Source: http://corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=264&lang=es
Timestamp: 2017-06-28 03:33:37+00:00

Document:
InicioAcerca deReglamentoReglamento VigenteReglamentos Anteriores Precisiones sobre el Cómputo de PlazosInstrumentosEstatutoHistoriaComposiciónPrograma de pasantiasOportunidades de empleoSitios de interés¿Cómo acceder al Sistema Interamericano?Denuncias y consultasPreguntas FrecuentesInformación para presentar una peticiónEsquema de Procedimiento ante la Corte InteramericanaJurisprudenciaBuscadorDigestoBuscador BJDHBuscador BJDHBuscador Avanzado BJDHCasos ContenciososMedidas ProvisionalesSolicitudes de Medidas ProvisionalesSupervisión de CumplimientoConvocatoriasOpiniones ConsultivasSolicitudes de Opiniones ConsultivasRechazos a las Solicitudes de Opiniones ConsultivasFondo de Asistencia Legal de VíctimasOtros AsuntosExpedientesMapa InteractivoBibliotecaInformaciónBiblioteca MóvilCatálogo en Línea¡Qué hay de nuevo!Noticias de InterésBases de DatosTesauroCorte al díaComunicados de PrensaAportes y donacionesServicios de InformaciónGalería MultimediaFechas de sesionesPublicacionesInformes Anuales Ficha Técnica: Boyce y otros Vs. Barbados
Lennox Ricardo Boyce, Jeffrey Joseph, Frederick Benjamin Atkins y Michael McDonald Huggin Representante(s):
Derecho a la integridad personal, Derecho a la vida, Pena de muerte, Personas privadas de libertad, Protección judicial, Trato cruel y degradante Ver jurisprudencia relacionada
Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.) , Artículo 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno) , Artículo 25 (Protección Judicial) , Artículo 4 (Derecho a la vida) , Artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) Otro(s) tratado(s) interamericano(s)
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados – Naciones Unidas Hechos
- Los hechos del presente caso se desarrollan en el marco de la naturaleza obligatoria de la pena de muerte impuesta a personas condenadas por homicidios en Barbados. Lennox Ricardo Boyce, Jeffrey Joseph, Frederick Benjamin Atkins y Michael McDonald Huggin fueron condenados por el delito de homicidio y condenados a muerte mediante la horca, bajo la sección 2 de la Ley de Delitos del Estado contra la Persona. De conformidad con esta disposición, una vez que una persona sea condenada por el delito de asesinato, ningún tribunal puede evaluar si la pena de muerte es un castigo adecuado a las circunstancias particulares de la víctima. - Las cuatro personas estuvieron sometidas a condiciones degradantes en los centros de detención. El señor Atink murrio por motivos de enfermedad. Las otras tres personas continúan detenidos. Procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
- Fecha de presentación de la petición (12.480):3 de septiembre de 2004 - Fecha de informe de admisibilidad y fondo (03/06): 28 de febrero de 2006
25 La Corte ha sentado claras pautas para analizar una excepción preliminar basada en un presunto no agotamiento de los recursos internos. Primero, la Corte debe interpretar la excepción como una defensa disponible a los Estados, el cual puede renunciar a ésta ya sea expresa o tácitamente. Segundo, a fin de que sea oportuna la excepción sobre el no agotamiento de los recursos internos, debe alegarse en la primera actuación del Estado durante el procedimiento ante la Comisión; de lo contrario, se presume que el Estado ha renunciado tácitamente a presentar dicho argumento. Tercero, la Corte ha afirmado que el Estado que presenta esta excepción debe especificar los recursos internos que aún no han sido agotados y demostrar que estos recursos son aplicables y efectivos. 28. (…) La Comisión solicitó al Estado, en tres ocasiones, observaciones en relación con la admisibilidad y fondo de la demanda. Sin embargo, el Estado no especificó los recursos internos que tenían disponibles los señores Huggins y Atkins ni demostró que estos recursos fuesen efectivos y aplicables. Tal fue la conclusión de la Comisión, la cual indicó en su informe sobre admisibilidad y fondo que “el Estado había renunciado, implícita o tácitamente, a cualquier impugnación con respecto del agotamiento de los recursos internos por parte de las presuntas víctimas” dado que “el Estado no ofreció observaciones en el caso de los señores Boyce y Joseph y en relación con los señores Huggins y Atkins no explicó cuáles recursos internos aún no habían sido agotados.” 