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Timestamp: 2017-06-25 18:55:03+00:00

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[Sentencia SU-0132-13] – Pensión de sobrevivientes – Derecho de acceso a la administración de justicia
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La razón por la cual se considera que el no hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad da lugar a un defecto sustantivo es debido a que, el juez competente empleó una interpretación normativa sin tener en cuenta que ésta resultaba contraria a los derechos y principios consagrados en la Carta Fundamental. Por lo tanto, basó su decisión en una norma que, de acuerdo con el principio de interpretación conforme a la Constitución, no podría existir en nuestro ordenamiento. En consecuencia, se expide un fallo con fundamento en normas que, siendo de menor jerarquía, van en contra de los principios y derechos establecidos en la Constitución Política y, así, se genera un quebrantamiento de la misma. VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES
Existe una causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales determinada como violación directa a la Constitución cuyo origen deviene de la interpretación legal inconstitucional o inaplicación de la excepción de inconstitucionalidad, es decir, se configura cuando el funcionario judicial adopta una decisión que desconoce los principios y derechos contenidos en la Constitución Política o inaplica la excepción de inconstitucionalidad de una norma inferior a las constitucionales y contraria a las mismas. Siempre que un juez se encuentra ante una norma que contraría lo estipulado por la Constitución, éste tiene el deber de inaplicar dicha norma bajo la excepción de inconstitucionalidad realizando un trabajo argumentativo en el cual determine claramente que el contenido normativo de la regla resulta contrario a la Constitución Política. Es importante mencionar que la violación directa a la constitución también se puede desarrollar por las entidades administrativas cuando éstas impongan una disposición legal que contradiga los principios y derechos protegidos por la propia Constitución. EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD Y PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN CASO DE PENSION DE INVALIDEZ
El derecho a la seguridad social protege a las personas que están en imposibilidad física o mental para obtener los medios de subsistencia que le permitan llevar una vida digna a causa de la vejez, del desempleo o de una enfermedad o incapacidad laboral, o en general, de cualquier otra causa que tenga el mismo efecto. La pensión de sobrevivientes también hace parte del derecho a la seguridad social pues busca proteger a las personas que, a causa de la muerte de aquélla de la cual dependían, se ven en dificultades para acceder a las condiciones materiales necesarias para subsistir, brindándoles, al menos, el mismo grado de seguridad social y económica con que contaban antes del deceso del pensionado o afiliado. Dicho de otra forma, “propende porque la muerte del afiliado (o pensionado) no trastoque las condiciones de quienes de él dependían”. PENSION DE SOBREVIVIENTES-Finalidad
Acción de tutela instaurada por Piedad del Socorro Gómez Roldán, quien actúa a través de apoderada judicial, contra el Instituto de Seguros Sociales en liquidación, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado Ponente:
Dentro del proceso de revisión de los fallos proferidos por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia, y la Sala de Decisión de Tutelas No.1 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia, del trámite de la acción de tutela instaurada por la señora Piedad del Socorro Gómez Roldán, quien actúa a través de apoderada judicial, contra el Instituto de Seguros Sociales en liquidación, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. I. ANTECEDENTES
1.- El señor Hugo de Jesús González, quien era cónyuge de la actora, falleció el 26 de enero de 2004. En consecuencia, la señora Gómez Roldán acudió ante el Instituto de Seguros Sociales en liquidación para solicitar la pensión de sobrevivientes. Su petición fue negada en razón a que no contaba con los requisitos exigidos para otorgar la pensión solicitada, pues, aunque su ex cónyuge contaba con 71 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores a su muerte, no cumplía con el requisito de fidelidad al sistema. En razón a lo expuesto, el ISS canceló la indemnización de pensión de sobrevivientes por un concepto de dos millones doce mil cuatrocientos pesos ($2.012.400.00) 2.- Inconforme con la decisión del ISS, la accionante inició un proceso ordinario laboral de primera instancia ante el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Descongestión de Medellín-Antioquia en contra de dicha entidad. El juez de instancia, mediante sentencia del 30 de noviembre del 2007, verificó que la parte actora no contó con el requisito de fidelidad al sistema. En consecuencia, declaró la “inexistencia de la obligación por falta de requisitos legales para el reconocimiento de la solicitada pensión”. (Fls. 66-71, cuaderno 2)
4.- La señora Gómez Roldan interpuso recurso de casación contra la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Medellín. El recurso mencionado correspondió a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que, en sentencia del 31 de agosto de 2010, resolvió no casar la sentencia al considerar que en el presente caso no procedía la excepción de inconstitucionalidad pues los hechos tuvieron lugar cuando la ley 797 de 2003 se encontraba vigente y su declaración de inexequibilidad fue posterior a que se configurara la situación jurídica ahora estudiada. (Fls. 21-46, cuaderno 2) Solicitud de Tutela
En virtud a los hechos narrados, la peticionaria solicita se inaplique el requisito de fidelidad al sistema consagrado en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 y, en consecuencia, se reconozca y pague la pensión de sobrevivientes pues considera que la negación de misma, bajo la aplicación de la norma declarada inexequible, genera una vulneración del derecho fundamental a la seguridad social, mínimo vital y debido proceso. Decisiones objeto de revisión
La actora interpuso una acción de tutela en contra del fallo proferido por la Corte Suprema en la cual solicitó el amparo a sus derechos al debido proceso, seguridad social y mínimo vital. El conocimiento de dicha acción le correspondió a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema que, mediante el fallo del 1 de Septiembre de 2011, tuteló los derechos de la accionante pues determinó que la norma aplicada al caso había sido declarada inexequible para el momento del fallo en sede de casación. Sostuvo que se incurrió en un defecto material o sustantivo. En consecuencia, dejó sin efecto la sentencia proferida por la Sala de Casación Laboral y ordenó emitir una nueva providencia con base a la C-556 del 2009 -sentencia que declaró la inexequibilidad de la norma-. (Fls. 79-64, cuaderno 2). La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema impugnó el fallo de tutela. El 6 de octubre de 2011, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de todo lo actuado debido a que encontró que la Corte Suprema es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y no existe otro grado de conocimiento respecto de sus providencias. (Fls. 25-26, cuaderno 3) En razón a lo expuesto, la señora Piedad del Socorro Gómez Roldan, a través de apoderada, presentó un escrito ante la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia para solicitar la aplicación del denominado Auto 100 de 2008, ya que su acción de tutela nunca fue enviada a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Finalmente, dicho escrito fue enviado a la Corte Suprema para su trámite correspondiente. (Fls. 3-11, cuaderno 2) La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en decisión proferida el 5 de marzo de 2012, denegó las pretensiones de la acción constitucional pues consideró que se trataba de una tutela en contra del fallo de tutela emitido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema. (Fls. 52-58, cuaderno 3)
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en su fallo del 14 de junio de 2012, confirmó esta decisión al observar que la Corte Constitucional, en el auto 100 de 2008, estableció los trámites pertinentes para los casos en los cuales la acción de tutela no llega ante la Corte para su eventual revisión. Dentro de las opciones otorgadas, es posible acudir directamente ante la Corte Constitucional y solicitar la revisión de dicha acción constitucional. De modo que, el juez de instancia afirmó que la accionante contaba con dicho medio para proteger sus derechos y, en consecuencia, determinó que la presente acción resultaba improcedente. (Fls. 3-8, cuaderno 4) Esta providencia fue enviada a la presente Corporación para su eventual revisión.
