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Timestamp: 2019-06-18 19:30:07+00:00

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15-11-18 INICIATIVA DE REFORMAS CONSTITUCIONALES AL ART. 95 A EFECTO DE PRECISAR Y AMPLIAR EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO - GRUPO PARLAMENTARIO PRI GUANAJUATO
15-11-18 INICIATIVA DE REFORMAS CONSTITUCIONALES AL ART. 95 A EFECTO DE PRECISAR Y AMPLIAR EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO
Quienes suscribimos,integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional,con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, fracción II, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, 167, fracción II y 209, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto, por el que se reforma el artículo 95 en sus párrafos primero, segundo, tercero y sus fracciones I, II, III, IV, así como los párrafos cuarto y sexto del mismo artículo; y se reforma el artículo Primero Transitorio en sus párrafos primero,segundo y tercero, adicionándose un cuarto párrafo al mismo artículo transitorio; y se adiciona el artículo cuarto transitorio del decreto número 202 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 14 de julio del 2017, todos ellos de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, a efecto de precisar y ampliar el proceso de designación del Fiscal General del Estado, de conformidad con la siguiente:
Guanajuato transita por un momento crítico, caracterizado por un ambiente de violencia social,inseguridad pública e incremento desproporcionado de los delitos de alto impacto, a lo que se suma una severa amenaza a los derechos humanos
De manera concomitante,la corrupción e impunidad en nuestra Entidad han afectado tanto la credibilidad en nuestras instituciones como la convivencia segura y pacífica de nuestra población. Ello impone la necesidad de acciones drásticas y efectivas, que puedan solucionar esos ingentes problemas; y dentro de esas respuestas, es necesario que se implementen cambios institucionales y las necesarias reformas legales en las cuales se sustenten.
Parte importante de esas enmiendas al marco normativo, está constituida por la la necesidad de una reforma constitucional que le otorgue autonomía al Órgano de Procuración de Justicia y Persecución del delito, y que le permita evolucionar legalmente de una Procuraduría General de Justicia al esquema de una auténtica Fiscalía General del Estado, lo cual proponemos al tenor de los siguientes:
Primero.- En fecha 27 de agosto de 2018, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el DECRETO por el que se reforma el artículo Décimo Sexto Transitorio del diverso “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-electoral”,publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.
En esencia, la señalada reforma a esa parte transitoria, enmendó radicalmente el proceso para la designación del primer Fiscal General de la República, que en principio recaería en el titular de la Procuraduría General de la República, para cancelar en definitiva esa hipótesis y sustituirla por el procedimiento establecido por el artículo 102 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Segundo.- En el ámbito local, en fecha 14 de julio de 2017, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, el decreto número 202, de la LXIII Legislatura estatal, en el cual,entre otras cosas, en el párrafo tercero de su artículo primero transitorio se establece que: “El Procurador General de Justicia que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior,asumirá las funciones de Fiscal General del Estado, sin perjuicio del procedimiento de remoción previsto en la fracción IV del artículo 95.”; lo que al día de hoy,sigue vigente.
Tercero.- El colectivo denominado“#FiscalíaQueSirva-Guanajuato”, que es un activo organismo de la sociedad civil, integrado por profesionistas, académicos y activistas guanajuatenses preocupados por la consecución de un Guanajuato en paz, mediante la promoción de una fiscalía general democráticamente designada, para que cumpla satisfactoriamente con su función constitucional, en mesa de trabajo celebrada ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de esta Legislatura,manifestó como puntos petitorios los siguientes:
La derogación inmediata del pase automático del procurador a la fiscalía General del Estado;
Una reforma integral al artículo 95 de la Constitución Local;
La eliminación del pase automático de todo el personal de la Procuraduría a la Fiscalía, y el Establecimiento del Servicio Civil de Carrera para los funcionarios de la futura institución;
Un método transparente en la designación del titular de la fiscalía, que contemple la participación efectiva de la sociedad civil, y que garantice la llegada de un perfil idóneo e independiente de poderes fácticos;
La obligación de la Fiscalía para elaborar un plan de persecución penal que atienda los fenómenos delictivos en apego a la realidad del estado; y
Una Fiscalía especializada en derechos Humanos
Cuarto.- Del análisis de la reforma al artículo 95 constitucional se desprende que dicha enmienda creó la Fiscalía General, que es el órgano que sustituiría a la Procuraduría estatal.
