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Timestamp: 2018-07-19 13:33:50+00:00

Document:
Sentencia núm. 35/2016 Tribunal Constitucional Madrid () 03-03-2016
19 de julio de 2018 | 03:33
Marginal: PROV\2016\71271
Cuestión de Inconstitucionalidad núm. 35/2016
LIBERTAD DE EMPRESA: Límites: industria cinematográfica: reglamento que incorpora Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva: inversión obligatoria del cinco por cien de la cifra total de ingresos devengados en el ejercicio anterior para la financiación anticipada de largometrajes, cortometrajes cinematográficos y películas para la televisión, europeos y españoles: medida que pretende promover la industria cinematográfica y audiovisual española y europea frente a competidores externos y contribuye a promocionar la cultura e identidades europea y española ínsita en esas obras: legitimidad y adecuación de la medida: constitucionalidad.
El Tribunal Constitucional desestima la cuestión de inconstitucionalidad promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en relación con el segundo párrafo del apartado 1 del art. 5 de la Ley 25/1994, de 12 de julio, que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva por considerar la inversión obligatoria prevista contraria al art. 38 CE: constitucionalidad.
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 546-2010, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con el segundo párrafo del apartado 1 del art. 5 de la Ley 25/1994, de 12 de julio (RCL 1994, 1999) , por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE (LCEur 1989, 1386) , sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. Han intervenido y formulado alegaciones el Abogado del Estado, el Fiscal General del Estado y la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales. Ha sido Ponente el Magistrado don Ricardo Enríquez Sancho, quien expresa el parecer del Tribunal.
El 22 de enero de 2010 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal escrito de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo al que se acompaña, junto con el testimonio del recurso contencioso-administrativo núm. 104-2004, interpuesto contra el Real Decreto 1652/2004, de 9 de julio (RCL 2004, 1640) , por el que se aprueba el Reglamento que regula la inversión obligatoria para la financiación anticipada de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y películas para la televisión, europeos y españoles, el Auto de 9 de diciembre de 2009 por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el segundo párrafo del apartado 1 del art. 5 de la Ley 25/1994, de 12 de julio (RCL 1994, 1999) , por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE (LCEur 1989, 1386) , sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva.
El precepto cuestionado dice, en su redacción aplicable al caso, que procede de la disposición adicional segunda de la Ley 15/2001, de 9 de julio (RCL 2001, 1677) , de fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual:
a) La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas presentó ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1652/2004, de 9 de julio (RCL 2004, 1640) , por el que se aprueba el Reglamento que regula la inversión obligatoria para la financiación anticipada de largometrajes y cortometrajes cinematográficos y películas para televisión, europeos y españoles.
En su demanda, la parte actora cuestionaba la compatibilidad de la inversión obligatoria desarrollada en el citado Real Decreto, y que tiene su amparo legal en el ya citado art. 5.1, párrafo segundo, de la Ley 25/1994 (RCL 1994, 1999) , con el derecho comunitario y con los arts. 14, 20, 31.3 y 33 CE (RCL 1978, 2836) .
c) Una vez tramitado y concluso el procedimiento, por providencia de 23 de enero de 2007, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó suspender el señalamiento para la votación y fallo del recurso previsto para ese mismo día 23 de enero de 2007 y dar audiencia a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que en el plazo de quince días se pronunciasen (i) sobre el planteamiento de la cuestión prejudicial ante el entonces denominado Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y (ii) sobre el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad ante este Tribunal Constitucional por la posible contradicción del art. 5.1 de la Ley 25/1994 (RCL 1994, 1999) , en la redacción dada por la disposición adicional segunda de la Ley 15/2001 (RCL 2001, 1677) , con los arts. 14 y 31.3, en relación con el art. 38, todos ellos de la Constitución española.