2.- En atención a lo expuesto, la Sala Plena debe determinar si el Instituto de Seguros Sociales, el Tribunal Superior de Medellín y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital y seguridad social de la señora Piedad del Socorro Gómez Roldán al haber negado su reconocimiento a la pensión de sobrevivientes con fundamento en la aplicación del requisito de fidelidad al sistema, consagrado en el artículo 12 de la ley 797 de 2003, por considerar que ésta era la disposición aplicable en virtud de la fecha de la muerte del cónyuge de la actora –26 de enero de 2004–; y, finalmente, determinar que el fallecido incumplía con dicha exigencia. 3.- A fin de resolver el asunto, la Sala se pronunciará sobre (i) el Auto 100 de 2008; (ii) la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales; (iii) la Seguridad Social como derecho constitucional fundamental y su protección a través de la acción de tutela; (iv) el desarrollo jurisprudencial acerca de la inaplicación del requisito de fidelidad al sistema establecido en el artículo 12 de la ley 797/03 y, por último, se (v) resolverá el caso concreto.
(i) acudir a la regla fijada en el Auto 04 del 3 de febrero de 2004, es decir, presentar la acción de tutela ante cualquier juez (unipersonal o colegiado) o incluso ante una corporación judicial de la misma jerarquía de la Corte Suprema de Justicia; o (ii) solicitar ante la Secretaría General de la Corte Constitucional, que radique para selección la decisión proferida por la Corte Suprema de Justicia en la cual se concluyó que la acción de tutela era absolutamente improcedente, con el fin de que surta el trámite fijado en las normas correspondientes al proceso de selección. Para este efecto, el interesado adjuntará a la acción de tutela, la providencia donde se plasmó la decisión que la tutela era absolutamente improcedente, así como la providencia objeto de la acción de tutela.
5.- Inicialmente se discutió acerca del examen realizado por el juez constitucional, mediante la acción de tutela, a las providencias emitidas por los jueces ordinarios. Algunas posturas expusieron una posible transgresión de la seguridad jurídica y la falta de legitimidad que ésta podría conllevar al permitir que el juez constitucional excediera sus facultades dentro de la revisión de los fallos judiciales. Sin embargo, esta Corporación dejó claro que la intervención del juez constitucional en asuntos decididos por otros jueces, en sus respectivas jurisdicciones, se puede adelantar únicamente con el fin de proteger los derechos fundamentales vulnerados. Al respecto, se ha establecido que el juez constitucional no puede suplantar o desplazar al juez ordinario en el estudio de un caso que, por su naturaleza jurídica, le compete. Éste sólo puede vigilar si la providencia conlleva la vulneración de los derechos constitucionales del tutelante, en especial, el derecho al debido proceso y el acceso a la administración de justicia. De allí se infiere que la tutela no es un mecanismo que permita al juez constitucional anular decisiones que no comparte o remplazar al juez ordinario en su tarea de interpretar las normas conforme al material probatorio del caso, sino que le permite determinar si la actividad judicial estuvo conforme al ordenamiento constitucional. Debido a lo anterior, la tutela se considera un mecanismo excepcional, subsidiario y residual cuyo fin es proteger los derechos fundamentales de la persona que tuvo participación en un proceso judicial y de éste devino la vulneración a sus derechos. Respecto de ello, la Corte ha expresado que “se trata de una garantía excepcional, subsidiaria y autónoma para asegurar, cuando todos los recursos anteriores han fallado, que a las personas sometidas a un proceso judicial no les violen sus derechos constitucionales fundamentales. No se trata entonces de garantizar la adecuada aplicación del resto de las normas que integran el sistema jurídico o de los derechos que tienen origen en la ley”. Quiere decir esto que los jueces constitucionales deben revisar la aplicación de los derechos constitucionales que corresponde garantizar a los jueces ordinarios y de lo contencioso administrativo al momento de decidir asuntos de su competencia pero sin intervenir de manera ilegítima en sus decisiones. Finalmente el juez de tutela debe velar por que el juez ordinario no fundamente su decisión en actuaciones que se aparten abiertamente de los precedentes sin una justificación válida o cuando su discrecionalidad interpretativa sobrepase los lineamientos previamente establecidos de una forma arbitraria y caprichosa. Sin embargo, el juez constitucional debe ser respetuoso de las competencias de los jueces, pues no puede transgredir sus facultades discrecionales y su libertar hermenéutica en los asuntos de su conocimiento.
