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Timestamp: 2018-06-21 12:22:36+00:00

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Desempeño de Tribunales | Lex Mercatoria
Category Archives: Desempeño de Tribunales
Blawg, Desempeño de Tribunales, Economía del Sistema de Justicia
Leí con mucho interés las declaraciones recientes del señor Rafael Paz Familia, director del Consejo Nacional de Competitividad, relacionadas con un análisis presupuestario de los recursos asignados al Poder Judicial entre 2006-2018.
Este breve artículo busca aportar datos técnicos al debate, de forma objetiva y crítica. No debe interpretarse como una apología a favor del Poder Judicial – pero tampoco como un intento de denostar el análisis publicado por el Consejo Nacional de Competitividad (en lo adelante, el “Análisis del CNC”). No obstante, la importancia del debate y la difusión que ha tenido el Análisis del CNC motivan una discusión crítica respecto de algunas de sus conclusiones principales.
Este artículo presenta datos que evidencian que – contrario a lo que indica el Análisis del CNC – efectivamente, el presupuesto real per cápita asignado al Poder Judicial disminuyó considerablemente entre 2006-2015. A modo de reflexión, el artículo también aporta algunas variables – omitidas por el Análisis del CNC– que necesariamente deben tomarse en cuenta cuando se analiza el gasto público del Poder Judicial, y el desempeño del sistema de justicia de la República Dominicana durante las últimas décadas.
El Análisis del CNC debería tomar en cuenta cómo la inflación del período presentado impactó las asignaciones presupuestarias anuales del Poder Judicial. En términos sencillos, la inflación no es más que el aumento sostenido y generalizado de los precios durante un período.
En 2006, se podían adquirir más bienes y servicios con cien pesos (DOP 100), que lo que se pueden adquirir con la misma cantidad hoy. Es decir, que DOP 100 en 2006 rendían más que DOP 100 en 2018.
Lo mismo ocurre con las asignaciones presupuestarias anuales del Poder Judicial. Aunque nominalmente las asignaciones presupuestarias del Poder Judicial han aumentado paulatinamente entre 2006-2018, hay que tomar en cuenta la inflación del período. Esto implica realizar lo que los economistas llaman estimar el valor real de las asignaciones, o ajustarlas por inflación. En otras palabras, tratar de comparar a cuánto equivalen los presupuestos anuales del Poder Judicial (2006-2017), de cara al presupuesto de 2018.
Los presupuestos anuales asignados al Poder Judicial ­se deben ajustar por inflación tomando los datos publicados por el Banco Central de la República Dominicana. También es útil combinar estos valores ajustados con las estadísticas sobre población dominicana publicadas por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), para obtener el gasto real per cápita del Poder Judicial entre 2006-2018.
El historial presupuestario real per cápita del Poder Judicial (2006-2018) se esclarece, tal y como evidencia la Gráfica 1.
En la Gráfica 1 se aprecia que para el año 2006, el gasto público real per cápita del Poder Judicial era de aproximadamente DOP 593.67. El nivel de gasto fue declinando a partir del presupuesto de 2007, alcanzando su nadir en el año 2012 cuando el Poder Judicial recibió tan sólo DOP 442.98 por cada dominicano (ajustado por inflación).
Lo anterior representa una reducción de un 25.28% en la asignación presupuestaria real per cápita del Poder Judicial entre 2006 y 2012. Esto a pesar de que en términos nominales el presupuesto del Poder Judicial en el año 2012 fue 13.95% mayor que el presupuesto asignado en el año 2006. En otras palabras, aunque con el paso de los años el Poder Judicial recibía un mayor presupuesto nominal, ese dinero rendía cada vez menos.
Durante el año 2013, la tendencia presupuestaria a la baja del Poder Judicial se revierte ligeramente – pero nótese que todavía para el año 2015 el Poder Judicial no recibía un presupuesto per cápita superior a los niveles reales de 2006. Es decir, no había superado el umbral de gasto de DOP 600 pesos por cabeza. Es apenas a partir de 2016 que se establece una modesta tendencia al alza en las asignaciones presupuestarias del Poder Judicial.
