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Timestamp: 2020-01-17 22:41:55+00:00

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Reglamento de Bienes de las Entidades Locales (Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 126432
Publicado en: BOE Num. 161 (1986)
TÍTULO I. Bienes
CAPÍTULO I. Concepto y clasificación de los bienes - arts. 1 a 8
CAPÍTULO II. Del patrimonio de las entidades locales - arts. 9 a 16
SECCIÓN I. Del inventario y registro de los bienes - arts. 17 a 36
SECCIÓN II. Administración - arts. 37 a 43
SECCIÓN III. Prerrogativas de las entidades locales respecto a sus bienes - arts. 44 a 73
SECCIÓN I. Utilización de los bienes de dominio público - arts. 74 a 91
SECCIÓN II. Utilización de los bienes patrimoniales - arts. 92 y 93
SECCIÓN III. Del aprovechamiento y disfrute de los bienes comunales - arts. 94 a 108
CAPÍTULO V. Enajenación - arts. 109 a 119
TÍTULO II. Del desahucio por vía administrativa - arts. 120 a 135
Norma citada en: 3235 sentencias, 130 artículos doctrinales, 67 disposiciones normativas, 6 temas prácticos, 8 formularios, 158 resoluciones administrativas, 9 noticias
Félix Pons Irazábal.
TÍTULO I Bienes Artículos 1 a 119
CAPÍTULO I Concepto y clasificación de los bienes Artículos 1 a 8
El patrimonio de las entidades locales estará constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenezcan.
El régimen de bienes de las entidades locales se regirá:
En todo caso, se aplicará el derecho estatal de conformidad con el artículo 149.3 de la Constitución.
Artículo citado en: 63 sentencias, 2 artículos doctrinales, un tema práctico, 2 resoluciones administrativas
Los bienes comunales solo podrán pertenecer a los municipios y a las entidades locales menores.
Artículo citado en: 151 sentencias, 6 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
Son bienes de uso público local los caminos, plazas, calles, paseos, parques, aguas de fuentes y estanques, puentes y demás Obras públicas de aprovechamiento o utilización Generales cuya conservación y Policía sean de la competencia de la entidad local.
Artículo citado en: 259 sentencias, 9 artículos doctrinales, 5 resoluciones administrativas
Artículo citado en: 81 sentencias, 6 artículos doctrinales, un tema práctico, 3 resoluciones administrativas
Artículo citado en: 65 sentencias, 5 artículos doctrinales, 2 resoluciones administrativas
Artículo citado en: 54 sentencias, 2 artículos doctrinales, una disposición normativa, una resolución administrativa
Se conceptuaran parcelas sobrantes aquellas porciones de terreno propiedad de las entidades locales que por su reducida extensión, forma irregular o emplazamiento, no fueren susceptibles de uso adecuado.
Artículo citado en: 58 sentencias, un artículo doctrinal, una resolución administrativa
El expediente deberá ser resuelto, previa información pública durante un mes, por la corporación local respectiva, mediante acuerdo adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la misma.
Artículo citado en: 129 sentencias, 2 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
CAPÍTULO II Del patrimonio de las entidades locales Artículos 9 a 16
Artículo citado en: 55 sentencias, un artículo doctrinal, 7 resoluciones administrativas
Las entidades locales tendrán capacidad jurídica plena para adquirir y poseer bienes de todas las clases y ejercitar las acciones y recursos procedentes en Defensa de su patrimonio.
Las entidades locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la Defensa de sus bienes y derechos.
La adquisición de bienes a título oneroso exigirá el cumplimiento de los requisitos contemplados en la normativa reguladora de la contratación de las corporaciones locales. Tratándose de inmuebles se exigirá, además, informe previo pericial, y siendo bienes de valor Histórico o artístico se requerirá el informe del órgano estatal o autonómico competente, siempre que su importe exceda del 1 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto de la corporación o del límite General establecido para la contratación directa en materia de suministros.
Artículo citado en: 19 sentencias, un tema práctico, un formulario, 6 resoluciones administrativas
La adquisición de bienes a título gratuito no estará sujeta a restricción alguna.
No obstante, si la adquisición llevare aneja alguna condición o modalidad onerosa, solo podrán aceptarse los bienes previo expediente en el que se acredite que el valor del gravámen impuesto no excede del valor de lo que se adquiere.
La ocupación de bienes muebles por las entidades locales se regulará por lo establecido en el Código Civil y en las Leyes especiales.
En los supuestos de adjudicación de bienes o derechos a las entidades locales, dimanante de procedimiento judicial o administrativo, se dispondrá ante todo que se identifiquen los bienes adjudicados y se proceda a su tasación pericial.
Practicada la diligencia de identificación y valoración, se formalizara, en su caso, la calificación patrimonial del bien o derecho adjudicado
Cuando los bienes o derechos hubieran sido adjudicados en pago de un crédito correspondiente a la entidad local y el importe del crédito fuese inferior al valor resultante de la tasación de aquellos, el deudor a quien pertenecieron no tendrá derecho a reclamar la diferencia.
