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Timestamp: 2019-08-22 04:53:17+00:00

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AUTO 1100-10-32-6000-2016-00015-00 de 2017
100Consejo de EstadoConsejo de Estado10030030662AUTOSala de lo Contenciosos Administrativo1100-10-32-6000-2016-00015-0056165201718/04/2017AUTO_Sala de lo Contenciosos Administrativo___1100-10-32-6000-2016-00015-00_56165_2017_18/04/2017300306602017
Sentencias de NulidadMarta Nubia Velásquez RicoNACIÓN	–	DEPARTAMENTO	ADMINISTRATIVO	DE PLANEACIÓN NACIONALÁLVARO MEJÍA MEJÍA18/04/2017Artículo 2.2.1.2.1.2.10 del Decreto 1082 de 2015Identificadores10030113447true1205399original30111828Identificadores
Norma demandada: Artículo 2.2.1.2.1.2.10 del Decreto 1082 de 2015
Demandante: ÁLVARO MEJÍA MEJÍA
Demandado: NACIÓN	–	DEPARTAMENTO	ADMINISTRATIVO	DE PLANEACIÓN NACIONAL
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO Bogotá D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil diecisiete (2017) Radicación número: 1100-10-32-6000-2016-00015-00 (56.165) Actor: ÁLVARO MEJÍA MEJÍA
Referencia: MEDIO DE CONTROL DE SIMPLE NULIDAD (Ley 1437 de 2011)
El demandante solicita que se decrete la medida cautelar de suspensión provisional de la expresión “por licitación pública” contenida en el inciso primero del artículo 2.2.1.2.1.2.10 del Decreto 1082 de 2015, “por medio del cual se expide
el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional”, que dispone –se destaca el aparte cuya medida cautelar se solicita-:
“Artículo 2.2.1.2.1.2.10. Proceso de contratación para un Acuerdo Marco de Precios. Colombia Compra Eficiente debe diseñar y organizar el Proceso de Contratación para los Acuerdos Marco de Precios por licitación públicay celebrar los Acuerdos Marco de Precios.
A juicio del solicitante, al confrontar el inciso primero de la norma citada con el literal a) del artículo 2, numeral 2, de la Ley 1150 de 20071, surge de manera evidente la violación a esta norma, porque dispone que la contratación de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización es causal de selección abreviada, mientras que el reglamento dispone que los Acuerdos Marcos de Precios –en adelante AMP- los celebra Colombia Compra Eficiente –en adelante CCE- por medio de licitación –fl. 30, cdno. de medidas cautelares-. Añadió que si la ley dispuso que el procedimiento de selección para contratar esa clase de bienes es la selección abreviada, el reglamento no puede convertirlo en uno de licitación.
1.Intervención del Departamento Administrativo de Planeación Nacional – DNP-
Se opuso a la solicitud de suspensión provisional. Destacó la importancia de concebir la contratación estatal como un “sistema de compras públicas”, teniendo en cuenta que el Decreto 1082 reglamenta varias leyes, no exclusivamente la Ley 1150 de 2007 –fl. 295, al reverso, del cuaderno de medidas cautelares-, razón que justifica ver el entorno completo y no aisladamente la norma demandada.
Añadió que el reglamento no excedió su competencia, porque establece los pormenores para cumplir la ley de contratación, que a su vez le asignó a CCE la competencia para contratar los AMP. Agregó que para suspender una norma se necesita que la contradicción con el ordenamiento superior sea “nítida” y “directa”, y que no admita “algún tipo de elucubración más o menos elaborada”, es decir, “… la suspensión provisional se aplica cuando el desconocimiento de la norma superior surge a simple vista, es decir se ofrece de manera directa y no resiste el examen de constitucionalidad y legalidad que se le hace prima facie” –fl. 296, página del frente-.
Agregó que tampoco se satisfacen dos requisitos necesarios de procedibilidad de una medida cautelar: el principio periculum in mora y el principio famus boni iuris, sin ofrecer explicación de esta afirmación –fl. 296, página del reverso-.
2.Coadyuvancia de Colombia Compra Eficiente –CCE-
CCE intervino con la pretensión de que se le admita como coadyuvante por pasiva. Explicó que la procedencia de la medida cautelar exige un análisis de proporcionalidad de la medida; además de que para decretarla se necesita que la contradicción normativa sea “manifiesta” –fl. 284, al frente y al reverso; y fl. 286, al reverso-.