«A) El artículo 3 de la Directiva 89/552/CEE del Consejo (LCEur 1989, 1386) , sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de la actividad de radiodifusión televisiva, en su versión modificada por la Directiva 97/36 / CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de junio de 1997 (LCEur 1997, 2260) , ¿permite a los Estados miembros imponer a los operadores de televisión la obligación de destinar un porcentaje de sus ingresos de explotación para la financiación anticipada de películas cinematográficas y para televisión europeas?
e) Las citadas cuestiones prejudiciales fueron resueltas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su Sentencia de 5 de marzo de 2009 (TJCE 2009, 48) (asunto C-222/07), que declaró:
g) Tras la presentación de las alegaciones por las partes personadas, la Sección dictó Auto de 9 de diciembre de 2009 planteando ante este Tribunal Constitucional cuestión de inconstitucionalidad en relación con el art. 5.1, párrafo segundo, de la Ley 25/1994 (RCL 1994, 1999) , en su versión modificada por las Leyes 22/1999, de 7 de junio, y 15/2001, de 9 de julio (RCL 2001, 1677) .
El Auto de planteamiento comienza señalando que el Real Decreto 1652/2004 (RCL 2004, 1640) , objeto del recurso contencioso-administrativo interpuesto ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, no hace sino concretar ciertos extremos de la inversión obligatoria impuesta a ciertos operadores de televisión en el art. 5.1, segundo párrafo, de la Ley 25/1994 (RCL 1994, 1999) , de modo que si este precepto legal fuera declarado inconstitucional, el reglamento impugnado se vería desprovisto de validez.
Con estas bases, recuerda la doctrina de este Tribunal sobre la libertad de empresa reconocida en el art. 38 CE (RCL 1978, 2836) contenida en la STC 112/2006, de 5 de abril (RTC 2006, 112) , en concreto la «libertad de inversión» que junto con las libertades de contratación y de organización fue considerada en aquella Sentencia una «vertiente imprescindible» de la indicada libertad de empresa. Ciertamente, ello no excluye, reconoce el órgano promotor, que esa garantía no pueda ser sometida a restricciones, pero siempre que esas restricciones sean «proporcionadas, de modo que, por adecuadas, contribuyan a la consecución del fin constitucionalmente legítimo al que propenden y por indispensables hayan de ser inevitablemente preferidas a otras que pudieran suponer, para la esfera de libertad pública protegida, un sacrificio menor» (misma STC 112/2006, FJ 8).
Pues bien, a juicio de la Sección la inversión obligatoria prevista en el art. 5.1, párrafo segundo, de la Ley 25/1994, no supera el indicado canon de proporcionalidad. En primer lugar, porque se impone sobre una parte de sus «ingresos», no de sus beneficios. En segundo lugar, porque no se corresponde con el objeto propio de su actividad, la difusión televisiva, sino que se destina a un sector económico diferente: la producción cinematográfica. Y en tercer lugar, porque para alcanzar esa finalidad, que la Sección considera «legítima», los poderes públicos tienen en su mano otras potestades menos invasivas como la potestad tributaria y la subvencional. A través de la primera, pueden «detraer de los beneficios empresariales las cantidades que consideren oportunas» y asignarlas equitativamente al citado objetivo conforme al art. 31 CE, mediante «un marco tributario que contribuya a propiciar la inversión en determinados sectores, adoptando normas fiscales de muy amplio espectro (bonificaciones, exenciones, régimen de amortizaciones, deducciones, etcétera) con esa misma y legítima finalidad». Y por medio de la segunda, el Estado podría incentivar determinadas inversiones empresariales sin más límite que respetar la prohibición de «ayudas de Estado» y las normas de competencia que resultan de los tratados comunitarios, pues el Tribunal de Justicia ya descartó en la Sentencia de 5 de marzo de 2009 (TJCE 2009, 48) que la inversión obligatoria aquí cuestionada fuera una ayuda de Estado (apartados 41 a 47). «Lo que, a juicio de esta Sala, no puede sin embargo el legislador, salvo que esté fundado en razones imperiosas de interés general, es imponer por sí mismo el destino forzoso de las inversiones empresariales. En principio, la decisión sobre la inversión de los recursos (privados) de las empresas corresponde a estas, sin perjuicio de que parte de aquéllos sean transferidos coactivamente, por la vía de los tributos, al sector público y se conviertan de este modo en 'recursos públicos' de los que el Estado puede, obviamente, disponer».
