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Timestamp: 2019-01-24 00:52:42+00:00

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﻿ SENTENCIA 110011102000200602000 DE JULIO 5 DE 2006
SENTENCIA 110011102000200602000 DE 05 DE JULIO DE 2006
CONTENIDO:DERECHO A LA SALUD. LA ATENCIÓN Y EL TRATAMIENTO A QUE TIENEN DERECHO LOS COTIZANTES COMO LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD DEBEN SER INTEGRALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTENIDO DEL PAGARÉ, COBERTURA DEL SERVICIO DE SALUD, COBERTURA DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD, EXCLUSIÓN DEL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD, DESATENCIÓN EN SALUD
Sentencia 110011102000200602000 de julio 5 de 2006
Rad. 110011102000200602000
Aprobada según Acta de Sala Nº 58 de la misma fecha.
Accionante: Diana Carolina Vargas Varón
Accionada: Compensar EPS
Asunto: Impugnación Sentencia de Tutela
Bogotá, D.C., cinco de julio de dos mil seis.
Dentro del término legal pertinente se pronuncia la Sala respecto de la impugnación interpuesta contra el fallo del 2 de junio de 2006, mediante el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, concedió la acción de tutela incoada por la accionante en nombre de Uriel Alonso Álvarez, amparando el derecho fundamental a la salud en conexidad con el derecho a la vida.
La señora Diana Carolina Vargas Varón interpuso el 19 de mayo de 2006 en nombre y representación de su esposo Uriel Alonso Álvarez ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, acción pública de tutela contra la EPS Compensar, solicitando el amparo del derecho a la salud en conexidad con la vida y en consecuencia se ordenara a la accionada el cubrimiento total de la atención medica, incluyendo “quimioterapias con temozolomide acelerador lineal mayor”, suministro de los medicamentos prescritos por los médicos, radioterapias, hospitalización, exámenes, elementos, insumos y todo el tratamiento que requiera éste, sin que se condicione a periodos mínimos de cotización o que se encuentren dentro del plan obligatorio de salud.
Igualmente, de manera inmediata y hasta que las circunstancias así lo ameriten, se prevenga a la EPS Compensar para que este tipo de negativas y demoras de carácter administrativo que afectan el mantenimiento de la vida y la salud no se vuelvan a presentar en tratamientos futuros, so pena de incurrir en desacato.
Se autorice a la entidad accionada para que repita contra el Fosyga.
Como medida provisional peticionó la actora que mientras se resuelve la tutela, la entidad accionada asuma y cubra totalmente la atención médica que requiera el esposo de esta.
Las razones de la acción impetrada pueden sintetizarse como sigue:
• El señor Uriel Alonso Álvarez esposo de la actora, se encuentra afiliado a la EPS Compensar como beneficiario de esta; en febrero del año que cursa fue operado de un tumor maligno en médula en la Fundación Cardioinfantil.
• El mencionado procedimiento fue cubierto parcialmente por ellos, para lo cual tuvieron que suscribir un pagaré, por cuanto la accionada se negó a brindar la cobertura total.
• Practicado el examen patológico dispuesto por los galenos, el resultado solo fue obtenido finalizado el mes de marzo, determinando la presencia de “lesión de médula espinal, artrocitoma de alto grado de malignidad, por lo que se ordenó su remisión al servicio de oncología de la Clínica Marly.
• Ante la grave situación de su esposo, la actora solicitó a la EPS Compensar que definiera si autorizaba toda la atención médica requerida por éste, incluyendo las quimioterapias y radioterapias.
• La entidad accionada a través de comunicación del 9 de mayo de 2006 negó la cobertura total del tratamiento, precisando que sólo cubriría el 64% y el resto debía asumirlo el cotizante, aduciendo que no se cumplía el mínimo de semanas cotizadas a la mencionada EPS.
• Indicó la accionante que ella labora como vendedora en el almacén Fedco, siendo su asignación mensual el mínimo más porcentaje de ventas que no supera la suma de $ 150.000 cuando hay buen movimiento; su cónyuge en razón a la enfermedad no pudo seguir trabajando como conductor de taxi, por cuanto se encuentra “cuadriparésico”; manifestó que con lo que ella devenga cubre todos los gastos del hogar, servicios públicos, arriendo, mercado, la educación y vestido del hijo de ocho años de edad, razón por la cual no cuentan con los medios para asumir el costo de la atención médica que necesita el señor Uriel Alonso Álvarez.
