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El Estandar de Conviccion de La Duda Razonable en El Proceso Penal Chileno, En Particular La Relevancia Del Voto Disidente | Derecho penal | Evidencia (Derecho)
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Revista Ius et Praxis, Ao 17, N 2, 2011, pp.
77 - 118 ISSN 0717 - 2877 Universidad de Talca - Facultad de Ciencias Jurdicas y Sociales El estndar de conviccin de la duda razonable en el proceso penal chileno, en particular la relevancia del voto disidente Ral Carnevali Rodrguez - Ignacio Castillo Val
EL ESTNDAR DE CONVICCIN DE LA DUDA RAZONABLE EN EL PROCESO PENAL CHILENO, EN PARTICULAR LA RELEVANCIA DEL VOTO DISIDENTE The standard of conviction of reasonable doubt in the chilean criminal procedure, especially referred to the relevance of a minority vote
Ral Carnevali Rodrguez** Ignacio Castillo Val***
El sistema procesal penal chileno introdujo un nuevo estndar de conviccin para condenar: ms all de toda duda razonable. ste surge de la tradicin jurdica anglosajona, por lo que resulta poco conocido y bajo cierta interpretacin inaplicable en el pas, considerando su vinculacin con el derecho europeo continental. Por lo mismo, el trabajo pretende dar una mirada distinta al baremo de prueba recogido por nuestro legislador, acercndolo a la discusin que se debera dar en Chile. Adems, pretende resolver la siguiente pregunta: es posible condenar sobre la base de que el Tribunal adquiri la conviccin ms all de toda duda razonable, en circunstancia de que existe un voto disidente razonado y motivado que est por absolver?
The Chilean procedural penal system introduced a new standard of conviction: beyond reasonable doubt. This standard comes from the anglosaxon legal tradition, so it is fairly unknown and under certain interpretations, inapplicable in the country, considering chilean links to European Continental law. Because of this, the following paper strives to provide a different analysis on the standard of evidence used by our lawmakers, bringing it closer to the discussion that should occur in Chile. It also seeks to answer the following question: Is it possible to convict based on the fact that the
Una versin preliminar fue presentada, por Ral Carnevali R., en mayo de 2003, para la Jornada de debate y discusin de la reforma procesal penal, realizada en Antofagasta, organizada por la Defensora Penal Pblica de la II Regin y la Universidad de Antofagasta. Quisiramos agradecer las observaciones formuladas en su momento por el Juez de Garanta Daniel Urrutia Laubreaux y que fueron publicadas en Boletn Centro de Estudios del Derecho, Universidad Catlica del Norte, sede Coquimbo, N 4, 2003, pp. 8 y ss. Por ltimo, quisiramos agradecer especialmente a Danilo Bez, magistrado de Tribunal Oral en lo Penal, por sus rigurosos y asertivos comentarios que, creemos, han servido para mejorar el trabajo. Haberlo logrado, claro est, es nuestra responsabilidad. Trabajo recibido el 21 de julio y aprobado el 27 de septiembre de 2011. Doctor en Derecho; Profesor asociado en Derecho Penal de la Universidad de Talca y Director del Centro de Estudios de Derecho Penal de la misma Universidad. Correo electrnico: rcarnevali@utalca.cl.
Magister (c) Centro de Estudios de Derecho Penal, Universidad de Talca. Correo electrnico: igcastillo@utalca.cl. Revista Ius et Praxis, Ao 17, N 2 2011, pp. 77 - 118
Artculos de doctrina - Derecho Penal	Ral Carnevali Rodrguez - Ignacio Castillo Val
Court was convinced beyond a reasonable doubt, if there is a reasoned and studied minority vote that finds for acquittal?
Duda Razonable, Voto Disidente, Absolucin Penal
Reasonable Doubt, Minority Vote, Criminal Absolution
I. Aproximacin al problema
Hoy es un lugar comn decir que el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal import un cambio sin precedentes en nuestra cultura jurdica. A travs de la reforma procesal penal se introdujeron aspectos como la inmediacin, la oralidad, la publicidad, la contradictoriedad, a niveles que se desconocan en nuestra tradicin jurdica1. De hecho, muchos de esos principios se han replicado con mayor o menor xito en las sucesivas modificaciones a los procesos que se han ido materializando en los ltimos aos2. Dentro de los institutos novedosos de la reforma procesal penal uno que destaca, por su relevancia e importancia poltica, es el juicio oral. Es en ese escenario donde aquellos principios que sealamos se muestran en su mxima expresin, constituyendo los pilares sobre los cuales se legitima la reforma. Y mucho se ha escrito sobre el juicio oral, desde aspectos terico-dogmticos sobre los presupuestos del juicio oral, hasta manuales de litigacin para enfrentarlo adecuadamente3. Sin embargo, poco se ha reflexionado sobre el estndar de conviccin que se adopt para que el
Cabe recordar, en todo caso, que previo al nuevo proceso penal estaba vigente en Chile un sistema de enjuiciamiento criminal ortodoxamente inquisitivo, marcado por la escrituracin, el secretismo, la mediacin, la delegacin de funciones y la completa falta de imparcialidad del juzgador. Era un proceso penal en que, en palabras de Ferrajoli, el juez proceda de oficio a la bsqueda, recoleccin y valoracin de las pruebas, llegndose al juicio despus de una instruccin escrita y secreta de la que estaban excluidos o, en cualquier caso, limitados la contradiccin y los derechos de defensa. Ferrajoli, Luigi, Derecho y razn. Teora del garantismo penal, Traduccin de Andrs Ibez, Perfecto, y Otros, Ed. Trotta, Madrid, 1995, p. 564.
Nos referimos, en concreto, a las reformas al procedimiento en materia de Familia y al procedimiento Laboral, en donde se han incorporado, con matices, similares principios que los del proceso penal, en particular, la oralidad, inmediacin y concentracin. A modo de referencia, cfr., entre otros, Horvitz Lennon, Mara Ins; Lpez Masle, Julin, Derecho procesal penal chileno, tomos I y II, Ed. Jurdica, Santiago, 2002 y 2004; Duce, Mauricio; Riego, Cristin, Proceso Penal, Ed. Jurdica, Santiago, 2007; Duce, Mauricio; Baytelman, Andrs, Litigacin penal en juicios orales, 2 Edicin, Facultad de Ciencias Jurdicas y Sociales, Universidad Diego Portales, Santiago, 2002; Vial Campos, Pelayo, Tcnicas y fundamentos del contraexamen en el proceso penal chileno, Ed. Librotecnia, Santiago, 2006; Carocca, Alex, y Otros, Nuevo proceso penal, Ed. ConoSur Ltda., Santiago, 2000; Blanco Surez, Rafael, y Otros, Litigacin estratgica en el nuevo proceso penal, Ed. LexisNexis, Santiago, 2005. Revista Ius et Praxis, Ao 17, N 2 2011, pp. 77 - 118
El estndar de conviccin de la duda razonable en el proceso penal chileno, en particular la relevancia del voto disidente
tribunal pudiera condenar a una persona, lo que ha de ser uno de los aspectos centrales del juicio4. Por otra parte, si bien el ttulo del presente trabajo hace referencia a la expresin conviccin, por ser aquella utilizada en el Cdigo Procesal Penal, no se nos escapa la irrefutable crtica a la que ha sido sometida en el ltimo tiempo, y que compartimos. En efecto, por conviccin pareciera referirse a un modelo de libre valoracin de la prueba por parte del juez, de carcter eminentemente subjetivo, en virtud del cual el adjudicador adquiere el ntimo convencimiento acerca de los hechos ocurridos. Sin embargo, este razonamiento es inconsistente para quienes compartimos un modelo garantista, que permita el control de esa justificacin por parte de un tribunal superior o de un tercero, incluida, obviamente, la comunidad. En efecto, la interpretacin correcta del Art. 340 del Cdigo Procesal Penal habra que hacerla tomando en consideracin los lmites prescritos en el Art. 297 del mismo cuerpo adjetivo y, compartiendo con Accatino5, mediante una interpretacin no subjetivista del estndar de prueba ms all de toda duda razonable. Por eso, no nos parece completamente satisfactorio porque igualmente deja un espacio incontrolable de subjetivismo, la posicin de Coloma6, para quien habra ah un doble filtro, primero en los lmites fijados por los principios de la lgica, las mximas de la experiencia y los conocimientos cientficamente afianzados, y segundo, en el convencimiento de los jueces de la realizacin de la conducta tipificada y de la participacin culpable. En todo caso, mediante un proceso de motivacin racional, objetiva y dotada de validez intersubjetiva7.
Entendemos con Gascn, que un estndar de prueba (conviccin) supone: criterios que indican cundo se ha conseguido la prueba de un hecho; o sea, los criterios que indican cundo est justificado como verdadera la hiptesis que lo describe (la cursiva en el original). Gascn Abelln, Marina, Sobre la posibilidad de formular estndares de prueba objetivos, DOXA, Cuadernos de Filosofa del Derecho N 28, 2005, p. 129.
4 5 Cfr. Accatino Scagliotti, Daniela, El modelo legal de justificacin de los enunciados probatorios en las sentencias penales y su control a travs del recurso de nulidad, en Accatino Scagliotti, Daniela (Coord.), Formacin y valoracin de la prueba en el proceso penal, Ed. Abeledo Perrot, Santiago, 2010, pp. 119 ss., en especial, pp. 137 ss.; Accatino Scagliotti, Daniela: La fundamentacin de la declaracin de hechos probados en el nuevo proceso penal. Un diagnstico, Revista de Derecho de la Universidad Austral de Chile, Vol. XIX, N. 2, 2006, pp. 9 ss. Similar opinin puede verse en Bez, Danilo, Estndar de conviccin o arbitrariedad judicial? Bases y propuestas para la interpretacin del estndar de duda razonable en el Cdigo Procesal Penal, en Verdugo M., Mario (Dir.), Gaceta Jurdica, Doctrinas Esenciales, Derecho Penal, Tomo I, Legal Publishing Chile, Santiago, 2011, pp. 867 y ss. 6
Coloma Correa, Rodrigo, Panorama General de la Prueba en el Juicio Oral, en Coloma Correa, Rodrigo (Ed.), La Prueba en el Nuevo Proceso Penal Oral, Ed. LexisNexis, Santiago, 2003, p. 27. Con todo, no podemos dejar de reconocer que el aporte de Coloma ha sido trascendental en esta discusin, pues fue el primero que cuestion, decididamente, una aproximacin enteramente subjetivista al citado baremo.
Sobre esto cfr., entre otros, Ferrer Beltrn, Jordi, Prueba y verdad en el derecho, 2 Edicin, Marcial Pons, Madrid, 2005, pp. 80 y ss.; Gascn Abelln, Marina, Los hechos en el derecho, 3 Edicin, Marcial Pons, Madrid, 2010, p 169 y ss.
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Como se sabe, el Art. 340 del Cdigo Procesal Penal8 introdujo un nuevo estndar de prueba para que el Tribunal pueda dictar una sentencia condenatoria. Este consiste en que el juzgador debe adquirir la conviccin ms all de toda duda razonable de que se ha cometido el hecho punible objeto de la acusacin y que en l le ha correspondido una participacin culpable al acusado. Se ha insertado pues, en nuestro ordenamiento jurdico, un estndar que, como es conocido, emerge de la tradicin jurdica anglosajona y que hasta hace un tiempo era desconocido en la propia cultura del derecho europeo continental, y de la que somos herederos9. En Estados Unidos, por ejemplo, el estndar de prueba acerca de la concurrencia de los elementos de la responsabilidad penal en una persona deben ser probados beyond a reasonabledoubt y aquello ha sido considerado por la Corte Suprema como un derecho fundamental, reconocido en la propia Constitucin, aun cuando aqul no aparezca siquiera mencionado en la carta fundamental10. En todo caso conviene, desde ya, realizar una precisin respecto de los orgenes del estndar de la duda razonable, por cuanto ello puede ser til para comprender mejor el alcance y sentido que este baremo tiene y que, para bien o para mal, constituye el lmite de conviccin impuesto por nuestro legislador para condenar a un imputado en un juicio penal. El estndar de duda razonable, como nos ensea Whitman, descansa en el olvidado mundo de la teologa cristiana pre moderna que, por cierto, escasa relevancia le asignaba a nuestras preocupaciones garantistas o epistemolgicas11. En efecto, el estndar de prueba no pretenda proteger al imputado como hoy lo sostenemos, sino que la duda razonable fue originalmente concebida para proteger de su condena el alma de los integrantes del jurado. Se crea,
Art. 340: Conviccin del tribunal. Nadie podr ser condenado por delito sino cuando el tribunal que lo juzgare adquiriere, ms all de toda duda razonable, la conviccin de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusacin y que en l hubiere correspondido al acusado una participacin culpable y penada por la ley. El tribunal formar su conviccin sobre la base de la prueba producida durante el juicio oral. No se podr condenar a una persona con el solo mrito de su propia declaracin.
No se nos escapa que en Inglaterra, por ejemplo, se ha ido abandonando el estndar de duda razonable y se ha ido imponiendo, en su lugar, un estndar de firme conviccin. Laudan, Larry, Por qu un estndar de prueba subjetivo y ambiguo no es un estndar, Traduccin de Calvo Soler, Ral, DOXA, Cuadernos de Filosofa del Derecho, N 28, 2005, p. 100.
In Re Winship, 397 U.S. 358, 374 (1970). En ese sentido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos se ha mantenido bastante inalterable, en trminos de entender que el estndar de prueba del proceso penal, el de la duda razonable, se encuentra consagrado en la sexta enmienda. As se ha dicho, entre otros, en los siguientes fallos: Jones v. United States, 526 U.S. 227 (1999); Apprendi v. New Jersey, 530 U.S. 466 (2000); Ring v. Arizona, 536 U.S. 584 (2002) y Cunningham v. California 549 U.S. 270 (2007).
Whitman, James,The Origins of Reasonable Doubt, Theological roots of the criminal trial, Yale University Press, New Haven, 2008, p. 2. Revista Ius et Praxis, Ao 17, N 2 2011, pp. 77 - 118
en esos tiempos, que el destino de quienes juzgaban estaba tambin en juego en cada juicio, porque condenar a un inocente era considerado en la antigua tradicin cristiana potencialmente como un pecado capital. Por ende, la duda razonable fue en un inicio creacin de la doctrina teolgica, que procuraba asegurar o reafirmar en el jurado la idea de que ellos podan condenar al imputado sin poner en riesgo su propia salvacin, siempre y cuando las dudas de la responsabilidad del acusado no fueran razonables12. Con todo, el estndar de la duda razonable no fue utilizado en el proceso penal ordinario sino hasta finales del siglo XVIII, principalmente, en una serie de casos de alta traicin en Irlanda (1798); aun cuando algunos observan sus primeras manifestaciones en ciertos juicios en Massachusetts, una dcada antes13. Con anterioridad a esos casos, no exista en el derecho anglosajn un estndar de prueba definido para que el jurado considerara condenar a un imputado y, a decir verdad, el estndar no pareca realmente alto14. Es ms, en aquella poca la mxima no era que un imputado se consideraba inocente mientras no se probara, ms all de toda duda razonable, que haba cometido el delito, sino que si l era inocente deba estar en condiciones de convencer al jurado por la calidad y caractersticas de su refutacin a la evidencia del persecutor15. Las primeras referencias a la duda razonable, como ya dijimos, aparecieron a finales del siglo XVIII, en varias instrucciones de los jueces al jurado, entre las que destacan las siguientes: Si apreciando las evidencias presentadas, mantiene alguna duda razonable l (imputado) tiene derecho a su absolucin, Si usted tiene alguna duda, usted debe absolverlo, Si usted tiene dudas sobre el caso, por supuesto que debe absolver al prisionero, Si hay una duda razonable, en ese caso esa duda debe ser decidida a favor del prisionero, Si usted ve cualquier duda razonable, usted debe absolverlo16. En todo caso, lo que se observa, a decir del propio Langbein, es que mientras el proceso penal anglosajn fue fortaleciendo sus caractersticas de adversarialidad, con la creWhitman, The Origins, cit. nota n. 11, p. 2. Por lo mismo, y en lo relevante para nuestro trabajo, el estndar de duda razonable en la tradicin del Common Law no fue creado desde una perspectiva epistemolgica (que nosotros sostenemos) ni necesariamente desde una perspectiva consensuada o narrativa (que sostienen otros) sino que por una motivacin religiosa de proteccin del jurado. Por lo mismo, nada impide que hoy desaparecidas esas razones podamos indagar el sentido y alcance de aquel baremo que ms se adecue a nuestro Estado democrtico de Derecho.