Los patrimonios municipales de suelo se regularán por su legislación especifica.
Los bienes patrimoniales que resultaren calificados como suelo urbano o urbanizable programado en el planeamiento urbanístico quedaran afectos al patrimonio municipal del suelo.
CAPÍTULO III Conservación y tutela de bienes Artículos 17 a 73
SECCIÓN I Del inventario y registro de los bienes Artículos 17 a 36
Con sujeción a las normas contenidas en esta sección, se formaran inventarios separados de los bienes y derechos pertenecientes a entidades con personalidad propia y dependientes de las corporaciones locales.
Igualmente, se formaran inventarios separados de los bienes y derechos pertenecientes a establecimientos con personalidad propia e independiente, si la legítima representación correspondiere a las corporaciones locales.
Artículo citado en: 50 sentencias, un artículo doctrinal, una resolución administrativa
La reseña de los bienes en el inventario se efectuara con numeración correlativa por cada uno de ellos, dentro del respectivo epígrafe.
A continuación, se dejará espacio en blanco para consignar las variaciones que se produjeren en el curso del ejercicio y la cancelación de los asientos.
lugar en que se encontrará situado y persona bajo cuya responsabilidad se custodiare.
d ) Persona encargada de la custodia.
Bajo el epígrafe de bienes y derechos revertibles, se reseñarán con el detalle suficiente, según su naturaleza y sin perjuicio de las remisiones a otros epígrafes y números del inventario, todos aquellos cuyo dominio o disfrute hubiere de revertir o consolidarse en la entidad llegado cierto día o al cumplirse o no determinada condición, de modo que sirva de recordatorio constante para que la corporación ejercite oportunamente las facultades que le correspondieren en relación con los mismos.
Se relacionarán en esta parte del inventario, entre otros bienes, los cedidos por la corporación condicionalmente o a plazo, las concesiones y los arrendamientos otorgados sobre bienes municipales o provinciales.
Siempre que fuere posible, se levantarán planos de planta y alzado de edificios y parcelarios que determinen gráficamente la situación, lindero y superficie de los solares, parcelas no edificadas y de las fincas rústicas, con referencia, en éstas, a vértices de triángulos de tercer Orden o topográficos o a puntos culminantes y fijos del terreno.
En todo caso, se obtendrán fotografías, debidamente autenticadas, de los bienes muebles Históricos, artísticos o de considerable valor económico.
Todos los documentos que refrendaren los datos del inventario y, en especial, los títulos de dominio, actas de deslinde y valoración, planos y fotografías, se archivarán con separación de la demás documentación municipal.
Al inventariar cada uno de los bienes se consignara, como último dato, la signatura del lugar del archivo en que obrare la documentación correspondiente.
Artículo citado en: 5 sentencias, 3 disposiciones normativas, una resolución administrativa
En las relaciones de bienes inventariables de las entidades previstas en el artículo anterior y que sirvan de base para formar el inventario General, habrá de preceder a la firma del secretario la del Director o administrador de la respectiva entidad.
La rectificación del inventario se verificará anualmente, y en ella se reflejaran las vicisitudes de toda índole de los bienes y derechos durante esa etapa.
Las corporaciones locales deberán inscribir en el registro de la propiedad sus bienes inmuebles y derechos reales, de acuerdo con lo previsto en la legislación hipotecaría.
Si no existiera título inscribible de dominio, se estará a lo dispuesto en los artículos 206 de la Ley hipotecaría, y 303 a 307 de su reglamento.
Los honorarios de los registradores por la inmatriculación o inscripción de bienes de las entidades locales se reducirán a la mitad.
Artículo citado en: 16 sentencias, 3 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 5 resoluciones administrativas
SECCIÓN II Administración Artículos 37 a 43
Cuando el pleno de la corporación lo acordare, el depósito de valores mobiliarios podrá efectuarse en establecimientos bancarios en los que tuviere intervención el Estado.
Los resguardo de depósitos se conservaran en la Caja de la entidad local.
Las entidades locales tendrán la facultad de explotar los Montes de su propiedad y realizarán el servicio de conservación y fomento de los mismos, todo ello con arreglo a lo establecido en la legislación especifica sobre Montes y aprovechamientos forestales.
Si para el cumplimiento de tales fines precisaren aquellas entidades auxilio o colaboración de la administración del Estado o de la Comunidad autónoma, podrán establecerse con éstas o con las entidades públicas que ejerzan sus derechos forestales los acuerdos que crean convenientes.
Las entidades locales poseedoras de Montes, declarados o no de utilidad pública, despoblados en superficie igual o superior a 100 hectáreas, deberán proceder con sus propios medios o con el auxilio o la colaboración antes mencionada, a la repoblación de la cuarta parte de dicha superficie, conforme a las normas dictadas por la administración competente en materia de agricultura.
