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Timestamp: 2020-02-29 04:36:50+00:00

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Test 2019 Gestión Procesal TL
Convocatorias anteriores Examen Gestión Procesal Turno Libre (OEP 2017 y 2018)
Test 2019 de la oposición Gestión Procesal TL
Aquí puede ver el test del primer ejercicio de la convocatoria de Gestión Procesal y Administrativa Turno Libre del año 2019
Este test fué realizado de manera oficial en la fecha 2019-11-23
Repasa el examen tipo test correspondiente a la Convocatoria de Gestión Procesal TL de 2019
Tema 68, Normativa sobre Derecho Mercantil G-TL
1. ¿En cuál de los siguientes supuestos es necesario tramitar el concurso de acreedores por el procedimiento abreviado?
a. Cuando el deudor hubiera cesado completamente en su actividad y no tuviera en vigor contratos de trabajo.
b. Cuando la estimación inicial del pasivo no supere los cinco millones de euros.
c. Cuando la valoración de los bienes y derechos no alcance los cinco millones de euros.
d. Cuando el deudor presente propuesta anticipada de convenio.
2. Declarado el concurso de acreedores, se presenta frente al deudor una demanda de reclamación de cantidad por importe de 20.000 euros. ¿Qué trámite debe seguirse?:
a. Se tramita ante el juez del concurso por los trámites del juicio ordinario.
b. Se tramita ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal.
c. Se tramita ente el juez de primera instancia del domicilio del deudor demandado por los trámites del juicio ordinario.
d. Se tramita ante el juez del concurso por los trámites del juicio monitorio.
3. Según el art. 6 de la LEC, para que los grupos de consumidores o usuarios afectados por un hecho dañoso, compuestos por individuos determinados o fácilmente determinables, puedan demandar en juicio será necesario que el grupo:
a. Se constituya con la mayoría de los afectados.
b. Esté representado por un único Procurador.
c. Tenga su domicilio habitual en la misma localidad.
d. Esté defendido por un único Abogado.
4. Mientras esté pendiente un proceso civil, la solicitud de intervención formulada por sujetos que originariamente no fueran demandante ni demandados:
a. Suspenderá el curso del procedimiento, y el tribunal resolverá sobre su admisión por medio de auto, previa audiencia de las partes personadas, en el plazo común de diez días.
b. No suspenderá el curso del procedimiento, y el tribunal resolverá sobre su admisión por medio de auto, previa audiencia de las partes personadas, en el plazo común de diez días.
c. Suspenderá el curso del procedimiento, y el LAJ resolverá sobre su admisión por medio de decreto, previa audiencia de las partes personadas, en el plazo común de diez días.
d. No suspenderá el curso del procedimiento, y el LAJ resolverá sobre su admisión por medio de decreto, previa audiencia de las partes personadas, en el plazo común de diez días.
5. En el proceso civil, cuando el acto no vaya asistido por abogado o procurador, el demandado comunicará al tribunal su decisión de acudir al proceso con la asistencia de dichos profesionales:
a. En cualquier momento, dentro del plazo para contestar a la demanda.
b. En el plazo de los cinco días siguientes a la citación al juicio.
c. En cualquier momento del proceso.
d. En el plazo de tres días desde que se le notifique la demanda.
6. Según la LEC, las actuaciones realizadas por los procuradores en la práctica de los actos de comunicación serán impugnables:
a. Ante el LAJ, y contra el decreto resolutivo de esta impugnación se podrá interponer recurso de revisión.
b. Ante el tribunal, y contra el auto resolutivo de esta impugnación se podrá interponer recurso de reposición.
c. Ante el LAJ, y contra el decreto resolutivo de esta impugnación no cabe interponer recurso alguno.
d. Ante el tribunal, y contra el auto resolutivo de esta impugnación no cabe interponer recurso alguno.
7. Cuando el tribunal que esté conociendo de un asunto civil apreciara la falta de competencia objetiva, el LAJ dará vista a las partes y al Ministerio Fiscal por plazo común de:
a. Diez días, resolviendo el LAJ por decreto.
b. Cinco días, resolviendo el LAJ por decreto.
c. Diez días, resolviendo el Tribunal por medio de auto.
d. Cinco días, resolviendo el Tribunal por medio de auto.
8. Respecto a la tramitación de la abstención de un Tribunal para conocer de un asunto civil por apreciar la falta de competencia internacional, una de las siguientes afirmaciones es incorrecta. Indique cuál:
a. El demandado no podrá denunciar mediante declinatoria la falta de jurisdicción.
b. Será precisa la audiencia de las partes.
c. Será precisa la audiencia del Ministerio Fiscal.
d. Se acordará de oficio o por el Tribunal.
9. Según el art. 134 de la LEC, podrán interrumpirse los plazos y demorarse los términos en caso de fuerza mayor que impida cumplirlo. La concurrencia de fuerza mayor habrá de ser apreciada por:
a. El LAJ mediante decreto.
b. El Juez mediante auto.
c. El Juez mediante providencia.
d. El LAJ mediante diligencia de ordenación.
10. En el procedimiento civil, cuando un documento fuere redactado en idioma que no sea el castellano o, en su caso, la lengua oficial propia de la Comunidad Autónoma de que se trate, la traducción se hubiere hecho privadamente, y alguna de las partes la impugnare en el plazo legal establecido:
a. El LAJ ordenará la traducción oficial del documento.
b. Se dará traslado a la parte contraria para que aporte una nueva traducción.
c. Se tendrá por impugnada la traducción, sin perjuicio de su valoración en sentencia.
d. Se requerirá a la parte que presentó el documento para que aporte una nueva traducción.
