Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2018/as201810147.html
Timestamp: 2019-11-20 20:12:56+00:00

Document:
as201810147
AUTO SUPREMO Nº 147/2018-RRC
Expediente : Santa Cruz 68/2017
Parte Acusadora : Lucio Mendoza Padilla y otra
Parte Imputada : Elizabeth Natividad Jaimes Peña y otra
Por memorial presentado el 8 de mayo del 2017, cursante de fs. 911 a 913 vta., Lucio Mendoza Padilla y Olga Lidia Dávila Cazón, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 15 de 10 de marzo de 2017, de fs. 879 a 883 y su Auto Complementario 76 de 29 de marzo de 2017, de fs. 886 y vta., pronunciados por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por los recurrentes contra Elizabeth Natividad Jaimes Peña y Severina Durán Saravia, por la presunta comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal (CP).
Por Sentencia 3/2016 de 21 de abril (fs. 835 a 840 vta.), el Juez Séptimo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Elizabeth Natividad Jaimes Peña y Severina Durán Saravia, absueltas de pena y culpa de la comisión del delito de Despojo, tipificado en el art. 351 del CP.
Contra la mencionada Sentencia, los acusadores particulares Lucio Mendoza Padilla y Olga Lidia Dávila Cazón (fs. 846 a 848) y la imputada Elizabeth Natividad Jaimes Peña (fs. 859 a 861 vta.), interpusieron recursos de apelación restringida, que fueron resueltos por Auto de Vista 15 de 10 de marzo de 2017, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, que declaró improcedente el recurso planteado por la parte acusadora y procedente la apelación de la parte acusada-absuelta Elizabeth Natividad Jaimes Peña. Asimismo, por Auto 76 de 29 de marzo de 2017, declaró ha lugar la complementación solicitada por la acusada, condenando con costas a la parte perdidosa a ser reguladas en ejecución de Sentencia, motivando la interposición del presente recurso de casación.
Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 576/2017-RA de 10 de agosto, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
Los recurrentes denuncian, que en al Auto de Vista impugnado de manera incorrecta se señalaría que no existió defectuosa valoración, sin considerar de manera adecuada las declaraciones testificales de Ricardo Quiroga, Alicia Vaca, Heri Ronald Aliaga Monroy, Hilario Algarañaz y la propia acusada, además de la documental consistente en el Auto de Vista de 14 de julio, que declaraba improbada la Demanda de Interdicto de Recobrar la Posesión, la Minuta de Compra y Venta firmada por su persona con el propietario de los terrenos, así como la Sentencia Constitucional 116/2002 mismas que acreditaban que la acusada Elizabeth Natividad Jaimes, no se encontraba en posesión de la casa a la que ingresó violentamente el 5 de octubre de 2011. Con las referidas pruebas se hubiera configurado el delito de Despojo al haber sido expulsados de la vivienda que habitaban y que a la fecha la “despojadora” se encontraría habitando esta, por lo que en conclusión pese a lo manifestado se dictó Sentencia absolutoria, en base a una defectuosa valoración de la prueba.
Para sustentar su pretensión invoca el Auto Supremo 529 de 17 de noviembre de 2006, estableció como defectos absolutos, cuando en la Sentencia no existen razones ni criterios sólidos que fundamenten la valoración de la prueba, omisión que constituye defectos insalvables, porque genera incertidumbre a los imputados, constituyendo el defecto previsto en el inc. 3) del art. 169 del CPP; puesto que, atenta al debido proceso.
La parte recurrente solicita que en el fondo se declare autores y culpables a las sentenciadas Elizabeth Jaime de Caballero y Severina Duran Saravia.
Mediante Auto Supremo 576/2017-RA de 10 de agosto, cursante de fs. 929 a 930 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por Lucio Mendoza Padilla y Olga Lidia Dávila Cazón, para su análisis de fondo.
