Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/22708
Timestamp: 2020-01-17 17:10:53+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 1/2012
SENTENCIA 1/2012, de 13 de enero
ECLI:ES:TC:2012:1
1. Con fecha 5 de enero de 2001 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional escrito de la Letrada del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía en nombre y representación de la misma, por el que se interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el artículo único, cardinales uno, dos y tres, del Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, por cuanto modifica los artículos 5 y 7 e introduce unas disposiciones adicional tercera y final tercera en aquel real decreto legislativo. Estima el Consejo de Gobierno recurrente que dichos preceptos “resultan contrarios al bloque de la constitucionalidad, concretamente a los arts. 86 y 149.1.23 y concordantes de la Constitución Española, así como a los arts. 15.1.7 y concordantes del Estatuto de Autonomía para Andalucía”.
“Artículo único. Modificaciones a introducir en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 26 de junio, de evaluación de impacto ambiental.
Artículo 5: 1. A efectos de lo establecido en este Real Decreto legislativo y, en su caso, en la legislación de las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Medio Ambiente será órgano ambiental en relación con los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado. 2. Cuando se trate de proyectos distintos a los señalados en el apartado 1, será órgano ambiental el que determine cada Comunidad Autónoma en su respectivo ámbito territorial. 3. Cuando corresponda a la Administración General del Estado formular la declaración de impacto ambiental será consultado preceptivamente el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma en donde se ubique territorialmente el proyecto.
Artículo 7: Corresponde a los órganos competentes por razón de la materia o a los órganos que, en su caso, designen las Comunidades Autónomas respecto a los proyectos, que no sean de competencia estatal, el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la declaración de impacto. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquéllos al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado.
Disposición adicional tercera. Tratándose de proyectos, públicos y privados, que corresponda autorizar o aprobar a la Administración General del Estado y no sujetos a evaluación de impacto ambiental conforme a lo previsto en el presente Real Decreto legislativo, que, sin embargo, deban someterse a la misma por indicarlo la legislación de la Comunidad Autónoma en donde deban ejecutarse, la citada evaluación se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento abreviado que a tal efecto se establezca reglamentariamente por el Estado.
Disposición final tercera. Este Real Decreto legislativo tiene el carácter de legislación básica sobre protección del medio ambiente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.1.23 de la Constitución.”
Resultaría así, a juicio de la Comunidad Autónoma recurrente, por una parte, vulnerado por todos los preceptos recurridos el art. 86.1 CE, dado que, en su opinión, no concurren los presupuestos constitucionalmente exigidos por dicho artículo para que el Gobierno pueda hacer uso legítimo de la facultad excepcional que le reconoce aquel artículo constitucional. En concreto, con apoyo en las SSTC 29/1982 y 6/1983 y partiendo de las especificaciones ofrecidas por la exposición de motivos del Real Decreto-ley sostiene que no concurriría la “extraordinaria y urgente necesidad” habilitante del uso de dicha facultad, ya que, por una parte, “se ha sobrepasado con creces el plazo de que disponían los Estados miembros para su cumplimiento” y, por otra parte, los preceptos recurridos “se refieren a aspectos ajenos a la adecuación a la normativa comunitaria” de referencia. Tampoco puede sustentarse en la intención de adaptar el Real Decreto Legislativo 1302/1986 a la doctrina constitucional sentada en la STC 13/1998, de 22 de enero, ya que han trascurrido más de dos años y medio desde su publicación en el momento de aprobarse el real decreto-ley. Además, se pone de relieve que la nueva redacción del artículo 5 tendría “cabida en la anterior”, de modo que “no resultaría justificada la extraordinaria y urgente necesidad”, ya que, en aquélla, “dado su carácter genérico, se reconocía la condición de órgano ambiental a órganos insertos en la Administración General del Estado, así como a órganos insertos en la Administración de las Comunidades Autónomas”. A lo que se suma, finalmente, la consideración de que, afectando a las Comunidades Autónomas, la posibilidad de uso del decreto-ley debe ser restrictiva, teniendo en cuenta que en el proceso para su elaboración y convalidación no interviene el Senado, “órgano legislativo al que la Constitución asigna las funciones de Cámara de representación territorial”.
Sumado a lo anterior, y entrando en el contenido de los preceptos recurridos, estima el Consejo de Gobierno andaluz que todos ellos lesionan los arts. 13.14 y 15.1.17 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, por incurrir en un exceso en el ejercicio de la competencia del art. 149.1.23 CE, al modificar la redacción de los arts. 5 y 7 e introducir unas nuevas disposiciones adicional tercera y final tercera en el Real Decreto Legislativo 1302/1986. Y ello por cuanto tales preceptos, aunque son respetuosos con la doctrina sentada al respecto por la STC 13/1998, de 22 de enero (que el recurrente discute, alineándose expresamente con el sentido del Voto particular), desconocen que es a las Comunidades Autónomas a las que corresponde, en todo caso, las funciones relativas a la evaluación ambiental, por ser ésta una actuación “integrante de la función de gestión dentro de la competencia de medio ambiente”, y ello “con independencia de qué Administración sea la competente para autorizar, aprobar o ejecutar el proyecto de que se trate”.
Tales fundamentos sustentan según la Comunidad Autónoma recurrente, la inconstitucionalidad de la nueva redacción del artículo 5, tanto por cuanto su apartado 1 reconoce al Ministerio de Medio Ambiente la competencia para aprobar la evaluación ambiental cuando se refiera a proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, como por cuanto su apartado 3, en tales casos, reduce la competencia de las Comunidades Autónomas territorialmente concernidas a la emisión de un mero informe, reservando, además, al Estado la competencia para regular el correspondiente procedimiento. Igualmente se considera, por las mismas razones, inconstitucional la nueva redacción dada al art. 7, ya que, interpretado en conjunción con el art. 5, permite atribuir a la Administración General del Estado la competencia para el “seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la declaración de impacto”, facultades que establecen “una clara competencia de ejecución en este ámbito” que sería propia de la Comunidad Autónoma recurrente.
En términos idénticos se razona respecto de la nueva disposición adicional tercera del real decreto legislativo, introducida por el apartado dos del artículo único del Real Decreto-ley 9/2000, que atribuye al Estado la competencia para establecer reglamentariamente el procedimiento conforme al cual la Administración General del Estado habrá de emitir evaluación de impacto sobre proyectos de su competencia material en los casos en los que, no exigiendo tal evaluación el propio real decreto legislativo, “deban someterse a la misma por indicarlo la legislación de la Comunidad Autónoma en donde deban ejecutarse”. Estima el Consejo de Gobierno recurrente que la competencia ejecutiva autonómica en materia de medio ambiente abarca “también la regulación del procedimiento a través del cual ha de llevarse a cabo la evaluación, pues es un elemento indisoluble de la competencia principal que ha de estar atribuido necesariamente a su titular”, y por ello denuncia que, en este caso, el Estado está dictando una norma interpretativa de las competencias constitucionales que fue proscrita por la STC 76/1983. Finalmente se recurre el apartado 3 del mismo artículo único del Decreto-ley por introducir una nueva disposición final tercera en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, por la que se le atribuye carácter básico en el marco del art. 149.1.23, por cuanto que (como dice literalmente el escrito del Consejo de Gobierno andaluz) a ello se ve “obligado en función de la necesaria coherencia procesal … en base a los motivos argumentados con anterioridad en el cuerpo del escrito”.
3. Mediante providencia de 30 de enero de 2001 la Sección Cuarta de este Tribunal acordó admitir a trámite el presente recurso de inconstitucionalidad y dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus respectivos Presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular alegaciones. Por último se acordó igualmente publicar la incoación del procedimiento en el “Boletín Oficial del Estado”, lo que se verificó en el núm. 34, de 8 de febrero de 2001.
Respecto de la supuesta vulneración del art. 86 CE sostiene el Abogado del Estado, tras citar la STC 29/1982 y trascribir la exposición de motivos del real decreto-ley, que la extraordinaria y urgente necesidad deriva de la intención de evitar sendas condenas a España por mala transposición y retraso en la incorporación al Derecho interno, respectivamente, de dos directivas, la 85/337/CEE y la 97/11/CE. De este modo, en palabras del Abogado del Estado, con el decreto-ley “no se trata, en realidad de adecuar en plazo el Derecho interno al comunitario, sino de evitar la condena en los procedimientos abiertos y sus consecuencias”. A tales efectos recuerda el Abogado del Estado que, según la doctrina constitucional, el juicio que le corresponde hacer al Tribunal sobre el cumplimiento del art. 86 CE “no alcanza a enjuiciar ‘la bondad técnica de las medidas’ adoptadas o su oportunidad o eficacia, sino que ha de tener por objeto verificar que la situación es explícita y razonada y que exista una conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación que constituye el presupuesto habilitante y las medidas que contiene el Decreto-ley (STC 182/1997, FFJJ 3 y 4)”. A ello añade que gracias a la aprobación del Decreto-ley se ha conseguido evitar la condena en el primero de los procedimientos (asunto C-474/99) y solicitar el archivo del segundo en el trámite de contestación a la demanda (asunto C-342/2000).
