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Timestamp: 2019-10-17 16:10:13+00:00

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STC 71/1998, 30 de Marzo de 1998 - Jurisprudencia - VLEX 15354909
STC 71/1998, 30 de Marzo de 1998
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 2.919/1995.
1. Como recientemente se expone en la STC 96/1997, la función de este Tribunal Constitucional en tutela del derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley, y desde el momento en que «ninguna de las interpretaciones divergentes resulte contraria a la Constitución, el problema que la divergencia plantea sólo puede ser traído ante nosotros cuando quien se siente víctima de una aplicación discriminatoria de la Ley pueda ofrecer razones que le autoricen a pensar que dicha divergencia interpretativa es simplemente la cobertura formal de una decisión, cuyo sentido diverso al de otras decisiones anteriores, y eventualmente posteriores, se debe realmente al hecho de que se han tomado en consideración circunstancias personales o sociales de las partes, incluso simplemente su propia identidad, que no debieron serlo» (en sentido análogo, SSTC 108/1988, 253/1988, 103/1990, 46/1996 y 104/1996) [F.J. 2]. 2. Según afirmamos en nuestra STC 159/1997 la creación (art. 38.2.2 de la Ley 5/1990) de un gravamen complementario de la tasa fiscal sobre el juego para las máquinas recreativas tipos «B» y «C» no supone una discriminación contraria al principio de igualdad proclamado en el art. 14 C.E. frente a otro tipo de actividades económicas, en general, o del propio sector del juego en particular, alegación en que se basa esencialmente el motivo aquí analizado. Decíamos allí, y recordamos ahora sintéticamente, que «no toda proclamación constitucional del principio de igualdad es reconducible, sin más, a la efectuada por el art. 14 C.E.», pues «específicamente no lo es, en cuanto aquí interesa, la del principio de igualdad en materia tributaria contenida en el art. 31 C.E., como así lo ha declarado con rotundidad este Tribunal en diversas ocasiones» y que, «si bien ello no significa que este Tribunal no pueda llegar a apreciar (...) una infracción del art. 14 por la Ley Tributaria, sí excluye claramente que, so capa de una invocación meramente 'formal' del art. 14 C.E., en realidad el recurrente de amparo venga a apoyarse en el art. 31.1 C.E., precepto éste que no puede servir de fundamento a una pretensión en este proceso constitucional, por imperativo del art. 53.2 C.E. y del art. 41.1 LOTC». Concluíamos, así, y procede ahora reiterar, que «de ello se desprende con claridad que la posible inconstitucionalidad que la recurrente imputa al art. 38.2.2 de la Ley 5/1990, por su eventual contradicción con el principio de igualdad, no residiría realmente en una discriminación contraria al art. 14 C.E. por estar basada en una diferenciación de índole subjetiva, sino en una desigualdad fundada en elementos objetivos, que es la contemplada en el art. 31.1 C.E. Y, por tanto, la conclusión última sólo puede ser, a la luz de la doctrina antes expuesta, que nos encontramos ante una eventual desigualdad no susceptible de ser corregida por el cauce del presente proceso de amparo, aunque pueda serlo, en su caso, por el de otros procesos constitucionales, como el recurso o la cuestión de inconstitucionalidad» (fundamento jurídico 4.o) [F.J. 4].
Sentencia citada en: 299 sentencias, 9 artículos doctrinales, un tema práctico, 5 resoluciones administrativas
En el recurso de amparo núm. 2.919/1995, interpuesto por la mercantil «Unión de Operadores Reunidos, S. A.», representada por el Procurador de los Tribunales don Antonio García Martínez y bajo la dirección del Letrado don Enrique Segu Villuendas, frente al Auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 20 de junio de 1995, por el que se declaró la inadmisión a trámite del recurso de casación núm. 6.368/1993, que tuvo por objeto la Sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de 24 de septiembre de 1993, relativa al recurso contencioso-administrativo núm. 8.214/1992, referente a trescientas ochenta y cinco autoliquidaciones tributarias practicadas en concepto de gravamen complementario de la tasa fiscal sobre el juego para el ejercicio de 1990, asimismo objeto del recurso. Han sido parte el Abogado del Estado, en la representación que ostenta, y la Junta de Galicia. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente el Magistrado don Julio Diego González Campos, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por medio de escrito que tuvo entrada en el Registro de este Tribunal el 31 de julio de 1995, el Procurador de los Tribunales don Antonio García Martínez, en representación de la mercantil «Unión de Operadores Reunidos, S. A.», interpuso el recurso de amparo del que se ha hecho mérito en el encabezamiento.
