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Timestamp: 2020-01-29 19:55:04+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 532, de 30/05/2018
cve: DSCD-12-CO-532
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 532
- Sobre el valor catastral en el caso de las construcciones rústicas indispensables para la actividad agrícola, ganadera o forestal. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/001008) ... (Página2)
- Sobre evaluación y mejora de la transparencia de los beneficios fiscales y de los ajustes en el impuesto sobre sociedades. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002256) ... (Página7)
- Sobre regulación, tributación, comunicación del uso legal de criptomonedas y la tecnología blockchain. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/003048) ... (Página12)
- Sobre regulación y actualización de las indemnizaciones por residencia que perciben los empleados públicos estatales residentes en Canarias y su adecuación a lo contenido en la normativa comunitaria. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/003050) ... (Página17)
- Sobre exenciones fiscales a los afectados por la Xylella fastidiosa. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/003108) ... (Página22)
- Relativa a la suficiencia de los ingresos públicos y el incremento de la progresividad del sistema tributario. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/003267) ... (Página25)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Por favor, tomen asiento.
Quiero comentarles, en primer lugar, que las preguntas que estaban previstas en el orden del día, puntos del 1 al 8, han sido aplazadas por parte de los proponentes para una próxima sesión si no se contestasen por escrito. Por tanto, vamos a iniciar la Comisión precisamente por la parte de las proposiciones no de ley.
- SOBRE EL VALOR CATASTRAL EN EL CASO DE LAS CONSTRUCCIONES RÚSTICAS INDISPENSABLES PARA LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, GANADERA O FORESTAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/001008).
El señor PRESIDENTE: Punto número 9.º del orden del día, proposición no de ley del Grupo de Esquerra Republicana, sobre el valor catastral en el caso de las construcciones rústicas indispensables para la actividad agrícola, ganadera o forestal.
En nombre del Grupo de Esquerra, tiene la palabra el señor Eritja.
Señorías, el objetivo de esta propuesta es corregir el exceso de valoración provocado por el proceso de regularización catastral en aquellas construcciones consideradas indispensables para la actividad agrícola, ganadera y forestal, una propuesta que nuestro grupo viene trabajando en el Senado y en Congreso desde hace aproximadamente unos dos años. Y habiendo transcurrido dieciocho meses desde la aprobación de la moción y entendiendo que los puntos solicitados en la proposición resultan perfectamente asumibles mediante la capacidad reglamentaria del Gobierno y que resulta una cuestión de justicia tributaria, pedimos al Gobierno que traslade las explicaciones pertinentes de por qué después de dos años continuamos reclamando lo que reclamamos.
Recordamos, además, que a día de hoy aún se está desplegando el proceso de regularización catastral que fue prorrogado debido a la falta de capacidad del Catastro para cumplir con los plazos previstos inicialmente. Según la última información facilitada por el propio Catastro, con el procedimiento finalizado en un 33 % de los municipios se han visto afectados un total de 191 262 inmuebles rústicos, 11 029 en Cataluña, 9873 en País Valenciá y 5153 en las Illes Balears. Entre estos hay miles de construcciones indispensables para la actividad agrícola, ganadera y forestal que han sido valoradas sobre la base de criterios de la urbana por no existir una ponencia específica para construcciones rústicas. De hecho, la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la cual se adoptan medidas tributarias orientadas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, modifica la Ley del Catastro Inmobiliario -Real Decreto-ley 1/2004- introduciendo la disposición adicional tercera -procedimiento de regularización catastral 2013-2016- y la disposición adicional cuarta -valoraciones de las construcciones indispensables para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales localizadas en suelo rústico-.
La Dirección General del Catastro inició un proceso de regularización que ha durado hasta hoy y que tiene como objetivo hacer aflorar las nuevas construcciones y las alteraciones sobre construcciones existentes no incorporadas al Catastro. Hasta aquí, en principio, todo correcto. Como consecuencia de la aplicación del procedimiento de regularización, los titulares de construcciones regularizadas reciben una notificación individual con la propuesta de resolución y deben hacer frente a una tasa de 60 euros por el inmueble en concepto de gastos y gestión. A partir de entonces, ven incrementado el valor catastral con incidencia en el impuesto sobre bienes inmuebles y con efecto retroactivo de cuatro años. Paralelamente, la Dirección General del Catastro también inicia el procedimiento de designación del valor catastral en aquellas construcciones indispensables para el desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales sin valor asignado, ya que no se les había efectuado todavía ningún procedimiento de valoración colectiva de carácter general con posterioridad al 1 de enero de 2006.
El problema surge en el momento de la aplicación de la disposición adicional cuarta de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, que establece que mientras no se aprueben las normas reglamentarias de valoración del inmueble rústico, el valor catastral se obtendrá por la aplicación de la ponencia de valores urbanos vigente en el municipio. Y es que al no existir una procedimiento de valoración específico para la rústica y
valorarse en función de la ponencia de valores urbanos, se establecen desigualdades respecto de la urbana que acaban comportando un agravio comparativo. La ponencia de valores empleada en el procedimiento de designación de valor catastral a las construcciones agrarias supone en algunos casos incluso una valoración muy por encima de los valores del mercado, que deriva en un incremento patrimonial no ajustado a la realidad con afectación sobre diversos actos económicos. El exceso de valoración catastral, por ejemplo, incide directamente sobre las economías familiares, ya que se imputa el nuevo valor patrimonial a la declaración de la renta y en consecuencia acaba afectando a aspectos como, por ejemplo, la petición de ayudas o becas. En algunos casos, el nivel de despropósito es tan grande que algunos propietarios vieron cómo, por ejemplo, a efectos impositivos y de patrimonio una balsa de riego era valorada como una piscina o una granja abandonada o almacén agrícola como una nave industrial.
Por otro lado, independientemente del estado de las reformas que se hubieran hecho en el interior, la regularización solo permite una valoración externa de la construcción. Ante esos agravios la Dirección General del Catastro ha ido implementando coeficientes reductores para corregir las desigualdades y excesos generados por la aplicación del procedimiento de valoración de las construcciones agrícolas, coeficiente derivado de la referencia de mercado, 50 %; coeficiente derivado de la localización; coeficiente derivado de una categoría constructiva y varios coeficientes que poco a poco se han ido incrementando. A pesar de los esfuerzos por corregir las desigualdades y nuevos desagravios que ha generado el nuevo procedimiento de valoración de las construcciones agrarias, la manera justa de enfocarlo sería precisamente asumir la elaboración de una ponencia específica para usos agrícolas. Y en todo caso y mientras no se resuelva la ponencia rústica, entendemos que es necesario aplicar medidas correctoras ajustando y actualizando los coeficientes reductores a la realidad compleja que presenta la valoración de las propiedades rústicas.
Ante la incompetencia de este Gobierno para llevar a cabo dicho mandato aprobado en Pleno, esperemos que sea cual sea el gobierno que surja después de la moción de censura de mañana sea mucho más sensible de lo que ha sido el actual.
Quiero comentarles que tienen un tiempo de siete minutos para defender la iniciativa -en este caso ha sido muy generoso el ponente- y cinco para contestar.
Se han presentado tres enmiendas. Así, por orden de su presentación, en primer lugar tiene la palabra la señora Ramos, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
La señora RAMOS JORDÁN: Muchas gracias, presidente. Intentaré ser breve, estamos en tiempos convulsos.
Estoy totalmente de acuerdo con la enmienda que presenta Esquerra Republicana y apoyaremos esta proposición no de ley. Sí me gustaría aprovechar para poner de manifiesto varios puntos, y es que últimamente se nos está dando la oportunidad, la necesidad o los mandatos de modificar algunos tributos. Ayer el Partido Popular presentó una proposición de ley para modificar el impuesto del valor de los terrenos de naturaleza urbana, y entendemos la necesidad de reformar la regulación de este impuesto. Creo que se está dando la oportunidad de modificar la Ley de Haciendas Locales y creemos que esta reforma es importante y necesaria porque está poniendo de manifiesto la deficiente calidad jurídica del sistema financiero que tenemos. Es un sistema financiero que no menciona los principios constitucionales en materia tributaria y de ahí los numerosos problemas que estamos teniendo, veremos en concreto en este tributo que también se está vulnerando el artículo 31 de la Constitución. No se menciona la Carta Europea de Autonomía Local, que obliga a diversificar los ingresos tributarios, ni se están armonizando las figuras impositivas estatales con el derecho comunitario europeo.
Por ello yo quería aprovechar la defensa de estas enmiendas para dejar claro que es necesaria e inaplazable una reforma inmediata y en profundidad de esta ley que incluya criterios de integración y armonización. Creo que es necesaria porque se está produciendo una inseguridad jurídica que se traduce en perjuicios económicos y que está provocando una insuficiencia financiera. Así pues creemos que es necesario mejorar la gestión tributaria y recaudatoria de los tributos locales, impulsar un procedimiento eficaz y eficiente de colaboración y cooperación, y sobre todo obligar al Estado a compensar los beneficios fiscales que se están otorgando a cargo de las arcas municipales. Tenemos claro que nuestro modelo debe ser un modelo descentralizado que acompañe a una adecuada financiación y que haga efectivos los
principios de autonomía y suficiencia financiera. Oímos constantemente que el Partido Popular también se muestra como un gran defensor de nuestros municipios. Hay una forma muy objetiva de defender los municipios y es garantizar la autonomía y autosuficiencia financiera, que no se está haciendo.
Creemos que esta proposición no de ley es muy importante, estoy segura de que todos los grupos la van a apoyar, el mismo ministro de Hacienda en una sesión plenaria del Congreso el 15 de febrero de 2017 planteó la necesidad de revisar estas figuras tributarias, no se ha hecho, tenía la oportunidad de hacerlo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado, no la ha modificado, nosotros estábamos preocupados por este tema, presentamos una enmienda en este sentido, no se aceptó y creemos que tal como está actualmente la legislación se está vulnerando el artículo 31 de la Constitución y el artículo 3 de la Ley 58/2003 General Tributaria.
Por eso apoyamos esta iniciativa, creemos que debe estar dentro de una reforma de la Ley de Haciendas Locales que tienda a una descentralización, y presentamos una serie de enmiendas que creo que podremos transaccionar sin ningún problema para darles a los municipios la potestad de establecer los sistemas de baremación para aplicar estas bonificaciones y exenciones, que tengan en cuenta el número de hectáreas, el grado de conservación y que están destinadas realmente a un uso productivo, porque lamentablemente en el campo también se puede producir especulación, que se controlen estos casos, y que debido a la inseguridad jurídica que estos tributos han provocado, creemos que a los afectados les tiene que ser devuelto de oficio el perjuicio económico y sobre todo que la Administración del Estado compense a las administraciones locales por estas devoluciones que van a tener que producirse. Sobre todo, encomiendo a todos los grupos parlamentarios de esta Comisión que nos pongamos de acuerdo para una reforma de la Ley de Haciendas Locales, que no solo es mi grupo el que lo pide, numerosos expertos se han pronunciado a favor de esta necesidad, incluso la Airef comentó que deberíamos tender a un modelo más parecido al modelo de financiación alemán o suizo.
Seguramente si muchos y muchas de los que estamos en esta Comisión no ha visto incrementado de manera injusta el IBI de algunos de los inmuebles posibles que tengan les resultará poco preocupante esta cuestión. Y si no tienen contacto con el mundo municipalista, tampoco les resultará muy preocupante.
Evidentemente al Grupo Parlamentario Socialista no le parece justo ni lógico lo que está ocurriendo en nuestro país en multitud de territorios como consecuencia de la nefasta gestión que ha hecho el Partido Popular del procedimiento de regularización catastral 2013-2016 que el propio Gobierno del Partido Popular aprobó en la Ley 16/2012. Señorías, esta Ley 16/2012 modificó el catastro inmobiliario introduciendo dos nuevas disposiciones adicionales, la tercera y la cuarta, que han generado un gravísimo problema a muchos agricultores y ganaderos de este país. En virtud de esa modificación, la Dirección General del Catastro inicia un proceso para hacer aflorar nuevas construcciones o alteraciones en esas construcciones existentes que no se habían incorporado al catastro. Hasta aquí normal, es lo que tenía que hacer la dirección General del Catastro. El problema, señorías, aparece cuando la Dirección General del Catastro inicia un proceso para asignar valores catastrales a construcciones agrícolas, ganaderas o forestales que no tenían valor catastral aún fijado. Y es que en virtud de esa disposición adicional se introduce una valoración a construcciones agrícolas con valoraciones urbanas, es decir, se utiliza una ponencia de valores urbana para fijar valores catastrales a algo tan urbano como puede ser una caseta de aperos, una granja o una balsa de riego, por utilizar un poco de ironía. Es un auténtico despropósito, un desatino que ha provocado unas valoraciones excesivas y unas tremendas injusticias a nuestros agricultores y ganaderos, que han visto -insisto- cómo los impuestos de esas construcciones agrícolas ahora les repercuten seriamente en su economía y en la capacidad para hacer frente al resto de pagos.
Antes de seguir permítanme que les deje claro que el Grupo Parlamentario Socialista no está pidiendo que se ampare a aquellos que no dieron de alta en el catastro sus construcciones o la modificación de las mismas, no, no estamos pidiendo eso. No pedimos tampoco que se dejen de hacer de oficio regularizaciones catastrales, pero una construcción agrícola debe tener la valoración catastral adecuada y su propietario tiene que pagar el IBI que le corresponda. Ahora bien, nada tiene que ver eso con lo que está ocurriendo, y es que hoy una nave de aperos esta teniendo la misma valoración catastral que una casa de campo o una casa urbana. Para muchos agricultores, señorías, esta regularización ha sido un
problema, porque no es solo que tengan que pagar más impuesto sobre bienes inmuebles, sino que además de ser excesivo este impuesto a todas luces, esto les ha supuesto un incremento de patrimonio, y ese incremento de patrimonio es irreal porque en aquellos casos que tengan que declarar o reflejar el valor catastral de ese inmueble les va a suponer que vean alterado ese valor de ese inmueble o patrimonio, y por ejemplo, si hacen alguna transacción, les va a afectar, también a la hora de que su hijo o hija si fuesen usuarios de becas, pudieran pedir esa becas para seguir estudiando.
Señorías, este problema no es nuevo, no acaba de surgir, es algo que advirtió la Federación Española de Municipios y Provincias, también advirtió de este problema el Defensor del Pueblo y también lo avisaron las organizaciones profesionales agrarias y muchos partidos políticos, entre ellos el Grupo Parlamentario Socialista, mi partido, el Partido Socialista. Hemos debatido esta iniciativa en el Senado, en el Pleno del Congreso el año pasado, como aquí ya se ha dicho, y el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado iniciativas pidiendo soluciones al Gobierno ante esta problemática. Como siempre, este Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, no hace nada, absolutamente nada y el Ministerio de Agricultura no ha hecho nada por defender a los agricultores, pero el Ministerio de Hacienda ya vemos que está encantado de apretar las tuercas fiscalmente a los agricultores para solucionar la financiación de los ayuntamientos.
