Source: http://www.suatea.org/vieyo/Normativa_legal/legislacion/lopeg.htm
Timestamp: 2019-09-18 23:46:09+00:00

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TÍTULO I. DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO DE LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS Y EN LA DEFINICIÓN DE SU PROYECTO EDUCATIVO. (arts. 2 a 7)
CAPÍTULO I. DE LA PARTICIPACIÓN. (arts. 2 a 4)
CAPÍTULO II. DE LA AUTONOMÍA PEDAGÓGICA ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS. (arts. 5 a 7)
TÍTULO II. DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS. (arts. 10 a 26)
CAPÍTULO I. DEL CONSEJO ESCOLAR DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS. (arts. 10 a 13)
CAPÍTULO II. DEL CLAUSTRO DE PROFESORES DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS. (arts. 14 a 16)
CAPÍTULO III. DE LA DIRECCIÓN DE LOS CENTROS PÚBLICOS. (arts. 17 a 26)
TÍTULO III. DE LA EVALUACIÓN. (arts. 27 a 34)
CAPÍTULO ÚNICO. (arts. 27 a 34)
TÍTULO IV. DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA. (arts. 35 A 43)
CAPÍTULO ÚNICO. (arts. 35 a 43)
El progreso equilibrado de una sociedad democrática, su bienestar colectivo y la calidad de la vida individual de sus ciudadanos son fruto del desarrollo de la educación, en sus distintos niveles. Conscientes de ello, las sociedades exigen de modo creciente bienes y servicios educativos, y su fomento y salvaguardia por parte de las Administraciones públicas han venido a formar parte de las propias responsabilidades de éstas.
Posteriormente, la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, ha reestructurado, desde perspectivas renovadoras, el conjunto del sistema educativo. Líneas fundamentales de esta reforma han sido la ampliación hasta los dieciséis años de la educación obligatoria y gratuita, el establecimiento de la educación infantil, primaria y secundaria obligatoria como nuevas etapas educativas y la definición de un marco normativo moderno para el bachillerato y la formación profesional.
Por otra parte, deben reforzarse las propias funciones encomendadas al Consejo Escolar, de modo que pueda afrontar con éxito las tareas complejas que se le encomiendan, entre las que destacan, por su trascendencia, la elección del Director, el ejercicio de una mayor autonomía de organización y gestión y la determinación de las directrices para elaboración del proyecto educativo del centro, desde la concreción de los objetivos que pretenden las enseñanzas impartidas hasta la oferta específica que el alumnado recibe.
Las especiales exigencias de la función inspectora, básica para detectar con acierto el estado real de los distintos elementos del sistema educativo y las causas determinantes de los resultados de las evaluaciones, hacen imprescindible disponer del mejor procedimiento posible en la selección de los candidatos a desempeñarla. Por otra parte, es forzoso ofrecer a los inspectores seleccionados una situación profesional que facilite al máximo el ejercicio de tarea tan decisiva como la suya.
Asimismo, debe extenderse al conjunto de los centros sostenidos con fondos públicos la adecuada participación, autonomía y organización de los centros que la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, exige, de manera que no sólo se garantice con efectividad la ausencia de discriminación en la elección del centro por parte de los alumnos, sino que los centros, a su vez, puedan incorporar a su proyecto educativo y a las enseñanzas que imparten todas las mejoras cualitativas que las sucesivas disposiciones legales vienen auspiciando.
Como las anteriores, la presente Ley está animada por la firme voluntad de conseguir una educación a la que tengan acceso todos los niños y jóvenes españoles, con calidad para formarlos sólidamente, con vistas a una participación comprometida, responsable e ilustrada en las tareas sociales, cívicas y laborales que puedan corresponderles en la vida adulta.
El Título preliminar define las acciones que deberán llevar a cabo los poderes públicos para garantizar una enseñanza de calidad en la actividad educativa, conforme a los fines establecidos en la Ley 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, y que comprenden el fomento de la participación, el apoyo al funcionamiento de los órganos de Gobierno de los centros, el establecimiento de procedimientos de evaluación y la organización de la inspección educativa.
El Título II regula los órganos de Gobierno de los centros docentes públicos.
