Source: https://es.scribd.com/doc/37457558/ACCION-DE-CUMPLIMIENTO
Timestamp: 2016-05-25 04:14:36+00:00

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al paso que el precepto 265 ordinal 5º obliga al Consejo Nacional Electoral “Velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política. Estas disposiciones podrían ser la razón de ser de la acción de cumplimiento. • Destacar las sub-reglas jurídicas que surgen de la jurisprudencia del Consejo de Estado en relación con la Acción Constitucional de Cumplimiento. “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”. el precepto 121 del mismo ordenamiento supralegal dispone que. frente a lo cual los asociados carecían de un instrumento idóneo o eficaz para exigir las autoridades el cumplimiento de las normas jurídicas. pues no obstante la claridad de sus textos que eran de similar calado a los que contenía la Constitución de 1886. en tanto que a las Asambleas Departamentales les corresponde según el artículo 300-12. • Permitir el análisis práctico en la aplicabilidad de la acción de cumplimiento y su regulación frente a las acciones ordinarias contenciosas administrativas. y es el caso de los textos normativos que se han dejado reproducidos en los apartados pertinentes en párrafo anterior. pues nótese que su realización se da en la medida en que existan o se expidan las normas legales o administrativas que determinen el ámbito de competencias de los servidores públicos. El artículo 6º Constitucional prevé como responsabilidad de los servidores públicos. mientras que el artículo 208 impone a los Ministros y Directores de Departamento administrativo la potestad de “ejecutar la ley”. pero en esencia de carácter material. no obstante la época en que se previó ese novel mecanismo. obedecerlas y velar por su estricto cumplimiento”. resultaban siendo permanentemente desconocidas por los servidores del Estado. son aquellas que establecen perentoriamente la obligación de las autoridades públicas de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. • Desarrollar habilidades y destrezas en el discente que le permitan identificar problemas jurídicos relacionados con la Acción de Cumplimiento.. 1991. cuando se expidió (julio 29) la ley 393 de 1997 que reglamenta el artículo 87 de la Suprema Ley. La antigua acción de reparación directa y cumplimiento. de normas o reglas abstractas que para su cabal materialización requieren de la ley que los desarrolle. al paso que el artículo 122 ibídem determina que “No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento…”.”. solo tuvo cabal concreción seis años y un mes después. el artículo 189 numeral 10 establece como atribución del Presidente de la República. En este sentido. “la omisión…en el ejercicio de sus funciones.Oe
• Conocer el concepto y desarrollo de la acción de cumplimiento en la legislación y jurisprudencia nacional. Habrá de entenderse que en la teoría ius publicista los dictados constitucionales constituyen un catálogo de principios. pero en especial el artículo 6º. “Cumplir las demás funciones que les asignen la Constitución y la ley”. Es más. “Promulgar las leyes.
. De igual modo. Otras disposiciones del Estatuto Superior que es preciso citar de modo particular por vía de enunciación.
pero también con sus diferencias que otorgan la autonomía a cada una. que mantenían lastimosa omisión con respecto a la inobservancia o incumplimiento de normas por parte de éstos. para rescatarla. y que. y responsabilizar a las autoridades por la omisión en el cumplimiento de los deberes que les incumben previstos en el ordenamiento legal.que en términos similares rige para los Concejos (art. que entrambos recursos judiciales. la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido”
. Al igual que la tutela. la ley. las leyes. por lo que el Constituyente de 1991. y contenido obligacional del mismo tenor lo es para el Alcalde (art. a lo que se agrega el compromiso que con el juramento adquieren aquéllos de cumplir y defender la Constitución “y desempeñar los deberes que le incumben” Fue tanto el desgaste de los ciudadanos frente a los servidores públicos. 313 numeral 10). especialmente de la Rama ejecutiva. además. Si bien la Acción de Cumplimiento no es el mecanismo judicial para hacer cumplir las normas de la Constitución Nacional. para exigir el cumplimiento del deber omitido contenido en normas infraconstitucionales. los decretos del Gobierno y las ordenanzas de las asambleas departamentales”. en buena hora. por modo.
El artículo 87 de la Carta Política consagra la acción de cumplimiento en los siguientes términos. es decir. primero ante la autoridad renuente. han propiciado el desarrollo de un nuevo derecho que originó el efectivo acercamiento o contacto de las comunidades con las autoridades públicas. El complemento ideal para la acción de tutela lo constituye la Acción de Cumplimiento. Estos mismos textos permean el ordenamiento jurídico en cuanto asignación de atribuciones de los demás servidores del Estado. y con las acciones populares. las ordenanzas y los acuerdos del concejo”. materializar el derecho. Así mismo. de todas aquéllas disposiciones que tengan fuerza vinculante con rango de ley o acto administrativo. sí lo es para garantizar la observancia de todas las demás normas existentes en nuestro ordenamiento jurídico-positivo. los decretos del gobierno. En caso de prosperar la acción. se vio en la imperiosa necesidad de crear y diseñar ese nuevo recurso judicial que le permitiría a la comunidad actuar. Con este recurso judicial de defensa se logra. la Acción de Cumplimiento se caracteriza tanto por su celeridad y eficacia entre otros rasgos. “Cumplir y hacer cumplir la Constitución. cuales son su finalidad y el plazo para decidirlas. 315-1 ibídem): “Cumplir y hacer cumplir la Constitución. ad pedem litterae: “Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. dinamizar la norma jurídica. las bases sobre las cuales habría de edificarse una nueva concepción de Estado en la administración de justicia. es atribución del Gobernador al tenor del artículo 305 ordinal 1º. luego ante el juez contencioso administrativo. cimentaron. entre otras.
41001-23-31-000-2001-4174-01(ACU)
. se debía acudir al juez civil del circuito al tenor del artículo 116 de la Ley 388 de 1997 referida. que una vez entró en vigencia la última ley en mención.
M. Hoy el debate parece encontrarse superado. o ley del Medio Ambiente. capricho o conveniencia de la autoridad pública o del particular investido de función pública. pues fue prevista de manera autónoma por primera vez. Es del caso indicar. cuando quiera que éstos últimos actúen o deban actuar en ejercicio de funciones públicas. Consejo de Estado. Dr. adoptó nueva doctrina: “4. lo mismo que por los particulares.FUNDAMENTO LEGAL
La acción de cumplimiento es novedosa como institución jurídica nacional. para asuntos ambientales. aunque han existido decisiones contradictorias en el H.2 La acción de cumplimiento respecto de la ley 388 de 1994 El constituyente de 1991 consagró en el artículo 87 de la Carta Política un instrumento jurídico procesal para que cualquier persona pueda acudir ante la autoridad judicial con el fin de hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo. Exp. para el caso de los asuntos urbanísticos. en orden a que el precepto de uno y otro encuentren materialización en la vida real y diaria de los asociados y en el funcionamiento del Estado en general. y por lo mismo. y por último en la Ley 393 de 1993. por cuanto en principio se estimó que las acciones de cumplimiento consagradas en leyes anteriores a la 393 mantenían su propia vigencia. después de reconocer que se había admitido por parte del mismo Consejo de Estado la competencia del juez civil del circuito para conocer de las acciones de cumplimiento derivadas de las leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997 (asuntos urbanísticos). es el contemplado en la ley 393 de 1997 y que la jurisdicción o juez natural lo es el Administrativo. mediante la exigencia de cumplimiento del mandato de la ley o de lo dispuesto en un acto administrativo. tiene por finalidad el hacer efectiva la observancia del ordenamiento jurídico existente por parte de las autoridades públicas. imperando el criterio de que el procedimiento a aplicar como único. en la ley 99 de 1993. como instrumento de concreción y realización del Estado Social de Derecho. para todos los casos y que es el estatuto vigente cuya fuente directa lo es la Constitución. veamos: En sentencia de la Sección Tercera de 29 de marzo de 20011. se generó polémica en los Tribunales de la jurisdicción contenciosa administrativa. con fundamento también en decisiones de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sobre definiciones de conflictos de jurisdicción sobre la materia. dotando para ello a toda persona de la facultad de exigir tal cumplimiento y no reducir éste a la simple voluntad. luego fue consagrada para asuntos urbanísticos en la Ley 388 de 1997. Germán Rodríguez Villamizar. e incluso con los jueces civiles. La acción allí prevista.P.
Posteriormente. el legislador reguló de manera general en la ley 393 de 1997 la acción de cumplimiento para perseguir el cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de actos administrativos. directamente o a través de un apoderado. En el artículo 77 y siguientes de la ley 99 de 1993. En efecto el artículo 116 de la ley 388 de 1997 disponía: “Artículo 116. se estableció. esto es. así como de lo regulado por ella misma. por manera que. si bien la acción de cumplimiento prevista en la ley 388 de 1997 no fue objeto de derogación expresa. “La acción de cumplimiento se dirigirá contra la autoridad administrativa que presuntamente no esté aplicando la ley o acto administrativo o el acto administrativo. la reglamentación legal de ese instrumento presenta el siguiente recorrido: 1. podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo relacionado con la aplicación de los instrumentos previstos en la Ley 9ª de 1989 y la presente ley. El interesado o su apoderado presentará la demanda ante el juez civil del circuito…” (Negrillas y subrayado fuera del texto). sin limitarla a una materia específica.Ahora bien. si lo fue por vía orgánica. encaminada a perseguir el cumplimiento de leyes o actos administrativos relacionados con la aplicación de los instrumentos previstos en la ley 9ª de 1989. al punto que. en el artículo 116 estableció otra reglamentación de la acción de cumplimiento. en el artículo 32 de esa ley derogó de manera expresa los artículos 77 a 82 de la ley 99 de 1993. solamente para conocer del cumplimiento de leyes y actos administrativos relacionados con aspectos atinentes al medio ambiente. Por otra parte. la ley 388 de 1997. 2. y todas aquellas que le sean contrarias.
. Esta acción se podrá ejercitar sin perjuicio de las demás acciones que la ley permita y se deberá surtir el siguiente trámite: “1. dado que la ley 393 de 1997 reglamentó de manera general dicha acción. con el propósito de desarrollar de manera integral el artículo 87 constitucional. Si su no aplicación se debe a órdenes o instrucciones impartidas por un superior. Procedimiento de la acción de Cumplimiento. por primera vez. la acción de cumplimiento.Toda persona. pero. la ley de ordenamiento territorial. la acción se entenderá dirigida contra ambos aunque podrá incoarse directamente contra el jefe o Director de la entidad pública a la que pertenezca el funcionario renuente.
Sobre el particular pueden citarse. Amelia Mantilla Villegas. En un primer momento. entre otras. todas ellas proferidas el año inmediatamente anterior: 25 de febrero. en más reciente pronunciamiento contenido en el auto del 24 de agosto de 20003. es decir. artículo 71 del Código Civil en concordancia con el artículo 3º de la ley 153 de 1887. cuyo cumplimiento es inmediato y prevalecen sobre la anterior desde el momento en que deba empezar a regir. en el sentido de dirimir tales conflictos bajo la directriz según la cual. No obstante. expediente 20900101.
. Rómulo González Trujillo. en relación con la fijación del juez natural que debía conocer de estas acciones y el procedimiento a seguir. según lo reglado en el artículo 116 de la Ley 388 de 1997. y 22 de abril. dicho criterio luego fue rectificado. siendo fácil observar que la voluntad del legislador fue abarcar toda la disciplina. la segunda legislación mencionada en precedencia (ley 393 de 1997) regula íntegramente la materia atinente con el desarrollo del artículo 87 de la Constitución Política. a raíz de discutirse la vigencia o no del artículo 116 de la ley 388 de 1997. Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Pero. se afirmó lo contrario. Acción de Cumplimiento. con invocación de los argumentos expuestos en el auto del 24 de septiembre de 1998. Consejo Superior de la Judicatura. P. “Además constituye una derogación tácita de la anterior legislación por pugnar con la nueva. expediente 20000514. M. en distintas ocasiones. M. A. 13 de abril. Dra. En esta otra oportunidad. es lo cierto que.Acerca de este punto. en auto del 24 de septiembre de 19982. porque ‘la anterior disposición se refería’. según lo previenen los artículos 40 y 43 de la ley 153 de 1887. P. Dr. expediente 20000247. A. el juez competente es el civil del circuito. se afirmó que la competencia para conocer de la acción de cumplimiento relacionada con las leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997 correspondía a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. ha tenido oportunidad de pronunciarse la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de resolver sendos conflictos de jurisdicciones suscitados entre juzgados civiles del circuito y tribunales administrativos del país. Sala Jurisdiccional Disciplinaria. en tanto que la anterior su carácter de acción pública. la nueva ley trata específica y totalmente lo concerniente a la acción de cumplimiento.A. estableciendo una competencia y procedimientos nuevos. las siguientes providencias. antes citado se dijo: “Así. en el entendimiento de que esta norma no había sido objeto de modificación ni de derogación por parte de la Ley 393 del 1997. por
Consejo Superior de la Judicatura. decisión ésta que acoge la Sala.
La acción de cumplimiento se dirigirá contra la autoridad administrativa que presuntamente no esté aplicando la ley o el acto administrativo. como norma involucrada en un estatuto no relacionado con la Acción de Cumplimiento sino con el ordenamiento Municipal. Toda persona. 25000-23-25-000-2003-1014-01(ACU)
. negrillas y cursivas corresponden al texto original). Darío Quiñónez Pinilla. directamente o a través e un apoderado.“…existir una nueva ley que regula íntegramente la materia’ disposición (sic) se refería a la competencia y procedimiento de esas acciones. En consecuencia. “No se diga que la ley 388 de 1997 es una ley especial en lo que se refiere a la Acción de Cumplimiento porque ésta ley es una ley de ordenamiento territorial y la ley 393 de 1997 es una ley que regula íntegramente la materia al desarrollar el principio constitucional que establece la acción de cumplimiento. Esta acción se podrá ejercitar sin perjuicio de las demás acciones que la ley permita y se deberá surtir el siguiente trámite: 1. Dr. reguló la acción de cumplimiento en los siguientes términos: “Procedimiento de la acción de cumplimiento. "por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones". podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo relacionado con la aplicación de los instrumentos previstos en la Ley 9ª de 1989 y la presente ley. establecida de esta forma la competencia de esta jurisdicción para conocer del asunto. además de los requisitos generales previstos en el Código de Procedimiento Civil.P. Criterio diametralmente opuesto -como en su oportunidad lo había hecho el Consejo Superior-. la identificación de la autoridad que. según el demandante debe hacer efectivo el
M. Exp. El interesado o su apoderado presentará la demanda ante el juez civil del circuito la cual contendrá. adoptó posteriormente la Sección Quinta mediante auto de 19 de febrero de 20044 . la Sala analizará aquellas normas que el actor alegó como incumplidas respecto de la ley 388 de 1997…” (Resaltados. Si su no aplicación se debe a órdenes o instrucciones impartidas por un superior. la especificación de la ley o acto administrativo que considera no se ha cumplido o se ha cumplido parcialmente. dijo en esa ocasión: “El artículo 116 de la Ley 388 del 18 de julio de 1997. la acción se entenderá dirigida contra ambos aunque podrá incoarse directamente contra el jefe o Director de la entidad pública a la que pertenezca el funcionario renuente.
pueden interpretarse de manera armónica y no se excluyen. En efecto. de manera general. diseñó una acción especial por su contenido y procedimiento. De hecho. la primera. Pocos días después. De lo expuesto surge una pregunta obvia: ¿la Ley 393 de 1997 derogó lo dispuesto en la Ley 388 de ese mismo año? Dicho de otro modo: ¿la ley que regula de manera general la acción de cumplimiento derogó la especial prevista para exigir la ejecución de las normas relacionadas con la aplicación de los instrumentos previstos en las Leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997? Al tenor de lo dispuesto en los artículos 72 del Código Civil y 3º de la Ley 153 de 1887 la ley posterior prevalece sobre la ley anterior. las Leyes 388 y 393 de 1997 diseñaron un mecanismo procesal para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo. En tal contexto. puesto que solamente tiene efectos derogatorios aquella normativa que la reemplace. la simple regulación posterior no deja sin efectos jurídicos la norma anterior. se caracteriza por señalar la procedencia de esta acción constitucional en relación con normas con fuerza material de ley o actos administrativos de naturaleza subjetiva o generales.cumplimiento de la ley o acto administrativo y la prueba de que el demandante requirió a la autoridad para que diera cumplimiento a la ley o acto administrativo. esto es. pues solamente se dirige a obtener la ejecución de normas referidas al tema que regula. por medio de la Ley 393 del 29 de julio de 1997.sino también el contenido sustancial de aquellas –si es general o especial-.