Termino ya, señor presidente. El Ministerio de Hacienda -el señor Montoro- con una mano les quita las competencias a los ayuntamientos y les impide gastar sus recursos económicos en lo que necesiten sus vecinos y vecinas, y con la otra mano les ofrece un instrumento para obtener más ingresos, unos ingresos endiablados e injustos, porque al final quien paga en ambos caminos es el ciudadano, el ciudadano de a pie, porque desde luego esa mayor fiscalidad les lleva a la ruina. Y lo peor de todo: se culpabiliza a los ayuntamientos, que son los que en definitiva tienen que aplicar la normativa que aprueba Rajoy. Al Grupo Parlamentario Socialista no le extraña esta actitud del Gobierno más antimunicipalista de la historia de la democracia y por eso hemos presentado una enmienda para poder negociar con el grupo proponente de esta iniciativa y poder votar a favor de la misma.
Nosotros en esta y en otras materias tenemos competencia exclusiva, sobre todo en este impuesto. Por tanto, es un tributo concertado de normativa autónoma de nuestras haciendas locales y nos vamos a abstener, ya que cada territorio histórico establece los valores catastrales, tanto de naturaleza urbana como de naturaleza rústica.
En nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Garaulet.
Buenas tardes a todos y gracias por participar en esta Comisión. Este es un tema del que se habló en Pleno hace más de un año, el 1 de marzo de 2017. Si instamos al Gobierno en Pleno a que aprobara las normas reglamentarias necesarias para elaborar una ponencia específica de rústica y no se ha hecho, este es un síntoma claro de que la legislatura está acabada y no va hacia delante. Esto lo demuestra claramente. Les voy a dar una serie de datos. El catastrazo rural supone una discriminación de las personas que viven en el entorno rural versus las personas que viven en el entorno urbano. Es una discriminación clara. Desde el Partido Socialista lo han dicho; desde el Partido de Esquerra Republicana lo han dicho; desde el Partido de Unidos Podemos lo decimos (Risas.-La señora Madrazo Díaz: están mimetizados), y desde el Partido Ciudadanos decimos también lo mismo: No podemos estar votando una cosa una vez tras otra sin que se lleve a cabo. Todos votamos a favor sin enmiendas. Señores del Partido Socialista, la votaron ustedes a favor sin enmiendas. Es una discriminación. En Ciudadanos consideramos que todas las personas que viven en este país son iguales ante la ley y tienen que tener los mismos derechos y las mismas obligaciones y, en este caso, eso no se cumple. Por tanto, es algo que hay que resolver.
Me fastidia mucho que los señores del Partido Popular, que se llenan la boca diciendo que son el partido que vive para y por el entorno rural, no hagan nada en este tema y que arrastren los pies, como en muchas cosas, como en la corrupción. Les voy a decir una cosa. Se aprobó ese catastro, pero no he
oído decir a los portavoces que ellos hayan sufrido en sus carnes la subida. Yo, sí. En mi caso, llegaron, valoraron una serie de cuartos de aperos que tenía y me hicieron una liquidación con carácter retroactivo desde 2013. He tenido que pagar más de 2000 euros para la regularización. Yo pude pagarlos, pero ¿y esas personas mayores que no ganan más de 600 euros al mes? Ese es el salario medio de los jubilados en el entorno rural. Esas personas mayores, ¿cómo han podido pagar esa cantidad? ¿Alguien me puede explicar cómo han podido pagar esa cantidad? Han pagado esa cantidad y alguna más. La armonización jurídica es discriminatoria, como han dicho antes, pero lo que nos parece fundamental es que, si se aprueba una cosa en Pleno -ya no en Comisión, sino en Pleno-, el Gobierno tome nota y actúe para que la vida de los ciudadanos del entorno rural sea mejor y no sigan siendo personas discriminadas con respecto a las del entorno urbano. Por tanto, por decirlo de una manera suave, nos parece que el Gobierno se está riendo de las personas que viven en el entorno rural. Se llenan la boca diciendo que son un Gobierno para el entorno rural, pero no lo demuestran en casos como este.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Marí.
El señor Eritja presenta para su debate esta proposición no de ley referida a la necesidad de elaborar una ponencia rústica de valores catastrales. Es verdad que es una cuestión que el señor Eritja ha venido planteando repetidamente en esa Cámara. Al Grupo Parlamentario Popular le interesa destacar tres cuestiones relativas a esta materia. En primer lugar, entendemos que no hay un exceso de valoración, porque lo que se hizo en 2006 fue incorporar valoraciones y en el periodo 20132016 se completaron las valoraciones que no estaban hechas. Por lo tanto, no es que haya un exceso de valoración.
En segundo lugar, la valoración de las construcciones indispensables para la actividad agraria, ganadera y forestal viene dada no en función de la situación en suelo rústico o urbano, sino en función del valor de las construcciones. Es verdad que el procedimiento de regularización de rústica establece que se cojan transitoriamente los mismos módulos que se utilizan en urbana, pero se aplican una serie de coeficientes reductores, como el propio el señor Eritja ha comentado. No se tiene en cuenta el factor de localización, lo que permite rebajar el valor hasta un 40 %. También se aplican coeficientes reductores respecto a la antigüedad o la categoría constructiva. Al final el valor de la construcción llega a reducirse hasta en un 86 % del que sería el valor a nuevo de esa misma construcción.
La tercera cuestión que nos interesa destacar es que el artículo 74.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales permite a los ayuntamientos bonificar la cuota del IBI, por ejemplo, a favor de inmuebles en los que se desarrolle actividad agrícola, ganadera o forestal y que puede alcanzar o bien a la totalidad del inmueble -suelo y construcción- o solo a la parte proporcional de la cuota que corresponde a las construcciones indispensables.
Queríamos hacer estas tres puntualizaciones porque, entendiendo que pueda haber casos en que el valor catastral resulte excesivo -eso es posible-, se ha hecho un esfuerzo -y el señor Eritja también lo ha comentado- por ir reduciendo y ajustando esas valoraciones al establecer coeficientes reductores. Además, los ayuntamientos tienen la posibilidad de bonificar la cuota del IBI de los inmuebles en los que se desarrolla actividad agrícola, ganadera o forestal.
Por otra parte, el Grupo Parlamentario Popular ha señalado que una reforma en este sentido debería enmarcarse dentro de la reforma de la financiación de nuestras entidades locales. Creemos que es ahí donde se debe proceder a la reforma de todo tipo de impuestos y, por tanto, tratar también la cuestión de estos impuestos que tienen como sustrato los valores catastrales, como es el impuesto sobre bienes inmuebles. Señores portavoces, les he escuchado atentamente a todos ustedes hablar sobre esta materia. Convendrán conmigo en que es muy difícil una reforma de la financiación local si ustedes no quieren hacerla. Podrán imputarle al Gobierno su parte de culpa, pero ustedes también tienen parte de culpa por no acordar. Señorías, me permitirán que les diga con respeto que hay que analizar bien cuál fue la decisión de los españoles en junio de 2016. La decisión de los españoles en junio de 2016 fue un Parlamento fragmentado numéricamente en el que había que acordar las cosas. Muchos de sus grupos parlamentarios han decidido hacer caso omiso de lo que dijeron los españoles en 2016 y se han dedicado no a acordar, sino a bloquear. Si los españoles en junio de 2016 hicieron un mandato a estas Cortes para que acordemos y resulta que inmediatamente después de las elecciones se desconoce el mandato, uno se pregunta por qué el señor Garaulet quiere otra vez elecciones. Para desconocer al día siguiente lo que
han dicho los españoles -como paso también hace poco en Cataluña-, no hacen falta elecciones. En este caso, excepto el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, que ha tenido mayor prudencia al plantear las cosas y defender su posición, vienen aquí y dicen que están muy preocupados, pero después bloquean los acuerdos. Señorías, no importa el resultado de las diversas iniciativas -mociones de censura, instrumentales y demás- si al final hacen poco caso a lo que opinan los españoles.
Como les decía, hay presentadas tres enmiendas: dos por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea y una por parte del Grupo Parlamentario Socialista. ¿En el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tienen alguna posición en relación con las enmiendas?
El señor ERITJA CIURÓ: Estamos estudiando las enmiendas para intentar elaborar una transaccional. En todo caso, cuando tengamos el resultado, se lo pasaremos.
- SOBRE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA TRANSPARENCIA DE LOS BENEFICIOS FISCALES Y DE LOS AJUSTES EN EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002256).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, por tanto, al punto 10.º del orden del día, que es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre evaluación y mejora de la transparencia de los beneficios fiscales y de los ajustes en el impuesto sobre sociedades. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer.
Señorías, el pasado 17 de abril de 2018 el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en su comparecencia con ocasión de la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, ponía en evidencia, de acuerdo con los recientes estudios de la institución, la gran brecha existente entre el crecimiento dispar de los resultados contables positivos de las empresas, por un lado, y el crecimiento de las bases imponibles e impuesto de sociedades devengado, por otro. Según los datos facilitados, comparando dos momentos similares en fase de ciclo económico, se detectaba que, con respecto al año 2009, la base imponible consolidada y el impuesto de sociedades devengado se encontraban en unos niveles similares en términos reales, mientras que los resultados positivos de las empresas habían crecido el doble. Al mismo tiempo, alertaba de la poca transparencia sobre las bases imponibles consolidadas negativas y, por otra parte, de que las últimas estadísticas del impuesto de sociedades por partidas corresponden al ejercicio 2015.
Todo ello hace que justifique que nos centremos en el impuesto de sociedades y que hoy presentemos para su debate esta proposición no de ley, porque los beneficios fiscales suponen una cifra de recursos públicos nada desdeñable. En los presupuestos de 2018 había presupuestados en el proyecto de ley, en concepto de beneficios fiscales por impuesto de sociedades, 3453 millones de euros, un 62,3 % más que en el presupuesto de 2017, sin incluir las modificaciones realizadas durante el trámite de presupuestos que suponen un incremento. Dado su impacto recaudatorio, consideramos imprescindible evaluarlo conjuntamente con su efecto real sobre la actividad económica y la política redistributiva. De ahí que solicitemos que, con periodicidad anual, se presente ante las Cortes Generales una evaluación pormenorizada en este sentido, sobre todo porque existe un gran consenso en afirmar que su mayor utilización puede erosionar las bases recaudatorias y la equidad del sistema impositivo, así como incorporar complejidad al sistema. Es cierto que ya solicitamos, no solo para este impuesto, la inclusión en el spending review del presupuesto de beneficios fiscales para la evaluación de políticas públicas, pero, a pesar de la unanimidad de esta Comisión del día 14 de febrero, el Gobierno todavía no ha incluido en este plan el presupuesto total de beneficios fiscales. Se trata de un tema especialmente importante porque España tiene unos ingresos tributarios inferiores a la media de los países europeos; de hecho, una de sus debilidades es que tiene una capacidad recaudatoria insuficiente y, si no se corrige, se debilita la financiación de los servicios públicos y pone en peligro la estabilidad presupuestaria. Es cierto que estos años se ha reducido el déficit, que estaba en unos niveles
preocupantes, pero también es verdad, como recordaba esta mañana, que en 2011 había veinticuatro Estados miembros de veintisiete que estaban en procedimiento de déficit excesivo como consecuencia de una crisis económica internacional y que España no era un caso aislado. Ahora vamos a ser los últimos en salir de este procedimiento, a pesar de crecer por encima de la media europea, como confirmó la Comisión Europea la semana pasada.
Por tanto, es imprescindible corregir la política de ingresos, y la revisión de las deducciones y ajustes es de obligado cumplimiento. Por ello, pedimos que los incentivos fiscales sean evaluados, limitados y, en su caso, acompañados de medidas compensatorias que no supongan un desajuste importante en las cuentas públicas y que en las memorias económicas que acompañan a los proyectos de ley y reales decretos-ley que incorporan beneficios fiscales incorporen para cada una de las medidas propuestas, de forma individualizada, su efecto sobre la recaudación, pero también su impacto en la actividad económica, política y social. Consideramos necesario que se publique cuál ha sido el presupuesto de los beneficios fiscales del ejercicio, que incluyan el importe de los ajustes aplicables para la determinación de la base imponible y, especialmente, las desviaciones con respecto a las previsiones iniciales que hayan tenido al final del ejercicio.
Por otra parte, de acuerdo con los artículos 13 y 14 del Reglamento del impuesto de sociedades, determinadas entidades están obligadas a suministrar información, país por país, a través del modelo 231 de la Agencia Tributaria. El año 2016 ha sido el primer periodo impositivo en el que ha sido exigible esta información, cuyo plazo de presentación terminaba doce meses transcurridos desde la finalización del ejercicio. Por tanto, una vez concluido este plazo de presentación, la Administración tributaria debería tener información reciente del impuesto país a país y, por ello, solicitamos que, igual que en la estadística aparece información territorializada del impuesto por provincias, se adopten las medidas oportunas para obtener esta información estadística territorializada de las declaraciones de las grandes empresas y grupos y del resultado contable mundial antes de impuestos en España, país a país, Unión Europea y resto del mundo. Consideramos que es importante también conocer la identidad de las entidades con un volumen de negocio superior a 10 millones de euros que se benefician de incentivos fiscales y ajustes del impuesto de sociedades, con expresión individualizada de los importes. Lo pedimos, señorías, por transparencia y porque no tiene sentido que podamos conocer la identidad de quienes son perceptores de ayudas públicas y no podamos saber quién se beneficia de los beneficios fiscales.
Por todo lo expuesto, les solicito el voto favorable de esta iniciativa.
Esta iniciativa no cuenta con ninguna enmienda. Por tanto, pasamos al turno de fijación de posiciones, de menor a mayor. En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Candela.
Empiezo diciendo que votaremos a favor de esta proposición no de ley del Grupo Socialista, aunque pensamos que se queda un pelín corta, porque no solo es una cuestión de beneficios fiscales sino también del comportamiento de la recaudación del impuesto de sociedades. Empiezo con una afirmación que hizo Montoro en sede parlamentaria. Dijo que nosotros, en sentido amplio, los progresistas o la izquierda o como se quiera llamar, éramos expertos en redistribución pero no en creación de riqueza y afirmaba que precisamente el presupuesto de beneficios fiscales era imprescindible para la creación de riqueza de las empresas. Esto contrasta con la realidad de los datos. Si vemos cómo ha evolucionado el impuesto de sociedades, nos daremos cuenta de que, si lo comparamos con el de hace diez años, la recaudación se ha reducido, prácticamente, a la mitad, 20 000 millones de euros menos, y eso al mismo tiempo que han aumentado los márgenes empresariales, la productividad sigue prácticamente igual, los dividendos están creciendo de una manera abultada y, lo que es más importante, la inversión productiva está estancada. Por tanto, creo que sería interesante ir más allá de lo que plantea el Partido Socialista y afirmar que los beneficios fiscales y toda la estructura del impuesto de sociedades son regalos para las grandes empresas a fin de mantener los resultados contables y, además, no están contribuyendo en nada al crecimiento de la economía española. Por tanto, pedimos ir más allá y reformar el impuesto de sociedades.
¿Grupo de Esquerra Republicana? (Pausa). Pasamos al Grupo Vasco. Señora Sagastizabal.
