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Timestamp: 2018-12-15 16:51:30+00:00

Document:
SENTENCIA SU-134 DE 02 DE ABRIL DE 1998
CONTENIDO:REITERA LA JURISPRUDENCIA DE LA SENTENCIA SU-133 DE 1998 RESPECTO A LOS CONCURSOS EN CARRERA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:CARRERA ADMINISTRATIVA, CONCURSO DE MÉRITOS, CARRERA JUDICIAL, JUEZ, SELECCIÓN EN LA CARRERA JUDICIAL, CONCURSO DE MÉRITOS EN LA CARRERA JUDICIAL, ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO, CONCURSO DE EMPLEOS PÚBLICOS
Sentencia SU-134 de abirl 02 de 1998
Ref.: Expediente T-134050
1. El honorable Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo 70 de 1994, convocó a concurso de méritos para designar jueces de la república, participando el actor en la especialidad de civil del circuito, obteniendo así el primer lugar con un puntaje de 607.81, siendo incluido primero en la lista de elegibles, entre nueve (9) participantes para el cargo de Juez Civil del Circuito de Lorica, lista que fue remitida al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería.
2. Mediante Acta 006 del 6 de febrero de este año, el tribunal mencionado, procedió a proveer los distintos cargos de jueces vacantes en su jurisdicción, nombrando entre ellos, al señor Carmelo del Cristo Ruiz Villadiego, como nuevo Juez Civil del Circuito de Lorica, persona que ocupó el séptimo puesto en la lista de elegibles para dicho cargo, con un puntaje de 466.36.
Vistos los anteriores hechos, el actor solicita se declare nulo y se revoque la designación en propiedad que al cargo de juez civil del circuito de Lorica, hiciera el Tribunal Superior de Montería, mediante Acta 006 de febrero 6 de 1997 y que recayó en el señor Carmelo del Cristo Ruíz Villadiego.
“Soy Carmelo Del Cristo Ruíz Villadiego, identificado con la cédula de ciudadanía 6.617.701 de Chinú, quiero muy respetuosamente hacerle saber algunas inquietudes acerca de la acción tutelar referenciada:
1. Desde el inicio del procedimiento en comento he venido considerando que se me ha debido notificar para hacerme parte por cuanto el único afectado con una decisión adversa sería yo, lo cual espero en Dios no suceda: El no oírme me vulnera el derecho a defenderme, fíjese por ejemplo: Antes de la elección había solicitado al tener del artículo 165 inciso 3º. Ley 270 de 1996, la actualización de mi puntaje, y es así como en la actualidad, dicho puntaje supera al del accionante.
3. Me vengo desempeñando en el cargo de juez civil del circuito de Lorica desde el 1º de abril del año de 1992.
4. El accionante ya fue elegido juez 9º civil del circuito de Barranquilla. Este hecho puede comprobarse oficiando al honorable Tribunal Superior de Justicia de Barranquilla.
“Doctor Herrera Vergara he querido exponer lo anterior, porqué a no dudarlo ello, servirá para una mayor ilustración del caso sub-examine”.
El señor Ruíz Villadiego anexó al anterior escrito, certificación expedida por la Secretaría del honorable Tribunal Superior de Justicia de Montería; copia del Acuerdo 105 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y un oficio emanado del Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Administrativa de Montería.
“Dentro de la acción de tutela de la referencia quiero hacerles saber que me encuentro escalafonado en el Cargo de Juez Civil del Circuito de Lorica; asimismo quiero ratificar lo dicho en anterior memorial en el sentido de que el doctor Marco Tulio Borja González, se encuentra desempeñando actualmente el cargo de juez noveno (9º) civil del circuito de Barranquilla.
“Para avalar lo anterior estoy anexando copia autenticada del Acuerdo 2.402 de julio 31 de 1997 y de la respectiva acta de posesión”.
Por decisión de la Sala Sexta de Revisión, en desarrollo de lo dispuesto por el artículo 54 A del reglamento de esta corporación (Ac. 01/96), se decidió remitir el proceso de la referencia para estudio y revisión de la Sala Plena, para unificación de jurisprudencia, habiéndose decidido que este fuera fallado con posterioridad al juicio del cual es demandante el señor Carlos Giovanny Ulloa Ulloa.
Así concebida la carrera, preserva los derechos al trabajo (C.P., arts. 25 y 53), a la igualdad (C.P., art. 13) y al desempeño de funciones y cargos públicos (C.P., art. 40, num. 7º), realiza el principio de la buena fe en las relaciones entre las personas y el Estado y sustrae la actividad estatal a los mezquinos intereses de partidos políticos y grupos de presión que antaño dominaban y repartían entre sí los cargos oficiales a manera de botín burocrático.
Al señalarse por la administración las bases del concurso, estas se convierten en reglas particulares obligatorias tanto para los participantes como para aquélla; es decir, que a través de dichas reglas la administración se autovincula y autocontrola, en el sentido de que debe respetarlas y que su actividad, en cuanto a la selección de los aspirantes que califiquen para acceder al empleo o empleos correspondientes, se encuentra previamente regulada, de modo que no puede actuar en forma discrecional al realizar dicha selección. Por consiguiente, cuando la administración se aparta o desconoce las reglas del concurso o rompe la imparcialidad con la cual debe actuar, o manipula los resultados del concurso, falta a la buena fe (C.P., art. 83), incurre en violación de los principios que rigen la actividad administrativa (igualdad, moralidad, eficacia e imparcialidad), y por contera, puede violar los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al trabajo de quienes participaron en el concurso y resultan lesionados en sus intereses por el proceder irregular de aquélla”. Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-256 de 1995. M.P. Antonio Barrera Carbonell.).