(i)	Las causales generales para que una tutela, que se endereza al cuestionamiento de una providencia judicial, proceda son: a.	El asunto en discusión debe comportar una evidente relevancia constitucional que permita establecer que es el juez de tutela el encargado de su estudio.
b.	Deben haber sido agotados todos los mecanismos de defensa judiciales –ordinarios y extraordinarios- existentes para la protección de los derechos del actor. Sin embargo, en caso de que se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable, la acción constitucional podrá proceder como mecanismo transitorio, aún ante la ausencia del agotamiento de los medios de defensa.
c.	Se debe dar cumplimiento al principio de inmediatez, es decir, que la tutela se haya interpuesto en un término razonable y proporcionado desde el hecho que originó la vulneración o amenaza de los derechos del tutelante, hasta el momento en que éste acudió ante el juez constitucional para la protección de los mismos.
d.	La irregularidad procesal alegada deberá tener un efecto decisivo o determinante en las providencias objeto de discusión.
e.	La parte actora debe haber identificado los hechos que generaron la afectación, los derechos vulnerados y que éstos hayan sido alegados dentro del proceso, siempre y cuando fuere posible.
f.	No se trate de una sentencia de tutela.
(i)	Como segunda medida, dentro de la acción de tutela se debe establecer la configuración de una causal especial de procedibilidad. Estas causales corresponden a los siguientes tipos de defectos:
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. i.	Violación directa de la Constitución.”
Como primera medida, es importante aludir que el artículo 4º de la Constitución Política establece que, cuando existen normas contrarias a la Constitución, se aplicarán las medidas contenidas en la Carta Política debido a su superioridad jerárquica. Lo anterior fundamenta el objeto de la figura conocida como excepción de inconstitucionalidad.
Adicionalmente a lo expuesto, la jurisprudencia ha establecido que, cuando el funcionario inaplica la excepción solicitada por las partes, siendo procedente, genera específicamente, un defecto sustantivo por inaplicación de la excepción de inconstitucionalidad. Éste defecto se presenta cuando “la actuación controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable, ya sea porque (a) la norma perdió vigencia por cualquiera de las razones de ley, (b) es inconstitucional, (c) o porque el contenido de la disposición no tiene conexidad material con los presupuestos del caso. También puede darse en circunstancias en las que a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, se produce (d) un grave error en la interpretación de la norma constitucional pertinente, el cual puede darse por desconocimiento de sentencias de la Corte Constitucional con efectos erga omnes, o cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación claramente contraria a la Constitución. Se considera igualmente defecto sustantivo el hecho de que la providencia judicial tenga problemas determinantes relacionados, (e) con una insuficiente sustentación o justificación de la actuación que afecte derechos fundamentales; (f) cuando se desconoce el precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación, que hubiese permitido una decisión diferente; o (g) cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso.” (Negrilla fuera del texto)
La razón por la cual se considera que el no hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad da lugar a un defecto sustantivo es debido a que, el juez competente empleó una interpretación normativa sin tener en cuenta que ésta resultaba contraria a los derechos y principios consagrados en la Carta Fundamental. Por lo tanto, basó su decisión en una norma que, de acuerdo con el principio de interpretación conforme a la Constitución, no podría existir en nuestro ordenamiento. En consecuencia, se expide un fallo con fundamento en normas que, siendo de menor jerarquía, van en contra de los principios y derechos establecidos en la Constitución Política y, así, se genera un quebrantamiento de la misma. Además, existe una causal específica de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales determinada como violación directa a la Constitución cuyo origen deviene de la interpretación legal inconstitucional o inaplicación de la excepción de inconstitucionalidad, es decir, se configura cuando el funcionario judicial adopta una decisión que desconoce los principios y derechos contenidos en la Constitución Política o inaplica la excepción de inconstitucionalidad de una norma inferior a las constitucionales y contraria a las mismas. Se concluye entonces que, siempre que un juez se encuentra ante una norma que contraría lo estipulado por la Constitución, éste tiene el deber de inaplicar dicha norma bajo la excepción de inconstitucionalidad realizando un trabajo argumentativo en el cual determine claramente que el contenido normativo de la regla resulta contrario a la Constitución Política. Es importante mencionar que la violación directa a la constitución también se puede desarrollar por las entidades administrativas cuando éstas impongan una disposición legal que contradiga los principios y derechos protegidos por la propia Constitución. La Seguridad Social como derecho constitucional fundamental y su protección a través de la acción de tutela. Reiteración de Jurisprudencia.
9.- El artículo 48 superior, prescribe lo siguiente: “Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social”. La protección que le otorga el ordenamiento constitucional al derecho a la seguridad social se complementa y fortalece por lo dispuesto en el ámbito internacional pues son varios los instrumentos internacionales que reconocen el derecho de las personas a la seguridad social. El artículo 16 de la Declaración Americana de los Derechos de la Persona afirma que: “Artículo XVI. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que le proteja contra las consecuencias de la desocupación, de la vejez y de la incapacidad que, proveniente de cualquier otra causa ajena a su voluntad, la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios de subsistencia”. De manera similar, el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prescribe: “Artículo 9. Derecho a la Seguridad Social. 1. Toda persona tiene derecho a la seguridad social que la proteja contra las consecuencias de la vejez y de la incapacidad que la imposibilite física o mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán aplicadas a sus dependientes”. De la lectura de las normas transcritas se deduce que el derecho a la seguridad social protege a las personas que están en imposibilidad física o mental para obtener los medios de subsistencia que le permitan llevar una vida digna a causa de la vejez, del desempleo o de una enfermedad o incapacidad laboral, o en general, de cualquier otra causa que tenga el mismo efecto.
