Source: https://hayderecho.expansion.com/2016/12/04/la-capacidad-economica-como-factor-de-accesibilidad-a-la-justicia-soplar-y-sorber-todo-no-puede-ser/
Timestamp: 2019-10-19 17:07:30+00:00

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La capacidad económica como factor de accesibilidad a la Justicia: soplar y sorber, todo no puede ser - Hay Derecho
El derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente del acceso a la justicia y al recurso, viene sufriendo en los últimos meses de muy notables procesos de revisión merced a las interpretaciones que sobre su alcance y límites han destilado los máximos intérpretes constitucionales en el ámbito nacional y comunitario.
Sobre el contenido de la STC 140/2016, de 21 de julio, en este mismo blog ya se ha opinado con rigor acerca del irresoluble oxímoron de considerar que el establecimiento de las tasas para el ejercicio de acciones judiciales en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social no vulnera, ontológicamente, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), no incumple el mandato de sometimiento de la Administración al control judicial (art. 106 CE) ni tampoco el principio de gratuidad de la justicia (art. 119 CE), para al mismo tiempo, considerar que tanto la cuantía fija como la variable de las referidas tasas resultan desproporcionadas y potencialmente disuasorias para los justiciables a la hora de acudir a los tribunales. Si disuadir es convencer (con argumentos o con la fuerza de los hechos) a una persona para que cambie su manera de actuar, pensar o sentir, es incontrovertible que la tutela judicial efectiva no puede salir indemne en una coyuntura normativa como la existente.
Pero insisto, no pretendo volver a la STC sino para vincularla con la doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que, casi de manera coetánea (STJUE, Sala Cuarta, de 28 de julio de 2016 [C-543/14]) también tenido que valorar la accesibilidad a los tribunales y a los recursos merced a una cuestión prejudicial planteada por la Courconstitutionnelle belga, en el contexto de los litigios entre el Ordre des barreaux francophones et germanophone, el Sr. Jimmy Tessens, la Orde van Vlaamse Balies, el Ordre des avocats du barreau d’Arlon y otras personas físicas y jurídicas y el Consejo de Ministros, relativos a sendos recursos de anulación del artículo 60 de la loi du 30 juillet 2013 portant des dispositions diverses (Ley de 30 de julio de 2013 por la que se establecen diversas disposiciones) (Moniteurbelge de 1 de agosto de 2013, p. 48270), que suprimió la exención del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) de que gozaban los servicios prestados por los abogados en el ejercicio de su actividad habitual.
El tribunal remitente plantea al Tribunal de Luxemburgo si la sujeción al IVA de los servicios prestados por los abogados y el consecuente incremento del coste de esos servicios que implica dicha sujeción es compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva y, en particular, con el derecho a contar con asistencia letrada. Además, se pregunta si la normativa controvertida en el litigio principal es conforme con el principio de igualdad de armas, puesto que ese incremento del coste sólo afecta a los justiciables que no tienen la condición de sujetos pasivos y no gozan del derecho a la asistencia jurídica gratuita, mientras que los justiciables que son sujetos pasivos tienen la posibilidad de deducir el IVA soportado por esos servicios.
Se aprecia por tanto como en este asunto, vuelve a ponerse sobre el tapete la difícil cohonestación entre el derecho a la tutela judicial efectiva con los obstáculos de naturaleza económica potencialmente limitativos de aquel derecho, ya a través de la imposición detasas, ora mediante políticas tributarias que graven o no determinadas actividades profesionales.
Si nuestro Tribunal Constitucional, con respecto a las tasas, las consideró respetuosas con el derecho a la tutela judicial efectiva, aunque desproporcionadas en su cuantía, para el TJUE, que los servicios prestados por los abogados en Bélgica estén sujetos a un IVAgravado al tipo del 21 %, lo cual, admite, lleva consigo un cuantioso incremento de los gastos procesales para quienes carecen de asistencia jurídica gratuita, no supone sin embargo un obstáculo insuperable -STJUE de 22 de diciembre de 2010, DEB, C‑279/09, EU:C:2010:811, apartado 61, y el auto de 13 de junio de 2012, GREP, C‑156/12, no publicado, EU:C:2012:342, apartado 46)- para el despliegue efectivo dela tutela judicial que contempla y garantiza el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales dela Unión Europea (CDFUE).
