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Timestamp: 2019-07-23 06:05:20+00:00

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Derecho Ambiental Internacional y Chileno (cl) - JurisPedia, el derecho compartido
Derecho Ambiental Internacional y Chileno (cl)
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DERECHO AMBIENTAL INTERNACIONAL Y CHILENO
EMA., LRI.,(U. of Amsterdam, the Netherlands) Ph.D. (c) in Law (U. of Gand, Belgium) Profesor invitado en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Chile, Escuela de Recursos Naturales.
3 El Derecho
4 Fuentes del Derecho
4.1 Ley, contrato.
4.2 Estructura jerárquica del ordenamiento jurídico
4.3 Estado y organización administrativa
5 Derecho internacional del medio ambiente y de los recursos naturales
6 Las convenciones internacionales y resoluciones internacionales fundamentales
7 Derecho ambiental y de los recursos naturales chilenos
7.1 Concepto de Derecho ambiental.
7.2 Derecho ambiental chileno y Derecho de los Recursos Naturales chilenos.
7.3 Deberes constitucionales del Estado en materia ambiental y recursos naturales
7.4 La naturaleza jurídica de los recursos naturales renovables
8 Recurso de protección en materia ambiental
8.1 Ley General de Bases del Medio Ambiente y otras normas jurídicas
9 Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
10 Fondo de Protección Ambiental
11 Ley de propiedad industrial
12 La nueva ley
13 Ley de propiedad intelectual
14 Legislación sectorial
15 El tratamiento de las aguas en Chile
Mis agradecimientos a la Universidad de Chile por acoger este texto y su enseñanza, a la Universidad de Ámsterdam, Holanda, que me diera mi licenciatura en relaciones internacionales y estudios de postgrado y a la Universidad de Gand en Bélgica, que me ha permitido seguir en el tema de los recursos genéticos y sus derechos y obligaciones producto de la Convención sobre Diversidad Biológica.
La norma jurídica es quizás el punto central y de mayor discusión dentro del Derecho y su núcleo central de estudio. Es necesario efectuar una breve aclaración. La palabra “Derecho” posee múltiples acepciones dependiendo el sentido que se use por quien habla o escribe. Hablamos de “Derecho” como conjunto de normas jurídicas impuestas por un legislador con posibilidad de ordenar a los sujetos u objetos que se encuentran dentro del ámbito del mismo. El uso de la minúscula “derecho”, en cambio, muestra más bien el poder o facultad que cada uno de nosotros tiene para exigir “algo” de otros y ese “algo” ha sido garantizado legalmente.
Las normas jurídicas pueden mandar, prohibir o permitir y ello se expresa con palabras, verbos, que son los rectores dentro de una oración y que se puede encontrar sea en un acto del Poder Legislativo una ley (como puede ser la Constitución Política del Estado, un ley cuyo origen se encuentre en el proceso legislativo) o en un acto del Poder Judicial (una sentencia de un tribunal de justicia) o acto del poder Ejecutivo (reglamento, ordenanza). El artículo primero del Código Civil chileno indica que la “ley es una expresión de la voluntad soberana que expresada en la forma prescrita por la constitución, manda prohíbe o permite” (Código Civil, 5). Todas las leyes son normas de carácter jurídico. No entraremos aquí en el estudio de otras normas como las del trato social, las normas morales y las normas o reglas técnicas que no tiene la principal característica que hasta hoy se ha asociado a la norma jurídica EL SER SANCIONADA POR LA FUERZA.
La Teoría de la Norma jurídica tiene en su máximo representante al profesor Hans Kelsen, judío austriaco que desarrolló durante el siglo XX la “Teoría Pura del Derecho”. No es el único y aportes de Profesores de Derecho como Karl Larenz, Alf Ross, Bruno Simma, Herbert Hart y Joseph Raz han sido de gran provecho para la ciencia del derecho. En Chile existen profesores como Máximo Pacheco, Jorge Iván Hübner, Enrique Aimone, Agustín Squella, Pablo Ruiz-Tagle, Joaquín García-Huidobro, Nelson Reyes, Aldo Valle y otros, quienes, han desarrollado diversas teorías relacionadas con el derecho y la argumentación jurídica o la manera en que juristas argumentan a favor de sus explicaciones acerca de lo que es el Derecho.
La interpretación de las normas jurídicas es un tópico no menor en el desarrollo de los estudios jurídicos. Por más claras que sean las palabras y por prístino que sea el sentido de las mismas puede ocurrir o que no alcancen un efecto positivo o que inclusive el efecto sea absolutamente negativo. Pensemos en una ley que ordena:
“Está permitido a los dueños de industrias químicas botar sus residuos a lagos, ríos, canales y al mar”.
La norma es clara y, sin embargo, no produciría ningún efecto positivo y, al contrario, el efecto negativo sería inmenso. Es por ello que el mismo Código Civil chileno ha entregado normas que sirven para interpretar la ley. Ello sin perjuicio de la discusión acerca del alcance de la misma norma que sirve para interpretar las leyes, si general o especial para las normas del mismo código. Dice el artículo 19:
“Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu” (Código Civil, 23).
Consecuencias Jurídicas o distintos tipos de responsabilidad
Los actos de los sujetos así como ciertos hechos naturales propios de los sujetos generan consecuencias. Algunas de dichas consecuencias podrían tener relevancia jurídica. Es decir, el ordenamiento jurídico, el Derecho, regula dichos actos.
Si buscamos un ejemplo miremos al caso del nacimiento de un niño o la caída de un trozo de nieve sobre la calle. Ello es un hecho de carácter natural que produce consecuencias jurídicas; en el caso del nacimiento significa que debe efectuar la inscripción del niño en el Registro Civil, la entrega de un determinado nombre y de sus apellidos y la protección del derecho como infante o niño. En el caso del trozo de nieve éste puede producirnos alegría al ver la nieve caída sobre la calle y, sin embargo, puede producir un accidente a la persona que al pisarla cae y se quiebra un hueso del cuerpo.
A su vez las personas naturales y jurídicas pueden verse en la situación de responder a otra por sus actos. Ello puede ser objeto de regulación de la moral y en cuyo caso nos encontramos con un juicio moral a propósito de la actuación de las personas (Krawietz). Pero asimismo, la regulación de dicha respuesta puede tener su origen en el ordenamiento jurídico y verse compelido el sujeto que comete un acto contrario a Derecho a tener que responder por dicho acto. Lea el siguiente ejemplo el que ha sido entregado a todos Uds. al inicio del curso.
“El señor Juan Pérez ha desarrollado un fuerte apego a su campo, Sin embargo, la empresa Maxagro (de agrícola Santa Lucía) habría derramado desechos generados en la producción de cerdos. El organismo investiga el derrame de desechos a los canales de regadío aledaños a los criaderos Santa Irene y El Quillay representados por don HGPZ producida durante la huelga que mantuvieron sus trabajadores. Producto del corte de energía eléctrica y del colapso de la biodigestión es que se rebasaron los lugares de acumulación cayendo al río.
El dueño de las empresas, frente a la llamada de don Juan Pérez se escuda en el hecho que no posee control sobre los estanques porque ello depende sólo de los trabajadores que no trabajaron durante el periodo de tiempo a que duró la huelga.”
En este caso de la vida real nos preguntamos cuáles son las normas aplicables para exigir que la empresa responda de un acto que en sí es contrario a la ley. No se permite el vertido de materias descritas en el caso en el río sin una autorización y previa limpieza.
Pues bien, frente un fenómeno como este, el vertido de cierto producto que contamina, el lanzamiento al aire de productos contaminantes y otros, observamos de manera nítida que son “contrarios a Derecho” es decir, son impropios de un actuar diligente que cualquier persona emplea en su actividad normal ya que al vivir en sociedad debe cuidarse de no molestar a otros y menos a las fuentes de alimentación, agua o aire de todos.
