Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2016/as2016201401.html
Timestamp: 2019-03-21 12:05:24+00:00

Document:
as2016201401
Auto Supremo: 1401/2016
Expediente: SC-5-16-S
Partes: Carlos Nina Sacari. c/ Teófilo Siles.
Proceso: Desocupación, entrega de bien inmueble y pago de daños y perjuicios.
VISTOS: El Recurso de Casación cursante de fs. 142 a 149 vta., interpuesto por Teófilo Siles y Faty Contreras Flores, contra el Auto de Vista Nº 230/2015 de fecha 2 de octubre de 2015, cursante de fs. 136 a 138, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso ordinario de desocupación, entrega de bien inmueble y pago de daños y perjuicios, seguido por Carlos Nina Sacari contra Teófilo Siles, el Auto de concesión del recurso Nº 109/2015 de fecha 11 de diciembre de 2015 de fs. 156, los antecedentes del proceso; y:
El Juez Décimo Segundo de Partido de Partido en materia Civil y Comercial de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, mediante Sentencia Nº 81 de fecha 18 de julio de 2014, cursante de fs. 93 a 94, declaró: PROBADA la demanda principal interpuesta por Carlos Nina Sacari; en consecuencia y como emergencia de dicha resolución ordenó que el demandado Sr. Teófilo Siles, en el plazo de 30 días de ejecutoriada la sentencia, entregue el inmueble que ocupa a su propietario, bajo prevenciones de librarse el mandamiento de desapoderamiento respectivo; asimismo, dispuso que en ejecución de sentencia, se tasen los daños y perjuicios causados.
Contra la referida resolución, Teófilo Siles, mediante memorial cursante de fs. 97 a 100, y Faty Contreras Flores a través del memorial de fs. 102 a 105 y vta., interpusieron Recurso de Apelación.
En merito a esos antecedentes, la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, emitió el Auto de Vista Nº 230/2015 de fecha 02 de agosto de 2015, cursante de fs. 136 a 138, que en lo central de su fundamentación señaló que el Juez A quo consideró las pruebas documentales de fs. 1 a 4, que constan en el proceso y que demuestran la legítima propiedad del demandante Carlos Nina Sacari sobre el inmueble objeto de la litis, por lo que al haberse valorado y acreditado el derecho propietario, es que se tuteló el derecho y la acción de desocupación y entrega de inmueble, además de haberse respetado el derecho y garantías de las partes, las mismas que se apersonaron debidamente valorándose su participación y pruebas aportadas, máxime su el demandado principal fue declarado rebelde al no haber contestado a la demanda y menos haber interpuesto demanda reconvencional. De igual forma el citado Tribunal de Apelación, sobre las pruebas documentales de fs. 26, 27 y 28, refirió que las mismas no tienen sustento legal, pues fueron rechazadas mediante Auto de fs. 35 vta., por lo que los argumentos de agravios expuestos en el memorial de apelación de fs. 42 a 44, no son ciertos, ya que no existiría ninguna irregularidad o defecto de juicio o haberse parcializado con la parte demandante, por lo que dicho Auto también fue confirmado. Finalmente al haberse apersonado la apelante Faty Contreras Flores interponiendo incidente de nulidad de actos procesales, siendo este rechazado, resolución que fue legalmente notificada mediante diligencia de fs. 85, advirtió que esta no interpuso recurso de apelación sobre dicho incidente, consintiendo en ese sentido cualquier argumento expuesto en el recurso de apelación, por lo que los agravios expuestos en el mismo no son evidentes. En ese sentido el Tribunal de Alzada CONFIRMÓ en todas sus partes la Sentencia de fs. 93 a 94 y el Auto de fs. 35 y vta., así como el Auto complementario de fs. 39. Con costas.
En conocimiento de la determinación de segunda instancia, Teófilo Siles y Faty Contreras Flores, de manera conjunta, interpusieron recurso de casación, cursante de fs. 142 a 149 y vta., el que se pasa a analizar:
Acusan que el Tribunal Ad quem, al momento de pronunciar el Auto de Vista recurrido, no realizó la respectiva exposición sumaria del hecho y del derecho que se litiga, como tampoco habría realizado el análisis respectivo de los extremos resueltos por el inferior en las resoluciones recurridas y de los puntos objeto de impugnación, para luego ser resueltos uno por uno con la respectiva cita de leyes que sustenta y respalda su decisión.
