Source: https://soberaniapopularmx.blogspot.com/2013/
Timestamp: 2020-01-19 21:11:24+00:00

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Soberanía Popular: 2013
"Justicia ya, riqueza para todos" (29 de diciembre, 2013)
Protesta del SME frente a Los Pinos//Foto: Miguel Dimayuga, Proceso
Un ejercicio similar tendría que hacerse no solamente con respecto a los ingresos nacionales, sino también con respecto a la riqueza nacional. Esto significaría repartir de manera equitativa todas las ganancias generadas en un año, y también la totalidad de bienes y servicios acumulados a lo largo de las últimas décadas y poseídos hoy por los mexicanos. Si bien es muy difícil encontrar cifras confiables con respecto a la concentración de la riqueza, las cantidades son sin duda mucho mayores, y su redistribución generaría condiciones de mejor bienestar para decenas de millones de mexicanos.
El artículo 123, fracción IX de la Constitución señala que todos los trabajadores del país tienen “derecho a una participación en las utilidades de las empresas”. Si bien este derecho es violado con frecuencia por medio de una multitud de artimañas jurídicas y políticas, este texto constitucional expresa un avanzado y moderno concepto de la necesaria redistribución de las ganancias económicas. Esta lógica debería aplicarse no sólo a las utilidades “de las empresas”, sino a todas las ganancias del país en su conjunto, ya que la riqueza nacional surge del trabajo y el esfuerzo de todos los mexicanos.
En algunos casos, la concentración de los ingresos o la riqueza nacional en pocas manos se justifica con el fin de promover inversiones o ahorros de largo plazo o para aprovechar “economías de escala” en la producción de bienes y servicios. Por ejemplo, desde luego tiene sentido contar con un Estado fuerte que concentra algunos recursos y es capaz de obligar a los actores políticos, sociales y económicos más poderosos a respetar la ley. Asimismo, para la producción de algunos bienes y servicios particularmente sofisticados o complicados, existe la necesidad de hacer confluir recursos y talentos.
Pero un principio central en un sistema social moderno y racional debe ser que todos compartan de manera equitativa los frutos producidos por la sociedad de la cual forman parte. Hay que romper de una vez por todas con la fantasía neoliberal de que quienes tengan mayores ingresos “merecerían” su riqueza con motivo de sus “talentos” más desarrollados o su “estatus” más elevado. En una sociedad democrática ningún ser humano merecería recibir menos que otro, ya que todos serían esencialmente iguales.
Las evidentes diferencias superficiales que caracterizan nuestros físicos o nuestras personalidades no debieran ser utilizadas para justificar una situación de explotación y desigualdad oprobiosa e inaceptable. Habría que deshacernos del racismo, el machismo, el clasismo y el elitismo de una vez y para siempre.
Pongamos todos lo que esté a nuestro alcance para que 2014 sea simultáneamente un año de protestas y denuncias expansivas, en contra de la desigualdad, el saqueo y la corrupción, y un periodo de construcción de nuevas alternativas ciudadanas a favor de un país, y un mundo, más justo, pacífico y democrático.
(Publicado en Revista Proceso, Num. 1939)
"Alta traición" (15 de diciembre, 2013)
Protestas contra la contrareforma energética en Xalapa, Veracruz/Foto:Rubén Espinosa, Proceso
Las expresiones de júbilo de los legisladores federales al aprobar la contrarreforma energética recuerdan los depravados banquetes del clan de los Borgia en Italia en el siglo XV. Aquella poderosa familia controló política y economía en El Vaticano durante décadas y terminó hundiéndose en un oscuro pozo de decadencia ética y moral. Para entender lo que está pasando hoy en la política nacional se recomienda ver la película de Antonio Hernández (Los Borgia) que retrata a todo color el robo, las traiciones, los asesinatos, la corrupción y las depravaciones de este antecedente histórico del PRIANRD. Y para complementar la cartelera durante esta época navideña se recomienda volver a ver La ley de Herodes, de Luis Estrada y con la insuperable actuación de Damián Alcázar, estrenada en 1999 pero hoy más vigente que nunca por retratar de manera fiel el corrupto, hipócrita y entreguista estilo de gobernar del PRI y de sus aliados panistas y perredistas.
En lugar de corregir los graves problemas y peligros con la iniciativa de reforma energética originalmente presentada en septiembre (Video de mi análisis aquí: http://ow.ly/rFXcO), en total sigilo Enrique Peña Nieto junto con sus más cercanos aliados, socios y amigos abrieron todos los candados para permitir casi cualquier tipo de “contrato” o “licencia” con particulares y así permitir el control total sobre el petróleo nacional por empresas extranjeras. En lugar de “modernizar” o combatir la corrupción en PEMEX, la reforma aprobada por el Congreso de la Unión, en apenas cuatro días y en flagrante violación de los procedimientos legislativos, convierte esta empresa estatal primero en un contratista más de la Secretaría de Energía para posteriormente proceder a su total desmantelamiento y desaparición.
El proceso de reparto del territorio nacional entre las diferentes empresas y contratistas privadas estará enteramente en manos del Ejecutivo Federal, sin intervención alguna del Poder Legislativo. A todos y cada uno de los cómplices de Peña Nieto les tocará su parte, incluyendo los representantes de la supuesta “izquierda” quienes hoy fingen su oposición a la reforma pero que con el “Pacto por México” generaron las condiciones necesarias para su aprobación. “Para todos hay” y “No me des, ponme donde hay” son lemas típicos del priísmo histórico que hoy retornan con una fuerza sin precedentes.
Las instituciones públicas y la clase política entera se rinden ante los cañonazos de 50 mil dólares que hoy ya empiezan a repartirse entre cualquiera dispuesto a agachar la cabeza y estirar la mano. El enorme fraude histórico del rescate bancario de FOBAPROA, orquestado por Ernesto Zedillo otro fatídico 12 de diciembre (de 1998) y que hoy todos los mexicanos seguimos pagando, resultará ser peccata minuta en comparación con el enriquecimiento ilícito que se generará a raíz de las nuevas “reglas” para la explotación del petróleo nacional.
