Source: http://mujerdelmediterraneo.heroinas.net/2018/11/
Timestamp: 2020-01-24 05:11:50+00:00

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mujer del mediterraneo: noviembre 2018
Observación general núm. 36 sobre el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativo al derecho a la vida. Consideraciones generales 1/3
1. La presente observación general reemplaza a las observaciones generales anteriores núm. 6 (16º período de sesiones) y núm. 14 (23er período de sesiones), aprobadas por el Comité en 1982 y 1984, respectivamente.
2. El artículo 6 reconoce y protege el derecho a la vida de todos los seres humanos. Se trata del derecho supremo respecto del cual no se autoriza suspensión alguna, ni siquiera en situaciones de conflicto armado y otras emergencias públicas. El derecho a la vida tiene una importancia decisiva tanto para las personas como para el conjunto de la sociedad. Constituye en sí mismo el valor más preciado, en cuanto derecho inherente a todo ser humano, pero también es un derecho fundamental, cuya protección efectiva es requisito indispensable para el disfrute de todos los demás derechos humanos y cuyo contenido puede ser conformado y permeado por otros derechos humanos.
3. El derecho a la vida no debe interpretarse en sentido restrictivo. Se refiere al derecho de las personas a no ser objeto de actos u omisiones cuya intención o expectativa sea causar su muerte prematura o no natural, así como a disfrutar de una vida con dignidad. El artículo 6 garantiza este derecho a todos los seres humanos, sin distinción de ninguna clase, incluidas las personas sospechosas o condenadas por los delitos más graves.
4. El párrafo 1 del artículo 6 del Pacto dispone que nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente y que el derecho estará protegido por la ley. En él se sientan las bases de la obligación de los Estados partes de respetar y garantizar el derecho a la vida, darle efecto por conducto de medidas legislativas y de otra índole y proporcionar recursos y reparación efectivos a todas las víctimas de violaciones del derecho a la vida.
5. Los párrafos 2, 4, 5 y 6 del artículo 6 del Pacto establecen salvaguardias específicas para velar por que, en los países que todavía no hayan abolido la pena capital, esta se aplique únicamente en los casos más excepcionales, en relación con los delitos más graves y dentro de los límites más estrictos. La prohibición de la privación arbitraria de la vida que figura en el artículo 6, párrafo 1, limita aún más la capacidad de los Estados partes para aplicar la pena de muerte. Las disposiciones del párrafo 3 regulan específicamente la relación entre el artículo 6 del Pacto y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (“la Convención contra el Genocidio”).
6. La privación de la vida supone daños o lesiones deliberados o, de algún otro modo, previsibles y evitables, que ponen fin a la vida, causados por un acto o una omisión. Va más allá del daño o la amenaza a la integridad física o psíquica, prohibidos en el artículo 9, párrafo 1.
7. Los Estados partes tienen la obligación de abstenerse de conductas que den lugar a una privación arbitraria de la vida. También deben ejercer la debida diligencia para proteger la vida de las personas frente a privaciones causadas por personas o entidades cuya conducta no sea atribuible al Estado. La obligación de los Estados partes de respetar y garantizar el derecho a la vida abarca toda amenaza que pueda tener por resultado la pérdida de la vida. Los Estados partes pueden estar infringiendo el artículo 6 del Pacto incluso cuando las amenazas no se hayan traducido en la pérdida efectiva de vidas.
