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Timestamp: 2017-06-28 23:12:18+00:00

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Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de los textos legales vigentes en Cataluña en materia urbanística. TITULO III. Régimen urbanístico del suelo (Vigente hasta el 01 de Enero de 2002).
Decreto Legislativo 1/1990, de 12 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de los textos legales vigentes en Cataluña en materia urbanística (Vigente hasta el 01 de Enero de 2002).
Vigencia desde 13 de Julio de 1990. Esta revisión vigente desde 27 de Marzo de 1997 hasta 01 de Enero de 2002
TITULO IIIRégimen urbanístico del suelo
CAPITULO PRIMEROClasificación del suelo
Las facultades del derecho de propiedad se ejercerán dentro de los límites y con el cumplimiento de los deberes establecidos en esta Ley, o en virtud de la misma, por los Planes de Ordenación, de acuerdo con la clasificación urbana de los predios.
El territorio de los municipios en que existiese el Plan General Municipal de Ordenación se clasificará en todos o algunos de los siguientes tipos: suelo urbano, urbanizable y no urbanizable.
a) Los terrenos a los que el Plan de forma expresa incluye en esta clase por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, o por estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en dos terceras partes de su superficie, en la forma que aquél determine.
b) Los que en ejecución del Plan lleguen a disponer de los mismos elementos de urbanización a que se refiere el párrafo anterior.
1. Constituirán el suelo urbanizable los terrenos a que el Plan General Municipal declare aptos, en principio, para ser urbanizados.
2. Dentro del suelo urbanizable, el Plan establecerá todas o algunas de las siguientes categorías:
a) Suelo programado, constituido por aquel que debe ser urbanizado según el programa del propio Plan.
b) Los espacios que el Plan determine para otorgarles una especial protección, a los efectos de esta Ley, en razón de su excepcional valor agrícola, forestal o ganadero, de las posibilidades de explotación de sus recursos naturales, de sus valores paisajísticos, históricos o culturales o para la defensa de la fauna, flora o el equilibrio ecológico.
1. En los municipios que no tuviesen Plan General Municipal de Ordenación el territorio se clasificará en suelo urbano y suelo no urbanizable.
2. Constituirán el suelo urbano los terrenos que por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica o por estar comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en la mitad de su superficie, se incluyan en un Proyecto de delimitación, que, tramitado por el Ayuntamiento de acuerdo con el artículo 59 de esta Ley, será aprobado por la Comisión de Urbanismo, previo informe de la Entidad Local competente.
3. Constituirán el suelo no urbanizable los otros espacios del término municipal.
A los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de solares las superficies de suelo urbano aptas para la edificación que reúnan los siguientes requisitos.
Que estén urbanizadas de acuerdo con las normas mínimas establecidas en cada caso por el Plan, y si éste no existiera o no las concretara, se precisará que además de contar con los servicios señalados con los artículos 115 y 118.2, la vía a que la parcela de frente tenga pavimentada la calzada y encintado de aceras.
Que tengan señaladas alineaciones y rasantes si existiera Plan de Ordenación.
1. El suelo urbano, además de las limitaciones específicas que le imponga el planeamiento, estará sujeto a la de no poder ser edificado hasta que la respectiva parcela merezca la calificación de solar, excepto que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización y de la edificación mediante las garantías que reglamentariamente se determinen.
2. Sin embargo, podrán autorizarse construcciones destinadas a fines industriales en las zonas permitidas, cuando la seguridad, salubridad y no contaminación quedaren suficientemente atendidas y el propietario asumiera alegaciones establecidas en el párrafo 1.º del apartado siguiente mediante inscripción en el Registro de la Propiedad.
3. Los propietarios del suelo urbano deberán:
a) Ceder gratuita y obligatoriamente a los Ayuntamientos respectivos los terrenos que, reservados por los planes de urbanismo tanto al servicio general de toda la población, como del distrito, polígono o unidad de actuación , estén destinados a jardines, plazas y centros docentes y asistenciales, siempre que estos suelos vengan reservados por los Planes en el marco de una unidad de actuación delimitada expresamente en el planeamiento.Igualmente la cesión para calles y viales es gratuita y obligatoria y ha de ser ejecutada previamente a la edificación.
La apertura y ensanchamiento de viales sobre solares o edificios en núcleos urbanos comporta idéntica cesión cuando ésta es compensada por las condiciones de edificación diferenciales previstas por los planes.
b) Costear la urbanización.
c) Edificar los solares cuando el Plan así lo establezca dentro del plazo que éste señale, o, en su defecto, en los plazos fijados en esta Ley.
4. La distribución equitativa de las cargas referidas en el párrafo 3.1 cuando las diferencias de aprovechamiento urbanístico entre fincas sobrepasen el 15 por 100 del aprovechamiento medio en la unidad de actuación y se haga declaración expresa de esta lesión, se efectuarán mediante reparcelación. Se establecerá igualmente idéntico procedimiento para la apertura y el ensanchamiento de viales cuando aquella lesión se produzca, y se delimitarán las unidades de actuación que sea preciso.