Continúa el Auto afirmando que esa inversión obligatoria no viene tampoco impuesta por la Directiva 89/552/CEE, del Consejo, de 3 de octubre de 1989 (LCEur 1989, 1386) , objeto de trasposición en la Ley 25/1994 (RCL 1994, 1999) . En el apartado 17 de su Sentencia, el Tribunal de Justicia ya declaró que los arts. 4 y 5 de aquella Directiva «no se refieren a dicho supuesto». La Directiva, pues, no ofrece tampoco base a la citada obligación impuesta por el legislador.
Por providencia de 14 de abril de 2010, el Pleno del Tribunal, a propuesta de la Sección Cuarta, acordó admitir a trámite la cuestión planteada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en relación con el art. 5.1 de la Ley 25/1994, de 12 de julio (RCL 1994, 1999) , por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE (LCEur 1989, 1386) , sobre la coordinación de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva. El Pleno acordó también, conforme al artículo 10.1 c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (RCL 1979, 2383) (LOTC), reservar para sí el conocimiento de la cuestión, así como dar traslado de las actuaciones recibidas (art. 37.3 LOTC) al Congreso de los Diputados y al Senado, al Gobierno y al Fiscal General del Estado, al objeto de que, en el improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimasen convenientes. Se acordó, asimismo, comunicar esta resolución al órgano judicial promotor de la cuestión, a fin de que el procedimiento del que la misma emana permaneciera suspendido hasta que este Tribunal resolviera definitivamente (art. 35.3 LOTC). Y se ordenó, por último, la publicación de la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado».
El 28 de abril de 2010 tuvo entrada en este Tribunal copia del acuerdo de la Mesa del Senado de 27 de abril anterior por el que se tiene por personada a la citada cámara en este procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC (RCL 1979, 2383) .
El 29 de abril de 2010 tuvo entrada el acuerdo de la Mesa del Congreso de los Diputados de 27 de abril de 2010 en el que se tiene por personada a la citada cámara y se ofrece su colaboración a los efectos del artículo 88.1 LOTC (RCL 1979, 2383) , y se remite a la Dirección de estudios, análisis y publicaciones y a la asesoría jurídica de la Secretaría General.
El 28 de abril de 2010, el Presidente de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo firmó un escrito, que tuvo entrada en este Tribunal el 5 de mayo siguiente, acusando recibo de la comunicación emitida por este Tribunal el 14 de abril y comunicando que de conformidad con lo establecido en el art. 35.3 LOTC (RCL 1979, 2383) se procedía a suspender el curso del procedimiento hasta que por este Tribunal Constitucional se resuelva definitivamente la cuestión planteada.
Comienza aclarando que la derogación sobrevenida del precepto cuestionado por la Ley 7/2010, de 31 de marzo (RCL 2010, 957) , general de la comunicación audiovisual, no ha hecho perder objeto al presente proceso constitucional, según jurisprudencia reiterada de este Tribunal.
En cuanto al fondo de la cuestión planteada, está de acuerdo en que la libertad de inversión es una vertiente imprescindible de la libertad de empresa garantizada en el art. 38 CE (RCL 1978, 2836) , tal y como ya señaló la STC 112/2006 (RTC 2006, 112) . Ahora bien, y como también allí se señaló, no siendo los derechos que la Constitución reconoce garantías absolutas, son admisibles las restricciones sobre esa libertad siempre que sean proporcionadas.
Recuerda que en la doctrina de este Tribunal, este test de la proporcionalidad, que el Abogado del Estado llama «test alemán de la proporcionalidad», se descompone en tres juicios sucesivos, desde la STC 66/1995, de 8 de mayo (RTC 1995, 66) , FJ 5: el juicio de idoneidad, el juicio de necesidad y el juicio de proporcionalidad en sentido estricto.
A partir de ahí, argumenta que el Auto de planteamiento no cuestiona la idoneidad de la medida para el fin propuesto, sino que más bien parece centrarse en el juicio de necesidad (en terminología de este Tribunal), esto es, en considerar que la medida no es la menos restrictiva (less restrictive alternative) para alcanzar ese fin legítimo. El sector, vendría a razonar el Auto (según el Abogado del Estado), está «hiperprotegido», y «sobra por ello  la medida de inversión obligatoria» que es objeto de esta cuestión de inconstitucionalidad. Al respecto, se muestra crítico con el Auto de planteamiento, por no ofrecer una detallada descripción de otras medidas alternativas de eficacia pareja, ni hacer un juicio racional comparativo entre ellas, como correspondería a quien cuestiona la necesidad de esa medida. Si el órgano promotor, concluye el Abogado del Estado, no levanta esa «carga» procesal que corresponde a quien cuestiona la necesidad de una medida restrictiva de un derecho constitucional, tampoco debe el defensor de la norma asumir la carga inversa de justificar su necesidad.
