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Timestamp: 2017-06-24 12:13:03+00:00

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DANIEL MEDINA : ANALISIS CON OPINION: GUERRA EN LA ARGENTINA : ACCION Y PRACTICA DEL TERRORISMO PARA LA TOMA DEL PODER
GUERRA EN LA ARGENTINA : ACCION Y PRACTICA DEL TERRORISMO PARA LA TOMA DEL PODER
Estudios históricos Verdad y Equidad para ser Nación
G U E R R A EN LA A R G E N T I N A
ACCIÓN Y PRÁCTICA DEL TERRORISMO PARA LA TOMA DEL PODER
1.1. Derecho Internacional
1.2. La «Guerra Revolucionaria Prolongada»
1.3. Otro concepto complementario: la estrategia de «Aproximación Indirecta»
1.4. Definiciones militares
2. ANTECEDENTES DE LA DÉCADA DE LOS SESENTA
2.1. Marco mundial y regional
2.2. Situación en la República Argentina
3.1. Consideraciones sobre la agresión armada de las organizaciones revolucionarias terroristas
3.2. Transcripciones de la «Sentencia de la Causa 13»
3.3. Los componentes de las fuerzas enfrentadas
4. OPINIÓN DE LOS DIRIGENTES REVOLUCIONARIOS TERRORISTAS
Pág.: 3 a 6
Pág.: 6 a 12
Pág.: 12 a 35
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Karl V. Clausewitz, en su libro De la guerra decía con acierto que ésta era la continuación de la política por otros medios. Es decir, que los objetivos que la diplomacia o la política interna no pueden obtener por sus procedimientos normales y legales, si se consideran vitales, se deberán obtener por el empleo de la fuerza. Esto implica agresión física (mediante armas) y la legítima defensa con los mismos medios, por parte del agredido.
También decía este notable pensador que «la guerra era como el camaleón», haciendo referencia al continuo cambio de sus formas y circunstancias.
La Conferencia Diplomática celebrada en Ginebra en el año 1949, elaboró las cuatro Convenciones homónimas, referidas al estatuto de tratamiento y protección de heridos y enfermos de la guerra terrestre y naval, estatuto de prisioneros de guerra y protección de las poblaciones civiles. Dichas Convenciones fueron complementadas con la Convención de La Haya de 1954, sobre Protecciones de Bienes Culturales y lugares de Culto durante el desarrollo de Conflictos Armados. (Estas eran las máximas regulaciones posibles para implementar, porque los vencedores de la Segunda Guerra Mundial nunca aceptaron regulación alguna vinculada con el empleo de medios y procedimientos de combate, sobre todo de los sistemas de armas).
La importancia moral y legal de este verdadero monumento codificador del Derecho Internacional Humanitario stricto sensu se acentúa teniendo en cuenta el contenido de su famoso artículo 3, común a las cuatro Convenciones, en el que, por primera vez, el Derecho Internacional incursiona en el campo de los conflictos armados sin carácter internacional, y establece una serie de garantías minuciosas que deben observarse con respecto a las personas capturadas, a los heridos y enfermos y a quienes han dejado de combatir.
La estructura del artículo 3 estaba concebida en el año 1949 para encuadrar en sus cláusulas de protección a los conflictos producidos con motivo de las luchas de liberación colonial, fenómeno sociopolítico de gran importancia entre las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial.
La aplicación de sus disposiciones sólo requería, en cuanto a los grupos armados, que el nivel de violencia asumida impusiera al Estado contrincante el empleo de sus fuerzas armadas.
La sucesión ininterrumpida de conflictos armados internos que, en la mayoría de los casos se internacionalizaron por cuestiones territoriales, étnicas, religiosas, económicas y políticas, dejaron claro el limitado contenido del referido artículo 3 ante la magnitud de tales conflictos que ya habían producido cerca de cuarenta millones de víctimas.
Ello motivó que el Comité Internacional de la Cruz Roja, siguiendo su noble y esforzada política de lograr el acuerdo de la comunidad internacional para mejorar el estatuto de protección de las víctimas de la violencia bélica, lograra el consenso internacional para convocar a una Conferencia Internacional que no sólo tratara de remozar los contenidos del Derecho Humanitario stricto sensu, sino también el del Derecho de Guerra stricto sensu, es decir, el referente a la regulación de sistemas de armas y de procedimientos de combate.
La Conferencia Diplomática referente a la Reafirmación y el Desarrollo del Derecho Internacional aplicable en los Conflictos Armados sesionó en Ginebra entre los años 1974 y 1977 y produjo estos nuevos monumentos codificadores que son: el «Protocolo I Adicional sobre Conflictos Armados Internacionales y el Protocolo II Adicional relativo a Conflictos Armados sin Carácter Internacional».
Y precisamente, es este Protocolo II el que desarrolla los contenidos del artículo 3, común a las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 y actualiza el estatuto de protección para las víctimas de tales conflictos enumerados en párrafos precedentes.
En esa inteligencia, el artículo 1 del citado Protocolo Adicional II, dedicado al ámbito de su aplicación material, fija los extremos que deben reunir los conflictos armados internos para que les sean aplicables las normas de dicho Protocolo.
Consecuentemente, a partir de este Protocolo, se ha configurado la versión actualizada de los conflictos armados internos de intensidad, pues fija como recaudos básicos para encuadrarlos en sus disposiciones, según así lo dispone el artículo 1, a los «conflictos armados que se desarrollen en territorio de un Estado entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas y aplicar las disposiciones de dicho artículo». Se agrega que las disposiciones de este nuevo Protocolo no serán de aplicación a las tensiones y disturbios internos.
Es necesario aclarar que, al contrario de lo que es frecuente en el caso de las guerrillas rurales, las llamadas «guerrillas urbanas» que actúan como partisanos (sin uniformes ni armas a la vista, mimetizadas con la población) no dominan territorios. El concepto alude a la capacidad de operar y concentrar efectivos sobre el blanco elegido para luego dispersarse y estar en posibilidad de actuar nuevamente en otra misión.
En suma, a partir de la vigencia del Protocolo II de 1977 el Derecho Internacional Humanitario reconoce dos supuestos en los cuales el empleo de la violencia con finalidades políticas en el ámbito interno de los Estados configura el estatuto de conflicto armado interno, a saber: aquellos previstos en el artículo 3 común a las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 considerados de baja intensidad, pues el único recaudo que deben cubrir es el de requerir el empeñamiento militar para su represión, y aquellos que cubren las condiciones previstas en el artículo 1 y siguientes del Protocolo II de alta intensidad, en razón de los extremos que deben alcanzar, con particular énfasis el referido a la capacidad que han de acreditar tales grupos para llevar a cabo operaciones militares sostenidas y concertadas con un manejo territorial que no debe necesariamente ser político sino material, que les permita sostener la ejecución planificada de tales operaciones.
1.2. La Guerra Revolucionaria Prolongada
Hay estudiosos del fenómeno de la guerra que califican a esos conflictos armados o guerras como «convencionales» (dentro de las convenciones aludidas) y «no convencionales». Dentro de esta última caracterización se encuentra la «Guerra Revolucionaria» cuyo teórico moderno fue Mao Tse-Tung, quien ha expresado que si una fuerza revolucionaria pobremente equipada e instruida desea combatir contra un ejército relativamente moderno y bien dotado, «el único camino para obtener la victoria definitiva está en una guerra estratégicamente prolongada». Para ganar tal guerra, el revolucionario debe tratar de invertir la relación de poder: 1.° desgastando los efectivos enemigos mediante «el efecto acumulativo de muchas campañas y batallas», 2.° estructurando sus propias fuerzas a través de la movilización del apoyo del pueblo, el establecimiento de bases y la captura de equipo, y 3.° obteniendo apoyo político exterior y, si es posible militar.
(Mao Tse-Tung, Sobre la Guerra Prolongada, volumen II, Obras Selectas (Nueva York: International Publishers, 1954).
«En la mayoría de los casos, los revolucionarios deberán comenzar desde la nada. Iniciarse de la nada requiere organización. Secretamente, los revolucionarios tienen que organizar primero las células y luego, las redes de conspiración extensivas. Alrededor de las células, deben formar grupos políticos, de propaganda, para ganar apoyo popular y equipos de terroristas para intimidar donde fracase la propaganda. Organizarán frentes, partidos y grupos de presión para movilizar el apoyo popular. Se infiltrarán agentes en la administración, las fuerzas armadas, la policía, los gremios y en otros centros de poder. Se establecerán redes de inteligencia. Los revolucionarios fomentarán demostraciones, huelgas, sabotajes y motines. Incrementará la frecuencia y el volumen de sus ataques propagandísticos contra las autoridades gobernantes. Toda fisura en las estructuras sociales y administrativas será magnificada y explotada. Enfrentadas con las contramedidas policiales, las organizaciones revolucionarias adquirirán robustez, consistencia y experiencia». (John J. Mc Cuen, El arte de la guerra contrarrevolucionaria, Volumen 582, Biblioteca del Círculo Militar , año 1967).
Los pensadores militares Lidell Hart y Beaufre ampliaron el pensamiento de Clauwsevitz acerca de la «Maniobra Directa» (empleo de las fuerzas materiales en una suma de violencia sobre la parte crítica de la fuerza enemiga para destruirla y así quebrar su voluntad de lucha). Ellos vislumbraron la «Maniobra Indirecta o Aproximación Indirecta» que acompaña a la nueva estrategia aparecida entre los países centrales poseedores del arma nuclear: «la Estrategia de Disuasión».
En la «maniobra indirecta», el poder militar es secundario o complementario, ya que cede su preeminencia en beneficio de los elementos políticos, económicos y psicosociales. Esta maniobra desde la aparición del poder nuclear es utilizada en la periferia de los grandes centros de poder.
La «guerra revolucionaria prolongada» (Mao Tse-Tung) desarrolla esta estrategia mediante dos maniobras complementarias, una «interna» y otra «externa», impregnadas ambas de un fuerte contenido psicológico.
La «maniobra interna» se manifiesta por medio de movimientos reivindicativos, el uso de las armas y del terrorismo, apoyados en el desequilibrio social, en los movimientos por la independencia o por la descolonización.
La «maniobra externa» persigue el objetivo de movilizar en su favor la opinión pública exterior, para ampliar su libertad de acción con distintos apoyos, mientras trata de quitarle esa libertad de acción al agredido. Su estrategia externa se basó, en nuestro caso, en el tema (distorsionado y parcializado) de los DD. HH., mostrando a los agresores como luchadores por la libertad y la justicia y a los agredidos, como victimarios de esos «luchadores políticos».
Como siempre ocurre, utilizan la libertad de los países democráticos para desarrollar esa «maniobra externa» la que, mediante una gran campaña psicológica financiada y apoyada por gobiernos y partidos políticos afines, como también por los medios de comunicación social, les permitió y permite obtener importantes logros.
Con los conceptos precedentes, creemos haber aportado un mejor entendimiento del tema por tratar.
Antes de entrar a analizar los argumentos que prueban que en la República Argentina se desarrolló una guerra interna, dentro del modelo denominado «guerra revolucionaria», transcribiremos algunas definiciones vigentes en la época del conflicto:
Del Reglamento del Ejército Argentino RV-136-1 «TERMINOLOGIA CASTRENSE DE USO EN LAS FUERZAS TERRESTRES» impreso en el Instituto Geográfico Militar en 1969 y su apéndice rectificativo impreso en el mismo instituto en 1971, que debían ser adquiridos obligatoriamente por comandos, institutos, organismos, unidades y subunidades independientes, además del personal superior de los cuerpos comando y profesional (todos los oficiales).
GUERRA: «La guerra es un conflicto de violencia variable entre bloques de naciones, naciones o grupos sociales organizados políticamente y respaldados por la fuerza que buscan imponer la supremacía…».
GUERRA IDEOLÓGICA: «Será la que aspire a imponer o defender una creencia, una doctrina, una filosofía, etc. (Guerra de religión, guerra revolucionaria, etc.)».
«Responde a la clasificación de ideológica la guerra revolucionaria comunista, que es la que desarrolla el comunismo internacional para imponer la doctrina marxista en el mundo. No obstante, tiene también una finalidad política que la acompaña, en tanto la expansión marxista conforma un dominio político hegemónico del país que irradia marxismo, sobre los países comunizados».
GUERRA REVOLUCIONARIA: «Se encuentra dentro de las guerras ideológicas y es la que desarrolla el comunismo internacional en los campos político, social, económico, psicológico y militar para imponer la ideología marxista en el mundo».
A continuación, se enuncian resumidamente los acontecimientos producidos en la década de los sesenta, en el orden mundial y regional, que enmarcaron y en algunos casos fomentaron, la creación de diferentes organizaciones militares ilegales en los países latinoamericanos, que planteaban como política la toma del poder por medio de las armas.
Primero: La bipolaridad estratégica existente en el mundo evitaba el enfrentamiento directo entre las dos superpotencias líderes y el peligro que significaba la posibilidad de un «holocausto nuclear».
Por ello, trataban de dirimir su hegemonía por otras técnicas y procedimientos, propiciando o apoyando conflictos en el área de influencia «del otro», para debilitarlo estratégicamente.
En diciembre de 1960, Nikita Kruschev –durante la conferencia de los ochenta partidos comunistas celebrada en Moscú– dejó oficialmente fijada como prioridad de la política exterior de su país el pleno apoyo a los movimientos de liberación nacional (M.L.N) en el Tercer Mundo.
El año anterior, Cuba había pasado a la órbita comunista y se convertía en un visible peligro para la seguridad de los EE.UU., quien elaboraría una estrategia contrarrevolucionaria para evitar su propagación.
En esa lucha por la hegemonía mundial entre las dos superpotencias, se utilizaban, además de «la Estrategia de Disuasión», otras herramientas políticas, económicas y psicosociales que hacían hincapié en imponer concepciones de vida diferentes. Los EE.UU. privilegiaban, la libertad en un marco de democracia representativa, y el capital privado para el desarrollo, mientras que la URSS privilegiaba la igualdad social en una dictadura del partido gobernante, y utilizaba para su desarrollo el capital estatal.
Segundo: El triunfo de la revolución comunista de Fidel Castro en Cuba en 1959, con su inmediato impulso a todos los movimientos revolucionarios «antiimperialistas» (léase «anti EE.UU.») a los que adoctrinó, organizó, instruyó y coordinó para que los países al sur del Río Grande pasaran a la órbita de la URSS. Para ello, aprovechó la mítica del «Che» Guevara, como modelo y símbolo reconocible (quien ya en 1960 había escrito Guerra de Guerrillas, más tarde manual de cabecera de la guerrilla rural).
Este acontecimiento es necesario resaltarlo, por su importancia:
a. Se realizó en La Habana, el 3 de enero de 1966, por impulso del partido Comunista de la URSS, la «Primera Conferencia de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina» denominada comúnmente «La Tricontinental», que fuera presidida por Salvador Allende −luego Presidente de Chile− donde concurrieron cuatrocientos ochenta y tres representantes de ochenta y dos países (veintisiete de Latinoamérica). El delegado «oficial» de Argentina fue John William Cooke quien fuera el principal artífice de la transformación de «la resistencia peronista» surgida en 1955, en «peronismo revolucionario» (marxista), y llevó a Cuba a gran cantidad de jóvenes para su adoctrinamiento e instrucción militar.
