Source: https://boletinjuridico.gtt.es/las-actividades-economicas-de-la-iglesia-catolica-no-estan-exentas-del-impuesto-sobre-construcciones-instalaciones-y-obras-historia-de-una-exencion-ilegal-primera-parte/
Timestamp: 2018-12-09 20:27:56+00:00

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Cronológicamente, procede citar en primer lugar al Consejo de Estado. Este, en su dictamen núm. 2.570/95, de 25 de julio de 1996 (Sección 5ª), emitido con ocasión de una consulta formulada por el Ayuntamiento de Manzanares (Ciudad Real), partió de la base de que la LHL instauró en nuestro país un nuevo sistema impositivo local, como se expresaba en su propia Exposición de Motivos, recogiéndose por el alto órgano consultivo algunos párrafos de la misma, como los siguientes: «(…) establece un nuevo sistema de recursos de las Haciendas Locales adecuado a la realidad y a las necesidades de éstas, a la vez que procede a una nueva ordenación del régimen presupuestario y de gasto público de los Entes Locales; (…) ha introducido cambios verdaderamente sustanciales tendentes a racionalizar el sistema tributario local (…)»; tal reforma —continuaba el Consejo de Estado, espigando de la Exposición de Motivos—, se tradujo, entre otras cosas, en la creación de un quinto impuesto, también de carácter voluntario: el ICIO, que surge «ex novo». Efectivamente, para cualquier conocedor de la Hacienda Local es evidente que la Ley de Haciendas Locales supuso un cambio sustancial del ordenamiento jurídico-tributario local y que el ICIO era un tributo nuevo, pero no está de más insistir en que así lo puso de manifiesto el legislador en su momento. El Consejo de Estado resaltaba en el indicado dictamen que, a pesar de lo expresado en los artículos VI y 2º del Protocolo Adicional del Acuerdo, ni durante la elaboración de la LHL ni después de su entrada en vigor, se siguieron los trámites establecidos en el mismo en orden a la concreción por mutuo acuerdo de los beneficios fiscales aplicables a los nuevos impuestos municipales; y añadía que la respuesta a si el ICIO se encuentra comprendido en las exenciones que se derivan del Acuerdo sobre Asuntos Económicos debería hallarse siguiendo el procedimiento indicado: por acuerdo bilateral y conforme a los principios previamente pactados en el mismo. El Consejo de Estado informó que el ICIO es un tributo indirecto y, por tanto, podía sostenerse fundadamente que no procedía exención alguna a favor de la Iglesia Católica, al menos en tanto no tuviera lugar el acuerdo de concreción de referencia con respecto y concluyó señalando que esta posibilidad comportaba un «prius» que, a juicio del mismo, «debiera ser esclarecido preferentemente».
Sin embargo, con fecha 19 de junio de 2000, la Subdirección General de Tributos Locales del Ministerio de Economía y Hacienda, respondiendo a una consulta efectuada por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), señaló que «(…) en dicho Acuerdo no se contiene precepto alguno en el que se reconozca a favor de la Iglesia Católica exención en el ICIO, lo cual, por otra parte, es perfectamente comprensible si se tiene en cuenta que el mencionado tributo fue creado por la Ley 39/1988, apareciendo, por tanto, tal figura en el ordenamiento jurídico nueve años después de la entrada en vigor del mencionado Acuerdo. Además, dicho acuerdo no contiene norma alguna que conceda exención a favor de la Iglesia Católica con relación a tributos de idéntica o análoga naturaleza al Impuesto en examen, concebida en términos tales que permitiese entender que podría ser aplicable al, entonces, futuro ICIO», concluyendo que «no existe motivo alguno en que pueda fundamentarse la concesión del beneficio fiscal».