29. Por ello, de conformidad con los requisitos procesales señalados anteriormente (…), el Estado ha renunciado implícitamente a la defensa otorgada a su favor por la Convención Americana. Por lo tanto, se rechaza la excepción preliminar interpuesta por el Estado. II. Competencia
a) La limitación de la aplicación de muerte a únicamente “los delitos más graves” 53. La Corte ha sostenido en otras ocasiones que [“]la privación intencional e ilícita de la vida de una persona (homicidio intencional o doloso, en sentido amplio) puede y debe ser reconocida y contemplada en la legislación penal bajo diversas categorías (tipos penales) que correspondan a la diversa gravedad de los hechos, tomando en cuenta los distintos elementos que pueden concurrir en ellos: especiales relaciones entre el delincuente y la víctima [e.g.infanticidio], móvil de la conducta [e.g. por recompensa o promesa de remuneración], circunstancias en la que ésta se realiza [e.g. con brutalidad], medios empleados por el sujeto activo [e.g. con veneno], etc. De esta forma se establecerá una graduación en la gravedad de los hechos, a la que corresponderá una graduación de los niveles de severidad de la pena aplicable[“]
57. Aunque la Corte concuerde con que las ejecuciones extrajudiciales son, por definición, arbitrarias y contrarias al artículo 4.1 de la Convención, el Estado incorrectamente asume que una pena de muerte legalmente impuesta no podría ser también arbitraria. Una pena de muerte obligatoria legalmente impuesta puede ser arbitraria cuando la ley no distingue entre los distintos grados de culpabilidad del acusado ni toma en consideración las circunstancias particulares de cada delito. La Ley de Delitos contra la Persona de Barbados prevé la pena de muerte como la única forma posible de castigo para el delito de homicidio y no permite la aplicación de una pena menor teniendo en cuenta las características específicas del delito (…) y la participación y culpabilidad del acusado. 58. Al respecto, la Corte ha sostenido en otras oportunidades que considerar a todas las personas que hayan sido encontradas culpables por homicidio como merecedoras de la pena de muerte “significa tratar a las personas condenadas de un delito en particular no como seres humanos únicos, sino como miembros de una masa anónima, sin diferencias, sujeta a la imposición ciega de la pena de muerte”.
59. Evidentemente, el Estado está en lo correcto al afirmar que el estricto cumplimiento de ciertas garantías procesales es esencial para evaluar si la pena de muerte se ha aplicado de manera arbitraria. Sin embargo, se debería hacer una distinción entre, por un lado, la disponibilidad y el cumplimiento de dichos procedimientos durante el proceso de un caso de pena capital, incluido el procedimiento de apelación, y, por otro lado, la etapa en la cual se impone la pena. Conforme a la ley de Barbados, la disponibilidad de las defensas legales y jurisprudenciales para los acusados en casos capitales tienen incidencia únicamente en la determinación de la culpa o inocencia de la persona y no en la determinación del castigo adecuado que debería aplicarse una vez que la persona ha sido condenada. Es decir, el acusado en un caso capital podría intentar evitar el veredicto de culpabilidad interponiendo ciertas defensas con respecto a la imputación del homicidio. Estas defensas buscan, por un lado, evitar condenas por homicidio y reemplazarlas con condenas por “manslaughter”, por ejemplo, que acarrea una pena de cadena perpetua o, por otro lado, excluir totalmente la responsabilidad penal del acusado por el homicidio. Sin embargo, siempre y cuando se encuentre que el acusado ha sido culpable del delito de homicidio, la ley no permite que el juez considere el grado de culpabilidad del acusado u otras formas de castigo que serían más aptas para ese individuo dadas las circunstancias particulares del caso. Es decir, los tribunales no tienen facultad para individualizar la pena de conformidad con la información concerniente al delito (…) y al acusado. 