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Timestamp: 2017-01-19 21:58:42+00:00

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Recurso de abstención contra Conatel 1.
1Ciudadanos y ciudadanas,MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS DE LAS CORTES DE LOCONTENCIOSO ADMINISTRATIVOSu Despacho.-Yo, OSWALDO RAFAEL CALI HERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad, de estedomicilio, y titular de la Cédula de Identidad No. 18.185.049, abogado en ejercicio,debidamente inscrito en el INPREABOGADO bajo el No. 153.405, actuando en esteacto en representación de CARLOS JOSE CORREA BARROS, venezolano, mayorde edad, de este domicilio, y titular de la Cédula de Identidad No. V-8.317.640, segúndocumento autenticado por ante la Notaría Pública Vigésima del Municipio Libertadordel Distrito Metropolitano de Caracas en fecha diecinueve (19) de septiembre de 2012,bajo el N° 21, Tomo 105, de los libros de autenticaciones llevados ante dicha notaría,documento que anexo en copia simple a la presente marcado con la letra “A”; y tambiénen representación de la ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIO PÚBLICO, sociedaddebidamente protocolizada por ante la Oficina Subalterna del Sexto Circuito de Registrodel Municipio Libertador del Distrito Federal en fecha veinte (20) de febrero de 2003,inscrita bajo el No. 28, Tomo 02, Protocolo Primero, y cuya última acta de Asamblea seencuentra protocolizada por ante el Registro Inmobiliario del Sexto Circuito delMunicipio Libertador del Distrito Capital en fecha tres (03) de julio de 2006, bajo el No.08, Tomo 04, Protocolo Primero, los cuales anexamos a la presente en copia simplemarcados con las letras “B” y “C”, respectivamente; según consta en documento poderautenticado por ante la Notaría Pública Sexta del Municipio Baruta del Estado Mirandaen fecha once (11) de mayo de 2012, bajo el N° 55, Tomo 31 de los Libros deAutenticaciones llevados en dicha Notaría, el cual anexamos en copia simple marcadocon la letra “D”; comparezco ante esa Corte, de acuerdo a lo previsto en los artículos 24y 65 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa con el objeto deinterponer RECURSO DE ABSTENCIÓN O CARENCIA, en virtud de la abstencióno carencia de Pedro Maldonado, en su carácter de Director General de la COMISIÓNNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (CONATEL), (cargo que ocupa segúnDecreto N° 7.591 del 28 de julio de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de laRepública Bolivariana de Venezuela N° 39.479, de fecha 3 de agosto de 2010) al nootorgar oportuna y adecuada respuesta a la solicitud que realizamos mediante 2.
2comunicación entregada en fecha 30 de abril de 2012, que anexo al presente en originalde recibido por CONATEL, marcado con la letra “E”; y que fue reiterada en doscomunicaciones sucesivas entregadas los días 14 de mayo de 2012 y 11 de junio de2012, las cuales también anexo al presente en original de recibido por CONATEL,marcadas con las letras “F” y “G”, respectivamente; lo cual constituye una violación alderecho de petición, al derecho de ser informados por la administración pública, y alderecho a la libertad de expresión y comunicación, contenidos en los artículos 51, 57,58 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; el artículo 13 dela Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Artículo 19 del PactoInternacional de Derechos Civiles y Políticos.Solicitamos también que se acuerde una medida cautelar innominada en la cual seordene un inmediato restablecimiento de la situación jurídica infringida ordenando queCONATEL responda de manera inmediata la petición de información que consta anexacon la letra “E”.A tal fin, exponemos lo siguiente: I COMPETENCIAEl artículo 24 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativaestablece en su ordinal 3, que los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa conocerán de “La abstención o la negativa de las autoridades distintas alas mencionadas en el numeral 3 del artículo 23 de esta Ley y en el numeral 4 delartículo 25 de esta Ley”. A su vez, el artículo 23 eiusdem en su ordinal 3, establece quela Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia conocerá de “Laabstención o la negativa del Presidente o Presidenta de la República, delVicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República, de los Ministros oMinistras, así como de las máximas autoridades de los demás órganos de rangoconstitucional, a cumplir los actos que estén obligados por las leyes”, y el artículo 25eiusdem en ordinal 4, establece que los Juzgados Superiores Estadales de la Jurisdicción 3.
3Contencioso Administrativa serán competentes para conocer de “La abstención o lanegativa de las autoridades estadales o municipales a cumplir los actos que esténobligadas por las leyes”.En este sentido, si bien es cierto que actualmente no se han establecido cuáles serán lostribunales que conformaran los Juzgados Nacionales de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, cuando se realiza un análisis de las competencias de los mismos seevidencia que se corresponden con las actuales Cortes de lo ContenciosoAdministrativo, por lo que consideramos que son esas Cortes las competentes paraconocer del presente recurso.Ahora bien, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, es una persona jurídicaestatal de carácter no territorial, que está en consecuencia incluido dentro del numeral 3del artículo 24 de la mencionada ley, al no ser un organismo de rango constitucional niser un organismo estadal ni municipal.En consecuencia, en el presente caso son las Cortes de lo Contencioso Administrativolos tribunales competentes para conocer de la abstención o carencia del DirectorGeneral de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones al no dar una oportuna yadecuada respuesta a la petición formulada el 25 de abril de 2012, y solicito que así seadeclarado. II ADMISIBILIDADEl presente recurso de abstención o carencia, cumple con todos los requisitos exigidospor la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la jurisprudenciaemanada de los Tribunales sobre el tema.El presente recurso cumple con los requisitos contenidos en el artículo 33 de la LeyOrgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, pues contiene todos losrequerimientos que debe expresar una demanda. Además, de conformidad con el 4.
4artículo 66 de la misma Ley, se acompañan debidamente los documentos que acreditanla petición de información realizada y los trámites efectuados ante la Comisión Nacionalde Telecomunicaciones para obtener respuesta a la solicitud de información, que comofueron mencionados anteriormente, se encuentran anexos a este documento marcadoscon las letras “E”, “F” y “G”, respectivamente.La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido cualesson los requisitos de procedencia del recurso por abstención o carencia, tal como loseñaló en la sentencia del 13 de abril de 2005, (Caso: Nancy Díaz de Martínez, EstelaBerroteran, Maritza Hernández, Yves Josefina Culpa y Argelia Ascanio contra elMinisterio de Educación, Cultura y Deportes), cuando expresa lo siguiente: “Del contexto del precepto transcrito, se evidencia que los órganos de la jurisdicción contencioso administrativa detentan las potestades de control sobre toda la universalidad de posibilidades de actuación de la Administración, no sólo en lo concerniente a los actos expresos viciados de inconstitucionalidad o ilegalidad, sino que va más allá, abarcando cualquier situación contraria a derecho, en las que la autoridad pública sea incontrovertiblemente la causante de la lesión, infringiendo o perturbando la esfera de los derechos subjetivos de los justiciables con motivo de inactividades u omisiones ilegítimas. En segundo lugar, es necesario recordar que la fundamentación legal del recurso por abstención o carencia la encontramos, hoy en día, en el numeral 26, del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, norma que dispone lo siguiente: `Artículo 5. Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República: ... omissis ... 26. Conocer de la Abstención o negativa del Presidente o Presidenta de la República, del Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva de la República y de los Ministros y Ministras del Ejecutivo Nacional, así como de las máximas autoridades de los demás organismos de rango constitucional con autonomía funcional, financiera y administrativa y del Alcalde del Distrito Capital a cumplir específicos y concretos actos a que estén obligados por las leyes ...´. Del contenido del citado precepto legal, se desprende que el recurso allí previsto tiene como objeto que el Juez Contencioso Administrativo condene a la Administración al cumplimiento de determinados actos, pues la doctrina ha dicho que el recurso por abstención procede cuando las autoridades administrativas se niegan a cumplir 5.