El Tribunal Supremo, en las Sentencias de 19 de marzo de 2001 [Recurso de Casación en interés de ley número 1142/2000, Ponente: Excmo. Sr. D. Jaime Rouanet Moscardó] y 31 de marzo de 2001 [Ponente: Excmo. Sr. D. Pascual Sala Sánchez] señaló —como, por cierto, había hecho anteriormente el Consejo de Estado— que, «aun cuando sería un elemento de gran clarificación el que las partes signatarias del Acuerdo se reunieran periódicamente para determinar cuál es su secuencial y concreto alcance», no se podía negar que los Tribunales, en su labor hermenéutica, interpretaran su contenido, y así lo hizo, resolviendo que «la Iglesia Católica disfruta de exención con respecto al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras». El Tribunal Supremo fundamentó su decisión favorable a la concesión de la exención en varias consideraciones que, en esencia, son las siguientes: En primer lugar, indicaba que el ICIO es un impuesto de carácter real y, además, indirecto, pues así lo definió la propia LHL y, por ende, un impuesto objetivo y real; Ramallo Massanet [Prólogo de El ICIO. Teoría y Práctica del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras de Marín-Barnuevo Fabo, D., Ed. COLEX e Instituto Pascual Madoz del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente, Madrid, 2001, pág. 33] arriesga un comentario como el que sigue: «(…) Querer mantener que el ICIO es un impuesto real desconectándolo de los impuestos de producto, es desconocer las categorías jurídicas tributarias básicas y produce la sospecha de una cierta manipulación o finalidad teleológica. Mas, “si es así, gracias Sr.”». Continuó señalando el Tribunal Supremo que, aunque cada vez era más difícil encuadrar los nuevos impuestos de la LHL en clasificaciones clásicas como las contenidas en el artículo IV.1.B) del Acuerdo —apreciación con la que coincidimos plenamente— «el ICIO podría considerarse como un “tertium genus” entre renta y patrimonio, pues grava la renta que aflora en el sujeto pasivo y se transforma en patrimonio»; y dicho esto concluyó que «(…) no obstante, ese potencial carácter mixto no impide que en definitiva se le encuadre en la categoría de Impuesto real sobre la renta». Tal interpretación resultaba poco convincente y algo falta de lógica: Si el ICIO es un «tertium genus», o un híbrido, una figura mixta, no es ni una cosa ni la otra [Aristóteles (Retórica, 1405b. Ed. Gredos, Madrid, 1999, pág. 497); (CH. Perelman y L. Olbrechts-Tyteca, Tratado de la argumentación, Ed. Gredos, Madrid, 2000, pág. 206 y ss.)]; de hecho, el ICIO debe ser considerado como un impuesto sobre el gasto. Pero lo cierto es que considerar al ICIO como un tributo sobre la renta permitió al Tribunal Supremo situarlo dentro del Acuerdo, cuyo artículo IV B). Considerar al ICIO un impuesto sobre el gasto o sobre el consumo conllevaría la aplicación del artículo III del Acuerdo, que no ampara ninguna exención para la realización de construcciones, instalaciones u obras, y menos aún, para las ajenas al culto.
En segundo lugar el Tribunal Supremo afirmó que «si el resultado de la construcción, instalación y obra (es decir, el inmueble) se halla exento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en cuanto el mismo está considerado, expresa e indubitadamente, como un impuesto real (ex artículo 61 de la propia Ley 39/1988) y comprendido, consecuentemente, en el artículo IV.1.B) del Acuerdo de 3 de enero de 1979 (…) es obvio que, lógica y necesariamente, debe estar, también exento del ICIO, objeto de controversia —aunque no se diga expresamente— el proceso (o sea, la construcción, instalación o la obra) por el que, a consecuencia del mismo, se desemboca en aquel resultado». El razonamiento era francamente desconcertante, pero —como se verá más adelante—, tuvo sus consecuencias.
«(…) Tomando en consideración que los impuestos reales son aquéllos cuyo presupuesto de hecho se define sin vinculación alguna a una persona determinada y el criterio del Tribunal Supremo, expresado en sus Sentencias de 17 de mayo de 1999, y de 19 y 31 de marzo de 2001, sobre el carácter real del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, así como los principios y espíritu que informan el Acuerdo sobre Asuntos Económicos entre el Estado Español y la Santa Sede. Este Ministerio, en el marco de la voluntad concordada de ambas partes, expresada en el seno de la Comisión Técnica Iglesia Católica-Estado para asuntos económicos y de acuerdo con el Consejo de Estado, se ha servido disponer:
Solamente analizaremos un aspecto de la Orden Ministerial de 5 de junio de 2001, porque el mismo volverá a aparecer de nuevo, años después en un contexto similar, como veremos más adelante y referido a otra Orden ministerial; se trata del carácter interpretativo de la citada Orden. El artículo 18 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (entonces vigente), cuando regulaba las llamadas «órdenes interpretativas» establecía lo siguiente: 1. La facultad de dictar disposiciones interpretativas o aclaratorias de las leyes y demás disposiciones en materia tributaria corresponde privativamente al Ministro de Hacienda, quien la ejercerá mediante orden publicada en el Boletín Oficial del Estado. 2. Las anteriores disposiciones serán de obligado acatamiento por los órganos de gestión de la Administración Pública. Las órdenes ministeriales de este tipo no constituyen normas en el sentido más estricto del término ni pueden innovar el ordenamiento jurídico, sino exclusivamente establecer aclaraciones de determinados preceptos sin más valor que el que corresponde a su rango, careciendo de fuerza vinculante para los Tribunales e incluso, para otras Administraciones o para funcionarios no relacionados con el Ministro mediante una subordinación jerárquica [Eduardo García de Enterría, Curso de Derecho administrativo, Tomo I, Ed. Civitas, 1983, pág. 90. Pérez Royo, F., Derecho Financiero y Tributario, Parte general, Ed. Civitas, 1998, pág. 69]. Concretamente sobre la Orden de 5 de junio de 2001, Ramallo Massanet [Obra citada] ha señalado: «Sobre que esta última modalidad de norma aclaratoria o interpretativa de 5 de junio de 2001 no haga referencia alguna al art. 18 LGT, cabe formular dos hipótesis. Por un lado, sospechar que como los efectos de las Órdenes dictadas al amparo del mencionado artículo sólo tienen efectos internos para la propia administración y ello en virtud de un principio de jerarquía, no integrándose, por tanto, en el ordenamiento jurídico, si se hubiese aludido a dicho fundamento legal desde luego no podría vincular a los Ayuntamientos ni a los órganos de gestión de los tributos municipales, que no son inferiores jurídicos del Ministro de Hacienda. Por otro, al afirmar que la Orden es “aclaratoria”, no puede tener otro fundamento que el del art. 18 LGT, aunque no lo cite, con lo cual los limitados efectos expuestos se producirían inexorablemente».
Por último, dada su redacción, desde la misma publicación de la Orden de 5 de junio de 2001, era más que previsible lo que acabó ocurriendo: que se iba a pretender que el beneficio fiscal se aplicara, no solo a las construcciones u obras relacionadas con el culto, sino también a cualesquiera otras ajenas al mismo, es decir a las destinadas a actividades no estrictamente religiosas o de culto e incluso totalmente ajenas al mismo. En el mismo año 2001: «(…) la genérica y amplia redacción de la Orden dará pábulo a las reclamaciones de exención de la Iglesia Católica con referencia a obras realizadas por cualesquiera de sus entes u órganos, aun cuando se trate de construcciones dedicadas a actividades no directamente relacionadas con el culto (…)» [Calvo Sales, T., «La exención de la Iglesia Católica en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras», Diario LA LEY núm. 5445 (LA LEY-ACTUALIDAD), de 21 de diciembre de 2001].