A Peña Nieto y sus cómplices simplemente no les importa la enorme desaprobación ciudadana en su gobierno o el contundente rechazo popular a la privatización de la industria petrolera. Los mecanismos “democráticos” les tienen sin cuidado. Ellos mismos han señalado públicamente que no les interesa la “popularidad” ciudadana o siquiera la legitimidad institucional. Lo único que les preocupa es acumular personalmente suficientes recursos para poder comprar la siguiente elección y así evitar cualquier rendición de cuentas histórica con respecto a los atracos de su gestión.
Una vez que se publique la contrareforma energética en el Diario Oficial de la Federación podremos olvidarnos de la falsa fachada de “mesura” y pluralidad política que ha venido simulando el PRI-gobierno desde su retorno a Los Pinos. Ya con “los pelos del burro en la mano” y con la urgente necesidad de cubrir el enorme “hueco fiscal” generado por la privatización de la renta petrolera, Peña Nieto no dudará en implementar un aumento generalizado al IVA, exprimir aún más a los contribuyentes cautivos, impulsar onerosas cuotas para los estudiantes de las universidades públicas e inventar miles de otras maneras para financiar al saqueo.
En 1938, miles de ciudadanos acudieron al Zócalo de la Ciudad de México para donar voluntariamente sus humildes posesiones para ayudar al gobierno del General Lázaro Cárdenas a pagar las indemnizaciones de la expropiación petrolera. Hoy el pueblo trabajador pagará de nuevo, pero en esta ocasión el monto será mucho mayor, las contribuciones serán obligatorias y no serán motivo de orgullo sino de indignación.
Esta inaceptable actuación de la clase política está tipificada en el Código Penal Federal en su artículo 123, fracción I donde señala que comete el delito de “traición a la patria” quien “realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero”. Difícilmente podríamos encontrar una mejor descripción para las acciones tomadas por el Congreso de la Unión en los últimos días. Los legisladores de la supuesta “oposición” tendrían que tener la dignidad y la valentía para renunciar inmediatamente a sus cargos para no ser cómplices del atraco.
La única esperanza en este momento sería detener la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación y después evitar la aprobación de las leyes secundarias en la materia. Pero ello solamente será posible si se multiplican las muestras de desobediencia civil pacífica a lo largo y ancho de la República.
Recordemos que apenas 21 meses después del cobarde asesinato de Francisco I. Madero por Victoriano Huerta el 22 de febrero de 1913, los Generales Emiliano Zapata y Francisco Villa entraron victoriosos a la Ciudad de México el 6 de diciembre de 1914. Peña Nieto ya ganó su lugar en la historia como el Victoriano Huerta de nuestros tiempos. Pero en lugar de esperar la llegada de un nuevo Zapata u otro Villa, inspirémonos todos en su legado para tomar acción desde hoy mismo para juntos salvar la Patria del saqueo.
El artículo 39 de nuestra gran Constitución revolucionaria señala sin rodeos que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de este. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Hagamos valer nuestros derechos y defendamos nuestra Carta Magna de los traidores a la Patria.
(Publicado en Revista Proceso, No. 1937)
Gobierno de Miguel Ángel Mancera al servicio de Televisa (Denuncia anónima de funcionario GDF, 13 de diciembre, 2013)
Aparentemente indignad@ por la actuación represiva y autoritaria de su jefe Miguel Ángel Mancera así como por la complicidad del Gobierno del Distrito Federal con Enrique Peña Nieto y Televisa, un importante funcionario público del gobierno local ha hecho llegar a Soberanía Popular una denuncia anónima que aquí reproducimos en su totalidad para el conocimiento del público en general.
Esta información puede ser compartida libremente tanto via internet como por otros medios de comunicación. Comunicaciones a Soberanía Popular pueden ser dirigidas a: johnackblog@gmail.com
COMUNICACIÓN ÍNTEGRA:
"Te adjunto unas fotos que logré sacar del evento de Televisa al cual nos obligaron a ir a trabajadores del GDF.
Al personal de honorarios así como al de estructura nos dieron mínimo 2 boletos para que lleváramos un acompañante.
En dicho evento estuvo Banda Recodo y Bobby Pulido entre otros artistas. Ahí, nos decían a que hora teníamos que gritar y desear "Feliz Año 2014" ya que dicho programa se trasmitirá por Televisa después de las doce campanadas.
Ahí mismo los que conducían la trasmisión dieron gracias al GDF por su apoyo a la realización de este evento, dando instrucciones que tenían que estar todos sonrientes, gritar y saludar cuando ellos dieran "una señal" ya que iban a aparecer en la televisión ya que era un evento para trabajadores del GDF. No nos dejaron tomar fotos, solo las que logré captar.
Cuando nos repartieron los boletos yo le comenté a mi jefa que nunca habíamos participado en eventos de este tipo y me dijo que "pues ni modo" eran instrucciones y teníamos que acatarlas porque era un convenio de Mancera y del TSJDF con Televisa y teníamos que ir. Además como los boletos estaban numerados de esa manera sabrían quien asistió al "evento" ya que apuntaron cuales eran los números que nos daban a cada uno. Porque pasarían un reporte de los boletos que entraron al Estadio Azteca.
Por otra parte nos citaron también para el desfile Coca Cola a las 18:00 Hrs y van a pasar lista por instrucciones de la Secretaria de Desarrollo Social. Al rato tomaré fotos de este otro "Evento" y te las envío.
Te envío el presente porque me parece indignante e inaudito que nos obliguen a asistir a estos eventos al personal de estructura y honorarios aprovechándose de la necesidad de que tiene que conservar uno el empleo."
"El albazo de diciembre" (1 de diciembre, 2013)
#1DMX 2012//Foto: Alfredo Domínquez, La Jornada
Lo que más llama la atención sobre el primer año de gestión de Enrique Peña Nieto no es el evidente fracaso del nuevo Presidente de la República para encaminar la nación por el sendero de la paz, la democracia y el desarrollo, sino la constante expansión de la movilización social y conciencia ciudadana a lo largo y ancho del país. Avanza con firmeza la larga marcha de la verdadera transición política, de una alternancia simulada a una auténtica democracia revolucionaria.