Por el contrario, explicó que la ley sí previó el proceso de selección para adquirir los bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización
–la selección abreviada-, concluyendo que se trata de dos conceptos distintos, o mejor, de instituciones diferentes: uno es el “AMP”, que es un contrato; y otro la “adquisición de los bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, que constituye una causal de contratación de selección abreviada.
Concluyó explicando que: “… En efecto, es claro, de acuerdo con lo expuesto, que el objeto de un AMP se dirige a fijar las condiciones de oferta para la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, lo cual es sustancialmente diferente a la adquisición como tal de dichos bienes o servicios” –fl. 286, al reverso-.
Para justificar el sentido de la decisión anunciada, el Despacho examinara los siguientes aspectos: i) la competencia del Despacho para decidir la solicitud; ii) los requisitos para decretar la suspensión provisional de un acto administrativo - diferencias entre el CPACA y el CCA-; iii) la selección abreviada como
procedimiento para contratar la “adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”; y iv) el caso concreto.
La competencia para decidir la solicitud de medidas cautelares está asignada al Consejero Ponente, de conformidad con lo previsto en múltiples disposiciones del CPACA, entre ellas el artículo 230, inciso primero, que dispone que: “Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas(…)”; el parágrafo del mismo artículo señala: “Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad…”; luego, el artículo 232 añade que: “ El Juez o Magistrado Ponente determinará la modalidad, cuantía y demás condiciones de la caución…”; finalmente, el inciso 4 del artículo 233 concluye que: “El auto que decida las medidas cautelares deberá proferirse dentro de los diez (10) días siguientes... En este mismo auto el Juez o Magistrado Ponente deberá fijar la caución…”.
2.Requisitos para decretar la suspensión provisional de un acto administrativo: Diferencias entre el CPACA y el CCA
Que se concibe como una medida cautelar, es decir, de protección o cautela, que preserva los bienes jurídicos comprometidos en un proceso. Por esta razón, no se trata de la medida definitiva, que es la que se adopta en la sentencia, sino de una temporal –provisional- que se dicta mientras se decide de fondo.
Recae sobre un acto administrativo, general o particular; de ninguna manera sobre hechos, operaciones administrativas o contratos –sin perjuicio de lo previsto en el artículo 230.2 del CPACA-.
Se debe solicitar y sustentar de modo expreso, por tanto no procede de oficio.
En ambas legislaciones, cuando se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse, por lo menos sumariamente, la existencia de los mismos.
En el CCA la medida solo procedía cuando la violación a la norma superior fuera manifiesta –la norma disponía: “… haya manifiesta infracción de una de las disposiciones invocadas como fundamento de la misma, por confrontación directa o mediante documentos públicos aducidos con la solicitud” (art. 152)-; mientras que en el CPACA el requisito consiste en que exista contradicción o violación, sin necesidad de que su apreciación sea evidente o manifiesta, es decir, que puede tratarse de un análisis un poco más difícil pero el juez debe efectuarlo.
De otro lado, en el CCA, la medida se debía solicitar antes de que la demanda se admitiera, posteriormente no era posible; en el CPACA la solicitud se puede presentar con la demanda o en cualquier estado del proceso, pero debe entenderse, lógicamente, que deber ser antes de dictarse la sentencia.
Tratándose del Consejo de Estado, la medida le correspondía tomarla a la Sala, y contra esta decisión procedía el recurso de reposición; en cambio, en el CPACA la medida la toma el ponente y procede el recurso de súplica ante la Sala.
En el CCA la solicitud se presentaba ante el juez, quien resolvía al admitir la demanda, es decir, el demandado conocía la decisión y solo podía impugnarla si
suspendía el acto; en cambio, en el CPACA la solicitud se notifica junto con el auto admisorio de la demanda, o cuando se presente en el curso del proceso, para dar traslado al demandado con el propósito de que se pronuncie antes de que el juez adopte la decisión.
La “adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, con sus tres (3) procedimientos de contratación, es una causal de contratación que hace parte de la “selección abreviada”
El artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece que las entidades regidas por la Ley 80 de 1993 deben escoger los contratistas a través de alguna de las cinco (5) modalidades de selección allí previstas: licitación pública, selección abreviada, contratación directa, concurso de méritos y mínima cuantía.
