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Timestamp: 2018-08-19 17:13:57+00:00

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ASOCIACION CIVIL JUSTICIA & DERECHO - UIGV - Hecho el Deposito Legal Nº 2009 - 16741: octubre 2009
ARTICULOS DE INTERES - II JORNADA DE DERECHO PROCESAL PENAL EN LA UIGV
MIEMBROS DE LA ASOCIACION JUSTICIA Y DERECHO, JUNTO A LOS EXPOSITORES DE LA II JORNADA DE DERECHO PROCESAL PENAL EN LA UIGV, DR. MARIO AMORETTI PACHAS (CATEDRATICO UNMSM) Y EL DR. GILBERTO FELIX TASAYCO (FISCAL SUPERIOR EN LO PENAL DE LIMA - NORTE)
ESTUDIOS SOBRE DETENCIÓN O PRISIÓN PREVENTIVA EN LA LEGISLACIÓN PERUANA
POR: JORGE ALBERTO COSTA CARHUAVILCA
Alumno del X Ciclo de la Facultad de Derecho de la UIGV.
La detención o prisión preventiva es una medida restrictiva de la libertad porque se dicta con anterioridad a una sentencia condenatoria y por tal motivo es considerada en esencia como cautelar, por lo que no procede que el órgano jurisdiccional la dicte en forma mecánica, como sucede en algunos casos, ya que su validez depende de que su aplicación se encuentre justificada de una manera razonable y proporcional de acuerdo al bien jurídico afectado; es decir, basados en suficientes elementos probatorios, actualidad, o en fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o participe del mismo o que la pena a imponerse sea superior a un año (4 años estipulado en el CPP del 2004) y que exista peligro de fuga o entorpecimiento de la actividad probatoria.
Es necesario que el Juez tenga en cuenta lo regulado dentro del marco constitucional y solo para efecto de asegurar los fines del proceso puede ordenar la restricción o limitación de la libertad y cuando se trate de la detención o prisión preventiva judicial, debe considerar la concurrencia conjunta de los requisitos señalados en la norma procesal para dictar dicha medida, porque de no ser así, se invierte el principio de presunción de inocencia por el de culpabilidad y se viola el principio de legalidad procesal.
2. ESTUDIOS GENERALES.-
Con la detención o prisión preventiva origina un conflicto ante la perpetración o comisión de un delito:
• entre el derecho a la libertad y a la presunción de inocencia que tiene el sindicado como autor o participe en el hecho punible;
• y el derecho que tiene la sociedad a mantener el orden y la seguridad para una convivencia pacifica que ve perdida su tranquilidad ante acciones delictivas ejecutadas en contra de los bienes jurídicos de sus integrantes que tiene protección legal.
Es el caso, dada las circunstancias y cumpliendo con los presupuestos señalados en la norma procesal, como la existencia de pruebas suficientes – en la actualidad – de la comisión del delito y la vinculación del imputado con este y los otros requisitos que deben concurrir de manera conjunta; el órgano jurisdiccional puede disponer la privación de libertad en contra de un imputado que ha cometido un hecho punible a fin de garantizar su presencia para conseguir los fines que se persiguen con la instauración de un proceso penal, convirtiéndolo en una necesidad social y llegado el caso se ejecute la sanción que le corresponde, lo que no podría suceder si el procesado se encuentra en libertad.
Vincenzo Manzini, lo define así: “la coerción procesal consiste en una limitación mas o menos intensa de la libertad física de una persona, por una finalidad procesal. El interés predominante que determina la aplicación de las providencias de coerción personal de que se trata, es el de asegurar la presencia del imputado en los actos del proceso y eventualmente la de su disponibilidad para la ejecución de la condena”.
Francesco Carnelutti, señala: “El carácter de las medidas coercitivas esta en sujetar a la persona a una potestad, a la cual corresponde su sujeción; la sujeción, a diferencia de la obligación, excluye la elección”.
Giovanni Leone dice: “La necesidad de asegurar la persona del imputado para el proceso, especificando mejor el mismo criterio, necesidad de asegurar la disponibilidad del imputado, como fuente de prueba, necesidad de impedir que el imputado pueda influir sobre la genuina recepción de la prueba; garantía del resultado del proceso; necesidad de defensa social proporcionada a la gravedad del delito y a la peligrosidad del imputado; prevención general, en el sentido de impedir que la victima (o las personas allegadas a la victima) de un grave delito pasen a actos de venganza”.
