Source: http://www.senado.gob.mx/index.php?watch=15&id=1625
Timestamp: 2017-11-24 05:18:17+00:00

Document:
CELEBRADA EL MIÉRCOLES 24 DE JUNIO DE 2015.
Remito oficio por el que informa que el Presidente de la República, Licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional el 26 de junio de 2015, a efecto de atender la invitación que le extendió el Presidente de la República de Guatemala, Señor Otto Pérez Molina, para participar en la XV Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla (Mecanismo de Tuxtla), que se realizará en la ciudad de La Antigua, Guatemala.
Remite oficio de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, con el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, correspondiente al periodo enero-marzo 2015.
Oficio por el que informa que durante el mes de mayo de 2015 únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
Oficio con el que remite el Diagnóstico sobre la Evolución de los Sueldos y Salarios, del 2005 al 2015, que se cubren a los servidores públicos de los mandos medio y superior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo Transitorio Décimo Primero del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015.
Del Senado Jorge Luis Preciado Rodríguez, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir del 24 de junio.
Dos, de Diputados, por las que informan su reincorporación a sus funciones legislativas, en el mes de junio de 2015.
De la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, con la que remite el Informe de su participación en la reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 5 y 6 de junio de 2015, en La Habana, Cuba.
De la Senadora Mayela Quiroga Tamez, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 24 de junio de 2015.
Proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XXX, recorriéndose la subsecuente para convertirse en XXXI, del artículo 19 de la Ley General de Protección Civil.
Proyecto de decreto que reforma los artículos 5 y 11 de la Ley Federal de Extinción de Dominio.
Proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de discriminación y derechos humanos.
Proyecto de decreto que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: (11:21 horas) Solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia.
La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Señoras legisladores y señores legisladores, daré inicio a la lista de asistencia.
Señor Presidente, hay una asistencia de 21 ciudadanos legisladores. Tenemos quórum.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Se abre la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 24 de junio de 2015, correspondiente al segundo receso del tercer año de ejercicio.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Pasamos al siguiente asunto.
La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que informa que el Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, se ausentará del territorio nacional el 26 de junio del año en curso, a efecto de atender la invitación que le extendió el Presidente de la República de Guatemala, señor Otto Pérez Molina, para participar en la XV Cumbre del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, Mecanismo de Tuxtla, que se realizará en la ciudad de La Antigua, Guatemala.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Remítase copia de la documentación a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe de la Cámara de Senadores; a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados; y a la Segunda Comisión de la Comisión Permanente.
La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: También de la Secretaría de Gobernación, se recibió un oficio de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, con el que remite el Informe Estadístico sobre el Comportamiento de la Inversión Extranjera Directa en México, correspondiente al periodo enero-marzo 2015.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Remítase dicho informe a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores; y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.
La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió del Servicio de Administración Tributaria, un oficio por el que informa que durante el mes de mayo de 2015 únicamente se destinaron mercancías perecederas, de fácil descomposición o deterioro y aquéllas que no son transferibles al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Remítase copia de la documentación a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial de la Cámara de Senadores; y a la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.
La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió un oficio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con el que remite el Diagnóstico sobre la Evolución de los Sueldos y Salarios, del 2005 al 2015, que se cubren a los servidores públicos de los mandos medio y superior, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo Transitorio Décimo Primero del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Remítase la información a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.
La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió una comunicación suscrita por el Senador Jorge Luis Preciado Rodríguez, por la que informa su reincorporación a sus funciones legislativas, a partir de hoy, 24 de junio.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: La Asamblea ha quedado enterada. Comuníquese a la Cámara de Senadores.
La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Asimismo, se recibieron las siguientes comunicaciones de Diputados, por la que informan su reincorporación a sus funciones legislativas, en este mes de junio de 2015. Ellos son:
Salvador Arellano Guzmán, a partir del día 18.
Y Jorge Rosiñol Abreu, a partir del día 10.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: La Asamblea ha quedado debidamente enterada. Comuníquese a la Cámara de Diputados.
La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió también una comunicación de la Senadora Lizbeth Hernández Lecona, con la que remite el Informe de su participación en la reunión de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud del Parlamento Latinoamericano, celebrada los días 5 y 6 de junio de 2015, en La Habana, Cuba.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: La Asamblea ha quedado enterada.
La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Se recibió una comunicación de la Senadora Mayela Quiroga Tamez, por la que solicita licencia para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir de hoy, 24 de junio.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está a consideración de la Asamblea el siguiente:
“Único.- Se concede licencia a la Senadora Mayela Quiroga Tamez, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 24 de junio de 2015.”
La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse el anterior punto de Acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: En consecuencia…
El Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Señor Presidente.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: ¿Con qué objeto, señor Senador?
El Senador Arturo Zamora Jiménez: (Desde su escaño) Si me lo permite, señor Presidente. Solamente para hacer un reconocimiento a la Senadora Mayela Quiroga, de Nuevo León, por su desempeño que tuvo durante todo este tiempo en la Cámara de Senadores y también, por supuesto, por su extraordinario desempeño aquí en la Comisión Permanente.
Nosotros queremos referirle a ella, que el Senador Emilio Gamboa y todos los compañeros de este grupo parlamentario estamos muy contentos y muy agradecidos por el apoyo que dio, por la contribución que como abogada que es, con la experiencia que tiene al haber sido Diputada federal, y también con la experiencia administrativa, pues de alguna manera nutrió los criterios que se tomaron, no solamente en el Senado de la República, sino también en esta Comisión Permanente.
Razón por la cual, aprovecho solamente para que a nombre de nuestro grupo parlamentario, desearle a ella lo mejor en las actividades que tengan en el futuro, y que sepa que el Senado de la República siempre tendrá las puertas abiertas para ella.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: En consecuencia, se concede licencia a la Senadora Mayela Quiroga Tamez, para separarse de sus funciones legislativas, por tiempo indefinido, a partir del 24 de junio de 2015.
Sonido en el escaño del Diputado Abel Salgado.
El Diputado Abel Octavio Salgado Peña: (Desde su escaño) Gracias, señor Presidente.
Con el propósito de solicitar a la Presidencia, se pueda conceder un minuto de silencio en honor de las 16 víctimas fallecidas el día de ayer en la madrugada, en la Casa de Reposo de Adultos Mayores “Hermoso Atardecer”, ubicada en el ejido Querétaro de la ciudad de Mexicali.
Este asilo en su mayoría daba albergue a población indigente, que lamentablemente por su misma situación de vulnerabilidad y por las condiciones en que estaba construido el albergue, perdieron la vida.
En consecuencia, solicitarle a la Presidencia pueda conceder este minuto de silencio en memoria de las víctimas de este lamentable suceso.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Con mucho gusto, señor Diputado.
También comunico a la Asamblea que fue solicitado por la Comisión de Grupos Vulnerables del Senado de la República.
Les solicito a todos ponerse de pie, con el propósito de guardar un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas en el incendio ocurrido el día de ayer en un asilo de personas adultas mayores, ubicado en el municipio de Mexicali, en el estado de Baja California.
En el apartado de iniciativas, se concede el uso de la palabra al Diputado Alejandro Rangel Segovia, para presentar a nombre del Diputado Roberto Ruiz Moronatti, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, un proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 19 de la Ley General de Protección Civil.
El Diputado Alejandro Rangel Segovia: Buenos días, con el permiso de la Presidencia.
Me permito rendir a ustedes este posicionamiento sobre la iniciativa por la que se adiciona la fracción XXX, recorriéndose la subsecuente para convertirse en XXXI, del artículo 19 de la Ley General de Protección Civil.
La Ley General de Protección Civil es un ordenamiento relativamente nuevo, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación apenas el 6 de junio del año 2012, por lo que el tema de protección civil en nuestro país es realmente incipiente en el rubro normativo.
Ha avanzado más rápidamente la cultura de la protección civil, desde la perspectiva de la sociedad organizada, que desde los puntos de vista gubernamentales, siendo los primeros quienes en la autogestión y organización han generado mecanismos de prevención de riesgos y han concurrido solidariamente en cada uno de los eventos catastróficos que nuestro país ha vivido.
La presente iniciativa refiere un tema en particular que hasta ahora ha quedado un poco ausente de la dinámica de mayor generación de protección civil en nuestro país, se trata de los mercados públicos, ya que la protección civil es un tema trasversal y de muy diversas aristas que debe también concurrir a este espacio donde conglomerados ciudadanos todos los días van a hacerse de sus requerimientos para el alimento, para el vestido, entre otros consumos.
Los mercados públicos en el país son un medio de economía social donde se desplaza el 45 por ciento de los alimentos y productos de primera necesidad que se consumen en todo el país; son un brazo de la economía que permite la redistribución de la riqueza, están regulados por el artículo 115 constitucional y facultan al municipio para que sea éste quien se encargue de dotarlos de servicios y mantenimiento.
Asimismo, los códigos fiscales y financieros de los estados les dan una normatividad particular, según la entidad federativa que los rige.
Existe un Reglamento de Mercados Públicos que tienen diversas disposiciones, de conformidad al estado o municipio del que se trate, por lo que podemos ver que la dispersión normativa es amplia y debe ser regulada por una instancia coordinadora a través de un ordenamiento normativo federal.
En materia de protección civil sucede lo mismo, ya que, por un lado, la Ley General de Protección Civil establece la obligación de las dependencias del gobierno de los estados, municipios y delegaciones, en el caso del Distrito Federal, de realizar los programas internos de protección civil en los edificios públicos, en los que se engloban los mercados. Sin embargo, no existe la aplicación práctica de estos preceptos, ni la construcción de estructuras normativas mayores. En la mayoría de las leyes de protección civil de las entidades federativas se establece lo mismo, pero tampoco hay una obligatoriedad.
Nos encontramos, entonces, en una ambigüedad en la que ningún gobierno se responsabiliza de realizar dichos programas, en detrimento de las y los comerciantes que trabajan en los mercados públicos de todo el país.
La presente iniciativa tiene por objeto generar, a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil, la promoción de los planes de protección civil encaminados al conocimiento, identificación, eliminación y reducción de los peligros y riesgos que originen o aseveren incidentes en los mercados, buscando así la disminución del impacto o daños ante la existencia de un agente perturbador, atendiendo a la realidad social en relación con estos establecimientos.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Túrnese a la Comisión de Protección Civil de la Cámara de Diputados.
Tiene ahora el uso de la tribuna la Senadora María del Pilar Ortega Martínez, para presentar a nombre propio y de los Senadores Laura Rojas, Marcela Torres, Juan Carlos Romero Hicks y del Diputado Fernando Rodríguez Doval, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, un proyecto de Decreto que reforma los artículos 5 y 11 de la Ley Federal de Extinción de Dominio.
La Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores legisladores:
Como ustedes saben, el pasado 27 de mayo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de reforma constitucional que crea el Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección, sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de los recursos públicos.
Una reforma constitucional de gran calado y que pretende constituirse realmente en una herramienta para el Estado mexicano, a fin de controlar, combatir y reducir este fenómeno que lacera a la sociedad mexicana, que es la corrupción.
No debemos olvidar que el fin básico del Estado es el de otorgar seguridad, protección de derechos y libertades a los ciudadanos; por lo que quienes actúan a nombre del Estado, quienes actuamos a nombre del Estado, deben responder de cualquier acto u omisión que se aleje de este propósito.
Por ello, cuando se condiciona la ejecución de cualquier servicio o cualquier obligación legal, o esté condicionada ésta a un beneficio personal o a utilizar el encargo para obtener beneficios personales, no debe ser perseguido solamente por este hecho, porque se ha hecho de manera ilícita, sino también porque deforma al Estado republicano y democrático. Asimismo, debe sancionarse a quien pretende obtener beneficios a través de corromper a servidores públicos, me refiero al caso de particulares.
Y bueno, digo esto porque esta propuesta que estamos haciendo, de reforma a la Ley Federal de Extinción de Dominio, tiene que ver con este Sistema Nacional de Combate a la Corrupción y con las nuevas atribuciones que hoy tiene la Auditoría Superior de la Federación, pero sobre todo tiene que ver con una aportación novedosa que se da a esta reforma constitucional, en materia de Sistema Nacional Anticorrupción.
Y esa aportación novedosa consiste en que se establece que el delito de enriquecimiento ilícito, estaría dentro del catálogo de aquellos que son sujetos de extinción de dominio.
Y por supuesto que esto va también a favorecer, vamos, que funcione de una manera armónica este Sistema Nacional de Combate a la Corrupción, pero sobre todo que sea eficaz.
Y en este orden de ideas, también quisiera señalar que la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, recomienda en su artículo 54, adoptar las medidas necesarias para permitir el decomiso de aquellos bienes sin que medie una condena, en casos en que el delincuente no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, ausencia o en otros casos apropiados.
Una de las características esenciales, justamente, de la extinción de dominio, en los términos en que están establecidas en nuestra legislación, y concretamente en la Ley Federal de Extinción de Dominio, consiste que la figura es la consecuencia patrimonial de actividades ilícitas. Al recaer sobre el patrimonio, la extinción de dominio, tiene el carácter de real, se implementa sobre los bienes independientemente de en manos de quien se encuentren.
Y esto es muy importante, cuando ligamos la extinción de dominio con la figura de enriquecimiento ilícito, y para asegurar que en aquellos casos en que quien, vamos, defrauda al Estado, o quién se beneficia del cargo o desvía recursos para enriquecerse de manera ilícita, tenga como consecuencia, independientemente o en forma paralela a la causa penal o a la causa administrativa, ésta consecuencia, es decir, la perdida de esté patrimonio que no se hizo de manera licita.
Por ello, lo que nosotros hoy estamos proponiendo es hacer unas adiciones, a efecto de que en el proceso de investigación y averiguación de seguimiento al proceso de extinción de dominio, también tenga una coadyuvancia importante la Auditoria Superior de la Federación.
Me explico: el Ministerio Público tiene como objetivo realizar un estudio pormenorizado de la condición financiera y patrimonial del afectado, sobre cuyos bienes se implementa la acción y demostrar que dichos bienes no se encuentran en un origen o justificación razonada y sustentada en sus activos financieros y no financieros, es decir, que no fueron generados como productos de la riqueza del que afecta o del patrimonio familiar, ya que estos no obedecen a una conducción de bonanza económica, por lo que deben ser objetos de extinción de dominio al estar relacionados con un hecho delictivo.
En la citada reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción, se señalan facultades que fortalecen a la Auditoria Superior de la Federación, y en artículo 79 constitucional, se eliminan los principios de anualidad y posterioridad, por lo que se podrá realizar directamente, la Auditoria Superior de la Federación, auditoria durante el ejercicio fiscal en curso derivado de denuncias y con la autorización de su titular, con el fin de investigar y sancionar, de manera oportuna, posibles actos irregulares sin dejar atrás los ejercicios fiscales anteriores.
Por ello, lo que nosotros estamos proponiendo es hacer una adición en los artículos 5 y 11 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, para incluir el supuesto de que cuando la Auditoria Superior de la Federación se haya constituido como coadyuvante del Ministerio Público, dentro del procedimiento previsto en la ley de referencia, el Procurador General de la República deberá analizar las consideraciones que al afecto realiza la Auditoria Superior de la Federación, antes de acordar sobre la procedencia del desistimiento de acción de extinción de dominio.
