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Timestamp: 2017-05-28 23:06:03+00:00

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LEY DEL MENOR by Yaiza Sosa Iglesias - issuu
BOE núm. 124Martes 25 mayo 199911702 LEY 3/1999, de 31 de marzo, del Menor de
Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y
yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley.
En toda sociedad moderna, madura y democráticamente avanzada la defensa y protección de los menores
se ha convertido en un objetivo esencial de las políticas
de bienestar y en la consecución de una auténtica igualdad de oportunidades.
En las últimas décadas se ha producido un cambio
en la conciencia social, fundamentalmente en el mundo
occidental, sobre el papel que corresponde a los menores, reconociéndose el hecho de que los menores, además de ser sujetos de los derechos que a toda persona,
por el hecho de serlo, corresponden, deben de ser sujetos
de aquellos derechos derivados de la especial protección
que, por su propia dependencia de otros, les es debida.
Para ello las administraciones públicas deben adoptar
y arbitrar todas las medidas y mecanismos necesarios
para, en primer lugar, prevenir y, en caso necesario, eliminar aquellos riesgos que afectan al desarrollo integral
Esta nueva concepción del menor y la preocupación
por dotarle de un adecuado marco jurídico de protección
ha sido reconocida por diversas instituciones internacionales, destacando por su transcendencia la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de noviembre
de 1989, que marca el inicio real de esa nueva filosofía
en relación con el menor, basada en un mayor reconocimiento del papel que éste desempeña en la sociedad
y en la exigencia de un mayor protagonismo del mismo.
Ya en el ámbito europeo debe resaltarse la Resolución
A3-0172/92 del Parlamento Europeo que aprobó la Carta Europea de los Derechos del Niño y que supuso la
traslación al ordenamiento europeo de la Resolución de
En nuestro país la Constitución Española de 1978
establece en su artículo 39, como uno de los principios
rectores de la política social y económica, la protección
de la familia y de la infancia.
Esta nueva concepción del menor llevó a cambiar
sustancialmente en nuestro país el ordenamiento jurídico, como la Ley 11/1981, de 13 de mayo, de modificación de la Filiación, Patria Potestad y Régimen Económico del Matrimonio; la Ley 13/1983, de 24 de octubre, sobre la tutela; la Ley 21/1987, de 11 de noviembre,
por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia
de adopción, en la cual se sustituyó el antiguo concepto
del abandono por la institución del desamparo, cambio
que produjo una importantísima transformación del sistema de protección de menores, al permitir la asunción
automática de la tutela, por parte de la entidad pública
competente, en los supuestos de desprotección grave
del menor; asimismo introdujo figuras nuevas de protección del menor, como el acogimiento familiar, la generalización del principio del interés superior del menor
y el incremento de las facultades del Ministerio Fiscal
La Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, culminó la instauración de
esta nueva concepción de la protección de los menores,
suponiendo no sólo una reforma en profundidad de las
tradicionales instituciones de protección del menor reguladas en el Código Civil, sino la construcción de un marco19587jurídico que vincula a todos los Poderes Públicos, a las
instituciones específicamente relacionadas con los
menores, a los padres y familia, y a los ciudadanos en
Fue con la Ley Orgánica 1/1996 con la que se inició
la distinción entre situación de riesgo y situación de
desamparo, como dos situaciones distintas de desprotección del menor que implican un grado distinto de
intervención de la entidad pública. Mientras en la situación de riesgo, caracterizada por la existencia de un perjuicio para el menor que no alcanza la gravedad suficiente para justificar su separación del núcleo familiar,
la citada intervención se limita a intentar eliminar dentro
de la institución familiar los factores de riesgo, en las
situaciones de desamparo la entidad pública asume la
tutela del menor y la consiguiente suspensión de la patria
Asimismo esta Ley, cuando hace referencias a las
competencias de carácter administrativo, especifica que
las mismas corresponden a las Comunidades Autónomas, de conformidad con el reparto constitucional de
En este sentido, el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, aprobado por Ley Orgánica 9/1982,
de 10 de agosto, establece en su artículo 31.1.20.a
y 31.acomo competencia exclusiva de la Administración
Autonómica la Asistencia social y servicios sociales, así
como la protección y tutela de menores.
Asimismo, el Estatuto de Autonomía atribuye a la Junta de Comunidades competencia exclusiva en las siguientes materias: «fomento de la cultura y la investigación»
(artículo 31.1.17); «promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio» (artículo 31.1.19); «espectáculos públicos» (artículo 31.1.23); «fundaciones»
(artículo 31.1.25); «procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia» (artículo 31.1.28) y «publicidad, sin perjuicio de las normas
dictadas por el Estado para sectores y medios específicos, de acuerdo con los números 1, 6 y 8 del apartado
1 del artículo 149 de la Constitución Española» (artículo 31.1.29).
En base a la previsión estatutaria citada en primer
lugar, mediante los Reales Decretos 283/1985, de 6
de febrero, y 2057/1985, de 9 de octubre, se traspasaron a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
las funciones y servicios de la Administración del Estado
en materia de Protección de Menores.
La Ley 3/1986, de 16 de abril, de Servicios Sociales
de Castilla-La Mancha establece dentro del Sistema
Público de Servicios Sociales la atención específica a
la Familia, la Infancia y la Juventud como áreas integradas en los Servicios Sociales Especializados en consonancia con los principios rectores de la política social
contenidos en el Capítulo III del Título I de la Constitución.
La Ley 5/1995, de 23 de marzo, de Solidaridad en
Castilla-La Mancha, reconoce que para el fortalecimiento
de la cohesión social en nuestra Comunidad Autónoma
era necesario el fomento de la solidaridad con las personas más necesitadas, siendo necesario para ello la
promoción de medidas de acción positiva que potencian
su libre desarrollo y plena participación en la sociedad
en condiciones de igualdad. Así, el Título I, de la Solidaridad con los ciudadanos de Castilla-La Mancha para
promover la igualdad de oportunidades, propicia el acceso de los colectivos desfavorecidos a los recursos sociales, promoviendo su desarrollo integral y garantizado el
respeto a su identidad diferencial mediante planes integrales de acción positiva; en este sentido, en el Capítulo II de este Título I se recogen los siguientes principios19588Martes 25 mayo 1999rectores que orientan la política de actuación con los
Garantizar los derechos individuales y colectivos de
La primacía del interés general de los menores sobre
cualquier otro interés legítimo, interpretando las limitaciones a su capacidad de obrar de forma restrictiva.
La promoción de las condiciones necesarias para que
la responsabilidad de los padres o tutores, en el efectivo
cumplimiento de sus obligaciones para con sus hijos,
pueda realizarse adecuadamente.
Garantizar la acción protectora de la Administración
para aquellos menores que se encuentran en situación
Promover que los menores y sus familias puedan participar en la resolución de sus conflictos.
Potenciar la participación plena en cualquier actividad
de tipo cultural, social, artística o recreativa de su entorno, de acuerdo a su desarrollo personal y evolutivo.
Impulsar la implicación y participación de la sociedad
en las iniciativas de atención a menores.
Para el cumplimiento de estos principios se vienen
desarrollando cinco programas específicos:
Atención de los menores en su familia.
Atención a los menores que no pueden permanecer
en su propia familia.
Accesibilidad de los menores con problemas de integración a los recursos sociales.
La inserción socio-familiar y laboral de menores en
situación de alto riesgo o infractores.
Sensibilización de la sociedad sobre la problemática
específica de los menores.
Con este marco normativo la Administración Autonómica ha venido desarrollando las funciones que en
materia de protección de menores tiene encomendadas,
habiendo acumulado una valiosa experiencia, así como
llevando a cabo los programas específicos de protección
de menores necesarios para la promoción y adecuada
atención de los mismos en nuestra Comunidad Autónoma. No obstante, por la práctica totalidad de las instituciones implicadas en la protección de menores, así
como de sus profesionales, se considera conveniente
la aprobación de una norma de carácter general en nuestra Comunidad Autónoma que, adaptándose a la realidad
social castellano-manchega, regule el ejercicio de las
competencias respecto de la protección de los derechos
de los menores, todo ello con el objetivo de lograr un
mayor bienestar de los mismos en Castilla-La Mancha.
Por ello, con la presente Ley no se pretende establecer
sólo el marco regulador de las actividades que en materia
de protección de menores en situación de desamparo
deba desarrollar la Administración Autonómica, sino que
se desea determinar un marco general, que desde el
contexto de nuestro ordenamiento jurídico autonómico
fije las garantías de calidad y control público de los servicios de los que serán usuarios los menores de nuestra
Comunidad, que garantice la capacidad de los menores
de ejercer cuantos derechos al ordenamiento en su conjunto les concede, como personas y ciudadanos que son.
La presente Ley del Menor de Castilla-La Mancha se
estructura en seis títulos, siete disposiciones adicionales,
dos transitorias, una derogatoria y cuatro disposiciones
El Título Preliminar recoge el objetivo de la Ley, el
ámbito personal y territorial de aplicación de la misma,
extendiendo la actuación de la Junta de ComunidadesBOE núm. 124más allá de la mayoría de edad con el objetivo de lograr
la plena autonomía personal de los menores sobre los
que se ha ejercido alguna medida administrativa o judicial.
En este título se recogen, asimismo, los principios
rectores que informarán la actuación de todas las entidades públicas y privadas en materia de protección y
atención a los menores, destacando la primacía del interés del menor, el carácter eminentemente educativo y
socializador de todas las medidas que se adopten, fomentando la prevención de las situaciones de riesgo y desamparo, así como la búsqueda de la integración sociofamiliar del mismo y fijando la atención en centro como
última medida del sistema aplicable.
Es necesario destacar la obligación de toda persona
que detecte una situación de riesgo o posible desamparo
de un menor de prestarle el auxilio inmediato que precise
y comunicarlo a las autoridades competentes o sus agentes más próximos.
El Título I, de los Derechos y Deberes del menor,
consta de tres capítulos. El Capítulo I, de los Principios
Generales, trata de la protección de los Derechos, la
divulgación de los mismos y la subsidiariedad de la actuación de los poderes públicos de Castilla-La Mancha.
La defensa de los derechos del menor es la base
de la presente Ley y por ello se contemplan todos los
medios necesarios para cubrir tal fin, sin excluir la necesidad futura de crear una figura específica a estos efectos.
En el Capítulo II se contiene una enumeración de
los derechos del menor, en consonancia con lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño de
Naciones Unidas y en la Ley Orgánica 1/1996, así como
las actuaciones que desde la Administración Autonómica
se llevarán a cabo para garantizar, proteger y promover
Asimismo aparecen en el Capítulo III los deberes de
los menores con especial referencia a su contribución
al desarrollo de la vida familiar y de comportamiento
El Título II, de Protección Social y Jurídica del Menor,
consta de once capítulos, y recoge el conjunto de medidas destinadas a prevenir e intervenir en las situaciones
de riesgo, desamparo y conflicto en que el menor pueda
verse implicado.
El Capítulo I trata de las disposiciones generales. De
éstas cabe destacar la fijación de los equipos interdisciplinares en la Consejería competente en materia de
menores, como órgano colegiado que garantizará la
Dentro del Capítulo II de este Título se recogen las
medidas de prevención y apoyo a la familia, no limitándose estas últimas a las típicas ayudas de carácter
económico, sino que además se prevén otras de carácter
técnico, entendiéndose éstas prioritarias y más eficaces
dentro del sistema de protección de menores.
