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Timestamp: 2013-12-13 10:10:11+00:00

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Habeas Data – Datos Personales – Privacidad IX Congreso Internacional de Derecho de Daños
La Provincia de Córdoba regula el uso de videocámaras en lugares públicos
Posted: junio 9th, 2007 | Author: ppalazzi | Filed under: Argentina, Leyes provinciales, Normas, Público en general, Videovigilancia | Comentarios desactivados
Córdoba es la primera provincia en aprobar una ley (ley 9380, Bol. provincial del 19 de abril de 2007) que regula el uso de videocámaras en lugares públicos mediante la ley 9380. La legislatura provincial mediante un proyecto de resolución busca ahora pedir informes sobre la implementación de la ley aprobada en el mes de abril de 2007. Otros paí­ses, tal el caso de España, han aprobado leyes especiales en la materia. La agencia española ha dictado también una regulación especí­fica. En nuestro paí­s la Dirección de Protección de datos habí­a emitido el dictamen n. 24/2004 sobre la materia, relativo al uso de cámaras en estadios de futbol. Este dictamen confirma la aplicación de la ley 25.326 a los datos recolectados mediante videocámaras usadas para vigilancia.
Apruébase lo actuado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través de la Secretarí­a de Transporte, en lo referente a la renegociación del Contrato de Concesión de la Administración, Explotación Comercial, Reparaciones, Ampliación y Servicios complementarios de la Estación Terminal de Omnibus Retiro de la Ciudad de Buenos Aires.
Resolución ENARGAS Nº 3588 – Uso de RFID
Posted: junio 6th, 2007 | Author: ppalazzi | Filed under: Argentina, Normas, Público en general, Rio Negro | No Comments »
Resolución ENARGAS Nº 3588
BUENOS AIRES, 18 de septiembre de 2006
VISTO la Ley Nº 24.076, su Decreto Reglamentario, la Resolución ENARGAS Nº 139/05, y,
Que el artí­culo 52 de la Ley 24076 le asigna al ENARGAS, entre sus funciones y facultades, la de dictar Reglamentos en materia de seguridad, normas y procedimientos técnicos, a los cuales deberán ajustarse todos los Sujetos de la Ley.
Que el artí­culo 2* ° de la Resolución ENARGAS N* ° 138/95 dispone que el Directorio del ENARGAS actualizará la normativa de aplicación vigente, conforme las observaciones que se reciban de los Sujetos de la industria del gas.
Que la experiencia desarrollada a través de la implementación del sistema de propulsión vehicular mediante Gas Natural Comprimido (GNC), llevó a complementar la normativa inicial, dando lugar a nuevas medidas de control siempre en orden de asegurar condiciones de funcionamiento más confiables, seguras y eficientes, para todo el sistema.
Que en virtud del crecimiento que en los últimos cinco años ha experimentado el uso del Gas Natural Comprimido (GNC), se requiere la actualización y optimización del sistema administrativo y de control de la actividad.
Que la potestad regulatoria importa la responsabilidad constitucional de mantener un marco normativo actualizado, en protección de los derechos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios; garantizando la calidad, eficiencia y seguridad del servicio que se suministra.
Que a fin de afianzar la aplicación de tales normas de seguridad en los productos nacionales e importados, resulta primordial un control eficiente en el parque automotor de GNC, en las estaciones de carga y, particularmente, previo a cada reabastecimiento.
Que en tal sentido, esta Autoridad establece los procedimientos de control del GNC en resguardo de la Seguridad Pública, exhortando al cumplimiento de la presente a todos los Sujetos del Sistema.
Que los Sujetos del Sistema de GNC serán los responsables del cumplimiento de la normativa técnica y legal vigente en materia de equipos de GNC.
Que es imperioso el control y monitoreo de los vehí­culos convertidos, en beneficio de la Seguridad Pública.
Que teniendo en cuenta el importante crecimiento del parque automotor propulsado con GNC en el paí­s, como así­ de las Estaciones de Carga que expenden el fluido, es que se torna necesario actualizar las normas de control del sistema, introduciendo modificaciones en las Obleas Habilitantes.
Que en tal sentido, la potestad regulatoria importa la responsabilidad de establecer un marco normativo que garantice la transparencia en la utilización de las Obleas Habilitantes, efectivizando la calidad de los equipos para GNC.
Que a tenor de lo expuesto, resulta necesario introducir a la estructura de la Oblea Habilitante, las modificaciones que en el Anexo se detallan.
Que la implementación de las nuevas medidas de seguridad y control en las Obleas Habilitantes, surgen de la necesidad de incrementar la protección de la seguridad pública en materia de prevención y evaluación de riesgos, implementando controles más confiables.
Que los crecientes controles en el Sistema de Gas Natural Comprimido se han materializado mediante el dictado de las Resoluciones ENARGAS Nº 3113/04, 3117/04 y 3130/05, asignando funciones a la COMISIÓN DE REGULARIZACIÓN DEL REGISTRO DE MATRíCULAS HABILITANTES.
Que posteriormente se dictaron las Resoluciones ENARGAS Nº 3139/05 y 3256/05, creando a la Unidad de Auditorí­a y Control del GNC.
Que mediante la Resolución ENARGAS 3196/05 se aprobó la Especificación Técnica para la certificación de la aptitud técnica de los Talleres de Montaje para GNC, NAG -“ E Nº 408.
Que las mencionadas medidas de regularización y auditorí­a motivaron importantes efectos de depuración y eficientización del sistema de GNC.
Que sin perjuicio de ello, a fin de complementar adecuadamente los avances alcanzados en materia de seguridad, resulta necesaria la incorporación de nuevos y exhaustivos controles.
Que atento la necesidad de mejorar los sistemas de control en beneficio de la Seguridad Pública, resulta importante para tal fin la incorporación de nuevas tecnologí­as para el mejoramiento de las Obleas Habilitantes, con un plazo suficiente para que se realicen las adaptaciones necesarias para instrumentar e implementar las nuevas pautas de control.
Que la Oblea Habilitante es un instrumento público de vital importancia para la seguridad del sistema, ya que representa la legitimidad jurí­dica y administrativa del equipo, así­ como su capacidad y aptitud técnica para cumplir su función en el vehí­culo.
Que la utilización de una oblea de tipo inteligente que pueda portar información sustancial, permitirá realizar un control más eficiente del sistema de instalación y de revisión anual de los vehí­culos.
Que la capacidad técnica de estas obleas para portar datos significará un sustancial avance ya que ellas podrán ser individualizadas ab initio por la propia Autoridad Regulatoria a los efectos de generar una ruta de control de circulación del instrumento público más segura y previsible.
Que sin perjuicio, de mantener las diversas funciones de los sujetos del sistema, éstos deberán trabajar con instrumentos públicos cuya identificación y ruta de circulación se encontrarán predeterminados.
Que en ese sentido, la instrumentación de este tipo de oblea, en la medida en que apoye en un sistema informático idóneo, facilitará el seguimiento y cruzamiento de información a los efectos de prevenir conductas ilegí­timas utilizando el equipamiento de GNC.
Que dicha interrelación informática proveniente de este nuevo sistema inteligente posibilitará un cambio en el modo de realizar la carga de gas en el vehí­culo, independizándola de la voluntad del operario de la estación de expendio.
Que este novedoso instrumento jurí­dico con información portátil hará posible la registración de los cilindros, incrementando de esta forma la certidumbre del sistema.
Que en este sentido, resultarí­a importante el uso obligatorio de dispositivos adicionales para el control de la identificación de componentes del equipo completo para GNC instalados en el automotor.
Que la exigencia de la identificación del Cilindro constituye una importante regulación a los efectos de garantizar la seguridad del sistema, en concordancia con la reglamentación establecida por el Registro de la Propiedad Automotor, que establece la incorporación de la Oblea Habilitante a la Cédula Verde.
Que para garantizar el adecuado cumplimiento de lo establecido y procurar la excelencia de la gestión, corresponde que los sujetos del sistema, continúen arbitrando todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad pública.
Que por razones de uniformidad y economí­a procedimental, las pautas y lineamientos establecidos en la presente Resolución, serán utilizados, en tanto resulten pertinentes, para determinar el curso de acción a seguir en aquellos Expedientes actualmente en trámite, cuyos temas se encuentren vinculados.
Que el ENARGAS, ha implementado un sistema de auditorí­as constantes a través de la creación de la Unidad de Auditorí­a y Control del GNC.
Que a partir de las auditorí­as efectuadas, por la citada Unidad de Control a los sujetos del sistema, se a podido comprobar que las Obleas Habilitantes han sido objeto de manipulación.
