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Timestamp: 2019-06-24 20:35:14+00:00

Document:
Pensiones alimenticias - Rumania
La obligación jurídica de proporcionar alimentos es un deber impuesto por ley, que obliga a una persona a suministrar a otra los medios de subsistencia necesarios, incluidos los requeridos para la satisfacción de sus necesidades espirituales, y, cuando un progenitor tenga la obligación de proporcionar alimentos a los hijos menores de edad, los medios requeridos para su educación, su acceso a la enseñanza y su formación profesional.
La obligación de alimentos existe entre cónyuges, parientes en línea directa, hermanos y hermanas, así como entre otras personas definidas específicamente por ley (artículo 516 del Código Civil rumano).
La obligación de alimentos existe entre ex cónyuges (artículo 398 del Código Civil). No debe confundirse con la indemnización compensatoria o compensación por daños.
El cónyuge que ha contribuido a la manutención del hijo del otro cónyuge es considerado responsable de pagar alimentos al hijo que sea menor de edad, pero solo si los progenitores naturales del hijo han fallecido, están desaparecidos o atraviesan dificultades económicas (artículo 517, apartado 1, del Código Civil). Por su parte, el hijo puede tener la obligación de pagar una pensión alimenticia a la persona que lo haya mantenido durante 10 años (artículo 517, apartado 2, del Código Civil).
Los herederos de la persona responsable de mantener al menor o quien lo mantuvo sin obligación legal están obligados, dependiendo del valor de los bienes heredados, a continuar manteniendo al hijo, si los progenitores del mismo han fallecido, están desaparecidos o atraviesan dificultades económicas, pero solo mientras el beneficiario de la pensión alimenticia sea menor.
La obligación de alimentos entre progenitores e hijos está regulada por los artículos 499 y 525 del Código Civil. Los menores que solicitan pensión alimenticia a los progenitores se consideran necesitados si no pueden hacer frente a sus necesidades con los rendimientos de su trabajo, aunque posean bienes. No obstante, si los progenitores no están en posición de ofrecer una pensión alimenticia sin poner en peligro su propia existencia, el tribunal de familia puede acceder a conceder la pensión mediante la venta de bienes del hijo, salvo los bienes estrictamente necesarios.
Los progenitores deben pagar la pensión alimenticia al hijo hasta que alcance la mayoría de edad, que suele suceder a los 18 años, si su educación está aún en curso, hasta que finalice los estudios, con un límite de 26 años.
El demandante o acreedor debe presentar su solicitud al tribunal competente de su lugar de residencia permanente o del lugar de residencia del demandado o deudor. El emplazamiento judicial para determinar la pensión alimenticia puede emitirse por separado o durante el transcurso del procedimiento de divorcio, de determinación de la paternidad, de ejercicio de la responsabilidad parental de un menor o de establecimiento de la dirección permanente del menor. El tribunal puede requerir, a instancia de su presidente, medidas cautelares válidas únicamente hasta que se emita la resolución relativa a los procedimientos sustanciales de la disolución del matrimonio. El procedimiento de primera instancia consta de varias fases. En la fase escrita se presentan la citación, la demanda y la reconvención; se pueden ordenar medidas cautelares como retención o embargo, se cita a las partes y se les envían los documentos procesales. La fase oral comprende la audiencia judicial, donde pueden surgir excepciones procesales y se procesan las pruebas. Después viene la etapa de deliberación y la emisión del fallo judicial.
En el caso de divorcio de mutuo acuerdo, que puede declararse ante un notario público, los cónyuges pueden llegar a un acuerdo sobre los efectos del divorcio, entre ellos la determinación de la contribución de cada cónyuge a los gastos de crianza, educación, estudios y formación profesional del hijo.
En principio, las partes involucradas en el procedimiento de obligación de alimentos pueden estar representadas. No obstante, cuando se interponga una demanda de pensión alimenticia durante el procedimiento de divorcio, los cónyuges pueden ser representados en la demanda de divorcio solo en algunos casos contemplados expresamente en el artículo 920 del Código Civil.
Si se presenta una demanda de determinación, incremento o reducción de la pensión alimenticia por separado, las partes pueden ser representadas del modo convencional por un abogado u otro representante. Si son representados por alguien que no sea abogado, este no podrá presentar alegaciones finales en el juicio oral. El menor es representado por su representante legal (progenitor, o en casos excepcionales, otras personas que ejerzan la patria potestad). La demanda relativa al hijo que ha alcanzado la mayoría de edad es presentada por el hijo en persona.
El tribunal con competencia territorial (del lugar de residencia del acreedor o del deudor) puede ser determinado mediante el atlas judicial rumano, que se publica en el sitio web del Ministerio de Justicia en el portal judicial http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx.
