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Timestamp: 2014-03-09 16:45:10+00:00

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0677/2013 - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum
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Expediente: 02719-2013-06-AAC
En revisión la Resolución 02/13 de 29 de enero de 2013, cursante de fs. 230 a 234, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Eduviges Canqui Condori en representación legal de Ruddy Castellón Vargas contra Gino Antonio Catacora Belmonte, Director Nacional de Instrucción, Enseñanza y Rector de la Universidad Policial “Mariscal Antonio José de Sucre”; Cristina Irma CerrutoTicona, ex Directora de la Academia Nacional de Policías; Jesús Alfredo Araoz López, José Freddy Murillo Mérida y Juan Ramos Mamani, Vocales; José Gonzalo Mercado Álvarez, Gonzalo Bruno Portugal Aguirre y Luís Fernando Zegarra Castro, ex Vocales del Consejo Académico de la Academia Nacional de Policías (ANAPOL).
Por memoriales presentados el 2, 23 y 25 de enero de 2013, cursantes de fs. 97 a 107 vta., 113 a 115 vta. y , 117 y vta., la representante del accionante expone los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:
Cumpliendo todos los requisitos de admisión, el accionante ingresó a la ANAPOL y, en condición de alumno regular becario, durante la gestión 2011, cursaba su primer año de formación, sin tener antecedentes disciplinarios, aprobando con normalidad las respectivas asignaturas, excepto las materias de: “doctrina policial” con 43.13 puntos, “procedimientos policiales” con 37 puntos y “derecho constitucional” con 48.95 puntos, cuyos resultados le permitían acceder al examen de segunda instancia; empero, debido a su condición de subalterno y por presiones ejercidas por sus superiores en grado, imposibilitaron acceder a ello, principalmente en la materia de “derecho constitucional”, que por las constantes presiones, el docente tuvo que ratificar la nota de reprobación, causándole indefensión.
Añade que, el informe 016/12 de 27 de enero de 2012, emitido por Jesús Alfredo Araoz López, Jefe a.i. del Departamento Académico, estableció su reprobación en tres materias; consiguientemente, el Consejo Académico de la ANAPOL, por Resolución Administrativa (RA) 012/12 de 27 de enero de 2012, dispuso su baja definitiva, de modo que, sin concederle una oportunidad para el examen de segunda instancia, ordenaron al Departamento Administrativo de la ANAPOL, el recojo inventariado de sus prendas, equipos y armamento, orden ejecutada de forma inmediata. No obstante, esta determinación fue objeto de recurso de revocatoria ante el Consejo Académico de la ANAPOL, que por Resolución 060/12 de 15 de marzo de 2012, confirmó en todas sus partes la Resolución impugnada; la que a su vez fue ratificada en todas sus partes en recurso jerárquico por el Rector de la UNIPOL, mediante Resolución 050/2012 de 18 de junio.
Afirma que la determinación del retiro definitivo no emergió de un debido proceso, ya que el Estatuto del Sistema Educativo Policial establece que, para disponer el retiro de un alumno de pre y post grado, debe previamente tramitarse el sumario informativo; así, el Reglamento Estudiantil, en su art. 9 inc. b) señala que, la baja de los estudiantes será determinado por el Consejo de la Unidad Académica, o la Comisión de Régimen Disciplinario, previo cumplimiento de los procedimientos disciplinarios y administrativos, disposiciones que no fueron cumplidos, vulnerando de esta manera su derecho al debido proceso.
La representante del accionante estima lesionados los derechos de éste al debido proceso, a la educación superior, a la igualdad jurídica, “seguridad jurídica” y a la no discriminación, citando al efecto los arts. 17, 78.I, 82.I, 91.II, 93.IV, 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Solicita se conceda la tutela y se disponga la inmediata reincorporación del accionante, a la culminación de la gestión en las asignaturas que le fueron suprimidas; y una vez vencidas las tres materias, se le promueva al grado inmediato superior, disponiendo la nulidad de las Resoluciones Administrativas (RRAA) 060/12 y 050/2012 de 18 de junio.
