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Timestamp: 2018-12-10 09:03:45+00:00

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﻿ SENTENCIA 43002 DE FEBRERO 19 DE 2014
SENTENCIA 43002 DE 19 DE FEBRERO DE 2014
CONTENIDO:PREVARICATO POR ACCIÓN - JUEZ DE TUTELA. EL JUEZ QUE CONCEDA POR VÍA DE TUTELA EXIGENCIAS QUE SOLO PUEDEN SER EXAMINADAS POR LA VÍA ORDINARIA PUEDE INCURRIR EN PREVARICATO POR ACCIÓN. SI LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ NO SE BASA EN LA VIOLACIÓN DE UN DERECHO FUNDAMENTAL Y NO DEMUESTRA LA NECESIDAD DE ACTUAR DE MANERA URGENTE Y TRANSITORIA PARA EVITAR UN PERJUICIO IRREMEDIABLE, QUE SE MATERIALIZARÍA SI SE LE EXIGE AL ACTOR ACUDIR A LA JURISDICCIÓN ORDINARIA, SE DAN LOS PRESUPUESTOS DE LA INFRACCIÓN A LA LEY PENAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, JUEZ DE TUTELA, JURISDICCIÓN ORDINARIA, PROCESO PENAL, JUEZ PENAL, PREVARICATO, PREVARICATO POR ACCIÓN
Sentencia 43002 de febrero 19 de 2014
SP1850-2014
Rad.: 43002
Aprobado acta Nº 46.
Sin ningún tipo de variación en tan específicos aspectos, el escrito de acusación define que los hechos atribuidos a la procesada representan el delito de “prevaricato por acción consagrado en el artículo 413 de la Ley 599 de 2000”.
No encuentra la Corte ninguna circunstancia, así fuese adjetiva, que permita suponer error, confusión o ignorancia de la acusada y su defensa acerca de cuál efectivamente es el delito atribuido o qué efectos punitivos consagra, cuando está claro, de un lado, que siempre la fiscalía se refirió a la misma conducta punible, detallando expresamente su nomen iuris en todas las ocasiones; que no hubo solicitud o manifestación de corrección, aclaración o modificación de lo consignado en el escrito de acusación; y que la conducta en cuestión solo se halla registrada en el artículo 413 de la Ley 599 de 2000.
Desde luego que, si las atestantes hubiesen acudido a declarar acerca de esas actuaciones judiciales, su contenido y fundamentos –jurídicos, probatorios y fácticos-habría sido factible determinar que las declaraciones operan dentro de las excepciones de admisibilidad de la prueba de referencia y, de contar apenas con estos elementos de juicio, obligatoria hubiese sido la absolución.
No obstante, ya suficientemente claro debería estar que los documentos y su contenido no representan prueba de referencia sino un mecanismo autónomo e independiente, con poder suasorio suficiente, por sí mismo, para facultar el conocimiento de los hechos y consecuente responsabilidad de la persona.
Sobre este último aspecto, la Corte no puede más que resaltar lo artificiosa que resulta la discusión planteada por la defensa, en tanto, la verificación del comportamiento adoptado por la acusada y su representación judicial a lo largo del trámite procesal, permite advertir que jamás se ha cuestionado la autenticidad u origen de las copias de la acción de tutela adelantada en el despacho a cargo de aquella, al punto que lo discutido en la audiencia preparatoria dijo relación exclusivamente con el interés porque se allegaran todos los documentos y diligencias consignados en la acción constitucional, sin que jamás se cuestionase la aceptación del testimonio de las investigadoras en calidad de testigos de acreditación, ni mucho menos fuese discutida la calidad de los documentos en cuestión.
Es necesario precisar, además, que el tema de la plena identidad del acusado no aparece determinado como propio del objeto de lo discutido ante el fallador y, por ende, debería entenderse ajeno al material probatorio reclamado por las partes para introducir en la audiencia de juicio oral, en el entendido que es ese, el de la identificación, un factor necesario para el inicio mismo del trámite formalizado del proceso, a la manera de concluir, en estricto sentido jurídico, que si se llega a la audiencia de juicio oral es necesariamente porque en la audiencia de formulación de imputación y en la siguiente de acusación, ya se encontraba suficientemente identificada la persona.
Finalmente, el defensor dejó en el mero enunciado su tesis referida a que debió acudirse al juez de control de garantías para realizar la supuesta búsqueda en base de datos, sin que acierte a determinar cuáles fueron esas actividades que se reflejaron en prueba aducida en juicio y carecieron de dicha habilitación.