Se define en el Capítulo III la situación de riesgo,
regulándose el procedimiento para su apreciación, así
como las medidas que se llevarán a cabo dentro del
oportuno programa de intervención familiar, destacando
la necesidad de que en cada programa exista un profesional responsable del caso.
El Capítulo IV trata de la guarda, con expresa remisión
a lo que sobre dicha figura se contempla en la legislación
En el Capítulo V, de la Situación de Desamparo, se
definen aquellas situaciones que dan lugar al desamparo
y se establece el procedimiento para proceder a su
En el Capítulo VI, de la Tutela, se recoge la necesidad
de que en la propia resolución administrativa por la que
se asume la tutela deben constar las medidas de pro-BOE núm. 124Martes 25 mayo 1999tección a adoptar con el menor, garantizándose asimismo la atención inmediata de los mismos a través de
los centros de primera acogida o familias acogedoras.
El Capítulo VII regula el Acogimiento, como medida
para ejercer la tutela, marcándose como criterio general
la prioridad del acogimiento en familia extensa y del
acogimiento familiar respecto al residencial.
Dentro del Acogimiento Familiar es necesario destacar la necesaria formación de las familias acogedoras
y las medidas de apoyo a las mismas, regulándose la
figura del Acogimiento Familiar profesionalizado como
instrumento que profundizará en la desinstitucionalización de los menores y en la atención profesionalizada
de los mismos, requiriéndose para ello una especial cualificación de los acogedores.
Respecto del acogimiento residencial destaca el
hecho de que esta medida pueda ser complementada
con la estancia del menor con familias acogedoras durante periodos de tiempo, incidiendo de nuevo en evitar
la institucionalización de los menores; asimismo se exige
que los centros se organicen en unidades de convivencia
reducidas, debiendo contar los mismos con figuras de
referencia estables, así como que el personal que presta
sus servicios en estos centros deberá contar con una
formación muy especializada y de carácter continuado.
El Capítulo VIII, de la Adopción, regula, dentro de
los términos previstos por la legislación civil del Estado
el procedimiento de declaración de idoneidad de los mismos, dentro del cual se recoge como imprescindible la
realización de un proceso de formación de los solicitantes, con una doble finalidad: en primer lugar de autoevaluación de las capacidades para continuar con el proceso y, en segundo lugar, como preparación para que
se adquieran las habilidades necesarias que disminuyan
y eviten los riesgos de fracaso tras la culminación del
proceso de adopción, no haciéndose ninguna distinción
entre la adopción regional y la internacional. Se regula,
asimismo, el Registro de Adopciones de Castilla-La Mancha en el que se inscribirán todos los solicitantes que
hayan superado el periodo de formación y selección.
En el Capítulo IX, de los Menores en Conflicto Social,
se recogen las actuaciones que la Administración Autonómica llevará a cabo con aquellos menores que pudieran causar perjuicios a sí mismos o a otras personas,
así como los que han cometido hechos tipificados como
delitos o faltas y no tienen edad para exigirles responsabilidad penal.
El Capítulo X, de los Programas de Autonomía Personal, recoge el compromiso de la Administración Autonómica de continuar apoyando a aquellas personas que,
durante su minoría de edad, han tenido alguna actuación
protectora o judicial, debido a su situación de riesgo,
desamparo o conflicto social, hasta lograr su plena autonomía personal y su integración social.
El Capítulo XI regula el Registro de las situaciones
del menor en el que se van a inscribir todas las actuaciones llevadas a cabo con el mismo, garantizándose,
por un lado la confidencialidad de los datos, y por otro
que sólo se pueden utilizar en beneficio del propio menor.
El Título III, de la Ejecución de Medidas Judiciales,
regula los criterios que va a seguir la Administración
Autonómica en la ejecución material de las medidas
adoptadas por los jueces de menores en aplicación de
la normativa estatal reguladora de la jurisdicción de
menores, tanto si se trata de medidas a ejecutar en el
medio abierto, como si son medidas en centros, recogiéndose en el primer caso la figura del coordinador
de Medidas como figura clave en la supervisión de la
ejecución de las mismas y en la coordinación con los
El Titulo IV, de la Distribución de Competencias, regula
las funciones que ejercerá la propia Administración Auto-19589nómica, así como las que se atribuyen a los municipios,
haciendo compatible el principio recogido en la Ley de
Servicios Sociales de Castilla-La Mancha de descentralización de servicios en los municipios, con la necesaria
profesionalización de las actuaciones a llevar a cabo en
el sistema de protección de menores; en este sentido
se ha optado por distinguir, a la hora de asignar competencias municipales, entre aquellos municipios que
cuentan con servicios sociales básicos propios y en los
que dichos servicios son prestados desde la Administración Autonómica, asignándoles a los primeros competencias en materia de prevención, de intervención en
situaciones de riesgo, de corresponsabilidad en el
desarrollo de determinados programas en situaciones
de desamparo y conflicto social y de colaboración en
la ejecución de medidas judiciales en medio abierto.
No obstante, con el fin de potenciar el proceso de
descentralización de los servicios sociales en los municipios, la Disposición Adicional Segunda prevé la posibilidad de que determinadas competencias de la Comunidad Autónoma se puedan delegar en los municipios
mayores de 10.000 habitantes.
El Título V, del Régimen Sancionador, recoge las
infracciones y sanciones administrativas en materia de
atención a menores, así como el procedimiento sancionador y los órganos competentes.
En definitiva, la presente Ley viene a regular un sistema de protección de menores moderno y profesionalizado, en el que se reconoce al menor no sólo como
sujeto de los derechos de toda persona, sino que además
lo es de aquellos derivados de la especial protección
que le es debida, garantizándole el respeto y la promoción personal, todo ello con el objetivo de lograr el mayor
nivel de bienestar para los menores de Castilla-La Mancha.TÍTULO PRELIMINAR
La presente Ley tiene por objeto establecer el marco
jurídico de actuación en orden a la promoción, atención
y protección del menor, así como garantizar el ejercicio
de sus derechos y la defensa de sus intereses, y su
desarrollo integral en los diferentes ámbitos de convivencia mediante la ejecución de medidas administrativas
Artículo 2.Ámbito personal y territorial de aplicación.Las medidas contempladas en la presente Ley serán
de aplicación a todos los menores de edad que tengan
su domicilio o se encuentren transitoriamente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
así como a los jóvenes mayores de edad sobre los cuales
se haya ejercido alguna medida administrativa o judicial
a los efectos previstos en el Capítulo X del Título II de
esta Ley, sin perjuicio de que resultare aplicable otra
normativa por razón del origen o procedencia del menor
y de las facultades que pudieran corresponder a la administración competente de otro territorio.
Artículo 3.Colaboración interadministrativa.La Administración Autonómica, a través de la Consejería competente en materia de menores, ejercerá las19590Martes 25 mayo 1999funciones de control y coordinación de Entidades Públicas y privadas que realicen actuaciones en el ámbito
de la presente Ley. Igualmente fomentará actuaciones
de cooperación con los ayuntamientos y otras instituciones públicas y con organizaciones y entidades privadas.
Artículo 4.a) La primacía del interés superior del menor sobre
cualquier otro interés legítimo que concurra.
b) El carácter eminentemente educativo y sociabilizador que deberá tener toda medida que se adopte
c) La búsqueda de su integración sociofamiliar procurando, en la ejecución de las medidas adoptadas, mantener al menor en su propio entorno familiar o comunitario y en condiciones que se aproximen al medio familiar, siempre que ello no suponga un perjuicio en sus
intereses, otorgando a la familia los recursos necesarios
que le permita asumir plenamente sus responsabilidades.
d) Se concibe la atención en centros como la última
medida, aplicable solamente cuando no haya otra
opción, bien porque las demás medidas se hayan revelado ineficaces, bien porque las circunstancias del caso
lo requieran, teniendo en todo caso un carácter temporal.
e) La prevención de las situaciones de riesgo y
desamparo procurando detectar y paliar las carencias
que impidan o dificulten el adecuado desarrollo personal
y social del menor.
f) La cooperación, colaboración y coordinación con
las distintas Administraciones Públicas e instituciones
privadas que intervengan en el ámbito de la atención
al menor y en la defensa y promoción de sus derechos.
g) La promoción de la participación y de la solidaridad social en la problemática de los menores y sus
familias, así como la sensibilización social, especialmente
ante situaciones de indefensión, riesgo y desamparo.
h) El fomento en los menores de los valores de la
tolerancia, la solidaridad, el respeto e igualdad y, en general, de los principios democráticos de convivencia recogidos en la Constitución.
j) La objetividad, imparcialidad y seguridad jurídica
en la actuación protectora, garantizando el carácter colegiado e interdisciplinar en la adopción de medidas.
k) La búsqueda y propuesta del mejor recurso existente, para cada menor concreto, con la colaboración
de las distintas instituciones.
l) El reconocimiento de la capacidad del menor para
participar activamente en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y democrática, así como para
conocer la realidad que vive, descubrir los problemas
que más le afectan y aportar soluciones a los mismos.
m) El fomento de la prevención de la marginación
infantil, mediante programas de información ciudadana
y de compensación de desigualdades sociales.
Artículo 5.de prestarle el auxilio inmediato que precise, lo comunicarán a las autoridades competentes o a sus agentes
más próximos para que se proceda a disponer las medidas más adecuadas, conforme a lo establecido en la
presente Ley.TÍTULO IPrincipios rectores.Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11 de
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, serán principios
rectores que informen la actuación de las Entidades
públicas y privadas en materia de promoción y atención
de los menores y protección de sus derechos, los siguientes:Colaboración ciudadana.Toda persona o autoridad, y especialmente aquellos
que por su profesión o función detecten una situación
de riesgo o posible desamparo de un menor, sin perjuicioBOE núm. 124De los derechos y deberes del menor
Artículo 6.Protección de los derechos del menor.Las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha
garantizarán, en el ámbito de sus competencias, el respeto y el correcto ejercicio de los derechos y libertades
de los menores reconocidos en la Constitución, y en
los Tratados Internacionales ratificados por el Estado
Español, en particular los proclamados en la Convención
de Derechos del Niño de Naciones Unidas de 20 de
noviembre de 1989 y los demás reconocidos en la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero y en el Ordenamiento
Jurídico en su conjunto, sin excepción y sin que pueda
existir distinción o discriminación alguna por motivos
de raza, sexo, idioma, cultura, religión, opinión, lugar de
nacimiento, situación económica, condiciones físicas,
psíquicas o sensoriales o cualquier otra circunstancia
Artículo 7.Divulgación de los derechos del menor.Las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha
adoptarán, desarrollarán y promoverán las acciones
necesarias para lograr la máxima divulgación de los derechos de los menores, y removerán los obstáculos que
impidan o dificulten su correcto ejercicio.
Artículo 8.Subsidiariedad.1. La actuación de los poderes públicos de Castilla-La Mancha tendrá carácter subsidiario respecto de
la que corresponde a los padres, tutores o guardadores,
como responsables de asegurar, dentro de sus posibilidades, las condiciones de vida necesarias para el
desarrollo integral del menor.
2. Las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha promoverán las condiciones necesarias para que
los padres, tutores o guardadores cumplan sus responsabilidades hacia los menores de forma adecuada, y velarán por su protección en caso de ejercicio incorrecto
de las funciones inherentes a la patria potestad o tutela,
o de mal uso de las facultades atribuidas a otras personas
en su cuidado y asistencia.
Artículo 9. Derecho a la identidad.