Empero, como lo señala el colectivo mencionado, dicha reforma reprodujo los vicios originales de la reforma al artículo 102 de la Ley Suprema; pues en su artículo primero transitorio también estableció el pase automático del procurador del estado ala Fiscalía General.
Además, de que contiene anomalías tales como: Ausencia de contrapesos ciudadanos para evaluar la gestión de la Fiscalía; Ausencia de mecanismos transparentes y participativos de selección del Fiscal General y fiscales especializados.
Coincidimos con dicho organismo de la sociedad civil cuando sostiene que con la actual redacción, se genera “un paquete de impunidad transexenal” encarnado en el actual titular dela Procuraduría, y que al sostenerse el texto actual, no hay congruencia jurídica y política con el derrotero que se ha seguido en el orden Federal,donde, como lo hemos apuntado, ya se eliminó el pase automático del Procurador al Fiscal, para garantizar la autonomía y no ser rebasados por la realidad política.
El Congreso de la Unión ha iniciado ya el proceso de dictaminación de las iniciativas sobre la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República; y resulta muy probable que en breve dicha ley sea aprobada y promulgada, por lo que resulta hasta cierto punto urgente, que la reforma planteada en esta iniciativa deba “concretarse antes de que se emita la declaratoria de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República, para que un nuevo mecanismo de designación del Fiscal General del estado sea aprobado por este Congreso.
Lo anterior sin menos cabo de que la reforma planteada al artículo 95 de nuestra Constitución,enriquezca el procedimiento de designación del Fiscal General y se le dote de una verdadera autonomía institucional y capacidad técnica” (Cita del Colectivo Ciudadano).
En ese orden de ideas,por un lado resulta necesario asumir la pertinencia de hacer compatibles el modelo seguido por la Constitución Federal y suprimir totalmente la posibilidad del pase automático; y por otro, de establecer el andamiaje institucional para transitar al modelo de Fiscalía, como como órgano genuinamente autónomo dedicado de manera exclusiva a la investigación y persecución de los delitos.
Estas son las dos piezas que como mínimo se requieren para una adecuación al contexto social que enfrentamos; y para la efectividad en el combate a la impunidad que se demanda por una extensa parte de la sociedad.
Grande es el reto y así lo confirman los siguientes:
DATOS SOBRE PROCURACIÓN DE JUSTICIA E IMPUNIDAD
Es una realidad que en los últimos 5 años, nuestro Estado de Guanajuato ha enfrentado la peor crisis en materia de procuración de justicia, que deriva en inseguridad e impunidad.Esto es así porque, al mes de agosto de 2018, el Estado de Guanajuato encabezaba la lista nacional de más homicidios dolosos con 2,135 víctimas, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Por otra parte, en materia de impunidad, tan sólo el 8.1 por ciento de los homicidios dolosos registrados entre enero de 2017 y julio de 2018 han llegado a sentencia condenatoria.
Ante este panorama,surge la necesidad de dar un giro de 180 grados en el modelo actual, mediante la nueva figura de la Fiscalía General del estado, sin subordinación al Poder Ejecutivo, para garantizar su plena autonomía; y con un sistema eficaz que garantice la función sustantiva investigadora y persecutoria de los delitos,acompañada de un proceso de designación de su titular, transparente, incluyente, democrático, con la participación efectiva de la sociedad civil, y que garantice la llegada de un perfil profesional idóneo.
