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Timestamp: 2018-01-16 19:46:28+00:00

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Ley 2/2000, de 12 de julio, del Deporte de la Región de Murcia. TITULO IX. INSPECCION DEPORTIVA Y REGIMEN SANCIONADOR
INSPECCION DEPORTIVA Y REGIMEN SANCIONADOR
1. La Inspección Deportiva es una unidad administrativa dependiente de la Consejería con competencias en materia de deporte que realizará las siguientes funciones:
d) Cualquier otra de esta índole que pueda encomendársele por la Consejería competente.
2. En el ejercicio de sus funciones, los inspectores tendrán carácter de agentes de la autoridad y gozarán, como tales, de la protección y facultades que a los mismos dispensa la normativa vigente.
3. Cuando lo consideren preciso para el mejor cumplimiento de sus funciones, los inspectores podrán recabar la cooperación del personal y servicios dependientes de otras Administraciones y organismos públicos.
1. Los titulares de instalaciones y equipamientos deportivos públicos y privados, los promotores de actividades deportivas, los representantes legales de entidades deportivas y los representantes legales de cualesquiera entidades perceptoras de subvenciones para instalaciones o actividades deportivas o, en cualquier caso, las personas que se encuentren al frente de aquéllas en el momento de la inspección, están obligadas a facilitar al personal de la inspección deportiva, en el ejercicio de sus funciones, el acceso y examen de instalaciones, documentos, libros y registros preceptivos.
2. Las infracciones administrativas en materia deportiva, excluidas las disciplinarias, se clasifican en leves, graves y muy graves.
1. Serán sancionadas por la comisión de las infracciones tipificadas en el presente título las personas físicas o jurídicas que resulten responsables de las mismas, a título de dolo, culpa o mera inobservancia.
2. Los titulares de instalaciones o establecimientos deportivos, los representantes legales de las entidades deportivas y los organizadores de actividades o eventos deportivos serán responsables solidarios de las infracciones cometidas por personas a su servicio cuando incumplan el deber de prevenir la comisión de la infracción, sin perjuicio de las acciones de resarcimiento que resulten procedentes.
a) El incumplimiento de las medidas de seguridad y salud en materia de instalaciones deportivas que supongan un grave riesgo para las personas o para sus bienes.
b) La construcción o apertura de instalaciones o establecimientos deportivos y la realización de actividades en los mismos sin la autorización a la que hace referencia el artículo 28.3 de la presente Ley.
c) La falta de suscripción del seguro de responsabilidad civil al que hace referencia el artículo 29 de la presente Ley.
d) La realización con ánimo de lucro de actividades empresariales y profesionales a través de entidades deportivas sin ánimo de lucro.
e) Haber sido sancionado por resolución firme por la comisión de tres o más infracciones graves en el periodo de un año.
f) El quebrantamiento de sanciones impuestas por infracciones graves o muy graves.
a) El encubrimiento del ánimo lucrativo de actividades empresariales y profesionales a través de entidades deportivas sin ánimo de lucro.
b) La realización de daños en las instalaciones deportivas y en el mobiliario o equipos deportivos.
c) La negativa o resistencia a facilitar cualquier actuación de la inspección deportiva.
d) La realización de actividades o la utilización de denominaciones propias de las federaciones deportivas, careciendo de tal naturaleza.
e) La organización de actividades deportivas no autorizadas por el órgano competente.
f) La realización de las actividades a las que hace referencia el artículo 17 de la presente Ley sin estar en posesión de la correspondiente titulación oficial.
g) Haber sido sancionado por resolución firme por la comisión de tres o más infracciones leves en el periodo de un año.
h) El quebrantamiento de sanciones impuestas por infracciones leves.
a) El incumplimiento de la obligación de información en las instalaciones deportivas, establecida en el artículo 32 de la presente Ley.
b) El descuido o abandono en la conservación y cuidado de las instalaciones deportivas y en el mobiliario o equipos deportivos.
c) El incumplimiento de cualquier otro deber u obligación establecidos por la presente ley o en las disposiciones de desarrollo de la misma cuando no tengan la calificación de infracción grave o muy grave.
b) La obligación de reparar los daños y perjuicios causados.