Resultaría, por otra parte, relevante a los efectos de justificar el cumplimiento del presupuesto del art. 86.1 CE la consideración del ámbito material del real decreto-ley recurrido, dado que la introducción de medidas preventivas en materia de medio ambiente, vinculada con valores de tanta importancia como la protección de la salud humana y la mejora de la calidad de vida, “justifica su entrada en vigor y aplicación lo antes posible”. En respuesta a la alegación del Consejo de Gobierno recurrente sobre la imposibilidad de que se apele a la extraordinaria y urgente necesidad para justificar lo que califica de innovación competencial, el Abogado del Estado alega que la regulación contra la que se dirige el recurso es “puramente accesoria de la principal medida normativa que adoptó el Decreto-ley recurrido”, consistente en la ampliación del número de casos que requieren la declaración de impacto ambiental, así como en la regulación del procedimiento para determinar su exigencia en otros casos y, en general, en dar cumplimiento a los imperativos comunitarios en la tramitación de esos procedimientos. Sólo de forma accesoria se regula, “por exigencia del ordenamiento jurídico interno, la forma en que han de actuar las Administraciones del Reino de España para llevar a cabo tales procedimientos medioambientales”, regulación ésta que resulta sustancialmente igual a la anterior, como lo prueba el hecho de que la STC 13/1998, de 22 de enero, “que provocó [dice] las alteraciones discutidas, declaró que la normativa objeto del procedimiento era constitucional”, de modo que “los cambios se refieren, exclusivamente, a mejoras técnicas que dan mayor seguridad jurídica a la normativa a la luz del criterio sentado por la citada STC”.
A juicio del Abogado del Estado “estas modificaciones se han tenido que incluir en el Real Decreto-ley para permitir que la regulación que tiene carácter de extraordinaria y urgente necesidad pueda desenvolver su eficacia en nuestro ordenamiento jurídico con todas las garantías y plena eficacia”, de lo que deduce que “seguramente, si no se hubiesen realizado los cambios a los que se refiere la parte recurrente, ésta habría intentado invocar la inconstitucionalidad de la regulación por no haber cumplido el Gobierno, rigurosamente, el criterio competencial contenido en la STC 13/1998”. Acotación que trata de justificar el Abogado del Estado ofreciendo “una simple comparación entre la regulación derogada y la actual”, de la que deduce que las modificaciones introducidas por el real decreto-ley en los distintos artículos del real decreto legislativo identificados por la Comunidad Autónoma recurrente tienen un efecto meramente clarificador a la luz de la doctrina sentada por la STC 13/1998. A ello suma, finalmente, el Abogado del Estado la constatación de que “el proyecto de norma fue suficientemente conocido y debatido por las Comunidades Autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente”.
Sentado lo anterior respecto de la supuesta vulneración del art. 86 CE, el escrito del Abogado del Estado expone sus argumentos para descartar que los preceptos objeto de recurso hayan incurrido en las vulneraciones del bloque de la constitucionalidad que el Consejo de Gobierno recurrente les imputa, sobre la base de entender que todas las alegaciones vertidas respecto de cada uno de los preceptos identificados son “manifestación de un solo conflicto competencial”, que “no es otro que el de determinar qué Administración es la competente para emitir la declaración de impacto cuando competencialmente corresponde aprobar el proyecto al Estado”. Cuestión ésta que ha sido, según afirma, claramente resuelta por la STC 13/1998, reconociendo la competencia para emitir la declaración de impacto a la Administración titular del proyecto correspondiente, de lo que, por otra parte, sería perfectamente consciente el propio recurrente cuando pretende acogerse al Voto particular emitido en aquella Sentencia.
8. Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro de este Tribunal el día 29 de mayo de 2009 la Letrada de la Junta de Andalucía dio contestación al trámite de alegaciones abierto, señalando, en una alegación única, lo siguiente: “Único: Que, en efecto, el presente recurso dado el cambio normativo ha quedado sin objeto”.
a) El art. 4 del texto refundido vigente es virtualmente idéntico al art. 5 del Real Decreto Legislativo 1302/1986 en la redacción dada por el real decreto-ley recurrido:
“Artículo 4. Competencias. 1. A efectos de lo establecido en esta Ley y, en su caso, en la legislación de las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Medio Ambiente será órgano ambiental en relación con los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado. 2. Cuando se trate de proyectos distintos a los señalados en el apartado 1, será órgano ambiental el que determine cada Comunidad Autónoma en su respectivo ámbito territorial. 3. Cuando corresponda a la Administración General del Estado formular la declaración de impacto ambiental regulada en esta Ley, será consultado preceptivamente el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma en donde se ubique territorialmente el proyecto, en los términos previstos en los artículos 8 y 9 así como, en su caso, en el artículo 17.2.”
“Artículo 18. Seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental. 1. Corresponde al órgano sustantivo o a los órganos que, en su caso, designen las Comunidades Autónomas respecto de los proyectos que no sean de competencia estatal, el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, el órgano ambiental podrá recabar información de aquél al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado. 2. El órgano sustantivo comunicará al órgano ambiental el comienzo y el final de las obras, así como el comienzo de la fase de explotación.”
“Disposición adicional tercera. Proyectos estatales que deban someterse al trámite de evaluación de impacto ambiental por aplicación de la legislación autonómica. 1. Los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado y no hayan de sujetarse a evaluación de impacto ambiental conforme a lo establecido en esta Ley podrán quedar sujetos a dicha evaluación cuando así lo determine la legislación de cualquier comunidad autónoma afectada por el proyecto. En tales casos será de aplicación lo dispuesto en el anexo I, grupo 9, letra d) y en el anexo II, grupo 9, letra n). 2. La evaluación a la que se refiere el apartado anterior se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento abreviado que a tal efecto se establezca reglamentariamente por el Gobierno.”
“Disposición final primera. Título competencial. 1. Este Real Decreto Legislativo tiene el carácter de legislación básica de protección del medio ambiente al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.23 de la Constitución. 2. No son básicos y sólo serán de aplicación a la Administración General del Estado y a sus organismos públicos los siguientes preceptos: a) Los apartados 1 y 3 del artículo 4… r) la disposición adicional tercera.”
3. Tal y como ha recordado la STC 68/2007, de 28 de marzo, citando a su vez a la STC 134/2004, de 22 de julio (FJ 3), es reiterada la doctrina constitucional que establece que “no cabe dar una respuesta unívoca y general a la cuestión relativa a los efectos de la modificación, derogación o pérdida de vigencia de una disposición legal, ulterior a su impugnación, sobre la eventual desaparición del objeto de los diversos procesos constitucionales, debiendo distinguirse entre la cuestión y el recurso de inconstitucionalidad como manifestaciones procesales distintas, no pudiendo resolverse apriorísticamente en función de criterios abstractos o genéricos (por ejemplo, SSTC 233/1999, de 12 de diciembre, FJ 3; 148/2000, de 1 de junio, FJ 3; 190/2000, de 13 de julio, FJ 2; y 16/2003, de 30 de enero, FJ 2)”.
La proyección de este planteamiento de principio sobre el recurso de inconstitucionalidad, tal y como ha recordado la STC 124/2003, de 19 de junio, FJ 3, por tratarse de un “recurso abstracto y orientado a la depuración objetiva del ordenamiento”, determina que “la pérdida sobrevenida de la vigencia del precepto legal impugnado ‘habrá de ser tenida en cuenta por este Tribunal para apreciar si la misma conlleva ... la exclusión de toda la aplicabilidad de la Ley, [pues] si así fuera, no habría sino que reconocer que desapareció, al acabar su vigencia, el objeto de este proceso constitucional que, por sus notas de abstracción y objetividad, no puede hallar su exclusivo sentido en la eventual remoción de las situaciones jurídicas creadas en aplicación de la Ley, acaso inconstitucional (art. 40.1 LOTC)’ (STC 199/1987, FJ 3)”. De modo que, si bien carece de sentido, en el seno de un recurso de inconstitucionalidad, “pronunciarse sobre normas que el mismo legislador ha expulsado ya de dicho ordenamiento ... de modo total, sin ultraactividad” (SSTC 160/1987, de 27 de octubre, FJ 6; 150/1990, de 4 de octubre, FJ 8; y 385/1993, de 23 de diciembre, FJ 2), puede resultar útil y conveniente su enjuiciamiento, aun cuando hayan sido derogadas, para excluir “toda aplicación posterior de la disposición legal controvertida, privándola así del vestigio de vigencia que pudiera conservar” (SSTC 160/1987, FJ 6; y 385/1993, FJ 2).
