Source: http://undrugcontrol.info/es/issues/derechos-humanos/item/5023-derechos-humanos-y-politicas-de-drogas
Timestamp: 2020-08-14 12:21:48+00:00

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Human Rights - Derechos humanos y políticas de drogas
El Transnational Institute (TNI) siempre ha creído en la necesidad de encontrar respuestas globales a problemas globales, ha sido un fuerte defensor del multilateralismo y ha abogado por unas Naciones Unidas que funcionen bien y que sean garante de los derechos humanos universales. En lo que respecta a las drogas, nuestra postura es muy clara: el control de estupefacientes debe respetar los derechos humanos.
¿Por qué considera el TNI que los derechos humanos deben ser una pieza clave del control de drogas?
¿Cómo surgió el sistema de derechos humanos de la ONU?
¿Qué está haciendo la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para promover los derechos humanos en el control de drogas
¿¿Cuál es el papel de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes?
¿Qué medidas deberían tomar los países para integrar los derechos humanos en el control de drogas?
1. ¿Por qué considera el TNI que los derechos humanos deben ser una pieza clave del control de drogas?
Desde que se fundó en los años setenta, el TNI siempre ha creído en la necesidad de encontrar respuestas globales a problemas globales, ha sido un fuerte defensor del multilateralismo y ha abogado por unas Naciones Unidas que funcionen bien y que sean garante de los derechos humanos universales. En lo que respecta a las drogas, nuestra postura es muy clara: el control de estupefacientes debería respetar los derechos humanos.
Somos partidarios de descriminalizar el uso, la tenencia para uso personal y los delitos menores de tráfico. Defendemos los enfoques de reducción de daños y abogamos por diferenciar entre sustancias en función de consideraciones de salud.
También apoyamos el principio de la proporcionalidad; un principio que debería ser evidente en todo caso pero que se perdió con el proceso de intensificación de la guerra contra las drogas: todas las personas implicadas en el mercado ilícito de las drogas –ya sean campesinos, comerciantes o usuarios– están plenamente amparadas por los derechos humanos.
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2. ¿Cómo surgió el sistema de derechos humanos de la ONU?
Después de la segunda guerra mundial, la comunidad internacional se reunió con un espíritu de paz y positivismo. Para evitar más guerras en el futuro y “reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas”, cincuenta Estados firmaron la Carta de las Naciones Unidas el 26 de junio de 1945 en San Francisco.
La Carta se fundamenta en tres pilares: los derechos humanos, la paz y la seguridad y el desarrollo. Tres años más tarde, en 1948, se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada “como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse”. En caso de conflicto con las obligaciones contraídas en virtud de otro convenio internacional, prevalecen las de la Carta (artículo 103). En los artículos 55 y 56, las Naciones Unidas y sus Estados miembros se comprometen a promover el desarrollo social y “el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades”. Para que un Estado sea miembro de la ONU debe ratificar su Carta.
Cada tratado de derechos humanos cuenta cono un comité independiente –u ‘órgano creado en virtud de un tratado’– encargado de supervisar su aplicación a través de exámenes periódicos de los progresos alcanzados, mecanismos individuales o colectivos de denuncia y, en algunos casos, procesos de investigación.
La legislación de los derechos humanos es vinculante en virtud de los tratados adoptados por cada Estado. Además, algunas normas son vinculantes en el derecho consuetudinario. Esto significa que el carácter vinculante de ciertos derechos humanos no depende de la ratificación de un tratado. Entre ellos estarían, por ejemplo, el derecho a no ser sometido a esclavitud y el derecho a no ser sometido a torturas. Desde la adopción de la Carta, los derechos humanos se han convertido en un marco normativo universal y vinculante para los Estados miembros de la ONU.
El régimen de control de drogas de la ONU se basa en tres tratados: la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. Los tres grandes tratados de fiscalización internacional de drogas se sustentan mutuamente y son complementarios. Uno de los objetivos importantes de las convenciones de 1961 y 1971 es tipificar las medidas de control aplicables a escala internacional para garantizar la disponibilidad de estupefacientes y sustancias sicotrópicas con fines médicos y científicos.
