Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-621-15.htm
Timestamp: 2018-07-18 08:44:02+00:00

Document:
PRECEDENTE JUDICIAL EN MATERIA DE TUTELA-Jurisprudencia constitucional/UNIFICACION DE JURISPRUDENCIA EN TUTELA-Alcance/JURISPRUDENCIA DE TUTELA-Carácter vinculante
1.2.1. Los demandantes afirman que el artículo 7° parcial de la Ley 1564 de 2012, específicamente en lo que respecta a la expresión “además” del primer inciso; y el segundo inciso del mismo artículo, vulneran los artículos 4, 230, 374, 375, 376, 377, 378 y 379 de la Constitución Política, con sustento en las siguientes razones:
1.2.2. Afirman los accionantes que el artículo 7° de la Ley 1564 de 2012, vulnera la Carta en dos sentidos: primero, incurre en una violación directa del artículo 230 de la Constitución Política al agregar expresiones no contenidas en el artículo constitucional indicado, introduciendo en el texto que reproduce la norma constitucional, la palabra “además” y derogando la expresión “sólo” literalmente indicada en la última.
1.2.3. De acuerdo con los ciudadanos demandantes, en segundo lugar, el referido artículo agrega un inciso que no está contenido en el artículo 230 Superior y modifica el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico colombiano, otorgando mayor relevancia al precedente judicial denominado doctrina probable.
1.2.4. Del ejercicio comparativo entre el artículo 230 Superior y el artículo 7 de la Ley 1564 de 2012, los demandantes coligen que mientras que la primera disposición indica que los jueces sólo están sometidos al imperio de la ley, la norma demandada sostiene que los jueces deben tener en cuenta además la equidad, la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia, lo cual denota una modificación exegética, literal y no subjetiva de los textos constitucionales.
1.2.5. Sin embargo, la mencionada vulneración directa al artículo 230 de la Constitución, implicaría otras violaciones indirectas al texto constitucional, de forma que se vulnera el artículo 4 Superior, pues una norma de carácter legal modifica la Constitución; además, los artículos 374, 375, 376, 377, 378 y 379 del texto constitucional se desconocen de manera indirecta, en la medida en que no se observan los mecanismos constitucionalmente instituidos para reformar la Carta.
1.2.6. Señalan los demandantes que la Corte constitucional es competente para conocer de la demanda pues como guardiana de la Carta Superior, no puede permitir que el Congreso u otro órgano la modifique.
1.2.7. Respecto de los requisitos de claridad y especificidad que deben contener los cargos demandados, los accionantes indican que el objeto de la demanda es el artículo 7 de la Ley 1564 de 2012, pues vulnera de manera directa el artículo 230 Superior y de manera indirecta los artículos 4 y 374 y siguientes de la Constitución Política.
1.2.8. En relación con el requisito de suficiencia, los demandantes consideran que los argumentos antes expuestos son suficientes para que se examine la constitucionalidad de la norma demandada, pues incluso desde una interpretación literal exegética de la misma y de la Constitución, se presentan diferencias sustanciales.
1.2.9. Finalmente, respecto del requisito de pertinencia, los demandantes consideran que un pronunciamiento de la Corte sobre el tema en discusión es sumamente pertinente para resolver el problema de determinar los límites de la fuerza vinculante del precedente en el ordenamiento jurídico nacional.
1.3.1. Universidad Externado de Colombia
1.3.1.1. En primer lugar, manifiestan que no pareciera ser cierto que el artículo demandado vulnere de manera directa el artículo 230 de la Constitución Política, toda vez que sustancialmente ambas disposiciones apuntan a que el juez en sus providencias deberá, antes que nada, acudir a la Ley como fuente principal de derecho, sin olvidar que existen fuentes auxiliares en las cuales se puede apoyar para encontrar una solución a la controversia que debe dilucidar, valiéndose de la equidad, la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia cuando se presenten vacíos en la ley sustancial.
1.3.1.2. De acuerdo con lo anterior, no resulta claro que con el vocablo “además” empleado en la disposición demandada, se le esté otorgando mayor importancia a las fuentes de derecho que tradicionalmente han sido catalogadas como auxiliares, ubicándolas al mismo nivel de la ley, pues el enunciado legal referido, denota que la ley se encuentra en un nivel jerárquico superior frente a las demás fuentes de derecho.
