Source: https://1library.co/document/4yr3rdjy-marco-legal-para-la-pazdesafios-de-una-sociedad-que-requiere-la-proteccion-y-garantia-de-los-derechos-humanos-para-su-transicion-hacia-la-paz.html
Timestamp: 2020-07-15 01:24:33+00:00

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(1)ANEXO 1. Carta de Presentación Director de la Carrera. Bogotá, julio de 2014. Señores BIBLIOTECA GENERAL Pontificia Universidad Javeriana Ciudad. Respetados Señores, Me permito presentar el trabajo de grado titulado MARCO LEGAL PARA LA PAZ: DESAFÍOS DE UNA SOCIEDAD QUE REQUIERE LA PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA SU TRANSICIÓN HACIA LA PAZ, elaborado por la estudiante MARÍA CAMILA PALACIOS MÉNDEZ, identificada con la. Cédula de Ciudadanía No. 1.015.422.267, para que se incluya en el catálogo de consulta.. Cordialmente,. SEBASTIAN LIPPEZ DE CASTRO Ciencia Política Director de Programa. i.
(2) ANEXO 2 CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS AUTORES (Licencia de uso) Bogotá, D.C., Julio 31 de 2014 Señores Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J. Pontificia Universidad Javeriana Cuidad La suscrita: MARÍA CAMILA PALACIOS MÉNDEZ. , con C.C. No. 1.015.422.267. En mí calidad de autor exclusivo de la obra titulada: MARCO LEGAL PARA LA PAZ: DESAFÍOS DE UNA SOCIEDAD QUE REQUIERE LA PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA SU TRANSICIÓN HACIA LA PAZ. po fa o señale o u a las op io es ue apli ue Trabajo de grado X Premio o distinción: Si No. Tesis doctoral x cual: presentado y aprobado en el año 2014 por medio del presente escrito autorizo a la Pontificia Universidad Javeriana para que, en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mi obra las atribuciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que en cualquier caso, la finalidad perseguida será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación. En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la presente licencia se autorizan a la Pontificia Universidad Javeriana, a los usuarios de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J., así como a los usuarios de las redes, bases de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado un convenio, son: AUTORIZO. SI. La conservación de los ejemplares necesarios en la sala de tesis y trabajos de grado de la Biblioteca. La consulta física o electrónica según corresponda La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o electrónico, así como su puesta a disposición en Internet La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la Pontificia Universidad Javeriana para efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas con las mismas limitaciones y condiciones La inclusión en la Biblioteca Digital PUJ (Sólo para la totalidad de las Tesis Doctorales y de Maestría y para aquellos trabajos de grado que hayan sido laureados o tengan mención de honor.). ii. X X X X X. X. NO.
(4) ANEXO 3 BIBLIOTECA ALFONSO BORRERO CABAL, S.J. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO FORMULARIO TÍTULO COMPLETO DEL TRABAJO DE GRADO MARCO LEGAL PARA LA PAZ: DESAFÍOS DE UNA SOCIEDAD QUE REQUIERE LA PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA SU TRANSICIÓN HACIA LA PAZ SUBTÍTULO, SI LO TIENE AUTOR Apellidos Completos. Nombres Completos. PALACIOS MÉNDEZ. MARÍA CAMILA. DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO Apellidos Completos. Nombres Completos. PASTRANA BUELVAS. EDUARDO FIDEL. FACULTAD. CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES PROGRAMA ACADÉMICO Tipo de p og a a sele io e o Pregrado Especialización. Maestría. Doctorado. x Nombre del programa académico. CIENCIAS POLÍTICAS Nombres y apellidos del director del programa académico. SEBASTIAN LIPPEZ DE CASTRO TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE:. POLITÓLOGA PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención especial): CIUDAD. AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO. NÚMERO DE PÁGINAS. Bogotá, D.C.. 2014. 227. TIPO DE ILUSTRACIONES sele io e o Tablas, gráficos y Dibujos Pinturas diagramas. Planos. Mapas. Fotografías. SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL DOCUMENTO. iv. Partituras.
(5) Nota: En caso de que el software (programa especializado requerido) no se encuentre licenciado por la Universidad a través de la Biblioteca (previa consulta al estudiante), el texto de la Tesis o Trabajo de Grado quedará solamente en formato PDF.. MATERIAL ACOMPAÑANTE TIPO. DURACIÓN (minutos). CANTIDAD. FORMATO CD. DVD. Otro ¿Cuál?. Vídeo Audio Multimedia Producción electrónica Otro Cuál? DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS Son los términos que definen los temas que identifican el contenido. (En caso de duda para designar estos descriptores, se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J en el correo biblioteca@javeriana.edu.co, donde se les orientará).. ESPAÑOL. INGLÉS. Marco Legal para la Paz Derechos Humanos Responsabilidad Internacional del Estado Organización No Gubernamental Justicia Transicional. Legal Framework for Peace Human Rights International Responsibility of the State Non-Governmental Organization Transitional Justice. RESUMEN DEL CONTENIDO EN: ESPAÑOL E INGLÉS (Máximo 250 palabras - 1530 caracteres). Partiendo de las particularidades del conflicto armado interno en Colombia, el trabajo de grado busca dar respuesta a la pregunta ¿satisface el Marco Legal para la Paz los criterios establecidos por el régimen internacional de protección a Derechos Humanos en relación con la reparación? mediante la revisión bibliográfica de fuentes primarias y secundarias, retomando elementos de las teorías institucionalismo neoliberal, constructivismo y realismo neoclásico. En el primer capítulo se establece los presupuestos básicos sobre los que se estructuran las teorías, reconociendo en cada una de ellas los autores más representativos para su posterior análisis. En el segundo capítulo, se establecen desde el nivel global hasta el nivel local, los estándares internacionales de protección a Derechos Humanos que aplican al caso colombiano. En el tercero, teniendo en cuenta el concepto de justicia transicional, se establece la posición de Organizaciones No Gubernamentales (una nacional –Comision Colombiana de Juristas- y otra internacional –Human Rights Watch-) con respecto al Marco Legal para la Paz; y en el último capítulo se enuncian las conclusiones del análisis.. ABSTRACT With special regard to the particularities of the internal armed conflict within Colombia, this thesis seeks to address the following questions: does the Legal Framework for Peace, as an instrument of v.
(6) restoration, satisfy the criteria established by the international regime of human rights protection? It will examine both primary and secondary source material througt a range of perspectives including but not limited to theories of neoliberal institutionalism, neoclassical realism and constructivism. The first section will establish the basis on which these theories are expounded, identifying in each one the most representative authors for further analysis. The second section will examine the international standards for global protection that can be applied to the case of Colombia, from a regional to a global level. In the third, taking into account the concept of transitional justice, the position of Non-Governmental Organization (including the Colombian Commission of Jurist, and Human Rights Watch) with respect to the Legal Framework for peace will by analysed. The final section will present the conclusion of this analysis.. vi.
(7) MARCO LEGAL PARA LA PAZ: DESAFÍOS DE UNA SOCIEDAD QUE REQUIERE LA PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA SU TRANSICIÓN HACIA LA PAZ. MARÍA CAMILA PALACIOS MÉNDEZ. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA BOGOTÁ, D.C. 2013 vii.