Al mismo tiempo, persiguen impedir que se desvíen a canales ilícitos e incorporan disposiciones generales sobre el tráfico y el uso de drogas. La Convención de 1961 se centra específicamente en drogas de origen vegetal, como el opio, la heroína, la coca, la cocaína y el cannabis, clasificándolas en varias listas basadas en su nivel de nocividad la programación de ellas en las diferentes listas sobre la base de nocividad. Sin embargo, debido a presiones políticas, tanto el cannabis como la coca se clasificaron de forma equivocada como drogas especialmente peligrosas, comparables a la heroína.
La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 reforzó de forma significativa la obligación de los países de aplicar sanciones penales para combatir todos los aspectos de la producción, la posesión y el tráfico ilícitos de drogas. Las tres convenciones comienzan con preámbulos en que se expresa preocupación por la salud y el bienestar de los seres humanos.
Los derechos humanos solo aparecen explícitamente una vez en los tres tratados: en el artículo 14(2) de la Convención de 1988 (véase más abajo). Sin embargo, estos tratados deben leerse e interpretarse conforme a las obligaciones concurrentes en materia de derechos humanos. Aunque puede considerarse que la protección de la salud y el bienestar son los principios básicos de las convenciones de drogas, los valores de juicio sobre las drogas y aquellas personas que las producen, comercian con ellas y las consumen, acompañadas de respuestas punitivas y de tipo bélico han determinado en gran medida los resultados.
En la práctica, el sistema de control de drogas se ha traducido en abusos de los derechos humanos en todo el mundo. En las últimas décadas, la principal estrategia para abordar los problemas relacionados con las drogas se ha basado en la represión. Tanto en el ámbito nacional como internacional, la mayor parte de los recursos se han destinado a luchar contra el mercado ilícito. Al igual que sucede con las respuestas a otras percepciones de ‘amenazas’, como el terrorismo, esto ha derivado en el deterioro de las libertades civiles y en abusos de los derechos humanos en todo el mundo. Los Estados han llevado a cabo operaciones militares contra pequeños agricultores de plantas ilegalizadas, han fumigado con productos químicos cultivos de uso ilícito y han forzado el desplazamiento de comunidades.
Algunos países imponen incluso la pena de muerte a aquellas personas que infringen las leyes de drogas. En su informe sobre la situación global de la pena de muerte en 2012 por delitos de drogas, Reducción de Daños Internacional (HRI) identifica 33 Estados y territorios que mantienen en su legislación la pena capital por los delitos de drogas. Los que la aplican efectivamente son menos –y aún menos son los realizan ejecuciones–, pero entre ellos ejecutan cada año a cientos de personas. De hecho, el número de Estados que prescriben la pena de muerte por delitos de drogas se incrementó después de que se aprobara la Convención contra el Tráfico de 1988.
En América Latina, el porcentaje de personas en prisión por delitos de drogas es aún mayor, según demuestra el informe del TNI y WOLA sobre drogas y cárceles en este continente; usuarios y autores de delitos menores se hacinan en las cárceles superpobladas, con resultados devastadores.
En el Sudeste Asiático y China, cientos de miles de personas son detenidas durante meses –y en ocasiones años– en centros de detención obligatoria de usuarios de drogas para ser ‘tratadas’. Muchos de estos centros carecen de servicios de atención médica. El ‘tratamiento’ que se ofrece incluye, entre otras cosas, trabajos forzados y violencia física y sexual. Las personas detenidas no disponen de acceso a un debido proceso judicial o revisión administrativa.
Otra trágica consecuencia del régimen de fiscalización internacional de drogas actual es la escasa accesibilidad a of medicinas esenciales, como la morfina y la metadona, en todo el mundo.
(Véase más abajo una panorámica de las violaciones de los derechos humanos perpetradas en nombre del control de drogas.)
Muchas leyes nacionales siguen imponiendo penas de prisión desproporcionadamente largas por delitos menores de drogas y 33 países aún aplican la pena de muerte por los delitos relacionados con drogas. Esto se traduce en un sistema de justicia penal donde a veces los delitos menores de drogas se castigan con penas más duras que las violaciones, los secuestros o los asesinatos. Las largas penas de prisión impuestas a los autores de delitos de drogas generan hacinamiento en las cárceles de muchos países, incapacita el sistema de justicia penal y sitúa a los presos en mayor situación de riesgo de contagiarse por el VIH, la hepatitis C, la tuberculosis y otras enfermedades.
