Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/T-526-16.htm
Timestamp: 2019-07-19 10:41:08+00:00

Document:
T-526-16
ACCION DE TUTELA PARA ACCEDER A SUBSIDIO DE VIVIENDA-Procedencia
DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Procedencia de tutela como mecanismo de protección cuando adquiere rango fundamental
Los subsidios de vivienda familiar son un mecanismo estatal válido para desarrollar progresivamente el derecho a la vivienda digna consagrado en la Constitución, especialmente cuando se trata de personas de bajos recursos.
IGUALDAD-Triple naturaleza constitucional, valor, principio y derecho fundamental
DERECHO FUNDAMENTAL A LA VIVIENDA DIGNA-Vulneración por parte de Fonvivienda al haberle trasladado a los accionantes las cargas económicas relacionadas con el incumplimiento de la ejecución del proyecto del cual eran beneficiarios
La tardía ejecución del proyecto de vivienda y, por ende, la demora en la entrega de los inmuebles, es una situación ajena a la voluntad de las peticionarias y de sus grupos familiares, pero paradójicamente han sido quienes han debido soportarla no solo en términos temporales sino también económicos, viendo trasgredido el componente de asequibilidad.
DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA VIVIENDA DIGNA-Vulneración por parte de Fonvivienda al trasladarles a los accionantes cargas administrativas, técnicas y financieras que no debieron asumir
DERECHO A LA IGUALDAD Y A LA VIVIENDA DIGNA-Orden a Fonvivienda y al Ministerio de Vivienda otorgarle nuevamente vigencia al subsidio familiar de vivienda concedido a los accionantes
Las señoras Candelaria Sepúlveda Pérez, en nombre propio y en representación de Jairo Andrés Peña Sepúlveda (T-5641369), y Nuris del Socorro Avilez Pacheco (T-5641386) promovieron acciones de tutela contra del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (en adelante Ministerio de Vivienda), el Fondo Nacional de Vivienda (en adelante Fonvivienda), al considerar que con sus actuaciones vulneraron sus derechos fundamentales a la igualdad y a una vivienda digna[1], debido proceso[2] y desconocieron el principio de confianza legítima[3]. Las solicitudes se encuentran circunscritas en los siguientes:
1. Hechos comunes a los expedientes acumulados[4]
1.1. La gobernación de Córdoba conformó con la Corporación Concretar la Unión Temporal Villa Melisa el 29 de mayo de 2009, con el fin de presentar el proyecto “Urbanización Villa Melisa” (Montería), que brindaría 2045 soluciones de vivienda de interés social urbana[5].
1.2. Cumplido el requisito de elegibilidad determinado por Findeter mediante certificado ETN-2009-0001 de fecha 10 de noviembre de 2009, el Ministerio de Vivienda efectuó la asignación de 1869 subsidios familiares de vivienda (SFV) para la adquisición de casa nueva a la población postulada y asignada al proyecto en cuestión, por valor de $11.783.200 a cada uno, seleccionando para tal efecto los que estaban inscritos en el Sisbén en distintos estados a través del Concurso Esfuerzo Territorial Nacional.
1.7. Debido a esta dificultad, la Gobernación realizó un proceso de selección para sustituir a la Corporación Concretar. En razón de ello, a través de documento modificatorio núm. 07 del 4 de noviembre de 2014, esta última sustituyó su participación, derechos y obligaciones como miembro de la Unión Temporal Villa Melisa al Ingeniero Gustavo Adolfo Ramírez Mendoza, quien presentó una programación de 15 meses para la construcción de 1125 viviendas.
1.8. En consecuencia, la Gobernación de Córdoba informó que los subsidios adjudicados serían recaudados en la modalidad de cobro contra escritura -que no requería constituir una póliza para la movilización de los subsidios -, en lugar de cobro anticipado[9]. Es decir, que una vez las viviendas les fueran entregadas por el constructor, el Ministerio haría el desembolso total del dinero.
La señora Sepúlveda Pérez sostiene que habitaba en una zona de alto riesgo, en un cambuche donde asesinaron a su compañero permanente (2009)[11]. Desde entonces, reside con su hijo (menor de edad) en la casa de un familiar.
Informó que en el año 2011, le otorgaron un subsidio familiar de vivienda urbana, para aplicar al proyecto Villa Melisa[12], motivo por el cual suscribió un contrato con la Unión Temporal, quien se comprometió a entregar la casa 10 meses después de que la fiduciaria entregara el monto del subsidio.