El inciso 3º del artículo 125 de la Constitución establece que el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso a los mismos se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
“De acuerdo con lo expuesto, debe señalarse que la norma bajo examen, por el simple hecho de establecer que la lista de elegibles estará conformada por cinco candidatos, no vulnera la Constitución Política, pues dentro de dicha lista naturalmente estará incluido quien haya obtenido el mejor puntaje y, consecuentemente, ocupe el primer lugar en la clasificación final. Sin embargo, como se señalará en torno al artículo siguiente, el nombramiento que se efectúe con base en la lista de elegibles deberá recaer sobre el candidato al que se ha hecho referencia. En estos términos, el artículo será declarado exequible”. (Cfr. Corte Constitucional. Sent. C-37 de feb. 5/96. M.P. Vladimiro Naranjo).
La Corte condicionó entonces la exequibilidad que declaraba (num. 3º de la parte resolutiva de la Sent. C-037/96) y, en consecuencia, lo dicho por ella sobre el punto en cuestión resulta obligatorio, ya que solamente bajo el sentido expuesto se encontró conformidad entre el precepto examinado y la Constitución. Otra interpretación de aquél se reputa inconstitucional y, por ende, resulta inexequible, a partir de la aludida Sentencia.
El candidato al que hace referencia el citado fallo de esta Corte no es otro que el que ocupe el primer lugar. Así lo era también con anterioridad a la ley estatutaria, de acuerdo con la Sentencia C-040 del 9 de febrero de 1995 (M. P.: Carlos Gaviria Díaz), que aparece como fundamento de la declaración de exequibilidad del artículo 166 antes citado, en la cual se sostuvo:
“Por tanto, quien ocupe el primer lugar, de acuerdo con el puntaje obtenido, será el ganador y excluirá a los demás en orden descendente. Si se procede de otro modo, habría que preguntarse, como lo hace el demandante, para qué el concurso de méritos y calidades, si el nominador puede elegir al candidato de sus preferencias? De este campo, es preciso desterrar la arbitrariedad y, justamente, para ese propósito se ha ideado el concurso. En él, por tanto, se ha de calificar no solo la idoneidad profesional o técnica del aspirante, sino también su solvencia moral, su aptitud física y su sentido social, de acuerdo con la categoría del empleo y las necesidades del servicio. Hay que hacer de la carrera administrativa el instrumento eficaz para lograr una administración pública en la que se garantice la eficiente prestación del servicio público, la idoneidad y moralidad de sus funcionarios y la prevalencia del interés general sobre el particular”.
“Pero sea cual fuere el método o sistema elegido, este debe contener criterios específicos y concretos para efectuar una selección en la que aparezcan como valores dominantes la capacidad profesional o técnica del aspirante, sus calidades personales y su idoneidad moral, acordes con las funciones del empleo y las necesidades del servicio público. Por tanto, no puede quedar al nominador una libertad absoluta para que designe a su arbitrio, pues, el nombramiento siempre tendrá que recaer en quien haya obtenido el mayor número de puntos”.
Esta doctrina de la Corte sustituyó la menos rigurosa que se había aceptado con anterioridad, en lo relativo al tema (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sent. SU-458 de oct. 22/93. M.P.: Jorge Arango Mejía), en fallo que, debe advertirse, se profirió antes de la vigencia de la ley estatutaria de la administración de justicia (L. 270/96), y con arreglo a la normatividad que regía entonces (D. 052/87, algunas de cuyas normas habían sido parcialmente declaradas inexequibles, en su momento, por la Corte Suprema de Justicia).
Por ello, la Sala Plena debe insistir en la presente oportunidad, que es de unificación y corrección de jurisprudencia, en que, para no vulnerar la Constitución Política ni atropellar los derechos fundamentales de los aspirantes que concursan para desempeñar cargos dentro de la rama judicial, producida una vacante, el nominador está obligado a nombrar al concursante que obtuvo el primer puesto en la lista de elegibles, reservando a los siguientes para posteriores nombramientos, también en orden descendente, mientras no se reciba nueva lista del consejo de la judicatura”.
Con base en los principios expuestos, aplicados al caso sub exámine, cabe manifestar que la acción de tutela no está llamada a prosperar por las siguientes razones:
1. Según se desprende del documento que obra a folio 135 del expediente, el doctor Marco Tulio Borja González concursó para el cargo de juez agrario; pero en virtud del Acuerdo 105 de 21 de mayo de 1996, pasó a formar parte del registro de elegibles correspondiente al cargo de juez civil del circuito.
3. De acuerdo con el acta que obra a folio 141 del expediente, el demandante, doctor Marco Tulio Borja González tomó posesión el 13 de agosto de 1997 como juez 9º civil del circuito de Barranquilla en propiedad.
4. En el documento de 6 de agosto de 1997, suscrito por el Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Departamento de Córdova, que obra a folio 135 del expediente, se expresa que “como consta en la Resolución 17 del 12 de junio de 1997, el puntaje obtenido por el doctor Carmelo del Cristo Ruiz Villadiego, quien desempeña en el cargo de juez civil del circuito de Lorica, es de 616.86, mientras que el puntaje obtenido por el doctor Marco Tulio Borja González, es de 607.81”.
1. DENEGAR la tutela formulada por el doctor Marco Tulio Borja González, por los motivos expresados en la parte motiva de esta providencia.
2. LÍBRENSE por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados.
Magistrados: Vladimiro Naranjo Mesa—Jorge Arango Mejía—Eduardo Cifuentes Muñoz—Carlos Gaviria Díaz—José Gregorio Hernández Galindo—Hernando Herrera Vergara—Antonio Barrera Carbonell—Alejandro Martínez Caballero—Fabio Morón Díaz.

References: artículo 165
 artículo 54
 artículo 125
 artículo 166
 Resolución 
 artículo 36