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SENTENCIA DEL TSJ ANDALUCÍA DE 31/05/2019. NO EXIGIBILIDAD DE VISADO PARA PRESENTAR LA SOLICITUD DE RESIDENCIA LARGA DURACIÓN AL AMPARO DEL ARTÍCULO 148.3 d ) DEL REGLAMENTO DE EXTRANJERÍA
Roj: STSJ AND 7377/2019 - ECLI: ES:TSJAND:2019:7377
Id Cendoj: 18087330042019100196 Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Granada Sección: 4 Fecha: 31/05/2019 Nº de Recurso: 196/2018 Nº de Resolución: 1307/2019 Procedimiento: Recurso de apelación Ponente: MARIA ROSA LOPEZ-BARAJAS MIRA Tipo de Resolución: Sentencia
PRIMERO.- El presente recurso de apelación tiene por objeto la sentencia de 12 de diciembre de 2017, dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número Tres de Jaén , que desestimó el recurso contencioso administrativo formulado por D. Bartolomé frente a la resolución de la Subdelegación del Gobierno en Jaén de 7 de marzo de 2017, recaída en el expediente NUM000 . Esta resolución acordó inadmitir a trámite la solicitud de autorización de residencia de larga duración formulada por el actor al amparo del artículo 148.3.d) del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Extranjería; esto es, por ser español de origen que hubiera perdido la sido originariamente españoles. Como se ha expuesto, la sentencia apelada desestimó el recurso contencioso administrativo por entender que el actor entró en España utilizando un visado de tránsito expedido por el Consulado de Francia en Agadir con una validez de 90 días. De modo que su utilización para entrar en España y, una vez aquí, empadronarse en Villatorres y pedir la autorización de residencia en la Subdelegación del Gobierno en Jaén, es un fraude de ley, pues persigue un resultado contrario al ordenamiento jurídico. Constituyendo, además, un abuso de derecho.
SEGUNDO.- Se apoya el presente recurso de apelación en varios motivos, referido el primero de ellos al error en la interpretación del artículo 148 RD 557/2011 cometido por el Juzgador de instancia, pues del tenor literal del mismo se inﬁere la no exigibilidad de visado alguno para solicitar la autorización de residencia de larga duración como español de origen que ha perdido la nacionalidad. Este motivo debe estimarse y con ello el recurso de apelación, pues como ya ha señalado esta Sala en numerosos pronunciamientos, la obtención de visado no es necesaria para formular la solicitud de residencia de larga duración al amparo del artículo 148.3.d); razón por la cual la insuﬁciencia del visado ostentado por el recurrente no puede ser motivo para denegar la solicitud o inadmitir la misma a trámite. Puede citarse, por todas, nuestra sentencia de 15 de febrero de 2018 (recurso 797/2017 ) en la que señalábamos, en relación a las solicitudes formuladas en base al artículo 148.3 RD 557/2011 que "... no cabe entrar a valorar la licitud de un documento distinto -visado- otorgado por las autoridades de otro país para extender los efectos de su supuesta ilegalidad a una autorización con la que no guarda ninguna conexión; más aun cuando la tenencia o no del visado no se exige para su obtención pues es indiferente la residencia legal o no del interesado. La Administración demandada debió orientar su actuación al examen de los requisitos para la concesión de la autorización solicitada, que tiene carácter reglado, sin que sea conforme al ordenamiento jurídico la ampliación del estudio de los presupuestos de hecho necesarios a otros documentos cuya obtención no es requerida para su otorgamiento. Esta forma de actuar por parte de la demandada supone colocar en peor situación a los que obtuvieron un visado para entrar en España en relación con aquéllos que accedieron de forma maniﬁestamente ilegal, a los que nunca procedería el examen de la legalidad del visado por carecer de tal documento ". Lo expuesto obliga a estimar el recurso de apelación y, con revocación de la sentencia impugnada, anular la resolución recurrida, debiendo en consecuencia la Administración demanda tramitar y resolver la solicitud formulada por el actor. Este pronunciamiento es acorde a lo pedido en el escrito de demanda, en cuyo Suplico se solicitaba que "... se dicte en su día sentencia por la que se estime íntegramente las pretensiones de mi representado, acordándose de esa forma la nulidad de la resolución impugnada, y la admisión a trámite de dicha petición ".