En el ordenamiento jurídico colombiano y, durante un amplio lapso, la doctrina constitucional, incluida la jurisprudencia de la Corte Constitucional, acogió la distinción teórica entre derechos civiles y políticos, de una parte, y derechos sociales, económicos y culturales, de otra. Los primeros generadores de obligaciones negativas o de abstención y por ello reconocidos en su calidad de derechos fundamentales y susceptibles de protección directa por vía de tutela. Los segundos, desprovistos de carácter fundamental por ser fuente de prestaciones u obligaciones positivas, frente a los cuales, por ésta misma razón, la acción de tutela resultaba, en principio, improcedente. Sin embargo, desde muy temprano, el Tribunal Constitucional colombiano admitió que los derechos sociales, económicos y culturales, llamados también de segunda generación, podían ser amparados por vía de tutela cuando se lograba demostrar un nexo inescindible entre estos derechos de orden prestacional y un derecho fundamental, lo que se denominó “tesis de la conexidad” . Otra corriente doctrinal ha mostrado, entretanto, que los derechos civiles y políticos así como los derechos sociales, económicos y culturales son derechos fundamentales que implican obligaciones de carácter negativo como de índole positiva. El Estado ha de abstenerse de realizar acciones orientadas a desconocer estos derechos (deberes negativos del Estado) y con el fin de lograr la plena realización en la práctica de todos estos derechos – políticos, civiles, sociales, económicos y culturales – es preciso, también, que el Estado adopte un conjunto de medidas y despliegue actividades que implican exigencias de orden prestacional (deberes positivos del Estado). Según esta óptica, la implementación práctica de todos los derechos constitucionales fundamentales siempre dependerá de una mayor o menor erogación presupuestaria, de forma tal que despojar a los derechos sociales – como el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al acceso al agua potable entre otros – de su carácter de derechos fundamentales por ésta razón resultaría no sólo confuso sino contradictorio. Es por ello que en pronunciamientos más recientes esta Corte ha señalado que todos los derechos constitucionales son fundamentales pues se conectan de manera directa con los valores que las y los Constituyentes quisieron elevar democráticamente a la categoría de bienes especialmente protegidos por la Constitución. Estos valores consignados en normas jurídicas con efectos vinculantes marcan las fronteras materiales más allá de las cuales no puede ir la acción estatal sin incurrir en una actuación arbitraria (obligaciones estatales de orden negativo o de abstención). Significan, de modo simultáneo, admitir que en el Estado social y democrático de derecho no todas las personas gozan de las mismas oportunidades ni disponen de los medios – económicos y educativos – indispensables que les permitan elegir con libertad aquello que tienen razones para valorar. De ahí el matiz activo del papel del Estado en la consecución de un mayor grado de libertad, en especial, a favor de aquellas personas ubicadas en un situación de desventaja social, económica y educativa. Por ello, también la necesidad de compensar los profundos desequilibrios en relación con las condiciones de partida mediante una acción estatal eficaz (obligaciones estatales de carácter positivo o de acción). Ahora bien, una cosa es la fundamentalidad de los derechos y otra – muy distinta – la posibilidad de hacerlos efectivos a través de la acción de tutela. Existen facetas prestacionales de los derechos fundamentales – sean éstos civiles, políticos, económicos, sociales o culturales -, como el derecho a la pensión de vejez, cuya implementación política, legislativa, económica y técnica es más exigente que la de otras y depende de fuertes erogaciones económicas en un contexto de escasez de recursos. Esto supone que algunas veces sea necesario adoptar políticas legislativas y/o reglamentarias para determinar específicamente las prestaciones exigibles y las condiciones para acceder a las mismas, las instituciones obligadas a brindarlas y su forma de financiación, teniendo en cuenta que se debe atender, de modo prioritario, a quienes más lo necesitan. Sobra decir que, en esta tarea, el legislador y la administración deben respetar los mandatos constitucionales y los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia que hacen parte del bloque de constitucionalidad, para lo cual deben tener en cuenta las interpretaciones que los órganos autorizados han hecho sobre el alcance de los derechos que reconocen estas normas. La necesidad del desarrollo político, reglamentario y técnico no determina que estos derechos pierdan su carácter fundamental, pero sí tiene repercusiones en la posibilidad de protegerlos mediante la acción de tutela pues la indeterminación de algunas de sus facetas prestacionales dificulta establecer con exactitud, en un caso concreto, quien es el sujeto obligado, quien es el titular y cuál es el contenido prestacional constitucionalmente determinado. En este sentido, la Corte ha señalado que sólo una vez adoptadas las medidas de orden legislativo y reglamentario, si se cumplen los requisitos previstos en estos escenarios, las personas pueden, sin excepción, acudir a la acción de tutela para lograr la efectiva protección de estos derechos fundamentales cuando quiera que este se encuentre amenazado de vulneración o haya sido conculcado, previo análisis de los requisitos de procedibilidad de este mecanismo constitucional. La anterior regla tiene una excepción, pues también ha indicado la Corte que ante la renuencia de las instancias políticas y administrativas competentes en adoptar e implementar medidas orientadas a realizar estos derechos fundamentales en la práctica, los jueces pueden hacer efectivo su ejercicio por vía de tutela cuando la omisión de las autoridades públicas termina por desconocer por entero la conexión existente entre la falta de protección de los derechos fundamentales y la posibilidad de llevar una vida digna y de calidad, especialmente de sujetos de especial protección o, en general, de personas colocadas en situación evidente de indefensión. Por consiguiente, queda claro que el derecho a la seguridad social – dentro del cual se inscribe el derecho a la pensión de sobrevivientes -, es un derecho fundamental y que, cuando se presenten alguno de los dos eventos descritos, la acción de tutela puede ser usada para protegerlo, siempre y cuando se verifiquen, además, los requisitos de procedibilidad de este mecanismo procesal. En lo que hace relación con la pensión de sobrevivientes como parte del derecho fundamental a la seguridad social, es importante tener en cuenta que el artículo 9 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, señala que ante la muerte del beneficiario, las prestaciones de la seguridad social deben pasar a las personas que dependían económicamente de él.
En este orden de ideas, la pensión de sobrevivientes también hace parte del derecho a la seguridad social pues busca proteger a las personas que, a causa de la muerte de aquélla de la cual dependían, se ven en dificultades para acceder a las condiciones materiales necesarias para subsistir, brindándoles, al menos, el mismo grado de seguridad social y económica con que contaban antes del deceso del pensionado o afiliado. Dicho de otra forma, “propende porque la muerte del afiliado (o pensionado) no trastoque las condiciones de quienes de él dependían”. Desarrollo jurisprudencial sobre inaplicación del requisito de fidelidad al sistema de la ley 797/03 en la pensión de sobrevivientes.