Mediante auto del 27 de noviembre de 2015, la Sala Civil-Familia –Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería admitió la acción de tutela y corrió traslado al Ministerio de Vivienda, a Fonvivienda, a la Gobernación de Córdoba, a la Unión Temporal Villa Melisa y a Concretar S.A. Vinculó al trámite a la Caja de compensación Familiar de Córdoba “Comfacor”.[13]
2.3.1. Gobernación de Córdoba[14].
Afirmó que es incompetente para dar cumplimiento a lo solicitado por la demandante (prórroga del subsidio), por cuanto le corresponde al Ministerio de Vivienda que concedió la ayuda de vivienda. Reseñó que el subsidio en cuestión está vencido desde el 30 de junio de 2015, debido a que la Resolución núm. 521 de 2015 amplió la vigencia de algunos subsidios de vivienda de interés social para áreas urbanas y excluyó aquellos otorgados por la Resolución núm. 950 de 2011, sin reparar en los esfuerzos desplegados por la gobernación para el desarrollo del proyecto Villa Melisa.
De igual modo, ejecutó hasta el mes de junio de 2014, 914 viviendas, así: (i) 826 auxilios tramitados en la modalidad de cobro anticipado de acuerdo al Decreto mencionado y la Resolución 019 de 2011 expedidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, esto es, 40% de anticipo para dar inicio a la construcción, 40% por avance de obra y 20% final previa autorización del Ministerio una vez entregada y escriturada la vivienda y; (ii) 88 viviendas bajo la modalidad contraescritura, es decir, el desembolso se realiza una vez entregada y debidamente registrada la transferencia de dominio del inmueble a partir de la expedición de una resolución de adjudicación por el departamento de Córdoba[15].
Insistió que ha hecho grandes esfuerzos económicos y administrativos para la ejecución del proyecto de la Urbanización Villa Melisa, como quiera que: (i) adquirió el lote para la obra; (ii) completó cada subsidio con $2.490.373, para cubrir el incremento del costo causado por el cambio de constructor[16] ; y, (iii) realizó aportes para obras de rellenos para los predios de las viviendas por los desniveles presentados en el terreno y la problemática de las escorrentías de aguas lluvias en la ciudad por el valor de $1.616.301.908,00.
- Comunicación dirigida al accionante y su grupo familiar en noviembre de 2011, de parte del Viceministro de Vivienda y el Director Ejecutivo de Fonvivienda, en la que se les comunica la asignación del subsidio de vivienda familiar a su favor, por un valor de $11’783.200 “para aplicar en el proyecto de urbanización Villa Melisa en la modalidad de adquisición de vivienda nueva” (Cuaderno principal, folio 4).
- Contrato de promesa de compraventa suscrito por la unión temporal Villa Melisa y Candelaria Sepúlveda Pérez, en el cual se prometió entregar una casa 10 meses después de que la fiducia entregara los dineros asignados como subsidio de vivienda de interés social prioritario para el proyecto (Cuaderno principal, folio 5-6).
- Calificación Sisbén de Candelaria Sepúlveda Pérez y Jairo Peña Sepúlveda (Cuaderno principal, folio 10).
- Acta de reunión de la Gobernación de Córdoba y beneficiarios de la urbanización Villa Melisa de Montería, llevada a cabo el 20 de octubre de 2015 (Cuaderno principal, folio 21).
- Copia del oficio Núm. 00447 de la Gobernación de Córdoba, dirigido al Viceministro de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, en la que solicita reconsiderar la decisión adoptada mediante la Resolución 521 del 30 de junio de 0215, en la que no se prorrogó la Resolución 950 de 2011 (Cuaderno principal, folio 23-26).
- Resolución Núm. 950 de 2011 “Por la cual se asignan 1985 Subsidios Familiares de Vivienda Urbana correspondientes al Concurso de Esfuerzo Territorial Nacional”, de los cuales 1200 fueron para el Departamento de Córdoba y uno de ellos para el accionante. (Cuaderno principal, folio 43 CD).
- Certificado de elegibilidad núm. ETN-2009-0001, de la Urbanización Villa Melisa otorgado por Findeter (Cuaderno principal, folio 43 CD).
- Resolución núm. 692 de 2014 que declaró desierta la licitación pública SG-LP-009-2014, cuyo objeto era adquirir una póliza que ampare los subsidios de vivienda que se encuentren sin garantía correspondientes al proyecto de Vivienda de Interés social prioritario de Villa Melisa (Cuaderno principal, folio 43, CD).
