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Timestamp: 2018-05-20 11:55:50+00:00

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Decreto 41/2013, de 31 de julio, por el que se regula el Programa de Fomento del Alquiler de la Comunidad de Castilla y León - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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DECRETO 41/2013, DE 31 DE JULIO, POR EL QUE SE REGULA EL PROGRAMA DE FOMENTO DEL ALQUILER DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN (BOCYL DEL 5)
Capítulo I. Disposiciones Generales (Art. 1)
Capítulo II. Requisitos de las viviendas y procedimiento para su inclusión en el programa (Arts. 2 a 9)
Art. 2. Requisitos de las viviendas
Art. 3. Solicitud y forma de presentación para la inclusión de las viviendas
Art. 4. Documentación
Art. 5. Autorizaciones
Art. 7. Determinación de la renta máxima a percibir por el propietario de la vivienda
Art. 8. Otros gastos de la vivienda
Art. 9. Inclusión de la vivienda en el programa, vigencia y cancelación
Capítulo III. Requisitos de los arrendatarios (Art. 10)
Art. 10. Requisitos de los arrendatarios
Capítulo IV. Procedimiento de arrendamiento y condiciones del mismo (Arts. 11 a 15)
Art. 11. Publicidad de la vivienda incluida en el programa
Art. 12. Interesados en el arrendamiento
Art. 13. Arrendamiento de la vivienda y condiciones
Art. 14. Seguros
Art. 15. Información y asesoramiento
Primera. Concepto de unidad arrendataria
Segunda. Protección de datos
Tercera. Gestión del programa
Disposición transitoria. Situaciones anteriores
En virtud de dichas competencias se aprobó la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, en cuyo Título V se establece el programa de fomento del alquiler, obligando a la Administración de la Comunidad de Castilla y León, a través de la Consejería competente en materia de vivienda, a llevar a cabo, directa o indirectamente, políticas activas para el fomento y potenciación del alquiler mediante el establecimiento de incentivos que permitan la puesta en el mercado del alquiler de viviendas vacías y desocupadas.
Esta intervención en el mercado del alquiler no es nueva en la Comunidad de Castilla y León ya que dos importantes instrumentos han venido articulando la misma. Por un lado mediante el Decreto 100/2005, de 22 de diciembre, por el que se regula la Reserva de Viviendas Vacías para Alquiler (REVIVAL) de Castilla y León; por otro, mediante la Bolsa de Alquiler para Jóvenes.
Teniendo en cuenta la experiencia obtenida a lo largo de estos años así como la necesidad del desarrollo reglamentario del PROGRAMA DE FOMENTO DE ALQUILER que exige la Ley 9/2010, de 30 de agosto, resulta oportuno establecer un nuevo marco normativo para impulsar el mercado del alquiler en el que se unan en un solo instrumento las ventajas que ofrece tanto la Reserva de Viviendas Vacías para Alquiler como la Bolsa de Alquiler para Jóvenes, así como dotar al mismo de la necesaria flexibilidad para responder a las necesidades y expectativas de un mercado tan dinámico como el del alquiler.
En su virtud, la Junta de Castilla y León, a propuesta del Consejero de Fomento y Medio Ambiente, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Castilla y León y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 31 de julio de 2013, disponen:
Artículo 1. Objeto.—Es objeto de este Decreto desarrollar el PROGRAMA DE FOMENTO DEL ALQUILER al que se refiere el Título V de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, estableciendo tanto los requisitos objetivos que deben cumplir las viviendas, como los requisitos subjetivos que deben cumplir sus propietarios y los futuros arrendatarios.
Artículo 2. Requisitos de las viviendas.—Para la inclusión en el PROGRAMA DE FOMENTO DEL ALQUILER, las viviendas habrán de reunir las siguientes características:
Artículo 3. Solicitud y forma de presentación para la inclusión de las viviendas.—1. Los propietarios de las viviendas podrán solicitar a la Consejería competente en materia de vivienda la inclusión de la vivienda en el PROGRAMA DE FOMENTO DEL ALQUILER, conforme al modelo que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León (https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es).
