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Timestamp: 2017-08-22 20:27:49+00:00

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﻿ Auto 2011-02654 de enero 21 de 2015
AUTO 2011-02654 DE 21 DE ENERO DE 2015
CONTENIDO:PROCESO DISCIPLINARIO. LOS PRONUNCIAMIENTOS DISCIPLINARIOS EMITIDOS POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA NO SON SUSCEPTIBLES DE REVOCATORIA DIRECTA. DICHO MECANISMO EXCEPCIONAL TIENE COMO ÁMBITO DE APLICACIÓN ÚNICAMENTE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS PROFERIDOS POR LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS QUE EJERCEN LA POTESTAD DISCIPLINARIA, SEÑALADOS EXPRESAMENTE EN EL INCISO 1º DEL ARTÍCULO 2º DE LA LEY 734 DEL 2002, ES DECIR, LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, LAS PERSONERÍAS DISTRITALES Y MUNICIPALES, LAS OFICINAS DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO Y LOS FUNCIONARIOS CON POTESTAD DISCIPLINARIA DE LAS DIFERENTES RAMAS, ÓRGANOS Y ENTIDADES DEL ESTADO. LOS PRONUNCIAMIENTOS DE LA JURISDICCIÓN DISCIPLINARIA SON DE NATURALEZA JUDICIAL, ES DECIR, CORRESPONDEN A SENTENCIAS Y AUTOS CONTRA LOS CUALES PROCEDEN LOS RECURSOS EXPRESA Y TAXATIVAMENTE ESTABLECIDOS EN LA LEY.
TEMAS ESPECÍFICOS:SANCIÓN DISCIPLINARIA, PROCESO DISCIPLINARIO, ACTO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIÓN NACIONAL, REVOCACIÓN DIRECTA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, FALLO DISCIPLINARIO
Auto 2011-02654 de enero 21 de 2015
Radicación 110010102000201102654 01
Aprobado según acta 2 de la misma fecha
Bogotá, D.C., enero veintiuno de dos mil quince.
Conforme con lo dispuesto en los artículos 256-3 de la Constitución Política y 112-4 de la Ley 270 de 1996, corresponde a esta Sala decidir los recursos interpuestos en los procesos disciplinarios que conoce en única instancia sin embargo, no es este el caso como pasará a analizarse.
De la revocatoria directa - Marco normativo
El anterior Código Contencioso Administrativo(1) consagraba, que de los actos administrativos debían ser revocados por los mismos funcionarios que los hubieran expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, cuando fuera manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley, no estuvieran conformes con el interés público o social, o atentaran contra él y, cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. De idéntica forma está prevista en el actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(2).
Esta figura, que, se itera, puede surgir de una actuación oficiosa de la administración o a solicitud del afectado con el acto administrativo, tiene como propósito que las decisiones no ajustadas a derecho dejen de producir efectos jurídicos, en particular al administrado y, porque la administración no puede estar atada a un yerro que la desvíe de los fines del Estado.
Frente a las causales de revocatoria ha precisado la doctrina(3):
“En este punto no hay variación alguna, pues el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo conserva idénticas las causales del Código Contencioso Administrativo, de suerte que, ahora como antes, los actos administrativos son revocables en cualquiera de los siguientes casos: (i) “cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley”, (ii) “cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él” y (iii) “cuando con ellos se cause un agravio injustificado a una persona.
En cuanto a la primera de estas causales, vale la pena resaltar que tiene que ver con la ilegalidad del acto y que la administración, cuando encuentra que este es contrario a la Constitución o a la ley, lo que hace es retirarlo de la vida jurídica, dejarlo sin efecto mediante el mecanismo de la revocatoria, mas no declarar su inconstitucionalidad o ilegalidad, pues ello es tarea propia de los jueces, previa demostración ante estos de la existencia de la violación de las normas superiores.
En relación con esta misma causal (“Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley”), debe ponerse de presente que, como lo indica la norma, no basta cualquier clase de oposición con las normas superiores, sino que debe tratarse de una oposición “manifiesta”, entendida por tal la que surge de bulto, en forma evidente, de la simpe comparación de textos y sin necesidad de interpretación jurídica alguna.