Allí, el 15 de enero, en su discurso de clausura, Fidel Castro dijo, entre otras cosas: «En muchas naciones de América se dan las condiciones para la lucha armada revolucionaria... nosotros creemos que en este continente, o en casi todos los pueblos, la lucha asumirá las formas más violentas. Y cuando se sabe eso, lo único correcto es prepararse para cuando esa lucha llegue. ¡A prepararse!».
b. Se realizó, entre el 30 de julio y 10 de agosto de 1967, la «Primera Conferencia de Organización Latinoamericana de Solidaridad» (OLAS) que logró internacionalizar los vínculos y coordinar, por primera vez en forma precisa, el conjunto de las izquierdas radicalizadas de Latinoamérica hacia el camino del poder en los distintos países, usando como vehículo los métodos de la Guerra Revolucionaria. La declaración final de esta conferencia tenía veinte puntos en forma de proclama.
A continuación, se enuncian los más demostrativos:
«1.ro Que constituye un derecho y un deber de los pueblos de América Latina hacer la Revolución. [...]
4.to Que los principios del marxismo-leninismo orientan al movimiento revolucionario de América latina.
5.to Que la lucha revolucionaria armada es la línea fundamental de la revolución en América latina.
6.to Todas las demás formas de lucha, deben servir y no retrasar el desarrollo fundamental que es la lucha armada.
7.mo Que para la mayoría de los países del continente, el problema de organizar, iniciar, desarrollar y culminar la lucha armada constituye hoy la tarea inmediata y fundamental del movimiento revolucionario.
9.no Que a los pueblos de cada país y a sus vanguardias revolucionarias corresponderá la responsabilidad histórica de echar hacia delante la revolución en cada uno de ellos.
13.ro Que la solidaridad con Cuba y la colaboración y cooperación con el movimiento revolucionario armado, constituyen un deber insoslayable de tipo internacional de todas las organizaciones antiimperialistas del continente.
20.mo Hemos aprobado los Estatutos y creado el «Comité Permanente» con sede en la Habana, de la Organización Latinoamericana de Solidaridad», lo que constituye la genuina representación de América latina».
La declaración termina diciendo: «nuestra lucha constituye un aporte decisivo a la lucha histórica de la humanidad por librarse de la esclavitud y de la explotación».
Entre 1961 y 1968, en la Habana, se realizaron una gran cantidad de reuniones sectoriales para coordinar la agresión a los pueblos y gobiernos latinoamericanos.
Tercero: La fundación oficial del Movimiento de Liberación Nacional (MNL) en 1965, conocido como Tupamaros en Uruguay, que apareció públicamente el 8 de octubre de 1969 con la toma de la ciudad de Pando (Canelones), por el «Comando Che», integrado por más de cincuenta individuos, constituyó la primera exteriorización de la nueva izquierda que optaba por la guerrilla urbana en Sudamérica.
A pesar de que a principios de la década de los sesenta, Uruguay era llamada «la Suiza de Sudamérica» por la democracia efectiva que la regía con un sistema de gobierno colegiado, Raúl Sendic, luego de un viaje a Cuba en el año 1960, comenzó a organizar el grupo inicial de revolucionarios que formaría el MNL.
Cuarto: El nuevo rumbo tomado por sectores de la Iglesia Católica, luego del Concilio Vaticano II, que intensificaron las interpretaciones de los documentos papales con fines políticos-sociales.
Consecuentemente con lo expresado, el 15 de agosto de 1967, dieciocho obispos reunidos en Montevideo difundieron un documento muy breve −casi panfletario− con el título de «Manifiesto de los Obispos del Tercer Mundo», que fue utilizado como base de «La Teoría de la Liberación», doctrina que tanta influencia distorsiva religiosa tuvo en Latinoamérica. Su ideario se vio plasmado en 1971, con la obra de Gustavo Gutiérrez Teología de la liberación.
Quinto: El apoyo de todo tipo y el estímulo dado por los EE.UU. a todos los países de Centro y Sudamérica para combatir el comunismo, en ese entonces, la ideología y la praxis que utilizaba su enemigo principal para llegar al poder en los países que estaban en la órbita política norteamericana.
2.2.1. Comienzo de la agresión organizada
Es necesario destacar, en este escenario, las condiciones políticas, económicas y sociales de nuestro país, especialmente inestables por la sucesiva alternancia de gobiernos constitucionales y de facto (Perón, Lonardi, Aramburu, Frondizi, Guido, Illia, Onganía, Levingston y Lanusse).
Contribuyó a esta situación, en la sociedad argentina, la existencia del muy fuerte enfrentamiento entre sectores peronistas y antiperonistas. Los primeros, un importante sector de la ciudadanía, durante varios años proscriptos, dirigidos desde el exterior por el ex presidente en el exilio Juan Domingo Perón, quien para obtener sus objetivos políticos no desechaba impulsar acciones violentas de masa y selectivas, que se constituyeron en un elemento gravitante en los inicios de la subversión.
A raíz de estas acciones, ya en las postrimerías de la década de los cincuenta, el presidente constitucional Arturo Frondizi debió declarar el Estado de Sitio. En 1960, los atentados terroristas y el crecimiento de los disturbios le obligaron a dictar dos decretos para implantar el Plan Coníntes que otorgaba a las FF.AA. los recursos legales para subordinar a las policías bajo el control operacional para enfrentar al terrorismo, a la agitación gremial y al sabotaje, que se encontraba en niveles alarmantes (entre ellos el atentado a la empresa Shell, en Córdoba, con diecisiete víctimas fatales).
En1959, en la zona rural de Tucumán había aparecido un grupo autodenominado los Uturuncos que fue rápidamente neutralizado y quedó como un hecho policial.
Entre abril de 1963 y marzo de 1964, un importante número de guerrilleros rurales actuó en Orán, Salta, con ramificaciones en Córdoba y Capital Federal: el Ejército Guerrillero del Pueblo, liderado por un argentino residente en La Habana, el periodista Jorge R. Masetti y el capitán cubano Hermes Peña, enviados por el ejército de Cuba para actuar en el NO argentino durante la presidencia constitucional de Arturo Illia, para ir preparando una operación de alcance continental (la campaña del «Che» Guevara, abortada en Bolivia por su muerte). En este caso, tuvo que actuar Gendarmería Nacional, una fuerza federal de seguridad, que desbarató el intento.
El 2 de diciembre de 1964, se produjo el primer intento de Perón –frustrado− de regresar al país. Esta acción puede ser considerada, como el elemento acelerador que obró sobre muchos de sus seguidores, que decidieron prepararse para utilizar la vía armada como herramienta política..
El 25 de mayo de 1965, se fundó el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) que actuaba clandestinamente y que, a pesar de tener muchos militantes marxista-leninistas, se adhirió como filial Argentina a la IV Internacional (trotskista).
En el año 1967, como ya se expresó, la OLAS declaró explícitamente que la «Guerra Revolucionaria», (la lucha armada) era la metodología para llegar al poder en los países latinoamericanos, con lo que marcó el comienzo de lo que llevaría a nuestro país a un cruel enfrentamiento armado entre hermanos.
Esa estructura supranacional había emitido, como directiva principal para todas las organizaciones político-militares (terroristas) sudamericanas, la constitución prioritaria de los Ejércitos de Liberación Nacional en cada país y, especialmente en el cono sur, para apoyar la campaña que desarrollaba el «Che» Guevara en Bolivia y llevar a cabo su idea de pasar luego a Tucumán y desde allí conducir la insurrección en toda América del Sur.
A fines de ese mismo año, se conformaba en nuestro país el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, algunos de sus integrantes estuvieron íntimamente ligados con la lucha armada. En mayo de 1968, se realizó el «Primer Encuentro Nacional» de dicho movimiento sacerdotal.
En septiembre de 1968, se detectó un nuevo grupo armado en Taco Ralo, Tucumán, donde fueron detenidos en un campamento quince guerrilleros rurales pertenecientes a las Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) bajo las órdenes de Envar el Kadre y de Verdinelli, que se preparaban para actuar en la zona. Esta organización fue la primera que, a pesar de tener una ideología marxista, adoptó la estrategia de mimetizarse dentro del peronismo para captar a sus simpatizantes.
2.2.2. Las organizaciones subversivas, políticas armadas terroristas
Se debe, por razones didácticas y de ordenamiento, volver a remarcar que 1967 fue el año de inicio de la preparación de la guerrilla en nuestro país, con importante ayuda de entrenamiento militar, político y de coordinación del Partido Comunista y del Gobierno de Cuba; sin olvidar que durante la presidencia constitucional del Dr. Arturo Illia, en el año 1964, apareció una importante acción castro-comunista en Salta con ramificaciones en otras partes del país.
En Argentina, la actividad armada revolucionaria tuvo dos vertientes que se diferenciaron en la realidad por su posición pública sobre Perón y el peronismo. Una se presentaba como peronista de izquierda (eufemismo para no declararse marxista) y la otra era marxista-leninista o trotskista.
A la primera de ellas pertenecieron:
- Descamisados, que en 1972 se incorporó a Montoneros.
- Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), cuya mayor parte se incorporó al PRT-ERP el 25 de octubre de 1974. Otro sector escindido en 1973 como Peronismo de Base 17 de Octubre (PB17), cuyos principales representantes fueron: Horacio Verbitsky (hoy periodista, representante de los «derechos humanos» unilaterales y asesor del gobierno nacional), Rodolfo Walsh (muerto en un enfrentamiento) y Carlos Caride (muerto en un enfrentamiento), quienes se integraron a Montoneros el 27 de julio de ese año.
- Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) las que siendo de ideología declaradamente marxista- leninista y con gran desarrollo territorial, se fusionaron con Montoneros el 12 de octubre de 1973.
- Montoneros, que como se dijo, se fusionaron con las FAR, y mantuvieron por conveniencia táctica de ambos, la denominación de Montoneros.
Estas organizaciones se caracterizaban por estar convencidas de que su camino para obtener sus objetivos no era crear un nuevo partido revolucionario para captar a la población, sino infiltrarse en el peronismo convirtiéndose en su vanguardia.
Por ello, su prioridad era la lucha por el poder en el seno de ese partido, cuya columna vertebral era el movimiento obrero. Allí, contra «el vandorismo» (seguidores del dirigente Timoteo Vandor, asesinado por los revolucionarios en 1969) y contra los dirigentes «no combativos» debían profundizar esa lucha.
Esta posición ideológica y de intereses dentro del partido peronista terminaría en cruentos enfrentamientos entre esa «izquierda revolucionaria peronista» y quienes, agredidos desde el comienzo, fueron llamados «la burocracia sindical, la derecha sindical, la derecha política o simplemente la derecha».
La segunda de esas vertientes estaba integrada por:
- El Partido Revolucionario de los Trabajadores, con su brazo armado «el Ejército Revolucionario del Pueblo» (PRT-ERP).
- ERP 22 de Agosto, desprendimiento del primero.
- ERP Fracción Roja, también desprendimiento del primero y copado luego por una parte del Secretariado de la Liga Comunista Francesa, miembro oficial de la IV Internacional.
- Organización Comunista Poder Obrero (OCPO) formado en 1975 con ex militantes del Partido Comunista Revolucionario, Vanguardia Comunista y Partido Comunista Marxista-leninista.
Estas organizaciones (hubo otras, pero de poca significación) que se mantenían independientes del peronismo al que consideraban un movimiento reformista, no revolucionario, trataron de conducir los sindicatos mediante agrupaciones gremiales de otro signo ideológico, que apoyaban a los sectores combativos o se infiltraban en ellos. Éstos eran contrarios a la conducción peronista de la Confederación General de Trabajo (CGT) de Azopardo, llamada así por la calle en que se encontraba su sede.
2.2.3. Antecedentes inmediatos al inicio de las acciones armadas «autoidentificadas»
En 1968, luego del Congreso de normalización de la CGT, la izquierda gremial creó, en oposición a la CGT de Azopardo, una estructura de conducción gremial alternativa muy combativa que se llamó CGT de los Argentinos (CGTA) cuyo Secretario General −nacional− era Raimundo Ongaro; esta organización tenía gran influencia en la ciudad de Córdoba donde el dirigente local Agustín Tosco, que simpatizaba con el PRT, tenía un gran predicamento en los gremios más grandes y combatientes como SITRAC ( Sindicato de trabajadores de Fiat Concord) y SITRAM. ( Sindicato de Materfer).
El mes de mayo del año 1969, sería significativo para el país por la innumerable cantidad de alteraciones a la paz social que finalizaron con acciones propias de la insurrección de masas.
La excusa fue la represión policial en la que hallaron la muerte los estudiantes Juan José Cabral en la ciudad de Corrientes y Adolfo Ramón Bello en Rosario (Provincia de Santa Fe), durante desórdenes y manifestaciones estudiantiles anteriores.
El día 20, se detuvieron ochenta y nueve estudiantes en la Capital Federal por desórdenes producidos en las facultades de Ciencias Económica y Ciencias Exactas.
El 21, durante cuatro horas se produjeron en Rosario graves refriegas entre policías y estudiantes que dejaron un muerto –Luis Blanco, de 15 años de edad− y una numerosa cantidad de heridos (ciento cincuenta en total).
El día 22, la ciudad de Rosario fue declarada Zona de Emergencia, bajo control militar.
El día 23, se produjeron desórdenes en Tucumán, Mendoza y en la Capital Federal. En esta última, entre otros incidentes, fueron quemados tres automóviles. Andrés Miguel de Aguirre, conductor de uno de ellos sufrió graves heridas y siete días después falleció a causa de las quemaduras.
El 29 de mayo, se inició la mayor manifestación del accionar de las incipientes organizaciones armadas y de la infiltración de sus militantes en las organizaciones sociales y sindicales, en la capital cordobesa. Allí, como corolario de los incidentes y las manifestaciones ocurridas en esa ciudad y en otras partes del país, se produjo una acción insurreccional de masas que, luego, se denominó el cordobazo.
Ese día, aprovechando un paro activo decretado por la CGTA, se organizaron columnas de estudiantes y obreros que marcharon enfrentando a las fuerzas policiales con todo tipo de objetos, incluso armas de fuego. La policía fue superada y la ciudad quedó en poder de los manifestantes que produjeron robos, saqueos, incendios y todo tipo de desmanes.
Recién a partir de las 17:00, el Comando del III.er Cuerpo del Ejército decidió intervenir en forma directa y decretó el "toque de queda". No obstante ello, durante tres días se sucedieron escaramuzas callejeras y desalojos de francotiradores.
En esas acciones, las nacientes organizaciones armadas y sus simpatizantes tuvieron su bautismo como motor de una situación de descontento social que se transformó en una práctica de acción insurreccional de masas (experiencia y marco social que aceleró la pronta aparición pública de las organizaciones guerrilleras). Según información oficial hubo treinta y cuatro muertos, cuatrocientos heridos y más de dos mil detenidos.
