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Timestamp: 2018-10-16 06:18:40+00:00

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﻿ Sentencia 35795 de marzo 16 de 2010
SENTENCIA 35795 DE 16 DE MARZO DE 2010
CONTENIDO:OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR PERJUICIOS MORALES EN MATERIA LABORAL. NO SE CONTRAE EXCLUSIVAMENTE A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHOS DEL TRABAJADOR, DERECHO LABORAL, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO
Sentencia 35795 de marzo 16 de 2010
Radicación 35795
Se observa que la acusación se equivoca al denunciar la interpretación errónea del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, pues en relación con esta norma el juzgador de segundo grado no hizo interpretación alguna que pueda entenderse como la asignación de una exégesis de dicho precepto y, de otra parte, se refirió a los artículos 1494, 2341 y 2356 del Código Civil y 483, ibídem, que tratan lo referente a la indemnización de perjuicios, de modo que no es dable considerar que la hubiera entendido equivocadamente.
Pese a que encontró que la jurisprudencia civil ha reconocido la posibilidad de que se causen perjuicios morales por el incumplimiento de un contrato, seguidamente el tribunal aseveró que en materia laboral la única indemnización reconocida es la que surge de la terminación del contrato de trabajo y que la acción pertinente, en este caso, no pertenecía al derecho laboral, dado que los perjuicios invocados no provienen directa ni indirectamente de un contrato de trabajo.
Para la Sala, al discurrir de esa manera, incurrió el tribunal en los quebrantos normativos que se le imputan porque, en primer lugar, es claro que la obligación de indemnizar perjuicios morales en materia laboral no se contrae exclusivamente a la terminación del contrato de trabajo, ya que, como lo ha reconocido de tiempo atrás la jurisprudencia, acudiendo a principios generales del derecho, el daño moral siempre debe ser resarcido, independientemente de la fuente de su origen. Aparte de ello, en el Código Sustantivo del Trabajo hay normas de las que se desprende que, al lado de la extinción del vínculo jurídico, existen otros hechos que pueden dar origen a un daño moral que debe ser indemnizado. Tal el caso del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.
Importa precisar que también se equivocó el juez de la alzada cuando señaló que había errado la parte actora en la senda procesal que escogió porque si bien es cierto el conflicto no es de naturaleza laboral, lo que, como se vio, no impediría la demanda de la indemnización de los perjuicios morales, no lo es menos que esa controversia sí es del conocimiento de la justicia ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social, en cuanto involucra a una entidad de seguridad social y a un afiliado, de suerte que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º del Código Procesal del Trabajo, podía ventilarse por el procedimiento elegido por la parte actora y ante el juez al que se le presentó la demanda. Recuérdese que la norma citada, en la forma como fue modificada por el artículo 1º de la Ley 712 de 2001, con toda precisión establece que la jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:“4. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan”.
Y en este asunto la demandada es una entidad administradora del sistema general de pensiones y el actor un afiliado a ella, de modo que, sin duda, la senda escogida fue la adecuada, sin que para ello interesara la naturaleza de la relación jurídica que hubo entre las partes, ni la de los actos jurídicos controvertidos que, cabe anotar, en todo caso están directamente relacionados con la seguridad social, en cuanto tienen que ver con un error en la solicitud de un bono pensional.
Aunque el cargo demuestra el desatino jurídico del tribunal, ello no conduce a su prosperidad porque ese fallador dejó de lado las anteriores y equivocadas consideraciones y aseveró que en este caso no se había probado el daño moral alegado por los actores, ya que no se acreditó que la tardanza fuera atribuible a la demandada y, “…además de ello tampoco se demostró que en dicho periodo el actor y su cónyuge no pudieron vivir dignamente, ni que a causa de esto se haya deteriorado su relación conyugal, y mucho menos que hayan sufrido daños morales y sicológicos por tal tardanza”.
De modo que si bien el cargo resulta fundado, no es viable darle prosperidad, en razón de que el tribunal determinó que no era dable la indemnización de perjuicios, dado que éstos no se demostraron en el proceso.