La detención es una medida cautelar personal, que cumple la función de asegurar el mantenimiento de un estado de hecho o de derecho durante el desarrollo de un proceso, en tal sentido, garantiza la sujeción del imputado de un delito al proceso penal, pero también bajo estrictas garantías. ROXIN ha considerado a la detención como la privación de libertad del inculpado que tiene lugar durante la sustanciación de un proceso penal, con la finalidad de asegurar la averiguación del delito o la ejecución de la pena que se pueda imponer. Así pues, se trata de una medida judicial necesaria prevista en todos los ordenamientos jurídicos, que significa la intromisión que ejerce el poder estatal en la esfera de la libertad de la persona.
De todo lo dicho podemos decir que se desprende una triple finalidad de la detención judicial:
a) Para asegurar la presencia del inculpado en el proceso penal;
b) Para garantizar una ordenada averiguación de los hechos por los órganos de persecución penal o judiciales; evitándose que el imputado eluda la acción de la justicia o se pueda obstaculizar la actividad probatoria; y
c) Para asegurar la ejecución de la pena.
Todo ello es de suma importancia, pues ante la comisión de un hecho delictivo el Estado debe de intervenir para poder aplicar la ley penal, pero lo debe de hacer respetando las garantías que el ordenamiento jurídico reconoce a todo ser humano. Debe de guardar ciertos límites y no excederse de sus funciones.
En este sentido, GIMENO SENDRA afirma que las diligencias cautelares personales tienen como exclusiva finalidad la de impedir que el sospechoso se sustraiga a la acción de la justicia, o lo que es lo mismo, garantizar o hacer posible la ejecución posterior de la sentencia. La restricción o privación de los derechos fundamentales de la persona, en especial la libertad personal, sólo puede ser dictada por la autoridad estatal que tiene la titularizada y exclusividad de la función jurisdiccional. La detención sólo procede por mandato escrito y motivado del Juez.
Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo. La detención preventiva constituye, en consecuencia, una de las formas constitucionales de garantizar que el procesado comparezca a las diligencias judiciales.
SÁNCHEZ VELARDE afirma que la petición de detención del Ministerio Público de sustentarse en elementos de juicio que permitan al órgano jurisdiccional determinar lo siguiente:
1. Que existen suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito doloso que vincule al imputado como autor o partícipe del mismo. En principio, la detención judicial ha de basarse en la suficiencia probatoria que acompañe el Fiscal en su petición. Estos elementos de prueba deben ser suficientes para relacionar el hecho punible al imputado o partícipe. La alusión expresa a los delitos dolosos excluye la posibilidad de dictarse mandato de detención por delitos culposos.
2. Que la sanción a imponerse sea superior a los cuatro años de pena privativa de libertad. Este presupuesto de probabilidad de pena complementa el anterior, en cuanto la detención judicial procede para delitos dolosos cuya sanción por el Código Penal pueda ser mayor a cuatro años de privación de libertad.
3. Que el imputado, en razón de sus antecedentes y otras circunstancias, tratase de eludir la acción de la justicia o perturbar la actividad probatoria. Este último presupuesto tiene su razón de ser en el peligro procesal que pueda suponer el estado de libertad del imputado, es decir, en la seguridad de la prosecución del proceso y el logro de sus fines, más que en la pena prevista para el delito imputado.
Siendo la detención una medida cautelar, exige entre otros presupuestos, un “fumus boni iuiris” que permita su adopción. De otro lado, al atañer dicha medida al bien más preciado del hombre, cual es su libertad de movimientos, ha de ser la ley muy explicita en determinar los motivos por los que cabe su puesta en práctica .
3. EL FIN Y EL SIGNIFICADO DE LA PRISION PREVENTIVA.-
El maestro Claus Roxin , señala: “que la prisión preventiva en el proceso es la privación de la libertad del imputado con el fin de asegurar el proceso de conocimiento o la ejecución de la pena. Ella sirve a tres objetivos:
- Pretende asegurar la presencia del imputado en el procedimiento penal.
- Pretende garantizar una investigación de los hechos, en debida forma, por los órganos de persecución penal.
- Pretende asegurar la ejecución penal.