Sobre las causas del cordobazo se ha escrito mucho. Roger Vidart publicó en su revista Criterio una observación acertada: «Córdoba presenta ciertas características estructurales que la hacen particularmente apta para generar movimientos de protesta. Es la ciudad universitaria más importante del interior, con un alto porcentaje relativo de estudiantes y con numerosos antecedentes de radicalización estudiantil. Pero es también, desde poco más de una década, un importante centro industrial, que ha producido un vertiginoso proceso de concentración urbana, que atrae corrientes migratorias de numerosas provincias vecinas».
Gerardo López Alonso en su libro 1930-1980. Cincuenta años de Historia Argentina completa la visión y dice: «...Desde luego, es difícil explicar los hechos de Córdoba sin pensar que una minoría extremista jugó un papel importante, integrada en parte por activistas sindicales, interesados en crear un clima de revolución social. Esa acción sin duda minoritaria, encontró terreno fértil en el descontento generalizado contra el gobierno de Onganía. Probablemente, ese descontento fuera más político que económico, ya que Córdoba, como centro industrial, tenía un mejor nivel de ingresos que el de muchas regiones del país».
Para completar los puntos de vista expresados, faltaría citar otros hechos que gravitan en los desórdenes ocurridos: las quitas zonales a la producción, la eliminación del sábado inglés, el rechazo al intento oficial corporativista y finalmente, la presencia de un líder obrero carismático que había logrado remontar el enfrentamiento histórico: «obrero-estudiantil».
A partir de esos sucesos, el gobierno del teniente general Onganía empezó a declinar, debió modificar su gabinete y cambiar a varios gobernadores de provincias. La Federación Universitaria Argentina (FUA) conducida por izquierdistas, salió a explicar públicamente su posición de solidaridad con los gremios combativos en «apoyo a las luchas populares».
Estaban dadas las condiciones para que las organizaciones que venían preparándose, porque veían el camino de la lucha armada como única opción política para alcanzar el poder, comenzaran a actuar.
Desde hace unos años han proliferado en los medios de comunicación social «los representantes» o ex militantes de las organizaciones subversivas, los defensores de los derechos humanos (de los terroristas) así como supuestos «idóneos en el tema»: políticos, periodistas, comunicadores sociales, etc. que, por razones ideológicas, faltos de memoria o de conocimientos −sin descartar los casos de esnobismo− persisten en minimizar el accionar y la capacidad de las organizaciones armadas revolucionarias terroristas que actuaron en nuestro país, con el fin de presentarlas como un problema delictivo común, fácilmente solucionable con las herramientas legales de la República.
Para ello acuden, entre otros fundamentos, a comparar la solución dada a los grupos terroristas en Alemania, Italia, España y otros países europeos, y desconocen a sabiendas –para no informar con ajuste a la realidad− que esas organizaciones terroristas eran sólo eso: «terroristas», ya que no tenían capacidad para efectuar ninguna acción táctica –y mucho menos estratégica− que llevara intranquilidad real a las fuerzas policiales y mucho menos a las fuerzas armadas de esos países, en contraposición con la estrategia de Guerra Revolucionaria desarrollada en la Argentina cuyo objetivo era tomar el poder. Esos grupos eran, como lo fueron acá en un principio, un problema de solución judicial.
Recordemos que en 1971, ante la situación revolucionaria armada incipiente, el gobierno de facto de entonces creó por Ley 19053 del 28 de mayo la Cámara Federal en lo Penal (CAFEPE), como resultado de la propuesta del ministro de Justicia Dr. Jaime Perriaux, que colocó dentro del Poder Judicial una estructura ágil y eficaz para entender en los delitos de la subversión, dado que el Código Penal no era eficaz para las situaciones que se presentaban.
Este tribunal, que comenzó a funcionar en el mes de junio con jurisdicción en todo el país y con procedimientos expeditivos que garantizaban la defensa en juicio, no sólo demostró la actitud del gobierno militar de combatir la violencia revolucionaria en crecimiento bajo el imperio de la ley, sino que en poco tiempo, como una magistratura independiente y que cumplía una intensa actuación, había procesado alrededor de dos mil terroristas y condenado a más de quinientos acusados. De esta forma, la República Argentina fue precursora en el mundo, y respondió al fenómeno de la subversión armada terrorista con un sistema judicial que juzgaba y condenaba dentro de la ley.
Sin embargo en el país, la opinión pública no comprendió la importancia de encauzar legal y eficientemente la represión. La Cámara fue denostada por todos los sectores políticos, gremiales, periodísticos y por la ciudadanía que acompañó la propaganda instalada en su contra por las organizaciones subversivas terroristas.
Pese a que la Cámara y la legislación que esgrimía no significaron la incriminación de opiniones políticas u otras formas de persecución ideológica, desde los partidos mayoritarios comenzaron a caracterizarla como «represiva», en el intento de identificarla como un arma «de la dictadura militar» contra sus opositores.
En un breve lapso y con la responsabilidad de todos, llegó el vaciamiento de la justicia de la mano de la dirigencia política. En mayo de 1973, al tomar posesión las autoridades constitucionales (surgidas de elecciones democráticas), las primeras leyes sancionadas por el Congreso, que ese día se constituía, disolvieron la Cámara Federal en lo Penal que había cumplido con las garantías procesales y había preservado las vidas de los miembros de las organizaciones políticas militares revolucionarias capturados. Junto a la llamada «legislación represiva» se derogaron numerosas normas del Derecho Penal y se modificó el artículo 80 para que el asesinato de los miembros de las fuerzas armadas de seguridad y policiales no mereciera la reclusión perpetua.
Simultáneamente, se dictó una «Ley de Amnistía» que dejó sin proceso y liberó a los detenidos y sentenciados, los que volvieron con más ímpetu a la lucha armada sobre la base de la impunidad de sus delitos y con mayor convencimiento de que el único camino hacia el poder era la vía armada.
En 1960 como ya se expresó, la URSS fijó en su política exterior, en forma oficial, el pleno apoyo a los movimientos de liberación nacional en el Tercer Mundo, que exacerbaron en Latinoamérica los sentimientos «antiimperialistas y anticapitalistas» (anti-EE.UU.) y la lucha de clases dentro de los distintos países.
La reacción inmediata de los EE.UU., como estrategia contrarrevolucionaria, fue dejar la defensa de los países agredidos en manos de los ejércitos nacionales para contrarrestar los conflictos armados revolucionarios internos que se avecinaban impulsados por Cuba.
En Argentina, el conflicto político-social de la década de los setenta adquirió la jerarquía de una guerra interna y cuando se está frente a conflictos que se resuelven por medios violentos debemos conocer que sus formas evolucionan a través del tiempo según sean sus objetivos, los recursos disponibles, la calidad y cantidad del enemigo por enfrentar, el tiempo posible, el ambiente geográfico, etc. Lo único que no cambia ni cambiará en una guerra será su finalidad última que siempre será: imponer la voluntad al enemigo.
Aclarado esto, se comenzará por aportar elementos de juicio para visualizar con argumentos racionales y comprobables que el conflicto que nos ocupa fue una guerra interna o lo que es lo mismo, según lo previsto en el artículo 3, común a los cuatro convenios de Ginebra de 1949 y artículo I del Protocolo II (adicional) aprobado el 8 de junio de 1977, un conflicto armado sin carácter internacional, aunque éste sea consecuencia, en gran parte, de la lucha por el poder mundial entre las superpotencias de la época y de la influencia, apoyo y estímulo del gobierno de Cuba.
3.2. Sentencia de la «Causa 13»
Primero, presentamos información que surge de la sentencia dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal el 9 de diciembre de 1985, como corolario del juicio iniciado por el gobierno nacional presidido por el Dr. Raúl Alfonsín a los integrantes de las tres primeras juntas militares del gobierno militar de facto, en relación con la represión del terrorismo revolucionario.
3.2.1. Transcribimos parte de esa sentencia (causa 13) Capítulo V (cuestiones de hecho N.º 8 y 22) que expresa:
…El objetivo último de esta actividad fue la toma del poder político por parte de las organizaciones terroristas, alguna de las cuales, incluso intentó como paso previo, a través de los asentamientos en las zonas rurales de Tucumán ya mencionados, la obtención del dominio sobre un territorio, a fin de ser reconocida como beligerante por la comunidad internacional.
Sobre esta idea concuerdan, básicamente, todos los informes técnicos requeridos por el Tribunal y se encuentra también plasmada en las publicaciones originadas en esas bandas, aportadas a la causa.
Al respecto merecen especial atención como ejemplo de lo expuesto:
*El editorial titulado El mandato político de Fernando Abal Medina, publicado en la revista «Militancia Peronista para la Liberación», del 6 de septiembre de 1973, agregada al cuaderno de prueba de Lambruschini, en cuanto dice: es en esencia el proyecto político de Fernando Abal Medina, que obligadamente debemos rescatar. Podemos sintetizar sus pautas esenciales en:
Asunción de la guerra popular.
Adopción de la lucha armada como la metodología que hace viable esa guerra.
Absoluta intransigencia con el sistema.
- Incansable voluntad de transformar la realidad.
- Identificación de la burocracia, como formando parte del campo contrarrevolucionario.
Entronque efectivo en las luchas del pueblo.
Confianza ilimitada en la potencialidad revolucionaria de la clase trabajadora peronista.
*La Resolución sobre la relación partido-ejército del quinto Congreso del Partido Revolucionario de los Trabajadores, en cuanto dice: ... El partido [...] es una organización [...] que se constituye en la dirección política revolucionaria de todo el pueblo, en todos los terrenos de lucha, tanto en el terreno militar como en el económico, político, etc.
*El editorial La Guerrilla Rural y Urbana publicado en «Estrella Roja», de julio de 1974, agregado como prueba documental N.º 6 al cuaderno de prueba de Viola en cuanto expresa: ... la guerrilla rural tiene la característica de que permite, gracias al auxilio de la geografía, la construcción relativamente veloz de poderosas unidades de combate [...] la consolidación de estas unidades permitirá disputar al enemigo zonas geográficas, primero durante la noche y luego durante el día. En la medida que el paralelo desarrollo de la lucha política y la aplicación de una línea correcta de masas a la actividad militar, fortalezca y engrose las columnas guerrilleras, será posible liberar zonas y construir más adelante sólidas bases de apoyo.
3.2.2. En lo referente a la situación preexistente al 24 de marzo de 1976, dice la sentencia aludida:
Ya ha quedado suficientemente demostrado, al punto de caracterizarlo como un hecho notorio, que ese fenómeno delictivo asoló al país desde la década de los sesenta, y generó un temor cada vez más creciente en la población, a la par que una grave preocupación en las autoridades.
También está fuera de toda discusión que a partir de los años setenta, el terrorismo se agudizó en forma gravísima, lo que se manifestó a través de los métodos empleados por los insurgentes, por su cantidad, por su capacidad ofensiva, por su poder de fuego, por los recursos económicos que contaban −provenientes de la comisión de robos, secuestros extorsivos y variada gama de delitos económicos−, por su infraestructura operativa y de comunicaciones, la organización celular que adoptaron como modo de lograr la impunidad, por el uso de la sorpresa en los atentados irracionalmente indiscriminados, la capacidad para interceptar medios masivos de comunicación, tomar dependencias policiales y asaltar unidades militares.
En suma, se tiene por acreditado que la subversión terrorista puso una condición sin la cual los hechos que hoy son objeto de juzgamiento, posiblemente no se hubieran producido.
(Lo subrayado es nuestro).
3.2.3. Sobre la normativa en ese período (anterior al 24 de marzo de 1976) dice:
Así, a partir de 1970, los distintos gobiernos de la Nación Argentina dictaron diversas normas tendientes a hacer más efectiva la defensa del país contra el flagelo terrorista...
La mayor parte de estas disposiciones estuvieron dirigidas a reprimir con rigor creciente la actividad subversiva, salvo un momentáneo eclipse operado en el curso del año 1973. En este año, por razones políticas que no corresponde a esta Cámara juzgar, se dictó la ley de amnistía 20.508, en virtud de la cual obtuvieron la libertad un elevado número de delincuentes subversivos −condenados por una justicia que se mostró eficaz para elucidar gran cantidad de crímenes por ellos perpetrados− cuyos efectos, apreciados con perspectiva histórica, lejos estuvieron de ser pacificadores. (lo subrayado es nuestro)
3.2.4. En el próximo tema, titulado «La legítima defensa», la Cámara dice en la sentencia ya referida:
Toca ahora ver si las conductas típicamente relevantes se hallan amparadas por la norma permisiva contenida en el artículo 34, incisos 6 y 72 del Código Penal, esto es, legítima defensa del estado y la sociedad necesaria contra una agresión injusta, actual y no provocada, y que ella comprende tanto los derechos propios como los de terceros...
Es suficientemente claro que ni el Estado ni la sociedad provocaron de manera suficiente la agresión subversiva. Ello es un hecho notorio que se desprende de la circunstancia de que la subversión terrorista en momento alguno señaló la existencia de situaciones sociales o políticas de tal entidad, que pudieran determinar su actividad disolvente. Parece útil resaltar que ni Estado ni sociedad son conceptualmente gobierno y que tales acciones tuvieron lugar tanto en épocas en que los destinos de la Nación eran regidos por gobiernos de jure como de facto. (lo subrayado es nuestro)
Es que, como quedó dicho anteriormente, la actividad subversiva se manifestó a través de todo tipo de ataques individuales o colectivos, a personas o instituciones, generalmente llevados a cabo de manera aleve, todo lo cual encuadra con claridad en el concepto antes citado. (lo subrayado es nuestro)
La permanente recurrencia de las defensas al tema de la guerra, bajo cuya óptica pretenden que se analice el caso, lleva este Tribunal a una consideración particular.
Tanto la doctrina nacional como la internacional, establecen una distinción entre los conflictos armados que se pueden suscitar en el seno de una sociedad o entre distintos estados.
Contemporáneamente, y a partir de la Segunda Guerra Mundial, se ha desarrollado una nueva forma de conflicto armado que se ha dado en llamar guerra revolucionaria. (lo subrayado es nuestro)
Para Robert Thompson su mejor definición es: una forma de guerra que permite que una minoría, pequeña y despiadada, obtenga por la fuerza el control de un país, se apodere, por lo tanto, del poder por medios violentos y anticonstitucionales (Guerra revolucionaria y estrategia mundial, 1945-1969 Ed. Paidós, Buenos Aires, 1969, pág. 20).
Igualmente, suelen distinguir los autores entre la guerra revolucionaria y la guerra de guerrillas Mientras esta última es defensiva y táctica, incluye el hostigamiento de las fuerzas regulares, puede ser nacionalista o patriota y no necesariamente política, la primera es esencialmente política y social. Puede, durante cierta fase, incluir acción guerrillera, pero sus objetivos son muchísimo más ambiciosos…
Conviene destacar que, de modo más o menos coincidente, los teóricos sobre el tema distinguen cinco fases dentro de la guerra revolucionaria, que caracterizan del modo que sigue:
Fase 1: Despliegue e infiltración en el país en que se inicia el proceso; organización clandestina del aparato revolucionario y agitación social.
Fase 2: Intimidación de la población mediante el terrorismo en sus distintas formas, como modo de obtener el desprestigio de la autoridad pública y privarla de consenso.
Fase 3: Control de la población para comenzar a volcarla hacia el marxismo o asegurar su pasividad.