. el artículo 87 de la Constitución y reguló el trámite y procedencia de la acción de cumplimiento. . el legislador reglamentó. No obstante. Ello muestra que. precisamente.) ". la interpretación de normas que contienen disposiciones jurídicas diferentes no solamente debe tener en cuenta el momento en el que se expiden –si es anterior o posterior. evidentemente. si existe una norma general y otra especial. así está última sea anterior. la regule de manera íntegra y pugne con las disposiciones de la regulación legal anterior.. pues la primera regulará condiciones y características aplicables en la mayoría de los casos y la segunda regirá las situaciones jurídicas y fácticas precisas que contiene. pretende el cumplimiento de una ley o acto administrativo “relacionado con la aplicación de los instrumentos previstos en la Ley 9ª de 1989” y la Ley 388 de 1997. (. esa regla de interpretación se aplica únicamente cuando el texto normativo posterior verse sobre la misma materia. Mientras que la Ley 393 de 1997. Sin embargo.
es una norma general que se aplica en todos los casos no regulados expresa y específicamente por el legislador. respectivamente. expedientes 20000247 y 20000514. expediente 20900101 A. ante la existencia de una norma general que regula la acción de cumplimiento y otra especial que se refiere a esa acción. por el contrario. pero con un objetivo preciso que no contradice la regla general sino que. a saber: En el año de 1997. Así. 6 de julio y 3 de septiembre de 1998. porque se concluyó que la Ley 393 de 1997 derogó tácitamente la Ley 388 de 1997 y. la acción de cumplimiento a que hace referencia la Ley 388 de 1997 es una norma especial que se limita a desarrollar un procedimiento “para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo relacionado con la aplicación de los instrumentos previstos en la Ley 9ª de 1989 y la presente ley”. la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sostuvo que el artículo 116 de la Ley 388 de 1997 no fue derogado ni modificado por la Ley 393 de ese año. se convierte en una excepción a aquella. como acertadamente lo afirma el Tribunal. se tiene que la acción de cumplimiento regulada por la Ley 393 de 1997 como mecanismo procesal “para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos”. mediante auto del 19 de marzo de 1998. por lo que debe aplicarse5. en el sentido de atribuir el conocimiento de una
A esa misma conclusión llegaron las Secciones Primera. del 13 y 22 de abril de 1997. por lo tanto. esa tesis fue modificada. por el contrario. respectivamente. Por su parte. la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dirimió un conflicto de competencias planteado entre las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa. Con posterioridad. se concluye que el artículo 116 de la Ley 388 de 1997 no fue derogado y.Así las cosas. ha originado varios pronunciamientos de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en diferentes sentidos. En este orden de ideas. deben tramitarse ante los jueces civiles del circuito. la acción de cumplimiento es solamente la regulada por la ley general. Cuarta y Quinta de esta Corporación. es preciso advertir que la definición de competencias en relación con la aplicación del artículo 116. precisamente. No obstante lo anterior. 6 Autos del 25 de febrero de 1997. bajo los parámetros señalados en la ley especial6. por lo que las acciones de cumplimiento para exigir la observancia de normas relacionadas con las Leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997. por lo que se agota en ese contenido normativo. inciso 1º.
. de la Ley 388 de 1997. se encuentra produciendo efectos jurídicos. no es un asunto fácil sino. expediente 19980314A. en los autos del 28 de mayo.
recurriendo a una pretendida derogatoria tácita de la competencia atribuida a la jurisdicción ordinaria. existiendo para el cumplimiento de los actos y normas derivadas de la aplicación de la Ley 9ª de 1989. dos leyes. para luego sustraer la primera de sus efectos por la segunda. el procedimiento y el juez natural para conocer de las mismas.. la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura utilizó la interpretación histórica y el sentido útil de las normas.. (. y esta clase de acción de cumplimiento. posteriormente. ley exactamente aplicable. por la materia. al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. una especial y otra general. su conocimiento le fue adscrito a los jueces civiles del circuito.. no es válido desatender la expresa determinación que al respecto hizo el legislador. la derogatoria de los medios cabalmente establecidos en otras disposiciones con el mismo propósito. en la 388. la 388 de 1997. (.) En consecuencia. cuando de una parte. como es el caso. Tampoco sería lógico que el legislador expidiera con escasos 11 días de intervalo.. Al respecto dijo: “Como la naturaleza del asunto delimita el factor objetivo de competencia. Para llegar a esa conclusión. en ningún momento dijo en la Ley 393 de 1997 que derogaba alguna de las disposiciones contenidas en la 388 promulgada unos días atrás. pero no con el alcance de eliminar del ordenamiento jurídico los instrumentos judiciales ya existentes. y si su voluntad hubiera sido que las acciones de cumplimiento derivadas de la aplicación de la Ley 9 de 1989 se rigiera por la acción general reglamentada en la 393. sobre todo cuando las normas de competencia son de orden público y de obligatoria observancia. casi simultáneamente. esa posición fue nuevamente modificada para asignar el conocimiento de esos asuntos a los jueces civiles del circuito.. pues sencillamente no habría establecido en una ley específica.7 Sin embargo.acción de cumplimiento instaurada para exigir la observancia de la Resolución número 03 del 4 de noviembre de 1992 proferida por la Junta Administradora Local de Puente Aranda para la recuperación del espacio público en esa localidad..
. pues no sería lógico derivar de la Acción de Cumplimiento regulada por la Ley 393 de 1997.) se conoce el aporte doctrinario. so pretexto de la señalada en la Ley 393 de 1997 que reguló de manera general la Acción de Cumplimiento. cuyo artículo
En ese mismo sentido: auto del 24 de agosto de 2000.
en consideración con los siguientes argumentos: “No puede pues entenderse. determinante. como sí lo es el que la ley especial anterior rige sobre la general posterior. derogó la competencia que acaba de transcribirse de la Ley 388 del mismo año. veamos: ‘Lex posterior generalis non derogat priori speciali y legi speciali per generalem non derogatur.La aparente falta de técnica legislativa por la también aparente contradicción entre las dos leyes en cuestión. expedidas con apenas once días de intervalo. con arreglo a las siguientes consideraciones: 1. concluyente. y la Ley 393 de 1997. 3.) 2. Y es que no se remite a duda que el art.
. prevén la acción de cumplimiento de manera genérica. expediente 2001073801. 1º. como lo señala aquel.... la Sala habrá de dirimir el presente conflicto de conformidad con lo establecido en la misma”8 En otra oportunidad. de ésta. son aforismos antiquísimos que enuncian el principio universal de derecho de que la ley general posterior no deroga la ley especial anterior y que complementa la conocida regla de prevalencia.En armonía con el planteamiento anterior y que resulta ser argumento definitivo. De allí que la doctrina contenida en aquellas fórmulas jurídicas se pueda sintetizar así: la ley posterior deroga la ley anterior cuando ambas tienen la misma generalidad o la misma especialidad. aunque sea anterior a una general. que el surgimiento de la Ley 393 de 1997. sentencia del 30 de enero de 1968. subsiste en cuanto se refiere a la materia concreta regulada en ella. 87 de la C...P... pero la especial. esa Sala reiteró la posición adoptada en el sentido de dirimir un conflicto de jurisdicciones asignando competencia al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Manizales. Consejo de Estado. (.Sí es cierto que la Ley 393/97 es una ley posterior. a menos que la segunda derogue expresamente la primera o que entre ellas exista incompatibilidad’9(subrayamos). no existe. es el
Auto del 13 de diciembre de 2001.116 le adscribió la competencia para conocer de esas acciones a la jurisdicción ordinaria en cabeza de los Jueces Civiles del Circuito. lo que no implica que necesariamente derogue las anteriores. como lo prevé el art. para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. pues este principio no es absoluto. o de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos.
o un acto administrativo para cuya prueba haya grave dificultad…”. “La persona que acredite interés podrá pedir directamente el restablecimiento del derecho.
La acción de cumplimiento se ha definido por la H. al tenor de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 116 de la Ley 388 de 1997. aunque podría señalarse que la acción por incumplimiento propia del Derecho Comunitario tiene algunos rasgos más similares. que la primera vez que en Colombia se previó un mecanismo judicial parecido lo fue con la expedición del Decreto 01 de 1984 que en su artículo 86 consagró la “acción de reparación directa y cumplimiento”. Puede además estimarse.C Al respecto.A. Corte Constitucional como la “…acción destinada a brindarle al particular la oportunidad de exigir de las autoridades la realización del deber omitido. como es el de que el mandato de la ley o lo ordenado en un acto
Auto del 18 de marzo de 2002. expediente 1050
. por cuanto. desde el año 2001.. la Sala concluye que la jurisdicción competente para tramitar la demanda objeto de estudio es la ordinaria y no la contencioso administrativa. pues esa misma tesis fue adoptada por esta Sección en anterior oportunidad11.CARÁCTER RESIDUAL de la acción de cumplimiento regulada en la Ley 393 de 1997. a la sazón. Dicho dispositivo legal dispuso que.. la reparación del daño. únicamente al cumplimiento de actos administrativos y no de leyes. con el progreso del derecho. en lo pertinente. que sí lo trae la figura actual. según la norma parcialmente en trasunto).. el cumplimiento de un deber que la administración elude. cuando la causa de la petición sea un hecho. la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ha reiterado la tesis descrita en precedencia.. acatándose de esta forma uno de los más eficaces principios del Estado de derecho. Por lo expuesto. a manera de análisis histórico.”10 Así. la acción estaba encaminada. auto del 20 de noviembre de 2003. es la posición que esta Sala comparte. o la devolución de lo indebidamente pagado. que lo que era materia de cumplimiento (“deber que la administración elude”. Como se puede apreciar. que les permite procurar la verdadera vigencia y verificación de las leyes y actos administrativos. sólo podía accionar quien demostrara interés. se le dio a dicha institución jurídica el carácter de omisión administrativa para perseguir indemnización por la vía de la acción de reparación directa del actual artículo 86 del C. la competencia está asignada a los jueces civiles del circuito. con el transcurrir de los años. a través de la facultad radicada en cabeza de todos los individuos. expediente 20010963 01/577.” De otro lado no sobra recordar. Tampoco sobra mencionar que son escasísimos los países que cuentan con el mecanismo judicial de la acción de cumplimiento. debiéndose notar igualmente que.C. Incluso.
modifica o extingue situaciones jurídicas de carácter general).P. como tampoco para obligar a la aplicación de normas de alcance general o abstracto.PP: Antonio Barrera C. Consejo de Estado14: “…esta acción constitucional no procede para reconocer derechos o para definir exclusivamente la interpretación válida de una norma. pues ni la constitución nacional ni la ley que desarrolla este importante mecanismo jurídico lo prevén. parte sobre la cual habrá de hacerse comentario posterior. 25000-23-24-000-2003-1071-01(ACU)
. C-893/99. Corte Constitucional. Para actos de carácter particular o concreto se debe acudir a la acción ordinaria. no puede ser otra la interpretación del núcleo esencial de la acción de cumplimiento. sentencia AC-001 de 10 de diciembre de 1992. 2. Stc. M. permitir. se anularía el principio de separación funcional de jurisdicciones y se dejaría sin sentido la existencia de los mecanismos procesales ordinarios y contencioso administrativos”.P.
FINALIDAD Y LÍMITES
Sobre la finalidad y límites de la acción del artículo 87 constitucional se ha pronunciado así mismo el H. impersonal y abstracta. Así.P. 3. Stc. Darío Quiñónez Pinilla. contenida en leyes o Decretos con fuerza de ley12 cuyo fin es mandar. y Hernando Herrera Vergara.
Se tienen como principios que gobiernan u orientan la acción de cumplimiento los que a continuación se enlistan: 1. MM. C-195/98. Consejo de Estado: “No se trata de una acción encaminada a dar contenido interpretativo a un determinado dispositivo legal o administrativo. M.
Oficiosidad Publicidad Prevalencia del derecho sustancial
Corte Constitucional. Alejandro Martínez Caballero.administrativo no puede dejarse a un simple deseo y tenga en cambio concreción en la realidad” (Corte Constitucional. Simón Rodríguez Rodríguez)
Lo es el cumplimiento de una norma con fuerza material de Ley (Manifestación de la voluntad general. puesto que si se autoriza al juez constitucional a que resuelva de fondo todas las controversias jurídicas en torno a la aplicación del derecho en el caso concreto. 14 Sección Quinta. exp. M. Dr. prohibir o castigar) o acto administrativo (Manifestación de la voluntad de la administración que crea. sentencia de dos (2) de octubre de dos mil tres (2003). salvo que para el afectado haya un peligro grave e inminente13. y así lo expuso el H.
La prevalencia del derecho sustancial. principio que emerge del artículo 228 de la Constitución.
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. El principio de eficacia corresponde al efectivo cumplimiento de la finalidad de la acción. significa que debe primar en el proceso el derecho material sobre las formalidades. 6. lo mismo que a la prevalencia del derecho sustancial sobre las formalidades.
Economía Celeridad Eficacia Gratuidad. incluso la electoral y cualquiera otra distinta a la acción de tutela. garantizando desde luego el principio de legalidad y el debido proceso. 5. consistente en que su trámite prefiere al de las demás acciones contenciosas administrativas. Por celeridad. y que las decisiones que se adopten en el proceso tengan la virtud de ser cumplidas y acatadas por las autoridades. Por principio de publicidad deberá entenderse el deber que tiene el juez de dar a conocer todas las providencias o decisiones que adopte dentro del proceso de cumplimiento. el juez de cumplimiento debe hacer uso del principio inquisitivo. y de igual modo el menor costo posible para las partes. Por el principio de economía ha de entenderse tanto la optimización del tiempo en los trámites procesales en aras de agilizar las decisiones. todo lo cual apunta a una sentencia de fondo. suprimiendo trámites innecesarios. 8. implica observar estrictamente los términos de ley.4. y expidiendo las providencias a la mayor brevedad. 7. El principio de gratuidad apunta a que el acudimiento al juez de la acción no implique erogación o gasto alguno para las partes. conexo con los principios de oficiosidad y economía. se estableció lo que dicho tratadista entiende por legitimación en la causa:
En la Unidad 6 del módulo Juez Director del Proceso Contencioso Administrativo hice referencias sobre el punto. evitando sentencias inhibitorias. impulsando el proceso y decretando las medidas que sean pertinentes para la cabal observancia del mismo. salvo con respecto a la acción de tutela. Y el de prelación.
En virtud del principio de oficiosidad. o para terceros que eventualmente puedan resultar involucrados en el proceso. lo que normalmente hará mediante notificación y comunicación telegráfica. sin violar el debido proceso. concluyendo el proceso con una decisión de mérito. que acudiendo a la autorizada voz del jurista Español don Jesús González Pérez. Prelación.
que en atención a la finalidad que la acción conlleva. La legitimación presupone que no toda persona con capacidad procesal puede ser parte en un proceso. M. así mismo. Por tanto. Defensor del Pueblo y sus delegados. en armonía con los artículos 1º y 4º de la Ley 393 de 1997. el titular de la acción sólo puede ser aquél que demuestre interés: “…
“Esta interpretación se explica si se tiene en cuenta que el cumplimiento de los actos administrativos de carácter particular. Agréguese a lo anterior. autoriza fungir como demandantes a las organizaciones sociales y no gubernamentales (literales b y c. cuando se trate de actos de contenido particular o concreto. De aquí que sea el problema procesal más íntimamente ligado con el derecho material. sino únicamente las que se encuentren en determinada relación con la pretensión. razón por la cual debe ser él mismo quien lo reclame. y dentro de estos de manera especial a los que se enlistan en el literal a) del artículo 4º de la Ley 393. de modo específico el legislador ordinario autorizó a los servidores públicos. Son frecuentes los casos en los cuales pese a existir un clarísimo deber para que las autoridades desarrollen una determinada acción de beneficio
GONZALEZ PEREZ. y a los Contralores. por la alta misión que se les ha encomendado de vigilar el efectivo cumplimiento de las normas del Estado en sus distintos ámbitos. 76001-23-31-000-200203177-01(AP)
. respecto de las cuales se deduzca la pretensión de incumplimiento del deber omitido (arts. Y se ha dicho que la acción de cumplimiento es esencialmente pública puesto que como lo ha indicado el H. a los Personeros Municipales. interesa directamente al particular afectado. 115-116 supra. Derecho Procesal Hispanoamericano. 6º y 8º ibídem).“La legitimación es la aptitud de ser parte en un proceso concreto. esta idoneidad específica se deriva del problema de fondo que se pretenda discutir en el proceso. 1985. lo puede ser cualquier (toda) persona atendiendo al interés que tiene todo asociado de que se cumpla con el ordenamiento jurídico.P. habiéndose llegado a considerar como una cuestión de fondo y no meramente procesal”15. Consejo de Estado en su Sección Tercera16. En relación con este tema en la Asamblea Nacional Constituyente se dijo lo siguiente: “La acción de cumplimiento tiene el propósito de combatir la falta de actividad de la administración. Jesús. se tendría que la legitimación en la causa por activa (demandante) en la acción de cumplimento. analizado el artículo 87 de la Constitución. Editorial Temis. mientras que la parte pasiva (demandado) sólo puede ser aquella autoridad pública o el particular que ejerza funciones públicas. como a los Procuradores. que es esencialmente una acción pública. ibídem). exp. Sentencia de 29 demayo de 2003. En este orden. pp. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
que crean situaciones jurídicas individuales. sin ostentar la legitimación en la causa por activa que el caso amerita. “De lo anterior se deduce que cualquier persona. particular y concreto amparadas constitucionalmente en punto al derecho al trabajo. esto es. En efecto.particular o colectivo. en el caso de la acción de cumplimiento. desligada de su entorno jurídico y sus efectos. como cualquiera otra. cuando se trata de actos administrativos subjetivos. tal como ocurre en el caso de autos. la prevalencia del derecho sustancial en modo alguno significa un plano desdibujamiento de la ritualidad. (Negrillas del Consejo de Estado) Adicionalmente. No sobra señalar que la Corte Constitucional ha concluido que resultan constitucionales las diferencias que se establecen. 57. por el contrario. al estudiar la constitucionalidad del artículo 9° de la ley 393 de 1998. pero cuando lo que se pretende hacer efectivo es el cumplimiento de una ley en sentido formal o un acto administrativo de carácter particular ante la Administración.