8. Las desapariciones forzadas constituyen una serie de actos y omisiones de carácter único e integral que suponen una grave amenaza para la vida y pueden, por tanto, entrañar una violación del derecho a la vida. También vulneran otros derechos consagrados en el Pacto, concretamente los reconocidos en el artículo 9 (libertad y seguridad personales), el artículo 7 (prohibición de las torturas y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes) y el artículo 16 (derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica). Los Estados partes deben adoptar medidas apropiadas para prevenir la desaparición forzada de las personas y llevar a cabo una investigación pronta y eficaz para dilucidar la suerte y el paradero de las posibles víctimas de una desaparición forzada. Los Estados partes también deben velar por que la desaparición forzada de personas se castigue con sanciones penales e introducir procedimientos rápidos y eficaces para someter los casos de desaparición a una investigación exhaustiva realizada por órganos independientes e imparciales. Los Estados partes deben enjuiciar a los autores de tales actos u omisiones y velar por que las víctimas de una desaparición forzada y sus familiares conozcan los resultados de la investigación y reciban una reparación íntegra. Las familias de las víctimas de una desaparición forzada no deberán verse obligadas en ninguna circunstancia a declararlas muertas para poder recibir una reparación. Los Estados partes también deben facilitar a las familias de las víctimas de una desaparición forzada los medios necesarios para regularizar su situación legal respecto de las personas desaparecidas tras un período de tiempo adecuado.
9. Aunque los Estados partes pueden adoptar medidas destinadas a reglamentar la interrupción del embarazo, dichas medidas no deben resultar en la vulneración del derecho a la vida de la mujer embarazada o de sus otros derechos en virtud del Pacto, como la prohibición de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Por lo tanto, todas las restricciones jurídicas que limiten la capacidad de las mujeres para someterse a un aborto no deben, entre otras cosas, poner en peligro sus vidas ni exponerlas a dolores o sufrimientos físicos o psíquicos por cuanto ello supondría una vulneración del artículo 7 del Pacto. Los Estados partes deben facilitar un acceso seguro al aborto para proteger la vida y la salud de las mujeres embarazadas, y en las situaciones en que llevar a término el embarazo causaría a la mujer graves dolores o sufrimientos, sobre todo en los casos en que el embarazo es producto de violación o incesto, o el feto presenta una anomalía grave. Los Estados partes no deben regular el embarazo ni el aborto de manera contraria a su deber de velar por que las mujeres no tengan que recurrir a abortos peligrosos. [Por ejemplo, no deben adoptar medidas como penalizar los embarazos de las mujeres solteras, ni aplicar sanciones penales a las mujeres que se someten a un aborto o a los médicos que las asisten para hacerlo, cuando se prevea que la adopción de esas medidas va a suponer un aumento significativo de los abortos peligrosos.] Los Estados partes tampoco deben establecer requisitos excesivamente onerosos o humillantes para las mujeres que deseen someterse a un aborto. La obligación de proteger la vida de las mujeres contra los riesgos para la salud relacionados con los abortos peligrosos exige que los Estados partes garanticen a mujeres y hombres, y en particular a los adolescentes, acceso a información y educación sobre las opciones reproductivas y a toda una serie de métodos anticonceptivos. Los Estados partes también deben velar por que las mujeres embarazadas tengan acceso a servicios de atención de la salud adecuados, tanto prenatales como con posterioridad al aborto.
10. [Si bien reconoce la importancia capital para la dignidad humana de la autonomía personal, el Comité considera que los Estados partes deben reconocer que las personas que planifican o intentan suicidarse pueden verse llevadas a ello debido a una crisis momentánea que puede afectar a su capacidad para tomar decisiones irreversibles, como poner fin a su vida. Por tanto,] los Estados deben adoptar medidas adecuadas, sin incumplir sus otras obligaciones derivadas del Pacto, para prevenir los suicidios, especialmente entre las personas que se encuentran en situaciones particularmente vulnerables. Al mismo tiempo, los Estados partes [pueden permitir] [no deben impedir] a los profesionales médicos proporcionar tratamientos o recursos médicos con vistas a facilitar la terminación de la vida de adultos [catastróficamente] aquejados de dolencias, como los heridos mortalmente o los enfermos en fase terminal, que padecen graves dolores y sufrimientos físicos o psíquicos y desean morir con dignidad. En tales casos, los Estados partes deben velar por que existan salvaguardias jurídicas e institucionales sólidas para verificar que los profesionales médicos están respetando la decisión libre, informada, explícita e inequívoca de sus pacientes, con vistas a proteger a estos de presiones y abusos.
