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Timestamp: 2018-10-15 23:52:31+00:00

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﻿ Sentencia 25713 de febrero 13 de 2013
SENTENCIA 25713 DE 13 DE FEBRERO DE 2013
CONTENIDO:CULPA DE LA VÍCTIMA EN EL DAÑO. NO TODA CONDUCTA ASUMIDA POR LA VÍCTIMA CONSTITUYE UN FACTOR QUE ROMPA EL NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE EL HECHO Y EL DAÑO, TODA VEZ QUE, PARA QUE LA CULPA DE LA VÍCTIMA RELEVE DE RESPONSABILIDAD A LA ADMINISTRACIÓN, DEBE ACREDITARSE UNA RELACIÓN DE CAUSALIDAD ENTRE ELLA Y EL DAÑO. SI EL HECHO DEL AFECTADO FUE LA CAUSA ÚNICA, EXCLUSIVA O DETERMINANTE DEL DAÑO, LA EXONERACIÓN ES TOTALPOR EL CONTRARIO, SI TAL HECHO NO TUVO INCIDENCIA EN LA PRODUCCIÓN DE AQUÉL, DEBE DECLARARSE LA RESPONSABILIDAD ESTATAL. AHORA BIEN, SI LA ACTUACIÓN DE LA VÍCTIMA CONCURRE CON OTRA CAUSA PARA LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO, SE PRODUCIRÁ UNA LIBERACIÓN PARCIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, MINISTERIO DE TRANSPORTE, CULPA DE LA VÍCTIMA
Sentencia 25713 de febrero 13 de 2013
Radicación: 25.713
Actores: Blanca Gloria Madrid Álvarez y otros
Demandado: Nación-Ministerio de Transporte-Instituto Nacional de Vías, Invías, concesión Santa Marta - Paraguachón S.A.
La Sala es competente para conocer del presente asunto, por virtud de los recursos de apelación formulados por las partes contra la sentencia del 31 de julio de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de la Guajira, mediante la cual se declaró la responsabilidad solidaria de las demandadas, como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido el 6 de septiembre de 1995, en la vía que conduce de Palomino a Riohacha, departamento de La Guajira, en un proceso con vocación de doble instancia, toda vez que los actores solicitaron en la demanda el equivalente a 2.000 gramos de oro, para cada uno de ellos, por concepto de perjuicios morales, esto es, $ 24’496.700(2), y la cuantía mínima exigida por la ley, en el año 1997(3), para que un proceso fuera de doble instancia, en acción de reparación directa, era de $ 13’460.000(4).
De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, en su versión vigente para la época de los hechos(5), la acción de reparación directa caducaba al cabo de dos (2) años, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. En el presente asunto, los hechos ocurrieron el 6 de septiembre de 1995 y la demanda fue instaurada el 2 de septiembre de 1997, es decir, dentro del término que contemplaba el ordenamiento legal de ese entonces.
2.3. Falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación-Ministerio de Transporte.
Como en el sub lite la demanda se dirigió también contra el Ministerio de Transporte, el cual fue condenado solidariamente por el tribunal al pago de los perjuicios causados a los actores, es indispensable señalar que, de conformidad con el Decreto 2171 de 1992, vigente para ese entonces, por medio del cual se reestructuraron el Ministerio de Obras Públicas y Transporte como Ministerio de Transporte y el Fondo Vial Nacional como Instituto Nacional de Vías, a aquel le correspondía “fijar las políticas en materia de transporte nacional (art. 6-1) y, además, “preparar los planes y programas de construcción y conservación de la infraestructura de todos los modos de transporte, de conformidad con la ley” (art. 6-11), es decir, las funciones del citado ministerio fueron orientadas al diseño y fijación de políticas nacionales en materia de tránsito y transporte, mientras que la construcción, mantenimiento y conservación de las vías fue asignada al Invías, entidad que tiene plena capacidad para responder por sí misma, por tratarse de un establecimiento público, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio (art. 52 ib.), a lo cual se suma que, de acuerdo con el oficio RGUA 320 del 8 de mayo de 2001 (fls. 333 y 334, cdno. 1), la vía que conduce del municipio Palomino a Riohacha, kilómetro 11 + 950, donde ocurrió el accidente en el que perdió la vida el señor Ceballos Londoño, “hace parte de la red vial a cargo del Instituto Nacional de Vías”, de modo que se encuentra acreditada la falta de legitimación en la causa por pasiva del citado ministerio.