(8) MARCO LEGAL PARA LA PAZ: DESAFÍOS DE UNA SOCIEDAD QUE REQUIERE LA PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA SU TRANSICIÓN HACIA LA PAZ. PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES CARRERA DE CIENCIA POLÍTICA BOGOTÁ, D.C. 2013. viii.
(9) TABLA DE CONTENIDO. Pág. MARCO LEGAL PARA LA PAZ: DESAFÍOS DE UNA SOCIEDAD QUE REQUIERE LA PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA SU TRANSICIÓN HACIA LA PAZ ..................................................................................................................................1 INTRODUCCIÓN: .............................................................................................................................1 1. MARCO TEÓRICO .......................................................................................................................4 1.1.Institucionalismo Neoliberal: .................................................................................................5 1.2. Constructivismo: ....................................................................................................................8 1.3 Realismo Neoclásico: ......................................................................................................... 12 CAPÍTULO 2: ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN A DERECHOS HUMANOS APLICABLES EL CASO COLOMBIANO .............................................................. 17 2.1 Responsabilidad Internacional del Estado: ..................................................................... 17 2.2 Marco internacional aplicable a Colombia: ...................................................................... 21 2.2.1 Instrumentos globales de protección a DDHH: ....................................................... 21 2.2.2 Instrumentos regionales de protección a DDHH ..................................................... 26 2.2.3 Instrumentos locales de protección a DDHH: .......................................................... 31 2.2 Régimen Internacional de DDHH ...................................................................................... 32 CAPÍTULO 3: Posición de Organizaciones No Gubernamentales respecto al Marco Legal Para la Paz ...................................................................................................................................... 37 3.1 Responsabilidad internacional del Estado en procesos transicionales de Justicia: . 37 3.1.1 Justicia Transicional:........................................................¡Error! Marcador no definido. 3.1.2 Flexibilización del marco internacional aplicable a Colombia con la aprobación del MLP: ................................................................................................................................... 40 3.2 Posición de Human Rights Watch: .................................................................................. 44 3.3 Posición de la Comisión Colombiana de Juristas: ......................................................... 46 ix.
(10) 4. CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 50 BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................................................... 52. x.
(11) MARCO LEGAL PARA LA PAZ: DESAFÍOS DE UNA SOCIEDAD QUE REQUIERE LA PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA SU TRANSICIÓN HACIA LA PAZ. INTRODUCCIÓN: Actualmente, Colombia vive un conflicto armado interno que, pese a ser de larga data, hace poco fue reconocido por el presidente Juan Manuel Santos, dicho conflicto ha caracterizado la situación social, política y económica del país por décadas. En medio de este contexto, no son pocos los actores que intervienen: grupos ilegales al margen de la ley, fuerzas militares, gobierno, medios de comunicación, Organizaciones No Gubernamentales y población civil configuran un complejo escenario en el que a pesar de la implementación de diferentes instrumentos de carácter jurídico, se han presentado vacíos impidiendo que la garantía y protección de los Derechos Humanos (DDHH) sea una prioridad, en detrimento de los estándares internacionales y del principio de responsabilidad internacional del Estado. Ante este intrincado panorama y los procesos de paz adelantados, -que hasta el momento no se han consolidado con éxito en su totalidad-, el Estado colombiano ha implementado diferentes herramientas e instrumentos jurídicos que teniendo como base la justicia transicional, se proponen entre otros objetivos, reparar integralmente a las víctimas, revelar la verdad acerca de los crímenes que se cometieron, e impulsar la reconciliación nacional. En este contexto, el Marco Legal Para la Paz (MLP) surgió como una reforma constitucional que se aprobó el 14 de junio de 2012, buscando la culminación del conflicto armado y el logro de la paz. Teniendo en cuenta esto, es importante el desarrollo de una investigación más exhaustiva acerca de las razones por las cuales en medio de los procesos de paz adelantados, la promoción, protección y garantía de los DDHH paradójicamente pareciera no constituirse en una prioridad, al juzgarse como prioritarios otros 1.
(12) temas como la desmovilización, la reincorporación de excombatientes a la vida civil o la financiación de los procesos de paz. En razón de lo anterior, y teniendo en cuenta el contexto dentro del cual se desarrollan los instrumentos jurídicos implementados por el gobierno colombiano así como el impacto para las víctimas, la pregunta de investigación que se plantea es: ¿Satisface el Marco Legal para la Paz los criterios establecidos por el régimen internacional de protección a Derechos Humanos en relación con la reparación?. Con el propósito de dar respuesta a la pregunta, el objetivo general del presente trabajo es establecer si la reforma constitucional denominada “Marco Legal para la Paz” y su implementación, satisface los criterios establecidos por el régimen internacional de Derechos Humanos de acuerdo a la reparación en procesos de transición. Para esto, los objetivos específicos que se buscan examinar en cada uno de los capítulos de la investigación son: 1) Establecer una base teórica que permita analizar la pregunta de investigación, 2) Identificar los estándares internacionales de protección a Derechos Humanos que aplican al caso colombiano, 3) Identificar la posición de Organizaciones No Gubernamentales como Human Rights Watch y la Comisión Colombiana de Juristas respecto al Marco legal para la paz, dando cuenta de las implicaciones que supone para las víctimas. Teniendo en cuenta la complejidad que reviste el tratamiento del tema de investigación basado en un enfoque cualitativo, se pretende desarrollar un documento de tipo interpretativo. En este sentido, la estrategia metodológica que se empleará es la revisión y análisis de fuentes primarias y secundarias; en cuanto a las primeras, se estableció un análisis de contenido del Proyecto de Acto Legislativo número 094 de 2011 Cámara y del Informe de Conciliación al proyecto de Acto Legislativo 094 de 2011 Cámara, 14 de 2011 Senado, así como de las normas de carácter internacional, regional y local referidas a la protección y 2.
(13) garantía de DDHH. En cuanto al segundo tipo de fuentes, se realizó una revisión bibliográfica a través del análisis de documentos y artículos académicos que dan cuenta no sólo de la justicia transicional y los principios de ella, sino además del proceso mediante el cual se conformó la reforma constitucional. y las. implicaciones que supone la implementación de la misma para las víctimas. Debido a que el MLP fue aprobado el año pasado, la pertinencia de estudiar el impacto de su aprobación es innegable puesto que aportaría un nuevo capítulo al debate de los instrumentos de justicia transicional aplicados en Colombia, pudiendo reconocer la importancia del mismo como una reforma constitucional, la incidencia de las instituciones formales e informales existentes en Colombia, así como la responsabilidad del Estado de dar cumplimiento con los regímenes internacionales establecidos. Con respecto a este último aspecto, como miembro del sistema internacional, el Estado colombiano toma decisiones y establece políticas; es precisamente en este escenario en el que se desarrolla el MLP siendo pertinente un análisis de carácter teórico que dé cuenta del comportamiento estatal. En este. sentido, se hace indispensable reconocer que la posibilidad que el. gobierno implemente mecanismos de carácter temporal (como el estudiado en el presente trabajo) para ser utilizados en una negociación que tenga como objetivo la consecución de la paz, puede significar -dependiendo de su implementación- el desarrollo de políticas que puedan llegar a minar el proceso de paz a causa de las concesiones proferidas por el gobierno de turno. Es por esto que la investigación sobre las implicaciones de la aplicación de un instrumento de justicia transicional en relación a la garantía de la reparación, aportaría elementos para el análisis de la efectividad institucional al interior y fuera del país, así como la responsabilidad de los actores –legales e ilegales- del conflicto armado interno en la violación de estatutos internacionales relativos a los Derechos Humanos. 3.
