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Timestamp: 2019-10-17 13:27:08+00:00

Document:
Sentencia Nº 2018-00831 de Sala Tercera de la Corte, 22-11-2018 - Jurisprudencia - VLEX 772336517
Sentencia Nº 2018-00831 de Sala Tercera de la Corte, 22-11-2018
*120009520058PE*
Exp: 12-000952-0058-PE
Res: 2018-00831
SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las diez horas y veinte minutos del veintidós de noviembre del dos mil dieciocho.
Recurso de Casación , interpuesto en la presente causa seguida contra Jefferson Córdoba Flores, mayor, costarricense, nacido el 26 de mayo de 1992, con cédula de identidad número 3-0464-0657 y José Ramón Machado Ramírez , mayor, costarricense, nacido el 13 de febrero de 1991, con cédula de identidad número 3-0451-0653; por el delito de Robo Agravado, cometido en perjuicio de [Nombre 001] y [Nombre 002]. Intervienen en la decisión del recurso, las Magistradas y Magistrados Jesús Alberto Ramírez Quirós, Patricia Solano Castro, Jorge Enrique Desanti Henderson, Sandra Eugenia Zúñiga Morales y Rafael Segura Bonilla, estos tres últimos en condición de Magistrados suplentes. También intervienen en esta instancia, el licenciado Roberto Madrigal Zamora, en su condición de Defensor Público . Se apersonó el fiscal Luis Alonso Bonilla Guzmán como representante del Ministerio Público.
1. Mediante sentencia N° 236-2018 , dictada a las once horas cincuenta y cinco minutos del veintidós de mayo del año dos mil dieciocho, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, resolvió: “POR TANTO: Se declaran con lugar, únicamente, el tercer motivo de impugnación del licenciado Alpízar Alvarado, parte del cuarto motivo y el quinto alegato de impugnación de la licenciada Guillén Campos, con relación exclusivamente a la fijación de la pena de Jefferson Rafael Córdoba Flores, disponiéndose la ineficacvia del fallo sobre ese extremo y el correspondiente juicio de reenvío para que se discuta la pena a imponer a este encartado. Se declaran sin lugar los demás reclamos planteados por dichos defensores, así como la totalidad del recurso establecido por el licenciado Alejandro Chaverri Fernández. NOTIFÍQUESE. MARCO MAIRENA NAVARRO- JUEZ/A DECISOR/A JOSE MANUEL CISNEROS MOJICA- JUEZ/A DECISOR/A JORGE ARTURO ROJAS FONSECA- JUEZ/A DECISOR/A ” (sic).
2. Contra el anterior pronunciamiento, el licenciado Roberto Madrigal Zamora, en su condición de Defensor Público , interpuso Recurso de Casación .
3. Verificada la deliberación respectiva, la Sala se planteó las cuestiones formuladas en el recurso.
4. En los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.
I.- El licenciado Roberto Madrigal Zamora, defensor público de José Ramón Machado Ramírez, y la licenciada Ana Patricia Guillén Campos, defensora particular de Jefferson Córdoba Flores, formularon recurso de casación, contra el fallo número 236-2018, dictado por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, a las 11:55 horas del 22 de mayo de 2018, en el que se declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación formulado por la defensa, y se dispuso el reenvío de la causa únicamente en cuanto a la denegatoria de aplicar la sanción sustitutiva a la prisión, consistente en arresto domiciliario bajo monitoreo electrónico. Mediante resolución de esta Sala, número 710-2018, de las 13:12 horas del 26 de septiembre de 2018, se declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la licenciada Guillén Campos, y se admitieron para conocimiento de fondo, únicamente los motivos primero y octavo, correspondientes a la impugnación interpuesta por el licenciado Madrigal Zamora (cfr. f. 190).
