Source: https://es.scribd.com/doc/78959157/11/II-LOS-SUJETOS-DEL-MERCADO-Y-EL-DERECHO-MERCANTIL
Timestamp: 2016-05-05 18:28:37+00:00

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II. LOS SUJETOS DEL MERCADO Y EL DERECHO MERCANTIL for MERCANTIL LIBRO
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CANTILIII. LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y EL DERECHO MERCANTILIV. LEYES Y PRELACIÓN DE FUENTES EN MATERIA MERCANTILI. SIGNIFICADO DEL MERCADO PARA EL DERECHO MERCANTILII. LOS SUJETOS DEL MERCADO Y EL DERECHO MERCANTILIII. OBJETOS DE TRÁFICO ECONÓMICO EN EL MERCADOIV. COMERCIO ELECTRÓNICOI. RELACIÓN ENTRE EMPRESARIO Y EMPRESAII. EL EMPRESARIO O COMERCIANTE SEGÚN EL CÓDIGO DE CO-
MERCIOIII. RESPONSABILIDAD DEL EMPRESARIOIV. ESTATUTO DEL COMERCIANTE O EMPRESARIOV. OPERADORES ECONÓMICOS Y ESTATUTO DEL EMPRESARIOI. ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA EMPRESAII. ELEMENTOS PERSONALES DE LA EMPRESAIII. ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE EJERCE LA ACTIVI-
DAD EMPRESARIALIV. FONDO DE COMERCIO Y CLIENTELAV. LA EMPRESA COMO OBJETO EN EL TRÁFICO ECONÓMICOI. ECONOMÍA DE MERCADO Y LIBRE COMPETENCIAII. SIGNIFICADO DE LA LEGISLACIÓN PROTECTORA DE LA LIBRE
COMPETENCIAIII. MARCO LEGAL DE LA PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETEN-
CIA EN ESPAÑAV. COLUSIONES ENTRE EMPRESAS: DISTINTOS MODELOS DE RE-
GULACIÓNVI. PRINCIPIO GENERAL APLICABLE A LAS COLUSIONES ENTRE
EMPRESASVII. SUPUESTOS MÁS IMPORTANTES DE COLUSIONES PROHIBIDASIX. PROHIBICIÓN DEL ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTEX. FALSEAMIENTO DE LA LIBRE COMPETENCIA POR ACTOS DES-
LEALESXI. CONTROL DE LAS CONCENTRACIONESXII. ÓRGANOS, PROCEDIMIENTO Y SANCIONESXIII. AYUDAS PÚBLICASI. LEGISLACIÓN VIGENTEII. EL ORIGEN DE LA REGULACIÓN CONTRA LA COMPETENCIA
DESLEALIII. LA INCIDENCIA DEL DERECHO «ANTITRUST»IV. COMPETENCIA DESLEAL Y PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDO-VI. NOCIONES INTRODUCTORIAS SOBRE LA LCD DE 2009VII. ÁMBITO DE LA PROTECCIÓN CONTRA LA COMPETENCIA DES
LEALVIII. CLÁUSULA GENERAL PROHIBITIVA DE LA COMPETENCIA DES-
LEALK. NUEVA CLÁUSULA GENERAL PARA CONSUMIDORES Y USUA-
RIOSX. SUPUESTOS CONCRETOS DE ACTOS DE COMPETENCIA DES-XI. LOS CÓDIGOS DE CONDUCTAXIII. ACCIONES Y PROCEDIMIENTOI. FINALIDAD DEL DERECHO DE PATENTESII. LEGISLACIÓN Y CONVENIOS INTERNACIONALESIII. REQUISITOS DE PATENTABILIDADIV. REQUISITOS SUBJETIVOS PARA LA OBTENCIÓN DE UNA PA-
TENTEV. SOLICITUD Y PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓNVI. DERECHO EXCLUSIVO DE EXPLOTACIÓNVIL LA PATENTE COMO OBJETO DE PROPIEDADVIII. NULIDAD Y CADUCIDAD DE PATENTESIX. ESPECIALIDADES EN MATERIA DE INVENCIONES BIOTECNOLÓ-
GICASX. MODELOS DE UTILIDADXI. OBTENCIONES VEGETALESXII. PROTECCIÓN JURÍDICA DEL DISEÑO INDUSTRIALI. COMPETENCIA ECONÓMICA Y SIGNOS DISTINTIVOS DE LA EMIII. RELACIÓN ENTRE LOS SIGNOS DISTINTP/OS DE LA EMPRESA
Y LAS PATENTESIV. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISPRUDENCIAV. NOCIÓN Y FUNCIONES DE LA MARCAVI. CLASES DE MARCASVIL REQUISITOS OBJETIVOS DE LA MARCAIX. PROCEDIMIENTO DE REGISTROX. CONTENIDO DEL DERECHOXI. ACCIONES POR VIOLACIÓN DEL DERECHO DE MARCAXII. MARCAS NOTORIAS Y RENOMBRADASXIII. CARGAS QUE PESAN SOBRE EL TITULAR DE LA MARCAXIV. MARCA Y SOLICITUD DE MARCA COMO OBJETO DE PROPIE-
DADXV. NULIDAD Y CADUCIDAD DE MARCAS
1) Comerciante, empresario mercantil y empresario en el Código de Co-
En sus orígenes el Derecho mercantil contemplaba exclusivamente a los
comerciantes como sujetos de la actividad mercantil. Bien es cierto que esa
noción de comerciante fue ampliándose para incluir en ella tanto a quienes
se dedicaban al comercio como a la industria. Así podía apreciarse en el
derogado artículo 123 del Código de Comercio de 1885.