12 13 Parecen compartir el momento histrico del surgimiento en el proceso laico del estndar de conviccin de la duda razonable, Horvitz; Lpez, Derecho Procesal, Tomo II, cit. nota n. 3, p. 154. 14 15
Langbein, John, The origins of adversary criminal trial, Oxford University Press, Oxford, 2005, p. 262. Beattie, John, Crime
and the Courts 14, p. 263. in
England 1660 - 1800,
LANGBEIN, The
adversary, cit. nota n.
Beattie, John, Crime and the Courts in England 1660 - 1800, citado en Langbein, The origins of adversary, cit. nota n. 14, pp. 263 y 264 (la traduccin es nuestra). Revista Ius et Praxis, Ao 17, N 2 2011, pp. 77 - 118
ciente participacin del defensor; la imparcialidad del juez; el desarrollo de las tcnicas de litigacin, y especialmente por la preocupacin respecto de la posibilidad de una condena errnea y la necesidad de establecer un lmite a la persecucin penal, se fue generando el camino frtil para el desarrollo del estndar de la duda razonable. Como se aprecia, el origen y desarrollo del estndar de duda razonable desde una perspectiva eclesistica y laica, pareciera ser antinmico con las expectativas que siguiendo a Taruffo uno debera exigir de un estndar probatorio suficiente para condenar penalmente a un ciudadano. En efecto, el estndar adquira una relevancia simblica respecto del jurado (en el mbito eclesistico) o bien, se sustentaba sobre una lgica subjetiva, apreciada holsticamente y en el sentido de una narracin o historia (storytelling) en el caso del juicio ordinario17. Pero ello no debe sorprender, porque el proceso de adjudicacin en el juicio oral, propio del modelo anglosajn, descans siempre en la participacin de un jurado lego, exento de la obligacin de motivacin. Esta no es, en cambio, nuestra realidad y por el momento creemos que no debera serla, pues nosotros tenemos un sistema procesal penal que descansa en la decisin de adjudicacin en un tribunal colegiado de derecho, que tiene una pretensin epistemolgica, y que adems tiene la obligacin de motivar. Esto, necesariamente, debera llevar a una interpretacin diferente del baremo, con consecuencias distintas en las decisiones de mayora. Ese es el objetivo de este trabajo como se ver ms adelante. En este sentido, no deja de ser interesante, y en cierto grado motiva el presente trabajo, el esfuerzo de Taruffo por intentar justificar cmo aquel baremo (el de la duda razonable), aplicado en el derecho europeo continental (Civil Law) puede tener cierto xito, por estar sometido a jueces profesionales, con obligacin de apreciar la prueba analticamente y, por sobre todo, con el deber de motivar y justificar su valoracin. El valor tico-poltico que el autor le
17 Duce y Riego parecen sostener, en nuestro medio, una clsica aproximacin narrativa o storytelling, que se centra en el concepto de plausibilidad como criterio de verificabilidad probatoria. Cfr. Duce; Riego, Proceso Penal, cit. nota n. 3, pp. 497 y ss. Cabe recordar, como afirma Taruffo, que toda la teora de la denominada storytelling, es elaborada en el plano del anlisis psicolgico del comportamiento de los jurados. As y todo, si fuera ese en definitiva el modelo adoptado por los jurados, lo cierto es que compartimos con el autor italiano que aquello sera una profunda y errada modalidad de decisin, por cuanto prescinde de la valoracin de la credibilidad de cada una de las pruebas y no se preocupa por establecer qu hechos han sido demostrados y qu hechos no lo han sido; adems de ser cuanto menos genrico, cultural y subjetivamente relativo y carente de toda garanta de objetividad. Pero tambin, por su cercana con el concepto de verosimilitud, donde aquello que es plausible sera verosmil y lo sera no aquello que es verdadero, si no aquello que parece corresponderse con la normalidad. Taruffo, Michele, Tres observaciones sobre Por qu un estndar de prueba subjetivo y ambiguo no es un estndar, de Larry Laudan, Traduccin de Ferrer Beltrn, Jordi, DOXA, Cuadernos de Filosofa del Derecho, N 28, 2005, p. 122. Si eso sucede en Chile, donde adems tenemos jueces profesionales, la cuestin sera lamentable.
asigna al estndar es, a nuestro juicio, lo que justifica tal empresa. Volveremos sobre ello infra18. Dicho lo anterior, nos parece necesario afirmar que compartimos el anlisis ms o menos generalizado en nuestra doctrina, en cuanto a que el carcter forneo a nuestra tradicin, del baremo de prueba, no es motivo suficiente para emitir un juicio negativo sobre su introduccin en nuestro sistema procesal penal19. Sin embargo, creemos que si se profundiza acerca de su incorporacin, debe estimarse inconsistente e incoherente con la eventual hiptesis del voto disidente respecto de la decisin de los hechos, conforme se ha ido asentando en nuestra jurisprudencia. En trminos sencillos, y segn se fundamentar, un voto disidente respecto de la quaestio facti, motivado y razonado y por lo mismo no subjetivo conforme las exigencias de nuestro proceso penal, en virtud del cual uno de los jueces del tribunal ha considerado que existe una duda razonable de que realmente se hubiere cometido el hecho punible y que en l hubiere correspondido al acusado participacin culpable, debe ser suficiente para absolver al imputado. Si nuestro proceso penal tiene una pretensin de bsqueda de verdad epistmica, no formal como equivocadamente se sostiene como legitimacin del castigo estatal, aquella debe ser impuesta cuando al menos desde una perspectiva material, existe unanimidad de los jueces en cuanto a la condena. Por de pronto, como se ver, la incorporacin de la duda razonable en el Cdigo Procesal Penal chileno recin aconteci al final del debate legislativo, prcticamente cuando faltaban escasos meses para que la reforma comenzara a funcionar en su primera etapa diciembre de 2000. Sin mayor discusin, se dispuso como criterio para precisar un grado de conviccin que debe alcanzar el juez al momento de sentenciar. No obstante, en ese momento legislativo poco se profundiz acerca de su origen y sobre su sentido dentro del sistema procesal del que emana, esto es, del Common Law20. Y es que, como se observar, el estndar de ms all de toda duda razonable beyond a reasonable
18 Cfr. Taruffo, Tres observaciones, cit. nota n. 17, pp.115 ss.; Taruffo, Michele, Conocimiento Cientfico y Estndares de Prueba Judicial, en La Prueba, Artculos y Conferencias, Editorial Metropolitana, Santiago, 2009, pp. 87 ss. 19 Ms bien las crticas pueden ir por su excesivo subjetivismo, su indefinicin y su excesivo contenido probabilstico. Todas estas crticas se resumen en lo que Taruffo denomina una necesidad insatisfecha de objetividad en la determinacin judicial de los hechos. Taruffo, Tres observaciones, cit. nota n. 17, p. 116.
Una opinin similar puede verse en Bez, Estndar de conviccin o arbitrariedad judicial?, cit. nota n. 5, p. 852. El autor citado apunta a que la falta de profundizacin y discusin en el Parlamento respecto del estndar de conviccin sumado a una precariedad de dilogo dogmtico por parte de la doctrina nacional han llevado en la actualidad a un estado de completa incertidumbre y peligrosidad en relacin a la forma de interpretacin de la nocin de duda razonable que se emplea en los distintos tribunales nacionales (destacado en el original).
doubt se entiende tambin como una exigencia dirigida al acusador en cuanto a la calidad de su prueba21. Es por ello, que en estos casos tambin se habla de Burden of Proof, es decir carga de la prueba onus probandi. Si las evidencias aportadas por el rgano persecutor no alcanzan la medida o el estndar de ms all de toda duda razonable, no es posible condenar. En consecuencia, es una exigencia dirigida tambin a quien persigue, y no slo a quien juzga, como parece entenderse en Chile22. Quisiramos advertir que el tema central de este trabajo no ser el examen particular del estndar en comento, las profundas crticas de las que ha sido objeto, ni cules son sus particularidades en el Derecho norteamericano aunque sern expuestas de forma sucinta, sino los problemas que se pueden presentar en nuestro pas con su inclusin, en especial cuando se est frente a un voto disidente. As, por ejemplo, es admisible condenar argumentando que el Tribunal ha adquirido la conviccin ms all de toda duda razonable, en circunstancias de que existe un voto disidente razonado y motivado conforme lo exige el legislador que est por absolver? La cuestin, como se ha adelantado, es la siguiente: si para uno de los miembros del Tribunal oral las pruebas aportadas por el persecutor, valoradas conforme a la sana crtica, mediante un
21 Park, Roger; Leonard, David P.; Goldberg, Steven H., Evidence Law., West Group, Saint Paul, MN,1998, pp. 88 ss.; Chiesa Aponte, Ernesto, Derecho procesal penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Editorial Forum, Bogot , Vol. II, 995, pp. 51 ss. A nuestro juicio, la errada interpretacin se ha generado, entre otras razones, porque en Chile no se ha distinguido entre el prosecutions production burden y el prosecutions burden of persuasion. Mientras el primero define el estndar de produccin de prueba necesario para poder juzgar a una persona, el segundo da cuenta del estndar requerido para poder persuadir a otro al juez de que aquellos elementos probatorios son suficientes para condenar a alguien. En nuestro pas, dado que el juez de garanta hace ms bien un control de legalidad de la acusacin y no de mrito, el primer estndar queda entregado casi exclusivamente salvo en alguna hiptesis de sobreseimiento definitivo al Ministerio Pblico, y el segundo queda reservado al tribunal, mediante el estndar de la duda razonable. Cfr. Langbein, The origins of adversary, cit. nota n. 14, pp. 258 ss. Lo mismo en Hendler, Edmundo, Derecho penal y procesal penal, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires,1996, pp. 212 ss. 22 Por lo mismo debe considerarse lo dispuesto en el presente trabajo no slo respecto del Ministerio Pblico, sino tambin respecto del querellante, sea que acta en compaa del rgano estatal, o privadamente por medio del instituto del forzamiento de la acusacin (art. 258 del Cdigo Procesal Penal). No es posible extendernos sobre este punto, pero es evidente que el estndar de prueba sugerido por nuestro Cdigo Procesal Penal tambin presenta diferencias estructurales con la existencia de la figura del querellante y, con mayor razn, con la del forzamiento de la acusacin. En efecto, la duda razonable se enmarca dentro de un contexto en que, evidentemente, es el Estado el que tiene la carga de la prueba en contra del imputado, pues ello justifica el desequilibrio que encierra la presuncin de inocencia y el ejercicio del principio in dubio pro reo, lo que no es claro en una contienda entre particulares. No parece suficiente, en este punto, decir que la presuncin de inocencia y el in dubio pro reo se justifican por el riesgo inherente a ciertos valores sociales (libertad) que encierra la respuesta penal, porque cuando el juicio es entre particulares (vctima e imputado) aquello no parece razn para que una, la vctima, quede en una posicin tan desmejorada frente al otro, el imputado. Por eso el juicio penal debe siempre ser, necesariamente, entre el Estado y el acusado.
sistema de libertad probatoria y con la obligada motivacin23, no superan el umbral que permita adquirir la conviccin ms all de toda duda razonable, ya sea de la existencia del hecho punible o de la participacin culpable, es posible aseverar entonces, que existen dudas razonables sobre aquellos puntos y, por tanto, que las pruebas no habran sido suficientes como para revertir la presuncin de inocencia24. Parece pues, que habra una incoherencia entre la existencia de un voto disidente que obviamente debera satisfacer lo dispuesto en el Art. 297 del Cdigo Procesal Penal y que se condene argumentando que la mayora los otros dos jueces s habra adquirido la conviccin ms all de toda duda razonable25. Antes de explicar nuestro parecer al respecto, revisaremos brevemente el sentido y alcance de la verdad en el nuevo proceso penal y expondremos cul fue nuestra historia legislativa en torno al estndar de duda razonable, a fin de comprender cmo se lleg a incorporar dicho baremo adjudicador. A continuacin, discurriremos sobre los niveles de conviccin exigidos en el antiguo sistema procesal, todo ello a fin de disponer de los elementos de juicio que permitan valorar la incorporacin de este nuevo concepto. Para luego, conocer las particularidades ms sobresalientes de lo que es la duda razonable, considerando para este efecto, algunos conceptos que se emplean en la esfera del Common Law. Por ltimo, terminaremos con nuestra visin y propuesta respecto de la problemtica que surge de la existencia del voto disidente, en lo que a quaestio facti se refiere, y las posibles soluciones.
II. Algunos alcances sobre la verdad como
presupuesto de la duda razonable
El presente apartado del trabajo no pretende hacer una revisin acabada sobre los alcances epistemolgicos del proceso penal, tampoco discurriremos acerca de si es o no posible alcanzar una verdad en el juicio penal, y de ser as, cul debiera ser. Lo nuestro es ms modesto, queremos simplemente esbozar
En el mismo sentido, Bez, Estndar de conviccin o arbitrariedad judicial?, cit. nota n. 5, p. 854.