En ese sentido, y complementado al punto anterior, arguyeron que el proceso se habría tramitado con vulneración de derechos y garantías constitucionales, así como con violación de normas de orden público y cumplimiento obligatorio, pues la demanda se habría tramitado con argumentos oscuros, imprecisos, contradictorios e incongruentes; que se habría declarado indebidamente improbadas las excepciones de impersonería del demandante, de oscuridad, contradicción e imprecisión en la demanda y de falta de acción y derecho; que se habría declarado ilegalmente la rebeldía de Teófilo Siles, así como haberse negado que tenga derechos sobre el inmueble; que en su recurso de apelación habría hecho notar que los puntos de hecho a probar no guardan la debida correspondencia con los argumentos de la demanda y los extremos expuestos en el memorial de contestación y excepciones. Extremos estos, que acusan que pese a haber sido objeto del recurso de apelación, no habrían sido considerados ni resueltos en el Auto de Vista, vulnerándose de este modo el art. 115 y 180 de la Constitución Política del Estado, así como de los arts. 192, 236 y 90 del Código de Procedimiento Civil.
Denuncian que en el caso de autos, el Tribunal de Alzada confirmó ilegalmente la Sentencia de fs. 93 a 94, sin considerar y sin tener presente que el proceso se habría tramitado con vulneración de derechos y garantías constitucionales y con violación de normas de orden público y de cumplimiento obligatorio, pues la demanda fue formulada con argumentos oscuros, imprecisos, contradictorios e incongruentes, respecto al supuesto derecho que adujo tener para sustentar su acción, pues habría reconocido que este no se encuentra en posesión del inmueble sino su persona, así como el hecho de que el actor habría tenido conocimiento pleno de que en el inmueble viven y ocupan Faty Contreras Flores, sus hijos Jhon Steven y Reineer Alberth Siles Contreras; por lo que la demanda no cumpliría con los requisitos exigidos por los inc. 4, 5, 6 y 7 del art. 327 del Código de Procedimiento Civil, pues no se habría demandado a la totalidad de las personas que se encuentran en posesión y poseen derechos emergentes de su posesión de las mejoras realizadas; aspectos estos que pese a haber sido expuestos en el recurso de apelación tampoco habrían sido analizados ni resueltos en el Auto de Vista.
En otro punto de su recurso de casación, acusan que los jueces de Alzada no realizaron la respectiva fundamentación legal del hecho de que las excepciones no tendrían sustento legal, del porque no son ciertos los agravios y porque no existiría irregularidad en el trámite del proceso con cita de normas en las que ampara tal decisión, por lo que consideran que los extremos acusados en la apelación contra el Auto de fs. 35 y vta., son reales y evidentes y debieron ser reparados por dicho Tribunal.
Del mismo modo, vuelven a observar los puntos de hecho a probar que fueron establecidos por el Juez A quo, expresando cuales debieron ser a su criterio los puntos hacer demostrados, por lo que el Tribunal de Alzada percatados de dichas irregularidades debió declarar la nulidad de obrados.
Acusan que el Tribunal de Alzada así como el Juez A quo de manera errónea e ilegal vulneraron y desconocieron el derecho de Faty Contreras Flores sobre el inmueble objeto de la litis así como de sus mejoras en proporción al 50 %, vulnerándose el derecho al debido proceso, a la defensa, al de ser oída, escuchada y vencida dentro de un juicio justo y legal.
Aducen que en sentencia se presumió que su posesión es arbitraria por haberse constatado en la inspección ocular que su persona se encuentra en posesión del inmueble de la litis, cuando en el proceso constaría documentación que demuestra que su ingreso fue por efectos del contrato de compra de mejoras y de posesión de fecha 03/04/1995, presunción que no habría sido considerada ni valoradas en Sentencia y tampoco en el Auto de Vista, como tampoco se habría valorado que el actor no presentó prueba alguna que demuestre la arbitrariedad e ilegalidad de su posesión.
