Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/6240
Timestamp: 2020-02-26 05:05:15+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 8/2008
SENTENCIA 8/2008, de 21 de enero
ECLI:ES:TC:2008:8
1. Por escrito registrado en este Tribunal el día 1 de junio de 2005 la Letrada de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria, en la representación que legalmente ostenta, interpuso demanda de amparo constitucional contra la resolución judicial de que se hace mérito en el encabezamiento por entender que vulneraba los arts. 24.1 y 15 CE. Mediante otrosí se solicitaba la suspensión de la resolución recurrida.
a) El 7 de octubre de 2004 el Gobierno de Cantabria se personó ejerciendo la acción popular en el procedimiento de Tribunal de Jurado 2-2004 que se seguía en el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Santander por delito de violencia de género con resultado de muerte. Mediante Auto de 25 de octubre de 2004 el Juzgado acordó no tener por personado y parte en calidad de acusación popular al Gobierno de Cantabria.
b) Frente a dicho Auto recurrió el Gobierno de Cantabria en reforma y subsidiaria apelación, invocando la previsión contenida en el artículo 18 de la Ley de Cantabria 1/2004, de 1 de abril, para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección a sus víctimas. El recurso fue desestimado por Auto del Juzgado de 1 de enero de 2005.
c) Interpuesto recurso de apelación, la Audiencia Provincial, mediante Auto de 28 de marzo de 2005, confirmó lo acordado por el Juez y declaró no tener por personado al Gobierno de Cantabria. Fueron argumentos de la Sala los siguientes: (1) El art. 125 CE limita la acción popular a los “ciudadanos”, lo que, según la STC 129/2001, de 4 de junio, debe interpretarse limitado a las personas privadas. (2) La presente causa se sigue por delito público y no pudiendo tener el Gobierno de Cantabria otro interés que la defensa del interés público, tal función es ya asumida por el Ministerio Fiscal. (3) El artículo 18 de la Ley de Cantabria para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección a sus víctimas autoriza el ejercicio de la acción popular a la Comunidad Autónoma en la forma y condiciones establecidas por la legislación procesal, habiendo sido esta legislación “interpretada por el TC en los términos ya expuestos”.
3. Con fundamento en este itinerario procesal el mencionado Gobierno autonómico presenta recurso de amparo. En su demanda considera que las resoluciones citadas lesionan, en primer lugar, su derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción (art. 24.1 CE). Tras poner de manifiesto que las Administraciones públicas gozan, según la doctrina de este Tribunal, del derecho a la tutela judicial efectiva —especialmente cuando, como en el presente caso, no se pretende la defensa de un acto propio dictado en el ejercicio de su potestad administrativa, sino de la defensa del interés general y de los principios básicos de un sistema democrático—, la parte recurrente en amparo alega que la Audiencia Provincial ha vulnerado su derecho de acceso a la jurisdicción, en tanto en cuanto la denegación de la acción popular se ha basado en una interpretación restrictiva y contraria al principio pro actione del art. 125 CE y de la capacidad de acceso de las Administraciones públicas al ejercicio de la acción popular. La demanda de amparo señala, en segundo lugar, que las resoluciones judiciales citadas han vulnerado asimismo el derecho a la vida e integridad física de las personas (art. 15 CE) en cuanto no permiten su protección por la Administración autonómica, que tiene obligación de prestarla.
4. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 29 de marzo de 2007, acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir sendas comunicaciones a los órganos judiciales competentes para la remisión de certificación o fotocopia adverada de las actuaciones y emplazamiento a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, con excepción de la demandante de amparo, para que, si lo desearen, pudiesen comparecer en el plazo de diez días en el presente proceso de amparo.
5. Por diligencia de ordenación de 3 de septiembre de 2007 se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, de conformidad con el art. 52.1 LOTC.
6. Por escrito registrado el 5 de octubre de 2007 el Ministerio Fiscal, cumplimentando el trámite de alegaciones, interesó la estimación del amparo.
7. El 19 de octubre de 2007 tuvo entrada en este Tribunal escrito de alegaciones presentado por la Letrada de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Cantabria, que insiste en las alegaciones mantenidas con anterioridad en su recurso de amparo.
8. Por providencia de 17 de enero de 2008, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 21 del mismo mes y año.