Nosotros solo vamos a fijar nuestra posición, que va a ser de abstención por los mismos motivos descritos anteriormente.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
Estamos de acuerdo con la propuesta del Partido Socialista que ha expuesto la señora Blanquer. Efectivamente, los beneficios fiscales tienen que estar limitados, evaluados y controlados, no solamente por el efecto de la recaudación sino porque si se renuncia a una determinada recaudación para obtener un resultado, hay que evaluar si ese resultado se consigue o no, y eso no se hace en estos momentos en España. Se lo hemos propuesto al Tribunal de Cuentas y, conjuntamente con ustedes, a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que tiene que realizar el spending review. Ahora bien, también es cierto que, con las circunstancias políticas que tenemos en este momento de agotamiento de la legislatura y cuando no sabemos qué Gobierno tendremos pasado mañana, no se ha hecho gran cosa. La semana pasada acordamos un presupuesto y ahora nos encontramos, sorprendentemente, con que fuentes del Partido Popular condicionan ese presupuesto, que hemos aprobado una mayoría, a lo que pase en la moción de censura. En ese presupuesto sí hemos sido prácticos porque, por ejemplo, hemos establecido respecto a esta cuestión de los beneficios fiscales la posibilidad de controlar, que hasta ahora no era posible, las devoluciones de los denominados DTA, de los activos fiscales diferidos. Esto lo aprobamos y, si no hay cambios en el Senado, llegará al "Boletín Oficial del Estado" próximamente. En general, nosotros creemos que en el presupuesto tiene que clarificarse el sentido de beneficio fiscal, hay que limitarlos y, fundamentalmente, hay que controlarlos desde el punto de vista del control tributario y evaluar si consiguen los resultados previstos.
Hay algunas afirmaciones con las que es complicado estar de acuerdo. Todo el mundo se queja del impuesto sobre sociedades, pero hay un par de hechos evidentes. En primer lugar, las grandes sociedades están vendiendo fuera y están obteniendo fuera beneficios mucho mayores que hace diez años, y esto justifica que con el impuesto se recaude menos, lo que hay que tener en cuenta. En segundo lugar, debido en parte a la mala normativa existente, durante los últimos años se han generado unas bases imponibles negativas de un importe extremadamente considerable que también drenan la recaudación del impuesto y, por tanto, no podemos esperar mágicamente que el impuesto se arregle. Es evidente que si hubiese habido otra voluntad política, podríamos haber avanzado en todo esto, pero ahora mismo, desgraciadamente, creemos que no hay margen para mucho más porque no ha sido la falta de voluntad de acuerdo, sino la falta de voluntad política del Partido Popular y, sobre todo, la corrupción que se ha puesto de manifiesto en la última sentencia lo que realmente ha agotado las posibilidades de este Gobierno. Nosotros hubiésemos deseado que todo esto hubiera sido más fructífero. En cualquier caso, la propuesta es correcta y para este o futuros Gobiernos, en los que ojalá se les dé voz a los españoles, esperemos que sea una buena guía para tener en cuenta en el futuro. En consecuencia, votaremos a favor.
Empezaré diciendo que mi grupo va a votar favorablemente a esta proposición no de ley. Entendemos que es correcta, también que es poco ambiciosa por lo que contará con el apoyo de prácticamente todos porque es difícil estar en contra de una mayor transparencia en una herramienta útil y necesaria para la política económica, como son los beneficios fiscales, siempre y cuando -y ese es el segundo elemento que nosotros echamos en falta en una proposición de esta naturaleza- esa herramienta sea utilizada adecuadamente con los propósitos que establece el artículo 31 de nuestra Constitución; es decir, debe ser progresiva y además -esto ya lo añadimos nosotros de cosecha propia- útil para el crecimiento económico y para generar, en última instancia, incentivos adecuados en la economía. Al final, un beneficio fiscal es un incentivo y tiene que tener algún tipo de objetivo, pero no es lo mismo un incentivo a
determinadas pequeñas y medianas empresas para que creen empleo, elemento que aparentemente es correcto, que un incentivo, por ejemplo a las Socimi, que son entidades o fondos de inversión que especulan con la vivienda. Naturalmente, los objetivos de cada uno de esos instrumentos son distintos, y ahí está la disputa política esencial sobre la cuestión de los beneficios fiscales, es decir, tienen una parte sustanciosa, una parte de contenido, más que una parte procedimental, en lo cual, en este caso, como decimos, estamos de acuerdo.
En todo lo que propone la proposición -la cuestión procedimental de incrementar la transparencia, de permitir mayor información estadística y mayor conocimiento por parte de la ciudadanía de quiénes son los actores que se benefician de los beneficios fiscales- estamos de acuerdo, naturalmente, pero tenemos la obligación de señalar que eso es absolutamente insuficiente para mejorar la vida de la ciudadanía si no se aborda esa segunda fase que nosotros planteábamos, que es para qué son los beneficios fiscales. Ese es el debate esencial de política económica que ya hemos tenido en los Presupuestos Generales del Estado en cuanto a que los beneficios se han incrementado un 62 % respecto al anterior ejercicio. Ese ha sido un debate muy interesante y volverá a ser un debate necesario si hay un nuevo Gobierno o si hay elecciones, que parecen dos de las opciones que más suenan para el día de mañana, lo cual debería llamar a la reflexión porque, si hay un nuevo Gobierno -nosotros esperamos que sí-, tendrá que tener en consideración no solo esta proposición no de ley sino también el contenido y la reestructuración del propio mecanismo. En consecuencia, votaremos a favor con estas matizaciones.
Traemos a debate una PNL del Grupo Socialista y lo primero que queremos decir es que podemos compartir con ustedes el fondo de su exposición -mayor información de los beneficios fiscales y ajustes en el impuesto sobre sociedades-, pero tenemos que discrepar en cuanto al planteamiento, y explicaremos por qué. En el primer punto ustedes explican por qué quieren presentar ante las Cortes Generales una evaluación pormenorizada de los efectos de los beneficios fiscales y de los principales ajustes aplicables. Esto lo recoge el artículo 134.2 de la Constitución española, cuando dice que en los presupuestos se tendrá que consignar el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. También la propia memoria de los beneficios fiscales de los Presupuestos Generales del Estado los define como la disminución de ingresos tributarios que presumiblemente se producirá a lo largo del año como consecuencia de la existencia de incentivos fiscales orientados al logro de determinados objetivos de política económica y fiscal. Además, el artículo 2.1 de la Ley General Tributaria dice de los tributos que, además de ser medios para obtener los recursos necesarios para el sostenimiento de los gastos públicos, podrán servir como instrumentos de política económica general y atender a la realización de los principios y fines contenidos en la Constitución, una definición en la que creo que todo el mundo está de acuerdo, con lo cual ya está recogido en los presupuestos.
Dicen que se deben publicar en la web del Ministerio de Hacienda. Tienen razón, se deben publicar en la web del Ministerio de Hacienda y por eso se hace. Los presupuestos con sus beneficios fiscales se publican en la web del "Boletín Oficial del Estado", en el apartado concreto de Presupuestos Generales del Estado, porque están dentro de los mismos. Aquí lo tienen y lo han podido ver todos ustedes, está dentro del documento y, además, en varios apartados. También los pueden encontrar en la Secretaría de Estado de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
Me habla de la evaluación de los beneficios fiscales. La evaluación de los beneficios fiscales entiendo que está desde el punto y hora en que nosotros valoramos que son medidas necesarias para hacer una política económica y, como tal, se aprueba en los presupuestos. Han estado a favor de estos presupuestos, con estos beneficios fiscales, 176 diputados, e incluso algunas formaciones que han tenido a bien negociarlos han modificado algunos de estos beneficios. Entendemos que cuando tienen el voto de 176 diputados del Pleno significa que la mayoría de los diputados están a favor de estos elementos, que son instrumentos de política económica, acertados o equivocados, algo que decide la gente cuando va a votar, generalmente cada cuatro años, aunque otros quieran hacerlo antes; normalmente se deben respetar esos plazos y eso es lo que intentamos hacer.
Luego se habla del cierre presupuestario, del cierre de resultados, como usted decía. En el artículo 136 de la Constitución española se hace referencia a ello cuando dice que una de las obligaciones del Tribunal de Cuentas es dar la cuenta del Estado y del sector público estatal que se rendirá por el mismo. A esto le
añadimos el artículo 130 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, que también habla de la cuenta general. Pero no solamente eso, imagínese si hay documentación: el artículo 13.1 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas también habla de esta necesidad y además recoge la ejecución de los programas de actuación, inversiones y financiación -que creo que es lo que estamos buscando-; en definitiva, los medios de control, publicidad y transparencia de los beneficios fiscales y del impuesto sobre sociedades y cualquier otro beneficio fiscal son amplios y variados, pudiendo tener gran difusión. También tienen en la página de la Agencia Tributaria, que creo que igualmente es pública para todo el mundo, la información de los beneficios fiscales y los importes que ellos reflejan, así como lo que hemos invertido o dejado de ingresar en cada uno de ellos.
Hablan también de la información territorializada, de las declaraciones de grandes empresas y grupos y de la transparencia de recursos públicos. Aquí es donde chocamos más con su planteamiento, estando totalmente de acuerdo en el fondo, como he dicho al principio. La Ley General de Subvenciones distingue la subvención o una ayuda pública de lo que es un beneficio fiscal, con lo cual no nos pueden pedir el mismo tratamiento. ¿Y por qué no lo pueden pedir? Por diferentes motivos: primero, por el carácter reservado. ¿En qué lo apoyamos? En la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que en su disposición adicional primera dice que esta norma será de aplicación, salvo que la materia tenga una normativa específica. Saltemos a la Ley 40/2005, del Régimen Jurídico del Sector Público, donde se dice que el acceso, la cesión o la comunicación de información de naturaleza tributaria, que es de la que estamos hablando, se regirá en todo caso por su legislación específica. Vayamos, entonces, a la Ley General Tributaria, la Ley 58/2003, que dice que la información tributaria tiene una especial protección en nuestro ordenamiento; así lo recoge el artículo 95 de la Ley General Tributaria, en su apartado primero, cuando dice que los datos, informes o antecedentes obtenidos de la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones -esas declaraciones a las que ustedes hacían referencia- tienen carácter reservado y solo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo... Y establece una serie de limitaciones, y en ningún caso está recogida la que ustedes prevén, con lo cual su planteamiento, aunque sea loable, requiere un análisis muchísimo más profundo y entrar en modificaciones no solamente desde el punto de vista legislativo sino también procedimental.
Hablan también de comunicar lo relativo a los 10 millones de euros. Le repito lo mismo, que es imposible hacer eso porque estaríamos vulnerando el carácter de reservado. Hablan también de fijar un límite anual de beneficios fiscales. De manera indirecta ya lo hacemos; cuando establecemos una deducción o un beneficio fiscal, fijamos un porcentaje de deducción, una cuantía sobre la que aplicarlo, con lo cual estamos planteando ciertos límites.
Para terminar de contestar a la compañera del PSOE, a la diputada Blanquer, le diré que en el año 2009 teníamos unas bases imponibles parecidas. Sí, lo que no teníamos eran unas bases imponibles negativas tan grandes como las que tenemos hoy en día. Si me habla del incremento del 62,3 % del impuesto sobre sociedades en beneficios fiscales -y tiene razón- se le olvida decir que hay dos partidas que representan casi 800 millones de euros que anteriormente no venían cuantificadas.
El señor Candela, del Grupo Mixto, dice que los resultados de la recaudación están congelados. ¡Señor Candela, creo que hay que ser objetivo! Recaudación del año 2016, más de 184 000 millones de euros; en el año 2017, 198 000 millones, 14 000 millones de euros más.
Y, por último, Podemos -y con esto finalizo, presidente- habla de las Socimi. Habría que explicarlo y no decir solamente que es un elemento de especulación. Habría que decir que responde a una figura del ámbito de la Unión Europea, la REIT, a la que nos hemos acomodado, que está orientada a las Socimi, a hacer más accesible el alquiler de los inmuebles a los ciudadanos -creo que ustedes estarán a favor de que los alquileres estén mejor gestionados- y que, como tal, tiene un régimen fiscal especial.
Por ello, y para finalizar, no pretendemos provocar un encuentro o unas diferencias en este sentido. Estamos de acuerdo en cuanto al fondo, no estamos de acuerdo en cuanto a la forma y por ello nuestro voto será de abstención.
Por favor, aténganse al tiempo porque, si no, nos alargamos en la sesión.
- SOBRE REGULACIÓN, TRIBUTACIÓN, COMUNICACIÓN DEL USO LEGAL DE CRIPTOMONEDAS Y LA TECNOLOGÍA BLOCKCHAIN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/003048).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 12 del orden del día, sobre regulación, tributación, comunicación del uso legal de criptomonedas y la tecnología blockchain. Es una proposición del Grupo Parlamentario Ciudadanos y, en su nombre, tiene la palabra el señor Ten.
Nuestro grupo parlamentario, Ciudadanos, presenta hoy una proposición no de ley sobre la regulación, tributación, comunicación del uso legal de criptomonedas y la tecnología blockchain. Las denominadas criptomonedas, como el bitcóin y el ethereum, son el producto de la tecnología de las cadenas de bloque, comúnmente conocidas como blockchain, que permiten, entre otras cosas, realizar servicios semejantes a los de pago de forma descentralizada y sin someterse a ninguna autoridad.
Respecto a su posible función como dinero digital de curso legal, es preciso señalar en primera instancia que las criptomonedas no cumplen del todo con los fines de una buena moneda: en primer lugar, unidad de cuenta; en segundo lugar, medio de intercambio y, en tercer lugar, reserva de valor. Unidad de cuenta y medio de intercambio es posible; es más, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido esta condición como medio de pago. Pero en cuanto a la reserva de valor, es evidente que las criptomonedas son un producto que no es nada seguro, un producto muy volátil en su precio y un producto además de escasa liquidez. Si intentamos poner cifras en el mercado, en 2017 estábamos hablando de que se había disparado desde los 14 495 a los 463 825 millones de dólares, es decir, casi treinta y dos veces el valor de mercado del bitcóin. En este caso, cuando hablamos de tributación, la regulación de las criptomonedas es bastante clara en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el impuesto de patrimonio y en el impuesto de sociedades. Existen consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos, la 250, la 590 y la 808, todas ellas de 2018. No voy a entrar en el detalle de esa tributación, así lo expongo en la exposición de motivos, pero resulta paradójico que la tecnología blockchain, que aporta total transparencia a las transacciones en cuanto al libro de contabilidad inalterable, en el ámbito fiscal resulte tan opaco a causa de esa falta de información y transparencia en las transacciones por la ausencia, evidentemente, de mecanismos de información periódica de las plataformas e intermediarios financieros que dan cobertura a todas estas transacciones. Además, hay que destacar aquellos individuos que además las utilizan por sus garantías de anonimato y opacidad para financiar esas actividades ilícitas, actividades delictivas, como blanqueo de capitales de esas actividades, como le comentaba. Por tanto, es urgente mejorar las obligaciones de información de los poderes públicos y no es caprichoso recordar a este respecto que en España hemos sufrido diversos escándalos bancarios y financieros como resultado de una deficiente protección de los consumidores y de los inversores financieros.
Por todo ello, nosotros hemos propuesto una serie medidas: proponemos crear una autoridad independiente de protección del consumidor e inversor financiero; proponemos regular las obligaciones de información de la Agencia Tributaria por parte de los intermediarios financieros en la compraventa de criptomonedas, como les estaba comentando al principio; proponemos dar difusión adecuada de la información sobre los riesgos, derechos y garantías a los inversores como no hicimos, en su caso, con las preferentes, con aquellos activos tóxicos cuyas consecuencias todos conocemos, y proponemos elaborar una regulación adecuada que favorezca la información y la tecnología blockchain con la necesaria seguridad jurídica, revisando para ello las diferentes normativas que puedan afectar al desarrollo y adopción de esta tecnología y favoreciendo, desde luego, su introducción en el mercado mediante entornos controlados de pruebas, como hacen en Reino Unido con los ejemplos de sandbox.
