Source: http://indigenas.bioetica.org/mono/inves21.htm
Timestamp: 2017-09-22 22:28:40+00:00

Document:
La cuestión de la tierras en el Derecho de los Pueblos Indígenas Argentinos
Alumnos: Gutierrez Robles, Julio Cesar DNI 1.820.877
Okecki Juan Maria DNI 27.287.419
Romio Juan Alfredo DNI 23.375.662
Volujewicz Federico DNI 26.473.230
Cuales son las instituciones jurídicas en juego. Algunas definiciones interesantes...
Reclamos o expectativas de los pueblos indígenas en la Argentina. La consulta a los pueblos indígenas de la Argentina.
Petitorio de comunidades aborígenes de la provincia de Jujuy y Salta en el encuentro del jubileo de la tierra realizado en Abra Pampa los días 19 y 20 de agosto de 2000.
Marco legal: La existencia legal de las comunidades indigenas
La reforma constitucional de 1994. Antecedentes
El convenio 169 de la organización internacional del trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en paises independientes.
Un ejemplo de la lucha indígena por la personería jurídica y sus tierras: las comunidades mapuches neuquinas
Conclusión: para los aborígenes hay promesas pero no tierras
El tema de las “tierras indígenas” es asignatura de gran complejidad en cuanto a su estudio y análisis. Por ello, además del estudio de la normativa vigente en nuestro país, debemos llevar a cabo ciertas aproximaciones básicas sobre su cosmovisión, para así, poder luego entender desde que lugar se sitúa el indígena al hacer sus planteos reivindicatorios. En lo que tiene que ver con los derechos de los indígenas debemos aprender a escuchar e informarnos sobre del tema que vamos a opinar. En primer lugar debemos saber quién es un indígena, si esa denominación es correcta, qué objetivos tiene, cuál es su cultura, qué propone para su futuro, y por último cuales son sus aspiraciones en relación a sus tierras. Además se debe analizar el alcance de esa posibilidad, ya que de lo contrario, nuestro análisis, solamente obedecería a un conjunto de ideas y conclusiones atrapadas en nuestra imaginación, y como consecuencia, carecientes de operatividad.
Llegado éste punto, es sumamente necesario encargarnos entonces de analizar la “definición” de indio o indígena y la de tierra, a fin de llegar a una conclusión que nos permita avanzar en el presente trabajo.
Según los diccionarios, y con pocas diferencias entre ellos, al hablar de indio, se hace referencia al antiguo poblado de las indias occidentales o América y del que hoy se considera descendiente de aquel, sin mezcla de otras razas, definición que también se aplica a las cosas. El término indígena, en las enciclopedias de nuestro idioma, no hace mas que describirlo como “originario del país de que se habla”. Ahora bien, éstas definiciones resultan inútiles a la hora de buscar una aproximación del tema en cuestión y sólo sirven para empezar a comprender la ignorancia del conjunto de la sociedad, y su visión respecto del tema a tratar.
El término INDÍGENA, se emplea ya que al momento de producirse la conquista, se dejó en la indigencia a quienes ocupaban éstas tierras, y al impedirles el uso y goce de sus tierras tradicionales y comunitarias se les quitó no solo la posesión y el derecho sobre las tierras y recursos naturales sino también sobre su propia cosmovisión. Por lo tanto indígena deriva de indigente, es decir, “falto de medios de subsistencia”. Y he aquí el mas grave de los errores, ya que, el mal llamado indígena, no carece de medios de subsistencia, sino todo lo contrario, es propietario de un inmenso conocimiento tradicional que le permitió subsistir durante siglos; Por esto en el caso de que realmente se encuentra en una situación de “indigencia”, no será por su condición de aborigen, sino por haber sido despojado de aquellos medios ancestrales para sobrevivir.
Ahora bien, de que hablamos cuando hablamos de tierras? Tierra es una palabra que en cualquier diccionario de nuestra lengua encierra numerosas acepciones , a saber: ...Parte superficial de éste planeta que no está ocupada por el mar; piso o suelo; terreno que se dedica a cultivo o es propio para ello; patria; país; región; territorio formado por intereses presentes o históricos. Por nuestra parte, al hacer referencia a éste término lo hacemos de acuerdo al alcance de que da el artículo 13 inciso 2° del Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que lo define como “lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna u otra manera” es decir, es el territorio.
Pero lo importante de acá es saber que opina el pueblo indígena respecto a las tierras o al territorio. Gracias al trabajo realizado por el Consejo Económico y Social de la ONU, sobre poblaciones indígenas vemos las diversas perspectivas que con el Estado y los pueblos indígenas enjuician la tierra. Mientras para el Estado, el territorio no es mas que una mercancía para vender, para el pueblo indígena el territorio es un legado de la divinidad, el que sólo puede transferirse por herencia. Ésta idea de la tierra como legado designa a la persona o al grupo que habrá de asumir la responsabilidad al respecto y los factores que intervendrán en esa designación serán determinados únicamente por la Divinidad. Por otra parte, la tierra es para el Estado, propiedad de personas o de entidades, pudiendo sus propietarios hacer uso de ella e incluso abusar, mientras que para el pueblo indígena, los seres humanos son los administradores de la tierra y en ningún caso pueden abusar de ella. Finalmente tenemos que la propiedad de la tierra se demuestra en un estado como puede ser el nuestro, mediante documentos o títulos de propiedad, cuando para los pueblos indígenas la administración de la tierra se manifiesta por intervenciones humanas favorables al desarrollo; cultivos, protección de bosques naturales, ocupación.