Que la utilización de las Obleas del tipo inteligente, contribuirán a la polí­tica de control y seguridad instaurada desde el gobierno, tendiente al fortalecimiento de la seguridad pública interior.
Que el ENARGAS asumió, dentro del ámbito de su competencia, la obligación de proteger la seguridad general y común, ante la amenaza de quien tiene a su alcance y dominio el medio para hacer efectivo un evento lesivo a esa seguridad.
Que la seguridad publica puede definirse desde una óptica dual: objetivamente, consiste en el conjunto de condiciones garantizadas por el Derecho, con miras a la protección de los bienes jurí­dicos; en tanto que desde una faz subjetiva, es el estado de un grupo social protegido por el orden jurí­dico.
Que de allí­, los delitos contra la seguridad pública son aquellos que generan una situación de peligro en relación a otros bienes jurí­dicos, respecto de cuya integridad debe velar el Estado y dentro de su competencia, el ENARGAS.
Que es imprescindible adoptar medidas en forma inmediata, a fin de responder adecuadamente a las distintas exigencias que la actividad demanda.
Que resulta necesario definir nuevas pautas de control, en materia del uso del gas natural como combustible vehicular, a través de contenidos básicos y especificación de las obleas del tipo inteligente.
Que la sustitución de las Obleas Habilitantes existentes, por las nuevas Obleas del tipo inteligente, implica la aplicación concreta de una polí­tica de prevención de riesgos.
Que esta nueva polí­tica de control, en materia de seguridad, deberá ser asumida y sostenida por todos los sujetos del Sistema de GNC, otorgando a la Oblea del tipo inteligente, el grado de confiabilidad exigido.
Que la evaluación de los nuevos controles, implementados a partir de la vigencia de las Obleas Electrónicas, se instrumentará a través de auditorí­as, que proporcionarán las evidencias objetivas que permitirán su adecuación y desarrollo, conforme a las metas y fines buscados.
Que en tal contexto el ENARGAS ha definido una polí­tica que asegure el cumplimiento de las previsiones sobre seguridad pública contenidas en la Ley Nº 24.076, su decreto reglamentario, y demás normas nacionales, provinciales y municipales que resultan aplicables, estableciendo un criterio esencialmente preventivo para su desarrollo e implementando en forma inmediata las acciones correctivas una vez detectada la no conformidad o anomalí­a.
Que resultan importantes nuevas medidas de control tendientes a eliminar y/o controlar y/o minimizar los riesgos propios de la actividad, integrando planes de acción concretos y especí­ficos, en el marco de la Seguridad Pública.
Que en orden a sus funciones, la Gerencia de Asuntos Legales ha emitido previamente el correspondiente Dictamen Legal Nº 787/06.
Que, el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS se encuentra facultado para emitir esta resolución en mérito a lo establecido por los Artí­culos 21 y 52 incisos a), b) y x), de la Ley 24.076 y Artí­culos 41, tercer párrafo y 42 de la Constitución Nacional.
ARTICULO 1* °: Apruébese la utilización de *obleas habilitantes con almacenamiento de datos digitales encriptados*, en adelante *oblea digital*, cuyas especificaciones generales obran en el Anexo de la presente, para ser instaladas en automotores que utilizan gas natural como combustible.
ARTICULO 2º: Apruébese la utilización *de dispositivos secundarios a ser fijados en forma permanente* en cilindros contenedores de GNC instalados en automotor, en adelante dispositivos secundarios, cuya especificación general obra en el Anexo de la presente.
ARTICULO 3º: Las especificaciones generales para las obleas digitales y dispositivos secundarios, aprobados en los Artí­culos 1* ° y 2* °, tendrán vigencia desde el dí­a siguiente de publicarse la presente en el Boletí­n Oficial.
ARTICULO 4º: Establécese un periodo de transición hasta el 31 de diciembre de 2007, para garantizar el adecuado cumplimiento de lo establecido por la presente Resolución.
ARTICULO 5º: Comuní­quese lo dispuesto a la Secretarí­a de Seguridad Interior y por su intermedio a la Policí­a Federal Argentina, a la Dirección Nacional de Gendarmerí­a y a la Prefectura Naval Argentina, a las Jefaturas de las distintas Provincias, al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a los municipios a través de los Gobiernos Provinciales.
ARTICULO 6º: Comuní­quese, notifí­quese, publí­quese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial, y archí­vese.
RESOLUCIÓN ENARGAS N* ° 3588
OBLEAS HABILITANTES CON ALMACENAMIENTO DE DATOS DIGITALES ENCRIPTADOS
El “sistema de habilitación automática de expendio de GNC en surtidores” controlará en forma electrónica la aptitud del vehí­culo para recibir el fluido. Básicamente se controlará la validez de la revisión técnica anual y que el vehí­culo en cuestión no hubiese sido inhabilitado por el ENARGAS para la carga, así­ como otras prestaciones que defina el ENARGAS en aras de velar por la seguridad pública.
El principal componente de este nuevo sistema será la “Oblea habilitante con almacenamiento de datos digitales encriptados” (en adelante oblea digital), que será similar a la actual en su morfologia pero con la posibilidad de almacenar:
1. datos que puedan ser leí­dos a simple vista,
2. información encriptada, a la que podrá accederse mediante dispositivos de lectura y la correspondiente formula para la desencriptación de los datos.
La oblea digital será instalada en la cara interna del parabrisas o la luneta del vehí­culo, según sea lo que resulte mas próximo a la válvula de carga de GNC instalada en el vehí­culo a habilitar. En tal sentido, deberá tenerse en cuenta para su diseño, las caracterí­sticas propias del lugar donde se la ubicará, principalmente la incidencia de los rayos solares.
Esa oblea digital deberá complementarse con dispositivos a colocarse adheridos de modo permanente a los cilindros de GNC, en adelante “dispositivos de identificación de cilindros”, que tendrán la capacidad de almacenar los datos identificatorios de ese recipiente. Tanto la lectura como la interpretación del dispositivo de identificación del cilindro, se efectuará a través de la misma tecnologí­a y el mismo dispositivo utilizado para la oblea digital. La oblea digital deberá mantener inalterable sus propiedades, luego de su aplicación durante al menos doce (12) meses para el caso de la oblea de lectura óptica, o cuarenta y ocho (48) meses para el caso de identificación por radiofrecuencia. Asimismo, deberán poseer:
1. sistemas de seguridad operativos y periciales,
2. caracterí­sticas que en el caso que se pretenda despegarla, se deteriore de modo tal que se impida su reutilización. Este requerimiento, deberá ser válido tanto para la oblea como para el componente que almacene los datos encriptados.
Los “dispositivos de identificación del cilindro” deberán mantener inalterables su propiedades durante al menos sesenta (60) meses considerando las condiciones ambientales a las que se exponga: intemperie, en la parte inferior de los vehí­culos, o en el interior del baúl.
ESPECIFICACIONES DE LA OBLEA DIGITAL:
Tecnologí­as: Identificación por Radio Frecuencia (RFID) o por lectura óptica.
ïƒ˜ Seguridad de datos: Algoritmo de Encriptación con claves secretas de al menos 48 bits c/u (on chip ) o que brinde mayor seguridad a criterio del oferente.
ïƒ˜ Capacidad de almacenamiento: La necesaria para almacenar los datos expresados mas abajo considerando la encriptación de los mismos.
ïƒ˜ La oblea digital deberá soportar un rango térmico acorde con la aplicación de la misma en el parabrisas del vehí­culo y considerando la diversidad climática de nuestro paí­s (como mí­nimo aceptable el rango deberá ser entre -20* °C y +85* °C).
ïƒ˜ El dispositivo deberá tener capacidad para almacenar al menos cuatrocientos caracteres que contengan los datos que a continuación se detallan, permitiendo además el tratamiento independiente de cada uno de ellos, por programa.
* ID tag (en caso de oblea RFID)
* Número de oblea
* Matrí­cula del Productor de Equí­pos Completos
* Código de Taller de Montaje
* Tipo de vehí­culo
* Cantidad de reguladores
* Cantidad de cilindros
* Datos de reguladores (hasta dos)
* Código de Identificación Digital (CID)
* Número de serie
* Datos de cilindros (hasta 10)
* Capacidad de carga (expresada en Nm3 de gas)
Especificaciones exclusivas para radio frecuencia:
ïƒ˜ Circuito Integrado: El que resultare apto para la aplicación a criterio del oferente.
ïƒ˜ Normas: ISO 15693 y/o 14443
ïƒ˜ Frecuencia: Compatible con la aplicación.
ïƒ˜ Código único de identificación: Número de oblea asignado en fabrica no programable.
