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Timestamp: 2020-05-27 21:24:35+00:00

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COMENTARIO A FALLO Diario DPI Suplemento Derecho Civil, Bioética y Derechos Humanos Nro. 59 – 21.05.2020 – Derecho Para Innovar
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Ante un deudor alimentario remiso: ¿cuál es la tasa de interés que corresponde imponer? ¿Resulta de aplicación el aditamento previsto por el art. 552 del CCCN?
Por Malcolm Levy
Hay dos figuras, entre tantas otras, que se repiten con cierta regularidad en los Tribunales cuando hablamos de los procesos de alimentos: el primero es el deudor empedernido, que a la par de ello muchas de las veces ha desaparecido en todos los aspectos de la vida de sus hijos, ya no sólo con la asistencia económica sino de ningún otro tipo. El otro es quién luego de un tiempo considerable de haberse desentendido en todo sentido de sus obligaciones, tanto de las alimentarias como de las restantes, arriba al proceso casi de forma inesperada cuál si fuera un “paracaidista” sorprendido por el injusto reclamo, y arriba a un acuerdo esperanzador para la reclamante, más no sea ya para volver a esfumarse, dando la idea de que ya traía un elucubrado y cruel plan que no tuvo en miras otra cosa más que la de incumplir inmediatamente el mismo, sin haber tenido nunca en miras ni la más mínima intención de cumplir -al menos parcialmente- aquél. El caso en análisis parece encuadrar con la segunda figura. En casos como estos, ¿cómo logramos revertir dicha contumacia? ¿Cuál sería la coacción necesaria y más efectiva para evitar que la misma se siga dilatando en el tiempo?
II.- Planteos
La Sra. F. se agravia tanto de la imposición de la tasa activa impuesta como de la falta de aditamento alguno, pese a haberlo requerido en la pretensión inicial. En este sentido podríamos dividir el planteo recursivo en dos partes: 1°) la tasa de interés que corresponde imponer; 2°) si resulta de aplicación aditamento alguno en el caso.
III.- Tasa que corresponde aplicar
En primer término, he de señalar que en este caso el Juzgado de Primera Instancia aplicó “el interés que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento”. ¿Es correcta la tasa aplicada?
Indica el art. 552 del C.C.C.N. en su parte pertinente es que “Las sumas debidas por alimentos por el incumplimiento en el plazo previsto devengan una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central…”.
Con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación se encuentra definitivamente zanjada una discusión que venía de larga data en relación a si correspondía o no la aplicación de intereses para las deudas por alimentos, que ya había sido clarificada jurisprudencialmente, a raíz del Fallo Plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil con fecha 14 de julio de 1976[2]. Entonces la cuestión es, dando por sentado que corresponde la imposición de una tasa de interés ante el incumplimiento en el pago de los alimentos: la tan afamada ‘tasa activa’ ¿es equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes?
En el caso analizado, la Cámara entendió que de la resolución apelada surge que no se ha aplicado el art. 552 referido, toda vez del cálculo realizado a través del servicio que presta la página de la Corte Provincial con las siete tasas activas que allí se especifican, se obtiene que la tasa activa establecida en la resolución apelada no resulta ser la más alta como lo indica dicha normativa. Por lo tanto, se modificó la resolución y se decidió aplicar la tasa conforme lo normado por el art. 552 del CCyC.
Por ende, la respuesta -según la Cámara- sería que las tasas de interés mencionadas no serían equivalentes, o sea, que la tasa de interés que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento no sería indefectiblemente la más alta que éste cobra a sus clientes, haciendo hincapié en las diversas tasas que la propia SCBA exhibe en su página web, por lo que deberíamos optar por alguna de éstas.
Sin embargo, si la tasa de interés de aplicación actualmente según lo normado por el artículo 552 es la equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, toda vez que las tasas expuestas podrían no ser las más altas del mercado, ¿no correspondería en lugar de utilizar las previstas por el Banco de la Provincia de Bs. As., preferir la del Banco Nación o de algún otro, inclusive de la banca privada, en caso que la misma sea la más alta?