4. La primera alegación del recurso que nos ocupa se refiere a la supuesta vulneración de las exigencias del art. 86.1 CE, por cuanto se habría incumplido el presupuesto de la “extraordinaria y urgente necesidad” justificativa de la aprobación de un decreto-ley. Constituye reiterada doctrina constitucional, recordada por la citada STC 68/2007, de 28 de marzo, FJ 4 (con cita de la STC 155/2005, de 9 de junio, en su FJ 2) que “es algo fuera de duda” que “el control del Decreto-ley en cuanto tal no está impedido por el hecho de la novación operada por la Ley, siguiendo lo que dispone el art. 86.3”, pues el interés constitucional “de ajustar el uso del instrumento del Decreto-ley al marco del art. 86.1 ... no puede considerarse satisfecho por la derivación del Decreto-ley hacia el cauce del art. 86.3”, ya que si bien “pudiera ... pensarse que una eficacia retroactiva de la Ley que diera cobijo a los efectos producidos por el Decreto-ley puede privar de sentido a la impugnación dirigida ... al Decreto-ley, ... esto no es así, pues ... velar por el recto ejercicio de la potestad de emitir Decretos-leyes, dentro del marco constitucional, es algo que no puede eludirse por la utilización del procedimiento del art. 86.3 (STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 3; en el mismo sentido, más recientemente, STC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 1)”. Insistiendo en esta línea, hemos afirmado también que “la Constitución únicamente admite la legislación de urgencia bajo condiciones cuya inobservancia constituye una infracción que sólo puede repararse con una declaración de inconstitucionalidad, sin que los efectos derogatorios de la legislación sobrevenida o los convalidantes de la asunción del Decreto-ley por el Congreso de los Diputados puedan corregir un defecto que ha de concebirse como necesariamente insubsanable, pues, en otro caso, los límites del art. 86 CE sólo serían operativos en el tiempo que media entre el Decreto-ley y su convalidación o su conversión en ley, esto es, en un tiempo en el que este Tribunal nunca podrá materialmente pronunciarse” (STC 155/2005, de 9 de junio, FJ 2).
5. Tal y como quedó reflejado en los antecedentes de hecho de esta resolución, el Consejo de Gobierno andaluz sostiene que los preceptos por él recurridos, al ser aprobados bajo la forma de decreto-ley, vulneraron lo dispuesto en el art. 86.1 CE, por no concurrir la “extraordinaria y urgente necesidad” habilitante del uso de dicha facultad, dado que no puede justificarse su aprobación por ninguna de las razones apuntadas en su exposición de motivos. Ni en función de la supuesta finalidad de adecuación del Real Decreto Legislativo 1302/1986 a unas concretas directivas comunitarias, porque, al margen de que se habrían agotado, holgadamente, los correspondientes plazos de transposición, los preceptos recurridos tratan de “aspectos ajenos a la adecuación a la normativa comunitaria” de referencia. Ni en la intención de adaptar la legislación estatal a la doctrina constitucional sentada en la STC 13/1998, por haber transcurrido más de dos años y medio desde su publicación en el momento de aprobarse el real decreto-ley. A todo lo cual se suma, por lo que hace al art. 5, que la nueva redacción tendría “cabida en la anterior”, y, con carácter general, que la utilización del decreto-ley con incidencia competencial debe ser restrictiva, por cuanto en el procedimiento para su elaboración y convalidación no interviene el Senado, “órgano legislativo al que la Constitución asigna las funciones de Cámara de representación territorial”.
El Abogado del Estado afirma, sustancialmente, que la extraordinaria y urgente necesidad justificativa de la aprobación del decreto-ley derivaría de la intención de evitar condenas a España por mala transposición y retraso en la incorporación al Derecho interno de las correspondientes directivas, y que las concretas previsiones objeto del recurso serían “puramente accesoria de la principal medida normativa que adoptó el Decreto-ley recurrido”, ya que únicamente pretenden determinar “por exigencia del ordenamiento jurídico interno, la forma en que han de actuar las Administraciones del Reino de España para llevar a cabo tales procedimientos medioambientales”, estableciendo una regulación sustancialmente igual a la anterior. Así lo probaría el hecho de que la STC 13/1998, “que provocó [dice] las alteraciones discutidas declaró que la normativa objeto del procedimiento era constitucional”, de modo que “los cambios se refieren, exclusivamente, a mejoras técnicas que dan mayor seguridad jurídica a la normativa a la luz del criterio sentado por la citada STC”. A lo que añade la consideración de que, en todo caso, al ser el objeto material de la norma la introducción de medidas preventivas en materia de medio ambiente (lo que por sí mismo afecta a valores como la protección de la salud humana y la mejora de la calidad de vida), estaría justificada su entrada en vigor y aplicación lo antes posible.
6. Así planteado el problema constitucional, a la luz del art. 86.1 CE debemos acudir a la doctrina establecida por este Tribunal sobre el sentido y alcance del presupuesto legitimador de la extraordinaria y urgente necesidad. Dicha doctrina ha sido reiterada por la STC 68/2007, de 28 de marzo, y más recientemente por las SSTC 31/2011, de 17 de marzo, y 137/2011, de 14 de septiembre, con cita, entre otras, de las SSTC 182/1997, de 28 de octubre, 11/2002, de 17 de enero, 137/2003, de 3 de julio, 189/2005, de 7 de julio, FJ 3, y 329/2005, de 15 de diciembre, FJ 5. En estas Sentencias, tras reconocer el peso que en la apreciación de la extraordinaria y urgente necesidad ha de concederse “al juicio puramente político de los órganos a los que incumbe la dirección del Estado”, declaramos que “la necesaria conexión entre la facultad legislativa excepcional y la existencia del presupuesto habilitante” conduce a que el concepto de extraordinaria y urgente necesidad que se contiene en la Constitución no sea, en modo alguno, “una cláusula o expresión vacía de significado dentro de la cual el lógico margen de apreciación política del Gobierno se mueva libremente sin restricción alguna, sino, por el contrario, la constatación de un límite jurídico a la actuación mediante decretos-leyes”. Por ello mismo dijimos que es función propia de este Tribunal “el aseguramiento de estos límites, la garantía de que en el ejercicio de esta facultad, como de cualquier otra, los poderes se mueven dentro del marco trazado por la Constitución”, de forma que “el Tribunal Constitucional podrá, en supuestos de uso abusivo o arbitrario, rechazar la definición que los órganos políticos hagan de una situación determinada” y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad de un decreto-ley por inexistencia del presupuesto habilitante por invasión de las facultades reservadas a las Cortes Generales por la Constitución (SSTC 11/2002, de 17 de enero, FJ 4; y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3).
Ahora bien, como también hemos afirmado, “es claro que el ejercicio de la potestad de control que compete a este Tribunal implica que la definición por los órganos políticos de una situación de ‘extraordinaria y urgente necesidad’ sea explícita y razonada, y que exista una conexión de sentido o relación de adecuación entre la situación definida que constituye el presupuesto habilitante y las medidas que en el decreto-ley se adoptan (STC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3), de manera que estas últimas guarden una relación directa o de congruencia con la situación que se trata de afrontar” (STC 182/1997, de 28 de octubre, FJ 3). Ello no quiere decir que tal definición expresa de la extraordinaria y urgente necesidad haya de contenerse siempre en el propio real decreto-ley, sino que tal presupuesto quepa deducirlo igualmente de una pluralidad de elementos. A este respecto conviene recordar que el examen de la concurrencia del citado presupuesto habilitante de la “extraordinaria y urgente necesidad” siempre se ha de llevar a cabo mediante la valoración conjunta de todos aquellos factores que determinaron al Gobierno a dictar la disposición legal excepcional, que son, básicamente, “los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma, a lo largo del debate parlamentario de convalidación, y en el propio expediente de elaboración de la misma” (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 4; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4; y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3), debiendo siempre tenerse presentes “las situaciones concretas y los objetivos gubernamentales que han dado lugar a la aprobación de cada uno de los Decretos-leyes enjuiciados” (SSTC 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 3; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4; y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3). Igualmente, este Tribunal ha señalado que la valoración de la extraordinaria y urgente necesidad de una medida puede ser independiente de su imprevisibilidad e, incluso, de que tenga su origen en la previa inactividad del propio Gobierno siempre que concurra efectivamente la excepcionalidad de la situación, pues “lo que aquí debe importar no es tanto la causa de las circunstancias que justifican la legislación de urgencia cuanto el hecho de que tales circunstancias efectivamente concurran” (SSTC 11/2002, de 17 de enero, FJ 6; y 68/2007, de 28 de marzo, FJ 8). Por último debe subrayarse que la perspectiva desde la que ha de examinarse la concurrencia del presupuesto habilitante del art. 86.1 CE es la del momento en que se aprueba el correspondiente decreto-ley, de manera que el presupuesto de la validez de dicha norma no queda alterado por datos o circunstancias posteriores que pudieran cuestionar la apreciación de la urgencia o de la necesidad afirmadas en aquel momento.
7. En el marco de la doctrina citada debemos comprobar ahora si en los concretos preceptos del Real Decreto-ley 9/2000 objeto del presente recurso concurre el presupuesto habilitante de la “extraordinaria y urgente necesidad” exigido por el art. 86.1 CE, sin que quepa, en ningún caso acoger el argumento de la Comunidad recurrente acerca de la supuesta restricción del recurso al decreto-ley en materias con incidencia competencial, por carecer de la apoyatura que resultaría necesaria al efecto en el texto constitucional.