Por último, en lo que al juicio de proporcionalidad en sentido estricto se refiere, el Abogado del Estado considera que la medida cuestionada reporta más beneficios que desventajas, y supera, por tanto, el indicado canon. Así, apunta en primer lugar a la conexión de la producción cinematográfica con la cultura, ya señalada en la exposición de motivos de la Ley 15/2001 (RCL 2001, 1677) de la que trae redacción el precepto cuestionado; y recuerda que la promoción de la cultura es una obligación de los poderes públicos de conformidad con los arts. 44.1, 46 y 149.2 CE. Además, considera igualmente justificado un segundo objetivo de la medida, como es lograr una mayor integración económica entre el cine y la televisión dando lugar a un «sector conjunto audiovisual», también señalado en el preámbulo de otra Ley, esta vez la Ley 55/2007 (RCL 2007, 2384) . A partir de ahí, argumenta que el conjunto de las ayudas establecidas al sector en la citada Ley 55/2007 no pueden, aisladamente ni en conjunto, alcanzar el fin propuesto, y que la medida de inversión obligatoria, además de promover la identidad cultural española y europea, y proteger también la diversidad cultural y lingüística nacional y continental, constituye un medio para posibilitar el cumplimiento de la reserva de emisión de nuevas obras cinematográficas establecida por la normativa del sector. «Si no se producen nuevas obras cinematográficas españolas y europeas», razona el representante del Gobierno, «la reserva debería satisfacerse con películas antiguas, con lo que —al menos en parte— se frustraría la finalidad de preservación y promoción de la diversidad cultural, que no es solo goce del pasado sino continuidad hacia el futuro».
Por escrito registrado ante este Tribunal el 13 de mayo de 2010, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales, parte en el recurso contencioso-administrativo que ha dado lugar al presente proceso constitucional, solicitó al amparo de lo establecido en el art. 37.2 LOTC (RCL 1979, 2383) su personación en la presente cuestión de inconstitucionalidad.
Por diligencia de ordenación de 24 de mayo de 2010, la Secretaría del Pleno de este Tribunal acordó tener por personada a la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales en la presente cuestión de inconstitucionalidad y entender con ella las sucesivas actuaciones, así como, en aplicación del art. 37.2 LOTC (RCL 1979, 2383) , concederle un plazo de quince días para formular alegaciones.
Parte asimismo de la doctrina de la STC 112/2006 (RTC 2006, 112) , y de que la libertad de inversión es una vertiente imprescindible de la libertad de empresas del art. 38 CE (RCL 1978, 2836) . Pero no comparte sin embargo la conclusión a la que llega la Sala cuestionante desde esas premisas. No toda medida que incida en la libertad de empresa, sostiene, es necesariamente contraria al art. 38 CE. Lo será solo si constituye un obstáculo a la misma que no guarde relación y sea desproporcionado con el fin perseguido, pero no en otro caso.
El día 18 de junio de 2010, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales presentó sus alegaciones en el Registro General de este Tribunal. En ellas considera principalmente que no concurren los presupuestos procesales para que este Tribunal pueda pronunciarse, al haber sido derogada la norma cuestionada. Subsidiariamente, solicita la desestimación de la cuestión suscitada, por ser el art. 5.1, párrafo segundo, de la Ley 25/1994 (RCL 1994, 1999) conforme con la Constitución.
Apela a la Ley 7/2010 (RCL 2010, 957) , general de comunicación audiovisual, que califica estos servicios como «servicios de interés general» (art. 22), de manera que cumplen una relevante función de interés público, y no solo económica, que no ha sido valorada por el Tribunal Supremo. Dicha función consiste en fomentar la producción audiovisual europea y fomentar así la diversidad cultural de Europa. Cita asimismo los considerandos 74 y 79 de la Directiva UE/13/2010, de 10 de marzo (LCEur 2010, 462) , de coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de la comunicación audiovisual, y le parece que de ellos se deriva la proporcionalidad de la medida cuestionada.
