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Timestamp: 2020-07-02 09:07:48+00:00

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Aprobado el Real Decreto-ley de Medidas Procesales y Organizativas para la recuperación de la actividad judicial tras el Covid-19 - El Derecho - Coronavirus, Sector jurídico
Aprobado el Real Decreto-ley de Medidas Procesales y Organizativas para la recuperación de la actividad judicial tras el Covid-19
Se establecen medidas para favorecer la impugnación colectiva de los ERTES en Pymes y se tramitarán las reclamaciones presentadas por moratorias, ayudas públicas y despidos motivados por el período de confinamiento
Noticia 28-04-2020 ElDerecho.com
La norma, que aborda las medidas organizativas, procesales y de seguridad laboral más urgentes para la paulatina vuelta a la actividad de los juzgados y tribunales tras el confinamiento, tiene como principal prioridad la salud de jueces, fiscales, letrados de la administración de justicia, abogados, procuradores y el resto de funcionarios y profesionales que desarrollan su labor en este ámbito. También trata de hacer frente al
- Para garantizar la distancia de seguridad y evitar concentraciones de personal se regula la posibilidad de establecer dos turnos de trabajo de mañana y tarde.
- Se permite ordenar el acceso del público a las salas de vistas en atención a las características y tamaño de las mismas.
- Se dispensará a los abogados de usar las togas.
- Las exploraciones de los médicos forenses, siempre que sea posible, se harán a la vista de la documentación médica.
- Posibilidad de convertir órganos judiciales en todo o parte en órganos asociados temporalmente a los asuntos derivados de la crisis del Covid-19.
- Habilitación, en los ámbitos en que sean inhábiles, de los días comprendidos entre el 11 y el 31 de agosto.
- Permitir que los Jueces de Adscripción Territorial (jueces de carrera que actúan como refuerzo o cubren vacantes y ausencias en juzgados y tribunales) puedan ser asignados preferentemente a los asuntos derivados de la pandemia.
- Habilitar a los letrados de la administración de Justicia en prácticas, aquellos que han aprobado la oposición, pero todavía no se han incorporado como titulares a los juzgados, a que realicen labores de sustitución y refuerzo.
- Posibilidad de que los funcionarios de cada juzgado, tribunal o fiscalía desempeñen sus funciones en otra unidad de la misma localidad y el mismo orden jurisdiccional.
- Habilitar y mejorar el uso de los sistemas de identificación y firma digital en la administración de Justicia.
- Establecer una obligación general tanto para el Ministerio de Justicia como para las comunidades autónomas con competencias en la materia de garantizar que los sistemas de gestión procesal de los juzgados y tribunales de todas las comunidades autónomas permitan el teletrabajo.
- Los plazos procesales que hubieran quedado suspendidos con la declaración del estado de alarma comenzarán su cómputo desde cero. Si son plazos para presentar recursos, se amplían por un periodo igual al previsto por la ley.
- Se regula un procedimiento especial, preferente y sumario para cuestiones de familia derivadas de la pandemia relativas a regímenes de visitas o custodias compartidas no disfrutadas, así como a ajustes en las pensiones para progenitores en situación de vulnerabilidad por el Covid-19.
- En el caso de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), se permite que los que no alcancen los umbrales del despido colectivo (en particular los de las Pymes) se puedan regir por un proceso más simple y rápido como es el del conflicto colectivo, sin privar al trabajador del derecho a impugnarlo de manera individual.
- Se introduce una disposición para que el Registro Civil no tenga que tramitar de nuevo los expedientes de matrimonio ya tramitados y suspendidos por el confinamiento. Se trata de que las personas que hayan planificado su boda y no hayan podido celebrarla no se enfrenten a nuevos retrasos.
- Se dará preferencia a cuatro tipos de actuaciones: las que tengan que ver con la protección de los menores; los casos en los que una entidad financiera o un arrendador no reconozca la moratoria de las hipotecas o en los contratos de alquiler; los recursos contra las administraciones por la denegación de ayudas para paliar los efectos económicos del Covid-19, y los asuntos laborales relacionados con despidos o extinción de contratos de trabajo y los derivados de la recuperación de las horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido establecido durante la crisis.
- Se recupera la figura del reconvenio: durante el año siguiente a la declaración del estado de alarma la empresa o autónomo concursado podrá presentar una propuesta de modificación del convenio concursal que estuviera en período de incumplimiento.
- Se aplaza durante un año desde la declaración del estado de alarma el deber de deudor que tuviera un convenio suscrito con los acreedores y que previsiblemente no pueda cumplir, siempre que presente una propuesta de modificación del convenio.
- Las empresas o autónomos que se encuentren en estado de insolvencia no tendrán la obligación de solicitar la declaración de concurso hasta el 31 de diciembre de 2020. Hasta esa misma fecha, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario presentadas desde el estado de alarma.
Paqui Fernandez Navarro 06/05/2020
Hola, a mi me gustaria saber, aquellos juicios que deberion celebrarse durante el estado de alarma, como y cuando se supone que deben de reanudarse. Me explico, por ejemplo un juicio que debío ecelebrarse el 28 de abril, habiendo transcurrido un mes y medio desde el inicio del estado de alerta, cuando se supone que se señalaria de nuevo. Gracias
Francisco Fernández Donoso 30/04/2020
En mi opinión, al no estar derogada expresamente la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 463/2020 y estar prorrogado el estado de alarma, actualmente todos los plazos de los procedimientos judiciales están suspendidos, con las excepciones que dicha Disposición Adicional menciona.
Por ello, cuando finalice el estado de alarma o se derogue la citada D.A., se levantará la suspensión que actualmente pesa sobre los procedimientos, por lo que a tenor de lo dispuesto en el art. 2 del RDL 16/2020, comenzarán a computarse ex-novo desde ese día del levantamiento, los plazos procesales.
Francisco Blanco 29/04/2020
En mi opinión, el cómputo de los plazos se reanudará cuando pierda vigencia el estado de alarma declarado por Real decreto 463/2020 y sus sucesivas prórrogas.
Y ello a mi entender porque la norma publicada hoy lo que dispone es que “Los términos y plazos previstos en las leyes procesales que hubieran quedado suspendidos por aplicación de lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, volverán a computarse desde su inicio, siendo por tanto el primer día del cómputo el siguiente hábil a aquel en el que deje de tener efecto la suspensión del procedimiento correspondiente.” Y no dice en ningún lado que los plazos se reanuden con su entrada en vigor.
David Garcia Asenjo 29/04/2020
Eso mismo nos hemos estado preguntando varios abogados esta semana, he preguntado a dos ltdos de la administración de justicia y unos me dicen que desde la entrada en vigor del Real decreto ley y otro que siguen suspendidos porque no deroga la disposicion adicional del real decreto ley de estado de alarma que establecia su vigencia hasta el fin del mismo o sus prórrogas
Isidro M. Vázquez Alarcón 29/04/2020
¿Desde cuándo comienzan a contar de nuevo los plazos? ¿Qué día exacto es el primer día hábil para contar los plazos procesales y administrativos?
¿Debe haber una declaración individualizada conforme al artículo 2 de este último RD de levantamiento de la suspensión?
¿Qué ocurre con los plazos administrativos?
- El TC declara inconstitucional la regulación de los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades
- Hacienda facilita los datos fiscales para presentar el Impuesto sobre Sociedades

References: Real Decreto 
 Real decreto 
 Real Decreto 
 Real decreto 
 real decreto 
 artículo 2