El tratadista Claria Olmedo , sostiene: “la prisión preventiva es una rigurosa medida de coerción personal adoptada por el Juez penal de instrucción contra el imputado a quien se lo procesa por un delito conminado por lo menos con pena privativa de libertad. Su cumplimiento efectivo consiste generalmente en relegar a ese imputado en una cárcel para encausados con el propósito de sujetarlo a la autoridad y vigilancia del Tribunal, mientras se instruye el proceso como medio de asegurar el desarrollo del mismo y la efectiva ejecución de la posible condena”.
Odone Sanguine , señala: “es la privación de la libertad personal del imputado, pero que jurídicamente todavía es inocente, por un delito de especial gravedad, ordenada por una resolución jurisdiccional de carácter provisional y duración limitada, antes de que recaiga sentencia penal firme, con el fin de asegurar con el proceso de conocimiento con la presencia del imputado durante el proceso a la ejecución de la eventual y futura pena. Sin embargo, esa definición quedaría incompleta sino se hiciera una alusión expresa al dato esencial de que el derecho fundamental a la presunción de inocencia implica considerar la persona sometida a la prisión provisional como jurídicamente inocente”.
Julio J. B. Maier , sostiene sobre este particular: “Nos referimos al uso de su poder, acordado por la Ley (Ley que debe respetar las reglas constitucionales que limitan el poder estatal), que conculcan o restringe ciertas libertades o facultades de las personas, para lograr un fin determinado. Sin embargo, el hecho de reconocer que el principio de inocencia no impide la regulación y aplicación de las medidas de coerción procesales, se puede sintetizar: repugna al Estado de Derecho, anticipar una pena al imputado durante el procedimiento de persecución penal.
Víctor Cubas Villanueva , lo define: “es una medida coercitiva de carácter personal, provisional y excepcional, que dicta la autoridad judicial competente en contra de un imputado en virtud del cual se restringe su libertad individual ambulatoria a fin de asegurar los fines del proceso penal. Este mandato esta limitado a los supuestos que la ley prevé”.
Pablo Sánchez Velarde , sostiene lo siguiente: “Se trata de una medida judicial necesaria prevista en todos los ordenamientos jurídicos, que significa la intromisión que ejerce el poder estatal en la esfera de la libertad de la persona, sin que exista una resolución firme que la justifique. Sin embargo, dada la forma como se regula y se interpreta la detención en nuestro ordenamiento y que no cuesta mucho admitirlo, aparece no solo como una medida cautelar en los casos que no proceda comparecencia, sino como pena anticipada para los delitos castigados con pena privativa de la libertad superior a cuatro años, sea por la alarma social del hecho como por la frecuencia de ilícitos análogos. Además, como medida de seguridad por los mismos supuestos”.
El debido proceso supone la necesidad de que el órgano jurisdiccional tenga en cuenta que para decretar mandato de detención o prisión preventiva judicial el conjunto de reglas básicas establecidas imperativamente y de modo previo, a fin de que pueda cumplir con su cometido, esta medida no se debe sustentar en la simple “gravedad del delito”, sino que el Juez debe estar convencido en la necesidad de decretarla y con la existencia de suficientes medios probatorios de la comisión de un delito, su vinculación con el imputado, además de la pena y la posibilidad que pueda fugar o perturbar la actividad probatoria, considerando para tal efecto, el arraigo familiar, trabajo domicilio, propiedades, etc., así como la posibilidad de que pueda influir sobre los hechos que motivan al proceso en imputados y testigos o el ocultamiento o destrucción de pruebas.
La finalidad que se le atribuye al proceso penal es acreditar la comisión del delito y la culpabilidad del imputado, pero este objetivo no puede ni debe tener su sustento en la detención preventiva judicial porque la libertad personal es inherente a todo individuo, valorando su existencia y legitimidad prevista de libertad, debido a que toda persona le asiste la presunción de inocencia, por lo que se debe considerar a un imputado en todo el proceso como jurídicamente inocente y no como presuntamente culpable, como sucede en algunos casos cuando se decreta la detención o prisión preventiva judicial de un imputado sin mayor sustento. El procesado se encuentra en una situación de desventaja frente al estado, que tiene el ejercicio ius puniendi, razón por la cual se establecen una serie de garantías procesales, la igualdad ante la ley y a la dignidad humana.