• Le fueron ordenadas cuarenta (40) sesiones de quimioterapias y según les han informado cada una de ellas asciende a la suma de un millón de pesos, sin contar las radioterapias, treinta (30) en total que sumadas a los gastos de sala, exámenes, medicamentos, evaluaciones, superan los sesenta millones de pesos.
• Al no brindársele la cobertura de toda la atención médica que requiere el esposo de la accionante se está poniendo en riesgo el derecho a la vida, pues la EPS Compensar está supeditando la prestación del servicio médico a los periodos mínimos de cotización.
• Agregó que como su cónyuge se encuentra impedido físicamente para firmar la tutela y presentarla personalmente, ella interpone la acción de amparo en nombre de éste.
1. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante auto del 23 de mayo de 2006 admitió la demanda de tutela y ordenó notificar la actuación a la Empresa Promotora de Salud Compensar y como tercero interesado al Fondo de Solidaridad y Garantía Fosyga (fl. 24 del cdno. de primera instancia).
2. El juez constitucional de primera instancia a través de proveído del 23 de mayo de 2006 resolvió decretar la medida provisional deprecada por la accionante con fundamento en el contenido del artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, disponiendo que la EPS Compensar autorizara en forma inmediata y sin dilaciones el tratamiento completo requerido por el ciudadano Uriel Alonso Álvarez.
En el mismo auto, avocó a prevención el conocimiento de la demanda de tutela; asimismo declaró que la señora Diana Carolina Vargas Varón está legitimada para actuar como agente oficioso de su esposo.
3. La abogada de la asesoría jurídica de Compensar, por medio de escrito signado el 30 de mayo de 2006 ejerció en nombre de la accionada el derecho de defensa (fls. 71 a 76).
4. A su turno la jefe de la oficina jurídica y de apoyo legislativo del Ministerio de la Protección Social dio respuesta a la acción de tutela (fls. 79 a 81).
5. La colegiatura de primer grado, mediante providencia del 2 de junio de 2006, concedió la acción de tutela incoada por la accionante en nombre de Uriel Alonso Álvarez amparando el derecho fundamental a la salud en conexidad con el derecho a la vida (fl. 82 a 100).
6. La anterior decisión fue impugnada por la jefe de la oficina jurídica y de apoyo legislativo del Ministerio de la Protección Social (fls. 109 a 111).
Consideró la Sala a quo en el fallo atacado que en el presente caso se debe aplicar la doctrina constitucional, por cuanto desde el punto de vista fáctico se cumplen los requisitos para tal efecto.
Señaló el juez constitucional de primera instancia que si bien la entidad accionada actúa reglamentariamente y de manera legal, no se puede dejar de lado que las circunstancias en que se encuentra el señor Uriel Alonso Álvarez le quitan toda posibilidad de acceder al tratamiento, porque no cuenta con los recursos para cubrir lo que le corresponde por la cuota moderadora, motivo por el cual el tratamiento que necesita no puede ser llevado a cabo y su salud se ve menguada y supeditada a buscar las fuentes económicas para poder acceder al procedimiento médico, situación que se erige en la negación material del derecho, intolerable en un Estado social democrático de derecho.
Estimó la colegiatura de instancia que la acción de tutela debía prosperar en los mismos términos en los que se ordenó la medida provisional, por cuanto de no autorizar el tratamiento integral del paciente conforme a los requerimientos del padecimiento de su salud, se pondría en peligro el derecho a la integridad física y personal, el derecho a la vida, por lo que se dispondrá que la EPS Compensar acuda al Fosyga para repetir por el equivalente al número de semanas faltantes, sin que el tratamiento médico pueda ser supeditado a pago alguno por parte de la accionante o el paciente.
En eventos tan especiales como éste, el servicio de salud se debe prestar, más aún si los procedimientos se encuentran contemplados en el plan obligatorio de salud y en caso de no estarlo también se debe realizar, por cuanto la garantía constitucional del derecho a la vida cuando va de la mano del derecho a la salud, se vuelve una obligación del Estado.
Inconforme con el fallo de tutela la jefe de la oficina asesora jurídica y de apoyo legislativo del Ministerio de la Protección Social impugnó el mencionado proveído, aduciendo que:
• En lo relacionado con las quimioterapias y radioterapias autorizadas, estas se encuentran incluidas en el POS conforme a los artículos 17, 87 y 117 de la Resolución 5261 de 1994, aunque sujeto a que la accionante haya cotizado mínimo 100 semanas al sistema general de seguridad social en salud.
• La accionante cuenta con las opciones establecidas en el Decreto 806 de 1998, cuando no tiene cotizadas el número mínimo de semanas exigidas por la ley, esto es, el acceso a servicios adicionales de salud distintos a los contemplados en el POS a través de la adquisición opcional y voluntaria de planes de atención adicional PAS, cuya financiación es con recursos distintos a los de cotización obligatoria.
• También es viable la realización de acuerdos entre el afiliado y la respectiva EPS conforme a lo señalado en el artículo 14 numeral 8º del Decreto 1485 de 1994, que enuncia: “(...) Las entidades promotoras de salud y los afiliados podrán acordar periodos de permanencia del afiliado por un término superior a un año, como contraprestación por la atención de enfermedades sujetas a periodos mínimos de cotización, antes del vencimiento de dichos periodos”.
• Si llegara a probarse que la persona no tiene capacidad de pago para asumir el costo de los servicios adicionales (excluidos del POS) o los servicios sujetos a semanas de cotización, debe ser atendido con cargo al subsidio a la oferta por la instituciones públicas prestadoras de servicio de salud o por aquellas privadas con las cuales la entidad territorial competente tenga contrato.
• Por lo anterior, las EPS no están obligadas a pagar los costos de hospitalización y cirugía de un afiliado que no tenga cotizado el periodo mínimo.
• Ni el Ministerio de la Protección Social ni el Fosyga son responsables de garantizar la atención en salud a los afiliados del régimen contributivo y que dentro de la estructura del sistema general de seguridad social en salud, tal como lo estipula el Decreto 806 de 1998, las IPS públicas o las privadas contratadas con el Estado, deben atender al afiliado en estas situaciones y cobrarle una cuota de recuperación.
• Respecto a la atención integral autorizada, es necesario que en cada caso el médico tratante precise lo requerido a fin redeterminar si se encuentra o no incluido en el POS.
Es competente esta sala jurisdiccional disciplinaria con base en lo dispuesto por el artículo 256 de la Constitución Política, para resolver la impugnación formulada de conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
Del escrito de impugnación se infiere que la jefe de la oficina asesora jurídica y de apoyo legislativo del Ministerio de la Protección Social concretamente discute que solo es viable la prestación de los procedimientos médicos en el evento de que la accionante haya cotizado mínimo 100 semanas al sistema general de seguridad social.
2. De la procedencia de la acción de tutela.
Establece el artículo 5º del Decreto 2591 de 1991:
A su turno enuncia en artículo 6º ibídem,
En el presente caso se definirá lo referente a la procedencia o no del amparo solicitado y si se violaron los derechos constitucionales fundamentales invocados con el proceder de la demandada, teniendo en cuenta que la acción de tutela procede sólo cuando el afectado no disponga de otros recursos o medios de defensa judiciales, a menos que exista probadamente, un perjuicio irremediable que haga imprescindible el amparo constitucional como mecanismo transitorio.
3. De la legitimidad del agente oficioso.
Dada la naturaleza jurídica de la acción de tutela, su ejercicio está subordinado a la existencia de unos requisitos mínimos de procedibilidad, dentro de los cuales se encuentra la legitimación o titularidad para promoverla. De allí que, atendiendo lo previsto por el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 (1) pueden ser titulares de la acción de tutela todas las personas cuyos derechos fundamentales hayan sido vulnerados o amenazados y que de acuerdo con la citada disposición, además del titular del derecho o su representante, la acción puede ser promovida por un agente oficioso, lo cual se admitirá en la forma y en los eventos señalados en la ley.
