Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S1-2015/as201531785.html
Timestamp: 2019-03-20 23:32:05+00:00

Document:
as201531785
Expediente: 286/2011-A
Demandante : Sindicato de Lustrabotas, Vendedores de Lotería
Demandado : Dirección de Recaudaciones Municipales de La Paz
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 183 a 185, interpuesto por Ronald Hernán Cortez Castillo Jefe de la Unidad Especial Gestora de la Administración Tributaria Municipal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, contra el Auto de Vista No 30/11 de 7 de febrero de fs. 128 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso contencioso tributario seguido por el Sindicato de Lustrabotas, Vendedores de Lotería contra Jefatura recurrente; el Auto Nº 468 de fs. 188 que concedió el recurso; los antecedentes del proceso; y:
Tramitado el proceso contencioso tributario, la Juez de Partido Segundo Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de La Paz, emitió Sentencia Nº 03/02 de 12 de septiembre de 2007, de fs. 105 a 109, por la que declaró probada la excepción de prescripción de la gestión de 1995 por el Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles opuesta en la demanda de fs. 12 a 15 por el actor.
Interpuesto el recurso de apelación por Ronald Hernán Cortez Castillo en representación del Gobierno Municipal de La Paz de fs. 113 a 114 vta., que no fue motivo de contestación; mediante Auto Vista Nº 30/11 de 7 de febrero, pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito judicial de La Paz, confirma la Sentencia apelada. Sin costas en aplicación al art. 39 de la 1178.
Dicha resolución, motivó el recurso de casación en el fondo por parte de Ronald Hernán Cortez Castillo en representación del Gobierno Municipal de La Paz, de fs. 183 a 185, con los siguientes argumentos:
Errónea interpretación del art. 53 de la Ley Nº 1340.
Que, el Auto de Vista realiza una errónea interpretación del art. 53 de la Ley Nº 1340, contrariamente a la adoptada en la Resolución Nº 4/06 SSA.III, de 14 de enero de 2006, emitida por la misma Sala Social y Administrativa, al realizar un cómputo diferente al establecido en la Sentencia de primer grado, confirmada por el Ad-quem, sin considerar que el impuesto correspondiente a la gestión 1995 prescribiría recién en el año 2002, habiéndose sin embargo interrumpido a la notificación con la Resolución Determinativa Nº 2409/2001 de 14 de diciembre de 2001, efectuada al sujeto pasivo el 21 de noviembre de 2001, conforme el art. 54 numeral 1) de la Ley 1340, que establece “El curso de la prescripción se interrumpe; por la determinación del tributo, sea esta efectuada por la Administración Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la de la notificación o de la presentación respectiva…”.
Refiere además que los arts. 41 y 52 de la Ley Nº 1340, establecen como causa de extinción de las obligaciones tributarias, la inactividad de la Administración Tributaria durante cinco (5) años para la determinación y cobro de la obligación tributaria y accesorios, que debe ser computado el 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador y para los tributos cuya determinación es periódica como es el caso del IPBI, y efectuando una incorrecta interpretación y aplicación de los arts. 53 y 54 de la Ley Nº 1340, siendo que el impuesto de la gestión 1995 no está prescrita.
El Gobierno Municipal de La Paz recurrente, pide que este Tribunal Supremo dicte casar el Auto de Vista y deliberando en el fondo declare improbada la demanda, y mantener firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 2409/2001, de 14 de diciembre.
El recurso traído a casación por el Gobierno Municipal de La Paz, se centra sobre la controversia de interpretación incorrecta e indebida aplicación de normas tributarias relativas a la prescripción del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI), pasando a resolverse, conforme al siguiente desarrollo.
Ante las interpretaciones formuladas por el recurrente, se concibe imperioso efectuar una revisión a un principio universal transversal que atañe a todos los ámbitos del derecho y de nuestro ordenamiento jurídico: la seguridad jurídica; principio que el Estado Plurinacional de Bolivia acogió en el art. 178.I de su Constitución Política del Estado, estableciendo que la potestad de impartir justicia emana del pueblo Boliviano, y uno de sus sustentos es la seguridad jurídica, principio que compele al Órgano Judicial velar por su observancia, de tal forma que la previsibilidad de sus efectos se traduzca en la protección y la confianza en el sistema jurídico, es dentro de este marco que las actuaciones materiales de los aplicadores del derecho, en especial de la Administración Pública, deben enmarcarse en el marco de la seguridad jurídica que se manifiesta en la existencia de un poder reglado dentro del sistema de la administración.
La prescripción, “es una categoría general del Derecho, cuya finalidad es modular el efecto del paso del tiempo sobre la inactividad de quien pudiendo ejercer un derecho no lo hace” (García Novoa Cesar, Presidente del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario ILAT. Memoria III Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 2010); y al decir de este autor, “su fundamento radica en la seguridad jurídica, pues las pretensiones deben ejercitarse en un lapso temporal razonable no siendo aceptable que cualquier sujeto de derecho quede indefinidamente a merced de la actuación de otro.”