Acusa a la sentencia del tribunal de violar por la vía directa los artículos 115 de la Ley 100 de 1993, 44 del Decreto 1748 de 1997, 18 del Decreto 1513 de 1998, 1494, 1613, 1614 y 2343 del Código Civil, y Decreto 1474 de 1997.
Dice que el ad quem, pese a encontrar probados los yerros, indicó que no se demostró la relación de causalidad entre los errores o irregularidades de la demandada y los daños padecidos, con lo que olvidó las normas señaladas que lo llevaron a denegar las pretensiones, y que si no hubiese ignorado los preceptos sobre expedición de bonos, como los artículos 115 de la Ley 100 de 1993, 44 del Decreto 1748 de 1997, 18 del Decreto 1513 de 1998, y el Decreto 1474 de 1997, habría encontrado que ellos “Determinan que la pension no se reconoce si no se expide el bono, y tal como lo dijo el ISS en oficio dirigido al actor, al que el tribunal le da pleno valor.” (fl. 14, cdno. de la Corte), y añade que “De acuerdo a la norma contenida en el artículo 44 del decreto 1474 de 1997, la expedición del bono pensional es requisito indispensable para que el ISS reconozca y pague la pensión”.
Transcribe el artículo 44 del Decreto 1748 de 1995 (sic) y dice que el tribunal olvidó aplicarlo y que también inaplicó los artículos 2341 y 2343 del Código Civil.
Reproduce un breve pasaje de la sentencia del ad quem para afirmar que esa consideración es totalmente errónea debido a que interpretó mal los artículos 1613 y 1614 del Código Civil, pues de acuerdo con ellos el daño emergente es la disminución del patrimonio del acreedor y el lucro cesante la imposibilidad de su aumento, siendo el primero constituido por las pensiones que dejó de recibir debido al retardo de la demandada para su reconocimiento, y el segundo las ganancias que no obtuvieron si hubiesen tenido el valor de la pensión en sus manos, y copia los artículos 1494 y 2341 del Código Civil.
Sostiene que el cargo no señala el concepto de violación, lo que impide su estudio, y no se supera con aludir a modos de violación explicados en él y no cobijar todas las normas; no señala cómo esas transgresiones normativas cambiaron el rumbo de la sentencia, y no precisa cuáles artículos del Decreto 1474 de 1997 son los que estima violados por el fallo acusado, omisión inadmisible en el recurso extraordinario.
Explica que en la medida que no se afecte el sustento fáctico de la sentencia no hay posibilidad de destruirla, porque si no hay prueba de la culpa por la tardanza, ni de los daños que se afirman, no puede haber decisión condenatoria.
Le asiste razón a la réplica en los reproches que hace al cargo propuesto.
En efecto, no contiene la causal o motivo de violación, pues no enuncia si la sentencia recurrida es violatoria de la ley sustancial “por infracción directa”, por “aplicación indebida” o por “interpretación errónea”, lo cual deja a la Corte sin el referente necesario para acometer su estudio de fondo, respecto de los artículos 115 de la Ley 100 de 1993, 44 del Decreto 1748 de 1997 y 18 del Decreto 1513 de 1998.
La violación de la ley sustancial por la vía de puro derecho impone a quien presenta una demanda de casación el deber de respetar las conclusiones fácticas de la sentencia impugnada, de modo que no le es dado apartarse de la valoración probatoria realizada por el juzgador porque, de lo contrario, debe ser controvertida pero por la vía de los hechos y en cargo separado.
Se advierte lo anterior porque en este caso, como se vio al dar respuesta al primer cargo, el tribunal, en últimas, fundó su decisión en la circunstancia de que los actores no probaron los perjuicios morales alegados, consideración de naturaleza estrictamente fáctica que sólo podía, entonces, ser cuestionada por la vía de los hechos.