II.- Primer motivo de casación que se admitió para su conocimiento de fondo, que corresponde al primer reclamo de la gestión interpuesta por el defensor público de José Ramón Machado Ramírez: Violación al principio de juez natural, en particular, el subprincipio de identidad física del juez: Con base en los numerales 468 inciso b) y 178 del Código Procesal Penal, el licenciado Madrigal Zamora alega que el hecho de que uno de los jueces de apelación que concurrió al dictado del fallo número 236-2018 del Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, no se haya encontrado presente en la audiencia oral en la que la defensa técnica defendió sus alegatos de apelación, compromete seriamente el sub-principio de identidad física del juzgador, derivado del principio de juez natural. Indica que si nuestra normativa destaca el papel de la oralidad, es insostenible que los principios de inmediación, concentración y contradictorio tengan importancia únicamente cuando se produce prueba. Alega, además, que la relevancia de dicho principio se acentúa en este asunto, pues “…el imputado en ejercicio de sus derechos realizó un cambio en la defensa que lo había venido representando –por lo que para los efectos del ejercicio del derecho de defensa la vista de apelación era la primera audiencia en la que su nuevo abogado iba a poder intentar el despliegue de su actuación oral– …” (f. 158 fte.). Aduce el licenciado Madrigal, que en la especie no se intentó siquiera justificar por qué “…la totalidad de los jueces que intervinieron en la vista de apelación no pudieron participar en la resolución del asunto…” (f. 158 vto.), lo que contraviene abiertamente el criterio externado por la Sala Constitucional en los fallos 6681-96 y 17553-2007, en el sentido de que “…la sustitución de los jueces que participaron en una vista en la que no se produjo prueba ni se ampliaron los alegatos es solo posible en el tanto exista una razón válida –documentada además dentro del expediente– que justifique la imposibilidad de que el o los sustituidos concurran a producir la sentencia; tesis por demás y a propósito acogida también por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en el fallo 1422-97…” (f. 159 fte.). El reclamo no es de recibo: Respecto al principio constitucional de Juez Natural, esta Sala ha señalado, con base en precedentes constitucionales, que se trata de una garantía que impide la creación de “…organismos ad-hoc, o ex post facto (después del hecho), o especiales, para juzgar determinados hechos o a determinadas personas, sin la generalidad y permanencia propias de los tribunales judiciales…” (Sala Tercera, fallo número 1182, de las 15:15 horas del 20 de noviembre de 2006. Integración de los Magistrados Pereira Villalobos, Castillo Mesén, Gómez Cortés, Arce Víquez y Salazar Murillo). El principio en cuestión se encuentra previsto en los numerales 35 de la Constitución Política y 3 del Código Procesal Penal, así como también, en los artículos 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Deriva del anterior, el principio de identidad física del juzgador, el cual “…exige que los mismos jueces que intervinieron en el debate a su inicio, sean los que participen en las actuaciones correspondientes al proceso, hasta su conclusión, así como que los que recibieron la prueba son los que deben fundamentar la sentencia…” (Sala Constitucional, fallo número 9371-2001 de las 14:31 horas del 19 de septiembre de 2001). A la hora de avocarse al examen de situaciones en que, por motivos de imposibilidad de algún tipo, alguno de los jueces que concurrieron al dictado de la sentencia de apelación o casación, no estuvieron presentes durante la audiencia oral, el contralor de constitucionalidad ha indicado que se trata de supuestos en los que el principio de Juez Natural se debe analizar en conjunto con el de justicia pronta y cumplida. Ello es así, porque dentro de los posibles escenarios, habrá situaciones en las que exista alguna imposibilidad material para que todos los jueces que atendieron la audiencia oral, participen también en la votación y dictado de la sentencia que resuelve el recurso, ya sea por jubilación, enfermedad, o alguna ausencia temporal del Tribunal debidamente autorizada y documentada. Precisamente el balance entre los principios de Juez Natural, y el de justicia pronta y cumplida, es lo