5. En todos los otros supuestos, o en las reservas para otros fines, la adquisición se efectuará mediante la expropiación. El justiprecio de la expropiación podrá, si es conveniente, ser resarcido por la parte que se estime de interés directo, según lo que dispone el artículo 196 de esta Ley, por contribuciones especiales, una vez delimitado previamente el ámbito urbano beneficiario de la mejora.
1. El suelo urbanizable programado y el suelo apto para ser urbanizado estará sujeto a la limitación de no poder ser urbanizado hasta que se apruebe el correspondiente Plan Parcial. Entre tanto, no se podrán realizar en él obras o instalaciones excepto aquellas que se hayan de ejecutar mediante la redacción de los Planes Especiales a que se refiere el artículo 29.2 de esta Ley, así como las de carácter provisional previstas en el artículo 91.2, ni podrán destinarse los terrenos a usos o aprovechamientos diferentes de los que señale el Plan General.
2. A los efectos de la gestión urbanística, se determinará:
a) El aprovechamiento medio de cada uno de los sectores en que se divide el suelo urbanizable programado.
b) El aprovechamiento de cada finca, refiriendo a su superficie el aprovechamiento medio del sector en que se encuentra enclavada, sin que tenga relevancia al respecto su calificación concreta en el Plan.
3. Los propietarios del suelo urbanizable programado y el suelo apto para ser urbanizado deberán:
a) Ceder obligatoria y gratuitamente a favor del Ayuntamiento o, en su caso, órgano urbanístico actuante, los terrenos que se destinen con carácter permanente a viales, accesos y estacionamientos adyacentes a la vía pública, parques y jardines públicos, zonas deportivas públicas y de recreo y expansión, centros culturales y docentes y demás servicios públicos necesarios.
b) Ceder a la administración actuante suelo donde se pueda edificar el techo correspondiente al 10 por 100 del aprovechamiento medio del sector.
c) Costear la urbanización.
d) Edificar los solares, cuando el Plan así lo establezca y en el término que el mismo señale o, en su caso, en los plazos fijados en esta Ley.
Los terrenos que, en virtud de este artículo, se incorporen al patrimonio municipal del suelo se destinarán preferentemente a los fines previstos en los artículos 234 y 235 de esta Ley.
4. Cuando el aprovechamiento real de una finca, según la calificación establecida por el Plan General, no alcance el 90 por 100 del aprovechamiento que le corresponda, deberá compensarse, por adjudicación de terrenos edificables en el sector, en áreas de situación y condiciones similares. Si este defecto fuera inferior a un 15 por 100 del correspondiente a la finca, la adjudicación podrá sustituirse, a criterio de la administración competente, por una indemnización en metálico.
1. Los suelos reservados para todos los fines enunciados en el párrafo 2 del artículo 25 computan a los efectos de la edificabilidad sectorial establecida por el Plan General o por las Normas Subsidiarias, y se determinarán en función del número máximo de viviendas de cada sector.
2. En el suelo urbanizable, los sistemas incluidos por el planteamiento general en los sectores de planeamiento parcial están sujetos al régimen de gestión siguiente:
Se les aplicará la cesión gratuita cuando se les otorgue el aprovechamiento medio del sector. Este aprovechamiento se acumulará al aprovechamiento urbanístico de las zonas, y se determinará según la edificabilidad zonal ponderada cuando comprenda varias zonas de calificación diferente; esta ponderación se hará teniendo en cuenta la proporción de las superficies de estas zonas en el sector y su valoración relativa, con las limitaciones establecidas por el artículo 123.
Los polígonos que se delimiten incorporarán la parte de estos sistemas que les corresponda, a los efectos de su cesión.
Los suelos para estos sistemas pueden ser, en todos los casos, objeto de actuaciones aisladas mediante la expropiación; entonces no se aplicará lo que establece el punto 4 de este artículo.
3. Respecto a los suelos aptos para ser urbanizados según las Normas Subsidiarias, los propietarios de suelos afectados por sistemas pueden ofrecer la cesión gratuita de estos terrenos una vez incorporados en sectores del Plan Parcial, con las mismas condiciones de aprovechamiento previstas para los suelos urbanizables programados de Plan General. A tal objeto se delimitarán en las Normas Subsidiarias sectores de planeamiento y se determinarán las prioridades para desarrollarlas.
4. Los suelos ocupados por sistemas generales que se adscriban a un sector determinado se sumarán al suelo de éste al objeto de incrementar las reservas mínimas para dotaciones exigidas por este artículo, con las limitaciones establecidas por el artículo 123, siempre que así lo regule el planeamiento general. Los polígonos que se delimiten han de incorporar la parte de los sistemas adscritos a un sector que les corresponda a los efectos del presente artículo.
1. La inclusión en los sectores de sistemas previstos por el artículo 122 ha de quedar limitada de forma tal que la intensidad neta de edificación en cada zona del Plan Parcial, referida al suelo de aprovechamiento privado, no exceda en dos veces y media la edificabilidad zonal, una vez desarrollada la ordenación física prevista.
