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Timestamp: 2019-10-20 07:15:33+00:00

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C-1121 de 2005
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020007861CC-SENTENCIAC1121200501/11/2005CC-SENTENCIA_C_1121__2005_01/11/2005200078612005SENTENCIA C-1121/05 DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD -Indicación de las razones por las cuales los textos demandados vulneran la Constitución UNIDAD NORMATIVA- Procedencia excepcional de integración DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD- Cargos deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes/ INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL- Ausencia de cargos ciertos Los cargos formulados por el demandante deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes. Esto significa que la acusación debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada (cierta). Además el actor debe mostrar cómo la disposición vulnera la Carta (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional, y no legales ni puramente doctrinarios ni referidos a situaciones puramente individuales (pertinencia). Finalmente, la acusación debe no sólo estar formulada en forma completa sino que debe ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada. Esta referencia muestra que en el presente caso algunos de los cargos formulados por la demandante no cumplen con los anteriores requisitos y específicamente no son ciertas porque no recaen sobre el contenido normativo de la disposición demandada. En efecto, a juicio de la actora el inciso final del artículo 148 de la Ley 734 de 2002 es inconstitucional porque permite a la Procuraduría General de la Nación practicar ciertas pruebas que de conformidad con diversos preceptos constitucionales tienen reserva judicial, como la interceptación de correspondencia y de las comunicaciones privadas y adicionalmente permite al Procurador "emitir órdenes de carácter judicial para que se reduzca a prisión o arresto, se detenga o registre el domicilio". De la lectura del inciso demandado resulta claro que este confiere atribuciones jurisdiccionales al Procurador General de la Nación para dictar las providencias necesarias para el aseguramiento y práctica de pruebas en el trámite procesal, entonces, del enunciado demandado no se derivan los contenidos normativos acusados por el demandante. COSA JUZGADA MATERIAL- Concepto COSA JUZGADA MATERIAL -Elementos para determinarla COSA JUZGADA MATERIAL -Efectos respecto de exequibilidad o inexequibilidad COSA JUZGADA MATERIAL -Respeto del precedente PRECEDENTE EN COSA JUZGADA MATERIAL- Casos en que juez constitucional puede apartarse La cosa juzgada material no puede ser entendida como una petrificación de la jurisprudencia sino como un mecanismo que busca asegurar el respeto al precedente, pues lo contrario podría provocar inaceptables injusticias. Por lo tanto cuando existan razones de peso que motiven un cambio jurisprudencial -como por ejemplo un nuevo contexto fáctico o normativo- la Corte Constitucional puede apartarse de los argumentos esgrimidos en decisiones previas, e incluso también puede llegar a la misma decisión adoptada en el fallo anterior pero por razones adicionales o heterogéneas. Esto lleva a que el juez constitucional deba evaluar en cada caso concreto las disposiciones demandadas, en aquellos eventos en que textos idénticos hayan sido objeto de un pronunciamiento de exequibilidad. Así pues, si una nueva ley reproduce enunciados o contenidos normativos ya estudiados por esta Corporación y es acusada, no podrá acudirse de manera automática los efectos de la figura de la cosa juzgada material para resolver los cargos formulados. La constitucionalidad de una disposición no depende solamente de su tenor literal sino también del contexto jurídico en el cual se inserta, al igual que de las circunstancias fácticas que rodean la aplicación de la norma. PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION -Funciones jurisdiccionales PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION -Funciones de policía judicial PRECEDENTE EN FUNCIONES JURISDICCIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- Acatamiento El enunciado demandado, aunque hace parte de un cuerpo normativo diferente, el nuevo Código Disciplinario Único -Ley 734 de 2002-, y presenta una redacción ligeramente distinta, es expresión del mismo contenido normativo. Co nfrontados el texto que fue objeto en el pasado de control constitucional y el precepto examinado en la demanda de la referencia, la Sala Plena encuentra que regulan la misma materia, pues hacen referencia a las atribuciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación. En la sentencia C-244 de 1996 la Corte Constitucional examinó si la disposición acusada era contraría los artículos 113, 116 y 117 de la Constitución, pues sostuvo el demandante, en aquella oportunidad, que la atribución de funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, rebasaba el ámbito de las facultades de policía judicial, pues el órgano de control no hacía parte de la rama judicial del poder público ni era en strictu sensu una autoridad administrativa a la cual se le pudieran conferir funciones jurisdiccionales de conformidad con el inciso tercero del artículo 116 constitucional, es decir los cargos eran idénticos a los examinados en esta ocasión. Por otra parte que, la expedición del Acto Legislativo 03 de 2002 no modificó las atribuciones de policía judicial que el artículo 277 constitucional confiere a la Procuraduría General de la Nación razón por la cual no se ha producido un cambio del contexto normativo constitucional que justifique apartarse del precedente sentado por esta Corporación en la sentencia C-244 de 1996. En consecuencia, no cabe duda que los criterios expuestos en la sentencia antes citada resuelven plenamente los problemas jurídicos planteados en la demanda que ahora estudia la Corte, por lo que la Sala Plena, respetando el precedente en la materia, procede a reiterar su jurisprudencia y a declarar la exequibilidad del inciso final del artículo 148 de la Ley 734 de 2002. Referencia: expediente D-5692
Liliana Medina SilvaCONSTITUCIONALIDADHumberto Antonio Sierra PortoDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 148 (parcial) de la Ley 734 de 2002"por la cual se expide el Código Disciplinario Único".D5692Identificadores20020007862true19094Versión original20007862Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 148 (parcial) de la Ley 734 de 2002"por la cual se expide el Código Disciplinario Único".
