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Timestamp: 2017-10-20 17:56:41+00:00

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Ley 3/2014, de 17 de junio, del sistema de financiación definitivo de los Consejos Insulares - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY 3/2014, DE 17 DE JUNIO, DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DEFINITIVO DE LOS CONSEJOS INSULARES (BOIB 87 DE 26)
BOE 172 de 16 de julio de 2014
Efectivamente, y de acuerdo con el artículo 137.1 de nuestro texto estatutario, las haciendas de los consejos insulares se rigen por los principios de autonomía financiera, suficiencia de recursos, equidad y responsabilidad fiscal. Asimismo, el artículo 138.1 siguiente dispone que mediante una ley del Parlamento ha de regularse el régimen de financiación de los consejos insulares, fundamentado en los principios de suficiencia financiera, solidaridad y cooperación, que no puede suponer en ningún caso una disminución de los recursos ya obtenidos y que debe establecer los mecanismos de participación en las mejoras de financiación de la comunidad autónoma en proporción a las competencias propias, transferidas o delegadas. Esta garantía de mínimos, así como la de la participación de los consejos insulares en la evolución de los recursos de la Administración de la comunidad autónoma, se reitera en la disposición adicional quinta del Estatuto, a tenor de la cual la financiación de los consejos insulares y su revisión se rigen por lo establecido en la Ley 2/2002, de 3 de abril ( LIB 2002, 127 ) , del sistema de financiación definitivo de los consejos insulares, o por la norma que la sustituya, es decir y a partir de ahora, por la presente ley.
Asimismo, el título V de la Ley 8/2000, de 27 de octubre ( LIB 2000, 308 ) , de consejos insulares, regula los rasgos legales esenciales de la financiación de los consejos insulares, y prevé que, por ley, se regule un sistema de financiación definitivo, sin perjuicio de que, entretanto, se garantice el coste efectivo de los correspondientes servicios a las competencias atribuidas por la comunidad autónoma por cualquier título y que, en todo caso, los fondos que se pongan a disposición de los consejos insulares tengan carácter incondicionado. Esta misma ley también prevé la existencia de un fondo de compensación interinsular, que también ha de regularse por ley, a cuyo cargo los consejos insulares deben recibir las transferencias de capital que les correspondan.
En este contexto, se aprobó la Ley 2/2002, de 3 de abril ( LIB 2002, 127 ) , del sistema de financiación definitivo de los consejos insulares, que supuso, ciertamente, un hito histórico en la regulación de un sistema de financiación moderno, con una base metodológica basada en las necesidades de gasto de los consejos insulares, en función de unas variables objetivas indicadoras de estas necesidades, más allá del gasto histórico previo a los traspasos de cada competencia o función a cada consejo insular, es decir, del coste histórico o coste efectivo; todo ello de un modo semejante al sistema legal de financiación diseñado por el legislador estatal respecto de las comunidades autónomas de régimen común, y sin perjuicio, evidentemente, de las restricciones financieras inherentes al volumen de recursos disponibles, así como de las modulaciones que resultan de la garantía de unos recursos mínimos, garantía que, como se ha dicho antes, viene impuesta por el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, y que, en principio, ha de entenderse por referencia a los recursos obtenidos por cada consejo insular en virtud del sistema implantado por la Ley 2/2002.
Ciertamente, el camino para la revisión del sistema de financiación actual ha sido largo y complejo, dadas las dificultades propias de un proceso negociador de esta naturaleza y alcance, en un contexto inicial en el que había de tenerse en cuenta, además, la creación del nuevo Consejo Insular de Formentera. Por ello, en estos últimos años —y, más concretamente, desde la disposición adicional cuarta de la Ley 5/2007, de 27 de diciembre ( LIB 2007, 364 ) , de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2008— las sucesivas leyes de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears han ido prorrogando, año tras año y mediante diversas disposiciones adicionales, la obligación de revisar el sistema, teniendo en cuenta el resultado de la evaluación de la financiación vigente y los criterios y las variables generales que se propongan en el seno del Consejo Financiero Interinsular, al que se refiere el artículo 8 de la citada Ley 2/2002, de acuerdo con los principios de equidad, transparencia y objetividad que deben regir las relaciones entre la Administración de la comunidad autónoma y los consejos insulares. Además, en todo este ínterin, se han previsto, con carácter transitorio, diversas cuantías adicionales máximas a favor de los consejos insulares, mediante un sistema de anticipos adicionales al margen del sistema, con la finalidad de reforzar la suficiencia financiera de las haciendas insulares.