La audiencia pública de consideración de la acción de amparo constitucional, se realizó el 29 de enero de 2013, en presencia de la representante del accionante y el apoderado de la autoridad demandada, Gino Antonio Catacora Belmonte; ausentes las otras autoridades codemandadas, según consta en el acta cursante de fs. 224 a 229, produciéndose los siguientes actuados:
La representante del accionante a través de sus abogados, ratificó su demanda y la amplió en los siguientes términos: a) El art. 6 del Reglamento Estudiantil de la UNIPOL establece que, dicha norma rige para todos los estudiantes en sus niveles pre y post grado, en ese sentido, los alumnos de post grado al reprobar una asignatura tienen la opción de repetir el curso en la siguiente gestión; disposición inobservada por los demandados, vulnerando así derechos y garantías constitucionales del ex caballero cadete Ruddy Castellón Vargas; y, b) El Reglamento señalado precisa que, la decisión de baja definitiva de los estudiantes debe ser previo sumario informativo; por lo que los demandados, al haber dispuesto la sanción del retiro definitivo, sin antes abrir sumario informativo, vulneraron sus derechos y garantías constitucionales.
Gino Antonio Catacora Belmonte, Director Nacional de Instrucción, Enseñanza y Rector de la UNIPOL, a través de su apoderado, presentó informe escrito, cursante de fs. 122 a 124, señalando: 1) En mérito a la Resolución 012/2012 del Consejo Académico de la ANAPOL, confirmada posteriormente por la Resoluciones 060/12 y 050/2012, el caballero cadete Ruddy Castellón Vargas fue dado de baja; 2) La normativa interna de la Policía Boliviana, está plenamente respaldada por normas de mayor jerarquía; así, el art. 6 del Reglamento Estudiantil señala que, la misma rige para todos los estudiantes en sus diferentes unidades académicas en sus respectivos niveles de pre y post grado; 3) Dicho Reglamento rige para todos los estudiantes mientras dure el periodo académico a efectos de regular su permanencia; entre tanto, el Reglamento del Régimen Disciplinario de las Unidades Académicas de la UNIPOL, “regula el régimen disciplinario de las Damas y Caballeros Cadetes de la ANAPOL y Alumnos y Alumnas de las ESBAPOLES, que tipifican su conducta, señala procedimientos y establece competencias para conocer, resolver y determinar sanciones por la comisión de faltas disciplinarias durante su proceso de formación” (sic); por otro lado, se tiene el Reglamento de Evaluaciones, que tiene por objeto regular el proceso de evaluación de todos los estudiantes; y, 4) Las normas citadas anteriormente, tienen un objeto determinado, ya que establecen “jurisdicción y competencias” dentro de los procedimientos en caso de faltas disciplinarias y retiros por deficiencia académica; entonces, se debe tener presente que, el retiro de la ANAPOL, por bajo rendimiento académico no constituye una falta disciplinaria, por no estar prevista en el Reglamento del Régimen Disciplinario de la UNIPOL, sino que, el no reprobar en un semestre más de dos materias, es una condición de permanencia.
La Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 02/13 de 29 de enero de 2013, cursante de fs. 230 a 234, por la que denegó la tutela, en base a los siguientes fundamentos: i) Dispuesta la baja definitiva del accionante, éste interpuso los recursos que le franquea la ley, siendo confirmada la decisión en todas las instancias de impugnación, por consiguiente, el Rector de la UNIPOL y los miembros del Consejo de la Academia Nacional de Policía, al disponer su baja definitiva, no vulneraron derecho alguno, al contrario, aplicaron los arts. 11, 12, 14 y 15 del Reglamento Estudiantil de la UNIPOL, concordantes con el art. 17 del Estatuto Orgánico del Sistema Interno Educativo Policial; ii) De los antecedentes se colige que, al haberse dispuesto el retiro definitivo de Ruddy Castellón Vargas no se vulneró el debido proceso en ninguno de su elementos constitutivos. Con relación al derecho a la educación, el mismo tampoco fue lesionado; por cuanto, existe un Reglamento disciplinario que se impone a todos los estudiantes de la ANAPOL, el cual señala que, para el apartamiento o baja definitiva de sus miembros, los mismos deben ser sometidos a proceso sumario y, por otro lado, el Reglamento Académico, que rige la formación académica de los estudiantes, señala que, los alumnos reprobados en más de tres asignaturas tienen como sanción la separación definitiva del curso; y, iii) Del análisis objetivo de la problemática planteada se deduce que, en las normas antes citadas existe una discriminación entre el Reglamento disciplinario y Reglamento académico, en lo concerniente a acceder a una repetición de materias o módulos; sin embargo, sobre dichas normas prevalece el principio de presunción de constitucionalidad; consiguientemente, los afectados pueden promover demanda de inconstitucionalidad correspondiente.