Ponencia para Segundo Debate ante la Plenaria de la Asamblea Constitucional No. vale decir. sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones predicables de las autoridades públicas y de los particulares”18. también lo es que el tema de la titularidad de la acción por regla general no puede escindirse de las materias que le son propias con arreglo a la Constitución y a la ley. sin acreditar interés para demandar puede reclamar que se haga efectivo el cumplimiento de una norma de carácter general. esta Corporación ha afirmado: “Pero si lo anterior es particularmente cierto. implica en mucho un fortalecimiento jurídico y fáctico procesalmente garantizador de los derechos. se hace necesario que sea el titular del derecho lesionado”19. Gaceta
. libertades y deberes de los asociados. El particular afectado podría entonces acudir a esta acción para exigir el cumplimiento del deber omitido"17. Sección Segunda ACU 343 de 1998. cuando se trata de un acto de contenido particular. su ejercicio no debe chocar con las formas ni con los hitos finalísticos que cada proceso prevé justamente en defensa del derecho sustancial. ya que si bien ella es propia de nuestro Estado Social de Derecho. Sección Segunda ACU 560 de 1999. expresó: “Por el contrario.
Nacional Constituyente. 19 Consejo de Estado. no puede mirarse in abstracto. las mismas se abstienen de hacerlo. Hay que reconocerlo. que por lo mismo no podrían quedar al arbitrio exclusivo de quien quiera demandarlas apoyado solamente en el respeto debido a la ley. Y es que la titularidad de la acción de cumplimiento. donde los efectos de una eventual sentencia favorable involucrarían situaciones de carácter subjetivo. 18 Consejo de Estado.
no es inconstitucional que el Legislador haya considerado que la acción de cumplimiento no subsume de manera absoluta las acciones que existen en los diferentes ordenamientos procesales para asegurar la ejecución de actos de contenido particular o subjetivo”20 …” (Negrillas son del texto original) De ello también se sigue la misma regla tanto en cuanto se trate de la vinculación de terceros. En otros términos.
Corte Constitucional. valga precisar que en punto a los actos creadores de situaciones particulares y concretas deberá acreditarse el interés para intervenir. el cumplimiento efectivo del respectivo acto interesa fundamentalmente a la esfera particular de la persona y no a la que corresponde a la satisfacción de los intereses públicos y sociales. A esta conclusión se llega en consideración a la naturaleza propia de esta acción que es alcanzar la efectividad de la legalidad abstracta en la cual están interesados todos los habitantes del territorio. Sentencia C-193 de 1998. en el sentido de que en tales casos. porque dentro de la autonomía discrecional de que goza para la configuración de la norma jurídica. lo cual por sí solo justifica la garantía de la intervención. el afectado. o sea. pues si se demanda el cumplimiento de un deber omitido contenido en un acto general e impersonal. y así razonó el órgano límite de la jurisdicción especializada: “Considera la Sala entonces que cualquier persona puede pedir que se le tenga como parte coadyuvante o impugnadora cuando se trata de actos de carácter general. cualquier persona puede intervenir voluntariamente como tercero. no resulta contrario al referido mandato constitucional que el precepto acusado permita la existencia de mecanismos alternativos para el cumplimiento de esta clase de actos. salvo cuando de no asegurarse la efectiva ejecución del acto particular y concreto se pueda derivar para el interesado “un perjuicio grave e inminente”. No obstante lo anterior. por considerarse razonable y no afectar el contenido esencial de la norma del artículo 87 constitucional.concretas y particulares.
. la previsión del legislador. a quien se le lesiona directamente su derecho pueda acudir a los mecanismos ordinarios que también éste ha instituido para lograr el cumplimiento de tales actos. pero en tratándose de actos subjetivos o particulares. Por ello se justifica constitucionalmente. podría intervenir como tal únicamente quien demuestre interés en el asunto.
La segunda instancia se tramitará ante los Tribunales Administrativos. cuando la acción se dirige contra alguna autoridad o particular que cumple funciones públicas no obligados al cumplimiento de la norma. de un lado el factor funcional. pero solo para el cumplimiento de las mismas. se tiene. Cualquier persona. sólo podrá demandar quien demuestre interés. en especial el Procurador General de la Nación. pero existiendo duda. el proceso continuará hasta su terminación también con las autoridades con respecto a las cuales se ha ejercitado la acción. Subsección ‘A’. el Contralor General de la República. que pueden ser demandantes: 1. 4.
Para efectos de determinar la competencia del juez administrativo que habrá de conocer de la demanda de cumplimiento deberán tenerse en cuenta dos factores previstos en la Ley 393 de 1997. Regionales y Provinciales.”21 Así las cosas. no podrá incoar la acción de cumplimiento. Exp.
Consejo de Estado. pero cuando se trate del cumplimiento de actos de contenido particular. Autoridad a la que le corresponda el cumplimiento de la norma con fuerza material de ley o acto administrativo. modificado por el artículo 48 de la Ley 446 de 1998 prevé la intervención de terceros hasta el vencimiento del término de traslado para alegar en primera o única instancia. Ahora bien. éstos deberán informar al juez de conocimiento a quién corresponde su cumplimiento.. 3.El artículo 146 del C.A. Las organizaciones Sociales.C. cuando el demandante ha tenido otro medio de defensa judicial y dejó vencer el plazo previsto para el medio judicial pertinente. Las Organizaciones No Gubernamentales En tanto que demandados lo serían: 1. Los servidores públicos. los Contralores Departamentales. ACU 615.. so pena de rechazo. Flavio Augusto Rodríguez Arce. Los particulares cuando actúan en ejercicio de funciones públicas. Distritales y Municipales. el factor territorial. el Defensor del Pueblo y sus delegados. FACTOR FUNCIONAL: Conocerán los Jueces Administrativos en primera instancia. los Personeros Municipales.
No existe término de caducidad. sentencia de 10 de marzo de 1999. por el otro.P. Sección Segunda.. sin embargo. 2. M. los Procuradores Delegados. 2.
Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. sin que para efectos de la acción se pueda perseguir el cumplimiento de normas constitucionales. 63001-23-31-000-2004-0073-01(ACU).). debe darle el contenido o alcance de constitución en renuencia. Consejo de Estado23. con lo que de contera garantizará la prevalencia del derecho sustancial (art. sino que en virtud de las facultades o poderes de de interpretación que tiene el juez de la acción. 8º Ley 393/97). y debe considerarse como una especie del derecho de petición previsto en el artículo 23 constitucional.
Consiste la renuencia en la actitud expresa o tácita negativa que asume una autoridad ante el reclamo o requerimiento que le formula un interesado para que cumpla con una norma con fuerza material de ley o un acto administrativo. Para esta definición se tuvo como fuente la sentencia de 2 de septiembre de 1999 de la Sección Primera del H. senencia de 6 de mayo de 2004. La no demostración de la constitución en renuencia. obliga al rechazo de plano de la demanda22. En primer lugar debe formularse la petición a la autoridad o al particular que ejerce funciones públicas de los cuales se deduce la pretensión de cumplimiento del deber omitido. ACU-687.
La constitución en renuencia
Constituye presupuesto procesal de la acción de cumplimiento. aun cuando la decisión expresa de la autoridad o el particular en ejercicio de funciones públicas de omitir su cumplimiento. y podría asimilarse la renuencia a una especie de agotamiento de la instancia administrativa. Lo que si no debe pasarse por alto es que en la solicitud de constitución en renuencia debe especificarse la disposición de la cual se pide su cumplimiento y sea la misma de la que se pide ante el juez su observancia. caso aquél en el cual se rechazará la demanda. Sección Quinta. 23 M.FACTOR TERRITORIAL: El Juez Administrativo del lugar donde se incumple la norma con fuerza material de ley o acto administrativo. No es inusual que en ocasiones haya rigidez en algunos despachos judiciales por exigir ciertas condiciones a la petición. o la falta de requisitos de la misma. 228 C.
REQUISITOS DE LA CONSTITUCIÓN EN RENUENCIA
La constitución en renuencia debe cumplir con las exigencias establecidas en la ley (art. Exp. Dr.N. M.P. Exp. Otra condición es que el deber omitido se halle consagrado en un mandato imperativo.
Consejo de Estado. María Noemí Hernández Pinzón.P. inobjetable y exigible de la autoridad a la cual se le formula el cumplimiento. como por ejemplo que no se debe expresar en ella que se trata de un derecho de petición sino de una constitución en renuencia. El escrito o solicitud no está sujeto a ninguna fórmula sacramental o formalidad especial. carecerá de recurso.
. Esto no deja de ser un requisito que no trae la norma.
todas las cuales deben además comunicarse por vía telegráfica. La identificación de la autoridad de quien provenga el incumplimiento. prescindiendo de cualquier consideración formal. si las hubiere. La identificación del solicitante 2. podrá igualmente dar por terminado el proceso si el demandado desarrolla la conducta exigida en la ley o acto administrativo. por vía de enunciación.
Suspensión del trámite procesal
El proceso de cumplimiento promovido con respecto a un acto administrativo.Notificación por estado: Por regla general se notifican por estado las providencias que se dicten dentro del proceso de cumplimiento. el que abre el proceso a pruebas. mediante auto. Notificación personal: Se notifican personalmente el auto que admite la demanda al demandado. el cual deberá contener: 1. mediante sentencia. cuando no sea posible la notificación personal del auto admisorio de la demandad al accionado o demandado.C). se procede a dictar fallo (artículo 21 de la ley 393). contados a partir de la fecha en que quede
.P. 3. siempre y cuando aquélla se funde en un medio de prueba del cual se pueda deducir grave o inminente violación de un derecho por el incumplimiento del deber contenido en la Ley o Acto Administrativo. el que resuelve sobre nulidades. 315 y ss C. que no podrá exceder de diez (10) días hábiles. por así autorizarlo el artículo 13 de la misma Ley 393. 5. Plazo perentorio para el cumplimiento de lo resuelto. la sentencia se notifica en la forma que para las mismas dispone el Código Procesal Civil para las providencias que deban ser notificadas personalmente (art. entre ellas. podrá ordenar el cumplimiento del deber omitido. deberá suspenderse hasta que se profiera decisión definitiva en el evento en que en un proceso de nulidad en curso se hubiese decretado la suspensión provisional del acto que se discute como incumplido al tenor del artículo 18 de la Ley de cumplimiento. salvo que en el término de traslado el demandado haya hecho uso de su derecho a pedir pruebas. el que ordena corregir. El juez competente. 4. La determinación de la obligación incumplida. La orden a la autoridad renuente de cumplir el deber omitido. rechaza o remite la demanda por incompetencia. el auto que admite la demanda con respecto al demandante.
Practicadas las pruebas que se hubieren solicitado y las que de oficio haya decretado el juez. Notificación por comunicación telegráfica: o por cualquier otro medio que garantice el derecho de defensa.
M.P. por el representante legal de la entidad a la que éste pertenezca. 8. empero. es susceptible del recurso de apelación dicho auto. Exp. Exp. auto de 19 de abril de 2002. Carlos Arturo Orjuela Góngora. M. el Juez lo definirá previa sustentación en la parte motiva de la sentencia. Consejo de Estado25. habida cuenta de que el artículo 16 de la ley 393 de 1997 señala que carecen de recurso alguno. las sentencias. M. 05001-23-31-000-2002-0700-01(ACU-1284)
. Se concede en el efecto suspensivo.P.P. el fallo negará la petición advirtiendo que no podrá instaurarse nueva acción con la misma finalidad. Exp. entonces. dictada en el proceso de cumplimiento debe. “las providencias que se dicten en el trámite de la Acción de Cumplimiento”. procederá el recurso de apelación: 1. la condena en costas. Si hubiere lugar. Orden a la autoridad de control pertinente de adelantar la investigación del caso para efectos de responsabilidades penales o disciplinarias. Otras providencias: Sección Quinta. por así autorizarlo. 7. Dr. porque aún no se ha dado trámite a la acción misma. En caso de no prosperar las pretensiones del actor. Daniel Manrique Guzmán. a contrario sensu. El recurso de reposición sólo procede contra el auto que deniegue la práctica de pruebas. Debe tenerse en cuenta que la sentencia. 11001-03-15-000-2005-00975-00. 6. Consejo de Estado. sentencia de 26 de marzo de 1999. que produce efectos inter partes. si no se dispone su corrección al momento de estudiar sobre la admisión de la demanda24
Podrá condenarse en costas cuando se de la terminación anticipada del proceso por haber desarrollado el demandado la conducta exigida en la ley o acto administrativo.ejecutoriado el fallo. ACU-1443. con el acceso a la justicia. ACU-653. y por el Defensor del Pueblo. Exp. porque tiene que ver. Darío Quiñónez Pinilla. 2.
C. dentro de los tres (3) días siguientes la notificación por el demandante. pero habrá ocasiones en que se dicte sentencia inhibitoria por eventual indebida acumulación de pretensiones. en lo posible. directamente y de primera mano. cuando la conducta del incumplido así lo exija. como excepción. Contra la sentencia. auto de Sala Plena de 27 de junio de 2000. salvo que la suspensión del cumplimiento del fallo origine un perjuicio irremediable para el demandante.
La regla general es que en la acción de cumplimiento no proceden recursos. ser de mérito. Auto de 16 de febrero de 2006. Sección Cuarta. salvo el auto que deniegue la práctica de pruebas y naturalmente. M.E. Y es apenas lógico que el recurso sea procedente. En caso de que fuese necesario un término mayor. Dr. Dijo la Corporación: La Sala estima conveniente precisar que tiene por apelable el auto que rechaza la demanda en esta clase de eventos. el artículo 16 de la Ley 393 de 1997. por la autoridad renuente. Contra el auto que rechaza la demanda por haberlo así dispuesto la Sala Plena del H. Filemón Jiménez Ochoca. Dr. Sección Quinta. el cual deberá ser interpuesto al día siguiente de la notificación de la respectiva providencia.P.
La vía de excepción en la acción de cumplimiento
El artículo 26 de la ley 393 de 1997 prevé la excepción de inconstitucionalidad cuyo soporte se encuentra en el artículo 4º de la Carta Política.C. pero si no es impugnada.A. 2. el juez debe analizar si es o no procedente la aplicación de dicho control por la autoridad supuestamente incumplida..Segunda instancia
El Juez remitirá el expediente a más tardar al día siguiente al superior jerárquico. casos en los cuales se tramitan en el efecto suspensivo. *** Nota: Se comprenderá que el ensayo sólo contiene algunos conceptos clave. Se aplica aquél dispositivo legal por lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 393 de 1997. 3. si lo encuentra ajustado a derecho.C. pero referido únicamente a la excepción de inconstitucionalidad. Si el fallo carece de fundamento. Se le sugiere responda las preguntas antes de analizar los casos. En el proceso. en virtud del artículo 267 remite al Código Adjetivo Civil. La aplicación de la excepción de ilegalidad no es motivo para incumplir con el deber legal contenido en una ley o acto administrativo. el mismo se tramita como incidente por el juez de conocimiento en los términos de los artículos 137 y ss del C. al paso que el C. 393). 27 L.
. básicamente se trata de recordar algunos aspectos que se estiman necesarios para abordar y solucionar los problemas que en tal sentido se le presenten en el ejercicio de la función judicial. quien estudiará el contenido de la impugnación cotejándola con el acerbo probatorio y con el fallo. Pueden extraerse como elementos de la vía de excepción en la acción de cumplimiento: 1.P. debe ser consultada con el superior. En esta oportunidad el juez ad-quem podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas de oficio. El fallo lo debe proferir dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción del expediente. El incumplimiento del deber omitido contenido en una norma con fuerza de ley o acto administrativo se da por la aplicación de la autoridad de la excepción de inconstitucionalidad o ilegalidad. lo confirmará (art.