1.3.1.3. En segundo lugar, los intervinientes indican que lo estipulado en el segundo inciso artículo 7, aunque no se encuentra literalmente estipulado en el artículo 230 de la Constitución, tampoco parece vulnerar ningún precepto superior, para lo cual citan la sentencia T-406 de 1992 con el propósito de hacer mención a la innegable labor creadora de derecho que con el paso del tiempo los jueces han venido desarrollando en el ordenamiento jurídico colombiano.
1.3.1.4. Atendiendo a lo anterior, de acuerdo con los intervinientes, se trasplantó la figura de la doctrina probable, que se encuentra regulada en el artículo 4 de la Ley 169 de 1896. Dicha disposición fue declarada constitucional en sentencia C-836 de 2001, siempre que se entendiera que los jueces están obligados a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión.
1.3.1.5. Los intervinientes concluyen diciendo que no parece existir violación indirecta, por parte de la norma acusada, de los artículos 4, 374, 375, 376, 377, 378 y 379 de la Constitución Política, pues en la disposición demandada, el Legislador solamente decidió incluir aquello que ya había sido declarado exequible por la Corte constitucional, estableciendo de manera expresa la interpretación constitucional dada.
1.3.2. Ministerio de Justicia y del Derecho
1.3.2.1. El interviniente, primero, destaca que la norma demandada no vulnera de ninguna manera la intangibilidad del contenido normativo del artículo 230 constitucional, sino que resulta armónica con aquel, ya que su correcta interpretación, dada la jurisprudencia proferida por esta corporación, armoniza las tensiones existentes entre la vinculatoriedad del precedente judicial de los tribunales de cierre y la autonomía e independencia judicial, que no son absolutas ni ilimitadas.
1.3.2.2. Indica que la obligación contenida en la disposición demandada, referente a que los Jueces de la República expidan providencias sometidas al imperio de la Ley, teniendo “además” en cuenta la equidad, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina, no deviene de ninguna modificación por vía legislativa de la normativa Superior, como lo aduce los accionantes, sino de la lectura autorizada que del mismo precepto ha efectuado la Corte constitucional, dimensionando el alcance del concepto del Imperio de la ley. Lo anterior, en razón a que de acuerdo con el interviniente, el legislador busca que la jurisprudencia y la doctrina de los tribunales de cierre de las diferentes jurisdicciones, cumpla su función de instrumento de materialización del principio de igualdad y robustecimiento del principio de seguridad jurídica.
1.3.2.3. De acuerdo con lo expresado, el representante del Ministerio de Justicia y del Derecho procede a citar múltiples fallos jurisprudenciales proferidos por esta Corporación, con el fin de indicar que el contenido constitucional del “imperio de la ley” trasciende el simple acto normativo expedido por el Congreso de la República, y que se debe entender como la norma jurídica aplicable al caso concreto, lo que implica que en el marco del artículo 230 Superior, el concepto de ley debe cobijar todas las fuentes de derecho aplicables al caso concreto, sin que esto implique que se haya revaluado el papel de la legislación como la principal fuente de derecho.
1.3.2.4. El interviniente concluye expresando que considera que la Corte Constitucional ya ha resuelto, en su jurisprudencia problemas similares al actualmente analizado, definiéndose los límites a la autonomía judicial consagrada en el artículo 230 de la Constitución, y el deber, en todo caso no absoluto, de observancia del precedente jurisprudencial, para entender el crucial papel que en el sistema democrático y en el ordenamiento jurídico, tiene el ejercicio de los Jueces de la República de administrar justicia sujetos al imperio de la ley, contando con la jurisprudencia y las fuentes de derecho, como herramientas fundamentales para el correcto ejercicio hermenéutico, lo que no implica de ninguna manera la violación al principio de autonomía judicial, que no se puede confundir con la mera arbitrariedad o el puro capricho.
1.3.3.1. La expresión “imperio de la ley” consagrada en el artículo 230 Superior no puede entenderse bajo la acepción formal de ley emitida por el legislador, sino que cobija todo el sistema jurídico colombiano, en el cual tiene cabida las normas constitucionales y legales, así como la interpretación que de ellas se hace vía jurisprudencial.
1.3.3.2. A pesar de que nuestro sistema jurídico reposa en una tradición de derecho legislado, las autoridades judiciales están llamadas a reconocer la fuerza vinculante del precedente judicial, por lo que la autonomía judicial no puede constituirse en una imposición para apartarse de aquel sin justificación alguna. Por lo tanto, los jueces pueden no seguir el precedente judicial, siempre y cuando hagan explícitas sus razones, y demuestren suficientemente que la interpretación alternativa que se ofrece desarrolla mejor los postulados constitucionales.