De la minuciosa revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente:
II.1.Cursa oficio de 9 de enero de 2012, por el cual Ruddy Castellón Vargas, solicitó al Subdirector y Jefe de Estudios de la ANAPOL, la revisión de examen y calificación en la asignatura de Derecho Constitucional, correspondiente al tercer parcial del segundo semestre (fs. 174).
II.2. Cursa acta de revisión de examen de la materia de Derecho Constitucional, correspondiente al tercer parcial del segundo semestre de la gestión 2011, con la intervención del solicitante, el catedrático de la asignatura referida y autoridades de la institución de enseñanza policial, en cuyo acto el docente previa revisión de la evaluación estableció como nota final en sus calificaciones, cuarenta puntos (fs. 175).
II.3.Mediante RA 012/12 de 27 de enero de 2012, el Consejo Académico de la ANAPOL, basado en el informe 016/2012 de igual fecha, emitido por el Jefe del Departamento Académico, dispuso el retiro definitivo (baja) del caballero cadete Ruddy Castellón Vargas, por haber reprobado tres asignaturas en el segundo semestre de la gestión 2011 (fs. 167 y vta.).
II.4.Interpuesto el recurso de revocatoria, el Consejo de la ANAPOL, mediante RA 060/12 de 15 de marzo de 2012, confirmó en todas sus partes la RA 012/2012 (fs. 157 a 160).
II.5.La Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza de la UNIPOL, por intermedio de su Rector, emitió la Resolución de recurso jerárquico 050/2012 de 18 de junio, por la cual confirmó en todas sus partes la RA 060/12 (fs. 131 a 138 vta.).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO La representante del accionante estima lesionados los derechos de éste al debido proceso, a la educación superior, a la “seguridad jurídica”, a la igualdad jurídica y a la no discriminación, al considerar que: a) Mientras Ruddy Castellón Vargas cursaba su primer año de formación profesional, a la conclusión del segundo semestre de la gestión 2011, solicitó la revisión de sus exámenes, sin poder acceder a ellas por la presión que ejercieron sus superiores; consiguientemente, al haber reprobado en tres asignaturas y en base al informe del Departamento Académico, el Consejo Académico de la ANAPOL, mediante Resolución ordenó su baja definitiva; y, b) La sanción antes señalada no emergió de un proceso sumario, al contrario, fue impuesta directamente, no obstante que, el Reglamento Estudiantil que rige para todos los estudiantes de las diferentes unidades académicas de la UNIPOL, establece que, la baja de la dama o del caballero cadete de pregrado será previo cumplimiento de los procedimientos disciplinarios y administrativos. Corresponde analizar en revisión, si los actos denunciados son evidentes a objeto de conceder o denegar la tutela solicitada.
III.1.Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional La acción de amparo constitucional prevista en el art. 128 de la CPE, ha sido instituida como una acción de defensa, contra los actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman, o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley, a través de un procedimiento judicial, sencillo, rápido y expedito.
Esta acción de defensa se constituye en un medio de tutela de carácter extraordinario, regido por los principios de subsidiariedad e inmediatez; el primero, entendido como el agotamiento previo de los medios ordinarios de defensa, sean en la vía judicial o administrativa, a los efectos de que las lesiones denunciadas se reparen en la misma instancia en la que se suscitaron los supuestos actos ilegales; y el segundo, con una doble dimensión, una, que supone que la acción de amparo constitucional es la vía jurisdiccional para la protección inmediata, efectiva y oportuna de los derechos fundamentales vulnerados de manera ilegal e indebida; y la otra, que significa que esta acción debe ser planteada inmediatamente después de agotar las vías legales ordinarias. A ese efecto, el art. 129.II de la CPE, ha establecido el plazo de seis meses para activar la acción, que se computa a partir de la comisión del acto ilegal u omisión indebida o de notificada la última decisión judicial o administrativa.
