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Timestamp: 2018-11-17 04:20:54+00:00

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Temas por soledadvalle
Archivado: noviembre 14, 2018, 11:53pm UTC por soledadvalle
Archivado: noviembre 8, 2018, 11:03pm UTC por soledadvalle
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El Servicio de Coordinación de Conflictos (SCC) del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) se puso en marcha en enero de 2017 y en estas semanas ha publicado el balance de su trabajo. “Hasta septiembre de 2018 ha recibido 1.277 reclamaciones por responsabilidad patrimonial. De ellas, 130 se han tramitado a través del SCC, con un plazo aproximado de tramitación de dos meses. De las 130 reclamaciones, 97 han sido finalizadas, de las que 74 fueron aceptadas (41 con acuerdo) y 23 no. Un 17 por ciento de las finalizadas con acuerdo lo han hecho sin el abono de ninguna indemnización”.
Este servicio fue un requisito que aparece en los pliegos del seguro de responsabilidad patrimonial que el Sermas firmó con la aseguradora Sham España. La compañía francesa, con una larga trayectoria en la gestión de conflictos sanitarios y convencida del proceso, ha colaborado en impulsar esta idea que tiene a otros protagonistas: la firma especializada en realizar informes periciales Profesionales de la Medicina y el Derecho (Promede) y el despacho de abogados especializado en Derecho Sanitario, Ricardo De Lorenzo. Estas aportan al proceso las dos técnicos independientes que pilotan todo el servicio: la médico María Rodríguez y la abogada Ofelia De Lorenzo.
El servicio se activa cuando el Sermas propone al reclamante la posibilidad de tramitar todo el proceso a través del SCC. Rodríguez de Alba, directora médica del departamento de responsabilidad sanitaria de Promede, explica que “cuando el paciente acepta, se fijan dos citas con el reclamante, que suelen ser suficientes para que considere seguir en este servicio. En el primer encuentro, se le informa en qué consiste el servicio, su régimen jurídico, la posibilidad de abandonarlo cuando quiera y la firma de un documento de confidencialidad. Entonces, nosotros hacemos un estudio de viabilidad no vinculante que le presentamos en el segundo encuentro, donde decide si continuar la resolución del conflicto por esta vía”. A partir de este momento, señala que “en todas las entrevistas entre las partes estamos la abogada De Lorenzo y yo”.
Sobre la experiencia acumulada, Rodríguez de Alba reconoce que “a través de este sistema, el reclamante es escuchado, le damos voz, confianza y le aseguramos la transparencia del proceso”.
Concluye como claves para asegurar el buen resultado, la necesidad de “conectar con el paciente, humanizar los encuentros y disponer de toda la documentación tanto médica como jurídica para resolver de una manera eficaz”.
De Lorenzo coincide al señalar las ventajas del método: “La rapidez en la resolución de los expedientes, la humanización del conflicto y el diálogo con el reclamante. Al final, este es un servicio para el ciudadano en el que se le ofrece la posibilidad de un estudio jurídico no vinculante y que, por lo tanto, puede aceptar o no, pero que para nada merma su derecho a reclamar en vía judicial”.
La abogada afirma que “este es un proyecto que no solo es pionero, sino que exige por todas las partes un gran compromiso. Le hemos tenido que dedicar mucho tiempo, esfuerzo y cariño. Hemos sido muy cautos aceptado expedientes de complicación media. Hasta la fecha no hemos aceptando nada que haya supuesto un cambio en los protocolos iniciales. Nos hemos implicado todos mucho en el esfuerzo de humanizar el siniestro”.
La secretaria general del Servicio Madrileño de Salud, Yolanda Aguilar, ha reconocido su firme apuesta por este servicio. También desde la aseguradora Sham España, que en último término es junto con la consejería madrileña la que afronta el pago de estas indemnizaciones.
El SCC está echando a andar. Desde Sham España confirman que se había fijado un límite de 15.000 euros, que ahora se ha ampliado a 30.000 euros, para establecer las reclamaciones patrimoniales que pueden tratarse por esta vía.
Todos los implicados en el sector del seguro sanitario, incluidos pacientes y Administración, reconocen la necesidad de idear mecanismos como el SCC que acorten los tiempos para la resolución de las reclamaciones. Sin embargo, es difícil acertar con la fórmula. El Sermas ha hecho una apuesta, pero que, como se vio en su presentación pública dentro de la última edición del Congreso de Derecho Sanitario, no convence a todo el mundo. En todo caso, los resultados están ahí.
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Archivado: octubre 15, 2018, 10:10pm UTC por soledadvalle
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Archivado: septiembre 14, 2018, 4:24pm UTC por soledadvalle
El caso de Josep Baselga, que ha concluido con la dimisión del oncólogo de la dirección del Centro Médico del Cáncer Sloan Kettering, en Nueva York, por irregularidades en la declaración de conflicto de intereses con la industria farmacéutica, ha removido el suelo de la investigación obligando a recordar los deberes éticos y deontológicos de los médicos de declarar sus conflictos de intereses con la industria.
Esto es lo que ha hecho el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (CoMB) con la publicación en su web de un comunicado, firmado por su junta de directiva, en el que recuerda que entre las normas y recomendaciones que regulan la investigación científica está “la declaración de los conflictos de intereses potenciales de los investigadores y autores, especialmente en el momento de hacer públicos los resultados en congresos y revistas biomédicas”.
Es responsabilidad de los médicos e investigadores conocer estas reglas, aplicarlas y actuar siempre en consecuencia
Esta nota, con fecha de 14 de septiembre, repasa los criterios éticos que tienen las revistas científicas para publicar las investigaciones y los que tienen la industria, pero aclara que “es responsabilidad de los médicos e investigadores conocer estas reglas, aplicarlas y actuar siempre en consecuencia”.
Del cumplimiento de estos criterios éticos dependen en buena parte la credibilidad de la investigación científica. El CoMB razona: “La transparencia es fundamental, ya que toda la investigación biomédica exige y, a la vez, genera, una relación de confianza entre los ciudadanos, los investigadores, las instituciones y la industria”.
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Archivado: agosto 31, 2018, 11:47am UTC por soledadvalle
Archivado: agosto 31, 2018, 8:48am UTC por soledadvalle
En este sentido, la ONT reitera su política de tolerancia cero frente al tráfico de órganos. También considera necesario castigar todo tipo de actuaciones que la justicia haya demostrado compatibles con el tráfico de órganos, con la dureza que establece el código penal español en su artículo 156 bis.
El programa de prevención del consumo de alcohol en menores llega a más del 40 por ciento en 7 meses
Archivado: agosto 27, 2018, 11:54am UTC por soledadvalle
La Consejería">[http.lang=es">Consejería] de Sanidad de Asturias ha diseñado un novedoso programa de prevención del consumo temprano de alcohol en la edad pediátrica, que ha llegado ya a través de la red de Atención Primaria a 6.750 menores, casi la mitad de la población objetivo.
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Archivado: agosto 27, 2018, 10:48am UTC por soledadvalle
A fecha de 11 de julio de este año, las unidades docentes pendientes de acreditación por el Gobierno eran de 561, repartidas entre comunidades, con Madrid (158) y Andalucía (113), liderando el número de puestos en espera para obtener dicho reconocimiento.
La cifra desglosada por autonomías se ha conocido a partir de la pregunta registrada por el diputado socialista y portavoz de Sanidad en el Congreso de los Diputados, Jesús María Fernández, y que obtuvo respuesta el pasado 11 de julio.
Ha habido autonomías y sociedades científicas que han planteado la descentralización de estas acreditaciones para agilizar el proceso
“Hay muchísimas unidades docentes solicitadas y pendientes de acreditación y esta es una de las cuestiones más debatidas dentro del grupo de trabajo creado entre comunidades autónomas y ministerio de Sanidad para abordar la falta de especialistas médicos. Dentro de este grupo ha habido autonomías y sociedades científicas que han planteado la descentralización de estas acreditaciones para agilizar el proceso”, explica Fernández.
El diputado socialistas reconoce que en los meses de trabajo de este grupo se han ido analizando la situación de esta falta de persona y se ha visto que el procedimiento actual para la acreditación de las unidades docentes resulta “demasiado engorroso y estamos viendo dónde se produce el cuello de botella para actuar”.
En la respuesta remitida por el Gobierno, se recuerda que “la resolución de un expediente depende de que las unidades docentes o centros solicitantes remitan la documentación justificativa y atiendan a los requisitos que, en su caso, se formulen”.
Según la misma fuente, la unidades pendientes de acreditación por comunidades autónomas son las siguientes: Andalucía 113, Aragón 13, Principado de Asturias 7, Baleares 4, Canarias 20, Cantabria 6, Castilla y León 12, Castilla-La Mancha 26, Cataluña 58, Comunidad Valencia 61, Extremadura 15, Galicia 26, Madrid 158, Murcia 10, Navarra 5, País Vasco 21 y La Rioja 6.
Entre los objetivos anunciados por Carmen Montón como prioritarios dentro de su cartera ministerial estaba la de agilizar la acreditación de estas unidades docentes.
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Archivado: agosto 27, 2018, 9:32am UTC por soledadvalle
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Archivado: agosto 24, 2018, 1:22pm UTC por soledadvalle
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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha reclamado que el futuro Real Decreto para la Aplicación y Desarrollo del Complemento por Maternidad en las Pensiones del Sistema de la Seguridad Social, que se está tramitando actualmente, introduzca una mejora reforzada de las pensiones para las mujeres con discapacidad que hayan sido madres.
La norma no tiene en cuenta adecuadamente a las mujeres con discapacidad que han sido madres, según Cermi
Con este fin, se aprobó con los PGE de 2016 un incremento de las pensiones del 5 por ciento para las mujeres con dos descendientes, del 10 por ciento para las que han tenido tres y del 15 por ciento para las madres con cuatro o más. En todos los casos computan tanto los hijos biológicos como en adopción.
Plantea que el incremento de la pensión de jubilación, viudedad e incapacidad permanente sea un 5 por ciento superior en cada caso
En este sentido, la propuesta del Cermi plantea que el incremento de la pensión de jubilación, viudedad e incapacidad permanente sea un 5 por ciento superior en cada caso para las madres con discapacidad (un 10 por ciento con dos hijos, un 15 por ciento con tres y un 20 por ciento con cuatro o más).
Sugiere que se incorpore en el real decreto que prepara el Gobierno un apartado que recoja que “el complemento por maternidad se aplicará a las pensiones de jubilación anticipada por razón de la actividad o en caso de discapacidad, conforme a lo previsto en el artículo 206 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social”.
La interpretación de la Ley General de la Seguridad Social es que este complemento es aplicable también sobre las pensiones de jubilación anticipada en caso de discapacidad, aunque la entidad considera que se debería reforzar este aspecto.
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Archivado: agosto 23, 2018, 10:14am UTC por soledadvalle
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Archivado: agosto 21, 2018, 11:11am UTC por soledadvalle
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Archivado: agosto 21, 2018, 8:44am UTC por soledadvalle
La Asociación de Médicos Interinos de Galicia (Asmig) presentó, el 20 de agosto, un recurso de reposición contra la Orden de carrera profesional aprobada por el Servicio Gallego de Salud (Sergas) y publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) del pasado 30 de julio. El recurso administrativo está personalizado en el portavoz de la Asociación, Francisco Lueiro García, médico de Familia, con ocho trienios acumulados y una OPE aprobada.
Asmig, según recoge en su recurso, considera que la Orden de carrera profesional “vulnera la normativa vigente y establecer una clara discriminación entre el personal fijo y el resto a la hora de acceder al cobro de este complemento de carrera ya que, mientras el acceso de los fijos es inmediato, los temporales deben esperar un plazo de cinco años para que se les conceda el primer tramo”.
La Asociación considera que la Orden vulnera la normativa vigente y establecer una clara discriminación entre el personal fijo y el resto
Esta diferencia en el acceso a la carrera, entre fijos e interinos y temporales, es el sustento del recurso, pues, según Asmig, va en contra de la Ley 2/2015 de Empleo de Galicia, que hace alusión a la carrera profesional y a las retribuciones del personal interino, que percibirá “las mismas retribuciones complementarias que el personal funcionario de carrera”.
También atentaría contra lo que establece la Ley de Salud de Galicia, en su artículo 118, donde habla del cobro de la carrera profesional por el personal estatutario, sin diferenciar, según la Asociación, entre fijos e interinos.
La Directiva 1990/70 del Consejo de la UE, también recoge el principio de no discriminación, mediante el cual “se aclara que no podrá establecerse diferencias de trato entre trabajadores temporales y fijos”.
Además, en el recursos administrativo aportan una serie de sentencias favorables a sus pretensiones, tanto de tribunales nacionales como de la UE, y hace expresa reserva de su intención de recurrir a la jurisdicción contencioso-administrativa, en caso de que el Sergas opte por la negativa o el silencio administrativo.
Junto a Asmig, el sindicato CCOO ha expresado su descontento con estas medidas anunciando recursos en la vía contenciosa.
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Archivado: agosto 6, 2018, 6:30am UTC por soledadvalle
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Archivado: julio 27, 2018, 12:34pm UTC por soledadvalle
La norma estará en vigor hasta que se apruebe la ley orgánica de protección de datos que se encuentra en trámite parlamentario, en el debate de las enmiendas dentro de la ponencia constituida en la Comisión de Justicia.
Mientras tanto, el trámite de la nueva ley orgánica de protección de datos tendrá que revisar las 369 enmiendas que se han presentado y aclarar si, como piden todos los grupos políticos, se requiere una ley específica sobre el dato sanitario.
Archivado: julio 26, 2018, 10:07pm UTC por soledadvalle
Archivado: julio 24, 2018, 9:32am UTC por soledadvalle
El Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana recoge en sus estatutos la previsión de que cuando una persona ejerza la profesión de óptico-optometrista sin estar colegiado, se procederá a su colegiación de oficio para que lo haga legalmente y no incurra en actos ilegales, siempre velando por la garantía y seguridad de los pacientes, según ha informado médicosypacientes.com
Sin embargo, la previsión estatutaria fue rechazada por la Dirección General de Justicia de la Consejería de Gobernación y Justicia de la Comunidad Valenciana, inscribiendo dichos estatutos, pero suprimiendo la previsión que lo soportaba.
Esta es una obligación impuesta legalmente cuyo cumplimiento queda bajo la tutela del correspondiente colegio profesional
No puede desligarse la apertura de expediente de colegiación de oficio de la obligación de colegiación para el ejercicio de la profesión de que se trata
Así, el Tribunal Supremo, contrariamente a lo que sostenía la consejería valenciana, establece que “no puede desligarse la apertura de expediente de colegiación de oficio de la obligación de colegiación para el ejercicio de la profesión de que se trata, pues dicho expediente tiene como objeto exigir y hacer efectiva la obligación de colegiación establecida legalmente a quien ha decidido y está ejerciendo la profesión”.
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Archivado: julio 23, 2018, 10:03pm UTC por soledadvalle
El pasado lunes, 16 de julio, el secretario general de Sanidad y Consumo, Ricardo Campos, y el subsecretario, Justo Herrera, se reunieron con un equipo destacado de la multinacional farmacéutica Grünenthal para hablar sobre las indemnizaciones a los afectados por la talidomida.
Fue una primera toma de contacto en la que la firma alemana pudo dejar clara su postura. La respuesta oficial de la multinacional es que “para Grünenthal no es posible participar de forma directa en el sistema de indemnizaciones, puesto que consideramos que ya existen mecanismos satisfactoriamente establecidos que permiten que aquellos afectados por un producto con talidomida de Grünenthal puedan solicitar ayudas”.
El Ministerio de Sanidad insiste en que la cantidad que recoge la ley de presupuestos en indemnizaciones es “un brindis al sol”
De este modo, la farmacéutica también aclara que no va a reconocer como afectados por la talidomida de Grünenthal a las personas que pasen todos los reconocimientos médicos fijados por el Ministerio de Sanidad, para demostrar que sus malformaciones tienen origen en el consumo del citado principio activo.
La multinacional responde que “incluso si una persona es reconocida como afectada por talidomida, dichos efectos no pueden ser atribuidos exclusivamente a Grünenthal. Otras tres entidades, el Instituto Farmacológico Latino, Farmacobiológico Nessa y Peyva, distribuyeron talidomida en España durante el periodo temporal de referencia, algunas de ellas teniendo incluso sucesores. Ninguna de estas compañías tenía relación con Grünenthal y comercializaron sus productos sin el consentimiento de la compañía. Los fármacos con talidomida de Grünenthal solo fueron vendidos en España por un distribuidor local desde noviembre de 1960 hasta noviembre de 1961; un periodo mucho menor que cualquiera de los otros distribuidores”.
Al margen de este razonamiento, el Ministerio de Sanidad creó un registro para afectados por el medicamento, en el que se han inscrito 460 personas. Más del noventa por ciento de ellas ya han pasado el reconocimiento médico establecido por Sanidad para ser considerados como afectados por la talidomida.
Más del 90 por ciento de los inscritos en el registro de afectados por el principio activo han pasado el reconocimiento médico de Sanidad
“La primera persona que se sometió a estas pruebas fue en febrero de 2018. Estos chequeos se realizan en un solo día e incluyen pruebas genéticas”, apunta Rafael Basterrechea, vicepresidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite).
Los expedientes de los inscritos con la valoración de los expertos autonómicos se envían al Comité Científico-Técnico de la Talidomida, del Instituto de Salud Carlos III, compuesto por reconocidos investigadores en Genética y malformaciones. “Creemos que el número de españoles afectados por el fármaco de Grünenthal en España es de alrededor de 250; es decir, que muchos de los inscritos en el registro verán que sus afecciones no fueron producidas por este medicamento”, advierte Basterrechea.
Las indemnizaciones previstas en la recién aprobada ley de presupuestos del Estado se destinarán a los que hayan pasado estas pruebas médicas y cuenten con el reconocimiento del Comité del Carlos III. La citada norma consigna una indemnización de 12.000 euros por punto de discapacidad reconocida, con un techo de 50 millones de euros, una cantidad que creció de los 20 millones iniciales, gracias a una enmienda del Partido Popular, que presentó recién llegado a la oposición. La enmienda contó con el apoyo de todos los grupos en el Congreso, excepto con el del Partido Socialista.
El excepticismo que los socialistas mantienen con esta partida presupuestaria preocupa a los miembros de Avite, que acudieron a la llamada del ministerio de Carmen Montón para un encuentro que se celebró el pasado martes, 17 de julio, un día después de que se vieran con la farmacéutica alemana.
Comparecencia en Comisión de Carmen Montón.
El punto de partida de esta reunión fueron las declaraciones ofrecidas por la ministra Montón durante su comparecencia, del 12 de julio, en la Comisión de Sanidad, en la que presentó las líneas de su acción de Gobierno. Ante las preguntas sobre la talidomida de los grupos parlamentario, Montón respondió que la citada enmienda “es un brindis al sol y una demagogia, con el techo de gasto ya aprobado no se puede incluir una enmienda sin financiación”. En el mismo momento aclaró que iban a “tramitar un proyecto de ley de forma urgente para dar solución a las demandas de los afectados”.
El “brindis al sol” de la ministra ha retumbado en los oídos de los miembros de la asociación de Avite con un eco doloroso, dada la lucha titánica emprendida por esta asociación para alcanzar un reconocimiento que en otros países vecinos ya es historia. Así, el punto de partida de la reunión que se celebró la semana pasada no fue el mejor, según confiesa Basterrechea, vicepresidente de Avite, y uno de los que acudió a la cita. Por parte de Sanidad estuvieron el secretario general de Sanidad y Consumo, Ricardo Campos, y el subsecretario, Justo Herrera.
El tono fue agradable, lo que ayudó a calmar los ánimos, pero no sacaron nada en claro, según confiesa el vicepresidente de Avite. El ministerio está preparando un real decreto-ley que recoja las ayudas a los afectados, “para dar una solución real”, insisten desde Sanidad. Así que mientras desde el ministerio no se cansan de decir que lo recogido en la ley de presupuestos no son cifras realistas, desde Avite también tienen claro que no van a aceptar menos de lo recogido en la norma, que son los 12.000 euros por punto de discapacidad, con un techo de 50 millones.
La estimación de la asociación de afectados es que la indemnización media estaría en los 600.000 euros. Esta cantidad, multiplicada por los 250 afectados aproximados, da 150 millones de euros en indemnizaciones. Así que Avite coincide con el Ministerio de Sanidad en que la cifra recogida en la ley de presupuestos no es realista…, pero por insuficiente.
