Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2015/as201510176.html
Timestamp: 2019-03-20 05:41:06+00:00

Document:
as201510176
AUTO SUPREMO Nº 176/2015-RRC
Expediente : Cochabamba 98/2014
Parte imputada : Adolfo Nelson Miranda Portugal y otros
Delitos : Tráfico de Sustancias Controladas y otros
Por memorial presentado el 31 de mayo de 2010, cursante de fs. 398 a 412, Luis Remberto Mérida Ustariz, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 32/2010 de 1 de febrero de fs. 364 a 369 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Adolfo Nelson Miranda Portugal, Gualberto Condori Tacaraya, Natividad Cáceres Álvarez y el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación por Funcionario Público, previstos y sancionados por los arts. 48, 53 y 65 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008), respectivamente.
En mérito a la Sentencia 10/2009 de 10 de marzo (fs. 254 a 265), dictada por el Tribunal Primero de Sentencia de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, se declaró a los imputados Adolfo Nelson Miranda Portugal, Luis Remberto Mérida Ustariz y Gualberto Condori Tacaraya, autores y culpables de la comisión de los delitos de Tráfico de Sustancias Controladas, Asociación Delictuosa y Confabulación Agravada por Funcionarios Públicos, tipificados por los arts. 48 con relación al 33 inc. m), 53 y 65 de la Ley 1008, imponiéndoles la pena de veinte años de presidio a cada uno y trescientos días multa a razón de Bs. 2.- (dos bolivianos) por día; y a Natividad Cáceres Alvares, autora y culpable del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto por el art. 48 con relación al 33. m) de la Ley 1008, imponiéndole la pena de quince años de presidio y multa de trescientos días a razón de Bs. 2.- por día.
La mencionada Sentencia fue objeto de apelación restringida por los imputados, cada uno a su turno (fs. 278 a 285 vta., 297 a 309 vta., 318 a 319 vta., y 327 a 328 vta.) y se observó el formulado por Luis Remberto Mérida Ustariz, fue subsanado por escrito (fs. 352 a 361), resueltos por Auto de Vista 32/2010 de 1 de febrero, emitido por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, que los declaró improcedentes, confirmó la Sentencia apelada, el 26 de mayo de 2010 (fs. 370), dio lugar a que el recurrente formule el presente recurso de casación.
I.1.1. Motivos del recurso de casación
Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 712/2014-RA de 8 de diciembre, se extraen los motivos a ser analizados en la presente Resolución, sobre los cuales, este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ):
El recurrente denuncia que, el Tribunal de apelación violó sus derechos y garantías previstos por los arts. 5 del CPP y 24 del Código Penal (CP), por cuanto se lo condenó en conjunto con una fundamentación también ligada a la de los otros coacusados, violando su derecho de ser tratado individualmente; determinación que sería contraria a los Autos Supremos 0041 de 27 de enero de 2007 y 562 de 1 de octubre de 2004.
Además el recurrente señala que, el Auto de Vista recurrido determinó que el recurso de apelación restringida es de puro derecho y que no existe la doble instancia, afirmación que según el recurrente no es del todo correcta porque los arts. 370 y 407 del CPP, establecen las causales de apelación restringida; concluye señalando que, lo que denunció en el recurso de apelación restringida fue la defectuosa o incorrecta valoración de la prueba; cita como precedente contradictorio el Auto Supremo 0111 de 31 de enero de 2007, que estableció que cuando el Tribunal de alzada advierte defectuosa valoración de la prueba, corresponde anular la sentencia y disponer la reposición del juicio por otro tribunal.
