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Timestamp: 2020-05-25 02:38:32+00:00

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CLÁUSULAS SUELO - ASC Asociados
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30 Ene CLÁUSULAS SUELO
Publicado a las 16:18h en Sin categoría	por	admin 0 Comentarios
¿Qué se entiende por cláusula suelo?
Cualquier estipulación incluida en un contrato de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria a tipo variable, o para el tramo variable de otro tipo de préstamo, que limite a la baja la variabilidad del tipo de interés del contrato.
Jurisprudencia relevante sobre cláusula suelo.
El Tribunal Supremo, en su sentencia 241/2013 de 9 de mayo de 2013, dictada en el marco de una acción colectiva ejercitada por la asociación de consumidores Asociación de Usuarios de los Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) contra las entidades bancarias Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito (Cajas Rurales Unidas, S.C.C.), y Caja de Ahorros de Galicia, Vigo, Orense y Pontevedra (NCG banco S.A.U.), determinó el carácter abusivo de las cláusulas suelo, declarando su nulidad.
No obstante, tal declaración de nulidad tenía varias limitaciones retroactivas, que no afectarían:
Ni a las situaciones definitivamente decididas por resoluciones judiciales con fuerza de cosa juzgada.
Ni a las cantidades satisfechas antes de la fecha de la sentencia, 9 de mayo de 2013.
Posteriormente, el Tribunal Supremo en su sentencia 139/2015, de 25 de marzo de 2015, donde una vez más fue parte la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, confirmó esta limitación de la eficacia retroactiva y fijó como doctrina que, cuando en aplicación de lo dispuesto en la sentencia de 9 de mayo de 2013 se declarase abusiva una cláusula suelo, la devolución al prestatario se efectuaría a partir de la fecha de publicación de dicha sentencia de 2013 en adelante, perdiendo el consumidor todas las cantidades cobradas indebidamente anteriores a la sentencia del 2013.
Sin embargo, y a pesar de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, varios juzgados españoles, como son el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Granada, y los Juzgado de lo Mercantil nº1 y nº 3 de Alicante, se preguntaron si el hecho de limitar los efectos de la declaración de nulidad de una cláusula contractual, en razón de su carácter abusivo, exclusivamente al período posterior a esta declaración de nulidad resulta compatible con el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13, planteando dicha cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Finalmente, y en respuesta a las preguntas planteadas por los juzgados de Granada y Alicante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia de 21 de diciembre de 2016, asuntos acumulados C-154/15, C-307/15 y C- 308/15, rechaza la doctrina del Tribunal Supremo que limita los efectos restitutorios a las cantidades pagadas indebidamente por los consumidores en aplicación de la cláusula suelo con posterioridad a la sentencia de fecha 9 de mayo de 2013 que declaró el carácter abusivo de la misma.
Dispone la sentencia que dicha limitación equivale a privar con carácter general a todo consumidor que haya celebrado, antes de la fecha de esa sentencia, un contrato de préstamo hipotecario que contenga una cláusula de ese tipo, del derecho a obtener la restitución íntegra de las cantidades que haya abonado indebidamente a la entidad bancaria sobre la base de la cláusula.
Y por ello el TJUE, establece la obligación del juez nacional de dejar sin aplicación las cláusulas suelo y de devolver a los consumidores todas las cantidades cobradas por los bancos indebidamente desde la constitución de los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria, eliminando los limites retroactivos impuestos por el Tribunal Supremo.
Tras la resolución del TJUE, los jueces españoles ya han comenzado a publicar las primeras sentencias que aplican su criterio, como son:
Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Oviedo, Sentencia 276/2016 de 21 de diciembre de 2016.
Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Móstoles, Sentencia 361/2016 de 22 de Diciembre de 2016.
Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Pamplona/Iruña, Sentencia 3/2017 de 4 de Enero de 2017.
Audiencia Provincial de Lugo, Sentencia 4/2017 de 4 de Enero de 2017.
Audiencia Provincial de Pontevedra, Sentencia 9/2017 de 11 de Enero de 2017.
Pros y contras del Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.
A la vista de esta doctrina del TJUE y ante el previsible incremento de demandas de consumidores afectados solicitando la restitución de las cantidades pagadas en aplicación de las cláusulas suelo, el Gobierno ha arbitrado un cauce extrajudicial de carácter “voluntario” para el consumidor, el cual se encuentra regulado en el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.
Los criterios del sistema de reclamación son los siguientes:
Se concibe como un procedimiento extrajudicial, voluntario y gratuito para el consumidor:
El consumidor puede voluntariamente acceder a un procedimiento de solución extrajudicial con carácter previo a la interposición de la demanda judicial, sin coste adicional para el consumidor e “imperativo” de atender por parte de las entidades de crédito.
No obstante, el decreto prevé la posibilidad de que el consumidor realice su reclamación y de que el banco no conteste a esta, por lo tanto, resulta incongruente, que recoja la obligatoriedad de atender a la petición y al mismo tiempo la posibilidad de no atenderla.
Queda siempre a salvo el derecho del consumidor a obtener una tutela judicial efectiva de su derecho ante los Tribunales nacionales, aunque durante el tiempo en que se sustancie la reclamación previa las partes no podrán ejercitar contra la otra ninguna acción judicial o extrajudicial en relación con su objeto, con el ánimo de evitar prácticas de mala fe.