La sociedad se encuentra hoy mucho mejor posicionada que el pasado primero de diciembre para detener las estratagemas de la clase política y los poderes fácticos. La cobarde represión del #1DMX, y de las marchas subsecuentes, constituyó un duro golpe en contra de la esperanza ciudadana y jamás debe ser olvidado (mi análisis: http://ow.ly/rh35Z). Sin embargo, gracias a las contundentes protestas de los maestros, el ejemplo de las autodefensas comunitarias, las movilizaciones en contra de la privatización petrolera de Andrés Manuel López Obrador y la constante participación juvenil, el innato espíritu rebelde de la sociedad mexicana hoy goza de cabal salud. El PRIANRD muy difícilmente podrá repetir la historia de la aprobación relámpago de la contra-reforma educativa en diciembre de 2012 con un nuevo albazo para la contra-reforma energética.
El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz, ha señalado que con la contra-reforma energética “se cerrará el ciclo reformador” para después “pasar al proceso de transformación que requiere el país”. Así, hasta uno de los principales operadores de Peña Nieto reconoce que el gobierno ha fracasado miserablemente durante los últimos doce meses en “transformar” al país y pide que esperemos resultados hasta el próximo año.
Los datos son conocidos por todos. La economía se encuentra en picada, el desempleo y la informalidad se expanden, y el endeudamiento público y privado se disparan. La violencia, los homicidios y las violaciones a los derechos humanos se han institucionalizado y los secuestros se han vuelto más frecuentes en el territorio nacional. Mientras, los políticos siguen con su teatro de negociaciones oscuras, pactos inconfesables y reformas tramposas. Todas las encuestas demuestran un fuerte desgaste en la imagen de Peña Nieto y una creciente desconfianza de los ciudadanos en los políticos (mi análisis: http://ow.ly/rh4ip).
La “unidad” de la clase política bajo la tutela del Pacto por México ha dividido y confrontado a la sociedad. La contra-reforma educativa lanzó los maestros a las calles y ha generado una conflictividad sin precedentes tanto entre las diversas representaciones y secciones sindicales como entre los mismos padres de familia. La absoluta continuidad en la “estrategia” de combate al narcotráfico entre Calderón y Peña ha fortalecido a la delincuencia organizada y fomentado graves conflictos dentro de las comunidades. Y el cada vez más férreo control sobre los contenidos de los medios de comunicación, tanto electrónicos como impresos, cada día divide más a la sociedad entre quienes tienen acceso a la información verídica disponible en los medios alternativos y sociales y quienes se quedan atrapados por las mentiras de los medios tradicionales.
Esta polarización social paradójicamente refleja un desarrollo positivo en la coyuntura política. Hace un año, Calderón, Peña, Slim, Azcárraga, Madero, Beltrones, Ebrard, Mancera y Zambrano caminaban de la mano confiados en su control absoluto sobre la política nacional. El desgaste de #YoSoy132 junto con la cobarde represión policiaca habían mermado la fuerza de las movilizaciones juveniles y los políticos alistaban sus largos cuchillos para repartirse el pastel y los huesos de poder.
El “fast-track” a través del cual se aprobó la contra-reforma educativa ratificó la soberbia de los políticos. En tiempo record y casi sin debate alguno, la iniciativa de Peña Nieto presentada el 10 de diciembre fue aprobada por ambas cámaras en apenas 11 días. Seis semanas después, el 6 de febrero, la mayoría de los congresos estatales ya habían aprobado las reformas a los artículos 3 y 73 constitucional. Y el 25 de febrero de 2013 se publicó sin mayor contratiempo en el Diario Oficial de la Federación
Pero los políticos no habían ni siquiera deshojado sus margaritas para celebrar su hazaña cuando sobrevino la avalancha de protestas magisteriales que hizo añicos de la fantasía neoliberal de nuestro supuesto arribo a la “modernidad” democrática. Tal y como ocurrió con los jóvenes de #YoSoy132 durante la campaña presidencial de 2012, los maestros lograron romper el hechizo del poder omnímodo de los políticos y hacer presente la fuerza de la sociedad.
Hoy, el PRIANRD quiere repetir el albazo de diciembre, pero ahora con la contra-reforma energética. Una vez concluida las negociaciones con respecto a la reforma política-electoral, la clase política intentará aprovechar de las distracciones de la temporada navideña para imponer una reforma constitucional que condenaría el país al subdesarrollo y la más absoluta pobreza durante las próximas décadas.
Si bien es posible que los Senadores y los Diputados logren atrincherarse en las oficinas de Exxon-Mobil o Monex para levantar sus dedos en aprobación de los dictámenes correspondientes, será una tarea imposible convencer a la sociedad de las supuestas bondades de la reforma. La aprobación de la reforma constitucional por los congresos locales, la redacción de las leyes secundarias y la eventual asignación de los contratos a los saqueadores enfrentarán aguerridos cuestionamientos ciudadanos a cada paso. Recordemos, por ejemplo, que el mismo López Obrador forjó su presencia política nacional a raíz de la “toma” de pozos petroleros en Tabasco en 1996 en defensa de las demandas de los campesinos e indígenas de su estado.
Un nuevo albazo inevitablemente generará una respuesta ciudadana aún más contundente que la que tuvo la reforma educativa el año pasado. Fortalecería enormemente la posición del político tabasqueño y, aún más importante, generará cientos de nuevos liderazgos sociales en todo el país listos para encauzar la creciente indignación popular hacia la derrota histórica del autoritarismo renovado.
(Publicado en Revista Proceso No.1935)
"Populismo anti-revolucionario" (17 de noviembre de 2013)
El presidente del Teletón, Fernando Landeros, y el presidente de Televisa, Emilio Azcárraga.
Foto: Octavio Gómez/Proceos.com
Justicia para Luis Olivares Enríquez y libertad inmediata para todos los presos políticos de Guerrero.
Las acciones “populistas” son aquellas que a primera vista dan la impresión de ayudar a la población pero que a largo plazo lastiman profundamente a la sociedad. Estas políticas irresponsables y engañosas buscan el aplauso fácil en lugar de resolver los problemas de fondo. Tanto el "Buen Fin" como el "Teletón" cumplen cabalmente con esta caracterización.
