Source: http://ptdiputados.org.mx/proposicion.php?id=1229
Timestamp: 2017-09-25 16:58:34+00:00

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El que suscribe, Jaime Bonilla Valdez, diputado federal a la LXII Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del numeral 1 del artículo 6 y el artículo 79, numeral 1, fracción II, todos del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración del pleno la presente proposición con punto de acuerdo, bajo las siguientes
La Universidad Autónoma de Baja California (UABC), es una de las universidades de mayor prestigio académico, que nos enorgullece a todos los baja californianos. Esta institución reúne entre licenciaturas, especialidades y posgrados, a cerca de 60 mil estudiantes, los cuales reciben en sus aulas educación de primera calidad.
Si bien, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) es una institución pública de educación superior, ésta no se encuentra bajo el control de la administración del estado y posee completa autoridad legal para llevar a cabo sus funciones centrales: investigación, difusión cultural y servicio a la comunidad. Como lo define la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Baja California (LOUABC), esta universidad es una institución de servicio público, descentralizada de la administración del estado y con plena capacidad jurídica.
Por efecto del artículo 19 de la misma LOUABC, para su funcionamiento y administración, el Gobierno de la Universidad Autónoma de Baja California está encomendado a la Junta de Gobierno; el Consejo Universitario; el Rector; el Patronato Universitario; los Directores de facultades, escuelas e institutos y el Consejos Técnicos y de Investigación.
La Junta de Gobierno (JG), es un órgano colegiado integrado por once notables, que deben de haberse distinguido en su especialidad, haber demostrado interés en asuntos universitarios o de índole cultural, y gozar de estimación general como persona honorable y prudente.
Dentro de las facultades que la propia LOUABC en su artículo 22, fracción I, le confiere a está JG, se tiene la de nombrar al rector de esta casa de estudios, que es la máxima autoridad administrativa de la misma.
El próximo relevo de la rectoría se dará a principios del año venidero, motivo por el cual el 20 de octubre del año en curso, la JG emitió la convocatoria para la elección del que será el próximo rector para el periodo 2015-2019. Y aun cuando arrancan los trabajos del 3 al 5 de noviembre con la recepción de solicitudes de los interesados en ocupar tan honroso puesto, será hasta el 27 de enero de 2015 cuando tome posesión quien resulte electo.
Para lo anterior, por primera vez en su historia, en los distintos campus de la UABC se han llevado a cabo foros de opinión, en los que académicos, estudiantes y trabajadores de la institución, vertieron sus opiniones sobre varios temas que atañen al buen funcionamiento de esta su universidad, entre estos temas se dieron los referentes a delinear el perfil del nuevo rector o rectora, la comunidad universitaria presentó sus propuestas sobre a quién quieren como su rector.
Es de señalarse que tradicionalmente, la elección del rector sucedía la primera semana de noviembre de cada cuatro años, pero en la elección de 2011 la división en la Junta de Gobierno retrasó el proceso de selección, entre las causas que la opinión pública le atribuyó al empantanamiento de la designación, fue el de la injerencias de agentes externos a la UABC, que buscaban imponer a su candidato.
Dada la importancia que tiene para la vida de una entidad federativa su principal universidad pública, es entendible pero no justificable, que los funcionarios estatales y el mismo gobernador quieran influir en la elección del rector, pero esto no es sano para la institución académica en cuestión. Si bien el puesto de rector es un puesto hasta cierto punto político, también es cierto, que la designación del mismo debe de atender a otros criterios que rebasan el ámbito de la política y se suscriben en el ámbito de lo académico y la propia “vida” de la institución educativa.
En otro orden de ideas, la transparencia es una característica que distingue a las sociedades democráticas, en lo general, México aspira a ser un país democrático, donde este principio se respete, en lo particular, los bajacalifornianos deseamos que la transparencia sea un punto nodal que prevalezca en todos los actos de las instituciones que reciben recursos del erario público.
Máxime cuando la sociedad está cuestionando si en determinada institución se está administrando de manera correcta, apegada a la normatividad aplicable con respecto al manejo de los recursos económicos que la sociedad le entregó.