De conformidad con las pruebas que obran en el proceso, se encuentra acreditado que Pedro José Ceballos Londoño perdió la vida el 6 de septiembre de 1995, pues así lo indica el registro civil de defunción, en el que se estableció que su fallecimiento se debió a un “choque neurogénico, fractura de la base del cráneo, trauma severo” (fl. 30, cdno. 1).
Según la demanda, el accidente que cobró la vida del señor Ceballos Londoño se debió a una falla en la prestación del servicio, imputable a las accionadas, al permitir el tránsito de vehículos pesados por una vía en construcción, que carecía de elementales medidas de seguridad, imputaciones que fueron desmentidas por las demandadas al señalar que, para ese entonces, la concesión Santa Marta - Paraguachón S.A. adelantaba trabajos de pavimentación en la zona, obra que se encontraba bien señalizada y no ofrecía peligro alguno para los usuarios de la vía, al punto que —dicen—, antes de que ocurrieran los hechos por los cuales acá se demanda, transitaron por ese lugar, sin novedad alguna, un sinnúmero de vehículos, en su mayoría de carga pesada, como el que conducía la víctima, lo cual descarta que el siniestro obedeciera a la presencia de una falla en la prestación del servicio, pues todo indica que aquel se debió a la imprudencia y a la impericia del conductor del tractocamión de placas XKG-475.
Pues bien, se demostró en el proceso que, el 6 de septiembre de 1995, a las diez de la mañana, aproximadamente, el señor Pedro José Ceballos Londoño, quien transportaba carbón en el automotor acabado de mencionar, el cual estaba afiliado a la empresa de Transporte Tnippa S.A. (fl. 32, cdno. 1), sufrió un accidente a la altura del kilómetro 11 + 950 metros, en la carretera que conduce de Palomino a Riohacha, departamento de la Guajira, accidente en el cual sufrió heridas de consideración que le produjeron la muerte, tal como lo indica el croquis del accidente, que milita en el expediente (fls. 329 a 332, cdno. 1).
Igualmente, está probado que, para la época en que se produjo el siniestro, la concesión Santa Marta - Paraguachón S.A. adelantaba trabajos de mantenimiento en la vía, en virtud del contrato de concesión 445 de 1994 celebrado con el Invías (fls. 335 a 351, cdno. 1).
Sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el accidente, el agente Eduard Gildardo Restrepo Arango, quien para la época de los hechos se encontraba adscrito a la policía de carreteras del departamento de La Guajira, en declaración rendida el 3 de abril de 2001 ante el Tribunal Administrativo de ese departamento, manifestó que el día de los sucesos la vía se encontraba en reparación y que la víctima se salió de la carretera porque “tomó uno de los pedazos que estaban fresco (sic), es decir el asfalto recién hechado (sic)” y que, al llegar al lugar de los hechos, encontró partes “de la carretera desmoronada”. A renglón seguido y no obstante lo acabado de manifestar, el testigo en mención aseguró que el conductor del tractocamión “como que se abrió bastante, que fue lo que ocasionó que se fuera al vacío porque estaba cargado”. Agregó que el tramo de la vía por el que se movilizaba el automotor estaba habilitado para transitar y, además, se encontraba bien señalizado, pues se habían instalado cintas reflectivas y letreros que indicaban hombres trabajando en la vía, a lo cual se suma que, para la hora en que se produjo el accidente, “ya habían transitado muchos vehículos con las mismas características y con la misma carga” (fls. 312 a 314, cdno. 1).
Como se observa, el agente de tránsito Restrepo Arango aseguró, inicialmente, que parte de la vía por la cual transitaba el automotor siniestrado se desmoronó, pues recién le acababan de aplicar asfalto, circunstancia que habría provocado el volcamiento del tractocamión de placas XKG-475; pero, contrario a lo acabado de mencionar, el mismo testigo dijo luego que el conductor “como que se abrió bastante” y aseguró que dicha maniobra ocasionó que el automotor se fuera a la cuneta, teniendo en cuenta que se encontraba cargado.