que motivó a los jueces constitucionales a validar el dictado de la sentencia de apelación, por parte una integración diversa a la que se constituyó en la vista, en condiciones en que la ausencia de alguno de los juzgadores fuese justificada, y que no se hubiese recibido prueba o ampliado los fundamentos del recurso. Dicho supuesto fue analizado en el fallo de la Sala Constitucional, número 6681-96 de las 15:30 horas del 10 de diciembre de 1996. En dicha oportunidad, resolvió: “…están en juego dos intereses de igual rango: el debido proceso y el de justicia pronta y cumplida. El primero porque el principio de inmediación, según el cual la prueba debe ser recibida de una manera directa, inmediata y simultánea, es derivado de este derecho, y en el segundo, porque es evidente la relación que tiene el problema planteado con una respuesta celera (sic) de la administración de justicia. Estima este Tribunal que no es necesario sacrificar un principio por otro, siendo perfectamente posible -ante una situación como la presente- , lograr una respuesta que satisfaga ambos intereses por igual. La solución que sugiere la Sala consultante cumple con ese balance, en la medida en que permite la intervención en la decisión de algunos jueces que no estuvieron presentes en la audiencia oral, sin afectar derechos constitucionales y evitar a la vez dilaciones innecesarias en la solución de los procesos sometidos a su conocimiento. Por supuesto que cualquier solución que se dé al caso, excluye los debates de la materia penal, y todas aquellas audiencias orales en las que se evacuen pruebas o se amplíe verbalmente alguno de los argumentos o fundamentos, esto porque sino (sic) se violaría el principio de inmediación, derivado del debido proceso que exige un acercamiento entre el juzgador y los asuntos sometidos a su conocimiento durante el debate. Según este principio y el de identidad física del juzgador, la sentencia debe ser dictada por los mismos que intervinieron en la audiencia. No obstante, sabemos que ello es así para que, principalmente –pero no en forma excluyente-, en materia penal, se proteja especialmente en materia probatoria, los derechos del acusado. Este principio, base esencial del derecho penal moderno, no es a juicio de esta Sala de aplicación estricta y absoluta en asuntos de distinta naturaleza a la del debate penal, como se verá luego. Para esta Sala, si es posible -constitucionalmente hablando-, que en aquellas vistas en las que no se reciban elementos de prueba oral o, que las argumentaciones de las partes consten ya por escrito, sin que se aporte nada nuevo -como ocurre en la mayoría de los recursos de casación y algunos de los de revisión-, donde las partes van a la audiencia oral a sintetizar los fundamentos de cada uno de los motivos que ya han expuesto por escrito, puedan intervenir otros jueces, distintos a los que participaron en la vista, a la hora de tomar la decisión, si y sólo si, están en capacidad de hacerlo y existen razones justificadas (que deberán constar por escrito) que impidan que quienes estuvieron en la audiencia oral se reúnan en fecha próxima a estudiar y resolver el asunto. No se afecta el debido proceso, ni el principio de inmediación, con esta solución, en la medida en que en ningún caso en que se reciba prueba, o se aporte un elemento nuevo, se permitirá que jueces distintos a los que estuvieron en la audiencia resuelvan el asunto, y ésto sólo podrá hacerse cuando: a) existan razones justificadas, o, b) cuando lo que se da en audiencia oral es sólo una sintetización de los fundamentos de cada uno de los motivos que ya han expuesto o constan por escrito con anterioridad, sin aportar nada nuevo. Más bien en este tipo de situaciones, es de interés de la celeridad y justicia, que no se den dilaciones innecesarias que perjudiquen tanto los intereses de las partes, como los de la administración de justicia. Hay que tomar en cuenta que cuando un caso se atrasa innecesariamente, con ello no sólo se afectan los intereses directos de la parte, sino de las otras personas que están esperando turno para obtener justicia ante un determinado Tribunal, así como los de los ciudadanos que aportan con sus impuestos el dinero que financia la administración de justicia, en el entendido de que ésta será, como lo dice la Constitución, _pronta y cumplida_. Ante esto, el Poder