Para terminar, me gustaría buscar el consenso en esta materia, señorías. Creo que deberíamos tener una posición conjunta por los enormes costes de oportunidad de no tener una estrategia común en la regulación y en la potenciación de la tecnología blockchain y su tributación y comunicación de uso legal en estas criptomonedas fundamentalmente. Es cierto que estamos en una situación de crisis de desconfianza generada por la reciente sentencia de la Audiencia Nacional por la corrupción del Partido Popular y su condena, y desde luego por la grave crisis institucional por el desafío separatista y el golpe contra la democracia que se ha sufrido en Cataluña.
El Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista han presentado sendas enmiendas. Agradezco, además, las aportaciones que se puedan realizar. Yo voy a intentar aportar a la Mesa una transaccional con la que podamos mejorar el texto de la proposición no de ley. Espero que con
esta proposición de ley, el futuro Gobierno -que espero que sea elegido por su correspondiente convocatoria electoral, dando la voz a todos los ciudadanos españoles y no por un atajo que se pueda hacer para apoderarse de unos sillones- tenga en cuenta esta materia porque realmente tenemos un gran coste de oportunidad.
Por todo ello, solicito a sus señorías el apoyo a esta proposición no de ley. Espero, en breve, aportar a la Mesa una enmienda transaccional.
Como bien ha comentado el portavoz de Ciudadanos, hay dos enmiendas presentadas a esta proposición no de ley. En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Galeano.
Señorías de Ciudadanos, nos presentan una PNL un tanto confusa en su enunciado; creo que no es oportuna esa redacción en donde parece meter en el mismo saco la blockchain y las criptomonedas, aunque una es una clara derivada de la otra y ustedes seguro que lo conocen perfectamente. Quizás el lenguaje confuso y encriptado es una característica que estamos percibiendo estos días en algunas manifestaciones de los portavoces de su grupo, capaces de criticar, de condenar la corrupción, de pretender un Gobierno nuevo y, al mismo tiempo, prolongar la permanencia del señor Rajoy en La Moncloa.
Volvemos a la PNL que nos ocupa, aunque todos estemos pensando un poco en lo que estamos pensando. Hemos presentado, señor Ten, una enmienda con una serie de apartados, de modificaciones a su iniciativa, en la línea de lo que se adoptó en el Senado cuando se debatió hace unos meses ya una propuesta similar a esta de la Comisión de Hacienda. Allí se acordó una transaccional, con el apoyo de todos los grupos políticos, que creo que puede ser un punto de referencia muy adecuado para este mismo debate. Porque, señorías, considero que todos compartimos una serie de conceptos e ideas sobre esta materia tan novedosa de los últimos años, como son las, quizá mal llamadas, monedas digitales, la proliferación desde que apareciera el bitcóin en el año 2009 hasta esas más de 1300 que podemos contabilizar a día de hoy. Hablamos seguramente, como ha dicho también el portavoz de Ciudadanos, de riesgos, de amenazas, de factores de los que hay que proteger a los usuarios, a los inversores menos doctos en esta materia, pero tampoco podemos obviar, señorías, el abanico de oportunidades que se abre con el uso de este instrumento. Se habla de fraude, de especulación o de blanqueo de capitales, que son también aspectos inherentes a veces a activos financieros del mundo físico, del mundo no digital, de manera que esto no nos impida ver el bosque de oportunidades que se abre con la blockchain y, en su caso, con el uso de criptomonedas.
Desde el Grupo Socialista creemos que es absolutamente necesario el estudio y la evaluación de una regulación supranacional de estos instrumentos que permita dotar de mayor confianza a estos mercados, de mayor fiabilidad y de concienciación de los inversores, de los usuarios, de los riesgos que asume con estas inversiones -inversiones, entre comillas, en algún caso-, buscando un justo equilibrio con los beneficios y la flexibilidad que pueden ser propios de estas tecnologías. En este sentido, valoramos positivamente la normativa comunitaria que se ha ido perfilando en la materia en los últimos meses y que viene a poner el foco, fundamentalmente, en la dificultad de identificación de los intervinientes en este tipo de transacciones que tienen como protagonista a este tipo de monedas digitales. Valoramos también la tarea informativa desarrollada por la CNMV, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y por el propio Banco de España, que no hacen otra cosa que seguir los pasos de otras entidades o bancos centrales del mundo preocupadas, lógicamente, del mismo modo por esta materia. Por último, también valoramos de forma positiva la labor de control de las entidades intermediarias que la Agencia Tributaria ha llevado a cabo en la compraventa de criptomonedas y los requerimientos que ha podido efectuar a estas en los últimos meses.
Como decía el portavoz, estamos esperando a una transaccional que nos va a plantear el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Cuando leamos la transaccional decidiremos el voto de nuestro grupo.
En nombre del Grupo Popular tiene la palabra el señor García Egea.
Dos cosas me han gustado de la intervención del proponente de Ciudadanos. Me ha gustado el fondo de la proposición no de ley -no tanto la forma- y me ha gustado también que mencionase que los Gobiernos deben ser elegidos por las urnas y no por mociones de censura para satisfacer intereses personales. Eso es algo importante que deben respetar todos los Gobiernos y todos los partidos.
De esta proposición no de ley comparto el fondo, no en vano durante los últimos días el Grupo Parlamentario Popular ha estado presente en prestigiosos foros nacionales e internacionales sobre tecnología blockchain en los que hemos aportado nuestro punto de vista sobre la importancia que tiene implantar este tipo de tecnología en determinados procesos, ya que forma parte de la cuarta revolución industrial como tecnología habilitadora en tanto en cuanto ayuda a reducir las ineficiencias que se producen en muchas ocasiones en los procesos.
Hemos planteado una enmienda a esta proposición no de ley porque creemos que no podemos seguir mirando con ojos analógicos el futuro digital que tenemos por delante. ¿Por qué no podemos seguir mirando con esos ojos analógicos el futuro digital? Porque todos los procesos que están teniendo lugar, por ejemplo, con el minado de criptomonedas se están encontrando con dificultades por parte del regulador para dejar claro a qué proceso de naturaleza económica estamos asistiendo. Por ejemplo, ha quedado claro en una consulta vinculante al Tesoro que el minado de criptomonedas no está sujeto a IVA porque no hay proceso contra el que repercutir dicha ganancia. El minado de criptomonedas supone, al final, una actividad en la que hay que realizar un altísimo número de operaciones matemáticas para llegar a ese hash que nos permita averiguar la operación matemática en razón de la criptomoneda. Por tanto, no podemos seguir mirando el mundo con ojos analógicos.
He traído aquí algunas criptomonedas que tengo en mi despacho (muestra unas criptomonedas) como un bitcóin, un ether y un ripple. Mucha gente que mira estas criptomonedas con ojos analógicos me suele preguntar: Y esto, ¿cuánto vale? ¿Esto vale lo que vale un bitcóin, un ripple o lo que vale un ether? Realmente esto no vale nada porque, al final, la representación de valor y la desintermediación han hecho que no tenga que existir un intermediario para validar y certificar este valor, es decir, hemos pasado al Internet del valor. Ahora en Internet no solo viaja información, sino que también podemos transmitir valor sin necesidad de un intermediario, como un banco o una entidad financiera, que certifique dicha transacción.
Esto en el mundo de los criptoactivos, pero la blockchain podemos utilizarla para muchos otros beneficios que redunden en el futuro de las pequeñas y medianas empresas y en el futuro de España. Por eso hemos planteado una enmienda con ocho puntos. En primer lugar, proponemos que esto no sea solo una regulación nacional, sino que sea una regulación europea. Nuestro representante en el organismo blockchain a nivel europeo -Juan María Vázquez, secretario general de Ciencia- está realizando un buen trabajo y está recogiendo todas las iniciativas del ecosistema blockchain y, por eso, queremos que esta PNL recoja expresamente dicho trabajo. También queremos que se mencione, como ha dicho el representante del Grupo Parlamentario Socialista, ese grupo de trabajo que se ha creado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en el Ministerio de Economía, en el Tesoro, en el Banco de España, para que se estudien detenidamente -ya se están estudiando- las implicaciones que tiene el uso de criptomonedas en el sistema financiero español.
En tercer lugar queremos que se aprovechen las ventajas que esta nueva tecnología blockchain ofrece en términos de ahorro de costes y desintermediación. Una de las monedas en representación de las monedas que yo he enseñado aquí, ripple, está siendo utilizada por muchos bancos ya hoy para reducir las transferencias internacionales en su duración, en vez de durar tres días las transferencias internacionales están durando diez segundos a través de esta criptomoneda. También queremos que se impulsen las fuentes de financiación alternativa e inversión financiera, y me refiero específicamente a las Initial Coin Offering, también conocidas como ICO.
Cuarto punto: hasta que exista una regulación global -esto para mí es fundamental- dotar de transparencia y asegurar que el consumidor que invierte en criptoactivos toma las decisiones de inversión siendo consciente de los riesgos que corre y que el Gobierno, los reguladores, le proveen de la mayor cantidad de información posible.
En el quinto punto proponemos analizar si procede y fijar una mayor cantidad de información a partir de la cual un particular debe o no informar al regulador.
Punto sexto: queremos que se impulse la utilización de tecnología blockchain en la Administración pública para introducirla en todos aquellos procesos en los que sea necesario asegurar la trazabilidad de
las informaciones. Recordemos que la blockchain permite almacenar información y que ni siquiera el propietario de la información pueda modificar la información que allí se ha almacenado; y convertirnos, por tanto, en un referente mundial, en un Silicon Valley de la blockchain gracias a nuestra regulación inteligente.
En los puntos séptimo y octavo pretendemos establecer por parte del Gobierno de España los mecanismos pertinentes para informar a los miembros del ecosistema blockchain de todos los avances que se están produciendo en los organismos de discusión. Por último, creemos que es importantísimo apoyar a la sociedad civil en esas iniciativas que están construyendo redes -permisionadas o no- blockchain para, sobre ellas, construir miles de aplicaciones porque, señorías, la inmensa mayoría de aplicaciones sobre la blockchain están todavía por imaginar. Por eso creemos que a redes como Alastria, que aglutina a entidades sociales, a bancos, a universidades, a entidades financieras y a personas físicas hay que apoyarlas desde los poderes públicos.
Vuelvo a repetir que sean más rigurosos con el tiempo porque nos estamos pasando, ha habido ya varias intervenciones que se han pasado un minuto del tiempo.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra la señora Sagastizabal.
Los mercados de criptomonedas y las ICO no están desde luego controladas por ninguna autoridad ni disponen de respaldo de ningún banco central. Su éxito está basado en la confianza de usuarios y usuarias; y además su tecnología subyacente, el blockchain, que puede utilizarse también para otros casos como la identidad digital, el bastanteo de poderes, los contratos inteligentes, los registros oficiales, hacen necesaria una regulación y un análisis de los usos de esa tecnología.
Con respecto a las criptomonedas haré algunas consideraciones que nos parecen importantes. El carácter especulativo de las criptomonedas es un tema a tratar, entendemos nosotros, por la Comisión Nacional del Mercado de Valores; desde los entes públicos, incluso desde los privados, se puede hacer una labor de concienciación para evitar que se especule con ellas pero creemos que en último término eso corresponde a esa comisión, que es la que tiene potestad de aplicar acciones que eviten riesgos de mercado. Sobre todo porque no podemos olvidar, además, ni obviar la crisis financiera que fue facilitada en parte por las deficiencias de muchos gestores y entidades financieras y también de prácticas especulativas, pero sobre todo en parte por la deficiente labor del supervisor. Para nosotros es oportuno, vista la experiencia vivida en los últimos años en el sector financiero, la anticipación y la regulación de aquello que suponga o pueda suponer riesgos para los inversores e inversoras.
En cuanto a los riesgos del anonimato, se tendría que analizar la identificación de los usuarios o usuarias que adquieren criptomonedas a cambio de monedas de curso legal y también la identificación de los usuarios y usuarias que utilicen criptomonedas en transacciones comerciales. Porque no hay que obviar que el anonimato en las operaciones con criptomonedas puede ser generador de riesgo refiriéndonos sobre todo a las actividades delictivas vinculadas a la comisión de delitos graves que preceden a la posterior actuación del blanqueo de capitales al no poder garantizar ni facilitar la identificación de las personas físicas o jurídicas que realicen dichas transacciones. En esta línea estarían las iniciativas que ha presentado recientemente la Comisión Europea al Parlamento a fin de obligar a que las plataformas que gestionen estas criptomonedas controlen a sus clientes proponiendo extender la directiva contra el blanqueo de capitales a estas formas de pago. El anonimato, pues, no facilita la acreditación de estas operaciones. Para analizar la opción de regular fiscalmente las criptomonedas entendemos que se debe tener en cuenta el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea también que dictamina que no se debe aplicar el IVA a las criptomonedas en su cambio de moneda a moneda; no obstante, sí a las transacciones comerciales. Entendemos que la forma de hacerlo sería fijar esa obligación a los establecimientos o plataformas que permitan alguna critpomoneda como moneda de pago obligando a tributar por las transacciones realizadas con estas monedas. Aquí también se plantea otra cuestión, el cómo puede afectar a la tributación personal las revalorizaciones de estas monedas.
Por otro lado, ni siquiera estaría claro a qué nos referimos cuando hablamos de estas criptomonedas porque tampoco hay consenso. Algunos dicen que es un título valor, la Agencia Tributaria que son efectos comerciales, algunos lo consideran como un bien mueble digital, también tenemos la definición que se ha utilizado en una escritura de constitución de una sociedad en España con capital íntegramente constituido
por bitcóins calificándolos como aportaciones no dinerarias, y también hay quien lo considera como una divisa, cuya principal objeción sería precisamente la inexistencia de un Estado o banco central detrás de estas criptomonedas. Creemos que se debería hablar de la naturaleza jurídica de estas criptomonedas, asunto que desde luego tampoco vemos que sea pacífico.
Reconociendo la innovación de las criptomonedas y su tecnología -que han venido para quedarse- consideramos necesarias aquellas iniciativas que analicen la posibilidad de protección a los inversores, así como iniciativas tendentes a identificar y mitigar los riesgos de blanqueo y lavado de activos y la financiación de actividades ilícitas. Por tanto, apoyaremos todas estas iniciativas, aunque también entendemos que esta regulación se debe realizar en los foros internacionales a través de regulaciones supranacionales.
En nombre de Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes.
Es cierto que hay un reto de regulación legal con respecto a las criptomonedas porque la regulación actual es confusa a nivel mundial y hay diferentes países con distintas regulaciones ante un fenómeno nuevo con un elevado potencial de crecimiento. Hay que tener en cuenta que los bitcóins y las criptomonedas no son dinero al uso, ya que no hay una autoridad que los emita, no constituyen un depósito de valor -porque como activo financiero sus fluctuaciones son enormes- y no actúan como unidad de cuentas. Sin embargo, sí cumple con ciertas características, por ejemplo sirve en algunos sitios como medio de pago. La realidad es que es utilizado más como un activo financiero que como dinero. Por tanto, quien piense que una moneda sin una autoridad central detrás puede ser el futuro del dinero no solo se equivoca sino que pone en peligro la estabilidad económica. Sin embargo, sí están teniendo repercusión muy importante a nivel financiero mundial. Por ello, en la última reunión del G-20 uno de los principales temas que se trató fue este. De hecho, en 2017 se emitieron más de 200 monedas en ofertas de monedas iniciales, Inicial Coin Offering, que recaudaron en su emisión más de 4000 millones de euros, muchas de ellas además se desarrollaron desde Silicon Valley.