ïƒ˜ Funcionamiento: El circuito integrado utilizado no requiere baterí­a para su operación, este recibe energí­a a través de la bobina magnética asociada cuando es energizada por el campo magnético del lector.
ïƒ˜ Deberá permitir el Lockeado de datos (deberán coexistir sectores lockeables con otros regrabables)
DISPOSITIVOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CILINDRO:
Deberán ser de la misma tecnologí­a que la oblea digital ofrecida, soportar condiciones de intemperie y almacenar al menos 80 caracteres que contengan los siguientes datos:
* Capacidad de carga
* Código del Centro de revisión periódica de cilindros (CRPC) o Productor de Equipos Completos (PEC), según corresponda.
Con estos dispositivos instalados y realizadas las adecuaciones necesarias en las estaciones de carga de GNC, se implementará un sistema de expendio que únicamente cargue el fluido en los vehí­culos debidamente habilitados.
En ese contexto, los surtidores producirí­an el despacho de combustible, solamente si resultaren satisfactorias a criterio del programa de carga:
* el resultado de la validación de los datos grabados en la oblea y
* la consulta a la lista de inhabilitados recientes, obrante en la PC de la estación de carga, u otro dispositivo concentrador habilitado a tal efecto.
Dicho de otra manera, una vez afianzado este sistema, la habilitación del despacho de GNC no dependerí­a de la decisión del empleado de la estación de carga.
Entrevista a Roberto Mónaco Presidente de la CEIC
Posted: junio 4th, 2007 | Author: ppalazzi | Filed under: Argentina, Entrevista, Informes comerciales, Público en general | No Comments »
*Entrevista a Roberto Mónaco, Presidente de Fidelitas y de la CEIC*
Roberto Mónaco es Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad de Buenos Aires, Presidente de Fidelitas S.A., Presidente de la CEIC -“ “Cámara de Empresas de Información Comercial”:http://www.ceic.org.ar/ -“ y Presidente de la ALEIC -“ Asociación Latinoamericana de Empresas de Informes Comerciales; tiene 53 años, es casado y tiene 5 hijos.
*P.P.:Qué es Fidelitas y que servicios brinda?*
*Roberto Mónaco (RM):* Es una Central de Riesgo Crediticio, de capital nacional, fundada en el año 1958; el año entrante cumplirá sus primeros 50 años de vida.
La Empresa tiene una gama de servicios provistos por internet, con datos almacenados en una importante Base de Datos Relacional, siendo los mas conocidos el Informe Comercial Fidelitas, orientado a proveer información Patrimonial de las Empresas, y el Compacto Fidelitas con Score orientado a dar información de las Personas Fí­sicas.
En el mercado argentino se le suele llamar genéricamente a este tipo de servicios Informe Comercial, pero es muy diferente el contenido del Producto orientado a brindar información de las personas que el que está confeccionado para brindar información de Empresas y de su Estado Patrimonial comparado con los ejercicios anteriores.
Nuestro producto estrella es el Lí­mite de Crédito Sugerido On Line, que le permite a nuestros abonados monitorear -diariamente- a sus Clientes y modificar automáticamente el lí­mite de crédito asignado, ví­a internet.
Finalmente este año hemos lanzado la primer Central de Balances de Argentina y empezamos a ofrecer las -medias de actividad- para scorear con modelos mas predictivos.
*P.P.:Con respecto de la información que brindan de las Empresas, nos puede comentar de donde obtienen los datos?*
*RM:* Hay múltiples fuentes, siendo las mas frecuentes el BCRA, con la “Central de Deudores del Sistema Financiero”:http://www.bcra.gov.ar/ y la Central de Cheques Rechazados; la información proporcionada directamente por los Bancos y Financieras integrantes del Sistema Financiero; la información proveniente de los Juzgados Comerciales Nacionales y Provinciales; la información suministrada por la AFIP referida a la CUIT, código de actividad, fecha de inicio de la misma y el domicilio fiscal; la información pública suministrada por la ANSES, por la SRT y por la Dirección General de Aduanas; los Boletines Oficiales de la Capital Federal y de las Provincias; la Inspección General de Justicia donde se presentan los Estados Contables de las Empresas; los Registros de Propiedad del Inmueble y del Automotor y finalmente los datos aportados por las propias Empresas.
*P.P.:Toda la información que obtienen es de fuente pública de acceso irrestricto?*
*RM:* En el caso de Fidelitas S.A., como del resto de las Empresas integrantes de la Cámara (CEIC), estamos regulados por el “art. 26 de la Ley 25.326″:http://www.habeasdata.org/ley25326 que establece que los datos deben ser de fuente pública o facilitados por el interesado o con su consentimiento.
*P.P.:Toda la información que se vende en el mercado es legal?*
*RM:* NO. Como en muchas actividades del mercado existen jugadores legales y otos que no lo son tanto pues venden información absolutamente prohibida por la legislación vigente; como seguramente me va a pedir que le dé algunos ejemplos de información en contravención a la ley de protección de datos personales le recomiendo que consulte en www.infodataweb.com.ar , site que al 09/05/2007 ofrece: evaluaciones y rendimiento de un trabajador, el informe socio ambiental, el legajo del trabajador, las sanciones que tuvo, la historia clí­nica, datos clí­nicos preocupacionales, la afiliación sindical, sueldos y jornales, preferencias de consumo, viajes, datos bancarios nacionales e internacionales, etc.
*P.P.:Existe algún organismo público o privado que se encargue de controlar o regular el tráfico de los datos personales?*
*R.M.:* Considerando que este tipo de accionar irregular me afecta directamente, dado que mancha mi actividad profesional y la de mis colegas, confundiendo al ciudadano común sobre que datos tenemos de ellos almacenados en nuestras Bases, no tengo otra alternativa que combatirlos y denunciarlos.
Por otra parte existe la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales que es el Ente que tiene la responsabilidad de imponer las sanciones administrativas que en su caso correspondan por violación a las normas de la “Ley 25.326 de Protección de Datos Personales”:http://www.habeasdata.org/ley25326 y su “Decreto Reglamentario 1558/2001″:http://www.habeasdata.org/reglamentacion.
*P.P.:Por este u otro caso, se hizo alguna denuncia?*
*R.M.:* Obviamente. No puedo quejarme si no me quejo en el lugar que corresponde y aportar las pruebas para que el Órgano de Control proceda, de acuerdo a la Ley.
En el caso que le comentaba antes, como toda mercaderí­a o servicio pirateado, utilizan el logotipo de Empresa Inscripta en la DNPDP, sin estarlo, y confunden a cualquier usuario de este tipo de servicio aparentando ser una Empresa que brinda información legal.
No es la única Empresa que he denunciado por malas prácticas, pero prefiero esperar a que se expida la DNPDP, que está en un proceso de cambio de funcionarios.
*P.P.:Ha mencionado en varias oportunidades a la CEIC, en qué consiste ésta camara y cuál es su finalidad?*
*RM:* Es la Cámara de Empresas de Información Comercial, que fue fundada el 22 de Septiembre de 1987, y sus “principales objetivos”:http://www.ceic.org.ar/infinst/obj_soc.htm son:
a)	Agrupar a todas las Empresas con actuación en el ámbito de la información comercial,
b)	Representar a sus afiliados, en forma individual o colectiva ante las autoridades competentes,
c)	Propender a la jerarquización de la información y estimular su utilización,
d)	Promover y propiciar medidas en todos los sectores del quehacer nacional para erradicar la clandestinidad y competencia desleal,
e)	Fomentar el espí­ritu de solidaridad, asistencia y recí­proca colaboración, extensible a entes o empresas vinculadas a la información comercial,
f)	Participar como entidad representativa de las empresas asociadas en congresos nacionales o internacionales vinculados a la información comercial,
g)	Ejercer la representación de las asociadas ante los poderes públicos nacionales, provinciales o municipales,
h)	Constituir y/ó integrar Federaciones y/ó Confederaciones para la defensa de los intereses comunes.
*P.P.:Cual es su visión del Derecho al olvido?*
*RM:* Tengo un amigo, que se mudó al interior del Paí­s, y se fue debiéndole a un Banco de la Capital $ 10.000 de un préstamo que contrajo en abril del año 2002 ; la semana pasada vino a Buenos Aires, y en su visita a la oficina consultamos sus antecedentes en la Base de Datos y además de la deuda ahora le figura un juicio iniciado por el Banco en el año 2005; él pensaba que ya no deberí­a figurar porque lo habí­an asesorado que según el art. 26.4 de la Ley 25.326, sus datos debí­an ser borrados porque habí­an pasado cinco años desde el momento que habí­a entrado en mora con la entidad financiera y me preguntaba porqué Fidelitas S.A. no cumplí­a con la Ley, y en particular, con el derecho al olvido respecto de sus datos personales.