Judicial está jurídica y moralmente obligado, a procurar soluciones que, sin afectar derechos constitucionales, velen por la mayor eficiencia del sistema. La solución que se da en esta sentencia busca ese equilibrio y se refiere sólo a las situaciones particulares en ella tratadas, sin que se pueda -como se indicó supra- extenderse a debates en materia penal o todas aquellas audiencias orales en las que se evacuen pruebas o se amplíe verbalmente alguno de los argumentos o fundamentos que la motivan." (Sala Constitucional, sentencia número 6681-96 de las 15:30 horas del 10 de diciembre de 1996. El subrayado es suplido. En el mismo sentido, fallo de la Sala Constitucional, número 12593-2011, de las 15:44 horas del 20 de septiembre de 2011). En el caso bajo examen, uno de los integrantes del Tribunal de Apelación de Cartago que concurrió al dictado del fallo número 236-2018, en específico, el doctor José Manuel Cisneros Mojica, no estuvo presente durante la celebración de la vista de apelación. Sin embargo, dicho juzgador se encontraba sustituyendo al juez de apelaciones Jaime Robleto Gutiérrez, en razón de encontrarse este último nombrado como Magistrado suplente de la Sala Tercera, entre el 27 y el 30 de abril de 2018, así como el 11 de mayo de ese mismo año, y finalmente, por hallarse con un permiso con goce de salario, a efectos de asistir a una actividad académica, entre el 15 de mayo y el 1° de junio de 2018 (ver certificación agregada al expediente a folio 194). Precisamente fue en el transcurso del último permiso (en específico, el 21 de mayo de 2018), que se dictó el fallo del Tribunal de Apelación de Cartago, número 236-2018, que ahora se impugna. Si bien este asunto tiene la particularidad de que el defensor técnico que recurrió ante el Tribunal de Apelación, no es el mismo que se presentó a la vista, dicha situación no tiene una incidencia significativa en el análisis del caso, porque no existió ampliación de las razones para apelar inicialmente indicadas, ni evacuación de prueba. De manera que nos encontramos ante uno de los supuestos en los que la Sala Constitucional ha autorizado que, en la resolución del asunto, participe algún juzgador que no asistió a la audiencia oral. Esta Cámara, en el precedente número 1076-2016, de las 9:54 horas del 14 de octubre de 2016, analizó un caso muy similar al que ahora se examina, y resaltó que las posibilidades de imponerse con mayor exactitud de lo sucedido en la vista, por parte del juez que realiza la sustitución e integra el Tribunal de Apelación para estudiar y votar el asunto, se ha potenciado a partir del uso de herramientas tecnológicas, como lo son las grabaciones audiovisuales de la audiencia. Puntualmente, se expuso en el fallo antes mencionado: “…Para efectos de las audiencias orales en sede de Apelación y Casación, la jurisprudencia procesal penal, en aras de velar por una eficiente administración de justicia así como por el principio de justicia pronta y cumplida, ha establecido, como excepción a la inmediatez que, cuando de la realización de las audiencias orales en la etapa de impugnación se trate, reguladas en los artículos 463 del Código Procesal Penal, para el recurso de apelación y 472 del mismo cuerpo legal para el recurso de casación, no se genera una ruptura a los principios procesales el que uno de los jueces del Tribunal que emite el fallo, no haya concurrido a la audiencia oral. Esto, por cuanto la implementación de las nuevas reglas de la oralidad en el proceso penal, implicó a su vez, la incorporación de equipos de grabación de video de las audiencias orales –todas ellas-, por lo que lo alegado por las partes en la audiencia, puede ser apreciado por el Juez que no estuvo presente en la misma y con base en ello, resolver lo que considere legalmente oportuno. Esta práctica, como es de suponer, cuenta con un límite, que es en aquellos casos en que se haya evacuado prueba, en razón de que sí se hace necesario, en atención al principio de inmediatez, que el Tribunal decisor en pleno, haya escuchado a los declarantes y haya contado con la posibilidad de interrogarlos en caso de la existencia de alguna duda…” (Sala Tercera, resolución número 1076-2016, de las 9:54 horas, del 14 de octubre de 2016. Integración de los Magistrados Chinchilla Sandí, Ramírez Quirós, Arroyo Gutiérrez, Arias Madrigal y Gamboa Sánchez, con