Source: https://beta.e-justice.europa.eu/34/ES/how_to_bring_a_case_to_court?POLAND&action=print&init=true
Timestamp: 2019-12-08 09:11:08+00:00

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Una alternativa a que un tribunal conozca de un asunto es remitirlo al procedimiento de mediación. La mediación es un método extrajudicial (amistoso) de resolución de litigios, en el que participa una persona física o jurídica independiente y cualificada (mediador). El procedimiento de mediación es voluntario (una parte en el litigio puede rehusar en cualquier momento el consentimiento a la mediación y retirarse de la misma) y confidencial (las partes están obligadas a mantener confidencial la información obtenida en el curso de la mediación), y los mediadores son imparciales e independientes (no adoptan la postura de ninguna de las partes y en principio no sugieren soluciones al litigio).
Generalmente, las demandas se pueden interponer ante el órgano jurisdiccional en cualquier momento, a menos que existan reglamentos especiales que establezcan un plazo. Sin embargo, la parte que interponga una demanda tras la extinción del plazo de presentación de la demanda correrá el riesgo de perder el asunto si la otra parte alega que la acción ha prescrito.
Los plazos (terminy zawite) se aplican con arreglo al Derecho polaco. La naturaleza específica de un plazo significa que, si la parte legitimada no interpone una demanda específica dentro del plazo, el derecho a presentarla expira. La Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC, Kodeks postępowania cywilnego) no contiene ninguna disposición general que regule los plazos, pero los fija en reglamentos relativos a situaciones específicas.
La extinción del derecho como resultado de la extinción del plazo es vinculante para las partes en la relación jurídica, el órgano jurisdiccional o cualquier otra autoridad que conozca del asunto. La autoridad judicial tiene esto en cuenta de forma sistemática y no a petición de parte ni como resultado de una alegación. El plazo se puede restablecer solo en circunstancias excepcionales, cuando el incumplimiento no sea culpa de la parte.
Con el fin de determinar si un órgano jurisdiccional del territorio de un Estado miembro determinado es competente para conocer de un asunto específico, debe establecerse la jurisdicción de dicho órgano jurisdiccional.
La jurisdicción general de los tribunales ordinarios de Polonia para resolver asuntos civiles en su territorio se denomina competencia nacional y está regulada en el CEC.
Las causas juzgadas están sujetas a la competencia nacional si el demandado tiene su domicilio o residencia habitual en Polonia, o tiene su domicilio social en dicho país.
Asimismo, la competencia nacional se atribuye a los tribunales polacos en los asuntos relativos a:
• regímenes matrimoniales (la competencia nacional es exclusiva si ambos cónyuges son ciudadanos polacos y tienen su domicilio y residencia habitual en Polonia);
• patria potestad (la competencia nacional es exclusiva si todas las partes son ciudadanos polacos y tienen su domicilio y residencia habitual en Polonia);
• pensión alimenticia y filiación de menores (son competencia nacional si el demandante es una parte legitimada con domicilio o residente habitualmente en Polonia);
• Derecho laboral (los asuntos en los que el demandante es un empleado son competencia nacional si el trabajo normalmente se desempeña, se desempeñó o iba a desempeñarse en Polonia);
• seguros (las acciones relativas a los contratos de seguros interpuestas contra el asegurador son competencia nacional si el demandante tiene su domicilio en Polonia o si existe otro elemento que indique la competencia territorial de Polonia);
• consumidores (los asuntos en los que un consumidor es el demandante son competencia nacional si el consumidor tiene su domicilio o residencia habitual en Polonia y adoptó las medidas necesarias para celebrar un contrato en Polonia; en estos casos, la otra parte en el contrato con el consumidor se considera una entidad con domicilio social en Polonia si tiene una empresa o sucursal en Polonia y el contrato celebrado con el consumidor se celebró como parte de la actividad de tal empresa o sucursal).
Los órganos jurisdiccionales polacos también tienen competencia nacional exclusiva sobre:
• los asuntos relativos a los derechos reales y la posesión de bienes inmuebles situados en Polonia; los asuntos relativos al arrendamiento (najem o dzierżawa) y otras relaciones que impliquen el uso de dichos bienes inmuebles (excepto los asuntos de alquileres y otras cantidades adeudadas por usar u obtener beneficios de bienes inmuebles); otros asuntos en los que la resolución del órgano jurisdiccional se refiere a derechos reales, la posesión o el uso de bienes inmuebles situados en Polonia;
• los asuntos relativos a la disolución de una persona jurídica o entidad que no sea una persona jurídica, así como a la derogación o anulación de resoluciones de sus órganos rectores, si la persona jurídica o entidad que no es persona jurídica tiene su domicilio social en Polonia.