60. El Estado alegó que el poder ejecutivo toma en cuenta aquellas circunstancias únicas del individuo y el delito, las cuales, a través de la recomendación del Consejo Privado de Barbados, pueden ayudar a decidir sobre la conmutación de la pena de muerte (…). Al respecto, la Corte considera que se debería realizar una distinción entre el derecho que tiene toda persona condenada, conforme al artículo 4.6 de la Convención, a “solicitar amnistía, el indulto o la conmutación de la pena” y el derecho reconocido en el artículo 4.2 de solicitar a un “tribunal competente” que determine si la pena de muerte es el castigo apropiado en cada caso, de conformidad con la legislación interna y la Convención Americana. Es decir, la imposición de una pena es una función judicial. El poder ejecutivo puede otorgar indulto o conmutar una pena ya impuesta por un tribunal competente, pero no se puede privar al poder judicial de la responsabilidad de aplicar la pena más adecuada para un delito en particular. En el presente caso, el poder judicial no tuvo otra opción más que imponer la pena de muerte a las cuatro presuntas víctimas cuando las encontraron culpables de homicidio y no se permitió una revisión judicial de la imposición de dicho castigo, ya que éste debe ser impuesto de manera obligatoria por ley.
62. De todo lo expuesto, la Corte concluye que, en tanto el efecto de la llamada Ley de Delitos contra la Persona consiste en someter a quien sea acusado de homicidio a un proceso judicial en el que no se consideran las circunstancias particulares del acusado ni las específicas del delito, la mencionada Ley viola la prohibición de privación arbitraria de la vida y no limita la aplicación de la pena de muerte a los delitos más graves, en contravención del artículo 4.1 y 4.2 de la Convención. 63. Por lo tanto, la Corte considera que Barbados ha violado el artículo 4.1 y 4.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de ésta, en perjuicio de los señores Boyce, Joseph, Huggins y Atkins. 64. En cuanto a los alegatos de la Comisión y los representantes que versan en torno a que la pena de muerte obligatoria en Barbados conlleva también a una violación de los artículos 5 y 8 de la Convención, esta Corte considera, tal y como lo ha hecho en casos anteriores, que los hechos relacionados con dichos argumentos han sido analizados en los párrafos anteriores en relación con la violación del artículo 4 de la Convención (…). Por ello, no es necesario que la Corte aborde dichos argumentos adicionales. II. Falta de cumplimiento con el artículo 2 de la Convención Americana en relación con los artículos 1.1, 4.1, 4.2 y 25.1 de dicho instrumento
77. La Corte observa que el CJCP llegó a la conclusión mencionada anteriormente a través de un análisis puramente constitucional, en el cual no se tuvo en cuenta las obligaciones que tiene el Estado conforme a la Convención Americana y según la jurisprudencia de esta Corte. De acuerdo con la Convención de Viena sobre la Ley de Tratados, Barbados debe cumplir de buena fe con sus obligaciones bajo la Convención Americana y no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para el incumplimiento de dichas obligaciones convencionales. En el presente caso, el Estado está precisamente invocando disposiciones de su derecho interno a tales fines. 78. El análisis del CJCP no debería haberse limitado a evaluar si la LDCP era inconstitucional. Más bien, la cuestión debería haber girado en torno a si la ley también era “convencional”. Es decir, los tribunales de Barbados, incluso el CJCP y ahora la Corte de Justicia del Caribe, deben también decidir si laley de Barbados restringe o viola los derechos reconocidos en la Convención. En este sentido, la Corte ha afirmado, en otras ocasiones, que [“]el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas […] y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la CorteInteramericana, intérprete última de la Convención Americana.[“]