En lo que respecta al fondo de su recurso de casación, los recurrentes acusan error de hecho y de derecho en la valoración de la prueba, pues en obrados no existiría comprobación alguna sobre el derecho del demandante a formular la acción de desocupación y entrega de bien inmueble, pues la afirmación realizada por el Tribunal Ad quem no corresponde a la verdad materias de los hechos y que los actos procesales y la prueba pondría de manifiesto que se incurrió en error de hecho y de derecho al confirmarse la Sentencia de primera instancia.
Acusan que en el proceso de manera ilegal se declaró improbadas las excepciones que interpuso, cuando en realidad la excepción de falta de acción y derecho, al constituirse en una excepción anómala debió ser considerada en Sentencia, empero la misma no habría sido objeto de probanza en el Auto de relación procesal y tampoco habría sido resuelta en Sentencia. En este punto los recurrentes, reiteran que la declaración de rebeldía fue errónea e ilegal.
Sobre el análisis que el Tribunal de Alzada realizó sobre las pruebas de fs. 26 a 28, denuncian que la misma es errónea, pues los agravios expuestos en la apelación de fs. 42 a 44 serían ciertos y evidentes, debido a que existió irregularidad en la admisión de la demanda.
Finalmente arguyen que el análisis respecto al apersonamiento de Faty Contreras Flores, es erróneo e ilegal, pues se estaría afectando los intereses y derechos que esta tendría sobre el 50% del inmueble objeto de la litis, por lo que interpuso incidente de nulidad lo que da a entender que su persona no consintió actos procesales que a su criterio se encuentran viciados de nulidad.
Por los fundamentos expuestos solicita se case el Auto de Vista recurrido y deliberando ene l fondo se declare improbada la demanda principal, caso contrario se disponga la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo que sería el Auto de admisión de la demanda, ampliándose la misma contra los otros poseedores y ocupantes del inmueble.
Previamente a responder el recurso de casación, el actor arguyó que su persona ejerció su derecho propietario una vez que concluyo el proceso de usucapión que el demandado interpuso; con relación a las demás personas que viven en el inmueble, refirió que recién por el certificado de matrimonio que se adjuntó a fs. 119, que data de fecha 15 de diciembre de 2012, se establecería que recién a partir de dicha fecha Faty Contreras tendría algún derecho como esposa del demandado sobre la posesión del terreno, la cual sería posterior a su demanda.
En lo que respecta al recurso de casación en la forma, señala que en el presente caso los recurrentes no señalaron que forma esencial se violó en el proceso para que proceda el mismo, por lo que el recurso de casación en lo que respecta a este punto no se adecuaría a lo establecido en el art. 254 del Código de Procedimiento Civil.
En lo que respecta al fondo del recurso, señalan que los recurrentes en ningún momento demuestran con documentos o actos auténticos la equivocación de los jueces, pues solo habrían realizado una relación cronológica del proceso, tal y como lo exige el art. 253 inc. 3) del Código de Procedimiento Civil.
Por lo expuesto solicita se declare improcedente el recurso de casación interpuesto por la parte demandada.
III.3.- Sobre la obligación de agotar la solicitud de complementación y enmienda.
III.4.- Del Principio de congruencia y el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.
De conformidad a los fundamentos expuestos en la doctrina aplicable al caso de autos, a continuación corresponde considerar los reclamos que fueron expuestos en el recurso de casación.