De igual forma, si la competencia nacional abarca un asunto planteado con arreglo a la demanda principal, la competencia también abarca la contestación a la demanda.
Las partes en una relación jurídica específica pueden acordar por escrito someter a la competencia de los órganos jurisdiccionales polacos los asuntos relativos a los derechos de propiedad que nazcan o puedan nacer de la relación.
El órgano jurisdiccional determina automáticamente la falta de competencia nacional en cada fase del asunto.
Si se determina que no existe competencia nacional, el órgano jurisdiccional desestimará la demanda.
La falta de competencia nacional es un motivo de nulidad procesal.
A fin de determinar qué tribunal de distrito (sąd rejonowy) o provincial (sąd okręgowy) es competente para conocer de un asunto, debe tenerse en cuenta la competencia territorial del tribunal. Con arreglo a la legislación polaca, se distingue la competencia territorial general, la competencia territorial alternativa y la competencia territorial exclusiva.
a. Competencia territorial general
Por lo general, las demandas deben interponerse ante el tribunal de primera instancia con competencia territorial sobre el domicilio del demandado (con arreglo al Código Civil, el domicilio de una persona física es la ciudad o localidad donde se encuentra con la intención de residir de forma permanente). Si el demandado no tiene domicilio en Polonia, la competencia territorial se determina en función de su lugar de estancia y, cuando dicho lugar no se conozca o esté fuera de Polonia, de acuerdo con el último domicilio del demandado en Polonia. Las demandas contra el Tesoro Público deben interponerse ante el tribunal competente del domicilio social de la entidad estatal a la que se refiere la demanda. Las demandas contra una persona jurídica o cualquier otra entidad que no sea una persona física deben interponerse ante el tribunal competente del domicilio social de esa entidad.
b. Competencia territorial alternativa
En función de los reglamentos sobre competencia territorial alternativa, los demandantes, a su exclusivo criterio, pueden interponer la demanda ante el tribunal con competencia general o ante otro tribunal que especifique la legislación como tribunal competente. En los procedimientos civiles polacos, se atribuye la competencia territorial alternativa en los asuntos relativos a:
• las demandas de pensión alimenticia y para determinar la filiación de menores, así como las demandas patrimoniales contra empresas;
• los litigios por contratos; las reclamaciones por daños y perjuicios; los pagos de cantidades adeudadas por la resolución de asuntos (honorarios adeudados a abogados); las demandas de arrendamiento (najem o dzierżawa) de bienes inmuebles; los pagarés o cheques.
Las demandas de pensión alimenticia y para establecer la filiación de menores, así como las demandas conexas, pueden interponerse según el domicilio de la parte legitimada. Las demandas patrimoniales contra empresas pueden interponerse ante el tribunal competente de la sede o sucursal cuando la demanda esté relacionada con las actividades de la sede o la sucursal. Las demandas sobre la celebración de contratos, el establecimiento de su contenido, su modificación y la determinación de su existencia, su ejecución, rescisión o nulidad, así como por los daños debidos al incumplimiento de contratos, pueden interponerse ante el tribunal competente del lugar de ejecución del contrato. En caso de duda, el lugar de ejecución del contrato debe confirmarse mediante un documento. Las demandas por daños y perjuicios pueden interponerse ante el tribunal con competencia territorial en el que se produce el evento que causa el daño. Las demandas para el pago de una cantidad adeudada por la tramitación de asuntos pueden interponerse ante el tribunal competente del lugar en el que el representante legal tramitó el asunto. Las demandas de arrendamientos de bienes inmuebles (najem o dzierżawa) pueden interponerse ante el tribunal competente del lugar en el que está situado el bien inmueble. Las demandas contra un deudor en virtud de pagarés o cheques pueden interponerse ante el tribunal competente del lugar de pago. Es posible demandar conjuntamente a varios deudores en virtud de un pagaré o cheque ante al tribunal competente del lugar de pago o ante el tribunal con competencia general para el aceptante o emisor del pagaré o cheque.
c. Competencia territorial exclusiva
Las disposiciones que rigen la competencia territorial exclusiva son obligatorias. Excluyen, en determinadas categorías de asuntos, la posibilidad de interponer una demanda ante el tribunal con competencia general y también ante el tribunal con competencia alternativa, así como la posibilidad de remitir la resolución del asunto a otro tribunal por medio de un convenio de competencia. En el caso de la competencia exclusiva, solo uno de los tribunales del mismo nivel es competente para conocer de un asunto específico. En función del tipo de asunto, será un tribunal de distrito o provincial específico.
