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Timestamp: 2019-09-23 20:27:48+00:00

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﻿ Sentencia 18845 de noviembre 26 de 2002
SENTENCIA 18845 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2002
CONTENIDO:PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. SON VARIAS LAS DECISIONES QUE HA PRODUCIDO ESTA SALA DE LA CORTE EN LAS QUE SOSTIENE QUE EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 100 DE 1993 Y DE LA CONDICIÓN MÁS BENEFICIOSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 53 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, NO SE LE PUEDEN DESCONOCER LAS SEMANAS COTIZADAS, SI CON ELLAS, AL AFILIADO SE LE HUBIERA PODIDO OBTENER UNA PENSIÓN CON ARREGLO A LOS REGLAMENTOS DEL ISS, ASÍ LA PERSONA FALLEZCA EN VIGENCIA DE LA SUSODICHA LEY PERO QUE NO COTIZÓ 26 SEMANAS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO DE SU VIDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:BENEFICIARIO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, DERECHO A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, PÉRDIDA DEL DERECHO A LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES
Sentencia 18845 de noviembre 26 de 2002
Radicación18845
Acta No.53
Dr. Luís Gonzalo Toro Correa
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL ANTIOQUIA contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 15 de febrero de 2002, en el juicio que le sigue JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ.
JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ, en su propio nombre y en el de sus menores hijos JORGE ALBERTO y MARÍA CLARA RAMÍREZ GÓMEZ, llamaron a juicio ordinario laboral al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, para obtener el pago de la pensión de sobrevivientes por el fallecimiento de la señora JACQUELINE GÓMEZ RAMÍREZ, con la indexación de lo debido y las costas procesales.
En sustento de sus pretensiones afirman que la señora JACQUELINE GÓMEZ RAMÍREZ falleció el 21 de noviembre de 1998, en la ciudad de Medellín; que reclamaron directamente sus derechos, pero que el ISS, por Resolución No.013552 del 9 de noviembre de 1999, negó la prestación y ordenó el pago de una indemnización, aduciendo que pese a haber cotizado 574 semanas, ninguna había sido en el año anterior a su fallecimiento; que tanto la Corte Constitucional como el Tribunal Superior de Medellín se han pronunciado sobre la procedencia del otorgamiento de la pensión en casos como el presente, como por ejemplo en el caso de Luz Mariela González y Otros contra el ISS; que como criterio de justicia y equidad procede el ajuste por indexación; que los demandantes están legitimados para instaurar la presente acción, en su calidad de cónyuge supérstite e hijos de la causante.
El demandado, en la respuesta a la demanda (fls. 55 a 57, C. Ppal.), se opuso a las pretensiones de los actores; frente a los hechos aceptó el relativo al fallecimiento de la señora Gómez Ramírez, la reclamación directa de los demandantes, y haberles negado la pensión de sobrevivientes otorgándoles en sustitución la indemnización; que deben probar la calidad de cónyuge e hijos de la causante. En su defensa propuso las excepciones de prescripción, compensación, inexistencia de la obligación, falta de causa, y la que resulte probada en juicio.
El Juzgado Once Laboral del Circuito de Medellín, por fallo del 4 de diciembre de 2001 (fls. 78 a 89, C. Ppal.), declaró que a los demandantes les asiste el derecho a percibir del ISS la pensión de sobrevivientes en proporción de un 50% para el primero y 25% para cada uno de los menores, a partir del 21 de noviembre de 1998, con las mesadas adicionales de junio y diciembre y sin perjuicio de los incrementos legales, por lo que condenó a su pago en forma indexada; declaró probada parcialmente la excepción de compensación, por lo que autorizó que se descontara de las mesadas causadas el valor de $4.903.867.oo por concepto de indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, si ya se hubiese pagado; impuso costas a la parte demandada.
Apelo el Instituto de Seguros Sociales, y el Tribunal, por fallo del 15 de febrero de 2002 (fls. 101 a 110, C. Ppal.), confirmó el de primera instancia y le impuso al recurrente las costas de la alzada.