voto salvado del Magistrado Arroyo Gutiérrez, en cuanto un tema distinto al que aquí se reseña). Dicho criterio, en cuanto a la mayor posibilidad del juzgador, de imponerse de todos los elementos que rodearon la realización de las audiencias, a través de la grabación en video, encuentra respaldo en la resolución de la Sala Constitucional, número 3117-2009 de las 15:03 horas del 25 de febrero de 2009, en el que se señaló: “…vivimos un momento histórico en que contamos con una tecnología diseñada para cumplir con las bondades de la escritura y potenciarlas, porque puede registrar de manera más fiel lo acontecido, ya que no se trata de transcripciones sujetas al error de quien escribe, sino de registros exactos de lo ocurrido…”. En consecuencia de lo antes expuesto, se concluye que en la especie no existe afectación a los principios de oralidad y de juez natural, que justifiquen la nulidad de lo resuelto. El Juez Cisneros Mojica, quien no se encontró presente en la vista, pudo imponerse de lo acontecido, en condiciones equiparables a quienes asistieron a la audiencia, en virtud del registro audiovisual de la misma y en razón de que lo expuesto en dicha oportunidad, fue una síntesis o recuento de los reclamos presentados por escrito, ya que no se ampliaron los fundamentos de los alegatos y por otro lado, tampoco se solicitó la evacuación de prueba. Por las razones antes expuestas, se declara sin lugar el primer motivo correspondiente al recurso de casación interpuesto por el licenciado Roberto Madrigal Zamora.
III.- El segundo motivo de casación que se admitió para conocimiento de fondo, corresponde al octavo reproche de la impugnación formulada por el licenciado Roberto Madrigal Zamora: Ausencia de fundamentación intelectiva con respecto al alegato –expuesto en el recurso de apelación– de que al momento de fundamentar la pena no se analizaron las condiciones personales del acusado: Indica el recurrente que pese a que la defensa técnica alegó expresamente en sede de apelación, que el Tribunal de Juicio, al individualizar la pena, no había ponderado las condiciones personales de José Ramón Machado, dicho argumento fue ignorado en la sentencia de apelación. Nos hallamos entonces, a juicio del recurrente, ante “…la hipótesis clásica de ausencia de fundamentación en la que se incurre cando del todo se deja de resolver el reproche planteado por el recurrente. No se trata como en otras hipótesis de vicios en las sentencias de apelación en que al confirmarse una sentencia se echa mano de argumentos ilegítimos o que tergiversan el alegato de quien impugna, se trata en este caso de que se ignoró la tesis expuesta por la defensa técnica…” (f. 163 fte.). La queja debe declararse sin lugar: En el fallo del Tribunal de Apelación de Sentencia de Cartago, número 236-2018 de las 11:55 horas, del 22 de mayo de 2018, específicamente en el considerando noveno de dicha resolución, los jueces de alzada examinaron la fundamentación de la pena. En el caso del co-encartado Ramírez Machado, se impuso la sanción de doce años de prisión impuesta en su contra por un delito de robo agravado cometido en daño de [Nombre 001]. Los jueces de apelación analizaron el aumento de siete años por encima del mínimo previsto para el delito de robo agravado, y al efecto, consideraron la especial violencia con la que se cometió el hecho, el sitio en el que ambos decidieron realizar el robo (una vivienda en la que sus habitantes se encontraban en el momento del suceso), las consecuencias físicas y anímicas producidas en la familia del ofendido, la concurrencia de dos circunstancias agravantes (participación de dos personas y uso de armas de fuego), y lo cuantioso de las suma sustraída (más de catorce millones de colones). Luego, razonaron que “…A partir de esas consideraciones generales, el Tribunal particularizó el monto de pena para Machado Ramírez, valorando que cuenta con dos antecedentes penales, lo cual no implica la aplicación de criterios de derecho penal de autor, sino que responde a la graduación de la pena por la necesidad personal de la misma. Además, este, dentro de la ejecución del robo, era quien dirigía la misma (sic), tal y como se desprende de las declaraciones de los ofendidos [Nombre 001] y su hija Leidy Badilla Solano, es decir, ejercía como el líder de la banda criminal. Igualmente fue la persona que ejerció