Por su parte, las otras dos causales hacen relación a la inconveniencia del acto y a su repercusión entre el conglomerado o en relación con una determinada persona.
En efecto, la segunda de las causales que consagra el artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de configura cunado el acto no se conforma con el interés público o social o atenta contra el mismo, cosa que normalmente ocurre —dicho sea de paso— ante actos discrecionales de carácter general, no ante actos reglados de orden individual; en cambio, la tercera de aquellas causales se da cuando el acto agravia sin justificación “a una persona”, sea esta natural o jurídica, pública o privada, cosa que, si bien suele suceder igualmente cuando el acto no es reglado sino discrecional, se presenta más que todo ante actos de carácter individual y concreto.
Valga la pena anotar en este punto que, cuando se está frente a la última causal mencionada, esto es, frente a la que habla del “agravio injustificado a una persona”, es necesario medir la intensidad del mismo, pues es normal que los actos administrativos impongan alguna carga al administrado, lo que podría mirarse como un agravio, pero que solo se torna injustificado cuando excede los límites de lo razonable o carece de sustento o justificación alguna”.
Uno de los cambios más significativos, es en cuanto a la improcedencia de la revocatoria directa según lo previsto en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues en la normatividad anterior, la única limitante era que el peticionario hubiera ejercido los recursos en la vía gubernativa(4), en el actual código, dicha condición solo aplica para la primera de las causales, esto es, cuando el acto se oponga manifiestamente a la Constitución Política o a la ley, en los demás casos, el interesado podría interponer los recursos de ley y, al mismo tiempo, hacer uso de la figura de revocatoria directa.
Otra limitante que impone la Ley 1437 de 2011(5), es que cuando haya operado la caducidad de la acción judicial contra el acto administrativo, el interesado pierde la oportunidad de invocar la revocatoria directa del mismo, lo que concuerda con lo dispuesto en la misma codificación(6), cuando establece que dicha solicitud no revive los términos para acudir en control de legalidad del acto ante la jurisdicción contencioso administrativa. Así lo ha entendido de vieja data el Consejo de Estado al precisar “... que de acuerdo con el artículo 72 del Código Contencioso Administrativo, uno de los efectos procesales más importantes de la revocatoria directa es precisamente el que ni la petición elevada, ni la decisión asumida tienen la virtualidad de revivir los términos legales para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas”(7).
Debe entenderse igualmente, que aquella limitante no aplica cuando la revocatoria es de oficio.
En cuanto a la oportunidad para invocar dicha solicitud, también coinciden el derogado Decreto 1 de 1984 y la Ley 1437 de 2011(8), en el sentido de que puede interponerse aunque se haya demandado el acto ante la jurisdicción contencioso administrativa, siempre que no se haya proferido auto admisorio de la demanda. No obstante, la nueva codificación(9), prevé la posibilidad que en el curso de un proceso judicial, hasta antes de proferirse sentencia de segunda instancia, de oficio o a petición del interesado o del Ministerio Público, las entidades demandadas puedan formular oferta de revocatoria de los actos administrativos impugnados, previa aprobación del comité de conciliación de la entidad. Dicha oferta deberá indicar los actos objeto de la misma y la forma en que se propone restablecer el derecho conculcado o reparar los perjuicios causados con los actos demandados. De la oferta, si se ajusta a derecho, el juez debe correr traslado al demandante quien deberá manifestar si la acepta, evento en el cual el proceso se da por terminado mediante auto que prestará mérito ejecutivo.
De la revocatoria directa en materia disciplinaria
Ahora bien, respecto de la revocatoria directa de los actos de sanción disciplinaria, la Ley 734 de 2002 con las modificaciones introducidas por la Ley 1474 de 2011, consagra lo siguiente:
“ART. 122.—Procedencia. Modificado por el art. 47, L. 1474/2011. Los fallos sancionatorios podrán ser revocados de oficio o a petición del sancionado, por el Procurador General de la Nación o por quien los profirió”.
“ART. 123.—Competencia. Modificado por el art. 48, L. 1474/2011. Los fallos sancionatorios podrán ser revocados por el funcionario que los hubiere proferido o por su superior funcional.
