Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=MOTION&reference=B7-2012-0009&language=ES
Timestamp: 2013-05-24 11:32:09+00:00

Document:
Propuesta de resolución sobre los desequilibrios en la cadena de suministro de alimentos (2011/2904(RSP)) - B7-0009/2012
B7-0009/2012Textos presentados :
tras las preguntas con solicitud de respuesta oral B7‑0021/2012, B7-0675/2011 y B7‑0676/2011
presentadas de conformidad con el artículo 115, apartado 5, del Reglamento
sobre los desequilibrios en la cadena de suministro de alimentos (2011/2904(RSP))
Resolución del Parlamento Europeo sobre los desequilibrios en la cadena de suministro de alimentos (2011/2904(RSP)) B7‑0009/2012
– Vistos la Comunicación de la Comisión titulada «Mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa» (COM(2009)0591) y los diversos documentos de trabajo adjuntos a la Comunicación,
– Vistas las recomendaciones finales, de 17 de marzo de 2009, del Grupo de Alto Nivel sobre Competitividad de la Industria Agroalimentaria(1),
– Vista su Resolución, de 26 de marzo de 2009, sobre los precios de los productos alimenticios en Europa(2),
– Vista su Declaración, de 19 de febrero de 2008, sobre la necesidad de investigar sobre los posibles abusos de poder de los grandes supermercados establecidos en la Unión Europea y de poner remedio a esta situación(3),
– Vistas las conclusiones del Consejo de 29 de marzo de 2010 sobre el mejor funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa(4),
– Vistos los artículos 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, del Reglamento,
A. Considerando que la reciente volatilidad de los precios de los alimentos y las materias primas ha suscitado gran preocupación en relación con el funcionamiento de las cadenas de suministro de alimentos europea y mundial;
B. Considerando que desde 1996 los precios de los alimentos han aumentado un 3,3 % al año mientras que los precios que reciben los agricultores sólo se han incrementado un 2,1 %, al mismo tiempo que los gastos de explotación han crecido un 3,6 %, lo que demuestra que la cadena de suministro de alimentos no está funcionando adecuadamente;
C. Considerando que la Comunicación de la Comisión reconoce que «estas fluctuaciones han tenido graves consecuencias para los productores agrícolas e implican que los consumidores no están siendo tratados correctamente»(5);
D. Considerando que los precios finales al consumo se han mantenido, en promedio, constantes, o incluso han aumentado a pesar de la brusca reducción de los precios de los productos agrícolas en 2008;
E. Considerando que unas relaciones comerciales equilibradas no solo mejorarían el funcionamiento de la cadena de suministro de alimentos sino que además beneficiarían a los agricultores;
F. Considerando que la proliferación actual de prácticas comerciales desleales está socavando la capacidad de los agricultores para invertir e innovar (especialmente en tecnologías ecológicas, mitigación del cambio climático y fuentes de energía renovables), mientras que se les exige el cumplimiento de estrictas normas medioambientales y que estas exigencias serán aún más rigurosas en la Política Agrícola Común posterior a 2013;
G. Considerando que la proporción del valor añadido agrícola en la cadena de suministro de alimentos se ha reducido desde el 31 % en 1995 hasta el 24 % en 2005 en la UE-25, y que las cifras preliminares para los años siguientes muestran reducciones aún mayores en las ganancias de los agricultores, frente al constante aumento de los beneficios del sector de la transformación, de los comerciantes mayoristas y minoristas y de los agentes externos a la cadena de suministro de alimentos;
H. Considerando que la renta media de los agricultores en la UE-27 se redujo en más del 9 % en 2009, lo que implica que los agricultores ya no pueden obtener unos ingresos justos por su trabajo, y que, a pesar de ello, los agricultores y el sector agroalimentario tienen que seguir produciendo alimentos conformes a unas normas de calidad extremadamente exigentes a unos precios asequibles para los consumidores, en línea con los objetivos definidos por la PAC; I. Considerando que en la cadena de suministro de alimentos participan los agricultores, las cooperativas de agricultores y las organizaciones de productores, el sector de la transformación de alimentos, el comercio mayorista, el comercio minorista, las cadenas de supermercados, la restauración colectiva, los restaurantes, el suministro directo de la producción de subsistencia privada y los consumidores, pero también los agentes económicos externos a la cadena de suministro de alimentos, tales como las empresas de comunicación y promoción, los proveedores de transporte y logística, energía y servicios públicos, embalajes, recursos técnicos, aditivos y tecnologías, y los proveedores de servicios de consultoría; que para mejorar la sostenibilidad del conjunto de la cadena deben tenerse en cuenta esta complejidad y diversidad;