24 Compartimos, en todo caso, con Laudan, la idea que con un adecuado estndar de prueba, por ejemplo el de la duda razonable (siempre que sea objetivo y razonado) la presuncin de inocencia material dejara de tener sentido en el juicio, porque aquella no sera necesaria ni apropiada. Lo relevante, entonces, sera que el adjudicador sea particularmente exigente en que la culpabilidad del imputado debe ser probada en el juicio, y que la nica prueba relevante para su culpabilidad o inocencia es la prueba que ser producida en el juicio. Cfr. Laudan, Por qu un estndar de prueba subjetivo, cit. nota n. 9, p. 112. 25
En trminos similares, Etcheberry, Alfredo, Consideracin sobre el criterio de condena en el Cdigo Procesal Penal, en Delito, pena y proceso. Libro Homenaje a la memoria de Tito Solari Peralta, Editorial Jurdica de Chile, Santiago, 2008, pp. 677-678. Revista Ius et Praxis, Ao 17, N 2 2011, pp. 77 - 118
algunas ideas respecto del sentido y alcance que pudiera tener la verdad en el proceso penal y cmo se relaciona con la duda razonable, en el contexto de un proceso adversarial. Lo primero que uno debe decir, respecto de esto, es que el proceso penal aunque necesariamente orientado a la averiguacin de la verdad26 difcilmente puede pretender siempre alcanzarla y, por el contrario, no son pocas las veces que se cometen importantes errores27. Los jueces, como en cualquier actividad humana, se equivocan en sus decisiones y condenan a una persona inocente o absuelven a una que efectivamente cometi el delito. Es por ello que, al decir de Taruffo, el proceso penal no est particularmente interesado de forma general en la reduccin o la eliminacin de los errores, sino que tiende a distribuir los errores de forma tal que favorezcan sistemticamente a la posicin del imputado28. Dicho de otra manera, el proceso penal no est difcilmente
26 Por lo mismo no compartimos con quienes consideran que el proceso adversarial o acusatorio est ms bien dirigido a la implementacin del principio de contradiccin entre las partes, y al respeto por la autonoma y derechos del imputado (por ejemplo, para evitar la tortura), y dejan en cambio a la determinacin de la verdad sobre los hechos como una mera casualidad (incluso propugnando rebaja de estndares) que, por s sola, no es considerara relevante. Una posicin similar a la expuesta en Chile cfr. Duce; Riego, Proceso Penal, cit. nota n. 3, pp. 483 ss. En efecto, en opinin de los autores, este escenario [del nuevo proceso penal] de proteccin del imputado en su autonoma para declarar o no, pone al sistema en la necesidad de privilegiar altamente el funcionamiento de la prueba indiciaria, esto es, de pruebas que nos permiten reconstruir los hechos slo parcialmente y que para completar la verdad de lo ocurrido nos obligan a recurrir al razonamiento deductivo. Sobre lo expuesto, dos cosas. Primero, no parece razonable justificar o al menos requiere bastante ms carga argumentativa que la propuesta por los autores que sea posible rebajar la pretensin de verdad por una mayor proteccin del imputado y, segundo, que no es el razonamiento deductivo el mtodo adecuado para completar la verdad del proceso. Al respecto, cfr. Horvitz; Lpez, Derecho Procesal, Tomo II, cit. nota n. 3, p. 333. Atienza, Manuel, Las Razones del Derecho, teorias de la argumentacin jurdica, Universidad Nacional Autnoma de Mxico, Mxico D.F., 2005. 27 Se podr sostener, de una manera algo simplista, que la pretensin del tribunal es alcanzar una verdad procesal, formal o del proceso y que aqulla no tiene relacin con la verdad material. Que, por ello, los jueces entonces no cometen errores, son infalibles, y que su decisin fija una determinada verdad procesal dada la autoridad jurisdiccional de la que estn revestidos. Parece evidente que detrs de esa reflexin se esconde un discurso autoritario e infalible difcilmente justificable que, en cuanto a la verdad, parece discurrir ms en la lgica del auctoritas, non veritas facit iudicium, ms que, como propone Ferrajoli un veritas, non auctoritas faci tiudicium. Cfr. Ferrajoli, Derecho y Razn, cit. nota n. 1, p. 37, en el mismo sentido, Ferrajoli, Luigi, Notas Crticas y Autocrticas en Torno a la Discusin Sobre Derecho y Razn, Traduccin de Guzmn, Nicols, Revista de Ciencias Jurdicas Ms Derecho 2001/II, p. 38. 28
Cfr. Taruffo, Tres observaciones, cit. nota n. 17, p. 117; Cfr. Bayn, Juan Carlos. Epistemologa, moral y prueba de los hechos: hacia un enfoque no benthamiano. En:http://www.udg.edu/ LinkClick. aspx?fileticket=fYVRM58p9Z4%3D&tabid=9724&language=en-US[visitado el 03/06/2011]. Hay, por ende, detrs de esta posicin una decisin poltica y moral de evitar que los errores en la valoracin de los hechos perjudique al imputado inocente. Una opinin similar se puede observar en el razonamiento de la Corte Suprema de Estados Unidos cuando, en el caso Addington v. Texas, sostiene que In a criminal case, on the other hand, the interests of the defendant are of such magnitude that historically and without any explicit constitutional requirement they have been protected by standards of proof Revista Ius et Praxis, Ao 17, N 2 2011, pp. 77 - 118
pudiera estarlo encaminado a reducir o eliminar los errores, como sera la posibilidad de condenar a un inocente o absolver a un culpable. El proceso, en cambio, pretende distribuir los errores para favorecer la posicin del imputado por ejemplo, con un alto estndar de conviccin y as asegurar que, en caso de error, ello tienda en general a perjudicar a la parte acusadora. Si eso es as, parece entonces evidente que un voto de minora adecuada y legalmente motivado, debera erigirse como la piedra angular de esa distribucin de errores. Por lo mismo, para Maier: La averiguacin de la verdad, como base para la administracin de justicia penal, constituye una meta general del procedimiento, pero ella cede, hasta tolerar la eventual ineficacia del procedimiento para alcanzarla, frente a ciertos resguardos para la seguridad individual que impiden arribar a la verdad por algunos caminos posibles, reidos con el concepto de Estado de Derecho. Segn se advierte, se trata de convertir un principio absoluto en uno relativo, pues reconoce principios superiores que, en ocasiones, hasta lo anulan, v.gr., cuando, en el caso, entran en conflicto o colisionan con aqul29. Esto no quiere decir, en todo caso, que el proceso penal deba renunciar, por principio y desde un principio, a la bsqueda de la verdad ontolgica, sino que, como sostiene Muoz Conde, debe hacerlo atemperando esa meta a las limitaciones que se derivan no slo de las propias leyes del conocimiento, sino de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitucin y de las normas, formalidades e impurezas del proceso penal30. Y cuando se seala que el proceso penal lo que hace es distribuir los errores de manera que favorezcan sistemticamente al imputado, lo que se quiere decir, precisamente, es que el desequilibrio propio que existe entre las partes de un proceso penal es una condicin necesaria para el debido respeto a la presuncin de inocencia31. Aquella es, como se sabe, una regla de juicio de acuerdo con la cual el juez
designed to exclude as nearly as possible the likelihood of an erroneous judgment. In the administration of criminal justice, our society imposes almost the entire risk of error upon itself. This is accomplished by requiring under the Due Process Clause that the state prove the guilt of an accused beyond a reasonable doubt. Addington v. Texas, 441 U.S. 418 (1979). (Lo destacado es nuestro).
29 Cfr. Maier, Julio, Derecho procesal penal, 2 Edicin, Tomo I, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2002, p. 664. Esto es lo que Bayn denomina criterios contra epistmicos, porque introduciran excepciones o desviaciones de diversos tipos respecto a lo que resultara de seguir incondicionalmente los criterios generales de racionalidad epistmica. Cfr. Bayn, Epistemologa, moral y prueba de los hechos, cit. nota n. 28, p. 7. 30
Cfr. Muoz Conde, Francisco, La bsqueda de la verdad en el proceso penal, 3 Edicin, Hammurabi, Buenos Aires, 2007, p. 111.
31 En el mismo sentido, Muoz Conde, para quien la tarea de averiguacin de la verdad en el proceso penal resulta una tarea altamente compleja, porque en el marco institucional donde se desarrolla la bsqueda de esa verdad, el proceso penal, las partes no estn situadas en un plano de igualdad. Muoz Conde, La bsqueda, cit. nota n. 30, p. 109.
debe resolver pro reo la eventual duda que subsista cuando todas las pruebas hayan sido analizadas32. Por eso, a decir de Taruffo, un estndar como el de la duda razonable debiera alcanzarse slo en el caso de que la prueba haya ofrecido la certeza sobre los hechos materia de la acusacin33. Lo que subyace a esto, entonces, es ese desequilibrio sistemtico que se materializa en el estndar de prueba ms all de toda duda razonable en cuanto es una decisin tica o tica-poltica del Estado, que pretende que el juez penal pueda condenar al imputado solamente cuando haya alcanzado la certeza jurdica de su culpabilidad34. Ese estndar de prueba, como se ha dicho, es particularmente elevado, por lo pronto, mucho ms alto que el de sede civil, porque, a decir de Taruffo, en el proceso penal entran en juego las garantas a favor del imputado, que no tienen un equivalente en el proceso civil35. Volvemos a reiterar, si la regulacin de un estndar de prueba como el de la duda razonable particularmente alto se vincula directamente con una decisin tica o tica-poltica del Estado, que pretende distribuir errores de manera tal que favorezcan al imputado, parece ilgico que en lo central de la adjudicacin, a saber, el estndar de conviccin y su vinculacin epistemolgica hacia la verdad se difumine esa distribucin, permitiendo la condena con una decisin slo de mayora. Por otra parte, Grande, siguiendo a Damaska quien centra su anlisis ms que en la dicotoma entre sistema inquisitivo v/s adversarial, en el rol que se le asigna a las partes, por sobre el juez, en la bsqueda de la verdad, nos su32 Taruffo, Michele, Algunos comentarios sobre la valoracin de la prueba, en La Prueba, Artculos y Conferencias, Editorial Metropolitana, Santiago, 2009, p. 36. Es por ello que para Taruffo, ese desequilibrio estructural no se da en el proceso civil, en el cual las partes se ubican sistemticamente en un mismo nivel. 33
Taruffo,Algunos comentarios, cit. nota n. 32, p. 37. Con todo, habra que precisar que el estndar de duda razonable no exige certeza, por el contrario, la adopcin del estndar de duda razonable constituye una manifestacin expresa en rechazo a tal nivel de conviccin. En trminos sencillos, el estndar de prueba adoptado por nuestro legislador supone la existencia y la acepta de errores en la adjudicacin y, por lo mismo, asume que el Ministerio Pblico no debe superar todo tipo de errores. Sin embargo, en la adopcin del estndar de duda razonable subyace la pretensin de que existan ms absoluciones errneas que condenas errneas. La lgica que se encuentra detrs, en otras palabras, es que mientras ms alto es el estndar de prueba para el Ministerio Pblico, menos probabilidades de condenar a un inocente. Taruffo, Conocimiento Cientfico, cit. nota n. 18, p. 113.
Estos principios, a saber, la presuncin de inocencia, el in dubio pro reo, la idea de que es la acusacin la que tiene la carga de la prueba, y el estndar de prueba (en nuestro caso el estndar de duda razonable), forman parte de lo que Laudan denomina el ncleo dbil de la epistemologa jurdica, por cuanto permiten mediante la epistemologa ayudar en la distribucin correcta de errores que, socialmente, aparecen como aceptables en un proceso penal. Cfr. Laudan, Por qu un estndar de prueba subjetivo, cit. nota n. 9, p. 97; Laudan, Larry: Truth, Error, and Criminal Law, and Essay in Legal Epistemology, Cambridge Studies in Philosophy and Law, Cambridge, 2006, p 29.
giere que en el sistema anglosajn (Common Law) la bsqueda de la verdad es entregada a las partes, quienes definen el horizonte de proyeccin del debate, en oposicin al modelo continental donde la bsqueda de la verdad es responsabilidad de la autoridad, del juez. En estas dos visiones, descansa, como es obvio, una determinada aproximacin ideolgica hacia la indagacin y el establecimiento de la verdad. En esa perspectiva, como seala la citada autora, ms all de la cuestin estereotipada acerca de una supuesta mayor cercana hacia la verdad de un sistema sobre otro, lo que hay en el fondo, en cuanto a diferencias sistmicas, es lo referente a los mecanismos y reglas que el sistema establece para la averiguacin de la verdad, y la coherencia al definir qu tipo de verdad es la que se desea encontrar por medio del procedimiento36. En ese sentido, el sistema inquisitivo pareciera buscar una verdad objetiva (material) que, en realidad, se aproxima a un ideal de verdad ontolgica, basada en la creencia de que la bsqueda de una verdad objetiva no solamente es posible, sino que, adems, deseable. En base a ese presupuesto, entonces, el juez, como responsable de la averiguacin de la verdad, y la determinacin de la inocencia o culpabilidad del imputado, debe desarrollar la actividad de la prueba orientado hacia esa verdad material. Por ello, la justicia en el sistema inquisitivo se entiende alcanzada cuando se logra objetiva, sustancial y ontolgicamente la verdad material. El modelo adversarial, por otro lado, parte de una premisa bsica distinta, a saber, que no es posible alcanzar esa verdad ontolgica por un tercero imparcial, el juez, justamente, porque en ese escenario es imposible serlo. Aun cuando el juez sea genuinamente imparcial, inevitablemente desde el comienzo de la investigacin se va a generar una hiptesis que va a intentar corroborar. Como resultado, entonces, del reconocimiento de estas limitaciones cognitivas, el modelo adversarial evita que un tercero reconstruya una determinada verdad, por su carcter prejuicioso y, en cambio, opera sobre la lgica de las prcticas cognitivas ordinarias, a saber, a travs de una confrontacin entre dos partes, cada una de ellas sosteniendo una distinta verdad frente a un tercero adjudicador37. Sin embargo, ello no debera suponer, en lo absoluto, que deba renunciarse a buscar la verdad en el juicio. Lo importante, a nuestro juicio, es superar, como sea, antiguas concepciones, llevadas a la prctica durante siglos, que propiciaban y como hemos visto, an propician la bsqueda de la verdad a toda costa, sin importar el recurso a los tormentos y al mtodo inquisitivo a ultranza. Sostenemos que la investigacin de
36 Grande, Elisabeta, Dances of Criminal Justice: Thougths on Systemic Differences and the Search for the Truth, en Jackson, John y Otros,Crime, Procedure and Evidence in a Comparative and International Context, Essays in Honour of Professor MirjanDamaska, Hart Publishing, Oxford, 2008, pp. 145 y ss. 37
Grande, Dances of Criminal Justice,cit. nota n. 36, p. 147 Revista Ius et Praxis, Ao 17, N 2 2011, pp. 77 - 118
la verdad en el actual proceso penal no es un valor absoluto en ciertos casos, quizs ni siquiera posible, sino que se halla limitada por los valores ticos y jurdicos del Estado de Derecho38. En ese estado actual, el modelo acusatorio, pareciera discurrir sobre la idea de que existen otros valores y principios en juego en la persecucin penal, los que, en no pocas ocasiones, ponen un lmite, obstaculizan la averiguacin de la verdad histrica respecto del delito investigado39. La reforma procesal penal, en ese sentido, constituye un cambio paradigmtico en nuestro sistema de enjuiciamiento criminal, pues introdujo importantes modificaciones en las relaciones Estado-individuo, estableciendo que las garantas de los derechos fundamentales de los participantes en el juicio penal, como derivacin del principio acusatorio, se convierten en un lmite fundamental al ejercicio del poder punitivo40. En la misma lnea, por ende, se sustenta el estndar de prueba prescrito por nuestro legislador, a saber, el de la duda razonable. Hoy existe consenso, creemos, en que la bsqueda de la verdad aquella que se obtiene cuando los culpables son condenados y los inocentes son absueltos es un objetivo relevante en nuestro sistema de justicia criminal41. Por eso el sistema procesal penal con los lmites que, en general, estn establecidos a favor del imputado debera avanzar en la direccin de buscar una verdad y nada ms que la verdad respetuosa de las garantas fundamentales.
De Urbano, Eduardo; Torres, Miguel Angel: La Prueba Ilcita Penal, Ed. Thomson Aranzadi, Madrid, 2003, p. 33.