5 determinados actos a que estén obligadas por Ley, recayendo, por tanto, sobre la omisión de esas autoridades para crear actos cuyos supuestos de hecho expresamente se encuentran regulados por el legislador. Igualmente, la doctrina ha dicho que para que se configure este recurso, la obligación cuya ejecución se pretenda debe ser de índole administrativa, sin que pueda constituirse en un sustituto de las vías judiciales ordinarias, ni estar dirigido a lograr el cumplimiento de obligaciones genéricas a cargo de la Administración. Es así, como en lo que respecta a los requisitos de procedencia del recurso bajo análisis, debe señalarse que la jurisprudencia de esta Sala ( v.gr. Fallo Nº 697, de fecha 21 de mayo de 2002, dictado en el caso Ayari Coromoto Assing Vargas, y más recientemente en Sentencia Nº 1.976, de fecha 17 de diciembre de 2003, dictada en el caso Comunidad Indígena Barí), ha establecido lo siguiente: 1. „debe tratarse de una obligación concreta y precisa inscrita en la norma legal correspondiente, la cual ha de presentarse como un paradigma de contraste que sirva para verificar si la abstención existe, respecto del supuesto expresa y especialmente previsto en la norma y, por tanto, si procede o no el respectivo recurso. (...) se refiere a determinados actos (específicos) que los funcionarios estén obligados por las leyes a adoptar cuando el cumplimiento de la obligación sea procedente en conformidad con esas mismas leyes.‟ 2. „El objeto del recurso por abstención no es (...) sino la abstención o negativa del funcionario público a actuar, es decir, a cumplir determinado acto –en el sentido de actuación- del cual el supuesto de hecho se encuentra previsto en una ley específica, pero ante cuya ocurrencia real y concreta la autoridad administrativa se abstuvo de extraer la consecuencia jurídica que el imperativo legal le impone‟. 3. „(...) debe surgir la evidencia de una actitud omisa por parte de la Administración, en el sentido de mostrarse ella remisa a emitir el acto o a realizar la actuación material cuya obligación se encuentra específicamente contenida en una norma concreta‟. 4. „El referido recurso conduciría a un pronunciamiento de la jurisdicción contencioso administrativa sobre la obligatoriedad para la Administración de producir un determinado acto o de realizar una actuación concreta en vista de un imperativo legal expreso y específico que, según demuestra el recurrente, ella se niega a cumplir”. (Subrayado y negrillas añadidas)Sin embargo, se debe señalar que el criterio de que el recurso por abstención o carenciaes aplicable al caso de que exista el incumplimiento de una obligación concreta yespecífica, fue modificado por la Sala Constitucional ampliando su objeto a lapretensión de condena de cumplimiento de una obligación administrativa sin diferenciar 6.
6si la misma es específica o genérica, tal como lo expresa en la sentencia del 4 de octubrede 2005, (caso: Luis María Olalde Quintela),que a continuación se transcribe: “En este sentido, la Sala ha establecido en sentencia del 6 de abril de 2004, expediente No. 03-1085, (Caso: Ana Beatriz Madrid Agelvis), la procedencia del recurso abstención o carencia como vía procesal idónea, cuando sostuvo: „… En efecto, no considera la Sala que la obligación administrativa de dar respuesta a las solicitudes administrativas sea un „deber genérico‟. En primer lugar, porque toda obligación jurídica es, per se, específica, sin perjuicio de que su cumplimiento haya de hacerse a través de una actuación formal (vgr. por escrito) o material (vgr. actuación física) y sin perjuicio, también, de que sea una obligación exclusiva de un sujeto de derecho o bien concurrente a una pluralidad de sujetos, colectiva o individualmente considerados. En segundo lugar, porque aún en el supuesto de que distintos sujetos de derecho –en este caso órganos administrativos- concurran a ser sujetos pasivos de una misma obligación –en el caso de autos, el deber de todo órgano de dar oportuna y adecuada respuesta-, dicho deber se concreta e individualiza en el marco de cada relación jurídico-administrativa, por lo que es una obligación específica frente al sujeto determinado que planteó la petición administrativa. ...omissis... Las anteriores consideraciones llevan a la Sala a la consideración de que el recurso por abstención o carencia es un medio contencioso administrativo que puede –y debe- dar cabida a la pretensión de condena al cumplimiento de toda obligación administrativa incumplida, sin que se distinga si ésta es específica o genérica.” (Subrayado y negrillas añadidas)Dicho criterio, también fue adoptado por la Sala Político Administrativa del TribunalSupremo de Justicia, tal como se observa de la sentencia dictada por el Juzgado deSustanciación de la Sala Político Administrativa dictada el 9 de junio de 2009, (Caso:Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), contrael Presidente de la República Bolivariana de Venezuela), la cual se pronunció sobre laidoneidad del recurso de abstención o carencia para solicitar la adecuada y oportunarespuesta a una petición formulada de acuerdo a los artículos 51 de la Constitución, 2ºde la Ley Orgánica de Procedimientos Administración, y 9 de la Ley Orgánica de laAdministración Pública, así como sobre el procedimiento aplicable lo siguiente: “Este Juzgado, antes de proveer, observa: 7.
7Según criterio establecido en sentencia de la Sala Constitucional N°547 del 6 de abril de 2004, ratificada, entre otras, por sentencia N°1.305 dictada en fecha 12 de julio de 2004, se dejó sentado que:„Así las cosas, para que una respuesta se entienda como oportuna yadecuada debe cumplir con un mínimo de requisitos de forma yoportunidad, con independencia de que se otorgue o se niegue elderecho -lato sensu- que se solicitó mediante la petición administrativa.De allí que el carácter adecuado de la respuesta dependerá,formalmente, de que ésta se dicte de manera expresa y en cumplimientode los requisitos de forma que establece la Ley, y, materialmente, segúnse desprende del criterio jurisprudencial que se citó, con subordinacióna que la respuesta tenga correlación directa con la solicitud planteada.En otros términos, el particular tiene, como garantía del derecho depetición, el derecho a la obtención de una respuesta adecuada -expresay pertinente- y oportuna -en tiempo-, con independencia de que no se leconceda lo que pidió.(...omissis...)Ahora bien, y según se estableció en la misma decisión de 30-6-00, „notoda omisión genera una lesión constitucional‟ y de allí que seaimperativo el análisis de cada caso concreto para la determinación desi, en el mismo, es procedente el amparo constitucional ante laviolación del derecho de petición, análisis que dependerá de si existen ono, frente a este caso, vías contencioso-administrativas ordinariascapaces de dar satisfacción al derecho de petición y oportuna yadecuada respuesta.La idoneidad de la vía procesal ordinaria para la satisfacción de esederecho dependerá, en primer lugar, de que pueda dar cabida a lamisma pretensión que habría de plantearse en estos casos a través de lademanda de amparo constitucional, pretensión que no es otra que lacondena a la Administración a que decida expresa y adecuadamente,que es a lo que da derecho, se insiste, la garantía de oportuna yadecuada respuesta.(...omissis...)En segundo lugar, procede el análisis de la idoneidad de otra víaprocesal: el recurso por abstención o carencia. El objeto de este„recurso‟, según la tradicional y pacífica jurisprudencia contencioso-administrativa (entre otras muchas, desde las sentencias de la SalaPolítico-Administrativa de 28-5-85, caso Eusebio Igor Vizcaya Paz; 13-6-91, casos: Rangel Bourgoing y Elías José Sarquis Ramos; hasta lasmás recientes de 10-4-00 caso Instituto Educativo Henry Clay; 23-5-00,caso: Sucesión Aquiles Monagas Hernández; y 29-6-00, caso:Francisco Pérez De León y otros; así como de la Corte Primera de loContencioso-Administrativo, de 29-10-87, caso: Alfredo YanucciFuciardi; 19-2-87, caso: Inmacolata Lambertini de De Pérgola y másreciente de 23-2-00, caso: José Moisés Motato), ha sido la pretensiónde condena contra la Administración al cumplimiento de unaobligación específica de actuación. De allí que, en tales precedentes dela jurisprudencia contencioso-administrativa, como en prácticamente 8.