(14) 1. MARCO TEÓRICO Retomando elementos como los procesos de investigación y acusación de delitos en el marco del conflicto armado interno, las obligaciones del Estado dispuestas internamente en la Constitución Política de Colombia e internacionalmente en otros instrumentos normativos, las reparaciones en el proceso de paz, y los pronunciamientos internacionales relativos a políticas de justicia transicional aplicadas en el país, autores como López Medina (2010), Valdivieso (2012), Sampedro Arrubla (2008) y Errandonea (2012) han desarrollado acercamientos diagnósticos acerca la aplicación de estándares internacionales para la protección de Derechos Humanos en Colombia. De esta forma, se evalúa no sólo la incidencia del papel de los “agentes estatales” y los tomadores de decisión, sino además, el alcance de instrumentos jurídicos implementados en cuanto a los derechos de las víctimas, así como las instituciones que formando parte del escenario doméstico del país, han generado condicionamientos específicos incidiendo en la política exterior colombiana y en las percepciones e interacciones establecidas con actores externos. En. primera instancia,. se. expondrán algunos presupuestos básicos del. institucionalismo neoliberal que serán útiles para el analizar el efecto de las instituciones en la acción del Estado. A continuación, el constructivismo se empleará como un enfoque teórico de referencia, y partiendo de los postulados sobre los que se estructura, se retomará la exposición que. James Fearon,. Alexander Wendt (2002) y Emanuel Adler (2002) desarrollan. Posteriormente, se retomará la teoría del realismo neoclásico con la exposición realizada por Taliaferro, Lobell y Risman (2009), buscando reconocer y explicar las implicaciones que supuso la transición entre los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) y Juan Manuel Santos (quien asume la presidencia en 2010), no sólo en la política referente a la protección y garantía de los Derechos Humanos en el país, sino además en la política exterior y la relación con otros actores de carácter internacional como la Unión Europea. 4.
(15) 1.1.Institucionalismo Neoliberal: Como principal exponente de este enfoque teórico, Robert Keohane parte de la premisa según la cual, “las variaciones en la institucionalización de la política mundial ejercen significativo efecto en el comportamiento de los gobiernos. En especial, se pueden entender los modelos de cooperación y discordia sólo en el contexto de las instituciones que ayudan a definir el sentido y la importancia de la acción del Estado” (1993, p. 13). Así pues, el comportamiento de los actores en el escenario internacional se encuentra condicionado por las normas y convenciones establecidas, afectando tres áreas específicas: 1) el flujo de información y las oportunidades de negociar, 2) la capacidad gubernamental para controlar la sumisión de los demás y para poner en práctica sus propios compromisos, 3) las expectativas prevalecientes acerca de la solidez de los acuerdos internacionales. Al respecto, es importante reconocer que esa “institucionalización” a la que se refiere Keohane es de vital importancia para la investigación, ya que es precisamente a través de aquellas reglas, convenciones y normas establecidas por organismos internacionales -a diferentes escalas-, que el Estado colombiano, una vez ratificados los acuerdos que establecen un tipo de compromiso o principio determinado, ve su acción constreñida, definiendo de manera directa un comportamiento esperado. Los puntos 2 y 3 anteriormente enunciados explicitan ésta dinámica. Antes de continuar exponiendo los presupuestos teóricos que servirán como insumo del posterior análisis, es necesario reconocer la definición de instituciones y de gobernanza que el autor propone. Respecto a las primeras, las instituciones son “conjuntos de reglas (formales e informales) persistentes y conectadas, que prescriben papeles de conducta, restringen la actividad y configuran las expectativas” (Keohane, 1993, p. 16-17). En cuanto a la gobernanza, es entendida como “el proceso y las instituciones, tanto formales como informales, que guían y limitan las actividades colectivas de un grupo. El gobierno es el subconjunto que actúa con autoridad y crea obligaciones formales […] Empresas privadas, 5.
(16) asociaciones de empresas, organizaciones no-gubernamentales (ONGs), y asociaciones de ONGs participan en ella, de manera frecuente en asociación con órganos gubernamentales, para crear gobernanza; a veces sin autoridad gubernamental” (Keohane & Nye, 2000, p. 12) Partiendo de lo anterior, Keohane plantea una taxonomía de las instituciones internacionales: a) las organizaciones intergubernamentales formales o no gubernamentales internacionales son aquellas capaces de controlar la actividad y reaccionar a ella, siendo diseñadas y establecidas de forma deliberada por los Estados, fungiendo como características de este tipo de instituciones una organización burocrática, con reglas y asignaciones específicas para los individuos y grupos; b) los regímenes internacionales se caracterizan por ser instituciones con reglas explícitas en las que han coincidido los gobiernos, alrededor de conjuntos determinados de temas de relaciones internacionales; por último c) las convenciones son aquellas instituciones de carácter informal, mediante las que se asumen reglas y entendimientos implícitos, configurando las expectativas propias de los agentes. Este tipo de instituciones, previas a los regímenes u organizaciones internacionales formales, además de ser generalizadas en la política mundial, les permite a los agentes no sólo entenderse, sino además, coordinar su comportamiento (1993, p.17) Se debe reconocer entonces la importancia de los tres tipos de instituciones propuestas por el autor, ya que no sólo son aquellas que se encuentran codificadas las que inciden en el escenario internacional, sino también aquellas de carácter informal las que limitan el comportamiento de los Estados y de otro tipo de “agentes”. Para el caso de estudio, éste resulta ser un tema de gran relevancia, puesto que los tres tipos de instituciones se encuentran involucradas: las ONGs han sido parte fundamental del proceso al poner de manifiesto cuál es el impacto de la aprobación del MLP para las víctimas, planteando también sugerencias y recomendaciones. que. minimicen. los. efectos. negativos. e. impulsen. las. potencialidades de esta reforma constitucional. Con respecto al segundo tipo de 6.
(17) instituciones expuestas por Keohane, éstas resultan fundamentales para el análisis ya que es precisamente el Régimen Internacional de Derechos Humanos aquel que dispone de toda una normatividad en el ámbito regional y global que garantiza la protección de los mismos y las sanciones que existen cuando se presentan violaciones. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se presentan en el caso de estudio a nivel internacional, y la Convención Americana de Derechos Humanos, mediante la que se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos se inscriben en el contexto regional. En conjunto, todos estos instrumentos y estándares conforman el Régimen Internacional de Derechos Humanos, que se puede evidenciar se adecúa al segundo tipo de instituciones propuestas por el autor, siendo fundamental analizar que éste proviene de la voluntad estatal. Con respecto al tercer tipo, las convenciones de carácter informal instauran un comportamiento que se espera del Estado colombiano en el contexto del conflicto armado interno, referido específicamente a la protección de las víctimas. Teniendo en cuenta lo anterior, según Keohane, la institucionalización puede medirse de tres formas: “comunidad” –referida al grado en el que las expectativas acerca de un comportamiento adecuado y de los entendimientos acerca de cómo interpretar las acciones son compartidos por quienes participan en el sistema-, “especificidad” –el grado en el que estas mismas expectativas se encuentran claramente especificadas en forma de reglas-, y por último, “autonomía” –nivel hasta el que la institución tiene la posibilidad de alterar sus propias reglas más que confiar en agentes exteriores para que lo hagan- (1993, p. 19). En cuanto a la relación entre las acciones adelantadas por los Estados y las instituciones internacionales, cabe señalar que éstas últimas “son importantes para las acciones de los Estados, en parte porque afectan los incentivos con que se enfrentan los mismos, inclusive si aquellos intereses fundamentales de los 7.