Define y establece la composición del Consejo Escolar de los centros, sus competencias y la participación de los alumnos y de la Comisión Económica, así como la participación de los profesores a través del Claustro, las competencias del mismo, la participación del Consejo Escolar y del Claustro en la evaluación del centro, y, por último, la Dirección. Determina el procedimiento para la elección de Director, los requisitos para ser candidato y para ser acreditado para el ejercicio de la dirección, y todo lo referente a la elección de Director y su designación por la Administración educativa, con las competencias que le corresponde, su cese, nombramiento de los miembros del equipo directivo y duración del mandato de los órganos de Gobierno. También establece medidas de apoyo al ejercicio de la función directiva y prevé la adscripción de un administrador en los centros que por su complejidad lo requieran.
Son objeto del Título III los distintos contenidos y modalidades de la evaluación, así como las competencias de las diferentes instituciones para realizar estudios de evaluación, participar en ellos, valorarlos y hacer públicos, en su caso, los correspondientes informes de resultados. Este Título aborda también la participación de los centros docentes en las tareas evaluadoras.
Determinados aspectos sobresalientes son incorporados en las disposiciones adicionales. La segunda establece que las Administraciones educativas deben garantizar la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, y la séptima introduce una serie de modificaciones respecto al régimen aplicable a los centros concertados lo establecido en la presente Ley para los centros públicos, para que todos los centros sostenidos con fondos públicos sean de igual modo partícipes de las medidas que favorecen la calidad de la enseñanza y queden sometidos a equivalentes mecanismos de control social.
Artículo 1. Principios de actuación.
Fomentarán la participación de la comunidad educativa en la organización y Gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos públicos y en la definición de su proyecto educativo.
Apoyarán el funcionamiento de los órganos de Gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos públicos.
Impulsarán y estimularán la formación continua y el perfeccionamiento del profesorado, así como la innovación y la investigación educativas.
Establecerán procedimientos para la evaluación del sistema educativo, de los centros, de la labor docente, de los cargos directivos y de la actuación de la propia administración educativa.
Organizarán la inspección educativa de acuerdo con las funciones que se le asignan en la presente Le
TÍTULO I. DE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA ORGANIZACIÓN Y GOBIERNO DE LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS Y EN LA DEFINICIÓN DE SU PROYECTO EDUCATIVO.
CAPÍTULO I. DE LA PARTICIPACIÓN.
Artículo 2. Participación en los centros docentes.
Artículo 3. Participación en actividades escolares complementarias y extraescolares.
Artículo 4. Consejos Escolares de ámbito intermedio.
CAPÍTULO II. DE LA AUTONOMÍA PEDAGÓGICA ORGANIZATIVA Y DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.
Artículo 5. Autonomía de gestión de los centros docentes.
Artículo 6. Proyecto educativo.
Artículo 7. Autonomía en la gestión de los recursos económicos en los centros públicos.
TÍTULO II. DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS.
Artículo 8. Actuación de los órganos de gobierno de los centros públicos.
Colegiados: Consejo Escolar, Claustro de profesores y cuantos otros determinen reglamentariamente las Administraciones educativas.
Unipersonales: Director, Jefe de Estudios, Secretario o, en su caso, Administrador y cuantos otros determinen reglamentariamente las Administraciones educativas.
CAPÍTULO I. DEL CONSEJO ESCOLAR DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS.
Artículo 10. Composición del Consejo Escolar del centro.
4. En los centros específicos de educación infantil, en los incompletos de educación primaria, en los de educación secundaria con menos de ocho unidades, en centros de educación permanente de personas adultas y de educación especial, en los que impartan enseñanzas de régimen especial, así como en aquellas unidades o centros de características singulares, la Administración educativa competente adaptará lo dispuesto en este artículo y en el artículo 9.b, a la singularidad de los mismos.
Artículo 11. Competencias del Consejo Escolar del centro.
Artículo 12. Participación de alumnos en el Consejo Escolar.
Artículo 13. Creación de comisiones.
CAPÍTULO II. DEL CLAUSTRO DE PROFESORES DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS.
Artículo 14. Participación de los profesores.
Artículo 15. Competencias del Claustro de profesores.
Aprobar y evaluar los proyectos curriculares y los aspectos docentes, conforme al proyecto educativo del centro, de la programación general del centro.
Cualquiera otra que le sea encomendada por los respectivos reglamentos orgánicos.
Artículo 16. Participación en la evaluación del centro.
CAPÍTULO III. DE LA DIRECCIÓN DE LOS CENTROS PÚBLICOS.
Artículo 17. Procedimiento para la elección del Director.