A) La sociedad mercantil recurrente interpuso recurso contencioso-administrativo contra Resoluciones, tanto de la Junta de Galicia como del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Galicia, por las que se confirmaron todas y cada una de las trescientas ochenta y cinco autoliquidaciones presentadas en concepto del gravamen complementario de la tasa fiscal sobre el juego establecido en el art. 38.2.2 de la Ley 5/1990, de 29 de junio, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria. El recurso se fundamentaba, en esencia, en que el mencionado precepto legal infringía los arts. 9.3, 14 y 31 C.E. Tal gravamen venía a elevar la cuantía de la tasa por máquina recreativa tipo «B» en 233.250 pesetas, por lo que el total adicional adeudado a Hacienda ascendía a 89.801.250 pesetas
B) El recurso fue desestimado en la Sentencia que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictó el 24 de septiembre de 1993.
«Es de advertir en primer término que la pretensión inicial de la parte recurrente consiste en definitiva en lograr la anulación de las autoliquidaciones practicadas por el gravamen complementario de la tasa fiscal sobre el juego -año 1990- cuestionando la constitucionalidad de la Ley 5/1990, de 29 de junio, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, financiera y tributaria.
En esta situación no puede invocarse como aplicable para ejercitar válidamente la acción casacional el art. 39.2 y 4 de la Ley Jurisdiccional, que limita su contenido a las disposiciones de carácter general dictadas por la Administración del Estado (art. 39.1) entre otras, todas excluyentes de aquellas normas con rango de ley y por tanto inatacables en el área jurisdiccional y sólo susceptibles de un planteamiento sobre su inconstitucionalidad reservado a los Tribunales que solamente utilizarán esta vía excepcional cuando consideren que concurren las condiciones señaladas en el art. 35 LOTC 2/1979, de 3 de octubre.
Por otra parte el art. 5.4 L.O.P.J., de 1 de julio, sólo dice que en todos los casos en que proceda según la Ley recurso de casación será suficiente para fundamentarlo la infracción de precepto constitucional, precisión que arguye la necesidad de remitirse para fundamentar la infracción del precepto constitucional de que se trate, a la ley específica que marca el régimen de admisibilidad del recurso de casación y concretamente en este caso al art. 93.2 b) de la Ley Jurisdiccional en orden a la limitación de la cuantía, particular sobre el que la jurisprudencia es constante al señalar que cada autoliquidación funciona procesalmente con independencia de las demás, sin que se comunique en este caso a las de cuantía inferior la posibilidad de recurrir.»
B) Por lo que se refiere a las autoliquidaciones por el gravamen de la Tasa Fiscal sobre el Juego, se les imputa la infracción del principio de igualdad ante la Ley (art. 14 C.E.) en relación con el de capacidad económica (art. 31.1 C.E.), por las siguientes razones: 1. Por desconocer los principios de generalidad, capacidad económica e igualdad tributaria a los que está sometido todo tributo, lo que en sí mismo significaría la infracción del principio de igualdad. 2. Por someter a un trato discriminatorio a las empresas que se dedican a la explotación de máquinas recreativas con respecto a otros sectores empresariales, sin que exista un fin constitucionalmente protegible que lo justifique y sin que frente a ello pueda aducirse la imposibilidad de determinar los rendimientos reales obtenidos por las empresas del sector, al no ser esto cierto. Tampoco podría justificarse este trato en su condición de tasa, por cuanto con ello se incumpliría el principio de equivalencia. Por lo demás, no cabe olvidar que, más que una tasa, se trata de una exacción similar a un impuesto. Así lo han reconocido tanto el Tribunal Constitucional (STC 296/1994) como el Tribunal Supremo en numerosas Sentencias. Además, tal conclusión se deduce de la propia legislación y del hecho cierto de que las Comunidades Autónomas imponen recargos, siendo así que el art. 157 C.E. sólo admite recargos autonómicos sobre impuestos estatales. 3. Porque dentro de la propia tasa se acusan enormes diferencias de trato: a otras actividades dentro del sector del juego se les aplica un porcentaje sobre los rendimientos obtenidos, mientras que a los titulares de máquinas recreativas se les impone una cuota fija desmesurada, determinada conforme a criterios desconocidos, deliberadamente ajenos a la capacidad económica real de cada empresa. 