Es sabido entonces, que el hombre tuvo siempre plena conciencia de su dependencia del ambiente, de ahí que sus primeras normas religiosas y jurídicas consagraron su protección o al menos intentaron hacerlo.
Las culturas primitivas en su totalidad, temían a los elementos naturales, les ofrecían sacrificios para que preservaran su ambiente natural, imponían tabúes para protegerlos, se identificaban con los elementos del ambiente; tal como lo muestra el culto de la Pachamama en América del Sur, especialmente en los países que constituían el gran imperio de los Incas y toda la Región de Tahuantinsuyo, que se iniciaba en Ecuador, Perú, Bolivia y norte de nuestro país, especialmente en las provincias de Jujuy, Salta y Tucumán, como así también en el norte de Chile.
El hombre americano tuvo siempre presente su relación con el ambiente; el primitivo poblador de América buscaba espacios mas propicios para su vida y desarrollo, consultando la voluntad divina. Fue Manco Capac quien fundó Cuzco, donde según cuenta la leyenda, enterró su vaca; Tenoch fue quien fundó Tenochtitlan (hoy en día ciudad de México), donde el águila comió a una serpiente y se posó sobre un nogal.
En su llegada América, el conquistador Europeo, implantó su ambiente sobre los cimientos del indígena y lo transformó en su propio beneficio hasta lograr condiciones ambientales que aventajaran a las que ellos disfrutaban en Europa. De ésta manera, se sometió a los indígenas y a los africanos que trajo para su servicio, a trabajar y vivir en condiciones infrahumanas.
Por otra parte, no cabe duda alguna que la protección de los derechos de los aborígenes se debe en gran medida a las actividades de los grupos de apoyo internacionales. Los pueblos indígenas han contado desde tiempo atrás con defensores, al comienzo dentro del ámbito de las iglesias cristianas y entre quienes se interesaban por los pueblos exóticos y “Primitivos”; éstos grupos adoptaron un enfoque fatalista sobre el futuro de los pueblos aborígenes, sosteniendo que los mismos se desvanecerían en las fronteras de los asentamientos de los colonos y quedarían absorbidos por una sociedad mas civilizada; en ocasiones apoyaron a los pueblos indígenas en sus reclamos para que se diera solución a sus derechos territoriales. Estos grupos de apoyo, ejercieron presión sobre los gobiernos para proteger los primeros pueblos de los efectos negativos de las sociedades colonizadoras.
Finalizada la segunda Guerra Mundial, la dirección de las organizaciones internacionales se orientó ya a apoyar la preservación de las sociedades indígenas y de sus tierras y derechos legales. El ímpetu, provenía de la formación de las Naciones Unidas, que establecía la importancia de la autodeterminación de los pueblos indígenas, quienes se “unieron” en una causa común con otras organizaciones, tal como los grupos ecologistas, que mantuvieron un importante papel de observadores de los movimientos indígenas e intentaron impedir el desarrollo de la explotación de los recursos naturales.
Amnistía Internacional, así como otros numerosos organismos de desarrollo, se han vinculado con los grupos aborígenes, reaccionando ante abusos cometidos contra los derechos humanos, las condiciones de pobreza y el descontento cultural y social.
La reforma constitucional de 1994, que luego desarrollaremos, genero mucha expectativa en todos los pueblos originarios, estas voces lógicamente llegaron al gobierno, el cual reconoció que la nueva Carta Magna le indicaba que debía escuchar las voces de los pueblos indígenas pero que no sabía como hacerlo.
A tal fin ideó un proyecto para la participación del pueblo indígenas que consistió en una verdadera ronda de consultas que comenzó en el seno de las comunidades mismas, las que a su tiempo unificaron sus criterios a nivel zona, luego provincias, luego regiones hasta finalmente al cabo de mas de un año a una asamblea nacional cuyas conclusiones finales por su elocuencia y por ser el fruto genuino del pensamiento de la población indígena de nuestro país debe necesariamente formar parte de este trabajo sobre tierras. Es decir, que esta propuesta es un claro ejemplo de los reclamos y expectativas de los pueblos indígenas en la Argentina.
Textualmente la producción de los representantes de 17 Pueblos Originarios de Argentina en cuanto a tierras se refiere dice:
“Territorio, pueblo v derechos humanitarios son los principios y funda­mentos básicos del pensamiento y sentimiento del pueblo indígena. Disminuir la fuerza de uno de ellos significa inmediatamente debilitar a los otros. Hay que destacar que la forma en que las comunidades de los Pueblos Indígenas ocupan o ejercen la posesión sobre sus territorios y tierras es diferente de los no indígenas.