El Derecho chileno regula en la Constitución Política de la República esta materia en el artículo 19 número 8 y la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente (LGBMA) número 19.300 de 1994 y establece a través de reglamentos una serie de normas que viene a determinar la manera en que deben efectuarse las actividades que pueden desarrollarse en relación al medio ambiente y los recursos naturales. La desviación de las normas reglamentarias por las personas implica una posibilidad de generación de la responsabilidad ambiental. Otra manera en que el ordenamiento jurídico regula la responsabilidad es a través de la determinación de una indemnización entre personas que no tenían relación alguna pero que, producto del actuar carente de cuidado (negligente) de una de ellas, causa un daño o puede generar un riesgo a las personas o al medio ambiente y a los recursos naturales. Esta acción se denomina indemnizatoria.
La LGBMA indica que: “Todo el que culposa o dolosamente cause daño ambiental, responderá del mismo......” (Arts. 3 y 51 inc.1) Esta norma obligatoria señala que todos respondemos cuando no actuamos con el debido cuidado, debe relacionarse con las normas del Código Civil artículos 2314 y 2329. Ellos señalan la misma norma (Barros, 50). Por lo demás, así lo indica también la LGBMA. En todos estos casos “basta probar la relación causal entre el hecho y el daño para dar por acreditada la responsabilidad civil” y sólo son admisibles ciertas excusas jurídicas (Barros, 51). Veremos esto al revisar la LGBMA.
El Derecho, con mayúscula, es el conjunto de normas jurídicas que regulan a las personas en un territorio determinado. De lo dicho hasta aquí se observa que existe una estructura fundamental, básica, el “átomo” del Derecho, que es la norma jurídica para constituir a su vez las leyes, reglamentos y otros cuerpos jurídicos.
También se lo define como “conjunto de normas obligatorias que regulan los actos de los hombres en sociedad y a cuya observancia pueden ser estos constreñidos”. Frente al problema de la esencia del Derecho existen diferentes movimientos, escuelas o grupos de pensadores que han buscado encontrar respuesta.
Por otra parte, se busca establecer diferencia con la moral a través de una diferencia de corte lógico entre una y otra. Principalmente la moral contrapone al sujeto consigo mismo. El Derecho, en cambio contrapone a sujetos entre sí.
Características del Derecho son:
1.- Restringido a ciertas conductas humanas
2.- Regula las conductas humanas exteriorizadas o en sociedad.
3.- Es coercible o posible de ser aplicada por la fuerza.
A su vez el Derecho tiene su origen, su razón de ser, su fuente en ciertos cuerpos normativos o en la actividad de ciertos órganos del Estado e inclusive ciertos órganos internacionales a quienes el ordenamiento mismo les ha dado posibilidad de dictar las leyes, reglamentos y tratados u otros cuerpos normativos.
Ley, contrato.
La ley es una fuente de producción formal y pueden ser las autoridades o sujetos que crean las normas jurídicas o los medios o actos por los cuales se establecen las normas. Los requisitos internos de la ley son:
1.	Declaración de la voluntad soberana.
2.	Manifestada en la forma prescrita por la Constitución.
3. Manda, prohibe o permites.
El contrato es otra fuente material del Derecho. Este es “un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa” conforme lo indica el Código Civil chileno y su artículo 1438 (Código Civil, 157).
Hoy día existe tendencia hacia solucionar algunos problemas ambientales y de recursos naturales a través de contratos.
Estructura jerárquica del ordenamiento jurídico
El ordenamiento jurídico tiene que tener una estructura jerárquica a fin de evitar que exista caos o falta de orden entre normas jurídicas sin saberse cuáles de ellas posee mayor importancia, regulan a otras, las que derogan a otras.
En la posición más alta se encuentra la Constitución Política del estado que regula el tema ambiental y de recursos naturales. Esta noción es básica para entender la materia esencial del curso, el sentido del concepto territorio en nuestro estudio.
Estado y organización administrativa
El Estado posee una organización administrativa propia a fin de cumplir con los objetivos que se ha auto establecido. Algunos de estos temas serán objeto de nuestro estudio como es el caso de ministerios relacionados a recursos naturales y medio ambiente.
Cómo estudian, argumentan y resuelven caso los abogados: Una metodología basada en casos
1. ¿Qué es un caso?
Un “caso” es un problema práctico o un problema que se genera por un profesor y que aparece como real, existente dentro del contexto de enseñanza y/o evaluación propia de estudios donde se pretende formar a personas con conocimiento acabado de un asunto y, a la vez, un conocimiento de la realidad sometido a cierto control.
Se emplea el sistema de casos en diferentes ámbitos del conocimiento pero aquí lo usaremos para entender la participación del razonamiento jurídico en la solución de problemas jurídicos relacionados con el medio ambiente.
El caso, en términos jurídicos coloquiales, sin embargo, se refiere a una causa que le atañe a un abogado sea en estrados judiciales, que se la encomendado frente a la autoridad administrativa o sencillamente no es sino un acto jurídico.
El cliente o peticionario que desea un resultado, “Ro” acude a un abogado o a un consultor. El resultado buscado o los resultados buscados pueden ser variadísimos.
1.1. En un “caso” el punto de vista y la labor es técnica
Esta labor de analizar y solucionar un “caso” consiste en usar ciertos medios para alcanzar un resultado a partir de una situación real e inicial dada.
1.2. Labor del abogado o del jurista
El abogado predice, provoca decisiones concretas con mayor o menor acierto o eficacia.
1.3. El conocimiento del Derecho
Es necesario conocer el Derecho de manera acabada.
2. Complejidad del “caso jurídico”
El “caso jurídico” es siempre complejo. En ajedrez dar “mate” en tres jugadas es el equivalente a las resultas que quiere el cliente, la posición inicial de las piezas es el equivalente a las circunstancias de hecho que el cliente se halla. Hay reglas para alcanzar la solución del caso. La jugada ganadora es el equivalente a la solución del caso. La diferencia es la complejitud.
3. Al fin de alcanzar una primera aproximación a la solución del problema es necesario:
3.1. “Ro” Averiguar qué es lo que se quiere y que puede ser múltiple el objeto de beneficio por parte del cliente o consultante.
3.2. “H” Conocer a fondo. Pedir un memorando con los hechos.
3.3. “S” Solución definitiva.
3.4. “Nexo H-S” El estudio de “H” se hace en vista de “S”
La solución definitiva permite ver el “cuadro completo” la solución en otros problemas.
Además se debe estar preparado para reajustar soluciones definitivas frente a un resultado inesperado.
¿Cómo se argumenta un caso?
Se ha indicado lo que un “caso” es y la actividad intelectiva material para solucionar pero falta determinar la manera en que se argumenta el “caso” mismo.
1.	Que el tribunal o el ente administrativo nos oiga.
Existen múltiples formas para que el tribunal nos “oiga”, puede ocurrir que el tribunal lea nuestras argumentaciones o debamos presentarla oralmente.
2.	Debemos tratar que el tribunal nos entienda bien
A fin de lograr aquello resultan convenientes estas recomendaciones que exponemos:
a.	Sea breve, claro de estilo “llano”.
b.	Describa sin tecnicismos el conflicto de intereses en juego.
c.	No escatimar el punto aparte, títulos y subtítulos.
d.	Presentar ordenadamente los argumentos, distinguiendo cuidadosamente los principales y subsidiarios, dar necesario relieve a los primeros.
e.	Hacer una o dos síntesis de los primeros. Ello resulta conveniente al comienzo (en donde se precisa las cuestiones que pretendemos demostrar facilitando la comprensión de la línea argumental y de la lectura) y al final ( donde resumimos lo que estimamos haber demostrado)
f.	Construir la argumentación desde un modelo simple enriquecido progresivamente.