11. Según lo establecido en el art. 214 de la LEC, las aclaraciones de las resoluciones dictadas por los Tribunales podrán hacerse de oficio:
a. Dentro de los tres días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución.
b. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución.
c. Dentro de los dos días hábiles siguientes al de la publicación de la resolución.
12. ¿Cuál de las siguientes resoluciones del LAJ se habrá de dictar a los efectos de reflejar en autos hechos o actos con trascendencia procesal?
a. Diligencia de ordenación.
b. Diligencia de comunicación.
c. Nota de referencia.
13. Según el art. 172 de la LEC, si la parte a la que interese el cumplimiento de un exhorto así lo solicita, se le entregará éste bajo su responsabilidad, para que lo presente en el órgano exhortado dentro de los:
a. Diez días siguientes.
b. Cinco días siguientes.
c. Quince días siguientes.
d. Tres días siguientes.
14. Según el art. 3 de la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil, todas las solicitudes de cooperación jurídica internacional se llevarán a cabo y ejecutarán sin dilación, de acuerdo con los principios de:
a. Efectividad y celeridad.
b. Reciprocidad y legalidad.
c. Flexibilidad y coordinación.
d. Independencia y colaboración.
Tema 23, Normas comunes a todos los procedimiento...
15. Cualquier LAJ que deba averiguar el domicilio de un demandado podrá dirigirse al Registro Central de Rebeldes Civiles para comprobar si el demandado consta en dicho registro y si los datos que en él aparecen son los mismos de que dispone. En tal caso, podrá acordarse directamente la comunicación edictal del demandado:
a. Mediante providencia.
b. Mediante decreto.
c. Mediante auto.
d. Mediante diligencia de ordenación.
16. Todas las resoluciones dictadas por los Tribunales o LAJ se notificarán en el plazo máximo, a contar desde su fecha o publicación, de:
a. Dos días.
c. Una audiencia.
17. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 15 del Real Decreto 937/2003, de 18 de julio, los procedimientos con sentencia firme podrán ser remitidos para su conservación y custodia al Archivo Judicial Territorial, una vez transcurra desde la firmeza de la resolución el plazo de:
a. Cinco años.
18. Los expedientes de ejecución de las órdenes europeas de detención y entrega dictadas por un órgano judicial de un Estado miembro de la Unión Europea, los tramitarán:
a. El Ministerio de Justicia, previa recepción de la correspondiente comisión rogatoria.
b. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
c. Los Juzgados Centrales de Instrucción.
d. Los Juzgados de Instrucción del lugar en el que se encuentre el reclamado.
19. Para el caso de que los perjudicados no se muestren parte en la causa, el art. 110 de la LeCrim dispone que:
a. Se entiende que renuncian al derecho de restitución, reparación o indemnización.
b. Se les tendrá por apartados del procedimiento al renunciar a las acciones.
c. No por esto se entiende que renuncian al derecho de restitución, reparación o indemnización.
d. Únicamente podrán reclamar por la vía civil.
20. Cuando el Ministerio Fiscal o las partes no hubieran hecho uso de la facultad que les confiere el apartado 4º del art. 324 de la LeCrim, en cuanto solicitar la prórroga del plazo máximo de Instrucción:
a. No será necesario el traslado de actuaciones previsto en el art. 629 de la LeCrim.
b. No podrán presentar recurso contra el auto de conclusión del sumario.
c. No podrán interesar las diligencias de investigación complementarias previstas en el art. 627 y 780 LeCrim.
d. No podrán oponerse al auto de conclusión del sumario.
21. Si por cualquier razón la audiencia del art. 505 de la LeCrim, no pudiere celebrarse, el juez o tribunal podrá acordar la prisión provisional, si concurrieren los presupuestos del art. 503, o la libertad provisional con fianza. En este caso:
a. Dentro de las siguientes 72 horas, el juez o tribunal convocará una nueva audiencia.
b. Dentro de las siguientes 48 horas, el juez o tribunal convocará una nueva audiencia.
c. No será necesaria la celebración de la audiencia si el Ministerio Fiscal no la interesa.
d. No será necesaria la celebración de la audiencia si se hubiese acordado la libertad provisional con fianza.
22. La duración máxima inicial de la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas que se computará desde la fecha:
a. De autorización judicial, será de tres meses, prorrogables por períodos sucesivos de igual duración hasta el plazo máximo de dieciocho meses.
b. De interceptación, será de tres meses, prorrogables por períodos sucesivos de igual duración hasta el plazo máximo de dieciocho meses.
c. De interceptación, será de tres meses, prorrogables por períodos sucesivos de igual duración hasta el plazo máximo de veinticuatro meses.
d. De autorización judicial, será de tres meses, prorrogables por períodos sucesivos de igual duración hasta el plazo máximo de veinticuatro meses.
23. Conforme al art. 622 de la LeCrim, practicadas las diligencias decretadas de oficio o a instancia de parte por el Juez instructor, si éste considerase terminado el sumario:
a. Lo declarará así y dejará en suspenso la remisión de autos y las piezas de convicción hasta que sean resueltas las apelaciones pendientes.
b. El LAJ pasará los autos para instrucción por un plazo que no bajará de tres días ni excederá de diez, según el volumen del proceso, al Ministerio Fiscal y acusaciones particulares, si las hubiere.
c. Lo declarará así, mandando remitir los autos y las piezas de convicción al Tribunal competente para conocer del delito.
d. El LAJ pasará los autos para alegaciones por un plazo que no bajará de cinco días ni excederá de diez, según el volumen del proceso, al Ministerio Fiscal y acusaciones particulares si las hubiere.