79. En concordancia con lo expuesto, la Corte ha expresado en otras oportunidades que una “cláusula de exclusión” que se encontraba en la Constitución de Trinidad y Tobago tenía el efecto de excluir del escrutinio judicial ciertas leyes que, de otra forma, serían violatorias de derechos fundamentales. De manera similar, en el presente caso, el artículo 26 de la Constitución de Barbados le niega a sus ciudadanos en general, y a las presuntas víctimas en particular, el derecho de exigir protección judicial contra violaciones al derecho a la vida. 80. En este sentido, a la luz de la jurisprudencia de la Corte y en tanto que el artículo 26 de la Constitución de Barbados impide el escrutinio judicial sobre el artículo 2 de la Ley de Delitos contra la Persona, que a su vez es violatoria del derecho a no ser privado, arbitrariamente, de la vida, la Corte considera que el Estado no ha cumplido con el deber establecido en el artículo 2 de la Convención en relación con los artículos 1.1, 4.1, 4.2 y 25.1 de dicho instrumento. III. Violación de los artículos 5.1 y 5.2 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento
93. La prueba presentada en este caso demuestra que para el año 2005, la población carcelaria en Glendairy había excedido tres veces su capacidad. Al respecto, la Corte observa que las condiciones de hacinamiento en un centro de detención pueden causar efectos perjudiciales sobre toda la población carcelaria, incluso sobre aquellos prisioneros que, como en el presente caso, residían en celdas individuales. Dichas condiciones pueden resultar en una reducción de las actividades que se realizan fuera de la celda, recargar los servicios de salud, y causar problemas higiénicos y accesibilidad reducida a las instalaciones de lavatorios e inodoros. 94. La Corte considera que la suma de las condiciones de detención, particularmente el uso del balde de recolección, la falta de luz y ventilación adecuada y el hecho de que las presuntas víctimas tenían que estar en su celda 23 horas al día por más de cuatro años, así como el hacinamiento, en su conjunto constituyen trato contrario a la dignidad del ser humano y por lo tanto, entran en violación del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1 de dicho instrumento, en perjuicio de los señores Boyce, Joseph, Atkins y Huggins.
103. El Estado leyó órdenes de ejecución a las cuatro presuntas víctimas en dos ocasiones distintas notificándoles de este modo que serían ejecutadas por medio de la horca en un plazo de siete días, contado a partir de tales notificaciones. La primera notificación de órdenes de ejecución supuestamente ocurrió cuando sus apelaciones a nivel interno aún se encontraban pendiente de resolución. La segunda notificación supuestamente ocurrió cuando sus peticiones ante la Comisión Interamericana se encontraban pendientes de resolución. (…) 108. El Tribunal de Apelaciones de Barbados procedió a ordenar la conmutación de las penas de muerte de los señores Boyce y Joseph a cadena perpetua. Esa Corte llegó a la conclusión que dicha forma de reparación era la adecuada en vista a los siguientes cinco factores: primero, el plazo de los cinco años en el cual el Estado podría haber llevado a cabo las ejecuciones, de manera legal, de conformidad con la norma establecida en Pratt (…) estaba a punto de expirar; segundo, a ambas presuntas víctimas se les había leído en dos ocasiones las órdenes de ejecución y, por lo tanto, “no sería deseable exponerlos a una tercer notificación de las órdenes de ejecución y a la posibilidad de más procedimientos judiciales”; tercero, la sentencia condenatoria impuesta, por el mismo delito, a los coacusados que se declararon culpables del delito de “manslaughter” era desproporcionada, y cuarto, los señores Boyce y Joseph no tenían “fondos suficientes para ejercer, de manera efectiva, el derecho a otras apelaciones que podrían haber tenido”.