Ciertamente, estos anticipos adicionales no constituyen financiación consolidada de los consejos insulares a los efectos de lo previsto en el artículo 138.1 y en la disposición adicional quinta del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears —como así recuerda también la disposición adicional decimocuarta de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2013—, de forma que la garantía de mínimos respecto de los recursos proporcionados por el sistema de financiación en el año base —el cual se fija en el año 2012— es, en principio, la que resulta de la Ley 2/2002. Pero, pese a ello, y con la finalidad de garantizar un volumen superior de recursos a los consejos insulares y, con ello, asegurar el cumplimiento del principio de suficiencia financiera del sistema, la presente ley eleva dicha garantía de mínimos hasta la cuantía que, para el año 2014, resulta del nuevo sistema de financiación para cada consejo insular, incluyendo, incluso, el importe que les corresponda de la dotación extraordinaria al fondo de convergencia para el año 2014, antes citada.
De este modo, el Consejo Financiero Interinsular —que se mantiene en esta nueva ley como el órgano paritario al que hace referencia el apartado 3 del artículo 138 del Estatuto— aprobó la Recomendación 2/2012, de 27 de diciembre, sobre los criterios que deben articular el sistema de financiación definitivo de los consejos insulares, en el marco de las disposiciones legales antes citadas, así como del Decreto 51/2008, de 18 de abril ( LIB 2008, 104 ) , por el que se regula la composición, el funcionamiento y las atribuciones del Consejo Financiero Interinsular. Mediante la citada recomendación, este órgano de composición paritaria fija las características esenciales que debe tener el nuevo sistema, de acuerdo con los principios y las normas básicas que se contienen en el Estatuto de Autonomía, y define los principales parámetros que han de incluirse en la ley: a saber y en primer lugar, las necesidades globales de financiación en el año base (suficiencia estática), para lo que han de delimitarse la masa homogénea de financiación, por una parte, y la masa no homogénea de financiación, por otra; en segundo lugar, y para distribuir la masa homogénea de financiación, los criterios que deben permitir cuantificar las necesidades de gasto y, con ello, de financiación de cada consejo insular en el año base, y, finalmente, las reglas de evolución del sistema (suficiencia dinámica), con la creación de un fondo de convergencia.
De acuerdo con todo lo expuesto anteriormente, se ha tramitado esta nueva ley de regulación del sistema de financiación definitivo de los consejos insulares, que se estructura en cuatro capítulos, que contienen, respectivamente, las disposiciones generales; las normas relativas a la financiación de las competencias homogéneas —con dos secciones en las que se regula la suficiencia estática del sistema, por una parte, y la suficiencia dinámica, por otra—; las normas específicas para la financiación de las competencias no homogéneas y la financiación adicional por razón de la asunción de nuevas competencias por parte de los consejos insulares a partir del 1 de enero de 2014. En este sentido, la ley determina la masa homogénea de financiación en el año base 2012 para todos los consejos insulares y, en función de este volumen agregado de recursos disponibles —al que se añaden más de tres millones y medio de euros, con cargo a la hacienda autonómica, con la finalidad de aumentar la dotación correspondiente a los convenios en materia de servicios sociales—, las necesidades de financiación en el año base de cada consejo insular. En este punto hay que destacar la inclusión en el sistema, además del coste inherente al ejercicio de las competencias y la prestación de los servicios correspondientes a las competencias propias de los consejos insulares incluidas en el sistema anterior —y transferidas o delegadas por medio de las correspondientes normas legales y reglamentarias—, el coste anual correspondiente a los convenios suscritos en materia de servicios sociales —incrementado, como se ha dicho antes, en más de tres millones y medio de euros— y en materia de carreteras al amparo de diversas normas legales, coste que, hasta ahora, se situaba al margen del sistema; no obstante, y en particular, los convenios vigentes formalizados al amparo de la disposición adicional séptima de la Ley 14/2001, de 29 de octubre, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de servicios sociales y seguridad social, producen efectos el año 2014, en los términos previstos en el apartado 1 de la disposición transitoria única de la presente ley. Sin embargo, en ningún caso se podrán suscribir nuevos convenios a partir de la entrada en vigor de la ley, razón por la que se derogan todas las disposiciones legales especiales en estas materias.