III.2. La garantía del debido proceso y su vigencia en el ámbito administrativo sancionador La doctrina constitucional, a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado, estableció que el debido proceso, adquiere una triple dimensión, de ahí que se concibe como un derecho fundamental, principio procesal y garantía de la administración de justicia. En ese sentido, el debido proceso implica que, el ejercicio del poder sancionador del Estado, en el ámbito penal o administrativo, debe estar sujeto a determinadas reglas básicas, para evitar que la sanción o el castigo resulten arbitrarios, evitando en todo caso la discrecionalidad y los abusos de autoridad.
Con el devenir de la historia, el concepto del debido proceso se amplió a la comprensión del debido proceso sustancial, cuya significación principal radica en que, a los efectos de validez, las normas, los actos procesales e inclusive los de carácter privados deben tener como requisito de validez constitucional el principio de razonabilidad, compeliendo a los administradores de justicia a ajustar sus acciones no únicamente a la ley sino también al sentido de justicia tácitamente inserta en ella, debiendo prevalecer ante todo, los principios de justicia, equidad, proporcionalidad y razonabilidad. De otro lado, el debido proceso adjetivo, condiciona el accionar de los administradores de justicia a la observancia de reglas mínimas y procedimientos establecidos por el legislador, entre ellos:
1) Derecho a la defensa, 2) Derecho al juez natural, 3) Garantía de presunción de inocencia, 4) Derecho a ser asistido por traductor o intérprete, 5) Derecho a un proceso público, 6) Derecho a la conclusión del proceso dentro de un plazo razonable, 7) Derecho a recurrir, 8) Derecho a la legalidad de la prueba, 9) Derecho a la igualdad procesal de las partes, 10) Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable,
11) Derecho a la congruencia entre acusación y condena, 12) La garantía del non bis in idem; 13) Derecho a la valoración razonable de la prueba, 14) Derecho a la comunicación previa de la acusación; 15) Concesión al inculpado del tiempo y los medios necesarios para su defensa; 16) Derecho a la comunicación privada con su defensor; y, 17) Derecho a que se le otorgue un defensor proporcionado por el Estado cuando el imputado no tuviere medios o no nombrare un defensor. Elementos constitutivos del debido proceso que no se limitan únicamente al listado anterior, el cual tiene carácter meramente enunciativo y no así limitativo.
En el marco de las consideraciones citadas, corresponde precisar que las normas relativas al debido proceso, encuentran su consagración en el art. 115 de la CPE, que señala:
“I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.
II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.
Por su parte, el art. 117 de la misma Norma Suprema, prescribe:
“I. Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada.
II. Nadie será procesado ni condenado más de una vez por el mismo hecho. La rehabilitación en sus derechos restringidos será inmediata al cumplimiento de su condena”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con relación al art. 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH), en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, Sentencia de 2 de febrero de 2001, precisó: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula 'Garantías Judiciales', su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, 'sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales' a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”.
En ese mismo sentido, la jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, entendió al debido proceso como: “…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar (...) comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos…” (SC 0902/2010-R de 10 de agosto). Por otro lado, la SC 0119/2003-R de 28 de enero, sostuvo: "…el derecho al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades judiciales o administrativas y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales…”.
Entonces, el debido proceso es una condición inescindible de la tramitación de todo proceso, principalmente aquellos donde el poder sancionador del Estado interviene; por cuya razón, las autoridades que ejercen jurisdicción y competencia, deben observar estrictamente las reglas básicas establecidas para su desarrollo, en la medida que los derechos y garantías de los justiciables gocen de plena vigencia y eficacia, haciendo que el proceso sea un instrumento para alcanzar el valor justicia.
III.3. Análisis del caso concreto En autos, la representante denuncia la supuesta vulneración de los derechos del accionante al debido proceso, a la educación superior sin discriminación, a la igualdad y a la “seguridad jurídica”, al considerar que el accionante, sin tener opción a las evaluaciones de segunda instancia, se dispuso su baja definitiva de la institución académica policial, por haber reprobado en tres asignaturas correspondientes al segundo semestre de la gestión 2011, sin que se haya observado la normativa establecida para el retiro de damas y caballeros cadetes y alumnos de pregrado, sobre cumplimiento de los procedimientos administrativos-disciplinarios, en cuanto a la instauración de un previo sumario informativo.