Este nuevo paradigma que se plantea tiene como base el tránsito de la función tradicional del Ministerio Público, a uno sustantivo de Fiscalía, consistente éste en que la Fiscalía se focalice a la función particular de investigar y perseguir de manera científica y efectiva el delito y deje de realizar funciones de representación social como actualmente las ejerce la Procuraduría, a través de sus ministerios públicos
Reconocemos que con anterioridad se presentaron otras iniciativas de reforma en torno al tema, una por el Ejecutivo del Estado, por el Grupo Parlamentario de MORENA y una más por Diputados que integraron el Grupo Parlamentario del PRI en la LXIII Legislatura; sin embargo, consideramos que el alcance se queda corto, debido a que la demanda social exige instituciones que den mejor respuesta a todos los retos planteados a través de las siguientes reformas y adiciones:
Se reforma el artículo 95 en su primer y segundo párrafos, la cual precisa como función específica dela Fiscalía, la investigación científica y persecución efectiva de los delitos.Además, prevé el diseño de requisitos óptimos para desempeñar el cargo con un perfil idóneo e integral. Y con la finalidad de evitar posibles conflictos de intereses, se reforma dicho artículo 95 en su segundo párrafo a efecto de establecer como requisitos para ser Fiscal General del Estado, que éste no haya sido funcionario de segundo o primer nivel de los tres Poderes del Estado ni de Organismos Públicos Autónomos.
La reforma al tercer párrafo en sus fracciones I, II, II y IV, y la adición de la fracción V todos ellos del artículo 95 prevén que el proceso de designación incluya una convocatoria pública con un plazo de 20 días para recibir propuestas de aspirantes al cargo,con la finalidad de garantizar un real proceso de designación profesional, incluyente de la ciudadanía, impidiendo que los funcionarios del segundo y primer nivel de los tres Poderes del Estado y de los Organismos Públicos Autónomos participen en el proceso de selección y designación, con lo cual se evita el riesgo de propiciar y generar posibles conflictos de intereses en la función de investigación y persecución del delito.
Además, plasma la posibilidad de que el Fiscal rinda cuentas de manera directa al Congreso del Estado y sea evaluado incluso por la propia ciudadanía. Siendo parte fundamental en esta reforma el hecho de que la remoción del Fiscal sea aprobada en el Congreso Local, a solicitud fundada y motivada que realice el titular del Ejecutivo,respetando el debido proceso. Con lo anterior se evita que el mecanismo de remoción sea utilizado con fines políticos o motivos personales, al trasladarse a un escenario de pesos y contrapesos que eviten una remoción arbitraria, pues supone mayor garantía al tratarse de un órgano colegiado.
Por último, se reforma el artículo Primero transitorio del Decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 14 de julio del 2017, reformando tres párrafos y adicionando uno más, que en conjunto prevén la imposibilidad del pase automático de procurador a Fiscal General del estado. Por otra parte, clarifica la denominación de la Declaratoria de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General del estado, e impide también el pase automático de todo empleado actual de la Procuraduría del Estado a la fiscalía,previendo su incorporación mediante el Servicio Profesional de Carrera.
Se adiciona un Cuarto artículo transitorio con la finalidad de que el Congreso del Estado cuente con un plazo de dos años para armonizar el marco jurídico estatal que refieran funciones distintas a la de la Fiscalía General y que actualmente se encuentran enmarcadas como atribuciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Lo anterior con la finalidad de hacer congruente la función sustantiva de este nuevo modelo de Fiscalía General sin dejar resabios en diversas leyes que actualmente tiene como representante social a la procuraduría y prevé su intervención en varios asuntos de distinta naturaleza a la exclusiva investigación y persecución del delito.
Basta de simulaciones e incongruencias. Lo que pretendemos es evitar: Pases automáticos, Fiscales a modo, Trajes a la medida y funcionarios que no sirvan para combatir la impunidad.
Precisa y amplia el proceso de designación del Fiscal General del Estado a través de las siguientes acciones legislativas: Se reforma el artículo 95 en sus párrafos primero, segundo, tercero y sus fracciones I, II, III, IV, así como los párrafos cuarto y sexto del mismo artículo; y se reforma el artículo Primero Transitorio en sus párrafos primero, segundo y tercero, adicionándose un cuarto párrafo al mismo artículo transitorio; y se adiciona el artículo cuarto transitorio, del decreto número 202 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 14 de julio del 2017, todos ellos de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato.
