Source: https://elderecho.com/el-principio-de-prudencia-de-financiera-en-las-entidades-locales
Timestamp: 2019-04-18 21:04:28+00:00

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Con no poca frecuencia, oímos comentarios económico-financieros que no se ajustan a la realidad y que se dan por buenos sin una más profunda reflexión:
“La Ley de Haciendas no cumple el mandato constitucional de suficiencia financiera local, no ofrece garantías al equilibrio territorial o autonómico, ni ayuda a la estabilidad de los recursos municipales y, además, está provocando la asfixia financiera de los ayuntamientos, con lo que ello supone de merma en la calidad e intensidad de los servicios que éstos deben prestar a los ciudadanos”.
Pese a que el modelo hacendístico existente en la actualidad pudiera dar pie a deducir erróneamente que la crisis financiera de las Entidades Locales es una lógica y negativa consecuencia de dicha Ley, debemos afirmar, sin embargo, que si ello fuera así, ¿cómo explicaríamos que con ese mismo modelo hacendístico, aplicado a los diferentes municipios, que puedan darse realidades financieras muy diferentes en cuanto a liquidez y solvencia?
No, no es la Ley de Haciendas la que provoca la falta de liquidez, la consiguiente demora en el plazo de pagos a proveedores, la propia incertidumbre del aumento de riesgos de insolvencias a largo plazo o la dificultad en poder optimizar los recursos financieros; ni es el modelo hacendístico actual el que impide el acceso a los recursos necesarios para poder disponer del fundamental equilibrio financiero.
Si no es, pues, el modelo hacendístico el causante de todas esas secuelas negativas mencionadas y de algunas otras, ¿cuál es pues el factor determinante que las provoca u origina?
Analizados diferentes municipios desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Haciendas locales, así como de los resultados obtenidos en los mismos, deducimos que lo que realmente y en mayor medida determina y origina una crisis financiera en una Entidad Local es la ausencia total de claros postulados de Gestión Financiera planificados y ejecutados por profesionales en la materia.
Así mismo, hemos constatado que, con demasiada frecuencia, los propios representantes populares de las Entidades Locales no sólo no han entendido la necesidad de contar con profesionales en Gestión Financiera, sino que sigue tomando decisiones económicas, realizando inversiones, creando servicios, etc., sin tener en cuenta si se podrán o no pagar y si son o no viables financieramente.
En ocasiones, se ha acudido al concierto de las operaciones de crédito sin definir de antemano qué se entiende por el coste de las operaciones financieras y si son viables desde el punto de vista económico financiero, lo que, a veces, han ocasionado que la mayoría de bancos más usuales (entidades como el Barclays, BBVA...) no hubiesen ofertado operaciones solicitadas por los Ayuntamientos más necesitados de financiación al calificarse (por parte del departamento de riesgo de dichas entidades) con una calificación (rating) baja, lo que ha provocado que aquellos municipios más necesitados de financiación sólo consiguieran ofertas desproporcionadas e incluso algunas derivadas de fondos privados de inversión a tipos de interés en torno al 10%, operaciones de crédito que rozaban la usura.
Por lo tanto, si las decisiones se toman sin tener en cuenta los propios objetivos de una auténtica Gestión Financiera, los entes públicos seguirán corriendo el riesgo de abocar en situaciones insostenibles y de crisis. A este respecto, la administración local dio así la bienvenida al art. 32 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, sobre Economía Sostenible -LES- al definir el principio de sostenibilidad financiera y presupuestaria de nuestras Administraciones Públicas señalando que:
“…todas las Administraciones Públicas deben contribuir al logro de la sostenibilidad presupuestaria de las finanzas públicas, entendida ésta como la capacidad para financiar los compromisos de gastos presentes y futuros”.
Pues esta ley vino a dejar por sentado –entre otros muchos principios– la urgente necesidad de aplicar a las cuentas públicas una buena y urgente Gestión Financiera.
Y uno de los principios de gestión financiera es el principio de prudencia financiera que ha visto la luz, primero en la exposición de motivos del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, y después en la Resolución de 5 de febrero de 2015 que lleva su nombre.
La aplicación de la “prudencia financiera” permitirá alcanzar uno de los dos objetivos declarados por la exposición de motivos del RD-ley 17/2014, de medidas de sostenibilidad financiera: que los menores costes de financiación de la Deuda pública del Estado sean compartidos por el conjunto de las Administraciones Públicas, “compartir los ahorros financieros”. Y esto se va a lograr sin necesidad de muchos cálculos, sólo con dirigirse a la entidad financiera y solicitar que la oferta no supere el coste máximo del Estado, por ejemplo en las condiciones de contratación, adjudicándose de este modo a la oferta que resulte más ventajosa, con ello podremos conseguir ofertas que tan sólo hace tres meses eran impensables, como no podía ser de otra forma, ya que el Banco Central Europeo está prestando el dinero de “gratis”, a tipo de interés nominal cero.
Es con la llegada del RD-ley 17/2014, de 26 de diciembre, que en su Disp. Final 1ª modifica el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales -TRLHRL- añadiendo un nuevo art. 48 «bis» al establecer que todas las operaciones financieras que suscriban las Corporaciones Locales están sujetas al principio de prudencia financiera.
De este modo, la Resolución de 5 de febrero de 2015, de la Secretaria General de Tesoro y política financiera, dio la luz al principio de prudencia financiera, lo que nos obliga a comprobar antes de concertar cualquier operación de endeudamiento y, en el mismo momento de la adjudicación, se verifique que se cumplen con todos y cada uno de los términos que definen este “principio de prudencia financiera”.
En relación con el momento de verificar la condición de coste máximo, existe discusión, según la interpretación que se dé, en cuanto si considerar el momento de la formalización del contrato, el momento de la adjudicación, o el de finalización del plazo de presentación de ofertas. En cualquier caso, sería conveniente fijar el tipo de interés en relación con el coste máximo del Estado. Por ejemplo, en las condiciones de contratación.
¿Pero qué entendemos por prudencia financiera? ¿Acaso es nuevo este concepto?
Se entiende por prudencia financiera el conjunto de condiciones que deben cumplir las operaciones financieras para minimizar su riesgo y coste, y éstas se establecerán por Resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera -SGTPF-.
Fue, por tanto, la Resolución de 5 de febrero de 2015 la que define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados financieros tanto de las entidades locales como de las comunidades autónomas, que se acojan al Fondo de Financiación.
Ahora bien, aunque esta Resolución es la primera destinada a las entidades locales, no es, sin embargo, la primera que emite la SGTPF, pues ya había emitido otras anteriores, definiendo este mismo principio para aquellas comunidades autónomas adheridas al Fondo de Liquidez Autonómico. El principio de prudencia financiera se introdujo por el Estado en septiembre de 2012, como conjunto de condiciones financieras que deben cumplir las comunidades autónomas adheridas a la línea de financiación ICO-CCAA 2012, para concertar operaciones de endeudamiento.
La Resolución de 4 de marzo de 2013 de la SGTPF ya definía el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía que se acogieron a la línea de financiación directa ICO-CCAA 2012 y al Fondo de Liquidez Autonómico. Véase también la Resolución de 5 de septiembre de 2014 de la SGTPF.
Mediante dicha Resolución se regulaban diferentes mecanismos de apoyo a la liquidez con la apertura de una línea de financiación a las comunidades autónomas con objeto de hacer frente a los vencimientos de la deuda financiera y obligaciones pendientes de pago con sus proveedores, eso sí sujetas al cumplimiento por parte de las Comunidades autónomas que voluntariamente se adhieran, de determinadas condiciones de índole fiscal y financiero, como la obligación de ajustar las nuevas operaciones de endeudamiento a las condiciones determinadas por la SGTPF mediante Resolución que definía los principios de prudencia financiera. Para la definición de estos principios, la Secretaría General ya tuvo en cuenta el principio de sostenibilidad de las finanzas públicas establecido en el art. 4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF-, que vela por capacidad de las administraciones públicas para financiar compromisos de gasto presentes y futuros dentro de los límites de déficit y deuda pública.
De este modo, ya se impuso a las Comunidades Autónomas la posibilidad de realizar operaciones de endeudamiento a través de los siguientes instrumentos:
Otros instrumentos que autorice expresamente la SGTPF, siempre y cuando se ajusten a las condiciones de prudencia financiera determinadas en dicha Resolución.
Para ello, se establecieron las condiciones financieras tanto de las operaciones de endeudamiento como de las operaciones con derivados financieros.
De este modo, se estableció un coste total máximo de las operaciones de endeudamiento, incluyendo comisiones y otros gastos salvo determinadas comisiones (como la comisión de no disponibilidad en las pólizas de crédito, limitada a un máximo de 0,8% anual, comisión de agencia para operaciones sindicadas, con un máximo de 50.000 € anuales, y comisión de apertura, con un máximo del 0,5% anualizado. En caso de periodos superiores a un año, este límite máximo quedará fijado en el 0,5%) en términos muy similares a las condiciones financieras establecidas ahora en el art. 3 de la Resolución de 5 de febrero de 2015, además no se permitía superar los tipos fijos o los diferenciales máximos aplicables que publicaban mensualmente mediante Resolución de la SGTPF. Estos costes máximos publicados permanecían en vigor mientras no se publicaban otros nuevos.
Por ello, podemos afirmar que con esta Resolución se viene a zanjar el vacío normativo, que hasta ahora existía en los expedientes de contratación de las operaciones de endeudamiento local, que en algunos casos rozaban la usura, convirtiéndose de este modo en un instrumento necesario para una correcta planificación financiera.
