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Timestamp: 2019-08-18 05:39:31+00:00

Document:
Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de La Rioja, de transferencia de soluciones tecnológicas
Con fecha 22 de octubre de 2018 se ha suscrito el Convenio entre el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma de La Rioja de transferencia de soluciones tecnológicas.
Convenio entre el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma de La Rioja de Transferencia de soluciones tecnológicas
De una parte, el Secretario de Estado de Justicia, Sr. D. Manuel-Jesús Dolz Lago, nombrado mediante Real Decreto 479/2018, de 18 de junio, y en uso de las competencias que le corresponden en virtud del artículo 62. g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Y de otra parte, en nombre y representación de la Comunidad Autónoma de La Rioja, el Sr. D. Alfonso Domínguez Simón, Consejero de Administración Pública y Hacienda del Gobierno de La Rioja, nombrado por Decreto del Presidente 8/2015, de 10 de julio, autorizado para la formalización del presente Convenio mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 11 de mayo de 2018, y facultado para su firma conforme a lo dispuesto en el artículo 42.1.k) de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, del Gobierno e Incompatibilidades de sus miembros.
Segundo.El Real Decreto 1800/2010, de 30 de diciembre, sobre traspaso de funciones de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de La Rioja, en materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la Administración de Justicia, establece que la adquisición y gestión de patrimonio mobiliario, inmobiliario y enseres para los órganos judiciales con sede en la Comunidad Autónoma de La Rioja corresponde a la citada Comunidad. Además, establece que se traspasan a esta Comunidad los bienes, derechos y obligaciones afectos al ejercicio de las funciones que asume la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Tercero.La Ley Orgánica 3/1982, de 9 de junio, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para La Rioja establece que dicha Comunidad Autónoma tiene competencias compartidas en materia de Administración de Justicia, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial y cuantas competencias ejecutivas le atribuye el Estatuto y la legislación estatal.
Asimismo, el Decreto 23/2015, de 21 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Administración Pública y Hacienda y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja, modificado por el Decreto 33/2017 de 30 de junio, establece en su artículo 9 las funciones generales y específicas que corresponden a la Dirección General de Agenda Digital (DGAD) (antes llamada Dirección General de las Tecnologías de la Información y la Comunicación). Dentro de las funciones específicas que el Decreto 23/2015 asigna a la DGAD se encuentra, entre otras, las citada en el artículo 9.2.9, apartado a) «El soporte tecnológico, informático y de telecomunicaciones del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja y la planificación y diseño de estrategias corporativas y acciones destinadas a garantizarlo y, en su caso, mejorarlo».
Quinto.El presente Convenio tiene por objeto seguir profundizando en la colaboración entre el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma de La Rioja en el ámbito de la Administración de Justicia, y de cara a contribuir a la misma como servicio público, y asegurar la compatibilidad y la integración de los sistemas y aplicaciones de la Administración de Justicia y las Fiscalías, en el ámbito del Comité técnico estatal de la Administración de Justicia del que forman parte el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Justicia.
El presente Convenio tiene por objeto formalizar los compromisos de transferencia tecnológica, mediante la provisión de servicios, entre el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma de La Rioja.
A estos efectos, el Ministerio de Justicia asume, en las condiciones y términos previstos en este Convenio y resto de normativa de aplicación, la transferencia de las soluciones tecnológicas, mediante la provisión de servicios, de Justicia Digital, Fiscalía Digital y Sede Judicial Electrónica para su implantación y utilización en los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Los cambios en las aplicaciones informáticas y en la arquitectura e infraestructuras tecnológicas sobre las que se sustenta el sistema o sistemas referidos tendrán por finalidad la corrección de errores u omisiones, la introducción gradual de mejoras y nuevas funcionalidades, la adaptación a los cambios de normativa así como los cambios tecnológicos necesarios para su correcta utilización.
2. La Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de los Mecanismos de Seguimiento, Vigilancia y Control previstos en este Convenio, podrá presentar propuestas de mejora y nuevas necesidades en los servicios tecnológicos objeto del presente Convenio. A estos efectos, el Ministerio de Justicia estudiará cada una de las peticiones y será el encargado de incorporar aquellas que se consideren necesarias a los sistemas que prestan el servicio.
3. El Ministerio de Justicia pondrá a disposición de la Comunidad Autónoma de La Rioja aquellas modificaciones, actualizaciones o nuevas versiones que efectúe en los aplicativos y/o servicios y que deban ser instalados en equipos informáticos ubicados en dependencias de la Comunidad Autónoma de La Rioja. Corresponderá asimismo al Ministerio de Justicia instalar las modificaciones, actualizaciones o nuevas versiones que sean precisas en sus propios equipos informáticos.