4. Porque la tasa y el gravamen complementario resultarían igualmente discriminatorios entre las mismas unidades que constituyen el objeto de la imposición, ya que la explotación de máquinas recreativas genera muy diversos rendimientos, en función de una serie de parámetros: Tipo de población, zona dentro de la misma, clase de establecimiento y, dentro de éste, superficie, categoría, etc. Ello supondría la existencia de capacidades económicas distintas que no se tienen en consideración, con lo cual la carga tributaria se distribuye de un modo desigual entre las mismas empresas del sector. 5. Porque implica un trato desigual entre las empresas dedicadas a la explotación de máquinas del tipo «B» que hayan iniciado en distinta fecha su actividad: Es posible que alguna empresa societaria o empresario individual haya obtenido el permiso para operar en el sector ya avanzado el año y que, llegado el 30 de junio, se encuentre con que, sin haber explotado su inmovilizado desde primeros de año, haya de pagar retroactivamente un gravamen complementario igual al que se verá obligado a satisfacer su competidora, quien ya estaba presente en el mercado al comenzar el año.
Concluye la demanda con la solicitud de que, otorgando el amparo interesado, se dicte Sentencia declarando el derecho de la sociedad recurrente a la tutela judicial efectiva y a la igualdad y, anulando el impugnado Auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, se ordene la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a su pronunciamiento. Subsidiariamente, y de no ser atendido el anterior pedimento, se acuerde admitir a trámite el presente recurso, para acto seguido acordar su suspensión hasta que sean resueltas las cuestiones de inconstitucionalidad núms. 3.563/93, 3.564/93 y 3.565/93, a los fines de evitar que el fallo que en su día recaiga no pueda surtir efectos en el caso aquí planteado por haberse agotado la vía jurisdiccional promovida y ser por ende firme el acto impugnado, tal y como ha ocurrido en las Sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, entre otros, en asuntos referentes a la impugnación promovida contra el I.R.P.F. y las Cámaras de Comercio. Con carácter asimismo subsidiario, y para el caso de que sea desestimada la pretensión anterior, atendiendo a razones de economía procesal, se acuerde resolver sobre el fondo del asunto, declarando como no ajustadas a Derecho las trescientas ochenta y cinco autoliquidaciones recurridas correspondientes al gravamen complementario del año 1990, por infringir el art. 38.2 de la Ley 5/1990 el art. 14 C.E., ordenando su rectificación y la devolución de las cantidades ingresadas en virtud de las mismas, cuyo importe global asciende a 89.801.250 pesetas
7. Por nueva providencia de 1 de julio de 1996, la Sección Tercera del Tribunal acordó tener por personado y parte en el proceso, a su solicitud, a la Junta de Galicia, por medio del Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén, así como al Abogado del Estado. En ese mismo proveído se acordó dar a las partes personadas y al Fiscal plazo común de veinte días, a fin de que presentaran cuantas alegaciones estimasen pertinentes en orden a la concesión o no del amparo demandado.
8. El 29 de julio siguiente fueron presentadas en este Tribunal las nuevas alegaciones de la recurrente. En ellas, y en cuanto al reproche de trato discriminatorio que se imputa al Auto de inadmisión a trámite del recurso de casación, se argumenta que en los cuatro supuestos aportados como término de comparación (recursos de casación núms. 3/470/94, 3/4.889/94, 3/5.840/94 y 3/8.020/94), la misma Sala y Sección y el mismo Ponente del Tribunal Supremo no llegaron a decidir sobre la admisibilidad o no a trámite de recursos que se consideran idénticos al en él rechazado en resoluciones anteriores, sin que tan radical cambio de criterio se justifique en razón alguna; además, ulteriores resoluciones igualmente idénticas vienen siguiendo el mismo criterio de no decidir sobre la admisión o no a trámite, de modo que el Auto aquí recurrido debe calificarse de una resolución aislada, resultando así claro que el Tribunal Supremo no ha dado el mismo tratamiento a situaciones totalmente idénticas, sino que en un caso -el impugnado- optó por inadmitir a trámite el recurso, mientras que en todos los demás acordó dejar en suspenso la decisión sobre admisibilidad hasta tanto este Tribunal no se pronunciara sobre las cuestiones de inconstitucionalidad de que queda hecha referencia. En todo lo demás, resumiendo el resto de la argumentación ya realizada de la demanda, se reiteran los pedimentos en ella contenidos.