Ahora bien, el problema que se nos plantea (en palabras de nuestro compañero Fermín Vallecillo Moreno) es que los términos empleados en la Resolución de 5 de febrero de 2015 son excesivamente técnicos, más propios de expertos financieros, que de técnicos de la Administración Local, y eso que los técnicos de la administración local representamos a un amplio colectivo de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la administración local de toda España, personal ampliamente preparado y cualificado, que ponemos todos nuestro empeño y esfuerzos en asesorar, informar y fiscalizar, en la medida de nuestras posibilidades, tanto a Ayuntamientos como a Diputaciones donde trabajamos, además de cumplir diligentemente con nuestras funciones de fe pública, contabilidad, presupuestación, fiscalización, tesorería, recaudación... Ahora, además, tenemos que ser auténticos expertos financieros para poder entender y aplicar esta Resolución excesivamente compleja y técnica (por si nos sobrara tiempo últimamente con tanta obligaciones formales y materiales).
Quizás esta Resolución, motivada fundamentalmente por las ofertas desproporcionadas que en estos últimos años de crisis, los ayuntamientos más necesitados de financiación sólo han conseguido ofertas que parecían un auténtico despropósito, incluso algunas de ellas, de fondos privados de inversión a tipos de interés que rondaban el 10%.
Y esto es así porque el acceso al endeudamiento, si bien la redacción original prevista en un principio en los arts. 48 y ss de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales de 1988 era poder concertar operaciones “con toda clase de Entidades de crédito”, la actual redacción del vigente TRLRHL en su art. 49 es la concertación de las operaciones de crédito en todas sus modalidades y, por lo tanto, cualquier apelación al crédito público o privado, lo que ha provocado la contratación de cualquier oferta por muy desproporcionada que fuera para aquellos ayuntamientos en una difícil situación financiera, con magnitudes negativas de remanente de tesorería imposibles de sanear en un solo ejercicio presupuestario, obligando a la entidad local a contratar ofertas desproporcionadamente altas o cláusulas abusivas por parte de una entidad financiera al conocerse la situación de baja calificación crediticia.
Y por eso no es de extrañar que desde el Gobierno estatal se impongan a las entidades locales el principio de prudencia financiera, tal y como ya se había impuesto a las Comunidades y Ciudades Autónomas adheridas a la línea de financiación ICO-CCAA 2012, para concertar operaciones de endeudamiento. El propósito de esta Resolución no es otro que las propias entidades financieras conozcan los límites hasta donde pueden operar con los ayuntamientos sin necesidad de autorización que cuentan con profesionales financieros que manejan estos términos excesivamente técnicos como las cláusulas «trigger» o rentabilidad «yield to maturity mid» mejor que nosotros mismos.
II. El principio de prudencia financiera. En las operaciones de préstamo y en los derivados financieros
Con el RD-ley 17/2014, de 26 de diciembre, se introduce el principio de prudencia financiera para todas las entidades locales, modificando el TRLRHL, sin excepción.
Se añade un nuevo art. 48 bis con la siguiente redacción:
“Artículo 48 bis. Principio de prudencia financiera.
5. Precisará de autorización del órgano competente de la Administración Pública que tenga atribuida la tutela financiera de las Entidades Locales la formalización de las operaciones a las que se refiere la letra c) del apartado 2 de este artículo, cuando no se ajusten a las condiciones del principio de prudencia financiera.”
En primer lugar, vamos a detenernos en su ámbito subjetivo. El principio de prudencia es de aplicación a todas las entidades locales y entes dependientes clasificados en el subsector administraciones públicas. Las Entidades Locales deben velar por el cumplimiento del principio de prudencia financiera en el conjunto de su sector público.
El principio de prudencia financiera es un conjunto de condiciones y exclusiones que se deben cumplir en la contratación de los activos y pasivos financieros, así como en la concesión de avales, reavales u otras garantías públicas, por parte de las entidades locales. Todo ello con el objetivo de disminuir riesgos y costes en la contratación de estas operaciones.
Se limita la voluntad de la entidad a la hora de contratar una operación de endeudamiento, se tutelan, impidiendo que se formalicen operaciones de endeudamiento con tipos de interés significativamente más elevados a los que viene contratando la Administración Central, y excluyendo cláusulas no aconsejables.
Ante un mayor riesgo financiero, los tipos de interés son superiores; una entidad local con una mala situación financiera está expuesta a mayores tipos de interés y nos podemos encontrar que el principio de prudencia financiera indirectamente cierra las puertas a concertar o refinanciar nuevas operaciones de crédito a largo plazo. En el propio RD-ley 17/2014 se crea un fondo de financiación para las entidades locales, donde el pago de vencimiento de préstamos, cuando queden incluidos en este fondo de financiación va a quedar garantizado por la Administración del Estado.
Las condiciones en cuanto a la contratación de activos financieros o concesión de avales, reavales u cualquier tipo de garantía deben ser fijadas por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local -SGCAL-; a fecha actual aún no ha sido dictada la citada Resolución.
Las condiciones en la contratación de los pasivos financieros deben ser fijados por la SGTPF; mediante Resolución de fecha 5 de febrero de 2015 se fijan las mismas.
Llegados a este punto, cabría preguntarse si la entidad dependiente está clasificada en el ámbito de las Administraciones públicas. Para ello consultamos el inventario de entes del sector público local en el siguiente enlace:
https://serviciostelematicos.sgcal.minhap.gob.es/bdgel/aspx/consultaInventario.aspx
Accedemos, de este modo, al inventario de entes públicos del Ayuntamiento en cuestión para ver si la entidad está clasificada como administración pública, la cual estará sujeta al principio de prudencia financiera. Ahora bien, puede que la entidad se encuentre pendiente de clasificar; lo que primero se debería hacer es remitir la información al Ministerio (la información a enviar al Ministerio son las cuentas anuales y los estatutos de la sociedad de los últimos cuatro años) a los efectos de que se proceda a clasificar la misma, acudiendo a la oficina virtual de las entidades locales:
sugerencias.BDEntidadesLocales@minhap.es: consultas, comunicación de problemas y comunicación de información relativa al sector público local y al contenido de la Base de Datos General de Entidades Locales (BDGEL). Solicitudes de cambio de contraseñas.
Unidad Institucional (personalidad jurídica propia)
Unidad Institucional Pública (personalidad pública)
Sociedad no de mercado (cuando no se financia mayoritariamente con recursos del mercado).
Si la sociedad es no financiera, según contestación emitida por el MINHAP, no está sometida al principio de prudencia financiera (art. 1 de la Resolución de 5 de febrero de 2015).
B) Condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento
Instrumentos que pueden ser utilizados en el endeudamiento:
Es decir, además de los ya conocidos como los préstamos a largo plazo y operaciones de tesorería se incluyen los certificados de deuda bajo la ley alemana (Schuldschein).
Estos certificados son un híbrido entre un préstamo y un bono, regulado en el ordenamiento jurídico alemán con plazos de devolución entre 10 y 15 años. La Administración Pública, para financiarse, emite algo similar a un pagaré, un banco hace de intermediario y lo compran inversores particulares, aseguradoras o fondos de inversión o de pensiones.
Son bonos fiables y de calidad, fáciles de revender en un mercado secundario o prestarse como garantías en otras operaciones por su seguridad.
Si bien en un primer momento podrían considerarse como una operación de crédito con entidad financiera europea o incluso como una operación de seguros, el Banco de España las está clasificando como emisiones de deuda, lo que obligaría a la autorización del Ministerio para cualquier entidad local.
Las entidades locales rara vez, y sólo las de mayor entidad, dada su complejidad, ocasionalmente han emitido empréstitos para captar fondos. Los instrumentos habituales son las pólizas de crédito, anticipos de la recaudación, préstamos u operaciones de arrendamiento financiero.
Se limita el coste puesto que su importe máximo no puede superar al coste de financiación del Estado incrementado en un diferencial dependiendo del tipo de administración y si el vencimiento de la operación queda o no incluido en el fondo de financiación a las entidades locales (fondo de ordenación y fondo de impulso económico).
El coste máximo se refiere tanto al tipo de interés como cualquier otro gasto o comisión, no se incluye en el concepto de coste máximo la comisión de no disponibilidad en las pólizas de crédito, que como máximo puede ser del 0,10 % anual, ni la comisión de agencia para operaciones sindicadas, con un máximo de 50.000,00 € anuales.
Una operación es sindicada cuando su importe requiere la participación de varias entidades financieras, una de ellas interviene como agente, que se relaciona con la entidad local y el resto de entidades financieras.
Los diferenciales máximos sobre el coste de financiación del Estado son los siguientes (art.3.2.b) de la Resolución del 5 de febrero de 2015):
Operaciones cuyos vencimientos quedan cubiertos por el Fondo de Financiación a Entidades Locales (Fondo de Ordenación o Fondo de Impulso Económico): 20 puntos básicos.
Operaciones cuyos vencimientos no quedan cubiertos por el Fondo de Financiación a Entidades Locales:
Operaciones concertadas por Entidades Locales que cumplan las condiciones de elegibilidad al Fondo de Impulso Económico: 40 puntos básicos.
Operaciones concertadas por Entidades Locales que no cumplan las condiciones de elegibilidad al Fondo de Impulso Económico: 75 puntos básicos.
En el caso de las operaciones de endeudamiento con una vida media superior a los diez años, los diferenciales máximos establecidos en el punto anterior se podrán incrementar en un punto básico por año adicional, hasta un máximo de 15 puntos básicos adicionales.
Otras de las condiciones es que los intereses de demora no podrán superar el tipo de interés de la operación más un recargo del 2 % anual (apartado 4 del art. 3 de la Resolución de 5 de febrero de 2015).
Las operaciones susceptibles de ser cubiertas por el Fondo de Financiación a las entidades locales tendrán un plan de amortización en el que las liquidaciones de intereses coincidirán con las fechas de vencimientos del principal (apartado 5 del art. 3º de la Resolución de 5 de febrero de 2015).
