Source: https://www.scribd.com/document/79202869/Negociado-Crimen-Organizado-Narcotrafico-y-Armas-Ilegales-senado
Timestamp: 2017-01-20 02:19:05+00:00

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16ta. Asamblea Legislativa 7ma. Sesión Ordinaria
de enero de 2012 Presentado por los señores García Padilla, Dalmau Santiago, Bhatia Gautier, Fas Alzamora, Hernández Mayoral, la señora González Calderón y los señores Suárez Cáceres, Tirado Rivera Referido a
Para crear el Negociado de las Fuerzas Conjuntas contra el Crimen Organizado, Narcotráfico y las Armas Ilegales dentro del cuerpo de la Policía de Puerto Rico; establecer su estructura operacional, delimitar sus funciones, deberes y responsabilidades; crear el cargo de Inspector en Jefe a Cargo de Crimen Organizado; asignar fondos; establecer un nuevo currículo de Justicia Criminal; establecer un Reglamento Especial de Servicios Generales; establecer un plan de vigilancia en las costas, puertos y aeropuertos; prohibir el uso ilegal de tecnología destinada a la investigación y procesamiento criminal y disponer sanciones; para enmendar el inciso (c) del Artículo 15 de la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988”, a fin de concederle prioridad al Negociado de las Fuerzas Conjuntas contra el Crimen Organizado, Narcotráfico y las Armas Ilegales en la asignación o transferencia de bienes confiscados, y para otros fines. EXPOSICION DE MOTIVOS En todas las sociedades la actividad delictiva y el crimen responden a causas de diversas y muy complicada índole. Atender este problema requiere, por lo tanto, analizar y comprender, desde una misma óptica, las complejas ramificaciones y los dilemas que plantea esta crisis nacional en materia de economía, de educación, de salud y de bienestar social. Es necesario, en primer lugar, que el esfuerzo colectivo dirigido a detener la ola de violencia que arropa el país esté cimentado en una estrategia que vincule a todas las agencias del Gobierno de Puerto Rico en una agenda común contra la delincuencia y el restablecimiento de la tranquilidad social. Es nuestro objetivo que todos los esfuerzos estén dirigidos, con urgencia, a rescatar el país para la gente y a erradicar la cultura del miedo.
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La gente es y será el centro de nuestra acción política. La calidad de vida de las personas y de sus familias es el objetivo fundamental del verdadero desarrollo social. Este nuevo paradigma, adoptado por un gran número de sociedades en la actualidad, descansa en lograr mayores índices de convivencia y paz social para todos los ciudadanos. Las delegaciones del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado y la Cámara de Representantes aspiramos a que nuestra gente tenga la oportunidad de cultivar al máximo sus proyectos de vida en tranquilidad y seguridad. Por eso trabajaremos para que en el país se cumpla la Ley, para que queden protegidos los derechos humanos y civiles de todos los individuos, para disipar la atmósfera de impunidad general que impera en nuestra sociedad y para que los que transgredan el orden social y legal asuman las responsabilidades que correspondan, desde un estricto sentido de apego al ideal de la justicia. Alcanzar para nuestra gente la tranquilidad y la seguridad en nuestras comunidades, en nuestros espacios públicos y en nuestros hogares, nos permitirá emprender inversiones y negocios, disfrutar del tiempo libre, y cumplir con nuestras responsabilidades laborales, familiares y comunitarias sin sentirnos vulnerables y expuestos frente al crimen. Para lograrlo es indispensable restablecer el orden y la confianza del país en sus instituciones. En consecución de estos propósitos como sociedad y como gobierno, todos nos tenemos que reeducar y estar dispuestos a ser mejores personas y ciudadanos. Esto incluye cultivar el respeto por la diversidad, alcanzar mayores niveles de tolerancia y consideración hacia los demás, revalorizar los conceptos del trabajo y la educación como herramientas de justicia social, disminuir los niveles de desigualdad, y también profesionalizar los cuerpos de seguridad y de justicia. Recuperar a Puerto Rico es un asunto de todos. El reto para la próxima década es aumentar cuantitativa y cualitativamente el nivel de desarrollo humano de la gente, mejorar su educación, su salud y sus ingresos. Nada de esto será posible sino transformamos radicalmente el tejido social y atendemos, con energía, dedicación e inteligencia, el complejo problema de la inseguridad pública. Nuestro plan, según presentado por el senador Alejandro García Padilla, atacará agresivamente el problema de la criminalidad, pero también se propone sentar las bases para que el país entienda y resuelva esta compleja realidad de una manera más audaz e inteligente. No se trata de seguir despilfarrando energía y recursos, sino de imprimirle una dirección distinta al país. Para ganar la batalla contra la delincuencia, hay que transformar la cultura, la economía, la salud, el andamiaje completo que ordena nuestra vida pública. Ese es nuestro norte. Las estrategias y las alternativas incluidas en el Plan Anticrimen de las delegaciones del PPD, son el producto de un diálogo intenso e ininterrumpido con especialistas y expertos comprometidos con el presente y el futuro de Puerto Rico. Pero también son el resultado de una conversación permanente con la gente, que ha ofrecido ideas y soluciones para enfrentar la crisis.