SENTENCIA C-1121/05
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cargos deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes/ INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ausencia de cargos ciertos
Los cargos formulados por el demandante deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes. Esto significa que la acusación debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada (cierta). Además el actor debe mostrar cómo la disposición vulnera la Carta (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional, y no legales ni puramente doctrinarios ni referidos a situaciones puramente individuales (pertinencia). Finalmente, la acusación debe no sólo estar formulada en forma completa sino que debe ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada. Esta referencia muestra que en el presente caso algunos de los cargos formulados por la demandante no cumplen con los anteriores requisitos y específicamente no son ciertas porque no recaen sobre el contenido normativo de la disposición demandada. En efecto, a juicio de la actora el inciso final del artículo 148 de la Ley 734 de 2002 es inconstitucional porque permite a la Procuraduría General de la Nación practicar ciertas pruebas que de conformidad con diversos preceptos constitucionales tienen reserva judicial, como la interceptación de correspondencia y de las comunicaciones privadas y adicionalmente permite al Procurador "emitir órdenes de carácter judicial para que se reduzca a prisión o arresto, se detenga o registre el domicilio". De la lectura del inciso demandado resulta claro que este confiere atribuciones jurisdiccionales al Procurador General de la Nación para dictar las providencias necesarias para el aseguramiento y práctica de pruebas en el trámite procesal, entonces, del enunciado demandado no se derivan los contenidos normativos acusados por el demandante.
COSA JUZGADA MATERIAL-Elementos para determinarla
COSA JUZGADA MATERIAL-Respeto del precedente
PRECEDENTE EN COSA JUZGADA MATERIAL-Casos en que juez constitucional puede apartarse
La cosa juzgada material no puede ser entendida como una petrificación de la jurisprudencia sino como un mecanismo que busca asegurar el respeto al precedente, pues lo contrario podría provocar inaceptables injusticias. Por lo tanto cuando existan razones de peso que motiven un cambio jurisprudencial -como por ejemplo un nuevo contexto fáctico o normativo- la Corte Constitucional puede apartarse de los argumentos esgrimidos en decisiones previas, e incluso también puede llegar a la misma decisión adoptada en el fallo anteriorpero por razones adicionales o heterogéneas.Esto lleva a que el juez constitucional deba evaluar en cada caso concreto las disposiciones demandadas, en aquellos eventos en que textos idénticos hayan sido objeto de un pronunciamiento de exequibilidad. Así pues, si una nueva ley reproduce enunciados o contenidos normativos ya estudiados por esta Corporación y es acusada, no podrá acudirse de manera automática los efectos de la figura de la cosa juzgada material para resolver los cargos formulados. La constitucionalidad de una disposición no depende solamente de su tenor literal sino también del contexto jurídico en el cual se inserta, al igual que de las circunstancias fácticas que rodean la aplicación de la norma.