J. Considerando que la Comunicación de la Comisión identifica graves problemas, como el abuso de poder de compra dominante, prácticas desleales en la contratación que incluyen pagos atrasados, modificaciones unilaterales de los contratos, pagos por adelantado en calidad de derechos de participación en las negociaciones, restricción de acceso al mercado y falta de información sobre la composición de los precios y la distribución de los márgenes de beneficio en el conjunto de la cadena de distribución de alimentos, que está estrechamente relacionada con la mayor concentración de los insumos y de los sectores de la venta mayorista y minorista;
K. Considerando que en la Comunicación de la Comisión, de 28 de octubre de 2009, se recomienda promover y facilitar la reestructuración y consolidación del sector agrario mediante el impulso a la creación voluntaria de organizaciones de productores;
L. Considerando que la globalización y los procesos de concentración, especialmente a nivel minorista, han creado una situación de desequilibrio entre los diferentes actores de la cadena de suministro de alimentos, y que la realidad actual es que un escaso número de minoristas todopoderosos negocian directa o indirectamente con 13,4 millones de agricultores y 310 000 empresas agroalimentarias de toda la Unión; M. Considerando que una concentración excesiva conduce a la pérdida de diversidad de los productos, del patrimonio cultural, del pequeño comercio, así como de empleos y de medios de vida;
N. Considerando que la Comisión afirma que los desequilibrios contractuales, unidos a un poder de negociación desigual, tienen un impacto negativo en la competitividad de la cadena de suministro de alimentos, puesto que algunos operadores de menor tamaño pero eficientes pueden verse obligados a operar con un margen de beneficios reducido, lo que limita su capacidad y sus incentivos para invertir en la mejora de la calidad de los productos y la innovación de los procesos de producción;
O. Considerando que los productos alimenticios se comercializan libremente en el mercado interior y que los resultados de las negociaciones de precios entre (las organizaciones de) productores, transformadores, distribuidores y minoristas vienen determinados con frecuencia por la evolución de los precios en el mercado mundial;
P. Considerando que la enorme diferencia, tanto numérica como de poder económico, existente entre los agricultores y los minoristas es un claro indicador del desequilibrio de la cadena de suministro de alimentos; que, para lograr un equilibrio numérico, es necesario promover el desarrollo de las organizaciones económicas de los agricultores; que las cooperativas desempeñan un papel primordial, ya que refuerzan la influencia y el poder de negociación de los agricultores;
Q. Considerando que la Unión Europea está integrada y vinculada contractualmente en el comercio mundial;
R. Considerando que la Unión Europea es el mayor importador y exportador agrícola mundial, habiendo aumentado las importaciones agrícolas de la UE en 2008 en alrededor de un 10 % hasta 98 600 millones de euros y las exportaciones agrícolas en cerca del 11 % hasta 75 200 millones de euros;
S. Considerando que la Unión Europea ya realiza muchas concesiones en el marco de su política de ayuda al desarrollo, y que los acuerdos bilaterales no deben celebrarse de forma que siempre vayan en detrimento de la agricultura europea;
1. Acoge con agrado la Comunicación de la Comisión Europea, de 28 de octubre de 2009, titulada «Mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria en Europa» (COM(2009)0591), pues reconoce la existencia de fuertes desequilibrios de poder entre los distintos operadores, pero considera insuficientes las medidas propuestas en la citada Comunicación para hacer frente a esa problemática; 2. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aborden urgentemente el problema de la injusta distribución de beneficios a lo largo de la cadena de distribución de alimentos, en particular en lo que se refiere a un nivel adecuado de ingresos para los agricultores; reconoce que si se pretende fomentar sistemas de producción sostenibles y éticos se habrá de compensar a los agricultores por sus inversiones y compromisos en estos ámbitos; hace hincapié en que las luchas de poder deben dejar paso a relaciones de colaboración;