10.- El sistema general de pensiones tiene por objeto garantizar a las personas un amparo en contra de las contingencias derivadas de la vejez, invalidez y muerte a través del reconocimiento de pensiones y prestaciones económicas. Por su parte, la pensión de sobrevivientes tiene por objeto proteger a las personas que dependan económicamente del fallecido. Pretende, entonces, evitar un posible desamparo emanado de la muerte de la persona y que se traduzca en un estado de miseria, abandono, indigencia o desprotección de sus parientes. La norma estipula que dicha pensión se presta a los familiares del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca; o del afiliado al sistema que fallezca siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos por la ley. En cuanto a los requisitos establecidos para la obtención de la pensión de sobreviviente en caso de que la persona fallecida aun no fuera pensionada, han sido materia de modificaciones en varias oportunidades. Inicialmente indicaba que “Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes: (…)
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que este hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos: a. Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte;
a.	Muerte causada por enfermedad: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinticinco por ciento (25%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento;
b.	Muerte causada por accidente: si es mayor de 20 años de edad, haya cotizado el veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte años de edad y la fecha del fallecimiento.
Parágrafo 2º. Si la causa del fallecimiento es homicidio, se aplicará lo prescrito para accidente, y si es suicidio, se aplicará lo rescrito para enfermedad.” La Corte Constitucional, en sentencia C-1094 de 2003, estudió una demanda de inconstitucionalidad en la cual los actores alegaron, entre otras cosas, que el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 vulneraba el principio de igualdad de quienes pretendían acceder a la pensión ya que la norma establece diferentes requisitos para la obtención de la pensión de sobrevivientes cuando se trata de muerte causada por enfermedad, por accidente o por suicidio. En dicho caso, esta Corporación únicamente estudió la norma en cuanto a los cargos alegados y decidió “Declarar inexequible el parágrafo 2º del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 y Exequible, por los cargos analizados en esta Sentencia, el resto de este artículo, en el entendido que para el caso del literal a) del numeral 2 será exigible la cotización del veinte por ciento (20%) del tiempo transcurrido entre el momento en que el afiliado al sistema que fallezca cumplió 20 años de edad y la fecha de su muerte.”
11.- Teniendo en cuenta la forma en la cual quedó establecida la norma después de lo expuesto, se concluye que el número de semanas de cotización que debían realizarse al momento de la muerte del afiliado al sistema de seguridad social en pensiones, aumentó a 50 semanas dentro de los últimos tres años anteriores al fallecimiento. Adicionalmente, se estableció un nuevo requisito en el cual, se exige un porcentaje de aportes al sistema desde el momento en el cual se cumple 20 años de edad y el instante del fallecimiento –requisito determinado como fidelidad al sistema-.
12.- En relación con lo expuesto, y como argumento análogo trasladable al caso ahora estudiado, la Corte también estudió la regresión del requisito de fidelidad al sistema en los casos del acceso a la pensión de invalidez. A pesar de que la pensión de sobrevivientes es diferente a la pensión de invalidez, en ambas se impuso el requisito de fidelidad al sistema para acceder a la pensión y, en ambos casos, se utilizaron argumentos similares para determinar que la norma resultaba contraria a la Constitución.
13.- Este requisito, en la pensión de invalidez, fue establecido por la ley 860 del 2003. Esta Corporación comenzó a inaplicar el requisito de la fidelidad de cotización al sistema pues se consideró que representaba un nuevo obstáculo para las personas que pretendían acceder a la pensión de invalidez y, por lo tanto, constituía una vulneración al principio de progresividad de los derechos sociales y un incumplimiento a la prohibición de regresividad de los mismos. Es así como este Tribunal en la sentencia T-221 de 2006 revisó un caso en el cual la accionante padecía de cáncer pulmonar y fue calificada con una pérdida de capacidad laboral equivalente al 58.6%. Colfondos negó la solicitud de pensión de invalidez al considerar que, a pesar de contar con en número de semanas exigidas, no se daba cumplimiento al requisito de fidelidad al sistema; es decir, la tutelante contaba con 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de invalidez pero no logró acreditar la cotización al sistema del 20% del tiempo transcurrido entre el momento de haber cumplido 20 años de edad y la fecha en la cual se realizó su primera calificación de invalidez. Allí, la Corte Constitucional consideró que “en el caso concreto se tiene que la regulación más estricta sí es directamente vulneradora del principio de progresividad toda vez que al tornar más pedregoso el camino para acceder a la pensión de invalidez deja a los grupos discapacitados en estado de abandono” y decidió inaplicar la norma por considerarla inconstitucional. En consecuencia, concedió el amparo a los derechos fundamentales de la actora y ordenó a la entidad accionada que diera aplicación al artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en su versión original, para dar trámite al reconocimiento de la pensión de invalidez.
14.- En primer lugar, la Corte, en sede de acción de tutela, tuvo la oportunidad de analizar la aplicación del requisito mencionado para ciertos casos en los cuales se determinó que la norma resultaba contraria al principio de progresividad y la prohibición de regresividad de los derechos sociales de quienes reclamaban la pensión. Así, en sentencia T-1036 de 2008 se estudió un caso en el cual la tutelante era una madre cabeza de hogar, cuyo cónyuge falleció el 17 de junio de 2006, a la cual le fue negada la pensión de sobrevivientes debido, únicamente, a que el afiliado no cumplió con el requisito de fidelidad al sistema correspondiente al 20% del tiempo de cotización exigido entre los 20 años de edad y la fecha de su deceso. Allí esta Corporación determinó que “(i) las condiciones que ahora se exigen a la beneficiaria son más gravosas e impiden el acceso a la prestación económica reclamada; (ii) en segundo término, no hay una fundamentación suficiente sobre la cual se apoye la disminución del nivel de protección del derecho; (iii) existe una intensa afectación de los derechos de las menores Manuela y María José López Duque, quienes por su edad – siete y cuatro años respectivamente-son sujetos de especial protección constitucional; (iv) a pesar de que el historial de cotización del occiso inició durante la vigencia de la Ley 100 de 1993 y de acuerdo a lo originalmente establecido en ella, la peticionaria hubiera accedido de manera inmediata a la pensión de sobrevivientes, bajo el nuevo régimen no puede acceder a dicha prestación.” De modo que, como la norma se consideró regresiva, la Corte procedió a inaplicar el requisito de fidelidad al sistema, establecido en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, y ordenó el estudio del reconocimiento de la pensión de sobreviviente, para dicho caso, bajo las disposiciones de la Ley 100 de 1993 en su versión originaria. Se concluye que, esta Corporación examinó, en sede de revisión de tutela, el requisito de fidelidad al sistema para pensiones de sobrevivientes. Finalmente consideró que se trataba de una exigencia de la cual devenía una afectación al principio de progresividad y prohibición de regresividad de los derechos sociales. En consecuencia, se determinó que, para proteger los derechos fundamentales afectados, debía procederse a inaplicar el requisito de fidelidad al sistema mediante la figura de la excepción de inconstitucional.
