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Timestamp: 2020-02-28 15:26:21+00:00

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Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 10 de Mayo de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 694408253
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoce de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por el Licenciado M.E.E.V., en nombre y representación de MULTI FINANCIAMIENTOS, S.A. contra la Sentencia de 26 de julio de 2016, emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá dentro del Proceso Ejecutivo Simple promovido por SILABA MOTORS, S.A. -vs- MULTI FINANCIAMIENTOS, S.A.
La Sentencia atacada vía Amparo de Garantías Fundamentales, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, resuelve lo siguiente:
Por las consideraciones que se han dejado expuestas, el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia N°7/360-11 de 15 de enero de 2013, dictada por la Juez Tercera de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.
Por razón del recurso de apelación, se condena en costas a la parte demandada-excepcionante, las que se tasan en la suma de CIEN BALBOAS CON 00/100 (B/.100.00).
Al examinar el escrito de la demanda de Amparo, a fin de determinar si concurren los presupuestos necesarios para su admisibilidad, esta Corporación de Justicia advierte, que el gestor constitucional alega la violación directa por omisión del artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá, que consagra la garantía fundamental del debido proceso.
En el sustento de la violación de dicha norma de rango constitucional, se señalan los siguientes argumentos:
"PRIMERO: El señor I.M. solicitó a MULTI FINACIAMIENTOS, S.A., un Arrendamiento Financiero de Bienes Muebles, para la adquisición de un Vehículo Nuevo. La empresa SILABA MOTORS emitió la Proforma de Venta No.33296 a favor del señor I.M. a fin de determinar el bien a financiar consitente (sic) en un Vehículo Marca Chevrolet, Modelo Avalanche, Tipo Pick Up; Año 2011, Motor No.3GNTK7E36BG238797; Chasis 3GNTK7E36BG238797.
En atención a la Proforma de Venta recibida MULTI FINANCIAMIENTOS, S.A. aprobó el financiamiento al señor I.M. y para ellos MULTI FINANCIAMIENTOS, S.A., emitió una Carta Compromiso de pago fechada el día 14 de marzo de 2011 a favor de GRUPO SILABA.
La Carta Compromiso de Pago se emitió con el propósito de garantizar el pago del vehículo adquirido mediante un arrendamiento Financiero de Bienes Muebles a celebrarse entre el cliente I.M.R. y MULTI FINANCIAMIENTOS S.A. y tiene como objetivo y propósito fundamental, el de informar, notificar al Proveedor del Bien (Vehículo Marca Chevrolet, Modelo Avalanche, Tipo Pick Up; Año 2011, Motor No.3GNTK7E36BG238797; Chasis 3GNTK7E36BG238797 y Placa Única No.653765) de que adquirirá dicho Bien Mueble a Solicitud de un A. (ISAACM.R.) quien será el que finalmente tenga su uso, goce y disfrute (art. 2 Dec Ejec. No.76 de 10 de julio de 1996).
Que por consiguiente, SILABA MOTORS, S.A., sabían o debían saber (Art. 1 del Cód Civil) y tenía conocimiento que EL OBJETO del contrato consistía en la Adquisición del vehículo por parte de MULTI FINANCIAMIENTOS, S.A. para posteriormente dárselo en Arrendamiento Financiero (Leasing) a I.M.R. quien es el solicitante. Por lo cual, S.M., S.A., estaba obligado no solo a la entrega y traspaso del bien mueble (vehículo), sino a que MULTI FINANCIAMIENTO, S.A., pudiese disponer del bien mueble (vehículo para poder financiarlo bajo la modalidad de arrendamiento Financiero (Leasing) y para ello debía cumplir con los elementos esenciales del contrato según los Artículos 3 y 4 de la Ley No. 7 de 10 de julio de 1990 y los Artículos 5 y 8 # h de las obligaciones de El Arrendador del Decreto Ejecutivo No. 76 de 10 de julio de 1996, son las siguientes:
Elevar el contrato de arrendamiento a Escritura Pública ya que el monto a financiar (US$29,502.21) superaba o era mayor de US$15,000.00.
Inscribir el contrato de arrendamiento en el Registro Público para que efectos de oponibilidad a terceros.
La Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas efectuó una serie de allanamientos el día 11 de abril de 2011 entre los cuales quedó cautelado el vehículo Marca Chevrolet, Modelo Avalanche, Tipo Pick Up; Año 2011, Motor No. 3GNTK7E36BG238797; Chasis 3GNTK7E36BG238797 y Placa Única No.653765 y por disposición de la Ley fue puesto fuera del comercio. Esta actuación de la fiscalía de Drogas impide a la empresa MULTI FINANCIAMIENTOS, S.A., perfeccionar el contrato de Arrendamiento Financiero de Bienes Muebles, elemento sine qua non para honrar la Carta Compromiso, por ello no se ha cumplido la condición principal de la Carta Compromiso, como Titulo Ejecutivo y por tanto no se trata de un documento exigible.
En vista de lo anterior, SILABA MOTORS, S.A., interpuso un Proceso Ejecutivo Simple, ante el Juzgado Tercero, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá contra MULTI FINANCIAMIENTOS, S.A. La parte demandante aportó al proceso como Título Ejecutivo para fundamentar la demanda, una Carta Compromiso de Pago fechada 14 de marzo de 2011 emitida por MULTI FINANCIAMIENTOS, S.A. a favor de GRUPO SILABA y sostiene que la Carta Compromiso fechada el día 14 de marzo de 2011visible a fs. 13 del expediente consiste en un documento privado reconocido ante Notario Público y por ende, tiene la calidad de Titulo Ejecutivo.
Mediante Sentencia de Primera Instancia Número 7/360-11 de 15 de enero de 2013, emitida por el Juzgado Tercero de Circuito Ramo de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, que en su parte resolutiva declara no probada las excepciones de ilegitimidad de personería, Litispendencia e Excepción (sic) de Ilegitimidad de título ejercida por MULTI FINANCIAMIENTO, S.A.
La Sentencia fue recurrida en término oportuno y se Solicitó la práctica de una prueba de informe consistente en incorporar al expediente en la copia debidamente autenticada del expediente 378-11 de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas. Mediante Auto de 25 de noviembre de 2014 visibles a fojas 207-201 del expediente el Primer Tribual Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá admitió dicha Prueba de Informe y Consta en autos a fs. 215 y 216 que se diligenció el oficio 14-2416 de 22 de diciembre de 2014 a la fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas con sello de recibido del 29 de diciembre de 2914. (sic)
El Primer Tribunal Superior de Justicia de Primer Distrito Judicial de Panamá, una vez sustentado el Recurso de Apelación, tuvo el expediente en estado de dictar la Sentencia, y debió percatarse que no estaba incorporada en el expediente una de las pruebas admitidas, en este caso las copias del Expediente solicitados a la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas y estaba en la obligación de la recepción de dicha Prueba, que había sido admitida, diligenciada por la Parte Demandada, la cual luego de los alegatos no podía presentar más solicitudes ante el Tribunal. Sin embargo la Sentencia de Segunda Instancia a fojas 776 menciona la admisión de dicha Prueba, pero no fue evacuada y en consecuencia no consta en el expediente y por tanto no pudo ser debidamente valorada por los Magistrados que conformaron la Segunda Instancia."
Agrega, que su pretensión se fundamenta en una clara omisión efectuada por parte del "Tribunal en Segunda Instancia, la cual dejó en la indefensión al demandando MULTI FINANCIAMIENTOS, S.A.", en un tema relativo al debido proceso en la fase probatoria, lo cual influyó en la Sentencia de manera desfavorable a su representado.
Ahora bien, antes de resolver la petición, es importante recordar, que la Acción de A., constituye dentro del sistema democrático y constitucional de derecho, un mecanismo o instrumento instituido para asegurar la defensa de los derechos fundamentales, frente a todo acto emitido por servidor público, en el caso de nuestro país, que pueda menoscabar, vulnerar, transgredir o afectar derechos y garantías fundamentales, que nuestra Carta Fundamental e instrumentos de derechos humanos consagran.
En la presente Acción de Amparo el propósito de la misma es que este Tribunal Constitucional procede a examinar el escrito de Amparo, a fin de determinar si concurren los presupuestos necesarios para su admisibilidad, constatando de ese modo que la demanda presentada incurre en uno de los supuestos que la tornan manifiestamente improcedente, lo que impide darle el curso legal.
En ese sentido, se observa, que en la Resolución atacada a través de esta vía constitucional, el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, Confirma la Sentencia N°7/360-11 de 15 de enero de 2013, dictada por la Juez Tercera de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante la cual se declaró no probada la excepción de ilegitimidad de personería, la excepción de litispendencia y la excepción de ilegitimidad de título ejercidas por MULTI FINANCIAMIENTOS, S.A., dentro del Proceso Ejecutivo que le sigue SILABA MOTORS, S.A.; no siendo éste el acto originario.