Esta noción de comerciante es la que aparece recogida en el vigente
Código de Comercio, en cuyo artículo 1 se considera comerciantes a «los
que, teniendo capacidad legal para ejercer el comercio, se dedican a él habi-
tualmente» (número primero) y a «las compañías mercantiles o industriales
que se constituyen con arreglo a este Código» (número segundo).
De esa noción de comerciante, y a impulsos de la doctrina, se ha pasado
a la noción, primero, de empresario mercantil y posteriormente, de empresa-
rio, suprimiendo incluso la calificación de mercantil. Esta evolución se mani-
fiesta en el texto vigente del propio Código de Comercio. Así puede perci-
birse en materia de Registro Mercantil y de contabilidad de los empresarios.
III. Mercado y Derecho mercantil
Los artículos 16, 19, 22 y 24 CCom se refieren a la inscripción en el Registro
Mercantil de los empresarios individuales. Obsérvese que ha desaparecido la
calificación de mercantil referida al empresario. Y en materia de contabili-
dad, el propio Título III del Libro I del Código tiene el epígrafe «De la
contabilidad de los empresarios». En los artículos 25 y ss. se impone la obliga-
ción de contabilidad a los empresarios en general y no sólo a los empresarios
Resulta así una falta de coordinación evidente entre la noción de comer-
ciante que se establece en el artículo primero del Código y la regulación del
Registro Mercantil y de la contabilidad, que se refiere no al comerciante
definido en el artículo primero, sino a los empresarios en general.
Esta falta de coordinación es la consecuencia de la evolución doctrinal
que se ha producido en el Derecho mercantil, y que ha sustituido la noción
de comerciante por la de empresario. Ahora bien como no ha habido una
reforma global del Código de Comercio, sino reformas parciales, la introduc-
ción de la noción de empresario en el Código se ha producido en las partes
modificadas y la consecuencia natural ha sido la de una falta indudable de
La cuestión tiene gran trascendencia porque no se trata de un simple
problema terminológico, sino de un tema mucho más profundo. Según el
artículo primero del CCom el comerciante es la persona que se dedica habi-
tualmente al ejercicio del comercio, entendido éste en sentido amplio para
incluir también la industria. El empresario, sin embargo, es una noción mu-
cho más amplia, que comprende a todas las personas que disponen de una
organización de elementos personales, materiales e inmateriales para produ-
cir bienes o servicios para el mercado. Por poner un ejemplo importante, es
indudable que los agricultores y ganaderos estaban fuera de la noción de
comerciante del artículo primero del CCom, como se ratifica por el artículo
326 del CCom al excluir de la compraventa mercantil las ventas de los propie-
tarios, labradores o ganaderos de sus cosechas o ganados. Sin embargo los
agricultores y ganaderos, al disponer de una organización, mayor o menor,
para la producción de bienes para el mercado son empresarios, aunque sean
empresarios agrícolas o ganaderos. Y en la medida en que son empresarios
caen bajo el ámbito de aplicación de las normas del CCom sobre Registro
Mercantil y contabilidad.
La falta de coordinación entre las diversas partes del CCom, consecuen-
cia de las modificaciones parciales de que ha sido objeto, plantea problemas
de aplicación de las normas del Código.
A. BERCOVITZRODRÍGÍT.ZCANO: Apuntes de Derecho Mercantil
En efecto, la noción de comerciante que establece el artículo primero
tiene diversas consecuencias. En primer lugar imponerle obligaciones profe-
sionales vinculadas a su consideración como comerciante. Son las obligacio-
nes de publicidad legal (Registro Mercantil) y de contabilidad. Además la
noción de comerciante sirve también para delimitar algunos de los contratos
mercantiles, que tienen un régimen especial dentro del CCom. Tal es el caso,
por ejemplo de la comisión mercantil (art. 244), del depósito mercantil (art.
303), del préstamo mercantil (art. 311) y del contrato de transporte terrestre
(art. 349 derogado).
Parece claro que para la aplicación de todos esos preceptos del CCom
habrá que esforzarse en una interpretación integradora, esto es, ampliando
siempre que sea posible la noción de comerciante para incluir en ella a todos
los empresarios. Esto no plantea problemas por lo que se refiere al Registro
Mercantil y a la contabilidad, puesto que los propios preceptos legales se
refieren ya directamente a los empresarios. Pero en el resto de los casos es
más dudoso que las normas que se refieren a los comerciantes puedan apli-
carse indiscriminadamente a todos los empresarios en general. No puede
olvidarse la contraposición indudable que subyace al CCom en su conjunto
entre las actividades comerciales e industriales y las actividades agrícolas, ga-
naderas y artesanales (art. 326). Por esa razón cabe pensar que en los supues-
tos en que se mantiene la referencia a los comerciantes, éstos deberían consi-
derarse como empresarios mercantiles excluyendo a los agricultores,
ganaderos y artesanos.
Sin embargo, el problema señalado es de hecho mucho menos impor-
tante de lo que pueda parecer a primera vista. Ello es debido a que el pro-
blema se refiere fundamentalmente a los empresarios individuales, y es bien
sabido que en el tráfico económico actual todos los empresarios de cierta
importancia y podría decirse, en general, que la mayoría de los empresarios
son sociedades. Al considerarse a las sociedades mercantiles como comercian-
tes en el artículo primero del Código, la noción de empresario ha penetrado
más fácilmente y de forma más profunda en la noción de empresario social.