Fase 4: Ejercicio de dominio sobre un espacio geográfico poblado para instalar un gobierno revolucionario y gestionar su reconocimiento internacional.
Fase 5: Pasaje a la ofensiva general; desarrollo de la guerra civil y apoderamiento del país…
3.2.5.Concepto de «dominio territorial»
Antes de continuar con las transcripciones de la sentencia dictada el 9 de diciembre de 1985 por la Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal (Causa 13), se deben hacer las siguientes consideraciones a lo expresado sobre la «Guerra Revolucionaria».
Las expresiones de los distintos autores, comenzando por el más importante de ellos, Mao Tse-Tung, se refieren a países con muy importantes poblaciones en el campo –campesinado− por lo que las guerrillas rurales podían dominar territorios (es el caso de hoy de las FARC en Colombia) mientras que por las características socio-económicas y geográficas de nuestro país, la masa de los trabajadores (principal objetivo de la subversión terrorista) era urbana y estaba distribuida en el cordón fabril «La Plata-Santa Fe» y en Córdoba. Por ello se desarrolló con mayor ímpetu la subversión urbana inicialmente, para ir preparando después zonas rurales aptas (como Tucumán donde quería recalar el «Che» Guevara luego de Bolivia para conducir su revolución continental) cuyo desarrollo y dominio les permitiría pedir ayuda internacional, entrando en la cuarta Fase teórica explicada en la sentencia.
El concepto de dominio en lo urbano es diferente; aquí se alude a la capacidad de operar (con partisanos, mimetizados en el medio, sin uniformes ni armas a la vista) mediante la concentración sobre uno o más blancos elegidos y luego dispersarse para que las fuerzas legales caigan en el vacío y se vayan desprestigiando y desmoralizando, mientras ellos se preparan para actuar en otras misiones.
El dominio de zonas rurales era importante con el tiempo, para crecer militarmente y poder enfrentarse en combates, si fuera necesario, con las fuerzas armadas legales en forma convencional.
Por ello, el PRT-ERP a fines de 1974 ya apareció en los montes al SO de Tucumán y abrió un frente secundario rural y Montoneros en 1976 comenzó a preparar otro al N del anterior.
3.2.6. Definición de la Cámara sobre la naturaleza de los acontecimientos que enmarcan la causa
Dice, finalmente, en esta parte la sentencia: En consideración a los múltiples antecedentes acopiados en este proceso, especialmente documentación secuestrada, y a las características que asumió el fenómeno terrorista en la República Argentina, cabe concluir que dentro de los criterios clasificatorios que se vienen de expresar, éste se correspondió con el concepto de guerra revolucionaria…( lo subrayado es nuestro)
3.2.7. Aplicación de las leyes y usos de la guerra
En cuanto al Derecho Internacional, se debe resaltar lo siguiente que transcribimos de la sentencia aludida, dice J. Bidart Campos: Cuando la emergencia desencadena operaciones bélicas entre el gobierno constituido y los insurgentes pueden aplicarse las leyes y usos de la guerra, aún cuando el primero considere a los segundos como delincuentes políticos. En ese sentido, añade que las convenciones de Ginebra de 1949 sobre heridos, enfermos, prisioneros de guerra y civiles en tiempo de guerra disponen que sus normas se extenderán a los conflictos armados que sin carácter internacional ocurran en el territorio de los estados contratantes. Concluye el tema de esta manera: Cuando el gobierno ya ha reconocido a las fuerzas opositoras la calidad de beligerantes o se trata a la autoridad rebelde como gobierno de facto, o cuando sin llegar a ninguna de esas situaciones deben recurrir a medidas de guerra imprescindibles ante la magnitud del alzamiento en armas, puede hablarse de una guerra civil. Y no hay entonces delincuentes políticos, sino enemigos de guerra; ambas partes son bélicamente iguales y deben regirse por las leyes y usos de la guerra como si la contienda fuera internacional. (Derecho Constitucional, cit. T.I. p. 582; en el mismo sentido, Nicasio de Llauda, op. Cit.. pp. 31 y 32). (lo resaltado es nuestro)
3.3. Los componentes de las fuerzas enfrentadas en el conflicto armado
Para poder calificar adecuadamente la naturaleza del enfrentamiento entre las organizaciones terroristas revolucionarias y el Estado Nacional debemos analizar y evaluar los más importantes componentes de las fuerzas en oposición (obviamente nos referiremos sólo a las fuerzas ilegales y clandestinas, porque el Poder Militar de la República Argentina, en términos generales y por ser público, es conocido o fácilmente imaginable).
A continuación, será tratada la finalidad de su lucha, los objetivos que perseguían, su estrategia, así como sus tácticas y procedimientos y también los recursos disponibles y los apoyos obtenidos dentro del país y en el exterior.
3.3.1. Finalidad
Era: tomar el poder político del Estado Nacional para implantar un Estado Socialista totalitario (marxista-leninista).
3.3.2 Objetivos
Si bien algunas organizaciones menores –del espectro revolucionario− no dieron a conocer públicamente sus objetivos por conveniencia política, otras −como el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP)− sí lo hicieron y difundieron en sus publicaciones, agrupándolos por ámbitos del quehacer nacional (Ver revista Estrella Roja, N.ro 1, de abril de 1971), mientras que Montoneros y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) unificados en 1973, que mantuvieron la primera de las designaciones para ocultar su marxismo-leninismo, los enunciaban como metas o propósitos por alcanzar en un tiempo previsto para cada ámbito. (Véase revista Evita Montonera, N.ro 1, diciembre de 1974, Pág. 12 a 17).
3.3.3. Estrategia
Definida en general como el arte de emplear los medios −en los más altos niveles de conducción− para lograr los objetivos previstos y llegar a la consecución de su finalidad (la toma del Poder).
Para ellos el modelo era «la Guerra Revolucionaria», ya que su metodología permitía ir modificando, en un plazo de tiempo que estimaban prolongado, la relación de poder de combate entre sus organizaciones y las fuerzas legales para poder llegar luego, si fuera necesario, al enfrentamiento convencional.
En la práctica y en general, lo que se buscaba era explotar todas las contradicciones y frustraciones de la sociedad, y utilizar tres tipos de acciones básicas: la acción armada, la acción insurreccional de masas y la acción política, que no eran excluyentes entre sí sino complementarias, se colocaba el centro de gravedad en la que apreciaban que prometía mayor éxito.
3.3.4. Tácticas y procedimientos
Emplearon todos aquellos que enseñaban los manuales escritos sobre Guerra Revolucionaria y guerrilla urbana o rural, especialmente por Mao Tse-Tung, el «Che» Guevara, Ho Chi Minh, Giap, Marighella, el Frente Sandinista de Liberación, etc. También apuntes de los cursos que, en considerable cantidad realizaron los fundadores o primeros miembros de las distintas organizaciones (especialmente en Cuba) sumados a las experiencias de Tupamaros, MIR de Chile, las enseñanzas de Vietnam y las propias prácticas en el país.
En el caso de Montoneros y del ERP también se utilizaron reglamentos de las fuerzas armadas argentinas.
Al principio, sus acciones eran además de ilegales, encubiertas y se confundieron con las cometidas por los delincuentes comunes, como fueron los robos de dinero, de equipos, de materiales, de vehículos, de armas en armerías y casas particulares, etc.
Algunas de ellas se utilizaron con el triple propósito de: abastecerse de recursos, iniciar el entrenamiento militar y comprometer a los militantes con la organización, como eran los casos de desarme a policías, los robos a bancos y a camiones de caudales y los secuestros extorsivos.
A partir del momento en que las estructuras se fueron robusteciendo, comenzaron a identificarse ante la población (años 1969-1970) por la necesidad de difusión de sus acciones, que les permitiría lograr más adherentes y militantes.
La llamada «propaganda armada» siempre ha sido el procedimiento usado por las organizaciones revolucionarias armadas que pretendían desarrollarse con rapidez, inspiraban simpatía (reparto de víveres y elementos en barrios pobres, intimidación a patrones en defensa de sus obreros, etc.) o temor (asesinatos, atentados, secuestros extorsivos, etc).
Cuando fueron creciendo en medios y capacidad, iniciaron los ataques a dependencias policiales y, posteriormente, a las de las fuerzas armadas, que incluían unidades logísticas y de las armas, donde emplearon importantes efectivos y obtuvieron gran difusión en los medios de comunicación social .
El terrorismo constituyó una herramienta muy importante para los «revolucionarios», ya que mediante sucesivos actos de violencia suficientes para producir intimidación por terror, en la comunidad, tendió a paralizar la capacidad defensiva de ésta y crear una sensación de miedo e inseguridad personal.
Los actos terroristas típicos de esta guerra no convencional, como la colocación de artefactos explosivos de distinto poder, muchas veces indiscriminado y el ataque a traición, por sorpresa y alevosía al personal de las fuerzas armadas, de seguridad. y policiales, así como a civiles de distintos ámbitos del quehacer nacional, estuvo siempre presente en el accionar de todas las organizaciones políticas armadas terroristas.
3.3.4.1. Uso y fabricación de explosivos
Como se dijo el uso de explosivos era parte de las tácticas revolucionarias que usaba el terrorismo como herramienta de terror (asesinatos) e intimidación y, por ello, Montoneros desarrolló con profesionales químicos, el explosivo «C2» para eso montó cinco fábricas en el país para alimentar la fabricación de granadas antipersonales y de carga hueca, artefactos tipo «vietnamita» y otra clase de aparatos. Dos de ellas fueron instaladas fuera del país, una en Brasil y la otra en la ciudad de Sidón (en Palestina) como compensación por los cursos que sus militantes efectuaban en ese Estado.
3.3.4.2. Principales atentados con explosivos
Si bien como se expresa en las transcripciones del juicio a las Juntas de Comandantes (Causa 13) que figuran a continuación fueron más de cinco mil las acciones con explosivos realizadas por las organizaciones políticas armadas que actuaron en la Argentina, bien llamadas «terroristas», detallamos a continuación, con la fecha de ejecución, aquellas consideradas más importantes:
15/1/72. Montoneros: atentó con un artefacto explosivo contra la vida del ex ministro de Justicia Jaime Perriaux colocado en su domicilio. Murió un policía que estaba de custodia.
16/10/72. FAR: colocó una bomba en una habitación del Hotel Sheraton de Buenos Aires y mató a una turista canadiense, hirió a su esposo y a otra turista norteamericana.
30/3/73. ERP: el soldado conscripto de la Armada Argentina, Julio Provenzano, militante de esa organización, manipulaba un artefacto explosivo en un baño del edificio Libertad para colocárselo a sus superiores, pero éste explotó en ese momento y el conscripto murió en el acto.
1/11/74. Montoneros: destruyó con un artefacto explosivo la embarcación en la que se desplazaban por el delta de Tigre el Jefe de la Policía Federal, comisario general Alberto Villar y su señora esposa, quienes murieron en el acto.
27/8/75. Montoneros: colocó explosivos subacuáticos en el casco de la fragata misilística Santísima Trinidad en construcción en el astillero de Río Santiago, que provocaron importantes daños que retardaron su construcción.
29/8/75. ERP: colocó una poderosa carga explosiva en una alcantarilla bajo la pista del aeropuerto de Tucumán, y la hizo explotar con control remoto al despegar un avión Hércules de la Fuerza Aérea que transportaba personal de Gendarmería Nacional que volvía a su provincia.
Mataron a seis miembros de esa fuerza de seguridad, veintiséis de entre ellos resultaron heridos de gravedad y se destruyó totalmente el aparato.
8/9/75. Montoneros: colocó una bomba frente a la Universidad de Belgrano, en Capital Federal, que mató a una estudiante e hirió a cuatro más.
16/1/76. Murió un policía que intentaba desactivar una bomba, en la localidad de Morón.
15/3/76. Montoneros: atentó con un coche bomba, que colocó en el playón de estacionamiento del Estado Mayor General de Ejército un soldado conscripto militante de esa organización, para matar al general Jorge R. Videla. La explosión no logró su cometido, pero mató a un civil que conducía un camión y pasaba en ese momento por la calle e hirió a veintiséis personas, algunas de gravedad.
2/6/76. Accidentalmente, se encontró un artefacto con cinco kilogramos de explosivos, clavos y tornillos, en el jardín de la Escuela de Mecánica de la Armada, con un mecanismo de relojería listo para explotar minutos después, cuando se desarrollaría una formación militar con los jóvenes aspirantes a suboficiales.
18/6/76. Montoneros: colocó un explosivo debajo de la cama del jefe de la Policía Federal, general Cesáreo Cardozo, que explotó al acostarse y lo mató. Para poder realizarlo, la organización había infiltrado una militante que estudiaba con la hija en la casa del militar. Los detalles fueron difundidos por la asesina, Ana M. González, en una entrevista a la revista española Cambio 16.
2/7/76. Montoneros: hizo detonar en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, a la hora del almuerzo del personal, una valija con explosivos que provocó veintitrés muertos y sesenta y cinco heridos, doce de los cuales quedaron mutilados de por vida. El autor fue un militante de la organización terrorista de apellido Salgado que había prestado servicios un año en el lugar.
12/9/76. Montoneros: hizo explotar un coche bomba en Rosario, Santa Fe, al paso de un ómnibus que transportaba policías que regresaban de cumplir funciones del servicio en un partido de fútbol. Murieron nueve policías, un fotógrafo y su esposa que pasaban por el lugar. Hubo además trece heridos graves, algunos de los cuales quedaron mutilados de por vida.
16/10/76. Montoneros: detonó una carga de explosivos en la oficina del subjefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata. El subjefe perdió un brazo y quedaron heridos un coronel y tres comisarios.
17/10/76. Montoneros: colocó una bomba en el cine del Círculo Militar, lugar al que concurrían familias y personal retirado, se la hizo explotar durante la función e hirió a más de cincuenta personas. La inexperiencia del terrorista que la colocó debajo de colchonetas apiladas (el lugar durante día era un gimnasio) causó que la explosión empujara para abajo con mayor fuerza e hiciera un hueco de un metro de diámetro en la losa de cemento armado de quince centímetros de espesor. Si la hubiera colocado arriba, habría matado a las doscientas personas presentes.
15/12/76. Montoneros: por medio de un funcionario militante, hizo explotar una valija con explosivos en el microcine de la Secretaría de Planeamiento del Ministerio de Defensa y provocó catorce muertos y diecinueve heridos, algunos de gravedad.
1/8/78. Montoneros: colocó una carga explosiva en un edificio vecino al domicilio del almirante Lambruschini, que provocó el derrumbe de cuatro pisos y mató a la hija del almirante, de quince años, a una anciana y a una persona de sexo masculino.
27/09/79. Montoneros: copó por sorpresa la casa del secretario de coordinación del Ministerio de Economía Dr Walter Klein y mató a dos policías custodios. Luego de sacar a las mucamas de la casa, pusieron cargas explosivas en varios lugares del inmueble sin hacer caso a los ruegos de las empleadas que avisaban que había cuatro niños en la casa. La explosión milagrosamente provocó el derrumbe total de toda la planta superior, sin ocasionar heridas de gravedad al matrimonio y a sus cuatro hijos.