Por otra parte, si observamos la estructura de los diferenciales, el menor margen es para las operaciones cuyo vencimiento queda cubierto con el fondo de financiación, pues estos vencimientos como los paga el Estado a cuenta de las Entidades locales, al contar con la garantía estatal, supone un menor riesgo de impago y, por lo tanto, un menor coste de interés.
Recordemos las condiciones que deben cumplir las entidades locales para ser incluidas en el fondo de impulso económico, reguladas en el art. 50 del RD-ley 17/2014, que serán aquéllas que en el momento de presentar la correspondiente solicitud de adhesión cumplan todos los requisitos siguientes:
El cumplimiento de los Objetivos de estabilidad y deuda pública.
El cumplimiento del período medio de pago a proveedores, no supere en más de treinta días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad.
Estar al corriente de las obligaciones de suministro de información económico-financiera al Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas.
El cumplimiento de estos requisitos es esencial a la hora de establecer las condiciones financieras de las operaciones de endeudamiento que, a tal efecto, se regulan en el art. 3 de la Resolución de 5 de febrero de 2015, por la que se definen los criterios de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento de las entidades locales y con independencia de que las mismas no se hayan adherido al fondo de impulso económico.
Se entiende que estas entidades locales tienen un menor riesgo que aquéllas que no cumplen con los requisitos del fondo de impulso económico; por ello, el diferencial máximo es de 0,40 %, frente al 0,75 % del resto de entidades locales.
A mayor plazo, mayor riesgo, por la incertidumbre de operaciones a mayor plazo; por eso, para el caso de operaciones con una vida media superior a 10 años, se podrá incrementar por cada año de más, que exceda se diez, un punto básico y como máximo 15 puntos básicos.
Así, para una operación de endeudamiento a 18 años de vida media, los diferenciales máximos serían de 0,28 %; 0,48 % y 0,83 % respectivamente.
A estos efectos, y a la hora de concertar cualquier operación de crédito, incluyendo las operaciones de tesorería o de corto plazo, cada entidad local habrá de preguntarse si cumple o no con las condiciones para ser incluidas en el Fondo de impulso económico (las reguladas en el art. 50 RD-ley 17/2014), y con independencia de que la misma se haya adherido o no al FIEL (la adhesión al fondo es potestativa).
A estos efectos, la entidad local debe comprobar en la Oficina virtual de las entidades locales (OVEELL) en la pestaña compartimiento al fondo de impulso económico, regulado en el RD-ley 17/2014, aplicación para la presentación de la solicitud de adhesión al compartimiento Fondo de impulso económico regulado en el RD-ley 17/2014, en el en el siguiente enlace:
Poniendo el usuario y contraseña del Municipio en cuestión, se accede a la misma, comprobando si la entidad cumple con los tres requisitos marcados por el art. 50 RD-ley 17/2014, es decir, el Interventor, a la hora de concertar cualquier operación de préstamo, habrá de informar a la entidad financiera si cumplen las condiciones de elegibilidad para determinar si el diferencial máximo aplicable es de 0,40% frente al 0, 75% puntos básicos.
Es decir, a partir de la publicación de RD-ley 17/2014, con la introducción del nuevo art. 48 bis al TRLRHL, todas las operaciones financieras que suscriban las Corporaciones Locales están sujetas al principio de prudencia financiera. Por lo tanto, cada entidad debe contestar a la pregunta: ¿Qué tipo de Entidad Local soy?
Pregunta que queda condicionada al cumplimiento de las condiciones de elegibilidad para el Fondo de Impulso Económico, del art. 50 RD-ley 17/2014:
Objetivos de estabilidad y deuda pública.
Obligaciones de información y Comunicación por el MINHAP.
En definitiva, la calificación de la entidad local nos la encontramos en la OVEELL y es lo que debe el Interventor certificar o informar a la entidad financiera antes de suscribir la operación de endeudamiento a los efectos de aplicar uno u otro tipo de diferencial máximo.
Lo que ocurre es que la foto del municipio en cuestión (¿Qué tipo de Entidad Local soy?) es una foto estática (y no dinámica, que sería lo razonable) ya que se corresponde con la situación referida al mes de septiembre de 2014, por lo que nos podemos encontrar que nuestro municipio a fecha actual no cumpla con las condiciones de elegibilidad (porque haya incumplido con la obligación de información y comunicación en plazo, o bien no cumpla el PMP o incumpla los objetivos de deuda pública o estabilidad presupuestaria ) y, sin embargo, en la OVEELL aparezca como municipio que cumple las condiciones de elegibilidad o viceversa, ya que es razonable pensar que por un descuido no se haya cumplido con las obligaciones de información y comunicación al MINHAP en plazo y ahora el municipio sí que cumpla con las condiciones de elegibilidad del FIEL. En estos casos, se considera conveniente que el interventor certifique en el momento actual (si desea concertar una operación de préstamo) las condiciones de elegibilidad con independencia de las que figuren en la oficina virtual, certificando esta circunstancia ante la entidad financiera.
EJEMPLOS DE TIPOS DE INTERÉS MÁXIMOS:
1º. Una entidad local desea concertar una operación de préstamo con una vida media de 6,20 años, referencia al Euribor anual, cuál es tipo de interés máximo.
Debemos de preguntarnos, en primer lugar, si esta operación se va a incluir en el fondo de ordenación o de impulso económico. Si es así, el diferencial máximo es de 20 puntos básicos sobre el coste de financiación del Estado.
Deberemos calcular el coste de financiación del Estado; en caso de no disponer de herramientas propias de valoración o asesoramiento externo, acudiremos al Anexo I de la Resolución de prudencia financiera. Este Anexo se actualiza de forma periódica.
La tabla viene referida a vida media de la operación en meses; calculamos la vida media en meses 6,20 x 12 = 74,4 meses.
Es necesario mencionar que la tabla recogida en el Anexo I de la Resolución de 5 de febrero de 2015 se va actualizando por parte de la propia SGTPF, normalmente de forma mensual, y prueba de ello que en el BOE de 6 de marzo de 2015 ya se publica la primera actualización, fijando para diferentes tipos tanto tipo fijo como variable (en el BOE de 31 de marzo de 2015, se realiza la segunda actualización del Anexo I incluido en la de 5 de febrero de 2015, y la última actualización es la publicada en el BOE de 9 de mayo de 2015 en la Resolución de 6 de mayo de 2015) .
Aquellas entidades locales que cuenten con herramienta de valoración propia o asesoramiento externo independiente no aplicarán el Anexo 1 sino que aplicarán el Anexo II.
Si nos vamos a la Resolución de 6 de mayo de 2015, calcularemos el diferencial máximo sobre Euribor a 12 meses, por interpolación (el cálculo de la vida media y la interpolación lineal lo estudiaremos en el apartado siguiente).
Vamos a la tabla y buscamos la vida media de la operación (74,4 meses) comprendida entre 72 y 84 meses; el diferencial máximo sobre Euribor 12 meses se encuentra comprendido entre 43 y 56 puntos básicos. Procedemos a interpolar:
Calculamos el diferencial máximo sobre Euribor 12 meses, por interpolación.
D 74,4 = 43 + (74,4-72) x [ 56-43/84-72 ] = 45,6 puntos básicos.
El coste de financiación del Estado es Euribor 12 meses más 45,6 puntos básicos, a este tipo de interés le debemos sumar el diferencial máximo del artículo 3º, 20, 40 o 75 puntos básico si la vida media es igual o inferior a 10 años, sí es superior a 10 años, 1 punto básico más por cada año que exceda de 10.
Si la operación va a ser incluida en el fondo de ordenación o fondo de impulso económico, el tipo de interés máximo es Euribor doce meses es de 20 + 45,6 = 65,6 puntos básicos (Euribor 12 meses + 65,6 %)
Si la entidad cumple con los requisitos para ser incluida en el fondo de impulso económico y la operación no va a ser incluida en el fondo de ordenación o impulso económico, el tipo de interés máximo es Euribor doce meses es de 40 + 45,6 = 85,6 puntos básicos (Euribor 12 meses + 0,856 %)
Si la entidad no cumple con los requisitos para ser incluida en el fondo de impulso económico y la operación no se incluye en el fondo de ordenación o de impulso económico, el tipo de interés máximo es Euribor doce meses es de 75 + 45,6 = 120,6 puntos básicos (Euribor 12 meses + 1,206 %).
2º. Se pretende formaliza una operación a tipo de interés Euribor tres meses + 0,40 %. El plazo de amortización es de cinco años y tres trimestres y las cuotas de amortización son trimestrales y constantes. La operación quiere ser incluida en el fondo de ordenación. ¿Cumple con el principio de prudencia financiera?
Calculamos su vida media.
Vamos al Anexo I de la tabla (por ejemplo, la Resolución de 31 de marzo de 2015), si estuviéramos, por ejemplo, en fecha 1 de abril y quisiéramos concertar la operación de préstamo.
El coste del Estado para 36 meses de vida media es de 21 punto básicos más el diferencial de 20 puntos (se incluye en el fondo de ordenación), la operación está en prudencia financiera si su tipo de interés es igual o inferior a Euribor trimestral más 41 (21 + 20) puntos básicos, en nuestro caso estaría en prudencia financiera.
Sí contratamos una operación en prudencia financiera, y dentro de cinco años los tipos de interés bajan, la operación va a estar durante todo su vida contratada bajo el principio de prudencia financiera. El artículo tercero establece el cumplimiento de la condición de coste máximo se considerará en el momento de la firma de los documentos que obliguen a las partes y siempre y cuando la disposición de los fondos por parte del prestatario pueda efectuarse sin restricción alguna.
En relación con el momento de verificar la condición de conste máximo, existe discusión, en cuanto si considerar el momento de la formalización del contrato, el momento de la adjudicación, o el de finalización del plazo de presentación de ofertas. En cualquier caso sería conveniente fijar el tipo de interés en relación con el coste máximo del Estado a la hora de licitar el contrato de préstamo. Por ejemplo, en las condiciones en la contratación.