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SENTENCIA DEL TSJ CASTILLA LA MANCHA . TARJETA FAMILIAR COMUNITARIA FAMILIA EXTENSA . AHIJADA DE ESPAÑOLA ( MENOR NICARAGUENSE Y TUTELADA POR ESTA)
Roj: STSJ CLM 2290/2019 - ECLI: ES:TSJCLM:2019:2290
Id Cendoj: 02003330022019100436 Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Albacete Sección: 2 Fecha: 02/10/2019 Nº de Recurso: 173/2018 Nº de Resolución: 243/2019 Procedimiento: Recurso de apelación Ponente: RAQUEL IRANZO PRADES Tipo de Resolución: Sentencia
SEGUNDO.- Lo primero que aprecia la Sala y quiere poner de maniﬁesto, es que la única razón por la que la sentencia apelada desestima el recurso contencioso-administrativo no se encuentra ni implícita ni explícitamente barajada en el expediente administrativo, y tampoco en la contestación a la demanda realizada en el acto de la vista oral.
Se introduce por vez primera en la fase de conclusiones por el Abogado del Estado, en la última intervención procesal de las evacuadas en la vista oral. Y de ella no se dio posibilidad de alegar a la parte actora. Un argumento de oposición al recurso, que surge en ese instante procesal y que, a la vista está, es el único manejado en la sentencia para la desestimación, debió ser objeto de un nuevo turno de palabra para la parte recurrente a ﬁn de que pudiera alegar lo que a su derecho conviniera, y lo contario, supuso indefensión a la parte, máxime cuando en el expediente administrativo no se ocultó nada y constaba claramente la existencia de la tutela, si que la Administración nada opusiera a la realidad de esa ﬁgura legal, ni consideró que no era equivalente a la de ser "familiar".
Sin embargo en apelación la parte no invoca la existencia de indefensión sino que entra al fondo de la cuestión planteada invocando la calidad de tutora legal de la Sra. Puriﬁcacion , por lo que ha de ser abordado el recurso desde esa perspectiva.
La Sala no comparte la conclusión a la que llega la sentencia, y más aún sin analizar y examinar la condición de tutora legal de la Sra. Puriﬁcacion respecto a la menor de edad, a ﬁn de valorar el contenido y alcance de los derechos y deberes que la tutela comporta Como se puede comprobar de la lectura de la resolución de la autoridad judicial nicaragüense, por la misma se suspendía la Autoridad Parental que ejercían los padres Aurora , y Bruno con la adolescente Manuela , y se otorgaba el cargo de Tutora de la adolescente Manuela , a la señora Puriﬁcacion , conﬁriéndole la facultad de representación y cuido de la tutelada. Como señala la resolución, la tutela tiene como objeto la representación legal, el cuido, crianza, educación, salud, la defensa y protección de los derechos incluyendo los patrimoniales y el cumplimiento de las obligaciones civiles de los niños, niñas y adolescentes. Es decir, a partir de ese momento la Sra. Manuela quedó desprovista de la patria potestad de sus padres y esos derechos y deberes eran ejercidos por su tutora. Resulta ilustrativa la lectura de la resolución de tutela que pone de maniﬁesto que los padres de la menor asumían que se habían desentendido de ella, incumpliendo sus obligaciones lo que la obligó a refugiarse en la Sra. Puriﬁcacion que le otorgó refugio, alimento, estudios y necesidades básicas.
Esto sentado, hay que partir del art. 2 bis el Real Decreto 240/2007, en la redacción que le dio el artículo único del Real Decreto 987/2015, dispone: "1. Se podrá solicitar la aplicación de las disposiciones previstas en este real decreto para miembros de la familia de un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo a favor de: a) Los miembros de su familia, cualquiera que sea su nacionalidad, no incluidos en el artículo 2 del presente real decreto, que acompañen o se reúnan con él y acrediten de forma fehaciente en el momento de la solicitud que se encuentran en alguna de las siguientes circunstancias: 1º, Que, en el país de procedencia, estén a su cargo o vivan con él."