2. La cesión no se aplicará a los suelos destinados a sistemas cuyo cómputo determine intensidades netas que sobrepasen los máximos establecidos. En este supuesto la Administración actuante expropiará estos sistemas y podrá hacer efectivo el justiprecio de la expropiación bien con cargo al 10 por 100 del aprovechamiento medio del sector, bien en efectivo.
3. En el cálculo del techo edificable de una zona, a los efectos de determinar la edificabilidad neta, se ha de considerar, además de la edificabilidad propia de la zona, la añadida en compensación de la cesión de sistemas.
4. Los estudios económico-financieros de los planes justificarán las previsiones adoptadas en relación a la forma de obtención de los sistemas, y en los supuestos de expropiación las previsiones de inversión municipal o de los organismos competentes correspondientes a lo largo del plazo de previsión de planeamiento.
1. La determinación del aprovechamiento medio referente al suelo urbanizable programado se ha de efectuar al redactarse el Plan General para cada uno de los sectores de planeamiento parcial.
2. El aprovechamiento de un sector comprende el aprovechamiento del conjunto de las zonas y el atribuido a los sistemas incluidos dentro del sector, de acuerdo con lo que dispone el artículo 122 de esta Ley.
3. La cesión a la administración actuante del 10 por 100 del aprovechamiento medio de un sector se ha de hacer en suelo edificable de cada una de las zonas del sector, de acuerdo con lo que determina el artículo 122 de esta Ley.
4. El aprovechamiento de cada finca será el 90 por 100 del aprovechamiento medio del sector donde se localice referido a su extensión superficial.
1. Para calcular el valor del aprovechamiento medio de un sector se debe considerar el valor relativo de cada una de las zonas incluidas en el Plan Parcial en el momento de redactarlo.
Para los sectores delimitados que incluyen zonas diferentes, la relación de valor entre éstas se ha de hacer considerando: a) la intensidad de los usos admitidos, b) la rigidez de la demanda del uso de cada zona en el momento de la tramitación de plan y c) las repercusiones admisibles del valor del suelo y de la urbanización. No se han de considerar las revalorizaciones que se generen debido a la ubicación urbana diferencial de las fincas dentro de una misma zona.
2. El aprovechamiento medio para el conjunto de las zonas incluidas en un sector será el resultado de ponderar, respecto a la superficie total de las zonas, los valores relativos de cada una por su extensión.
El aprovechamiento correspondiente a los sistemas incluidos por el Planeamiento General en los sectores se ha de distribuir entre las zonas de éstos, según usos e intensidades de usos, en función de la extensión de cada una y de su valor relativo. Este aprovechamiento se ha de añadir al atribuido a cada zona según su calificación.
1. Mientras no se aprueben Programas de Actuación Urbanística, los terrenos clasificados como suelo urbanizable no programado estarán sujetos a las siguientes limitaciones, además de las que resulten aplicables en virtud de otras leyes:
a) Deberán respetarse las incompatibilidades de usos señaladas en el Plan General.
b) No se podrán realizar otras construcciones que las destinadas a explotaciones agrícolas que guarden relación con la naturaleza y destino de la finca y se ajusten en su caso a los planes o normas de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, así como las construcciones e instalaciones vinculadas a la ejecución, mantenimiento y servicio de las obras públicas. Sin embargo, podrán autorizarse, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 68 de esta Ley, edificaciones e instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en el medio rural así como edificios aislados destinados a vivienda familiar donde no exista la posibilidad de formación de un núcleo de población. En este supuesto, en el momento de la autorización, se tendrán en consideración los efectos sobre el medio y las explotaciones rurales y forestales. La competencia para resolver las solicitudes corresponde a la Comisión de Urbanismo competente, la cual tendrá que resolver en el plazo de cuatro meses desde la entrada del expediente en el Registro. Transcurrido este plazo sin que se haya dictado resolución expresa, se entenderá denegada la autorización.Letra b) del artículo 127 redactada por D.Leg. 16/1994, 26 julio («D.O.G.C» 1 agosto), por el que se adecúan a la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, normas con rango de Ley que afectan al Departamento de Política Territorial y Obras Públicas.
c) Los tipos de las construcciones habrán de ser adecuados a su condición y situación aislada, conforme a las normas que el Plan establezca, quedando prohibidas las edificaciones características de las zonas urbanas.
d) En las transferencias de propiedad, divisiones y segregaciones de terrenos rústicos no podrán efectuarse fraccionamientos en contra de lo dispuesto en la legislación agraria y forestal.
2. Aprobado un Programa de Actuación Urbanística, se estará a lo dispuesto en los números 2, 3 y 4 del artículo 121 de esta Ley, sin perjuicio de las obligaciones, limitaciones y cargas adicionales que se establezcan en el Programa y en el acuerdo de aprobación.
3. Para los suelos urbanizables no programados los programas de actuación urbanística han de proponer los sistemas de actuación adecuados para la efectividad de las reservas de suelo incluidas en cada actuación.