En lo que interesa al recurso extraordinario de casación, el ad quem consideró que para decidir el asunto se debía tener en cuenta, en primer lugar, que acorde con el artículo 25 del Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 0758 de 1990) hay lugar a la pensión de sobrevivientes cuando a la fecha del fallecimiento, por riesgo común, el asegurado hubiera cotizado 150 semanas dentro de los 6 años anteriores al hecho, o 300 semanas en cualquier tiempo anterior al hecho, según su artículo 6.
Que en segundo término, la Corte, en casos semejantes, ha definido “que hay lugar a la aplicación preferente del Acuerdo 049 de 1990 (Decreto 0758 de 1990), si el afiliado fallecido, al momento de entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones de la Ley 100 de 1993, reunía los requisitos exigidos en las normas citadas por la Sala. En sentencia del 1º de diciembre de 1998, dijo: ‘De lo anteriormente expuesto se concluye, que como antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993, el causante había cotizado más de 300 semanas en el ISS, que era la exigencia impuesta por el artículo 25 del Acuerdo 049 de 1990 para que sus beneficiarios accedieran a la pensión de sobrevivientes, con la ocurrencia del óbito del causante. Así, por lo demás la circunstancia de no haber cotizado 26 semanas dentro del año anterior a la muerte, no excluye el derecho de sus causahabientes a la pensión de sobrevivientes con arreglo a lo examinado.” (fls. 104 y 105, C. Ppal.).
Por lo anterior, confirmó el fallo del Juzgado, advirtiendo que el recurrente no discutió que la causante cotizó al sistema 574 semanas, “sin que lo relativo a la actividad del cónyuge supérstite tenga la virtualidad de aniquilar el derecho a la pensión de sobreviviente que se pretende, toda vez que la ley no consagra un condicionante semejante para casos como el sub judice.” (fls. 108 y 109, C. Corte).
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia impugnada, y que en sede de instancia revoque totalmente la de primer grado y en su lugar absuelva al Instituto de Seguros Sociales de las pretensiones de la demanda. Que sobre costas se decida lo pertinente.
Acusa la sentencia de violar por la vía directa, por infracción directa (falta de aplicación), los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, en relación con el artículo 16 del C.S.T., que llevó a la aplicación indebida de los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990.
En la demostración dice que no discute que la causante cotizó al sistema 574 semanas; que falleció el 21 de noviembre de 1998 y que en el último año de su vida no cotizó.
Que de entrada “debe advertirse que el artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo determina sin equívoco alguno que las normas sobre el trabajo humano producen efecto general inmediato, consecuencia que se deriva de la característica de orden público que la ley le tiene asignada. Ese efecto general supone que su aplicación se da desde el mismo momento en que entran en vigencia, y salvo las situaciones consumadas bajo el imperio de la ley anterior, pueden modificar requisitos de causación de los derechos subjetivos, ya disminuyéndolos o inclusive agravándolos. Por tanto y en principio, la ley nueva regula las situaciones que se causan durante su vigencia y no las anteriores a ella. Es el principio de la irretroactividad de la ley que aplicado en su cabal sentido, da una seguridad jurídica que debe ser característica fundamental de un ordenamiento jurídico coherente y armónico.
“Aplicando lo anterior se tiene que el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, modificó los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes, en el sentido de que tendrían derecho a ella los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre y cuando cumpla con uno de los siguientes requisitos:
“a) Que estando afiliado, se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos 26 semanas al momento de producirse la muerte, y
“b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos 26 semanas en el año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte.
“Ahora, como la señora Jacqueline Gómez Ramirez falleció el 21 de noviembre de 1998, es indudable que las normas aplicables al presente caso son las de la Ley 100 de 1993 y no otras diferentes.
“En efecto, en materia de pensión de sobrevivientes, la Ley 100 de 1993 no estableció un régimen de transición, como si –sic- lo hizo, en cambio y de manera expresa, con la pensión de vejez. Un régimen de transición refleja claramente la voluntad del legislador de amparar ciertas situaciones específicas ocurridas durante la vigencia de la ley anterior de manera que no sean tocadas por la nueva, y precisamente ese el mecanismo que se ha utilizado en materia de pensión de vejez. Por tanto, la falta de un régimen de transición en materia de la prestación de sobrevivientes en el articulado de la Ley 100 de 1993, indica sin equívoco que en este punto la legislación quiso que fuera regulado por esa ley.
