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Timestamp: 2019-08-19 17:17:49+00:00

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ICEDA Bufete de Abogados : Sentencia T-655/11 - ACCION DE TUTELA CONTRA CONSTRUCTOR POR DAÑOS DURANTE CONSTRUCCION DE EDIFICIO
Sentencia T-655/11 - ACCION DE TUTELA CONTRA CONSTRUCTOR POR DAÑOS DURANTE CONSTRUCCION DE EDIFICIO
Sentencia T-655/11
Acción de Tutela instaurada por Marilyn Ortiz Barbosa y Otro contra Héctor Alirio Forero Quintero, Edificio Puerta del Sol PH y otros
Marylin Ortiz Barbosa, Manuel Guio Lara y Efraín Ortiz, mediante apoderado judicial, instauran acción de tutela en busca de la protección de sus derechos fundamentales a la vida, a la salud, al mínimo vital, al trabajo, a la vivienda digna, a la familia, los cuales consideran vulnerados por los demandados. Apoyan la solicitud en los hechos que a continuación se resumen.
1.2.1. Los demandantes afirman ser propietarios de dos predios ubicados en el barrio la Aurora, localidad Barrios Unidos de la ciudad de Bogotá: el primero, situado en la Carrera 26 # 74-15 (habitada por la señora Marylin Ortíz y su esposo Manuel Guio Lara) y el segundo, en la Carrera 26 # 74-27 (habitada por el señor Efraín Ortiz y su esposa).
1.2.2. Indican que en la carrera 26 # 74-19, esto es, el predio ubicado justo en medio de sus casas, el señor Héctor Alirio Forero, inició la construcción del edificio Puerta del Sol P.H., para lo cual solicitó la licencia de construcción modalidad obra nueva, demolición, aprobación planos, alinderamientos y cuadros áreas P.H., radicada en la Curaduría Urbana No. 4 de Bogotá, bajo el expediente No.08-4-1689.
1.2.3. En agosto de 2008, se llevó acabo la demolición de la propiedad sin cumplir las normas de seguridad, ocasionando daños en las viviendas colindantes, ante lo cual se requirió al señor Héctor Alirio Forero para que presentara la póliza de la compañía de seguros de responsabilidad civil extracontractual por daños contra terceros. No obstante, afirman los demandantes que el accionado respondió verbalmente que no tenía y que él mismo pagaba y reparaba los daños causados por la construcción del edificio por ser dueño de una constructora.
1.2.4. Señalan los accionantes que se acercaron a la Curaduría Urbana No.4, con el fin de hacerse parte dentro del proceso para la expedición de la licencia y así hacer valer sus derechos. Sin embargo, la funcionaria que los atendió les informó que la citación a vecinos, la cual debe surtirse por correo certificado, no fue entregada por el servicio de mensajería de Servientrega contratado por la Curaduría, argumentando que no encontraron a ninguno de los ocupantes de las dos casas, devolviendo los documentos el mismo día a la entidad y el 29 de agosto de 2008 fue publicado por edicto, sin embargo, de esta actuación no quedó ningún registro porque la empresa de mensajería no dejó número de guía o notificación que los hubiera enterado de la diligencia. Respecto a la intervención de terceros, la funcionaria les comentó que habían quedado sin participación dentro del trámite, pues para ello debían haberse presentado antes de la expedición del acto administrativo según lo previsto en los artículos 24 y 25 del Decreto 564 de 2006, en este punto, resaltan la omisión del trámite previsto en el parágrafo del artículo 24 del mencionado Decreto, en cuanto al deber del señor Héctor Alirio Forero, como peticionario de la licencia de construcción, de instalar una valla con una dimensión mínima de un metro con ochenta (1.80) centímetros por ochenta (80) centímetros, en lugar visible desde la vía pública, en la que se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite administrativo tendiente a la expedición de la licencia urbanística, indicando el número de radicación, la autoridad ante la cual se tramita la solicitud, el uso y características básicas del proyecto, la cual deberá permanecer en el sitio hasta tanto la solicitud sea resuelta. En conclusión, no pudieron hacerse parte dentro del proceso para hacer valer sus derechos, situación que conllevó a que la actuación arbitraria del constructor de la obra nueva continuara.