8todos los que se han referido al tema, se ha entendido que el recursopor abstención no procede como garantía al derecho a oportunarespuesta, pues la obligación de responder es un deber genérico dedecidir (omisión administrativa), y no una obligación específica deactuación (abstención administrativa), y, por tanto, frente a ese debergenérico lo que opera es el silencio administrativo, cuya contrariedad aderecho es „controlable‟ a través de la demanda de amparoconstitucional como garantía del derecho de petición o bien a través delrecurso contencioso-administrativo de anulación como garantía delderecho a la defensa y siempre que, en este último caso, se trate de un„silencio de segundo grado‟ o confirmatorio de un previo acto expreso(sentencias de la Sala Político-Administrativa de 10-4-00 y 23-5-00,antes citadas).Ahora bien, aún tratándose de un criterio tradicional de lajurisprudencia contencioso-administrativa, no puede ser compartidopor esta Sala porque no se ajusta a los patrones constitucionales de lamateria. En efecto, no considera la Sala que la obligaciónadministrativa de dar respuesta a las solicitudes administrativas sea un„deber genérico‟. En primer lugar, porque toda obligación jurídica es,per se, específica, sin perjuicio de que su cumplimiento haya de hacersea través de una actuación formal (vgr. por escrito) o material (vgr.actuación física) y sin perjuicio, también, de que sea una obligaciónexclusiva de un sujeto de derecho o bien concurrente a una pluralidadde sujetos, colectiva o individualmente considerados.En segundo lugar, porque aún en el supuesto de que distintos sujetos dederecho -en este caso órganos administrativos- concurran a ser sujetospasivos de una misma obligación -en el caso de autos, el deber de todoórgano de dar oportuna y adecuada respuesta-, dicho deber se concretae individualiza en el marco de cada relación jurídico-administrativa,por lo que es una obligación específica frente al sujeto determinado queplanteó la petición administrativa. Y en tercer lugar, porque bajo elimperio de la Constitución de 1999 el derecho constitucional de dirigirpeticiones a los funcionarios públicos abarca el derecho a la obtenciónde oportuna y adecuada respuesta, lo que supone el cumplimiento deconcretos lineamientos, en los términos que antes explanó esta Sala, y,por ende, con independencia del contenido de la solicitudadministrativa, la respuesta del funcionario debe ser oportuna yadecuada, lo que excluye cualquier apreciación acerca de la condicióngenérica de tal obligación. De allí que esta Sala Constitucionalconsidera que el deber constitucional de los funcionarios públicos dedar oportuna y adecuada respuesta a toda petición es una obligaciónobjetiva y subjetivamente específica.(...omissis...)Las anteriores consideraciones llevan a la Sala a la consideración deque el recurso por abstención o carencia es un medio contenciosoadministrativo que puede -y debe- dar cabida a la pretensión decondena al cumplimiento de toda obligación administrativaincumplida, sin que se distinga si ésta es específica o genérica. En 9.
9 consecuencia, puede incluso tener como objeto la pretensión de condena a que la Administración decida expresamente una petición administrativa -con independencia de que otorgue o rechace el derecho solicitado- en garantía del derecho de petición‟.” (Subrayado y negrillas añadidas)En cuanto al presupuesto que señala que la obligación cuya ejecución se pretenda debeser de índole administrativa; se debe señalar que las obligaciones establecidas en losartículos 51 de la Constitución, 2º de la Ley Orgánica de ProcedimientosAdministración, y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, son de índoleadministrativa por cuanto las mismas son obligaciones que debe realizar el DirectorGeneral de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones referidas a dar una oportuna yadecuada respuesta a las peticiones formuladas por los particulares, que en el caso enconcreto se circunscribe a información relacionada con Procedimientos AdministrativosSancionatorios previstos en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión yMedios Electrónicos; habilitaciones administrativas y reservas de frecuencia delespectro radioeléctrico; y impuestos, tasas y contribuciones de conformidad con la LeyOrgánica de Telecomunicaciones.De igual manera, el criterio actual señala que la obligación puede ser concreta y precisao genérica, e inscrita en la norma legal correspondiente, requisito que se da en elpresente caso por cuanto la actuación que no fue realizada por el Director General deCONATEL, consisten expresamente en darle una oportuna y adecuada respuesta a lapetición planteada, se encuentra establecida expresamente en el texto de los artículos 51de la Constitución, 2º de la Ley Orgánica de Procedimientos Administración, y 9 de laLey Orgánica de la Administración Pública.En cuanto al requisito de procedencia que se refiere a que la abstención o negativa delfuncionario público a actuar, es decir a cumplir determinado acto del cual el supuesto dehecho se encuentra previsto en una ley específica, pero ante cuya ocurrencia real yconcreta la autoridad administrativa se abstuvo de extraer la consecuencia jurídica queel imperativo legal le impone, se debe señalar que en el presente caso existe un supuestode hecho el cual se solicitó a CONATEL información, ante lo cual este ente de acuerdoa lo establecido en las normas jurídicas, debe dar una oportuna y adecuada respuesta a la 10.
10petición de información. Ante este supuesto de hecho, y ante la solicitud realizada, elDirector General de CONATEL se ha abstenido de realizar los actos establecidosexpresamente en el texto de los artículos 51 de la Constitución, 2º de la Ley Orgánica deProcedimientos Administración, y 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública,que consisten en darle una oportuna y adecuada respuesta a las peticiones deinformación.Las obligaciones que no han sido realizadas por el Director General de CONATEL en elpresente caso, incumpliendo de esa forma con actos que le son exigidos por la Ley, es lade dar oportuna y adecuada respuesta sobre la petición formulada el 30 de abril de 2012.Finalmente, la jurisprudencia establece que debe existir la evidencia de una actitudomisa por parte de la Administración, lo cual queda demostrado en el presente recurso,pues el Director General de CONATEL no ha dado respuesta alguna por escrito a lospeticionarios.Asimismo, el presente recurso se interpone en el lapso legalmente establecido para ello,tal como se desprende del artículo 32 de la Ley de Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. En el presente caso la petición formulada presentada el 30 de abril de2012 por lo que los veinte (20) días hábiles que tenía VTV para dar respuesta vencieronel 29 de mayo de 2012. Siendo ese el caso, se interpone el presente recurso dentro delos 180 días continuos siguientes al vencimiento del lapso arriba señalado.En consecuencia, el presente recurso de abstención o carencia cumple con todos losrequisitos y extremos exigidos en la ley; por lo que solicitamos a esa Corte que admitael presente recurso, y lo tramite de acuerdo a lo previsto en la ley. III PROCEDIMIENTO Y LAPSOS APLICABLESLa Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece ensu artículo 6, numeral 5, lo siguiente: 11.