De hecho tanto las sociedades anónimas como las sociedades de responsabili-
dad limitada, que son las que predominan manifiestamente en el tráfico, son
siempre mercantiles por disposición legal, cualquiera que sea el objeto al
que se dediquen, aunque sea la agricultura, la ganadería o la artesanía. Por
tanto siempre que hay una sociedad anónima o una sociedad de responsabili-
dad limitada estamos ante un comerciante social al que le son aplicables
todas las normas de los comerciantes. El problema de la actividad a que se
dedique la sociedad sólo es relevante, por tanto, para las sociedades que no
///. Mercado y Derecho mercantil
son ni anónimas ni de responsabilidad limitada. Y existe también ahora la
tendencia a considerar, con base en lo dispuesto en el artículo 116 del CCom,
que cualquier sociedad que adopte un tipo mercantil, como puede ser la
sociedad colectiva o la comanditaria simple, es sociedad mercantil por ese
hecho, debiendo considerarse por tanto como comerciante o empresario
En suma, pues, cabría afirmar que las normas aplicables a los comercian-
tes se aplican a todas las sociedades mercantiles en general. Y por lo que se
refiere a los comerciantes individuales, su noción estricta es sólo relevante
para la aplicación de los preceptos del CCom cuyos destinatarios son clara-
mente las personas dedicadas a una actividad comercial o industrial en sen-
tido estricto, excluyendo a los agricultores, ganaderos y artesanos.
2) Empresa, empresario y establecimiento mercantil.
Como acaba de exponerse, en el ámbito subjetivo se produce en el
CCom un desplazamiento desde la noción de comerciante a la de empresa-
rio. Y esa sustitución del comerciante por el empresario tiene una incidencia
todavía mayor en el conjunto de la legislación.
En el Derecho mercantil ese paso desde la noción de comerciante a la
de empresario se explica por la necesidad de imponer las normas originaria-
mente creadas para los comerciantes a todos aquellos que producen bienes
o servicios para el mercado. En efecto, el comerciante en su sentido estricto
es quien se dedica profesionalmente a la intermediación en la compra y
venta de mercancías. El primer paso para la ampliación de esa primera no-
ción estricta consistió en considerar que también la actividad industrial forma
parte del comercio, en la medida en la que los industriales también realizan
intermediación en la compra y venta de mercancías, aunque con la peculiari-
dad de que compran unas mercancías y después de someterlas a transforma-
ción, utilizándolas en los procesos industriales, venden después otras mercan-
cías distintas.
Pero esa noción amplia de comerciante, que incluye la actividad indus-
trial, por una parte es engañosa, puesto que el comercio en sentido estricto
es distinto de la industria; y además no es suficientemente amplia para incluir
la actividad de producción de servicios para el mercado. Se explica así la
necesidad de sustituir la primigenia noción de comerciante por la de empre-
sario, a los efectos de delimitar los sujetos que participan en el tráfico econó-
A. BERCOV1TZ RODRÍGUEZ-CANO: Apuntes de Derecho Mercantil
mico y a los que se les debe aplicar la normativa especial del Derecho mer-
Ocurre, sin embargo, que aunque ya en el CCom se mencione expresa-
mente al empresario como sujeto destinatario de diversas normas (Registro
Mercantil y contabilidad), no existe una definición legal del mismo, a dife-
rencia de lo que ocurre con el comerciante en el artículo primero del propio
Código. Esa falta de noción legal da lugar a diversas dificultades, porque en
la doctrina los autores utilizan las nociones de empresa y empresario con
significados diversos.
Se contraponen fundamentalmente dos nociones de empresa, enten-
dida ésta como organización o como actividad.
Según el concepto organicista, la empresa es un conjunto unitariamente
organizado de elementos personales, materiales e inmateriales, ligados a un
sujeto jurídicamente autónomo, destinado de manera duradera a la produc-
ción o distribución de bienes o servicios para el mercado.
Obsérvese pues que según esa noción organicista son tres los elementos
que caracterizan a la empresa: a) una organización de elementos personales,
materiales e inmateriales; b) ese conjunto organizado está ligado a un sujeto
jurídicamente autónomo, y c) ese conjunto está destinado de manera dura-
dera a la producción o distribución de bienes o servicios para el mercado.
Hay que destacar la distinción que aparece en esa noción entre la em-
presa y el empresario. La empresa es una organización de diversos elementos,
pero no tiene personalidad jurídica. Por ello, para poder actuar en el tráfico
necesita vincularse a un sujeto jurídicamente autónomo, esto es, un sujeto
con capacidad jurídica y capacidad de obrar, que será quien realice los actos
y negocios jurídicos. Este sujeto es el empresario, que es quien tiene capaci-
dad jurídica. Por ello cuando en las normas legales se hace referencia a la
empresa como sujeto de derechos u obligaciones, realmente a quien se re-
fiere la norma es al empresario, que es el único que puede asumir derechos
y obligaciones. Lo que ocurre es que el empresario para serlo, tendrá que
ser titular de un conjunto organizado de elementos personales, materiales e
inmateriales destinado de manera duradera a la producción de bienes o servi-
cios para el mercado.
Frente a esta noción organicista, se utiliza por otros sectores la noción
de empresa como actividad, entendiendo como tal «todo ejercicio profesio-
nal de una actividad económica organizada con la finalidad de actuar en el
mercado de bienes o servicios» (URÍA).
Esta noción de empresa como actividad, que tiene sus antecedentes en
el Derecho italiano, se complementa por una parte con la noción de empre-
sario como sujeto de esa actividad, y por otra parte con la noción de estableci-
miento (azienda), como «conjunto de medios instrumentales con los que se
realiza la actividad del empresario».
(lomo puede apreciarse, para quienes entienden la empresa como activi-
dad, el conjunto organizado de elementos personales, materiales e inmateria-
les destinado de manera duradera a la producción o distribución de bienes
o servicios para el mercado, es lo que denominan «establecimiento». Sin
embargo, dentro del concepto organicista de empresa el establecimiento se
concibe como el lugar físico donde se ejerce la actividad empresarial, por lo
tanto como los locales de la empresa.