39 En similar sentido, para Stein la averiguacin de la verdad es un fin en algn sentido prioritario del proceso en materia de prueba, pero no es en absoluto el nico. Stein, A,Foundations of EvidenceLaw, citado en Ferrer Beltrn, Jordi, La prueba es libertad, pero no tanto: Una teora de la prueba cuasibenthamiana, en Accatino, Daniela (Coord.),Formacin y valoracin de la prueba en el proceso penal, Ed. AbeledoPerrot, Santiago, 2010, p. 11. 40 Obviamente no nos vamos a explayar respecto de este punto, pero es importante recordar que el Cdigo Procesal Penal regula, a propsito de sus principios bsicos, limitaciones constitucionales a la forma de investigar del Ministerio Pblico; a la legalidad de las medidas privativas o restrictivas de libertad; reconoce las facultades, derechos y garantas constitucionales al imputado desde la primera actuacin en su contra; limita las privaciones de los derechos que la Constitucin asegura a la autorizacin previa del juez y, por ltimo, autoriza que se cautelen las garantas del imputado cuando ste no est en condiciones de ejercer los derechos que le reconoce la Constitucin. Luego, en el derrotero del Cdigo Procesal Penal existen otras normas, vinculadas a los derechos del imputado: la nulidad procesal y el recurso de nulidad, donde el Cdigo hace una expresa referencia a la Constitucin como lmite del ejercicio del iuspuniendi. Respecto de la exclusin de prueba por haber sido obtenida con ilicitud, el Cdigo utiliza una expresin an ms amplia, y por ende, con mayor extensin de aquello que est consagrado en la Constitucin, sealando que se puede excluir prueba obtenida con inobservancia de garantas fundamentales, lo que repite en el Art. 334 a propsito de la prohibicin de lectura de registros y documentos. 41 En el mismo sentido, Alchourron, Carlos;Bulygin, Eugenio,Anlisis lgico y Derecho, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, p. 312.
En ese sentido, por ejemplo, el valor que tiene la presuncin de inocencia, el derecho a guardar silencio y la carga de la prueba, permiten pensar, que en la ecuacin (verdad v/s respeto a las garantas fundamentales) el sistema parecera optar por favorecer la posibilidad de una absolucin errnea por sobre una condena errnea. Como se ha dicho histricamente es preferible que diez culpables queden en libertad antes que un inocente preso42, con lo que se quiere decir, como es obvio, que es mejor optar por un sistema que privilegie la posibilidad de una absolucin errnea antes que una condena injusta. En definitiva, no se trata, creemos, de que el modelo acusatorio renuncie a la pretensin de bsqueda de verdad, epistemolgicamente sigue existiendo un inters de alcanzar una verdad para poder adjudicar responsabilidad por un hecho tpico al imputado, pero, de ah no se deriva que aqulla deba ser buscada a toda costa, ni menos, que deba entenderse como una verdad material.
III. Incorporacin de la duda razonable en el cdigo procesal penal43
Cuando se envi el anteproyecto del Cdigo Procesal Penal, su Art. 398 sealaba que nadie poda ser condenado sino cuando el tribunal hubiere adquirido la conviccin de que se cometi un hecho punible y que en l le caba participacin culpable al acusado. Es decir, prcticamente no se presentaban mayores cambios con respecto a lo que dispona el Art. 456 bis del Cdigo de Procedimiento Penal. Ms tarde, este Art. 398 pas a ser el Art. 380 del proyecto de la Cmara de Diputados ya estamos en 1998. Si bien se mantuvo el artculo en los trminos recin descritos, se incorpor un nuevo inciso: la conviccin deba formarse sobre la base de la prueba que se rinde en el juicio oral. Inciso que tena su ori-
42 Es preferible que diez culpables escapen, antes que un inocente sufra fue la frase que uso el juez William Blackstone para justificar la presuncin de inocencia. La ratio 10:1, que en Estados Unidos se conoce como la Blackstone ratio, expresa la clsica idea americana de la presuncin de inocencia y el estndar de conviccin ms all de toda duda razonable, pilares del sistema criminal. Volokh, Alexander, Better than ten guilty men, en King, Larry (Ed.): Beyond a Reasonable Doubt, Ed. Phoenix, California, 2006, p. 87. En el mismo sentido, pero en la tradicin continental, se refiere Verri cuando indica que ms vale perdonar a veinte culpables, que castigar a un inocente. Verri, Pietro,Observaciones sobre la tortura, citado por Carvalho, Salo de, Pena e Garantias: una leitura do garantismo de Luigi Ferrajoli no Brasil, Ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, p. 29.
Para mayor detalle, cfr., entre otros, Pfeffer Urquiaga, Emilio, Cdigo Procesal Penal. Anotado y concordado., Editorial Jurdica de Chile, Santiago, 2001, pp. 340-341;Maturana Miquel, Cristin (Coord.),Reforma Procesal Penal, Tomo II, Editorial Jurdica de Chile, Santiago, 2003, pp. 682-686; Urrutia Laubreaux, Daniel, Aproximacin al concepto de ms all de toda duda razonable, Boletn Centro de Estudios del Derecho,Universidad Catlica del Norte N 2, 2002, pp. 2-3; Ros Lauli, Francisco, Estndar de conviccin requerido para alcanzar una condena, propuesto en el nuevo Cdigo Procesal Penal, en Seminario Reforma Procesal Penal, Universidad Catlica de Temuco, 2001, pp. 247 y ss.
gen en el Art. 261 del Cdigo Procesal penal alemn44. Pues bien, este proyecto de la Cmara recibi la aprobacin en general del Senado, el que procedi entonces a la discusin particular de las distintas disposiciones. Es as que en junio de 2000, la Comisin de Constitucin, Legislacin, Justicia y Reglamento del Senado propuso algunas enmiendas al proyecto de la Cmara. Dentro de stas se hallaba el Art. 380 en comento, el que pas a ser el Art. 342. En lo que aqu interesa se estableci como estndar para condenar que el tribunal adquiriera suficiente conviccin de que se ha cometido el delito y la participacin del acusado en este hecho. Adems, se agreg un inciso 3: nadie puede ser condenado con el solo mrito de su declaracin. Principalmente, el cambio buscaba dejar claro que no era precisa una conviccin absoluta o plena para condenar. Dado que la Cmara desech, entre otras, esta enmienda propuesta por el Senado al Art. 342, se constituy en agosto de 2000 una Comisin mixta. Pues bien, es dentro de este contexto que surgi una tercera propuesta las anteriores eran conviccin y suficiente conviccin: conviccin ms all de toda duda razonable. Es decir, se introdujo cuatro meses antes de que la reforma comenzara a funcionar en su primera etapa. Si se revisan las actas legislativas no hubo mayor debate en torno a la incorporacin de este nuevo concepto, salvo que se tuvo presente que se trata de un estndar de conviccin propio del Derecho anglosajn y no del derecho europeo continental. Se destac, adems, que dicha medida de conviccin resultaba til, pues dejaba suficientemente claro que no era exigible una conviccin absoluta para condenar, siendo suficiente que no se manifestaren dudas importantes. Precisamente, en la Sesin 29 de la Cmara, de 17 de agosto de 2000, se afirma: La Comisin Mixta tuvo presente que el estndar de conviccin ms all de toda duda razonable es propio del derecho anglosajn, y no del europeo continental, por lo que resulta una novedad tambin para el ordenamiento jurdico chileno. Sin embargo, es un concepto til, toda vez que est suficientemente decantado45 y elimina las discusiones relativas al grado de conviccin que
A modo casi anecdtico, podemos encontrar el primer atisbo (bastante inconsciente) de lo que sera el estndar de conviccin finalmente aprobado, en la intervencin del Diputado Elgueta durante la primera discusin en la Sala de la Cmara de Diputados del proyecto de Cdigo, cuando indic que Asimismo, es fundamental en este proceso el respeto al principio de inocencia consagrado en los tratados internacionales, que se manifiesta en los siguientes aspectos: nadie est obligado a probar su inocencia y, en caso de duda, debe absolverse.. En todo caso, es pertinente resaltar la relacin que el diputado hizo de la duda y la presuncin de inocencia, pilar importante de la duda razonable, como se ha sostenido.
Llama la atencin que Riego y Duce admitan que la motivacin para la introduccin del estndar de prueba del nuevo sistema procesal penal y, por lo mismo, de uno de los pilares donde descansa la etapa de adjudicacin del juicio, lejos de provenir del estudio y razonamiento de las necesidades epistemolgicas del proceso y su vinculacin con las garantas, provino de la experiencia prctica en el funcionamiento del juicio oral adquirida por algunos de los acadmicos que participamos en el proceso de reforma, en el contexto de programas de entrenamiento de destrezas de litigacin y simu45
se requiere, dejando en evidencia que no se trata de una conviccin absoluta, sino de aquella que excluya las dudas ms importantes46.
IV. Exigencias de conviccin en el antiguo sistema procesal penal
Nos parece conveniente, para un mejor entendimiento del estndar en cuestin, exponer cules han sido los baremos exigidos en el antiguo sistema procesal penal. Ello, a fin de resolver si se aprecian divergencias y, de presentarse si stas son insalvables o, por el contrario, se trata de una cuestin semntica, pero sin mayores repercusiones. Como es sabido, el sistema inquisitivo47 comenz a conformarse durante la Edad Media, con la decisiva influencia del derecho cannico, aunque histricamente ya en el Imperio Romano se empleaba, para ciertos delitos, un sistema similar, el que ms tarde sera el inquisitivo48. Pues bien, se regulaban minuciosamente los medios a travs de los cuales el juez deba adquirir su conviccin, es decir, la existencia de una prueba cuyo valor se hallaba previamente determinado prueba tasada. Es as, por ejemplo, que el juez se encontraba totalmente vinculado a determinadas pruebas: los dichos de dos testigos eran suficientes para condenar49.
laciones de juicios que tuvieron lugar paralelamente a la discusin legislativa. Duce; Riego, Proceso Penal, cit. nota n. 3, p. 483. (lo destacado es nuestro). La cursiva no est en el original. Etcheberry, Consideracin,cit. nota n. 25, pp. 671 y ss., crtica que se haya afirmado que se trata de un concepto decantado. Por el contrario, en el Derecho anglosajn a pesar del tiempo transcurrido, todava se generan cuestionamientos. Cfr. Horvitz; Lpez, Derecho Procesal, Tomo II, cit. nota n. 3, p. 158 y ss.
46 47 Para Ferrajoli, Derecho y Razn, cit. nota n. 1, p. 564, lo que caracteriza al sistema inquisitivo es que el juez procede de oficio a la bsqueda, recoleccin y valoracin de las pruebas, llegando al juicio despus de una instruccin escrita y secreta de los que estn excluidos o limitados los derechos de la defensa. Ilustrativo resulta lo expuesto por Foucault, Michel,Vigilar y castigar, Traduccin de Garzn, Aureliano, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002, pp. 41 y ss., para dar a conocer las particularidades del sistema inquisitivo entre los siglos XV y XVIII. El proceso era secreto hasta la sentencia, el que se desarrollaba sin el acusado o al menos sin conocer la acusacin, los cargos, las declaraciones y las pruebas. El control absoluto lo tena quien instrua el proceso. Asimismo, el acusado no tena posibilidades de acceder a un abogado a fin de comprobar las irregularidades del proceso. La forma escrita y secreta del procedimiento responda al principio de que en materia penal el establecimiento de la verdad era para el soberano y los jueces un derecho absoluto y un poder exclusivo. Ante la justicia del soberano, todas las voces deben callar.
Cfr. Maier, Derecho procesal penal, cit. nota n. 29, pp. 284 ss.; Ferrajoli, Derecho y Razn, cit. nota n. 1, p. 565;Vzquez Rossi, Jorge,Derecho procesal penal, Tomo II,Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 1997, p. 281;Paillas, Enrique,Derecho procesal penal, Volumen I, Editorial Jurdica de Chile, Santiago, 1984, pp. 9 y ss.; Fontecilla Riquelme, Rafael,Tratado de Derecho procesal penal, 2 Edicin, Tomo I,Editorial Jurdica de Chile, Santiago, 1978, p. 39 y ss.
Como afirma Foucault, Vigilar, cit. nota n. 47, p. 42, para establecer la verdad deban aplicarse ciertas reglas. Precisamente el secreto impona un modelo riguroso de demostracin penal. Este autor destaca adems, que este sistema de pruebas legales haca que la verdad en la esfera penal fuera el Revista Ius et Praxis, Ao 17, N 2 2011, pp. 77 - 118
Asimismo, la confesin del imputado adquira extrema importancia en un orden como se ha explicado en el que la bsqueda de la verdad histrica50, principalmente en los orgenes del sistema inquisitivo, no slo tena como propsito la reconstruccin de hechos que se hallaban ocultos, porque as lo quera el autor obviamente, no se reconoca la presuncin de inocencia, sino que adems, se identificaba el delito con el pecado51. No slo interesaba determinar la ocurrencia de un hecho, sino tambin el pensamiento, la intimidad del sujeto. Era el inquisidor quien posea la verdad, por tanto, deba descorrer los velos que la ocultaban, pues si esto ltimo ocurra era porque as lo quera el autor52. Si bien la tortura comenz a ser fuertemente cuestionada y derogada ya a mediados del siglo XVIII53 particularmente en Chile es abolida en la Constitucin de 182854, no cabe negar que en nuestro sistema inquisitivo, en donde la confesin cumpla una funcin de especial preponderancia, todava era posible encontrar determinados instrumentos dirigidos a interrogar al inculpado para lograr su confesin, y con ello conformar una prueba determinante no hay
resultado de un arte complejo, que slo era conocido por especialistas; cfr. Bofill, Jorge, La prueba en el proceso penal, Revista de Derecho y Jurisprudencia T. XCI, N. 1, 1994, pp.21-22; Paillas, Enrique,La prueba en el proceso penal, Editorial Jurdica de Chile, Santiago, 1982, pp. 12-13; Riego, Cristin, Nuevo estndar de conviccin, Informe de Investigacin de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales N 17, 2003, pp. 5-6. Cfr. Roxin, Claus,Derecho procesal penal, 25 Edicin Alemana, Traduccin de Crdoba, Gabriela; Pastor, Daniel, Editores del Puerto, Buenos Aires, 2003, p. 558; Foucault, Vigilar, cit. nota n. 47, pp. 43-44; Riego, Cristin;Duce, Mauricio, Introduccin al nuevo sistema procesal penal, Universidad Diego Portales, Santiago, Volumen. 1, 2002, p. 51; Riego, Nuevo estndar, cit. nota n. 49, p. 6; Paillas, La prueba, cit. nota n. 49, pp. 77 y ss.