24. El art. 713 LeCrim dispone que no se practicarán careos con testigos que sean menores de edad salvo que:
a. Sea el Ministerio Fiscal el que interese la prueba.
b. Sea el Ministerio Fiscal el que interese la prueba y acredite que no resulta lesivo para el menor.
c. El Juez o Tribunal lo considere imprescindible y no lesivo para el interés de dichos testigos, previo informe pericial.
d. El Juez o Tribunal lo considere imprescindible y no lesivo para el interés de dichos testigos, sin necesidad de informe pericial.
Tema 49, Procedimiento Penal G-TL
25. Cuando, en las diligencias previas, el acusador particular manifieste la imposibilidad de formular escrito de acusación por falta de elementos esenciales para la tipificación de los hechos e inste la práctica de aquellas diligencias indispensables para formular acusación:
a. Continuará el trámite y el Juez resolverá junto con la solicitud de apertura de juicio oral.
b. El Juez acordará lo que estime procedente.
c. El Juez acordará lo solicitado.
d. El LAJ dará traslado al Ministerio Fiscal a fin de que, en el plazo de tres días, inste sobre la posibilidad de formular acusación.
26. Conforme al art. 787 de la LeCrim, dictada sentencia de conformidad, si el fiscal y las partes, conocido el fallo, expresaran su decisión de no recurrir, el juez declarará oralmente la firmeza de la sentencia, y se pronunciará sobre:
a. La multa y la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
b. La recurribilidad teniendo en cuenta los requisitos de la conformidad.
c. La suspensión o la sustitución de la pena impuesta.
d. La responsabilidad civil que se deberá abonar el condenado.
Tema 50, Procedimiento Penal G-TL
27. En las diligencias urgentes ante el juzgado de guardia, abierto el juicio oral, si no se hubiese constituido acusación particular, el Ministerio Fiscal formulará acusación. Si el acusado solicitara concesión de un plazo para la presentación de escrito de:
a. El juez lo fijará prudencialmente el mismo dentro de los tres días siguientes.
b. El juez lo fijará dentro del periodo de guardia.
c. El juez lo fijará prudencialmente el mismo dentro de los cinco días siguientes.
28. El juzgado de guardia, tras recibir el atestado policial, junto con los objetos, instrumentos y pruebas que, en su caso lo acompañen, incoará, si procede, diligencias urgentes. Contra este auto:
a. Cabrá recurso de queja.
b. Cabrá recurso de reforma y subsidiario de apelación.
d. Cabrá recurso de apelación.
29. Dictado el auto de apertura de juicio oral, en el proceso ante el Tribunal del Jurado, el Juez mandará emplazar a las partes para que se personen ante el Tribunal competente para el enjuiciamiento dentro del término:
a. De diez días.
b. De treinta días.
c. De cinco días.
d. De quince días.
Tema 52, Procedimiento Penal G-TL
30. En el caso de que se trate de algunos de los delitos o faltas cuya instrucción o conocimiento corresponda al Juez de Violencia sobre la Mujer, la competencia territorial vendrá determinada:
a. El del término municipal, partido o circunscripción en que se hayan descubierto pruebas materiales del delito.
b. El del término municipal, partido o circunscripción en que el presunto reo haya sido aprehendido.
c. Por el lugar en que el delito se hubiere cometido.
d. Por el lugar del domicilio de la víctima.
31. La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, se aplicará para exigir la responsabilidad, por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales, de las personas:
a. Mayores de dieciséis años y menores de dieciocho.
b. Mayores de catorce años y menores de dieciocho.
c. Menores de dieciocho años.
d. Mayores de doce años y menores de dieciocho.
32. Es órgano competente para el procedimiento de hábeas corpus en relación a un menor:
a. El Juez de Instrucción del lugar en el que se encuentre el menor privado de libertad.
b. El Juez de menores del lugar donde se produjo la detención.
c. El Ministerio Fiscal del lugar donde se produjo la detención.
d. El Juez de guardia del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del menor detenido.
33. En los juicios por delito leve. Si el denunciado reside fuera de la demarcación del Juzgado:
a. Tendrá obligación de comparecer al acto del juicio.
b. Tendrá la obligación de concurrir al acto del juicio, y de no hacerlo, tendrá que apoderar a abogado o procurador que presente en aquel acto las alegaciones y pruebas
c. No tendrá obligación de concurrir al acto del juicio, pero deberá apoderar a abogado o procurador que presente en aquel acto las alegaciones y pruebas de descargo que tuviera.
d. No tendrá obligación de concurrir al acto del juicio, y podrá dirigir al juez escrito alegando lo que estime conveniente en su defensa.
34. Cuando sobre el mismo hecho y encausado hayan recaído dos sentencias firmes. Se podrá solicitar:
a. Recurso de anulación.
b. Recurso de súplica.
c. Recurso de casación.
d. Recurso de revisión.
35. Los recursos que se deduzcan en relación con las disposiciones generales emanadas de las Entidades locales se conocerán:
a. En única instancia por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.
b. En única instancia por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
c. En primera instancia por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, y en segunda instancia por las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.
d. En única instancia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
36. La representación y defensa de las Administraciones públicas y de los órganos constitucionales:
a. La ostentará en todo caso, la Abogacía del Estado.
b. Se rige por lo dispuesto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
c. Se rige por lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, así como en las normas que sobre la materia y en el marco de sus competencias hayan dictado las Comunidades Autónomas.
d. La ostentará en todo caso, el Ministerio Fiscal.
37. ¿Cuáles de los siguientes actos no son impugnables ante la jurisdicción contencioso-administrativa?
a. Los actos expresos y presuntos de la Administración Pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.
b. Los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.
c. Los actos que se produzcan en aplicación de disposiciones de carácter general que se entiendan no conformes a Derecho.
d. Los actos de naturaleza económico-administrativa dictados por el Ministro de Economía y Hacienda y por el Tribunal Económico-Administrativo Central.
