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﻿ SENTENCIA C-89 DE FEBRERO 26 DE 1997
SENTENCIA C-89 DE 26 DE FEBRERO DE 1997
CONTENIDO:LÍMITE MÁXIMO DE PENSIONES DE VEJEZ Y JUBILACIÓN. DECLARA INEXEQUIBLE LA EXPRESIÓN:"SALVO EN LOS REGÍMENES E INSTITUCIONES EXCEPCIONADAS (SIC) EN EL ARTÍCULO 279 DE ESTA LEY " CONTENIDA EN EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 100 DE 1993
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE JUBILACIÓN, PENSIÓN DE VEJEZ, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE VEJEZ, REQUISITOS PARA LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN DEL PILOTO, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:305 DE MAYO DE 1997, PÁG.567
Sentencia C-89 de febrero 26 de 1997
EXTRACTOS: «El ciudadano Luis Carlos Sáchica Aponte, en uso del derecho consagrado en los artículos 40, numeral 6º, y 241, numeral 4º de la Constitución, presentó ante esta corporación demanda de inconstitucionalidad, en contra de un aparte del parágrafo del artículo 35 de la Ley 100 de 1993 “por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.
El siguiente es el texto de la norma acusada, según consta en copia del Diario Oficial Nº 41.903, del viernes 23 de junio de 1993, con la advertencia de que se subraya lo acusado:
“ART. 35.—Pensión mínima de vejez o jubilación. El monto mensual de la pensión mínima de vejez o jubilación no podrá ser inferior al valor del salario mínimo legal vigente.
PAR.—Las pensiones de jubilación reconocidas con posterioridad a la vigencia de la Ley 4ª de 1992 no estarán sujetas al límite establecido por el artículo 2º de la Ley 71 de 1988, que por esta ley se modifica, salvo en los regímenes e instituciones excepcionadas (sic) en el artículo 279 de esta ley”.
3. Evolución legislativa de los montos o límites mínimos y máximos de las pensiones de vejez y jubilación.
El artículo 2º de la Ley 4ª de 1976, establecía que el valor de la pensión no podría ser inferior al salario mínimo mensual más alto ni superior a veintidós (22) veces ese mismo salario. Esta ley fue modificada por el artículo 2º de la Ley 71 de 1988, según el cual
“Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual, ni exceder de quince (15) veces dicho salario; salvo lo previsto en convenciones colectivas, pactos colectivos y laudos arbitrales.
4. Régimen de la Ley 100 de 1993.
“El valor de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente”.
En el parágrafo 3º del artículo 18 de la Ley 100, se autorizó al Gobierno Nacional para limitar el monto de la pensión, en el régimen solidario de prima media con prestación definida, a veinte (20) salarios mínimos.
3. Por su parte, la Ley 4ª de 1992, ley marco que fija el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso y de la fuerza pública, establece, en relación con los congresistas, que el monto de la pensión no podrá ser inferior al 75% del ingreso mensual promedio que, durante el último año, y por todo concepto, devenguen. Esta ley no fijó un máximo para las pensiones de los congresistas.
5. Análisis de la norma parcialmente acusada.
“Las pensiones de jubilación reconocidas con posterioridad a la vigencia de la Ley 4ª de 1992 no estarán sujetas al límite establecido por el artículo 2º de la Ley 71 de 1988, que por esta ley se modifica, salvo en los regímenes e instituciones excepcionadas (sic) en el artículo 279 de esta ley” (la parte subrayada es la acusada).
¿Cuáles son los regímenes e instituciones en que no se aplica este parágrafo?
— Las fuerzas militares.
— La Policía Nacional.
— El personal regido por el Decreto 1214 de 1990, es decir, el personal civil del Ministerio de Defensa, de la Policía Nacional, del Ministerio Público, y de la justicia penal militar. Sin embargo, las personas que se vinculen a estas entidades con posterioridad a la vigencia de la Ley 100, quedarán sometidas a ella.