Y, por otro lado, en el artículo 11 proponemos también una adición, en el sentido de incluir el supuesto normativo para que la Auditoria Superior de la Federación, en ejercicio de sus facultades, coadyuve con el Ministerio Público, en los casos de averiguaciones previas, cuyo origen sean las denuncias penales relacionadas con casos de enriquecimiento ilícito.
Con estas propuestas, lo que queremos es fortalecer la investigación en los casos que se dé el delito de enriquecimiento ilícito, y que, además, siendo que estas averiguaciones y los datos con que cuenta la Auditoria Superior de la Federación, son importantes para el esclarecimiento del origen del patrimonio, lo que perfeccionará también el seguimiento al proceso de extinción de dominio, y con esto se fortalece la investigación para este tipo de casos, pero sobre todo se podrá también llegar a una mejor y rápida conclusión para las determinaciones de aquellos casos en que deba proceder está extinción de dominio.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Túrnese a las Comisiones Unidas de Justica; y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores.
Tiene el uso de la palabra la Diputada Amalia García Medina, para presentar a nombre propio y de las Diputadas Martha Lucía Mícher Camarena, María Beatriz Zavala Peniche y Eufrosina Cruz Mendoza, un proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos constitucionales, en materia de paridad de género.
La Diputada Amalia García Medina: Muchas gracias. Muy estimados compañeros, compañeras:
Nuestra Constitución ha tenido, desde que fue elaborada en el Constituyente del 17, un contenido muy avanzado.
Sin embargo, en el caso de los derechos de las mujeres, ha habido un rezago permanente a lo largo de decenios y decenios de años, y, sin embargo, también hay que decir, que cuando el artículo 4o. constitucional se modifica y se establece con claridad la igualdad jurídica, esto significó un reconocimiento de que la sociedad, la humanidad, los mexicanos y mexicanas son parte de nuestro estado de derecho y las mexicanas deben tener garantizados todos sus derechos jurídicos.
Sin embargo, esto era absolutamente insuficiente, durante años y no solamente organizaciones de mujeres, sino también en el ámbito internacional a través de convenciones, de tratados y de diferentes instrumentos, se ha establecido como un asunto prioritario para garantizar un estado democrático y de derecho, ha avanzado que se garanticen también los derechos de las mujeres a la participación, ahí en dónde se decide, en las instancias de decisión.
Yo quiero resaltar que la modificación al artículo 41 constitucional significa un paso extraordinariamente importante, porque si bien es cierto el artículo 4º constitucional establece los derechos jurídicos para las mujeres.
El artículo 41 establece los derechos políticos para las mujeres y ya establece la obligación a los partidos políticos de postular en el ámbito legislativo, en igualdad a hombres y a mujeres, es decir, se garantiza el principio de paridad en la postulación de candidaturas, tanto en el ámbito legislativo federal, como en el local.
Sin embargo, hemos considerado, tanto la Diputada Beatriz Zavala, como la Diputada Eufrosina Cruz, la Diputada Martha Lucía Mícher Camarena y yo misma, que la sociedad mexicana está dando pasos mucho más allá que deben ser reconocidos en nuestra Constitución.
Por ello, es que presentamos hoy una iniciativa de reformas a la Constitución, para que este principio de paridad y de derechos políticos quede garantizado en la Constitución, en el ámbito que se está dando en estos tiempos.
¿Y a que me refiero?
Me refiero a que ya hay sentencias del Tribunal Federal Electoral y también hay jurisprudencias que se han establecido en tiempos muy recientes, incluso en estos últimos días y semanas, que establecen que la paridad debe estar garantizada en ámbitos que no estaban contemplados anteriormente.
Me refiero específicamente a la postulación en candidaturas en ayuntamientos, de tal manera, que ha habido jurisprudencias y ha habido decisiones en el Tribunal Federal Electoral, y en los tribunales locales, que establecen la obligación a los partidos de postular igual número de mujeres que igual número de hombres, encabezando las candidaturas a los ayuntamientos.
Y por eso también es pertinente señalar que cuando hablamos de igualdad política, de paridad, no estamos hablando solamente de la paridad en un sentido vertical, es decir, tal como se establece en las candidaturas plurinominales, uno y una, uno y una, para garantizar la paridad, sino además también de manera horizontal, de tal manera que haya igual número de mujeres postuladas para encabezar ayuntamientos que igual número de hombres para encabezar ayuntamientos.
Y la propuesta, el planteamiento que hacemos de reformas a la Constitución, pone en el centro que los tres órdenes de gobierno, el Ejecutivo Federal, también por supuesto en el ámbito estatal y en el municipal, se busque y se procure la paridad; de la misma manera en los tres poderes: en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial y en el Poder Legislativo.
¿Qué países tienen la paridad garantizada en su legislación y en su estado de derecho?
No voy a hablar de los países nórdicos ni de Europa, voy a hablar de América Latina, países como Ecuador, Bolivia, Costa Rica y Nicaragua, tienen garantizada la paridad en distintos órdenes de gobierno y en los distintos poderes, es decir, México está en rezago en esta gran causa que es la de la igualdad política, la paridad política, incluso en América Latina. Es hora de que nos pongamos al día y de que México esté en una condición que garantice esa igualdad.
Quiero, por supuesto, subrayar que hoy tenemos un avance muy importante en las candidaturas, y yo diría, y termino con esto, haciendo un llamado a que pongamos atención a que en estas elecciones se ha dado un fenómeno extraordinariamente importante, poco relatado y poco recogido hoy en los análisis políticos y en los medios de comunicación, y es la presencia de las mujeres. No llegará el 50 por ciento a la Cámara de Diputados, pero será más de 42 por ciento de mujeres.
Y en los congresos locales ha habido decisiones de los tribunales estatales que han obligado a los partidos políticos a que, si en las candidaturas en distritos uninominales estatales no se logró con las candidaturas plurinominales la paridad, se modifique la lista, de tal manera que tomando de la lista plurinominal los hombres y las candidaturas de mujeres, se acerque o se complete la paridad.
En estados como Morelos, Tabasco, Guerrero, Nuevo León, en los 17 estados en donde hubo elecciones locales, hay procedimientos jurídicos que han sido presentados por mujeres y muchos de ellos están prosperando, es decir, es una oleada, y yo diría, es el tiempo de las mujeres.
Es muy probable, además, que con lo que está sucediendo en los Estados Unidos, con la candidatura de Hillary Clinton, muy probablemente será la candidata del Partido Demócrata, debemos en nuestro continente, con lo que ya sucede en Sudamérica, con la presencia de una mujer Presidenta como Michelle Bachelet, con otra mujer Presidenta como Cristina Fernández de Kirchner, en Argentina; o una Presidenta en Brasil como Dilma Rousseff, a quien acabamos de recibir, y con la candidatura de Hillary Clinton, una oleada que haga que se diga que este es el tiempo de las mujeres, yo diría de las mujeres y los hombres, pero es el tiempo de la paridad y es el tiempo de que se garanticen los derechos no sólo jurídicos, sino también los derechos políticos para las mujeres, una democracia de calidad tiene que reconocer esa presencia.
Y termino con una frase de Michelle Bachelet, ella ha dicho: “Si una mujer entra en la política, se transforma su vida. Si entran miles y miles de mujeres en la política y en los espacios de decisión, se transforma la sociedad”.
La ilusión de las mujeres está transformando y debe transformar a nuestro país en un sentido positivo.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Se concede ahora el uso de la tribuna a la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del grupo parlamentario de Nueva Alianza, para presentar proyecto de Decreto por el que se adicionan y reforman diversos artículos de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en materia de discriminación y derechos humanos.
La Diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores legisladores.
A nombre del grupo parlamentario Nuevo Alianza, y del mío propio, quiero solidarizarme y enviar mi más sentido pésame a las familias de las 17 personas adultas mayores que fallecieron en el incendio del asilo “Hermoso Atardecer”, ubicado en Mexicali, Baja California.
Así, desear la pronta recuperación de los heridos, al mismo tiempo que exigimos una investigación exhaustiva para fincar las responsabilidades, más aún si existen indicios de que el percance hubiese sido provocado.
Este lamentable hecho muestra de forma fehaciente las condiciones en las que viven muchos de los adultos mayores en nuestro país: sufren abandono, negligencia, maltrato y marginación.
A partir de la aprobación de la Declaración de Brasilia, en 2007, las personas mayores y sus derechos han ganado mayor visibilidad y atención en la agenda internacional y nacional de los derechos humanos.
En el país, los adultos mayores gozan de un marco tutelar que protege, consagra y promueve la vigencia de sus derechos, estableciendo en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, el goce a la protección contra toda forma de explotación y, en general, a vivir en entornos seguros, dignos y decorosos, entre otros.
Su importancia no es menor, sólo el sector poblacional está en progresivo ascenso, gracias a diversos factores que en el país han hecho que la esperanza de vida haya aumentado de 34 años de 1930, a más de 77 en este 2015.
El impacto poblacional de este crecimiento es tan significativo que demanda políticas públicas y servicios acordes a una población que hoy es de casi 12 millones de personas, pero que a mitad de este siglo llegará a ser de más de 32 millones de mexicanas y de mexicanos en esa edad.
El rol social de las personas adultas era de tal magnitud, que en la antigüedad se le respetaba y cuidaba porque se les consideraba depositarios y transmisores del saber, incluso en nuestras culturas, al llegar a cierta edad, se les asignaban altas responsabilidades políticas y religiosas.
En cambio hoy, los adultos mayores son seres marginados, producto de la inseguridad social y económica a la que se enfrentan día a día, por lo que muchos de ellos viven en una constante lucha para integrarse plenamente a la sociedad, y lo que es más triste, muchas veces a sus propias familias.
Lo anterior no es un problema menor, 4 de cada 10 adultos mayores han reportado que entre los principales problemas que enfrentan cotidianamente, se encuentra la falta de cuidado de sus propios familiares, realidad que se contrapone con el marco jurídico que salvaguarda sus derechos.
La familia es la principal responsable de evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto que agrave o vulnere los derechos humanos de quien ha sido su pilar y baluarte.
Si bien llegado el caso, existen los mecanismos establecidos en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores para la presentación de alguna denuncia ante los órganos competentes, el pleno ejercicio de sus derechos no se garantiza, si los adultos mayores no cuentan con el apoyo del Estado para defender sus intereses.
Por tal motivo, en Nueva Alianza consideramos indispensable que esa ley debe reformarse a efecto de establecer la participación del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, no sólo con las atribuciones que hoy le dan sustento, sino también con la representación legal que vele por sus intereses jurídicos en el tiempo que dure todo el procedimiento, es decir, que el DIF no solamente dé una asistencia social o médica, sino que también se convierta en un protector del mismo cuando tenga que defender sus derechos.
Atendiendo el objetivo prioritario del Estado, consistente en lograr el bienestar de todos sus habitantes, es menester resolver con prontitud un problema que afecta la dignidad y vida diaria de nuestras personas mayores y que vulnera la plena vigencia de sus derechos humanos.
En virtud de lo anterior, presentamos esta iniciativa y esperamos contar con su apoyo, adicionando una fracción a los artículos 3o. y 22, así como una reforma a la fracción VIII del artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, a efecto de incorporar supuestos que actualmente no se encuentran estipulados, y eliminando el vacío legal que pone en riesgo la protección de aquéllos que otrora contribuyeron al desarrollo y bienestar de un entorno familiar, mismo que hoy lo discrimina y vulnera.
Como sociedad en muchos campos hemos fallado o hemos estado ausentes para concretar un presente y un futuro que brinde a nuestros adultos mayores un porvenir tranquilo y esperanzador, como justa recompensa a sus esfuerzos de toda una vida.
Nueva Alianza contribuye con esta iniciativa a devolver la dignidad y respeto que se merecen nuestras personas mayores. Ellas y ellos no deben recibir nuestra caridad, merecen el impulso de mecanismos que procuren su bienestar, y debe ser nuestra obligación buscar las fórmulas necesarias para proveérselas.
Esta iniciativa responde a una clara necesidad, y más allá de denunciar un hecho palpable, Nueva Alianza contribuye a institucionalizar un marco legal e impulsar políticas públicas orientadas a la exigibilidad de los derechos humanos de las personas mayores, dotándoles de los mecanismos necesarios para materializarlos.
Es por ello que contaremos, seguramente, con el apoyo de todos ustedes y muchas gracias por la atención prestada a esta iniciativa.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados.
Se concede ahora el uso de la palabra a la Diputada Esther Quintana Salinas, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de Decreto que reforma el artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
La Diputada Esther Quintana Salinas: Con su venia, Diputado Presidente. Señoras y señores legisladores, muy buenos días.
El 14 de julio de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esto fue la culminación de la llamada reforma en telecomunicaciones que comprendió reformas constitucionales y una nueva ley federal.
Esta reforma se gestó dentro del marco de los acuerdos y compromisos establecidos en el “Pacto por México”, con la finalidad de generar mayor competencia económica, principalmente en telecomunicaciones; además se abriría la licitación de dos cadenas nuevas de televisión abierta y una iniciativa para reconocer el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación a la par de derechos como la educación y los servicios de salud.
Con esta reforma se fomenta la competencia, se generan inversiones y más redes de telecomunicaciones para poder recibir servicios de calidad más rápidos, en más lugares y a mejores precios.
Actualmente, la reforma de telecomunicaciones ya genera beneficios directos, entre los que podemos mencionar los siguientes:
A partir del primer día del 2015, se suspendió el pago de larga distancia nacional.
Ahora con la portabilidad, se puede cambiar de compañía celular de manera gratuita en menos de 24 horas y sin condicionamientos.
Se puede, también, consultar el saldo del teléfono celular de prepago sin costo, y esto no va a caducar al no usarse, pues tendrá una duración de hasta un año.
Los planes y tarifas de las compañías de telefonía celular deberán considerar cobros por segundo y no por minuto, sin perjuicio de otros planes que se basen en cobros por minuto, por evento, por capacidad o cualquier otra modalidad.
Habrá conectividad gratuita en sitios públicos y programas de cobertura social.
Nuevas compañías de telecomunicaciones están invirtiendo en nuestro país, lo que brinda más opciones para el usuario y la generación, por ende, de empleos y bienestar.
Y se crea la figura del defensor de las audiencias.
Aunado a lo anterior, el gobierno federal ha entregado más de 2 millones de televisiones digitales, a familias beneficiarias de programas sociales de SEDESOL para que no se queden sin acceso a la televisión digital.
Por otro lado, actualmente se trabaja en dos redes de telecomunicaciones:
La Red Troncal de Fibra Óptica que tiene como objetivo extender la cobertura de las telecomunicaciones a localidades desatendidas y ofrecer un servicio de mayor calidad en aquellas localidades que ya cuentan con el servicio.
La Red Compartida que ampliará la cobertura del Internet y la telefonía móvil en el país para facilitar que existan más opciones de servicio.
Además, se diseñó el Proyecto México Conectado como una vía para que la población tenga acceso a Internet de manera gratuita en escuelas, bibliotecas, clínicas, ayuntamientos y plazas públicas. A la fecha más de 65 mil de estos sitios ya cuentan con acceso a Internet.
A pesar de todos estos beneficios que trajo la reforma, es necesario seguir avanzando en las modificaciones que se requieren para ampliarla y mejorarla, y que ésta cumpla sus objetivos en favor de la ciudadanía, tal es el fin de la presente iniciativa.