11 “No se admitirá la acción de amparo: (…) 5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículo 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado. (…)” (Resaltado añadido)En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediantesentencia N° 1.618 de fecha 30 de julio de 2007, (caso: Yvan José Vielma Castillo),señaló lo siguiente: “…En concordancia con lo expuesto anteriormente, la Sala estima pertinente señalar que la norma prevista en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, consagra simultáneamente el supuesto de admisibilidad e inadmisibilidad de la acción de amparo. Así, en primer término, se consagra claramente la inadmisión de la acción cuando el agraviado haya optado por recurrir a la vías ordinarias o a los medios judiciales preexistentes, sobre el fundamento de que todo juez de la República es constitucional y, a través del ejercicio de los recursos que ofrece la jurisdicción ordinaria, se pueda alcanzar la tutela judicial efectiva de derechos o garantías constitucionales. No obstante, la misma norma es inconsistente, cuando consagra que, en el caso de la opción por la vía ordinaria, si se alega violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, la acción de amparo será admisible, caso en el cual el juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos previstos en los artículos 23, 12.
12 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y su decisión versará exclusivamente sobre la suspensión o no, de manera provisional, sobre el acto cuestionado de inconstitucionalidad. En otras palabras, la acción de amparo es inadmisible cuando el agraviado haya optado por recurrir a vías ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes; por argumento a contrario es admisible, entonces, si el agraviado alega injuria constitucional, en cuyo caso el juez debe acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado.” (Resaltado añadido)En concordancia con el citado artículo, los artículos 1 y 2 de la misma Ley Orgánica deAmparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establecen que: “Artículo 1. - Toda persona natural habitante de la República, o persona jurídica domiciliada en ésta, podrá solicitar ante los Tribunales competentes el amparo previsto en el artículo 49 de la Constitución, para el goce y el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos derechos fundamentales de la persona humana que no figuren expresamente en la Constitución, con el propósito de que se restablezca inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. La garantía de la libertad personal que regula el habeas corpus constitucional, se regirá por esta Ley.” (Resaltado añadido) “Artículo 2.- La acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión provenientes de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal. También procede contra el hecho, acto u omisión originados por ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta Ley. Se entenderá como amenaza válida para la procedencia de la acción de amparo aquella que sea inminente.” (Resaltado añadido)En este sentido, se desprende de las normas y la interpretación jurisprudencialpreviamente citada realizada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de 13.
13Justicia, que en los casos en los que se viole un derecho constitucional, y en los cualesno sea posible el ejercicio de una acción de amparo autónomo, los tribunales de laRepública, en calidad de jueces constitucionales, deberán ajustarse a los lapsosestablecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechosy Garantías Constitucionales a fin de restablecer de la manera más expedita posible lasituación jurídica infringida y el goce de los derechos fundamentales.Ahora bien, como hemos expresado y más adelante explicaremos detalladamente, eneste caso estamos en presencia de una violación al derecho de petición, al derecho de serinformados por la administración pública, y al derecho a la libertad de expresión ycomunicación, contenidos en los artículos 51, 57, 58 y 143 de la Constitución de laRepública Bolivariana de Venezuela; el artículo 13 de la Convención Americana sobreDerechos Humanos y el Artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles yPolíticos.De la misma manera, hacemos constar que, de acuerdo con la jurisprudencia reiteradade la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (Sentencia N° 805 del 18 dejunio de 2012; Sentencia N° 679 del 19 de marzo de 2012; Sentencia N° 782 del 05 dejunio de 2012); también criterio aplicado por la Corte Primera de lo ContenciosoAdministrativo (Sentencia del 10 de febrero de 2011, caso Marianna Belalba, CarlosCorrea y Asociación Civil Espacio Público contra Venezolana de Televisión C.A.); noes posible interponer una acción de amparo constitucional autónoma por la abstenciónde los funcionarios públicos de otorgar oportuna y adecuada respuesta a las peticionesde información pública. Sin embargo, expresan estos tribunales que la acción adecuadaes el recurso de abstención o carencia; y señalan que a razón de que el juicio sea losuficientemente expedito para resarcir la violación de derechos constitucionales, debe eljuzgado aplicar los lapsos señalados en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica deAmparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.En conclusión, solicitamos a esta Corte, que de conformidad con los artículos y lajurisprudencia citada, aplique los lapsos previstos en los artículos 23, 24 y 26 de la LeyOrgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en la tramitación de 14.
14este recurso, a fin de resarcir lo más rápido posible la situación jurídica infringida y ental sentido ordene a la brevedad posible el otorgamiento de la información públicasolicitada a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. IV HECHOSEn fecha 30 de abril de 2012, el ciudadano Carlos José Correa Barros, anteriormenteidentificado, actuando a título personal y en su carácter de Director Ejecutivo de laAsociación Civil Espacio Público, hizo efectivo su Derecho de Petición, mediantecomunicación dirigida al ciudadano Pedro Maldonado, en su carácter de DirectorGeneral de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL). En lamencionada comunicación, se solicitó lo siguiente: 1. Con respecto a los Procedimientos Administrativos Sancionatorios previstos en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, provea una lista de procedimientos que se han abierto y el estado de cada uno de ellos desde el momento en el cual se creó la ley, esto es, a partir del 12 de diciembre de 2005 hasta la fecha. 2. Lista de habilitaciones administrativas y reservas de frecuencia del espectro radioeléctrico vigentes a diciembre del año 2011, ámbito geográfico, fecha del documento emitido por CONATEL, período que comprende y el titular de cada una de ellas, de conformidad con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. 3. Lista de las personas u organizaciones al mes de diciembre de 2011 pagaban impuestos, tasas y contribuciones de conformidad con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.Posteriormente, en fecha 14 de mayo de 2012 se entregó una nueva comunicacióndirigida al ciudadano Pedro Maldonado, en su carácter de Director General deCONATEL, en el cual se manifestó que hasta la fecha no se había recibido respuesta dela solicitud enviada, anteriormente descrita, y que nos encontrábamos a la espera de lamisma, insistiendo entonces en que la misma fuese contestada oportunamente. 15.