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION-Funciones jurisdiccionales
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION-Funciones de policía judicial
PRECEDENTE EN FUNCIONES JURISDICCIONALES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION-Acatamiento
El enunciado demandado, aunque hace parte de un cuerpo normativo diferente, el nuevo Código Disciplinario Único -Ley 734 de 2002-, y presenta una redacción ligeramente distinta, es expresión del mismo contenido normativo.Confrontados el texto que fue objeto en el pasado de control constitucional y el precepto examinado en la demanda de la referencia, la Sala Plena encuentra que regulan la misma materia, pues hacen referencia a las atribuciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación. En la sentencia C-244 de 1996 la Corte Constitucional examinó si la disposición acusada era contraría los artículos 113, 116 y 117 de la Constitución, pues sostuvo el demandante, en aquella oportunidad, que la atribución de funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, rebasaba el ámbito de las facultades de policía judicial, pues el órgano de control no hacía parte de la rama judicial del poder público ni era en strictu sensu una autoridad administrativa a la cual se le pudieran conferir funciones jurisdiccionales de conformidad con el inciso tercero del artículo 116 constitucional, es decir los cargos eran idénticos a los examinados en esta ocasión. Por otra parte que, la expedición del Acto Legislativo 03 de 2002 no modificó las atribuciones de policía judicial que el artículo 277 constitucional confiere a la Procuraduría General de la Nación razón por la cual no se ha producido un cambio del contexto normativo constitucional que justifique apartarse del precedente sentado por esta Corporación en la sentencia C-244 de 1996. En consecuencia, no cabe duda que los criterios expuestos en la sentencia antes citada resuelven plenamente los problemas jurídicos planteados en la demanda que ahora estudia la Corte, por lo que la Sala Plena, respetando el precedente en la materia, procede a reiterar su jurisprudencia y a declarar la exequibilidad del inciso final del artículo 148 de la Ley 734 de 2002.
Referencia: expediente D-5692
DEMANDA de inconstitucionalidad contra el artículo 148 (parcial) de la Ley 734 de 2002"por la cual se expide el Código Disciplinario Único".
Bogotá, D. C., primero (1) de noviembre de dos mil cinco (2005).
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, la ciudadana Liliana Medina Silva demanda algunos apartes del artículo 148 de la Ley 734 de 2002 "por la cual se expide el Código Disciplinario Único".
A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No. 44.708 de 13 de febrero de 2002 y se subraya el enunciado normativo acusado.
ARTÍCULO 148.ATRIBUCIONES DE POLICÍA JUDICIAL. De conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo277 de la Constitución Política, para el cumplimiento de sus funciones, la Procuraduría General de la Nación tiene atribuciones de policía judicial. En desarrollo de esta facultad, el Procurador General y el Director Nacional de Investigaciones Especiales podrán proferir las decisiones correspondientes.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo116 de la Constitución Política, para efecto del ejercicio de las funciones de Policía Judicial establecidas en el inciso final del artículo 277, el Procurador General de la Nación tendrá atribuciones jurisdiccionales, en desarrollo de las cuales podrá dictar las providencias necesarias para el aseguramiento y práctica de pruebas en el trámite procesal.
En lo que hace referencia a la supuesta transgresión del artículo 113 constitucional, la demandante argumenta que de conformidad con el principio de separación de poderes, consagrado por dicha disposición constitucional, la función jurisdiccional es exclusiva de la rama judicial del poder público, por lo tanto la ley no puede conferirle atribuciones jurisdiccionales a quien no hace parte de dicha rama -como es el caso del Procurador General de la Nación-.
En el mismo sentido considera que el inciso demandado vulnera el artículo 28 constitucional porque autoriza al Procurador General de la Nación a "emitir órdenes de carácter judicial para que se reduzca a prisión o arresto, se detenga o registre el domicilio", atribuciones que de conformidad con el citado precepto constitucional tiene estricta reserva judicial.
2- Intervención del Ministerio del Interior y de Justicia
Señala el interviniente que la Corte Constitucional se había pronunciado en la sentencia C-244 de 1996 respecto de un enunciado normativo similar al demandado y lo había encontrado ajustado a la Constitución. Cita algunos apartes de la parte motiva de la sentencia en cuestión, en los cuales se afirma que si bien la Procuraduría es un órgano de control tiene funciones de carácter administrativo y por lo tanto le pueden ser conferidas atribuciones jurisdiccionales de conformidad con el artículo 116 constitucional. Sostiene además que el inciso demandado en ningún caso podría vulnerar derechos fundamentales porque el artículo 149 del Código Disciplinario Único establece que el ejerció de las atribuciones de policía judicial estará sujeto al estricto respeto de las garantías constitucionales y legales.