Por Sentencia 3/2016 de 21 de abril (fs. 835 a 840 vta.), el Juez Séptimo de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, declaró a Elizabeth Natividad Jaimes Peña y Severina Durán Saravia, absueltas de pena y culpa de la comisión del delito de Despojo, tipificado en el art. 351 del CP, Sentencia que se basó en los siguientes entendimientos:
Del análisis de las pruebas de cargo y de descargo, se ha demostrado que Ilario Algarañaz inicialmente fue anticresista de Elizabeth Natividad Jaimes, (primera en ocupar el inmueble objeto de la Litis) y que después vendió la posesión del inmueble a favor de los querellantes para tratar de recuperar su dinero. La imputada Elizabeth Jaimes Peña, ingresó al inmueble que compró sin despojar a los querellantes, teniéndose que tanto querellantes como la imputada, viven en el citado inmueble.
No se ha demostrado que Severina Duran Saravia haya cometido el delito de Despojo, como tampoco se ha demostrado las agresiones físicas a la hija de los querellantes; asimismo, no se ha aclarado en juicio lo manifestado por los querellantes respecto a que al momento de tomar el inmueble la imputada Elizabeth Natividad Jaimes Peña, habría ingresado con una multitud de personas, con herramientas y patas de cabra.
Los querellantes Lucio Padilla Mendoza y Olga Lidia Dávila Cazón, denunciaron en su alzada la errónea valoración de la prueba, en atención a que el Juez de mérito basa su Sentencia en la declaración de testigos a los cuales se preguntó quién había ingresado a vivir primero a los terrenos, cuando debió preguntarse quién o quienes se encontraban viviendo en el inmueble objeto del litigio en fecha 5 de octubre de 2011, fecha en la que los querellantes se encontraban en posesión del terreno por más de cuatro años, luego de haber comprado las mejoras en el año 2007 a Hilario Algarañaz Dorado y comprado el terreno al propietario Herí Ronald Aliaga Monroy en el año 2009. Señalan también, que no se ha considerado la Sentencia emitida por el Juzgado Primero de Instrucción Civil, en la cual ganan el interdicto de recobrar la posesión a la imputada, no se ha tomado en cuenta la declaración de Hilario Algarañaz Dorado, quien ingresa al inmueble mediante anticrético en el año 1999 y vende las mejoras en el año 2007 y la declaración de Melisa Quiroga Vaca, señalando también las declaraciones de Ricardo Quiroga Chávez, Alicia Vaca y Dayesly Mendoza Dávila, las cuales señalan a Elizabeth Natividad Caballero Peña, como la agresora física de Dayesly Mendoza Dávila. Finalmente, indican que el Juez de mérito no cumple con la obligación de fundamentar y motivar su Resolución, incurriendo en el defecto de Sentencia previsto por el inc. 5) del art. 370 del CPP.
Radicada la apelación restringida en la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, resolvió el recurso a través del Auto de Vista impugnado, con el siguiente argumento:
Inicialmente sostiene, respecto a las preguntas realizadas por el Juez de mérito, que la autoridad judicial puede realizar preguntas a los testigos o a los imputados durante el juicio oral; sin embargo, igual derecho tienen las partes lo que significa que el abogado patrocinante de la parte querellante, tenía el derecho de preguntar a la que parte querellada lo que él estime conveniente; por otro lado, la pregunta cuestionada por los recurrentes no tiene nada que ver con la otorgación de un valor correspondiente a cierto elemento de prueba. En cuanto a la pertinencia del reclamo, no se expresa de qué manera esta supuesta errónea pregunta efectuada por el juzgador a las querelladas ha influido en la decisión de declararlas absueltas del ilícito de Despojo.
De lo referido a la Sentencia del Juzgado Primero de Instrucción Civil, manifiesta que el recurrente no ha manifestado expresamente en qué parte del indicado trámite judicial se habría demostrado que hace tres años los querellantes se encontraban en quieta y pacífica posesión del terreno, para que el Tribunal de apelación ingrese al análisis y resolución, verificar la pertinencia de dicha prueba y así ver la necesidad de revocar o anular Sentencia, lo contrario implicaría ingresar a la prohibición de revalorización de prueba.