a) En los centros sanitarios públicos o privados en
que se produzcan nacimientos se establecerán las garantías suficientes para la inequívoca identificación de los
recién nacidos.BOE núm. 124Martes 25 mayo 199919591b) Los poderes públicos de Castilla-La Mancha adoptarán las medidas necesarias para la inscripción del nacimiento de un menor en el Registro Civil cuando quienes
tienen la obligación legal de promover tal inscripción
no lo hagan.mación de medios de comunicación que perjudique a
La Administración velará para que los menores no
puedan ser utilizados en anuncios publicitarios divulgados en el territorio de la Comunidad Autónoma que promocionen actividades prohibidas a los menores.Artículo 10. Prevención y atención ante los malos tratos y la explotación.Artículo 13.1. Las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha realizarán actuaciones preventivas y atenderán a los
menores que sufran cualquier forma de violencia, maltrato, crueldad, manipulación, explotación o abuso
sexual. Asimismo protegerán a los menores frente a cualquier clase de explotación laboral y de la práctica de
2. Para la detección y denuncia de las situaciones
señaladas se establecerán los mecanismos de coordinación adecuados, especialmente entre los sectores sanitario, educativo y de servicios sociales.
3. Sin perjuicio de las medidas de protección contempladas en la presente Ley, las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha pondrán en conocimiento del
Ministerio Fiscal los hechos que atenten contra la integridad física y psíquica del menor, ejercitando en su caso
cuantas acciones civiles y penales procedan.
Artículo 11. Derecho al honor, a la intimidad y a la
1. La Administración Autonómica garantizará y protegerá el honor, la intimidad personal y familiar y la propia
imagen de los menores, evitando todo tipo de intromisión
ilegítima que afecte a los mismos. En particular, se protegerá frente a las intromisiones que pudieran producirse
a través de los medios de comunicación y sistemas informáticos de uso general como consecuencia de la utilización de la imagen o nombre de los menores que
pudiera implicar un menoscabo de tales derechos o que
sea contraria a sus intereses, aun constando el consentimiento del menor o de sus representantes legales.
2. La Administración Autonómica pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos constitutivos
de intromisión ilegítima, sin perjuicio de ejercitar las
acciones civiles o penales que procedan.
Artículo 12.Derecho a la información.1. Los menores tienen derecho a buscar, recibir y
elaborar la información adecuada a su edad y condiciones de madurez.
2. La Administración Autonómica fomentará la producción y difusión de material informativo destinado a
los menores garantizando que el mismo sea veraz, plural,
respetuoso con los principios constitucionales y adecuado a su edad y condiciones de madurez.
3. Los mensajes dirigidos a los menores por los
medios de comunicación deberán promover los valores
de igualdad, solidaridad, tolerancia y respeto a los demás,
evitando imágenes de violencia, explotación en las relaciones interpersonales o que reflejen un trato degradante
La Administración procurará que todos los medios
de comunicación social dediquen a los menores una
especial atención educativa y colaborará, en su caso,
con las administraciones competentes para que los
menores no tengan acceso mediante las telecomunicaciones a servicios que puedan dañar su desarrollo.
4. En el ámbito de sus competencias la Administración Autonómica, sin perjuicio de otros sujetos legitimados, ejercitará las acciones de cese y rectificación
de publicidad ilícita y de los contenidos de la progra-Libertad ideológica.1. Los poderes públicos de Castilla-La Mancha velarán para que en sus distintas actuaciones se respeten
los derechos dimanantes de la libertad ideológica, de
conciencia y religión de los menores.
2. Las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha desarrollarán actuaciones destinadas a que los
padres o tutores cooperen para hacer efectivo el ejercicio
de esa libertad, de modo que contribuya al desarrollo
integral del menor.
Artículo 14.Derecho de participación y asociación.1. Los menores tienen derecho a participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa
de su entorno, a cuyos efectos la Administración Autonómica arbitrará fórmulas y servicios específicos que promuevan dicha participación dentro del respeto a sus
derechos y la exigencia de sus responsabilidades.
2. El asociacionismo infantil y juvenil habrá de posibilitar el aprendizaje de los principios, valores y prácticas
de una sociedad democrática, fomentando el civismo,
la convivencia y la tolerancia.
Artículo 15.Derecho a ser oído.1. Las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha garantizarán el derecho de los menores a ser oídos,
de acuerdo con su edad y condiciones de madurez, en
todo procedimiento administrativo que pueda afectar a
su esfera personal, familiar o social, sin perjuicio de aquellos supuestos en que deba prestar su consentimiento
cuando legalmente proceda.
2. A los efectos de recabar la información que precisen, los menores pueden dirigirse a las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha encargadas de
su asistencia y protección, garantizándose por éstas su
derecho a ser oídos sin la presencia de sus padres, tutores o guardadores cuando sea preciso por motivos de
urgencia o conflicto de intereses con aquéllos. Si de
las anteriores circunstancias deriva la necesidad de una
intervención continuada de la Administración, ésta debe
ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.
Artículo 16.Derecho a la protección de la salud.1. Todos los menores tienen derecho a la protección
y promoción de su salud y a la atención sanitaria de
acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente.
2. Los menores tendrán derecho a recibir información sobre la salud en general y sobre el tratamiento
médico a que sean sometidos, en particular, en un lenguaje adecuado a su edad, madurez y estado psicológico.
3. Los menores tienen derecho a estar acompañados por sus padres, tutores o guardadores u otros familiares, durante su atención en los servicios de salud, tanto
especializados como de atención primaria.
Las administraciones competentes regularán la accesibilidad de padres, tutores, guardadores y familiares,
estableciendo las normas de acreditación y los controles
necesarios que garanticen este derecho.
4. En los centros sanitarios, cuando sea necesario
el internamiento del menor, se posibilitará la existencia
de espacios adaptados a la infancia, donde se facilitará19592Martes 25 mayo 1999el derecho al juego y se impedirá la desconexión con
la vida escolar y familiar de los menores.
5. La Administración Autonómica garantizará la
asistencia sanitaria pública a todos los menores tutelados
por la misma, para lo cual el organismo competente
en materia de atención sanitaria expedirá la documentación acreditativa necesaria, independientemente, en
su caso, de la documentación correspondiente a los
6. Se protegerá a los menores frente al uso y tráfico
de drogas. En este sentido desde la Administración Autonómica se promoverán actuaciones informativas, preventivas y alternativas sobre los riesgos del consumo de
7. Se ofrecerá especial protección por la Administración a los derechos de los menores como consumidores, promocionándose la información y educación para
el consumo. Igualmente se velará por el estricto cumplimiento de la normativa aplicable en materias de seguridad y publicidad, defendiéndose a los menores de las
Artículo 17. Derecho a la educación.
1. Las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha garantizarán la existencia de un número de plazas
adecuadas y suficientes que aseguren la atención escolar
de los menores, y colaborarán con la familia en el proceso
2. La Administración Autonómica velará para que
la educación, desde la infancia, proporcione al menor
una formación integral que le permita conformar su propia identidad, dirigiéndose al desarrollo de sus capacidades para ejercer la tolerancia, la solidaridad, la libertad
y la no discriminación, así como para intervenir autónomamente en el proceso de desarrollo de Castilla-La
3. La Administración Autonómica procurará que los
centros y servicios que cuidan a menores en los primeros
años, cualquiera que sea su denominación genérica, clasificación o titularidad, contribuyan a la atención social
y educativa de éstos, mediante el desarrollo de sus capacidades de relación, observación, conocimiento del propio cuerpo y adquisición progresiva de autonomía, orientando sus prestaciones primordialmente a satisfacer las
necesidades del menor y a promover su bienestar en
Los centros educativos contarán con las instalaciones
docentes, deportivas y de ocio adecuadas al desarrollo
4. Las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha velarán por el cumplimiento de la escolaridad obligatoria con arreglo a la legislación vigente, coordinando
y emprendiendo las acciones necesarias para fomentar
la asistencia regular a los centros de enseñanza y evitar
5. La Administración Autonómica procurará el adecuado conocimiento por los menores de la historia, la
cultura y la realidad social y natural de Castilla-La Mancha.
6. Se promoverá la creación en los centros educativos de Escuelas de Padres como medida de apoyo,
Artículo 18. Derecho a la cultura y el ocio.
1. Los menores tienen derecho al juego, al ocio y
a participar activa y libremente en la vida cultural, deportiva y artística de su entorno, como elementos esenciales
de su desarrollo evolutivo y proceso de socialización.
El juego debe entenderse como un elemento esencial
del crecimiento y la maduración del menor. Los juegos
y juguetes deben adaptarse a sus necesidades y ayudar
al desarrollo psicomotor de cada etapa evolutiva.BOE núm. 1242. La Administración Autonómica favorecerá cuantas medidas faciliten el acceso de los menores a los
servicios culturales, las actividades deportivas, artísticas
y de tiempo libre.Derecho al medio ambiente.
1. Los menores tienen derecho a desarrollarse en
un medio ambiente saludable y no contaminado.
2. Las Administraciones Públicas de la Comunidad
de Castilla-La Mancha, en desarrollo del derecho de los
menores a conocer y disfrutar del medio ambiente, promoverán:
a) El respeto y conocimiento de la naturaleza por
parte de los menores, concienciándoles sobre la importancia de un medio ambiente saludable.
b) Programas formativos, divulgativos y de concienciación sobre el reciclaje de residuos y el uso responsable
de recursos naturales y la adquisición de unos hábitos
positivos para la conservación del medio ambiente.
Artículo 20. Derecho a la Integración Social.
1. Los menores con discapacidades tienen derecho
a que se les facilite el mayor grado de integración en
la sociedad que permitan sus condiciones.
2. Los menores con dificultades de inserción social
debido a sus condiciones personales o circunstancias
del entorno familiar tienen derecho a la asistencia necesaria a fin de completar su formación escolar o profesional, permitir su integración y la plena participación
en las distintas manifestaciones de la vida social.
3. Los menores extranjeros que se encuentren en
el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha tendrán derecho a los recursos públicos que
faciliten su atención e integración social, lingüística y
cultural, sin perjuicio de su situación legal.
4. La Administración Autonómica velará para que
los menores con necesidades educativas especiales reciban una formación educativa y profesional que les permita la integración social, el desarrollo y la realización
personal y el acceso a un puesto de trabajo en el contexto
más normalizado posible y de acuerdo con sus aspiraciones y aptitudes.Artículo 19.CAPÍTULO III
De los deberes de los menoresDeberes de los menores.
1. La Administración Autonómica promoverá la realización de acciones dirigidas a los menores para fomentar en éstos actitudes que contribuyan a su participación
en el desarrollo de toda la vida familiar sin distinción
de sexo, conforme a su edad, madurez y circunstancias.
2. Los menores deberán mantener un comportamiento cívico acorde con las exigencias mínimas de convivencia de la sociedad, basadas en la tolerancia y en
el respeto a los derechos de los demás.
Artículo 21.TÍTULO II
Disposiciones generalesConcepto de protección.
A los efectos de la presente Ley la protección del
menor comprende el conjunto de medidas y actuaciones
destinadas a prevenir e intervenir en situaciones de riesArtículo 22.BOE núm. 124Martes 25 mayo 1999go, desamparo y conflicto en que el mismo puede verse
involucrado, tendentes a garantizar su desarrollo integral
y a promover una vida familiar normalizada, primando,
en todo caso, el interés del menor.