- Misivas de distintas aseguradoras en las que manifiestan que no aseguran subsidios de vivienda de interés social prioritario para el desarrollo del proyecto Villa Melisa: Previsora de Seguros -1 de agosto de 2013, Sura -11 de Septiembre de 2013, Liberty Seguros -17 de septiembre de 2013 (Cuaderno principal, folio 43, CD).
- Solicitud de ampliación de la vigencia de los subsidios de vivienda otorgados mediante las Resoluciones 1438 y 1429 de 2010 y 950 de 2011 para el Proyecto Villa Melisa, formulada por el Departamento Administrativo de Córdoba a Fonvivienda, del 30 de abril de 2014 (Cuaderno principal, folio 43, CD).
- Solicitud de prórroga de la vigencia de los subsidios de vivienda, para quienes hubieran sido beneficiados para ser parte del proyecto Villa Melisa por las Resoluciones 1438 y 1429 de 2010 y 950 de 2011 y hubieran diligenciado la documentación para el cobro, emitida por la Gobernación de Córdoba al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el 10 de septiembre de 2014 (Cuaderno principal, folio 43, CD).
- Solicitud de la Gobernación de Córdoba al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, del 20 de enero de 2015, para la ampliación de la vigencia de los subsidios de vivienda, otorgados para el proyecto Villa Melisa (Cuaderno principal, folio 43, CD).
La señora Nuris del Socorro Avilez Pacheco relata que es una persona de escasos recursos, madre soltera y cabeza de hogar, que tiene a cargo dos hijos, con los que vive en una zona de alto riesgo[20].
Mediante providencia del 9 de diciembre de 2015, la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Distrito de Montería negó por improcedente el amparo solicitado. El despacho sostuvo que la acción de tutela “no es procedente para controvertir actos administrativos de carácter particular y concreto, toda vez que la accionante cuenta con el medio de control jurisdiccional de nulidad y restablecimiento del derecho, con la posibilidad de pedir las medidas cautelares conducentes”[25]. Ésta decisión no fue impugnada.
El Juzgado Primero de Familia del Circuito de Montería, en fallo del 23 de noviembre de 2015, advirtió que el Ministerio, a través de Fonvivienda, y la Gobernación de Córdoba quebrantaron el derecho a la vivienda digna, a la igualdad y al debido proceso de la demandante. Ello en razón de que las entidades demandadas no justificaron el trámite administrativo interno que conllevó al vencimiento del SFV, y “no puede echarle culpas administrativas a la accionante, quien nunca se enteró del trámite interno del ente accionado que pudiera dar lugar al vencimiento declarado de su subsidio de vivienda familiar”[26].
Esta decisión fue impugnada por la Gobernación de Córdoba, quien manifestó que la entidad competente para ordenar el reintegro del subsidio es el Ministerio de Vivienda “pues este fue quien lo otorgó actuando en nombre del presidente de la República en el marco de la política integral de vivienda y quien decide unilateralmente no prorrogarlo [27]”.
En sentencia del 26 de enero de 2016, la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Montería revocó el fallo y, en su lugar, negó el amparo de los derechos invocados. Esta decisión sustentó que la acción de tutela impetrada “no es procedente para controvertir actos administrativos de carácter particular y concreto, toda vez que la accionante cuenta con el medio de control jurisdiccional de nulidad y restablecimiento del derecho, con la posibilidad de pedir las medidas cautelares conducentes”[28].
3. Procedencia de la acción de tutela[29]
4. El derecho fundamental a la vivienda digna[30].
5. Los subsidios de vivienda familiar en la doctrina constitucional, como mecanismo para el logro progresivo de la efectividad del derecho a contar con una vivienda digna. Reiteración de jurisprudencia[47]
7. Principio constitucional de confianza legítima[55].
La Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Distrito de Montería Mediante providencia del 9 de diciembre de 2015 (exp. T-5641369) y del 26 de enero de 2016 (exp. T-5641386) negó por improcedente el amparo solicitado. El despacho sostiene en ambas providencias el mismo motivo, que la acción de tutela “no es procedente para controvertir actos administrativos de carácter particular y concreto, toda vez que la accionante cuenta con el medio de control jurisdiccional de nulidad y restablecimiento del derecho”[73].