Respecto a la declaración de Hilario Algarañaz Dorado y Melisa Quiroga Vaca, los recurrentes omiten señalar qué reglas de la correcta valoración probatoria fueron omitidas o si existió una errónea valoración probatoria, no pudiendo ingresar al análisis de los aspectos señalados, pues se ingresaría a la revalorización probatoria.
Finalmente, respecto a que el Juez de mérito no hubiere fundamentado y motivado su Resolución, los recurrentes no cumplen con las previsiones establecidas en el art. 408 del CPP, deviniendo en una incorrecta interposición de su recurso.
III. VERIFICACIÓN DE POSIBLE CONTRADICCIÓN CON LOS PRECEDENTES INVOCADOS
En el caso presente, los recurrentes Lucio Mendoza Padilla y Olga Lidia Dávila Cazón, denuncian la defectuosa valoración probatoria incurrida por el Juez de Sentencia y ratificada por el Tribunal de alzada, quienes pese a la existencia de prueba que acreditaba la responsabilidad penal de la imputada en la comisión del delito de Despojo emitieron Sentencia, contradiciendo el Auto Supremo 529 de 17 de noviembre de 2006; en este sentido, antes de ingresar a resolver los motivos del recurso, es menester establecer las bases legales y doctrinales que servirán de sustento a la presente Resolución.
La cuestión y el efecto de la doctrina legal a ser sentada por este Tribunal Supremo, contiene íntima y estrecha relación con la garantía constitucional contenida en el art. 119.I de la Constitución Política del Estado (CPE), que garantiza el ejercicio pleno del principio de igualdad de las partes ante el Juez dentro de las jurisdicciones del Estado, así como garantizar seguridad jurídica en la predictibilidad de las decisiones de los Tribunales y un igual tratamiento jurídico a los ciudadanos. En resumen, la labor de sentar doctrina legal a partir del recurso de casación dentro de la jurisdicción ordinaria, se sintetiza en: a) Respeto a la seguridad jurídica; b) Realización del principio de igualdad; y, c) Unidad y uniformidad en la aplicación del derecho por parte de los servidores judiciales en la jurisdicción ordinaria.
En cuanto, al precedente contradictorio exigido como requisito procesal de cumplimiento obligatorio a momento de la interposición del recurso de casación, es necesario precisar que el mismo en esencia constituye una cuestión jurídica que ha sido discutida y resuelta anteriormente, la cual puede aplicarse a casos similares, con posterioridad a ese primer pronunciamiento, como vía de solución a la propuesta o reclamo pretendido en casación, vienen a constituir entonces criterios interpretativos, que han sido utilizados por los entes que conforman la estructura de la jurisdicción ordinaria en materia penal en el Estado, integrada por los Autos Supremos pronunciados por el Tribunal Supremo de Justicia y Autos de Vista emitidos por las Salas Penales de los Tribunales Departamentales de Justicia.
Bajo esa línea, la legislación nacional dentro del tercer párrafo del art. 416 del CPP, manifiesta: “Se entenderá que existe contradicción, cuando ante una situación de hecho similar, el sentido jurídico que le asigna el Auto de Vista recurrido no coincida con el del precedente sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance”. En ese ámbito, este Tribunal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, ha puntualizado: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar”.
De ello se concluye que, el requisito de invocar un precedente contradictorio dentro del sistema de recursos que el código de procedimiento legal prevé, atinge a señalar a una Resolución en específico, ya sea un Auto Supremo y/o un Auto de Vista, que dentro la materia vislumbre la aplicación de la norma sustantiva o adjetiva a un caso determinado, donde se haya formado un criterio de decisión a un caso anterior, para que posteriormente en función de la identidad o de la analogía entre los hechos del primer caso (precedente contradictorio) y los hechos del segundo caso (resolución impugnada) se proceda a la determinación delegada por Ley a este Tribunal.
Los recurrentes denuncian que el Auto de Vista impugnado no consideró la defectuosa valoración de prueba incurrida por el Juez de mérito, señalando las testificales de Ricardo Quiroga, Alicia Vaca, Heri Ronald Aliaga Monroy, Hilario Algarañaz y la imputada Elizabeth Jaime de Caballero; asimismo, las documentales consistentes en el Auto de Vista de 14 de julio, minuta de compra y venta de 9 de noviembre de 2009 y la Sentencia Constitucional 1164/2002, pruebas que -en criterio de los recurrentes- demuestran la configuración del delito endilgado a las imputadas.