El desacato lo constituye la resistencia al cumplimiento de la sentencia..
Ca. procederá a revocarlo comunicándolo de inmediato.
Este cuestionario de auto-evaluación será muy útil para medir sus conocimientos acerca de las sub-reglas desarrolladas por la jurisprudencia del H. sin que se pretenda agotar el tema. Consejo de Estado. cuya sanción es susceptible del recurso de segundo grado o de apelación.
¿Es procedente la acción de cumplimiento para hacer ejecutar sentencias? 4. ¿Es posible exigir el cumplimiento de normas constitucionales mediante la acción contemplada en el artículo 87 constitucional? 2. su apoderado puede presentar la demanda verbalmente? 26. ¿Procede el recurso de apelación cualquiera sea la decisión que se adopte en el incidente de desacato al fallo de cumplimiento? 23. ¿Procede la suspensión provisional en la acción de cumplimiento? 16. ¿Puede convertirse la acción de cumplimento en acción de tutela? 12.1. o es menor de edad. ¿La constitución en renuencia es un presupuesto procesal de la acción de cumplimiento o un anexo de la demanda? 14. ¿Mediante la acción de cumplimiento puede perseguirse el pago de indemnizaciones? 3. ¿Se requiere tener interés para accionar el cumplimiento de un acto administrativo de contenido particular o concreto? 21. ¿Es posible ejercitar la acción de cumplimiento contra funcionarios judiciales que resulten los asuntos bajo su competencia? 5. ¿Para asuntos ambientales y urbanísticos se aplica el régimen contenido en la Ley 393 de 1997? 17. ¿Procede la agencia oficiosa en la acción de cumplimiento? 25. ¿Es posible solicitar a través de la acción de cumplimiento estatutos legales? 15. ¿Es adecuada la acción de cumplimiento para que se ejerza una potestad o facultad administrativa por parte de una autoridad pública? 11. ¿Es procedente la acción de cumplimiento para el cobro de créditos laborales? 8. ¿La no respuesta de la solicitud de constitución en renuencia es un acto ficto o presunto negativo? 6. ¿Puede dirigirse la demanda de cumplimiento contra autoridad competente con respecto al particular que cumple funciones públicas y omite un deber previsto en ley o acto administrativo?
. ¿Procede la corrección de la demanda ante la no acreditación de la constitución en renuencia? 20. ¿Puede lograrse mediante la acción de cumplimiento la orden para liquidar un contrato Estatal? 9. ¿En la demanda de cumplimiento debe razonarse la cuantía? 24. ¿Procede la prejudicialidad en la acción de cumplimiento? 27. ¿Procede la acción de cumplimiento para exigir la ejecución de una cláusula contractual? 10. ¿Procede la revocación directa contra un acto administrativo que ha sido revocado o derogado? 7. ¿Se puede exigir mediante la acción del artículo 87 de la Constitución el cumplimiento de normas generales. ¿Cuándo hay caducidad de la acción de cumplimiento? 18. impersonales o abstractas? 22. ¿Si el demandante no sabe leer ni escribir. ¿El mismo juez de la acción de cumplimiento es el competente para tramitar la acción de tutela? 13. ¿Procede establecer gastos del proceso para el trámite de una demanda incoada en ejercicio de la acción de cumplimiento?¿En qué momento se deben acreditar? 19.
máxime cuando no existe posibilidad de obtener recursos para estos gastos. vigentes a partir de 1993. solicitó al Gobernador del Departamento la actualización de los aportes ordinarios a precios constantes de 1993. en cumplimiento del artículo 86 de la ley 30 de 1992. que signifiquen siempre un incremento en pesos constantes. que establece lo siguiente: “Los presupuestos de las universidades nacionales. no pudiéndose hacer la transferencia del modo y con la cuantía solicitada. del artículo 86 de la Ley 30 de 1992. que la difícil situación financiera por la que atraviesa el Departamento impide hacer aumentos en el aporte de la Universidad. Nuevamente el 29 de noviembre la Universidad de Antioquia. ¿cómo sustentará en el fallo?
. el cumplimiento de la norma antes transcrita con la adición al presupuesto Departamental en lo correspondiente a la vigencia fiscal de los años 2000 y 2001. por la cual se organiza el servicio público de la educación superior. El 22 de noviembre de 2000. el Secretario de Hacienda respondió a lo anterior. aclarando que el 15 de noviembre fue aprobado en tercer debate el proyecto de ordenanza del presupuesto para la vigencia del año 2001 del Departamento de Antioquia. Las universidades estatales u oficiales recibirán anualmente aportes de los presupuestos nacional y de las entidades territoriales. Pj: ¿Es Procedente la acción de cumplimiento? ¿Es posible admitir la demanda? Si se admite la demanda. A lo anterior respondió la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Antioquia. ya que la Universidad de Antioquia solicitó a la Gobernación del mismo Departamento el 9 de noviembre de 2000. departamentales y municipales estarán constituidos por aportes del Presupuesto Nacional para funcionamiento e inversión. C: La Universidad de Antioquia demanda el cumplimiento por parte del Departamento de Antioquia. por los aportes de los entes territoriales.At
Guías procesales de casos típicos: T: La acción de cumplimiento frente a normas que establecen gastos. por los recursos y rentas propias de cada institución.” Se cumplió con el requisito de la renuencia. tomando como base los presupuestos de rentas y gastos.
La improcedencia de la acción de cumplimiento respecto de normas que impliquen gastos se justifica en la medida en que no se puede perseguir el cumplimiento de normas que establezcan la realización de una nueva erogación. El artículo 345 de la Constitución Política es terminante al prohibir cualquier erogación con cargo al tesoro que no se halle incluido en el presupuesto de rentas y gastos. encuentra la Sala que en vista de la importancia que tiene el sector de la educación superior se expidió la Ley 30 de 1992. frente a la solicitud de la accionante en el sentido de que se ordene la adición al presupuesto departamental de las sumas que compensen lo que la Universidad dejó de apropiar en los años 2000 y 2001. P. sin que a su vez se haya asignado la partida correspondiente en el presupuesto. 9º Ley 393 de 1997. aspecto que debe ser materia de conclusión. 8º.C. No obstante. conforme a las causales previstas en el artículo 84 del C. OLGA INÉS NAVARRETE BARRERO.N: Arts. que en su artículo 1º estableció que tal educación es un proceso permanente que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral. 1º.4749) “Al respecto. Sj: C. previo análisis de fondo del asunto. C. 21 de Septiembre de 2001. se solicite la adición de presupuesto de vigencia anterior. debe haber sido decretada por la Asamblea Departamental.
. En cuanto a la omisión por parte de la Gobernación del aumento de los recursos que debe transferir a la Universidad de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 30 de 1992. de E. de lo contrario. que toda partida que afecta el gasto público con cargo al tesoro debe estar incluido en la ley de gastos y.4749-01(ACU. frente a la procedencia de la acción de cumplimiento. las Asambleas o los Concejos. máxime cuando. mediante el ejercicio de la acción de cumplimiento el juez no está facultado para ordenar la incorporación al presupuesto de la entidad de determinadas sumas. Por lo tanto. pues la autonomía universitaria y la calidad del servicio requieren de los incrementos constantes que la ley en mención previó. es necesario precisar. que fue declarado exequible mediante la sentencia C-157 de 1998 de la Corte Constitucional. no puede hacerse efectivo mientras no se hayan hecho las correspondientes apropiaciones. se incurriría en violación del artículo 345 de la Constitución Política. Lo anterior quiere decir que un acto administrativo que genere gastos y que no esté debidamente presupuestado. establece que mediante la acción de cumplimiento no se podrá perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos. teniendo por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su formación académica o profesional. pero es claro que el fin de esta Ley es que dicho proceso se dé de forma permanente. el cual no se logrará mientras no se transfieran los recursos suficientes para ello. Sin embargo. el parágrafo del artículo 9 de la Ley 393 de 1997. pues el acto administrativo así emanado estaría afectado de nulidad.Radicación número: 05001-23-31-000-2000. En su inciso segundo prohíbe cualquier gasto público que no haya sido decretado por el Congreso. como en el caso en estudio. además.A. dentro de la actuación debe obtenerse certeza de que la ley o el acto administrativo que impliquen gasto han sido incluido en la ley de apropiaciones.
la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. como lo establece el artículo 93 del Decreto 4670 de 1996. Por tanto. se iría en contravía del parágrafo del artículo 9 de la Ley 393 de 1997. El artículo 345 de la Constitución Política es terminante al prohibir cualquier erogación con cargo al tesoro que no se halle incluido en el presupuesto de rentas y gastos. conforme a las causales previstas en el artículo 84 del C. en su lugar. administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley. en consecuencia.” Co: El parágrafo del artículo 9º de la Ley 393 de 1997.De acuerdo con lo anterior.A. las Asambleas o los Concejos. de realizarse ésta como lo pretende la accionante.C. mediante el ejercicio de la acción de cumplimiento el juez no está facultado para ordenar la incorporación al presupuesto de la entidad. En mérito de lo expuesto. no resulta relevante en este caso precisar si se está frente a una transferencia que determine el que sea un gasto prioritario para el Departamento.
PRIMERO: REVÓCASE el fallo de 10 de julio del 2001. sin que a su vez se haya asignado la partida correspondiente en el presupuesto. pues el acto administrativo así emanado estaría afectado de nulidad. máxime cuando se solicita la adición del presupuesto de la vigencia anterior. proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia y. establece que mediante la acción de cumplimiento no se podrá perseguir el cumplimiento de normas que establezcan gastos. al verificar los documentos allegados al proceso se concluye que la partida que solicita la Universidad de Antioquia se complete con cargo al presupuesto del Departamento. Obran en el expediente los documentos que certifican los gastos contemplados en la ley de apropiación del presupuesto. pues se comprobó que el gasto no está presupuestado. La improcedencia de la acción de cumplimiento respecto de normas que impliquen gastos se justifica en la medida en que no se puede perseguir el cumplimiento de normas que establezcan la realización de una nueva erogación. Corte Constitucional. RECHÁZASE por improcedente la solicitud. no puede hacerse efectivo mientras no se hayan hecho las correspondientes apropiaciones. no se encuentra dentro del presupuesto de apropiaciones.
. Lo anterior quiere decir que un acto administrativo que genere gastos y que no esté debidamente presupuestado. declarado exequible mediante sentencia C-157 de 1998 de la H. como no hay previsión de gastos sobre los cuales pueda exigirse su erogación. por lo que no es posible ordenar dicha adición. efectivamente ejecutados por la Gobernación de Antioquia. En su inciso segundo prohíbe cualquier gasto público que no haya sido decretado por el Congreso. Así las cosas. de determinadas sumas.
Bogotá. 8º Ley 393 de 1997. los acuerdos contenidos en el Acta de Reunión INCORA –PLANTE. solicita que se ordene al demandado entregar en forma inmediata y otorgar el título de propiedad del predio denominado El Tablón al Resguardo Indígena de Guambía. Radicación número: 19001-23-31-000-2003-1542. C. corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado conocer. DARÍO QUIÑONES PINILLA..y/o Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER-.P. en su artículo 1º. Como consecuencia de lo anterior. la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido”. comoquiera que el parágrafo transitorio del artículo 3º de la Ley 393 de 1997 señala que.997 que desarrolló la norma constitucional transcrita. en forma transitoria.01(ACU) Esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca. trece (13) de mayo de dos mil cuatro (2004). C: El señor Álvaro López Tombe ejerció la acción de cumplimiento contra el Instituto Colombiano de Reforma Agraria –INCORA. Pj: ¿Procede la acción de cumplimiento frente a convenios? N: Arts. Además. D. la competencia para conocer de la acción de cumplimiento en segunda instancia corresponderá al Consejo de Estado. de E. Objeto de la acción de cumplimiento El artículo 87 de la Constitución consagra la acción de cumplimiento en los siguientes términos: “Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. La Ley 393 de 1. la Resolución número 036 del 21 de julio de 1998 y el Acta por medio de la cual el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria efectuó el recibo material del predio El Tablón. mediante acto administrativo que deberá ser expedido en un plazo no mayor a 6 meses. por disposición del artículo 1º del Acuerdo número 55 del 5 de agosto de 2003. Sj: C. mientras entran en funcionamiento los jueces administrativos. de las acciones de cumplimiento. que el objeto de la acción de cumplimiento es el siguiente:
. 1º. dispuso.C. En caso de prosperar la acción.///&&&/// T: La acción de cumplimiento frente a convenios. con el objeto de que se ordene lo dispuesto en el Convenio Interadministrativo de Cooperación y Apoyo para la Reconstrucción del Pueblo Guambiano.
sentencia del 18 de octubre de 2001. en ejercicio de la función administrativa.Carías. en forma obligatoria. la Sala considera que si bien es cierto existen algunos actos administrativos que se expiden con la participación e. se concluye que los actos de la administración no incluyen las manifestaciones bilaterales de voluntad. exterioriza su voluntad unilateral. pues sólo así tienen eficacia jurídica y les son oponibles –los actos sancionadores sólo resultan válidos si se garantizó el derecho de defensa al administrado-. destinada a producir efectos en derecho. individual y concreto. de otro. Ediciones Rosaristas. expediente 6402. en sentido estricto. 27 Sentencia del 16 de febrero de 2001.
. los actos administrativos pueden definirse. que las normas transcritas señalan con claridad que el objeto de la acción de cumplimiento es la efectividad. Por ello.“Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos”. que se trata de una decisión capaz de producir efectos jurídicos y. ha provocado el abandono de la acción unilateral de la Administración. 1986. Allan. impersonal o abstracta. En consecuencia.
Brewer. como aquellas manifestaciones de la voluntad unilateral de la administración dirigidas a producir efectos jurídicos y a imponer consecuencias jurídicas a sus destinatarios porque se presumen válidas. se pronunció la Sección Primera de esta Corporación al exponer que: “Dentro de las diversas manifestaciones del poder del Estado. o bien. la acción de cumplimiento es un instrumento procesal para exigir a las autoridades públicas o los particulares que actúan en ejercicio de funciones públicas que cumplan real y efectivamente las leyes y los actos administrativos. de un lado. incluso. no lo es menos cierto que esa intervención no se ubica en el mismo plano de la administración simplemente porque quien adopta la decisión final es ella y no el particular. Artículo publicado en El Derecho Administrativo en Latinoamérica II. de vincular a los administrados”27. Sin embargo. por lo que “la participación de intereses colectivos y difusos. al igual que el sector mayoritario de la doctrina. una situación jurídica de carácter general. algunos doctrinantes consideran que existen actos administrativos bilaterales. Bogotá. como lo advirtió la Sección Tercera del Consejo de Estado. la eficacia y la vinculación jurídica de la ley –normas formalmente expedidas por el Congreso de la República y las expedidas por el Presidente de la República en ejercicio de función legislativa extraordinaria o excepcional-. “los actos administrativos constituyen la expresión unilateral de la voluntad de la Administración por medio de la cual se crea. El Derecho Administrativo y la Participación de los Administrados en las Tareas Administrativas. En igual sentido. Nótese. con la necesaria intervención de los particulares. A pesar de la aparente unanimidad en relación con el carácter unilateral de los actos administrativos. es decir. que los actos de la administración se expiden también con el concurso de la voluntad de los particulares o con la participación directa del administrado. de normas aplicables y. En el mismo sentido. Ahora. Páginas 277 a 310. a través suyo. sino que por el contrario. de normas con fuerza material de ley o actos administrativos. expediente 3531. mientras que las normas con fuerza material de ley son aquellas que tienen el rango. en consecuencia. sustituyéndose por la decisión convenida con los representantes de aquellos”26. el acto administrativo constituye una de las más importantes. esto es. de carácter subjetivo.