Hoy la Constitución Nacional, las Constituciones Provinciales en gene­ral y otras leyes, tanto nacionales como provinciales, no niegan el dere­cho que tenemos las comunidades a las tierras, es más, lo afirman, pero no lo hacen efectivo.
Los gobiernos prometen entregas de títulos, pero siempre se buscan ex­cusas para no entregarlos, argumentando la falta de recursos. Se condi­ciona con la exigencia de implementar planes de desarrollo determina­dos, realización de mejoras, como asimismo a la obligación previa de realizar censos sin contar con el presupuesto adecuado para llevarlos a cabo, no respetándose los censos realizados por la misma comunidad y dándole a estos un uso meramente político.
Al no efectuarse la expropiación de tierras privadas en manos de parti­culares en donde viven comunidades indígenas se coloca a estos en gra­ve peligro de desalojo o en la obligación de pago de pastajes, arriendos o en el caso de tierras en manos del Estado, se somete a las comunida­des indígenas a los regímenes y, legislación de los parques nacionales, reservas ecológicas, áreas protegidas y otras, privándolas de los benefi­cios de la propiedad,
La entrega de tierras sin títulos definitivos, bajo la práctica de permisos precarios de ocupación, títulos precarios, usufructos vitalicios, reservas, etc. generan inseguridad jurídica. Los municipios privan a las Comunidades de 1os Pueblos Indígenas de sus tierras destinándolas a urbaniza­ción. Se producen migraciones de los Pueblos Indígenas, familias y jóve­nes, generándose el desmembramiento de las comunidades y pueblos.
S destaca como política del estado el caso de comunidades indígenas que viven en la ciudad y reciben tierras en el monte como ampliación y van ocupándolas.
La entrega de los títulos de propiedad individual es la estrategia que tienen los Estados para destruir los derechos comunitarios, la titulación. de las tierras en forma individual y, la influencia de algunos políticos provoca el desmembramiento de las comunidades.
Las características de los derechos comunitarios, no se pueden transfe­rir a títulos individuales. Por lo que es necesario se contemplen los ca­sos de ocupaciones individuales aisladas, sustentándose en cl derecho comunitario.
Ha de tenerse en cuenta los casos de hermanos indígenas que viven. en la ciudad y no pueden volver a su comunidad, debido a que la tierra no es suficiente, debiéndose atender los casos de títulos individuales existentes. Solicitarnos que estos tiendan a mantenerse, pero que de aquí en adelante se fortalezca la propiedad comunitaria. Que no se apruebe nin­guna legislación sobre títulos individuales de propiedad.
Algunos hermanos indígenas de la Puna poseen la tierra en forma fami­liar, con lugares comunitarios como aguadas, pastajes, etc. En virtud de que dicha forma tradicional es distinta a la de la propiedad Individual, tales hermanos quedan amparados por las garantías que se consagran en relación a la propiedad comunitaria.
En algunas provincias existen organismos que abordan la cuestión indí­gena, mas no responden a los intereses de éstos, creando conflictos per­manentes. En otras, estos organismos existen en la legislación, pero no funcionan por falta de interés y, decisión del poder político.”
Por otro lado, también nos parece importante incluir en nuestro trabajo esté petitorio realizado mas recientemente que las propuestas del Foro Nacional del P.P.I. ( Proceso de participación de los pueblos indígenas) el cual indica que no obstante el transcurso del tiempo, los reclamos persisten en igual identidad.
Los pueblos originarios de nuestra Madre Tierra, representantes de 150 comunidades kollas y guaraníes, nos dirigimos a nuestros hermanos gobernantes y a la sociedad en general para hacerles saber cuáles son nuestras exigencias en el marco del jubileo de la Tierra, basados en el respeto a nuestra preexistencia reconocida en nuestra Constitución Nacional (art. 75 inc 17):
Exigimos la inmediata entrega de los títulos comunitarios de las Tierras que son nuestras desde siempre, respetando la voluntad y la participación directa de nuestras comunidades .-
Exigimos la adjudicación de Tierra apta y suficiente para nuestros pueblos, a los que históricamente se nos ha robado la Tierra que nos pertenecía.-
Exigimos la derogación urgente de los artículos 2 y 3 de la ley 5030 de la Provincia de Jujuy, que nos condenan a mendigar una ley por cada titulo.-
Exigimos que el nuevo convenio entre la Nación y la Provincia de Jujuy relacionado con la entrega de títulos de nuestras Tierras, se haga conocer a las comunidades antes de ser firmado, para poder dar nuestra palabra, haciéndonos protagonistas y no solo objetos entre autoridades, respetando así el precepto constitucional que establece la obligatoriedad de la participación de las comunidades en los asuntos que nos afecten.-
Exigimos mecanismos claros, democráticos y directos para la elección de los representantes de las comunidades de los pueblos indígenas que participarían en la comisión mixta de la Unidad Ejecutora en la Provincia de Jujuy, repudiando cualquier intento a imponernos organizaciones no representativas de nuestras comunidades.-
Exigimos la expropiación de Tierras aptas y suficientes en la Provincia de Jujuy y Salta para nuestras comunidades aborígenes, a las que se les ha robado la Tierra y están condenadas a vivir en estado de esclavitud pagando con servicios y arriendos, o en barrios urbanos, privándonos de la posibilidad de crecer como comunidades.-
