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Timestamp: 2018-11-13 00:06:26+00:00

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El Foro de los Comunes – Página 3
Comunes, Movilización, Primera Plana, Resistencia
A un año de la victoria de Moreno ya no quedan dudas: el presidente abandonó el programa por el que el pueblo se pronunció en su favor en 2017 y gobierna a partir de los intereses del gran empresariado, de élites evasoras y de “figuras de buen nombre”. Semejante giro quiere ser legitimado con la lucha anti-corrupción que, imprescindible para la República, ha terminado por operar, la mayoría de las veces, como herramienta de extorsión y venganza contra quienes no se alinean con el poder. La rebeldía tributaria de los más ricos, por el contrario, será incluso recompensada por el nuevo programa económico. La des-estatización avanza, los mercados aplauden, la Embajada está de retorno.
Sobran entonces las razones para la indignación. Mal-gobierno no es apenas el nombre de la ineficacia o de la falta de conducción. Mal-gobierno es ignorar el mandato popular que lo invistió, es licuar la representación democrática de los intereses comunes. Es el gobierno de los pocos, el poder de los notables.
La movilización es el canal por el que la indignación toma forma pública. La vía que expresa la conformación de una voluntad colectiva que quiere hacer política más allá de las elecciones, las instituciones y los liderazgos providenciales. Si el mal-gobierno ha tomado cuerpo se debe menos a su propia astucia que a la incapacidad de dicha voluntad colectiva para resistírsele.
Urge, entonces, volver a ocupar calles, plazas, espacios públicos. Hacer de la indignación un motor de organización y resistencia. Tomará tiempo, pero no hay atajos. El movimiento popular, las izquierdas, el tejido social vienen de un prolongado período de fragmentación y declive. La ciudadanía mira de lejos el enlodado juego político. La reactivación de unos y otros es condición fundamental para bloquear al mal-gobierno pero, sobre todo, para que la propia sociedad tome en sus manos la conducción de lo que está por-venir. Los poderosos están más organizados y articulados que nunca. El pueblo debe reinventarse. El conflicto y la resistencia son la vía. El 10 de abril es apenas un primer paso.
#ComunesMovilizados
#MalGobierno
abril 10, 2018por Foro de los Comunes
Andrés Arauz Galarza
Christian Pino Garrido
“La locura es: seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes”.
El pasado 25 de febrero la Cancillería ecuatoriana anunció, en nota de prensa,[1] que el gobierno nacional tendría listo un nuevo modelo de tratado bilateral de protección de inversiones (TBI). Dicha propuesta sería formalmente entregada a representantes de 16 países con los que el Ecuador mantenía este tipo de tratados. Estos fueron denunciados hace menos de un año en concordancia con la recomendación contenida en el informe de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje en Materia de Inversiones en Ecuador –CAITISA-, presentado al ex presidente Correa[2]. Tal informe estableció las falencias en la negociación de estos tratados, la parcialidad y arbitrariedad del sistema de arbitraje internacional, la poca o nula influencia de estos instrumentos en la atracción de inversiones y las afectaciones e impactos sociales, económicos y ambientales que produjeron las transnacionales que demandaron al país sobre la base de estos tratados[3].
El objetivo, de acuerdo con la Canciller, sería enviar una señal de seguridad jurídica, estabilidad política y monetaria a la comunidad internacional. La misma nota señala que los nuevos instrumentos se amparan en la Constitución. Siempre que Lenín Moreno anuncia grandes cambios políticos alude al espítitu de Montecristi. Cada vez es más claro, no obstante, que aquello funciona apenas como excusa para reformas regresivas. La cuestión de los TBI no parece la excepción. Los denominados “nuevos instrumentos”, con redacción maquillada, son esencialmente iguales a los anteriores pues conservan la cláusula de arbitraje inversionista-Estado tal como solicitó el alcalde de Guayaquil al Presidente[4]. El sólido nexo de poder entre Moreno y Nebot es una de las grandes señas de los nuevos tiempos.
Más allá de las buenas intenciones y de la innegable necesidad de atraer recursos a la economía, es preciso meditar si la negociación de este tipo de instrumentos es la estrategia correcta en el orden de conseguir los resultados planteados por Cancillería (M.F Espinosa), por el ministro de Comercio Exterior (Pablo Campana) y el ministro de Hidrocarburos (Carlos Pérez). De la lectura de la nota de prensa y de diversos anuncios públicos se desprende que tales autoridades creen firmemente que los TBI son: 1) imprescindibles para la atracción de inversiones; 2) fueron denunciados exclusivamente por su incompatibilidad con el artículo 422 de la Constitución; y, 3) que estableciendo el arbitraje en sede regional se resuelve la incompatibilidad con el art 422. ¿Son correctas tales afirmaciones?