1. Los terrenos que se clasifiquen como suelo no urbanizable en el Plan General o por aplicación del artículo 118 estarán sujetos a las limitaciones que se establecen en el artículo 127 de esta Ley.
2. Los espacios que por sus características según el Plan General deban ser objeto de una especial protección a los efectos de esta Ley, no podrán ser dedicados a utilizaciones que impliquen transformación de su destino o naturaleza o lesionen el valor específico que se quiera proteger.
1. La ordenación del uso de los terrenos y construcciones enunciada en los artículos precedentes no conferirá derecho a los propietarios a exigir indemnización, por implicar meras limitaciones y deberes que definen el contenido normal de la propiedad según su calificación urbanística. Los afectados tendrán, no obstante, derecho a la distribución equitativa de los beneficios y cargas del planeamiento en los términos previstos en esta Ley.
2. La modificación o revisión de la ordenación de los terrenos y construcciones establecida por los Planes Parciales, por los Planes Especiales y por los Programas de Actuación Urbanística sólo podrá dar lugar a indemnización si se produce antes de transcurrir los plazos previstos para la ejecución de los respectivos Planes o Programas, o transcurridos aquéllos si la ejecución no se hubiera llevado a efecto por causas imputables a la Administración.
3. Las ordenaciones que impusieran vinculaciones o limitaciones singulares que lleven consigo una restricción del aprovechamiento urbanístico del suelo que no pueda ser objeto de distribución equitativa entre los interesados conferirán derecho a indemnización.
La enajenación de fincas no modificará la situación de su titular en orden a las limitaciones y deberes instituidos por esta Ley o impuestos, en virtud de la misma, por los actos de ejecución de sus preceptos y el adquirente quedará subrogado en el lugar y puesto del anterior propietario en los compromisos que hubiere contraído con las Corporaciones Públicas respecto a la urbanización y edificación.
CAPITULO IIPatrimonio municipal del suelo
1. Los Ayuntamientos con población superior a 50.000 habitantes, los que voluntariamente lo acuerden y los demás que señale el Consejero de Política Territorial y Obras Públicas, constituirán su respectivo patrimonio municipal del suelo.
2. El Patrimonio municipal del suelo tendrá por finalidad prevenir, encauzar y desarrollar técnica y económicamente la expansión de las poblaciones, y se adscribirá a la gestión urbanística para la inmediata preparación y enajenación de solares edificables y reserva de terrenos de futura utilización.
1. La adquisición de terrenos para construir el Patrimonio se verificará conforme al programa de actuación del Plan General Municipal de Ordenación Urbana, si estuviera aprobado.
2. La adquisición de terrenos para formar reservas de suelo se podrá efectuar mediante expropiación, previa aprobación por la Comisión de Urbanismo de un proyecto integrado por memoria justificativa y plano delimitador de la superficie correspondiente.
3. Cuando resultaran incluidos en el Plan bienes de propios, quedarán afectados al Patrimonio municipal del suelo.
4. El volumen patrimonial se atemperará a las necesidades del Plan General y a los medios económicos de cada Ayuntamiento.
Los Ayuntamientos que tuvieran reconocido un ámbito de planeamiento urbanístico singular, según el artículo 47 de esta Ley, podrán extender su patrimonio de suelo a los términos municipales que comprenda.
Las enajenaciones de terrenos del patrimonio estarán supeditadas a la conveniencia de edificarlos o al cumplimiento del Plan General, dentro de los plazos que, en uno y otro caso, se señalaren.
Los ingresos obtenidos por la gestión urbanística mediante enajenación de terrenos del Patrimonio se destinarán a la conservación y ampliación del mismo.
En todo caso se tendrá en cuenta la regulación específica que respecto al Patrimonio municipal del suelo se establece en el régimen previsto para la actuación por subsectores.
Los Ayuntamientos a los que se refiere el artículo 131 de esta Ley han de prever específicamente en sus presupuestos las partidas para la constitución, conservación y ampliación del patrimonio municipal del suelo.
La cuantía del gasto no puede ser inferior al 5 por 100 del total consignado en los capítulos I y II del presupuesto.
CAPITULO IIIParcelaciones y reparcelaciones
La parcelación urbanística y las obras de urbanización, así como la edificación, han de estar precedidas por la formulación, la tramitación y la aprobación reglamentarias de su planeamiento, con las excepciones que esta Ley establece.
1. Se considerará parcelación urbanística la división simultánea o sucesiva de terrenos en dos o más lotes cuando pueda dar lugar a la constitución de un núcleo de población.
2. Se considerará ilegal, a efectos urbanísticos, toda parcelación que sea contraria a lo establecido en el Plan, Programa o Norma Urbanística que les sea de aplicación o que infrinja lo dispuesto en el artículo 141.1 de esta Ley.
3. Se define como núcleo de población el asentamiento urbano generador de requerimientos o de necesidades asistenciales y de servicios urbanos.