Todo esto contrasta con la visión presentada por el Análisis del CNC, que no toma en cuenta las variaciones de precios (inflación), ni la población de la República Dominicana. Es debatible concluir que para el Poder Judicial en “2018 se presupuestó más del 100% de lo presupuestado en 2012”, si estas medidas no se ajustan por inflación, ni tampoco toman en cuenta la carga de trabajo, los asuntos pendientes y la demanda (entrada de asuntos) del sistema judicial.
Es cierto que los problemas del Poder Judicial – ni los de cualquier otra institución – necesariamente se resuelven con más presupuesto. Pero también es cierto de la función de producción del Poder Judicial necesariamente incluye los recursos presupuestarios asignados, en asociación con otras variables como la carga de trabajo, la congestión (pendencia), el tiempo de disposición de los asuntos, la demanda de los tribunales (entrada de asuntos), los recursos humanos y los medios disponibles para producir, etc.
La Década Financiera Perdida del Poder Judicial
Queda claro que entre 2006-2015 hubo una especie de “década perdida” del gasto público dedicado al Poder Judicial. La Gráfica 2 presenta esto, al comparar la evolución presupuestaria nominal del Poder Judicial entre 2006 y 2015, con los mismos datos ajustados por inflación. La línea negra discontinua – visiblemente en declive – representa una especie de “década perdida” – que, a pesar de repuntar en 2012 – hasta el año 2014, no superó los niveles reales de 2006.
Aquellos polvos traen estos lodos. La década perdida tuvo consecuencias para el Poder Judicial y para todo el sistema de justicia – efectos que son difíciles de corregir en un corto plazo. Tomando prestado el concepto de deuda técnica del mundo de la programación informática, ciertamente existe una “deuda presupuestaria heredada” con el Poder Judicial y con el resto del sistema de justicia (algo que estaré explicando en otra entrada futura).
Un Poder Judicial sistemáticamente desprovisto durante casi una década no se recupera en un par de años. Enmendar el costo heredado por una insuficiencia financiera requiere de esfuerzos y recursos adicionales. Particularmente, cuando se considera que durante dicho período otros factores importantes iban en aumento: crimen y violencia, litigiosidad, entrada de asuntos a los tribunales, población penitenciaria, congestión y dilación en los tribunales, etc.
Todo esto sin tomar en cuenta cómo se comportó el gasto en seguridad y justicia, ni encarar las preguntas distributivas que surgen a partir de las reformas: procesal penal, penitenciaria (inconclusa), del ministerio público, constitucional y superior electoral, y de defensa pública. Estas reformas han implicado desembolsos significativos del erario.
Sin olvidar que, entre 2006-2012, los comensales en la mesa de seguridad y justicia han aumentado, y el bizcocho presupuestario se ha ido achicando – sobre todo en detrimento de la porción que corresponde al Poder Judicial.
El Poder Judicial necesita recursos
A modo de conclusión, para analizar las asignaciones presupuestarias del Poder Judicial, resulta necesario tomar los valores reales – no sólo nominales – dedicados a dicha institución durante los últimos años.
Cuando se analiza el gasto público per cápita del Poder Judicial, ajustado por inflación, se aprecia cómo las asignaciones fueron reduciendo entre 2006 y 2012. No es hasta el presupuesto del año 2016 que los niveles de gasto público per cápita para el Poder Judicial superan umbral de aproximadamente DOP 600 por cabeza, que existían en el año 2006.
Esta carestía generó una especie de “década financiera perdida” para el Poder Judicial, entre 2006-2016. Se requieren recursos y esfuerzos para revertir la “deuda financiera” heredada de dicho período.
Ciertamente, los problemas y males cualitativos del sistema de justicia – y del Poder Judicial, no se resolverán singularmente con más recursos. No obstante, las asignaciones presupuestarias son importantes para asegurar que el Poder Judicial cuente con los medios para mejorar su tasa de resolución, reducir la mora judicial, mantener y atraer buenos recursos humanos, y desempeñar sus funciones dignamente y con calidad.
