Source: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0160_ES.html
Timestamp: 2020-08-09 06:50:57+00:00

Document:
INFORME sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el marco de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2015
Procedimiento : 2016/2208(DEC)
Ciclo relativo al documento : A8-0160/2017
sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas en el marco de la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2015
Ponente: Joachim Zeller
– Vistos los informes especiales del Tribunal de Cuentas, elaborados de conformidad con el artículo 287, apartado 4, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
– Vistas las cuentas anuales consolidadas de la Unión Europea relativas al ejercicio 2015 (COM(2016)0475 – C8-0338/2016)(2),
– Vistas su Decisión, de … de 2017, por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección III – Comisión(5), y su Resolución que contiene las observaciones que forman parte integrante de dicha Decisión,
– Vista la Recomendación del Consejo, de 21 de febrero de 2017, sobre la aprobación de la gestión de la Comisión relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015 (05876/2017 – C8-0037/2017),
– Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
– Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.º 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.º 1605/2002(6) del Consejo, y en particular sus artículos 62, 164, 165 y 166,
– Vistos el artículo 93 y el anexo IV de su Reglamento,
– Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0160/2017),
A. Considerando que, a tenor del artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que, en aplicación del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ejecutará el presupuesto en cooperación con los Estados miembros, bajo su propia responsabilidad y con arreglo al principio de buena gestión financiera;
B. Considerando que los informes especiales del Tribunal de Cuentas contienen información sobre aspectos importantes relacionados con la ejecución de los fondos, por lo que resultan útiles al Parlamento cuando actúa como autoridad de aprobación de la gestión;
C. Considerando que las observaciones del Parlamento sobre los informes especiales del Tribunal de Cuentas forman parte integrante de la mencionada Decisión, de ...... de 2017, por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2015, sección III – Comisión;
Parte I – Informe Especial n.º 18/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «Ayuda financiera a los países con dificultades»
1. Toma nota de las conclusiones y recomendaciones que figuran en el Informe Especial n.º 18/2015 del Tribunal de Cuentas («Tribunal»): Ayuda financiera a los países con dificultades;
2. Se felicita del primer informe especial del Tribunal sobre la gobernanza económica en la Unión y está a la espera de los próximos informes que se publicarán durante el siguiente año;
3. Lamenta que el Tribunal no haya incluido en este informe a todos los Estados miembros que reciben asistencia financiera desde el comienzo de la crisis financiera, incluido el programa para Grecia, con objeto de facilitar la comparación;
4. Se felicita, no obstante, de que el Tribunal haya elaborado un informe especial separado sobre Grecia; pide al Tribunal que compare los resultados de los dos informes especiales y, en particular, que aborde las sugerencias hechas por el Parlamento en relación con el informe sobre Grecia, en particular los resultados a medio y largo plazo (por ejemplo, el debate en curso sobre el posible alivio de la deuda);
5. Insta al Tribunal a que siga aumentando el número de recursos humanos y de conocimiento de que dispone en este ámbito con el fin de mejorar la calidad de su trabajo; pide al Tribunal que, mientras tanto, tenga plenamente en cuenta los informes de asesoramiento externo solicitados por el Tribunal como información de base para la auditoría;
6. Señala que el Tribunal limitó la auditoría a un escenario de asistencia financiera concreto y a muy corto plazo con arreglo a lo decidido por el Consejo de la Unión, sin tener en cuenta otras posibles soluciones a los desequilibrios presupuestarios que eran ya objeto de debate público y académico, como por ejemplo la mutualización de la deuda soberana o el alivio de la deuda;
7. Lamenta que el informe limite su atención a la gestión de la asistencia sin analizar, ni cuestionar, ni el contenido del programa ni las condiciones negociadas para la asistencia financiera;
8. Toma nota de que las medidas específicas adoptadas por la Unión a nivel político y las principales características de los programas solo se han descrito en el informe especial; insta al Tribunal a que analice si las medidas adoptadas eran las adecuadas para el logro de los objetivos de los programas así como de qué manera han interactuado con el marco político más amplio y los objetivos a largo plazo, incluida la Estrategia Europa 2020;
9. Observa que los objetivos de los programas de asistencia financiera eran que los países que recibieran asistencia volvieran a los mercados financieros, consiguieran unas finanzas públicas sostenibles y volvieran al crecimiento y redujeran el desempleo; lamenta que las conclusiones del Tribunal no hayan analizado en su totalidad los resultados del programa en relación con estos objetivos;
10. Observa que el Tribunal centró principalmente sus conclusiones en la Comisión como gestora de la asistencia financiera, pero considera que, para mejorar la comprensión, se debería haber prestado una mayor atención al Fondo Monetario Internacional y al Banco Central Europeo (BCE), que apoyaron inicialmente a la Comisión a la hora de preparar y supervisar los programas;
11. Comparte la opinión de la Comisión de que se ha infravalorado el papel del Consejo y otras partes interesadas en la elaboración y gestión de los programas; pide al Tribunal y a la Comisión que analicen la pertinencia de las medidas adoptadas por el Consejo, el papel del BCE, y si estas medidas eran adecuadas para alcanzar los objetivos del programa y contribuyeron a los objetivos de la Unión, en particular acabar gradualmente con la crisis económica, y crear empleo y crecimiento;
12. Lamenta que las partes interesadas no compartieran siempre toda la información disponible con la Comisión, lo que fue la causa de enfoques incoherentes por parte del equipo negociador; insta a la Comisión a que establezca un acuerdo formal con sus socios para tener pleno acceso a toda la información disponible a su debido tiempo y evitar así este tipo de problemas en el futuro;
13. Destaca que algunas de las reformas mencionadas en los programas (por ejemplo, reforma de los mercados de trabajo) solo pueden tener resultados en la competitividad a muy largo plazo, mientras que con los programas de asistencia se buscan principalmente resultados más inmediatos, a corto plazo;
14. Observa que los programas se han basado principalmente en la parte correspondiente al gasto (reformas del mercado laboral, regímenes de jubilación y desempleo, reducción de las entidades locales, etc.), así como en recortes de los programas públicos; entiende que estos recortes se han llevado a cabo para reformar los mercados financieros de los países que han recibido ayuda;
15. Insta al Consejo a que examine cuidadosamente los instrumentos y el paquete de medidas disponibles para asistencia financiera en los futuros programas, con vistas a reducir el impacto en la población, los efectos no deseados en la demanda interna y la socialización de los costes de la crisis;
16. Señala que la asistencia financiera proporcionada a los Estados miembros en dificultades adoptó la forma de empréstitos obtenidos en los mercados de capitales utilizando el presupuesto de la Unión como garantía; considera que el papel del Parlamento como autoridad presupuestaria en estos programas se ha visto perjudicado, lo que está reduciendo la legitimidad democrática de la asistencia financiera facilitada;
17. Insta a la Comisión a que aumente el nivel de participación del Parlamento en el marco de la asistencia financiera cuando esté en juego el presupuesto de la Unión;
18. Considera importante que se estudie el papel del Banco Central Europeo a la hora de ayudar indirectamente a los Estados miembros a alcanzar sus objetivos y respecto del aumento del apoyo a la arquitectura financiera de la Unión durante los programas financieros;
19. Considera que al comienzo de la crisis no era fácil predecir algunos desequilibrios bruscos con unos efectos devastadores en algunos Estados miembros; destaca lo difícil que era predecir la magnitud y la naturaleza de la crisis financiera mundial que se registró en 2007 y 2008, que no tiene precedentes;
20. Comparte la opinión del Tribunal de que la atención prestada al marco jurídico de seguimiento anterior a la crisis no fue suficiente para identificar el riesgo de las posiciones fiscales subyacentes en un momento de grave crisis económica;
21. Se felicita de la aprobación por parte de los legisladores de los paquetes de seis medidas y de dos medidas introducidos a raíz de la crisis financiera para corregir las deficiencias de vigilancia mostradas por la crisis; considera, no obstante, que la reforma del marco de gobernanza económica de la Unión en los últimos años no ha permitido acabar del todo con la crisis, e insta a la Comisión a que analice más en profundidad los puntos fuertes y los puntos débiles del nuevo marco en comparación con otras economías similares (a saber, los Estados Unidos, Japón y otros países de la OCDE) y que proponga nuevas reformas de ser necesario;
22. Pide a la Comisión que siga la recomendación del Tribunal de que continúe mejorando sus proyecciones macroeconómicas y presupuestarias;
23. Toma nota de la conclusión del Tribunal de que, a pesar de las limitaciones de tiempo y una experiencia limitada, la Comisión consiguió asumir sus nuevas funciones de gestión de los programas de asistencia financiera; destaca la conclusión del Tribunal de que esto fue un logro teniendo en cuenta las circunstancias;
24. Se felicita de la decisión de permitir que la gestión de la asistencia financiera sea responsabilidad de la Comisión y no de otros socios financieros, lo que permite una asistencia adaptada que tiene en cuenta las especificidades y la propiedad de los Estados miembros;
25. Opina que, aunque se ha de tratar a los Estados miembros de forma equitativa, es necesario que haya flexibilidad para adaptar y ajustar los programas y las reformas a las circunstancias nacionales específicas; considera que, en lo que se refiere a los futuros programas de la Comisión y los informes del Tribunal, debería ser necesario determinar y diferenciar la aplicación de las medidas que pertenecen estrictamente a la Unión de las agendas coyunturales nacionales;
26. Toma nota de las observaciones del Tribunal en lo que se refiere a las dificultades de la Comisión para rastrear la información y que sus procedimientos no se orientaban a la evaluación retrospectiva de la adopción de decisiones;
27. Destaca que en la fase inicial de los programas la Comisión operaba con una fuerte presión de tiempo y política ante algunos riesgos inciertos que suponían un riesgo para la estabilidad del sistema financiero en su conjunto y con unas consecuencias imprevisibles en la economía;
28. Considera que, aunque no tenía experiencia previa en la asistencia financiera, la Comisión aprendió actuando y consiguió poner en marcha adecuadamente y de manera relativamente rápida esos programas, mejorando la gestión de los siguientes;
29. Comparte las recomendaciones del Tribunal de que la Comisión debería analizar más en profundidad los principales aspectos de los ajustes de los países, así como comparar las proyecciones económicas, incluidos el mercado inmobiliario y la deuda pública y privada a nivel nacional; insta a todos los Estados miembros a que faciliten de manera sistemática y regular los datos pertinentes a la Comisión;
30. Considera que el periodo comprendido entre el lanzamiento del primer programa de la Unión y el final del análisis del Tribunal debería brindar la oportunidad de incluir recomendaciones mejoradas tanto sobre las mejoras como sobre los resultados del programa para futuros programas, como consecuencia del diálogo interinstitucional y contradictorio entre el Tribunal y la Comisión;
31. Opina que, por razones de transparencia y mejora de la información y comunicación a los ciudadanos, las respuestas de la Comisión y el dictamen del Tribunal se deberían presentar en dos columnas para permitir la comparación de los puntos de vista, tal y como se hace en el informe anual de Tribunal;
32. Habida cuenta del carácter sensible de estos nuevos informes sobre la gobernanza financiera de la Unión, recomienda que los comunicados de prensa y otros documentos informativos reflejen de forma exhaustiva las conclusiones y recomendaciones del Tribunal.
Parte II – Informe Especial n.º 19/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «Debe concederse más atención a los resultados para mejorar la asistencia técnica a Grecia»
33. Observa que, en el momento de elaborar el presente documento de trabajo, la Comisión ya había presentado su propuesta relativa al establecimiento del programa de apoyo a las reformas estructurales; se felicita de que la Comisión haya tenido claramente en cuenta las recomendaciones del Tribunal y espera que el programa de apoyo a las reformas estructurales surja como una importante herramienta para la asistencia técnica sobre la base de experiencia obtenida por el Grupo Especial para Grecia;
34. Le preocupa que la rápida constitución del grupo especial ad hoc fuera la causa de algunos de sus problemas operativos; pide que se lleve a cabo una evaluación completa de la situación al respecto y que se elabore un plan de acción sucinto y por etapas, vinculante y previo a cualquier proyecto de asistencia técnica; pide que en sus posteriores programas de asistencia técnica la Comisión aplique un enfoque más planificado, incluido un mandato con fechas de inicio y finalización para los mandatos;
35. Destaca que la asignación de un presupuesto específico es una condición indispensable para el éxito de los programas de asistencia, tanto para los gastos de planificación como de racionalización, evitando así diferentes niveles de control y de normas que se han de cumplir, en relación con líneas presupuestarias separadas;
36. Observa que el grupo especial gestiona un número impresionante de proyectos que involucran a múltiples organizaciones socias; opina que la incidencia de los programas de asistencia se podría mejorar racionalizando los programas, limitando el número de organizaciones socias y el alcance de los proyectos para reducir al mínimo los esfuerzos de coordinación administrativa y aumentar la eficiencia;
37. Lamenta que ni los Estados miembros beneficiarios ni el grupo especial proporcionaran a la Comisión informes periódicos de actividad; señala que la Comisión debería insistir en que se le presenten informes trimestrales de actividad sin excesivo retraso, así como un informe final completo en forma de evaluación ex post en un plazo de tiempo razonable tras la conclusión de los trabajos del Grupo Especial para Grecia; pide a la Comisión que realice sistemáticamente un seguimiento de la aplicación de la asistencia técnica con objeto de adaptarse a una asistencia técnica orientada a los resultados; pide además que la asistencia técnica y el Grupo Especial para Grecia incluyan en sus diferentes informes una contabilidad con cómo y dónde se gastaron exactamente los denominados fondos "de rescate" para Grecia;
38. Pide a la Comisión, al Parlamento y al Consejo Europeo que aprovechen la oportunidad que les brinda la negociación del programa de apoyo a las reformas estructurales para el período 2017-2020 para examinar las buenas prácticas de los líderes en este ámbito; insta a la Comisión a que, junto con los Estados miembros, encuentre un sistema para contratar expertos directamente de los Estados miembros, evitando así un nivel adicional de complejidad y carga administrativa eludiendo las agencias nacionales;
39. Pide a los Estados miembros que den muestras de un mayor compromiso: mediante un enfoque basado en los resultados el Parlamento y los Estados miembros podrán prestar un mayor apoyo a través de sus comisiones encargadas de la supervisión presupuestaria.
Parte III – Informe Especial n.º 21/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «Análisis de los riesgos de un enfoque orientado a los resultados en las acciones de desarrollo y cooperación de la Unión»
40. Acoge con satisfacción el informe especial dedicado al análisis de los riesgos de un enfoque orientado a los resultados en las acciones de desarrollo y cooperación de la Unión y formula a continuación sus observaciones y recomendaciones;
41. Observa que la Comisión ha integrado el análisis de los riesgos en la gestión de sus intervenciones exteriores, que se lleva a cabo en entornos complejos y frágiles que presentan numerosos tipos de riesgos, países socios con diferente nivel de desarrollo y marcos de gobernanza;
42. Acoge con especial satisfacción la recomendación del Tribunal a la Comisión de que mejore el uso de la terminología respecto de los resultados a largo plazo (realizaciones, efectos e impactos) y destaca la importancia de formular verdaderos objetivos «S.M.A.R.T.» antes de adoptar cualquier decisión de financiación de diferentes proyectos;
43. hace hincapié en la necesidad de poner mayor énfasis en la formulación de unos objetivos «realistas y realizables» para evitar situaciones en las que los países socios cumplen los objetivos iniciales pero sin resultados significativos en términos de desarrollo;
44. Considera necesario evitar concentrarse en la ejecución presupuestaria como único objetivo de gestión, pues ello puede perjudicar al principio de buena gestión financiera y a la obtención de resultados;
45. Recuerda que el seguimiento y cartografía regulares de los factores de alto riesgo (externos, financieros y operativos) y su cuantificación, desde la fase de determinación hasta la de ejecución, es un requisito imprescindible no solo para una buena gestión financiera y el gasto de calidad, sino también para asegurar la credibilidad, la sostenibilidad y la reputación de las intervenciones de la Unión; considera que crear perfiles de riesgo de actividades y países facilita también la concepción de una estrategia rápida de reducción del riesgo en caso de deterioro de la situación en un país socio;
46. Destaca la necesidad de adaptar periódicamente el entorno de control y las funciones de gestión de riesgos para tener en cuenta la aparición de nuevas formas de instrumentos y estructuras de ayuda, como la financiación combinada, los fondos fiduciarios y las asociaciones financieras con otras instituciones internacionales;
47. Reitera su opinión de que es necesario conseguir un nuevo equilibrio entre absorción, cumplimiento y ejecución, y que este debe reflejarse en la gestión de las operaciones;
48. Considera que el desarrollo de capacidades, las estructuras de gobernanza y la apropiación de los países socios es también un medio importante para mitigar los riesgos sistémicos a fin de favorecer un entorno propicio para permitir que los fondos sirvan a los fines previstos cumpliendo los requisitos de las tres «es» (economía, eficiencia y eficacia);
49. Considera necesario asimismo reforzar el diálogo político y estratégico, la condicionalidad de las ayudas y la estructura de cadena lógica a fin de garantizar la coherencia entre las decisiones y las condiciones previas a los pagos o los desembolsos en los convenios de financiación, vinculando claramente los pagos a la realización de las acciones y a los resultados, así como a la pertinencia de los objetivos y los indicadores seleccionados;
50. Anima (especialmente en el caso de las iniciativas cofinanciadas y con varios donantes) a las instituciones internacionales a:
– evaluar y planificar los futuros beneficios de un proyecto y la manera en que cada uno de los socios participa en las realizaciones finales y en los impactos más generales para evitar dudas sobre la apropiación de los resultados, esto es, qué parte de los resultados es atribuible a la financiación de la Unión y cuál se debe a las intervenciones de otros donantes;
– combinar sus estructuras de gobernanza con la de la Unión, especialmente mejorando sus métodos de gestión de riesgos; considerar que la fungibilidad de los fondos debe ser objeto de un estrecho seguimiento por su alto nivel de riesgo fiduciario;
51. Pide a la Comisión que garantice la eficacia del nexo entre las evaluaciones y la formulación de políticas, teniendo en cuenta todo lo aprendido en el proceso de toma de decisiones;
52. Recuerda que obstaculizar el seguimiento del rendimiento y la evaluación de los resultados va en detrimento de la responsabilidad pública y de la información completa de los responsables políticos;
Parte IV – Informe Especial n.º 23/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «Calidad del agua en la cuenca hidrográfica del Danubio: se ha avanzado en la aplicación de la Directiva Marco sobre el agua, pero queda camino por recorrer»
 Considera que las orientaciones para elaborar informes más diferenciados sobre los avances relativos a la calidad del agua deben ser proporcionadas por la Comisión;
 Coincide con el Tribunal en que la Comisión debe fomentar la comparabilidad de los datos, por ejemplo, mediante la reducción de las discrepancias en el número de sustancias fisicoquímicas que se evalúan en relación con el estado ecológico;
 Destaca la necesidad de que la Comisión prosiga su seguimiento de los progresos de los Estados miembros para lograr una buena calidad del agua, el objetivo de la Directiva Marco sobre el agua;
 Pide a los Estados miembros que garanticen el seguimiento de la buena calidad del agua para disponer de información precisa sobre la situación y el origen de la contaminación en cada una de las masas hídricas, que permita una mejor orientación y un aumento de la eficacia en relación con los costes de las medidas correctoras;
 Anima a los Estados miembros a que garanticen la coordinación entre los organismos que definen las medidas en los planes hidrológicos de cuenca y los que aprueban los proyectos que obtendrán financiación;
 Anima a los Estados miembros a que evalúen y garanticen la eficacia de los mecanismos de aplicación, en particular la cobertura que debe alcanzarse y el efecto disuasorio de las sanciones aplicadas;
 Pide a los Estados miembros que evalúen el potencial del uso del canon por contaminación del agua como instrumento económico y como modo de aplicar el principio de «quien contamina paga», al menos para las principales sustancias que afectan negativamente a la calidad el agua;
 Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de evaluar sistemáticamente no sólo la existencia sino también la idoneidad de las normas relativas a las buenas condiciones agrarias y medioambientales y los requisitos mínimos adoptados por los Estados miembros;
 Observa que la Comisión debe proporcionar orientaciones sobre los posibles métodos de recuperación de costes en el ámbito de la contaminación difusa;
 Pide a los Estados miembros que evalúen el potencial del uso de instrumentos económicos, como los impuestos medioambientales, como incentivo para reducir la contaminación y como modo de aplicar el principio de «quien contamina paga»;
 Pide a la Comisión y a los Estados miembros que identifiquen vías para simplificar la configuración y aplicación de los controles y garantizar su eficacia, sobre la base de un inventario de la aplicación de los mecanismos tanto de la UE como nacionales.
