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﻿ Sentencia 2013-00151 de marzo 22 de 2013
SENTENCIA 2013-00151 DE 22 DE MARZO DE 2013
CONTENIDO:INFORMACIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO –UIAF. LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA AL EJERCER FUNCIONES DE CONTROL FISCAL Y AL VELAR POR EL RESPETO DEL PATRIMONIO PÚBLICO, TIENE LA COMPETENCIA PARA CONOCER LA INFORMACIÓN RESERVADA QUE RECAUDA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO, PUES SUS FINES SON PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU DEBER CONSTITUCIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, UNIDAD DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO, ACCIÓN DE TUTELA CONTRA SENTENCIA JUDICIAL
Sentencia 2013-00151 de marzo 22 de 2013
Rad.: 11001-03-15-000-2013-00151-00(AC)
Actor: Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero UIAF
Procede la Sala a decidir la acción de tutela instaurada por la actora, contra la sentencia de 12 de diciembre de 2012, dentro del recurso de insistencia radicado bajo el número 2012-00604, proferida por la Sección Primera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró mal negada la petición de información formulada por la Contraloría Delegada para Gestión Pública e Instituciones Financieras que hizo ante la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero – UIAF.
El señor Andrés Augusto Díaz Sáenz, actuando en calidad de jefe de la oficina asesora jurídica de la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero UIAF, promovió acción de tutela contra la Sección Primera, Subsección “A”, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por considerar que fueron violados sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso y a la intimidad.
Manifestó que la contralora delegada para la gestión pública e instituciones financieras, mediante oficio de 20 de febrero de 2012 solicitó a la UIAF un informe basado en la gestión de las vigencias 2010 y 2011, relativo a los resultados obtenidos de los reportes de operaciones sospechosas —ROS— en relación con los eventos que suscitaron el interés de las autoridades por su impacto negativo sobre el patrimonio público, relacionados con el “carrusel de la contratación”, casos de los contratistas Nule, Agro Ingreso Seguro, DIAN y minería ilegal entre otros.
Adujo que mediante Oficio de 13 de marzo de 2013, dio respuesta a la peticionaria y le manifestó que la información requerida estaba sometida a reserva legal por las leyes 526 de 1999, 1121 de 2006 y el Decreto 1497 de 2002, de manera que dicha información solo podía ser suministrada a las autoridades competentes. Así mismo expresó que para acceder a dicha información, debía acudir a la Fiscalía General de la Nación, por conducto de los reportes de operaciones sospechosas —ROS—, por ser esta la entidad que conoce los procesos penales respectivos.
Anotó que mediante oficio de 9 de mayo de 2012, la contraloría delegada para la gestión pública e instituciones financieras, remitió a la UIAF copia del concepto emitido por la Contraloría General de República, en el que concluye que a pesar del carácter reservado de la información de la UIAF esta no es oponible a las solicitudes de la contraloría.
Agregó que mediante escrito de 30 de mayo de 2012, la, UIAF, dio respuesta al concepto remitido por la contraloría delegada e informó que se reiteraba el carácter de reserva de la información y que no precedía suministrar la información contenida en el, ROS, ni los informes de inteligencia que se desarrollan a partir de ellos.
Indicó que el 9 de octubre de 2012, la peticionaria solicitó a la UIAF que informara si había hecho repartos a la Fiscalía General de la Nación, a partir de la información remitida por esa delegada a la Unidad Administrativa Especial De Información Y Análisis Financiero, solicitud que fue respondida suministrando la información no sometida a reserva e invitando a la peticionaria a usar el sistema de reporte en línea, Sirel, para obtener información con un alto grado de confiabilidad y seguridad para apoyar los procesos de responsabilidad fiscal.
Señaló que la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, insistió con la petición al solicitar el 20 de noviembre de 2012, la relación de los reportes de operaciones sospechosas que a partir del proceso de intervención y liquidación adelantado en la sociedad Comisionista de Bolsa, Proyectar S.A., se generaron por el área de riesgos de la firma comisionista. Así mismo solicitó el resultado de las actuaciones derivadas de los mismos y el trámite surtido ante la Fiscalía General de la Nación.
Manifestó que pese a la insistencia de la peticionaria, el día 3 de diciembre de 2012, el jefe de la oficina jurídica de la UIAF acudió al recurso de insistencia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que este decidiera la procedencia en la entrega de la información.
Precisó que la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el día 12 de diciembre de 2012, resolvió, de manera incompleta, entregar parte de la información reservada solicitada a la Contraloría General de la República.