En la exposición de motivos del real decreto-ley se afirma que “para dar cumplimiento al mandato comunitario, y sin perjuicio de que en un futuro próximo sea necesario regular las evaluaciones estratégicas de planes y programas, dado que ya existe en el ámbito comunitario una propuesta de directiva sobre la que el pasado 30 de marzo se adoptó la posición común (CE) 25/2000, este Real Decreto-ley tiene por objeto incorporar plenamente a nuestro derecho interno la Directiva 85/337/CEE, con las modificaciones introducidas por la Directiva 97/11/CE”. A tal fin se modifican los arts. 1, 2 y 6 del Real Decreto Legislativo 1302/1986, cuyo efecto más inmediato es ampliar el ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental. De forma sucesiva se advierte que “se incluyen en el art. 5 del Real Decreto legislativo los cambios necesarios para adaptar la legislación estatal a los criterios recogidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de enero de 1998, que exige la necesaria colaboración entre las distintas Administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias”, pasando a explicar el alcance de la novedad consistente en la introducción de un nuevo apartado 2 en el art. 1 del Real Decreto Legislativo. No se ofrece, sin embargo, explicación alguna de la modificación introducida en la redacción original del art. 7, ni respecto a la introducción de las nuevas disposiciones adicional tercera y final tercera. La exposición de motivos se cierra con la indicación de las razones en las que se justifica el recurso a la forma de real decreto-ley: “Dado que la Comisión Europea interpuso, el 14 de diciembre de 1999 ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, una demanda contra el Reino de España por la inadecuada incorporación de la Directiva 85/337/CEE, por no incluir el Real Decreto Legislativo 1302/1986 dentro de su ámbito de aplicación a varios de los grupos de proyectos que figuraban en el anexo II de la norma comunitaria, y que, asimismo, el 15 de septiembre de 2000 ha presentado una nueva demanda por la no transposición de la Directiva 97/11/CE en el plazo en ella fijado, resulta justificada la regulación de esta materia mediante Real Decreto-ley, de acuerdo con lo establecido en el artículo 86.1 de la Constitución”.
De la literalidad de la exposición de motivos del Real Decreto-ley, por tanto, se desprende que la justificación de la aprobación del mismo en el marco del art. 86.1 se concreta en la necesidad de reaccionar ante sendas demandas interpuestas contra el Reino de España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por inadecuada incorporación de la Directiva 85/337/CEE y por no transposición en plazo de la Directiva 97/11/CE, aunque respecto de uno de los preceptos objeto del presente recurso, el art. 5 reformado, se advierte que los cambios en él introducidos se derivan de la necesidad de “adaptar la legislación estatal a los criterios recogidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de enero de 1998, que exige la necesaria colaboración entre las distintas Administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias”.
En el trámite de convalidación del Real Decreto-ley, en la defensa del texto ofrecida por el Ministro de Medio Ambiente, en nombre del Gobierno, ante el Pleno del Congreso de los Diputados (Cortes Generales. “Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados”. Pleno y Diputación Permanente. VII Legislatura. Año 2000, núm. 35, sesión plenaria núm. 33 del 19 de octubre de 2000, págs. 1561 a 1571), se afirma que “la principal finalidad de este Real Decreto-ley de evaluación de impacto ambiental, es dar cumplimiento a las exigencias establecidas en esta normativa comunitaria sobre esta materia y, en particular, incorporar plenamente a nuestro derecho interno la Directiva 85/337, de la Comunidad Europea, regulando la evaluación de impacto ambiental de los proyectos del denominado anexo II. Todas estas razones aconsejan tramitar la presente reforma legal por la vía del real decreto-ley”. Con esta finalidad se vinculan los siguientes cambios operados por el real decreto-ley: modificación de los anexos del real decreto legislativo, en conexión con el art. 1 y con el nuevo apartado 3 del art. 2; introducción de nuevo segundo párrafo en el apartado 2 del art. 2; modificación del apartado 1 del art. 6.
Una vez expuestas las mencionadas modificaciones del Real Decreto Legislativo 1302/1986 por el Real Decreto-ley 9/2000, en la defensa del texto ofrecida por el Ministro se afirma a continuación que “[a]l margen de las modificaciones exigidas por la adaptación comunitaria, el real decreto-ley introduce también algunos otros cambios en la normativa vigente, que vienen motivados principalmente por la necesidad de adaptar su actual regulación a los criterios competenciales establecidos en la jurisprudencia constitucional”, sin incluir mayores precisiones al respecto. Con esta finalidad, confesadamente desvinculada de la necesaria adaptación del ordenamiento interno a la normativa comunitaria, se justifica en concreto la modificación de los arts. 5 y 7 y la introducción de la nueva disposición adicional tercera. Por lo que respecta a la modificación del art. 5 se advierte que “si bien se mantiene el principio de que el Ministerio de Medio Ambiente será el órgano ambiental, en el caso de la evaluación de proyectos autorizados o aprobados por la Administración general del Estado y se incluye, de acuerdo con esta jurisprudencia constitucional, un nuevo apartado 3, estableciendo en estos supuestos la obligación de que sea consultado preceptivamente el órgano ambiental de la comunidad autónoma en donde se ubique territorialmente el proyecto”. Asimismo, se explica que la nueva disposición adicional tercera “reconoce la necesidad de regular un procedimiento específico para aquellos proyectos de titularidad estatal que no estando sujetos a evaluación, de acuerdo con lo previsto en el real decreto legislativo, deban someterse al mismo como consecuencia de exigirlo, en ejercicio de su competencia para aprobar normas adicionales de protección, la legislación de las Comunidades Autónomas en donde deba ejecutarse el proyecto”. Aun sin hacer mención expresa del número del precepto, pero claramente en relación con el contenido del art. 7, se señala después que “a solicitud de diversas Comunidades Autónomas, el real decreto legislativo deja en manos de dichas comunidades la posibilidad de que regulen respecto de los proyectos de su competencia, de forma diferente a la prevista en la normativa básica, la resolución de conflictos entre el órgano ambiental y el órgano sustantivo o la determinación del órgano que debe realizar las tareas de seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la declaración de impacto”.
Finalmente, en el trámite de convalidación el Ministro de Medio Ambiente destacó dos aspectos generales del real decreto-ley aprobado: de un lado, “el extraordinario alcance de la modificación” así como “la importancia que supone para el medio ambiente y la preservación de los recursos naturales tener la garantía de que prácticamente todos los proyectos que van a tener un mínimo de importancia económica y social van a ser analizados desde el punto de vista ambiental, estudiándose los impactos negativos y sus posibles correcciones y compensaciones”, ya que “de las actuales 12 categorías de proyectos incluidos en el derogado anexo del Real Decreto Legislativo 1302/1986 que se sometían con anterioridad a la presente reforma a esta evaluación de impacto ambiental pasamos, tras la modificación que supone este real decreto (sic), a 115 categorías de proyectos respecto de los cuales, bien mediante una evaluación obligatoria o mediante un estudio caso por caso, se debe considerar, previamente a su realización o ejecución, si el mismo tiene o no efectos ambientales significativos”; de otro lado se subrayó “el carácter básico de la normativa que estamos modificando”.
Para completar el análisis de los motivos alegados por el Gobierno, procede traer a colación el dictamen emitido por el Consejo de Estado, en tanto que dicho dictamen constituye un trámite sustancial del procedimiento de elaboración de la norma impugnada. En el dictamen núm. 2934/2000 emitido por unanimidad por la Comisión Permanente del Consejo de Estado en sesión celebrada el día 14 de septiembre de 2000, se consideró que “la urgencia está avalada en el presente caso por dos circunstancias, que son: 1) el plazo de transposición de la Directiva 97/11/CE venció el 14 de marzo de 1999; y 2) en la actualidad se halla pendiente ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas un litigio promovido contra el Reino de España por incumplimiento de la anterior Directiva 85/337/CEE sobre la misma materia. Pero la extraordinaria necesidad de acudir a esta forma excepcional no es manifiesta, al menos con los elementos de juicio que obran en el expediente. Por eso, sin formular una objeción frontal, el Consejo de Estado estima que hubiera sido preferible tramitar un proyecto de Ley, tal como figuraba en el expediente desde su iniciación hasta pocos días antes de remitirlo en consulta. A menos que se piense, con fundamento, que de este modo se está todavía a tiempo de evitar una sentencia condenatoria”.
9. Antes de comenzar con el examen de la primera objeción indicada, conviene delimitar el alcance de nuestro pronunciamiento y precisar el canon de enjuiciamiento. Por un lado, el presente recurso no versa sobre la recta aplicación del Derecho de la Unión Europea por los poderes públicos nacionales, que como ya hemos declarado anteriormente es en principio una cuestión que, procesalmente, no tiene rango constitucional (por todas STC 58/2004, de 19 de abril, FJ 10), sino sobre la recta aplicación de la Constitución, por un órgano constitucional, en el desarrollo normativo del Derecho de la Unión Europea. Como afirmamos en la STC 13/1998, de 22 de enero (FJ 3), cuando los procesos constitucionales “tienen por objeto disputas competenciales que tengan su origen en la trasposición al Derecho interno de una Directiva comunitaria, como en el caso enjuiciado, no corresponde a este Tribunal decidir si la Directiva ha sido o no correctamente incorporada al ordenamiento interno ni, en su caso, si está siendo correctamente aplicada (SSTC 64/1991, fundamento jurídico 4, y 147/1996, fundamento jurídico 3)”. Por otro lado, las consideraciones que se realizan a continuación no pretenden agotar la cuestión de la idoneidad del decreto-ley para la ejecución normativa de las diversas modalidades de actos jurídicos que puedan adoptar las instituciones de la Unión, sino únicamente si en el presente caso el Gobierno ha hecho un uso legítimo de la potestad legislativa de urgencia que la Constitución le reconoce en el art. 86 CE en relación con la incorporación de dos directivas al ordenamiento jurídico interno.