Tagged Consejo Nacional de Competitividad, Poder Judicial, Presupuesto General del Estado
Blawg, Desempeño de Tribunales
¿CÓMO SE ESTÁ DESEMPEÑANDO EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DOMINICANO?
Por Enmanuel Cedeño-Brea
@enmanuelcedenob
Hace algunos años coincidí en un restaurante de Buenos Aires con un dirigente de la sociedad civil que señalaba, indignado, que cada sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana (el “TCRD”) publicada durante el año 2012, había costado en promedio DOP 3.8 millones. Calmadamente, esperé que terminara su exposición y objeté su método de cálculo, argumentando que el desempeño de los tribunales no se debe medir de esa manera (dividiendo el presupuesto de un año, entre el número de sentencias emitidas). Mucho menos, en el caso de un TCRD incipiente que a pesar de los recursos que recibe del presupuesto general de la nación, todavía lucha – al igual que las instancias del Poder Judicial – con serias restricciones y limitaciones presupuestarias.
Entonces, ¿cómo se puede medir el desempeño del TCRD? A continuación presento un análisis positivo, sucinto y básico del desempeño del TCRD. El análisis se basa en algunos parámetros ampliamente utilizados para medir y comparar el desempeño de tribunales y otros órganos jurisdiccionales (ver: Dakolias 1999, Buscaglia y Dakolias 1999, Mora-Sanguinetti et al. 2015). El análisis no incluye juicios de valor respecto del desempeño del TCRD.
El TCRD quedó consagrado en la Constitución Dominicana de 2010. El TCRD está integrado por 13 jueces (Art. 186 de la Constitución). Los jueces actuales se juramentaron el 27 de diciembre de 2011. El tribunal inició formalmente sus funciones a partir de enero de 2012. El análisis que se realiza a continuación cubre el período entre el 1ero de enero de 2012 y el 30 de junio de 2016. Los datos que sirven de insumo para este resumen están disponibles en el portal del TCRD (<https://www.tribunalconstitucional.gob.do/Estadisticas-Institucionales&gt;).
Como nota preliminar hay que decir que analizar el desempeño de los órganos que participan del presupuesto nacional es una práctica sana de buena administración de fondos públicos. Cada año, las distintas instituciones y los órganos jurisdiccionales compiten por recursos para ofrecer múltiples servicios a la población y cumplir con las funciones del Estado Dominicano. Los contribuyentes y usuarios ameritan información sobre el desempeño de las instituciones para tener una idea de cómo se desenvuelve cada una, y también para sopesar los costos de oportunidad que implican distintas asignaciones de fondos públicos. Los recursos públicos son limitados. Cada peso que se asigna al presupuesto de cualquier institución o ministerio, es un peso menos que pudo haberse dedicado al Poder Judicial, a la educación, al sector salud, etc.
Resumen de los Datos y Demanda del TCRD
Las Tablas 1 y 2 presentan un resumen de los principales indicadores tomados en cuenta para elaborar este análisis.
La segunda columna (2) de la Tabla 1 presenta la cantidad de expedientes que entraron al TCRD durante cada año analizado. Esto constituye la demanda de los servicios y de las funciones jurisdiccionales del TCRD.
La tercera columna (3) de la Tabla 1 muestra la cantidad anual de expedientes que salen del TCRD (casos fallados o sentencias). Se puede apreciar en la Grafica 1 que anualmente, al TCRD entran una mayor cantidad de expedientes que las sentencias que salen. Esto permite calcular algunos indicadores interesantes, como las tasas de resolución (clearance rates, en inglés) y la tasa de congestión del TCRD.
