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BOE.es - Documento BOE-T-1995-19933
Documento BOE-T-1995-19933
Pleno. Sentencia 125/1995, de 24 de julio de 1995. Cuestión de inconstitucionalidad 3.033/1995. En relación con los arts. 115.3 y 188.1 de la Ley de Procedimiento Laboral (Texto Articulado aprobado mediante Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril). Voto particular.
«BOE» núm. 200, de 22 de agosto de 1995, páginas 35 a 41 (7 págs.)
BOE-T-1995-19933
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Alvaro Rodríguez Bereijo, Presidente, don José Gabaldón López, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Vicente Gimeno Sendra, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González Campos, don Pedro Cruz Villalón, don Carles Viver Pi-Sunyer, don Enrique Ruiz Vadillo, don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, don Francisco Javier Delgado Barrio y don Tomás S. Vives Antón, ha pronunciado
En la cuestión de inconstitucionalidad 3.033/93, promovida por la Sala de lo Social del T.S.J. de Andalucía (sede en Granada) sobre los arts. 115.3 y 188.1 de la Ley de Procedimiento Laboral (Texto Articulado aprobado mediante Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril). Han sido partes la Fiscalía General y la Abogacía del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Tomás S. Vives Antón, quien expresa el parecer del Tribunal.
La cuestión trae causa del recurso de suplicación anunciado por la entidad «Emasagra, S. A.» frente a Sentencia del Juez de lo Social núm. 1 de Granada que, estimando en parte la demanda formulada por el trabajador de la citada Empresa don Juan Fernández Romero, declaró nula la sanción impuesta al mismo, por falta muy grave, de quince días de suspensión de empleo y sueldo.
3. En la fundamentación jurídica del Auto de planteamiento, comienza la Sala por afirmar que suscita la cuestión de la presunta inconstitucionalidad del art. 115.3 de la L.P.L. y del inciso del núm. 1 del art. 188 de la propia Ley en cuanto expresa «... así como por falta muy grave no confirmada judicialmente», por entender que tales preceptos infringen lo dispuesto en los arts. 14 y 24.1 C.E. En efecto:
Aunque el Tribunal Constitucional, tantas veces cuantas ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la imposibilidad legal de interponer recurso de suplicación en determinados asuntos por razón de la materia o de la cuantía, ha establecido que es libre el legislador para fijar tales materias o cuantías, que ello es «consecuencia de coordinar las exigencias del principio de igualdad con otros principios también constitucionalmente protegidos y que el legislador ha considerado predominantes, como el de seguridad jurídica o la celeridad de resolución de conflictos» (por todas, STC 58/1986) y que la inexistencia de recurso en los procesos sobre imposición de sanciones ha formado parte siempre del Derecho procesal del trabajo (ATC 336/1985), no es menos cierto que si se permitiese el acceso al recurso de suplicación en un determinado proceso, aquél habría de ser factible a todos los que han sido partes legítimas en el mismo. El establecer determinados requisitos procesales para recurrir nunca podría ser obstáculo insalvable para una de las partes contendientes. Si dicho obstáculo consiste en la condición extraprocesal del litigante, puede quebrarse el principio de igualdad y otorgarse ventajas que no tienen fácil explicación a la luz de los arts. 14 y 24 C.E.
4. Por providencia de 1 de diciembre de 1993 la Sección Tercera acordó admitir a trámite la cuestión de inconstitucionalidad, dar traslado de las actuaciones recibidas al Congreso de los Diputados y al Senado, al Gobierno y al Fiscal General para que, en el plazo de quince días pudieran personarse y efectuar las alegaciones pertinentes, y publicar la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado».