El análisis del segundo de los motivos del amparo lo inicia el Abogado del Estado subrayando la inidoneidad de señalar como objeto del mismo las «autoliquidaciones» practicadas por la propia recurrente, por no ser actos de los poderes públicos, por lo que habrá que entender como recurridos -pese a la relativa oscuridad de la demanda en este punto- los actos de los poderes públicos confirmatorios de las autoliquidaciones. Igualmente inadecuada es la pretensión de que se declaren no ajustadas a Derecho las liquidaciones y la devolución de lo ingresado, pues lo único viable es el restablecimiento del derecho fundamental alegado.
El análisis del fondo de esta segunda pretensión lleva al Fiscal a afirmar, sucesivamente, la inidoneidad del art. 31.1 C.E., para fundar una pretensión de amparo y la inexistencia de discriminación alguna respecto a «otros sectores empresariales», dada la absoluta vaguedad de este término de comparación, reproche igualmente dirigible a la supuesta discriminación frente a otras empresas de juego que no explotan máquinas tragaperras y frente a otros empresarios que explotan tales máquinas. En fin, en lo que se refiere a la supuesta discriminación por razón del tiempo, entiende el Abogado del Estado de aplicación al caso la doctrina sentada en la STC 126/1987, de muy similar objeto y corroborada por ulteriores decisiones (SSTC 150/1990, 197/1992 y 205/1992). Tras alegar la legitimidad constitucional de las finalidades -fiscal y extrafiscal- perseguidas con la norma, concluye el escrito abogando por la total denegación del amparo pretendido.
En cuanto al resto de las alegaciones de la recurrente, el representante de la Junta se limita a invocar las razones contenidas tanto en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia como en la STC 126/1987.
11. Las alegaciones del Fiscal, que accedieron al Tribunal en la misma fecha que las anteriores, se centran en el primero de los motivos de la demanda de amparo; tras un pormenorizado relato de las circunstancias del caso, argumentos utilizados en la resolución impugnada y la demanda y doctrina constitucional que entiende de aplicación, centra su análisis el Fiscal en el problema de si los términos de comparación propuestos por el recurrente son verdaderamente idénticos en cuanto al criterio de la cuantía litigiosa -primero de los utilizados en la resolución impugnada-, pues de la documentación aportada hasta la fecha no cabe deducir respuesta alguna cierta. Todo ello, y dado que la carga de demostrar la existencia de discriminación recae sobre el recurrente, lleva al Fiscal a estimar, al menos con los datos disponibles, no suficientemente acreditado el trato discriminatorio que se denuncia, lo que conduciría a la desestimación del recurso, por este primer motivo, y siempre que el Tribunal decida no hacer uso de la facultad prevista en el art. 89.1 LOTC, acordando la práctica de prueba, tal y como se solicita por medio de otrosí. Esto es «para recabar la documentación que se estime precisa con el objeto de comprobar la identidad de supuestos entre los recursos de casación admitidos por el Tribunal Supremo y el inadmitido, objeto del presente recurso», tras lo cual se abriría nuevo trámite de alegaciones.
De otro lado, la regla legal por la que se impuso un gravamen complementario sobre la tasa fiscal sobre el juego, y en particular sobre las máquinas recreativas tipo «B» (art. 38.2.2 de la Ley 5/1990, de 29 de junio, de medidas en materia presupuestaria, financiera y tributaria), se considera vulneradora del propio principio de igualdad en relación con el de capacidad contributiva, vicio que se comunica a los actos realizados en aplicación de la referida disposición -no sin ciertas imprecisiones en la identificación de cuáles sean estos-, y con el matiz añadido de que tal regla legal fue en su día impugnada por una pluralidad de cuestiones de inconstitucionalidad que se encontraban admitidas a trámite por este Tribunal al tiempo de plantearse la demanda de amparo.