Las demandas relativas a la propiedad u otros derechos reales inmobiliarios, así como para la posesión de bienes inmuebles, pueden interponerse ante el tribunal competente del lugar del bien inmueble. Si el objeto del litigio es una servidumbre, la competencia se determina en función del lugar del bien gravado. La competencia antes mencionada abarca las demandas personales relativas a derechos reales inmobiliarios y derechos reclamados conjuntamente con las demandas contra el mismo demandado. Las demandas relativas a la sucesión, la legítima, los legados, las instrucciones u otras disposiciones testamentarias pueden interponerse únicamente ante el tribunal competente del último lugar de residencia habitual del testador, y si no se puede determinar la residencia habitual del testador en Polonia, ante el tribunal competente del lugar de la herencia o parte de la misma. Las demandas relativas a la pertenencia a una cooperativa, asociación, sociedad o empresa pueden interponerse únicamente ante el tribunal competente del domicilio social. Las demandas relativas al régimen matrimonial pueden interponerse únicamente ante el tribunal con competencia territorial del último domicilio de los cónyuges, aunque uno de ellos siga domiciliado o residiendo habitualmente en dicha jurisdicción. En su defecto, el tribunal con competencia exclusiva será el órgano jurisdiccional competente del domicilio del demandado, y en su defecto, el tribunal competente del domicilio del demandante. Las demandas relativas a las relaciones paterno-filiales y entre adoptante y adoptado pueden interponerse exclusivamente ante el tribunal competente del domicilio del demandante, siempre y cuando no existan motivos para promover una acción con arreglo a las disposiciones de competencia general.
Asimismo, si la competencia de varios tribunales está justificada o si la demanda se interpone contra varias partes para las que son competentes varios tribunales con arreglo a la legislación de la competencia general, el demandante puede elegir entre dichos órganos jurisdiccionales. Lo mismo es de aplicación si los bienes inmuebles cuya ubicación sirve de base para determinar la competencia del tribunal están situados en distintas demarcaciones jurisdiccionales. Si el tribunal competente no puede conocer del asunto ni adoptar ninguna otra acción debido a un impedimento, su tribunal superior designará otro tribunal a puerta cerrada. Si, de conformidad con las disposiciones de la LEC, no se puede determinar la competencia territorial en función de las circunstancias del caso, el Tribunal Supremo (Sąd Najwyższy) designará el tribunal ante el que se interpondrá la demanda a puerta cerrada. Las partes pueden acordar por escrito someter un litigio ya existente, o cualquier litigio que pueda surgir en el futuro de una relación jurídica especificada, ante un tribunal de primera instancia que no tenga competencia territorial con arreglo a la legislación. Ese tribunal tendrá en tal caso competencia exclusiva, a menos que las partes hayan acordado lo contrario o salvo que el demandante haya presentado una demanda en un procedimiento electrónico de orden de pago (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU). Las partes también pueden limitar, por medio de un acuerdo por escrito, el derecho del demandante a elegir entre varios tribunales competentes para tales litigios. Sin embargo, las partes no pueden cambiar la competencia exclusiva.
La competencia material de los tribunales ordinarios (sądy powszechne) de la República de Polonia se regula en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En los procedimientos civiles, los tribunales de primera instancia son los tribunales de distrito y provinciales, y los tribunales de segunda instancia son los tribunales provinciales y los tribunales de apelación (sądy apelacyjne).
En principio, los tribunales de distrito conocen de los asuntos civiles en primera instancia, a menos que la competencia se atribuya a los tribunales provinciales. La competencia de los tribunales provinciales de primera instancia abarca los asuntos relacionados con:
• las demandas no patrimoniales (y las demandas patrimoniales interpuestas junto con tales derechos), excepto los asuntos para determinar u oponerse a la filiación de menores y los asuntos relativos a la anulación de reconocimientos de paternidad y la disolución de adopciones;
• la protección de los derechos de autor y derechos conexos, así como los asuntos relativos a invenciones, modelos de utilidad, dibujos industriales, marcas comerciales, indicaciones geográficas y topografías de circuitos integrados, así como los asuntos relativos a la protección de otros derechos de propiedad inmaterial;
• las demandas con arreglo a la Ley de Prensa;
• los derechos de propiedad cuando la cuantía del litigio sea superior a 75 000 PLN, excepto los asuntos relativos a la pensión alimenticia, las infracciones a la posesión, la separación de bienes de los cónyuges, los ajustes del contenido de un catastro a la ley vigente y el procedimiento electrónico de orden de pago;
• el pronunciamiento de una sentencia en lugar de una resolución a fin de dividir una cooperativa;
• la derogación, la anulación o el establecimiento de la inexistencia de las resoluciones de los órganos rectores de personas jurídicas o entidades que no sean personas jurídicas pero a las que la ley haya concedido personalidad jurídica;
• la prevención y la lucha contra la competencia desleal;
• las indemnizaciones por los daños causados por sentencias firmes ilícitas.