TERCERO.— Del esquema jurisprudencial al que hemos hecho mención, la sentencia referida al Impuesto que nos afecta señala, primero, que el ICIO era incluible en el precepto del Acuerdo con la Santa Sede careciendo por ello de trascendencia la hipotética validez de la condición supuestamente aclaratoria de la Orden de 3 de julio de 2001 [es claro que la Orden a la que se refiere la Sentencia es la Orden del Ministerio de Hacienda tantas veces mencionada en este trabajo, de fecha 5 de junio de 2001, no de 3 de julio de 2001] que la incluyó expresamente. En segundo término, la propia sentencia se remitió a supuestos del Impuesto de Bienes Inmuebles y, por último, excluyó para el ICIO la aplicación del segundo párrafo del precepto del acuerdo por cuanto no se trata de un rendimiento sino de un impuesto real, mixto entre renta y patrimonio. Sin embargo, aunque dicha exclusión por la sentencia citada pudiere argumentarse, dados los términos en que han planteado el debate tanto la sentencia como las partes, lo cierto es que la conclusión esencial del fallo es la identidad del supuesto con el IBI y la sentencia referida especialmente a este tributo, de 10 de marzo de 2001 se remite expresamente a la doctrina legal sentada para el Incremento de Valor de los Terrenos el 16 de junio de 2000. Pues bien, esta última, sin necesidad de remitirse al segundo párrafo del precepto y, por tanto, sin entrar a considerar si es o no un rendimiento, establece que las exenciones aplicables, tanto en virtud del Acuerdo con la Santa Sede como por aplicación de los beneficios a las entidades sin fines de lucro que contempla la Ley del 94, han de limitarse a aquellos inmuebles que tienen una finalidad específica consonante con las de la Congregación que ostenta su titularidad, tales como el sostenimiento del culto o las funciones de caridad, encontrándose [debe entenderse que lo que quiere decir la sentencia es “no encontrándose…”; la negación aparece correctamente en la posterior sentencia de la misma Sección de 3 de marzo de 2003], a juicio de este Tribunal, entre aquellas las de índole hospitalaria cuando éstas se han insertado en mecanismos comerciales, cuestión esta última que en relación al inmueble donde se han realizado las obras, no plantea polémica alguna. Procede por ello y en debido acatamiento a la doctrina legal aludida, desestimar la presente apelación».
«CUARTO.— (…) De este esquema jurisprudencial, la Sentencia referida al Impuesto que nos afecta señala en primer término que el ICIO es incluible en el precepto del Acuerdo con la Santa Sede careciendo por ello de trascendencia la hipotética validez de la condición supuestamente aclaratoria de la Orden de 3 de julio de 2001 [5 de junio de 2001], que la incluyó expresamente. En segundo término la propia Sentencia se remitió a supuestos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y, por último, excluyó para el ICIO la aplicación del segundo párrafo del precepto del acuerdo por cuanto no se trata de un rendimiento sino de un impuesto real, mixto entre la renta y patrimonio. Sin embargo, aunque dicha exclusión por la Sentencia citada pudiere argumentarse, dados los términos en que han planteado el debate tanto la Sentencia como las partes, lo cierto es que la conclusión esencial del fallo es la identidad del supuesto con el IBI y la Sentencia referida especialmente a este tributo, de 10 de marzo de 2001, se remite expresamente a la doctrina legal sentada para el Incremento del Valor de los Terrenos en la de 16 de junio de 2000. Pues bien, esta última, sin necesidad de remitirse al segundo párrafo del precepto y, por tanto sin entrar a considerar si es o no un rendimiento, establece que las exenciones aplicables, tanto en virtud del Acuerdo con la Santa Sede como por aplicación de los beneficios a las entidades sin fines de lucro que contempla la Ley del 94, han de limitarse a aquellos inmuebles que tienen una finalidad específica consonante con las de la Congregación que ostenta su titularidad, tales como el sostenimiento del culto o las funciones de caridad, no encontrándose, a juicio de este Tribunal, entre aquellas las de índole hospitalaria cuando se ha insertado en mecanismos comerciales, cuestión esta última que, en relación al inmueble en cuestión se han realizado las obras se han realizado las obras, no plantea polémica alguna (…)».
«QUINTO.— A mayor abundamiento y aún en la hipótesis de que fuese de aplicación al caso el segundo párrafo del citado artículo del Acuerdo, que hemos transcrito en el anterior apartado d) de esta Sentencia, es lo cierto que la expresión “cuando su uso se halle cedido” es predicable del patrimonio (al cual se refiere inmediatamente antes) y no a la explotación económica, a la cual no afecta la exención. La extensión de la exención a las explotaciones económicas cuando su uso se halle cedido tendría que haberlo sido con otra construcción gramatical, inequívoca, que la incluya sin necesidad de interpretaciones, más o menos extensivas, rechazables en la aplicación de un beneficio fiscal».