En ese sentido, a los efectos de resolver adecuadamente la problemática planteada, corresponde tomar en cuenta las disposiciones de carácter normativo que regulan el Sistema Educativo Policial (SEP), entre las cuales, se tiene el Reglamento Estudiantil, el cual rige para todos los estudiantes de las diferentes Unidades Académicas de la UNIPOL y sus niveles respectivos de pregrado y postgrado. Así, el art. 9 referido a “Retiros y Reincorporaciones”, en su inc. b) establece:
“La baja de la Dama o Caballero cadete o del alumno (a) de pregrado, será determinada por el Consejo de la Unidad Académica, o la Comisión de Régimen Disciplinario, previo cumplimiento de los procedimientos disciplinarios y administrativos de acuerdo a su Reglamento Interno y en conformidad del inc. f) del presente artículo”.
“f) Las Damas y Caballeros Cadetes o los Alumnos(as), podrán solicitar su retiro voluntariamente de la Unidad Académica a la que pertenecen, en forma personal, acompañados de su tutor, padre o apoderado”.
El art. 15 del antes citado Reglamento, respecto al “Retiro” para los niveles de formación y pregrado, señala:
“Las Damas y Caballeros cadetes o los alumnos (as) de la Unidades Académicas de Formación o Pregrado, serán retirados por las siguientes causales:
1. Haber reprobado en cualquiera de las evaluaciones semestrales
en tres o más asignaturas.
2. Haber reprobado en una materia en la evaluación de segunda instancia durante el semestre.
3. Por la comisión de fraude en las evaluaciones parciales o finales.
4. Por agresión verbal grave o física a un compañero, superior o docente.
5. Por presentase en estado de ebriedad, aliento alcohólico o bajo efectos
de haber ingerido sustancias controladas.
6. Por estar involucrado en faltas graves y sujetos a proceso.
El inc. b). 1 de la misma norma señala que:
“Los alumnos de los cursos de postgrado, serán retirados previo sumario informativo de acuerdo a la falta cometida y por las siguientes causales:
a. Bajo rendimiento académico:
- Por reprobar en evaluaciones parciales en más de dos asignaturas.
- Por reprobar en una asignatura en el semestre.
- Por reprobar en dos módulos
- Por reprobar en el examen de grado
Asimismo, el Estatuto Orgánico del Sistema Educativo Policial, en su art. 24.1 referido a los retiros en el nivel de formación o pregrado, señala:
“Los alumnos de las Unidades Académicas de Formación o Pregrado serán retirados, por la siguientes causales:
a) Haber reprobado en cualquiera de los exámenes parciales en tres o más asignaturas.
Ahora bien, de los razonamientos establecidos en el Fundamento Jurídico III.2, se concluye que efectivamente, la materialización de una sanción disciplinaria necesariamente debe estar antecedida de un debido proceso, pues su incumplimiento tornaría la decisión en ilegal y arbitraria por inobservancia de las reglas básicas establecidas al efecto, lesionando así derechos y garantías constitucionales.
En ese sentido, de las normas relativas al Sistema de Educación Policial citadas anteriormente, se concluye en principio que, las mismas establecen que los integrantes de las diferentes unidades policiales, en concreto los alumnos de pregrado pueden ser retirados previo cumplimiento de las condiciones y reglas del proceso administrativo o disciplinario, lo cual implica sin duda, el desarrollo del correspondiente proceso administrativo. Sin embargo, se debe tener presente también que por definición, el proceso administrativo es la lógica consecuencia de la comisión de faltas administrativas y/o disciplinarias expresamente previstas en las disposiciones normativas internas de cada institución; en cambio, en el caso en examen, los motivos por los cuales el accionante fue dado de baja de la institución académica policial, tienen que ver más bien con una condición o requisito que se exige para la permanencia de los alumnos en los establecimientos de enseñanza policial, donde de acuerdo a Reglamento, para continuar con la formación de la carrera policial, la dama o caballero cadete debe cumplir ciertas exigencias académicas, cuyo incumplimiento, deviene en el retiro o la baja definitiva. Así, en lo referente a las evaluaciones, la normativa vigente señala como causal de retiro el haber reprobado en tres o más asignaturas en un mismo semestre.