De otro lado, el recurrente acusa que el Tribunal de apelación no se pronunció sobre: i) La incorrecta apreciación de la prueba y la valoración probatoria inexistente, manteniendo la violación de los arts. 407, 169.3) y 4), 370 incs. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 10) y 11); ii) La negativa de excluir la pericia efectuada por la doctora Mónica Dik y las literales “F-15, F-16 y F-17”, siendo que las mismas fueron obtenidas de manera ilegal e incumplió lo determinado por los arts. 209, 213, del CPP, vulneró los arts. 13, 172 y 71 del mismo cuerpo legal, además del art. 169 incs. 2 y 3) del CPP, referido a defecto absoluto; iii) La ausencia del trámite legal de la recusación a la Jueza ciudadana, a pesar de haber señalado que el recurrente hizo la reserva de recurrir ese aspecto, tachando dicha omisión de lesiva del art. 316 incs. 1), 3) y 4) del CPP; y, iv) Los puntos 2.5, 2.6 y 2.7 de su apelación restringida, referido el primero a defectos absolutos de interpretación y valoración de la prueba literal, y la segunda a la incongruencia entre la acusación y la sentencia, denunciando en ambos casos violación de los arts. 407, 169 incs. 3) y 4) además del 370 incs. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 10) y 11) todos del CPP; y el tercero, concerniente a la nulidad del proceso por cese de funciones, prolongación de funciones y usurpación de funciones, porque a decir del recurrente los Jueces del Tribunal de Sentencia habrían sobrepasado sus funciones de seis años, previsto por la Constitución Política del Estado, siendo sus actos nulos de puro derecho.
Por lo expuesto, el recurrente solicita que el Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación del art. 419 del CPP dicte resolución por mayoría absoluta de votos, determinando que existe contradicción en los términos del art. 416 del CPP; asimismo, violación de derechos y garantías, dejando sin efecto el fallo de alzada, se devuelva obrados al Tribunal inferior para que se pronuncie nueva resolución de acuerdo a la doctrina legal establecida.
Mediante Auto Supremo 712/2014-RA, cursante de fs. 461 a 464, este Tribunal admitió, el recurso formulado por Luis Remberto Mérida Ustariz, para su análisis de fondo.
Desarrollado el juicio oral, el Tribunal Primero de Sentencia, dictó Sentencia condenatoria contra Luis Remberto Mérida Ustariz y coimputados, declarándoles autores del delito de Tráfico de Sustancias Controladas, previsto y sancionado por el art. 48 con relación a los arts. 33 inc. m), 53 y 65 de la Ley 1008, con el fundamento que los imputados fueron encontrados en posesión dolosa, almacenando y transportando con fines de intercambio comercial de la elevada cantidad de 673.800 g de ácido sulfúrico, que en primer instancia se encontraba almacenada en cajas y bidones de plástico en el inmueble de Natividad Cáceres Álvarez, de donde fue sacado por los tres imputados y trasladado hasta una habitación del inmueble de Luis Remberto Mérida Ustariz en la localidad de Sacaba, escondida bajo la cama donde pernoctaba su concubina Virginia Prieto. En el lugar se encontraron efectos personales del imputado como membretes con el apellido “Mérida”, pistola de agua, linterna y uniforme camuflado que en la función de policía de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), no tiene relación alguna.
Por lo expuesto, en la conducta de los tres coimputados se demostró la concurrencia de los elementos configurativos del delito de Asociación Delictuosa y Confabulación agravada por su función de policías en ejercicio, como lo establece el art. 53 y 65 de la Ley 1008, al haberse organizado entre los tres para ingresar a una casa donde había sustancias controladas, sacarlas y trasladarlas al domicilio de Luis Remberto Mérida en horarios de trabajo, pidiendo permiso de salida los tres imputados de sus fuentes de trabajo de Policía a horas 08:00 del 26 de febrero de 2007, con el pretexto de tomar desayuno, aclarando que la defensa no demostró con prueba alguna su argumento sobre la existencia de otra persona que haya intervenido y haya estado presente en la Av. General Galindo y Sacaba, en su calidad de propietaria de la sustancia controlada que en la configuración y análisis del tipo penal atribuido, carece de relevancia.
II.2. De la apelación restringida del acusado.