La intervención estatal en la privación de la libertad debe ser proporcional al bien jurídico afectado y al mismo tiempo un irrestricto respeto a los derechos fundamentales de la persona, porque constituye uno de los ejes centrales que revisten mayor importancia en el ámbito jurídico, político y social de un país; esto es, el Juez es quien tiene la misión de proteger estos derechos bajo los limites señalados para privar de libertad a una persona, a fin de que esta medida no constituya un acto arbitrario, ni sea aplicada en forma indefinida; mas aun, cuando solo se tiene la presunción de una supuesta responsabilidad o incertidumbre de la comisión del hecho punible o de la participación del imputado.
La privación de la libertad constituye la medida de coerción mas grave que se puede decretar en contra de un imputado, motivo por el cual el Juez debe exponer las razones por las cuales la dicta, debiendo precisar la presencia de elementos que acreditan las pruebas de cargo, que deben ser cuantitativa y cualitativamente superiores a las de descargo, situación que no como sucede en la practica judicial porque en algunas resoluciones que se expiden se sostiene que esta acreditado el delito y que existe vinculación del imputado en el hecho punible, así como también que reviste gravedad, concluyendo que concurren los tres requisitos sin demostrarlo, ni mucho menos fundamentar la concurrencia conjunta de tales presupuestos como están obligados de acuerdo a la garantía constitucional de la motivación, para lo cual deben exponer los hechos, las pruebas actuadas o adjuntadas para acreditar la presencia estos, en cada uno de ellos basado en el principio de la congruencia.
El órgano jurisdiccional dictara la detención o prisión preventiva, solamente cuando sea estrictamente necesario con la finalidad de asegurar el desarrollo de la actividad probatoria, a fin de que el proceso penal se desenvuelva hasta su culminación sin obstáculos con la expedición de una sentencia definitiva de parte del imputado, en la que no se deje de valorar ninguna de las pruebas ofrecidas por los sujetos procesales y que se hubieran obtenido y actuado de manera licita y legitima de acuerdo al ordenamiento procesal, especialmente estimulada dada la situación de privación de libertad en la que se encuentra el procesado, a fin de que llegado el caso se le imponga la sanción que corresponda o se absuelva al ser declarado inocente.
4. EXCEPCIONALIDAD DEL MANDATO DE DETENCION PREVENTIVA.-
Significa que la privación de libertad queda justificada únicamente como ultima ratio, porque solo puede ser dictada cuando fuera absolutamente indispensable y necesaria en un proceso penal, siempre que no existan otros mecanismos menos radicales y que de ninguna manera pueden convertirse en una regla general ni mucho menos ser obligatoria, debiéndose adoptar únicamente cuando se de cumplimiento a los fines que la justifican. Esta medida no puede ser impuesta por el Juez de manera mecánica o automática, como sucede en algunas oportunidades.
La prisión preventiva no debe ser la única medida para alcanzar el aseguramiento del proceso, porque los derechos que asisten al imputado como el de la presunción de inocencia sirve de fundamento para sostener que la libertad es la regla, debiéndose excluir y prohibir la adopción de cualquier medida que pueda aplicarse en forma automática, por lo que no cabe aceptar legislativamente se puedan establecer presupuestos encubiertos, o solamente consideran a la gravedad de la pena, debido a que por si sola no puede justificar una privación de libertad si no se valora en cada caso concreto la concurrencia de los otros presupuestos y además que se presenten determinadas condiciones, señaladas en la norma procesal.
La detención o prisión preventiva, tiene como finalidad garantizar el normal desarrollo del proceso y aplicar eficazmente la sanción penal en su momento, siendo una de sus notas características la instrumentalizad para alcanzar el objetivo antes referido, a fin de evitar problemas que podría originar al no poder cumplir con el objeto del proceso, es por tal razón que el Juez se ve obligado a dictar dicha medida coercitiva al inicio de la investigación preliminar o en el curso del proceso penal, las mismas que se materializan con restricciones del ejercicio de derechos en contra del imputado. Esta medida es un tema muy polémico y cuestionado, porque muchas veces se abusa de la detención preventiva al decretarla sin la concurrencia de manera conjunta de los presupuestos señalados en la norma procesal, y crea serios problemas por sus efectos negativos en contra de los procesados inocentes, frente a una sospecha de culpabilidad.