11. Si un Estado parte faculta o autoriza a particulares o a entidades privadas a emplear la fuerza con consecuencias potencialmente letales, tiene la obligación de controlar que estos observen efectivamente las disposiciones del artículo 6, y será considerado directamente responsable de cualquier incumplimiento del mismo. Entre otras cosas, el Estado debe limitar rigurosamente las facultades otorgadas a los agentes privados y prever medidas estrictas y eficaces de supervisión y control a fin de garantizar, entre otras cosas, que no se haga un uso indebido de los poderes otorgados, y que estos no den lugar a privaciones arbitrarias de la vida. Por ejemplo, los Estados partes deben cerciorarse de que las personas involucradas en violaciones graves de los derechos humanos no puedan formar parte de fuerzas de seguridad privadas que empleen la fuerza. Asimismo, deben garantizar que las víctimas de una privación arbitraria de la vida por agentes privados facultados o autorizados por el Estado tengan a su disposición los mismos recursos que serían aplicables para vulneraciones cometidas por funcionarios públicos.
13. La [amenaza o la] utilización de armas de destrucción en masa, en particular de armas nucleares, que tienen efectos indiscriminados y la capacidad de destruir la vida humana en una escala catastrófica, es incompatible con el respeto del derecho a la vida y puede constituir un delito de derecho internacional. Los Estados partes deben adoptar todas las medidas necesarias para detener la proliferación de armas de destrucción en masa, incluidas medidas destinadas a impedir su adquisición por actores no estatales, y para no desarrollarlas, producirlas, ensayarlas, almacenarlas o utilizarlas, así como para destruir las reservas existentes, todo ello de conformidad con sus obligaciones internacionales. También deben respetar su obligación internacional de celebrar negociaciones de buena fe con vistas a lograr el desarme nuclear bajo estricto y eficaz control internacional [y conceder una reparación adecuada a las víctimas cuyo derecho a la vida se haya visto negativamente afectado por el ensayo o la utilización de armas de destrucción en masa].
14. Los Estados partes deben vigilar los efectos que tienen sobre el derecho a la vida las armas menos letales que han sido diseñadas para ser utilizadas por los agentes del orden y los soldados encargados de misiones de mantenimiento del orden, incluidos los dispositivos que provocan contracciones musculares por medio de descargas eléctricas (taser), las balas de metal recubiertas de caucho y los proyectiles de energía atenuada. El uso de estas armas debe quedar reservado en exclusiva a los agentes de las fuerzas del orden que hayan recibido la capacitación apropiada y ser estrictamente regulado con arreglo a los protocolos internacionales para su uso. Además, estas armas menos letales solo pueden utilizarse, de acuerdo con criterios de necesidad y proporcionalidad, en situaciones de carácter excepcional en las que otras medidas menos dañinas hayan demostrado ser, o sean, claramente insuficientes. Por ejemplo, los Estados partes no deben recurrir a este tipo de armas en situaciones ordinarias de control de masas y manifestaciones.
15. El artículo 6 del Pacto impone a los Estados partes obligaciones amplias de respetar y garantizar el derecho a la vida. No obstante, las personas que denuncien ser víctimas de una violación del Pacto [para los fines del artículo 1 de los Protocolos Facultativos] deben demostrar que sus derechos fueron violados directamente por actos u omisiones atribuibles a los Estados partes [en el Protocolo Facultativo], o que existe un riesgo real y personalizado de que sean violados.
Marcela Lagarde (Ciudad de México, 1948), antropóloga y escritora, es una de las más fervientes defensoras del feminismo en Latinoamérica. Ha dirigido numerosas investigaciones sobre la violencia hacia las mujeres en México hasta conseguir incluir en el código penal de su país el feminicidio como delito. También ha promovido la aprobación de la Ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, vigente en México desde 2007.
Marta PÉREZ 14.12.2013
http://www.lne.es/oviedo/2013/12/14/feminicidio-crimen-mujer-tolerado-sociedad/1514634.html
MANIFESTACIÓN 25 DE NOVIEMBRE Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
• Comprender que todas las formas de violencias que afectan a las mujeres están determinadas, más allá de su condición sexual y de género, por diferencias económicas, etarias, raciales, culturales, de religión, y de otros tipos. Esto permitiría avanzar en políticas públicas para su erradicación que consideren la diversidad de las mujeres y las variadas características en que se expresa la violencia contra ellas.