La Sala se aparta de esta tesis. Si bien los accionantes cuentan con otro mecanismo judicial para procurar la protección de sus derechos como lo advierte el juez de instancia, dicho medio no resulta idóneo para garantizar el goce de aquellos. En este caso, las acciones judiciales a las que hubieran podido acudir las demandantes no constituyen herramientas idóneas ni eficaces para la protección inmediata y plena de los derechos fundamentales invocados. Ello en razón a que los medios de control jurisdiccional de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho previstos en los artículos 137[74] y 138[75] del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo no permiten una protección inmediata y plena de los derechos fundamentales en juego.
En primer término, la Sala advierte la existencia de dos precedentes aplicables al asunto bajo estudio por guardar identidad del supuesto de hecho: en las sentencia T-311 de 2016[77] y T-433 de 2016, en las cuales los demandantes también habían recibido un SFV, otorgado por la Resolución 950 de 2011, para la participación en el proyecto de vivienda Villa Melisa en Montería, que dejó de ser prorrogado injustificadamente por el Ministerio de Vivienda.
Para tal efecto, ordenó al Fonvivienda y al Ministerio de Vivienda que, de conformidad con el artículo 51 del Decreto 2190 de 2009, adelantaran todos los trámites necesarios para otorgarle nuevamente vigencia a los subsidios familiares de vivienda otorgados mediante la Resolución núm. 950 de 2011 a los demandantes por el término de un (1) año o hasta el momento en que les sean entregadas sus casas propias y legalizados los subsidios. De igual modo, ordenó a la Gobernación de Córdoba que: (i) Dentro de los 9 meses siguientes a la notificación del fallo hiciera entrega a los peticionarios las soluciones de vivienda pactadas en los Contratos de Promesa de Compraventa suscritos con cada uno de ellos respecto del proyecto Urbanización Villa Melisa; (ii) de resultar necesario, ejecute las actuaciones administrativas a que haya lugar para elevar el subsidio complementario a los accionantes, en caso de que el valor del subsidio otorgado por Fonvivienda no sea suficiente para cubrir los precios actuales de las viviendas de los accionantes.
9.4.2.2. Al respecto, vale la pena aclarar que el alcance dado a esta decisión deberá verse reflejado en cualquier trámite judicial y administrativo en curso que los beneficiarios del subsidio de vivienda para el Programa Villa Melisa en Montería, referidos en la Resolución núm. 950 de 2011, a quienes no se les renovó en la Resolución núm. 521 de 2015, hubieran iniciado por los mismos hechos y con las mismas pretensiones.
De manera complementaria, se requerirá a Fonvivienda, por ser la entidad que cuenta con la información de contacto de los beneficiarios del auxilio otorgado para el Proyecto Villa Melisa en la Resolución núm. 950 de 2011 y que no fue renovado por la Resolución núm. 521 de 2015, que les notifique esta providencia.
PRIMERO.- En relación con el expediente T-5641369, REVOCAR la sentencia proferida por la Sala Civil- Familia- Laboral del Tribunal Superior de Montería el 9 de diciembre de 2015, mediante la cual se negó el amparo de los derechos fundamentales reclamados por Candelaria Sepúlveda Pérez, en nombre propio y en representación de Jairo Andrés Peña Sepúlveda en contra del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Fondo Nacional de Vivienda. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos a la igualdad y vivienda digna de Candelaria Sepúlveda Pérez y de Jairo Andrés Peña Sepúlveda.
SEGUNDO.- ORDENAR al Fondo Nacional de Vivienda y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que de conformidad con el artículo 51 del Decreto 2190 de 2009, y en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, adelante todos los trámites necesarios para otorgarle nuevamente vigencia al subsidio familiar de vivienda otorgado a Candelaria Sepúlveda Pérez y Jairo Andrés Peña Sepúlveda, mediante la Resolución núm. 950 de 2011 para hacer parte del proyecto Villa Melisa, que no fue prorrogado por la Resolución núm. 521 de 2015, por el término de un (1) año o hasta el momento en que les sean entregadas sus casas propias y legalizados los subsidios (expediente T-5641369).
TERCERO.- ORDENAR a la Gobernación de Córdoba que:
2. De resultar necesario, ejecute las actuaciones administrativas a que haya lugar para elevar el subsidio complementario a los accionantes según la Resolución núm. 950 de 2011, en caso de que el valor del subsidio otorgado por Fonvivienda no sea suficiente para cubrir los precios actuales de las viviendas de los accionantes.