3- Intervención de la Policía Nacional
3- Intervención de la Comisión Colombiana de Juristas
La Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales, mediante concepto No. 3872, recibido el trece (13) de julio de 2005, solicita que la Corte Constitucional declare exequible el enunciado normativo demandado.
Opina el Ministerio Público, al igual que numerosos intervinientes dentro del presente proceso, que esta Corporación debe estarse a lo resuelto en la sentencia C-244 de 1996, pues se produjo el fenómeno de cosa juzgada material debido a la identidad de los contenidos normativos de la disposición objeto de estudio en aquella ocasión (el artículo 135 de la Ley 200 de 1995) y el precepto examinado en esta decisión (el inciso tercero del artículo 148 de la Ley 734 de 2002).
Considera la Vista Fiscal que desde la fecha en que fue proferida la sentencia C-244 de 1996, el texto de la Constitución Política no ha sufrido alteraciones sustanciales en la materia, de manera tal que pudiera entenderse que ha desaparecido el fundamento constitucional de las atribuciones de policía judicial en cabeza de la Procuraduría General de la Nación. Afirma que la expedición del Acto Legislativo 03 de 2002 no introduce cambios significativos en la materia pues el numeral 8 del artículo 250 de la Carta (modificado por el artículo 2 de la citada reforma constitucional) en todo caso prevé que otros organismos, distintos de la Policía Nacional, podrán ejercer funciones de policía judicial.
Adicionalmente, sostiene el Procurador que un estudio sistemático del Acto Legislativo 03 de 2002 lleva a concluir la especificidad de la regulación de la policía judicial introducida por la reforma constitucional, la cual se circunscribe al ámbito penal y no guarda relación con el derecho disciplinario ni con las disposiciones que regulan las atribuciones de la Procuraduría General de la Nación.
1. La Corte es competente para conocer del proceso de la referencia, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 241 numeral 4 de la Constitución Política.
2. Considera la actora que el inciso final del artículo 148 de la Ley 734 de 2002 es contrario a la Constitución porque le otorga facultades jurisdiccionales a un ente -la Procuraduría General de la Nación- que no es una autoridad administrativa ni hace parte del poder judicial, además le permite al órgano de control practicar pruebas que, de conformidad con distintos preceptos constitucionales, tienen reserva judicial tales como la interceptación de comunicaciones, los registros y allanamientos; al igual que emitir órdenes de carácter judicial para que se reduzca a prisión o arresto a los sujetos investigados disciplinariamente.
La existencia de cosa juzgada material respecto de la sentencia C-244 de 1996
La jurisprudencia constitucional ha distinguido entre distintas categorías conceptuales que delimitan el alcance de la cosa juzgada constitucional, en aras de garantizar tanto el objetivo de objetivo de seguridad jurídica que tiene la cosa juzgada como las garantías ciudadanas propias del proceso de constitucionalidad, al igual que las necesidades de cambio y evolución del ordenamiento jurídico[1].
Una de estas modalidades es la cosa juzgada material, cuyo alcance ha intentado precisar la jurisprudencia de esta Corporación en reiteradas oportunidades. Así, por ejemplo, se ha sostenido que esta figura tiene lugar cuando la norma acusada tiene un contenido normativo idéntico al de otra disposición sobre la cual esta Corporación previamente emitió una decisión, por lo que "los argumentos jurídicos que sirvieron de fundamento para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de éste serían totalmente aplicables a aquélla y la decisión que habría de adoptarse sería la misma que se tomó en la sentencia anterior."[2]
"[P]ara determinar si se esta en presencia del fenómeno de la cosa juzgada material, es preciso examinar cuatro elementos:
2. Que la disposición demandada se refiera al mismo sentido normativo excluido del ordenamiento jurídico, esto es, que lo reproduzca ya que elcontenido material del texto demandado es igual a aquel que fue declarado inexequible. Dicha identidad se aprecia teniendo en cuenta tanto la redacción de los artículos como el contexto dentro del cual se ubica la disposición demandada, de tal forma que si la redacción es diversa pero el contenido normativo es el mismo a la luz del contexto, se entiende que ha habido una reproducción.[3]
3. Que el texto de referencia anteriormente juzgado con el cual se compara la "reproducción" haya sido declarado inconstitucional por"razones de fondo", lo cual significa que la ratio decidendi de la inexequibilidad no debe haber reposado en un vicio de forma.