¿Los TBI son instrumentos imprescindibles para la atracción de inversiones?
En un estudio sobre la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe de 2011[5], la CEPAL concluye que los factores de atracción más importantes de Inversión Extranjera Directa (IED) varían según el interés primordial del inversionista. En el mismo sentido, autores como Lauge Poulsen[6] sostienen que si bien los TBI pueden ser influyentes para ciertos proyectos de inversión, es muy poco probable que sean un factor determinante para la gran mayoría de inversionistas. Estos planteamientos coinciden con la información levantada para el caso ecuatoriano por CAITISA[7], que mostró al país que:
El flujo de la IED que llegó al Ecuador entre 1963 y 2007 proviene principalmente de Brasil, México y Panamá, países con los que Ecuador no tiene y no ha tenido TBI.
El 66% del total de la IED proviene de países latinoamericanos.
El aporte de la IED a la formación bruta de capital fijo[8] es pobre pues se sitúa debajo del 3% (2008-2013). Y la mitad de esta inversión consiste en reinversión de utilidades, es decir que no son nuevos recursos que ingresan a la economía ecuatoriana.
En el año 2013, las empresas subsidiarias de la IED remesaron, es decir, sacaron del Ecuador alrededor de USD 3.822 millones por concepto de utilidades. Ese monto de un solo año es comparable a la mitad de la IED entrante registrada entre 2006 y 2016.
Estos son solo algunos de los elementos centrales del estudio de la CAITISA que confirman, para el caso ecuatoriano, lo apuntado por CEPAL y Poulsen, es decir:
Los TBI no fueron determinantes para la atracción de la IED;
Aquella IED que llegó se concentró en actividades vinculadas a la explotación de recursos naturales, a saber, actividades generadoras de grandes volúmenes de utilidades. En el mundo de las inversiones se sabe que este tipo de flujos habrían venido con o sin TBI; y,
Lo que es aún más grave, la libertina movilidad que brindan estos y otros instrumentos -propios de los diseños neoliberales- generaron una expatriación de recursos mayor de los que efectivamente ingresaron[9]. En suma, en una economía ávida de recursos para desarrollarse y para sostener la dolarización, estos instrumentos sacaron más dólares de los que ingresaron.
¿Los TBI fueron denunciados exclusivamente por su incompatibilidad con el artículo 422 de la Constitución?
La mayoría de los pronunciamientos de la Corte Constitucional en el marco del proceso de denuncia que concluyeron con la declaración de inconstitucionalidad de los TBI se centraron en la aplicación del art. 422 de la Constitución cuyo inciso primero dispone que:
“(…) No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas (…).”
La formulación constitucional es muy clara. Con esta nueva decisión Moreno, otra vez, estrangula Montecristi. Pero estos tratados son incompatibles con la Constitución, además, por otras consideraciones. El modelo de TBI propuesto repite una serie de cláusulas que benefician, protegen y pueden ser accionadas exclusivamente por grandes capitales extranjeros e incluso les permite neutralizar las potestades regulatorias del Estado. Una pequeña empresa ecuatoriana jamás podría demandar al Estado en arbitraje internacional. De este modo las grandes transnacionales, únicas beneficiarias de estos instrumentos, pueden injustificada e ilimitadamente cuestionar la políticas públicas y las regulciones del Estado. Quedan, a la vez, elevadas a la calidad de sujetos legitimados en el contexto del Derecho Internacional.
Estos aspectos intrínsecos a este tipo de instrumentos rompen con el principio de igualdad en el ejercicio de derechos establecido en el artículo 11 de la Constitución y con lo dispuesto en su artículo 9 que dispone que “las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución”.
Por otra parte, el nuevo modelo de TBI no es compatible con el modelo de desarrollo que establece la Constitución. De acuerdo a nuestra Carta Magna (art. 399), la inversión extranjera debe complementar la inversión nacional, debe sujetarse a la legislación y a regulaciones nacionales y debe dirigirse preferentemente al ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los objetivos establecidos en la planificación nacional. En la medida en que estos instrumentos no consideran obligaciones para los inversionistas y desactivan capacidades regulatorias del Estado, a éste le resulta imposible dar cumplimiento de tales disposiciones constitucionales. Con este nuevo modelo de TBI, entonces, Moreno pone en crisis el modelo de desarrollo dibujado en Montecristi. Cada vez es más nítido que Carondelet pierde la memoria del mandato popular de abril 2017 y quiere hacer de los resultados de la Consulta de febrero 2018 su brújula máxima.