Exigimos que nuestros derechos como la Tierra comunitaria, y el reconocimiento de nuestras personerías jurídicas, así como otros reconocidos en nuestra Constitución Nacional y ley 24071, Convenio 169 de la OIT, sean incorporados al Código Civil y a los demás Códigos Nacionales, con la participación de las Comunidades Aborígenes.-
Exigimos la construcción de defensas y otras obras de infraestructura para el cuidado, conservación y desarrollo de nuestras comunidades, asegurando nuestra participación directa en la elaboración, desarrollo y ejecución de dichos proyectos.-
Repudiamos los megaproyectos que benefician a unos pocos y nos marginan a la pobreza y a la pérdida de nuestras Tierras y nuestra cultura, en nombre de un progreso del que no somos beneficiarios. Exigimos se nos consulte y que nuestra consulta sea vinculante.-
Nos oponemos terminantemente a la construcción del electroducto en nuestra quebrada y puna por no respetar nuestros derechos a la salud y a la producción, usurpando nuestras Tierras, poniendo en peligro nuestros derechos más elementales, sin haber sido consultados y solo para beneficio de algunos pocos.-
Exigimos de nuestros Consejos Deliberantes, ordenanzas que aseguren la protección de nuestras riquezas autóctonas.-
Exigimos la participación en la elaboración de proyectos productivos, en mejoramiento de pasturas, sanidad animal, comercialización de nuestros productos, construcción de viviendas etc, así como el manejo directo de los fondos destinados a esos proyectos evitando intermediaciones. Al igual que en los subsidios, becas y todo otro proyecto que apunten a mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades .-
Exigimos apoyo financiero para el fortalecimiento institucional de nuestras comunidades, y la posibilidad de elaborar nuestros propios proyectos sin imposiciones de organizaciones no gubernamentales o de organismos estatales.-
Exigimos la creación de un Registro de Comunidades Aborígenes en la Provincia de Salta y la agilización y adecuación de los trámites administrativos a las distancias y los tiempos de nuestras comunidades.-
Exigimos que el Registro de Comunidades de la Provincia de Jujuy, proceda a modificar los decretos de inscripción de comunidades, quitando la palabra “otorgamiento” y poniendo las palabras “reconocimiento e inscripción”, de lo contrario se esta negando nuestra preexistencia reconocida en nuestra Constitución Nacional.-
Exigimos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas la participación y el protagonismo que nos corresponde como comunidades indígenas, protagonismo que nos ha sido negado por dicha institución privilegiando sus relaciones con organizaciones y sectores políticos. Exigimos que dicho instituto escuche nuestra palabra en todos los asuntos que hacen a la defensa de nuestros derechos, como en los programas de Tierras, personería jurídica, salud, educación, etc.
Exigimos la adecuación de los programas de enseñanza, para que contemplen una educación bilingüe e intercultural con la activa participación de nuestras comunidades.-
Exigimos la Reforma de la Constitución de la Provincia de Jujuy, contemplando nuestros derechos como comunidades de los pueblos indígenas, reconocidos en nuestra Constitución Nacional y en la ley 24.071, convenio 169 de la OIT.-
La Comunidad Aborigen de Nazareno, junto con las comunidades aquí reunidas exigen el cumplimiento de la ley provincial 7001 de expropiación de finca grande de Nazareno.-
Invocamos a nuestra madre Tierra, la Pachamama para que abra los corazones de nuestra sociedad y de nuestros gobernantes, para que nos acepten como hermanos aborígenes argentinos, para que dejen de ignorarnos.- Por respeto a nuestros mayores que hicieron el Malón de la Paz, para que junto con nuestra Pacha, nos den el coraje de seguir sus pasos de pelear por lo que es nuestro .-
En Abra Pampa a los 20 días del mes de Agosto del 2000.
Las leyes de nuestra Nación fueron un fiel reflejo del sentir generalizado de la sociedad respecto de la minoría indígena. Lo mas objetivo es decir que fueron ignorados, ni siquiera sometidos desde lo legal, ya que la propia Asamblea de Año XIII fue precursora en proclamar la abolición de la esclavitud y consagrar la igualdad, pese lo cual casi naturalmente, se consideraba a los pueblos originarios como "barbarie" y definitivamente inferiores al resto de la sociedad, apenas humanos.
La ley reconoce dos tipos de personas: Las personas físicas o de existen­cia visible y las personas jurídicas o de existencia ideal. Así como las personas físicas existen, tienen derechos y obligaciones y se las identifi­ca con un Documento de Identidad, las asociaciones o sociedades de personas reconocidas como tales, son igualmente personas, aunque su existencia no es física sino ideal pero también ellas pueden adquirir de­rechos y contraer obligaciones.
La exclusión social de la que fueron objeto los Pueblos originarios de Argentina, mas allá de la marginación de sus integrantes, no permitía considerarlos personas jurídicas. Aún en el siglo XX, se hablaba de "re­ducciones indígenas", elocuente forma de referir que se trataba del so­juzgamiento a que fueron sometidos.