Por ello, creo que hay una cuestión que es esencial separar y que en la proposición no de ley de Ciudadanos no se hace y confunde dos cuestiones para poder entender el potencial del fenómeno al que nos enfrentamos. Por un lado está la tecnología detrás de las criptomonedas, el blockchain, y por otro lado están las monedas en sí mismas -como el bitcóin, litecoin, ethereum o ripple-, monedas cuyo valor de capital en el mercado es el más importante -las cuatro que he mencionado-. Si no logramos separar la tecnología que hay detrás de las monedas de las monedas en sí mismas no podemos entender nada del potencial que ofrece este nuevo paradigma. Mezclar estas dos cuestiones es como mezclar el bronce con las monedas, son cuestiones que hay que debatir de forma totalmente separada. Y ese es el punto negativo esencial de esta PNL, que mezcla cuestiones relativas a la tributación de unos activos financieros concretos -que son las criptomonedas- con la necesidad de impulsar o regular la tecnología que está detrás de ellas.
¿Por qué creemos que es necesario separar estas cuestiones? Porque una cosa son los efectos tributarios de unos activos financieros y otra lo que el blockchain puede aportar a nuestra sociedad. Por poner un ejemplo, el Banco Santander será el primer banco en todo el mundo en utilizar blockchain para las votaciones de su junta de accionistas y se están ya desarrollando herramientas que permiten al blockchain ser utilizado en cualquier proceso que requiera de autentificación descentralizada. Y esto se puede aplicar en áreas tan diversas como la traducción de textos, la gestión de identidades, la trazabilidad de la comida, votaciones -como la que mencioné del Banco Santander-, etcétera. Esto no tiene nada que ver con la tributación de las ganancias patrimoniales que se producen cuando se vende una criptomoneda por valor superior al que se compró.
Por ello, nos parece un error que Ciudadanos presente esta proposición no de ley mezclando ambas cuestiones cuya regulación no tiene nada que ver. No sé si es que son las gafas naranjas que les hacen confundir dos realidades completamente diferentes o es que están confusos estos días ante la moción de censura. Sin embargo, agradecemos que traigan el tema al Congreso porque creo que es una cuestión relevante y que va a cobrar más relevancia en los próximos meses y años, pero consideramos que lo tienen que madurar más. Si Ciudadanos de verdad quisiera abordar la fiscalidad de las criptomonedas,
presentaría una PNL que permitiera abordar este asunto y tendríamos que hablar de fraude fiscal, de la retención que tienen que practicar los llamados monederos virtuales, de un sistema de información automatizada, de la fiscalidad, de la minería de la criptomoneda o de la petición a la AEAT de un sistema de seguimiento específico para saber, entre otras cosas, si las criptomonedas que tiene el portavoz del Grupo Popular son criptomonedas en B o en A. (Risas). Si de verdad quisieran hablar de las posibilidades del blockchain, nos presentarían una PNL donde se hablara de la inversión pública en este tipo de proyectos. Por ejemplo, la Comisión Europea tiene ya un acuerdo europeo sobre blockchain, que está firmado por España, pero no sabemos en qué se está concretando o cómo está participando España en este proyecto. Podríamos hablar también del Observatorio de las criptomonedas que se ha creado, igualmente, en el seno de la Comisión.
Sin embargo, en este caso Ciudadanos, en vez de tratar los temas con profundidad, prefieren hablar de generalidades -y, de paso, pedir elecciones, que es lo que está de moda ahora y además ahora no generan inestabilidad las elecciones-, mezclando fiscalidad de las ganancias patrimoniales por la venta de un activo con la tecnología que subyace a dicho activo. Aunque parte de los contenidos que plantean tiene sentido y estamos de acuerdo, la forma en que se empacan conjuntamente carece de él. Así que estamos pendientes de revisar la transaccional que nos acaban de proporcionar para decidir nuestro sentido de voto.
Muchas gracias. (El señor García Egea pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿Sí, señor García?
El señor GARCÍA EGEA: Señor presidente, me gustaría invocar el Reglamento porque el portavoz ha hecho una alusión bastante desafortunada y, si el presidente lo considera, me gustaría intervenir.
El señor PRESIDENTE: La verdad es que se llevan haciendo toda la tarde porque queremos ser caja de resonancia de lo que ha pasado en el Pleno.
El señor GARCÍA EGEA: No, ha hecho una referencia sobre las criptomonedas que yo he traído aquí.
El señor PRESIDENTE: Perdón, creí que se refería a otra cosa. Es que ha habido una queja también por parte de su compañera y pensé que aludía a eso.
El señor GARCÍA EGEA: El portavoz ha hecho una referencia a la naturaleza de la criptomoneda. Lógicamente, las criptomonedas que yo tengo aquí no tienen ningún valor. Lo que sí les digo es que si la consulta sobre el chalé la hubieran hecho en blockchain (risas), hubiéramos sabido realmente si habían votado todos o si realmente había tenido legitimidad. Como no lo han hecho en blockchain, se lo dejo ahí para que lo reflexionen.
- SOBRE REGULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES POR RESIDENCIA QUE PERCIBEN LOS EMPLEADOS PÚBLICOS ESTATALES RESIDENTES EN CANARIAS Y SU ADECUACIÓN A LO CONTENIDO EN LA NORMATIVA COMUNITARIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/003050).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 13.º del orden del día, que es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la regulación de actualización de las indemnizaciones por residencia que perciben los empleados públicos estatales residentes en Canarias y su adecuación a lo contenido en la normativa comunitaria. En nombre del grupo proponente tiene la palabra la señora Valido.
La señora VALIDO PÉREZ: Gracias, presidente.
La indemnización por residencia es un concepto salarial no retributivo que históricamente han percibido las personas empleadas públicas estatales que prestan sus servicios en los territorios que, por causas geográficas o políticas, requieren algún tipo de compensación. Dicha retribución por residencia, anteriormente denominada asignación por residencia, ha sido reconocida desde 1971. La Ley 30/1984, de 2 de agosto, instauró un nuevo régimen retributivo para los funcionarios públicos, en el que se habla
de indemnización por razones de servicio, si bien las indemnizaciones por residencia no se reflejan en ella. Estas retribuciones siguieron abonándose con carácter transitorio al personal destinado principalmente en las islas. Actualmente la indemnización por razón de servicios se regula en la Ley 7/2007, de 12 de diciembre, del Estatuto Básico del Empleado Público.
Debido a este vacío jurídico, han sido varias las sentencias de los tribunales de justicia en las que se reconocen los derechos de los funcionarios a cobrar dicha indemnización. Son relevantes también los reales decretos 1170 y 1171 de 2007, por los que se actualiza el complemento de destino para Gran Canaria y Tenerife para los miembros de las carreras judicial, fiscal y Cuerpo de secretarios judiciales, que en su exposición de motivos ya dice que el personal del sector público estatal destinado a las islas Canarias ha venido percibiendo históricamente esta indemnización por residencia. En el ámbito de la Administración de Justicia, la Ley 15/2003 regula el régimen retributivo de la carrera judicial o fiscal y establece que el concepto de indemnización pasa a considerarse retribución y se integra en el complemento de destino.
La finalidad de la modificación propuesta en estos reales-decretos es aumentar el complemento de destino a miembros de la carrera judicial y fiscal por circunstancias especiales en Gran Canaria y Tenerife, por su alto grado de rotación y ocupación en un 160 %, factores que se generalizan en el resto de colectivos y empleados públicos estatales pero que no efectivos a la hora de establecer la indemnización salarial para todos. Por tanto, estas remuneraciones no han sido igualitarias para todo el personal público estatal. En el caso de las islas capitalinas de Gran Canaria y Tenerife, el incremento respecto al resto de las islas y al monto que perciben los miembros de la carrera judicial ha generado una brecha considerable respecto a los guardias civiles que los policías nacionales pues en la actualidad está unificado para todos en una misma cantidad, lo que ha dado como resultado que en unas islas se haya incrementado por encima de su cuantía en origen y en otros mantienen alguna perdida como es el caso de Gran Canaria y Tenerife, para estos colectivos mencionados. Ahora bien, hay que recordar que las islas Canarias son reconocidas por el Tratado de Amsterdam firmado en 1997, región ultraperiférica, la RUP, y aquí se definió la base jurídica de este concepto, mientras que en el Tratado de Lisboa se vino a fortificar esa base mediante el reconocimiento de las características especiales de este tipo de emplazamiento, todo ello extracontinental, así como la necesidad de que se tomaran medidas específicas para su impulso y desarrollo y que con esta designación se tomen medidas encaminadas al desarrollo así como el perfeccionamiento de las condiciones de acceso a los fondos estructurales.
Según la circular de asignación adicional para la RUP de la Subdirección General de Gestión del Feder se indica que la parte del salario que tiene carácter compensatorio es financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través de la asignación RUP del programa operativo de Canarias 2014-2020 desde enero de 2016 hasta el 31 diciembre 2023, lo que implica que la aportación en relación con los planes generales del Estado sería una cuantía mínima, de manera que en atención a estos objetivos se podría empezar a hablar de la consolidación en el seno de los Estados europeos de una nueva tipología de servicios que son los servicios ultraperiféricos, una catalogación que ha permitido que se dé cobertura a programas específicos en regiones extracontinentales como Canarias. Atendiendo a esta situación singular, a una parte de la plantilla funcionarial del Estado en Canarias, concretamente la que viene formada por jueces, fiscales y secretarios judiciales se le implementó una significativa subida salarial durante el año 2008 en concepto de indemnización por residencia. Pero esta realidad no ha logrado extenderse al resto del personal dependiente de la Administración General del Estado que desempeña su actividad profesional generándose una situación de desigualdad entre profesionales no corresponde a condiciones objetivas de ningún tipo. De hecho, esta realidad desigual ha posibilitado que en algunos casos una parte del cuerpo funcionarial haya tenido que salvar la situación recurriendo al sistema de justicia, lo que ha provocado que el montante total a percibir como indemnización por residencia haya variado según el caso, forzando incluso a que el Consejo de Ministros a actualice y modifique de manera que han contraído los poderes públicos de aplicar esta medida a la totalidad de la plantilla funcionarial del Estado que desempeña su actividad profesional actualmente en las RUP de Canarias.
En nuestra PNL instamos al Gobierno, primero, a igualar las condiciones en las que se percibe la indemnización por residencia en el archipiélago canario a la totalidad de la plantilla funcionarial de la Administración General del Estado, a revisar y actualizar la aplicación de la indemnización por residencia que debe percibir el cuerpo funcionarial de la Administración General del Estado en las islas no capitalinas
del archipiélago según lo establecido en el decreto 316/1971, modificar la denominación de la actividad profesional que prestan los empleados públicos de la Administración General del Estado del archipiélago para que pasen a denominarse como servicio ultraperiférico del Gobierno de Canarias de acuerdo con lo dispuesto por la normativa comunitaria.
Se ha presentado una enmienda en el caso de esta proposición no de ley y por parte del grupo socialista tiene la palabra la señora Raya.
Tal y como ha expuesto la ponente del Grupo Parlamentario Unidos Podemos, la indemnización por residencia es un concepto salarial que perciben los empleados públicos estatales que prestan sus servicios en los territorios afectados, entre otros en las islas Canarias. La indemnización por residencia ha sido regulada por diferentes decretos, como ya he mencionado, y por diversos acuerdos de Consejo de Ministros, actualizando y modificando las cantidades de indemnización por residencia en los distintos sectores afectados. Así, por lo que respecta a las islas Baleares, Ceuta y Melilla, la última revisión y actualización de la indemnización por residencia se ha producido a través del Real Decreto-ley 11/2006, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el aumento de la cuantía de la indemnización por residencia. Sin embargo, no se ha incluido a las islas Canarias y resulta de aplicación a todo el personal de la Administración del Estado que presta servicio en dichos territorios. Esta es una reivindicación que vienen reclamando los diferentes colectivos afectados y como consecuencia los senadores canarios de mi grupo parlamentario presentaron hace un año una iniciativa en la Cámara Alta, por lo que compartimos el fondo de la propuesta que ha presentado hoy el Grupo de Unidos Podemos.
En Canarias, la última revisión y actualización de la indemnización ha sido solamente para los miembros de la carrera judicial y fiscal y para los cuerpos de secretarios judiciales por circunstancias especiales en las islas de Tenerife y Gran Canaria, mediante los reales decretos 1170/2007 y 1171/2007, de 10 de septiembre. La finalidad de la modificación propuesta por estos reales decretos es aumentar el complemento de destino a los miembros de la carrera judicial y fiscal, por su alto grado de rotación y ocupación, en un 160 %, con el objetivo de dotar de estabilidad a estos destinos. Sin embargo, el Grupo Parlamentario Socialista considera que los porcentajes de incremento realizados en estos cuerpos por los reales decretos ya mencionados deben ser extensivos, en concepto de indemnizaciones por residencia, a los empleados públicos de la Administración General del Estado, no contemplados en estas normas, que prestan también sus servicios en las islas Canarias.
Este, señorías, es el sentido de la enmienda presentada por el grupo parlamentario al que represento. Además, se constata que entre el cambio de método para el cálculo de las cantidades a percibir y la provisionalidad del concepto indemnizatorio, en tanto no adquiera vigencia la estipulación contemplada en la disposición segunda de la Ley 30/1991, en las islas de Tenerife y Gran Canaria, exceptuando a los miembros de la carrera judicial y fiscal y antiguo cuerpo de secretarios judiciales, esta compensación acumula una pérdida desde su origen del cien por cien de las cantidades a percibir. Y en las islas no capitalinas más de un 10 %, contrario a lo que ha pasado en otros territorios, en los que se ha llegado a aumentar hasta un 90 %. Asimismo, hay que tener en cuenta que la financiación de este complemento, que en la actualidad es de un 50 %, se hace con fondos Feder, de la Unión Europea, a través de la asignación RUP, región ultraperiférica, del programa operativo de Canarias desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2023.
Como he manifestado al principio, compartimos el fondo. Hemos escuchado a los colectivos y estos comparten la iniciativa que presentamos hace un año y la que presenta hoy Unidos Podemos, por lo que apoyaremos la propuesta.
En nombre del Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Ramírez.
Estamos debatiendo una PNL presentada por el Grupo de Unidos Podemos sobre la revalorización y actualización de las indemnizaciones por residencia que perciben los empleados públicos de la
Administración General del Estado en Canarias y sobre la adecuación del contenido de la norma comunitaria. Básicamente, esta proposición no de ley parte de la reivindicación de los sindicatos: Comisiones Obreras, CSIF, UGT, STAJ, EA-Canarias, SPP, ACAI, USO, Insucan, Cobas, pero quien realmente la ha abanderado ha sido el SUP. Nosotros nos hemos reunido también con todos los colectivos implicados. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Por favor, mantengan silencio. Sé que están negociando enmiendas, pero es que el orador no puede hablar.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Esta PNL parte de la necesidad de subsanar un agravio comparativo que se produjo en la época del ahora eurodiputado y antiguo ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que mejoró el complemento por destino únicamente del cuerpo A1 de los funcionarios de Justicia, un complemento que mejoraba sus retribuciones en un 35, 40 y 50 %, en función de cada una de las islas, basándose en un alto grado de rotación y ocupación, del 160 %, pero exclusivamente para los funcionarios de nivel A1, es decir, jueces, fiscales y secretarios judiciales del Ministerio de Justicia.
Nosotros creemos que lógicamente eso tiene que ser extensible a todos los cuerpos de la Administración General del Estado, porque no es entendible que se haya producido un agravio comparativo en este caso. Pero sí me gustaría decirle al grupo proponente aunque su portavoz sabe que yo la estimo personalmente; además ya esta aquí el señor González, con lo cual lo puedo decir que, hablando de coherencia, no puede ser que se introduzca esto en una PNL cuando hemos debatido recientemente los Presupuestos Generales del Estado, y entre todos los grupos podíamos establecer este tipo de enmiendas. Es cierto que llevaron la enmienda junto con Nueva Canarias a los Presupuestos Generales del Estado, pero llevar una enmienda para que la aprueben los grupos cuando ustedes van a votar que no a todo no parece ser muy coherente. Tampoco es muy coherente decir a un grupo que presente una moción de censura y que la van a apoyar sin que haya ninguna contraprestación, y cuando parece que la moción puede salir adelante, pedir claramente la vicepresidencia de algún ministerio, porque lo lógico es estar en el Gobierno, señor González, ya que hablamos de coherencia.
En cualquier caso nosotros apoyaremos la moción, porque creemos que es el momento de solucionar los agravios comparativos. Eso sí, también me gustaría decirle a la proponente que ahora no es el momento adecuado para presentar esta PNL, ya que se ha perdido una ocasión de oro en los presupuestos para impulsar este tipo de iniciativas. Como esta legislatura está a todas luces finiquitada, esto no va a llegar a buen puerto. Creo que entre todos tenemos que luchar por mejorar y solucionar los agravios que se hayan producido históricamente entre los funcionarios de la Administración General del Estado, ya que en la filosofía y en el fondo estamos totalmente de acuerdo, establezcamos una forma para poder llevarlo a cabo.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Camps.
Soy el señor Paniagua. Ha habido un cambio de última hora. (Risas).
El señor PRESIDENTE: Les repito lo mismo. Les agradecería a todos los grupos que comunicasen a esta Presidencia quiénes son los que van a intervenir. Puede haber algún cambio de última hora, pero no nos digan los nombres al azar, porque después yo me los tengo que inventar. (Risas).
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: En este caso, ha sido un cambio de última hora, presidente.
En primer lugar, por lo que se refiere a la igualación de las condiciones de percepción de la indemnización por residencia en el archipiélago canario debemos señalar que la misma es homogénea para todos los colectivos que prestan servicios a la Administración del Estado Policía, Guardia Civil, funcionarios de la Administración General del Estado, etcétera, excepción hecha de las carreras judicial y fiscal y del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia. Las diferencias existentes entre estos últimos y el resto de funcionarios de la Administración del Estado destinados en Canarias obedecen a factores objetivos, y no a una situación de discriminación o privilegio injustificada, al corresponder a un régimen jurídico retributivo específico distinto al de la Administración General del Estado. Previamente a
la aprobación de la Ley 15/2003, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal, los miembros de dichas carreras percibían indemnización por residencia. En la citada ley se estableció que la indemnización por residencia pasase a considerarse retribución y se integrase en el complemento de destino, manteniéndose el derecho a la percepción de los incrementos anuales por trienio reconocido previstos para el sector público estatal en concepto de indemnización por residencia. La finalidad de la modificación contenida en los reales decretos 1170/2007 y 1171/2007, según se señala en la exposición de motivos de los mismos, fue la de aumentar el complemento de destino de los miembros de las carreras judicial y fiscal en el primer real decreto citado, y de los miembros del cuerpo de secretarios judiciales hoy letrados de la Administración de Justicia en el segundo, destinados en Gran Canaria y Tenerife para evitar la desincentivación de la cobertura de las plazas en las dos citadas islas, ante la elevada movilidad existente.
La inclusión de la indemnización por residencia como concepto retributivo, dentro del complemento de destino de dichos colectivos, produjo un efecto no deseado por la ley y contrario a la misma, ya que aquellos que promocionaban a puestos de mayor responsabilidad y mayor población, y en consecuencia mayor carga de trabajo el ascenso en la carrera supone pasar desde las islas menores a una isla capitalina, percibían menores retribuciones que los destinados en las islas menores con población menor y menor carga de trabajo. Tal pérdida retributiva estaba afectando gravemente a la formación profesional de estos funcionarios. Por tanto, por todas estas consideraciones, no cabría realizar una comparación entre cuerpos funcionariales que tienen regímenes jurídicos retributivos distintos.
Por lo que se refiere a la revisión de las cuantías de la indemnización por residencia en Canarias ha de señalarse que la gravedad de la coyuntura económica presupuestaria de los últimos años ha supuesto la imposibilidad de acometer tal revisión. Téngase en cuenta que se han llegado a tener que reducir las retribuciones de todo el personal al servicio del sector público, y en algunos casos además a la suspensión total o parcial de la percepción de algunos complementos, reducciones salariales adicionales que en varios casos no han sido recuperadas. En todo caso la propuesta de elevación de las cuantías por indemnización por residencia en las distintas zonas geográficas que la tienen reconocida deberá tener en cuenta la mejora o empeoramiento de las distintas circunstancias y peculiaridades que se valoraron en la determinación de dichas cuantías, o el surgimiento de otras nuevas, lo que podría dar resultados dispares. Hay que tener en cuenta, señorías, que en el año 2011, cuando llegamos al Gobierno, tuvimos que asumir un déficit superior al 9 % con una disminución de más de 70 000 millones de ingresos tributarios, y que ha hecho imposible hasta estos últimos años poder hacer unos presupuestos más expansivos. Llevamos haciéndolos desde el año 2015 y este año en los presupuestos de 2018 se ha llegado a un pacto retributivo con los sindicatos de la Administración pública, y se ha planteado la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir, se está intentando y se están tomando medidas en el momento en que hay capital disponible por parte del Estado.
En cuanto a la observación que se realiza acerca de que estas indemnizaciones son financiadas por los fondos europeos no es exactamente así, ya que todo dependerá de la ejecución de los programas operativos de los fondos europeos y el porcentaje de gastos de personal que se admita en cada programa.
Y en cuanto al punto 3, si se plantea la votación separada de los tres puntos de la PNL, en el último podremos votar a favor, porque en el punto 1 y en el punto 2 no estamos de acuerdo.
Señora Valido, ¿acepta la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista?
La señora VALIDO PÉREZ: No, ya hablé con la compañera y no la vamos a aceptar.
El señor PRESIDENTE: En tal caso, ¿se podrían votar por separado cada uno de los puntos?
La señora VALIDO PÉREZ: Como decida el presidente.
El señor PRESIDENTE: Perfecto. Entonces a petición del Grupo Popular lo sometemos a votación por puntos, al no existir ninguna objeción.
- SOBRE EXENCIONES FISCALES A LOS AFECTADOS POR LA XYLELLA FASTIDIOSA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/003108).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 14.º del orden del día, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre exenciones fiscales a los afectados por la Xylella fastidiosa.
En su nombre tiene la palabra la señora Blanquer.
Señorías, con esta proposición no de ley el Grupo Parlamentario Socialista quiere poner su atención en la situación que están viviendo determinadas zonas afectadas por la Xylella fastidiosa. Es una bacteria letal que se hospeda en el xilema de las plantas generando en algunas de ellas enfermedades con efectos económicos muy graves. En la actualidad se ha demostrado que ataca sin curación conocida a plantas como el olivo o el almendro, dos productos agrícolas muy importantes para la economía española, parte esencial de nuestro paisaje, pero también unos grandes dinamizadores de la economía. De hecho el cultivo del almendro ocupa una superficie de más de 430 000 hectáreas en España, y según la página web del Ministerio de Agricultura el cultivo genera unos 46 millones de jornales cada campaña, y sitúa a España en el primer lugar mundial en superficie y producción de aceite de oliva. La producción española representa aproximadamente el 60 % de la producción de la Unión Europea y el 45 % de la producción mundial, de ahí la preocupación y la ocupación por parte de las administraciones por controlar su propagación. En otras plantas es difícil su detección, han demostrado ser resistentes a la bacteria, lo que facilita su difusión, y de ahí que se le denomine fastidiosa.
Aunque hay varias investigaciones sobre la materia abiertas no se ha avanzado lo suficiente para conseguir evitar su propagación sin llevar a cabo la erradicación de las plantas de la zona afectada. Por ello para evitar esta propagación se opta por el arranque y eliminación de la planta infectada, así como de todas las que se encuentran en un radio de 100 metros, dejando un paisaje desolador. En 500 metros a la redonda del ejemplar que ha dado positivo se hacen tratamientos fungicidas y se realizan inspecciones y controles en un área de 5 kilómetros, conocida como zona tampón.
Señorías, los agricultores de estas zonas están viendo desolados cómo el sacrificio de su trabajo es arrasado por medidas de control, prevención y erradicación impuestas por Europa, asumidas por el Ministerio de Agricultura y que las comunidades tienen que ejecutar mediante el arranque de los cultivos y el arbolado. Ya se conocen dos brotes en la península, uno en la Comunidad Valenciana, donde hay un total de 22 términos municipales de Alicante que están íntegramente afectados por la bacteria y son consideradas zonas demarcadas y 35 que lo están de forma parcial, y otro brote en la Comunidad de Madrid.
Las autoridades comunitarias permiten la concesión de ayudas por parte de las administraciones públicas para paliar dichas pérdidas, intentando compensar el daño de las medidas de prevención y poder así restituir dichas pérdidas. En términos generales una indemnización o una ayuda destinada a restituir el equivalente valor de un bien ante una pérdida no debiera estar sujeta al impuesto sobre la renta de las personas físicas, sin embargo esta es una cuestión sujeta a interpretación según la ley vigente. El legislador interpreta que las ayudas e indemnizaciones pueden suponer rentas positivas para el contribuyente, que sí están sujetas, y en base a este criterio se establecen en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas una serie de excepciones, de tal forma que determinadas ayudas o indemnizaciones no se consideran sujetas al impuesto. Entre estas excepciones se recogen las indemnizaciones públicas en el caso de sacrificio obligatorio de la cabaña ganadera, en el marco de actuaciones destinadas a la erradicación de epidemias o enfermedades, pero nada dice sobre aquellas que se producen en el marco del control, prevención y erradicación obligatoria de plagas en cultivos y arbolado, cuando la situación debería considerarse como similar. Por esta razón en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 incorporamos una enmienda en el sentido de añadir un supuesto más en la disposición adicional quinta de la Ley 35/2006, con la intención de clarificar la no sujeción de estas ayudas o indemnizaciones, pero por sorpresa e incomprensiblemente esta enmienda fue vetada por el Gobierno, un veto que no compartimos y por lo que en la primera Comisión de Hacienda que se ha convocado hemos incorporado esta petición para debatirla. Es una petición que esperamos obtenga la mayoría de esta Comisión.
Se ha presentado una enmienda. Para defenderla, tiene la palabra el señor Candela.
Hemos presentado una enmienda -ahora quizá la negociemos otra vez- porque entendemos que, además de ayudar a los que sufren esta plaga, se debe apoyar la prevención, la lucha y en definitiva la investigación de la misma. No queremos que pase lo sucedido con otras plagas que ya hemos sufrido, especialmente en la Comunidad Valenciana, como la del picudo rojo, que no ha contado prácticamente con la ayuda del Gobierno central, y en el caso de la ciudad de Elche ha sido prácticamente eliminada con los recursos propios del ayuntamiento y con la ayuda de la Generalitat. Simplemente pedimos ayudas en forma de transferencias de capital para poder seguir luchando contra esta plaga.
¿El Grupo Vasco va a hacer uso de la palabra? (Denegación). Pasamos al Grupo Ciudadanos. Señor Ten.
La señora Blanquer nos trae aquí una proposición no de ley que consta de un solo apartado, en el que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir esa exención del impuesto sobre la renta de las personas físicas para esas ayudas e indemnizaciones públicas. Ya hace más de un año, exactamente el 23 de enero de 2017, nuestro grupo parlamentario presentó una pregunta, para la que se solicitaba respuesta por escrito, sobre esas medidas a adoptar por el Gobierno para evitar esa entrada y difusión de la bacteria Xylella fastidiosa en todo el territorio nacional. Posteriormente, el 7 de marzo de ese mismo año, se presentó otra pregunta sobre la situación de la Xylella fastidiosa en la provincia de Castellón, y la verdad es que en la respuesta del Gobierno se nos indicaba que en 2015 el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente había elaborado un plan de contingencia de ámbito nacional, colgado en la página web, que incluía un protocolo de protecciones y plan de acción para la erradicación de la Xylella fastidiosa. Nos indicaba también que preveía la adopción de medidas urgentes tendentes a impedir de manera eficaz esa transmisión y propagación al resto del territorio nacional, pero ante la respuesta, la inacción del Gobierno y la ineficacia manifiesta de esas políticas -tras darse ese primer caso, se trasladó a la Comunidad de Madrid-, el pasado 16 de abril volvimos otra vez a preguntar sobre esta cuestión. Preguntamos de nuevo qué medidas de prevención y erradicación tendentes a impedir de manera eficaz la transmisión y la propagación al resto del territorio nacional pensaba llevar a cabo el Gobierno, pero no hemos tenido ninguna acción por parte del Gobierno.
Consideramos que hay muchas medidas que se podrían llevar a cabo contra la plaga. Entendemos que esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista se queda corta. No nos parece la más adecuada y he visto cómo esta plaga está causando enormes perjuicios para la economía y para el campo de muchísimas poblaciones del territorio nacional. A pesar de ello en esta ocasión nos vamos abstener, pero echamos en falta que esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista hubiese estado más trabajada, porque se podrían haber iniciado otras acciones y obligar al Gobierno a ejecutarlas para cortar evidentemente esta plaga de la Xylella fastidiosa, que tanto perjuicio está provocando al campo.
En nombre de Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Vendrell.
Como se ha dicho estamos ante un problema grave y que aún puede ser mucho más grave: la extensión de esta plaga, de esta bacteria, la Xylella fastidiosa, que puede afectar no solo al olivar, sino también a otras 360 especies leñosas, entre ellas viñedos, árboles frutales de pepita, de hueso, cítricos o frutos secos. Decía que es un grave problema porque ya se ha visto lo que ha pasado en otros países, por ejemplo, en Italia, que se está extendiendo de forma rápida, como en el caso de España en las islas Baleares, País Valencià, y parece ser que también en la Comunidad de Madrid. Hay estrategias de control; hay un protocolo europeo que prevé la erradicación y control de esta bacteria. Como no tiene cura, no tiene antídoto, se identifica el foco aislado y se destruyen las plantas que estén a 100 metros a su alrededor, aunque también hay otras estrategias de convivencia con la plaga, por así decirlo, que se han
desarrollado por ejemplo en California, con diversas comunidades autónomas que están elaborando sus propios planes de contención en Valencia, en Extremadura, en Andalucía o en Aragón.