Particularmente, tratándose de la selección abreviada, el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 dispuso que se trata de un procedimiento integrado por nueve (9) causales, las cuales reunidas conforman esa modalidad de selección2.
En este punto, resulta importante advertir que el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 no estableció un único procedimiento respecto de las nueve (9) causales de la selección abreviada, aun cuando en el parágrafo 23 sí fijó reglas generales aplicables a los procedimientos de todas ellas sin distinciones, así como también, previó, en ese mismo parágrafo 2 y en el parágrafo 54, reglas particulares respecto de los procedimientos que atañen a las causales contenidas en los literales a) y b) del numeral 2 del referido artículo 2.
Adicionalmente, el parágrafo transitorio de ese mismo artículo indirectamente compelió al Gobierno Nacional a reglamentar la modalidad de selección abreviada,
puesto que impidió la utilización de ésta mientras aquél no expidiera el reglamento correspondiente.
Precisamente, el Decreto 1082 de 2015 desarrolló el artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, y reglamentó, entre otras cosas -en el artículo 2.2.1.2.1.2.10.-, la adquisición de los bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización cuando la misma se realice por el sistema de “compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios”. Se deduce de lo anterior, que el artículo respecto del cual se demanda en el presente proceso una de sus expresiones, no resulta aplicable en los tres (3) procedimientos que comprende la causal bajo análisis, puesto que es claro que deja por fuera a la subasta inversa y a la bolsa de productos.
Observa también la Sala que la competencia para suscribir AMP la tiene asignada CCE y no cada entidad estatal interesada en adquirir bienes o servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. La competencia en cuestión fue asignada a dicha entidad por el numeral 3 del artículo 3 del Decreto- ley 4170 de 20115, e inicialmente el parágrafo transitorio del artículo 3.2.1.2. del Decreto reglamentario 734 de 20126 restringió el uso de AMP mientras se
reglamentara el inciso cuarto del parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 20077. Posteriormente los artículos 46 a 49 del Decreto reglamentario 1510 de 2013 - cuyo contenido fue reproducido por los artículos 2.2.1.2.1.2.7 a 2.2.1.2.1.2.8 del Decreto 1082 de 2015 - desarrollaron el inciso cuarto del parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y reglamentaron aspectos concretos de los AMP.
1.El caso concreto
El demandante asegura que una expresión del inciso primero del artículo 2.2.1.2.1.2.10 del Decreto 1082 de 2015 viola el artículo 2, numeral 2, de la Ley 1150 de 2007, porque este dispone que la contratación de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización es causal de selección abreviada, mientras que el reglamento establece que los AMP los celebra CCE por medio de licitación.
El Departamento Administrativo de Planeación Nacional destacó que: i) la contratación estatal es un sistema de compras públicas, y que el Decreto 1082 reglamenta varias leyes, no exclusivamente la Ley 1150 de 2007; ii) añadió que el reglamento no excedió su competencia, porque establece los pormenores para cumplir la ley de contratación, que a su vez le asignó a CCE la competencia para contratar los acuerdos marco de precios; iii) que para suspender una norma se necesita que la contradicción con el ordenamiento sea “nítida” y “directa”, y no admite “algún tipo de elucubración más o menos elaborada”; finalmente, iv) que no
se satisfacen dos requisitos necesarios de procedibilidad de una medida cautelar: el principio periculum in mora y el principio famus boni iuris.
El coadyuvante explicó que: i) la procedencia de la medida cautelar exige un análisis de proporcionalidad de la medida, además de que para decretarla se necesita que la contradicción normativa sea “manifiesta”; ii) También indicó que el AMP se celebra previo proceso de licitación, porque la Ley 1150 no previó uno especial, así que se aplica la regla general de escogencia de los contratistas, es decir, la licitación. Agregó que la ley sí previó el proceso de selección para adquirir los bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización
–la selección abreviada-, concluyendo que se trata de dos conceptos distintos, o mejor, de dos instituciones diferentes: uno es el “AMP”, que es un contrato, y otro la “adquisición de los bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización”, que constituye una causal de contratación por selección abreviada.
