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Timestamp: 2019-03-26 20:47:30+00:00

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Principios configuradores de la regulación – Guía de negocios en España 2018
2.1 Normativa civil y mercantil
2.1.1 Código Civil y Código de Comercio
2.1.2 Ventas a distancia
Igualmente, aplicable en la realización de ventas electrónicas resultan las normas sobre ventas a distancia y otras relevantes en este ámbito:
1. Para operaciones en que el comprador es empresario o profesional, debe tenerse en cuenta la Ley 7/1996, de Ordenación del Comercio Minorista, en su capítulo referido a las Ventas a Distancia, el cual nos remite a lo establecido en el Título III del Libro II del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
2. Para actividades de comercio electrónico dirigidas a consumidores será necesario cumplir con la normativa sobre protección al consumidor regulada en el citado Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Este texto define las ventas a distancia como aquellas celebradas sin la presencia física simultanea del comprador y del vendedor, transmitiéndose la propuesta de contratación del vendedor y la aceptación del comprador de forma exclusiva por un medio de comunicación a distancia de cualquier naturaleza y dentro de un sistema de contratación a distancia organizado por el vendedor.Esta Ley determina el contenido mínimo exigible a las propuestas de contratación a distancia (tanto con consumidores como entre empresarios), que deberán incluir, entre otros:
La existencia de un derecho de desistimiento o resolución, así como, en su caso, las circunstancias y condiciones en que el vendedor podría suministrar un producto de calidad y precio equivalentes.
Recordatorio de la existencia de una garantía legal, que dependerá del tipo de bienes o servicios.
3. Adicionalmente, si la comercialización a distancia entre consumidores tiene por objeto servicios financieros, debe tomarse en consideración la Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores. La referida Ley regula de forma específica la protección al consumidor en la prestación de servicios financieros a distancia mediante, entre otras medidas, la obligación genérica de facilitar información exhaustiva al consumidor sobre el contrato con carácter previo a su celebración y reconociendo al consumidor un derecho específico de desistimiento del contrato celebrado a distancia.
4. Cuando para el desarrollo de la contratación se pretenda incorporar cláusulas predispuestas a una pluralidad de contratos, deberemos atender a la Ley 7/1998, sobre Condiciones Generales de la Contratación.
5. En caso de que el objeto de la actividad desarrollada consista en la venta de bienes de consumo, debe considerarse también las garantías en la venta de bienes de consumo contenidas en el mencionado Real Decreto Legislativo 1/2007, que establece las medidas tendentes a garantizar un nivel mínimo uniforme de protección de los consumidores. Dichas normas establecen una garantía gratuita a favor de los consumidores por un periodo de dos años para todos los bienes de consumo, y facilitar al consumidor distintas opciones para exigir el saneamiento cuando el bien adquirido no sea conforme con los términos del contrato, dándole la opción de exigir la reparación o la sustitución del bien.
2.1.3 Otras disposiciones relevantes
1. Conforme a lo previsto en la Ley 56/2007, las empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia económica y que tiene cierta dimensión están obligadas a facilitar a sus usuarios un medio de interlocución telemática que, mediante uso de certificados reconocidos de firma electrónica, les permita realizar, al menos, los trámites de: (a) contratación electrónica, modificación y finalización de contratos; (b) consulta de sus datos de cliente (incluyendo historial de facturación de al menos 3 últimos años) y el contrato suscrito, con las condiciones generales; (c) presentación de quejas, incidencias, sugerencias y reclamaciones (garantizando la constancia de su presentación y atención personal directa); y (d) ejercicio de los denominados derechos “ARCO” que prevé la normativa de protección de datos.
Esta obligación aplica a aquellas empresas que presten servicios al público en general de especial trascendencia económica siempre que agrupen a más de 100 trabajadores o cuyo volumen anual de operaciones (según la normativa del IVA) exceda de 6.010.121,04 €. Las empresas que la Ley 56/2007 incluye en esta categoría son las que operan en los siguientes sectores: (I) servicios de comunicaciones electrónicas a consumidores; (II) servicios financieros destinados a consumidores (bancarios, de crédito o de pago, servicios de inversión, seguros privados, planes de pensiones y la mediación de seguros); (III) suministro de agua a consumidores; (IV) suministro de gas al por menor; (V) suministro eléctrico a consumidores finales; (VI) agencia de viajes; (VII) transporte de viajeros por carretera, ferrocarril, por vía marítima, o por vía aérea; y (VIII) comercio al por menor (aunque para éstas últimas solamente se exige que el medio de interlocución telemática permita lo previsto en las letras (c) y (d) anteriores).