violencia física en contra de Badilla Sandoval, al golpearlo fuertemente en su cara al considerar que le había mentido con relación a la ubicación del dinero sustraído. Es decir, la justificación del Tribunal de Juicio para disponer la sanción de 12 años de prisión en contra de Machado Ramírez es totalmente apegada a derecho…” (f. 143 vto. del expediente físico. El resaltado es suplido). Como puede apreciarse, pese a la consideración de que el encartado no contaba con antecedentes penales por delitos contra la propiedad, los restantes aspectos subjetivos y objetivos de la comisión del delito, la importancia de la lesión, y las circunstancias de modo y lugar (que son otros elementos a considerar, según el numeral 71 del Código Penal), fueron ponderados en conjunto con la característica personal positiva, para concluir que era merecedor del aumento referido, en 7 años de prisión con respecto al extremo mínimo establecido en la norma. No indica por otro lado el recurrente, qué otros aspectos personales, aparte del señalado respecto a los juzgamientos, debieron ser tomados en cuenta por el ad quem, y por tal razón, su reparo no supera el estadio de la insatisfacción con la forma cómo el Tribunal de alzada ponderó los factores a considerar para la individualización de la pena. Al concluirse que el vicio de motivación omisa no existe, y que por el contrario, los elementos objetivos y subjetivos de interés para la determinación del juicio de reproche fueron justipreciados por los jueces de apelación, corresponde declarar sin lugar también, el segundo motivo de casación que se admitió para su conocimiento de fondo, el cual corresponde al octavo reclamo de la impugnación interpuesta por el licenciado Roberto Madrigal Zamora.
Se declaran sin lugar los motivos primero y octavo, correspondientes al recurso de casación interpuesto por el licenciado Roberto Zamora Madrigal, defensor público del co-encartado J.R.M.R. Notifíquese.
Jesús Alberto Ramírez Q.
Patricia Solano Castro
Jorge Enrique Desanti H.
Sandra Eugenia Zúñiga M.
Rafael Segura B.
Nota de la Magistrada suplente Sandra Eugenia Zúñiga Morales y
el Magistrado suplente Rafael Segura Bonilla.-
Aún cuando concurrimos en la decisión de declarar sin lugar los motivos primero y octavo del recurso de casación formulado por el señor defensor público, licenciado Roberto Madrigal Zamora; estimamos importante aclarar en cuanto al primer reclamo lo siguiente. Todo Tribunal de Apelación de Sentencia sea de adultos o penal juvenil, siempre debería velar por mantener la integración que ha participado en audiencias orales al momento de resolver, luego, el proceso por el fondo. Lo anterior con independencia de si se ha evacuado o no prueba nueva, o si se ampliaron los argumentos de los motivos esgrimidos. Si bien, la Sala Constitucional ha resuelto el tema, con votos como el N° 6681-96, de las 15:30 horas del 10 de diciembre de 1996, estableciendo no existe violación al debido proceso, ni al principio de inmediación, que jueces distintos a los que estuvieron presentes en la audiencia, resuelvan el asunto, cuando existan motivos justificados, o bien, cuando la audiencia en cuestión se ha limitado a reproducir o sistematizar los alegatos que constan de previo por escrito; a lo que en definitiva debe agregarse lo relativo al avance de los medios tecnológicos que permiten imponerse del contenido (por audio y en ocasiones, hasta con video), lo cierto es un servicio de calidad en la Administración de Justicia puede resolver satisfactoriamente situaciones como estas, que aún cuando no causen un agravio específico o concreto, causan malestar y desasosiego a los usuarios que no alcanzan al comprender ese tipo de gestión. En este caso, el impugnante no logra acreditar un perjuicio a la parte, originado en esa diversa integración, de ahí que se declara sin lugar el reclamo; pero aunado a ello, existe una explicación razonable respecto a la ausencia de uno de los juzgadores presente en la audiencia oral, cuando luego se procedió con la resolución de fondo. En todo caso, queda constando nuestro parecer sobre la necesidad de que los órganos jurisdiccionales velen por eliminar en lo posible, ese tipo de prácticas.
Sandra Eugenia Zúñiga M. Rafael Segura B.
Magistrada suplente Magistrado suplente
RVILLEGASH
579-5/5-1-18

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