Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl11530-2017-45651-de-agosto-2-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_5826e88eafe144d78703dd317f61bfe4&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-23 16:08:18+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA SL11530-2017/45651 DE AGOSTO 2 DE 2017
SENTENCIA SL11530-2017 DE 02 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:TERMINACIÓN DEL CONTRATO LABORAL POR VOLUNTAD DEL TRABAJADOR. ES CIERTO QUE EN LA CARTA QUE EL TRABAJADOR DIRIGIÓ A LA GERENCIA NO APARECE MENCIONADA LA PALABRA “RENUNCIA”, PERO ELLO NO ERA ESTRICTAMENTE NECESARIO, NI ES LA ÚNICA FORMA DE ENTENDER QUE LA VOLUNTAD DEL TRABAJADOR FUERA TERMINAR EL CONTRATO DE TRABAJO POR INICIATIVA SUYA, PUES TAL INTENCIÓN ES FACTIBLE DEDUCIRLA DEL CONTEXTO GENERAL DE LOS ENUNCIADOS, AUNQUE NO SE UTILICEN LOS VOCABLOS ESPECÍFICOS Y CONCRETOS QUE MATERIALIZAN LA SITUACIÓN JURÍDICA RESPECTIVA. ADEMÁS, NO PUEDE OLVIDARSE QUE EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61 DEL CPTSS, EL JUEZ NO ESTARÁ SUJETO A TARIFA LEGAL DE PRUEBAS Y POR LO TANTO FORMARÁ LIBREMENTE SU CONVENCIMIENTO, INSPIRÁNDOSE EN LOS PRINCIPIOS CIENTÍFICOS QUE INFORMAN LA CRÍTICA DE LA PRUEBA Y ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS RELEVANTES DEL PLEITO Y A LA CONDUCTA PROCESAL OBSERVADA POR LAS PARTES”.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, RENUNCIA LABORAL, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, CLASES DE RENUNCIA LABORAL, ACEPTACIÓN DE LA RENUNCIA LABORAL
Sentencia SL11530-2017/45651 de agosto 2 de 2017
SL11530-2017
Rad.: 45651
La Sala decide el recurso de casación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, el 18 de febrero de 2010, en el proceso que instauró Bernardo Rodríguez Vega contra La Industria Licorera de Boyacá en liquidación.
Bernardo Rodríguez Vega llamó a juicio a la Industria Licorera de Boyacá en liquidación, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la indemnización por retiro, la indemnización contemplada en el parágrafo 2 del artículo 1º del Decreto Ley 797 de 1949 por el no pago oportuno de los salarios, prestaciones e indemnizaciones a la finalización del contrato de trabajo, a la indexación a que hubiera lugar y los derechos demostrados en uso de facultades extra y ultra petita.
Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que comenzó a laborar para la demandada desde el 20 de febrero de 1973, en virtud a un contrato de trabajo por término indefinido en calidad de trabajador oficial y que al haberse ordenado la liquidación de la demandada, mediante Decreto 1688 del 30 de noviembre de 2001, se hizo acreedor al pago de la indemnización por despido sin justa causa, en los términos del artículo 466 del CST, que regula lo relacionado con el cierre de empresas.
Manifestó que el 4 de junio de 2001, la Industria Licorera de Boyacá, le pagó la liquidación final de su contrato de trabajo como trabajador oficial, pero en forma incompleta y sin incluir las prestaciones e indemnizaciones a que tenía derecho, como la indemnización de retiro prevista en el artículo 39 de la Convención Colectiva de Trabajo.
Afirmó que el 25 de febrero de 2002 se le reconoció una pensión de jubilación convencional y se aceptó su retiro a través de la Resolución 61, aunque indica que, si bien solicitó la prestación pensional, jamás presentó renuncia a su cargo. Añadió que trabajó hasta el 28 de febrero de 2002, fecha en la que comenzó a disfrutar de su mesada pensional; que su salario mensual promedio del último año fue de $850.423,42 y agotó la vía gubernativa el 26 de julio de 2004.