109. De igual manera, esta Corte considera que la cuestión referente a la primera notificación y lectura de la orden de ejecución de los señores Boyce y Joseph violó sus derechos a la integridad personal, reconocidos en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento. Además, el Tribunal observa que el daño causado por esta violación ya ha sido analizado por el Tribunal de Apelaciones de Barbados de manera favorable para las presuntas víctimas, cuyas penas de muerte fueron conmutadas a cadena perpetua. 111. (…) [L]a Corte también considera que la segunda notificación de las órdenes de ejecución a los señores Boyce y Joseph violó el derecho a la integridad personal de éstos, según lo establecido en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de dicho instrumento. Asimismo, la Corte observa que el daño causado por la violación al derecho a la integridad personal de los señores Boyce y Joseph ya ha sido abordado por los tribunales internos a su favor, resultando en la conmutación de sus sentencias. 113. Independientemente del hecho que un peticionario tenga un “derecho constitucional” o una “expectativa legítima”, este Tribunal considera que es fundamental que los litigantes puedan completar sus procedimientos de apelación a nivel interno así como las peticiones y demandas interpuestas ante la Comisión y la Corte, respectivamente, antes de que se pueda llevar a cabo alguna ejecución. Esto es una consecuencia natural de la ratificación por parte de Barbados de la Convención Americana y del reconocimiento de la competencia de esta Corte. Una interpretación diferente de la Convención sería contradictoria con su objeto y fin, y dejaría sin sentido al acceso del individuo al sistema interamericano, así como a los artículos 62.3 y 63.1 de dicho instrumento. 114. En el presente caso, el Estado ha reconocido que no puede llevar a cabo ejecuciones, y que no lo ha hecho, luego de que esta Corte emitió resoluciones de carácter obligatorio respecto de medidas provisionales conforme al artículo 63.2 de la Convención. Esta Corte ha reiterado, en distintas oportunidades, que es responsabilidad del Estado adoptar medidas a fin de proteger a las personas sometidas a su jurisdicción y este deber es particularmente importante en el caso de aquellas personas cuyas demandas están aún pendientes de resolución ante los órganos de supervisión de la Convención Americana. No obstante, la Corte observa que el deber de no llevar a cabo ejecuciones mientras se encuentran pendientes de resolución las peticiones o las demandas ante la Comisión o ante este Tribunal, respectivamente, deriva no sólo de una orden directa de la Corte sino que también de la misma Convención Americana, según lo dispuesto en el artículo 1.1 de ésta. (…) 116. (…) [L]a Corte (…) reitera (…) que es fundamental que litigantes puedan completar sus procedimientos de apelación a nivel interno así como las peticiones y demandas interpuestas ante la Comisión y la Corte, respectivamente, antes de que se pueda llevar a cabo alguna ejecución. Dado que esto no sucedió en el presente caso, la Corte considera que la notificación y lectura de órdenes de ejecución a los señores Atkins y Huggins mientras se encontraban pendiente de resolución sus apelaciones a nivel interno y su petición ante el sistema interamericano, constituyó un trato cruel en violación del artículo 5 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de ésta.
- La Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas constituye, per se, una forma de reparación. - El Estado debe conmutar, formalmente, la pena de muerte del señor Michael McDonald Huggins, dentro de un plazo de seis meses, contado a partir de la fecha de notificación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. - El Estado debe adoptar, dentro de un plazo razonable, contado a partir de la fecha de notificación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, aquellas medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para asegurar que no se imponga la pena de muerte de manera tal que contravenga los derechos y libertades garantizados en la Convención y, en especial, que no se imponga a través de una sentencia obligatoria. - El Estado debe adoptar, dentro de un plazo razonable, contado a partir de la fecha de notificación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, aquellas medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para asegurar que la Constitución y la legislación de Barbados cumplan con la Convención Americana y, en especial, eliminar el efecto del artículo 26 de la Constitución de Barbados con respecto a la inimpugnabilidad de las “leyes existentes”. - El Estado debe implementar, dentro de un plazo razonable, contado a partir de la fecha de notificación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, aquellas medidas que sean necesarias para asegurar que las condiciones de detención en las cuales se encuentran las víctimas del presente caso cumplan con los requisitos impuestos por la Convención Americana.