Respecto a lo alegado por la representante, sobre que el retiro del accionante no emergió de un debido proceso, al no haber sido sometido al sumario informativo que establece la normativa vigente en la institución, cabe aclarar que si bien del análisis de los arts. 15 inc. a) numeral 1 del Reglamento Estudiantil y 24.1 inc. a) del Estatuto Orgánico del SEP, los que de manera concordante establecen como causal de retiro de los alumnos de las Unidades Académicas de Formación o Pregrado, el haber reprobado en tres o más asignaturas, mismas que aparentemente colisionarían con el art. 9 inc. b) del Reglamento Estudiantil, en cuanto a que este último dispone que la baja será determinada “…previo cumplimiento de los procedimientos disciplinarios y administrativos, de acuerdo a Reglamento Interno…”; se tiene que esta última disposición debe ser interpretada en el sentido de que el procedimiento administrativo o disciplinario al que se hace referencia corresponde ser aplicado a los casos previstos en los numerales 3, 4, 5, y 6 del art. 15 inc. a) del Reglamento Estudiantil, que establecen como causales de retiro de las damas y caballeros cadetes o alumnos de las unidades de formación o pregrado: la comisión de fraude en las evaluaciones parciales o finales; agresión verbal grave o física a un compañero, superior o docente; presentarse en estado de ebriedad, aliento alcohólico o bajo efectos de haber ingerido sustancias controladas; y, estar involucrado en faltas graves y sujetos a proceso, conductas que necesariamente ameritan la apertura de un proceso administrativo por tratarse de situaciones controvertidas, que constituyen en sí mismas faltas disciplinarias, que deben ser juzgadas al amparo de las reglas que hacen al debido proceso; no así para los casos de los numerales 1 y 2 que establecen la reprobación de materias como causales de retiro, situación que no ameritaría la sustanciación de proceso alguno, con todas las garantías señaladas en el Fundamento Jurídico III.2, sin perjuicio de que el interesado tenga derecho a impugnar o solicitar la revisión de su calificación o del examen como ocurrió en el caso presente, conforme a la normativa vigente. Por otro lado, cabe aclarar igualmente, que el sumario informativo al que se hace alusión en el art. 15 inc. b) del Reglamento Estudiantil, se refiere taxativamente al retiro de estudiantes de postgrado, situación que no alcanza al accionante, quien por el contrario era estudiante de pregrado.
En consecuencia, el Consejo Académico de la ANAPOL, al disponer la baja definitiva del Ruddy Castellón Vargas, en base al informe de la Jefatura del Departamento Académico, sin previo sumario informativo, no vulneró la garantía del debido proceso del accionante; por cuanto, no era necesaria la apertura del mismo, puesto que el hecho de haber reprobado en tres o más asignaturas, no constituye propiamente de una falta disciplinaria, sino más bien un requisito de permanencia en la institución académica policial, que fue inobservado por el accionante.
Respecto a la vulneración del derecho a la educación superior, corresponde señalar que, la conducta de los demandados tampoco vulneró el mismo, por un lado, al haber Ruddy Castellón Vargas, ingresado sin mayores obstáculos a la institución de enseñanza policial; sin embargo, dado que este derecho al igual que todos los derechos fundamentales no tiene carácter absoluto, las condiciones de permanencia y en consecuencia, de ejercicio de este derecho, estaban supeditadas al cumplimiento de normas académicas respecto de las cuales el accionante era consciente de que se sometía a ellas desde el momento mismo de su admisión y que finalmente incumplió. Asimismo, tampoco se vulneraron los derechos a la igualdad jurídica y “seguridad jurídica” del accionante, por cuanto éste no ha acreditado que como emergencia de los actos denunciados que se compulsan, haya sufrido un trato desigual o discriminatorio, en cuanto a que otras personas, en situaciones fácticas similares a la suya, hubiesen merecido un trato más favorable, distinto al que a él se le brindó, o que se les haya otorgado aquello que a él se le negó expresamente. Igualmente, en cuanto al principio de seguridad jurídica que se estima vulnerado, el accionante desde el momento que en su calidad de estudiante se sometía a las normas que rigen la actividad académica de los establecimientos de enseñanza y educación policial, tenía la certidumbre y previsibilidad sobre las consecuencias que podía ocasionar el incumplimiento o inobservancia a los mismos.
Por todo lo expuesto, el Tribunal de garantías al denegar la tutela impetrada, efectuó una adecuada compulsa de los antecedentes del caso y de los alcances de esta acción de defensa.
POR TANTO El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/13 de 29 de enero de 2013, cursante de fs. 230 a 234, pronunciada por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
Fdo. Tata Gualberto Cusi Mamani MAGISTRADO

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