15Finalmente, en fecha 11 de junio de 2012, una vez más fue enviada una comunicacióndirigida al ciudadano Pedro Maldonado, en su carácter de Director General deCONATEL, en la cual manifestamos que aún no habíamos recibido respuesta yestábamos a la espera de la misma. En tal sentido insistimos nuevamente en que nosotorgaran una respuesta oportuna.Es el caso, ciudadanos Magistrados y Magistradas que desde la fecha de presentacióndel escrito de petición, hasta la fecha de interposición del presente recurso de abstencióno carencia, no se ha obtenido respuesta alguna por parte de la referida empresa delEstado, muy a pesar de haber transcurrido, con creces, el lapso de veinte (20) díashábiles legalmente establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de ProcedimientosAdministrativos. Vale acotar que incluso han pasado más de veinte (20) días hábilesdesde el momento en el que se envió la última comunicación de fecha 11 de junio de2012 en la que se insistía en obtener respuesta.Por lo tanto, transcurridos como fueron los veinte (20) días hábiles sin obtener respuestaalguna, se configuró para ese momento la vulneración, por parte de la AdministraciónPública, el Derecho a obtener una respuesta oportuna, así como el derecho a serinformados de forma oportuna, por la misma Administración, sobre el estado de lasactuaciones en que nos encontramos interesados directamente, y de conocer laresolución definitiva que se adopte sobre el particular.En efecto, el ciudadano Pedro Maldonado, como Director General de la ComisiónNacional de Telecomunicaciones (CONATEL), no ha cumplido con su deber de daroportuna y adecuada respuesta, y mucho menos de informar sobre el estado en que seencuentran tales solicitudes, al no haber respondido a la solicitud –petición- presentadaante su Despacho. Se desprende de lo anterior, que no se han hecho efectivos losDerechos Constitucionales de petición, y de ser oportunamente informados sobre elestado de las actuaciones por parte de la Administración, siendo que hasta el presente semantiene la vulneración de dichos derechos. 16.
16 V INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES POR PARTE DE CONATEL1. Incumplimiento de la obligación de dar una oportuna y adecuada respuesta a lapetición realizada:El artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estableceexpresamente lo siguiente: Artículo 23: Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional, y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público. (Resaltados añadidos).Ahora bien, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conjerarquía constitucional de conformidad con el artículo 23 de la Constitución, consagraexpresamente el derecho a la libertad de expresión de la siguiente manera: “Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. (Subrayado nuestro) 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 17.
17 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional.” (Resaltados añadidos).De la misma manera, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles yPolíticos establece que: “Artículo 19 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.”La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH) ha establecido que “el derechoa la libertad de pensamiento y de expresión comprende “no sólo el derecho y la libertadde expresar su propio pensamiento, sino también el derecho y la libertad de buscar,recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole” (ver Corte Interamericana deDerechos Humanos, caso López Álvarez vs. Honduras, Sentencia de 1 de febrero de2006 párr. 163; Caso Ricardo Canese vs. Uruguay, Sentencia de 31 de agosto de 2004,párr. 77; y Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Sentencia de 2 de julio de 2004, párr.108)En efecto, el derecho consagrado en el referido artículo 13, comprende además delderecho a la libertad de pensamiento y de expresión, el derecho y la libertad de buscar, 18.
18recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, entre la que destaca el derecho aobtener información bajo el control del Estado, tal como ha señalado la CrIDH,especialmente en su sentencia del 19 de septiembre de 2006, Caso Claude Reyes yotros vs. Chile, (consultada en www.corteidh.or.cr), en la cual se dejó sentado que: ”77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea.” (Resaltados añadidos).De esta manera, ese Tribunal Interamericano ha resaltado la importancia del acceso a lainformación pública, requisito indispensable para el funcionamiento mismo de lademocracia y de la mayor transparencia y buena gestión pública.En este mismo sentido, nuestro derecho interno establece diversas normas queconsagran y garantizan ese derecho a la información, que deben ser interpretadosconforme a la normativa y la jurisprudencia internacional, no sólo por configurar unaobligación internacional del Estado venezolano, sino además por ser una obligaciónconstitucional con jerarquía constitucional y prevalecer en el orden interno. En estesentido, el artículo 58 de nuestra Constitución reconoce el derecho de toda persona a lainformación oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de 19.
19esta Constitución, el cual está vinculado con el derecho a la libertad de expresión y depensamiento reconocido en el artículo 57 constitucional, ya que la informaciónconstituye un presupuesto para el ejercicio de la expresión de alguna opinión. Estosderechos son reforzados por los derechos a ser informados oportuna y verazmente porla Administración Pública y al acceso a los archivos y registros administrativos. En estesentido, el artículo 143 constitucional dispone que: “Artículo 143. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a ser informados e informadas oportuna y verazmente por la Administración Pública, sobre el estado de las actuaciones en que estén directamente interesados e interesadas, y a conocer las resoluciones definitivas que se adopten sobre el particular. Asimismo, tienen acceso a los archivos y registros administrativos, sin perjuicio de los límites aceptables dentro de una sociedad democrática en materias relativas a seguridad interior y exterior, a investigación criminal y a la intimidad de la vida privada, de conformidad con la ley que regule la materia de clasificación de documentos de contenido confidencial o secreto. No se permitirá censura alguna a los funcionarios públicos o funcionarias públicas que informen sobre asuntos bajo su responsabilidad.” (Subrayados añadidos).Es obligación del Estado suministrar al público la máxima cantidad de información enforma oficiosa. Este tipo de información, no requiere una petición expresa para supublicación. Es una obligación del Estado suministrar la información de maneraproactiva y constante.La obligación de dar una oportuna y adecuada respuesta a las peticiones realizadas porlos particulares, y el consecuente derecho de estos de obtener esa oportuna y adecuadarespuesta, se encuentra contemplado en la Constitución de la República Bolivariana deVenezuela, en su artículo 51, en los términos siguientes: “Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos o éstas y de obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la Ley, pudiendo ser destituidos y destituidas por el cargo respectivo”. (Subrayado y negrillas añadidas) 20.
20Dicha obligación y su consecuente derecho han sido ratificados en instrumentos legales,tales como la Ley Orgánica de la Administración Pública, en su artículo 9, el cualseñala: “Artículo 9. Los funcionarios y funcionarias de la Administración Pública tienen la obligación de recibir y atender, sin excepción, las representaciones, peticiones o solicitudes que les formulen los particulares en las materias de su competencia ya sea vía fax, telefónica, electrónica, escrita u oral; así como de responder oportuna y adecuadamente tales solicitudes, independientemente del derecho que tienen los particulares de ejercer los recursos administrativos o judiciales correspondientes, de conformidad con la ley. En caso de que un funcionario público o funcionaria pública se abstenga de recibir las representaciones o peticiones de los particulares o no den adecuada y oportuna respuesta a las mismas, serán sancionados de conformidad con la ley.” (Subrayado y negrillas añadidas)Igualmente, en el artículo 2º de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, seestablece: “Artículo 2. Toda persona interesada podrá, por sí o por medio de su representante, dirigir instancias o peticiones a cualquier organismo, entidad o autoridad administrativa. Estos deberán resolver las instancias o peticiones que se les dirijan o bien declarar, en su caso, los motivos que tuvieren para no hacerlo.” (Subrayado y negrillas añadidas)Al respecto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nro.2073/2001, (Caso: Cruz Elvira Marín), señaló lo siguiente: “(...) La disposición transcrita, por una parte, consagra el derecho de petición, cuyo objeto es permitir a los particulares acceder a los órganos de la Administración Pública a los fines de ventilar los asuntos de su interés en sede gubernativa. Asimismo, el artículo aludido, contempla el derecho que inviste a estos particulares de obtener la respuesta pertinente en un término prudencial. Sin embargo, el mismo texto constitucional aclara que el derecho de petición debe guardar relación entre la solicitud planteada y las competencias que le han sido conferidas al funcionario público ante el cual es presentada tal petición. De esta forma, no hay lugar a dudas, en cuanto a que la 21.
