Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/56705
Timestamp: 2019-07-16 00:32:53+00:00

Document:
Gaceta: LXII/3SPR-21/56705
De la Dip. Lizbeth Rosas Montero, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
La iniciativa tiene como propósito ampliar el periodo de sesiones del Congreso de la Unión, por lo que establece como fecha para el término del segundo periodo ordinario de sesiones el 31 de mayo de cada año.
Asimismo, propone que los Secretarios de Estado, los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como los titulares de los órganos autónomos concurran al Congreso al menos una vez al inicio de cada periodo ordinario de sesiones, alternativamente a cada una de sus cámaras, de igual forma dispone como obligación de los legisladores asistir a las comparecencias, sobre todo a los integrantes de las Comisiones relacionadas con la materia a tratar.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
La suscrita, Lizbeth Eugenia Rosas Montero, Diputada Federal de la LXII Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de con lo dispuesto en la fracción 8° del artículo 3°, 6°, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de la Honorable Asamblea la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente:
El poder legislativo por definición, es el órgano encargado de hacer las leyes. Facultad que implica el diseño, creación, modificación, derogación y, en general, la construcción de instituciones con el propósito de hacer realidad los derechos y establecer las obligaciones de sus habitantes, en consonancia con las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales de los que es parte el Estado Mexicano. Para ejercer dicha facultad está investida del imperium que le otorga la legalidad y legitimidad de la representación popular.
Montesquieu propuso, en su célebre libro El espíritu de las leyes, que era necesario que las funciones del Estado se dividieran entre distintos poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), con el propósito de que el poder controlara al poder y con ello evitar la tiranía. Según el autor francés, los poderes ejecutivo,legislativo y judicial no deben concentrarse en una sola persona. Se trata de una teoría de pesos y contrapesos, donde cada poder contrarresta y equilibra a los otros.
En consecuencia, en la configuración del poder, y siguiendo a Michels, con su Teoría de la Ley del Hierro de la Oligarquía, en todo grupo organizado existe una alta probabilidad de la preponderancia de un grupo que quiera controlar el poder en beneficio de intereses particulares. Generando entonces fenómenos perversos que atentan en contra de los intereses colectivos de la sociedad y, de no ser controlados, atentan en contra de la nación misma.
Uno de esos fenómenos es, sin lugar a dudas la corrupción de los servidores públicos. Así, inhibir la corrupción se constituye en uno de los retos más importantes de toda sociedad democrática, particularmente porque quienes son los responsables de la comisión de dichas acciones, son también los que, constitucionalmente, tienen la obligación de establecer las leyes y la ejecución de los mecanismos para evitarlas.
El mecanismo más eficiente que se ha implementado con el propósito de inhibir la corrupción es el que tiene que ver con una serie de normas en todos los niveles de gobierno, la creación de órganos de fiscalización y control, así como el impulso de medidas tendentes a la transparencia y la rendición de cuentas de la función pública. Con la finalidad de prevenir y sancionar dicho fenómeno no solamente desde la propia esfera de la administración pública, sino también como ejercicio de la ciudadanía.
El propósito de prevenir evitar la corrupción implica considerar y reconocer a la fiscalización o control patrimonial del Estado como una función pública, cuyo ejercicio requiere el desempeño de una actividad técnica e instrumental, dirigida a vigilar, verificar, comprobar y evaluar las actividades de los órganos, dependencias y servidores públicos a cuyo cargo está el manejo de los fondos, valores, recursos, bienes y derechos del propio Estado. Consiste en determinar si su actuación se hizo con apego a la normativa jurídicas vigente, y puede efectuase desde el interior de las instituciones públicas encargadas de dicho manejo o desde el exterior de ellas; uno y otro ámbitos, lejos de excluirse, deben complementarse.
Toda la organización política o social necesita de órganos de control y vigilancia que hagan posible prevenir y, en su caso, descubrir las desviaciones de su actuación respecto de las disposiciones establecidas en las normas abstractas e impersonales fijadas para su desempeño y, en consecuencia, corregir tales desviaciones, con el propósito de alcanzar los fines, objetivos y metas establecidos.
El Poder Legislativo tiene un papel de gran importancia. Es ahí́ donde los acuerdos, la negociación y las coaliciones se construyen. Dentro de estos acuerdos, el papel del Congreso representa el marco formal e informal para conocer demandas, influir en la agenda del gobierno, establecer canales de interlocución y negociación, identificar la correlación de fuerzas políticas para decidir, aprobar el presupuesto para las políticas publicas y monitorear la implementación de las mismas. En conjunto, se puede concluir que las decisiones legislativas forman parte del ciclo de las políticas públicas, en donde participa relevantemente el Poder Ejecutivo y, en algunos casos el Judicial.