• Generar acuerdos interinstitucionales que permitan fortalecer el análisis del feminicidio a nivel regional y nacional.
• Trabajar en la sensibilización y el desarrollo de capacidades de los funcionarios públicos, especialmente los operadores de justicia, para mejorar los registros de feminicidio y dar respuestas acordes al enfoque de derechos humanos y una cultura de igualdad.
• Generar políticas públicas de reparación dirigidas a hijas e hijos de mujeres víctimas de feminicidio, que consideren asignaciones monetarias que permitan enfrentar los gastos cotidianos de las y los menores de edad.
En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los países han definido metas e indicadores para la igualdad de género y la construcción de sociedades pacíficas e inclusivas. La medición de los feminicidios es particularmente importante para dar respuestas a la meta 5.2: Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación y a la 16.1: Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo . En el marco de la Conferencia Estadística de las Américas, el indicador de feminicidio ha sido incorporado en el Conjunto de indicadores priorizados por el Grupo de Coordinación Estadística para la Agenda 2030, lo que insta a los países a mejorar los registros administrativos y su indicador naciona
Ya somos más de 100 las ONG feministas firmantes del Informe Sombra sobre la aplicación en España 2014-2018 del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica o Convenio de Estambul, usando el cauce de participación de su artículo 68.5, ante el GREVIO (Grupo de Expertas del Consejo de Europa).
1.- Pedimos más financiación, participación de las ONGs, seguimiento y evaluación de las medidas contra las violencias machistas. Para hacer efectivas las leyes, propuestas como el Pacto de Estado 2017-2021 y políticas. Faltan muchos de los datos que pide el GREVIO, y los que hay sólo se refieren a la violencia de pareja, no a todas las violencias machistas. Se difunde el número oficial de mujeres, niñas y niños asesinados, pero no se explica qué ha fallado en el sistema de protección judicial y social y qué se va a hacer para mejorarlo. No hay casi datos sobre prevención y los más recientes de atención social son de 2016, atrasados para aplicar los 120 millones de € para su mejora en CC Autónomas y ayuntamientos en 2018.
2.- Pedimos más prevención de la violencia de género. Especialmente en la educación, que podría ser el sistema más extenso si incluyera en sus programas no al 1 por mil, sino a los 8 millones de estudiantes (6,6 millones en Educación Infantil, Primaria y Secundaria y 1,6 en Universidades) debe ser un objetivo de los 100 millones transferidos por el Pacto de Estado a las CC. Autónomas en 2018, revirtiendo la LOMCE de 2013, que ha supuesto un retroceso respecto a la LOE de 2006 y a la LOGSE de 1990.
En aplicación de los protocolos estatal y autonómicos de violencia de género la Sanidad Pública, por la que pasamos el 91% de las mujeres cada año, detectó en 2016 17.479 casos y 14.501 Partes de Lesiones fueron directamente al juzgado, siendo el 8,7% de las denuncias. Pero menos del 3% del personal sanitario recibe formación para adecuar su actuación cuantitativa y cualitativamente. Las mujeres inmigrantes en situación irregular han estado excluidas desde el Decreto-Ley 16/2012 al Decreto-ley 7/2018.
Pedimos recuperar un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales independiente que actúe contra la comunicación sexista y que el Observatorio de Igualdad de RTVE de marzo 2018 haga ya públicos sus informes y actuaciones.
3.- Pedimos que la atención jurídica, psicológica y social sea más extensa, y que se preste antes, y no después y supeditada a la presentación de denuncia judicial, y no sólo a la violencia de pareja, especificando su financiación por el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, si la gestión es pública o privada, su personal y horas de atención.
4.- Pedimos que la Conferencia Sectorial de Igualdad apruebe con urgencia el procedimiento de acreditación extrajudicial de la situación de violencia de género, para aplicar el art 18.4 del Convenio y el Decreto Ley 9/2018 (nuevo art. 23 de la Ley 1/2004), acreditándola, para acceder a la protección y atención, mediante informe de los servicios -sociales, especializados o de acogida- públicos, ya que el art. 17 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) excluye a las contratas del ejercicio de autoridad.