Pues bien, a juicio de la Sala, el contenido y alcance de los deberes atribuidos a la tutora legal de la apelante, similares a los que constituyen el núcleo de la patria potestad, conducirían a entenderlo incluido en la categoría de "miembros de la familia" a la que hace referencia el art. 2.bis 1.a) del Real Decreto 240/2007, en una acepción extensiva de ese concepto.
De lo contrario, la menor quedaría desprotegida absolutamente por carecer ya de la patria potestad de los padres. Esta interpretación viene acogida por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 26 de enero de 2.019, que dice: "En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara: El concepto de "descendiente directo" de ciudadano de la Unión que ﬁgura en el artículo 2, punto 2, letra c), de la Directiva 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modiﬁca el Reglamento (CEE) nº 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/ CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE, debe interpretarse en el sentido de que no incluye a una menor que se halla bajo la tutela legal permanente de un ciudadano de la Unión con arreglo a la institución de la "kafala" argelina, puesto que dicho régimen no crea un vínculo de ﬁliación entre ellos.
No obstante, incumbe a las autoridades nacionales competentes facilitar la entrada y residencia de dicha menor como "otro miembro de la familia" de un ciudadano de la Unión, de conformidad con el artículo 3, apartado 2, letra a), de la misma Directiva, interpretando este a la luz de los artículos 7 y 24, apartado 2, de la Carga de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, a través de una apreciación equilibrada y razonable del conjunto de circunstancias actuales y pertinentes del presente asunto que tenga en cuenta todos los intereses en juego y en especial el interés superior de la menor afectada. En caso de que, tras dicha apreciación, se demuestre que, en circunstancias normales, la menor y su tutor (que es ciudadano de la Unión) llevarán una vida familiar efectiva y que la menor depende de su tutor, las exigencias vinculadas al derecho fundamental al respeto de la vida familiar, junto con la obligación de tener en cuenta el interés superior de la menor, en principio requerirán que se otorgue a esta el derecho de entrada y residencia al objeto de permitir que viva con su tutor en el Estado miembro de acogida de este.".
TERCERO.- En cuanto a la exigencia contenida en el art. 2 bis.1.a) del Real Decreto 240/2007 de que la solicitante haya estado al cargo de la Sra. Puriﬁcacion en el país de origen, la Sala también la da por acreditada. Se queja la parte apelante de que la resolución administrativa carece de motivación cuando concluye que no se acredita este requisito, porque no ofrece ninguna razón para ello
En efecto es así. La resolución no analiza las alegaciones formuladas por la parte y los documentos aportados para justiﬁcar que la Sra. Puriﬁcacion enviaba dinero a la que era su ahijada para su desarrollo. En ese sentido constan remesas de cantidades signiﬁcativas de dinero; consta declaración ante notario de la madre de la menor señalando que el dinero era enviado para su hija que por no tener la mayoría de edad no podía ser destinataria directa; consta que la Sra. Manuela cursó estudios de bachillerato e inglés en colegios privados cuyos costes pueden ser similares al dinero enviado por la Sra. Puriﬁcacion ; consta la declaración testiﬁcal de éste y de su esposo que aﬁrman que el dinero era enviado para la menor, muy querida por ambos; y consta que, una vez llegada a España, convive con el citado matrimonio que sufraga sus necesidades, y que ha proseguido sus estudios a costa de la Sra. Puriﬁcacion y de su esposo. Valorada toda la prueba con arreglo a la sana crítica, la Sala concluye que la Sra. Manuela estaba a cargo de la que era su tutora en el momento de la solicitud de la tarjeta de residente comunitaria.
