Source: https://boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-9475
Timestamp: 2020-08-12 07:55:34+00:00

Document:
BOE.es - Documento BOE-A-2019-9475
Documento BOE-A-2019-9475
«BOE» núm. 150, de 24 de junio de 2019, páginas 66897 a 66916 (20 págs.)
BOE-A-2019-9475
En el recurso interpuesto por don G. E. M., abogado del Estado, en nombre y representación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, contra la nota de calificación extendida por el registrador de la Propiedad de Madrid número 44, don Juan Ignacio de los Mozos Touya, por la que se suspende la inscripción de una certificación de acta de adjudicación directa en procedimiento de apremio administrativo.
Mediante certificación administrativa, de fecha 12 de diciembre de 2018, expedida por la jefa de la Delegación Regional Adjunta de Recaudación de Madrid de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se acreditó el acuerdo dictado por dicha Delegación por el que se aprobaba la adjudicación directa de determinada finca, objeto de un procedimiento administrativo de enajenación, tras quedar desierta la previa subasta.
Presentada el día 17 de diciembre de 2018 la citada certificación en el Registro de la Propiedad de Madrid número 44, fue objeto de la siguiente nota de calificación:
El registrador de la propiedad que suscribe, previo examen y calificación del documento presentado el día 17/12/2018, bajo el asiento número 260, del tomo 77 del Libro Diario y número de entrada 4565, que corresponde al documento expedido el 12/12/2018 por la Agencia Tributaria Delegación Especial de Madrid subasta número S2018R2886001047, ha resuelto no practicar los asientos solicitados en base a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho:
En la certificación que arriba se indica, se afirma que: «Declarada desierta la subasta en primera y segunda licitación, se abrió el trámite de enajenación mediante adjudicación directa (…)». A continuación se certifica que: «(...) de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del artículo 107.4 del Reglamento General de Recaudación, no existía precio mínimo».
Hay que tener en cuenta que la regulación legal ha sido afectada por la Reforma del Reglamento General de Recaudación operada por el R.D. 1071/2017 de 29 de diciembre, que entró en vigor el día 1 de enero de 2.018 (Disp. final única), salvo lo relativo a las subastas a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal del B.O.E., conforme a la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento introducida por el Real Decreto.
Por otro lado, en la instancia en la que se hace constar la situación arrendaticia de la finca, se hace referencia a un poder especial autorizado por el Notario de Leganés, don Francisco Javier Trillo Garrigues, el 25 de marzo de 2.015.–
1. En cuanto al procedimiento aplicable, si tenemos en cuenta lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera del Reglamento General de Recaudación «las actuaciones de enajenación se regirán por la normativa vigente antes de la entrada en vigor (...) (de la Reforma de 29 de diciembre) cuando el acuerdo de enajenación mediante subasta se haya producido antes de la entrada en vigor de este Reglamento» (de la modificación, en este caso). Si ello hubiera sido así, no habría nada que objetar al procedimiento seguido (arts. 18 de la L.H., 99 del R.H., en relación con 104.4, p.º 6.º, 107.1.a) y c), 107.4.b) del Rto. G. de Recaudación).
Ahora bien, en caso contrario, la regulación en cuanto a la enajenación por adjudicación directa, ha sido sustancialmente modificada por el R.D. citado y en particular, como se dirá a continuación, por lo que se refiere al precio mínimo en la adjudicación directa.
En consecuencia, si no se hubiera dictado el acuerdo de enajenación por subasta con anterioridad al 1 de enero de 2018, no se habría respetado la nueva regulación, porque, si bien la enajenación a través del Portal de Subastas de la Agencia del B.O.E. no entró en vigor hasta el 1 de septiembre de 2.018, no ocurrió lo mismo con relación a los trámites esenciales relativos a la adjudicación directa entre los que se incluye, sin lugar a dudas, la valoración o precio mínimo para iniciar el procedimiento de adjudicación directa (arts. 18 L.H., 99 Rto. en relación con el art. 107.5 Rto. de Rec. nuevamente redactado).
2. Según la certificación no existió precio mínimo de adjudicación conforme a la letra b) del n.º 4 del artículo 107 del Reglamento General de Recaudación. Lo que ocurre es que ese artículo ha sido objeto de nueva redacción por el R. Dto. de 29 de diciembre de 2.017 que entró en vigor el día 1 de enero de 2.018 (antes de la celebración de la subasta y subsiguientes adjudicación directa) y, conforme a la nueva redacción, es exigible en el procedimiento de ejecución directa que el precio mínimo sea el de mercado.
En dicho artículo, efectivamente, se dispone en su número 5: «5. El precio mínimo de adjudicación será: a) Cuando los bienes hayan sido objeto de concurso, el tipo del concurso, b) En los demás supuestos, los bienes se valorarán con referencia a precios de mercado. Si las ofertas no alcanzan los valores señalados, los bienes podrán adjudicarse sin precio mínimo.».
De la redacción de este número 5 se puede colegir que no tratándose de un supuesto de concurso previo, en cuyo caso el precio mínimo será el del concurso, «en los demás supuestos» se valorarán a precios de mercado, es decir, cuando por ejemplo hubiera habido una subasta previa sin licitadores, como es el caso, y sólo cuando las ofertas no alcanzaran los valores de mercado podrán adjudicarse sin precio mínimo. Podría decirse que eso es lo que ha ocurrido al no presentarse licitadores en la subasta. Pero tal argumentación es errónea porque la nueva redacción lo que exige es que «en los demás supuestos» que no sean el de concurso (como el de la adjudicación directa) tiene que haber un precio mínimo y sólo cuando no haya habido ofertas en el procedimiento de que se trate podrá adjudicarse sin precio mínimo (art. 3.1 C.Civ).
La cuestión dista de ser irrelevante, ya que en el año 2.013, en un momento de valores de mercado más bajos que los actuales, se tasó en 62.435’33 euros, para el procedimiento de subasta se tasó en 54.900 euros, y, finalmente, ha sido adjudicada en 27.555 euros.
3. Finalmente, sería necesario que se acompañara el poder arriba indicado, de conformidad con el artículo 1259 del C.C..–
En su virtud, se deniega la práctica de la inscripción solicitada, mientras no se acredite que las actuaciones de enajenación y en concreto el acuerdo de enajenación por subasta, fue anterior al 1 de enero de 2.018, fecha de la entrada en vigor de la Reforma del Reglamento General de Recaudación o, en otro caso, se subsane el procedimiento de adjudicación directa por haberse seguido sin precio mínimo cuando debió iniciarse por un valor fijado con referencia a precios de mercado.
Madrid, veinticinco de enero del año dos mil diecinueve El registrador de la propiedad (firma ilegible), Fdo: José Ignacio de los Mozos Touya».
El recurso se interpone dentro del plazo de un mes establecido para ello, teniendo en cuenta que la notificación de la calificación tuvo lugar el 31 de enero de 2019.
La calificación emitida deniega la inscripción de un acta de adjudicación directa, recaída en el expediente S2018R2886001047, lote 03, de la Dependencia Regional de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Madrid (asiento de presentación 260 del Diario 77).
Así, el artículo 18 LH dispone que «Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro.» Por su parte, para el caso de los documentos administrativos, el artículo 99 RH indica que «La calificación registral de documentos administrativos se extenderá, en todo caso, a la competencia del órgano, a su congruencia de la resolución con la clase de expediente o procedimiento seguido, a las formalidades extrínsecas del documento presentado, a los trámites e incidencias esenciales del procedimiento, a la: relación de éste con el titular registral y a los obstáculos que surjan del Registro.»
«2. Como cuestión previa, debe recordarse que esta Dirección General ha señalado que no obstante la presunción de legalidad. ejecutividad y eficacia de que legalmente están investidos los actos administrativos (cfr. art. 56 y 57 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), el artículo 99 del Reglamento Hipotecario faculta al registrador para calificar, respecto de los documentos administrativos, entre otros extremos, la competencia del órgano, la congruencia de la resolución con el procedimiento seguido, los trámites e incidencias esenciales de este, así como la relación del mismo con el título registral y a los obstáculos que surjan con el Registro, siendo el procedimiento de adjudicación elegido un trámite esencial susceptible de calificación por el registrador en cuanto a la observancia de los requisitos legales precisos para su elección (cfr. por todas Resoluciones de 31 de julio de 2001 y 31 de marzo de 2005).
5. Queremos concluir este fundamento señalando que, aun aceptado a efectos meramente dialécticos que ya no se pudiera acudir tras una subasta desierta al procedimiento de adjudicación directa, en modo alguno puede considerarse que su uso suponga una omisión total del procedimiento establecido generador de nulidad de pleno derecho. Para empezar, porque precisamente se ha seguido un procedimiento concreto, con respeto de todos sus trámites, esenciales y accesorios. Pero fundamentalmente, porque no se ha usado un procedimiento derogado para el supuesto de hecho concreto, como erróneamente concluye el registrador en su nota: es decir, aun cuando no se pueda acudir a la adjudicación directa por quedar desierta la subasta, se podría acudir a la misma en los supuestos del artículo 107 del RGR, y en lo que atañe al presente expediente, en los supuestos del apartado 1.b) y c) («por razones de urgencia justificadas en el expediente», o «en otros casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, por razones justificadas en el expediente»).
En este sentido, tampoco puede considerarse que la discrepancia con el precio mínimo establecido constituya un trámite esencial del procedimiento. Aduce el registrador en su nota que en la redacción vigente se establece un precio mínimo en las actuales adjudicaciones directas, constituido bien por el tipo de concurso o bien en una valoración con referencia a precios de mercado, cuestión que considera esencial por cuanto que con anterioridad no habría precio mínimo de adjudicación.
No obstante, esta afirmación es ciertamente imprecisa, ya que en la redacción anterior existía igualmente un trámite consistente en la fijación del precio mínimo de la adjudicación directa (art. 107.4 RGR), permitiéndose, no obstante, su adjudicación sin precio mínimo en el supuesto presente, al haberse celebrado dos licitaciones previas, lo cual no significa que el bien se tenga que adjudicar necesariamente al oferente, siendo una facultad discrecional del órgano de recaudación (107.5 RGR).
Queremos decir con ello que por supuesto que se han respetado los trámites e incidencias esenciales del procedimiento de enajenación, como es la fijación del tipo de subasta, su anuncio, y la celebración de dos subastas, todo ello con conocimiento del deudor embargado, por lo que la calificación negativa no discrepa de una incidencia esencial del procedimiento seguido, sino del procedimiento en sí, con su entera configuración en su redacción anterior, que permitía acudir a la adjudicación directa sin precio mínimo en caso de desarrollarse dos subastas desiertas.
Por otro lado, tampoco puede considerarse que el precio de adjudicación pueda considerarse como una incidencia esencial del procedimiento, sino un aspecto de legalidad ordinaria que escapa al control del registrador, tanto en el presente procedimiento como en cualquiera que se inicie desde la entrada en vigor de la reforma. En efecto, el registrador no puede denegar la inscripción considerando, como hace en la nota recurrida, que como el precio de subasta en 2013 era superior al precio de adjudicación en 2018, y los valores de mercado eran más bajos que los actuales, entonces no se ha respetado el precio mínimo constituido por el valor de mercado, por cuanto carece de los conocimientos periciales para hacer tal valoración, y desconoce si en la AEAT se ha considerado que el precio de adjudicación respeta ese valor de mercado, lo que puede haber ocurrido sin que se haga constar en la certificación, por cuanto que no es un trámite esencial del procedimiento. En todo caso, repetimos, es una cuestión de legalidad ordinaria, que ni siquiera ha alegado el deudor a través de los recursos que la Ley General Tributaria pone a su alcance, por lo que no puede denegarse la inscripción en base a los mismos, convirtiéndose el Registrador en revisor de la legalidad administrativa, actuando además de oficio en este sentido.
Por otro lado, la Exposición de Motivos del Real Decreto 1071/2017 refuerza claramente esta interpretación cuando indica que; «Finalmente, se incorpora una disposición transitoria respecto de la aplicación del nuevo régimen de subastas».
En efecto, de acuerdo con el registrador, a estos expedientes les es aplicable el nuevo régimen material de la subasta, pero no las normas de desarrollo de la misma. Pues bien, corno señala la exposición de motivos del RD 1071/2017, «La adjudicación directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta. Se trata de simplificar el procedimiento de enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su transparencia y agilidad.»
3. Finalmente, cabe señalar que, en condiciones temporales absolutamente idénticas, puesto que se trataba del mismo expediente de enajenación, este mismo Registro ha inscrito los lotes n.º 7 y 8. por lo que el cambio de criterio supone una merma injustificada de un principio esencial en nuestro ordenamiento jurídico como es el de seguridad jurídica, consagrado en el artículo 9.3 de la Constitución, y que debe entenderse «1.º Como la certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados procurando la claridad y no la confusión normativa, y 2.º Como la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho» (Sentencia del Tribunal Constitucional de 7 de abril de 2005)».
El registrador emitió informe el día 13 de marzo de 2019, ratificándose íntegramente en el contenido de la nota de calificación impugnada, y remitió el expediente a este Centro Directivo.
a) seguido procedimiento administrativo de apremio contra don R. C. G., la Agencia Tributaria dictó acuerdo de concesión de aplazamiento de deudas, condicionado a la constitución de hipoteca sobre el bien inmueble objeto de la subasta. Incumplido el aplazamiento por no haberse efectuado el pago, se dicta la correspondiente providencia de apremio y se adopta y notifica el acuerdo de enajenación mediante subasta de los bienes hipotecados, conforme a lo previsto en el artículo 101.2 del Reglamento General de Recaudación;
b) la finca objeto de la subasta se valora por la propia Administración tributaria en la cantidad de 54.900,00 euros, sin que conste sobre la misma cualesquiera otras cargas o gravámenes inscritos en el Registro de la Propiedad.
c) celebrada la subasta el día 16 de mayo de 2018, conforme a lo previsto en el artículo 104 del Reglamento General de Recaudación, se declara desierta en primera y segunda licitación.
d) la mesa de la subasta, visto el resultado de la subasta desierta, acuerda el día 11 de septiembre de 2018 continuar el expediente de enajenación mediante el procedimiento de enajenación directa, sin exigencia de tipo o precio mínimo, resolviendo, según consta en el acta de adjudicación directa cuya certificación es objeto de la calificación impugnada, declarar en dicho procedimiento adjudicatario del lote integrado por la finca registral número 4.255, previamente subastada, a la entidad «Ancar 2020» (sic), por el importe de 27.555 euros.
El registrador suspende la inscripción, además de por otro defecto no recurrido, por entender que no resulta posible la práctica de la inscripción solicita por haber sido acordada la adjudicación directa en un procedimiento de enajenación abierto el día 16 de mayo de 2018, fecha en que ya había entrado en vigor la reforma del Reglamento General de Recaudación operada por el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, que, entre otras modificaciones, suprimía la posibilidad de que, desierta la subasta en segunda licitación, se acordara la enajenación de los bienes hipotecados por el procedimiento de adjudicación directa, sin respetar la exigencia del precio mínimo de adjudicación que impone el artículo 107 del citado Reglamento, modificación en vigor desde el 1 de enero de 2018.
Fijado así el objeto de la presente, hay que añadir que el escrito de recurso achaca finalmente al registrador el hecho de haber inscrito anteriormente otros certificados de adjudicación directa en los mismos términos que ahora rechaza.
Pero es que, además, en el presente caso, la afirmación del recurrente de que el registrador había inscrito otras certificaciones de adjudicación directa en los mismos términos que ahora calificada desfavorablemente, según afirma el registrador en su preceptivo informe, es totalmente errónea (por lo que parece deberse a un error de redacción del recurrente al arrastrar el párrafo en que contiene tal afirmación procedente de otros escritos de interposición de recursos similares al que es objeto del presente expediente).
Como hemos visto, en el presente caso el registrador cuestiona la idoneidad del procedimiento de adjudicación directa seguido para la realización del bien, al considerar que en el supuesto de hecho de este expediente no concurre ninguna de las causas legales habilitantes de la adjudicación directa, como procedimiento excepcional frente a la regla general de la enajenación mediante subasta, al haber sido suprimida entre tales causas habilitantes la relativa a haber quedado desierta la subasta del bien, en virtud de la reforma del artículo 107 del Reglamento General de Recaudación en virtud del Real Decreto 1071/2017, de 29 de enero, reforma que estaba en vigor el 25 de abril de 2018 en que se celebró la subasta y el 5 de septiembre en que se abrió el procedimiento de adjudicación directa, máxime cuando no se ha respetado el requisito esencial del precio mínimo de adjudicación. Discutiéndose, por tanto, la idoneidad o admisibilidad legal del procedimiento seguido y de sus trámites esenciales, y siendo estos extremos unos de los que conforme a las disposiciones y doctrina antes expuestos están sujetos a la calificación registral, no cabe sino desestimar este primer motivo de oposición a la calificación impugnada.
A juicio del registrador, tanto la interpretación literal de la citada disposición transitoria cuarta (que se refiere explícitamente de forma inequívoca y exclusiva a las «normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado»), como su interpretación finalista y sistemática conducen a la conclusión anterior, pues siendo la finalidad de la referida eliminación de la adjudicación directa como procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta, según el preámbulo del Real Decreto 1071/2017, «simplificar el procedimiento de enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su transparencia y agilidad», resulta contrario a dicha finalidad acudir, en defecto de adjudicación del bien a la propia Hacienda Pública (vid. artículo 109 del Reglamento General de Recaudación), a un procedimiento de menor publicidad y concurrencia (adjudicación directa) que a otro con mayores niveles de concurrencia y transparencia (nueva subasta), nueva subasta que es lo que procede en defecto de adjudicación del bien a la Hacienda Pública (cfr. artículo 112.2 del citado Reglamento).
Y precisamente por haberlo entendido así, aun estando tasada la finca (siendo éste el tipo de la subasta) en 54.900 euros, sin embargo fue adjudicada por la cantidad muy inferior de 27.555 euros. Este hecho avala la afirmación del registrador sobre el perjuicio sufrido por el deudor, y la falta de beneficio correlativo para la Hacienda Pública, que se sigue del hecho de haber acudido al trámite de la adjudicación directa, pues el crédito público ha quedado parcialmente insatisfecho al no quedar cubierto en su totalidad por la cifra abonada por el adjudicatario, según resulta del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, presentado junto con la certificación de la adjudicación directa, según el cual «se hace constar que el valor obtenido en la adjudicación no ha sido suficiente para cubrir el importe total del crédito a favor de la Hacienda Pública en virtud del cual se ejecutó el bien».

References: artículo 107
 artículo 107
 artículo 1259
 artículo 18
 artículo 99
 resolución 
 artículo 99
 resolución 
 artículo 107
 Real Decreto 
 artículo 9
 artículo 101
 artículo 104
 Real Decreto 
 artículo 107
 artículo 107
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 109
 artículo 112