Aparte de ello, el cargo pretende demostrar que el tribunal se equivocó al no encontrar probadas las irregularidades cometidas por la demandada, pero si bien halló una irregularidad en la afiliación, le restó trascendencia porque la oficina de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda no canceló a esa administradora el bono pensional del actor, inferencia que el cargo no intenta rebatir, pues la argumentación del ataque, más que la sustentación de un recurso de casación, es un alegato de instancia, puesto que su contenido versa sobre el juicio particular del impugnante, que no permite derruir la presunción de legalidad y acierto que caracteriza a las decisiones judiciales, sin observar lo dispuesto por el artículo 91 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, ni lo adoctrinado por esta Sala de la Corte en la sentencia de 18 de abril de 1969, en la que indicó que para el análisis de la demanda de casación y su estudio de fondo aquélla debe ser completa en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo pretendido.
Adicionalmente, y como se anotó con antelación, los recurrentes ignoran y no rebaten el raciocinio que esgrimió el ad quem para negar el derecho pretendido, en el sentido de que “el daño moral hay que probarlo, y como su reconocimiento se cuantifica por el lucro cesante, es apenas elemental que la prueba debe estar dirigida a la comprobación de que la causa de la tardanza en el reconocimiento de la pensión de vejez, (solicitud el 16 de febrero de 2000, reconocimiento el 18 de febrero de 2002) fuese (sic) sido por culpa de la Administradora de Fondo de Pensiones y Cesantías Santander, pues de la documentación aportada dicho hecho no se vislumbra, pues si bien hubo una irregular afiliación no es menos cierto que la oficina de bonos pensionales del Ministerio de Hacienda, no canceló a dicha AFP, el bono pensional del actor solicitado por ésta, además de ello tampoco se demostró que en dicho periodo el actor y su cónyuge no pudieron vivir dignamente, ni que a causa de esto se haya deteriorado su relación conyugal, y mucho menos que hayan sufrido daños morales y sicológicos por tal tardanza” (fl. 14, cdno. del tribunal), aspectos fácticos que imponían una acusación por el sendero fáctico, lo cual no se hizo.
Cargo tercero:
Acusa a la sentencia del tribunal de ser violatoria por vía indirecta.
Dice que el tribunal incurrió en el siguiente error manifiesto de hecho:
“No dar por demostrado, estándolo, los perjuicios que de todo orden se causaron a los demandantes Hernán Castañeda y Blanca Nubia Vargas de Castañeda...”.
Afirma que ese error está probado con los oficios OBP J26203 01 de 3 de mayo de 2001 (fl. 33) y 026441 de 22 de julio de 2003, del Ministerio de Hacienda, oficina de bonos pensionales, que demuestra que el 16 de julio de 2000 y por segunda vez el 26 de marzo de 2001 la AFP Santander solicitó sin fundamento para ello la liquidación del bono pensional; con la comunicación de AFP Santander (fl. 32), que acredita que el 2 de octubre de 2000 la demandada se comprometió a desvincularlo de la entidad y pese a ello solicitó nuevamente la liquidación del bono el 26 de marzo de 2000, prueba que concuerda con el oficio de Minhacienda de 22 de julio de 2003, expedido a instancias del Juez Octavo Laboral.
Arguye que se escucharon las declaraciones de funcionarios de la entidad demandada y transcribe una de ellas, para luego explicar que nunca se afilió a la AFP Santander, la cual le comunicó que lo desvincularía el 2 de octubre de 2000, y que la empleada Mónica Patricia Camargo, en su declaración, prueba que no firmó el formulario de vinculación que sirvió a esa entidad para solicitar por primera vez al ministerio la liquidación del bono el 26 de julio de 2000, y que a folio 8 se halla la vinculación sin firma a la que se refiere.
Precisa que en el documento del Instituto de Seguros Sociales, de 8 de enero de 2001, dirigido al demandante, “se le informa que cumple con los requisitos para el reconocimiento de la pensión de vejez con bono pensional, pero se le advierte que la institución no procederá a efectuar el reconocimiento de la misma hasta cuando los bonos se encuentren pagados en su totalidad”, y que a folio 202 obra la Resolución 166 de 2002, que concedió la pensión, documento que demuestra la cuantía de los daños materiales, por el valor de las mesadas dejadas de recibir, valores de los que se deduce la cuantía del lucro cesante.