Artículo 18. Requisitos para ser candidato a Director.
1. Podrá ser candidato a Director cualquier profesor, funcionario de carrera, que reúna los siguientes requisitos:
Tener una antigüedad de al menos cinco años en el cuerpo de la función pública docente desde el que se opta y haber sido profesor, durante un período de igual duración, en un centro que imparta enseñanzas del mismo nivel y régimen.
Tener destino definitivo en el centro, con una antigüedad en el mismo de al menos un curso completo.
Haber sido acreditado por las Administraciones educativas para el ejercicio de la función directiva.
Artículo 19. Acreditación para el ejercicio de la dirección.
Experiencia y valoración positiva del trabajo previo desarrollado en el ejercicio de los cargos correspondientes a los órganos unipersonales de gobierno.
Valoración positiva de la labor docente desarrollada en el aula y en tareas de coordinación pedagógica, así como, en su caso, en funciones de organización, gestión y participación en órganos de gobierno.
2. Las Administraciones educativas establecerán las condiciones de aplicación de estos requisitos, así como los criterios objetivos y el procedimiento que han de presidir la valoración requerida para la correspondiente acreditación.
Asimismo, efectuarán las convocatorias oportunas para que los profesores que lo deseen, y reúnan los requisitos establecidos, puedan ser acreditados para el ejercicio de la función directiva.
Artículo 20. Designación del Director por la Administración educativa.
3. En el caso de centros de nueva creación, la Administración educativa nombrará Director por tres años a un profesor que reúna los requisitos a) y c) establecidos en el artículo 18 de la presente Ley.
Artículo 21. Competencias del Director.
Dirigir y coordinar todas las actividades del centro hacia la consecución del proyecto educativo del mismo, de acuerdo con las disposiciones vigentes y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar del centro y a su Claustro de profesores.
Ostentar la representación del centro y representar a la Administración educativa en el centro, sin perjuicio de las atribuciones de las demás autoridades educativas.
Designar al Jefe de Estudios, al Secretario, así como a cualquier otro órgano unipersonal de Gobierno que pueda formar parte del equipo directivo, salvo el administrador, y proponer sus nombramientos y ceses a la Administración educativa competente.
Favorecer la convivencia en el centro e imponer las correcciones que correspondan, de acuerdo con lo establecido por las Administraciones educativas y en cumplimiento de los criterios fijados por el Consejo Escolar del centro.
Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de todos los órganos colegiados del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de su competencia.
Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros de acuerdo con lo que se establece en el artículo 7.2 de la presente Ley.
Cuantas otras competencias se le atribuyan en los correspondientes reglamentos orgánicos.
Artículo 22. Cese del Director.
3. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11.b), la Administración educativa competente podrá cesar al Director elegido por el Consejo Escolar antes del término de dicho mandato, cuando dicho Consejo, previo acuerdo de sus miembros adoptado por mayoría de dos tercios, proponga su revocación.
Artículo 23. Nombramiento y cese de los miembros del equipo directivo.
Artículo 24. Duración del mandato de los órganos de gobierno.
Artículo 25. Apoyo a los equipos directivos.
Artículo 26. Administrador en centros públicos.
TÍTULO III. DE LA EVALUACIÓN.
Artículo 27. Ámbito de la evaluación.
Artículo 28. Instituto Nacional de Calidad y Evaluación.
Artículo 29. Evaluación de los centros docentes.
4. Las Administraciones educativas informarán a la comunidad educativa y harán públicos los criterios y procedimientos que se utilicen para la evaluación de los centros, así como las conclusiones generales que en dichas evaluaciones se obtengan. No obstante, se comunicará al Consejo Escolar las conclusiones de la evaluación correspondiente a su centro. La evaluación de los centros deberá tener en cuenta el contexto socioeconómico de los mismos y los recursos de que disponen, y se efectuará sobre los procesos y sobre los resultados obtenidos, tanto en lo relativo a organización, gestión y funcionamiento, como al conjunto de las actividades de enseñanza y aprendizaje. Las Administraciones educativas colaborarán con los centros para resolver los problemas que hubieran sido detectados en la evaluación realizada.
Artículo 30. Valoración de la función pública docente.
Artículo 31. Desarrollo profesional de los docentes en los centros públicos.
Artículo 32. Formación del profesorado.
Artículo 33. Innovación e investigación educativas.
Artículo 34. Evaluación de la función directiva y de la inspección.
