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Timestamp: 2019-11-18 20:23:19+00:00

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Ir a la Gaceta del día Martes 17 de febrero de 2015
Gaceta: LXII/3SPO-85/52825
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Propone adicionar los párrafos quinto con las fracciones I, II y III; sexto y séptimo al artículo 1º; y se adiciona el capítulo VI integrado por los artículos 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 a la de la Ley de Coordinación Fiscal, estableciendo así que la ley, regulará el sistema único de transferencias de la federación, incluidos todos sus poderes y órganos autónomos, en favor de estados y municipios a través de: participaciones federales, reguladas en el capítulo I al IV de la Ley; aportaciones federales, reguladas en el capítulo V de la Ley; y, reasignaciones de gasto federal, reguladas en el capítulo VI de la Ley.
Las reformas, establecen que ningún recurso federal podrá ser transferido a estados y municipios, fuera de las modalidades establecidas en la ley, salvo el caso de empréstitos o participación en modelos mixtos de contratos de asociación público privada, mismos que en lo conducente se regirá por sus propias leyes.
La iniciativa establece que el ejecutivo y la cámara de diputados en el ámbito de sus atribuciones, privilegiarán la dotación de recursos a fondos de participaciones o aportaciones federales, limitando el uso de las reasignaciones a gasto de emergencia, programas federales cuya inversión deba ser específica o localizada, o bien, persiga el fortalecimiento de capacidades institucionales subnacionales, conforme al plan de nacional de desarrollo o cualquiera de sus programas.
Con la adición del capítulo VI, al que denomina de las reasignaciones de gasto federal a Estados y Municipios, se establecen las reasignaciones federales o subsidios, como recursos que la Federación por conducto de cualquiera de sus poderes u órganos autónomos, transfieran a los Estados, Distrito Federal, demarcaciones territoriales del distrito federal y en su caso, de los Municipios, condicionando la ejecución del gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de reasignación se establece esta ley y en la reglas de operación de los programas federales de los cuales surjan.
Señala que las reasignaciones solo podrán realizarse mediantes los fondos federales concursables y los fondos federales estratégicos. También se establece que los recursos federales reasignados, deberán de transferirse de manera rápida y ágil, siguiendo en lo conducente los principios que la ley señala para las aportaciones federales para su entrega.
Las reformas que se proponen, establecen también que los servidores públicos de los estados y sus municipios, el distrito federal y sus demarcaciones territoriales, responderán ante la federación por el manejo y uso de reasignaciones, en los términos que las leyes federales penales y administrativas dispongan, y podrán ser fiscalizados directamente por las autoridades competentes de la federación, sin perjuicio de las violaciones que comentan a la legislación local aplicable.
Finalmente, la propuesta establece la reforma el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, señalando que los poderes y órganos autónomos de la federación, solo podrán transferir recursos federales para ser ejecutados por entidades federativas o sus municipios, en los términos y mediante el sistema previsto en la ley de Coordinación Fiscal. Los préstamos y participación del sector privado, se regirán por las respectivas leyes de deuda pública y de asociaciones público privadas, respectivamente.
Se puntualiza que en la suscripción de los convenios mediante los cuales se transfieran recursos federales o se reasigne gasto federal a entidades federativas o sus municipios, se deberá promover una calendarización eficiente de la ministración de los recursos respectivos a las entidades federativas, salvo en aquellos casos en que durante el ejercicio fiscal se suscriba un convenio por primera vez o no hubiere sido posible su previsión anual y deberá tomarse en cuenta si los objetivos pretendidos podrían alcanzarse de mejor manera transfiriendo total o parcialmente las responsabilidades a cargo del Gobierno Federal o sus entidades, por medio de modificaciones legales.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO CON LAS FRACCIONES I, II Y III; SEXTO Y SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 1º y SE ADICIONA UN CAPITULO VI A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL; SE REFORMA EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA.
Los Suscritos Senadores de la República Luisa María de Guadalupe Calderón Hinojosa, Ernesto Javier Cordero Arroyo, Ernesto Ruffo Appel; integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXII Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como los artículos 8 numeral 1, fracción I, 164, 171 del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto POR EL QUE SE ADICIONAN LOS PÁRRAFOS QUINTO CON LAS FRACCIONES I, II Y III; SEXTO Y SÉPTIMO DEL ARTÍCULO 1º y SE ADICIONA UN CAPITULO VI A LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL; SE REFORMA EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; con base en la siguiente:
Breve reseña histórica de la coordinación fiscal.