Afecta a competencias también de carácter autonómico. Nosotros creemos que habría que establecer una estrategia global con medidas de prevención que cubran, tanto las indemnizaciones como las compensaciones por lucro cesante. En estos momentos la indemnización se cubre en un 25 % en la parte autónoma, un 25 % el Estado y un 50 % la Unión Europea; hay que invertir en analítica preventiva; es necesario incrementar el esfuerzo en inspección sanitaria y controles de frontera; una mayor inversión en investigación científica; apoyo económico a las comunidades autónomas; mecanismos de coordinación con los servicios de inspección sanitarios en las comunidades autónomas. Es decir, una serie de medidas que van en la línea de las ayudas económicas directas, las medidas de contención y de prevención. Nosotros apoyaremos esta PNL, nos parece adecuado lo que se propone, la exención del impuesto sobre la renta de las cosas físicas para las ayudas o indemnizaciones a pesar de que entendemos que lo que sería fundamental sería una estrategia más global y más coordinada con el conjunto de comunidades autónomas, en la doble línea que les decía: la prevención y las ayudas directas en coordinación con el conjunto de las comunidades autónomas.
Venimos a hablar hoy de un tema de primer nivel para la sanidad vegetal como es la Xylella fastidiosa; en Extremadura estamos empezando a tener bastante cuidado con esta bacteria, porque puede afectarnos seriamente. Uno no sabe en qué comisión está; cuando empiezas a preparar la defensa de nuestra postura en esta propuesta no sabe si está en la Comisión de Agricultura, porque escucho hablar de protocolos, de que se erradica la bacteria en el árbol o se elimina el árbol y los árboles a 100 metros, ya que estamos hablando de temas que se deberían tratar en la Comisión de agricultura, o si estamos en la Comisión de Economía cuando leo la enmienda que plantea Compromís, en la que habla de inversiones en I+D+i, que es donde se debería tratar ese tema. Pero bueno, el tema lo vamos a centrar en lo que esta PNL plantea, que es un tema eminentemente fiscal y eminentemente de IRPF, y voy a centrarme en eso. Si pudiéramos hablar en otra Comisión sobre sanidad vegetal, sobre el problema, sobre cómo atajarlo y sobre investigación a mí me encantaría tener ese debate, pero no es el tema que nos trae hoy aquí.
Si son 23, 83 o 203 millones lo que deberíamos aportar para esa investigación tampoco es el tema que nos trae a esta Comisión. Estoy encantado de tratarlo en la Comisión de Economía, porque ya le digo que por mi origen me parece que es un tema bastante interesante. Además de la Comunidad Valenciana, como plantea esta propuesta -donde hay más de seiscientos focos; 627 según leí hace poco en Baleares-, es un tema que afecta a la comunidad balear también; hay algún foco en Almería, es decir, Andalucía ha empezado a ser atacada por esta bacteria y recientemente Madrid también. Es un problema de primer nivel de sanidad vegetal que tenemos que tratar con innovación, con investigación, con desarrollo y con todo lo que en otra Comisión y en otras áreas podemos trabajar más que aquí. Pero la propuesta nos habla de un incentivo fiscal a los agricultores que se han visto afectados por esto.
De la redacción de la proposición no de ley no se deduce claramente si se pretende que la medida afecte únicamente a las acciones de erradicación de la Xylella fastidiosa o si se extendería a acciones de erradicación similares, citándose la referida bacteria a título de ejemplo. En cualquier caso al adoptarse dicha medida debería extenderse a todas las actuaciones de erradicación obligatorias, y no solo a las derivadas de dicha bacteria. Por otra parte, en caso de adoptar dicha medida, sería necesaria una delimitación del tipo de elementos patrimoniales afectados; la procedencia de las ayudas públicas -que no debería limitarse a las satisfechas por la Comunidad Autónoma Valenciana, extendiéndose al resto de comunidades autónomas- y la renta exenta, teniendo en cuenta que, tal y como refleja la disposición adicional quinta de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF y de modificación parcial de las leyes de los impuestos sobre sociedades, sobre la renta de los no residentes y sobre el patrimonio, que contempla ayudas similares, la exención no debería aplicarse sobre la ayuda, sino sobre la renta positiva correspondiente a la diferencia entre la ayuda percibida y la pérdida patrimonial producida sobre la destrucción del elemento patrimonial afectado.
En este sentido nuestra posición en esta PNL será la de estar a favor de trabajar para erradicar la bacteria, para innovar y ser capaces, con la I+D+i, de acabar con ella, y nuestra postura exactamente en este tema fiscal será la abstención.
Señora Blanquer, ¿se admite la enmienda que ha presentado el Grupo Mixto?
La señora BLANQUER ALCARAZ: Lo estamos valorando.
El señor PRESIDENTE: Se está valorando todavía. Gracias, señoría.
- RELATIVA A LA SUFICIENCIA DE LOS INGRESOS PÚBLICOS Y EL INCREMENTO DE LA PROGRESIVIDAD DEL SISTEMA TRIBUTARIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/003267).
El señor PRESIDENTE: Pasamos por tanto al punto 15.º del orden del día, una iniciativa del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la suficiencia de los ingresos públicos y el incremento de la progresividad del sistema tributario. En nombre del grupo proponente tiene la palabra el señor González.
Como todos ustedes saben España tiene un sistema tributario que, además de ser insuficiente, es profundamente injusto. España carece de un sistema que permita homologarnos a la media europea en ingresos. Como ya hemos debatido ampliamente en esta Comisión los 8 puntos que nos separan de la media europea en ingresos es una cuestión que venimos reiterando, y que creemos que es momento ya de resolver, por eso hoy presentamos una proposición no de ley relativa a una reforma fiscal que deberemos abordar lo antes posible precisamente para empezar a homologarnos a los países de nuestro entorno, que están muy por encima en ingresos públicos de lo que está nuestro país.
En esta proposición no de ley proponemos diferentes medidas que van en la línea de incrementar los ingresos públicos, y que esperamos que se puedan poner en marcha, que salgan adelante hoy en la Comisión de Hacienda y que se puedan aplicar lo antes posible a nivel legislativo, una vez cambie el Gobierno, esperemos que a partir de este viernes. Como les decía hay un déficit de ingresos en nuestro Estado del bienestar. España recauda pocos impuestos y los recauda de forma injusta, conculcando el principio de progresividad que indica el artículo 31.1 de la Constitución, mermando de esta manera la recaudación potencial y quebrando también la equidad más elemental. Los ingresos públicos equivalen al 37,7 % del PIB, 8,4 puntos por debajo de la media de la eurozona. Destaca dentro de esta baja recaudación la baja recaudación del impuesto de sociedades, en el que la diferencia entre el tipo efectivo medio sobre la base imponible y el tipo efectivo se reduce a menos de la mitad. En el año 2016 el tipo nominal fue del 19,8 % y el tipo efectivo del 7,3 %. Esto se produce gracias a los ajustes en el resultado contable que permite el mal diseño de este impuesto. Además las comunidades autónomas han comenzado una competencia fiscal a la baja en el impuesto de sucesiones y donaciones, espoleada precisamente por la baja progresividad del mismo, que creemos que hay que resolver.
Por último, otro de los problemas que tiene el sistema fiscal es el alto peso que tienen los impuestos indirectos, impuestos que son regresivos por naturaleza y cuyo peso no ha parado de crecer, pasando de representar el 42 % de los ingresos tributarios en 2012 al 46 % en el año 2016. Por otro lado, es imprescindible reducir los niveles de fraude fiscal, que además de suponer un perjuicio para las arcas públicas es un claro elemento de injusticia e inequidad en el sistema, y una fuente de competencia desleal también por parte de las empresas y los contribuyentes. En ese sentido la exigencia de una política de lucha contra el fraude es palmaria, por lo que es necesario aumentar la dotación de medios, tanto humanos como materiales, para la Agencia Tributaria y hacer efectivo el principio de tolerancia cero contra el fraude. Esto hace necesario abordar una reforma fiscal integral que asegure más ingresos y una distribución más justa de la carga tributaria, donde se grave en una proporción adecuada la capacidad económica de los contribuyentes, la riqueza, las rentas elevadas y las provenientes del capital, y se luche contra el fraude fiscal de manera efectiva.
Los objetivos centrales de una reforma fiscal como la que planteamos en esta proposición no de ley deben pasar, en primer lugar, por la mejora de la suficiencia de ingresos tributarios, y en segundo lugar, por asegurar la justicia del sistema. Si España quiere ensanchar los cimientos de su Estado del bienestar y dotarse de un sector público con capacidad para desarrollar políticas clave de gasto, es imprescindible reducir paulatinamente la brecha de ingresos que nos separa de los Estados con mejores resultados de la Unión Europea. En definitiva estamos ante la necesidad de garantizar, respetando el principio de progresividad, una recaudación suficiente para incrementar la capacidad redistributiva del gasto público, reduciendo el actual grado de distorsión de nuestro sistema impositivo. El problema actual del sistema tributario estatal no es de excesiva imposición, como nos intentan hacer creer Ciudadanos y el Partido Popular, sino de creciente regresividad en la recaudación tributaria y de escasez de recursos en relación con el gasto social necesario para hacer frente a la extensión de la desigualdad, la pobreza y la exclusión social en nuestra sociedad, algo que es palmario y que vemos cada día en los informes que publican las autoridades independientes.
El Partido Popular y Ciudadanos dirán ahora que esta reforma fiscal que nos acercaría a Europa sin embargo mataría el crecimiento, pero no, señores, lo que realmente mata el crecimiento en nuestro país y hace que seamos la economía más desigual del euro es permitir que siga el partido más corrupto de Europa en nuestras instituciones (protestas), condenado por beneficiarse de mordidas en contratación pública, lo cual sí que mata no solo el crecimiento, sino también la dignidad de nuestro país. Obviamente no esperamos nada de este Gobierno, de un Gobierno que consideramos que tiene las manos manchadas de fraude (Protestas.-La señora López Ares: Señor presidente, ya está bien), un Gobierno con un partido que tiene una caja en B, que paga sobresueldos en B, un Ministerio de Hacienda que mantiene a un secretario de Estado imputado por corrupción y a los que hoy se ve con miedo y están nerviosos. (La señora López Ares: No estamos nada nerviosos). Ya vemos que intentan que no podamos exponer la conclusión de nuestra proposición no de ley. Es normal que tengan miedo, porque de rebote igual también pierden la fiscalía y se empiezan a levantar las alfombras. (Protestas). Desde luego esta iniciativa está pensada para el Gobierno que salga de aquí al lunes, porque, señores (protestas) ya voy terminando, no se pongan nerviosos, combatir el fraude fiscal y diseñar un sistema fiscal también es una cuestión de higiene democrática.
Señorías, unos hablan del chalé y los otros de otra cosa. Están intentando que hoy sea una caja de resonancia y nos vamos por un camino que no lleva a ninguna parte, así que les pido que se atengan todos al orden del día. Suelo ser flexible en los comentarios, porque me gusta dar libertad de expresión, siempre que no se falte al respeto del resto de los grupos. En cualquier caso estamos terminando.
Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista. Tiene la palabra en su nombre la señora Perea.
Intentaré ceñirme a la cuestión. España es hoy, gracias al Partido Popular y a Ciudadanos y a sus Presupuestos Generales del Estado de 2018, la España del 38 %, tanto en ingresos como en gastos públicos, una España raquítica si hablamos en términos de servicios públicos. Es la España de la dicotomía entre el crecimiento económico del 3 % y a la vez del precariado en el mercado laboral, del 14,1 % de los trabajadores pobres o de los salarios a la baja. La iniciativa que ahora debatimos pone sobre la mesa la necesidad de revertir políticas públicas que han estado dirigidas a encoger el Estado social, entendido este como un Estado que debe estar pensando más en construir una red de oportunidades que en demolerlas.
Compartimos en términos generales la exposición de motivos y a ella nos remitimos en aras de la brevedad. Ciertamente, España está lejos de países europeos de nuestro entorno en cuanto a presión fiscal, lo que pone en evidencia, como hemos dicho, que empezamos a tener ya un Estado social raquítico, a la altura de países como Bulgaria o Rumanía. Y, como decíamos al inicio, estos Presupuestos Generales del Estado para 2018 no resuelven las necesidades ni de la ciudadanía ni del país, no contienen bases sólidas para salir de esta crisis de forma inclusiva, de forma cohesionada, ya que ni el mercado laboral ni el modelo económico se verán reforzados para una salida incluyente en la que la ciudadanía se vea representada, que es uno de los retos más importantes que tenemos hoy en este Congreso de los Diputados. Porque, señorías, recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones es básico, sobre todo en este momento.
Urgen unas bases para reconstruir el Estado social hoy jibarizado, así como proceder a una urgente y profunda reforma fiscal que permita anclar los cimientos que a lo largo de una gran parte de nuestra historia democrática han servido para construir el ascensor social. Esta mañana oíamos al defensor del pueblo que decía textualmente: El Estado social se ha estado reconvirtiendo estos años y, en esa reconversión, al ascensor social se le hizo cambiar de sentido y en lugar de subir, como hacía y como había subido, se le dejó caer y con él cayeron muchos derechos civiles y muchos derechos sociales que se vieron reducidos a la vez que arreciaba la desigualdad. Y añadía con acertadas palabras: No creo en las posiciones de quienes sostienen que para un correcto desempeño en las tareas públicas hay que reducir, hay que empequeñecer y hay que jibarizar el contenido de la actividad económica, ya sea privada o pública. Un Estado enclenque difícilmente puede resolver los problemas de esta sociedad, por lo que necesitamos un Estado más comprometido que favorezca la creación de empleo, que dote de suficiencia a las principales políticas públicas de carácter social y que se plantee con honestidad y con transparencia el papel y la conveniencia que han de desempeñar los impuestos. Creo -decía- que pese a la antipatía que muchos profesan hacia los impuestos, son el instrumento más sólido, más consistente y más ortodoxo que puede hallarse para financiar el gasto en escuelas, en infraestructuras y en protección social dirigida a los segmentos de una sociedad envejecida y, en buena medida, empobrecida. Y, efectivamente, o creemos en los impuestos y en el sistema fiscal, en el sistema tributario, ¿o alguien se imagina que la educación, la sanidad o el sistema de protección social salen de los Presupuestos Generales del Estado por ciencia infusa? Se trata de que el sistema tributario sea lo suficientemente transparente y eficaz para que explique a la ciudadanía por qué y para qué se pagan los tributos. Dicho esto, lo cierto es que el sistema tributario español reside básicamente sobre las rentas salariales por lo que, según sea el mercado laboral -lo decía ahora el portavoz de Podemos- y el modelo económico, redundará en unos ingresos u otros. Hoy en España estamos hablando de que hay un déficit de ingresos, tal y como decía el portavoz de Podemos. Por otra parte, es un hecho contrastado que las grandes fortunas y patrimonios no contribuyen de forma adecuada al sostenimiento de los gastos públicos. Nuestro sistema fiscal precisa de una reforma profunda no solo para revertir las desafortunadas reformas de la mayoría absoluta del Partido Popular, como la rebaja irresponsable del IRPF que tuvo lugar en el año 2015 en las rentas más altas y una injustificada e inequitativa bajada en el impuesto sobre sociedades, sino por una cuestión de equidad y justicia redistributiva. Efectivamente, en cuanto a la equidad, como bien dice en su iniciativa el portavoz de Podemos, hablamos de equidad vertical y, por tanto, que pague quien más gana y que tenga una tributación similar, independientemente de las fuentes de renta que tenga, y hoy no tienen igual tratamiento las rentas de trabajo que las rentas de capital. Por tanto, urge que la riqueza se incorpore de forma efectiva en la contribución al sostenimiento de los gastos públicos. Coincidimos con el fondo de esta iniciativa y, por tanto, mi grupo ha propuesto una serie de enmiendas, que esperamos que sean estimadas por el grupo proponente, dirigidas a una reforma fiscal en profundidad pero que en tanto en cuanto no se produzca esta, se proceda a analizar un impuesto transitorio sobre las grandes fortunas, a reformar el impuesto sobre sociedades para ensanchar sus bases fiscales y para acabar aprobando un estatuto de la Agencia estatal de la Administración Tributaria para, junto al Congreso de los Diputados, mediante una comisión, hacer efectivo el seguimiento exhaustivo de este fraude y de esta fiscalidad que debe tener España para garantizar sus servicios públicos.