El Buen Fin no busca ayudar a la economía popular sino facilitarles ganancias a las empresas monopólicas. Por ejemplo, muchos establecimientos prefieren ofrecer pagos “a plazos” en lugar de descuentos reales. Así, las grandes empresas pueden deshacerse más fácilmente de los inventarios acumulados a lo largo de este año de franco estancamiento económico. Y cuando sí se ofrecen descuentos reales, normalmente estos apenas emparejan los precios nacionales con lo que se cobra por exactamente los mismos productos en los Estados Unidos. Para realmente beneficiar al pueblo las ofertas tendrían que ser permanentes en lugar de temporales y al gusto de los oligarcas.
El Buen Fin también fomenta peligrosas prácticas de endeudamiento personal al estimular la utilización de las tarjetas de crédito. Y con el sorteo en el que la Secretaría de Hacienda “reembolsará” una pequeña cantidad a algunos tarjetahabientes el gobierno federal convierte la irresponsabilidad ciudadana en política pública. Asimismo, las ganancias para los bancos por concepto de intereses, cobros y comisiones en tarjetas de crédito durante los próximos meses constituirán una enorme recompensa para la oligarquía por su “generosa” participación en el programa. La casa nunca pierde.
En lugar de fomentar el consumo irresponsable, el gobierno tendría que controlar los abusos de las empresas monopólicas. Por ejemplo, habría que defender a los mercados populares y a los pequeños y medianos empresarios nacionales de las grandes tiendas departamentales transnacionales que incurren en prácticas laborales abusivas, corrompen autoridades, repatrian sus ganancias a sus matrices y contribuyen muy poco al fisco. Estrictos controles sobre los precios de productos de demanda generalizada también ayudarían a generar las condiciones para un “Buen año” para todos, en lugar de solamente un “Buen fin” para unos cuantos.
La prensa nacional ha informado que durante los últimos seis años el SAT ha condonado casi 74 mil millones de pesos a algunas de las empresas más grandes del país, incluyendo Televisa y Walmart, por concepto de “créditos fiscales”. A pesar de que el IFAI ha exigido en múltiples ocasiones al Servicio de Administración Tributaria dar a conocer toda la información sobre estos créditos, el gobierno federal, primero con Calderón y ahora con Peña Nieto, se ha negado rotundamente a divulgar los datos. Hoy las fuerzas de la oscuridad también cuentan con el apoyo de Gerardo Laveaga, Comisionado Presidente del IFAI, quien en la votación más reciente sobre el tema defendió con capa y espada los supuestos derechos de los empresarios más poderosos del país a mantener en secreto estas millonarias contribuciones recibidas de parte del gobierno en nombre de todos los mexicanos.
La oligarquía no descansa en su constante afán de expropiar los pocos ahorros de los dignos trabajadores, estudiantes y profesionistas del país. Apenas culmine el Buen Fin, iniciará el circo mediático del Teletón, que tendrá lugar los próximos 29 y 30 de noviembre. Esta iniciativa es igual de engañosa que la primera. Su principal propósito no es ayudar a los niños con dificultades, sino reducir la carga fiscal y mejorar la imagen pública de la televisora más abusiva del país. En lugar de donar a Emilio Azcárraga los pocos ahorros que pueden quedar después de los gastos del Buen Fin, habría que ahorrarlos para invertir en proyectos de autogestión familiar o comunitaria que beneficien a todos.
Sin duda existen muchos niños con grandes necesidades que deben ser atendidos. Pero no son los ciudadanos de a pie quienes tienen la obligación de resolver estos problemas con sus reducidos ingresos, sino el gobierno que supuestamente nos representa a todos. Las autoridades tendrían que eliminar la evasión fiscal, cancelar los paraísos fiscales y, en general, recaudar más impuestos a los grandes empresarios para poder cumplir con sus responsabilidades sociales mandatadas por la Constitución.
En lugar de distraernos con el circo mediático del Buen Fin y el Teletón, habría que inspirarnos con el digno legado de la Revolución Mexicana, cuyo inicio celebramos este 20 de noviembre. Hoy que la oligarquía cada día ingenia nuevas trampas para vaciar nuestros bolsillos, habría que buscar nuevas formas para seguir el digno ejemplo de grandes luchadores sociales como Emiliano Zapata y Pancho Villa a quienes debemos mucho más de lo que cualquiera nos imaginamos.
(Publicado en Revista Proceso, No.1933)
"El Rey Midas al revés" (3 de noviembre de 2013)
Fausto Vallejo, Gobernador de Michoacán//Foto: Enrique Castro, Proceso
El desastre de Michoacán y la nueva convocatoria para consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) constituyen dos caras de la misma moneda. Una clase política sorda y corrompida da la espalda a la sociedad y se encierra en su eterno juego de negociación de componendas e impunidades. El desmoronamiento de la institucionalidad en Michoacán es fiel espejo del fracaso del PRIANRD para conducir el país por el sendero de la paz y el desarrollo. Y la convocatoria para el IFE pinta de cuerpo entero el cinismo de un sistema político al que ya no le interesa ni siquiera fingir algún interés en la opinión ciudadana.
Los tres partidos más grandes han tenido cada uno su oportunidad para desplegar sus “estrategias” contra la inseguridad en Michoacán. Para el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el bello y dolido estado debió haber sido un sitio estratégico para demostrar que la alternancia significaría una transformación profunda en la gestión del poder. Como estado natal del fundador de ese partido, Cuauhtémoc Cárdenas, la entidad reviste especial importancia política. Y fue gobernado durante 12 años por dos personajes, Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, que surgieron de las mismas filas de este instituto político que se presenta como un partido de “izquierda”.
Para el Partido Acción Nacional (PAN), Michoacán fue la punta de lanza para la “guerra” de Felipe Calderón supuestamente en contra del crimen organizado. Allí inició el despliegue de tropas el 11 de diciembre de 2006. Pero a pesar del interés personal del ex-Presidente de la República en conquistar su entidad natal para su hermana y su partido, el gobierno federal nunca logró establecer el orden y la paz. Recordemos como el propio Calderón reconoció su fracaso al atribuir, cinco años después del inicio de su Operativo Conjunto Michoacán, la victoria de Fausto Vallejo como gobernador a la intervención de grupos vinculados con el narcotráfico.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) que hoy “gobierna” el Estado de Michoacán y el país entero es, desde luego, el principal responsable del caos actual. La situación en la entidad refleja con lujo de detalle el total fracaso de la “estrategia” de Enrique Peña Nieto contra la delincuencia organizada que consiste en administrar en lugar de resolver los verdaderos problemas así como de “pactar” el camino a la (in)gobernabilidad. La “guerra” de Peña ha resultado aún más dañina para el país que la de Calderón (mi análisis: http://ow.ly/qkBcX).