Derecho internacional del medio ambiente y de los recursos naturales
El origen de los problemas ambientales en los últimos cincuenta años es internacional. El denominado “calentamiento global”, la pobreza y ausencia de desarrollo y el empobrecimiento de la calidad de vida así como el robo de recursos genéticos, la pérdida de dichos recursos, la contaminación marina, terrestre y atmosférica son problemas internacionales donde las fronteras desaparecen o globales, afectan a la totalidad del planeta. Las normas jurídicas internacionales, la costumbre internacional y los principios jurídicos o del Derecho internacional público han sido los primeros en ordenar obligatoriamente los problemas ambientales. Un hito histórico lo constituye la reunión que se efectuó en Estocolmo en 1972 donde se establecieron una serie de principios relacionados al medio ambiente. Luego en 1992 la Conferencia de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo desarrolló y completó los principios del Medio Ambiente además de la Convención sobre Diversidad Biológica y la Convención sobre Calentamiento Global. En 1987 se emitió un Informe sobre Desarrollo Humano, el informe Brundtland donde se fijaron las bases de los conceptos reales y únicos del desarrollo sustentable, es decir, un crecimiento económico que respete y proteja el medio ambiente y los derechos laborales.
Este se le puede definir como “(...) un sistema de principios y normas que regulan las relaciones de coexistencia y de cooperación, frecuentemente institucionalizada, además de ciertas relaciones comunitarias, entre Estados de diferentes grados de desarrollo socioeconómico y poder”.
Concepto de Derecho internacional del Medio Ambiente
Es el conjunto de normas jurídicas, principios y normas que regulan las relaciones de coexistencia y cooperación entre sujetos del Derecho internacional relacionadas con el sistema global constiuido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química o biológica, socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones.
Se considera importante este ordenamiento “(...) porque le da aplicación práctica a las reglas del derecho consuetudinario, establece un sistema institucional de supervisión e inspección que el derecho consuetudinario no podría conferir por sí solo”. Crítica a esta opinión se basa en que existen las normas juridicas internacionales basadas en tratados internacionales y que vigentes se analizarán más adelante en este texto.
Concepto de Derecho internacional de los Recursos Naturales
Conjunto de normas jurídicas, principios y normas que regulan las relaciones de coexistencia y cooperación entre sujetos del Derecho internacional relacionadas con componentes del medio ambiente susceptibles de ser utilizados por el ser humano para la satisfacción de las necesidades o intereses espirituales, culturales, sociales y económicos.
Las normas que regulan las materias relacionadas con los recursos naturales pueden incluir normas relacionadas a la economía, la inversión internacional, la protección de la propiedad intelectual e industrial, el territorio, el medio ambiente.
Las convenciones internacionales y resoluciones internacionales fundamentales
Las convenciones internacionales y las resoluciones internacionales son fuentes diferentes del Derecho internacional y del Derecho internacional ambiental asi como el Derecho internacional de los Recursos Naturales. En el ámbito del Derecho internacional de los Recursos Naturales la preocupación acerca de los mismos dice relación con el RECONOCIMIENTO DE LA SOBERANÍA DE LOS ESTADOS SOBRE LOS RECURSOS NATURALES. También existe una relación con el medio ambiente, de ellos, por regla general, se obtienen estos recursos. De ahí que se debe proteger el medio ambiente para proteger los recursos naturales y en la utilización de estos últimos a través de su explotación se debe proteger el medio ambiente (Peña-Neira, 75).
1. Resoluciones sobre los recursos naturales de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Las Naciones Unidas ha dictado a través de resoluciones de la Asamblea General declarando la soberanía de los estados sobre los recursos naturales que se situan dentro del territorio terrestre, marítimo o aereo. En 1958, 1962 y luego en 1974 se dictaron resoluciones de este tipo con el objeto de reconocer y fundamentar los derechos de países en fase descolonización o de nacionalización de sus recursos que se entregaron en concesión a empresas extranjeras.
2. Convención Internacional sobre Derechos Economicos, Sociales y Culturales de 1966, artículos 1, 2, 3 y 4.
Esta convención contiene normas sobre la protección de los derechos de las personas y Estados en materia de recursos naturales. Los mismos son protegidos para que sirvan de auxilio al desarrollo de los países que posean soberanía sobre los recursos naturales.
3.	Convención sobre Cambio Climático de 1992.
La Convención sobre el Cambio Climático trata sobre la forma que que los países efectuarán actividades, tomarán medidas a fin de evitar el cambio del clima producto de la elevación de la temperatura de la Tierra. No es menor que en un tratado internacional se hayan tomado por la mayoría de los países del mundo las mediadas a fin de mitigar los efectos de la elevación de la temperatura. Las obligaciones establecidas en este tratado son para todos los países que firmaron estos tratados.
4.	Convención sobre Diversidad Biológica de 1992.
Esta convención establece las obligaciones de los firmantes en relación a los objetivos de la misma, la conservación de la biodiversidad, el uso sustentable de la misma y la utilización, aprovehamiento o explotación de las características geneticas contenidas en los elementos químicos de los genes.
Se declara la soberanía de los estados miembros sobre los recursos genéticos así como la equidad en la división de los beneficios y la necesidad de compartir la tecnología.
5.	Protocolo de Montreal sobre CFC de 1987.
Este protcolo, un verdadero tratado internacional, tiene por objeto obtener que las particulas de clorofluocarbono no destruyan la capa de ozono que rodea la Tierra. Pretende este tratado obtener que los países no destruyan el ozono y que con ello no aumenten los rayos ultravioleta.
Derecho ambiental y de los recursos naturales chilenos
Concepto de Derecho ambiental.
El concepto de Derecho ambiental no ha sido una cuestión pacífica. Como el lector puede haber observado la denominación de lo que esta nueva rama del Derecho tiene que ofrecer se ve limitada por el nombre de la asignatura. Hubo autores que han hablado del “Derecho del medio ambiente” y otros del “Derecho ambiental”. Hay también denominaciones como “legislación ambiental” u otras. De lo anterior es posible advertir que existen concepciones diferentes respecto de esta nueva asignatura porque se hace necesario, como es lógico, entregar sustento desde el Derecho a estas normas jurídicas, a las leyes que regulan la preservación, el uso y la explotación del medio ambiente. Como el lector ha leído más arriba en este texto se hace necesario, aunque sea someramente, determinar el tipo de norma jurídica que prevalece en esta nueva signatura o, al menos, describir las diferentes normas que regulan el medio ambiente.
La descripción de dichas normas permite un mejor entendimiento de la misma y la alegación de los derechos, facultades y prohibiciones así como las imposiciones que estas normas establecen para un lugar y tiempo determinado.
Si miramos a la simple definición diremos que: “Es la rama del derecho que regula el medio ambiente” Esta definición es sencilla y permite al lector efectuar una primera aproximación, general a las normas ambientales.
Existen otras definiciones como “conjunto de reglas que se ocupan de la protección de aquellas condiciones que hacen posible la vida, en todas sus formas” o una más completa como “conjunto de moras jurídicas que están orientadas a la protección de la biosfera (considerando la tecnosfera) en tanto escenario que hace posible la vida”. Cualquiera de estos conceptos puede ser utilizado por los estudiantes para iniciar sus estudios en las materias indicadas.
Derecho ambiental chileno y Derecho de los Recursos Naturales chilenos.
El Derecho ambiental chileno es el “conjunto de normas jurídicas vigentes en el territorio de Chile que tienen por objeto regular el medio ambiente”.