“Indica lo dicho que el Tribunal se equivocó al resolver la presente controversia con aplicación del Acuerdo 049 de 1990, expedido antes de la vigencia de la Ley 100, cuando lo correcto, como quedó visto, era decidirla con arreglo a las disposiciones de la nueva legislación.” (fls. 25 y 26, C. Corte).
Solicita la opositora se desestime el cargo por cuanto la sentencia del Tribunal está fundamentada en criterio jurisprudencial reiterado, basado en el principio de la condición más favorable a que se refiere el artículo 53 de la Carta Política. Cita a su favor y transcribe apartes de las sentencias de esta Sala del 31 de mayo de 2002, radicación 17514 y del 13 de agosto de 1997.
Para resolver el cargo debe anotarse que la señora JACQUELINE GÓMEZ RAMÍREZ falleció el 21 de noviembre de 1998 y que había cotizado al Instituto de Seguros Sociales 574 semanas, pero ninguna de ellas en el último año anterior a su muerte.
Plantea la censura que en los términos del artículo 16 del CST, debió aplicarse al asunto el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, articulado éste que no previó en el caso de la pensión de sobrevivientes un régimen de transición como sí lo hizo con la pensión de vejez, lo que le impide a la parte actora acceder al derecho a la pensión de sobreviviente que reclama, por no haber cotizado la causante 26 semanas en el último año anterior a su muerte.
Son varias las decisiones que ha producido esta Sala de la Corte en que se ha ocupado del tema debatido, y en ellas ha venido sosteniendo que en aplicación del artículo 13 de la Ley 100 de 1993 y de la condición más beneficiosa prevista en el artículo 53 de la Constitución Política, no se le pueden desconocer las semanas cotizadas, si con ellas hubiera podido obtener una pensión con arreglo a los reglamentos del ISS, a una persona que ha fallecido en vigencia de la susodicha ley pero que no cotizó 26 semanas durante el último año de su vida.
Al respecto cabe recordar lo dicho por la Sala en asunto de similares características al que ahora se analiza, sentencia del 10 de abril 10 de 2002, radicación 17121:
“Precisamente, el criterio que antecede se ha fundamentado de tiempo atrás por la Corte, no sólo en lo que al efecto prevé el inciso cuarto del artículo 48 de la ley 100 de 1993, en cuanto garantiza el derecho de optar por una pensión de sobrevivientes equivalente al régimen de pensión de sobrevivientes del I.S.S, que regía con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley, sino, además, en los principios rectores de la seguridad social, el artículo 53 de la Constitución Política y el postulado de la condición más beneficiosa.”
Como puede verse las reflexiones antes transcritas son perfectamente aplicables al caso que se ventila, además si se tiene en cuenta que acorde con la historia laboral de la causante reportada por el ISS (folios 24 y 25) cotizó más de 300 semanas antes de entrar en vigencia el sistema general de pensiones establecido por la Ley 100 de 1993, es decir que su situación se adecúa completamente a lo consagrado en los artículos 6 y 25 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 15 de febrero de 2002 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, dentro del juicio ordinario laboral que le adelanta JORGE OCTAVIO RAMÍREZ RAMÍREZ al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES SECCIONAL ANTIOQUIA.
Magistrados: Luis Gonzalo Toro Correa—Carlos Isaac Nader —Eduardo Lopez Villegas—Luis Javier Osorio López—Germán G. Valdés Sánchez—Isaura Vargas Díaz—Fernando Vásquez Botero.

References: ARTÍCULO 13
 ARTÍCULO 53
 Resolución 
 artículo 25
 artículo 6
 artículo 25
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 46
 artículo 53
 artículo 16
 artículo 46
 artículo 13
 artículo 53
 artículo 48
 artículo 53