La explosión de violencia en Michoacán constituye entonces un claro botón de muestra de la fallida transición política. Tienen razón quienes abogan por no “politizar” la crisis en la entidad. En lugar de minimizar el problema atribuyendo culpas a uno u otro gobernante o partido, habría que asumir la dura realidad de que la responsabilidad la tiene la clase política en su totalidad. Una perspectiva similar también se debe aplicar para extraer lecciones del desastre en Guerrero a raíz del huracán Manuel (mi análisis: http://ow.ly/qkzUh).
La nueva convocatoria para consejeros del IFE (disponible aquí: http://ow.ly/qkDEK) también exhibe de manera elocuente el cinismo y la carencia de valores democráticos de los políticos. Una de las pocas concesiones simbólicas que los diputados y los senadores otorgaron de último momento a la sociedad civil durante las negociaciones de la reforma electoral de 2007-2008 fue la inclusión, en el artículo 41 de la Constitución, del requisito de realizar “una amplia consulta a la sociedad” durante el proceso de selección de nuevos consejeros electorales. El propósito era recuperar el carácter “ciudadano” del órgano electoral al permitir una intervención directa de la sociedad tanto en la nominación como en la auscultación de los candidatos. Si bien la decisión final se mantuvo como coto exclusivo de los partidos políticos, la idea era contar con una etapa previa más abierta que ayudaría a legitimar y a transparentar el proceso.
Hoy esta pequeña ventana, que en los hechos resultó ser una absoluta simulación, se cierra completamente. La “amplia consulta” ya no será un proceso abierto en que la sociedad propone y revisa la idoneidad de los candidatos, sino algo que llevarán a cabo cada uno de los partidos en total sigilo. Estrictamente hablando ni siquiera habrá “aspirantes”, ya que, con la actual redacción de la convocatoria, solamente una persona totalmente desubicada presentaría su candidatura de manera independiente. Únicamente participarán candidatos “invitados” de manera personal a razón de su cercanía con alguna de las fracciones partidistas.
Y estos invitados no tendrán que someterse a una evaluación de sus conocimientos o siquiera participar en una comparecencia pública. Cada partido simplemente remitirá su lista de amigos a uno de los órganos más opacos de la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política, para su procesamiento. Allí la negociación y el intercambio de favores se llevarán a cabo en total oscuridad para que, después de un tiempo no especificado, emerja “humo blanco” de San Lázaro con los nombres de los nuevos corruptores de la democracia mexicana.
En suma, así como los funcionarios públicos corruptos prefieren el socorrido método de la “invitación restringida”, a tres o cuatro proveedores amigos, a las “licitaciones públicas” abiertas a la sociedad en su conjunto, hoy los diputados también han elegido un procedimiento que garantiza la integración de un Consejo General a modo, complaciente tanto con la clase política como con los poderes fácticos y la dictadura mediática.
Ello garantizará que el IFE, o el Instituto Nacional Electoral que lo reemplace, termine igual de inservible y deslegitimado como hoy yace el gobierno de Michoacán. Como un Rey Midas al revés, todo lo tocado por nuestros partidos políticos se echa a perder. La buena noticia es que la sociedad mexicana cada día se vuelve más consciente, crítica y participativa. Más temprano que tarde, surgirán nuevos movimientos y liderazgos que logren canalizar por la vía pacífica el profundo hartazgo social que hoy hierve a lo largo y ancho del país.
(Publicado en Revista Proceso, No.1931)
"Modernidad revolucionaria" (Debate con Enrique Krauze (1ra entrega), 29 de septiembre de 2013)
Yerra Enrique Krauze al equiparar el nacionalismo revolucionario mexicano con un “trauma” y señalar que los opositores a la reforma energética de Enrique Peña Nieto desean un México “preso en los mitos de su historia, ajeno a la racionalidad económica [e] indiferente a las realidades del siglo XXI” (véase: http://ow.ly/pfoCB). También se equivoca el historiador cuando critica la supuesta “imprudencia” de quienes “se amparan en un dogma nacionalista como si el reloj se hubiera detenido en 1938” (véase: http://ow.ly/pfoO0).
Los calificativos de “imprudentes” y “traumados” describen mejor a quienes porfían en “mover a México” de regreso a un contexto de total desregulación económica, postración internacional y abuso de poder propios de la larga noche porfirista, no a quienes buscamos un futuro que valore y se enorgullezca de la historia mexicana plena de luchas sociales y conquistas populares de avanzada.
México destaca al nivel internacional como un país forjado desde abajo con una tradición larga y perdurable en pos de una verdadera modernidad igualitaria. Hoy son más relevantes que nunca las ideas presentes en “Los Sentimientos de la Nación” de José María Morelos y Pavón, el “Plan de Ayala” de Emiliano Zapata, el Decreto de Expropiación Petrolera de Lázaro Cárdenas, la Primera Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la lucha por la transparencia electoral de Andrés Manuel López Obrador, entre otras gestas sociales históricas. La abolición de condiciones laborales esclavizadoras, el repudio a la concentración de la riqueza nacional, la defensa de la soberanía nacional, la recuperación de la dignidad indígena y el combate del fraude electoral, son todas demandas modernas e impostergables.
En un contexto global de cada vez mayor desigualdad, belicismo imperial y protestas sociales, urge avanzar en la construcción de nuevas utopías que puedan dar sentido y dirección a las luchas ciudadanas del siglo XXI. Afortunadamente, para abonar en este sentido los mexicanos no necesitamos ni de rebuscadas teorías ni de autores extranjeros, ya que basta y sobra con los visionarios principios e ideales de nuestra propia Constitución. Urge desterrar el criollismo y malinchismo intelectual que tanto daño ha hecho al país.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) de 1917 fue la primera en el mundo en codificar la obligación del Estado de tutelar derechos sociales básicos como la educación, la tierra, el trabajo y la salud. Debido al ejemplo y la valentía del ala agrarista de la Revolución, el Congreso Constituyente logró revertir el proyecto conservador originalmente presentado por el “Primer Jefe” Venustiano Carranza.