Uno de los ordenamientos relacionados con el servicio de la telefonía móvil es el 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en cual enlista los derechos de los usuarios. Si bien, éstos representan un gran avance, considero importante modificar la fracción XVI, la cual señala que los usuarios tienen derecho: “A que en los servicios móviles de prepago, el saldo no consumido a la fecha de su expiración, le sea abonado en las recargas que se lleven a cabo dentro del año siguiente a dicha fecha”. Este derecho establecido en la ley, es evidentemente perjudicial para la economía de los usuarios en la modalidad de prepago, siendo éstos la mayoría, toda vez que el Instituto Federal de Comunicaciones señaló que en el año 2013, la modalidad de prepago el número cerró en 87.6 millones de suscripciones, lo que representa un crecimiento de 3 por ciento respecto al mismo periodo de 2012, y 84.6 por ciento del total del mercado.
La modificación que proponemos consiste en eliminar la posibilidad de que las recargas abonadas al saldo no tengan vigencia, es decir no tengan la posibilidad de expirar, así los usuarios o suscriptores de la modalidad de prepago podrán hacer uso de su crédito o saldo hasta su total consumo, sin que sea condicionado por parte de las empresas que brindan dicho servicio, para ser consumido en un determinado plazo de tiempo.
Para terminar con esta práctica absurda, es que se propone la iniciativa con proyecto de Decreto para reforma la fracción XVI del artículo 191 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con el objeto de establecer de manera explícita que en los servicios móviles de prepago el saldo abonado no tenga fecha de expiración.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Túrnese a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados.
El Diputado Fernando Rodríguez Doval: Gracias, señor Presidente.
El pasado jueves falleció una compañera Diputada nuestra, la Diputada María Eugenia de León Pérez. Ella había sido antes también Diputada local y fue alcaldesa incluso de su municipio, el municipio de Valle Hermoso en Tamaulipas, donde se distinguió, entre otras cosas, por la gran firmeza con que enfrentó en su momento al crimen organizado.
Ella venía arrastrando una enfermedad desde hace tiempo, el jueves finalmente perdió la vida y quiero solicitarle que nos pudiera conceder un minuto de silencio para poder recordarla.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Con mucho gusto.
Como es de su conocimiento, el pasado 18 de junio se suscitó el lamentable fallecimiento de nuestra compañera Diputada María Eugenia de León Pérez, integrante del parlamentario del Partido Acción Nacional.
Les solicito que guardemos un minuto de silencio en memoria de nuestra compañera Diputada María Eugenia de León Pérez.
Tiene ahora el uso de la palabra la Diputada Gloria Bautista Cuevas, para presentar, a nombre de diversos Diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un proyecto de Decreto que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
La Diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su permiso, Diputado Presidente.
En México, la violencia en contra de las mujeres se incrementa cada día al amparo de la actuación omisa de gobiernos y funcionarios que la permiten y toleran; y con ello, nulifican el derecho de las mujeres y las niñas a vivir sin sufrir violencia.
La violencia contra la mujer es consecuencia de la discriminación y la persistencia de desigualdades históricas por el simple hecho de ser mujeres, situaciones que han sido difíciles de revertir en tanto que persiste la resistencia a generar cambios que modifiquen el statu quo y al lento avance en el desarrollo estrategias de transformación a partir del desarrollo de un marco jurídico y esquemas de educación, prevención y sanción de las diversas expresiones de violencia de género.
A pesar de los avances legislativos en la materia, en este país todavía nos enfrentamos a grandes espectros de violencia generalizada, en el contexto social y desde las instituciones a través de leyes restrictivas, selectivas, que discriminan e impiden a las mujeres el avance en muchas áreas, incluidas la erradicación de la pobreza, la salud, la educación y el desarrollo humano.
Han pasado más de 30 años desde la ratificación de la CEDAW por parte del Estado mexicano y de la reiteración constante de las recomendaciones de este comité, y la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia sigue siendo una asignatura pendiente.
Aún con el avance legislativo en la materia, no podemos negar que en México haya autoridades que ejercen violencia en contra de las mujeres al no proteger ni garantizar los derechos humanos, cuyo ejercicio se ve obstaculizado por estructuras, leyes y políticas que refrendan una visión androcéntrica y patriarcal que discrimina y violenta a las mujeres.
A nivel nacional, 42 de cada 100 mujeres declararon haber recibido agresiones emocionales en algún momento de su actual o última relación, que afectan su salud mental y psicológica, mientras que 24 de cada 100 recibió algún tipo de agresión para controlar sus ingresos y el flujo de los recursos monetarios del hogar, así como cuestionamientos con respecto a la forma en que dicho ingreso se gasta.
En cuanto a la violencia física, el Estado de México tiene el porcentaje más alto de mujeres afectadas con 15.5 por ciento, mientras que Sinaloa tiene 9.7 por ciento; la tasa nacional fue de 13.5 por ciento.
Las víctimas de violencia sexual cometida por sus propias parejas representan 7.3 por ciento. En este caso, las mujeres encuestadas declararon haber sufrido diversas formas de intimidación o dominación para tener relaciones sexuales sin su consentimiento. El 20.6 por ciento de mujeres ocupadas y mayores de 15 años sufrieron discriminación laboral.
Yo les pido, a los Senadores y a los Diputados que están en sus conversaciones, que yo tampoco quiero sufrir violencia por ser mujer, la que está participando aquí.
El INEGI advirtió que las tasas de violencia contra la mujer pueden ser mayores, ya que algunos estudios muestran que cuando el control sobre ellas es mayor, la subordinación y el sometimiento son más tolerados socialmente. Es decir, que la “naturalización” de la violencia está tan asimilada que no es percibida como tal por las propias mujeres.
Según INMUJERES y el INEGI, a pesar de tener el mismo nivel y puesto que un hombre, las mujeres recibieron menos salarios y tuvieron menos oportunidades para ascender o menos prestaciones, o bien, les bajaron el salario, las despidieron o no las contrataron debido a su situación conyugal, o también, en su lugar de trabajo les solicitaron la prueba de embarazo.
Insoslayables son los datos que arroja el estudio de Violencia Feminicida en México, que se registran 2 mil 335 muertes de mujeres al año con presunción de homicidio, mientras que diversas asociaciones civiles argumentan que entre 2011 y 2012 se cometieron 563 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 115 fueron investigados por feminicidio.
En estos 7 años de vigencia y aplicación, la ley ha demostrado su pertinencia, pero también algunas deficiencias, que a la par del escrutinio al que ha sido expuesto el Estado mexicano en cuanto a las acciones para atender la violencia de género, ha dejado al descubierto omisiones y errores que han traído como consecuencia una serie de recomendaciones, por organismos internacionales, que aún están pendientes de solventar.
En ese contexto, advertimos que la aplicación cotidiana de la ley ha dejado en claro la necesidad de precisar y actualizar algunos conceptos y procedimientos que facilitarían a las autoridades y las y los operadores jurídicos, tanto su comprensión desde las perspectivas de género, derechos humanos y niñez; así como, como su cabal aplicación.
Por ello, la iniciativa que hoy se propone es fundamental para cumplir con los tratados internacionales ratificados por México, que sea operativo en la aplicación de sanciones y medidas de protección para las mujeres que se encuentran en situación de riesgo o peligro.
De la misma manera, creemos que estas reformas son necesarias para aquellas prácticas jurídicas y consuetudinarias que respalden la persistencia o tolerancia de la violencia contra las mujeres, sean erradicadas, dando paso al verdadero acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.
Con esta iniciativa estamos, en algunos casos, habilitando y, en otros, fortaleciendo las capacidades de las autoridades para que vigilen el eficaz cumplimiento de los programas de atención y prevención de la violencia contra las mujeres.
Como complemento de la labor legislativa, que además en el entorno de nuestro federalismo, deberá de aplicarse en todas las entidades federativas.
Las modificaciones que se plantean enriquecen ampliamente el contenido de la ley, lo cual facilita y promueve el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pero, sobre todo, se inserta en el ámbito del principio de progresividad de los derechos humanos, correlativo a la función legislativa.
Por razones de economía legislativa, le solicito al Presidente de la Mesa Directiva instruya para que se incluya en el Diario de los Debates de esta sesión, la iniciativa íntegra que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Adelante Diputada, se incorpora su iniciativa íntegra al Diario de los Debates. Túrnese a la Comisión de Igualdad y Género de la Cámara de Diputados.
El siguiente apartado del Orden del Día es la aprobación de dictámenes que presentan las comisiones y sobre los cuales no hay reserva para discusión.
La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Doy cuenta con los dictámenes.
Tenemos seis dictámenes de la Primera Comisión, con puntos de Acuerdo:
Que exhorta a investigar y resolver el homicidio del policía Jesús Alberto Carrera Limón.
Que exhorta al gobernador del estado de Oaxaca a valorar el desempeño de su Procuraduría de Justicia.
Por el que se solicita un informe sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y adversarial en materia electoral.
Por el que se desecha la proposición que exhortaba a respetar los principios constitucionales y legales en materia electoral.
Por el que se desecha la proposición sobre los mecanismos de monitoreo en la temporada de lluvias y huracanes.
Y por el que se desecha la proposición que exhortaba al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, a resolver el conflicto de las empresas Uber y Cabify.
Asimismo, tenemos veinte dictámenes de la Tercera Comisión, con puntos de Acuerdo:
Que exhorta a conformar un consejo para la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa.
Que exhorta a garantizar que las actividades de la industria petrolera se realicen con respeto a los derechos de los propietarios y titulares de las tierras.
Que exhorta a realizar vigilancia en tiendas de autoservicio del comercio minorista para verificar que operan con estricto apego a la normatividad laboral.
Por el que se solicita al Poder Judicial del Estado de México un informe sobre las investigaciones en los que se encuentra involucrada la empresa OHL.
Que exhorta a realizar un estudio para determinar el daño causado por la derrama de crudo en 2010, por la empresa British Petroleum.
Por el que se solicita evaluar la pertinencia de implementar esquemas arancelarios a las importaciones de leche y sus derivados.
Por el que se solicita una investigación sobre el cumplimiento de los servicios de telefonía celular y de uso de datos.
Que exhorta a desarrollar un proyecto de organización de bancos comunitarios indígenas de semillas.
Por el que se solicita un informe sobre las acciones que se han llevado a cabo respecto al programa de atención a jornaleros agrícolas.
Que exhorta a revisar el manejo de los recursos ejercidos por la SEDATU en el estado de Guanajuato.
Que exhorta al gobierno del estado de Nayarit a informar sobre la elección del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios.
Que exhorta a la implementación de sistemas fotovoltaicos en edificios de la Administración Pública Federal.
Por el que solicita a PEMEX un informe sobre la situación de derechos laborales de los trabajadores.
Que exhorta a regular los servicios que prestan las organizadoras de eventos sociales.
Que exhorta a establecer apoyos a la industria del acero nacional.
Que exhorta a contrarrestar el tráfico ilegal de especies de flora y fauna silvestres.
Que exhorta a informar sobre la exclusión de municipios considerados como de muy alta marginación de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
Que exhorta a elaborar un estudio sobre los efectos generados a causa de la presencia de carbono negro.
Que exhorta a inhibir la pesca ilegal del pepino de mar.
Y uno más en materia de protección de los usuarios de los medios electrónicos de paga.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Consulto si alguien desea reservar alguno de los dictámenes anunciados por la Secretaría.
Debido a que los dictámenes no reservados se encuentran publicados en la Gaceta de este día, y así se hacen del conocimiento de la Asamblea.
Adelante, Diputada Lilia Aguilar.
La Diputada Lilia Aguilar Gil: En referencia al dictamen sobre OHL, que teníamos entendido que estaba reservado, lo ha leído como sin reserva, solamente para confirmar, y si no, se lo podemos reservar en este momento.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Hay dos dictámenes de OHL, de la cual usted está comentándonos, perdón, está reservado.
La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes que se han referido. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Aprobados los Acuerdos. Comuníquense.
Pasamos a la discusión de dictámenes reservados.
Tenemos la discusión del dictamen de la Primera Comisión, con punto de Acuerdo que exhorta al Consejo Estatal de Seguridad Pública del Estado de Veracruz a redoblar esfuerzos para certificar a su plantilla de elementos policíacos. El dictamen está publicado en la Gaceta.
Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Alejandro Montano Guzmán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Diputado José Alejandro Montano Guzmán: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores.
Para hablar a favor del dictamen, decir que desde el inicio de su gobierno, el señor Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, presentó seis líneas de acción en materia de seguridad pública, entre las cuales destaca la evaluación y la coordinación con el Distrito Federal, los gobiernos de los estados y los gobiernos municipales.
El Ejecutivo Federal llamó a los tres órdenes de gobierno a trabajar en estrecha coordinación para lograr mayores resultados en beneficio de la sociedad mexicana.
De esta manera, bajo la tónica de la evaluación y la coordinación, pero también a través de mecanismos de planeación, prevención, profesionalización y transformación institucional, hoy tenemos un México más seguro.
Los legisladores del Partido Revolucionario Institucional siempre hemos respaldado las acciones dirigidas a fortalecer nuestro Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los Diputados federales y Senadores del PRI, acordes con nuestra responsabilidad y sensibilidad social, hemos trabajado desde nuestros estados y desde el Congreso de la Unión para que la evaluación y certificación de los cuerpos policíacos sea una realidad.
En el caso del estado de Veracruz no ha sido la excepción, por el contrario, hemos encontrado un gobierno abierto, sensible y comprometido con los procesos de mejora de la seguridad pública. El sistema de seguridad pública estado de Veracruz está conformado por 21 mil policías; de los cuales, 7 mil 403 son estatales y ya fueron certificados en su totalidad; 6 mil 500 son municipales, 6 mil auxiliares y 2 mil agentes de seguridad privada, lo que convierte a esta entidad como uno de los estados con más elementos del orden.
La certificación se ha realizado dando cumplimiento a los acuerdos emanados del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Veracruz es la única entidad del país que cuenta con tres centros de evaluación y control de confianza del estado, avalados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que reafirma el compromiso de esta entidad con la certificación de sus elementos, dando la certeza a la ciudadanía que cuentan con los mejores elementos para garantizar su seguridad. Reconocemos el esfuerzo del estado de Veracruz en materia de seguridad.
En concordancia con la postura que siempre hemos asumido, nos manifestamos a favor del exhorto que se realiza al Consejo Estatal de Seguridad Pública de Veracruz, para que en el ámbito de sus atribuciones legales redoble esfuerzos a fin de certificar totalmente a su plantilla de elementos policiacos y, con ello, brinden un ambiente de mayor tranquilidad y confianza a la población.
Es menester informar que el estado de Veracruz ha implantado mandos únicos en diez ciudades importantes, y ha apoyado también a la policía de Marina en dos ciudades, como el Puerto de Veracruz y Coatzacoalcos.
Compañeras y compañeros legisladores, considero importante el cabal cumplimiento de los procesos de evaluación y certificación de los elementos policiacos en todo el país, a fin de que los mexicanos vivamos con mayor confianza y tranquilidad.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Se reserva para su votación conjuntamente con los demás dictámenes de este grupo.
Tenemos ahora la discusión del dictamen con punto de Acuerdo por el que se solicita un informe sobre las renuncias presentadas por presuntas irregularidades en el desarrollo inmobiliario en la Ciudad de México. El dictamen está publicado en la Gaceta.
Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Fernando Rodríguez Doval, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
El Diputado Fernando Rodríguez Doval: Muchas gracias, Diputado Presidente. Con su venia.