Si no lo hiciesen, a pesar de la colaboración de las administraciones del Estado o de la Comunidad autónoma, éstas podrán efectuar por su cuenta la repoblación a que viene obligada la entidad local, concediendo a la misma opción para adquirir la propiedad del Monte formado, mediante el reintegro, con o sin interés, del capital invertido, deducción hecha, en su caso, de la parte concedida como subvención o reservándose una participación en las masas arbóreas creadas con arreglo al valor del suelo.
La distribución de los productos del Monte se efectuara entre la entidad propietaria y los particulares consorciados con la misma en las proporciones que se fijaren, pudiendo limitarse la de aquella a lo que le produjeran los terrenos con anterioridad a la repoblación.
Las cuentas de la administración del patrimonio se formaran, rendirán y fiscalizaran del modo dispuesto en la legislación reguladora de las Haciendas locales.
SECCIÓN III Prerrogativas de las entidades locales respecto a sus bienes Artículos 44 a 73
Artículo citado en: 200 sentencias, un tema práctico
Artículo citado en: 78 sentencias, un artículo doctrinal, una noticia
Artículo citado en: 48 sentencias, una noticia
El acuerdo de iniciación del expediente de investigación se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y en el del municipio, si existiera, con expresión de las características que permiten identificar el bien o derecho investigado. Un ejemplar de dichos Boletines se expondrá en el tablón de anuncios de la corporación en que radiquen los bienes, durante quince días.
Transcurrido el término señalado en el artículo anterior se abrirá un periodo de prueba, en el cual serán admisibles los siguientes elementos:
Efectuadas las pruebas pertinentes, y valoradas por los servicios de la corporación, se pondrá de manifiesto el expediente por término de Díez días a las personas a quienes afecte la investigación y hubieren comparecido en el, para que dentro de dicho plazo aleguen lo que crean conveniente a su derecho.
A las personas que promuevan el ejercicio de la acción investigadora, se les abonará, como Premio e indemnización de todos los gastos, el 10 por 100 del valor líquido que la corporación obtenga de la enajenación de los bienes investigados.
Si por cualquier causa la finca investigada no fuese vendida, el Premio previsto en el artículo anterior será sustituido por el importe del 10 por 100 del valor de tasación de la finca que conste en el expediente.
Las corporaciones locales tendrán la facultad de promover y ejecutar el deslinde entre los bienes de su pertenencia y los de los particulares, cuyos límites aparecieren imprecisos o sobre los que existieren indicios de usurpación.
Artículo citado en: 52 sentencias, un artículo doctrinal, una resolución administrativa
Acordado el deslinde, se comunicará al registro de la propiedad correspondiente, si la finca estuviere inscrita, para que se extienda nota del acuerdo al margen de la inscripción de dominio.
El expediente de deslinde se iniciara mediante acuerdo que se tomara previo examen de una memoria, en la que necesariamente habrá de hacerse referencia a los siguientes extremos:
Artículo citado en: 29 sentencias, un artículo doctrinal, una resolución administrativa
Sin perjuicio de aquella notificación, el deslinde se anunciará en el Boletín Oficial de la provincia, Boletín Oficial del municipio y en el tablón de anuncios del ayuntamiento, con sesenta días de antelación a la fecha fijada para iniciar las operaciones.
Los interesados podrán presentar ante la corporación cuantos documentos estimaren conducentes a la prueba y Defensa de sus derechos hasta los veinte días anteriores al comienzo de las operaciones.
Transcurrido dicho plazo no se admitirá documento ni alegación alguna.
Concluido el deslinde, se incorporará al expediente el acta o actas levantadas y un plano, a escala, de la finca objeto de aquel.
Artículo citado en: 22 sentencias, 2 artículos doctrinales, una resolución administrativa
Si la finca de la corporación local a que se refiere el deslinde se hallaré inscrita en el registro de la propiedad, se inscribirá igualmente el deslinde administrativo debidamente aprobado, referente a la misma.
Si la finca de la corporación local no se hallaré inscrita, se procederá a la inscripción previa del título escrito adquisitivo de las misma, o a falta de este, de las certificaciones previstas en el artículo 36 de este reglamento, inscribiéndose, a continuación de dicho asiento, el correspondiente al deslinde debidamente aprobado.
Las corporaciones locales promoverán el deslinde de los Montes públicos catalogados de su pertenencia, que se practicará con arreglo a las disposiciones especiales que lo regulan.
Salvo la excepción del párrafo anterior, las corporaciones locales se regirán por este reglamento para practicar el deslinde de sus fincas, cualquiera que fuere la naturaleza y características de éstas.
Artículo citado en: 307 sentencias, un artículo doctrinal, un tema práctico
El procedimiento para la recuperación de la posesión podrá iniciarse a través de las formas previstas en el artículo 46.