Gracias a esta victoria popular, la constitución llegó a ser uno de los documentos jurídicos más avanzados de su tiempo. Y hoy, ante el embate empresarial global en contra de los vestigios del estado de bienestar y del socialismo realmente existente, esta misma constitución vuelve a emerger como un estandarte estratégico en la lucha internacional por defender los derechos del pueblo de la voracidad de la plutocracia transnacional y la oligarquía nacional.
El artículo 4 de la CPEUM hoy señala que “toda persona” cuenta con derecho a una “alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”, a “un medio ambiente sano”, a “la protección de la salud”, y al “agua en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”. El mismo artículo también indica que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa”.
El artículo 123 dice que “toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil”. El artículo 3 señala que la educación pública será “democrática” y “nacional” y que “luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”. Y el artículo 6 indica que “toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”.
El artículo 27 constituye el alma de la arquitectura constitucional. Desde su primera frase rechaza la idea liberal de la naturaleza originaria de la propiedad privada: “La propiedad de las tierras y aguas…corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada”.
Esta visión profundamente democrática y popular permea todo el texto del artículo 27. Allí se le dota a la Nación de la facultad de expropiar cuando exista alguna “causa de utilidad pública” así como de “imponer a la propiedad privada en todo tiempo las modalidades que dicte el interés público”. También se mandata la “distribución equitativa de la riqueza pública” y se incluyen limitaciones específicas sobre la acumulación de la propiedad. Con respecto a los recursos naturales, la nación desde luego cuenta con el dominio “directo”, “inalienable” e “imprescriptible” de todos los recursos naturales y, en particular, “el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos”.
El Estado mexicano entonces cuenta con la obligación de garantizar a absolutamente todos los ciudadanos, y en condiciones igualitarias, el acceso a techo, tierra, trabajo, salud, alimentación, agua, cultura, medio ambiente y educación. El nuevo proyecto revolucionario del siglo XXI ya está escrito. Solamente falta que el pueblo se lo exija a sus autoridades.
Es cierto que, de acuerdo con la perspectiva estadounidense, todo “nacionalismo” extranjero sería negativo. Es lógico que al imperio le desagraden los obstáculos a su permanente expansión. Pero el nacionalismo México no solamente es necesario para defenderse de la voracidad del poderoso vecino del norte, sino que es también un nacionalismo profundamente incluyente, democrático y popular, como acertadamente lo entendía Daniel Cosío Villegas. Si se insiste en recurrir a autores extranjeros, sería Benedict Anderson, no George Orwell, cuya obra permitiría el correcto entendimiento del excepcional nacionalismo mexicano.
No es un supuesto “complejo de inferioridad”, como señala Krauze, lo que detiene a México, sino el malinchismo y elitismo de los intelectuales orgánicos del régimen que insisten en buscar fuera las soluciones a los grandes problemas nacionales. Sería un acto de suicidio nacional cifrar nuestras esperanzas en Halliburton y Exxon-Mobil para sacar al país de su naufragio. El camino a la renovación nacional no se encuentra en la consolidación del trasnochado proyecto neoliberal sino en la articulación de un nuevo movimiento nacional de maestros, jóvenes, mujeres, profesionistas, campesinos y trabajadores en defensa del patrimonio nacional y a favor de la justicia social dentro del marco de un renovado nacionalismo revolucionario.
SEGUNDA ENTREGA DEL DEBATE DISPONIBLE AQUÍ
"Soberbia Chilanga" (22 de septiembre de 2013)
Protesta en contra de la reforma educativa/Foto: Proceso.com
A pesar de los maltratos recibidos de parte de autoridades y medios capitalinos, la estadía de la CNTE en la Ciudad de México ha sido exitosa. Su valiente lucha permitió que millones de personas descubrieran las grandes mentiras de la contra-reforma educativa impuesta por Enrique Peña Nieto y el Pacto por México. Los maestros lograron subir el costo político de la reforma para el PRIANRD al tiempo que aprovecharon su estancia para tejer enlaces y alianzas estratégicas con otros sectores sociales, como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y los estudiantes universitarios. Todo ello abona el terreno tanto para la resistencia popular a la privatización de la industria petrolera como para el surgimiento de nuevos liderazgos políticos en los próximos años.
A la movilización de los maestros, se debe el que los diputados tuvieran que exhibir sus verdaderos compromisos y alianzas con la oligarquía nacional al atrincherarse en el Centro Banamex para aprobar la reforma educativa. A la valentía de los profesores, se debe la revelación del talante profundamente autoritario de Miguel Ángel Mancera, quien cedió el Zócalo a la Policía Federal para el violento desalojo el pasado 13 de septiembre. Al ejemplo de la CNTE, se debe la rearticulación y fortalecimiento del movimiento estudiantil nacional y su lucha a favor de un sistema educativo humanista, democrático y de verdadera calidad.
Cual territorio consciente y progresista, la Ciudad de México tuvo que haber recibido a los maestros con los brazos abiertos. Tanto las autoridades como la población tendrían que haber celebrado la visita y tratado a los profesores con la misma hospitalidad que ellos ofrecen a quienes visitamos sus cálidos, bellos y nobles pueblos en Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas.
Muchos capitalinos en efecto se han portado a la altura de las circunstancias: han donado víveres, participado en marchas y se han documentado sobre la reforma educativa. Pero muchos otros han exhibido la típica soberbia “chilanga” hacia “los provincianos” por la cual los habitantes del Distrito Federal son tan conocidos y rechazados a lo largo y ancho del país. Más allá de los legítimos debates que existen con respecto a los métodos de lucha y las tácticas de protesta de la CNTE, el respeto y la consideración hacia el otro siempre debería ser el punto de partida.
Pero aún con el terrible maltrato, olvido y represión a los cuales los maestros han sido sometidos, ellos se mantienen firmes y decididos para seguir luchando por sus derechos. Merecen el apoyo social porque representan lo mejor que tenemos en México. Son profesionistas que han tomado la generosa decisión de dedicar sus vidas a la formación y la educación de nuestros hijos y merecen ser reconocidos por su labor.