La coordinación fiscal en nuestro país tiene sus antecedentes en el siglo XIX, en el que se implementó un sistema diametralmente opuesto al vigente, que funcionaba a partir de la entrega del 30% de la recaudación de cada Estado a la Federación para financiar su operación, y que a la postre fracasó por inoperante.
En la historia reciente, la actual Constitución Política Federal ha establecido facultades impositivas para cada orden de gobierno, señalando expresamente las materias exclusivas de la federación y de los municipios, y creando un régimen de facultades residuales para las entidades federativas. Es así, como surge la figura de la concurrencia impositiva en aquellas materias no exclusivas, ni prohibidas para alguno de los tres órdenes de gobierno, entre las cuales se encuentran fuentes impositivas con un importante potencial recaudatorio (renta, ventas finales, valor agregado, hidrocarburos, producciones servicios, entre otros).
Al efecto, a fin de evitar la doble o triple tributación derivada de la concurrencia impositiva entre dos o más órdenes de gobierno, simplificar el sistema fiscal y hacer más eficiente la recaudación; surge la concepción de un mecanismo de coordinación entre federación, entidades federativas y municipios, en la que mediante la suscripción de convenios, se acordó entre las partes que la primera grave ciertas fuentes impositivas a las que renuncian los estados a cambio de una participación de la recaudación federal, a favor de entidades federativas y sus Municipios; sistema que se ha convertido en las últimas décadas en el eje central del federalismo mexicano y las relaciones intergubernamentales.
El sistema nacional de coordinación fiscal, como lo conocemos hoy en día, tiene sus bases en la expedición de las Leyes de Coordinación Fiscal y del Impuesto al Valor Agregado en el año 1978, lo que dio lugar a una coordinación fiscal a partir de 1980 sustentada en la celebración de convenios de adhesión al sistema entre la federación y las entidades federativas. Las condiciones políticas de la época posibilitaron que todas las entidades se adhirieran al “convenio-ley” sin chistar.
Como se sabe, la Ley de Coordinación Fiscal ha tenido importantes modificaciones desde entonces, destacando cuatro etapas relevantes:
De 1978 a 1989, cuando se lleva a cabo un proceso de consolidación de la ley y el sistema que implementaba: Prevalece un criterio resarcitorio, se centralizan en la federación las facultades de política fiscal y los gobiernos locales comienzan a recibir importantes recursos fiscales. Los municipios inicialmente no forman parte directa sino que sus respectivas entidades federativas, mediante fórmulas de distribución, debían transferirles un porcentaje mínimo de las participaciones recibidas.
De 1990 a 1996, cuando se presentan cambios en la estructura y fórmula del Fondo General de Participaciones: Este fondo incrementa su monto respecto a la recaudación participable y su fórmula de distribución se modifica para incluir un criterio distributivo basado en el tamaño de la población, y otro criterio de naturaleza compensatoria inverso al resarcitorio y el distributivo. Se elimina la garantía que tenían las entidades federativas de recibir el mismo monto de participaciones obtenidas en año anterior. Se crea el fondo de fomento municipal para estimular la recaudación de predial y derechos de agua potable, y nacen participaciones directas por colaboración administrativa a municipios, por ejemplo, los derechos de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMART), o el cobro de multas federales no fiscales.
Reforma de 1997, de particular relevancia toda vez que cambia la naturaleza de la coordinación intergubernamental de una meramente de tipo fiscal (coordinación de ingresos), a una de tipo hacendario (puesto que además incluye gasto descentralizado). Es decir, de versar sólo sobre ingresos fiscales y sus componentes (política fiscal, participaciones y colaboración administrativa y crédito público), se incluye en el sistema el gasto público federalizado que se ejercía previamente mediante convenios en forma de subsidios. El eje central de esta importante modificación fue el fortalecimiento de las finanzas locales, destacándose al efecto la creación de los fondos de “aportaciones federales” (ramo 33) con la naturaleza de transferencias fiscales condicionadas (a diferencia de las participaciones) constituido inicialmente por 7 fondos de gasto dedicados a temas como educación, salud, infraestructura social, gastos del sistemas DIF, desayunos escolares, INEA y CONALEP, así como fortalecimiento municipal y seguridad pública. Es de destacarse que de los 7 fondos, sólo dos son municipales.