Cuando la privación de la libertad se ordena de manera legitima esta debe ejecutarse con el debido respeto a la dignidad del imputado por que es inherente a la persona humana (aspecto que en la practica sigue siendo una aspiración) y que esta medida no podrá exceder un tiempo razonable de duración. Quien es detenido y a ser notificado sin demora de la imputación (los cargos formulados en su contra), de ello se deduce que si no hay imputación de un delito (cargos) no puede haber detención (será ilegal), como así tampoco si no existen pruebas de su comisión (será arbitraria), siempre que la medida de coerción sea procesalmente indispensable (pues si no lo fuese también seria arbitraria).
5. VULNERACIÓN A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.-
La libertad después del derecho a la vida es lo más preciado que tiene el ser humano, el cual se encuentra amparado y protegido por la Carta Magna. Mediante la garantía de la presunción de inocencia no se quiere afirmar que la persona sea realmente inocente, ni que no existan elementos probatorios de cargo, sino únicamente que el imputado debe ser tratado en esta calidad hasta que no exista una sentencia condenatoria firme que sea fruto de una mínima actividad probatoria.
En primer lugar, el Tribunal Constitucional declara que la detención preventiva es una medida de carácter excepcional que se dicta en un proceso con la finalidad de garantizar el éxito del mismo ante un peligro procesal. En segundo lugar, la sentencia declara que el derecho a que la detención preventiva no exceda de un plazo razonable expresa la necesidad de mantener un adecuado equilibrio entre dos valores que se encuentran en contrapeso: el deber del Estado de garantizar sentencias justas, prontas y plenamente ejecutables, y el derecho de toda persona a la libertad individual y a que se presuma su inocencia.
Los medios de coerción personal a los que puede ser sometido el imputado deben guardar el límite de legitimidad de responder únicamente a necesidades procesales, de no implicar una ejecución anticipada de la sanción criminal. La coerción personal tiene su fundamento no en la consideración del sujeto como responsable del hecho criminal antes de una sentencia condenatoria firme, sino en la necesidad de garantizar el logro de los fines del proceso.
El derecho a la presunción de inocencia sólo puede ser desvirtuado cuando el juicio de culpabilidad se apoya en pruebas legalmente practicadas en el acto del juicio oral bajo los principios de contradicción, igualdad, publicidad, oralidad e inmediación. Esto constituye la actividad probatoria suficiente para poder condena r a una persona.
Resultarán inconstitucionales las detenciones que pretendan fundamentarse en necesidades retributivas, preventivas especiales (v. gr. evitar la reiteración delictiva por parte del imputado) o preventivas generales (v. gr. satisfacer demandas sociales de seguridad o emplear la detención como instrumento ejemplarizante). La exigencia de que las pruebas de cargo hayan sido legítimamente obtenidas impide que la condena se funde en medios probatorios que se hayan incorporado al proceso mediante la infracción de los derechos fundamentales del procesado o de terceros, como, por ejemplo, tal ocurriría en el caso de que la confesión se hubiera logrado empleando tortura o cualquier tipo de amenazas, o cuando el medio de prueba sea fruto de un allanamiento policial no autorizado.
Se debe tener en cuenta el principio de la Carta Magna como es “Se presume la inocencia mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”, por lo que toda persona tiene derecho a su libertad y seguridad personal y la excepción a esta regla es la detención preventiva judicial carcelaria que consiste en la privación de la libertad ambulatoria decretada por el Juez Penal al inicio o en el curso del proceso, ya sea para asegurar el sometimiento del inculpado a la aplicación de una pena de carácter grave o no tan grave, como además para evitar simultáneamente que el inculpado pueda perturbar la actividad probatoria .
El principio de la libre valoración de la prueba supone que los distintos elementos probatorios pueden ser ponderados libremente por el Tribunal de instancia, a quien corresponde, en consecuencia, valorar sus significado y trascendencia en orden a la fundamentación del fallo contenido en la sentencia; pero para que dicha ponderación pueda llevar a desvirtuar la presunción de inocencia, es preciso una mínima actividad probatoria producida con las garantías procesales que de alguna forma pueda entenderse de cargo y de la que pueda deducirse, por tanto, la culpabilidad del procesado.
Respecto de la detención provisional afirma SANCHEZ VELARDE que las críticas de los penitenciaristas y criminólogos se han dejado sentir. Así, García Valdez alega como razones en contra:
1º Que la prisión provisional no permite llevar a cabo una labor resocializadora, ya que jurídicamente está vedada cualquier intervención sobre el aún no condenado.