No, porque el demandante no tiene la obligación de ser representado o asistido por un abogado.
Las solicitudes para determinar o modificar la pensión alimenticia están exentas de derechos de timbre. La asistencia o representación de un abogado entrañan gastos, pero estos no son obligatorios. Si la parte interesada no tiene ingresos insuficientes, puede solicitar asistencia jurídica gratuita para cubrir los honorarios del abogado u otros costes derivados del juicio.
La pensión alimenticia se concede según las necesidades del demandante y los recursos del deudor. En principio, la pensión alimenticia se concede en especie y proporciona medios de subsistencia plenos. No obstante, en la mayoría de casos y en la práctica, el tribunal determina la pensión alimenticia en efectivo, bien como cantidad fija, bien como porcentaje de los ingresos mensuales del deudor (artículo 530 del Código Civil). La pensión alimenticia en forma de cantidad fija se ajusta con la inflación, por ley, con carácter trimestral.
Si la pensión alimenticia debe pagarla uno de los progenitores, se establece en una cuarta parte de los ingresos netos mensuales por hijo del progenitor, un tercio en caso de dos hijos y la mitad para tres hijos o más. La ley establece que la cuantía de la pensión alimenticia a favor de los hijos, junto con la pensión alimenticia debida a otras personas, no puede exceder la mitad de los ingresos netos mensuales del deudor (artículo 529 del Código Civil).
Si los medios de la persona que paga la pensión o las necesidades del beneficiario cambian, el tribunal de familia puede, mediante una nueva acción, incrementar o reducir la pensión alimenticia, u ordenar la terminación del pago, según proceda (artículo 531 del Código Civil).
La pensión se concede en especie de tal modo que ofrezca medios plenos de subsistencia y, según proceda, cubra los gastos de educación, estudios y formación profesional (artículo 530 del Código Civil). Si no se cumple con la obligación de alimentos en especie de forma voluntaria, el tribunal de familia ordenará que se pague en efectivo. Se puede determinar la pensión alimenticia, bien como una cantidad fija, bien como un porcentaje de los ingresos mensuales netos del deudor.
La pensión alimenticia se paga en plazos regulares en la fecha acordada entre las partes o, en ausencia de tal acuerdo, en la fecha determinada por la resolución judicial. Las partes pueden acordar o, si existen motivos razonables, el tribunal de familia puede resolver, que se pague la pensión alimenticia por adelantado como una cantidad única que cubra las necesidades de manutención del beneficiario durante un periodo de tiempo más largo o durante el periodo total en que se deba pagar pensión alimenticia, siempre y cuando el deudor disponga de los medios necesarios para cumplir con la obligación (artículo 533 del Código Civil).
La pensión alimenticia determinada a favor del menor se paga al representante legal del mismo.
Dado que en la mayoría de casos la pensión se determina en efectivo, el método de ejecución mas común es el embargo del salario (ingresos mensuales). La venta forzosa de los bienes muebles e inmuebles del deudor es un método menos habitual.
En cuanto a la reclamación de cobro de pensiones alimenticias, el artículo 728 del Código Civil establece que solo la mitad de los ingresos netos mensuales del deudor podrán estar sujetos a ejecución para la cantidad debida como alimentos. Si existen diversos procedimientos de cobro por la misma cantidad, la cantidad ejecutable no superará la mitad de los ingresos netos mensuales, con independencia de la naturaleza de las reclamaciones.
Si el acreedor presenta solicitudes simultáneas para el embargo de varios bienes muebles e inmuebles cuyo valor exceda de forma clara la reclamación a pagar, el tribunal ejecutivo puede limitar la ejecución a algunos bienes (artículo 701 del Código Civil).
El cobro coercitivo finalizará, por ejemplo, cuando la obligación indicada en la orden de ejecución se ha cumplido totalmente y las tasas de ejecución han sido abonadas, si la ejecución no puede llevarse a cabo o continuarse debido a la ausencia de bienes ejecutables o la imposibilidad de liquidar los bienes o si la ejecución ha sido cancelada (artículo 702 del Código Civil).
El derecho a obtener el cobro coercitivo está sujeto a un plazo límite de tres años. Se puede presentar un recurso contra el cobro coercitivo ante el tribunal ejecutivo. El tribunal competente puede suspender la ejecución hasta que se tome una decisión sobre el recurso contra el cobro coercitivo (artículo 711 y siguientes del Código Civil).
Si se cancela la orden de ejecución o el cobro coercitivo, la parte interesada tiene derecho a revertir la ejecución restableciendo la situación que existía anteriormente (artículo 722 y siguientes del Código Civil).