38. Conforme el artículo 48 de la LJCA., reclamado por el LAJ, el expediente administrativo y transcurrido el plazo de remisión sin que se haya cumplimentado:
a. Se reiterará la reclamación y si no se enviara en el término de cinco días, se tendrá a la Administración demandada por conforme con los hechos de la demanda.
b. Se reiterará la reclamación y si no se enviara en el término de diez días, el LAJ deberá apercibir a la autoridad o empleado responsable y el Juez o Tribunal le impondrá una multa coercitiva.
c. Se reiterará la reclamación y, si no se enviara en el término de cinco días, el LAJ deberá apercibir a la autoridad o empleado responsable y el Juez o Tribunal le impondrá una multa coercitiva.
d. Se reiterará la reclamación y si no se enviara en el término de diez días, el LAJ impondrá a la autoridad o empleado responsable una multa coercitiva.
39. Como regla general, en el recurso contencioso-administrativo, una vez recibido por el Juzgado el expediente administrativo, ¿en qué plazo deberá formalizarse la demanda?
a. En el plazo de treinta días.
b. En el plazo de quince días.
c. En el plazo de veinte días.
d. En el plazo de diez días.
40. Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, y en su caso los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo de este Orden Jurisdiccional conocen, por el procedimiento abreviado:
a. De los asuntos cuya cuantía supere los 30.000 euros.
b. De los actos en materia de persona, administración y gestión patrimonial adoptados por los órganos competentes del Tribunal de Cuentas.
c. De los asuntos de su competencia sobre disciplina deportiva en materia de dopaje.
d. De la prohibición o la propuesta de modificación de reuniones previstas en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión.
41. En el procedimiento abreviado regulado en los art. 78 y siguientes de la LJCA, admitida la demanda, el LAJ:
a. Acordará su traslado al demandado, emplazándole para que conteste a la demanda en el plazo de diez días.
b. Acordará su traslado al demandado, citando a las partes para la celebración de la vista.
c. Acordará su traslado al demandado, emplazándole para que conteste a la demanda en el plazo de quince días.
d. Acordará su traslado al demandado, emplazándole para que conteste a la demanda en el plazo de veinte días.
42. En la jurisdicción contencioso-administrativa, ¿qué recurso podrá interponerse contra las providencias y autos, no susceptibles de apelación o casación?
a. Recurso de reposición.
d. Recurso en interés de ley.
43. ¿Qué sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo están excluidas del recurso de apelación?
a. Aquellas cuya cuantía sea superior a 100.000 euros y las relativas a materia de personal.
b. Las dictadas en procedimientos para la protección de los derechos fundamentales de la persona.
c. Ninguna, todas las sentencias dictadas por estos dos órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa son susceptibles de apelación.
d. Aquellas cuya cuantía no exceda de 30.000 euros y las relativas a materia electoral en los casos legalmente previstos.
44. En el orden contencioso-administrativo, en relación con la protección de los derechos fundamentales de la persona, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?
a. En la LJCA se regula un procedimiento especial, que se inicia mediante demanda donde se expresará con precisión y claridad el derecho o derechos cuya tutela se pretenda y que termina por auto.
b. En la LJCA se regula un procedimiento especial que se inicia mediante un escrito de interposición, donde se expresará con precisión y claridad el derecho o derechos cuya tutela se pretende y que termina por sentencia.
c. En la LJCA se regula un procedimiento ordinario que se inicia mediante demanda, donde se expresará con precisión y claridad el derecho o derechos cuya tutela se pretende y que termina por sentencia.
d. El orden jurisdiccional contencioso administrativo no es competente a tal fin, ya que los derechos fundamentales de la persona solo pueden ser protegidos a través de los recursos previstos legalmente ante el Tribunal Constitucional.
45. De la revisión de laudos arbitrales firmes sobre materias objeto de conocimiento del orden social, conocerá:
a. La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia.
b. La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional.
c. El Juzgado de lo Social.
d. La Sala de lo Social del Tribunal Supremo.
46. En los procesos de reclamación de salarios de tramitación frente al Estado, conocerá el Juzgado de lo Social:
a. Del lugar de prestación de los servicios.
b. Que dictó la sentencia de despido.
c. De la capital de la provincia.
d. Del domicilio del demandante.
47. Formulada reclamación administrativa previa en materia de prestaciones de Seguridad Social, la entidad deberá contestar expresamente a la misma en el plazo de:
a. Veinte días.
b. Treinta días.
c. Cuarenta y cinco días.
d. Quince días.
48. Una de las siguientes afirmaciones respecto a la celebración del juicio en el proceso ordinario celebrado ante la jurisdicción social es incorrecta. Indique cual:
a. Las partes harán uso de la palabra cuantas veces el Juez o Tribunal lo estime necesario.
b. En ningún caso se suspenderá el procedimiento por seguirse causa criminal sobre los hechos debatidos.
c. No cabe formular reconvención.
d. Cabe el allanamiento parcial.
Tema 67, Procedimiento contencioso administrativo...
49. Una de las siguientes afirmaciones respecto al proceso de conflictos colectivos ante la jurisdicción social es incorrecta. Indique cuál:
a. No será requisito necesario para la tramitación del proceso el intento de conciliación o mediación.
b. Estos procesos tendrán carácter urgente.
c. Contra las resoluciones que se dicten en su tramitación no cabrá recurso, salvo el de declaración inicial de incompetencia.
d. La sentencia será ejecutiva desde el momento en que se dicte.
50. Conforme al artículo 316 LOPJ, los jueces serán nombrados:
a. Mediante Real Decreto por el Ministro de Justicia, a propuesta del CGPJ.
b. Mediante Real Decreto por el Ministro de Justicia, previo informe preceptivo del CGPJ.
c. Mediante Orden dictada por el CGPJ.
d. Mediante Orden por el Ministro de Justicia, a propuesta del CGPJ.