1.3.3.3. El artículo 7° demandado, que manifiesta el nuevo concepto de doctrina probable -expresado por la Corte Constitucional en sentencia C-836 de 2001-, no ofrece nada distinto que el alcance que le ha dado la jurisprudencia de esta corporación a la mencionada figura, de manera que el legislador ordinario no plantea modificación ni alteración alguna al sistema de fuentes consagrado en el artículo 230 de la Constitución Política.
1.3.4. Universidad Libre de Colombia
1.3.4.1. En criterio de los intervinientes, el artículo 7 demandado al poner el término “además”, lejos de imponer una modificación al sistema de fuentes constitucionalmente estatuido, en realidad hace aplicación de lo que la Corte señaló, al indicar que una de las finalidades del CGP es la adecuación de las normas procesales a la Constitución de 1991, a la jurisprudencia constitucional y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que reconocen fuerza vinculante al precedente judicial y a la costumbre.
1.3.4.2. La disposición demandada otorga al juez la posibilidad “de apartarse de su propio precedente, lo que se conoce como precedente vertical (sic)”, siempre que cumpla con una carga argumentativa similar a la que se aplica al momento de apartarse de la doctrina probable, de manera que no se percibe vulneración directa o indirecta de los artículos 4 y 230 de la Carta.
1.3.4.3. Respecto de la supuesta vulneración de los artículos 374 a 379 de la Constitución, los intervinientes indican que no se configura per se una modificación del artículo 230 Superior, sino que se integra normativamente la jurisprudencia vinculante de la Corte Constitucional que ha examinado el tema, por lo que no se puede concluir que el legislativo atentó contra los mecanismos de modificación de la Constitución en los artículos mencionados.
1.3.5. Intervención de los ciudadanos Daniel Orduz, Natalia Neira y Felipe Novoa.
1.3.5.1. Los ciudadanos intervinientes manifiestan en primera medida que la Corte debe declararse inhibida para dictar fallo sobre el fondo del asunto, en tanto que los cargos elevados por los demandantes no cumplen con el requisito de suficiencia, pues se reitera que la norma demandada pretende modificar el artículo 230 Superior, pero no se exponen argumentos contundentes donde se colija la incongruencia entre la norma demandada y los preceptos constitucionales aludidos.
1.3.5.2. Posteriormente, los ciudadanos intervinientes exponen algunos fallos dictados por esta Corporación, de los cuales concluyen que contrario a lo que aduce los demandantes en la presente acción, el precedente en Colombia sigue siendo un criterio auxiliar del juez, que salvo las sentencias de constitucionalidad, todavía no es fuente formal de derecho, lo cual no implica que no deba ser observado por el Juez, quien no solo debe fundar sus decisiones en la Ley, sino en los demás instrumentos en los cuales se encuentra contenido el derecho, por lo cual, actuando de forma autónoma puede apartarse del precedente siempre y cuando motive su decisión en aras de proteger la igualdad, la legalidad y la seguridad jurídica.
1.3.6. Intervención del ciudadano Carlos Andrés Pérez-Garzón
1.3.6.1. Sostiene el ciudadano interviniente que la expresión demandada “además” no viola el artículo 230 de la Constitución Política, pues no cambia el sentido de este, en tanto no se está equiparando el grado de sumisión del juez a la ley y a la aplicación de las fuentes auxiliares, sino que por el contrario el Legislador deja claro que el juez ante todo está sometido al imperio de la ley, y acto seguido aclara que además de aquella debe tener en cuenta la equidad, la costumbre la doctrina y la jurisprudencia.
1.3.6.2. En cuanto al presunto cambio del sistema de fuentes establecido en el artículo 230 Superior, el interviniente afirma que el Legislador no vulnera preceptos constitucionales, en tanto que el principio de libertad de configuración legislativa le permite regular cualquier materia que desee dentro de los parámetros establecidos en la Constitución, siempre y cuando no vulnere derechos fundamentales.