La prohibición de las drogas ilegales sitúa a los mercados de este lucrativo negocio en manos de organizaciones delictivas y genera enormes fondos ilegales que fomentan los conflictos armados en todo el mundo. Durante años, el aparato de la ONU prestó poca atención a la controversia creada por el sistema de fiscalización internacional de drogas: las consecuencias negativas de las iniciativas internacionales para controlar el uso y la producción de sustancias suelen ser más perjudiciales que las propias drogas.
Los aspectos sociales y de salud del problema de las drogas han recibido tradicionalmente poca atención. En 1987, la Conferencia Internacional sobre el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas instó a que se adoptara un ‘enfoque equilibrado’, y que se otorgara a la reducción de la demanda de drogas ilícitas la misma importancia que a la reducción de la oferta y el tráfico. El desequilibrio, sin embargo, no desapareció.
No fue hasta 2008 que la Comisión de Estupefacientes de la ONU (CND), creada en 1946, adoptó una resolución sobre derechos humanos. Hasta ese momento, todos los términos propuestos con respecto a los derechos humanos se habían topado con resistencias y vetos directos. En la resolución se instaba a que el sistema de control de drogas de la ONU trabajara más estrechamente con el sistema de derechos humanos de esta misma organización. La resolución solo se pudo aprobar después de que se eliminaran del texto todas las alusiones a la pena de muerte, la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas –que se acababa de adoptar– y a los mecanismos específicos de derechos humanos de la ONU. Sin embargo, desde que se adoptó esta resolución, las salvaguardias de derechos humanos han empezado a aparecer con mayor frecuencia en las resoluciones de la CND.
5. ¿Qué está haciendo la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para promover los derechos humanos en el control de drogas?
En 2008, el entonces director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito (ONUDD) publicó un informe, titulado Perfeccionamiento de la fiscalización de drogas para adecuarla a la finalidad para la que fue creada: Aprovechando la experiencia de diez años de acción común para contrarrestar el problema mundial de las drogas como contribución a los debates en torno a la declaración, la estrategia y los planes de acción que se iban a aprobar en la sesión de alto nivel de la CND en 2009. En este documento, el director ejecutivo reconocía ‘las consecuencias no deseadas’ del sistema de fiscalización internacional de estupefacientes, entre las que estaría el fenómeno conocido como ‘desplazamiento de las políticas’ (un especial acento en la aplicación de la ley y menos atención a la salud pública) y la marginación de las personas usuarias de drogas.
La resolución de derechos humanos adoptada en 2008 proporcionó a la ONUDD un mandato claro para examinar y evaluar adecuadamente sus responsabilidades en materia de derechos humanos. En 2010, se elaboró para la CND un informe sobre la labor de la ONUDD y los derechos humanos y, en 2012, la ONUDD publicó una nota de orientación dirigida a su propio personal sobre las implicaciones de su trabajo con respecto a los derechos humanos.
En esta nota, la ONUDD admite que “existe el riesgo, menor pero siempre presente, de que las actividades de la ONUDD tengan un impacto negativo sobre los derechos humanos”, y se apunta a estrategias para hacer frente a ese riesgo.
Hasta la fecha, se han tomado pocas medidas concretas para poner en práctica esas estrategias. Esto requiere una atención urgente, puesto que se ha documentado que los programas de la ONUDD han ayudado a capturar a sospechosos de tráfico de drogas que, más tarde, han sido extraditados a Estados donde sigue vigente la pena de muerte y, en algunos casos, ejecutados. Por esta razón, Dinamarca ha sido el último Gobierno donante en retirarse del componente de control de drogas del programa de la ONUDD en Irán.