1.2.7. Teniendo en cuenta lo expuesto, para los peticionarios es claro que la imposibilidad de cohabitar los inmuebles de su propiedad limita su derecho a gozar de una vivienda digna, vulneración que también supone la afectación al mínimo vital y al trabajo, toda vez que la demandante Marylin Ortiz, ejercía su profesión atendiendo pacientes en consulta de psicología, actividad de la cual deriva su único sustento económico junto con el de su familia, teniendo en cuenta que su esposo sufrió un accidente cerebro vascular el cual le ocasionó una invalidez laboral permanente lo que le impide acceder efectivamente al mercado laboral y restringue su capacidad productiva.
En el caso en particular, señaló que una vez consultada la base de datos de la entidad, no se encontró ninguna investigación adelantada contra la sociedad Héctor Forero E.U. Constructores por las presuntas irregularidades presentada en el edificio Puerta del Sol P.H., los accionantes no presentaron ante la Subsecretaría de Inspección, Vigilancia y Control de Vivienda de la Secretaría Distrital del Hábitat, queja alguna que le permitiera a la Administración conocer los hechos y situaciones que hoy se denuncian mediante la presente acción constitucional, razón por la cual esta entidad no está llamada a responder por los perjuicios reclamados toda vez que, no se presentó acción u omisión por parte del Distrito Capital que permitiera endilgarle la responsabilidad pretendida.(sic)
Respecto de las demás diligencias administrativas que se hubieren desplegado, indicó que teniendo en cuenta que el artículo 31, numeral 3, literal c de la Ley 332 de 2004, nos ordena únicamente “emitir conceptos técnicos de amenaza ruina sobre los inmuebles u edificaciones ubicados en Bogotá D.C. de conformidad con el artículo 2 del Decreto 166 del 2004”. En consecuencia, señaló que ante los hechos mencionados, no es responsabilidad de las entidades distritales las afectaciones a los predios privados y mucho menos de la entidad que representa, por lo que solicitó al juez liberarla de cualquier tipo de responsabilidad.
1.4.5. Contestación de Héctor Alirio Forero Quintero.
El señor Héctor Alirio Forero, señaló en el escrito de contestación que contrató una serie de profesionales, arquitectos e ingenieros para desarrollar el proyecto Puerta del Sol P.H., toda vez que no es su profesión y por lo tanto, no le constan las manifestaciones realizadas en el escrito de tutela.
Refirió que los accionantes han acudido ante diferentes instancias con el fin de obtener un pronunciamiento sobre el estado de sus casas y de sus peticiones, el cual ya fue emitido por el DPAE en donde ordena la demolición de la propiedad del señor Manuel Guío, dado que el estado de las casas amenaza ruina.
Respecto de los perjuicios causados, lucro cesante y daño emergente, del señor Efraín Ortiz, ya se llegó a una conciliación, llegando al compromiso de mi parte de construirle una nueva casa, en el mismo lugar de la casa afectada. Los trámites necesarios para radicar la solicitud de licencia ya fueron radicados. El señor Ortiz, fue reubicado en un apartamento donde se le cancela el valor del canon de arrendamiento, por valor de ($750.000) mensuales y también un lucro cesante por la suma de ($550.000). No obstante y con el ánimo de dar por terminado este asunto con el señor Manuel Guío, quiero manifestar ante su despacho mi interés de comprar el inmueble de su propiedad, en los valores que comercialmente un perito avaluador nos indique. Esta solicitud, la he presentado hasta la saciedad al demandante; no entiendo porque desgata el aparato judicial cuando le he ofrecido, desde el comienzo del deterioro de su casa, pagarle el valor de ésta, de acuerdo al valor comercial.