Como precedente contradictorio al Auto de Vista impugnado, los recurrentes invocaron el Auto Supremo 529 de 17 de julio de 2006, pronunciado dentro de un proceso seguido por los delitos de Difamación, Calumnias y otros, en el que la entonces Corte Suprema de Justicia, constató que no se subsumió de manera adecuada la conducta de los imputados al tipo penal de Calumnia, por lo que dejó sin efecto el Auto de Vista recurrido estableciendo como doctrina legal aplicable la siguiente: “Son defectos absolutos, cuando en la sentencia no existen razones ni criterios sólidos que fundamenten la valoración de las pruebas, omisión que se constituye en defecto insalvable porque genera incertidumbre a los imputados, defecto que se inscribe en la previsión del artículo 169 numeral 3) del Código de Procedimiento Penal, porque atenta el debido proceso, proclamados en el artículo 16-II y IV de la Constitución Política del Estado (…)”
Del análisis del precedente invocado se advierte que la problemática dilucidada, mantiene relación con la problemática procesal del motivo de casación, por lo que existiendo un supuesto fáctico análogo entre el precedente invocado y el motivo de casación, corresponde ingresar a verificar la posible existencia o no de la contradicción denunciada.
A este fin, corresponde retrotraernos a la apelación restringida interpuesta por los ahora recurrentes en fecha 6 de mayo de 2016, mediante la cual bajo su acápite segundo “Errónea valoración de la prueba” (sic), -además de denunciar que la Sentencia se basa en la declaración de testigos a los cuales debió preguntarse quién o quienes se encontraban viviendo en el inmueble objeto del litigio en fecha 5 de octubre de 2011 y que el Juez de mérito no cumple con la obligación de fundamentar y motivar su Resolución-, denunciaron de manera puntual que el Juez de mérito no consideró prueba testifical y documental, concerniente a: i) La Sentencia del Juzgado Primero de Instrucción en lo Civil, en la cual los recurrentes ganaron el interdicto de recobrar la posesión; ii) La declaración de Hilario Algarañaz Dorado, mismo que ingresa al inmueble objeto del litigio mediante anticresis en el año 1999 y pierde la posesión cuando vende las mejoras en el año 2007 como lo señaló la querellada; iii) Las declaraciones de Ricardo Quiroga Chávez; iv) Alicia Vaca; v) Dayesly Mendoza Dávila, quienes señalaron que la acusada Elizabeth Natividad Caballero Peña fue la persona que agredió a la hija de los recurrentes; y, vi) La declaración de Melisa Quiroga Vaca, que al igual que la de Hilario Algarañaz Dorado fue ofrecida oportunamente y declaró en juicio oral.
Asimismo, cabe señalar que en el “Otrosí 1ro”, del mencionado memorial de apelación restringida, los apelantes indican que: “Nos ratificamos en las pruebas mencionadas, como ser Sentencia del juicio de Interdicto de Recobrar la Posesión, cursante a fs. 8 a 10, Auto de Vista donde confirma la Sentencia, cursante a fs. 12, El documento de convenio transaccional suscrito entre Ilario Algarañaz Dorado y Olga Lidia Dávila Cazón, cursante a fs. 247 y 248, las cuales cursan en el Expediente, Los Autos Supremos No. 073/2013-RRC, del 19 de Marzo del año 2013 y 1213/2013-RRC, del 10 de Mayo del año 2013.” (sic).
