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Timestamp: 2020-03-30 07:02:57+00:00

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Sentencia de Tutela nº 1033/08 de Corte Constitucional, 17 de Octubre de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 425929374
Sentencia de Tutela nº 1033/08 de Corte Constitucional, 17 de Octubre de 2008
Derecho a la intimidad, personalidad jurídica y libre desarrollo de la personalidad al negarse la accionada a tramitar el cambio de nombre femenino que tiene por el original masculino. Inicialmente se había cambiado su nombre masculino por uno femenino y se había realizado tratamientos hormonales para obtener una apariencia femenina, sin embargo después de llevar una vida de prostitución y degradación personal reflexionó sobre su futuro y decidió dejar atrás la vida que llevava para procurar la conformación de una familia y la obtención de un trabajo digno, pero la solicitud le ha sido negada aduciendo que previamente había hecho uso de dicha facultad que según el decreto 1260 de 1970, solo puede ejercerse por una sola vez. La corte considera que si bien el decreto en mención es constitucional y razonable, en el caso particular su aplicación torna nugatoria su posibilidad de redefinir su plan de vida y su orientación sexual, se trata de un caso excepcional en el que la aplicación inflexible de la restricción legal compromete el plan de vida de una persona que en una etapa intermedia del proceso de determinación de la personalidad, tomó la decisión apresurada de cambiar su nombre masculino por uno femenino lo cual no puede condenarlo por el resto de su vida a la pérdida de su dignidad, autonomía e igualdad, por lo tanto se concede el amparo y se inaplicará el decreto en mención
Sentencia citada en: 20 sentencias, 8 artículos doctrinales, una noticia
T-1033-08 Sentencia T-110/07 Sentencia T-1033/08
Para la Sala, el límite impuesto por el legislador extraordinario a la facultad de las personas de determinar libremente su nombre, como atributo de la personalidad, es constitucional y razonable, en la medida en que propende por la protección del bien común, mediante la restricción de un derecho fundamental que, en abstracto, no tiene el alcance de afectar su núcleo esencial, con el ánimo de brindar seguridad jurídica a las relaciones de los individuos entre sí y frente al Estado, al tiempo que desarrolla la función de policía inherente al nombre, al limitar para efectos de identificación del individuo, su plena sustituibilidad. Si bien la norma referida, en general, no tiene el alcance de lesionar el núcleo esencial de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica y al libre desarrollo de la personalidad, la Sala considera que, en el caso particular del accionante, su aplicación torna nugatoria su posibilidad de redefinir su plan de vida y, concretamente, su orientación sexual.
CAMBIO DE NOMBRE FEMENINO A ORIGINAL MASCULINO
En el caso del accionante, existe una manifiesta disconformidad con la identidad que proyecta en sociedad, que se concreta en la incompatibilidad entre su reorientación sexual hacia un rol masculino y el nombre femenino que lo identifica, de manera que no puede limitarse su facultad de adecuar la exteriorización de sus notas distintivas a los criterios que indican su íntima concepción, máxime cuando ello anula su posibilidad de realización personal y compromete derechos fundamentales como la identidad sexual, la autonomía y la libertad como, sin duda, ocurre en el caso del actor. No obstante que el accionante ejerció con anterioridad la facultad que otorga la ley para modificar el nombre con el fin de fijar su identidad personal, lo que en principio haría improcedente una nueva solicitud en el mismo sentido, la Sala no puede desconocer que se trata de un caso excepcional en el que la aplicación inflexible de la restricción legal compromete el plan de vida de una persona de escasos 26 años que, en una etapa intermedia del proceso de determinación de su personalidad e identidad sexual, tomó la decisión apresurada de cambiar su nombre masculino por uno femenino, lo cual no puede atarlo indefinidamente a un signo distintivo que no atiende a su identidad sexual definida ulteriormente, ni condenarlo por el resto de su vida a la pérdida de la dignidad, libertad, autonomía e igualdad.
La Sala considera necesario tutelar los derechos fundamentales al reconocimiento de la personalidad jurídica y al libre desarrollo de la personalidad del accionante y, en consecuencia, inaplicar en el caso concreto el artículo 94 del Decreto 1260 de 1970 con el fin de permitirle modificar el nombre femenino que lo identifica por el nombre masculino originalmente registrado, de suerte que pueda fijar su identidad, hacer coincidir su orientación sexual con su signo distintivo en sociedad y desarrollar plenamente su proyecto de vida en condiciones dignas, libres e igualitarias.
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados R.E.G., M.G.C. y M.G.M.C., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha pronunciado la siguiente
Asunto Previo: Reserva de la Identidad del Accionante
En diferentes providencias[1], la Corte Constitucional ha decidido proteger la identidad de las personas que buscan obtener el amparo de sus derechos fundamentales a través de la acción de tutela, en atención a que la publicidad de las providencias dictadas en el marco de los procesos constitucionales no puede tener el alcance de afectar derechos del interesado como la intimidad, la integridad moral y el sosiego familiar, entre otros.