CUARTO.- En relación con el expediente T-5641386, REVOCAR la sentencia proferida por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Distrito de Montería el día 26 de enero de 2016, mediante la cual se negó el amparo de los derechos fundamentales reclamados por la señora Nuris del Socorro Avilez Pacheco en contra del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y del Fondo Nacional de Vivienda. En su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la igualdad y la vivienda digna de la accionante.
QUINTO.- ORDENAR al Fondo Nacional de Vivienda y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que de conformidad con el artículo 51 del Decreto 2190 de 2009, y en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, adelante todos los trámites necesarios para otorgarle nuevamente vigencia al subsidio familiar de vivienda otorgado a la señora Nuris del Socorro Avilez Pacheco mediante la Resolución núm. 950 de 2011 para hacer parte del proyecto Villa Melisa, que no fue prorrogado por la Resolución núm. 521 de 2015, por el término de un (1) año o hasta el momento en que les sean entregadas sus casas propias y legalizados los subsidios.
SEXTO.- ORDENAR a la Gobernación de Córdoba que:
SÉPTIMO.- EXTENDER con efectos inter comunis, las medidas adoptadas en la presente sentencia a todas las personas que, en las mismas circunstancias aquí verificadas, adquirieron los subsidios familiares de vivienda otorgados mediante la Resolución núm. 950 de 2011 para hacer parte del proyecto Villa Melisa y que no fueron prorrogados por la Resolución núm. 521 de 2015.
OCTAVO.- ORDENAR al Fondo Nacional de Vivienda y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio replantear el orden de distribución de los subsidios vivienda para el Programa Villa Melisa en Montería, otorgados en las Resoluciones 1438 de 2010, 1439 y 950 de 2011, de acuerdo con los criterios de priorización establecidos por el artículo 8 del Decreto 1921 de 2012 proferido por el Ministerio de Vivienda, Ambiente y Territorio y aquellos que fueron definidos por la convocatoria para el programa Proyecto Villa Melisa, en un lapso no mayor a tres meses contados a partir de la notificación de esta providencia. Ello sin perjuicio de los trámites que se encuentren avanzados, esto es, de los casos en lo que se haya asignado la vivienda -cuya construcción se encuentre finalizada- y ad portas de culminar el proceso de legalización y entrega material de la vivienda.
NOVENO.- ORDENAR al Fondo Nacional de Vivienda y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, comunique este fallo a todos beneficiarios del auxilio otorgado para el Proyecto Villa Melisa en la Resolución núm. 950 de 2011 y que no fue renovado por la Resolución núm. 521 de 2015.
DÉCIMO.- PREVENIR, a través del Consejo Superior de la Judicatura, a todos los jueces de la República, para que en los procesos instaurados ante la jurisdicción constitucional que se encuentren en curso y guarden relación con las partes, hechos y pretensiones identificadas en el punto 9.4.2 (párrafo 1), brinden un trato igualitario y uniforme que asegure el goce efectivo del derecho fundamental a la vivienda digna en los términos referidos en esta providencia.
UNDÉCIMO.- Por Secretaría, líbrense las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
[9] Mediante oficio núm. 01135 del 28 de noviembre de 2014, la Gobernación de Córdoba informó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que la administración departamental estaba adelantando los trámites administrativos pertinentes para continuar con el normal desarrollo del proyecto bajo la modalidad de cobro contraescritura, y que se realizaría la adición de nuevos recursos por parte de la entidad territorial y la sustitución del constructor con el fin de garantizar la total ejecución del proyecto. Esto se le informó igualmente al Supervisor de FONADE, mediante oficio de fecha 20 de noviembre de 2014.
[16] Es decir, debido a la sustitución de la Corporación Concretar por la firma de ingenieros Gustavo Ramírez Mendoza.
[21] Mediante auto del 5 de noviembre de 2015, la Sala Constitucional Ad-hoc del Tribunal Superior del Distrito judicial de Montería remitió a la oficina de apoyo judicial el expediente por cuanto debía haber sido repartido a los jueces del circuito de esa ciudad.