Luis Remberto Mérida Ustariz, a través de memorial de recurso de apelación restringida, cuestionó los fundamentos de la Sentencia 10/2009, de acuerdo a los siguientes argumentos, en estricta relación a los agravios admitidos en el recurso de casación: a) En aplicación de los arts. 316 incs. 2) y 11) y 319 del CPP, recusó a Loyda Eunices Chura Llanos, Jueza Ciudadana, por manifestar extrajudicialmente su opinión sobre el proceso, por cuanto asumió que como imputados eran extremadamente peligrosos, por lo que pidió se suspenda la tramitación del juicio hasta la resolución de la recusación planteada, conforme al art. 329 inc. 2) del CPP. Al respecto, el Tribunal de Sentencia, por Auto de 4 de marzo de 2009, rechazó la recusación indicando que no había sustento legal para la misma, al no haber sido planteada por escrito y no haberse acompañado prueba, denegando su solicitud de elevar el rechazo en consulta por considerarla innecesaria, violando sus derechos al justo y debido proceso, a la equidad, a ser procesado por un juez imparcial, inobservando preceptos legales y aplicándolos erróneamente; b) En relación al desfile probatorio referido a la perito de parte, Mónica Dick Silva, su defensa planteó exclusión probatoria en relación a la literal signada como “F-15, F-16 y F-17”, específicamente en cuanto a la primera de las nombradas, constitutiva en designación de perito y requerimiento de análisis e informe, no se identificó la sustancia ni la pericia a realizar, como tampoco se lo hizo en la segunda, referida al acta de aceptación y juramento de perito; empero, en la F-17 la referida profesional en la parte de “objeto”, oficiosamente y sin que nadie le haya ordenado o designado para ello, consignó: “determinar de qué sustancia se trata” (sic), refiriendo que la sustancia sólo tenía el 38% de ácido y que no era puro, estableciendo que el restante 64% era agua, concluyendo falsamente que se trataría de ácido. Tampoco pudo aclarar ni establecer si existió cadena de posesión y si la sustancia que recibió fue tomada de los bidones secuestrados, habiendo reiterado que dio su supuesto dictamen por simple suposición subjetiva, por cuanto no se fijaron los puntos y tema de pericia con precisión, ni siquiera en forma genérica, resultando examen oficioso sin ninguna base legal, por cuanto no fue pedida ni designada menos establecida por el Fiscal o Juez alguno en cuanto a la aparente pericia, omitiéndose cumplir con las previsiones del art. 213, 172, 13, 71, 169 incs. 2) y 3) del CPP, violando la legalidad, el justo y debido proceso, pretensión rechazada, a cuyo efecto protestó y anunció su intención de plantear el recurso de apelación restringida, concluyendo que en la elaboración y producción de la referida prueba no se contó con su intervención, asistencia y representación.; c) Previa descripción de las atestaciones de Israel Arispe García, José Fernando Carrillo Olmos, Raúl Grevy Frías Vargas y Yurguens Corrales Ledezma, así como del contenido de su declaración informativa, sostuvo que se efectuó una incorrecta apreciación de la prueba, violándose los arts. 407, 169 incs. 3) y 4); 370 incs. 1), 2), 3), 4), 5) 6), 8), 10) y 11) del CPP; d) Continuó denunciando, como punto 2.5, que la prueba literal era ilícita y contravenía los principios de los arts. 172, 13, 71, 167 y 169 del CPP, por cuanto el acta de autorización de ingreso al inmueble (signada como F-2) no cuenta con la firma y rúbrica de la supuesta propietaria del inmueble, no obstante haber identificado a Pascuala Fernández como poseedora del ambiente donde se encontró la sustancia líquida, objeto de la litis. En el acta de registro de inmueble (F-3), se anotó el nombre de Pascuala Fernández Sóliz, se declaró que no tenía cédula de identidad ni