Respecto a que el Tribunal de Alzada, no habría realizado la respectiva exposición sumaria del hecho y del derecho que se litiga, como tampoco habría realizado un análisis de los extremos resueltos por el inferior y que hubieran sido objeto de apelación; sobre el presente reclamo y conforme a la revisión de la resolución recurrida en casación, se advierte que los jueces de Alzada, en los dos primeros considerandos del Auto de Vista, realizaron una exposición sumaria de los hechos que dieron lugar a la emisión de dicha resolución, es decir de la Sentencia y del Auto de fs. 35 y vta., que fueron pronunciadas por el Juez de primera instancia, y posteriormente, realizaron una exposición detallada, de los agravios que fueron acusados en los recursos de apelación contra la Sentencia como contra el Auto de fs. 35 y vta.; reclamos que en un tercer considerando, específicamente en los puntos II, III y IV, fueron considerados y analizados por los miembros del Tribunal de Alzada, es decir que el Tribunal Ad quem, si se circunscribió a los reclamos acusados en apelación, pues de la lectura de los puntos citados supra, claramente se puede advertir tal extremo. Sin embargo, corresponde aclarar a los recurrentes que la fundamentación expuesta por los jueces a momento de emitir resolución, no necesariamente debe ser ampulosa o abundante ya sea de consideraciones, de citas legales o de argumentos reiterativos, al contrario, lo que se busca es que las resoluciones sean claras y concisas e integre a todos los puntos demandados, siendo entendible para los justiciables, como ocurrió en el caso de autos, donde el Tribunal Ad quem, de manera clara y precisa, explico las razones por las cuales confirmó las resoluciones recurridas en apelación; no obstante, si los recurrentes consideraron que los jueces de Alzada no se circunscribieron a todos los puntos que fueron objeto de apelación, estos en virtud a lo que establecía el art. 239 del Código de Procedimiento Civil, tenían la facultad de hacer uso del derecho que les otorgaba el art. 196 inc. 2) del mismo cuerpo legal, es decir que ante las omisiones acusadas, debieron solicitar la complementación y enmienda respectiva, empero al no haber hecho uso de dicho facultad, se entiende que su derecho a reclamar precluyó.
Continuando con el análisis de los reclamos expuestos en el recurso de casación, corresponde referirnos al hecho de que el presente proceso se habría tramitado con argumentos oscuros, imprecisos, contradictorios e incongruentes; al respecto debemos señalar que dicha observación, ya fue advertida por el recurrente Teófilo Siles cuando interpuso excepciones previas de falta de acción y derecho, incapacidad o impersonería del demandante y oscuridad, contradicción e imprecisión de la demanda (fs. 29 a 31 y vta.), las mismas que fueron declaradas improbadas por Auto de fecha 7 de octubre de 2011 cursante a fs. 35 y vta., y complementado por Auto de fs. 39 de 19 de octubre de 2011, resoluciones que al haber sido recurridas en apelación, fueron concedidas en el efecto diferido, en esa lógica el Tribunal de Alzada, en el punto III, del tercer Considerando del Auto de Vista, refiriéndose a las pruebas de fs. 27 a 29 (fotografías que fueron adjuntadas al memorial de excepciones previas), señaló que las mismas no tienen ningún sustento legal, por lo que los argumentos de agravios expuestos en el memorial de apelación de fs. 42 a fs. 44, no serían ciertas ya que no existiría ninguna irregularidad o defecto de juicio o parcialización alguna, por lo que confirmó el Auto que resolvió y declaró improbadas las excepciones. De estos antecedentes se infiere que las irregularidades que acusan los recurrentes y con las cuales se habría tramitado el presente proceso, no resultan evidentes, tal y como lo expresaron los jueces de instancia, por lo tanto, al margen de que los reclamos referidos a dichas excepciones si fueron consideradas en segunda instancia, debemos señalar que por lo expuesto por el Tribunal de Alzada, no resulta evidente que el proceso se haya desarrollado con argumentos oscuros, imprecisos, contradictorios o incongruentes. Sin embargo si los recurrentes consideraron que las contradicciones que alegan se origina en el documento que acredita el derecho propietario de la parte actora, es preciso señalar que mientras este no sea declarada nulo o ineficaz mediante resolución judicial, el mismo resulta valido e idóneo para acreditar dicho derecho, máxime si la parte demandada no interpuso acción reconvencional alguna.