La recuperación en vía administrativa requerirá acuerdo previo de la corporación, al que se acompañarán los documentos acreditativos de la posesión, salvo que se tratare de repeler usurpaciones recientes.
Este privilegio habilita a las corporaciones locales para que utilicen todos los medios compulsorios legalmente admitidos, sin perjuicio de que si los hechos usurpatorios tienen apariencia de delito se pongan en conocimiento de la autoridad judicial.
En lo que concierna a los Montes públicos patrimoniales se estará a lo dispuesto en la legislación especial.
Artículo citado en: 252 sentencias, un tema práctico
Las corporaciones locales no podrán allanarse a las demandas judiciales que afectáren al dominio y demás derechos reales integrantes de su patrimonio.
CAPÍTULO IV Disfrute y aprovechamiento de los bienes Artículos 74 a 108
SECCIÓN I Utilización de los bienes de dominio público Artículos 74 a 91
La utilización de los bienes de dominio y uso público se regirá por las disposiciones de esta sección.
El uso de los bienes de servicio público se regirá, ante todo, por las normas del reglamento de servicios de las entidades locales y subsidiariamente por las del presente.
Las normas del reglamento de servicios serán así mismo de preferente aplicación cuando la utilización de bienes de uso público fuere solo la base necesaria para la prestación de un servicio público municipal o provincial.
Artículo citado en: 53 sentencias, 2 artículos doctrinales, una disposición normativa
En la utilización de los bienes de dominio público se considerara:
Uso privativo, el constituido por la ocupación de una porción del dominio público, de modo que límite o excluya la utilización por los demás interesados.
Artículo citado en: 131 sentencias, 5 artículos doctrinales, una disposición normativa, una resolución administrativa
Las licencias se otorgarán directamente, salvo si por cualquier circunstancia se limitare el número de las mismas, en cuyo caso lo serán por licitación y, si no fuere posible, porque todos los autorizados hubieren de reunir las mismas condiciones, mediante sorteo.
Artículo citado en: 56 sentencias, 2 artículos doctrinales, una disposición normativa, una resolución administrativa
Las concesiones se otorgarán previa licitación, con arreglo a los artículos siguientes y a la normativa reguladora de la contratación de las corporaciones locales.
Artículo citado en: 69 sentencias, 3 artículos doctrinales, 6 resoluciones administrativas
En toda concesión sobre bienes de dominio público se fijaran las cláusulas con arreglo a las cuales se otorgare, y sin perjuicio de las que se juzgaren convenientes, constaran éstas:
Deberes y facultades del concesionario en relación con la corporación y las que esta contrajera.
Canon que hubiere de satisfacer a la entidad local, que tendrá el carácter de tasa, y comportara el deber del concesionario o autorizado de abonar el importe de los daños y perjuicios que se causaren a los mismos bienes o al uso General o servicio al que estuvieren destinados.
Obligación del concesionario de abandonar y dejar libres y vacuos, a disposición de la administración, dentro del plazo, los bienes objeto de la utilización y el reconocimiento de la potestad de aquella para acordar y ejecutar por si el lanzamiento.
Artículo citado en: 111 sentencias, un artículo doctrinal, una resolución administrativa
Cuando alguna persona, por propia iniciativa, pretendiere una ocupación privativa y normal de dominio público, deberá presentar una memoria explicativa de la utilización y de sus fines, y justificativa de la conveniencia y de la normalidad de aquellos respecto del destino del dominio que hubiere de utilizarse.
La corporación examinara la petición y teniendo presente el interés público, la admitirá a tramite o la rechazará.
Admitida, en principio, la conveniencia de la ocupación, la corporación encargará a sus técnicos la redacción del proyecto correspondiente, o convocara concurso de proyectos durante el plazo mínimo de un mes y en la forma dispuesta por la normativa reguladora de la contratación de las corporaciones locales.
Si optare por la última solución, en las bases del concurso podrá ofrecer:
Si el concurso otorgare alguno de los beneficios a que se refieren los apartados B) y C) del párrafo 2 del artículo 83, el proyecto elegido será tasado contradictoriamente por peritos, nombrados, uno por la corporación, y otro por el adjudicatario, y, si mediare discordia, la resolverá el jurado provincial de expropiación.
Aprobado por la corporación el proyecto que, redactado por ella o por particulares, hubiere de servir de base a la concesión, se convocara licitación para adjudicarlo.
Podrá tomar parte en la licitación cualquier persona, además de los presentadores, de proyectos en el concurso previo, si se hubiere celebrado.
La garantía provisional consistirá en el 2 por 100 del valor del dominio público objeto de ocupación y, además, del Presupuesto de las Obras que, en su caso, hubieren de realizarse.
Habrá una información pública, durante treinta días, del proyecto que hubiere de servir para la concesión y de las bases de la licitación.
Si el proyecto previere subvención al concesionario, la licitación versara ante todo sobre la rebaja en el importe de aquella.