1. La demanda de amparo se dirige contra el Auto núm. 59/2005, dictado por la Audiencia Provincial de Cantabria, Sección Tercera, de fecha 28 de marzo de 2005, por el que se desestima el recurso de apelación interpuesto contra los Autos de 25 de octubre de 2004 y de 1 de enero de 2005, dictados por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Santander, por los que se deniega al Gobierno de Cantabria la personación en ejercicio de la acción popular en el procedimiento del Tribunal del Jurado, rollo 2-2004, por muerte violenta de doña Elisa Calderón Zubillaga.
2. Procede, en primer lugar, determinar el objeto de la presente demanda de amparo. A estos efectos ha de indicarse que la alegación relativa a la vulneración del derecho a la vida e integridad física (art. 15 CE) no puede ser analizada en este proceso, ya que la misma no va dirigida a reparar una lesión concreta y efectiva de un derecho fundamental de la parte demandante.
3. La Audiencia Provincial de Santander ha denegado la personación del Gobierno de Cantabria en ejercicio de la acción popular en el procedimiento del Tribunal del Jurado a pesar de que dicha personación estaba legalmente prevista en el art. 18 de la Ley autonómica 1/2004, de 1 de abril, de Cantabria, para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección a sus víctimas, basándose fundamentalmente en dos argumentos, que obtienen respuesta en la STC 311/2006, de 23 de octubre, puesto que habían sido utilizados también por la Audiencia Provincial de Valencia.
4. La estimación de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) en su faceta de derecho de acceso al proceso tiene normalmente como efecto la declaración de nulidad de las resoluciones impugnadas y la retroacción de actuaciones hasta el momento anterior al que fueron dictadas para dar ocasión a quien vio su derecho vulnerado para que, mediante su personación en el proceso, pueda defender sus intereses.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas respecto de la Sentencia de fecha 21 de enero de 2008 dictada en el recurso de amparo núm. 4029-2005.
En tal sentido mi criterio es el de que la Ley de que ahora se trata (en su art. 18) no es conforme a la Constitución, porque invade un área de competencia exclusiva del Estado, ex art. 149.1.6 CE, en tanto que reguladora de un contenido inequívocamente procesal, que además considero en sí mismo contrario al art. 125 CE. El derecho que en este precepto constitucional, y en coherencia con el mismo en el art. 101 LECrim, se atribuye a “los ciudadanos”, no puede atribuirse por una Ley autonómica a quienes no son ciudadanos, sino órganos del poder público.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 4029-2005
Promovido por el Gobierno de Cantabria respecto a los Autos de la Audiencia Provincial de Cantabria y de un Juzgado de Instrucción de Santander que denegaron su personación en causa de jurado por delito de muerte violenta de una mujer.
Al Gobierno de Cantabria se le denegó la personación, en ejercicio de la acción popular, en un procedimiento de Tribunal del Jurado por un delito de violencia de género con resultado de muerte, pese a que estaba previsto en la legislación autonómica, vulnerándose así su derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción (art. 24.1CE).
El Tribunal considera que, con base en la nueva interpretación del art. 125 CE, quedan incluidas las personas jurídicas públicas en el término “ciudadanos” a efectos de reconocimiento de su titularidad en ámbitos específicos del derecho a la tutela judicial efectiva. Así, se otorga el amparo con carácter declarativo (no decreta la nulidad de las resoluciones impugnadas) por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción. No entra la Sentencia a conocer de la vulneración del derecho a la vida e integridad física alegada por la Administración Pública, en tanto en cuanto no va dirigida a reparar una lesión concreta del derecho fundamental.
Se viola el derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de acceso a la justicia penal, si se deniega el ejercicio de la acción popular en materia de violencia de género a una Administración pública que lo tenía reconocido mediante una ley autonómica (SSTC 175/2001, 311/2006) [FJ 3].
Doctrina sobre el acceso a la justicia penal de los entes públicos [FJ 3].
Procede otorgar el amparo con carácter tan solo declarativo, dados los efectos negativos que para la rápida resolución de un procedimiento penal de la gravedad del que está en el origen de este tendría otro pronunciamiento [FJ 4].
Artículo 125, ff. 2, 3, VP
Artículo 149.1.6, VP
Ley del Parlamento de Cantabria 1/2004, de 1 de abril. Integral para la prevención de la violencia contra las mujeres y la protección a sus víctimas
Acceso a la jurisdicción penalAcceso a la jurisdicción penal, Vulnerado, f. 3
Derecho de acceso a la jurisdicciónDerecho de acceso a la jurisdicción, f. 3, VP
Personas jurídicas públicasPersonas jurídicas públicas, f. 3, VP
Titularidad por las personas jurídicas públicasTitularidad por las personas jurídicas públicas, f. 3, VP
Acción popularAcción popular, f. 3
Ejercicio de la acción popular por personas jurídicas públicasEjercicio de la acción popular por personas jurídicas públicas, ff. 2, 3

References: resolución 
 resolución 
 artículo 18
 artículo 18
 resolución 

Artículo 125

Artículo 149