Ahora bien, con relación al hecho de que se habría declarado ilegalmente la rebeldía de Teófilo Siles, debemos señalar que conforme a la revisión de obrados, si bien es cierto que el Juez de primera instancia, pese a que el demandado citado supra, se apersonó al proceso e interpuso excepciones previas mediante memorial de fs. 29 a 31 y vta., este fue declarado rebelde por Auto de fecha 12 de noviembre de 2012 cursante a fs. 51, sin embargo, se tiene que pese a que este tomó conocimiento de dicha determinación en fecha 28 de noviembre de 2012, tal como consta en la papeleta de notificación de fs. 52, no objetó la resolución que lo declaraba rebelde, convalidando de esta manera dicha determinación, pues si este recurrente no estaba de acuerdo con lo dispuesto por el Juez de la causa, o si consideraba que dicho extremo se constituía en una irregularidad o vulneración al debido proceso, como lo señala en el recurso de casación, una vez que tomó conocimiento de dicha resolución, es decir en el momento procesal oportuno, debió activar los medios de impugnación pertinentes, y no esperar a la emisión de la Sentencia, por lo que el reclamo que acusa en este punto al margen de haber sido convalidado se encuentra precluído.
Respecto a que los puntos de hecho a probar no guardarían la debida correspondencia con los argumentos de la demanda y el memorial de excepciones; sobre este reclamo, corresponde señalar que el Juez de la causa mediante Auto de fecha 03 de diciembre de 2012 cursante a fs. 54, fijó tres puntos de hecho a probarse; resolución que una vez puesta en conocimiento del demandado Teófilo Siles (papeleta de notificación de fs. 62), este no presentó objeción alguna, tal como disponía el art. 371 del Código de Procedimiento Civil, pues si el recurrente consideraba que los puntos de hecho a probarse debieron ser otros, o debió añadirse otros puntos, ese era el momento procesal oportuno para que observe dicho Auto, sin embargo al no haber presentado observación u objeción alguna, se entiende que estaba de acuerdo con los puntos expuestos en el Auto citado supra, por ende la irregularidad que ahora acusa quedó convalidada y el momento para reclamar sobre tal extremo quedó precluído.
De esta manera, debemos advertir que las irregularidades que acusan los recurrentes y con las cuales se habría tramitado el proceso, al margen de no ser evidentes, las mismas fueron convalidadas, toda vez que la parte demandada no hizo uso de su derecho a reclamar de forma oportuna; sin embargo, al margen de lo ya expuesto, si los recurrentes consideraron que dichos extremos no fueron considerados ni resueltos en el Auto de Vista, al tratarse dicho extremo de una acusación de omisión, estos debieron solicitar la complementación y enmienda dentro del plazo que la ley disponía (art. 239 del Código de Procedimiento Civil), de igual forma, si bien es cierto que esta incongruencia omisiva que acusan en casación, puede dar lugar a la nulidad de obrados, empero también es cierto que esta incongruencia no es absoluta, tal y como se desarrolló en el punto IV de la doctrina aplicable al caso presente, pues previamente a disponer la nulidad de obrados se debe ponderar si dicha nulidad resulta ser trascendental como para modificar el fondo de la decisión asumida por los jueces, y como en el caso de autos, se explicó detalladamente que los extremos acusados fueron convalidados, es que la nulidad que solicitan los recurrentes no es viable pues la misma no modificará el fondo de la decisión, en ese sentido se concluye que los jueces de Alzada no vulneraron los arts. 115 y 180 de la Constitución Política del Estado, ni los arts. 192, 236 y 90 del Código de Procedimiento Civil.
Continuando con el análisis de los extremos acusados en el recurso de casación, corresponde referirnos al hecho de que el Tribunal de Alzada habría confirmado ilegalmente la sentencia de primera instancia, pues no habría tomado en cuenta los fundamentos expuestos en el memorial de demanda respecto al supuesto derecho que el actor adujó tener para sustentar su demanda, como tampoco habría tomado en cuenta que este reconoció que no se encuentra en posesión del inmueble sino el demandado; sobre este reclamo y conforme lo señalaron correctamente los jueces de instancia tanto en la sentencia como en el Auto de Vista, al ser la propiedad un poder jurídico que permite usar, gozar y disponer de una cosa, el propietario puede reivindicar la cosa de manos de un tercero o ejercer otras acciones en defensa de su propiedad, de esta manera quien pretenda la desocupación y entrega de un bien inmueble, debe probar o acreditar con prueba idónea que es el titular del derecho propietario, tal como aconteció en el caso de autos, donde el actor acreditó tener la titularidad del bien inmueble objeto de la litis y que el mismo se encuentra debidamente registrado en Derechos Reales, por ende oponible a terceros, así mismo y conforme lo expresaron los recurrentes al estar ellos en posesión de dicho bien inmueble, se entiende que el derecho de propiedad del actor no está siendo ejercido plenamente, por lo que la acción interpuesta resulta viable, máxime si la parte demandada se limitó simplemente a interponer excepciones previas y no así a contestar o interponer acción reconvencional alguna tendiente a declarar la nulidad o ineficacia del documento que acredita plenamente que el titular del derecho propietario del bien inmueble objeto de la litis es el actor; por lo que dichos documentos gozan de plena eficacia y legalidad, resultando en consecuencia infundado el presente reclamo, pues si los recurrentes pretenden hacer valer su posesión en el bien inmueble o quitar la eficacia a los documentos que acreditan el derecho propietario del actor, debieron accionar los mecanismos legales necesarios.