(18) Estados se definen autónomamente […además,] les permite a los Estados tomar acciones que, de otra forma, serían inconcebibles […] las instituciones sin duda afectan el comportamiento, aun cuando no siempre logran el objetivo deseado” (Keohane, 1993, p. 20). Pese a lo anterior, debe reconocerse que los efectos de las instituciones no se restringen a la afectación de los incentivos de los Estados, pues como se explica con anterioridad, abarcan un espectro de opciones muy amplio que incluye elementos de constitución y regulación del comportamiento.. 1.2. Constructivismo: La construcción social del conocimiento y la construcción social de la realidad son premisas fundamentales de las que parte el constructivismo, y es por esta razón, que se considera que los objetos del conocimiento no son independientes de las interpretaciones ni del lenguaje. Según Adler (2002), los cimientos filosóficos y sociológicos de éste enfoque teórico son: una postura metafísica –acerca de la realidad que los académicos buscan conocer y del conocimiento con el que buscan interpretar la realidad-, una teoría social –acerca del rol del conocimiento y agentes conocedores en la constitución de la realidad social-, y por último, una perspectiva teórica y empírica de las Relaciones Internacionales –que ha conducido el interés por el rol de las identidades, las normas y entendimientos causales en la constitución de los intereses nacionales, así como por la institucionalización y la gobernanza internacional- (p. 96). Retomando esta última característica, es necesario tener en cuenta para el caso de estudio de qué forma las identidades e ideas de actores –como el Estado, las víctimas del conflicto armado interno o las ONG´s- en conjunción con. la. normatividad dispuesta relativa a la protección y defensa de los DDHH, el grado de institucionalización de ese régimen internacional de DDHH y la concordancia entre las normas dispuestas a nivel local, regional y global interactúan. 8.
(19) constituyendo un panorama que puede o no ser favorable para la priorización de la garantía de DDHH en medio del conflicto armado con la aplicación del MLP. Por otra parte, el constructivismo considera el conocimiento intersubjetivo y las ideas como constitutivos de la realidad social y su evolución, debido a que las reglas, normas y entendimientos causa-efecto hacen a los objetos materiales significativos, convirtiéndose en la fuente de las razones, los intereses y los actos intencionales de las personas. Así, a la hora de fijar los significados, los agentes seleccionan entre un abanico de posibilidades, impulsando la institucionalización de prácticas y la subsistencia de estructuras sociales. Sin embargo, se reconoce que pese a que los agentes no siempre eligen la alternativa más eficiente, siguen reglas. que. asocian. identidades. a. situaciones. específicas,. aproximando. oportunidades individuales para la acción (Adler, 2002, p. 102). Al respecto, es necesario reconocer que para el caso que se presenta, las ideas, intereses y roles desempeñados por “agentes” como el presidente o un congresista resultan fundamentales para el análisis no sólo de las motivaciones que lo llevan a elegir una alternativa, sino el efecto que su elección genera a nivel doméstico, configurando. y. reconfigurando. diferentes. tipos. de. instituciones. y. consecuentemente, de realidades sociales en el contexto colombiano. Teniendo en cuenta lo anterior, conviene identificar la concepción que este enfoque teórico tiene de las normas, la identidad, la soberanía y las instituciones: “Norms constitute social identities and give national interests their content and meaning. Constructivist research grounds the notion that how people apply norms to classify the world is not irrelevant to the manner in which world politics unfolds […] Identity lies at the core of national and transnational interests. Consequently it is crucial for an understanding of international behavior, practices, institutions and change. It is just as important for an understanding of international conflict and war as far for an understanding of international cooperation […] Constructivist have shown 9.
(20) that the components of state sovereignty, such as territory, authority and national identity, are not fixed, but evolve with changing practices. Building on Ruggie´s insight (1983, 1993) about the transient nature of the Westphalian international system, constructivists have also been drawing attention to alternative constitutive norms –for example, human rights- […] Constructivists understand institutions as reified sets of intersubjective constitutive and regulative rules that, in addition to helping coordinate and pattern behavior and channel it in one direction rather than another (Ruggie, 1998a: 54), also help establish new collective identities and shared interests and practices” (Adler, 2002, p. 103-104). El aporte del constructivismo con respecto a lo que se entiende por normas, identidad, soberanía e instituciones resulta fundamental debido a que se constituyen en los ejes sobre los que se basará el análisis, pues es mediante su relacionamiento, que se establecen condiciones domésticas específicas como la reforma a la Constitución Política colombiana, las prioridades coyunturales del Estado e inclusive la posición a favor o en contra de la implementación del MLP por parte de diferentes agentes de acuerdo a sus intereses e identidades específicas, situaciones éstas que definen y estructuran realidades sociales al interior del país y fuera de él. Alexander Wendt y James Fearon por su parte, exponen cuatro características interrelacionadas del pensamiento constructivista acerca de la construcción social de los objetos y las prácticas. La primera hace referencia a que el constructivismo se encuentra interesado fundamentalmente en el rol de las ideas en la construcción de la vida social, ideas compartidas por muchas personas que con el fin de adquirir relevancia social, necesitan ejecutarse en prácticas, pudiendo tener objetividad, facticidad o materialidad considerables. La segunda característica se basa en el interés de demostrar la naturaleza -socialmente construida- de los actores, es decir, en establecer. además de los procesos causales de. socialización mediante los cuales agentes particulares adquieren sus identidades 10.
(21) e intereses, las condiciones que constituyen la posibilidad de ciertos modos de subjetividad. La tercera característica se basa en una estrategia investigativa de holismo metodológico, estableciéndose así totalidades sociales y relaciones internas en la explicación social científica. Finalmente, teniendo en cuenta las anteriores tres, la última característica está relacionada con explicaciones de carácter constitutivo en vez de causal, ya que se busca establecer condiciones de posibilidad para objetos o eventos, evidenciando de qué están hechos, y cómo se encuentran organizados (2002, p. 57-58). Los aportes de Alexander Wendt (1999) se basan en los efectos constitutivos que las ideas tienen en el poder y los intereses. Según este autor, las ideas se constituyen en causas materiales; la fuerza material que constituye los intereses es la naturaleza humana, siendo el resto ideacional: esquemas y deliberaciones que se encuentran constituidos por ideas o cultura compartidas (p. 115). Para Wendt (citado por Velosa, 2012), “el rol es un tipo de identidad que se caracteriza porque “existe únicamente en relación con los otros” (pág. 227, énfasis en el original). Sin embargo, expectativas y conductas son analíticamente distintas. En el primer caso, el rol se origina por ideas que tienen tanto el actor como los otros de éste. El segundo caso se refiere a las decisiones y acciones que se llevan a cabo para cumplir con esas expectativas” (p. 45). Al respecto, resulta fundamental tener en cuenta cómo se configura cada uno de los roles en el caso de estudio, ya que al establecerse como dependientes de la relación con los demás actores, se debe reconocer y analizar cuáles son las expectativas que tienen y las acciones que desarrollan no sólo las víctimas, sino también el gobierno, las organizaciones y los actores internacionales en su interacción. Teniendo en cuenta lo anterior y retomando el debate entre agente y estructura, Wendt propone que la estructura de cualquier sistema social contiene tres elementos -condiciones materiales, intereses e ideas- que lejos de ser 11.