El mismo parámetro de corrección funcional debe aplicarse por lo que respecta a la distribución horizontal de poderes establecida en la Constitución. El Gobierno no puede disponer libremente de la distribución constitucional de competencias entre el Parlamento y el Gobierno en cuanto a la producción de las fuentes primarias del ordenamiento, esto es, las normas con valor de ley. Tal como señalamos en la mencionada STC 96/2002 (FJ 10), una norma adoptada para dar cumplimiento a un mandato de la Unión Europea responde a una finalidad constitucionalmente legítima, pero ello “no implica necesariamente que el medio utilizado para alcanzar el fin sea adecuado al mismo, en sentido de razonable y proporcionado”.
Por otra parte, también conviene recordar que el art. 93 de la Constitución atribuye “a las Cortes Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión”. A este respecto este Tribunal ha declarado que “la determinación de a qué ente público corresponde la ejecución del Derecho comunitario, bien en el plano normativo, bien en el puramente aplicativo, se ha de dilucidar caso por caso teniendo en cuenta los criterios constitucionales y estatutarios de reparto de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en las materias afectadas”. No obstante, en la misma Sentencia este Tribunal continua señalando que “tampoco cabe ignorar ‘la necesidad de proporcionar al Gobierno los instrumentos indispensables para desempeñar la función que le atribuye el art. 93 CE’ (STC 252/1988, FJ 2) ... esto es, para adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar el cumplimiento de las resoluciones de los organismos internacionales en cuyo favor se han cedido competencias” (STC 33/2005, de 17 de febrero, FJ 3).
Nuestra jurisprudencia ha examinado en una ocasión la procedencia de la forma de decreto-ley en relación con la transposición de una directiva comunitaria al ordenamiento jurídico interno. Concretamente en la STC 329/2005, de 15 de diciembre, con relación a la legitimidad constitucional del Real Decreto-ley 1/1997, de 31 de enero, que regulaba por primera vez la transmisión digital de señales de televisión por satélite mediante el sistema de acceso condicional, y lo hacía siguiendo la Directiva 95/47/CE, cuyo propósito era establecer normas comunes para ese nuevo mercado a fin de favorecer la libre competencia entre los operadores. Entonces subrayamos que la concurrencia del presupuesto habilitante del mencionado decreto-ley se fundamentaba en una doble circunstancia alegada por el Gobierno: “según lo manifestado por el Gobierno, la situación que habría dado lugar a la aprobación de la disposición impugnada vendría creada, no sólo por el patente retraso por parte del Estado español en incorporar la Directiva 95/47/CE, cuyo plazo había finalizado el 23 de agosto de 1996, sino por la necesidad de establecer normas para la transmisión digital de señales de televisión por satélite mediante el sistema de acceso condicional, previamente a la introducción en el mercado de los servicios vinculados a ese tipo de transmisiones, es decir, antes de que los operadores iniciaran su actividad, con el fin de favorecer eficazmente la libre competencia y defender la libertad de elección de los consumidores, regulación inexistente hasta ese momento y que se lleva a cabo mediante la incorporación de la Directiva” (STC 329/2005, FJ 6). En dicha Sentencia apreciamos que la importancia de los intereses en juego existentes en el sector en cuestión era lo que reclamaba una regulación normativa inmediata por los poderes públicos. Esta interpretación es, por lo demás, coherente con nuestra doctrina constitucional en la materia, pues, en relación con la concurrencia del presupuesto habilitante, siempre hemos atendido a la existencia de una justificación material, sin conformarnos con argumentos meramente formales.
En suma, el recurso al decreto-ley como cauce de incorporación al ordenamiento interno del Derecho de la Unión Europea por la mera razón de que hubiera transcurrido el plazo de transposición, sin mayores precisiones, no se adecuaría al presupuesto habilitante de la urgente y extraordinaria necesidad, por lo que constituiría un uso abusivo de una facultad excepcional conforme a la Constitución española como es la legislación de urgencia y conduce a un reforzamiento de la posición institucional del poder ejecutivo en detrimento de la del legislativo, y en especial a una postergación del Senado que nuestra Carta Magna concibe como “la Cámara de representación territorial” (art. 69.1 CE). Ya en nuestra STC 29/1982, de 31 de mayo (FJ 1), resaltamos que la Constitución reconoce a las Cortes Generales como “las depositarias de la potestad legislativa en su ejercicio ordinario”, pues son ellas las que representan al pueblo español (art. 66.1 CE), y que el Gobierno ejerce la iniciativa legislativa, de conformidad con el art. 87.1 CE, por lo que la potestad que ostenta para dictar decretos-leyes, en virtud del art. 86.1 CE, se configura “como una excepción al procedimiento ordinario de elaboración de las leyes y en consecuencia está sometida en cuanto a su ejercicio a la necesaria concurrencia de determinados requisitos que lo legitiman”.
De mantenerse otra interpretación se alentaría la progresiva atracción de la incorporación de las directivas hacia el ámbito funcional del decreto-ley, en detrimento de los principios de legitimidad democrática directa y de legalidad que recaen inicialmente en la acción de las Cortes Generales en cuanto que representantes del pueblo soberano. Como hemos afirmado recientemente en la STC 119/2011, de 5 de julio (FJ 7), a propósito de una utilización indebida del derecho de enmienda en el procedimiento legislativo, “desatender los límites constitucionales bajo el paraguas de la urgencia normativa no deja de ser una lesión constitucional por mucho que pueda parecer conveniente coyunturalmente. Una buena política legislativa puede evitarlo y cuando excepcionalmente no sea posible debe asumir el coste democrático que pueda tener pero no forzar la Constitución”. Tanto más cuanto que la incorporación de las directivas de la Unión Europea constituye una obligación normal, previsible y hasta cotidiana derivada de nuestra pertenencia a la Unión Europea.
10. Ciñéndonos ya al caso concreto, cabe recordar que el Gobierno ha alegado expresamente dos circunstancias concretas para fundamentar el recurso al decreto-ley: la expiración del plazo de transposición de las dos directivas a las que pretende dar cumplimiento el Real Decreto-ley 9/2000, y la existencia de dos litigios promovidos por la Comisión Europea contra el Reino de España por incumplimiento de la transposición de ambas directivas. Y adicionalmente ha invocado el “alcance extraordinario” de la modificación pretendido por el decreto-ley, en cuanto que, a partir del mencionado decreto-ley, casi la totalidad de los proyectos con relevancia económica y social quedarían sometidos a evaluación de impacto ambiental, con la importancia que ello suponía para la tutela del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales, finalidad que sin duda cabe considerar como constitucionalmente legítima con arreglo al art. 45 CE.
En el presente caso es evidente que el Estado había incurrido en un patente retraso respecto a la transposición de las dos directivas aludidas. El Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre, objeto del recurso interpuesto por la Comunidad Autónoma recurrente, se adoptó para “incorporar plenamente a nuestro derecho interno la Directiva 85/337/CEE, con las modificaciones introducidas por la Directiva 97/11/CE”. Pues bien, el art. 12 de la primera directiva estableció un plazo de transposición de tres años a partir de la notificación, que tuvo lugar el 3 de julio de 1985; y el art. 3 de la segunda directiva dispuso que debía ser incorporada por los Estados miembros a más tardar el 14 de marzo de 1999. Por tanto, el Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre, fue adoptado en un momento en el que se superaba con creces los plazos establecidos para la transposición de las dos directivas mencionadas.
No obstante, el patente retraso en la incorporación de las directivas mencionadas no es la única circunstancia invocada por el Gobierno insistentemente tanto en la elaboración y aprobación de la norma impugnada como en el seno de este proceso constitucional. En efecto, la exposición de motivos del Real Decreto-ley 9/2000 aduce igualmente que resulta justificada la regulación de la materia mediante real decreto-ley “dado que la Comisión Europea interpuso, el 14 de diciembre de 1999 ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, una demanda contra el Reino de España por la inadecuada incorporación de la Directiva 85/337/CEE por no incluir el Real Decreto Legislativo 1302/1986 dentro de su ámbito de aplicación a varios de los grupos de proyectos que figuraban en el anexo II de la norma comunitaria, y que, asimismo, el 15 de septiembre de 2000 ha presentado una nueva demanda por la no transposición de la Directiva 97/11/CE en el plazo en ella fijado”. Y el Abogado del Estado señala que la finalidad última de la adopción del decreto-ley no es tanto la transposición en plazo de dos directivas como la de “evitar la condena en los procedimientos abiertos y sus consecuencias”.
Es cierto que la transposición extemporánea, posterior al planteamiento del recurso de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia, no garantiza siempre la extinción del recurso de incumplimiento planteado por la Comisión Europea, porque el recurso de incumplimiento previsto en el art. 258 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea tiene un carácter objetivo y su interposición y mantenimiento incumbe exclusivamente a la Comisión como “guardiana de los Tratados”. De forma que si la Comisión decide mantener el recurso, a pesar del cumplimiento tardío de la obligación de que se trate y a pesar de que el Estado miembro en cuestión solicite su archivo, el Tribunal de Justicia debe entrar a examinar la demanda y puede, en su caso, constatar que ha existido el incumplimiento denunciado, como se desprende de la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Luxemburgo.