5.- Pedimos que el Estado central levante la prohibición de crear empleo público para los servicios de atención a víctimas de violencia de género en la administración central, autonómica y local. La externalización o gestión indirecta precariza la red de servicios establecidos hace 14 años por la Ley 1/2004, excepto los judiciales. Afecta a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, que tiene sólo el 1,05% de su presupuesto para personal, a los 536 centros de atención jurídica, psicológica y social de proximidad, a las 262 casas de acogida o residencia, a la gestión de ayudas económicas, coordinación territorial e interinstitucional y a la cooperación con las organizaciones de mujeres y la sociedad civil. La gestión por contratas (cuya duración máxima es de 5 años, según el art. 29 de la LCSP) repercute negativamente en las víctimas a las que atienden y contraviene las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14.09.16 declarando ilegal el encadenamiento de contratos laborales eventuales para cubrir servicios públicos permanentes. El acuerdo del Pacto de Estado de asignar 200 millones de €/año a la mejora en los presupuestos de 2018 a 2022 debe acabar con la inestabilidad financiera y de personal.
6.- Acabar con la dependencia económica de las mujeres. Pese a que se estima que el 40% de las víctimas depende económicamente de su maltratador, sólo el 0,5% de las denunciantes reciben la ayuda económica de 430,27 € x 6 meses del art. 27 de la Ley 1/2004. Un 23% percibe la Renta Activa de Inserción, de igual importe, pero mayor duración, pero es un número insuficiente y está bajando desde 2015. En 10 años apenas 653 mujeres han suspendido o extinguido su relación laboral por VG con prestación contributiva y 257 con subsidio de desempleo. La contratación bonificada sólo alcanza al 0,6% de las denunciantes.
7.- Pensión de orfandad a las niñas y niños víctimas y suspender las visitas y custodia en situaciones de violencia. Más de la mitad del millón y medio de mujeres que sufre violencia cada año vive con menores, según la Macroencuesta 2015, pero solo 4.810 menores recibieron atención psicológica especializada en VG en 2016. En 2017 fueron asesinados 8 niños y niñas y 24 quedaron huérfanos por violencia machista; los partidos apoyaron la ley para que reciban pensión de orfandad de 677 €/mes, no de 200, aunque sus madres no hayan cotizado lo suficiente en vida, pero aún no se ha aprobado. Apoyamos la Ley de Protección Integral frente a la violencia contra la infancia, con perspectiva de género.
Pedimos valorar los incidentes de violencia al estipular los derechos de custodia y visita tras el divorcio, y no alegar el supuesto “síndrome de alienación parental” en juzgados y otros foros. Que los juzgados apliquen los artículos 65 y 66 de la Ley 1/2004 que les facultan para suspender la patria potestad o el régimen de visitas, y les obligan en todo caso de vigilarlas (en el 2º trimestre de 2017 sólo suspendieron la guarda y custodia en 345 casos (2,6%) y en 194 (1,4%) el régimen de visitas), que cumplan los puntos 38 y 39 de las Observaciones a España-2015 y el Dictamen 47/2012 (caso Ángela G Carreño) del Comité CEDAW, que no impongan la custodia compartida cuando no haya acuerdo entre los progenitores y nunca si hay violencia, que se derogue el art. 92.8 del Código Civil, y haya informes psicosociales imparciales y veraces.
8.- Equiparar las ayudas a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual a las de las víctimas de terrorismo. Las primeras (Ley 35/1995 y Reglamento RD 738/1997) oscilan entre 21.513 € por Incapacidad Permanente Parcial, 64.540 € por fallecimiento y 69.919 por Gran Invalidez. Las de víctimas de terrorismo oscilan entre 75.000 y 750.000 €, son retroactivas, exentas de tributación y de tasas educativas, se suplementan por varias Comunidades Autónomas y por una pensión vitalicia del 200% de la base reguladora o, si la víctima no estaba en la Seguridad Social, de 1.613 €/mes (triple del IPREM).