a) De forma presencial, en los lugares establecidos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común, en cualquiera de las unidades que integran las Oficinas y Puntos de Información y Atención al Ciudadano de la Junta de Castilla y León, así como en los lugares relacionados en el artículo 15 del Decreto 2/2003, de 2 de enero, por el que se regulan los servicios de información y atención al ciudadano y la función de registro en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.
Los interesados que dispongan de los medios indicados podrán cursar sus solicitudes, junto con el resto de la documentación que se digitalizará y aportará como archivos anexos a la solicitud, sin perjuicio de la posibilidad de que la Administración podrá requerir al particular la exhibición del documento o de la información original en los términos previstos en el artículo 35.2 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos.
Las solicitudes así presentadas producirán los mismos efectos jurídicos que las formuladas de acuerdo con el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. El registro electrónico emitirá un recibo de confirmación de la recepción, consistente en una copia autentica de la solicitud, escrito o comunicación, que incluye la fecha, hora y número de registro. Esta copia está configurada de forma que puede ser impresa o archivada por el interesado, garantizando la identidad del registro y teniendo valor de recibo de presentación. La falta de recepción del mensaje de confirmación o, en su caso, la aparición de un mensaje de error o deficiencia de transmisión implica que no se ha producido la recepción correctamente, debiendo realizarse la presentación en otro momento o utilizando otros medios disponibles.
Artículo 4. Documentación.—1. Las solicitudes irán acompañadas de los siguientes documentos:
3. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no va acompañada de los documentos a los que se refiere el apartado anterior, se requerirá al interesado para que, en un plazo de diez días, repare la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 5. Autorizaciones.—1. La Consejería competente en materia de vivienda, previa autorización expresa del solicitante, formulada en el modelo de solicitud previsto en el artículo 3, podrá comprobar directamente y/o por medios telemáticos mediante la transmisión de datos entre la misma o distintas Administraciones, los datos relativos a la identidad del solicitante (DNI/NIE).
Artículo 6. Tramitación y resolución.—1. La ordenación, instrucción y resolución del procedimiento para la inclusión de la vivienda en el PROGRAMA DE FOMENTO DEL ALQUILER corresponderá a la Dirección General competente en materia de vivienda.
3. Contra dicha resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabrá recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en materia de vivienda en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo 60 de la Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de Castilla y León.
Artículo 7. Determinación de la renta máxima a percibir por el propietario de la vivienda.—1. El precio máximo del alquiler no podrá ser superior al 80% del precio del alquiler de una vivienda de protección pública de régimen general a 10 años situada en el mismo municipio en el que se encuentra la vivienda que se pretende alquilar, calculado conforme a lo previsto en la normativa reguladora para la determinación de los precios máximo de referencia para el alquiler en Castilla y León, previstos en la Orden FOM/85/2010, de 22 de enero, o cualquiera otra normativa que sustituya a ésta.
Artículo 8. Otros gastos de la vivienda.—1. Serán por cuenta del propietario, en todo caso, el pago de la cuota correspondiente de la comunidad de propietarios así como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de la vivienda, o cualesquiera otros tributos que graven la misma, sin que tales gastos sean repercutibles al arrendatario.
Artículo 9. Inclusión de la vivienda en el programa, vigencia y cancelación.—1. Aceptada la renta máxima por parte del solicitante así como el resto de condiciones previstas, se procederá a la inclusión de la vivienda en el PROGRAMA DE FOMENTO DEL ALQUILER.
Artículo 10. Requisitos de los arrendatarios.—Los posibles arrendatarios de las viviendas inscritas en el PROGRAMA DE FOMENTO DEL ALQUILER, deberán cumplir los siguientes requisitos:
Artículo 11. Publicidad de la vivienda incluida en el programa.—Una vez que la vivienda haya sido incluida en el PROGRAMA DE FOMENTO DEL ALQUILER, se procederá a su publicación en la página Web de la Junta de Castilla y León, con indicación de la ubicación y características de la vivienda así como el precio máximo del alquiler.
Artículo 12. Interesados en el arrendamiento.—Las personas interesadas en el arrendamiento de una vivienda incluida en el PROGRAMA DE FOMENTO DEL ALQULER deberán ponerse en contacto con la Dirección General competente en materia de vivienda, quien facilitará el número de teléfono del propietario de la vivienda con la finalidad de conocer y, en su caso, visitar la vivienda.
Artículo 13. Arrendamiento de la vivienda y condiciones.—1. Acordado el arrendamiento al amparo del PROGRAMA DE FOMENTO DEL ALQUILER, las partes se lo comunicarán a la Dirección General competente en materia de vivienda, a efectos de la firma del contrato de arrendamiento.
2. Dicho contrato podrá ajustarse modelo que, a tal efecto, establezca la Dirección General referida, y al mismo se podrán incorporar las cláusulas y condiciones que se estimen pertinentes de común acuerdo por las partes, debiendo formalizarse por escrito y quedando sujeto a las prescripciones de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos y demás normativa que sea de aplicación.
3. La fianza a que se refiere el artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos deberá ser depositada por la parte arrendadora en los términos previstos en el artículo 38.1 a) de la Ley 9/2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León.
Artículo 14. Seguros.—La Consejería competente en materia de vivienda, directamente o a través de una empresa pública de la Comunidad, podrá suscribir un seguro que garantice el impago de alquileres o los costes de reparación de desperfectos en la vivienda en caso de daños que se produzcan dentro del primer año de vigencia del contrato de arrendamiento; todo ello, sin perjuicio de la responsabilidad que corresponda al arrendatario. Asimismo, se podrán suscribir convenios con entidades y compañías aseguradoras en condiciones favorables para aquellos que suscriban los citados seguros.
Artículo 15. Información y asesoramiento.—La Consejería competente en materia de vivienda prestará información y asesoramiento durante el proceso de arrendamiento a los interesados así como en relación con cualquier tipo de ayuda o subvención de la que pudieran beneficiarse el propietario y el arrendatario.
Disposición adicional primera. Concepto de unidad arrendataria.—A los efectos previstos en este decreto tendrá la consideración de unidad arrendataria la formada por la persona o personas que convivan en la vivienda objeto de arrendamiento, formando o no una unidad familiar conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Disposición adicional segunda. Protección de datos.—Los datos de carácter personal recogidos en los registros mencionados en el presente decreto, serán tratados conforme a lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, y demás normativa de aplicación.
Disposición adicional tercera. Gestión del programa.—La Consejería competente en materia de vivienda, sin perjuicio de las competencias que tiene atribuidas, podrá encargar la gestión del PROGRAMA DE FOMENTO DEL ALQUILER a una empresa pública de la Comunidad de Castilla y León.
Las situaciones creadas al amparo del Decreto 100/2005, de 22 de diciembre, por el que se regula la Reserva de Viviendas Vacías para Alquiler (REVIVAL) de Castilla y León, continuarán rigiéndose por el mismo hasta su completa extinción.
Queda derogado el Decreto 100/2005, de 22 de diciembre, por el que se regula la Reserva de Viviendas Vacías para Alquiler (REVIVAL) de Castilla y León, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo previsto en este decreto.
Disposición final primera. Habilitación normativa.—Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de vivienda para dictar cuantas disposiciones se precisen para el desarrollo y ejecución de este decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.—El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

References: Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3
 artículo 38
 artículo 15
 artículo 35
 artículo 38

Artículo 4
 resolución 
 artículo 42

Artículo 5
 artículo 3

Artículo 6
 resolución 
 artículo 115
 artículo 60

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13
 artículo 36
 artículo 38

Artículo 14

Artículo 15