firma e hizo constar su nombre en el apartado de “propietaria del Inmueble”; por ende, concluyó que no existe el consentimiento para el ingreso ni para el registro, habiéndose obtenido mediante un procedimiento ilícito. El acta de prueba de campo (F-4) y la F-7, no son legales y no se constituyen en pericia, careciendo de todos los elementos exigidos por los arts. 204 al 215 del CPP, tratándose sólo de una prueba indiciaria para una imputación, por cuanto no tiene calidad de prueba científica. El acta de secuestro de sustancia controlada (F-5) y el Acta de Pesaje (F-8), carece de toda eficacia probatoria ya que se refiere a que se secuestraron veinticinco cajas de cartón conteniendo cada una dos bidones, estableciendo maliciosamente que contiene ácido, a pesar que en la literal F-4, sólo se realizó la toma de muestras y pruebas de campo de dos bidones de los que sólo el 38% era ácido y lo demás agua; en consecuencia, el informe es falso y se sustenta en supuestos, por cuanto las demás pruebas establecieron que de ninguna forma se estableció cuál era su contenido, por lo que aseveró que la prueba fue obtenida en un procedimiento ilícito y que carece de fuerza probatoria exigida por ley. El acta de recepción de sustancia controlada (F-13) y el acta de entrega (F-14), carece de toda eficacia probatoria debido a que las literales citadas supra, establecieron que se secuestraron veinticinco cajas de cartón conteniendo cada una dos bidones; empero, maliciosamente se estableció que contenía ácido; por lo tanto, es una prueba ilícita al haber sido obtenida en un procedimiento ilícito. En el mismo sentido con relación a las literales “F-15 y F-17”, por cuanto no establecieron el tipo de pericia que debía realizarse, ni el de procedimiento desarrollado. Las literales “F-27 y F-28”, son contradictorias ya que en la “F-27” se trató de hacer aparecer llamadas de y a su celular, cuando la literal relativa a la certificación de la empresa Telecel (F-28) refirió textualmente que “esa línea fue actividad ene. Sistema IVR, pre pago, Cbba, por lo cual no se cuenta con los datos del propietario” (sic); en consecuencia, no se adjuntó el flujo de llamadas, reiterando que dicha prueba es lesiva de los arts. 407, 169 incs. 3) y 4), 370 incs. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 10) y 11); e) Como punto 2.6, refirió que se estableció que fue aprehendido in fraganti en posesión dolosa de sustancias controladas; sin embargo, la misma parte considerativa de la Sentencia estableció que no se encontraba en Quillacollo, menos en el vehículo donde se detuvo a los demás coprocesados tampoco en su domicilio, fue aprehendido en su trabajo; por ende, en ningún momento hubo flagrancias, conocimiento de su parte o participación en los ilícitos; asimismo durante todo el proceso se estableció que el lugar donde se encontraron las sustancias pertenecía y era de uso de Pascuala Fernández, persona ajena a él. Adiciona que durante todo el proceso se estableció la presencia de una tercera persona y de la participación de un jefe de policía de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), de apellido “FRÍAS”, quienes planearon el fraude con la intención de hacer desaparecer el ácido, mas estos datos fueron ocultados por todos los investigadores, el Fiscal y rechazado por lo miembros del Tribunal de Sentencia, por lo que reiteró la vulneración de las mismas normas citadas; y, f) Finalmente, como punto 2.7, previa cita del art. 183.I, Disposición Transitoria Quinta de la Constitución Política del Estado (CPE), 79 al 85 de la Ley del Tribunal Constitucional; 153 y 157 del CP, denunció que los Jueces Técnicos sobrepasaron el tiempo de ejercicio de sus funciones; en consecuencia, sus actos son nulos de pleno derecho.