El día de ayer aprobábamos este punto de Acuerdo en esta Primera Comisión, y hoy lo haremos en este Pleno, que es de la máxima importancia para quienes vivimos en la Ciudad de México.
Como seguramente algunos ya han escuchado a través de los medios de comunicación, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene la intención de llevar a cabo un periodo extraordinario de sesiones, antes de que concluya el periodo de la VI Legislatura, o el mandato de la VI Legislatura, para modificar 41 usos de suelo de diferentes predios.
La Asamblea es la instancia, es la autoridad que tiene la competencia para ello.
Sin embargo, hay muchos grupos vecinales, de varias delegaciones, como pueden ser la Miguel Hidalgo, la Benito Juárez, Cuauhtémoc, Coyoacán, Azcapotzalco, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Iztacalco, Xochimilco y Tlalpan, que es donde están esos 41 predios, han mostrado ya su inquietud de que esta modificación aparentemente rápida, repentina, precipitada, quizás, de los usos de suelo, pueda ocasionar los males que acarrea un mal desarrollo urbano o un desarrollo urbano no planificado correctamente, que todos los conocemos, es la ausencia de agua, la ausencia de energía eléctrica, que aumenta el tráfico, que haya un negativo impacto ambiental, entre otros.
Por lo tanto, es que nosotros estamos en este segundo resolutivo que ponemos a consideración de este Pleno, solicitando a los compañeros Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que pudieran tener el mayor cuidado a la hora de hacer el análisis acerca de estos cambios de uso de suelo, que escuchen a los vecinos que, por supuesto, cumplan con todo el procedimiento establecido en la norma, para que no se genere ninguna suspicacia, porque también es cierto que ya se ha escuchado por ahí, que esta intención responde al inminente cambio de la configuración aritmética parlamentaria que sufrirá la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a partir del próximo mes de septiembre, cuando el Partido que hasta ahora ha sido hegemónico en el Distrito Federal, dejará de tener mayoría absoluta en ese órgano.
Por lo tanto, lo que estamos solicitando, y por eso pido el voto a favor de este resolutivo, de este punto de Acuerdo, es simple y sencillamente que se hagan las cosas bien, que no se hagan cosas buenas que parezcan malas, o que puedan generar suspicacias, precisamente ante la premura con la que se quieren aprobar o se pretenden todavía aprobar estos cambios de suelo, y ante, insisto, la inminente terminación de esta VI Legislatura en la Asamblea Legislativa.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Arturo Zamora Jiménez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Senador Arturo Zamora Jiménez: La Ciudad de México, antigua Ciudad de los Palacios, se encuentra inmersa en un proceso de modernización continúa, donde las autopistas urbanas, los segundos pisos, la construcción de grandes plazas comerciales y nuevos desarrollos inmobiliarios son parte del escenario cotidiano.
En este contexto, vemos barrios, colonias tradicionales que empiezan a cambiar paulatinamente de rostro, a veces con la oposición de sus comités de vecinos o de organizaciones de colonos, por lo que las afectaciones a sus viviendas, a su patrimonio y al entorno ecológico son irreparables.
Casos por mencionar sobran: la Línea 12 del Metro; las afectaciones a cientos de viviendas en la Delegación Tláhuac; el pueblo de Xoco, en el sur de la capital, donde hay edificios de hasta 20 pisos de corporativos, de empresas que han provocado graves problemas, que también generan escasez en el abastecimiento de agua para los antiguos pobladores de estas zonas y, por supuesto, un cambio radical en sus costumbres y su rol de vida.
Toda esta dinámica tiene como punto sensible y determinante los llamados usos de suelo.
Los usos de suelo en la Ciudad de México, en donde las casas del estilo y tiempo del Porfiriato, de pronto se convierten solamente en la fachada de grandes edificios, se respeta solamente la fachada, es de cantera, de herrería antigua, pero tras de esa fachada se destruye toda la edificación y se construyen grandes edificios.
Esta dinámica, efectivamente, la vemos con gran frecuencia en la capital del país, y vemos cómo se derrumban residencias, cómo se construyen comercios, cómo en algunos momentos colonias como la Del Valle, Roma, Narvarte, entre otras colonias, dan paso a la construcción de grandes edificios, lo cual también ha venido generando grandes problemas de movilidad urbana.
Todo esto en medio de la polémica, del malestar de los ciudadanos, de las organizaciones ciudadanas o los riesgos que implica en materia de seguridad urbana una serie de modificaciones a los usos de suelo que conllevan cierto desorden.
Es un tema muy importante, por eso el día de ayer dictaminamos en esta Primera Comisión, por unanimidad, precisamente, llevar a cabo un par de exhortaciones, una al gobierno del Distrito Federal y otra a la Asamblea.
En 2014, se presentaron un total de 3 mil 425 denuncias, que se recibieron en diferentes instancias, como son: la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; así como la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Urbano del Distrito Federal. Hay voces, entonces, que han estado planteando este tema.
Por supuesto que también es importante que recientemente se ha informado que la Asamblea del Distrito Federal tiene, entre sus pendientes, decidir la aprobación de otros 41 cambios de uso de suelo en zonas del Distrito Federal; por supuesto, la bancada del PRI respalda este dictamen, que el día de ayer se procesó en la Primera Comisión, por supuesto, con el respeto a las autoridades capitalinas y el respeto debido a la Asamblea Legislativa.
Es importante que hagamos una reflexión, sobre todo para que pensemos que lo más importante en materia de desarrollo urbano, lo más importante en cambios de uso de suelo es el usuario, es la persona, es el ciudadano, es el ser humano, que vive y convive todos los días aquí en la Capital del país, y esa es la razón por la que finalmente estamos solicitando a varias instancias, entre ellas, a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, que se hagan informes sobre esta materia para los efectos de que se pueda normar el criterio en las futuras decisiones que se realicen en materia de cambios de uso de suelo.
Por esa razón, estaremos votando a favor del presente dictamen.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Senadora Angélica de la Peña Gómez: Gracias, señor Presidente. Con su venia.
Hablar de lo que acontece en materia de desarrollo urbano en las grandes metrópolis es un tema sumamente complejo, es un problema nacional y es un problema que enfrentan prácticamente todos los países que están en vías de desarrollo, como el nuestro, y sobre todo por la gran concentración urbana de municipios, no solamente alrededor de las capitales de muchos de nuestros estados, sino por la necesaria búsqueda de trabajo, de mejores condiciones de vida por parte de las zonas rurales, que siempre buscan estas condiciones en las grandes ciudades.
Este problema tiene mucho tiempo, es un problema, por supuesto, de una gran preocupación, tiene que ver con la legislación que permanente se está perfeccionando en la materia de desarrollo urbano y vivienda, tiene que ver también con la revisión permanente de la legislación que debe de regular el cambio de uso de suelo rural, la granja, lo urbano, qué se yo.
Por supuesto que los debates alrededor de estos temas son muy complejos y son de una gran atención por parte de legisladoras y legisladores, no solamente en la Comisión Permanente, no solamente en las Cámaras del Congreso de la Unión, no solamente en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, sino en todos los congresos locales, fundamentalmente en todos los congresos del ámbito local.
¿Qué acontece en el Distrito Federal?
Ya me parece, y si me permiten opinar sobre este punto de Acuerdo, que se discutió en la Primera Comisión, me parece que los tres puntos están debidamente consensados, son puntos que, por supuesto, tenemos que aprobarlos, signarlos, fueron construidos, insisto, en consenso para que pudiera la autoridad, en este caso, del Distrito Federal, pues informar sobre algunas denuncias, no estamos prejuiciando, sino que debemos tener una información formal respecto a las denuncias que tienen que ver con presuntas irregularidades en el desarrollo inmobiliario de la Ciudad de México.
¿Qué dice la Secretaría? ¿Cuál es el procedimiento de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda del Distrito Federal?
En primer lugar, hay que mencionar que el Distrito Federal tiene una organización vecinal muy importante, no nueva, pero sí muy novedosa, porque no le encontramos, por cierto, en otras zonas metropolitanas del país.
En el caso del Distrito Federal, además de que existe desde hace mucho tiempo, es muy participativa, y hay un comité técnico que está integrado precisamente con los y las vecinas organizadas debidamente que, junto con las autoridades delegacionales, y por supuesto las distintas dependencias que tienen que ver con cada una de estas solicitudes que puede presentar cualquier particular, así lo dice la ley, pero que en la revisión de este comité técnico se verifica si ha lugar, o no, a la pretensión del cambio de uso de suelo.
Es lo que pasa en el Distrito Federal, ahí este primer paso que tome en consideración de manera concreta y particular lo que opinan también las y los vecinos de esa demarcación de ese territorio, inmediatamente pasa a la Asamblea Legislativa, quien finalmente, en función de lo que establece la ley, determina si se autoriza o no se autoriza determinada solicitud. Ese es el procedimiento.
Ahora bien, me parece que es muy importante destacar que en esta discusión, no es una discusión solamente que la autoridad que está inscrita en el Poder Legislativo, que en este caso es la Asamblea Legislativa, lo decida de motu proprio, como pasa en otros congresos locales, por cierto del país; aquí no, hay un procedimiento en donde participa la autoridad delegacional, la demarcación territorial y participan además, también, distintas autoridades para ver los impactos y, por supuesto, también vecinas y vecinos.
De tal manera que me parece que es muy pertinente cómo la Primera Comisión decide estos tres puntos de Acuerdo para darle causa a la solicitud, a la inquietud presentada aquí por distintas legisladoras y legisladores integrantes de la Comisión Permanente.
Entonces, simplemente, señor Presidente, legisladoras, legisladores de la Comisión Permanente, quiero dejar constancia de que me parece que, como está inscrita la preocupación en estos puntos de Acuerdo, permiten ciertamente tener una información no prejuiciada, una información formal, debidamente sustentada, justamente en esta oficialidad de las dependencias y de las estructuras y los procedimientos planteados en la propia normatividad del Distrito Federal, que nos permitirán seguramente tener las condiciones para conocer cómo va el procedimiento.
Finalmente, el que las y los legisladores en determinado congreso o en la propia Asamblea Legislativa decidan hasta el último día convocarse para reunirse en sus plenos, ese es un tema muy interesante, porque, por cierto, acontece en todos los 31 congresos locales del país, acontece igualmente en las propias Cámaras del Congreso de la Unión, y mientras que no exista una norma expresa en contrario, pues siempre estarán en funciones las y los legisladores, como es el caso de la Asamblea Legislativa, para reunirse en tiempo y forma como lo señala la Constitución.
Tenemos la discusión del dictamen que exhorta a implementar las medidas necesarias para garantizar la protección y un trato digno a los refugiados que ingresan a nuestro país. El dictamen está publicado en la Gaceta.
La Diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, señor Presidente; con su permiso, compañeras y compañeros legisladores.
Referido a este dictamen derivado de la reforma constitucional, en materia de derechos humanos, nuestro país dio la necesaria preponderancia a este tema.
Con ello también se incorporó el principio de que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarían de conformidad no solo con la propia Constitución, sino con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
Los puntos de Acuerdo que ha aprobado la Primera Comisión son congruentes con este principio, y por ello, en Nueva Alianza queremos manifestar nuestra anuencia en dichos exhortos.
El 20 de junio se celebró el Día Mundial de los Refugiados.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, este tema ha alcanzado enormes proporciones.
De acuerdo con las estadísticas más recientes de este Alto Comisionado, alrededor de 6 millones de personas, sin incluir el caso de los refugiados palestinos, han estado viviendo en el exilio durante al menos 5 años.
De acuerdo con nuestro artículo 11 constitucional, toda persona tiene derecho a solicitar asilo en caso de persecución, por motivo de orden político; y por razones de carácter humanitario, recibiría refugio.
La tradición en nuestro país como destino de asilo es conocida a nivel internacional, por ello existe un marco normativo adecuado para ese tema.
Asimismo, se cuenta con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, cuyas cifras al mes de noviembre de 2013, señalaba que en nuestro país había 1,674 personas refugiadas provenientes principalmente de Centroamérica.
A pesar de ello, como lo refiere el punto de Acuerdo, los refugiados en nuestro país se enfrentan a una diversidad de problemas cotidianos que van desde la barrera del idioma, la discriminación laboral o el desconocimiento de sus documentos de residencia, situaciones que dificultan su adecuada integración a nuestra sociedad.
De este modo, en Nueva Alianza coincidimos plenamente con el exhorto promovido por el Diputado Enrique Aubry, a fin de que se pongan en práctica medidas necesarias para garantizar la protección y un trato digno a los refugiados que ingresan a nuestro país.
Es decir, que garanticemos en nuestra frontera, a los que ingresan por nuestra frontera sur, lo que exigimos y nos duele que no se respeta en nuestra frontera norte.
Ya que la protección de los derechos humanos, principalmente en sectores de la población que se encuentran en situación de vulnerabilidad, es uno de los pilares de nuestra agenda legislativa, y en esa tesitura se ubica, sin duda, la infancia, un grupo al cual se le debe garantizar un desarrollo armónico adecuado.
En diciembre de 2014 se publicó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, dicho ordenamiento prevé en sus artículos transitorios diversas obligaciones, entre ellas las de las legislaturas de las entidades federativas para realizar las modificaciones legislativas conforme a lo dispuesto en la ley, otorgándose un plazo de 180 días naturales posterior a su entrada en vigor.
Del mismo modo, el Artículo Séptimo Transitorio del Decreto señala que el Sistema Nacional de Protección Integral deberá quedar instalado dentro de los 180 días naturales posteriores a la publicación del Decreto, plazo que se cumplió el pasado 6 de junio.
La trascendencia de la edad referida no es menor para Nueva Alianza, ya que se crea el Sistema Nacional de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia, cuyo propósito radica en integrar a los representantes de las instituciones de los diferentes sectores y niveles de aplicación de la política nacional de protección integral de la niñez y adolescencia, para garantizar el pleno goce de sus derechos, motivo por el cual es apremiante que las entidades federativas que aún no realizan armonización a sus leyes locales con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, cumplan con esta obligación, destacando también la importancia de que se instale el Sistema Nacional de Protección Integral.
Por ello, coincidimos con el exhorto que promovió la Diputada Verónica Juárez, en ese sentido.
Las entidades que hasta ahorita no han cumplido son: Baja California Sur, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas.
Para mi grupo parlamentario, lo esencial es garantizar a cabalidad los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como de los grupos más desprotegidos de nuestra sociedad. A ello nos hemos comprometido, y por eso hoy nos reunimos exclusivamente a apoyar este exhorto promovido por los Diputados promoventes.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Para hablar también sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Amalia García.
La Diputada Amalia Dolores García Medina: Gracias.
Es el tema de emigrantes, y tiene que ver con el refugio.
Efectivamente, México es un país que tiene una gran tradición de, no solamente garantizar asilo, sino también refugio a miles de personas.
El siglo XX fue característico porque ante el riesgo que tenían miles y miles de niños en la Segunda Guerra Mundial, desde España fueron trasladados y recibidos en nuestro país.
Esta es una nación, que México le dio no sólo respeto, sino generó un enorme respaldo a nuestra nación y coincidencia con nuestra tradición y nuestra historia.
También, a finales del siglo pasado, México se distinguió porque ante gobiernos militares y ante dictaduras abrió las puertas a aquellos que deseaban salvar su vida.