Ahora bien, toda vez que el testimonio anterior resulta de vital importancia para el esclarecimiento de los hechos y dado que, como se observa, el agente estatal aduce como causas probables del siniestro, por un lado, las condiciones del terreno, pues, según dijo, este cedió al paso del tractocamión, ya que estaba recién asfaltado y, por el otro, el obrar imprudente de la víctima, quien habría realizado una maniobra riesgosa, al orillar demasiado el vehículo, lo cual, sumado al peso que este llevaba, habría provocado su volcamiento y caída a la cuneta, es indispensable contrastar lo dicho por el citado agente con los demás medios de prueba que militan en el plenario, a fin de establecer las verdaderas causas que provocaron el accidente que cobró la vida del señor Ceballos Londoño.
En cuanto a la primera de las hipótesis señaladas por el testigo en su declaración, esto es, que el tramo de la vía por el cual transitaba el tractocamión de placas XKG-475 cedió, pues estaba recién asfaltado, no obra en el plenario nada distinto a lo dicho al respecto por el citado agente estatal, lo cual llama la atención, particularmente porque en el croquis nada se dijo en torno a dicha situación, es decir, el citado documento no contempló como causa probable del accidente el rompimiento de la banca y mucho menos que esto hubiese obedecido a que el terreno se encontraba recién asfaltado (fls. 330 a 332, cdno. 1), aspecto este último —el del asfalto— que ni siquiera fue mencionado en la demanda. Debe recordarse que los actores señalaron que el accidente se produjo porque el tramo habilitado para el paso de los vehículos era demasiado estrecho y no existían las condiciones de seguridad necesarias, lo que produjo el rompimiento de la banca.
Al respecto, es indispensable aclarar que Edward Gildardo Restrepo Arango estuvo presente en el lugar de los hechos, pues llegó a los pocos minutos de ocurrido el siniestro, como lo señaló en su declaración, pero no fue quien suscribió el croquis del accidente, sino que fue el agente Jairo Ortiz Rodríguez, identificado con la placa 31493, adscrito a la dirección de la policía de carreteras, tal como aparece reseñado en el croquis (fls. 34 y 35, cdno. 1).
Ahora, si bien en el croquis (documento público), el agente Ortiz Rodríguez consignó que la vía estaba en mal estado, cabe indicar, como se dejó anotado anteriormente (pág. 12 de este fallo) que, en el lugar de los hechos, la concesión Santa Marta - Paraguachón S.A. adelantaba trabajos de mantenimiento, en virtud del contrato de concesión 445 de 1994 celebrado con el Invías; no obstante, la vía no solo se encontraba habilitada en una de sus calzadas para el tráfico vehicular, sino que, además, estaba bien señalizada, como lo indicaron en su declaración el agente Restrepo Arango y las demás personas que rindieron testimonio en el proceso, a los cuales se hará alusión más adelante.
En cuanto a la segunda de las hipótesis que de las causas del accidente mencionó el agente Restrepo Arango, esto es, la maniobra del conductor del tractocamión XKG-475, quien orilló demasiado el automotor, el cual, debido a su peso, se habría volteado y caído a la cuneta, es indispensable anotar que dicha circunstancia fue señalada como causa probable del accidente en el croquis y por los testigos que declararon en el proceso.
En efecto, el agente Jairo Rodríguez Ortiz consignó en el croquis que el automotor de placas XKG-475 “Al aorillarse (…) (sic) se volcó totalmente” (fl. 34, cdno. 1). En la misma línea, el señor Julio Rafael Gutiérrez, quien para la época de los hechos era el encargado de operar el rodillo de compactar el pavimento en la obra en la cual se produjo el accidente, en declaración rendida el 12 de junio de 2001 ante el Tribunal Administrativo de la Guajira (fls. 377 a 379, cdno. 1), manifestó que observó cuando el tractocamión se orilló demasiado sobre la banca y el trailer “iba volteándose, el cabezote iba arriba y el peso del trailer se llevó el cabezote”, que el conductor no alcanzó a salir y quedó aprisionado con la puerta, a pesar de que las personas que se encontraban presentes trataron de auxiliarlo. Agregó que la vía estaba completamente señalizada, que las condiciones de visibilidad eran buenas, porque era de día y hacía sol y que, antes de que se produjera el accidente, habían transitado por el lugar, sin novedad alguna, varios vehículos de carga pesada.
