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Timestamp: 2019-04-26 04:35:54+00:00

Document:
STC 18/1987, 16 de Febrero de 1987 - Jurisprudencia - VLEX 15033606
STC 18/1987, 16 de Febrero de 1987
Fecha de Resolución: 16 de Febrero de 1987
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 980/1985
1. El nombramiento de un empleado de la Caja Postal de Ahorros por el Presidente de su Consejo de Administración constituye una actuación que se enmarca dentro de una relación de carácter público, en cuanto afecta a sujetos sometidos a un estatuto de tal carácter, y que quedan expresamente excluidos, en el régimen de personal de la misma, de la aplicación a su relación de servicios, de la legislación laboral. 2. No corresponde al Tribunal Constitucional entrar a apreciar si las actuaciones administrativas que se impugnan, o las disposiciones en que se fundan se adecuan a la legalidad, en tanto no se haga residir precisamente la vulneración alegada en el apartamiento de aquélla; en otro caso, compete a la jurisdicción contencioso-administrativa, y no al Tribunal Constitucional, la depuración del actuar administrativo desde la perspectiva del respeto a la Ley. 3. Según ha señalado repetidamente este Tribunal, no lesiona el derecho contenido en el art. 23.2 C.E. la exigencia de distintos requisitos o condiciones que los ciudadanos deban reunir para aspirar a los distintos cargos o funciones, ya que lo que el mencionado artículo viene a prohibir es que las reglas de procedimiento para el acceso a los cargos y funciones públicos se establezcan, no mediante términos generales y abstractos, sino mediante referencias individuales y concretas.
Sentencia citada en: 461 sentencias, 19 artículos doctrinales, un tema práctico, 11 resoluciones administrativas
En el recurso de amparo núm. 980/85, promovido por don Aquilino F. S., representado por el Procurador de los Tribunales don Ignacio A. F., contra la resolución de 27 de noviembre de 1984 del Director General de Correos y Telecomunicaciones, Presidente del Consejo de Administración de la Caja Postal de Ahorros, y contra la Sentencia núm. 160 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Cáceres, de 15 de octubre de 1985. Ha comparecido el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente el Magistrado don Luis L. G., quien expresa el parecer de la Sala.
1. Don Ignacio A. F., Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Aquilino F. S., promueve, con fecha 7 de noviembre de 1985, recurso de amparo constitucional contra la resolución del Director General de Correos y Telecomunicaciones, Presidente del Consejo de Administración de la Caja Postal de Ahorros, de 27 de noviembre de 1984, que nombra Jefe de Operaciones de la Delegación Provincial de la Caja Postal de Ahorros de Cáceres a don Rufino R. R., y contra la Sentencia núm. 160 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Cáceres de fecha 15 de octubre de 1985, relativa al mismo nombramiento por violación del principio de igualdad ante la Ley, reconocido en el art. 14 de la Constitución Española.
4. Por todo ello suplica se otorgue el amparo solicitado y, con revocación de la Sentencia de la Audiencia Territorial, se proceda a declarar nula de pleno Derecho la resolución del Presidente del Consejo de Administración de la Caja Postal de Ahorros de 7 de noviembre de 1984, que nombra a don Rufino R. R. J. O. . D. C., así como que se proceda también a declarar la nulidad de la norma 9.ª de la Circular del Presidente del Consejo de Administración de la Caja Postal de 10 de septiembre de 1984, por violar el art. 14 de la C.E.
5. La Sección Segunda de este Tribunal, por providencia de 27 de noviembre de 1985, acordó conceder al recurrente un plazo de diez días para subsanar el defecto procesal consistente en no acompañar a la demanda la copia, traslado o certificación de las resoluciones recaídas en el procedimiento administrativo y, en concreto, de la resolución de 27 de noviembre de 1984 y de la que resuelve el recurso de reposición interpuesto contra ella, de acuerdo con lo establecido en el art. 49.2 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). El día 18 del mismo mes la Sección acordó conceder nuevo plazo de diez días para completar la documentación aportada, lo que llevó a cabo el recurrente el 31 de diciembre de 1985. En providencia de 29 de enero de 1986, la Sección acordó admitir a trámite la demanda de amparo, así como requerir atentamente a la Jefatura Provincial de Comunicaciones de Cáceres y a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Cáceres para que, en el plazo de diez días, remitieran las actuaciones originales relativas a las decisiones impugnadas, o testimonio de ellas; acordó igualmente que por la citada autoridad judicial se emplazase a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a fin de que pudieran personarse en el proceso constitucional. Recibidas las actuaciones, la Sección acordó dar vista de las mismas al recurrente, Ministerio Fiscal y Letrado del Estado, a fin de que, dentro del plazo de veinte días, formulasen las alegaciones que estimaran pertinentes.