De esta forma, como quiera que en el presente caso la materia objeto de tutela compromete derechos y libertades de la esfera más íntima de la persona, como es su identidad sexual, la Sala Cuarta de Revisión suprimirá de la presente providencia los datos que permitan identificar al accionante y ordenará la absoluta reserva del expediente que será devuelto al juzgado de origen, de suerte que sólo pueda ser consultado por las partes específicamente afectadas con la decisión adoptada, esto es, por el accionante y la Registraduría Nacional del Estado Civil, autoridad que se encuentra obligada a mantener y proteger la confidencialidad decretada.
Señala que, con motivo de su reorientación sexual, se vio abocado a una vida de prostitución y degradación personal que lo hizo reflexionar sobre su futuro al punto de decidir dejar atrás la vida que llevaba para procurar la conformación de una familia y la obtención de un trabajo digno.
En consecuencia, el accionante pidió a la Registraduría Nacional del Estado Civil que le autorizara retornar a su nombre original, solicitud que fue despachada desfavorablemente.
De forma extemporánea, la Registraduría Nacional del Estado Civil dio contestación a la acción de tutela formulada en su contra, indicando que no era posible acceder a la petición del actor, en el sentido de retornar definitivamente a su nombre inicialmente registrado, por cuanto del artículo 94 del Decreto 1260 de 1970, modificado por el artículo 6 del Decreto 999 de 1988, se colige que la sustitución, rectificación, corrección o adición del nombre por disposición del propio inscrito, procede por una sola vez.
En este orden de ideas, el juez considera que la actuación de la autoridad demandada no afecta el derecho al libre desarrollo de la personalidad del actor, toda vez que aquélla no ha coartado su derecho a definir su identidad sexual, al punto que en un principio aceptó cambiar el nombre del demandante, trámite que por expreso mandato legal sólo procede una vez.
El 28 de marzo de 2008, la Sala de Selección Número Tres decidió seleccionar para revisión el expediente de tutela de la referencia y repartirlo a la Sala de Revisión presidida por el Magistrado J.C.T..
El 5 de junio de 2008, el Magistrado J.C.T. manifestó ante la Sala Dual, integrada por los Magistrados R.E.G. y M.G.C., su impedimento para seguir conociendo del proceso de la referencia, el cual fue aceptado en decisión del 19 de septiembre de 2008.
De acuerdo con el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991, la Registraduría Nacional del Estado Civil, en su calidad de autoridad pública, se encuentra legitimada como parte pasiva en el presente proceso.
Derechos al Reconocimiento del Nombre como Atributo de la Personalidad Jurídica y al Libre Desarrollo de la Personalidad
Ahora bien, el reconocimiento colectivo de la singularidad del individuo y de sus características definitorias, parte del supuesto de la existencia de un proceso previo, íntimo y personal, de definición de los rasgos esenciales de la personalidad que constituirán el soporte del proyecto de vida que pretende desarrollar el individuo. Al respecto, la Corte ha dicho que: la fijación de la individualidad de la persona ante la sociedad y ante el Estado, requiere de la conformidad del individuo con la identidad que proyecta, de suerte que siempre tendrá la facultad legítima de determinar la exteriorización de su modo de ser, de acuerdo con sus íntimas convicciones[2].
4.2. Esa facultad de la persona de determinar los elementos distintivos de su carácter, conforme a un plan de vida concreto, se enmarca dentro del derecho al libre desarrollo de la personalidad consagrado en el artículo 16 de la Carta Política, que implica el reconocimiento del Estado de la facultad natural de toda persona de realizar autónomamente su proyecto vital, sin coacción, ni controles injustificados y sin más límites que los que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico[3].
El derecho al libre desarrollo de la personalidad consagrado en el artículo 16 de la Carta Política, implica el reconocimiento de la aptitud física y moral que tienen todas las personas a realizarse individual y autónomamente, sin imposiciones o forzamientos de ninguna clase y sin controles injustificados o impedimentos por parte de los demás, incluido el Estado, a menos que exista una obligación legal o contractual legítima o un deber social o cuando las respectivas acciones atenten contra los derechos de las demás personas o quebranten el orden público o contraríen una disposición jurídica que tenga la virtualidad de poder limitar válidamente el ejercicio del derecho aludido[4].
Bajo este entendido, todo individuo tiene el derecho a escoger libremente un plan de vida y a desarrollarlo a plenitud respetando los límites constitucionales. Ahora bien, en relación con la limitación a la libertad de configuración del plan vital, la Corte ha establecido que para ser legítima no sólo debe tener sustento constitucional y ser proporcionada sino que, además, no puede tener el alcance de anular la posibilidad que tienen los individuos de construir autónomamente un modelo de realización personal[5].
De esta forma, existe violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, en los casos en que se impongan límites a su ejercicio, tales que transgredan su núcleo esencial, esto es, que afecten la facultad del individuo de adoptar decisiones consustanciales a la determinación autónoma de su modelo de vida y de la visión de su dignidad como persona, sin reparar en que dicho límite aparezca preliminarmente como constitucional y razonable[6].
4.3. Según ha establecido esta Corporación, la personalidad jurídica no se agota en la facultad del individuo de ser sujeto de derechos y obligaciones sino que comprende una serie de atributos inherentes a la persona que la distinguen, identifican y singularizan[7].