Parte V – Informe Especial n.º 24/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «La lucha contra el fraude del IVA intracomunitario: es necesaria una acción más enérgica»
64. Opina que la Comisión debería realizar un esfuerzo para crear un sistema común de estimación del volumen del fraude del IVA intracomunitario, que permita a los Estados miembros evaluar su eficacia mediante unos indicadores adecuados. La eficacia debería evaluarse desde la perspectiva de la reducción de la incidencia del fraude del IVA intracomunitario y el aumento de la detección del fraude y de la recaudación del impuesto a raíz de dicha detección;
65. Opina que, para mejorar la eficacia de Eurofisc como sistema eficiente de alerta rápida, la Comisión debería recomendar a los Estados miembros: a) introducir un análisis de riesgos común para garantizar que la información intercambiada a través de Eurofisc está orientada específicamente contra el fraude; b) mejorar la rapidez y la frecuencia de los intercambios de información; c) utilizar un entorno informático que sea fiable y fácil de utilizar; d) implantar indicadores y objetivos pertinentes para medir el rendimiento de los distintos ámbitos de trabajo; e) participar en todos los ámbitos de trabajo de Eurofisc;
66. Pide a la Comisión que, en el contexto de su evaluación de las disposiciones de cooperación administrativa entre Estados miembros para intercambiar información entre sus autoridades tributarias para luchar contra el fraude intracomunitario del IVA, realice visitas de supervisión con arreglo a criterios de riesgo. Dichas visitas tendrían que centrarse en mejorar la puntualidad de las respuestas de los Estados miembros a las solicitudes de información, la fiabilidad del sistema de intercambio de información sobre el IVA, la rapidez de los controles multilaterales y el seguimiento de las constataciones de sus informes anteriores sobre cooperación administrativa;
67. Teniendo en cuenta que los Estados miembros necesitan información para reforzar la cooperación con los países no miembros de la Unión y garantizar el gravamen del IVA sobre los servicios de comercio electrónico de empresa a consumidor y los bienes intangibles suministrados vía Internet, pide a la Comisión que apoye a los Estados miembros para que negocien acuerdos de asistencia mutua con los países donde esté establecida la mayoría de los proveedores de servicios de internet y para que firmen dichos acuerdos, con el fin de reforzar la cooperación con los países no miembros de la Unión y garantizar el gravamen del IVA;
68. Opina que, teniendo en cuenta que, a menudo, el fraude del IVA intracomunitario se relaciona con estructuras delictivas organizadas, la Comisión y los Estados miembros deberían suprimir las barreras jurídicas que impiden el intercambio de información entre las autoridades administrativas, judiciales y policiales a nivel nacional y de la Unión. En particular, habría que facilitar a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y a Europol el acceso a los datos sobre el IVA del sistema de intercambio de información y de Eurofisc, y los Estados miembros deberían beneficiarse por su parte de la información facilitada por estos organismos;
69. Considera que la Comisión debería aportar recursos financieros suficientes para velar por la viabilidad y sostenibilidad de los planes de acción operativos establecidos por los Estados miembros y ratificados por el Consejo en el marco de la plataforma pluridisciplinar europea contra las amenazas delictivas.
Parte VI – Informe Especial n.º 25/2015 del Tribunal de Cuentas, titulado «Ayuda de la UE destinada a infraestructura rural: la optimización de los recursos empleados puede ser mucho mayor»
70. Reconoce la importancia de las inversiones en infraestructuras rurales subvencionadas con fondos de la Unión, en particular, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) para necesidades, cuyos beneficios van más allá de la agricultura, que de otro modo podrían no hayan recibido financiación, dados los importantes retos económicos y la escasez de financiación a que se enfrentan las zonas rurales;
71. Toma nota de que la financiación del FEADER a proyectos de infraestructura se basa en la gestión compartida, conforme a la cual los Estados miembros son responsables de la gestión, el seguimiento y el control, así como de la selección y la ejecución de los proyectos, mientras que la función de la Comisión es supervisar el funcionamiento adecuado de los sistemas de gestión y control en los Estados miembros; opina que estos papeles se deben definir con mayor precisión para que los beneficiarios tengan claro cuáles son los ámbitos de competencia de los órganos de control; destaca que tanto la Comisión como los Estados miembros deben respetar el principio de buena gestión financiera;
72. Considera que las conclusiones y recomendaciones del Tribunal, incluidas en el Informe Especial n.º 25/2015, son útiles para seguir mejorando la utilización basada en los resultados de las inversiones financiadas por la Unión en infraestructuras rurales y para lograr mejores resultados y una optimización de los recursos, y pide a la Comisión que las aplique;
73. Recomienda encarecidamente que las inversiones de la Unión en infraestructura rural se dirijan expresamente a proyectos que permitan la mejora de servicios públicos y/o contribuyan a la creación de puestos de trabajo y al desarrollo económico en las zonas rurales, y para los que existe una necesidad demostrable de ayuda pública y que aportan un valor añadido, garantizando al mismo tiempo que estos fondos constituyan inversiones adicionales y no se utilicen para sustituir la financiación a nivel nacional de servicios esenciales;
74. Recomienda a los Estados miembros que adopten un planteamiento coordinado que cuantifique las necesidades, si procede, y las carencias de financiación y justifique la aplicación de las medidas del Programa de Desarrollo Rural (PDR), y que considere no solo los fondos y programas de la Unión, sino también los programas nacionales, regionales y locales además de fondos públicos y privados que puedan abordar —o ya estén abordando— las mismas necesidades que los PDR;
75. Pide a la Comisión que tome como base las primeras medidas adoptadas para garantizar una coordinación eficaz y una complementariedad entre las distintas fuentes de financiación de la Unión, a través de la lista de control que la Comisión utiliza para garantizar la coherencia de los PDR del período 2014-2020, y que siga proporcionando orientaciones a los Estados miembros durante la aplicación de los programas, no solo sobre cómo lograr una mayor complementariedad, sino también sobre cómo evitar el riesgo de sustitución de fondos y atenuar el riesgo de efecto de peso muerto; pide a la Comisión, a este respecto, que intervenga también promoviendo las buenas prácticas;
76. Recomienda a los Estados miembros que, para reducir el riesgo de efecto de peso muerto, antes de fijar los niveles de ayuda para medidas de infraestructura, evalúen el nivel adecuado de la financiación pública necesaria para estimular las inversiones, así como durante el proceso de selección de proyectos, que comprueben, si procede antes de aprobar las solicitudes de ayuda, si el solicitante­ cuenta con capital suficiente o con acceso al mismo para financiar la totalidad o parte del proyecto; anima a los Estados miembros a que hagan un mejor uso de los sistemas de información sobre la gestión;
77. Pide que se respete el principio de adicionalidad en todos los niveles, e insiste, por lo tanto, en la constitución adecuada de comités de seguimiento y su participación activa en el proceso de coordinación; pide a la Comisión que utilice adecuadamente su papel consultivo en los comités de seguimiento;
78. Celebra que la Comisión formulara en marzo de 2014 directrices animando a los Estados miembros a garantizar una aplicación transparente y coherente de los criterios de admisibilidad y de selección a lo largo de todo el período de programación, que los criterios de selección se apliquen incluso en casos en los que el presupuesto disponible es suficiente para financiar todos los proyectos subvencionables y que los proyectos con una puntuación total inferior a un umbral determinado se excluyan de la ayuda, e insta a los Estados miembros a seguir estrictamente esas directrices para proyectos de infraestructura rural financiados por la Unión;
79. Pide que los Estados miembros definan y apliquen de forma coherente criterios que garanticen la selección de los proyectos más rentables, es decir, los proyectos con potencial para contribuir en mayor medida a los objetivos del PDR por unidad de coste; les pide que garanticen que las estimaciones de costes de los proyectos se basen en la información sobre precios actualizada que refleje los precios reales del mercado y que los procedimientos de contratación pública sean justos y transparentes y fomenten una competencia real; toma nota de las orientaciones desarrolladas por la Comisión a finales de 2014 sobre cómo evitar errores comunes en los proyectos cofinanciados por la Unión, y anima a todos los Estados miembros a cumplir los requisitos de condicionalidad ex ante para la contratación pública antes de finales de 2016;
80. Pide también una mayor transparencia en el proceso de selección y considera que las autoridades de gestión al aprobar solicitudes de subvención deberían tomar en consideración la opinión pública sobre problemas locales en las zonas rurales; reconoce que los grupos de acción local pueden desempeñar un papel importante en este proceso;
81. Recomienda a la Comisión que incluya en el ámbito de aplicación de sus futuras auditorías un examen de los aspectos del rendimiento en relación con los proyectos de infraestructura en el espacio rural y espera que los cambios introducidos por la Comisión para el período de programación 2014-2020, basados en problemas identificados en el pasado, produzcan la mejora prevista;
82. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que introduzcan requisitos que obliguen a los beneficiarios a garantizar la sostenibilidad a largo plazo y el mantenimiento adecuado de la infraestructura financiada con inversiones de la Unión, y que comprueben la aplicación de los requisitos respectivos;
83. Solicita que los Estados miembros fijen un plazo razonable para la tramitación de las solicitudes de subvención y de pago y que lo respeten, ya que en la mayoría de los casos los beneficiarios ya han utilizado préstamos puente para finalizar las obras;
84. Recomienda que, para el período 2014-2020, la Comisión y los Estados miembros recaben datos oportunos, pertinentes y fiables que ofrezcan información útil sobre los logros de los proyectos y las medidas financiados; espera que esta información permita extraer conclusiones sobre la eficiencia y la eficacia de los fondos utilizados, identificar las medidas y los tipos de proyectos de infraestructuras que contribuyan en mayor medida al logro de los objetivos de la Unión y que proporcionen una base sólida para mejorar la gestión de las medidas;
85. Anima a los Estados miembros a garantizar que se establecen objetivos claros, específicos y, en la medida de lo posible, cuantificados para los proyectos en los que se hayan comprometido fondos, lo que facilitará la ejecución y el seguimiento de los proyectos, y aportará información útil para las autoridades de gestión;
86. Reconoce que el «desarrollo local dirigido por la comunidad local» es una herramienta importante para remediar las deficiencias detectadas por el Tribunal.
Parte VII – Informe Especial n.º 1/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Está bien concebido y basado en datos fiables el sistema de medición de resultados aplicado por la Comisión a la renta de los agricultores?»
87. Recomienda que la Comisión elabore un marco estadístico más amplio que proporcione información sobre la renta disponible de los hogares agrícolas y que refleje mejor el nivel de vida de los agricultores; para ello, la Comisión debe estudiar, en colaboración con los Estados miembros y sobre la base de una metodología común, la mejor forma de desarrollar y combinar los instrumentos estadísticos existentes de la Unión;
88. Recomienda que la Comisión mejore el marco para comparar las rentas de los agricultores con las rentas en otros sectores de la economía;
89. Pide a la Comisión que siga desarrollando las cuentas económicas de la agricultura para aprovechar mejor su potencial a fin de:
– proporcionar información más detallada sobre los factores que afectan a la renta agrícola; y
– garantizar la transmisión de datos regionales sobre la base de acuerdos formales con los Estados miembros.
90. Opina que la Comisión debe examinar si se pueden seguir desarrollando las cuentas económicas de la agricultura para facilitar una estimación razonable del valor económico de los bienes públicos que producen los agricultores y velar por que la información sobre las cuentas económicas de la agricultura se utilice adecuadamente en los indicadores de ingresos;
91. Recomienda que la Comisión base su análisis de los ingresos de los agricultores en indicadores que tengan en cuenta la situación actual de la agricultura y en datos suficientes y coherentes sobre todos los beneficiarios de las medidas de la PAC; esto puede llevarse a cabo mediante el desarrollo de sinergias entre los datos administrativos existentes o mediante el desarrollo de la Red de Información Contable Agrícola o de otras herramientas estadísticas adecuadas;
92. Opina que, dada la importancia de las cuentas económicas de la agricultura para el seguimiento de la PAC, la Comisión debe implantar una presentación de informes periódicos de calidad sobre dichas cuentas y obtener una garantía razonable de que los Estados miembros establecen un marco de garantía de calidad para que los datos que facilitan sean comparables y se compilen en consonancia con los criterios de calidad aplicables a las estadísticas europeas;
93. Recomienda que la Comisión corrija las deficiencias detectadas en la aplicación de la Red de Información Contable Agrícola, acordando un calendario claro con los Estados miembros en cuestión y fomentando un mejor aprovechamiento del potencial del sistema;
94. La Comisión debe mejorar los actuales sistemas de calidad aplicados a la elaboración de estadísticas de la Red de Información Contable Agrícola por los Estados miembros, de modo que en todos los Estados miembros se representen adecuadamente los sectores y las clases de dimensiones de las explotaciones que sean de interés para la PAC, y se reflejen también las opciones de la PAC que hayan escogido;
95. Recomienda que, teniendo en cuenta las deficiencias detectadas por el Tribunal, la Comisión mejore la fiabilidad y la integridad de la información sobre los resultados de las medidas de la PAC en relación con la renta de los agricultores mediante:
– la definición desde un principio de objetivos operativos y bases de referencia adecuados con los que puedan compararse los resultados de las medidas de la PAC para el próximo período de programación;
– en el contexto de sus evaluaciones, la complementación del marco actual de indicadores de resultados con otros datos pertinentes y de buena calidad para medir los resultados logrados;
– también en el contexto de sus evaluaciones, la valoración de la eficiencia y la eficacia de las medidas diseñadas para apoyar la renta de los agricultores.