I.3.- Pretensiones.
La actora solicitó que se amparen los derechos fundamentales y, en consecuencia, se deje sin efecto la providencia de 12 de diciembre de 2012, proferida por la Sección Primera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y que, en su lugar, se declare bien denegada, por parte de la UIAF, la entrega de la información solicitada por la Contraloría General de la República.
I.4.- Defensa.
El doctor Felipe Alirio Solarte Maya, magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dando respuesta a la presente acción de tutela, en atención a que el magistrado sustanciador del proceso, doctor Luis Manuel Lasso Lozano se encuentra en comisión de servicios, sostuvo que en virtud de los artículos 268 de la Constitución Política de Colombia, 9º de la Ley 526 de 1999 y en 10º de la Ley 610 de 2000, la información que recauda la UIAF prima facie, está sujeta a reserva; sin embargo, podrá ser conocida por autoridades competentes y por las entidades legitimadas para ejercitar la acción de extinción de dominio, las cuales deberán mantener la reserva de la información.
Sostuvo que el artículo 2º de la Ley 793 de 2002, describe los casos en los que se declara extinguido el dominio y prevé que las actividades ilícitas se pueden dar por las conductas cometidas en perjuicio del tesoro público, razón por la cual la Contraloría General de la República sí tiene competencia para conocer de la información recaudada por la UIAF, pues se trata de una autoridad pública de control, que puede conocer de la existencia de bienes adquiridos ilícitamente, que afecten el tesoro público.
I.5 Intervenciones.
La doctora Alba de la Cruz Berrio Baquero, como representante judicial de la Contraloría General de la República, manifestó que la Corte Constitucional en sentencias C-695 de 2003, con ponencia del magistrado doctor Marco Gerardo Monroy Cabra, y C-640 de 2010, con ponencia del magistrado doctor Mauricio González Cuervo, reitera la posibilidad de acceder a la información semiprivada por parte de las autoridades administrativas, siempre y cuando tengan relación con el ejercicio de sus funciones.
Agregó que la Contraloría General de la República, en virtud del artículo 10º de la Ley 610 de 2000, ejerce funciones de policía judicial, razón por la cual, tiene la competencia para conocer de la información reservada de la, UIAF, toda vez que con ella se puede salvaguardar el patrimonio público.
Señaló, frente a los argumentos de la actora, que no existió violación del precedente judicial, toda vez que el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca adoptó los lineamientos sugeridos por la Jurisprudencia de la Corte Constitucional.
Adujo que con la acción de tutela la actora pretende hacer una nueva valoración probatoria, lo que es improcedente, ya que el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora del desempeño, en cuanto a la evaluación probatoria que realiza el juez que conoce ordinariamente de un asunto.
En el caso presente, la providencia que se demanda vía acción de tutela, es la sentencia de 12 de diciembre de 2012, proferida por la Sección Primera, Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual, se declaró mal negada la petición de información formulada por la contraloría delegada para la gestión pública e instituciones financieras.
La parte actora sustenta la presente tutela básicamente afirmando que el despacho judicial que tramitó el recurso de insistencia, al proferir la sentencia objeto del presente estudio, incurrió en un defecto sustancial, por fundarse el fallo en una norma legal inaplicable al caso concreto y porque la interpretación se realizó sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables; desconoció el precedente judicial y violó la Constitución Política.
Habida cuenta de que en el presente caso se han agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, se cumple con el requisito de inmediatez, la cuestión que se discute resulta de evidente relevancia constitucional y no se acciona contra una sentencia de tutela, se cumplen los presupuestos generales previstos en la Sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, razón por la cual la Sala tiene en cuenta lo siguiente:
En cuanto a la existencia de los defectos invocados y la presunta conculcación de los derechos constitucionales fundamentales alegados por la actora, es menester consultar el contenido de la providencia objeto de la misma.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 12 de diciembre de 2012, al resolver el recurso de insistencia invocado por la UIAF concluyó que la Contraloría General de la República, al ser un organismo de control, está facultada para obtener información de actividades que puedan afectar el tesoro público, razón por la cual declaró mal negada la solicitud elevada ante la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero, UIAF.
Ahora bien, revisadas las actuaciones desarrolladas, la Sala advierte que frente al defecto sustantivo, la Corte Constitucional(1) ha señalado lo siguiente:
“Tal como lo señala la jurisprudencia constitucional, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo:
(iii) Cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva”(2).