2. Por su especial trascendencia en el comercio electrónico merece destacar también algunas normas relativas a los servicios de pago:
La Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de Servicios de Pago (“LSP”) que afecta principalmente a las operaciones de pago más utilizadas en el entorno del comercio electrónico: transferencias, domiciliaciones y tarjetas, estableciendo como regla general que el ordenante y el beneficiario de la operación han de asumir cada uno de los gastos cobrados por sus respectivos proveedores de servicios de pago. En todo caso, cuando se trate de operaciones con consumidores la normativa específica (Real Decreto Legislativo 1/2007) prohíbe que el empresario cobre al consumidor cargos por el uso de medios de pago que excedan del coste soportado por el empresario por el uso de tales medios de pago.Por último, tanto la LSP como la normativa de consumidores prevén para los contratos a distancia que, en caso de que el importe de una compra o de un servicio se haya cargado fraudulenta o indebidamente utilizando el número de una tarjeta de pago, el consumidor podrá pedir la inmediata anulación del cargo.
La regulación de las tasas de intercambio introducida por el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio y la Ley 18/2014, de 15 de octubre. Esta norma establece un régimen de límites máximos a las tasas de intercambio en operaciones con tarjeta en el entorno español (aplicándolas a TPVs situados en España), mediante tarjeta de crédito o débito, con independencia del canal de comercialización utilizado (es decir, incluyendo TPVs físicos y virtuales), siempre que requieran la participación de proveedores de servicios de pago establecidos en España.
Tarjetas de débito: la tasa de intercambio por operación no puede exceder el 0,2% del valor de la operación, con un máximo de 7 céntimos de euro. Pero si el importe no excede de 20 €, la tasa de intercambio no podrá exceder del 0,1% del valor de la operación.
Tarjetas de crédito: la tasa de intercambio por operación no puede exceder del 0,3% del valor de la operación. Pero si el importe no excede de veinte euros, la tasa de intercambio no podrá exceder del 0,2 % del valor de la operación.
La Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, sobre servicios de pago en el mercado interior, que modifica las Directivas 2002/65/CE, 2009/110 / CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) no 1093/2010, y por la que se deroga la Directiva 2007/64/CE no se ha transpuesto en España, pero es de aplicación directa desde el 13 de enero de 2018. Regula los servicios de inicio de pago y los servicios de información de cuenta.
3. Por último, merece destacarse la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios. En especial, debe destacarse la consideración como práctica desleal de la realización de propuestas comerciales no deseadas y reiteradas por teléfono, fax, correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia, salvo que esté justificado legalmente para hacer cumplir una obligación contractual. Asimismo, el empresario o profesional deberá utilizar en estas comunicaciones sistemas que permitan al consumidor dejar constancia de su oposición a seguir recibiendo propuestas comerciales de dicho empresario o profesional, para lo cual, en caso de realizarse telefónicamente, las llamadas deberán realizarse desde un número de teléfono identificable.
2.2 Facturación electrónica
La Ley 37/1992, del Impuesto sobre el Valor Añadido estipula en su artículo 88.2 que la repercusión del Impuesto deberá efectuarse mediante factura en las condiciones y con los requisitos que se determinen reglamentariamente. El Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación deja constancia que la nueva regulación en materia de facturación supone un decidido impulso a la facturación electrónica, dando un mismo trato a la factura en papel y a la factura electrónica. Se establece una nueva definición de factura electrónica, como aquella factura que, cumpliendo los requisitos establecidos en el propio Real Decreto, haya sido expedida y recibida en formato electrónico.
Esta obligación de expedir factura electrónica aplica sea cual sea el canal de contratación utilizado (presencial o a distancia, electrónico o no), siempre que el cliente acepte recibirlas o lo haya solicitado expresamente. No obstante, las agencias de viaje, los servicios de transporte y las actividades de comercio al por menor solo están obligadas a emitir factura electrónica cuando la contratación se haya llevado a cabo por medios electrónicos.
En todo caso, el destinatario de la factura es quien tiene la facultad de decidir si acepta o no la expedición y remisión de factura en soporte electrónico; en ausencia de tal aceptación, el empresario debería expedirla y remitírsela en soporte papel, e incluso puede revocar su consentimiento para volver a recibirlas en papel.
El 28 de agosto de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento Europeo de Firma Electrónica, que entró en vigor el 17 de septiembre del mismo año y resulta de aplicación obligatoria desde el día 1/7/2016. Con ello quedó derogada la Directiva 1999/93/CE. No ha habido una derogación expresa de la Ley nacional anterior, por lo que ambas normas conviven, siendo de aplicación el Reglamento Europeo en la medida que ambas normas entren en contradicción.