1.3.7. Defensoría del Pueblo
1.3.7.1. El representante de la Defensoría comienza su argumentación analizando el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, del cual concluye de manera precisa que: (i) por regla general, los fallos de la Corte constitucional hacen tránsito a cosa juzgada; (ii) la Corte no puede pronunciarse nuevamente sobre la constitucionalidad de una disposición jurídica amparada por una sentencia que ya ha hecho tránsito a cosa juzgada; (iii) la cosa juzgada le confiere a las providencias un carácter definitivo e inmutable en desarrollo del principio de seguridad jurídica; (iv) se está en presencia de cosa juzgada formal cuando un texto normativo ya ha sido objeto de pronunciamiento anterior por parte de la Corte; (v) se habla de cosa juzgada material cuando pese a que no se demanda un texto normativo formalmente idéntico, su contenido sustancial es igual; (vi) hay cosa juzgada absoluta cuando el pronunciamiento de constitucionalidad de una disposición, a través del control abstracto, no se encuentra limitado por la propia sentencia; (vii) se presenta cosa juzgada relativa cuando el juez constitucional limita en forma expresa los efectos de decisión, dejando abierta la posibilidad para que en un futuro “se formulen nuevos cargos de constitucionalidad”.
1.3.7.2. Posteriormente, indica el Defensor del pueblo interviniente, que pese a que existen diferencias entre la redacción del art. 4° de la ley 189 de 1896, que fue objeto de revisión por parte de la Corte, y el art. 7° de la Ley 1564 de 2012 es posible afirmar que existe cosa juzgada material en tanto ambas normas reproducen el mismo sentido normativo.
1.3.7.3. Seguidamente, se afirma que en el caso concreto, si bien los argumentos esbozados por los demandantes son distintos a los que estudió esta Corporación en sentencia C-836 de 2001, se presenta el fenómeno de la cosa juzgada material en tanto, la sentencia resuelve el fondo de los cuestionamientos formulados, que en términos generales debaten la fuerza vinculante de la doctrina probable y su alcance en el sistema de fuentes del ordenamiento jurídico colombiano.
1.3.7.4. Con base en lo anterior, la Defensoría indica que la Corte Constitucional en sentencia C-836 de 2001 delimitó el alcance de lo establecido en el artículo 4 de la ley antes mencionada que establece que los jueces y las juezas podrán aplicar la doctrina probable en los casos análogos, y que cuando la consideren errónea podrán apartarse de su aplicación argumentando debidamente su decisión.
1.3.7.5. Los cuestionamientos formulados por los accionantes quedan resueltos con lo establecido con la sentencia C-836 de 2001 sobre la vinculatoriedad de la doctrina probable, el papel que desempeña en el ordenamiento jurídico y su lugar en el sistema de fuentes.
2. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
2.1. Luego de realizar un completo análisis constitucional del sistema de fuentes del derecho, el Ministerio público manifiesta que mientras exista ley (entendida en su sentido amplio) aplicable a un caso en concreto, aquella no se puede desconocer en aras de aplicar fuentes secundarias.
2.2. Adicionalmente la vista fiscal indica que el juez está vinculado por las fuentes secundarias, es decir, la equidad, la costumbre, la doctrina y la jurisprudencia, mientras estas sean secundum legem o praeter legem, de tal manera que el juez sí puede aducir razones para apartarse de dichas fuentes de derecho, sin embargo en ningún caso podrá hacerlo para apartarse de la ley en su sentido amplio.
2.3. Argumenta que, trasladando las ideas anteriores al problema de la libertad de configuración legislativa analizado, se debe decir que dicha libertad se encuentra limitada en dos sentidos: por un lado el legislador no podría modificar el uso de las fuentes secundarias por defecto, es decir, impidiendo a los jueces acudir a las fuentes auxiliares como criterios jurídicos; y por otro, tampoco podría transgredirse el uso de las fuentes secundarias por exceso, es decir obligando a la autonomía judicial al punto de no permitirle a los jueces un apartamiento razonado de aquellas.
2.4. Ya analizando los cargos concretos, se determina que la palabra “además” contenida en la disposición acusada admite dos lecturas: por un lado, es posible entender que aquella vincula al juez a considerar a las fuentes secundarias como de igual jerarquía a la ley en sentido amplio, de manera que si existiese jurisprudencia contra legem, se debería ponderar con la Ley para la resolución de un caso concreto, lo cual no se acopla a los postulados constitucionales.
2.5. A diferencia de lo anterior, en una segunda lectura, la expresión analizada daría a entender que el juez está obligado a acudir a las fuentes secundarias cuando posean el carácter de secundum legem o praeter legem, y en tanto la ley no sea concluyente, siendo este, el sentido en el que se debe leer la disposición demandada.