dotar tierras. se tiene que fue suscrito por los representantes del PLANTE. las autoridades gubernamentales se comprometieron a desarrollar programas. ese documento no expresa manifestaciones unilaterales de voluntad de la administración para crear situaciones jurídicas que produzcan efectos jurídicos. ii) se adquirieron varios predios y iii) no se pudo hacer entrega formal de los predios La Peña y El Tablón “por conflictos interétnicos entre la comunidad de Guambía y las de Ambaló y Totoró respectivamente” (folios 9 a 11) En tal virtud. respecto de esta pretensión no procede la acción de cumplimiento. la Red de Solidaridad. pues se limitan a describir situaciones fácticas y a informar la forma en que se desarrollaron los deberes adquiridos en convenios celebrados con comunidades indígenas.No se trata de meras manifestaciones. modificar o extinguir situaciones jurídicas. la observancia que se reclama no puede exigirse en ejercicio de la acción de cumplimiento. por lo tanto. sean éstas generales o particulares”28. ese convenio contiene manifestaciones de voluntad bilateral que no tienen la naturaleza jurídica de actos administrativos y. con base en lo anterior. bien para crear. ii) los acuerdos contenidos en el Acta de Reunión INCORA –PLANTE. Por ello. PLANTE se tiene que ese encuentro tuvo como objetivo informar que para dar cumplimiento al Convenio denominado Guambía Territorio Libre de Amapola: i) se destinaron 1500 millones de pesos del presupuesto de esas entidades. opiniones o conceptos de la autoridad pública que no entrañan un deber de cumplimiento ni comportan una decisión. vale decir cambios en el mundo de las regulaciones del derecho. En consecuencia. entre otras cosas y. En relación con la solicitud de cumplimiento del Convenio Interadministrativo de Cooperación y Apoyo para la Reconstrucción del Pueblo Guambiano. aportar y ejecutar recursos. iv) el Acta por medio de la cual el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria “efectúa el recibo material del predio denominado El Tablón”. a saber: i) el Convenio Interadministrativo de Cooperación y Apoyo para la Reconstrucción del Pueblo Guambiano. De consiguiente. por lo tanto. el demandante pretende el cumplimiento de varias decisiones administrativas. Ahora. la Sala resolverá si los actos jurídicos cuyo cumplimiento se pretende pueden exigirse por medio de la acción de cumplimiento. a manejar y ejecutar correctamente los recursos correspondientes (folios 2 a 8). el INCORA y del Cabildo Indígena de Guambía. se obligó a esforzarse por hacer cumplir la prohibición de cultivos ilícitos en su territorio. en el presente asunto. sino de aquellos actos decisorios de la administración que producen consecuencias jurídicas. iii) la Resolución número 036 del 21 de julio de 1998 y. expediente 11616
. el grupo indígena. Para ello. Luego. su
Sentencia del 21 de octubre de 1999. esa acta no es un acto administrativo y. con el objeto de “apoyar el proceso del Plan de Vida del Pueblo Guambiano a partir de su propia decisión de erradicar los cultivos ilícitos de su territorio”. En cuanto al Acta de Reunión INCORA.
se dejó en claro lo relacionado con el pago del empleado de ese predio (folios 16 a 18). respecto de esta pretensión tampoco procede la acción de cumplimiento. que esté a cargo de la autoridad o particular que tenga la obligación jurídica. (…)
. respecto de esta pretensión no prospera la acción de cumplimiento. finalmente. también resulta claro que el acta objeto de estudio no contiene un acto administrativo porque no expresa la voluntad unilateral de la administración sino que se limita a describir situaciones fácticas. Por tal motivo. ubicado en jurisdicción del municipio de Silvia. Así las cosas. corresponde a la Sala averiguar si Resolución número 036 del 21 de julio de 1998 contiene obligaciones claras o deberes jurídicos que deben cumplirse por las autoridades demandadas. Entonces. De otra parte. el estado de las instalaciones. De consiguiente. En tal virtud. las instalaciones y sus anexos y.observancia no puede exigirse en ejercicio de esta acción constitucional. En efecto. el segundo. Departamento del Cauca”. el “mayordomo del predio” y el esposo de la propietaria”. ubicado en el Municipio de Totoró. Ausencia de deber jurídico omitido La lectura de los artículos 87 de la Constitución y 1º de la Ley 393 de 1997. en cuanto al Acta “por medio de la cual el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria INCORA Regional Cauca efectúa el recibo material del predio denominado El Tablón. departamento del Cauca La Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. en uso de su facultades legales y estatutarias y. tendiente a la reestructuración del Resguardo Indígena de Guambía. la existencia de un deber jurídico omitido. ocurre que está limitada a dejar constancia de lo que se encontró en ese predio al momento de ser recibido por la autoridad administrativa adquirente. muestra que la acción de cumplimiento parte de la existencia de dos supuestos fundamentales: El primero. Al efecto. Ese acto administrativo preceptúa lo siguiente: Resolución número 036 de 1998 (21 junio 1998) Por la cual se adopta un programa de adquisición de tierras. de sus instalaciones. para que sea procedente la orden judicial de cumplimiento de la norma es indispensable que ella contenga un mandato. se concluye que la Sala deberá estudiar si respecto de la Resolución número 036 del 21 de julio de 1998 procede la acción de cumplimiento. se discriminaron los valores del terreno. de los bienes encontrados. se hizo una descripción del predio. la consagración de una obligación jurídica que está contenida en una norma con fuerza material de ley o en un acto administrativo y. en esa diligencia participaron dos funcionarios del INCORA. Por lo tanto.
Parágrafo. Incluso. De otra parte. Ahora. ubicado en jurisdicción del municipio de Silvia. Para el cumplimiento y desarrollo de este programa se adquirirán por negociación directa o expropiación si fuere el caso. pues fue parte activa del proceso de adquisición del mismo por parte del INCORA. Y. informó al Gerente Regional del INCORA que “autoriza la gestión que se viene dando con el INCORA regional Cauca para la compra y entrega a el (sic) Cabildo de Guambia de la finca El Tablón de la propiedad de la señora Maria Victoria Giraldo…” (folio 19). Autorizar al Gerente General del Instituto. De manera que.484. establecidos en las tierras de propiedad del Resguardo. se tiene que la obligación jurídica que surge con ese acto administrativo se agota con la respectiva adquisición de los predios. el Gobernador y Secretario del Cabildo Indígena Totoró. Adoptar un programa de adquisición de tierras tendiente a reestructurar el Resguardo Indígena de Guambía. distintos a los indígenas. al mismo tiempo. de tierras para la debida ejecución de dicho programa” (folios 14 a 16) Para reestructurar el Resguardo Indígena de Guambía.
. un predio rural denominado El Tablón. efectivamente. si fuere el caso. tal y como lo dispone el acto transcrito en precedencia. tierras aún adecuadamente explotadas de predios colindantes o próximos al citado Resguardo Indígena. departamento del Cauca.RESUELVE Artículo primero. en las cuales consta el negocio jurídico celebrado entre la señora María Victoria Giraldo Montoya y el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. a título de compraventa. la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria adoptó el programa de adquisición de tierras que. mediante escrito del 7 de julio de 1998. Así. conforme al numeral 3º del artículo 58 de la Ley 135 de 1961. Artículo segundo. con más de 56 hectáreas. en el proceso aparece demostrado que el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria adquirió. adelante los trámites administrativos tendientes a la negociación voluntaria o la expropiación. Igualmente se adquirirán las mejoras de propiedad de terceros. por valor de $115. el acto administrativo cuyo cumplimiento se reclama impone a la autoridad pública demandada el deber jurídico de adquirir por negociación directa o expropiación los predios necesarios para reestructurar el Resguardo Indígena de Guambía. para que quienes haya delegado esa función. consiste en adquirir tierras colindantes o próximas a ese resguardo. para facilitar la reestructuración del mismo.200 (folios 24 a 30). se tiene que el pueblo indígena de Guambía aceptó que el predio El Tablón permite reestructurar dicho resguardo. fue allegada al expediente copia de la Escritura Pública número 2847 del 31 de diciembre de 1997 de la Notaría del Círculo Notarial de Santander de Quilichao y del folio de matrícula inmobiliaria número 134-0007369.
En efecto. LA DECISIÓN En mérito de lo expuesto. Así las cosas. SECCION QUINTA. Por las razones expuestas en precedencia.Lo anterior muestra que la entidad demandada adquirió. el predio denominado El Tablón que se ubica en los terrenos contiguos al lugar donde se ubica la comunidad indígena de Guambía. FALLA: 1º Confírmase la sentencia del 25 de noviembre de 2004. Luego. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Co: Se pretende el cumplimiento de varias decisiones administrativas: i) El Convenio Interadministrativo de Cooperación y Apoyo para la Reconstrucción del Pueblo Guambiano ii) Los acuerdos contenidos en el Acta de Reunión INCORA –PLANTE iii) La Resolución número 036 del 21 de julio de 1998 iv) El Acta por medio de la cual el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria “efectúa el recibo material del predio denominado El Tablón”. administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley. La Resolución 036 de 21 de julio de 1998 ya fue cumplida en la medida en que el predio ‘El Tablón’ ya fue adquirido y recibido por el Instituto Colombiano de la Reforma Urbana
. El acta hace alusión a reunión informativa. se debe confirmar la sentencia apelada. la Sala concluye que la Resolución número 036 de 1998 del Instituto Colombiano de la Reforma Urbana se limitó a ordenar la compra del predio denominado El Tablón y no la entrega del mismo como lo pretende el demandante. como se dijo en precedencia. proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca.” NOTA : El Tribunal había negado la acción de cumplimiento. su cumplimiento no puede ordenarse por medio de esta acción constitucional. actos administrativos. Los convenios no son. mediante negociación directa. strictu sensu. y no a actos administrativos. para efectos de reestructurar ese resguardo. III. la pretensión del demandante está contenida en los convenios que. el CONSEJO DE ESTADO. comoquiera que cumplió el deber jurídico contenido en ese acto administrativo. por ende. aparece claro que la demandada cumplió lo dispuesto en la Resolución número 036 del 21 de julio de 1998 del Instituto Colombiano de la Reforma Urbana. no son actos administrativos y.
El Hospital agotó la vía gubernativa. La Comisión. se confirmó la decisión inicial. 14960 del 31 de diciembre de 1. CLARA FORERO DE CASTRO. C: Mediante la Resolución No. quien remitió su reclamo a la Comisión Nacional del Servicio Civil.P. 1º. razón por la cual se quejó ante el señor Defensor del Pueblo de la misma ciudad (Bogotá D. quien era empleada amparada por el fuero de carrera administrativa. la Comisión Nacional del Servicio Civil ordenó al Director del Hospital La Perseverancia revocar la declaratoria de insubsistencia del nombramiento hecho a la señora Luz Stella Rey Benito en esa entidad. Radicación número: ACU-403
“Sobre los anteriores presupuestos legales en este caso se observa que los actos administrativos cuyo cumplimiento se pide ordenar son las resoluciones 14960 (diciembre 31) de 1996 y 291 (octubre 24) de 1997. con fundamento en la atribución consignada en el artículo 130 de la Constitución Nacional y en el artículo 14 literal b) de la Ley 27 de 1. 9º Ley 393 de 1997 Sj: C. como la Entidad competente para conocer del asunto. veintiuno (21) de agosto de mil novecientos noventa y ocho (1998). lo que hacía ilegal el acto discrecional.
. ///&&&/// T: La acción de cumplimiento y otros medios de defensa judicial. pero la Comisión negó el recurso. 8º.al tenor del acta que se menciona.996. por medio de las cuales.C. Pj: ¿Es procedente la acción de cumplimiento? ¿Se admitiría la demanda? N: Arts. según la primera. por la segunda.). pero no constituyen acto administrativo. Pide la interesada se ordene el cumplimiento de este acto administrativo de revocatoria y la entidad no accede al que la empleada tiene la acción judicial de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar. y. Los acuerdos mencionan la entrega.992. el señor Director del Hospital La Perseverancia declaró insubsistente el nombramiento de la señora ZOILA REINA D EL CORRAL. porque la citada señora tenía derechos de carrera administrativa.996 por medio de la cual ORDENA REVOCAR el acto administrativo que declaró insubsistente el nombramiento de la señora LUZ STELLA REY BENITO. 121 del 20 de Agosto de 1. expidió la RESOLUCIÓN No.
imponen la obligación indudable. Sección Segunda. ni suspendidos o anulados por la jurisdicción contencioso administrativa . 85) y tanto es ello así que ya instauró la demanda correspondiente. y por tanto la Sala revocará la sentencia apelada y despachará favorablemente la demanda de Cumplimiento en examen teniendo en cuenta que ésta se aviene en un todo a lo establecido en las disposiciones legales inicialmente transcritas.la accionante tiene a su alcance la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (C. Su legalidad no puede dilucidarla el juez de Cumplimiento. Pero la orden de revocar esa declaratoria de insubsistencia debe darse al decidir la Acción de Cumplimiento La orden de revocar la declaratoria de insubsistencia la dio la Comisión Nacional del Servicio Civil en ejercicio de la facultad que le confirió el artículo 14 de la ley 27 de 1992. que asiste razón a la apelante cuando advierte (fl. Dicho acto goza de la presunción de legalidad. Contra el acto de declaratoria de insubsistencia -resolución 121 de agosto 20 de 1996. administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley. entonces. Es incuestionable. el cual impone la obligación indudable. proferida el 24 de julio de 1998 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Segunda Subsección “B” -dentro de la Acción de Cumplimiento instaurada por la señora LUZ STELLA REY BENITO.C. Por lo expuesto. FALLA: Revócase la sentencia apelada. perentoria e inequívoca al Director del Hospital de la Perseverancia de revocar el acto de insbusistencia del nombramiento hecho en esa entidad a la señora Luz Stella Rey Benito.Estos actos administrativos -plenamente vigentes puesto que no se ha probado que hayan sido revocados por la administración.A. pues para eso es para lo que se ha establecido. En su lugar se dispone: Accédese a ordenar el Cumplimiento demandado en esta oportunidad. perentoria e inequívoca al Director
. el Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.62) que contra los actos cuyo cumplimiento pide ordenar no tiene acción judicial. Subsección “A”. la cual se mantiene en la ley 443 de 1998 artículo 45. puesto que la favorecen y lo procedente es disponer que se cumplan como resultado lógico de la Acción de Cumplimiento. art.”
Co: Se trata de pedir el cumplimiento de la Resolución N° 14960 de diciembre 31 de 1996 con la que Comisión Nacional del Servicio Civil ordenó al Director del Hospital La Perseverancia revocar la declaratoria de insubsistencia del nombramiento hecho a la señora Luz Stella Rey Benito en esa entidad.
Presentados los recursos resolvió el de reposición.). Kiut.. pero no el de apelación. realizó actividad industrial en ese municipio hasta el día 31 de diciembre de 1995. Contra el acto de declaratoria de insubsistencia -resolución 121 de agosto 20 de 1996. más los intereses moratorios en la forma que lo prevé el artículo 863 del Estatuto Tributario”. 3261 del 30 de noviembre de 1999. Carvajal S.A. Por error involuntario el día 3 de octubre de 1996. Carvajal S.. art. las resoluciones impugnadas.A. La división de rentas del municipio de Yumbo. por un valor total de $121. se presentó (sic) nuevamente las declaraciones correspondientes al año de 1995. los recursos. solicita que se ordene al alcalde de Yumbo. varias resoluciones con las cuales se impone sanción por extemporaneidad y por no informar oportunamente el cierre de los establecimientos. proceder al “reconocimiento del silencio administrativo positivo. de revocar el acto de insubsistencia del nombramiento hecho en esa entidad a la señora Luz Stella Rey Benito (Zoila Rosa del C.C. con base en los ingresos brutos del año inmediatamente anterior.A. ya no ejercía actividades en dicho municipio. las cuales fueron confirmadas por la división de rentas de la secretaría de Yumbo mediante las resoluciones Nos. presentó las declaraciones del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros por el año gravable de 1995.A. con la presentación de las declaraciones del impuesto de Industria y Comercio y su complementario de avisos y tableros por los establecimientos de comercio Carvajal S.
. que la sociedad realizó operaciones en el municipio de Yumbo hasta el 31 de diciembre de 1995.El día 26 de abril de 1995. protocolizó la escritura pública No. cuando Carvajal S. en sus tres (3) establecimientos de comercio …. El acto del que se pide su cumplimiento no tiene acción judicial para la actora. le profirió a Carvajal S. pues le favorece. 85). otorgada en la Notaría 14 del Círculo Notarial de Santiago de Cali.A.318.A. realizar “la devolución de CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($197. mediante escritura pública” y en consecuencia.A.la accionante tiene a su alcance la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (C.A. Valle.A. protocolizado por la sociedad CARVAJAL S. por tanto al haber vencido el término de un año que tiene el municipio para dar respuesta se configuró el silencio administrativo positivo.832) por concepto de los valores cancelados indebidamente por Carvajal S.171. el día 3 de octubre de 1996. dentro del proceso de determinación de impuestos.066.del Hospital de la Perseverancia.A. Por ello Carvajal S. y la declaración juramentada de no haberle sido notificada una decisión dentro del término previsto. pero la orden de revocar esa declaratoria de insubsistencia se da con la decisión en la Acción de Cumplimiento ///&&&/// T: La acción para exigir el cumplimiento de un acto ficto o presunto C: Carvajal S. Flexa y Carvajal S.A. 022. 023 y 024 del 21 de junio de 1995. por la declaración de impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros. HECHOS: Carvajal S.A.
identificar la acción de cumplimiento con un proceso ejecutivo constituye un desconocimiento del mandato constitucional aludido y por contera. III. pero el municipio de Yumbo dio respuesta al derecho de petición sin hacer alusión en parte alguna del escrito a la solicitud de devolución de las sumas canceladas indebidamente en 1996. exp: ACU. considera la Sala desacertada la decisión del Tribunal en cuanto rechazó la acción interpuesta con el argumento de que el acto presunto no reunía los requisitos del título ejecutivo. En consecuencia. En el mismo sentido. Pj: ¿Son pasibles de la acción de cumplimiento los actos fictos o presuntos? ¿Admitiría la demanda?.P. II. tal como fue consagrada en el artículo 87 de la Constitución Política. En contra. ocho (8) de junio de dos mil (2000) Radicación número: ACU-1309 “Esta Sala ha considerado procedente la impugnación del auto que rechaza la acción de cumplimiento.P. una violación de los derechos de las personas a un debido proceso (art.