Está previsto que se promulgue una nueva Ley Orgánica de Protección de Datos que complemente aquellas cuestiones que el propio Reglamento General de Protección de Datos establece que se deberán regular a nivel nacional. El proyecto de esta Ley se está debatiendo en el Parlamento, pero no es previsible que esta norma esté publicada en el Boletín Oficial del Estado durante el primer semestre de 2018. El proyecto de Ley establece la derogación expresa de la anterior Ley Orgánica 15/1999 ya citada.
Esta Ley Orgánica se aplica a los datos de carácter personal, entendidos como cualquier información concerniente a personas físicas, identificadas o identificables, no siendo extensiva, por tanto, su regulación a los datos que hagan referencia a personas jurídicas; y asimismo tampoco será de aplicación a los datos de empresarios individuales y de las personas de contacto en personas jurídicas, si bien en estos dos últimos casos en la medida en que; (I) la finalidad del tratamiento se enmarque en una relación “Business to Business” y (II) las categorías de datos que se traten se limiten a las siguientes: nombre y apellidos, las funciones o puestos desempeñados, así como la dirección postal o electrónica, teléfono y número de fax profesionales.
La comunicación de datos de carácter personal a un tercero requiere la obtención del consentimiento previo, a tal efecto, del interesado, salvo que dicha comunicación se encuadre en alguno de los supuestos excepcionados por la Ley.
El establecimiento de infracciones leves, graves o muy graves por incumplimiento de las obligaciones impuestas en esta Ley, a las que corresponden sanciones de hasta 600.000 € por cada dato incorrectamente tratado.
La mayoría de las obligaciones formales previstas en la LOPD desaparecerán con el Reglamento General de Protección de Datos, que basa su estructura normativa en la “responsabilidad proactiva” o “accountability”, que supone la obligación para el responsable del tratamiento de autoevaluar los tratamientos que realiza y los riesgos implícitos a cada uno de ellos, adoptando las medidas de seguridad más adecuadas en cada caso.
2.5 Propiedad intelectual, industrial y nombres de dominio
2.5.1 Propiedad intelectual
La Directiva 2001/29/CE sobre la armonización de los derechos de autor en la sociedad de la información, fue transpuesta al Derecho español mediante la Ley 23/2006, que modificó la Ley de Propiedad Intelectual para armonizar con el resto de Estados Miembros de la Unión Europea los derechos patrimoniales de reproducción, distribución y comunicación pública, y las nuevas formas de puesta a disposición interactiva, adaptando el régimen de estos derechos a las nuevas formas de explotación existentes en la Sociedad de la Información. Desde fechas muy recientes, España se ha situado, además, a la vanguardia de los países europeos que han reforzado la protección de los derechos de propiedad intelectual en Internet. La Ley 21/2014, de 4 de noviembre amplía los poderes del órgano administrativo en el seno del Ministerio de Cultura y Deporte (la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual) y refuerza el procedimiento sumario de naturaleza mixta, administrativa y judicial, mediante el que se busca agilizar la represión de conductas vulneradoras de la propiedad intelectual en Internet y conseguir la retirada de contenidos ilícitos o, en casos flagrantes, el cierre de las páginas web vulneradoras y webs de enlaces. La reforma no persigue, sin embargo, a los particulares que intercambien archivos a través de redes “peer to peer”.
Por último, cabe destacar la supresión, desde el 1 de enero de 2012 y consolidado con la Ley 21/2014, del régimen de compensación equitativa por copia privada que había venido existiendo en España (y que exigía la colaboración de fabricantes, distribuidores y minoristas de aparatos y soportes “idóneos para la reproducción” de obras protegidas por propiedad intelectual), y su sustitución por una nueva compensación económica que será retribuida directamente por el Estado.
2.5.2 Propiedad industrial
En la realización de actividades de comercio electrónico se deberán considerar igualmente los aspectos relativos a la propiedad industrial. El artículo 4.c de la Ley 11/1986, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad5 determina que los planes, reglas y métodos para el ejercicio de la actividad económica, así como los programas de ordenador, no son patentables.
2.5.3 Nombres de dominio
Así, los nombres de dominio de segundo nivel bajo el “.es” se asignan atendiendo a un criterio de prioridad temporal en la solicitud.