2.6. Respecto del reproche de los demandantes con relación al segundo inciso de la norma demandada, que obliga a los jueces a exponer de manera clara y razonada los fundamentos jurídicos que justifican que su decisión se aparte de la doctrina probable, considera el Ministerio público que dichos cargos resultan infundados, pues tal y como se dijo, el constreñimiento del juez a la ley es absoluto, mientras que el sometimiento del mismo a la jurisprudencia y a otras fuentes auxiliares es relativo; además no considera como cierto que la norma otorgue un valor superior a la doctrina probable de la Corte Suprema de Justicia.
3.2. CUESTIÓN PREVIA: CONFIGURACIÓN DE INEPTITUD SUSTANTIVA PARCIAL DE LA DEMANDA
3.2.1. Según lo ha sostenido la Jurisprudencia de la Corte, en Sentencia C-436 de 2011, el estudio de procedibilidad que se realiza en la sentencia puede ser de dos tipos: (i) implícito, cuando a primera vista se advierte sobre la conducencia de la demanda y la misma no presenta resistencia entre los distintos intervinientes, caso en el cual se entiende que la Corporación mantiene la decisión adoptada en el Auto Admisorio; o (ii) explicito, si la demanda formulada genera dudas acerca de su pertinencia, y así lo han advertido los intervinientes o la propia Corporación, debiendo proceder esta última a hacer un pronunciamiento expreso sobre el tema. De esta manera, aun cuando una demanda haya sido previamente admitida por el Magistrado Ponente, tal hecho no desvirtúa la atribución reconocida a la Corte para definir nuevamente en la sentencia si aquella se ajusta o no a los requisitos de procedibilidad, pues dicho aspecto se enmarca dentro del ámbito de competencia de la Corporación para proferir o no una decisión de fondo.
3.2.2. Algunos de los intervinientes se refieren justamente a los defectos sustantivos de la demanda en particular, respecto del argumento de la variación de las fuentes normativas. Así, por ejemplo, la intervención de los ciudadanos Daniel Orduz, Natalia Neira y Felipe Novoa, explica como
3.2.3. Al respecto, el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991 señala los elementos indispensables que debe contener la demanda en los procesos de inconstitucionalidad. Concretamente, el ciudadano que ejerce la acción pública de inconstitucionalidad contra una norma determinada debe referir con precisión el objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto. Estos son los tres elementos, desarrollados en el texto del aludido artículo 2 del Decreto 2067 de 1991 y por la Corte en sus pronunciamientos, que hacen posible el pronunciamiento de fondo por parte de este Tribunal.
3.2.4. En relación con “el concepto de la violación”, en la sentencia C-1052 de 2000, reiterada entre otras por la C- 543 de 2013, la Corte precisó las características que debe reunir el concepto de violación formulado por los demandantes. De acuerdo con este fallo, las razones presentadas por el actor deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes.
(i) La claridad se refiere a la existencia de un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de la demanda y las justificaciones en las que se basa.
(ii) El requisito de certeza exige al actor formular cargos contra una proposición jurídica real y existente, y no simplemente contra una deducida por él sin conexión con el texto de la disposición acusada.
(iii) La especificidad demanda la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto. Argumentos vagos, indeterminados, indirectos, abstractos o globales que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan, impiden a la Corte llevar a cabo un juicio de constitucionalidad.
(iv) La pertinencia se relaciona con la existencia de reproches de naturaleza constitucional, es decir, fundados en la confrontación del contenido de una norma superior con el del precepto demandado. Un juicio de constitucionalidad no puede basarse en argumentos de orden puramente legal o doctrinario, ni en puntos de vista subjetivos del actor o consideraciones sobre la conveniencia de las disposiciones demandadas.
(v) Finalmente, la suficiencia guarda relación, de un lado, con la exposición de todos los elementos de juicio -argumentativos y probatorios- necesarios para iniciar un estudio de constitucionalidad; y de otro, con el alcance persuasivo de la demanda, esto es, el empleo de argumentos que generen una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada.