Es decir, el Congreso elabora un marco institucional para la actuación del gobierno. De ahí que contribuya a elaborar políticas que controlen el funcionamiento del conjunto gubernamental en tres dimensiones. La primera está constituida por las políticas publicas de control o políticas que vigilan e intervienen en el funcionamiento del gobierno a través de la rendición de cuentas horizontal de parte del Ejecutivo hacia el Poder Legislativo; la creación de tribunales judiciales y órganos encargados de auditar y resguardar los derechos humanos; o cualquier otro procedimiento de rendición de cuentas. El segundo ámbito se refiere a las políticas públicas regulatorias, como aquéllas que alteran el comportamiento ciudadano en términos sociales, económicos, políticos, de medio ambiente e incluso de valores. Finalmente, las políticas publicas constituyentes que modifican al régimen político y/o administrativo.
La rendición de cuentas se constituye así como el elemento central de las democracias representativas contemporáneas, ya que en su realización encontramos uno de los principales instrumentos para controlar el abuso del poder y garantizar que los gobernantes cumplan con transparencia, honestidad, eficiencia y eficacia el mandato hecho por la ciudadanía, que a través de un ejercicio democrático los ha elegido como sus representantes.
En México, en la medida que ha evolucionado el sistema político mexicano, cada vez es mayor la demanda ciudadana por información precisa y comprobable de la administración publica, tanto de sus recursos como de la toma de decisiones y de los resultados de la gestión gubernamental. Demanda que hoy no podemos considerar sino como un derecho fundamental para el ciudadano y una obligación para sus representantes.
La rendición de cuentas nació con el advenimiento de la democracia representativa, ya que el gobernante debe corresponder a la confianza otorgada por sus electores. la responsabilidad política, la responsividad, el control, la fiscalización y la transparencia, son algunos de los principales mecanismos de un sistema de rendición de cuentas. Estos deben contar con instrumentos que obliguen a los gobernantes a reportar sus actos ante los ciudadanos, y permitan que éstos puedan “monitorear” el desempeño de los primeros.
El uso del termino “rendición de cuentas” se ha incrementado notoriamente en México durante los últimos anos, aunque no siempre con precisión conceptual ni con claridad sobre sus mecanismos y alcances. Desde la época del Congreso Constituyente de 1917 se usa “rendir cuentas” para denotar la obligación de los gobernantes de informar sobre sus actos y decisiones; sin embargo, el término fue poco utilizado por políticos y académicos hasta hace algunos años. Parte de la explicación reside en que a pesar de que la Constitución establece un sistema de pesos, contrapesos y rendición de cuentas, en la práctica rendir cuentas no fue una prioridad de los gobiernos postrevolucionarios ni una exigencia de la sociedad. Con la competitividad electoral, de los gobiernos divididos y de la alternancia, rendir cuentas se ha vuelto una prioridad de los gobiernos, de los congresos y de amplios sectores de la sociedad.
Todos los regímenes políticos, incluso los autoritarios y unipersonales, rinden cuentas de “algo” a “alguien” sea un grupo de electores, en el caso de la democracia representativa, o sea un grupo de generales, notables, o la propia divinidad, tratándose de sistemas menos abiertos. La variación es de grado. Si una dictadura es el régimen más insolado y menos responsable frente a los ciudadanos, la democracia representativa es el tipo de régimen político que más obliga a los gobiernos a rendir cuenta de sus actos a los votantes, a las asambleas y a los poderes.
La presente iniciativa tiene por objeto fortalecer la vida democrática de nuestro país mediante la propuesta de un esquema de relación horizontal, cercana y periódica entre la ciudadanía, a través de sus representantes parlamentarios, y los entes de gobierno.
Por su propia ingeniería institucional, la representación política que tiene el Congreso de la Unión goza de mayor acercamiento con la población que la de los otros poderes, ya que se integra con representantes de diversas fuerzas políticas y sociales, mayorías y minorías con ideologías y programas diversos, cuyos acuerdos en consenso representan en mayor grado la voluntad de toda la población.
Pon ende, en una democracia representativa, el papel que juegan los parlamentarios es sustancial. Por ello, como se señala frecuentemente, el Poder Legislativo más que un órgano político es un órgano social. Más que formar parte del Estado forma parte de la sociedad. Por ello, el Poder Legislativo necesita recobrar su vitalidad así como revisar y adecuar sus facultades de verdadero órgano fiscalizador del Poder Ejecutivo.
En el estado de derecho, el poder y la actividad del Estado están regulados por la ley contrarrestando todo acto arbitrario. En consecuencia, el Congreso de la Unión, como ente representativo de la población, desarrolla la misión trascendental de legitimar al resto de los poderes del Estado y a los órganos que asumen su ejercicio, pues representa la voluntad ciudadana.
En conclusión, la rendición de cuentas es un elemento esencial de las democracias, pues parte de reconocer al pueblo como más importante que el gobernante, asumiendo que es éste último quien debe sujetar su interés y quehacer al interés del primero. Es necesario que aquél pueda imponer su voluntad sobre éste, para lo cual la institución legislativa que lo representa debe contar con las herramientas que le permitan controlar y fiscalizar el poder otorgado. La clara rendición de cuentas conciliará el interés colectivo con el interés particular de los gobernantes robusteciendo la confianza en la tarea de gobierno que realizan los servidores públicos
El Poder Legislativo realiza varias funciones entre las que destacan: la representativa, la legislativa, la financiera o presupuestaria, la administrativa, la de orientación o dirección política, la jurisdiccional y de control. Esta última, sin duda alguna, una de las más importantes toda vez que entraña la fiscalización sobre los otros órganos del poder, particularmente el Ejecutivo.