13/11/79. Montoneros: asesinó con disparos y granadas al empresario Francisco Soldati y a su chofer en la intersección de Arenales y avenida 9 de Julio, en pleno centro de la Capital Federal, en momentos en que, imprevistamente, una patrulla policial pasaba por el lugar. Se originó un tiroteo durante el cual detonó una carga explosiva que una terrorista estaba colocando debajo de una camioneta para dejarla en el lugar como señuelo y hacerla explotar a distancia cuando llegaran las autoridades a observar lo ocurrido.
3.3.5. Acciones subversivo-terroristas, según la justicia
Lo que se transcribe a continuación, es parte del texto de La sentencia dictada el 9 de diciembre de 1985 por la Excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal (Causa 13) «Antecedentes y desarrollo del Sistema General en que se integran los hechos».
El fenómeno terrorista tuvo diversas manifestaciones con distintos signos ideológicos en el ámbito nacional, con anterioridad a la década de los setenta, pero es este año −1970− el que marca el comienzo de un período que se caracteriza por la generalización y la gravedad de la agresión terrorista evidenciada, no sólo por la pluralidad de bandas que aparecieron en escena, sino también por el gran número de acciones delictivas que emprendieron e incluso por la espectacularidad de muchas de ellas.
Sobre esta ubicación temporal puntualmente, todos los informes requeridos por el Tribunal y la bibliografía aportada a la causa señalan con alguna diferencia de matiz, la aparición simultánea entre los años 1969 y 1970, aunque se indica que alguna de estas bandas venían gestándose desde varios años antes...
El accionar del terrorismo, por su complejidad y gravedad y por la capital importancia que reviste como necesario antecedente de los hechos objeto de juzgamiento, será motivo de análisis pormenorizado en puntos posteriores, sin perjuicio de lo cual, al solo efecto de ilustrar estadísticamente, con los elementos arrimados a la causa, la intensidad que adquirió a partir de su aparición en el período señalado, puede indicarse que:
Según el Ejército Argentino (f.318/323 del cuaderno de prueba de Viola) como resultado de la actuación guerrillera en el lapso comprendido entre 1969 y 1979 se computan 21.642 acciones de diversa entidad, corresponde aclarar que esta cifra sirve como punto de referencia ...
Los cursos de acción comprendidos se discriminan de la siguiente manera: 5215 atentados explosivos; 1052 atentados incendiarios; 1311 secuestros de artefactos explosivos; 132 secuestros de material incendiario; 2013 intimidaciones con armas; 52 actos contra medios de comunicación social; 1748 secuestros; 1501 asesinatos; 551 robos de dinero; 589 robos de vehículos; 2402 robos de armamentos; 36 robos de explosivos; 40 robos de documentos; 17 robos de uniformes; 19 robos de material de comunicaciones; 73 robos de material sanitario; 151 de materiales diversos; 20 copamientos de localidades; 45 copamientos de unidades militares, policiales y de seguridad; 22 copamientos de medios de comunicación social; 80 copamientos de fábricas; 5 copamientos de locales de espectáculos públicos; 261 repartos de víveres; 3014 actos de propaganda; 157 izamiento de bandera y 666 actos intimidatorios. (lo resaltado es nuestro)
La actividad a la que se hace referencia se desarrolló con intensidad progresiva y alcanzó su momento culminante a mediados de la década, ya que las bandas existentes, dotadas de un número creciente de efectivos, de mejor organización y mayores recursos financieros, multiplicaron su accionar y produjeron, en el lapso posterior a la instauración del gobierno constitucional, la mayor parte de los hechos delictivos registrados estadísticamente para todo el período analizado. (lo resaltado es nuestro)
Esta circunstancia puede comprobarse cuantitativamente teniendo en cuenta que:
a. De los 138 delitos contra civiles de los que da cuenta el informe de la Policía Federal (F. 321/353 del cuaderno de prueba de Videla) 62 se cometieron durante los años 1974 y 1975, en un gobierno democrático. (Lo resaltado es nuestro)
b. De los 21.642 hechos terroristas que computa para toda la década el Estado Mayor General del Ejército (F. 318/323 del cuaderno de prueba de Viola) 6762 sucedieron entre 1974 y 1975. (Lo resaltado es nuestro)
c. Los ataques organizados contra unidades militares de mayor envergadura, por la importancia de los objetivos y por el despliegue logístico y de combate que supusieron, también corresponden a esta época, que se vio conmocionada por los copamientos del Regimiento 10 de Caballería Blindada de la ciudad de Azul, la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos de Villa María, el Batallón Depósitos de Arsenales 121, Fray Luis Beltrán de Rosario, los intentos de copamiento al Regimiento de Infantería de Monte en la Provincia de Formosa y al Batallón Depósito de Arsenales 601 Domingo Viejobueno, en Monte Chingolo, y los atentados con explosivos contra la Fragata Misilística Santísima Trinidad, ocurrido en la Base Naval Ríos Santiago, y contra un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina, ocurrido en el Aeropuerto Benjamín Matienzo de la Provincia de Tucumán (según consignan los informes citados y la publicación oficial El Terrorismo en la Argentina).
Esta situación se reflejó también en la acción de propaganda de estos grupos, lanzada masivamente en el período señalado, hacia la población, no sólo a través de los medios de prensa tradicionales que, como es público y notorio, recibieron gran cantidad de mensajes, sino también a través de su propia infraestructura de prensa que les permitió difundir una notable cantidad de panfletos y publicaciones en los que se hacía la apología de los delitos cometidos. Ejemplo de ello son las revistas Estrella Roja, Evita Montonera y Estrella Federal, entre otras, aportadas a f. 31 Vta. del cuaderno de prueba de Viola, donde se informa detalladamente sobre algunas de las acciones, más arriba mencionadas.
La importancia que adquirió la actividad terrorista se refleja objetivamente en que:
Se desprende que los principales grupos aparecieron públicamente en forma casi simultánea...
La razón de ser de las distintas formas de guerrilla se explica en el editorial «El Comienzo de la Guerrilla Rural», publicado en el ejemplar N.º 6 del cuaderno de prueba de Viola, donde se consigna: ... el accionar guerrillero urbano ha desarrollado ya varios años de experiencia práctica [...] y las pequeñas unidades que comenzaron el combate en la década pasada, ya se han fortalecido y convertido en unidades de mayor tamaño, de gran capacidad operativa [...] han intervenido en importantes acciones de carácter estratégico, toma de cuarteles, aniquilamiento de patrulleros policiales y algunos operativos de ajusticiamiento. Estas circunstancias plantean al ERP elevar a un nivel superior el carácter de la acción político-militar, y comenzamos a desarrollar la acción revolucionaria en el Frente Rural, con el doble objetivo de cubrir una importante necesidad estratégica de la Revolución, como es el actuar en un terreno favorable que permita la construcción de unidades de gran tamaño por un lado, y por otro, organizar nuevas capas populares como los campesinos, para hacer más efectiva la ofensiva que viene librando nuestro pueblo desde hace años...
Con relación a lo expuesto, declararon Antonio Cafiero, Alberto Luis Rocamora y Carlos Federico Ruckauf, entre otros (F. 15, 23 y 40, respectivamente, de las actas mecanografiadas de la audiencia de prueba), quienes señalaron como muy importante la actividad terrorista en el monte tucumano, porque del ámbito rural se intentaba avanzar al ámbito urbano. ( lo resaltado es nuestro)
En menor medida, se produjeron ataques organizados contra unidades militares y copamiento de pueblos enteros. Tal como surge de:
El expediente 22.965, agregado por cuerda a F. 221 del cuaderno de prueba del general Galtieri, en el que se investigó el copamiento del Regimiento de Tiradores de Caballería Blindada N.º 10 Húsares de Pueyrredón y Primer Grupo de Artillería Blindada de Azul, perpetrado por un grupo de aproximadamente cuarenta o cincuenta personas pertenecientes al Ejército Revolucionario del Pueblo, en el que resultaron muertos el coronel Arturo Gay y su esposa, el soldado Daniel Osvaldo González y uno de los atacantes. El teniente coronel Ibarzábal fue secuestrado y luego asesinado.
1) El expediente 190/84 del Juzgado Federal N.º 2 de Córdoba, agregado por cuerda a f. 273 del cuaderno de prueba citado, caratulado «Aybar, Antonio s/asociación ilícita», donde, a raíz de un allanamiento de domicilio se pudo averiguar que el 11 de agosto de 1974 se iba a intentar copar el Regimiento de Infantería Aerotransportado 17 de Catamarca, y fracasó el operativo por circunstancias fortuitas al haber sido interceptada en la vía pública la banda, por una comisión policial. Como consecuencia, se produjo un enfrentamiento posterior en el que murieron dieciséis delincuentes y como resultado se secuestraron diversas armas y explosivos.
2) El sumario 23.160 instruido contra el soldado conscripto Eugenio Antonio Pettiggiani y otros, con motivo del asalto y copamiento a la Fábrica Militar de Pólvora y Explosivos, Villa María, Córdoba, agregado, por cuerda a f. 221 de cuaderno de prueba citado, del que resulta que el 10 de agosto de 1974, aproximadamente a las 23.40, un grupo de setenta u ochenta subversivos ingresó en ese establecimiento militar luego de copar el Motel Pasatiempo, ubicado a un kilómetro de la fábrica y utilizado como base de operaciones. Allí se demostró que con la colaboración del conscripto Pettiggiani fueron atacados los puntos clave, se apoderaron de gran cantidad de armamentos, municiones y explosivos, hirieron a varios oficiales y suboficiales y secuestraron al mayor Larrabure, quien apareció muerto mucho tiempo después.
3) El informe del Estado Mayor General del Ejército agregado a f. 486/491 y 783 del cuaderno de
a) Del copamiento del Batallón de Arsenales 121 San Lorenzo, de Santa Fe; realizado por
Del intento de copamiento del Regimiento de Infantería de Monte N.º 29 de Formosa, realizado por unos cuarenta efectivos del Ejército Montonero el 5 de octubre de 1975, quienes a un mismo tiempo ocuparon el Aeropuerto internacional El Pucú, un campo en las inmediaciones de Rafaela, Provincia de Santa Fe, controlaron la ruta que une el Regimiento de Infantería N.º 29 y dicho Aeropuerto, y capturaron a un avión Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas y una avioneta Cessna de cuatro plazas. El ataque al Regimiento fue repelido, y se produjeron doce muertos y diecinueve heridos en las filas del Ejército y dieciséis muertos en las filas de la banda terrorista.
Del intento de copamiento del Batallón de Arsenales 601 Domingo Viejobueno, de Monte Chingolo, efectuado por un grupo de aproximadamente ochenta integrantes del ERP, el 23 de diciembre de 1975, en el que resultaron muertos seis efectivos del Ejército y doce heridos, mientras que la banda subversiva sufrió cincuenta y dos bajas.
La publicación oficial «El terrorismo en la Argentina», ya citada, que informa sobre el intento de copamiento al Comando de Sanidad del Ejército por parte del ERP, producido el 6 de septiembre de 1973; los copamientos de las localidades de la Calera Provincia de Córdoba, y de Garín en la Provincia de Buenos Aires, ocurridos el 1.º y 30 de julio de 1970, respectivamente, perpetrados por Montoneros y Fuerzas Armadas Revolucionarias; y los atentados con explosivos contra la Fragata Misilística Santísima Trinidad, en Río Santiago, Provincia de Buenos Aires, y contra el avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina, el Aeropuerto Benjamín Matienzo de la Provincia de Tucumán, el 27 y 28 de agosto de 1975, respectivamente.
El expediente 1604 del Juzgado Federal de Primera Instancia N.º 1 de San Martín, agregado en el cuaderno de prueba de Agosti, caratulado «Aoad, Vilma Gladis», VIII Brigada Aérea denuncia sobre infracción a la ley 20.840 en la que se condenó a la nombrada por haber realizado, con la colaboración del cabo primero de Fuerza Aérea Osvaldo Antonio López, un atentado con explosivos contra la dotación de aviones Mirage de la VIII Brigada Aérea Mariano Moreno de José C. Paz, Provincia de Buenos Aires, hecho que no tuvo éxito por fallas en los artefactos colocados y por haber sido descubierto por las autoridades, ocurrido el 29 de abril de 1976.
El expediente 188 (JIM N.º 1) 845.766 de la Fuerza Aérea Argentina, instruido en razón del atentado con explosivos que produjo grandes daños en el Edificio Cóndor. Ocurrido el 5 de abril de 1977, adjudicado a Patricia Palazuelos.
La actividad descripta fue producto de la actuación de una pluralidad de grupos subversivos que en total contaban con un número de algunos miles de integrantes, sus características más importantes eran su organización de tipo militar, que incluyó la creación de normas y organismos propios de tipo disciplinario, su estructura celular, la posesión de un considerable arsenal que utilizaban en sus acciones y abundantes recursos económicos, producto principal de delitos cometidos.
3.3.6. Recursos disponibles
3.3.6.1. Humanos
Hubo organizaciones cuya estructura era totalmente clandestina y otras que tenían desarrollada, además, otra estructura legal, en la superficie, cuyos miembros tenían un menor compromiso organizativo y actuaban generalmente en tareas logísticas de apoyo, de propaganda y de inteligencia, eran, además, una importante fuente de reclutamiento para la estructura clandestina. Un ejemplo: Montoneros (estructura armada clandestina). La Unión de Estudiantes Secundarios (UES), Juventud Universitaria Peronista (JUP), el Partido Auténtico, la Comisión Argentina por los Derechos Humanos (CADHU), etc. (estructuras de superficie o de fachada).
3.3.6.1.1. Efectivos
Su cuantificación, fue y sigue siendo difícil de precisar aún para las mismas organizaciones. Para ejemplificar, a continuación transcribimos un párrafo del libro La Voluntad, Tomo III, escrito por el excombatiente del ERP Eduardo Anguita y Eduardo Caparrós, un montonero exiliado en París en 1976 (hoy escritor y periodista televisivo). Allí se expresa que: Mena (miembro del Comité Central del PRT y uno de sus líderes más importantes de esa organización) les había manifestado que cuando fundaron el ERP en 1971, que el PRT tenía unos trescientos miembros y que en esa oportunidad –1976– tenían alrededor de cinco mil compañeros, incluyendo militantes, aspirantes, combatientes y simpatizantes.
Por su parte, Richard Gillespie en su libro Los Soldados de Perón. Montoneros, en el capítulo 5, y subcapítulo «El intento de crear un Ejército Montonero», dice: …a fines de 1974, luego de su pasaje a la clandestinidad, tenían miles de activistas dispuestos a ser organizados dentro de sus estructuras militar y política y se creó una red de pelotones de combate como unidades celulares básicas, las que llevaban el nombre de guerrilleros muertos. Estas estructuras militares menores –continúa– estaban estructuradas dentro de «las Columnas» (tomadas del modelo Tupamaros, del Uruguay. Con gran autosuficiencia, reclutamiento propio, servicio de información, aparato militar y técnico independiente, así como una organización propia de labor de masas) que actuaban abarcando Regiones o Zonas.
En 1975, sus activistas se dividían en combatientes y milicianos, teniendo un mínimo de cinco mil personas encuadradas como tales.