En otro caso y en el de igualdad en la baja:
Los licitadores presentarán, en plicas separadas, sus propuestas sobre cada uno de los extremos que sucesivamente comprendiere la licitación, a tenor de los párrafos 5 y 6, indicando en el sobre a cual de ellos se refiere, para limitar la apertura a los que fueren relevantes.
La corporación podrá, sin embargo, disponer que la licitación se refiera simultáneamente a todos o varios de los extremos señalados en los párrafos 5 y 6 u otros que ordenare, asignando a cada uno de ellos uno o mas puntos fijados en las bases de la convocatoria para efectuar la adjudicación a quien obtuviere la puntuación mas alta.
El peticionario inicial a que alude el artículo 82 tendrá derecho de tanteo si participare en la licitación y entre su propuesta económica y la que hubiere resultado elegida no existiere diferencia superior a un 10 por 100.
El propio derecho corresponderá en iguales circunstancias al titular del proyecto que hubiere resultado elegido en el concurso previo de proyectos, de haberse celebrado, si en las bases del mismo se le otorgare, como Premio, tal derecho, a tenor de lo previsto en el apartado C) del párrafo 2 del artículo 83.
Podrá ejercerse este derecho en el acto de la apertura de plicas, que se prolongará al efecto treinta minutos después de la adjudicación provisional.
Si hicieren uso del derecho de tanteo las personas a que se refieren los párrafos 1 y 2 se otorgará, de las dos, a quien hubiere presentado la propuesta mas económica, y si existiere empate entre ambas, se resolverá por pujas a la llana en la forma dispuesta en la normativa reguladora de la contratación de las corporaciones locales, partiendo de la base de la propuesta sobre la que se ejercitare el indicado privilegio.
En el acta de la licitación se hará constar si se hizo uso o no del derecho de tanteo.
La garantía definitiva que habrá de constituir el adjudicatario de la concesión, dentro del plazo de los quince días siguientes a la notificación, consistirá en el 3 por 100 del valor del dominio público ocupado y, en su caso, del Presupuesto de las Obras que hayan de ejecutar.
La garantía se devolverá al concesionario, si hubiere de realizar Obras revertibles a la entidad local, cuando acreditare tenerlas efectuadas por valor equivalente a la tercera parte de las comprendidas en la concesión.
En el plazo de quince días el concesionario deberá abonar el valor de tasación del proyecto, si lo ordenaren las bases de la licitación o hubiere obtenido la adjudicación en virtud de lo dispuesto por el párrafo 1, en relación con el 4, del artículo 88.
Constituida la garantía definitiva y, en su caso, pagado o consignado el valor del proyecto, se formalizara la concesión con arreglo a la normativa reguladora de la contratación de las corporaciones locales.
En la valoración del dominio público que se hubiere de ocupar conforme al artículo 82 se justificara, así mismo, por separado el daño y perjuicio que la ocupación hubiere de ocasionar al uso normal.
SECCIÓN II Utilización de los bienes patrimoniales Artículos 92 y 93
Artículo citado en: 55 sentencias, 2 artículos doctrinales, 12 resoluciones administrativas
Corresponderá a la corporación acordar y ejecutar por si misma el desahucio.
SECCIÓN III Del aprovechamiento y disfrute de los bienes comunales Artículos 94 a 108
Solo cuando tal disfrute fuere impracticable se adoptará una de las formas siguientes:
Si éstas modalidades no resultaren posibles, se acudirá a la adjudicación mediante precio.
Artículo citado en: 36 sentencias, 2 artículos doctrinales, 3 resoluciones administrativas
Artículo citado en: 25 sentencias, 2 artículos doctrinales, 5 resoluciones administrativas
La adjudicación mediante precio habrá de ser autorizada por el órgano competente de la Comunidad autónoma, y se efectuara por subasta pública en la que tengan preferencia sobre los no residentes, en igualdad de condiciones, los postores vecinos.
A falta de licitadores la adjudicación se podrá hacer de forma directa.
El producto se destinará a servicios en utilidad de los que tuvieren derecho al aprovechamiento, sin que pueda detraerse por la corporación mas de un 5 por 100 del importe.
Artículo citado en: 11 sentencias, un artículo doctrinal, 3 resoluciones administrativas
Si los bienes comunales, por su naturaleza o por otras causas, no han sido objeto de disfrute de esta índole durante mas de Díez años, aunque en alguno de ellos se haya producido acto aislado de aprovechamiento, podrán ser desprovistos del carácter de comunales en virtud de acuerdo de la corporación respectiva. Este acuerdo requerirá información pública, voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación y posterior aprobación por la Comunidad autónoma.
El derecho al aprovechamiento y disfrute de los bienes comunales, en cualquiera de sus modalidades, corresponderá simultáneamente a los vecinos sin distinción de sexo, Estado Civil o edad. Los extranjeros domiciliados en el término municipal gozaran también de estos derechos.