Reforma de 2007, la denominada reforma hacendaria que entró en vigor al año siguiente (2008), se sustentó en la elevada dependencia financiera de los gobiernos estatales y municipales respecto a las transferencias federales. Se hicieron cambios en los mecanismos de distribución de las participaciones con un criterio resarcitorio para mejorar y simplificar los incentivos y estimular así la recaudación de ingresos locales e impulsar el desarrollo económico en los estados y municipios. Se facultó a los Estados a crear fuentes de recaudación como impuestos a ventas finales y/o conservar el impuesto a la tenencia, que se abrogó como tasa federal. En relación a las aportaciones, se clarifica su naturaleza compensatoria, y se pasa al Ramo 33 el Programa de Fortalecimiento a las Entidades Federativas (PAFEF) que se ubicaba hasta 2006 en el Ramo 39. Queda así, el Ramo 33 con 8 fondos. También se hicieron modificaciones a la fórmula de distribución del fondo general de participaciones para incluir una variable relativa al Producto Interno Bruto (PIB) de cada entidad federativa, con propósito de reintroducir un elemento que reconozca el desempeño económico de las entidades federativas.
Situación actual de las relaciones fiscales intergubernamentales
En este contexto, desde la teoría y la doctrina hacendaria, se concibieron e implementaron en el marco del Sistema de Coordinación Fiscal las tres fuentes de transferencia federal para Entidades Federativas y sus Municipios: las participaciones (ramo 28 del PEF), las aportaciones (ramo 33 del PEF), y las que se conocen como “reasignaciones” del gasto mediante convenios y/o reglas de operación que nacen presupuestalmente en el ramo de alguna dependencia o entidad federal, y se reasigna a los municipios mediante los instrumentos jurídicos antes referidos, es decir, subsidios.
Las participaciones (ramo 28) y aportaciones (ramo 33), son transferencias que la Federación hace a los Estados y Municipios partiendo de una fuente distinta, en el caso de las participaciones éstas representan un porcentaje de la recaudación federal participable (ingresos tributarios, derechos por petróleo y minería, entre otros), mientras que las aportaciones tienen su origen gasto federal que se transfería por convenio. Las aportaciones se encuentran sujetas al destino específico para el que fueron creadas, son fiscalizados por los estados y posteriormente por autoridades federales, y los montos correspondientes a municipios se determinan expresamente; mientras que las participaciones, como recursos que se entregan en función de convenios de adhesión y FORMAN PARTE DE LA LIBRE HACIENDA DE LOS ESTADOS y MUNICIPIOS RESPECTIVAMENTE, su fiscalización es llevada a cabo por órganos de auditoría estatales y municipales, se rinden cuentas ante cada congreso local, y su destino a los Municipios no puede ser menor al 20% del total otorgado a la entidades federativas (con excepción del Fondo de Fomento Municipal que se destina 100% a los Municipios).
Estas transferencias federales (participaciones ramo -28- y aportaciones ramo -33) se encuentran debidamente reguladas mediante criterios y fórmulas de distribución e integración expresamente determinadas en la Ley de Coordinación Fiscal.
En nuestro sistema federal, las referidas transferencias fiscales constituyen un importante instrumento de gestión pública para la función redistributiva del ingreso y de la equidad hacendaria, es en estos principios en los que descansa su justificación y razón de ser. Es así que, en su diseño e implementación, deben ser coherentes con la lógica federalista.
Actualmente, dentro del marco jurídico vigente, no existe una metodología ni criterios específicos bajo los cuales opere el otorgamiento de los recursos federales que se transfieren a los Municipios a través de la reasignación de gasto por convenio o reglas de operación es decir subsidios. Por ello, si bien existen reglas de operación que regulan el acceso y formas distribución, tal normatividad es administrativa lo que ha dado lugar a hechos de corrupción e injusticia hacendaria al permitirse por un lado, la existencia de “gestores” para “bajar recursos federales” y, en el peor de los casos, gestores de asignaciones presupuestales para fondear los programas cuyos recursos federales más “adelante” se bajaran a municipios previamente etiquetados. Ello, se insiste, fomenta corrupción y en el menor de los casos inequidad distributiva de recursos. Este tipo de gestiones han dado lugar a los tristemente célebres “moches” por asignaciones presupuestales.