En definitiva, lo que importa destacar es que la noción de empresa va
siempre vinculada a la actividad de producción de bienes o servicios para el
mercado, pero que esa noción varia según el sentido que le dan los distintos
Para superar esa contraposición entre las distintas nociones de empresa,
se ha señalado en la doctrina que cabe distinguir tres aspectos distintos referi-
dos a la empresa. El denominado aspecto subjetivo o dinámico, que hace
referencia a la actividad del empresario. Este aspecto subjetivo coincide por
tanto con la noción de empresa como actividad.
El aspecto objetivo de la empresa se refiere al conjunto organizado de
elementos destinados a la producción, conjunto que tiene una parte funda-
mental inmaterial, pues la organización en sí misma tiene su propio valor
con independencia del valor que corresponda a cada uno de los elementos
personales materiales e inmateriales que integren esa organización. Al valor
de esa organización en sí misma considerada se refieren las expresiones «av-
viamento» (italiana), «goodwill» (anglosajona) o fondo de comercio (de ori-
gen francés). Con ellas se trata de expresar el sobrevalor que corresponde a
una empresa (en sentido organicista) o a un establecimiento (para quienes
entienden la empresa como actividad), aparte del valor que pueda corres-
ponder individualmente a los distintos elementos integrados en la organiza-
Y por último, se menciona también el aspecto interno de la empresa,
para hacer referencia a las relaciones laborales.
Las dificultades conceptuales vinculadas a la noción de empresa, que se
reflejan en la diferente terminología utilizada por los autores, pueden ser
A. BERCOVIT/. RODRÍGW//AANO: Apuntes de Derecho Mercantil
superadas si la noción de empresa se entiende no como un «concepto ce-
rrado», sino como un «tipo abierto».
Un «concepto cerrado» exige para su aplicación que en la situación de
hecho a la que el concepto pretende aplicarse concurran todas y cada una
de las características integrantes del concepto. Si falta alguna de las caracte-
rísticas, entonces no puede aplicarse el concepto de que se trata a esa situa-
ción de hecho.
Si se concibe la noción organicista de empresa como un «concepto ce-
rrado», entonces el hecho de que no exista un conjunto organizado de ele-
mentos para la producción de bienes o servicios en el mercado impedirá
que se considere que existe una empresa, aunque exista una actividad de
producción de bienes o servicios para el mercado.
Por el contrario, cuando una noción se considera como un «tipo
abierto», entonces no es imprescindible que para la aplicación de esa noción
concurran en la situación de hecho todas y cada una de las características
integrantes del «tipo», sino que bastará con que concurra aquella caracterís-
tica del tipo que haya sido determinante para la aplicación de la norma
establecida por el legislador. Así, siguiendo, con el ejemplo del párrafo ante-
rior, el hecho de que en un caso determinado falte una organización de
distintos elementos para la producción de bienes o servicios para el mercado
no impedirá que se aplique una norma legal referida a una empresa, cuando
el factor determinante para esa norma legal sea no la existencia del conjunto
organizado de elementos, sino la actividad de producción de bienes o servi-
cios para el mercado, aunque esta actividad se haga sin el apoyo de una
Partiendo, pues, de la noción organicista de empresa considerándola
como un «tipo abierto», habrá que determinar en cada caso cuál es la caracte-
rística de esa noción que sea relevante para la aplicación de las diversas nor-
mas que se refieren a la empresa o al empresario.
Dentro del CCom las normas sobre Registro Mercantil y sobre contabili-
dad se aplican a los empresarios considerados como personas que se dedican
habitualmente a la producción de bienes o servicios para el mercado. AI
establecer esta noción de empresario, lo que se hace es vincularla a lo dis-
puesto en el artículo l.ly
del propio CCom. En ese artículo se definen los
comerciantes por su dedicación habitual al comercio. Pues bien, al hacer
referencia al empresario como destinatario de las normas lo que se hace es
sustituir la mención del «comercio» por la actividad de producción de bienes
o servicios para el mercado.
Por supuesto, lo normal es que para ejercer habitualmente esa actividad
de producción de bienes o servicios para el mercado se disponga de un
conjunto organizado de elementos personales, materiales e inmateriales que
permita realizar esa actividad. Por ello, la existencia de la organización, que
es otra característica de la empresa, aunque no es indispensable para conside-
rar que existe un empresario a los efectos de aplicación de las normas de
Registro mercantil y de contabilidad, sí que constituye un elemento al que
se vincula la presunción de dedicación habitual a la actividad de producción
de bienes o servicios para el mercado.
No cabe ignorar, sin embargo, que dados los planteamientos básicos a
los que responde el CCom, hay ciertas actividades de producción de bienes
o servicios para el mercado que difícilmente pueden incluirse en la noción
de empresario, dentro del contexto del CCom. Es el caso de los profesionales
liberales, de los agricultores, ganaderos y artesanos.
La exclusión de esas actividades de la noción de empresario en el con-
texto del CCom tiene sin embargo, unos efectos muy limitados. Ello es así
porque esa exclusión afectará solamente a los empresarios individuales; pero
no afectará a los empresarios sociales, esto es, a las sociedades mercantiles, las
cuales son consideradas comerciantes, y por tanto empresarios en el propio
artículo 1.2- del CCom.