De la mera lectura de la exposición de motivos del Real Decreto-ley 9/2000, reproducida en lo que aquí interesa en el fundamento jurídico 9 de esta Sentencia, se desprende ciertamente que el propio Gobierno ha desvinculado expresamente la introducción de los preceptos objeto del presente recurso de la justificación “principal” de la aprobación del real decreto-ley en el que se incardinan, conectada con la declarada necesidad de reacción frente a sendos procedimientos comunitarios de infracción. La justificación ofrecida de la introducción de los concretos preceptos recurridos se conecta exclusivamente, según reconoce el Gobierno en la exposición de motivos del real decreto-ley y en la defensa del mismo en el trámite de convalidación en el Congreso, con la supuesta “necesidad de adaptar su actual regulación a los criterios competenciales establecidos en la jurisprudencia constitucional”, lo que corrobora el Abogado del Estado en sus alegaciones cuando afirma que la concreta regulación contra la que se dirige el recurso es “puramente accesoria de la principal medida normativa que adoptó el Real Decreto-ley recurrido”.
No obstante, una vez efectuada la anterior constatación debemos proceder todavía a examinar si existe una conexión de sentido entre la situación definida y cada una de las medidas del Real Decreto-ley que han sido impugnadas. Ya en la varias veces recordada STC 29/1982 consideramos que la concurrencia del presupuesto habilitante del art. 86.1 CE para el conjunto de un decreto-ley no excluía un examen individualizado de aquellas disposiciones incluidas en el real decreto-ley que la parte recurrente consideraba no amparadas por la finalidad a la que servía la adopción de dicha norma legislativa de urgencia. En la citada Sentencia afirmamos además un doble criterio o perspectiva para valorar la existencia de la conexión de sentido: el contenido, por un lado, y la estructura, por otro, de las disposiciones incluidas en el real decreto-ley controvertido. Así señalamos que la competencia que tienen los órganos políticos para “determinar cuándo una situación, por consideraciones de extraordinaria y urgente necesidad, requiere el establecimiento de una norma por vía de Decreto-ley … no les autoriza … sin embargo, para incluir en el Decreto-ley cualquier género de disposiciones: ni aquéllas que, por su contenido y de manera evidente, no guarden relación alguna, directa ni indirecta, con la situación que se trata de afrontar ni, muy especialmente, aquéllas que, por su estructura misma, independientemente de su contenido, no modifican de manera instantánea la situación jurídica existente, pues de ellas difícilmente podrá predicarse la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad” (STC 29/1982, FJ 3). En la misma Sentencia, ahondando en el segundo criterio mencionado, consideramos que “las razones de extraordinaria y urgente necesidad, que excepcionalmente pueden habilitar al Gobierno, como ha quedado establecido, para abordar el tratamiento innovativo de determinadas materias reguladas por ley formal, no amparan bajo ningún punto de vista la inclusión de un precepto exclusivamente deslegalizador, que remite al futuro la regulación de la materia deslegalizada, máxime cuando no se fija un plazo perentorio para dictar tal regulación, que habría de ser inferior al necesario para tramitar la deslegalización como proyecto de Ley por el procedimiento de urgencia” (STC 29/1982, FJ 6).
Si bien las citadas disposiciones no provienen del contenido de las directivas objeto de transposición, la conexión de sentido debe valorarse en relación con las medidas adoptadas para la incorporación de dichas directivas al ordenamiento jurídico interno. En nuestra jurisprudencia hemos atendido al contenido de las disposiciones incluidas en un decreto-ley para valorar la existencia de conexión de sentido, descartando que ésta exista cuando las disposiciones incluidas en un decreto-ley “por su contenido y de manera evidente, no guarden relación alguna, directa ni indirecta, con la situación que se trata de afrontar” (STC 29/1982, FJ 3). Pues bien, puede afirmarse que esa relación existe de manera evidente cuando, como ocurre en el presente caso, el contenido de las disposiciones enjuiciadas reviste un carácter manifiestamente instrumental y accesorio con respecto a las normas sustantivas que vienen a conformar el cuerpo normativo regulador de la materia de que se trate. Su objetivo es precisar las atribuciones estatales y autonómicas resultantes de la regulación que se pretende modificar, complementando dicha regulación y contribuyendo así a garantizar el correcto cumplimiento de las obligaciones derivadas de las dos directivas europeas. Las disposiciones correspondientes de la norma legal objeto de modificación (el Real Decreto Legislativo 1302/1986), que establecen de forma sucinta el marco de atribuciones aplicable en la materia, constituyen en definitiva un elemento instrumental y accesorio del conjunto del cuerpo normativo mencionado, por lo que su modificación no puede quedar vedada a un real decreto-ley en el que concurre efectivamente, tal como hemos apreciado anteriormente, el presupuesto habilitante requerido por el art. 86.1 CE. De lo contrario se produciría el absurdo de que un real decreto-ley sí podría modificar la regulación legal sustantiva de una materia en atención a una situación de extraordinaria y urgente necesidad, pero no podría modificar al mismo tiempo aquellas disposiciones accesorias e instrumentales como las que establecen el marco básico de atribuciones y potestades aplicable en la materia.
Además, es preciso destacar que el principio de cooperación leal entre la Unión Europea y los Estados miembros, que viene consagrado desde hace décadas por el Derecho comunitario europeo y se recoge actualmente en el art. 4.3 del Tratado de la Unión Europea, prescribe con carácter general que “los Estados miembros adoptarán todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Tratados o resultantes de los actos de las instituciones de la Unión”. Por tanto, cuando las autoridades de un Estado miembro se proponen incorporar al Derecho interno el contenido de una directiva, no tienen por qué limitarse a incorporar únicamente las medidas requeridas explícitamente por dicha norma europea, sino que, conforme al Derecho de la propia Unión, deben también adoptar “todas las medidas generales o particulares apropiadas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones” resultantes del acto de la Unión que se pretende incorporar al Derecho interno. En suma, no puede considerarse que la inclusión de una referencia normativa al marco básico de atribuciones y potestades aplicable al objeto de regulación que se pretende introducir o modificar carezca de la necesaria conexión de sentido con la finalidad a la que responde la normativa contenida en el real decreto-ley.
Por último, en cuanto al apartado dos del artículo único del real decreto-ley 9/2000, que introduce una nueva disposición adicional tercera en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, la aplicación del canon sentado en la STC 29/1982 nos conduce a una conclusión diferente. A la disposición ahora analizada procede aplicar el segundo criterio sentado en la STC 29/1982 (FJ 3), según el cual entre las disposiciones que no cabe incluir en un decreto-ley se encuentran “muy especialmente, aquellas que, por su estructura misma, independientemente de su contenido, no modifican de manera instantánea la situación jurídica existente, pues de ellas difícilmente podrá predicarse la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad”. En efecto, el precepto analizado constituye una disposición adicional que contempla que la evaluación ambiental que no venga establecida por la legislación estatal sino por la legislación autonómica respecto de proyectos, públicos o privados, que corresponda autorizar o aprobar a la Administración General del Estado “se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento abreviado que a tal efecto se establezca reglamentariamente por el Estado”. Si bien no se pretende exclusivamente una deslegalización de una cuestión regulada previamente por norma de rango legal, como fue el caso abordado por la STC 29/1982, se puede apreciar que el supuesto es muy similar, de forma que lo que señalamos entonces se puede trasladar a la disposición ahora analizada. Efectivamente, esta disposición se limita a prever un determinado procedimiento abreviado cuya concreta regulación se remite en blanco a un futuro reglamento que el Gobierno habría de aprobar en una fecha posterior sin concretar, por lo que, conforme al criterio sentado en la STC 29/1982, podemos afirmar igualmente ahora que la inclusión de dicha disposición adicional tercera “no queda en absoluto acreditada por la exigencia de tener que afrontar una situación de extraordinaria y urgente necesidad porque, en primer lugar, no afecta a la regulación de una situación jurídica dada, sino que habilita para un cambio … que podrá llevar a cabo el Gobierno haciendo uso de la deslegalización; en segundo lugar, se trata de un precepto exclusivamente deslegalizador que no afronta directamente la solución de extraordinaria y urgente necesidad, ni fija plazo perentorio alguno para que el Gobierno dicte las disposiciones dirigidas a tal fin, y, por último, debe señalarse que todavía no se ha hecho uso de la deslegalización, pese al tiempo transcurrido” (FJ 6). Incluso la última circunstancia aludida, que entonces mencionamos como confirmación de la inexistencia de la extraordinaria y urgente necesidad, se puede reiterar también en el presente caso. En efecto, pese a haber transcurrido más de una década desde su publicación, tampoco se ha hecho uso de la habilitación contenida en la disposición adicional tercera del Real Decreto Legislativo 1302/1986, habilitación que se reiteró en la Ley 6/2001, de 8 de mayo, que sustituyó al Real Decreto-ley 9/2000, y que pervive todavía hoy en la disposición adicional tercera del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, de evaluación del impacto ambiental. De todo ello se desprende asimismo que la situación aquí enjuiciada es diferente de la analizada en la STC 11/2002, de 17 de enero, en la que apreciamos que la disposición adicional única del Real Decreto-ley 8/1994 sobre supresión de las cámaras de la propiedad urbana, que incluía un contenido habilitante para la adopción del régimen definitivo con arreglo al cual habría de verificarse la desaparición efectiva de dichas cámaras de la propiedad urbana, no carecía de la necesaria conexión de sentido por relación a las razones de extraordinaria y urgente necesidad de justificaron la adopción de aquel real decreto-ley.