El Despacho advierte que accederá a la petición del demandante, es decir, suspenderá provisionalmente la expresión contenida en la norma demandada - “por licitación pública”-, teniendo en cuenta las razones que enseguida se consignan.
Observa el Despacho que cuando el numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 se refiere a los "...instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios", infiere dos (2) cosas distintas: uno es el procedimiento de compra por catálogo y otro es el acuerdo marco de precios con base en el cual se realiza dicha compra. Esta distinción resulta importante hacerla porque se predica de la modalidad de selección aplicable al AMP, modalidad que constituye el objeto de la demanda en el presente proceso.
Pues bien, en relación con el procedimiento de compra por catálogo, resultan aplicables las reglas generales y particulares a las que se hizo alusión anteriormente, contenidas en los parágrafos 2 y 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de
2007. En este punto no sobra recordar que respecto de la causal denominada "...adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización", las reglas generales y particulares del parágrafo
2 se predican de cualquiera de sus tres (3) procedimientos (subasta inversa, compra por catálogo o bolsa de productos), mientras que las reglas del parágrafo 5 resultan aplicables únicamente al procedimiento de compra por catálogo.
Empero, en relación con la modalidad de selección con base en la cual se selecciona al proveedor o proveedores de bienes y servicios de condiciones técnicas uniformes y de común utilización, con quien(es) CCE suscribe el AMP, los parágrafos 2 y 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 no establecen ninguna regla general ni particular. A lo sumo, el inciso segundo del parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 se refiere a "La selección de proveedores como consecuencia de la realización de un acuerdo marco de precios...", sin indicar bajo qué modalidad de selección les debe ser adjudicado el AMP a uno o varios proveedores.
Distinto sería que como consecuencia del análisis casuístico del AMP y de las normas que consagran las modalidades de selección y sus causales, CCE concluyera que resulta procedente la licitación pública, pero, se reitera, esa
conclusión no puede estar predefinida por el reglamento dado que la Ley 1150 de 2007 no erigió como regla obligatoria la licitación respecto de los AMP.
De otro lado, sobre la necesidad -para suspender una norma- de que la contradicción con el ordenamiento sea “nítida” y “directa”, y que no admita “algún tipo de elucubración más o menos elaborada”, el Despacho se remite a lo expuesto antes sobre este tema, que se resume en que el CPACA no impone semejante requisito, que existió en el CCA pero no en la actualidad.
Frente a este argumento, el Despacho recuerda que, de conformidad con el artículo 231 del CPACA, los requisitos para decretar una medida cautelar se
distinguen de acuerdo con la medida que se adopte: de un lado, la suspensión provisional y, de otro, las demás8.
En relación con los argumentos del coadyuvante, no resueltos en los párrafos anteriores, el Despacho insiste en que la obligación de adelantar un proceso de licitación para seleccionar al proveedor o proveedores con quien(es) se suscribirá el AMP excede la voluntad del legislador, pues ésta guardó silencio en ese punto. Recuérdese además, que la licitación pública, por regla general, constituye una
modalidad de selección aplicable de forma residual9, esto es, que procede cuando no exista una regla especial que predetermine una modalidad de selección distinta (como sucede, por ejemplo, en el caso del contrato de prestación de servicios regulado en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993), sin perjuicio de que, en algunos casos, la propia ley expresamente predetermine la licitación pública como modalidad de selección aplicable para un contrato concreto (como sucede, por ejemplo, con el contrato de obra que supera la menor cuantía).
Valga la pena señalar que con la distinción entre el procedimiento para seleccionar el o los proveedores con quien(es) se suscribirá el AMP y el procedimiento de orden de compra de cada entidad estatal obligada o facultada a adquirir los bienes y servicios a través del AMP, en momento alguno se está auspiciando una división interna de la causal contenida en el literal a) del numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Cuando dicha norma circunscribe la causal a "La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades", se está refiriendo a la necesidad contractual individual que respecto de esos bienes y servicios tiene cada entidad estatal que
(i) formula órdenes de compra en el caso del procedimiento de compra por catálogo (bien que se trate de entidades obligadas a adquirir los bienes y servicios a través del AMP o entidades facultadas para hacerlo); (ii) acude a una bolsa de productos a través de un comisionista; o (iii) convoca al público para que se presenten las ofertas respectivas dentro del procedimiento de subasta inversa.
