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Timestamp: 2020-05-27 22:13:54+00:00

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STC 252/1988, 20 de Diciembre de 1988 - Jurisprudencia - VLEX 15034109
STC 252/1988, 20 de Diciembre de 1988
Número de Recurso: Conflictos Positivos de competencia nº 598 y 1403/1986 y 857/1988 (acumulados)
1. Los conflictos a que dé lugar la ejecución de las Directivas Comunitarias han de ser resueltos de acuerdo con las normas internas de delimitación competencial, sin que ni el Estado ni las Comunidades Autónomas puedan considerar ampliado el ámbito propio de competencia en virtud de lo dispuesto en esas Directivas. Las normas estatutarias que, como la recogida en el art. 27.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, prevén que la Comunidad Autónoma adoptará las medidas necesarias para la ejecución de los Tratados internacionales en lo que afecten a materias atribuidas a su competencia, no son, como resulta evidente, normas atributivas de una competencia nueva, distinta de las que en virtud de otros preceptos ya ostenta la Generalidad. 2. Tanto la necesidad de proporcionar al Gobierno los instrumentos indispensables para desempeñar la función que le atribuye el 93 C.E., como el hecho de que sea la Administración Central del Estado la competente para realizar actuaciones que, cuando no está presente esa conexión con el exterior, corresponden a la Administración Autonómica, obligan a articular el ejercicio de las competencias propias del Estado y de la Comunidad Autónoma de modo tal que uno y otra, sin invadir el ámbito competencial ajeno, no obstaculicen el desempeño de las funciones que la Constitución y los Estatutos le atribuyen ni echen cargas innecesarias sobre los administrados. 3. Como repetidamente hemos señalado, la interpretación de los preceptos constitucionales ha de hacerse de modo sistemático, esto es, teniendo siempre en cuenta el contenido íntegro de la Norma fundamental, y la de los preceptos estatutarios ha de hacerse siempre, como la del resto del ordenamiento jurídico, de conformidad con la Constitución. 4. Tanto de la interpretación sistemática de la Constitución como de la supremacía de ésta sobre los Estatutos se deriva la necesidad de colaboración entre la Administración Central y las Administraciones Autonómicas, colaboración que puede exigir en muchos casos, en relación, sobre todo, con nuestra incorporación a la CEE formas de articulación que sólo una interpretación inadecuada de los preceptos constitucionales y estatutarios puede obstaculizar. 5. La competencia estatal sobre el «comercio exterior» es plena (en la normación y en la ejecución), según dijimos en la STC 1/1982, y otro tanto se ha de decir a propósito de la competencia relativa a la «sanidad exterior». 6. La titularidad de la competencia controvertida no es la única consideración a tener en cuenta para resolver la cuestión planteada, pues también su modo de ejercicio es relavante para la solución cuando de la interpretación de las normas constitucionales y estatutarias deriva la necesidad de que el ejercicio de la competencia se adecúe al principio de colaboración.
Sentencia citada en: 119 sentencias, 66 artículos doctrinales, 15 disposiciones normativas, 17 resoluciones administrativas
En los conflictos positivos de competencia acumulada núms. 598/1986, 1.403/1986 y 857/1988, interpuestos por el Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña respectivamente contra el escrito de 26 de febrero de 1986 del Director General de la Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo al Director General de Sanidad y Salud Pública del Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalidad, contra los Reales Decretos 1.754/1986 y 1.755/1986 (art. 3, párrafo primero, y norma I, párrafo tercero, del Anexo I, en cada uno de ellos) y contra el art. 2, párrafo primero, y las normas I [apartado g)] y II del Anexo I del Real Decreto 1.728/1987. Ha comparecido el Gobierno de la Nación, representado por el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Francisco R. L., quien expresa el parecer del Tribunal.
1. La Generalidad de Cataluña, actuando a través de la Abogada doña Mercedes C. M., y mediante escrito presentado ante este Tribunal el día 3 de junio de 1986, planteó conflicto de competencia contra el escrito dirigido el 26 de febrero anterior por el Director general de la Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo al Director general de Sanidad y Salud Pública del Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalidad. Estima la Generalidad que la afirmación que en dicho escrito se hace de que corresponde a la competencia exclusiva del Estado la inspección previa de las Empresas radicadas en Cataluña a efectos de obtener autorización para el intercambio de carnes frescas entre los países de la Comunidad Económica Europea, vulnera la competencia propia atribuida por el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Solicita, en consecuencia, que se deje sin efecto lo acordado en tal escrito y se declare que la competencia controvertida corresponde a Cataluña.