En principio, en los procedimientos civiles, las partes y sus órganos rectores o representantes legales pueden actuar ante el tribunal en persona o a través de representantes.
No obstante, la LEC establece la representación obligatoria por letrado en situaciones específicas. En los procedimientos ante el Tribunal Supremo, las partes deben estar representadas por abogados (adwokat) o asesores jurídicos (radca prawny). En los asuntos relativos a la propiedad industrial, deben también estar representadas por agentes de patentes. El requisito de representación se aplica igualmente a las fases procesales relativas a los procedimientos ante el Tribunal Supremo que hayan sido adoptadas ante un tribunal de menor instancia. El requisito de representación no se aplica si los procedimientos se refieren a una solicitud de exención de costas judiciales, el nombramiento de un abogado o asesor jurídico o si la parte, su órgano rector o su representante legal es un juez, un fiscal, un notario, un profesor de Derecho o posdoctorado en Derecho (doktor habilitowany nauk prawnych), así como si la parte, su órgano rector o su representante legal es un abogado, un asesor jurídico o un asesor del Consejo General del Tesoro Público (Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa).
Las demandas deben interponerse ante el tribunal competente.
Los escritos procesales deben remitirse al tribunal en polaco o con una traducción al polaco adjunta. La demanda debe formularse por escrito. Una excepción es la situación (en relación con el Derecho laboral y de la seguridad social) en la que un empleado o una persona asegurada que actúa sin abogado o asesor jurídico pueden interponer oralmente ante el tribunal competente una demanda, un recurso y otras alegaciones procesales, para su constancia en acta.
En un procedimiento electrónico de orden de pago, los escritos procesales pueden también remitirse a través de los sistemas de transmisión de datos.
La demanda debe remitirse en un formulario oficial únicamente si una disposición especial así lo establece. Existen dos situaciones en las que la demanda debe remitirse en un formulario oficial: cuando el demandante es un proveedor de servicios o vendedor que interpone una demanda con arreglo a un contrato relativo a un objeto específico (la prestación de servicios postales y de telecomunicaciones; el transporte público de personas y equipajes; el suministro de electricidad, gas y combustible; el suministro de agua y la eliminación de aguas residuales; la eliminación de residuos y el suministro de energía térmica) y en los procedimientos sumarios (postępowanie uproszczone).
La demanda debe presentarse por escrito. Una excepción a esta regla son los procedimientos de Derecho laboral y de la seguridad social en los que un empleado o una persona asegurada que actúa sin abogado o asesor jurídico puede interponer oralmente ante el tribunal competente una demanda para su constancia en acta.
La demanda debe:
incluir el nombre del órgano jurisdiccional al que se remite; los nombres de las partes y los de sus representantes legales;
especificar el tipo de reclamación;
indicar la cuantía del objeto del litigio o del recurso, cuando la competencia material del tribunal, el importe de las tasas o la admisibilidad de un recurso jurídico dependan de dicha cuantía y la cantidad especificada no sea el objeto del asunto;
especificar el objeto del litigio;
especificar el domicilio personal o el domicilio social y la dirección de las partes y sus representantes legales;
incluir el número PESEL (sistema de registro electrónico general de la población) o el número de identificación fiscal (NIF) del demandante si este es una persona física obligada a disponer de dicho número o lo tiene sin estar obligada a ello, o bien incluir el número de registro judicial nacional (KRS) del demandante o, en su defecto, el número del demandante en otro registro o bien, si el demandante no es una persona física y no está obligado a figurar en el registro pertinente, pero sí a disponer de NIF, el NIF del demandante;
especificar el contenido de la demanda y aportar pruebas que acrediten las circunstancias alegadas;
determinar de forma precisa la demanda, y en los asuntos relativos a los derechos de propiedad indicar también la cuantía del objeto del litigio, a menos que este sea una cantidad específica de dinero;
describir las circunstancias de hecho que justifican la demanda y, en su caso, justificar asimismo la competencia del tribunal;
indicar si las partes han intentado la mediación u otro método extrajudicial de resolución de litigios, y en caso negativo, los motivos para ello;
llevar la firma del demandante o de su representante legal;
incluir una lista de apéndices.