9.- Revisar el sistema VioGen, que ahora en el 90% de los casos estima nulo o bajo el riesgo y no incluye a los niños y niñas. Además de una buena valoración policial informatizada, con preguntas suficientes y enfocadas, debe incluirse el riesgo de los hijos e hijas y hacer entrevista complementaria. Y que haya Unidades de Valoración Forense Integral (formadas por médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales para valorar a los menores y en los casos de malos tratos habituales y violencia psicológica) en todo el territorio, pues catorce años después de la Ley 1/2004 aún faltan en Girona, Tarragona, Zaragoza, Asturias o Madrid, y las existentes tienen escasez de recursos humanos y materiales.
10.- Los juzgados sólo dictan sentencia condenatoria en 2 de cada 10 casos de violencia de género denunciados, y solo conceden orden de protección a 16 de cada 100
Desde que existe cómputo (2006) las víctimas de feminicidio solo habían denunciado en el 24,5% de los casos. De 2015 a 2017 han tramitado 438.346 denuncias por violencia de género. En uno de cada 4 casos solicitaron a los juzgados especializados en violencia sobre la mujer o de lo penal una orden o medidas de protección, de las que sólo se concedieron el 63%, es decir al 16,2% de las víctimas con denuncia, con grandes diferencias territoriales. Al 9,2% de las asesinadas tener una orden de alejamiento vigente tampoco les sirvió. Las víctimas renunciaron en el 10,9% de las denuncias, llegando al 14% en las extranjeras. Se dictó sentencia condenatoria sólo en el 21% de las denuncias.
11.- Ayuda jurídica cualificada, antes y no supeditada a la denuncia, y transparencia en los datos
Ahora, para tener abogada o abogado de oficio (gratuito) es necesario haber presentado denuncia o querella, o estar decidida a interponerla. La mayoría de los abogados y abogadas que se apuntan al turno de oficio especializado no tienen formación y dedicación suficientes. Exigimos transparencia en el gasto (del Mº de Justicia y de las CCAA), gestión, número de casos y resultados.
12.- Pedimos que tanto España como la Unión Europea garanticen mejor la protección internacional del Convenio de Estambul a todas las víctimas que estén en territorio español, con independencia de su nacionalidad o situación administrativa, y de nacionalidad española que se encuentren en otro Estado.
Que el Consejo de la Unión Europea ratifique ya el Convenio de Estambul, tras la firma el 13.06.17, y que aplique las recomendaciones del Parlamento Europeo -COM(2016)0109 – 2016/0062(NLE) de 12.09.17, sin limitarla a la cooperación judicial penal y al asilo y no devolución.
Que España tenga mayor diligencia de jurisdicción para proteger a víctimas de VG cuyo agresor tiene distinta nacionalidad o país de residencia (1 de cada 7 parejas). Que reclame la jurisdicción en la denuncia por violencia de género que Juana Rivas presentó en 2016, en base al art. 44.2 del Convenio de Estambul y el 23.5 de la LO Poder Judicial, por la demora del juicio en Italia. Que no supedite a que ‘el agresor se encuentre en España’ (art. 23.4.l de la LOPJ) la protección a las víctimas con nacionalidad o residencia habitual aquí.
13.- Pedimos que se cumpla la medida 153 del Pacto de Estado para “otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género”, para que no se aplique el Convenio de la Haya sobre Sustracción Internacional de Menores de 1980 ignorando el contexto y a la realidad que comporta la violencia de género y los mandatos del Convenio de Estambul y de la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer de 1979 (CEDAW.