Después de que Shinawatra fuera derrocado por un golpe de Estado en septiembre de 2006, un comité independiente especial, formado por el Gobierno militar provisional, investigó las muertes ilegales y encontró que, entre febrero y abril de 2003, 2.819 personas habían sido asesinadas. Muchas de ellas aparecían en las listas negras de la policía o las autoridades locales como sospechosas de narcotráfico. De esas muertes, 1.370 estaban relacionadas con el tráfico de drogas, mientras que 878 estaban vinculadas con otras causas. Otras 571 personas habían sido asesinadas sin razón aparente. Se sospechaba que en muchos de los ataques habían participado agentes de la policía, especialmente porque muchas personas habían muerto poco después de ser trasladadas a dependencias policiales para ser interrogadas. A pesar de las muchas promesas de que se llevaría a los responsables de los asesinatos ante la justicia, hasta la fecha no se ha condenado a ningún alto mando policial o militar implicado en las atrocidades. Algunos agentes de menor rango han sido declarados culpables y tres policías fueron condenados a muerte en julio de 2012 por asesinar a un adolescente durante la campaña antidrogas.
Aunque las encuestas de opinión durante la guerra contra las drogas mostraban el apoyo de la población a las tácticas violentas del Gobierno, estas no consiguieron frenar el comercio, la producción ni el uso ilícito en Tailandia. Simplemente, lo hicieron más peligroso. La mayoría de los usuarios de drogas siguieron consumiendo heroína o metanfetamina, aunque a un coste mayor y con menor frecuencia. Los expertos en tratamiento también observaron que muchas de las personas que iniciaron un tratamiento de drogas a principios de 2003 no eran usuarios, sino que temían por sus vidas por ser sospechosos de consumirlas.
En los últimos años, varios mecanismos de derechos humanos creados en virtud de la Carta y de los tratados han expresado su preocupación por que se cometan violaciones de derechos humanos en nombre del control de drogas. En 2010, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la salud declaró que le preocupaba “el hecho de que el enfoque actual de la fiscalización de drogas cause más daños que los que intenta prevenir. La penalización del consumo de drogas, concebida para disuadir de su consumo, tenencia y comercio ilícito, ha fracasado. En cambio, perpetúa métodos riesgosos de consumo de drogas, al tiempo que castiga de manera desproporcionada a los consumidores”.
Un año antes, el Relator Especial de la ONU sobre la tortura, Manfred Nowak, había instado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a centrarse en el control de drogas como una cuestión temática parecida a la lucha contra el terrorismo. En su informe final, Nowak citó la aplicación de las leyes de drogas como uno de los argumentos que suelen ofrecer los Gobiernos para justificar violaciones graves de los derechos humanos.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó a los Estados miembros que “las personas que usan drogas no pierden sus derechos humanos”, mientras que el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales y el Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño han reconocido la reducción de daños como un elemento integrante del derecho a la salud.
En marzo de 2012, una declaración conjunta de varios organismos de la ONU [1] exhortaba a los Estados a a cerrar los centros de detención y rehabilitación obligatorios relacionados con las drogas y a poner en marcha en la comunidad servicios sanitarios y sociales voluntarios, con base empírica y basados en los derechos humanos.
Hablando en un evento paralelo en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, el 16 de junio de 2014, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Navi Pillay, instó a los Estados a que reconsideren el control de las drogas desde una perspectiva de derechos humanos.
[1] Organización Internacional del Trabajo (OIT), Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU), Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), Programa Mundial de Alimentos (PMA), Organización Mundial de la Salud (OMS) y Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA).
7. ¿Cuál es el papel de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes?
Cada año, la JIFE publica un informe sobre la aplicación del sistema de control de drogas de la ONU, basado en los datos recogidos durante las misiones de la JIFE y en la información proporcionada por los Estados miembros. Hasta la fecha, el informe anual de la JIFE no ha expresado ninguna preocupación por los abusos de los derechos humanos derivados del control de drogas.