¿El arbitraje en sede regional resuelve la incompatibilidad con el art. 422?
En declaraciones públicas el Ministro de Comercio Exterior ha señalado que el nuevo modelo TBI será compatible con la Constitución, para lo cual se reformará la cláusula de arbitraje internacional, limitando la prórroga de la jurisdicción a instancias de arbitraje regionales[10]. De acuerdo con las autoridades este sería el mecanismo para salvar la inconstitucionalidad, ya declarada por la Corte Constitucional, pues permitiría que los nuevos TBI caigan dentro de la excepción a la regla general que contempla el inciso segundo del artículo 422 que dispone que:
“(…) Se exceptúan los tratados e instrumentos internacionales que establezcan la solución de controversias entre Estados y ciudadanos en Latinoamérica por instancias arbitrales regionales o por órganos jurisdiccionales de designación de los países signatarios. No podrán intervenir jueces de los Estados que como tales o sus nacionales sean parte de la controversia”.
Ante tales declaraciones es preciso considerar el alcance de la excepción contenida en la disposición señalada y determinar si los TBI quedan incursos en la misma.
La Corte Constitucional en sus decisiones unánimes sobre los TBI con Alemania, Venezuela, Estados Unidos, Francia y Suecia[11] analizó expresamente si los TBI podrían entenderse incluidos en la excepción señalada. De acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional, la excepción del inciso segundo, se aplica solo a tratados o instrumentos internacionales que promuevan e impulsen la integración latinoamericana que está consagrada en los numerales 1 y 7 del artículo 423 de la Constitución. Según los jueces constitucionales, los TBI tienen una finalidad distinta, no promueven tal integración y por lo tanto no se encasillan en dicha excepción.
Por otro lado, queda claro que la excepción se aplicará a “controversias entre Estados y ciudadanos”, es decir que una de las partes en la controversia que permitiría aplicar la excepción debería ser ciudadano. El inciso primero del artículo 6 de la Constitución define que:
“Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución”.
Por su parte el artículo 9 de la carta de Montecristi dispone que:
“Las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán los mismos derechos y deberes que las ecuatorianas, de acuerdo con la Constitución”.
Un TBI que incluya arbitraje internacional exclusivamente en sede regional no levanta, entonces, la prohibición general porque la única excepción se refiere a conflictos entre ciudadanos y Estados (como la Corte Interamericana de Derechos Humanos), y no a conflictos entre extranjeros y Estados.
Como siempre, otras alternativas estaban a mano. El servicio exterior ecuatoriano pudo haberse inspirado en el TBI suscrito entre Brasil e India, dos países líderes del sur global, en el que se comprometen a la facilitación de trámites y a reconocer las potestades regulatorias de los Estados, pero en ningún caso a incluir arbitrajes inversionista-Estado.
Pero aún si no existieran estas graves incompatibilidades del arbitraje internacional con la Constitución, las autoridades deben reflexionar si poner al país nuevamente a merced de tribunales arbitrales internacionales es lo más adecuado desde una perspectiva estratégica.
¿Por qué renegociar con 16 países?
Robert Lighthizer, actual Representante de Comercio Exterior de los Estados Unidos, ha expresado ser contrario al establecimiento de la cláusula de arbitraje en este tipo de tratados porque en el capitalismo invertir implica tomar riesgos. De hecho, Estados Unidos solicitó retirar la cláusula de arbitraje del TLC EEUU-Canadá-México.[12] Una de las razones por las cuales el gobierno de los EEUU se retiró del Tratado Transpacífico fue justamente por el arbitraje inversionista-Estado. Proponer un TBI a la actual administración norteamericana sería darle una inmejorable oportunidad de rechazarlo airadamente con consecuencias negativas para el país como destino de inversión.
El rechazo al arbitraje internacional en los EEUU es una posición además sostenida por 230 profesores de economía y derecho que a finales de octubre pasado pidieron al presidente Trump, eliminar el sistema de arbitraje de inversionista-Estado del TLCAN. Los académicos en su petición señalaron que: “Además del problema central de establecer un conjunto paralelo y privilegiado de derechos legales y recursos para los actores económicos extranjeros que operan aquí, los procedimientos de arbitraje internacional carecen de muchas de las protecciones y procedimientos básicos que normalmente están disponibles en un tribunal de justicia”.[13]
Otro tanto ha ocurrido con la Unión Europea que mediante el Tratado de Lisboa retiró la competencia para negociar tratados de inversiones individualmente a sus Estados parte. La misma Comisión Europea, a través de sus representantes, ha anunciado que dejará de negociar los componentes de inversiones y de arbitraje por los problemas que tienen estos apartados en la aprobación en los diversos parlamentos nacionales.[14] Es lamentable que el servicio exterior ecuatoriano no haya advertido de esta situación a las autoridades e insista en presentar el modelo de TBI a países individuales, cuando la competencia de negociación ahora está en la Comisión Europea.
Venezuela y Bolivia también constan entre los 16 países a quienes se propondrá el nuevo TBI. En este punto, cabe preguntarse qué sentido tiene plantear la renegociación a Venezuela y Bolivia que han cuestionado duramente este tipo de tratados y han expresado su voluntad de abandonar el sistema de arbitraje internacional. Proponer este nuevo modelo de TBI a Bolivia resulta vergonzoso y paradójico para nuestro servicio exterior pues fue Bolivia quien denunció el TBI que tenía vigente con Ecuador. Quizás la decisión deba ser leída como señal del realineamiento del Ecuador en la órbita regional: no más bolivarianismo, sudamericanismo o construcción de la Patria Grande y, por el contrario, acercamiento al bloque neoliberal del Pacífico.
Instrumentos trasnochados y desprestigiados
Como se puede advertir, el retorno de los TBI que plantea el gobierno se sostiene en una serie de falsos y trasnochados entendimientos, seguramente alentados por intereses corporativos que históricamente han visto en estos instrumentos mecanismos para maximizar las utilidades de sus capitales y minimizar sus riesgos a costa de los ciudadanos y de los Estados.
No se explica por qué insistir en un mecanismo que no atrajo inversión extranjera directa, un mecanismo que implica poner al Estado a merced de un sistema de solución de arbitraje internacional que no otorga garantías de imparcialidad, que le ha costado al Estado ecuatoriano miles de millones de dólares y que se encuentra desprestigiado en círculos académicos y gubernamentales a nivel mundial[15]. Se trata de un sistema que brinda garantías exorbitantes a las grandes corporaciones transnacionales sin establecerles obligaciones correlativas, en manifiesta contradicción con la Constitución y la política exterior ecuatoriana que impulsó con firmeza durante una década la necesidad de un código de conducta vinculante para el capital transnacional en materia de derechos humanos.
El despropósito de insistir en una receta fracasada, sobre la base de visiones excluyentes y reduccionistas, revela el regreso de viejas prácticas, como la instrumentalización de las decisiones públicas para el favorecimiento de intereses particulares sin considerar los efectos integrales de su implementación y las aplicación de procedimientos de negociación expeditos con poca o ninguna participación de otros actores distintos de las cámaras empresariales o importantes firmas de abogados.
Ante la inminente decisión de renegociar estos tratados en estas condiciones, los ciudadanos debemos estar vigilantes y exigir que en este proceso sean escuchadas otras voces, y que en su procesamiento intervengan expresamente la Corte Constitucional (si aún cabe esperar algo de ella) y la Asamblea Nacional de conformidad con lo establecido en la Constitución.
[1] http://www.cancilleria.gob.ec/cancilleria-presenta-los-nuevos-convenios-bilaterales-de-inversion/
[2] http://caitisa.org/index.php/noticias/boletines/informeejecutivo
[3] El informe se puede descargar en: http://caitisa.org/index.php/home/enlaces-de-interes
[4] El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, el 9 y el 31 de octubre de 2017 realizó sendos pronunciamientos exhortando al retorno de la “vigencia del arbitraje internacional”.
[5] CEPAL (2012) “La Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2011”.
[6] Poulsen, Lauge N. Skovgaard (2010). The Importance of BITs for Foreign Direct Investment and Political Risk Insurance: Revisiting the Evidence, Yearbook on International Investment Law and Policy 2009/2010, New York: Oxford University Press, pp. 539-574.
[7] Informe Ejecutivo, Comisión para la AuditoríaIntegral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje en Materia de Inversiones en Ecuador –CAITISA. (Conclusiones pág. 96).
[8] Formación bruta de capital fijo (FBKF) es la inversión en maquinaria e infraestructura que permite ampliar las posibilidades de producción. No incluye movimientos especulativos.
[9] Esto, incluso, sin tener en cuenta una potencial afectación al país por los arbitrajes internacionales, que de acuerdo con datos de la misma CAITISA están alrededor de los 13.4 mil millones de dólares.