4. Las condiciones objetivas que pueden dar lugar a la constitución de un núcleo de población serán objeto de enumeración en los Planes Generales o Normas Subsidiarias en función de las peculiaridades que concurran en cada ámbito municipal o supramunicipal.
a) Las parcelas determinadas como mínimas en el correspondiente Plan o Norma, a fin de constituir fincas independientes.
b) Las parcelas cuyas dimensiones sean iguales o menores a las determinadas como mínimas en el Plan, excepto si los lotes resultantes se adquieren simultáneamente por los propietarios de terrenos colindantes, con el fin de agruparlos y formar una nueva finca.
c) Las parcelas cuyas dimensiones sean menores que el doble de la superficie determinada como mínima en el Plan, salvo que el exceso sobre dicho mínimo pueda segregarse con el fin indicado en el apartado anterior.
d) Las parcelas edificables en una proporción de volumen en relación con su área cuando se constituye el correspondiente a toda la superficie o, en el supuesto de que se edificare en proporción menor, la porción de exceso, con las salvedades indicadas en el apartado anterior.
e) Las fincas en suelo no urbanizable cuyas dimensiones sean inferiores al doble de las mínimas de cultivo o de producción forestal definidas para cada ámbito territorial
2. Los Notarios y Registradores harán constar en la descripción de las fincas la cualidad de «indivisible» de las que se encontraren en cualquiera de los casos expresados.
3. Al otorgarse licencia de edificación sobre una parcela comprendida en el apartado d) del párrafo 1, se comunicará al Registro de la Propiedad para su constancia en la inscripción de la finca.
1. No se podrá efectuar ninguna parcelación urbanística y consecuentemente no se podrá otorgar licencia de parcelación sin que previamente haya sido aprobado un Plan General o, si procede, un Plan Especial que lo desarrolle, cuando afecte a suelo urbano, o sin la previa aprobación del Plan Parcial del sector correspondiente para el suelo urbanizable. En suelo no urbanizable no se podrán realizar parcelaciones urbanísticas.
2. Los Notarios y Registradores de la Propiedad exigirán para autorizar e inscribir, respectivamente, escrituras de división de terrenos, que se acredite el otorgamiento de la licencia, que los primeros tendrán de testimoniar en el documento.
3. Toda parcelación urbanística quedará sujeta a licencia.
4. En ningún caso se considerarán solares ni se permitirá edificar los lotes resultantes de una parcelación efectuada o reparcelación con infracción de las disposiciones de este artículo o del anterior.
1. Cualquier licencia de parcelación se otorgará previa presentación del proyecto correspondiente, que ha de constar de los siguientes documentos:
a) Memoria justificativa de la procedencia, sobre la base del Plan General previo o Plan Parcial, de las dimensiones de las parcelas o de los lotes por cada zona.
b) El plano parcelario a escala adecuada que detalle tanto las parcelas divisibles como las indivisibles e indique la ubicación de zonas verdes, espacios libres, dotaciones, equipamientos y servicios y del suelo correspondiente al 10 por 100 de aprovechamiento medio del sector o de los polígonos de actuación del plan, si procede
2. Cuando alguno de los puntos exigidos en los documentos a los que se refiere el número anterior conste en los instrumentos de planeamiento aprobados con carácter definitivo, su inclusión podrá ser sustituida por la certificación del órgano competente de la cual resulten las necesarias indicaciones, que con esta finalidad acompañará el proyecto de parcelación.
No se puede hacer uso de la facultad de otorgar licencia de edificación condicionada a la realización simultánea de las obras y servicios de urbanización sin la previa aprobación definitiva del proyecto correspondiente de urbanización y de la constitución de la garantía prevista en el artículo 81 de esta Ley.
1. El Notario debe exigir al otorgante, en la escritura de división y de segregación de fincas, la aportación de la licencia de parcelación correspondiente a la operación urbanística a que esta escritura haga referencia.
2. La licencia se puede justificar mediante certificación del acuerdo municipal de concesión o mediante copia del plano parcelario, en la cual se exprese, por diligencia del Secretario del Ayuntamiento, que es reproducción fiel y exacta del que figura en el expediente de parcelación de que se trate, así como la fecha de concesión.
3. El Notario debe testimoniar en la escritura la acreditación del otorgamiento de la licencia y, en todo caso, en un apartado correspondiente a la situación urbanística de la finca, hará las advertencias pertinentes sobre las responsabilidades de todo tipo en que pudieran incurrir los otorgantes por carecer de las licencias urbanísticas adecuadas para la actuación que pretendan sobre los terrenos correspondientes a las fincas objeto del instrumento público.
1. Presentada la escritura de división o segregación de fincas en el Registro de la Propiedad, el Registrador, a la vista de las circunstancias descriptivas de la finca o fincas o, si procede, del número de segregaciones practicadas de la misma matriz debe advertir al instante de la necesidad de aportar la licencia de parcelación, excepto que la mencionada aportación resulte del mismo título presentado en los términos previstos en el artículo anterior.
2. Si se aportara la licencia o la certificación de su innecesariedad, el Registrador de la Propiedad la archivará y, en su caso, pondrá una nota al margen de la inscripción practicada haciendo constar en ella las circunstancias concurrentes.