Nuestra agenda anticrimen tiene tres pilares fundamentales que explicamos a continuación. Primero: intervención, enfrentar la delincuencia y proteger la ciudadanía. Segundo: prevención, identificar y atajar la raíz de los problemas que nos aquejan. Tercero: rehabilitación, garantizar el reingreso a la sociedad de aquellos que se han apartado de las reglas de convivencia y que se han alejado de las oportunidades de desarrollo. Hace falta, ahora más que nunca, un gobierno que trabaje al lado de la gente, y que no rehúya su responsabilidad. Hace falta, un gobierno en control que lidere nuestros esfuerzos. Ese es el gobierno que queremos y que te prometemos. Nuestras propuestas ofrecerán una nueva agenda de acción estratégica con un enfoque distinto, que difiere de la lectura tradicional que se ha hecho del problema de la inseguridad que se vive en Puerto Rico. Ésta y otras administraciones han fracasado en su lucha contra el crimen porque su política pública ha sido dirigida exclusivamente a la confrontación. La seguridad de un país no puede limitarse a un solo aspecto y no hay manera de bajar el crimen si no nos damos cuenta que el desempleo, la calidad de vida, la salud mental y la educación pública deficiente son las verdaderas causas de fondo de estos males. No podemos permitir que el desarrollo de nuestra sociedad continúe a la merced del crimen. Sustituiremos la falta de honestidad que hoy impera por transparencia. Sustituiremos el atropello de derechos civiles que hoy nos agobia por respeto a la dignidad humana. Reemplazaremos la falta de liderato en el mando de la Policía y el País con personas capaces de atender las necesidades y retos que enfrentamos. Trabajaremos para tener una fuerza policiaca profesional, apoyada y equipada. Hace falta rigor, carácter, destreza y temple, pero también sensibilidad, solidaridad y profundidad de visión. Por eso proponemos que el desarrollo y la seguridad de Puerto Rico deben tener como principal punto de referencia a la persona en todas sus dimensiones. Creemos que un Puerto Rico mejor es posible: un país donde los ciudadanos se sientan seguros y puedan convivir en armonía y fraternidad. Bajo este Plan todos los esfuerzos estarán dirigidos a promover una cultura de responsabilidad cívica, apoyada en los principios de la Responsabilidad, el Orden, la Disciplina, y la Solidaridad. El país aspira a una mayor seguridad. El temor a ser víctima del crimen es la primera preocupación de los puertorriqueños. Algunos datos importantes que debemos examinar son: La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que un país con más de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes “sufre una epidemia de violencia”. Puerto Rico tiene 30 asesinatos por cada cien mil habitantes. El gobierno de Puerto Rico necesita invertir de forma inteligente en la seguridad de nuestro país. Los casi cinco mil millones de dólares que genera el narcotráfico, exigen que la aproximación del gobierno se conduzca de forma estratégica, para así maximizar los objetivos de intervención a corto plazo, con los objetivos a mediano y largo plazo de prevención y rehabilitación.
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Para erradicar la influencia del narcotráfico hace falta atender los problemas socioeconómicos que le permiten al negocio internacional de la droga utilizar a nuestro país como un puente de transbordo. Hace falta además tomar medidas agresivas para cortarle las fuentes de financiamiento y las cadenas de entrada y salida del producto. El gobierno actual carece de estrategias adecuadas y eficientes. Las intervenciones se han limitado a implantar acciones policiales contra los segmentos más bajos de la cadena de distribución de drogas. El problema de la criminalidad es mucho más que esto, y requiere un enfoque exhaustivo. La ciudadanía está cansada del régimen de la impunidad. La rehabilitación de delincuentes es más que nunca un mito. El descuido estructural de los problemas de salud pública, de educación y trabajo, producen un balance negativo con efectos exponenciales insostenibles para el sano desarrollo socioeconómico de nuestro país. La violencia contra la mujer, entendida como cualquier acción o conducta basada en su sexo, que cause daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer es un problema estructural y de experiencia vital que lesiona derechos fundamentales. Así también todo tipo de violencia basada en cualquier otro criterio discriminatorio que lacere la dignidad del individuo y sus derechos civiles. La corrupción atrasa el desarrollo de nuestra sociedad al eliminar la competencia justa y desacreditar la gestión pública