Genera un proceso incluyente, transparente y profesional de designación del Fiscal General del Estado; y garantiza que en la integración de la Lista y terna se incluya a aspirantes profesionistas que representen no sólo funcionarios públicos actuales sino a la ciudadanía en general.
Garantiza que quien ocupe el cargo de Fiscal General cuente con un perfil idóneo para ocupar el cargo y no sólo con requisitos tradicionales
Genera Legitimidad,transparencia y credibilidad en las instituciones, en el proceso de designación del Fiscal General del estado
Promueve la participación activa y organizada de la sociedad civil, de la comunidad académica universitaria y de Colegios de Profesionistas.
Por lo antes expuesto,nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea el siguiente proyecto de:
ÚNICO. Se reforma el artículo 95 en sus párrafos primero, segundo, tercero y sus fracciones I, II,III, IV, así como los párrafos cuarto y sexto del mismo artículo; y se reforma el artículo Primero Transitorio en sus párrafos primero, segundo y tercero, adicionándose un cuarto párrafo al mismo artículo transitorio; y se adiciona el artículo cuarto transitorio del decreto número 202 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el 14 de julio del 2017, todos ellos de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, para quedar como sigue:
Capítulo adicionadoP .O. 14-07-2017
Sección adicionada P.O. 14-07-2017
ARTÍCULO 95.- El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del Estado como órgano público autónomo,dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios, cuya función será la investigación científica y la persecución efectiva de los delitos, mismos que serán plasmados en su programa de trabajo.
Para ser Fiscal General del Estado se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento y guanajuatense en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; contar con título profesional de Licenciado en Derecho, con antigüedad mínima de diez años en el ejercicio de su profesión, no haber sido condenado por delito doloso, contar con conocimiento legal sobresaliente,experiencia relevante y reconocida trayectoria vinculada a la investigación criminal, capacidad para el manejo de administración de recursos humanos y financieros, no haber sido funcionario de segundo o primer nivel de los tres Poderes del Estado ni de Organismos Públicos Autónomos; gozar de buena reputación personal y laboral,comprometido con los derechos humanos, con antecedentes probos de calidad moral y honradez, independencia e imparcialidad, transparencia en la actuación funcional, compromiso con los valores democráticos; y haber residido en el Estado durante los últimos cinco años, salvo el caso de ausencia en servicio de la República o del Estado.
El Fiscal General del Estado durará en su encargo siete años, y será designado y removido conforme a lo siguiente:
Apartir de la ausencia definitiva del Fiscal General del Estado, el Congreso del Estado expedirá de inmediato la Convocatoria pública, en la cual como mínimo deberá establecer un plazo de 20 días para recibir propuestas y otros veinte días para integrar una lista de al menos cinco candidatos al cargo,entre los cuales, como mínimo, habrá dos profesionistas de extracción social.Lista que deberá integrarse mediante un proceso transparente y público. Tanto el proceso de competencia abierta como la lista, deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso, y ambas serán enviadas al Gobernador del Estado.
Si el Gobernador no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Congreso del Estado una terna que como mínimo debe estar integrada por un profesionista que no ostente cargos actuales en la institución de Procuraduría de Justicia y persecución del delito.
Recibida oportunamente la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días siguientes el Ejecutivo formulará una terna y la enviará a la consideración del Congreso del Estado, que como mínimo debe estar integrada por un profesionista de extracción social;
El Congreso del Estado, con base en el Dictamen debidamente fundado y motivado que integre la terna; y previa comparecencia pública de las personas propuestas, donde quede probada la idoneidad del perfil para ocupar el cargo, designará al Fiscal General del Estado con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de diez días.
Encaso de que el Gobernador no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, el Congreso del Estado tendrá diez días para designar al Fiscal General de entre los candidatos de la lista que señala la fracción I, en un plazo no mayor a diez días hábiles a partir de las comparecencias públicas.