Artículo 23.Criterios de actuación.Para el logro de los fines previstos en esta Ley, la
actuación de la Consejería competente en materia de
menores se regirá por los siguientes criterios de actuación:
1. En materia de protección al menor tendrá carácter prioritario la prevención de posibles situaciones de
riesgo o desprotección en que puedan encontrarse los
menores y que produzcan un perjuicio en su desarrollo
2. Será prioritaria la intervención en el ambiente
familiar de los menores para procurar la permanencia
de éstos en él.
b) Se procurará que el menor permanezca lo más
próximo posible a su entorno socio-familiar, procurando
la normalización y protección, y para garantizarlo la Consejería competente dispondrá de los recursos necesarios
en cada una de las provincias de Castilla-La Mancha.
4. La familia del menor deberá ser informada adecuadamente de cada una de las medidas de protección,
así como de su cese o modificación.
La familia del menor tendrá derecho a que le sea
ofrecido un programa de intervención con objeto de disminuir la situación de riesgo o perjuicio para el menor.
5. Los profesionales que intervengan con el menor
deberán oírlo, de acuerdo con lo establecido en el artículo
15, y procurarán que participe activamente en la atención que se le dispense a causa de las medidas protectoras, siendo informado, de acuerdo con la edad, de
la adopción de dichas medidas, así como de su cese
o modificación.
6. Cualquiera que sea la medida protectora que se
adopte, se procurará que los hermanos se confíen a una
misma institución o persona, especialmente si ya han
desarrollado una relación o vínculo fraternal.
7. Una actuación de protección podrá mantenerse,
modificarse o cesar de acuerdo con los resultados alcanzados en la intervención. Tanto la medida de protección
adoptada como la intervención realizada con la familia
habrán de plasmarse documentalmente incluyendo su
desarrollo temporal.
8. Todas las actuaciones realizadas se desarrollarán
sucesivamente en las fases de detección, evaluación,
Artículo 24.Equipos interdisciplinares.1. La Consejería competente en materia de menores
contará con equipos interdisciplinares distribuidos territorialmente, con la composición y adscripción que reglamentariamente se determine.
2. Estos equipos tendrán, entre otras, las siguientes
b) Evaluar inicialmente la situación de riesgo,
desamparo o conflicto, y las necesidades del menor.19593c) Proponer la medida más adecuada para su correcta atención.
3. Con objeto de garantizar la objetividad e imparcialidad en su acción protectora, la Consejería competente en materia de protección de menores adoptará
las oportunas medidas de forma colegiada a través del
equipo interdisciplinar, asumiendo uno de los miembros
del citado equipo la responsabilidad de cada caso.
4. El personal que forme parte de los equipos interdisciplinares, así como cualquier otro personal que realice funciones en materia de menores, previa acreditación de estas circunstancias por parte de la Consejería
competente en dicha materia, tendrá la consideración
de agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones,
con plena independencia en el desarrollo de las mismas.
Dicho personal podrá recabar la colaboración y cooperación de otras Entidades e Instituciones Públicas, que
deberán facilitar la información y asistencia activa que
precise para el cumplimiento de las actuaciones reguladas en la presente Ley.
Artículo 25.Medidas de prevención.La Administración Autonómica promoverá la elaboración de Planes Integrales dirigidos a la promoción de
la infancia y a la prevención de las situaciones de riesgo
Artículo 26.Medidas de apoyo a la familia.1. La Administración Autonómica promoverá medidas de apoyo a la familia que podrán ser de carácter
2. Se entiende por medidas de apoyo de carácter
técnico las intervenciones de carácter social o terapéutico, desarrolladas por profesionales en favor del menor
y su familia y tendentes a la prevención de situaciones
de desarraigo familiar, así como servicios prestados a
la familia por las diferentes instituciones que faciliten
el desarrollo de la vida familiar y permitan una mejor
atención a los menores.
3. Se entiende por medidas de apoyo de carácter
económico aquellas ayudas y programas destinadas a
atender las necesidades básicas de las familias y en especial de los menores, cuando aquellas carezcan de recursos suficientes.
Artículo 27.Concepto.Situaciones de riesgo son aquellas que, como consecuencia de circunstancias de carácter personal, familiar o de su entorno, perjudican el desarrollo personal
o social del menor y en las que los padres, tutores o
guardadores de los menores no asumen o puedan no
asumir completamente sus responsabilidades para mitigarlas, sin que dichas situaciones requieran la asunción
de la tutela por ministerio de la Ley.
Artículo 28.Situaciones de riesgo.Se consideran situaciones de riesgo las siguientes:
a) La negligencia en la atención física, psíquica o
educativa al menor por parte de sus padres, tutores o19594Martes 25 mayo 1999guardadores, de acuerdo con cualquiera de los siguientes
Que existan omisiones de carácter leve en el cuidado
del menor, con una probabilidad reducida de producirse
un episodio severo de forma inmediata, y sin que tales
omisiones supongan un grave perjuicio para su salud
Que el menor esté sometido a un patrón o a episodios
aislados de descuido de carácter leve que inciden en
varias áreas concernientes a sus necesidades principales.
b) La utilización del castigo físico o emocional que
perjudique el desarrollo del menor, sin que se produzcan
episodios severos ni aparezca un patrón crónico de violencia.
c) Cualesquiera otras que deriven en una situación
de riesgo, conforme al concepto expresado en la presente Ley.
Artículo 29. Principios orientadores.
En las situaciones de riesgo, la actuación administrativa se dirigirá a procurar atender las necesidades del
menor, mejorando su medio familiar, y específicamente
estará orientada a conseguir:
a) La colaboración de los padres, tutores o guardadores y del menor.
c) La evaluación y seguimiento de la evolución del
menor en la familia.
Artículo 30. Procedimiento de apreciación de las situaciones de riesgo.
1. Los Servicios Sociales, cuando tengan conocimiento de que un menor pueda encontrarse en situación
de riesgo, iniciarán el oportuno estudio tendente a la
comprobación de aquella situación y comunicarán al
órgano competente de la Administración Autonómica
el resultado de la misma en el menor tiempo posible.
2. El órgano competente de la Administración Autonómica apreciará en su caso, en virtud del informe recibido de los servicios sociales, la situación de riesgo, estableciendo con aquellos el oportuno programa de intervención familiar a desarrollar con el menor y su familia
por el profesional responsable del caso.
3. En el programa deberá constar la participación
del menor, la colaboración de los padres, el profesional
responsable del caso y la duración prevista del mismo.
Artículo 31. Colaboración en la ejecución de las medidas.
1. Apreciada la situación de riesgo y establecido
el programa educativo, los padres, tutores o guardadores
vendrán obligados a colaborar activamente en la ejecución de las medidas de apoyo acordadas.
2. Si se agrava o persiste la situación de riesgo por
la negativa a colaborar de los padres, tutores o guardadores y es necesaria la intervención para el amparo
del menor, podrá dar lugar a la declaración de la situación
Artículo 32.Medidas.2. De acuerdo con lo anterior, se establece la intervención técnica por parte del profesional responsable
del caso como medida preceptiva en las situaciones de
riesgo para realizar el seguimiento en el propio entorno
3. Con esta finalidad, dicha intervención se podrá
acompañar, entre otras, de las siguientes medidas específicas de apoyo:
b) Prestaciones económicas, familiares, de carácter
preventivo y temporal, para atender las necesidades básicas de los menores.
c) La asistencia acompañada del menor a centros
d) La intervención de voluntarios en tareas de apoyo
al menor y a su familia.
f) Programas formativos de garantía social dirigidos
a adolescentes que, abandonado el sistema escolar,
requieran una formación profesional que favorezca su
Artículo 33.Cese en la situación de riesgo.1. La situación de riesgo cesará:
a) Cuando las circunstancias que dieron lugar a
dicha situación desaparezcan.
b) Cuando se adopten otras medidas de protección,
adecuándose en este caso el Programa de Intervención
2. El cese en las actuaciones se pondrá en conocimiento de los padres, tutores o guardadores y del
menor en su caso.
Artículo 34.Asunción de la guarda.1. La Administración Autonómica asumirá la guarda
de los menores conforme a lo previsto en la legislación
2. El procedimiento y requisitos para la solicitud de
la guarda administrativa, por quienes tienen la potestad
sobre el menor, se determinará reglamentariamente.
3. La resolución administrativa que recaiga aceptará
o denegará la solicitud, pudiendo en este último caso
constatar la situación legal de desamparo declarando
la misma en la forma y con los efectos previstos en
Artículo 35.Desamparo.Cuando se aprecie que un menor está en situación
de desamparo, según lo regulado en la legislación civil
del Estado, corresponderá a la Consejería competente
en materia de protección de menores la declaración de
dichas situaciones y la asunción de la tutela.
Artículo 36.1. En las situaciones de riesgo se actuará mediante
el apoyo a la familia, como recurso preventivo prioritario,
mediante el establecimiento de programas dirigidos a
cubrir las necesidades principales de los menores y mejorar su entorno familiar, con objeto de garantizar su derecho a permanecer en el mismo en condiciones que permitan su desarrollo integral.BOE núm. 124Situaciones de desamparo.Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 172.1 del
Código Civil, se considerarán situaciones de desamparo
b) El maltrato físico o psíquico grave o leve con
carácter crónico, así como los abusos sexuales por parteBOE núm. 124Martes 25 mayo 1999de las personas que integren la familia o terceros con
consentimiento de ésta.
c) La inducción o permisibilidad de la mendicidad,
delincuencia o prostitución
d) La explotación laboral, ya sea de forma esporádica o estable, o cualquier otra explotación económica
de naturaleza análoga.
e) La negligencia física o emocional en la atención
al menor con carácter grave o crónico, o cuando por
las circunstancias existentes en el entorno socio-familiar
se deteriore o perjudique el desarrollo del menor.
f) La inducción, consentimiento o tolerancia de la
drogadicción o el alcoholismo del menor.
g) La no recuperación de la guarda una vez desaparecidas las circunstancias justificativas de la asunción
de ésta por la Administración.
h) Cualesquiera otras situaciones de desprotección
que se produzcan de hecho a causa del incumplimiento
o de un imposible o inadecuado ejercicio de los deberes
de protección establecidos por las leyes para la guarda
de menores y que generen que éstos queden privados
de la necesaria asistencia.
Artículo 37. Procedimiento de declaración de la situación de desamparo.
1. Los Servicios Sociales, cuando tengan conocimiento de que una situación pueda constituir un perjuicio
grave en el normal desarrollo del menor y, tras la correspondiente investigación, no exista otra alternativa que
la separación de su familia, elaborará un informe motivado con la propuesta de actuación al órgano competente.
2. En el procedimiento, el menor que tuviese suficiente juicio y en todo caso el mayor de 12 años tiene
derecho a ser oído, debiendo constar en el expediente
que el menor ha dispuesto de dicho derecho. Este derecho lo ejercerá por sí mismo o por medio de representante designado por él.
3. En el procedimiento se intentará recabar la colaboración de la familia del menor, debiéndose dejar constancia de la práctica del correspondiente trámite de
audiencia y, en su defecto, de los motivos por los que
no haya podido efectuarse.
4. El órgano competente, previo informe del equipo
interdisciplinar, emitirá resolución motivada declarando,
en su caso, la situación de desamparo, asumiendo la
tutela del menor, y acordará la medida de protección
5. En los casos de urgencia con grave riesgo para
el menor, el organismo competente podrá, de modo
inmediato, y tras el cumplimiento del trámite previsto
en el apartado 2 del presente artículo, declarar la situación de desamparo y asumir la tutela, adoptando cuantas
medidas sean necesarias para asegurar su asistencia.
Adoptadas dichas medidas deberán cumplimentarse los
trámites previstos en los apartados anteriores.
Artículo 38. Notificación y comunicación de la resolución.
1. La declaración de desamparo deberá ser notificada a los padres, tutores o guardadores, en el plazo