3 Observa que se han conseguido todos los objetivos relacionados con la agricultura mencionados en los Tratados de Roma (aumento de la productividad, suministro suficiente de alimentos, precios al consumidor razonables, estabilización de los mercados), con la excepción del objetivo de un nivel justo de ingresos para los agricultores; pide por ello a la Comisión que tenga debidamente en cuenta lo anterior en todas las propuestas presupuestarias;
4. Reconoce la necesidad de un sector productivo estable, seguro y rentable como factor decisivo para la cadena de suministro de alimentos; observa igualmente, sin embargo, que esta cadena se compone de varios agentes —productores, transformadores, fabricantes, proveedores y minoristas— todos los cuales aportan valor añadido y que también necesitan un cierto grado de seguridad;
8. Pide a la Comisión que ponga en marcha rápidamente el proyecto piloto sobre la creación del Observatorio Europeo de precios y márgenes agrícolas (completado con datos sobre precios, márgenes y volúmenes), para el que el Parlamento y el Consejo han aprobado un crédito de 1,5 millones de euros en el presupuesto 2010, que este proyecto piloto se realice en el seno de la Comisión, y que incluya una comparación entre los costes de una producción sostenible y los precios en explotación (con el fin de determinar las diferencias que existen entre los productos convencionales y los producidos de forma ética) en sectores agrícolas clave de los Estados miembros y en diversas situaciones socioeconómicas;
10. Pide a la Comisión que proponga que los principales distribuidores, transformadores, mayoristas y minoristas europeos estén obligados a presentar un informe anual sobre sus cuotas de mercado (incluida información sobre sus marcas blancas) de productos alimenticios clave, así como de sus volúmenes mensuales de ventas, con el fin de que todos los participantes en el mercado puedan apreciar las tendencias en la demanda, la oferta y la evolución de los precios en la cadena de suministro de alimentos; 11. Señala que en algunos países la industria transformadora de alimentos es la que obtiene el mayor margen en la cadena de suministro de alimentos, lo que también ha sido confirmado por la Comisión; pide, por ello, que se supervise e investigue, en particular, a la industria transformadora a fin de garantizar la transparencia de los precios;
13. Insta a la Comisión a obligar a que se proporcione una prueba clara en el documento de transacción del valor de lo que está vendiendo el proveedor, así como del precio neto real vinculado a la transacción; 14. Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de impacto sobre los beneficios de un mejor marco jurídico que cubra las etiquetas de calidad y distribución privadas, a fin de evitar su multiplicación y ofrecer a los consumidores una mayor transparencia y a los productores un mejor acceso a los mercados;
15. Destaca la necesidad de promover una mejora del valor añadido de las producciones agroalimentarias europeas y de lanzar campañas de información a los consumidores sobre los esfuerzos realizados por los agricultores y la industria en materia medioambiental, de seguridad alimentaria y de bienestar del ganado;
16. Pide a las autoridades de competencia nacionales y europeas, así como a otros órganos reguladores de la producción y el comercio, que aborden con decisión el problema de la posición dominante y la cuota de mercado significativa de los distribuidores, empresas de insumos, procesadores y minoristas del sector agroalimentario que intervienen en la cadena de suministro de alimentos; insta a estas autoridades a que actúen contra las prácticas abusivas de compra por parte de todos los operadores, que colocan a los agricultores en una posición negociadora muy desfavorable:
17. Pide a la Comisión que establezca una nueva relación entre las normas de competencia y la PAC, con el objetivo de dotar a los agricultores y a sus organizaciones interprofesionales de herramientas que permitan mejorar su posición negociadora;