También se sentí­a perjudicado porque no podí­a sacar una tarjeta de crédito en un Banco de su Provincia y querí­a tramitar un préstamo personal y el hecho de figurar en nuestra Base se lo impedí­a.
Cuando le pregunté porque no habí­a cancelado su compromiso, su respuesta fue que como los Bancos se habí­an portado mal con la gente en el perí­odo 2001/2002, él no tení­a intención de pagar su deuda.
Este es un tema bastante complejo y le quiero hacer dos reflexiones: en primer lugar el “Decreto Reglamentario en su art. 26″:http://www.habeasdata.org/reglamentacion establece que – en el cómputo de CINCO (5) años, estos se contarán a partir de la fecha de la última información adversa archivada que revele que dicha deuda era exigible. Si el deudor acredita que la última información disponible coincide con la extinción de la deuda, el plazo se reducirá a DOS (2) años -; en segundo lugar interpreto que cuando el legislador dispuso dos años de permanencia para incumplimientos resueltos y cinco para deudas impagas, trató de establecer un equilibrio entre el Derecho a la Privacidad de las Personas y el Derecho a la Información de quienes otorgan créditos, de conocer los antecedentes crediticios de quién solicita un préstamo, tutelando por igual los derechos del deudor y el acreedor.
En mi opinión el derecho al olvido es bueno para las personas que, aunque tardí­amente, honran sus deudas y por ello el legislador estableció que se borre la publicación de esa conducta morosa a los dos años a partir del momento del pago de la deuda; no comparto la idea de borrar datos por el mero trascurso del tiempo y que queden equiparados con las personas que han hecho el esfuerzo de honrar sus compromisos en tiempo y forma.
*P.P.:Porque los legisladores están interesados en modificar “la Ley de Habeas Data”:http://www.habeasdata.org/ley25326 y en particular el tema de los Informes Comerciales; que Proyectos se han presentado?*
*R.M.:* A fines del año pasado fui invitado, en mi condición de Presidente de la Cámara de Empresas de Información Comercial, por los Presidentes de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y la de Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación, para dar nuestro punto de vista sobre los veintitrés Proyectos presentados sobre modificaciones a la “Ley 25.326″:http://www.habeasdata.org/ley25326.
Como mayorí­a de los mismos tienen como objetivo modificar el art. 26, que es el que regula la Prestación de servicios de información crediticia, fundamenté mi dialogo sobre el “Proyecto de la Diputada Mercedes Marco Del Pont”:http://www.habeasdata.org/Pry_Ley_Marco, que contemplaba la mayorí­a de las modificaciones solicitadas por sus pares.
Los cuatro temas principales fueron:
- el derecho de acceso (art. 14),
- el de rectificación, actualización o supresión (art. 16),
- el derecho al olvido ( art. 26.4), y finalmente,
- el tema de notificar al deudor de manera previa antes de su incorporación a una Base de Datos o ante un cambio de situación (artí­culos 5.1, 6.e, 11.1, 26.2, 26.4 y 26.5).
Nuestra postura, para cada una de las modificaciones, fue la siguiente:
*Derecho de acceso (art.14) y Derecho de rectificación, actualización o supresión (art. 16)*
Artí­culo 1* ° Modificase el punto 3 del Artí­culo 14* ° de la Ley 25.326, siendo reemplazado por el siguiente texto:
3. El derecho de acceso a que se refiere este artí­culo sólo puede ser ejercido en forma gratuita a intervalos no inferiores a dos meses, salvo que se acredite un interés legí­timo al efecto. (Expediente 4539 D 06, presentado por la “Diputada Mercedes Marco Del Pont”:http://www.habeasdata.org/Pry_Ley_Marco).
La CEIC considera que los datos personales del ciudadano son parte de su patrimonio y si bien en la práctica son contados los casos de ciudadanos que ejercieron la opción de consultar gratuitamente sus datos cada seis meses (plazo actual), y no teniendo objeciones de nuestra parte para que lo hagan gratuitamente con mayor frecuencia, no advertimos la ventaja de modificar la Ley por este fundamento.
*Derecho al olvido (art.26.)*
Artí­culo 2* ° Modificase el punto 4 del Artí­culo 26* °, siendo reemplazado por el siguiente texto:
4. Sólo se pueden archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reduce a un año cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hacer constar dicha cancelación en los informes que emitieren durante ese año.
(Expediente 4539 D 06, presentado por la Diputada Mercedes Marco Del Pont).
Reducir a 2 años el plazo para mantener las obligaciones no canceladas y a 60 dí­as las canceladas. Diputado Lamberto, 06/09/2006.
Acortar a 1 año el plazo de mantenimiento de las obligaciones canceladas. Senadora Curletti, 25/04/2006.
Solo se pueden archivar los datos por 3 años y dicho plazo se reduce a treinta dí­as cuando la obligación se cancele. Diputada Garcí­a, 04/09/2006
El derecho al olvido fue un tema ampliamente debatido por el legislador en oportunidad de sancionar la Ley, y en mi opinión, este derecho mantuvo un equilibrio razonable entre las partes, es decir, dadores y tomadores de crédito. El sistema financiero, en su conjunto, ha otorgado créditos personales durante el año 2006 en un 40,1% mas que en el año 2004 y se han emitido Tarjetas de Crédito (plásticos) un 55,8 % mas que en el año 2004 (fuente BCRA), con la actual legislación .
Lo que deberí­a analizarse con mas profundidad es si la reducción de los plazos facilitará o dificultará el otorgamiento de un crédito, que en la actualidad con el solo hecho de presentar un DNI se tiene acceso y respuesta on line a cada consulta. En primer lugar hay que entender que la información difundida por el BCRA mediante el CD mensual se encuentra en poder de todo el mercado financiero, comercial, empresas de servicio, centrales de riesgo, particulares, organismos públicos, etc.; asumiendo esta realidad, las preguntas que realizo son: el mercado financiero argentino desea aumentar o reducir el actual derecho al olvido?; cuando se prohí­be utilizar datos de morosidad de un perí­odo determinado, los operadores del mercado dejan automáticamente de hacerlo o lo consultarí­an igual para conocer la historia reciente de la persona fí­sica o jurí­dica en cuestión?; si las Empresas integrantes de la CEIC dejasen de publicar los datos que la modificación de la ley exigiese, los operadores del mercado dejarí­an de consultarlo en el mercado paralelo o en su propios CD* ´S, oportunamente comprados?; quien podrí­a controlar que no se estén consultando datos prohibidos por la modificación de la ley a Empresas que se mueven al margen de la ley , que no integran la CEIC y que históricamente han incumplido con las buenas prácticas de esta actividad?; se le dirí­a al cliente que no se le otorga el crédito en cuestión por sus antecedentes de morosidad caducos?; ante una eventual falta de información, las tasas de interés serí­an las mismas?
La unión de un tema interesante, actual y polémico con un autor ilustrado, de buena pluma, con sólido bagaje teórico y conocedor de las prácticas del asunto, no pueden sino generar una obra apasionante. PROLOGO del Régimen Legal de las Bases de Datos y Habeas Data, de Alejandra M. GILS CARBÓ, La Ley Abril 2001.
En la pág. 151 de este libro, y con referencia a la caducidad de los datos, GILS CARBÓ escribió:
- En primer lugar, hay que hacer una distinción entre los datos positivos y negativos. Los de contenido positivo son datos de cumplimiento que reflejan una buena conducta del deudor, vgr. que determinada persona pagó puntualmente su saldo de tarjeta de crédito durante diez años. Estos datos favorables al titular no deberí­an caducar ya que el derecho al olvido debe funcionar sólo en su beneficio, porque con ese fin ha sido instituido. De modo que el lí­mite legal de cinco años para conservar los datos tiene sentido respecto de los datos negativos que reflejan una historia de morosidad.
El tema es cómo se cuentan esos cinco años. Algunos interpretan que el plazo se computa desde que se suministra el informe hacia atrás, de modo que toda información que date de un tiempo anterior a cinco años quedarí­a suprimida, cualquiera sea la fecha de origen o vencimiento de la obligación y aunque esté pendiente de cumplimiento. Adoptar esta hermenéutica significarí­a que al emitir el informe se borrarán deudas que se encuentran en mora y son exigibles, de manera que el que debe y no paga hace cinco, seis, siete años o más quedarí­a equiparado en su historia crediticia al que siempre estuvo al dí­a con sus pagos.