De hecho, a diferencia de muchas otras agencias de la ONU, la JIFE parece apoyar los ‘centros obligatorios’ como servicios de tratamiento, adoptar una postura contraria a la reducción de daños y no oponerse a la pena de muerte por los delitos de drogas. En una ocasión en que se le preguntó directamente, el presidente de la JIFE incluso se negó a condenar la tortura. [1]
El hecho de que la JIFE mantenga una posición ambigua con respecto a la pena capital saltó a la prensa en marzo de 2012 y planteó algunas preguntas entre los Estados miembros, pero ni siquiera este revuelo consiguió que la Junta manifestara un rechazo abierto de la pena de muerte por los delitos de drogas. [2] El prólogo del presidente de la JIFE en el informe anual de 2012 es paradigmático: el texto no incluye ni una sola palabra sobre los derechos humanos ni sobre la falta de disponibilidad de medicamentos esenciales y aboga, en cambio, por una mayor fiscalización. Esto resulta contradictorio, ya que en 2007 la Junta había señalado que [3] la falta de respeto de los derechos humanos socava la aplicación de los tratados de drogas. Parecería, por lo tanto, que el enfoque de derechos humanos representa una necesidad práctica para que la JIFE pueda cumplir con su mandato.
Con los años, la JIFE ha desarrollado una trayectoria de crítica de los enfoques normativos alternativos concebidos para reducir los daños del mercado de drogas, apuntando a la vez a medidas que conducen a violaciones de los derechos humanos sin ningún tipo de crítica. El TNI y otras ONG han llamado la atención sobre esta situación y están recomendando que la JIFE empiece a desempeñar sus tareas en línea con otros organismos de la ONU, es decir, con pleno respeto de los derechos humanos.
Hasta la fecha, en la JIFE se observa una falta de conocimientos jurídicos especializados. Y en los casos en que se ha solicitado asesoramiento jurídico (por ejemplo, sobre la reducción de daños en el marco de los tratados de drogas), este se ha ignorado si no estaba en sintonía con las posiciones previas de la Junta.
[1] Véase: Commanding general confidence? Human Rights, International Law and the INCB Annual Report for 2011, Harm Reduction International (HRI), March 2012
[2] Véase: When the UN Won't Condemn Torture You Know Something's Very Wrong, Damon Barrett, The Huffington Post, April 4, 2012; Letter to the International Narcotics Control Board on Capital Punishment for Drug Offences, March 12, 2012; INCB neutral on capital punishment, The Bangkok Post, February 28, 2012
[3] Véase: Proportionality chapter in the INCB annual report of 2007, which does not address capital punishment, E/INCB/2007/1.
La erradicación forzosa y coordinada de cultivos de uso ilícito se intensificó en todo el mundo a partir de 1998. En Colombia, la estrategia de reducción de la oferta consistía en actividades de erradicación manual, fumigación aérea y desarrollo alternativo. Colombia inició una intensa campaña de fumigaciones aéreas en diciembre de 2000, en el marco del Plan Colombia, patrocinado por los Estados Unidos. Según la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia, en las últimas dos décadas, se han asperjado con herbicidas más de 2,2 millones de hectáreas de tierra. La fumigación aérea con herbicidas (con glifosato, en concreto) de los cultivos de drogas ha provocado consecuencias muy perjudiciales y destructivas. El veneno ha afectado la salud de la población local, ha contaminado las fuentes de agua potable y, además, no solo ha erradicado los cultivos de coca, sino también otros cultivos de subsistencia legítimos.
El ciclo de fumigaciones aéreas exacerbó el ya importante fenómeno de desplazamientos en el país, obligando a los campesinos a adentrarse más en la selva acelerando el ritmo de deforestación, ya que las parcelas de coca y adormidera para opio fumigadas se sustituían por otras luego de practicarse la tala y quema de las nuevas regiones selváticas ocupadas.
Según un cálculo reciente de la ONUDD, la superficie de cultivo del arbusto de coca en Colombia disminuyó en un 62 por ciento durante la última década (2000-2010). Esta disminución se atribuye a las diversas medidas de aplicación de la ley y de desarrollo alternativo. Por otro lado, en ese mismo período, la producción de coca en Bolivia y Perú aumentó considerablemente y la oferta mundial de cocaína se mantuvo estable.
En 2001, el TNI publicó un libro sobre las devastadoras consecuencias de la fumigación aérea: Círculo vicioso, la guerra química y biológica a las drogas . Más recientemente, en 2009, la organización Witness for Peace publicó otro informe centrado en el tema: An Exercise in Futility: Nine Years of Fumigation in Colombia.
El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la aalud y el Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas han criticado esta práctica.