Por otra parte, un informe del Consejo Nacional del Partido Montoneros de septiembre de 1977, expresaba que: entre el 24 de marzo de 1976 y 1977, aproximadamente en doce meses de lucha, sus bajas ascendían a dos mil, un tercio más de lo previsto.
En agosto de 1998, según expresara el «oficial Montonero» Manuel Pedreira a Richard Gillespie en La Habana (Cuba), las bajas desde el 24 de marzo de 1976, ascendían a cuatro mil quinientos militantes. Se recuerda en otro pasaje de su entrevista con el escritor, que en 1976/1977, en oportunidad de las disidencias de la «Columnas Norte» y «La Plata» con la «Conducción Nacional», la primera tenía alrededor de novecientos militantes y un poco menos, la segunda.
Sobre la base de muertos, detenidos y desaparecidos denunciados oficialmente y en detalle, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) y la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) y de los que seguían actuando dentro y fuera del país, pueden contabilizarse unas 25.000 a 30.000 personas comprometidas en su organización, entre todas las estructuras armadas que actuaron en el período 1970 a 1980, se aprecia que los que intervinieron en operaciones militares o paramilitares de alta intensidad sobrepasaron los cinco mil.
3.3.6.1.2.Composición
En general, preponderaban las personas –jóvenes o muy jóvenes– provenientes de la clase media, con una alta mayoría de estudiantes secundarios, terciarios, universitarios y de profesionales.
Erróneamente, en un artículo del diario Clarín del 25 de noviembre de 1999 titulado «La violencia. Una tragedia argentina», trabajo que carece de imparcialidad y posee importantes errores, se dice que La represión estatal fue clasista y que el 94% de los muertos (asesinados según su autora) eran obreros.
Según un estudio de la época de los sucesos, la composición social de las organizaciones subversivas era la siguiente:
Jefes político-militares de distintos niveles en las organizaciones: 74% poseía estudios
universitarios y el resto, estudios secundarios como mínimo. Nivel: clase media y superior.
Combatientes: 78% tenía estudios universitarios y con distintos grados de avance en la carrera. 15% educación secundaria, 7% educación primaria. Nivel predominante: clase media.
Periféricos: 50% universitarios, 20% secundario y 30% primario. Nivel: grupo policlasista.
3.3.6.1.3. Instrucción
En cuanto a su calidad, dada inicialmente por el nivel intelectual –normalmente elevado– de sus dirigentes e incluso de sus militantes, debe agregarse los cursos realizados en el extranjero, especialmente en Cuba, pero también en Palestina, Vietnam, etc.
A la bibliografía aportada por distintos autores (terroristas o ideólogos extranjeros), debe sumarse la aportada por las conducciones revolucionarias respectivas, según lo que se expresa a continuación en «la sentencia de la causa 13» (Capítulo II) donde dice:
La organización del tipo militar de esas bandas surge implícitamente de las acciones de mayor envergadura acaecidas contra las instalaciones castrenses, entrenamiento previo en el manejo de armas y las modalidades de lucha adoptadas que evidencian a las claras un adiestramiento de ese tipo. Esta condición está resaltada, también, en su material de propaganda, del que merece destacarse el artículo «Hacia la construcción del Ejército Montonero», publicado en octubre de 1975 en Evita Montonera, y el relativo a «Creación de una Escuela Militar en el PRT», publicado en Estrella Roja, ambos agregados como prueba documental N.º 9, por la defensa del procesado Viola.
Las modalidades de militarización de estas bandas se acreditan con el material bibliográfico de estudio dictado por ellas, agregado por cuerda a los cuadernos de prueba de las defensas de los procesados Galtieri y Massera, a saber:
Manual de Instrucción de las Milicias Montoneras, que en distintos capítulos contiene instrucciones sobre orden cerrado, capacitación física y criterios básicos de planificación operativa y logística
Cuerpo de Manuales sobre Guerrilla Rural, consistente en documentos de instrucciones sobre táctica, supervivencia, topografía, comunicaciones y sanidad, también editados por Montoneros
Manual de Información e Inteligencia y Cartilla de Seguridad con Instrucción sobre Procedimientos Operativos, correspondientes a la misma organización
Resolución 001/78 del Ejército Montonero por las que impone el uso de uniforme, grados e insignias
Curso de Táctica, Información y Estudio de Objetivos editado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores
Reglamento para el Personal Militar del Ejército Revolucionario del Pueblo, donde se prevé la conformación de escuadras, batallones, etc.
3.3.6.2. Estructura orgánica
Transcribimos parcialmente lo expresado en el Capítulo 14 del libro Hombres y Mujeres del PRT-ERP. De Tucumán a la Tablada, escrito por Luis Mattini (nombre real Arnold Kremer, hoy trabaja en la «Defensoría del pueblo de la Nación») −quien a la muerte de Santucho, «Secretario General del PRT»y «Comandante en Jefe del ERP», asumió esas funciones−:
... Desde el punto de vista orgánico, el nexo entre el Partido y el ERP estaba dado por todo un complicado sistema que partía del hecho de que el Comité Central del PRT trazaba los grandes lineamientos y el Secretario General del Partido era al mismo tiempo el Comandante en Jefe del ERP. Del Comité Central se desprendía un «Comité Militar Nacional», compuesto por varios miembros del Comité Central (no necesariamente afectados a la actividad armada) bajo la titularidad del Secretario General, se aplicaba el concepto de «dirección colectiva» de los asuntos militares. La identificación del Secretario General con el Comandante en Jefe en una misma persona estaba destinada a garantizar la unidad de mando.
A partir de allí, empezaba la estructura independiente del ERP. Un «Estado Mayor Central» compuesto por el Comandante en Jefe y un grupo de oficiales, cada uno a cargo de una jefatura, todos militares y todos miembros del Comité Central (Jefatura de Operaciones, Jefatura de Logística, Jefatura de Inteligencia y Jefatura de Personal).
... Asimismo, la idea de la absolutización de la «guerra rural», quedaba la lucha urbana como su simple apoyo, se iba desdibujando y, en su lugar, se visualizaban posibilidades inesperadas en la lucha armada en las grandes y medianas ciudades.
Todo esto encaja en el concepto de ejército y no en el de pequeños grupos guerrilleros. Es decir, que se pensaba en un ejército con todas las características de tal. «Estado Mayor», «Divisiones», «Batallones», «Compañías», «Pelotones», etc. Las formas concretas que adquirieran las unidades, dependerían de los rasgos específicos de la lucha. Es lógico, entonces, pensar que un ejército de estas características, debía poseer una estructura de mandos jerarquizada. Así es como se llega a plantear prematuramente la necesidad de establecer grados jerárquicos y todas las consecuencias que este tipo de organización implica (disciplina, reglamentos, orden cerrado, insignias, uniformes, etcétera).
El proyecto preparado por Santucho que tanto el Buró Político ( BP) como el Comité Ejecutivo (CE) y el Comité Central (CC) aprobaron sin observación, establecía la organización de todos los combatientes del ERP en un ejército guerrillero regular aunque su característica operativa fuera guerrillera. Con arreglo a la situación del momento y el proceso previsto a corto plazo, incluido el lanzamiento de la guerrilla rural, se crearon las siguientes unidades. Escuadra, de cinco a quince hombres cuyo jefe debía revistar el grado de Sargento; Pelotón, de quince a treinta hombres, cuyo jefe debía ser un Teniente; Compañía, de treinta a noventa hombres al mando de un Capitán y el Batallón de doscientos a trescientos combatientes, al mando de un Comandante. Tres escuadras de tamaño medio (diez hombres) formaban un pelotón y tres pelotones una compañía para reunir tres compañías formando el batallón. Asimismo, Santucho preveía una distribución aproximada de una compañía por cada gran regional del PRT, por ejemplo Córdoba, Rosario, etc., un batallón para el Gran Buenos Aires, y pelotones en las «zonas independientes».
Además cada mando militar debía estar acompañado con un par en el orden político, es decir el responsable político de la unidad que revistaba el mismo grado.
Junto con estas medidas, se crearon los uniformes para los combatientes del ERP. Camisa y pantalón verde oliva y kepi con las insignias de graduación. Va de suyo que el uniforme no se podía prácticamente usar en ciudades, ni aún cuando se operaba en ellas (salvo operaciones que por su envergadura lo permitieran). Estaba destinado fundamentalmente al monte, pero de todas maneras, se exigía su uso dentro de las «casas operativas»o en las escuelas y en toda ocasión que se celebrasen ceremonias del ERP.
... En efecto, se proponía la creación de un ejército guerrillero, el cual con estructura orgánica de ejército regular, empleara tácticas guerrilleras y de «lo chico a lo grande» en cuanto de «pequeños combates exitosos» fuera formando grandes unidades capaces de enfrentar con éxito «las unidades de elite de las FF AA., hasta quebrarles el espinazo» y facilitar la «insurrección final y exitosa de las masas» (Santucho consideraba que los trescientos mil hombres que contaban las FF.AA. Argentinas, entre ellos las fuerzas policiales, gendarmería y otros, sólo una mínima parte eran verdaderas unidades con capacidad combativa, las «unidades de elite del Ejército y de la Infantería de Marina». Lo demás era –a juicio de Santucho– sólo fuerzas de apoyo o administrativas. Por lo tanto, «quebrar el espinazo» significaba derrotar esas «unidades elites» y el Ejército se desmoronaría. Naturalmente, esto visto desde una perspectiva política muy general en donde la lucha política de masas sería determinante). [...]
... La educación de oficiales del ERP, en el nivel que se aspiraba, presentaba enormes dificultades por las peculiares condiciones de Argentina, sin fronteras con un Estado liberado que pudiera servir de retaguardia y apoyo. Se necesitaba «instrucción científica» acorde con los nuevos tiempos. Combatientes y oficiales con total dominio de las tácticas de combate, del uso cabal del armamento en donde la superioridad técnica de la guerrilla compensara con creces la abrumadora superioridad tecnológica de las FF. AA. Esas eran a juicio del PRT, las enseñanzas de toda la experiencia internacional cristalizada en la Guerra de Vietnam.
... La escuela urbana se organizó bajo el mando del Estado Mayor del ERP, es decir, del propio Santucho y su Director fue Juan Manuel Carrizo. Para el cometido se utilizaban fincas en las zonas suburbanas (quintas de fin de semana, alquiladas temporariamente). El «cuerpo docente» se formó con un grupo de miembros del ERP que poseía algunos conocimientos militares y cierta experiencia en métodos didácticos. Entre las principales materias estaban: Táctica operativa, Explosivos, Armamento, Reglamentación de las unidades, etc. Los textos que reflejaban la Doctrina Militar Socialista se reducían a los clásicos escritos militares (Engels, Trotsky, Mao, Giap, el «Che», etc.), es decir que, su mayoría trataban de leyes generales y una cantidad de relatos particulares de la Guerra Patria Soviética, la Guerra Civil Española, y sobre todo, el material disponible de Vietnam; con respecto a la experiencia universal, se leía desde Escipión, pasando por Aníbal y Napoleón hasta detenerse específicamente en la Guerras de la Independencia. Naturalmente que Clausewitz era autor obligado. Pero con respecto a manuales específicos sobre táctica, se utilizó lo conocido públicamente del Ejército Argentino y, sobre todo, el aporte de aquellos miembros del ERP que habían hecho el servicio militar y algunos suboficiales. (El PRT-ERP no logró reclutamientos sustanciales entre los suboficiales de las fuerzas armadas y mucho menos, entre los oficiales).
3.3.6.3. Justicia
Si bien todos tenían normas para juzgar a los propios militantes; Montoneros había plasmado en un Código de Justicia Penal Revolucionario aquellas normas que llegaban al asesinato.
Toda esta normativa jurídica, propia de toda organización militar, se completaba con normas disciplinarias y punitivas que servían para sancionar determinadas conductas que consideraban impropias, perjudiciales o delictivas.
Muchos fueron los militantes a los que se les hizo «juicio revolucionario», entre ellos algunos de alta jerarquía interna como el «comandante y oficial superior» Roberto Quieto y el «oficial primero» Rodolfo Galimberti, sentenciados a muerte. Un alto porcentaje de ellos fue asesinado por sus propios compañeros.
3.3.6.4. Financieros
Estos recursos son también de difícil cuantificación. Los robos de bancos y entidades financieras, los asaltos a camiones blindados, los secuestros extorsivos (algunos de varios millones de dólares, como el caso de los hermanos Born −60 millones− el de Víctor Samuelson, ESSO −14 millones− el de Enrique Metz-Mercedes Benz −4 millones−, etc.), eran innumerables y se sumaban a las intimidaciones extorsivas, acciones estas que en casi su totalidad no eran denunciadas por temor a represalias, y debían actuar los policías y jueces de oficio al enterarse, en algunos casos, por los medios de comunicación social (MCS).
Un documento secuestrado en el año 1976 a la organización Montoneros titulado Presupuesto Nacional correspondiente a los meses de junio a febrero consolidaba la cantidad –para esos meses− en USD10.707.000 (diez millones setecientos siete mil dólares). Este documento fue difundido al periodismo junto con otros el 17 de abril de 1977.
Sobre lo expresado y otros elementos de juicio que incluyen a las otras organizaciones subversivas terroristas, se aprecia que la suma de los recursos financieros que poseyeron superaron los USD150 millones (ciento cincuenta millones de dólares).
3.3.6.5. Logísticos (en especial referidos a explosivos, armas y equipos)
Al inicio de su accionar dispusieron de armas de puño –la mayoría robadas− y pocas armas largas. Posteriormente, fueron aumentando sus arsenales con armas automáticas y explosivos suficientes para los operativos importantes que realizaron, en los que también dispusieron de adecuados elementos de control y comunicaciones.
El robo de armas a policías, el ataque a dependencias de las fuerzas de seguridad y a unidades de las fuerzas armadas para obtener armas, proyectiles, explosivos y equipos eran parte de su doctrina de abastecimiento ya que: no erogaban recursos financieros, entrenaban y comprometían a su personal y obtenían réditos psicológicos y de propaganda. En el ataque y fallido copamiento al Batallón de Arsenales 601 del Ejército en Monte Chingolo, el 23 de diciembre de 1975, durante un gobierno constitucional, el PRT-ERP atacó la unidad con alrededor de 300 combatientes (libro Monte Chingolo, escrito por el ex terrorista Gustavo Plis-Sterenberg) con la finalidad de robar veinte toneladas de armas y municiones, pero no logró su objetivo y dejó alrededor de noventa muertos.
Esa misma organización también había instalado una fábrica de pistolas ametralladoras bautizadas «JCR-1» (en referencia a la «Junta Coordinadora Revolucionaria»), que fue detectada, ubicada y neutralizada por las fuerzas legales.
Santucho «comandante en jefe» del ERP, luego de los primeros prototipos de esa arma, también «ordenó el estudio de factibilidad para la producción de fusiles automáticos, ametralladoras y morteros» (Luis Mattini, reemplazante del nombrado, a su muerte, en el libro Hombres y Mujeres del PRT-ERP).