14.- Adecuar la normativa de extranjería a la de VG, recuperar los permisos de residencia, traductoras y ayuda social a mujeres y menores inmigrantes, discriminados en la VG. Son extranjeras el 9,6% de las personas residentes en España y el 43% de las víctimas mortales por violencia de género, sin que les proteja el presentar el 33,7% de las denuncias judiciales. Están bajando desde 2012 los permisos de residencia y trabajo autónomos por violencia infligida por su pareja, protección que afectó en 2017 solo a 675, el 1,4% de las 48.000 extranjeras con denuncia. Pedmos revisar la legislación de Extranjería para primar el acceso de las mujeres sin permiso de trabajo y residencia a los derechos, servicios y ayudas económicas de la normativa de violencia de género y de víctimas de delitos; mejorar la formación en VG de profesionales e intérpretes, la acogida y credibilidad en los puestos policiales y judiciales, horarios amplios y flexibles y mediación intercultural en todo el proceso.
15.- Mejorar resultados en la persecución de la trata de mujeres y en la protección a sus víctimas
España es el tercer país en demanda de prostitución, tras Tailandia y Puerto Rico, y uno de los de mayor tránsito y destino de la trata, de mujeres y niñas en un 96%. La DGVG ha observado en 2016 20.245 mujeres y niñas en explotación sexual, el 19% (3.858) con signos de trata. El 30% proceden de Nigeria y el 23% de Rumanía. Sólo el 1,1% (41) tienen nacionalidad española.
El CITCO (Centro de Inteligencia Contra el Terrorismo y el Crimen Organizado - Mº del Interior) abrió en 2016 69 diligencias de trata de mujeres y niñas, investigando a 36 organizaciones criminales y a 375 personas. Fiscalía de Extranjería contabilizó 393 víctimas (57% africanas y 6,4% menores), se iniciaron 250 procesos, la mayoría por atestados policiales de inspección de locales de prostitución, pero sólo hubo 18 sentencias, 7 de ellas absolutorias. La principal causa del 72% de archivos judiciales es la falta de pruebas de coacción o abuso de las víctimas, a quienes, aunque hayan cooperado en la investigación, se deja en indefensión denegándoles el permiso de residencia y frecuentemente expulsándolas, mientras los proxenetas quedan sin ningún tipo de penalización, incumpliendo el protocolo de Palermo. Si tienen hijas/os menores, se les priva de su tutela y quedan en desamparo, y no se les permite reagruparlos desde su país de origen para que no sean utilizados para chantajearlas. El Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual 2015-2018 cuenta sólo con 4 millones de € en la DGVG en 2018, de gestión privatizada.
16.- Mejorar la apreciación de la persecución de género como motivo de concesión de asilo. España no ha cumplido su compromiso con la Comisión Europea de acoger a 17.337 asilados en 2015-2017. Son mujeres el 42% de las 31.120 personas -51% con edades entre 18 y 34 años y el 24% menores de edad- que solicitaron protección internacional en 2017. Se resolvieron 13.350 solicitudes, el 65% desfavorable mente y solo 1,9% (595) obtuvieron el estatuto de mientras a 4.080 se les concedió la protección subsidiaria. Se mantienen los CIES y las “devoluciones en caliente”.
Pocas mujeres conocen y/o solicitan la protección internacional por persecución por motivos de género (Recomendación General 32 del CEDAW), pero hay un incremento de solicitudes basadas en identidad sexual, matrimonio forzado, violencia sexual, mutilación genital o trata, por la que CEAR reporta 12 mujeres con estatuto de refugiadas a finales de 2016. En España viven 69.086 mujeres y niñas procedentes de países donde se practica la Mutilación Genital Femenina, pero se ha concedido asilo a apenas 20 por este motivo en los últimos 5 años, según ACNUR. Se estiman en 400 las denuncias por matrimonio forzado. De las inmigrantes que llegan por mar, muchas llegan embarazadas y con indicios de haber viajado en situación de trata, y en su totalidad refieren haber sufrido violencia física y/o sexual a lo largo del trayecto.
17.- Revertir el recorte de la cooperación internacional para eliminar la violencia hacia las mujeres
Las actuaciones para paliar todas las formas de violencia y discriminación contra mujeres y niñas solo aparecen tangencialmente en la cooperación española, en la orientación 5 del IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, con 21 millones de euros, 1,64% de la Ayuda Oficial al Desarrollo en 2013 y 2014, ya exigua al suponer el 0.21% de la Renta Nacional Bruta, lejos del compromiso internacional del 0.7%, y seguir estancada tras recortarse un 74% de 2011 a 2014. De los 237 millones de € de que dispone la AECID sólo 49,8 (17,8%) han ido destinados a la lucha contra la violencia hacia las mujeres.