Esta interpretación es objetada porque los datos sobre deudas que aún son exigibles y se encuentran en mora, de acuerdo a los fines de un informe comercial que hemos examinado, son pertinentes, adecuados y sobre todo necesarios para reflejar un estado de morosidad que no ha perdido actualidad. Esto crea desprotección y genera desigualdades que no tienen una justificación razonable-
Notificación al deudor (art. 26)
Continuando con los Proyectos de modificación de la Ley propuestos por los señores diputados y con respecto a la problemática de la notificación previa, menciono los siguientes:
Las entidades, empresas u organismos que cedan, informen o remitan datos al Banco Central de la República Argentina, deben notificar de modo fehaciente al titular del dato en el marco de lo dispuesto por el párrafo anterior en aquellos casos en que se produjere un cambio de calificación desde normal a irregular, moroso o similares. Esta notificación fehaciente se realiza dentro de los 10 dí­as hábiles de establecida la nueva calificación e ineludiblemente con carácter previo al momento de cesión o información de los datos al Banco Central de la República Argentina.
Con el objeto de no incrementar los costos de los mecanismos de comunicación actuales que terminarí­an siendo trasladados a los usuarios de los bienes o servicios, proponemos que los cambios de situación que se produjeren por el atraso del cliente en el cumplimiento de sus obligaciones, se efectúen únicamente por medio de los Resúmenes de Cuenta, pantallas y tickets de los cajeros automáticos, páginas de homebanking u otro medio de comunicación fehaciente.
*P.P.:* Que crí­ticas podrí­a realizar a estos proyectos y en que beneficiarí­an al titular del dato y al mercado financiero, en particular el Proyecto de Blanqueo de Datos?
*RM:* En mi opinión el legislador busca modificar la ley de manera tal que permita a la persona fí­sica o jurí­dica reinsertarse al sistema financiero lo antes posible y por otro lado que no se vea sorprendido en algún mostrador donde se le niegue una operación de compra de un electrodoméstico, un teléfono celular, un préstamo bancario o un contrato de alquiler.
Este tema tiene varias aristas que intentaré resumir, dado que mucho se habla de la industria del dato crediticio y su impacto en la vida de la gente y en estos veinte años que llevo en la actividad he aprendido que no son muchas las personas que intentan compatibilizar la legislación vigente con la vida económica real.
En primer lugar hay que conocer que existen dos clases de Informes Comerciales: (i)Informes Comerciales Patrimoniales (_Busines Report_) y (ii) informes Comerciales Crediticios (_Credit Report_).
Los primeros están contemplados en el art. 26.1 LPDP cuando hace mención a los datos personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito. Son los denominados informes – Taylor made-, es decir, hechos a pedido de un interesado en conocer los antecedentes de una persona fí­sica y jurí­dica para evaluar la posibilidad de concretar un negocio.
Distinta es la situación de los informes crediticios previstos en el art. 26.2 -“ que también se alimentan de información extraí­da de registros de acceso público y de los datos sobre cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido patrimonial, facilitados por el acreedor o por quién actúe por su cuenta e interés. Es que serí­a impensable que esta clase de registros pudiera funcionar si el suministro de los datos dependiera de la buena voluntad de los deudores, que consintieran la divulgación de datos negativos sobre su conducta comercial.
Fuente: Régimen Legal de las Bases de Datos y Habeas Data -“ Alejandra M. Gils Carbó ( pág. 141 )
Los Informes Patrimoniales solicitados, son en su mayorí­a, sobre personas jurí­dicas y recabar y consistir la información lleva un tiempo aproximado de 5 dí­as, dependiendo del tipo de sociedad y del lugar geográfico donde desarrolla la actividad; conceptualmente es información denominada bachera. Es vital la obtención de los Estados Contables y realizar una comparativa con los últimos ejercicios a los efectos de ver la tendencia y la evolución de la Empresa en cuestión y también comparar los ratios económicos con las medias de su propia actividad.
Los Informes Crediticios son utilizados para el sector del consumo y con el solo hecho de presentar un documento se obtiene una respuesta on line de la persona consultada.
En el párrafo anterior intento explicar que las modificaciones de la ley que apuntan a notificar al ciudadano sobre su cambio de situación con diez dí­as de antelación antes de incorporarlo a una base impactarí­an en el actual sistema de consulta y respuesta on line y se convertirí­a en un sistema bachero, sin posibilidad de otorgamiento del crédito o producto en el momento, afectando a todo el sistema de los otorgantes de crédito y en particular a las personas de menores recursos financieros.
Finalmente y con referencia al Proyecto que cuenta con media sanción respecto de la eliminación de las obligaciones financieras clasificadas con categorí­a 2, 3, 4 ó 5 durante el perí­odo comprendido entre el 1* ° de enero del año 2.000 y el 10 de diciembre de 2.003, siempre y cuando esas deudas hubieran sido canceladas o regularizadas al momento de entrada en vigencia de la presente Ley, ya no tiene sentido dado que en la condición descripta esas deudas deberí­an estar eliminadas automáticamente de las Bases de las Empresas de Riesgo Crediticio que cumplen con la actual normativa.
*P.P.:Cuál es su opinión sobre el “reciente fallo de la Corte Suprema argentina”:http://www.habeasdata.org/Caso-Veraz-v-Estado-Nacional respecto a la Ley de Tarjetas de Crédito?*
*RM:* En algún momento de la entrevista he manifestado el _divorcio_ que percibo entre determinados fallos judiciales y la realidad económica diaria; no emito opinión respecto del tema estrictamente jurí­dico, porque no soy profesional del derecho, y aunque lo fuera, respeto el fallo.
La sensación térmica que me quedó es que por un lado existe una información importantí­sima como lo es la morosidad en las tarjetas de crédito que solo puede ser entregada por los emisores al Banco Central, como intermediario legal, y a los 45 o 60 dí­as es publicada por el BCRA para ser tomada por las Centrales de Riesgo para incorporar a sus bases y suministrar a sus Clientes; en definitiva y en términos prácticos a quién favoreció ?, al deudor moroso por un tiempo donde nadie se entera que está incumpliendo con su obligación y mientras tanto nosotros informamos que NO REGISTRA ANTECEDENTES.
Espero que los señores legisladores subsanen este tema modificando “el art. 53 de la Ley de Tarjetas de Crédito”:http://www.habeasdata.org/ley-tarrjetas-de-credito para darle transparencia y eficiencia al mercado.
*P.P:* Muchas gracias por su tiempo.
*ENTREVISTA por el Dr. Pablo PALAZZI, 09 05 2007*
La suspensión de la reglamentación de la Ley sobre Datos de Tráfico en Materia de Telecomunicaciones
Posted: mayo 31st, 2007 | Author: ppalazzi | Filed under: Argentina, Doctrina, Ecuador | No Comments »
Tí­tulo:	La suspensión de la reglamentación de la Ley sobre Datos de Tráfico en Materia de Telecomunicaciones
Autor:	Palazzi, Pablo A.
Fuente:	JA 2005-II-1349 – SJA 25/5/2005
DERECHO INFORMíTICO – 02) Protección de los derechos informáticos
I. Introducción.- II. La Ley sobre Retención de Datos de Tráfico.- III. Crí­tica a la ley.- IV. Conclusiones
Una gran confusión se ha generado en torno a la ley 25873 Ver Texto (1) y su decreto reglamentario 1563/2004 Ver Texto , que obligan a almacenar datos de tráfico en materia de telecomunicaciones. El objeto de este artí­culo es tratar de explicar el problema planteado, sus causas y sus posibles soluciones.
Primero, varios artí­culos periodí­sticos sostuvieron que la reglamentación permitirí­a espiar el correo electrónico y vigilar a quienes navegan por internet, en violación a su privacidad, lo que indudablemente influyó en la opinión pública (2) . Asimismo, la cámara que nuclea a las empresas de telecomunicaciones (CABASE.) inició un amparo en contra de la aplicación del decreto (3) , con fundamento en los costos que acarrea el cumplimiento de la medida. También se alegó violación a la privacidad de esa cámara, que se presentó como usuaria de un servicio de telecomunicaciones. Los legisladores, frente a estas noticias, dijeron que el error habí­a sido del Poder Ejecutivo al reglamentar la ley. El presidente de la Nación -desde Alemania- aseguró que derogarí­a la norma que él mismo habí­a aprobado unos meses antes. Finalmente, la norma reglamentaria terminó suspendida por otro decreto (4) .
II. LA LEY SOBRE RETENCIÓN DE DATOS DE TRíFICO
La ley 25873 Ver Texto reguló tres aspectos diferentes de la cuestión: a) la obligación de toda empresa de telecomunicaciones de colaborar con una investigación en la justicia y en concreto con los pedidos de informes (5) ; b) la obligación de retener ciertos datos de tráfico en materia de comunicaciones (6) por el plazo de diez años; y c) la responsabilidad estatal por los daños que esta actividad pueda ocasionar.