Si del CCom pasamos a otro conjunto de textos legales, cuyos anteceden-
tes son totalmente distintos a los del Código, como es el conjunto de leyes
que pueden englobarse dentro de la noción del Derecho de la competencia,
tendremos que lo verdaderamente relevante para aplicar la noción de em-
presa es la actuación en el mercado, prescindiendo incluso de la habituali-
dad, o de la existencia de un conjunto organizado para la producción de
bienes o servicios para el mercado. Y dado además el origen y la finalidad de
este conjunto normativo, las exclusiones de actividades agrícolas, ganaderas,
artesanales o de profesiones liberales carecen en principio de relevancia. Así
ocurre que en las leyes de defensa de la competencia y de competencia des-
leal sus normas son aplicables a todos los que actúan en el mercado. Cuando
los artículos 101 y 102 TFUE (anteriormente arts. 81 y 82, y antes arts. 85 y
86 del Tratado de Roma) establecen las prohibiciones de restricciones de la
competencia o de abusos de posición dominante, y refieren esas prohibicio-
nes a las empresas, hay que entender como tales a todos los que producen
A. BERCOVITZ RODRÍCAK'/.-CANO: Apuntes de Derecho Mercantil
bienes o servicios para el mercado, incluyendo por supuesto a los profesiona-
les liberales y, desde luego, a los agricultores, ganaderos y artesanos.
Si por el contrario se hace referencia a los negocios cuyo objeto es la
empresa, tales como la transmisión o el arrendamiento, en tal caso lo rele-
vante es el aspecto objetivo de la misma, esto es, el conjunto organizado de
elementos personales, materiales e inmateriales para la producción de bienes
o servicios para el mercado. Ese conjunto organizado, que algunos autores
denominan establecimiento, es lo relevante para la aplicación de las normas
que regulan los negocios sobre la empresa.
3) Empresarios y operadores económicos en la legislación reguladora del
tráfico económico.
Como se ha expuesto anteriormente en el CCom se ha producido una
evolución en virtud de la cual la noción de comerciante ha llegado a ser
sustituida por la de empresario mercantil e incluso por la de empresario en
general. No cabe duda, en cualquier caso de que tanto el comerciante como
el empresario son sujetos dedicados a la oferta de bienes o servicios en el
Pero esta evolución no se detiene con la sustitución de la referencia a
los comerciantes por la referencia a los empresarios en general. Como puede
apreciarse en las normas legales más recientes del Derecho de la competen-
cia, estas normas afectan a todo aquel que actúa en el mercado, aunque
pueda considerarse que su actuación consiste en algún acto aislado. Obsér-
vese, en efecto, que el artículo 3 de la Ley de competencia desleal de 30 de
diciembre de 2009 (LCD 2009) dispone en su apartado 1 que «la ley será de
aplicación a los empresarios profesionales y a cualesquiera otras personas
físicas o jurídicas que participen en el mercado». Del mismo modo cabe
mencionar que las conductas prohibidas del artículo 1 de la Ley de Defensa
de la Competencia de 3 de julio 2007 prohiben todo acuerdo, decisión o
recomendación colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela
que tenga efectos anticompetitivos, cualesquiera que sean los sujetos que los
Obsérvese pues, que en estas normas desaparece la referencia al empre-
sario, para establecer el ámbito subjetivo refiriéndolo a cualquier persona
que participe en el mercado.
Y es que, efectivamente, la noción de empresario para delimitar el ám-
bito subjetivo de las normas que rigen el tráfico económico plantea en la
actualidad diversas dificultades. En primer lugar la noción de empresario
parece hacer referencia a quien se dedica habitualmente con una organiza-
ción a la producción y oferta de bienes y servicios en el mercado. Ello implica
una inadaptación de esa noción a los supuestos de personas que realizan
actuaciones aisladas en el mercado. El problema se ha superado en la prác-
tica al interpretar en sentido amplio la noción de empresario, refiriéndola al
aspecto dinámico de esa noción.
Asimismo plantea problemas la distinción tradicional entre empresarios
y profesionales liberales. También este problema se ha superado en el ámbito
del Derecho de la competencia considerando que los profesionales son em-
presarios en el aspecto dinámico que se atribuye a esa noción.
Pero aun interpretando en sentido amplio la noción de empresario, si-
gue siendo insuficiente para comprender en ella a todos los que participan
activamente en el mercado. Ello es así porque los empresarios se identifican
como tales por participar en el mercado desde el lado de la oferta, puesto
que se caracterizan por producir u ofrecer bienes o servicios para el mercado.
Quedan excluidas por tanto de esa noción las personas que participan en el
mercado exclusivamente desde el lado de la demanda.
Y todavía se plantea otro problema más específico, pero muy importante
en la medida en que se considera que los empresarios sociales, esto es, las
sociedades mercantiles, deben tener una finalidad de lucro, que comparten
además con las sociedades civiles, según resulta de lo dispuesto en los artícu-
los 1665 CC y 116 CCom.
Para superar estas dificultades cabe recurrir a una noción nueva, la de
«operador económico», que empieza a utilizarse con cierta frecuencia en las
disposiciones legales (vid. por ejemplo, la Exposición de Motivos de la Ley
15/2007, de 3 de julio de Defensa de la Competencia; la Exposición de Moti-
vos del RDley 15/1997, de 5 septiembre, que modifica la Ley 5/1996, de
creación de la Agencia Industrial del Estado y de la Sociedad Estatal de Parti-
cipaciones Industriales; Exposición de Motivos de la Ley 9/1998, de 21 de
abril, que modifica la Ley 37/1992 sobre el Impuesto del Valor Añadido; los
Tratados de Cooperación y Amistad con Brasil [23 julio 1992] y Uruguay [23
julio 1992], art. 7, y en el TCE, los arts. 157.1 y 285.2), y es utilizada habitual-
mente en la jurisprudencia del TJCE.