PAR.—El Procurador General de la Nación podrá revocar de oficio los fallos sancionatorios expedidos por cualquier funcionario de la Procuraduría, o asumir directamente el conocimiento de la petición de revocatoria, cuando lo considere necesario, caso en el cual proferirá el fallo sustitutivo correspondiente”.
“ART. 124.—Causal de revocación de los fallos sancionatorios. Modificado por el art. 49, L. 1474/2011. Los fallos sancionatorios son revocables solo cuando infrinjan manifiestamente las normas constitucionales, legales o reglamentarias en que deben fundarse. Igualmente cuando con ellos se vulneren o amenacen manifiestamente los derechos fundamentales”.
En el examen de constitucionalidad de los artículos 123 y 125 de la Ley 734 de 2002, la Corte Constitucional(10) precisó, que la revocatoria directa de los fallos disciplinarios se encuentra consagrada en los artículos 122 a 127 de dicha ley, cuyas características fundamentales son: i) la revocatoria procede contra fallos sancionatorios y no contra fallos absolutorios, salvo, que se trate de faltas disciplinarias que constituyan violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario; ii) hay lugar a ella de oficio o a petición del sancionado, es decir, la autoridad disciplinaria puede hacerlo por sí misma o a petición de la persona en quien recayó la sanción. De acuerdo con esto, la eventual víctima de la conducta por la cual se investigó al servidor público no podría solicitar la revocatoria del fallo; iii) el competente para revocar un fallo es el funcionario que lo profirió, su superior jerárquico o el Procurador General de la Nación. Este funcionario puede asumir directamente el conocimiento de una petición de revocatoria; iv) las causales para la revocatoria de un fallo sancionatorio son la infracción manifiesta de las normas constitucionales, legales o reglamentarias y la vulneración o amenaza manifiesta de los derechos fundamentales; v) existe un presupuesto de procedibilidad consistente en que contra el fallo no se hubieren interpuesto los recursos ordinarios; vi) la solicitud de revocatoria puede hacerse aun cuando el sancionado haya acudido a la jurisdicción contenciosa, pero siempre que no se haya dictado sentencia. Si en el proceso se ha proferido sentencia, la revocatoria puede solicitarse por causa distinta a la que dio origen a la decisión judicial; vii) los requisitos para solicitar la revocatoria son: la identificación de investigado y su dirección, la identificación del fallo y la sustentación de los motivos de inconformidad relacionadas con la causal invocada; viii) la solicitud que no cumpla con tales requisitos se inadmite y si no se corrige dentro de los cinco días siguientes, se rechaza; ix) el término para resolver la solicitud de revocatoria directa es de tres meses a partir de su recibo; x) la petición y su decisión no reviven términos para el ejercicio de acciones contencioso administrativas, no dan lugar a interponer recurso alguno y no permiten la aplicación del silencio administrativo.
A su turno, sobre la revocatoria directa de las decisiones disciplinarias sancionatorias, el Consejo de Estado ha señalado(11):
“Las decisiones disciplinarias sancionatorias pueden ser objeto de revocación directa a solicitud del sancionado o por iniciativa de la misma administración, además que la solicitud de revocatoria puede ser conocida no solo por la autoridad que profirió la decisión sino también por el Procurador General de la Nación. Es preciso destacar que la revocación de los fallos sancionatorios tiene como causal la infracción manifiesta del ordenamiento jurídico (Constitución, ley o reglamento) o, la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En esas condiciones y establecido como está que el Procurador General tiene competencia para revocar directamente los fallos sancionatorios emitidos al interior de las diferentes entidades públicas, y que además puede aprehender de oficio el conocimiento de tales asuntos, el argumento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público resulta infundado”.
Sin embargo, teniendo en cuenta que la revocatoria directa es una prerrogativa de control de la administración sobre sus actos, que se traduce en la potestad de revisar asuntos respecto de los cuales ha adoptado una decisión, con miras a enmendar en forma directa o a petición de parte sus actuaciones lesivas de la constitucionalidad o legalidad, no puede predicarse esta figura de los fallos disciplinarios emitidos por esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria, que no es autoridad administrativa sino judicial y por ende, no expide actos administrativos sino actos jurisdiccionales, los cuales no son sujetos de control de legalidad ni tampoco de revocatoria directa por esta misma corporación.
