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Timestamp: 2019-06-24 21:21:14+00:00

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Sentencia nº Rol 3141-16 de Tribunal Constitucional, 27 de Diciembre de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 671550449
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Carlos Tornquist Bertrand respecto del artículo 22° del DFL N° 707, sobre cuentas corrientes bancarias y cheques, en el proceso RIT N° 3304-2015, RUC N° 1510028478-K, seguidos ante el Décimo Juzgado de Garantía de Santiago. Mostrar Síntesis Síntesis STC ROL N° 3141-16 INA a) Atribución en ejercicio de la cual se dicta. Inaplicabilidad por inconstitucionalidad (art. 93 N° 6 CPR). b) Norma impugnada. Artículo 22, incisos primero, tercero, cuarto y séptimo, del Decreto con ... (ver resumen completo)
A fojas 283, a lo principal, por acompañados; al otrosí, téngase presente.
Con fecha 22 de julio de 2016, C.A.T.B., deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 22 del Decreto con Fuerza de Ley N° 707, sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques, para que surta efectos en el proceso sobre delito de giro doloso de cheques, RIT 3304-2015, RUC 1510028478-K, seguido ante el Décimo Juzgado de Garantía de Santiago.
En relación con la gestión judicial en que incide el requerimiento, el actor expone que, en su calidad de representante legal de I.B. Alimentación S.A. (Ibasa), constituida con el objeto de prestar servicios de alimentación para casinos concesionados, como JUNAEB, mantuvo una relación comercial con la Sociedad Importadora y Comercial Starfood Limitada, la que se ha querellado en su contra por el delito de giro doloso de cheques.
Refiere que esta sociedad le proveía de diversos insumos alimenticios para la debida entrega de las raciones comprometidas a sus clientes, cumpliéndose las obligaciones de las partes a tiempo, con la emisión de las facturas respectivas, pagaderas a treinta días ya sea, con transferencia electrónica o, cheque al día.
Mas, abunda en que el estado de los negocios de Ibasa, conforme fue pasando el tiempo, empeoró. A contar de noviembre del año 2014, la querellante comenzó a exigir, al momento de despachar mercadería y hacer entrega de la factura de estilo, de un cheque para garantizar lo entregado, con una fecha que no pasara de cuarenta y cinco a sesenta días.
Así, en mayo de 2015 fueron protestados dos documentos a Ibasa, los que se encontraban en poder de la querellante.
En el mismo mes y año, refiere la actora, presentó ante la justicia civil un acuerdo de reorganización judicial, con diversas fórmulas de pago para los acreedores, entre éstos, la tenedora de los cheques. También, en dicho contexto, refiere que fue notificada del término anticipado de los contratos suscritos con JUNAEB, cuestión que implicó el rechazo del acuerdo de reorganización propuesto, determinándose, en definitiva, la liquidación de Ibasa.
Es en medio de dichas cuestiones de corte concursal que es presentada en su contra querella por delito de giro doloso de cheques, dado el intento de un beneficiario de hacer valer su crédito en forma diversa a lo estructurado para el resto de la junta de acreedores.
Por el delito materia de la imputación penal a su respecto, la actora se encuentra citada a audiencia de juicio oral simplificado ante el Décimo Juzgado de Garantía de Santiago, constituyendo la gestión pendiente en estos autos.
La actora refiere que la preceptiva impugnada generaría, en su aplicación en la gestión penal pendiente, diversos resultados contrarios a la Carta Fundamental.
En cuanto al principio de legalidad penal y reserva legal de los delitos y las penas, del artículo 19, numeral 3°, incisos octavo y noveno, en relación a los artículos 1°, 5° y 64 de la Constitución Política, señala que fijar delitos y penas es indiscutiblemente una materia comprendida dentro de las garantías constitucionales, indelegables por mandato expreso del artículo 64 de la Carta Fundamental, que prohíbe normarlas vía legislación delegada.
Por otra parte, argumenta como infringido, desde el artículo 19, numeral 3°, inciso séptimo, en relación con el artículo 1°, inciso segundo, el principio de culpabilidad, así como su función, y concluye que la preceptiva impugnada establece un estatuto de responsabilidad penal objetiva, por lo que presume de derecho la responsabilidad penal y se impone una pena aflictiva a un acto o conducta carente de dolo y culpabilidad, que sería atípico, en que el actor habría girado un cheque en que la querellante sostiene que se dio orden de no pago por causal cuenta cerrada, lo que no sería efectivo, toda vez que se trata de un instrumento entregado con mucho tiempo de antelación, sólo con la finalidad de garantizar préstamos otorgados a tasas superiores a las de mercado.
A este respecto, refiere que en la gestión judicial pendiente, la aplicación del precepto impugnado genera en el actor la imposibilidad de generar prueba en contrario para desacreditar la objetivización con que, eventualmente, sería sancionado, ya que no hubo de su parte dolo con ánimo de defraudar, teniendo presente la entrega de cheques en garantía, como instrumentos de crédito.
En cuanto al principio de proporcionalidad de los delitos y las penas, invoca como infringidos los numerales 2° y 3° del artículo 19 de la Constitución Política. Expone que en materia penal la intervención del Estado debe ser restringida, de tal...

References: artículo 22
 Artículo 22
 artículo 22
 artículo 19
 artículo 64
 artículo 19
 artículo 1
 artículo 19