[37] En esta providencia la Corte estudió la acción de tutela instaurada por 66 personas víctimas del desplazamiento que se vieron forzados a ubicarse en zonas marginales de Bucaramanga, Girón y Floridablanca, en asentamientos en áreas subnormales, algunos en terrenos inestables. Señalaron que residían en ranchos construidos con materiales desechables y sin servicios públicos; que las condiciones de habitación eran precarias y los niveles de hacinamiento y contaminación muy altos; que eran obligados a convivir con roedores y rodeados de aguas residuales; y que allí continuaban expuestos a las acciones de los grupos armados que amenazaban sus vidas. Indicaron que Fonvivienda les otorgó subsidios para la adquisición de vivienda nueva o usada, los cuales debían hacer efectivos antes del 30 de junio de 2005. Sin embargo, no pudieron hacer efectivos los referidos subsidios porque no contaban con recursos suficientes para cubrir el excedente necesario para la adquisición de una vivienda nueva o usada; y en los municipios demandados la vivienda de interés social era escasa y en su gran mayoría se encontraba edificada en zonas declaradas de alto riesgo. La Corte recordó que el derecho a una vivienda digna comprende la sostenibilidad de los gastos de la vivienda; es decir, que los costos de tenencia de la misma no impliquen un sacrificio del mínimo vital de sus habitantes. Con sustento en esa y otras consideraciones ordenó al otrora Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial que a los demandantes que aún no habían adquirido una vivienda en uso del subsidio nacional les concediera una prórroga de seis meses para aplicarlo; y a los municipios accionados, en coordinación con el Departamento Administrativo de Acción Social, prestar asesoría a los demandantes sobre las opciones de acceso a créditos en condiciones favorables.
[38] En esta oportunidad la Sala Quinta de Revisión resolvió la acción de tutela instaurada por 8 personas que se consideraban en riesgo, como quiera que sus inmuebles se encontraban ubicados en una zona que estaba presentando problemas de deslizamiento, fluidos de lodo y detritos, e inundaciones originados por el desbordamiento del canal instalado por la empresa de acueducto y alcantarillado, el cual se ha dado por la obstrucción generada por un deslizamiento del talud superior del canal e inferior del Colegio Calasanz, y por una posible falta de capacidad hidráulica de dicho canal para evacuar los caudales que se han dado en los días abundante lluvia. La Corte decidió amparar los derechos a la vida digna, a la integridad personal, a la vida y a la seguridad, por encontrar que las autoridades distritales han omitido adoptar medidas para manejar la situación de riesgo al que se sujetan sus viviendas, como consecuencia del fenómeno de remoción de masa de la zona y los problemas estructurales del canal que recoge las aguas lluvias de los cerros. Ordenó: (i) a la Alcaldía Distrital de Bogotá, el adelanto de las obras para mitigar el riesgo producido por la amenaza de remoción de masa, en las zonas contiguas al Canal Limitante Pardo Rubio e implemente medidas para estabilizar las laderas que se deslizaron como consecuencia del desbordamiento del canal; (ii) a la EAAB que revise y limpie el sistema de drenaje de aguas lluvias de la zona, y repare la falla estructural que presenta el Canal Limitante Pardo Rubio, debido a que se ha demostrado que el bombeo de la construcción no es una medida suficiente para solucionar el taponamiento; (iii) al IDIGER que determine si el riesgo al que se someten sus viviendas es susceptible de ser mitigado o no y, en caso de que el riesgo se pueda mitigar, desembolse los dineros para posibilitar la reparación de los hogares y, en caso de que no sea mitigable, garantice que se incluya a los accionantes en un programa de reubicación; (iv) al Personero Distrital que actúe como supervisor y garante del cumplimiento de las órdenes impartidas en esta decisión; y (vi) a la Superintendencia de Servicios Públicos que, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, verifique que la prestación del servicio público de alcantarillado por parte de la EAAB en el Canal Pardo Rubio, sea eficiente.