A su vez, el Derecho de los Recursos Naturales chilenos “es el conjunto de normas jurídicas que vigentes en el territorio chileno regulan la conservación, uso y explotación de los recursos naturales”.
Se ha indicado en este texto lo que se entiende legalmente por medio ambiente y por recurso natural de modo que no se hace necesario repetir lo ya indicado.
Normas jurídicas constitucionales en materia ambiental y recursos naturales.
En el Derecho constitucional que se basa en las normas jurídicas que la Constitución Política de 1980 (reformada y actualizada 2005) se hace referencia al medio ambiente al garantizarse un medio ambiente libre de contaminación (Art. 19 número 8), al establecerse normas específicas sobre las concesiones mineras en materia de recursos naturales ( art. 19 número 23).
Deberes constitucionales del Estado en materia ambiental y recursos naturales
El Estado de Chile tiene como fin garantizar la vida y el desarrollo de las personas y la familia, por tanto, debe efectuar actividad regulatoria en este ámbito a fin de evitar que las personas puedan ejercer sus derechos a un medio ambiente libre de contaminación y puedan adquirir los recursos naturales en igualdad de condiciones con otras personas.
Restricciones “legales” a otros derechos
La Ley General de Medio Ambiente, el Código de Aguas y una serie de otros códigos y leyes especiales establecen la manera o forma en que se deben ejercer los derechos y evitar en su ejercicio se afecte al medio ambiente o a los recursos naturales. Ello no es poco dado que recursos como el agua o el aire al ser de todos y al usarlos todos terminan siendo de nadie, es decir, ninguna persona asume responsabilidad por el mal uso del recurso, la contaminación o el abuso en el uso legal del recurso. Si el lector se ha familiarizado con la economía de los recursos naturales recordará la expresión, tomada del inglés, “La tragedia de los comunes” que en una traducción apropiada podría ser la “destrucción sin razón de aquellas cosas que la naturaleza ha hecho común a todos los hombres” y que conlleva la destrucción de recursos naturales por falta de regulación jurídica y de limitación propia por quien usa el bien. El aire en Santiago, por ejemplo, no sólo se contamina por la formación del territorio donde dicho aire se usa sino por la manera o forma en que se expele anhídrido carbónico y otros gases en este valle.
Función ambiental de la propiedad
La propiedad privada posee una función tremendamente importante en el Derecho y en la economía en cuanto permite establecer la manera o forma en que un bien se explota de manera exclusiva y absoluta. Sin embargo y como lo indicaba ya el Código Civil chileno en 1855 esto no puede ser “contra derecho ajeno” es decir, contrario la derecho que otros puedan tener y que limita con el derecho de propiedad de una persona.
La propiedad por tanto cumple algunas funciones y una de ellas es la función ambiental haciendo al dueño de una cosa responsable de lo que dicha cosa pueda producir de manera perjudicial al medio ambiente. Estos conceptos de alguna manera se han plasmado en el Derecho chileno al establecer en la Constitución Política del Estado garantías constitucionales respecto de la manera en que se ejercen los derechos vis a vis la contaminación y cómo habrán de efectuarse u otorgarse las concesiones mineras.
La naturaleza jurídica de los recursos naturales renovables
El objeto de estudio de este texto no ha sido el medio ambiente sólo, sino son los recursos naturales renovables. En general y pese a discusión doctrinaria en torno a alguno de ellos (e. gr. El agua) se les clasifica como bienes muebles y por tanto las normas relativas a los mismos les son aplicables en su enajenación, adquisición y transferencia así como constitución y extinción de derechos sobre los mismos. Cuando éstos se adhieren a los bienes inmuebles pasa a serlo por el modo de adquirir accesión por adherencia. Pero en el caso de las aguas se debe prevenir que no existen en el derecho chileno normas que admitan el derecho sobre las aguas sino hoy día se contempla la posibilidad única de poder aprovechar las mismas a través de un derecho real denominado de “aprovechamiento de aguas”.
Recurso de protección en materia ambiental
Finalmente, en materia ambiental, el recurso de protección es una acción para exigir y obtener de los tribunales de justicia la garantía efectiva de los derechos en materia ambiental y de recursos naturales. Los tribunales de justicia han acogido el derecho que se posee por particulares en relación a estas materias.
Ley General de Bases del Medio Ambiente y otras normas jurídicas
Tópicos de la ley y otras leyes que regulan aspectos del medio ambiente
La Ley General de Bases del Medio Ambiente (LGBMA) fue dictada en 1994 y pretendió dar, entre otros objetivos, organicidad a la normativa ambiental chilena. Esta ley es la número 19.300 de 9 de marzo de 1994 que fuere modificada en diversas oportunidades siendo modificada por última vez la Ley 20.173 de 27 de marzo de 2007. Los tópicos regulados por esta ley son:
a.- Los instrumentos de gestión ambiental.
b.- De la responsabilidad por daño ambiental.
c.- De la fiscalización.
d.- Del fondo de protección ambiental.
e.- De la Comisión Nacional del Medio Ambiente.
Existe legislación sectorial que se deriva de la Ley como el “Reglamento de evaluación de impacto ambiental”, “Reglamento del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional y de las Comisiones Regionales del Medio Ambiente”, “Reglamento para la dictación de normas de calidad ambiental y de emisión”, Reglamento que fija el procedimiento y etapas para establecer planes de prevención y descontaminación”, “Norma de emisión d ruidos molestos generados por fuentes fijas de 1998”, “Normas de calidad primaria para material particulado respirable MP10, en especial los valores que definen situaciones de emergencia”, “Plan de Prevención y Descontaminación atmosférica para la región metropolitana”, “Aprueba norma para implementar la metodología de pronóstico de la calidad de aire para material particulado respirable MP10 en la región metropolitana”, “Reglamento para el control de la contaminación acuática”. Haremos referencia específica a su vigencia y datos de numeración cuando corresponda en este texto.
Son principios de la ley los contenidos en el artículo 1 y otros, a saber:
1.- El Derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
2.- La protección del medio ambiente.
3.- La preservación de la naturaleza.
4.- La conservación del patrimonio ambiental.
5.- La responsabilidad por daños causados al medio ambiente (que no se encuentra en el artículo primero sino en el tercero y cincuenta y uno y siguientes).
6.- Se asegura la capacidad de regeneración de los recursos naturales renovables y de la diversidad biológica asociada al usarse y aprovecharse dichos recursos (art. 41).
Las normas en materia de :
1. Educación e investigación,
2. Preservación de la naturaleza, patrimonio ambiental y recursos naturales,
3. Normas de calidad ambiental y emisión,
4. Planes de Prevención y descontaminación
5. La Biodiversidad,
6. La capa de ozono,
7. La responsabilidad ambiental.
La LGBMA ha indicado de manera sistemática algunos medios para gestionar o administrar el medio ambiente. La gestión del medio ambiente es la organización del uso, conservación y explotación del medio ambiente y puede tener varios procedimientos y medios para alcanzar estos tres objetivos.
Un primer procedimiento o forma de gestión es la educación ambiental así como la investigación ambiental. Esto se obtiene sobre la base de la incorporación dentro de los planes y programas de estudio de los diferentes niveles educacionales la formación en tópicos ambientales o en medio ambiente propiamente tal. Esto es posible tanto en la educación informal, en la educación formal pero pre-básica como en la educación formal básica, hoy día desde primer año de educación general básica. Podría incluirse en los curriculums universitarios o de formación técnica aunque no digan directa relación con la formación en medio ambiente (art. 6).
En cuanto a la investigación en materia ambiental y su financiamiento se entrega a la Ley de Presupuestos de la Nación el deber de incorporar, si lo estima necesario, partidas que consideren el financiamiento de investigaciones ambientales (art. 7).