21 exigencia de oportuna y adecuada respuesta supone que la misma se encuentre ajustada a derecho.”De manera que el derecho de petición comprende, por una parte, la obligación de laAdministración Pública de otorgar una respuesta en tiempo oportuno. Se entiende, queuna respuesta es oportuna, cuando la misma se ajusta al lapso de veinte (20) díasestablecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, elcual señala que: “Artículo 5. A falta de disposición expresa toda petición, representación o solicitud de naturaleza administrativa dirigida por los particulares a los órganos de la administración pública y que no requiera substanciación, deberá ser resuelta dentro de los veinte (20) días siguientes a su presentación o a la fecha posterior en la que el interesado hubiere cumplido los requisitos legales exigidos. La administración informará al interesado por escrito, y dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud, la omisión o incumplimiento por este de algún requisito.” (Subrayado y negrillas añadidas)Por otra parte, el derecho de petición comprende la obligación por parte de laAdministración Pública de dar una respuesta adecuada. Ello, acarrea para toda autoridado funcionario público una obligación tangible de dar una respuesta no sólo adecuada atodos los requerimientos elevados a su conocimiento como autoridad competente, sinotambién coherente con el carácter y contenido de las peticiones realizadas por losadministrados.En consecuencia, la falta de respuesta por parte del Director General de CONATEL,incumple con las obligaciones que tiene de carácter constitucional y legal, queestablecen que debe dar una oportuna y adecuada respuesta a la petición realizada.En este orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ensentencia del 4 de abril de 2001, (Caso: Sociedad Mercantil Estación de Servicios LosPinos.), señaló lo siguiente: 22.
22 “Tal como lo exige el artículo 51 de la Constitución, toda persona tiene derecho a obtener una respuesta „oportuna‟ y „adecuada‟. Ahora bien, en cuanto a que la respuesta sea „oportuna‟, esto se refiere a una condición de tiempo, es decir, que la respuesta se produzca en el momento apropiado, evitando así que se haga inútil el fin de dicha respuesta. En cuanto a que la respuesta deba ser „adecuada‟, esto se refiere a la correlación o adecuación de esa respuesta con la solicitud planteada. Que la respuesta sea adecuada en modo alguno se refiere a que ésta deba ser afirmativa o exenta de errores; lo que quiere decir la norma es que la respuesta debe tener relación directa con la solicitud planteada. En este sentido, lo que intenta proteger la Constitución a través del artículo 51, es que la autoridad o funcionario responsable responda oportunamente y que dicha respuesta se refiera específicamente al planteamiento realizado por el solicitante.”En conclusión, la respuesta del funcionario público al cual se le ha presentado lapetición, ha de ser inherente, pertinente, y coherente con el objeto de lo solicitado, talcomo lo señala el artículo 2º de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.Es decir, el ordenamiento jurídico venezolano no deja a discrecionalidad de laAdministración Pública si responde o no a una petición, y si motiva o no su respuesta.La Administración Pública tiene no sólo la obligación de resolver las peticiones que sele hagan, sino también de aclarar los motivos que tuviere para negarla si ese fuera elcaso.2. De la competencia de CONATEL en la información solicitadaPor otra parte, la información que se solicitó a CONATEL es de competencia de ésteorganismo.La pregunta “1”, establece lo siguiente: “Con respecto a los Procedimientos Administrativos Sancionatorios previstos en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, provea una lista de procedimientos que se han abierto y el estado de cada uno de ellos desde el momento en el cual se creó la ley, esto es, a partir del 12 de diciembre de 2005 hasta la fecha.” 23.
23Los Procedimientos Administrativos Sancionatorios están previstos en la Ley deResponsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, específicamente ensu Capítulo VII titulado “Del Procedimiento Administrativo Sancionatorio”, en losartículos 28 y siguientes. A lo largo de este capítulo se menciona en variasoportunidades que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones la encargada dellevar a cabo este procedimiento. El Directorio de Responsabilidad Social que semenciona en la Ley pertenece a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y debeentenderse como tal. Así menciona en su artículo 28: “…Los proveedores de medioselectrónicos deberán establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, ladifusión de mensajes divulgados que se subsuman en las prohibiciones contenidas en elpresente artículo, cuando ello sea solicitado por la Comisión Nacional deTelecomunicaciones en ejercicio de sus competencias…”.Igualmente, en el artículo 29 establece: “Las sanciones previstas en el numeral 1 serán aplicadas por el Directorio de Responsabilidad Social, de conformidad con el procedimiento establecido en esta Ley. La sanción prevista en el numeral 2 será aplicada por el órgano de adscripción de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en ambos casos la decisión se emitirá dentro de los treinta días hábiles siguientes a la recepción del expediente por el órgano competente. En todo caso, corresponderá a la Consultoría Jurídica de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la sustanciación del expediente administrativo y regirán, supletoriamente, las normas sobre procedimientos previstas en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.”De esta manera resulta forzoso concluir que la Comisión Nacional deTelecomunicaciones es el ente competente para tener toda la información referente a losProcedimientos Administrativos Sancionatorios y esta información tiene carácterpúblico por cuanto se encuentra dentro de las excepciones del acceso a la informaciónpública.La pregunta “2”, establece lo siguiente: “Lista de habilitaciones administrativas y reservas de frecuencia del espectro radioeléctrico vigentes a diciembre del año 2011, ámbito 24.
24 geográfico, fecha del documento emitido por CONATEL, período que comprende y el titular de cada una de ellas, de conformidad con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.”CONATEL es el ente encargado de otorgar las correspondientes habilitacionesadministrativas y reservas de frecuencia del espectro radioeléctrico de conformidad conlo establecido en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. El artículo 16 de lamencionada Ley establece: “La habilitación administrativa es el título que otorga la Comisión Nacional de Telecomunicaciones para el establecimiento y explotación de redes y para la prestación de servicios de telecomunicaciones, a quienes hayan cumplido con los requisitos y condiciones que a tales fines establezca dicho ente, de conformidad con esta Ley. (…)”Así mismo, en el artículo 37 de la mencionada Ley establece: “Son competencias de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones las siguientes: (…) 9. Otorgar, revocar y suspender las habilitaciones administrativas, concesiones y permisos, salvo cuando ello corresponda al órgano rector de conformidad con esta Ley.(…)”En la misma línea de ideas, el artículo 69 de la misma Ley establece: “Corresponde a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, la administración, regulación, ordenación y control del espectro radioeléctrico, de conformidad con lo establecido en esta Ley y en las normas vinculantes dictadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) (…)”El artículo 70 señala: “La administración, regulación, ordenación y control del espectro radioeléctrico, incluyen, entre otras facultades, la planificación, la determinación del cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencia, la asignación, cambios y verificación de frecuencias, la comprobación técnica de las emisiones radioeléctricas, el establecimiento de las normas técnicas para el uso del espectro, la 25.