Con igual sentido desestimatorio consideró que las diferentes posiciones planteadas en el caso, encarnan un asunto conflictivo emanado de una relación negocial cuya resolución se encuentra a cargo de las autoridades civiles y no de la constitucional, situación que torna improcedente la protección invocada. No obstante, señaló que conforme al desarrollo jurisprudencial la acción de tutela puede proceder cuando los medios jurídicos previstos resultan insuficientes o ineficaces para otorgar un amparo integral o evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. Frente al anterior planteamiento observó, que la parte accionada alega una afectación a la vida en conexidad con la vivienda digna, pero no demuestra el perjuicio irremediable como quiera que del material probatorio que milita la actuación, se evidencia que en virtud del concepto técnico emitido por el técnico de DPAE en relación con el predio Carrera 26 No.74-27, los accionantes actualmente no habitan el predio sino que viven en arriendo en otro inmueble y según lo señalado en la contestación a la acción de tutela por Héctor Alirio Forero Quintero, se entrevé que éste es quien estaba pagando el rubro y en consecuencia no se está afectando el derecho a la salud o vida de los actores. (sic)
Respecto al señor Efraín Ortiz, adulto mayor, sujeto de especial protección, consideró la procedencia del amparo constitucional al encontrar probado que acudió a la inspección de policía con el fin de llevar a cabo un acuerdo conciliatorio el cual fracasó y que posteriormente el señor Héctor Alirio Forero le ofreció reubicarlo en una vivienda, comprometiéndose a pagar el valor del canon de arrendamiento hasta la reconstrucción de su vivienda, compromiso que suspendió sin ninguna justificación. Por esta razón, y para garantizar los derechos del accionante, dispuso que el señor Forero continúe con el pago del arriendo hasta que la vivienda del señor Efraín Ortiz sea nuevamente habitable.
El accionado Héctor Alirio Forero Quintero, ostentando la calidad de abogado en ejercicio, objetó la decisión de instancia en los siguientes términos:
El señor Juez, no tuvo en cuenta que desde que se presentó el daño en la casa del señor Efraín Ortiz el suscrito ha hecho lo imposible por reconstruirle su vivienda. Para construir en Bogotá, se necesita una licencia expedida por una Curaduría; ha sido imposible que el señor Efraín Ortiz me otorgue poder para adelantar este trámite. Son los accionantes quienes se han encargado de dilatar y demorar la gestión que se debe realizar respecto a la reconstrucción de la casa, teniendo en cuenta que este inmueble ya fue declarado en ruina, no entiendo porque se me ordena continuar con el pago del arriendo, cuando son ellos los que no permiten adelantar los trámites correspondientes. Por lo tanto, solicita ordenar al señor Ortiz o a quien lo represente, otorgue poder al ingeniero o arquitecto delegado por Héctor Alirio Forero, para que adelante los trámites necesarios que permitan la demolición y reconstrucción de la vivienda y así cumplir la decisión de primera instancia.
Respecto al caso del señor Efraín Ortiz precisó, que antes de que se le destruyera su casa, vivía de los arriendos que allí le pagaban, es decir, su vivienda le generaba los recursos para subsistir como lo son pagar los servicios públicos y la alimentación de él y su esposa. El señor Héctor Alirio Forero, al destruir su hogar, se comprometió a pagar el lucro cesante, el daño emergente, lo correspondiente a los cánones de arriendo de la vivienda donde fue trasladado el señor Efraín Ortiz, con los servicios públicos y la suma de $550.000 mensuales, para subsistir. No se explica cómo el Juez de instancia desmejora esa situación, solo autorizando a pagar el canon de arrendamiento y deja sin mencionar el lucro cesante y el pago de servicios públicos, restringiendo con esta decisión los derechos fundamentales, al mínimo vital, a la vida, a la salud, a la vivienda digna. Así las cosas, solicita se revoque el fallo de tutela en el sentido de que además del pago del arriendo, se le ordene al constructor cancelar lo correspondiente al mínimo vital, es decir, los servicios públicos, el lucro cesante, hasta que responda por la construcción destruida.
Frente a la situación de los señores Manuel Guio Lara y su esposa Marilyn Ortiz, indicó que habitan el inmueble con nomenclatura Carrera 26 # 74-15, desde hace más de quince años, el señor Manuel la ocupa como hijo legítimo de los propietarios, quienes fallecieron, de manera que, son ellos quienes se encuentran afectados por no habitar el inmueble constituido como su hogar y como fuente de sus recursos, toda vez que la señora Marilyn Ortiz atendía en consulta psicológica a sus pacientes desde el consultorio habilitado para ello, en su casa. Resaltó además, la afectación en la salud del señor Manuel Guio, quien debido a un accidente cerebro vascular se encuentra inhabilitado para laborar, aunado al hecho de ahora no tener vivienda por cuanto fue destruida con la construcción del edificio Puerta del Sol, sin ingresos económicos que le permitan vivir dignamente y la incertidumbre cada mes del pago de un arriendo desde la evacuación de su casa, circunstancias que lo colocan en una condición de debilidad manifiesta. Demandó por tanto, tener en cuenta el estado de indefensión tantas veces pregonado en los fundamentos de derecho de tutela presentada por el señor Manuel Guio y su esposa Marilyn Ortiz, en razón a su grave estado de salud y la vital importancia que para ellos tiene que el responsable de actos tan arbitrarios, como la destrucción de su hogar, restablezca sus derechos.
El ad-quem, limitó su análisis al caso del señor Efraín Ortiz como sujeto de especial protección constitucional y a los descargos que hiciera el señor Héctor Alirio Forero en su escrito de impugnación, resaltando que por regla general, la acción de tutela está vedada para los asuntos que se concretan a un rango legal, dado que su campo de conocimiento se limita por la vulneración o amenaza de derechos constitucionales fundamentales, y su propósito específico es el de brindar a la persona protección efectiva y actual, por lo anterior es claro que esta acción constitucional no busca una finalidad indemnizatoria, como lo pretenden hacer valer los accionantes con respecto al pago de los servicios públicos y el lucro cesante.(sic)
Para el Juez, los elementos de juicio que obran en el expediente demuestran con suficiencia que el señor Héctor Alirio Forero, debe resarcir el perjuicio ocasionado al inmueble de propiedad del señor Efraín Ortiz como consecuencia de la construcción Puerta del Sol, pues los accionantes han tenido que abandonar su vivienda, pero para que ello se lleve a cabo se hace necesario que el propietario del mismo, adelante las diligencias necesarias tendientes a obtener la Licencia ante la Curaduría respectiva.
En consecuencia, modificó el numeral tercero del fallo emitido por el Juzgado Sesenta y Ocho Civil Municipal, en el sentido de indicar que el Señor Efraín Ortiz en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas, debía adelantar las gestiones necesarias tendientes a obtener la Licencia de Construcción ante la Curaduría respectiva. Advirtió al señor Héctor Alirio Forero que una vez obtenida la licencia debía proceder a la construcción de la vivienda de propiedad del señor Efraín Ortiz, para lo cual concedió un término de seis (6) meses, tiempo durante el cual debía continuar con el pago del arriendo hasta que la vivienda sea nuevamente habitable. En lo demás, confirmó el fallo de primera instancia.
2.1. Copia de comunicación a vecinos colindantes, expedida por la Curaduría Urbana 4, con fecha del 25 de agosto de 2008, mediante la cual avisa que el señor Forero Quintero Héctor Alirio, radicó solicitud de Licencia de Construcción en la modalidad obra nueva, demolición, en el predio localizado en la dirección KR 26 74 19, de la urbanización: La Aurora. El proyecto pretende desarrollar el uso: Vivienda Multifamiliar. En uno de sus apartes indicó además, que la Curaduría no cuenta con la competencia objetiva para conocer de las irregularidades o molestias que se puedan llegar a ocasionar a través de la construcción. De otro lado, en caso de perturbación o daño material a su propiedad, usted deberá acudir a la inspección de policía de su sector con el fin de que dispongan de las medidas policivas tendientes a hacer cesar la perturbación derivada de la obra.[1]
2.2. Copias de registros fotográficos del estado de los predios, facturas de venta entre las partes de materiales de obra, informe técnico de vulnerabilidad del estado del inmueble de la Kra. 26 # 74-15 emitido por la arquitecta Dalila Molina.[2]
2.4. Copia de la respuesta al derecho de petición presentado por la señora Marilyn Ortiz a la Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría del Hábitat, en la cual le informan que dicha oficina no es competente para realizar trámite alguno respecto a la solicitud, por lo que dará traslado del documento a la Alcaldía Local de Barrios Unidos, por ser a ellos a quienes corresponde decidir sobre el asunto.[4]
2.5. Copia de los diversos derechos de petición presentados al señor Héctor Alirio Forero por parte de la señora Marilyn Ortiz, solicitando la reparación de los daños presentados a su predio por la construcción del Edificio Puerta del Sol.[5]
2.6. Copia de la diligencia de descargos prestada por la señora Marilyn Ortiz, ante el asesor de obras de la Alcaldía de Barrios Unidos, en la cual se le hizo entrega del concepto de la DPAE, recomendando una serie de medidas tendientes a asegurar la edificación declarada en ruina.[6]