Por su parte, Carlos Eduardo Cantillo Rodríguez y Nelson Rafael Martínez del Prado, quienes el día de los hechos también se encontraban trabajando en la obra, en declaraciones rendidas el 12 de junio de 2001 ante el Tribunal Administrativo de La Guajira, aseguraron que el tractocamión se orilló mucho y se fue a la cuneta, falleciendo su conductor, quien no pudo ser sacado del automotor. Agregaron que había buena señalización en el lugar, que las condiciones de visibilidad eran óptimas, pues eran las 10 de la mañana y hacía sol, que una de las calzadas estaba cerrada y la otra habilitada para el paso de los vehículos y que ese fue el único accidente que se presentó en el lugar, no obstante que ya habían transitado por allí un sinnúmero de vehículos, en su gran mayoría de carga pesada, como el que conducía el hoy occiso (fls. 379 a 382, cdno. 1).
Como se observa, los testigos citados afirmaron de manera uniforme que el conductor del tractocamión se orilló demasiado y que esto produjo que el vehículo se fuera a la cuneta, debido al peso que llevaba, a lo cual se suma que ninguno manifestó que la banca de la carretera hubiera cedido al paso del automotor. En torno a estos últimos dos testigos (Cantillo Rodríguez y Martínez del Prado), debe advertirse que, no obstante que para la época de los hechos, las personas acabadas de mencionar trabajaban para la concesión Santa Marta - Paraguachón S.A., encargada del mantenimiento de la vía donde ocurrió el accidente, su dicho merece plena credibilidad para la Sala, por su claridad, espontaneidad y coherencia y porque, además, se trata de testigos presenciales de los hechos, pues, cuando estos ocurrieron, aquellos se encontraban laborando en la obra, a lo cual se suma que lo manifestado por ellos encuentra respaldo en otros medios de prueba que militan en el plenario, como el croquis del accidente (fls. 330 a 333, cdno. 1) y la declaración rendida por el agente Eduard Gildardo Restrepo Arango (fls. 312 a 314, cdno. 1)(6), pruebas que, valoradas en su conjunto, permiten concluir que el accidente en el que perdió la vida el señor Ceballos Londoño no se debió a las causas que los actores señalaron en la demanda.
En efecto, los testigos afirmaron que el accidente del tractocamión se debió al hecho de que el conductor se orilló demasiado, lo cual provocó que el automotor se fuera a la cuneta, hipótesis que también fue contemplada en el croquis, a lo cual se agrega que todas las personas que declararon en el proceso, incluido el agente estatal Restrepo Arango, aseveraron que, antes de que ocurriera el siniestro, ya habían transitado por el lugar varios vehículos de características similares al tractocamión de placas XKG-475 y ningún accidente se había presentado hasta entonces.
Además, se encuentra acreditado en el plenario que el tramo de la vía sometido a mantenimiento por parte de la concesión Santa Marta - Paraguachón S.A. estaba bien señalizado, frente a lo cual bien vale la pena destacar que dicha circunstancia no fue puesta en tela de juicio por los demandantes, a lo cual se agrega que, según el croquis, el ancho de la calzada que fue habilitada para la circulación de vehículos, en el sitio donde se produjo el accidente, era de 3,5 metros, lo cual descarta que se tratara de un espacio reducido, como lo aseguraron los demandantes, teniendo en cuenta que la Resolución 13791 del 21 de diciembre de 1998, “por medio de la cual se determinan los límites de pesos y dimensiones en los vehículos de carga para su operación normal en las carreteras del país”, proferida por el entonces Ministerio de Obras Públicas, aplicable para la época de los hechos, disponía en el literal A del artículo 3º que el ancho de los camiones de carga que transitan por el país no podía exceder de 2,60 metros. Cabe adicionar que los testigos que presenciaron los hechos aseguraron, en sus respectivas declaraciones, que la calzada habilitada para la circulación de vehículos era amplia y se ajustaba a las especificaciones dispuestas por las autoridades de tránsito (fls. 379 a 385, cdno. 1).