La ley se completa con tres disposiciones adicionales, una disposición transitoria, otra derogatoria y tres finales, por las que se establecen algunas normas particulares que no encuentran acomodo en la estructura de la ley, como la dotación extraordinaria para el 2014 del fondo de convergencia o las normas para la futura imputación presupuestaria de los anticipos concedidos en ejercicios anteriores; se regulan los efectos del nuevo sistema sobre determinados convenios; se deroga la anterior Ley 2/2002, de 3 de abril ( LIB 2002, 127 ) , del sistema de financiación definitivo de los consejos insulares, así como determinadas disposiciones legales específicas, y, finalmente, se faculta al Gobierno de las Illes Balears para dictar normas reglamentarias de desarrollo y se establece la entrada en vigor de la ley.
La presente ley tiene por objeto regular el sistema de financiación definitivo de los consejos insulares, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears y en la Ley 8/2000, de 27 de octubre ( LIB 2000, 308 ) , de consejos insulares.
Artículo 2. Elementos generales del sistema
f) Superficie forestal: la parte de la superficie que deba considerarse monte de acuerdo con la Ley 43/2003, de 21 de noviembre ( RCL 2003, 2723 ) , de montes.
Artículo 4. Normas sobre los pagos
Artículo 5. Masa de financiación en el año base y garantía de mínimos
Artículo 6. Consejo Financiero Interinsular
2. La composición, el funcionamiento y las atribuciones del Consejo Financiero Interinsular se desarrollan en el Decreto 51/2008, de 18 de abril ( LIB 2008, 104 ) , por el que se regula la composición, el funcionamiento y las atribuciones del Consejo Financiero Interinsular.
SECCIÓN 1ª. Normas sobre la suficiencia estática del sistema
Artículo 7. Masa homogénea de financiación en el año base 2012
a) Los importes que corresponden a cada consejo insular por aplicación de lo dispuesto en la Ley 2/2002, de 3 de abril ( LIB 2002, 127 ) , del sistema de financiación definitivo de los consejos insulares.
e) Los importes que corresponden a cada consejo insular por aplicación de lo dispuesto en el Decreto 106/2010, de 24 de septiembre ( LIB 2010, 250 ) , sobre el traspaso a los consejos insulares de las funciones y los servicios inherentes a las competencias propias de estas instituciones insulares que actualmente ejerce la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears en materia de caza y de regulación, vigilancia y aprovechamiento de los recursos cinegéticos, así como de pesca fluvial.
2. Todos los importes a que se refiere el apartado anterior se cuantifican atendiendo a lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2011, de 23 de diciembre ( LIB 2011, 344 y LIB 2012, 50) , de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2012.
Artículo 8. Necesidades homogéneas de financiación en el año base 2012
Artículo 9. Fondo interinsular de financiación de servicios
FIFSi = c + FIFS2012 × [Pi / ∑pi] × [(1 – f) × IUPi + f × FIi]
2. El índice de usuarios potenciales por habitante IUPi se calcula de acuerdo con la siguiente expresión:
IUPi = ∑Vj × IUPij
IUPij = ∑Wkj × IUPk
IUPk = [ki / Pi] / [∑ki / ∑Pi]
FIi = [Pi × di / Pi] / [∑(Pi × di) / ∑Pi]
Superficie protegida 30%
Artículo 10. Fondo de compensación interinsular
FCIi = FCI2012 × [Pi / ∑pi] × [(1 – f) × INDi + f × FIi]
INDi = ∑Wk × INDk
INDk = [ki / Pi] / [∑ki / ∑Pi]
ki:A valor de la variable socioeconómica k para el consejo insular i
Artículo 11. Reglas de actualización del sistema
SECCIÓN 2ª. Normas sobre la suficiencia dinámica del sistema
Artículo 12. Fondo de convergencia
Artículo 13. Masa no homogénea de financiación en el año base 2012
Artículo 14. Actualización de las dotaciones
Artículo 15. Financiación adicional por asunción de nuevas competencias
Disposición Adicional primera. Dotación extraordinaria del fondo de convergencia para el año 2014
Disposición Adicional segunda. Imputación presupuestaria de los anticipos a cuenta del nuevo sistema de financiación
Disposición Adicional tercera. Financiación adicional del Centro de Formación del Llatzeret de Maó
Sin perjuicio de lo establecido con carácter general en el artículo 15 de la presente ley, la Administración de la comunidad autónoma complementará la financiación que resulte del traspaso de la gestión del Centro de Formación del Llatzeret de Maó a favor del Consejo Insular de Menorca que tenga lugar como consecuencia de la ampliación de los servicios y las funciones transferidos a la comunidad autónoma de las Illes Balears por el Real Decreto 2567/1980, de 7 de noviembre ( RCL 1980, 2648 ) , de transferencia de competencias al Consejo General Interinsular de las Illes Balears en materia de sanidad y cultura, con un importe de 600.000 euros.