Otro medio a través del cual se gestiona el medio ambiente es la Evaluación del Impacto Ambiental a la que se le considera un Sistema. Esta denominación no es un detalle ya que hace patente el deber de considerar la evaluación como un todo, de manera holística. Se establece el permiso para efectuar cualquier actividad, como regla general. Sólo ciertas actividades incluidas en el número diez de la Ley no pueden desarrollarse sin cumplir con una evaluación previa. No olvidar que la evaluación de impacto ambiental es ex ante y no posterior (art.8).
Otra forma en que se gestiona al medio ambiente en Chile es la participación de la comunidad en la evaluación de un proyecto a efectuarse en el medio ambiente o evaluación del impacto ambiental (arts. 26 a 31).
Existe otro medio para la gestión ambiental, las normas de calidad ambiental, de preservación de la naturaleza y de conservación del patrimonio ambiental. Las normas primarias de calidad ambiental son aplicables a todo el territorio nacional y determinan cuando se enfrenta una emergencia ambiental o no y así también un decreto supremo establecerá las normas secundarias de calidad ambiental (art. 32). Existe un “Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas” con parques y reservas marinas y áreas silvestres de propiedad privada con el objeto de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental. Se incluyen las porciones de mar, terrenos de playa, playas de mar, lagos, lagunas, embalses, cursos de agua, pantanos y otros humedales situados dentro de su perímetro (arts. 34, 35 y 36). Se confeccionará un reglamento para clasificar las especies de flora y fauna silvestre sobre la base de antecedentes científico-técnicos, según estado de conservación de acuerdo a las categorías indicadas en el artículo 37 y se debe mantener por los organismos competentes del Estado un inventario de especies de flora y fauna silvestre así como se protege el uso del suelo indicando que debe efectuarse de manera racional a fin de evitar su pérdida y degradación, todo bajo el rótulo indicado al inicio de este párrafo (arts. 37, 38 y 39).
Del mismo modo existen normas de emisión que se establecerán por medio de decreto supremo (art. 40) y es la Comisión Nacional de Medio Ambiente la encargada de proponer, facilitar y coordinar la dictación de normas de emisión (art. 40).
Dentro de la gestión ambiental existen planes de manejo, prevención o descontaminación en el párrafo sexto del título II de la LGBMA. Otra forma de gestionar los planes de manejo, prevención o descontaminación donde se establece que el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables asegurando su capacidad de regeneración y la diversidad biológica asociada a ellos (art. 41). Los planes de manejo incluirán las siguientes consideraciones ambientales, la mantención de caudales de aguas y conservación de suelos, del valor paisajístico, protección de especies en peligro de extinción, vulnerables, rara o insuficientemente conocida y deben ser exigidas por el organismo encargado por la ley de regular el uso o aprovechamiento de los recursos naturales (art. 42).
Se establece un procedimiento para la declaración de zona del territorio saturada o latente y los planes de prevención o descontaminación conjuntamente con lo que debe contener y las prevenciones de lo que se puede o no efectuar en zonas en que se esté aplicando un plan de prevención o descontaminación. Estos planes utilizan una serie de instrumentos de regulación de carácter económico como normas de emisión (transables), impuestos a las emisiones o tarifas a los usuarios y otros instrumentos de estimulo a acciones y ello no debe ser olvidado. De ello se deduce que nuestra normativa ambiental de manera específica los instrumentos para fomentar la descontaminación. Se incluyen los permisos de emisión transable para fomentar la disminución y regulación de las posibles maneras de regular la contaminación por medio del mercado (arts. 41 a 48).
Existe la posibilidad de reclamar de estas normas primarias y secundarias desde que se publique el decreto en el Diario Oficial por cualquier persona cuando no se ajusten a la ley y a la cual le causen perjuicio, es decir, se deben cumplir copulativamente los requisitos indicados para poder ejercer la acción ante el juez que se indica en el artículo 60 de la LGBMA (arts. 49 y 50).
El título tercero de la LGBMA establece la responsabilidad por daño ambiental donde se indica que todo aquel que dolosa o culposamente cause daño al medio ambiente responderá del mismo. Con ello se establece y ratifica lo indicado en el artículo 3 de la ley y se viene a ratificar el sistema de responsabilidad por actos dolosos (con intención) o culposos (sin intención pero con falta de acuciosidad) que el Código Civil ha establecido en nuestro Derecho. La obligación nacida del ilícito se basa en la existencia de un elemento subjetivo, sea el dolo o la culpa. Por tanto se requiere la prueba de dicho elemento. La infracción de las normas referidas más atrás trae como consecuencia la presunción de responsabilidad del autor del daño ambiental pero se debe distinguir:
Si no hubo relación causa a efecto entre la infracción y el daño producido tan sólo habrá una sanción establecida por la ley. Si hubo la relación referida se debe indemnización.
También se concede una segunda acción para poder obtener la reparación del medio ambiente dañado. Son titulares de esta segunda acción las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas que el daño o perjuicio, las municipalidades y el Estado pudiendo intervenir como tercero cuando hubiere sido interpuesta por uno de los indicados con anterioridad a otro. Se entiende que posee interés actual en los resultados del juicio a fin de poder actuar como terceros. Se puede impetrar a la municipalidad correspondiente el ejercicio de esta acción (arts 53. 54 y 55).
Todas estas normas imponen deberes, establecen derecho y obligaciones, no son normas jurídicas sin esas características y su incumplimiento acarrea sanciones.
La regulación jurídica en la LGBMA y algunas normas sectoriales de los:
Los recursos naturales en la LGBMA se regulan en los artículos 2, 11, 41 donde se habla de los recursos naturales renovables y que confunde con la diversidad biológica ya que la misma es parte integrante de los recursos naturales renovables.
Las normas de calidad ambiental se regulan, según lo indicado en los artículos 32 y 33 de la LGBMA y el Decreto Supremo 93 de Diario Oficial de 28 de octubre de 1995.
Contenido en los artículos 41 a 48 de la LGBMA y el Decreto Supremo 94 de Diario Oficial de 26 de octubre de 1995.
Artículos 2, 11, 41 y 34 a 39 de la LGBMA.
No existen normas específicas en esta materia en la LGBMA pero en Chile se encuentra vigente la Convención sobre el Cambio Climático y posee plena aplicación.
Recursos naturales pesqueros
Tampoco existe una referencia específica sobre esta materia sin perjuicio de establecerse un principio general de protección a los recursos naturales renovables y los límites a la explotación de los mismos
De acuerdo a lo indicado las normas de Responsabilidad ambiental se encuentran en los artículos 51 a 58 de la LGBMA.
Se regulan en los artículos 49 y 50 de la LGBMA.
Procedimiento por responsabilidad daño ambiental
Además de las normas indicadas anteriormente corresponde indicar las normas de los artículos 60 a 63.
Procedimiento de reparación del daño ambiental
Los mismos artículos ya indicados.
“Procedimiento a cargo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente o de la Comisión Regional respectiva, en su caso, que, en base a un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, determina si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes” (letra “j”, artículo 2 de la Ley 19.300 de 9.3.94).
1.Obligatoriedad. Dada las circunstancias establecidas por la ley, debe llevarse adelante el procedimiento.
2.El procedimiento se contiene en el DS. 95 de 7.12.2002 que refunde en el artículo2 el Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental.
3.Es complementario a las normas sobre medio ambiente y recursos naturales como el agua, la luz, la minería, la hidroelectricidad, los recursos genéticos y biológicos, etc.
4.Existen definiciones como las contenidas en el artículo 2 del Reglamento.
A) Discusión
1.- Causales y requisitos (arts. 3 al 13).