Cuando estos cuatro elementos se presentan, se está ante el fenómeno de la cosa juzgada constitucional material y, en consecuencia, la norma reproducida, también debe ser declarada inexequible por la violación del mandato dispuesto en el artículo 243 de la Constitución Política, pues éste limita la competencia del legislador para expedir la norma ya declarada contraria a la Carta Fundamental"[4].
En todo caso, la jurisprudencia constitucional siempre ha sido constante en vincular la cosa juzgada material al concepto de precedente, específicamente con la obligación en cabeza del juez constitucional deser consistente con sus decisiones previas, deber que no deriva no sólo de elementales consideraciones de seguridad jurídica -pues las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles- sino también del respeto al principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez. (…) Por ello la Corte debe ser muy consistente y cuidadosa en el respeto de los criterios jurisprudenciales que han servido de base (ratio decidendi) de sus precedentes decisiones[5]. Empero, la cosa juzgada material no puede ser entendida como una petrificación de la jurisprudencia sino como un mecanismo que busca asegurar el respeto al precedente, pues lo contrario podría provocar inaceptables injusticias[6]. Por lo tanto cuando existan razones de peso que motiven un cambio jurisprudencial -como por ejemplo un nuevo contexto fáctico o normativo[7]- la Corte Constitucional puede apartarse de los argumentos esgrimidos en decisiones previas[8], e incluso también puede llegar a la misma decisión adoptada en el fallo anterior pero por razones adicionales o heterogéneas[9].
Inhibición frente a algunos de los cargos formulados por la actora
El artículo 2 del Decreto 2067 de 1991 consigna los requisitos que debe contener toda demanda de inexequibilidad, uno de los cuales es el registrado en el numeral tercero de la citada disposición, a saber: el señalamiento de las razones por las cuales las normas constitucionales invocadas se estiman violadas. La Corte Constitucional se pronunciado de matera reiterada sobre esta exigencia, en el sentido de advertir que, si bien es cierto la acción pública de inconstitucionalidad no está sometida a mayores rigorismos y debe prevalecer la informalidad[10], deben existir requisitos y contenidos mínimos que permitan a este Tribunal la realización satisfactoria del estudio de constitucionalidad, es decir, el líbelo acusatorio debe ser susceptible de generar una verdadera controversia constitucional.
La Corte ha sistematizado las exigencias materiales que debe cumplir la demanda y ha señalado que, sin caer en formalismos técnicos, incompatibles con la naturaleza popular y ciudadana de la acción de inconstitucionalidad, los cargos formulados por el demandante deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes[11]. Esto significa que la acusación debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada (cierta). Además el actor debe mostrar cómo la disposición vulnera la Carta (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional, y no legales ni puramente doctrinarios ni referidos a situaciones puramente individuales (pertinencia). Finalmente, la acusación debe no sólo estar formulada en forma completa sino que debe ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la norma impugnada.
Esta referencia muestra que en el presente caso algunos de los cargos formulados por la demandante no cumplen con los anteriores requisitos y específicamente no son ciertas porque no recaen sobre el contenido normativo de la disposición demandada. En efecto, a juicio de la actora el inciso final del artículo 148 de la Ley 734 de 2002 es inconstitucional porque permite a la Procuraduría General de la Nación practicar ciertas pruebas que de conformidad con diversos preceptos constitucionales tienen reserva judicial, como la interceptación de correspondencia y de las comunicaciones privadas y adicionalmente permite al Procurador "emitir órdenes de carácter judicial para que se reduzca a prisión o arresto, se detenga o registre el domicilio".
Por otra parte de la lectura sistemática de la Ley 734 de 2002 se desprende que la disposición que regula los medios probatorios al interior de la actuación procesal disciplinaria es el artículo 130 del citado estatuto, disposición que no fue demandada en este proceso. Podría argumentarse que cabe la posibilidad que la Corte Constitucional integre la unidad normativa del inciso acusado con el artículo 130 del Código Disciplinario Único[12], con el propósito de estudiar la totalidad de los cargos formulados por la demandante, no obstante la jurisprudencia constitucional ha reiterado que esa potestad es excepcional en virtud del carácter participativo del proceso constitucional, con el propósito de permitir el más amplio debate ciudadano sobre las disposiciones examinadas por la Corporación[13].