Disposición Transitoria única. Efectos del nuevo sistema de financiación sobre determinados convenios
1. Los convenios suscritos por la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y los consejos insulares al amparo de la disposición adicional séptima de la Ley 14/2001, de 29 de octubre ( LIB 2001, 321 ) , de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de servicios sociales y seguridad social, que continúen vigentes a la entrada en vigor de la presente ley, producen efectos hasta el 31 de diciembre de 2014.
a) La Ley 2/2002, de 3 de abril ( LIB 2002, 127 ) , del sistema de financiación definitivo de los consejos insulares.
c) La disposición adicional vigésimo tercera y el apartado 4 de la disposición adicional vigésimo quinta de la Ley 10/2003, de 22 de diciembre ( LIB 2003, 324 ) , de medidas tributarias y administrativas.
e) Las disposiciones adicionales tercera , cuarta y quinta de la Ley 12/2005, de 27 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2006.
Disposición Final segunda. Deslegalización
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sin perjuicio de que produzca efectos desde el 1 de enero de 2014.
— Ley 9/1990, de 29 de junio, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de urbanismo y habitabilidad.
— Ley 8/1993, de 1 de diciembre ( LIB 1993, 198 ) , de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de régimen local.
— Ley 9/1993, de 1 de diciembre ( LIB 1993, 199 ) , de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de información turística.
— Ley 12/1993, de 20 de diciembre ( LIB 1993, 217 ) , de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de servicios sociales y asistencia social.
— Ley 13/1993, de 20 de diciembre ( LIB 1993, 218 ) , de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de inspección técnica de vehículos.
Patrimonio histórico, promoción sociocultural, animación sociocultural, depósito legal de libros y deportes
— Ley 6/1994, de 13 de diciembre ( LIB 1994, 262 ) , de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de patrimonio histórico, promoción sociocultural, animación sociocultural, depósito legal de libros y deportes.
Actividades clasificadas y parques acuáticos
— Ley 8/1995, de 30 de marzo ( LIB 1995, 109 ) , de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de actividades clasificadas y parques acuáticos.
Tutela, acogida y adopción de menores
— Ley 8/1997, de 18 de diciembre ( LIB 1997, 317 ) , de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de tutela, acogida y adopción de menores.
— Ley 2/2001, de 7 de marzo ( LIB 2001, 97 ) , de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de ordenación del territorio.
— Ley 14/2001, de 29 de octubre ( LIB 2001, 321 ) , de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de servicios sociales y seguridad social.
— Ley 16/2001, de 14 de diciembre, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de carreteras y caminos.
Caza, regulación, vigilancia y aprovechamiento de los recursos cinegéticos y pesca fluvial
— Decreto 106/2010, de 24 de septiembre ( LIB 2010, 250 ) , sobre traspaso a los consejos insulares de las funciones y los servicios inherentes a las competencias propias de estas instituciones insulares que actualmente ejerce la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears en materia de caza y de regulación, vigilancia y aprovechamiento de los recursos cinegéticos, así como de pesca fluvial.