Explica que la Resolución 166 de 2002 reconoció la pensión de $ 1.767.371 mensuales al demandante y que en la demanda se solicitó que para resarcir los daños materiales se paguen las mesadas por las irregularidades de la demandada, determinados por el valor de la pensión multiplicado por el número de meses, lo que le impidió recibir la prestación en el tiempo previsto en la ley, y que el lucro cesante son los réditos de las 13 mesadas y las adicionales que por errores de la demandada dejó de percibir, y que le habrían producido por la aplicación de la tasa de intereses autorizada por el Gobierno Nacional, sobre el capital que por ser un hecho notorio no requiere de prueba.
Advierte que el fallo no se refirió a la declaración de la abogada Miriam García, que demuestra los gastos en que incurrieron los demandantes para solucionar los errores de la demandada.
Señala que los perjuicios morales están probados con la declaración de Nazly Castañeda, que no fue apreciada por el ad quem.
Sostiene que el cargo carece de proposición jurídica al no mencionar disposición legal alguna como violada por el ad quem, lo que implica que no hay ataque, y respecto de las pruebas mencionadas no se señala cuáles de ellas pudieron conducir a los errores fácticos endilgados al juzgador.
Tal como lo advierte la réplica, la acusación exhibe evidentes defectos formales respecto del manejo del recurso extraordinario que impiden el estudio del cargo, como pasa a verse:
1. El ataque no señala el concepto de violación de la ley que, en este caso, al estar encauzado por la vía de los hechos, corresponde al de “aplicación indebida”, y tampoco enuncia cuáles fueron las normas sustantivas laborales de alcance nacional “que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada”, lo que implica que la acusación, en realidad, carece de proposición jurídica, lo que conduce a su desestimación, dada la trasgresión del literal a) del numeral 5º del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, pues no satisface ni siquiera el requisito previsto en el numeral 1º del artículo 51 del Decreto Extraordinario 2651 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998, que, si bien modificó la vieja construcción jurisprudencial de la proposición jurídica completa, reclama que la acusación señale “cualquiera” de las normas de derecho sustancial “que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada...”.
En efecto, se echa de menos en el cargo la denuncia de las normas legales sustanciales que consagran los derechos reclamados en el proceso.
Sobre el cumplimiento de esa exigencia mínima, en orden a que la demanda de casación sea atendible, esta Sala, en sentencia de 4 de noviembre de 2004, Rad. 23427, en la que se hizo acopio de anteriores decisiones en que fijó su criterio sobre el particular, asentó:
“Basada en el sistema constitucional y legal, tiene dicho esta corporación que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible, porque su finalidad básica es la unificación de la jurisprudencia nacional y no constituye una tercera instancia que permita alegaciones desordenadas.
Uno de los presupuestos para que el recurso pueda ser estudiado por la Corte es el que establece el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, conforme al cual el recurrente tiene la carga procesal de indicar la norma sustancial que se estime violada, entendiéndose por tal norma sustancial la que por su contenido crea, modifica o extingue derechos. Por su parte, el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, convertido en legislación permanente por el 162 de la Ley 446 de 1998, precisa que será suficiente señalar cualquiera de las normas sustanciales que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada”.
2. La actuación del censor en un cargo orientado por esta vía indirecta no está limitada a exponer la opinión personal del acervo probatorio, sino a poner en evidencia el desafortunado desatino del juzgador respecto de cada uno de los medios de convicción, explicando si fueron mal valorados o no apreciados, y haciendo una simple comparación entre el juicio emitido y el contenido objetivo del medio probatorio señalado, sin necesidad de añadirle conjeturas adicionales, todo lo cual se echa de menos en el ataque.
El cargo, por ende, se rechaza.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Laboral, de fecha 23 de noviembre de 2007, proferida en el proceso ordinario laboral promovido por Hernán Castañeda García y Blanca Nubia Vargas de Castañeda contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Santander S.A.
Sin costas en el recurso extraordinario, toda vez que uno de los cargos resultó fundado, aunque no prosperó.

References: artículo 64
 artículo 216
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 91
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 90
 artículo 51
 artículo 162
 artículo 90
 artículo 51