Radicada la causa ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, resolvió el fondo del recurso de apelación restringida emitiendo el Auto de Vista 32/2010, declaró improcedente el recurso planteado por Luis Remberto Mérida Ustariz y los coacusados, en base a los siguientes fundamentos: 1) Con relación a la impugnación efectuada por el recurrente, en similar sentido que los coacusados Natividad Cáceres Álvarez, Gualberto Condori Tacaraya y Adolfo Nelson Miranto Portugal, sobre la aducida concurrencia del defecto de sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del Código adjetivo penal, debido a que la resolución de instancia se basó en prueba ilícita, concluyó que, de la atenta lectura del acta de juicio oral, así como de la Sentencia, conforme al art. 173, relacionado al art. 13 primera parte, ambos del CPP, no advirtió elemento alguno que implique exclusión probatoria, por cuanto se admitieron los medios de prueba con todos los elementos lícitos de convicción que condujeron al conocimiento de la verdad histórica de los hechos, de la responsabilidad y de la personalidad del imputado. Asimismo, resaltó que un medio de prueba es admitido si se refiere directa o indirectamente al objeto de la investigación y sea útil para el conocimiento de la verdad. La facultad de la valoración de los factores probatorios tanto documental, codificada como F-15, F-16, F-17, F-2, F-3, F-4, F-7, F-5, F-8, F-14, F-27 y F-28, así como de las declaraciones testificales de Israel Arispe García, José Fernando Carrillo Olmos, Raúl Grevy Frías Vargas y Yurguens Corrales Ledesma, constituyen una potestad propia de la autoridad jurisdiccional que se rige por las reglas de la sana crítica, sobre la que deben explicar y justificar el valor otorgado a cada elemento probatorio presentado en juicio; por ende, el Tribunal de Sentencia, emitió su fallo ajustado a las reglas de evidencia circunstancial que le permitieron asumir la dimensión procesal de credibilidad, uniforme en tiempo y lugar. Encontrándose compuesto por Jueces Técnicos y Ciudadanos; y, existiendo unanimidad de votos, dieron cumplimiento de lo señalado por el art. 71 del CPP, constató que los miembros del Tribunal de Sentencia no admitieron pruebas obtenidas en violación a la Constitución Política del Estado, Convenciones y Tratados internacionales vigentes y las leyes, que carezcan de toda eficacia probatoria, conforme indica el art. 172 del CPP; en consecuencia, se tiene que no existe el defecto de sentencia denunciado; por consiguiente, tampoco el defecto absoluto previsto en el art. 169 incs. 2) y 3) de la misma norma procesal penal; 2) Con relación a la reserva de recurrir efectuada por el recurrente, respecto a la recusación efectuada contra la Jueza Ciudadana, Loida Eunises Chura Llanos, estableció que al encontrarse la recusación promovida ante un Tribunal colegiado compuesto por Jueces Técnicos y Jueces Ciudadanos, debe aplicarse lo establecido por el art. 320 inc. 2) del CPP, por cuanto el mismo tribunal será quien resuelva aceptando o rechazando la recusación, norma en la que no se indicó que el mismo deba ser remitido ante el superior en grado en consulta; por ende, el Tribunal inferior resolvió y actuó conforme a derecho, más aún cuando el recusante no acompañó la prueba o documentación necesaria para acreditar su pretensión, por lo que no existe defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 1) del Código citado, no correspondiendo anular la Sentencia apelada, al no existir el defecto de Sentencia previsto en los arts. 370 incs. 1), 5) y 6) y 314, ni los defectos estipulados en los arts. 169 incs. 3) y 4) y 167, todos del CPP, correspondiendo confirmar la Sentencia apelada.
Con la finalidad de cumplir la tarea de unificar la jurisprudencia emanada de los Tribunales Departamentales de Justicia y asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma sustantiva y adjetiva es efectivamente aplicada por igual, labor que está reconocida por el art. 42 de LOJ, que establece entre otras atribuciones de las Salas especializadas de este Tribunal la de sentar y uniformar jurisprudencia que es obligatoria para los tribunales y jueces inferiores, de acuerdo al art. 420 del CPP; a continuación se procederá a analizar los argumentos del recurrente, circunscrito a la admisión del recurso de casación contenido en el Auto Supremo 712/2014-RA.
Conforme a lo antedicho, este Tribunal admitió el recurso de casación interpuesto por el recurrente, en el que cuestiona que el Tribunal de alzada resolvió su recurso conjuntamente con el de los acusados, como si fueran similares, violando su derecho a ser tratado individualmente; que sobre su denuncia de defectuosa o incorrecta valoración de la prueba, se limitó a sostener que la apelación restringida es de puro derecho, en desconocimiento del art. 370 del CPP; y, que omitió resolver cuatro puntos específicamente reclamados en el recurso de apelación restringida.
III.1. De los precedentes contradictorios invocados y la facultad del Tribunal de apelación de resolver conjuntamente las impugnaciones planteadas.