En suma, como se ve, el sustento de este primer motivo es nuestra muy reiterada doctrina sobre el derecho a la igual aplicación de la Ley, conforme a la cual, en términos sintéticos, los órganos judiciales no pueden apartarse arbitrariamente de sus propios precedentes. De suerte que se vulnera tal derecho cuando un mismo órgano judicial (SSTC 146/1990, 58/1992 y 91/1993, entre otras muchas), existiendo identidad sustancial del supuesto de hecho (SSTC 55/1988, 200/1990, 269/1993, etc.), se aparta del criterio jurisprudencial mantenido en casos anteriores (últimamente, SSTC 132/1997 y 204/1997, excluyendo el término de comparación posterior), sin que medie una fundamentación razonable, aun implícita, (SSTC 49/1982, 181/1987, 46/1996, etc.), para lo que basta la existencia de elementos externos que evidencien que el cambio no es fruto de una respuesta individual diferenciada, sino manifestación de la adopción de un nuevo o distinto criterio general (SSTC 63/1984, 115/1989 o 200/1990). En definitiva, como recientemente se expone en la STC 96/1997, fundamento jurídico 5., reiterando lo afirmado en la STC 144/1988, fundamento jurídico 3., la función de este Tribunal Constitucional en tutela del derecho en cuestión, y desde el momento en que «ninguna de las interpretaciones divergentes resulte contraria a la Constitución, el problema que la divergencia plantea sólo puede ser traído ante nosotros cuando quien se siente víctima de una aplicación discriminatoria de la Ley pueda ofrecer razones que le autoricen a pensar que la divergencia interpretativa es simplemente la cobertura formal de una decisión, cuyo sentido diverso al de otras decisiones anteriores, y eventualmente posteriores, se debe realmente al hecho de que se han tomado en consideración circunstancias personales o sociales de las partes, incluso simplemente su propia identidad, que no debieron serlo» (en sentido análogo, SSTC 108/1988, 253/1988, 103/1990, 46/1996 y 104/1996).
C) Tal diversidad de supuestos y resoluciones impide apreciar que el criterio seguido en la resolución impugnada resultara simple encubrimiento formal de una solución ya previamente adoptada con arbitrario criterio diferenciador ad causam o ad personam. Y éste es justamente, según quedó expuesto (SSTC 144/1988 y 96/1997, ya citadas), el núcleo distintivo del derecho fundamental alegado y el límite infranqueable de la jurisdicción del Tribunal Constitucional en su análisis de si se ha producido o no una vulneración del mismo. Que la Constitución y los derechos y libertades fundamentales en ella recogidos no garantizan el acierto judicial, es afirmación tan común en nuestra doctrina como para excusar la cita de precedentes; que entre los eventuales desaciertos puedan encontrarse apartamientos más o menos inequívocos de los precedentes del propio órgano judicial, no es objeto de duda. Pero lo que garantiza el derecho a la igual aplicación de la Ley es, específicamente, que el juicio jurisdiccional no pueda realizarse con base en prejuicios discriminatorios, sea por razón de las personas intervinientes como por otras posibles circunstancias del litigio. Ninguna traza hay de ello en el Auto de la Sala Tercera del Tribunal Supremo impugnado, que, antes bien, no hace sino fundar la inadmisibilidad del recurso de casación en argumentos perfectamente razonables -cuantía del litigio; diferencia entre la impugnación indirecta de normas con rango reglamentario y la de normas con rango de Ley-, y en nada contradichos por ninguna de las resoluciones aportadas como término de comparación.
4. Pasando ya al análisis de la tercera de las quejas deducidas según el orden seguido en la demanda y dirigida, en última instancia, contra el art. 38.2.2 de la Ley 5/1990 por presunta lesión del principio de igualdad (art. 14 C.E.)en relación al de capacidad económica (art. 31.1 C.E.), ha de señalarse que tal cuestión fue ya definitivamente resuelta por la reciente STC 159/1997, del Pleno del Tribunal, cuyos razonamientos son de íntegra aplicación al presente supuesto, cual, de otra parte, fuera ya el caso de la STC 183/1997.