13. Una vez descartada la inconstitucionalidad de los apartados uno y tres del artículo único del Real Decreto-ley 9/2000 desde la perspectiva del art. 86.1 CE, debemos entrar a examinar el segundo motivo de impugnación relativo a la vulneración competencial. La segunda de las excepciones a la regla general, ya descrita en el fundamento jurídico 3 de esta Sentencia, de que el recurso de inconstitucionalidad pierde su objeto como consecuencia de la derogación formal de la norma contra la que se dirige, atiende a la circunstancia de que el recurso plantee, en realidad, una controversia competencial, no susceptible de verse formalizada a través del cauce del conflicto de competencias precisamente en consideración al rango legal de la norma contra la que se dirige. A este respecto resulta aplicable al presente recurso la consolidada doctrina (formulada en la STC 182/1992, de 16 de noviembre, FJ 1, y reiterada posteriormente en las SSTC 385/1993, de 23 de diciembre, FJ 2; 43/1996, de 14 de marzo, FJ 3; y 61/1997, de 20 de marzo, FJ 3) que extiende a los recursos de inconstitucionalidad el criterio sostenido en relación con los conflictos positivos de competencia, conforme al cual “si la norma objeto de un conflicto es derogada por otra posterior puede provocarse sobrevenidamente la pérdida del objeto del conflicto mismo y, en consecuencia, resultar improcedente que éste sea resuelto mediante Sentencia” (STC 248/1988, de 20 de diciembre, FJ 2). Ahora bien, como señalamos en la STC 196/1997, de 13 de noviembre, FJ 2, y reiteramos en la STC 109/2003, de 5 de junio, FJ 2, “hay que huir de todo automatismo en los efectos que en los procesos conflictuales quepa conceder a las modificaciones o derogaciones sobrevenidas de las disposiciones discutidas, puesto que no basta con el mero agotamiento de la disposición o resolución impugnada o con su derogación o modificación para concluir si se requiere una decisión sobre el fondo … y hay que estar sustancialmente a la persistencia o no de la controversia competencial … con el fin de salvaguardar el principio de la irrenunciabilidad o indisponibilidad de las competencias por las partes y, al tiempo, custodiar la vigencia de las normas constitucionales y estatutarias atributivas de competencias”. En la misma Sentencia reiteramos que este Tribunal “sólo está llamado a pronunciarse sobre la titularidad de una competencia en la medida en que se trate de una competencia controvertida o de que la disputa esté todavía viva, debiendo inevitablemente resolver los términos de un conflicto mientras la esfera respectiva de competencias no resulte pacífica y aunque la disposición sobre la que se trabó el conflicto resulte luego derogada o modificada. En definitiva, la función de preservar los ámbitos respectivos de competencias no puede quedar enervada por la sola derogación o modificación de las disposiciones cuya adopción dio lugar al litigio, cuando aquella preservación exige aún, porque así lo demandan las partes, o al menos una de ellas, una decisión jurisdiccional que declare, constatando si se verificó o no la extralimitación competencial denunciada, su definición constitucional o estatutaria (SSTC 182/1988, FJ 1; 248/1988, FJ 2, y 167/1993, FJ 2; 329/1993, FJ 1, y 165/1994, FJ 2)”. En relación con los conflictos positivos de competencias este Tribunal viene descartando la incidencia posterior en el objeto del proceso de las modificaciones operadas sobre las normas controvertidas “cuando las modificaciones o derogaciones operadas en dichas normas dejaban subsistentes o irresueltas las cuestiones debatidas y las partes mantuvieron su interés en encontrar una respuesta a sus pretensiones, como se puso de relieve al no haber desistido del conflicto la parte actora ni tampoco haberse allanado la parte demandada” (STC 77/2004, FJ 2), o “cuando las partes —como aquí ocurre— sostengan expresa o tácitamente sus pretensiones iniciales, pues la función de preservar los ámbitos respectivos de competencia, poniendo fin a una disputa todavía viva, no puede quedar automáticamente enervada por la, si así resultase ser, modificación de las disposiciones cuya adopción dio lugar al litigio (STC 182/1988, FJ 1)” (STC 128/1999, FJ 4).
Debemos acudir, en primer lugar, a las respuestas ofrecidas por las partes en el trámite de audiencia abierto a estos efectos en aplicación del art. 84 LOTC. Tal y como quedó reflejado en el antecedente 8 de esta resolución, la Letrada de la Junta de Andalucía se limitó a afirmar, en una alegación única, de forma literal, “que, en efecto, el presente recurso dado el cambio normativo ha quedado sin objeto”. No obstante, el Abogado del Estado contestó al mismo trámite, en lo que afecta a la alegación sustantiva del recurso, poniendo de manifiesto que la comparación entre los preceptos recurridos (y formalmente derogados) y los equivalentes contenidos en el vigente Real Decreto Legislativo 1/2008 permitiría concluir que la controversia competencial pervive en los términos en que fue formulada en el recurso de inconstitucionalidad.
Precisamente en la STC 101/2006, además de resaltar que se trataba de una controversia que para entonces ya estaba resuelta por la STC 13/1998, y antes de recordar los criterios que configuraron su ratio decidendi, declaramos que tales criterios “ha[bía]n sido ya expresamente asumidos por el legislador, que en la exposición de motivos de la Ley 6/2001, de 8 de mayo, que modifica el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, subraya que ‘se incluyen en el art. 5 del Real Decreto Legislativo los cambios necesarios para adaptar la legislación estatal a los criterios recogidos en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de enero de 1998’”, y a continuación reprodujimos el texto completo de dicho precepto (STC 101/2006, FJ 4). Pues bien, la redacción del art. 5 del Real Decreto Legislativo 1302/1986 dada por el apartado uno del artículo único del Real Decreto-ley 9/2000 coincide plenamente con la redacción del mismo precepto proporcionada por la Ley 6/2001.
Pues bien, las SSTC 13/1998 y 101/2006 ya concluyeron que no era inconstitucional la atribución al Estado de la competencia de evaluación de impacto ambiental respecto a los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administración General del Estado, por cuanto que “es conforme con el orden constitucional de competencias que la normativa impugnada confíe la evaluación del impacto ambiental a la propia Administración que realiza o autoriza el proyecto de una obra, instalación o actividad que se encuentra sujeta a su competencia, a tenor del bloque de la constitucionalidad” (STC 13/1998, FJ 8). Por tanto, toda vez que los argumentos para sostener la inconstitucionalidad de los arts. 5 y 7 del Real Decreto Legislativo 1302/1986 en la redacción dada por el Real Decreto-ley 9/2000 son esencialmente los mismos que los que ya fueron objeto de análisis y rechazo en las citadas Sentencias, nos remitimos ahora para su desestimación a lo expuesto en los fundamentos jurídicos 7 y 8 de la STC 13/1998 y 4 y 5 de la STC 101/2006.
1º Declarar la inconstitucionalidad del artículo único, cardinal dos, del Real Decreto-ley 9/2000.
Dada en Valencia, a trece de enero de dos mil doce.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Francisco José Hernando Santiago a la Sentencia que resuelve el recurso de inconstitucionalidad núm. 71-2001.
Don Pascual Sala Sánchez, don Eugeni Gay Montalvo, don Javier Delgado Barrio, don Ramón Rodríguez Arribas, don Pablo Pérez Tremps, don Francisco José Hernando Santiago, doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez y don Francisco Pérez de los Cobos Orihuel.
Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 71-2001
Interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con diversos preceptos del Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental.
Un real decreto-ley modifica la regulación legal del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, que incorpora las Directivas 85/337/CEE y 97/11/CE. La transposición de dichas normas de Derecho de la Unión Europea fue realizada superado el plazo de tres años, lo que motivó que la Comisión Europea promoviera sendas demandas contra el Reino de España por su incumplimiento.
Se estima parcialmente el recurso. La sentencia considera que concurre extraordinaria y urgente necesidad por el retraso de la transposición de las directivas y los dos procedimientos promovidos por la Comisión Europea contra el Reino de España por su incumplimiento, apreciando además que subsiste la finalidad de alcanzar los objetivos ambientales. Sin embargo, declara inconstitucional el precepto que remite a un futuro reglamento la regulación del procedimiento en materia de impacto ambiental.
En relación al resto de preceptos competenciales impugnados se desestima la inconstitucionalidad reiterando la doctrina de la STC 13/1998, en virtud de la cual la evaluación de impacto ambiental de las obras y proyectos autorizados por el Estado, corresponde al propio Estado.
Es inconstitucional la disposición del Real Decreto-ley impugnado que contempla que la evaluación ambiental se llevará a cabo de conformidad con un procedimiento abreviado cuya regulación se remite en blanco a un futuro reglamento que el Gobierno habría de aprobar en una fecha posterior sin concretar, debiendo señalarse que todavía no se ha hecho uso de la deslegalización, pese al tiempo transcurrido (STC 29/1982) [FJ 12].
Las razones de extraordinaria y urgente necesidad no amparan la inclusión de un precepto que remite al futuro la regulación de la materia deslegalizada, máxime cuando no se fija un plazo perentorio para dictar tal regulación, que habrá de ser inferior al necesario para tramitar la deslegalización como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia (STC 29/1982) [FJ 12].