"Artículo 135. Funciones Jurisdiccionales del Procurador General de la Nación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política, para efectos del ejercicio de las funciones de Policía Judicial establecida en el inciso final del artículo 277 de la Constitución Política, el Procurador General de la Nación tendrá atribuciones jurisdiccionales, en desarrollo de las cuales podrá dictar las providencias necesarias para el aseguramiento y práctica de pruebas, en la indagación preliminar como en la investigación disciplinaria que adelanten los funcionarios competentes de la Procuraduría General de la Nación."
El enunciado ahora demandado, aunque hace parte de un cuerpo normativo diferente, el nuevo Código Disciplinario Único -Ley 734 de 2002-, y presenta una redacción ligeramente distinta, es expresión del mismo contenido normativo. Confrontados el texto que fue objeto en el pasado de control constitucional y el precepto examinado en la demanda de la referencia, la Sala Plena encuentra que regulan la misma materia, pues hacen referencia a las atribuciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación.
En la sentencia C-244 de 1996 la Corte Constitucional examinó si la disposición acusada era contraría los artículos 113, 116 y 117 de la Constitución, pues sostuvo el demandante, en aquella oportunidad, que la atribución de funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, rebasaba el ámbito de las facultades de policía judicial, pues el órgano de control no hacía parte de la rama judicial del poder público ni era en strictu sensu una autoridad administrativa a la cual se le pudieran conferir funciones jurisdiccionales de conformidad con el inciso tercero del artículo 116 constitucional, es decir los cargos eran idénticos a los examinados en esta ocasión. En consecuencia, se pasará a estudiar las razones esgrimidas por esta Corporación, en la oportunidad anterior, para declarar la disposición acusada ajustada a la Constitución.
Sostuvo la Corte en esa oportunidad que la misma Constitución era la norma que "otorga a la Procuraduría General de la Nación, esto es, al Procurador General y a sus agentes y delegados, la facultad de ejercer funciones de Policía Judicial. Las que, según la norma impugnada, se dirigen exclusivamente a dictar las providencias necesarias para el aseguramiento y práctica de pruebas, tanto en la etapa de indagación preliminar como durante la investigación disciplinaria".
Luego hace un recuento de las funciones que judicialmente cumple la policía judicial en materia penal, referidas principalmente a la práctica de pruebas y concluye que "…como para el aseguramiento de pruebas en procesos disciplinarios, se podrían cumplir actos como el registro de correspondencia, la interceptación de teléfonos, la vigilancia electrónica, etc, los cuales están íntimamente relacionados con la restricción de ciertos derechos fundamentales, es indispensable que sean ordenados por autoridad judicial; de ahí que se le haya atribuido a la Procuraduría, en la norma que es objeto de acusación, funciones jurisdiccionales, en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 116 del Estatuto Superior que prescribe: "Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos". Requisitos que se cumplen en el caso que se examina, pues la Procuraduría General de la Nación, a pesar de ser un organismo de control, independiente y autónomo, es de carácter administrativo, y se le atribuyen funciones jurisdiccionales para un asunto concreto, como es la expedición de las providencias necesarias para el aseguramiento y práctica de pruebas, en la indagación preliminar al igual que en la investigación disciplinaria".
Estarse a lo resuelto ... Artículo 148 LEY_734_2002_05/02/2002
Exequible (inciso final ) Artículo 148 LEY_734_2002_05/02/2002
Inhibida Artículo 148 LEY_734_2002_05/02/2002
SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA C-1121 DE 2005 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION-Funciones jurisdiccionales (Salvamento de voto)
Con el respeto acostumbrado por las decisiones mayoritarias de esta Corte, me permito salvar mi voto a la presente sentencia, por la siguiente razón de fondo:
Considero que la asignación de atribuciones jurisdiccionales al Procurador General de la Nación es inconstitucional, pues la policía judicial no puede ser habilitada para dar órdenes a un juez, dictando providencias sobre el aseguramiento y práctica de pruebas en un proceso judicial. Por ello, no estoy de acuerdo con el precedente jurisprudencial que se propone ratificar (sentencia C-244/96).
[1] Ver las sentencias C-774 de 2001 y C-228 de 2002.
[2] Auto 027 A de 1998, reiterado en las sentencia C-774 de 2001 y C-783 de 2004.
[3] Ver entre otras las sentencias C-427 de 1996. MP: Alejandro Martínez Caballero, donde la Corte señaló que el fenómeno de la cosa juzgada material se da cuando se trata, no de una norma cuyo texto normativo es exactamente igual, es decir, formalmente igual, sino cuando los contenidos normativos son iguales.