Entiendo que hay una enmienda.
La señora PEREA I CONILLAS: Hay una enmienda que estamos transaccionando, señor presidente.
Nosotros estamos a favor de un sistema tributario progresivo, pero es verdad que esta PNL aborda una reforma del sistema tributario en general y me gustaría recordar aquí que Euskadi, es decir, los territorios históricos del País Vasco, tiene facultades para diseñar y aplicar dentro de sus territorios nuestro propio sistema tributario, con la única excepción de las competencias expresamente atribuidas con carácter exclusivo al Estado; un sistema que entendemos que hay que respetar. Por otro lado, estamos a
favor de aquellos puntos de esta PNL que van encaminados a impedir las ingenierías y evasiones fiscales, así como medidas para atajar el fraude fiscal, pero todo ello respetando, como ya he dicho, nuestro propio sistema tributario. Tenemos más dudas en el punto seis en cuanto a los ingresos de la Seguridad Social porque hay conceptos, como el destope, con los que no estaríamos de acuerdo.
En estos tiempos de final de legislatura y de cambios, Podemos presenta una proposición no de ley en la que insta al Gobierno de Mariano Rajoy a aplicar íntegramente no ya el programa tributario de Podemos que presentó a las elecciones y que en su día me miré, sino un programa absolutamente de máximos, de subidas masivas de impuestos, que crearía un desastre completo en la economía. Me ha hecho mucha gracia cuando la señora Perea ha dicho que por culpa de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, pactados entre Ciudadanos y el Partido Popular, estamos ante la España del 38 %. Teniendo en cuenta que los presupuestos ni están definitivamente aprobados ni han entrado en vigor, no entiendo cómo son culpables de algo. Independientemente de esto, la propuesta supone una subida masiva de todo tipo de impuestos -en eso, señor González, estoy de acuerdo con la apreciación que ha hecho- que crearía un caos total en la economía. Ya hemos visto qué está pasando en Italia cuando un Gobierno populista intenta tomar el control, cómo se dispara la prima de riesgo y cómo eso genera gravísimos problemas en la economía. (Rumores).
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Lo que sí me gustaría recordarles es que para hacer una propuesta de este estilo... (Rumores). Señor presidente, por favor.
El señor PRESIDENTE: Por favor, guarden silencio. Nos queda ya solo este punto; no se pongan nerviosos que ya mismo estamos en casa.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: A mí me gustaría recordar el viejo principio de la tributación, que dice que no puede haber impuestos sin la debida representación, no taxation without representation, es decir, para hacer que un Gobierno aplique todo esto lo que hay que hacer es darle voz a los españoles y que decidan si quieren subidas masivas de impuestos o quieren un programa fiscal mínimamente sensato. Aquí nos encontramos con todo tipo de cosas que son bastante curiosas: destope de todas las cotizaciones salariales, eliminación de todas las tarifas planas, eliminar beneficios fiscales de todo el sistema tributario que no correspondan a finalidades exclusivamente de interés y contenidos sociales o ambientales. Esto es eliminar todos los tipos reducidos del IVA que no correspondan a contenidos sociales o ambientales. Se puede hacer, pero hay que decir a los ciudadanos si es lo que quieren o si quieren otra cosa. Proponen impulsar medidas de fiscalidad ambiental -esto lo llevaban ustedes en su programa-, que es subir masivamente el precio del diésel porque consideran ustedes, y en esto tienen un punto de razón, que es más contaminante que la gasolina, pero tengan en cuenta que eso es un sistema recaudatorio, es decir nadie va a dejar de conducir su coche diésel porque les suban ustedes masivamente el impuesto. Además, hay temas que no tienen sentido. Por mucha manía que tengan -que yo también se la tengo- a la amnistía fiscal... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: No entiendo qué es lo que está pasando, señorías, pero se están portando fatal. (Risas). Por favor, dejen hablar al orador y no intenten hablar con él o entre sí.
Yo también tengo mucha manía a la amnistía fiscal, pero prohibir legalmente una amnistía fiscal no sirve para nada, porque la amnistía fiscal luego se aprueba, como hicieron los señores del Partido Popular en 2012, con otra norma con rango de ley y entonces tenemos amnistía fiscal como las que hicieron ustedes, el Partido Socialista, y amnistías fiscales también fracasadas del Partido Popular. Eso sí, con la diferencia, se lo tengo que reconocer, de que ustedes, el Partido Socialista, recurrieron al Tribunal Constitucional y les dio la razón. Eso también es verdad.
Hay algunos temas que me gustaría conocer, como, por ejemplo, qué es esto de la efusión fiscal. Ponen ustedes: impulsar las reformas legales para impedir la ingeniería y la efusión fiscal. En muchos años de carrera como inspector de Hacienda no he conocido nunca efusiones fiscales. (Risas.-Rumores). En resumen, no estamos de acuerdo con la subida masiva de impuestos que proponen las señorías de Podemos ni con algunas de las medidas que propone el Partido Socialista porque son inviables, como el 15 % mínimo en el impuesto sobre sociedades. Esto es una cosa que explico yo; sistemáticamente la mayor parte... (Rumores). Si me deja, señor Elorza, por favor. Sistemáticamente, las grandes empresas están obteniendo sus beneficios en el extranjero y estos beneficios están exentos. Si esos dividendos usted los grava con un 15 %, no se trata de un dividendo de vuelta, y estamos hablando del 66 % del beneficio del Ibex 35. No estamos de acuerdo con las subidas masivas de impuestos, técnicamente nos parece muy discutible. Si uno pretende aplicar una política de subidas masivas de impuestos, lo que tiene que hacer es consultar a los españoles y no instar a que el Gobierno del Partido Popular, que todavía está pese a que hay muchas razones para que también le dé voz a los españoles y para que el señor Rajoy asuma sus responsabilidades, por ejemplo por la sentencia de Gürtel, haga una política fiscal exactamente contraria a la que le dijo a los españoles que iba a hacer que, por cierto, eso es lo que hicieron en 2012. Por todas estas razones, votaremos en contra.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Romero.
Se trata de una iniciativa en la que piden -resumiré dado el poco tiempo y el gran volumen de medidas que contempla- un montón de reformas. Una reforma del sistema de financiación autonómica para asegurar suficiencia financiera a las administraciones públicas; por supuesto, sin propuesta concreta alguna. Una completa reforma fiscal con principios generales y tirando del socorrido impuesto sobre la riqueza del que estamos todos los españoles ansiosos por conocer qué grava, cuál es su hecho imponible, a quién afecta, qué es riqueza para su grupo, en qué límite de renta por ingresos del trabajo está, en qué límite de capital, o por tenencia de inmuebles, ya que hace un año un inmueble de 600 000 euros era de ricos y ahora es normal de cualquier hijo de vecino. (Risas.-Aplausos). Este impuesto a la riqueza suprimiría asimismo el impuesto sobre el patrimonio, precisamente el que han pedido las comunidades autónomas, también las socialistas, que se mantenga en 2018, y así lo contemplan los presupuestos, para garantizar la suficiencia financiera autonómica. Piden también una reforma del sistema de pensiones y de Seguridad Social, la eliminación de beneficios fiscales que no sean sociales y una reforma de la fiscalidad medioambiental -sin concretar qué es lo que consideran social o medioambiental- adornada de obviedades y puntos comunes que quedan muy bonitos, como sostenible y que no deje huella ecológica, pero sin enseñar figura tributaria alguna. Hay otra una muy curiosa, que es la competencia fiscal a la baja entre comunidades autónomas, que ya chirría de entrada en un grupo profederalista que ha votado a favor de medidas tales como competencia fiscal exclusiva total, propia o de la Seguridad Social, propia o de inversiones en función del PIB, cada vez que los independentistas lo han propuesto en esta Cámara. Yo me pregunto, ¿qué les parece que haya algunas competencias fiscales a la baja? Sobre todo los que tenemos competencia fiscal al alza en determinadas comunidades autónomas, en los casos en los que un progenitor da a su hijo una donación en vida -porque para que sea herencia tiene que haber muerte- y tributa una cantidad para comprar una vivienda e iniciar su proyecto de vida, si reside en mi tierra paga impuestos pero si reside en Madrid no paga impuestos. ¿Están en que se pague en Madrid o en que no? En el Partido Popular lo tenemos muy claro, queremos lo mismo para Andalucía, Madrid, Murcia o Canarias. Llevamos en Andalucía mucho tiempo pidiendo -que como saben es la tierra de rentas más altas de toda España- que las personas que reciben una donación de sus padres para comprarse una vivienda y que así les den una hipoteca no tengan que tributar por ello, como hacen los que viven en Madrid. Una medida que en la iniciativa motivan con el aumento de los niveles de desigualdad y pobreza sufridos por la sociedad española a raíz de la crisis económica.
Señorías, detrás de su propuesta para lo que llaman modernizar el sistema de ingresos no financieros, ustedes siguen instalados en el pasado, en la foto fija de 2011; aquella que les interesa porque piensan que mientras peor para la gente, mejor para sus expectativas electorales, cuando la realidad económica es otra. Señorías, pese a sus descalificaciones constantes, pese a sus iniciativas, tendrán que convivir con una realidad y es que el Gobierno del Partido Popular entre el primer trimestre de 2013 y el momento
actual, con sus reformas, ha logrado que en España haya 2 millones de nuevos empleos y ha logrado reducir la tasa de paro en 2,5 millones de personas, circunstancia que están poniendo ustedes en riesgo con sus propuestas, sus mociones y sus intentos de asaltar en el pasillo lo que no han conseguido en las urnas. También ha mejorado la situación de los hogares y así lo dijo en su comparecencia presupuestaria el presidente de la Airef, quien afirmaba que en términos macro las familias tienen un nivel de renta que está en los máximos históricos, en 120 puntos del PIB. Aquí no escucharon al presidente de la Airef, con lo que les gusta escucharlo.
El otro motivo que les lleva a presentar la iniciativa es la insuficiencia de recaudación, y esto sí tiene su lógica en Podemos porque pretenden pegar un sablazo a los bolsillos de los españoles de 710 euros por cabeza este año y de 70 000 en los tres que vienen. Es normal que ellos piensen que los ingresos tributarios previstos para el ejercicio 2018 les parezcan pocos, pese a que ha habido un incremento de en torno a 12 000 millones de euros en los ingresos tributarios, un 6,4 % más de lo recaudado en el año 2016. Es obvio que votaremos en contra porque en el ADN del PP no está asaltar el cielo desde el bolsillo de los españoles ni en transformar la ira en votos, sino en transformar los votos en mejora del bienestar de los españoles, devolviendo dinero a sus bolsillos con bajadas de impuestos progresiva y justas para las rentas, autónomos y pymes, que son los que más lo necesitan y los que más esfuerzo han hecho durante la crisis. Esto es lo que contienen los Presupuestos Generales del Estado para 2018, beneficios fiscales para las rentas medias y bajas que alcanzan a 3,5 millones de contribuyentes, de los cuales 1 millón son pensionistas. Unos presupuestos que, por supuesto, gracias a ustedes, están ahora mismo en el aire, y unos beneficios fiscales con su subida de impuestos que les tendrán que explicar muy bien a los ciudadanos españoles qué van a hacer.
¿El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea acepta la enmienda del Grupo Socialista?
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Hemos elaborado una transaccional que vamos a entregar inminentemente a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Perfecto. (La señora Madrazo Díaz pide la palabra).
La señora MADRAZO DÍAZ: Para finalizar la Comisión, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, quisiera hacer una serie de aclaraciones porque se han hecho aquí acusaciones muy graves contra nuestro partido y contra los miembros del Gobierno. Simplemente, me gustaría que el portavoz de Podemos, Segundo González, retirara del Diario de Sesiones determinadas acusaciones que además de no ser ciertas nos parecen especialmente graves, porque el Partido Popular ni ha sido imputado ni ha sido condenado por ningún tribunal, y mucho menos ningún miembro del Gobierno actual de Mariano Rajoy ha sido ni imputado ni condenado. Por cierto, el secretario de Estado de Hacienda, señor González, no está ni siquiera imputado, está siendo investigado por una cuestión que ya se archivó hace años. Quiero que quede claro en el Diario de Sesiones.
El señor PRESIDENTE: Señor González, hay una propuesta de retirada del Diario de Sesiones.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Creo que la portavoz del Grupo Popular no ha hecho alusión exacta a las palabras que yo he dicho, y creo que en mi intervención no he dicho nada que no esté probado ante un juez y que no esté en la sentencia de la Gürtel que salió la semana pasada. (Rumores.-La señora López Ares: Sí lo has dicho, revisa el Diario de Sesiones).
El señor PRESIDENTE: Dicho queda entonces. (La señora Valido Pérez pide la palabra). ¿Sí?
La señora VALIDO PÉREZ: La PNL que presenté, que corresponde al punto 13.º del orden del día, he decidido que no se vote por puntos, sino en bloque.
Procedemos a la votación. Votamos el punto 9.º del orden del día, proposición no de ley sobre el valor catastral en el caso de las construcciones rústicas indispensables para la actividad agrícola, ganadera y forestal.
Punto 10.º del orden del día, proposición no de ley sobre evaluación y mejora de la transparencia de los beneficios fiscales y de los ajustes en el impuesto sobre sociedades. La votamos en sus términos.
Pasamos al punto 12.º del orden del día, proposición no de ley sobre regulación, tributación, comunicación del uso legal de criptomonedas y la tecnología blockchain. Se vota con la transaccional del Grupo Popular y Ciudadanos.
Punto 13.º del orden del día, proposición no de ley sobre regulación y actualización de las indemnizaciones por residencia que perciben los empleados públicos estatales residentes en Canarias y su adecuación a lo contenido en la normativa comunitaria, que votamos en sus términos.
Punto 14.º, proposición no de ley sobre exenciones fiscales a los afectados por la Xylella fastidiosa, que votamos en sus términos.
Pasamos al punto 15.º del orden del día, proposición no de ley relativa a la suficiencia de los ingresos públicos y el incremento de la progresividad del sistema tributario, que se vota con la última transacción que se les ha entregado a sus señorías.

References: resolución 
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 3
 artículo 74
 artículo 31
 artículo 134
 artículo 2
 artículo 136
 artículo 130
 artículo 13
 artículo 95
 real decreto 
 artículo 31