El dibujo de un niño colombiano muestra los efectos de las fumigaciones para erradicar los cultivos de coca (gentileza de Sanho Tree, IPS).
Aún son 33 los Gobiernos de todo el mundo que mantienen en sus códigos internos la pena de muerte como posible castigo por delitos relacionados con drogas. Aunque solo algunos de ellos realizan ejecuciones, cada año se ejecuta a cientos de personas. La aplicación de la pena capital por delitos de drogas no cumple con el requisito de ‘más graves delitos’ que dispone el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Las duras acciones represivas contra los usuarios de drogas se traducen a veces en asesinatos extrajudiciales, como fue el caso en 2003 en Tailandia, cuando se declaró una guerra contra las drogas en la que murieron más de 2.300 personas.
Las personas que usan drogas tienen derecho a servicios de salud de calidad y disponibles, accesibles, aceptables y suficientes
En varios países –por ejemplo, Tailandia, Turkmenistán, Rusia, Japón y algunos países de América Latina–, las leyes penales que prohíben la provisión y posesión de jeringuillas generan un clima de temor entre las personas usuarias de drogas, alejándolas de los servicios de prevención del VIH que pueden salvarles la vida y de otros servicios de salud. Esto, a su vez, fomenta conductas de riesgo y, por lo tanto, facilita el contagio de enfermedades de transmisión sanguínea como el VIH y la hepatitis C.
Derecho a no ser sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención contra la Tortura y Convención sobre los Derechos del Niño
Derecho a no ser sometido a trabajo forzoso
Derecho al debido proceso y a un juicio justo
Derecho a no ser objeto de discriminación
Derecho a un nivel de vida adecuado y a la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales
Derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas
Artículo 14(2) de la Convención de las Naciones Unidas contra el
Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988, Convenio Nº 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de 1989 y Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007 (artículos 11, 12, 24, 26, 27 ), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (y otras fuentes)
El actual sistema de control de drogas no está protegiendo a los niños y las niñas de la forma que cabría esperar. El consumo de drogas entre los jóvenes es mayor que nunca y cuando los niños comienzan a usar drogas no se proporcionan servicios de tratamiento ni de reducción de daños. En la mayoría de los países, los niños que usan drogas son criminalizados y, en muchos casos, tienen que llevar esta carga durante el resto de sus vidas. Al mismo tiempo, los hijos y las hijas de personas que usan drogas son estigmatizados y, si los padres son enviados a la cárcel o a centros de detención, los hijos corren un alto riesgo de cometer delitos y usar también drogas ellos mismos.
Los niños pierden la vida y se convierten en huérfanos a causa de la violencia relacionada con las drogas.
El principal propósito de las convenciones de drogas de la ONU –proteger “la salud y el bienestar de los seres humanos”– no es en modo alguno contrario a los derechos humanos, pero al mismo tiempo se cometen muchas violaciones de derechos humanos en nombre de la lucha contra las drogas. Con los años, las innovaciones en el ámbito policial han demostrado que un enfoque eficaz y basado en pruebas empíricas puede contribuir a proteger los derechos humanos y, a la vez, abordar los daños relacionados con las drogas. Lo que se necesita es un cambio en los objetivos: no es imperativo perseguir un alto índice de arrestos y confiscaciones; se sabe que estos no tienen ningún impacto en el mercado de drogas. El mercado ilegal siempre irá un paso por delante de la aplicación de la ley. En su lugar, deberíamos tratar de reducir los daños asociados con el uso de drogas, tanto para el usuario individual como para las comunidades, establecer objetivos para incrementar la accesibilidad de los servicios, rebajar las tasas de sobredosis y de contagio de enfermedades de transmisión sanguínea, y reducir la violencia relacionada con las drogas.
Las convenciones de la ONU no criminalizan el uso de drogas o ni siquiera la posesión para uso personal y permiten a los Gobiernos nacionales ofrecer alternativas. La JIFE y la ONUDD deberían abogar a favor de estas alternativas. En efecto, dada la ineficacia de la criminalización sobre los patrones de uso y los daños relacionados con las drogas, es difícil entender cómo penalizar el uso o la posesión personales puede considerarse una vulneración proporcionada del derecho a la intimidad o a la manifestación de religiones o culturas.