Finalmente, hay que señalar que la forma de determinar el coste de financiación del Estado, se puede realizar por la propia entidad si cuenta con herramientas suficientes para realizar la propia valoración o con un asesoramiento independiente, utilizando la metodología detallada en el Anexo II.
Se busca la rentabilidad (Yield to Maturity Mid) de las referencias de Tesoro más cercanas en una fuente de información financiera.
Se interpola linealmente la rentabilidad al plazo de la nueva operación.
Se calcula el equivalente a dichas rentabilidades en términos de diferencial sobre euríbor seis meses a través de la función I-spread y no por el Asset swap spread.
Con el spread sobre euríbor seis meses de las dos referencias del Tesoro más cercanas al plazo de la nueva operación, se interpola linealmente al plazo de la nueva operación.
En caso de querer establecer el spread sobre otra referencia de Euribor que no sea el euríbor a seis meses (euríbor a doce meses, tres meses y un mes), se ajusta por el basis swap al plazo de la operación.
Lo habitual es que en las entidades locales no tengamos las herramientas ni formación suficiente para poder llevar a cabo la tarea de la propia valoración y lo más seguro es acudir al Anexo I para determinar el coste de financiación del Estado.
COSTE TOTAL MÁXIMO = Coste de financiación del Estado + diferencial aplicable
C) Condiciones financieras de los derivados financieros
El art. 4 de la resolución de 5 de febrero de 2015 regula las operaciones de derivados financieros.
Se pueden contratar permutas, opciones, futuros de tipos de interés y cambio a condiciones estándares de mercado, pero no derivados sin un coste máximo.
El TRLRHL es su art. 48 habilita a las Entidades Locales a concertar operación de cobertura de riesgos de tipo e interés y de tipo de cambio. Como su propio nombre indica, el derivado financiero tiene su significado en relación con otra operación financiera.
Podemos definir la permuta financiera de tipos de interés como aquella operación por la cual las partes acuerdan intercambiarse entre sí el pago de cantidades resultantes de aplicar un Tipo Fijo y un Tipo Variable sobre un Importe Nominal y durante un Período de Duración acordado.
Detallamos otras operaciones financieras de cobertura de tipo de interés:
Operación a Plazo de Tipo de Interés (FRA), es aquella operación por la cual las partes, para protegerse contra una futura variación de tipos de interés, para un Importe Nominal y durante un Período de Duración determinado, convienen que si el Tipo de Interés de la Operación resultase inferior/superior al Tipo de Interés de Liquidación, una de las Partes Vendedor/Comprador, deberá abonar a la otra parte, Comprador/Vendedor la Cantidad Resultante según la fórmula financiera aplicable descrita en este mismo Anexo.
Cap. Es aquella Opción de Tipo de Interés por la cual, una de las partes (Comprador) se obliga a pagar a la otra (Vendedor), una Prima y la contraparte se obliga frente a ella a que, en el supuesto de que en una fecha futura, previamente pactada por las Partes, los Tipos de Referencia excedieran el Tipo Cap, el Vendedor pagará al Comprador una Cantidad Cap que se calculará de acuerdo a lo establecido en este mismo Anexo, sobre un Importe Nominal acordado por las partes.
Floor. Es aquella Opción de Tipo de Interés por la cual una de las partes (Comprador) se obliga a pagar a la otra (Vendedor), una Prima y la contraparte se obliga frente a ella a que, en el supuesto de que en una fecha futura previamente pactada por las partes, los Tipos de Referencia cayesen por debajo por debajo del Tipo Floor, el Vendedor pagará al Comprador una Cantidad Floor que se calculará de acuerdo con lo establecido en este mismo Anexo, sobre un Importe Nominal acordado por las partes.
Collar. Es aquella Operación que incorpora a la vez un Cap y un Floor, de tal modo que si el Tipo de Referencia excediese el Tipo Cap fijado por las partes, una de las partes deberá pagar a la otra una Cantidad Cap calculada sobre un Importe Nominal, y si el Tipo de Referencia cayese por debajo del Tipo Floor, la Parte que recibió la Cantidad Cap deberá ahora pagar una Cantidad Floor, calculada sobre el mismo Importe Nominal, a la otra parte. Si el Tipo de Referencia oscilara siempre entre el Tipo Floor y el Tipo Cap, ninguna de las partes hará pago alguno a la otra.
Para el supuesto de derivados financieros complejos, se prohíbe:
Derivados financieros sin un coste máximo cualquiera que sea el escenario.
Derivados financieros que supongan un diferimiento en la carga financiera o un aumento de la financiación. Por diferimiento de la carga financiera se entiende el pagar al principio un coste financiero menor al de mercado, que se compensará con pagos posteriores superiores a los del mercado.
Derivados financieros contratados fuera de los precios razonables de mercado. Para valorar esta circunstancia, la Comunidad Autónoma o Entidad Local deberá disponer de herramientas de valoración propias o contar con un asesoramiento financiero externo independiente.
Derivados financieros que contengan cláusulas de resolución anticipada como consecuencia de una bajada de la calificación crediticia.
Quedan reguladas en el art. 5 de la Resolución de 5 de febrero de 2015:
- Queda prohibido diferir la carga financiera (no se refiere a contratar unos años de carencia de amortización de capital, sino lo que se prohíbe es diferir los intereses, durante los primeros años fijar unos intereses por debajo de los del mercado, que sin embargo implicará el establecimiento de tipos de interés superiores a los del mercado en años sucesivos).
- Quedan prohibidas cláusulas que permiten subir el tipo de interés de la operación, o incluso cancelarla anticipadamente por parte de la entidad financiera prestamista, si la situación financiera del ayuntamiento o su rating o calificación empeora. Esas son las cláusulas denominadas «trigger».
- Quedan prohibidas aquéllas que no prevean posibilidad de amortización anticipada a solicitud del deudor. Es decir la cláusula de amortización anticipada será obligatoria. No obstante en el caso de operaciones a tipo de interés variable si la amortización anticipada coincide en fecha de pagos de intereses no podrá exigirse coste de ruptura. En el caso de que la amortización anticipada se produzca en fechas diferentes a las del devengo y pago de intereses, se permite la inclusión de coste de ruptura siempre que dicho coste se calcule atendiendo a la práctica del mercado. Las operaciones a tipo de interés fijo podrán incluir costes de ruptura a favor de una o de cualesquiera de las partes, independientemente de si la amortización anticipada se realiza o no en las fechas de pago de los intereses.
- Quedan prohibidas las cláusulas suelo (si baja el tipo de interés variable debe bajar siempre el tipo de la operación).
- Operaciones de endeudamiento a tipo de interés variable en las que el euríbor de referencia utilizado no coincida con el periodo de liquidación de intereses, salvo que se recoja en el contrato el ajuste de mercado del margen entre la referencia utilizada y la adecuada al periodo de liquidación de intereses.
IV. Cálculo de la vida media de la operación e interpolación lineal
El Anexo I de la Resolución contiene unos diferenciales máximos según el plazo de la operación, pero el concepto de la vida media no queda referido al número de años estipulados en el contrato de préstamo (ni siquiera los años contratados una vez deducidos los años de carencia tal y como se tiene en cuenta para el cálculo del ahorro neto), sino que usa el término de «vida media de la operación».
La vida media se define como el tiempo que por término medio está pendiente de amortizar la operación de préstamo. Se calcula como el plazo de la operación ponderado por el saldo vivo del préstamo en cada período.
Es como si la cantidad que se amortizara cada año fuera un préstamo independiente por cada anualidad. Resulta de dividir el préstamo en pequeños préstamos cada uno por el importe que resulta amortizado cada año, y se pondera (multiplicar por 1, 2, 3,…) por cada año de vida del préstamo, obteniendo de este modo el concepto de vida media.
La vida media de la operación es un concepto de esperanza matemática de la variable “plazo de la operación” que determina por cálculos de probabilidad la vida media que tendrá la operación de endeudamiento. La vida media de la operación se puede calcular de diferentes formas. Sin embargo, podemos afirmar que el cálculo de la vida media de la operación a aplicar para determinar el coste de financiación del Estado está pendiente de definir.
El coste de financiación del Estado más el diferencial aplicable es el coste total máximo de la operación este siempre va referenciado al plazo de la vida media de la operación de endeudamiento.
No debemos confundir el plazo de la operación con la vida media. Se puede afirmar que representa el flujo medio de la operación, dependiendo del sistema de amortización de la operación de endeudamiento, la vida media se calculará de forma distinta.
¿Cómo se calcula la vida media?
La vida media de una operación de préstamo es el plazo de la operación ponderado por el saldo vivo del préstamo en cada periodo
La fórmula para el cálculo de la vida media es la siguiente (si la amortización es lineal):
De tal forma que un préstamo de 1.000.000 € a devolver en 5 años, con 1 primero de carencia y 4 más de amortización, mediante cuotas constantes, la vida media sería 3,5 años (42 meses) mientras que el contrato se firmó a 5 años (60 meses).
Vida media = [5 como plazo de operación + 1 como año de carencia + (1 como resultado de 1/1 es decir 1/número de amortizaciones anuales, que en este caso es una vez al año) todo ello dividido entre 2 = 3,5
Consideremos una operación de préstamo de 100.000,00 € (es el principal) que se amortiza en cuatro años, el primer año 50.000,00 €, el segundo año 30.000,00 €, el tercer año 15.000,00 € y el cuarto 5.000,00 €.
En nuestro ejemplo, 50.000,00 € tendrá una vida de un año, 30.000,00 de dos, 15.000,00 € de tres y 5.000,00 de cuatro, obtenemos la media ponderada.
I = 100.000,00×0,01+ 50.000,00×0,01+ 20.000,00×0,01+ 5.000,00×0,01 = 1.750,00
Supongamos que el coste de interés es del 1% anual. Su valor sería el mismo si multiplicamos el principal por la vida media.