TÍTULO IV. DE LA INSPECCIÓN EDUCATIVA.
Artículo 35. Supervisión e inspección.
Artículo 36. Funciones de la inspección educativa.
Controlar y supervisar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos, tanto de titularidad pública como privada.
Colaborar en la mejora de la práctica docente y del funcionamiento de los centros, así como en los procesos de reforma educativa y de renovación pedagógica.
Participar en la evaluación del sistema educativo, especialmente en la que corresponde a los centros escolares, a la función directiva y a la función docente, a través del análisis de la organización, funcionamiento y resultados de los mismos.
Informar sobre los programas y actividades de carácter educativo promovidos o autorizados por las Administraciones educativas competentes, así como sobre cualquier aspecto relacionado con la enseñanza que le sea requerido por la autoridad competente o que conozca en el ejercicio de sus funciones, a través de los cauces reglamentarios.
Artículo 37. Ejercicio de la inspección educativa.
4. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional novena, punto 2, de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, las Comunidades Autónomas ordenarán su función inspectora en el marco de sus competencias, respetando en todo caso las normas básicas contenidas en dicha Ley, así como lo establecido en ésta.
Artículo 38. Requisitos para el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación.
Artículo 39. Concurso-oposición.
En la fase de concurso se valorará la trayectoria profesional de los candidatos y sus específicos méritos como docentes. Entre estos méritos, se tendrá especialmente en cuenta el desempeño de cargos directivos, con evaluación positiva, y, en el caso de los Profesores de Enseñanza Secundaria, la posesión de la condición de catedrático. Podrá tenerse en cuenta, asimismo, la especialización en determinadas áreas, programas o enseñanzas del sistema educativo.
En la fase de oposición se valorará la posesión de los conocimientos pedagógicos, de administración y legislación educativa necesarios para el desempeño de las tareas propias de la inspección y el dominio de las técnicas adecuadas para el ejercicio de la misma.
Artículo 40. Período de prácticas.
Los candidatos seleccionados mediante el concurso oposición deberán realizar para su adecuada preparación un período de prácticas, al finalizar el cual serán nombrados funcionarios de carrera del Cuerpo de Inspectores de Educación.
La organización de las citadas prácticas corresponderá, en cada caso, a la Administración convocante.
Artículo 41. Formación de los inspectores.
Artículo 42. Ejercicio de las funciones de inspección.
1. Para el ejercicio de sus funciones, los Inspectores de Educación tendrán acceso a los centros docentes, públicos y privados, así como a los servicios e instalaciones en los que se desarrollan actividades educativas promovidas o autorizadas por las Administraciones educativas.
Artículo 43. Organización de la inspección.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Función inspectora.
2. Los funcionarios pertenecientes al citado Cuerpo podrán optar por integrarse en el Cuerpo de Inspectores de Educación, creado en la presente Ley, o por permanecer en su antiguo Cuerpo, en situación de a extinguir.
3. Los funcionarios de los Cuerpos docentes que hayan accedido a la función inspectora de conformidad con las disposiciones de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y que pertenezcan a Cuerpos del grupo A que establece el artículo 25 de la citada Ley, se integrarán, por tratarse de un Cuerpo del mismo grupo, en el Cuerpo de Inspectores de Educación, siempre que hayan efectuado la primera renovación de tres años, a que se refiere el apartado 7 de la disposición adicional decimoquinta de la citada Ley. Quienes no hayan efectuado la primera renovación de tres años, continuarán en el desempeño de la función inspectora hasta completar el tiempo que les falte para la misma, y una vez obtenida dicha renovación se integrarán en el Cuerpo de Inspectores de Educación.
4. Los funcionarios de los Cuerpos docentes adscritos a la función inspectora de conformidad con las disposiciones de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio, y que pertenezcan a Cuerpos docentes del grupo B de los establecidos en el artículo 25 de la citada Ley, se integrarán en el Cuerpo de Inspectores de Educación mediante alguno de los siguientes procedimientos:
Mediante el procedimiento establecido en la disposición adicional decimosexta, apartado 2, de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, en cuyo caso se integrarán en el Cuerpo de Inspectores de Educación en el momento que accedan a alguno de los Cuerpos del grupo A.