Al dar respuesta a la demanda, la parte accionada se opuso a las pretensiones y en cuanto a los hechos dijo ser cierto que el trabajador ingresó a la entidad, pero aclaró que lo hizo como trabajador ocasional el 20 de febrero de 1973 y a partir del 3 de abril de 1974 se le vinculó a través de contrato individual a término fijo por un año.
Señaló que el Decreto 1688 del 30 de noviembre de 2001 ordenó la liquidación de la demandada, pero que indemnizó y pagó a los trabajadores que se iban a quedar cesantes, todos sus salarios y demás emolumentos a la fecha de retiro; que lo mismo ocurrió con quienes voluntariamente se retiraron por reunir los requisitos para acceder a la pensión convencional, a quienes les pagó una bonificación por retiro voluntario; que solicitó las autorizaciones y permisos necesarios para desvincular a los aforados y a los trabajadores oficiales de la Industria, todo lo que muestra la responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones.
Expuso ser cierto que con la Resolución 61 de 25 de febrero de 2002 le reconoció al actor la pensión convencional y aceptó su retiro, pero precisó que en la carta del 18 de febrero de 2002 remitida por el demandante a la gerencia, expresó: «…Sea la oportunidad de agradecer al señor gerente, directivos de la empresa por los beneficios recibidos durante mi vida laboral en esta factoría…», razón por la que entendió que el trabajador tomó la decisión de retirarse de la empresa en forma racional y voluntaria, por reunir los requisitos para la pensión convencional. Por ello le pagó una bonificación de $17.753.400, contemplada en el artículo 38 de la Convención Colectiva, en consecuencia, no hubo un despido sin justa causa como se alegó y cuestiona que el demandante reclame la indemnización por retiro, por cuanto no volvió a trabajar una vez recibió su primera mesada pensional convencional, sin que la empresa hubiera recibido reclamo alguno.
Aceptó que el trabajador agotó la vía gubernativa, que laboró hasta el 28 de febrero de 2002 y el salario promedio de su último año de servicios. Dijo que en su liquidación final se pagó lo que se le adeudaba y aclaró que el trabajador no tuvo derecho a la indemnización contemplada en el artículo 39 de la Convención Colectiva pues su desvinculación no obedeció a una terminación unilateral del empleador.
Con su argumento trajo a colación la sentencia de esta Corporación del 7 de abril de 1995 sin radicado, que ilustra la manera en que se debe interpretar la Convención Colectiva de Trabajo y tildó de temeraria y malintencionada la pretensión del actor de aspirar a una indemnización moratoria cuando ningún perjuicio se le causó.
En su defensa propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido y temeridad y mala fe.
El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Tunja mediante fallo del 24 de febrero de 2006, declaró que entre las partes existió un contrato de trabajo escrito desde 20 de febrero de 1973 hasta el 28 de febrero de 2002, con un salario mensual de $850.423,42. Declaró probada la excepción de inexistencia de la obligación y en consecuencia absolvió a la demandada de las súplicas de la demanda (fls. 227-237 cdno. 1ª instancia).
La parte demandante inconforme con la decisión, la apeló.
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, confirmó la sentencia de primera instancia, mediante fallo del 18 de febrero de 2010 (fls. 29-35 cdno. 2ª instancia).
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal partió de la premisa de que al trabajador le corresponde probar el despido y al empleador la justa causa invocada. Así, consideró como fundamento de su decisión, que el actor no logró demostrar haber sido despedido pues, se acreditó que al solicitar la pensión de jubilación, éste manifestó su deseo de dejar de trabajar, es decir, de retirarse.
Para sustentar su determinación consideró las acepciones de «retiro» y de «jubilado» contempladas por la Real Academia de la Lengua Española y expresó, con base en tales conceptos, que lo pedido carecía de sustento en la medida en que, para adquirir el status de pensionado era necesario dejar de laborar y el actor manifestó ese deseo, que es en sí mismo la voluntad de finalizar el contrato y por ello concluyó que se tradujo en la renuncia.
Transcribió la carta del 18 de febrero de 2002 que dirigió el actor a la gerencia de la demandada y determinó que, si dicha comunicación no era una renuncia, ninguna otra podría considerarse como tal, por lo que concluyó que en ningún momento el empleador despidió al trabajador y, por lo tanto, no tenía obligación de pagar la indemnización por una ruptura que jamás ocasionó.