Y ello al socaire de una batería de argumentos al menos, discutibles y, en todo caso, groseramente economicistas cuando no puramente especulativos. Según el TJUE, ese alegado y disuasorio incremento en la minuta delos abogados resulta incierto, puesto que, de una parte, la sujeción de esos servicios al IVA, al tipo del 21 %, no provoca un acrecentamiento en la misma proporción de las cargas para los abogados, puesto que éstos, en su condición de sujetos pasivos, pueden deducir el IVA que grava las adquisiciones de bienes y servicios realizadas en el marco de los servicios que prestan, con arreglo al artículo 168, letra a), de la Directiva 2006/112. Además, en segundo lugar, también cuestiona ese alza en el coste de los servicios, arguyendo que en Bélgica rige un sistema de libre negociación de los honorarios. Y desde esa premisa, introduce el siguiente razonamiento conjetural impropio de cualquier resolución judicial:
«34. (…) En un sistema de esa índole, basado en la competencia entre abogados, puede que éstos hayan de tener en cuenta la situación económica de sus clientes (…)»
Y culmina con un último argumento que conduce directamente a la paradoja conceptual dela que hablamos con respecto a la STC de 21 de julio pasado. Razona el TJUE que, en cualquier caso, y dado que el importe del IVA controvertido en el litigio principal –admitiendo, ahora sí, que pueda acarrear eventualmente un incremento de los referidos gastos-dista mucho de constituir la parte más importante de los gastos procesales, colige que ello no puede erigirse como obstáculo insuperable para acceder a la justicia o que prácticamente imposibilite o dificulte excesivamente el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión a la luz del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 47 de la Carta. Perturba, pero se soporta.
Deberían ser conscientes tan altas instancias que, como dijo el evangelista, nadie puede servir a dos señores (San Mateo, 6,24): hasta la proverbial ductilidad de la tutela judicial efectiva tiene límites.
https://hayderecho.expansion.com/wp-content/uploads/2016/09/fundacion-hay-derecho-1.jpg 400 756 Raúl C. Cancio Fernández https://hayderecho.expansion.com/wp-content/uploads/2018/09/hay-derecho-expansion.jpg Raúl C. Cancio Fernández2016-12-04 22:17:272016-12-05 10:47:50La capacidad económica como factor de accesibilidad a la Justicia: soplar y sorber, todo no puede ser
5 diciembre, 2016 en 00:52
Creo que el propio nombre del impuesto es muy relevante:
Valor-añadido.
El sistema judicial no aporta-añade ningún valor “productivo” al sistema de producción. Es un sistema de resolución de conflictos. Además los impuestos en teoría gravan las manifestaciones de riqueza y resulta que cuando necesitas acudir a la justicia es cuando normalmente estás con el agua al cuello. Más bien sería una manifestación de miseria.
La justicia tal y como está planteada hoy en día es económicamente inaccesible para el ciudadano tanto en coste como en tiempo. Sólo es accesible para el criminal, para el pobre de solemnidad y para la empresa. Para el 90% de ciudadanos restantes es una losa insufrible diseñada a sus espaldas.
Muy curioso, por cierto, la obsesión del famoso ex-ministro por el asunto de las tasas. Recuerdo que una tasa municipal de basuras llevó su nombre (y fue anulada).
5 diciembre, 2016 en 11:38
Cuando en un proceso judicial que se supone que parte de un principio esencial que es igualdad de partes resulta que una parte procesal se puede deducir el IVA y a otra no; cuando precisamente es la que normalmente resulta ser más poderosa la que se lo puede deducir, que son las sociedades mercantiles, y no su parte contraria un consumidor persona física que se ve obligado a demandar o defenderse, por ejemplo por abusos bancarios o por ejecuciones hipotecarias; cuando además las minutas podrían ser gasto deducible para uno y no para otro y precisamente lo son para el habitualmente más fuerte; cuando primero el IVA procesal era cero y luego se puso reducido y los colegios de abogados se dejaron colar ese gol en la portería del justiciable más débil, y luego se olvidó por qué era importante que el IVA procesal fuera el menor posible, si es que había que ponerlo, y se equiparó al extraprocesal como si fuera lo mismo, constitucionalmente, asesorar para una fusión empresarial que para evitar una detención donde están en juego la seguridad y la tutela judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución que prevé expresamente la intervencion de letrado, y se puso el tipo general para todo y luego se subió, y ya vamos por un 21%; cuando pasa todo eso, el principio de igualdad de partes va cayendo y la balanza de la igualdad de partes se va inclinando en beneficio del más fuerte, y cada vez más cada vez que se sube el IVA. En Justicia, si uno sube el otro no queda igual: baja. Hace cuatro años escribí un post sobre esto; da igual, porque en un mundo donde quienes nos gobiernan han olvidado, porque muy pocos se lo recuerdan, y los representantes de la abogacía han olvidado que hay que hacer lobby para explicar por qué era importante que el IVA procesal no fuera igual que el extraprocesal, y que hay un principio de igualdad de partes que resulta perjudicado por la deduciblidad de IVAS y minutas para unos sí y para otros no, da todo igual. Paciencia.