Podrán solicitar esta asignación las personas físicas o jurídicas y las entidades sin personalidad que tengan intereses o mantengan vínculos con España. No obstante, no se asignarán aquellos que coincidan con algún dominio de primer nivel o que coincidan con nombres generalmente conocidos de términos de internet.
Adicionalmente se establece que en el tercer nivel podrán asignarse los nombres de dominio bajo los indicativos “.com.es”, “.nom.es”, “.org.es”, “.gob.es” y “.edu.es”. Las personas o entidades que pueden solicitar los nombres de dominio varían en función de los indicativos. Así, por ejemplo, sólo las Administraciones Públicas españolas y las entidades de Derecho Público pueden solicitar nombres de dominio bajo el indicativo “.gov.es”.
2.6 LSSI, Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico
– Disponer de medios que permitan a los destinatarios de los servicios y a los órganos competentes, acceder, de forma fácil, directa y gratuita, a información identificativa del prestador (denominación social, domicilio, datos registrales, número de identificación fiscal…), sobre el precio del producto (indicando si incluye los impuestos aplicables y gastos de envío) así como acerca de los códigos de conducta a los que se haya adherido.
– Cuando se trate de prestadores de servicios de intermediación, colaborar con los órganos competentes en la interrupción de la prestación de servicios de la sociedad de la información o en la retirada de contenidos.
Los prestadores de servicios podrán utilizar dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos en equipos terminales de los destinatarios (las comúnmente denominadas “cookies”), a condición de que los mismos hayan dado su consentimiento después de que se les haya facilitado información clara y completa sobre su utilización.
La Agencia Española de Protección de Datos es el órgano competente para sancionar los prestadores de servicios de la sociedad de la información por el uso de las cookies sin el correspondiente consentimiento informado de los usuarios de un servicio de la sociedad de la información, pudiendo llegar dicha sanción al importe de 30.000 €.
La regulación de la contratación por vía electrónica, reconociendo efectos a los contratos celebrados por dicha vía cuando concurran el consentimiento y demás requisitos necesarios para su validez, sin que sea necesario el previo acuerdo de las partes sobre la utilización de medios electrónicos. Asimismo, se establecen determinadas provisiones para la contratación por vía electrónica:
– Se considerará satisfecho el requisito por el que un documento deba constar por escrito, cuando se contenga en soporte electrónico.
– Se establece la admisión en juicio de documentos en soporte electrónico como prueba documental.
– La determinación de la ley aplicable a los contratos electrónicos se regirá por las normas de Derecho internacional privado.
– Se establecen una serie de obligaciones previas al inicio del procedimiento de contratación, que afectan a la información que se debe proporcionar sobre los trámites de la celebración del contrato, a la validez de las ofertas o propuestas de contratación y a la disponibilidad, en su caso, de las condiciones generales de contratación.
– El oferente se encuentra obligado a confirmar la recepción de la aceptación por medio de un acuse de recibo por correo electrónico en las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la aceptación o por medio equivalente al utilizado en el procedimiento de contratación, que permita al destinatario archivar dicha confirmación.
– Los contratos celebrados por vía electrónica en los que intervenga un consumidor, se presumirán celebrados en el lugar en que éste tenga su residencia habitual. Cuando estos contratos se celebren entre empresarios o profesionales, se presumirán celebrados, en defecto de pacto, en el lugar en que esté establecido el prestador de servicios.
El establecimiento de infracciones leves, graves o muy graves por incumplimiento de las obligaciones impuestas en la LSSI, a las que corresponden sanciones de hasta 600.000€.
1 Orden EHA/962/2007, de 10 de abril, por la que se desarrollan determinadas disposiciones sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas, contenidas en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
3 Hasta la fecha, conforme a distintas decisiones de la Comisión Europea se consideran países de protección equiparable: Suiza, Canadá, Argentina, Guernsey, Isla de Man, Jersey, Islas Feroe, Andorra, Israel, Uruguay y Nueva Zelanda. En cuanto a las transferencias de datos a los Estados Unidos, tras la anulación por parte del Tribunal de Justicia de la UE del acuerdo denominado “Puerto Seguro” (“Safe Harbor”) el 6 de octubre de 2015, las transferencias de datos realizadas a ese país podrán realizarse de forma simplificada cuando la entidad importadora de los datos esté adherida al régimen de “Privacy Shield”.
4 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
5 El 1 de abril de 2017 entró en vigor la Ley 24/2015, que deroga la Ley 11/1986, salvo en lo establecido en las disposiciones transitorias.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 88
 Real Decreto 
 artículo 4
 Real Decreto 
 Real Decreto