25 detección de irregularidades y perturbaciones en el mismo, el control de su uso adecuado y la imposición de las sanciones a que haya lugar, de conformidad con la ley”De las normas transcritas observamos que la Comisión Nacional de Telecomunicacioneses sin duda el ente encargado de conceder las habilitaciones administrativas y reservasde frecuencia del espectro radioeléctrico; razón por la cual es el ente competente paramanejar toda la información referente a esto incluyendo la que estamos solicitando en lapregunta “2”.La pregunta “3”, establece lo siguiente: “Lista de las personas u organizaciones al mes de diciembre de 2011 pagaban impuestos, tasas y contribuciones de conformidad con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.”Con respecto a esto, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones establece en su Título XIlos impuestos, tasas y contribuciones especiales. En este capítulo se establecen losdiferentes aportes que deberán dar los sujetos a quienes obliga la Ley. Por otra parte, encuanto al cobro de los mismos, el artículo 153 establece lo siguiente: “La Comisión Nacional de Telecomunicaciones ejercerá las facultades y deberes que atribuye el Código Orgánico Tributario a la Administración Tributaria, en relación con los tributos establecidos en esta Ley. (…)”En tal sentido debemos concluir que CONATEL es el ente competente para manejartoda la información referente a los impuestos, tasas y contribuciones de conformidadcon la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, y por tanto es el competente para darnosesta información.3. De las razones o propósitos para los cuales se requiere la información y de laproporción de la utilización y uso que se le pretende dar a esta información con lamagnitud de información que se solicita 26.
26En Sentencia de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 15de julio de 2010, No. 745; se estableció con criterio vinculante lo siguiente: “…que en ausencia de ley expresa, y para salvaguardar los límites del ejercicio del derecho fundamental a la información, se hace necesario: i) que el o la solicitante de la información manifieste expresamente las razones o los propósitos por los cuales requiere la información; y ii) que la magnitud de la información que se solicita sea proporcional con la utilización y uso que se pretenda dar a la información solicitada…”Vale mencionar en el contexto de este punto, que este criterio es contrario a losestándares internacionales de derechos humanos expresados en decisiones de la CorteInteramericana de Derechos Humanos y por lo tanto no debe ser acatado por esteTribunal ni por ningún otro ente público.En este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso ClaudeReyes y otros vs. Chile, ha establecido lo siguiente: 77. En lo que respecta a los hechos del presente caso, la Corte estima que el artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones”, protege el derecho que tiene toda persona a solicitar el acceso a la información bajo el control del Estado, con las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones de la Convención. Consecuentemente, dicho artículo ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de 27.
27 pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea. (Resaltado añadido)Es clara la opinión de la Corte entonces, en que la información pública que se solicitadebe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo para su obtención o unaafectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima restricción. Lainformación que se solicita en este caso es información pública, que no incurre enninguna restricción legítima pues no afecta los derechos de intimidad de ningunapersona, no se encuentra relacionada con la seguridad y defensa nacional, no seencuentra relacionada con el ámbito internacional y no existe ninguna otra disposiciónde la Constitución o de alguna ley que así lo determine. Por lo tanto debe proveerse estainformación sin necesidad de que se acredite ningún interés directo para su obtención ouna afectación personal; con lo cual tampoco sería necesario que se manifiesteexpresamente las razones o los propósitos por los cuales requiere la información; ni quela magnitud de la información que se solicita sea proporcional con la utilización y usoque se pretenda dar a la información solicitada.Conviene citar en este punto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuelaque establece lo siguiente: “Artículo 19. El Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos. Su respeto y garantía son obligatorios para los órganos del Poder Público de conformidad con esta Constitución, con los tratados sobre derechos humanos suscritos y ratificados por la República y con las leyes que los desarrollen.” (Resaltado añadido) “Artículo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.” (Resaltado añadido) 28.
28En este sentido, tal y como existe una colisión entre una decisión emanada de la SalaConstitucional del Tribunal Supremo de Justicia y otra proveniente de la CorteInteramericana de Derechos Humanos, esta institución deberá aplicar, tal y como loestablece el Artículo 23 de nuestra Carta Magna, y conforme al principio deprogresividad de los derechos humanos establecido en el Artículo 19 del mismo texto, elcriterio que contenga normas más favorables para las personas. En este caso, las másfavorables son las establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, queinterpretan el alcance del Artículo 13 de la Convención Americana sobre DerechosHumanos, pues favorecen el ejercicio del derecho humano a la libertad de pensamientoy de expresión. Además, tal y como lo señala el citado Artículo 23, la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos es de aplicación inmediata y directa por esteórgano del Poder Público y así debe aplicar su criterio.No obstante, debido al interés de mis representados de obtener la información solicitada,y a fin de no obstaculizar el ejercicio del derecho al acceso a la información, semanifestó expresamente, en la comunicación de fecha 30 de abril de 2012, que lainformación que se solicitó se requiere para un estudio que realiza la organizaciónEspacio Público, la cual se especializa en temas de libertad de expresión e información;y quieren evaluar los Procedimientos Administrativos Sancionatorios que se han abiertoy el estado de cada uno de ellos a lo largo de su historia para comparar diversasvariables de los mismos. Adicionalmente se manifestó que pretenden estudiar elotorgamiento de concesiones del espectro radioeléctrico del período señalado, su ámbitogeográfico y titular de cada concesión para evaluar el estado de este otorgamiento yhacer comparaciones y conclusiones pertinentes en relación con el ejercicio del derechoa libertad de pensamiento y de expresión en diversas áreas.4.-De los obstáculos a nuestros deberes establecidos en el artículo 132 de laConstitución.Finalmente quiero destacar que tanto el derecho de petición ejercido ante el DirectorGeneral de CONATEL como el presente recurso constituyen un ejercicio práctico de la 29.
29obligación que nos impone el artículo 132 de la Constitución de promover y defenderlos derechos humanos como una manera de ejercer el protagonismo para el desarrolloindividual y colectivo. En tal sentido es obligación de los Poderes Públicos deconformidad con el artículo 62 de la Constitución a través de sus entes y órganosfacilitar a todas y todos en el país el cumplimiento de nuestros deberes ciudadanos yfacilitar como ciudadano y ciudadanas nuestro accionar protagónico. Es fundamentalpor lo tanto para esta Corte remover los obstáculos que puedan impedir el cumplimientode nuestro deber de defender los derechos humanos. VI PROMOCIÓN DE PRUEBASDe acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la JurisdicciónContencioso Administrativa; en concordancia con el artículo 98 de la Ley Orgánica delTribunal Supremo de Justicia; y el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil,solicitamos que se ordene al Director General de CONATEL, que exhiba los siguientesdocumentos que se encuentran en su poder: a) Original de la comunicación entregada en fecha treinta (30) de abril de 2012, suscrita por el ciudadano Carlos Correa, anteriormente identificado, actuando a título personal y en su carácter de Director Ejecutivo de la Asociación Civil Espacio Público; recibida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones; de la cual consignamos como medio de prueba que dicho documento se encuentra en poder de CONATEL, copia con original de sello húmedo de recibido, que anexamos al presente escrito marcado con la letra “E”. b) Original de la comunicación entregada en fecha catorce (14) de mayo de 2012, suscrita por el ciudadano Carlos Correa, anteriormente identificado, actuando a título personal y en su carácter de Director Ejecutivo de la Asociación Civil Espacio Público; recibida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones; de la cual consignamos como medio de prueba que dicho documento se encuentra en poder de CONATEL, copia con original de sello húmedo de recibido, que anexamos al presente escrito marcado con la letra “F”. 30.