III.1.1. Con la finalidad de sustentar la denuncia sobre la actuación del Tribunal de alzada sobre la resolución conjunta del recurso de apelación restringida, simultáneamente a la de los coacusados, invocó la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 41 de 27 de enero de 2007, que se pronunció ante la constatación de que el Tribunal de Sentencia omitió notificar personalmente con la sentencia de mérito al imputado, motivo que originó el retraso en la formulación del recurso de apelación restringida con la consecuencia de que el mismo haya sido declarado inadmisible por extemporáneo, aspecto que no analizó el Tribunal superior.
Por otro lado, invocó la aplicación de la doctrina legal asumida en el Auto Supremo 562 de 1 de octubre de 2004, pronunciada al verificarse que el Tribunal de apelación omitió considerar de oficio los defectos absolutos que existían en la etapa de juicio, esencialmente referido a que la excepción de prejudicialidad formulado por una de las partes produjo la suspensión del juicio oral, afectando el principio de continuidad y celeridad.
III.1.2. Ahora bien, de acuerdo al sentido de la denuncia y en atención a la cita del art. 24 del CPP, se advierte que el recurrente considera que la fundamentación global que efectuó el Tribunal de alzada respecto a los argumentos similares esgrimidos por cada uno de los imputados, a su turno, resulta contrario al derecho de ser tratado individualmente, para lo cual invocó doctrina legal asumida en casos específicos, como la falta de consideración de parte del Tribunal de alzada, respecto a la ausencia de notificación personal con la Sentencia al imputado y la omisión en el análisis de los defectos absolutos detectados en etapa de juicio, los que de ningún modo tienen similitud alguna con el agravio planteado, referido esencialmente a la facultad del Tribunal de alzada de resolver los varios recursos de apelación restringida en una sola resolución, vinculando los argumentos de un impugnante con el de los demás; en consecuencia, al resultar impertinentes para el ejercicio de la labor de contraste jurisprudencial encomendada a este máximo Tribunal de Justicia, el agravio deviene en infundado.
III.2. Del precedente invocado y la revisión de la incorrecta o defectuosa valoración de la prueba por el Tribunal de apelación.
III.2.1. Con la finalidad de demostrar la contradicción en la que habría incurrido el Tribunal de apelación respecto al argumento esgrimido en cuanto a su denuncia de defectuosa o incorrecta valoración de la prueba, el recurrente invocó la aplicación de la doctrina legal contenida en el Auto Supremo 111 de 31 de enero de 2007, pronunciada dentro de un proceso en el que se determinó que el Tribunal de alzada revalorizó la prueba puesta a consideración del Tribunal inferior, denotando falta de una debida fundamentación respecto a los elementos típicos del tipo penal de Peculado, habiendo establecido que: ”El Tribunal de Alzada no se encuentra facultado para valorar total o parcialmente la prueba; debiendo circunscribir sus actos a los motivos que fueron de la apelación restringida, el artículo 413 del Código de Procedimiento Penal establece que: ‘Cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley y o su errónea aplicación, el tribunal de alzada anulará total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro juez o tribunal’”.
III.2.2. En relación a ello, se advierte que el precedente contradictorio no es aplicable a la situación esbozada por el recurrente, por cuanto conforme se describió supra, el Auto Supremo 111, asumió un entendimiento al constatar que el Tribunal de alzada revalorizó prueba; sin embargo, en el agravio expuesto por el recurrente de manera general, pone en duda la facultad del Tribunal de alzada circunscrita a la revisión de la valoración de la prueba, ante su denuncia de defectuosa o incorrecta valoración probatoria, sin especificar siquiera a qué corriente de la facultad valorativa se refiere (incorrecta o defectuosa) ni concretar prueba alguna, razones por las que este Tribunal se ve en la imposibilidad de ejercer su facultad de contraste jurisprudencial, principalmente al advertirse que el precedente invocado no guarda relación alguna con la denuncia planteada, deviniendo el motivo infundado.
III.3. Sobre la obligación del Tribunal de alzada de observar la debida fundamentación.
