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Timestamp: 2018-01-22 08:33:14+00:00

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Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. TITULO PRELIMINAR. Objeto y finalidades de la Ley (Vigente hasta el 27 de Junio de 2008).
b) Ejecución del planeamiento.
c) Intervención del ejercicio de las facultades dominicales relativas al uso del suelo y edificación.
d) Intervención en la regulación del mercado del suelo.
1. La acción urbanística sobre el régimen del suelo atenderá, entre otras, a las siguientes finalidades:
a) Procurar que el suelo se utilice en congruencia con la utilidad pública y la función social de la propiedad, garantizando el cumplimiento de las obligaciones y cargas derivadas de la misma.
2. La competencia urbanística concerniente al planeamiento comprenderá las siguientes facultades:
a) Formular los Planes e instrumentos de ordenación territorial y urbanística previstos en la legislación. La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 3.2 a) aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
b) Emplazar los centros de producción y residencia del modo conveniente para la mejor distribución de la población. La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 3.2 b) aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
c) Dividir el territorio municipal en áreas de suelo urbano, urbanizable, o en su caso apto para urbanizar, y no urbanizable, o clases equivalentes establecidas por la legislación autonómica.
d) Establecer zonas distintas de utilización según la densidad de la población que haya de habitarlas, porcentaje de terreno que pueda ser ocupado por construcciones, volumen forma, número de plantas, clase y destino de los edificios, con sujeción a ordenaciones generales uniformes para cada especie de los mismos en toda la zona. La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 3.2 d) aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
e) Formular el trazado de las vías públicas y medios de comunicación. La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 3.2 e) aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
f) Establecer espacios libres para parques y jardines públicos en proporción adecuada a las necesidades colectivas. La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 3.2 f) aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
g) Señalar el emplazamiento y características de los centros y servicios de interés público y social, centros docentes, aeropuertos y lugares análogos. La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 3.2 g) aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
h) Calificar terrenos para construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública. La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 3.2 h) aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
i) Determinar la configuración y dimensiones de las parcelas edificables. La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 3.2 i) aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
j) Limitar el uso del suelo y subsuelo y de las edificaciones. La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 3.2 j) aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
k) Orientar la composición arquitectónica de las edificaciones y regular, en los casos que fuera necesario, sus características estéticas. La Sentencia del TC 61/1997, de 20 de marzo («B.O.E.» 25 abril; corrección de errores 30 octubre) declara la inconstitucionalidad y nulidad del número 3 de la disposición final única y, consiguientemente, del artículo 3.2 k) aprobado por el Estado con eficacia supletoria.
3. La competencia urbanística en lo que atañe a la ejecución del planeamiento confiere las siguientes facultades:
4. La competencia urbanística en orden a la intervención en el ejercicio de las facultades dominicales, relativas al uso del suelo y edificación, comprenderá las siguientes facultades:
d) Facilitar a los propietarios el cumplimiento de las obligaciones impuestas por esta Ley.
5. La competencia urbanística en lo que se refiere a la intervención en la regulación del mercado del suelo confiere las siguientes facultades:
d) Ejercitar los derechos de tanteo y retracto en los términos establecidos en la legislación aplicable.
6. Las mencionadas facultades tendrán carácter enunciativo y no limitativo, y la competencia urbanística comprenderá cuantas otras fueren congruentes con la misma, para ser ejercidas con arreglo a la presente Ley y las demás que resulten aplicables.
2. Dicha gestión podrá ser asumida directamente por ésta, o encomendarse a la iniciativa privada o a entidades mixtas.
3. Cuando el mejor cumplimiento de los fines y objetivos del planeamiento urbanístico así lo aconseje, se suscitará la iniciativa privada en la medida más amplia posible, a través de los sistemas de actuación, o en su caso, mediante concesión.
4. En la formulación, tramitación y gestión del planeamiento urbanístico, las Administraciones urbanísticas competentes deberán asegurar la participación de los interesados y, en particular, los derechos de iniciativa e información por parte de las entidades representativas de los intereses que resulten afectados y de los particulares.

References: artículo 3
 artículo 3
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