Las medidas previstas en el real decreto-ley se aplicarán a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria que incluyan una cláusula suelo cuyo prestatario sea un consumidor, entendiendo por tal cualquier persona física que reúna los requisitos previstos en el artículo 3 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
No obstante, el Real Decreto no obliga a las entidades de crédito a comunicar expresamente a cada uno de los afectados por las Cláusulas Suelo que las tienen en su contrato y que pueden solicitar la devolución de su dinero.
Recibida la reclamación del consumidor, la entidad de crédito deberá efectuar un cálculo de la cantidad a devolver y remitirle una comunicación desglosando dicho cálculo. El consumidor manifestará si está de acuerdo con él y, si lo estuviera, la entidad acordará con el consumidor la devolución del efectivo.
El Real Decreto no obliga expresamente a las entidades de crédito a devolver las cantidades cobradas de más por las clausulas suelo, sino que las faculta para que evalúen si la devolución es o no procedente.
Además, permite a la entidad de crédito elegir la forma de calcular la cantidad a devolver al consumidor. Que probablemente no será la que más beneficie a estos.
El plazo máximo para que ambos lleguen a un acuerdo y se ponga a disposición del consumidor la cantidad a devolver será de tres meses desde la presentación de la reclamación, que comenzará a contar desde el 21 de febrero de 2017, habida cuenta que las entidades tienen un mes de plazo para implantar dicho sistema, el cual empezó a contar el día en que se publicó el Real Decreto, 21 de enero de 2017, por lo que finamente y desde la publicación del Real Decreto la realidad es que tienen cuatro meses para decidir si devuelven o no las cantidades cobradas.
El Real Decreto también limita la imposición de costas a las entidades financieras, disponiendo que solamente si el consumidor rechazase el cálculo realizado por el banco de la cantidad a devolver o declinase la devolución del efectivo e interpusiera posteriormente demanda judicial, en la que obtuviese una sentencia más favorable que la oferta recibida, se impondrá a la entidad financiera la condena en costas.
Se establecen además otras reglas para el supuesto en que el consumidor interponga una demanda frente a una entidad de crédito sin haber acudido antes al procedimiento extrajudicial.
En los procedimientos judiciales que se encuentren en curso en el momento de la entrada en vigor del real decreto-ley las partes de común acuerdo se podrán someter al procedimiento extrajudicial establecido en la norma, solicitando la suspensión del proceso, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Se añade una nueva disposición adicional cuadragésima quinta a la Ley 35/2006, del IRPF, que establece que no se integrará en la base imponible de este Impuesto la devolución derivada de acuerdos celebrados con entidades financieras, en efectivo o a través de otras medidas de compensación, junto con sus correspondientes intereses indemnizatorios, de las cantidades previamente satisfechas a aquellas en concepto de intereses por la aplicación de cláusulas de limitación de tipos de interés de préstamos. Y se regula el tratamiento fiscal de las cantidades previamente satisfechas por el contribuyente que son objeto de la devolución prevista en la norma:
a) cuando hubieran formado parte de la base de la deducción por inversión en vivienda habitual o de deducciones autonómicas, se perderá el derecho a practicar la deducción en relación con las mismas, debiendo sumar a la cuota líquida estatal y autonómica, devengada en el ejercicio en el que se hubiera celebrado el acuerdo con la entidad financiera, exclusivamente las cantidades indebidamente deducidas en los ejercicios respecto de los que no hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, conforme al artículo 59 del RIRPF, sin inclusión de intereses de demora. No resultará aplicable esta adición respecto de la parte de las cantidades que se destine directamente por la entidad financiera, tras el acuerdo con el contribuyente afectado, a minorar el principal del préstamo.
b) cuando hubieran tenido la consideración de gasto deducible en ejercicios anteriores respecto de los que no hubiera prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación, se perderá tal consideración, debiendo practicarse autoliquidación complementaria correspondiente a tales ejercicios, sin sanción, ni intereses de demora, ni recargo.
c) cuando hubieran sido satisfechas por el contribuyente en ejercicios cuyo plazo de presentación de autoliquidación no hubiera finalizado, no formarán parte de la base de deducción por inversión en vivienda habitual ni de deducción autonómica alguna ni tendrán la consideración de gasto deducible.
Se habilita al Gobierno para regular la existencia de un órgano de seguimiento, control y evaluación de las reclamaciones efectuadas en el ámbito de aplicación del real decreto-ley. Este órgano, que deberá emitir un informe semestral sobre su actuación, contará con la participación de representantes de los consumidores y de la abogacía, y recabará de las entidades de crédito la información necesaria para constatar que la comunicación previa prevista en el real decreto-ley se ha realizado, especialmente a personas vulnerables.
El real decreto-ley entró en vigor el 21 de enero de 2017, día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Los consumidores podrán presentar sus reclamaciones desde su entrada en vigor. Las entidades de crédito deberán adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las previsiones contenidas en la norma en el plazo de un mes.
María Martín Robles. Dpto. Jurídico.
ASC CONSULTORES ASOCIADOS, SL

References: artículo 6
 resolución 
 artículo 3
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 59