30 c) Original de la comunicación entregada en fecha once (11) de junio de 2012, suscrita por el ciudadano Carlos Correa, anteriormente identificado, actuando a título personal y en su carácter de Director Ejecutivo de la Asociación Civil Espacio Público; recibida por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones; de la cual consignamos como medio de prueba que dicho documento se encuentra en poder de CONATEL, copia con original de sello húmedo de recibido, que anexamos al presente escrito marcado con la letra “G”.El objeto de estas pruebas es demostrar que efectivamente los recurrentes realizaron lapetición de información que se ha alegado y realizaron trámites para obtener larespuesta a la solicitud de información; y demostrar además que el hecho de que noobtengamos una oportuna y adecuada respuesta por parte de este ente público vulneralos derechos de petición, acceso a la información pública y libertad de expresión, tal ycomo se ha argumentado. VII MEDIDA CAUTELAREl artículo 69 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativoestablece lo siguiente: “Admitida la demanda, el tribunal podrá de oficio o a instanciade parte, realizar las actuaciones que estime procedentes para constatar la situacióndenunciada y dictar medidas cautelares. La oposición a la medida cautelar seráresuelta a la mayor brevedad”.Los requisitos de la jurisprudencia que debe verificar el juez para decretar medidascautelares son: (1) que exista prueba del riesgo manifiesto de que quede ilusoria laejecución del fallo, y (2) que exista prueba suficiente del derecho que se reclama enjuicio. Ambos constituyen lo que se entiende como el periculum in mora y el fumusboni iuris. A ellos se agrega otro requisito, según las tendencias más recientes de lajurisprudencia: la necesidad de que el juez efectúe una ponderación de los intereses enjuego, para determinar si son más graves los daños que se causan con la medida cautelarque aquéllos que puedan causarse por su negativa. 31.
31En el caso de autos, están cumplidos los requisitos exigidos para la procedencia de lamedida cautelar solicitada y así lo detallamos ahora. - Fumus boni iuris:El fumus boni iuris está sin duda presente. En esta etapa procesal el juez actúa con baseen una apariencia de buen derecho, como se suele traducir al español la famosa frase enlatín con la que el Derecho Procesal ha identificado el primero de los requisitos deprocedencia de la medida de tutela provisional. No puede el juez efectuar, con carácterdefinitivo, su análisis de fondo, pero sí debe tomar en cuenta la apariencia de que laparte solicitante de la medida tiene razón.En un caso como el presente, en el que es evidente que existe presunción del fumus boniiuris, pues se consignó en los anexos “E”, “F”, y “G” en los cuales constan lascomunicaciones enviadas a CONATEL con la petición de información y las gestionesrealizadas ante este organismo. - Periculum in mora:En relación con el periculum in mora, se evidencia que exista un riesgo manifiesto deque quede ilusoria la ejecución del fallo debido a que, como hemos argumentado, lainformación se requiere con carácter de urgencia para poder ejercer nuestros derechosde contraloría social y libertad de expresión; los cuales es indispensables que se realicena la brevedad de tiempo posible, tomando en cuenta que se trata de derechos humanos yparticipación ciudadana y que se trata de un control que pretendemos hacer sobre larectitud con la cual se llevan los Procedimientos Administrativos Sancionatorios, lashabilitaciones administrativas y reservas de frecuencia del espectro radioeléctrico y elpago de impuestos, tasas y contribuciones de conformidad con la Ley Orgánica deTelecomunicaciones. Si no obtenemos esta información a la brevedad posible, podríanverse cercenado el derecho a la libertad de expresión e información de ciudadanos yciudadanas venezolanas. - Ponderación de intereses: 32.
32En relación con la ponderación de intereses, resulta claro que es un derechoconstitucional el que CONATEL otorgue una oportuna y adecuada respuesta a lasolicitud de información. En este sentido no existirá ningún daño si la información esentregada en este momento, pudiendo con el fondo del caso definirse si efectivamenteeste violó o no los derechos que aquí se alegan.En este sentido, viendo la urgencia con la cual se requiere la información solicitada y taly como hemos argumentado que se violan varios derechos de rango constitucional conla falta de oportuna y adecuada respuesta por parte de CONATEL, y en base a nuestrapretensión de que se garantice el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en elartículo 16 de la Constitución; solicitamos a este tribunal que acuerde una medidacautelar innominada en la cual se ordene un inmediato restablecimiento de la situaciónjurídica infringida ordenando que CONATEL responda de manera inmediata la peticiónde información que consta anexa con la letra “E”. VIII PETITORIOPor las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, al haber incumplidoCONTAEL con una obligación consagrada en la Constitución y las leyes solicito a esaCorte que: 1. ADMITA el presente recurso de abstención o carencia; 2. Tramite este caso de acuerdo con los lapsos señalados en los artículos 23, 24 y 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en su artículo 6, numeral 5. 3. Dicte medida cautelar en la que ordene una respuesta inmediata a la petición de información por parte de CONATEL. 3. DECLARE CON LUGAR el presente recurso de abstención o carencia, y en consecuencia: 33.
33Ordene al Director General de CONATEL que suministre la información solicitadaacerca de los siguientes requerimientos realizados en la comunicación en referencia y ental sentido provea la siguiente información de manera adecuada y oportuna: 1. Con respecto a los Procedimientos Administrativos Sancionatorios previstos en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, provea una lista de procedimientos que se han abierto y el estado de cada uno de ellos desde el momento en el cual se creó la ley, esto es, a partir del 12 de diciembre de 2005 hasta la fecha. 2. Lista de habilitaciones administrativas y reservas de frecuencia del espectro radioeléctrico vigentes a diciembre del año 2011, ámbito geográfico, fecha del documento emitido por CONATEL, período que comprende y el titular de cada una de ellas, de conformidad con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. 3. Lista de las personas u organizaciones al mes de diciembre de 2011 pagaban impuestos, tasas y contribuciones de conformidad con la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. VII DOMICILIO PROCESALEn cumplimiento de lo ordenado por el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil,indico como agraviante a la COMISIÓN NACIONAL DETELECOMUNICACIONES (CONATEL) y su domicilio es el siguiente: Av.Veracruz, con Calle Cali, Edificio CONATEL, P-6, Las Mercedes, Caracas, Venezuela.Asimismo, indico como agraviados a CARLOS JOSÉ CORREA BARROS así comola ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIO PÚBLICO, y señalamos como domicilioprocesal de dichas partes la siguiente dirección: Avenida Universidad, EsquinasTraposos a Chorro, Edificio Centro Empresarial, Piso 12, Oficina H, Urb. Catedral,Municipio Libertador, Caracas, Venezuela.Es Justicia que esperamos en la ciudad de Caracas, a la fecha de su presentación. Recommended
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References: artículo 13
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 artículo 6
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 artículo 57
 artículo 143
 artículo 51
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 51
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 artículo 2
 artículo 28
 artículo 29
 artículo 16
 artículo 37
 artículo 69
 artículo 70
 artículo 153
 artículo 13
 Artículo 23
 Artículo 19
 Artículo 13
 Artículo 23
 artículo 132
 artículo 132
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 artículo 31
 artículo 98
 artículo 436
 artículo 69
 artículo 6
 artículo 174