DEMANDA Y TASAS DE RESOLUCIÓN DEL TCRD
Enero 2012 al 30 de Junio de 2016
(Fuente: Boletín de Estadística Institucional al 30/06/2016)
INGRESO DE EXPEDIENTES (3)
SALIDA DE EXPEDIENTES (4)
CLEARANCE RATE (anual)
CLEARANCE RATE (Tomando en Cuenta Retraso)
2012 630 105 17% 17%
2013 709 290 41% 24%
2014 807 407 50% 33%
2015 795 626 79% 52%
2016* 434 270 62% 45%
TOTAL 3375 1698 50% —
Tasa de Resolución de Expedientes
La tasa de resolución de expedientes (clearance rate) mide la cantidad de casos que un tribunal resuelve como porcentaje de la cantidad de expedientes que recibe o están pendientes de resolución, dentro de un período específico. En la Tabla 1 se han incluido dos medidas: la tasa de resolución anual (columna 4) y la tasa de resolución tomando en cuenta los expedientes acumulados en años anteriores (columna 5).
Ambas tasas de resolución se presentan aquí como porcentajes. Para cualquier tribunal, una tasa de resolución anual menor que 100% implica que cada año se van acumulando expedientes pendientes de fallo. Una tasa anual mayor al 100% implica que un tribunal también está fallando expedientes retrasados y que eventualmente, podría llegar a ponerse “al día” con todos los casos que tiene pendientes.
En el caso concreto del TCRD, se puede apreciar que ambas tasas de resolución están por debajo del 100%. La tasa anual de resolución (Tabla 1, columna 4) indica la cantidad de expedientes fallados como proporción del total de nuevos expedientes que entraron al tribunal en cada año específico. La tasa de resolución tomando en cuenta retraso (Tabla 1, columna 5) mide la cantidad de sentencias emitidas por el TCRD tomando en cuenta –además de los expedientes que entran en un año específico – aquellos casos que quedaron pendientes del año inmediatamente anterior.
La Gráfica 2 presenta ambas tasas de resolución. Como se puede apreciar de los datos, el 2015 fue el año de mejor desempeño anual y acumulado de resolución del TCRD, durante el período de análisis. En el año 2015 la tasa anual de resolución y la tasa acumulada de resolución alcanzaron su máximo histórico de 79% y 52% respectivamente. Esto significa que para ese año específico, el TCRD emitió sentencias equivalentes a un 79% de los expedientes que entraron en dicho año. En otras palabras, por cada 10 expedientes nuevos que entraron al TCRD durante el 2015 – el tribunal emitió casi 8 sentencias.[1]
Cuando se toma en cuenta el cúmulo y retraso de expedientes que se arrastran de años anteriores, para el año 2015 la tasa de resolución se ubica en un 52%. Analizando el total de los expedientes que han entrado al TCRD desde su integración hasta el corte del período analizado, se puede apreciar que la tasa total de resolución es de un 48%. Esto indica que por cada 100 expedientes que han entrado al TCRD desde que inició sus operaciones en 2012, este ha emitido 48 sentencias. Es decir, que el TCRD ha resuelto poco menos de la mitad de los expedientes que han ingresado al tribunal.
La Gráfica 2 ilustra ambas tasas de resolución que se han calculado. La línea azul grafica la tasa de resolución anual, y la línea roja ajusta la tasa de resolución tomando en cuenta los expedientes retrasados. La diferencia o brecha entre ambas líneas (el espacio entre la línea azul y la línea roja) constituye la reducción de la efectividad resolutiva del TCRD por causa del trabajo que se va acumulado año tras año.
Congestión y Cúmulo de Expedientes
Como ya se mencionó anteriormente, el hecho de que las tasas anuales de resolución de casos (clearance rates) del TCRD han estado por debajo del 100% implica que cada año se acumulan expedientes. Esto aumenta la carga de trabajo del tribunal, la carga de cada juez y genera congestión en el TCRD.
La Tabla 2 resume los indicadores de congestión y el cúmulo de expedientes del TCRD.