En los fundamentos jurídicos 3. y 4. de dicha Sentencia rechazamos que la creación por el art. 38.2.2 de la Ley 5/1990 de un gravamen complementario de la tasa fiscal sobre el juego para las máquinas recreativas tipos «B» y «C» pudiera haber supuesto una discriminación contraria al principio de igualdad proclamado en el art. 14 C.E., frente a otro tipo de actividades económicas, en general, o del propio sector del juego en particular, alegación en que se basa esencialmente el motivo aquí analizado. Deciamos allí, y recordamos ahora sintéticamente, que «no toda proclamación constitucional del principio de igualdad es reconducible, sin más, a la efectuada por el art. 14 C.E.», pues «específicamente no lo es, en cuanto aquí interesa, la del principio de igualdad en materia tributaria contenida en el art. 31 C.E., como así lo ha declarado con rotundidad este Tribunal en diversas ocasiones» (con cita de las SSTC 19/1989, 53/1993 y 54/1993), y que «si bien ello no significa que este Tribunal no pueda llegar a apreciar (...) una infracción del art. 14 por la Ley Tributaria, sí excluye claramente que, so capa de una invocación meramente formal del art. 14 C.E., en realidad el recurrente de amparo venga a apoyarse en el art. 31.1 C.E., precepto éste que, como se ha dicho, no puede servir de fundamento a una pretensión en este proceso constitucional, por imperativo del art. 53.2 C.E. y del art. 41.1 LOTC» (fundamento jurídico 3.). Concluíamos, así, y procede ahora reiterar, que «de ello se desprende con claridad que la posible inconstitucionalidad que la recurrente imputa al art. 38.2.2 de la Ley 5/1990, por su eventual contradicción con el principio de igualdad, no residiría realmente en una discriminación contraria al art. 14 C.E. por estar basada en una diferenciación de índole subjetiva, sino en una desigualdad fundada en elementos objetivos, que es la contemplada en el art. 31.1 C.E. Y, por tanto, la conclusión última sólo puede ser, a la luz de la doctrina antes expuesta, que nos encontramos ante una eventual desigualdad no susceptible de ser corregida por el cauce del presente proceso de amparo, aunque pueda serlo, en su caso, por el de otros procesos constitucionales, como el recurso o la cuestión de inconstitucionalidad» (fundamento jurídico 4., in fine).
5. Finalmente, en la tan reiterada STC 159/1997 (y luego en la STC 183/1997, fundamento jurídico 4.), se especificaron los efectos sobre los recursos de amparo entonces pendientes de la STC 173/1996 del Pleno de este Tribunal, que, al resolver sobre las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas núms. 3.563/93, 3.564/93 y 3.565/93 y 100/94, declaró inconstitucional y nulo el art. 38.2.2 de la Ley 5/1990 por haber llevado a cabo «retroactivamente, un aumento de la deuda tributaria que puede calificarse de no previsible y carente de suficiente justificación, lo que conduce a estimar que en este caso se ha producido una vulneración del principio de seguridad jurídica garantizado por el art. 9.3 C.E.» (STC 173/1996, fundamento jurídico 5.).
Pues bien, dicha Sentencia rechaza que la declaración de inconstitucionalidad del art. 38.2.2 de la Ley 5/1990 efectuada en la STC 173/1996 pudiera conducir a la estimación de los recursos de amparo entonces pendientes, directa o indirectamente dirigidos frente a dicho precepto, por supuesta vulneración del art. 14 C.E. Entre otros argumentos, detenidamente expuestos en los fundamentos jurídicos 6. y 7. de la STC 159/1997, a los que procede remitir íntegramente, señalamos allí, y cumple reiterar ahora, que la pura traslación, sin más, al ámbito posible del proceso constitucional de amparo de la declaración de inconstitucionalidad derivada de un proceso de este último género, no resulta posible cuando tal declaración se asienta en normas constitucionales excluidas de aquel ámbito (delimitado en el art. 53.2 C.E.). El proceso de amparo constitucional carece de otro universo posible que el de determinar si existe o no, en cada caso, una vulneración de los derechos y libertades susceptibles de tal amparo; pues «aun cuando pueda admitirse una pretensión directa de inconstitucionalidad sostenida por particulares, esta posibilidad queda doblemente limitada: De una parte por los derechos y libertades reconocidos en los arts. 14 a 30 C.E.; de otra, "a los casos en que el recurrente haya experimentado una lesión concreta y actual de sus derechos'' (STC 41/1981, fundamento jurídico 1.)» (ibid., fundamento jurídico 6.; reproducido en la STC 183/1997, fundamento jurídico 4.).