2.- Presentación de Estudios y Declaraciones de Impacto Ambiental (arts. 5 y ss.).
•	-Estudios de Impacto Ambiental (arts. 12 y 13).
•	-Declaración de Impacto Ambiental (arts. 14 y 15).
2.1.- Seguro por daño ambiental (arts. 107 y ss).
2.2.- Autorización provisoria (arts. 113 ss).
B) Prueba
3.- Documentación que se acompaña (art. 47).
4.- Participación de la comunidad (arts. 49 y ss.).
5.- Evaluación del Impacto Ambiental (arts. 17 y ss.).
5.1.- Permisos ambientales sectoriales (arts. 65 y ss.).
6.- Planes o medidas de mitigación (arts. 57 ss.)
1.- Reclamación contra la resolución que niega lugar a la declaración de impacto ambiental (arts. 42 ss).
2.- Reclamación de los ciudadanos frente a la falta de ponderación debida de las observaciones (art. 45).
Fiscalización (art. 64).
La fiscalización de las normas o condiciones que fueron aceptadas en los Estudios de Impacto Ambiental o en las Declaraciones de Impacto Ambiental es parte de las obligaciones de los organismos del Estado que participan del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
Existe un Fondo de Protección Ambiental cuyo objeto es obtener que se puedan efectuar las respectivas inversiones y gastos con el objeto investigar si se efectúa en relación a las materias abordadas en la LGBMA.
Sistema de ciencia y tecnología, medio ambiente y recursos naturales
La legislación de ciencia y tecnología en Chile: La Constitución Política de Chile “Libertad de investigación científica y tecnológica sobre los recursos naturales”.
La ciencia y la tecnología en Chile contienen una serie de normas jurídicas que no tienen una organicidad o al menos no aparece a primera vista. La Constitución Política del estado no indica de manera puntual la protección de estos conceptos sino que protege algunos aspectos relacionados con esta materia. Así podemos mencionar el artículo 19 números 23 y 24 donde se protege a la propiedad privada y la propiedad de los productos del pensamiento con lo cual aparece que aquellos derechos que se poseen sobre los productos del espíritu no efectúan una ordenación de la tecnología y de la ciencia. Otras normas del artículo 19 protegen jurídicamente otros aspectos de los derechos de los investigadores y de las entidades investigadoras pero no existe un tratamiento orgánico de la ciencia y de la tecnología en este cuerpo legal fundamental.
Ciencia es “todo cuerpo de ideas que “puede caracterizarse como conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible””.
La tecnología, se la conceptualiza como la aplicación del conocimiento científico, es decir, tiene por objeto a la solución de problemas prácticos.
La ciencia podría estar representada por el concepto de energía que fuera desarrollado por Albert Einstein y la tecnología por la aplicación de dicho concepto desde la fisión para el calentamiento y consumo de nuestra comida hasta para el uso de la energía atómica.
La propiedad industrial es una de las formas de proteger las creaciones Intelectuales. Busca proteger las creaciones nuevas, con aplicación industrial y que reúnen otra serie de requisitos que se denominan aptitud inventiva. Todos ellos vienen a proteger la actividad de las personas cuando en materia de recursos naturales se utilizan los mismos para generar nuevos productos de aplicación industrial.
Uno de los temas que posee mayor trascendencia en el mundo hoy día es la administración de la innovación, el cambio y las ideas que generadas a partir de los mismos poseen una especial aplicación.
Esta especial aplicación permite a una empresa, una firma de publicidad o una empresa de servicios ver protegida algunas de sus características distintivas como alguna invención, un aviso publicitario o algún distintivo.
La nueva ley de propiedad industrial dictada en Chile en 2005 protege estas y otras características y con ello nuestro país viene a alcanzar estandares mínimos de protección de la propiedad industrial a nivel internacional.
La Organización Mundial del Comercio tuvo su inicio el primero de enero de 1995 luego de una década de negociaciones bajo lo que se denominó la Ronda Uruguay por haberse iniciado la discusión de la protección y la disminución de aranceles en la ciudad de Montevideo en Uruguay.
Este largo proceso negociador tuvo uno de sus principales hitos en el ámbito de la propiedad intelectual e industrial. Allí se negoció el “Acuerdo de Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados al Comercio” (TRIPs en inglés).
En este Acuerdo, uno de los anexos de esta verdadera “constitución internacional del comercio, la inversión y la regulación antimonopolios” (entre otros), es la regulación internacional que establece los lineamientos básicos del comercio internacional y la regulación nacional así como la administración de la propiedad intelectual e industrial. Los países que son parte de la Organización Mundial del Comercio, y la mayoría lo son para obtener créditos del Fondo Monetario Internacional, requieren implementar en el derecho nacional y en la práctica nacional las normas contempladas en TRIPs.
TRIPs se encuentra vigente para Chile desde 1996 y en 2005, gracias a una ley se incluyeron una serie de normas relativas a éste tema y modificó gran parte de la normativa que se contemplaba acerca de la propiedad industrial en una ley que databa de 1991, nuestro país cumple los estándares internacionales mínimos, y más que ello, en materia de propiedad industrial.
Ciertamente contemplaba una serie de normas que en su tiempo fueron de avanzada pero producto de obligaciones internacionales asumidas por el Estado de Chile se requería efectuar una serie de modificaciones a la normativa vigente.
En 2003 nuestro país concluyó la negociación de un tratado comercial con los Estados Unidos que viene a regular y sistematizar una serie de aspectos comerciales de tremenda importancia para nuestro país. A cambio de ello los Estados Unidos establecieron una serie de condiciones entre las cuales se obligaba nuestro país a regular las materias relativas a la propiedad intelectual.
Estas obligaciones asumidas por el Estado de Chile venían a establecer ciertos requisitos mínimos a fin de regular de manera más pormenorizada una serie de derechos de la propiedad industrial así como áreas relativas a las normas de libre competencia que ciertamente se encontraban incorporadas en la normativa jurídica nacional.
Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea
En 2002 se concluyó un acuerdo con la Unión Europea sobre aspectos económicos y otros. Entre los aspectos comerciales se discutieron y acordaron una serie de normas relativas al tema de la propiedad intelectual e industrial. El artículo 32 establece que las partes acuerdan cooperar en estas materias incluyendo asesoría legislativa, asesorías acerca de la manera de organizar las infraestructura administrativa, la formación en el ámbito de las técnicas de administración y gestión de estos derechos, formación de funcionarios de aduanas y de policía así como jueces para hacer efectivos estos derechos y actividades de sensibilización en el sector privado y la sociedad civil.
Cuando se habla de propiedad intelectual incluye lo que en Chile se conoce como propiedad industrial.
A su vez se complementa este acuerdo con el artículo 168 al establecerse por las partes la protección adecuada y efectiva de los derechos de propiedad intelectual en acuerdo con las más altas normas internacionales.
En un breve vistazo a la ley 19.039 modificada por la ley 19.996 podemos ver que existen una serie de nuevos derecho no contemplados en la primera y además una serie de nuevos procedimientos así como una pormenorización de propiedad industrial protegida por esta nueva ley.
Además, excepciones que se contemplaban en TRIPs se han incorporado en la ley y permiten con ello el desarrollo de la industria nacional así como el desarrollo de la tecnología, de la innovación y de nuevas áreas comerciales no contempladas en nuestro ordenamiento jurídico y que la práctica comercial requería de protección.
Una economía de libre mercado con acento social no puede dejar de proteger la industria nacional cuando ella compite con el exterior. Ciertamente ello no es proteccionismo sino buscar la posibilidad que se proteja aquello cuyo origen es chileno y que posee importancia fundamental en una sociedad del conocimiento, de la inventiva cuyo norte es el desarrollo sustentable.