A partir de esta sentencia de constitucionalidad, la Corte, en diferentes fallos, ha argumentado que el requisito de fidelidad al sistema no puede ser exigido en ningún caso pues dicho requisito siempre fue contrario al principio de progresividad y a la prohibición de regresividad de los derechos sociales. De igual forma se ha afirmado que “la sentencia de constitucionalidad lo único que hizo fue corregir una situación que desde siempre fue contraria al derecho fundamental a la seguridad social en pensiones y que, por consiguiente, se limitó a reafirmar el carácter irregular de una disposición que desde antes estaba en contra de la Constitución, por consiguiente el pronunciamiento de la Corte tendría un carácter declarativo y no constitutivo.” Como ejemplo de lo afirmado, encontramos que, en la sentencia T-730 de 2009, se resolvió una acción de tutela instaurada ya que se negó, a la actora, la pensión de sobrevivientes con el único argumento de no haber acreditado el requisito de fidelidad al sistema. Allí la Corte afirmó que dicha exigencia no debía ser requerida aun cuando el fallecimiento del cónyuge de la parte actora ocurrió con anterioridad a la promulgación de la C-556 de 2009 ya que fue un requisito que desde su expedición resultó contrario a la prohibición de regresividad de los derechos sociales. De igual forma, en la sentencia T-846 de 2009, este Tribunal estudió un acumulado en el cual se expuso varios casos donde se negaban las pensiones de invalidez y sobrevivientes bajo el argumento del incumplimiento del requisito de fidelidad al sistema. En tal ocasión se inaplicó la exigencia mencionada, aun cuando la estructuración de los casos era anterior a las sentencias de constitucionalidad que declararon inexequible el requisito de fidelidad, tanto para la pensión de invalidez como la de sobrevivientes; pues se trató de una norma que siempre fue contraria al principio de progresividad y a la prohibición de regresividad de los derechos sociales. 15.- Conclusión
En primer lugar, el requisito de fidelidad al sistema fue implementado, por diferentes normas, para acceder a la pensión de invalidez y a la pensión de sobrevivientes. En segundo lugar, en ambos casos, la Corte decidió inaplicar este requisito mediante la excepción de inconstitucionalidad, pues se trataba de disposiciones contrarias a los principios consagrados en la Constitución Política, en cuanto representaba un retroceso en el nivel de protección de los derechos sociales, en comparación con que había sido previsto en el texto original de la ley 100 de 1993.
16.- En el caso bajo estudio, la señora Piedad del Socorro Gómez Roldán consideró vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, la seguridad social y al mínimo vital debido a que el Instituto de Seguros Sociales, el Tribunal Superior de Medellín y la Sala de Casación Laboral de la Corte suprema de Justicia negaron el reconocimiento de pensión de sobrevivientes conforme a una norma que, en su parecer, no podía aplicársele, ya que siempre fue contraria a lo dispuesto en la Constitución Política y, además, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. En razón a lo expuesto, la Sala debe determinar si el Instituto de Seguros Sociales, el Tribunal Superior de Medellín y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia vulneraron los derechos fundamentales de la actora al haber negado el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con fundamento en la aplicación del literal a) del artículo 12 de la ley 797 de 2003.
17.- Ahora bien, el cónyuge de la actora falleció el 26 de enero de 2004. A partir de éste hecho, la peticionaria solicitó su pensión de sobrevivientes ante el ISS pero su petición le fue negada en razón a que no acreditó todos los requisitos establecidos en el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. El Instituto de Seguros Sociales argumentó su decisión afirmando que, a pesar de verificar que el actor contaba con más de 50 semanas cotizadas dentro de los 3 últimos años anteriores a la fecha de la muerte del cotizante, éste no cumplió con el requisito de fidelidad al sistema exigido por la misma norma. Al respecto, la tutelante inició un proceso ordinario laboral contra la resolución que negó el reconocimiento de su pensión de sobrevivientes. En primera instancia del proceso ordinario, con fallo de 30 de noviembre de 2007 emitido por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Descongestión de Medellín, se negaron las pretensiones de la accionante debido a que no cumplía con el requisito de fidelidad al sistema para ser acreedora de la pensión solicitada.
Como consecuencia del fallo de casación, la señora Piedad del Socorro Gómez Roldán se vio obligada a interponer una acción de tutela, la cual, en primera instancia, fue concedida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema. Sin embargo, la Sala de Casación Civil de la misma Corte, en fallo de tutela de segunda instancia, declaró la nulidad de todo lo actuado y procedió a inadmitir dicha acción. La actora presentó un escrito, mediante el cual solicitó la aplicación de lo previsto en el Auto 100 del 2008 ante la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia. Este escrito fue remitido nuevamente a la Corte Suprema de Justicia.
Inicialmente la Sala de Casación Laboral negó el amparo al considerar que se trataba de una tutela en contra de la providencia que inadmitió la acción de tutela presentada inicialmente y, finalmente, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del 14 de junio de 2012, confirmó el fallo de la Sala de Casación Laboral. Allí argumentó que la accionante contaba con la posibilidad de presentar la acción de tutela directamente ante la Secretaría General de la Corte Constitucional para su eventual revisión y, por lo tanto, su acción debía ser negada. Esta providencia fue enviada a la Corte Constitucional, para su eventual revisión, siendo seleccionada para tal efecto.