I=100.000,00×0,01×1,75 = 1.750,00
En un préstamo con cuotas de amortización constantes, siendo el valor de la amortización C/n, el valor medio lo obtendríamos de la siguiente expresión.
Se trata de una progresión aritmética, n términos, primero C/n, último C/n x n
Por ejemplo, un préstamo a 15 años, con cuotas de amortización anuales y constantes, su vida media seria (15+1) /2 = 8 años. (8 x12 = 96 meses).
Un préstamo que se amortiza trimestralmente con cuotas constantes a un plazo de 6 años, su vida media sería de (24+1)/ 2 = 12,5 trimestres, en meses 12,5 x 3 = 37,5 meses.
Sí el préstamo es con cuotas de amortización constantes pero con plazo de carencia, siendo (m) el plazo de carencia y (n) el de amortización, a cada término de la expresión le debemos añadir m periodos.
Se trata de una progresión aritmética, n términos, primero C/n x (m-1), último C/n x (n+m)
Así, un préstamo con dos años de carencia y 10 de amortización (amortizaciones semestrales) su vida media sería de (4) + (20+1)/2)= 4+10,5 = 14,5 semestres (87 meses).
En nuestro caso, al ser los periodos de amortización semestrales el resultado viene referido a semestres, 14,5 semestres, en meses sería 14,5 x 6 = 87.
Otra fórmula que se puede utilizar para su cálculo sería la siguiente:
Estando referido el plazo de la operación a años, en nuestro ejemplo:
En un préstamo sistema de amortización francés, términos amortizativos constantes, siendo el capital pendiente de pago en cada uno de los períodos, podemos calcular la vida media sabiendo el coste total por intereses, o bien ponderando el saldo vivo de cada periodo.
Para efectuar la ponderación, multiplicamos la amortización anual por el número de periodos que este saldo está en vigor. Para una operación de préstamo de 500.000 €, 20 años de duración y tipo de interés de 1,25 anual, amortización anual:
22.160,19
477.839,81
22.437,20
44.597,39
455.402,61
44.874,40
5.692,53
22.717,66
67.315,05
432.684,95
68.152,98
5.408,56
23.001,63
90.316,69
409.683,31
92.006,52
5.121,04
23.289,15
113.605,84
386.394,16
116.445,75
23.580,27
137.186,11
362.813,89
141.481,62
23.875,02
161.061,13
338.938,87
167.125,14
4.236,74
24.173,46
185.234,59
314.765,41
193.387,68
3.934,57
24.475,63
209.710,22
290.289,78
220.280,67
3.628,62
234.491,79
265.508,21
247.815,70
3.318,85
259.583,13
240.416,87
276.004,74
3.005,21
25.404,98
284.988,11
215.011,89
304.859,76
25.722,55
310.710,66
189.289,34
334.393,15
2.366,12
26.044,08
336.754,74
163.245,26
364.617,12
26.369,63
363.124,37
136.875,63
395.544,45
26.699,25
389.823,62
110.176,38
427.188,00
27.032,99
416.856,61
83.143,39
459.560,83
27.370,90
444.227,51
55.772,49
492.676,20
27.713,04
471.940,55
28.059,45
526.547,76
561.189,00
68.203,90
5.456.311,66
10,9126234
Si introducimos periodos de carencia, por ejemplo, los dos primeros años:
66.480,57
89.748,80
113.588,30
138.009,78
163.024,05
188.642,16
214.875,18
241.734,60
269.231,93
297.378,84
326.187,42
355.669,72
385.838,25
416.705,28
448.283,71
480.586,50
513.626,81
547.418,00
581.973,84
617.307,90
80.703,90
6.456.311,64
12,9126234
Como quiera que en la tabla de referencia del coste de financiación del estado no se reflejan todas las posibilidades de vida media posibles de una operación de préstamo, vamos a obtener el valor requerido por interpolación entre los valores más próximos por defecto y por exceso.
Consideremos que queremos calcular el tipo fijo máximo para una operación de préstamo con vida media de 148 meses.
Conocemos el de 144 meses del 1,58 % y el de 156 meses 1,69; planteamos una regla de tres para conocer el de 148 meses.
Si de 144 a 156 hay una distancia de 12 unidades, de 1,58 a 1,69 hay una distancia de 0,11 unidades. Para una unidad es meses la distancia es de 0,11 / 12 en tipo de interés 0,009167 en tipo de interés. De 144 a 148 hay 4 unidades, la distancia en interés será de 4 x 0,009167 = 0,03668. El tipo fijo máximo para 148 meses será de 1,58 + 0,03668 = 1,61668.
Lo planteamos en una fórmula:
Para préstamos cuya cuota de amortización es creciente (y la anualidad constante, tipo francés) habrá que ponderar, multiplicar cada anualidad (o mensualidad o trimestralidad) por 1, 2, 3…, y dividir la suma total por el importe nominal del préstamo.
Podemos observar que mientras el tipo de interés de la operación sea más alto, la vida media del préstamo es mayor, pues se amortiza menos capital al principio y más al final, y la parte pendiente de amortizar el préstamo está «viva» más tiempo.
Si en la tabla publicada no aparece el plazo obtenido de vida media, habrá que calcular el diferencial máximo interpolando linealmente los 2 plazos más cercanos (el anterior y el posterior de la tabla, tal y como hemos planteado.
1ª. ¿Cuál es la legislación que regula el Principio de Prudencia Financiera?
El Principio de Prudencia Financiera se regula en la Resolución de 5 de febrero de 2015, de la SGTPF, por la que se define el principio de prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento y derivados de las entidades locales, y de las comunidades autónomas que se acojan al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas.
La Resolución estará vigente hasta la publicación de una nueva versión. No obstante, con carácter mensual, se publicará la tabla de tipos fijos y diferenciales sobre Euribor asociados al coste de financiación del Estado a cada plazo que se encuentra en el Anexo 1.
En la página web del Tesoro Público, en su sección Legislación/Normas tramitadas/ Resoluciones, constarán la Resolución de 5 de febrero así como la Resolución que contenga la última actualización del Anexo 1 (la tabla de tipos de interés) que haya sido publicada.
La última actualización es la contenida en la Resolución de 6 de mayo de 2015 (EDL 2015/62753).
2ª. ¿Qué administraciones se ven afectadas por la Resolución de Prudencia Financiera?
En la actualidad, esta Resolución afecta a las Comunidades Autónomas -CCAA- adheridas al Fondo de Financiación a CCAA y a todas las Entidades Locales -EELL-, así como al resto de entidades, organismos y entes dependientes de aquéllas, que se encuentren dentro del perímetro SEC-2010.
El RD-ley 17/2014, de 26 de diciembre, en su art. 5 dispone que la Prudencia Financiera se aplica a todas las CCAA y EELL que se adhieran a los mecanismos estatales de apoyo, y además, en su Disp. Final 1ª añade el art. 48 bis en el TRLRHL para hacer extensible el Principio de Prudencia Financiera, no sólo a los Ayuntamientos adheridos a los mecanismos, sino también a los que no están adheridos.
Por otro lado, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 -LGPE 2015- ha modificado el art. 111.3 de la Ley General Presupuestaria de manera que todo el sector público estatal también queda sometido al principio de Prudencia Financiera, estando pendiente de desarrollo la normativa específica aplicable.
3ª. ¿A qué operaciones financieras debe aplicarse el Principio de Prudencia Financiera?
A todas aquellas operaciones que las CCAA afectadas contraten a partir de ahora en el mercado financiero o bancario.
En el caso de las EELL, todas las operaciones de financiación nuevas que se contraten en el mercado financiero o bancario quedan sometidas al Principio de Prudencia Financiera, pero además todas aquellas operaciones que se hubieran contratado en el pasado y cuyos vencimientos vayan a ser atendidos por el Fondo de Financiación a EELL, deben ser reestructuradas para respetar los niveles de coste y las restantes condiciones que establece la Resolución de Prudencia Financiera.
Las operaciones pre-existentes cuyos vencimientos vayan a atenderse por el Fondo de Financiación de EELL deben reestructurarse para cumplir con los niveles máximos permitidos por la Resolución de Prudencia Financiera. Para el cálculo del tipo de interés aplicable, se tomará como plazo la vida media residual desde el momento de la reestructuración del contrato hasta su vencimiento.
4ª. ¿Qué condiciones de coste deben cumplir las operaciones financieras que se contraten en el mercado con entidades bancarias?
En función del tipo de CCAA o de EELL y de la cobertura o no de la operación por los fondos estatales, se establecen distintos niveles de coste máximo permitido:
Diferencial máximo sobre coste de financiación del estado
Operaciones de endeudamiento con una vida media superior a 10 años
Operación cubierta por el Fondo de Financiación a CCAA
Incremento de diferencial en un punto básico po año adicional, hasta un máximo de 15 pb adicionales
Operación no cubierta por el Fondo de Financiación a CCAA
Operación cubierta por el Fondo de Financiación a EELL
Operación no cubierta por el Fondo de Financiación a EELL
EELL elegibles para el Fondo de Impulso Económico
EELL no elegibles para el Fondo de Impulso Económico
En el caso de las CCAA adheridas al Fondo de Financiación a CCAA, es necesario distinguir entre: (i) operaciones cubiertas y (ii) operaciones no cubiertas por el mecanismo. Entendemos por:
(i) Operaciones cubiertas: aquéllas cuyos vencimientos serán atendidos por el mecanismo. Todas las operaciones de largo plazo (plazo medio superior a 1 año), en cualquier formato (préstamo, bono, etc.), son operaciones cubiertas.
(ii) Operaciones no cubiertas: las operaciones de corto plazo de las CCAA son operaciones no cubiertas (entendiendo por corto plazo cualquier periodo inferior a 12 meses).