Agregó que no sólo la empresa respetó la decisión del trabajador y le otorgó la pensión, sino que además le reconoció la bonificación contemplada en la cláusula 38 de la Convención Colectiva y finalizó resaltando que nunca habrá lugar al pago de indemnización si el trabajador no prueba que fue despedido.
Pretende el recurrente que la Corte case parcialmente la sentencia atacada, para que, en sede de instancia, revoque los numerales 2°, 3°, 4° y 5° de la del a quo, confirme el 1° de la del a quo y condene en los términos pedidos en la demanda.
Con tal propósito formuló tres cargos, por la causal primera de casación, los cuales fueron oportunamente replicados por la demandada y que la Sala estudiará conjuntamente por razones de método no obstante estar encaminados por distinta vía de violación, pues se valen de argumentos similares, persiguen la misma finalidad y la solución a impartir es igual para todos ellos.
Acusó la sentencia de violar por la vía directa en la modalidad de infracción directa el artículo 466 del CST y el artículo 1º del Decreto 797 de 1949 en relación con las cláusulas 34 y 39 de la Convención Colectiva de trabajo, artículo 64 del CST, en cuanto a que el derecho a la indemnización por despido sin justa causa, como derecho cierto e irrenunciable del trabajador, se adquiere cuando el empleador decide cerrar la empresa.
Indicó no discutir los hechos del proceso que el sentenciador dio por probados pero dijo que dejó de aplicar el artículo 466 del CST frente a la decisión del Gobernador de cerrar la Industria Licorera de Boyacá, pues ello generó a favor de los trabajadores, el derecho a la indemnización, porque el numeral 1 del artículo 64 del CST es aplicable a los trabajadores de la demandada por remisión expresa del artículo 39 de la Convención Colectiva.
Agregó que el ad quem omitió pronunciarse en relación con la naturaleza jurídica de la indemnización por retiro del acuerdo colectivo y citó textualmente el parágrafo segundo del artículo 1 del Decreto Ley 797 de 1949, para expresar que el trabajador tiene derecho a la indemnización moratoria por el pago incompleto de las prestaciones, en este caso, el no pago de la indemnización por retiro establecida en el Convenio Colectivo, que genera la moratoria una vez transcurridos 90 días de haberse terminado el contrato.
En el aparte que interesa al cargo, el opositor manifestó que el trabajador nunca probó que la demandada hubiera decidido terminarle su contrato unilateralmente, y la sola orden de liquidar la empresa el 30 de noviembre de 2001, no genera por sí sola la indemnización por retiro que se pretende, pues en el transcurso de la liquidación, el trabajador indicó la fecha en que deseaba empezar a disfrutar de la pensión y desde qué fecha no volvería al trabajo.
Acusó la sentencia de violar por vía indirecta en el concepto de aplicación indebida de los siguientes artículos: 47, literal d) del Decreto 2127 de 1945, artículo 467 del CST y el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, en relación con los artículos 51, 52 53, 54, 54A, 55, 56, 60 y 61 del CPTSS, como medio, por manifiestos errores en la apreciación de las siguientes pruebas:
a) Decreto número 1688 del 30 de noviembre de 2000 de la Gobernación de Boyacá (fls. 11 a 15), b) Liquidación final del contrato de trabajo (fl. 19), c) Resolución 61 del 25 de febrero de 2002 por medio de la cual se reconoce la pensión de jubilación convencional (fls. 28 y 29), d) Carta de la administración por medio de la cual se acepta el retiro (fl. 31), e) Solicitud la (sic) pensión en los términos del artículo 34 de la convención Colectiva de Trabajo (fl. 68) y f) La convención Colectiva de Trabajo (fls.154 a 192); todos del cuaderno del Juzgado.
Señaló como errores de hecho:
1. Dar por probado, sin estarlo, que el trabajador presentó renuncia al cargo.
2. No haber dado por probado, estándolo, que el trabajador no presentó renuncia al cargo.
Para demostrar el cargo admitió la calidad de trabajador oficial del actor concluida por el ad quem; la existencia de un contrato de trabajo entre las partes; que el trabajador es beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo y que se le reconoció la pensión convencional. No obstante, señaló su desacuerdo con el colegiado cuando éste concluyó que el actor había presentado renuncia al cargo.