50 51 Ferrajoli, Derecho y Razn, cit. nota n. 1, p. 565, seala que la inquisicin al reaparecer en el s. XIII con las Constituciones de Federico II tratndose de los procesos por crmenes de lesa majestad, respecto de los procesos eclesisticos por los delitos de hereja y brujera, tales formas adquirieron mayor fuerza y dureza, pues el ofendido era Dios y por ello la acusacin obligatoria y pblica, supona una investigacin de la verdad que no admita incertidumbre, por tanto la colaboracin del acusado deba ser forzosa; Cfr. Vzquez, Derecho procesal, cit. nota n. 48, p. 289; Maier, Derecho procesal penal, cit. nota n. 29, p. 292. 52
En estos trminos, Vzquez, Derecho procesal, cit. nota n. 48, p. 291. Es por esta razn que la tortura adquiri tanta relevancia, pues era indispensable para lograr la confesin y as extraer la verdad. La tortura tuvo una minuciosa regulacin tambin como garanta para el imputado a fin de impedir actuaciones innecesarias para as lograr que la confesin estuviera dotada de la necesaria calidad que permitiera reconstruir la verdad histrica. Cfr. Maier, Derecho procesal penal, cit. nota n. 29, p. 293; Foucault, Vigilar, cit. nota n. 47, pp. 45 ss.; Paillas, Derecho procesal, cit. nota n. 48, pp. 38 ss.
53 Cfr. Foucault, Vigilar, cit. nota n. 47, p. 45; Paillas, Derecho procesal, cit. nota n. 48, pp. 54 ss.; Paillas, La prueba, cit. nota n. 49, pp. 19 ss.; especialmente ilustrativo es lo expuesto por Beccaria, Csar,Tratado de los delitos y de las penas, Traduccin deBernaldo De Quiros, Constancio,Editorial Cajicas, Mxico, 1957, pp. 88 y ss. 54 Art. 105: Se prohbe a todos los jueces, autoridades y Tribunales imponer la pena de confiscacin de bienes, y la aplicacin de toda clase de tormentos. La pena de infamia no pasar jams de la persona del sentenciado.
que olvidar que lo se busca es la verdad histrica y qu mejor que contar con la confesin del inculpado55. Es as, que algunos medios del antiguo sistema procesal s tenan la capacidad de mermar la voluntad del sujeto y con ello lograr la confesin56 empleo excesivo de la prisin preventiva, prctica habitual de la incomunicacin, interrogatorios policiales sin mayores regulaciones (Art. 120 bis del Cdigo de Procedimiento Penal), en fin, los sumarios prolongados57. Por otro lado, dada la exigencia de la debida correlacin entre el fallo y el grado de certeza, ello daba lugar a que mientras lo anterior no aconteca se sobresea temporalmente la causa, mantenindose sobre el sujeto la constante incertidumbre acerca de la reiniciacin del proceso. En este contexto se comprende el Art. 456 bis del Cdigo de Procedimiento Penal, el que esencialmente exige que los jueces lleguen a la certeza o seguridad de que se ha cometido el delito y la participacin a travs de los medios de prueba legal y en donde la confesin adquiere especial importancia58. En todo caso y demostrando con ello la carencia de una adecuada sistematizacin en esta esfera, debe hacerse notar que si bien el antiguo sistema procesal se establece la prueba legal59, tambin es posible hallar diversas disposiciones que se apartan de lo anterior, sobre todo respecto a determinados delitos, estableciendo otros sistemas probatorios. En este orden, pueden citarse, por ejemplo, el derogado Art. 36 de la Ley 19.366 trfico ilcito de estupefacientes60, y el Art. 59 de la Ley 11.625 respecto de los delitos de hurto y robo61.
Al respecto, cfr. Tortura, Derechos humanos y justicia criminal en Chile, Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales y Centro por la justicia y el Derecho Internacional, Santiago, 2002, pp. 34-36.
As ya lo ha expuesto claramente, Riego, Nuevo estndar, cit. nota n. 49, pp. 8-9;Riego; Duce, Introduccin, cit. nota n. 50, pp. 343-346.
57 Claramente se expone en Informe anual sobre Derechos Humanos en Chile en 200 (hechos de 2002), Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Santiago, 2003, p. 12-20, como el sistema inquisitivo no satisface siquiera la garanta ms bsica como es la del derecho a juicio.
As, Bofill, La prueba, cit., nota n. 49, p. 22. El juez no est obligado a someter su conviccin al resultado de la prueba legal. Es decir, no slo debe decidir sobre la base de dichas reglas, sino tambin sobre su conviccin personal. Lo que el juez no puede hacer es adquirir la conviccin por otros medios de prueba.
58 59 Para Abalos, Washington,Derecho procesal penal, Tomo II, Ediciones Jurdica de Cuyo, Santiago, 1993, p. 403, no es lo mismo hablar de prueba legal que prueba tasada o tarifada. En efecto, tratndose de la prueba tasada, la ley no slo precisa los medios de prueba sino que adems determina el valor de stas. En cambio, respecto de la sana crtica racional o de ntima conviccin es posible regular los medios de prueba por tanto, existe tambin un sistema de prueba legal, pero no se les asigna un determinado valor probatorio, dejndose que el juzgador libremente seleccione los medios que motivan su decisin. 60 Art. 36: En la sustanciacin y fallo de los procesos por los delitos a que se refiere esta ley, los tribunales apreciarn la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crtica. 61 Art. 59: En los procesos por delitos de robo y hurto los Tribunales apreciarn la prueba en conciencia.
Pues bien, desde el momento en que el nuevo Cdigo Procesal Penal ha establecido otros criterios respecto a la prueba Art. 295 y ss., muy diversos a los regulados en el antiguo sistema procesal penal, obliga a resolver cmo deben entenderse, a fin de que exista la debida coherencia con los nuevos estndares de prueba exigidos a los juzgadores. Esto es, por un lado la consagracin de un sistema de libertad de medios de prueba, la aplicacin de la sana crtica, y por otro la superacin del umbral de la duda razonable. IV.I. Algunos apuntes histricos sobre la ntima conviccin y la sana crtica, para desde ah entender la duda razonable Para hacernos cargo de la interrogante precedente, nos referiremos brevemente a lo acontecido en la Europa continental y la estrecha vinculacin que se presenta entre el sistema de libertad de prueba y el criterio de la ntima conviccin, como regla del convencimiento del tribunal62. A partir de la Revolucin francesa comenzaron a apreciarse cambios que derivaron en la cada del sistema inquisitivo, propio del Antiguo Rgimen63. Se apreciaba al sistema ingls de justicia como un modelo a seguir: la participacin de legos a travs del jurado y la libre apreciacin de la prueba64. Es as que el Cdigo de instruccin criminal francs de 1808 estableca la instruccin a los jurados, donde stos deban llegar a la intime conviction sin que se requiriera mayor motivacin65. Un fenmeno similar aconteci en otros pases europeos, en los que el Cdigo francs de 1808 sirvi de modelo. Es as, que en Alemania los jurados tampoco tenan la obligacin de motivar sus decisiones. A pesar de las crticas que tal situacin generaba, no fue sino hasta 1924, cuando en esta ltima nacin se suprimieron los jurados mantenindose la libre valoracin de la prueba, y en donde los jueces comenzaron a fundamentar sus sentencias a fin de exponer cmo alcanzaban su conviccin66.
Cfr. el somero examen que hace Etcheberry, Consideracin,cit. nota n. 25, pp. 665 y ss.
Para conocer la evolucin experimentada en dicho perodo, Mittermaier, Kart Joseph,Tratado de la prueba en materia criminal, Traduccin de Gonzlez Del Alba, Primitivo, Hammurabi, Buenos Aires, 2006, pp. 45 ss.; Cfr. Vegas Torres, Jaime,Presuncin de inocencia y prueba en el proceso penal, La Ley, Madrid, 1993, p. 157; Roxin, Derecho, cit. nota n. 50, pp. 563 ss.;Paillas, La prueba, cit. nota n. 49, p. 25 y ss.
Cfr. Roxin, Derecho, cit. nota n. 50, p. 564.
Cfr. Bofill, La prueba, cit.nota n. 49, p. 22; Maier, Derecho procesal penal, cit. nota n. 29, pp. 353 ss.;
Cfr. Bofill, La prueba, cit. nota n. 49, p. 23; Roxin, Derecho, cit. nota n. 50, p. 565 y ss.; Muoz Conde, La bsqueda, cit. nota n. 30, p. 116, para quien la intime conviction conduce a un subjetivismo extremo en el que en muchas ocasiones los hechos probados se convierten en una autntica caja de sorpresas. Revista Ius et Praxis, Ao 17, N 2 2011, pp. 77 - 118
En Espaa, en cambio, la exigencia de motivacin en cuanto a la valoracin de la prueba tuvo como piedra angular una sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de julio de 198167. En efecto, hasta esa fecha los jueces apreciaban las pruebas de un modo libre, sin ms limitacin que sus propias facultades valorativas libertad del juzgador en la formacin de su convencimiento. Incluso, se admitan como material probatorio los antecedentes reunidos durante la investigacin68. Tales criterios cambiaron radicalmente a partir de la sentencia mencionada, al sealar que independientemente de la conviccin personal del juez, se requera para condenar que ste, sobre la base de la prueba rendida en el juicio, explicara por qu se deba desvirtuar la presuncin de inocencia. Si bien el juzgador era libre en la apreciacin de la prueba, era esencial una mnima actividad probatoria con respeto a las garantas procesales de la que se desprenda la culpabilidad del sujeto. El juzgador no poda prescindir de las pruebas practicadas en proceso y solamente sobre la base de stas poda apoyar el juicio fctico de la sentencia y conformar su conviccin69. Pues bien, esencialmente en el Derecho continental europeo se juzga a travs de la prueba libremente apreciada, aunque con ciertas restricciones para su valoracin, como son las mximas de la experiencia o el razonamiento lgico, las que el juez debe exponer en su fundamentacin a fin de hacer posible el debido control70. Adems, el juzgador alcanza determinadas conclusiones por una conviccin personal, no requirindose, para determinar la culpabilidad del
Con detalle, Vegas, Presuncin de inocencia, cit. nota n. 63, pp. 164 y ss.
As, Vegas Torres, Presuncin de inocencia, cit. nota n. 63, pp. 159 y ss., quien seala que el propio Tribunal Supremo sostena la ilimitada libertad del juzgador en la averiguacin de la verdad. El juzgador no se hallaba vinculado por las reglas de la sana crtica, ni a las de la lgica o la razn en su tarea de apreciacin de la prueba.
Vegas, Presuncin de inocencia, cit. nota n. 63, p. 167, cita la sentencia del Tribunal Supremo espaol 19 de febrero de 1988 que al referirse a la presuncin de inocencia seala: En el seno del proceso penal, la traduccin de tan prestante y apreciada regla estriba ab initio inocente al inculpado, traspasando a las partes acusadoras la carga aportadora de aquellos elementos de prueba capaces de trocar ese planteamiento inicial en un fundado y razonable veredicto culpabilstico; y ello de tal modo que, ante un vaco de aportaciones, ante cualquier fracaso en el suministro de datos reveladores de la efectiva participacin del encausado en el hecho criminal investigado, se impone su absolucin con independencia de la conviccin ntima subyacente en el nimo del juzgador. Como seala IgartaSalaverra, Juan,El caso Marey. Presuncin de inocencia y votos particulares, Trotta, Madrid, 1999, pp. 13 ss. la motivacin de las sentencias desempea dos funciones, a saber, una burocrtica o tcnico-jurdica y otra democrtica o social. Precisamente, esta funcin social de la motivacin no se ve afectada por el hecho de que en la prctica muy pocos lean las sentencias, pues debe entenderse que la fundamentacin no slo legitima la decisin frente a la sociedad, sino tambin, lo que puede ser an ms importante: la legtima frente al justiciable. El condenado debe poder comprender las razones que invoca el Estado para privarle de uno o ms de sus derechos fundamentales. Cfr., asimismo, Ferrajoli, Derecho y Razn, cit. nota n. 1, pp. 622-623. Revista Ius et Praxis, Ao 17, N 2 2011, pp. 77 - 118
sujeto, una certeza absoluta. Basta que en su motivacin el juzgador presente fundamentos plausibles que expliquen su conviccin71. Llegado a este punto, ya es posible arribar a una conclusin. El concepto de la ntima conviccin, cuyo origen lo encontramos en la Revolucin francesa y que se ha extendido por la Europa continental, surge esencialmente como oposicin al sistema de la prueba tasada72. El Tribunal ya no est obligado a condenar por la sola circunstancia de que se hubieran reunido determinadas pruebas; asimismo, el tribunal tiene la libertad para condenar sobre la base de cualquier prueba rendida en juicio siempre que la encuentre determinante, motivando, claro est, su decisin. Empero, en esta esfera no se exigen niveles de certeza en cuanto a las pruebas para alcanzar la ntima conviccin. El tribunal tiene plena libertad respetando determinados principios que pongan de manifiesto un proceso lgico y racional para decidir acerca de la preeminencia de una prueba sobre otra. En cambio, en el mbito anglosajn s se exigen niveles de prueba, los que han sido elaborados principalmente por la jurisprudencia infra sern precisadas. Por de pronto, ello permitira absolver penalmente y condenar civilmente, lo que para el derecho continental resulta bastante inusual. El que nuestro antiguo sistema procesal hable de conviccin se debe a que su comprensin se tom de los sistemas europeos continentales. Por tanto, no difieren mayormente, independiente del sistema de prueba seguido o si se trata de un tribunal letrado, escabinado o de jurado. Es ms, as puede leerse en el Mensaje del Cdigo Procedimiento Penal en 1906: Si esa conviccin no llega a formarse, el juez podr absolver sin otro fundamento y cualesquiera que sean los antecedentes que el proceso arroje en contra del reo73. As, Vera al comentar el Art. 484 del Cdigo de Procedimiento Penal (hoy 456 bis) sealaba lo siguiente: Lo que se establece por el artculo en estudio, es que se deja al juez de derecho cierta latitud para apreciar la prueba en cada caso i formarse una conviccin sobre la inocencia o culpabilidad del procesado ya que no es posible sujetar a reglas fijas la prueba de los hechos criminales. Se puede decir que con el precepto referido, se ha calcado la lei de 3 de agosto de 1876 i se d al juez en esta materia la amplitud propia de un jurado74.
71 El derecho a la tutela judicial efectiva supone la obtencin de una resolucin fundada en el derecho, lo que exige su motivacin. Para conocer la jurisprudencia espaola sobre esta materia, cfr. Rodrguez Fernndez, Ricardo,Derechos fundamentales y garantas individuales en el proceso penal, Comares, Granada, 1999, pp. 4 y ss. Asimismo, Carocca Prez, Alex,Garanta Constitucional de la Defensa Procesal, Bosch, Barcelona, 1998, pp. 340-342 72 73 74
Etcheberry, Consideracin,cit. nota n. 25, p. 669. La cursiva no est en el original.
Vera, Robustiano, Cdigo de Procedimiento Penal. Comentado y concordado. Imprenta El Debate, Santiago, 1906, p. 408. Revista Ius et Praxis, Ao 17, N 2 2011, pp. 77 - 118
De lo expuesto puede afirmarse que si nuestro Cdigo Procesal Penal hubiera mantenido la regla de la conviccin como norma de convencimiento para el tribunal, tal como tradicionalmente se ha comprendido, esta discusin no habra tenido lugar. Empero, como se ha querido innovar, y sin mayores explicaciones, resulta obligado buscar un sentido que, como se ver infra, a fin de evitar ciertas inconsistencias75.