6. El recurrente, en escrito de 21 de abril de 1986, hace constar que no se ha aportado por la Jefatura Provincial de Comunicaciones de Cáceres el expediente solicitado por la Sala, por lo que se suplica a la misma recabe, si lo estima oportuno, el expediente por el que se nombró a don Rufino R. R. J. O. . D. P. . C. P. A. C.. Manifiesta, asimismo, que no estima necesario formular nuevas alegaciones.
Por lo que afecta al derecho a acceder a un cometido público, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el art. 23 de la C.E., que se refiere a los cargos públicos de representación política; y el art. 103.3 de la misma Norma , que regula específicamente el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, que únicamente puede predicarse de las funciones públicas propiamente dichas, esto es, en las que se presupone una forma de ejercicio de un poder de imperio y no en los casos de funciones desarrolladas como consecuencia de una iniciativa pública en actividades económicas privadas. Bajo esta hipótesis, la problemática de este recurso se centraría, no en una cuestión de acceso a la función pública (puesto que esta expresión no conviene a las funciones de la Caja de Ahorros), sino en una cuestión estatutaria del personal de Correos, cuestión ésta de índole evidentemente infraconstitucional. También ha de tenerse en cuenta, a este respecto, lo dispuesto en el art. 14 de la C.E., pero el recurrente no aduce ninguna razón de fondo que permita apreciar las razones de mérito o capacidad que pudieran haber concurrido para su designación preferente. Realmente, continúa el Letrado del Estado, el procedimiento adquiere un relieve secundario cuando las posibilidades de elección no se encuentran limitadas a unas normas o criterios prefijados y, sobre todo, cuando la queja no denuncia siquiera haber quedado infringidos. La posible comisión de irregularidades de signo formal, sin elementos de juicio que permitan vislumbrar una lesión sustantiva no son bastantes para entender ocurrida una lesión del derecho de igualdad invocado como lesionado.
1. A efectos de resolver sobre la demanda de amparo presentada por don Aquilino F. S., resulta necesario, primeramente, precisar los términos en que se plantea, y sobre los que ha de pronunciarse este Tribunal. Y, a este respecto, ha de señalarse que, si bien el recurrente dirige su impugnación contra dos resoluciones administrativas, esto es, la resolución de 7 de noviembre de 1984 del Presidente del Consejo de Administración de la Caja Postal de Ahorros por la que se nombra al Jefe de Operaciones de dicha Caja en la Delegación de Cáceres, y, en segundo lugar, la norma 9.ª, de la Circular de 10 de septiembre de 1984, el pronunciamiento de este Tribunal ha de limitarse en principio a la primera de ellas, puesto que la citada norma 9.ª como pone expresamente de relieve el Letrado del Estado, no ha sido objeto de impugnación por el recurrente en la vía judicial procedente; por lo que, de acuerdo con lo previsto en el art. 43 de la LOTC, no puede configurarse como objeto autónomo por sí mismo, del presente recurso de amparo, sin perjuicio de que este Tribunal pueda pronunciarse sobre ella si así lo exigiera el objeto principal del recurso.
3. Como este Tribunal ya ha indicado (así Sentencia 50/1986, de 23 de abril, fundamento jurídico 2.°), la tarea que ha de llevar a cabo con ocasión de un recurso de amparo incluido en las previsiones del art. 43 de la LOTC se reduce a apreciar si se ha producido o no la lesión de derechos fundamentales que se aduce, para, si así fuera, restablecerlos o preservarlos. No le corresponde, en consecuencia, entrar a apreciar si las actuaciones administrativas que se impugnan, o las disposiciones en que se fundan, se adecuan a la legalidad, en tanto no se haga residir precisamente la vulneración alegada en el apartamiento de aquélla. En otro caso, compete a la jurisdicción contencioso-administrativa, y no al Tribunal Constitucional, la depuración del actuar administrativo desde la perspectiva del respeto a la Ley. En el presente recurso, el solicitante del amparo efectúa diversas consideraciones sobre la educación a la legalidad vigente de la resolución que impugna, y de la norma 9.ª de la Circular de 7 de septiembre de 1984 en que halla cobertura; pero tales cuestiones ya han sido resueltas, en sentido positivo y favorable a la legalidad de esas resoluciones, por parte de la Audiencia Territorial, y, al no resultar en modo alguno decisivas para resolver sobre el fondo del asunto que se nos plantea, no procede que nos pronunciemos sobre ellas. Nuestro pronunciamiento ha de versar, por tanto, exclusivamente, sobre si el nombramiento de un Jefe de Operaciones de la Caja Postal de Ahorros, Delegación de Cáceres, sin mediar anuncio o convocatoria pública para la provisión de tal puesto vulnera los derechos del recurrente que resultan de los arts. 14 y 23.2 de la C.E.
Denegar el amparo solicitado por don Aquilino F. S..
SAP Madrid 551/2004, 24 de Junio de 2004
STSJ Comunidad Valenciana 820/2006, 7 de Marzo de 2006

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