III. CRíTICA A LA LEY
La ley tiene varios aspectos criticables. í‰stos son: el excesivo plazo de una década para almacenar la información (que en el derecho comparado (nota) no supera los dos o tres años) y los costos a cargo de las empresas de telecomunicaciones. Esto hace que la ley sea imposible de cumplir económicamente, sobre todo para las empresas más pequeñas.
A ello se suma el breve plazo previsto en el decreto reglamentario para su entrada en vigencia, transformando lo que es una carga pública -el deber de colaborar con la justicia- en una cuasi-expropiación. En este aspecto la ley podrí­a ser inconstitucional, no por afectar el derecho a la privacidad sino porque violarí­a el derecho de propiedad de las empresas (8) . Es decir, si bien la carga pública, como tal, es una obligación impuesta en beneficio del bien común y de la sociedad (puesto que sin colaboración alguna de terceros la justicia no podrí­a actuar ni orientar sus investigaciones hacia la verdad jurí­dica), cuando esta carga es demasiado onerosa y supera la razonabilidad se lesiona el derecho de propiedad y constituye un enriquecimiento sin causa. Si en algunos supuestos la ley procesal reconoce que los gastos de colaboración con la justicia deben ser solventados expresamente (9) , con mayor razón en este supuesto, dada la envergadura de los mismos.
Una futura reforma deberí­a acortar los plazos y revisar la distribución de los costos en forma razonable. Cabe agregar que estos cambios en modo alguno afectarí­an el balance que se buscó con la norma: poder investigar el delito y evitar que la tecnologí­a, sobre todo la desarrollada por el sector privado, se transforme en un obstáculo para que la justicia cumpla con sus cometidos.
Después está el tema de la privacidad. El hecho de almacenar datos de tráfico en materia de telecomunicaciones puede generar temor en más de uno: parte de nuestra vida privada podrí­a y puede ser monitoreada, pero también parte de nuestra vida privada podrá ser investigada (10) . El lector no se confundirá si se siente “vigilado” con este almacenamiento de las direcciones de sitios de internet a los que accede, las personas a las que enví­a e-mails, o la ubicación geográfica del equipo desde donde chateó por última vez. En el siglo XVIII Jeremy Bentham, en su obra “El panóptico”, describí­a un método muy similar, aunque más rudimentario, para vigilar prisiones. La arquitectura que planteaba Bentham en su panóptico ahora se ha trasladado a la arquitectura de la red (11) : como internet se originó en un esquema con escasa regulación (y en algunos casos, destinada a evitar la regulación), los gobiernos han caí­do en la cuenta de que resulta necesario en ciertos casos modificar esta arquitectura para tener más control. Es así­ como surgen leyes que obligan a usar filtros (ley 25690 Ver Texto [LA 2002-D-4848]), a retener cierta información de una comunicación (ley 25873 Ver Texto ) o a bloquear ciertas direcciones de IP.
Para evitar esto se podrí­a podrá recurrir a tecnologí­a que permite el anonimato, o usar métodos de encriptado. Es más, basta con navegar desde un locutorio o utilizar uno de los tantos ISPs. que prestan el servicio de acceso gratuito a internet para preservar el anonimato. Este almacenamiento de datos en muchos casos ya tení­a lugar desde hací­a tiempo, y nunca nadie protestó por ello. Por ejemplo, las empresas telefónicas tienen que almacenar los datos relativos a nuestras llamadas para poder facturarlas. El Correo Oficial se queda con información de enví­o de correspondencia postal, y lo mismo hacen los correos privados. í‰sta es información sobre el tráfico de la comunicación, no sobre el contenido, que incluso antes de la ley 25873 Ver Texto ya estaba sujeta a la Ley de Protección de Datos Personales Ver Texto (12) .
Pero ni la ley ni el decreto cuestionados permiten que esta “vigilancia” tenga lugar sin control. Para llegar a dicha conclusión basta con leer detenidamente el texto de ambas normas. Lo que establece la ley es que el almacenamiento será sólo de datos de tráfico, esto es, de la información asociada a una comunicación que expresa el emisor, el destinatario y otros elementos como la hora del enví­o y la ubicación geográfica del creador del mensaje. No cabe ninguna duda de que esta información es de gran utilidad para cualquier investigación judicial, como lo puso de resalto la Corte Suprema en una reciente decisión (13) . Pero esta información no equivale al contenido del mensaje. Por ende, ni la ley ni el decreto obligan a guardar el contenido de correos electrónicos, ni el de chats o las conversaciones realizadas a través de los programas de mensajerí­a instantánea. Estos contenidos sólo son almacenados en forma temporaria por las empresas, pero no se les aplica el plazo de diez años (por eso el decreto habla de monitoreo u observación “en tiempo real” para esta clase de datos en el art. 2 Ver Texto ). La obligación de guardar por una década se aplica entonces sólo a los datos de tráfico y de clientes (por eso el art. 3 Ver Texto decreto 1563/2004 habla de “acceso” y de “conservar”).
Hay, sin embargo, un punto donde los datos de tráfico y los de contenido se juntan, y esto tiene lugar cuando se realiza un log de los sitios web recorridos por un internauta, pero, como explicamos seguidamente, el acceso a esta información está a buen resguardo con la previa intervención judicial.
De conformidad con nuestro sistema constitucional (y también de conformidad con el de cualquier paí­s desarrollado (nota)), para acceder tanto al contenido de una comunicación como a la información asociada a ella se requiere orden de juez competente. Ello surge de los arts. 18 Ver Texto CN. (“…es inviolable… la correspondencia epistolar y los papeles privados…”), 18 Ver Texto , 19 Ver Texto , 20 Ver Texto y 21 Ver Texto Ley de Telecomunicaciones (15) y 5 Ver Texto , 21 Ver Texto y 22 Ver Texto ley 25520 de Inteligencia Nacional (16) . Esta ley constituyó un gran avance, pues a la par de regular en forma integral a los servicios de inteligencia (con lí­mites muy sanos), expresamente se aclara en su art. 5 Ver Texto que toda clase de comunicación -telefónica, por internet y por cualquier otro medio- está amparada por la privacidad y que sólo con orden de juez competente se podrá proceder a su interceptación. Esta interpretación se refuerza porque la Ley de Datos de Tráfico (arts. 1 Ver Texto y 2 Ver Texto ley 25873) requiere expresamente que la colaboración de las empresas de telecomunicaciones y la sistematización de datos de tráfico tenga lugar “de conformidad con la legislación vigente”.
Por último, el Código Procesal Penal requiere para incautar estos datos una orden fundada de juez (art. 236 Ver Texto CPPN.) (17) , salvo en lo relativo a las reformas de la ley 25760 Ver Texto respecto de las facultades fiscales en casos de secuestros (18) .
La única forma de obtener el contenido de una comunicación digital es, entonces, con una orden judicial. Toda otra interpretación serí­a inconstitucional. Además, los registrados en esas bases de datos de empresas de telecomunicaciones tienen derecho a acceder a esta información y conocer qué se sabe de ellos, en virtud de la garantí­a constitucional de hábeas data (art. 43 Ver Texto CN. y su ley reglamentaria).
El sistema implementado por la ley es de gran utilidad en las investigaciones de delitos virtuales. También lo es en juicios de derecho privado (19) , donde se discuten injurias o calumnias por internet, robo de información confidencial o secretos comerciales. La información de datos de tráfico permite reconstruir lo que ha ocurrido en el mundo virtual y, a largo plazo, encontrar y juzgar a responsables de hechos ilí­citos.
Así­ como en el pasado se hací­a -ahora se hace- una evaluación del impacto ambiental de cualquier proyecto, hoy en dí­a también resulta necesario, por parte de empresas y del Estado, realizar un análisis sobre el impacto que sobre el derecho a la privacidad puede tener una normativa o un esquema determinado de negocios, o una tecnologí­a. Recordemos el número de serie único de los chips Pentium III de Intel (20) , el caso “Choicepoint”, el problema del “Gmail” de Google, el uso de GPS. en autos de alquiler (21) , o, más recientemente, el decreto 292/2005 Ver Texto sobre los Padrones de Afiliación en la Argentina. La prueba está en la sanción de la ley 25873 Ver Texto : sobre su conveniencia o inconveniencia no opinaron los ISPs., ni académicos ni universidades, y mucho menos los usuarios. En sí­ntesis: no opinó nadie, salvo los propios legisladores que, con posterioridad, y frente a una opinión pública adversa, presentaron numerosos proyectos de rectificación o derogación de la norma. Lo positivo es que todo este debate obligó a muchos a tomar conciencia de los peligros que existen para la privacidad, sobre todo en la materia de comunicaciones digitales, y hasta un ministro se pronunció en forma tajante a favor de la privacidad como si fuera un valor absoluto.