El refugio y el asilo son 2 tradiciones con las cuales México ha estado comprometido a lo largo de los años.
Efectivamente, el asilo es una figura que está tipificada para aquellos que tienen riesgo político, son perseguidos, perseguidas políticas.
En el caso del refugio, es una figura que se ha diseñado para abrir las puertas a quienes corren riesgo, no necesariamente por razones políticas.
Y en el caso de Centroamérica, si algo caracteriza hoy la migración de miles y miles de personas, especialmente jóvenes, y yo destacaría el caso de Honduras, que es uno de los países con más alto índice de asesinatos por armas de fuego de jóvenes, y es un país que está siendo vaciado por aquellos miles que huyen de la violencia.
Lo que encontramos es la pertinencia, la necesidad de que salven sus vidas, y llegan muchos de ellos a México.
Me parece, entonces, pertinente que efectivamente esta gran tradición de México de asilo y de refugio, que además está no solamente respaldada en nuestra historia, sino en el compromiso de México y en sus leyes y en instrumentos internacionales, se abra mucho más en estos días, y lo digo porque, revisando las cifras de las deportaciones de México hacia Centroamérica, en los últimos 6 meses, han sido deportados más de 90 mil centroamericanos y centroamericanas, muchos de ellos menores de 18 años, niñas y niños no acompañados.
Es pertinente, es urgente que efectivamente la COMAR, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, se abra para que puedan ser recibidos, junto con sus familias, aquellos que son perseguidos, y también los adultos, y que junto con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugio, se diseñen mecanismos para su protección.
Hoy, sin embargo, no se está protegiendo, desde el punto de vista de quienes hemos analizado la situación de los migrantes centroamericanos en México, su seguridad, ni su integridad.
La política prioritaria que se está siguiendo por México es la deportación fastrack, sin considerar, en el caso de niñas y niños, su interés superior, que debería significar un alto en el camino para ver si la deportación no va a significar un riesgo altísimo para su vida. Esto tendría que considerarse, y me parece que estamos en el momento preciso y justo, después de que se ha hecho esta celebración por el Día Mundial del Refugio, para revisar lo que está pasando en México.
Que en México se abra la posibilidad del refugio, que se ponga por delante el reconocimiento de que los migrantes tienen derechos, y que dejar su lugar de origen no significa la pérdida de esos derechos, y que la prioridad a la hora de atender a los migrantes es el concepto, no de seguridad nacional, sino el concepto de seguridad humana. Eso es lo que tiene que estar por delante.
Y, por supuesto, espero que las voces en esta Comisión Permanente, permitan que México dé un paso para esta protección y no para la deportación en caliente, sino atendiendo a las causas de esa migración; ser, con esa tradición y con esos instrumentos internacionales que tiene México, solidario con quienes buscan una protección.
Tenemos la discusión del dictamen por el que la Comisión Permanente reconoce la actuación de los elementos de seguridad involucrados en la protección de la ciudadanía los días 10 y 12 de junio de este año. El dictamen está publicado en la Gaceta.
Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Abel Octavio Salgado Peña, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Diputado Abel Octavio Salgado Peña: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores:
Las y los legisladores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, estamos convencidos de que son más quienes se dedican al servicio público de manera honesta, que aquellos que tuercen el camino y violentan la función para la que fueron designados.
Nuestra convicción parte de hechos palpables y no de buenos deseos. Ahí están como muestra los llamados Ángeles Verdes, quienes gozan de merecida fama mundial por apoyar amablemente a los conductores cuyos vehículos sufren averías en carreteras.
Los bomberos, en todas las entidades federativas, a quienes poco importa su vida en el noble afán de rescatar a las víctimas de incendios y conflagraciones diversas.
Los paramédicos, que proporcionan primeros auxilios a gente que se encuentra muchas veces en peligro de muerte.
Los médicos del sector salud, que luchan por reestablecer la salud de millones de mexicanos afectados por padecimientos de muy diversa índole.
Lamentablemente y por diversas circunstancias, que son de todos conocidas, la imagen de nuestros elementos de policía no es la que debiera corresponder a la de un país en el que impere el estado de derecho.
Muchas y graves son las acusaciones que diariamente se dan a conocer en contra de los agentes de la seguridad.
La situación ha llegado a un nivel de gravedad tal, que el propio Presidente de la República propuso una serie de medidas a efecto de recobrar la confianza y operatividad de los cuerpos policiacos de las entidades del país.
Sin embargo, tampoco es difícil encontrarnos con guardianes del orden que prestan su auxilio a la población cuando ésta lo necesita, tal situación dista de ser extraña.
Lo que ocurre es que los errores y excesos ocupan más espacios en la opinión pública que las buenas acciones.
Lo anterior se menciona toda vez que el dictamen que nos ocupa tiene como objetivo reconocer a dos elementos de policía involucrados en hechos que significaron la protección de la ciudadanía, nos referimos a lo ocurrido el 10 de junio, cuando Jorge Eduardo Damasco García, quien al parecer tiene un largo historial delictivo por robo de vehículo, relojes y hasta secuestro, intentó asaltar a un conductor, siendo baleado por un policía de investigación en la Avenida Constituyentes de la Ciudad de México, lo que provocó inmovilidad permanente en sus piernas.
Hoy sabemos que el agente que accionó su arma, a favor de un ciudadano, responde al nombre de Ricardo López Lara, y que ha recibido un reconocimiento por parte del gobierno del Distrito Federal.
También nos referimos a lo acontecido el 12 de junio, cuando un vigilante fue herido en un centro comercial, ubicado al sur de la Ciudad de México, al intentar frustrar un asalto en contra de un cuentahabiente, que había retirado 35 mil pesos de un banco. Hablamos de Edgar García Becerril, quien fue baleado y por ello trasladado a un hospital para su atención.
En ambos casos, estamos hablando de elementos de seguridad que no dudaron en auxiliar a personas inermes que estaban siendo amenazadas de muerte por peligrosos delincuentes.
Nos referimos a hechos heroicos realizados en aras de proteger la seguridad de otros, sin esperar nada a cambio.
Uno y otro elemento de seguridad, son ejemplo de lo que debe ser un funcionario dedicado a proteger a la población, y es por ello que su labor debe ser reconocida con la más alta de las condecoraciones previstas por las leyes de la capital del país.
Por eso nos unimos al contenido de la presente proposición con punto de Acuerdo, toda vez que consideramos que es importante destacar la labor de la policía de la Ciudad de México, que ha cumplido con su deber, con lealtad, como son los dos elementos que ya hemos mencionado.
Pasamos a la discusión del dictamen que exhorta a las Procuradurías de Justicia de los estados de Guanajuato y de Sinaloa, a investigar y resolver los homicidios de María Teresa Adona Ponce y Luis Oswaldo Duarte Jiménez, respectivamente. El dictamen está publicado en la Gaceta.
Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Fernando Belaunzarán Méndez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Bueno, este es un dictamen muy sentido en la comunidad médica, muy importante para los estudiantes, sobre todo para los que ya son pasantes, y ustedes saben que el servicio social es clave, básico.
Si algo le hace mérito al nombre de servicio social, todavía, algo que se debe discutir, por cierto, en las universidades, cómo hacer que el servicio social verdaderamente vaya a quien más lo necesite.
Bueno, quien ha mantenido esa mística, por decir algo, ese carácter de servicio social, precisamente son los médicos, en su formación, que se van a las zonas apartadas del país a poner sus conocimientos a la gente que más lo necesita.
Pero, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que, en territorios apartados por los problemas de seguridad que tenemos, con esto que yo he llamado y reiterado, la fallida guerra contra las drogas, que ha generado tanto daño social y ha generado tanta violencia e inseguridad en el país, pues eso también ha pegado a los médicos, a los que hacen servicio social.
Tenemos dos estudiantes que han padecido y han fallecido, han sido asesinados, pero no solo son estos dos, que son muy lamentables; ha habido otros casos de secuestro, incluso de extorsión que han tenido que salir y otros que han tenido, también, víctimas fatales, y es una preocupación.
Y entonces les presentamos un dictamen, que yo diría que es genuinamente pluripartidista, porque incluso lo fuimos perfeccionando, mejorando, no solo pidiendo que se esclarezcan estos dos terribles casos, sino también que se tomen medidas preventivas para que esto no vuelva a ocurrir.
Entonces, estamos exhortando a las procuradurías de todos los estados, al sector salud, que hace la distribución de los estudiantes del servicio social, con el Sistema de Seguridad Pública Nacional, para que se coordinen y se den condiciones de seguridad.
El Senador Romero Hicks comentó en esta reunión de la comisión, que incluso se está pesando, quizás que vayan en parejas los estudiantes que hacen servicio social, para de alguna manera protegerse.
¿Por qué es tan importante y tan apremiante esto? Porque la peor salida sería que los estudiantes no fueran a hacer servicio social a estos lugares apartados. Porque son estos lugares apartados donde más se necesita ese trabajo, esa labor, es esencial para la salud, es esencial para los más necesitados, para las comunidades más marginadas.
Es decir, que si la inseguridad nos vence en este caso, quienes pagan el pato, como siempre, son los que menos tienen y las comunidades más marginadas.
Por eso tenemos que defender este propósito, esta mística del servicio social, que lo practican los médicos que no lo han perdido y discutir, junto con las universidades, para relanzar, me parece, el servicio social y que sea de gran impacto, como lucha contra la desigualdad, por una sociedad más igualitaria, más justa.
Y este trabajo pluripartidista no ha terminado. Ahorita, en un momento, el presidente de la comisión va a presentar un acuerdo que enriquece más aún esto que es muy sentido por la comunidad médica, por los estudiantes.
Entonces, yo hablo como miembro de la Primera Comisión, en sustitución de mi compañera Lizbeth Rosas, estoy muy satisfecho con este dictamen, y los invito a que voten a favor, con el enriquecimiento, con la propuesta que hará el presidente de la comisión, el Senador Zamora.
El Senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor Presidente.
Sin duda alguna, el trabajo que hemos venido realizando en la Primera Comisión, con la participación de Diputadas, Diputados, Senadoras y Senadores, pues ha permitido construir gran parte de las preocupaciones que existen en el ámbito nacional, y ésta es una de ellas, el tema relativo a los pasantes de medicina, que estudian en las escuelas públicas y privadas, donde por exigencia, por supuesto, académica y de práctica, pues ellos tienen que acudir al territorio nacional, en donde ellos con su trabajo, en el desempeño de su actividad, no solamente adquieren experiencia, sino que cubren prácticamente el 60 por ciento del territorio nacional, en las grandes necesidades de atención a la salud, sobre todo, como ya lo dijo el Diputado Fernando Belaunzarán, en las comunidades más alejadas del territorio nacional.
Estos servidores públicos, entre comillas, porque aún en el caso de que perciban una prestación, que no es lo que realmente ellos requieren para su desplazamiento y manutención. Ellos como pasantes de la carrera de medicina se ven expuestos, efectivamente, a serios y graves riesgos.
Y hay antecedentes en donde, definitivamente, pues nosotros como Cámaras, en donde estamos actuando en el ámbito de esta Permanente, recogemos lo que la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina, plantean en el sentido que desde el 2006 al 2012, al menos 71 pasantes de medicina han sufrido todo tipo de agresiones. Mujeres y hombres que han sido vejados, extorsionados, secuestrados e incluso lamentablemente asesinados.
Por esa razón, los puntos de Acuerdo que aquí se abordan y en lo cual coincidimos todos los integrantes de esta comisión, son puntos de Acuerdo que permiten, por un lado, exhortar a las autoridades para que les brinden el marco de seguridad.
El día de hoy, haciendo una revisión también de los antecedentes sobre esta materia, encontramos que existe en proyecto una Norma Oficial Mexicana, la NOM-009-SSA3-2013, la cual está prevista para regular las condiciones físicas de las unidades médicas y que permita garantizar la seguridad de los pasantes que presten su servicio social.
Esta Norma Oficial Mexicana no se ha emitido, razón por la cual, estamos solicitando respetuosamente a la Mesa Directiva, se tome en consideración este tema para que se exhorte respetuosamente a la Secretaría de Salud, para que emita, a la brevedad, esta Norma Oficial Mexicana, y se cumpla.
En este sentido, el Senador Juan Carlos Romero Hicks, la Senadora Angélica de la Peña, el Diputado José González Morfín, el Senador Manuel Cavazos Lerma, el Diputado Fernando Belaunzarán, el Diputado Abel Salgado Peña, la Senadora Pilar Ortega, la Senadora Graciela Ortiz, el Diputado Tomás Torres Mercado, el Diputado Manuel Añorve, la Diputada Lilia Aguilar y un servidor como integrantes de esta Primera Comisión, estamos solicitando que se agregue esta adición, que seguramente va ser de gran utilidad en el proceso de la exhortación que se realice.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: A fin de dar trámite a la propuesta presentada por el Senador Arturo Zamora Jiménez, solicito a la Secretaría le dé lectura e inmediatamente consulte a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión.
La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Doy lectura a la propuesta, señor Presidente.
“Tercero. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, a emitir a la brevedad posible la Norma Oficial Mexicana NOM-009-SSA3-2013, la cual regula las condiciones físicas de las unidades médicas y permita garantizar la seguridad de los pasantes que prestan su servicio social”.
Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.,
Se admite a discusión, señor Presidente.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Consulte, ahora, si es de aprobarse, señora Secretaria.
La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta. Quiénes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
Quiénes estén por la negativa, favor de levantar la mano.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Se integra al dictamen.
Tiene la palabra el Senador Arquímedes Oramas Vargas.
El Senador Arquímedes Oramas Vargas: Gracias, señor Presidente.
De manera especial, creo que hemos dado un paso muy importante, quienes tenemos la gran obligación de atender y dar salud, y quienes hemos estado en los senos universitarios, en las escuelas de medicina, tenemos la obligación de garantizar, no solamente que el conocimiento que nosotros brindamos, la formación que les damos a nuestros estudiantes, sino que también hagan el ejercicio de la profesión, como siempre, ahí en cada uno de los lugares en que se requiere. Pero esto ha sido vulnerado.
Yo me sumo de manera muy especial, y el grupo parlamentario del PRI considera que es de suma importancia que se conserve la integridad de los pasantes del servicio social, que han sufrido en repetidas ocasiones, y que no existen realmente en este momento estadísticas que puedan, en un momento dado, reflejar lo que se ha presentado.
En lugares muy alejados se ha presentado no solamente la agresión física, sino también la agresión sexual. Yo creo que, de manera muy especial, tenemos que cuidar a nuestros pasantes del servicio social de medicina que están ahí en las comunidades, en los lugares más apartados. Y como bien se ha mencionado, hoy más que nunca es tiempo de poner las cosas en su lugar y decirles a todos, a todos quienes estamos involucrados en dar la salud, en las autoridades de la Secretaría de Salud, en quienes garantizan la seguridad y en los universitarios, ahí a las zonas donde deben de llegar, que los cuiden, que cuiden a nuestros pasantes de medicina, que los cuiden porque ellos no solamente hoy están garantizando dar un mejor servicio, sino también están haciendo que haya un México más próspero para nuestros hijos.
Muchas gracias por su atención, estimados compañeros Senadores, y apoyamos este punto de Acuerdo.
Tenemos ahora la discusión del dictamen que exhorta a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los congresos de diversos estados a realizar la armonización a sus leyes locales con la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. El dictamen está publicado en la Gaceta.
Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Filiberto Guevara González, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El Diputado Javier Filiberto Guevara González: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:
Entre las preocupaciones centrales del Estado mexicano está la protección de las niñas, niños y adolescentes. Prueba de ello es el principio constitucional del interés superior del menor, consagrado en el artículo 4o. de nuestra ley fundamental, así como el establecimiento e incorporación de diversos instrumentos enfocados a garantizar el pleno ejercicio de sus derechos.
Sin duda, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014, demuestra nuestro compromiso con la niñez mexicana.
Con la implementación de este ordenamiento jurídico se beneficia a los 41.5 millones de niñas, niños y adolescentes que hay en nuestro país. Para dimensionar la relevancia del presente asunto, es importante mencionar que, entre otras cuestiones, en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, se considera a las niñas, niños y adolescentes como un sujeto de derecho y se establecen los principios rectores que orientarán la política nacional en materia de protección a la niñez.
Asimismo, en la nueva legislación se prevén las facultades, competencias, concurrencias y bases de coordinación de los tres órdenes de gobierno, los poderes del estado, los órganos constitucionalmente autónomos y la sociedad civil organizada.
Como se refiere en el dictamen, en el Artículo Segundo y Séptimo Transitorio de la Ley, respectivamente, se estableció que dentro de los 180 días naturales siguientes a su publicación, por un lado el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberían armonizar sus leyes; y por el otro lado, tendría que quedar instalado el Sistema Nacional de Protección Integral.
En relación al exhorto del dictamen que nos ocupa, es importante precisar que el pasado 6 de junio venció el término establecido para llevar a cabo ambas acciones y de ahí la competencia del presente asunto.
Bajo este contexto, si bien es cierto que los congresos de las entidades en las que todavía no se armonizan sus legislaciones, se encuentran en un proceso de dictaminación, y con la plena intención de cumplir con lo establecido en el Transitorio Segundo de la ley, también lo que debido a su trascendencia y de la vital importancia que se desarrolla con la prontitud posible.
Estamos a favor de que en todas las entidades se lleve a cabo la armonización de su legislación con la nueva legislación en materia de niñas, niños y adolescentes
Ante este panorama, en el grupo parlamentario del PRI estamos convencidos que como ha sido hasta ahora, una vez más se privilegiará el bienestar de nuestra niñez. Por ello reiteramos que el sentido de nuestro voto y hacemos el llamado a que se pronuncien en el mismo sentido.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Agotada la discusión procederemos a la votación de los dictámenes de la Primera Comisión.
La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes que ya se discutieron. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
Tenemos la discusión de dictámenes de la Segunda Comisión.
El primero de ellos es el relativo a la esclerosis múltiple. El dictamen está publicado en la Gaceta.
Quiero recordar un hecho reciente y que me permitan también trasladarlo, en un momento dado, a algo que pudiera ser parte de nuestra vida cotidiana.
Recientemente fuimos testigos de una campaña que inundó las redes sociales y en las que estuvieron involucradas muchas figuras públicas nacionales e internacionales.
Recordemos el reto que se estableció a través de las redes sociales. El reto de bañarse con una cubeta de agua helada, a fin de sentir, por un momento, el doloroso entumecimiento del cuerpo, y con ello querían concientizar sobre un padecimiento llamado “Esclerosis Múltiple”, el cual afecta principalmente a personas en la plenitud de su vida.
Entonces, hagamos un breve ejercicio, imaginémonos por un momento la siguiente situación: un día, sin aparente motivo, comienzan a sentir una intensa fatiga, pérdida de equilibrio o un ligero hormigueo en alguna parte de su cuerpo y no se les quita con ejercicios, masajes o medicamentos.
Después, pierden gradualmente la sensibilidad y la movilidad, empieza en la trayectoria de hacerse estudios y después de varias pruebas e interpretaciones de variadas consultas, especialistas y visitas a diversos médicos, reciben un diagnostico que parece una sentencia: se les diagnóstica Esclerosis Múltiple.
Pero también se les informa que es una enfermedad crónica y progresiva o degenerativa del sistema nervioso central, que se manifiesta por la aparición de placas o el endurecimiento de distintas zonas del cerebro y de la medula espinal, y que lamentablemente es una enfermedad que dura toda la vida.
Al informarse en ese deseo de conocer información para que se deseche ese padecimiento o para negarse a tener ese padecimiento, se enteran que en el mundo la padecen más de 2.5 millones de personas, o que es la causa más frecuente de minusvalidez de origen neurológico, en un dato muy importante, en adultos jóvenes entre los 20 y 40 años, es decir, en la etapa de su vida más productiva.
Y que con un poco de suerte, serán la mitad de los enfermos que no tienen la modalidad de esclerosis progresiva, pues ello representaría una degradación acelerada de su calidad de vida, haciendo muy dolorosa e insoportable muchas de las más simples cosas, como es el caminar o sencillamente respirar.
Sin embargo, nadie nos prepara para el gran impacto que produce esta sintomática y multifactorial enfermedad sobre su cuerpo, sus fuerzas físicas, su funcionalidad social, económica, productiva y emocional.
En nuestro país enfrentan está realidad aproximadamente 20 mil mexicanos y mexicanas, 90 por ciento residentes de la región norte del país, con una alta incidencia en mujeres jóvenes y es la primera causa de discapacidad no traumática en hombres y jóvenes en el país.
Pero a pesar de los continuos estudios y revelaciones de las investigaciones realizadas al respecto, aún no se advierte la existencia de una política pública en materia de salud, enfocada la atención preventiva y pertinente para esta enfermedad, cuyo oneroso tratamiento, hace que muchos de los que la padecen, la abandonen o simplemente no puedan ni siquiera iniciar el tratamiento.
Como representante de Nueva Alianza, coincido plenamente con mis compañeras y compañeros legisladores, en la necesidad de promover a nivel nacional o internacional, un día dedicado a concientizar y difundir los síntomas, diagnóstico y tratamiento de dicha enfermedad, es decir, un día que nos permita ser más conscientes de esta enfermedad que lacera a un buen número de mexicanas y mexicanos.
De igual manera, reconozco la visión demostrada para incluir en el exhorto que la autoridad responsable analice la posibilidad de incluir esta enfermedad en el catálogo de enfermedades del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
Promover, proteger y coadyuvar para la vigencia del derecho a la salud de los mexicanos es y será uno de los principios morales que ha guiado la labor legislativa de mi grupo parlamentario.
Por ello, apoyamos este punto de Acuerdo, pues acciones legislativas como esta mejorarán, sin duda, sustancialmente la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Arquímedes Oramas Vargas, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Como bien comenta mi compañera legisladora, hablar sobre la Esclerosis Múltiple es hablar no solamente de una enfermedad que ataca y que lastima a la sociedad, sino que también genera no solamente pérdidas económicas, sino también genera un problema de voluntad a las personas.
Ciertamente, esa enfermedad, que es una enfermedad del sistema nervioso central, que afecta al cerebro y en forma especial a la médula espinal, lo que hace que tengan presencia en muchas ocasiones progresiva de invalidez. Todas las personas estamos propensas a sufrir esa enfermedad.
Desafortunadamente no hay cura para ella, en México todavía está catalogada una enfermedad de bajo riesgo, porque solamente se presentan 15 casos de cada 100 mil personas.
No obstante, sólo el 40 por ciento de estos pacientes cuentan con cobertura que otorga la seguridad del Estado.
Las estimaciones para nuestro país dicen que hay más de 5 mil pacientes registrados y se puede llegar a pensar en más de 20 mil.
Es cierto que tenemos que hacer y tenemos que legislar y apoyar ese tipo de situaciones
El gobierno federal se ha sumado la lucha en contra de este padecimiento, y el año pasado, el Consejo de Salubridad General, resolvió determinar a la Esclerosis Múltiple como una enfermedad de alto costo, razón por la cual se sumó al Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular.
Es una obligación de esta Soberanía sumarse a la lucha para apoyar a esos pacientes.
Y yo creo de manera muy especial, que el personal que labora en las entidades federativas y en el distrito federal, deben de estar ampliamente capacitados para detectar en los primeros síntomas y así pudieran hacer no solamente un mejor diagnóstico, sino un mejor tratamiento.
Los legisladores de Partido Revolucionario Institucional, estamos convencidos que la salud es parte fundamental para el desarrollo de nuestro país, para que tengamos una vida digna, por esta razón nos sumamos al exhorto para que los pacientes con Esclerosis Múltiple, sean atendidos debidamente. Es importante contar con una radiografía de lo que está pasando realmente en nuestro país, no está todavía determinado.
Por ello me sumo en forma personal, y nuestra fracción parlamentaria se suma a este exhorto por el bien de México y por el bien de nuestros hijos.
Pasamos a la discusión del dictamen que exhorta a implementar una campaña de valores y actitudes que permitan la sana convivencia de las niñas, niños y adolescentes. El dictamen está publicado en la Gaceta.
Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra al Senador Daniel Amador Gaxiola, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Agotada la discusión, procederemos a la votación de los dictámenes de la Segunda Comisión.
La Secretaria Senadora María del Pilar Ortega Martínez: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes que ya fueron discutidos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
Tenemos ahora la discusión de los dictámenes de la Tercera Comisión que se reservaron.
Iniciamos con el relativo a los derechos de los jornaleros del Valle de San Quintín. El dictamen está publicado en la Gaceta.
Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Lilia Aguilar Gil, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
La Diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor Presidente.
En México, alrededor de 3 millones de personas trabajan en situación de explotación laboral, es decir, que cerca de la mitad de ellos no recibe ningún tipo de ingresos, es básicamente el sistema de esclavitud que se conocía alrededor de la época de la Revolución, o para aquellos creyentes de la historia cíclica, lo que se conoce como el feudalismo mexicano de la tienda de raya y de la pertenencia de la prole.
La explotación laboral en México afecta tanto a hombres como a mujeres, pero en el mundo cuando menos se considera que en los últimos cinco años, 11.4 millones de mujeres y de niñas han sido incluidas a los números de la explotación laboral; 9.5 millones de hombres y niños, esto de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo.
Más de 19 millones de víctimas son explotadas por individuos o empresas privadas y más de 2 millones por el Estado, sí, por el Estado mexicano, tal y como se oye.
El trabajo forzoso en la economía privada no es nada despreciable porque genera ganancias anuales ilegales de 150 mil millones de dólares, esto también datos de la Organización Internacional del Trabajo.
Y aunque faltan informes a fondo sobre este tema, para México se considera que en este país son precisamente los indígenas y los migrantes los más vulnerables del trabajo forzoso.
Los jornaleros de San Quintín, a los que se les huyó a discutir el tema durante mucho tiempo en esta Comisión Permanente, son precisamente el ejemplo más claro que tenemos, no solamente del abuso laboral, sino diría yo de la esclavitud y de la explotación con cero remuneración que puede llegar a generar un estado que simplemente cierra los ojos y deja pasar a estas empresas que generan este sistema de esclavitud.
Durante muchos años en este país, se ha generado una cultura de violación a derechos humanos a personas, como los jornaleros de San Quintín, que son simplemente quienes se decidieron y tuvieron el valor de levantar la voz para dejar en evidencia algo que sucede en muchos estados de este país.
No solamente las jornadas se les paga a sueldos de miseria, sino que viven en grandes solares o viven a la intemperie, o viven en los campos, o son tratados como animales, la comida se les resta, sí, como en las viejas tiendas de raya, o en su defecto, las situaciones de alimentación que tienen son como si fueran alimentados en viejas fábricas que solamente les dan lo mínimo para que los chamaquitos, dicen por allá en mi tierra, de 8 años que ya tienen la capacidad de levantar un saco de papas o de chile, puedan tener la fuerza suficiente para hacer.
El respeto a los derechos humanos de los jornaleros no es un tema aislado de Baja California, es un tema que está extendido en todo el país, el problema es que todos nos hemos negado a verlo como un problema generalizado en México.
En Chihuahua, mi estado, y lo he dicho con todas sus letras, específicamente en el área del noroeste, existe una gran comunidad de indígenas de Guerrero que son contratados y que son explotados por algunos rancheros que toman la mano de obra barata y que los hacen vivir en un sistema de completa explotación, que los dejan vivir en los campos y que aprovechándose de que no hablan español, no les dan educación, no les dan los servicios médicos básicos y, sobre todo, no les dan un trato humano.
Lo que hoy se dictamina es el resultado de una serie de puntos de Acuerdo que no solamente vienen de su servidora, del Senador Manuel Bartlett, y de muchos Diputados y Senadores de distintos grupos parlamentarios, lo que requerimos no es solamente una llamada a misa para venir a hablar aquí de la explotación o de la esclavitud moderna, necesitamos que el sistema económico de este país verdaderamente tome cartas en el asunto, es decir, no podemos tener una Secretaría del Trabajo que simplemente deje pasar estos temas; no podemos tener un Secretario del Trabajo que diga que es un asunto de la Subsecretaría de Gobernación, y que allá Luis Miranda, entonces, decidirá y resolverá el problema de San Quintín, porque el problema de San Quintín no es un problema aislado, es un problema de explotación que tenemos que atender, porque este país no puede pretender modernizarse cuando todavía existen estas diferencias económicas y sociales tan adversas, porque este país no puede pretender modernizarse cuando nos quedamos callados, cuando vemos la esclavitud moderna frente a nuestros ojos y cuando sabemos cuando menos de alguien que lo está haciendo.
Nosotros hemos sido muy estructurados para hablar sobre los abusos de nuestros connacionales en los Estados Unidos y las condiciones en las que vive.
Es cierto, la explotación que sufren nuestros connacionales en Estados Unidos está ahí, y hay que atenderla, pero también hay que tomar lo que está sucediendo en México, no solamente es un tema de indígenas, no solamente es un tema de niños y niñas, no solamente es un asunto de migrantes, como ya lo decía doña Amalia García, esto es un asunto de esclavitud que hay que atender: 2 millones de mexicanos explotados directamente por el Estado; 3 millones de mexicanos explotados por un sistema económico consentido por este gobierno federal.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra al Diputado Danner González Rodríguez, del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El pasado 25 de marzo, en la Cámara de Diputados, se lanzó un exhorto a las autoridades federales sobre este tema que hoy está nuevamente a discusión y a las autoridades de los estados de Baja California y Baja California Sur, a fin de que resolvieran este tema de los jornaleros agrícolas.
Dos meses después parece que no solamente hicieron caso omiso, sino que la voz de todos los grupos parlamentarios, en la Cámara de Diputados, se quedó en medio de la ruina y los discursos.
La verdad es que los abusos y los atropellos de los derechos laborales y humanos de los jornaleros agrícolas se han incrementado, el recuento de los agravios es tan absurdo como ilustrativo, 2 millones de jornaleros son explotados en el país, 30 mil jornaleros en San Quintín exigen mejores salarios.
Las autoridades federales de la Secretaría de Gobernación han dado una muestra clara de la poca vocación de diálogo para resolver este conflicto al cancelar su exigencia y dejar plantados a los trabajadores.
La madrugada del 9 de mayo se reportó un enfrentamiento entre jornaleros del Valle de San Quintín y elementos de la Policía Estatal de Baja California, cuyos saldos fueron 70 heridos, vehículos quemados y varios detenidos, en su mayoría campesinos.
Lo más extraño es que los jornaleros señalaron que un grupo de 200 hombres ajenos al movimiento fueron los provocadores, a esto habría que sumar las insultantes e irrisorias multas de 7 millones de pesos a los jornaleros detenidos por parte de un juez de Baja California.