(22) excluyentes, se encuentran interrelacionados. La hipótesis es que existe una relación y construcción mutua entre estructura y agencia, derivada de un proceso de retroalimentación en el que se hace necesario compartir el conocimiento. Esta situación se hace evidente en el caso de estudio, pues de no existir instituciones formales como la Constitución Política Colombiana, el acto legislativo mediante el cual se impulsó el MLP o el estatuto de funcionamiento del Congreso para la aprobación de reformas como la aquí referida -condiciones materiales que conforman una estructura nacional colombiana-, no sería posible que agentes particulares como los miembros del gobierno mediados por sus intereses e ideas propias, hubieran consolidado la aprobación del mismo. 1.3 Realismo Neoclásico: Taliaferro, Lobell y Risman exponen las concepciones que la teoría realista neoclásica tiene del Estado y del sistema internacional. Con respecto al primer grupo de concepciones, el enfoque “top-down” del Estado es un elemento fundamental ya que se considera que. son. las fuerzas sistémicas las que. conducen el comportamiento externo, y es precisamente debido a esto que se ve a los Estados personificados por un ejecutivo de seguridad nacional. Al respecto, los autores comentan “This executive, sitting at the juncture of the state and the international system, with access to privileged information from the state’s politicomilitary apparatus, is best equipped to perceive systemic constraints and deduce the national interest […], in many contexts political arrangements frequently compel it to bargain with domestic actors (such as the legislature, political parties, economic sectors, classes, or the public as a whole) in order to enact policy and extract resources to implement policy choices” (2009, p. 25). En este contexto, es interesante reconocer para el caso de estudio cómo los líderes que formando parte del gobierno –entre ellos el presidente de turnodefinen el interés nacional y estructuran la política exterior estatal colombiana guiados por una evaluación previa del poder relativo y de otras intenciones del Estado, siempre sujetos a limitaciones de carácter interno. Además, es este 12.
(23) ejecutivo quien se encuentra más consciente no sólo del interés nacional, sino también de los dictados del sistema internacional, ya que recibe información privilegiada. de. las. agencias. estatales.. Teniendo. en. cuenta. estos. condicionamientos, es necesario reconocer la dinámica descrita anteriormente para identificar en la investigación los efectos que supuso la transición de gobierno de Álvaro Uribe Vélez a Juan Manuel Santos, evidenciando la forma en la que se transformó el interés nacional. Siguiendo con las concepciones propias del realismo neoclásico acerca del Estado, las respuestas políticas son reconocidas como un producto de la coordinación entre el Estado y la sociedad, y en ocasiones, de la lucha. Sin embargo, la autonomía estatal resulta estructurarse como un tema de vital importancia, ya que de su afectación depende la habilidad de responder a cambios en el equilibrio de poder. Al respecto, el grado de autonomía del Estado frente a la sociedad varía con el tiempo, afectando directamente su respuesta frente a presiones internacionales de manera eficiente y oportuna. En los casos en los que los Estados son menos autónomos, éstos pueden implementar dos estrategias: establecer coaliciones y/o crear compromisos para movilizar los actores políticos y sociales (Taliaferro et al., 2009, p. 27). Teniendo en cuenta esto, la identificación del grado de autonomía del Estado colombiano, así como su relacionamiento con la sociedad parecen perfilarse como elementos fundamentales del análisis debido a que de ellos dependen las respuestas políticas generadas en torno a la protección y garantía de los DDHH en el marco del conflicto armado interno. En cuanto a las concepciones referentes al sistema internacional, los autores proponen dos variables que inciden en las presiones internacionales y la política exterior estatal: la primera corresponde a las percepciones y cálculos del poder relativo por parte de la élite y la segunda a las restricciones internas. Una de las concepciones de este enfoque teórico es que la anarquía que caracteriza al sistema internacional proviene de la existencia de una incertidumbre generalizada 13.
(24) y de amenazas potenciales. Es precisamente ante esta situación que los líderes estatales deben intentar anticipar las reacciones de otros Estados así como tendencias futuras que se presenten en el poder. En este escenario, existe una concepción adaptativa que tiene como fin último, la supervivencia del Estado. “Neoclassical realism accepts the importance of competitive pressures and socialization effects in shaping the internal composition of states. What motivates such adaptive behavior is not the normative appeal of others’ practices or domestic institutions, but rather the desire to enhance competitive advantage and the probability of survival” (Taliaferro et al., 2009, p. 30). Al respecto, para el caso de estudio es fundamental reconocer cómo se presenta la dinámica adaptativa del Estado colombiano con respecto a los condicionamientos propios del escenario doméstico así como el internacional. 1.4 Justicia Transicional: Según la ONU, el concepto de justicia transicional comprende todos aquellos procesos y mecanismos – incluyendo aquellos de carácter judicial y no judicial con diferentes. niveles. de. participación. internacional. (incluso. ninguna),. el. enjuiciamiento de personas, el resarcimiento, la búsqueda de la verdad, reformas institucionales, verificación de antecedentes, remoción del cargo o una combinación de éstos- relacionados con los esfuerzos de una sociedad para resolver los problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan cuenta de sus actos, sirvan a la justicia y logren la reconciliación. En cuanto al término, justicia transicional hace referencia a un campo de actividades que pretende aportar herramientas y soluciones a las sociedades para enfrentar un legado de violaciones a los DDHH, buscando además de la consolidación de la democracia, la reparación a las víctimas y la instauración de una convivencia pacífica (López, González & Errandonea, 2012, p.3). 14.
(25) Teniendo en cuenta lo anterior, conviene exponer cinco puntos específicos enunciados por Christine Bell que caracterizan la Justicia Transicional1, aún en proceso de construcción: 1) amnistías que cubren crímenes internacionales serios no se encuentran permitidas, 2) algunas amnistías (sin embargo) se requieren, ya que los prisioneros y detenidos relacionados con el conflicto deben ser liberados, desmilitarizados, desmovilizados y capacitados para reintegrarse; 3) los mecanismos deben ser diseñados creativamente buscando coincidir con el compromiso normativo de rendición de cuentas, teniendo como objetivo mantener el alto al fuego y desarrollar los compromisos constitucionales del acuerdo de paz2; 4) cuando nuevos mecanismos son innovados, deben ser diseñados con la mayor consulta a las comunidades afectadas que sea posible; y por último, 5) si cualquiera de las partes evidencia falta de responsabilidad con el acuerdo de paz y retorna a la violencia, cualquier compromiso en la justicia penal se anula y es reversible mediante el uso de la justicia penal internacional (2009, p. 106). A la luz del institucionalismo neoliberal, la justicia transicional se erige como una institución que apelando al concepto de la ONU anteriormente descrito, presenta un conjunto de reglas de carácter formal e informal persistentes y conectadas –tal y como se evidencia en la descripción de elementos establecida por Bell-, que además de prescribir papeles de conducta, restringen la actividad y configuran las 1. La confluencia entre la práctica de los acuerdos de paz y los desarrollos legales ha dado lugar al su gi ie to de u de e ho ue o de justi ia t a si io al. Este últi o, pese a asa se e el DIDH, el derecho humanitario, el derecho penal internacional y el derecho penal ordinario, no puede justificarse en términos de ninguno de estos regímenes por sí solo, condición que lo vuelve controversial. Puede ser visto e to es o o u a ue a p á ti a e desa ollo e ez de u de e ho ue o , e o t a do algunas de sus bases en el soft la que están emergiendo con referencia a la justicia transicional y en la práctica de Estados y organizaciones internacionales (Bell, 2009, p. 105). 2. Con respecto a este punto, Bell señala dos enfoques que pueden ser empleados: a Quasi-legal mechanisms which deliver forms of accountability other than criminal law processes with prosecution, such as truth commissions, (b) A bifurcated approach whereby international criminal processes for the most serious offenders, coupled with creatively designed local mechanisms aimed at a range of goals such as accountability and reconciliation, for those further down the chain of responsibility, and general amnesty at the lo est le el , p. .. 15.