de cuarenta y ocho horas, y al Ministerio Fiscal.
2. Siempre que sea posible, se les notificará de forma personal, informándoles presencialmente y de modo
claro y comprensible de las causas que dieron lugar a
la intervención de la Administración, de los posibles efectos de la decisión y de las medidas de amparo adoptadas
y de los recursos que proceden, dejándose constancia
por escrito del hecho en el expediente.
3. En el supuesto de que no fuera posible la notificación de forma personal, ésta se practicará por cualquiera de los medios admitidos en Derecho.19595Artículo 39. Resistencia a la ejecución de las medidas.
1. Declarada la situación de desamparo, si los
padres, tutores, guardadores o familiares impidiesen la
ejecución de las medidas acordadas, o concurriese alguna otra circunstancia que dificultase gravemente su ejecución, se solicitará al Juez la adopción de las medidas
precisas para hacerla efectiva, sin perjuicio de las intervenciones inmediatas que fuesen necesarias si está en
peligro la vida o integridad del menor o se conculcan
2. Asimismo, podrá recabarse la cooperación y asistencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la ejecución de las medidas acordadas, en los términos y con
el alcance previsto en la legislación general.
Artículo 40.Asunción de la tutela administrativa.1. Corresponde a la Administración Autonómica, a
través del órgano competente, asumir la tutela de los
menores desamparados que residan o se encuentren
transitoriamente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de las competencias que sobre estos últimos pudiesen tener otras
2. La resolución por la que se asume la tutela administrativa será motivada y en la misma se hará constar
las medidas de protección a adoptar que sean más adecuadas a los intereses del menor
Artículo 41.Atención inmediata.Asumida la tutela, los menores recibirán atención
inmediata en los centros de primera acogida o familias
acogedoras habilitadas al efecto. La vigencia de estas
medidas se limitará al tiempo imprescindible para determinar la medida más adecuada a sus necesidades.
Artículo 42.Ejercicio de la tutela.1. La tutela de los menores se ejercerá, de conformidad con lo dispuesto en el Código Civil, acordando
alguna de las medidas siguientes:
2. Adicionalmente a las medidas citadas en el apartado anterior la Consejería competente en materia de
protección de menores podrá acordar cualesquiera otras
medidas que redunden en beneficio del menor, atendiendo a sus circunstancias personales, familiares o
3. Las medidas acordadas por el órgano competente estarán orientadas al retorno del menor a la familia
de origen, siempre que esto sea en interés de aquél.
Artículo 43.Acogimientos.De conformidad con la regulación contenida en la
legislación civil, el acogimiento podrá adoptar las modalidades de familiar o residencial.19596Martes 25 mayo 1999Artículo 44. Criterios generales a aplicar en los acogimientos.
Para la aplicación de esta medida protectora, la Administración Autonómica seguirá los siguientes criterios:
a) Favorecerá la permanencia del menor en su propio ambiente, procurando constituir el acogimiento con
la familia extensa, salvo que tal medida no resulte aconsejable para los intereses del menor.
b) Dará prioridad al acogimiento familiar sobre el
c) Facilitará las relaciones entre el menor y su familia
natural para posibilitar su reintegración a la misma.
d) Intentará atribuir la guarda de todos los hermanos
a un mismo acogedor.
e) Se mantendrán por el tiempo estrictamente necesario, procurando la integración del menor en el entorno
social y su accesibilidad a los sistemas educativos, sanitarios y laborales ordinarios.
f) Se procurará que la modalidad de acogimiento
sea la más adecuada a sus concretas necesidades y
que esté más próximo a su entorno familiar, a fin de
que la relación entre el menor y su familia no sufra excesivas alteraciones, salvo cuando no se considere conveniente este contacto.
Artículo 45. Medidas de seguimiento del acogimiento.
Los Equipos Interdisciplinares a los que hace referencia el artículo 24 de la presente Ley realizarán, con
el apoyo de los Servicios Sociales de Base, periódicamente un seguimiento, tanto de los acogimientos familiares como residenciales, en el que evaluará y documentará la situación y evolución del menor y de su familia
biológica, y el funcionamiento del acogimiento.
SECCIÓN 1.a DEL ACOGIMIENTO FAMILIAR
Artículo 46.Modalidades y su modificación.1. El acogimiento familiar se constituirá, según su
finalidad, con el carácter de simple, permanente o preadoptivo, de conformidad con lo establecido en la legislación civil.
2. Cuando se considere beneficioso para el menor
la modificación de la modalidad del acogimiento familiar,
será necesario promover conjuntamente el cese del
preexistente y la constitución de un nuevo acogimiento
Artículo 47. Formación, selección y apoyo de familias
1. La Administración Autonómica promoverá las
solicitudes de acogimiento y realizará la formación y
selección de los futuros acogedores mediante un programa de información, formación y selección.
2. Entre los criterios de selección se atenderá, principalmente, a la actitud educativa de los acogedores,
su situación familiar, su motivación, su sensibilidad para
entender la problemática de los menores y su familia,
así como a cualquier otro factor que favorezca el desarrollo integral y el superior interés del menor.
3. El acogimiento familiar podrá ser compensado
económicamente por los gastos sanitarios, educativos
y de manutención del menor acogido, de conformidad
con el régimen y cuantía que se establezca por la Consejería competente en materia de protección de menores.BOE núm. 1244. Asimismo se prestará a la persona o familia acogedora la colaboración y el apoyo técnico, psicopedagógico, social y jurídico que requieran y sean necesarios
para la efectividad de los objetivos del acogimiento.
Artículo 48.Acogimiento familiar profesionalizado.1. El acogimiento familiar simple y el permanente
podrán constituirse con carácter profesionalizado.
2. Se entiende por acogimiento profesionalizado
aquel que se ejerce por una persona especialmente cualificada que acoge en su núcleo familiar a uno o varios
menores y recibe una cantidad por su labor y por los
gastos de alimentación y educación del menor o menores
3. Reglamentariamente se determinará el número
máximo de menores que pueden tenerse en acogimiento
profesionalizado, el régimen e importe de las cantidades
a percibir por este concepto, así como los requisitos
de formación que deberán tener los acogedores.
SECCIÓN 2.a DEL ACOGIMIENTO RESIDENCIAL
Artículo 49.Concepto del acogimiento residencial.El acogimiento residencial es una medida de protección del menor por la que éste se integra en un centro,
correspondiendo su guarda al director o responsable del
mismo, bajo la supervisión de la Administración Autonómica y del Ministerio Fiscal.
Artículo 50. Procedimiento de ingreso en los centros
de acogimiento residencial.
1. El acogimiento residencial se efectuará por resolución administrativa o por decisión judicial.
2. La resolución administrativa podrá adoptarse de
oficio o a petición de los padres o tutores del menor,
conforme al procedimiento que se establezca reglamentariamente.
3. En todos los casos, los centros exigirán una resolución del órgano correspondiente de la Consejería competente en materia de protección de menores ordenando
el ingreso, salvo que se trate de una medida de internamiento dictada por el Juez.
4. En el supuesto de casos de urgencia en los que
no pueda acudirse a la autoridad administrativa o judicial,
los centros deberán acoger al menor aun sin tal resolución administrativa o judicial, comunicando en el plazo
más corto posible, y nunca superior a veinticuatro horas,
tal incidencia al órgano competente para el estudio de
la situación del menor y la emisión, si procede, de la
La Administración Autonómica dispondrá de plazas
de urgencia en centros propios o concertados para el
acogimiento residencial de menores.
Artículo 51.Traslados de centro.Deberán acordarse mediante resolución motivada los
traslados de centro, previa audiencia del menor cuando
hubiese cumplido los doce años, debiéndose notificar
a sus padres o tutores y comunicar al Ministerio Fiscal.
Artículo 52.Medidas complementarias.La medida de acogimiento residencial podrá ser complementada con la estancia del menor en familias aco-BOE núm. 124Martes 25 mayo 1999gedoras, formadas y seleccionadas según los criterios
establecidos por esta Ley, durante ciertos períodos de
tiempo, pudiendo servir los mismos como acoplamiento
para la constitución de un posterior acogimiento familiar.
Artículo 53.Recursos de acogimiento residencial.El acogimiento residencial podrá efectuarse en los
siguientes tipos de centros:
a) Centros de carácter abierto, que son aquéllos
cuyas actividades se realizan fuera del centro, haciendo
uso de los recursos normalizados.
b) Centros especializados, que son aquéllos cuyas
actividades se realizan en el interior del centro y están
destinados a menores que precisan de un programa de
asistencia terapéutica y educativa más controlado e
Ambos tipos de centros podrán ser de titularidad de
la Administración Autonómica o dependientes de una
entidad legalmente reconocida con la que exista acuerdo
de colaboración con la Administración Autonómica.
Artículo 54. Elección y condiciones de los centros de
1. Todos los centros de acogimiento residencial
deberán estar autorizados según la normativa vigente.
2. La elección del centro en que deba ser acogido
el menor será efectuada por el órgano correspondiente
de la Consejería competente en materia de menores,
previo informe y propuesta del equipo interdisciplinar.
3. Los centros deberán responder a las necesidades
de los menores y procurarán la existencia de figuras
de referencia estables.
4. Los centros se organizarán en unidades de convivencia reducidas que favorezcan el desarrollo del niño,
permitan un trato afectivo y una vida cotidiana personalizada.
5. Todos los centros contarán con un proyecto educativo, que favorezca la participación de los menores
acogidos, y se regirá por un reglamento de funcionamiento aprobados por la Consejería competente.
6. Los educadores de los centros superarán un curso de formación previo al desempeño de sus funciones
y realizarán cursos de formación permanente. Dicha formación será impartida por la Administración Autonómica.
Artículo 55.Criterios generales sobre la adopción.Para la propuesta de esta medida la Administración
Autonómica, seguirá los siguientes criterios:
a) Sólo se promoverá la adopción del menor cuando,
efectuada la exhaustiva valoración de la situación familiar, resulte inviable la permanencia o reintegración del
menor en su familia.
b) Para garantizar la plena integración del menor
en su nueva familia, se podrá promover un período de
acogimiento familiar preadoptivo, comprobando el positivo resultado del mismo.
c) Todas las actuaciones en materia de adopción
se realizarán con la necesaria reserva y confidencialidad.
d) Los solicitantes de adopción no podrán realizar
ningún tipo de discriminación por razón de sexo o raza
del menor en su solicitud.19597e) Se requerirá la conformidad del adoptado mayor
de doce años y se valorará su opinión si fuera menor
de esta edad y tuviera suficiente juicio.
Artículo 56. Criterios para la selección de los solicitantes de adopción.
Para la selección de los solicitantes de adopción se
tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) Residir en Castilla-La Mancha. No obstante, aquellas personas no residentes en Castilla-La Mancha podrán
adoptar menores siempre que no exista en esta Comunidad Autónoma familia adecuada que solicite la adopción de dichos menores y hayan sido valoradas como
idóneas por el órgano competente, asumiendo su seguimiento, o si así lo requiere el interés del menor.
b) Haber superado el proceso de formación y selección establecido en el artículo 58.
c) Estar inscrito en el Registro de Adopciones de
Artículo 57.Información sobre adopción.Quienes soliciten la adopción de un menor tienen
derecho a recibir información general sobre el procedimiento, las características de los menores y los criterios
generales sobre selección y valoración.
Artículo 58. Formación, selección de los adoptantes
y declaración de idoneidad.
1. El proceso de formación y selección es el medio
por el que se determina la idoneidad para la adopción
de los solicitantes y permite su inscripción en el Registro
de Adopciones de Castilla-La Mancha.
2. Todos los solicitantes de adopción, tanto nacional
como internacional, pasarán por un período de formación, cuya duración y contenido se determinará reglamentariamente, durante el cual adquieran las habilidades