¿Está nuestro país cumpliendo con las obligaciones asumidas en tratados internacionales vigentes en Chile? En principio la respuesta es afirmativa.
Sin embargo, ello no nos puede llevar a pensar que los derechos de propiedad industrial en Chile se encuentran totalmente protegidos. Es necesario considerar que resulta fundamental proteger derechos de propiedad industrial que no necesariamente se ven relacionados con el comercio, aunque ello parezca paradójico. Es el caso de los derechos relacionados al denominado “conocimiento tradicional” que en su momento dio ventajas comparativas a países como India y que luego tales conocimientos al ser traspasados producto de la colonización, dieron monopolios internacionales a países como Inglaterra.
Del mismo modo cabe preguntarse por la protección de las innovaciones que se efectúan en la industria nacional y que de no ser protegida sea por la propiedad industrial o por la propiedad intelectual podrían ser utilizadas sin pago alguno al innovador. Podría establecerse un registro propio de cada empresa foliado y sellado para que al menos existiera una fecha cierta de la innovación en procesos o productos.
En otro ámbito, cabe preguntarse por las tecnologías, innovaciones y descubrimientos universitarios. ¿Estamos fomentando la ciencia aplicada, la tecnología, el emprendimiento o tan sólo hablamos de ello como un recurso retórico? Hace una década leí en una entrevista a un profesor del Instituto Tecnológica de Massaschussets (M.I.T. en inglés) que allí se discutía seriamente la incongruencia de contar con investigadores galardonados con el Premio Nobel por cuanto ello implicaba demasiada atención en la investigación básica en desmedro de la investigación avanzada. Sin embargo, hoy en Europa se observa una discusión centrada en la investigación básica como base de la investigación aplicada. ¿La pregunta que nos debe mover a reflexión es en qué medida queremos ciencias básicas y ciencias aplicadas, descubrimientos e invenciones? La protección jurídica y, más importante aún, la administración de unos u otros es diferente dependiendo de las necesidades de cada país. Invenciones mueven la industria de un país y la economía de una nación pero los descubrimientos son la base de las invenciones y las que de alguna manera han movido al mundo. De allí que discutir el tema y determinar sus alcances no sea un ejercicio sin sentido sino base de un desarrollo sostenido para nuestro país.
La Ley 17.773 modificada ha establecido el Derecho de los autores sobre sus Creaciones producto del arte y no necesariamente a través de la ciencia. Esta es una segunda norma importante pero que no tiene una importancia directa en esta materia.
Tratados internacionales aplicables a la ciencia y la tecnología
En materia de tratados internacionales existen una serie de convenciones internacionales que de laguna manera regulan aspectos de la investigación científica y de la ciencia.
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ampara una serie de tratados de los cuales nuestro país y muchos otros países son parte en los que se protegen aspectos de la propiedad intelectual. Estos aspectos, el derecho que posee el autor de una obra artística o literaria (los textos de estudios, de investigación y los informes finales de una investigación científica o técnica) son protegidos por dichos tratados, muchos vigentes en Chile y que se han plasmado en la protección que entrega la Ley 17.773 brevemente referida en el apartado anterior.
Asimismo los derechos de reproducción de las obras indicadas en el párrafo anterior se encuentran especificados en estos tratados. También se puede encontrar a la Unión Internacional de Productores de Criadores de Plantas (UPOV) que con diferentes tratados en donde se integran, en los más nuevos, las nuevas maneras o formas en que se crían plantas, animales e inclusive microorganismos vegetales para producir nuevas especies a través de la biotecnología tradicional o contemporánea. Este organismo ha generado el denominado derecho de los obtentores (criadores en una traducción literal) vegetales sobre estos nuevos productos agrícolas y se le denomina “plant breeders rights”. Hay una serie de tratados desde la década de los sesenta que han incorporado estos derechos. Finalmente la normativa de la ciencia y tecnología se ve complementada por otras normas jurídicas como es el caso de Organización Mundial del Comercio. Esta organización se relaciona al comercio internacional, la regula y resuelve conflictos internacionales. En lo que respecta a la propiedad intelectual, cuando la ciencia y la tecnología tienen por objeto el comercio, se regula por las normas del Acuerdo sobre la Propiedad Intelectual para el Comercio o ADPIC (TRIPs en inglés).
Las normas relativas a la ciencia y tecnología en la investigación de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
La Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica ha desarrollado durante los últimos cuarenta años la misión de promover y facilitar la investigación en Chile. A fin de alcanzar lo anterior se ha desarrollado una serie de programas que han sido complementados con la obligación de patentar los resultados de la investigación misma.
El financiamiento: Sistema Nacional de Inversión Extranjera, CORFO, FONDECYT
La investigación nacional sea pública o privada requiere contar con financiamiento. En el apartado anterior se analizó brevemente la manera en que el financiamiento público auxilia a al investigación pública universitaria. Sin embargo es posible obtener de parte del Sistem Nacional de Inversión Extranjera dinero a través de empresas extranjeras que deseen invertir e ciencia o tecnología en Chile. Esto requiere un proyecto que debe ser presentado al Comité Nacional de Inversión Extranjera y que tiene como característica que debe ser aprobado por la misma. Allí se debe incluir la posibilidad de una alianza comercial con empresas e inclusive universidades chilenas ya constituidas o constituir dichas empresas o universidades en Chile a fin de desarrollar ciencia y tecnología en el país.
Otra fuente de financiamiento es la Corporación de Fomento de la Producción que efectúa prestamos y acepta proyectos en los cuales se establezcan procedimientos para desarrollar investigaciones científica y de tecnología en Chile.
Finalmente el Fondo de Ciencia y Tecnología de Chile es una ayuda para efectuar investigación en las áreas de ciencia y tecnología dependiendo de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología.
En el breve repaso que nos ocupa debo indicar que las empresas privadas y los organismos o entidades gremiales han desarrollado una serie de trabajos relacionados con investigación en ciencia y tecnología.
Normativa internacional y financiamiento: Convención Cambio Climático, Protocolo de Montreal, Protocolo de Kyoto, Convención sobre Diversidad Biológica.
Las Naciones Unidas que han amparado a las diferentes convenciones indicadas en el título de este apartado han desarrollado diferentes mecanismos de financiamiento de investigaciones en las áreas que tratan este punto. Dicho financiamiento principalmente tiene por objeto determinar el grado de destrucción de los ecosistemas terrestres y determinar las maneras o formas de mitigar dicha destrucción.
Derecho civil: El tratamiento del Código civil chileno a los recursos naturales.
El Código Civil chileno regula el tema de los recursos naturales a propósito del tema del derecho de dominio (artículos 582 y siguientes), los bienes nacionales (artículos 589 y siguientes), de la ocupación (artículo 606 y siguientes) y de la accesión (artículos 644 y siguientes) y la tradición así como la prescripción adquisitiva.
El Dominio o Derecho real de dominio es el que tiene una persona para gozar y disponer de dicha cosa arbitrariamente no siendo contra la ley o derecho ajeno. Este derecho ampara a las personas en la adquisición de bienes y los recursos naturales renovables tienen esas características, son bienes. Por tanto, en principio las personas podrían hacerse dueñas de los recursos naturales renovables sin restricción alguna.
Sin embargo, el Código Civil, al tratar de los bienes naturales pueden ser entre otros, bienes nacionales. Los recursos naturales renovables son, en general, posibles de ser adquirido su dominio. No así los recursos naturales no renovables como lo indica, en el segundo punto, el artículo 591 del Código Civil.