Debido a toda la confusión reinante hemos perdido una importante herramienta legal para combatir el delito cibernético que está vigente en Europa y Estados Unidos. Si en el pasado han existido abusos por parte de los servicios en esta materia que derivaron en claras violaciones a la privacidad, el mal no se combate quitándole estas herramientas a la justicia, sino sancionando a los culpables de estos hechos. En cuanto a la privacidad, faltó un debate inicial, que, al no darse en el contexto adecuado, terminó en una discusión en un medio inapropiado.
(1) Un análisis en extenso de la ley 25873 Ver Texto (LA 2004-A-130) puede verse en nuestro trabajo “La regulación de los datos de tráfico en la Argentina. Comentario a la ley 25873 Ver Texto “, JA 2004-II-1346.
(2) Una encuesta on line llevada a cabo por diariojudicial.com en abril de 2005, cuya pregunta era * ¿Es inconstitucional la ley que ordena almacenar los datos de tráfico de comunicaciones por diez años?, dio el siguiente resultado: por el sí­, un 80,31%; por el no, un 19,69% (ver http://).
(3) Ver “CABASE. v. Estado Nacional s/amparo”, cuya demanda fue publicada en . Dos particulares también presentaron amparos cuestionando la ley y su decreto.
(4) El decreto 357/2005 Ver Texto , de fecha 22/4/2005, dispuso en su único artí­culo: “Suspéndese la aplicación del decreto 1563/2004 Ver Texto , del 8/11/2004″. En sus considerandos se argumenta: “Que la ley 25873 Ver Texto incorporó a la Ley Nacional de Telecomunicaciones 19798 (ALJA 1972-B-1004) los arts. 45 bis Ver Texto , 45 ter Ver Texto y 45 quater Ver Texto , los que oportunamente fueron reglamentados a través del decreto que se cita en el Visto. Que dicha reglamentación se dictó en el marco de los objetivos tenidos en mira por ese cuerpo legal, esto es, combatir el delito y servir al esquema de seguridad colectivo de la Nación, mediante la utilización de modernas herramientas de captación y monitoreo de comunicaciones de las redes públicas y/o privadas de telecomunicaciones, cualquiera sea su naturaleza, origen o tecnologí­a, en tanto operen en el territorio nacional. Que en esta instancia, razones que son de público conocimiento aconsejan suspender la aplicación del citado decreto, a los fines de permitir un nuevo análisis del tema y de las consecuencias que el mismo implica”.
(5) Se trata de una carga pública como la de ser testigo o jurado, contestar un oficio o pedido de informes (art. 401 Ver Texto CPCC. [t.o. 1981, LA 1981-B-1472]).
(6) Telefónicas, por internet y por cualquier otro medio novedoso, como la telefoní­a IP. (VoIP.).
(7) Sobre los antecedentes y el actual debate de la regulación en la Unión Europea ver el excelente trabajo de Pérez Asinari, M. Verónica en JA 2004-II-1417. La cuestión sigue siendo controvertida en la UE. pese a estar genéricamente regulada en la directiva sobre privacidad y comunicaciones electrónicas. Recientemente el proyecto de decisión marco sobre esta materia fue rechazado por algunos paí­ses, y el Parlamento se opuso férreamente a la propuesta por no respetar ésta los criterios de proporcionalidad establecidos en el TEDH.
(8) Ver Aguilar Valdez, Oscar R., “Algunas pautas para clarificar un importante debate. Acerca de la llamada `Ley de Escuchas’ 25873 Ver Texto “, LL del 25/4/2005 (con claros argumentos de por qué las empresas telefónicas no deberí­an hacerse cargo de estos costos); y nuestra nota sobre este mismo tema “La controversia sobre la retención de datos de tráfico en internet”, LL del 28/4/2005.
(9) Por ejemplo, los casos de los arts. 401 Ver Texto CPCC. y 362 Ver Texto CPPN. (LA 1991-C-2806).
(10) Como bien dijo Larry Lessig: “There is a part of anyone’s life that is monitored, and there is a part that can be searched” (Lessig, Lawrence, “The architecture of privacy”, 1 Vand. J. Ent. L. & Prac. 56).
(11) Esta arquitectura de control de alguna forma impacta en el derecho a la privacidad. En su versión más reciente, este derecho ha sido definido como el derecho a controlar la información que terceros tengan de una persona. Pero la privacidad no sólo implica el control individual sino también la regulación social de la información. En otras palabras, la privacidad es un aspecto de la estructura social, de la arquitectura de la regulación de la información, no sólo una cuestión de ejercicio individual de ese control (ver Solove, Daniel J., “Conceptualizing privacy”, 2002, 90 Calif. L. Rev. 1087). Por eso importa mucho cómo se diagrama en internet la arquitectura de control, pues se trata de una red que es altamente vulnerable.
(12) En tal sentido, en Europa el GP. ha recomendado que los datos de facturación telefónica no se almacenen por más de seis meses, especialmente cuando las facturas se han pagado. En caso de litigio o impugnación este plazo podrí­a ampliarse. Ver dictamen 1/2003 sobre el Almacenamiento de los Datos sobre Tráfico a Efectos de Facturación, adoptado el 29/1/2003 por el Grupo del art. 29 Ver Texto sobre protección de datos, documento 12054/02/ES WP. 69.
(13) Corte Sup., 23/11/2004, resolución 2013/2004 , DJ 204-3-1247; LL 22/12/2004.
(14) Ver Grupo de Trabajo sobre la Protección de las Personas por lo que respecta al tratamiento de datos personales, recomendación 2/1999 sobre la Protección de la Intimidad en el Contexto de la Interceptación de las Telecomunicaciones, aprobado el 3/5/1999, documento 5005/99/ef. WP. 18.
(15) Conf. D’Albora, Francisco J., “Código Procesal Penal de la Nación”, t. I , 2003, Ed. LexisNexis, p. 502 y ss.
(16) La Ley de Inteligencia (LA 2001-D-4738) ha sido escasamente explorada en nuestra doctrina, pero nos parece claro que su art. 5 Ver Texto , que sobrepasa su aplicación al contexto de las investigaciones de inteligencia por ser una ley nacional, dispone en forma terminante: “Las comunicaciones telefónicas, postales, de telégrafo o facsí­mil o cualquier otro sistema de enví­o de objetos o transmisión de imágenes, voces o paquetes de datos, así­ como cualquier tipo de información, archivos, registros y/o documentos privados o de entrada o lectura no autorizada o no accesible al público, son inviolables en todo el ámbito de la República Argentina, excepto cuando mediare orden o dispensa judicial en sentido contrario”.
(17) Conf. D’Albora, Francisco J., “Código Procesal Penal de la Nación” cit. , p. 502 y ss.
(18) Cabe aclarar que algunos tribunales han considerado inconstitucionales estas facultades otorgadas a los fiscales sin intervención del juez.
(19) En la lista de discusión del Foro de Hábeas Data M. Verónica Pérez Asinari sostuvo que como la finalidad de la ley 25873 Ver Texto es combatir el delito, el uso de los datos de tráfico para obtener evidencia en un proceso de derecho privado no serí­a factible sin violentar el principio de finalidad contenido en el art. 4.3 Ver Texto ley 25326 (LA 2000-D-4363) (ver mensaje 3709/2005, del 13/4/2005).
(20) Ver http://.
(21) Declarados ilegales recientemente en un fallo de la Corte Suprema de Connecticut, en el caso “American Car Rental v. Commissioner of Consumer Protection”, sent. del 12/4/2005.
Reglamentan la ley de habeas data de la Ciudad de Buenos Aires
Posted: mayo 31st, 2007 | Author: ppalazzi | Filed under: Argentina, Habeas Data, Normas | Comentarios desactivados
La ley de protección de datos personales de la ciudad de Buenos Aires, ley 1845, acaba de ser reglamentada mediante el decreto 757/2007 publicado en el BO del 24/5/2007. A continuación se transcribe el texto del decreto.
DECRETO 725/07 (G.C.B.A.)
Buenos Aires, 18 de mayo de 2007
B.O.: 24/5/07 (C.B.A.)
Ciudad de Buenos Aires. Protección de los datos personales. Ley 1.845. Su reglamentación.
Artí­culo 1 – Apruébase la reglamentación de la Ley 1.845 de Protección de Datos Personales, que como Anexo I forma parte integrante del presente decreto.
Artí­culo 2 – El presente decreto es refrendado por los señores ministros de Gobierno, de Gestión Pública y Descentralización y de Hacienda.