— Ley 3/1996, de 29 de noviembre ( LIB 1996, 282 ) , de atribución de competencias a los consejos insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera en materia de ordenación turística.
— Ley 13/1998, de 23 de diciembre, de atribución de competencias a los consejos insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera en materia de transporte por carretera.
— Ley 7/1999, de 8 de abril ( LIB 1999, 95 ) , de atribución de competencias a los consejos insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.
Agricultura, ganadería, pesca y artesanía
— Ley 8/1999, de 12 de abril ( LIB 1999, 100 ) , de atribución de competencias a los consejos insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera en materia de agricultura, ganadería, pesca y artesanía
— Decreto 2/2011, de 14 de enero, de ampliación de los medios económicos y patrimoniales adscritos a las funciones ya traspasadas al Consejo Insular de Menorca mediante la Ley 8/1999, de 12 de abril, de atribución de competencias a los consejos insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera en materia de agricultura, ganadería, pesca y artesanía (financiación de los costes vinculados al traspaso al Consejo Insular de Menorca de determinados medios personales y materiales de Servicios de Mejora Agraria, SA, ubicados en la isla de Menorca, para la realización de tareas de vigilancia pesquera y de promoción de la calidad de los productos agroalimentarios, así como el seguimiento de las producciones agrarias y pesqueras).
— Decreto 3/2011, de 14 de enero ( LIB 2011, 8 ) , de ampliación de los medios económicos adscritos a las funciones y los servicios inherentes a las competencias que en su momento fueron traspasadas al extinto Consejo Insular de Ibiza y Formentera por la Ley 8/1999, de 12 de abril, de atribución de competencias a los consejos insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera en materia de agricultura, ganadería, pesca y artesanía, la titularidad y el ejercicio de las cuales asume hoy, también por mandato legal, el Consejo Insular de Formentera en el ámbito territorial de esta isla, desde el momento de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero ( RCL 2007, 417 , 658 y 1410) (financiación de los costes vinculados a la ejecución de programas de asistencia y asesoramiento técnico y capacitación del sector agrario, así como de promoción, seguimiento y protección territorial de los productos agroalimentarios en la isla de Formentera).
— Decreto 4/2011, de 14 de enero ( LIB 2011, 9 ) , de ampliación de los medios económicos adscritos a las funciones ya traspasadas al Consejo Insular de Ibiza mediante la Ley 8/1999, de 12 de abril, de atribución de competencias a los consejos insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera en materia de agricultura, ganadería, pesca y artesanía (financiación de los costes vinculados al traspaso al Consejo Insular de Ibiza de determinados medios personales de Servicios de Mejora Agraria, SA, ubicados en la isla de Ibiza, para la realización de tareas de promoción de la calidad de los productos agroalimentarios, así como el seguimiento de las producciones agrarias).
— Ley 21/2006, de 15 de diciembre ( LIB 2006, 374 ) , de atribución de competencias a los consejos insulares de Menorca y de Ibiza y Formentera en materia de juventud y ocio.
Artesanía, fomento de la competitividad, la capacitación y el desarrollo de las empresas artesanas
— Decreto 80/2010, de 18 de junio ( LIB 2010, 169 ) , sobre el traspaso al Consejo Insular de Mallorca de las funciones y los servicios inherentes a las competencias propias de esta institución insular que actualmente ejerce la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears en materia de artesanía y de fomento de la competitividad, la capacitación y el desarrollo de las empresas artesanas.
— Decreto 94/2010, de 30 de julio ( LIB 2010, 214 ) , sobre el traspaso al Consejo Insular de Mallorca de las funciones y los servicios inherentes a las competencias propias de esta institución insular que actualmente ejerce la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears en materia de actividades catalogadas.
Administración de museos y bibliotecas
— Ley 3/2011, de 25 de marzo, de delegación de competencias al Consejo Insular de Menorca de las facultades que, como administración gestora, ejerce ahora la Administración de la CAIB en relación con el Museo de Menorca y Biblioteca Pública y el Archivo Histórico de Maó, instituciones culturales de titularidad.

References: artículo 137
 artículo 138
 artículo 8
 artículo 138
 artículo 138

Artículo 2

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15
 artículo 15
 Real Decreto