Esto viene a colación porque actualmente la sociedad bajacaliforniana y la comunidad universitaria cuestionan la correcta aplicación de los recursos entregados a la UABC. Por dar tan sólo un ejemplo, es sabido que con los fondos de la institución la actual administración especuló en la bolsa de valores, lo que podría contradecir la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público, del Estado de Baja California.
Se estima que fueron 150 millones de pesos los que el rector, puso en manos de la Bolsa de Valores tan solo durante el 2012, lo que va contra el artículo 19 de la Ley antes citada, que ordena depositar todas las entradas en efectivo en cuentas bancarias, “procurando obtener los mejores rendimientos financieros”. Este y otros asuntos que se vienen dando desde hace años, donde no queda claro el manejo de los recursos económicos de la UABC, tienen que ser investigados.
Dentro de la transparencia podemos enmarcar la rendición de cuentas claras, el saber en qué se ocuparon los recursos económicos, de tal forma que, una auditoría financiera es un ejercicio sano, que beneficia a todos, al que recibe la administración de la institución auditada, ya que se le entrega con certeza del estado que con respecto a la normatividad aplicable guardan las finanzas, al que entrega lo beneficia porque evidencia la honradez y eficiencia de su quehacer como funcionario, y a la sociedad, porque nos da certidumbre en lo referente a la correcta aplicación del dinero que entregamos a la institución auditada.
El que un órgano especializado y por ley facultado para realizar auditorías, como lo es el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California (OFSBC), de ninguna manera constituye una violación a la autonomía universitaria.
La autonomía universitaria no debe de confundirse con extraterritorialidad jurídica, la autonomía tiene su razón de ser en la libertad de catedra que debe de gozar los profesores para su buen desempeño, en la posibilidad de razonar y debatir con libertad de opinión en las aulas sobre los temas propios de las materias impartidas, y es más, de debatir y razonar sobre temas políticos y de interés para la vida del estado, del país y de la sociedad, es decir, es una autonomía académica, que permite en el ámbito universitario el intercambio de ideas y la construcción del conocimiento, pero de ninguna manera es un fuero para extraerse de la jurisdicción, del imperio de la ley.
Por otra parte, el OFSBC cuenta con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones para decidir sobre su organización interna, recursos, funcionamiento y resoluciones; cuyas atribuciones y responsabilidades se desarrollan conforme a los principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad, reguladas por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y por la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios.
De conformidad con lo establecido por el Artículo 37 Fracción VII de la Constitución estatal, así como lo dispuesto por los Artículos 98 y 100 de la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, el OFSBC cuenta con las atribuciones para fiscalizar la administración, manejo, custodia y aplicación de fondos, subsidios y recursos de los poderes del Estado y de las entidades públicas estatales, incluyendo a los municipios, organismos dotados de autonomía y particulares, cuando manejen recursos de origen público; así como de emitir opinión jurídica respecto a iniciativas y reformas a leyes, acuerdos y decretos en materia hacendaria, que le sean solicitadas por el Congreso del Estado o sus Comisiones.
Por lo anterior, queda claro que el OFSBC es la instancia óptima para auditar los recursos económicos entregados a la UABC, sin que esto represente una intromisión en la vida académica o autonomía de nuestra máxima casa de estudios del Estado de Baja California.
Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente hace un atento llamado a la XXI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California, a fin que a través de sus facultades instruya al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, para que realice una extensiva auditoría financiera, a la Universidad Autónoma de Baja California que abarque cuando menos los últimos cinco años.
Segundo. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, respetuosamente hace un atento llamado al gobernador del estado de Baja California, para que se abstenga de intervenir, ya sea de forma personal, o por medio de algún propio, en la elección del Rector de la Universidad Autónoma de Baja California.
Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con todo respeto hacia la autonomía universitaria, hace una atenta solicitud a los integrantes de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma de Baja California, a fin que no se presten a influencias externas a esta prestigiada institución educativa y voten en conciencia por la persona que a su parecer sea la más indicada para ocupar la Rectoría de la Universidad Autónoma de Baja California.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de octubre de 2014.

References: artículo 6
 artículo 79
 artículo 19
 artículo 22
 artículo 19
 Artículo 37