Artí­culo 3 – De forma.
Art. 2 – Sin reglamentar.
Art. 3 – Se entiende que la expresión -medios de comunicación escritos- incluida dentro del concepto de -fuentes de acceso público irrestricto-, incluye las publicaciones efectuadas a través de Internet en páginas web públicas y oficiales, así­ como las reproducciones de publicaciones efectuadas en soporte papel.
Art. 4 – En los casos de archivos, registros, bases o bancos de datos que, por su naturaleza, poseen un plazo de vigencia y/o de prescripción, las normas de creación y/o modificación deben indicar el plazo durante el cual serán sometidos a tratamiento los datos personales incorporados.
Art. 7 – 1. En el caso que la recolección de datos personales se efectúe en la forma prevista por el art. 4, inc. 5, de la Ley 1.845, se considerará cumplido el requisito del consentimiento previo cuando el titular del dato acepte la polí­tica de privacidad publicada en el sitio de Internet a través del cual se recolecten sus datos.
2. La revocación del consentimiento del titular de datos surtirá efectos a partir de la fecha de su recepción, la que deberá constar en debida forma.
Los listados mencionados en el art. 7, inc. 3, -in fine- de la Ley 1.845 son aquellos que no permiten inferir en forma directa o indirecta ningún otro tipo de dato personal asociado al titular del dato.
Art. 10 – En el caso de archivos, registros, bancos o bases de datos públicos dependientes de un organismo oficial que por razón de sus funciones especí­ficas estén destinados a la difusión al público en general, el requisito relativo al interés legí­timo del cesionario se considera implí­cito en las razones de interés general que motivaron el acceso público irrestricto y la difusión de sus datos.
La cesión de datos personales que comprenda a un grupo colectivo de personas efectuada desde archivos, registros, bases o bancos de datos públicos a archivos, registros, bases o bancos de datos privados debe ser autorizada mediante acto administrativo emitido por el titular de la jurisdicción. No será necesario acto administrativo alguno en los casos en que la ley disponga el acceso a la base de datos pública en forma irrestricta.
A los efectos de lo establecido en el art. 10, inc. 3, apart. b), de la “Ley 1.845″:http://www.habeasdata.org/ley1845, se entiende que la cesión de datos personales incluidos en los listados mencionados en el art. 7, inc. 3, -in fine- de dicha ley, sólo podrá realizarse entre organismos pertenecientes al sector público.
El consentimiento para la cesión de datos personales será nulo cuando no recaiga sobre un cesionario determinado o determinable, o si no constase con claridad la finalidad de la cesión que se consiente.
Art. 11 – Se presume que una provincia o municipio proporciona un nivel adecuado de protección cuando al menos se haya adherido a la normativa sobre protección de datos personales que se encuentre vigente en la República Argentina al momento de la transferencia.
No es necesario el consentimiento en caso de transferencia de datos desde un registro público que esté legalmente constituido para facilitar información al público y que esté abierto a la consulta por el público en general o por cualquier persona que pueda demostrar un interés legí­timo, siempre que se cumplan, en cada caso particular, las condiciones legales y reglamentarias para la consulta.
Art. 12 – Se presume que un Estado u organismo internacional o supranacional proporciona un nivel adecuado de protección cuando dicha tutela se deriva directamente del ordenamiento jurí­dico vigente, o de sistemas de autorregulación, o del amparo que establezcan las cláusulas contractuales que prevean la protección de datos personales.
Art. 13 – El ejercicio del derecho de acceso a que se refiere el art. 13, inc. b), de la Ley 1.845 no requiere de fórmulas especí­ficas, siempre que garantice la identificación del titular del dato y/o de sus representantes legales. Se podrá efectuar de manera directa, presentándose el titular del dato, sus representantes o sucesores ante el responsable o usuario del archivo, registro, base o banco de datos, o de manera indirecta, a través de la intimación fehaciente por medio escrito que deje constancia de recepción. Los responsables de las bases de datos podrán disponer de otros servicios de acceso como los medios electrónicos, las lí­neas telefónicas, la recepción del reclamo en pantalla u otro medio idóneo a tal fin. En cada supuesto, el encargado del registro podrá ofrecer preferencia de medios para conocer la respuesta requerida, a opción del titular de los datos.
A fin de permitir que el titular de los datos tome conocimiento de la rectificación, actualización, supresión o confidencialidad de sus datos personales efectuada por el responsable del archivo, registro, base o banco de datos, el órgano requerido deberá comunicar al titular de los datos que ha procedido a rectificar, actualizar, suprimir o someter a confidencialidad los datos personales solicitados, en un plazo máximo de cinco dí­as hábiles contados a partir del vencimiento del plazo establecido por el art. 13, inc. c) de la Ley 1.845.
A los efectos de cumplir con lo establecido en el penúltimo párrafo del art. 13, inc. c), de la Ley 1.845, al proveer información relativa al titular de los datos que hubiera solicitado la rectificación, actualización, supresión o confidencialidad de sus datos personales, el responsable o usuario del archivo, registro, base o banco de datos deberá consignar el siguiente mensaje: -Esta información está sujeta a revisión por petición del titular de los datos personales en virtud de lo establecido por el art. 13 de la Ley 1.845-.
Art. 16 – Sin reglamentar.
Art. 17 – Sin reglamentar.
Art. 18 – Todas las oficinas públicas donde se recolecten datos personales que vayan a ser objeto de tratamiento deberán tener expuesta, en lugar visible y de modo claro, una advertencia indicativa de las obligaciones de información previstas por el art. 18, inc. b), de la Ley 1.845.
Igualmente, si la recolección de datos se realiza mediante cuestionarios, formularios, encuestas o similares impresos o incluidos en un sitio de Internet, éstos deberán contener en lugar visible y de modo claro, la información exigida por el art. 18, inc. b), de la Ley 1.845.
Art. 19 – Sin reglamentar.
Art. 20 – Como requisito previo al tratamiento de los datos personales incorporados en los archivos, registros, bases o bancos de datos de titularidad del órgano en o para el que desempeñen su tarea, los usuarios de datos deberán aceptar la polí­tica de seguridad a la que se refiere el art. 17 de la Ley 1.845.
Art. 21 – Sin reglamentar.
Art. 22 – Sin reglamentar.
Art. 23 – En los casos en que el tratamiento de datos sea efectuado por terceros, los contratos de prestación de servicios que se celebren deberán informarse al órgano de control a los efectos de permitir que lleve un registro de prestadores de servicios de tratamiento de datos.
Art. 24 – Sin reglamentar.
Art. 25 – A los efectos de lo dispuesto en el último párrafo del art. 25 de la Ley 1.845, se entiende que la graduación y aplicación de las sanciones previstas por el art. 26 de la Ley 1.845, se realizará según el régimen que le corresponda a cada infractor.
En el caso que la conducta que eventualmente sea pasible de la aplicación de una sanción, fuere cometida por un agente de la administración central o sus organismos descentralizados, deberá sustanciarse el pertinente sumario administrativo, otorgándosele al imputado el derecho de defensa y de producir las pruebas que hacen a su derecho.
Art. 26 – Sin reglamentar.
Art. 27 – Sin reglamentar.
Art. 28 – Sin reglamentar.
Art. 29 – Sin reglamentar.
Art. 30 – Sin reglamentar.
Art. 31 – Sin reglamentar.
Art. 32 – Sin reglamentar.
Art. 33 – Sin reglamentar.
Art. 34 – Sin reglamentar.
Art. 35 – Sin reglamentar.
Art. 36 – Sin reglamentar.
Art. 37 – Sin reglamentar.
Art. 38 – Sin reglamentar.
Art. 39 – Sin reglamentar.
Posted: mayo 29th, 2007 | Author: ppalazzi | Filed under: Argentina, Informes comerciales, Normas | No Comments »
ARTICULO 1* ° -” Se entiende por sistema de Tarjeta de Crédito al conjunto complejo y sistematizado de contratos individuales cuya finalidad es:
ARTICULO 53. -” Prohibición de informar. Las entidades emisoras de Tarjetas de Crédito, bancarias o crediticias tienen prohibido informar a las “bases de datos de antecedentes financieros personales” sobre los titulares y beneficiarios de extensiones de Tarjetas de Crédito u opciones cuando el titular no haya cancelado sus obligaciones, se encuentre en mora o en etapa de refinanciación. Sin perjuicio de la obligación de informar lo que correspondiere al Banco Central de la República Argentina.
(Nota Infoleg: Artí­culo vetado por art. 14 del Decreto N* ° 15/99 B.O. 14/1/99, pero confirmado por Mensaje del Senado de fecha 1/9/99 B.O. 24/9/99).

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RESOLUCIÓN 
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