Distinto ocurre con el control disciplinario que ejerce la Procuraduría General de la Nación, que tal como lo ha precisado el Consejo de Estado(12), no constituye función jurisdiccional. La Procuraduría no juzga ni sentencia, puesto que no es un juez; es la máxima autoridad disciplinaria en el ámbito externo de ejercicio de dicha potestad, pero como una manifestación de la función administrativa, no de la función jurisdiccional. Aclara a este respecto que la Procuraduría no es un poder omnímodo no sujeto a controles, ni es una nueva rama del poder, ni es un nuevo juez creado sobre la marcha en contravía del diseño constitucional. Más aún, el uso corriente de la expresión “juez disciplinario” por la Corte Constitucional para hacer referencia a la Procuraduría, no puede interpretarse bajo ninguna perspectiva en el sentido de que la Procuraduría sea una autoridad jurisdiccional, ni que sus dictámenes disciplinarios tengan la naturaleza jurídica de sentencias que hagan tránsito a cosa juzgada; tampoco el uso de la palabra “fallos” o “instancias”, en el que se suele incurrir.
Es por ello que esa corporación ha insistido en que el ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de la administración pública y la Procuraduría General de la Nación, es función administrativa y no judicial(13):
“Para el Consejo de Estado resulta indudable que los actos de control disciplinario adoptados por la Administración Pública y por la Procuraduría General de la Nación, es decir, aquellos actos expedidos en ejercicio de la potestad disciplinaria en sus ámbitos interno y externo, constituyen ejercicio de función administrativa, y por lo tanto son actos administrativos sujetos al pleno control de legalidad y constitucionalidad por la jurisdicción contencioso-administrativa. No se trata de actos que manifiesten la función jurisdiccional, ni mucho menos de una función sui generis o nueva del Estado, sino —se reitera con énfasis— de actos administrativos que tienen, por definición, control judicial”.
Por el contrario, la función disciplinaria que ejerce el Consejo Superior de la Judicatura a través de sus salas disciplinarias es jurisdiccional, tal como lo dispone la Ley Estatutaria de Administración de Justicia(14), cuando establece que “las providencias que en materia disciplinaria se dicten en relación con funcionarios judiciales son actos jurisdiccionales no susceptibles de acción contencioso-administrativa”.
No es por otro motivo que su consagración constitucional se encuentre en el título VIII —De la Rama Judicial— capítulo 7(15) y que dicha función jurisdiccional obviamente, sea reconocida por la guardiana de la Constitución(16):
“... la Corte ha reconocido el rol de la jurisdicción disciplinaria en el examen de las conductas y la sanción de las faltas de los funcionarios judiciales, en atención a la distribución de competencias orgánicas y funcionales de los distintos poderes públicos y de la misma Rama Judicial.
Sobre el particular, señaló la Sentencia C-265 de 1993:
“La creación del Consejo Superior de la Judicatura obedece a varios propósitos del constituyente entre los que está la idea de modernizar y transformar las funciones correspondientes a la administración de los recursos económicos y de personal de la justicia y la del fortalecimiento de la actividad disciplinaria garantizando el mantenimiento de elementos doctrinarios y de distribución de competencias orgánicas y funciones de los distintos poderes públicos que en especial se relacionan con la autonomía de integración de la misma Rama Judicial.
Además a dicho organismo le compete cumplir funciones disciplinarias y algunas judiciales, que corresponden a la Sala Disciplinaria, como las de examinar la conducta y sancionar en las instancias que señale la ley, las faltas de los funcionarios de la Rama Judicial, así como la de los abogados en el ejercicio de su profesión y la de dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones (C.N., art. 256 y D. 2652/91, art. 10) (...).
Así la Sala Jurisdiccional Disciplinaria ha sido creada orgánica y funcionalmente en forma autónoma. En efecto, fue creada únicamente para el ejercicio de la función jurisdiccional disciplinaria, que por constituir función pública de administración de justicia actuó como órgano autónomo y con independencia de sus nominadores (C.P., art. 228)”.