Lo anterior, ha traído como consecuencia que dichos recursos de naturaleza federal sean asignados a los Municipios con un alto grado de discrecionalidad, sin supeditarse a criterios de eficiencia y equidad. Más grave aún, en ocasiones el destino de dichas transferencias intergubernamentales ha atendido sólo a razones de tipo político y/o a intereses económicos ajenos al bien común, que redundan en auténticos actos de corrupción.
En este contexto, bajo una óptica federalista, si tomamos en consideración que a la luz de la literatura y doctrina sobre el desarrollo local, para el crecimiento y desarrollo de un país resulta indispensable el fortalecimiento de los territorios regionales; se hace indispensable promover un sistema de coordinación fiscal que contemple instrumentos hacendarios intergubernamentales cuya instrumentación contribuya verdaderamente al fortalecimiento de las haciendas públicas estatales y municipales; así como al fomento del desarrollo regional de nuestro país. Es por ello, que la instrumentación del andamiaje normativo que se propone, intenta fijar reglas claras que regulen la forma en la que los recursos federales relativos a la reasignación de gasto por convenio (subsidios) en favor de Estados y Municipios, se haga bajo los principios de certeza jurídica, equidad, eficiencia, justicia redistributiva, y transparencia, al tiempo que prohíba actos que generen corrupción cambio de asignar recursos, sea en el ámbito presupuestal o ya en el periodo administrativo de ejecución del gasto.
En este contexto, los desafíos actuales para el manejo eficiente de los recursos gubernamentales imponen la necesidad de contar con mecanismos fiscales que permitan dotar de una mayor equidad, transparencia y justicia redistributiva a la asignación de los recursos federales que se transfieren a los Municipios en el contexto de la coordinación fiscal.
Bajo estas premisas, la presente iniciativa representa un esfuerzo por avanzar hacia un auténtico fortalecimiento del federalismo hacendario, en su vertiente de un desarrollo local y regional más equilibrado, a través del otorgamiento de certeza jurídica, transparencia y equidad al proceso de adjudicación de las transferencias federales que se realizan mediante reasignaciones de gasto o subsidios, por convenio o reglas de operación en favor de Estados o Municipios. Lo anterior, se propone mediante el establecimiento de reglas claras que establezcan una definición conceptual, una estructura metodológica y la aplicación de criterios de asignación que garanticen una aplicación redistributiva y equitativa de estos recursos, ajena a cualquier asignación arbitraria que atiendan a intereses particulares ajenos al bien común de la sociedad.
Para tal efecto, se proponen modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a fin de que la asignación de los recursos que nos ocupan cuente con lineamientos normativos que la regulen, le den transparencia y certeza jurídica, reduciendo al máximo la discrecionalidad en su aplicación, y por consiguiente, eviten la corrupción y/o el tráfico de influencias dentro del proceso presupuestal o bien, durante el proceso mismo de reasignación del gasto federal a Estados y Municipios.
Eliminar la discrecionalidad en el caso de proyectos concretos, vinculando desde el presupuesto tales proyectos a metas concretas del plan nacional de desarrollo y sus programas sectoriales o regionales.
En los demás casos de recursos para apoyar temáticas locales o concurrentes, las reasignaciones por regla general deberán ser concursables, evitando la existencia de conflictos de interés entre legisladores para asignar el gasto, su intervención a título de gestoría y, aún más, probables actos de cohecho, corrupción o tráfico de influencias al momento de reasignar gasto federal a municipios.
Al efecto, el proyecto en términos generales contempla:
La reafirmación del principio de que las únicas vías para recibir recursos federales son las participaciones, aportaciones, y reasignaciones o subsidios en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal.
La definición de reasignaciones o gasto reasignado, como aquel recurso o fondo federal aportado por cualquier dependencia o entidad de la Federación, incluidos los poderes de la Federación y sus órganos autónomos, para que el gasto lo ejecute un estado o un municipio. Bajo este tenor, dichos fondos serán por regla general concursables; es decir, deberán estar a disposición de cualquier estado o municipio que reúna los requisitos de establezcan los programas federales de los cuales surgen, y deberán tener acceso a dichos fondos en igualdad de circunstancias.
A fin de promover la eficiencia recaudatoria y reducir la dependencia fiscal, los municipios no podrán acceder a este tipo de fondos federales si no se encuentran ejerciendo un nivel de cobranza de su impuesto predial de, cuando menos, el 60% de su cartera.
La definición de dos tipos de gastos reasignables o subsidios:
Los fondos concursables, que serán aquellos orientados a apoyar funciones municipales, y cuya obtención dependerá de que los municipios reúnan requisitos y calidades claramente establecidos en la normatividad aplicable, y que atenderán principios de oportunidad, suficiencia de fondos y nivel de aportación municipal o estatal, según sea el caso. En estos casos, la Federación procurará que estos recursos se coloquen preferentemente en los fondos de participaciones o aportaciones distribuibles por fórmula.
Los fondos para programas estratégicos en los que la Federación determina la necesidad de inversión pública específica en un determinado municipio o estado, por ejemplo la construcción de una planta de agua potable, de un acueducto, de una carretera, o bien, de cualquier inversión prevista en un programa federal, en la que se pretenda la coinversión estatal o municipal. En estos casos la asignación deberá ser producto de un programa claramente derivado de las metas del Plan Nacional de Desarrollo y de su respectivo programa regional o sectorial. En estos casos, igualmente se deberán prever los requisitos de participación del municipio un estado y, que en su defecto, la Federación ejecute por su cuenta y de manera directa la inversión pública de qué se trate.
Estas propuestas resultan, sin duda, necesarias para garantizar una mejor eficiencia en el desempeño de las finanzas públicas, una redistribución de recursos que fomente la igualdad de oportunidades entre las diferentes regiones de nuestro país, y por consiguiente un desarrollo y crecimiento equitativos de cada una de ellas, sin que para ello medien consideraciones políticas que atenten contra el principio de justicia retributiva que debe prevalecer en el reparto de la riqueza nacional que se realiza en el marco de las relaciones intergubernamentales nacidas de la coordinación hacendaria y, en todo caso y siempre, se evite la corrupción y los “moches”.
Actualmente las disposiciones que se pretenden reformar a la letra dicen:
“…ARTICULO 1º.- Esta Ley tiene por objeto coordinar el sistema fiscal de la Federación con las entidades federativas, así como con los municipios y demarcaciones territoriales, para establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas en los ingresos federales; distribuir entre ellos dichas participaciones; fijar reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales; constituir los organismos en materia de coordinación fiscal y dar las bases de su organización y funcionamiento.
La información financiera que generen las entidades federativas y los municipios, relativa a la coordinación fiscal, se deberá regir por los principios de transparencia y de contabilidad gubernamental, en los términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental…”
“…Artículo 82.- Las dependencias y entidades con cargo a sus presupuestos y por medio de convenios de coordinación que serán públicos, podrán transferir recursos presupuestarios a las entidades federativas con el propósito de descentralizar o reasignar la ejecución de funciones, programas o proyectos federales y, en su caso, recursos humanos y materiales.
VII. En la suscripción de dichos instrumentosdeberá tomarse en cuenta si los objetivos pretendidos podrían alcanzarse de mejor manera transfiriendo total o parcialmente las responsabilidades a cargo del Gobierno Federal o sus entidades, por medio de modificaciones legales;
XII. La Auditoría, en los términos de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, deberá acordar con los órganos técnicos de fiscalización de las legislaturas de las entidades federativas, las reglas y procedimientos para fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos federales…”
Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración del Pleno de la H. Cámara de Senadores la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los párrafos quinto con las fracciones I, II y III; sexto y séptimo del artículo 1º y se adiciona un capítulo VI a la Ley de Coordinación Fiscal; y se reforma el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con base en el siguiente:
ARTÍCULOPRIMERO:- Se adicionan los párrafos quinto con las fracciones I, II y III; sexto y séptimo al artículo 1º de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
ARTICULO 1º.-…
La presente ley regula el sistema único de transferencias de la federación, incluidos todos sus poderes y órganos autónomos, en favor de estados y municipios a través de:
Participaciones federales, reguladas en el capítulo I al IV de la presente Ley.
Aportaciones federales, reguladas en el capítulo V de la presente Ley.
Reasignaciones de gasto federal, reguladas en el capítulo VI de la presente Ley.