Esto se realiza tanto en regímenes presidenciales como parlamentarios, mediante diversos instrumentos como son: la fiscalización de los recursos económicos y financieros del Estado; la integración de comisiones investigadoras; la participación en los juicios de responsabilidad de los servidores públicos; la intervención en la política internacional y aprobación de los tratados; las comparecencias de funcionarios; por citar algunos.
En diversas democracias del mundo es tarea habitual del Poder Legislativo recibir a los encargados del Poder Ejecutivo para que rindan cuentas de su encomienda, de manera periódica y en sesiones citadas por los representantes del Legislativo, tal es caso de la República Argentina que en su Constitución establece que el Jefe de Gabinete de Ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus cámaras, para informar de la marcha del Gobierno.
Como ya se ha expresado la rendición de cuentas de los integrantes del Poder Ejecutivo será siempre un ejercicio que genere confianza en las Instituciones gubernativas, donde la legalidad será el principio que rija la actividad gubernamental. Logrando así un mejor control sobre lo acontece en el país ante los cuales los integrantes de las cámaras podrán hacer y tomar las medidas correspondientes para que los intereses del pueblo no sean trasgredidos. Por ello, en la medida en que el Congreso de la Unión trabaje y exija de los otros órganos de poder, en esa medida se logrará un mayor impacto en la rendición de cuentas por parte de los servidores públicos a la ciudadanía.
El trabajo del Poder Legislativo, sin duda alguna, se facilitará con la propuesta que se realiza para encontrar una relación horizontal, cercana y periódica pero resulta también necesario abrir los tiempos para el desarrollo de las tareas. Se requiere ampliar los calendarios y dar así mayor oportunidad al debate de ideas y la exacta revisión de los resultados que se generan en el quehacer de gobierno.
El seguimiento puntual y permanente de la labor de los entes de gobierno despejará las dudas que tienen los ciudadanos y que reciben los legisladores al estar en contacto en sus comunidades. En nuestro país las dos cámaras que conforman el Congreso de la Unión sesionan en dos periodos ordinarios que tienen la misma duración en ambos cuerpos legislativos. Así los legisladores de nuestro Congreso laboramos 195 días al año, mientras en otras democracias el parlamento ocupa 256 como es el caso de España o bien los casos de naciones de América Latina como Argentina, Colombia y Uruguay con 275, 247 y 290 días, respectivamente.
La presente propuesta considera ampliar hasta 226 días de trabajo legislativo en períodos ordinarios en el Congreso de la Unión, lo que en términos absolutos, representa un incremento de poco más del 15% de los tiempos que hoy se ocupan, aumento que se destinaría prioritariamente a tareas de fiscalización de los recursos económicos y financieros del Estado y las comparecencias de los secretarios de despacho para el seguimiento y la vigilancia de sus encomiendas, es decir atender una agenda administrativa nacional.
Bajo esta premisa, la propuesta que hoy someto a la consideración de la Honorable Asamblea se basa en establecer las disposiciones necesarias que permitan el exacto cumplimiento de lo previsto por el artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 6°, 65, 93 y 134 que refieren que el Estado Mexicano deberá fortalecer y velar por el cumplimiento sobre la rendición de cuentas y la transparencia del accionar del gobierno a fin de garantizar la observancia del principio de máxima publicidad, entre otros. Los recursos económicos de que dispone el Estado deben administrarse con eficiencia, eficacia, transparencia y honradez por los gobernantes quienes deberán además mantenerse bajo el permanente escrutinio de los órganos fiscalizadores emanados de la voluntad popular como al caso resulta este H. Congreso de la Unión.
Con objeto de dar cabal cumplimiento de las disposiciones constitucionales señaladas propongo la modificación de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:
Se propone la adición de un numeral 5 al artículo 4° para establecer de forma exacta el deber de los Secretarios de Despacho de dar cuenta al Congreso de la Unión del estado que guardan sus respectivos ramos.
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración el siguiente:
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adiciona el artículo 4° de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:
Artículo Único.- Se modifica el texto del numeral 2 y se adiciona el numeral 5 al artículo 4° de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma:
2.- Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar los asuntos de su competencia. El primer periodo no podrá prolongarse sino hasta el15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83 Constitucional, caso en el cual las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá prolongarse más allá del 31 de mayo del mismo año
5.- De conformidad con el artículo 93 de la Constitución, los Secretarios de Estado, los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, deberán concurrir al Congreso al menos una vez al inicio de cada período ordinario de sesiones, alternativamente a cada una de sus cámaras, para informar del estado que guardan sus respectivos ramos.
Será obligación asistir a dichas comparecencias de todos los legisladores, particularmente de los que integran las comisiones vinculadas a la materia relativa del servidor público que comparezca.
Recinto Legislativo de la Comisión permanente a 03 de agosto de 2015.

References: artículo 3
 artículo 93
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 83
 artículo 93