Argumentó, haber elegido el error de hecho, por cuanto la «[…] Sala no se ha pronunciado sobre si es por error de hecho o de derecho cuando se mezclan pruebas solemnes y no solemnes, en el entendido de que priman las no solemnes».
Explicó que toda decisión judicial debe tomarse con fundamento en los hechos probados y no en suposiciones, para lo cual reseñó nuevamente las pruebas que adujo como mal valoradas pues producen plenos efectos entre las partes al aportarse en oportunidad y no haber sido tachadas.
Con lo anterior, dice, el error manifiesto fue suponer que de la carta de solicitud de pensión (fl. 68), de la resolución de reconocimiento de pensión (fls. 29 y 29 (sic)), del tiempo transcurrido entre el Decreto que ordena la liquidación de la demandada (fls. 7-10), de la fecha de retiro del trabajador y de la liquidación final del contrato de trabajo (fl.19), se configuraba una renuncia del trabajador. Consecuentemente, sin existir carta de renuncia, mal pudo el Tribunal concluir que ésta existió.
Añadió que los agradecimientos que el demandante incorporó en el documento que remitió a la gerencia, obedecieron a que la demandada entró en proceso de liquidación y él ya no tenía posibilidad de seguir laborando para recibir un salario en lugar de la pensión.
Expresó que se desconoció que las cláusulas 34 y 38 de la Convención Colectiva de Trabajo contienen prestaciones extralegales distintas: la primera se produce cuando el trabajador es despedido por la empresa y la segunda, cuando hay terminación del contrato de trabajo, independientemente de la causa o motivo de la finalización.
Agregó que el Tribunal al analizar el acápite de prestaciones convencionales no se percató de que la convención contempló la indemnización por retiro y por ello ante su no pago se generó a favor del trabajador, la indemnización moratoria por no existir justificación en dicha omisión.
Finalizó con la transcripción de apartes de la Sentencia C-1443 de 2000, donde se interpretó la parte A) del numeral 14 del artículo 62 del CST y determinó que la opinión del trabajador debe ser tenida en cuenta para decidir el momento de la desvinculación laboral; que omitir esa consulta previa hace que el despido deje de tener una causa justa.
La réplica del opositor, la hizo frente al segundo y tercer cargo. Señala que es inaceptable que el recurrente reitere que no renunció al cargo, pues de manera libre y espontánea manifestó su voluntad de acogerse a la pensión de jubilación, prevista en la cláusula 34 convencional por lo que agradeció a renglón seguido a la gerencia y a los directivos por los beneficios recibidos. Advierte que el recurrente pretende recibir unas indemnizaciones establecidas para quienes fueron despedidos unilateralmente por el empleador mediante el ocultamiento de la circunstancia de haber recibido la bonificación por retiro voluntario y obra de mala fe al querer derivar de la misma conducta, dos beneficios incompatibles.
Acusó la sentencia de violar por vía indirecta en el concepto de aplicación indebida del artículo 47, literal d) del Decreto 2127 de 1945, el artículo 467 del CST y el artículo 1º del Decreto 797 de 1949, en relación con los artículos 51, 52 53, 54, 54A, 55, 56, 60 y 61 del CPTSS, como medio, por manifiestos errores de derecho en la apreciación de las siguientes pruebas:
a) Decreto 1688 del 30 de noviembre de 2000 de la Gobernación de Boyacá (fls. 11 a 15), b) Liquidación final del contrato de trabajo (fl. 19), c) Resolución 61 del 25 de febrero de 2002 por medio de la cual se reconoce la pensión de jubilación convencional (fls. 28 y 29), d) Carta de la administración por medio de la cual se acepta el retiro (fl. 31), e) Solicitud la (sic) pensión en los términos del artículo 34 de la convención Colectiva de Trabajo (fl. 68) y f) La convención Colectiva de Trabajo (fls. 154 a 192); todos del cuaderno del Juzgado.