Por «operador económico» hay que entender toda persona que realiza
operaciones en el mercado, tanto desde el lado de la oferta, como desde el
A. WRCOVriV. RODRÍCl'E7.-CAN0: Apuntes de Derecho Mercantil
lado de la demanda, busque o no busque un lucro con su actuación y tenga
o no tenga una organización para participar en el mercado.
Como operador económico cabría considerar, en principio, por tanto,
a todo aquel que participa realizando operaciones en el mercado. Por consi-
guiente, los consumidores serían también operadores económicos. Y este
dato es especialmente importante para el status de los consumidores que son
Porque los consumidores personas físicas no están sometidos a un status
especial. Lo único que ocurre es que en sus relaciones con los empresarios
o administraciones públicas o con otros operadores económicos, el ordena-
miento jurídico les protege especialmente. Por ello no se puede considerar
a los consumidores personas físicas como operadores económicos.
Sí que es importante por el contrario el hecho de considerar operadores
económicos a las personas jurídicas que actúan en el mercado, tanto si actúan
sin ánimo de lucro, como si actúan exclusivamente desde el lado de la de-
Ello es así porque hay exigencias del mercado que deben aplicarse a
todos los operadores económicos personas jurídicas que participan en él. Se
trata de las exigencias necesarias para determinar con facilidad la capacidad
patrimonial de la persona jurídica y las facultades representativas de quienes
vayan a contratar en nombre de ella. Para que el mercado funcione correcta-
mente es indudablemente necesario, en el caso de las personas jurídicas,
que todos los operadores económicos tengan una serie de datos claramente
disponibles para todos los restantes operadores.
Siendo esto así, el régimen de los operadores económicos personas jurí-
dicas debería aplicarse, especialmente en materia de publicidad legal a todas
las personas jurídicas que operan en el mercado. Esto significa que ese régi-
men debería aplicarse no sólo a los empresarios sociales, incluyendo como
tales a las sociedades cooperativas y a las mutuas, sino también a personas
jurídicas con régimen especial como las cajas de ahorro, y también a las
El Reglamento del Registro Mercantil ha dado ya pasos importantes en
esa dirección, puesto que regula ya la inscripción de las Cajas de Ahorro
(270 y ss.).
Pero no es razonable, por dificultar evidentemente la operatividad del
mercado, que las sociedades cooperativas estén sujetas a inscripción en regis-
tros administrativos en las distintas Comunidades Autónomas, al igual que
ocurre con las fundaciones y las asociaciones.
Tanto las sociedades cooperativas como las fundaciones y asociaciones
operan en el mercado y sería deseable que su publicidad legal pudiera equi-
pararse a la de los otros operadores económicos, personas jurídicas, esto es,
las sociedades mercantiles. Esas cooperativas, al igual que algunas fundacio-
nes y asociaciones realizan muy importantes operaciones en el mercado, y lo
lógico sería que para esa actuación los restantes operadores pudieran saber,
con una publicidad legal igual a la que ofrece el Registro Mercantil, cuál es
el patrimonio indisponible de esas personas jurídicas y los órganos represen-
tativos de las mismas que pueden contraer obligaciones en su nombre y cuál
es su ámbito de representación.
Es más, sería razonable que todos los operadores económicos personas
jurídicas estuvieran sujetos a la verificación de sus cuentas por auditores
cuando las cifras de su balance o de su cifra de negocios fueran equiparables
a las que fija la ley que regula las sociedades anónimas para la auditoría
obligatoria de estas sociedades.
Esta generalización de las normas que rigen para las sociedades mercan-
tiles a todos los operadores económicos que son personas jurídicas debería
comprender no sólo las normas sobre indisponibilidad de patrimonio y pu-
blicidad legal, sino también sobre incompatibilidades en los cargos de admi-
nistradores. Piénsese que en la práctica hay cooperativas y fundaciones que
de hecho forman parte de grupos de sociedades. En el caso de las fundacio-
nes es un hecho notorio que en muchos casos la fundación actúa para pro-
mocionar la imagen pública del grupo de sociedades. Pues bien no tiene
sentido que a determinadas personas se les prohiba formar parte del órgano
de administración de las sociedades de grupo, y sin embargo se les permita
formar parte del patronato de la fundación integrada en ese mismo grupo.
En definitiva, por tanto, si se parte de la idea de que las normas legales
que rigen el mercado deben aplicarse a todos los que participan en él, es
evidente que su ámbito subjetivo ha de ser no sólo el de los empresarios,
sino el de los operadores económicos en general. Y este ámbito subjetivo
tiene especial trascendencia, como acaba de señalarse, para incluir en él a
todos los operadores personas jurídicas, esto es, no sólo a las sociedades
mercantiles, sino a todas las sociedades y otras personas jurídicas que operan
Son, pues, operadores económicos los empresarios individuales, las so-
A. HEHCOV1T/. RODRJC.UE'/AANO: Apuntes de Derecho Mercantil
ciedades mercantiles y el resto de las personas jurídicas, esto es, sociedades
no mercantiles, fundaciones, asociaciones y otras entidades con personalidad
jurídica, como por ejemplo, las Cajas de Ahorro. No son operadores econó-
micos las personas físicas que, como destinatarios finales, realizan en el mer-
cado operaciones fuera del ámbito de una actividad profesional o empresa-
rial, por cuanto la condición de consumidor no impone por sí sola la sujeción
a ningún «status legal» determinado. Por el contrario toda persona jurídica
está sometida a una regulación legal que impone un régimen jurídico deter-
minado, del que tienen que formar parte necesariamente una serie de nor-
mas referentes a los medios para obligarse y para responder de las obligacio-
nes contraídas.
A los operadores económicos se les aplica, en general, cualquiera que
sea su régimen jurídico específico, las normas del Derecho de la competen-
cia, esto es, normas sobre protección de la libre competencia, competencia
desleal, y derechos de propiedad industrial.