La Constitución Nacional sancionada en 1853 y que nos rigió hasta 1994 no tenía para los indígenas sino una remota referencia en el artículo 67 , donde se enumeraban las atribuciones del Congreso de la Nación. Allí ex­presaba, en el inciso 16 que corresponde al Congreso: "Conservar el trato pacífico con los indios, y promover la conversión de ellos al catolicismo". Este texto además de configurar una afrenta por cuanto indirectamente se los trata de "salvajes" o "incivilizados", infiere que para ellos no rige la libertad de cultos consagrada en la misma Carta Magna, sino que co­mo medio para "civilizarlos" deberíamos promover su conversión al catolicismo. Lo que aquí se quiere señalar es que obviamente, para nuestros constituyentes las Comunidades indígenas no eran equiparables a los estados, ni configu­raban entidades con personalidad jurídica propia, a lo sumo eran parte de la población general.
De hecho, en nuestro país, las Comunidades indígenas no tuvieron si­quiera la posibilidad de ser reconocidas como sujetos de derecho antes de la Ley 23.302 . En varias provincias, recién en los años 60, se dio un reconocimiento expreso utilizando el concepto dc "Reservas Indígenas", traído de la legislación norteamericana, pero que tampoco importaba el carácter de persona jurídica.
Así, por ejemplo, el Decreto 0737 del Gobierno del Neuquen, echando mano de este "híbrido jurídico", reservó tierras para las Agrupaciones que taxativa­mente reconoció, pero aun así no les concedió personería jurídica, es de­cir no podían ser sujetos de derecho.
Ser sujeto de derecho quiere decir ser reconocidas como personas jurí­dicas o de existencia ideal. Ahora bien, tal personalidad jurídica, si es fruto del reconocimiento de una autoridad de Estado, es propia del de­recho privado. A este tipo de personería jurídica accedieron las Comu­nidades Indígenas a partir de la Ley 23.302, de la Resolución 4811 y de las leyes que cada provincia dicto adhiriendo al régimen de la 23.302.
Si bien ello fue un avance respecto de la marginación sufrida hasta en­tonces y cuyo paradigma es seguramente el famoso caso en de la Cor­te Suprema de Justicia de la Nación, en 1925 dijo que el reclamo de una comunidad de la Puna Jujeña que reivindicaba la propiedad de sus tie­rras era absolutamente atendible pero, como las Comunidades indíge­nas no tenían personería jurídica, no se podía hacer lugar a la deman­da; estaba aun lejos del reconocimiento de la personería jurídica de las Comunidades que recién llegaría con la reforma constitucional de 1994
En 1993 arreciaron las opiniones en torno de la necesidad dc reformar la Constitución Nacional. Se argumento que estaba desactualizada y hasta obsoleta en partes, aunque en el fondo para la enorme mayoría de la comunidad nacional, el consenso se limitaba a la conveniencia de modifi­car la Carta Magna en cuanto preveía un período presidencial único de seis años y se pretendía instaurar la posibilidad de la reelección del entonces presidente, Dr. Carlos Saúl Menem, por cuatro años mas.
Sin embargo, y por cuanto realmente era importante revisar el articula­do de la Constitución de la Nación Argentina, se puso en marcha la con­vocatoria de la Convención Constituyente e inmediatamente se movili­zaron todos los sectores preocupados por el enorme retraso que tenía el marco jurídico para. los indígenas.
La oportunidad era inmejorable y las voces que habían impulsado la sanción de la ley 23.302 (LEY SOBRE POLITICA INDIGENA Y APOYO A LAS COMUNIDADES ABORÍGENES) y lo­grado que el Congreso ratificara mediante Ley 24.071 el CONVENIO 169 de la O.I.T. sobre PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAI­SES INDEPENDIENTES, se dispusieron a lograr que los constituyentes plasmaran en el nuevo texto las aspiraciones de los pueblos originarios.
El resultado fue auspicioso y por oposición a su precedente, el artículo 67 inciso 15 dc la Constitución de 1853, importa un giro de 180 grados.
Tengamos presente que en ese tiempo la Argentina estaba en guerra con los habitantes originarios de estas tierras. La política entonces era, o de exterminio liso y llano (que implementó Roca) o avanzar sobre los pueblos originarios con población blanca (política que implementó Alberdi explicitada en su libro Bases...) y que recogía la Constitución en el arti­culo 25, cuando dice que: "El Gobierno Federal fomentará la inmigra­ción europea". (...) Esta política inmigratoria también iba unida a un plan de educación que partía de Sarmiento con su libro "Civilización y Barbarie", en donde todo lo que venía de afuera, entonces Europa, era "civilización" y todo lo que venía de los pueblos indígenas era "barba­rie". Esa política de imponer la cultura de afuera por la fuerza de la educación estatal, desconociendo la cultura y la cosmovisión diferente de los nativos de América, pretendía una Argentina homogénea, desco­nociendo la diversidad de las culturas.
Hay que recordar también que en esa época se pensaba que convertir a los aborígenes al catolicismo provocaría en ellos una "mansedumbre" que permitiría la rápida dominación, por eso se facultó en el artículo 67, in­ciso 15 de la Constitución de 1853 al Congreso de la Nación para "pro­veer a la seguridad de las fronteras, el trato pacífico con los indios y su conversión al catolicismo" (...) Ampliando aun mas la norma que esta­blece "su conversión al catolicismo", notemos la desigualdad jurídica de los indígenas en la Constitución de 1853: Según el artículo 20: "los extranjeros pueden... ejercer libremente su culto...", mientras que los aborígenes de Argentina debían ser convertidos al catolicismo...
Obviamente los tiempos han cambiado, los Pueblos Originarios de este país, el Toba, Wichí, Mocoví, Pilagá, Guaraní, Chiriguano, Chané, Chu­lupi, Chorote,'Iapiete, Kolla, Mapuche, Tehuelche, Diaguita, Calchaquí, Huarpe y Ona, han conservado sus pautas culturales, sus lenguas, sus formas de organización, su religiosidad, en suma su cosmovisión, su identidad, así como su sentido de pertenencia a cada Pueblo. Sin em­bargo, muchos miembros de Comunidades han renunciado a sus cos­tumbres y tradiciones y se han "integrado o asimilado", perdiendo su identidad, emigrando a grandes ciudades como mano de obra barata. Al perder su identidad e integrarse han perdido su potencialidad y el país se ha perdido una gran parte de su valioso aporte. Pero quienes no perdieron su conciencia indígena, o quienes la recuperaron, hoy se or­ganizan, revitalizan su ser, revalorizan su cultura y solicitan una plena participación en el quehacer nacional.
Con los instrumentos internacionales que la Argentina ratifica, como la Declaración de los Derechos del Hombre o la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen principios que hacen a la ver­dadera igualdad, la no discriminación, etc., nuestro país entra en el nue­vo tiempo internacional, y entonces también ratifica en 1992, por Ley 24.071, el Convenio 169 de la O.I.T., que consagra los derechos que los aborígenes del mundo reclaman.
Cuando viene el tiempo de la Reforma de la Constitución Argentina, la Ley, 24.309 (que declara la necesidad de la reforma), incorpora en su ar­tículo 3 inciso LL, "la adecuación de los textos constitucionales a fin de garantizar la identidad étnica y cultural de los Pueblos Indígenas".
El texto finalmente aprobado dice:
ARTICULO 75: (DE LACONSTITUCION NACIONAL) Corresponde al Congreso: INCISO. 17: Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identi­dad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ningu­na de ellas será enajenable, trasmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus re­cursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provin­cias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.
Sin embargo, hubo dos extremos que no se lograron en la reforma. El primero fue que la versión final no incluyó después de reconocer la preexistencia étnica y, cultural de los pueblos indígenas de Argentina, el hecho de que son constitutivos de la Nación Argentina", como lo ex­presaba el proyecto consensuado por los indígenas. No haber consigna­do la frase completa "Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, constitutivos de la Nación Argentina" fue quedarse un paso atrás del reconocimiento pleno. La otra frustración o deuda pendiente fue que los constituyentes no se atrevieron a incorporar este articulo a la primera parte de la constitución, es decir a las Declaraciones, Derechos y Garantías y en cambio lo mantuvieron en la esfera legislativa, entre las atribuciones del Congreso.
Si la reforma constitucional fue un avance categórico y afianzador del proceso impulsado por la ley 23.302, el deposito del instrumento ratifi­catorio del Convenio 169 de la O.I.T. y su entrada en vigencia el 20 de junio de 2001., a nuestro entender completan un ciclo v fraguan un mar­co legislativo de enorme potencial.
Este convenio se aprobó en 1989, retomando las recomendaciones de 1.957. Participaron la ONU., la FAO, UNICFF y el Instituto Indígena Americano.
Nuestro país ratifico este Convenio Internacional por Ley 24.071 en 1992, pero por la misma letra del Convenio: "sólo obliga a los países miembros de la OIT cuyas ratificaciones haya registrado el Director General".
Argentina recién deposito Los instrumentos ratificatorios en Junio del año 2000, esto quiere decir que para Argentina el Convenio entró en vigor en Junio de ese año, es decir cuando se cumplieron los 12 meses que estipula el último inciso del último artículo del Convenio.
El Convenio consta de 10 partes, en la segunda parte del Convenio titulado Tierras y entre los artículos 13 y 19 se ocupa de la definición e importancia del tema para los Pueblos Originarios y de las formas de posesión y propiedad que deberán reconocerse a los Pueblos Indígenas. Manda el convenio que se establezcan procedimientos adecuados para las reivindica­ciones de tierras y que se los consulte y otorgue participación activa en todo lo relacionado con los recursos naturales existentes en sus territorios. El artículo 16 se ocupa del caso de la reubicación de pue­blos, desalentándolo en cuanto sea posible y propiciando el retorno a sus lugares originales. Por último esta parte del convenio se ocu­pa de la forma de transmisión de derechos sobre las tierras y la ne­cesidad de impedir la intrusión de terceros extraños a las comunida­des; para terminar con un claro mandato para que se amplíen s, adjudiquen más tierras a las Comunidades, cuando las que posean re­sulten insuficientes.
La ley 14.408 transformo el Territorio Nacional del Neuquen en Provincia de Neuquen, y a partir de entonces empieza a cambiar la visión negadora y marginadora que respecto de los indígenas había imperado. El Movimiento popular Neuquino de origen justicialista propone una política de integración, aunque por entonces ello solo significara aspectos asistenciales y servicio social, que culminaría en 1963 con la sanción del Decreto 0737 que asigna tierras que eran consideradas fiscales, en carác­ter de "Reservas" a favor de Comunidades Mapuche en todo el territo­rio provincializado."
Las Comunidades Mapuche reclamaron tierras y derechos desde prin­cipios de siglo. Las respuestas fueron infinidad de promesas incumpli­das, particularmente respecto de las tierras. Para poder materializar las entregas de títulos de propiedad resultaba indispensable darle a las Co­munidades alguna forma de organización. Desde el gobierno se promo­vió la utilización de la figura de la A.F.R. (asociación de fomento rural) y la asociación civil.
En efecto, con anterioridad a la reforma y, aun a las leyes emanadas de la Ley 23.302, se utilizaron otras figuras jurídicas para zanjar el proble­ma de la imposibilidad de que las Comunidades Indígenas actuaran co­mo sujetos de derecho. Así por ejemplo se las asimiló a las cooperativas o asociaciones sin fines de lucro, o como en el caso de la Comunidad Mapuche Curruhuinca del departamento Lacar de la Provincia del Neuquen, que se constituyó en Asociación de Fomento Rural para po­der acceder a la propiedad de sus tierras.
A partir de la sanción dc la ley 23.302, en 1988, el gobierno neuquino promovió a través de la subsecretaría de acción social, la elaboración de un Estatuto Tipo para que las Comunidades pudieran acceder a la per­sonería jurídica sin tener que echar mano de otro tipo de figura jurídica.
En estos años la estructura del Ministerio de Acción Social incluía una Dirección de Asuntos Indígenas, que tenía presupuesto y permitió una actividad bastante intensa de concientización en las Comunidades Ma­puche del Neuquen, el objetivo era que obtuvieran personería jurídica y que se revisaran las mensuras de las tierras reservadas para poder transferirles el dominio dc las tierras.
A mediados de los 80 la política del gobierno neuquino facilitó que se realizaran una serie de cursos de formación de líderes Mapuche, en el seno de los cuales se dio información legal básica para que se comprendiera la necesidad de las personerías jurídicas como elemento indispen­sable para ser titulares de dominio. También en esas reuniones se mate­rializaron planteos basados en los nuevos derechos que les garantizaba la ley 23.302, a la que la Provincia del Neuquen adhirió por Ley 1800. Por ejemplo, se logró que los Mapuche de la cuenca de Huechulafquen dejaran dc pagar el derecho de pastaje que resultaba expropiatorio.
Durante esa década se reanimó la Confederación Mapuche Neuquina, que había sido creada en 1970 en Pampa del Malleo, a instancias del Obispo Jaime De Nevares. El hecho que el gobierno apoyase las gestio­nes desde la Dirección de Asuntos indígenas pronto hizo que surgieran cuestionamientos por parte de quienes no coincidían políticamente con el partidlo gobernante. Claro ejemplo de ello fue la resistencia tanto al estatuto tipo cuanto a las leyes tendientes a posibilitar la entrega de los títulos de propiedad.
Las críticas al estatuto tipo se basaban en la falta de consenso y participa­ción de las Comunidades en la elaboración del modelo y respecto de la ley provincial 1759 de 1988, que autorizaba al ejecutivo provincial a escriturar las tierras a favor de las comunidades, se la cuestionó por cuan­to decía que se trataba de una "... solución definitiva ...". En 1991 cuando ya se comenzaban a preparar los títulos de propiedad y para evitar ma­las interpretaciones se quitaron dichas palabras mediante Ley, 1880.
La mayor utilidad de la personería jurídica que se les otorgó a las Comunidades Mapuche en aquella oportunidad, fue la de viabilizar los títulos de propiedad, pero en algunos casos, como el de la Agrupación Mapuche: Painefilú, que no quiso aceptar el modelo propuesto desde el gobierno, implicó una toma de conciencia y ejercicio del protagonismo desde la Comisión Directiva, que asumió la responsabilidad de capacitarse como para comprender el por qué y la significación de esta necesidad de reconocimiento de existencia por parte del gobierno; y; recién entonces se dispuso a redactar su propio estatuto, artículo por artículo y paradójicamente fue la primera de las Comunidades de la zona Sur que obtuvo el título de sus tierras.
Por ultimo , nos parece interesante comentar un estudio hecho en nueve provincias por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen de la Iglesia Católica el cual indica que el 66 por ciento de las comunidades aborígenes no tiene títulos de propiedad de sus tierras, a lo que se suman irregularidades que no respetan sus derechos legales.
Cuando se otorgan tierras a los aborígenes, se lee en el estudio del equipo, “generalmente se entregan pequeñas parcelas –a veces tierras no aptas, áridas– que no permiten la subsistencia”. A lo que se agrega que en otros casos se entregan tierras fiscales que ya están ocupadas por otros, “generándose conflictos entre pobres y transfiriendo el problema a los grupos afectados”.