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Archivado: julio 19, 2018, 11:56am UTC por soledadvalle
El 63 por ciento de las pymes españolas conocen el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que se aplica desde el pasado 25 de mayo. Ello suponen que, un importante porcentaje, casi cuatro de cada diez empresas, no tienen aún conocimiento de esta normativa.
Así se pone de relieve en la Encuesta sobre el grado de preparación de las empresas españolas ante el RGPD, elaborada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), que han presentado hoy la directora de la AEPD, Mar España, y el presidente de CEPYME, Antonio Garamendi.
Casi 9 de cada 10 pymes considera que el Reglamento es mejor que la normativa anterior
Los resultados de esta encuesta, que no hace diferencias por sectores, refleja que aún es necesario llevar a cabo un esfuerzo de difusión de la normativa vigente entre las pymes. Pese a que la adaptación a la nueva normativa puede suponer un esfuerzo para las pymes, éstas valoran positivamente el Reglamento. Así, casi 9 de cada 10 pymes considera que el Reglamento es mejor que la normativa anterior y 8 de cada 10 lo percibe como positivo.
La AEPD lanzó Facilita_RGPD, una herramienta para ayudar al cumplimiento de la nueva normativa a las pymes españolas. Este test online, que permite obtener los documentos mínimos indispensables para facilitar la adaptación al Reglamento, ha recibido más de 450.000 visitas desde que se abrió el pasado septiembre.
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Archivado: julio 11, 2018, 2:50pm UTC por soledadvalle
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Archivado: julio 9, 2018, 2:52pm UTC por soledadvalle
Entre los acuerdos a los que se llegó en el Consejo Interterritorial del 24 de abril, cuando todavía estaba Dolors Montserrat como ministra de Sanidad, estaba el de “aplicar criterios más rígidos en las normativas sobre incompatibilidades del personal médico al servicio de los centros e instituciones sanitarias del sistema nacional de salud”. Justo Herrera Gómez, subsecretario del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, lo ha recordado durante su intervención en el XI Encuentro interautonómico sobre protección jurídica del paciente como consumidor, que se está celebrando estos días dentro de los cursos de verano de la UIMP, en Santander.
Herrera Gómez, que asistió al encuentro en sustitución de la ministra de Sanidad, Carmen Montó, desgranó con detalle los puntos del acuerdo con el que concluyó el último interterritorial de la era de Rajoy, entre los que estaba la cuestión de la incompatibilidades de los profesionales. Sin embargo, tranquilizó al auditorio al señalar que no era el apartado con más consenso y tampoco estaba entre las líneas maestras del ministerio actual en su plan de recursos humanos. “Fue algo que se puso encima de la mesa, pero es una de las medidas con menor grado de madurez y nosotros no la hemos considerado en nuestros planes de acción”.
De izquierda a derecha, Jorge Tomillo, catedrático de Derecho Mercantil; María Luisa Real, consejera de Sanidad de Cantabria; Eduardo Vázquez, de la UIMP; Justo Herrera, subsecretario del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Joaquín Cayón, jefe del Servicio de Asesoramiento Jurídico de la Consejería de Sanidad de Cantabria. Tomillo y Cayón son los directores del programa, encuentro interautonómico. Sin embargo afirmó: “Entendemos que la dedicación también condiciona el rendimiento de los profesionales. Tener que compatibilizar la actividad pública con la privada, puede hacer que en lo público se llegue a niveles de eficiencia en el desempeño, difíciles de administrar”. Herrera, que ocupó cargos de responsabilidad en la Sanidad de Valencia junto a la actual ministra, recordó que en su comunidad: “Entendimos que, al menos en determinados niveles, para ocupar jefaturas de servicio y de sección, sí íbamos a pedir exclusividad. Ahí hacía falta un cierto compromiso con lo público y el régimen de exclusividad daba mayor cobertura”. En relación al plan de actuación del ministerio para los próximo meses, adelantó: “Hemos elaborado un plan de trabajo para lo que queda de legislatura, que consiste en cinco grandes líneas estratégicas, 33 objetivos y 157 acciones. Dentro de la línea estratégica tres abordamos el plan de recursos humanos”.