El instituto de la prescripción estaba contemplado en nuestro ordenamiento jurídico abrogado (Ley Nº 1340 Código Tributario) en la Sección Quinta del Capítulo V, referido a la Extinción - de las obligaciones tributarias-, dedicada a las formas de extinción de la obligación tributaria, como una categoría jurídica por la que, se le atribuye la función de ser una causa extintiva de la obligación tributaria, necesaria para el orden social, que responde a los principios constitucionales de certeza y seguridad jurídica, puesto que: “El fundamento del instituto de la prescripción estriba en evitar la inseguridad que trae aparejada el transcurso del tiempo sin el ejercicio de un derecho. En otros términos, su objeto es evitar la falta de certeza en las relaciones jurídicas, producto de la inactividad de un sujeto titular de un derecho” (Buitrago Ignacio Josué, Presidente del Tribunal Fiscal de la Nación Argentina. Memoria IV Jornadas Bolivianas de Derecho Tributario 2011).
Interrupción.- El art. 54 de la Ley Nº 1340, establece que curso de la prescripción se interrumpe:
Por la determinación del tributo, sea ésta efectuada por la Administración Tributaria o por el contribuyente, tomándose como fecha la dela notificación o de la presentación de la liquidación respectiva.
Por el pedido de prorroga u otras facilidades de pago.
Interrumpida la prescripción comenzará a computarse nuevamente el término de un nuevo periodo a partir del 1º de enero del año calendario siguiente a aquel en que se produjo la interrupción.
Corresponde precisar que de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que la notificación con la Resolución Determinativa, de la revisión de antecedentes administrativos se evidencia que el 28 de diciembre de 2001, el oficial de diligencias del GMLP, notificó mediante cédula (fs. 33) al Sindicato de Lustrabotas y Voceadores de Periódicos, con la Resolución Determinativa Nº 02409/2001, de 14 de diciembre, que determina de oficio por conocimiento de la materia imponible, la obligación impositiva por el IPBI de la gestión 1995, en la suma de Bs51.084.-, además de establecer la sanción por evasión en el 50% sobre el tributo omitido en la suma de Bs.13.850.- de conformidad a lo dispuesto por los arts. 114, 155 y 116 de la Ley Nº 1340, aspectos que no fueron motivo de observación, sino reconocido de manera expresa por el contribuyente en el memorial de demanda de fs. 12 a 15 de obrados.
El recurrente GMLP señala que la Sentencia y el Auto de Vista realizó un erróneo cómputo de la gestión 1995, ya que en virtud del art. 53 de la Ley 1340 (CTb), el término para la prescripción del IPBI de la gestión 1995 empezó a correr el 1 de enero de 1997, al ser el hecho generador el tener la propiedad el 1995, y finalizó el 31 de diciembre de 2002.
En este marco jurídico-doctrinal, el num. 5 de los arts. 41 y 52 de la Ley Nº 1340 (CTb), establecen que la prescripción es una de las causales de extinción de la obligación tributaria, definida como la acción de la Administración Tributaria para determinar la obligación impositiva, aplicar multas, hacer verificaciones, rectificaciones o ajustes, y exigir el pago de tributos, multas, intereses y recargos, y prescribe a los cinco años.
Asimismo, el art. 53 de la Ley Nº 340 (CTb) expresa que el término de la prescripción se contará desde el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho generador y para los tributos cuya determinación es periódica, se entenderá que el hecho generador se produce al finalizar el período de pago respectivo; y sobre las causales de interrupción el art. 54 de la Ley Nº 340 (CTb), señala que el curso de la prescripción se interrumpe por: 1. la determinación del tributo realizada por el contribuyente o por la Administración Tributaria, 2. el reconocimiento expreso de la obligación por parte del deudor, y 3. el pedido de prórroga u otras facilidades de pago.
En cuanto a las causales de suspensión de la prescripción el art. 55 de la Ley Nº 1340 (CTb) establece que el curso de la prescripción se suspende por la interposición de peticiones o recursos administrativos por parte del contribuyente desde la fecha de su presentación hasta tres meses después de la misma, mediare o no resolución definitiva de la Administración sobre los mismos.
Consiguientemente, a efectos del cómputo de la prescripción, conforme con el art. 53 de la Ley Nº 1340 (CTb), en el presente caso, tratándose del IPBI de la gestión 1995, la fecha de vencimiento para cumplir la obligación tributaria se produjo el 1996, por lo que el cómputo de la prescripción quinquenal se inició el 1 de enero del siguiente año; es decir, el 1 de enero de 1997 y concluyó el 31 de diciembre de 2001. La Administración Tributaria, según los fundamentos expuestos por las partes de la relación jurídica tributaria, notificó al contribuyente el 28 de diciembre de 2001, con la Resolución Determinativa Nº 02409/2001; interrumpiendo de esta forma el curso de la prescripción quinquenal de la gestión 1995, con la determinación del tributo en los términos previstos en el art. 54 de la Ley 1340 (CTb); por consiguiente, corresponde revocar la Resolución del Tribunal de Alzada.
Consecuentemente, por todo lo expuesto corresponde dar cumplimiento a los arts. 271.4) y 274 del CPC, aplicables por mandato de las disposiciones contenidas en los arts. 214 y 297 de la Ley Nº 1340.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Adm., Sala Social y Adm. Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA el Auto de Vista Nº 30/2011-SSA-III de 7 de febrero, de fs. 128 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, y deliberando en el fondo declara IMPROBADA la demanda de fs. 12 a 15, en tal virtud firme y subsistente la Resolución Determinativa Nº 2409/2001 de 14 de diciembre.

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