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Timestamp: 2019-09-20 21:11:08+00:00

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EUR-Lex - 62014CJ0008 - EN - EUR-Lex
EUR-Lex - 62014CJ0008 - EN
Document 62014CJ0008
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 29 de octubre de 2015.
BBVA, S.A., contra Pedro Peñalva López y otros.
Petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia n° 4 de Martorell.
Procedimiento prejudicial — Directiva 93/13/CEE — Contrato de préstamo hipotecario — Cláusulas abusivas — Procedimiento de ejecución — Incidente de oposición — Plazos de caducidad.
Asunto C-8/14.
Judgment of the Court (First Chamber) of 29 October 2015.#BBVA SA v Pedro Peñalva López and Others.#Request for a preliminary ruling from the Juzgado de Primera Instancia n° 4 de Martorell.#Reference for a preliminary ruling — Directive 93/13/EEC — Mortgage loan agreement — Unfair terms — Enforcement proceedings — Opposition — Time limits.#Case C-8/14.
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:731
de 29 de octubre de 2015 ( * )
que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Juzgado de Primera Instancia no 4 de Martorell (Barcelona), mediante auto de 28 de octubre de 2013, recibido en el Tribunal de Justicia el 10 de enero de 2014, en el procedimiento entre
en nombre de BBVA, S.A., anteriormente Unnim Banc, S.A., por el Sr. J. Rodríguez Cárcamo y la Sra. B. García Gómez, abogados;
en nombre del Sr. Peñalva López, de la Sra. López Durán y del Sr. Fernández Gabarro, por la Sra. M. Alemany Canals, los Sres. A. Martínez Hiruela y D. Moreno Trigo, y la Sra. V. Davalos Alarcón, abogados;
La Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social (BOE no 116, de 15 de mayo de 2013, p. 36373), modificó la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (BOE no 7, de 8 de enero de 2000, p. 575), modificada también por el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación (BOE no 155, de 29 de junio de 2013, p. 48767) (en lo sucesivo, «LEC»).
La[s] modificaciones de la [LEC], introducidas por la presente Ley serán de aplicación a los procesos de ejecución iniciados a su entrada en vigor, únicamente respecto a aquellas actuaciones ejecutivas pendientes de realizar.
En todo caso, en los procedimientos ejecutivos en curso a la entrada en vigor de esta Ley en los que haya transcurrido el período de oposición de diez días previsto en el artículo 556.1 de la [LEC], las partes ejecutadas dispondrán de un plazo preclusivo de un mes para formular un incidente extraordinario de oposición basado en la existencia de las nuevas causas de oposición previstas en el apartado 7.a del artículo 557.1 y 4.a del artículo 695.1 de la [LEC].
Asimismo, en los procedimientos ejecutivos en curso en los que, a la entrada en vigor de esta Ley, ya se haya iniciado el período de oposición de diez días previsto en el artículo 556.1 de la [LEC], las partes ejecutadas dispondrán del mismo plazo preclusivo de un mes previsto en el apartado anterior para formular oposición basada en la existencia de cualesquiera causas de oposición previstas en los artículos 557 y 695 de la [LEC].
La publicidad de la presente Disposición tendrá el carácter de comunicación plena y válida a los efectos de notificación y cómputo de los plazos previstos en los apartados 2 y 3 de este artículo, no siendo necesario en ningún caso dictar resolución expresa al efecto.»
«1. Cuando se despache ejecución por los títulos previstos en los números 4.o, 5.o, 6.o y 7.o, así como por otros documentos con fuerza ejecutiva a que se refiere el número 9.o del apartado 2 del artículo 517, el ejecutado sólo podrá oponerse a ella, en el tiempo y en la forma prevista en el artículo anterior, si se funda en alguna de las causas siguientes:
En esas circunstancias, el Juzgado de Primera Instancia no 4 de Martorell (Barcelona) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
En el marco de esta reforma legislativa, la disposición transitoria controvertida dirige su atención a los procedimientos de ejecución que se encontraban en curso en la fecha de entrada en vigor de la Ley 1/2013 y en los que el plazo de oposición de diez días ya se había iniciado o había expirado. Como señaló el Abogado General en el punto 34 de sus conclusiones, pese a que las sentencias del Tribunal de Justicia surten efecto ex tunc y, por lo tanto, desde la fecha de entrada en vigor de la disposición interpretada, el legislador español estimó necesario prever un mecanismo de plazo transitorio para permitir también a los consumidores afectados por un procedimiento de ejecución en curso formular, en un plazo determinado por el legislador español, una oposición procesal encauzada a través de un incidente extraordinario con fundamento, en particular, en la existencia de cláusulas abusivas.
Consta que la Ley 1/2013, de la que forma parte la disposición transitoria controvertida, establece un marco legislativo de alcance general. Esta Ley entró en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

References: artículo 267
 artículo 556
 artículo 557
 artículo 695
 artículo 556
 resolución 
 artículo 517