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Timestamp: 2017-10-23 21:31:51+00:00

Document:
Ley de Cantabria 1/2008, de 2 de julio, reguladora de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración de Cantabria. TÍTULO V. RÉGIMEN SANCIONADOR
Vigencia desde 10 de Julio de 2008. Revisión vigente desde 01 de Enero de 2014
b) El incumplimiento del régimen de actividades una vez abandonado el cargo público establecido en la presente Ley.
d) La falta de colaboración reiterada con la Inspección General de Servicios.
e) El quebrantamiento del régimen de posesión de participaciones accionariales en empresas o sociedades contratistas del sector público autonómico establecido en el artículo 17 de la presente Ley.
f) La revelación de datos que supongan el incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.2 de la presente Ley.
g) La comisión de dos infracciones graves en el plazo de un año.
a) El quebrantamiento de los deberes de inhibición y abstención establecidos en la presente Ley.
b) La no declaración de actividades, intereses, bienes y derechos patrimoniales en los correspondientes registros, tras el apercibimiento para ello.
c) La omisión de datos y documentos que deban ser presentados conforme a lo establecido en esta Ley.
d) La falta de colaboración con la Inspección General de Servicios.
e) El quebrantamiento del régimen de obsequios y donaciones establecido en la presente Ley.
f) La comisión de dos infracciones leves en el plazo de un año.
3. Se considera infracción leve la no declaración de actividades e intereses, o de bienes y derechos patrimoniales en los correspondientes registros, dentro de los plazos establecidos, cuando se subsane tras el requerimiento que se formule al efecto.
Las infracciones contempladas en la presente Ley se sancionarán de la siguiente forma:
1. Las infracciones muy graves, con una o más de las siguientes sanciones:
a) La declaración del incumplimiento de la ley y la publicación de este hecho en el Boletín Oficial de Cantabria.
b) La destitución en los cargos públicos que se ocupen, salvo que ya se hubiera cesado en los mismos.
c) La suspensión de funciones por un período de tres años y el traslado de puesto de trabajo dentro de la propia localidad, cuando se trate de la infracción tipificada en el artículo 20.1 f).
d) La prohibición de ocupar un alto cargo durante un período de entre cinco y diez años.
e) La obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas indebidamente.
2. Las infracciones graves, con:
b) La prohibición de ocupar un alto cargo durante un período de entre dos y cinco años.
c) La obligación de restituir, en su caso, las cantidades percibidas indebidamente.
3. Las infracciones leves serán castigadas con amonestación privada.
1. La Inspección General de Servicios será competente para la instrucción de los expedientes sancionadores.
2. Con anterioridad a la iniciación de cualquier expediente sancionador, la Inspección General de Servicios podrá realizar de oficio, en los términos especificados en la legislación estatal sobre régimen jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común, actuaciones previas de carácter reservado para determinar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación. El inicio de las actuaciones se notificará al interesado.
3. Una vez realizada la información previa, la Inspección General de Servicios elevará informe de las actuaciones realizadas a los órganos previstos en el artículo 24.
El procedimiento se sustanciará conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se establece el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, salvo en el caso de la infracción tipificada en el artículo 20.1.f) cometida por funcionarios de la Administración General de la Comunidad Autónoma, a los que será de aplicación el régimen disciplinario correspondiente.
1. El órgano competente para ordenar la incoación cuando los altos cargos tengan la condición de miembro del Gobierno, director general o secretario general será el Consejo de Gobierno, a propuesta del titular de la Consejería de Presidencia y Justicia.
En los demás supuestos, el órgano competente para ordenar la incoación será el titular de la Dirección General en la que se encuadre orgánicamente la Inspección General de Servicios.
2. Corresponde al Gobierno la imposición de sanciones por faltas muy graves y, en todo caso, cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno, director general o secretario general. La imposición de sanciones por faltas graves corresponde al titular de la Consejería de Presidencia y Justicia. La sanción por faltas leves corresponderá al secretario general de la Consejería de Presidencia y Justicia.
3. Si las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración deberá poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte una resolución.
El régimen de prescripción de las infracciones y sanciones previstas en esta Ley será el establecido en las disposiciones correspondientes de la legislación estatal sobre régimen jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo común, salvo en el caso de la infracción tipificada en el artículo 20.1.f) cometida por funcionarios de la Administración General de la Comunidad Autónoma, a los que serán de aplicación los plazos de prescripción fijados en materia disciplinaria.
COMUNICACIÓN DE NOMBRAMIENTOS
1. Los organismos, entidades, empresas y fundaciones que constituyen el sector público autonómico deberán informar a la Inspección General de Servicios acerca de los nombramientos que efectúen respecto de aquellos puestos de trabajo que conforme a esta Ley tengan la condición de altos cargos, en el plazo de un mes a partir del nombramiento.
2. Las entidades, entes del sector público empresarial autonómico o empresas privadas con representación del sector público autonómico en sus consejos de administración, comunicarán la Inspección General de Servicios las designaciones que efectúen para su consejo de administración u órganos de gobierno en personas que conforme a lo dispuesto en esta Ley tengan la condición de alto cargo, en el plazo de un mes a partir del nombramiento.
Los altos cargos actualmente nombrados dispondrán de un plazo de seis meses para formular nuevas declaraciones de actividades e intereses, y de bienes y derechos patrimoniales de acuerdo con la redacción de esta Ley, quedando las autorizaciones de compatibilidad concedidas automáticamente sin efectos a partir de dicho plazo.
Quedan derogadas cuantas normas se opongan a lo dispuesto en esta Ley, y en concreto la Ley de Cantabria 5/1984, de 18 de octubre, de incompatibilidades de altos cargos de Cantabria.
El Gobierno de Cantabria regulará mediante decreto, los registros de actividades e intereses, y de bienes y derechos patrimoniales de los altos cargos, a efectos de adaptar su organización y funcionamiento a las disposiciones de la presente Ley.
La presente Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.

References: artículo 17
 artículo 3
 artículo 20
 artículo 24
 Real Decreto 
 artículo 20
 artículo 20