En gracia de discusión, si se aceptara la división interna de la causal, tendría que aceptarse también que la causal autónoma de selección abreviada denominada "adquisición o suministro de bienes y servicios de condiciones uniformes y de común utilización", cuando se realiza través de la compra por catálogo, requeriría en forma exótica de dos (2) procedimientos regidos por las reglas previstas para la selección abreviada, procedimientos que aunque interrelacionados serían distintos
y estarían en cabeza de entidades distintas: el procedimiento a cargo de CCE para la selección del proveedor o proveedores con quien(es) se suscribirá el AMP, y el procedimiento vinculado a la expedición de la orden de compra individual de cada entidad estatal.
"En esta modalidad de selección, en principio, no deberían presentarse las complejidades de un proceso de licitación pública, en cuanto a sus prerrequisitos, fórmulas de convocatoria, etapas, métodos de evaluación, plazos, etc., pues la naturaleza de los bienes y servicios que con ella se proveen no tienen la complejidad, costo, o importancia de aquellos otros propios de la licitación pública o, en cualquier caso, el Legislador consideró que son requeridos para suplir necesidades del servicio público de manera más ágil y eficiente".10
"12.17.- Siendo una consecuencia de los Acuerdos Marco de Precios concentrar la demanda de las entidades públicas en ciertos proveedores, dado el empoderamiento del Estado como un potencial gran comprador, es claro que a Colombia Compra Eficiente, en la estructuración y planeación de los Acuerdos Marco le corresponde el deber degarantizar en la medida de las
posibilidades fa´cticas y juri´dicas la mayor participacio´n de potenciales
oferentes, adoptando, por ejemplo, criterios de calificacio´n nosusceptibles de manipulacio´n por ciertos grupos de participantes,
creando condiciones reales para que grandes, medianos y pequen~os
proveedores tengan cabida, evitando dar lugar a pra´cticas contrarias a la
libre competencia en el a´mbito de la economi´a de mercado, como es la
creacio´n, de hecho, de monopolios u oligopolios. Con otras palabras, es predicable en este escenario la vigencia y aplicación directa de los mandatos jurídicos que emanan del artículo 333 y los que dan sentido a la llamada Constitución Económica.
"12.18.- De hecho, y para concluir este apartado, los riesgos de restringir la libre competencia y atentar contra las finalidades de la contratación estatal han sido puestos de presente por la CNUDMI en sus informes respecto de la operatividad de los Acuerdos Marco en la Ley Modelo de Contratación Pública. Todo ello lleva a reiterar, entonces,la necesaria planeacio´n y ponderacio´n
por parte de Colombia Compra Eficiente al momento de la elaboracio´n delos estudios previos del mercado, la estructuracio´n del los pliegos de
condiciones, las exigencias planteadas a quienes desean tomar parte en
los Acuerdos Marco y los criterios de calificacio´n. Sobre el particular la CNUDMI se refirió en los siguientes términos al asunto aquí tratado:
'6. Los Estados promulgantes deben ser conscientes de las preocupaciones que suscita el procedimiento del acuerdo marco, algunas de los cuales son inherentes a ese método y otras se derivan de su utilización inapropiada. En primer lugar, la eficiencia administrativa que entraña la utilización de ese método puede poner en peligro otros objetivos de la contratación, como la rentabilidad económica, si las entidades adjudicadoras recurren al acuerdo marco cuando no constituye el procedimiento más apropiado para una contratación determinada, simplemente por obtener esa eficiencia administrativa. El resultado puede ser, simplemente, que no se satisfagan las verdaderas necesidades de la entidad adjudicadora o, al menos, no con la calidad apropiada o con el precio adecuado. En segundo lugar, se conocen casos en que la utilización en la práctica de los acuerdos marco ha supuesto la reducción de la competencia y la transparencia y ha llevado a la colusión y la adjudicación de contratos basada en la relación ente las entidades adjudicadoras y los proveedores o contratistas, y no en los procedimientos competitivos que se establecen en la Ley Modelo, con lo que se reduce la rentabilidad económica de la transacción. En tercer lugar, y especialmente cuando se trata de operaciones a largo plazo, la escala de los acuerdos marco puede reducir la participación y la competencia a nivel global a medida que los proveedores que no son partes en el acuerdo marco van abandonando el mercado. Los proveedores o contratistas que son partes en el acuerdo marco conocen la identidad de los demás, por lo que velar por la competencia una vez concertado el acuerdo puede ser difícil en la práctica. Como los proveedores o contratistas que no son partes en el acuerdo no pueden participar en la adjudicación de los contratos, lo que tiene lugar en realidad es una restricción de la competencia en la segunda etapa del procedimiento del acuerdo marco. Las consecuencias perjudiciales de la restricción de la competencia se verán acentuadas cuando el efecto del acuerdo marco sea la creación de un mercado monopolístico u oligopolístico. Es necesario evaluar esas cuestiones antes de adoptar una decisión acerca de la utilización del procedimiento del acuerdo
marco, puesto que es poco probable que abordarlas una vez el acuerdo esté en funcionamiento tenga eficacia alguna'"11 (negrilla fuera del texto).