17.- Ahora bien, conforme a lo expuesto en la parte considerativa acerca de los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, establecidos en la C-590 de 2009, se prosigue con el estudio de su cumplimiento en el presente caso: a) Relevancia constitucional. La acción de tutela fue interpuesta al considerar que se había incurrido en una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social y mínimo vital. Conforme a ello, cualquier afectación a dichos derechos comporta relevancia constitucional. Es importante tener en cuenta que lo que se discute en el proceso laboral, dentro del cual fueron proferidas las providencia ahora cuestionadas, son los derechos constitucionales de la actora a la seguridad y el mínimo vital vulnerados por haber negado la pensión de sobrevivientes bajo el único argumento de la aplicación del requisito de fidelidad al sistema, considerado por el presente Tribunal como una exigencia contraria al principio de progresividad y prohibición de regresividad. b) Agotar los medios idóneos. Dentro del expediente obran pruebas en las cuales se demuestra que la accionante agotó la vía ordinaria laboral para atacar la negativa, por parte del ISS, al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. En primer lugar, en los folios 66 a 71 del cuaderno 2 se encuentra la sentencia de primera instancia del proceso ordinario laboral emitida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Descongestión de Medellín-Antioquia; en segundo lugar, en los folios 72 a 78 del cuaderno 2 se encuentra el fallo de segunda instancia proferido por el Tribunal Superior de Medellín-Antioquia; y en tercer lugar, del folio 21 al 38 del cuaderno 2 se encuentra la providencia del recurso de casación realizada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En consecuencia, se comprueba que la peticionaria agotó todos los medios existentes para lograr la protección de sus derechos fundamentales y el único mecanismo existente para salvaguardar los mismos es la acción constitucional. c) Inmediatez. En cuanto al principio de inmediatez, se observa que el fallo de tutela, mediante el cual se inadmitió la acción constitucional sin dar la oportunidad de una revisión por parte de la Corte Constitucional, fue expedido el 6 de octubre de 2011 (Fls. 25-26, cuaderno 3). Poco tiempo después, el 7 de diciembre de 2011, la peticionaria interpuso acción de tutela motivo de estudio en la presente providencia. Conforme a lo expuesto, considera la Sala que las actuaciones realizadas por la tutelante, encaminadas a la búsqueda de protección de sus derechos, se llevaron a cabo dentro de un tiempo razonable. d) Vulneración de derechos fundamentales en razón a providencia. La peticionaria alegó la posible afectación de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital por parte de las partes accionadas ya que éstos negaron su pensión de sobrevivientes al aplicar una norma contraria a la Constitución y que fue declarada inexequible en la sentencia C-556 de 2009. Específicamente, la exigencia del literal a) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, en la cual se consagra el requisito de fidelidad al sistema como exigencia para acceder a la pensión de sobrevivientes. e) Identificación de hechos y derechos. Del expediente se comprueba que, la actora identificó claramente los hechos y derechos posiblemente vulnerados que, de igual forma, fueron alegados dentro del proceso ordinario laboral.
f) Tutela contra tutela. No se trata de una acción en contra de un fallo de tutela ya que dentro de la acción constitucional se argumenta la inconformidad en contra de los fallos emitidos por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Descongestión de Medellín-Antioquia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso ordinario laboral. Además, argumenta, claramente, que se trata de la aplicación del Auto 100 de 2008, en el cual se permite interponer de nuevo la acción de tutela en los casos ya expuestos. Ahora bien, debido a que el presente caso cumple con las causales generales de la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se procede a estudiar de fondo el problema jurídico.
Como se explicó anteriormente, la actora, en sede de segunda instancia y de casación del proceso ordinario iniciado por la misma, solicitó la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad de una norma que exigía el requisito de fidelidad al sistema. Dicha norma resultaba contraria a los principios establecidos en la Constitución Política ya que exigía requisitos más gravosos que los establecidos en la legislación anterior. No obstante, ambas instancias hicieron caso omiso a la solicitud realizada y aplicaron el literal a) del artículo 12 de la ley 797 de 2009, en su estricto sentido, para resolver la petición de la accionante. 18.- A partir de los argumentos utilizados por las providencias judiciales cuestionadas, con referencia a la norma aplicable en el caso de la accionante, encuentra la Sala que no se hallan ajustadas a la jurisprudencia desarrollada por esta Corporación, en la cual se establece que, si bien el literal a) del artículo 12 de la ley 797 de 2003 es la norma aplicable, el requisito de fidelidad al sistema siempre fue considerado contrario a los principios de progresividad y prohibición de regresividad de los derechos sociales. En consecuencia, se dispuso que dicho requisito debía ser inaplicado mediante la excepción de inconstitucionalidad.
En la parte considerativa de esta providencia se recordó que la regresividad de las medidas adoptadas por dicha regulación no se encontraba debidamente justificada, ya que impuso requisitos más gravosos que los establecidos previamente por el artículo 46 de la ley 100 de 1993. Y que, en consecuencia, en casos como el ahora resuelto, al aplicarse la norma regresiva se impediría percibir los ingresos necesarios para la subsistencia digna de quien reclama la pensión. Aunado a lo anterior es importante recordar que, a través de la sentencia C-556 de 2009, se confirmó la tesis adoptada por esta Corporación al declarar inexequible el requisito de fidelidad al sistema y expulsarlo del ordenamiento jurídico. Se demostró que desde que su creación se consideró una medida regresiva al derecho fundamental de seguridad social en pensiones. Además, el Alto Tribunal Constitucional argumentó que el requisito de fidelidad al sistema no justificó su aplicación en la búsqueda del desarrollo de algún derecho social y tampoco estableció una medida que mitigara la afectación de aquellas personas que se encontraban cotizando al momento de la aplicación de la norma.