2.7. Copia de la Resolución No.713 del 28 de septiembre de 2010, emitida por la Alcaldía Local de Barrios Unidos, mediante la cual concede al señor Efraín Ortiz, permiso para llevar a cabo una serie de medidas de seguridad tenientes a aislar el predio declarado amenaza de ruina, ubicado en la Carrera 26 # 74-27, advirtiendo a su propietario que si opta por demoler la fachada y levantarla nuevamente deberá contar previamente con licencia de construcción y planos aprobados.[7]
2.8. Copia del informe presentado por el Director del DPAE al Asesor de Obras de la Alcaldía Local Barrios Unidos, referente a la visita técnica que hicieran al predio ubicado en la Carrera 26 # 74-15 de propiedad del señor Manuel Guio y Marilyn Ortiz, declarando la amenaza de ruina del inmueble.[8]
2.9. Copia del ofrecimiento de reubicación temporal de vivienda presentado por el señor Héctor Forero Quintero, a través de sus mandatarios[9], al señor Efraín Ortiz, en el que le proponen: 1) reubicación temporal del señor Efraín Ortiz y su señora esposa, a un inmueble ubicado en la Carrera 27 # 73-93, primer piso (previa inspección y aceptación de su parte). 2) los cánones de arrendamiento y servicios públicos que se generen por el lapso que ocupen el inmueble serán sufragados directa y exclusivamente por los mandatarios del propietario del inmueble, quienes suscribirán el respectivo contrato de arrendamiento. 3) el tiempo y el término durante el cual estará vigente el contrato de arrendamiento será desde el día ___de____de 2010, hasta que finalice a total y entera satisfacción la remodelación del predio afectado. Reiteramos que el señor EFRAIN ORTIZ, no asumirá ningún costo o gasto producto del arrendamiento y utilización de los servicios públicos que han de ocupar temporalmente en dicho predio, ni por cláusulas de incumplimiento a que haya lugar.[10] (sic)
2.10. Copia de los ofrecimientos y compromisos realizados por el señor Héctor Alirio Forero al señor Efraín Ortiz, en los que se obliga a la demolición y construcción de obra nueva, así como al pago de los cánones de arrendamiento del inmueble en el que fue reubicado, pago de servicios públicos, etc.[11]
2.11. Copia del escrito allegado al señor Juez Sesenta y Ocho Civil Municipal por la apoderada de los accionantes, en el cual informa que la casa ubicada en la Carrera 26 # 74-15 figura en el certificado de libertad a nombre de Luis Antonio Guio Sandoval, fallecido el 22 de diciembre de 2007 y Cecilia Lara de Guio fallecida el 1 de enero de 2011, quienes son el padre y la madre del señor José Manuel Guio Lara, esposo de Marilyn Ortiz. En razón de ello, resalta los derechos que tienen los solicitantes en razón de las facultades legales y de hecho que les asiste como poseedores de buena fe, así como el derecho que como hijo legitimo tiene el señor Manuel Guio.[12]
2.12. Copia de poder especial conferido por el señor José Manuel Guio Lara a Marilyn Ortiz, para que actúe en su nombre y representación en el proceso contra Héctor Alirio Forero, protocolizado ante el Consulado General de Colombia en la ciudad de New York, el 7 de junio de 2010. Así como el poder otorgado por Efraín Ortiz a Marilyn Ortiz, ante la Notaría Cuarenta y Ocho de Bogotá, el 13 de enero de 2001.[13]
2.13. Copia de historia clínica de José Manuel Guio, comprobando el estado de salud del mencionado señor, quien sufrió aneurisma cerebral, del cual viene siendo tratado desde agosto de 2009.[14]
Corresponde a esta Sala Séptima de Revisión determinar si el señor Héctor Alirio Forero Quintero como constructor del edificio Puerta del Sol PH, vulneró los derechos fundamentales alegados por la señora Marilyn Ortiz Barbosa y otros, a la vivienda digna, al trabajo y a la salud, con la obra de edificación del mencionado predio.
