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Timestamp: 2016-12-03 21:20:32+00:00

Document:
Objetivos de la clasificación como suelo no urbanizable
Delimitación del contenido urbanístico del derecho de propiedad del suelo no urbanizable
Contenido del planeamiento territorial sobre el suelo no urbanizable
Contenido del planeamiento urbanístico respecto del suelo no urbanizable
SECCIÓN 1. Normas de aplicación directa
Normas de aplicación directa a las construcciones y edificaciones en el suelo no urbanizable
SECCIÓN 2. Zonificación
Reglamento orientativo de las distintas zonas en el suelo no urbanizable
SECCIÓN 3. Determinaciones específicas en suelo no urbanizable protegido
Obras, usos y aprovechamientos
SECCIÓN 4. Determinaciones específicas en suelo no urbanizable común
Construcciones e instalaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas o forestales
Vivienda aislada y familiar
Vivienda rural vinculada a explotación agrícola
Asentamientos rurales-históricos
Explotación de canteras, extracción de áridos y de tierras o recursos geológicos, mineros o hidrológicos, y generación de energía renovable
Actividades industriales, productivas y terciarias o de servicios
Condiciones de implantación de las actividades industriales y productivas
Condiciones de implantación de las actividades terciarias o de servicios
Actos de uso y aprovechamiento en el suelo no urbanizable
Actuaciones promovidas por las administraciones públicas territoriales
Actuaciones promovidas por los particulares
Actos de uso y aprovechamiento del suelo no urbanizable sujetos a licencia municipal
Actividades que precisan de declaración de interés comunitario
Canon de uso y aprovechamiento
Caducidad y revisión
Actualización de las remisiones legales
Parcelaciones de fincas o terrenos
Obligaciones de los notarios y registradores de la propiedad
Obligaciones de las compañías de suministros y servicios
Órganos competentes para imponer sanciones en las transformaciones de regadíos ilegales y las cuantías de éstas
Polígonos industriales en pequeños municipios con escasa demanda de suelo industrial
Homologación de los planes a la presente ley
Incidencia de la presente ley en la ordenación urbanística vigente a su entrada en vigor
Minimización del impacto territorial generado por los núcleos de viviendas en suelo no urbanizable
Régimen para la reforma o la ampliación de actividades industriales existentes en el suelo no urbanizable a la entrada en vigor de esta ley
Declaraciones de interés comunitario otorgadas conforme a la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable
Convenios con finalidad urbanística
Infracciones y sanciones en el suelo no urbanizable
L 12/2010 de 21 Jul. CA Valenciana (medidas urgentes para agilizar el ejercicio de actividades productivas y la creación del empleo) Ocultar / Mostrar comentarios Párrafo segundo del artículo 20 redactado por el artículo 2.1 de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 12/2010, 21 julio, de Medidas Urgentes para Agilizar el Ejercicio de Actividades Productivas y la Creación del Empleo («D.O.C.V.» 22 julio).
Último párrafo de la letra a) del número 2 del artículo 27 redactado por el artículo 2.2 de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 12/2010, 21 julio, de Medidas Urgentes para Agilizar el Ejercicio de Actividades Productivas y la Creación del Empleo («D.O.C.V.» 22 julio).
Último párrafo del artículo 32 introducido, en su actual redacción, por el artículo 2.5 de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 12/2010, 21 julio, de Medidas Urgentes para Agilizar el Ejercicio de Actividades Productivas y la Creación del Empleo («D.O.C.V.» 22 julio).
DL 2/2010 de 28 May. CA Valenciana (medidas urgentes para agilizar el desarrollo de actividades productivas y la creación de empleo) Ocultar / Mostrar comentarios Párrafo segundo del artículo 20 redactado por el artículo 2.1 del DLey [COMUNIDAD VALENCIANA] 2/2010, 28 mayo, de medidas urgentes para agilizar el desarrollo de actividades productivas y la creación de empleo («D.O.C.V.» 31 mayo).
Último párrafo de la letra a) del número 2 del artículo 27 redactado por el artículo 2.2 del DLey [COMUNIDAD VALENCIANA] 2/2010, 28 mayo, de medidas urgentes para agilizar el desarrollo de actividades productivas y la creación de empleo («D.O.C.V.» 31 mayo).
Letra h) del número 2 del artículo 27 introducida por el artículo 2.3 del DLey [COMUNIDAD VALENCIANA] 2/2010, 28 mayo, de medidas urgentes para agilizar el desarrollo de actividades productivas y la creación de empleo («D.O.C.V.» 31 mayo).