3.2.5. En relación con la demanda ahora estudiada, la sala encuentra que plantea tres (3) cargos distintos: 1.- Violación del artículo 230 constitucional por la variación del sistema de fuentes normativas; 2.- Violación al artículo 230 constitucional por reconocer valor a la jurisprudencia y exigir a los jueces una carga para apartarse de ella; y, 3.- Violación de los artículos 4, 374, 375, 376, 377, 378 y 379 de la Carta como consecuencia de la reforma a la constitución, por parte de una ley ordinaria al variar el sistema de fuentes normativas consagradas en el artículo 230 superior.
3.2.6. Respecto del cargo 1.- Violación del artículo 230 constitucional por la variación del sistema de fuentes normativas, la demanda aduce que la inclusión de la palabra además en el texto del artículo equipara a las fuentes normativas principales con las fuentes auxiliares, y obliga al juez a no someter sus decisiones únicamente a la ley, sino a tener que hacerlo también con las fuentes que la Constitución califica como auxiliares. El cargo estudiado recae sobre el primer inciso del artículo demandado así:
3.2.6.1. A juicio de la Sala, la demanda no recae sobre una proposición jurídica real y existente, sino sobre una simplemente deducida por los accionantes, de tal forma que no se evidencia la confrontación del texto del artículo 230 constitucional con la norma legal que tenga un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto.
3.2.6.2. En efecto, la demanda no recae directamente sobre la contradicción de la palabra además del artículo 7 de la Ley demandada, sino sobre la interpretación que, según los demandantes, tiene esa palabra al reemplazar y equiparar las fuentes normativas principales con las auxiliares. Pero lo cierto es que, la palabra además, ni por sí sola, ni en el contexto del párrafo normativo, tiene un significado que permita, por fuera de interpretaciones subjetivas, identificar una confrontación con el sentido del artículo 230 de la Constitución, ni en su texto literal, ni mucho menos en su desarrollo interpretativo.
3.2.6.3. En consonancia con lo anterior, tampoco cumple el cargo con el requisito de suficiencia, pues los argumentos erigidos en torno a la inconstitucionalidad de la norma demandada no logran el alcance persuasivo para dar lugar a una evaluación del cargo.
3.2.6.4. El planteamiento de los demandantes se fundamenta en un marco de abstracción que no permite concretar o verificar la violación que los accionantes pretenden demostrar. No hay suficientes argumentos que permitan verificar, al menos prima facie, que en efecto pueda existir una contradicción objetiva entre la expresión “además” con el artículo 230 constitucional como lo sostiene la demanda.
3.2.6.5. La falencia en que incurre el cargo estudiado es que el planteamiento sobre el cual se sustenta la supuesta contradicción es únicamente el producto de una interpretación subjetiva.
3.2.6.6. Por otra parte, el control de constitucionalidad de las leyes no se ocupa de revisar la exacta identidad gramatical de los textos legales con los textos constitucionales, puesto que la función de la Ley no es la de copiar y reproducir la constitución sino la de avanzar en la regulación de temas específicos, en consonancia con los postulados constitucionales. Si en dicha regulación, la ley debe tocar aspectos que están inmersos en la Constitución, es claro que la norma legal debe ajustarse a la norma constitucional en su sentido textual e interpretativo, pero no es posible suponer que el solo cambio de la redacción implique per se una contradicción que deba resolverse por la vía de un análisis de constitucionalidad. Mientras el sentido material de la norma constitucional se respete, la formulación gramatical del texto normativo es indiferente e irrelevante para el examen de constitucionalidad.
3.2.6.7. Suponer que la palabra además, o que la redacción integral del artículo 7 de la Ley 1564 de 2012 implica una transformación del sistema de las fuentes normativas en Colombia, requiere de una sustentación que no existe en el texto de la demanda. Los argumentos presentados, que no son otros que la comparación literal de los dos artículos supuestamente contradictorios, y las afirmaciones basadas en interpretaciones subjetivas y sin mayor sustento, no son suficientes para lograr el alcance persuasivo que requiere un examen de constitucionalidad.
3.2.6.8. Teniendo en cuenta la inobservancia de los presupuestos básicos señalados por la jurisprudencia de esta Corporación, la Corte se declarará inhibida para estudiar el cargo de inconstitucionalidad respecto del cargo de variación del sistema de fuentes normativas por la inclusión de la palabra además en el artículo 7 de la Ley 1564 de2012.
3.2.7. Respecto del cargo 3.-, Violación de los artículos 4, 374, 375, 376, 377, 378 y 379 de la Carta como consecuencia de la reforma a la constitución, por parte de una ley ordinaria al variar el sistema de fuentes normativas consagradas en el artículo 230 superior.