De igual manera, sobre el reclamo referido a que la demanda debió ser interpuesta contra la totalidad de las personas que se encuentran en posesión del bien inmueble, corresponde advertir que por memorial de fs. 58 a 60, Faty Contreras Flores interpuso incidente de nulidad aduciendo que en el inmueble objeto de la litis también se encuentran en posesión su persona y sus dos hijos y no solo el demandado Teófilo Siles; sin embargo, el incidente interpuesto mereció el Auto de fecha 8 de octubre de 2013 que cursa a fs. 80, donde el Juez A quo si bien rechazó el incidente de nulidad de obrados, empero dispuso el litis consorcio pasivo de Jhon Steven y Reiner Alberth Siles Contreras, quienes por su minoría de edad estarían representados por su madre Faty Contreras Flores, Auto que pese a haber sido puesto en conocimiento de los recurrentes mediante papeleta de notificación que cursa a fs. 85 y vta., estos no presentaron apelación alguna, por lo que se entiende que dicha resolución fue de su conformidad, en esa lógica, como lo señalaron los jueces de segunda instancia, tanto los reclamos acusados en el recurso de apelación que fueron reiterados en casación, al no haberse interpuesto apelación alguna contra el Auto que resolvió el incidente, quedaron convalidados; de esta manera, el hecho de que los reclamos referidos a que la demanda debió ser dirigida contra la totalidad de los poseedores del bien inmueble no habría sido considerada por los jueces de Alzada en el Auto de Vista no resulta evidente, pues los fundamentos citados anteriormente se encuentran inmersos en el numeral IV del tercer considerando del Auto de Vista.
Con relación a la falta de fundamentación legal del hecho de que las excepciones no tendrían sustento legal del porque no serían ciertos los agravios y porque no existiría irregularidad en el trámite del proceso con cita de normas en las que ampara tal decisión; en virtud al presente reclamo, y revisados los fundamentos expuestos en el Auto de Vista, debemos reiterar que para que una resolución sea entendible a las partes, no precisa contener una exposición ampulosa de consideraciones o citas legales, al contrario lo que debe contener es una fundamentación clara y precisa, es así que los jueces de Alzada, en el punto III del tercer considerando, señalaron que el Juez A quo resolvió y valoró de manera correcta las pruebas documentales de fs. 26 a 28 que fueron adjuntadas al memorial de excepciones previas, y que al no tener estas sustento legal, fueron rechazadas en primera instancia, por lo que concluyeron que los reclamos expuestos en el recurso de apelación de fs. 42 a 44, no resultaban ciertos, pues ninguna de las irregularidades acusadas aconteció. De lo expuesto, podemos señalar que los jueces de Alzada si realizaron una fundamentación adecuada, empero si esta fundamentación no parecía para los recurrentes lo suficientemente clara o precisa, debieron solicitar la explicación y complementación sobre dichos extremos, pues conforme a lo ya expuesto en el punto anterior, al haber acreditado el actor ser el titular del derecho propietario del bien inmueble que se encuentra en posesión de los recurrentes, la presente acción resulta viable, por lo que la nulidad de obrados que pretende resulta intrascendente.
Con relación a la observación de los putos de hecho a probar que fueron dispuestos por el Juez de la causa, y toda vez que el presente reclamo es reiterativo, corresponde remitirnos a los fundamentos ya expuestos en los párrafos anteriores.