La ocupación es un modo de adquirir los bienes, establecida por la ley y que puede permitir la adquisición de recursos naturales renovables. Conforme al artículo 606 del Código Civil se adquiere por la ocupación “las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no está prohibida por las leyes chilenas o por el Derecho Internacional”. Esta es la fórmula de como se adquieren los animales bravíos (artículo 608 del Código Civil) y el hallazgo es la manera en que se adquieren las cosas inanimadas (artículo 624).
La accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que ella produce o de los que se junta a ella. Esto lleva a que una persona dueña de recursos naturales renovables, animales por ejemplo, pueda adquirir los frutos que dicho bien o recurso natural renovable pueda producir.
También la tradición que es la entrega que el dueño de una cosa hace de ellas a otro, “habiendo, por una parte facultad e intención de transferir el domino y por la otra capacidad e intención de adquirirlo” (artículo 670) es otro modo de adquirir bienes muebles o recursos naturales renovables.
Finalmente, la prescripción adquisitiva puede ser otro medio de adquirir recursos naturales renovables. El artículo 2498 del Código Civil indica que se “gana por prescripción el dominio de los bienes corporales raíces o muebles, que están en el comercio humano, y se han poseído con las condiciones legales”. Generalmente, como se ha indicado, los bienes muebles es la naturaleza jurídica de los recursos naturales renovables.
No ahondaremos aquí en todas las posibilidades de adquirir recursos naturales renovables y lo relativo al tema del medio ambiente en el ámbito de dichos recursos porque podríamos abarcar materias que no son objeto de este curso. Debemos hacer el alcance que como se estudiara en el curso no todos los recursos naturales renovables se adquieren por estos medios ya que el legislador ha preferido declarar otras formas de adquisición de derechos sobre recursos naturales renovables.
El tratamiento de la calidad del aire en Chile, normativa reglamentaria.
Reglamento que establece norma de calidad primaria para material particulado respirable MP10 establecido por Decreto Supremo 59 publicado en el Diario Oficial de 25 de mayo de 1998,
Reglamento que establece un plan de prevención y descontaminación atmosférica para la Región Metropolitana publicado en el Diario Oficial de de junio de 1998
La Resolución 10047 que aprueba nueva forma para implementar la metodología de pronóstico de calidad de aire para material particulado respirable MP10 en la Región Metropolitana publicada en el Diario Oficial de 11 de mayo de 2000.
Estos reglamentos tienen por objeto obtener un aire de calidad para las personas que viven en el territorio nacional o en una parte del mismo. Se indican una serie de definiciones en donde se incluyen aspectos fundamentales en materia de material particulado respirable MP 10, la concentración y otros aspectos , las estaciones de monitoreo y otras definiciones relevantes así como una serie de otras aspectos significativos en cuanto al cálculo de las materias relacionadas al grado de concentración de partículas.
Tratamiento de las normas de calidad ambiental y de emisión
Reglamento para la dictación de normas de calidad ambiental y de emisión, decreto supremos 93 publicado en el diario Oficial de 26 de octubre de 1995.
Reglamento que fija el procedimiento y etapas para el establecimiento de planes de prevención y descontaminación decreto supremo 94 publicado en el Diario Oficial de 26 de octubre de 1995.
El objetivo del reglamento contenido en el Decreto Supremo 93 es el determinar la forma o manera (el procedimiento) para la dictación de normas de calidad ambiental primaria y secundaria y el procedimiento y los criterios para la revisión de dichas normas. Se indica al artículo 32 de la LGBMA como relacionado a este punto. Según el artículo 2 las normas primarias sobre calidad ambiental son las que establecen los valores de las concentraciones y los periodos permisibles en un máximo y un mínimo permisibles de ciertos elementos, compuestos, sustancias, derivados químicos o biológicos, energías, radiaciones, vibraciones, ruidos o las combinaciones de ellos cuya presencia o carencia en el ambiente pueda constituir un riesgo para la vida o salud de la población. Esta norma regula por tanto, aspectos relacionados a los seres humanos. Por otra parte las normas secundarias de calidad ambiental establecen los valores de las concentraciones y perdidos máximos y mínimos permisibles de sustancias y de los demás elementos indicados pero difieren en el objeto, se refieren al riesgo para la protección, conservación del medio ambiente o la preservación de la naturaleza. Hay un periodo de estudio científico que es precedida por una resolución dictada y publicada en el Diario Oficial y con un periodo de 150 días donde además del estudio científico se efectúa un análisis técnico y económico, la consulta a organismos competentes públicos y privados, análisis de observaciones formuladas.
El tratamiento de la flora y fauna en Chile, como recurso, legislación de pesca y caza y reglamentación de Parques nacionales. La flora y la fauna se regulan en Chile por diferentes normas jurídicas. La pesca y acuicultura se regula por la ley 18.892 de 1989 que ha sufrido innumerables modificaciones y que ha sido refundido, concordado y sistematizado por el Decreto número 430 de Economía de 23 de septiembre de 1991 publicado en el Diario Oficial de 21 de enero de 1992.
La Pesca y Caza se regula por la ley 19.473 publicada en el Diario Oficial de 27 de septiembre de 1996.
También se debe considerar el Decreto con Fuerza de Ley N 340 de 5 abril de 1960 sobre Concesiones Marítimas publicado en el Diario Oficial de 6 de abril de 1960.
Reglamento de concesiones marítimas, decreto número 2 del Ministerio de Defensa Nacional publicado en el Diario Oficial de 20 de abril de 2006.
El tratamiento de la pesca en Chile, normativa legal y reglamentaria.
La pesca y acuicultura se regula por la ley 18.892 de 1989 que ha sufrido innumerables modificaciones y que ha sido refundido, concordado y sistematizado por el Decreto número 430 de Economía de 23 de septiembre de 1991 publicado en el Diario Oficial de 21 de enero de 1992.
El tratamiento de las aguas en Chile
Código de Aguas de 1981, Decreto con Fuerza de Ley 1.122 y cuyo texto oficial se aprobó por el Decreto 1302 de 8 de octubre de 1990 modificado por las leyes que se consignan. Reforma al Código de Aguas Ley 20.017 publicado en el Diario Oficial de 16 de junio de 2005 y la aclaratoria Ley 20.099 publicado en el Diario Oficial de 15 de mayo de 2006.
La Ley 11.402 sobre defensa a las riberas de los cauces de ríos, lagunas y esteros publicada en el Diario Oficial de 16 de diciembre de 1953.
Reglamento del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental contenido en el Decreto Supremo 95 publicado en el Diario Oficial de 7 de diciembre de 2002.
El Reglamento para el control de la contaminación acuática Decreto Supremo 1 publicado en el Diario Oficial de 18 de noviembre de 1992.
Las aguas en Chile se regulan en cuanto al área terrestre principalmente por el Código de Aguas, siempre que sean superficiales, por el Reglamento de Impacto Ambiental, si son aguas subterráneas así como áreas cercanas a esteros y por el decreto supremo 1 si son marítimas en cuanto a lo que se refiere a la contaminación acuática. Se adquieren los peces por ocupación cuando son bravíos y los que se encuentran en jaulas u otros recipientes y permanecen bajo custodia cabe la adquisición por cualquiera de los otros modos de adquirir el dominio posibles de ser aplicado. Hay que indicar que en materia de explotación de áreas marítimas se requiere que se conceda un derecho de explotación donde no se puede obtener el dominio de un área marítima o adyacente al mar dado que existe la norma jurídica que declara dichas áreas como bienes nacionales.
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References: artículo 19
 artículo 19
 artículo 1438
 artículo 1
 artículo 37
 artículo 60
 artículo 3
 artículo 2
 artículo2
 artículo 2
 resolución 
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 32
 artículo 168
 artículo 591
 artículo 606
 artículo 2498
 Resolución 
 artículo 32
 artículo 2
 resolución