Los siguientes documentos deben adjuntarse a la demanda:
el poder de representación o una copia certificada (si la demanda se presenta a través de un representante legal);
copias de la demanda y sus apéndices para entregar a las partes en el asunto, y si los originales de los apéndices no se han remitido al tribunal, una copia de cada uno para el registro judicial (en el procedimiento electrónico de orden de pago, deben adjuntarse copias certificadas electrónicamente de los apéndices de la demanda presentada a través de un sistema de transmisión de datos).
Además, le demanda puede incluir: la solicitud de medidas cautelares, de declaración de la sentencia inmediatamente ejecutoria y de celebración del juicio en rebeldía; las solicitudes relativas a la preparación de la vista (y en particular las solicitudes de citación de los testigos y peritos nombrados por el tribunal e indicados por el demandante para comparecer en la vista; la solicitud de inspecciones oculares; la indicación al demandado de que proporcione, para la vista, un documento en su poder necesario para la práctica de las pruebas, o el objeto de la inspección ocular; la solicitud de la entrega de pruebas en poder de otros tribunales, oficinas o terceros para la vista).
En principio, la sustanciación del procedimiento judicial conlleva costes. Las costas judiciales incluyen honorarios y gastos.
La obligación de pagar las tasas judiciales corresponde a la parte que interpone ante el tribunal un escrito procesal (incluida una demanda) sujeto a una tasa o que genera gastos. Si no se pagan las tasas, el tribunal cita a la parte para pagarlas en el plazo de una semana; de lo contrario, los escritos procesales se devolverán (si los presentó una parte con domicilio personal o social en el extranjero y sin representante en Polonia, el plazo para el pago de las tasas es de al menos un mes). Una vez vencido el plazo sin que se hayan pagado las tasas, el tribunal devolverá los escritos procesales a la parte. Los escritos procesales devueltos no producen los efectos asociados legalmente a la presentación de un escrito procesal ante un tribunal.
Si existe una disposición especial por la que un escrito procesal puede presentarse únicamente a través de un sistema de transmisión de datos (procedimiento EPU), el escrito procesal se presentará junto con el pago de la tasa.
Los escritos procesales presentados por un abogado, un asesor jurídico o un agente de patentes (si están sujetos a una tasa por un importe fijo o proporcional en función de la cuantía del objeto del litigio especificado por la parte) que no se hayan pagado debidamente serán devueltos por el tribunal sin que se solicite a la parte el pago de las tasas (artículo 1302 de la LEC). La parte puede pagar las tasas adeudadas en el plazo de una semana. Si las tasas se pagan en la cantidad exigida, el escrito procesal tendrá efectos legales desde la fecha en que se presentó originalmente. Dichos efectos no se producen si el escrito procesal se devuelve de nuevo por el mismo motivo.
Los aspectos relativos a los honorarios adeudados a abogados o asesores jurídicos (como los plazos de pago) se deben regular en un contrato celebrado entre el cliente y el representante legal.
Tanto las personas físicas como las personas jurídicas pueden solicitar asistencia jurídica: un representante legal nombrado por el tribunal para tramitar el asunto (pełnomocnik z urzędu).
Las personas físicas pueden solicitar que se nombre a un abogado o asesor jurídico si declaran que no pueden pagar los honorarios de un abogado o asesor jurídico sin menoscabo propio o de sus familias.
Las personas jurídicas (u otras unidades organizativas legitimadas para ser parte en un procedimiento judicial) pueden solicitar que se nombre un abogado o asesor jurídico si demuestran que no disponen de fondos suficientes para pagar sus honorarios.
El órgano jurisdiccional atenderá la solicitud si considera necesaria la participación de un abogado o asesor jurídico en el asunto.
La exención de las costas y la asignación de un representante legal nombrado por el tribunal en los litigios transfronterizos se regula en la Ley de 17 de diciembre de 2004 sobre el derecho a la asistencia jurídica en los procedimientos civiles sustanciados en los Estados miembros de la Unión Europea y sobre el derecho a la asistencia jurídica con el fin de resolver un litigio amistosamente antes de iniciar el procedimiento.
La demanda se interpone ante el órgano jurisdiccional cuando se presenta el formulario de demanda. La LEC no exige un certificado que confirme que el asunto se ha interpuesto correctamente ante el órgano jurisdiccional.
La información sobre las medidas previstas o adoptadas en el asunto se puede obtener de la Oficina de Atención al Cliente del Tribunal (Biuro Obsługi Interesanta, BOI) del tribunal pertinente. Es posible obtener la información relativa a las fechas de las siguientes audiencias del tribunal llamando al número de la Oficina de Atención al Cliente especificado en la web del tribunal e indicando el número del asunto.

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