De conformidad con el Reglamento (CE) nº 4/2009, el Convenio de La Haya de 2007 y el Convenio de Nueva York de 1956, el demandante puede presentar la demanda de pensión alimenticia a través del Ministerio de Justicia rumano si el deudor reside en uno de los Estados miembros signatarios del Convenio de La Haya de 2007 o del Convenio de Nueva York de 1956.
Ministerio de Justicia de Rumanía.
Bucarest 050741
Dirección de Derecho Internacional y Tratados – Servicio para la cooperación judicial internacional en materia civil.
Fax +40 372041077
Correo electrónico: ddit@just.ro
No, el demandante debe ponerse en contacto con la autoridad central de su país, designada en virtud del Reglamento (CE) nº 4/2009, el Convenio de La Haya de 2007 o el Convenio de Nueva York de 1956.
La autoridad central del país del deudor puede, por tanto, ponerse en contacto con la autoridad receptora central de Rumanía:
el Ministerio de Justicia de Rumanía, para solicitudes presentadas con arreglo al Reglamento (CE) nº 4/2009 y el Convenio de La Haya de 2007 o,
el colegio de abogados de Bucarest (Baroul Bucureşti), para las solicitudes presentadas con arreglo al Convenio de Nueva York de 1956.
La solicitud se envía después al tribunal competente.
El deudor que resida en el extranjero puede dirigir su solicitud directamente, en persona o mediante un abogado, al tribunal rumano con competencia en el lugar de residencia del demandado o deudor.
El deudor que resida en el extranjero puede dirigir su solicitud directamente, en persona o mediante un abogado, al tribunal rumano con competencia en el lugar de residencia del demandado o deudor. Los datos del tribunal rumano competente están disponibles en el portal de justicia http://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx en función del lugar de residencia del demandado o deudor.
Si, de conformidad con el artículo 2612 del Código Civil rumano, la legislación aplicable en materia de obligación de alimentos está determinada en virtud del Derecho de la Unión Europea, es decir, el Protocolo de La Haya de 23 noviembre de 2007 sobre la ley aplicable en materia de obligación de alimentos.
De conformidad con la Ley nº 36/2012 sobre determinadas medidas para la aplicación de determinados reglamentos del Consejo de la Unión Europea e instrumentos de derecho privado internacional en el ámbito de la obligación de alimentos, tras recibir la solicitud de pensión alimenticia o medidas especificas, el Ministerio de Justicia la envía para celebración de acuerdo a la autoridad competente u organismo que tiene los datos personales, al colegio de abogados local competente, a la Cámara de Ejecutores Judiciales o, si procede, al tribunal competente.
En el caso de las solicitudes presentadas a través de la autoridad central, con arreglo a las condiciones dispuestas en el artículo 46 del Reglamento, se puede conceder asistencia jurídica gratuita a demandantes de pensión alimenticia que no hayan cumplido 18 años o que continúen su formación académica, pero no mayores de 21 años, y a demandantes de pensión alimenticia que sean vulnerables.
El Ministerio de Justicia envía las solicitudes recibidas desde el extranjero directamente al colegio de abogados local competente. El decano del colegio de abogados emite una resolución de oficio obligatoria de forma inmediata para asignar a un abogado. El abogado asignado solicita la asistencia jurídica, incluido el método de pago de los honorarios del secretario judicial.
Tras la obtención de la orden de ejecución, el abogado asignado solicita al tribunal la concesión de asistencia jurídica gratuita en forma de pago de los honorarios del secretario judicial. El abogado envía la demanda de cobro coercitivo, la orden de ejecución y la resolución del decano del colegio de abogados al secretario judicial local competente.
Rumanía ha adoptado la Ley nº 36/2012 sobre determinadas medidas para la aplicación de determinados reglamentos del Consejo de la Unión Europea e instrumentos de derecho privado internacional en el ámbito de la obligación de alimentos.
El Ministerio de Justicia rumano es la autoridad transmisora central de Rumanía, que envía las demandas previstas en los artículos 53 y 56 del Reglamento. Tras recibir la documentación justificativa del acreedor o del deudor, el Ministerio de Justicia cumplimenta la Parte A de la solicitud y puede ayudar al acreedor o al deudor a cumplimentar la Parte B de la misma.
El Ministerio de Justicia es la autoridad central designada para recibir las solicitudes para medidas concretas y para obligación de alimentos. Una vez ha recibido las solicitudes, las envía para la celebración de un acuerdo a la autoridad competente o al organismo que tiene los datos personales, al colegio de abogados local competente, a la Cámara de Ejecutores Judiciales o, si procede, al tribunal competente.

References: resolución 
 artículo 920
 resolución 
 artículo 728
 artículo 2612
 artículo 46
 resolución 
 resolución