.). a través del procedimiento de ejecución singular regulado en el Código de Procedimiento Civil” (se subraya). que para la procedencia de la acción. se precisa: El silencio administrativo es un fenómeno jurídico que puede definirse como “una presunción o ficción legal por virtud de la cual. auto del 6 de noviembre de 1997. En cuanto a la procedencia de la acción de cumplimiento en relación con los llamados actos fictos o presuntos. expresa y exigible a cargo de la demandada para la procedencia de la acción de cumplimiento contraviene la ley30. 29 C. exp: ACU-1213 y del 22 de abril de 199.) y al acceso a la administración de justicia (art. en cuanto dicha oportunidad procesal constituye una garantía del derecho de acceso a la administración de justicia y de eficacia de la acción29. sentencia de la Sección Cuarta del 9 de julio de 1999. Fundamente Sj: C. 228 C. la existencia de una obligación clara. entre otras. El error en la exigencia referida tuvo su origen en la redacción del artículo 77 de la ley 99 de 1993 que establecía la acción de cumplimiento en asuntos ambientales. esto es. Por lo tanto.Luego pide las devoluciones de los saldos a favor o de las sumas pagadas indebidamente. RICARDO HOYOS DUQUE. exp: 794. en estos términos: “El efectivo cumplimiento de las leyes o actos administrativos que tengan relación directa con la protección y defensa del medio ambiente podrá ser demandado por cualquier persona natural o jurídica. ACU-686. de E. se entenderá (o podrá
Al respecto. sólo se requiere verificar la omisión de un deber contenido en una ley o en un acto administrativo. Pero debe advertirse que dicha disposición fue expresamente derogada por el artículo 32 de la ley 393 de 1997 y lo que es aún mas relevante. También ha considerado la Sala que la exigencia de los requisitos del título ejecutivo. transcurrido cierto plazo sin resolver la administración y producidas además determinadas circunstancias.035. providencias de la Sección del 30 de marzo de 2000.
como los actos presuntos son verdaderos actos administrativos. quien actúa en calidad de representante legal de la empresa Carvajal S. En mérito de lo expuesto.A.A. El Silencio Administrativo en el Derecho Español. Sala de lo Contencioso Administrativo. pues en dicha norma no se distingue el mecanismo mediante el cual surge el acto para determinar la procedencia de la acción. a través del ejercicio de la acción prevista en el artículo 87 de la Constitución. 789
. como la acción interpuesta cumple los requisitos establecidos en el artículo 10 de la ley 393 de 1997. Madrid.
31 ERNESTO GARCÍA -TREVIJANO GARNICA. Valle del Cauca. Una vez se produzca el acto administrativo por haber operado el silencio positivo. RESUELVE: REVOCASE el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca el 25 de abril de 2000 y en su lugar.” Co: Producido el acto administrativo que surge por haber operado el silencio positivo. la administración no puede dictar uno posterior contrario y sólo está facultada para revocarlo con el consentimiento expreso y escrito del titular o cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. se procederá a su admisión. El artículo 42 del Código Contencioso Administrativo establece la forma de acreditar su ocurrencia y efectividad. 69 y 73 C. no esté conforme o atente contra el interés público o social. Producido el silencio positivo surge un verdadero acto administrativo en el cual se reconocen derechos. Civitas. la administración sólo debe proceder a reconocerle sus efectos sin que le corresponda declarar su existencia. contra el municipio de Yumbo.C.entenderse) denegada u otorgada la petición o el recurso formulado por los particulares u otras administraciones”31.). Una vez producido el acto. En consecuencia. Sección Tercera. el Consejo de Estado. pág. salvo la existencia de otro medio de defensa judicial (art. Por lo tanto. la administración sólo puede proceder a reconocerle sus efectos sin que le corresponda declarar su existencia. ADMÍTESE la acción de cumplimiento presentada por el señor OSCAR RIVERA ARBELAEZ. Ed. su cumplimiento puede obtenerse. 1990. El artículo 42 del Código Contencioso Administrativo sólo establece la forma de acreditar su operancia. se cause agravio injustificado a una persona o fuere evidente que el acto se produjo por la utilización de medios ilegales (arts. 9 ley 393 de 1997).
El artículo 2º del Decreto 707 de 1. Radicación número:
“Para lo que es materia de este proceso. ACU-1094 Mario Alario Méndez . previa consulta con la respectiva junta de educación”. para determinar esas zonas no es requisito que pueda ser tenido en cuenta la disponibilidad presupuestaria. cuáles argumentos plantearía en la sentencia? N: Arts. y para que. de E.Como los actos fictos o presuntos son verdaderos actos administrativos. Pj: ¿Puede admitirse la demanda de cumplimiento? ¿En caso de admitirse. cabe señalar que es deber del Gobernador de Cundinamarca determinar qué zonas son de difícil acceso o se encuentran en situación crítica de inseguridad y solicitar al Ministerio de Minas y Energía concepto acerca de cuáles son las de explotación minera.999.998. ///&&&/// T: Norma que implica gastos C: La señora María Lupe presentó demanda contra el Gobernador de Cundinamarca y la Secretaría de Educación para que se declare que han sido renuentes en cumplir lo dispuesto en el decreto 707 de 1.051 de 1. que en ello resulta contrario. prevé que corresponde “al gobernador o alcalde distrital. una vez determinadas las zonas correspondientes y expedido que fue por el Gobernador. que. en tanto no han determinado qué zonas son de difícil acceso. a través del ejercicio de la acción del artículo 87 de la Constitución. oportunidad. Y de la Secretaría de Educación del mismo departamento elaborar el listado de los establecimientos educativos estatales que se encuentren ubicados en tales zonas. mediante el artículo 5. su cumplimiento puede obtenerse.º del decreto 1051 de 1999. categorización y modificación de tales zonas por medio de acto administrativo. se les ordene su cumplimiento. se halla en situación crítica de inseguridad-. que el Gobernador de Cundinamarca no ha cumplido esta norma y no ha dictado hasta hoy el acto administrativo que la ley ordena. pese a lo dispuesto en tal sentido en el artículo 4. especialmente.994. salvo que exista otro medio de defensa judicial. 9º Ley 393 de 1997. y ese acto es presupuesto para que los docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos correspondientes accedan a las prerrogativas señaladas en el artículo 3º del mismo decreto. con la indicación de los nombres de los docentes y directivos docentes que allí prestan servicios. 17 de enero de 2000. Sj: C. la determinación. Se admitiría la demanda.º del decreto 1. 8º. en consecuencia. ni elaborado el listado de establecimientos educativos estatales ubicados en tales zonas. Es de advertir también que.996. entre otros municipios. a
. y que con esa actitud se ha violado también el artículo 134 de la ley 115 de 1. 1º. el reglamento por el cual se determinó la cuantía. con los nombres de los docentes y directivos docentes que allí presten sus servicios. forma de pago y momento a partir del cual comienza a percibirse el beneficio de la bonificación. situación crítica de inseguridad o mineras -particularmente el municipio de Fómeque.
que ninguno ha sido solicitado. Y a la Secretaría de Educación la elaboración del listado de los establecimientos educativos estatales que se encuentren ubicados en tales zonas. Habrá de revocarse la sentencia impugnada para. una zona resulta ser de difícil acceso si por sus características geográficas. que ello resultaría improcedente. que no se trata de ordenar pago alguno. determine a su arbitrio.
. Para determinar dichas zonas no es requisito que pueda ser tenida en cuenta la disponibilidad presupuestaria. inmediatamente. según lo establecido en el artículo 9. qué zonas son de difícil acceso o se encuentran en situación crítica de inseguridad y solicite al Ministerio de Minas y Energía concepto acerca de cuáles son las de explotación minera. y solicite al Ministerio de Minas y Energía concepto acerca de cuáles son las de explotación minera. y es zona minera el territorio ubicado en un frente de explotación minera y que por tal circunstancia pueda afectar la salud de quienes allí desempeñen una actividad permanente”.997. y también aquellas áreas urbanas y rurales que por su vulnerabilidad. Ordenar al Gobernador que además de las señaladas. y si fuera el caso. a la Secretaría de Educación. ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO . y por lo mismo no se trata de disponer el cumplimiento de normas que establecen gastos.Concepto / ZONAS DE SITUACIÓN CRITICA DE INSEGURIDAD Concepto / ZONA MINERA . Co: Corresponde al Gobernador determinar qué zonas son de difícil acceso se encuentran en situación crítica de inseguridad. entre otras. la elaboración del listado de los establecimientos educativos estatales que se encuentren ubicados en tales zonas en cuanto sean declaradas como tales. ordenar al Gobernador de Cundinamarca que. e inmediatamente.Concepto Según el Decreto 707 de 1996.lo establecido en el artículo 2.º de la ley 393 de 1. Se advierte.º del decreto 707 de 1.996. y si fuera el caso. con los nombres de los docentes y directivos docentes que tienen derecho a que el tiempo de servicio. determine a su arbitrio. finalmente. marginalidad y pobreza no aseguran la eficiente prestación del servicio público educativo. además de las señaladas. en su lugar. qué zonas son de difícil acceso o se encuentran en situación crítica de inseguridad. en cuanto sean declaradas como tales. por la naturaleza y complejidad del asunto. con los nombres de los docentes y directivos docentes que tienen derecho a que el tiempo de servicio les sea computado doblemente para el efecto de ascender en el Escalafón Nacional Docente y a la bonificación remunerativa especial establecida. deficiencias de vías y medios de transporte es necesario un esfuerzo físico o económico fuera de lo ordinario para la permanencia o movilización del docente. que se estima razonable para el caso. es zona de situación crítica de inseguridad aquella en donde se presenta alteración del orden público que objetivamente afecte el normal desarrollo de las actividades productivas y de servicios. les sea computado doblemente para el efecto de ascender en el Escalafón Nacional Docente y a la bonificación remunerativa especial establecida. y para todo ello habrá de concederse el término de un mes.
Consejo de Estado. 41 Transitorio de la Constitución Nacional. Ponente: Miguel González Rodríguez. ponente Dr. excepto que se trate de materias relacionadas con el reglamento interno de trabajo.. y por último que. Constituyó en renuencia a algunos servidores públicos quienes guardaron silencio. que solicito se valoren como doctrina. 5021. ya que un disciplinario no es un conflicto económico entre patronos y trabajadores. C-09/94 de 20 de enero. Velasco P. Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-obliga a aplicarla. Actor: Luis A.. numeral 1º.. cuya constitucionalidad fue decretada mediante Sent. informándole del inicio de indagaciones preliminares con fundamento en la norma disciplinaria. que las normas invocadas son inaplicables dado que conforme a la Constitución corresponde a la Ley determinar lo relativo a la responsabilidad de los funcionarios públicos y ese postulado fue desarrollado por la Ley disciplinaria que solo exceptuó del mismo a los miembros de la Fuerza Pública.L.S.S. mayo y junio.S. Ponente: Jaime Avella Zarate. le inició investigación disciplinaria por presuntos ceses de actividades en los meses de abril. Sala Plena Corte Constitucional.. Antonio Barrera Carbonell.P. Exp. y prevaleciendo sobre las normas convencionales. 2902 Ponente: Libardo Rodríguez.P. 131. la Personería de Bogotá y la Procuraduría General de la Nación se oponen porque la convención colectiva de trabajo no es ley ni acto administrativo. Pj: ¿Constituye una convención colectiva de trabajo un acto administrativo?
. 132 y 133.” La Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá E.. 130.. derogando los regímenes disciplinarios vigentes hasta esa fecha.///&&&/// T: La acción de cumplimiento y las convenciones colectivas de trabajo. del Trabajo y se aporta como prueba convención colectiva de trabajo contentiva del régimen disciplinario especial. C: Dice el demandante que la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá E. Solicita: 1º Aplicar el Decreto 1421 de 1993 en sus Arts. 2º Aplicar el Art. 48. y el Art. que regula el régimen prevalente a los servidores de los entes descentralizados contenido en el Estatuto del Distrito Capital en materia disciplinaria y que ha sido objeto de fallo en Sentencias de 17 de julio 95. Sección 1ª. que yerra el actor al solicitar la excepción de inconstitucionalidad pues mal puede la ley 200 entrar en contradicción con la constitución cuando es esta última la que defiere al legislador la facultad exclusiva para determinar el régimen de responsabilidad de los servidores públicos. 467 del C.P. como lo precisó el Consejo de Estado.. Exp. expedido con fundamento en el Art. Sentencia 27 Enero/95. Exp. Sala de Consulta y Servicio Civil. que es desatinada la cita del artículo 3º del C. 2651. y el derecho a defenderse. No. las convenciones colectivas de trabajo no pueden involucrar aspectos disciplinarios.
El artículo 1º de la ley 393 de 1997. Cuando el administrado acude a la acción de cumplimiento.Radicación número: ACU-337 “En primer lugar dirá la Sala que la excepción de inconstitucionalidad que plantea el accionante no es procedente. por una parte. las convenciones colectivas de trabajo. no puede pedir que se le inaplique una norma pues se desvirtuaría la naturaleza misma del mecanismo. En sentir de la Sala. dieciséis (16) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998). para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia. no son ni una ley. El artículo 20 de la Ley 393 de 1997 al tratar lo relativo a la excepción de inconstitucionalidad prevé que la acción de cumplimiento cabe cuando el incumplimiento provenga del ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad y en este caso sucede todo lo contrario. 10. como su nombre lo indica. y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores. 9º. busca regular aquellos casos en los cuales la administración se abstiene de aplicar la ley o el acto administrativo al considerarlos inconstitucionales. 8º.C. D. que regula la acción de cumplimiento en desarrollo del artículo 87 de la Constitución Política. concede al ciudadano un mecanismo para pedir el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. por la otra. 1º. La norma mencionada. Así entonces. de allí que en su parágrafo prescriba que el incumplido. La acción de cumplimiento. establece: “Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial definida en esta Ley para hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de Ley o Actos Administrativos”. la administración está aplicando la ley. no pueda alegarla respecto a normas que han sido objeto de análisis de exequibilidad por el Consejo de Estado o la Corte Constitucional.N: Arts. y así lo declarará esta sentencia adicionando la del Tribunal.. uno de los requisitos mínimos exigidos para que salga avante una acción de cumplimiento es que la obligación que se pida hacer cumplir esté consignada en Ley o Acto Administrativo La convención colectiva de trabajo es la que se celebra entre uno o varios patronos o asociaciones patronales. en otras palabras su aplicación y nó su inaplicación. 20 Ley 393 de 1997 Sj: Consejera ponente: CLARA FORERO DE CASTRO Santa Fe de Bogotá. sino una extensión de las condiciones generales de los contratos de
. ni un acto administrativo. que no es otro que la administración.
específico. Distrital o Municipal.T. entre ellos los trabajadores oficiales. y 31 a 33 del D.P. indudable. Tratándose de la acción de cumplimiento es necesario que el mandato incumplido sea imperativo. Invoca también el accionante el cumplimiento de los artículos 3º del C.P. R. como lo pide el accionante. el análisis precedente muestra que no está llamada a prosperar la Acción de Cumplimiento en examen y por tanto la sentencia apelada deberá confirmarse. administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley. Subsección “A”. por las Administraciones Central y Descentralizada territorialmente y por servicios y por todos los servidores públicos que tengan competencia disciplinaria se aplicará a todos los servidores sin excepción alguna y deroga las disposiciones generales o especiales que regulen materias disciplinarias a nivel Nacional. salvo los regímenes especiales de la fuerza pública. En efecto. La primera determina que los conflictos económicos entre patronos y trabajadores se regirán por leyes especiales sobre la materia. y el segundo grupo señala la obligación de adoptar el reglamento interno de trabajo. En síntesis. es decir. debe ser gobernado por la ley. sin discusión. Una atenta lectura de estas disposiciones permite asegurar que en ellas nó se establece ninguna obligación clara y expresa para ninguna de las autoridades contra las cuales se está accionando y por los motivos que dieron lugar a esta acción. al tenor del artículo 124 de la C. razón por la cual el que se haya previsto en convención colectiva es inaplicable por inconstitucional. por los Personeros. tampoco resultan aplicables los artículos 6º y 15 de la Ley 200 de 1995. razón por la cual no se cumpliría el requisito enunciado para la prosperidad de la acción que ahora estudia la Sala.” Así entonces. Departamental. no existe duda de que al tenor del artículo 177 del Código Unico Disciplinario fueron derogados al determinar: “Esta Ley…será aplicada por la Procuraduría General de la Nación. ni de la resolución de un conflicto económico entre trabajadores y patrono. por lo antes expuesto. de acuerdo con lo establecido en el artículo 175 de este Código. Sala de lo Contencioso Administrativo. 2127 de 1945.. inequívoco. Sección Segunda. sino de una situación de carácter disciplinario Y por último. que a la sola vista de su texto el juez tenga la certeza irrefutable de que aquella autoridad a la cual ordenará cumplir lo incumplido sí es.trabajo. no se trata en este caso de la renuencia del patrono a expedir el reglamento interno de trabajo. Por lo expuesto el Consejo de Estado. porque el régimen disciplinario de los servidores públicos.