Así las cosas, tal como se estableció en el antecedente citado, es evidente que el problema planteado en la acción de tutela en estudio no encuentra otro medio de defensa judicial que permita a los afectados el amparo de sus derechos fundamentales vulnerados por la construcción llevada a cabo por el señor Héctor Alirio Forero Quintero[22]. En efecto, se encuentra suficientemente probado dentro del expediente, que los daños producidos en los inmuebles de los demandantes, representados por la señora Marilyn Ortíz, fueron el resultado de la construcción del edificio Puerta del Sol PH desde la misma iniciación de la obra, hecho ante el cual comenzó el largo padecimiento de los demandantes, pues no valió ninguno de los esfuerzos realizados para evitar la destrucción de sus hogares, ante su eminente y paulatina ruina.
Los demandantes afirman ser propietarios de dos predios ubicados en el barrio la Aurora, localidad Barrios Unidos de la ciudad de Bogotá: el primero, situado en la Carrera 26 # 74-15 (habitada por la señora Marylin Ortíz y su esposo Manuel Guio Lara) y el segundo, en la Carrera 26 # 74-27 (habitada por el señor Efraín Ortiz y su esposa).
Indican que en la carrera 26 # 74-19, esto es, el predio ubicado justo en medio de sus casas, el señor Héctor Alirio Forero, inició la construcción del edificio Puerta del Sol P.H., para lo cual solicitó la licencia de construcción modalidad obra nueva, demolición, aprobación planos, alinderamientos y cuadros áreas P.H., radicada en la Curaduría Urbana No. 4 de Bogotá.
Para la Sala, la afectación de los derechos fundamentales a la vivienda digna, al trabajo y a la salud de los demandantes, con ocasión de la construcción del edificio Puerta del Sol de propiedad del señor Héctor Alirio Forero Quintero, se encuentra suficientemente probada.
Igualmente, la doctrina, a partir del artículo 2356 del C.C., ha tratado de precisar el concepto de actividad peligrosa, así, Javier Tamayo Jaramillo, la define como aquella que una vez desplegada, su estructura o su comportamiento generan más probabilidades de daño, de las que normalmente está en capacidad de soportar, pos sí solo, un hombre común y corriente. Esta peligrosidad surge porque los efectos de la actividad se vuelven incontrolables o imprevisibles debido a la incertidumbre de los efectos del fenómeno o a la capacidad de destrozo que tienen sus elementos[24] .
Así las cosas, corresponde al señor Héctor Alirio Forero Quintero, responder por los daños ocasionados a los predios de los demandantes, Marilyn Ortiz Barbosa y Efraín Ortíz, con ocasión de la construcción del edificio Puerta del Sol, de su propiedad, por cuanto con ella, ocasionó daños irreparables en los inmuebles de los afectados ya mencionados, al punto que tuvieron de abandonarlos dada la inminente amenaza de ruina, lo que se tradujo en la vulneración flagrante de sus derechos fundamentales a la vivienda digna, al trabajo, al mínimo vital, entre otros.
Ahora bien, teniendo en cuenta lo expuesto, para los peticionarios es claro que la imposibilidad de cohabitar los inmuebles de su propiedad limita su derecho a gozar de una vivienda digna, vulneración que también supone la afectación al mínimo vital y al trabajo, toda vez que por una parte la demandante Marylin Ortiz, ejercía su profesión atendiendo pacientes en consulta de psicología, actividad de la cual deriva su único sustento económico junto con el de su familia, teniendo en cuenta que su esposo sufrió un accidente cerebro vascular el cual le ocasionó una invalidez laboral permanente lo que le impide acceder efectivamente al mercado laboral y restringue su capacidad productiva. Por otra parte, el señor Efraín Ortiz, sujeto de especial protección constitucional dada su condición de persona de la tercera edad, antes de que se le destruyera su casa, vivía de los arriendos que allí le pagaban, es decir, su vivienda le generaba los recursos para subsistir como lo son pagar los servicios públicos y la alimentación de él y su esposa. Por lo tanto, las pretensiones de los demandantes no se circunscriben a la solicitud de compensación de los daños, sino principalmente a la construcción de sus predios en aras de restablecer sus derechos fundamentales vulnerados.