por lo que debe enfrentarse con firmeza y sin doble vara. En los últimos años Puerto Rico ha estado sumido en un clima de inseguridad sin precedentes que se ha acentuado por la incompetencia y la falta de liderato de esta administración. Las estadísticas del crimen son alarmantes: 3,020 asesinatos en los primeros tres años de gestión. Ninguna de las administraciones en la historia había alcanzado una cifra tan escalofriante y aterradora en 36 meses de gobierno. A esto debe sumarse un total de 18,610 robos reportados y 8,861 agresiones agravadas. Al comparar estos datos, podemos concluir que éste será el periodo más sangriento de la historia de Puerto Rico. Es un hecho que el tráfico de drogas y estupefacientes es una de las causas principales del crimen violento en Puerto Rico. Según las agencias federales, la gran mayoría de todos los crímenes violentos que se registran en la isla tienen relación con el narcotráfico. Además, una alta proporción de los asesinatos están relacionados con la venta de drogas. La tasa de asesinatos en Puerto Rico es una de las más altas en el mundo entero. Para establecer una política pública clara y definida para atacar este mal, es necesario identificar los verdaderos factores que enmarcan este problema. En Puerto Rico conocemos la forma en que opera el narcotráfico. La Comisión sobre Integridad Pública de la Cámara de Representantes realizó durante el año 2004 una investigación exhaustiva en la que identificó una serie de hallazgos sobresalientes: Puerto Rico es un lugar estratégico para los narcotraficantes. Toda carga que llegue a la isla está dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos para efectos aduaneros. Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas en todo el mundo. En un año se
producen, aproximadamente, unas 865 toneladas de cocaína con un valor de $88 mil millones, en todo el planeta, de las cuales 160 toneladas se consumen sólo en América del Norte. De esa cantidad, 66 toneladas (41.2%) entran a los Estados Unidos a través de Puerto Rico y el Caribe, lo que ha convertido la zona en un puerto de transbordo del narcotráfico internacional. En el caso particular de Puerto Rico, se confiscan solo unas 5.8 toneladas y se consumen unas 3 toneladas localmente, que representan unos $100 millones de dólares. Sin embargo, esta cantidad es pequeña cuando se considera el total que transita por la zona. La entrada ilegal de drogas y armas a Puerto Rico se logra utilizando tanto los puertos, mediante la carga marítima comercial como las lanchas de alta velocidad, embarcaciones semisumergibles y botes de placer. El aumento en el tráfico ilegal de sustancias controladas ha causado, a su vez, un incremento significativo en el uso de armas de fuego ilegales. Datos estadísticos recopilados por la Policía evidencian la seriedad del problema. El 98 % de las armas ilegales que entran a la isla provienen de los Estados Unidos. Desde que se aprobó la Ley de Armas 404 en el año 2000 cerca de 16,500 personas han sido arrestadas por delitos relacionados a la ley de Armas; aproximadamente unos 1,500 individuos al año. Sólo un 3% de éstos cumple cárcel. En Puerto Rico, se venden cada año unas 250,000 balas de cuatro calibres que tiene la capacidad de traspasar chalecos a prueba de balas. Éstas son: 223 (AR 15), 7.62 (AK 47), calibre 50 y calibre 5.7 x 28 (arma de fuego de mano). Diversas evaluaciones de los equipos existentes demuestra que el Gobierno de Puerto Rico tiene un atraso significativo en la utilización e implantación de nueva tecnología y la mecanización de sus sistemas en el área de seguridad. El presupuesto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico correspondiente al año fiscal 2011-2012 también nos ilumina en cuanto a las actividades de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (F.U.R.A.), entidad llamada por ley a encargarse del trasiego de drogas en Puerto Rico: El presupuesto de F.U.R.A disminuyó de $28.5 millones en el AF 2008-2009 a $18.6 en el AF 2011-2012. Esto representa una reducción de $9.9 millones o de 34.7%. De esa reducción el renglón que más afectado resultó fue el de equipo, el cual experimentó una reducción de 94.3%. Esto es una reducción de $1.5 millones a $90 mil. La cantidad de agentes asignados a F.U.R.A. representa el 2.7% del total de puestos ocupados en la policía. Esto es 519 agentes de un total de 18,896. Actualmente, F.U.R.A. tiene asignadas 19 embarcaciones de las cuales solo están disponibles 10. El restante está fuera de servicio tanto por obsolescencia como por desperfectos mecánicos. Igualmente ocurre con los 8 helicópteros de F.U.R.A., de los cuales están en uso solo 2.