Número 3 del artículo 27 redactado por el artículo 2.4 del DLey [COMUNIDAD VALENCIANA] 2/2010, 28 mayo, de medidas urgentes para agilizar el desarrollo de actividades productivas y la creación de empleo («D.O.C.V.» 31 mayo).
L 16/2008, de 22 Dic. CA Valenciana (medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización) Ocultar / Mostrar comentarios Párrafo segundo del número 2.a).1 del artículo 24 introducido por el artículo 93 de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 16/2008, 22 diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat («D.O.C.V.» 29 diciembre).
L 14/2005 de 23 Dic. CA Valenciana (medidas fiscales, de gestión financiera y administrativa, y de organización de la Generalitat) Ocultar / Mostrar comentarios Artículo 24 redactado por el artículo 112 de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 14/2005, 23 diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y Administrativa, y de Organización de la Generalitat («D.O.G.V.» 30 diciembre).
Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 10/2004, 9 diciembre, derogada por la disposición derogatoria única.1.c) de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 5/2014, 25 julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana («D.O.C.V.» 31 julio).
PREÁMBULO La evolución de la realidad socio económica de la Comunidad Valenciana y su incidencia sobre el suelo no urbanizable requiere la adecuación del marco normativo que establece el régimen de este suelo para dar respuesta a las nuevas situaciones que se plantean en este espacio. El transcurso de más de una década de la Ley 4/1992, Sobre Suelo No Urbanizable, y la constante aplicación de sus preceptos han puesto de manifiesto la necesidad de revisar el contenido de la ley. Destacan tres aspectos importantes: la exigencia al planeamiento de un mayor rigor de análisis y ordenación; la preservación de las instituciones que ya se han incorporado a la cultura jurídica de nuestra Comunidad; y la notable ampliación de las competencias de los municipios. La legislación histórica sobre el urbanismo, cuando se ocupa de la regulación del contenido de los instrumentos de planeamiento, es sumamente rigurosa con la ordenación de que se dota a los suelos urbano y urbanizable, siendo más imprecisa respecto del suelo no urbanizable o rústico. El suelo no urbanizable es aquel en el que por definición no se puede destinar a otros fines distintos del agrícola, forestal, ganadero, cinegético y, en general, de los vinculados a la utilización racional de los recursos naturales, dentro de los límites que, en su caso, establezcan las leyes o el planeamiento. Sólo, por excepción a la regla general de inedificabilidad del medio rural, la ley admite posibles usos y aprovechamientos urbanísticos, siempre que sean los estrictamente necesarios y resulte imprescindible su localización en esta clase de suelo. Este tratamiento especial netamente protector y restrictivo en cuanto a la implantación de actividades que presentan un cariz urbanístico en el suelo no urbanizable, se fundamenta en la misma naturaleza de este espacio físico, cuya preservación se encuentra estrechamente vinculada a la protección del medio ambiente. La ley, desde la óptica integral de la ordenación del territorio, parte de la base de que hay presentes en el territorio determinados factores que impiden que éste sea urbanizable. Las competencias de la Generalitat en materias como la agricultura, el medio ambiente o las infraestructuras, serían título suficiente para justificar su intervención con el propósito de que la ocupación urbanística del territorio no ignore otros destinos del suelo, incluso el de su no provecho urbano. Por ello, la ley formula una concepción positiva del suelo no urbanizable, cuya clasificación como tal es consecuencia obligada de la identificación y valoración de la importancia de dichos factores. De este modo, el planificador, tras el análisis del territorio en el que opera, ha de adoptar una decisión cuyo margen de discrecionalidad queda bien acotado: si el territorio considerado tiene alguno de los riesgos, valores o riquezas naturales dignos de preservación -como la reciente modificación de la Ley estatal 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones enumera-, debe clasificarlo como suelo no urbanizable, de manera que se asegure su sostenibilidad en un contexto de desarrollo ordenado y equilibrado del territorio. A tal fin la ley distingue dos categorías de suelo no urbanizable, el protegido y el común, en función del grado de preservación del suelo y régimen limitativo establecido para su utilización. En el suelo no urbanizable protegido se incluye aquel suelo en el que está acreditada la presencia de un importante riesgo o está sometido a algún régimen de protección incompatible con su transformación de acuerdo con la legislación sectorial específica, así como aquellos suelos que albergan valores naturales o paisajísticos cuya restauración, conservación o mantenimiento convenga al interés público local. En esta categoría de suelo sólo se podrán realizar aquellas actuaciones que siendo compatibles con las normas de protección correspondientes, tenga previstas el planeamiento por ser necesarias para el mejor aprovechamiento, cuidado y restauración de los recursos naturales o para su disfrute público y aprovechamiento colectivo.