- Las obligaciones del Estado en el marco de las medidas provisionales ordenadas por este Tribunal en el presente caso quedan reemplazadas por las que se ordenan en la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, a partir de la fecha de notificación de la misma. - El Estado debe efectuar el pago por concepto de reintegro de gastos dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. - Supervisará el cumplimiento íntegro de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, Barbados deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para la ejecución de la misma.
- El Estado violó, en perjuicio de los señores Lennox Ricardo Boyce, Jeffrey Joseph, Frederick Benjamin Atkins y Michael McDonald Huggins, los derechos reconocidos en el artículo 4.1 y 4.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma. - El Estado no ha dado cumplimiento al artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1, 4.1, 4.2 y 25.1 de la misma. - El Estado violó, en perjuicio de los señores Lennox Ricardo Boyce, Jeffrey Joseph, Frederick Benjamin Atkins y Michael McDonald Huggins, los derechos reconocidos en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma. - El Estado violó, en perjuicio de los señores Lennox Ricardo Boyce, Jeffrey Joseph, Frederick Benjamin Atkins y Michael McDonald Huggins, los derechos reconocidos en el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma.
(i) Sigue pendiente el cumplimiento con las siguientes obligaciones incluidas en ambas Sentencias: a) la obligación de adoptar, dentro de un plazo razonable, contado a partir de la fecha de notificación de la Sentencia, aquellas medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para garantizar que no se imponga la pena de muerte de manera tal que contravenga los derechos y libertades garantizados en la Convención, y en especial, que no se imponga a través de una sentencia obligatoria; b) la obligación de adoptar, dentro de un plazo razonable, contado a partir de la fecha de notificación de la Sentencia, aquellas medidas legislativas o de otra índole que sean necesarias para garantizar que la Constitución y la legislación de Barbados cumplan con la Convención Americana y, en especial, eliminar el efecto del artículo 26 de la Constitución de Barbados con respecto a la imposibilidad de impugnar las “leyes existentes”; y (ii) El Estado de Barbados ha cumplido plenamente con las siguientes obligaciones: a) La obligación de conmutar, formalmente, la pena de muerte del señor Michael McDonald Huggins, dentro un plazo de seis meses, contado a partir de la fecha de notificación de la Sentencia; b) La obligación de efectuar el pago en concepto de reembolso de las costas y gastos dentro del plazo de seis meses, contado a partir de la notificación de la Sentencia. (iii) Que el Estado de Barbados ha cumplido de forma parcial con la siguiente obligación: a) la obligación de implementar, dentro de un plazo razonable, contado a partir de la fecha de notificación de la Sentencia, aquellas medidas que sean necesarias para garantizar que las condiciones de detención en las cuales se encuentran las víctimas de este caso cumplan con los requisitos impuestos por la Convención Americana.
(i) Requerir que el Estado de Barbados adopte las medidas necesarias para cumplir plenamente con los Puntos Resolutivos de la Sentencia Boyce cuyo cumplimiento está pendiente. (ii) Continuar supervisando el cumplimiento con lo ordenado en la Sentencia Boyce Boyce cuyo cumplimiento está pendiente. (iii) Requerir que el Estado de Barbados presente ante Tribunal, a más tardar el 27 de febrero de 2012, un informe detalle con respecto a la Sentencia Boyce , sobre las acciones adoptadas con el fin de cumplir con lo ordenado por la Corte Interamericana cuyo cumplimiento aún está pendiente, según se establece en esta Resolución. (iv) Solicitar que los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presenten observaciones a los informes del Estado de Barbados dentro de las cuatro y seis semanas, respectivamente, contadas a partir de la fecha en la que fueron notificados. (v) Solicitar a la Secretaría de la Corte que notifique esta Resolución al Estado de Barbados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes de las víctimas Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2014. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported

References: Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 25
 Artículo 4
 Artículo 5
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 63
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 resolución 
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 26
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 26
 Resolución