De esta manera, la Sentencia SU-962 de 1999 manifestó que las decisiones que incurren en una vía de hecho por interpretación «carece(n) de fundamento objetivo y razonable, por basarse en una interpretación ostensible y abiertamente contraria a la norma jurídica aplicable”.
Por su parte, la Sentencia T-567 de 1998 precisó que «cuando la labor interpretativa realizada por el juez se encuentra debidamente sustentada y razonada, no es susceptible de ser cuestionada, ni menos aún de ser calificada como una vía de hecho, y por lo tanto, cuando su decisión sea impugnada porque una de las partes no comparte la interpretación por él efectuada a través del mecanismo extraordinario y excepcional de la tutela, esta será improcedente”.
En este orden de ideas, con base en la Jurisprudencia a que se ha hecho alusión, la Sala concluye que la interpretación desplegada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la sentencia del 12 de diciembre de 2012, es razonable y no se fundamentó en el criterio arbitrario del juzgador, pues los instrumentos jurídicos que se invocaron en la providencia son los aplicables al caso en concreto.
En efecto se observa que el artículo 9º, inciso cuarto, de la Ley 526 de 1999, modificado por el artículo 8º de la Ley 1121 de 2006, ordena:
“La información que recaude la unidad de que trata la presente ley en cumplimiento de sus funciones y la que se produzca como resultado de su análisis, estará sujeta a reserva, salvo solicitud de las autoridades competentes y las entidades legitimadas para ejercitar la acción de extinción de dominio quienes deberán mantener la reserva aquí prevista.
La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial”(3).
Y de otra parte el artículo 2º de la Ley 793 de 2002, establece frente a las causales de extinción de dominio lo siguiente:
“Artículo modificado por el artículo 72 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:” Se declarará extinguido el dominio mediante sentencia judicial, cuando ocurriere cualquiera de los siguientes casos:
De lo anterior se deduce, que la Contraloría General de la República al ejercer funciones de control fiscal y al velar por el respeto del patrimonio público, tiene la competencia para conocer la información reservada que recauda la UIAF, pues sus fines son para el cumplimiento de su deber constitucional.
Ahora bien, en relación con el precedente judicial, la Sala no advierte desconocimiento, dado que no hay jurisprudencia clara y precisa que sugiera la negativa de entrega de información de la UIAF a la Contraloría General de la República, toda vez que las sentencias citadas por la parte actora como precedente aplicable, no despejan la duda planteada, no son concisas y no se refieren especialmente al tema en estudio.
Así las cosas, vale la pena destacar que la Contraloría General de la República, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, está facultada para consultar información financiera que afecte, de una u otra manera, el erario público y, en ese sentido, requería de la información solicitada a la UIAF, en relación con el reporte de operaciones sospechosos en los casos de “el carrusel de la contratación”, casos de los contratistas Nule, Proyectar, SaludCoop, AIS, DIAN, entre otros, para las vigencias 2010 y 2011.
No sobra resaltar el texto del artículo 27 del Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que al efecto prevé:
“Inaplicabilidad de las excepciones. El carácter reservado de una información o de determinados documentos, no será oponible a las autoridades judiciales ni a las administrativas que siendo constitucional o legalmente competentes para ello, los soliciten para el debido ejercicio de sus funciones. Corresponde a dichas autoridades asegurar la reserva de las informaciones y documentos que lleguen a conocer en desarrollo de lo previsto en este artículo”.
Por las anteriores razones estima la Sala que no se vulneraron los derechos fundamentales invocados por la demandante y, por el contrario, la providencia judicial censurada, se dictó conforme a derecho.
1. DENIÉGASE la presente acción de tutela.
3. En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMÍTASE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión y DEVUÉLVASE el expediente contentivo de las providencias objeto de la presente acción al juzgado de origen.
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala, en la sesión del día 22 de marzo de 2013.
Magistrados: Marco Antonio Velilla Moreno—María Elizabeth García González—María Claudia Rojas Lasso—Guillermo Vargas Ayala
(1) Sentencia T-125 de 23 de febrero de 2012, acción de tutela instaurada por el señor Fernando Muñoz Sierra contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cundinamarca, el Banco de Bogotá y el Instituto del Seguro Social, Magistrado Ponente doctor Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
(2) Sentencia SU-159 del 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(3) Por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción de dominio.

References: artículo 2
 artículo 10
 artículo 9
 artículo 8
 artículo 2
 artículo 72
 artículo 27