La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo cuestiona la constitucionalidad del art. 5.1, párrafo segundo, de la Ley 25/1994, de 12 de julio (RCL 1994, 1999) , en la redacción temporalmente aplicable al recurso contencioso-administrativo que debe resolver, que proviene de la disposición adicional segunda de la Ley 15/2001, de 9 de julio (RCL 2001, 1677) .
Para la Sala cuestionante la citada obligación pudiera ser contraria a la libertad de empresa garantizada en el art. 38 CE (RCL 1978, 2836) , por no superar el canon de proporcionalidad a que deben someterse las restricciones de la libertad de empresa como las de cualquier otro derecho constitucional, de conformidad con la doctrina de este Tribunal (cita en este sentido la STC 112/2006, de 5 de abril (RTC 2006, 112) , también sobre el sector audiovisual, FJ 8). Esta conclusión no la comparten el Gobierno de la Nación ni el Fiscal General del Estado, partes necesarias en las cuestiones de inconstitucionalidad (art. 37.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (RCL 1979, 2383) : LOTC), ni tampoco la entidad de gestión de derechos de los productores audiovisuales, que siendo parte en el proceso contencioso-administrativo seguido ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo en cuyo seno se planteó la presente cuestión de inconstitucionalidad, ha comparecido y formulado alegaciones en este proceso constitucional, al amparo del art. 37.2 LOTC.
Efectivamente, la Ley 7/2010, de 31 de marzo (RCL 2010, 957) , general de la comunicación audiovisual ha derogado expresamente tanto la Ley 25/1994 (RCL 1994, 1999) en que formalmente se integra el precepto cuestionado como la Ley 15/2001 (RCL 2001, 1677) de la que proviene su redacción material aplicable en el proceso a quo, y objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad (disposición derogatoria, apartados 6 y 12). Sin embargo, la citada derogación no ha supuesto la supresión de la obligación de inversión cuestionada, pues la Ley general de la comunicación audiovisual ha reiterado esta obligación de inversión de los operadores de televisión en obras audiovisuales europeas en su art. 5.3, si bien con algunas modificaciones que no afectan a sus elementos esenciales.
A su vez, el reglamento que desarrollaba esa obligación legal, aprobado por Real Decreto 1652/2004, de 9 de julio (RCL 2004, 1640) , que es la disposición impugnada en el proceso seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en cuyo seno se ha planteado la presente cuestión de inconstitucionalidad, ha sido también derogado, recientemente, por el Real Decreto 988/2015, de 30 de octubre (RCL 2015, 1776) , por el que se regula el régimen jurídico de la obligación de financiación anticipada de determinadas obras audiovisuales europeas, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» núm. 267, de 7 de noviembre de 2015, y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, según su disposición final cuarta. Si bien, como en el caso anterior, esa derogación no ha eliminado tampoco la obligación de inversión de cuya constitucionalidad se duda (lógicamente, pues esta obligación es reiterada por la nueva Ley general de la comunicación audiovisual y sigue vigente, de acuerdo con su art. 5.3 ya mencionado), sino que solamente ha supuesto la modificación de algunos aspectos de su desarrollo reglamentario.
Pues bien, por lo que hace a la primera derogación, la del precepto legal objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad, la misma no es determinante de la pérdida de objeto de este proceso, pues como este Tribunal ha reiterado, a diferencia de lo que ocurre con los recursos de inconstitucionalidad, «en las cuestiones de inconstitucionalidad los efectos extintivos sobre el objeto del proceso como consecuencia de la derogación o modificación de la norma cuestionada vienen determinados por el hecho de que, tras esa derogación o modificación, resulte o no aplicable en el proceso a quo y de su validez dependa la decisión a adoptar en el mismo» ( STC 37/2004, de 11 de marzo (RTC 2004, 37) , FJ 1, y jurisprudencia allí citada). Y más en concreto, en aquellos casos en que la cuestión de inconstitucionalidad se plantea en el seno de un recurso directo contra un reglamento ante la jurisdicción contencioso-administrativa (arts. 106.1 CE (RCL 1978, 2836) y 1.1, 25.1 y 26.1 LJCA (RCL 1998, 1741) ), como aquí sucede, este Tribunal también ha recordado que como «el contraste de la disposición reglamentaria impugnada en el proceso judicial ha de realizarse con el precepto legal vigente en aquel momento», ello hace que «perviv[a] el objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad, dado que la derogación, con sus efectos ex nunc, no es equivalente a una hipotética declaración de nulidad, cuyos efectos se proyectan, al menos en vía de principio, hacia el pasado» ( SSTC 117/2011, de 4 de julio (RTC 2011, 117) , FJ 2, y 73/2014, de 8 de mayo (RTC 2014, 73) , FJ 2).