(26) expectativas del Estado, las víctimas, e incluso los perpetradores de los crímenes. En este contexto es interesante establecer que probablemente, la justicia transicional pudo provenir del tercer tipo de instituciones identificadas por Keohane –las convenciones-, ya que al presentarse estructuras jurídicas tradicionales que no se encontraban diseñadas para responder a los condicionamientos e impactos causados por conflictos que revestían gran complejidad, tuvo que recurrirse a asumir reglas y entendimientos implícitos acerca de la resolución de dificultades derivadas de abusos contra la población civil. Una vez asumidos y reconociendo la importante necesidad de superarlos, se pudo dar inicio al proceso de construcción institucional de la justicia transicional que aún hoy se desarrolla, pese a las críticas que a lo largo de este se han suscitado. A la hora de evaluar componentes de la soberanía estatal como el territorio, la autoridad y la identidad nacionales, el constructivismo permite analizar cómo la justicia transicional inscribiéndose como dependiente de la emergencia de un tipo de normas constitutivas de carácter alternativo, ha impactado en la coordinación del comportamiento correspondiente a una sociedad en conflicto que busca el retorno de las condiciones previas al mismo, impulsando de esta forma la conformación de nuevas identidades y prácticas colectivas en pro de una situación de post conflicto.. 16.
(27) CAPÍTULO 2: ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN A DERECHOS HUMANOS APLICABLES EL CASO COLOMBIANO. 2.1 Responsabilidad Internacional del Estado: Recientemente codificada, la responsabilidad internacional del Estado proviene de la realización de un hecho ilícito internacional. La Comisión de Derecho Internacional (CDI)3 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su 53° período de sesiones (A/56/10) adoptó el <<Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad Internacional del Estado por hechos internacionalmente ilícitos >>, anexado por la Asamblea General en su Resolución 56/83 el 12 de diciembre de 2001 (Ver anexo I). En cuanto al primer artículo del Proyecto, es importante reconocer que esta disposición enuncia el principio básico del que emana todo el proyecto, pues es precisamente debido a la conciencia de la responsabilidad estatal de cumplir con las obligaciones internacionales contraídas, que al no presentarse, se reconoce que existe una violación al derecho internacional. La responsabilidad internacional del Estado emana pues de la comisión de un hecho ilícito. Por otra parte, en cuanto al segundo artículo, “la posición plasmada […] es que no se requiere necesariamente que exista culpa en cada caso para que surja responsabilidad internacional. Quizás se la requiera, por supuesto […], pero ello depende de las normas primarias sobre las. obligaciones de los Estados; los. Artículos adoptan una posición neutra al respecto y no exigen ni excluyen ese elemento en ningún caso en particular” (Crawford, 2009, p.4). Según Crawford, en el proceso de construcción del proyecto, en lo que respecta al tercer artículo, se 3. Creada el 21 de Noviembre de 194 , tie e o o isió fa o e e el desa ollo p og esi o la odifi a ió del de e ho i te a io al Na io es U idas, Co isió de De e ho I te a io al, .. 17.
(28) determinó que lo único que requería un hecho internacionalmente ilícito era que reconociendo sus obligaciones de carácter internacional, un Estado hubiera hecho algo que no debía o algo que debiendo hacer, dejó de hacerlo. Es decir, el Estado puede incurrir en un hecho ilícito internacional por acción u omisión (2004, p. 33). Entre las consecuencias jurídicas para el Estado en caso de violar la obligación internacional cometiendo un hecho internacionalmente ilícito, se encuentran: la continuidad del deber de cumplir la obligación, cesación y no repetición, y reparación (ver anexo 1, Segunda Parte, capítulo 1, art. 29, 30 y 31). Teniendo en cuenta que esta última consecuencia jurídica es insumo principal de análisis del trabajo, es necesario identificar la obligación que para el Estado se genera una vez ha cometido un hecho internacionalmente ilícito. Asumiendo el criterio de integralidad, esta reparación no se reduce entonces a una compensación económica por los perjuicios sufridos, sino que abarca también la obligación del Estado de devolver a la víctima a situación en la que se encontraba antes del daño causado por el hecho ilícito, y la provisión de todas las condiciones necesarias para que la víctima sea satisfecha una vez causado el daño o perjuicio. Ahora bien, retomando la teoría del institucionalismo neoliberal, es importante identificar cómo siendo el Estado colombiano un actor del sistema internacional, su comportamiento se encuentra limitado por las normas que en este ámbito se han establecido. En este sentido, la responsabilidad internacional estatal – codificada recientemente por la CDI- afecta directamente una de las áreas específicas mencionadas por Keohane: las expectativas acerca de la solidez de los acuerdos de carácter internacional. En cuanto a esta, es fundamental reconocer que siendo un compromiso del Estado colombiano el respeto de los tratados, convenciones y demás instrumentos de carácter internacional que haya firmado y ratificado, se espera un comportamiento conforme a los requerimientos que de ellos deriva. En razón de lo anterior, retomando el capítulo III del Proyecto de Artículos, cualquier acción u omisión causada por el incumplimiento de tales 18.
(29) instrumentos -constituidos como acuerdos de carácter internacional-, se configura entonces como un hecho ilícito, impactando las expectativas que se tienen del Estado colombiano. Retomando la definición planteada por Keohane, el trabajo de la CDI ha sido definitivo para estructurar la responsabilidad internacional como un tipo de institución que en el marco de la ONU, ha delimitado un conjunto de normas formales y conectadas, prescribiendo no sólo un papel de conducta estatal sino además, las expectativas que en este caso se tienen del Estado colombiano, restringiendo inclusive su propia actividad. Si bien en este caso podría considerarse que la responsabilidad internacional del Estado proviene de una convención (el tercer tipo de institución internacional descrito en el marco teórico) a partir de la cual se asumen cierto tipo de expectativas con respecto al comportamiento de éste, es necesario reconocer también que se estructura como una institución de tipo formal producto de la codificación de cierto tipo de normas consignadas en el Proyecto de Artículos de la CDI. Por lo anterior, la institucionalización en este caso, puede evaluarse teniendo en cuenta el criterio de especificidad que se planteó con anterioridad, ya que mediante este se puede identificar el grado en el que las expectativas en cuanto al comportamiento estatal se encuentran claramente especificadas en forma de reglas que definen la responsabilidad internacional del Estado. Una vez descrita de forma general en qué consiste la responsabilidad internacional estatal, las consecuencias jurídicas que de ella derivan y el análisis teniendo en cuenta la teoría del institucionalismo neoliberal, es necesario identificar cómo la falta de garantía y protección a los DDHH se constituye en un hecho ilícito internacional. Siendo el individuo sujeto de derecho internacional, se debe reconocer que las relaciones que se establecen en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en cuanto a la responsabilidad internacional son aquellas que se 19.