Montoneros, por su parte, a mediados de 1974, había desarrollado y comenzó a fabricar en 1975, armas antiblindadas (con carga hueca), granadas y pistolas ametralladoras, montando –además− cinco fábricas de explosivos plástico C2, exógeno de muy buena calidad. Dos de ellas fueron trasladadas posteriormente e instaladas en el extranjero (una de ellas en Palestina).
También instaló una radioemisora de Onda Corta en Costa Rica para transmitir a todo el continente Americano sus proclamas y otras informaciones de los «movimientos revolucionarios de América», además de perfeccionar unos pequeños equipos que permitían interceptar en nuestro país las emisoras de TV en un radio de aproximadamente 250 metros, para transmitir –en audio− mensajes de propaganda (iban montados en vehículos para evitar su pronta detección y neutralización). Los equipos eran denominados Radio Liberación y la sigla: RL-TV.
También constan referencias sobre logística, en la ya nombrada «Sentencia» dictada por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal (Causa 13) Cap. II. Cuestiones de hecho, en donde, luego de recordar que estas organizaciones consumaron 2438 robos de armamentos y explosivos dice:
Cabe destacar finalmente que para el adecuado uso de dicho arsenal los elementos subversivos eran adiestrados práctica y técnicamente, se hallan adjuntos a f. 239/243 del cuaderno de la defensa de Galtieri, los siguientes textos:
Manual Popular de Caños Incendiarios del Ejército Montonero en el que se instruía sobre la fabricación y uso de tales elementos.
Reglamento del Uso del Lanzagranadas SFM/LG22MP
Cartilla sobre Seguridad y Armas de Uso Defensivo
Manual de Identificación de los Elementos de la Granada SFM/G5
Cartilla sobre Explosivos y Armas Químicas
Manual de Instrucción de las Milicias Montoneras que contiene una cartilla sobre armamentos e instrucciones básicas de Tiro y Portación de armas, y un cursillo sobre explosivos caseros.
Como puede observarse, estos textos se refieren en general, al armamento que fabricaba Montoneros, al uso de explosivos caseros y en menor medida al uso de armas de puño y largas sustraídas en sus acciones. No se refiere, por ejemplo, a los siete RPG7 secuestrados en 1979, que eran lanzadores de cohetes antitanques de gran calibre de origen ruso.
Por su parte, el ERP utilizaba asiduamente como medio de instrucción teórica sobre la confección de explosivos y manejo de distintos artefactos y armamento, la revista que editaba Estrella Roja, de aparición quincenal o mensual, para estimular la iniciativa.
3.3.7. Apoyos (en el país y desde el exterior)
3.3.7.1. Generalidades
Como ya vimos en la teoría de «la guerra revolucionaria prolongada», la acción psicológica tiene un papel central porque es la población, en gran medida, el objeto en disputa y también, lo tiene el apoyo exterior porque éste es un importante punto de sostén para el éxito del proyecto político (ambos íntimamente relacionados).
Ese apoyo puede ser político-diplomático, económico-financiero o militar (entrenamiento de personal, armas, militantes de otros países y, eventualmente, si fuera conveniente, tropas regulares).
En lo financiero, no se pudo conocer el monto ni la procedencia del dinero girado desde otros países, por la permeabilidad de las fronteras y la falta efectiva del control del contrabando ni de las valijas diplomáticas. Tampoco se tuvo conocimiento de transferencias bancarias ilegales con este fin.
Sí existió un total apoyo político y militar de entrenamiento para el combate, iniciado con sesiones ideológicas sobre el pensamiento de los principales teóricos marxistas y sus distintas variantes.
Cuba fue desde 1959 un centro doctrinario importantísimo, en particular para la Argentina, habida cuenta del estatus que poseía allí J. W. Cooke y su accionar para llevar jóvenes dirigentes a la isla. A partir de 1967, y como secuela de la Tricontinental de La Habana y la OLAS, como vicario del Partido Comunista de la Unión Soviética (PCUS), ese país se transformó en el principal centro doctrinario y de entrenamiento militar de todos los dirigentes guerrilleros de América Latina.
Incluso sirvió de protección –en su territorio− de los miembros de la Conducción Nacional de Montoneros, que trasladados a México, tuvieron que abandonar ese país por razones de seguridad. Lo mismo había coordinado el PC cubano con el PRT con respecto al exilio de Santucho, pero éste fue muerto en un enfrentamiento el mismo día que iba a viajar a La Habana, para ponerse bajo la protección del Gobierno de Fidel Castro.
Esa ayuda y coordinación ejercida con el estímulo de la URSS, vía Cuba, propició la conjunción de esfuerzos al margen de las fronteras políticas de nuestros países. Se puede visualizar esta injerencia en el intento de desarrollo de un foco revolucionario denominado el Ejército Guerrillero del Pueblo bajo las órdenes del periodista Masetti, quien por directiva del PC cubano, actuó en Salta entre 1963 y 1964 y también, en la campaña del «Che» Guevara en Bolivia, cuya idea era establecer en el noroeste argentino (Tucumán) la dirección de la revolución comunista en Sudamérica.
Por ello, los principales grupos revolucionarios marxista-leninistas de los países del cono sur americano concretaron una organización supranacional para su coordinación sin respetar fronteras ni nacionalidades, que se llamó Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR).
También hubo apoyo de instrucción militar con la realización de cursos en campos de adiestramiento de la OLP en el Líbano, participación en la lucha de Nicaragua y cursos en Vietnam, entre otros.
3.3.7.2. La utilización de los «derechos humanos» (DD.HH.) como herramienta estratégica
Desde 1974, y sobre la base de lo sucedido en Vietnam, con la influencia que la comunidad internacional y la acción psicológica tuvieron sobre el pueblo de los EE.UU. durante el desarrollo de la guerra que actuaron negativamente sobre el frente interno, el PRT envió un grupo de representantes para comenzar a trabajar en acciones de propaganda y motivaciones psicológicas en las ciudades de París, Roma y Lisboa. Al año siguiente, el proyecto se incrementó notablemente con la llegada de un gran número de exiliados de izquierda que habían sido amenazados por las «Tres A» (organización parapolicial anticomunista que, auspiciada desde el gobierno, comenzó a utilizar los mismos métodos que los terroristas subversivos para eliminarlos: asesinatos). A fines de 1975 y en 1976, esa cantidad se multiplicó y se extendió por toda Europa y parte de América debido a la llegada de miles de personas que habían sido detenidas «a disposición del Poder Ejecutivo Nacional», en virtud del «Estado de Sitio» decretado por el gobierno constitucional en 1975, y que habían sido autorizadas a salir del país.
Finalmente, se agregaron, en años posteriores, los militantes de las organizaciones terroristas que emigraron por temor y para preservar sus vidas debido a la gravedad de los hechos que cometieron y al conocimiento que de ellos tenían los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, por infiltraciones, delaciones, análisis de documentos capturados, etc.
Estas personas, cuya característica principal fue la ideología marxista y la vinculación o pertenencia a las estructuras terroristas, se organizaron rápidamente y formaron asociaciones dirigidas por conspicuos militantes que tenían buena llegada en los medios gubernamentales y con personas u organizaciones ligadas a la defensa de los derechos humanos, a las que les presentaban los hechos distorsionados y sólo referidos a las vulneraciones de los derechos de sus militantes y jamás de las víctimas ocasionadas por ellos. Así dio comienzo la falacia del ‘Terrorismo de Estado’ contra ‘víctimas inocentes que sólo pensaban distinto’. Con los eslóganes de: 30.000 desaparecidos (la cifra real se aumentó cinco veces), el ‘genocidio’ (inexistente, los muertos y desaparecidos lo fueron debido a la pertenencia o colaboración al terrorismo revolucionario), etc.
Con esa propaganda y el uso de intensa acción psicológica, ocultaban que la naturaleza del conflicto era la «Guerra Revolucionaria» planeada y dirigida por la URSS para socavar el poder de los EE.UU. (Utilizaba a Cuba para llegar al poder en los países latinoamericanos, vía la lucha armada.).
Para cumplir con su objetivo faccioso, designaban sus organizaciones con nombres que ocultaban esos fines, presentaban el conflicto armado interno (la guerra revolucionaria), iniciado por los terroristas subversivos, como el accionar de jóvenes altruistas que se defendían de la cruenta persecución de la que eran objeto por una «dictadura militar», omitían expresamente que el 70% de los grandes ataques, atentados y asesinatos los cometieron durante gobiernos constitucionales, y vulneraban los más elementales derechos humanos. Así crearon entre otros:
La Comisión Argentina por los DD. HH. ( CADHU) en Francia , España y NY en EEUU.
La Comisión de Solidaridad de Familiares de presos, muertos y desaparecidos en Argentina (COSOFAM), en México, España, Inglaterra, Italia, Holanda y Bélgica.
El Comité de Solidaridad para Argentina ( COSPA) en México.
El Comité Argentino de Información y Solidaridad (CAIS) en Francia.
El Comité Argentino de Solidaridad ( CAS) en Bélgica.
Comité Antifascista contra la represión en Argentina ( CAFRA) en Roma, Italia.
Movimiento Antiimperialista Socialista Argentino (MASA) y Argentine Information Service Center (AISC) en Nueva York, EEUU.
Su finalidad era lograr que el Estado Argentino suspendiera el uso del poder militar sobre las organizaciones terroristas subversivas y que utilizara las leyes de tiempo de paz como en Italia, Alemania y España. Ese pedido no aclaraba que, a diferencia de esas naciones, las organizaciones de nuestro país tenían ejércitos propios en expansión, una logística enorme con fábricas de armamento y explosivos propias, un dispositivo nacional (todos los países de Europa suman una superficie similar a nuestra República), alrededor de 25.000 militantes y que tenían capacidad para actuar en un frente rural y en varios urbanos, lo que configuraba para el Estado Nacional un grave peligro a corto plazo.
Ante el fracaso de esa finalidad, su actividad se dedicó a desprestigiar al gobierno y preparar el mediano y largo plazo, mediante la politización y uso unilateral de los derechos humanos y con la premisa de nunca reconocer que fue una guerra para que, en el futuro, pudieran hacer grandes negocios con las indemnizaciones que se recabarían del Estado por su papel de víctimas y no, por supuesto, como parte agresora responsable de la guerra no convencional por ellas iniciada.
Esas organizaciones de DD.HH., especialmente de Europa, así como algunos funcionarios de gobiernos de ese continente, protegieron de infinidad de formas, no sólo a exiliados políticos izquierdistas, sino también a reconocidos criminales y terroristas, los que desarrollaron importantes campañas contra nuestro país desde el exterior que se prolongaron en el tiempo hasta nuestros días.
3.3.7.3. La Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR)
En su mensaje a la Tricontinental de la Habana, en 1966 el «Che» Guevara había insistido en «la necesidad de establecer juntas de coordinación entre todas las organizaciones revolucionarias armadas de América latina para oponerse al imperialismo». Esta recomendación fue tenida especialmente en cuenta por las organizaciones terroristas subversivas que, a partir de ese momento, iniciaron o aumentaron las relaciones entre ellas, con miras a cumplir con aquel mandato.
De esa idea primigenia del «Che», nació la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR), que tuvo una importante gravitación en el desarrollo de la guerra revolucionaria en el cono sur latinoamericano. Sus antecedentes se remontan al año 1968, en que comenzó en forma no orgánica y mediante reuniones bilaterales, la colaboración entre el PRT-ERP (Argentina), el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria - Chile), el MLN − Tupamaros (Movimiento de Liberación Nacional -Uruguay) y el ELN (Ejercito de Liberación Nacional - Bolivia). Estos contactos y consecuentes reuniones entre sus cuadros, les permitió un fluido intercambio de experiencias, a la vez que los estimuló para crear una organización internacional que les permitiera, a través de la cooperación y la acción armada conjunta, la imposición de gobiernos comunistas en los cuatro países asociados.
En julio de 1971, una delegación del PRT encabezada por Roberto Santucho viajó a CUBA, invitada a los festejos del aniversario del asalto al cuartel de La Moncada . Allí se concretó su acercamiento al «movimiento comunista internacional», liderado por la URSS y se afianzaron sus contactos con el MNL Tupamaros. Con ello, comenzó a retomarse la concepción estratégica de CUBA para apropiarse del control de la Guerra Revolucionaria en el ámbito del Cono Sur, utilizando una organización supranacional, para coordinar el ataque a las instituciones de los estados.
En noviembre de 1972, se realizó en Santiago de Chile la reunión fundacional de la JCR, de la cual participaron la Comisión Política del MIR, miembros uruguayos de la Dirección Nacional del MLN Tupamaros y tres representantes del Buró Político del PRT. Miguel Enríquez, secretario general del MIR, expuso la necesidad de concretar esa organización internacional para llevar a cabo la lucha armada para la implantación del socialismo, tomando como ejemplo la revolución cubana.
La creación de este pequeño ZIMMERWALD, como lo llamó el chileno Enríquez en referencia al antecedente leninista, (se llamó así al grupo formado por Lenín en 1915, durante la Primera Conferencia de los Internacionalistas en la localidad de ese nombre, en Suiza, que reunía a los revolucionarios del movimiento socialista internacional) fue aceptada unánimemente, y adoptó un conjunto de resoluciones, entre ellas:
a) Preparación de un proyecto de declaración conjunta
b) Preparación de un proyecto para la edición de una revista política
c) Organización de una escuela de cuadros
d) Proyecto de funcionamiento orgánico, etc.
Si bien el ELN (Bolivia) no estuvo presente en el cónclave, se trató la importancia de que éste conformara la JCR, situación que se cumplió luego de plantear el ELN la total coincidencia con lo tratado y su voluntad de participar en el proyecto internacionalista.
A lo largo del año 1973, se consolidaron los vínculos, se organizó la Escuela Internacional de Cuadros (en primer término, en Chile y posteriormente en la Argentina) y la creación de un organismo conjunto, que llevó a la práctica reuniones semanales y la integración de distintos equipos de tareas conjuntas (fabricación de armas, intercambio de combatientes, realización de congresos conjuntos, etc).
Luego del golpe de estado chileno (11 de septiembre de 1973), la sede de la JCR pasó de Santiago de Chile a Buenos Aires, donde Santucho le impuso una actividad febril y constante, centrada tanto en el intercambio de militantes para dar una imagen panamericanista de la organización, como en la unificación de la estrategia revolucionaria y en la difusión de la propaganda destinada a obtener adhesiones en el orden internacional.
El año de 1974, se inició con la preparación de una declaración ratificada por las cuatro bandas terroristas subversivas, que sirvió de lanzamiento público no sólo en Latinoamérica sino en el mundo. La declaración fue traducida en varios idiomas, se la hizo circular profusamente en los medios de comunicación y publicaciones de izquierda, particularmente en la Argentina, Francia, Italia, Suecia y la República Federal Alemana.
La declaración conjunta puso de manifiesto claramente que sus componentes se hallaban unidos por la «comprensión» de que no había otra estrategia viable en América latina que no fuera la Guerra Revolucionaria, la que definían en sus alcances y en sus fines.