La protocolización hecha por el Notario del plano al cual hace referencia el apartado 2 del artículo 144 de esta Ley y su archivo realizado por el Registrador de la Propiedad, se entenderá que es suficiente para que ambos consideren que ha sido aportada la licencia respecto a fraccionamientos posteriores que se acomoden. En todo caso se entenderá que hay acomodación en las circunstancias descriptivas de las nuevas fincas respecto a la descripción gráfica que haga el plano, aunque haya diferencias en la extensión superficial que no sobrepasen el 3 por 100.
1. Se entenderá por reparcelación la agrupación de fincas comprendidas en el polígono o unidad de actuación para su nueva división ajustada al Plan con adjudicación de las parcelas resultantes a los interesados, en proporción a sus respectivos derechos.
2. La reparcelación tiene por objeto distribuir justamente los beneficios y cargas de la ordenación urbanística, regularizar la configuración de las fincas y situar su aprovechamiento en zonas aptas para la edificación con arreglo al Plan.
3. Toda reparcelación queda sujeta a la aprobación del correspondiente proyecto.
4. Los proyectos de reparcelación se tramitarán de acuerdo con lo previsto en los artículos 64 y 65 de esta Ley, excepto lo que establece el artículo 70.
1. El expediente de reparcelación se entenderá iniciado al aprobarse la delimitación del polígono o unidad de actuación, excepto en los casos siguientes:
a) Que la reparcelación se haya tramitado y aprobado conjuntamente con la mencionada aprobación.
b) Que se haya aprobado expresamente la actuación por el sistema de expropiación o sea innecesaria en virtud del acuerdo aprobatorio en el sistema de compensación.
2. La iniciación del expediente de reparcelación comportará, sin necesidad de declaración expresa, la suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación y edificación en el ámbito del polígono o unidad de actuación hasta que sea firme en vía administrativa el acuerdo aprobatorio de la reparcelación.
Los peticionarios de licencias solicitadas con anterioridad a la fecha de iniciación del expediente de reparcelación tendrán derecho a ser resarcidos en la forma que señala el artículo 43 de esta Ley.
La Entidad Local podrá dejar sin efecto, previa la indemnización de daños y perjuicios que corresponda las licencias concedidas con anterioridad a la fecha de iniciación del expediente que sea incompatible con la ejecución del planeamiento.
3. El proyecto de reparcelación se formulará:
a) Por los dos tercios de los propietarios interesados que representen como mínimo el 80 por 100 de la superficie reparcelable, dentro de los tres meses siguientes a la aprobación de la delimitación de un polígono o unidad de actuación.
b) Por la Entidad Local o urbanística actuante, de oficio o a instancia de alguno de los propietarios afectados, cuando éstos no hubieran hecho uso de su derecho o no hubieran subsanado dentro del plazo que se les marcare los defectos que se hubieran apreciado en el proyecto que formularen. Los proyectos redactados de oficio procurarán atenerse a los criterios expresamente manifestados por los interesados en los tres meses siguientes a la aprobación de la delimitación del polígono o unidad de actuación. Los proyectos se someterán a información pública durante un mes, con citación personal de los interesados, y serán aprobados por el Ayuntamiento o, si cabe, por el órgano urbanístico que se subrogue en las competencias municipales, excepto en el supuesto de que el planeamiento esté adaptado a la Ley del Suelo, en cuyo caso el plazo de información pública será de veinte días.
Letra b) redactada por Decreto legislativo 16/1994, 26 julio.
4. En los casos de iniciativa pública, cuando el proyecto de reparcelación se presente juntamente con el plan parcial y el proyecto de urbanización, se tramitarán todos de forma simultánea, de acuerdo con el artículo 62 de esta Ley, y las aprobaciones se condicionarán a lo establecido en el apartado siguiente.
Cuando se presente el proyecto de reparcelación juntamente con el proyecto de urbanización, se procederá en la forma prevista en el punto 3 del artículo 69.
5. En el primer supuesto previsto en el apartado anterior los acuerdos de aprobación definitiva correspondientes a las Corporaciones Locales supeditarán su ejecutividad a la aprobación definitiva del plan parcial, excepto que la misma Corporación fuera competente por el hecho de tratarse de sectores de urbanización prioritaria.
1. En todo caso el proyecto de reparcelación tendrá en cuenta los criterios siguientes:
a) El derecho de los propietarios será proporcional a la superficie de las parcelas respectivas en el momento de la aprobación de delimitación del polígono.
b) Los solares resultantes se valorarán con criterios objetivos y generales para todo el polígono con arreglo a su uso y volumen edificable y en función de su situación, características, grado de urbanización y destino de las edificaciones.
c) Se procurará, siempre que sea posible, que las fincas adjudicadas estén situadas en lugar próximo al de las antiguas propiedades de los mismos titulares.
d) Cuando la escasa cuantía de los derechos de algunos propietarios no permita que se les adjudiquen fincas independientes a todos ellos, los solares resultantes se adjudicarán en pro indiviso a tales propietarios. No obstante, si la cuantía de esos derechos no alcanzase el 15 por 100 de la parcela mínima edificable, la adjudicación podrá sustituirse por una indemnización en metálico.
e) En todo caso, las diferencias de adjudicación, serán objeto de compensación económica entre los interesados, valorándose el precio medio de los solares resultantes.
f) Las plantaciones, obras, edificaciones, instalaciones y mejoras que no puedan conservarse se valorarán con independencia del suelo y su importe se abonará al propietario interesado, con cargo al proyecto en concepto de gastos de urbanización.