«(…) aunque de forma somera, es lo cierto que la sentencia de instancia sí ha motivado que el Hospital, referido, producía rendimientos, concretamente dijo: “A diferencia del supuesto contemplado en la sentencia 340/93, construcción de una residencia para sacerdotes ancianos; el Hospital Casa de la Salud, es una explotación económica, hospital privado, con conciertos con entidades aseguradoras; que opera en el mercado, en competencia con otras entidades hospitalarias o sanitarias; por lo que le alcanza la excepción del párrafo segundo del apartado B); y por ende la Comunidad Religiosa demandante, por las obras de ampliación del complejo hospitalario, no se halla exenta del Impuesto sobre Construcciones” (…)».
«Evidentemente se trata de una disposición de naturaleza interpretativa, por tanto, con efectos retroactivos, que la Sala debe respetar, aunque resulta sorprendente que se haya dictado doce años después de promulgada la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de Haciendas Locales, que estableció el ICIO, cuando lo procedente hubiera sido, de conformidad con el Protocolo Adicional del Acuerdo sobre Asuntos Económicos, que ambas partes, el Estado español y la Santa Sede hubieran adoptado el acuerdo de inclusión del ICIO dentro de las exenciones reguladas en el Acuerdo Concordatorio, simultáneamente con la entrada en vigor de este Impuesto. Obviamente no es aplicable al ICIO el segundo párrafo de la letra B), del apartado 1, del artículo IV, del Acuerdo referido, que excluye de dicha exención a los rendimientos que pudieran obtener por el ejercicio de explotaciones económicas, que es lo que acontece en el caso de autos, pues la sentencia de instancia ha declarado probado que el Hospital de San Justo y San Pastor constituye por las actividades que se realizan en él, una explotación económica, porque tal excepción es aplicable al Impuesto sobre Sociedades, pero nada tiene que ver con el ICIO, que es un impuesto indirecto aunque real, como ha mantenido esta Sala en las sentencias invocadas en la Exposición de Motivos de la Orden Ministerial reproducida. (…)».
A) ¿No considera la Comisión, que la exención expuesta es una “ayuda de Estado” incompatible con el mercado común, porque distorsiona o falsea la competencia, favoreciendo a las entidades de la Iglesia Católica y perjudicando a otras empresas españolas o comunitarias que realizan construcciones u obras para los mismos fines y no disfrutan de exención, con lo que se destruye el principio del derecho comunitario que establece que las empresas deben competir sobre la base de sus propios esfuerzos?
«La Comisión ha tenido en cuenta la legislación nacional pertinente, a saber el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, de 3 de enero de 1979 (en lo sucesivo el “Acuerdo”), la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y la Orden Ministerial, de 5 de junio de 2001, por la que se aclaró la inclusión del Impuesto de Obras (en lo sucesivo “ICIO”) en la letra B, del apartado 1, del artículo IV del Acuerdo.
Dado que el ICIO se estableció con posterioridad a la firma del Acuerdo y que no quedaba claro si este impuesto debía considerarse como un “impuesto sobre el patrimonio” en el sentido del artículo IV, apartado 1, letra B), del Acuerdo, el Gobierno español aclaró la situación por medio de la Orden Ministerial mencionada anteriormente. Esta Orden confirma que el ICIO está cubierto por el artículo IV, apartado 1, letra B), del Acuerdo y que, en consecuencia, las exenciones fiscales previstas en ese artículo también son aplicables al ICIO. Puesto que, tal como se ha dicho anteriormente, el artículo IV, apartado 1, letra B), del Acuerdo excluye de las exenciones fiscales los rendimientos obtenidos a través del ejercicio de actividades económicas y comerciales, las instituciones religiosas no pueden quedar exentas del pago del ICIO por lo que se refiere a sus actividades económicas y comerciales.
Habida cuenta de que la exención del ICIO se limita a las actividades puramente religiosas, no afecta a “empresas” en el sentido del Derecho de la competencia. Así pues, no existe ayuda en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE. Por lo tanto, las autoridades españolas no están obligadas a notificar la medida a la Comisión».
La interpretación que efectuó la Comisión del Acuerdo sobre Asuntos Económicos, es decir, que el segundo párrafo del artículo IV.1.B) [Esta exención no alcanzará a los rendimientos que pudieran obtener por el ejercicio de explotaciones económicas (…)] excluía las actividades económicas, se arguyó, como se ha visto más arriba, ante los Tribunales españoles, los cuales, sin embargo, no la acogieron: el Tribunal Supremo, en la citada Sentencia de 3 de octubre de 2003 concluyó que «tal excepción es aplicable al Impuesto sobre Sociedades, pero nada tiene que ver con el ICIO».