a) No existe violación del art. 14 C.E. Este precepto no constitucionaliza «un principio de igualdad en términos tan absolutos que impida tener en consideración la existencia de razones objetivas que razonablemente justifiquen la desigualdad de tratamiento legal ni, mucho menos, que excluya la necesidad del establecimiento de un tratamiento desigual para supuestos de hecho que, en sí mismo, son desiguales» (STC 84/1992, entre otras). En concreto, ha de entenderse que el tratamiento legal diferenciado entre empresarios y trabajadores a efectos de interposición de recursos de suplicación en materia de sanciones está plenamente justificada, puesto que con ello se trata de restablecer, mediante un dispar tratamiento procesal a empresarios y trabajadores la igualdad entre ambos grupos, conforme a lo dispuesto en el art. 9.2 C.E. Es preciso tener además en cuenta que se parte de una facultad -la sancionadora- del empresario, que está facultado para sancionar al trabajador sin necesidad de acudir al auxilio de los Tribunales. El trabajador sólo puede hacerse oír tras la interposición de la correspondiente demanda. Se está ante una desigualdad originaria, no sólo derivada de su distinta condición económica sino de sus respectivas condiciones jurídicas, que el derecho del trabajo se orienta a corregir, finalidad ésta a la que sirven no sólo las normas sustantivas de trabajo, sino también las procesales (STC 3/1983, fundamento jurídico 3.º). Por ello la desigualdad procesal está constitucionalmente justificada, de modo que una mayor igualdad formal podría dar lugar a fomentar la desigualdad material en perjuicio del trabajador.
1. La Sala de lo Social del T.S.J. de Andalucía con sede en Granada, a través de un Auto de 29 de julio de 1993 cuestiona la constitucionalidad del art. 115.3 y del art. 188.1 en su inciso «... así como por falta muy grave no confirmada judicialmente» del Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 521/1990 de 27 de abril, por considerar que los preceptos mencionados son contrarios a los arts. 14 y 24.1 C.E.
La Sala que plantea la cuestión, como ha quedado expuesto en los antecedentes, considera que tales disposiciones tienen como efecto el de que, en los casos de la modalidad procesal de impugnación de sanciones, sólo sea posible interponer recurso de suplicación en el caso de que el Juez «aprecie» efectivamente la positiva existencia de la falta muy grave, esto es, en el caso de desestimación de la demanda interpuesta contra la imposición de una sanción por falta muy grave. Por ello, si el Juez no aprecia la existencia de una falta muy grave, es decir, si la demanda es estimada en todo o en parte no cabe por lo tanto recurso de suplicación. De este modo, los preceptos cuestionados tienen el efecto de que, en los supuestos de imposición de sanciones por faltas muy graves sólo cabe recurso de suplicación en los casos de desestimación de la demanda, esto es, sólo en favor del trabajador, que es siempre el demandante. No podría por lo tanto recurrir el empresario, al cual se le opone un obstáculo insalvable para recurrir (su condición procesal como demandado), lo que tiene difícil explicación a la luz de los arts. 14 y 24 C.E. Razona la Sala que, aun admitiendo la libertad del legislador de establecer según sus criterios los distintos recursos que caben contra las distintas resoluciones judiciales, no debe obviarse que el art. 14 C.E. consagra la igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación, entre otros factores, por cualquier circunstancia personal o social, las cuales incluyen los de ostentar la condición de empresario. Además, el establecimiento de determinados requisitos para recurrir nunca podría ser un obstáculo para una sola parte. Si se permite el acceso a un recurso, éste ha de ser factible para todas las partes del proceso. Las ventajas dadas a un solo litigante no tienen fácil explicación desde los arts. 14 y 24.1 C.E.
Ciertamente, el principio de igualdad de armas, en sentido estricto, se refiere a las que, ex art. 24.2 C.E., pueden utilizar las partes en el seno del proceso. Pero, en sentido amplio, abarcaría también el derecho a los recursos, que son modalidades secundarias de acceso; pero también -si se contempla el proceso como un todo- «armas» procesales.
El debate procesal, para poder cumplir adecuadamente su finalidad de servir de base al otorgamiento de la tutela ha de ajustarse a las reglas del discurso racional, que prescriben que todos los intervinientes han de tener las mismas posibilidades de aducir sus pretensiones y argumentos. Y esa paridad debe entenderse, en principio, de modo formal, sin que ese entendimiento prima facie admita más excepciones que aquellas que tiendan, en la realidad y por encima de la mera forma, a equilibrar desigualdades procesales o que pudieran ser consecuencia del proceso.
Por eso, el equilibrio de las partes en el proceso exigido por el art. 24 de la C.E. puede quedar también vulnerado en el caso de que se otorgue a una de ellas una posibilidad de recurso que se niega a la otra si ello no obedece a una causa razonable y proporcionada que justifique la «discriminación positiva». En efecto, por esta vía pueden llegar a establecerse unas consecuencias que desequilibren el proceso contemplado en su totalidad, pues permite que una parte tenga la posibilidad de intentar de nuevo que su pretensión, desestimada en la instancia, vuelva a ser examinada por un órgano judicial de rango superior, y por lo tanto tiene una segunda opción a que su pretensión sea finalmente estimada, mientras que a la otra se le niega tal posibilidad. El desequilibrio entre las partes que se produce a partir de esta posibilidad selectiva de recurrir en suplicación a sólo uno de los litigantes es, por lo tanto, claro y por ello puede indudablemente afectar claramente a lo dispuesto en el art. 24.1 C.E. Por esta razón, la posibilidad que tiene el legislador de establecer los recursos que estime convenientes tantas veces afirmada por este Tribunal (SSTC 46/1983, 36/1983, 117/1991, entre otras) y que ahora no se cuestiona, debe quedar limitada por las restricciones que impone el principio de la igualdad en el proceso, la cual no puede quedar desvirtuada por un sistema de recursos que prime irrazonablemente a una parte frente a la otra.
Así, v. gr., ha estimado justificada la desigualdad de trato establecida en el art. 1435 de la L.E.C. en favor de las entidades de crédito, dada la particularidad de las actividades de intermediación financiera que constituyen su objeto social (STC 14/1992) o la peculiaridad del proceso de jura de cuentas de Procuradores y Abogados, dado su carácter sumario y el hecho de que los créditos devengados lo son dentro del proceso (STC 110/1993).
Naturalmente, esta perspectiva también ha sido afirmada en el ámbito del proceso laboral. Ya en la STC 3/1983, antes citada, se afirmaba que «la desigualdad originaria entre trabajador y empresario tiene su fundamento no sólo en la distinta condición económica de ambos sujetos, sino en su respectiva posición en la propia y especial relación jurídica que los vincula».
6. Por ello, la pregunta que ahora debemos formularnos, y que tiene carácter central en relación a la presente cuestión de inconstitucionalidad es la de si, en el caso que ahora se examina, el trato diverso del que específicamente son objeto las dos partes del proceso de impugnación de sanciones responde a motivos que, por plenamente razonables y proporcionados, pueden resultar compatibles con el art. 24.1 C.E.
La primera de dichas cuestiones -la de la naturaleza del poder disciplinario del empresario- no puede ser abordada aquí sino en la medida en que es relevante para la resolución del problema constitucional que se nos plantea. A tal efecto, baste decir que se trata de un poder punitivo -la potestad de imponer «penas privadas» que le otorga una superioridad palmaria y que, en el caso de las infracciones muy graves puede tener serias consecuencias sobre la situación del trabajador, tanto porque puede afectar gravemente a su modo de vida, cuanto porque puede tener repercusiones indeseables sobre su estatuto jurídico, incluso desde una perspectiva que discurre paralelamente a algunos de los derechos fundamentales consagrados en los arts. 24 y 25 de la Constitución, por más que no pueda identificarse con ellos. El carácter punitivo de las sanciones disciplinarias laborales y sus posibles consecuencias motivan tanto la intervención del legislador, sustrayendo a la libre determinación del empresario la fijación de las infracciones y sanciones, como el ulterior control judicial del correcto ejercicio del poder disciplinario, que se halla sometido a límites semejantes a los que, por preceptuarlo así la C.E. de 1978, ha de respetar la potestad punitiva del Estado, aunque se hallen recogidos en normas de rango legal: así, v. gr., los representados por la tipicidad y proporcionalidad (art. 58 del Estatuto de los Trabajadores) y por la presunción de inocencia (art. 114.3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Por todo lo cual, hay que concluir que la diferencia que los artículos 115.3 y 188.1 de la L.P.L. establecen, en orden a la posibilidad de interponer recurso de alzada, entre trabajador y empresario tiene una justificación razonable y conforme al principio de igualdad en el proceso y que, por consiguiente, no vulnera el art. 24 de la C.E.