(30) presentan entre Estados e individuos. “En este sentido, si bien la obligación general de respetar los derechos humanos es una obligación erga omnes4 [,…en cuanto a la] responsabilidad internacional en materia de protección a los derechos humanos el único sujeto responsable es el Estado, mientras que los individuos se constituyen en sujetos pasivos o titulares del derecho de reparación como consecuencia de la responsabilidad internacional” (Del Toro Huerta, s.f., p. 666). Al respecto, Del Toro Huerta, citando a Antonio A. Cançado Trindade5 arguye que “la noción de obligaciones erga omnes en relación con los derechos humanos se traduce en que el incumplimiento de una obligación internacional atinente a cualquiera de los derechos protegidos, “acarrea per se e ipso facto la configuración o el surgimiento de la responsabilidad internacional del Estado, más allá de la existencia de un daño (material o moral)” (p. 667). Así pues, en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), la responsabilidad internacional proviene del incumplimiento de la obligación de la protección y garantía de los DDHH por parte del Estado. Una vez cometido el hecho ilícito –por acción u omisión-, habiendo violado una norma de carácter internacional, surge inmediatamente la obligación de reparar. A la luz de la teoría constructivista podría decirse que el DIDH estructura así una configuración dependiente de la relación entre el Estado y los individuos, ya que el primero es el sujeto responsable de la protección y los segundos, los sujetos 4. Co u ite io lite al o, si se p efie e, eti ológi o p es i die do de ual uie i te to de contextualización, cualquier obligación que se asume frente a todos es una obligación erga omnes […] cuando se habla de obligaciones erga omnes en el marco del Derecho internacional se suele utilizar como referencia el obíter dictum del TIJ en el asunto Barcelona Traction. En este pronunciamiento el TIJ caracteriza a la obligación erga omnes edia te […] dos asgos ese iales, a sa e : -se contraen ante toda la comunidad internacional, - Incorporan valores esenciales para la comunidad internacional (protegen derechos esenciales), siendo este rasgo el que justifica que todos los Estados tengan un interés jurídico en su u pli ie to Ce ada Ro e o, s.f. , p. -3). 5. Quien fuera presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 20.
(31) titulares del derecho de reparación proveniente de la responsabilidad internacional del Estado. Se trata entonces de los roles que se han establecido entre el Estado y los individuos, de la identidad que cada uno de estos presenta en el contexto del DIDH frente al otro, una identidad proveniente de las ideas que tiene cada uno como el otro de él. Teniendo en cuenta las proposiciones teóricas constructivistas enunciadas por Adler, el derecho internacional prescribe no solamente reglas y normas como aquellas concernientes a la responsabilidad internacional descritas anteriormente, sino además, entendimientos causa efecto –evidentes por ejemplo en el proyecto de artículos, ya que el incumplimiento de una obligación internacional resultante de la violación y falta de protección de los DDHH, constituyéndose en un acto ilícito por parte del Estado, configura inmediatamente la responsabilidad estatal, así como consecuencias jurídicas derivadas de tal comportamiento- que constituyen y dan forma a identidades de carácter social en el escenario internacional.. 2.2 Marco internacional aplicable a Colombia: El régimen internacional de los Derechos Humanos se encuentra cimentado en las regulaciones normativas referidas a la veeduría, la protección y la sanción cuando se comete violación a los derechos humanos; todo esto soportado a partir de la interacción conjunta entre los ámbitos local, regional y global.. 2.2.1 Instrumentos globales de protección a DDHH: A nivel global, el principal instrumento en materia de protección de DDHH es la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), destacándose también el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), el Pacto 21.
(32) Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención sobre los Derechos del Niño. La DUDH fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU en diciembre de 1948. Aparte de los derechos que establece, de ella conviene destacar el artículo 28 (ver anexo II, parte II y parte III), debido a que éste evidencia la importante necesidad de establecer un orden internacional mediante el que los derechos proclamados sean efectivos. El régimen internacional de Derechos Humanos se estructura bajo esta consideración, buscando que haya una adecuación local a la normatividad dispuesta en el ámbito internacional. Retomando entonces la definición de gobernanza6 consignada en el anterior capítulo, se hace efectivo tanto el proceso como las instituciones que guían y limitan las actividades concernientes a la protección de los Derechos Humanos. Ahora bien, continuando con los instrumentos de carácter universal en materia de DDHH se encuentra el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 7 y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales8. El PIDCP es aprobado mediante depósito del instrumento de ratificación el 29 de octubre de 1969 y entra en vigencia el 23 de marzo de 1976 en Colombia. Tanto los derechos que establece como la segunda parte (ver anexo III) resultan ser de 6. Específicamente, se retoma el concepto para dar cuenta del proceso de construcción así como las mismas instituciones que desde el nivel global hasta el local, han guiado y limitado el accionar del Estado en cuanto a la protección y garantía de los DDHH se refiere, acompañadas como se analiza a continuación, de ONG. 7. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), del 16 de diciembre de 1966; entra en vigor el 23 de marzo de 1976 (Asamblea General de las Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). 8. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966, entra en vigor el 3 de enero de 1976 (Asamblea General de las Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).. 22.
(33) gran relevancia para el caso de estudio; en la segunda parte se establece la responsabilidad estatal de garantizar los derechos sin excepción alguna, siendo fundamental su concordancia con la Constitución Nacional9. Aún más interesante resulta ser el apartado 3 del segundo artículo debido a que es en este en el que se describe el compromiso estatal de garantizar la posibilidad de establecer un recurso efectivo mediante el que la autoridad competente decida sobre los derechos de quien haya interpuesto tal recurso (Asamblea General de las Naciones Unidas). El PIDESC -aprobado por la ley 74 de 196810, y ratificado el 29 de octubre de 1969 por Colombia-, en la segunda parte (ver anexo IV) establece la responsabilidad que el Estado tiene de adoptar medidas destinadas a la aplicación efectiva de los derechos establecidos así como su garantía sin discriminación de ninguna índole11. Al respecto, conviene destacar el artículo 5 ya que en él se enuncia la. 9. E el p i e apa tado del a tí ulo se e ue t a dispuesto Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o ual uie ot a o di ió so ial , e el segu do apa tado del is o a tí ulo Cada Estado Parte se compromete a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter Asamblea General de las Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). 10. Co u ú i o a tí ulo, el Co g eso de Colo ia de eta Ap ué a se los Pa tos I te a io ales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Fa ultati o de este últi o , ap o ados po la Asa lea Ge e al de las Na io es U idas e ota ió U á i e, e Nue a Yo k, el de di ie e de 11. En el primer apartado del artículo 2 se encuentra dispuesto que ada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los de e hos a uí e o o idos e el segu do apa tado del is o a tí ulo ue Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los. 23.