La actualización de los aplicativos y/o servicios se efectuarán de forma coordinada entre ambas Administraciones. No obstante, en el caso de que una actualización en alguno de los servicios que presta el Ministerio de Justicia requiriese de la actualización o cualquier otra actuación tecnológica de algún componente y/o servicio objeto de este Convenio por parte de la Comunidad Autónoma de La Rioja, el Ministerio de Justicia se reserva el derecho de establecer el plazo máximo de tiempo para llevar a cabo las acciones requeridas. En el caso de que por parte de la Comunidad Autónoma no se actuara en el plazo requerido, el Ministerio de Justicia no podrá garantizar el correcto funcionamiento de los servicios prestados.
a) LexNET: Sistema de comunicaciones electrónicas que permite tanto la presentación de escritos y documentos por parte de las Fiscalías y otros operadores jurídicos, que colaboran con la Administración de Justicia, como el envío de actos de comunicación por parte de los Órganos Judiciales. En lo relativo a LexNET se aplicará lo establecido en el Convenio de Colaboración para la cesión de uso del sistema LexNET del Ministerio de Justicia con la Comunidad Autónoma.
e) Wasmin: Es una plataforma de servicios que permite las comunicaciones con sistemas externos, las itineraciones electrónicas entre Órganos Judiciales o la descarga de expedientes administrativos. Los servicios externos al Ministerio de Justicia que devenguen coste adicional (por ejemplo el envío de SMS) quedan excluidos del presente Convenio y deberán ser asumidos directamente por la Comunidad Autónoma.
f) Minerva: Sistema de gestión procesal que soporta la tramitación de la información relativa a los procedimientos judiciales de forma electrónica en los Órganos Judiciales. En lo relativo a Minerva se atenderá a lo establecido en el Convenio firmado entre el Ministerio de Justicia y la Comunidad Autónoma relativo al cese de los derechos de uso del sistema Minerva. En este caso particular, el servicio consistirá en la entrega de los componentes necesarios para la instalación sobre la infraestructura tecnológica que determine la Comunidad Autónoma de la Rioja.
a) Portal Público de Sede Judicial Electrónica: Portal de información de trámites de la Administración de Justicia con estilos, imagen y contenidos comunes, así como acceso a los servicios electrónicos para las personas Jurídicas y Físicas unificados para las CCAA adheridas y disponibles en internet de forma pública a través del dominio https://sedejudicial.justicia.es.
d) Sistema de Gestión de la Sede Judicial Electrónica que permite gestionar las suscripciones y compartición de documentación.
1.4 Adicionalmente el Ministerio de Justicia pone a disposición de la Comunidad Autónoma de la Rioja la nueva versión del sistema ORFILA de gestión de expedientes de los Institutos de Medicina Legal. Está nueva versión está prevista que entre en servicio a lo largo de 2018, por lo cual los detalles técnicos y requerimientos de este sistema se abordaran en las comisiones de seguimiento del presente Convenio.
a) Prestar asesoramiento, formación y el soporte técnico necesario en la tarea de centralización de servidores que se ha de realizar por parte de la Comunidad Autónoma.
b) Proporcionar la formación necesaria tanto para formadores como para administradores de los diferentes sistemas que conforman la solución.
c) Poner a disposición de la Comunidad Autónoma el servicio de almacenamiento de los ficheros de la Administración de Justicia de forma que se mejore el rendimiento de las aplicaciones.
d) Suministrar las tarjetas criptográficas necesarias a los letrados de la administración de justicia y fiscales.
e) Participación en el Grupo Técnico de Implantación con el objetivo de prestar su apoyo durante la implantación.
f) Servicio de formación a formadores sobre las aplicaciones y/o servicios objeto de este convenio tanto en su fase inicial como en fases posteriores.
g) Prestar soporte tecnológico a la Comunidad Autónoma tanto en la fase de implantación, como posteriormente en la fase de estabilización de las implantaciones. Este soporte se prestará de forma remota desde las instalaciones del Ministerio de Justicia ubicadas en Madrid, sin perjuicio que de forma puntual y cuando las actuaciones así lo requieran, se realicen los desplazamientos a la Comunidad Autónoma que se estimen convenientes.
h) Informar a la Comunidad Autónoma, de cualquier cambio o actualización en los componentes tecnológicos que pueda suponer un impacto para la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma.
i) Prestar soporte de tipo organizativo, participando en la elaboración de instrucciones organizativas y manuales de tramitación para los Órganos Judiciales y las Fiscalías.
j) Corresponderá al Ministerio de Justicia, dentro de las funciones que tiene atribuidas, la adquisición, implantación y sostenimiento de la infraestructura de base hardware y software, de los aplicativos instalados en sus dependencias, así como de la administración de sus entornos de explotación.
k) El Ministerio de Justicia habilitará los procedimientos InterCAU necesarios para facilitar una correcta atención a los usuarios de los aplicativos y servicios objeto de este contrato. En todo caso, el CAU del Ministerio de Justicia no atenderá directamente a los usuarios de la Comunidad Autónoma, sino que éstos se remitirán a su CAU, quien determinará si es necesaria la puesta en conocimiento del Ministerio de Justicia de algún problema, incidencia o petición.
l) El Ministerio de Justicia proporcionará los Manuales de Tramitación de Sede que en el momento de la firma del convenio estén en vigor para que la Comunidad Autónoma pueda utilizarlos directamente o adaptarlos según sus necesidades.