Como ejemplo, se presenta un hecho ocurrido en 1996 con la Colonia Aborigen Chaco. El gobierno provincial entregó el título comunitario de 20 mil hectáreas a 800 familias tobas. Pero 6500 están ocupadas por veinte pobladores no indígenas que no han sido desalojados.
Si bien la concentración de la propiedad de la tierra es en sí mismo un problema de orden económico y legal de gran importancia en el país, pocas veces se toma en cuenta que los aborígenes argentinos –los guaraníes, tobas, pilagás, mocovíes, wichies, y otros grupos– se cuentan entre los más afectados por esta situación. Es que por una parte se les arrebata el derecho a las tierras que les pertenecieron ancestralmente y, por otra, se los priva del hábitat cultural en el que pueden desarrollarse y vivir en armonía con la naturaleza y de acuerdo a sus propias tradiciones.
Lejos de Buenos Aires y de los centros del poder, las novecientas comunidades aborígenes del país –según los relevamientos del Instituto Nacional Indigenista– poco tienen que decir y hacer frente al “lobby” de los grandes grupos económicos que siguen concentrando la propiedad de la tierra en pocas manos.
Los derechos históricos y hasta constitucionales que alegan los aborígenes argentinos no pesan frente a la influencia real, los contactos y el poder económico del pequeño grupo de propietarios que en conjunto suman más de dos millones de hectáreas. A lo que deben agregarse casos en los que, según una denuncia del Equipo, no se respetan normas ambientales básicas.
A través de muchos reclamos, luchas y reivindicaciones, las comunidades aborígenes lograron introducir en la Constitución reformada en 1994 el reconocimiento de sus derechos como pueblos preexistentes a la conformación de la propia nación y, mediante ese argumento, que se les reconozca el derecho a la propiedad de la tierra que habitan y de aquéllas, aptas y suficientes, para desenvolverse de acuerdo a sus necesidades materiales y culturales (artículo 75, inc. 17). Estas mismas prerrogativas se trasladaron a algunas constituciones provinciales. Sin embargo, los textos no se traducen en acciones prácticas.
Además de los problemas de tierras, existen también dificultades de tipo cultural respecto de la organización comunitaria de los aborígenes. La mayoría de los grupos no aspira a títulos individuales sino que piden la propiedad única e indivisa de toda la comunidad, “para mantener su cohesión social y el ecosistema y los recursos naturales”. Pero, en cambio, los gobiernos (provinciales) entregan pequeñas parcelas creando conflictos y divisiones en el seno de las comunidades.
Un ejemplo es lo que viene ocurriendo en Salta con la asociación Laka Honat, que nuclea a 35 comunidades de distintos pueblos indígenas que solicitaron un título único e indiviso de las tierras, fundamentando su pedido en “las condiciones de extrema fragilidad ambiental que presenta el Chaco salteño”. El estudio señala que a pesar de esta solicitud y del aval científico del proyecto de distribución de tierras elaborado por la Universidad de Salta, el gobierno provincial llevó adelante un proceso de mensura y subdivisión de las tierras, otorgando en los primeros meses de este año pequeñas parcelas a pobladores criollos y aborígenes, lo que generó divisiones y conflictos.
Es cierto que en los ultimos años, los indígenas experimentaron una suerte de integracion dentro de la sociedad y esperamos que esta tendencia continúe creciendo. Si bien en los ultimos años, el acontecimiento más importante ha sido el reconocimiento creciente de los pueblos indígenas, en cuanto se reconoce que tienen derechos contra el estado y en segundo lugar, son reconocidos como quienes mejor podrían administrar sus tierras y los recursos naturales a ellas relacionados, de manera respetuosa del medio ambiente, resulta imposible llegar a un consenso entre los miembros de esté grupo de trabajo en cuanto a la conclusión, pero lo que podemos asegurar es que para los indígenas definitivamente “hay promesas pero no tierras”.
*Propuestas del Foro Nacional del P.P.I. ( Proceso de participación de los pueblos indígenas) 25/8 al 3/9 de 1997.
*Marco legal para las Comunidades Indígenas de Argentina, Germán A. Pollitzer. Fundación Cruzada Patagónica. 2001.
*Petitorio de las comunidades aborígenes de la provincia de Jujuy y Salta en el encuentro del Jubileo de la tierra realizado en Abre Pampa los días 19 y 20 de Agosto de 2000.
*Documento “ para una mejor distribución de la tierra”, aprobado por la 79ª Asamblea Permanente del Episcopado Argentino el 11/05/2000. www.endepa.org.ar/
*SAPIENS, Enciclopedia ilustrada de la lenga castellana, Ed. Sopena, Argentina
*Convenio 169 de la OIT. Ley 24.071
* ONU, Consejo Economico y Social. Comision de Derechos Humanos. Subcomisión de Discriminaciones y Protección a las minorías. Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas; 14° período de sesiones; 29 de Julio al 2 de Agosto de 1996.-

References: artículo 13
 artículo 67
 Resolución 
 artículo 67
 artículo 67
 artículo 20
 artículo 16
in fine