Una CA contrató un préstamo a 10 años con una entidad bancaria en el año 2010 y dicho préstamo se amortiza linealmente. Esta CA se ha adherido al Fondo de Financiación a CCAA y por tanto los vencimientos de principal e intereses asociados del préstamo los irá atendiendo el mecanismo en su nombre.
Para ello, la CA contraerá un préstamo con el Fondo (plazo: 10 años con 2 años de carencia; precio: 0% durante 1 ó 3 años, en función del compartimento de adhesión, y coste de Tesoro el resto de la vida de la operación).
En este caso, la CA está adherida y la operación va a ser cubierta por el mecanismo; sin embargo, se trata de una operación que se firmó en el pasado y por tanto puede mantener los intereses que se fijaron en el contrato en el momento de la firma, a no ser que la CA opte por renegociar este contrato. En este caso, si la CA decidiera acudir a mercado para refinanciar esta operación con el objetivo de obtener una reducción en el tipo de interés, esa operación de refinanciación (cuyos vencimientos quedarán también cubiertos por el mecanismo) deberá respetar el coste máximo de la Resolución de Prudencia Financiera (Tesoro + 20 puntos básicos, Tesoro +20 pb).
Una CA adherida al Fondo de Financiación a CCAA pretende contratar una póliza de crédito a corto plazo (entendiendo por corto plazo cualquier periodo inferior a 12 meses) para cubrir sus necesidades de liquidez.
En este caso, la CA está adherida pero la operación no está cubierta por el mecanismo. Debe respetarse por tanto el precio máximo de Tesoro +30 pb fijado en la Resolución de Prudencia Financiera.
En el caso de EELL, también hay que distinguir entre operaciones cubiertas y no cubiertas, siendo:
(i) Operaciones cubiertas: aquellas operaciones de financiación que tienen vencimientos que van a ser atendidos por el Fondo de Financiación a Entidades Locales. Concretamente:
a) Fondo de Ordenación: préstamos a largo plazo.
b) Fondo de Impulso Económico: préstamos a largo plazo concedidos para financiar inversión financieramente sostenible2, de acuerdo con la definición prevista en la Disp. Adic. 16ª TRLHRL.
En el caso de un préstamo destinado a varios fines (parcialmente a financiar inversión “financieramente sostenible” y parcialmente a otros usos), el Fondo únicamente cubrirá los vencimientos correspondientes a la parte del préstamo asociado al proyecto de “inversión financieramente sostenible”. Para ello, la Entidad Local deberá segregar el préstamo en dos partes: una parte correspondiente al importe que financió la “inversión financieramente sostenible” y cuyos vencimientos serán cubiertos por el Fondo de Impulso Económico si ha sido reestructurada para adaptarla a las condiciones de la Resolución de Prudencia Financiera, y otra parte que podrá mantener las condiciones originales.
(ii) Operaciones no cubiertas: aquellas operaciones que tienen vencimientos que no van a ser atendidos por el Fondo de Financiación a Entidades Locales. Concretamente:
a) Operaciones de corto plazo de cualquier Entidad Local.
b) Operaciones de largo plazo de EELL no adheridas a los Fondos.
c) Operaciones de largo plazo de EELL adheridas al Fondo de Impulso pero que no financian inversión financieramente sostenible.
Además, dentro de las operaciones no cubiertas se fijan distintos costes máximos en función del tipo de Entidad Local (elegible o no elegible para el Fondo de Impulso Económico) pero independientemente del plazo de la operación (corto o largo plazo).
Una Entidad Local será elegible para formar parte del Fondo de Impulso Económico si cumple las condiciones establecidas en el art. 50 RD-ley 17/20144. Se considera que las EELL que cumplan dichas condiciones son elegibles, independientemente de si se adhieren o no al Fondo.
Corresponde a la SGCAL del MINHAP certificar que una Entidad Local cumple o no las condiciones de elegibilidad al Fondo de Impulso Económico.
Es decir, si una Entidad Local es elegible al Fondo de Impulso Económico pero no se ha adherido, todas sus operaciones de endeudamiento (ya sean a corto o a largo plazo) tendrán un diferencial sobre el coste de financiación del Estado de, como máximo, 40 puntos básicos.
1ª. Cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda.
2ª. Periodo medio de pago a proveedores que no supere en más de 30 días el plazo máximo previsto en la normativa de morosidad, que actualmente son también 30 días, durante los dos últimos meses.
3ª. Cumplimiento de las obligaciones de suministro de información económico-financiera.
Una EELL que no se ha adherido ni al Fondo de Ordenación, ni al Fondo de Impulso, solicita dos préstamos a una entidad financiera: uno de largo plazo y otro de corto plazo. La EELL en cuestión cumple los criterios de elegibilidad al Fondo de Impulso, recogidos en el artículo 50 del RDL 17/2014. Es decir, cumple sus objetivos de deuda, déficit y periodo medio de pago, y está al corriente de sus obligaciones de información económico-financiera.
En este caso se trata de dos operaciones no cubiertas de una Entidad Local elegible al Fondo de Impulso Económico. La financiación debe concederse a un coste máximo de Tesoro +40 pb. (Si la EELL no cumpliera alguno de los requisitos del artículo 50 del RDL 17/2014, sería una EELL no elegible al Fondo de Impulso y, por tanto, ambas operaciones no cubiertas deberían concederse a un tipo máximo de Tesoro +75 pb).
Una Entidad Local firmó un préstamo de largo plazo en el año 2010. Se trata de un préstamo a 20 años con amortización lineal anual. En el año 2015, esta Entidad Local se ha adherido al Fondo de Ordenación.
En este caso, hablamos de una operación cubierta por el Fondo de Ordenación,¡ y, por tanto, la operativa sería la siguiente:
1º. En primer lugar, la operación debe ser reestructurada para que cumpla las condiciones establecidas en la Resolución, a niveles máximos de Tesoro +20 pb, teniendo en cuenta la vida residual del préstamo (si se reestructurara a principios de 2015, el préstamo tiene una vida residual de 2015 a 2030 con amortización lineal, es decir 8 años o 96 meses). De esta manera el préstamo deberá reestructurarse al coste de financiación del Estado a 96 meses + 20 pb).
2º. Una vez reestructurada, el Fondo atenderá la cuota de principal y los intereses a pagar en el ejercicio 2015, con cargo a un préstamo concedido a la EELL (préstamo a 10 años con dos de carencia y a un coste del 0% el primer año y coste de Tesoro el resto de años). Este procedimiento se repetirá cada año para atender los vencimientos del periodo hasta que venza la operación original.
3º. Si la operación original no se reestructura a T+20 pb, el Fondo no atenderá sus cuotas. En efecto, el banco tiene dos opciones: quedarse con el riesgo EELL al precio original o convertir el riesgo EELL en riesgo Estado, pero reduciendo el margen financiero a, como máximo, Tesoro +20 pb.
Una Entidad Local que cumple los requisitos del art. 50 RD-ley 17/2014 se ha adherido al Fondo de Impulso y tiene en su cartera 2 préstamos que se destinaron en su día a financiar “inversiones financieramente sostenibles”. Además, pretende concertar un nuevo préstamo en 2015, también para financiar este tipo de inversión. MINHAP ha certificado que, efectivamente, las inversiones en cuestión son “financieramente sostenibles” y, por tanto, los vencimientos de los préstamos son susceptibles de ser cubiertos por el Fondo de Impulso.
En este caso, hablamos de 3 operaciones cubiertas por el Fondo de Impulso. Las dos operaciones que se firmaron con anterioridad a la creación del Fondo, deben ser renegociadas a Tesoro +20 pb (considerando su vida media residual), para que sus vencimientos sean atendidos por el mecanismo. La nueva operación a concertar en 2015, también debe contratarse con un coste de como máximo Tesoro +20 pb, si se quiere que sus vencimientos sean cubiertos por el mecanismo en años venideros.
C) Comunidades Autónomas y Entidades Locales
Para las operaciones de endeudamiento con una vida media superior a 10 años concertadas por las CCAA y EELL se podrán incrementar los diferenciales máximos en un punto básico por año adicional hasta un máximo de 15 puntos básicos adicionales.
5ª. ¿Cómo se han determinado los diferenciales máximos permitidos sobre el coste de financiación del Estado?
Para determinar los costes de financiación máximos permitidos se ha llevado a cabo un análisis de la situación de los mercados financieros, estudiando, entre otras cuestiones, operaciones de financiación recientemente cerradas por parte de diversos Ayuntamientos y CCAA de distinto perfil crediticio.
Además, debe tenerse en cuenta que con la publicación del RD-ley 17/2014, de 26 de diciembre, y del RD 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, el marco institucional ha cambiado radicalmente:
- De conformidad con el RD-ley 17/2014, de 26 de diciembre, el Estado pasa a respaldar la deuda de las CCAA y EELL y los costes financieros en el mercado deben adaptarse a esta circunstancia.
- Además, el RD 84/2015, de 13 de febrero, establece que el consumo de capital de los activos bancarios frente a CCAA y EELL, ya sean préstamos, líneas de crédito o valores, tienen el mismo consumo de capital que los activos frente al Estado, en la actualidad el 0%. Y, nuevamente, los costes financieros en el mercado deben adaptarse también a esta circunstancia.
Así, las operaciones que están explícitamente respaldadas por el Estado deben tener un coste máximo muy próximo al del Tesoro, solamente incrementado por la prima de liquidez hasta el límite de los 20 puntos básicos.
Asimismo se trata de dar coherencia a todo el sistema de precios, de manera que los tipos máximos permitidos se modulen en función de (i) el perfil crediticio del deudor y (ii) la vida media de la operación.
6ª. ¿Por qué no se fijan diferenciales distintos en función del plazo de las operaciones no cubiertas?