IV.- Aditamento
Por otro lado, en relación al aditamento que había sido requerido por la peticionante y que el Juzgado de Primera Instancia omitió incluir en la resolución de ejecución, ¿correspondió a una omisión por error o a una omisión cometida adrede en el entendimiento que no era de aplicación la misma en un caso como el de autos? Lamentablemente quedará trunca dicha respuesta toda vez que no se hizo referencia alguna a esa negativa más no sea fundándola en la inaplicabilidad al caso de autos como lo indica la norma que rige la materia. Sin perjuicio de ello, es necesario hacerse otras preguntas: ¿se puede entender que corresponde en éste caso el aditamento requerido por la apelante? Y en caso de corresponder, ¿es adecuado el otorgado por la Cámara? ¿Existen otras adiciones en sustitución de la aplicada? ¿Serán mejores o más efectivas? Y la aquí aplicada, ¿es suficientemente coaccionante a los fines perseguidos, esto es, quebrar esa repetida negativa del accionado? La Cámara entendió que “Tratándose de una deuda de alimentos, la duplicación de la tasa de interés del art. 552 del Cód. Civ. y Com. parece suficiente incentivo, no solo para reparar el daño que ya se generó, sino también para evitar que persista”.
Comparto la idea y las intenciones de la Cámara en el sentido de que corresponde dicha adición, aunque entiendo que ninguna coacción será suficiente ante ciertos remisos. A pesar de ello, es necesaria adoptar estas decisiones y no conformarse con ello para lograr quebrantar esa tozudez que tanto se observan en distintos casos.
V.- Planteos adicionales finales
Si bien en su planteo inicial la accionante había solicitado la aplicación prevista por el art. 552 del CCyC y una tasa adicional que fijara la Sra. Jueza de grado, adicionaba a su reclamo costos, actualización monetaria y costas al demandado. En este sentido, tanto Primera Instancia como la Cámara no hicieron alusión respecto de dicha actualización monetaria reclamada, pero esta omisión resulta más entendible en el sentido de que actualmente estaría vedada por la ley de convertibilidad[3].
Sin embargo ello no impide -en otros ámbitos- que dicha prohibición sea cuestionada, tanto si el impedimento de actualización monetaria es aplicable o no también respecto de las deudas alimentarias a raíz de lo normado por la ley de convertibilidad, como la necesidad de superar definitivamente dicha controversia mediante una reforma legislativa en ese sentido que ponga fin a la polémica.
Finalmente, ha de referirse al novedoso enfoque plasmado por la Cámara poniendo el ojo en la cuestión alimentaria con el tamiz de la perspectiva de género y su consecuente evaluación resultante, evidenciando en el constante y repetido incumplimiento y las consecuencias que esto genera para quien debe transitar dicha situación en una cuestión nada menos que como un caso de violencia económica.
Resulta acertado el criterio expuesto por la Cámara respecto de la tasa de interés aplicable, toda vez que en la actualidad y de conformidad con lo normado por el art. 552 del CCCN “el interés que percibe el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento” no resulta ser la “tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central”.-
Por otra parte, respecto de la posibilidad del aditamento que el juez puede fijar según las circunstancias del caso, entiendo que corresponde su aplicación en un caso como el que se analiza, más no que este sea suficiente, pese a que pueda suponerse que conlleve a la coacción suficiente para torcer ciertas rebeldías incorregibles, que ni las más fuertes sanciones, sean pecuniarias o de otra especie, logran en ciertos casos revertir tan caprichosos comportamientos, pero es un avance que sin su aplicación estaríamos mucho más alejados de lograr.
Por último, es necesaria una reforma legislativa que permita la posibilidad de aplicación de una actualización monetaria ante las deudas de alimentos y que supere definitivamente la polémica actual respecto de su prohibición en éste sentido.
[1] Abogado, UBA, 2006. Especialista en Derecho Procesal Civil, Posgrado UBA, 2011. Auxiliar Letrado del Juzgado de Familia N° 7, Departamento Judicial La Matanza, Pcia. de Bs. As.
[2] CNac. Apel. Civ., en pleno, ”M. de M. I. c/ M. R. O.”, 14/07/1976, en LL 1976-C 174; JA 1976 III 642.
[3] Artículo 7º de la Ley Nº 23.928 “El deudor de una obligación de dar una suma determinada de Australes, cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada. En ningún caso se admitirá la actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor, con posterioridad al 1º del mes de abril de 1991, en que entra en vigencia la convertibilidad del Austral”.
Diario DPI Suplemento Derecho del Deporte Nro 25 – 20.05.2020

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 552
 resolución 
 Artículo 7