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Timestamp: 2020-07-03 12:39:52+00:00

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Versión pública del acuerdo p/ift/ext/270217/119 - Página 86
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De lo anterior, resulta claro que con la notificación del Oficio de Inicio se comenzó el procedimiento administrativo para la modificación, supresión o adición de las medidas impuestas a quienes fueron declarados integrantes del AEP. Por lo que, el citado Oficio de Inicio es solo una propuesta que se pone a consideración de los integrantes del AEP, y no constituye una resolución provisional o preliminar como lo pretenden.
Referente a los argumentos relativos a que:
En el Oficio de Inicio, la autoridad que inicia el procedimiento no señala ni expresa razón alguna de por qué podría acudir a la definición de AEP que se utilizó en la Resolución de AEP y sus medidas hace más de dos años y medio, ni por qué razón es que en su criterio seguiría sosteniendo que el supuesto de la fracción III del Octavo Transitorio del Decreto sigue actualizándose, menos aún funda y motiva la decisión de no analizar si es que habría competencia efectiva en algún mercado;
El Oficio de Inicio dice de manera implícita lo sostenido a ese respecto en el procedimiento de la Resolución de AEP y sus medidas, y por ello repite sus vicios al respecto. Además, es claro que se trata de un acto que es consecuencia de aquel;
Para intentar fundar su definición, el Instituto utilizó como medida del parámetro para determinar la supuesta preponderancia, la alternativa consistente en la participación nacional del "agente" relativa al número de suscriptores y no a cualquier otro de los contemplados en el artículo Octavo Transitorio, sin embargo, al hacerlo se omite completamente motivar las razones por las cuáles se considera que esa medida es la correcta y adecuada para determinar en la especie que el llamado agente económico es, además, preponderante. No hubo razones entonces, tampoco se expresan ahora;
Si al emitir el Oficio de Inicio, entonces el Jefe de la UPR decidió, por sí y ante sí, optar por uno de esos criterios, tenía que motivar debida y suficientemente tal decisión, lo que no sucedió en la especie. Igual exigencia es aplicable ahora al Oficio de Inicio que nos ocupa, que no la satisfizo ni se ocupó de determinar si habría preponderancia y por qué, y
El Oficio de Inicio y el procedimiento con él que se iniciaron, y que aquí se pretende reiterar implícitamente y por omisión, se constituye en una injerencia arbitraria para Telcel y los servicios que presta, pues no existe una debida ni suficiente fundamentación y motivación del acto de autoridad, lo que viola y sigue violando en su perjuicio el derecho fundamental consagrado en el artículo 16 constitucional y su reglamentación en la LFCE y LFT, además del artículo 3, fracción V, de la LFPA, toda vez que de haber motivado esa decisión, la autoridad se hubiese percatado de que sólo podrían emitirse medidas en relación con el concepto que motivase la declaración de preponderancia, no con todos los aspectos de un sector como el de las telecomunicaciones ni con todo el servicio público en general.
Los mencionados argumentos son improcedentes, por las siguientes consideraciones.
En cumplimiento a lo establecido en el artículo Octavo Transitorio, fracción III, del Decreto, mediante la Resolución de AEP, el Instituto determinó la existencia de AEP, en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones, e impuso las medidas necesarias para evitar que se afecte la competencia y la libre concurrencia y, con ello, a los usuarios finales. Las medidas están relacionadas con información, oferta y calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de equipos terminales entre redes, regulación asimétrica en tarifas e infraestructuras de red, incluyendo la desagregación de sus elementos esenciales y, en su caso, la separación contable, funcional o estructural de dichos agentes.
La referida Resolución de AEP y las medidas constituye una resolución definitiva, tan es así que fue impugnada mediante diversos juicios de amparo.
Ahora bien, las manifestantes pretenden que este Instituto realice un nuevo análisis para la definición de AEP y la manera en que debe de ser determinado, lo que resulta a todas luces desproporcional e improcedente, toda vez que el citado tema ya fue materia de la Resolución de AEP de 2014 y que de conformidad con el Trigésimo Quinto Transitorio del Decreto de Ley, es un acto administrativo que goza de presunción de validez, y que sigue surtiendo todos sus efectos.
Por lo tanto, al haber sido analizada en la Resolución de AEP, la definición de AEP y la forma de determinarlo, además de que dicha Resolución sigue surtiendo todos sus efectos, no es jurídicamente correcto que este Instituto realice una revaloración de los términos que ya han sido analizados y que continúan vigentes.
Asimismo, se recalca a los integrantes del AEP que el presente procedimiento es distinto al señalado en el Transitorio Octavo, fracción III, del Decreto de Ley. El procedimiento que nos ocupa encuentra su fundamento en las medidas Septuagésima del Anexo 1, Quincuagésima Séptima del Anexo 2 y Vigésima Cuarta del Anexo 3 de la Resolución de AEP en la Resolución de 2014, por lo tanto, este Instituto no realizará análisis o cumplimentará requisitos más allá de los exigidos por las citadas medidas y demás normatividad que dan fundamento al presente procedimiento.
En relación a lo manifestado referente a que tiene derecho a que la evaluación del impacto de las medidas de la Resolución de AEP en términos de competencia se haga: (i) por el Instituto exclusivamente, y no para el Director General oficiante ni para la Unidad de Competencia Económica, ya no se diga para competidores participantes en una consulta pública; (ii) cada dos años; (iii) que sea una evaluación, en que se motive debidamente según los fines que buscaba cada medida. Pero ninguno de esos parámetros y estándares se cumplieron en la especie y no existe en el Oficio de Inicio explicación, fundamentación o motivación alguna al respecto.