3.2.7.1. Esta argumentación parte de un error, pues los demandantes confunden la producción legal con la reforma constitucional. La norma demandada no es un acto legislativo ni tiene la competencia para reformar el texto constitucional, por lo tanto, el alcance que suponen los demandantes que tiene la norma impugnada de derogar un postulado constitucional es equivocado.
3.2.7.2. La norma demandada no transgrede directamente los postulados constitucionales de este cargo, pues no tiene la vocación de reformar la carta ni de superponerse al orden constitucional. Existe una clara diferencia entre el poder reformatorio de la carta y el efecto inconstitucional de una disposición legal. El primer caso supone la intención de reemplazar una disposición de la Constitución con todos los efectos que ello implica, y bajo los estrictos parámetros constitucionales que regulan dicho procedimiento. El segundo, bajo el entendido de la primacía de la Constitución en el ordenamiento normativo, implica verificar la incompatibilidad de una disposición legal con una norma constitucional. Ese es justamente el sentido de la existencia de una acción pública de inconstitucionalidad.
3.2.7.3. El cargo parte de un supuesto equivocado que es el de inferir que de la inconstitucionalidad de la Ley 1564 de 2012, artículo 7 implica una reforma a la Constitución Política porque supuestamente surge una contradicción con las normas que establecen el valor superior de la constitución y las reglas para su reforma. Eso no es preciso, y aceptar un argumento de esa naturaleza llevaría al absurdo de pensar que la inconstitucionalidad de una norma lleva de la mano un intento de reforma de la constitución. La reforma es un procedimiento específico, regulado por la Constitución y con control constitucional, con unos efectos concretos en el ordenamiento jurídico. La inconstitucionalidad de una norma no es un ensayo frustrado de reforma, ni siquiera en términos sustantivos, porque al no tener la ley el valor jurídico de la Constitución, sus efectos no podrían ser asimilables y siempre estaría disponible la posibilidad de que un ciudadano demande su vigencia, como sucede en este caso.
3.2.7.4. No puede llegarse al extremo de considerar que la exequibilidad de una norma infraconstitucional está condicionada a la exacta identidad de su redacción con aquellas que, sobre el tema, contenga la Carta. Esa posición conduciría a un formalismo absurdo, incongruente con la necesidad de desarrollar la constitución y los derechos en ella contenidos a través del marco normativo.
3.2.7.5. Se concluye entonces de lo antes dicho, que el sustento del cargo es falso y carece de fundamento. En consecuencia, la Corte Constitucional se declarará inhibida para analizar este cargo.
3.3. PROBLEMA JURIDICO
3.3.1. Los demandantes señalan que la norma demandada le da una relevancia tal a la jurisprudencia que la equipara a la Ley, e incluso que la pone por “encima de esta” al exigir al juez que exponga su carga argumentativa cuando se aparte del precedente en casos análogos o cuando se aparte de la doctrina probable, al incluir la expresión:
3.3.2. Para los demandantes, el hecho de que se exija al juez una carga argumentativa cuando se aparte de la doctrina probable o del precedente, implica que el legislador le está dando un valor normativo a la jurisprudencia superior al de la Ley, puesto que “esta carga argumentativa debe ser asumida cuando se aparten de la doctrina probable (jurisprudencia) no así cuando se aparten de la Ley.”
3.3.3. Por otra parte, los demandantes reconocen que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre la fuerza vinculante y el valor del precedente judicial en el ordenamiento jurídico colombiano en varias jurisprudencias, en el sentido de imponer una carga argumentativa y una carga de transparencia para los jueces cuando se aparten de la jurisprudencia aplicable a cada caso. Sin embargo, los accionantes no hacen ningún análisis sobre la posible existencia de cosa juzgada material respecto del cargo esgrimido.
3.3.4. En consecuencia, esta Corporación deberá resolver si la expresión “Cuando el juez se aparte de la doctrina probable, estará obligado a exponer clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión. De la misma manera procederá cuando cambie de criterio en relación con sus decisiones en casos análogos.” contemplada en el inciso segundo del artículo 7 de la Ley 1564 de 2012 establece para el juez una carga argumentativa tal, que la convierte en una norma de igual, e incluso mayor valor jurídico que la Ley; y si ello atenta contra el contenido del artículo 230 de la Constitución Política.