Los ayuntamientos y juntas vecinales que viniesen ordenando el disfrute y aprovechamiento de bienes comunales, mediante concesiones periódicas a los vecinos de suertes o cortas de madera, de acuerdo con normas consuetudinarias u ordenanzas locales tradicionalmente observadas, podrán exigir a aquellos, como condición previa para participar en los aprovechamientos forestales indicados, determinadas condiciones de vinculación y arraigo o de permanencia, según costumbre local, siempre que éstas condiciones singulares y la cuantía máxima de las suertes o lotes sean fijadas en ordenanzas especiales, que necesitarán para su puesta en vigor la aprobación del órgano competente de la Comunidad autónoma, el cual la otorgará o denegará, oído el Consejo de Estado o el órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de aquella, si existiera.
Artículo citado en: 16 sentencias, un artículo doctrinal, 7 resoluciones administrativas
Las corporaciones locales podrán ejercer el derecho de tanteo en las subastas de pastos sobrantes de Dehesas Boyales y de Montes comunales y patrimoniales, dentro de los cinco días siguientes al que se hubiere celebrado la licitación, con éstas condiciones:
En los bienes de carácter forestal que, circunstancialmente y para favorecer su restauración arbórea, admitieran trabajos de descuaje y roturación, podrá autorizarse el aprovechamiento agrícola en éstas condiciones:
Además de todos los trabajos y prestaciones personales que guarden relación inmediata con el cultivo a que se destinen las parcelas, los autorizados habrán de realizar en ellas cuantas operaciones de mejoras determine la administración forestal, de oficio o a instancia del ayuntamiento.
CAPÍTULO V Enajenación Artículos 109 a 119
Los bienes inmuebles patrimoniales no podrán cederse gratuitamente sino a entidades o instituciones públicas para fines que redunden en beneficio de los habitantes del término municipal, así como a las instituciones privadas de interés público sin ánimo de lucro.
De éstas cesiones también se dará cuenta a la autoridad competente de la Comunidad autónoma.
Artículo citado en: 43 sentencias, 4 artículos doctrinales, 10 disposiciones normativas, 2 temas prácticos, 3 formularios, 6 resoluciones administrativas
Dictamen suscrito por técnico que asevere que los bienes no se hallan comprendidos en ningún Plan de Ordenación, reforma o adaptación, no son necesarios para la entidad local ni es previsible que lo sean en los Díez años inmediatos.
La cesión de solares al Organismo competente de promoción de la vivienda para construir viviendas de protección Oficial revestirá, normalmente, la forma de permuta de los terrenos por número equivalente de aquellos que hubieren de edificarse y, cuando esto no fuere posible, la cesión gratuita no precisará el cumplimiento del requisito d ) del párrafo precedente.
Artículo citado en: 26 sentencias, 2 artículos doctrinales, 2 disposiciones normativas, 3 resoluciones administrativas, una noticia
Si los bienes cedidos no fuesen destinados al uso dentro del plazo señalado en el acuerdo de cesión o dejasen de serlo posteriormente se considerara resuelta la cesión y revertirán aquellos a la corporación local, la cual tendrá derecho a percibir de la entidad beneficiaría, previa tasación pericial, el valor de los detrimentos experimentados por los bienes cedidos.
Si en el acuerdo de cesión no se estipula otra cosa, se entenderá que los fines para los cuales se hubieran otorgado deberán cumplirse en el plazo máximo de cinco años, debiendo mantenerse su destino durante los treinta años siguientes.
Los bienes cedidos revertirán, en su caso, al patrimonio de la entidad cedente con todas sus pertenencias y accesiones.
Artículo citado en: 55 sentencias, un artículo doctrinal, 5 disposiciones normativas, 6 resoluciones administrativas
Las enajenaciones de bienes patrimoniales se regirán en cuanto su preparación y adjudicación por la normativa reguladora de la contratación de las corporaciones locales.
No será necesaria la subasta en los casos de enajenación mediante permuta con otros bienes de carácter inmobiliario, previo expediente que acredite la necesidad de efectuarla y que la diferencia del valor entre los bienes que se trate de permutar no sea superior al 40 por 100 del que lo tenga mayor.
Artículo citado en: 122 sentencias, 7 artículos doctrinales, una disposición normativa, 2 temas prácticos, 2 formularios, 18 resoluciones administrativas
Artículo citado en: 13 sentencias, un artículo doctrinal, una disposición normativa, 2 resoluciones administrativas
Las parcelas sobrantes a que alude el artículo séptimo serán enajenadas por venta directa al propietario o propietarios colindantes o permutadas con terrenos de los mismos.
Si fueran varios los propietarios colindantes, la venta o permuta se hará de forma que las parcelas resultantes se ajusten al mas racional criterio de Ordenación del suelo, según dictamen técnico.
Si algún propietario se negará a adquirir la parcela que le correspondiere, la corporación podrá expropiarle su terreno del modo dispuesto para la regulación de solares a cuyo efecto será preceptivo, en cada caso, al dictamen técnico pertinente.
No implicaran enajenación ni gravámen las cesiones de parcelas de terrenos del patrimonio municipal a favor de vecinos jornaleros, aunque el disfrute de estos haya de durar mas de Díez años, ni las que se otorguen a vecinos para plantar arbolado en terrenos del mismo patrimonio no catalogados como de utilidad pública.
Dichas cesiones habrán de ser acordadas por el ayuntamiento pleno con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación.
Los vecinos cesionarios se harán, en su caso, dueños del arbolado que cultiven, y durante los cinco años primeros podrán acotar las parcelas plantadas para preservarlas de los ganados. Si esta acotación perjudicará aprovechamientos comunales y hubiera reclamaciones de vecinos, quedará en suspenso la cesión hasta que sobre ella recaiga acuerdo del ayuntamiento pleno.
Artículo citado en: 29 sentencias, 2 artículos doctrinales, una disposición normativa, una resolución administrativa
TÍTULO II Del desahucio por vía administrativa Artículos 120 a 135
La extinción de los derechos constituidos sobre bienes de dominio público o comunales de las entidades locales, en virtud de autorización, concesión o cualquier otro título y de las ocupaciones a que hubieren dado lugar, se efectuara por las corporaciones, en todo caso, por vía administrativa, mediante el ejercicio de sus facultades coercitivas, previa indemnización o sin ella, según proceda, con arreglo a derecho.
La expropiación forzosa de fincas rústicas o urbanas, terrenos o edificios producirá la extinción de los arrendamientos y de cualesquiera otros derechos personales relativos a la ocupación de las mismas.
Se entenderán comprendidas en el supuesto anterior las expropiaciones de bienes que tengan por objeto la realización de Obras o el establecimiento de servicios públicos.
Los titulares de los derechos de ocupación extinguidos serán desahuciados conforme a las normas del presente título.
Desde el momento en que se acordare la expropiación de la finca, la corporación local se abstendrá de establecer o continuar con los ocupantes cualquier relación arrendaticia en forma expresa y de iniciarla con quienes no ostentaren aquella condición.
Tampoco se podrán reconocer o convalidar de manera tácita situaciones de hecho creadas antes o después de comenzar la expropiación.
Para calificar como vivienda o local de negocio los departamentos que existieren en los inmuebles expropiados se estará a lo dispuesto en la Ley de arrendamientos urbanos.
Planteada formalmente la disconformidad sobre esta calificación, el interesado podrá hacer valer sus derechos utilizando los recursos que procedan en vía administrativa, sin que suspendan la sustanciación del expediente.
La fijación del importe de la indemnización se tramitara simultáneamente con la expropiación del dominio del inmueble, y el desalojo, salvo consentimiento del propietario, no podrá efectuarse hasta que se haya abonado o depositado el valor del justiprecio.
Excepcionalmente podrán las corporaciones locales anticipar la fecha del desalojo de la finca, y, en este supuesto, quedaran subrogadas en las obligaciones de los ocupantes respecto del propietario hasta que se efectúe la expropiación del derecho de este.
Para fijar la indemnización se intentara una avenencia con los interesados o sus representantes legales, a cuyo efecto se les requerirá para que, en el término de quince días contados a partir de la notificación, formulen proposición sobre la cuantía de aquella y el plazo necesario para desalojar.
Si la corporación local considerase atendible la proposición, se cumplirá en los términos que resultare aceptada.
Sin embargo, la fijación del precio por mutuo acuerdo puede verificarse en cualquier momento del expediente hasta que el jurado de expropiación decida acerca del justo precio y producido el mutuo acuerdo quedaran sin efectos las actuaciones que se hubieran verificado relativas a la determinación del mismo.
La indemnización que la corporación y el titular del derecho a ocupación convinieren libremente por avenencia no podrá exceder del duplo que resulte de aplicar las normas de los apartados a ) y B ), según corresponda, del párrafo 2 del artículo 128.
La corporación, al formular el requerimiento a que alude el párrafo 1, advertirá, además, al titular de la ocupación, y en su persona a todos los que les afecte, que deben desalojar la finca en el plazo de cinco meses, a contar desde la notificación.
Cuando no se llegare a una avenencia, se fijara el importe de la indemnización, con arreglo a lo previsto en la Ley de expropiación forzosa.
Fijado el importe de la indemnización los arrendatarios y, en General, los titulares de derechos personales relativos a la ocupación del predio, vivienda o local de negocio deberán desalojarlos dentro del término que reste hasta el vencimiento del plazo a que se refiere el párrafo 5 del artículo 126.