Las manifestaciones vertidas son infundadas, toda vez que el Estatuto Orgánico publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2014, establece que para el ejercicio de sus funciones y el despacho de los asuntos que le competen, el Instituto contará, en términos del artículo 4, fracción V, inciso i) y vi), con la Unidad de Política Regulatoria y la de Competencia Económica, y en términos de la fracción IX, inciso ii), del mismo artículo, con la Dirección General de Desarrollo de las Telecomunicaciones y la Radiodifusión. Asimismo, los artículos 15, fracción XL y 51 de la LFTR, señalan que el Pleno del Instituto está facultado para realizar consultas públicas en cualquier caso que así lo determine, mismas que deberán llevarse a cabo bajo los principios de transparencia y participación ciudadana. Asimismo, se advierte que las respuestas o propuestas efectuadas con motivo de una Consulta Pública no resultan vinculantes al Instituto.
De lo mencionado en el párrafo que antecede, se desprende que el Instituto para el ejercicio de sus funciones y el despacho de los asuntos que le competen cuenta con el apoyo de las Unidades de Política Regulatoria y Competencia Económica. De la misma manera, se encuentra facultado para realizar consultas públicas no vinculantes. Por lo tanto, el actuar del Instituto dentro del presente procedimiento administrativo se encuentra apegado a la normatividad que lo rige, y en ningún momento debe de ser considerada las diferentes unidades del Instituto o una consulta pública como autoridades diversas a este Instituto. En conclusión, la evaluación de medidas efectivamente se está realizando únicamente por el Instituto con los insumos que le permite su normatividad.
Respecto a que la evaluación de medidas debe de ser cada dos años y que se debe de motivar debidamente según los fines que buscaba cada medida, este Instituto refiere lo considerado al dar respuesta al tema “TEMPORALIDAD DE LA REVISIÓN”, argumentos que por economía procesal se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertasen en obvio de repeticiones innecesarias, y donde se acredita fehacientemente que el presente procedimiento se encuentra dentro de los dos años que marcan las medidas.
Aunado a lo anterior, la motivación de los fines que buscaba cada medida fue realizada exhaustivamente dentro del Oficio de Inicio, en el cual se observa que se analizaron las escisiones del AEP, se explicó la metodología para la evaluación de las medidas, su propósito, el impacto en materia de competencia, se realizó una exploración detallada de los servicios de telecomunicaciones móviles en materia de interconexión, infraestructura pasiva móvil, servicios mayoristas de usuario visitante y de comercialización y reventa por parte de OMV; de la misma forma, se entró al análisis de los servicios de telecomunicaciones fijos en materia de interconexión, arrendamiento de enlaces dedicados, infraestructura pasiva fija, servicios de desagregación, de contenidos audiovisuales relevantes; asimismo, se explicaron los resultados de la evaluación bienal. Por todo lo anterior, el Instituto al momento de realizar la evaluación del impacto de las medidas, efectivamente motivó su determinación, de tal manera que resulta proporcional y conducente con los fines que originalmente busca cada medida. Máxime que en el apartado denominado “ANÁLISIS DE LAS MANIFESTACIONES GENERALES REALIZADAS POR LOS INTEGRANTES DEL AEP” también se demuestra la proporcionalidad y que son conducentes con los fines que originalmente buscaban las medidas. Por todo lo expresado devienen de infundados las manifestaciones antes vertidas.
Referente a lo manifestado por Telcel en relación con que el Oficio de Inicio propone que un buen número de medidas impuestas con la Resolución de AEP no se vean suprimidas ni modificadas, sino que permanezcan intocadas, Telcel señala que ese no es un fin posible bajo las medidas (Septuagésima del Anexo 1, Vigésima cuarta del Anexo 3 y correlativa del Anexo 2, de la Resolución de AEP), que no hablan de confirmación alguna, por lo que se tendría que establecer un nuevo conjunto de medidas, dado que se deberán extinguir las medidas confirmadas ante la carencia de fundamentación.
No le asiste la razón a Telcel, toda vez que tergiversa la información señalada en las medidas a que hace alusión, por los siguientes argumentos.
En reiteradas ocasiones se ha señalado que el presente procedimiento está fundamentado, entre otras normatividades, en las medidas Septuagésima del Anexo 1, Quincuagésima Séptima del Anexo 2 y Vigésima Cuarta del Anexo 3 de la Resolución de AEP.
Ahora bien, en el Oficio de Inicio se indicó que las medidas analizarán el impacto conjunto de medidas que están estrechamente relacionadas. Asimismo se señaló:
“Con base en el análisis realizado, se desprende la necesidad de fortalecer ciertas medidas ya contempladas en la Resolución de AEP, así como de adicionar medidas que aseguren la no discriminación en la provisión de servicios mayoristas regulados, con el fin de alcanzar la competencia efectiva y, por ende, mejores condiciones para los usuarios finales. Para ello, se incorpora lo siguiente:
- Provisión de servicios mayoristas regulados bajo el principio de equivalencia de insumos, lo que implica que el AEP debe proveer a los competidores dichos insumos a los mismos precios, calidad, plazos, sistemas, procesos, grado de fiabilidad, entre otros, como los provee a sí mismo;
- Reducción de asimetrías de información entre el AEP y los competidores, lo cual requerirá que la información sobre la infraestructura, así como la herramienta para solicitar servicios y dar seguimiento a los mismos, se encuentre disponible de inmediato para los competidores;
- Replicabilidad técnica de las ofertas a usuarios finales del AEP, para lo cual es necesaria la disponibilidad de todos los servicios mayoristas con acuerdos de calidad de servicio e indicadores clave de desempeño claros y adecuados;

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 16
 artículo 3
 Resolución 
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 artículo 4
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