51. El Consejo Fiscal se constituirá bajo la presidencia del Fiscal General del Estado por:
a. El Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, y 8 fiscales pertenecientes a cualquiera de las categorías.
b. El Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, el Fiscal Jefe Inspector y 9 fiscales pertenecientes a cualquiera de las categorías.
c. El Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, y 7 fiscales pertenecientes a cualquiera de las categorías.
d. El Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, el Fiscal Jefe Inspector y 7 fiscales pertenecientes a cualquiera de las categorías.
52. Una Sala formada por el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas conocerá :
a. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo Contencioso-administrativo de dicho Tribunal.
b. De los incidentes de recusación del Presidente del Tribunal Supremo, o de los Presidente de Sala, o de dos Magistrados de una Sala.
c. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo Civil de dicho Tribunal.
d. De los recursos de casación contra las sentencias dictadas en única instancia por la Sala de lo contencioso-administrativo de dicho Tribunal.
53. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional conocerá:
a. De las cuestiones de competencia entre los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo con sede en la Comunidad Autónoma.
b. De los recursos devolutivos que la ley establezca contra las resoluciones de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo.
c. De los recursos de revisión, de acuerdo a lo establecido en la ley, contra las sentencias firmes de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.
54. Los Jueces de Paz serán nombrados:
a. Por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente para un período de 4 años.
b. Por el Pleno del Ayuntamiento con el voto favorable de dos tercios de sus miembros.
c. Por el Pleno del Ayuntamiento con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros.
d. Por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia correspondiente para un período de 5 años.
55. El Plan de Transparencia Judicial fue aprobado por:
a. Acuerdo del Consejo de Ministros de 21/10/2005.
b. Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y fiscal.
c. Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, de 28 de junio de 2012.
d. Por el Pleno del Congreso de los Diputados del 16/04/2002.
56. ¿Quién determinará las dotaciones básicas de las unidades procesales de apoyo directo?
a. Las Comunidades Autónomas con competencia transferida, previo informe del CGPJ.
b. El Ministerio de Justicia, previo informe del CGPJ y de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas.
c. El Ministerio de Justicia y el CGPJ, previo informe de las Comunidades Autónomas con competencias asumidas.
d. Las Comunidades Autónomas independientemente de que tengan transferidas la competencia, previo informe del CGPJ.
57. El art. 135 de la LEC dispone que, en caso de que la presentación telemática de escritos tenga lugar en día u hora inhábil a efectos procesales conforme a la ley, se entenderá:
a. Efectuada ese día y hora.
b. No efectuada.
c. Efectuada el primer día y hora hábil siguiente.
d. Efectuada si al día siguiente hábil se presentan en formato papel en la oficina judicial.
58. Según lo establecido en el art. 451.3 de la LOPJ, ¿en qué casos podrá el funcionario de Gestión Procesal y Administrativa intervenir en sustitución del LAJ?
a. Cuando los funcionarios del Cuerpo de Gestión practiquen y firmen las comparecencias que efectúen las partes en relación con los procedimientos que se sigan en el órgano judicial.
b. Cuando los funcionarios del Cuerpo de Gestión, con conocimiento del LAJ, expidan, a costa del interesado, copias simples de escritos y documentos que consten en autos no declarados secretos ni reservados.
c. Cuando se utilicen medios técnicos de grabación o reproducción, y las vistas se desarrollen sin la intervención del LAJ.
d. Supuestos de entradas y registros en lugares cerrados acordados por un único órgano judicial de la Audiencia Nacional y que deban ser realizados de forma simultánea.
59. Conforme a la LOPJ indique cuál de las siguientes funciones no corresponde al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa:
a. Practicar y firmar las comparecencias que efectúen las partes en relación con los procedimientos que se sigan en el órgano judicial.
b. Expedir, con conocimiento del LAJ, y a costa del interesado, copias simples de escritos y documentos que consten en autos no declarados secretos ni reservados.
c. Realizar las tareas de registro, recepción y distribución de escritos y documentos, relativos a asuntos que se estuvieran tramitando en Juzgados y Tribunales.
d. El registro y la clasificación de la correspondencia.
60. La rehabilitación procedente de jubilación por incapacidad permanente para el servicio para el personal al servicio de la Administración de Justicias será acordada:
a. Por el órgano competente del Ministerio de Justicia o, en su caso, de la Comunidad Autónoma con competencias asumidas.
b. En todo caso, por el órgano competente de la Comunidad Autónoma con competencias asumidas.
c. En todo caso, por el Ministerio de Justicia.
61. Conforme al art. 536 de la LOPJ, se considera falta muy grave:
a. Las acciones u omisiones dirigidas a eludir los sistemas de control horario o impedir que sean detectados los incumplimientos injustificados de la jornada de trabajo.
b. La agresión grave a cualquier persona con la que el funcionario se relacione en el ejercicio de sus funciones.
c. Causar daño grave en los documentos o material de trabajo.
d. La tercera falta injustificada de asistencia en un período de tres meses.
62. Según el Estatuto Básico del Empleado Público, ¿quiénes podrán promover las elecciones a Delegados y Juntas de Personal?
a. Los sindicato que hayan obtenido un porcentaje de al menos un 5% en la unidad electoral en la que se pretenda promover las elecciones.
b. Los funcionarios de la unidad electoral por consenso.
c. Los sindicatos que sin ser los más representativos hayan conseguido al menos el 5% de los representantes a que se refiere el Estatuto en el conjunto de las Administraciones Públicas.
d. Los sindicatos que hayan obtenido un porcentaje de al menos un 10% en la unidad electoral en la que se pretenda promover elecciones.