3. No serán objeto de la nueva adjudicación, conservándose las propiedades primitivas, sin perjuicio de la regularización de linderos cuando fuere necesaria y de las compensaciones económicas que procedan:
b) Las fincas no edificadas con arreglo al planeamiento, cuando la diferencia en más o en menos, entre el aprovechamiento que les corresponda conforme al Plan y el que correspondería al propietario en proporción a su derecho en la reparcelación, sea inferior al 15 por 100 de este último.
4. En el suelo urbano, los derechos de los propietarios en la reparcelación se regularán por el valor de sus respectivas parcelas en la fecha de aprobación del Plan que motivare la reparcelación de acuerdo con lo que dispone el artículo 158 de esta Ley.
El acuerdo aprobatorio del proyecto de reparcelación producirá los siguientes efectos:
a) Cesión de derecho al municipio en que se actúe en pleno dominio y libre de cargas de todos los terrenos de cesión obligatoria para su incorporación al Patrimonio de suelo o su afectación conforme a los usos previstos en el Plan.
b) Subrogación, con plena eficacia real, de las antiguas por las nuevas parcelas.
1. El organismo que hubiera aprobado el proyecto de reparcelación expedirá documento con las solemnidades y requisitos dispuestos por las actas de sus acuerdos, en el que se relacionen las propiedades antiguas y sus propietarios, según los títulos aportados o, en defecto de éstos, por descripción de las fincas e indicación de sus propietarios, si resultasen conocidos, y descripción de las nuevas parcelas con adjudicación de cada una al respectivo titular. Este documento administrativo se protocolizará notarialmente, sin perjuicio de que también se pueda otorgar escritura pública, en los casos y forma que se señalen reglamentariamente.
2. La situación física y jurídica de las fincas o derechos afectados por la reparcelación y la de los resultantes de ellas se reflejará en el Registro de la Propiedad, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación hipotecaria en la forma que reglamentariamente se determine.
3. Si alguna carga resultare incompatible con la nueva situación o características de la finca, el Registrador se limitará a hacerlo constar en el correspondiente asiento, y las partes interesadas podrán ir al Juzgado competente para solicitar la declaración de compatibilidad e incompatibilidad de las cargas o gravámenes sobre las fincas nuevas y, en este último supuesto, su transformación en un derecho de crédito con garantía hipotecaria sobre la finca nueva en la cuantía en que la carga fuera justipreciada.
1. Las adjudicaciones de terrenos a que dé lugar la reparcelación, cuando se efectúen en favor de los propietarios comprendidos en el correspondiente polígono o unidad de actuación y en proporción de sus respectivos derechos, estarán exentas, con carácter permanente, del Impuesto General sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y no tendrán la consideración de transmisiones de dominio a los efectos de la exacción del arbitrio sobre el incremento del valor de los terrenos. Cuando el valor de los solares adjudicados a un propietario exceda del que proporcionalmente corresponda a los terrenos aportados por el mismo, se girarán las liquidaciones procedentes en cuanto al exceso.
2. Se aplicarán supletoriamente a la reparcelación las normas de la expropiación forzosa.
CAPITULO IVValoraciones
Las valoraciones de terrenos se efectuarán de acuerdo con los criterios establecidos en esta Ley.
1. El valor inicial de un predio o unidad de cultivo, a efectos de esta Ley, se determinará:
a) Por el rendimiento bruto que le correspondiera en la explotación rústica efectiva o del que fuera naturalmente susceptible.
b) Por su valor medio en venta a efecto de su explotación agrícola.
En ningún caso se podrán tomar en consideración valores o rendimientos que tengan relación directa o indirecta con la posible utilización urbana de los terrenos.
2. En el rendimiento rústico se estimarán comprendidos el agrícola, forestal, ganadero, cinegético y cualquier otro parecido.
3. Entre los rendimientos de los que una heredad sea susceptible de forma natural, se podrán estimar los resultados de transformaciones que se puedan operar con medios normales, tanto mecánicos como técnicos o de capital, existentes para el desarrollo de la explotación agraria y que conducen al máximo aprovechamiento de la fertilidad de la tierra, pero no los hipotéticamente resultantes de una supuesta aplicación de medios extraordinarios.
4. En las unidades de cultivo directamente explotadas por los propietarios, se establecerá, además, el premio de afección que les será atribuido en el supuesto de expropiación forzosa.
5. Cuando el valor inicial a que se llegue por aplicación de los criterios anteriores sea inferior al que constará en valoraciones catastrales, índices municipales u otras estimaciones públicas aprobadas, prevalecerá la superior de las que concurran sobre el terreno.