Al respecto, ha precisado la Corte Constitucional que no obstante la informalidad de la acción de tutela, tratándose del agenciamiento de derechos fundamentales, es indispensable no solo que el agente oficioso afirme actuar como tal, sino que además debe acreditarse que realmente el interesado no está en condiciones de asumir su propia defensa, pues de otra forma, la autonomía personal que como derecho fundamental le asiste al agenciado para autodeterminarse en el ejercicio de sus atribuciones, podría verse lesionada, así el tercero actúe en su nombre de buena fe (2) .
En el presente evento, instaura la acción de tutela la esposa del señor Uriel Alonso Álvarez, quien manifiesta que por el delicado estado de salud de su cónyuge, para la fecha de interposición, éste no pudo presentar directamente la acción de tutela, además se encuentra imposibilitado para firmar, motivo por el cual es la señora Diana Carolina Vargas Varón quien promueve esta acción, por consiguiente la presente situación de agenciamiento se ajusta a las prescripciones de la norma mencionada y a las previsiones jurisprudenciales de procedibilidad señaladas para admitir la actuación por agente oficioso.
En el asunto que se estudia, hay pruebas de que evidentemente el peticionario requiere de un tratamiento médico integral, por cuanto le fue diagnosticada una lesión de médula espinal, artrocitoma de alto grado de malignidad, enfermedad que debe ser tratada con quimioterapia, radioterapia y otra serie de procedimientos que la EPS Compensar a la cual está afiliada la esposa de éste, no asume totalmente, aduciendo que sólo cubre el 64% en razón al número de semanas cotizadas, al respecto, estima esta Sala que al ciudadano Uriel Alonso Álvarez como bien lo plasmó el juez constitucional de primera instancia, se le ha vulnerado el derecho a la salud en conexidad con la vida, en razón a que no se le ha prestado por parte de la EPS Compensar el tratamiento médico que éste necesita, en tal sentido se ha pronunciado reiteradamente la Corte Constitucional, Sentencia T-018 de 2006 donde se lee:
“3. Como lo ha señalado la jurisprudencia constitucional, se desconoce el derecho a la salud, en conexidad con los derechos a la vida y a la integridad, de una persona que requiere un servicio de salud, incluido en el POS, sometido a un periodo mínimo de cotización, que el afiliado no cumple, cuando (i) la falta del servicio de salud vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere; (ii) el servicio no puede ser sustituido por otro que no esté sometido a periodo mínimo de cotización, o que pudiendo ser sustituido, con el sustituto no se obtiene el mismo nivel de efectividad, siempre y cuando tal nivel sea necesario para proteger la vida y la integridad personal del paciente; (iii) el interesado no puede directamente costear el valor proporcional a las semanas de cotización faltantes, ni las sumas de dinero que la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio se encuentra autorizada legalmente a cobrar, y no puede acceder al servicio por otro plan distinto que lo beneficie; y (iv) el servicio de salud ha sido ordenado por un médico adscrito a la EPS del paciente (3) .
Cuando el juez de tutela, de acuerdo con los anteriores criterios, constata que la EPS encargada de garantizar la prestación del servicio de salud al paciente, ha vulnerado su derecho a la salud, en conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal, ordenará a dicha entidad la prestación del servicio de salud, sin perjuicio que con posterioridad al suministro del servicio, repita contra el Fosyga, por el valor que le correspondía pagar al paciente, y del que se hizo cargo la EPS (4) .
4. En el presente caso efectivamente, (i) la falta de la colecistectomía afecta la integridad física de la solicitante ya que le produce fuertes dolores abdominales por lo que debe ser incapacitada con mucha frecuencia (ii) no puede ser sustituido por otro que no esté sometido a período de cotización, ya que los tratamientos con medicamentos que se le han prescrito, y que no están sometidos a esta condición, han resultado insuficientes para manejar el dolor; y; (iv) fue ordenado por un médico adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio. Por último, contrario a lo señalado por el juez de primera instancia, (iii) la accionante carece de recursos para cubrir el porcentaje del costo de la cirugía que le corresponde, ya que, como consta en las múltiples incapacidades aportadas al expediente y en la historia clínica, se constata que recibe un salario de $ 455.000 y es madre cabeza de familia.
5. Habiendo verificado que en este caso el derecho fundamental a la salud de la accionante, en conexidad con su derecho fundamental a la integridad física fue desconocido por Coomeva EPS, esta Sala de Revisión procederá a ordenarle a esta EPS que, en el evento que para la fecha de esta sentencia aún no le haya sido realizada a la accionante la intervención quirúrgica colecistectomía, formulada hace más de siete meses por su médico tratante, esta EPS deberá en el término de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, previa la revisión de la señora Martha Beatriz Medina Serpa por parte de su médico tratante y con el concepto favorable del mismo, basado en su estado de salud actual, programar la cirugía que requiera. Esta cirugía deberá realizarse a más tardar dentro de los quince días calendario siguientes a la notificación de la sentencia, salvo que por razones de salud de la accionante, su médico tratante considere pertinente posponer por más días la práctica de la misma. (...) En el evento de que para la fecha en la que se realice la cirugía, la accionante no haya cumplido con las semanas de cotización requeridas, Coomeva EPS estará facultada para repetir contra el Fosyga, por el porcentaje equivalente a las semanas de cotización que le hicieren falta a la accionante para acceder a los servicios médicos que requiera para el tratamiento de su enfermedad. (…) El Fosyga dispondrá de quince (15) días para reconocer lo debido o indicar la fecha máxima dentro de la cual lo hará, que no podrá exceder de seis (6) meses una vez presentada la solicitud de pago”.
En el presente caso se reúnen a cabalidad los requisitos que la jurisprudencia constitucional ha establecido para considerar la vulneración del derecho fundamental de la salud en conexidad con la vida, por cuanto en primer lugar la falta de prestación del servicio de salud amenaza ostensiblemente los derechos antes descritos del señor Uriel Alonso Álvarez quien padece una lesión de la médula espinal, artrocitoma de alto grado de malignidad.
En segundo lugar, el tratamiento que requiere el esposo de la actora, esto es, quimioterapias, radioterapias y otros procedimientos no pueden ser sustituidos por otros que no estén sometidos a periodo de cotización.
En tercer lugar, el interesado no puede desde ningún punto de vista costear el valor proporcional (36%) de las semanas de cotización que le hacen falta, por cuanto se encuentra en estado cuadriparésico que le impide laborar y la accionante trabaja como vendedora y el sueldo que devenga lo destina para los gastos del hogar, la manutención del menor hijo, arriendo, servicios, etc., tampoco puede acceder al servicio por otro plan distinto que lo beneficie a través de la adquisición opcional y voluntaria de planes de atención adicional PAS, cuya financiación es con recursos distintos a los de cotización obligatoria.
Finalmente, el servicio de salud ha sido ordenado por un médico adscrito a la EPS del paciente, tal y como se evidencia en el concepto del doctor Javier Ignacio Godoy Barbosa médico de Compensar obrante a folio 18 del cuaderno de primera instancia.
Bajo esta óptica, para la Sala la atención y el tratamiento a que tienen derecho los tanto los cotizantes como los beneficiarios del sistema de seguridad social en salud cuyo estado de enfermedad esté afectando su integridad personal o su vida en condiciones dignas, son integrales, es decir, deben contener todo cuidado, suministro de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, prácticas de rehabilitación, exámenes para el diagnóstico y el seguimiento, así como todo otro componente que el médico tratante valore como necesario para el pleno restablecimiento de la salud del paciente (5) o para mitigar las dolencias que le impiden llevar su vida en mejores condiciones.
Evidentemente, como se expuso, cuando el derecho a la salud se identifica en conexidad con el derecho a la vida, lo que se busca con su protección constitucional es la preservación de dichos derechos con sus integrantes básicos de integridad personal y dignidad humana, así, en aquellos eventos en que el tratamiento necesario conlleve el cubrimiento de servicios a los cuales no se tiene acceso por el número de semanas cotizadas, no puede someterse al paciente a recurrir en cada oportunidad a la acción de tutela para lograrlos.