Desestimar la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, acerca de los arts. 115.3 y 188.1 de la Ley de Procedimiento Laboral (Texto Articulado aprobado mediante R.D. Legislativo 521/1990, de 27 de abril).
Dada en Madrid a veinticuatro de julio de mil novecientos noventa y cinco.-Firmado.-Alvaro Rodríguez Bereijo.-José Gabaldón López.-Fernando García-Mon y González Regueral.-Vicente Gimeno Sendra.-Rafael de Mendizábal Allende.-Julio Diego González Campos.-Pedro Cruz Villalón.-Carles Viver Pi-Sunyer.-Enrique Ruiz Vadillo.-Manuel Jiménez de Parga y Cabrera.-Francisco Javier Delgado Barrio.-Tomás S. Vives Antón.-Rubricados.
Voto particular que formula el Magistrado don José Gabaldón López respecto de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 3.033/93, al que se adhiere el Magistrado don Fernando García-Mon y González-Regueral
En síntesis, como en la Sentencia se dice, lo que se plantea es la constitucionalidad de unos preceptos que, en el caso de una sanción por falta muy grave impuesta por el empleador, no permiten a éste y sí sólo al trabajador sancionado la interposición del recurso de suplicación contra la Sentencia. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia plantea la compatibilidad de esos preceptos con los arts. 14 y 24 C.E.
3. El art. 24 C.E. (como bien se reconoce en la Sentencia que nos ocupa) significa la garantía constitucional de la igualdad (y no sólo formal) que es esencial del concepto de la institución del proceso, es decir, la posibilidad de que las partes en conflicto actúen en posición igual, con igualdad de armas y las mismas posibilidades de satisfacción de sus pretensiones cuando éstas son presentadas ante el órgano jurisdiccional. Y forma parte de esas condiciones de igualdad algo que, asimismo históricamente se halla incluido entre las garantías derivadas del proceso (aunque no de su esencia) como es la posibilidad de interponer los recursos establecidos por la ley frente a las decisiones del órgano judicial. Salvo en el proceso penal, es ciertamente la ordenación de los recursos materia de libre decisión del legislador dentro de las posibilidades de configuración legal ajustadas al art. 24 C.E.. Pero lo que no puede igualmente afirmarse es que si se priva a una de las partes del derecho a un recurso establecido, ello no vulnere la igualdad esencial en el proceso garantizada por el art. 24 y no sea además susceptible de determinar la indefensión de aquel a quien se priva de una instancia.
Más bien los criterios analógicos podrían obtenerse respecto del proceso contencioso-administrativo, en el cual, precisamente una de las partes, la Administración Pública veste de la personalidad jurídica del Estado, desigual por excelencia frente al particular pero en la cual el Derecho ha intentado (con privilegios en algún caso necesarios a favor de aquélla) una situación de igualdad de las partes en el proceso a la cual le son plenamente de aplicación las prescripciones del art. 24. Y es de señalar que, precisamente en la cuestión que nos ocupa, a la Administración Pública, parte netamente desigual en sus relaciones jurídicas con el administrado y a la que el ordenamiento también le atribuye iniciativas tan determinantes como las del privilegio de la decisión previa y la ejecutoriedad de sus resoluciones, no está privada sin embargo en ningún caso de la posibilidad de recurrir las decisiones judiciales adversas cuando el recurso viene establecido por la Ley. Y ello, también respecto de sus resoluciones sancionadoras incluso si éstas se refieren a los funcionarios públicos, supuesto el más próximo del que aquí nos ha ocupado.
Madrid a veinticinco de julio de mil novecientos noventa y cinco.-Firmado.-José Gabaldón López.-Fernando García-Mon y González Regueral.-Rubricados.
Fecha de publicación: 22/08/1995
CORRECCIÓN de errores en Suplemento al BOE núm. 284, de 28 de noviembre de 1995 (Ref. BOE-T-1995-25711).
DICTADA en la CUESTIÓN 3033/1993 (Ref. BOE-A-1993-30227).
DECLARA la desestimación en relación con la Ley de procedimiento laboral, texto articulado aprobado por Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 de abril (Ref. BOE-A-1990-9943).

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
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 resolución 
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