Prescripción enfermera, plan de agresiones y acreditación de paliativos, entre los compromisos del Ministerio de Sanidad
Este tercer punto se divide en dos objetivos: por un lado “reorientar la planificación de la ordenación profesional para ajustar la oferta de profesionales a las necesidades actuales y de futuro del SNS” y, por otro, “reorientar la acreditación de centros y unidades docentes”- El primer objetivo a su vez se desarrolla en once acciones, entre las que están: desarrollar la prescripción enfermera, un plan de agresiones para evitar la violencia contra profesionales y hacerlo de manera armonizada con todas las autonomías y desarrollar la acreditación de los profesionales de Cuidados Paliativos. En relación al segundo objetivo, sobre acreditación de centros y unidades docentes, Herrera Gómez apuntó la intención de “resolver las peticiones de acreditación pendientes” y “revisar los criterios para la acreditación de centros y unidades docentes para la formación sanitaria de las especialidades deficitarias”. Apuntó estas cuestiones dentro de otras medidas que preveen desarrollar “en lo que queda de legislatura”, sin bien admitió que no se trata de un plan cerrado, “pues estamos abiertos a nuevas ideas y aportaciones”, concluyó.
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Archivado: julio 9, 2018, 12:08pm UTC por soledadvalle
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Archivado: julio 5, 2018, 5:37pm UTC por soledadvalle
Han coincidido en el fondo, aunque no tanto en la forma. Representantes del PSOE, Partido Popular y Unidos Podemos, reunidos en la jornada sobre transformación del Sistema Nacional de Salud, que organiza la cátedra de la UIMP y MSD, en Santander, han admitido la necesidad de abordar una reforma fiscal para aumentar la partida destinada al Sistema Nacional de Salud, aunque difieren del modo, que en ningún caso ha quedado claro. Jesús María Fernández, portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso de los Diputados, ha arrancado su intervención asegurando que “si queremos tener servicios públicos de calidad es necesario una reforma fiscal, porque la sanidad española necesita más financiación”. El socialista aportó un dato: “Este último año en España se han superado los 100.000 millones de euros de gasto sanitario, de los que 5.000 millones han sido aportados por el ciudadano de su bolsillo, en un contexto de crisis económica”.
Sobre las vía para mejorar esta financiación, el moderador del evento y coodirector del programa, Pedro Gómez Pajuelo, del Ministerio de Sanidad, recordó a Jesús María Fernández las recientes declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en relación a crear tres nuevos impuestos: a la banca, a las empresas de tecnología y a la industria con impacto medioambiental. Fernández valoró esta posibilidad como impuestos “necesarios, pero insuficientes para resolver los problemas de financiación que tiene el país”. Aseguró que habría que “tocar necesariamente los impuestos generales: Sociedades, IRPF.”. Y aclaró, además, que esos nuevos tributos “no podrían ser finalistas, porque, además de no ser suficientes, es algo que está prohibido por la normativa europea”. Alejandro Vázquez, diputado del Partido Popular en Castilla y León y médico de profesión, se refirió a la falta de financiación de la Sanidad como algo que “ha sido constante“, pero puntualizó que antes de aumentar esta financiación habría que medir bien el gasto. El político popular alertó de la tentación de aumentar la recaudación sin saber bien con qué fin e hizo una referencia a la universalización de la Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez. “La asistencia sanitaria de todos para todos tiene un coste, estimado por el Tribunal de Cuentas, de 900 millones de euros más al sistema”, algo que, según Vázquez, “los países de nuestro entorno regulan de otra manera, exigiendo condiciones para dar la totalidad de la asistencia”. La diputada regional de Podemos Verónica Ordónez, por su parte, afirmó que antes de aumentar los tributos habría que realizar un esfuerzo porque “todo el dinero de los impuestos actuales llegue a las arcas públicas”. Conseguido ese objetivo, Ordónez se refirió a la creación de un “impuesto medioambiental, que vaya diriguido a financiar actuaciones en salud”. Además, de hablar de “una fiscalidad saludable” incidiendo en este tema. Compartiendo mesa con los políticos estaban Carlos Mur, como miembro de Sedisa, Miguel Ángel Calleja, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), y Ruth Vera, presidenta de la SEOM.
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References: resolución 
 resolución 
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 resolución 
 artículo 156
 resolución 
 Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 206
 artículo 118