(34) prohibición de realizar acciones que tengan por objeto la destrucción o limitación de los derechos reconocidos (Asamblea General de las Naciones Unidas). Tanto el institucionalismo neoliberal como el constructivismo coinciden en el importante papel que desempeñan instituciones –en este caso internacionalescomo el PIDCP y el PIDESC, aplicables al contexto del conflicto armado que sucede en Colombia. En cuanto a la primera teoría, estos pactos además de constituirse como reglas conectadas que prescriben papeles de conducta para el Estado colombiano en materia de protección a derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, restringiendo su actividad y configurando las expectativas que de él tienen tanto los individuos como otros Estados y organizaciones del escenario internacional; son también reglas de carácter constitutivo y regulativo, que retomando la segunda teoría enunciada, coordinan el comportamiento estatal colombiano buscando canalizarlo en dirección a la protección y garantía efectiva de los derechos y no a la obstrucción de ellos, estableciendo identidades –como aquella que se genera entre los individuos receptores de los derechos antes mencionados y del Estado garante de los mismos-, prácticas –como el cumplimiento o no de la obligación internacional de protegerlos- e intereses –como aquellos propios de los individuos que requieren la garantía de los derechos o los de las víctimas que una vez perjudicadas, requieren medidas específicas-. En este contexto, es necesario tener en cuenta las proposiciones teóricas de Wendt, ya que es precisamente a raíz del proceso generado por la participación y el relacionamiento entre actores como el Estado colombiano y la población civil –a quienes se ha hecho referencia como “individuos”- que las reglas que caracterizan a instituciones como las declaraciones y los pactos anteriormente descritos,. derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna Asamblea General de las Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).. 24.
(35) adquieren un significado social generando estructuras y condicionamientos de carácter nacional e internacional en materia de DDHH que más adelante serán especificados. Por su parte, La Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes12 firmada por Colombia el 10 de Abril de 1985 y ratificada el 8 de diciembre de 1988, establece específicamente en la primera parte la obligación del Estado de tomar las medidas que sean necesarias para impedir actos de tortura13, y velar para que estos así como la tentativa de cometerlos, la complicidad o la participación, sean considerados como delitos en la legislación penal, instituyendo su jurisdicción en los casos descritos en el artículo 5 (ver anexo V). La Convención sobre los Derechos del Niño14 -firmada el 26 de Enero de 199015 y ratificada el 28 de Enero de 1991 por Colombia-, estipula en el artículo 2 la obligación que los Estados Partes tienen de asegurar los derechos enunciados sin distinción alguna- y de tomar las medidas necesarias para este efecto. En este contexto resulta fundamental tener en cuenta el artículo 39, ya que en él se establece la responsabilidad que el Estado colombiano tiene con los niños que han sido víctimas del conflicto armado que vive el país (ver anexo VI). 12. Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 39/46 el 10 de diciembre de 1984, entra en vigor el 26 de junio de 1987. 13. En el artículo 1 de la Convención se establece la definición de tortura (ver anexo V). 14. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 44/25 el 20 de noviembre de 1989, entra en vigor el 2 de septiembre de 1990. 15. El gobierno colombiano establece una reserva, como se señala a conti ua ió : The Colo ia Government considers that, while the minimum age of 15 years for taking part in armed conflicts, set forth in article 38 of the Convention, is the outcome of serious negotiations which reflect various legal, political and cultural systems in the world, it would have been preferable to fix that age at 18 years in accordance with the principles and norms prevailing in various regions and countries, Colombia among them, for which reason the Colombian Government, for the purpose of article 38 of the Convention, shall construe the age in uestio to e ea s Na io es U idas, Cole ió de T atados .. 25.
(36) 2.2.2 Instrumentos regionales de protección a DDHH Por su parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (DADDH) reconoce una amplia gama de los derechos fundamentales –incluyendo los de carácter civil, político, social, económico y cultural- (ver anexo VII), y actualmente es considerada por los órganos internacionales competentes como manifestación del derecho internacional consetudinario, siendo vinculante para todos los Estados que hacen parte de la OEA (O´Donell, 2004, p.569). Retomando la DUDH a nivel global y la DADDH a nivel regional, es necesario destacar la obligación que el Estado colombiano tiene para dar cumplimiento y promover los derechos en ellas consagrados, condición que se enuncia en sus preámbulos.. Retomando. el. institucionalismo. neoliberal,. al. ejercer. como. instituciones de carácter internacional, las declaraciones tienen un efecto definitivo en el accionar estatal debido a que no sólo afectan los incentivos con los que se enfrentan los Estados que hacen parte de la ONU y la OEA –según correspondaal establecer límites y condicionamientos para la garantía y protección de los DDHH, sino que además, les permiten tomar decisiones y cursos de acción que sin estas restricciones quizá no se presentarían o lo harían de forma distinta, ya que no se erigiría como una cuestión fundamental la función estatal de proteger y garantizar los DDHH. De esta forma, al provenir del derecho consetudinario y estar codificadas. en. el. escenario. internacional,. las. declaraciones. generan. condicionamientos que constituyen y regulan el comportamiento del Estado. Ahora bien, continuando con los instrumentos de carácter regional para la protección de DDHH, se encuentra la Convención Americana sobre Derechos. 26.
(37) Humanos (CADH)16 y el Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Firmada el 22 de noviembre de 1969 y ratificada el 28 de mayo de 1973 por Colombia, la CADH establece derechos fundamentales y en el capítulo I dos deberes del Estado fundamentales para el posterior análisis: la obligación de respetar los derechos y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno (ver anexo VIII, artículos 1 y 2). En el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales o “Protocolo de San Salvador”, se debe destacar la obligación por parte de cada uno de los Estados de adoptar medidas necesarias para alcanzar la efectividad de los derechos en él estipulados (ver anexo IX). Continuando con la arquitectura multinivel17 en cuanto a la protección de DDHH, en el ámbito regional se encuentra el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) -iniciado formalmente con la aprobación de la DADDH-, con sus dos órganos principales: la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Para entender su estructura, funcionamiento y competencias, es necesario retomar la CADH puesto 16. Suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos celebrada entre el 7 y el 22 de noviembre de 1969, en el p eá ulo o side a ue estos p i ipios ha sido o sag ados e la Ca ta de la Organización de los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados e ot os i st u e tos i te a io ales, ta to de á ito u i e sal o o egio al O ga iza ió de los Estados Americanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). 17. Término asociado con el concepto de goberna za, se ha la e to es de go e a za ulti i el, la ual presupone la existencia de muchos actores interdependientes portadores de intereses y recursos diversos […], e uie e apa idades pa a oo di a gestio a u a do le i te a ió : e ti al, e t e iveles de gobierno, desde el local hasta [el global]; y horizontal: no sólo varias administraciones o instituciones de varios niveles participan en la definición de los problemas y la elaboración de soluciones, sino también actores no públicos, privados y so iales Mo ata, .. 27.
El día 10 de septiembre de 2012 el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos CADH, mediante una nota oficial dirigida al
9 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la construcción de un derecho penal de acto, exigencia que condiciona tanto la tarea legislativa de construcción de los tipos penales y
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada. - 1988 – Protocolo de San Salvador – sobre
Los Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica", Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía Los Estados Partes
Desde la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre aprobada por la IX Conferencia Interamericana el 2 de mayo de 1948, que en su preámbulo expresaba que “Todos los

References: resolución 
 Resolución 
 artículo 28
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 artículo 5
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 39
 resolución 
 artículo 1
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