En el ATC 23/2013, de 29 de enero (RTC 2013, 23 AUTO) , FJ 4, hemos admitido que efectivamente una cuestión de inconstitucionalidad puede extinguirse por desaparición sobrevenida de su objeto como consecuencia de la derogación de la norma reglamentaria objeto de recurso directo en el proceso a quo si el reglamento no conserva ningún género de ultraactividad (tal y como exige la jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para declarar la extinción de esta clase de procesos) y la cuestión de inconstitucionalidad se formula contra la norma legal de cobertura (así, por ejemplo, STC 147/2012, de 5 de julio (RTC 2012, 147) ). En tales casos «ninguna utilidad tendría ya un pronunciamiento de este Tribunal para un proceso judicial extinguido». Ahora bien, según matizamos inmediatamente «el examen que este Tribunal debe realizar sobre la posible extinción del proceso judicial ordinario debe ser de evidencias y a los solos fines de la admisibilidad de la cuestión planteada, sin sustituir al órgano judicial en la aplicación e interpretación de la legalidad ordinaria», de modo que «solo si la pérdida de objeto del procedimiento judicial ordinario es clara y manifiesta, puede este Tribunal declarar la extinción de la cuestión de inconstitucionalidad por esta razón».
Pues bien, en este caso, al igual que sucedió en el resuelto en el citado ATC 23/2013, no se dan las condiciones requeridas para que este Tribunal pueda afirmar la pérdida de objeto del proceso a quo. Como ya se ha dicho, la obligación de inversión de cuya constitucionalidad se duda subsiste en la nueva y vigente Ley general de la comunicación audiovisual. Y además, esa obligación legal vigente que desarrollan los dos reglamentos sucesivos (el derogado y el hoy vigente) ni es de cumplimiento instantáneo, ni tiene por qué agotarse necesariamente en el ejercicio al que se imputa el gasto (cfr. arts. 8 del Real Decreto 1652/2004, de 9 de julio (RCL 2004, 1640) , y 20 y 21 del Real Decreto 988/2015, de 30 de octubre (RCL 2015, 1776) ). Por consiguiente, no puede descartarse prima facie cierta ultraactividad del primero.
En consecuencia, y con independencia de lo que pueda resolver la Sala Tercera en el ejercicio de su jurisdicción (art. 117.3 CE (RCL 1978, 2836) ), no compete a este Tribunal anticipar la posible pérdida de objeto del proceso contencioso-administrativo
a quo. Procede, en consecuencia, entrar a resolver la cuestión de inconstitucionalidad suscitada.
3. En esta tarea, hemos de partir de una constatación fundamental no cuestionada por nadie, ni por el órgano proponente ni por las partes comparecidas, pero que resulta imprescindible para el desarrollo de nuestro análisis, y es que la imposición a un empresario de la obligación de invertir cierta parte de los ingresos obtenidos por su actividad en un determinado producto afecta o incide en la libertad de empresa constitucionalmente garantizada (art. 38 CE). Efectivamente, según tiene declarado este Tribunal, el mencionado derecho incluye como una de sus vertientes fundamentales no solo la libertad para crear una empresa y actuar en el mercado, sino también, por lo que aquí importa, la libertad para fijar los objetivos y planificar la actividad de esa empresa en atención a los recursos y a las condiciones del mercado [ SSTC 96/2013, de 23 de abril (RTC 2013, 96) , FJ 6; 112/2006, de 5 de abril (RTC 2006, 112) , FJ 8, y 225/1993, de 8 de julio (RTC 1993, 225) , FJ 3 b)], lo que comprende la «libertad de inversión» en expresión utilizada por la ya citada STC 112/2006, FJ 4, de donde la toma el Auto de planteamiento.
