contenido del Informe.
72. Con base en la información suministrada, la Comisión decidió ratificar a la República Argentina las conclusiones contenidas en el capítulo VIII supra y reiterar las recomendaciones del Capítulo IX supra. Así mismo, acordó la publicación del presente Informe de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 (3) de la Convención Americana y 48 del Reglamento de la Comisión, por cuanto el Estado no había cumplido las recomendaciones contenidas en el acápite IX supra. La Comisión, conforme a las disposiciones contenidas en los instrumentos que rigen su mandato, continuará velando por el cumplimiento de las recomendaciones formuladas, hasta que éstas hayan sido cumplidas por el Estado. Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la ciudad de Washington, D.C., a los 29 días del mes de septiembre de 1999. (Firmado) Robert K. Goldman, Presidente; Hélio Bicudo, Primer Vicepresidente; Claudio Grossman, Segundo Vicepresidente; Alvaro Tirado Mejía y Jean Joseph Exumé, Comisionados.

References: artículo 50
 artículo 50
 artículo 50
 artículo
51
 artículo 11
 resolución 
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 89
 artículo 89
 artículo 50
 artículo 51
 artículo 51