— Los miembros no remunerados de las corporaciones públicas.
— Los afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio.
— Los empleados que a la entrada en vigencia de la Ley 100, estén en concordato preventivo y obligatorio en cual se hayan pactado sistemas o procedimientos especiales de protección de pensiones.
— Los servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos, ni a sus pensionados.
Al respecto, la jurisprudencia de esta Corte ha establecido que la existencia de esos regímenes especiales, se justifica en cuanto ellos, en relación con el derecho prestacional, establezcan un nivel de protección igual o superior al consagrado en el régimen general (C. Const., Sent. C-461/95, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
1. En los antecedentes de la Ley 100 de 1993, no se encuentra ninguna referencia específica a los motivos que llevaron al legislador a incluir este parágrafo. Al respecto, sólo existe lo siguiente:
En el texto del proyecto aprobado en primer debate por las comisiones séptimas constitucionales permanentes, se aprobó un parágrafo en el artículo referente a la pensión mínima de vejez, según el cual “El artículo 2º de la Ley 71 de 1988 quedará así: Ninguna pensión mínima de vejez o jubilación será inferior a un salario mínimo legal vigente” (Gaceta del Congreso del viernes 30 de julio de 1993). En el proyecto presentado por la subcomisión de ponentes, no aparece referencia alguna al parágrafo en estudio (Gaceta del Congreso del jueves 2 de septiembre de 1993). En el proyecto aprobado en segundo debate por el Senado de la República, en el artículo 38, se incluyó el texto del parágrafo que había sido adoptado por las comisiones permanentes, ya transcrito (Gaceta del Congreso, martes 16 de noviembre de 1993).
Es decir, sólo se repetía que el monto de la pensión no podía ser inferior al salario mínimo, tal como estaba consagrado desde 1976. La reforma, por tanto, se limitaba a la inclusión del término “vigente”.
2. El parágrafo, tal como está redactado, podría hacer referencia a dos límites: el primero, relacionado con el límite mínimo de la pensión, y el segundo, con el máximo.
3. Como se ha explicado, la Ley 71 de 1988, como la Ley 100 de 1993, establecía que las pensiones no podían ser inferiores al salario mínimo legal.
Lo preceptuado constituye una garantía para los pensionados, tanto del sector público como del privado, pues fija el parámetro mínimo al que deben sujetarse las distintas entidades, al momento de liquidar y reconocer la pensión de vejez. Se habla de entidades, y no se hace referencia sólo al ISS, porque antes de la vigencia de la Ley 100 existían cajas, fondos y organismos, como Cajanal, que tenían a su cargo el régimen prestacional de ciertos trabajadores del sector público y privado. Entidades que hoy quedaron facultadas para continuar con esa administración, pero con sujeción al régimen de prima media con prestación definida.
Este mínimo fijado por la Ley 100 de 1993, y leyes anteriores, tiene como antecedente la Ley 4ª de 1976 que, por primera vez, estableció que las pensiones fueran, por lo menos, iguales al salario mínimo más alto, y tuvieran un incremento igual al que el gobierno determinara para éste, con el fin de que los pensionados pudieran mantener el poder adquisitivo de sus mesadas pensionales.
Por consiguiente, sería inexequible el parágrafo acusado, si la exclusión a la que él hace referencia estuviera encaminada a que ciertos pensionados no tuvieran derecho a que su pensión fuera por lo menos igual al salario mínimo. Esta interpretación de la norma acusada, violaría el derecho del trabajador a que la ley no desconozca sus derechos mínimos (art. 53 de la Constitución), toda vez que este monto de la pensión de vejez o jubilación, es una garantía irrenunciable en favor del pensionado, que no puede ser desconocida en ningún régimen pensional.