Ningún recurso federal podrá ser transferido a estados y municipios, fuera de las modalidades establecidas en la presente ley, salvo el caso de empréstitos o participación en modelos mixtos de contratos de asociación publico privada, mismos que en lo conducente se regirá por sus propias leyes.
El ejecutivo y la cámara de diputados en el ámbito de sus atribuciones, privilegiarán la dotación de recursos a fondos de participaciones o aportaciones federales, limitando el uso de las reasignaciones a gasto de emergencia, programas federales cuya inversión deba ser específica o localizada, o bien, persiga el fortalecimiento de capacidades institucionales subnacionales, conforme al plan de nacional de desarrollo o cualquiera de sus programas.
ARTICULO SEGUNDO:- Se adiciona el capítulo VI integrado por los artículos 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 a la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue:
De las reasignaciones de gasto federal a Estados y Municipios.
Artículo 53.- Con independencia de lo establecido en los capítulos I al V de esta Ley, respecto de la participación de los Estados, Municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable, se establecen las reasignaciones federales o subsidios, como recursos que la Federación por conducto de cualquieras de sus poderes u órganos autónomos, transfieran a los Estados, Distrito Federal, demarcaciones territoriales del distrito federal y en su caso, de los Municipios, condicionando la ejecución del gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de reasignación se establece esta ley y en la reglas de operación de los programas federales de los cuales surjan.
Artículo 54.- Las reasignaciones solo podrán realizarse mediantes los siguientes fondos:
Fondos federales concursables: Se trata de recursos federales correspondientes a cualquier ramo de los poderes federales u organismos autónomos, destinados a fortalecer capacidades y lograr objetivos institucionales concurrentes a través de su ejecución por conducto de los estados, sus municipios, el distrito federal y en su caso por las demarcaciones territoriales del distrito federal, siempre y cuando reúnan los requisitos y calidades previstos en las reglas de operación correspondientes, y otorguen acceso en igualdad de oportunidades a estados y municipios.
Fondos federales estratégicos: Se trata de recursos federales correspondientes a cualquier ramo de los poderes federales u organismos autónomos, previstos en el presupuesto federal para la consecución de una obra de infraestructura estratégica, urgente o indispensable, y etiquetadas específicamente para una región o localidad, mismo gasto cuya naturaleza no es concursable. En estos casos, el presupuesto debe tener su origen en una meta estratégica del plan nacional de desarrollo o sus programas regionales o sectoriales, o bien, en la asunción de una función federal por parte de un estado o sus municipios, o el distrito federal o alguna de sus demarcaciones.
También se incluirán en este tipo de transferencias, las reasignaciones especificas o etiquetadas de cualquier tipo de gasto, que se hagan con motivo de la aplicación de la ley general de protección civil, emergencias sanitarias o de seguridad pública, o cualquier asignación especial que se haga para atender situaciones extraordinarias que de no ejercerse, pondría en riesgo la seguridad o salubridad de una localidad o región.
Artículo 55.- Los Fondos federales concursables deberán estar claramente expresados en los presupuestos del ramo que corresponda, y se regirán por los principios de publicidad, oportunidad, equidad transparencia, así como las leyes aplicables y las reglas de operación de cada programa. Queda prohibida la práctica de etiquetar estos recursos para estados o municipios específicos en el presupuesto de egresos de la federación, salvo el caso de regiones que abarquen más de un estado o tipología de localidades a los que se pudiera destinar el concurso.
Los estados, municipios, el distrito federal y sus demarcaciones territoriales, no podrán pagar con recursos federales ni ingresos propios, cuotas o comisiones por la obtención de fondos federales concursables. Los honorarios por servicios técnicos y de preparación del concurso, en todo caso, serán cubiertos con recursos propios y las leyes penales y de fiscalización sancionarán los excesos en que se incurra.
Los proyectos presentados por los municipios se estudiaran en el orden que hubieren ingresado y se asignarán de manera equitativa procurando la cobertura del territorio nacional.
Reasignado que sea el presupuesto a un estado, un municipio, el distrito federal o una de sus demarcaciones territoriales, se deberá suscribir el convenio correspondiente para garantizar el cumplimiento de la legislación federal y local aplicables.