63. La Junta de Personal se compone de un número de representantes, en función del número de funcionarios de la Unidad electoral, de acuerdo con la siguiente escala. Señale la respuesta correcta:
a. De 251 a 500 funcionarios: 12 representantes.
b. De 501 a 750 funcionarios: 18 representantes.
c. De 751 a 1.000 funcionarios: 21 representantes.
d. De 1.001 en adelante, tres por cada mil o fracción.
Tema 41, Registro Civil G-TL
64. ¿En cuántas Secciones se divide el Registro Civil?
a. En tres Secciones, denominadas: la primera, «Nacimientos y Defunciones»; la segunda, «Matrimonios»; y la tercera, «Tutelas y representaciones legales».
b. En cuatro Secciones, denominadas: la primera, «Nacimientos y general»; la segunda, «Matrimonios»; la tercera, «Defunciones»; y la cuarta, «Adopciones».
c. En cuatro Secciones, denominadas: la primera, «Nacimientos y general»; la segunda, <<Matrimonios»; la tercera, «Defunciones»; y la cuarta, «Tutelas y representaciones legales».
d. En cuatro Secciones, denominadas: la primera, «Nacimientos y Defunciones»; la segunda, «Matrimonios»; la tercera, «Divorcios»; y la cuarta, «Tutelas y representaciones legales».
Tema 42, Registro Civil G-TL
65. Conforme a la Ley del Registro Civil, ¿cómo puede rectificarse un error cuya evidencia resulte de la confrontación con otra u otras inscripciones que hagan fe del hecho correspondiente?
a. Por sentencia firme en juicio verbal.
b. Por medio de un expediente de jurisdicción voluntaria.
c. Por medio de un expediente gubernativo.
d. Mediante comparecencia ante el Encargado del Registro Civil.
66. La regulación de las diligencias preliminares establece que:
a. La persona requerida para la práctica de las diligencias preliminares no puede oponerse a ellas, si bien podrá formular protesta para hacerla valer en la segunda instancia.
b. Pueden solicitarlas al juez que conoce del asunto principal tanto el demandante como el demandado.
c. Deben solicitarse con la demanda.
d. El solicitante ofrecerá caución para responder de los gastos como de los daños y perjuicios que se pudieren causar a la persona requerida.
67. Con respecto a las medidas de aseguramiento de prueba, ¿cuál de estas afirmaciones es cierta?
a. Se acuerdan por providencia.
b. Solo pueden solicitarse una vez iniciado el proceso.
c. La legitimación para solicitarlas corresponde exclusivamente al demandante.
d. El solicitante debe de prestar caución.
68. ¿Cuál de estas demandas se tramita por el juicio ordinario?
a. Las que, instadas por los titulares de derechos reales inscritos en el Registro de la Propiedad, demanden de título inscrito que legitime la oposición o la perturbación.
b. La de reclamación de cantidad por importe de 5.000 euros.
c. Las demandas sobre impugnación de acuerdos sociales adoptados por Juntas o Asambleas Generales o especiales de socios o de obligacionistas o por órganos colegiados de administración en entidades mercantiles.
d. Las que supongan el ejercicio de la acción de cesación en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores y usuarios.
69. En el juicio ordinario una vez contestada la demanda:
a. El LAJ, dentro del tercer día, convocará a las partes a la audiencia previa.
b. Si ninguna de las partes ha solicitado la celebración de vista quedarán los autos para sentencia.
c. El Juez, dentro del tercer día, convocará a las partes a la audiencia previa.
d. Se procederá por el LAJ a citar a las partes a juicio.
70. Si a la audiencia previa no comparece el demandante, pero sí lo hace el demandado:
a. Si el demandado alega el interés legítimo, continuará el procedimiento para que se dicte sentencia sobre el fondo.
b. Continúa el juicio sin su asistencia.
c. Quedan los autos conclusos para sentencia.
d. Se procederá, en todos los casos, a sobreseer inmediatamente el procedimiento.
71. ¿Cuál de estas demandas se tramita por el juicio verbal?
a. La reclamación de cantidad por importe de 8.000 euros.
b. La que solicite alimentos debidos por disposición legal o por otro título.
c. La que ejercite una acción de retracto de cualquier tipo.
d. La que pretende la tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.
72. En un juicio verbal el demandante no solicita en su demanda la celebración de vista. Tampoco lo hace el demandado en su contestación, ¿qué actuación procesal es la correcta?
a. Se da traslado de la contestación al demandante, quien podrá solicitar la celebración de vista.
b. El LAJ da cuenta de este hecho al juez por si éste considera oportuna la celebración de vista.
c. Se dicta sentencia sin más trámites.
d. El LAJ convocará a las partes a la vista.
73. En el procedimiento de división judicial de herencia, una vez presentadas las operaciones divisorias por el contador, ¿cuál es el siguiente trámite a seguir?
a. El LAJ convocará al contador y a las partes a una comparecencia ante el Tribunal, que se celebrará dentro de los diez días siguientes.
b. El LAJ procederá a entregar cada uno de los interesados lo que en ellas le haya sido adjudicado y los títulos de propiedad.
c. El LAJ dará traslado a las partes de las operaciones divisorias, emplazándolas por diez días para que formulen oposición.
d. El LAJ dictará decreto aprobando las operaciones divisorias, mandando protocolizarlas.
