Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/55809
Timestamp: 2019-09-21 15:46:36+00:00

Document:
Gaceta: LXII/3SPR-12/55809
El senador Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LXII Legislatura, en ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 122 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos así como en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete, con moción de urgente resolución, a consideración de esta Asamblea la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta, con toda atención, al titular del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se sirva aplicar la norma más favorable a las personas tratándose de alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación y, en consecuencia, se abstenga de hacer obligatorio el apartado 4.3.6. anunciado en la Tercera Resolución de modificaciones a la resolución miscelánea Fiscal para 2015 y sus anexos 1-A, 3, 7, 15, 23, y 26, con base en las siguientes:
La pretensión de incluir en el catálogo de los bienes susceptibles del cobro del impuesto al valor agregadoa los alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación es un caso típico de supremacía del principio de la interpretación más favorable a las personas. En efecto, la inconformidad generalizada que ha producido la medida anunciada por el Servicio de Administración Tributaria en su portal de Internet obliga a poner encontraste la pretensión tributaria con el bloque o núcleo constitucional de derechos humanos recientemente incorporado a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Sobre la trascendencia de la reforma aludida, el académico-investigador de la Universidad iberoamericana, José Luis Caballero Ochoa, considera lo siguiente:
“Las reformas aprobadas en junio de 2011 han cambiado el rostro constitucional de los derechos humanos en México. Sin lugar a duda estamos ante la puesta al día más importante de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante CPEUM o la Constitución) en la materia de los últimos años, por varias cuestiones:
Empieza por devolver a las personas la apropiación de su sus derechos, ante un modelo jurídico que, bajo una peculiar concepción de " garantías individuales ", fue cerrando los cauces propios para su exigibilidad y justiciabilidad...” [*]
Frente a la aplicación mecánica de las facultades para imponer contribuciones de la autoridad fiscal, se opone la consideración de este asunto desde una perspectiva de derechos fundamentales. La autoridad encargada de recaudar los impuestos parte de la naturaleza de los alimentos y termina por analizar sus componentes para elaborar una lista con 18 comidas que considera preparadas que van desde los emparedados hasta los nachos que se oferten en tiendas de conveniencia, de cercanía, mini súpers, tiendas de autoservicio o cualquier otro en los que se enajenen al público en general dichos productos encontrándose en los refrigeradores o en el área de comida rápida, según se trate.
El Sistema de Administración Tributaria lleva acabo un análisis tomando en cuenta únicamente la combinación de los productos para dar lugar a lo que considera un alimento preparado sin realizar un enfoque a partir de los derechos de las personas. Es importante atraer la atención de la autoridad fiscal hacia el hecho de la vigencia de un nuevo paradigma en materia de derechos de las personas. En efecto, con fecha 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un paquete de reformas y adiciones a la Ley Fundamental entre las cuales destaca lo dispuesto en el artículo 1º que establece nuevas obligaciones y principios a cargo de la totalidad de las autoridades del país. En este sentido, el propósito de grabar a los alimentos que consumen los trabajadores preparados por ellos mismos en puntos de venta de abarrotes debe pasar el examen de las obligaciones consistentes en respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos.
Es claro que el pueblo de México en general y los trabajadores en particular tienen el derecho de consumir alimentos sin que se les cobre impuesto alguno por dicho consumo. El derecho anterior ha sido consagrado en el artículo 2-A, fracción I, último párrafo de la Ley del impuesto al valor agregado que es precisamente la disposición que pretende afectar el Servicio de Administración Tributaria. En torno a la aplicación más favorable de las normas que reconocen derechos humanos, el autor Ariel Alberto Rojas Caballero explica lo siguiente:
“El principio pro persona mandata:
Acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos.
b) E inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria.” [*]
En consecuencia, la revisión de la anunciada medida es simple: ¿El gravamen a los alimentos que consumen los trabajadores en tiendas de conveniencia implica una afectación a su dieta cotidiana? La respuesta resulta obvia pues este tipo de alimentos forman parte de la dieta de las y los trabajadores mexicanos y de sus hijos ya que los adquieren para satisfacer necesidades básicas durante su jornada de trabajo o de estudios. En ningún momento, y en eso todos tenemos la misma convicción, se puede considerar a estos elementos como equiparables al disfrute, gozo o lujo que representan los alimentos servidos en un establecimiento donde se les prepara especialmente para tal fin como son los restaurantes.
El propósito anunciado el 16 de junio en la página de Internet de la dependencia fiscal es abiertamente contradictorio con la intención del legislador plasmada en el artículo 2º de la ley del IVA. Con toda claridad se puede observar que surgen ante esta medida dos interpretaciones: por un lado la de la autoridad con un claro afán recaudatorio y, por otro, el de los contribuyentes que buscan poner a salvo su menguada economía familiar. Cabe mencionar que el escaso poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores ha sido reconocido por todas las fuerzas políticas que en distintos tonos han propuesto desde iniciativas de ley hasta consultas ciudadanas para recuperar el valor rezagado por décadas de los salarios de los trabajadores mexicanos.
En un país donde la mayor parte de su población se compone de jóvenes que carecen de oportunidades debido al estancamiento económico y a la expansión de la violencia, grabar los alimentos que con sus propias manos se preparan en las tiendas de conveniencia implica dejarles en el abandono e incrementar el grado de exclusión social que padecen.
Finalmente, la medida anunciada no es congruente con la política emprendida por el propio Servicio de Administración Tributaria que busca transformar la economía informal en un periodo de varios años para incorporarlos a la base de contribuyentes. Es de alta probabilidad que proliferen los comerciantes ambulantes en torno a los puntos de venta señalados en la Tercera Resolución de la Miscelánea Fiscal y ofrezcan los mismos productos pero sin impuesto provocando con ello, además de incentivos a la informalidad, una competencia desleal para los establecimientos que venían ofertando los alimentoscumpliendo con sus obligaciones como presentar sus declaraciones fiscales y enterar los pagos de contribuciones correspondientes.
Los impuestos pueden ser impopulares pero no violatorios de la Constitución. De ahí que por medio de esta proposición hacemos un llamado parlamentario a la autoridad fiscal para que, previa revisión serena e integral de la medida anunciada, tenga a bien abstenerse de aplicar contribución alguna a una fuente de satisfactores para la dieta de las familias de las y los trabajadores en nuestro país.
Único.Se exhorta, con toda atención, el titular del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se sirva aplicar la norma más favorable a las personas tratándose de alimentos preparados para su consumo en el lugar de su enajenación y, en consecuencia, se abstenga de hacer obligatorio el apartado 4.3.6. anunciado en la Tercera Resolución de modificaciones a la resolución miscelánea Fiscal para 2015 y sus anexos 1-A, 3, 7, 15, 23, y 26.
México, Distrito Federal a 29 de junio de 2015.
[*]La Reforma Constitucional de Derechos Humanos un nuevo paradigma, Coordinadores Miguel Carbonell y Pedro Salazar, Editorial Porrúa-UNAM, México 2013, página 103.
[*]Los Derechos Humanos en México, Editorial Porrúa, México, 2013 página 37.

References: Resolución 
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