Artículo 56.- Los fondos federales estratégicos, podrán estar etiquetados a lugares o proyectos específicos en materias concurrentes siempre y cuando tengan su origen en el plan nacional de desarrollo y en cualquiera de sus programas regionales o sectoriales, debiendo derivar en la consecución de una meta clara y específica, o bien, en el convenio mediante el cual la federación transfiera a los estados o sus municipios, o el distrito federal o alguna de sus demarcaciones, una función federal a la que corresponda un fuente de financiamiento.
La Cámara de diputados no podrá introducir o modificar este tipo de reasignaciones, si no se corresponden con metas del plan nacional de desarrollo o sus programas regionales o sectoriales.
Artículo 57.- Queda prohibido el pago de honorarios o de cualquier especie, por parte de Estados, municipios, distrito federal o sus demarcaciones territoriales para la obtención de fondos federales estratégicos.
Artículo 58.- Los recursos federales reasignados, deberán de transferirse de manera rápida y ágil, siguiendo en lo conducente los principios que esta ley señala para las aportaciones federales para su entrega, debiéndose observar lo siguiente:
Las reglas de operación deberán estar publicadas más tardar el 30 de noviembre del ejercicio anterior al que se presupuesta.
Las reasignaciones deberán determinarse a más tardar el último día de febrero y los convenios deberán estar suscritos a más tardar el último día de marzo. Los recursos asignados deberán calendarizarse y entregarse de manera tal que se garantice su óptimo ejercicio. Ante la falta de calendario expreso, la totalidad de los recursos reasignados deberán entregarse mensualmente en partes iguales entre los meses de abril a noviembre del ejercicio que se trate.
Los recursos reasignados no podrán retenerse ni retrasarse salvo declaratoria de recisión que haga la federación por causa de incumplimiento del estado, municipio, distrito federal o demarcación territorial según sea el caso que se trate. La federación podrá descontar de participaciones federales, el recurso federal reasignado no ejercido o no aplicado conforme al convenio correspondiente.
Los recursos los transferirá la federación directamente a la contraparte que haya de ejercerlos. Tratándose de municipios o una demarcación territorial del distrito federal, la federación los transferirá a al estado o distrito federal según corresponda, y estos al municipio o demarcación territorial que se trate dentro de los 3 días hábiles siguientes a aquel en que reciba el recurso por parte de la federación. En caso de incumplimiento en la entrega de los recursos por partes de los estados o el distrito federal, la federación podrá transferir directamente los recursos a dichos municipios o demarcaciones sin perjuicio de las responsabilidades penales, hacendarias y administrativas que pudieran resultar por dicha omisión.
Artículo 59.- Los servidores públicos de los estados y sus municipios, el distrito federal y sus demarcaciones territoriales, responderán ante la federación por el manejo y uso de reasignaciones, en los términos que las leyes federales penales y administrativas dispongan, y podrán ser fiscalizados directamente por las autoridades competentes de la federación, sin perjuicio de las violaciones que comentan a la legislación local aplicable.
ARTÍCULOTERCERO:- Se reforma el artículo 82 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue:
Artículo 82.- Los poderes y órganos autónomos de la federación, solo podrán transferir recursos federales para ser ejecutados por entidades federativas o sus municipios, en los términos y mediante el sistema previsto en la ley de Coordinación Fiscal. Los préstamos y participación del sector privado, se regirán por las respectivas leyes de deuda pública y de asociaciones público privadas, respectivamente.
En la suscripción de los convenios mediante los cuales se transfieran recursos federales o se reasigne gasto federal a entidades federativas o sus municipios, se observará lo siguiente:
I. Deberán promover una calendarización eficiente de la ministración de los recursos respectivos a las entidades federativas, salvo en aquellos casos en que durante el ejercicio fiscal se suscriba un convenio por primera vez o no hubiere sido posible su previsión anual;
II. a VI.- …
VII. Deberá tomarse en cuenta si los objetivos pretendidos podrían alcanzarse de mejor manera transfiriendo total o parcialmente las responsabilidades a cargo del Gobierno Federal o sus entidades, por medio de modificaciones legales;
VIII. a XI.- …
ARTÍCULO PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido del presente Decreto.

References: artículo 1
 artículo 82
 ARTÍCULO 1
 ARTÍCULO 82
 ARTÍCULO 1
 ARTÍCULO 82
 artículo 1
 artículo 82
 artículo 1

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59
 artículo 82

Artículo 82