3.3.5. Para abordar este problema jurídico, y teniendo en cuenta las cuestiones planteadas por los intervinientes en el proceso, esta Corporación analizará: (i) la inexistencia de cosa juzgada material, (ii) la jurisprudencia dentro de las fuentes jurídicas en el derecho colombiano, (iii) el valor jurídico de la doctrina probable, (iv) el valor jurídico del precedente judicial y, (v) el apartamiento de la jurisprudencia en la decisión judicial.
3.4. LA INEXISTENCIA DE COSA JUZGADA MATERIAL EN EL CASO CONCRETO
(i) Que exista una sentencia previa de constitucionalidad sobre una disposición con idéntico contenido normativo a la que es objeto de demanda, esto es, que los “efectos jurídicos de las normas sean exactamente los mismos”[12].
(iv) Que no se hayan producido reformas constitucionales frente a los preceptos que sirvieron de base para sustentar la decisión; y que se esté ante el mismo contexto fáctico y normativo. En efecto, como en reiteradas ocasiones lo ha señalado este Tribunal, el juez constitucional tiene la obligación de tener cuenta los cambios que se presentan en la sociedad, pues puede ocurrir que un nuevo análisis sobre normas que en un tiempo fueron consideradas exequibles a la luz de una nueva realidad ya no lo sean[13].
3.5. LA JURISPRUDENCIA DE LAS ALTAS CORTES FRENTE AL ARTÍCULO 230 DE LA CONSTITUCIÓN
3.6. CONCEPTO DE DOCTRINA PROBABLE Y SU EVOLUCIÓN EN COLOMBIA
La Doctrina Legal implicaba un rigor excesivo en la aplicación de la jurisprudencia, al punto que generó reacciones de la misma Corte Suprema que encontraba en la fórmula española una llave para encerrar su capacidad para evolucionar en sus decisiones. La Corte solicitó que se modificara esa fórmula, pues consideraba que obligaba a los jueces de inferior jerarquía a buscar en las sentencias reglas generales y a cumplirlas con rigor, y no a entender los argumentos jurídicos que utilizaba la Corte al interpretar las Leyes.
3.7. EL PRECEDENTE JUDICIAL OBLIGATORIO EN COLOMBIA
3.7.2. Al respecto, en la sentencia C-104 de 1993[19] la Corte se pronuncia sobre las diferencias entre las sentencias de los demás tribunales y las decisiones de constitucionalidad, estableciendo que aquellas encargadas a la Corte Constitucional tenían naturaleza erga omnes y además, no constituían un criterio auxiliar de interpretación sino que “la jurisprudencia constitucional tiene fuerza de cosa juzgada constitucional -art. 243 CP-, de suerte que obliga hacia el futuro para efectos de la expedición o su aplicación ulterior”.
Es verdad que, como esta Corporación lo ha sostenido repetidamente, uno de los principios de la administración de justicia es el de la autonomía funcional del juez, en el ámbito de sus propias competencias (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-543 del 1 de octubre de 1992), pero ella no se confunde con la arbitrariedad del fallador para aplicar los preceptos constitucionales. Si bien la jurisprudencia no es obligatoria (artículo 230 de la Constitución Política), las pautas doctrinales trazadas por esta Corte, que tiene a su cargo la guarda de la integridad y supremacía de la Carta Política, indican a todos los jueces el sentido y los alcances de la normatividad fundamental y a ellas deben atenerse. Cuando la ignoran o contrarían, no se apartan simplemente de una jurisprudencia -como podría ser la penal, la civil o la contencioso administrativa- sino que violan la Constitución, en cuanto la aplican de manera contraria a aquélla en que ha sido entendida por el juez de constitucionalidad a través de la doctrina constitucional que le corresponde fijar. [22]
3.8. EL APARTAMIENTO DEL PRECEDENTE JUDICIAL
3.9. CASO CONCRETO

References: artículo 7
 artículo 7
 artículo 230
 artículo 230
 artículo 230
 artículo 7
 artículo 230
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 230
 artículo 230
 artículo 7
 artículo 230
 artículo 4
 artículo 230
 artículo 230
 artículo 230
 artículo 230
 artículo 7
 artículo 230
 artículo 7
 artículo 230
 artículo 230
e contrario
 artículo 230
 artículo 230
 artículo 4
 resolución 
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 230
 artículo 230
 artículo 230
 artículo 230
 artículo 230
 artículo 7
 artículo 230
 artículo 230
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 230
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 230
 ARTÍCULO 230