TCRD – Tasa de Congestión, Cúmulo Anual de Expedientes y Cúmulo Total de Expedientes
(Fuente: Boletín de Estadística Institucional del TCRD al 30/06/2016)
Cúmulo Marginal de Expedientes (4)
CÚMULO TOTAL DE EXPENDIENTES
2012 — 525 525
2013 5.90430622 500 1025
2014 3.211302211 400 1425
2015 1.908945687 169 1594
2016* 2.233333333 164 1758
La tasa de congestión del tribunal (columna 2) se calcula como el cociente de la suma de nuevos casos y casos pendientes dividida entre los casos resueltos en un año. Como explican Mora-Sanguinetti et al. (2015), mientras más baja es la tasa de congestión, más efectivo es un tribunal. La tasa de congestión del TCRD ha ido reduciéndose hasta situarse en 2.23 para el primer semestre del año 2016. Lo que esto significa es que al ritmo actual, al TCRD le tomaría más de dos años para lograr “ponerse al día” con su carga de trabajo. En otras palabras, que por cada sentencia que sale del TCRD, existen dos expedientes pendientes de fallo. Para el período analizado, la tasa promedio de congestión se situó en 3.31.
La Gráfica 3 ilustra cómo el cúmulo total de expedientes ha ido aumentando cada año hasta alcanzar los 1,758 expedientes pendientes de fallo existentes al 30 de Junio de 2016. Sin embargo, cuando se analiza el cúmulo marginal (anual) de expedientes, se aprecia que éste ha ido reduciendo cada año. Es decir, que cada año se acumulan menos expedientes. La Gráfica 4 ilustra que hasta 2014, el cúmulo anual de expedientes se redujo, a una tasa decreciente (eje derecho, en rojo). La gráfica también presenta la tasa de congestión (en azul, eje izquierdo), que también ha ido decreciendo, pero hasta 2014 a una tasa creciente).
A modo de conclusión, vale señalar que los datos anteriormente resumidos y presentados ofrecen una visión inicial sobre la evolución de algunos indicadores del desempeño del TCRD. Un segundo paso de análisis podría comparar estos indicadores de desempeño con otras variables, como la carga de trabajo por juez, los niveles de remuneración y el manejo de otros tribunales dentro y fuera del país. De especial interés, sería comparar la carga de trabajo y las tasas de resolución del TCRD con el desempeño de otros tribunales dentro del sistema judicial dominicano. Asimismo, ver cómo se comparan los indicadores del TCRD con aquellos de tribunales constitucionales extranjeros (similarmente integrados).
En una próxima entrega analizaré los indicadores presentados de cara a las asignaciones presupuestarias que ha recibido el TCRD desde el año 2012. Esto porque actualmente el Poder Judicial contiende por un aumento en su asignación presupuestaria – que ha permanecido prácticamente invariable como proporción del presupuesto general de la nación desde el 2011 – a pesar de que a partir de 2012 se crearon nuevas asignaciones presupuestarias para el Tribunal Constitucional y para el Tribunal Superior Electoral.
Edgardo Buscaglia y Maria Dakolias, “Comparative International Study of Court Performance Indicators – A Descriptive and Analytical Account” (1999) World Bank.
Maria Dakolias, “Court Performance Around the World: A Comparative Perspective” (1999( Yale Human Rights and Development Journal: Vol. 2: Iss. 1, Article 2. Disponible en línea: <http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1009&context=yhrdlj&gt; (16 de agosto de 2016).
Juan Mora-Sanguinetti et al., “Access to Credit and Enforcement Procedures in Spain: Evidence from Local and Firm-Level Data” (June 2015). Disponible en línea: <https://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=SAEE40&paper_id=188&gt; (16 de agosto de 2016).
Tribunal Constitucional Dominicano – Dirección de Planificación y Desarrollo, “Estadística (sic) Institucional al 30 de Junio de 2016” (2016). Disponible en línea: < https://www.tribunalconstitucional.gob.do/Estadisticas-Institucionales> (16 de agosto de 2016).
* Hasta el 30 de Junio de 2016.
[1] El TCRD no necesariamente falló los mismos expedientes que entraron en dicho período.
Tagged tribunal constitucional, clearance rate
Modernizar la Cooperativa como Modelo Organizativo
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 RESOLUCIÓN 
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