Las demandas de los jornaleros siguen siendo las mismas: aumento salarial, condiciones dignas de trabajo, seguridad social y las prestaciones que por ley les corresponden.
¿Cuál es el dolo?
Lo que pasa es que a los grandes empresarios que viven en el lujo a costa de los derechos, libertades y, dicho sea también de manera muy válida, de la dignidad de los trabajadores agrícolas, muchas veces por sus vínculos políticos con las autoridades, no les gusta que alcen la voz los trabajadores para denunciar que son objeto de esclavitud, de jornadas inhumanas, de condiciones ínfimas de trabajo, además de que ha habido denuncias de que muchas trabajadoras mujeres han sufrido hostigamiento y abuso sexual.
El único pecado que han cometido los jornaleros no sólo de San Quintín, sino de muchas partes del país, es el de demandar condiciones dignas y salarios dignos
Por eso queremos exigir hoy que cese el hostigamiento y las persecuciones a los jornaleros, y que se ponga en libertad a todos los trabajadores agrícolas que han sido encarcelados injustamente en este tema.
De paso, también tenemos que exigir que aparezcan con vida y a la brevedad, los jornaleros sinaloenses.
La Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, deben deslindar responsabilidades a quienes han violado derechos humanos de los jornaleros.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos debe emitir ya una recomendación y las resoluciones sobre las investigaciones iniciadas con motivo de la probable violación de derechos humanos de los jornaleros.
Pero además el gobierno estatal de Baja California y el gobierno federal, a través del Secretario de Gobernación en su calidad de conducir la política interior del país para el fortalecimiento de las instituciones y para favorecer las condiciones que permitan construir acuerdos políticos, deben atender a la brevedad la problemática de San Quintín, pero también la de todos los jornaleros agrícolas del país. De lo contrario el descontento social seguirá siendo el combustible que genere ingobernabilidad.
El fantasma de los movimientos sociales en América Latina sigue rondando en México no sólo por resabios que, como ya se ha dicho, recuerdan al Porfiriato o figuras como la encomienda. La realidad es que la explotación, el abuso y la injusticia en el campo siguen vivas en pleno siglo XXI.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Angélica de la Peña Gómez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
Nuevamente en la Comisión Permanente volvemos a hablar de un asunto muy importante que evidencia ciertamente una gran discriminación de nuestra población, los más marginados, los más excluidos y que no tienen otra manera de sobrevivir más que como jornaleros agrícolas, incluyendo a todos los integrantes de sus familias.
Es un problema muy grave y el caso del Valle de San Quintín que tiene características muy singulares, pues ha sido la preocupación del Congreso de la Unión como coadyuvante en el proceso de negociaciones que se han tenido con las autoridades locales, con las autoridades del gobierno federal, particularmente la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y por supuesto las y los integrantes de la Alianza de Jornaleros del Valle de San Quintín.
La comisión plural que integramos por parte del Senado desde antes de que entrásemos a la etapa del periodo de receso, ha venido trabajando, ha tenido tres reuniones de manera formal, y en las dos últimas se han acordado, me parece que acuerdos importantísimos, integrales, que creo que hay que, como se dice coloquialmente, perseguirlos, como lo están haciendo las y los jornaleros, por las últimas noticias que tenemos de ellos.
¿Cuál es el mérito de los puntos de Acuerdo que están siendo dictaminados por la Tercera Comisión?
Pues simplemente que recoge cada una de las distintas propuestas que distintas Senadoras, Senadores, Diputadas y Diputados han presentado en el marco de esta Permanente. Y además refrendan la importancia en primerísimo lugar, como ya es de su conocimiento, de que pronto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que está apersonada permanentemente desde el primer día del conflicto en el Valle de San Quintín, pues informe qué es lo que ha visto en función del respeto a los derechos humanos que se tienen que garantizar.
Y por supuesto, también la información de cómo tienen que responder las autoridades, de manera particular las autoridades del estado de Baja California, para garantizar en un término, se solicita, de 15 días naturales, pues un informe sobre el avance del diálogo y los compromisos.
Yo quiero referirme en particular a una preocupación que venimos arrastrando desde el 9 de marzo respecto de los catorce jornaleros que están en situación de privación de libertad por los acontecimientos suscitados precisamente en un grave problema que afectó el patrimonio de distintos pequeños empresarios, distintas tiendas y particularmente el que tiene que ver con el mercado conocido como El Reloj.
El acuerdo que suscribimos con las autoridades locales y con la Secretaria de Gobernación en ese aspecto para poder entrar a la ruta jurídica y que estos catorce jornaleros puedan obtener su libertad, tuvo que ver con dos cuestiones importantes:
Que todo aquello que tuviera que ver con la reparación del daño de los acontecimientos del 9 de marzo, correrían a cuenta de la Secretaría de Gobernación o del ámbito federal.
Y en el caso de las personas y los dos menores de edad que estuvieron presos posteriormente, pues eso correría por el ámbito local, y por cierto, ya están en libertad.
El problema que tenemos es destensar el ambiente justamente con los catorce jornaleros que siguen presos todavía, de la jornada terrible que se vivió en marzo pasado.
Y en ese aspecto, me parece que es importante que hoy que se están acordando estos puntos de Acuerdo en relación a ese tema, la Secretaría de Gobernación acelere los acuerdos para lograr reparar el daño principalmente a quien es dueño del mercado El Reloj, para que entonces la Procuraduría local del estado de Baja California continúe con el trámite del perdón por parte de quienes se vieron afectados por estos hechos, de tal manera que se pueda concretar el que puedan salir estos catorce jornaleros de la prisión.
Sin duda este paso nos va a permitir destensar la situación en el Valle de San Quintín.
Otro aspecto tiene que ver con los otros acuerdos.
Creo que es importante que de aquí a la primera semana de julio, que es la siguiente reunión nacional, espero, y en eso estamos atentos buscando la información debida, coadyuvando en todo lo que sea necesario e imprescindible desde nuestro quehacer como parte de la comisión, que tengamos avances respecto de los otros puntos que están inscritos el 14 de mayo, pero también los que inscribimos el 4 de junio.
Es cuanto y me parece muy relevante que apoyemos y aprobemos de manera afirmativa este punto de Acuerdo de la Tercera Comisión.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la Senadora Hilaria Domínguez Arvizu, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu: Muchas gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea:
En el mes de abril, en sesión fue aprobada una comisión para que pudiese trasladarse al Valle de San Quintín del municipio de Ensenada, estado de Baja California.
Dicha comisión la integramos, todavía, la Senadora Angélica de la Peña Gómez, la Senadora Adriana Dávila Fernández, la de la voz, Senadora María Hilaria Domínguez Arvizu, el Senador Víctor Hermosillo y Celaya y el Senador Benjamín Robles Montoya.
Esta Soberanía nos encomendó que nos trasladásemos a conocer de propia mano el conflicto que estaban presentando los jornaleros agrícolas.
Y, en efecto, encontramos un municipio revuelto, trabajadores molestos, también propietarios o agricultores molestos, porque también, hay que decir, hay dos partes, para que haya pleito se ocupan dos, y estaban los propietarios, los dueños de las tierras y los trabajadores de las tierras. Y, efectivamente, había un antecedente de enfrentamiento que teníamos, y por eso fuimos.
Dicha comisión, aún no disuelta por mandato, aún todavía, de esta Cámara de Senadores, seguimos continuando con esta comisión y estamos para regresar en la primera quincena del mes de julio.
El primer día que nos trasladamos en esa comisión y en esa reunión de trabajo, sí estuvo Gobernación, no le pusieron atención a la Senadora Angélica, que a la comisión le facultamos para que viniera a dar un informe aquí a esta Soberanía, en esta Comisión Permanente, no le pusieron atención y por eso pues las voces se hicieron muy agresivas al subir a la tribuna por desconocimiento de que sí hemos avanzado.
Lo lamento mucho, pero qué bueno que se toma el tema.
En esa estuvo el licenciado Luis Enrique Miranda Nava, Subsecretario de Gobernación. Estuvo también el gobernador del estado, el licenciado Francisco Arturo Vega de la Madrid, gobernador del estado de Baja California.
Desde luego, los jornaleros, el principal vocero y representante, que es Fidel Sánchez, y de ahí 16 que lo representan, todos ellos líderes de Alianza, que son los que representan a las diferentes organizaciones internas de jornaleros.
Sí hemos avanzado. Hemos avanzado porque, en efecto, había, no sabíamos cuántos eran los afiliados al Seguro Social. Sí nos encontramos, no en todos los ranchos, aclaro, también eso es verdad, hay que decirlo, no en todos los ranchos había tiendas de raya.
Señora Diputada, vaya personalmente para que no vengan a divagar aquí y decir lo que no es.
Sí hay ranchos, en efecto, de tiendas de raya, pero también encontramos ranchos con gente trabajando, que tienen comedores, que tienen casa y que los tratan con dignidad, aunque es la minoría.
Sin embargo, sí encontramos menores de edad trabajando en el campo, y sí encontramos que el salario, efectivamente, dista mucho de lo que debe ser una justicia para ellos.
Y que también vimos y comprobamos que hay una explotación, también es cierto. Eso es verdad.
Entran a las 8 de la mañana, a las 9, y salen a las 6, 7 de la noche. Eso es verdad.
Pero hay una variedad, hay jornadas directas y hay jornadas que se hacen por trabajo. Cuando es la pizca para recolectar la fresa, pues es otra actividad porque les pagan por jarra, no por lo que tú hagas, la jarra tiene un precio.
Y les sale a veces mejor por jarra, nos lo dijeron a Angélica y a mí, nos pararon, nosotros queríamos negociar, y dijeron: “No, Senadora, porque yo puedo llevar hasta 14, 15 o 20 jarras al día y para mí son mil 500 pesos al día lo que me llevo a mi casa, que los 200 que me están poniendo”. Déjenlo abierto.
De lo que sí, como son la mayoría de los trabajadores que estamos en esa condición vamos a negociar. Y se negoció que en el salario, por ejemplo, quedó así: “Para el nivel de empresa A 180 pesos; para el nivel empresa B 165; y para el nivel empresa C 150 pesos el salario de los trabajadores”.
Esto ya es oficial, no estamos hablando de cosas ficticias, esto es oficial. Como oficial es que el Seguro Social en estos momentos se encuentra en San Quintín afiliando a todos los trabajadores y trabajadores, hombres y mujeres, que laboran en el Valle de San Quintín, y a la comisión le estamos dando perfecta supervisión en la transparencia para que, efectivamente, los trabajadores y las trabajadoras del Valle de San Quintín tengan esa oportunidad.
Por otra parte, se encomendó, en este mismo acuerdo, que con fecha 4 de junio, que estuviera SEDESOL y ver los programas, los comederos públicos, su casa habitación, que se trasladara para allá SEDATU, SAGARPA, y pudiera, personalmente, hacer y ejecutar los trabajos y los programas que se están haciendo.
Y como lo expresaba la Senadora Angélica, lo que nos falta por resolver son los 14 compañeros que aún todavía no hemos podido, ¿por qué el millón de pesos a cada uno? Porque esa es la fianza, porque eso es lo que dice el juez que cuantificó los daños ocasionados en el vandalismo que se dio en el enfrentamiento, saquearon todas las tiendas, se llevaron todo lo que había en existencia, incluyendo las sillas de los escritorios, y los escritorios mismos de las tiendas. Y eso les fincó el juez, un millón de pesos para que pagaran la fianza.
El gobierno federal, a través de Gobernación, nos comprometimos a que él apoyaría a los campesinos que están presos para que salgan absueltos.
Esta es la parte fundamental en la que nosotros estamos empeñados en seguir trabajando. Seguramente, en lo que va de la tarde, nos pondremos de acuerdo con la comisión para ir con el licenciado Miranda, Subsecretario de Gobernación, para darle paso a la continuidad de los acuerdos de la fianza que falta para los 14 presos, que nos urge que salgan absueltos para que estén en sus hogares.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Amalia García Medina, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La Diputada Lilia Aguilar Gil: (Desde su escaño) Señor Presidente, para alusiones.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: No hay alusiones. La anotamos para hechos, Diputada, con mucho gusto.
Para hablar sobre el mismo asunto, se concede el uso de la palabra a la Diputada Gloria Bautista Cuevas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
El conflicto surgido entre la patronal y los jornaleros, mayoritariamente indígenas, triques y mixtecos, entre otros, de San Quintín, Baja California, es un reclamo que hiere con fuego el sentido de justicia social de la Carta Magna.
¿Desde cuándo la lucha por el respeto a los derechos laborales es un delito?, ¿en base a qué la gente, y concretamente los jornaleros, deben soportar una situación de semiesclavitud en algunos centros de trabajo, en silencio y casi dando gracias por la explotación, maltratos, humillaciones, muertes y despojos?
En suma, ¿desde cuándo se ha legalizado un verdadero tráfico de personas en el marco de las relaciones laborales ante la mirada complaciente de muchos de los funcionarios que deben, por el contrario, sancionar a los responsables?, ¿desde qué momento se asesinó la justicia en el país?
La barbarie es la norma no escrita en que funda su actuar el Estado mexicano entre los conflictos sociales que no pueden ser ahogados con las mentiras y los diferimientos, conflictos surgidos por reclamos elementales de respeto a los derechos humanos.
Y hablamos del Estado mexicano porque en este actuar represor y sin escrúpulos han tenido criminales actuaciones en diversos episodios, autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Celebro y exijo que los acuerdos a que se llegaron con las autoridades federales y de Baja California, en favor de los jornaleros agrícolas, como son: la afiliación gratuita al IMSS, el incremento salarial, la creación de un fideicomiso con aportaciones estatales y federales para el desarrollo de la zona, el otorgamiento del registro sindical a la alianza, y la abstención de cualquier tipo de represalia, entre otros, se cumpla y no sólo quede en un pliego de buenas intenciones.
Paralelamente me sumo a la voz de mis compañeros legisladores para exigir al titular del Ejecutivo Federal y al gobierno del estado de Baja California a que se renuncien en todo momento al uso de la fuerza pública contra un movimiento pacífico y respaldado por la Constitución General de la República, de lo contrario se corre el riesgo de que el conflicto escale a niveles incontrolables que a nadie convienen.
Ante la barbarie que domina en las relaciones de trabajo entre los jornaleros y sus patrones no resulta ninguna sorpresa a las protestas y el paro de los jornaleros de San Quintín, que vienen del 17 de marzo del año que corre, sino que resultan lógicas y necesarias para que la justicia comience a asomarse en estos centros de trabajo.
Es más, se habían tardado, e insistimos, cuentan con toda nuestra solidaridad, sobre todo que muchos de ellos son de mi tierra de origen, el estado de Oaxaca, gente que es responsable, trabajadora, y que lo único que busca es que sean efectivamente respetados sus derechos laborales y humanos.
En los diferentes estados del país, en las regiones donde predomina la llamada agricultura moderna laboran en condiciones inhumanas aproximadamente 3.5 millones de jornaleras y jornaleros en las regiones agrícolas, a lo largo y ancho del país, de estos 3.5 millones aproximadamente un 20 por ciento son niñas y niños menores de 15 años, un 67 por ciento son hombres, y un 33 por ciento son mujeres, 70 por ciento son mestizos y 30 por ciento son indígenas, la mayoría, migrantes.