1. La comisión de las infracciones descritas en los artículos anteriores podrá ser objeto de las siguientes sanciones:
b) Multa económica.
c) Suspensión de actividad.
d) Revocación de autorización administrativa.
e) Clausura o cierre de instalaciones deportivas.
f) Pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas.
2. Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento y/o multa de 10.000 a 100.000 pesetas.
3. Las infracciones graves serán sancionadas con multa de 101.000 a 1.000.000 de pesetas, pudiendo imponerse como sanciones accesorias las mencionadas en las letras c), d), e), f), g), h) del apartado 1 del presente artículo por un periodo inferior a dos años.
4. Las infracciones muy graves serán sancionadas con multa de 1.000.001 a 5.000.000 de pesetas, pudiendo imponerse como sanciones accesorias las mencionadas en las letras c), d), e), f), g), h) del apartado 1 del presente artículo por un periodo inferior a cuatro años.
5. Tanto el importe de las sanciones como el de las responsabilidades a que hubiere lugar serán exigidos, en su caso, por la vía administrativa de apremio.
6. No tendrán carácter de sanción la clausura o cierre de Instalaciones o establecimientos deportivos que se hallen abiertos al público sin haber obtenido la autorización preceptiva para su apertura o para la realización de sus actividades; tampoco tendrá carácter de sanción la suspensión del funcionamiento que, en su caso, pueda acordarse hasta el momento en que dicha autorización se obtenga, cuando la solicitud de la misma se encuentre en tramitación.
7. Para determinar la sanción o sanciones aplicables a cada infracción se observarán los criterios establecidos en el artículo siguiente.
1. Las infracciones a las que se hace referencia en este capítulo serán sancionadas de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 134 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el reglamento del procedimiento para la ejecución de la potestad sancionadora.
b) Comunicación de autoridad u órgano administrativo que tenga conocimiento de una presunta infracción.
e) A iniciativa del órgano competente en materia deportiva cuando tenga cono-cimiento(sic) de una presunta infracción por cualquier medio.
1. La competencia para la incoación y resolución del procedimiento sancionador previsto en este capítulo y, en su caso, la imposición de sanciones, corresponde al titular de la Consejería competente en materia de deportes.
Téngase en cuenta que la competencia para la incoación y resolución del procedimiento sancionador, y en su caso, la imposición de sanciones ha sido delegada en el titular de la Dirección General de Deportes por la O [REGIÓN DE MURCIA] 7 mayo 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, de delegación de competencias del titular del departamento en materia de inspección deportiva en el Director General de Deportes («B.O.R.M.» 22 mayo).-->
2. La competencia para la instrucción y propuesta de resolución del citado procedimiento sancionador, corresponde al instructor designado en el acto de iniciación del procedimiento.
Véase O [REGIÓN DE MURCIA] 22 sept iembre 2014, del Consejero de Presidencia y Empleo, de delegación de competencias en materia sancionadora de deportes en el titular de la Dirección General de Juventud y Deportes («B.O.R.M.» 7 octubre).-->
1. Cuando a juicio de la Administración las infracciones pudieran ser constitutivas de delito o falta, la Consejería competente dará traslado al Ministerio Fiscal, y se abstendrá de proseguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial, en su caso, no se haya pronunciado. La sanción penal excluirá la imposición de sanción administrativa.
2. Si no se hubiere estimado la existencia de delito o falta, la Administración podrá continuar el expediente sancionador con base, en su caso, en los hechos que la jurisdicción competente haya considerado probados.

References: artículo 28
 artículo 29
 resolución 
 artículo 17
 resolución 
 artículo 32
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución