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Timestamp: 2020-05-28 15:14:27+00:00

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Responsabilidad Civil (Pizarro) - PDF Free Download
Author: Daniela Rocio
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Manual Responsabilidad Civil. Ossola. 2016
Manual Responsabilidad Civil - Ossola - Ed. 2016.
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Descripción: Manual Responsabilidad Civil - Ossola - Ed. 2016.
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Responsabilidad Civil de Las Persona Juridicas Sin Fines de Lucro - Carlos Pizarro Wilson
Descripción: Entrevista, teoría de la literatura
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Responsabilidad civil de los Notarios.Descripción completa
Apuntes preparados por Mauricio Reyes Profesores Dr. Carlos Peña Dr. Carlos Pizarro Derecho Civil V Prohibida su copia o cita.
CURSO DE DERECHO DE DAÑOS. RESPONSABILIDAD CIVIL
PRIMERA PARTE ASPECTOS GENERALES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y PRIMERAMENTE DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
1. En el códi código go civi civill chil chilen eno, o, así así como como en todo todoss los los códi código goss mode modern rnos os,, es po posi sibl blee encontrar dos distintos estatutos de responsabilidad, esto es, dos conjuntos de reglas que disciplinan el tema de la responsabilidad. 2. Por Por una part parte, e, tene tenemo moss las regl reglas as de responsabilidad contractual. Por otra parte, se responsabilidad dad extracontractua extracontractuall, tambié encue encuent ntran ran las las regla reglass de responsabili tambiénn deno denomin minada ada delictual o cuasidelictual. Las reglas de responsabilidad contractual son aquellas que regulan las consecuencias jurídicas derivadas de la infracción del contrato. Las reglas de respons responsabi abilid lidad ad extraco extracontr ntract actual ual,, por su parte, parte, se refieren refieren a las consecue consecuenci ncias as jurídicas que se siguen cuando un sujeto causa daño en el cuerpo o la propiedad de otro. En ambos casos se verifica la infracción de una obligación previamente existente. En el ámbito de la responsabilidad contractual, se trata de una obligación que las partes han convenido de manera autónoma. En el caso de la responsabilidad extr extrac acon ontr trac actu tual al,, la obli obliga gaci ción ón que que se infr infrin inge ge no es un unaa regl reglaa conf config igur urad adaa autónomamente, sino que se verifica una infracción a un deber general de cuidado. Tanto en la esfera de la responsabilidad contractual cuanto la extracontractual, lo que da origen a la responsabilidad es el quiebre de un deber jurídico. 3. En el derecho derecho comparado comparado se reconoce reconoce de manera manera hasta ahora ahora unánime, unánime, la distinc distinción ión entre ambos estatutos de responsabilidad. 4. En el derec derecho ho anglos anglosajó ajónn existe existe,, por una una parte, parte, responsabilidad por infracción de contratos, y, por otra parte, existe el el derecho de daños ("law of torts": regula los actos que no se acomodan a lo previsto por el sistema legal). La palabra " tort " persiste en el lenguaje legal francés, pero como " infracción de ley".
5. En el derech derechoo alemán alemán,, por su parte, parte, existe existe también también una clara clara disti distinci nción ón entre la respon responsab sabili ilidad dad por incumplimiento contractual y aquella surgida por lo que el derecho alemán denomina "acto ilícito". El derecho de los actos ilícitos es lo que entendemos por derecho de la responsabilidad extracontractual. extracontractual.
6. Es en el der derecho fra francé ncés don donde se impone la exp expresi esión "resp espons onsabil bilidad extracontractual"o delictual y cuasidelictual (estas últimas expresiones provienen del derecho romano justineaneo). A esta terminología se ajusta el derecho español, así como buena parte del derecho hispanoamericano (con las excepciones de Perú, donde suel suelee habl hablar arse se de "ili "ilici citu tud", d", y de Puert Puertoo Rico, Rico, don donde de se sigu siguee la term termin inol ologí ogíaa americana). 7. En el caso caso del dere derecho cho angloa angloamer merica icano, no, se entie entiende nde por "tort " un acto que causa daño y que fue ejecutado con falta de previsión previsión: el sujeto sujeto ejecutó un acto que causó daño, pudiendo haberlo previsto y evitado. Concordantemente, si quien ejecutó el acto no pudo prever el daño, d año, entonces no hay h ay un tort . Por regla general, Ud. responde si el daño que causó era previsible y, entonces, porque previsible, pudo evitarlo. 8. Se resp respon onde de por por ejecu ejecuci ción ón de actos negligentes que causan daño. La negligencia se mide por la previsibilidad de los efectos dañosos. En la tradición francesa, se incurre en responsabilidad extracontractual cuando se causa daño mediando culpa, y la culpa se define por referencia no a la previsibilidad, sino que se define por el abandono de un cierto standard de conducta, a saber, el de un buen padre de familia . En otras palabras, si Ud. no se comporta como un buen padre de familia y con su actitud causa ca usa daño, entonces responde. 9. Bajo Bajo la luz luz de la regla regla france francesa, sa, la culpa culpa pierd pierdee conn connot otac ació iónn psicol psicológ ógic icaa y pasa pasa a objetivizarse. En el caso del código civil chileno, a la luz del título XXXV del L.IV del mismo, la responsabilidad proviene del daño que un sujeto causa a otro mediando malicia o negligencia. La expresión "malicia" es, bajo la regla chilena, sinónimo de dolo. Esto se traduce en que quien actúa con malicia persigue deliberadamente el resultado doloso y con pleno dominio del curso causal. 10. Bajo las reglas del título XXXV del L.IV del código civil, civil, importa poco distinguir distinguir si el daño fue producto de malicia o negligencia, puesto que las consecuencias que se siguen en una y otra hipótesis son exactamente iguales: el victimario debe soportar el costo íntegro del daño, cuestión que hará pagando una indemnización. Por su parte, la víctima se encuentra premunida de una acción para exigir la indemnización por el perjuicio producido. La acción antedicha tiene por objeto reparar la totalidad del daño causado, dejando a la víctima en la misma condición en la que se encontraba momentos antes del accidente.
11. El código código civil civil chileno chileno impide impide que se indemn indemnice ice a la víctima víctima más allá allá del daño, daño, no pudiendo quedar esta en mejor situación de la que se encontraba antes del accidente (desde un punto de vista económico, se persigue que se verifique indiferencia entre el antes y el después). 12. Bajo la regla del derecho angloamericano, angloamericano, el principio es, por regla general, el mismo. Sin embargo, el derecho angloamericano permite el pago de lo que se llama "daños punitivos". Esta expresión alude a la posibilidad que, en caso de accidente, se fije una suma suma mayor mayor al monto monto correspo correspondi ndiente ente a la reparac reparación ión del daño causado causado. El concepto de "daños punitivos" alude a una indemnización en dinero que percibe la víctima y que tiene por función no la reparación del daño, sino inhibir al causante del accidente para que cause daño en el futuro. 13. La indemnización indemnización posee dos funciones: funciones: por una parte, una función de reparar el daño. Por otro lado, cumple la función de desalentar al victimario para la ejecución de futuros actos dañosos. 14. El derech derechoo alemán alemán tiene tiene un siste sistema ma de respon responsab sabili ilidad dad por actos actos ilíci ilícitos tos basado basado en una regla regla de negligencia, pero utilizando un sistema de tipos, esto es, de situaciones dañinas descritas en el BGB que dan origen a acción acción indemniza indemnizatoria toria.. En Alemania, Alemania, la indemniza indemnización ción es puramente puramente reparatoria reparatoria.. Sin embargo, en el derecho alemán se admite excepcionalmente (en los hechos) la fijación de daños punitivos, concretamente concretamente en caso caso de actos ilícitos ilícitos que dañan la la privacidad de una persona. 15. Habitualme Habitualmente, nte, las infraccion infracciones es a la privacidad privacidad producen producen o pueden pueden producir daño económico económico o daño moral. moral. Con todo, hay casos en que se infringe infringe la privacida privacidadd de una persona persona sin que esta padezca daño alguno. Frente a este tipo de situaciones surge la pregunta relativa a la protección de la privacidad en caso que la tasa de bienestar de la víctima no se vea disminuida. La respuesta, como es posible advertir a la luz de la experiencia comparada, radica en la fijación de indemnizaciones puramente punitivas a fin de producir un efecto efecto de prevención general. general. ANALISIS ECONOMICO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. SISTEMAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
16. Cabe Cabe pregunt preguntarse arse cuales cuales son las funcion funciones es de un sistema sistema de respons responsabi abilid lidad ad civil civil extracontractual. En términos muy generales, la literatura enseña que las reglas de responsabilidad extracontractual cumplen las siguientes funciones sociales: 17. 17. 1.- FUNCION ION DE COMPENSACION ION. Los sist sisteemas de res responsa onsabbilidad extracontractual poseen, por lo menos en el derecho europeo continental, una función de compensación económica en caso de accidente. Esta función función de compensación compensación se traduce en que el sistema legal, en caso de que se produzca un accidente procura que el daño resultante sea reparado mediante el pago de una indemnización.
18. Esta función función compensatoria compensatoria supone que la víctima víctima del accidente debe quedar indemne, indemne, o sea, que desde un punto de vista estrictamente estrictamente económico económico o pecuiniario pecuiniario,, a la víctima víctima le sea indiferente situarse antes o después del mismo. 19. Existe, Existe, sin embargo, alguna evidencia evidencia empírica empírica que señala que los sistemas sistemas legales no cumplen adecuadamente esta función. Parece haber alguna evidencia que las víctimas de los accidentes reciben por indemnización una suma inferior a la correspondiente al daño que padecieron. La evidencia disponible en los Estados Unidos de América, indica que a la tasa de indemnización indemnización hay que restarle entre un 10% y un 20%. Lo que ocurre es que en los sistemas legales, la víctima, para obtener indemnización, tiene que incurrir en costos, a saber: transferir parte de la tasa de indemnización al abogado, sufrir alteraciones a su vida familiar y social (costos ocultos), poner en marcha el aparato jurisdiccional (que indirectamente tiene que financiar por medio del pago de impuestos). De tal modo, como obtener indemnización supone costos, los sistemas legales legales no logran ser efectivament efectivamentee compensatori compensatorios. os. Por supuesto, supuesto, los sistemas sistemas legales legales cuen cuenta tann tamb tambié iénn con con meca mecani nism smos os para para dism dismin inui uirr los los cost costos os de ob obte tenc nció iónn de indemnización: 20. SISTEM SISTEMA A DE CUOTA CUOTA LITIS: LITIS: En alguno algunoss sistema sistemass legale legales, s, particu particular larment mentee en el chileno y el americano, los abogados no cobran honorarios ex-ante, sino que cobran un porcentaje de lo que se obtiene en el juicio. Este sistema permite que personas pobres tengan acceso a abogado (si Ud es pobre y tiene un buen caso, el abogado lo toma). Permite, asimismo, que los abogados operen bajo un sistema de seguros, lo que significa significa que estos toman la mayor cantidad cantidad posible posible de casos y obtengan obtengan ganancias por el volumen de casos en que intervienen. 21. 1.2.1.2.- APLICA APLICACIÓ CIÓN N ADECUA ADECUADA DA DE UNA REGLA REGLA DE COSTAS: COSTAS: En el derecho derecho comparado existen dos diferentes sistemas de costas, a saber: 22. 1.2.1- MODELO MODELO INGLES: INGLES: El que pierde el juicio paga todo. independenciaa del 23. 1.2.2- MODELO MODELO AMERICA AMERICANO: NO: Cada parte paga sus costas con independenci resultado del juicio. 24. 24. En el modelo chileno, por otra parte, paga las costas el que pierde el juicio, a menos que haya tenido motivo plausible para litigar . En la práctica, en todo caso, opera como la regla americana. 25. Se estima que el modelo ingles es más más eficiente desde un punto de vista económico. 26. 2.- FUNCION DE PREVENCION PREVENCION.. El supuesto subyacente subyacente a éste es el que sigue: Si el sistema legal pone el costo de los accidentes de cargo de quien los produce, entonces las personas van a tener incentivos para obrar con mayor cuidado para disminuir la probabilidad de accidentes. Esta función supone que los seres humanos tomamos en
cuent cuentaa tant tantoo los los cost costos os como como los los ben benef efic icio ioss de nu nuest estras ras acti activi vidad dades es,, y qu quee sólo sólo decidimos emprender una actividad cuando el costo en que debemos incurrir es inferior
al beneficio que esperamos obtener. Esto se suele denominar “modelo de racionalidad neoclásica”. La función preventiva reposa sobre la idea que, si Ud realiza una actividad, la va a llevar a cabo con mayor cautela si sabe que los costos del descuido los va a pagar Ud. 27. En términos económicos, los sistemas de responsabilidad extracontractual permiten internalizar los costos de los actos humanos en quienes lo ejecutan, permite que los costos de dichas actividades se internalicen en quien los ejecutó, evitando que se externalicen en un tercero ajeno a la actividad.
28. En todos los sistemas legales conocidos existen dos tipos de reglas para atribuir el costo de los accidentes. Por una parte, se encuentra lo que se denomina “regla aquiliana” o regla de responsabilidad por culpa. Esta regla, según preceptúa el Art. 2314, Título XXXV del L.IV del código civil, establece que el costo de un accidente (cualquier acto que causa daño) debe ser soportado por aquel que lo causó mediando negligencia y, en cualquier otro caso, el costo debe ser soportado por la víctima. En otras palabras, la regla aquiliana es ésta: el costo del accidente en principio lo paga la víctima, a menos que ésta pruebe negligencia por parte de quien lo causó. Otra consecuencia evidente de esta regla es que, si la víctima contribuyó a la producción del daño, ambos tienen que compartir el costo. Esta consecuencia se traduce en la regla de compensación de culpas, a saber: si el victimario causó negligentemente el accidente y la víctima se expuso, entonces se rebaja la indemnización. 29. Por otro lado, si varias personas contribuyen a la causación del daño, entonces, si media negligencia, el costo del accidente recae de manera solidaria , esto es, la víctima puede demandar a todos conjuntamente o a cualquiera de su preferencia. 30. Para la regla del código civil, es indiferente si se causa el daño con culpa o con dolo . Lo que se evalúa es el disvalor del resultado, no el disvalor de la acción. 31. La otra regla que existe en todos los sistemas legales, es la regla de responsabilidad objetiva. En virtud de esta regla, el costo del accidente debe ser soportado por quien lo causó, con prescindencia de si hubo culpa o dolo . En otras palabras, mientras en la regla de responsabilidad aquiliana (con culpa), para demandar indemnización se requiere, en principio, probar la causalidad. 32. En todos los sistemas legales existen estas dos reglas de responsabilidad. La diferencia se encuentra, sin embargo, en la diversa amplitud o intensidad con que cada regla se aplica. En Chile, por ejemplo, la regla casi unánime es la regla aquiliana, operando la regla de responsabilidad objetiva únicamente en el margen, por ejemplo en materia de accidentes nucleares. 33. Hay reglas que son, en algún sentido, una mezcla de ambas. Por ejemplo, las reglas de atribución de responsabilidad por accidentes aéreos. A este respecto rige el Pacto de Varsovia (década de 1930), bajo el
cual opera una regla de responsabilidad estricta hasta un cierto monto. Si Ud quiere obtener indemnización por sobre ese monto, tiene que probar dolo o culpa grave (esta regla supone un intento conducente a estimular los viajes en avión y, simultáneamente, evitar la quiebra de la industria aérea, procurando asegurar a los usuarios de dichos servicios una determinada tasa de indemnización la que, no siendo efectivamente compensatoria para las víctimas, permita que las compañías aéreas operen a costos razonables).
34. En la literatura se discute acerca de cual regla sea más conveniente desde el punto de vista del bienestar social. Para dilucidar ese problema, suele distinguirse entre dos clases de accidente. Por una parte, accidentes unilaterales. Por otra parte, los accidentes bilaterales. Un accidente es bilateral cuando el número de los mismos depende tanto del comportamiento de la victimario cuanto del comportamiento de la víctima (caso típico: accidentes automovilísticos). Es unilateral cuando el número de accidentes es, en una medida relevante, resultado solamente de la conducta del victimario. El caso evidente es el de accidentes producidos por el consumo de productos defectuosos. 35. Un sistema de responsabilidad extracontractual procura disminuir los costos de los accidentes. Los costos de los accidentes pueden ser de varias clases, pero fundamentalmente de tres clases: 36. En primer lugar, se encuentra el número y la gravedad de los accidentes que se producen en un tiempo y lugar determinado. A esto lo vamos a llamar costos primarios, esto es, número y gravedad de los ilícitos que se verifican. 37. En segundo lugar, se encuentran los costos asociados a la reparación de las víctimas. Equivalen a los costos en que la sociedad debe incurrir para llevar a cabo la compensación, es decir, es preciso trasladar riqueza de un sector social a aquel donde se produjo el accidente. 38. Finalmente, se encuentran los costos de administración o de transacción que supone un sistema de responsabilidad (por ejemplo, el funcionamiento del aparato de justicia requiere ser financiado con cargo a rentas generales). A estos designaremos costos terciarios. 39. En suma, un sistema de responsabilidad por delitos o cuasidelitos tiene por objeto, entre otras funciones, disminuir los costos de los accidentes. Cuando se afirma esto, se quiere decir que un sistema de responsabilidad eficiente es capaz de disminuir el número de accidentes, es capaz de compensar a las víctimas; todo eso con el menor gasto público posible.
40. En el derecho comparado existen dos reglas de responsabilidad. Por una parte, la regla de responsabilidad aquiliana o por culpa y, de otra parte, la regla de responsabilidad estricta. 41. Una regla de responsabilidad por culpa asigna los costos del accidente a quien lo causó mediando culpa o dolo y, en cualquier otro caso, los costos recaen sobre la víctima. La regla evidentemente supone que, si ambas partes contribuyeron culpablemente a la producción del daño, entonces deben distribuirse los costos. Una regla de responsabilidad aquiliana asigna los costos del accidente en proporción a la culpa de quien los produjo. 42. Una regla de responsabilidad estricta, en cambio, asigna los costos del accidente a quien lo causó, con prescindencia de que haya mediado culpa o dolo. Bajo esta regla, es la mera causación lo que permite asignar los costos del accidente. 43. Cabe preguntarse ahora cuál regla contribuye a disminuir en mayor medida el costo de los accidentes. Desde el punto de vista de la literatura, la regla de responsabilidad estricta u objetiva es más eficiente cuando se trata de disminuir los costos primarios de los accidentes unilaterales. De ahí que, en general, cuando se trata de la responsabilidad del fabricante, los sistemas legales cuenten con una regla de responsabilidad estricta. Tratándose de los costos secundarios, en principio, los sistemas legales contribuyen a disminuir los costos de pago de indemnizaciones por la vía de fraccionar los costos de la misma . En otras palabras, un sistema legal que cuenta con un sistema de seguro permite que los eventuales victimarios fraccionen (diluyan) ex-ante el costo de la indemnización, por medio del contrato de seguro. RESPONSABILIDAD CIVL Y RESPONSABILIDAD PENAL. RELACIONES.
44. Desde un punto de vista histórico, la responsabilidad civil se escinde de la responsabilidad penal en el siglo XVII, con la obra de Domat. Es éste quien establece un principio general de responsabilidad civil, el cual pasa al Art. 1382 del código civil francés y luego Bello lo va a plasmar en el Art. 2314 del código civil chileno. 45. Sin embargo, la responsabilidad penal va a continuar presentando una preeminencia respecto de la responsabilidad civil , preeminencia que se manifiesta por medio de dos características que es preciso considerar: 46. En primer término, si en un proceso penal se establece responsabilidad penal, es decir, si se dicta una sentencia condenatoria, esta va a producir efecto de cosa juzgada en el ámbito civil . El antiguo procedimiento penal establece que, ante la existencia de un delito o cuasidelito penal, la víctima puede exigir que se haga valer la
responsabilidad civil tanto en cede penal cuanto ante un tribunal civil . La sentencia condenatoria produce, entonces, cosa juzgada en materia civil.
47. Por otra parte, si se trata de una sentencia absolutoria en materia penal o de un sobreseimiento definitivo, sólo se produce el efecto de cosa juzgada en cede civil en el evento que se reúnan las características señaladas en el Art. 179 del código de procedimiento civil, es decir, dichas resoluciones judiciales sólo por excepción producen cosa juzgada civil. En tanto se trate de un sobreseimiento temporal, entonces evidentemente dicho efecto no se produce. 48. Otra característica que presenta la responsabilidad penal y que le otorga preeminencia, es la facultad que tiene el juez civil de suspender el proceso civil indemnizatorio cuando exista un proceso penal pendiente (Art. 167 CPC) . La razón de éste precepto es evitar sentencias contradictorias. 49. Por regla general, en el caso de accidente, de negligencia médica o de responsabilidad profesional en general, en el foro los abogados tienden a preferir demandar la responsabilidad civil en el proceso penal, exigiéndose ésta sólo por vía accesoria. Esto ha llevado a que, en varios aspectos la responsabilidad civil constituye un apéndice del proceso penal. La razón es que, en el proceso penal, la investigación es llevada por el juez y, de otra parte, una vez que se acredite responsabilidad penal, en cede civil sólo será necesario determinar el monto del daño (la indemnización). Nuestra práctica fue seguida durante todo el siglo XX. 50. La situación previamente descrita se va a ver trastocada por el nuevo proceso penal. El Art. 59 del código procesal penal restringe la acción civil en el proceso penal, y la restringe en dos sentidos: 51. De una parte, sólo la víctima puede ejercer la acción civil de reparación , con lo que se descarta la posibilidad de que las víctimas por rebote o repercusión puedan ejercer la acción de reparación en el proceso penal. 52. Por otra parte, el Art. 59 del CPP impide a la víctima ejercer la acción de reparación en el proceso penal contra terceros civilmente responsables. En otras palabras, la víctima sólo puede ejercer la acción de reparación en contra del imputado. En el nuevo proceso penal, la víctima va a tener que ejercer la acción en nada más ante juez civil si pretende hacer valer la responsabilidad civil que cabe a terceros. 53. Lo expuesto anteladamente reviste importancia en el sentido que es posible vaticinar que se va a producir una contractualización de la responsabilidad civil, un auge de la responsabilidad contractual. Lo que ocurre es lo siguiente: en el proceso penal siempre se ha entendido que existe una opción a favor de la víctima, la cual es optar entre
perseguir la responsabilidad por vía contractual o extracontractual, lo que implica que, aun cuando la víctima esté unida contractualmente con su victimario, puede perseguir la responsabilidad civil por vía extracontractual. Es esta la tesis de Alessandri, quien sigue a la doctrina y jurisprudencia francesas. En la práctica jurisprudencial, se aplica en el proceso penal de manera unánime el estatuto de la responsabilidad extracontractual. A pesar de que la doctrina se encuentra con testes en que existe la opción, esto es más bien teórico, puesto que en la práctica jurisprudencial se ha adoptado unánimemente la tesis contraria.
54. Por otro lado, si bien en el proceso penal se acepta la opción a favor de la víctima, éste derecho no le asiste en el proceso civil . Es decir, si el daño padecido por la víctima proviene de la infracción de una obligación configurada autónomamente por las partes en un contrato, entonces es preciso que acuda a la vía de la responsabilidad contractual. PARALELO ENTRE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL
55. Existen dos estatutos de responsabilidad civil en el ordenamiento jurídico, a saber, la responsabilidad contractual y la responsabilidad extracontractual. Generalmente se presentan como dos continentes prácticamente antinómicos, pero la práctica hace necesario tender a unificar ambos estatutos de responsabilidad civil. Con todo, es preciso tener presentes sus diferencias: 56. Para que estemos en presencia de responsabilidad contractual, resulta imprescindible la existencia de un contrato y, asimismo, es necesario que se incumpla una obligación contractual. Para esto, se requiere que el deudor no cumpla con su obligación, o lo haga de manera tardía o imperfecta (Art. 1555 CC). Esta obligación contractual puede ser principal (e.g. el no pago del precio, la no construcción de una obra), la cual puede emanar tanto del texto legal como del acuerdo de las partes. Todavía, la obligación puede ser accesoria, encontrándose tácitamente en el contrato o bien por vía jurisprudencial (ex post, por vía “pretoriana”). A este respecto estudiaremos la obligación de información y la obligación de seguridad. 57. En el ámbito extracontractual la situación es diversa, porque no existe una obligación pactada entre las partes, no existe un vínculo contractual precedente, sino que se verifica un deber de comportamiento, de no dañar al prójimo de manera ilegítima . Es decir, todos los integrantes de la sociedad se encuentran compelidos a no causar daño al prójimo. Este deber de comportamiento dice relación con un patrón de comportamiento, a saber, un hombre medio. Este patrón de comportamiento también ha ido evolucionando y se ha hecho cada vez más estricto. Ha habido una especie de tránsito del patrón de “hombre medio razonable” a uno mucho mayor. Sobre todo, se ha ido haciendo cada vez más estricta la responsabilidad del empresario, tendiendo a una responsabilidad objetiva o estricta.
58. Un segundo elemento que va a diferenciar a ambos estatutos de responsabilidad dice relación con la culpa. Para que estemos en presencia de responsabilidad civil es necesaria la producción de un hecho generador, un daño, y, por último, un vínculo de causalidad entre estos. Cuando no se trata de responsabilidad objetiva es necesario que concurra todavía, un factor subjetivo de atribución, a saber, la culpa o el dolo. 59. Tratándose de la responsabilidad contractual, el incumplimiento se presume culpable, según previene el Art. 1547 inciso 3ro, correspondiendo en consecuencia alegar y probar la diligencia al deudor. En otras palabras, el acreedor no satisfecho en su crédito debe simplemente acreditar la existencia de una obligación o vínculo contractual y alegar sin más el incumplimiento. Es el deudor quien, a efectos de eximirse de responsabilidad civil, debe probar que fue diligente en el cumplimiento de la obligación contractual. Esto importa, como es evidente, que el onus probandi se transfiere al deudor. 60. Una cuestión distinta ocurre en el ámbito extracontractual. En éste ámbito, la regla general es que el la víctima quien tiene que acreditar o probar la culpa respecto del agente del daño, es decir, se aplica la regla general del Art. 1698 en materia probatoria. 61. Esta diferencia tan nítida resulta sin embargo relativizada, puesto que en el ámbito extracontractual existen varias hipótesis de presunción de culpa, que facilitan la reparación de la víctima. Así, por ejemplo, se puede citar el Art. 2329, que señala el principio de reparación integral, esto es, por regla general todo daño debe ser reparado. Este Art. Además establece, según está con testes la doctrina, tres numerales en que se consagra una presunción de culpa (vgr: el que dispara imprudentemente un arma de fuego). Incluso, según indican las opiniones de Ducci y Alessandri, este precepto señala una presunción general de culpa, que no se aplica nada más a las hipótesis enumeradas en la disposición escrutada, sino que además se aplica toda vez que, en atención a las circunstancias o naturaleza de la actividad que causa el daño, deba estimarse que, desde el punto de vista de la previsibilidad y del riesgo de dicha actividad, exista una presunción del culpa (e.g. en un choque de trenes lo normal es que no choquen, por lo que es posible presumir que hubo negligencia por parte de quien causó el accidente). Según la opinión vertida por estos autores, el Art. 2329 podría transformarse en una presunción general de culpa, si acaso esta regla fuese acogida por la jurisprudencia. 62. El Art. 2320 consagra una regla de presunción de culpa en lo referente a la responsabilidad por hecho ajeno. La regla general es que se responda sólo por los propios actos u omisiones. Con todo, excepcionalmente, un sujeto ha de responder por el hecho de otro. El precepto contenido en el Art. 2320 señala distintas situaciones en
que un individuo responde por otros. En tales constelaciones, como por ejemplo, en los casos de responsabilidad del empleador por hecho de su dependiente, la víctima debe acreditar la culpa del agente directo del daño y además debe probar el vínculo de subordinación entre el empleador y quien causó culpablemente el daño y, una vez acreditado dichos elementos, se presume que concurre culpa por parte del tercero civilmente responsable (el empleador, en este caso). 63. Otra diferencia entre ambos estatutos de responsabilidad dice relación con el daño. El Art. 1558 del CC señala que, en materia contractual, corresponde indemnizar los daños previstos en caso que estemos en presencia de un imcumplimiento culpable. Si el incumplimiento es, en cambio, doloso, el daño que se indemniza es tanto el previsto como el imprevisto (esto tiene que ver con la función de previsibilidad que asiste al contrato). En ambos casos se trata de daño directo. 64. Sin embargo, en el ámbito extracontractual se indemnizan tanto los daños previstos como imprevistos. Esta distinción nítida aparece diluida en la práctica jurisprudencial. 65. Otra diferencia entre ambos estatutos es que, en el ámbito contractual no existe una regla precisa que se refiera a la prescripción de la acción indemnizatoria, por lo cual corresponde aplicar la regla general, en conformidad a la cual esta prescribe en cinco años (Art. 2515 CC). 66. En el ámbito delictual, en cambio, la prescripción es de cuatro años contados desde que se perpetró el hecho (Art. 2332 CC). En relación a la prescripción en el ámbito extracontractual, se ha producido un debate relativo al momento a partir del cual empieza a correr el plazo1. En efecto, Domínguez ha señalado que el daño termina cuando se perpetra el hecho (como preceptua la regla antedicha), por ende, si el daño continúa acaeciendo, no comienza a devengarse el plazo de prescripción. 67. Existe también una diferencia menor en cuanto a la capacidad. En el ámbito extracontractual, según dispone el Art. 2319, son incapaces los menores de siete años y los dementes. Entre los siete y los dieciséis años, dichos sujetos se encuentran sometidos a un juicio de discernimiento. El juez tendrá que decidir si es que las personas comprendidas en ese rango de edad son o no imputables, es decir, si pueden o no dominar el curso causal de sus acciones y, en el evento que se trate de un sujeto incapaz, se puede verificar responsabilidad por el hecho ajeno. En ese caso, responderá el padre o la madre, o el tutor o curador que tenga a su cargo al incapaz. 68. En el ámbito contractual, por otra parte, se aplican las reglas de capacidad previstas en los artículos 1446 y ss del CC. 1
Este asunto se ha discutido a raíz del problema de derechos humanos en chile.
69. Otra distinción entre los estatutos de responsabilidad dice relación con la necesidad de establecer la mora del deudor a efectos de hacer exigible la reparación contractual (según la regla del Art. 1551 del CC, salvo en el caso de las obligaciones de no hacer). Como es evidente, en el ámbito extracontractual no es necesario establecer la mora. 70. La última diferencia a analizar, dice relación con la aplicación en el ámbito contractual de la teoría de la prestación de culpas. Según dispone el Art. 1547 del CC, la diligencia debida por el deudor está determinada en relación a la utilidad que le reporta el contrato. Esta teoría es inédita en el derecho comparado, el que establece como único patrón de conducta el del “buen padre de familia”. CUMULO U OPCION DE RESPONSABILIDADES (CONCURRENCIA DE RESPONSABILIDADES)
71. La concurrencia de responsabilidades intenta dilucidar si el acreedor de una obligación que se incumple, teniendo en cuenta que dicho incumplimiento constituye al mismo tiempo delito o cuasidelito civil, intenta responder si el acreedor puede optar entre perseguir la responsabilidad contractual o, por el contrario, debe necesariamente circunscribirse a la responsabilidad contractual. El principio ampliamente aceptado por la doctrina y ratificado por la jurisprudencia es la negativa a la opción. El acreedor debe necesariamente exigir la responsabilidad contractual. El fundamento para el rechazo de la opción es la fuerza obligatoria del contrato (Art. 1545 CC), pues se señala que de aceptarse la opción a favor del acreedor, se desconocería el contenido contractual, dejando de ser obligatorio el acuerdo pactado y, por ende, si se ha establecido, por ejemplo, una cláusula limitativa de responsabilidad, o una cláusula penal o una arbitral, estas dejarían de tener efecto. 72. Generalmente se dice que no se trata de un “cúmulo”, porque no se trata de sumar o agregar una indemnización a otra. A raíz de eso a ganado lugar el término “concurrencia de responsabilidades”.
73. Como sabemos, el principio es la negativa al cúmulo, salvas dos hipótesis: 74. A.) En primer lugar, se acepta la concurrencia de responsabilidades en tanto así lo hayan pactado las partes. Si acuerdan la opción, en virtud de la libertad contractual, ese acuerdo es válido (eso no ocurre nunca y, por lo tanto, se trata de una hipótesis carente de relevancia práctica). 75. B.) De otro lado, se acepta la opción de responsabilidad en el proceso penal . Cuando el incumplimiento contractual no sólo constituye delito o cuasidelito civil, sino también un delito o cuasidelito penal, en ese caso la víctima puede optar por perseguir la responsabilidad civil extracontractual a pesar de la existencia de un contrato. Esto lo va a recoger la jurisprudencia de manera más bien unánime. Sin
embargo, es correcto decir que se trata de una “opción a medias”, puesto que prácticamente siempre se exige la reparación por vía extracontractual. 76. Cabe tener presente que no cabe confundir el problema de la opción de responsabilidad con la situación distinta en que un incumplimiento contractual puede dar lugar a la aplicación de la responsabilidad extracontractual . O sea, el incumplimiento contractual genera la aplicación de ambos estatutos respecto de sujetos diferentes (da lugar a dos responsabilidades distintas). 77. Hoy día se contempla la necesidad de intentar una unificación, al menos moderada, de los estatutos de responsabilidad civil. Por ejemplo, en el evento que se trate de daños físicos parece conveniente, a pesar de la existencia de un contrato, que no se distinga entre ambos estatutos. 78. La aplicación de dos estatutos de responsabilidad civil importa una diferencia entre las víctimas que demandan la reparación del daño , lo cual puede dar lugar a que la víctima por rebote (o por repercución) se encuentre en una posición más ventajosa que la víctima directa o principal. Así, por ejemplo: si se incumple una obligación contractual y, a propósito de este incumplimiento se causan lesiones al cocontratante, ese daño que sufre el cocontratante puede repercutir en otros sujetos (vgr: cónyuge e hijos). En esa situación el paciente, esto es, la víctima principal o directa, sólo podrá demandar los daños previstos, salvo incumplimiento doloso. Sin embargo, la víctima por rebote carece de límite en cuanto a la reparación de los daños imprevistos, puesto que, al no encontrarse vinculada contractualmente con el agente del daño, ellas podrán invocar o ejercer sólo el estatuto extracontractual. Producto de esta situación en que se crea una cierta desigualdad, se ha planteado (de lege ferenda) una unificación moderada de los estatutos de responsabilidad civil. Esta unificación de la responsabilidad civil debería aceptarse cuando estemos en presencia de daños físicos a la víctima principal. 79. Por último, se ha discutido cual es el estatuto común de responsabilidad civil. Las fuentes de las obligaciones son cinco, sin embargo nada más hay dos estatutos de responsabilidad: ¿Qué estatuto se aplica a los cuasicontratos y a la infracción de ley?. La tesis que históricamente ha tenido una mayor acogida por parte de la jurisprudencia es la de Alessandri, quien sostiene que el estatuto de derecho común es el contractual. Su argumento principal es que el Título XII del L.IV del CC, que contempla la responsabilidad contractual tiene aplicación general, puesto que se refiere al “Efecto de las obligaciones” (es decir, se aplica a todas las obligaciones, salvo estatuto especial). Esta interpretación exegética ha sido criticada, pues el contenido de la misma se refiere nada más al contrato. Modernamente, la doctrina señala que corresponde aplicar como estatuto de derecho común el estatuto extracontractual. La responsabilidad contractual como categoría autónoma es más bien
ajena al CC y, por lo tanto, mal Bello podría haberla contemplado como estatuto común de responsabilidad civil. 80. Hay ciertos casos o situaciones en que resulta más bien problemático definir qué estatuto cabe aplicar. En primer término, cabe analizar la responsabilidad precontractual, esto es: la responsabilidad civil que se puede generar durante el curso de las tratativas negociales entre los posibles futuros contratantes (conversaciones preliminares). 81. De una parte, la responsabilidad precontractual suscita alguna controversia en torno a qué ocurre si el oferente se obliga a esperar una respuesta o se comprometió a no disponer del bien objeto del futuro contrato por un período de tiempo (Arts. 98, 99 y 100 del Código de Comercio). En esas situaciones, según Alessandri y Abeliuk, cabría la posibilidad de aplicar la responsabilidad contractual, puesto que se trataría de una infracción legal o, al menos, de una declaración unilateral de voluntad, en cuyo caso, según estos autores, debería aplicarse la responsabilidad contractual. Sin embargo, si uno acoge la teoría que aplica el régimen extracontractual como estatuto de derecho común, es evidente que será éste el que habría de regir dicha situación. Aparte de estas hipótesis, puede ocurrir que alguno de los futuros contratantes, durante el período de la negociación, se retracte y rompa de manera unilateral la negociación. Es evidente que, durante las tratativas negociales, asiste un derecho de retractación. La negociación de un contrato carece de efecto obligatorio. Sin embargo, la jurisprudencia y la doctrina han establecido que, en el evento que la retractación sea intempestiva, puede generarse responsabilidad civil. Esta responsabilidad civil puede tener lugar cuando el sujeto que se retracta en realidad no quería negociar, o bien nunca tuvo la intención de contratar o, de otra parte, estaba impedido de celebrar dicho contrato. En ambas situaciones puede existir responsabilidad civil. En aras de fundamentar la opinión antedicha, cabe recordar aquí la antigua tesis denominada de “la culpa in contrahendo”, formulada por Ihering en Alemania (fines del S.XIX). En virtud de ésta, cabe la responsabilidad contractual, puesto que hay culpa al llevar a cabo as negociaciones y, en este ámbito, corresponde aplicar por analogía el referido estatuto. Esta posición, sin embargo, ha sido completamente abandonada. La solución se encuentra en la aplicación del régimen delictual o cuasidelictual. Con todo, la fundamentación en virtud de la cual cabe aplicar este estatuto es, todavía, controvertible. Al respecto hay dos argumentos estándar. 82. 1.Por una parte, se cita como fundamento a la Tesis del Abuso del derecho. Es decir, la configuración de responsabilidad precontractual importaría una manifestación del abuso del derecho a no contratar. 83. 2. De otra parte, aquí existiría una infracción a la buena fe objetiva que rige durante todo el íter contractual. 84. Sin embargo, estas teorías o fundamentos de la responsabiliad precontractual sólo tienen carácter subsidiario o costituyen un argumento que refuerza la aplicación del
estatuto extracontractual. Aquí lo importante es que se verifica un genuino ilícito civil. Es decir, el sujeto que se retracta y que le cabe responsabilidad, infringe un deber de cuidado respecto de la víctima. En consecuencia, es más simple verificar si concurren las condiciones de la responsabilidad extracontractual, no siendo necesario recurrir a las otras teorías. 85. Todavía es posible, sin embargo, aplicar el régimen contractual a las negociaciones preliminares cuando existan acuerdos precontractuales, cuestión que también se denomina “puntuación”. Esto quiere decir que, en ciertas negociaciones complejas que deben prolongarse durante un período de tiempo importante, las partes negociadoras pueden establecer ciertas etapas en dicha negociación y, una vez que cada etapa se cumple, quedan impedidos de revisar o negociar dichos aspectos ya acordados. En este caso en particular, se ha estimado que se aplica el régimen contractual (generalmente se trata de contratos de comercio internacional). 86. Otra situación que en que generalmente resulta difusa la aplicación de uno u otro régimen de responsabilidad, es cuando se produce la nulidad del contrato, es decir, si a propósito de la nulidad del contrato se causan perjuicios: ¿qué régimen es aplicable para su indemnización?. El estatuto que corresponde aplicar es el extracontractual, puesto que el contrato ha dejado de tener existencia legal y, por ende, no cabría aplicar el régimen contractual (efecto retroactivo de la declaración de nulidad). Cabe señalar que se han cometido grandes errores jurisprudenciales respecto del particular. 87. También se ha discutido acerca del régimen a aplicar a la responsabilidad post contractual. Es decir, aquella situación en que, si bien el contrato se encuentra terminado, pueden pervivir ciertas obligaciones, a las cuales está sujeto alguno de los contratantes. Esto ocurre, por ejemplo, con la “cláusula de no competencia”, o con la “cláusula de confidencialidad”: se exige, una vez terminado el contrato, que alguna de las partes guarde secreto respecto de información relevante que se haya obtenido durante la ejecución del contrato. En este caso, cabe aplicar el estatuto de la responsabilidad contractual, pues se trata de un típico caso de pervivencia de obligación contractual. LA ACCION DE REPARACION Y LAS VICTIMAS
88. Es necesario tener presente las características de la acción civil indemnizatoria. Esta es personal, transferible y transmisible. Es además, una acción prescriptible. En cuanto a las víctimas o titulares de la acción, existen dos distinciones fundamentales: La víctima directa o personal, por una parte. Por otra parte, tenemos a las víctimas por rebote o por repercusión (identificadas básicamente con el daño moral). Ambas clases de víctimas pueden sufrir un daño patrimonial o extrapatrimonial (moral).
89. La otra distinción importante consiste en diferenciar entre personas naturales y jurídicas y, a su vez, personas jurídicas con o sin fines de lucro. LA ACCION INDEMNIZATORIA
90. Ante todo, cabría señalar que, en un sistema aquiliano de responsabilidad, como ocurre con el que consagra el código civil chileno; la obligación de indemnizar se encuentra subordinada a la previa verificación de un daño que se ha inflingido a la víctima mediando culpa o dolo. El sistema aquiliano de responsabilidad, además, se encuentra inspirado en un principio de reparación íntegra del daño. Conforme a este principio, el monto de la indemnización que debe pagar el victimario debe ser estrictamente coincidente con la extensión del daño. La indemnización que se paga bajo este principio, no debe ser inferior al daño producido por el accidente, puesto que habría enriquecimiento para el victimario; ni tampoco menor que el daño causado, pues enriquecería a la víctima. No importa, a los efectos de este principio, que el daño que se trata de reparar esté distribuido entre varias víctimas. 91. Conforme a los principios acabados de revisar, parece claro que, frente a la pregunta relativa a quien puede demandar indemnización de perjuicios como resultado del accidente (quienes son titulares del derecho personal a la reparación correlativo a la obligación de indemnizar). La respuesta parece evidente: son titulares de la acción indemnizatoria todos quienes hayan padecido o experimentado un daño como consecuencia del accidente. Si, a la luz del derecho vigente todo daño debe ser reparado por medio de indemnización, entonces, cualquier persona que haya padecido el daño puede ejercer la acción indemnizatoria. Si el derecho vigente no instituyera a todas las víctimas del accidente como acreedoras del derecho a la indemnización, entonces ese sistema legal no estaría siendo fiel al principio de reparación íntegra del daño. En consecuencia, la determinación de quienes son titulares de la acción indemnizatoria no es susceptible de efectuarse antes del accidente, pues es la intensidad y la distribución del daño lo que va a determinar el elenco de personas dotadas o provistas de la acción indemnizatoria. 92. Desde el punto de vista del Derecho de las Obligaciones, la víctima de un accidente es un acreedor, es decir, el titular de un derecho personal a la indemnización. Ese derecho personal a obtener una indemnización estrictamente coincidente con el daño producido, es adquirido por la víctima en el momento preciso del accidente: por el hecho del daño, queda instituido como acreedor. Poco importa que la víctima logre probar la malicia o la negligencia tiempo después del accidente. En cualquier caso, el derecho personal a la reparación se generó e ingresó al patrimonio de la víctima con el accidente y se incorporó al patrimonio de la víctima, de manera que si ésta fallece un tiempo después del accidente sin haber ejercido la acción indemnizatoria, esa acción se transmite a los herederos, aunque el causante no la haya principiado siquiera ejercer.
93. Por supuesto, se trata todavía, de una acción que, al incorporarse al patrimonio de la víctima no sólo se transfiere a los causahabientes, sino que también puede ser transferida por acto entre vivos a título gratuito u oneroso (e.g. mediante la técnica de la cesión de derechos). 94. Todo lo anterior conduce a la obvia conclusión que el derecho a demandar indemnización se encuentra protegido por el derecho subjetivo público de propiedad, desde el momento mismo del accidente. Si alguien pretendiera privarlo a Ud. De su derecho a exigir indemnización, eso importaría privación de su derecho de propiedad. Ni siquiera la extinción de la responsabilidad penal en caso de amnistía puede impedir el derecho de las víctimas a obtener indemnización. Esto importaría privar a las víctimas de su derecho a obtener reparación. Se estaría interpretando la ley de amnistía en un sentido ilegal y expropiatorio. 95. Como se acaba de señalar, la titularidad de la acción indemnizatoria depende del daño. Si Ud padeció daño a consecuencia del accidente, eso exige reparación. 96. Con todo, es preciso explicitar qué entendemos por daño. Desde el punto de vista dogmático, el daño es, en términos generales, de dos clases. Se encuentra, por una parte, el daño patrimonial o pecuniario. Este afecta a bienes que tienen precio de sustitución en el mercado. Por supuesto, esto incluye al daño en las cosas corporales o incorporales de que la víctima es propietaria (por ejemplo, si su abogado gestiona negligentemente una cobranza, entonces se configura daño patrimonial y el abogado responde). También es daño patrimonial el daño corporal (físico), el cual tiene un precio que se calcula sobre la base del desmedro actual o futuro que la víctima va a experimentar a causa de la afectación a su integridad corporal. Dichos daños se configuran, en rigor, como la pérdida de capacidad productiva. Tratándose del daño patrimonial que se configura cuando lo desmedrado es una cosa, no es necesario para demandar indemnización de perjuicios que, entre las cosas dañadas y el sujeto que demanda, medie una relación de dominio. Otro tipo de derechos reales e, incluso, quien posee algún vínculo personal con la cosa (vgr. el arrendador), generan derecho a la reparación. 97. De la misma forma, el daño patrimonial se divide en dos clases: o es daño emergente o es lucro cesante. El daño emergente es la perdida o disminución actual del patrimonio de la víctima como consecuencia del accidente. El lucro cesante, en cambio, es la pérdida de una ganancia esperada, que se calcula multiplicando el monto esperado por la probabilidad que habría tenido la víctima de obtenerlo de no haber mediado el accidente (de no haberse interrumpido su plan de vida): una cierta tasa de beneficio multiplicada por la probabilidad de su ocurrencia. En el derecho angloamericano, en general, la pérdida patrimonial severa se entiende como pérdida del patrimonio hereditario. Así, por ejemplo: Si George muere producto del accidente, las víctimas pueden demandar al victimario para que se reconstituya el patrimonio que George
habría podido acumular hasta el fin de sus días. Bajo las reglas del derecho americano, dicho patrimonio se trae a valor presente y se paga fraccionado a la víctima (a través del tiempo). En el derecho vigente en Chile, el daño emergente cubre desde prestaciones periódicas hasta reconstrucciones patrimoniales íntegras. 98. Por otro lado, tenemos el daño no pecuniario, denominado también daño moral. Este, en su versión más clásica equivale al precio del dolor, del sufrimiento que se experimenta como producto del accidente. Modernamente, el daño moral es mucho más amplio que el precio del dolor (el sufrimiento o la angustia), aunque también lo comprende. Alcanza, desde luego, a la lesión a los derechos de la personalidad (honor, honra, propia imagen, etc). Aunque Ud no sufra, tiene derecho a ser reparado. Incluye, asimismo, a la pérdida de agrado, que no es propiamente sufrimiento. Este importa que el accidente altera el plan de vida de la víctima, la que, aunque quede incólume, nunca va a poder recuperar el goce que perdió. 99. Media una radical diferencia entre daño patrimonial y daño moral. Se trata, en verdad, de daños que son inconmensurables entre sí. El daño patrimonial es radicalmente distinto al daño moral. En el caso del daño patrimonial se produce una pérdida de bienes que poseen un valor explícito de reemplazo en el mercado. Lo mismo ocurre con la pérdida de capacidad productiva. En el caso del daño moral, se lesionan bienes que carecen de precio de mercado. ¿Con arreglo a qué criterio puede el juez fijar la reparación, tratándose de la esfera moral de la personalidad?. Esta situación ha llevado a sostener que la indemnización por daño moral, como no hay valor de reemplazo, se trata de una indemnización que no tiene por objeto la reparación, sino que, en cambio, se trata de una indemnización de carácter punitivo. En el derecho continental, la técnica de reparación del daño moral no se ajusta bien a un sistema que rechaza los daños punitivos. 100. Puede, entonces, concluirse que son titulares de la acción indemnizatoria todas las personas que hayan padecido un daño pecuniario o no pecuniario como consecuencia causal del ilícito. Con base en ese principio, en el derecho vigente se distinguen dos categorías de titulares de a acción. Hay, por una parte, titulares de la acción por derecho propio y, por otra parte, titulares que los son por derivación. Los titulares por derecho propio son, a su vez, de dos clases. Se encuentran, por una parte, las víctimas directas. Por otra parte, las víctimas por rebote, por repercusión o indirectas. Vamos a llamar víctima directa a aquel sujeto cuyo cuerpo o patrimonio experimentó directamente el hecho ilícito. Vamos a llamar víctimas indirectas o por repercusión a aquellas personas que experimentan un desmedro en razón de las relaciones afectivas o económicas que los ligan con la víctima directa. Las categorías de víctima directa y por repercusión, aluden a dos clases de víctimas que experimentan un daño propio.
101. ¿Cuáles son los límites que han de establecerse para delimitar aquellos sujetos que son titulares de la acción?. El sólo criterio del daño es excesivamente amplio. Esta situación ha llevado a la jurisprudencia a sostener algunos criterios que permitan eludir esta extrema extensión de víctimas por rebote: 102. Criterio de la legitimidad de la relación que se invoca para exigir indemnización por parte de víctimas por rebote. Los tribunales franceses, sobre la base de este criterio, solían rechazar la relación de concubinato, por cuanto era ésta ilegítima. En Chile, la jurisprudencia ha esgrimido un criterio similar. La legitimidad como criterio para indemnizar el daño que merece protección, no es un criterio de moralidad, sino que es un criterio meramente formal. Según este criterio, hay ciertos tipos de relaciones que el ordenamiento considera en principio ilegítimas, aún cuando medie consentimiento por parte de los involucrados. Luego, no son las creencias religiosas ni la moral del juez la que decide quien tiene derecho a reparación. Eso lo determina el derecho vigente. 103. La víctima por repercusión puede experimentar tanto un daño patrimonial como un daño moral. La categoría de daño moral no coincide, en la práctica judicial, con el precio del dolor ( pretium doloris), puesto que incluye también el perjuicio de agrado. Esta extensión de la categoría, en los hechos, repercute en el aumento de las víctimas por repercusión en los casos de daño moral puro. 104. La titularidad de la acción indeminzatoria queda fijada por la calidad de víctima. Quien padece un daño a consecuencia del ilícito, se transforma por eso en titular de la acción indemnizatoria. Así se puede concluir del carácter reparatorio que posee el sistema de Responsabilidad Extracontractual en Chile. De tal forma, si un sujeto de derecho experimenta un daño, sea patrimonial o extrapatrimonial, y no se le instituye como un acreedor del derecho a la reparación, entonces se infringirá el principio de reparación íntegra del daño. 105.
Los titulares por derivación de la acción indemnizatoria son:
106. Los herederos o causahabientes. Pueden serlo tanto de la víctima directa, como de la víctima por repercusión. La derivación se produce en virtud del principio general de continuidad (Art. 1097 CC). Cuando el heredero ejerce la acción indemnizatoria en calidad su de tal (y no, en cambio, esgrimiendo el daño propio) y con apoyo en el principio de continuidad, pretende que se repare el daño que se le ocasionó al causante. Por lo mismo, nada impide que la persona reúna en si dos acciones distintas, y que persiga dos indemnizaciones diferentes, las que no se excluyen recíprocamente. De tal manera, si se impide que el heredero ejerza ambas acciones, se estaría infringiendo el principio de la reparación íntegra.
107. Tratándose de daño moral, se ha planteado el problema de si la muerte instantánea de la víctima ocasionada por el accidente, genera o no para el heredero el derecho a que se le indemnice por el daño moral sufrido por su causante. Tratándose de la muerte como resultado de un accidente, cabe distinguir dos situaciones, a saber: la muerte se produce como consecuencia directa del accidente, mediando un lapso entre este y aquella; o bien, la víctima muere como consecuencia directa y casi simultánea con el accidente. En el primer caso, todos aceptan que el causante antes de morir fue titular de la acción de reparación por daño patrimonial y moral. Los herederos pueden, en consecuencia, ejercer y sumar dichas acciones a las que puedan ejercer por derecho propio. En el segundo caso, Alessandri argumenta que la muerte instantánea no genera acción de reparación por daño moral. Así, el causahabiente sólo puede aspirar a que se le indemnice su propio daño moral. Esta opinión, a nuestro juicio, presenta tres defectos: 108. 1.- Alessandri presenta los casos como si fuera posible concebir una muerte estrictamente simultánea con el accidente cuando, en verdad, el accidente necesariamente debe haber antecedido a la muerte. 109. 2.- La tesis de Alessandri parece creer que el daño moral es estrictamente coincidente con el sufrimiento experimentado por la víctima, cuando, en rigor, el daño moral mira a derechos personalísimos (esferas intangibles de la personalidad que el derecho estima requeridas de protección). 110. 3.- la tesis de Alessandri presenta problemas desde el punto de vista de las funciones de la Responsabilidad Extracontractual. Si nos plegamos a la opinión del jurista chileno, sería más rentable para el victimario matar inmediatamente a la víctima que simplemente lesionarlo. Esto conduce a la creación de incentivos para preferir la muerte antes que las lesiones. Alessandri se defiende, señalando que la víctima prefiere una muerte instantánea antes que una larga agonía. 111. Este derecho personal (esta acción), no sólo es una acción personal, sino que se trata además, de una acción mueble. SEGUNDA PARTE CONDICIONES PARA QUE PROCEDA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, CONFORME AL TITULO XXXV DEL LIBRO IV DEL CODIGO CIVIL CHILENO.
112. A la luz del t. XXXV del L.IV del CC, las condiciones para que proceda la Responsabilidad Civil por delito o cuasidelito, son las siguientes:
DEBE HABER UNA ACCION U OMISION
113. En un sistema de Responsabilidad Civil, dan lugar a responsabilidad tanto las acciones como las omisiones. En el caso de las omisiones sólo cuenta la no ejecución de una acción que el agente tenía la obligación de realizar (omisión en sentido propio u omisión propia). Si no media el deber jurídico de realizar dicha acción, no cabe responsabilidad civil. De tal modo, es requisito que el agente se encuentre en posición de garante respecto del bien en cuestión. Desde el punto de vista civil, es irrelevante la discusión acerca de los elementos subjetivos de la acción, puesto que no es necesaria la presencia de una voluntad que la conduzca. 114.La teoría causalista indica que, para la existencia de una acción basta el movimiento corporal del agente, no requiriéndose que este se encuentre acompañado por voluntad final. La teoría finalista, en cambio, señala que hay acción si y sólo si junto al movimiento corporal del agente, había una voluntad final dirigida a la obtención del resultado típico por parte de éste. El sentido de este debate en derecho penal, consistió en decidir si el elemento subjetivo de atribución de responsabilidad se ubicaba en el tipo (finalismo: Welzel) o, en cambio, en la culpabilidad (causalismo: sistema Liszt-Beling). En otras palabras, se trató de determinar la posición sistemática del dolo y la imprudencia.
115. En derecho civil, el debate acerca de la ubicación sistemática del elemento subjetivo de la acción es irrelevante, puesto que la responsabilidad civil no opera bajo un sistema de descripciones típicas (salvo en Alemania), sino bajo estándares generales de cuidado. EXISTENCIA DE UN DAÑO
116. Si en derecho penal pueden existir delitos abstractos (vgr: delitos de peligro en oposición a los delitos de lesión), en derecho civil el daño es condición imprescindible, puesto que la principal función de la Responsabilidad delictual es la reparación íntegra del daño. Aquí no se toma en cuenta el desvalor de la acción, sino nada más el desvalor del resultado. IMPUTABILIDAD
117. Esto supone decidir si el agente cuya responsabilidad perseguimos es o no, bajo las reglas de la responsabilidad, capaz de acción. RELACION DE CAUSALIDAD ENTRE LA ACCION/OMISION Y LA VERIFICACIÓN DEL DAÑO
118. La relación de causalidad exige que la acción u omisión del agente cuya responsabilidad perseguimos sea la causa de un daño que se busca reparar. Surge entonces el problema de determinar cuando un cierto evento es causa de un cierto resultado. Al respecto, cabría hacer las siguientes precisiones:
119. La relación de causalidad entre dos eventos cualesquiera (e.g. A y B) es una relación coexistencial, puesto que lo que afirma la relación de causalidad es que, cuando A es causa de B, si es el caso que se verifica A es que se verificará B, y si es el caso que se verifica B es que lo ha antecedido A. 120. En la literatura filosófica, la relación de causalidad (a contar del S. XVII en adelante) es vista como una relación puramente probabilística. En otras palabras, decimos que, si aplicamos fuego al metal este se va a dilatar porque, a la luz de nuestra experiencia, eso es así. Cuando decimos esto, lo que, en rigor, estamos señalando, es que, a partir de un conjunto finito de casos, es posible inferir una relación de carácter universal. La relación de causalidad es una relación puramente probabilística (no es esto muy distinto a lo que ocurre con las encuestas de opinión por muestra). Todos nuestros conocimientos empíricos son puras inferencias probabilísticas. Entonces, ¿cuándo un resultado A es consecuencia de una causa B?. Las respuestas posibles son las que siguen: 121. Se ha sugerido que, para saber si un evento es causa de un cierto resultado, el mejor camino es el de la supresión mental hipotética. Consiste este método en preguntarnos si B (efecto) se habría producido igualmente si, por un momento, imaginamos que no hubiese concurrido A. Esta estrategia conduce a la equivalencia de las condiciones: todas las condiciones que anteceden al efecto son equivalentes en su producción (todas las condiciones que anteceden al evento cuya causación se trata de precisar son estrictamente equivalentes). 122. Todo esto llevó a formular la idea que la causalidad es dependiente de nuestra experiencia. Se dijo que, entre todas las condiciones necesarias para la producción de un cierto resultado, hay algunas que, de acuerdo a la experiencia disponible, son capaces de causar el resultado. Nos interesa saber si un determinado antecedente es, a la luz de la experiencia disponible, una causa adecuada. Mientras que, desde un punto de vista estrictamente físico (naturalístico), los eventos que llamamos “efectos” son producidos por una cadena potencialmente ilimitada de causas; jurídicamente apreciado, el problema de la causalidad, en cambio, se trata de saber cual de los eslabones de esa cadena causal es adecuado para producir un resultado, a la luz de la experiencia disponible. Podemos llamar a este punto de vista “Teoría de la causalidad adecuada”. La versión más cercana es la teoría de la causalidad típica. La teoría de la causalidad adecuada deja, todavía, pendiente un problema, a saber, el problema consistente en determinar si acaso la experiencia con arreglo a la cual ha de juzgarse la adecuación es la experiencia del sujeto en concreto, o la experiencia disponible para un sujeto medio, en abstracto. Sin embargo, este problema debe resolverse a favor del punto de vista abstracto, puesto que, de lo contrario, podría confundirse la experiencia del sujeto con la culpabilidad.
EXISTENCIA DE DOLO O CULPA
123. La Responsabilidad civil es un sistema de responsabilidad centrado en la culpa (por sobretodo). Desde el punto de vista de la reparación, es indiferente si el victimario (quien ejecutó el acto ilícito) actuó con culpa o con dolo; pues, lo que fija la extensión de la reparación es la extensión del daño, más que el desvalor de acto. Es indiferente si acaso se prueba culpa o dolo. Basta que Ud pruebe culpa. 124.En el caso de la dogmática penal, en cambio, el principio es el opuesto, puesto que la regla general es el dolo y, en cambio, la culpa da origen a reproche penal solamente por excepción. 125.En la dogmática penal, el problema de la culpa y el dolo consiste en dilucidar si acaso la exigencia de uno u otro ha de establecerse como una exigencia subjetiva del tipo, o bien como una exigencia de la culpabilidad. Hoy día, casi la unanimidad de la doctrina penal aboga por posicionarla como una exigencia subjetiva del tipo (la tipicidad se configura por un movimiento corporal externo, más la voluntad final de saber-querer la realización de los elementos del tipo objetivo). 126.Desde un punto de vista de las teorías psicológicas de la culpabilidad, el dolo y la culpa se trasladan a la culpabilidad. El problema de la ubicación formal de la culpa y el dolo (muy relevante, en razón de consideraciones garantistas) esa relevancia se pierde en el ámbito civil, puesto que no hay exigencia de tipo ni razones de garantía. No se requiere configurar un ilícito típico, sino la transgresión a un estándar de conducta.
127. Desde el punto de vista sustantivo, frente a la pregunta relativa al contenido de los conceptos dolo y culpa, se pueden apreciar diferencias entre el derecho civil y el derecho penal. Desde el punto de vista penal, podemos apreciar tres conceptos de culpabilidad: 128. 1.- La teoría antigua, esto es, la concepción psicológica de la culpabilidad: la culpabilidad entendida como una relación subjetiva del autor con el resultado. El estado de necesidad exculpante permitió descartar esta teoría. 129. 2.- Concepción normativa de la culpabilidad: Se concibe la culpabilidad como la transgresión de un deber de cuidado. Es decir, Hans es culpable del resultado X, proscrito por el ordenamiento, si y sólo si Hans pudo decidir no producir el resultado X y, en cambio, pudo causar el resultado Y. En la versión de Goldsmith, la teoría normativa de la culpabilidad afirma que Ud es culpable de producir X cuando pudo producir un resultado diferente. Esta concepción reposa sobre la idea de que el agente es capaz de determinar voluntariamente su conducta. El agente puesto a obrar puede decidir libremente actuar o no. Esto ha llevado a rechazar la concepción normativa de la culpabilidad, por razones de garantía. No puede castigarse a nadie sobre la base de una premisa inverificable (esta teoría se compromete con una concepción de libre albedrío, que concibe a la voluntad como indeterminada). 130. 3.- Se han buscado otras justificaciones para la culpabilidad en derecho penal: 131. 3.1.- Para Roxin, un principio básico del Estado de Derecho es que los sujetos se reconocen recíprocamente un igual poder de actuación. Los ciudadanos nos reconocemos recíprocamente capacidad para determinar nuestra conducta. Eso lo defendemos como una exigencia de reciprocidad en la acción. En consecuencia, el concepto de culpabilidad tendría una fundamentación normativa, no metafísica.
3.2.- Para Jakobs, la culpabilidad es un arbitrio para proteger la confianza en las reglas.
133. Desde el punto de vista del derecho civil, la culpa no se erige bajo una concepción psicológica, sino que se construye, desde el principio, como una cuestión puramente normativa, consistente en verificar si acaso el agente cuya responsabilidad se persigue, llevó a cabo un comportamiento por sobre, o al menos coincidente, con el umbral de cuidado exigido por el ordenamiento. En otras palabras, el tema de la culpa se resuelve verificando si el sujeto ajustó o no su conducta de acuerdo al estándar de cuidado previsto por el sistema. En el caso del derecho civil chileno, dicho estándar de conducta es la culpa leve. Esta alude al grado de diligencia con que actúa un buen padre de familia. Esta expresión debe entenderse como aludiendo a un sujeto medio. Si su conducta no resulta coincidente o superior al umbral de conducta referido, entonces actúa con culpa. El Art. 44 distingue tres tipos de culpa: levísima (si no actuó como lo haría una persona juiciosa en sus negocios importantes), grave (comportamiento de una persona negligente y de poca prudencia). En materia de responsabilidad contractual, impera el Art. 1547. En virtud de este, el deudor responde de alguno de estos tres tipos de culpa, dependiendo de quien resultó beneficiado con el negocio. En materia contractual, la culpa es graduada. 134. En el ámbito extracontractual, en cambio, se responde de la culpa leve: si Ud no se ajusta al comportamiento de un buen padre de familia y con su actitud causa daño, entonces responde. 135. Para Alessandri, en cambio, se responde de toda clase de culpa en materia extracontractual. Esto resulta insensato. Se responde, bajo la regla aquiliana, cuando se ejecuta u omite un acto que debió haberse ejecutado, en términos tales que esa decisión no habría sido adoptada por un buen padre de familia, y siempre que, a la luz de la experiencia disponible, esa acción u omisión sean la causa del daño cuya reparación ahora se persigue. ANALISIS PARTICULAR DEL DAÑO
136. En materia de daños, impera el principio de reparación íntegra. Este principio recibe consagración constitucional en el Art. 19 N° XXX. Se estima, incluso, que la indemnización tarifada resultaría inconstitucional, por infracción a este principio. 137. Este principio funciona en su integridad en el ámbito de los daños materiales. Pese a esto, resulta que el lucro cesante no sería tan exacto como el daño emergente, ya que depende del "factor probabilidad". El problema más grave, en lo relativo a la aplicación rigurosa de este principio, radica en el daño moral. En este, como luego se expondrá, no existe en rigor una idea de "reparación", sino más bien de "compensación" o "satisfacción".
138. Para que se configure responsabilidad civil, es preciso que se configure un daño. Los requisitos que hemos de constatar para la verificación del daño son: 1.- Debe existir un interés legítimo protegido, que haya sido afectado por 139. una acción u omisión de otro sujeto de derecho. No necesariamente se exige un derecho subjetivo en sentido estricto. De este modo, por ejemplo, la concubina podría demandar por daños, pese a que no se encuentra jurídicamente vinculada con su pareja.
140. Existen algunos daños que, estando permitidos por el sistema legal, no son susceptibles de indemnización. Por ejemplo: los perjuicios sufridos por quienes, en el contexto de un sistema económico libre y competitivo, resultan vencidos en el mercado. 2.-Debe tratarse de un daño de cierta entidad. Esto es, debe presentar 141. cierta importancia o envergadura. Una simple molestia o perturbación no da lugar a indemnización de perjuicios. 3.- El daño se debe probar. Quien no pruebe el daño no será indemnizado. 142. Para esto hay que distinguir entre los daños materiales y los daños morales. En el primer caso, la prueba documental resulta fundamental (ver: Art. 346 CPC). También es importante la prueba pericial. 143. En cuanto al perjuicio de afección (el daño moral que sufren las víctimas por rebote), solía aplicarse una presunción de daño moral. Hoy día, la Corte Suprema ha estimado que el daño moral tiene que probarse, aplicando el principio general en materia de onus probandi (Art. 1698 CC). Esta prueba, en todo caso, es más flexible. 4.- El daño debe ser cierto. Esto se adapta muy bien al daño emergente. 144. Respecto del lucro cesante, cabría todavía distinguir entre lucro cesante pasado y futuro. Respecto del primero, no existen problemas para establecer su certeza, puesto que se trata de aquel daño patrimonial consistente en la pérdida de ganancias acaecida entre el accidente y la sentencia definitiva. En el ámbito del lucro cesante futuro, en cambio, se aplican criterios de previsibilidad. El juez tendrá que hacer una previsión del futuro, determinando el monto de la pérdida de ganancias durante un cierto periodo.
145. Cabe destacar que el lucro cesante se determina a la luz del caso concreto, no es abstracto. 146.
5.- El daño puede ser presente o futuro.
CLASIFICACION DE LOS DAÑOS:
EL DAÑO MORAL EL DAÑO MORAL EN LA JURISPRUDENCIA
147. En Chile, la primera sentencia que reconoce la indemnización por daño moral va a ser dictada en 1922, por la Corte Suprema. En ese caso, se indemnizó el daño moral de afección (causado por la perdida de un hijo). Se indemniza el pretium dolores de una víctima por rebote. Luego de 1922, se comenzó a indemnizar el daño moral experimentado a consecuencia de daños físicos. El daño moral se encontraba vinculado a una lesión física. En la década de 1950 se comienza a indemnizar el daño moral puro, que no se encuentra vinculado a un perjuicio físico, a una lesión física o a la muerte, sino que a la afectación ilegítima o antijurídica de un derecho personalísimo, como el honor, la honra o el prestigio. Toda esta evolución se experimenta nada más en el ámbito extracontractual, y de manera fundamental en el marco de un proceso penal. El daño moral va a ser reclamado, en el antiguo proceso penal, a raíz de que paralelamente al delito o cuasidelito civil, va a perseguirse la responsabilidad penal del agente. 148. Otra razón de desarrollo del daño moral en sede extracontractual, va a ser la negativa a acogerlo por incumplimiento contractual. 149. En la década de 1990 va a comenzar, tenuemente, a aceptarse la procedencia de indemnizar el daño moral en sede contractual. 150. Esta evolución ha tenido un efecto fundamental en el ámbito de la responsabilidad civil, a saber: en todas las hipótesis en que se presenta un daño físico o la muerte de la víctima principal, el daño moral ha pasado a absorber a los demás rubros de daños. El foro, la práctica profesional, y así también la jurisprudencia, han privilegiado la indemnización del daño moral, en desmedro de los daños materiales. De ahí que el lucro cesante no tenga más que una pobre aplicación en la jurisprudencia nacional ya que, existiendo el daño moral, la reparación va a ser fijada de manera discrecional por el juez. Se trata de un fenómeno usual en el derecho comparado, debido a la mayor facilidad para obtener indemnización. Hasta una época reciente, en ciertas hipótesis el daño moral llegó incluso a presumirse. Por ejemplo, se creó una presunción de daño moral cuando se trataba de un cónyuge o de un pariente cercano. Sin embargo, esto ha cambiado, puesto que ya no se aplican presunciones de daño. 151. La evolución jurisprudencial anteladamente descrita, se manifiesta en un cierto mosaico de decisiones desiguales. Frente a circunstancias similares, la indemnización por daño moral resulta diversa. Esta desigualdad plantea un cierto problema de constitucionalidad, en cuanto al principio de igualdad de trato. En el derecho comparado se han planteado soluciones. Una de ellas consiste en la fijación de tablas o baremos de indemnización, a efectos de lograr una cierta regularidad en la indemnización del daño moral. Este rol lo suplen, en algunos países, los sistemas de seguros. Las aseguradoras crean tablas consuetudinarias, con el fin de limitar la discrecionalidad y uniformar el sistema indemnizatorio. Se ha discutido acerca de la
constitucionalidad de esta indemnización tarifada o forfataria. Sin embargo, estos sistemas han funcionado de manera más o menos correcta. Estos sistemas tienen por efecto, además, que la indemnización tenga también una función punitiva. 152. En el ámbito contractual, cuando existe dolo, este funciona como una agravante de la responsabilidad civil contractual, puesto que se indemnizan tanto los daños previstos como los imprevistos (la regla aplicable al incumplimiento culposo indica que se indemnizan sólo los daños previstos). Hoy día, hay numerosos fallos en que se acepta indemnizar el daño moral en sede contractual. NOCION Y CLASES DE DAÑO MORAL
Clasificación de los daños
daño emergente Materiales o patrimoniales
Daños físicos (perdida de capacidad productiva) lucro cesante pasado futuro otros daños (sexuales, estéticos, etc) pretium doloris
Extra patrimoniales o morales
perjuicio de afección
perjuicio de agrado daño moral puro
153. La concepción clásica de daño moral es la que maneja Alessandri y, tradicionalmente, la jurisprudencia chilena. El pretium doloris era concebido como la angustia, el pesar o dolor psicológico experimentado por la víctima a causa del accidente. Se trata de una noción demasiado restringida, puesto que, según esta, no cabría indemnizar el daño moral a las personas jurídicas. Al ser estas una ficción carente de sensibilidad, es evidente que no pueden sufrir un pretium doloris. Sin embargo, nuestra jurisprudencia tiende a aceptar el daño moral sufrido por una persona
jurídica. Esto va a ocurrir cuando la persona jurídica vea afectado su prestigio, su buen nombre e imagen comercial. Ahí se trata de un daño moral puro. 154. Si nos restringiésemos al daño moral como pretium doloris, tampoco cabría indemnizar a los infantes como víctimas por rebote y, asimismo, todo sujeto que se encontrase privado de conciencia de percibir su propio daño dejaría de obtener indemnización por daño moral. De ahí que, modernamente, se proponga una concepción más amplia o extensiva de daño moral, estableciéndose categorías del mismo: Perjuicio de Agrado: Aquella categoría que ha logrado una mayor 155. extensión es el perjuicio de agrado, consistente en las actividades extra programáticas que la víctima deja de realizar como consecuencia del accidente. Perjuicio estético: Percepción exterior de la belleza de la víctima. Tiene 156. mayor relevancia en el caso de la mujer. En el caso de las modelos, no cabe confundirlo con el lucro cesante (lo que va a dejar de percibir por su trabajo de modelaje). Perjuicio de afección: Perjuicio psicológico que sufre una persona, a 157. resultas del daño de otra. También se puede presentar, aunque con una intensidad muy reducida, respecto de los daños en las cosas. Es esta una manifestación del pretium doloris en las víctimas por rebote.
Otros: perjuicio sexual y perjuicio juvenil.
159. ¿Cuál es la relevancia de crear categorías? En primer lugar, se tiende a objetivizar la reparación por daño moral. Por medio del establecimiento de diversos rubros de daño moral, a los cuales se les asigna una determinada cantidad de dinero. Por otra parte, la elaboración de categorías permite que los abogados puedan fundamentar mucho mejor las pretensiones de sus clientes. MONTO DE LA INDEMNIZACION POR DAÑO MORAL
160. Una vez que se acepta que procede la indemnización, se cuantifica el monto de los perjuicios. La jurisprudencia, apreciando discrecionalmente el daño, no obstante lo cual maneja los siguientes factores para determinar el quamtum de la compensación2: La gravedad del hecho: Algunos dicen que si el desprecio por el sistema 161. jurídico demostrado por quien cometió el hecho, procede imponer una mayor indemnización. Este es un claro caso en que se pasa de la reparación a la punición.
Estos criterios se toman de manera dispar por la jurisprudencia.
Facultades económicas del demandante y del demandado (en especial de 162. este último). Se toma en cuenta cuanto es el patrimonio del victimario. Si se trata, por ejemplo, de un empresario, el juez es más proclive a condenar por altas indemnizaciones. Esto puede resultar criticable, en virtud del principio de reparación íntegra del daño. Sin embargo, el principio antedicho se condice mal con el daño moral, el cual se compensa, se castiga o se satisface. En rigor, no se repara.
163. Al tomarse en cuenta la situación patrimonial de la víctima, se tiende a indemnizar más al que tiene un mayor patrimonio, lo que no significa que al pobre se le indemnice menos. 164.
Edad y sexo de la víctima.
DAÑO MORAL Y DESPIDO INJUSTIFICADO 165.
Cuando el empleador despide injustificadamente al trabajador, invocando alguna causal grave que hace improcedente la indemnización por año de servicio, si se logra acreditar el daño moral, se accede a una indemnización. Esta situación presenta diversos problemas: El Art. 163 C del T señala que la indemnización que corresponde pagar por despido injustificado, por años de servicio, debe ser aumentada (mayorada) hasta en un ciento por ciento. Preceptúa el C del T que no se aceptará otra excepción. Se trata de una indemnización tarifada (forfataria) y punitiva. Para algunos, esa indemnización cubre todos los daños, incluso los morales. Este precepto adolecería de inconstitucionalidad, al infringir el principio de reparación íntegra del daño: tendrá necesariamente mayor indemnización por daño moral quien ha trabajado un mayor tiempo.
En lo concerniente al régimen jurídico aplicable al daño moral por despido injustificado, algunos han señalado que se aplicaría de responsabilidad contractual, a raíz del incumplimiento del contenido ético jurídico del contrato de trabajo (la acción de despedir arbitrariamente). Así opina Sergio Gamonal.
Por otra parte, la mayoría de la doctrina opina que corresponde aplicar el estatuto extracontractual. Ramón Domínguez señala que el despido injustificado puede configurar un ilícito civil autónomo, independiente del contrato de trabajo.
Si estimamos que se aplica el estatuto contractual, el tribunal competente es el del trabajo. En cambio, si estimamos que se aplica el régimen extracontractual, necesariamente el tribunal competente será el civil.
LUCRO CESANTE NOCION DE LUCRO CESANTE
169. El lucro cesante consiste en la pérdida del incremento neto que habría ingresado al patrimonio de la víctima, de no haber ocurrido el accidente o incumplimiento contractual. Se trata de una ganancia legítimamente esperada que no se produce, un patrimonio que no se incrementa. En cambio, en el daño emergente, el patrimonio preexistente sufre una merma a causa del accidente.
170. Se incluye también en esta categoría, la pérdida de la oportunidad de usar y gozar una cosa, salvo que concurra un bien de sustitución (por ejemplo, una carroza destruida es reemplazada inmediatamente por una arrendada). 171. El daño moral ha desplazado en la jurisprudencia al lucro cesante. Esta situación da cuenta de una impropiedad en el sistema indemnizatorio, que contradice gravemente el principio de reparación íntegra del daño, ya que se trata de dos daños perfectamente diferenciados. Ambos daños, en todo caso, presentan algún grado de incertidumbre, a diferencia de lo que ocurre con el daño emergente. 172. El lucro cesante tiene importancia cuando se encuentra asociado a lesiones físicas o a la muerte de la víctima. CLASES DE LUCRO CESANTE
173. Lucro cesante pasado: Aquel que se verifica desde el acaecimiento del accidente hasta la sentencia definitiva. Es más fácil de acreditar que se dejó de percibir. 174. Lucro cesante futuro: Aquel que se produce con posterioridad a la sentencia. En este caso, el juez debe hacer una previsión. 175. El lucro cesante no cumple de manera exacta el requisito de certidumbre. Para determinarlos se emplean criterios de verosimilitud o previsibilidad, donde se toman en cuenta las circunstancias normales y no las excepciones. Así, no resulta procedente por parte del victimario la alegación de sucesos extraordinarios. La víctima no puede alegar aumentos hipotéticos de remuneraciones o promociones en su trabajo que podrían haber ocurrido de no mediar el accidente, salvo existencia de documentos expresos que demuestren lo contrario. PRUEBA DEL LUCRO CESANTE
176. Para probar el lucro cesante, es necesario acreditar la concurrencia de lesiones físicas o la incapacidad de la víctima, así como el período durante el cual dicha incapacidad se mantuvo. Con todo, en ningún caso resulta suficiente probar la concurrencia de los elementos antedichos, puesto que, además, es preciso acreditar que dicha pérdida de capacidad productiva ha importado una merma en el ingreso de bienes a su patrimonio. En consecuencia, para obtener indemnización por lucro cesante, es preciso acreditar las lesiones, el detrimento en la capacidad productiva del demandante, así como la pérdida de ingresos en su esfera patrimonial como consecuencia del acaecimiento del daño. 177. A efectos de probar las circunstancias precedentemente explicadas, es fundamental acompañar los instrumentos respectivos que den cuenta de las lesiones
corporales inflingidas a la víctima. Puede tratarse de un peritaje médico, o bien de instrumentos públicos o privados. El mismo peritaje, debe acreditar la extensión temporal de la incapacidad surgida a raíz del accidente. 178. Para acreditar que el sujeto dejó de percibir los ingresos, es posible acompañar el contrato de trabajo, la liquidación del sueldo, boletas, declaración de renta, o bien prueba testimonial. Es necesario calcular lo que efectivamente dejó de percibir el sujeto. A ese monto, hay que restarle la remuneración que percibe el trabajador durante su enfermedad, en razón del sistema de previsión social. Además, los gastos en que éste incurre durante un mes normal. 179. Además, existe la posibilidad de acudir a presunciones judiciales para acreditar el lucro cesante. CALCULO DEL LUCRO CESANTE
180. cesante
Existen dos sistemas para calcular el monto de la indemnización por lucro
1.- Método multiplicador: Multiplicar las remuneraciones por el período de 181. tiempo durante el cual se extiende la incapacidad productiva. Es este un método inexacto. El problema estriba en que, la aplicación del mecanismo en examen, importa fijar una indemnización única y total. No es lo mismo recibir mensualmente una suma de dinero que obtener inmediatamente el total de la reparación. 2.- Modelo matemático-financiero: En virtud de este método, debe 182. establecerse un capital que genere una renta equivalente a la remuneración que la víctima no podrá percibir en razón del accidente. El problema es que dicho capital va a formar parte del patrimonio de la víctima, configurándose un enriquecimiento injusto.
183. 3.- Otro sistema, consiste en establecer un capital al cual se le realiza una deducción periódica que incluye los intereses que genere, de manera tal que dicho capital se extinga completamente con el pago íntegro de la indemnización por lucro cesante. Se trata de un cálculo financiero que la jurisprudencia, hoy por hoy, no efectúa. 184. En el sistema francés, para calcular el lucro cesante se fija una plantilla por edad a la cual se le aplica un factor para determinar el monto. 185.
El lucro cesante es renta, y, por lo tanto, se encuentra afecto a tributación.
186. Este consiste en el menoscabo real y efectivo en el patrimonio de la víctima, los costos en que la víctima incurre a causa del accidente. Se trata de la clase de daño cuya prueba es más sencilla. PRESUNCIONES DE CULPA EN EL ÁMBITO EXTRACONTRACTUAL
187. El principal defecto del sistema de responsabilidad civil extracontractual en Chile, radica en la carga que tiene la víctima de probar la culpa -o, en términos más generales, el factor subjetivo de atribución-, teniendo en cuenta sobretodo que, en reiteradas situaciones resulta muy difícil discernir el elemento de la culpa. De ahí que el codificador, desde antiguo, a fin de facilitar la tarea de la víctima, establezca presunciones de culpa, esto es, alteraciones en el onus probandi. Será, en consecuencia, el supuesto agente del daño quien deberá probar la ausencia de culpa (la diligencia debida). La codificación establece ciertos casos de presunción de culpa en el ámbito extracontractual. PRESUNCION DE CULPA POR EL HECHO PROPIO
188. La responsabilidad por el hecho propio, por regla general, requiere la prueba de la culpa. La víctima debe acreditar la negligencia (Art. 1698 CC, en relación con el Art. 2314 del mismo código). Según parte de la doctrina nacional, el Art. 2329 del CC consagra una presunción de culpa que favorece a la víctima. Al respecto, la doctrina ha expuesto las siguientes tesis interpretativas: 1.- Meza Barros: Para algunos, este precepto no consagra una presunción 189. general de culpa, sino que nada más señala tres hipótesis específicas en que esta se presume: 1.) Disparo de un arma de fuego, 2.) Remoción de losas o cañerías en calle o camino, 3.) Causación de daño al mover ciertas estructuras de un puente. A esta proposición se suma Pablo Rodríguez Grez quien señala que, pese a resultar conveniente acoger -de lege ferenda- una presunción general de culpa, estima -de lege lata- que no es ese el espíritu del precepto. 2.- Ducci Claro: En su memoria de prueba, Ducci Claro señala que existe 190. una presunción general de culpa en el Art. 2329 del CC. Es esta una posición avanzada. Esta opinión doctrinaria está inspirada en la interpretación de la doctrina colombiana del mismo precepto. A favor de esta tesis se esgrimen los siguientes argumentos:
191. Argumento exegético: El Art. 2329, por ubicarse luego de las presunciones de culpa por el hecho ajeno y por el hecho de las cosas, no puede entenderse sino como una norma de clausura de las presunciones de culpa, en aquellas situaciones en que se trate de una actividad peligrosa. En otros términos, para este autor, las actividades peligrosas que generan un daño involucran una presunción de culpa.
192. Sostener la inexistencia de una presunción de culpa en el Art. 2329 llevaría al absurdo de que el Art. 2329 del CC repetiría lo dispuesto en el Art. 2314: ¿Qué sentido tendría reiterar el principio general de responsabilidad contemplado en el Art. 2314, sin establecer ninguna presunción de culpa? 193. El sujeto que se dedica a una actividad riesgosa o peligrosa, se encuentra en la mejor posición para prevenir o tomar las medidas necesarias para evitar un resultado dañoso. Es este un argumento elaborado por la doctrina contemporánea. 3.- Alessandri: Recoge la tesis de Ducci Claro y la amplía. Según 194. Alessandri, no debe restringirse la presunción de culpa a las actividades peligrosas, sino que debe ampliarse a toda actividad que, de acuerdo a su naturaleza o circunstancias, cause un daño que contraviene la normalidad de las cosas. Hay que analizar la actividad y sus circunstancias y, si algo escapa a lo normal y produce un daño, la culpa se presume. El efecto que podría ocasionar una interpretación extensiva de la presunción de culpa del Art. 2329 es, justamente, la aplicación general de una presunción de culpa por el hecho propio en el ámbito extracontractual. De esta manera, el Art. 2314 comenzaría un periodo de desuetudo, pasando a ser letra muerta. Así ocurrió en la jurisprudencia francesa. En esta, la interpretación de presunciones de culpa por el hecho ajeno y por el hecho de las cosas importó que se aplicase de manera general una presunción general de culpa. Esto va encaminado para facilitar la reparación.
195. Si el Art. 2329 lograra establecer una presunción general de culpa, se produciría un acercamiento importante entre ambos estatutos de responsabilidad civil (contractual y extracontractual). No obstante, la jurisprudencia nacional no ha ido tan lejos. Sin duda, ha aplicado la presunción de culpa del Art. 2329 excediendo los tres numerales de dicho precepto. No existe, en todo caso, una jurisprudencia estable y coherente al respecto. PRESUNCIONES DE CULPA POR EL HECHO AJENO
196. El CC establece, sus Arts. 2320 y 2322, la regulación de la responsabilidad por el hecho ajeno. Dicho precepto señala que no se es sólo responsable por los propios actos, sino también de aquellos que estuvieren bajo nuestro cuidado. Luego, dicho precepto señala varias hipótesis -por vía ejemplar- de presunciones de culpa por hecho ajeno. El principio no es restrictivo: 1.) Responsabilidad de los directores de colegio por hecho de sus discípulos. 2.) Del padre o de la madre, por el hecho de sus hijos capaces. 3.) Responsabilidad de los artesanos por el hecho de sus aprendices. 197. La víctima que intente establecer la responsabilidad por el hecho ajeno, deberá acreditar la responsabilidad civil del agente directo del daño. De ahí que éste tenga que ser capaz.
198. Luego, para efectos de exigir la responsabilidad del principal (tercero civilmente responsable) tiene que acreditarse un vínculo de subordinación o dependencia entre ambos. Sólo una vez que se acredite la responsabilidad civil del agente directo del daño, y el vínculo de subordinación, se configura una presunción de culpa en contra del principal o tercero civilmente responsable, quien deberá acreditar la diligencia o ausencia de culpa (de él o de su dependiente). 199. No se trata de responsabilidad por el hecho ajeno, de una responsabilidad vicaria o estricta del tercero civilmente responsable. En la experiencia comparada (salvo Alemania) se ha establecido por vía jurisprudencial una responsabilidad objetiva o estricta del principal. Una vez acreditada la responsabilidad civil del agente directo del daño y el vínculo de subordinación, no se aplica una presunción de culpa respecto del principal o tercero civilmente responsable, sino que este responde de manera objetiva. En este caso, el empresario no podrá librarse demostrando diligencia. Sólo se liberará probando fuerza mayor o caso fortuito. 200. La jurisprudencia nacional ha ido desarrollando un proceso de objetivación de la responsabilidad. Particularmente, del tercero civilmente responsable. Esto se ha desarrollado a través de limitaciones a las pruebas liberatorias. Se restringe la posibilidad de acreditar diligencia. Los estándares de conducta que se exigen son más severos, por lo que en la práctica es complejo para el empresario acreditar la prueba liberatoria. 201. Se sostiene que en la responsabilidad por el hecho ajeno concurren dos ilícitos. Por una parte, el del agente directo del daño. De otro lado, el del tercero civilmente responsable, a quien se le imputa presuntivamente una culpa in eligendo o in vigilando. Sin embargo, el Art. 2325 permite repetir contra el agente directo del daño, bajo la condición que el subordinado sea capaz. 202. Un debate jurisprudencial consiste en determinar si la responsabilidad por el hecho ajeno descrita en los artículos 2320 y 2322 implica solidaridad en el pago de la indemnización (a favor de la víctima), o se trata simplemente de una obligación subsidiaria por parte del tercero civilmente responsable. La Corte Suprema ha señalado que no se verifica solidaridad. La víctima no puede demandar indistintamente y por el total del crédito al agente directo o al tercero principal. La razón que se ha invocado, siguiendo a Alessandri, estriba en que no cabe entender que, en los casos de responsabilidad por el hecho ajeno, el ilícito ha sido cometido conjuntamente por el agente del daño y por el tercero. El Tribunal Supremo da a entender que se trataría de un único ilícito cometido por el agente directo, por el cual no responde sólo éste, sino también el tercero. Pero la regla del Art. 2317, que consagra la solidaridad en el ámbito extracontractual exige, según la Corte Suprema, que el ilícito haya sido cometido de manera simultánea o coetánea por los obligados al pago. Existen fallos de tribunal de instancia, inclusive algunos confirmados por la Corte Suprema (pero sin que esta se
haya pronunciado respecto del punto), en que se establece solidaridad en el ámbito de la responsabilidad por el hecho ajeno, aplicando directamente el Art. 2317, sin un razonamiento jurídico que sirva de base. 203. Este problema de la solidaridad no ha suscitado mayores dificultades, ya que la jurisprudencia ha interpretado que, cuando no procede la solidaridad en la responsabilidad por el hecho ajeno, nada impide a la víctima demandar por el total al tercero civilmente responsable, con la salvedad que dicha responsabilidad sería subsidiaria. 204. Resulta necesario analizar algunas de las hipótesis que el CC comprende en relación a la presunciones de culpa por el hecho ajeno: 205. 1.- Responsabilidad del padre o la madre por el hecho de los hijos: Cabe tener presente al Art. 2319. Ese precepto contempla reglas de capacidad para cometer un ilícito civil. Dicho artículo implica que os sujetos considerados incapaces no pueden ser objeto de una demanda de indemnización de perjuicios. Los incapaces carecen de legitimación pasiva. Como los infantes y los dementes son incapaces, responden por los daños causados por estos las personas a cuyo cargo se encuentren, siempre y cuando se establezca la culpa del guardador o la persona que tiene a su cargo al incapaz. Justamente, en este caso, la culpa no se presume. En consecuencia, el padre o la madre que tiene bajo su cuidado a su hijo incapaz que causa daño, estará obligada a reparar dicho daño, siempre y cuando la víctima acredite la culpa del padre o de la madre. 206. Hay que tener presente una condición especial que establece el inciso 2do del Art. 2319, a saber: que los menores habiten en la misma casa que el padre o madre. 207. Situación distinta a la del Art. 2319 es la del Art. 2320. En la hipótesis del 2320, tanto el tercero civilmente responsable como el hijo que causa el daño tienen que ser capaces. 208. El Art 2320 exige capacidad por parte del agente directo del daño porque el incapaz no puede cometer culpa. 209. Todavía, respecto de los hijos menores, cabe tener presente la regla del 2314 del CC. Aquí se ha señalado que el CC establecería una regla de responsabilidad estricta u objetiva. En efecto, el código señala que los padres serán siempre responsables en el evento que los daños causados provengan conocidamente de la mala educación o de los hábitos viciosos que los padres los hayan dejado adquirir. No obstante, se trata de casos más o menos aislados en la jurisprudencia. 2.- Responsabilidad del empresario por hecho de su dependiente: No 210. resulta necesario que exista una relación laboral, ni que el dependiente sea una persona
natural. En el ámbito de la responsabilidad del empresario, la jurisprudencia ha avanzado hacia una objetivación de dicha responsabilidad, estableciendo restricciones probatorias, al exigir un estándar de conducta cada vez más estricto. 211. Con todo, siempre cabe la posibilidad que el tercero civilmente responsable (el empresario, en este caso) repita en contra del agente directo del daño (Art. 2325 CC), siempre y cuando el agente directo sea capaz y hubiere realizado el daño sin orden del tercero principal. 3.- Otros casos que no ameritan mayor explicación: 1.) Responsabilidad 212. del tutor o curador por el hecho de su pupilo. 2.) Responsabilidad de los directores de colegio por hecho de sus discípulos. RESPONSABILIDAD CIVIL DE LAS PERSONAS JURIDICAS
213. El Art. 545 del CC define las personas jurídicas. Según estima la doctrina mayoritaria, se acoge la doctrina de la "ficción", elaborada por Savigny en el siglo XIX. La persona jurídica es capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, esto es: tienen capacidad legal para obligarse. El problema radica en que una persona ficticia carece de voluntad y, en consecuencia, no podría llevar a cabo una acción u omisión culpable. He aquí el quid del asunto. Antes que nada, cabe aclarar que la persona jurídica puede responder por el hecho de otro, y también por el hecho de las cosas. 214. ¿Es posible establecer una responsabilidad directa por el hecho propio?. Para entender esto, cabe tener presente que las personas jurídicas tienen un órgano de administración (órgano social), que es aquel en cuyo seno se genera la voluntad de la persona jurídica. Así, en el caso de una fundación o corporación, existe un comité directivo que administra y toma las decisiones vinculantes para la persona. Este organismo social no puede entenderse como dependiente, puesto que desde él emana la voluntad de la persona jurídica. Según la teoría del órgano, el directorio o la asamblea de accionistas constituye la voluntad de la corporación, fundación o sociedad. En consecuencia, no cabe aplicar la responsabilidad por el hecho ajeno. Al no poderse establecer un vínculo de subordinación, la doctrina ha planteado una responsabilidad directa y por el hecho propio de la persona jurídica, por aquellos actos o decisiones llevados a cabo por el órgano social. A esta responsabilidad no cabría aplicarle el Art. 2320 del CC. Existirían, en consecuencia, dos posibilidades de que la persona jurídica responda por los daños causados: 1.) El hecho de su dependiente (hecho ajeno: Art. 2320), y 2.) decisiones del órgano social que causan un año (hecho propio: Art. 2314 y/o 2329). 215. Con todo, este análisis no parece conveniente de lege ferenda. Según Pizarro Wilson, sería necesario unificar la responsabilidad civil de la persona jurídica por el
hecho del órgano y por el hecho ajeno. Cosa distinta es la posible responsabilidad personal de los dirigentes. Si estos actúan extralimitándose en sus funciones, serán personalmente responsables3 (ver 552 CC, relativo a los actos del Representante de la corporación). RESPONSABILIDAD POR EL HECHO DE LAS COSAS
216. En el caso de responsabilidad por el hecho de las cosas, se trata de varios casos de responsabilidad (Art. 2323 y 2328), en los cuales esta recae sobre un sujeto que, en principio, tiene relaciones de propiedad con la cosa que produjo directamente el daño. El caso más obvio corresponde a quien es, por ejemplo, dueño de un automóvil. En estos casos, el dueño responde por los daños que causa el automóvil. 217. Tenemos también, el caso de las cosas que caen o se arrojan de la parte superior de un edificio, y que causan daño a raíz de dicha caída. Lo propio de la responsabilidad por el hecho de las cosas es que se omite (en principio, al menos) la prueba de la negligencia. La víctima, en consecuencia, queda exonerada de probar la negligencia, debiendo nada más acreditar el daño, el vínculo de causalidad, y la relación de propiedad que media respecto de la cosa. El dueño, con todo, puede exonerarse de responsabilidad civil por medio de la prueba del cuidado debido o del caso fortuito. Cabría subrayar que las tres hipótesis de presunciones de culpa son simplemente reglas de inversión del onus probandi. Siempre el victimario podrá probar que fue diligente, y en ese caso no responde. Por eso, las tres hipótesis señaladas no son hipótesis de responsabilidad estricta. Esta, en cambio, se verifica cuando la regla legal no admite prueba de la diligencia. 218. La responsabilidad por el hecho de las cosas obedece a la siguiente hipótesis general: Un sujeto padece un daño causado por una cosa animada o inanimada. Un tercero, cuya conducta no ha incidido directamente en el daño, debe, sin embargo, responder, en razón de la propiedad que tenía sobre la cosa, o en razón del deber de vigilancia que tenía que ejercer sobre ella. 219. El CC consagra fundamentalmente dos grandes casos de responsabilidad por el hecho de las cosas: 220. Por una parte, se encuentran los Arts. 2326 y 2327, relativos a la responsabilidad por el daño causado por un animal (doméstico o no), que se suelte o extravíe sin la voluntad del dueño, o de quien los utiliza. 221. Si un animal causa daño, la pregunta estriba en la identificación del responsable: la respuesta por los daños causados por un animal consiste en que estos deben ser reparados por el dueño del mismo, o por quien lo utilice con su permiso. 3
Hay reglas especiales para las sociedades anónimas.
222. Por otra parte, el Art. 2327 se refiere a la hipótesis de responsabilidad por daños causados por un animal fiero. Dichos daños se imputan al dueño bajo una regla de responsabilidad estricta. 223. Existen, por otra parte, otras reglas del CC que se refieren fundamentalmente a tres hipótesis, todas relativas a los daños que pueda ocasionar un edificio. Son los siguientes: 1.- Arts. 2323 y 2324: El CC presume la negligencia del dueño del edificio 224. por el daño que cause su ruina, provocada por la omisión de las necesarias reparaciones. Se trata de una regla de desplazamiento de onus probandi, puesto que el dueño podría eximirse de responsabilidad acreditando caso fortuito o fuerza mayor. 2.- Art. 2003: Tratándose del daño causado por defectos en la construcción 225. de un edificio, la responsabilidad principal recae sobre el arquitecto, o sobre quien aportó los materiales del edificio. 3.- Art. 2328: Establece una regla de responsabilidad por los daños que 226. causa una cosa que cae o es arrojada de la parte superior de un edificio. En ese caso, la responsabilidad se imputa al dueño (en cuyo caso se trata de una obligación de objeto único), o a prorrata de los copropietarios (en cuyo caso se trata de una obligación simplemente conjunta).
227. Cabría insistir en que, con la sola excepción del Art. 2327, las reglas que acabamos de revisar lo son de inversión de onus probandi. RESPONSABILIDAD POR DIFAMACION
228. Bajo las reglas del T. XXV del libro IV del CC, se regula también la responsabilidad por difamación (según la nomenclatura del derecho comparado). Esta se configura frente a los atentados en contra del honor o la honra de una persona. Esta responsabilidad se rige por el Art. 2331 del CC. Dicho artículo restringe la reparación solamente al daño patrimonial causado por las imputaciones injuriosas o calumniosas. Se excluye, en consecuencia, la reparación del daño moral. 229. honra.
Como vimos, la regla del Art. 2331 se refiere básicamente al honor y a la
230. En el contexto de una sociedad democrática, la palabra honor alude a la dignidad que hombres y mujeres se reconocen recíprocamente. En una sociedad señorial, el honor se encuentra desigualmente distribuido.
231. La honra es la imagen que Ud ha logrado generalizar en los demás respecto de sus propias cualidades, morales o profesionales. Esta tiene una dimensión patrimonial más fuerte que la honra y el honor. 232. Desde el punto de vista general del ordenamiento jurídico, la responsabilidad por difamación ha sido regulada bajo reglas especiales. Desde luego, la ley 19733, sobre ejercicio del periodismo y la libertad de opinar e informar. Este cuerpo legal contempla casos de injurias y calumnias cometidos a través de un medio de comunicación social, estableciendo expresamente la reparación del daño moral. 233. El CP y la ley de Seguridad del Estado, contemplan todavía, lo que se conoce como delito de desacato. Este consiste en proferir expresiones que lesionen la dignidad y el honor de las instituciones nacionales. Se trata de un atentado a la imagen de las instituciones. Por supuesto, es este un delito inadmisible en una democracia. Es un tipo repugnante e indigno de una sociedad que cultiva la libertad de expresión. RESPONSABILIDAD POR ATENTADOS CONTRA LA PRIVACIDAD
234. El Título XXXV no contiene reglas directas y explícitas sobre la privacidad, que es un concepto relacionado con el honor y la honra pero que, sin embargo, es técnicamente diferente. 235. En términos generales, los mecanismos de protección de la privacidad son los siguientes: 236. 1.- Vía Penal: Arts 161 a y 161 b del CP: Tipos penales que regulan la invasión a espacios físicos que deben entenderse privados. 237. 2.- Vía Constitucional: Recurrir de protección (casos más habituales). En esta materia, el rasgo fundamental de la jurisprudencia chilena es que, cuando existe conflicto entre la privacidad y la libertad de opinión e información sin censura previa, las Cortes conceden una primacía abstracta a la privacidad, por sobre la libertad de expresión. 238. 3.- Vía Civil: El Título XXXV del L.IV del CC no contiene reglas explícitas respecto de la privacidad. En frente de esa situación, se han formulado las siguientes opiniones en el derecho civil chileno: 239. a.- Hay quienes sostienen que el silencio de las reglas legales no es grave, porque la regla general aquiliana permite que se pueda perseguir la responsabilidad por daños patrimoniales y extrapatrimoniales causados. El problema que tiene esta solución, es que pone de cargo de la víctima la prueba de la negligencia del acto que supone daño moral y, además, se requiere probar el daño moral.
240. b.- Por otra parte, hay quienes sostienen que no hay reparación si se trata de un atentado a la privacidad con daño exclusivamente moral. Si el Art. 2331 impide la reparación por daños morales, con mayor razón habría que entenderse que, en caso de atentados contra la privacidad no hay indemnización por daño moral. 241. c.- Están también quienes sostienen que una interpretación de las reglas del Título XXXV del L. IV conduce inevitablemente a la reparación 242. Cabe preguntarse que responsabilidad se origina por atentados a la privacidad de una persona. 243. Desde luego, el derecho a la privacidad, en el derecho comparado, se entiende de dos formas: 244. 1.- Por una parte, se entiende como autonomía, es decir, capacidad estricta de autogobierno en todo lo que no afecte a la sociedad. Bajo este concepto, un acto es privado, no en razón del lugar donde se realiza, sino en razón de las personas que a ese acto comprometen. La Constitución garantiza la privacidad, a menos que se lesionen derechos de terceros. 245. 2.- Por otra parte, la privacidad puede ser entendida como un derecho al secreto: el derecho que asiste a cada persona para decidir que aspectos de su vida pueden ser conocidos de los demás. Una sociedad liberal acepta y reconoce el derecho al secreto: el derecho a mentir, a que las personas exhiban una cara pública diferente de aquella que la persona prefiere mantener en secreto. 246. 3.- Todavía, hay una tercera forma de privacidad. Esta es, la privacidad entendida como extensión de la propiedad: Ud tiene derecho a que nadie se entrometa en la esfera de lo que es suyo. 247. En el derecho comparado, se protege la privacidad como secreto, bajo las reglas de la responsabilidad civil. Si una persona divulga aspectos de la vida de otra, sin que esta consienta, entonces esa persona debe responder por los daños que dichas expresiones causen. Cabe subrayar que no es lo mismo que la protección por difamación. En el caso examinado, el sólo hecho de divulgar información genera responsabilidad. 248. La regla de responsabilidad civil en derecho comparado (RFA, España) es que la intromisión ilegítima, es decir, la divulgación o difusión por cualquier medio de informaciòn, relativos a la vida personal o familiar de otro, sin que medie su consentimiento, genera responsabilidad civil tanto por los daños patrimoniales como
por los extrapatrimoniales que esa intromisión genere o produzca. No existe intromisión ilegítima en tres hipótesis: 249. 1.- Desde luego, si media consentimiento (vgr: casos relativos al star system local. Puede tratarse también, de una manifestación tácita del consentimiento. 250. 2.- Casos de figuras públicas, así como personas que demandan la confianza de los demás (e.g. clérigos, líderes espirituales4). En estos casos, hay interés público en hacer escrutinio de dichos personajes, para ver si la confianza que la sociedad deposita en ellos es o no justificada. 251. 3.- Finalmente, tampoco se verifica intromisión ilegítima respecto de quienes ejercen cargos públicos5. Ud, si ejerce un cargo, tiene menos motivos para esgrimir su privacidad. No se protege la privacidad de quienes ejercen cargos públicos en tres dimensiones: 252.
a.- Cumplimiento de sus funciones (deberes del cargo).
b.- Todo aquello que diga relación con las competencias para ejercer el cargo
254. c.- Problemas de coherencia entre las expectativas que se genera la sociedad respecto de la autoridad pública. RESPONSABILIDAD POR ATENTADOS CONTRA LA PROPIA IMAGEN
255. Como su propia denominación lo indica, se trata de la facultad que asiste a toda persona, de disponer de manera absolutamente discrecional, de su imagen física. En otras palabras, el derecho a la imagen alude al título que el ordenamiento reconoce a cada hombre o mujer para disponer, incluso con fines comerciales, de su propia apariencia. 256. El derecho a la imagen, así concebido, no está concebido de manera explícita en la Constitución Política. Sin embargo, debe estimarse que el derecho a la imagen constituye una extensión de un principio general de autonomía que el ordenamiento reconoce a las personas y, al mismo tiempo, impone una extensión del derecho de propiedad por sobre dicha autonomía. Este derecho general de autonomía se encuentra a la base de una constitución liberal. Como parte de ese derecho general de autonomía, los seres humanos tienen derecho a disponer de su propia imagen, a explotarla con fines comerciales, y a impedir que otro se apropie de ella. 4
El excelentísimo P. Raúl Hasbún, el profeta de Peñalolén. Podemos citar además al Prof. Joaquín Morales, al menos en opinión del Sr. Mordoj... 5 Por ejemplo: Joaquín Lavín, Iván Moreira, Felipe Corvalán Lagos, etc.
257. El caso más claro es el de aquel que es filmado (subrepticiamente o no). Por otra parte, se encuentra el caso de quien es filmado o fotografiado, y luego dicha grabación, filmación o fotografía es utilizada en una campaña, en desmedro de la imagen que Ud tiene de si mismo. Su imagen no puede ser estereotipada a ese extremo sin que Ud consienta. 258. Menos claros son aquellos casos en los que la imagen de una persona es usada o utilizada con el fin de ilustrar una información. En este caso, en general, no se concede reparación. Fundamentalmente porque se considera que no existe, en términos generales, falta de diligencia, no hay grave descuido. Se ha sostenido que una protección hasta este extremo sería intolerable para la libertad de expresión. Ud debe tolerar –eso se sostiene- un cierto gravamen a su personalidad, a efectos de hacer operativa la libertad de expresión. CAUTELA DE LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD. SINTESIS
259. En el caso de nuestro país, y por razones que ya expusimos, la protección de los derechos de la personalidad se persigue en sede constitucional. Cuando se tiene éxito, se logra obtener que el atentado contra estos derechos se detenga o cese, pero no se logra obtener la reparación. La acción constitucional de protección permite impedir que el atentado continúe. La reparación, inevitablemente, debe ser obtenida mediante el ejercicio de una acción civil. RESPONSABILIDAD POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS
260. Dentro de las reglas del Título XXXV del Libro IV del CC no se encuentra ninguna regla que de manera explícita se refiera a la responsabilidad por productos defectuosos. 261. La responsabilidad por productos defectuosos debe ser distinguida de aquella que es propia del Derecho del consumidor. 262. En el caso de las reglas de protección al consumidor, el objetivo perseguido por las mismas es evitar que el consumidor sea defraudado por los vicios intrínsecos del bien que consume. 263. Las reglas de responsabilidad por producto defectuoso, en cambio, intentan proveer de reparación a los daños que el consumidor experimenta cuando utiliza o manipula un producto (industrial, por regla general). Ud pretende que se le reparen los daños, no que se le reemplace el producto.
264. En general, la expresión producto, debe entenderse comprensiva de bienes industriales. En principio, no cabe considerar producto a lo que, desde el punto de vista del CC llamaríamos frutos naturales (frutas, animales). En el caso de la CEE6, se excluyó de los bienes comprendidos dentro del concepto productos, a los productos orgánicos. Sin embargo, la tendencia en el derecho comparado parece ser extender la protección contra productos defectuosos, incluso a bienes estrictamente orgánicos respecto de los cuales graves omisiones humanas causan daño (e.g. caso de las “vacas locas”), así como a bienes orgánicos manipulados industrialmente (e.g. pollos broiler, cecinas de cerdo, etc). Se excluyen, sin embargo, los servicios. La prestación de servicios es un caso de responsabilidad profesional, y no un caso de responsabilidad por productos, aunque estos se presten bajo una forma de organización industrial. 265. Desde el punto de vista de la teoría económica, tanto la regla aquiliana como la regla de responsabilidad estricta poseen, en principio, un efecto equivalente respecto del deber de diligencia o precaución que adoptan las personas que realizan actividades peligrosas. Un fabricante va a gastar en precaución lo mismo bajo una regla de responsabilidad aquiliana que bajo una regla de responsabilidad estricta. Lo que ocurre es que las personas, cuando ejecutan actividades peligrosas, en general, tendrán una propensión a gastar en precaución en tanto el monto de dicho gasto se sitúe por debajo de los costos en que ha de incurrir para indemnizar a las víctimas. Corcordantemente, resulta obvio que la disposición al gasto en precaución se encuentra determinado por el monto de la indemnización a pagar (en razón al daño ocasionado a la víctima), más que por la regla aplicable. 266. Por otra parte, es preciso indicar que la adopción de niveles óptimos de precaución no elimina absolutamente el peligro, sino que contribuye a su disminución. Al invertir en precaución, dicha inversión va dirigida a prevenir aquellos accidentes que cuya evitación es posible. En consecuencia, si un accidente ocurrirá inevitablemente, entonces resulta absurdo tomar precauciones frente a dichos casos. Sólo cuando suponemos que una parte del daño depende de nosotros, entonces invertimos en precaución. 267. En la legislación comparada suele distinguirse entre tres clases de defectos que podrían poseer los productos manufacturados o industriales. Cada uno de estos tres tipos de defecto que presentan los productos manufacturados o de distribución masiva, plantean el problema de establecer cuál será la regla más eficiente de responsabilidad. 268. Defectos de diseño: En el derecho comparado se aplica aparentemente una regla de responsabilidad estricta. Con todo, cuando se trata de definir qué se entiende por producto defectuoso, se abandona el criterio de la responsabilidad estricta, retomándose el de la responsabilidad aquiliana. 6
269. La legislación europea establece que el diseño es defectuoso cuando es irrazonablemente peligroso. La víctima de un accidente por producto que presenta defectos de diseño, podrá perseguir la responsabilidad del diseñador o fabricante, resultando indispensable que pruebe que el producto fue defectuoso en su diseño, retornándose a un estándar subjetivo, cercano a la responsabilidad aquiliana. 270. Desde el punto de vista económico, todos los diseños son inevitablemente defectuosos, puesto que el nivel de riesgo del diseño de un producto depende de los costos de prevención en que se incurra a efectos de disminuirlo. Por eso, no es razonable aspirar a suprimir todo peligro, sinoo, en cambio, a reducirlo hasta un costo razonable, puesto que es posible contar con diseños provistos de un mínimo nivel de riesgo, pero a costps prohibitivos. En consecuencia, será irrazonablemente defectuoso un diseño si los costos de precaución fueron excesivamente bajos. Si fueron costos prudentes, entonces el diseño no es defectuoso. 271. Desde el punto de vista del mercado, se prefiere tolerar la existencia de productos con un diseño hasta cierto punto defectuoso o riesgoso, pero que permita que el bien en cuestión sea de distribución masiva. Correlativamente, esto exige un mayor nivel de precaución por parte del consumidor. 272. En todo caso, determinar qué ha de entenderse por productos defectuosos es una cuestión contingente, prudencial, dependiente del contexto. No puede fijarse, en consecuencia, un estándar de precaución bajo aspectos púramente abstractos. 273. Defectos de fabricación (defectos en la ejecución del diseño): La regla generalmente admitida es una regla estricta de responsabilidad. Se sostiene que es esta eficiente puesto que, en tanto los costos de prevención se trasladen al fabricante, este, a su vez, trasladará parte del costo de prevención a los consumidores del producto, fraccionando dicho costo entre todos los consumidores, lo que, en rigor, disminuye el costo del accidente. Si el costo del accidente se traslada al precio final, la decisión está entregada a los consumidores. En efecto, si el costo del bien se eleva demasiado, quiere decir que se trata de un bien o muy peligroso o muy costoso, por lo que los consumidores podrán preferir el bien substituto o, simplemente, abstenerse de consumir el bien.Todo lo anteladamente dicho supuno que el bien tenga bienes substitutos (bienes equivalentes a aquel que se decide consumir). Si no hay bienes substitutos, entonces se genera la posibilidad de que el productor abuse, subiendo los precios más allá de los costos de precaución, salvo, claro está, que no se trate de un bien indispensable, en cuyo caso al productor no le es conveniente subir demasiado el costo, puesto que, aún cuando no hayan substitutos, los consumidores preferirán dejar de consumir el producto.+
274. Defectos de información: Desde el punto de vista de la teoría económica, si la información fuera perfecta y completa (es decir, si la información manejada por los fabricantes es equivalente a la que manejan los consumidores) entonces, no se necesitaría ninguna regla de responsabilidad, puesto que el consumidor, al comprar el bien, sabría cuan peligroso es. Luego, si hay información completa no hay peligro: comprar muy barato traslada el peligro al consumidor, comprar caro traslada el peligro al productor, y la decisión de comprar caro o barato está radicada en el consumidro, quien conoce toda la información al respecto, por lo que, si comprara un bien barato, sabría que tiene que adoptar una mayor precaución. 275. Sabemos, sin embargo, que los mercados no cuentan con información perfecta. Esta, en los mercados, no es simétrica sino asimétrica: quien produce el bien maneja una mayor cantidad de información que quien lo adquiere. Las asimetrías de información existentes en el mercado, obligan a contar con reglas de responsabilidad por falta de información. De tal modo, quien maneja la información es responsable por los daños que dicho déficit produzca. 276. Los fabricantes se encuentran obligados a prevenir a los consumidores acerca de las principales características del producto y los peligros que presenta su manipulación. Si se omite información relevante y, a raíz de esto, se causa daño, entonces responde el productor. Desde luego, esto importa discutir la corrección que, desde el punto de vista de una buena política pública, reviste imponer deberes de información a los fabricantes (e. g. Advertencia en paquetes de cigarillos. Al incorporar información, los fabricanes son liberados de la responsabilidad derivada de su omisión.). Las imposiciones obligatorias de información al fabricante lo liberan de responsabilidad. Es este su peligro. En opinión de Peña, tal vez bastaría establecer que el fabricante respondiera por la omisión de información relevante y, de esta forma, de seguro se informaría muy fidedignamente. 277. El problema precedente tiene un conjunto de dimensiones que es preciso mencionar: 278. A veces la entrega pormenorizada de información es una manera de ocultar información (e. g. Las condiciones de uso de un sitio web que tiene 500 páginas de información). Cabe recalcar que información completa no es lo mismo que información pormenorizada. Información completa es información relevante. Información capaz de olvidar algunas cosas. REGULACION CHILENA
279. En nuestro país, en rigor, no existe regla explícita relativa a la responsabilidad por productos defectuosos y, en principio, no cabe ninguna duda que la responsabilidad por productos defectuosos es, en nuestro sistema legal, un caso de responsabilidad
aquiliana, en el cual la reparación se subordina a la previa verificación de la negligencia. Con todo, una interpretación correcta del Art. 2329 podría convertirse en una solución para el caso de productos defectuosos, puesto que esta regla libera a la víctima de la prueba de la negligencia, en tanto el accidente, por su propia naturaleza no puede sino ser producto de la negligencia. Sin embargo, esto no quiere decir que la regla del Art. 2329 sea una regla de responsabilidad estricta, puesto que se admite prueba de la diligencia por parte del victimario. Simplemente se trata de una regla de desplazamiento de onus probandi. TERCERA PARTE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
280. Desde el punto de vista del derecho vigente en Chile, la responsabilidad del Estado debe ser apreciada formulando las siguientes distinciones: Por una parte, se encuentra la responsabilidad del Estado a la luz del derecho interno y, por otra parte, la responsabilidad del Estado a la luz de las reglas del derecho internacional público, en particular, del derecho internacional de los derechos humanos. 281. Respecto del derecho interno, , podemos señalar que, en nuestro país, existen un conjunto de leyes especiales que se refieren al tema. Concretamente, la ley de tránsito, , la ley orgánica de municipalidades, la ley de bases de la administración del Estado. Todas estas establecen, como principio general, una regla de responsabilidaad que pone de cargo de la administración los daños que se siguen de la “falta de servicio”. La doctrina, sin embargo, discute si acaso las reglas de la ley de bases es de responsabilidad aquiliana que se presume respecto del Estado, o es, en cambio, una regla de responsabilidad estricta. En general, la mayor parte de la doctrina administrativa chilena sugiere que la regla de falta de servicio es una regla de responsabilidad estricta: constatada la falta de servicio, deben repararse los daños. Por otra parte, una regla de responsabilidad objetiva, en tanto hace recaer los costos de los accidentes por sobre la administración, es la única compatible con el principio constitucional de la igual repartición de las cargas públicas. 282. Fuera de los casos especialmente previstos en la ley, se discute en la doctrina chilena si acaso los restantes casos de daño deben ser sometidos a las reglas generales del derecho común, o si, en cambio, los casos que están fuera de las leyes especiales deben estar regidos por un sistema especial propio del derecho público. Respecto de este problema, la doctrina absolutamente dominante se inclina por sostener que, en el ámbito de la responsabilidad del Estado, la Constitución de 1980 cuenta con reglas especiales distintas de las reglas generales del derecho común. Concretamente, dicho estatuto derivaría del principio general de legalidad de la Administración, la regla sobre el derecho de propiedad y el Art. 48, relativo a la regla general en materia
administrativa. Este conjunto de reglas configuraría un estatuto de derecho público distinto al de derecho común. Conforme a esas reglas, la responsabilidad del Estado sería una responsabilidad objetiva: verficado el daño y atribuído causalmente a la administración, la reparación se hace procedente. Incluso se ha llegado a decir que la acción para obtener reparación de parte del Estado sería imprescriptible. 283. La tesis en cuya virtud la responsabilidad del Estado tiene reglas propias distintas a las del derecho común, es análoga a otra tesis, a saber: la nulidad de derecho público. Esta sugiere que los actos de la administración, en base al principio de legalidad, si se ejecutan con infracción de ley, entonces son virtualmente inexistentes y, por lo mismo, su nulidad puede ser declarada por cualquier tribunal de la república. La acción, asimismo, no se encontraría sometida a prescripción alguna.. Incluso, hay quienes han llegado a sostener que las reglas especiales de responsabilidad del Estado serían restrictivas respecto del estatuto general de responsabilidad consagrado en la Constitución y, por tanto, adolecerían de inconstitucionalidad. 284. Quines no participan de esta opinión, estiman que, tratándose de actos no regulados por leyes especiales, en ese caso se aplican las reglas generales del derecho privado. Esta opinión debe ser precisada en el siguiente sentido: 285. A.- La responsabilidad del Estado, al amparo del título XXXV del Libro IV del CC estaría regida por los Arts. 2320 y 2322 (responsabilidad por el hecho ajeno). Tratándose de actos de agentes del Estado, cabría aplicar el 2329 (responsabilidad por el hecho propio). 286. B.- Durante la vigencia de la Constitución de 1925, esta entregaba la resolución de las disputas entre particulares y el Estado a los tribunales contencioso administrativos. Como dichos tribunales nunca fueron creados solía ocurrir que, cuando los tribunales planteaban un reclamo contra la administración ante los tribunales ordinarios, estos se abstenían de resolver, argumentando que eran incompetentes. La actual carta fundamental entregó el conocimiento de los asuntos contencioso administrativos a los tribunales ordinarios, quienes no pueden abstenerse de resolver el conflicto ni aún a falta de ley que resuelva el asunto. 287.En derecho comparado, hay dos modelos generales para tratar las disputas entre el individuo y la Administración: 288.1.- Modelo angloamericano: entrega las disputas entre el individuo y los particulares a los tribunales ordinarios. 289.2.- Modelo europeo continental: Dichas disputas son conocidas por tribunales especiales. En Francia, por ejemplo, está en la cúspide la Jurisdicción de Casación, Existe también el Consejo Constitucional y el Consejo de Estado, que es el órgano superior de lo contencioso administrativo.
Report "Responsabilidad Civil (Pizarro)"

References: in Fine
de lege ferenda
in fine
de lege ferenda
de lege lata
de lege ferenda
 resolución