Parte VIII – Informe Especial n.º 3/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «Lucha contra la eutrofización en el mar Báltico: se requieren medidas adicionales y más eficaces»
96. Acoge con satisfacción el informe especial del Tribunal titulado «Lucha contra la eutrofización en el mar Báltico: se requieren medidas adicionales y más eficaces» y respalda sus recomendaciones;
97. Lamenta profundamente que, a pesar de que entre 2007 y 2013 la Unión destinara 14 500 millones de euros al tratamiento de las aguas residuales y a medidas de protección del agua en los Estados miembros de la Unión de la región del mar Báltico, además de los 44 millones de euros destinados a la mejora de la calidad del agua en Rusia y Bielorrusia entre 2001 y 2014, se hayan realizado escasos progresos en materia de reducción de las emisiones de nutrientes; pide a la Comisión que preste especial atención a la rentabilidad de las medidas mencionadas;
98. Destaca que la eutrofización es una de las amenazas principales que impide alcanzar un buen estado ecológico del mar Báltico e insiste en la importancia de combatir la eutrofización de uno de los mares más contaminados del mundo; lamenta, por lo tanto, los progresos limitados que se han realizado en la reducción de nutrientes en el marco del programa de reducción de nutrientes HELCOM, que asigna objetivos en materia de reducción de nutrientes para cada Estado báltico; lamenta que algunos Estados miembros solo hayan aplicado parcialmente la Directiva de la Unión;
99. Hace hincapié en que los Estados miembros deberían crear sus procedimientos relativos al programa sobre nitratos basándose en las indicaciones y los consejos científicos más recientes;
100. Pide a la Comisión que solicite a los Estados miembros que recojan información sobre la rentabilidad de las medidas de reducción de la carga de nutrientes con el fin de poder realizar un análisis riguroso con vistas a establecer futuros programas de medidas;
101. Insta a la Comisión a que mejore la fiabilidad de los datos de seguimiento sobre nutrientes en el mar Báltico, ya que su fiabilidad no está garantizada;
102. Insta a la Comisión a que promueva que los Estados miembros designen de forma efectiva las zonas vulnerables a los nitratos con el objetivo de establecer medidas suficientes en las zonas altamente vulnerables y, al mismo tiempo, evitar cargas innecesarias a los agricultores que ejercen su actividad en zonas que no son vulnerables a los nitratos; destaca que los Estados miembros de la región del mar Báltico deberían volver a evaluar la designación de zonas vulnerables a los nitratos;
103. Observa con preocupación la falta de eficacia de las acciones destinadas a reducir la contaminación por nutrientes de las aguas residuales urbanas; pide a la Comisión que garantice el seguimiento efectivo de la aplicación de la Directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas(7) y que garantice, asimismo, que los Estados miembros cumplen plenamente las disposiciones de esta Directiva;
104. Lamenta que las recomendaciones de la Helcom solo se hayan logrado y aplicado parcialmente en virtud de la Directiva de la Unión para actividades específicas;
105. Observa que la financiación de los proyectos en Rusia y Bielorrusia ha sido objeto de un importante efecto de palanca; manifiesta su preocupación, no obstante, por los retrasos en los proyectos, que pueden provocar considerables pérdidas de recursos; pide a la Comisión que continúe sus esfuerzos en este sentido y que preste una mayor atención a los principales agentes contaminantes identificados por la Helcom; opina asimismo que, en el marco de la cooperación entre los Estados de la Unión y terceros países, deberían identificarse las mejores prácticas y aplicarse de forma generalizada.
Parte IX – Informe Especial n.º 4/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología debe modificar sus mecanismos de aplicación y algunos elementos de su concepción para lograr el impacto esperado»
106. Acoge con satisfacción el informe dedicado al Instituto Europeo de Innovación y Tecnología y expone a continuación sus observaciones y recomendaciones;
107. Se congratula por las conclusiones y recomendaciones del Tribunal de Cuentas;
108. Observa que el Tribunal ha identificado varias deficiencias en conceptos y procesos operativos clave y que ha formulado cuatro recomendaciones para convertir al EIT en un instituto innovador y vanguardista;
109. Se remite a los ejercicios de 2012 y 2013, en los que se pospuso la decisión sobre la aprobación de la gestión del EIT debido a la falta de garantías sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones de subvención del EIT, a pruebas insuficientes del respeto del límite máximo del 25 % del gasto global de las comunidades de conocimiento e innovación (CCI), al elevado nivel de prórrogas no ejecutadas y a los retrasos en la aplicación de las recomendaciones del Servicio de Auditoría Interna de la Comisión;
110. Considera que el informe actual del Tribunal plantea serias dudas sobre la base, el modelo de financiación y el funcionamiento del EIT;
111. Toma nota de la respuesta de la Comisión al informe, en la cual expresa su opinión sobre los datos y las conclusiones; señala que la Comisión coincide con la mayoría de las recomendaciones del Tribunal;
112. Señala que, según el informe, en 2015 el EIT llevó a cabo una serie de mejoras, que parecen reflejar las conclusiones y recomendaciones del Tribunal; observa que es necesario proceder a un seguimiento y una evaluación rigurosos a fin de verificar los efectos de estas mejoras;
113. Hace hincapié en que la celebración de un acuerdo plurianual de subvención entre el EIT y las CCI y la estrategia plurianual de las CCI no deberían constituir un obstáculo para la elaboración de informes anuales de las CCI;
114. Destaca que el seguimiento del rendimiento y la evaluación de los resultados reviste un carácter fundamental para que los responsables políticos dispongan de información completa; subraya que esto mismo debe aplicarse también en el caso del EIT y las CCI;
115. Recuerda que el Comisario de Investigación, Ciencia e Innovación introdujo en 2015 el concepto de «innovación abierta» como concepto político clave en el que se ha de enmarcar la política de la Unión en materia de innovación; considera que no está claro el papel que desempeña el EIT en este concepto; hace hincapié en que este concepto no proporciona un marco claro para el desarrollo de una acción coherente y coordinada por la Comisión, habida cuenta del número de políticas e instrumentos afectados y del número de direcciones generales implicadas en el apoyo a la innovación;
116. Pide a la Comisión que garantice una política de innovación coordinada y eficiente, en la que las direcciones generales responsables se encarguen de la puesta a punto de las actividades e instrumentos, y que informe al Parlamento de estos esfuerzos;
117. Manifiesta su preocupación por el hecho de que, en las CCI, la participación de las empresas en la elección de las investigaciones pueda llevar a situaciones en las que se cree un vínculo, económico o de otro tipo, entre la industria y los investigadores y que, como consecuencia, estos dejen de ser considerados independientes; expresa esta preocupación en un contexto de aumento de la influencia de las empresas en la ciencia y la investigación de carácter fundamental;
118. Entiende el cometido del EIT de promover la cooperación entre la educación superior, la investigación y la innovación; observa que las empresas pueden ser a menudo las principales beneficiarias, en tanto que propietarias legales de productos innovadores comercializados y receptoras de ganancias económicas; hace hincapié en la necesidad, en este contexto, de examinar la posibilidad de incorporar una estructura al modelo de cooperación en la que determinados fondos puedan, al menos de forma parcial, retornar al EIT;
119. Cree que las mejoras señaladas y la conformidad de la Comisión con las recomendaciones son motivos para esperar a que se produzcan nuevos avances dentro del EIT;
120. Pide al EIT que, en su informe anual de 2015, facilite a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria un análisis en profundidad de la aplicación de las recomendaciones del Tribunal;
121. Pide a la Comisión que proporcione al Parlamento un informe de seguimiento de la aplicación y el control de las medidas adoptadas a raíz de las recomendaciones del Tribunal.
Parte X – Informe Especial n.º 5/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Ha garantizado la Comisión la aplicación eficaz de la Directiva de servicios?»
122. Acoge con satisfacción el informe del Tribunal de Cuentas, aprueba sus recomendaciones y celebra que la Comisión las acepte y tenga intención de tomarlas en consideración en el futuro;
123. Observa que, pese a esta limitación en el ámbito de aplicación al quedar excluida la provisión de algunos servicios, la Directiva de servicios(8) tiene un ámbito de aplicación muy amplio, lo que obligó a la Comisión a disponer una serie de medidas para asegurar su correcta aplicación;
124. Subraya que el mercado de servicios aún no ha desarrollado plenamente su potencial, y que el impacto sobre el crecimiento y el empleo de una aplicación lograda de la Directiva de servicios es elevado. Aunque todavía no se conoce el beneficio económico potencial de la plena aplicación de la Directiva, la Comisión debería elaborar un estudio para estimar en cifras los beneficios de producción con la mayor fiabilidad posible;
125. Anima a incluir un mayor número de sectores para suprimir más obstáculos sectoriales a la integración del mercado con el objetivo final de suprimir las barreras en el mercado interior de los servicios y desarrollar plenamente el potencial de la Unión en términos de crecimiento, competitividad y creación de empleo;
126. Considera que los Estados miembros hubieran podido hacer un mejor uso de las medidas de la Comisión para apoyar la transposición, la aplicación y la ejecución, especialmente poniendo en común los problemas surgidos en las diferentes etapas del procedimiento, debatiendo posibles soluciones comunes e intercambiando mejores prácticas;
127. Conviene en que la Comisión debería reducir en la medida de lo posible la duración de los procedimientos de infracción;
128. Lamenta que una serie de herramientas, como las «ventanillas únicas», el Sistema de Información del Mercado Interior o la Red de Centros Europeos del Consumidor (Red CEC), no hayan sido suficientemente conocidas y utilizadas por las empresas y los consumidores para solventar problemas en relación con la aplicación de la Directiva de servicios;
129. Observa que la provisión de servicios en línea sigue siendo limitada, por las inseguridades que conlleva para proveedores y destinatarios de los servicios.
Parte XI – Informe Especial n.º 6/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «Programas de erradicación, control y vigilancia para combatir las enfermedades animales»
130. Acoge con satisfacción las recomendaciones del Tribunal y se felicita de la aceptación de las mismas por parte de la Comisión;
131. Celebra que la auditoría haya valorado como idóneos los programas para las enfermedades animales y que haya calificado de correctos el asesoramiento técnico, el análisis de riesgos y los mecanismos de apoyo; se satisface de los resultados positivos de estos programas sobre salud animal en la Unión; anima a la Comisión y a los Estados miembros a que apliquen este enfoque acertado también en el futuro;
132. Opina que convendría seguir mejorando los amplios indicadores de resultados para los programas nacionales de erradicación, control y vigilancia de determinadas enfermedades animales y zoonosis, en particular por lo que respecta a la aplicación técnica y los indicadores económicos, que permitirían realizar un análisis de la relación coste-eficacia de los programas;
133. Señala que, según la Comisión, es difícil establecer la relación coste-eficacia de los programas, en particular dada la ausencia de modelos disponibles incluso a escala internacional; observa igualmente que el hecho de que los programas permitan evitar la propagación de enfermedades, la infección humana y salvar vidas confirma la buena relación coste-beneficio de los mismos;
134. Señala que los sistemas informáticos correspondientes podrían facilitar mejor el intercambio de datos epidemiológicos y el acceso a los resultados históricos, permitiendo una mejor coordinación de las actividades de control entre los Estados miembros; señala que, según la Comisión, se están desarrollando las herramientas informáticas existentes para prestar un mejor apoyar a los Estados miembros; anima a la Comisión a velar por que las herramientas informáticas desarrolladas aporten un valor añadido al intercambio de la información necesaria;
135. Considera que la Comisión debería apoyar la disponibilidad de las vacunas que hayan de utilizar los Estados miembros cuando esté justificado por motivos de epidemia; celebra el hecho de que ya se hayan creado bancos de vacunas/antígenos para dos enfermedades; anima a la Comisión a que continúe con un análisis de riesgos que pudiera determinar una necesidad potencial de otros bancos de vacunas/antígenos;
136. Toma nota de que la Comisión acepta garantizar que los Estados miembros incluyan sistemáticamente, si procede, el aspecto de la fauna salvaje en sus programas veterinarios;
137 Toma nota de que, en determinados países, los programas no tuvieron tanto éxito en la erradicación de las enfermedades animales y los progresos fueron más bien lentos; pide a la Comisión que, en colaboración con los Estados miembros, dé prioridad a esos casos específicos y que elabore una estrategia detallada que contribuya a racionalizar la erradicación de las enfermedades, en particular de la tuberculosis bovina en el Reino Unido e Irlanda y la brucelosis ovina y caprina en el sur de Italia;
138. Observa con preocupación que la legislación de base relativa a la cuestión de las enfermedades animales sigue siendo sumamente compleja y fragmentada; acoge con satisfacción la adopción en marzo de 2016 de un acto legislativo marco, a saber, el Reglamento sobre enfermedades animales transmisibles («Legislación sobre Sanidad de los animales»); observa que el nuevo reglamento será aplicable cinco años después de su adopción; se felicita de que el nuevo reglamento ofrecerá normas más claras, más simples y racionalizadas.
Parte XII – Informe Especial n.º 7/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «La gestión por el Servicio Europeo de Acción Exterior de sus edificios en todo el mundo»
139. Acoge con satisfacción el informe especial dedicado a la gestión por parte del Servicio Europeo de Acción Exterior de sus edificios en todo el mundo, y expone a continuación sus observaciones y recomendaciones;
140. Hace hincapié en que el SEAE y los Estados miembros comparten el interés por seguir desarrollando la cooperación local en el ámbito de la gestión inmobiliaria, prestando una atención particular y continua a las cuestiones referentes a la seguridad, la rentabilidad económica y la imagen de la Unión
141. Se congratula del aumento de los proyectos de coubicación de las delegaciones de la Unión con los Estados miembros, mediante la firma de diecisiete memorandos de acuerdo; alienta al SEAE a que siga buscando la manera de ampliar estas buenas prácticas; considera que esta política debe incluir enfoques innovadores orientados a definir tanto una estrategia coordinada de coubicación con los Estados miembros deseosos de participar y unos acuerdos adecuados de costes compartidos en asuntos inmobiliarios y logísticos;
142. Deplora las deficiencias en el registro y las inexactitudes del sistema de información para la gestión de los edificios de oficinas y las residencias de las delegaciones; pide que se revisen periódicamente la exhaustividad y fiabilidad de los datos registrados por las delegaciones de la Unión;
143. Insta al SEAE que refuerce el control de su gestión y sus instrumentos de control de todos los costes derivados de la política inmobiliaria a fin de garantizar una visión global y un seguimiento exactos de todos los gastos; considera que debe hacerse hincapié en el respeto de los límites máximos definidos en la política inmobiliaria, a fin de reducir el alquiler anual total de las oficinas de las delegaciones, la adecuación de las contribuciones pagadas por las entidades en régimen de coubicación, la cobertura de los costes corrientes derivados de las situaciones de coubicación y la adecuación de los costes a las condiciones del mercado local;
144. Opina que deben desarrollarse rápidamente los conocimientos jurídicos y técnicos en materia de gestión inmobiliaria al tiempo que se considere cualquier opción alternativa rentable, como el recurso al asesoramiento externo, por ejemplo de operadores locales, para la prospección del mercado o la posible negociación con los propietarios;
145. Apoya la aplicación de una estrategia a medio-largo plazo que identifique todas las opciones, desde las prioridades de inversión o las posibilidades de adquisiciones, y la renovación de contratos de arrendamiento, hasta el compartir dependencias con los Estados miembros, teniendo en cuenta asimismo las previsiones de personal y la planificación y el desarrollo de políticas.
Parte XIII – Informe Especial n.º 8/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «Transporte de mercancías por ferrocarril en la UE: todavía no se avanza por la buena vía»
146. Acoge con satisfacción el informe del Tribunal de Cuentas, aprueba sus recomendaciones y celebra que la Comisión las acepte y tenga intención de tomarlas en consideración;
147 Pone de relieve los ámbitos en los que más se necesita la intervención de los Estados miembros y la Comisión: la liberalización del mercado, los procedimientos de gestión del tráfico, las limitaciones administrativas y técnicas, la supervisión y la transparencia de los resultados del sector del transporte de mercancías por ferrocarril, las condiciones de competencia equitativas para los distintos modos de transporte, la coherencia entre los objetivos de la política y la asignación de fondos, la mejora de la coordinación entre los Estados miembros y la Comisión en la selección, planificación y gestión de proyectos y el mantenimiento de la red ferroviaria;
148. Señala que la Comisión no evaluó adecuadamente el impacto de los paquetes de medidas legislativas que ha adoptado desde el año 2000 en el sector ferroviario, en particular en el transporte de mercancías por ferrocarril; lamenta que los fondos de la Unión invertidos en los distintos proyectos no hayan sido rentables;
149. Considera que si la situación del sector ferroviario se mantiene en la misma línea no será posible alcanzar los objetivos de transferencia fijados para 2030;
150. Opina que realizar una evaluación de impacto común y obligatoria de la futura legislación en materia de transporte de mercancías por ferrocarril, con el fin de velar por que se resuelvan de forma eficaz las deficiencias relacionadas con las incompatibilidades de la red, redunda en interés de los Estados miembros;
151. Observa que el sector ferroviario es generalmente muy corporativo, por lo que la liberalización del mercado podría ser percibida más bien como una amenaza que como un beneficio;
152. Considera que el transporte de mercancías por ferrocarril es uno de los aspectos fundamentales del mercado único de bienes y, dado su enorme potencial positivo en lo que se refiere a los objetivos en materia de cambio climático y reducción del transporte por carretera, insta a la Comisión a que dé un nuevo impulso a este sector en el marco de la estrategia para el mercado único; pide, asimismo, que se adopte una estrategia para el transporte de mercancías por ferrocarril;
153. Solicita que se lleve a cabo una evaluación exhaustiva del transporte de mercancías por ferrocarril de la Unión, prestando especial atención a la aplicación del Reglamento (UE) n.º 913/2010, en particular en lo que respecta al sistema de ventanilla única y a la adjudicación de surcos, así como una evaluación, en paralelo, de los corredores ferroviarios de mercancías y los corredores del Mecanismo «Conectar Europa» (MCE), incluidos los proyectos que ya han sido aprobados en virtud del MCE;
154. Solicita que se lleve a cabo una evaluación exhaustiva de la interoperabilidad de los sistemas ferroviarios nacionales;
155. Solicita que se lleve a cabo una evaluación de las estrategias de transporte de los Estados miembros elaboradas tras los acuerdos de asociación en lo que respecta a la armonización transfronteriza y el funcionamiento de los corredores RTE-T;
156. Pide que se elabore un plan de acción para apoyar la plena y rápida aplicación del cuarto paquete ferroviario;
157. Lamenta que varios de los obstáculos para desarrollar una industria europea del transporte ferroviario fuerte y competitiva que señaló el Tribunal en su informe n.º 8/2010 sigan impidiendo los avances en este sector.
Parte XIV – Informe Especial n.º 9/2016 del Tribunal de Cuentas Europeo, titulado «Gasto en la política de migración exterior de la UE en los países de la vecindad oriental y del Mediterráneo meridional hasta 2014»
158. Acoge con satisfacción el informe especial dedicado al gasto en la política de migración exterior de la Unión en los países de la vecindad oriental y del Mediterráneo meridional hasta 2014 y formula a continuación sus observaciones y recomendaciones;
159. Toma nota del enfoque crítico del Tribunal y del gran número de deficiencias expuestas por dicha institución, especialmente la ineficacia en la utilización de los fondos asignados;
160. Pide a la Comisión que evalúe todas las observaciones del Tribunal y adopte las medidas solicitadas para evitar que se cometan los mismos errores en la política de migración 2014-2020; insta a que se pongan en práctica todas las recomendaciones del Tribunal;
161. Opina que, a la hora de utilizar los fondos, deberían seguirse unos sistemas mejorados de supervisión y evaluación partiendo de indicadores de base, índices de referencia progresivos y objetivos realistas y mensurables; insta a la Comisión a que revise todos los indicadores, índices de referencia y objetivos contemplados en los programas sobre migración propiamente dichos;
162. Opina que se ha de procurar constantemente encontrar una respuesta global y coordinada en la medida en que la crisis migratoria plantea muchos retos que transcienden diferentes sectores y ámbitos administrativos;
163. Pide una mejora continuada de la visión y el marco estratégicos de las políticas exteriores y las opciones políticas de la Unión en materia de migración junto con los agentes clave, en aras de la claridad y de una movilización coordinada y coherente de los mecanismos de dimensión exterior de la política de migración, a corto, medio y largo plazo, tanto dentro como fuera del marco presupuestario de la Unión;
164. Pide a la Comisión que contribuya de manera constructiva a la mejora de la coordinación entre los distintos instrumentos, mecanismos y partes interesadas pertinentes con el fin de prevenir las crisis migratorias;
165. Pide a las principales partes interesadas que reflexionen y den una respuesta adecuada por lo que respecta al equilibrio entre la flexibilidad de las intervenciones, la complementariedad de los fondos, su nivel y la potenciación necesaria, así como las posibles sinergias y la adicionalidad global de las intervenciones de la Unión;
166. Opina, en este contexto, que debe procurarse destinar adecuadamente la ayuda a la variada y cambiante problemática de la dimensión exterior de la migración, al tiempo que se garantiza una supervisión adecuada de los fondos desembolsados para que no haya riesgo de que se produzcan desvíos de fondos y doble financiación;
167. Considera que es absolutamente necesario conciliar la demanda de mejores resultados con la disponibilidad de fondos suficientes para garantizar un alto grado de ambición a la hora de elaborar una respuesta global y sostenible de la Unión a los retos actuales y futuros derivados de la crisis migratoria; opina que las negociaciones sobre la revisión intermedia del marco financiero plurianual (MFP) son el foro adecuado para afrontar esos retos, con vistas a incrementar el presupuesto destinado a dichos fondos;
168. Opina que, además del déficit de financiación, la actual fragmentación de los instrumentos, con una falta de interconexión entre sus propios objetivos específicos, dificulta el control parlamentario sobre la manera en que se utilizan los recursos y la determinación de responsabilidades, por lo que también dificulta la evaluación clara de los importes gastados efectivamente en apoyo de la acción exterior sobre migración; lamenta que todo ello desemboque en una falta de eficacia, transparencia y rendición de cuentas; considera necesario redefinir las diferentes posibilidades de utilización de los instrumentos políticos existentes con una configuración de los objetivos clara y renovada para incrementar su eficacia y visibilidad generales;
169. Opina que los fondos de la política de migración exterior de la Unión han de gastarse de manera más eficiente cumpliendo unos criterios de «valor añadido» para ofrecer a las personas unas condiciones de vida adecuadas en sus países de origen e impedir que los flujos de la migración económica se intensifiquen;
170. Pide a la Comisión que lleve a cabo un seguimiento, evalúe y revise de manera constructiva las actividades de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas que está previsto que comiencen en octubre de 2016;
171. Acoge con satisfacción la creación de fondos fiduciarios de la Unión y la intención de desembolsar fondos con más rapidez y flexibilidad en situaciones de emergencia, y de reunir diferentes fuentes de financiación para hacer frente a todos los componentes de cualesquiera crisis;
172. Observa que los fondos fiduciarios forman parte de una respuesta ad hoc que demuestra que el presupuesto de la Unión y el marco financiero plurianual carecen de los recursos y la flexibilidad necesarios para adoptar un enfoque rápido y global con respecto a crisis importantes; lamenta que, a raíz de lo anterior, se eluda a la Autoridad Presupuestaria, lo que socava la unidad del presupuesto;
173. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión, en el contexto de la revisión intermedia del marco financiero plurianual, de crear una nueva reserva de crisis de la Unión Europea que se financie con créditos liberados, a modo de instrumento adicional para responder rápidamente a las situaciones de urgencia de la Unión; pide al Consejo que respalde plenamente esa propuesta;
174. Insiste en que es importante disponer de mecanismos de control suficientes para garantizar un control político de la ejecución del presupuesto en el contexto del procedimiento de aprobación de la gestión; insta a la Comisión a que adopte de inmediato medidas para aumentar la participación de la Autoridad Presupuestaria y de control presupuestario, y para adaptar mejor los fondos fiduciarios y demás mecanismos a la norma presupuestaria, en particular haciendo que figuren en el presupuesto de la Unión;
175. Lamenta que la Comisión no haya facilitado detalles sobre los pagos efectivos, y hace un llamamiento a dicha institución para que adopte las medidas adecuadas para reforzar y simplificar la codificación dentro del sistema de información financiera, a fin de proceder mejor al seguimiento y la supervisión de los importes destinados a la acción exterior en el ámbito de la migración;
176. Pide a la Comisión que establezca un instrumento de archivo global para los gastos relacionados con la migración a escala de la Unión, que incluya todos los proyectos finalizados, en curso y previstos; considera que la base de datos interactiva debe facilitar a las partes interesadas y a los ciudadanos los resultados visualizados en el mapa mundial, permitiendo búsquedas filtradas por país, tipo de proyecto y los importes correspondientes;
177. Opina que, a largo plazo, una gestión prospectiva sería más efectiva que una política exclusivamente reactiva, como la gestión de crisis;
178. Recuerda la postura del Parlamento respecto de un enfoque global de la migración basado en una nueva combinación de políticas con un nexo reforzado entre la migración y el desarrollo, abordando las causas profundas de la migración y defendiendo simultáneamente un cambio en las modalidades de financiación de la crisis migratoria.
Parte XV – Informe Especial n.º 10/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «Son necesarias mejoras adicionales para garantizar una aplicación eficaz del procedimiento de déficit excesivo»
179. Acoge con satisfacción las conclusiones y recomendaciones del Informe Especial n.º 10/2016 del Tribunal, titulado «Son necesarias mejoras adicionales para garantizar una aplicación eficaz del procedimiento de déficit excesivo»;
180. Recomienda a la Comisión que mejore la transparencia del procedimiento de déficit excesivo (PDE) comunicando de forma regular los resultados de sus evaluaciones sobre el cumplimiento de las reformas estructurales previstas en el marco del PDE y reforzando la transparencia en la aplicación de las normas;
181. Considera que, previa consulta con los Estados miembros, la Comisión debería informar regularmente al Parlamento sobre los progreso realizados en los PDE específicos por países;
182. Recomienda que la Comisión prosiga sus esfuerzos dirigidos a integrar los consejos presupuestarios nacionales y garantizar que el Consejo Fiscal Europeo asuma un cometido formal en el marco del PDE; constata que en los últimos años se ha producido una mejora de la transparencia en el marco del PDE y reconoce que determinadas informaciones de naturaleza sensible desde el punto de vista político no pueden ser siempre de dominio público;
183. Recomienda que el PDE se centre en mayor medida en la reducción de la deuda pública; señala que, a finales de 2014, solo 13 Estados miembros tenían niveles de deuda inferiores al 60 % del PIB; constata que varios Estados miembros están fuertemente endeudados a pesar de que la Unión registra una modesta recuperación, y señala que los niveles de deuda pública son más elevados ahora que en 2010;
184. Reconoce que la norma relativa al límite máximo de la deuda solo se hizo operativa en el marco del PDE en 2011; considera que la reducción de los niveles de endeudamiento público, en particular en los Estados miembros con niveles de deuda muy elevados, favorecerá notablemente el crecimiento económico a largo plazo;
185. Recomienda que se mantenga la flexibilidad suficiente en la aplicación de las normas relativas al PDE en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; destaca que, teniendo en cuenta que pueden producirse acontecimientos imprevistos en la política macroeconómica, un marco de gobernanza económica sólido debe estar dotado de la flexibilidad suficiente para adaptarse a la evolución de la economía;
186. Considera que la Comisión debería velar por la estrecha coordinación en los procesos de aplicación de las normas relativas al PDE y las medidas de reforma estructural acordadas en el marco del semestre europeo.
Parte XVI – Informe Especial n.º 11/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «Refuerzo de la capacidad administrativa en la antigua República Yugoslava de Macedonia: limitados progresos en un contexto difícil»
187. Acoge con satisfacción el informe del Tribunal de Cuentas, se suma a sus recomendaciones y anima a la Comisión a que tenga en cuenta estas recomendaciones cuando trabaje sobre el refuerzo de la capacidad administrativa de la Antigua República Yugoslava de Macedonia;
188. Se muestra preocupado por el hecho de que se hayan hecho progresos limitados en el refuerzo de las capacidades administrativas sin avances significativos en la aplicación de la legislación en algunos ámbitos fundamentales como el desarrollo de una función pública independiente y profesional;
189. Observa que solo se han hecho progresos parciales para abordar la corrupción y mejorar la transparencia;
190. Toma nota, no obstante, de que la Comisión Europea tiene que operar en un contexto político complicado y se enfrenta a la falta de voluntad política y de compromiso de las autoridades nacionales para resolver las cuestiones pendientes; observa que las restricciones de la actual crisis política han influido en el éxito de los proyectos financiados;
191. Toma nota de la función clave que desempeña la Comisión en la resolución de la crisis política en el país y la apoya, y se felicita de la participación del comisario como mediador en el diálogo entre las fuerzas políticas de la oposición;
192. Pide a la Comisión que continúe trabajando en favor del diálogo con los dirigentes de todo el espectro político, las autoridades nacionales y expertos sobre el poder judicial y la observancia de la ley a fin de alcanzar un acuerdo sobre una lucha activa contra la corrupción y la delincuencia organizada y sobre la aplicación de medidas y mecanismos estrictos para prevenir la corrupción y la delincuencia organizada en consonancia con el Derecho penal del país;
193. Recomienda firmemente que la Comisión use el diálogo político y los contactos con las autoridades nacionales para mejorar la eficiencia del sistema de contratación pública y la transparencia del gasto público;
194. Pide a la Comisión que dé prioridad a la lucha contra la corrupción y lamenta la falta de una estrategia gubernamental eficaz en la lucha contra la corrupción; reitera la necesidad de un compromiso político mayor por parte de las autoridades nacionales para garantizar unos resultados sostenibles a este respecto;
195. Pide a la Comisión que, al abordar el IAP II, se base en los logros de los proyectos concluidos con éxito, que sean duraderos, tengan un valor añadido cuantificable y se hayan ejecutado y utilizado de conformidad con la reglamentación;
196. Se congratula de que la Comisión haya creado proyectos orientados hacia las organizaciones de la sociedad civil; pide a la Comisión que continúe esta práctica y establezca relaciones estrechas con ONG locales;
197. Anima a la Comisión a que diseñe proyectos que refuercen los derechos y la posición de los denunciantes de irregularidades cuando atraigan la atención pública hacia casos de corrupción y fraude;
198. Toma nota de que, aunque muchos proyectos estuvieron bien gestionados, los resultados no siempre fueron duraderos o ni siquiera se lograron; observa además que los proyectos no siempre se ajustaron a un enfoque coherente orientado a mejorar el desarrollo de la capacidad administrativa; pide a la Comisión que mejore la planificación estratégica y vele por la sostenibilidad y la viabilidad de los proyectos haciendo que el cumplimiento de estos criterios sea un requisito previo de los proyectos;
199. Pide a la Comisión que continúe respetando los principios de la buena gestión financiera; Le pide que ayude a diseñar proyectos que sirvan de trampolín para ulteriores inversiones en el país; anima a la Comisión a que dé prioridad a proyectos con un potencial elevado en ámbitos clave como la contratación pública o los procedimientos de selección, y a que evite la financiación de proyectos con perspectivas de sostenibilidad limitadas;
200. Insta a la Comisión a que reaccione con flexibilidad ante situaciones inesperadas, liberando rápidamente los recursos necesarios o reduciéndolos para hacer frente a los problemas que surjan.
Parte XVII – Informe Especial n.º 12/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «Uso de subvenciones por las agencias: no siempre es adecuado ni puede demostrarse su eficacia»
201. Acoge con satisfacción el informe sobre el uso de subvenciones por las agencias y formula a continuación sus observaciones y recomendaciones;
202. Se congratula por las conclusiones y recomendaciones del Tribunal de Cuentas;
203. Toma nota de las respuestas de la Comisión y de las agencias interesadas que, entre otros aspectos, recogen información importante sobre las medidas adoptadas desde que se llevaron a cabo las auditorías;
204. Destaca que las agencias son responsables de la programación plurianual y anual, así como de la ejecución (operativa y financiera) de las acciones que subvencionan; considera, por lo tanto, que es esencial que las agencias gestionen eficazmente las actividades subvencionadas para cumplir los objetivos y las políticas de la Unión;
205. Señala que el Tribunal ha llegado a la conclusión de que las agencias auditadas concedieron y abonaron subvenciones, en general, de conformidad con la normativa;
206. Observa, no obstante, que el Tribunal ha identificado una serie de deficiencias en relación con las opciones de financiación, los procedimientos de adjudicación, los sistemas de control y la evaluación de los resultados, y que ha formulado cinco recomendaciones para mejorar dichas deficiencias;
207. Toma nota de que la justificación y la elección estratégica por parte de la agencia de una herramienta de financiación podría reforzar la eficacia y la eficiencia de la herramienta y, de ese modo, la ejecución de sus tareas; destaca que un seguimiento inadecuado de las evaluaciones ex ante puede hacer que las agencias elijan unas herramientas de financiación inapropiadas y conciban mal las subvenciones;
208. Lamenta las descripciones demasiado generales de las acciones subvencionadas por las agencias y la vaga descripción de los resultados, que dan lugar a unos programas de trabajo incompletos;
209. Toma nota de la importancia de adaptar las acciones subvencionadas por las agencias a su mandato y sus objetivos estratégicos; alienta, por lo tanto, a todas las agencias a que se doten de directrices y criterios específicos que les ayuden en su elección de la herramienta de financiación concreta sobre la base de un análisis de las necesidades de las agencias, sus recursos, los objetivos que se han de conseguir, los posibles beneficiarios y el nivel de competencia necesario y las conclusiones extraídas de decisiones anteriores;
210. Observa que los programas de trabajo de las agencias deberían indicar qué actividades van a llevarse a cabo mediante subvenciones, los objetivos específicos y los resultados que se espera alcanzar con las acciones subvencionadas, así como los recursos financieros y humanos previstos y necesarios para ejecutar las acciones subvencionadas;
211. Considera que la fijación de objetivos estratégicos, resultados específicos e impactos es vital para conseguir una programación anual bien definida;
212. Destaca que el marco reglamentario de algunas agencias les obliga a utilizar procedimientos de subvención; observa, no obstante, con preocupación que las agencias no tuvieron sistemáticamente en cuenta todas las opciones de financiación de que disponían y que las subvenciones no eran en todos los casos la herramienta más adecuada; toma nota de la observación del Tribunal en el sentido de que los procedimientos de subvención utilizan criterios de admisibilidad más restrictivos y criterios financieros de adjudicación financieros más laxos que la contratación pública, por lo que no debe ser la opción de financiación por defecto; añade, sin embargo, que debe mantenerse un cuidadoso equilibrio entre estas deficiencias de los procedimientos de subvención y los gastos administrativos que implican los procedimientos de contratación pública y, por lo tanto, no comparte la observación del Tribunal de que la contratación pública debe ser la opción por defecto;
213. Manifiesta su preocupación por la observación del Tribunal en el sentido de que las agencias implicadas no establecieron sistemas adecuados de seguimiento ni evaluaciones a posteriori; pide a las agencias que elaboren evaluaciones a posteriori para mejorar el seguimiento de las actividades financiadas con subvenciones y la presentación de informes al respecto;
214. Destaca que el seguimiento del rendimiento y la evaluación de los resultados reviste un carácter fundamental para que los responsables políticos dispongan de información completa; destaca que, debido a su carácter descentralizado, esto es aún más relevante en el caso de las agencias; pide a las agencias que establezcan sistemas de seguimiento y presentación de informes sobre las subvenciones basados en indicadores clave de rendimiento centrados en los resultados y el impacto, así como en los resultados de las evaluaciones a posteriori; considera que los indicadores clave de rendimiento son fundamentales para controlar y evaluar los progresos, el impacto y los resultados;
215. Toma nota con preocupación de que los indicadores clave de rendimiento siguen centrándose en recursos o realizaciones más que en resultados o impactos; pide a las agencias que desarrollen sus indicadores clave de rendimiento de forma más estratégica y que los basen en resultados e impactos;
216. Pide a las agencias que elaboren y apliquen una evaluación de los riesgos de sus programas de trabajo anuales con el fin de mejorar la eficacia mediante una aplicación, un control y una evaluación más precisos;
217. Recomienda la asignación estratégica de instrumentos financieros para los objetivos a corto plazo con el fin de mejorar la exactitud de las decisiones de financiación;
218. Pide a la Red de agencias de la Unión que ayude a las agencias a mejorar sus procedimientos de financiación y, en particular, sus procedimientos de supervisión de los resultados a este respecto;
219. Destaca, en particular, las conclusiones del Tribunal con respecto a los procedimientos de subvención y la necesidad de transparencia, igualdad de trato y en lo que se refiere a evitar posibles conflictos de intereses; insta a las agencias afectadas a que apliquen las recomendaciones del Tribunal en el plazo más breve posible;
220. Pide a las agencias que apliquen procedimientos de subvención específicos para establecer procedimientos internos formales que regulen los principios de transparencia e igualdad de trato y protejan contra posibles conflictos de intereses; destaca que, por este motivo, las agencias deberían reforzar su sistema de verificación de la ejecución de los proyectos de subvención;
221. Pide a la Comisión y a las agencias que fueron objeto de auditorías en este Informe Especial que proporcionen al Parlamento información actualizada sobre la aplicación de las recomendaciones.
Parte XVIII – Informe Especial n.º 13/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «Asistencia de la UE al refuerzo de la administración pública en Moldavia»
222. Acoge con satisfacción el informe del Tribunal de Cuentas, se suma a sus recomendaciones y anima a la Comisión a que tenga en cuenta estas recomendaciones cuando trabaje sobre el refuerzo de la capacidad administrativa de la República de Moldavia;
223. Observa con preocupación que la Unión solo ha contribuido en parte al fortalecimiento de la administración pública y que el Tribunal ha registrado diversas insuficiencias, incluidas las deficiencias en el diseño y la aplicación de los programas y proyectos fiscalizados;
224. Toma nota, no obstante, de que la Comisión tiene que operar en un contexto político complicado y se enfrenta a una corrupción generalizada así como a muchas deficiencias en las instituciones públicas, como una burocracia excesiva, la falta de dedicación a sus funciones esenciales, la elevada tasa de rotación de personal, la escasa eficiencia y la falta de rendición de cuentas. Además, observa que Moldavia está especialmente afectada por inestabilidad política, turbulencias económicas, una profunda pobreza y una emigración masiva;
225. Señala que, pese a que las circunstancias políticas particulares y los factores externos han desempeñado un papel importante en el éxito de los programas incluidos en el presupuesto y que en numerosos casos estos han estado fuera del control de la Comisión, esta podría haber abordado algunas de las deficiencias constatadas;
226. Observa que las deficiencias señaladas por el Tribunal incluyen un tiempo de respuesta lento por parte de la Comisión a acontecimientos repentinos, una adaptación insuficiente de los programas a las estrategias nacionales moldavas, la falta de objetivos ambiciosos, unas condiciones vagas e imprecisas, y la falta de justificación para la concesión de fondos adicionales basados en incentivos;
227. Pide a la Comisión que anime a sus homólogos moldavos a desarrollar estrategias nacionales sistemáticas claramente formuladas que incluyan objetivos claros y mensurables, y a mejorar el vínculo entre el diseño de los programas en el país y esas estrategias;
228. Anima a la Comisión a que recurra a las evaluaciones ex ante para determinar claramente las necesidades financieras y establecer una planificación presupuestaria centrada en los objetivos y justificada;
229. Pide a la Comisión que dé prioridad a la lucha contra la corrupción y lamenta la falta de una estrategia gubernamental realmente eficaz en la lucha contra la corrupción; acoge con satisfacción el nombramiento del asesor de alto nivel para la lucha contra la corrupción en la oficina del primer ministro; reitera no obstante la necesidad de una estrategia más ambiciosa y eficaz y de un compromiso político mayor por parte de las autoridades nacionales para garantizar resultados sostenibles a este respecto; pide a las autoridades nacionales que se centren en la lucha contra la corrupción y una mayor transparencia e integridad de la administración pública, con carácter prioritario;
230. Pide a la Comisión que continúe el diálogo con los dirigentes de todo el espectro político, las autoridades nacionales y expertos sobre el poder judicial y la observancia de la ley a fin de alcanzar un acuerdo sobre una lucha activa contra la corrupción y la delincuencia organizada y sobre la aplicación de medidas y mecanismos estrictos para prevenir la corrupción y la delincuencia organizada en consonancia con el Derecho penal del país;
231. Anima a la Comisión a que diseñe proyectos que refuercen los derechos y la posición de los denunciantes de irregularidades cuando atraigan la atención pública hacia casos de corrupción y fraude;
232. Señala que los principales métodos de prestación de ayuda son el apoyo presupuestario sectorial (74 % de la ayuda) y los proyectos; observa con preocupación que el apoyo presupuestario ha tenido un efecto limitado en el fortalecimiento de la administración pública;
233. Constata con preocupación que el método del apoyo presupuestario sectorial es un medio de distribución del presupuesto muy arriesgado, sobre todo en el contexto moldavo, en el que la administración pública está paralizada por una corrupción generalizada y dominada por la oligarquía local; pide a la Comisión que reconsidere los métodos utilizados sobre la base de un análisis en profundidad de los riesgos;
234. Pide a la Comisión que utilice métodos susceptibles de producir resultados visibles y tangibles para los ciudadanos moldavos;
235. Toma nota de que los proyectos diseñados fueron por lo general pertinentes, pese a la falta de coordinación con respecto al alcance y el calendario y a que la asistencia técnica para el desarrollo de las capacidades administrativas llegó más tarde de lo necesario;
236. Lamenta que, si bien los proyectos produjeron por lo general los resultados esperados, estos no siempre fueron sostenibles por la falta de voluntad política y otros factores externos; pide a la Comisión que se base en los logros de los proyectos concluidos con éxito, duraderos, que tengan un valor añadido cuantificable y que se hayan ejecutado y utilizado de conformidad con la reglamentación; pide a la Comisión que mejore la planificación estratégica y vele por la sostenibilidad y la viabilidad de los proyectos haciendo que el cumplimiento de estos criterios sea un requisito previo de los proyectos;
237. Toma nota de que los proyectos contribuyeron en parte a reforzar la administración pública, pero que no siempre respondieron a las necesidades o los objetivos de la administración moldava; pide a la Comisión que centre los proyectos más específicamente en las necesidades concretas nacionales;
238. Pide a la Comisión que continúe respetando los principios de la buena gestión financiera; pide a la Comisión que ayude en la concepción de proyectos que puedan servir como punto de partida para otras inversiones en el país y que establezca una cooperación con las instituciones financieras internacionales a este respecto; anima a la Comisión a que dé prioridad a proyectos con un potencial elevado en ámbitos clave como la contratación pública o los procedimientos de selección, y a que evite la financiación de proyectos con perspectivas de sostenibilidad limitadas;
239. Observa con preocupación que, pese a que en 2012 la Comisión desarrolló un análisis más sistemático del riesgo, estableció comités de dirección de alto nivel para las operaciones de apoyo presupuestario e introdujo un sistema de alerta temprana para los nuevos riesgos, no fue capaz de detectar a tiempo «el robo del siglo», durante el cual se malversaron 1 000 millones de dólares USA de los fondos de depósitos, posiblemente incluyendo incluso contribuciones concedidas con cargo a los fondos de la Unión, en lo que supuso un enorme escándalo de corrupción; señala que los pagos para el apoyo presupuestario se suspendieron finalmente en julio de 2015 y que su reanudación se supeditó a una mejora de la situación macroeconómica y fiscal y a la conclusión de un acuerdo con el FMI;
240. Pide a la Comisión que mejore el sistema de alerta temprana y el análisis de riesgos con el fin de reaccionar de forma más rápida y flexible a posibles riesgos;
241. Observa que el desarrollo de una capacidad administrativa en Moldavia es una cuestión esencial, ya que el país no tiene un control pleno sobre todo su territorio, lo que ofrece un incentivo a las tendencias separatistas de las fuerzas prorrusas; recuerda que Moldavia tiene una perspectiva europea y que por lo tanto es un socio estratégico de la Unión;
242. Lamenta que la inestabilidad política que reina actualmente en Moldavia tenga efectos negativos a largo plazo para la credibilidad de las instituciones democráticas del país, lo que conduce a progresos limitados hacia la democracia, a una disminución del apoyo para su integración en la Unión y a un aumento de las iniciativas políticas prorrusas;
243. Pide a la Comisión que continúe su compromiso en Moldavia, con vistas a reforzar la asociación política y la integración económica entre la Unión y Moldavia; subraya la importancia de que la Unión apoye, oriente y supervise las reformas prioritarias destinadas a abordar la politización de las instituciones estatales, la corrupción sistémica y la reforma de la administración pública con el fin de lograr esos objetivos.
Parte XIX – Informe Especial n.º 14/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «Iniciativas y ayuda financiera de la UE para la integración de los gitanos: pese a los avances significativos de la última década, aún son necesarios esfuerzos adicionales sobre el terreno»
244. Es consciente del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Directiva 2000/43/CE sobre la igualdad racial, la Directiva 2000/78/CE sobre la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, y la Directiva 2004/38/CE sobre la libertad de circulación y de residencia en la Unión;
245. Acoge con satisfacción la Decisión Marco del Consejo de 2008 sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia(9), la Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 2011, sobre la Estrategia de la Unión para la integración de la población romaní(10), la Comunicación de la Comisión de 2011 titulada «Un marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020»(11) y la Recomendación del Consejo de 2013 relativa a la adopción de medidas eficaces de integración de los gitanos(12), así como la Comunicación de la Comisión, de 17 de junio de 2015, titulada «Informe sobre la aplicación del marco de la UE para las estrategias nacionales de integración de los gitanos 2015»;
246. Recalca que la integración de los gitanos depende de su inclusión y de la posibilidad que tengan de disfrutar de los mismos derechos que los reconocidos al conjunto de la ciudadanía europea, de la que son parte integral;
247. Recuerda los principios básicos comunes para la integración de los gitanos(13), es decir, los diez principios básicos comunes debatidos en la primera reunión de la Plataforma Europea para la Integración de la Población Gitana en 2009 en Praga y posteriormente incluidos como anexo a las conclusiones de una reunión del Consejo de Empleo, Política Social, Salud y Consumidores celebrada el 8 de junio de 2009;
248. Apoya las recomendaciones del Tribunal e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que las pongan en práctica lo antes posible;
249. Expresa su disgusto por que durante el período de programación 2007-2013 no se haya prestado suficiente atención a la inclusión e integración de los gitanos; pide que, a la hora de elaborar el futuro marco estratégico de la Unión, se tengan en cuenta en mayor medida las dificultades de integración y la discriminación a las que se enfrentan los gitanos y el resto de comunidades marginadas;
250. Lamenta que el Tribunal no haya optado en su investigación por una mayor diversidad en cuanto a los países en los que los gitanos representan una parte considerable de la población, incluyendo por ejemplo Eslovaquia, Grecia o Francia;
251. Pide a los Estados miembros que determinen las personas desfavorecidas en las que querrían centrarse en función de las necesidades de estas y de los retos a los que se enfrentan, y que presten especial atención a las poblaciones gitanas al asignar fondos europeos;
252. Lamenta que la complejidad de los fondos de la política de cohesión, los únicos disponibles para los proyectos relacionados con la inclusión, la integración y la lucha contra la discriminación en relación con los gitanos, impida contribuir en grado suficiente a la inclusión de estos y garantizar su acceso a derechos;
253. Considera que parece por tanto necesario que cada Estado miembro adopte una hoja de ruta tanto para estudiar la verdadera repercusión de las leyes, reglamentos, disposiciones administrativas y fondos que han de ayudar a la población gitana como para determinar en qué puntos se deben reforzar los recursos y la capacidad administrativa a nivel nacional, regional y local para prestar apoyo a la implantación y gestión de proyectos que tengan por objeto la inclusión, la integración y la lucha contra la discriminación en relación con los gitanos;
254. Pide a la Comisión que facilite información detallada sobre la financiación disponible para los gitanos, que estudie las barreras existentes y que las tenga en cuenta en el marco de la simplificación de los fondos;
255. Es consciente de la importancia de seleccionar proyectos a largo plazo en favor de las poblaciones gitanas marginadas al conceder los Fondos EIE;
256. Destaca la necesidad de establecer unos criterios de selección más flexibles para los proyectos que tengan por objeto la inclusión de los gitanos y del resto de comunidades marginadas;
257. Pide a la Comisión que vele, en el próximo período de programación o al revisar los programas operativos, por que los objetivos de integración de los gitanos que figuran en las estrategias nacionales al respecto se reflejen en el marco de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (FEIE) a todos los niveles operativos;
258. Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que faciliten datos estadísticos pertinentes y armonizados sobre los gitanos, a fin de poder estudiar mejor su inclusión social, administrativa y económica;
259. Destaca que la exclusión del acceso a la vivienda, la situación de carencia de hogar, la exclusión educativa, el desempleo y la discriminación en el acceso al mercado laboral suelen ser elementos clave de la marginación; hace hincapié, por lo tanto, en la importancia que revisten las iniciativas integradas en materia de vivienda, educación y acceso al mercado laboral a favor de los gitanos y del resto de comunidades marginadas;
260. Subraya que uno de los principales obstáculos al combatir la discriminación contra los gitanos es el escasísimo número de denuncias de incidentes por discriminación a organizaciones o instituciones como la Policía y los servicios sociales; pide por ello a los Estados miembros que incluyan una estrategia tendente a dar solución al problema de la discriminación institucional y paliar la falta de confianza de la población gitana en las instituciones;
261. Insta a la Comisión Europea a, en colaboración con los representantes de las comunidades marginadas, en particular las poblaciones gitanas, y las «instituciones especializadas», implantar un ciclo formativo en las entidades públicas de los Estados miembros con el fin de combatir las prácticas discriminatorias, y dar mejor ejemplo al objeto de fomentar la inclusión a través de un diálogo franco, constructivo y eficaz;
262. Recuerda que se dispone del Programa de la Unión para el Empleo y la Innovación Social (EaSI), dotado con 900 millones de euros para el período 2014-2020, que presta especial atención a las personas vulnerables y a la lucha contra la pobreza y la exclusión social;
263. Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de crear un fondo europeo dedicado específicamente a la inclusión de los gitanos y del resto de comunidades marginadas, y solicita a la Comisión que vele por el control adecuado de los gastos de un fondo de este tipo;
264. Insta a la Comisión Europea a que establezca una auténtica estrategia de la Unión para la inclusión de los gitanos que consista en un plan de acción europeo elaborado y aplicado a todos los niveles políticos y administrativos contando con la participación de los representantes de la comunidad gitana sobre la base de los valores fundamentales de la igualdad, el acceso a derechos y la no discriminación; destaca que esta estrategia debe contribuir a la inclusión efectiva de los gitanos y su acceso a la educación, el mercado laboral, la vivienda, la cultura, la asistencia sanitaria, la participación en la vida pública, la formación y la libre circulación en la Unión;
265. Subraya, no obstante, que compete a los Estados miembros tomar todas las medidas de apoyo a los gitanos y velar por la aplicación uniforme de la legislación nacional y del conjunto de derechos en su propio territorio sin ningún tipo de discriminación.
Parte XX – Informe Especial n.º 15/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Gestionó la Comisión con eficacia la ayuda humanitaria prestada a las poblaciones afectadas por conflictos en la región de los Grandes Lagos de África?»
266. Acoge con satisfacción el informe especial dedicado al análisis de los riesgos de un enfoque orientado a los resultados en las acciones de desarrollo y cooperación de la Unión y formula a continuación sus observaciones y recomendaciones;
267. Celebra que las conclusiones indiquen que la ayuda humanitaria se gestionó con eficacia, especialmente en un entorno de trabajo difícil marcado por la inseguridad e imprevisibilidad en el que la eficacia en la ejecución resultó ser un auténtico desafío;
268. Insta a la Comisión a que, cuando las condiciones en la zona así lo permitan, no ceje en sus esfuerzos en pos de la vinculación entre la ayuda de emergencia, la rehabilitación y el desarrollo (VARD), esfuerzos que podrían complementarse mediante una plataforma interservicios VARD permanente que, entre otras cosas, podría servir para determinar qué programas son combinables; considera que, siempre que sea posible, deben aplicarse enfoques integrados con objetivos de coordinación claramente definidos y una estrategia nacional o regional coherente entre todas las partes interesadas;
269. Pide asimismo a los servicios de la Comisión una mejor transición de las actividades humanitarias a corto plazo hacia las intervenciones de desarrollo a largo plazo y una coordinación coherente no solo entre los diferentes agentes de la Unión, sino también en función de las prioridades nacionales y junto con otras organizaciones internacionales a través de una estrategia común en un marco humanitario y de desarrollo conjunto;
270. Considera que debe llevarse a cabo un análisis sistémico de la verdadera ejecución de las intervenciones humanitarias en el que se evalúen los costes administrativos en la región prestando mayor atención a la eficacia y se establezcan posibles valores de referencia para los elementos de costes usuales y periódicos;
271. Anima a que, siempre que sea posible, se busque una mejor adecuación del calendario al entorno de intervención para evitar costosas y largas prolongaciones de los plazos;
272. Pide a las instituciones pertinentes de la Unión y de las Naciones Unidas que respeten y apliquen plenamente el Acuerdo Marco Financiero y Administrativo; solicita a la Comisión que informe al Parlamento de la aplicación de dicho acuerdo y de las directrices conexas, así como que determine los ámbitos en los que se han de realizar mejoras y presente propuestas pertinentes a tal fin;
273. Recuerda que los informes de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales deben garantizar que, con la mayor precisión, haya un rastreo de la financiación y comparaciones con los aspectos operativos del suministro de la ayuda que se habían acordado al comienzo de la intervención, así como proporcionar a los servicios de la Comisión información que les resulte de utilidad; subraya la importancia de que las organizaciones colaboradoras presenten informes a la Comisión a su debido tiempo para que se pueda gestionar o ajustar con rapidez la respuesta humanitaria y las modalidades de financiación;
274. Hace hincapié en la necesidad de mejorar la transparencia y rendición de cuentas de las Naciones Unidas en relación con el uso de recursos de la Unión y los resultados a la hora de aplicar orientaciones estratégicas y objetivos humanitarios y de desarrollo acordados internacionalmente;
275. Pide a la Comisión que establezca evaluaciones de los resultados a escala de los planes de ejecución humanitaria que permitan tanto realizar evaluaciones comparativas entre los distintos planes como intercambiar mejores prácticas;
276. Lamenta que haya información incompleta o no lo suficientemente orientada hacia los resultados, lo que impide que la Comisión pueda ejercer adecuadamente su función de supervisión;
277. Insiste en la necesidad de alcanzar el máximo nivel de transparencia y rendición de cuentas institucional a todos los niveles garantizando el acceso a información presupuestaria y datos financieros exhaustivos y válidos en relación con los proyectos que cuenten con financiación de la Unión, a fin de permitir que el Parlamento ejerza su poder de control.
Parte XXI – Informe Especial n.º 16/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «Objetivos educativos de la UE: los programas estaban adaptados a ellos, pero hubo deficiencias en la medición del rendimiento»
278. Acoge con satisfacción el informe del Tribunal de Cuentas, aprueba sus recomendaciones y celebra que la Comisión las acepte y tenga intención de tomarlas en consideración;
279. Se congratula de que la Comisión haya aplicado anteriores recomendaciones del Tribunal en el marco jurídico de los Fondos EIE 2014-2020, garantizando así una mejor relación coste-beneficios, en particular, a través de un marco de rendimiento y una reserva de eficacia y de condiciones ex ante, así como de indicadores comunes de realizaciones y de resultados;
280. Subraya que es necesario prestar atención al rendimiento y a los resultados, y celebra que el nuevo marco normativo para el período de programación 2014-2020 incluya disposiciones para que los Estados miembros informen sobre los resultados obtenidos;
281. Toma nota de las deficiencias detectadas en la medición del rendimiento, en particular en el establecimiento de metas y de indicadores de realizaciones y resultados en los proyectos ejecutados en el periodo 2007-2013; lamenta que los indicadores de resultados aún no sean completamente fiables y espera que se corrijan las insuficiencias para la segunda mitad del periodo de programación 2014-2020;
282. Celebra la tendencia a la baja del número de jóvenes que abandonan prematuramente los estudios y el incremento de estudiantes que finalizan la enseñanza superior; pide a los Estados miembros que adapten sus metas nacionales específicas a la meta de la Unión en aras de una mejor consecución de los objetivos educativos;
283. Observa que, según el objetivo fijado en la Unión, la tasa de empleo de los nuevos graduados debería alcanzar el 82 % para 2020 y constata que cuatro de los cinco Estados miembros visitados aún no han alcanzado dicha meta; señala que esos cuatro Estados miembros han tenido que hacer frente a una grave crisis económica de la que ahora están empezando a recuperarse; cree que todavía es posible que esos Estados miembros alcancen la meta fijada e incluso la superen;
284. Destaca la importancia de mantener un nivel suficiente de inversión en educación a escala de la Unión dado el fuerte vínculo existente entre el nivel de estudios y la empleabilidad.
Parte XXII – Informe Especial n.º 17/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «Las instituciones de la UE pueden hacer más para facilitar el acceso a su contratación pública»
285. Acoge con satisfacción las observaciones y las recomendaciones del Informe Especial n.º 17/2016 del Tribunal (aprobación de la gestión 2015), titulado «Las instituciones de la UE pueden hacer más para facilitar el acceso a su contratación pública»;
286. Pide una mayor transparencia en la contratación pública tanto en las instituciones de la Unión como a escala nacional mediante la puesta a disposición del público de los documentos y datos al respecto; estima que la visibilidad de las actividades de contratación de las instituciones de la Unión en internet es escasa y que la información disponible resulta insuficiente y poco clara y está diseminada por numerosas páginas web distintas;
287. Apoya enérgicamente la recomendación del Tribunal de que las instituciones de la Unión creen una ventanilla única común electrónica para sus actividades de contratación que permita a los operadores económicos encontrar toda la información pertinente en un único lugar en línea e interactuar con las instituciones de la Unión a través de esta página web; considera que los procedimientos de contratación que incluyen comunicación sobre las normas aplicables, las oportunidades comerciales, el pliego de condiciones pertinente, la presentación de ofertas y toda la demás comunicación entre las instituciones y los operadores económicos deberían gestionarse a través de dicha ventanilla única;
288. Pide que el sitio web de la Comisión Europea relativo a los fondos europeos desembolsados a todos los Estados miembros esté en una de las tres lenguas de trabajo de las instituciones y contenga la misma información para todos los Estados miembros, que debe consistir en, por lo menos, el objeto del contrato, el nombre del contratista, el nombre de los subcontratistas (de haberlos), la duración del contrato y la existencia o ausencia de documentos complementarios; señala que de esta modo las ONG de todos los Estados miembros y los ciudadanos podrán vigilar en qué se utiliza el dinero y la rentabilidad de los proyectos;
289. Insiste en que corresponde a los poderes adjudicadores velar por que la contratación pública esté basada en el mercado publicando suficientes ofertas y ofreciendo a todos los operadores económicos un acceso equilibrado; comparte la opinión del Tribunal de que, para la revisión en curso en 2016 del Reglamento financiero de la Unión, la Comisión debería proponer una única normativa de contratación pública; hace hincapié en que debe fomentarse explícitamente la participación de las pequeñas y medianas empresas, al contrario de lo que ocurre actualmente, que únicamente los grandes operadores están en situación ventajosa; considera que habría que incluir normas sobre la prospección del mercado antes de la celebración de contratos inmobiliarios y sobre el régimen lingüístico de los procedimientos de contratación y deberían justificarse las desviaciones importantes de la Directiva de contratación(14);
290. Recuerda que el recurso por parte de los poderes adjudicadores a los procedimientos de contratación restringidos disuade a potenciales licitadores e impide la transparencia y el acceso a la información sobre el uso que se le da al dinero de los contribuyentes; subraya que el Consejo utilizó procedimientos restringidos en la gran mayoría de las ofertas y que, entre 2010 y 2014, tomando en conjunto todas las instituciones de la Unión, por lo menos el 25 % de los contratos se adjudicaron mediante procedimiento restringido; exige que se recurra a este procedimiento por causa justificada en un número muy limitado de casos;
291. Señala que, a pesar de que el Parlamento Europeo publica en su página web una lista anual completa de todos sus contratistas que han obtenido contratos por un valor superior a 15 000 euros, no publica todos sus contratos; anima a todas las instituciones a que faciliten información completa de todos los contratistas y los contratos adjudicados mediante contratación pública, incluidos las adjudicaciones directas y los procedimientos restringidos;
292. Subraya la necesidad de que exista una mayor publicidad y de que los anuncios de contratación se publiquen de manera transparente para todos los operadores; recuerda que, según las observaciones del Tribunal, «el Parlamento Europeo utilizó un procedimiento negociado para celebrar un "contrato inmobiliario" por 133,6 millones de euros para un edificio en Bruselas, aunque el edificio no existía cuando se firmó el contrato el 27 de junio de 2012», haciendo de este modo caso omiso de la norma según la cual la excepción a la licitación de la forma más amplia posible prevista en el artículo 134, apartado 1, de las normas de desarrollo solo afecta a los edificios existentes; hace especial hincapié en que todos los edificios no acabados o por construir deben someterse a métodos de adjudicación abiertos o competitivos y considera que esta política debería hacerse extensiva a todos los contratos inmobiliarios, habida cuenta de la complejidad de estos y de que se trata de importes de una cuantía elevada;
293. Conviene con el Tribunal en que las instituciones de la Unión deberían dividir los contratos en lotes cuando sea posible para aumentar la participación en sus procedimientos de contratación; destaca que en 2014 el Consejo adjudicó un contrato marco por diez años por un importe superior a 93 millones de euros para la gestión, mantenimiento, reparación y adaptación de instalaciones técnicas en sus edificios actuales o futuros a una única empresa sin dividirlo en lotes; señala que la Comisión siguió idéntico proceder en 2015 para su contrato de cinco años «Tu Europa - Asesoramiento. El servicio de asesoramiento jurídico gratuito de la Unión Europea» por un valor de cerca de 9 millones de euros; hace hincapié en que la no división de contratos, sumada a la duración excesiva de los contratos marco (de diez o de siete años, siendo el máximo los diecisiete años de un contrato adjudicado por el Consejo para el edificio Justus Lipsius), reprime la competencia y fomenta la opacidad y la posibilidad de corrupción; pide, por lo tanto, a todas las instituciones que abandonen estas prácticas, que son totalmente contrarias al espíritu de transparencia y buenas prácticas que debe alentar la Unión;
294. Exige que todas las instituciones de la Unión elaboren y apliquen los métodos y herramientas pertinentes para llevar a cabo auditorías y evaluaciones, al objeto de detectar y señalar la existencia de irregularidades; reitera que hacen falta mejores técnicas en materia de supervisión, detección, análisis y notificación para combatir el fraude y la corrupción; insiste en que estos conocimientos deben asimismo ponerse a disposición de los Estados miembros; destaca el papel fundamental de los denunciantes de irregularidades a la hora de sacar a la luz infracciones y recuerda que todas las instituciones y agencias europeas deben adoptar normas internas vinculantes para la protección de estos, de conformidad con el artículo 22 quater del Estatuto de los funcionarios de la Unión, que entró en vigor el 1 de enero, 2014;
295. Está de acuerdo con el Tribunal en que la Comisión debería proponer modificaciones al Reglamento financiero de la Unión para permitir interponer un recurso rápido a los operadores económicos que consideran que han recibido un trato injusto; toma nota de que dicho recurso debería tener lugar antes de que los operadores económicos acudan al Defensor del Pueblo Europeo o a los tribunales de la Unión;
296. Considera que se puede velar por la aplicación de la legislación en el ámbito de la contratación pública principalmente mediante la creación de agencias y órganos de investigación competentes e independientes centrados en la investigación de la corrupción en dicha contratación; recuerda que las instituciones de la Unión y los Estados miembros deben compartir información y conocimientos en materia de contratación pública entre sí y con la OLAF, Europol, Eurojust y otros órganos de investigación; recomienda encarecidamente que las instituciones con facultades en materia de investigación, en particular la OLAF, mejoren sus sistemas de gestión de casos para elaborar informes y estadísticas sobre los distintos tipos de denuncias que se están investigando y el resultado de dichas investigaciones;
297. Se felicita de la conclusión del Tribunal de que las instituciones de la Unión deben crear un único depósito público de información relacionada con sus contratos públicos para posibilitar un seguimiento a posteriori de sus actividades de contratación;
298. Subraya que la recopilación centralizada de datos relativos a la contratación pública contribuye a la elaboración de estadísticas significativas, precisas y detalladas para la prevención, detección e investigación de la corrupción en la contratación pública y la adopción de las medidas apropiadas de respuesta; destaca que la adición de campos de datos en las bases de datos centrales relativas a la contratación pública (incluido el diario electrónico de licitaciones, TED) podría indicar situaciones de alerta relacionadas con irregularidades en la contratación pública; pide a las instituciones de la Unión que velen por que dichas bases de datos se rellenen completamente y en tiempo oportuno;
299. Destaca el papel de los periodistas de investigación y las ONG a la hora de garantizar la transparencia en el proceso de contratación pública y detectar el fraude y posibles conflictos de intereses; cree firmemente que estos grupos deben tener pleno acceso a ARACHNE, ORBIS y otros instrumentos y bases de datos relacionados que permiten detectar los posibles conflictos de intereses o casos de corrupción en la contratación pública en las instituciones de la Unión, así como en todos los Estados miembros, en particular en lo que respecta a las adquisiciones efectuadas con fondos europeos;
300. Insta a todas las instituciones y agencias a que siempre publiquen los currículums y las declaraciones de intereses de los gestores de alto y medio nivel, miembros y expertos, en particular en el caso de los órganos o estructuras de dirección de todo tipo, incluso cuando se trate de expertos de los Estados miembros, dado que los currículums de estos expertos deben estar a disposición del público en todo momento; subraya que la declaración de ausencia de conflicto de intereses que algunas instituciones y agencias sigue utilizando no es un documento adecuado para su publicación, dado que la decisión de si existe o no conflicto de intereses debe siempre recaer en una organización u organismo tercero independiente;
301. Pide al Tribunal que publique periódicamente un historial de todos los abusos relacionados con casos de denuncia de irregularidades, así como todas las situaciones de conflicto de intereses y puertas giratorias detectadas durante los procesos de supervisión o auditoría, así como que publique al menos una vez al año informes especiales sobre la política y los casos en cuanto a conflictos de intereses detectados en todas las agencias y empresas comunes, en particular las relacionadas con la industria;
302. Acoge con satisfacción la recomendación del Tribunal de que las instituciones de la Unión utilicen revisiones por homólogos en aras del aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas en materia de contratación pública.
Parte XXIII– Informe Especial n.º 18/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «El sistema de la UE para la certificación de los biocarburantes sostenibles»
303. Acoge con satisfacción el informe especial del Tribunal sobre el sistema de la Unión para la certificación de los biocarburantes sostenibles, especialmente las observaciones y recomendaciones formuladas por el Tribunal; Observa que la Comisión aceptó cuatro de cinco recomendaciones en su totalidad y una en parte; invita a la Comisión a que reconsidere la plena aceptación de la recomendación sobre la fiabilidad de los datos proporcionados por los Estados miembros;
304. Señala que la Unión se considera un actor de primera línea en la política medioambiental global, la adopción de normas ambientales a nivel internacional y en proporcionar las mejores prácticas para proteger el medio ambiente y mantener una presencia competitiva en el mercado mundial; toma nota de que, en su 7º Programa de Acción en materia de medio ambiente, la Unión se fija como objetivo para el año 2050 «vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta»; observa que una de las prioridades es garantizar que «la prosperidad y nuestro medio ambiente saludable son la consecuencia de una economía circular innovadora, donde nada se desperdicia y en la que los recursos naturales se gestionan de forma sostenible, la biodiversidad se protege, valora y restablece, y nuestra sociedad es más resistente»;
305. Observa que la Unión se comprometió en la RED a garantizar que la cuota de energía procedente de fuentes renovables utilizada en todos los tipos de transporte en 2020 sea como mínimo del 10 %, lo que solo puede conseguirse mediante un uso importante de biocarburantes; toma nota, no obstante, de que la producción de biocarburantes puede estar ligada a ciertos riesgos en relación con el uso del suelo y que es necesario, por tanto, garantizar su sostenibilidad;
306. Hace hincapié en que la creación de un sistema eficaz y fiable para la certificación de los biocarburantes sostenibles es un paso esencial hacia el cumplimiento de las prioridades políticas establecidas en el 7º Programa de Acción en materia de medio ambiente; señala que la sostenibilidad de los biocarburantes está certificada por regímenes voluntarios reconocidos por la Comisión; lamenta, a este respecto, que el Tribunal no considerara el sistema de certificación de la Unión para la sostenibilidad de los biocarburantes totalmente fiable;
307. Observa con pesar que el procedimiento de reconocimiento de la Comisión no tiene en cuenta algunos de los aspectos clave de la sostenibilidad y el comercio justo, como los conflictos por la tenencia de la tierra, el trabajo forzoso o infantil, las malas condiciones laborales de los agricultores, los peligros para la salud y la seguridad o los efectos de los cambios indirectos del uso del suelo, que en diferentes contextos se consideran extremadamente importantes; considera esto constituye una incoherencia con respecto a las políticas de la Comisión; pide a la Comisión que vuelva a desarrollar sus procedimientos de evaluación de una manera más exhaustiva, y que incluya estos aspectos en su procedimiento de verificación en relación con los regímenes voluntarios; pide a la Comisión que solicite a los regímenes voluntarios que notifiquen una vez al año, basándose en sus actividades de certificación, cualquier información pertinente relativa a los riesgos mencionados;
308. Observa que, hasta la fecha, la Comisión ha presentado dos informes sobre las repercusiones de la política en materia de biocarburantes en la sostenibilidad social en la Unión y terceros países y sobre la disponibilidad de productos alimenticios a un precio asequible; observa con pesar que la información contenida en los informes eran bastante limitada y presentaba solo conclusiones poco claras; pide a la Comisión que mejore el sistema de notificación y facilite al Parlamento un análisis detallado para informar al público sobre estas importantes cuestiones;
309. Observa con gran preocupación que la producción de biocarburantes puede competir con el cultivo de alimentos y que la difusión masiva de los cultivos para la producción de biocarburantes puede tener un enorme impacto en las normas medioambientales y sanitarias en los países en desarrollo, por ejemplo en Sudamérica y Asia meridional, y que ello puede llevar a la deforestación masiva y al declive de la agricultura tradicional, lo que, a largo plazo, tendrá repercusiones socioeconómicas en las comunidades locales; lamenta que el informe de la Comisión no analice en absoluto las cuestiones generales relacionadas con el desarrollo en los países en desarrollo; pide a la Comisión que adopte un planteamiento más firme y coherente con respecto a sus políticas en materia de medio ambiente, energía, desarrollo y otras cuestiones conexas; pide a la Comisión que preste especial atención al impacto de los CIUS;
310. Lamenta que la Comisión reconociera a regímenes voluntarios que no contaban con procedimientos de verificación adecuados para garantizar que el origen de los biocarburantes producidos a partir de desechos fuesen efectivamente desechos, o que las materias primas para biocarburantes cultivadas en la Unión cumplían los requisitos medioambientales de la Unión relativos a la agricultura; pide a la Comisión que verifique que los productores de materias primas para biocarburantes de la UE cumplen realmente los requisitos medioambientales de la Unión relativos a la agricultura; pide a la Comisión que aporte suficientes pruebas del origen de los desechos y residuos utilizados para la producción de biocarburantes;
311. Observa con preocupación que algunos regímenes reconocidos no eran lo suficientemente transparentes, o contaban con estructuras de gobernanza compuestas únicamente por representantes de unos pocos operadores económicos; pide a la Comisión que garantice que los regímenes voluntarios no comportan conflictos de intereses y que asegure una comunicación eficaz con otras partes interesadas;
312. Pide a la Comisión que siga velando por la transparencia de los regímenes voluntarios y de los operadores económicos exigiendo a los regímenes que creen un sitio web oficial que proporcione al público información detallada sobre los regímenes voluntarios, sus procedimientos de certificación, el personal empleado, los certificados expedidos, los informes de auditoría, las reclamaciones y los agentes económicos con los que colaboran;
313. Observa con preocupación que la Comisión no supervisa el funcionamiento de los regímenes voluntarios reconocidos y, por lo tanto, no puede obtener garantías sobre la calidad de la certificación; observa con pesar la falta de un sistema específico de reclamación, que impide a la Comisión verificar que las reclamaciones se tramitan correctamente; pide a la Comisión que introduzca un sistema de supervisión que determine si los regímenes voluntarios de certificación cumplen las normas establecidas para el reconocimiento; pide a la Comisión que solicite que los regímenes voluntarios establezcan sistemas de reclamación transparentes, sencillos, informativos y accesibles en su sitio web; pide a la Comisión que supervise los sistemas de reclamación y adopte medidas si es necesario;
314. Acoge con satisfacción las notas orientativas que la Comisión facilita a los regímenes voluntarios, que pueden contribuir al fomento de buenas prácticas y a una mayor efectividad; Toma, no obstante, de que las notas no son vinculantes no se aplican en su totalidad; invita a la Comisión a que haga que las notas de orientación sean vinculantes para los regímenes voluntarios, con el fin de garantizar que se cumplen los requisitos;
315. Señala que los Estados miembros tienen la responsabilidad de garantizar que las estadísticas relativas a la sostenibilidad de los biocarburantes comunicadas a la Comisión son fiables, pero que existe un riesgo de sobreestimación de las estadísticas; pide a la Comisión que introduzca la obligación para los Estados miembros de respaldar sus estadísticas con las pruebas adecuadas, por ejemplo en forma de certificado o declaración general emitido por la entidad encargada de recopilar datos sobre biocarburantes sostenibles que se transmitiría a la autoridad nacional, que a su vez lo transmitiría a Eurostat;
316. Reitera que los datos facilitados por los Estados miembros a menudo no son comparables debido a las distintas definiciones empleadas, lo que hace que sea prácticamente imposible determinar la situación real; invita a la Comisión a que armonice la definición de «sustancias de desecho», no incluida previamente en la lista de la RED, utilizadas para la producción de los biocarburantes avanzados en instalaciones existentes antes de la adopción de la Directiva (UE) 2015/1513 por la que se modifica la Directiva sobre energías renovables;
317. Observa con preocupación que el valor específico (doble cómputo) de los biocarburantes producidos a partir de desechos y de residuos aumenta el riesgo de fraude; señala que existe una necesidad de diálogo entre la Comisión y los Estados miembros sobre el seguimiento y la prevención del fraude; invita a la Comisión a que inicie dicho diálogo;
318. Acoge con satisfacción el ejemplo de un régimen voluntario mencionado en el informe del Tribunal, que fija normas estrictas para la producción sostenible dirigidas no solo a impedir daños ecológicos sino también a salvaguardar unas condiciones adecuadas de trabajo y de protección de la salud de los trabajadores en las explotaciones, incluyendo la protección del suelo, el agua y el aire, así como al respeto de los derechos humanos, laborales y a la tierra; considera que se trata de un ejemplo de buena práctica; invita a la Comisión a estudiar la posibilidad de crear una plataforma para los regímenes voluntarios en la que puedan compartirse las mejores prácticas.
Parte XXIV – Informe Especial n.° 19/2016 del Tribunal, titulado «Ejecución del presupuesto de la UE a través de los instrumentos financieros: conclusiones que se extraen del período de programación 2007-2013»
319. Acoge con beneplácito los resultados y las recomendaciones del Informe Especial n.º 19/2016 del Tribunal; titulado «Ejecución del presupuesto de la UE a través de los instrumentos financieros: conclusiones que se extraen del período de programación 2007-2013»;
320. Lamenta que la imagen general que se ofrece de los instrumentos financieros no haya permitido describir una acción positiva para mejorar las inversiones en la Unión; observa que la Comisión, la primera, y los Estados miembros han asumido unos riesgos mayores, y lamenta que el sector privado no haya contribuido de forma significativa a estos instrumentos;
321. Destaca el elevado nivel de los costes y las tasas de gestión en comparación con la ayuda financiera real a los receptores finales; propone la fijación de umbrales fiscales para los intermediarios financieros; señala que debería revisarse la magnitud de los fondos específicos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y del Fondo Social Europeo (FSE) para beneficiarse de economías significativas en relación con el coste que conlleva la gestión de los fondos, cuando ello sea posible;
322. Opina que la Comisión ocupa una situación privilegiada para proporcionar nuevas directrices a los Estados miembros sobre el modo de implantar estos instrumentos financieros a escala nacional o europea (gestionados directa o indirectamente por la Comisión); destaca la importancia de garantizar que los instrumentos financieros no estén sujetos a unos mecanismos de evasión fiscal inaceptables;
323. Le preocupa que en algunos casos se haya recurrido a resoluciones fiscales para que algunos instrumentos financieros resultaran más atractivos para los inversores del sector privado; lamenta que la Comisión considere que los acuerdos fiscales previos no pueden considerarse en sí contrarios a su propia política; pide a la Comisión que evite cualquier tipo de resolución fiscal relacionada con el uso de instrumentos financieros de la Unión;
324. Comparte la opinión de que las lecciones aprendidas del periodo de programación fiscalizado (2007-2013) deben reflejarse cuando se establezcan instrumentos financieros para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos; considera, en particular, que las propuestas deberían orientarse hacia el rendimiento y los resultados en vez de al mero cumplimiento; opina que es necesario que los proyectos aporten valor añadido a la especialización regional y al desarrollo económico de las regiones europeas;
325. Lamenta que la base jurídica del periodo anterior permitiera que los Estados miembros congelaran parte de la contribución en las cuentas de los bancos y los intermediarios financieros que gestionan los fondos, sin que se utilizaran realmente para los fines previstos; toma nota de las modificaciones introducidas por la Comisión en sus orientaciones relativas al cierre; pide a la Comisión que controle activamente la situación para evitar esta práctica;
326. Considera que el efecto multiplicador debería ilustrar el grado en que se ha atraído financiación privada mediante las contribuciones financieras iniciales tanto de la Unión como de los Estados miembros; lamenta que las conclusiones del informe especial del Tribunal demuestren que los instrumentos financieros, tanto en gestión compartida como en gestión centralizada, no lograron atraer capital privado; estima que la cofinanciación de los instrumentos financieros por parte de los Estados miembros debería considerarse, junto con la contribución de la Unión, como parte de la financiación pública;
327. Pide que la Comisión facilite una definición para el efecto multiplicador de los instrumentos financieros que sea aplicable a todos los ámbitos del presupuesto de la Unión, que distinga claramente entre el efecto multiplicador de las contribuciones públicas nacionales o privadas en el marco del programa operativo y las contribuciones adicionales de capital públicas o privadas, y que tenga en cuenta el tipo de instrumento de que se trate;
recomienda que los Estados miembros se sigan esforzando en lo que se refiere a la recogida, la gestión y el intercambio de información sobre el efecto palanca de los instrumentos financieros;
328. Destaca la necesidad de proporcionar desde el principio un efecto multiplicador estimados, claro y concreto, para los futuros fondos de los instrumentos financieros; espera que, en el caso de los instrumentos financieros del FEDER y del FSE del período 2007-2013, la Comisión garantice que los Estados miembros facilitan datos completos y fiables sobre las contribuciones privadas a las dotaciones de capital, tanto a través de los programas operativos como de forma complementaria a estos;
329. Opina que, antes de tomar una decisión sobre las medidas de ingeniería financiera de los proyectos de infraestructura pertinentes, las autoridades de gestión deberían asegurarse de que su propuesta esté debidamente justificada mediante un evaluación ex ante independiente de gran calidad, basada en una metodología normalizada y acordada en común; respalda la opinión de que, antes de aprobar los programas operativos, que incluyen proyectos de infraestructura pertinentes, la Comisión debería comprobar su coherencia con la evaluación independiente ex ante y garantizar la calidad de esta última;
330. Recomienda a las autoridades de gestión que la remuneración del administrador de los fondos esté vinculada a la calidad de las inversiones efectivamente realizadas, calculada según su contribución a la consecución de los objetivos estratégicos del PO, y al valor de los recursos reintegrados a la operación procedentes de las inversiones efectuadas por el instrumento;
331. Recomienda que las autoridades de gestión y las instituciones de la Unión adopten un comportamiento proactivo y faciliten asistencia técnica sobre el terreno en lo que se refiere a un mejor uso de los instrumentos financieros en las regiones;
332. Apoya firmemente que la Comisión lleve a cabo un análisis comparativo de los costes de ejecución de las subvenciones y los instrumentos financieros (en gestión compartida y centralizada) correspondientes al período de programación 2014-2020 con el objetivo de determinar su nivel real y su incidencia en el logro de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y de los 11 objetivos temáticos de la política de cohesión; opina que esta información sería especialmente relevante de cara a la preparación de las propuestas legislativas para el período posterior a 2020; pide que se efectúe una evaluación completa de los resultados antes de finales de 2019 para examinar el futuro de estos instrumentos.
Parte XXV – Informe Especial n.º 20/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «Refuerzo de la capacidad administrativa de Montenegro: aunque hay avances, se necesitan mejores resultados en muchos ámbitos clave
333. Acoge con satisfacción el informe del Tribunal de Cuentas, se suma a sus recomendaciones y anima a la Comisión a que tenga en cuenta estas recomendaciones cuando trabaje en el refuerzo de la capacidad administrativa de Montenegro;
334. Celebra que la ayuda de preadhesión de la Unión haya contribuido a reforzar la capacidad administrativa; señala, no obstante, que los avances observados en varios ámbitos clave han sido muy lentos;
335. Lamenta que, si bien los proyectos produjeron por lo general los resultados esperados, estos no siempre fueron sostenibles, en parte por la falta de voluntad política de las autoridades nacionales y factores externos; pide a la Comisión que se base en los logros de los proyectos concluidos con éxito, duraderos, que tengan un valor añadido cuantificable y que se hayan ejecutado y utilizado de conformidad con la reglamentación; pide a la Comisión que mejore la planificación estratégica y vele por la sostenibilidad y la viabilidad de los proyectos haciendo que el cumplimiento de estos criterios sea un requisito previo claro;
336. Lamenta el bajo nivel de compromiso de las autoridades nacionales, que influye negativamente en los avances en el refuerzo de la capacidad administrativa; pide a las autoridades nacionales que hagan un seguimiento de las realizaciones de los proyectos obtenidas para aumentar la eficacia; hace hincapié en que se requiere una fuerte voluntad política para abordar con eficacia la despolitización y la transformación de la administración estatal;
337. Acoge con satisfacción que los proyectos estuvieran, en su mayoría, debidamente coordinados con otros proyectos del IAP o con las intervenciones de los donantes; subraya, no obstante, que también se dieron casos de peor coordinación que condujeron al solapamiento de algunos de los esfuerzos; pide a la Comisión que adapte mejor sus actividades orientadas a Montenegro a otros proyectos con múltiples beneficiarios;
338. Lamenta que no hubiera en los informes de la Comisión suficiente información que pudiera mostrar los avances en el refuerzo de la capacidad administrativa a lo largo del tiempo; observa que los informes no siempre evaluaban los mismos ámbitos de la administración pública y que los criterios de evaluación de la capacidad administrativa no siempre eran claros, lo que ha dificultado la comparación a lo largo del tiempo;
339. Acoge con satisfacción, no obstante, la nueva metodología de presentación de informes para la evaluación anual en los informes de situación de 2015, que ha dado muestras de una mejor armonización de las escalas de evaluación y una mejor comparabilidad; pide a la Comisión que, también en el futuro, se base en este sistema de presentación de informes;
340. Observa que la Comisión ha utilizado bien los medios no financieros de apoyo al proceso de reforma en forma de diálogo político, pero subraya que quedan importantes cuestiones por resolver;
341. Lamenta que, a pesar de algunos resultados obtenidos durante el pasado año en la aplicación de la legislación en materia de lucha contra la corrupción, los avances en dicha lucha sigan siendo lentos; subraya que el conjunto del sistema del Estado de Derecho debe lograr más resultados, con especial hincapié en el refuerzo de la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada; pide a la Comisión que anime a las autoridades nacionales a reforzar las capacidades en materia de investigación financiera y protección de los denunciantes;
342. Se congratula de que la agencia de lucha contra la corrupción iniciara su labor en 2016; observa, sin embargo, que la corrupción sigue estando muy extendida en numerosos ámbitos y siendo un problema grave;
343. Observa que la descentralización de la gestión de proyectos puede suponer una valiosa creación de capacidades en las estructuras operativas debido a los controles ex ante detallados; toma nota, asimismo, de que la difusión de las buenas prácticas de gestión de proyectos acumuladas en las estructuras del IAP al resto de la administración pública encargada de los mismos ámbitos puede ofrecer resultados potencialmente eficaces; pide a la Comisión que aproveche esta opción para impulsar la eficacia de la creación de capacidades en Montenegro; pide a la Comisión que anime a las autoridades nacionales a que estudien la posibilidad de utilizar buenas prácticas en la creación de capacidades;
344. Señala que se considera que Montenegro es el país más avanzado de la región en el proceso de adhesión; pone de relieve que la Unión ha desempeñado una función irremplazable en el país; lamenta, sin embargo, que Montenegro se haya visto desgarrado recientemente por la inestabilidad política y la polarización, y por una lucha cada vez más intensa por la influencia entre Rusia y la OTAN, a cuyas fuerzas se adherirá el país en 2017; pide a la Comisión que prosiga el diálogo político con las autoridades nacionales, con el fin de contribuir a alcanzar acuerdos entre el Gobierno y la oposición.
Parte XXVI – Informe Especial n.º 22/2016 del Tribunal, titulado «Programas europeos de ayuda a la clausura nuclear en Lituania, Bulgaria y Eslovaquia: se han logrado algunos avances desde 2011, pero el futuro plantea desafíos cruciales»
345. Acoge con satisfacción el entregado trabajo del Tribunal en lo que respecta a la clausura de las centrales nucleares, como ponen de manifiesto el presente Informe Especial y el Informe Especial de 2011(15);
346. Apoya las recomendaciones del Tribunal, la mayoría de las cuales han sido aceptadas por la Comisión;
347. Recuerda que desde 2012 la Comisión de Control Presupuestario se interesa particularmente por la cuestión de la clausura nuclear y, por ello, organizó misiones de información a las tres centrales nucleares en 2012, 2013 y 2014;
348. Subraya que la seguridad nuclear es objeto de máxima importancia, no solo para los Estados miembros en cuestión, sino para la población de toda la Unión Europea y de los países vecinos;
349. Hace hincapié en que, en Lituania, la extracción y el almacenamiento provisional seguro de las barras nucleares de la Unidad 2 deben considerarse prioritarios;
350. Recuerda que, en Lituania, una de las principales causas del retraso se debe a que los conflictos técnicos y comerciales entre las autoridades nacionales y los contratistas externos han permanecido sin resolverse durante años; opina que, para evitar que este problema interfiera con el proceso de clausura, deben designarse equipos de gestión de proyectos especializados; pregunta a la Comisión si existen equipos de gestión de proyectos de este tipo en los tres Estados miembros afectados;
351. Recuerda a la Comisión que la Oficina Superior de Auditoría de Eslovaquia había previsto realizar una auditoría a JAVYS(16) en 2015; solicita que se le informe acerca de los resultados de esta auditoría; pide, en este sentido, a las autoridades lituanas y búlgaras competentes que lleven a cabo una auditoría de los procesos de clausura de las centrales de Ignalina y Kozloduy;
352. Manifiesta su preocupación por los retrasos de las obras en las instalaciones de almacenamiento de residuos radiactivos de baja y media actividad; pide a la Comisión que informe a la comisión competente del Parlamento sobre los avances realizados antes de que tenga lugar la votación en el Parlamento sobre la aprobación de la gestión de la Comisión para el ejercicio 2015;
353. Pide a la Comisión que informe a su comisión competente acerca de los esfuerzos realizados por reducir las diferencias de financiación existentes, en particular, en Lituania;
354. Recuerda que el Tribunal ha estimado los costes de clausura en los tres Estados miembros, incluido el almacenamiento definitivo de los residuos de alta actividad y el combustible nuclear gastado, en 11 388 millones de euros; considera que los costes de clausura no deberían incluir los costes del almacenamiento definitivo de los residuos de alta actividad y el combustible gastado, que es competencia de los Estados miembros y, por tanto, deberían sufragarse con fondos nacionales;
355. Pide a la Comisión que presente, junto con los tres Estados miembros afectados, un informe sobre la situación real de la gestión del combustible gastado y los residuos radiactivos generados por el desmantelamiento de las tres centrales nucleares;
356. Pide a la Comisión que colabore con los Estados miembros con el fin de examinar las modalidades de identificación de los almacenamientos geológicos para los residuos radiactivos de alta actividad;
357. Destaca que la clausura de la central nuclear de Ignalina era una condición impuesta por la Unión para la adhesión de Lituania, a cambio de ayuda de la Unión para su clausura, su desmantelamiento y su participación en la reducción del impacto económico y social, con arreglo a lo previsto en el Protocolo n.º 4 del Tratado de Adhesión; observa que Lituania ha cumplido su obligación en lo que se refiere al cierre de los reactores nucleares de la central de Ignalina con arreglo al calendario previsto; manifiesta, no obstante, su preocupación, por los retrasos en el desmantelamiento y propone, por lo tanto, que las autoridades de la Unión supervisen más atentamente el proceso;
358. Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación completa de las necesidades para la continuación de los programas de financiación específicos para la clausura nuclear en Lituania, Bulgaria y Eslovaquia después de 2020, y recuerda que la seguridad nuclear es de suma importancia para todos los ciudadanos de la Unión y teniendo en cuenta las recomendaciones del Tribunal en lo que se refiere a la continuación de la financiación; destaca que cualquier posible nueva financiación de la Unión después de 2020 propuesta por la Comisión para la clausura nuclear en los tres Estados miembros debe incluir normas claras e incentivos adecuados para su continuación con unos mecanismos de control más eficaces, tanto en lo que se refiere a la financiación como al calendario, al tiempo que recuerda la necesidad de que los recursos de la Unión se utilicen con eficacia;
359. Pide a la Comisión que garantice que todos los futuros costes derivados de la clausura nuclear y el almacenamiento definitivo del combustible gastado se contabilicen correctamente y se calculen de conformidad con las normas internacionales y la legislación de la Unión;
360. Pide a la Comisión que evalúe los planes de acción en los tres países con el fin de proponer licitaciones comunes para proyectos similares, en particular en lo que respecta a los servicios de consultoría y el diseño de las instalaciones de almacenamiento de residuos;
361. Pide a la Comisión que evalúe el proceso de clausura en Lituania, Bulgaria y Eslovaquia, así como la eficacia de la utilización de la ayuda financiera de la Unión, durante el período financiero 2007-2013;
362. Pide al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo que realice una auditoría del funcionamiento de los fondos de apoyo a la clausura entre 2007 y 2013;
363. Manifiesta su preocupación ante la constatación del Tribunal de que la evaluación de la Comisión de los respectivos planes de financiación y los planes de clausura detallados para el período de financiación 2014-2020, es decir, relativos a la segunda y tercera condiciones ex ante, respectivamente(17), fue inadecuada; pregunta quién asume la responsabilidad financiera de este fracaso en la Comisión; solicita, en este sentido, que se le informe acerca del plan de acción finalizado que tenía por objeto subsanar las deficiencias detectadas.
Parte XXVII – Informe Especial n.º 23/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «El transporte marítimo en la UE se mueve en aguas turbulentas — mucha inversión ineficaz e insostenible»
364. Acoge con satisfacción el informe del Tribunal y respalda sus recomendaciones;
365. Se congratula por el hecho de que, en la década pasada, a pesar de las considerables diferencias entre los puertos de los Estados miembros por lo que respecta al uso, el transporte marítimo ha crecido en la Unión;
366. Subraya que la política de inversión de los puertos de los Estados miembros se establece de acuerdo con decisiones políticas adoptadas a nivel nacional que pueden divergir de la estrategia de la Unión, definida asimismo por los Estados miembros; opina que la función principal de la Comisión debería ser asegurar que las acciones nacionales de financiación de infraestructuras europeas sean coherentes con la política de transportes de la Unión. Lamenta que la Comisión no tenga a su disposición todos los instrumentos para hacer efectiva esta coherencia.
367. Reconoce que las inversiones en infraestructuras portuarias son inversiones a largo plazo; lamenta que en la mayoría de los casos la rentabilidad es, no obstante, baja y lenta;
368. Lamenta asimismo que las estrategias nacionales de desarrollo portuario estaban muy desarrolladas, pero que la solidez de los planes de ejecución y la coordinación siguen siendo un problema;
369. Manifiesta su profunda preocupación por que el Tribunal constató falta de información relativa a datos agregados de capacidad así como la existencia de información no fiable sobre la capacidad disponible;
370. Lamenta que los Estados miembros no faciliten datos sobre la capacidad de los puertos principales, lo que dificulta la capacidad de control de la Comisión; destaca la importancia de mejorar la situación a fin de que la Comisión pueda presentar un plan de desarrollo para el sector portuario a escala de la Unión; pide a la Comisión que establezca un sistema de información claro de los Estados miembros en lo que se refiere a los datos;
371. Considera que la coordinación entre los servicios del BEI y los de la Comisión puede mejorarse con una mejor cooperación y procedimientos más transparentes.
Parte XXVIII– Informe Especial n.º 25/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado « Sistema de identificación de parcelas agrícolas: herramienta útil para determinar la admisibilidad de las tierras agrícolas, aunque su gestión podría mejorarse»
372. Recomienda que, sobre la base de un análisis cuantificado de costes y beneficios y de una evaluación de riesgo, los Estados miembros redoblen durante el actual período de la PAC sus esfuerzos por incrementar la fiabilidad de los datos del SIP mediante actualizaciones oportunas y exhaustivas del sistema. Dada la complejidad de la evaluación del prorrateo, en el actual período de la PAC, los Estados miembros que utilicen dicha opción deberían hacer un esfuerzo adicional para desarrollar un catálogo de prorrateo con criterios de descripción y evaluación claros, y utilizar instrumentos técnicos complementarios para aumentar la objetividad del análisis de las ortoimágenes y garantizar su reproductibilidad. Los Estados miembros deberían asimismo considerar la posibilidad de registrar datos relativos a los derechos de propiedad y arrendamiento en sus SIP cuando sea viable y rentable;
373. Recomienda que, con el apoyo de la Comisión, en el actual período de la PAC los Estados miembros desarrollen y establezcan un marco de evaluación de los costes de gestión y actualización de sus SIP. Esto debe permitir a los Estados miembros medir los resultados de sus SIP y la relación coste-eficacia de las mejoras introducidas en el sistema;
374. Recomienda que los Estados miembros velen por que, mediante sus SIP, puedan identificar y registrar con fiabilidad, y supervisar con eficacia, superficies de interés ecológico, pastos permanentes y nuevas categorías de superficies. Deberían asimismo evaluar la rentabilidad, incluyendo en sus SIP todos los elementos paisajísticos protegidos- en virtud de la condicionalidad y de los programas agroambientales para seguir mejorando la supervisión y la protección de dichos elementos beneficiosos para el medio ambiente y la biodiversidad;
375. Recomienda que la Comisión vuelva a examinar el marco jurídico vigente para simplificar las normas relativas al SIP y racionalizarlas para el próximo período de la PAC, por ejemplo, reconsiderando la necesidad del umbral de estabilidad del 2 % y de la norma de los 100 árboles;
376. Recomienda que, antes del inicio de la evaluación cualitativa de 2017, la Comisión lleva a cabo un análisis de costes y beneficios a fin de determinar si la representatividad de las muestras de dicha evaluación podría aumentar para lograr una mayor cobertura de la población de parcelas del SIP;
377. Recomienda que, a partir de 2016, la Comisión mejore la supervisión de los resultados de la evaluación cualitativa analizando las incoherencias en los informes relativos a la evaluación, sometiéndola a seguimiento, enviando comentarios a los Estados miembros y garantizando que se preparan y aplican planes de acción correctores en los casos necesarios; Asimismo, la Comisión debería llevar a cabo un análisis anual de tendencias detallado de cada Estado miembro y de cada tipo de parcela de referencia para detectar a su debido tiempo los problemas potenciales.
Parte XXIX – Informe Especial n.º 26/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «El desafío de lograr una condicionalidad más eficaz y menos complicada»
378. Recomienda que la Comisión estudie, dentro de la evaluación de impacto de la PAC posterior a 2020, la manera de desarrollar en mayor medida su conjunto de indicadores para evaluar los resultados de la condicionalidad. También debería estudiar cómo tener en cuenta en sus indicadores los niveles de cumplimiento por los agricultores de la normas de condicionalidad, a fin de afianzar la aplicación y ejecución de los estándares medioambientales en la agricultura para garantizar la coherencia de la PAC.
Con el fin de garantizar que no se reproducen los problemas constatados, la Comisión debería tomar en consideración diferentes requisitos en función de las necesidades territoriales locales. Por otra parte, los niveles de pago deberían estar más vinculados a las exigencias impuestas a los agricultores, lo que permitiría afrontar los problemas ambientales específicos y, simultáneamente, compensar a los agricultores por las restricciones que se les han impuesto;
379. Recomienda que, en adelante, la Comisión mejore el intercambio de información sobre los incumplimientos de las obligaciones de condicionalidad entre los servicios interesados para ayudarles a determinar los motivos de dichos incumplimientos y tomar las medidas adecuadas para subsanarlos;
380. Pide que, para la PAC posterior a 2010 la Comisión prevea la mejora de las normas de condicionalidad por lo que respecta a los controles in situ y haga un llamamiento a los Estados miembros para que realicen sus controles administrativos con eficiencia y utilizando toda la información pertinente disponible; considera que ello permitiría centrarse más eficazmente en los principales puntos de control;
381. Recomienda que la Comisión analice, dentro de su evaluación del impacto de la PAC posterior a 2020, la experiencia de contar con dos sistemas con objetivos medioambientales similares (normas sobre buenas condiciones agrarias y medioambientales y ecologización), a fin de promover una mayor sinergia entre ambos. En ese análisis se deberían tener en cuenta criterios como el impacto ambiental de las normas y el nivel histórico de cumplimiento por los agricultores;
382. Insta a la Comisión a que, una vez que se publique el informe sobre los resultados de la PAC previsto para finales de 2018, desarrolle una metodología para medir los costes de la condicionalidad;
383. Propone la inclusión de indicadores cualitativos y objetivos más concretos para las normas de condicionalidad; recomienda un método de aplicación sencillo, rápido y simplificado para los beneficiarios;
384. Recomienda que, para la PAC posterior a 2020 la Comisión fomente una aplicación más uniforme de las sanciones a escala de la Unión y aclare en mayor medida los conceptos de gravedad, alcance, permanencia, reiteración e intencionalidad, pero teniendo también en cuenta las condiciones específicas en los diferentes Estados miembros; considera que, a fin de alcanzar ese objetivo, se deberían introducir una serie de condiciones mínimas a escala de la Unión;
385. Opina que, para el periodo 2014-2020 y los periodos posteriores se puede extraer una lección del periodo 2007-2013, a saber, que los indicadores deberían evaluar los resultados reales de la aplicación de la condicionalidad.
Parte XXX – Informe Especial n.º 27/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «¿Resulta conforme la gobernanza en la Comisión Europea a las mejores prácticas?»
386. Recomienda que, cuando decida no seguir las mejores prácticas y tal y como se exige a las entidades de interés público, la Comisión explique los motivos para ello; recomienda asimismo que se haga especial hincapié en los resultados y se apliquen al mismo tiempo las enseñanzas extraídas de la experiencia;
387. Recomienda que la Comisión:
a) invitar al SAI a realizar más trabajo de auditoría en relación con la gobernanza de alto nivel;
b) finalizar el proceso de alinear su marco de control interno con el COSO 2013;
c) adelantar aún más la publicación de las cuentas anuales;
d) reunir la información ya presentada en los distintos informes existentes a fin de constituir un único informe de rendición de cuentas o conjunto de informes bajo la autoridad de su presidente en los que se incluyan no solo las cuentas, sino también los elementos siguientes:
- una declaración de gobernanza,
- un examen de los riesgos operativos y estratégicos,
- un informe de los resultados no financieros,
- información sobre las actividades durante el ejercicio y la consecución de los objetivos políticos,
- un informe sobre el cometido y las conclusiones del comité de auditoría, y
- una declaración de la sostenibilidad presupuestaria a medio y largo plazo junto con, cuando proceda, referencias a la información incluida en otros informes;
e) presentar este informe único de rendición de cuentas o conjunto de informes a efectos de la auditoría de las cuentas: el informe o el conjunto de informes debe ser analítico, compacto, de fácil comprensión y accesible para los auditores, los empleados y los ciudadanos de la Unión, ciñéndose estrictamente al mismo tiempo a las normas internacionales de contabilidad y aplicando las mejores prácticas;
f) publicar, como parte de las cuentas anuales o de la información adjunta, una estimación del porcentaje de error sobre la base de una metodología sólida e implicar a las partes interesadas, incluido el Parlamento Europeo, en todas las fases a la hora de escoger el método estadístico para el cálculo del error; la metodología debe ser clara y coherente;
g) actualizar y publicar sus mecanismos de gobernanza de manera periódica y explicar su elección de estructuras y procesos en relación con el marco que escoja;
h) convertir el Comité de Seguimiento de las Auditorías en un comité de auditoría con una mayoría de miembros externos e independientes y con un mandato ampliado que abarque la gestión de riesgos, los informes financieros y el trabajo y los resultados de las unidades de verificación ex post y las direcciones de auditoría.
388. El Parlamento hace hincapié en que:
a) la gobernanza de alto nivel de las organizaciones internacionales debe seguir un modelo empresarial y ha de rendir cuentas y ser transparente, responsable y, sobre todo, eficiente;
b) la gobernanza de alto nivel debe adaptarse a un mundo en rápida transformación, evolucionar y detectar los posibles retos antes de que se conviertan en problemas;
c) las relaciones horizontales y verticales entre las diferentes estructuras de la Comisión han de ser claras e identificables; es necesario continuar el proceso de reducción de los trámites burocráticos; también se recomienda una mayor coordinación entre las diferentes estructuras;
d) se precisa una mayor visibilidad de los resultados de la gobernanza anual en los Estados miembros; unos datos fiables que se hagan públicos y se presenten de manera eficaz pueden respaldar las decisiones importantes;
e) una evaluación sólida ex ante, ex post e intermedia debería garantizar el valor de cara euro gastado; a fin de facilitar el compromiso, el documento debe proporcionar información sobre los costes y los beneficios pertinentes de todo gasto;
f) se ha de promover el uso estratégico de la contratación pública: los Estados miembros gastan anualmente alrededor del 14 % de su presupuesto en la adquisición de servicios, obras y suministros; la contratación pública debe y ha de emplearse en cuanto instrumento importante para la consecución de los objetivos de Europa 2020.
Parte XXXI – Informe Especial n.º 28/2016 del Tribunal de Cuentas, titulado «El combate contra las amenazas transfronterizas graves para la salud en la UE: se han dado pasos importantes, pero hay que seguir avanzando»
389. Acoge con satisfacción el informe del Tribunal, aprueba sus recomendaciones y anima a la Comisión a tener en cuenta estas recomendaciones a la hora de adoptar nuevas medidas para hacer frente a las amenazas transfronterizas graves para la salud en la Unión;
390. Reitera la recomendación del Tribunal de garantizar que las lecciones extraídas del primer ciclo de notificación sean aplicadas adecuadamente antes del próximo informe; considera que, con el fin de garantizar que los futuros ciclos de notificación sean adecuados, el proceso debe ser coherente en todos los Estados miembros;
391. Reconoce los progresos realizados desde la adopción de la estrategia sanitaria 2008-2013, pero destaca la necesidad de aumentar y mejorar la supervisión estratégica;
392. Respalda la recomendación del Tribunal de que el Comité de Seguridad Sanitaria elabore un plan estratégico para abordar los desafíos operativos y estratégicos a los que se enfrenta;
393. Toma nota de que el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades no dispone de ningún proceso formal para responder eficazmente a las solicitudes de asistencia; considera que esta situación es intolerable;
394. Hace hincapié en que los diferentes servicios de la Comisión que desempeñan funciones relacionadas con la salud, así como la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria, deben desarrollar un enfoque estructurado para mejorar la cooperación;
395. Lamenta que los Estados miembros no hayan actuado conjuntamente para acelerar la adquisición conjunta de la vacuna de la gripe pandémica y reconoce que la gripe es un problema que afecta todos los años a los servicios sanitarios de cada Estado miembro; considera que un enfoque coordinado en todos los Estados miembros redundará en beneficio de la salud de los ciudadanos de la Unión y contribuirá a reducir los costes;
396. Pide a la Comisión, a los Estados miembros y al Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades que trabajen juntos para seguir desarrollando el Sistema de alerta precoz y respuesta (SAPR); destaca la necesidad de actualizar este tipo de sistema, que ha sido ampliamente utilizado, de forma que tenga en cuenta los avances de la tecnología con el fin de garantizar un uso óptimo.
397. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).
DO C 375 13.10.2016 p.1.
Textos Aprobados de esa fecha, P8_TA-PROV(2017)0000.
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior (DO L 376 de 27.12.2006, p. 36 a 68).
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 5 de abril de 2011– «Un marco europeo de estrategias nacionales de inclusión de los gitanos hasta 2020» (COM(2011)0173) – pendiente de publicación en el Diario Oficial.
Véase el anexo III de este Informe Especial n.º 14/2016, pp. 74-76.
Informe Especial n.º 16/2011, sobre la ayuda financiera de la UE para el desmantelamiento de centrales nucleares en Bulgaria, Lituania y Eslovaquia: objetivos alcanzados y retos futuros (http://eca.europe.eu).
Jadrové vyrad'ovacia spoločnost' (JAVYS): compañía propietaria de la central nuclear de Bohunice y responsable de su clausura.
Véanse la Comunicación de la Comisión COM(2011)0783 final, los Reglamentos (Euratom) del Consejo n.º 1368/2013 y n.º 1369/2013, y la Decisión de Ejecución de la Comisión C(2014)5449.

References: artículo 287
 Resolución 
 artículo 93
 artículo 17
 artículo 317
 resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 134
 artículo 22
 resolución 
 Resolución