Del mismo modo, con relación a la vulneración de los derechos de la recurrente Faty Contreras Flores sobre el 50% del bien inmueble como de las mejoras que por ser esposa de Teófilo Siles le correspondería, debemos remitirnos a lo ya expuesto en líneas anteriores, donde se señaló que al no haber sido recurrido en apelación el Auto que rechazó el incidente de nulidad interpuesto por Faty Contreras, se entiende que la misma estuvo de acuerdo con dicha determinación, por lo que no puede acusar como agravios reclamos que no fueron oportunamente advertidos, tal y como lo expreso el Tribunal Ad quem en el punto IV del considerando tercero del Auto de Vista.
Respecto a que se habría presumido que la posesión que el recurrente ejerce en el bien inmueble objeto de la litis es arbitraria, se tiene que tal y como lo señala el art. 105 del Código Civil, el propietario de una cosa puede interponer las acciones de defensa que crea conveniente para hacer respetar el derecho que ostenta, en ese sentido para que su pretensión sea acogida favorablemente, quien pretenda que este su derecho sea tutelado, debe acreditar la titularidad del derecho y que el mismo se encuentra en posesión de un tercero, tal y como aconteció en el caso de autos, donde el actor principal para ser viable la desocupación y entrega del bien inmueble, acreditó no solo ser el titular del derecho propietario, sino que el inmueble se encuentra en posesión de terceros, es así que el hecho de que la posesión sea clandestina o arbitraria, resulta irrelevante, por lo que el extremo acusado en este punto deviene en infundado.
Finalmente sobre el error de hecho y de derecho que se acusa, pues en obrados no existiría comprobación alguna sobre el derecho del demandante a formular la acción de desocupación y entrega de bien inmueble; con relación a este punto, y reiterando lo ya expuesto en los párrafos anteriores, para que la acción de desocupación y entrega de bien inmueble sea acogida favorablemente, quien pretenda dicha tutela, debe acreditar con prueba documental idónea que su persona es el titular del derecho propietario, tal y como aconteció en el caso de autos, donde el actor Carlos Nina Sacari adjuntó a su memorial de demanda prueba documental preconstituida (fs. 1 a 4), que acreditan que su persona es el titular del derecho propietario, derecho que se encuentra debidamente registrado en Derechos Reales, por ende goza de plena legitimidad para interponer los mecanismos de defensa necesarios para hacer respetar su derecho propietario, entre ellos el de desocupación y entrega de bien inmueble, por lo que lo acusado en el presente punto no resulta evidente. Ahora bien, con relación al reclamo referido a que la excepción de falta de acción y derecho debió ser considerada en sentencia y fijada como punto de hecho a probarse, de dicha acusación debemos señalar que cuando el recurrente interpuso excepciones, estas fueron tramitadas como previas, tal y como lo solicitó en la petición del memorial de fs. 29 a 31 y vta., sin embargo al haber sido declaradas improbadas las excepciones interpuestas en dicho memorial, entre ellas la de falta de acción y derecho, se advierte que entre los agravios expuestos en el recurso de apelación de fs. 42 a 44, lo reclamado ahora en casación no fue objeto de apelación, extremo por el cual no fue considerado en Sentencia, por lo tanto, en virtud al principio de “per saltum”, no corresponde realizar más consideraciones sobre este extremo.
Sin embargo respecto a los demás reclamos acusados en el fondo del recurso de casación, debemos señalar que los mismos ya fueron considerados en los párrafos anteriores, pues los recurrentes reiteraron los reclamos referidos a la declaratoria de rebeldía del demandado Teófilo Contreras, como a la vulneración de derechos de Faty Contreras, extremos que al haber sido ya analizados y considerados, corresponde remitirnos a dichos fundamentos.
Por las razones expuestas corresponde a este Tribunal Supremo de Justicia emitir resolución conforme prevé el art. 220.II del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.II del Código Procesal Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación cursante de fs. 142 a 149 y vta., interpuesto por Teófilo Siles y Faty Contreras Flores, contra el Auto de Vista Nº 230/2015 de fecha 2 de octubre de 2015, cursante de fs. 136 a 138, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Con costas y costos.

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