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BOE.es - Documento BOE-A-2002-14083
Documento BOE-A-2002-14083
«BOE» núm. 169, de 16 de julio de 2002, páginas 25837 a 25838 (2 págs.)
BOE-A-2002-14083
https://www.boe.es/eli/es-cm/l/2002/05/09/7
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha tiene asumida la competencia exclusiva en materia de carreteras y caminos cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Región (artículo 31.1.4.a del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, según redacción dada por la Ley Orgánica 7/1994, de 24 de marzo, y Ley Orgánica 3/1997, de 3 de julio, en relación con el artículo 148.1.5.a de la Constitución Española).
En el ejercicio de dicha competencia se aprobó la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos, cuyo objetivo prioritario era la coordinación funcional de toda la red de carreteras y caminos de ámbito regional, protegiendo el patrimonio público de las carreteras y preservando las vías de uso y dominio público.
En este sentido, en virtud de la competencia asumida por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en materia de expropiación, recogida en el artículo 39.dos.b) del Estatuto de Autonomía, en relación con el artículo 149.1.18.a de la Constitución Española, que reconoce como competencia exclusiva del Estado la legislación sobre expropiación forzosa, se acoge ahora una técnica expropiatoria idéntica a la empleada por el legislador estatal en el artículo 77 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que modifica el artículo 8 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, consistente en la generalización del trámite de urgente ocupación, como actuación implícita en el acuerdo de aprobación de los proyectos de carreteras, acción tendente a la consecución de los principios de agilidad y eficacia que debe presidir toda actuación administrativa en aras del interés general.
De otra parte, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en virtud de la competencia reconocida en el artículo 32.7 del Estatuto de Autonomía, que le confiere facultades de desarrollo legislativo y ejecución, en el marco de la legislación básica estatal, en materia de protección de medio ambiente, y en relación con el artículo 148.1.19.a de la Constitución Española, aprobó la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación de Impacto Medio Ambiental, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, razón por la cual se hace necesario la modificación del capítulo II de la Ley de Carreteras y Caminos, remitiendo expresamente a la evaluación de impacto ambiental correspondiente los proyectos de carreteras, conforme a los procedimientos previstos en la citada Ley 5/1999, de 8 de abril, y en la legislación básica estatal regulada en la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental.
Asimismo, al amparo de lo establecido en el artículo 39.tres del Estatuto de Autonomía, que atribuye a la Comunidad Autónoma, de acuerdo con la legislación del Estado, la regulación de contratos y de las concesiones administrativas de la Comunidad, se introduce en la Ley Regional de Carreteras y Caminos el contrato de concesión de obras públicas, competencia que habrá de ser ejercida con respeto a la legislación básica estatal dictada en la materia, conforme a lo señalado en el artículo 149.1.18.a de la Constitución Española, y que hoy tiene su principal expresión en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. La introducción de dicha modalidad contractual en la Ley de Carreteras y Caminos lleva aparejada una modificación con detalle en su capítulo III, con objeto de posibilitar legalmente los mecanismos concesionales con vistas a la construcción y explotación de carreteras por los particulares, así como las aportaciones de recursos públicos para reducir o suprimir las tarifas que constituyen la contraprestación de los servicios a prestar por las sociedades concesionarias.
Se introducen las siguientes modificaciones a la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos:
"Los proyectos de nuevas carreteras y acondicionamientos de las mismas, incluidos en los anejos de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Evaluación de Impacto Ambiental, y la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación del Real Decreto Legisla tivo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, deberán incluir un estudio de impacto ambiental y ser sometidos a los procedimientos de evaluación ambiental establecidos en dichas Leyes."
Sección 1.a "Gestión y Explotación"
4. La Administración titular de la vía podrá establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares la aportación de fondos públicos, de carácter presupuestario, tanto para contribuir a financiar la construcción de las carreteras como para contribuir a financiar la utilización de las mismas, que conllevará, en todos los casos, la reducción o supresión tarifaria correspondiente.
"Hasta tanto se dicte el Reglamento de la presente Ley, se aplicará en lo que no se oponga a la misma, el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, parcialmente modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, y el Real Decreto 597/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras."
(Publicada en el "Diario Oficial de Castilla-La Mancha" número 65, de 27 de mayo de 2002)
Fecha de entrada en vigor: 28/05/2002
Publicada en el DOCM núm. 65, de 27 de mayo de 2002.
MODIFICA los arts. 16, 18, el capítulo III, arts. 20, 21, la disposición transitoria 1 y AÑADE los arts. 20 bis y 21 bis de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1991-6605).
DE CONFORMIDAD con el art. 31.1.4 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto (Ref. BOE-A-1982-20820).

References: artículo 148
 artículo 39
 artículo 149
 artículo 77
 artículo 8
 artículo 32
 artículo 148
 Real Decreto 
 artículo 39
 artículo 149
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
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