El Tribunal Supremo de Justicia, con relación al deber de fundamentación que se impele cumplir a los jueces y tribunales, en resguardo y observancia del debido proceso en sus elementos de fundamentación y motivación, determinó, específicamente en lo concierne a los Tribunales de alzada cuando resuelven los recursos de apelación restringida, que: “De acuerdo a la jurisprudencia contenida en el A.S. Nro. 6 de 26 de enero de 2006 y el entendimiento desarrollado por el A.S. Nro. 12 de 30 de enero de 2012, todo Auto de Vista debe ser debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida; asimismo es preciso dejar sentado de que toda fundamentación debe circunscribirse a absolver de manera puntual y objetiva el fondo de la denuncia o denuncias realizadas, sin que la argumentación vertida sea evasiva, incongruente o haga alusión a aspectos distintos a los denunciados, toda vez que esta circunstancia deja en estado de indeterminación e incertidumbre a las partes, al no haberse absuelto de manera efectiva sus acusaciones.
En ese entendido, no existe fundamentación en el Auto de Vista cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de Alzada no se pronunció sobre el fondo de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida, no siendo suficiente acudir a fundamentos o argumentaciones evasivas, sin que se absuelvan expresamente los cuestionamientos deducidos por el o los procesados, aspecto que deriva en un vicio de incongruencia omisiva (citra petita o ex silentio) que vulnera lo establecido por los arts. 124 y 398 del Código de Procedimiento Penal constituyendo un defecto absoluto inconvalidable que vulnera el derecho a recurrir, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y los Tratados y Convenios Internacionales” -resaltado propio- (45/2012 de 14 de marzo, reiterado en el Auto Supremo 49/2012 de 16 de marzo).
III.4. Consideraciones sobre los principios del régimen de las nulidades.
En la doctrina internacional, asumida en el ámbito nacional, como principios que deben observarse a tiempo de analizar si un acto amerita ser anulado, se tiene que el de especificidad o legalidad, por el que ningún acto procesal será declarado nulo si la ley no prevé expresamente esa sanción; el principio de trascendencia, que establece que no hay nulidad de forma si la alteración procesal no tiene vital importancia sobre la garantías esenciales de defensa en juicio, el que responde a la máxima de “no hay nulidad sin perjuicio”, no pudiendo hacerse valer la nulidad cuando las partes no acreditaron que sufrieron un gravamen con la infracción; el principio de convalidación, en virtud del cual toda nulidad no observada oportunamente se convalida con el consentimiento, permitiendo que el acto quede ejecutoriado y firme en la producción de sus efectos; el principio de protección por el que no procede la nulidad si el propio interesado provocó el acto viciado por su propia negligencia; es decir, que haya existido dolo o culpa en la actuación del presunto agraviado; el principio de conservación, que impone al juzgador procurar la conservación de los actos procesales cuando el vicio existente en el acto no produce indefensión de las partes.
Por último, con relación a los agravios cuarto, quinto, sexto y séptimo del Auto Supremo de admisión 712/2014-RA, condensados en el tercer agravio de la presente Resolución, se advierte que el recurrente denuncia la falta de pronunciamiento expreso de parte del Tribunal de alzada sobre cuatro aspectos impugnados en grado de apelación.
De la revisión minuciosa del Auto de Vista recurrido, se constata que sobre la denuncia de incorrecta apreciación de la prueba y valoración probatoria inexistente, el Tribunal de apelación, hizo referencia específica a la prueba documental, codificada como “F-15, F-16, F-17, F-2, F-3, F-4, F-7, F-5, F-8, F-14, F-27 y F-28”, así como de las declaraciones testificales de Israel Arispe García, José Fernando Carrillo Olmos, Raúl Grevy Frías Vargas y Yurguens Corrales Ledesma, constató que no era evidente que existiera alguna causal que implique su exclusión probatoria, afirmó que se admitieron los medios de prueba con todos los elementos lícitos de convicción que condujeron al conocimiento de la verdad histórica de los hechos, de la responsabilidad y de la personalidad del imputado. Asimismo, aclaró que la facultad de valoración de los elementos probatorios, constituye una potestad propia de la autoridad jurisdiccional, regida por las reglas de la sana crítica, encontrándose dicha autoridad constreñida a explicar y justificar el valor otorgado a cada elemento probatorio presentado en juicio; en consecuencia, culminó manifestando que el Tribunal de Sentencia emitió su fallo ajustado a las reglas de evidencia circunstancial que le permitieron asumir la dimensión procesal de credibilidad, uniforme en tiempo y lugar.