«Habida cuenta de que la exención del ICIO se limita a las actividades puramente religiosas, no afecta a “empresas” en el sentido del Derecho de la competencia. Así pues, no existe ayuda en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE. Por tanto, las autoridades españolas no están obligadas a notificar la medida a la Comisión».
La conclusión de la Comisión es la siguiente: “Habida cuenta de que la exención del ICIO se limita a las actividades puramente religiosas, no afecta a ‘empresas’ en el sentido del Derecho de la competencia. Así pues, no existe ayuda en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE. Por tanto, las autoridades españolas no están obligadas a notificar la medida a la Comisión”.
¿No considera que el Estado español haya incumplido la obligación de informar a la Comisión de su intención de conceder las ayudas consistentes en la exención en el ICIO a las entidades dependientes de la Iglesia Católica cuando actúan como “empresa”, realizando actividades económicas en competencia con otros operadores económicos?».
«La respuesta ofrecida por la Comisión el 28 de julio de 2006 a la pregunta E-2578/06 se basaba en su interpretación, en ese momento, de las disposiciones fiscales españolas pertinentes que regulan el ICIO: el artículo IV, apartado 1, letra B), del Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos (en lo sucesivo el “Acuerdo”), la ley 39/1988 del 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales, y la Orden ministerial del 5 de junio de 2001 por la que se aclara la inclusión del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en la letra B) del apartado 1 del artículo IV del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económicos.
«(…) al introducir el Ministerio de Hacienda a través de la Orden EHA/2814/2009, de 15 de octubre, la “interpretación” consistente en que la Santa Sede y demás entidades religiosas, disfrutarán de exención total y permanente en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras”para todos aquellos inmuebles que estén exentos de la Contribución Territorial Urbana (actualmente, Impuesto sobre Bienes Inmuebles)”, es claro, a juicio de la Sala, que incurre en un efecto real de innovación, como se denuncia, al restringir lo estipulado en el artículo IV, 1. B), del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede para Asuntos Económicos de 3 de enero de 1.979, dado que limita la exención en él establecida, así como lo dispuesto en la Orden del propio Ministerio de Hacienda de 5 de junio de 2.001, que aclara dicho Acuerdo.
A lo que antecede debe añadirse que se infringe también, por razón de dicha interpretación, el apartado VI del Acuerdo de referencia, según el cual “La Santa Sede y el Gobierno español procederán de común acuerdo en la resolución de las dudas o dificultades que pudieran surgir en la interpretación o aplicación de cualquier cláusula del presente Acuerdo, inspirándose para ello en los principios que lo informa”, pues no consta negociación ni contacto alguno, ni menos acuerdo, entre el Estado Español y la Santa Sede a los efectos en debate.»
En primer término porque contra lo afirmado es evidente la innovación del ordenamiento jurídico que la Orden impugnada contiene. No sólo por las razones que ofrece la sentencia de instancia, que se aceptan y se dan por reproducidas, sino porque la propia Orden así lo declara abiertamente, aunque de modo tácito, cuando afirma: “No obstante, se considera necesaria la equiparación del contenido de la exención en el Impuesto sobre Inmuebles para los inmuebles de la Iglesia Católica con el contenido de la exención en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras para las construcciones, instalaciones u obras, que se lleven a cabo en dichos inmuebles.” Con la mencionada equiparación de IBI o ICIO se produce una reducción del alcance de la exención que no se contenía en la Orden del Ministerio de Hacienda de 5 de junio de 2001.
— Calvo Sales, T., «La Comisión Europea analiza la posible consideración como “ayuda de Estado” de la exención de la Iglesia católica en el ICIO»; Tributos Locales, núm. 74, noviembre 2007.
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« Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza (Consulta Vinculante V1636-17, de 22 de junio de 2017, SG de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas)
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección novena, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de 19 de julio de 2017, recurso nº 783/2016. »
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