Así, se descarta que la causa del accidente, que cobró la vida del señor Pedro José Ceballos Londoño, obedeciera a una falla en la prestación del servicio imputable a las demandadas, ya que se demostró en el plenario —se insiste— que la vía estaba bien señalizada y que, contrario a lo afirmado por los actores, la calzada que fue habilitada para el tránsito de vehículos contaba con espacio suficiente para que vehículos como el accidentado pudieran circular en condiciones de seguridad; además, no se demostró en el proceso que el terreno cedió al paso del tractocamión siniestrado, como se dijo en la demanda, y mucho menos que la vía estuviera recién asfaltada y que esta circunstancia hubiera sido la causa del accidente, a lo cual se suma que las condiciones de visibilidad eran óptimas, pues era de día y en el momento del accidente hacía sol.
Siendo ello así, todo indicaría, entonces, que el accidente que cobró la vida del señor Ceballos Londoño obedeció a su propia culpa, por haberse orillado más de la cuenta, lo cual exime de responsabilidad a las demandadas por los hechos acá imputados. En efecto, la eximente de responsabilidad denominada culpa exclusiva de la víctima, entendida como la violación de las obligaciones a las que están sujetos los administrados, puede conducir a la exoneración total o parcial de la responsabilidad administrativa, dependiendo de la trascendencia y el grado de participación de los afectados en la producción del daño.
Por lo tanto, no toda conducta asumida por la víctima constituye un factor que rompa el nexo de causalidad entre el hecho y el daño, toda vez que, para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad a la Administración, debe acreditarse una relación de causalidad entre ella y el daño. Si el hecho del afectado fue la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es total; por el contrario, si tal hecho no tuvo incidencia en la producción de aquél, debe declararse la responsabilidad estatal. Ahora bien, si la actuación de la víctima concurre con otra causa para la producción del daño, se producirá una liberación parcial, por aplicación del principio de concausalidad y de reducción en la apreciación del daño, de acuerdo con lo previsto por el artículo 2357 del Código Civil(7).
En el presente asunto, todo apunta a que fue la conducta de la propia víctima la que produjo el hecho dañoso por el cual los actores formularon demanda en este caso, teniendo en cuenta que realizó una maniobra riesgosa, al haber orillado demasiado el tractocamión, lo cual, sumado al peso que llevaba por la carga que trasportaba, provocó que se fuera a la cuneta. Así, para la Sala es claro que la culpa de la víctima rompe el nexo de causalidad entre el hecho dañoso y el daño sufrido por los actores y, de paso, libera de responsabilidad a las accionadas.
Toda vez que el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, en el sub lite, resulta que ninguna de ellas actuó de esa manera, no habrá lugar a imponerlas.
1. REVÓCASE la sentencia del 31 de julio de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira y, en su lugar:
a. NIÉGANSE las pretensiones de la demanda.
(2) Para la fecha de presentación de la demanda —sep. 2/97—, el valor del gramo de oro era de $ 12.248,35.
(3) La demanda fue instaurada el 2 de septiembre de 1997.
(4) Decreto 597 de 1988.
(5) Con la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998 —7 de julio de ese año—, norma que modificó el artículo 136 del Decreto 2304 de 1989, se estableció que la acción de reparación directa caducaría al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa.
(6) Si bien existe una contradicción en dicha declaración, pues inicialmente el testigo manifestó que el tractocamión se salió de la carretera porque tomó un tramo de la vía que estaba recién asfaltado, a renglón seguido aseguró que el accidente obedeció a que el conductor del automotor se abrió demasiado y se fue al vacío, para la Sala es claro que la causa del siniestro se debió a la segunda de las hipótesis mencionadas, pues la primera no goza de respaldo probatorio alguno, mientras que la otra sí, como quedó evidenciado a lo largo del proceso.
(7) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 2 de mayo de 2002, Expediente 12.262.

References: artículo 136
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 2357
 artículo 55
 artículo 136