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BOE.es - Documento BOE-A-2008-11579
Documento BOE-A-2008-11579
«BOE» núm. 165, de 9 de julio de 2008, páginas 29941 a 29950 (10 págs.)
BOE-A-2008-11579
El Real Decreto 432/2008, de 12 de abril, de reestructuración de los departamentos ministeriales, dictado al amparo de la habilitación concedida al Presidente del Gobierno en el artículo 2.2.j) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, modificó la estructura ministerial con objeto de facilitar el desarrollo del programa político del Gobierno, conseguir la máxima eficacia en su acción y la mayor racionalidad en el funcionamiento de la Administración General del Estado. La reestructuración iniciada se continuó al amparo de lo establecido en el artículo 10.1 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, a través del Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, que estableció la estructura correspondiente del Ministerio de Justicia, modificando la organización departamental contenida en el Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, y en el Real Decreto 1475/2004, de 18 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia. El artículo 2 del citado Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, determinó los órganos superiores y directivos en los que se estructura el Ministerio de Justicia, y su disposición final segunda estableció que la Ministra de Administraciones Públicas, a propuesta de los ministerios interesados, elevaría al Consejo de Ministros los proyectos de reales decretos de adaptación de la estructura orgánica de los diferentes departamentos ministeriales a las previsiones contenidas en este real decreto. En cumplimiento de dicha previsión, el presente real decreto desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, consecuencia de la adscripción a la Secretaría de Estado de Justicia del nuevo órgano directivo que crea el Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, cuyas competencias se redistribuyen entre la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia, también de nueva creación, y la actual Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, todo ello con la finalidad de impulsar, por un lado, las actuaciones tendentes a la modernización de la Administración de Justicia y de potenciar, por otro, las relaciones con sus órganos. Con el objetivo de facilitar a los ciudadanos el legítimo ejercicio de sus derechos y las relaciones con el Ministerio, en el sentido que predica el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información y atención al ciudadano, se crea la Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General de Servicios, que viene a ampliar las competencias de la antigua Inspección General de Servicios que se suprime. En aras de un funcionamiento más racional y eficaz, las Gerencias Territoriales pasan a depender del Ministerio de Justicia a través de la Subsecretaría de Justicia, encomendándose su coordinación y dirección a la Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General de Servicios, dejando a salvo, no obstante, las competencias que, en su caso, corresponden a los Delegados del Gobierno y las que, por razón de la materia corresponden a la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia. Finalmente, se crea la Dirección General de Relaciones con las Confesiones, a la vez que se suprime la Dirección General de Asuntos Religiosos, al objeto de acomodar la denominación del órgano administrativo al mandato constitucional en cuanto a que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con las confesiones. En su virtud, a iniciativa del Ministro de Justicia, a propuesta de la Ministra de Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 4 de julio de 2008,
El titular del departamento es el cauce de comunicación del Gobierno con la Administración de Justicia, con el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal, a través del Fiscal General del Estado, así como con los órganos de gobierno de las comunidades autónomas en las materias de su competencia. Igualmente, corresponde al Ministro de Justicia las relaciones con la Agencia Española de Protección de Datos y con los Consejos Generales de los Colegios de Abogados y de Procuradores de los Tribunales. 2. Las competencias atribuidas en este real decreto se entenderán en coordinación y sin perjuicio de aquellas que corresponden a otros departamentos ministeriales. 3. El Ministerio de Justicia, bajo la superior dirección del titular del departamento, ejerce las atribuciones que legalmente le corresponden a través del órgano superior y del órgano directivo siguientes:
Dependiente del Gabinete del Ministro existe una Oficina de Prensa, cuyo titular tendrá el nivel orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo. 5. Corresponde al titular del departamento la presidencia de los siguientes órganos colegiados:
b) El Consejo del organismo autónomo Centro de Estudios Jurídicos. c) La Junta de Gobierno de la Orden de San Raimundo de Peñafort. d) La Conferencia Sectorial de Administración de Justicia.