Es importante recordar que, si bien para la fecha en la cual falleció el cónyuge de la peticionaria se encontraba vigente la norma atacada, dicha norma fue considerada contraria a la Constitución en sede de tutela y, más tarde, esa posición se confirmó de forma definitiva desde el momento en el cual se declaró la inexequibilidad del requisito de fidelidad al sistema y se expulsó del ordenamiento jurídico. Además, para el momento en el cual se emitió el fallo de segunda instancia del proceso ordinario, y por consiguiente cuando fue emitida la sentencia en sede de casación, ya existían pronunciamientos de tutela por parte de esta Corporación que habían inaplicado el requisito de fidelidad al sistema. Teniendo en cuenta lo analizado anteriormente, considera esta Sala que la actuación de los jueces competentes configuró una violación directa a la Constitución por la aplicación de la norma contraria a la Carta y, además de ello, se incurrió en un defecto sustantivo por la no aplicación de la excepción de inconstitucional solicitada de manera taxativa por la peticionaria. A pesar de que el ISS y el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Descongestión de Medellín se abstuvieron de interpretar la norma conforme a los principios y derechos consagrados en la carta fundamental, determina la Sala que el principal error del proceso ordinario laboral de la peticionaria se realizó en sede de segunda instancia y casación pues, la actora solicitó de manera expresa la inaplicación del requisito de fidelidad al sistema al considerar que éste vulneraba sus derechos fundamentales y que ya existían pronunciamientos de esta Corporación que lo habían inaplicado en casos concretos.
Se concluye entonces que, en primer lugar, los jueces competentes aplicaron de manera estricta una normatividad, sin emplear una interpretación que reconociera la supremacía de las normas estipuladas dentro de la Constitución Política; y, además, se desconoció la jurisprudencia emanada de ésta Corte en la cual se demostró que dicha norma siempre fue contraria a la Constitución y su aplicación configuraba una vulneración a los derechos fundamentales de quien solicitaba la pensión de sobrevivientes. Además, la vulneración a los derechos fundamentales de la actora perduró no solo durante el transcurso del proceso ordinario si no, también, durante el proceso de la acción de tutela ya que se vio obligada a esperar más de lo necesario para una solución a su acción constitucional, pues, inicialmente, fue inadmitida sin fundamentos jurídicos que avalaran tal decisión. Conforme a todo lo expuesto a lo largo del presente fallo determina la Sala que, no existe una razón justificable para todo el tiempo que ha tenido que esperar la actora para la protección de sus derechos fundamentales, aun cuando para el momento del proceso ordinario existía reiterada jurisprudencia que consagraba la regresividad del requisito de fidelidad al sistema y que demostraba que su aplicación vulneraba los preceptos establecidos en la Constitución Política. Esta situación generó una afectación del debido proceso de la accionante.
Aunado a lo anterior, y en concordancia con los requisitos establecidos para acceder a la pensión de sobrevivientes, dentro del material probatorio se demuestra que el fallecido cónyuge de la actora cumplía con el número de semanas cotizadas que debía haber aportado dentro de los últimos tres años antes de su muerte, es decir, 50 semanas. En consecuencia, se procederá a revocar las sentencias proferidas en sede de tutela para, en su lugar, conceder el amparo de la presente acción. Además, de conformidad con la jurisprudencia establecida por el presente Tribunal Constitucional y, en busca de una protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales de la parte actora, se ordenará el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de la señora Piedad del Socorro Gómez Roldán pues, el único requisito que debía serle exigido nunca fue objeto de discusión por ninguno de los órganos demandados –pues está comprobado que el cónyuge de la actora contaba con 71 semanas cotizadas durante los tres años anteriores a su muerte-, siendo evidente que cumplía con lo que, acorde con la interpretación conforme a la Constitución del artículo 46 de la ley 100 de 1993 –modificado por el artículo 12 de la ley 797 de 2003-, debía serle exigido para realizar dicho reconocimiento. Por último, es de relevancia hacer referencia a que la parte accionada – el Instituto de Seguros Sociales- se encuentra en liquidación y sus funciones fueron sucedidas a la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- para que fuera ésta la entidad encargada de, entre otras cosas, dar el cumplimiento de los fallos de tutela relacionados con la Administración del Régimen de Prima Media con Prestación Definida. En éste sentido, en el artículo tercero del Decreto 2013 de 2012 “[p]or el cual se suprime el Instituto de Seguros Sociales ISS, se ordena su liquidación, y se dictan otras disposiciones”, se expuso que “[u]na vez notificadas las órdenes de tutela el Instituto de Seguros Sociales en liquidación procederá de inmediato a comunicar a COLPENSIONES el contenido de la decisión y suministrará los soportes y documentos necesarios que aún se encuentren en su poder para que COLPENSIONES proceda a su cumplimiento. De lo anterior, el Instituto de Seguros Sociales en liquidación informará al Juez competente. En consecuencia a lo expuesto, y para que las ordenes emitidas en la presente providencia no queden en el vacío, la Sala procederá a dirigir la decisión al Instituto de Seguros Sociales en liquidación, Colpensiones o a quien haga a sus veces.
Quinto.- ORDENAR al Instituto de Seguros Sociales en liquidación, a la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES- o a quien haga a sus veces que, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda a emitir un nuevo acto administrativo en el cual reconozca y liquide la pensión de sobrevivientes de la señora Piedad del Socorro Gómez Roldán de conformidad a todo lo analizado dentro del presente fallo de tutela. Sexto.- LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
Mi desacuerdo con dicha sentencia radica en el hecho de que, en la práctica, especialmente las llamadas “causales especiales de procedibilidad” a que dicha providencia se refiere en su punto 25, y que aquí son traídas a colación en las consideraciones (páginas 7 a 13), abarcan todas las posibles situaciones que podrían justificar la impugnación común contra una decisión judicial, dejando así la imagen de que esta Corte estima que la acción de tutela constituye un recurso complementario, añadible a los establecidos en el proceso de que se trata. Con ello, la solicitud y trámite de la acción de tutela al amparo de tales enunciados, deviene simplemente en una (o más) nueva(s) oportunidad(es) que se confiere(n) a quien se ha visto desfavorecido por la decisión adoptada por el juez competente, o lo que es lo mismo, en una (o varias) instancia(s) adicional(es), no prevista(s) en absoluto en el respectivo proceso debido, situación que difiere, de lejos, del propósito de protección subsidiaria a los derechos fundamentales que animó al constituyente de 1991, que vino a quedar reflejado en el artículo 86 superior.

References: artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 4
 artículo 48
 artículo 16
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 39
 artículo 12
e contrario
 artículo 12
 artículo 12
 resolución 
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 12
 artículo 36
 artículo 86