En estricto sentido, lo planteado por el profesional del derecho carece de efecto impugnatorio frente a lo decidido por el a quo, pues, en lugar de ofrecer razones para controvertir los argumentos y elementos de juicio en los cuales el Tribunal basó su determinación de condena a partir de examinar el contenido del fallo de tutela y su disonancia con lo que las normas y la jurisprudencia tenían establecido para ese momento, apenas advierte que la Corte Constitucional facultaba amparar los derechos al mínimo vital y la igualdad en temas laborales por vía de tutela, sin preocuparse por descender esas manifestaciones de la alta Corporación al caso concreto.
A este efecto, el recurrente ocupa todo el espacio del libelo en trascribir posiciones doctrinarias y jurisprudenciales de la Corte Constitucional, para después, sin ningún tipo de conector fáctico, jurídico o probatorio, de buenas a primeras concluir que “…la conducta de mi defendida Luz Marina Gaviria Ochoa en su calidad de jueza segundo promiscuo del circuito de Corozal, es atípica por cuanto no es “manifiestamente ilegal” sino que muchas sentencias de la Corte Constitucional como ya vimos antes habían amparado derechos fundamentales de rango laboral y hasta sindical…”.
La precariedad de lo postulado como impugnación por el recurrente, conduce a significar no solo válida, sino perfectamente atendible desde los planos fáctico, probatorio y jurídico, la amplia y sustentada decisión del tribunal, en cuanto determinó manifiestamente contraria a la ley la sentencia de tutela por cuyo medio se ordenó a la parte accionada pagar de manera indiscriminada a todos los accionantes, trabajadores y ex trabajadores del hospital, la nivelación que desde muchos años atrás supuestamente se les adeudaba.
En este sentido, la Corte comparte sin reticencias las argumentaciones del a quo referidas al carácter residual y subsidiario que comporta la acción de tutela, a cuyo tenor sólo pueden protegerse derechos fundamentales en los casos en que estos están perfectamente identificados y no existe otro remedio judicial efectivo, a no ser que se utilice como mecanismo transitorio para evitar perjuicios irremediables.
Empero, al momento de analizar el caso concreto y su vinculación con todos esos referentes citados, la decisión ningún examen realiza para demostrar cómo ellos aplican aquí o por qué existe discriminación dentro de uno de los rangos establecidos por la jurisprudencia —afiliación sindical, régimen de cesantías o falta de explicación del patrono respecto al trato diferenciado entre sus empleados—.
Empero, la sentencia de tutela de primer grado guarda completo silencio acerca de algo que, cuando menos, obligaba de especial atención o incluso consecuentes determinaciones penales y disciplinarias, visto que, además, en el formato de la demanda ya se advierte alguna inconsecuencia dado que respecto de todos los demandantes se repetía, incluso con términos iguales, el mismo tipo de desvinculación laboral o deudas crediticias.
Desde luego que esa temática dista mucho de corresponderse con la exigencia que trae a colación la Corte Constitucional en la Sentencia T-097 de 2006, citada por la procesada en su fallo, atinente a que, además de tratarse de un tópico de relevancia constitucional y resultar insuficiente el remedio ordinario “…el problema constitucional que se plantea aparezca probado de tal manera que para la verificación de la vulneración del derecho fundamental cuyo amparo se solicita, no se requiera ningún análisis de tipo legal, reglamentario o convencional, que exija del juez constitucional un ejercicio probatorio que supere sus facultades y competencias”.
Para la Corte, en suma, se alza incontrastable que la sentencia emitida por la acusada, en efecto, emerge manifiestamente contraria a la ley, en términos del artículo 413 del Código Penal, pues, específicamente vulnera lo contemplado en el artículo 86 de la Carta Política colombiana y el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto, determinan el carácter subsidiario de la acción de tutela.
Pero, además, la manera en que elaboró su sentencia informa ostensible su pretensión por dotar de un cariz de legitimidad, digamos, formal, la resolución de lo pretendido, a partir de citar y utilizar de forma parcial y descontextualizada la jurisprudencia de la Corte Constitucional, para después decir vulnerado el derecho de igualdad, aunque evitando referir cómo ello ocurrió en el caso concreto -en comparación salarial que dista mucho de corresponderse con un verdadero test de igualdad- y con omisión inentendible de las explicaciones brindadas por la parte accionada, hasta llegar automáticamente —sin conectores fácticos, jurídicos o probatorios—, a una decisión que sin establecer diferencias cobija a todos los accionantes con el amparo definitivo, pese a que la posibilidad de acudir a la jurisdicción ordinaria impuso solicitar en el escrito accionario la función tuitiva como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

References: artículo 413
 artículo 413
 artículo 413
 artículo 86
 artículo 6
 resolución