74. Si se suscitare controversia sobre la inclusión o exclusión de algún concepto en el inventario o sobre el importe de cualquiera de las partidas, el LAJ:
a. Hará constar en el acta las pretensiones de cada una de las partes sobre los referidos bienes y su fundamentación jurídica, y citará a los interesados a una vista, continuando la tramitación con arreglo a lo previsto para el juicio verbal.
b. Hará constar en el acta exclusivamente la inexistencia de acuerdo, y citará a los interesados a una vista, continuando la tramitación con arreglo a lo previsto para el juicio verbal.
c. Hará constar en el acta exclusivamente la inexistencia de acuerdo, y citará a los interesados a una vista, continuando la tramitación con arreglo a lo previsto para el juicio ordinario.
d. Hará constar en el acta las pretensiones de cada una de las partes sobre los referidos bienes y su fundamentación jurídica, y citará a los interesados a una vista, continuando la tramitación con arreglo a lo previsto para el juicio ordinario.
Tema 29, Procedimientos civiles G-TL
75. En el juicio monitorio si la documentación aportada con la petición se desprende que la cantidad reclamada no es correcta:
a. El LAJ procederá sin más trámites al archivo del expediente mediante decreto.
b. El LAJ planteará al peticionario aceptar o rechazar una propuesta de requerimiento de pago por el importe inferior al inicialmente solicitado.
c. La pluspetición deberá ser alegada por el deudor en su escrito de oposición.
d. El LAJ dará traslado al juez, quien, en su caso, mediante auto podrá plantear al peticionario aceptar o rechazar una propuesta de requerimiento de pago por el importe inferior al inicialmente solicitado que especifique.
76. El Juez competente para conocer del proceso monitorio en el que se reclama una deuda derivada de gastos comunes de Comunidades de propietarios de inmuebles urbanos es:
a. El Juez de Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor o, si no fueren conocidos, el del lugar en que el deudor pudiera ser hallado a efectos del requerimiento de pago por el Tribunal, o el Juzgado del lugar en donde se halle la finca, a elección del solicitante.
b. El Juez de Primera Instancia del lugar de cumplimiento de la obligación de la que deriva la deuda que se reclama.
c. El Juez de Primera Instancia del domicilio del demandante.
d. El Juez de Primera Instancia al que se hubieran sometido expresamente las partes.
77. El cónyuge que se proponga demandar la nulidad, separación o divorcio de su matrimonio puede solicitar los efectos y medidas a que se refieren los artículo 102 y 103 del Código Civil?
a. Ante el tribunal de la residencia del menor.
b. Ante el tribunal de residencia del demandado.
c. Ante el tribunal de su domicilio.
d. Ante el tribunal del lugar del domicilio conyugal.
78. Las medidas provisionales derivadas de la admisión de la demanda de nulidad, separación o divorcio, quedarán sin efecto:
a. Cuando sean sustituidas por las que establezca definitivamente la sentencia o cuando se ponga fin al procedimiento de otro modo.
b. Cuando se presente la demanda de nulidad, separación o divorcio si se presenta dentro de los treinta días siguientes a su adopción, siendo prorrogable durante los treinta días siguientes a la presentación de la demanda.
c. Cuando se presente la demanda de nulidad, separación o divorcio si se presenta dentro de los treinta días siguientes a su adopción.
d. Cuando sean sustituidas por las que establezca la sentencia, una vez declarada su firmeza.
Tema 31, Procedimientos civiles G-TL
79. Según el art. 37 de la LJV, en un procedimiento de adopción, si los progenitores pretendieran que se les reconozca la necesidad de prestar su asentimiento a la adopción, y lo ponen de manifiesto en el expediente, ¿qué debe hacer el LAJ?
a. Archivar el procedimiento, y remitir a las partes a un procedimiento contencioso.
b. Acordará la suspensión del expediente y otorgará el plazo de 15 días para la presentación de la demanda, de la que conocerá el mismo Tribunal.
c. Acordará la suspensión del expediente y otorgará el plazo de 20 días para la presentación de la demanda, de la que conocerá el mismo Tribunal.
d. Citarles para prestar el asentimiento.
80. Según la LJV, no se admitirán a trámite las peticiones de conciliación que se formulen en relación con:
a. Los incumplimientos contractuales entre particulares.
b. El ejercicio de derecho de rectificación previa a una querella por calumnias e injurias.
c. Los juicios en que estén interesados el Estado, las Comunidades Autónomas y las demás Administraciones públicas, Corporaciones o Instituciones de igual naturaleza.
d. La impugnación de acuerdos sociales.
81. El art. 449 de la LEC, determina que en los procesos en que se pretenda la condena al pago de las cantidades debidas por un propietario a la comunidad de vecinos, no se admitirá al condenado el recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación si, al interponerlos, no acredita tener satisfecha o consignada:
a. La cantidad líquida a que se contrae la sentencia condenatoria, más los intereses, gastos y costas derivadas del procedimiento.
b. La cantidad líquida a que se contrae la sentencia condenatoria más los intereses, únicamente para evitar la ejecución provisional.
c. La cantidad líquida a que se contrae la sentencia condenatoria más los intereses.
d. La cantidad líquida a que se contrae la sentencia condenatoria.
82. Presentados los escritos de impugnación de la resolución apelada a que se refieren los apartados 1 y 2 del art. 461 de la LEC, el LAJ dará traslado:
a. Al apelante principal, para que en el plazo de cinco días manifieste lo que tenga por conveniente sobre la admisibilidad de la impugnación.
b. A las demás partes, emplazándolas por cinco días para que presenten, ante el Tribunal que dictó la resolución apelada, escrito de oposición a la impugnación.
c. A las demás partes, emplazándolas por diez días para que presenten, ante el Tribunal que dictó la resolución apelada, escrito de oposición a la impugnación.
d. Al apelante principal, para que en el plazo de diez días manifieste lo que tenga por conveniente sobre la admisibilidad de la impugnación.