necesarias y conozcan las implicaciones del proceso de
3. Los solicitantes deberán realizar una serie de
entrevistas que determinen la idoneidad psicológica y
social de los mismos ante la adopción. Reglamentariamente se determinará el número y las características
técnicas de dichas entrevistas, pudiendo ser realizadas
por profesionales autorizados por el órgano competente.
4. La declaración de no idoneidad deberá especificar las causas que la motivaron.
5. La declaración de idoneidad atribuye al solicitante
el derecho a que su petición de adopción sea inscrita
como tal en el Registro de Adopciones de Castilla-La
Mancha y nunca el derecho a adoptar a un menor.
Mancha.Registro de Adopciones de Castilla-La1. En el Registro de Adopciones de Castilla-La Mancha se inscribirán todos los solicitantes de adopción que
2. El Registro de Adopciones de Castilla-La Mancha
se ordenará en función de la aptitud de los solicitantes,
resultado de su declaración de idoneidad, de la flexibilidad y amplitud en la aceptación de menores con particularidades y de la antigüedad de la solicitud.
3. Cuando el número de solicitudes de adopción
regional sea superior en 20 veces al número de propuestas de adopción solicitadas a los órganos judiciales
correspondientes, la Consejería competente en materia
de menores podrá proceder a la no admisión de nuevas
solicitudes de adopción regional, excepto en el caso de
que se trate de solicitudes que admitan menores con
particularidades.19598Martes 25 mayo 19994. A los efectos de la presente Ley se entiende por
menores con particularidades, aquellos que sufran algún
tipo de discapacidad o enfermedad, los que compongan
un grupo de hermanos y los que tengan más de diez
5. Serán causas de exclusión del Registro de Adopciones de Castilla-La Mancha:
a) Haber rechazado una propuesta de acogimiento
b) Haber transcurrido más de cinco años desde la
inscripción sin que se haya efectuado ninguna propuesta
de acogimiento preadoptivo.
c) El cambio del estado civil de las personas solicitantes.
d) El fallecimiento de alguno de los solicitantes.
e) Petición de los solicitantes.
En el caso de exclusión por las causas b, c y d podrán
presentarse nuevas solicitudes de adopción teniendo en
cuenta lo previsto en los artículos 56 y 58 de la presente
Artículo 60.Propuesta de adopción.1. En los casos en que proceda, la Consejería competente en materia de menores elevará a la autoridad
judicial la propuesta de adopción a favor de los adoptantes considerados idóneos de acuerdo con los requisitos y procedimientos establecidos en el Código Civil
y la Ley de Enjuiciamiento Civil.
2. Para la determinación de los solicitantes de adopción más adecuados de entre todos los inscritos en el
Registro de Adopciones, por parte de los Equipos interdisciplinares se analizará la adecuación del solicitante
a las características del menor, así como la limitación
de edad u otros condicionantes manifestados por los
mismos, pudiéndose llevar a cabo a estos efectos nuevas
entrevistas con los solicitantes.
Artículo 61.La adopción internacional.1. Las personas que deseen adoptar a un menor
extranjero, deberán formular la oportuna solicitud ante
2. En los procesos de adopción internacional, la
Administración Autonómica será competente en las
a) Recepción, registro y tramitación de las solicitudes de adopción que se reciban, ya sea directamente
o a través de entidades colaboradoras debidamente acreditadas y que realicen su actividad en el ámbito de la
b) Formación y selección de los solicitantes de adopción internacional, siguiendo el mismo proceso que los
solicitantes de adopción de menores españoles.
c) Expedición del certificado de idoneidad, en su
caso, con posterioridad al proceso de formación y selección.
d) Seguimiento de la adopción cuando así lo exija
el país de origen del menor adoptado.
e) Acreditación, control, inspección y elaboración de
las directrices de actuación de las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional.
Artículo 62.Concepto.1. Se consideran menores en conflicto social, a los
efectos de la presente Ley, aquellos que por su situaciónBOE núm. 124de grave inadaptación pudiesen encontrarse en riesgo
de causar perjuicios a sí mismos o a otras personas,
así como los menores que, aún no teniendo la edad
requerida para exigirles responsabilidad penal, cometiesen hechos tipificados como delitos o faltas por las leyes
2. La actuación de la Administración Autonómica
en esta materia tendrá como finalidad principal el
desarrollo de acciones preventivas, así como la integración social del menor a través de un tratamiento educativo individualizado y preferentemente en su entorno
sociocomunitario durante un periodo de tiempo determinado.
Artículo 63.Medidas de actuación.1. La Administración Autonómica desarrollará en
favor de los menores en conflicto social medidas de
carácter preventivo y de apoyo tales como:
a) La orientación y el seguimiento consistente en
realizar un programa educativo especializado.
b) La conciliación y la reparación del daño como
medidas de carácter extrajudicial.
c) La formación ocupacional de carácter prelaboral,
consistente en participar activamente en talleres ocupacionales y de inserción prelaboral.
d) La atención especializada socioeducativa o terapéutica, consistente en someterse al reconocimiento de
profesionales una vez detectadas carencias relevantes.
Esta medida podrá conllevar el ingreso del menor en
un centro especializado.
2. Para la ejecución de las anteriores medidas se
deberá contar con el compromiso voluntario de participación, tanto del menor como de su familia. En caso
de que no existiese este compromiso voluntario la Administración Autonómica podrá solicitar del órgano judicial
competente la correspondiente autorización, poniéndolo
3. La intervención con el menor en conflicto social
será encomendada por el órgano competente al profesional más idóneo para que incidiendo en éste y utilizando los recursos comunitarios facilite una resolución
eficaz y satisfactoria del conflicto.
De los programas de autonomía social
Artículo 64.Concepto y actuaciones.1. Se denomina programa de autonomía personal
al seguimiento personalizado de un menor con edad
superior a los dieciséis años por un profesional y durante
un periodo determinado de tiempo, mediante un compromiso o programa de formación destinado a dar cobertura a las necesidades formativas, con el objetivo de
conseguir la progresiva integración social y laboral, su
2. Los programas de autonomía personal podrán
contemplar la concesión de ayudas de garantía de continuidad a los menores que participen en los mismos.
Dichas ayudas estarán bajo la directa supervisión del
profesional encargado del caso y serán satisfechas de
la forma más conveniente para el desarrollo del programa.
3. Los menores que hubieran cumplido los dieciséis
años y los mayores de edad, sobre los cuales se ha
ejercido alguna actuación protectora o judicial debido
a su situación de riesgo, desamparo o conflicto social
podrán solicitar la participación en un programa de auto-BOE núm. 124Martes 25 mayo 1999nomía personal hasta haber cumplido los veinticuatro
4. Los menores participantes en programas de autonomía personal podrán acogerse, con carácter prioritario,
a las medidas previstas en el Título II de la Ley 5/1995,
de 23 de marzo, de Solidaridad en Castilla-La Mancha.
5. La Administración Autonómica establecerá convenios de colaboración con otras Administraciones y
Entidades Públicas y Privadas para favorecer la integración laboral de los menores acogidos en estos programas
y facilitar su acceso a una vivienda digna.
Del Registro de las situaciones de los menores
Artículo 65.Constitución del registro.Se constituye el registro de las situaciones de los
menores de Castilla-La Mancha, que será único para toda
la Comunidad Autónoma, en el cual se recogerán las
diferentes situaciones en que pueda encontrarse cada
menor, derivadas de las actuaciones o medidas adoptadas por resolución administrativa o ejecución de medida judicial.
Las diferentes situaciones a que hace referencia el
punto anterior deberán reflejarse en un expediente personal y único para cada menor que la Consejería competente abrirá al efecto.
Artículo 66.Ubicación del registro.El registro de las situaciones de los Menores tendrá
su sede en la Consejería competente, existiendo una
oficina del mismo en cada una de las Delegaciones Provinciales de la misma.
Artículo 67.3. Una vez comunicada la resolución judicial al órgano competente de la Administración Autonómica, éste
determinará los aspectos concretos del cumplimiento
de la medida, de conformidad con lo dispuesto en la
Artículo 69. Principios que rigen en la ejecución de
Los principios que regirán la actuación de la Administración Autonómica en la ejecución de las medidas
judiciales serán los siguientes:
1. En el proceso de la ejecución de la medida se
velará porque prevalezca, sobre todo, el interés del
menor, salvo lo que disponga la resolución judicial.
2. En la aplicación de estas medidas, primará el contenido y finalidad educativa de las mismas, salvo lo que
disponga la resolución judicial.
3. En la ejecución material de las medidas se velará
por la menor dilación temporal posible entre la notificación de la misma y su efectivo cumplimiento.
Artículo 70.Ejecución de medidas.Reglamentariamente se determinará el modo de ejecución de las medidas que dicten los órganos judiciales
en el marco de la legislación estatal reguladora de la
Artículo 71. Cumplimiento de medidas en medio abierto.CAPÍTULO I1. Para el cumplimiento de las medidas en medio
abierto dispuestas por resolución judicial, la Administración Autonómica dispondrá de los necesarios medios
personales y materiales en todo su territorio. Se deberá
comunicar a los Juzgados y Fiscalías de Menores relación
de recursos que permitan el cumplimiento de dichas
2. Las medidas en medio abierto se ejecutarán por
el tiempo y en el modo estipulado en la resolución judicial, teniendo como base el proyecto educativo individualizado de las mismas que elabore el profesional designado por el órgano competente contando con el apoyo
de los equipos interdisciplinares.
3. El desarrollo del proyecto y la ejecución se realizará siguiendo los términos del protocolo de actuación
que, a tal efecto, se elabore.
4. La Consejería competente en materia de protección de menores creará la figura del Coordinador de
Medidas, que será el supervisor de la ejecución de las
mismas, dictadas por los Jueces.Disposiciones generalesCAPÍTULO IIIOrganización y funcionamiento.La organización y funcionamiento del Registro de las
situaciones de los menores se determinará reglamentariamente, respetando en todo caso los principios de
intimidad, confidencialidad y obligación de reserva de
sus inscripciones, debiéndose cumplir lo previsto en la
Ley Orgánica 5/1992, de 29 de Octubre, de Regulación
del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter
Personal, pudiendo sólo ser utilizado en beneficio del
menor.TÍTULO III
Ejecución de medidas judicialesArtículo 68.19599Competencia.1. Corresponde a la Administración Autonómica la
ejecución material de las medidas adoptadas por los
jueces de menores en aplicación de la normativa estatal
reguladora de la jurisdicción de menores.
2. Las medidas podrán ejecutarse por entidades
públicas o privadas con la que previamente se haya establecido acuerdo con la Administración Autonómica, bajo
cuya dirección y supervisión se dará cumplimiento a
dichas medidas.De las medidas en centros
Artículo 72. Ejecución de las medidas de internamiento
en centro.
1. La Administración Autonómica dispondrá de centros, propios o concertados con otras entidades, que
permitan la ejecución de las medidas de internamiento
en centro de carácter abierto, semiabierto o cerrado.
2. Cada uno de los centros existentes dispondrá de
un reglamento de régimen interno sobre el desarrollo19600Martes 25 mayo 1999de la vida de los menores en el centro, su régimen disciplinario, permisos ordinarios y extraordinarios, de salidas y de comunicación de los menores con sus familias.
El reglamento deberá ser aprobado por la Consejería
competente en materia de menores.
3. El internamiento en centro estará orientado a la
reintegración social del menor, manteniendo a este efecto los contactos externos del menor con personas o instituciones de su entorno que favorezcan este objetivo.
4. El internamiento en régimen abierto únicamente
implicará que el menor se encuentre domiciliado en el
centro, desarrollándose todas las actividades sociales y
educativas en su entorno, salvo lo que disponga la resolución judicial.
5. El internamiento en régimen semiabierto supondrá la residencia del menor en el centro, si bien, las
actividades formativas, educativas y de ocio del menor