La ONUDD está proporcionando ‘asistencia técnica’ en el campo del control de drogas, como asesoramiento jurídico, misiones sobre el terreno y formación de magistrados. No fue hasta 2012 que la ONUDD publicó una nota de orientación que esboza cómo prevé promover y proteger los derechos humanos.[1]
En su Informe Mundial sobre las Drogas 2011, la ONUDD insta a que se logren avances en tres áreas clave:
Ha llegado el momento de que los Estados miembros y la ONUDD sean fieles a sus discursos y asignen más recursos a programas para la reducción de la demanda y los daños. Reducción de Daños Internacional (HRI) ha investigado hasta qué punto los fondos de los donantes canalizados a través de la ONUDD con el fin de reducir la delincuencia y el sufrimiento humano están en realidad contribuyendo a violaciones de derechos humanos. HRI llega a la conclusión de que fondos de los Estados Unidos, Australia, Francia, Alemania, Suecia, el Reino Unido y la Unión Europea destinados a la ONUDD se dirigen a países donde los abusos de los derechos humanos –entre los cuales ejecuciones, detenciones arbitrarias, malos tratos y trabajo forzoso– son armas en la guerra contra las drogas, a pesar de las declaraciones políticas en contra de estos abusos por parte de los donantes y de las propias Naciones Unidas (véase: Partners in Crime: International Funding for Drug Control and Gross Violations of Human Rights). La comunidad internacional debe asignar cuidadosamente su financiación para promover los derechos humanos en el control de drogas.
[1] UNODC and the Promotion and Protection of Human Rights, Position Paper, ONUDD, 2012
10. ¿Qué medidas deberían tomar los países para integrar los derechos humanos en el control de drogas?
Los países donantes deben asegurarse de que los fondos que están aportando no están apoyando el mantenimiento y la capacitación de personal en centros de detención de drogas donde se somete a las personas violencia física, torturas o tratamientos sobre los que no existen evidencias científicas. Los Estados donantes deberían tener siempre la debida diligencia para garantizar que su ayuda no está dando lugar a violaciones de derechos humanos. La ONUDD está desarrollando su propia herramienta de planificación de derechos humanos para mitigar los riesgos de que la ayuda contribuya a violaciones de derechos humanos.
Llamamos la atención sobre los abusos de derechos humanos que se cometen en nombre del control de drogas y ofrecemos recomendaciones para políticas alternativas.
Publicamos una serie de informes sobre políticas de drogas y reformas legislativas que se pueden leer en este sitio web. Participamos en discusiones formales (nacionales e internacionales) sobre políticas de drogas y asistimos a la reunión anual de la Comisión de Estupefacientes en Viena como organización observadora.
Ayudamos a los Gobiernos en el proceso de redacción de resoluciones que abogan por la protección y promoción de los derechos humanos. En América Latina, Europa y el Sudeste Asiático, el TNI facilita diálogos informales sobre políticas de drogas entre funcionarios gubernamentales y expertos en políticas de drogas para trabajar en pro de una política de drogas eficaz, basada en pruebas empíricas y fundamentada en el respeto de los derechos humanos.
Drug control, crime prevention and criminal justice: A Human Rights perspective. Note by the Executive Director, marzo de 2010 (E/CN.7/2010/CRP.6–E/CN.15/2010/CRP.1)
Reportes informativos sobre derechos humanos y políticas de drogas: Resumen; 1 Reducción de daños; 2 Drogas, leyes penales y prácticas policiales; 3 Reducción de daños en los lugares de detención; 4 Tratamiento obligatorio de drogas; 5 Medicamentos esenciales controlados; 6 Erradicación de cultivos, Human Rights Watch, Open Society Institute Public Health Program, Canadian HIV/AIDS Legal Network e International Harm Reduction Association (2009)
Perfeccionamiento de la fiscalización de drogas para adecuarla a la finalidad para la que fue creada: Aprovechando la experiencia de diez años de acción común para contrarrestar el problema mundial de las drogas, Informe del Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito a modo de contribución al examen de los resultados del vigésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, ONUDD, marzo de 2008
Ernestien Jensema, Octubre 2013 (Traducción: Bea Martínez)
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