Suspende provisionalmente (inciso primero ) Artículo 2.2.1.2.1.2.10. DECRETO_1082_2015_26/05/2015
1 “Artículo 2. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas:
“Para la adquisición de estos bienes y servicios las entidades deberán, siempre que el reglamento así lo señale, hacer uso de procedimientos de subasta inversa o de instrumentos de compra por catálogo derivados de la celebración de acuerdos marco de precios o de procedimientos de adquisición en bolsas de productos; (…)”.
2 “Artículo 2. De las modalidades de selección. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: (…)
3 "Artículo 2. De las Modalidades de Selección. (...) "2. Selección Abreviada. (...)
"Parágrafo 2. El procedimiento aplicable para la ejecución de cada una de las causales a que se refiere el numeral 2 del presente artículo, deberá observar los principios de transparencia, economía, responsabilidad y las siguientes reglas:
Se dará publicidad a todos los procedimientos y actos.
Para la selección a la que se refiere el literal b) del numeral 2 del presente artículo, será principio general la convocatoria pública y se podrán utilizar mecanismos de sorteo en audiencia pública, para definir el número de participantes en el proceso de selección correspondiente cuando el número de manifestaciones de interés sea superior a diez (10). Será responsabilidad del representante legal de la entidad estatal, adoptar las medidas necesarias con el propósito de garantizar la pulcritud del respectivo sorteo.
Sin excepción, las ofertas presentadas dentro de cada uno de los procesos de selección, deberán ser evaluadas de manera objetiva, aplicando en forma exclusiva las reglas contenidas en los pliegos de condiciones o sus equivalentes. Para la selección a la que se refiere el literal a) del numeral 2 del presente artículo, no serán aplicables los artículos 2 y 3 de la Ley 816 de 2003".
4 "Artículo 2. De las Modalidades de Selección. (...) "2. Selección Abreviada. (...)
"Parágrafo 5. Los acuerdos marco de precios a que se refiere el inciso 2o del literal a) del numeral 2o del presente artículo, permitirán fijar las condiciones de oferta para la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización a las entidades estatales durante un período de tiempo determinado, en la forma, plazo y condiciones de entrega, calidad y garantía establecidas en el acuerdo.
5 “Artículo 3. Funciones. La Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente- ejercerá las siguientes funciones: (…)
“7. Diseñar, organizar y celebrar los acuerdos marco de precios y demás mecanismos de agregación de demanda de que trata el artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, de acuerdo con los procedimientos que se establezcan para el efecto”.
"Parágrafo transitorio. Las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no podrán hacer uso de los acuerdos marco de precios para la adquisición de este tipo de bienes y servicios, hasta que no se asignen las responsabilidades a que se refiere el inciso 2 del parágrafo 5 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y se expida la reglamentación correspondiente".
7 "Artículo 2. (...).
"Parágrafo 5. (...).
8 “Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares. Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.
9 Cuando el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 establece que "La escogencia del contratista se efectuará por regla general a través de licitación pública, con las excepciones que se señalan en los numerales 2, 3 y 4 del presente artículo", erige a la licitación pública como una modalidad de selección residual, esto es, aplicable en defecto de una regla especial que establezca la procedencia de una modalidad de selección distinta.

References: Artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 230
 artículo 232
 artículo 233
 artículo 230
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 231
 artículo 32
 artículo 2
 artículo 333
 Artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2