[63] Sentencia T-437 de 2012. En esa decisión la Corte revisó la tutela instaurada por un ciudadano contra la Secretaría de Espacio Público y Control Urbano de la Alcaldía de Ibagué, con el objetivo de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la vida digna, al trabajo, a la vivienda digna, al debido proceso, a los derechos de los menores y al principio de confianza legítima, que consideró vulnerados como consecuencia de la orden de restitución de espacio público en el marco de un proceso administrativo. La Sala Tercera de Revisión consideró que la recuperación del espacio público ocupado por el peticionario obedeció a la necesidad perentoria de preservar el interés general para asegurar el acceso de todos los ciudadanos al goce y utilización común de los espacios colectivos, de manera que la Administración no solo estaba habilitada para iniciar el proceso de desalojo y recuperación del espacio público, sino que también se encontraba en la obligación de hacerlo. Sin embargo, de las pruebas aportadas constató que la confianza generada por la Administración, en relación a la posibilidad de ocupar el espacio público, era legítima por cuanto: (i) acreditó el pago del impuesto predial y en los recibos de pago de los servicios públicos; y (ii) la Administración fue negligente en su actuar al permitir que el accionante ocupara el espacio público por un período superior a 15 años, actuación que se agrava con el cobro del impuesto predial durante más de una década sobre mejoras en espacio público. Con sustento en lo anterior, concedió la protección invocada por el actor y ordenó a la entidad accionada, entre otros aspectos: verificar la situación personal, social y económica del accionante y su núcleo familiar, con el fin de establecer el tipo de programa de salud, asistencia permanente a la población vulnerable y de comerciantes informales del municipio les fueran aplicables; adelantar las diligencias necesarias para la inscripción en los programas de vivienda de interés social desarrollados en ese municipio; y concertar y concretar con el actor un plan de reubicación para que pudiera laborar con las debidas garantías para el ejercicio de su oficio.
[65] Sentencia T-437 de 2012. Cfr. VALBUENA HERNANDEZ, Gabriel. La defraudación de la confianza legítima. Aproximación crítica desde la teoría de la responsabilidad del Estado. Universidad Externado de Colombia. 2008, pág. 165.
[68] En la sentencia SU-1023 de 2001, la Sala Plena manifestó que: “hay eventos excepcionales en los cuales los límites de la vulneración deben fijarse en consideración tanto del derecho fundamental del tutelante como del derecho fundamental de quienes no han acudido a la tutela, siempre y cuando se evidencie la necesidad de evitar que la protección de derechos fundamentales del accionante se realice paradójicamente en detrimento de derechos igualmente fundamentales de terceros que se encuentran en condiciones comunes a las de aquel frente a la autoridad o particular accionado”.
[77] En aquella oportunidad, esta misma sala revisión resolvió tres casos que presentan identidad fáctica con los asuntos bajo estudio. Los señores Fredy Manuel Carmona Barón, Doris Isabel Jiménez Bertel y Andrys Zeineth Agamez Arrieta fueron beneficiados por la Resolución núm. 950 de 2011, mediante la cual el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio les otorgó subsidios familiares de vivienda (SFV) para el proyecto de vivienda Villa Melisa. Sin embargo, sus subsidios habían vencido o expirado porque no fueron prorrogados por la Resolución 521 d 2015, lo que impedía que se les pueda hacer entrega de una vivienda en el proyecto ya que no existían los recursos de financiación para su construcción. En esa oportunidad, con el fin de restablecer los derechos a la igualdad, a la vivienda digna y a la confianza legítima de los demandantes, se ordenó: “CUARTO.- ORDENAR al Fondo Nacional de Vivienda y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que de conformidad con el artículo 51 del Decreto 2190 de 2009, y en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, adelante todos los trámites necesarios para otorgarle nuevamente vigencia a los subsidios familiares de vivienda otorgados mediante la Resolución núm. 950 de 2011 a los señores Fredy Manuel Carmona Barón, Andrys Zeineth Agamez Arrieta y Doris Isabel Jiménez Bertel, por el término de un (1) años o hasta el momento en que les sean entregadas sus casas propias y legalizados los subsidios. QUINTO.- ORDENAR a la Gobernación de Córdoba que: 1. Dentro de los nueve (9) meses siguientes a la notificación de esta providencia, les haga entrega a los señores Fredy Manuel Carmona Barón, Andrys Zeineth Agamez Arrieta y Doris Isabel Jiménez Bertel de las soluciones de vivienda pactadas en los Contratos de Promesa de Compraventa suscritos con cada uno de ellos respecto del proyecto Urbanización Villa Melisa. / 2. De resultar necesario, ejecute las actuaciones administrativas a que haya lugar para elevar el subsidio complementario a los accionantes, en caso de que el valor del subsidio otorgado por Fonvivienda no sea suficiente para cubrir los precios actuales de las viviendas de los accionantes. / En caso de existir circunstancias de orden técnico o de otra naturaleza que hagan imposible la entrega de las casas a los accionantes, deberá indicarlas oportunamente para reconsiderar el término acá impuesto.”
[78] Otorgadas en las Resoluciones números 1438 de 2010, 1439 y 950 de 2011.

References: Resolución 
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 artículo 8
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 artículo 36
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