Si el Congreso no formula la lista o no hace la designación en los plazos que establece este artículo, el Gobernador designará al Fiscal General del Estado libremente en el primer supuesto y en el segundo de entre los candidatos que integren la terna;
En cualquier fase del proceso, los ciudadanos interesados podrán presentar información debidamente sustentada acerca de la trayectoria de vida y profesional de los aspirantes al cargo;
El Fiscal General del Estado podrá ser removido de su cargo a solicitud fundada y motivada por causa grave que definala Ley, que el titular del Ejecutivo presente al Congreso del Estado, sólo por las causas graves y bajo el procedimiento que establezca la ley. La remoción será aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado. La ley establecerá las causas taxativas de remoción respetando el debido proceso y establecerá también, de manera objetiva un proceso efectivo y profesional de integración de lista, formulación de terna, designación y remoción del Fiscal General y de los Fiscales especializados.
En los recesos…
Corresponde al Ministerio Público la eficaz y profesional investigación, persecución y su consignación ante los tribunales, de todos los delitos de su competencia; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los inculpados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en hechos que las leyes señalen como delito; garantizará un proceso de investigación efectivo con la debida diligencia técnica y profesional sobre los hechos y las circunstancias en que ocurrieron; asegurará que los juicios en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; pedirá la aplicación de las penas; elaborará y presentará al Congreso del Estado su programa de trabajo para la persecución del delito y rendirá cuentas relacionadas con el mismo. Su función será sometida a evaluación del Congreso y la ciudadanía.
La Fiscalía General …
La Ley establecerá las bases para la estructura y funcionamiento de la Fiscalía, la formación y actualización de los servidores públicos de la Fiscalía, así como para el desarrollo de la carrera profesional de los mismos, la cual se regirá por los principios de respeto a los derechos humanos, objetividad, honradez, certeza, buena fe, unidad,indivisibilidad, irrevocabilidad, imparcialidad, irrecusabilidad,independencia, legalidad, probidad, profesionalismo, celeridad, eficiencia y eficacia, cuya finalidad será proporcionar una pronta, plena y adecuada procuración de justicia. Así mismo establecerán previsiones de evaluación de desempeño, garantía disciplinarias y supervisión ciudadana. Contará dentro de su estructura orgánica con una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos. Todo su personal técnico especializado formará parte de un Sistema Profesional de Carrera. La Ley establecerá los tiempos y plazos para la conformación de dicho Sistema profesional de Carrera.
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigencia al momento en que el Congreso del Estado expida en un plazo de 30 días hábiles las normas secundarias relativas a las reformas del presente Decreto, que deberán entrar en vigor en la misma fecha en que entre en vigencia el presente decreto;y una vez realizada la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General del Estado.
Para efecto de dar cumplimiento a la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, la cual se protocolizará por el Congreso del Estado al momento en que formalmente se cierra el ciclo de la institución denominada Procuraduría Estatal y nace el correspondiente a la entrada en funciones de la Fiscalía General; el Congreso del Estado iniciará de forma inmediata el procedimiento previsto en el artículo 95 de esta Constitución para la designación del Fiscal General del Estado. Si el Congreso del Estado estuviere en receso, la Comisión Permanente lo convocará inmediatamente a sesión extraordinaria.
El Procurador General de Justicia que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refieren los párrafos primero y segundo de este artículo, continuará en su encargo hasta en tanto el Congreso del Estado designe al Fiscal General del Estado.
Todo el personal adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado que desee formar parte de la Fiscalía General, deberá acreditar los requisitos de ingreso previstos en el Servicio Profesional de Carrera.
Artículo Segundo. Una vez que …
Artículo Tercero. A partir de la …
Artículo Cuarto.- El Congreso del Estado tendrá un plazo de dos años a partir de la publicación del presente Decreto, a efecto de armonizar las leyes estatales que refieran funciones distintas a la de la Fiscalía General y que actualmente se encontraban enmarcadas como atribuciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Guanajuato, Gto., a 15 del mes de noviembre del año 2018.
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References: artículo 95
 artículo 102
 artículo 95
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ARTÍCULO 95
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