En momentos álgidos como el actual florecen, sin embargo, las contradicciones sociales. Un amplio sector de la población que en su momento apoyó la lucha de Javier Sicilia y el Movimiento por la Paz en defensa de las víctimas de la “guerra” de Felipe Calderón, regatea hoy su apoyo para las víctimas de las contra-reformas de Peña Nieto. Y muchos ciudadanos que participan con gusto en el acopio de víveres para los damnificados de los huracanes “Manuel” e “Ingrid”, se niegan a ser solidarios con los maestros acampados en la intemperie del Monumento a la Revolución.
También llaman la atención aquellas voces que agriamente se quejan de la supuesta “apatía” del pueblo mexicano, pero que hoy descalifican las importantes acciones de protesta que ocurren todos los días frente a sus ojos porque generan “molestias” en su vida personal. Llaman la atención quienes cuestionan la labor de “comunicación” de los maestros con “la opinión pública” y “las clases medias” y simultáneamente hacen todo lo posible para ningunear y descalificar las legítimas demandas de los profesores. Llaman la atención quienes aplauden cuando los policías cierran calles y detienen arbitrariamente a ciudadanos inocentes, pero abuchean a los mexicanos pacíficos que aunque ocupan espacios públicos no impiden el libre tránsito de personas sino sólo de automóviles.
Lo que más asusta a un gobierno autoritario es la unificación de luchas disímiles en causas comunes. Para los políticos habría que mantener a cada grupo ciudadano dividido internamente, separado de los demás y enfocado en demandas específicas o locales. La unión de los capitalinos con los campesinos, de los estudiantes con los maestros, de los jóvenes con los adultos mayores, de los indígenas con los mestizos y de las víctimas de la “guerra contra el narco” con las del neoliberalismo, constituiría una formidable fuerza social que lentamente podría ir transformando el país de un territorio donde reina la impunidad y la injusticia a otro dónde predomine la paz y el desarrollo.
Peña Nieto se siente vulnerable, acorralado por un mar de jóvenes, mujeres y hombres defeños conscientes y progresistas que rodean los poderes federales que tienen su sede en la Ciudad de México. Al dejarse llevar por la campaña de linchamiento en contra de la CNTE, los capitalinos caen en el eterno juego del poder, el “divide y vencerás”, al que falsamente apuesta el régimen autoritario. Defendamos la capital de este sucio y viejo truco del nuevo inquilino de Los Pinos que apuesta todo al espejismo de esta falsa “soberbia chilanga”. Unamos esfuerzos con todos los ciudadanos dignos del país, y del mundo, que se atreven a levantar su mirada y su voz para desenmascarar un sistema de dominación fundado en el abuso del poder y la traición al prójimo.
Etiquetas: Educación, Reforma del Estado, Revista Proceso, sociedad civil
"¿Privatizar o expropiar?" (8 de septiembre de 2013)
Presidente Lázaro Cárdenas del Río
Si se trata de “utilizar los instrumentos legales” del Presidente Lázaro Cárdenas del Río, como señala Enrique Peña Nieto en su iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales, habría que recurrir en primer lugar a la Ley de Expropiación (véase: http://ow.ly/oaegO). Esta norma fue impulsada y firmada por Cárdenas durante los primeros años de su administración y extensamente utilizada a lo largo de su sexenio.
Su valiente aplicación de esta ley permitió la consolidación institucional del Estado mexicano al demostrar que los compromisos sociales plasmados en la Constitución de 1917 no estarían destinados a quedar en letra muerta. Sin la masiva expropiación y reparto de las tierras de las haciendas así como la expropiación y nacionalización del petróleo, México posteriormente hubiera sufrido décadas de inestabilidad y hoy sin duda estaríamos en una situación política, económica y social aún más problemática.
La reforma al artículo 27 constitucional firmada por Cárdenas, que cita Peña Nieto en su iniciativa, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de noviembre de 1940, apenas tres semanas antes de que el ex-presidente abandonara su cargo. Fue un acto posterior que buscó consolidar las bases legales para el Decreto Expropiatorio emitido el 18 de marzo de 1938, en que se nacionalizó la industria petrolera (véase: http://ow.ly/oadEl). El propósito de la reforma constitucional no fue abrir la industria a la iniciativa privada y mucho menos darle mayores facilidades a las empresas transnacionales, como tramposamente sugiere el presidente actual, sino cerrarle el camino precisamente a estos intereses.
La principal novedad del nuevo párrafo sexto del artículo 27 constitucional impulsado por Cárdenas fue la prohibición explícita del otorgamiento de concesiones a particulares en materia de petróleo y otros hidrocarburos (véase: http://ow.ly/oagVh). Los redactores de la versión original del artículo 27 ingenuamente habían dejado fuera este importante candado, lo cual llevó al abuso inaceptable de poder de parte de las petroleras extranjeras. Cárdenas rectificó este error al eliminar de la Carta Magna cualquier posibilidad de concesiones en la materia. Y por si hubiera alguna duda, también se incluyó la mención de que “el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible” en materia de petróleo, minerales, aguas y otros recursos estratégicos.
Pero el principal “instrumento legal” de Cárdenas no fue esta tardía reforma constitucional sino la Ley de Expropiación. Ante el desconocimiento de las petroleras transnacionales tanto de los derechos laborales de sus trabajadores como de la autoridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Cárdenas tomó la valiente decisión de recurrir a esta ley publicada el 25 de noviembre de 1936 que explícitamente faculta al gobierno a expropiar bienes si tal acción sirve al interés público. Si no hubiera tomado esta acción, muy difícilmente contaríamos hoy con importantes instituciones públicas financiadas desde los ingresos petroleros como la UNAM, IPN, IFE, TEPJF, IFAI, CNDH, IMSS, ISSSTE y el sistema de educación pública nacional.