18. Insta a la Comisión a que examine las consecuencias de la penetración significativa en el mercado de un solo minorista o un pequeño número de minoristas en un Estado miembro determinado; insta a la Comisión a que examine la posibilidad de instaurar medidas correctoras, en beneficio de productores y consumidores, cuando se descubra que las prácticas o la cuota de mercado de un minorista tienen efectos contrarios a la competencia;
19. Pide a la Comisión que presente un informe al Parlamento antes del final de 2010 en el que facilite información sobre los abusos de poder, las actuaciones contrarias a la competencia y las prácticas contractuales abusivas por parte de los compradores en cada etapa de la cadena de suministro de alimentos desde el sector de los insumos hasta el consumidor, y que proponga respuestas adecuadas;
20. Pide a los Estados miembros que, si procede, refuercen la capacidad de acción de sus autoridades nacionales de competencia estableciendo mecanismos simples para la recogida de pruebas en relación con distorsiones de la competencia debidas a prácticas contractuales desleales;
21. Considera que es necesario prohibir la venta por debajo del precio de compra a nivel comunitario;
22. Insta a la Comisión a que ponga en marcha una investigación sectorial exhaustiva en toda la cadena de suministro de alimentos con objeto de determinar el nivel de los abusos de poder adquisitivo en el sector; señala el éxito de la investigación sobre la competencia realizada en el sector farmacéutico en 2009;
23. Insta a la Comisión a revisar los criterios actualmente utilizados para evaluar el comportamiento anticompetitivo (Índice Herfindahl); considera que ese índice, que es útil para evaluar los riesgos de monopolio, no permite determinar la verdadera medida de las prácticas anticompetitivas de carácter colusorio u oligopolístico, que, al parecer, existen, al menos en parte, en la gran distribución; 24. Pide a la Comisión que vele por una aplicación más adecuada de las leyes de competencia en la cadena de suministro de alimentos, con el fin de limitar efectivamente el desarrollo de posiciones dominantes en el mercado en el sector de los insumos, la industria transformadora de alimentos y el sector minorista y reforzar el poder de negociación de los agricultores a través de organizaciones de productores, sectoriales y de PYME eficaces;
25. Opina que es urgente revisar el Reglamento (CE) nº 1234/2007 por el que se crea una organización común de mercados agrícolas (OCM) con objeto de reforzar este tipo de organizaciones, y de ampliar su ámbito de aplicación para incluir las prácticas de producción sostenibles como condición para poder acogerse a una excepción al artículo 101 del TFUE;
26. Considera que será necesario un cierto grado de coordinación y armonización a nivel de la UE de las medidas nacionales contra las prácticas comerciales desleales;
27. Insta a la Comisión a establecer una diversificación de las normas para los productos con una fuerte base territorial, que se caracterizan por su naturaleza específica, distintiva, local o regional en comparación con los productos estandarizados; 28. Pide a la Comisión que presente medidas para garantizar la supervivencia de las diversas características nutritivas, medioambientales y sanitarias y que garantice que esa diversidad se corresponda con unos precios adecuados; considera, en lo esencial, que la competencia debe también desarrollarse sobre la base de las diversas características de calidad, que deben ser debidamente mensurables; Abuso del poder de negociación y contratación 29. Pide a la Comisión que vele por que no se eluda la ley de competencia de la UE (si no se produce distorsión aparente) en la cadena de suministro de alimentos, cosa que con frecuencia se consigue a través de métodos como el retraso en los pagos a los agricultores y a los pequeños transformadores, las modificaciones posteriores de las condiciones contractuales, la imposición de descuentos, la reventa a pérdida, la exigencia de volúmenes excesivos y las tarifas injustificadas de inclusión en los listados de productos, y que, en caso necesario, presente las correspondientes propuestas legislativas;
30. Pide, en particular, que se reduzca a un máximo de 30 días el plazo de los pagos en toda la cadena de suministro de alimentos para los alimentos en general, y que el plazo sea más corto para los productos agrícolas muy perecederos, en el marco de la revisión en curso de la Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (previendo excepciones en los casos de organizaciones de productores y cooperativas);
31. Insta a la Comisión a que proponga una ampliación de la legislación europea en materia de competencia más allá de su estricto enfoque actual, centrado en el bienestar de los consumidores y la preocupación por conseguir precios bajos para los alimentos;
32. Pide a la Comisión que examine si los requisitos impuestos por las distintas cadenas de distribución, más allá de las estipulaciones estatutarias, en relación con las prácticas de cultivo de las frutas y hortalizas y los residuos de plaguicidas pueden obstaculizar el libre comercio y reforzar injustamente la posición de los distribuidores en la cadena de suministro de alimentos; 33. Exige una catalogación de las prácticas abusivas de mercado, como las ventas a pérdida o las comisiones de venta, y su prohibición expresa por parte de la Unión Europea; pide el establecimiento de un listado público de las empresas incumplidoras y la puesta en marcha de un régimen sancionador;
34. Pide a la Comisión que examine si los abusos de marcas blancas (productos de marca propia) y las prácticas de alianzas de compra por parte de las cadenas de supermercados conducen (y en qué medida) a una competencia desleal, a la presión sobre los agricultores y a la reducción sistemática de los precios a la producción; subraya que el abuso de las marcas blancas tiene un impacto desfavorable sobre la capacidad de los productores (en particular, los pequeños productores) para innovar; insta a la Comisión a que tome medidas al respecto, de forma que los agricultores y las agrupaciones de productores reciban un trato justo en el proceso de configuración de los precios;
35. Opina que las recomendaciones de la Comisión con vistas a reforzar la integración vertical del sector alimentario no siempre responden a la necesidad de equilibrar la capacidad de negociación de los agricultores, los distribuidores y del sector de la industria alimentaria, y que esas estrategias deben, por lo tanto, ir acompañadas de medidas disuasorias de las prácticas abusivas;
36. Señala que la agricultura de contrato impuesta por los compradores, la integración vertical y los mercados de futuros, que tienen un papel cada vez más importante, pueden reducir la competencia y debilitar la posición negociadora de los agricultores; pide, por tanto, a la Comisión que examine los efectos de los acuerdos contractuales de ese tipo y tome, en su caso, las medidas necesarias;
37. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan una contratación justa entre todos los participantes en la cadena de suministro de alimentos, basada en condiciones negociadas con los agricultores y las organizaciones de productores (incluidas las organizaciones sectoriales e interprofesionales), con el fin de promover las prácticas agrícolas sostenibles y garantizar la mejor calidad de los productos, reducir los precios de compra de los insumos y garantizar precios justos, y que establezcan un sistema de fácil acceso para impedir que los compradores violen estos contratos; opina que los contratos tipo podrían ser de utilidad, y que deberían ser obligatorios en determinados sectores; apoya el intercambio de mejores prácticas sobre notificación de prácticas contractuales entre los Estados miembros, incluida la transmisión de información a la Comisión;
38. Acoge con satisfacción y alienta la designación de defensores del pueblo para el sector alimentario minorista, así como la creación de otros mecanismos de arbitraje que tienen el objetivo de garantizar el cumplimiento de los acuerdos contractuales; pide a la Comisión que examine las experiencias en este ámbito con vistas a nombrar a un Defensor del Pueblo a nivel de la UE para el sector alimentario minorista, cuya misión sería velar por el cumplimiento de los códigos de conducta, las mejores prácticas y los contratos en las transacciones entre operadores de distintos Estados miembros;
39. Pide a la Comisión que saque a la luz las prácticas abusivas en relación con las tarifas de inclusión en los listados de productos y las otras tasas de acceso al mercado y proceda a su examen con arreglo a la legislación en materia de competencia; pide a la Comisión que proponga normas uniformes sobre el uso de las tarifas de inclusión en los listados de productos y de las tasas de acceso al mercado y, en particular, que tome medidas contra las tasas excesivas exigidas por los distribuidores; 40. Considera que la Comisión debe promover una campaña de información a gran escala a nivel europeo con el fin de sensibilizar a los agricultores sobre sus derechos, las prácticas abusivas de las que pueden ser víctimas y los medios a su alcance para denunciar los abusos;
41. Pide a la Unión Europea que presione a favor de la creación de un organismo mundial independiente de regulación que establezca normas sobre los mercados de futuros y opciones y aplique estrictas medidas de regulación contra las maniobras especulativas sobre los alimentos básicos a nivel mundial; 42. Pide, a la vista de la creciente orientación de mercado, que se adopten medidas para contrarrestar la extrema volatilidad de los precios, ya que algunos operadores de la cadena de suministro de alimentos se están aprovechando de ese fenómeno, mientras que otros resultan claramente perjudicados; pide, por tanto, a la Comisión, que proponga instrumentos legislativos para luchar contra la volatilidad de los precios con el fin de reducir la vulnerabilidad de los productores;
43. Pide a la Comisión que refuerce las competencias de las autoridades bursátiles europeas con el fin de impedir la especulación con los alimentos básicos, y que trabaje a favor de la aplicación de medidas adecuadas de la UE para impedir la especulación con mercancías no agrícolas con el objetivo de influir sobre los mercados de futuros agrícolas;
44. Pide a la Comisión que mejore la supervisión y la transparencia global de los mercados de derivados en el sector de los productos básicos agrícolas y que refuerce también la transparencia de las actividades extra bursátiles en el contextote la próxima revisión de la Directiva sobre los mercados de instrumentos financieros (MiFID) y otros actos legislativos pertinentes;
45. Insta al Consejo a que siga promoviendo las iniciativas de autorregulación y la posibilidad de crear fondos de mutualización para hacer frente a los riesgos económicos, con el fin de reforzar la posición negociadora de los agricultores, en particular mediante el apoyo a las organizaciones económicas y de productores y a las cooperativas de agricultores;
46. Alienta a los Estados miembros a que elaboren códigos de buenas prácticas comerciales para la cadena de suministro de alimentos, incluidos los mecanismos de reclamación y las sanciones para las prácticas desleales; pide a la Comisión que proponga un código común, de aplicación en el conjunto de la UE, con el fin de equilibrar las relaciones en la cadena de suministro de alimentos; insta, igualmente, a la Comisión, a que presente una propuesta para establecer un mecanismo de control a nivel de la UE con vistas a supervisar las relaciones entre los minoristas dominantes y sus proveedores a través de organismos especializados en los Estados miembros;
47. Considera necesario fomentar una mayor integración de los distintos eslabones de la cadena en organizaciones interprofesionales, y la creación de contratos tipo voluntarios, con la posibilidad de que, en determinados casos, sobre todo para los productos perecederos, los Estados miembros puedan exigir que sean obligatorios;
Sistemas alimentarios sostenibles y calidad de los alimentos 48. Lamenta que en su Comunicación la Comisión no haga mayor hincapié en la importancia de la agricultura en la cadena de suministro de alimentos y en la cadena de creación de valor añadido de la industria alimentaria; insiste en la correlación entre los bajos precios a la producción y el excedente estructural de producción, así como en sus consecuencias sobre la sostenibilidad, la calidad de los alimentos, el bienestar de los animales, la innovación en la agricultura y el empleo en las regiones desfavorecidas;
49. Pide a la Comisión que proponga la adopción de instrumentos para apoyar y promover las cadenas de suministro de alimentos gestionadas por los agricultores, las cadenas de distribución cortas y los mercados de agricultores, con el fin de establecer una relación directa con los consumidores y de permitir que los agricultores puedan obtener un reparto más equitativo del valor del precio de venta final al reducirse el número de intermediarios y de etapas del proceso;
50. Insta a la Comisión a que, en sus actividades, preste especial atención a la situación de los países en desarrollo y no ponga en peligro el autoabastecimiento alimentario en esos terceros países;
51. Pide a la Comisión que revise las normas de higiene de la UE en función de que la comercialización se realice localmente o en mercados lejanos y de la duración de los productos, que descentralice y simplifique los sistemas de certificación y control, y que promueva las relaciones directas entre los productores y los consumidores así como el acortamiento de las cadenas de suministro de alimentos;
52. Opina que debe concederse un trato preferencial a las organizaciones de productores, las cooperativas de agricultores y las PYME a la hora de adjudicar contratos públicos en la cadena de suministro de alimentos; pide, por tanto, a la Comisión que proponga medidas al respecto; 53. Sostiene la importancia y la necesidad de contar con una reglamentación sólida sobre la calidad de los productos agrícolas; recuerda, en este sentido, la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2010, sobre la política de calidad de los productos agrícolas, y destaca la necesidad de que los productos importados respeten todas las normas de calidad y fabricación con objeto de evitar una competencia desleal con los productos europeos; 54. Recuerda que la estabilidad de la renta de los agricultores condiciona su capacidad para invertir en tecnologías verdes, en medidas para mitigar el cambio climático y en fuentes de energía renovables, así como en medidas de protección del medio ambiente que favorezcan una agricultura sostenible; recuerda asimismo que se exige a los agricultores el cumplimiento de elevados estándares medioambientales, y que estas exigencias se reforzarán aún más con la Política Agrícola Común posterior a 2013;
55. Considera esencial optimizar y racionalizar la organización de la cadena de suministro de alimentos a fin de reducir el impacto sobre el medio ambiente del transporte (los kilómetros que recorren los alimentos) y fomentar la comercialización de productos alimenticios locales;
56. Subraya que la inversión en instalaciones para la conservación y el envasado de los productos agrícolas podría representar una importante contribución para garantizar unos precios justos para esos productos;
57. Subraya la necesidad de garantizar el desarrollo sostenible de la economía rural fomentando la transformación de los productos agrícolas en las explotaciones, así como las actividades no agrícolas, con el fin de aumentar el número de puestos de trabajo y de generar ingresos adicionales;
58. Pide a la Comisión que apoye las iniciativas locales y regionales de comercialización de alimentos y que no las grave con regulaciones y trámites burocráticos excesivos, pues contribuyen de manera significativa a la generación de valor añadido por las explotaciones agrícolas;
59. Pide a la Comisión que preste la debida atención, cuando revise las normas de la UE, a los productores locales de alimentos, así como a la producción de subsistencia;
60. Pide a la Comisión que examine las posibilidades de modificación de las normas relativas a la contratación pública de servicios de restauración colectiva, con el fin de reforzar las prácticas agrícolas sostenibles y el bienestar de los animales, y favorecer los alimentos de temporada y la producción local;
61. Considera que la contratación pública, por ejemplo, en el marco de los programas específicos para los productos lácteos y las frutas y hortalizas que se desarrollan en las escuelas, debe garantizar el acceso de los pequeños productores locales y de las agrupaciones locales de productores;
62. Considera que se deben adoptar medidas para promover los mercados agrícolas gestionados directamente por los agricultores, la creación de centros de comercialización para que los productores puedan ofrecer directamente sus productos a los consumidores, y la introducción de programas para fomentar la venta de productos en mercados locales;
63. Insta a la Comisión a que analice en un informe al Parlamento Europeo y al Consejo el enorme desperdicio de alimentos que se produce en la cadena de suministro, con pérdidas que en la mayoría de los Estados miembros alcanzan hasta el 30 % de los alimentos producidos, y que tome medidas a través de una campaña de sensibilización sobre el valor esencial de los alimentos;
64. Resalta la importancia de desarrollar programas alimentarios para los ciudadanos de la UE que los necesitan, como las personas más desfavorecidas, las personas de edad avanzada y los jóvenes;
Introducción, COM(2009)0591.
Última actualización: 17 de enero de 2012Aviso jurídico

References: resolución 
 artículo 115

Resolución 
 artículo 110
 artículo 101
 Resolución