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Timestamp: 2020-06-01 20:25:34+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 318/03 de Corte Constitucional, 24 de Abril de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 43619805
Sentencia de Constitucionalidad nº 318/03 de Corte Constitucional, 24 de Abril de 2003
Sentencia citada en: 35 sentencias, 4 artículos doctrinales, una disposición normativa
Revisión constitucional de la Ley 765 de 2002, ''por medio de la cual se aprueba el `Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía', adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de Mayo de dos mil (2000)''.
en el proceso de revisión de la Ley 765 de 2002, ''por medio de la cual se aprueba el `Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía', adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de Mayo de dos mil (2000)''.
El Magistrado Sustanciador, mediante auto del 12 de Agosto de 2002 (Fls. 19-20) , avocó el conocimiento del proceso y dispuso la práctica de pruebas. Recibidas éstas, mediante auto del 15 de Octubre de 2002 (Fls. 240-241) ordenó continuar con el trámite del mismo y, en consecuencia, fijar en lista el proceso por el término de 10 días con el fin de permitir la intervención ciudadana, así como dar traslado al señor P. General de la Nación para el concepto correspondiente y comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República, al Ministro de Relaciones Exteriores y al Ministro de Justicia y del Derecho.
su profunda preocupación por la práctica difundida y continuada del turismo sexual, a la que los niños son especialmente vulnerables ya que fomenta directamente la venta de niños, su utilización en la pornografía y su prostitución,
por el abrumador apoyo de que goza la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que demuestra la adhesión generalizada a la promoción y protección de los derechos del niño,
En relación con la venta de niños, en el sentido en que se define en el artículo 2o.:
La oferta, posesión, adquisición o entrega de un niño con fines de prostitución, en el sentido en que se define en el artículo 2o.;
La producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta, venta o posesión, con los fines antes señalados, de pornografía infantil, en el sentido en que se define en el artículo 2o.
Con sujeción a los preceptos de su legislación, los Estados Partes adoptarán, cuando proceda, disposiciones que permitan hacer efectiva la responsabilidad de personas jurídicas por los delitos enunciados en el párrafo 1o. del presente artículo. Con sujeción a los principios jurídicos aplicables en el Estado Parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser penal, civil o administrativa.
Los Estados Partes adoptarán todas las disposiciones legales y administrativas pertinentes para que todas las personas que intervengan en la adopción de un niño actúen de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales aplicables,
Todo Estado Parte adoptará las disposiciones necesarias para hacer efectiva su jurisdicción con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1o. del artículo 3o., cuando esos delitos se cometan en su territorio o a bordo de un buque o una aeronave que enarbolen su pabellón.
Todo Estado Parte podrá adoptar las disposiciones necesarias para hacer efectiva su jurisdicción con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1o. del artículo 3o. en los casos siguientes:
Todo Estado Parte adoptará también las disposiciones que sean necesarias para hacer efectiva su jurisdicción con respecto a los delitos antes señalados cuando el presunto delincuente sea hallado en su territorio y no sea extraditado a otro Estado Parte en razón de haber sido cometido el delito por uno de sus nacionales.
Los delitos a que se refiere el párrafo 1o. del artículo 3o. se considerarán incluidos entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición celebrado entre Estados Partes, y se incluirán como delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición que celebra entre sí en el futuro, de conformidad con las condiciones establecidas en esos tratados.
El Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado, si recibe de otro Estado Parte con el que no tiene tratado al respecto una solicitud de extradición, podrá invoca el presente Protocolo como base jurídica para la extradición respecto de esos delitos. La extradición estará sujeta a las demás condiciones establecidas en la legislación del Estado requerido.
A los efectos de la extradición entre Estados Partes, se considerará que los delitos se han cometido no solamente en el lugar donde ocurrieron sino también en el territorio de los Estados obligados a hacer efectiva su jurisdicción con arreglo al artículo 4o.
Si se presenta una solicitud de extradición respecto de uno de los delitos a que se refiere el párrafo 1o. del artículo 3o. y el Estado requerido no la concede o no desea concederla en razón de la nacionalidad del autor del delito, ese Estado adoptará las medidas que correspondan para someter el caso a sus autoridades competentes a los efectos de su enjuiciamiento.
Los Estados Partes se prestarán toda la asistencia posible en relación con cualquier investigación, proceso penal o procedimiento de extradición que se inicie con respecto a los delitos a que se refiere el párrafo 1o. del artículo 3o., en particular asistencia para la obtención de todas las pruebas necesarias para esos procedimientos que obren en su poder.
Los Estados Partes cumplirán las obligaciones que les incumban en virtud del párrafo 1o. del presente artículo de conformidad con los tratados u otros acuerdos de asistencia judicial recíproca que existan entre ellos. En ausencia de esos tratados o acuerdos, los Estados Partes se prestarán dicha asistencia de conformidad con su legislación.
Los Estados Partes promoverán el fortalecimiento de la cooperación internacional con miras a luchar contra los factores fundamentales, como la pobreza y el subdesarrollo, que contribuyen a la vulnerabilidad de los niños a las prácticas de venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía o en el turismo sexual.
El presente Protocolo está sujeto a la ratificación y abierto a la adhesión de todo Estado que sea Parte en la Convención o la haya firmado. Los instrumentos de ratificación o de adhesión se depositarán en poder del S. General de las Naciones Unidas.
Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento notificándolo por escrito al S. General de las Naciones Unidas, quien informará de ello a los demás Estados Partes en la Convención y a todos los Estados que hayan firmado la Convención. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que la notificación haya sido recibida por el S. General de las Naciones Unidas.
Esa denuncia no eximirá al Estado Parte de las obligaciones que le incumban en virtud del presente Protocolo respecto de todo delito que se haya cometido antes de la fecha en que aquella surta efecto. La denuncia tampoco obstará en modo alguno para que el Comité prosiga el examen de cualquier asunto iniciado antes de esa fecha.
Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda y depositarla en poder del S. General de las Naciones Unidas, el S. General comunicará la enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque a una conferencia de Estados Partes con el fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación un tercio, al menos, de los Estados Partes se declaran en favor de tal conferencia, el S. General la convocará con el auspicio de las Naciones Unidas.
Toda enmienda adoptada de conformidad con el párrafo 1o. del presente artículo entrará en vigor cuando haya sido aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptada por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes.
El S. General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente Protocolo a todos los Estados Partes en la Convención y a todos los Estados que hayan firmado la Convención.
I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, adopted by the General Asembly of the United Nations on 25 May 2000, the original of which is deposited with the S. General of the United Nations.
For the S. General
The Assistant S. General in charge of the Office of Legal Affairs
United Nations, New York, 1 J. 2000.
des Nations Unies, New York, le 1er juin 2000.
La ciudadana A.L.G.G., obrando como apoderada del Ministerio de Justicia y del Derecho, por medio de escrito radicado el 28 de Octubre de 2002 (Fls. 248-252) solicita a la Corte que declare la constitucionalidad del citado protocolo y de la ley aprobatoria del mismo, con base en las siguientes consideraciones:
La ciudadana S.M.M.P., actuando como apoderada del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante escrito presentado el 28 de Octubre de 2002 (Fls. 256-263) solicita a la Corte que declare la exequibilidad del citado protocolo y de la ley aprobatoria del mismo, por las siguientes razones:
El P. General de la Nación, mediante concepto recibido el 26 de Noviembre de 2002 (Fls. 268-279) solicita a la Corte la declaración de constitucionalidad del protocolo y de su ley aprobatoria, salvo el vocablo ''confiscación'' contenido en el Lit. a) del Art. 7º del primero, con base en los siguientes planteamientos:
Análisis formal del protocolo y la ley aprobatoria
En el presente caso, según consta en el Oficio OAJ. CAT. No. 32663 de 3 de Septiembre de 2002 enviado a la Secretaria General de la Corte Constitucional por el D.H.A.S.V., Jefe Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores (Fls. 224-225) ''[e]l Protocolo fue suscrito a nombre de la República de Colombia, por el Dr. A.P.A., Presidente de la República, el día 6 de septiembre de 2000 durante la Cumbre del Milenio, quien de acuerdo con la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, no requería de la exhibición de Plenos Poderes para el efecto''.
El proyecto de la ley aprobatoria en estudio fue presentado el 24 de Julio de 2001 ante el Senado de la República (Fls. 127, 169) por el Gobierno Nacional, por intermedio de los Ministros de Relaciones Exteriores, G.F. de S., y de Justicia y del Derecho, R.G.T., radicado con el No. 32 de 2001 Senado, y se publicó, junto con la Exposición de Motivos, en la Gaceta del Congreso No. 363 del 2 de Agosto de 2001 (Fls. 165-169), antes de darle curso en la comisión respectiva, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 157, Num. 1, de la Constitución Política.
La ponencia para primer debate ante la Comisión Segunda de tal corporación correspondió a los senadores P.C.R. y R.O.M. y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 510 del 9 de Octubre de 2001 (Fls. 170-171). Dicha comisión le impartió su aprobación con una mayoría de 10 votos, de los 13 miembros de la misma, el 24 de Octubre de 2001, como consta en las certificaciones expedidas por el S. General del Senado y el S. de la Comisión Segunda del mismo (Fls. 31, 45-46).
La plenaria del Senado de la República dio segundo debate al proyecto de ley, con ponencia de los senadores P.C.R. y R.O.M., publicada en la Gaceta del Congreso No. 564 del 8 de Noviembre de 2001, y lo aprobó en la sesión del 20 de Noviembre de 2001 con una mayoría de 89 senadores, como consta en la certificación expedida por el S. General del Senado (Fl. 31).
El proyecto se radicó en la Cámara de Representantes con el No. 174 de 2001 Cámara. La ponencia para primer debate correspondió al representante A.J.G.J. y fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 126 del 22 de Abril de 2002 (Fls. 200-202). La comisión le impartió su aprobación el 15 de Mayo de 2002 por unanimidad con la asistencia de 12 representantes, según certificación suscrita por el secretario correspondiente (Fls. 238-239).
El segundo debate se surtió en la plenaria de la Cámara de Representantes, con ponencia de A.J.G.J., publicada en la Gaceta No. 205 del 5 de Junio de 2002 (Fls. 212-213) y fue aprobado en la sesión del 18 de Junio de 2002 con el voto favorable de 147 representantes, como consta en la certificación expedida por el S. General de dicha corporación (Fl. 236).
Análisis material del protocolo y la ley aprobatoria
3.1. La Constitución Política contempla en su Art. 44 con carácter especial y prevalente los derechos fundamentales de los niños y señala que ''serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos'' y que ''la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos''.
Adicionalmente a este precepto, el art. 45 superior contempla que ''el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral''.
3.2. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989 y aprobada en Colombia por la Ley 12 de 1991, ''para efectos de la presente convención, se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado la mayoría de edad''.
''Situación General: Los niños de Colombia son las principales víctimas de la violencia y de la crisis política e institucional del país. Los derechos de los niños son violados constantemente. Según la proyección del departamento administrativo nacional de estadísticas (DANE), hoy la población colombiana llega a 40.214.723 habitantes. De ellos el 41.5% es decir, 16.722.708 son menores de 18 años, de ellos:
''Una estimación de 4.500.000 niños en Colombia con edades comprendidas entre los 4 y 12 años son abusados física, moral y psicológicamente; 850.000 son abusados en una forma severa y constante''.
''En Colombia hay 18'000.000 de personas menores de 18 años y las investigaciones desarrolladas en el país estiman cifras que van desde considerar que hay 4.477 mujeres menores de 20 años ejerciendo la prostitución (Censo de la Policía Nacional, 1997) hasta plantear que existen 35.000 niños(as) vinculados(as) a esta práctica (estimación del DAS y la Interpol, 1998) pasando por una cifra media de 20.000 niños(as) explotados(as) sexualmente (Fundación RENACER, 1997) .
''Todas las fuentes coinciden en afirmar que el ingreso de niños y niñas a la prostitución es cada día mayor. Igualmente se plantea que las edades de vinculación a la prostitución son cada vez más tempranas, encontrando por reportes de historias de vida niños(as) que empezaron a ser explotados(as) sexualmente desde los 9 años. Esta situación se ha visto incrementada por la creencia falsa de que los niños y niñas tienen menos posibilidades de tener enfermedades de transmisión sexual y por el miedo de los adultos abusadores a contraer VIH/ SIDA.''
''La explotación sexual comercial, sea bajo formas de turismo sexual o en ámbitos de prostitución urbana, ha verificado altas tasas de ocupación infantil. En Brasil, Paraguay, Colombia y República Dominicana se ha constatado la importancia de esta violación criminal -en el sentido legal del término- de los derechos de niños y niñas, aunque existe evidencia de que la dimensión real del mismo es de mayor envergadura.
''Cada año, al menos seis millones de personas menores de 18 años son víctimas de agresión física severa y de éstas 85.000 mueren a causa de la violencia intra- familiar. Las investigaciones existentes muestran que el abuso sexual comienza tan temprano como a los cinco años de edad, y aumenta significativamente entre los cinco y los nueve años. La información de distintos países es coincidente también en que entre un 70% y un 80% de las víctimas son niñas; en la mitad de los casos los agresores viven con las víctimas y, en un 75% de los casos, son familiares directos de los niños y niñas de los que abusan''.
''A. Causas
''9. Las causas que dan lugar a la venta de niños, a la prostitución infantil y a la utilización de los niños en la pornografía tienen numerosas dimensiones que van desde las violaciones estructurales o sistemáticas de los derechos de los niños a las violaciones particulares y menos organizadas. En toda situación suelen combinarse varias causas.
''10. Las causas del problema abarcan una amplia gama de circunstancias y de prácticas perniciosas que van en contra de los intereses de los niños, desde la necesidad económica a las discrepancias socioculturales, pasando por la discriminación sexual y otras formas de discriminación por motivos de raza, casta o clase. Por lo que respecta a la discriminación por motivos de género, las niñas son más vulnerables a la explotación sexual, ya que, entre otras cosas, hay una cultura de violencia, violación, incesto y abusos sexuales y de otra índole contra las mujeres. La discriminación comprende también el menosprecio sistemático de las mujeres, a las cuales se valora en términos de "propiedad" o por lo que pueden ganar con su trabajo, y arraiga en la organización social y las estructuras de poder, que dan a los hombres mayores prerrogativas y poder sobre las mujeres.
''11. Otras causas de la explotación de los niños son el crecimiento demográfico, tanto a escala nacional como a escala más local (por ejemplo, en el caso de la migración urbana); la debilitación de la estructura de la familia, que priva a los niños de uno de los elementos más estabilizadores de sus vidas, y la pérdida de los valores sociales y espirituales, que ofusca el buen discernimiento de los padres, quienes pueden considerar al niño un factor de producción o una inversión por razones económicas en lugar de un ser dotado de derechos fundamentales y de una dignidad inherente a su condición humana. La situación se agrava aún más por el hecho de que las prioridades políticas sobre todo en lo que respecta a cuestiones presupuestarias, suelen estar poco equilibradas, y el desarrollo y la protección de los niños se considera un asunto de escasa prioridad.
''1. Las víctimas
''14. En todo el mundo, los niños se están volviendo cada vez más vulnerables a la explotación sexual con fines comerciales. Su vulnerabilidad suele deberse a las circunstancias que atraviesa su familia, ya sea que pertenezcan a una familia marginada o destrozada, hayan recibido malos tratos en ella o sean hijos de mujeres que trabajan en la industria del sexo.
''15. Los niños de la calle son particularmente vulnerables, ya sea por la presión que suelen ejercer sobre ellos sus compañeros o porque la prostitución constituye para ellos un medio de subsistencia. Los niños que se encuentran en orfanatos o bajo la custodia de las autoridades locales también suelen ser objeto de abusos sexuales por parte de los adultos que ostentan cargos de confianza o de autoridad. Son víctimas fáciles de los desaprensivos que alegan el pretexto de que ha habido consentimiento.
''16. Asimismo, la frecuencia creciente con que se recurre a la fuerza o al rapto para arrastrar a los niños a las redes de explotación y abuso entraña una amenaza grave para los niños que no pertenecen a grupos marginales''.
''Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.
''No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos, mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social ''.
''Ha sido también abundante la jurisprudencia en que la Corte Constitucional Cfr., Sentencias No. 073 M.P.D.J.S.G. y No. 066 de 1993, M.P.D.J.G.H., entre otras. ha examinado las diferencias existentes entre la confiscación y el comiso o decomiso penal, al tiempo que ha caracterizado a este último como una modalidad de la extinción del dominio que el Constituyente de 1991 autoriza en forma expresa en el artículo 34 de la Carta, respecto de los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, y a la cual, de acuerdo a la N. Superior también hay lugar tratándose de los obtenidos ''en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social.''
''Así, por ejemplo, en la Sentencia C-176 de 1994 Cfr. Supra. 8, con ponencia del H.M.A.M.C., esta Corte consignó una juiciosa síntesis acerca del pensamiento del Constituyente de 1991 sobre esta materia:
''Esta distinción jurisprudencial ha sido también aceptada en repetidas ocasiones por la Corte Constitucional. Así, en anterior fallo, esta Corporación había señalado con claridad al respecto:
''Esta institución que según los antecedentes se instituyó como "retaliación política contra los cabecillas de revueltas civiles" fue abolida en nuestro ordenamiento constitucional desde el año de 1830 cuando en la Constitución de esa época se incluyó en el artículo 148 una disposición en ese sentido dejando claro que la abolición de la confiscación de bienes no comprendía la de comisos o multas en los casos que determinara la ley. Esta norma se reiteró en las constituciones de 1832 (art. 192) y en la de 1843 (art. 161). Posteriormente en el Ordenamiento de 1858 aparece prohibida en el artículo 56, en la Carta de 1863 en el artículo 15, en la de 1886 en el artículo 34 y en la Constitución hoy vigente en el artículo 34.
''El comiso o decomiso opera como una sanción penal ya sea principal o accesoria, en virtud de la cual el autor o copartícipe de un hecho punible pierde en favor del Estado los bienes, objetos o instrumentos con los cuales se cometió la infracción y todas aquellas cosas o valores que provengan de la ejecución del delito, exceptuándose, como es obvio, los derechos que tengan sobre los mismos sujetos pasivos o terceros.
''Como se advierte la confiscación recae sobre bienes sin ninguna vinculación con las actividades ilícitas, mientras que el comiso o decomiso contempla la pérdida de los bienes vinculados directa o indirectamente con el hecho punible.
''La confiscación la prohibe la Constitución de 1991 en su artículo 34 cuando expresa "Se prohiben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación". Y a renglón seguido señala "No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social".
''En cambio el comiso o decomiso no está prohibido por la Constitución y por el contrario se autoriza como sanción penal limitada a los bienes producto del ilícito como a los efectos que provengan de su ejecución Corte Constitucional. Sentencia C-076-93 del 25 de febrero de 1993. Magistrado Ponente: Dr. J.S.G.. Sobre esta misma distinción, ver también la Sentencia T-460/92 del 15 de julio de 1992. Magistrado Ponente. J.G.H.G. en Gaceta de la Corte Constitucional. 1992, Tomo 3, pp 459 y ss . Igualmente la sentencia T-568/92 del 23 de octubre de 1992.J.G.H.G. del 23 de octubre de 1992 en Gaceta de la Corte Constitucional. 1992, Tomo 6, p 568.
''Como vemos, la distinción entre la confiscación y el decomiso es clara. Es pues lógico que la Carta colombiana, en la medida en que protege la propiedad, prohiba la confiscación, por cuanto ésta implica la privación arbitraria, sin ninguna compensación o equivalencia, de la propiedad de una persona. En cambio la Constitución admite formas de decomiso ya que esta figura no vulnera el derecho de propiedad, tal como éste es concebido y desarrollado en un Estado social de derecho (CP art 1). En efecto, es claro que la Constitución protege la propiedad sólo en la medida en que ella haya sido adquirida "con arreglo a las leyes civiles" y cumpla con las obligaciones que derivan de las funciones social y ecológica que le son inherentes (CP art 58). Es perfectamente lógico entonces que nuestro ordenamiento admita la extinción del dominio en beneficio del Estado de bienes que hayan sido adquiridos de manera ilícita o que hayan sido utilizados para la comisión de delitos, como se desprende del inciso segundo del artículo 34 superior.
''Pero, destaca la Corte, la Constitución, en este inciso amplió el campo específico de las formas de decomiso, ya que esta extinción de dominio puede recaer no sólo sobre bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito sino también sobre aquellos que sean obtenidos "en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social". Esto significa que, conforme al ordenamiento colombiano, la Constitución autoriza tres formas de extinción de dominio, que desbordan el campo tradicional del decomiso, a saber: de un lado, de los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito; de otro lado, de los bienes adquiridos en perjuicio del Tesoro Público; y, finalmente, de aquellos bienes adquiridos con grave deterioro de la moral social.
''Sin embargo, destaca la Corte, para que esta extinción de dominio opere se requiere que exista un motivo previamente definido en la ley (CP art 29) y que ella sea declarada mediante sentencia judicial, como consecuencia de un debido proceso en el cual se haya observado la plenitud de las formas del juicio (CP arts 29 y 34)''. Sentencia C-677 de 1998. M.P.F.M.D..
Por esta razón, la Corte no acoge el concepto del señor P. General de la Nación respecto del punto, en el sentido de que se declaren inexequibles los apartes ''y confiscar'', contenido en el Lit. a) de dicho artículo, y ''o confiscación'', contenido en el Lit. b) del mismo.
Esta corporación ha aplicado el mismo criterio en anteriores oportunidades. Así, en la Sentencia C-288 de 2002, M.P.R.E.G., expresó:
''(...) Es claro que la expresión ''confiscación'' no tiene alcance distinto que el de, cómo lo dice el texto del tratado, ''[c]ualquier medida en firme adoptada por un Tribunal o autoridad competente, que tenga como resultado extinguir el derecho de dominio sobre bienes, productos o instrumentos del delito de lavado de activos.'', y no puede asimilarse a la pena de confiscación prohibida en la Constitución. En ese contexto, la disposición del tratado, no obstante el equívoco empleo de la expresión ''confiscación'', es perfectamente compatible con lo previsto en el artículo 34 de la Carta, que prohíbe la pena de confiscación, pero dispone que, ''[n]o obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro o con grave deterioro de la moral social.''''
''Una interpretación exegética del término ''confiscación'', al encontrarse ésta figura expresamente prohibida por el artículo 34 de la Constitución, llevaría necesariamente a declarar la inconstitucionalidad de la totalidad del Convenio, pues, lógicamente, los tratados bilaterales no admiten reservas. En efecto, una reserva a un tratado bilateral constituiría un desacuerdo entre las dos partes que llevaría a que éste se tuviera que negociar nuevamente. Sin embargo, aun cuando este tipo de tratados, por su misma naturaleza, no admiten reservas, es posible que las partes, al perfeccionarlo, emitan declaraciones interpretativas respecto de algunas de sus normas. Estas, en la medida en que sean admitidas por la otra parte, constituyen reglas generales de interpretación del instrumento internacional, conforme lo establece el literal c) del numeral 1º del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.
''Por ello, de acuerdo con las normas sobre el Derecho de los Tratados, es posible darle un sentido especial a la palabra confiscación, que sea compatible con nuestro ordenamiento constitucional. Este sentido está determinado por el inciso del artículo 34 de la Carta, que establece:
''Por tanto, el término "confiscación", utilizado en el presente Tratado, no puede entenderse como una acción arbitraria tendiente a privar al titular de un derecho obtenido con arreglo a las leyes, sino, como un procedimiento que, mediante el lleno de las garantías constitucionales y legales, concluye, a través de una sentencia judicial, en que el dominio sobre los bienes objeto del proceso se debe extinguir, dado el vicio que tiene desde su origen''. Sentencia C-160 de 2000. M.P.V.N.M..
PRIMERO: Declarar EXEQUIBLES las disposiciones del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, adoptado en Nueva York, el veinticinco (25) de Mayo de dos mil (2000), teniendo claro que su Art. 7º trata únicamente del comiso o decomiso penal, conforme a lo expresado en el acápite denominado ''Disposiciones específicas del protocolo'' de la parte motiva de esta sentencia, por lo cual el Gobierno Nacional al ratificar el convenio deberá emitir una declaración interpretativa en ese sentido.

References: artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 34
 artículo 148
 artículo 56
 artículo 15
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 34
 artículo 31
 artículo 34