Cárdenas también utilizó la Ley de Expropiación para implementar el mayor reparto agrario en la historia de México. Así se pudieron satisfacer en parte las demandas de los cientos de miles campesinos que habían sacrificado sus vidas en defensa de sus tierras durante la Revolución Mexicana. Durante el sexenio de Cárdenas se repartieron aproximadamente 18 millones de hectáreas a las comunidades y a los ejidos. Cárdenas incluso frecuentemente respaldó directamente la acción de las “autodefensas” campesinas de aquel momento cuando recuperaban con armas las tierras que les correspondían. Es notorio el contraste con las acciones del gobierno actual.
Sin las acciones de justicia social del reparto agrario y la expropiación petrolera, hubiera sido imposible pacificar al campo mexicano, construir instituciones públicas y consolidar a México como un solo Estado-Nación. Sin Cárdenas, México muy probablemente hubiera sido consumido por una larga guerra civil y constantes golpes militares, tal y como ocurrió en casi todos los países de América Latina a lo largo del siglo XX.
La propuesta de Peña Nieto de regresar la industria petrolera a las mismas empresas que fueron expropiadas en 1938 pone en riesgo mucho más que solamente los ingresos fiscales. Al afectar integralmente la estructura institucional y el pacto social que funda el Estado mexicano moderno genera condiciones para un nuevo estallido ciudadano. Peña Nieto tiene razón en señalar que Cárdenas fue un presidente “pragmático”, “modernizador” y “visionario”. En donde se equivoca es en querer equiparase a él. En comparación con Cárdenas, el actual presidente sería más bien un “ideólogo”, “reaccionario” y de “cortas miras”.
La mejor manera de seguir el legado de Cárdenas no es con la reversión de sus expropiaciones sino con una renovada aplicación de su Ley de Expropiación, todavía hoy plenamente vigente. La ley explícitamente faculta al Ejecutivo Federal a tomar control sobre los bienes de los particulares, para su posterior reparto o nacionalización, cuando existan “causas de utilidad pública”. Por ejemplo, la fracción VIII de la ley indica que una causa legitima sería para garantizar “la equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada con ventaja exclusiva de una o varias personas y con perjuicio de la colectividad en general, o de una clase en particular”.
Sería difícil encontrar una mejor descripción de nuestra realidad actual. Hoy en México existen problemas generalizados con respecto a la distribución inequitativa de la riqueza, la monopolización de la producción, así como un abuso sistemático a la sociedad y la clase trabajadora por los poderes fácticos. Un gobierno verdaderamente democrático utilizaría los formidables poderes del Estado mexicano para redistribuir la riqueza nacional, acabar con los monopolios y garantizar el bienestar de todos los trabajadores, profesionistas, indígenas, jóvenes, mujeres y niños del país.
Peña Nieto busca expropiar el legado de Cárdenas para su beneficio personal y el de sus socios. Pero el pueblo digno y consciente tendría que rechazar este acto de cinismo y trabajar arduamente, y de manera pacífica aunque no necesariamente por la vía electoral, para generar las condiciones para que próximamente pueda ocupar la silla presidencial alguien realmente digno del formidable legado del General Cárdenas.
En su columna para Proceso 1917 (“Guerra” indiscriminada, 28 de julio de 2013), John Ackerman me degüella (metafóricamente) ante la opinión pública basándose en una lectura apresurada de mi texto para Reforma titulado "La inteligencia" (24 de julio de 2013).
Asegura que estoy entre los que celebran “los autoelogios de Peña Nieto con respecto a su ‘nueva’ estrategia, supuestamente basada en la ‘inteligencia’ criminal”.
Ni en ese texto ni en ningún otro escrito o comentario he celebrado la “‘nueva’ estrategia” del gobierno de Enrique Peña Nieto por una razón bastante elemental: la desconozco. Por el contrario, he criticado en diversas ocasiones la ausencia de un plan maestro e integral para combatir al crimen organizado. Mis reflexiones no fueron sobre la estrategia, sino sobre los usos de la inteligencia en las guerras, y aseguré, eso sí, que la detención del Z-40 es otro indicio de que va mejorando la inteligencia de la Marina y de las Fuerzas Armadas.
Siempre he respetado y disfrutado la enjundia que John pone a sus textos. En este caso su pasión lo hizo desdeñar el rigor en el análisis y la precisión en el uso de la información.
A pocas horas de que ocurriera la oprobiosa masacre de un grupo de ciudadanos que protestaban a favor de la paz en Los Reyes, Michoacán, Sergio Aguayo escribió una columna llamada “La inteligencia” dónde señala que “se justifica el autoelogio lanzado por el presidente Enrique Peña Nieto” ya que “en efecto, la inteligencia tiene cualidades terapéuticas: es un elíxir ideal para entender lo que está pasando y para el diseño de estrategias bien enganchadas con la realidad”. En lugar de solidarse con las víctimas de la “guerra” de Peña Nieto, el analista avala la narrativa del nuevo presidente con respecto a su supuestamente “inteligente” estrategia contra el crimen organizado a raíz de la nada novedosa detención de otro líder de una banda criminal. El analista también complementa este juicio con un sorprendente e inmerecido reconocimiento a la “bravura”, “valentía” y “determinación” de Felipe Calderón en su lucha contra la inseguridad.
Señalar mi disenso absoluto frente a tales juicios, elogios y autoelogios no implica un ataque personal al distinguido columnista, y mucho menos un “degollamiento metafórico”, sino una invitación a debatir seriamente el total fracaso de los últimos dos gobiernos federales para resolver los problemas de fondo que generan la violencia y la inseguridad. Pero en lugar de responder a los argumentos que desarrollo en mi columna con respecto al acoso sistemático a los disidentes políticos y la total exclusión de la sociedad civil que caracterizan la “estrategia” de Peña Nieto así como la esperanza que implica el surgimiento de algunos de los grupos de autodefensa comunitaria, Aguayo prefiere personalizar el debate y declararse víctima de un ataque público.
Habría que recordarle al columnista que las verdaderas víctimas son otras y lo que se encuentra en juego es mucho más importante que la reputación o el prestigio de uno u otro comentarista. Líderes de opinión como Aguayo le hacen un flaco favor a su propia causa de la “sociedad civil” aplaudiendo a un Presidente de la República que ha evidenciado una y otra vez su total desdén para las formas democráticas de ejercicio del poder. Ojalá el Dr. Aguayo rectifique y dirija su mirada de nuevo hacia la sociedad en lugar de al gobierno y el poder.
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