2.1 Tener resueltas de forma previa al inicio tanto de la implantación de la solución Justicia Digital, Fiscalía Digital y Sede Electrónica Judicial, los prerrequisitos técnicos, que se determinen por la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia del Ministerio de Justicia en los siguientes ámbitos, de conformidad con el anexo I de este Convenio:
e) Las políticas de dominio.
j) Integración con los procedimientos de InterCAU que defina el Ministerio de Justicia.
k) En el caso de que los procesos de centralización de servidores de Minerva se hayan realizado por medios propios de la Comunidad Autónoma, deberá garantizar el correcto funcionamiento de la misma antes de iniciarse los trabajos técnicos de implantación.
2.2 El soporte y formación a los usuarios del sistema/s, para lo que contará con el apoyo del Ministerio de Justicia que desarrollará un programa de formación de formadores tal como se recoge en 1.4.b.
2.4 La distribución y gestión de los dispositivos seguros de creación de la firma.
2.5 Para la atención de incidencias de carácter técnico relativas a las aplicaciones informáticas del Ministerio de Justicia se reportarán dichos incidentes al CAU del Ministerio de Justicia, atendiendo al acuerdo InterCAU que esté vigente con cada Comunidad Autónoma.
2.6 Informar al Ministerio de Justicia, del cumplimiento de los prerrequisitos técnicos asumidos con el presente convenio, así como de la evolución de los proyectos de implantación de Justicia Digital, Fiscalía Digital y Sede Electrónica Judicial.
2.7 Cualquier actuación que pueda surgir y que sea necesaria para la exitosa implantación de Justicia Digital, Fiscalía Digital y Sede Electrónica Judicial en la CC.AA.
2.8 Hacerse cargo del coste de los servicios que no son prestados por el Ministerio y que implican un coste adicional (SMS, Dirección Electrónica Habilitada, etc.).
Los compromisos establecidos en el presente Convenio se llevarán a cabo sin contraprestación económica por ninguna de las dos partes.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la cláusula segunda de este Convenio y al objeto de impulsar las actuaciones previstas en este Convenio y garantizar su desarrollo integral se configuran los siguientes órganos como mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del Convenio:
Corresponderá a esta Comisión la aprobación de cambios o modificaciones en las soluciones tecnológicas o en su entorno de explotación, y en sus procedimientos.
Cuando afecten de manera esencial al objeto del convenio o al importe del mismo, la Comisión podrá proponer modificaciones al objeto del convenio y/o su importe.
b) La Comisión se reunirá al menos una vez al año y siempre que lo solicite alguna de las partes, indicando los asuntos a tratar en la misma. Todas las decisiones adoptadas por la Comisión se tomarán por unanimidad
b) La función del Comité Técnico será el análisis técnico y seguimiento técnico del objeto, alcance y servicios previstos en el convenio, informando periódicamente a la Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control.
c) El Comité Técnico se reunirá al menos cada seis meses y siempre que lo solicite alguna de las partes, indicando los asuntos a tratar en la misma. Todas las decisiones adoptadas el Comité Técnico se tomarán por unanimidad.
2. Los acuerdos alcanzados en los órganos referidos por esta Cláusula se documentarán en el acta correspondiente. Las convocatorias, acuerdos y documentación de los órganos de seguimiento se realizarán y custodiarán por una Secretaría Administrativa común para ambos órganos, cuyo régimen se establecerá en su primera reunión la Comisión de Seguimiento, Vigilancia y Control.
El presente Convenio tendrá cuatro años de vigencia. Sus efectos comenzarán a partir del día en que sea inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal y publicado en el Boletín Oficial del Estado, en los términos del artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, pudiéndose acordar de manera expresa y unánime su prórroga por un período de hasta cuatro años adicionales en cualquier momento antes de la finalización del plazo inicial previsto.
Se deberán cumplir las normas sobre política de seguridad y confidencialidad que en el ámbito de la Administración de Justicia se aprueben en el marco de Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica.
Y, de conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las facultades que legalmente corresponden a cada uno de los firmantes, obligando con ello a las Instituciones que representan, suscriben el presente Convenio por duplicado ejemplar en lugar y fecha señalados al principio.–
Manuel-Jesús Dolz Lago.–
El Consejero de Administración Pública y Hacienda de la Comunidad Autónoma de La Rioja,

References: Real Decreto 
 artículo 62
 artículo 42
 Real Decreto 
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 48