Ahora bien, también es jurisprudencia de este Tribunal que la libertad de empresa «no es un derecho absoluto e incondicionado» y que su vigencia no resulta comprometida por el hecho de que existan limitaciones a su ejercicio derivadas de las «reglas que disciplinen, proporcionada y razonablemente, el mercado», como han recordado entre las más recientes las SSTC 108/2014, de 26 de junio (RTC 2014, 108) , FJ 3, y 53/2014, de 10 de abril (RTC 2014, 53) , FJ 7, y muchas otras desde la STC 127/1994, de 5 de mayo (RTC 1994, 127) , dictada precisamente en el recurso interpuesto contra la Ley de televisión privada de 3 de mayo de 1988 [FJ 6 d)]. Porque del art. 38 CE no puede derivarse sin más «el derecho a acometer cualquier empresa» o a ejercerla sin traba ni limitación de ningún tipo, «sino solo el [derecho] de iniciar y sostener en libertad la actividad empresarial, cuyo ejercicio está disciplinado por normas de muy distinto orden» ( STC 83/1984, de 24 de julio (RTC 1984, 83) , FJ 3), o lo que es lo mismo, a ejercer esa actividad «con plena sujeción a la normativa sobre ordenación del mercado y de la actividad económica general» ( STC 135/2012, de 19 de junio (RTC 2012, 135) , FJ 5, y las allí citadas).
El Auto de planteamiento propone su control desde el parámetro del principio de proporcionalidad. Efectivamente, desde la STC 66/1991, de 22 de marzo (RTC 1991, 66) , este Tribunal ha empleado este canon de constitucionalidad, así explicado en la STC 66/1991 citada, FJ 2:
«[D]esde sus primeras resoluciones ( STC 26/1981 (RTC 1981, 26) , fundamento jurídico 15), ha venido a decir el Tribunal que, no siendo los derechos que la Constitución reconoce garantías absolutas, las restricciones a que puedan quedar sometidos son tolerables siempre que sean proporcionadas, de modo que, por adecuadas, contribuyan a la consecución del fin constitucionalmente legítimo al que propendan, y, por indispensables, hayan de ser inevitablemente preferidas a otras que pudieran suponer, para la esfera de libertad protegida, un sacrificio menor.
De esta forma, para ponderar la constitucionalidad de la prohibición impugnada, tanto en lo que se refiere a la libre circulación de bienes como en lo que atañe a la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada  es preciso efectuar un juicio de proporcionalidad, en el que, además del objetivo que al establecerla se persigue y comprobando la legitimidad constitucional del mismo, se verifique también la relación de causalidad y necesidad que con él debe guardar la prohibición en cuanto medio ordenado para hacerlo posible.»
Sin embargo, este test de proporcionalidad se ha aplicado solamente a regulaciones que pueden afectar al acceso al mercado, al comienzo en el ejercicio de la actividad (vgr. la caducidad de las autorizaciones de farmacia, STC 109/2003, de 5 de junio (RTC 2003, 109) , FJ 15) o a regulaciones autonómicas que pueden introducir desigualdad en las condiciones de ejercicio de una actividad empresarial ( STC 96/2013, de 23 de abril (RTC 2013, 96) , FJ 7, con cita de otras). Pero cuando se trata de regulaciones que «afectan al ejercicio de una actividad empresarial, sin afectar al propio acceso a la misma», como ocurre en este caso, el canon de constitucionalidad empleado por la jurisprudencia de este Tribunal es algo diferente, pues solamente permite verificar si esas medidas son «constitucionalmente adecuadas», esto es, si la medida cuestionada «constituye una medida adecuada para la consecución de un fin constitucionalmente legítimo, sin que le corresponda a este Tribunal ir más allá, pues ello supondría fiscalizar la oportunidad de una concreta elección del legislador, de una legítima opción política» ( STC 53/2014, de 10 de abril (RTC 2014, 53) , FJ 7).