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El presupuesto del Instituto de Ciencias Forenses, por su parte, disminuyó de $14.3 millones en el AF 2008-2009 a $10.9 en el AF 2011-2012. Una reducción de $3.4 millones o de 23.5%, en la agenda encargada de recopilar y analizar evidencia para el esclarecimiento de delitos. De esa reducción, el renglón que más afectado resultó fue el de equipo, el cual experimentó una reducción de 25.8%. Si queremos resolver estos problemas y atender con seriedad la crisis que afecta nuestra sociedad tenemos que evaluar críticamente esta realidad y estar dispuestos a cambiar las estrategias que por años han resultado infructuosas. En las últimas décadas, se han ensayado políticas que han incluido la llamada “mano dura” contra el crimen de los años noventa y otras gestiones desarticuladas que no contaron con el apoyo necesario para su implementación y que lejos de atenuar los conflictos sociales, los agudizaron. El saldo de estas gestiones ha sido, a todas luces, desolador: entre el año 2000 y el año 2011 Puerto Rico registró un total de 9,857 asesinatos. Todos los sectores de la sociedad civil debemos responder enérgicamente a la inseguridad y al crimen con un enfoque concertado, activo y diferente al tradicional, en el que se respeten los derechos de la gente al mismo tiempo que se fomenta el cumplimiento de la ley como práctica cotidiana y como norma ética para garantizar una cultura de paz. Partimos de la premisa de que un ambiente de seguridad y de tranquilidad social permite alcanzar las metas de desarrollo sostenible de una manera más rápida y efectiva. Igualmente, un ambiente de seguridad y de tranquilidad social es reflejo de que se han alcanzado objetivos importantes en materia de salud, de educación y de política económica. Una sociedad educada, mental y físicamente saludable, empleada y generadora de riqueza económica, con niveles más bajos de desigualdad social, tenderá a ser una sociedad con niveles bajos de criminalidad, de delincuencia, violencia e impunidad. Nuestra Administración promete modificar la discusión de este asunto. Es necesaria esta agenda anticrimen, pero dentro de una propuesta amplia de tranquilidad social y seguridad ciudadana que atienda y articule diversas dinámicas y procesos sociales. Ha llegado la hora de imponer un estado de derecho que frene la ola de violencia utilizando más y mejores recursos que defiendan y protejan por igual nuestro derechos, nuestras instituciones y nuestra gente. Con este propósito, las delegaciones del PPD en el Senado y la Cámara de Representantes procedemos a radicar un bloque de medidas dirigidas a implantar un nuevo plan anticrimen bajo el Título “Recuperemos A Puerto Rico”. Este plan se compone de diferentes estrategias que se hacen necesarias para enfrentar la criminalidad con firmeza. DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: Artículo 1.-Título Esta Ley se conocerá como “Ley del Negociado de las Fuerzas Conjuntas contra el Crimen Organizado, el Narcotráfico y las Armas Ilegales”.
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Artículo 2.-Definiciones A los efectos de esta Ley, a menos que de su contexto se deduzca otra cosa, los siguientes términos tendrán el significado que se expresa a continuación: (a) Agencia Estatal – significa cualquier departamento, agencia, instrumentalidad, municipio, corporación, pública o subsidiaria de ésta, división, negociado, rama u oficina del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. (b) Agencia Federal – significa los Estados Unidos de América, el Presidente, cualquier agencia o departamento del Gobierno de los Estados Unidos o cualquier corporación, agencia o instrumentalidad hasta este momento o en el futuro creada, designada o establecida por el Gobierno de los Estados Unidos de América. (c) Agente –
significa agente del orden público o cualquier miembro u oficial del Gobierno de Puerto Rico o de los Estados Unidos de América, así como cualquier subdivisión política de Puerto Rico o de Estados Unidos, entre cuyos deberes se encuentran: efectuar arrestos, incluyendo, pero sin limitarse a, los miembros del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Policía de Puerto Rico, Policías Auxiliares, Policía Municipal, los agentes investigadores del Negociado de Investigaciones Especiales del Departamento de Justicia, los oficiales de custodia de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, Guardia Nacional mientras se encuentren en funciones o ejercicios oficiales, los oficiales de custodia de la Administración de Instituciones Juveniles, el cuerpo de
seguridad interna de la Autoridad de los Puertos, el Director de la División para el Control de Drogas y Narcóticos y los Inspectores de Sustancias Controladas de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, los agentes investigadores de la Secretaría Auxiliar de Investigaciones del Sistema Correccional del Departamento de Corrección y Rehabilitación y los Inspectores de la Comisión de Servicio Público, así como los alguaciles de tribunales federales con jurisdicción en Puerto Rico y los inspectores de rentas internas del Departamento de Hacienda. (d) Arma de
Fuego – significa cualquier arma, sin importar el nombre por el cual se conozca, capaz de lanzar una munición o municiones por la acción de una explosión. Esta definición no incluye aquellos artefactos de trabajo tales como, pero sin limitarse a, las pistolas de clavos utilizadas en la construcción, mientras se utilicen con fines de trabajo, arte u oficio. (e) Armas Ilegales – significa la tenencia, posesión y transportación de un arma de fuego, o piezas de éstas y sus municiones sin que se posea la licencia que para dichos fines expide el Superintendente de la Policía de Puerto Rico. (f) Departame nto – significa el Departamento de Justicia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. (g) r – significa el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Gobernado
Negociado , Fuerzas Conjuntas – significa el Negociado de las Fuerzas Conjuntas contra el Narcotráfico y las Armas Ilegales.
(i) Cuerpo, Organización, Fuerza – significa la Policía de Puerto Rico. (j)
Inspector en Jefe - significa el funcionario nombrado por el Superintendente de la Policía de Puerto Rico de la forma y por el término dispuesto por esta Ley, para dirigir el Negociado de las Fuerzas Conjuntas contra el Crimen Organizado, el Narcotráfico y las Armas Ilegales.
Artículo 3.-Negociado de las Fuerzas Conjuntas contra el Crimen Organizado, el Narcotráfico y las Armas Ilegales Se crea el Negociado de las Fuerzas Conjuntas contra el Crimen Organizado, el Narcotráfico y las Armas Ilegales, una dependencia autónoma adscrita a la Policía de Puerto Rico. El Negociado de las Fuerzas Conjuntas contra el Crimen Organizado, el Narcotráfico y las Armas Ilegales será conocido también como las “Fuerzas Conjuntas”. Esta dependencia se crea por virtud de lo dispuesto en la Sección 16 del Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que faculta a la Asamblea Legislativa a crear, consolidar, o reorganizar departamentos ejecutivos y definir sus funciones. Artículo 4.-Funciones del Negociado de las Fuerzas Conjuntas contra el Crimen Organizado, el Narcotráfico y las Armas Ilegales: El Negociado de las Fuerzas Conjuntas contra el Crimen Organizado, el Narcotráfico y las Armas Ilegales tendrá a su cargo los procesos de investigación e intervención con el
narcotráfico y la entrada ilegal de armas de fuego en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como toda conducta tipificada como Crimen Organizado. El nuevo Negociado tendrá la responsabilidad de velar y proteger la seguridad de las costas, aeropuertos, muelles de carga y muelles turísticos. Realizará investigaciones de crimen organizado, coordinará operativos de investigación e intervención con las autoridades federales, colaborará con acuerdos de trabajo existentes con otros gobiernos y participará en operativos conjuntos de incautación de drogas y armas en coordinación y con la ayuda de la Policía de Puerto Rico, el Negociado de Investigaciones Especiales, la Guardia Nacional y cualesquiera otra agencia estatal y federal de orden público. Tendrá a su cargo establecer un sistema de vigilancia electrónica para nuestras costas utilizando la tecnología de cámaras de detección de movimiento de embarcaciones en perímetros protegidos, con sensores infrarrojos y de medición de rutas, deberá colocar
supervisión permanente en los ochenta y dos (82) puertos o marinas públicas y privadas, utilizando el sistema de perros K-9 y otros recursos, ampliar los recursos y el personal del gobierno del Estado Libre Asociado ante el Comité Interagencial de HIDTA (High Intensity Drug Trafficking Areas) de manera que se fortalezcan los operativos conjuntos entre las agencias locales y federales, evitando la dualidad y duplicidad de esfuerzos. Además, tendrá la
responsabilidad de ampliar el marco geográfico y el número de operativos conjuntos, crearemos nuevos procedimientos de procesamiento expeditos y aumentaremos el número de delitos que se compartirán para el procedimiento. No se delegará la función de procesamiento en aquellos casos que a discreción del Departamento de Justicia se determine que se lograría una convicción más severa a nivel estatal. En adición, el Negociado tendrá la función de ampliar los sistemas de inspección de furgones hasta llevarlo al 100% no sólo en la carga doméstica, proveniente de EEUU, como ocurre al presente, sino que además incluiremos la carga internacional que hoy
inspecciona aduana federal en sólo un 6% de forma electrónica. Asimismo, creará un esquema legal novel para viabilizar un segundo sistema de inspección administrativa de carga marítima a ser exportada a los Estados Unidos, de manera que podamos cortar el flujo de drogas, y evitar que Puerto Rico sea visto por los carteles de drogas como un fácil puerto de transbordo y darle un golpe decidido a los mismos fundamentos de este negocio ilícito. Se transfiere la Unidad de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) a este nuevo Negociado con todo su personal, equipos y presupuesto asignado. Artículo 5.-Inspector en Jefe, Creación del cargo y término El Negociado de las Fuerzas Conjuntas contra el Crimen Organizado, el Narcotráfico y las Armas Ilegales estará dirigido por un Inspector en Jefe, quien será nombrado por el
Superintendente de la Policía y responderá directamente al éste y servirá en dicha posición a su discreción. El Inspector en Jefe formará parte del Servicio de Confianza y su salario será fijado por el Superintendente mediante reglamento, tomando en consideración la complejidad y alto grado de especialización del Negociado. Artículo 6.-Deberes, facultades y poderes del Inspector en Jefe El Inspector en Jefe tendrá las siguientes facultades, deberes y poderes: (a) Delinear el plan de trabajo, la utilización de recursos fiscales, personal y equipo del Negociado. (b) Determinar mediante Reglamento, que deberá ser aprobado por el Gobernador, la organización y estructura interna del Negociado, así como las obligaciones, responsabilidades y conducta de sus miembros, de sus empleados civiles, agentes y cualquier otro asunto necesario para el funcionamiento del Negociado.
Reglamentar, con la aprobación del Superintendente, los requisitos de reclutamiento, adiestramiento y capacitación y ejercer el poder nominador sobre los empleados del Negociado, conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como “Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996” y de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, conocida como “Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.
Crear y otorgar bonificaciones por servicios destacados y meritorios, conforme al Reglamento que, con la aprobación del Gobernador, para dichos fines se establezca.
Establecer la adecuada coordinación con las agencias del Gobierno Federal que puedan proveer recursos y aportar esfuerzos para lograr los propósitos de esta Ley.