A pesar de que nuestro Parlamento afirm que el concepto de la duda razonable se encontraba suficientemente decantado, ello no es as. Por el contrario, en el derecho anglosajn an se presentan serias interrogantes en cuanto a su alcance76. Es ms, se ha debatido si resulta apropiada su definicin cuando se debe instruir al jurado77. Sin perjuicio de los cuestionamientos que en este orden se presentan, en los casos en que s se instruyen a los jurados en un proceso penal se les instruye, por ejemplo, de la siguiente manera:78 Prueba ms all de toda duda razonable es aquella prueba que los deja firmemente convencidos de la culpabilidad del acusado. Hay pocas cosas en este mundo que nosotros conocemos con absoluta certeza, y en los casos criminales la ley no requiere pruebas que superen toda posible duda. Si basados en su consideracin de la evidencia, ustedes estn firmemente convencidos que el acusado es culpable de los cargos, deben hallarlo culpable. Si, por otro lado, ustedes creen que hay una posibilidad real de que no sea culpable, deben darle el beneficio de la duda y encontrarlo no culpable. Como ya se seal, aun cuando se trata de un concepto del que ya se pueden encontrar rastros en el s. XVIII, en los Estados Unidos su comprensin dentro de la garanta del debido proceso recin tuvo lugar en 1970, cuando la Corte Suprema federal, en el caso In Re Winship [397 US 358 (1970)], resolvi que
Crtico tambin se muestra, Etcheberry, Consideracin,cit. nota n. 25, pp. 671 y ss.
Y de hecho, no son pocos los autores y jueces que desde hace un tiempo han comenzado a criticar el estndar de duda razonable y a sugerir un incremento del estndar. As, por ejemplo, se ha sugerido que la solucin es adoptar la instruccin propuesta por la Federal Judicial Center, que describe la duda razonable como la exigencia de que el jurado est firmemente convencido de la responsabilidad del imputado. Victor v. Nebraska, 511 U.S. 1, 26 (1994). En el mismosentidoSolan, Lawrence, Refocusing the Burden of Proof in Criminal Cases: Some Doubt About Reasonable Doubt, Texas Law ReviewN. 78, 1999, pp.105, 144.
77 Park; Leonard; Goldberg,Evidence, cit. nota n. 21, p. 90.Al respecto, Etcheberry, Consideracin,cit. nota n. 25, pp. 673 y ss., quien hace presente las dificultades que la precisin de la duda razonable genera en el mundo anglosajn. 78
Cfr. En:http://www.lectlaw.com/files/cri09.htm[visitado el 03/05/2011]. Revista Ius et Praxis, Ao 17, N 2 2011, pp. 77 - 118
el ente acusador deba probar la culpabilidad del acusado ms all de toda duda razonable79. Dicha sentencia seala: Lest there remain any doubt about the constitutional stature of the reasonable-doubt standard, we explicitly hold that the Due Process Clause protects the accused against conviction except upon proof beyond a reasonable doubt of every fact necessary to constitute the crime with which he is charged80. Sin pretender entrar en mayores disquisiciones, en general puede decirse que en el Derecho anglosajn la duda razonable se entiende, mayoritariamente, con un carcter fuertemente subjetivo, como estar frente una duda fundada sobre la base de la razn y el sentido comn incluso, se llega a hablar de la necesidad de certeza moral81 y no sobre la base de puras especulaciones82. En consecuencia, la exigencia de la superacin del umbral de la duda razonable dice relacin con la obligacin de quien tiene el peso de la prueba burden of proof de refutar la presuncin de inocencia a travs de pruebas que vayan ms all de toda duda razonable. Como afirma Chiesa Aponte, desde una perspectiva cualitativa del estndar probatorio: La prueba ms all de toda duda razonable no significa certeza absoluta ni certeza matemtica; es suficiente la conviccin o certeza moral en un nimo no prejuiciado83. Al respecto, en la citada sentencia In Re Winship se afirma: Moreover, use of the reasonable-doubt standard is indispensable to command the respect and confidence of the community in applications of the criminal law. It is critical that the moral force of the criminal law not be diluted by a standard of proof that leaves people in doubt whether innocent men are being condemned. It is also important in our free society that every individual going about his ordinary affairs have confidence that his government cannot adjudge him guilty of a criminal offense without convincing a proper factfinder of his guilt with utmost certainty. Pues bien, cules son los niveles de prueba que se han desarrollado en el mundo jurdico norteamericano? Es decir, cules son los estndares de prueba Standars of Proof que se disponen. Al respecto, es posible distinguir tres niveles, a saber, ms all de toda duda razonable, que es el ms estricto y el
Chiesa, Derecho procesal, Vol. II, cit. nota. 21, p. 51; Lafave, Wayne R.; Israel, Jerold H.; King, Nancy J.,Criminal Procedure, 3 Edicin, West Group, Saint Paul, MN, 2000, p. 540; Horvitz; Lpez, Derecho Procesal, Tomo II, cit. nota n. 3,p. 154, traduciendo el dictum relevante de la sentencia en cuestin.
79 80 En:http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=397&invol=358[visitado el 03/05/2011]. 81 82
Sobre el punto, Horvitz; Lpez, Derecho Procesal, Tomo II, cit. nota n. 3,p. 162-164;
De hecho, la propia Corte Suprema de Estados Unidos ha reconocido, reiteradamente, que la duda razonable es un criterio subjetivo. As, en el caso Jackson V. Virginia, el mximo tribunal estadounidense sostuvo que el jurado, para poder condenar a alguien, deba lograr un estado subjetivo cercano a la certidumbre. Cfr. crticamente, Laudan, Por qu un estndar de prueba subjetivo, cit. nota n. 9, p. 105. Chiesa, Derecho procesal, Vol. III, cit. nota n. 21, p. 378. Revista Ius et Praxis, Ao 17, N 2 2011, pp. 77 - 118
exigible para los casos criminales, a continuacin est la prueba clara y convincente84, y por ltimo, la prueba preponderante85 para los casos civiles86. En este sentido, Fletcher87, a fin de graficar los niveles de exigencias recin descritos, recurre al siguiente ejemplo: si se est en un campo deportivo con lneas numeradas de 1 a 100, se supera el estndar de la duda razonable cuando el baln llega a la lnea 9988; respecto a la prueba clara y convincente
El estndar de prueba clear and convincing fue usado, por primera vez, por la Corte de Apelaciones de Nueva York cuando debi resolver un caso sobre el derecho a la muerte. El JuezWachtlerdefini el estndarsealandoqueClear and convincing proof should be requiered in cases where it is claimed that a person, now incompetent, left instructions to terminate life sustaining procedures when there is no hope of recovery. El mismo estndar fue luego utilizado por la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el conocido caso sobre el derecho a la muerte Cruzan v. Director, Missouri Department of Health, 497 U.S. 261 (1990).
85 Tambin denominado, preponderancia de las evidencias. En el sistema canadiense, este estndar se conoce como balance of probabilities. 86
Lafave; Israel; King, Criminal Procedure, cit. Nota n. 79, p. 540; Park; Leonard; Goldberg, Evidence, cit. nota n. 21, pp. 89-90; Chiesa, Derechoprocesal, Vol. III, cit. nota n. 21, p. 378; Dressler, Joshua;Thomas III, George C.,Criminal Procedure: Principles, Policies and Perspectives, West Group, Saint Paul, MN, 1999, pp. 1246-1250; Horvitz;LpezMasle, DerechoProcesal, Tomo II, cit. nota n. 3, p. 155. Podramos, citando a Gascn, definir el estndar de prueba preponderante como aquel en que una hiptesis sobre un hecho resultar aceptable o probada cuando sea ms probable que cualquiera de las hiptesis alternativas sobre el mismo hecho manejadas o consideras en el proceso y siempre que dichas hiptesis resulte ms probable que no; es decir, ms probable que su correlativa hiptesis negativa. Gascn, Sobre la posibilidad de formular, cit. nota n. 4, p. 130.
87 Fletcher, George P,Conceptos bsicos de Derecho Pena, Traduccin de Muoz Conde, Francisco, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, pp. 36-37.
Hay diversas maneras de aproximarse al fenmeno de la duda razonable y en el mundo anglosajn la cuestin no ha sido pacfica. As, algunos autores, en general los acadmicos como Fletcher, prefieren una aproximacin Bayesiana, eminentemente probabilstica y profundamente subjetiva, al estndar de prueba. Y, entonces, suelen recurrir a un umbral de probabilidad (del 90% al 95%) que se debe lograr para poder condenar a una persona. Otros en cambio, han sugerido que los juicios son historias y el estndar de duda razonable sera mirado cualitativa y tambin subjetivamente la medida de la certeza que el jurado debera tener respecto de las narraciones de cada una de las partes, en especial del ente persecutor. As, entonces, la duda razonable, quedara reducida a carecer de toda duda, o tener una alta confianza subjetiva. Sin embargo, aplicar el modelo de la narracin a los procesos penales ha sido problemtico. Sobrestocfr.Allen, Ronald, A reconceptualization of Civil Trials, Buffalo University Law ReviewN. 66, p. 426 y ss; Allen, Ronald;Leiter, Brian: Naturalized Epistemology and the Law of Evidence, VA Law ReviewN.87, 2001, p.1491, p. 1528. Una crtica al modelo probabilstico en, Laudan, Por qu un estndar de prueba subjetivo, cit. nota n. 9, pp. 105 y ss. Sin perjuicio de las profundas crticas que pueden hacerse a ambos modelos de interpretacin del estndar probatorio, los dos comparten una alta exigencia probatoria para alcanzar una condena. En la lgica bayesiana, se sostiene un porcentaje alto de probabilidad y, desde la ptica subjetiva, un nivel alto de confianza. Por lo mismo, no compartimos la posicin de Riego y Duce cuando, a pretexto de un sistema que durante la etapa de investigacin respeta la autonoma y los derechos del individuo, proponen un estndar de prueba adems de subjetivo, reducido. Duce; Riego, Proceso Penal, cit. nota n. 3, pp. 483 y ss.
si llega a la lnea 70; y por ltimo, tratndose de la prueba preponderante si alcanza la lnea 5189. De conformidad a lo expuesto, los estndares exigidos son diferentes dependiendo de quien asuma la carga de la prueba. Como es comprensible, el nivel ms alto lo tiene slo el Ministerio Pblico. Como rgano persecutor es el llamado a superar el mximo estndar, pues debe refutar la presuncin de inocencia. No as el defensor, ste incluso tiene una exigencia menor que la prueba preponderante90. Es decir, si el defensor es capaz de introducir en el juicio niveles de duda que imposibiliten alcanzar al fiscal la lnea de 99, impedir a ste superar el estndar exigido, es decir, no podr ir ms all de toda duda razonable. Y es que, precisamente, se ha introducido en el juicio una duda razonable. Por tanto, no cabe ms que desestimar las pretensiones del fiscal91. A travs de algunos ejemplos se es posible clarificar lo recin expuesto, y dar cuenta de qu podra suceder, por ejemplo, en Estados Unidos. Primer caso: El Fiscal acusa por un delito de homicidio. El defensor puede introducir elementos de valoracin, equivalentes al de la prueba preponderante, de que se actu en legtima defensa. O, en su caso, elementos que permitan sostener que los niveles de racionalidad exigidos respecto a la creencia de los presupuestos fcticos de la causa de justificacin, hagan posible afirmar la plausibilidad de un error. Segundo caso: problema de imputacin objetiva: los llamados cursos causales no verificables v. gr. caso de la colza92. Como se trata de una cuestin probabilstica, basta con introducir antecedentes que hagan posible sostener que tambin concurren otros factores productores del dao y que no estn comprendidos causalmente en el comportamiento del acusado. Si es as se est frente a una duda razonable, lo que impide sostener las imputaciones del Ministerio Pblico.
Delmas-Marty, Mireille (Dir.),Procesos penales de Europa, Traduccin de Morenilla Allard, Pablo, Eijus, Zaragoza, 2000, pp. 621-622. En estos trminos, Fletcher, Conceptos bsicos, cit. nota n. 87, p. 37.
Con todo, debe advertirse que a los jueces, en general, no les gusta esta aproximacin bayesiana al concepto de duda razonable, porque aquello sera un reconocimiento explcito de la falibilidad del sistema y de la posibilidad de que ste cometa errores. En cambio, prefieren esconderse detrs de discursos como el de la verdad formal, la verdad del juicio o la verdad procesal, que, no cabe duda, encierran un fuerte contenido decisionista. Es un caso muy conocido que tuvo lugar en Espaa, en que numerosas personas sufrieron lesiones graves y enfermedades, e incluso la muerte, por haber consumido aceite de colza desnaturalizado, mezclado y adulterado con otras sustancias que no se pudieron determinar. Sin embargo, otras personas que tambin consumieron el aceite no desarrollaron ningn sndrome txico. Con detalle, cfr. Paredes Castan, Jos Manuel;Rodrguez Montas, Teresa;El caso de la colza: responsabilidad penal por productos adulterados o defectuosos, Tirant lo Blanch, Valencia,1995, passim.
Con todo, no debe olvidarse que en el sistema anglosajn la decisin adjudicativa descansa en un grupo de ciudadanos que, componiendo el jurado, deben decidir acerca de si el Estado sobrepas las exigencias del estndar de duda razonable. Por lo tanto, se trata de un grupo de ciudadanos, carentes de formacin profesional, jurdica, filosfica y epistemolgica, que suelen decidir sobre sus propias inclinaciones subjetivas y, adems, sin ninguna obligacin de fundamentar. En otras palabras, se trata de un modelo de juicio en que la decisin se legitima por el escenario de adversarialidad en que se da el juicio y el carcter representativo que los ciudadanos le dan a la decisin que adoptan. Es, en palabras de Taruffo, un sistema donde la subjetividad de la decisin es intrnseca al rol y a la funcin que se atribuye al jurado, y donde esa funcin no se funda en la objetividad y en la racionalidad de las decisiones de los jurados, sino en una especie de acto de fe. Su legitimidad, como parece obvio, no descansa en el valor epistemolgico de sus decisiones, sino que en una legitimacin poltico-social93-94. Cualquiera sea la valoracin que uno pueda hacer del modelo norteamericano de jurado, y su valor democrtico, inclusivo y de participacin ciudadana en el proceso de adjudicacin (poltico-social), lo cierto es que el modelo adoptado en Chile ha descansado, desde siempre, sobre la idea de un juez profesionalizado, tcnico, experto y no elegido democrticamente. Su legitimidad y por lo mismo su autoridad no viene dada por el hecho de haber estudiado derecho, haber entrado a la Academia Judicial o ser nombrado por decreto presidencial. Su legitimidad democrtica, por el contrario, viene dada entre otras cosas por la motivacin y justificacin de sus decisiones que, como es obvio, no pueden quedar entregadas a su subjetivismo, sino que a un proceso racional, sujeto a la ley e intersubjetivamente contrastable. Y en materia penal esto es particularmente relevante, porque en esos casos el juez tiene la potestad para privar de su libertad en ciertos casos para siempre a otro ciudadano. En nuestro sistema, entonces, las fundamentaciones del estndar de prueba, vinculadas a decisiones subjetivistas o de probabilidades posteriores (bayesianas), simplemente, no tienen sentido. Por ello, la discusin que actualmente pueda haber en Estados Unidos respecto de la unanimidad del jurado es enteramente inoponible a nuestra realidad. En aquel modelo, el valor epistemolgico no est presente. En con93 94
Taruffo, Tres observaciones, cit. nota n. 17, p. 121.