Sobre este particular, ya es reiterada y mantenida la posición de que en casos donde se dicte determinada decisión y, posteriormente se confirme, se debe acudir a esta vía constitucional contra el acto original, que en este caso sería el emitido por el Juez de Circuito Civil. Ello es así, porque de admitirse este libelo en la forma en que se plasma en esta ocasión (acto confirmatorio), al momento de resolverse el fondo de la controversia, subsistiría la primera resolución donde nace, se plasma, se establecen y desarrollan los hechos y circunstancias que según el recurrente vulneran sus derechos constitucionales. Por tanto, la decisión que se impugna sólo reitera y confirma lo decidido por el a-quo, dejando incólume aquella decisión donde pueda surgir la vulneración.
Sobre este aspecto, ha destacado el Pleno de la Corte Suprema de Justicia que esta exigencia no es una decisión en extremo formalista, sino que tiene una clara razón de ser enfocada en hacer efectiva una decisión de fondo de la acción de amparo de garantías constitucionales, y su función reparadora o restitutiva de derechos vulnerados. Y es que si se pasara por alto esta importante deficiencia, de admitir un acto que es naturaleza confirmatoria, este proceso perdería su eficacia porque subsistiría la orden, toda vez que lo atacado es el secundario, y que en este caso se identifica como el que mantiene en todas sus partes el principal. (Resolución del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 12 de marzo de 2015)
En ese mismo orden de ideas, se advierte que esta Superioridad consistentemente ha mantenido la referida postura al emitir sus resoluciones, y de manera concreta ha puntualizado: (Resolución de 20 de febrero de 2015)
"Luego de analizados los argumentos propuestos por el apelante, esta Superioridad observa que, tal como plantea el Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial, la iniciativa constitucional subjetiva cuya admisibilidad se decide en segunda instancia, no se encuentra dirigida contra el acto originario (Sentencia N° 18 de 28 de noviembre de 2008, proferida por el JUZGADO MUNICIPAL DE AGUADULCE), sino contra el acto confirmatorio (Resolución de 24 de septiembre de 2009, dictada por el TRIBUNAL DE APELACIONES Y CONSULTAS DEL CIRCUITO DE COCLÉ, RAMO CIVIL).
En ese sentido, la jurisprudencia ha sido pacífica al indicar que el A. debe estar dirigido contra el acto originario y que sólo puede admitirse contra el acto confirmatorio en los casos en que éste último revoque o modifique el acto originario. (v.g., Sentencias de 30 de septiembre de 1993, 5 de agosto de 1994 y 27 de enero de 2000 y Sentencia de 17 de Junio de 2003. Ponente: M.. A.H.).
En el presente caso, el Pleno encuentra que la resolución impugnada en sede de amparo, es un acto confirmatorio que no revoca ni modifica el acto originario. Esta circunstancia hace manifiestamente improcedente el Amparo presentado y lleva a la Corte a confirmar sin reparos, la resolución venida en apelación." (Fallo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia del 18 de marzo de 2010)
En el caso citado, además de desarrollarse la explicación del defecto en que se ha incurrido en esta ocasión, también se plantea que la sola concurrencia de este yerro conlleva la inadmisión de la causa.
Aunado a lo indicado, también consta que el acto que se impugna es de fecha 26 de julio de 2016, debidamente notificado tal y como se constata al reverso de la foja 39 del cuaderno constitucional; es decir, que la acción que nos ocupa se ha promovido luego de transcurrido seis meses de emitido el mismo. Aspecto que al entender de este Tribunal de Justicia, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 2615 del Código Judicial, da lugar a considerar que no se cumple con lo relacionado al requisito de inminencia y gravedad del daño, sobre el que esta Corporación ha expuesto criterios, como el siguiente:
"El Pleno de la Corte Suprema ha sido reiterativo al señalar que, el período dentro del cual se puede considerar que existe inminencia y gravedad del daño, es de tres (3) meses." (A. de Garantías Constitucionales. Java Capital Inc. vs Primer Tribunal Superior del Primer distrito Judicial. M.O.O.D.. 5 de enero de 2011)
Analizada y verificada la concurrencia de estos defectos, uno de los cuales por sí solo conlleva la inadmisión de la causa, se procede a decretar lo que en derecho corresponde.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia - PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por el Licenciado M.E.E.V., en nombre y representación de MULTI FINANCIAMIENTOS, S.A. contra la Sentencia de 26 de julio de 2016, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, dentro del Proceso Ejecutivo promovido por SILABA MOTORS, S.A. contra MULTI FINANCIAMIENTOS, S.A.
JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

References: artículo 32
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 2615