Mediante la realización de un concurso-oposición para acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación. A tal fin, las Administraciones educativas convocarán un turno especial, en el que sólo podrán participar los funcionarios a que se refiere este apartado. Quienes superen el citado concurso-oposición, quedarán destinados en el puesto de trabajo de función inspectora que venían desempeñando. En la fase de concurso deberá tenerse especialmente en cuenta el tiempo de ejercicio de la función inspectora y los que superen el concurso-oposición quedarán exentos del período de prácticas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales.
1. En el marco de lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, las Administraciones educativas garantizarán la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, manteniendo en todo caso una distribución equilibrada de los alumnos, considerando su número y sus especiales circunstancias, de manera que se desarrolle eficazmente la idea integradora. A estos efectos, se entiende por alumnos con necesidades educativas especiales aquellos que requieran, en un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, por manifestar trastornos graves de conducta, o por estar en situaciones sociales o culturales desfavorecidas.
4. En los centros sostenidos con fondos públicos que impartan diversos niveles educativos, el procedimiento inicial de admisión de alumnos se realizará al comienzo de la oferta del nivel objeto de financiación correspondiente a la menor edad, de acuerdo con los criterios que, para los centros públicos, se establecen en el artículo 20 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, debiendo garantizarse, en todo caso, que no exista ningún tipo de discriminación de los alumnos, por razones económicas o de cualquier otra índole, para el acceso a dichos centros.
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Admisión de alumnos en determinadas enseñanzas.
4. De acuerdo con lo previsto en el artículo 41.1 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, aquellos alumnos que cursen simultáneamente enseñanzas regladas de música o de danza y enseñanzas de régimen general tendrán prioridad para la admisión en los centros que impartan dichas enseñanzas de régimen general que la Administración educativa determine.
DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. De los centros superiores de enseñanzas artísticas.
DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Convenios con centros que impartan formación profesional específica o programas de garantía social.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Planes de formación del profesorado de los centros sostenidos con fondos públicos.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Apoyo a la función directiva en los centros concertados.
DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Denominación específica para el Consejo Escolar de los centros educativos.
Durante el período de implantación, con carácter general, de las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del Sistema Educativo, los funcionarios de los Cuerpos docentes a los que se refiere la disposición transitoria novena de dicha Ley podrán optar a un régimen de jubilación voluntaria en los términos y condiciones que se establecen en la citada disposición y en las normas que la completan y desarrollan.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Duración del mandato de los órganos de gobierno.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Acreditación para el ejercicio de la dirección en los centros docentes públicos.
1. Los profesores que hayan ejercido el cargo de Director, Jefe de Estudios o Secretario durante un mínimo de cuatro años con anterioridad a la aplicación del sistema de elección de Directores, establecido en la presente Ley, quedarán acreditados para ejercer la dirección.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Adecuación de los conciertos educativos.
A medida que se produzca la implantación de los nuevos niveles educativos se procederá a la fijación de los importes de los módulos económicos establecidos, de acuerdo con el artículo 49 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, modificado por la disposición final primera. 1 de la presente Ley, en función de las condiciones y características que finalmente se deriven de las nuevas enseñanzas.
1.b) Percibir cantidades por actividades escolares complementarias o extraescolares o por servicios escolares que no hayan sido autorizadas por la Administración educativa o por el Consejo Escolar del centro, de acuerdo con lo que haya sido establecido en cada caso.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Profesores de enseñanzas artísticas y de idiomas.
2. Se añade un apartado 5 a la disposición adicional novena de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, que queda redactado de la siguiente forma:
DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Financiación de los centros docentes privados que imparten formación profesional específica.
DISPOSICIÓN FINAL QUINTA. Referencias a las Comunidades Autónomas.
Todas las referencias a las Comunidades Autónomas o a las Administraciones educativas, contenidas en la presente Ley, se entenderán referidas a aquellas que se encuentren en el pleno ejercicio de sus competencias educativas.
DISPOSICIÓN FINAL SEXTA. Normas con carácter de Ley Orgánica.
Tienen carácter de Ley Ordinaria los artículos que se contienen en los Títulos I, III y IV; disposición adicional primera; apartado 3 de la disposición adicional segunda; disposiciones adicionales cuarta, quinta, sexta, séptima y octava; disposiciones transitorias primera y cuarta; disposiciones finales segunda, cuarta, quinta y séptima.

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 10
 artículo 9

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20
 artículo 18

Artículo 21
 artículo 7

Artículo 22
 artículo 11

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 4
 artículo 20
 artículo 41
 artículo 49