podrán desarrollarse fuera del mismo, salvo lo que disponga la resolución judicial.
6. El internamiento en régimen cerrado implicará
la residencia del menor en el centro, así como el desarrollo en el mismo de las actividades formativas, educativas
y de ocio, salvo lo que disponga la resolución judicial.
Artículo 73.Seguimiento de las medidas.1. La Administración Autonómica realizará un seguimiento continuado de la ejecución de las medidas acordadas judicialmente, cualquiera que sea el centro, institución o persona que las desarrolle.
2. Los equipos interdisciplinares, con el apoyo de
los Servicios Sociales, efectuarán el seguimiento de la
ejecución de las medidas, informando de cualquier incidencia al órgano competente de la Administración Autonómica, al Órgano Judicial y al Ministerio Fiscal. Asimismo existirá un informe definitivo una vez concluida
Artículo 74.TÍTULO IV
Artículo 75.tección Jurídica del Menor, y de las funciones establecidas en la normativa vigente en materia de Justicia
de Menores, así como para el ejercicio de las previstas
en la presente Ley y de cualquier otra asumida por la
Comunidad Autónoma en esta materia.
2. La Consejería que tenga atribuida las competencias sobre menores ejercerá, a través de los órganos
administrativos que determinen sus normas de estructura orgánica, las siguientes funciones:
a) La dirección, planificación, programación, coordinación y supervisión de las actuaciones en esta materia.
b) El control y coordinación de las entidades y centros, tanto públicos como privados, que realicen actuaciones de protección y atención de menores de las comprendidas en la presente Ley.
c) El desarrollo, ejecución y seguimiento de los programas de acogimiento familiar y adopción.
d) La evaluación y seguimiento de los programas
de prevención y protección a la infancia y adolescencia
tendentes a su integración familiar.
e) El fomento de la participación social, la investigación y la formación de personal especializado que
favorezca la integración familiar y social de los menores.
f) La promoción y colaboración con otras instituciones o Administraciones en programas de sensibilización y difusión de los derechos de los menores.
g) La apreciación de las situaciones de riesgo,
desamparo, y de conflicto en que puedan encontrarse
h) La tutela de los menores en situación de desamparo y el ejercicio de las funciones de protección de
los mismos según la legislación vigente.
i) La ejecución de los programas y medidas, relativas
a los menores, que hayan sido acordadas por los Órganos
j) La aprobación de los sistemas de apoyo técnico
y económico, destinados a la atención integral de los
k) Cuantas otras determine la normativa vigente.
CAPÍTULO IIModificación y cese de las medidas.Sin perjuicio de las modificaciones que acuerde el
Juez de Menores, cuando, a consecuencia del seguimiento a que se refiere el artículo anterior, se constate
que han variado o desaparecido las condiciones que justificaban la medida, la Administración Autonómica elaborará un informe motivado sobre la modificación o
extinción de la misma, que se remitirá al Ministerio Fiscal
o al representante legal del menor, para que formulen
ante el Juez de Menores la correspondiente propuesta.Comunidad Autónoma.1. La Administración Autonómica es la entidad
pública competente, en su ámbito territorial, para el ejercicio de las funciones de protección y tutela de los menores, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil, y
en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Pro-BOE núm. 124De las competencias de los municipios
Artículo 76.Competencias municipales.Los municipios de Castilla-La Mancha ejercerán sus
competencias en materia de atención a menores, bien
directamente o a través de mancomunidades o agrupaciones de municipios, de conformidad con lo dispuesto
en la legislación reguladora del régimen local, en la Ley
de Servicios Sociales y en la presente norma atendiendo
al número de habitantes.
Artículo 77.Municipios mayores de 5.000 habitantes.Los municipios que dispongan de servicios sociales
básicos propios y, en todo caso, los que cuenten con
una población superior a 5.000 habitantes desarrollarán
a) La prevención de las situaciones de riesgo y
desamparo y la detección de las necesidades de los
b) La intervención en las situaciones de riesgo de
los menores, mediante el desarrollo y ejecución de los
programas acordados por el órgano autonómico competente que haya apreciado dicha situaciónBOE núm. 124Martes 25 mayo 1999c) La propuesta al órgano competente, mediante
informe motivado, de la medida de protección más adecuada a la situación del menor y su familia.
d) La corresponsabilidad en el desarrollo de los programas y actuaciones acordadas por la Administración
Autonómica, con respecto a los menores en situación
de desamparo o conflicto, que favorezcan su integración
e) La colaboración con la Administración Autonómica en el desarrollo y ejecución de los programas y
medidas en medio abierto, que hayan sido acordadas
por los Órganos Judiciales.
Artículo 78. Municipios menores de 5.000 habitantes.
Los municipios menores de 5.000 habitantes, en
coordinación con la Administración Autonómica, colaborarán en los programas y medidas de actuación acordadas en cada una de las situaciones en que se encuentren los menores.
Artículo 79.Definición.Son entidades colaboradoras de atención a menores
las asociaciones, fundaciones u otras entidades privadas
que hayan sido reconocidas o acreditadas por la Administración Autonómica para desempeñar actividades y
tareas de atención integral a los menores.
Artículo 80.Requisitos.Podrán ser acreditadas como entidades colaboradoras de atención a menores las personas jurídicas que
b) Constar en sus estatutos o reglas fundacionales
como finalidad la promoción y la protección de los menores.
c) Disponer de la organización y los equipos interdisciplinares adecuados para el desarrollo de las funciones encomendadas de atención al menor que se
Artículo 81. Procedimiento de actuación y acreditación.
1. Dichas entidades se someterán en su actuación
a las directrices, inspección y control del organismo competente y solamente podrán asumir las funciones de
guarda y mediación con las limitaciones que le señale
la Ley, debiendo asegurarse de que tales funciones se
desempeñan en interés exclusivo del menor.
2. El procedimiento para la acreditación de estas
entidades, los requisitos que tengan que cumplir, así
como su inscripción en el registro administrativo correspondiente se determinarán reglamentariamente, garantizándose la audiencia de los solicitantes.
3. La resolución administrativa de acreditación
como entidad colaboradora deberá recoger de un modo
expreso las tareas o actividades de atención a los menores para las que queda habilitada. Deberán publicarse
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha las entidades
colaboradoras acreditadas así como las actividades para
las que sean habilitadas.196014. La apertura y funcionamiento de servicios, hogares y centros de atención a los menores dependientes
de las entidades colaboradoras deberán obtener la previa
autorización administrativa de acuerdo con las condiciones y el procedimiento establecido en la normativa
Artículo 82.Derechos y obligaciones.1. Los órganos administrativos autonómicos prestarán su colaboración y asistencia a las entidades colaboradoras acreditadas por la Administración Autonómica
en la realización de las actividades para las que hayan
sido habilitadas.
2. En el desempeño de las funciones de atención
a los menores para las que estén habilitadas, las entidades colaboradoras tendrán las siguientes obligaciones:
a) Respetar los derechos reconocidos a los menores
b) Realizar las tareas y actividades para las que
estén habilitadas conforme a las normas, instrucciones
y directrices que se dicten por los órganos competentes
c) Facilitar las actuaciones de inspección y control
que se realicen por la Administración Autonómica.
e) Cualquiera otras que se prevean reglamentariamente o se establezcan expresamente en las resoluciones de acreditación como entidades colaboradoras.
Artículo 83. Revocación de la acreditación como entidad colaboradora.
La acreditación como entidad colaboradora podrá ser
revocada mediante resolución motivada, del órgano competente, dictada en expediente contradictorio, cuando
aquellas entidades dejen de reunir los requisitos o condiciones exigidos.TÍTULO V
Artículo 84. Infracciones administrativas y sujetos responsables.
1. Se consideran infracciones administrativas a la
presente Ley las acciones u omisiones de las personas
responsables, tipificadas y sancionadas en este título,
sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o
de otro orden que puedan concurrir.
2. Son sujetos responsables las personas físicas o
jurídicas a las que sean imputables las acciones u omisiones constitutivas de infracciones tipificadas en esta
3. Las infracciones se clasifican en leves, graves y
Artículo 85.Infracciones leves.Constituyen infracciones leves:
1. No facilitar por parte de los titulares de los centros
o servicios el tratamiento y la atención que acorde con
la finalidad de los mismos corresponden a las necesidades de los menores, siempre que no se deriven perjuicios para los mismos.19602Martes 25 mayo 19992. No gestionar plaza escolar para el menor en periodo de escolarización obligatorio.
3. Utilizar informes sociales o psicológicos destinados a formar parte de expedientes para la tramitación
de adopciones internacionales no autorizados por la Consejería competente en materia de menores.
4. Todas aquellas acciones u omisiones que suponga una lesión o desconocimiento de los derechos de
los menores reconocidos en la presente Ley.
5. Cualquier otra infracción que, estando tipificada
como grave, no mereciera esta consideración por razón
de su falta de intencionalidad, naturaleza, ocasión o
6. El incumplimiento de lo establecido en el artículo 5 de esta Ley.
2. Incurrir en las infracciones tipificadas como leves
siempre que el incumplimiento o los perjuicios sean
3. No poner en conocimiento de las autoridades
competentes la posible situación de riesgo o desamparo
en que pudiera encontrarse un menor.
4. Intervenir con funciones de mediación en la acogida o adopción de menores sin la previa habilitación
5. Recibir a un menor ajeno a la familia de las personas receptoras con la intención de su futura adopción,
sin la intervención del órgano competente de la Administración Autonómica.
6. Incumplir las resoluciones administrativas que se
dicten en materia de atención a los menores.
7. Difundir, a través de los medios de comunicación,
imágenes o datos personales de los menores.
8. Excederse en las medidas correctoras a los menores sometidos a medidas judiciales, o la limitación de
sus derechos más allá de lo establecido en las propias
decisiones judiciales o en las normas que regulen el funcionamiento interno de los centros e instituciones en
los que se encuentren aquéllos.
9. Limitar los derechos de los menores más allá de
lo acordado por decisión judicial.
10. El incumplimiento por el centro o personal sanitario de la obligación de identificar al recién nacido de
acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la presente
11. Dificultar la asistencia al centro escolar sin causa justificada, por parte de quienes tengan potestad
12. Utilizar a menores en actividades o espectáculos
prohibidos a los mismos.
13. Permitir la entrada de menores en los establecimientos o locales en los que está prohibido su acceso.
14. Vender o suministrar a menores las publicaciones cuya venta les está prohibida.
15. Vender, alquilar, difundir o proyectar a los menores los medios audiovisuales prohibidos a los mismos.
16. El uso indebido del registro de las situaciones
17. Cualquier otra infracción que, estando tipificada
como muy grave, no mereciera esta consideración por
razón de su falta de intencionalidad, naturaleza, ocasión
2. Incurrir en las infracciones graves previstas en
el artículo anterior, si de las mismas se derivara un dañoBOE núm. 124o perjuicio para los derechos de los menores de difícil
o imposible reparación.
3. Intervenir con funciones de mediación en la acogida o adopción mediante precio o engaño, o con peligro
manifiesto para la integridad física o psíquica del menor.
4. Recibir a un menor ajeno a la familia de las personas receptoras con la intención de su futura adopción
sin la intervención del órgano competente de la Administración autonómica, mediante precio o engaño, o con
peligro para la integridad física o psíquica del menor.
Artículo 88.Reincidencia.Se produce reincidencia cuando el responsable de
la infracción haya sido sancionado mediante resolución
firme por la comisión de más de una infracción de la
misma naturaleza, en el plazo de un año.