Publicado por Roberto García Fernández en 16:59 No hay comentarios:
SENTENCIA DEL TSJ CASTILLA Y LEÓN DE 11 DE OCTUBRE DE 2019 . NO AUTOMATISMO EN LA DENEGACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE LARGA DURACIÓN POR TENER ANTECEDENTES PENALES
Roj: STSJ CL 4036/2019 - ECLI: ES:TSJCL:2019:4036
Id Cendoj: 09059330012019100241 Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Burgos Sección: 1 Fecha: 11/10/2019 Nº de Recurso: 107/2019 Nº de Resolución: 241/2019 Procedimiento: Recurso de apelación Ponente: EUSEBIO REVILLA REVILLA Tipo de Resolución: Sentenci
OCTAVO.- Examen de fondo del presente recurso. Se trata por tanto de enjuiciar, a la vista de la normativa y jurisprudencia trascrita, si los antecedentes penales que tiene el actor, hoy apelado, constituyen causa legal bastante para denegar la solicitud de autorización de residencia de larga duración, como pretende la Administración del Estado y la Abogacía del Estado, o en el presente caso no constituye causa legal bastante como postula la parte actora y también acepta la sentencia apelada.
Y la presente controversia, como nos recuerda la STS núm. 1305/2019 debe resolverse interpretando los arts. 32 de la L.O. 4/2000 y 149 del RD 557/2011, antes trascritos de conformidad con los arts. 20 del TFUE, 6 de la Directiva 2003/109/CE, y también de conformidad con la STJUE de 13 de septiembre de 2.016, asunto C-165/14, de conformidad con la STS de 20 de diciembre de 2.016, y sobre todo de conformidad con el criterio expuesto por la Sala 3ª del TS en la sentencia de fecha nº 1305/2019, antes trascrita.
Y a la hora de realizar dicha interpretación debe apreciarse y valorarse no solo los antecedentes penales que concurren en el actor, hoy apelado, sino también las circunstancias familiares, personales, laborales y sociales que concurren en el solicitante de la autorización de la residencia de larga duración para decidir si debe conﬁrmarse o no la resolución administrativa que denegaba dicha autorización y que ha sido revocada por la sentencia apelada.
Y en el presente caso, veriﬁcando dicha valoración e interpretación, resulta que es cierto que el actor ha sido condenado por sendos delitos de conducción bajo la inﬂuencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas y estupefaciente, pero también que sendos delitos por su naturaleza, entidad y por la pena que llevan aparejada, son delitos menos graves (no delitos graves) castigados según el C.P . de 1.995 por penas menos graves, y que por ello, si bien lesionan y atentan contra el bien jurídico de la seguridad vial, sin embargo la mera comisión de sendos delitos por el actor no constituye una amenaza para el orden público y la seguridad pública, y menos aún constituye amenaza real, actual y suﬁcientemente grave para dicho orden público que pudieran justiﬁcar al amparo del art. 20 del TFUE y del art. 6 de la Directiva 2003/109/CE la denegación automática de la autorización de residencia de larga duración solicitada.
Y si junto a dicha valoración tenemos en cuenta que el solicitante lleva en España desde el año 2.012 trabajando de forma ininterrumpida, bien por cuenta ajena o por cuenta propia, y que además convive con su esposa, también boliviana, llamada Dª Angelica , que es titular de una autorización de residencia de larga duración, y que lleva residiendo y trabajando en España desde el año 2.013, es por lo que debemos concluir que en el presente caso, a la vista de tales circunstancias familiares, laborales y sociales, la existencia de tales antecedentes penales no constituyen causa legal suﬁciente para denegar la solicitud de autorización de residencia de larga duración, por no constituir dichos antecedentes una amenaza real y suﬁcientemente grave para el orden público y la seguridad pública, aunque hayan lesionado el bien jurídico de la seguridad vial.
Y no siendo óbice bastante dichos antecedentes y concurriendo los demás requisitos exigidos legal y reglamentariamente, es por lo que procede en el presente caso desestimar el recurso de apelación interpuesto y conﬁrmar la sentencia apelada que, revocaba las resoluciones denegatorias impugnadas, y que reconocía el derecho del recurrente a la concesión de la autorización solicitada.
Publicado por Roberto García Fernández en 18:16 1 comentario:

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