[4] Sentencia C-228 de 2002.
[5] Sentencia C-447 de 1997.
[7] Se trata del concepto de "Constitución viviente" que ha sido empleado en la jurisprudencia constitucional. Así, en al sentencia C-774 de 2001 sostuvo este Tribunal:
" No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta la especial naturaleza de la cosa juzgada constitucional, es necesario advertir, que de manera excepcional, resulta posible que el juez constitucional se pronuncie de fondo sobre normas que habían sido objeto de decisión de exequibilidad previa. El carácter dinámico de la Constitución, que resulta de su permanente tensión con la realidad, puede conducir a que en determinados casos resulte imperativo que el juez constitucional deba modificar su interpretación de los principios jurídicos para ajustarlos a las necesidades concretas de la vida colectiva - aún cuando no haya habido cambios formales en el texto fundamental -, lo que incide necesariamente en el juicio de constitucionalidad de las normas jurídicas. El concepto de "Constitución viviente" puede significar que en un momento dado, a la luz de los cambios económicos, sociales, políticos, e incluso ideológicos y culturales de una comunidad, no resulte sostenible, a la luz de la Constitución, - que es expresión, precisamente, en sus contenidos normativos y valorativos, de esas realidades -, un pronunciamiento que la Corte haya hecho en el pasado, con fundamento en significaciones constitucionales materialmente diferentes a aquellas que ahora deben regir el juicio de Constitucionalidad de una determinada norma. En estos casos, no se puede considerar que el fallo vulnera la cosa juzgada, ya que el nuevo análisis parte de un marco o perspectiva distinta, que en lugar de ser contradictorio conduce a precisar los valores y principios constitucionales y permiten aclarar o complementar el alcance y sentido de una institución jurídica".
[8] Un ejemplo lo constituye la sentencia C-228 de 2002, en la cual la Corte Constitucional decidió apartarse del precedente sentado en la sentencia C-293 de 1995 al estudiar la constitucionalidad de unas disposiciones del código de Procedimiento Penal que limitaban el papel de la parte civil en el proceso penal.
[9] En el mismo sentido en la sentencia C-311 de 2002 sostuvo esta Corporación:
"El fallo anterior constituye un precedente respecto del cual la Corte tiene diversas opciones, ya que no queda absolutamente autovinculada por sus sentencias de exequibilidad. La primera, es seguir el precedente, en virtud del valor de la preservación de la consistencia judicial, de la estabilidad del derecho, de la seguridad jurídica, del principio de la confianza legítima y de otros valores, principios o derechos protegidos por la Constitución y ampliamente desarrollados por la jurisprudencia de esta Corte. En esta primera opción la Corte decide seguir la ratio decidendi anterior, mantener la conclusión que de ella se deriva, estarse a lo resuelto y, además, declarar exequible la norma demandada. Otra alternativa es apartarse del precedente, esgrimiendo razones poderosas para ello que respondan a los criterios que también ha señalado la Corte en su jurisprudencia, para evitar la petrificación del derecho y la continuidad de eventuales errores. También puede la Corte llegar a la misma conclusión de su fallo anterior pero por razones adicionales o diversas. En conclusión, los efectos de la cosa juzgada material de un fallo de exequibilidad son específicos y no se asimilan a los del derecho procesal general. Se inscriben dentro de la doctrina sobre precedentes judiciales en un sistema de tradición romano germánica, son los propios del proceso constitucional y responden a la interpretación de una Constitución viviente.
[10]Cfr. Corte Constitucional, Auto del 29 de julio de 1997, expediente D-1718.
[12] El tenor de dicho artículo es el siguiente:
[13] Sentencia C-221 de 1997.

References: artículo 148
 artículo 116
 artículo 277
 artículo 148
 artículo 148
 artículo 148
 artículo 148
 artículo 116
 artículo 277
 artículo 148
 artículo 148
 artículo 241
 artículo 148

ARTÍCULO 148
 artículo277
 artículo116
 artículo 277
 artículo 113
 artículo 28
 artículo 116
 artículo 149
 artículo 135
 artículo 148
 artículo 250
 artículo 2
 artículo 241
 artículo 148
 artículo 243
 artículo 2
 artículo 148
 artículo 130
 artículo 130
 artículo 116
 artículo 277
 artículo 116
 artículo 116
 Artículo 148
 Artículo 148
 Artículo 148