La diferencia de coste entre las operaciones de corto plazo y largo plazo viene dada por los costes de financiación del Tesoro que se toman de referencia a los distintos plazos, por lo que no es necesario establecer diferenciales de crédito distintos.
7ª. ¿Cómo se calcula la vida media de una operación?
En el caso de las operaciones de corto plazo (entendiendo por tal las operaciones con vencimiento inferior a 12 meses y sin amortizaciones parciales), la vida media coincidirá con el plazo de la operación.
En otro caso, la vida media de una operación de préstamo es el plazo de la operación ponderado por el saldo vivo del préstamo en cada periodo.
La fórmula para el cálculo de la vida media en el caso de amortización lineal es la siguiente:
8ª. ¿Cómo se sabe si una Entidad Local cumple las condiciones de elegibilidad al Fondo de Impulso Económico?
Las EELL podrán consultar con la SGCAL del MINHAP si cumplen las condiciones de elegibilidad del Fondo de Impulso Económico, en los siguientes enlaces:
9ª. ¿Qué se entiende por la prohibición de diferimiento de la carga financiera?
Según el art. 5.b) de la Resolución, quedan prohibidas las operaciones de endeudamiento cuya estructura financiera conlleve un diferimiento de la carga financiera. Se entiende por diferimiento de la carga financiera la fijación de un coste por debajo de mercado durante parte del tiempo de la operación, que, sin embargo, implicara el establecimiento de tipos de interés superiores el resto del tiempo.
En el caso de operaciones cupón cero, se entiende que difieren la carga financiera y, por lo tanto, quedarán prohibidas aquellas operaciones con un plazo superior a 18 meses.
10ª. ¿Cómo se calcula el coste máximo de la operación?
Las CCAA y aquellas EELL que cuenten con herramientas de valoración propias o con un asesoramiento externo independiente, determinarán en el momento de la operación el coste de financiación del Tesoro en base a la metodología contenida en el Anexo 2 de la Resolución.
Se consideran herramientas de valoración propias los proveedores de información financiera (Bloomberg o Reuters, por ejemplo), que ofrecen cotización de las referencias de mercado en cada momento.
El resto de EELL, para conocer el coste de financiación del Estado a cada plazo, emplearán la tabla de tipos fijos o los diferenciales máximos aplicables sobre cada referencia que publique mensualmente, mediante Resolución, la SGTPF.
En definitiva, si la Entidad Local con las herramientas de que dispone, está capacitada para calcular directamente los tipos aplicables de acuerdo a las cotizaciones del mercado en cada momento, y siguiendo las instrucciones del Anexo 2, debería actuar de esta manera y prescindir de la tabla del Anexo 1.
Una Entidad Local va a firmar un préstamo a 10 años con 2 de carencia y amortizaciones lineales anuales desde el año 3 hasta el año 10 (suponemos que se trata de una operación cuyos vencimientos están cubiertos por el Fondo de Financiación a EELL). Será un préstamo a tipo fijo. La Entidad Local quiere saber el coste máximo aplicable según la tabla del Anexo 1. Para ello, debe proceder según se explica a continuación:
1º. La Entidad Local debe determinar la vida media de la operación de acuerdo con los procedimientos que se especifican en el punto 5 de este documento. En este caso estaríamos hablando de 6,5 años, es decir, 78 meses.
2º. En la tabla de 31 de marzo de 2015, no aparece el plazo de 78 meses, por lo que habría que calcularlo interpolando linealmente los dos plazos más cercanos (se adjunta documento Excel con varios ejemplos de interpolación). Por ejemplo, si queremos determinar el tipo fijo aplicable, tomaríamos como referencia los valores siguientes:
- 72 meses con un tipo fijo del 0,76%
- 84 meses con un tipo fijo del 0,91%
- La interpolación lineal a 78 meses se calcula de la siguiente manera:
0,76% + ((0,91%-0,76%) / (84-72)) X (78-72) = 0,84%
3º. A este tipo habría que sumarle el diferencial permitido, de 20 puntos básicos. Por tanto, estaríamos hablando de un coste fijo máximo permitido de 1,04% anual.
Una Entidad Local va a firmar un préstamo a 8 años con 1 de carencia y amortizaciones lineales semestrales desde el año 2 hasta el año 8 (suponemos que se trata de una operación cuyos vencimientos están cubiertos por el Fondo de Financiación a EELL).
Será un préstamo a tipo variable, referenciado al Euribor 6 meses. La Entidad Local quiere saber el coste máximo aplicable según la tabla del Anexo 1. Para ello, debe proceder según se explica a continuación:
1º. La Entidad Local debe determinar la vida media de la operación. En este caso estaríamos hablando de 4,75 años, es decir, 57 meses.
2º. En la tabla actualmente publicada, no aparece el plazo de 57 meses, por lo que habría que calcularlo interpolando linealmente los dos plazos más cercanos. En este caso tomamos las referencias de Euribor 6M para los plazos de 48 meses y 60 meses, es decir:
- 48 meses con un diferencial sobre Euribor 6M de 23 puntos básicos
- 60 meses con un diferencial sobre Euribor 6M de 35 puntos básicos
- La interpolación lineal a 57 meses se calcula de la siguiente manera:
23 + ((35-23) / (60-48)) X (57-48) = 32 puntos básicos.
3) A este diferencial habría que sumarle el margen permitido, de 20 puntos básicos. Por tanto, estaríamos hablando de un tipo variable máximo permitido de Euribor 6M+ 52 pb.
11ª. ¿Qué diferencia puede existir entre calcular el coste de financiación del Estado con herramientas propias (o asesor externo) o acudir al Anexo 1?
La metodología de cálculo es la misma pero la diferencia viene dada por el momento en el que se toman las referencias. La tabla del Anexo 1 está vigente aproximadamente durante un mes. Dentro de dicho mes, los costes de financiación del Tesoro pueden abaratarse. Así, un Ayuntamiento que utiliza la tabla del Anexo 1, en lugar de la metodología del Anexo 2, no puede beneficiarse de este abaratamiento en el coste de financiación del Tesoro hasta que se publique la nueva tabla. Lo inverso podría suceder en caso de que el coste de financiación del Tesoro se encareciera.
12ª. ¿Con qué periodicidad se publicará la actualización de la tabla del Anexo 1 de la Resolución?
La actualización del Anexo 1 se publicará, mediante Resolución de la SGTPF, en el Boletín Oficial del Estado y en la página web del Tesoro con una periodicidad mensual.
En cualquier caso, la propia Resolución prevé que la tabla estará en vigor en tanto en cuanto no se publique una nueva que la sustituya. Es decir, el día 1 del mes siguiente no deja de estar en vigor la tabla publicada el mes anterior, sino que sólo queda derogada en el momento de publicación de la nueva Resolución que la actualice.
13ª. ¿Qué ocurre con las operaciones adjudicadas según la tabla Anexo 1 de la Resolución vigente pero firmadas tras la publicación de una nueva tabla? ¿Es necesario realizar una nueva operación según la tabla actualizada?
No sería necesario realizar una nueva operación cuando las ofertas firmes se hubiesen presentado cumpliendo los límites máximos establecidos en la tabla recogida en el Anexo 1 de la Resolución, pese a que en el periodo de tiempo hasta la adjudicación o firma del contrato se publique una nueva tabla actualizada.
Para evitar este tipo de situaciones, las EELL podrían solicitar en el pliego de condiciones que las entidades financieras presenten sus ofertas en base al coste de financiación del Estado (según la tabla que se encuentre vigente en el momento de la firma) más un diferencial.
En cualquier caso, si se opta por exigir la modificación de la oferta según la tabla actualizada, la Entidad Local deberá consultar con sus servicios jurídicos la posibilidad de dicho cambio.
Las CCAA deben, en todo caso, aplicar la metodología descrita en el Anexo 2 de la Resolución.
14ª. ¿Están permitidas las comisiones?
Las comisiones sí están permitidas, pero deberán estar incluidas en el coste de la operación de forma que el importe total (tipo + comisiones) se encuentre dentro de los diferenciales máximos fijados en la Resolución. Es decir, el coste máximo sería igual a una Tasa Anual Equivalente (TAE).
Únicamente podrán fijarse las siguientes comisiones que impliquen un coste total por encima de los límites permitidos:
a) Comisión de no disponibilidad en las pólizas de crédito, limitada a un máximo de 0,10% anual.
b) Comisión de agencia para operaciones sindicadas, con un máximo de 50.000 € anuales.
15ª. ¿Están permitidos los costes de ruptura?
Se entiende por costes de ruptura la penalización por amortización anticipada de un préstamo por parte del deudor.
a) Operaciones de financiación a tipo de interés variable: no podrán contener costes de ruptura por amortización anticipada en fechas de pago de intereses. En el caso de que la amortización anticipada se produzca en fechas distintas a las de pago de intereses, se permite la inclusión de un coste de ruptura, siempre que dicho coste se calcule atendiendo a la práctica de mercado.
b) Operaciones de financiación a tipo de interés fijo: podrán incluir costes de ruptura a favor de una o de cualquiera de las partes, independientemente de si la amortización anticipada se realiza o no en fechas de pago de intereses.
En la medida en que las entidades financieras se financian a tipo de interés variable en el mercado interbancario, para conceder financiación a sus clientes a tipo fijo suelen contratar paralelamente un derivado fijo-variable.
Si la Entidad Local o Comunidad Autónoma cancela anticipadamente dicho préstamo a tipo fijo, la entidad financiera mantendrá en su cartera el derivado implícito fijo-variable pero sin subyacente. Así pues, la práctica de mercado es compensar a la entidad financiera por la cancelación del derivado implícito en función de la diferencia entre el swap de tipo de interés en el momento de concertación del préstamo y el momento de cancelación. Ese coste de ruptura, calculado de la manera aquí descrita, sería legal.