Esta declaración fue tomada por el PRT – ERP y adoptada como lineamiento estratégico general. A partir de allí, esta organización supranacional que coordinaba el terrorismo subversivo en los países de sus integrantes, desplegó sus contactos con todas las otras organizaciones marxistas-guevaristas de nuestro continente. La idea de lograr la unidad internacionalista de esos grupos revolucionarios marxistas latinoamericanos, se constituyó en la razón de ser de la JCR, para lo cual procuraron lograr e intensificar los contactos con organizaciones extremistas de Perú, Venezuela, Brasil, México, Paraguay, Colombia, Nicaragua, Santo Domingo, Guatemala, El Salvador e incluso de los EE. UU.
En abril de 1975, la JCR celebró su primera conferencia pública en Portugal para anunciar la apertura de sus sedes en Lisboa y en París (Francia). Para esa fecha ya se habían establecido fluidas relaciones y contactos periódicos con organizaciones terroristas subversivas de Europa, entre otras: ETA (Patria Vasca y Libertad), Brigadas Rojas (Italia), Baader Meinhof (Alemania), IRA (Ejército Republicano Irlandés).
Durante los siguientes dos años, la JCR intentó constituir una guerrilla latinoamericana en el continente europeo con el objetivo preciso de desestabilizar las democracias vigentes en los países del sector occidental, con la cooperación o coordinación de movimientos terroristas europeos, operación que fue abortada antes de aparecer a la luz.
4. LA OPINIÓN DE LOS DIRIGENTES REVOLUCIONARIOS SOBRE EL CONFLICTO ARMADO
Se considera conveniente y necesario, también, dar a conocer la opinión de los principales dirigentes de las organizaciones políticas armadas que actuaron., sobre si se libró una guerra en la Argentina en las décadas del 60 y del 70. A tal efecto, se transcriben algunos documentos.
Primer documento: Del libro Montoneros el camino de la Liberación, Editorial «Comandante Julio Roqué», confeccionado por la Conducción Nacional de Montoneros e impreso en diciembre de 1979 por la «Secretaría Nacional de Agitación, Prensa y Adoctrinamiento del Partido Montonero», (253 páginas) extraemos unos párrafos del Informe de la reunión de Consejo Nacional de octubre de 1975.
2.7.2. Razones por las que nos conviene prolongar el enfrentamiento
El triunfo de las tesis institucionalistas, es decir, la prolongación del enfrentamiento, nos favorece en el aprovechamiento de los tres elementos básicos de toda estrategia: armas, espacio y tiempo.
2.7.2.1. Armas.
d) En cuanto al equipamiento militar propiamente dicho: en lo que hace a su número y calidad, desde el punto de vista relativo, nuestro equipamiento crecerá en proporciones mucho más altas y rápidas que el del enemigo. Esto es así porque el equipamiento del enemigo, en cuanto a su número tiene topes reales puestos por la capacidad económica del país, por su extensión geográfica, por el tipo de guerra que estamos desarrollando y por la cantidad de fuerzas especiales o preparadas con que se cuenta. Desde el punto de vista de nuestras fuerzas, el número es prácticamente ilimitado, porque en nuestra concepción, el pueblo en armas, todo el pueblo participa de diferentes formas en la guerra popular. Desde el punto de vista del aprovisionamiento a través del combate y la recuperación, a través de la fabricación de nuestros propios talleres y del apoyo exterior, iremos arrimando las armas necesarias y suficientes para el desarrollo de esta guerra. Desde el punto de vista de la calidad, también el desarrollo del enemigo es limitado. Es limitado porque la existencia de límites geográficos en esta guerra hace que compartamos el mismo territorio, por lo que le es imposible el uso de armas de aniquilamiento masivo, lo que pone límites objetivos al desarrollo de su armamento. Por nuestra parte, nuestra capacidad de aprovechamiento del desarrollo industrial de nuestro país, nos permite prever la fabricación de armas capaces de enfrentar seriamente y dañar gravemente el poder militar enemigo en sus concentraciones logísticas y en sus estructuras de combate.
Segundo documento: Del mismo libro, citado en el primer documento, extraemos y transcribimos unos párrafos de un Reportaje grabado al Secretario General del Partido Montonero, Comandante Mario Eduardo Firmenich, el 9/7/76, en su 2.da parte, (Páginas 76 a 95).
«LAS INSURRECCIONES PARCIALES EN NUESTRA GUERRA DE LIBERACIÓN Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL PODER MILITAR POR CONSTRUIR»
PERIODISTA: La inclusión de los hechos insurreccionales en la hipótesis de la guerra revolucionaria en la Argentina, ¿qué implicancia tiene en el tipo de ejército popular que necesitamos construir?
FIRMENICH: De algún modo, y tal como lo expresa nuestro manual de instrucción de la OPM y la organizativa misma, la concepción de ejército que nosotros desarrollábamos, era un poco la idea de un ejército regular urbano, de crecimiento ilimitado, que algún día ese ejército podría, por su poder militar, destruir grandes estructuras del ejército enemigo.
Creemos que esta profundización sobre el hecho insurreccional, modifica en parte aquella concepción, que no hay que abandonar, el concepto de formación reagrupable. Tenemos que tener presente que dentro de una insurrección se forma, en la insurrección misma, un ejército popular. Que previo a ello hay que tener capacitado todo un conjunto de oficialidad y suboficialidad de ese ejército para tratar de construirlo sobre la marcha, de incorporarlo, de organizarlo y de conducirlo a la victoria militar sobre la marcha…
Tercer documento: Del mismo libro del primer documento. Fragmentos de la Conferencia de prensa del Secretario Militar del Partido, Comandante Horacio Mendizábal, del 10/8/76, (Pág. 96 a 100)
«LA ESTRATEGIA OPERATIVA DEL ENEMIGO»
…Esta Estrategia de guerra contrarrevolucionaria permite al enemigo un avance militar sobre las fuerzas revolucionarias. Esto sucede y sucedió en todos los procesos revolucionarios del mundo, como el asalto al Moncada en Cuba, como en la Larga Marcha en China, la pérdida de las ciudades de las bases campesinas en Vietnam o como el rudo golpe que acaba de recibir el campo popular en nuestro país con la muerte del compañero Santucho y otros compañeros de la conducción del PRT. Pero siempre esta estrategia está basada en la tesis de guerra corta, en el ataque de aniquilamiento de decisión rápida, y esta estrategia es ineficaz cuando se libra una guerra contra un pueblo, cuando se enfrenta con una estrategia de guerra popular revolucionaria prolongada. (Lo resaltado es nuestro)
«NUESTRA ESTRATEGIA DE DESGASTE»
Ésta consiste en el desarrollo de la defensiva a través de la realización de una guerra de desgaste, en atacar al enemigo por líneas interiores, en hostigarlo permanentemente, allí donde es más débil y donde no espera el ataque. En una guerra popular, el tiempo juega a favor de los revolucionarios pues no existen sólo las fuerzas militares, sino también las fuerzas sociales, económicas y políticas…
Nuestro objetivo estratégico en el enfrentamiento con el enemigo no consiste en la obtención de una victoria militar sobre éste, en el aniquilamiento de sus divisiones, sino en el logro de un triunfo político-militar. En esta guerra, como en toda guerra revolucionaria, lo que hace a los reaccionarios perder la voluntad de combatir no es la superioridad militar de los revolucionarios, sino la movilización de las masas en la guerra, el enfrentamiento del pueblo que utiliza todos los métodos de lucha…
Esta es la concepción que orienta la constitución y el desarrollo de nuestro Ejército Montonero, a lo que debemos agregarle que, por la particularidad del proceso en la Argentina, el desarrollo de las fuerzas productivas y la concentración de la clase obrera en los grandes centros industriales, nuestra fuerza militar es principalmente urbana y, por lo tanto clandestina. (lo resaltado es nuestro)
Cuarto documento: Carta al Episcopado del mes de diciembre de 1976. (Montoneros)
... En cuanto a la alusión directa de nuestro accionar, debemos dejar claro una vez más que jamás hemos cometido el desatino de pretender desarrollar la apología de la violencia, como una cosa buena en sí misma. Por el contrario, ya que la padecemos con rigor y la ejercimos con dolor, sabemos que la violencia de la guerra (pues no se trata de otra cosa) produce sufrimientos y pérdidas irreparables a los pueblos, mucho más cuando, como en el caso argentino, se trata de una guerra civil...
La carta estaba firmada por Firmenich, Pernía, Yaguer y Roqué como «Conducción Nacional de Montoneros».
Quinto documento: Nuestra propuesta política de autocrítica y reconciliación nacional dentro del pacto para la transición democrática (14 de junio de 1987 – Montoneros).
En su último párrafo dice: El problema argentino no se resuelve con el olvido forzoso y por lo tanto irreal. Tampoco se resuelve juzgando a todo el mundo, porque el problema nacional no es la violencia formal del Código Penal; no es un problema de delincuencia individual, de bandas. Es un problema de guerra civil, por ausencia de Proyecto Nacional, en donde a río revuelto ganancia de la minoría oligárquica o liberal. El problema argentino se resuelve yendo al fondo del asunto: por eso planteamos la necesidad del proceso de autocrítica nacional como punto de partida de un futuro provechoso y compartido. (Firmado: Mesa Nacional del Peronismo Revolucionario) (Montoneros).
El cuarto y quinto documentos transcriptos parcialmente, forman parte del «Anexo documental» del libro La otra Historia. Testimonio de un Jefe Montonero, escrito por Roberto Cirilo Perdía (abogado, quien fuera el 2.do jerárquico de la organización y quien, entre 1991 y 1995 se desempeñara como «asesor» del bloque justicialista de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación).
Sexto documento: La revista Estrella Roja, N.º 1, del mes de abril de 1971, órgano de difusión y propaganda del PRT-ERP, decía:
... El Ejército Revolucionario del Pueblo está combatiendo en forma organizada, y une su actividad a la de otras organizaciones hermanas, asume junto con ellas la responsabilidad militar en el proceso de guerra revolucionaria que se ha comenzado a vivir en nuestro pueblo...
A continuación, publicaba el programa que guiaría todas sus acciones futuras.
Séptimo documento: Revista Estrella Roja, N.º 14, del mes de septiembre de 1972. Se leía en el centro de la página N.ro 1, enmarcada con títulos propagandísticos de sus acciones, la síntesis de su balance de dos años desde la creación del ERP y en él, la aseveración que la guerra será dura y prolongada, pero es el único camino.
Octavo documento: El frente rural. Importancia estratégica y relación con las masas. Artículo del diario El Combatiente, N.ro 121, del PRT, miércoles 12 de junio de 1974, trascripto en el libro Terrorismo en la Argentina, publicación del Poder Ejecutivo Nacional (7 de enero de 1980) páginas 109 a 117.
... Todas estas circunstancias configuran un cambio de enorme importancia en el contenido de las luchas populares.
Éstas se encaminan, a partir de este momento, a tomar el carácter de abierto enfrentamiento al gobierno. Este renovado ímpetu de las luchas obreras y populares abre ya una etapa de generalización de la guerra. Es en esta nueva etapa que quiere una ampliación considerable de las operaciones militares en la que se inscribe la apertura del frente rural, iniciado por la compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez..
La nueva etapa del desarrollo de la lucha revolucionaria indicada como la tarea más importante en el terreno militar, la generalización de la guerra a todo el ámbito del país, incorpora, así, a regiones y sectores de la población, que hasta el presente no habían participado activamente. En efecto, como decimos al principio, hasta este momento la guerra revolucionaria se ha desarrollado fundamentalmente en las grandes ciudades en su forma de guerrilla urbana. Generalizar la guerra significa dar un salto, que amplíe el ámbito de su desarrollo a regiones que por sus características geográficas, brindan las mejores condiciones para la estructuración de una fuerza militar superior, capaz de enfrentar y aniquilar a importantes contingentes del ejército enemigo.
Para ir destruyendo paulatinamente a la fuerza militar enemiga, se necesita construir un Ejército Popular de carácter regular, dotado de los elementos de la técnica militar, para afrontar con posibilidades de éxito el combate contra las unidades especiales de las fuerzas enemigas.
Ese es el objetivo al que se dirige la iniciación de la guerrilla rural. Su actividad debe asegurar la existencia de unidades militares que disputen el terreno y logren en determinado lapso la existencia de bases de apoyo y posteriormente de zonas liberadas...(lo resaltado es nuestro)
Se podrían enumerar decenas de documentos más, pero no lo creemos necesario, ya que está suficientemente aclarado que los dirigentes de las organizaciones revolucionarias terroristas estaban convencidos de estar librando una guerra prolongada contra las instituciones armadas, único obstáculo para tomar el poder, y por ello, se preparaban actuando en todo el territorio nacional con todos los medios y formas posibles para ganarla.
Lo aquí expuesto, demuestra plenamente:
Que lo sucedido en nuestro país en las décadas de los sesenta y setenta fue un «conflicto armado interno», específicamente calificado en el Protocolo II de los convenios de Ginebra de 1948, por lo que sus partes involucradas: por un lado, las organizaciones políticas armadas terroristas que adoptaron distintas denominaciones, pero con una sola finalidad: la toma del poder por las armas y por el otro, las fuerzas armadas de seguridad y policiales que, como instituciones del Estado, actuaron en legítima defensa de la ciudadanía atacada con alevosía por las primeras, en el contexto de una Guerra Revolucionaria reconocida como tal por ambas partes.
Que los agresores fueron las organizaciones revolucionarias -terroristas las que, a lo largo de su desarrollo y accionar, comenzaron a librar una guerra no convencional, sin distinguir entre gobiernos constitucionales y gobiernos de facto, ya que su objetivo era tomar el poder para imponer un régimen totalitario marxista al estilo del impuesto en 1959 en Cuba.
Que las acciones terroristas con explosivos y los asesinatos por sorpresa y a traición, tanto de civiles como de uniformados, fueron la norma en sus procedimientos operativos que pretendían imponer el terror en la población para facilitar sus fines.
Que en ese conflicto armado interno, que fue una guerra no convencional, iniciada antes del 26 de marzo de 1976 (en que se instaló un gobierno de facto) contra el pueblo y el Estado Nacional, las fuerzas armadas tuvieron que entrar en operaciones por orden del gobierno constitucional vigente en febrero de 1975. Primero, en las zonas rurales de la provincia de Tucumán y varios meses después en toda la República, debido a que las fuerzas federales de seguridad y las policías locales habían sido superadas en su capacidad para combatir contra las organizaciones armadas ilegales revolucionarias.
Que todos los documentos públicos (revistas, «partes de guerra», panfletos, comunicados, etc.) y reservados (documentos secuestrados) de las organizaciones políticas, militares, revolucionarias, terroristas, así como los libros escritos por sus principales líderes, siempre sostuvieron que estaban en guerra con el objeto de tomar el poder.
Que si en este conflicto armado se hubieran vulnerado las normas referidas a los distintos convenios de Ginebra y sus protocolos complementarios, quienes lo hicieron cometieron ‘crímenes de guerra’ debidamente caracterizados en el Derecho Internacional de Guerra y no crímenes contra la humanidad (crímenes de lesa humanidad), por cuanto éstos corresponden a otras circunstancias y a otros móviles.
BUENOS AIRES, REPÚBLICA ARGENTINA, 04 de abril de 2006
CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS "VERDAD Y EQUIDAD PARA SER NACIÓN

References: artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 80
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 34

Resolución