El cine es, entre otras cosas, una manifestación cultural. La vinculación entre el cine y la cultura está ya establecida desde el mismo preámbulo de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre (RCL 2007, 2384) , del cine, que en sus primeras líneas pone de manifiesto que «[l]a actividad cinematográfica y audiovisual conforma un sector estratégico de nuestra cultura y de nuestra economía», constituye una «manifestación artística y expresión creativa» que «es un elemento básico de la entidad cultural de un país», y contribuye «al mantenimiento de la diversidad cultural» de España, siendo todos ellos «elementos suficientes para que el Estado establezca las medidas necesarias para su fomento y promoción». Por consiguiente, la protección de esta manifestación cultural tiene expreso anclaje en los arts. 20.3 (pluralismo de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público), 44 (derecho a la cultura) y 149.2 CE (RCL 1978, 2836) , que considera el servicio de la cultura como «deber y atribución esencial» del Estado, así como en el art. 46 CE en lo tocante al enriquecimiento del patrimonio cultural de los pueblos de España (recuérdese la reserva del 60 por ciento de la cantidad total comprometida por la norma para la financiación de «producciones cuya lengua original sea cualquiera de las oficiales en España»).
De un modo más específico, desde el Tratado de Maastricht, que introdujo el entonces art. 128 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, actual art. 167 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea (RCL 2009, 2300) (TFUE), la cultura se ha convertido en una de las políticas de la Unión, que debe contribuir «al florecimiento de las culturas de los Estados miembros, dentro del respeto a su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo el patrimonio cultural común» (apartado 1) y favorecer «la mejora del conocimiento y la difusión de la cultura y la historia de los pueblos europeos» (apartado 2), complementando de este modo las actuaciones que deben desarrollar prioritariamente los Estados miembros, de acuerdo con el art. 6 c) del mismo TFUE.
6. Lo que antecede fundamenta ya la desestimación de la presente cuestión de inconstitucionalidad. No obstante, resulta pertinente efectuar alguna precisión adicional teniendo en cuenta que la presente cuestión de inconstitucionalidad se ha visto precedida por una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea planteada por el mismo órgano jurisdiccional (la Sala Tercera del Tribunal Supremo) en el curso del mismo procedimiento (recurso contencioso-administrativo núm. 104-2004) y en relación con la misma medida ahora cuestionada (la obligación de los operadores de televisión de invertir cierta parte de sus ingresos en determinadas obras audiovisuales). Una cuestión prejudicial que fue desestimada por el Tribunal de Justicia por considerar que la mencionada obligación es compatible con el Derecho de la Unión, y más en concreto con las libertades fundamentales consagradas en el Tratado fundacional ( Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de marzo de 2009 (TJCE 2009, 48) , asunto C-222/07, UTECA).
Obviamente, la desestimación de una cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no impide el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad ante este Tribunal Constitucional en relación con el mismo precepto legal, pues una y otra jurisdicción tienen ámbitos diferentes (por todas, STC 28/1991, de 14 de febrero (RTC 1991, 28) , FFJJ 4 a 6), ni condiciona el pronunciamiento de este Tribunal en esa cuestión de inconstitucionalidad. Ahora bien, tratándose de limitaciones a la libertad de empresa, la pertenencia de España a un espacio de libre circulación de personas, servicios y capitales, como es la Unión Europea, y la conformidad de la medida cuestionada con esas libertades y principios apreciada por el Tribunal de Luxemburgo, hace que esta jurisdicción constitucional deba tener muy presentes las conclusiones alcanzadas por este último en ese proceso anterior sobre la misma medida ahora sometida a nuestro control, al haber sido esa medida contrastada en ese proceso anterior con normas que en última instancia persiguen preservar el mismo interés jurídicamente protegido en el art. 38 CE (RCL 1978, 2836) .
a) Que la obligación impuesta «a los operadores de televisión a destinar el 5 por 100 de sus ingresos de explotación a la financiación anticipada de películas cinematográficas y para televisión europeas  no contiene ningún elemento que permita afirmar que tal medida constituye, en la práctica, una restricción a alguna de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado» (apartado 22).

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 10
 resolución 
 artículo 88
 artículo 88
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto