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Timestamp: 2018-10-15 14:31:59+00:00

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Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (parte I) – BOLETIN JURIDICO MENSUAL
Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (parte I)
Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (parte I).
Como sólo se trata de dar una visión rápida de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria -LJV- acotada a los extremos de mayor interés para la práctica notarial -precisamente, en esta Ley no son pocos-, y ante su enorme extensión, vamos limitarnos a tres bloques: el primero, centrado en los expedientes notariales; el segundo, referido a los expedientes registrales; y el tercero, incluye otras normas no encuadradas en los dos bloque anteriores que ahora conviene destacar. Se ha seguido un mismo esquema en la exposición de cada expediente, aunque en algún caso el epígrafe concreto pueda quedar sin contenido.
I.- Expedientes notariales.
El nuevo Título VII de la Ley del Notariado -LN- regula estos expedientes especiales, que habrán de concluir en una escritura (declaración de voluntad de quien lo inste o la realización de un acto jurídico que implique prestación de consentimiento) o en un acta (constatación o verificación de un hecho, la percepción del mismo por el Notario -N-, así como juicios o calificaciones del N).
1.- En materia matrimonial.
1.1.- Acta matrimonial.
a) Ámbito de aplicación y objeto: acreditar el cumplimiento de los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, o cualquier otro obstáculo, de acuerdo con lo previsto en el Código Civil -CC-. Estos obstáculos son los que resultan de los arts. 46-47 CC, teniendo en cuenta que la dispensa de alguno de ellos corresponde al Juez -J- en procedimiento especial (art. 81-84 LJV). Ambos contrayentes pueden ser extranjeros (art. 50 CC), pero los requisitos a verificar son los del CC para celebrar el matrimonio con arreglo a la forma prescrita para los españoles; no obstante, la Ley extranjera deberá comprobarse como ley aplicable al consentimiento matrimonial (p. ej., para mayoría de edad).
b) Alternatividad: los interesados pueden optar, también, por el Secretario Judicial -SJ- o el encargado del Registro Civil -RC-; si residen en el extranjero, deberán dirigirse al funcionario diplomático o consular encargado del RC. Con carácter general dispone el art. 6 LJV cuando se tramiten simultáneamente dos o más expedientes con idéntico objeto, proseguirá la tramitación del que primero se hubiera iniciado y se acordará el archivo de los expedientes posteriormente incoados, regla que también se aplica a los expedientes tramitados por N en aquellas materias en las que la competencia le venga atribuida concurrentemente con el SJ; la misma regla de concurrencia N/SJ se aplica a la decisión del expediente (“resuelto un expediente de jurisdicción voluntaria y una vez firme la resolución, no podrá iniciarse otro sobre idéntico objeto, salvo que cambien las circunstancias que dieron lugar a aquél. Lo decidido vinculará a cualquier otra actuación o expediente posterior que resulten conexos a aquél”, art. 19.3 LJV). El único problema es cómo sabrá el N que se está tramitando análogo expediente ante el SJ/RC, o que ya se ha resuelto antes de forma negativa. Convendrá siempre una manifestación de los interesados al respecto.
c) Competencia: el N del lugar del domicilio de cualquiera de los contrayentes; si no hay N demarcada en la población, cualquiera del distrito (art. 117 Reglamento Notarial -RN-).
d) Legitimación: a instancia de ambos contrayentes (para el escrito inicial, v. art. 240 Reglamento del Registro Civil -RRC).
e) Postulación: no hay.
f) Trámites esenciales del procedimiento:
+ El N oirá a ambos contrayentes reservadamente y por separado para cerciorarse de su capacidad y de la inexistencia de cualquier impedimento. Asimismo, podrá solicitar los informe y practicar las diligencias pertinentes, sean o no propuestas por los requirentes, para acreditar el estado (o. ej., certificaciones de nacimiento), capacidad o domicilio de los contrayentes (p. ej., empadronamiento) o cualesquiera otros extremos necesarios para apreciar la validez de su consentimiento y la veracidad del matrimonio (conviene tener en cuenta la Instrucción de la DGRN de 31/01/2006, sobre matrimonios de complacencia, que ofrece indicaciones sobre la forma de llevar a cabo el interrogatorio). Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales se exigirá dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento. Como la condena penal por delito contra determinadas personas es impedimento, convendría un certificado de penales.
+ De la realización de todas esas actuaciones se dejará constancia en el acta, archivándose junto con los documentos previos a la inscripción del matrimonio; parece que no se deben incorporar todos los documentos al acta notarial, y bastará con dejarlos en el expediente.
+ Respeto de la publicación de anuncios en el RC, parece que debe acudirse al art. 243 RRC.
+ Pasado un año desde la publicación de los anuncios o de las diligencias sustitutorias sin que se haya contraído el matrimonio, no podrá celebrase éste sin nueva publicación o diligencias.
g) Resolución y efectos:
+ El N finaliza el acta haciendo constar la concurrencia o no en los contrayentes de los requisitos necesarios para contraer matrimonio, así como la determinación del Régimen Económico Matrimonial -REM- que resulte aplicable (legal supletorio, salvo que hayan otorgado previamente capitulaciones; este régimen puede ser extranjero; de todos modos, parece que en el mismo requerimiento los interesados podrían hacer la elección del art. 9.2.I CC) y, en su caso, la vecindad civil de los contrayentes. La decisión deber ser motivada y expresar, en su caso, con claridad la falta de capacidad o el impedimento que concurra. Cabe recurso ante la DGRN según lo dispuesto en la LRC. En caso de decisión favorable, el expediente termina con la entrega de la copia del acta a los interesados, ya que no se sigue necesariamente la celebración del matrimonio por este mismo N (art. 58.6 LRC). No obstante, el art. 52 LN parece rectificar este criterio, pues el matrimonio habrá de celebrarse ante el N que tramite el acta, salvo que los contrayentes, en la solicitud inicial o durante la tramitación, hayan solicitado que la prestación del consentimiento se realice ante Juez de Paz, Alcalde, Concejal u otro N; en tal caso, del N debe remitir copia al oficiante elegido. Como regla especial, cuando esté prevista la celebración en forma religiosa, el N habrá de expedir dos copias del acta, una para su entrega al ministro de culo encargado de la celebración del matrimonio (art. 58.bis.2 LRC)
+ El art. 58.12 LRC también regula la expedición por el N de un certificado de capacidad matrimonial para contraer matrimonio en el extranjero; será competente el N del lugar del domicilio de cualquiera de los contrayentes, y para ello deberá instruir un acta que contenga su juicio acreditativo de la capacidad.
h) Gastos: pendientes de fijar los aranceles por el Gobierno para esta actuación específica (DF 5ª bis LRC, según DF 4ª Ley 15/2015); se ha de entender que estos honorarios son independientes de los que correspondan por la celebración del matrimonio.
i) Legislación civil afectada: con carácter general señala la DA 1ª.3 Ley 15/2015 que las referencias en la misma al CC o a la legislación civil deben entenderse realizadas también a las leyes civiles forales o especiales allí donde existan; en este tema la competencia corresponde al Estado, y sólo se ve afectado el CC.
j) Registro: no tiene aún trascendencia registral, ya que en el RC se inscribe el matrimonio.
k) Entrada en vigor: 30/06/2017.
1.2.- Escritura de celebración del matrimonio.
a) Ámbito de aplicación y objeto: cualquiera que pueda contraer matrimonio en España con arreglo al CC, puede prestar su consentimiento de este modo; deberá aportarse el acta matrimonial previa, cuando no se trate del mismo N, pero necesariamente ha de ser acta notarial (art. 58.8 LRC no permite acudir al N para la celebración del matrimonio, cuando el expediente previo se haya tramitado por el SJ o el encargado del RC; en cambio, sí al revés). De forma excepcional, el N puede otorgar directamente la escritura cuando el matrimonio se celebre en peligro de muerte, previo dictamen médico sobre la aptitud del contrayente para prestar su consentimiento y sobre la gravedad de la situación, salvo imposibilidad acreditada; en tal caso, corresponde a este mismo N tramitar posteriormente el acta matrimonial, antes de la comunicación al RC (art. 52.3 LN, art. 58.10 LRC).
b) Alternatividad: los interesados pueden optar, también, por el Juez de Paz o Alcalde del municipio donde se celebre el matrimonio o concejal en quien éste delegue, el SJ, o el funcionario diplomático o consular encargado del RC.
c) Competencia: sólo se exige que el N sea competente en el lugar de celebración (según las reglas generales del RN), sin conexión alguna con el domicilio de los contrayentes. Como se dijo antes, no ha de ser el mismo N que haya tramitado el acta matrimonial.
d) Legitimación: los contrayentes, aunque uno puede actuar por medio de apoderado (art. 55 CC). También se ha de firmar por dos testigos (art. 62 CC)
f) Trámites esenciales del procedimiento: el N deberá leer los arts. 66, 67 y 68 CC, y preguntar a cada uno de los contrayentes si consienten en contraer matrimonio con el otro y si efectivamente lo contrae en dicho acto y, respondiendo ambos afirmativamente, declarará que los mismos quedan unidos en matrimonio.
g) Resolución y efectos: se formaliza in situ en escritura pública. El N debe entregar copia a cada uno de los contrayentes.
h) Gastos: pendientes de fijar los aranceles por el Gobierno para esta actuación específica (DF 5ª bis LRC, según la DF 4ª Ley 15/2015).
i) Legislación civil afectada: competencia estatal, sólo el CC.
j) Registro: el mismo día el N deberá remitir copia autorizada electrónica de la escritura al RC para su inscripción. A efectos de la constancia del REM en el RC (art. 60 LRC), la indicación del legal supletorio se podría recoger en la escritura, por lo que resulte del acta matrimonial previa.
1.3.- Acta de notoriedad para la constancia del Régimen Económico del Matrimonio.
a) Ámbito de aplicación y objeto: se trata de un acta de notoriedad para acreditar el REM legal aplicable a un matrimonio ya inscrito en el RC, cuando no figure en el asiento. Quizá, también, para rectificar el que ya conste, cuando resulte suficientemente acreditado el error padecido, aplicándose el art. 60.4 LRC para los efectos frente a terceros de la inscripción o el cambio (de todos modos, si se trata de la primera inscripción del REM legal, los terceros realmente ya han de contar con ese REM, aunque lo desconozcan, salvo que en los registros de bienes figurasen inscripciones con arreglo a otro distinto). Adviértase que no excluye un acta de notoriedad de contenido similar, que no tenga por objeto la inscripción directa en el RC, y que deberá tramitarse según las reglas generales (art. 209 RN).
b) Alternatividad: sólo puede ser notarial por tratarse de un acta notarial específica.
c) Competencia: N con residencia en cualquiera de los domicilios conyugales que hubieran tenido, o en el domicilio o residencia habitual -actual- de cualquiera de los cónyuges, o donde estuvieran la mayor parte de sus bienes o donde desarrollen su actividad laboral o empresarial, a elección del requirente; también podrá elegir a un N de un distrito colindante a los anteriores. El N deberá comprobar la existencia de alguno de estos puntos de conexión, con cierta amplitud en su valoración (DNI, empadronamiento, escritura vivienda habitual, declaraciones fiscales). Con carácter general, pues se repite en otros expedientes, conviene llamar la atención sobre la alusión a los distritos notariales; si la idea es que el interesado pueda escoger a cualquier N del distrito donde se cumpla el punto de conexión y, además, de los colindantes, debería haberse utilizado la regla -p. ej.- del art. 203 Ley Hipotecaria -LH-, tras la reforma por la Ley 13/2015, de 24 de junio (“notario hábil para actuar en el distrito notarial … o en cualquiera de los distritos notariales colindantes a dicho distrito”); en cambio, al exigir que sea el N vinculado con un determinado punto, en aplicación de las reglas generales (art. 117 RN), si en esta población hay notaría demarcada, los notarios de las otras poblaciones del distrito quedan descartados, pero, en cambio, el interesado podría acudir a cualquier N de los distritos colindantes, lo que no parece tener mucho sentido. De todos modos, al ser varios los NN competentes, surge un problema de control, pues, en caso de negativa de uno de ellos, los interesados pueden tener la tentación de “probar” con otro N, en contra de la regla general que parece deducible del art. 19.3 LJV (en su tenor literal, no obstante, referida a la concurrencia con SJ), o del medio de reacción previsto en cada caso por la Ley. Quizá se deba hacer algún tipo de comunicación del inicio de estos expedientes para centralizar la información por las instancias corporativas.
d) Legitimación: aunque en ocasiones el art. 53 LN utiliza el singular, no parece que un acta de este tipo se pueda instar sólo por uno de los cónyuges a espaldas del otro, y debería constar el consentimiento de ambos.
f) Trámites esenciales del procedimiento: la solicitud de inicio deberá ir acompañada de los documentos acreditativos de identidad y domicilio del requirente; deberá acreditarse con información del RC la inexistencia de un REM inscrito; los solicitantes deberán aseverar la certeza de los hechos positivos y negativos en que se deba fundar el acta, aportarán la documentación que estimen conveniente para la determinación de los hechos y deberán acompañar los documentos acreditativos de su vecindad civil en el momento de contraer matrimonio y, en caso de no poder hacerlo, deberán ofrecer información de, al menos, dos testigos que aseguren la realidad de los hechos de los que se derive la aplicación del REM legal.
g) Resolución y efectos: el N hará constar su juicio de conjunto sobre si quedan acreditados por notoriedad los hechos y el REM legal; en otro caso, cerrará el acta y los interesados no conformes podrán ejercer su derecho en el juicio que corresponda (sorprende que el remedio no sea un recurso contra la decisión del N, pues el juicio habría de buscar una sentencia meramente declarativa pero ¿contra quién se sigue? ¿contra el N?).
h) Gastos: se aplican las reglas generales, aunque es probable que se incluya en la próxima regulación prevista en la DA 4ª Ley 15/2015, por ser general a todos los expedientes para los que el N resulte competente “conforme a lo dispuesto en esta Ley”.
i) Legislación civil afectada: competencia estatal, sólo LN y LRC.
j) Registro: el mismo día en que declara la notoriedad el N deberá remitir por medios telemáticos copia electrónica del acta al RC; una vez inscrito, servirá para rectificar las inscripciones en el Registro de Bienes -RB-, especialmente el Registro de la Propiedad -RP-, sin que el titular de este último registro pueda poner en cuestión el acierto del N en el acta previa, al tratarse de un dato inscrito en el RC (distinto en el acta de notoriedad general, cuando se pretenda una rectificación directa del RP).
k) Entrada en vigor: 23/07/2015.
1.4.- Escritura pública de separación matrimonial o divorcio.
a) Ámbito de aplicación y objeto:
+ La singularidad de la reforma es que, concurriendo determinadas condiciones (no existan hijos menores no emancipados o con la capacidad modificada judicialmente que dependan de sus progenitores), son los propios cónyuges quienes pueden acordar su separación o divorcio mediante la formalización de un convenio regulador, que puede hacerse en escritura pública. Los efectos de la separación/divorcio se producen desde esa formalización, sin perjuicio de que la inscripción sea necesaria para perjudicar a terceros (arts. 82 y 89 CC). La desjudicialización es así completa, configurándose una separación/divorcio exprés. Para acudir a este sistema es necesario que la ley española sea aplicable a la separación/divorcio (art. 107 CC, en su nueva redacción).
+ Del mismo modo podría modificarse el anterior convenio regulador (arts. 90.3 y 100 CC).
+ A su vez, cuando la separación hubiera tenido lugar sin intervención judicial, la reconciliación deberá formalizarse en escritura pública o acta de manifestaciones (art. 84 CC).
b) Alternatividad: dejando de lado la opción judicial en sentido estricto, que en ocasiones será la única disponible, ahora interesa destacar que la formalización del convenio regulador, cuando los cónyuges opten por la separación/divorcio consensuado exprés, podrá hacerse ante el SJ o en escritura pública ante N (art. 82.1 CC).
c) Competencia: deberán prestar su consentimiento ante el N del último domicilio común o el del domicilio o residencia habitual de cualquiera de los solicitantes (art. 54.1 LN, en realidad, otorgantes). Parece que el mismo criterio habría de aplicarse a la posible modificación/reconciliación.
d) Legitimación: los cónyuges han de intervenir en el otorgamiento de modo personal (no hay razón para excluir un poder especial), y, además, los hijos mayores o menores emancipados deberán prestar el consentimiento ante el N respecto de las medidas que les afecten por carecer de ingresos propios y convivir en el domicilio familiar (art. 82 CC).
e) Postulación: los cónyuges deben estar asistidos por Letrado en ejercicio en el otorgamiento de la escritura (arts. 1.II CC y 54.2 LN). No parece que los Letrados deban firmar la escritura, pero el N sí debería dejar constancia de su intervención en el otorgamiento (tampoco vemos mayor problema en que el Letrado muestre su conformidad antes, p. ej., es el letrado quien le entrega el texto del convenio al N). La norma es imperativa, y por eso el N debe rechazar un otorgamiento directo por los interesados sin intervención de Letrado, por mucho que insistan (entiéndase, como escritura que produce los efectos de la separación/divorcio; si los interesados sólo quieren elevar a público un acuerdo, o pre-acuerdo, pero sin esos efectos, ningún inconveniente en que lo hagan, pero de la N no salen separados/divorciados).
f) Trámites esenciales del procedimiento: aunque en algún momento la Ley habla de “expediente” (art. 90.2.III CC), y el art. 49 LN lo considera uno de los nuevos expedientes especiales del Título VII, en realidad no se tramita como tal, o dicho de forma más precisa, la fase anterior al otorgamiento de la escritura (“la firma”) no es objeto de una regulación específica, pues no hay anuncios, comunicaciones, ni citación de otros interesados. No hay un requerimiento en acta previa, que dé paso más tarde a la escritura, directamente se va a la escritura. De alguna manera harán llegar los interesados la documentación al N, documentación que no se limita al convenio, también se ha de acreditar el hecho del matrimonio y su inscripción (datos necesarios para la posterior remisión al RC), la ausencia de hijos menores (libro de familia), el domicilio (DNI, empadronamiento), y quizá información sobre los bienes que se reparten. Cuando se tenga toda la información, el día de la firma comparecen los cónyuges acompañados de sus Letrados y, en su caso, los hijos que deba consentir (que pueden hacerlo en otra escritura, o por diligencia).
+ La resolución favorable del N se plasma en el otorgamiento de la escritura, donde ha de constar la voluntad inequívoca de separarse/divorciarse.
+ El convenio regulador podrá tener el amplio contenido del art. 90.1 CC, salvo aquellas medidas que presuponen la presencia de hijos sujetos a la patria potestad. En particular, serán objeto de regulación las cuestiones de orden patrimonial, como la contribución a las cargas del matrimonio, la pensión, el uso de la vivienda familiar, o la liquidación del REM cuando proceda. De todos modos, en este punto parece necesario distinguir entre el convenio formulado ante el SJ y el hecho ante N. El contenido del primero viene acotado por el art. 90 CC, y por eso no puede incluir transmisiones de bienes entre cónyuges por otro título, en particular no puede hacerlo de cara a la inscripción directa en el RP; en cambio, la escritura sí que serviría para inscribir esas otras transmisiones, pues las partes cumplen el requisito de forma necesario para “rebasar” el contenido de dicho precepto (por muchas, Resolución de 16/10/2014: “según la doctrina de este Centro Directivo es inscribible el convenio regulador sobre liquidación del régimen económico matrimonial que conste en testimonio judicial acreditativo de dicho convenio, siempre que haya sido aprobado por la sentencia que acuerda la nulidad, la separación o el divorcio. Ahora bien … esa posibilidad ha de interpretarse en sus justos términos, atendiendo a la naturaleza, contenido, valor y efectos propios del convenio regulador … sin que pueda servir de cauce formal para otros actos que tienen su significación negocial propia, cuyo alcance y eficacia habrán de ser valorados en función de las generales exigencias de todo negocio jurídico y de los particulares que imponga su concreto contenido y la finalidad perseguida … respecto de la sociedad de gananciales, proclamada en nuestro Derecho la posibilidad de transmisión de bienes entre cónyuges por cualquier título, nada se opone a que éstos, con ocasión de la liquidación de la sociedad conyugal preexistente puedan intercambiarse bienes privativos. Pero no siempre esas transmisiones adicionales de bienes privativos del patrimonio de un cónyuge al del otro tendrán como causa exclusiva la propia liquidación del consorcio. Puede haber, en ocasiones, un negocio complejo, en el que la toma de menos por un cónyuge del remanente consorcial se compense con esa adjudicación -a su favor- de bienes privativos del otro cónyuge o, simplemente, negocios adicionales a la liquidación, independientes jurídicamente de ésta, con su propia causa Indudablemente, el negocio de que se trate ha de tener su adecuado reflejo documental, siendo preciso plasmarlo así, nítidamente, en el correspondiente documento, sin que pueda pretenderse en todo caso su inscripción por el mero hecho de que conste en el convenio regulador de la separación, cuyo contenido propio es un negocio que es exclusivamente de liquidación de la sociedad conyugal… Este Centro Directivo ha entendido que forma parte de las operaciones de liquidación la atribución de la vivienda familiar incluso en el supuesto de que su titularidad pertenezca por mitades a los cónyuges por adquisición realizada antes del matrimonio, pues en este supuesto su evidente afección a las necesidades del matrimonio justifica sobradamente su inclusión junto a los bienes adquiridos constante el régimen matrimonial … Pero fuera de este supuesto las transmisiones adicionales de bienes entre cónyuges, ajenas al procedimiento de liquidación … constituyen un negocio independiente, que exige acogerse a la regla general de escritura pública para su formalización. En definitiva, la diferente causa negocial, ajena a la liquidación del patrimonio común adquirido en atención al matrimonio, y las exigencias derivadas del principio de titulación auténtica, unidas a la limitación de contenido que puede abarcar el convenio regulador, según doctrina reiterada, deben resolverse a favor de la exigencia de escritura para la formalización de un negocio de esta naturaleza. No quiere decir lo anterior que los cónyuges, en ejercicio de su libertad civil, no puedan incluir en un único convenio la liquidación del conjunto de sus relaciones patrimoniales, tanto las derivadas de la celebración del matrimonio como cualesquiera otras que pudieran existir entre ellos; incluso puede decirse que con ocasión de la ruptura es lógico y posible que así lo deseen. Pero en este supuesto y como reiteradamente ha sostenido este Centro Directivo, el hecho de que el convenio contenga un conjunto de acuerdos que excedan de su contenido legal impone su discriminación a efectos de decidir lo que puede como tal acceder al contenido del Registro y lo que no “; interesante, también, la Resolución de 12/11/2014, donde se admite la inscripción, por haber acumulado una acción de división de cosa común con arreglo al art. 438.3.4ª LEC, posibilidad que no parece ofrecer este expediente de jurisdicción voluntaria ante SJ).
+ No obstante, el N ha de llevar a cabo un mínimo control de contenido, pues, cuando considere que, a su juicio, alguno de los acuerdos recogidos en el convenio pudiera ser dañoso o gravemente perjudicial para uno de los cónyuges o para los hijos mayores o menores emancipados afectados, lo advertirá a los otorgantes y dará por terminado el expediente (en realidad, denegará la autorización de la escritura, pues propiamente no se trata un expediente); en este caso los cónyuges sólo podrá acudir ante el Juez para la aprobación de la propuesta de convenio, y por eso convendría que el N entregara documento escrito donde conste su negativa y los motivos. Como ya hemos indicado anteriormente, el problema “corporativo” es cómo controlar en estos casos que los interesados no intenten el otorgamiento con otro N competente de la plaza, pues la única opción que deja la ley en caso de negativa del N escogido en primer lugar, es acudir al juez.
+ Desde el otorgamiento de la escritura, podrán hacerse efectivos los acuerdos por la vía de apremio.
+ Las partes podrán establecer las garantías reales o personales que requiera el cumplimiento del convenio, las cual podría hacerse en la misma escritura, o en otra diferente (más discutible que se puedas constituir en el convenio ante SJ, pues la garantía habrá de cumplir sus propios requisitos de forma).
+ Un problema práctico puede encontrar esta escritura en el orden tributario. Al margen del alcance de la exención del art. 45.I.b).3 TRLITPAJD (y su exclusión en la separación de bienes, STS [sala 3ª sección 2ª] de 30/04/2010 rec. 21/2008), es probable que el reparto suponga un exceso de adjudicación para uno de los cónyuges. Hay una previsión específica cuando se trata de vivienda habitual que excluye TPO (art. 32.3 Reglamento del Impuesto), y tenemos la doctrina general sobre el bien que desmerezca mucho por la división, pero la escritura puede estar sujeta a AJD, situación que no se dará con el convenio ante el SJ. Por eso convendrá insistir en el alcance que se puede dar a este último según lo indicado anteriormente.
h) Gastos: se aplican las reglas generales, aunque es probable que se incluyan en la próxima regulación prevista en la DA 4ª Ley 15/2015, por ser general a todos los expedientes para los que el N resulte competente “conforme a lo dispuesto en esta Ley”
i) Legislación civil afectada: aunque alguna Comunidad Autónoma tiene una regulación propia en la materia (art. 233 Código Civil de Cataluña -CCC-), el régimen de esta escritura es de aplicación general, aunque no estuviera mencionada en aquella normativa.
j) Registro: debe remitirse copia de la escritura al RC (art. 83 CC; el art. 61 LRC precisa que “el mismo día o al siguiente hábil y por medios electrónicos”).
Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria y del Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario (y parte II)
Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (parte II)

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