Por todo lo anteriormente plasmado, considera esta Colegiatura que al accionante le están siendo vulnerados los derechos fundamentales de la salud en conexidad con la vida, por lo que resulta imperativo confirmar íntegramente el fallo objeto de impugnación proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca
1. CONFIRMAR en su integridad el fallo de primera instancia proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, mediante el cual se concedió el amparo deprecado por la señora Diana Carolina Vargas Varón en representación del señor Uriel Alonso Álvarez, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
(1) “ART. 10.— Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos.
(2) Cfr. entre otras, las sentencias T-498 de 1994 M.P., Eduardo Cifuentes Muñoz, SU-707 de 1996 M.P. Hernando Herrera Vergara; T-503 de 1998 M.P, Alfredo Beltrán Sierra; T-315 de 2000 M.P. José Gregorio Hernández Galindo; T-924 de 2004 M.P., Clara Inés Vargas Hernández.
(3) Estos criterios han sido reiterados por la jurisprudencia constitucional tanto para los casos en los le ha sido formulado al paciente un servicio de salud excluido del POS, como para cuando el servicio, a pesar de estar incluido en este listado, está sometido a un periodo mínimo de cotización, que el paciente aún no cumple y no tiene la capacidad económica para pagar el porcentaje del costo del servicio correspondiente a las semanas de cotización faltantes y/o el servicio está condicionado al pago de cuotas de recuperación o copagos, frente a los cuales la persona carece de los medios económicos suficientes para hacerse cargo de éstos.
Respecto de los servicios excluidos del POS, los citados criterios fueron establecidos en tales términos, en la sentencia T-1204 de 2000 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), en el contexto del régimen contributivo de salud. En este caso la Corte ordenó a la entidad encargada de garantizarle al peticionario la prestación del servicio de salud (Colmena Salud EPS) que autorizara la practicara del servicio requerido (examen de carga viral). La Corte tuvo en cuenta que según la jurisprudencia constitucional, el juez de tutela puede ordenar “(…) la prestación de los servicios de salud, a los cuales las personas no tienen el derecho fundamental a acceder, cuando sin ellos se haría nugatoria la garantía a derechos constitucionales fundamentales como la vida y la integridad personal, pues frente a estos derechos, inherentes a la persona humana e independientes de cualquier circunstancia ajena a su núcleo esencial, no puede oponerse la falta de reglamentación legal (decisión política) o la carencia de recursos para satisfacerlos.”Esta decisión, defendida por la jurisprudencia constitucional desde su inicio [ver al respecto, entre otras, las sentencias T-484 de 1992 (M.P. Fabio Morón Díaz), T-505 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) y T-548 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón], sigue los precedentes establecidos por la Corte Constitucional en materia de acceso a los servicios médicos en el Sistema de Seguridad Social en Salud [ver al respecto, entre otras, las sentencias T-224 de 1997 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), SU-480 de 1997 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-236 de 1998 (M.P. Fabio Morón Díaz), T-631, T-628 y T-691 de 1998 (M.P. Antonio Barrera Carbonell) y SU-819 de 1999 (M.P. Álvaro Tafur Galvis)].
Respecto de los criterios establecidos para determinar cuándo procede, por vía de la acción de tutela, ordenar la prestación de un servicio médico sometido a un periodo mínimo de cotización, que el paciente no cumple y que no tiene la capacidad económica suficiente para pagar el porcentaje del costo del servicio, correspondiente al número de semanas de cotización que le hacen falta, ver entre otras las siguientes sentencias: T-142 de 2004 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-797 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-133 de 2003 (M.P. Jaime Araújo Rentería), T-1153 de 2003 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-340 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-699 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-501 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-297 de 2001 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), T-1130 de 2000 (M.P.: Álvaro Tafur Galvis), T-236 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) y T-876 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
(4) Al respecto, ver entre otras las siguientes sentencias: T-797 de 2003 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), T-699 de 2002 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), T-523 de 2001 (M.P. Manuel José Cepeda), T-236 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) y T-528 de 1999 (M.P. Fabio Morón Díaz).
(5) En este sentido se ha pronunciado la Corporación, entre otras, en la sentencia T-136 de 2004 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa.

References: artículo 7
 Resolución 
 artículo 14
 artículo 256
 artículo 86
 artículo 32
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 10