Pero el régimen jurídico de los operadores económicos es muy diverso
En primer lugar porque las Comunidades Autónomas tienen competen-
cias para regular las cooperativas, fundaciones, asociaciones y Cajas de Aho-
rro. Ello hace, por tanto, que no exista una única regulación legal de estas
entidades, sino una pluralidad de leyes autonómicas que, aunque muy simila-
res en cuanto a su contenido, presentan divergencias y en cualquier caso son
En segundo término y aún dentro de la legislación estatal, es evidente
que el régimen jurídico aplicable a las sociedades civiles, a las cooperativas,
fundaciones y asociaciones, es muy distinto entre sí. Ciertamente que la uni-
dad de mercado se vería plenamente satisfecha si el régimen jurídico de los
operadores económicos fuera, dentro de cada categoría, el mismo dentro de
todo el territorio español. En este sentido es muy aleccionador comprobar
cómo en la Unión Europea, y precisamente con la finalidad de implantar y
hacer efectivo un mercado interior único, no sólo se imponen normas para
la aproximación de las legislaciones nacionales en materia de sociedades
mercantiles, a través de las Directivas correspondientes, sino que se regulan
por Reglamento instituciones comunitarias como las agrupaciones europeas
de interés económico, la Sociedad anónima europea, y la Sociedad coopera-
tiva europea.
Esa uniformidad total parece que hay que descartarla de momento en
/7/. Mercado y Derecho mercantil
España, dado el régimen de atribución de competencias legislativas entre el
Estado y las Comunidades Autónomas.
Pero existen unas exigencias mínimas que impone el mercado único y
que sólo en parte son atendidas debidamente en la actualidad por la legisla-
En efecto, en relación con los operadores económicos que no son socie-
dades mercantiles, pero que son personas jurídicas, la transparencia y seguri-
dad del tráfico dentro del mercado imponen diversas exigencias:
En primer lugar, que se conozca con claridad cuál es el régimen de
responsabilidad por las operaciones realizadas en nombre de la persona jurí-
dica, esto es, en qué medida pueden responder personas físicas vinculadas a
esa persona jurídica; en segundo término el conocimiento con un mínimo
de garantía por parte de los terceros del patrimonio que tiene la persona
jurídica, y en los casos en que sólo ese patrimonio responde de las deudas de
la persona jurídica es fundamental establecer los mecanismos que impidan el
reparto o la desaparición o reducción incontrolados del patrimonio social;
en tercer lugar, deben existir normas claras que determinen quién tiene el
poder de representar a la persona jurídica y que establezcan un ámbito mí-
nimo de esa representación; y, por último, debe existir un sistema registral
que permita a los terceros, con las debidas garantías jurídicas, conocer los
datos relevantes para la contratación en el mercado, esto es, la denominación
y domicilio sociales, el capital o el patrimonio de la persona jurídica y las
aportaciones realizadas a éste, la designación de sus administradores, especifi-
cando quién tiene el poder de representación, por supuesto el régimen de
responsabilidad, y, el conocimiento de las cuentas anuales.
La regulación de todas estas materias debería formar parte de la legisla-
ción mercantil o, en todo caso, de la legislación básica para la ordenación
de la actividad económica en el mercado. Y la regulación que se estableciera
debería imponerse tomando como ejemplo lo ya dispuesto para las socieda-
des mercantiles, cuyo régimen jurídico es el que más se ha adaptado a las
En materia registral sería deseable el establecimiento de un registro de
personas jurídicas que, o bien podría ser un registro unificado, o un sistema
registral integrado por medios telemáticos. Pero lo importante sería que a
través del sistema pudieran conocerse inmediatamente los datos relevantes
para los terceros, con garantías similares a las que ya están establecidas para
A. RERCOVEEZ RODR/CUE/.-CANO: Apuntes de Derecho Mercantil
Estas exigencias del mercado frente a la regulación de los operadores
económicos no tienen solamente unas consecuencias «de lege ferenda», sino
que se van imponiendo progresivamente, bien es cierto que de manera des-
coordinada y a través de normas de muy diversa naturaleza.
Así, por ejemplo, para las sociedades civiles el artículo 269 bis del Regla-
mento del Registro Mercantil, introducido por RD 1867/1998, de 4 de sep-
tiembre, estableció la inscripción en ese registro de las sociedades civiles. Ese
artículo vino a completar la doctrina de la RDGRN de 31 de marzo de 1997
sobre la falta de personalidad jurídica de las sociedades civiles no inscritas
en el Registro Mercantil. El artículo en cuestión, esto es, el 269 bis RRM fue
declarado nulo por razones formales por la Sala Tercera del TS de fecha 24
Ello no obstante, no parece dudoso que la vía apuntada en ese precepto,
anulado por exceder de las facultades de regulación reglamentaria de la
Administración, marca un camino a seguir, por las razones antes expuestas.
Esa exigencia de inscripción en el Registro Mercantil, que se ha tratado
de imponer a las sociedades civiles, se ha extendido también a otras entida-
des, por vías indirectas. Así la Instrucción de 26 de junio de 1996 de la DGRN
sobre legalización de libros y depósito de las cuentas de las entidades jurídi-
cas, apoyándose en la disposición adicional séptima de la Ley 30/1994, de
24 de noviembre, de fundaciones y de incentivos fiscales a la participación
en actividades de interés general, aplicable a los sujetos pasivos del impuesto
de sociedades. Aunque después la RDGRN de 24 de junio de 1997 reconoció
que no podía cerrarse el Registro Mercantil a sociedades no obligadas por el
Código de Comercio a depositar sus cuentas anuales.