2º La prisión provisional implica un grave peligro de contagio criminal, porque obliga al preventivo a vivir con los ya condenados o, por lo memos, en sus mismas condiciones.
3º La prisión provisional aumenta la población reclusa con las consecuencias de hacinamiento, más costo de las instalaciones penitenciarias, necesidad de más personal de vigilancia, etc.
4º La prisión provisional es tan estigmatizante como la pena misma.
La detención, es pues, una medida cautelar personal y provisionalísima, sometida al principio de legalidad y de proporcionalidad. El Ministerio Público no puede disponer la detención de una persona; carece de potestad jurisdiccional, su función es requiriente y, a su pedido fundamentado, el Juez puede dictar las resoluciones pertinentes respecto de la adopción de medidas cautelares.
La detención debe ser decretada por la autoridad jurisdiccional cuando se hayan agotado las posibilidades de aplicar otras medidas coercitivas que prevé el código, como la comparecencia con o sin restricciones. Debe ser la medida extrema a aplicar y no la primera. Toda medida coercitiva requiere de resolución judicial debidamente motivada. La fundamentación del mandato de detención es de suma importancia, pues significa la apreciación que tiene el juez de los hechos que se imputan y sobre el derecho aplicable.
Para los efectos de decretarse la medida de coerción personal de detención deben concurrir los tres requisitos exigidos por el artículo 135 del Código Procesal Penal por lo que ante la falta de uno de ellos no procede decretarse tal medida. La omisión de fundamentar la resolución de detención posibilita la interposición de queja por el inculpado. La apelación contra el mandato de detención también es procedente y no impide la ley que se interpongan sucesivamente.
El principio no es, en nuestra práctica, el de la presunción de inocencia sino el de presunción de culpabilidad. Se consagra el derecho de las personas procesadas, protegidas por la presunción de inocencia, a un trato adecuado a su condición, garantía que lamentablemente no se cumple dentro del sistema penitenciario venezolano, con el agravante ya mencionado de que los procesados constituyen la inmensa mayoría de las personas privadas de libertad en Venezuela.
Pareciera que todo lo anteriormente dicho nos da a entender que nuestro sistema procesal penal cumple sus funciones correctamente, y que el proceso penal se desarrolla dentro de los principios garantistas ya señalados, pero las estadísticas nos muestran otra realidad de las cosas. Mediante las estadísticas podemos apreciar que se genera una grave vulneración al principio de presunción de inocencia, pues como ya se dijo la detención preventiva dentro de un proceso es la excepción a la regla general, que consiste en iniciar el proceso con orden de comparecencia y sólo en determinados casos debe proceder el mandato de detención. Pero, el número de presos sin condena en Perú es de 18,023 personas, que representan el 66% de la población penitenciaria a nivel nacional (véase anexo)
CUADRO 1: ESTADÍSTICAS DE LA POBLACIÓN PENAL A NIVEL NACIONAL
PRESOS PROCESADOS PRESOS CONDENADOS TOTAL DE PRESOS
18023 9394 27417
CUADRO 2: ESTADÍSTICAS DE LA POBLACIÓN PENAL EN LIMA
10028 3726 13754
CUADRO 3: ESTADÍSTICAS DE LA POBLACIÓN PENAL EN PROVINCIAS
7995 5668 13663
CUADRO 4: ESTADÍSTICAS DE LOS PRESOS SIN CONDENA ENTRE LIMA Y PROVINCIA
PRESOS CONDENADOS TOTAL DE PRESOS
3726 5668 9394
CUADRO 5: ESTADÍSTICAS DE LOS PRESOS CONDENADOS ENTRE LIMA Y PROVINCIA
PRESOS PROCESADOS TOTAL DE PRESOS
10028 7995 18023
La entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal importa un cambio en la forma de impartir justicia en materia penal que traerá como consecuencia quizá celeridad en la tramitación de los proceso penales, se garantizará el principio de inmediación, oralización, publicidad y contradicción; sin embargo el cambio del sistema inquisitivo - mixto a uno acusatorio con matices adversariales traerá también una modificación importante en lo que respecta a la medida cautelar de carácter personal. Sabido es que con el nuevo modelo la prisión preventiva es una medida excepcional a diferencia del modelo inquisitivo mixto vigente aun en algunos distritos judiciales que constituye la regla en un gran porcentaje. En el anterior sistema en los casos de hurto agravado, omisiones a la asistencia familiar, estafas, lesiones, conducción en estado de ebriedad e incluso robos, el juez penal sin audiencia y con la sola formalización de la denuncia penal dictaba mandato de detención y de algún modo u otro realizaba una labor de prevención ya que la medida evitaba que esa persona reitere su conducta delictiva y así por lo menos hasta que sea excarcelado. Pero con el modelo acusatorio las reglas cambian convirtiéndose la prisión preventiva en excepción la que en definitiva los operadores juridiccionales dictarán prisión en muy pocos o contados casos.