Dentro de los atributos de la personalidad, se encuentra el nombre que goza de naturaleza plural al ser (i) un derecho fundamental inherente a todas las personas por el solo hecho de su existencia, (ii) un signo distintivo que revela la personalidad del individuo y (iii) una institución de policía que permite la identificación y evita la confusión de personalidades[8].
El nombre permite fijar la identidad de una persona en el marco de las relaciones sociales y en las actuaciones frente al Estado[9], de suerte que la potestad que se desprende del derecho constitucional a la determinación de los atributos de la personalidad jurídica, en el sentido de definirlos libre y autónomamente, satisface una de las necesidades primarias de la persona, cual es la de ser reconocido como ente distinto y distinguible dentro del conglomerado social[10].
Según se desprende del expediente de tutela, el accionante fue identificado originalmente con un nombre masculino que fue debidamente inscrito ante la Registraduría Nacional del Estado Civil con base en el registro civil de nacimiento.
Este proceso de formación de su identidad sexual pasó por el sometimiento a diferentes tratamientos a nivel hormonal para obtener una apariencia más femenina y avanzó al punto de adoptar la decisión de cambiar su nombre masculino por un nombre femenino, de suerte que su signo distintivo en sociedad atendiera a su temperamento, carácter y rol asumidos.
Ahora bien, la vida de prostitución y degradación a la que se vio abocado el actor con motivo de su reorientación sexual y la reflexión sobre su proyecto vital, lo condujeron a dejar atrás todo y empezar a soñar con tener una esposa con quien pudiera compartir el resto de [sus] días e igualmente poder tener hijos y poder sostener [su] hogar con un trabajo digno[11]
No obstante, la pretensión de reorientación del plan de vida del actor encontró una talanquera en la decisión de la Registraduría Nacional del Estado Civil en el sentido de no acceder a su solicitud de modificación del nombre para retornar a aquél originalmente registrado.
La respuesta negativa que ofreció la Registraduría Nacional del Estado Civil, en relación con la solicitud de cambio de nombre por parte del actor, estuvo soportada en el artículo 94 del Decreto 1260 de 1970 que, en lo pertinente, señala lo siguiente: El propio inscrito podrá disponer, por una sola vez, mediante escritura pública, la modificación del registro, para sustituir, rectificar, corregir o adicionar su nombre, todo con el fin de fijar su identidad personal. (Subraya fuera de texto)
Si bien la norma referida, en general, no tiene el alcance de lesionar el núcleo esencial de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica y al libre desarrollo de la personalidad, la Sala considera que, en el caso particular del accionante, su aplicación torna nugatoria su posibilidad de redefinir su plan de vida y, concretamente, su orientación sexual.
En efecto, como se refirió anteriormente, la fijación de los rasgos distintivos de la personalidad y de la singularidad del sujeto supone la conformidad del individuo con la identidad que proyecta, de manera que siempre gozará de la facultad legítima de determinar la exteriorización de su modo de ser, de acuerdo con sus íntimas convicciones[12].
PRIMERO: PROTEGER el derecho a la intimidad del accionante y, en consecuencia, ORDENAR la absoluta reserva del expediente, que implica que el nombre del peticionario no podrá ser divulgado y que el expediente sólo podrá ser consultado por las partes específicamente afectadas con la decisión adoptada, esto es, por el accionante y la Registraduría Nacional del Estado Civil, autoridad que se encuentra obligada a mantener y proteger la confidencialidad decretada. El secretario general de la Corte Constitucional y el secretario del Juzgado que decidió en primera instancia el presente caso, deberán garantizar la estricta reserva.
SEGUNDO: REVOCAR la Sentencia proferida por la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, por las razones expuestas en esta providencia y, en su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al reconocimiento de la personalidad jurídica y al libre desarrollo de la personalidad del actor.
CUARTO: ORDENAR a la Registraduría Nacional del Estado Civil que, en el término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, proceda a modificar el nombre femenino que actualmente ostenta el accionante por el nombre masculino que originalmente lo identificaba, en los términos de su petición y conforme a las solemnidades legales.
[1] Cfr. Corte Constitucional, Sentencias SU-082 de 1995, T-477 de 1995, T-618 de 2000, T-220 de 2004, T-539 de 2004, T-436 de 2004 y T-810 de 2004.
[2] Corte Constitucional, Sentencia T-594 de 1993, M.P.V.N.M..
[4] Corte Constitucional, Sentencia T-429 de 1994, M.P.A.B.C..
[5] Corte Constitucional, Sentencia C-481 de 1998, M.P.A.M.C..
[7] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-109 de 1995, M.P.A.M.C..
[8] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-152 de 1994, M.P.J.A.M..
[9] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-594 de 1993, M.P.V.N.M..
[11] Demanda de Tutela, folio 4, Cuaderno Principal.
[12] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-594 de 1993, M.P.V.N.M..
Sentencia nº 00201100246 00 de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, 2 de Marzo de 2011

References: artículo 94
 artículo 94
 artículo 6
 artículo 5
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 94