En materia de cooperativas, su legislación específica las obliga a llevar
unos libros y una contabilidad igual a la de las sociedades mercantiles, e
igualmente se les aplican las normas sobre el concurso.
Y en materia de fundaciones la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de
Fundaciones, en su artículo 25 impone a estas entidades unas obligaciones
contables tomadas casi literalmente de la legislación mercantil, disponiendo,
además, expresamente (art. 25.9) que cuando realicen actividades económi-
cas la contabilidad de las fundaciones se ajustará a lo establecido en el CCom,
previéndose incluso la formulación de cuentas anuales consolidadas en el
caso de que la fundación se encuentre en situación equivalente a la de una
Del mismo modo, la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora
del Derecho de Asociación prevé que las asociaciones obtengan beneficios
derivados del ejercicio de actividades económicas (art. 13.2) y obliga a éstas
a «llevar una contabilidad que permita obtener la imagen fiel del patrimonio,
del resultado y de la situación financiera de la entidad» (art. 14.1). Para el
desarrollo de esa ley se ha promulgado el RD 1497/2003, de 28 de noviem-
bre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociacio-
nes y de sus relaciones con los restantes registros de asociaciones.
Se observa pues, un avance decidido, pero descoordinado, para imponer
a los operadores económicos unas obligaciones vinculadas a su participación
en el mercado, especialmente en materia de contabilidad, y ello, bien es
cierto, fundamentalmente por razones fiscales.
En cuanto a la inscripción en el Registro Mercantil, no puede olvidarse
que ya se ha previsto la inscripción de operadores económicos que no son
sociedades mercantiles, como es el caso de las Cajas de Ahorro (arts. 270 y
ss. RRM).
El reconocimiento de la categoría de los operadores económicos y de
las exigencias jurídicas que su participación en el mercado general, además
de constituir una línea que ha de seguirse «de lege ferenda», impone ade-
más, y ello es importante, un criterio interpretativo para las normas vigentes
en el sentido de interpretar tales normas, en la medida de lo posible, de
manera que satisfagan las exigencias del tráfico económico a que se ha hecho
4) Los consumidores o usuarios.
Otros sujetos fundamentales dentro del mercado son los consumidores
o usuarios; pero el hecho de ser consumidor o usuario no constituye un
«status» jurídico especial al que vayan vinculadas determinadas obligaciones.
Por ello los consumidores o usuarios, por sí mismos, no pueden considerarse
como operadores económicos. Estos son, como se ha expresado anterior-
mente, los empresarios y todas las personas jurídicas que participan en el
tráfico. A diferencia de los consumidores o usuarios personas físicas, los ope-
radores económicos sí que tienen un «status» que les impone cumplir con
determinadas obligaciones.
La calificación como consumidor o usuario se realiza en relación con
una operación económica determinada, en la que el consumidor o usuario
adquiere como destinatario final determinados productos o servicios. Por
tanto una persona será considerada en determinado tipo de actuaciones, las
A. BERCOVEEZ RODRÍGUEZ-CANO: Apuntes de Derecho Mercantil
que realice fuera de Su ámbito de actividad profesional o empresarial, como
consumidor o usuario; mientras que en otras operaciones, que por el contra-
rio sí que realice dentro de su ámbito profesional o empresarial, no podrá
ser considerado como consumidor o usuario. Por tanto, es obvio que la califi-
cación de consumidor o usuario no constituye un «status» jurídico, sino que
se establece en relación con operaciones determinadas, para atribuirle en
general una protección jurídica especial.
Esa calificación como consumidor o usuario tiene trascendencia jurídica
por cuanto en el ordenamiento jurídico español existe un principio constitu-
cional de protección a los consumidores (art. 51 CE), y en desarrollo de ese
principio existen una serie de normas de importancia notable a través de las
cuales se trata de concretar para cada tipo de operaciones o de supuestos de
hecho una protección especial.
Nuestro ordenamiento jurídico establece, con carácter general, que pue-
den ser considerados consumidores o usuarios tanto las personas físicas como
las personas jurídicas, que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empre-
sarial o profesional. Esa noción de consumidor o usuario que aparece en
LGDCU (art. 3) no rige sin embargo para todo tipo de operaciones o circuns-
tancias. En efecto, es normal que en las leyes especiales dictadas para prote-
ger a los consumidores o usuarios se establezca, en cada una de ellas, la
noción de consumidor o usuario que rige para su aplicación. Y como muchas
de esas leyes no son sino la trasposición a la legislación española de directivas
comunitarias, en algunas de esas leyes se excluye de la noción de consumidor
a las personas jurídicas, siguiendo precisamente lo dispuesto en las Directivas
comunitarias que se trasponen (vid., por ejemplo, la Ley 7/1995, de 23 de
marzo, de Crédito al Consumo, art. 1.2).
Así pues cabe decir que en cuanto a la noción de consumidor o usuario
existe una importante discordancia entre lo establecido en la LGDCU y las
Directivas comunitarias, puesto que en la LGDCU se consideran consumido-
res también a las personas jurídicas, consideración que se excluye en las
normas comunitarias.
Ahora bien, el hecho de que una persona jurídica deba considerarse
siempre como operador económico no es contradictorio con su posible califi-
cación como consumidor o usuario en una operación determinada. La califi-
cación como consumidor o usuario servirá para atribuirle determinados dere-
chos en la relación jurídica concreta de que se trate. Por el contrario la
calificación como operador económico implica la atribución de un «status»,
en virtud del cual esa persona jurídica debería estar sujeta al cumplimiento
de unas obligaciones legales determinadas.
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References: artículo 123
 artículo 1
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326
 artículo 116

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 artículo 3
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 artículo 269
 artículo 25
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