Lo que no puede incluir el coste de ruptura es una compensación por el diferencial de crédito que la entidad financiera deja de percibir al habérsele cancelado el préstamo. Ese lucro cesante no puede incluirse en el coste de ruptura de un tipo fijo.
16ª. ¿Están permitidas las cláusulas suelo?
Quedan prohibidas las operaciones a tipo de interés variable que contengan cláusulas suelo sobre la referencia aplicable, salvo que se compense a la Comunidad Autónoma o Entidad Local en el diferencial aplicable a la operación por la venta de esa opción suelo a precios de mercado.
Es decir, bajo dicho supuesto estarán prohibidas las cláusulas suelo tal que se garantice una rentabilidad positiva a la entidad.
Sin embargo, la entidad financiera podrá fijar un suelo tal que no se vea obligada a pagar al prestatario en caso de reducción en la referencia (suelo del 0% para la suma de índice + diferencial).
Un ejemplo de cláusula suelo, que estaría prohibida, sería:
“En caso de que el EURIBOR publicado fuera igual a cero (0) o con valor negativo, a los efectos del cálculo del Tipo de Interés Ordinario, se entenderá siempre que el EURIBOR es cero (0).”
La inclusión de esta cláusula en el contrato de préstamo supone la venta de una opción suelo, y por lo tanto debe compensarse por ello a la Comunidad Autónoma o Entidad Local en el precio del préstamo. Para ello, habría que hallar el valor de venta de una opción suelo sobre el Euribor y calcular su traducción en puntos básicos a la operación de financiación. Dichos puntos básicos se restarían del diferencial aplicado por la entidad financiera.
17ª. ¿A qué se refiere la Resolución con que en las operaciones de endeudamiento a tipo de interés variable el Euribor de referencia debe coincidir con el periodo de liquidación de intereses?
El art. 5.j) de la Resolución prohíbe las “operaciones de endeudamiento a tipo de interés variable en las que el Euribor de referencia utilizado no coincida con el periodo de liquidación de intereses”.
Lo que quiere señalar este apartado es que las CCAA y EELL, cuando firmen una operación a tipo variable, deben asegurarse de que el Euribor empleado (1, 3, 6 o 12 meses) coincida con la periodicidad de liquidación de intereses (es decir, si se firma una operación referenciada al Euribor 6 meses, la liquidación de intereses deberá ser semestral y así sucesivamente).
Sólo se permite una falta de correspondencia entre el Euribor y el periodo de liquidación si se produce un ajuste de mercado del margen entre la referencia utilizada y la adecuada al periodo de liquidación de intereses.
18ª. ¿Están permitidas las cláusulas trigger?
La cláusula trigger es una cláusula en una operación de endeudamiento que autoriza al acreedor a modificar los términos del contrato (variación del coste financiero o amortización anticipada) si ocurre alguna circunstancia económico-financiera (por ejemplo, cambio de la calificación crediticia, ejecución presupuestaria de la administración, etc.).
Las cláusulas trigger están prohibidas por la Resolución de Prudencia Financiera (art. 5.c).
Únicamente serán válidas las cláusulas trigger de cambio del tipo de interés aplicable, para el caso en que los vencimientos de las operaciones de endeudamiento dejaran de estar cubiertos por los Fondos de Financiación a CCAA y a EELL debido a que la administración correspondiente decidiera salir del Fondo.
Sin embargo, esta modificación queda limitada a un incremento de 20 pb para CCAA o al límite superior aplicable a las operaciones no cubiertas por el Fondo de Financiación a EELL.
19ª. ¿Están incluidos los servicios bancarios en los diferenciales máximos permitidos según los criterios de Prudencia Financiera?
Los servicios bancarios al margen de las operaciones de endeudamiento no están regulados por la Resolución (como gestión de nóminas, recaudación impositiva, etc.), por lo que la fijación de sus condiciones dependerá de la negociación bilateral entre las partes.
Las CCAA y EELL podrán contratar las operaciones de endeudamiento y los servicios bancarios de forma independiente, cada uno con sus respectivos precios y condiciones.
20ª. ¿En qué casos necesito la autorización expresa de la SGTPF para formalizar una operación?
En virtud del art. 6 de la Resolución de Prudencia Financiera, las operaciones de endeudamiento formalizadas por las EELL que cumplan con las condiciones de la citada Resolución, no requieren autorización de la SGTPF.
Aquellas operaciones que incumplan los requisitos de Prudencia Financiera requerirán autorización expresa del Tesoro, quien excepcionalmente podrá autorizarla tras valorar las circunstancias particulares de la misma. En este caso, es necesario distinguir dos supuestos:
a) Operaciones que no requieran autorización para su realización conforme a la normativa de Haciendas Locales: deberá solicitarse una autorización expresa a la SGTPF, de manera similar a lo que se describe en el punto anterior para el caso de las CCAA.
b) Operaciones que requieran autorización para su realización conforme a la normativa de Haciendas Locales: las EELL deberán dirigirse a la SGCAL del MINHAP o, en su caso, al órgano de tutela financiera de la Comunidad Autónoma, para solicitar tal autorización. La SGCAL u órgano de tutela a su vez solicitará un informe preceptivo y vinculante de la SGTPF sobre el cumplimiento de las condiciones de Prudencia Financiera. Así pues, en este caso no es necesario que la Entidad Local se dirija directamente al Tesoro, pues la interlocución se mantendrá sólo con la SGCAL.
21ª. ¿Debo comunicar las operaciones formalizadas?
Las CCAA y las EELL tienen la obligación de comunicar las condiciones finales de todas las operaciones de endeudamiento y de derivados realizadas y de la cartera global de deuda y de derivados al MINHAP. Esta información será remitida por el MINHAP a la SGTPF.
La SGTPF podrá solicitar a las CCAA o EELL que autoricen a las entidades financieras para que éstas suministren a dicha Secretaría General información sobre el riesgo que cada entidad mantiene con la Comunidad Autónoma o Entidad Local correspondiente, así como las características principales de dichas operaciones.
22ª. ¿Con quién puedo contactar si tengo dudas sobre la Resolución?
Puede dirigirse a la Subdirección General de Coordinación de Emisores Públicos de la SGTPF (secretariacep@tesoro.mineco.es).
23ª. ¿Qué recoge la tabla del Anexo I?
Fija los tipos de interés fijos y diferenciales del coste de financiación del Estado a efectos de cumplimiento del apartado tercero de la resolución citada.
Los tipos de interés fijos o diferenciales máximos aplicables para operaciones cuya vida media exacta no se encuentra publicada en la tabla se hallarán por interpolación lineal entre los dos tipos o diferenciales más cércanos al plazo medio de la operación.
Sobre estos tipos de interés fijos o diferenciales sobre euríbor se podrán aplicar los diferenciales máximos contenidos en el art. 3.2 de la Resolución.
El principio de prudencia financiera se configura para minimizar el riesgo y coste del endeudamiento e intenta que las entidades financieras mantengan buenas prácticas bancarias con las entidades locales, pudiendo resumirse en no aceptar cláusulas abusivas por parte de un banco, de subidas repentinas del tipo de interés simplemente porque le cambien a la Entidad Local su calificación crediticia, que la entidad financiera no permita amortizar anticipadamente, o que propongan operaciones con altas comisiones por estudio o de apertura o un tipo de interés demasiado alto.
La introducción de este principio de prudencia financiera limita, por una parte, el tipo de operaciones financieras que pueden concertar las entidades locales y, de otra, limita las posibilidades de las entidades financieras a la hora de ofertar y contratar operaciones de préstamo con las entidades locales, ofertas que algunas veces han rozado la usura, principalmente para aquellos ayuntamientos que por una mala situación financiera hubiesen obtenido una calificación (rating) muy baja.
Este principio establece límites y prohibiciones en las características de las operaciones de endeudamiento y permite que las entidades locales reduzcan más de un 50% su gasto financiero actual, refinanciado su actual endeudamiento.
Lo que ocurre es que los términos empleado en la Resolución son excesivamente técnicos y complicados máxime para profesionales del derecho, con escasos márgenes para negociar, no obstante, las entidades financieras conocen perfectamente esta Resolución y son conscientes que si ofertan por encima de los márgenes permitidos, van a necesitar la previa autorización de la SGTPF antes de la firma de la operación, con lo que van a intentar ofertar dentro de esos márgenes, por su propio negocio.
Finalmente, la aplicación del principio de prudencia financiera permitirá alcanzar uno de los objetivos declarados en la exposición de motivos del RD-ley 17/2014, compartir los ahorros financieros con el Estado, y esto se conseguirá casi sin esfuerzo pues las entidades bancarias, si quieren contratar, deberán ofertar a tipos que tan sÓlo hace tres meses parecían imposibles, lo demás está por llegar…
Circular 11/2015 de la FEMP (EDD 2015/7419). Prudencia financiera aplicable a las operaciones de endeudamiento. 13 de febrero de 2015.
Principio de prudencia financiera: Preguntas frecuentes. Subdirección General de Coordinación de Emisores Públicos de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera. (FAQ prudencia financiera).
Farfán, José Manuel. ¿Crisis de financiación o ausencia de una auténtica gestión financiera en las Entidades locales? 3 de mayo de 2011.
Vallecillo Moreno, Fermín. Interventor de categoría superior. Mancomunidad de municipios de la costa del sol occidental, con sede en Marbella. El principio de prudencia financiera para las corporaciones locales. Foro de funcionarios con habilitación estatal. Facebook.
Pons Rebollo, Manuel. Curso de endeudamiento: El principio de prudencia financiera y limitaciones al endeudamiento en las corporaciones locales. Curso online Cosital Network sobre endeudamiento y prudencia financiera. Marzo de 2015.
Este artículo ha sido publicado en la "Revista de Derecho Local", el 1 de mayo de 2015.
¿Podríarenunciar este concejal a sus retribuciones en favor de su grupo municipal o auna ONG

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