Tras esta primera decisión sobre el régimen del suelo no urbanizable, la ley exige al planeamiento una gama de determinaciones mínimas mediante la técnica de la zonificación. El plan ordenará y delimitará expresamente las zonas vocacionalmente aptas para albergar los diferentes usos susceptibles de realizarse en esta clase de suelo y prohibirá los usos que por impropios resulten indeseables en cada una de las zonas de ordenación delimitadas. Para la utilización del suelo no urbanizable, consecuente con el régimen de derechos y deberes de la propiedad que esta ley regula, se sigue una secuencia de intervenciones de la administración autonómica y local, mediante las técnicas ya conocidas del informe y la declaración de interés comunitario, que se enmarcan en la esfera de atribuciones de los órganos de la administración de la Generalitat y preceden a la licencia urbanística que debe emanar de los ayuntamientos.
En este aspecto relativo a las autorizaciones en suelo no urbanizable es en el que la ley opera un importante traslado de competencias en favor de los municipios y, en consecuencia, contribuye a ampliar el marco de la autonomía que éstos tienen constitucionalmente garantizada. En concreto, aquellas actuaciones que pretenden usos y aprovechamientos más directamente vinculados con la utilización del suelo no urbanizable, pasan a ser autorizadas por los correspondientes ayuntamientos, superando la regulación de la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable -que se deroga-, que sometía tales actuaciones a la previa autorización urbanística autonómica. En lo atinente al resto de actividades, la ley acota con mayor rigor aquellas susceptibles de localizarse en el espacio rural, según criterios y fines propios de la competencia para la ordenación del territorio, cuya compatibilidad con los valores protegidos y su impacto territorial positivo garantiza en cada caso la declaración de interés comunitario. La cual debe ser adoptada con importantes cautelas documentales y procedimentales.
Las disposiciones adicionales de la ley se ocupan, además de adoptar normas para la armonización legislativa, de cuestiones relacionadas con el recto uso del suelo no urbanizable. Así, se regula el régimen de parcelación de fincas o terrenos; se instaura un nuevo marco legal para la dotación de servicios de energía eléctrica, agua, gas y telefonía a las edificaciones en tal clase de suelo y se atribuye la competencia para sancionar las transformaciones agrícolas ilegales. En materia de infracciones y sanciones para acciones específicas que inciden en el suelo no urbanizable, se mantiene el régimen previsto en la legislación anterior, con el objetivo de abordar en un futuro de forma conjunta y coherente los instrumentos precisos para que la administración lleve a cabo con eficacia la protección de la legalidad urbanística y territorial, de forma que el urbanismo y las distintas políticas que inciden sobre el territorio puedan satisfacer con eficacia los fines públicos que tienen encomendados.
Por último, es también de resaltar la manera en que se aborda la problemática de los núcleos de viviendas existentes en el suelo no urbanizable de la Comunidad Valenciana, consolidados al margen de la legalidad urbanística, pues supone una innovación respecto de la legislación que se deroga, la cual desde una perspectiva exclusivamente urbanística estableció un riguroso régimen excepcional transitorio para su regularización, lo que condujo en la práctica a su inaplicación. Por ello, esta ley se ocupa de la cuestión entendiendo imprescindible a priori garantizar su mínima afección territorial entendida en sentido amplio, sin perjuicio de que el planeamiento pueda además establecer una regularización urbanística conforme a la legislación vigente. En la elaboración del proyecto de ley se ha dado una amplia participación ciudadana e institucional. En particular, en cuanto a la audiencia de las asociaciones empresariales, organizaciones sindicales y agrarias, colegios profesionales, universidades valencianas, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, el Comité Económico y Social, y es conforme con el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana.

References: artículo 20
 artículo 2
 artículo 27
 artículo 2
 artículo 32
 artículo 2
 artículo 20
 artículo 2
 artículo 27
 artículo 2
 artículo 27
 artículo 2
 artículo 27
 artículo 2
 artículo 24
 artículo 93
 Artículo 24
 artículo 112