18.- Tratar judicial y socialmente las 120.640 agresiones sexuales anuales como violencia machista. La Macroencuesta de 2015 cifra en 120.641 las mujeres que han sufrido violencia sexual fuera de la pareja en el último año, de las que el 40% fueron violadas. Las grandes manifestaciones feministas en 2017 y 2018 contra la sentencia 38/2018 de la AP de Navarra por la violación de los cinco de La Manada y contra toda la cultura de la violación fueron denunciadas por 750 jueces como "presión social" ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos, mientras la Comisión de Codificación del Mº de Justicia iniciaba la modificación del no consentimiento y uso de violencia y/o intimidación en los delitos de agresión y abuso sexual en el Código Penal, que no se ajustan al Convenio de Estambul, que también pedimos que no prescriban a los 5 o 15 años, o a la mayoría de edad de la víctima, para combatir la impunidad generalizada de la violencia sexual, que las escasas denuncias no sean sometidas a una revictimización judicial, social y de los medios de comunicación y que tengan protección judicial y social como violencia de género.
La medida 84 del Pacto de Estado reconoce la necesidad de intervención y de protección a cada tipo de violencia, pero “Hasta que se produzca este desarrollo normativo, las otras violencias de género reconocidas en el Convenio de Estambul, recibirán un tratamiento preventivo y estadístico”. El 17.07.18 el Parlamento admitió a trámite una Proposición de Ley de protección integral de la libertad sexual y para la erradicación de las violencias sexuales, que modifica el Código Penal e incluye el enjuiciamiento en juzgados de violencia sobre la mujer, medidas de prevención, sensibilización, formación, información, asistencia jurídica gratuita y asistencia social integral. A 5 de noviembre no tiene aún calendario de debate. La DGVG destina solo 2 millones de €/año, insuficientes para crear y mantener los centros de ayuda de emergencia del art. 25 C.E.
19.- Acoso sexual. Pasar del me too en las redes a un cambio social requiere políticas públicas.
Ahora solo puede denunciarlo la persona acosada, en quien recae la carga de la prueba y es su propio testimonio, que la mayoría de los juzgados de lo social consideran inconsistente. El estudio del CGPJ sobre la aplicación de la Ley O 3/2007 en 2008 y 2009 mostraba un escasísimo número de sentencias (132 por acoso sexual y 25 por acoso por razón de sexo). Eurofound dice que en España se denuncian el 8% de los casos de mobbing, frente a la media europea del 14,9%. La Inspección de Trabajo realizó de 2010 a 2015 sólo 3.472 actuaciones por acoso sexual a 2.994 trabajadoras/es, 922 requerimientos y 42 actas de infracción (7 al año en todo el país). De 2008 a 2015 hubo sólo 49 sentencias condenatorias.
Los abusos denunciados en el verano de 2018 por 400 trabajadoras de la fresa en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Huelva tienen su caldo de cultivo en la discriminación como inmigrantes y mujeres. El 22% de las empleadas de hogar extranjeras ha sufrido acoso en el trabajo, según un estudio en Euskadi extrapolable a las 600.000 del Estado, 412.200 de alta en el sistema especial de Seg. Social y un tercio en situación irregular.
20.- Abordaje real, y no sólo punitivo sino preventivo-reparativo de la Mutilación Genital Femenina Es un riesgo para 18.400 niñas de menos de 14 años en España, procedentes de Nigeria, Senegal, Gambia, Malí u otros países, según la Fundación Wassu UAB, a falta de datos oficiales. No hay suficientes medios, más allá del Protocolo sanitario estatal y los autonómicos, para detectarla y darle un enfoque no sólo punitivo (art. 149 del CP) y revictimador, sino preventivo-reparativo, incluyendo la reconstrucción de los órganos.
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