Concurre en el presente caso el presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad requerido por el art. 86.1 CE por la incidencia conjunta de un elemento temporal –el retraso en la transposición de directivas–, un elemento causal –la existencia de dos procedimientos de incumplimiento contra España en la transposición de directivas– y un elemento material –el sometimiento, ex art. 45 CE, de la casi totalidad de los proyectos con relevancia económica y social a la evaluación de impacto ambiental– [FJ 10].
No cabe incluir en un decreto-ley disposiciones que por su estructura misma, independientemente de su contenido, no modifican de manera instantánea la situación jurídica existente, pues de ellas difícilmente podrá justificarse la extraordinaria y urgente necesidad (STC 29/1982) [FJ 12].
El presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad del decreto-ley, ex art. 86.1 CE, exige la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación y la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia y la medida adoptada (SSTC 29/1982, 137/2003) [FFJJ 6, 7, 11, 12].
Doctrina sobre el sentido y alcance del presupuesto legitimador de la extraordinaria y urgente necesidad del decreto-ley (SSTC 68/2007, 329/2005) [FFJJ 4, 6].
Proporcionar seguridad jurídica en cuanto al carácter básico de la legislación que se adopta mediante un real decreto-ley no puede desvincularse de la finalidad normativa a la que responde la aprobación de dicha norma, so pena de restringir excesivamente el ámbito material del real decreto-ley, limitación que no se desprende del art. 86.1 CE ni de precepto constitucional alguno [FJ 12].
Es conforme con el orden constitucional de competencias que la normativa impugnada confíe la evaluación del impacto ambiental a la propia Administración que realiza o autoriza el proyecto de una obra, instalación o actividad que se encuentra sujeta a su competencia (SSTC 13/1998, 101/2006) [FJ 14].
La traslación al ordenamiento interno del Derecho de la Unión Europea debe realizarse desde el pleno respeto de la estructura territorial del Estado, sin que afecte a los criterios constitucionales de reparto competencial, que no resultan alterados ni por el ingreso de España en la Comunidad Europea ni por la promulgación de normas comunitarias (STC 96/2002) [FJ 9].
Cuando los procesos constitucionales tienen por objeto disputas competenciales con origen en la trasposición al Derecho interno de una Directiva comunitaria no corresponde al Tribunal Constitucional decidir si ha sido o no correctamente incorporada, ni si está siendo correctamente aplicada (SSTC 64/1991, 13/1998) [FJ9].
No carece de la necesaria conexión de sentido, en la trasposición al Derecho interno de la Directiva comunitaria y en virtud del principio de cooperación leal entre la Unión Europea y los Estados miembros, la inclusión de una referencia normativa al marco básico de atribuciones y potestades aplicable a la delimitación competencial en materia de evaluación de impacto ambiental [FJ 12].
Cuando las tachas de inconstitucionalidad de un decreto-ley sean de orden competencial y no competencial se debe comenzar con la pretensión impugnatoria vinculada a la vulneración de lo dispuesto en el art. 86 CE, toda vez que si se estimaran estas alegaciones resultaría innecesario el examen de las restantes (SSTC 11/2002, 31/2011) [FJ 3].
La apertura del trámite de audiencia ex art. 84 LOTC, en la medida en que la parte demandada ha solicitado expresamente a este Tribunal una decisión jurisdiccional constatando si existe o no la extralimitación competencial denunciada, permite concluir que el conflicto competencial ínsito en el presente recurso de inconstitucionalidad no ha perdido objeto [FJ 13].
Si bien carece de sentido, en el seno de un recurso de inconstitucionalidad, pronunciarse sobre normas que el legislador ha expulsado del ordenamiento, sin ultraactividad, puede resultar conveniente su enjuiciamiento para excluir toda aplicación posterior de la disposición controvertida, privándola del vestigio de vigencia que pudiera conservar (SSTC 160/1987, 385/1993) [FJ 3].
Doctrina sobre los efectos de la pérdida sobrevenida de la vigencia del precepto legal impugnado en los recursos de inconstitucionalidad de índole competencial (SSTC 182/1988, 77/2004) [FFJJ 3, 13].
Artículo único, apartado 2 (declara inconstitucional)
Artículo 45, f. 10
Artículo 66.1, f. 9
Artículo 86, ff. 3, 4, 9
Artículo 86.1, ff. 1, 4 a 13
Artículo 87.1, f. 9
Artículo 149.1.23, ff. 2, 12
Artículo 84, ff. 4, 13
En general (redactada por la Directiva 97/11/CE), ff. 7, 9, 10
En general, ff. 5, 7, 10, 12
Artículo 1 (redactado por el Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre), f. 7
Artículo 2 (redactado por el Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre), f. 7
Artículo 2.1 (redactado por el Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre), f. 7
Artículo 2.2 párrafo 2 (redactado por el Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre), f. 7
Artículo 2.3 (redactado por el Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre), f. 7
Artículo 5 (redactado por el Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre), ff. 1, 2, 5, 7, 12 a 14
Artículo 5.3 (redactado por el Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre), f. 7
Artículo 6 (redactado por el Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre), f. 7
Artículo 6.1 (redactado por el Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre), f. 7
Artículo 7 (redactado por el Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre), ff. 1, 2, 7, 12 a 14
Disposición adicional tercera (redactada por el Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre), ff. 1, 2, 7, 12
Disposición adicional tercera (redactada por la Ley 6/2001, de 8 de mayo), f. 12
Disposición adicional tercera (redactado por el Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre), ff. 1, 2, 7, 12
Disposición final tercera (redactada por el Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre), ff. 1, 2, 15
Disposición final tercera (redactado por el Real Decreto-ley 9/2000, de 6 de octubre), ff. 1, 2, 15
Anexo, f. 7
Disposición adicional única, f. 12
Directiva 95/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995. Uso de normas para la transmisión de señales de televisión
Real Decreto-ley 1/1997, de 31 de enero. Incorporación al Derecho español de la Directiva 95/47/CE, de 24 de octubre, de la Comisión Europea, sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión, y se aprueban medidas adicionales para la liberalización del sector
Posición común 2000/25/CE del Consejo, de 30 de marzo. Aprobada de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente
En general, ff. 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12 a 15
Exposición de motivos, ff. 7, 11
Artículo único, f. 12
Artículo único, apartado 1, ff. 1, 13, 14
Artículo único, apartado 2, ff. 1, 12
Artículo único, apartado 3, ff. 1, 13, 15
En general, ff. 12, 14
Exposición de motivos, f. 14
Artículo 258, f. 10
En general (redactado por la Ley 6/2010, de 24 de marzo), ff. 2, 13
Artículo 9 (redactado por la Ley 6/2010, de 24 de marzo), f. 2
Disposición adicional tercera, ff. 2, 12
Disposición final primera (redactada por la Ley 6/2010, de 24 de marzo), f. 2
Disposición final primera, apartado 2 (redactada por la Ley 6/2010, de 24 de marzo), f. 2
Disposición final primera, apartado 2 (redactado por la Ley 6/2010, de 24 de marzo), f. 2
Anexo I, grupo 9 d), f. 2
Anexo II, grupo 9.n 2), f. 2
Disposición derogatoria única, apartado d), f. 2
Disposición derogatoria única, apartado d) (redactada por la Ley 6/2010, de 24 de marzo), f. 2
Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 13 de junio de 2002 (Comisión c. Reino de España, asunto C-474/99)
Carencia de jurisdicción para controlar la adecuación de los actos de los poderes públicos nacionales al Derecho de la Unión EuropeaCarencia de jurisdicción para controlar la adecuación de los actos de los poderes públicos nacionales al Derecho de la Unión Europea, f. 9
Controversias de contenido competencialControversias de contenido competencial, ff. 3, 13
Órganos ambientalesÓrganos ambientales, ff. 7, 12
Conexión de sentido entre la situación de urgencia y las medidas adoptadasConexión de sentido entre la situación de urgencia y las medidas adoptadas, f. 12
Decretos-leyesDecretos-leyes, ff. 11, 12, VP I
Derogación de normas jurídicasDerogación de normas jurídicas, ff. 3, 13
DeslegalizaciónDeslegalización, ff. 11, 12, VP I
Evaluación de impacto ambientalEvaluación de impacto ambiental, ff. 7, 12
Límite material de los decretos-leyesLímite material de los decretos-leyes, f. 12, VP I
Motivación de la extraordinaria y urgente necesidadMotivación de la extraordinaria y urgente necesidad, ff. 6, 10 a 12
Normas básicas en forma de decreto-leyNormas básicas en forma de decreto-ley, ff. 4, 5, 7, 9 a 12, VP I
Plazo de transposición de directivas de la Unión EuropeaPlazo de transposición de directivas de la Unión Europea, ff. 5 a 13
Presupuesto habilitantePresupuesto habilitante, ff. 4, 6, 7, 10, 12
Procedimiento de evaluación de impacto ambientalProcedimiento de evaluación de impacto ambiental, ff. 12, 14
Transposición de directivas de la Unión EuropeaTransposición de directivas de la Unión Europea, ff. 5, 9, 10

References: Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 

Artículo 5
 Real Decreto 

Artículo 7
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 149
 Real Decreto 
 artículo 5
 Real Decreto 
 artículo 5
 real decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 artículo 17
 Real Decreto 
 artículo 149
 artículo 4
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 86
 real decreto 
 Real Decreto 
 real decreto 
 real decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 real decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

Artículo 45

Artículo 66

Artículo 86

Artículo 86

Artículo 87

Artículo 149

Artículo 84

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 2

Artículo 5

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 7
 artículo 251

Artículo 258

Artículo 9