Realizar estudios para ampliar los procesos de investigación del crimen organizado sobre la experiencia de otras jurisdicciones que tengan en vigor legislación similar y establecerá relaciones de mutua cooperación e intercambio de información con esas jurisdicciones.
Contratar y adquirir con cargo a los fondos disponibles el personal técnico o de asesoramiento y los recursos tecnológicos que sean necesarios para cumplir con los objetivos de esta Ley.
Solicitar a las agencias estatales, sus corporaciones públicas o instrumentalidades el destaque de aquellos agentes y funcionarios; así como el equipo, materiales y suministros que sean necesarios para la consecución de los propósitos de esta Ley.
Concertar todos aquellos convenios y acuerdos con el Gobierno Federal o sus agencias y con las agencias estatales o sus dependencias, tales como la Policía de Puerto Rico, el Negociado de Investigaciones Especiales, la Autoridad de los Puertos y la Guardia Nacional que sean necesarios para el control del narcotráfico y el tráfico de armas ilegales.
Rendir informes periódicos y estadísticos al Gobernador, a la Asamblea Legislativa y al Superintendente de la Policía sobre el desarrollo y la ejecución del Negociado y los mismos contendrán recomendaciones de acción futura.
Realizar todos aquellos actos que sean incidentales y necesarios para cumplir con los propósitos de esta Ley.
Artículo 7.-Componentes estructurales y organizacionales del Negociado El Negociado de las Fuerzas Conjuntas contra el Crimen Organizado, el Narcotráfico y las Armas Ilegales tendrá la responsabilidad de ser el principal custodio de la vigilancia de los puertos, aeropuertos y las costas de la jurisdicción territorial y marítima del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo todas las instalaciones públicas y/o privadas que estén dentro de su marco de acción. El Negociado tendrá una organización mínima de administración y estará dividida en tres (3) unidades de trabajo para propósitos operacionales. La Unidad de Operaciones Especiales de Campo – Esta Unidad tendrá la responsabilidad de establecer un plan de vigilancia electrónica y de efectivos en todas las costas, puertos y aeropuertos del país, incluyendo la intervención con embarcaciones de placer, comerciales o de cualquier tipo, según el estado de derecho vigente. Además, esta Unidad efectuará arrestos y detención de sospechosos, se incautará de drogas y/o armas legales o ilegales o cualquier evidencia que sean utilizadas en cualquier tipo de actividad criminal. Esta Unidad
deberá operar las veinticuatro (24) horas del día los siete (7) días a la semana en todos los puertos, aeropuertos y las áreas designadas de las costas del país para asegurar una vigilancia continua. Esta Unidad operará desde un Centro de Mando para todo el país. La Unidad de Investigación Criminal - Esta Unidad tendrá a su cargo la implantación de un plan de acción sobre técnicas de investigación criminal, uso de tecnología para el esclarecimiento de casos, participación de agentes encubiertos y grabaciones no telefónicas que ayuden en el esclarecimiento de casos, la identificación de sospechosos, la identificación de empresas criminales y sus formas de operar así como la práctica de lavado de dinero y cualquier tipo de actividad ilegal producto del crimen organizado. La Unidad de Recursos Tecnológicos – Esta Unidad mantendrá permanentemente un proceso de evaluación, identificación y uso de tecnología de todo tipo que ayude en la lucha contra el narcotráfico y las armas ilegales así como la detección de las nuevas tendencias del crimen organizado sobre el uso de tecnología. Esta Unidad estará dotada de los recursos tecnológicos más avanzados para vigilar, investigar, rastrear y detectar el narcotráfico y el trasiego ilegal de armas en las costas, aeropuertos, muelles de carga y turísticos en la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Artículo 8.-Sobre la Transferencia de Personal, Administración, Presupuesto y facultad de solicitar destaques Se transfiere al Negociado la totalidad del personal, equipos y presupuesto, o el balance de éste, asignado al 1 de julio de 2013 a las siguientes dependencias: el Negociado de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía de Puerto Rico, la Superintendencia Auxiliar de Estrategias contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado de la Policía de Puerto Rico, el personal en destaque de la Policía de Puerto Rico que esté asignado en funciones de
investigación e intervención con el tráfico de drogas y armas ilegales en los diversos “Task Forces” con las agencias federales, incluyendo HIDTA (High Intensity Drug Trafficking Areas), la División de Drogas de la Unidad de Control de Vicios de la Policía, la Oficina de Reclutamiento de Agentes Encubiertos de la Unidad de Control de Vicios, la Unidad de Crimen Organizado de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales y la Unidad Canina. El personal transferido al Negociado conservará todos los derechos adquiridos como empleado público. El Inspector en Jefe queda facultado a solicitar a otras agencias estatales, el destaque de empleados necesarios para el funcionamiento del Negociado, los cuales conservarán todos los derechos del sistema de personal adquiridos. Se dispone que para fines de reclutamiento, el Negociado constituirá un Administrador Individual a tenor con la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, conocida como la “Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. Las agencias concernidas deberán adoptar un procedimiento de transición ordenado en relación al nuevo Negociado para disponer detalles o establecer acuerdos que faciliten la implantación de esta Ley. Artículo 9.-Presupuesto Las partidas presupuestarias del Negociado, serán consignadas en el presupuesto de gastos ordinarios del gobierno, y su Administración tendrá autonomía presupuestaria. Artículo 10.-Alcance de Autoridad Nada de lo contenido en esta Ley se interpretará en el sentido de autorizar al Negociado o a sus funcionarios y empleados públicos a ejercer supervisión o control alguno sobre la Policía de Puerto Rico, la Guardia Nacional de Puerto Rico, y el Departamento de Justicia, o cualquier otra agencia gubernamental u organismo responsable del cumplimiento de la ley o de la
prevención, investigación y procesamiento criminal, con excepción de aquéllos acuerdos previos con las agencias para combatir el narcotráfico y trasiego ilegal de armas. Artículo 11.-Integración de Funciones Administrativas y Adopción de Plan de Trabajo Dentro de los primeros sesenta (60) días siguientes al asumir su cargo, el Inspector en Jefe deberá rendir su plan de trabajo completo y detallado que integre dentro de la estructura administrativa, las tareas relacionadas con planificación, compras, auditorias, preparación de presupuesto y las tareas relacionadas con la administración de personal del Negociado. La estructura que se establezca a esos efectos deberá promover la economía funcional y eficiencia operacional de la agencia. Además, dicho informe deberá contener un Plan de Trabajo Operacional que provea una proyección de las metas operacionales del Negociado a corto, mediano y largo plazo. Cada una de las metas deberá contener un calendario de estricto de cumplimiento, las estrategias para lograrlas y un sistema de monitoreo de eficiencia del propio Negociado. Este informe deberá someterse al Superintendente y al Gobernador de Puerto Rico. Artículo 12.-Reglamentación Especial de Funcionamiento Interno El Inspector en Jefe establecerá mediante Reglamentos escritos la estructura organizacional del Negociado y tendrá facultad para adoptar lo que estime necesario para la implantación de esta Ley. Dichos Reglamentos entrarán en vigor una vez sean aprobados por el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, mediante Orden Ejecutiva firmada a esos efectos. Dicha Orden Ejecutiva deberá distribuirse entre las demás Agencias e
instrumentalidades del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como a las agencias del gobierno federal en Puerto Rico. Artículo 13.-Reglamentación Especial por parte de la Administración de Servicios Generales (ASG)
La Administración de Servicios Generales (ASG) adoptará un Reglamento Especial y encaminará las medidas administrativas y fiscales necesarias para agilizar los procesos compra de equipos, reparaciones y cualquier otro servicio necesario para el funcionamiento del Negociado. La ASG deberá establecer un mecanismo similar de subasta formal, prelicitación y cualquier otro mecanismo autorizado en ley de forma que se encaminen las solicitudes de compra de equipos y/o reparaciones que no excedan de diez (10) días laborales. La ASG consultará con la Oficina del Contralor para la adopción de este Reglamento. Artículo 14.-Comité Interagencial, sus funciones y obligaciones Por virtud de esta Ley, se crea el Comité Interagencial de Seguridad Pública que tendrá a su cargo la coordinación y colaboración para la implantación de los planes de trabajo del Negociado. Este Comité Interagencial estará constituido por el Secretario de Estado, quien lo presidirá; el Inspector en Jefe del Negociado; el Secretario de Justicia; el Superintendente de la Policía y el Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico. El Comité Interagencial se reunirá cada noventa (90) días, rendirá un informe de progreso al Gobernador y será responsable de asegurarse la asistencia de los funcionarios del Gobierno de Puerto Rico a todas las reuniones y sesiones de trabajo de los “Task Forces” existentes con el gobierno federal sobre seguridad pública. Se dispone que los funcionarios encargados de representar al Gobierno de Puerto Rico en estos grupos de trabajo con el gobierno federal estarán compelidos de asistir a dichas reuniones como parte de sus obligaciones profesionales. El incumplimiento a estas obligaciones pudiera ser sancionado por las disposiciones aplicables de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según
enmendada, conocida como “Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. Artículo 15.-Academia Especial y Nuevo Currículo de Adiestramiento El Negociado y la Policía de Puerto Rico coordinarán la celebración de no menos de una academia especial de reclutamiento anual para la nueva agencia creada en virtud de esta ley. Se ordena además a los directores del Colegio Universitario de Justicia Criminal de la Academia de la Policía de Puerto Rico a que en un término no mayor de noventa (90) días contados a partir de la fecha de vigencia de esta Ley procedan con la ampliación del currículo para incluir cursos relacionados a las nuevas técnicas de investigación criminal; sistemas de conducta criminal por mapas digitalizados; cursos de ética y valores; Reglas de Procedimiento Criminal, disposiciones del nuevo Código Penal; Sicopatología de la Adicción; Procedimiento y Protocolo de atención a niños víctimas de maltrato; seminario de orientación del Contralor sobre las funciones y el uso de propiedad pública; seminario de educación de la Oficina de la Procuradora de la Mujer sobre procedimientos y casos de violencia doméstica, acecho y hostigamiento en el empleo así como cursos coordinados sobre investigación criminal con las agencias federales y derechos civiles. Artículo 16.