Aunque jornaleros agrícolas tenemos en todo el país hay “estados” que se han especializado en cierto tipo de producción, por lo cual requieren de grandes cantidades de mano de obra en ciertas épocas del año.
Los estados del noroeste del país, principalmente productores de hortalizas: Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur con aproximadamente 350 mil jornaleras y jornaleros indígenas y mestizos, que laboran en diferentes temporadas del año en los campos de hortalizas y frutas, tomate, chile, fresa, etc., cosecha de uva, siembra y corte de caña, entre otras actividades.
Está Michoacán, que es el gran productor de aguacate y fresa del país, la zona aguacatera reúne cerca de 20 mil jornaleros, y la zona limonera más de 15 mil; así como otros diez mil en el Valle de Zamora que se ocupan en la cosecha de hortalizas, principalmente fresa.
La región cañera de Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí que comparte alrededor de 150 mil cortadores de caña en los tiempos de zafra; hay organismos no gubernamentales que señalan que el 20 por ciento de estos trabajadores son menores de 9 a 14 años.
Asimismo, en Veracruz se concentran en los siete municipios cafetaleros alrededor de 40 mil trabajadores, y en la zona citrícola y piñera, en sus respectivas temporadas, otros 30 mil en cada una de ellas.
Chihuahua, principal productor de manzana del país con 25 mil hectáreas plantadas en 14 municipios, en su etapa de cosecha de la manzana se concentran 35 mil jornaleros, más otros diez mil en la zona hortícola y frutícola en el municipio de "Belice".
Mencionamos a Chiapas donde las fincas cafetaleras de la región del Soconusco y la Sierra Madre, controladas por grandes productores, muchos de ellos de origen alemán, concentran alrededor de 150 mil cortadores de café en los períodos de cosecha, de los cuales un 75 por ciento son indígenas migrantes venidos de Centroamérica, principalmente de Guatemala.
Las zonas y regiones mencionadas por supuesto que no son las únicas de contratación de mano de obra agrícola del país, pero sí donde se dan las mayores concentraciones en las temporadas de zafra y cosecha, es decir, toda nuestra agricultura comercial y de exportación tiene como base la ilegalidad, la explotación del trabajo infantil, la violación de derechos humanos y de género, de la Ley del Trabajo y de los valores éticos elementales, es una agricultura antimoderna y antihumana, en este escenario general en los cuales laboran los millones de jornaleros agrícolas del país, se vuelve más urgente que nunca incrementar las medidas de vigilancia y control por las dependencias responsables de aplicar las leyes laborales.
Hemos mencionado reiteradamente la situación de vulnerabilidad en que se encuentra este sector del campesinado mexicano; los más pobres de los pobres, y mayoritariamente indígenas, incluso en algunos casos población migrante centroamericana.
En los campos cafetaleros del sureste, el reto que tenemos es no sólo atender uno de los casos, sino vigilar a todos aquellos casos en el que se violan los derechos campesinos a lo largo del territorio nacional, garantizar sus derechos es nuestra obligación.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Para hechos, se le concede el uso de la palabra a la Diputada Lilia Aguilar Gil, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.
He solicitado la palabra porque me parece importante puntualizar sobre lo que ya otros legisladores han hablado en esta tribuna.
Se ha dicho que esta comisión de Senadores que fue a San Quintín, en efecto, y cito:
“Encontraron tiendas de raya, no en todos los ranchos pero sí encontraron tiendas de raya. Encontraron menores de edad trabajando, no en todos los ranchos, pero sí encontraron menores de edad trabajando, y encontraron que había explotación”.
A mí me parece que, como una consecuencia lógica y como representante de un poder público, ya deberían haber presentado denuncias para lo que es claramente, no solamente una violación a los derechos humanos de los jornaleros de San Quintín, sino lo que me parece que es un delito también, que es la explotación.
Es decir, a quienes han venido aquí a decir que, bueno, está medio mal el asunto, pero no está tan mal porque al final ya más o menos lo arreglamos, esto son violaciones a derechos humanos y son delitos claros, y es responsabilidad de los legisladores que estuvieron en San Quintín de presentar las denuncias correspondientes, sobre todo cuando vienen a decir a esta tribuna que sí lo encontraron y que les consta que sí hay.
Me parece, pues, entonces, que no se trata de divagar, se trata de entender el problema preciso, atender San Quintín no es acabar con el problema de fondo, tenemos que atender el problema de fondo, y eso solamente se resuelve con una política de la Secretaría del Trabajo que sea completa para atender y sacar de la esclavitud y de la explotación a los jornaleros, no solamente de San Quintín, sino de todo el país, porque entonces es ir a dar una aspirina, o querer tapar el sol con un dedo, decir: “Pues sí, ya los están agregando al Seguro Social y ya medio los atendió el Subsecretario Miranda”.
¿A qué estamos jugando en este país, a ser realmente un país de instituciones o a taparle el ojo al macho?
Esa es la pregunta, porque de verdad no se ayudan cuando vienen a hacer este tipo de afirmaciones.
Mi posicionamiento anterior es para decir que, para modernizar este país, que creo que debe de ser la intención de todos nosotros sin importar los colores, se tiene ir de fondo, no podemos venir a defender a rajatabla a unos o a otros, incluido el gobierno.
San Quintín es el ejemplo claro, y lo vuelvo a repetir, de la explotación que existe en este país no solamente contra niños, mujeres, hombres indígenas, sino también contra migrantes y contra aquellos que están en una situación extrema de pobreza.
El tema de la desigualdad en el trato y de la burla que hay en el sistema de justicia en este país, quedó en evidencia también, una multa de 7 millones de pesos a tres jornaleros, porque se les acusaba de que a lo mejor querían quemar unos sembradíos de fresa, porque para los que más o menos estén enterados de este tema, aparentemente alguien aventó una bomba a un sembradío de fresa, y entones llegó la policía de Baja California y entraron con lujo de violencia a la casa de todos estos jornaleros violentando sus derechos y el derecho de sus familias.
¿De eso nadie habla?
¿Eso no es violación de derechos humanos?
Ah, pero no, como un gobierno es de un color y el otro es de otro, pues aquí no hay quien venga a acusar a nadie.
Compañeras y compañeros, tomen con la generosidad con la que a veces se hacen los planteamientos.
Lo que yo vine a decir aquí, es que arreglar San Quintín no va a ser suficiente, se requiere un cambio de fondo.
Sin embargo, San Quintín ha dejado una evidencia; primero, la violación sistémica de derechos humanos; segundo, la falta de política del trabajo en este país; tercero, el abuso de las autoridades, solamente a gusto de quienes gobiernan, como ha sucedido con el Gobernador de Baja California y, sobre todo, por último, la aplicación gustosa de la justicia, 7 millones de pesos a jornaleros que, por cierto, dijo una legisladora en esta tribuna: “Si ya les arreglamos el sueldo, van a ganar 180 pesos los de unas empresas, 160 los de otras y 150 los de otras”. Nada más para hacerle un poquito a las matemáticas, eso le da 4 mil 300 al mes y 3 mil 600 al mes, para familias que son, cuando menos, de dos o tres personas.
¿Es eso no vivir en la miseria?
¿Las tiendas de raya no es volver al sistema esclavitud?
Qué discurso absurdo vienen a dar aquí sobre la modernidad cuando dicen: “Hay tiendas de raya, pero nada más en los ranchos”.
Por favor, seamos congruentes, entonces, si quieren ayudar a su gobierno y a su Presidente, vengan aquí a reconocer lo que está mal en este país, y hagamos todos realmente una reflexión de lo que tengamos que cambiar, y digo todos, todos, los que me conocen como legisladora, saben que no tengo empacho de hacer un reconocimiento de lo que nos falta hacer de este lado, pero tampoco soporto esta actitud a defensa completa de lo que es indefendible.
El Subsecretario Miranda, y con esto termino, el 8 de mayo, que no podía ir a atender a los jornaleros de San Quintín, porque no tenía en qué viajar en Baja California. Esa es la seriedad que le dan a los problemas sociales de este país, esa es la seriedad con la que se trata a los mexicanos que aparentemente son considerados de segunda o de tercera por este gobierno.
Tenemos ahora la discusión del dictamen de la Tercera Comisión con punto de Acuerdo por el que se solicita información del posible daño ambiente ocasionado por la contaminación de la Laguna Cabana, en el municipio Úrsulo Galván, del estado de Veracruz. El dictamen está publicado en la Gaceta.
El Diputado José Alejandro Montano Guzmán: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores:
Hago uso de esta tribuna para hablar a favor del dictamen con punto de Acuerdo por el que se solicita al titular de la SEMARNAT, remita al Congreso de la Unión un informe sobre el posible daño ambiental ocasionado por la contaminación de la laguna Cabana en el municipio de Úrsulo Galván, del estado de Veracruz, y al mismo tiempo, para establecer en esta tribuna diversos aspectos que, en lo general, contempla el dictamen, pero que bien vale la pena dar a conocer.
El titular de la CONAGUA del estado de Veracruz, emitió hace unos días un informe muy completo en el que explica las circunstancias que publicaron la gran mortandad de diferentes especies de peces en la citada laguna, pues en los hechos se trastocó gravemente la economía de la región, y los ingresos de las familias del municipio que se dedican a la crianza y comercialización de este producto para consumo humano.
En lo que estamos de acuerdo con el proponente es en que, ante este tipo de casos es indispensable que exista una plena colaboración y cooperación entre los diferentes niveles de gobierno, las empresas que pudieran estar contaminando las cuencas y los acuíferos de la población involucrada, para evitar en el futuro que se repitan casos como la contaminación del Río Sonora por parte del Grupo México.
Al mismo tiempo, creemos que hay que proteger el empleo de los trabajadores azucareros, quienes al igual que los pescadores diariamente procuran un ingreso honesto para sus familias.
Por ello, consideramos que se debe ser más cuidadoso con la propuesta de suspender la actividad de los ingenios, pues efectivamente como lo señala el dictamen, se prejuzga sin el conocimiento necesario de las asociaciones en tanto empresas como autoridades ambientales, locales y federales han encabezado.
A mayor abundancia, me permito señalar algunos aspectos que arroja el informe de la dirección local de CONAGUA al respecto.
Una vez que se dio a conocer la gran mortandad de pesos en la citada laguna, la CONAGUA intervino, pues existía el temor, de que por labores de la empresa desde el ingenio “El Modelo”, se hubieran vertido sustancias como ácidos o sosa al cauce del arroyo en cuestión.
Sin embargo, y después de haber llevado a cabo diversos estudios a la calidad y concentración de oxígeno disuelto en el agua, se pudo concluir que los peces murieron por hipoxia, pues la concentración de dicho gas en el agua era menor a la norma e inclusive igual a 0 en dos tramos evaluados al arroyo hediondo antes de su desembocadura a la laguna y la propia desembocadura de la laguna, y ahí la concentración de oxígeno fue nula, 0.5 miligramos por litro.
Cabe señalar que, de acuerdo con los criterios de calidad de agua publicados en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1989, la concentración mínima de oxígeno disuelto en un cuerpo de agua dulce o salada, suficiente para proteger la vida acuática es de 5 miligramos por litro.
Así, la CONAGUA determinó que ésta y no otra, fue la causa de tantos peces en días pasados.
Por lo anterior solicito a esta Comisión Permanente apruebe el presente punto de Acuerdo, pues lo que se busca por medio del mismo, es sentar un precedente, con el cual se proteja a la diversidad de la Laguna Cabana como el resto de las 18 cuencas hidrológicas presentes en el Estado de Veracruz.
Y es de hacer notar, y quiero resaltar, que hemos estado coordinados también con el señor Diputado Danner González, y hoy reconozco aquí la presencia del señor Presidente Municipal César Domínguez, que también ha estado atento, y en donde solicitamos también, que después de este estudio, se pueda conseguir que se reinstale nuevamente y que se habilite la planta de tratamiento para esta zona tan importante, y que no le quitemos el sustento a tantos mexicanos en la zona.
Agotada la discusión, procederemos a la votación de los dos dictámenes de la Tercera Comisión que se discutieron.
Sí, Diputado Belaunzarán, adelante.
El Diputado Fernando Belaunzarán Méndez: (Desde su escaño) Yo había apartado el punto de OHL, entiendo que ya no habrá tiempo para discutirlo, yo lo lamento, porque creía que era un tema muy importante; pero para evitar que mi reserva retrase un punto de Acuerdo que me parece extraordinario, bien trabajado por la Tercera Comisión, entonces, permíteme quitar la reserva para que ya no se retrase su aprobación y que aprobemos también el punto de Acuerdo de OHL, y que no se detenga, porque la verdad es que es extraordinario el punto de Acuerdo, y lo último que quisiera es que se detuviera el trámite, ojalá hubiera dado tiempo para discutirlo, pero si no da ese tiempo, pues que no se detenga.
Entonces, yo quitaría la reserva para que se pudiera aprobar.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Está el Senador Bartlett y la Senadora Rojas también con reservas del dictamen de OHL.
El Senador Manuel Bartlett Díaz: Señor Presidente:
Yo creo que tenemos perfectamente tiempo para verlo, yo no sé por qué razón están ya planeando que este tema no se vea, hay suficiente tiempo, de manera que, yo estoy de acuerdo que ese asunto debe verse y aprobarse, porque está aprobado el dictamen, pero, ¿por qué detenernos?, ¿por qué irnos a las dos y media?, ¿a quién le dio hambre o qué otras preocupaciones tiene?, ¿qué prisa les acongoja?
Vamos a discutir los puntos importantes de este país, y OHL es un asunto importante en este país, de corrupción pública, además.
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Señor Senador, tenemos dos dictámenes antes, tomamos nota de su observación y le daremos prioridad en la próxima sesión.
Agotada la discusión procederemos a la votación de los dos dictámenes de la Tercera Comisión que se discutieron, referidos a los jornaleros del Valle de San Quintín y a Laguna Cabana, en el estado de Veracruz. Consulte la Secretaría a la Asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los dictámenes descritos.
La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Consulto a la Asamblea, en votación económica, si se aprueban los dictámenes referidos. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano.
Compañeros legisladores: hago de su conocimiento que las iniciativas y proposiciones inscritas en la agenda de hoy se turnarán a comisiones. Los grupos parlamentarios informarán lo que deseen mantener como lo permite el Acuerdo. Los turnos de los asuntos se publicarán en la Gaceta.
Las efemérides y la agenda política se insertarán en el Diario de los Debates.
La Secretaria Diputada Cristina Ruiz Sandoval: Doy lectura al Orden del Día de la próxima sesión. (Leyó)
El Presidente Diputado Manuel Añorve Baños: Se levanta la sesión y se cita a la siguiente sesión pública el martes 30 de junio a las 11:00 horas en este recinto. El martes 30 de junio; ese mismo día, en sesión solemne a las 12:00 horas recibiremos la visita de los Reyes de España, en el salón ubicado en la planta baja de este edificio. Al concluir dicha sesión solemne, reanudaremos nuestra sesión pública semanal en este salón de la Comisión Permanente.
(Se levantó la sesión a las 14:25 horas)
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?watch=15&id=1625

References: artículo 19
 artículo 191
 artículo 78
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 115
 artículo 54
 artículo 79
 artículo 11
 artículo 4
 artículo 41
 artículo 4
 artículo 41
 artículo 5
 artículo 191
 artículo 191
 artículo 11
 artículo 4