La sujeción de los funcionarios judiciales al control de unos órganos específicos de la misma Rama Judicial obedece, entonces, a las características propias de su función jurisdiccional y a la necesidad de mantener la independencia funcional de la rama, en consonancia con la autonomía estructural y funcional que le asigna la Constitución”
El numeral 3º del artículo 256 de la Carta, que le entrega al Consejo Superior de la Judicatura la función de examinar y sancionar las faltas de los funcionarios de la Rama Judicial es, precisamente, el punto de partida de la labor de control disciplinario que cumple esa jurisdicción”.
En el caso en examen, el peticionario solicitó la revocatoria directa de los fallos disciplinarios del 15 de agosto y 12 de noviembre, ambos de 2014, el primero proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia y, el segundo, emitido por esta Sala en segunda instancia.
Sobre el particular ya se ha pronunciado esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria(17), al manifestar la improcedencia de la solicitud de revocatoria directa de sus fallos:
“Súmese a lo anterior que las revocatorias directas constituyen mecanismos propios de las actuaciones administrativas, de las que hacen parte las decisiones asumidas en actuaciones disciplinarias por la Procuraduría General de la Nación, los organismos de control interno disciplinario de las distintas entidades del Estado, o en su defecto los superiores jerárquicos en aquellas donde no se haya implementado dicho control, pero no ocurre lo mismo con las determinaciones asumidas por los jueces disciplinarios —Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura— cuyas determinaciones se erigen en verdaderas decisiones jurisdiccionales no susceptibles de control judicial, adquieren carácter de cosa juzgada y por lo mismo, tampoco pueden ser objeto de revocatoria directa; en efecto el artículo 111 de la LEAJ, enseña:
“ART. 111.—Alcance. Mediante el ejercicio de la función jurisdiccional disciplinaria se resuelven los procesos que por infracción a sus regímenes disciplinarios, se adelanten contra los funcionarios de la Rama Judicial, salvo sobre aquellos que gocen de fuero especial según la Constitución Política, los abogados y aquellas personas que ejerzan función jurisdiccional de manera transitoria u ocasional. Dicha función la ejerce el Consejo Superior de la Judicatura a través de sus salas disciplinarias.
Toda decisión disciplinaria de mérito, contra la cual no proceda ningún recurso, adquiere la fuerza de cosa juzgada”.
Sobre el punto y en ejercicio del control previo de constitucionalidad la Corte Constitucional dijo:
“Se tiene, entonces, que las providencias que dicte la Sala Jurisdiccional Disciplinarias son en realidad sentencias y, por tanto, cuentan con la misma fuerza y efectos jurídicos que aquellas que profiera cualquier otra autoridad judicial. No obstante, si una providencia que resuelva un asunto disciplinario contiene, en los términos que ha definido la Corte Constitucional, una vía de hecho que acarree la ostensible vulneración de un derecho constitucional fundamental, entonces será posible acudir a un medio de defensa judicial como la acción de tutela para reparar el menoscabo que se ha causado mediante esa decisión”(18) (Negrillas de la Sala).
Y en pronunciamiento más reciente señaló esta misma corporación(19):
“Improcedencia de la revocatoria directa frente a decisiones jurisdiccionales disciplinarias. Conforme con lo expuesto en el acápite anterior, es claro que el marco jurídico que regula dicho mecanismo excepcional tiene como ámbito de aplicación únicamente los actos administrativos disciplinarios proferidos por las autoridades administrativas que ejercen la potestad disciplinaria señalados expresamente en el inciso primero del artículo 2º de la Ley 734 de 2002, es decir, la Procuraduría General de la Nación, las personerías distritales y municipales, las oficinas de control disciplinario interno y los funcionarios con potestad disciplinaria de las diferentes ramas, órganos y entidades del Estado.
Respecto de las decisiones proferidas en el marco de la acción disciplinaria por parte de esta jurisdicción no son susceptibles de solicitud de revocatoria directa, por las siguientes razones:
• Los pronunciamientos de la jurisdicción disciplinaria son de naturaleza judicial, es decir, corresponden a sentencias y autos contra los cuales proceden los recursos expresa y taxativamente establecidos en el capítulo séptimo del título XII de la Ley 734 de 2002, artículos 207 y 208, que prescribe:
“ART. 207.—Contra las providencias proferidas en el trámite disciplinario proceden los recursos a que se refiere este código. Además procederá, la apelación contra el auto de archivo definitivo y el auto que niega las pruebas.
ART. 298.—Las sentencias u otras providencias que pongan fin de manera definitiva a los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia los consejos seccionales de la Judicatura y no fueren apeladas, serán consultadas con el superior solo en lo desfavorable a los procesados”.
• Conforme al artículo 205 de la Ley 734 de 2002, las providencias que dicte la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, adquieren ejecutoria desde el momento de la suscripción de la resolución, por lo tanto no son susceptibles de recurso alguno; dice la norma:
“ART. 205.—La sentencia de única instancia dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y las que resuelvan los recursos de apelación, de queja, la consulta y aquellas no susceptibles de recurso, quedarán ejecutoriadas al momento de su suscripción”.
• Por expreso mandato del artículo 111 de la Ley 270 de 1996, “las providencias que en materia disciplinaria se dicten en relación con funcionarios judiciales son actos jurisdiccionales no susceptibles de acción contencioso administrativa. Toda decisión disciplinaria de mérito, contra la cual no proceda ningún recurso adquiere la fuerza de cosa juzgada”.
La Corte Constitucional en la Sentencia C-417 del 4 de octubre de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, al definir la naturaleza de las decisiones de la jurisdicción disciplinaria, señaló:
“Es claro que dicha Sala (Jurisdiccional Disciplinaria) fue creada con el fin de garantizar que, dentro de la propia Rama Judicial, un organismo autónomo de alto rango con funciones de naturaleza jurisdiccional tuviera a su cargo la tarea de examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la misma, con la excepción de aquellos que gozan de fuero constitucional (C.N., art. 256, num. 3º).
Formalmente, el ejercicio de la función jurisdiccional implica al desarrollo de una serie de actos procesales que culminan en la expedición de un acto final —la sentencia—, llamada a definir el punto controvertido con fuerza de verdad legal. Es esto precisamente lo que acontece con las providencias que profiere la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y los consejos seccionales en desarrollo de la aludida función (...).
La Constitución de 1991 creó, pues, una jurisdicción, cuya cabeza es la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, con el mismo nivel jerárquico de las demás (título VIII, capítulo 7 de la Carta). Sus actos en materia disciplinaria son verdaderas sentencias que no están sujetas al posterior estudio y pronunciamiento de otra jurisdicción, como sería el caso de la contencioso administrativa, si se admitiera la tesis sostenida por el Procurador en este proceso, pues la Constitución no lo prevé así. Mal podría, entonces negárseles tal categoría y atribuir a sus providencias el carácter de actos administrativos, pese a la estructura institucional trazada por el constituyente. Eso ocasionará el efecto —no querido por la Carta (C.N., arts. 228 y 230)— de una jurisdicción sometida a las determinaciones de otra.
Se tiene, entonces, que las providencias que dicte la Sala Jurisdiccional Disciplinaria son en realidad sentencias y, por tanto, cuentan con la misma fuerza y efectos jurídicos que aquellas que profieran cualquier otra autoridad judicial”.
Por lo tanto, la solicitud de revocatoria presentada por la quejosa contra la providencia de fecha septiembre 4 de 2013, aprobada en Sala 68 de la misma fecha, se rechazará por improcedente”.
En igual sentido se pronunció esta superioridad en Sala reciente, siguiendo el precedente de la corporación(20).
Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, en las cuales fue esclarecida la calidad de actos jurisdiccionales y no administrativos que emite esta Sala en ejercicio de la potestad disciplinaria, no es posible resolver la solicitud de revocatoria directa, pues los actos cuestionados fueron proferidos dentro de una actuación adelantada bajo la competencia prevista en el artículo 111 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 256 numeral 3º de la Constitución Política contra el funcionario judicial peticionario, la que se itera, es función jurisdiccional no susceptible de la figura invocada, pues esta con el propósito de asegurar la legalidad y la prevalencia del interés público o social, comporta la obligación y/o facultad de que la administración pública proceda a revocar sus actos de oficio o a petición de parte, cuando se constate la ocurrencia de una de las causales previstas en la ley.
Así las cosas y teniendo en cuenta que no está previsto dentro de la competencia de la corporación(21), esta Sala se abstendrá de resolver la petición de revocatoria directa elevada por el doctor Jhon Álvaro Arbeláez Gallego.
1. RECHAZAR la solicitud de revocatoria directa instaurada por el doctor Jhon Álvaro Arbeláez Gallego, por ser manifiestamente improcedente.
2. COMUNICAR la presente decisión por los medios prescritos por la Ley.
1 Art. 69 Decreto 1 de 1984.
2 Art. 93 Ley 1437 de 2011.
3 Carlos Alberto Zambrano Barrera, “Revocatoria Directa del Acto Administrativo” Págs. 76-77.
4 Art. 70 Decreto 1 de 1984.
5 “Art. 94. Improcedencia La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1º del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial”.
6 “Art. 96. Efectos. Ni la petición de revocación de un acto, ni la decisión que sobre ella recaiga revivirán los términos legales para demandar el acto ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo”.
7 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, sentencia del 26 de julio de 2011, exp. 11001-03-26-000-1996-00011-01(16131), C.P. Enrique Gil Botero. Posición reiterada desde la sentencia del 24 de mayo de 2007, exp. 15580, C.P. Ligia López Díaz y Auto del 6 de mayo de 2010, exp. 1975-09, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
8 “Art. 95. Oportunidad. La revocación directa de los actos administrativos podrá cumplirse aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que no se haya notificado auto admisorio de la demanda.
Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación directa no procede recurso”.
9 Ibídem. PAR.—No obstante, en el curso de un proceso judicial, hasta antes de que se profiera sentencia de segunda instancia, de oficio o a petición del interesado o del Ministerio Público, las autoridades demandadas podrán formular oferta de revocatoria de los actos administrativos impugnados previa aprobación del comité de conciliación de la entidad. La oferta de revocatoria señalará los actos y las decisiones objeto de la misma y la forma en que se propone restablecer el derecho conculcado o reparar los perjuicios causados con los actos demandados.
10 Corte Constitucional Sala Plena, Sentencia C-014 de 20 de enero de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Sección Segunda Subsección A, sentencia del 27 de enero del 2011, exp. 11001-03-25-000-2006-00058-00(1143-06), C.P. Alfonso Vargas Rincón.
12 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección A, sentencia del 11 de julio de 2013, exp. 11001-03-25-000-2011-00115-00 (0390-2011), C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
14 Art. 111 inciso 2º Ley 270 de 1996.
15 Arts. 254-257.
16 Corte Constitucional Sala Novena de Revisión, Sentencia T-319A del 3 de mayo de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
17 Aprobado en Sala 101 del 20 de octubre de 2011, exp. 110010102000201101101 00 (3115-10), M.P. Julia Emma Garzón de Gómez.
18 Corte Constitucional Sala Plena, Sentencia C-037 de 1996.
19 Aprobado en Sala 26 del 9 de abril de 2014, exp. 110010102000201300080 00 (3115-10), M.P. Angelino Lizcano Rivera.
20 Aprobado en Sala 47 del 26 de junio de 2014, exp. 110010102000200903264 00, M.P. Wilson Ruiz Orejuela.
21 “ART. 112 Ley 270 de 1996. Funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura:
1. Resolver los impedimentos y recusaciones que se presenten con ocasión de las actuaciones de los miembros de la corporación.
2. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre estas y las autoridades administrativas a las cuales le ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los que se prevén en el artículo 114, numeral tercero, de esta ley y entre los consejos seccionales o entre dos salas de un mismo Consejo Seccional.
5. Designar a los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de los consejos seccionales de la Judicatura, de las listas de aspirantes que hayan aprobado el concurso previamente convocado por la dirección de administración judicial; y,
6. Designar a los empleados de la Sala”.

References: ARTÍCULO 2
 artículo 93
 artículo 72
sui generis
 artículo 256
 artículo 111
 artículo 2
 artículo 205
 artículo 111
 artículo 111
 artículo 256
 artículo 114