Lo denunciado en apelación restringida por los querellantes Lucio Padilla Mendoza y Olga Lidia Dávila Cazón, en lo referido a la defectuosa valoración de la Sentencia del Juzgado 1ro de Instrucción en lo Civil, mereció en respuesta por parte del Tribunal de alzada, que los recurrentes no manifestaron de manera expresa en qué parte del citado trámite judicial, se habría demostrado que hace tres años los querellantes se encontraban en quieta y pacífica posesión del terreno, a los efectos de ingresar al análisis y Resolución en cuanto a la pertinencia de la prueba señalada y ver la necesidad de revocar o anular la Resolución de mérito; de lo cual se advierte que, el Tribunal de alzada, no incurrió en incorrecto control sobre la valoración probatoria; sino más bien, de manera concreta y fundamentada dejó sentado que la denuncia de incorrecta valoración de prueba documental aludida por los apelantes no procede ante la simple mención de falta de valoración de la prueba sin argumentar la trascendencia de la supuesta anomalía, a los efectos de establecer el defecto en la Sentencia.
Asimismo, es menester señalar que los recurrentes tenían la carga argumentativa de exponer de manera clara, suficiente y separada sus agravios, ello en cumplimiento del art. 408 del CPP; consecuentemente, no puede alegar que el Tribunal de alzada no hubiere considerado la documental citada en el “otrosí 1ro” de su recurso de apelación restringida de manera genérica, imprecisa y confusa -como se pretende en casación-; lo contrario sería desconocer la inaplicabilidad del principio “per saltum” en nuestro sistema penal recursivo.
En cuanto, a las declaraciones de Hilario Algarañaz Dorado y Melisa Quiroga Vaca, el Tribunal de alzada puntualizó que los recurrentes omitieron fundamentar su pretensión conforme las exigencias previstas en el art. 408 del CPP, sin señalar qué reglas de la correcta valoración, sana crítica, experiencia y lógica fueron omitidas por el Juez de mérito y cuál la aplicación que se pretende; advirtiéndose que si bien el Tribunal de alzada no se pronunció de manera concreta respecto a las declaraciones de Ricardo Quiroga Chávez, Alicia Vaca y Dayesly Mendoza Dávila, se observa que los recurrentes de igual forma omitieron señalar de manera fundada clara y precisa, cuál de las reglas del entendimiento humano fueron infringidas o soslayadas por el Juez de mérito al valorar las testificales señaladas por los apelantes, a través de la clara identificación de las afirmaciones o hechos no ciertos en los que se sustenta la Sentencia; por ende, tampoco se evidencia que el Tribunal de alzada hubiere incurrido en incorrecta valoración probatoria en lo que a las declaraciones testificales aludidas respecta.
De la problemática planteada y conforme los antecedentes procesales establecidos en la presente Resolución, se tiene que básicamente lo denunciado por los recurrentes, es que pese a la existencia de prueba que acreditaba la responsabilidad penal de las imputadas en la comisión del delito de Despojo, el Juez de mérito emitió Sentencia absolutoria, siendo la citada Resolución ratificada en alzada; sin embargo, se advierte que los recurrentes a tiempo de reclamar que el Tribunal de apelación ratificó la Sentencia sin considerar tanto las pruebas testificales como documentales citadas al exordio del presente acápite, no explica en qué consiste esa defectuosa valoración probatoria incurrida y cuáles de las reglas de la sana crítica se obviaron, conforme la exigencia desarrollada por la doctrina legal aplicable prevista en los Autos Supremos 313/2016-RRC de 214 de abril y 396/2014-RRC de 18 de agosto; entre otros, no siendo suficiente a fin de fundamentar su recurso, hacer una remembranza de los motivos de su alzada, los cuales además fueron expuestos de forma desordenada, por lo que al constatarse que el Auto de Vista impugnado no es contradictorio al precedente invocado, el recurso interpuesto y motivo analizado, deviene en infundado, más aún si se considera que el precedente invocado centra la doctrina legal aplicable específicamente en el supuesto referido a que constituye defecto absoluto cuando “en la Sentencia no existen razones ni criterios sólidos que fundamenten la valoración de las pruebas”, lo cual como se describió líneas precedentes en el caso de autos no aconteció; en consecuencia, no se evidencia contradicción alguna.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Lucio Padilla Mendoza y Olga Lidia Dávila Cazón.

References: Resolución 
 artículo 169
 artículo 16
 Resolución 
 Resolución 
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