2. Mediante escrito recibido en este Tribunal, en 24 de diciembre de 1986, la Generalidad de Cataluña, actuando a través del Abogado don Ramón R. i Fortuny planteó conflicto de competencia contra los Reales Decretos 1.754/1986 y 1.755/1986 (art. 3, párrafo primero, y norma I, párrafo tercero, del Anexo I, en cada uno de ellos) pidiendo que se declaren inaplicables en el territorio de Cataluña por corresponder a la Generalidad la competencia controvertida.
3. Por escrito presentado el 11 de mayo de 1988, la Abogada doña María T. P. i Bertrán, en nombre y representación de la Generalidad, plantea nuevo conflicto de competencia frente al Gobierno del Estado por estimar que el art. 2, párrafo primero, y las Normas I [apartado g)] y II del Anexo I del Real Decreto 1.728/1987, vulneran las competencias de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Pide, en consecuencia, que se declare que los citados preceptos no son aplicables en Cataluña por corresponder a la Generalidad la competencia controvertida. En otrosí pide la acumulación del mencionado conflicto (seguido bajo el núm. 857/1988) al 1.403/86, de que se da cuenta en el anterior apartado.
La materia en la que han de inscribirse estas actuaciones es naturalmente la de higiene y sanidad, más especialmente esta última, respecto de la cual corresponde a la Técnico-Sanitarias de Mataderos, Salas de Despiece, Centros de Contratación, Almacenamiento y Distribución de Carnes y Despojos, aprobada por Real Decreto 3.263/1976, de 26 de noviembre, modificado posteriormente por el Real Decreto 1.644/1981, de 3 de agosto, y por el Real Decreto 169/1983.
2. Las disposiciones reglamentarias que la Generalidad ve como lesivas de sus competencias son, en primer término, las que en los Reales Decretos en conflicto encomiendan a órganos de la Administración estatal la autorización de las industrias e instalaciones que pretendan participar en el comercio con Estados miembros de la CEE, autorización que se atribuye a los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo en el art. 3, párrafo primero, de los Reales Decretos 1.754/1986 y 1.755/1986 y en el art. 2, párrafo primero, del Real Decreto 1.728/1987, en el que también se prevé que los Ministerios a los que así se confía esta autorización «velarán para que los Veterinarios oficiales controlen el cumplimiento de las mismas (de las "disposiciones establecidas en el presente Real Decreto") y, en su caso, si procede, retirarán la autorización concedida cuando se haya demostrado que un establecimiento autorizado no ha respetado todas y cada una de las normas exigidas en esta disposición» ( Norma II, del Capítulo Segundo I, asimismo tachada por la Generalidad de lesiva de sus competencias). El sentido de estos preceptos reglamentarios coincide, según dijimos, con el de la Resolución de 26 de febrero de 1986, mediante la cual la Dirección General de la Salud Publica rehusó tramitar ante la CEE sendas autorizaciones concedidas por la Administración de la Generalidad a dos Empresas sitas en Cataluña, pues -como ya adelantamos en el fundamento que antecede- el régimen de autorizaciones administrativas para el comercio intracomunitario de los productos que aquí importan viene específicamente previsto en los Reales Decretos ahora controvertidos, sin perjuicio de que las normas reglamentarias entonces invocadas por la Dirección General de la Salud Pública (arts. 115, 116 y 117 del Real Decreto 3.263/1976) puedan considerarse aplicables, por su alcance general, para la ordenación del procedimiento administrativo que culmine en la concesión o denegación de la autorizaciones que aquí específicamente, hemos de considerar para identificar cuál sea la Administración al efecto competente.
Son, en consecuencia, las reglas internas de deliminación competencial las que en todo caso han de fundamentar la respuesta a los conflictos de competencia planteados entre el Estado y las Comunidades Autónomas, las cuales, por esta misma razón, tampoco podrán considerar ampliado su propio ámbito competencial en virtud de una conexión internacional. Las normas estatutarias que, como la recogida en el art. 27.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, prevén que la Comunidad Autónoma adoptará las medidas necesarias para la ejecución de los Tratados internacionales en lo que afecten a materias atribuidas a su competencia, no son, como resulta evidente, normas atributivas de una competencia nueva, distinta de las que en virtud de otros preceptos ya ostenta la Generalidad.
4. Tanto el Real Decreto 1.754 como el 1.755 de 1986 disponen, en el párrafo tercero de la Norma I del Capítulo Primero de su Anexo I, que «se entiende por Veterinario oficial el nombrado conjuntamente por la Dirección General de la Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo y por la Dirección General de la Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación». A su vez, el Real Decreto 1.728/1987 define al Veterinario oficial como «el Veterinario dependiente de la Administración Pública designado conjuntamente por las Direcciones Generales de Producción Agraria y de Salud Alimentaria y Protección de los Consumidores de los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Sanidad y Consumo, previa propuesta de las Comunidades Autónomas» [ Norma I g) del Capítulo Primero del Anexo I].
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References: Real Decreto 
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 Resolución 
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