Sin perjuicio de las atribuciones del Ministro, corresponde al titular de la Secretaría de Estado la participación en las relaciones del ministerio con los órganos de gobierno del Consejo General del Poder Judicial, los del Ministerio Fiscal, los competentes en materia de justicia de las comunidades autónomas y los Consejos Generales de los Colegios de Abogados y de Procuradores de los Tribunales, así como las relaciones del ministerio con el Defensor del Pueblo, el Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España. 2. De la Secretaría de Estado de Justicia dependen los siguientes órganos directivos:
b) La representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos, de los órganos constitucionales y de las demás entidades enumeradas en el párrafo precedente, ante el Tribunal Constitucional y los tribunales de todo orden jurisdiccional, así como en procedimientos prejudiciales y extrajudiciales, en los términos de la legislación vigente. c) La asistencia jurídica en materia de derecho comunitario europeo y, en general, la asistencia jurídica ante los organismos internacionales. La representación y defensa del Reino de España ante los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y demás órganos internacionales en materia de derechos humanos, así como la dirección y coordinación del servicio de lo contencioso en el extranjero. d) La promoción de trabajos de investigación y la organización de actividades que tengan por finalidad el conocimiento y difusión de materias y cuestiones jurídicas de ámbito nacional o internacional, así como la organización de actividades de formación y perfeccionamiento del personal del Servicio Jurídico del Estado, en coordinación con el Centro de Estudios Jurídicos, el Instituto Nacional de Administración Pública y otros centros de formación de funcionarios. e) La gestión económico-financiera y presupuestaria del Servicio Jurídico del Estado, así como las funciones de administración y gestión de los funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado que no estén atribuidas a otros órganos superiores.
b) La Subdirección General de los Servicios Contenciosos, a la que corresponde el ejercicio de las funciones consignadas en el párrafo b) del apartado 1. c) El Gabinete de Estudios, al que corresponde el ejercicio de las funciones consignadas en el párrafo d) del apartado 1, así como las del párrafo a) si se refieren a anteproyectos o proyectos de disposiciones, o a la asistencia a los correspondientes órganos superiores o directivos del departamento, cuando así lo requieran, para la preparación de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. d) La Subdirección General de Asistencia Jurídica Comunitaria e Internacional, que asume la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, a la que corresponde el ejercicio de las funciones consignadas en el párrafo c) del apartado 1. e) La Abogacía del Estado en el Ministerio de Justicia, a la que corresponden las funciones propias de la Abogacía del Estado del Departamento y, además, de coordinación e inspección en los términos de la normativa vigente. Cuando desempeñe las funciones propias de Abogacía del Estado ministerial, se considerará adscrita a la Subsecretaría del departamento. f) La Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional, a la que corresponde el ejercicio de las funciones consignadas en el párrafo b) del apartado 1, así como las del párrafo a) si se refieren a materia constitucional. g) La Secretaría General, a la que corresponde el ejercicio de las funciones consignadas en el párrafo e) del apartado 1.
b) La Abogacía del Estado ante la Audiencia Nacional. c) Las Abogacías del Estado de los departamentos ministeriales.
b) La Abogacía del Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros órganos internacionales competentes en materia de salvaguarda de los derechos humanos, a la que corresponde el ejercicio de las funciones consignadas en el párrafo c) del apartado 1. c) Las Abogacías del Estado en la Administración periférica del Estado. d) Dependerán asimismo, orgánica y funcionalmente, de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado los Abogados del Estado adscritos, en la forma prevista en la disposición adicional tercera, al Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y las Abogacías del Estado que existen en los distintos organismos y entidades públicos.
El Abogado del Estado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y otros órganos internacionales competentes en materia de salvaguarda de los derechos humanos tendrá el carácter de Agente del Reino de España, a los efectos del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y será nombrado por real decreto a propuesta conjunta de los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperación y de Justicia. 6. La unidad especial en el Servicio Jurídico del Estado creada por el Real Decreto 915/1994, de 6 de mayo, actuará bajo la superior dependencia del Ministro de Justicia y la inmediata del Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado, y desempeñará las funciones previstas en el artículo 3 del citado real decreto.
1. Corresponde a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia: a) Las relaciones ordinarias con el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, los órganos judiciales, el Centro de Estudios Jurídicos, las asociaciones profesionales de jueces y magistrados, y de fiscales, colegios de abogados y de procuradores de los tribunales.
b) La programación de efectivos y gestión ordinaria de personal de la carrera fiscal. c) La ordenación y control del servicio de asistencia jurídica gratuita al ciudadano. d) La gestión de expedientes de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administración de Justicia. e) La programación y coordinación de actuaciones sobre dotación de recursos humanos de los órganos judiciales, Ministerio Fiscal y medicina forense. El seguimiento del control horario del personal de la Administración de Justicia efectuado por las Gerencias Territoriales o Unidades Administrativas. f) El ejercicio de las competencias sobre los Cuerpos de Médicos Forenses, de Gestión Procesal y Administrativa, de Tramitación Procesal y Auxilio Judicial y otro personal funcionario o en régimen laboral al servicio de la Administración de Justicia que estén atribuidas al Ministerio de Justicia y no se encuentren encomendadas a otros órganos. g) Las relaciones ordinarias con los sindicatos con implantación en el ámbito de la Justicia. h) Los estudios económicos, planificación y confección del programa presupuestario de tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las competencias de la Subsecretaría. i) La gestión económico-presupuestaria de los créditos asignados a la Secretaría General y el control de la gestión de cuentas bancarias, cuentas de gastos y situación de tesorería. j) La supervisión, ordenación y elaboración de propuestas de modificación de la demarcación y planta judicial. k) La ordenación de los medios materiales para la Administración de Justicia, en colaboración con las Gerencias Territoriales, las Unidades Administrativas y la Subsecretaría de Justicia. l) La organización y supervisión de los institutos de medicina legal y del Instituto Nacional de Toxicología y de Ciencias Forenses y de sus medios técnicos, así como de las oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual y de los equipos de especialistas sobre la materia. m) El ejercicio de las competencias del departamento para el funcionamiento de los juzgados de paz. n) Las relaciones ordinarias con las Administraciones Autonómicas en las materias que afectan a la Administración de Justicia o al traspaso de funcionarios y oficinas en dichas materias, y el seguimiento, estudio e informe de las disposiciones y actos de las comunidades autónomas, sin perjuicio de las competencias de otras unidades del departamento.
b) La Subdirección General de Medios Personales al Servicio de la Administración de Justicia, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos e), f) y g) del apartado anterior. c) La Subdirección General de Recursos Económicos de la Administración de Justicia, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos h) e i) del apartado anterior. d) La Subdirección General de Organización y Coordinación Territorial de la Administración de Justicia, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos j), k), l), m) y n) del apartado anterior.
b) El control y supervisión de la gestión de la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales. c) La centralización y consolidación de la información estadística que deba recibir el Ministerio de Justicia a través de los Secretarios de Gobierno, así como el tratamiento y seguimiento de las estadísticas relacionadas con la Administración de Justicia y el apoyo a la Comisión Nacional de Estadística Judicial. d) La elaboración de programas, directrices e instrumentos para la modernización de la justicia y para la implantación de la Oficina Judicial y de las Unidades Administrativas, así como la evaluación de su proceso de implantación. e) Diseñar la estructura básica de la oficina judicial, y aprobar de forma definitiva las relaciones de puestos de trabajo de las oficinas judiciales en todo el territorio del Estado, de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 19/2003 del Poder Judicial. f) La implantación y evaluación de programas de calidad de los servicios en oficinas judiciales. g) La organización y el funcionamiento de las oficinas judiciales en materias propias de las competencias del departamento. h) El impulso y apoyo técnico a la Comisión de Implantación de la Oficina Judicial. i) La planificación estratégica, la dirección y la ejecución de la modernización tecnológica de los juzgados y tribunales, del Ministerio Fiscal, de los Registros Civiles y de los registros de apoyo a la actividad judicial, así como la coordinación de las actuaciones en esta materia con otras administraciones, órganos del Estado, corporaciones profesionales e instituciones públicas. j) La gestión del Registro central de penados y rebeldes, del Registro de rebeldes civiles, del Registro de sentencias firmes de menores, del Registro central para la protección de las víctimas de la violencia doméstica, así como la gestión de cuantos otros registros se creen por la legislación vigente que sirvan de apoyo a la actividad de los órganos judiciales y el impulso para su modernización y su conexión con otros países de la Unión Europea.
b) La Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en el párrafo i) del apartado anterior. c) La Subdirección General de Registros Administrativos de Apoyo a la Actividad Judicial, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en el párrafo j) del apartado anterior.
1. Corresponde a la Dirección General de los Registros y del Notariado: a) La elaboración de los proyectos legislativos sobre las materias de nacionalidad, estado civil y ordenación y funcionamiento del Registro Civil en coordinación con la Secretaría General Técnica, y el conocimiento e informe de cuantos proyectos normativos puedan afectar a dichas materias.
b) La tramitación y, en su caso, resolución de los expedientes de nacionalidad y los de reconocimiento o denegación de las situaciones que afectan al estado civil de los ciudadanos y su inscripción en el Registro Civil; asimismo, la tramitación y, en su caso, resolución de los recursos gubernativos contra los actos de los titulares del ejercicio de estas funciones, así como el estudio y la resolución de cuantas consultas le sean efectuadas sobre las anteriores materias. c) La planificación de los Registros Civiles, la programación y distribución de los medios materiales y personales precisos para su funcionamiento, así como su organización, dirección e inspección. d) La elaboración de los proyectos legislativos sobre las materias relativas al derecho notarial y registral en coordinación con la Secretaría General Técnica y el conocimiento e informe de cuantos proyectos normativos pudieran afectar a dichas materias. e) La organización, dirección, inspección y vigilancia de las funciones de la fe pública notarial y las de naturaleza registral en las materias de la propiedad, bienes muebles y mercantiles, la evacuación de cuantas consultas le sean efectuadas sobre aquéllas, así como la tramitación y resolución de los recursos gubernativos contra los actos de los titulares del ejercicio de las citadas funciones. f) La ordenación del gobierno y régimen de los Cuerpos de Notarios y de Registradores, la organización de sus procesos de selección y de provisión de puestos, así como las relaciones ordinarias con sus respectivos organismos profesionales. g) La gestión del Registro de contratos de seguro de cobertura de fallecimiento y del Registro de Actas de Notoriedad de Herederos ab intestato bajo la dependencia del Registro General de Actos de Última Voluntad. h) La inscripción de las fundaciones relacionadas en el artículo 11 del Reglamento del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, aprobado por Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, así como la inscripción, constancia y depósito de los actos, negocios jurídicos y documentos relativos a las mismas.
1. Corresponde a la Dirección General de Relaciones con las Confesiones: a) La dirección, la gestión y la informatización del Registro de Entidades Religiosas, la ordenación del ejercicio de su función y la propuesta de resolución de los recursos en vía administrativa que se ejerzan contra los actos derivados del ejercicio de dicha función registral.
b) Las relaciones ordinarias con las entidades religiosas. c) La elaboración de las propuestas de acuerdos y convenios de cooperación con las iglesias, confesiones y comunidades religiosas y, en su caso, su seguimiento. d) El análisis, seguimiento, vigilancia, impulso y desarrollo de la libertad religiosa y de culto, en coordinación con los órganos competentes de los demás departamentos, así como su promoción en colaboración con las instituciones y organizaciones interesadas en ella. e) Las relaciones con los organismos nacionales e internacionales y departamentos competentes en la materia, dedicados al estudio, promoción y defensa de los derechos de libertad religiosa y de culto en general y, más particularmente, en el marco de los convenios o tratados internacionales referentes a las mencionadas libertades. f) La elaboración de los proyectos normativos sobre las materias propias del ejercicio de los derechos de libertad religiosa y de culto, en coordinación con la Secretaría General Técnica, y el conocimiento y, en su caso, informe de cuantos proyectos normativos puedan afectar a tales derechos.
Le corresponde, con carácter general el apoyo y asesoramiento técnico al Ministro en la elaboración y aprobación de los planes de actuación del departamento, el análisis de la actuación, funcionamiento y estructura de los órganos, unidades y organismos del departamento o dependientes del mismo y la formulación, en su caso, de propuestas para su mejora funcional, organizativa y administrativa atendiendo a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y calidad, así como el análisis y coordinación de aquellas otras propuestas que, al efecto, propongan los demás órganos superiores del departamento, además de las directrices de actuación y funcionamiento de los órganos y unidades dependientes de la Subsecretaría. Le corresponde, además, la organización, coordinación, impulso y supervisión de los trabajos prelegislativos de estos órganos y unidades dependientes de ella y de la Comisión General de Codificación y de los grupos en los que participe el ministerio en el ámbito de la cooperación jurídica internacional, así como la supervisión de la fundamentación técnico jurídica de todos los asuntos del Ministerio de Justicia y sus organismos que se sometan a la consideración de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y del Consejo de Ministros.
b) La información financiera, el seguimiento presupuestario y el análisis de costes de la gestión del departamento, así como el análisis de la eficiencia de sus gastos sin perjuicio de los demás órganos competentes en la materia. c) La gestión de los recursos humanos del departamento y de los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo y la planificación, elaboración y administración de las plantillas y relaciones de puestos de trabajo y de sus modificaciones. La organización y desarrollo de la formación, la programación y gestión de la acción social, así como la participación en la negociación colectiva y las relaciones laborales y la prevención y salud laborales del personal que presta servicios en los edificios sede del departamento. d) La planificación y ejecución de la política retributiva, las propuestas de dotación presupuestaria y la gestión y seguimiento del capítulo I del presupuesto, así como de los préstamos y anticipos reintegrables, la elaboración de las nóminas y la habilitación y pagaduría del personal. e) La dirección y gestión de los servicios generales y de régimen interior, vigilancia y seguridad, la gestión, conservación y mantenimiento de sus recursos materiales, así como la elaboración y actualización del inventario de bienes muebles y el mantenimiento ordinario de los edificios sede de los servicios centrales del departamento. f) La administración financiera de ingresos y gastos incluidos los créditos de operaciones corrientes, subvenciones y transferencias de capital, la tesorería de los fondos del departamento y la coordinación de sus distintas cajas pagadoras, la gestión de los procedimientos de adjudicación de la contratación y el asesoramiento para su tramitación a las demás unidades del ministerio, la gestión, administración y control de suministros, servicios y bienes materiales, así como la gestión de las indemnizaciones por razón de servicio y el examen y comprobación de todas las cuentas correspondientes a los créditos que gestiona. g) La administración, reparación y conservación de los bienes inmuebles del departamento y la elaboración y actualización del inventario del patrimonio inmobiliario adscrito a éste, en coordinación con la Dirección General del Patrimonio del Estado, así como la gestión de sus arrendamientos. h) La programación y gestión de las inversiones nuevas, así como las de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios, y la tramitación de los expedientes de contratación relativos a las obras de construcción, reparación y conservación de sus edificios, instalaciones, mobiliario y demás bienes para la puesta en funcionamiento de los servicios, así como la supervisión de los proyectos y dirección de obras, su seguimiento y recepción. i) La información y atención al ciudadano en los términos establecidos en el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información y atención al ciudadano, y la gestión del registro general del departamento. j) La resolución de los procedimientos de ejercicio del derecho de petición. k) La inspección de los servicios, del personal y de las políticas públicas de los órganos dependientes del departamento, la evaluación de su calidad y rendimiento, así como las funciones en materia de informes sobre autorizaciones y reconocimiento de compatibilidades. l) La dirección y coordinación de las Gerencias Territoriales previstas en este real decreto, así como la realización de informes, estudios y propuestas para mejorar la actividad desarrollada por dichas Gerencias, sin perjuicio de las competencias de la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia en materia de relaciones con las administraciones autonómicas. m) La elaboración y ejecución de los planes informáticos y de tecnologías de la información y comunicación del departamento, el diseño, programación, implantación y mantenimiento de las aplicaciones informáticas y la prestación de asistencia técnica en la materia a los distintos órganos del ministerio, sin perjuicio de las competencias de otras unidades al respecto y de la debida coordinación con éstas. n) La preparación de los asuntos relativos al ejercicio del derecho de gracia, así como la de los títulos nobiliarios y grandezas de España.
b) La Subdirección General de Recursos Humanos, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos c) y d) del apartado 2. c) La Oficialía Mayor, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos e) y f) del apartado 2. d) La Subdirección General de Obras y Patrimonio, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos g) y h) del apartado 2. e) La Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General de Servicios del Departamento, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos i), j),k) y l) del apartado 2.
b) La Comisión Asesora de Publicaciones. c) La Comisión Ministerial de Información Administrativa. d) La Comisión Ministerial de Informática y Comunicaciones.
1. Corresponde a la Secretaría General Técnica: a) La emisión del informe preceptivo de los anteproyectos de ley y de los proyectos de disposiciones generales del ministerio, así como la participación en la elaboración de las iniciativas normativas de otros departamentos.
b) La solicitud de los informes preceptivos en la elaboración de las normas incluidas en el programa legislativo del departamento. c) La solicitud del informe preceptivo de la Agencia Española de Protección de Datos, en el proceso de elaboración de disposiciones de carácter normativo del Ministerio de Justicia y de los restantes ministerios. d) La preparación de los asuntos que se sometan a la deliberación del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno o de la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios. e) El conocimiento, registro y seguimiento de los convenios que suscriba el departamento con otras administraciones públicas, empresas, fundaciones y organismos, tanto públicos como privados. f) El seguimiento de las disposiciones y actos de las comunidades autónomas. g) El seguimiento y actualización de la representación del ministerio en órganos colegiados y en comisiones o grupos de trabajo. h) La tramitación y propuesta de resolución de los procedimientos de ejercicio del derecho de petición. i) Las propuestas de resolución de los recursos administrativos contra los actos y disposiciones del departamento, de los procedimientos de revisión de oficio, de las reclamaciones previas a la vía judicial, civil o laboral y de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, sin perjuicio de las funciones atribuidas a otros órganos del departamento. j) Las relaciones con los juzgados y tribunales de Justicia, sin perjuicio de lo previsto por la normativa vigente en materia de representación y defensa en juicio del Estado y otras instituciones públicas. k) La elaboración y propuesta del programa legislativo del departamento, la coordinación e impulso de su ejecución una vez sea aprobado y su seguimiento en fase parlamentaria. l) La elaboración de los proyectos legislativos del departamento en materia penal, civil, mercantil y procesal, y los proyectos de reforma del derecho nacional derivados de la transposición de directivas comunitarias o del cumplimiento de tratados o convenios internacionales celebrados por España. m) La propuesta del programa editorial del departamento, la edición y distribución de sus publicaciones, la organización y dirección de la biblioteca, del archivo general del ministerio y del servicio de documentación.
b) La Subdirección General de Política Legislativa, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas los párrafos k) y l) del apartado anterior. c) La Subdirección General de Documentación y Publicaciones, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en el párrafo m) del apartado anterior.
4. Corresponde al titular de la Secretaría General Técnica la vicepresidencia de la Comisión General de Codificación, y al titular de la Subdirección General de Política Legislativa, su secretaría general. 5. Corresponde al titular de la Secretaría General Técnica la secretaría general de la Comisión de asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
1. Corresponde a la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional: a) El estudio y tramitación de los expedientes resultado de la ejecución y aplicación de los convenios y tratados internacionales en materia de extradiciones, traslado de personas condenadas, auxilio judicial internacional civil y penal, sustracción de menores, alimentos, información de derecho extranjero y asistencia jurídica gratuita, así como de aquellos otros tratados o convenios en cuya aplicación o ejecución el Ministerio de Justicia asuma la condición de autoridad central.
b) La asistencia que deba prestar el Ministerio de Justicia al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en la elaboración o actualización de convenios y tratados internacionales referentes a las materias relacionadas en el párrafo anterior. c) La organización de la participación de los representantes del Ministerio de Justicia en los organismos internacionales, en relación con las actividades y funciones propias del departamento. d) La organización de la participación de los representantes del Ministerio de Justicia en los grupos y comités del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea, en el ámbito de las competencias del Ministerio de Justicia. e) La gestión de los programas de actuación correspondientes a la cooperación judicial en el marco del Tratado de la Unión Europea. f) La asistencia al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en los trabajos de los órganos subsidiarios, comités y grupos de trabajo de Naciones Unidas, del Consejo de Europa y de la OCDE, así como prestar apoyo a dicho ministerio en materia de protección y promoción de los derechos humanos.
Asimismo, la Gerencia Territorial de Órganos Centrales desarrollará sus funciones respecto a los órganos judiciales, fiscales y de apoyo a la Administración de Justicia con jurisdicción en todo el territorio nacional. Las Gerencias Territoriales a que se refieren los párrafos anteriores dependerán del Ministerio de Justicia a través de la Subsecretaría de Justicia, sin perjuicio de las competencias que, en su caso, correspondan a los Delegados del Gobierno y las que, por razón de la materia, correspondan a la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia. 2. Las Gerencias Territoriales suministrarán a los servicios centrales del Ministerio de Justicia cuantos datos, informes y estudios de planificación les sean solicitados o consideren oportuno remitir, con arreglo a las instrucciones recibidas, en materia de la competencia de aquéllos. 3. Las Gerencias Territoriales ejercerán sus funciones en materia de personal, gastos de funcionamiento y obras y patrimonio, sin perjuicio de la mutua colaboración con los órganos de gobierno interno de los tribunales y juzgados, y de las funciones reglamentariamente atribuidas a los secretarios judiciales. 4. En particular, en materia de personal, ejercerán las siguientes funciones:
b) Efectuar los anticipos previstos en las normas vigentes con cargo a indemnizaciones por razón del servicio, a cuyo efecto gestionarán la correspondiente cuenta de anticipo de caja fija o de pagos a justificar. c) Recibir información de los órganos jurisdiccionales y de las fiscalías sobre necesidades de material no inventariable, suministros y servicios varios.
b) Recabar información de los órganos jurisdiccionales y de las fiscalías sobre necesidades de inmuebles u otros bienes inventariables. c) Auxiliar a los servicios centrales del ministerio en la búsqueda de inmuebles o solares y, en general, en la gestión relativa a obras y patrimonio. d) Controlar la recepción, implantación y funcionamiento de los medios materiales necesarios para el funcionamiento de la oficina judicial. e) Emitir cuantos informes sean necesarios para el ejercicio de las competencias del Ministerio de Justicia sobre destino de los edificios judiciales. f) Realizar el inventario de inmuebles y demás bienes inventariables. g) Ejercitar cualesquiera otras funciones que se le atribuyan por delegación.
2. La adscripción de los Abogados del Estado al Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o la finalización de ésta, se realizará por el Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado, previo informe favorable y vinculante del Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 3. La potestad disciplinaria sobre los Abogados del Estado adscritos al Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria corresponderá al Ministerio de Justicia. El Director General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá proponer la incoación de expediente disciplinario de aquellos Abogados del Estado adscritos a su Servicio Jurídico que incurran en falta disciplinaria. En todo caso, en los expedientes disciplinarios que se incoen por el Ministerio de Justicia a los Abogados del Estado adscritos al Servicio Jurídico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se oirá al Director General de la Agencia.
1. El Ministerio de Justicia se estructura en los siguientes órganos superiores y directivos: A. La Secretaría de Estado de Justicia, de la que dependen los siguientes órganos directivos: a) La Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, con rango de subsecretaría.
B. La Subsecretaría de Justicia, de la que dependen los siguientes órganos directivos: 1. La Secretaría General Técnica.
Entrada en vigor: 10 de julio de 2008.
Fecha de derogación: 26/09/2010
SE DEROGA, por Real Decreto 1203/2010, de 24 de septiembre (Ref. BOE-A-2010-14658).
SE MODIFICA el art. 3, por Real Decreto 247/2010, de 5 de marzo (Ref. BOE-A-2010-3693).
sobre delegación de competencias: Orden JUS/3770/2008, de 2 de diciembre (Ref. BOE-A-2008-20814).
regulando la Comisión de Retribuciones del Departamento: Orden JUS/3767/2008, de 17 de diciembre (Ref. BOE-A-2008-20803).
CORRECCIÓN de errores en BOE num. 189 de 6 de agosto de 2008 (Ref. BOE-A-2008-13407).
DEROGA Real Decreto 1475/2004, de 18 de junio (Ref. BOE-A-2004-11443).
MODIFICA el art. 2 del Real Decreto 438/2008, de 14 de abril (Ref. BOE-A-2008-6719).

References: Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 10
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
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 Real Decreto 
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 11
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto