Source: https://es.scribd.com/doc/55054882/PROCESO-CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
Timestamp: 2017-01-19 13:08:24+00:00

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NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosArtículosPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarsePROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 3.5.Descripción del Proceso
El 07 de Noviembre del 2001. El Sr. José Jacinto Salgado García, interpone el Proceso de Impugnación de Acto o Resolución Administrativa contra el Presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional ± CTAR PIURA, solicitando se declare la nulidad de la Resolución Presidencial N° 6312001/CTAR.PIURA-P. El 08 de Noviembre del 2001. Con Resolución N° 01, la Primera Sala Civil de Piura, Admitió Provisionalmente la demanda y concede al demandante Sr. José Jacinto Salgado García, 5 días para subsanar omisión. El 20 de Noviembre del 2001. El demandante subsana la omisión. El 20 de Noviembre del 2001. Con Resolución N° 02, se Admite a tramite la demanda Contencioso Administrativa interpuesta por el Sr. José Jacinto Salgado García contra el Presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional ± CTAR PIURA en vía del proceso Ordinario Laboral y Líbrese Exhorto al Primer Juzgado Corporativo Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima. El 06 de Diciembre del 2001. Mediante Oficio N°1560-2001-PSC, la Primera Sala Especializada en lo Civil, solicita al Presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional ± CTAR PIURA remita Expediente Administrativo. El 11 de Diciembre del 2001. El Presidente Ejecutivo del Consejo Transitorio de Administración Regional de Piura ± CTAR PIURA, Sr. Juan Luis Ruesta Angulo Contesta la Demanda. El 19 de Diciembre del 2001. Con Resolución N° 03, se tiene por apersonado al Presidente Ejecutivo del Consejo Transitorio de Administración Regional de Piura ± CTAR PIURA, Sr. Juan Luis Ruesta Angulo y por absuelto el traslado de la demanda. El 12 de Enero del 2002. Mediante Oficio N° 1250-2001-CTAR.PIURA-DREPOTD-D, el Director Regional de Educación, remite el Expediente Administrativo del. Sr. José Jacinto Salgado García. El 18 de Enero del 2002. Con Resolución N° 04, la Primera Sala Especializada en lo Civil, tiene por recepcionado el Expediente Administrativo. El 04 de Febrero del 2002. El Procurador Adjunto de la Procuraduría Pública del Ministerio de la Presidencia Sr. Oscar Verter Morales Chumacero, Contesta la Demanda. El 05 de Febrero del 2002. Con Resolución N° 05, Se reserva el proveído del escrito de contestación de la demanda hasta que el exhorto sea recepcionado. El 08 de Febrero del 2002. Con Resolución N° 06, Se tiene por absuelto el traslado de la demanda y se señala como fecha para Audiencia Única el 26 de febrero del año en curso a las 11:00 am. El 26 de Febrero del 2002. Se realiza la Audiencia de Saneamiento Procesal y Conciliación.
Con Resolución N°16. N° 09. Sr. José Jacinto Salgado García formula Alegatos. con Resolución N° 13. con Resolución N° 12. Directoral Regional N° 1226 que declara Improcedente el Reintegro a la Bonificación por tres años de servicios solicitados. El 23 de Abril del 2002. Con Res. Por recibido el Dictamen del Fiscal Superior y concédase a las partes el plazo de 05 días hábiles para presentar sus alegatos. Análisis Crítico del Proceso
. El 15 de Agosto del 2002. Téngase por apersonado al Director Regional de Educación. Señálese el 02 de Agosto del 2002 como fecha para la realización de la Vista de la Causa.6. Santiago Araujo Salinas. El Presidente Ejecutivo del Consejo Transitorio de Administración Regional de Piura ± CTAR PIURA. El Fiscal Superior emite dictamen y declara Infundada la demanda interpuesta por Sr. N°08. El 16 de Julio del 2002. El 30 de Octubre del 2002. Cúmplase con lo ejecutoriado y archivase en el modo y forma de ley. Roberto Raúl de la Cruz Azaña interpone Recurso de Apelación contra la Sentencia. con Resolución N°15.y y y
El 07 de Marzo del 2002. por absuelto el traslado de la demanda y señálese como fecha para Audiencia Única para el 16 de Mayo del 2002 a las 11:00 am. El 14 de Octubre del 2004. a fin de absolver el traslado de la demanda dentro del plazo de 10 días. con Resolución N° 07. El 03 de Noviembre del 2004. con Resolución N° 14. El demandante Sr. El 02 de Julio del 2002. se emplazó a la Dirección Regional de Educación de Piura. Presidencial N° 631-CTAR-PIURAP que declara infundado el Recurso de Apelación interpuesto contra la Res. El 05 de Julio del 2002. El 10 de Junio del 2002. Con Resolución N° 11. El 24 de Junio del 2002. Con Res. la Sentencia Declara Fundada la demanda y en consecuencia Nula la Res. El 02 de Abril del 2002.
3. El demandante Sr. se señala como fecha para la Audiencia Única el 27 de Marzo del 2002 a las 11:00 am. Concedieron con efecto suspensivo la apelación interpuesta por el Presidente Ejecutivo del Consejo Transitorio de Administración Regional de Piura ± CTAR PIURA y ordenaron se eleven los autos a la Sala Civil de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Contesta la Demanda. El 15 de Marzo del 2002. emite dictamen Confirmando la Recurrida. El Director de la Dirección Regional de Educación Sr. La Sala Transitoria Constitucional y Social declara se tenga por Revocada la sentencia apelada que declara fundada la demanda y declara Improcedente la Demanda. El Fiscal Adjunto Supremo. El 17 de Abril del 2002. téngase por formulados los alegatos de la parte demandante dentro del plazo de ley. El 04 de Septiembre del 2002. José Jacinto Salgado García solicita nueva fecha para Audiencia. El 02 de Septiembre del 2002. José Jacinto Salgado García. bajo apercibimiento de declararlo rebelde.
La denominación Contencioso administrativo tan arraigada en nuestro medio profesional. si de lo que se pretende hablar es de jurisdicción de proceso. ya que el procedimiento y el proceso administrativo son dos partes de una misma secuencia. tanto así que existe una fiscalía superior y suprema en lo contencioso administrativo constitucionalmente prevista. la expresión lingüística correcta es proceso administrativo. destinada a garantizar los derechos e intereses de los administrados frente a la administración pública. interpone Acción Contenciosa Administrativa Laboral. finalmente queremos manifestar que el uso de la denominación contencioso administrativo no sólo resulta antigua. creemos que el empleo de la expresión contencioso administrativo es errónea. a pesar de esto queremos cuestionar un poco el uso de esta denominación (Contencioso Administrativo"). pero aún así. por lo que el Juez en aplicación del Principio de Favorecimiento del Proceso no rechazó liminarmente la demanda. En sede judicial sería más coherente hablar de proceso administrativo. Queremos empezar el siguiente análisis. ya que se inicio el 07 de noviembre del 2001. Como ya lo hemos dicho esta alternativa es la de "Proceso Administrativo". fecha en la cual aún no regía esta ley. II. Ambos vocablos indican ya de por si que se trata de una actividad de naturaleza jurisdiccional. sino que le dio un plazo de 5 días para subsanar el error. ajena y redundante. lo hace de una manera defectuosa pues obvió completar el petitorio de su demanda conforme lo expuesto en el considerando segundo y además no adjuntó copia autenticada de la Resolución Directoral Regional N° 1226. proceso penal o proceso laboral. el proceso lo es ante el Poder Judicial (que es un tercero imparcial). sino que además la propia doctrina nacional y extranjera ofrece una mejor opción para referirnos al conjunto de ideas que ella encierra y proyecta. es así porque a nadie se le ocurriría decir jurisdicción contenciosa civil o jurisdicción contenciosa penal.
. cuando el Sr. Por todo ello. proceso contencioso civil o proceso contencioso penal. sabemos que este es un proceso que nos permite cuestionar ante el poder judicial cualquier acto o resolución administrativa que cause estado y aunque en este caso nuestro expediente no se ha tramitado al amparo de la Ley 27584 Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo. así cada proceso estaría denominado por la materia para cuyo tratamiento sirve. El cambio de este término no generaría confusión alguna puesto que queda claro que mientras el procedimiento es una garantía para los administrados ente de la propia administración (la cual es juez y parte del procedimiento). al lado del proceso civil. En un primer aspecto del proceso. salas en lo contencioso administrativo y juzgados en lo contencioso administrativo. José Jacinto Salgado García. partiendo de la denominación "Contencioso Administrativo". Al margen de ese aspecto lo que se ventila en este proceso son pretensiones fundadas en preceptos de derecho administrativo y por consiguiente lo que se busca es el control jurídico por parte del Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados.I.
Que para todos los efectos podía ser cualquiera de ellos. en materia de impugnación de Acto Administrativo. amparado en el Código Procesal Civil. que señala que la representación y defensa de las entidades administrativas estará a cargo de la Procuraduría Pública competente. por el Sr. como Procurador Adjunto de la Procuraduría Pública del Ministerio de la Presidencia y por el Sr. la demanda fue contestada por el Sr. Santiago Araujo Salinas como Director de la Dirección Regional de Educación. además señala que estos se someterán al Poder Judicial sin mas privilegios que los expresamente señalados en la Ley para todas las partes. que regía en esa época para los procesos contenciosos administrativos el Código Procesal Civil. el cual en su Artículo 540 al 545. además el Artículo I del Título Preliminar de la Ley 27444 concordante supletoriamente con el Art. a excepción de la programación de los pagos. señala que se tramitaba este como proceso abreviado. esto puesto que en el proceso se apersonaron por parte del Consejo Transitorio de Administración Regional de PIURA tres funcionarios en representación de ésta. Ley que regulaba el Proceso Contencioso Administrativo y por ello no se podría aplicar el Artículo 15 inciso 15. queremos manifestar que esta confusión se origina a raíz de dos situaciones jurídicas que existían en el año 2001. Ante esta situación lo que se debe determinar es quien tiene la legitimidad para obrar pasiva en el proceso. por lo que consideramos que ante esta situación se estaría vulnerando el Principio de Igualdad Procesal. que aún no se promulgaba la Ley 27584. esto se logra conociendo el contenido de la relación jurídica sustancial deducida por el demandante. Por otro lado.III. pero el Juez emplazo al Sr. b) Además. Artículo 543 el cual sólo señala que se necesita para ser parte legítima pasiva en este proceso ser apoderado revestido con facultades especiales. concretamente según lo previsto en el Artículo 13 de la Ley 27584 la demanda contenciosa administrativa se dirige contra la entidad administrativa que expidió en última instancia el acto o la declaración administrativa impugnada. 59 del Código Procesal Civil determinan qué entidades de la administración pública pueden ser demandadas en este caso. existió dentro del proceso una situación inquietante con respecto a determinar quién tiene verdadera legitimidad pasiva para obrar.1) de la Ley 27584. Juan Luis Ruesta Angulo como Presidente Ejecutivo del Consejo Transitorio de Administración Regional de Piura ± CTAR PIURA. estamos hablando del Gobierno Regional y las entidades que dependan de esté. es decir. Producto de ello el Juez fue quien decidió. pues la condición de entidad pública no le faculta a tener que enfrentar jurídicamente a tres apersonados por la emisión de un solo acto procesal. por consiguiente la parte demandada será siempre una entidad pública concreta y determinada como aquella que dictó el acto objeto de impugnación. que fue el año en que se inicio este proceso: a. Oscar Verter Morales Chumacero. Primero. Santiago Araujo Salinas en calidad de Director de la Dirección
. Con el objetivo de fijar nuestro punto de vista referente a este litisconsorte necesario pasivo que se dio en este proceso.
Otro aspecto que nos llamó mucho la atención y que consideramos importante es lo relacionado a las Instancias del Proceso en este caso en particular. Todo lo antes mencionado en este punto III surge como una crítica a la norma. el Señor José Jacinto Salgado García no estando conforme con la decisión tomada por la Dirección Regional de Educación de la Ciudad de Piura. Finalmente. IV. quien siguió el proceso hasta la apelación. en el presente proceso judicial se presentan los siguientes hechos: Primero. ya que también poseía facultades especiales tal como lo exigía en esa época el Código Procesal Civil. 95 del Código Procesal Civil. es decir.7Análisis de los Hechos en Relación a los Medios Probatorios Esgrimidos en Sede Judicial: Antes de tocar la Relación de los hechos con los Medios Probatorios tenemos que saber cual es la finalidad de los Medios Probatorios. la cual según el Art. por consiguiente no existiría dicha necesidad del exhorto. pero tenue demora en los plazos y eso es la necesidad de que se Libre Exhorto al Primer Juzgado Corporativo Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima. 3. del día 12 de Octubre del 2001. V. existe un aspecto que motivó una cierta. según el expediente la demanda se interpone ante la Primera Sala Civil de Piura amparado claro está en el Artículo 542 del Código Procesal Civil que regulaba la materia contencioso administrativa. el expediente administrativo data de un profesor que laboró bajo la tutela de la Director Regional de Educación de Piura.Regional de Educación. pero es prudente que dejemos claramente establecido que en la actualidad según el Artículo 9 de la Ley 27584 ± Nueva Ley del Proceso Contencioso Administrativo "es competente para conocer el proceso contencioso administrativo en primera instancia. el Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo". actualmente eso ya no sucede ya que cada entidad pública es independiente en ese aspecto. éste se apersono pero finamente fue el Sr. es por ello que en uno de sus Medios Probatorios Anexa Copia fedateada de la Resolución Presidencial Nº 631-2001/CTAR PIURA-P. producir certeza en el Juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. interpone Recurso Administrativo de Apelación contra el oficio que le declara improcedente el reintegro a su bonificación solicitada. es competente en primera instancia la Sala Civil de turno de la Corte Suprema". la cual es acreditar los hechos expuestos por las partes. esto debido a la Ley de Descentralización y a la Ley de Regionalización. ya que cuenta con un área legal encargada de tramitar por si sola los procesos que surjan contra esta. analizado este artículo consideramos que efectivamente el demandante eligió correctamente esta instancia. Roberto Raúl de la Cruz Azaña en calidad de Presidente Ejecutivo del Consejo Transitorio de Administración Regional de Piura ± CTAR PIURA. legitima y autoriza el Litisconsorcio Necesario cuando se trata de las Instituciones Administrativas dentro de un proceso Judicial. emitida por el Consejo
. pero esto se da porque aún las instituciones no estaban descentralizadas como ahora y cada institución dependía de los asesores jurídicos de la misma entidad pero jerárquicamente superior. el cual señala que "cuando la resolución objeto de impugnación es emitida por un órgano administrativo colegiado o autoridad unipersonal de carácter local o regional.
le contesta mediante Oficio Nº 3913-CTARDREP del 25 de julio del 2001. siendo una entidad pública la Dirección Regional de Educación de Piura. que el Señor José Jacinto Salgado García. con la cual acredita que contradictoriamente la Presidencia del Consejo Transitorio de Administración Regional de la ciudad de Piura sí reconoce el derecho al reintegro a otro administrado. Quinto. y siendo su representante el Señor Santiago Araujo Salinas. Segundo. por haber cumplido 30 años de servicios en el Centro educativo Nacional San Miguel de Piura como sub director de formación General y dando respuesta la Dirección Regional de Educación sobre su pedido. en contra de don José Jacinto Salgado García contra la Resolución Directoral Regional Nº 1226 de fecha 12 de junio de 1995. que luego de enterarse el Señor José Jacinto Salgado García que a un amigo le otorgaron su reintegro de bonificación es por eso que adjunta como Medio Probatorio Copia legalizada de Resolución Presidencial Nº 532-2001-CTAR PIURA-P del 23 de agosto del 2001 dictada en los casos administrativos seguidos por el profesor Juan José Palacios Silupú sobre reintegro de bonificación por 25 años de servicio. con la cual acredita que la misma fue entregada el 18 de Octubre del 2001. por lo que debió hacerse sobre la base de una remuneración total o integra como lo establece el Reglamento de la ley del Profesorado. Sexto. en la cual se acredita que se le otorga por única vez el beneficio de asignación por cumplir 30 años de servicio por un monto equivalente a Tres (3) remuneraciones totales permanentes integras. más no a él. la Dirección Regional de Educación de Piura. igualmente por el hecho de que el señor José Jacinto Salgado García solicito su Beneficio de Asignación. Tercero. que luego de presentar una solicitud el señor José Jacinto Salgado García. con el cual acredita que se le declaró improcedente los reintegros.
. . Cuarto. es por eso que presenta como medio probatorio copia de la Resolución Ministerial Nº 310-01-ED. luego de interponer su Recurso Administrativo de Apelación esperaba una respuesta por parte de la administración y es por eso que adjunta como Medio Probatorio la Constancia de notificación de la Resolución Presidencial Nº 631-2001-CTAR PIURA-P. con la cual se acredita que se Declaro INFUNDADO el Recurso Administrativo de Apelación de fecha 01 de Agosto del 2001 y a la vez da por agotada la Vía Administrativa. con la cual acredita tener la representación sobre la Dirección Regional de Educación de Piura.Transitorio de Administración Regional Piura ± CTAR. la cual le otorgó por única vez el beneficio de asignación por haber cumplido 30 años de servicios en base a tres remuneraciones totales permanentes integras . en la cual pide su reintegro de su bonificación mal calculada. es por eso que anexa Copia de la Resolución Directoral Regional Nº 1226 de fecha 12 de junio de 1995.
Considero que el origen del recurso o de la jurisdicción de lo contencioso administrativo surgió de la necesidad de que el propio órgano gubernamental demuestre a los administrados no solamente la legalidad de sus actos sino la legitimidad autentica de los mismos. los derechos ciudadanos y los intereses públicos. puede acudir a los Tribunales Administrativos en la vía y términos que la ley de la materia establece a efecto de que los titulares de este Tribunal determinen si los órganos de la administración publica han incurrido en la violación aducida por el administrado y en caso afirmativo decretar la nulidad del acto motivo de litis. ¿QUÉ ES EL PROCEDIMIENTO DE LO CONTENCIOSO Y ADMINISTRATIVO? A tal pregunta se puede responder que el contencioso administrativo es un medio por el cual el particular. podrían ser analizados por un organismo que no dependiera directamente de la administración y que sin embargo. Promover de oficio. También velará por la prevención del delito dentro de las acciones que resultan de la Ley Orgánica del Ministerio Público y por la independencia de los órganos jurisdiccionales y la recta administración de justicia y las demás que le señalan la ConstituciónPolítica del Perú y el ordenamiento jurídico de la Nación. la naturaleza jurídica y sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del recurso de lo contencioso administrativo o de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Conducir desde su inicio la investigación del delito (con tal propósito. Papel del Ministerio Publico en el Proceso Contencioso Administrativo Intervención del Ministerio Público en el Proceso Contencioso Administrativo De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Decreto Legislativo Nro. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia. así como para velar por la moral pública. del 16-03-1981). el artículo 159 de la Constitución Política de 1993 establece que corresponde al Ministerio Público: 1. 3.Mucho se ha discutido sobre el origen.
. que para justificarlos. sin sujetarse al control del órgano jurisdiccional. el Ministerio Público es el organismo autónomo del Estado que tiene como funciones principales la defensa de legalidad. fundara su acción en leyes. la representación de sociedad en juicio. para los efectos de defender a la familia. La naturaleza jurídica del procedimiento de lo contencioso y administrativo. esta enmarcada en la respuesta a la pregunta: ¿QUÉ ES LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO? O. la policía nacional está obligada a cumplir los mandatos del ministerio público en el ámbito de su función). por falta o indebida aplicación de una ley administrativa. Representar en los procesos judiciales a la sociedad: 4. 2. la persecución de: y la reparación civil. concibiendo la idea. Sobre el particular. a los menores y al interés social. o a petición de parte. 052. que considera que ha sido afectado por un órgano de la administración publica. la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho.
y 7. inc.
. DS 008-2005-ED Remuneración Total Es aquella que está constituida por la Remuneración Total Permanente y los conceptos remunerativos adicionales otorgados por Ley expresa. ¨ Remuneración Transitoria para Homologación. ¿Qué es la Remuneración Íntegra en la Ley del Profesorado? Lo precisa el DS 041-2001-ED: Es la Remuneración Total Permanente más las asignaciones adicionales por desempeñar las labores en situaciones de mayor exigencia. que precisó los alcances de los conceptos de remuneraciones y remuneraciones íntegras a que se refieren los artículos 51 y 52 de la Ley Nº 24029-Ley del Profesorado.5. La Remuneración Principal. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. directivos y servidores de la Administración Pública. y ¨ Bonificación por Refrigerio y Movilidad. El Peruano. y dar cuenta al congreso. De los vacíos o defectos de la legislación. o al presidente de la república. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla. Nº 008-2005-ED). b)) Derogan el Decreto Supremo Nº 041-2001-ED. ha sido derogada a través del DS 008-2005-ED. los mismos que se dan por el desempeño de cargos que implican exigencias y/o condiciones distintas del común. 288317. 6. Ejercer iniciativa en la formación de las leyes. permanente en el tiempo y se otorga con carácter general para todos los funcionarios.b)) Remuneración Total Permanente Aquella cuya percepción es regular en su monto. servidores y pensionistas del Estado. pág.inc. ¨ Bonificación Familiar. y está constituida por: &uml.. ¨ Bonificación Personal. Normas Reglamentarias sobre niveles remunerativos de funcionarios. Debido a que la aplicación de esta norma para el cálculo de beneficios contravenía al DS 051-91-PCM que es de mayor jerarquía. Artículo 8º. Normas Reglamentarias sobre niveles remunerativos de funcionarios.S. (D. en lo referente al cálculo de los mencionados beneficios. (Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. servidores y pensionistas del Estado. Artículo 8º . (Decreto Supremo Nº 051-91-PCM. Esta medida se da debido a que el citado decreto supremo se contrapone al Decreto Supremo Nº 051-91-PCM.
J. Tomo 136. Facultades del Juez respecto del Litisconsorcio Necesario En el litisconsorcio necesario debe darse la existencia de una sola pretensión. si de la demanda o de la contestación aparece evidente que la desición a recaer en el proceso se va afectar. 03/03/2005.S. 041-2001-ED Precisan DEROGADO alcances de los conceptos de remuneraciones y remuneraciones íntegras a que se refieren los Artículos 51 y 52 de la Ley del Profesorado. 19/06/2001. ha facultado al Juez a integrar la relación Jurídica procesal. si recurren al órgano jurisdiccional para resolver el conflicto de interés con relevancia jurídica. 1) Derogan el Decreto Supremo 041-2001-ED.S. por o frente a varias personas. £016 El Peruano. G. quienes y en conjunto tienen una misma pretensión y un mismo interés para obrar.J. devolverá y requerirá al demandante los datos para el emplazamiento del litisconsorte. 008-2005-ED (Art. Si el defecto se denuncia o el Juez lo advierte después de notificada la demanda suspenderá la tramitación del proceso hasta que se establezca correctamente la relación procesal. emplazando a una persona. porque de lo contrario el proceso se verá afectado. cuando en una relación jurídica material han participado varias personas como parte demandante o como parte demandada.NORMA MODIFICADA SITUACION O DEROGADA ACTUAL DE LA NORMA D. será nulo. la que necesariamente tiene que ser demandada por o frente a varios legitimados y no separadamente. no se encuentre debidamente integrado con todos los sujetos que forman parte de la relación jurídica material y para evitar la nulidad del proceso. Si carece de la información necesaria. G. el Código Procesal Civil. Ahora bien. porque de lo contrario el proceso se afecta. todos tienen que ser demandantes y demandados. en el caso que el proceso. 03/03/2005. ya iniciado. 288317
Litisconsorcio Necesario Seda cuando la eficacia de la sentencia se halla subordinada a la circunstancia de que la pretensión procesal sea propuesta por varias personas o frente a varias personas o simultáneamente. vale decir. Tomo 91. que precisó alcances de conceptos de remuneraciones y remuneraciones íntegras en la Ley del Profesorado. Para mejor explicación debemos afirmar que. Revocación
. pág. £157
es la que da vida palpitante al derecho. 3. revocar es dejar sin efecto una decisión judicial. llámese decreto. El juez tiene que hacer la labor de plasmación de la norma. es mediante la jurisprudencia que la norma abstracta se torna en dinamicidad. El Acto Administrativo es el acto jurídico realizado por la administración en ejercicio de sus competencias y en consecuencia.8. Es toda declaración unilateral realizada en el ejercicio de la función administrativa que produce efectos jurídicos de forma inmediata" Es cualquier declaración realizada por un sujeto de la Administración Pública en el ejercicio de una potestad administrativa. con arreglo al derecho administrativo. sino como arte de interpretación y aplicación. lo cual lo diferencia claramente de otras actuaciones administrativas como los reglamentos. De la Jurisprudencia Constitucional. asumiéndolo como fuente ante situaciones semejantes. Cuando los tribunales aplican el texto de la norma legal ya establecida. Procesalmente. Conviene no confundir la sentencia misma con la jurisprudencia que emerge de ella. el acto administrativo se distingue de otras actuaciones administrativas no solo por su carácter unilateral sino además por el hecho de generar efectos jurídicos específicos sobre admnistrados. porque no puede dejar de administrar justicia por deficiencia de la ley. La jurisprudencia emerge en el instante en que los juzgadores superiores hacen creación.Es la acción y efecto de revocar. que genera efectos jurídicos particulares en intereses. cuya observancia es obligatoria para nuevos casos de la misma modalidad. a través de sus fallos y sentencias dictados por sus tribunales. Aplicable al Caso Concreto:
. llamada simplemente jurisprudencia tomada no como ciencia de la legislación. Enrique Holgado Valer sostiene que "la fuente jurisprudencial. porque no encuentran disposición aplicable a un caso planteado. solo están aplicando el derecho. en este sentido. concreción y sentido. auto o sentencia. Dice Alzadora Valdez que "se entiende por jurisprudenciala ciencia del derecho o el derecho objetivo que nace de los fallos de los tribunales superiores" y agrega que. Procede del latín revocatio que significa nuevo llamamiento. derechos y obligaciones de los administrados" Según juristas como el peruano Christian Guzmán Napurí. Para este tratadista.4 Jurisprudencia Estudio de las experiencias del derecho. Diferentes Definiciones de Acto Administrativo Son los actos de la administración pública sujetos al derecho administrativo". es fuente del derecho formal.
por tanto no resulto aplicable al demandante dicho dispositivo legal. Por otro lado. Análisis crítico de lo resuelto en cada instancia En lo respecta al análisis crítico de la primera instancia que se tramito en la Primera Sala Civil de Piura. Por consiguiente. no puede deducirse violación o amenaza de violación de derechos constitucionales en función de una simple variación en cuanto al tratamiento legal de las cosas« Por lo tanto. el grupo considera que el demandante (Señor José Jacinto Salgado García). vigente a partir del 20 de junio del 2001 y como sabemos ninguna ley tiene efectos ni efectos retroactivos (sólo en materia penal cuando favorece al reo) . Producto de lo antes analizado. cuyos artículos 8° y 9° otorgan en materia de bonificaciones y otros beneficios un tratamiento diferente al que se establecía en la Ley del Profesorado N° 24029 y su modificatoria. sobre la Ley del Profesorado era plenamente válida. es por eso que la Sala Civil de Derecho constitucional y Social Transitoria de la Corte suprema de Justicia de la República Revoco la sentencia apelada. hemos analizado según el fondo o aspecto sustancial del proceso. que declara fundada la demanda. sustentando cada una de las partes su pedido según el Decreto Supremo Nº 0412001-Educación o el Decreto Supremo 051-91-Presidencia del Consejo de Ministros respectivamente. Nº 621-96AA/TC y Exp. Exp. fue expedido al amparo del articulo 211° inciso 20 de la Constitución Política del año 1979. En lo respecta al análisis crítico según la formalidad. incurrió en error por cuanto invoca como sustento el D. Nº 438-96-AA/TC señala que no existiendo conflicto de jerarquías entre los dispositivos antes señalados (Ley del Profesorado N° 24029 y Decreto Supremo N° 051-91-PCM). y por ende su capacidad modificatoria.S Nº041-2001-ED. la Ley 25212. el grupo ha concluido señalando que la presente demanda contenciosa
. no existiendo conflicto de jerarquías entre los dispositivos antes señalados. no puede deducirse violación o amenaza de violación de derechos constitucionales en función de una simple variación en cuanto al tratamiento legal de las cosas.Que el Supremo Contralor de la Constitucionalidad en las Sentencias recaídas en los Expedientes número 432-96-AA/TC. significándose con ello que su jerarquía legal. ya que se le otorgó la bonificación por cumplir 30 años de servicios en el año de 1995. aspecto adjetivo del proceso. Exp. Nº 620-96-AA/TC. Reformándola la declaro en improcedente. 3. mediante Resolución Directoral Regional Nº 1226 el 12 de junio de 1995. porque ya se encontraba vigente el Decreto Supremo N° 051-91PCM. que la primera Instancia se basa jurídicamente en determinar si le corresponde o no evaluar el cálculo de su bonificación en base a una remuneración total o en base a una remuneración total permanente. resultando totalmente antijurídico ampararse en el referido Decreto Supremo para reconocerle reintegro por dicho concepto cancelado 6 años atrás. el Decreto Supremo N° 051-91-PCM.9.
que sí han existido algunas falencias que lamentablemente han producido efectos jurídicos individuales sobre los intereses del administrado y sobre el procedimiento administrativo. es decir. la Primera Sala Civil de Piura. interpuesta por el administrado señor José Jacinto Salgado García contra la Resolución Directoral Regional Nº 1226 de fecha 12 de junio de 1995. según el Art. 3. por otra lado.1. Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos. Respecto al segundo caso. las cuales consisten en criticar tajantemente la labor de la administración pues esta resolvió mediante Resolución Presidencial Nº 6312001/CTAR PIURA-P declarar infundado el recurso de apelación de fecha 01 de Agosto del 2001. cómo es posible que se resuelva en base a una apelación que ha excedido exageradamente el plazo hasta por más de 6 años. permitiendo de esta manera que la referida resolución quede firme. uno el 12 de junio de 1995 sobre otorgamiento de la bonificaciones de remuneración por 30
. ya que no ha existido silencio administrativo que vulnere la reciprocidad administrativa. según lo que establece el Decreto Supremo 002-94-JUS. siendo así. en lugar de haberla admitido provisionalmente.10. no se habría agotado la vía administrativa. debiendo ser improcedente porque la Resolución Directoral Regional Nº 1226 fue consentida por el actor al no utilizar los mecanismos impugnatorios que la ley le facultaba. sobre solicitudes distintas y en tiempos distintos. En lo respecta al análisis crítico de la segunda instancia que se tramito en la Sala Civil de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Consideramos que ésta instancia actúo prudentemente y de acuerdo a ley. Sobre el Procedimiento Administrativo Consideramos que por ser este un conjunto de actos y diligencias tramitadas en sede administrativa. la administración ha fallado al declarar infundado el recurso de apelación. es decir.10. siendo el primero de ellos que luego de habérsele otorgado las remuneraciones por servicios. el cual fue declarado infundado por el Consejo Transitorio de Administración Regional y por ende recién en este caso agotada la vía administrativa.administrativa laboral debió haberse declarado desde un inicio improcedente en la Resolución Nº01. y consideramos. Conclusiones 3. dando origen a la institución administrativa de la cosa decidida. Lo que la administración no ha previsto además es que se trata de dos pronunciamientos. vigente en ese entonces. Es decir. por lo tanto esta instancia dejo sin efecto la sentencia que emitió la primera instancia. se advierte que el recurso de apelación esta dirigido a cuestionar el resultado adverso en el Acto Administrativo contenido en el Oficio Nº 3913. 99 referido al recurso de apelación de la referida norma antes citada. se ha logrado su objetivo en el sentido de que ha existido declaraciones y solicitudes administrativas. uno el 12 de junio de 1995 sobre otorgamiento de la bonificaciones de remuneración por 30 años de servicio y otro por reintegro de bonificación. la pretensión demandada por el accionante deviene en improcedente. Consideramos esto porque durante el procedimiento administrativo no ha previsto que se trata de dos solicitudes distintas y en tiempos distintos.
± Dirección de Formación General del Centro .
. no se ha desarrollado al pie de la letra del Decreto Supremo Nº 02-94-JUS. Es decir. el cual establece un plazo de 15 días para interponer el recurso de apelación. el cual fue declarado infundado por el Consejo Transitorio de Administración Regional y por ende recién en este caso agotada la vía administrativa.10. cumpliendo dichos años el día 30 de mayo de 1995. debiendo ser improcedente porque la Resolución Directoral Regional Nº 1226 fue consentida por el actor al no utilizar los mecanismos impugnatorios que la ley le facultaba. no se habría agotado la vía administrativa. dando origen a la institución administrativa de la cosa decidida. permanente en el tiempo y se otorga con carácter general para todos los funcionarios. siendo ésta aquella Remuneración cuya percepción es regular en su monto. 3. esta no cuestiona en ningún momento los hechos que alega el administrado representado en el Señor José Jacinto Salgado García tales como: haber laborado como trabajador de la sub.3. Respecto al segundo caso. vigente en esa época. ya que se basa en el Artículo 9 del Decreto Supremo 051-91 PCM. referido a las normas reglamentarias sobre niveles remunerativos de funcionarios. se ha tramitado de acuerdo a derecho. mediante Resolución Directoral Regional Nº 1226 de fecha 12 de junio de 1995. Sobre el Tratamiento Jurídico Aplicado en Sede Administrativa Sobre el tratamiento jurídico aplicado en sede administrativa. Bonificación Familiar. lo cual no se ha realizado.2. la administración representada en la Dirección Regional de Educación de Piura resuelve. por el lapso de 30 años como educador. otorgarle por única vez el beneficio de asignación solicitado por haber cumplido 30 años de servicios.10. 3.Educativo Nacional San Miguel de Piura. concluimos señalando que todo el procedimiento administrativo. siendo el primero de ellos que luego de habérsele otorgado las remuneraciones por servicios. En este sentido. la administración ha fallado al declarar infundado el recurso de apelación. se advierte que el recurso de apelación esta dirigido a cuestionar el resultado adverso en el Acto Administrativo contenido en el Oficio Nº 3913. se tenía que declarar improcedente el recurso de apelación de acuerdo al artículo 99 del Decreto Supremo Nº 02-94-JUS. Bonificación Personal. y está constituida por la Remuneración Principal. Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos.años de servicio y otro por reintegro de bonificación. Sobre los Hechos Alegados en Sede Administrativa En lo que respecta a la Administración Pública representada por la Dirección Regional de Educación de Piura. directivos y servidores de la Administración Pública. se desprende que de la Resolución Directoral Regional 1226. Por otra parte. por lo que la Resolución Presidencial Nº 631-2001-CTAR PIURA. pero no por el monto requerido por el administrado sino por tres remuneraciones totales permanentes. permitiendo de esta manera que la referida resolución quede firme. servidores y pensionistas del estado el cual establece que debe tomarse como base para el cálculo de este beneficio la Remuneración Total Permanente. Remuneración Transitoria para Homologación y la Bonificación por Refrigerio y Movilidad.
8.5. sino más bien debió declarársele improcedente por no haber cumplido con uno de los requisitos primordiales previos al proceso contencioso administrativo. se puede observar del análisis de lo esgrimido que efectivamente esta correctamente aplicado establecerle por única vez al administrado José Jacinto Salgado García el beneficio de asignación por cumplir 30 años de servicios. es improcedente su reintegro por bonificación porque el administrado señor José Jacinto Salgado García. 3. por la cual no se aplico el artículo noventa y nueve del Decreto Supremo cero dos noventa y cuatro JUS. ya que es la Sala Transitoria Constitucional y Social de la ciudad de Lima es la que se da cuenta que el demandante busca la Nulidad de la Resolución Directoral Regional 1226 y la Resolución Presidencial Nº 631-2001-CTAR PIURA. 3. Sobre el Proceso Judicial En conclusión sobre el proceso se puede observar que no se debió admitir por parte de la Primera Sala Civil de Piura la demanda Contenciosa Administrativa Laboral del Señor José Jacinto Salgado García.7. Sobre el Tratamiento Jurídico Aplicado en Sede Judicial Se puede observar que la Primera Sala Civil de Piura. sin embargo. porque no ha agoto la vía administrativa de la Resolución Directoral Regional 1226.10. Sobre los Hechos Alegados en Sede Judicial Se concluye que el señor José Jacinto Salgado García intento sorprender a la Primera Sala Civil de Piura. interpreto mal la normatividad. todo esto basándose al amparo del Artículo 9 del Decreto Supremo 051-91 PCM que así lo establece. siendo ésta primigenia la que le causa estado. ya que la Resolución Directoral Regional 1226 según él no fue calculada conforme a la Remuneración Total. Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos.6. vigente en ese entonces. sino más bien por tres remuneraciones totales permanentes. 3. 3.10.10. pero no por remuneraciones totales como solicitado el administrado. 3. debido a
. él mismo consintió ésta. Sobre lo Resuelto en Sede Judicial Nosotros concluimos que la Sala Transitoria Constitucional y Social de la ciudad de Lima es la que mejor interpreto el expediente judicial y administrativo. ya consintió la Resolución Directoral Regional 1226. toda vez que no utilizo los mecanismos que la ley le facultaba no obstante aducir haber acudido a la Dirección Regional de Educación de Piura a pedir información respecto al monto otorgado por dicho concepto.4. Sobre lo Resuelto en Sede Administrativa En conclusión sobre lo resuelto en sede administrativa. Igualmente.Además es improcedente su reintegro por bonificación porque el administrado señor José Jacinto Salgado García ha debido tener en cuenta que el Decreto Supremo 041-2001-ED tiene vigencia obligatoria a partir del día 21 junio del año 2001 no teniendo fuerza ni efecto retroactivo conforme lo precisa el segundo parágrafo del artículo 103 de la Constitución Política del Perú.10.10.
de fecha quince de agosto del año dos mil dos. 3. Pronunciamiento final del Grupo El grupo concluye que la demandada contenciosa administrativa laboral. debió ser declarada improcedente desde un comienzo por parte de la Primera Sala Civil de Piura. presentada por el señor José Jacinto Salgado García. Reformándola la declararon improcedente dicha demanda. 3.que es ésta la que Revoca la sentencia de la Primera Sala Civil de Piura apelada de fojas ciento veintisiete.11.9. además de convertirse en la institución administrativa de la cosa decidida. Resolución Administrativa Final del Equipo
. y por consiguiente en un recurso extemporáneo. que declarada fundada la demanda. ya que ésta no cumplía con haber agotado la vía administrativa de la Resolución Directoral Regional 1226. sino más bien ésta resolución quedo firme.10.
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