. o que le sean contrarias. la llamada a acatar la obligación inobservada. respecto a la aplicación de los artículos 130 a 133 del Decreto 1421 de 1993.
proferida el 11 de junio de 1998 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. por una parte. ni de la resolución de un conflicto económico entre trabajadores y patrono. en el caso particular lo que se está haciendo es aplicando la ley.P.F A L L A:
Confírmase la sentencia apelada. sino de una situación de carácter disciplinario . se expidió Resolución 1000 de 5 de febrero de 2005. Las normas cuyo cumplimiento se pide.grado nominado. como que no se trata de la renuencia del patrono a expedir el reglamento interno de trabajo. por la otra. Mediante Resolución la Juez aplicó la excepción de inconstitucionalidad respecto de la lista de elegibles para el citado cargo porque el servidor judicial que actualmente lo ocupa. La excepción de ilegalidad C: MARIA BERNAL. Con base en la lista del registro seccional de elegibles y con el fin de proveer la vacante definitiva de Escribiente .grado 6 que existía en el Juzgado 2 Promiscuo Municipal de Facatativa. Subsección “A” dentro de la Acción de Cumplimiento instaurada por el señor Jaime Cepeda Bautista contra la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá E. no establecen ninguna obligación clara y expresa para ninguna de las autoridades contra las cuáles se acciona. Adiciónase para declarar que es improcedente la excepción de inconstitucionalidad propuesta por el accionante. no es ni ley ni acto administrativo.” Co: La acción de cumplimiento cabe cuando el incumplimiento provenga del ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad. ///&&&/// T: Acción de cumplimiento contra actos administrativos de carácter particular y concreto. y uno o varios sindicatos o federaciones sindicales de trabajadores. la Personería de Santa Fé de Bogotá y la Procuraduría General de la Nación. para fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante su vigencia. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura actuó con morosidad en la
. La convención colectiva de trabajo es la que se celebra entre uno o varios patronos o asociaciones patronales.S. Aduce que previo concurso de méritos y agotadas todas las etapas. está protegido por el fuero sindical previsto por el Código Sustantivo del Trabajo. PRESIDENTA DE CONSEJO SECCIONAL instauró acción de cumplimiento contra la Juez Segunda Promiscuo Municipal para que se cumplan los artículos 132 numeral 1 y 167 numeral 2 de la Ley 270 de 1996. por medio de la cual se establece la lista de elegibles para ese cargo. por lo mismo. la Sala Administrativa expidió el Acuerdo número 016 de 2001. Sección Primera. por medio del cual se publicó el registro seccional de elegibles para varios cargos entre los que se cuenta el de Escribiente de Juzgado Municipal y Territorial . Esta Resolución fue remitida en su oportunidad al mencionado Juzgado.
Son frecuentes los casos en los cuales pese a existir un clarísimo deber para que las autoridades desarrollen una determinada acción de beneficio particular o colectivo. Pj: ¿Está legitimada la Presidenta del Consejo Seccional para interponer la acción? ¿Procede la orden de cumplimiento? N: Arts.se han colocado en una situación fáctica distinta a la que existiera en el momento de la convocatoria. Dice la demandante que la Juez está siendo renuente al cumplimiento de sus deberes. Radicación número: 76001-23-31-000-2002-03177-01(AP) “1. Finalmente. “cualquier persona puede ejercer la acción de cumplimiento frente a normas con fuerza material de ley o actos administrativos”. Esta interpretación se explica si se tiene en cuenta que el cumplimiento de los actos administrativos de carácter particular. interesa directamente al particular afectado. que adicionalmente viola el derecho a la igualdad en las posibilidades de acceso a la función pública para todos los ciudadanos y en especial de los servidores que hoy ocupan en provisionalidad esos cargos. por regla general.tramitación del concurso de méritos. motivo por el cual las Resoluciones contentivas de las mencionadas listas de elegibles han perdido fuerza ejecutoria. las mismas se abstienen de hacerlo. debe ser el titular del derecho lesionado o el interesado quien interponga la acción. todas las personas tienen el derecho a acudir ante el juez competente con el fin de hacer efectivo el cumplimiento de normas aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos.ALIER EDUARDO HERNANDEZ ENRIQUEZ. Legitimación por activa en la acción de cumplimiento De acuerdo a los artículos 1° y 4° de la Ley 393 de 1998. sostuvo que la facultad de inaplicar actos administrativos contrarios a las normas superiores. 20 Ley 393 de 1997..P. 1º. Así. Sj: M. 9º. pues a pesar de haberse solicitado el cumplimiento de la Resolución 1000. La Juez insistió en su argumento dentro de la contestación de la acción y alegó falta de legitimación en la causa por activa. La mencionada morosidad vulnera “la calificación de los empleados que por su nivel de experiencia y educativo.. sin embargo. El particular
. el término para nombrar el Escribiente grado 6 ya venció sin que la juez procediera al nombramiento en propiedad. En relación con este tema en la Asamblea Nacional Constituyente se dijo lo siguiente: “La acción de cumplimiento tiene el propósito de combatir la falta de actividad de la administración. razón por la cual debe ser él mismo quien lo reclame. Sentencia de veintinueve (29) de mayo de dos mil tres (2003). se reserva a la Jurisdicción Contencioso Administrativa. cuando se solicita el cumplimiento de un acto de carácter particular.
34 Consejo de Estado. (Negrillas de la Sala) Adicionalmente. su ejercicio no debe chocar con las formas ni con los hitos finalísticos que cada proceso prevé justamente en defensa del derecho sustancial. como cualquiera otra. Sección Segunda ACU 343 de 1998. Por ello se justifica constitucionalmente. Gaceta
. tal como ocurre en el caso de autos. particular y concreto amparadas constitucionalmente en punto al derecho al trabajo. en el caso de la acción de cumplimiento. cuando se trata de actos administrativos subjetivos. se hace necesario que sea el titular del derecho lesionado”34. implica en mucho un fortalecimiento jurídico y fáctico procesalmente garantizador de los derechos. cuando se trata de un acto de contenido particular. ya que si bien ella es propia de nuestro Estado Social de Derecho. “De lo anterior se deduce que cualquier persona. a quien se le lesiona directamente su derecho pueda acudir a los mecanismos ordinarios que también éste ha instituido para lograr el cumplimiento de tales actos. libertades y deberes de los asociados. esta Corporación ha afirmado: “Pero si lo anterior es particularmente cierto. el afectado.afectado podría entonces acudir a esta acción para exigir el cumplimiento del deber omitido"32. al estudiar la constitucionalidad del artículo 9° de la ley 393 de 1998. sin perjuicio de las responsabilidades y sanciones predicables de las autoridades públicas y de los particulares”33. por el contrario. porque dentro de la autonomía discrecional de que goza para la configuración de la norma jurídica. Y es que la titularidad de la acción de cumplimiento. desligada de su entorno jurídico y sus efectos. la previsión del legislador. que crean situaciones jurídicas individuales. No sobra señalar que la Corte Constitucional ha concluido que resultan constitucionales las diferencias que se establecen. no puede mirarse in abstracto. Sección Segunda ACU 560 de 1999. pero cuando lo que se pretende hacer efectivo es el cumplimiento de una ley en sentido formal o un acto administrativo de carácter particular ante la Administración.
Nacional Constituyente. sin ostentar la legitimación en la causa por activa que el caso amerita. En efecto. no resulta contrario al referido mandato
Ponencia para Segundo Debate ante la Plenaria de la Asamblea Constitucional No. que por lo mismo no podrían quedar al arbitrio exclusivo de quien quiera demandarlas apoyado solamente en el respeto debido a la ley. el cumplimiento efectivo del respectivo acto interesa fundamentalmente a la esfera particular de la persona y no a la que corresponde a la satisfacción de los intereses públicos y sociales. también lo es que el tema de la titularidad de la acción por regla general no puede escindirse de las materias que le son propias con arreglo a la Constitución y a la ley. esto es. 57. concretas y particulares. 33 Consejo de Estado. o sea. Hay que reconocerlo. la prevalencia del derecho sustancial en modo alguno significa un plano desdibujamiento de la ritualidad. en el sentido de que en tales casos. donde los efectos de una eventual sentencia favorable involucrarían situaciones de carácter subjetivo. expresó: “Por el contrario. vale decir. por considerarse razonable y no afectar el contenido esencial de la norma del artículo 87 constitucional. sin acreditar interés para demandar puede reclamar que se haga efectivo el cumplimiento de una norma de carácter general.
la Sala se pronunciará sobre los demás argumentos expuestos por los demandados. el cargo de escribiente grado 6 del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Florida. pues el ejercicio de dicha acción constitucional está comprendido entre las funciones que legalmente se le han atribuido. no hay falta de legitimación de la señora Canaval teniendo en cuenta que es la Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle. desarrollo del deber de administrar la carrera judicial. en tanto que la Resolución 789 de 2001 contraría la Constitución al desconocer lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 1469 de 1978. es necesario señalar que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. además. (Negrillas de la Sala) Aunque la mencionada Resolución es un acto administrativo de carácter particular. Excepción de inconstitucionalidad. entre otras funciones. garantizar un proceso de ingreso transparente basado en el mérito. resulta que la señora Canaval tiene interés para interponer la acción de cumplimiento que pretende que se dé cumplimiento a la obligación de proveer. directamente o por medio de las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales. salvo cuando de no asegurarse la efectiva ejecución del acto particular y concreto se pueda derivar para el interesado “un perjuicio grave e inminente”. con mayor razón si se tiene en cuenta que también se pide se una norma legal. En otros términos. no es inconstitucional que el Legislador haya considerado que la acción de cumplimiento no subsume de manera absoluta las acciones que existen en los diferentes ordenamientos procesales para asegurar la ejecución de actos de contenido particular o subjetivo”35. De lo anterior. Así lo ha precisado la Corte Constitucional:
Corte Constitucional. de ahí que las Salas administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura no agotan su competencia con la realización del concurso y la elaboración de la lista de elegibles como resultado de éste. Una vez aclarado que la señora Canaval tiene legitimidad para interponer la presente acción. atendiendo las normas correspondientes.
. en propiedad.constitucional que el precepto acusado permita la existencia de mecanismos alternativos para el cumplimiento de esta clase de actos. 2. es la encargada de administrar la carrera judicial. conforme a lo dispuesto en la Ley estatutaria de Administración de Justicia. La provisión de los cargos en propiedad mediante concurso de méritos es. Sentencia C-193 de 1998. Al respecto. deben procurar que el cargo para el cual se realizó el concurso sea provisto en propiedad. sin duda alguna. la Sala considera que. una evaluación permanente del servicio y un mecanismo efectivo de promoción y de retiro. en este caso. La aplicación de la excepción de inconstitucionalidad puede ejercerse por cualquier autoridad administrativa cuando advierta la contradicción entre la Constitución y una norma de inferior jerarquía. La Administración de la carrera judicial implica.
caso en el cual. el incumplimiento de un deber consagrado en una ley o en un acto administrativo. por expreso mandato de la norma en comento. bien podría hacia el futuro intentarse de nuevo la acción de cumplimiento sin que el funcionario encargado
Corte Constitucional. con efectos exclusivos en ese caso y sin que su sentencia sustituya las providencias que hayan de proferir aquellos tribunales en ejercicio de sus respectivas competencias. es perfectamente natural y resultaría incoherente el sistema si. está obligada a cumplir el deber omitido. Es claro que. la autoridad que la aplicó indebidamente. se produce después una sentencia erga omnes en sentido contrario. a la luz de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 393 de 1997. Sobre el punto precisó: “La necesidad de acudir a la excepción de inconstitucionalidad justifica la abstención de la autoridad en la aplicación de la norma incompatible con la Carta. habiendo hallado fundada la inaplicación en el caso examinado. Y. Sentencia T-537 de 2002. A tal punto que si. puede derivarse de la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad. por el contrario.
.“La jurisprudencia también es uniforme en señalar que la posibilidad de acudir a la excepción de inconstitucionalidad no está reservada únicamente a los jueces. que justifique la inaplicación a la que procedió el funcionario acusado. el juez que deba fallar sobre el mismo goce también de autoridad para establecer si se da o no la causa que justifica la inejecución de la norma o acto. ante el alegato de la autoridad que aduce haber inaplicado y no incumplido un precepto. trazó los lineamientos que debe observar el juez de la acción de cumplimiento al momento de analizar la procedencia de la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad. prefiriéndose siempre la primera. o si por el contrario. respaldada por el tribunal competente la ejecutabilidad de la disposición por ser constitucional.”36 (Negrillas de la Sala) Ahora bien. Ello. La Corte Constitucional al pronunciarse sobre la exequibilidad del Artículo 20 de la Ley 393 de 1994. cuando quiera que haya una clara incompatibilidad entre la Constitución y una norma de inferior jerarquía. habrá de declarar que el incumplimiento se configuró y deberá impartir la orden que haga efectivo el mandato inobservado. el juez careciera de competencia para establecer si se configura o no el motivo de justificación al que la autoridad acude. El juez de cumplimiento no resuelve si la norma o el acto en cuestión son constitucionales o inconstitucionales. si no ha habido una definición erga omnes por el tribunal competente (la Corte Constitucional o el Consejo de Estado) y el juez no encuentra fundada la inaplicación como consecuencia de la excepción de inconstitucionalidad. no es algo extraño a los mandatos superiores que. sino que también se hace extensiva para las autoridades administrativas. no sólo como una facultad. el juez que decida la acción de cumplimiento deberá abordar el asunto para determinar si es procedente o no la aplicación de la mencionada excepción en el caso concreto. por tanto. habiéndose confiado a los jueces la competencia para resolver acerca de sí hay o no incumplimiento. ésta prevalece y. y su dictado no afecta la obligatoriedad ni el vigor jurídico general de aquellos. sino como un deber. Solamente establece. para el caso específico. si en el ámbito circunscrito a él se ofrece prima facie una abierta e incontrovertible oposición entre normas.
como lo sostuvo el a-quo. pues de no ser así. la misma.
. podrían ser demandadas a través de la acción de cumplimiento.. no resulta posible eludir el cumplimiento de los art. Pero. no puede ser inaplicada por la Juez Segundo Promiscuo Municipal de Florida en ejercicio de funciones administrativas. se concluye que dicha excepción era improcedente. las cuales. hacer efectivo el principio de obligatoriedad y de presunción de legalidad de los actos administrativos..) “La llamada excepción de ilegalidad se circunscribe entre nosotros a la posibilidad que tiene un juez administrativo de inaplicar. y dado que la potestad de aplicar la excepción de ilegalidad está limitada a los jueces de lo contencioso administrativo. (. ni a la posibilidad de que los particulares o las autoridades administrativas. o aun puede ser pronunciada de oficio.”37 Es claro que el análisis de la procedencia de la excepción de inconstitucionalidad es ineludible. la Sala considera.38 (Negrillas de la Sala) Conforme lo dicho. luego de realizarlo. Corte Constitucional. justamente. que la demandada está aplicando la excepción de ilegalidad y no la de inconstitucionalidad como cree hacerlo. que busca. sino por el contrario estaría ejerciendo el deber de guarda de la Constitución impuesto por ésta misma. manifestando: “No hay en la Constitución un texto expreso que se refiera al ejercicio de la excepción de ilegalidad. a una excepción de ilegalidad propiamente tal aducida por el demandado. tal inaplicación no puede ser decidida por autoridades administrativas. no hay lugar a admitir que pueda servir de fundamento para desconocer la obligación de proveer el cargo de escribiente. Sentencia C-600 de 1998. un acto administrativo que resulta lesivo del orden jurídico superior. en caso de asumir tal conducta. sino que la Carta puso en manos de una jurisdicción especializada la facultad de decidir sobre la legalidad de los mismos. dentro del trámite de una acción sometida a su conocimiento. en consecuencia. Dicha inaplicación puede llevarse a cabo en respuesta a una solicitud de nulidad o de suspensión provisional formulada en la demanda. La Corte Constitucional se ha pronunciado sobre la potestad de aplicar la excepción de ilegalidad. en virtud de lo dispuesto por la norma sub exámine tal y como ha sido interpretado en la presente decisión. en tanto que sólo es posible establecer que la autoridad ha incumplido. cuando. la autoridad no estaría omitiendo el cumplimiento de ningún deber. 132 y 176 de la Ley 270 así como de la Resolución 789 de 2001. de acuerdo con la lista de elegibles contenida en la Resolución 789 de 2001. Sentencia C-037 de 2000. Ahora bien. por fuera del contexto de un proceso judicial.de aplicar la norma pudiese ya escudarse en la excepción de inconstitucionalidad para justificar su abstención. alegando la excepción de ilegalidad pues. invoquen dicha excepción para sustraerse de la obligación de acatar los actos administrativos.
Corte Constitucional. ilegalidad que debe ser decretada en los términos que indica el legislador.
Posteriormente mediante Acuerdo No. 43 de 1995 que obligó a ajustar la convocatoria al concurso de méritos. La Resolución 789 de 2001 decayó porque su fundamento de hecho de derecho (Acuerdo No. en el intervalo entre los dos Acuerdos. Para los recurrentes. 166 de 1996.. de lo cual se deduce que.Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho 3. mediante Acuerdo 298 de 1996. no se presentó el fenómeno jurídico mencionado. 160 de 1994. sostuvo que. mediante los Acuerdos 4 y 14 de 1995. dispone: “Pérdida de fuerza ejecutoria: Salvo norma expresa en contrario.A. porque su fundamento de derecho. se formuló la convocatoria final. 160 de 1994) perdió fuerza ejecutoria. pues en la Resolución 003 de 27 de julio de 2001 señaló: “(. 494 de 1995 y explicó que. La Sala considera que.)”. se observa que es la misma demandada la que reconoce la existencia de actos tendientes a ejecutar dicho Acuerdo.el 24 de febrero de 1994-.. pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos: 1. se convocó a concurso de méritos con el fin de conformar el Registro de Elegibles para los Cargos de Empleados de Carrera de los Despachos Judiciales. Por otra parte. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto 5. Finalmente. al entrar en vigencia la Ley 270 de 1996. Cuando pierdan su vigencia”.C. perdió fuerza ejecutoria en tanto que el Consejo Superior de la Judicatura dejó transcurrir el tiempo sin realizar los actos correspondientes a la ejecución del mismo. se expidió el Decreto No.) Mediante acuerdo No. que es el Acuerdo 160 de 1994. sólo hasta 1995.(. se elaboró la lista de aspirantes admitidos y rechazados mediante Resolución No.. En efecto. pues la entidad realizó los actos necesarios para ejecutar la Resolución 789 de 2001. el 27 de julio de 1999. los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo. El artículo 66 del C. se reabrieron las inscripciones del concurso del 16 al 20 de diciembre de ese año y que. sostuvo que. se expidió el registro de elegibles a nivel nacional.Por suspensión provisional 2. se expidió el Acuerdo 273 de 1996 “con el fin de respetar las expectativas de vinculación a la Carrera de los afectados”.Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme. se produjo el decaimiento de la Resolución 789 de 2001. emanado de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura se realizó una nueva convocatoria que fue incorporada a la Primera. reconoció que finalizadas las inscripciones de los aspirantes . la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos 4.
..3. en este caso. Adicionalmente.
si bien es cierto.. cuando no se haga la designación en encargo. ni ha decaído por el transcurso del tiempo. no ha perdido sus fundamentos de hecho y de derecho. hasta que se provea el cargo por virtud de un concurso de méritos. el hecho de que un cargo de carrera se provea en provisionalidad mientras se agotan las etapas del concurso de méritos. la supuesta pérdida de fuerza ejecutoria tampoco es un argumento que permita a la Juez Segundo Promiscuo Municipal de Florida (Valle) dejar de proveer. la Resolución 789 de 2001. pues una vez provisto el cargo en propiedad aquel debe desaparecer. en propiedad.40 (Negrillas de la Sala)
Ley 270 de 1996. pues el Consejo Superior de la Judicatura realizó los actos necesarios para su ejecución dentro de los 5 años siguientes a la fecha en que quedó en firme.. 4. por consiguiente. por quien resultó elegible dentro del respectivo concurso de méritos. Para la Sala el fuero sindical del señor Luis Armando Victoria Medina no autoriza a la demandada para incumplir el deber que la ley le ha impuesto en tanto que. Ello es así. el cargo de escribiente grado 6 de su Despacho. fue necesario incluir modificaciones en las condiciones de la convocatoria. por el contrario es el instrumento para cumplir lo dispuesto en los artículos 132 numeral 1 y 167 inciso 2 de la Ley 270 de 1996. citada en Sentencia T-1164 de 2001 de la Corte Constitucional. inexistente. su desvinculación. El funcionario que actualmente ocupa el cargo de escribiente grado 6 del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Florida esta amparado por fuero sindical y circunstancial. pues dicho servidor apenas se desempeña en el cargo “hasta tanto se pueda hacer la designación por el sistema legalmente previsto”. no significa que el nominador quede obligado a mantener éste vinculo indefinidamente. pone de presente que el Acuerdo 160 de 1994 no perdió fuerza ejecutoria. el término de duración del concurso es extenso.La descripción del procedimiento del concurso efectuada por la Juez Segundo Promiscuo Municipal de Florida. En efecto. hasta tanto se pueda hacer la designación por el sistema legalmente previsto. Estatutaria de la Administración de Justicia.)” 40 Circular No. entre otras cosas porque la Ley39 le otorga a éste tipo de nombramiento un carácter temporal. “En las circunstancias anotadas la desvinculación del servidor se da por mandato de la Constitución y de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y no por “despido” o decisión unilateral del “empleador”. según reza el numeral 2º del artículo 132 de la Ley 270 de 1996. que retardaron el trámite del concurso. sino que. Así lo ha precisado la Corte Constitucional: “El reemplazo de un servidor judicial nombrado en provisionalidad. En efecto con la expedición de la Ley 270 de 1996. Artículo 132 numeral 2: “El nombramiento se hará en provisionalidad en caso de vacancia definitiva. que no podrá exceder de seis meses. o en caso de vacancia temporal. circunstancias que impiden su despido. 16 del Presidente del Consejo Superior de la Judicatura. es decir. no materializa la figura del despido. y. al desempeñar sus labores en provisionalidad.
. No puede perderse de vista que. o la misma sea superior a un mes. no requiere de la previa calificación judicial de una justa causa. por demás. por ende.(. dicha circunstancia se debe al tránsito de legislación ocurrido en su desarrollo. Así las cosas. no implica el desconocimiento de su derecho de asociación.
la desvinculación de quien desempeña un cargo en esas condiciones no constituye despido.Los argumentos planteados. La potestad de aplicar la excepción de ilegalidad está limitada a los jueces en lo contencioso administrativo
. por consiguiente. la Juez Segundo Promiscuo Municipal ha sido renuente en el cumplimiento del mismo. EL CONSEJO DE ESTADO. una vez que concurran los requisitos para la finalización del mismo. como es el caso del nombramiento en provisionalidad. es claro que ninguno de los argumentos de los demandados justifican el incumplimiento de los artículos 132 numeral 1 y 167 numeral 2 . de ahí que. no puede entenderse de manera absoluta. Co: Cuando se solicita el cumplimiento de un acto de carácter particular. pues su vínculo está destinado a desaparecer una vez provisto el cargo en propiedad. dado que consagran un deber imperativo. SECCIÓN TERCERA. el nominador debe proceder conforme la ley haya previsto. debe ser el titular del derecho lesionado o el interesado quien interponga la acción. en ese caso el desempeño en el cargo está sometido a una condición resolutoria. que continúan vigentes pues la Ley 584 de 2000 no derogó lo dispuesto en ellos. en efecto. administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. La protección del derecho de asociación de los trabajadores en virtud del fuero circunstancial.
CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo”. por lo tanto. pues el ejercicio de dicha acción constitucional está comprendido entre las funciones que legalmente se le han atribuido. ni de la Resolución 789 de 2001. dada la naturaleza del nombramiento en provisionalidad. pues se trata de figuras análogas. La Presidente del Consejo sí le asiste interés para interponer la acción de cumplimiento. si un vínculo es esencialmente temporal. En mérito de lo expuesto. resultan aplicables también para el fuero circunstancial. pues. en este caso no se requiera de la calificación judicial a que se refiere el artículo 25 del Decreto 2351 de 1965. dicho mecanismo de protección no puede cambiar la naturaleza de los vínculos de los trabajadores. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. en virtud de la cual. una vez provisto el cargo en propiedad se termina el vínculo. la Sala confirmará la decisión del Tribunal por considerar que se cumplieron los requisitos de procedencia de la acción de cumplimiento. reglamentado por el artículo 36 del Decreto 1469 de 1978. Conclusión Conforme a lo anterior. inobjetable y exigible y que. pues pese al requerimiento del Consejo Seccional de la Judicatura no ha aplicado la lista de elegibles contenida en la Resolución 789 de 2001 como consta a folio 33 del cuaderno principal. así.
Foliar. Remisión de la demanda al Oficina Reparto despacho judicial correspondiente. J. es decir. Recibo de la Secretaría demanda por el Juzgado despacho. Ídem Ídem
Mismo día Estas actuaciones deben hacerse inmediatamente. dado que consagran un deber imperativo. 5.Caratular.
Acuerdo Sala Adva C. S. 2. una vez se presente la demanda a la Oficina encargada de realizar el Reparto. Se presenta la demanda en la Oficina Reparto correspondiente Oficina Judicial u Oficina de servicios para el reparto de ley. Pasa a despacho para resolver sobre la ADMISION o Juez RECHAZO
Art. Inscripción o registro en el Sistema Siglo XXI. o Ídem en el que haga sus veces. 8. 4. 6. inobjetable y exigible *** PROTOCOLO PROCESO ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Augusto Morales Valencia ACTUACION DEPENDENCIA TERMINO NORMA COMENTARIO
Mismo día Mismo día recibo de demanda Ídem Ídem de la Estas actividades deben realizarse el mismo día de la presentación de la demanda. o a más tardar el día de recibo de la demanda en el Juzgado ________________ Plazo máximo en el despacho del 12 Juez
7. Se asigna el Número Único de Radicación y se Oficina Reparto reparte la demanda.Ha habido incumplimiento de los artículos 132 numeral 1 y 167 numeral 2. y de la Resolución 789 de 2001. Ley 393/97
. 393/97) Art.P. existe incompetencia por el factor territorial. REMISION
A la mayor Art. por estado día siguiente y comunicación telegráfica
10. (arts.A. por estado día siguiente y comunicación telegráfica Recurso de apelación (Consejo de Estado. ACU-1443). 143 Si observa que brevedad C. Ley 393/97
11. M. dentro tres (3) días siguientes notific.9. Auto interlocutorio Notif. 16 L. por estado día siguiente y comunicación telegráfica No recurso (Art.P. 12 Auto interlocutorio L. Carlos Arturo Orjuela Góngora.C.C. CORRECCION
Art. auto de Sala Plena de 27 de junio de 2000.. 393/97 Notif. Dr. 16 L.C. 30 L. 393/97) 12 Auto sustanciación Notif. RECHAZO
No recurso (Art. 181 C. Exp. y 352 C. 393/97.
admisión 393/97 Art. Contestación demanda y Demandado petición pruebas Juez 16. 124 Auto sustanciación C.
No recurso Art. 393/97 Notificación personal (arts.C.C Notif. Análisis y Juez decisión sobre procedencia recurso
Art. 15 Sentencia potestativa L. Estado al demandante día siguiente y comunicación telegráfica. 13 Se recibe en la Secretaría L. 393/97.P.
14.P.)
. Entrega copia Secretaría demanda y anexos 15. presentación o 393/97 Notificación corrección. comunicación telegráfica u otro medio que garantice derecho defensa Notificación personal demandado. ADMISION Juez DEMANDA
No recurso Tres (3) días Art. y 315 ss C.12. 393/97
inmediatamente Art. Cumplimiento inmediato(Sentenc. 13 Auto sustanciación siguientes a su L. Anticipada). 22 L. si no es posible. 13 Término se cuenta a partir de la L. por estado día siguiente y comunicación telegráfica
19 Auto interlocutorio estado proceso L. y 315 ss C. personal (arts.P. 393/97) Notif. Art. por la autoridad partir 393/97 renuente o por el notificación representante de la entidad a la que pertenezca y por el Defensor del Pueblo Juez
. 22 de la demanda 393/97 L.C. Terminación Juez anticipado y condenación en costas
Un (1) día. 26 Recibo Secretaría L. si deniega o rechaza pruebas Se pueden solicitar informes (1-5 días para rendirlos. 393/97 notificación Notif. SENTENCIA
20. Tres (3) días a Art.P.C. 393/97 Notif.
19. 13 Notificación partir admisión L. 393/97 notificación
18. 393/97 y 124 C. 16 Auto interlocutorio siguiente a la L. auto pruebas
Arts.) en Por demandante. por estado y comunicación telegráfica. Art. Art. Impugnación
Sentencia Veinte (20) días contados a Art. por estado. 393/97. Resolución Juez Recurso Reposición
recibe Un (1) día. Recurso Afectado con reposición auto denegación o rechazo pruebas 17.
16. y comunicación telegráfica.15. por estado y comunicación telegráfica Cualquier Art. si accede pruebas Auto interlocutorio. 17 L. 16 Se Secretaría siguiente a L.
Auto sustanciación. 30 L.
adopción Juez medidas para exigir cumplimiento fallo y ordena investigación disciplinaria 25. 29 Auto interlocutorio L. Decisión Ad Tribunal Quem 22. 393/97
Auto sustanciación Notif. se concede por regla general en efecto suspensivo. 393/97 Num.P. interlocutorio 393/97 Notif. 25 Auto interlocutorio (5) días sin que L. 393/97 Art. Cumplimiento Autoridad sentencia particular obligado
Un (1) día Art.21. por estado y comunicación telegráfica
24. Requerimiento Juez al superior de quien desacata
Diez (10) días siguientes a la recepción del expediente o Diez (10) días o plazo mayor justificado. 26 expediente L. contados a partir ejecutoria fallo Vencido el plazo para el cumplimiento
Art. 27 L. personal y traslado por tres 137 (3) días al C. Análisis y Juez concesión recurso si reúne requisitos. por estado y comunicación telegráfica En cualquier época por incumplimiento orden judicial emanada L. superior cumpla 393/97 Notif. incumplido quien podrá pedir pruebas y podrá acompañar documentos y pruebas anticipadas que
.C. 27 L. 393/97 No recurso Art. Notif. después ejecutoria se 393/97 remite Art. 25 L. Desacato Juez (INCIDENTE)
No recurso Vencidos cinco Art. comunicación telegráfica No recurso
23. 21 y art. 25 Auto L. 5 art. 393/97 y art. salvo que este efecto genere perjuicio irremediable para el accionante 22. por estado.
tenga en su poder si no se hallan en el expediente. si reúne requisitos concede recurso en efecto suspensivo ________________ 25. por estado en Art. las C. 124 Auto C. por Num.
. 124 Auto sustanciación C.P. 137 estado término traslado.5 Decisión del Tribunal Ad Quem confirmando o revocando 25. Notif. Tres (3) días
25.P. Notif.C. 393/97 y 352 C.P.P. por estado.5 sanción Consulta
_______________ ______________ Vencido término ejecutoria auto que impone sanción sin apelación remite expediente superior Tres (3) días siguientes a recibo expediente
________________ Art.25.P. 39 C.C pedidas y las que decrete de oficio.C. por estado 393/97
25. 29 Recibo Secretaría L.C.4. auto de estar a lo dispuesto por el superior
Art. 3 Notificación Vencido art.2.1 Auto pruebas
25. por estado Auto sustanciación Notif. por estado
Afectado con Tres (3) días sanción (art. Decisión Juez incidente 25. interlocutorio Notif.C. 29 Auto interlocutorio L. Art. Se practican dentro de un término de diez (10) días Diez (10) días Art. Análisis Juez recurso. 29 Auto sustanciación L. 393/97 Notif.6 Regreso del Juez expediente.
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