Dentro de ese contexto el imputado luego de realizada la audiencia de prisión preventiva incluso antes según su proclividad a la delincuencia seguirá cometiendo delitos de igual o mayor magnitud. Este aspecto resulta crucial porque una vez vigente el Nuevo Código Procesal Penal el famoso mandato de detención previsto en el artículo 137 del Código Procesal Penal del año 1991 ya no existirá, por tanto debe haber la preocupación por las autoridades del Ministerio Público, para adoptar medidas que se orienten a realizar labores de prevención del delito. Es preocupante lo que se avecina con la vigencia del NCPP porque puede traer a colación el efecto reflejo donde personas que ejecuten un hecho punible y gozando de comparecencia simple o restringida delincan a diestra y siniestra generando un clima de inseguridad ciudadana. El NCPP constituye una herramienta legal que pone a disposición del operador de justicia y usuarios una forma de brindar solución a los conflictos de manera ágil y veraz que compromete a todo el sistema de justicia penal y exige a cada sector el cumplimiento de sus funciones y obligaciones adoptando medidas preventivas en lo que corresponda.
8. BIBLIOGRAFIA.-
a) AMORETTI PACHAS, Mario, Prisión Preventiva, Editorial Magna Editores, 2008 – Lima, Pág. 129.
b) CARNELUTTI, Francesco, Lecciones sobre el Proceso Penal, Ediciones Jurídicas Europa – América, Bosch y Cia, Editores, Buenos Aires, 1950, Volumen I, Pág. 85.
c) CLARIA OLMEDO, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, Ediar Sociedad Anónima Editora Comercial, Industrial y Financiera, Buenos Aires, 1964, Tomo V, Pág. 217.
d) CUBAS VILLANUEVA, Víctor, El Proceso Penal, Teoría y Practica, Palestra Editores, Lima 2006, Pág. 236.
e) LEONE, Giovanni, Tratado de Derecho Procesal Penal, Ediciones Jurídicas Europa – América, Buenos Aires, 1963, Tomo II, Pág. 259.
f) MANZINI, Vincenzo, Tratado de Derecho Procesal Penal, traducción de Santiago Sentis Melendo y Marino Ayerra Redin, ediar, sociedad anonima. Editores, Buenos Aires, 1949, Tomo III, Pág. 554.
g) MAIER, B Julio, La Ordenanza Procesal Penal Alemana, Tomo I, Buenos Aires, Pág. 512.
h) NOGUERA RAMOS, Iván. “Detención y Libertades en el Proceso Penal Peruano” Segunda Edición. Ediciones Forenses. Lima-Perú, 1997.
i) ROXIN, Claus, Derecho Procesal Penal, Editores del Puerto, Buenos Aires, Año 2000, Pág. 257.
j) SANGUINE, Odone, La prisión provisional y los derechos fundamentales, Tirant lo blanch, Valencia, Año 2003, Pág. 27.
k) SANCHEZ VELARDE, Pablo, Comentarios al Código Procesal Penal, Idemsa, Lima, 1994, Pág. 205.
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RECONOCIMIENTO AL DR. JUAN PORTOCARRERO HIDALGO (CATEDRATICO UNMSM) POR SU TRAYECTORIA ACADEMICA, JUNTO AL DR. DEMETRIO RAMIREZ DESCALZI (VOCAL SUPERIOR EN LO PENAL DE LIMA) Y LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACION JUSTICIA Y DERECHO
RECONOCIMIENTO AL DR. RAUL ALFONSO VALDEZ ROCA (VOCAL SUPREMO EN LO PENAL, DOCENTE DE LA UIGV) JUNTO A LA COORDINADORA DEL EVENTO SRTA. KARINA FLORES
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References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 135
 resolución 
 artículo 137