Por lo mismo, resultan sugerentes todas las crticas que Pizzi le asigna al sistema procesal penal estadounidense, y particularmente al juicio oral, cuando sostiene que se ha transformado en un juicio indiferente frente a la verdad. Cfr. portodos, Pizzi, William: Trials Without Truth, New York University Press, New York and London, 1999. Ello, a pesar de que la Corte Suprema de Estados Unidos, en el ao 1966 haba sostenido que el propsito bsico del juicio oral es buscar la verdad. Cfr. Tehan v. U.S. 406, (1966). Revista Ius et Praxis, Ao 17, N 2 2011, pp. 77 - 118
secuencia, el debate sobre la unanimidad o no de las condenas debe mirarse desde el prisma de las decisiones democrticas y su valor poltico social, pero no desde la epistemologa. As, entonces, se entiende que en los casos Johnson v Louisiana95 y Apodaca v. Oregon96, la Corte Suprema de Estados Unidos haya dicho que la exigencia de la unanimidad no se encuentra consagrada ni regulada en la sexta ni en la decimocuarta enmienda. Adems, resulta interesante ver como la discusin que ha habido en Estados Unidos y, en otros pases del Common Law con sistema de jurado, respecto de la unanimidad nada tiene que ver con cuestiones epistemolgicas, sino ms bien con exceso de hung juries (juicios que deben anularse porque el jurado no alcanza la unanimidad)97; por situaciones de soborno o de falta de tica del jurado98; por la lentitud en lograr las unanimidades99; o incluso por valores asignados a la democracia, como las votaciones por simple mayora100, entre otros. Cualquier lector con conocimiento de nuestra cultura jurdica y de nuestro sistema procesal penal podr observar que ninguno de estos aspectos resultan centrales en la discusin sobre la unanimidad o la mayora en nuestras decisiones jurisdiccionales..
VI. Interrogantes que plantea el concepto de la duda razonable. Qu sucede con el voto disidente
Pues bien, lo expuesto supra hace pensar que el estndar de la duda razonable tambin va dirigido a los intervinientes, particularmente al Fiscal y al defensor, en cuanto a precisar cul es el estndar de prueba exigible. Es decir, si el Fiscal quiere afirmar los hechos expuestos en la acusacin y por tanto, sostener que efectivamente se est frente a un hecho punible y que cabe una participacin culpable al acusado, las pruebas aportadas deben superar la exigencia de la duda razonable, objetivamente, respecto de cada uno de los jueces que integra el Tribunal. Esa es una de las formas ms relevantes de ser coherentes con la pretensin de verdad del proceso y de una adecuada distribucin de errores. No debe olvidarse que en el sistema anglosajn, lo que interesa son las verdades consensuadas y que la decisin adoptada por el jurado no requiere de
Johnson v. Louisiana, 406 U.S. 356 (1972). Apodaca v. Oregon , 406 U.S. 404 (1972). Jury Unanimity in California: Should it Stay or Should it Go?
Brief of Amicus Curiae The Federal Public Defender for the District Court Oregon In Support of Petitioner, presentadopara ante la Corte Suprema de los EstadosUnidos en el caso Alonso Herrera v. The State of Oregon.
99 Drabsch, Talina,Majority Jury Verdicts in Criminal Trial, NSW Parliamentary Library Research Service, 2005. 100
Amar, Akhil Reed, Reinventing Juries: Ten Suggested Reforms, U.C. Davis Law ReviewN. 1169, 1995, pp. 1189 ss. Revista Ius et Praxis, Ao 17, N 2 2011, pp. 77 - 118
motivacin101. Por tanto, en un sistema como el nuestro que claramente tiene un preferencia hacia la correspondencia, en donde el tribunal debe fundamentar sus decisiones Art. 342 del Cdigo Procesal Penal, se presentan dificultades para conciliar, por una lado la exigencia de superacin de la duda razonable para condenar y por la otra, la presencia de un voto minoritario, que tambin fundadamente inciso final del citado Art. 342 est por absolver. Como se ha sealado, se establece como una barrera que debe superar el acusador en las pruebas que presenta. Se trata, pues, de un estndar que debe expresar en s mismo una cantidad objetiva de prueba, un quantum de prueba exigible. En consecuencia, surge la duda de cmo las mismas pruebas pueden para unos superar el estndar y para otros presentarse una duda razonable102. Si lo que se ha querido es establecer un estndar objetivo a travs del cual se pueda medir el grado de plausibilidad en la fundamentacin de la sentencia, a nuestro modo de ver, bastaran con las reglas dispuestas en el Art. 297 del Cdigo Procesal Penal. En efecto, all se establecen claramente los niveles de exigencia para la valoracin de la prueba, los que deben ser expuestos en la motivacin de la sentencia, incluso en el voto de minora. Por lo mismo, el juez est obligado respetando los lmites impuestos en el Art. 297 del Cdigo Procesal Penal a objetivar su propia decisin sobre los hechos, indicando los criterios seguidos y argumentando las razones por las que ha considerado que un determinado hecho estaba probado o no probado103. En la decisin del caso y como dijimos supra, el juez ya dispone adems de la duda razonable de otros criterios orientadores, como son el principio in
As tambin lo expone Etcheberry, Consideracin,cit. nota n. 25, p. 677.
Compartimos, en ese sentido, con Bayn cuando sostiene que para considerar satisfactorio un estndar de prueba cualquiera y eso se aplica al nuestro debiera reunir cuatro requisitos. En primer trmino, y como lo hemos dicho tantas veces, no debe tratarse de un estndar subjetivo, por lo mismo no puede referirse a estados mentales del juzgados como su pleno convencimiento su ausencia de duda porque aquello es francamente incompatible con la concepcin racionalista de la prueba. En segundo trmino, debe estar formulado en forma tal que haga posible determinar a travs de procedimientos intersubjetivamente controlamos cundo ha quedado satisfecho y cundo no. En tercer lugar, su formulacin debe ser tal que de su aplicacin correcta resulte exactamente la ratio entre falsos positivos y falsos negativos. Por ltimo, de su aplicacin debe resultar esa distribucin del riesgo, pero precisamente en razn de la calidad de los elementos de prueba y de las cadenas de inferencias probatorias que es preciso llevar a cabo a partir de los mismos. Cfr. Bayn, Epistemologa, moral y prueba de los hechos, cit. nota n. 28, p. 7. Si eso es as, y si nuestro Cdigo Procesal Penal pretende tener un estndar de prueba satisfactorio, entonces lo razonable es que habiendo un voto de minora, que cumpla con las obligaciones constitucionales y legales de motivacin racional, analtica y objetiva, aquello debera impedir, como efectivo mecanismo de distribucin del error, que el imputado sea condenado.
Taruffo, Tres observaciones, cit. nota n. 17, p. 121. Revista Ius et Praxis, Ao 17, N 2 2011, pp. 77 - 118
dubio pro reo104 y la presuncin de inocencia. Si se mantiene la incertidumbre en cuanto a que la norma penal no puede orientar al juzgador as, no se satisfacen las exigencias del tipo ya sea para condenar o absolver, el principio in dubio pro reo lo lleva necesariamente a absolver. En efecto, de mantenerse la incertidumbre in dubio no queda ms que adoptar una decisin favorable pro reo105. Luego, lo anterior nos conduce a una certidumbre, a saber, la certeza de la absolucin y con ello la inocencia del acusado. Esto es, la absolucin establece como cierto un hecho inicial, cul es, de que todo hombre es inocente. En definitiva, mientras el principio in dubio pro reo parte de una duda, a la que se le brinda relevancia jurdica como presupuesto de absolucin, con la presuncin de inocencia, la duda ya es un imposible jurdico: la aplicacin de la presuncin de inocencia ya no se funda en una duda, sino en la certeza de la inocencia106. Quisiramos a continuacin, hacernos cargo de una afirmacin que hemos expuesto en diversos pasajes de este trabajo, y dice relacin con la relevancia del voto disidente. Si, como se ha dicho, cuando se habla de duda razonable se est exigiendo fundamentalmente un quantum objetivo de prueba exigible, de qu manera puede aquello compatibilizarse con la presencia de un voto particular, esto es, de un juez que tambin encuentra una solucin jurdicamente concreta al caso sometido a juicio? Estamos pues, frente a una controversia entre las posiciones de quienes estn llamados a resolver el conflicto.
Acerca del principio in dubio pro reo, cfr. Maier, Derecho procesal penal, cit. nota n. 29, pp. 494 ss.
Dicho de otra manera, el principio in dubio pro reo, le otorga a un imputado un cierto grado de duda respecto de la imputacin en su contra (si fuera todo duda no se podra condenar a nadie). Por lo mismo, su relacin con la duda razonable y sobre todo entendiendo que ella es un estndar particularmente alto de inclusin. La duda razonable, en el mbito del juicio, incorpora el principio in dubio pro reo. As, en palabras de Laudan, el imputado debera ser absuelto, incluso si pensamos que es probablemente culpable, a menos que el nivel de culpabilidad satisfaga un estndar de prueba muy exigente. Por lo mismo, no hay beneficio de la duda que sea de fundamentacin libre, independiente del estndar de prueba. Laudan, Por qu un estndar de prueba subjetivo, cit. nota n. 9, p. 112.
106 En sentido, Vegas Torres, Presuncin de inocencia, cit. nota n. 63, pp. 208-209, afirma: En estos casos, ante la insuficiencia de la norma sustantiva para orientar la decisin, es preciso que el ordenamiento suministre al juzgador un criterio que, o bien le permita sustituir la incertidumbre derivada de la prueba (o de la ausencia de ella) por una certidumbre de origen legal (o constitucional) sobre la cual poder decidir, aplicando o dejando de aplicar la norma penal o bien le indique directamente el sentido que ha de dar a la decisin en caso de incertidumbre. En este terreno nos encontramos ya con una primera diferencia entre la forma de actuar el in dubio pro reo y la presuncin de inocencia como criterios de decisin en caso de incertidumbre. En efecto, el in dubio pro reo acta como regla que orienta directamente la decisin en sentido absolutorio, cuando la culpabilidad del acusado es incierta. Su propia formulacin vincula directamente la incertidumbre (in dubio) con la decisin favorable (pro reo). La presuncin de inocencia, en cambio, determina el sentido de la decisin de manera indirecta o mediata, sustituyendo la incertidumbre por la certeza de la inocencia del acusado, lo que conduce a su absolucin por no darse el supuesto del hecho de la norma penal. Chiesa, Derecho procesal, Vol. II, cit. nota n. 21, p. 52.
Desde el momento que estamos frente a un voto disidente, es que no se ha compartido la misma valoracin de las pruebas reunidas en el juicio107. Si la posicin expresada por el voto particular tambin es verosmil y razonable, ello significa, ya sea que el fiscal no pudo probar los hechos de la acusacin o que la tesis planteada por la defensa introdujo dudas que pueden ser calificadas de razonables. Es decir, si se trata de una duda razonada o, dicho en otros trminos, justificada razonablemente, en cuanto a que sta satisface las exigencias establecidas en el Art. 297 del Cdigo Procesal Penal, significa que no es arbitraria. Por el contrario, sera una argumentacin que no corroborara la hiptesis acusatoria, que no le dara a la misma el grado de correspondencia entre la acusacin y la prueba aportada al juicio; es decir, desde una perspectiva epistemolgica, una decisin que no comparte la proposicin fctica del ente acusador. Dicho de otra manera, para que un voto de minora sea adecuadamente razonado y efectivamente motivado y, por lo mismo, suficiente para impedir la condena de un imputado (incluso existiendo dos jueces cuya decisin sea condenar) se requiere del cumplimiento de ciertos requisitos bsicos que permitan sustentar que aqul satisface las exigencias legales. En primer trmino, se debe tratar de una motivacin disidente que se haga cargo, individualmente, de cada uno de los medios de prueba presentados en el juicio oral que, a su juicio, desvirten la acusacin o permiten generar una duda razonable. Adems, se requiere que se d cuenta en detalle de las razones globales que permiten desechar la tesis acusatoria. Y por ltimo, para el evento que la defensa hubiese presentado prueba, explicitar cmo aquella efectivamente abri aristas o captulos plausiblemente paralelos que permitan explicar ciertos vacos o dar cuenta de ciertas dudas en la acusacin108. Si, por ejemplo, la tesis de la defensa ha sido capaz de convencer a uno de los jueces que sta ha sido plausible, ha sido capaz de introducir dudas razonables, que de conformidad al principio in dubio pro reo impedira condenar. Dicho en otros trminos, si la postura de la defensa es plausible, razonable, quiere decir que la otra tesis, la del fiscal, no ha podido superar el estndar exigido y, en consecuencia, su prueba no va ms all de la duda razonable. Las hiptesis de falsacin de la defensa han sido suficientes para rebajar los niveles de prueba, impidiendo llegar a la mxima exigencia para poder condenar.
Sobre la importancia que puede tener el voto particular en una sentencia penal, cfr. Igarta, El caso Marey, cit. nota n. 70, p. 28 y ss.; Etcheberry, Consideracin,cit. nota n. 25, pp. 677-678. Habiendo dicho esto, entonces, parece evidente que no compartimos en lo absoluto la as llamada tesis Juicia segn la cual las sentencias absolutorias permitiran un nivel de argumentacin inferior a las condenatorias, porque estas ltimas en razn de una garanta requeriran mayor nivel de fundamentacin. Esa tesis descansa ahora desde la mirada de las sentencias absolutorias en una perspectiva subjetivista de la duda razonable que se debe rechazar. Revista Ius et Praxis, Ao 17, N 2 2011, pp. 77 - 118
En definitiva, si la postura minoritaria en su fundamentacin, conforme a las exigencias del Art. 297 del Cdigo Procesal Penal, estima, por ejemplo, que la tesis de la defensa estaba correctamente razonada, no es posible sino concluir que sta era plausible. El fiscal fue incapaz de superar el umbral exigido para demostrar la comisin del hecho punible objeto de la acusacin o la participacin del acusado. Es por lo expuesto supra que, a nuestro modo de ver, las sentencias condenatorias en materia penal deberan contar con la unanimidad de los votos109. Es ms, podra pensarse que una sentencia condenatoria que contenga un voto disidente, en donde se expresa que existen dudas razonables acerca del hecho punible objeto de la acusacin o de la participacin culpable del acusado podra estar violentando el principio de presuncin de inocencia110. En efecto, existiendo una incertidumbre plausible, visos de razonabilidad sobre los puntos en cuestin, es que no se ha alcanzado el umbral que la propia ley establece para que el tribunal pueda condenar, a saber, ir ms all de la duda razonable. Se puede argumentar que existen normas en el Cdigo Orgnico de Tribunales Art. 19 que se refieren a las decisiones de los Tribunales orales en lo
No desconocemos que la exigencia de unanimidad, incluso en sistemas que tienen un mecanismo de adjudicacin por jurados est en retirada. As, salvo Canad, no hay otro pas en el mundo que exija unanimidad para todos los juicios penales. En Estados Unidos, como se sabe, a nivel federal la exigencia es la unanimidad del jurado para condenar, pero no pasa lo mismo en los Estados de Louisiana y Oregon, que ahora permiten, incluso mediante reformas a sus constituciones estatales, la posibilidad de condenar con algo menos que la unanimidad. Sobre la discusin respecto de la unanimidad en el modelo norteamericano Cfr. Diamond, Shari; Rose, Mary;MurphyBeth, RevisitingtheUnanimityRequirement: TheBehavior of the Non-Unanimous Civil Jury, NorthwesternUniversityLawReview Vol. 100, N. 1, pp. 201 ss. En Inglaterra, por su parte, en el ao 1967 se aboli la exigencia de la unanimidad, bsicamente a consecuencia de una serie de casos de persecucin a miembros de la mafia (London Gangsters) donde se aleg la existencia de sobornos y amenazas al jurado. Nada de eso se pudo comprobar. Cfr. Criminal JusticeAct 1967. En todo caso la exigencia o no de unanimidad en sistemas de jurado es irrelevante para nuestra discusin, porque a decir de Laudan, en esos modelos aunque l pretende, a nuestro juicio erradamente, ampliarlo a otros modelos existe un exceso de subjetivismo, el jurado no debe motivar sus decisiones y, probablemente, su razonamiento funciona ms sobre la base de una pugna de historias, ms que el anlisis razonado de cada una de las pruebas presentadas en el juicio.Cfr. Laudan, Por qu un estndar de prueba subjetivo, cit. nota n. 9, pp. 98 ss.
109 110 En el mismo sentido Bez para quien la decisin de condenada debe ser tomada por todos los miembros del rgano jurisdiccional colegiado, por tratarse de una operacin jurdica de primer grado, por lo que en el evento de que uno de ellos no haya alcanzado esta certeza necesaria, existiendo a su juicio fundamentos razonables basados en los medios de prueba rendidos para no dar por acreditados las proposiciones fcticas relativas a la existencia del hecho punible o a la participacin del acusado en l, el resultado del juicio debe necesariamente ser un veredicto de naturaleza absolutoria. El autor tambin comparte con nosotros la tsis que las decisiones en torno a cuestiones de carcter jurdico. calificantes puedan ser tomadas por simple mayora. Lo que nos separa, en todo caso, es que l considera que se requiere una modificacin legal para normativizarlo, nosotros consideramos que s es posible, conforme a una interpretacin constitucionalmente. Cfr., Bez, Estndar de conviccin o arbitrariedad judicial?, cit. nota n. 5, p. 874.
penal y que permiten adoptar resoluciones por la mayora absoluta Art. 72111. Por tanto, lo expuesto slo podra tener valor como propuesta de lege ferenda siendo necesario adecuar nuestra normativa a la exigencia de unanimidad, si se pretende que exista la debida coherencia con este nuevo estndar de prueba. Para responder lo anterior, creemos que es necesario efectuar ciertas distinciones. Cuando se est frente a hechos, el tribunal debe resolver por unanimidad, por exigencia del propio Art. 340 del Cdigo Procesal Penal. Y es que la imposicin de la superacin de la duda razonable, dispuesta por la propia ley, supone que el tribunal en su conjunto considera que las pruebas producidas durante el juicio oral no presentan dudas razonables conforme a los principios de la lgica, de las mximas de la experiencia y los conocimientos cientficamente afianzados, acerca de la existencia de un hecho punible y de la culpabilidad del acusado. Resulta del todo incoherente desde la perspectiva procesal, y contrario a la presuncin de inocencia como se ha sealado supra, condenar cuando uno de los miembros del tribunal valora razonadamente que las mismas pruebas no son suficientes para alcanzar la exigencia de conviccin. Por lo anterior, somos del parecer que no es necesaria una reforma, pues de lege lata, atendido lo dispuesto en el Art. 340, se puede desprender la exigencia de la unanimidad para condenar, dado que la propia ley establece el estndar y sobre qu debe recaer la conviccin del tribunal112. En efecto, consideramos que una interpretacin constitucionalmente correcta debiera considerar que una condena a un ciudadano, respecto del cual uno de los jueces del proceso adjudicatario estuvo por absolverlo mediante un voto efectivamente razonado, es inadecuada desde el derecho al debido proceso que, entre otras cosas, debiera considerar el estndar de prueba de duda razonable como una exigencia de unanimidad. En cambio, si se est frente a consideraciones de derecho o cuestiones de carcter jurdico-calificantes; es decir, cuando no se presentan cuestionamientos en torno a la existencia del hecho punible y las discrepancias dicen relacin con la figura tpica que se conforma siempre, claro est, que se ha llamado a
Art. 72. Las Cortes de Apelaciones debern funcionar, para conocer y decidir los asuntos que les estn encomendados, con un nmero de miembros que no sea inferior al mnimum determinado en cada caso por la ley, y sus resoluciones se adoptarn por mayora absoluta de votos conformes. Se podra criticar que esta postura generara fuertes discrepancias para determinar en el Tribunal si el voto de minora es razonado y motivado suficientemente, lo que podra generar confusiones para determinar cundo procede o no la condena. La solucin es bastante ms sencilla, en esos casos el sistema recursivo operara como debera hacerlo, es decir, si el Ministerio Pblico o el querellante consideraran que el voto de minora no cumple los requisitos del Art. 342, podra recurrir e intentar un nuevo juicio. Aquello, por cierto, en la lgica que nosotros no compartimos de que el Ministerio Pblico debiera tener derecho al recurso. Pero esta es una discusin de legeferenda hoy en nuestro sistema donde, por el contrario, hay texto expreso que reconoce el carcter de agraviado del Ministerio Pblico y por lo mismo legitimado para recurrir. Revista Ius et Praxis, Ao 17, N 2 2011, pp. 77 - 118
recalificar o la discusin guarda relacin con el grado de participacin culpable del acusado, s cabe el voto minoritario. Por tanto, corresponde aplicar las reglas del Cdigo Orgnico de Tribunales. Cualquiera sea el resultado de esa discusin, creemos firmemente que en nuestro sistema debe abordarse el juicio de hecho desde una concepcin cognoscitivista, esto es, estableciendo que la verdad en el proceso penal debe entenderse como correspondencia con la realidad113. Para ello, el tribunal tiene la obligacin de valorar la prueba de manera analtica, crtica y racionalmente a la luz de las reglas de la lgica, las mximas de la experiencia y los conocimientos cientficamente afianzados, sopesando las diversas alternativas que explican los hechos, y posteriormente, elegir aquella que con mayor probabilidad inductiva explican la ocurrencia o no de los datos fcticos114. Por lo mismo, si en la sentencia uno de los jueces que integr el tribunal, despus de haber hecho un adecuado razonamiento probatorio de naturaleza inductiva con cada una de las pruebas, comparando el grado de soporte inductivo con que cuenta cada hiptesis sobre los hechos a la luz de un conjunto dado de elementos de prueba, a saber, a travs de la induccin eliminativa o de contrastacin o corroboracin de hiptesis (probabilidad inductiva o baco113
Esto nos aleja, por cierto, de las concepciones ms cercanas a la idea de verdad consensuada o de mera narracin y nos acerca como lo hemos hecho en el trabajo a una relacin ms epistemolgica del proceso penal. Y nos parece que no solamente hay razones tericas, lgicas y polticas que permiten afirmar que esta postura debe prevalecer en nuestro modelo, sino que tambin razones de carcter positivas. As, en nuestra normativa adjudicativa hay suficientes ejemplo que nos permiten sostener eso, a saber, y a modo simplemente demostrativo: la norma que autoriza al juez de garanta a reabrir la investigacin y ordenar al Ministerio Pblico la realizacin de ciertas diligencias previamente solicitadas por las partes, a menos que fueran manifiestamente impertinentes, que tuvieren por objeto acreditar hechos pblicos y notorios o que fueran puramente dilatorias (con lo cual el juez debe hacer un control de mrito de correspondencia epistemolgica de las mismas para determinar su realizacin) Art. 257; o la que permite a las partes llegar a ciertas convenciones probatorias que, en todo caso, nos son completamente vinculantes para los miembros del Tribunal, si en el juicio oral se les presenta prueba contradictoria con aquella (con la debida motivacin de su rechazo y las justificaciones de su refutacin) Art. 275; aquella que permite a los jueces hacer preguntas aclaratorias en la declaracin de imputados y testigos (que lo diferencia con la total pasividad, por ejemplo, que deben tener los miembros de un jurado) Art. 326 y 329; y la que permite que el tribunal autnomamente pueda constituirse en un lugar distinto de la sala de audiencias para apreciar determinadas circunstancias relevantes del caso Art. 337. Pero tambin existen otras normas que indudablemente permiten rechazar una posicin favorable de nuestro proceso penal a las lgicas narrativas, como aquella que autoriza al Juez de Garanta a rechazar de oficio un principio de oportunidad Art. 170; la que permite que el juez de oficio niegue la aprobacin de un acuerdo reparatorio cuando considerare que existe un inters pblico prevalente Art. 241; y las que facultan al juez para oponerse a un procedimiento abreviado o, incluso, dictar una sentencia absolutoria.
Entendemos siguiendo a Accatino que aquel voto de minora debe satisfacer los estndares de fundamentacin de la motivacin y que, por lo mismo, se debe estructurar en forma dialgica y comprenda no slo la justificacin lineal de la hiptesis fctica acogida, sino tambin la valoracin singularizada de las pruebas desestimadas y la confrontacin de las hiptesis desechadas. Cfr. Accatino, La fundamentacin de la declaracin de hechos, cit. nota n. 5, p. 14. Revista Ius et Praxis, Ao 17, N 2 2011, pp. 77 - 118
niana) llega a la conclusin que, o bien no se dio por probada la existencia del delito o la participacin en l del imputado, entonces no se entiende cmo, a partir del voto de mayora, esa descripcin epistemolgica de los hechos pueda dejar de tener sentido para el proceso penal, ser irrelevante y por lo mismo, no impedir la condena. Corolario de la anterior, creemos que hoy se ha desvirtuado absolutamente el sentido y el alcance del recurso de nulidad, en lo que dice relacin con el voto disidente115. En general, cuando existe un voto disidente la parte que se considera agraviada, que en general coincide con el voto de minora, impugna la decisin sosteniendo que el razonamiento del voto de mayora no cumpli con los requisitos del Art. 342 letra c) del Cdigo Procesal Penal y, en cambio, que s lo habra hecho el voto de minora. De manera ms o menos inconsciente, muchas veces lo que se pretende es que la Corte comparta la aproximacin epistemolgica (del razonamiento inductivo) del voto de minora, dando a entender que aquel se acerca ms a la verdad, a fin de que se anule el juicio o se dicte una sentencia ms favorable para el imputado. Sostenemos que aquello no tiene mayor sentido, por cuanto en la distribucin del error parece ser una inadecuada decisin poltica-moral. En cambio, como hemos dicho insistentemente, lo que debera ocurrir es que habiendo un voto de minora adecuadamente motivado y objetivamente razonado aquel debera impedir la condena y, slo en ese caso, el Ministerio Pblico (o el querellante) deberan poder recurrir para impugnar ese voto. Por ejemplo, porque se valor los medios de prueba infringiendo los lmites de la valoracin de la prueba fijados en el Art. 297 del Cdigo Procesal Penal.
Se hace necesario iniciar una discusin sobre esta materia, pues hasta la fecha no se han extrado muchas de las consecuencias que se debieran derivar de este nuevo estndar de prueba. Como ya se seal, en el debate legislativo no se reflexion con la debida atencin acerca de sus alcances y, por tanto, su posterior inclusin en el sistema procesal penal resulta del todo discutible. Sin perjuicio de ello, creemos haber demostrado que al entender el nuevo es115
No podremos abordar, por exceder el sentido del presente trabajo, dos aspectos centrales y polmicos de la regulacin de nuestro recurso de nulidad en el proceso penal. Por un parte, lo restrictivo en cuanto a la posibilidad de poder revisar cuestiones de hecho en la impugnacin de la sentencia de juicio oral y, en segundo lugar, la posibilidad del Ministerio Publico de poder asumir el rol de sujeto activo en el recurso e impugnar una sentencia de juicio oral, con el riesgo que ello conlleva de una segunda oportunidad en que el imputado sea condenado (DoubleJeopardy). Trabajaremos, por ende, con la regulacin actual de nuestro Cdigo que, como se sabe, es absolutamente restrictivo en cuanto a la revisin de los hechos y que, adems, no ve inconvenientes en que el Ministerio Pblico pueda impugnar decisiones de los tribunales orales en lo penal. Revista Ius et Praxis, Ao 17, N 2 2011, pp. 77 - 118
tndar probatorio, que ha sido establecido en nuestro proceso penal, como un estndar de carcter objetivo debe, necesariamente, concluirse la absolucin del imputado si uno de sus miembros mediante un voto razonado y motivado conforme las normas legales concluye que existe duda razonable. Como se ha expuesto a lo largo de este trabajo, la cuestin no es de orden cuantitativo, sino ms bien, cualitativo. No parece razonable pensar que si dos integrantes han concluido que se cumpli con el estndar probatorio de condena, slo ellos s pudieron alcanzar un cierto grado de verdad, no as el disidente. El estndar de prueba del proceso penal chileno es, como se ha dicho, particularmente alto, por cuanto exige que el tribunal adquiera la conviccin ms all de toda duda razonable de la existencia del delito y la participacin del culpable. Que ello sea as se justifica en cuanto mecanismo de distribucin de errores, de forma tal que favorezcan sistemticamente la posicin del imputado. Por lo anterior, parece ilgico que la forma ms idnea de controlar dicha distribucin, la del voto de un juez disidente, no sirva para ello. Aquello, creemos, afecta claramente a la garanta del debido proceso. Quienes consideran lo contrario, a nuestro juicio, confundiran el juicio oral con un escenario de debate de historias, quien tiene un relato mejor preparado, que logra convencer al juez subjetivamente de su teora del caso116. En fin, que por presentar una historia ms creble, va a tener menos cabos sueltos o ser ms lgica, siempre mirada como un todo y no como un anlisis particular y analtico de cada prueba que vaya encaminado a buscar una verdad117. Entendindolo as, los jueces, por su parte, deberan conformarse con analizar el proceso penal como un todo y, bajo ese prisma, analizar si se ha cumplido con el estndar de duda razonable. A nuestro modo de ver, aquello es un error, pues el juez no est ms que recurriendo a baremos puramente subjetivistas, considerando el juicio holsticamente, al dar su veredicto. En este contexto, por cierto, es comprensible que un voto de minora no sea ms que eso, una minora, lo cual es consistente con esta forma de comprensin del estndar de prueba, la que parece tener poco que ver con la bsqueda de la verdad.
Como afirma Accatino, en nuestra doctrina y en la prctica judicial sigue vigente y no diramos soterradamente una nocin subjetivista de la prueba, que entiende que el objetivo fundamental de la actividad probatoria es la de lograr la conviccin del tribunal y que vincula conceptualmente la prueba de un hecho con la adquisicin por parte del tribunal del estado mental consistente en la creencia en la ocurrencia de los hechos. Cfr. Accatino, La fundamentacin de la declaracin de hechos, cit. nota n. 5, p. 13.
As, para Accatino, citando una abundante bibliografa, un modelo de justificacin analtico es aquel que requiere una exposicin pormenorizada de todas las pruebas practicadas, del valor probatorio que se les ha asignado y las razones que lo sustentan y de la cadena de inferencias que permite tener por justificadas las conclusiones probatorias. Cfr. Accatino, La fundamentacin de la declaracin de hechos, cit. nota n. 5, p. 13.
Debemos dejar de pensar en el juicio oral slo como un escenario de sofisticadas y a veces innecesarias reglas de admisibilidad y evidencia y debemos comenzar a verlo y tratarlo como un escenario en que lo fundamental es la bsqueda de la verdad y de la justicia.
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de lege lata