1. El valor urbanístico se determinará en función del aprovechamiento que corresponda a los terrenos según su situación, conforme al rendimiento que al citado aprovechamiento se atribuya a efectos fiscales al iniciarse el expediente de valoración.
2. El aprovechamiento que, en todo caso, servirá de base para la determinación del valor urbanístico, una vez deducidos los terrenos de cesión obligatoria que afecten a aquél, será el que establecen los preceptos siguientes:
a) En el suelo urbano será el permitido por el Plan o, si es necesario, el aprovechamiento medio fijado en las unidades de actuación sujetas a reparcelación y en defecto del Plan, tres metros cúbicos por metro cuadrado, referidos a cualquier uso.
b) Por lo que se refiere a los suelos urbanizables o aptos para ser urbanizados, el aprovechamiento que ha de servir de base para determinar el valor urbanístico es el siguiente:
El correspondiente al aprovechamiento medio del sector para sus zonas y sistemas incluidos.
El correspondiente al 90 por 100 del aprovechamiento medio dentro del suelo urbanizable, a determinar en el expediente de justiprecio de la expropiación, para los sistemas no incluidos dentro de ningún sector.
En el suelo urbanizable no programado será el resultado de su uso e intensidad de ocupación, determinado en el Plan General.
3. El valor urbanístico que se determine en función de estos criterios se podrá aumentar o disminuir en un 15 por 100 como máximo en consideración del grado de urbanización y de las particularidades específicas de los terrenos de que se trate.
La citada corrección se aplicará con independencia de las que, por conceptos análogos, procediesen de acuerdo con la legislación tributaria.
1. Las plantaciones, obras, edificaciones e instalaciones que existan en el suelo se apreciarán con independencia del mismo e incrementarán con su cuantía el valor total del inmueble, exceptuando que, por su carácter de mejoras permanentes, hayan sido tenidas en cuenta en la determinación del valor inicial o del urbanístico según el artículo anterior.
2. Las indemnizaciones a favor de los arrendatarios rústicos y urbanos se fijarán de acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa.
1. Se tasarán conforme al valor inicial los terrenos calificados como suelo no urbanizable.
2. En los sistemas previstos en suelo no urbanizable se les aplicará el valor inicial.
Se tasarán conforme al valor urbanístico los terrenos clasificados como suelo urbano o urbanizable en todas sus categorías.
Las tasaciones tendrán como límite el valor inicial que prevalecerá sobre el urbanístico cuando éste fuera inferior.
Cuando corresponda aplicar a la tasación de los terrenos el valor inicial o urbanístico, no se tendrá en cuenta el precio consignado en los títulos de adquisición o de constitución de gravámenes, posteriores a la promulgación de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 1975.
Siempre que el valor asignado a una parcela en la que el propietario hubiera costeado algunas obras de urbanización, no contrapuestas a planes vigentes en el momento de ejecutarlas, fuera inferior a la suma del valor inicial y de la parte proporcional del valor actual de la obras, se completará hasta cubrir el importe de ambos sumandos.
1. La valoración de los derechos reales sobre inmuebles, a los efectos de su constitución, modificación o extinción, se efectuará de acuerdo con las disposiciones sobre expropiación que específicamente determinen el justiprecio de los mismos, subsidiariamente, según las normas del Derecho administrativo o civil que regule la institución y, en su defecto, por las establecidas para los Impuestos de Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
2. Al expropiar una finca gravada con cargas, la Corporación u organismo que efectuara dicha expropiación podrá escoger entre valorar cada uno de los derechos que en ella concurren con el de dominio para distribuirlo entre los titulares de cada uno de ellos, o bien valorar el inmueble en su conjunto y consignar su importe en poder del Juzgado, para que éste fije y distribuya, por el trámite de incidentes, la proporción que corresponda a los respectivos interesados.
1. Las valoraciones tendrán vigencia durante diez años.
2. Cuando las circunstancias reales y ajenas a especulaciones originasen notables variaciones en el mercado de terrenos o en la situación económica general, se revisarán los justiprecios, de oficio o a petición de cualquier propietario afectado.
3. Servirá de base para la revisión, sin perjuicio de otros factores, el índice general ponderado de precios al por mayor publicado por el Instituto Catalán de Estadística.
El pago del justiprecio en las explotaciones se podrá verificar en efectivo o, de acuerdo con el expropiado, por permuta con otras parcelas del beneficiario de la explotación, teniendo en cuenta la especialidad establecida en el artículo 207 de esta Ley.

References: artículo 59
 artículo 196
 artículo 29
 artículo 91
 artículo 25
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 122
 artículo 122
 artículo 122
 artículo 68
 resolución 
 artículo 127
 artículo 121
 artículo 118
 artículo 127
 artículo 47
 artículo 131
 artículo 141
 artículo 81
 artículo 144
 artículo 70
 artículo 43
 artículo 62
 artículo 69
 artículo 158
 artículo 207