PRIMERO: REVOCAR la sentencia emitida por el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá, el 23 de marzo de 2011, para en su lugar, CONCEDER la tutela impetrada por la señora Marilyn Ortiz Barbosa en representación de su esposo Manuel Guio Lara y Efraín Ortiz.
SEGUNDO: ORDENAR, al señor Héctor Alirio Forero Quintero que i) traslade por su cuenta a los demandantes Marilyn Ortiz Barbosa y su esposo Manuel Guio Lara y al señor Efraín Ortiz, respectivamente, a sitios de habitación, que se encuentren en condiciones similares a las que gozaban los de su propiedad antes de iniciarse la construcción del edificio Puerta del Sol PH, mientras se realice la construcción de los inmuebles de su propiedad. El cumplimiento de esta orden deberá surtirse en el improrrogable término de quince (15) días calendario, contados a partir de la notificación de la presente providencia; ii) en cuanto al señor Efraín Ortiz, dada su condición de sujeto de especial protección constitucional y en vista que su mínimo vital se vio seriamente afectado con la destrucción de su casa, el pago de una cuota mensual que le permita costear los servicios públicos y la alimentación tanto de él como de su esposa.
TERCERO: ORDENAR al señor Héctor Alirio Forero Quintero que no solamente garantice la elaboración de los estudios técnicos y las obras necesarias para restablecer los inmuebles de los demandantes, sino que los efectúe. Las gestiones que a ello conduzcan, deberán iniciarse en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta sentencia.
[9] Liliana Gómez Rodríguez (asesora jurídica) y Orlando Cubillos Cadena (arquitecto).
[11] Folios 297 al 300, 302 – 303, 304 al 311, cuaderno 1.
[12] Copia del certificado de libertad del inmueble, registro de defunción del señor Luis Antonio Guio y de la señora Cecilia Lara de Guio, así como copia de los poderes otorgados por los familiares de Manuel Guio para promover cualquier acción respecto del inmueble, teniendo en cuenta que se trata de un bien en sucesión. Folios 610 a 619, cuaderno 1.
[15] Sin que ello implique que el juez constitucional desplace al juez ordinario, ni que invada su competencia para decidir el conflicto que se plantea. Al respecto, ver entre otras las Sentencias T-932 de septiembre 19 de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil., T-791 del 3 de noviembre de 2009, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
[18] Ver Sentencia T- 375 de agosto 20 de 1996, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
[21] Idem: Dicho perjuicio se caracteriza, según la jurisprudencia, por lo siguiente: (i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad
[22] Esta tesis fue reiterada en la sentencia T-023 de 2011: en la cual se señaló: Por consiguiente, es preciso aclarar que las pretensiones del accionante no se circunscriben a la solicitud de reparación sino principalmente a la construcción del acceso, para lo cual no resulta idóneo el proceso civil de responsabilidad extracontractual, el cual tendría un carácter meramente indemnizatorio. En efecto, la construcción de la carretera es una actividad lícita que puede generar daños los cuales pueden acreditarse y resarcirse en un proceso ordinario. Sin embargo, no existe un mecanismo que de forma inmediata restablezca el goce efectivo de los derechos fundamentales alegados como vulnerados por el actor tales como el mínimo vital, el trabajo, a la vivienda digna, entre otros. En conclusión, el señor Sabogal López no cuenta con otro medio de defensa judicial idóneo y efectivo que permita la protección de sus derechos fundamentales, en tanto dada su condición de discapacidad requiere que se garantice el ingreso peatonal y vehicular a su predio de forma inmediata, así sea temporalmente, a fin de salvaguardar su derecho a la vida digna, al mínimo vital, a la vivienda digna, al trabajo y a la salud.
[24] TAMAYO JARAMILLO, Javier. De la responsabilidad civil. Tomo II. De la responsabilidad extracontractual. Editorial Temis. Santa Fe de Bogotá. Colombia. 1999. Página 322.
[25] VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho Civil. De las obligaciones. Bogotá. Temis S.A., Tomo III, vigésima edición, 1998. Página 288.
[26] G.J. T. LXXV, pág. 285. Citada en el Código Civil (& 11861).

References: artículo 24
 artículo 31
 artículo 2
 resolución 
 Resolución 
 artículo 2356