[10] https://www.eluniverso.com/noticias/2018/02/17/nota/6626347/campana-ecuador-negociara-nuevos-tratados-inversion
[11] DICTAMEN No. 023-10-DTI-CC CASO No. 0006-10-TI, de 24 de junio de 2010; DICTAMEN No. 041-10-DTI-CC CASO No. 0011-10-TI de 9 de diciembre de 2010; DICTAMEN N. 043-10-DTI-CC CASO N. 0013-10-TI, de 25 de noviembre de 2010; DICTAMEN No. 031-10-DTI-CC CASO No. 0007-10-TI, 16 de septiembre de 2016; DICTAMEN No. 029-10-DTI-CC CASO No. 002-10-TI, 16 de septiembre de 2016;
[12] http://worldtradelaw.typepad.com/ielpblog/2018/02/tpa-on-investment.html
[13] https://www.eleconomista.com.mx/amp/empresas/EU-rechaza-modelo-en-controversias-inversionista-Estado-20171127-0037.html
[14]http://ciarglobal.com/el-tratado-de-libre-comercio-ue-mexico-podria-excluir-el-arbitraje-internacional/; http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/01/21/future-intra-eu-bits/
[15] De acuerdo con el informe de CAITISA si se suman los pagos ya realizados por laudos en base a TBI y gastos de la defensa anotados, la cantidad desembolsada por el Estado ecuatoriano asciende a USD $1.498’045.386, valor que equivale el 5,8% del PGE de 2017 y que habría podido ser utilizado en programas sociales y en mayores esfuerzos requeridos para reducir la pobreza en el país.
marzo 5, 2018por Foro de los Comunes
Matthieu Le Quang[1]
El pasado 4 de febrero, el pueblo ecuatoriano fue llamado a pronunciarse en siete preguntas de referéndum y consulta popular. Es la novena vez desde 2007 que se desplazan a votar en todo el país. Pero es la primera vez que el ex presidente Rafael Correa se encontró en la oposición a esta consulta popular. En efecto, a pesar de que el proyecto de la Revolución Ciudadana ganó en las elecciones presidenciales y legislativas de 2017, la coyuntura política ha conocido transformaciones importantes desde que Correa entregó el poder a su sucesor Lenín Moreno. En estos casi nueve meses de gobierno, Moreno ha tenido la voluntad de diferenciarse de su antecesor y así de ganar su propia legitimidad política cambiando de estilo (menos confrontación, más diálogo), denunciando la corrupción (que acabó con demandas contra ex funcionarios del gobierno anterior y en algunos casos condenas como en el caso del vicepresidente electo Jorge Glas), afirmando que, a nivel económico, la mesa no estaba servida (criticando el alto nivel de endeudamiento), entre otras cosas. Los cruces de críticas entre el ex presidente y su ex vice-presidente llegaron a un punto de ruptura fracturando el movimiento Alianza PAIS dividido entre “correístas” y “morenistas”.
Es en este contexto político que, bajo el paraguas de un gran diálogo nacional, el presidente Moreno decide convocar a una consulta popular con siete preguntas, de las cuales tres son realmente sustantivas, las otras cuatro intentando inducir en la votación para el SI: la pregunta 2 para prohibir la “reelección indefinida”, la 3 sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la 6 para eliminar la Ley sobre la especulación del suelo. Aquí, no vamos a analizar las preguntas[2], ni la legalidad de la convocatoria a la consulta[3]. Lo que nos interesa es realizar un análisis de los resultados electorales intentando ver sus consecuencias en el periodo político incierto que se abre después de esta consulta popular. En los análisis post-consulta, todos los actores políticos se auto-declararon como los grandes ganadores de estas elecciones. ¿Será verdad que todos han ganado? Aquí vamos a intentar matizar esta afirmación analizando los resultados electorales en las preguntas indicadas y sus consecuencias.
Una campaña electoral desigual y débil
Antes de entrar en el análisis de los resultados, se debe resaltar que la campaña electoral fue corta y con poco debate por tres razones. La primera es la desigualdad en la correlación de fuerzas entre los campos de apoyo del SI y del NO: para el SI se registraron 36 organizaciones políticas y sociales mientras que para el NO solo 4, de las cuales solo el Foro Nacional de Mujeres hizo campaña alrededor de la figura de Correa. La segunda razón es la diversidad de temas tratados en esta consulta, lo que no permite su profundización. La consecuencia: una campaña alrededor de eslóganes fáciles (“por tus niños”, “contra los corrupción”, “diles NO a los traidores”) y con poco debate de ideas. También, la figura del ex presidente fue central en esta campaña y de nuevo jugó la frontera correismo/anti-correismo, como en las últimas elecciones de 2017. La tercera razón es la desigual cobertura mediática de las campañas del SI y del NO; Rafael Correa, el principal actor por el NO, fue censurado en los grandes medios de comunicación nacionales tanto públicos como privados.
La victoria del SI en disputa
Sin sorpresa, a nivel nacional, el SI ganó en todas las preguntas con resultados que se pueden reagrupar en tres paquetes: entre el 63-64% para las preguntas más sustantivas (2, 3 y 6), 67-68% para las preguntas ambientales (5 y 7) y 74% para las que fueron calificadas como “populismo penal” (1 y 4). Eso quiere decir que el elector ecuatoriano sabe discriminar las preguntas y que existe un voto reflexivo más allá del voto en plancha. A nivel provincial, el SI gana en todas las provincias menos en las preguntas 2, 3 y 6 en Manabí y la circunscripción de Europa, Asia y Oceanía (donde gana el NO también en la pregunta 7). Si solo analizamos la pregunta 3, el SI gana en 194 de los 221 cantones. El NO gana en 14 de los 22 cantones de Manabí, 7 cantones del Guayas, 4 de Los Ríos, 1 del Oro (El Guabo) y 1 en la Sierra (Sevilla de Oro en Azuay).
Cuadro 1: Resultados provinciales de las preguntas 2, 3 y 6 en la Consulta popular 2018 (% de votos válidos)
Fuente: Consejo Nacional Electoral. Elaboración: MLQ
Ahora bien, la heterogeneidad de los actores socio-políticos que apoyaron al SI hace difícil decir cuánto pesa cada uno de estos actores en el SI. También la pluralidad de sus intereses se hizo ver justo después del anuncio de los resultados y en los días siguientes. El gobierno, como promotor de la consulta, se declaró como el gran ganador de estas elecciones afirmando que su estrategia y su nuevo estilo dialogador fueron legitimados. Sin embargo, además del pronunciamiento de la delegación de los observadores de la OEA y el de la CIDH sobre la legalidad de la consulta, que desdibuja la imagen del gobierno a nivel internacional, a nivel interno, los otros actores que apoyaron el SI ya están presionando al gobierno. Estos están liderados por el derrotado candidato presidencial Guillermo Lasso, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, pero también por las elites económicas y líderes de opinión de diferentes medios de comunicación[4]. Buscan imponer sus intereses y presionan al gobierno no solo para descorreizar las instituciones sino también para cambiar radicalmente de política económica y de relación con el exterior. Con la consulta, una de sus reivindicaciones de los últimos años, la eliminación de la Ley de Plusvalía, ya se concretó. Ahora presionan para una mayor flexibilización laboral, la desinversión estatal, la firma del TLC con los Estados Unidos, la apertura comercial con la firma de Tratados bilaterales de inversión, la reducción de la deuda y del déficit fiscal disminuyendo las capacidades del Estado, la eliminación o la disminución de ciertos impuestos, la eliminación de la Ley de Comunicación, entre otras demandas que incluyen también la destitución de los ministros que han trabajado por el gobierno anterior. Las próximas decisiones del gobierno van a ser examinadas minuciosamente, las primeras declaraciones del ministro de Comercio exterior, Pablo Campaña, cercano a estas élites económicas, no dan buenas indicaciones de que la agenda post-neoliberal siga su curso.
La capacidad de resistencia del “correismo”
Lo que estaba en juego en estas elecciones era el porcentaje que iba a alcanzar el NO para ver la capacidad de resistencia del “correismo”. Retomamos lo que decía Franklin Ramírez en un artículo en Nueva Sociedad: “El piso mínimo del voto correísta ha oscilado entre 25% y 30%. Una votación por el «no» debajo de ese umbral en las preguntas fundamentales dejaría con respiración artificial al MRC. Un respaldo equivalente evidenciaría su capacidad de resistencia en medio del tifón. Bordear los 40 puntos lo colocaría en la paradójica situación de constituir una gran fuerza nacional sin tener aún ni forma organizativa ni reconocimiento institucional como sujeto político.”[5] Con un resultado alrededor del 36-37% en las preguntas 2, 3 y 6, estamos más cerca de la tercera opción.
Con condiciones materiales cercanas a las de 2006, sin la máquina del Estado y su propaganda, con todos los aparatos políticos y mediáticos contrarios, sin poder hacer campaña en todo el territorio, etc., Correa y sus seguidores demostraron que poseen una fuerza electoral que lo posiciona con un actor político importante en el escenario actual, sobre todo en la Costa que se ha convertido desde 2013 en el bastión electoral de la Revolución Ciudadana.
También demostraron que una campaña electoral no solo pasa por la comunicación política digital y televisual sino también por recorrer el país. Se observa que los mejores resultados del NO están las provincias de la Costa (con la notable excepción de Esmeraldas), en las circunscripciones al exterior y en Azuay, Imbabura y Pichincha. Es decir en las provincias donde se concentró la campaña del NO con la presencia de Correa. También hay que destacar los buenos resultados en las grandes ciudades del país[6]: en los 10 cantones con mayor población, el NO obtiene más del 40% en seis de ellos y gana en dos de ellos (Portoviejo y Manta en Manabí). Si se analizan los resultados en los cantones de más de 100 000 habitantes (según el Censo de 2010), el NO obtiene más de 40% en la mitad y más del promedio nacional de la pregunta 3 (36,82%) en 12 de ellos. Las diferencias regionales son de nuevo muy claras: en la Costa, el NO supera su promedio nacional en 11 de 14 cantones de mayor población (solo en Esmeraldas, Quininde y Babahoyo están por debajo del promedio nacional) mientras que en la Sierra solo lo supera en uno de ocho (Otavalo).
Cuadro 2: Resultados de la pregunta 3 de la Consulta popular 2018 en los cantones de más de 100 000 habitantes (% de votos válidos)
A eso, se puede añadir otra hipótesis: a pesar de la dificultad de comparar estas elecciones con las de 2017 por la diferencia de condiciones y contexto políticos y porque se trata de dos tipos de elecciones diferentes, podemos observar que a mayor votación cantonal para Alianza PAIS en el 2017, mayor probabilidad de que los resultados para el NO en 2018 sean más altos. Por eso se pueden observar algunas tendencias presentes desde el 2013: la Costa como primera fuerza electoral, en particular Manabí y Guayas, y los bajos resultados en la Sierra y sobre todo en la Amazonía donde el NO supera el 25% de los votos válidos en 11 de los 41 cantones (de los cuales 7 en la provincia de Sucumbíos, que es una excepción en esta región). Podemos emitir la hipótesis (pero habría que confirmarla con análisis cualitativos) de que la imagen de la Revolución Ciudadana, muy vinculada a la figura de Rafael Correa, es cada vez más distante a la figura de Lenín Moreno, a pesar de la disputa ganada por este último en cuanto al movimiento Alianza PAIS.
Cuadro 3: Número de cantones por región según el porcentaje de votos válidos en la pregunta 3 de la Consulta popular 2018
A pesar de que el “correísmo” y sus seguidores muestran su felicidad con los resultados, también se debe decir que Correa es uno de los perdedores de estas elecciones por dos cosas: 1. está en marcha la descorreización de las instituciones y del proyecto político en el poder, lo que le sitúa en una posición nueva de oposición; 2. con la victoria del SI en la pregunta 2, ya no se puede presentar en las elecciones presidenciales y entonces tendrá que replantear su estrategia si quiere seguir en la política. El hecho de haberse desafiliado de Alianza PAIS en plena campaña obliga al “correísmo” a reconstruir una organización política que pueda tener un rol importante en las próximas elecciones y que pueda autonomizarse de la figura de su líder histórico.
Así que podemos ver que en todo lado existen incertidumbres que se decantarán en las próximas semanas: ¿qué rumbo va a tomar el gobierno de Lenín Moreno sobre todo en el tema económico y de apertura comercial con el exterior? ¿Cómo reaccionarán la derecha y las elites económicas si el gobierno no acoge a todas sus demandas? ¿Qué tipo de mayoría se va a armar en la Asamblea Nacional después de la división de Alianza PAIS? ¿Va a lograr reconstruirse el “correismo” en vista a las próximas elecciones locales de 2019? Sin dejar de lado la incógnita del posicionamiento de las fuerzas sociales y progresistas si el gobierno se entrega a los grandes poderes económicos. Es ahí cuando podemos darnos cuenta que si bien el diálogo puede ser una buena herramienta de gestión política, a un momento se deben tomar decisiones que no pueden contentar a todo el mundo porque el conflicto es parte medular de la política.
[1] Politólogo. Doctorando en ciencia política en la Universidad Paris 7.
[2] Para eso, ver varios artículos en la página web del Foro de los Comunes: http://www.forodeloscomunes.org
[3] http://www.forodeloscomunes.org/primeraplana/consulta-popular-decreto-corte-y-confeccion/
[4] La columna de Martin Pallares es un ejemplo del análisis post-electoral que busca trazar una cierta cancha política para el gobierno: http://4pelagatos.com/2018/02/05/lenin-moreno-un-triunfador-en-serios-aprietos/
[5] Ramírez, Franklin, “El 4 de febrero y la descorreización de Ecuador”, Nueva Sociedad, enero 2018, http://nuso.org/articulo/el-4-de-febrero-y-la-descorreizacion-de-ecuador-ramirez/
[6] A partir de ahí, los resultados cantonales solo corresponden a los resultados de la pregunta 3.
febrero 16, 2018por Foro de los Comunes
¿Mandato limpio?
Alfredo Pinoargote, en un editorial de Ecuavisa, calificó a la Consulta Popular como la oportunidad de Moreno de ejercer, al fin, un “mandato limpio”.
La elección presidencial y de legisladores de 2017 pareciera no existir para quienes hoy le exigen al Gobierno un giro de 180 grados al rumbo de la política económica, social e internacional del país. Se olvidan que hace menos de un año, la mayoría de la población ecuatoriana aprobó en las urnas un proyecto de gobierno comprometido con el cambio estructural del país, contrario al neoliberalismo de los entonces opositores y que ahora se proclaman aliados del gobierno.
Como era de esperarse, los resultados de la Consulta Popular, nacida del “Gran Diálogo Nacional” sin conducción política, colocan a Moreno en una situación de extrema debilidad. Su gobierno no se ve legitimado, al contrario, resulta evidente cuán condicionado está. Desfilan por los medios –públicos y privados– quienes exigen la inminente salida de los ministros que Moreno “heredó” del antiguo gobierno. Al parecer, para ser probo se requiere no haber tenido ningún tipo de relación con el partido político que ganó las elecciones. Los fantasmas políticos, protagonistas de las peores crisis económicas de antaño, aparecen ahora convertidos en sesudos analistas, lúcidos voceros y figuras probas para ocupar altos cargos públicos junto a observadores ecuánimes que no pueden ocultar su placer por lo que consideran el “destierro del sucio populismo” de los debates entre “caballeros”.
Resulta igual de interesante que, quienes convocaron a la Consulta Popular con el afán de afianzar el nuevo bloque en el poder (fruto de pactos por debajo de la mesa), no hagan el más mínimo esfuerzo por comprender el voto popular. “Manabí siempre ha sido una provincia donde predomina el caciquismo” decía un “notable” en las primeras horas posteriores al anuncio de resultados.
Todos aquellos análisis post-consulta que retoman la simpleza del “SÍ, 7 veces SÍ” o que comparan los resultados con elecciones presidenciales, niegan la complejidad de un plebiscito temático y del voto diferenciado en las distintas preguntas. La heterogeneidad del SÍ es indiscutible y parece no salvarse del reparto político. El NO en las preguntas 2, 3 y 6, por su parte, constituye un hecho que merece también análisis detenido.
Con una campaña hecha en medio del más rotundo cerco mediático, las cifras que obtuvo el NO son, sin duda, una victoria política para lo que hoy representa la Revolución Ciudadana: el rechazo a la ventriloquia de Moreno respecto a la partidocracia y su venia ante las exigencias de las élites de derecha.
El capital político del NO requiere ahora nuevas formas de articulación política, que mantengan viva la memoria social y las conquistas populares del proceso, abriendo la cancha para la confluencia de organizaciones sociales para fortalecer los horizontes programáticos.
El NO es un terreno fértil para la resistencia ciudadana, mientras que el SÍ se debate entre la ofensiva de las élites criollas y el arrinconamiento de quienes, con los matices del caso, todavía quisieran decirse compañeros. Los apoyos coyunturales comienzan a pasar factura.
El triunfo del SÍ en la Consulta Popular nos deja, entonces, un gobierno cada día más débil, sin base popular de apoyo, cuestionado internacionalmente, acosado por los grupos de poder y con poca capacidad de maniobra. El oxígeno que los voceros gubernamentales dicen que les dio la Consulta Popular es a la vez un gas mortal, que los asfixia día a día.
Aquellos ficticios problemas de gobernabilidad de antaño hoy se vuelven realidad cuando los representantes de la antigua política exigen un mandato “limpio” y contrario a la voluntad popular que eligió un gobierno progresista en 2017.
¿Error de estrategia o agenda entreguista?
febrero 8, 2018por Foro de los Comunes

References: artículo 422
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 artículo 11
 artículo 9
 artículo 422
 artículo 423
 artículo 6
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