Artículo 89.Prescripción de infracciones.Las infracciones muy graves prescribirán a los tres
años, las graves a los dos años y las leves al año, contados a partir de la fecha en que la infracción se hubiera
Artículo 90.Sanciones administrativas.Las infracciones tipificadas en el presente Título serán
1. Infracciones leves: Amonestación por escrito o
multa de hasta 2.500.000 pesetas.
2. Infracciones graves: Multa de 2.500.001 a
3. Infracciones muy graves: Multa de 20.000.001
a 100.000.000 de pesetas.
Artículo 91.Acumulación de sanciones.1. A las sanciones previstas en el artículo anterior
podrá acumularse la sanción de revocación de las ayudas
o subvenciones concedidas a las personas físicas o jurídicas responsables así como la de inhabilitación para
percibir cualquier tipo de ayudas o subvenciones de la
administración autonómica por un plazo de uno a cinco
2. Cuando los responsables sean los titulares de los
servicios, hogares funcionales o centros de atención a
los menores, reconocidos como entidades colaboradoras, podrán acumularse a las sanciones previstas en el
artículo anterior una o varias de las sanciones siguientes:
a) Cierre temporal o definitivo, total o parcial, del
centro, hogar funcional o servicio en que se cometió
b) Revocación del reconocimiento como entidad
c) Inhabilitación para obtener ayudas o subvenciones de la administración pública por plazo de uno a
3. Cuando los responsables sean los titulares de
medios de comunicación, por infracciones cometidas a
través de los mismos, podrá imponerse como sanción
acumulada la difusión pública de la resolución sancionadora por los mismos medios de comunicación.
4. En las infracciones consistentes en la venta, suministro o dispensación de productos o bienes prohibidos
a los menores, así como permitir la entrada de los mis-BOE núm. 124Martes 25 mayo 1999mos en establecimientos o locales prohibidos para los
menores, podrá imponerse como sanción acumuladas
el cierre temporal, hasta un plazo de cinco años, o definitivo de los establecimientos, locales, instalaciones,
recintos o espacios en que se haya cometido la infracción.
Artículo 92.Graduación de las sanciones.1. Para la concreción de las sanciones y la cuantía
de las multas deberá guardarse la debida adecuación
de la misma con la gravedad del hecho constitutivo de
infracción, considerándose especialmente los criterios
a) El grado de intencionalidad o negligencia del
b) Los perjuicios de cualquier orden que hayan podido causarse a los menores, en atención a sus condiciones
c) La transcendencia económica y social de la infracción.
2. En los supuestos en que el beneficio económico
logrado como consecuencia de la comisión de la infracción supere la cuantía de la sanción establecida en esta
Ley, la misma se elevará hasta el importe equivalente
al beneficio obtenido.
Artículo 93.Destino de las sanciones.Los ingresos derivados de la imposición de las sanciones establecidas en la presente Ley deben ser destinados a la atención y protección de menores.
Las cuantías de las multas recogidas en el artículo 90,
serán revisadas periódicamente por Decreto del Consejo
de Gobierno, de conformidad con las variaciones que
experimenten los indicadores económicos, referidas a
Artículo 94.Prescripción de sanciones.Las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, por las graves a los dos años
y por las leves al año, contados a partir del día siguiente
a que la resolución sea firme.
Artículo 95.Artículo 96.19603Órganos competentes.1. Serán competentes para la resolución e imposición de las sanciones a que se refiere la presente Ley:
a) El Delegado Provincial de la Consejería competente en materia de menores para la imposición de sanciones correspondientes a infracciones leves.
b) El Director General competente para la imposición de sanciones correspondientes a infracciones graves.
c) El Consejero competente en materia de servicios
sociales, para la imposición de sanciones muy graves
hasta un máximo de 25 millones de pesetas.
d) El Consejo de Gobierno para la imposición de
sanciones muy graves de 25 a 100 millones de pesetas.
2. Los citados órganos podrán imponer como sanciones acumuladas cualquiera de las previstas en el
artículo 92 de la presente Ley.
Artículo 97.Medidas cautelares.1. El órgano competente para resolver podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado,
las medidas de carácter provisional tendentes a asegurar
la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen
fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los
efectos de la infracción. En todo caso habrá de adoptarse
las medidas necesarias para salvaguardar la integridad
física y psíquica del menor.
2. Las medidas cautelares deberán ajustarse a la
intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretendan lograr en cada supuesto concreto.
Artículo 98.Relación con la jurisdicción penal y civil.1. Cuando el órgano competente para incoar el procedimiento sancionador tuviera indicios de que el hecho
pudiera constituir también una infracción penal, lo pondrá en conocimiento del Organo Judicial competente,
absteniéndose de proseguir el procedimiento, una vez
incoado, hasta tanto no exista pronunciamiento judicial.
2. Cuando el mencionado órgano tuviera conocimiento, una vez incoado el procedimiento sancionador,
de la existencia de diligencias penales con identidad de
hechos, sujetos y fundamento, se abstendrá, asimismo,
de proseguir el procedimiento hasta que exista pronunciamiento judicial.
3. Si una vez resuelto el procedimiento sancionador
se derivasen responsabilidades administrativas para los
padres, tutores o guardadores, se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran deducirse responsabilidades civiles.Procedimiento sancionador.1. Las infracciones previstas en la presente Ley no
podrán ser objeto de sanción sin la instrucción del oportuno expediente, de conformidad con el procedimiento
administrativo sancionador propio de la Administración
Autonómica, y en su defecto mediante el procedimiento
establecido en los artículos 127 a 138 de la Ley de
Procedimiento Administrativo Común, así como su normativa de desarrollo.
2. Las asociaciones o entidades que tengan entre
sus fines la protección de menores, podrán personarse
como interesados en estos procedimientos, en los términos previstos en el artículo 31 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.Artículo 99.Publicidad de las sanciones.La Consejería competente en materia de menores
podrá acordar la publicación en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» de las resoluciones firmes de imposición
de sanciones por la comisión de las infracciones previstas
Las competencias asignadas en la presente Ley
podrán ejecutarse bien con medios o recursos propios,
bien a través de otras entidades publicas o privadas
cuyas actuaciones favorezcan el desarrollo y bienestar
de los menores.19604Martes 25 mayo 1999BOE núm. 124Disposición adicional segunda.Disposición transitoria segunda.El Consejo de Gobierno, mediante el procedimiento
establecido en la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales, podrá delegar las competencias que la
Comunidad Autónoma tiene atribuidas en la presente
Ley en los municipios con una población superior a
10.000 habitantes. En ningún caso podrán ser delegadas
las competencias reguladas en materia de adopción y
control de las entidades colaboradoras.Hasta tanto se apruebe el desarrollo reglamentario
de la presente Ley, los servicios de atención al menor
continuarán desarrollando sus funciones de acuerdo con
la normativa aplicable.Disposición adicional tercera.
Las resoluciones que aprecien el desamparo y declaren la asunción de la tutela por ministerio de la Ley,
serán recurribles ante la jurisdicción civil sin necesidad
de reclamación administrativa previa. Contra cualquier
otra resolución dictada en la materia objeto de la presente Ley será preceptiva la interposición ante la Entidad
Pública de la reclamación previa a la vía civil, conforme
a lo dispuesto en los artículos 120 y siguientes de la
La Administración Autonómica contemplará, en sus
presupuestos, de forma prioritaria, las actividades de promoción, atención, formación, protección, reinserción,
integración y ocio de los menores de esta Región, procurando asimismo que las entidades locales asuman
dicha prioridad.Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas todas las disposiciones de igual
o inferior rango que se opongan a lo establecido en
En el plazo máximo de un año desde la entrada en
vigor de esta Ley, se procederá a revisar las situaciones
y medidas de protección adoptadas hasta entonces y
que fueran susceptibles de ello, con la finalidad de adecuarlas a lo dispuesto en esta Ley.
En el mismo plazo deberán incorporarse a los registros establecidos en esta Ley los hechos y situaciones
que resulten inscribibles conforme a la misma, debidamente revisados y actualizados.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar las
disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecución
Disposición final cuarta.Disposición adicional quinta.
En lo referente a la protección de los menores frente
a la publicidad y programación de televisión, será de
aplicación lo dispuesto en la Ley 25/1994, de 12 de
julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico
español la Directiva 89/552/CEE, sobre la coordinación
de disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los estados miembros relativas al ejercicio de
actividades de radiodifusión televisiva.
Disposición adicional sexta.La presente Ley entrará en vigor el día 1 de julio
Toledo, 12 de abril de 1999.
Presidente(Publicada en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» número 22 de 16
de abril de 1999)11703 LEY 4/1999, de 31 de marzo, del Juego de
Castilla-La Mancha.La Administración Autonómica incluirá, en sus actuaciones de cooperación al desarrollo, acciones dirigidas
al fomento, mejora y respeto de los derechos de la infancia en los Estados destinatarios de las correspondientes
Las personas que a la entrada en vigor de la presente
Ley hayan sido declaradas idóneas para la adopción
serán inscritas en el Registro de Adopción de Castilla-La
Mancha, pudiendo llevar a cabo el proceso de formación
previsto en el artículo 58 de esta Ley.
Hasta que se produzca el desarrollo reglamentario
previsto en esta Ley será de aplicación el Decreto 143/1990, de 18 de diciembre, sobre procedimientos
en materia de menores.Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y
yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley
declara, en su artículo 31.1.21.a, que la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva en materia de casinos, juegos y apuestas, con exclusión de las apuestas
Mutuas Deportivo-Benéficas.
A través del Real Decreto 377/1995, de 10 de marzo,
se transfirieron, de la Administración del Estado a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, las funciones y los servicios en materia de casinos, juegos y
apuestas, habiendo ejercido la Junta de Comunidades
las competencias correspondientes a partir de entonces.
La experiencia acumulada en el ejercicio de las mencionadas competencias aconseja dotar a la Comunidad
Autónoma de una ley que, además de regular adecuadaAll pages:123456789101112131415161718InfoSaveLikeShareDownloadMoreLEY DEL MENOR Published on Apr 14, 2011 Legislación de Castilla la ManchayaizasosaFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

References: Resolución

 Resolución 
 artículo 39
 artículo 31
 artículo 149
 resolución 
 resolución 

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5
 artículo 11

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 23
 artículo
15

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34
 resolución 

Artículo 35

Artículo 36
 artículo 172

Artículo 37
 resolución 

Artículo 38

Artículo 40
 resolución 

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 45
 artículo 24

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 51
 resolución 

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56
 artículo 58

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63
 resolución

Artículo 64

Artículo 65
 resolución 

Artículo 66

Artículo 67
 resolución 

Artículo 69
 resolución 
 resolución 

Artículo 70

Artículo 71
 resolución 
 resolución 

Artículo 72
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 77

Artículo 78

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 81
 resolución 

Artículo 82

Artículo 83
 resolución 

Artículo 84

Artículo 85
 artículo 5
 artículo 9

Artículo 88
 resolución

Artículo 89

Artículo 90

Artículo 91
 resolución 

Artículo 92

Artículo 93
 artículo 90

Artículo 94
 resolución 

Artículo 95
 resolución 

artículo 92

Artículo 97
 resolución 

Artículo 98
 artículo 31
 resolución 
 artículo 58
 artículo 31
 Real Decreto