La aplicación de tal doctrina al supuesto, entonces como ahora, debatido lleva a la denegación del amparo también por este motivo, por cuanto «ha de tenerse presente que en la STC 173/1996 la declaración de inconstitucionalidad del art. 38.2.2 de la Ley 5/1990 se produjo sólo con fundamento en la violación del principio de seguridad jurídica contenido en el art. 9.3 C.E.; y este principio, por imperativo de los arts. 53.2 C.E. y 41.1 LOTC, queda extramuros del proceso de amparo, como reiteradamente ha declarado este Tribunal (SSTC 165/1993, 233/1993 y 28/1994, entre otras). Lo que implica, en suma, que en el presente caso es improcedente tal remisión, en atención a los presupuestos de la jurisdicción de este Tribunal en el proceso de amparo» (fundamento jurídico 6., in fine).
Asimismo certifico: Que con relación a la Sentencia que antecede, aparece un voto particular del tenor literal siguiente:
Voto particular que formula el Magistrado don Fernando García-Mon y González-Regueral a la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 2.919/1995
La Sentencia sigue en los fundamentos cuarto y quinto la doctrina del Pleno de este Tribunal contenida en la STC 159/1997 por la que, pese a haberse declarado la inconstitucionalidad y nulidad del art. 38.2.2 de la Ley 5/1990 por la STC 173/1996, único apoyo legal que tenían las liquidaciones impugnadas, se declaró la improcedencia del recurso de amparo 168/94 en el que, como ocurre en éste, se solicitaba su nulidad. A dicha STC 159/1997 formulé voto particular, igual que otros Magistrados, por entender aplicable al caso el art. 38.1 de nuestra Ley Orgánica y, por tanto, que procedía estimar el recurso de amparo, proyectando la nulidad declarada por la STC 173/1996 a la resolución del mismo.
Así lo entiendo ahora, como lo hice también frente a la STC 55/1998, que desestimó, con base en la misma doctrina, el recurso de amparo núm. 3.288/1994. A los votos particulares entonces formulados contra dichas Sentencias me remito ahora y los doy aquí por reproducidos: entiendo que, por lo razonado en ellos, era procedente haber otorgado el amparo solicitado como lo es también, incluso con mayor claridad, en este caso. Estimar de aplicación a estos supuestos el art. 40.1 de la LOTC que impide «revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las leyes, disposiciones o actos inconstitucionales», me parece contrario a lo establecido en los arts. 164.1 C.E. y 38.1 L.O.T.C., contradicción que -en mi criterio y dicho sea con todos los respetos- no tiene más base que el desconocimiento de la realidad: cuando el Tribunal revisa en amparo la Sentencia dictada en un proceso antecedente, ese proceso «no está fenecido mediante Sentencia con fuerza de cosa juzgada»; está terminado mediante la Sentencia que, precisamente, se revisa en amparo por este Tribunal.
2. En cuanto a la pretensión principal ejercitada en el recurso, la desigual aplicación de la Ley en la que incide el Auto impugnado, es cierta y lo demuestra la entidad actora incluso con la aportación de un Auto de la misma Sala, de fecha 10 de junio de 1996, en el que se admitió un recurso exactamente igual al inadmitido por el Auto de 20 de junio de 1995, que había sido interpuesto por la propia entidad recurrente: «Unión de Operadores Reunidos, S. A.». Pero siendo cierta la desigualdad denunciada, también lo es que, como se señala en la Sentencia de la mayoría, las dos causas de inadmisión apreciadas por el Auto impugnado -cuantía del litigio e impugnación de normas con rango de ley- están contempladas como tales por la Ley Jurisdiccional y el hecho de no haberse aplicado en los numerosos casos que señala la recurrente como término de comparación, ni elimina la existencia legal de las mismas ni impide al Tribunal su aplicación aunque lo haya hecho en la forma desigual que se denuncia en el recurso.
ATC 627/1988, 23 de Mayo de 1988
SAP Lleida 21/2001, 22 de Febrero de 2001

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
in fine
in fine
 resolución 
e contrario