-Acuerdos con Instituciones Universitarias Se faculta al Inspector en Jefe del Negociado a establecer los acuerdos necesarios con aquellas instituciones públicas y privadas que ofrezcan cursos de justicia criminal con el objetivo de lograr el reclutamiento de estudiantes o el adiestramiento de efectivos. Estos acuerdos deberán establecerse de conformidad a las normas y reglamentaciones aplicables y se autoriza el uso de recursos de la agencia para estos fines. Artículo 17.-Sobre Nuevas Alternativas Tecnológicas
Se ordena al Inspector en Jefe del Negociado a establecer un programa de identificación, compra e implantación de una estrategia de utilización de alta tecnología para la vigilancia, detección e identificación de sospechosos y organizaciones criminales, así como la recopilación de evidencia para el eventual encausamiento. Las técnicas de uso de tecnología deberán cumplir con las disposiciones aplicables de las leyes y la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Constitución de los Estados Unidos de América. Artículo 18.-Implantación de Plan de Vigilancia de las Costas, Puertos y Aeropuertos Se ordena que dentro de los planes de trabajo, el Negociado comience a implantar un plan de vigilancia electrónica y de alta tecnología para la entrada de pasajeros y carga comercial por la ruta marítima y aérea así como la vigilancia del radio de las costas de la jurisdicción del Estado Libre Asociado y el uso ilegal de armas de fuego. Dicho plan de vigilancia deberá cumplir con el estado de derecho vigente y el mismo deberá realizarse en coordinación con las agencias federales. El plan deberá incluir a las islas de Vieques, Culebra, la Isla de Mona y cualesquiera otra, que por razones de seguridad, deban incluirse y que estén bajo el dominio del Estado Libre Asociado. Estos deberán incluir un sistema de vigilancia electrónica a través de cámaras infrarrojas que cubran las trescientas once (311) millas de costa lineal. Asimismo, deberá incluir un sistema de detección y localización de disparos al aire mediante sensores acústicos que marque la ubicación de la detonación a mapas digitales (GPS). Artículo 19.-Sobre la Ley de Confiscaciones y la Otorgación de Prioridad Se enmienda el inciso (c) del Articulo 15 de la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, según enmendada, para que lea como sigue: “Artículo 15. – Poderes, atribuciones y deberes. La Junta tendrá, además, los siguientes poderes, atribuciones y deberes:
... ... Determinar mediante reglamento las normas para la asignación o
transferencia, sin costo alguno, de la propiedad confiscada a las agencias del orden público para su uso oficial, dándole prioridad al Negociado de las Fuerzas Conjuntas contra el Crimen, el Narcotráfico y las Armas Ilegales. Aquella propiedad confiscada que no sea de utilidad para las agencias del orden público podrá ser transferida con o sin costo por la Junta a las demás agencias gubernamentales que tengan uso público para ello, sujeto a los términos y condiciones que al efecto establezca.” Artículo 20.- Creación de División K-9 Se crea la División Canina K-9 dentro del Negociado, la cual se compondrá de no menos de ciento cincuenta (150) canes y sus respectivos custodios. Éstos tendrán la encomienda de ofrecer vigilancia para la entrada de drogas y armas en aeropuertos, puertos, muelles, y marinas, tanto públicas como privadas incluyendo las ochenta y dos (82) marinas existentes. Artículo 21 – Sobre la activación de la Guardia Nacional Se dispone que en el momento que el Gobernador active la Guardia nacional por medio de una Orden Ejecutiva firmada a esos efectos, los efectivos de la Guardia Nacional colaborarán dentro de los planes delineados por el Negociado creado por la presente ley, en la vigilancia de costas, puertos, aeropuertos, ayuda técnica dentro de los recursos y funciones que así permitan los estatutos correspondientes incluyendo las Leyes y Reglamentos federales aplicables. Artículo 22.-Cláusula de Exclusión
Si algún párrafo, artículo o parte de esta Ley fuese declarado inconstitucional por un tribunal con jurisdicción y competencia, el resto de sus disposiciones quedarán en vigencia en todo vigor y efecto. Artículo 23.-Vigencia Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
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16ta. Asamblea Legislativa 7ma. Sesió...11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 422ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO16ta. Asamblea Legislativa 7ma. Sesión OrdinariaSENADO DE PUERTO RICOP. del S.de enero de 2012 Presentado por los señores García Padilla, Dalmau Santiago, Bhatia Gautier, Fas Alzamora, Hernández Mayoral, la señora González Calderón y los señores Suárez Cáceres, Tirado Rivera Referido aLEYPara crear el Negociado de las Fuerzas ConjInterests: Types, Government & Politics, BillsRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentShow moreShow less
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