5 diciembre, 2016 en 15:05
A mi un empresario me dijo que las tasas le parecían bien: retraen al consumidor de pleitear.
María Marroquín López Dice:
8 diciembre, 2016 en 19:07
Mi enhorabuena a Verónica del Carpio y al resto de cabezas visibles del lobby de la litigación que, con pocos medios pero gran inteligencia micropolítica, han conseguido convencer a muchas personas desinformadas de que los ciudadanos que no pleiteamos tenemos que pagar los pleitos de los demás y, de paso, mantener boyante el (legítimo) negocio de los abogados. En toda Europa hay tasas, en general más elevadas que las que el TC, sin explicar por qué, considera “desproporcionadas”. Una de dos, o existe un estado de emergencia jurídica paneuropeo, con generalizada vulneración del derecho de acceso a la Justicia o estamos ante una obvia e interesada falsedad. Solo hay un coste disuasorio e impeditivo del acceso a los tribunales: los honorarios de los abogados que, como toda prestación de servicios profesionales, debe estar sujeta al IVA común y deducirse por los sujetos que actúan en ejercicio de una actividad empresarial, porque así lo impone el principio básico de neutralidad económica del impuesto, que exige que solo el consumidor final soporte el gravamen, como sabe cualquiera que haya saludado, incluso de lejos, los rudimentos teóricos de la tributación indirecta. Un saludo y a seguir en la lucha.
10 diciembre, 2016 en 01:13
“Solo hay un coste disuasorio e impeditivo del acceso a los tribunales: los honorarios de los abogados”
Ahí, ahí. Ahí es donde duele…
Y ya de paso no olvidemos la misteriosa figura de “El Procurador”, ese extraño ser que, nada más empezar el calvario de un litigio en España, te pega un sablazo sin ni siquiera verle la cara y sin que nadie entienda exactamente por qué, por mucho que te lo expliquen…
Un ser siniestro, como un villano de cómic: “¡Cuidado! No te cruces con……”El Procurador”…. Lo pagarás caro… y no sabrás por qué”.
5 diciembre, 2016 en 19:21
http://almacendederecho.org/tasas-judiciales-principio-igualdad/
6 diciembre, 2016 en 11:05
Está claro que cualquier impuesto normalmente desincentiva el consumo de ese producto al incrementar su valor, las tasas y el IVA cumplieron su función económica. En cuanto al derecho a la tutela judicial efectiva, lo vulnera de manera evidente pero no parece que este asunto estuviera en la mente del legislador.
10 diciembre, 2016 en 13:42
El sistema judicial debiera intentar que los ciudadanos no estén tan obligados a contratar Abogados (letrados y procuradores). Especialmente ahora que hemos regresado a los Gremios del los tiempos de Dickens en otro interesante contubernio castizo.
Se debería incrementar notabilísimamente el número de asuntos que no los requieren o quedar a la voluntad del litigante.
Este sector, en vez de Reconvertirse, como han hecho los industriales varias veces, se ha apegado más al Poder y se ha enquistado como un Coste Creciente. Otro caso de Cronyism estamentario..
Imposible olvidar que el sistema legal –incluido el judicial– recibe un suspenso en los 28 países europeos. Un asunto que, como clase profesional y como tecnocracia, se evita pero que está ahí.
El Estado actual (en su forma Post Moderna que arranca en 1875) está en una Ruta Destructiva por “hiperbolización” de sus costes que nos lleva a su versión Soviética, a la Destructiva-Extractiva o a combinaciones de ambas.
Hay muchos ejemplos además de la historia de las tasas.
Comienzan a establecerse sistemas competitivos más económicos y quizás más “justos” en el sentido real de la palabra. La Sharia creciente a niveles poco conocidos.
Los grandes cambios comienzan por grietas en la medida de lo “justo” y pérdida de utilidad de lo existente.
El mundo letrado tiene un grave déficit de auto exigencia y, tradicionalmente, excesiva connivencia y simbiosis con el sistema de Poder. Debiera corregirse antes de que las mudanzas se impongan desde fuera. Los Colegios Profesionales ¿a qué se dedican hoy?
Rita Barberá o el final de una época: reproducción de la tribuna en EM de... Estos son los finalistas del II Premio Hay Derecho

References: artículo 60
 artículo 47
 artículo 168
 resolución 
 artículo 47
 resolución 
 artículo 24