En consecuencia, el monto mínimo de la pensión es también aplicable a los servidores a que se refiere el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, quienes, a pesar de hallarse excluidos del régimen general que consagra la ley integral de seguridad social, tienen derecho a que no se desconozcan las garantías y beneficios mínimos que ella ha determinado, tal como lo ha sostenido la jurisprudencia de esta corporación.
4. La referencia al límite de que trata el parágrafo del artículo 35, sólo puede ser entendida en relación con el máximo de las pensiones.
5. El legislador podía establecer válidamente que los pensionados a quienes se les reconociera la pensión en determinada época, no quedarían sujetos al límite de los quince (15) salarios mínimos que establecía el artículo 2º de la Ley 71 de 1988, variando en su favor una situación ya consolidada. No existe ninguna razón de orden constitucional que le impida al legislador variar la situación jurídica de los destinatarios de una norma, siempre que esa decisión no implique el desconocimiento de derechos adquiridos (art. 58 de la Constitución).
6. Con fundamento en la jurisprudencia de la Corte, ha de entenderse que si la nueva ley de seguridad social establece beneficios para los pensionados, de los que no gozan aquellos que se rigen por un sistema pensional excluido de su aplicación, por expresa disposición de la Ley 100 de 1993 (art. 279), dichos beneficios y prerrogativas deben también cobijar a quienes pertenezcan a esos regímenes especiales. Así lo expuso esta corporación:
“... el establecimiento de regímenes pensionales especiales, como aquellos señalados en el artículo 279 de la Ley 100, que garanticen en relación con el régimen pensional, un nivel de protección igual o superior, resultan conformes a la Constitución, como quiera que el tratamiento diferenciado lejos de ser discriminatorio, favorece a los trabajadores a los que cobija. Pero si se determina que al permitir la vigencia de regímenes especiales, se perpetúa un tratamiento inequitativo y menos favorable para un grupo determinado de trabajadores, frente al que se otorga a la generalidad del sector, y que el tratamiento dispar no es razonable, se configuraría un trato discriminatorio en abierta contradicción con el artículo 13 de la Carta” (subrayas fuera de texto) (Sentencia C-461 de 1995, magistrado ponente, doctor Eduardo Cifuentes Muñoz).
Por esto, como el régimen de los pensionados de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, ofrecía mayores prerrogativas que las consagradas en la Ley 100 de 1993, la Corte declaró exequible la exclusión de tales pensionados del ámbito de su aplicación (Sentencia C-173 de 1996, magistrado ponente, doctor Carlos Gaviria Díaz).
En síntesis, los pensionados de los regímenes especiales cuyo sistema pensional fije un límite máximo, superior al que consagra la Ley 100 de 1993, no estarán sujetos a éste, pues la Ley 100 no se les puede aplicar. Por el contrario, si esos límites son inferiores, tienen derecho a solicitar la aplicación de la ley de seguridad social, por ser más favorable a sus intereses.
6. Efectos de la presente decisión.
En conclusión, se declarará la inexequibilidad de la expresión “salvo en los regímenes e instituciones excepcionadas (sic) en el artículo 279 de esta ley”.
1. Declárase INEXEQUIBLE la expresión “salvo en los regímenes e instituciones excepcionadas (sic) en el artículo 279 de esta ley” contenida en el parágrafo del artículo 35 de la Ley 100 de 1993.
2. Esta sentencia tendrá efectos hacia el futuro. Es decir, aquellos pensionados que resulten beneficiados, en abstracto, con la declaración de inexequibilidad, podrán solicitar que se les aplique el beneficio que establece el parágrafo del artículo 35 de la Ley 100 de 1993, a partir de la notificación de esta sentencia, y el derecho al reajuste sólo se causará desde el día en que se presente la solicitud correspondiente.
(Sentencia C-080 de febrero 26 de 1997. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Arango Mejía).

References: ARTÍCULO 279
 ARTÍCULO 35
 artículo 35
 artículo 2
 artículo 279
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 artículo 18
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 artículo 38
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