Por lo expuesto, asumió que no existía defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, ni mucho menos el defecto absoluto estipulado en el art. 169 incs. 2) y 3) de la misma norma, consideraciones con las que se tiene por respondido el punto impugnado por el recurrente, resultando entonces que no es evidente la incongruencia omisiva denunciada.
Sobre el mismo punto apelado, es preciso tomar en cuenta que tanto la designación de perito (F-15), el acta de aceptación y juramento de perito que hizo Mónica Dik (F-16), así como el peritaje sobre la sustancia a analizar (F-17), cuya licitud fueron cuestionadas por el recurrente de manera independiente en el recurso de apelación restringida, fueron respondidas por el Tribunal de alzada a tiempo de responder el agravio genérico sobre la incorrecta o defectuosa valoración probatoria, conforme consta en el segundo párrafo de este apartado, por lo que en este caso, tampoco resulta cierto el agravio formulado por el recurrente, al evidenciar una respuesta expresa al punto impugnado en apelación restringida.
Respecto a la aducida ausencia de trámite legal con relación a la recusación formulada contra la Jueza Ciudadana, el Tribunal de alzada, en un apartado independiente estableció que dicha cuestión incidental, conforme al mandato inscrito en el art. 320 inc. 2) del CPP, no ameritaba ser elevado en consulta a otro Tribunal, considerándose que al tratarse de una instancia colegiada, su resolución corresponde a los demás miembros del tribunal; por lo que llegó a la conclusión que la Sentencia no merecía ser anulada, al haberse sujetado el procedimiento aplicado a la recusación, a derecho.
Por lo glosado, al igual que en los casos anteriores, se advierte que el Auto de Vista recurrido contiene una respuesta expresa y precisa sobre el cuestionamiento plasmado en apelación restringida.
Ahora bien, en lo concerniente a la denuncia de defectos absolutos en la interpretación y valoración de la prueba literal (punto 2.5 de la apelación), la incongruencia entre la acusación y la sentencia (punto 2.6), y que el proceso era nulo debido a que los miembros del Tribunal de Sentencia ejercieron funciones no obstante haber culminado su gestión (2.7), es preciso tomar en cuenta que siendo la nulidad procesal una forma de impedir que un determinado acto cumpla su finalidad, debido a la constatación de un vicio en él, es imperativo que la parte recurrente observe los principios que rigen la materia, los que fueron desarrollados en el acápite III.4 del presente Auto Supremo. En ese contexto se advierte que el recurrente, no demostró de modo alguno cuál la trascendencia o relevancia de las cuestiones apeladas en la resolución de fondo del proceso que se le sigue; por lo que, en atención al principio de conservación de los actos, lo denunciado no amerita por sí misma, dejar sin efecto las actuaciones desarrolladas dentro del proceso penal en estudio.
En efecto, el recurrente no ha justificado ni demostrado cómo los defectos denunciados inciden en la lesión de derechos y garantías constitucionales, para que pueda ser considerado como defecto absoluto con los efectos previstos en el orden legal; pues debe tenerse en cuenta que la sola mención de haberse afectado determinados derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, sin explicar los criterios del porqué dicho acto se considera defecto absoluto y cómo se encuentran afectados esos derechos y garantías constitucionales no resulta suficiente, en la medida que es la incidencia en la afectación de derechos fundamentales y garantías constitucionales lo que fundamenta la ineficacia de los actos procesales que se realizaron con violación de los requisitos, formas y procedimientos legalmente establecidos; por lo que al no haberse demostrado la existencia de defecto absoluto alguno que haya provocado la vulneración de algún derecho fundamental en el presente recurso de casación, éste deviene en infundado.
Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Luis Remberto Mérida Ustariz.

References: resolución 
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 artículo 413
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