En las viviendas, la equivalencia de un año de alquiler, mas una cantidad igual al importe de un mes de renta, según el promedio de los últimos tres años, por cada anualidad o fracción de vigencia del contrato, incrementado todo ello con el 3 por 100 de afección.
Agotado el plazo para desocupar el predio, vivienda o local de negocio sin que se efectuare, la corporación, si estuviera fijada la indemnización, la depositará en la Caja de la entidad local o en la General de depósitos, y si no lo estuviere, consignara las cantidades procedentes, según el párrafo 2 del artículo 128.
Verificado el depósito se requerirá al interesado para que en el plazo de Díez días desaloje el predio, vivienda o local.
En caso que la indemnización se hubiera fijado por avenencia, el incumplimiento del plazo de desalojo no impedirá a la corporación el ejecutar el desahucio previo depósito de la cantidad convenida.
Si a pesar del requerimiento que se dirigiere a quienes ocuparen el inmueble expropiado, con título o sin el, no lo desalojaren dentro de los respectivos plazos, la corporación procederá, por si, a ejecutar el desahucio por vía administrativa.
Dentro de los ocho días siguientes a la expiración del plazo concedido, según el artículo anterior, sin que el interesado hubiere desalojado el predio, vivienda o local de negocio, el presidente de la corporación le apercibirá de lanzamiento en el término de otros cinco.
El día fijado para el lanzamiento la corporación lo ejecutará por sus propios medios a cuyo efecto bastará la Orden escrita del presidente, de la que se entregara copia al interesado.
Los gastos a que de lugar el lanzamiento o depósito de bienes serán de cuenta del desahuciado.
La corporación retendrá los bienes que considere suficientes para atender al pago de los gastos de ejecución del desahucio y podrá enajenarlos por el procedimiento de apremio.
Las corporaciones locales podrán expropiar los derechos de arrendamiento y cualesquiera otros personales relativos a la ocupación de bienes patrimoniales, para destinarlos a fines relacionados con Obras o servicios públicos.
Será título suficiente para la expropiación, el acuerdo adoptado por el ayuntamiento pleno o la Diputación provincial, previo expediente en el que se acredite la necesidad del predio, local o vivienda para ser destinado a alguno de los objetos a que se refiere el párrafo anterior.
Serán de aplicación los artículos 122 y siguientes de este reglamento en el supuesto contemplado en este artículo.
Cuando la corporación dispusiere de otros predios, viviendas o locales de características similares podrá ofrecerlos a los desahuciados, sin que proceda la indemnización a que se refieren los artículos 126 a 128 de este reglamento, pero si, respecto a los locales, el abono de los daños y perjuicios.
Las corporaciones locales podrán resolver, por si y en vía administrativa, los contratos de arrendamiento y cualesquiera otros derechos personales constituidos en fincas de su pertenencia a favor de su personal por relación de los servicios que presten, en los casos a que se refiere el artículo 93.
No procederá el abono de indemnización alguna en el supuesto a que se refiere el número anterior.
El procedimiento de desahucio y lanzamiento se desarrollará a tenor de lo dispuesto en los artículos 130 a 132.
Las corporaciones locales podrán resolver, por si, en vía administrativa, los contratos de arrendamiento de viviendas de protección Oficial de su propiedad, en los casos y formas previstos en la legislación especial aplicable.
El presente reglamento entrara en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Queda derogado el reglamento de bienes de las entidades locales aprobado por Decreto de 27 de mayo de 1955.
Así mismo, se derogan expresamente cuantas disposiciones se opongan a lo preceptuado en este reglamento con relación a los bienes de las entidades locales.
Las corporaciones locales que no hubieren procedido a la Formación de sus respectivos inventarios deberán concluirlos en el plazo máximo de tres años.
Los bienes inmuebles, de naturaleza demanial, aunque no sean edificios, también deberán incluirse en el inventario de todas las corporaciones locales en el plazo máximo de tres años.
DECRETO 344/1994, de 28 de julio, de modificación del Decreto por el que se regula el programa de ayudas financieras a la inversión en el sector industrial.
ORDEN 225/1999, de 20 de enero, de la Consejería de Economía y Empleo, sobre 'procedimiento para la autorización y/o el registro de instalaciones petrolíferas para uso propio'.
DECRETO 4/2006, de 17 de enero, por el que se atribuyen a los registradores y a las registradoras de la propiedad y mercantiles y de bienes muebles funciones en la gestión, liquidación y recaudación de determinados tributos cedidos a la Generalidad de Cataluña y se aprueba el régimen de creación, división y supresión de oficinas liquidadoras.
Orden SAS/2377/2010, de 7 de septiembre, por la que se establece la convocatoria para la concesión de ayudas para el fomento de la investigación clínica independiente.

References: artículo 149
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 36
 artículo 46
 resolución 
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 artículo 83
 artículo 82
 artículo 83
 artículo 88
 artículo 82
 resolución 
 artículo 128
 artículo 126
 artículo 128
 artículo 93