83. Cuando distintos litigantes de un mismo proceso opten, cada uno de ellos, por diferente recurso extraordinario, el art. 488 de la LEC dispone que:
a. El que se funde en infracción procesal se sustanciará por el tribunal competente con preferencia al de casación, cuya tramitación, sin embargo, será iniciada y continuará hasta que se decida su admisión, quedando después en suspenso.
b. El de casación se sustanciará por el tribunal competente con preferencia al que se funde en infracción procesal, que quedará en suspenso antes de decidir sobre su admisión.
c. El de casación se sustanciará por el tribunal competente con preferencia al que se funde en infracción procesal, cuya tramitación, sin embargo, será iniciada y continuará hasta que se decida su admisión, quedando después en suspenso.
d. El que se funde en infracción procesal se sustanciará por el tribunal competente con preferencia al de casación, que quedará en suspenso antes de decidir sobre su admisión.
84. La rescisión de sentencia firme a instancia del demandado rebelde, al que no se le notificó personalmente, solo procederá si se solicita dentro:
a. De cuatro meses, a partir de la publicación del edicto de notificación de la sentencia firme.
b. De cuatro meses, a partir de la fecha del edicto de notificación de la sentencia firme.
c. De seis meses, a partir de la fecha del edicto de notificación de la sentencia firme.
d. De seis meses, a partir de la publicación del edicto de notificación de la sentencia firme.
85. ¿Qué sentencias civiles se pueden ejecutar provisionalmente conforme el artículo 526 de la LEC?
a. Las sentencias de condena dictadas en primera instancia salvo las excepciones previstas legalmente.
b. Las sentencias que condenen a emitir una declaración de voluntad.
c. Las sentencias que declaren la nulidad o caducidad de títulos de propiedad industrial.
d. Las sentencias que contengan pronunciamientos de carácter indemnizatorio como consecuencia de la vulneración de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
86. Según la LEC, presentada demanda ejecutiva y dictado auto conteniendo la orden general de ejecución y despachando la misma, el LAJ responsable de la ejecución, en el mismo día o en el siguiente día hábil a aquél en que hubiera sido dictado el auto despachando ejecución, dictará:
a. Decreto denegando el despacho de ejecución si entendiese que no concurren los presupuestos y requisitos legalmente exigidos para el despacho de la ejecución.
b. Decreto en el que se contendrán las medidas ejecutivas concretas que resultaren procedentes y las medidas de localización y averiguación de los bienes del ejecutado que procedan, y el contenido del requerimiento de pago que deba hacerse al deudor, si procede.
c. Decreto denegando el despacho de ejecución si considera que alguna de las cláusulas incluidas en un título ejecutivo puede ser calificada como abusiva.
d. Decreto requiriendo de pago al ejecutado con carácter previo a la adopción de medidas ejecutivas concretas
87. Según la LEC, ¿desde cuándo se entiende hecho el embargo de bienes?
a. Desde que se ordene por el juez o se reseñe la descripción de un bien en el acta de la diligencia de embargo, aunque no se hayan adoptado aún medidas de garantía o publicidad de la traba.
b. Desde el día de la notificación al ejecutado del Decreto que acuerda el embargo de bienes concretos, o firma el acta de diligencia de embargo.
c. Desde que se decrete por el LAJ o se reseñe la descripción de un bien en el acta de la diligencia de embargo, aunque no se hayan adoptado aún medidas de garantía o publicidad de la traba.
d. Desde que el LAJ adopte medidas de garantía y publicidad de los bienes sobre los que se ha realizado la traba.
88. Según la LEC, podrá interponer tercería de dominio, en forma de demanda:
a. Quien, sin ser parte en la ejecución, afirme ser dueño de un bien embargado como perteneciente al ejecutado y que no ha adquirido de éste una vez trabado el embargo.
b. Quien, sin ser parte en la ejecución, afirme ser dueño de un bien embargado como perteneciente al ejecutado y que lo ha adquirido de éste una vez trabado el embargo.
c. Quien afirme que le corresponde un derecho a que su crédito sea satisfecho con preferencia al del acreedor ejecutante.
d. Quien, siendo parte en la ejecución, afirme ser dueño de un bien embargado como perteneciente al ejecutado y que lo ha adquirido de éste una vez trabado el embargo.
89. Conforme a lo establecido en la LEC, en la realización de los bienes embargados, el LAJ responsable de la ejecución entregará directamente al ejecutante, por su valor nominal, los bienes embargados que sean:
a. Los bienes muebles en todo caso.
b. Acciones, obligaciones u otros valores admitidos a negociación en mercado secundario.
c. Divisas convertibles, previa conversión, en su caso.
d. Acciones o participaciones societarias de cualquier clase, que no coticen en Bolsa.
90. De los cuatro siguientes bienes, ¿cuáles se embargarían en primer lugar?:
a. Créditos y derechos realizables en el acto o a corto plazo, y títulos, valores u otros instrumentos financieros admitidos a negociación en un mercado secundario oficial de valores.
b. Bienes inmuebles.
c. Sueldos, salarios, pensiones e ingresos procedentes de actividades profesionales y mercantiles autónomas.
d. Joyas y objetas de arte.
91. En la ejecución civil, cuando el inmueble cuya posesión se deba entregar fuera vivienda habitual del ejecutado o de quienes de él dependan, el LAJ:
a. Requerirá al ejecutado para que aporte los títulos que justifiquen el carácter habitual de la vivienda, suspendiendo el lanzamiento para dar traslado al ejecutante.
b. Procederá de inmediato al lanzamiento, bastando con la presencia de un único funcionario con categoría de Gestor, que podrá solicitar el auxilio, en su caso, de la fuerza pública.
c. Les dará un plazo de un mes para desalojarlo, que podrá prorrogarse por un mes más si existe motivo fundado.
d. Requerirá al ejecutado para que proceda al desalojo dentro del plazo que señale.

References: Real Decreto 
 resolución 
 artículo 48
 artículo 316
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 102
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 526