Señaló como errores de derecho en los que incurrió el ad quem:
Argumentó, haber elegido el error de derecho, por cuanto la «[…] Sala no se ha pronunciado sobre si es por error de hecho o de derecho cuando se mezclan pruebas solemnes y no solemnes, en el entendido de que priman las solemnes».
En lo que refiere a la demostración del cargo mantuvo y transcribió lo expuesto para el cargo segundo haciéndose la precisión de que sustituyó «error de hecho» por «error de derecho».
El opositor formuló la réplica a este cargo, de manera conjunta con el segundo, razón por la cual no se hace necesario reproducirla.
El Tribunal concluyó que el demandante presentó renuncia a su cargo y para ello se basó principalmente en la carta que el actor dirigió a la gerencia de la empresa demandada (fl. 68 cdno. 1ª instancia), la cual es del siguiente tenor:
Le informo que he cumplido con los requisitos para acceder a la PENSIÓN CONVENCIONAL, establecida en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la empresa y el Sindicato de sus trabajadores.
Por lo anterior le manifiesto mi deseo de acogerme a lo establecido en la Convención Colectiva respecto a la PENSIÓN DE JUBILACIÓN, cláusula 34, a partir del 1º de marzo del año en curso.
Sea la oportunidad de agradecer al señor gerente, directivos de la empresa por los beneficios recibidos durante toda mi vida en esa factoría.
El convencimiento del Tribunal en su apreciación lo llevó a expresar que dicha manifestación comportaba una renuncia pues señaló: «Si esa comunicación no es una renuncia, ninguna otra podría considerarse como tal […]».
Añadió que el empleador respetó esa voluntad al otorgarle al actor la pensión a partir del 1º de marzo de 2002 junto con la bonificación por retiro contemplada en el artículo 38 de la Convención Colectiva de Trabajo como quedó plasmado en la liquidación que le realizó.
La inferencia del Tribunal respecto a que en la carta que el actor dirigió a la gerencia de la demandada, incorporó su decisión y voluntad de poner fin a la relación, no constituye una equivocación manifiesta, porque ese es precisamente uno de los alcances que se puede dar a la reseñada carta; incluso, considera la Sala, que tal propósito del trabajador aparece expresado de manera diáfana e inequívoca, porque no puede entenderse de otra manera la solicitud de un trabajador oficial de que se le conceda pensión de jubilación a partir de determinada fecha sin que ello suponga su retiro del servicio oficial, dado que cuando la percepción de la mesada es incompatible con la remuneración salarial como producto de la continuidad del contrato de trabajo, más aún cuando en el último párrafo de la comunicación, en el que el trabajador agradece a la empresa por los beneficios recibidos, lo que ratifica y confirma aún más su interés en retirarse de la empresa.
Es cierto que en la citada comunicación no aparece mencionada la palabra “renuncia”, pero ello no era estrictamente necesario, ni es la única forma de entender que la voluntad del trabajador fuera terminar el contrato de trabajo por iniciativa suya, pues tal intención es factible deducirla del contexto general de los enunciados, aunque no se utilicen los vocablos específicos y concretos que materializan la situación jurídica respectiva. Además, no puede olvidarse que en los términos del artículo 61 del CPTSS «El juez no estará sujeto a tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes».
Precisamente, ciñéndose a esas directrices, el Tribunal se convenció de que la comunicación de solicitud de pensión de jubilación implicaba el retiro del trabajador del servicio activo a partir de la fecha en que pidió se le empezara a pagar la mesada pensional; entendimiento que es una consecuencia necesaria del contenido mismo de la comunicación, además de ser tal interpretación razonable y posible, lo que descarta por sí sola la ocurrencia del error manifiesto que el cargo denuncia.
Y si se estableció que el trabajador renunció de su cargo, la empresa no tenía que consultarlo acerca de si quería entrar a disfrutar de su pensión o seguir laborando, dado que la escogencia de la primera opción se extrae con contundencia de la referida carta y que implica la desestimación de la segunda alternativa.
La posición que se esgrime para resolver el cargo, refleja el criterio que ha mantenido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en las providencias CSJ SL, 2 mayo 2012, rad. 41090, CSJ SL, 17 abr. 2012, rad. 41126, CSJ SL, 19 oct. 2011, rad. 41215, CSJ SL, 7 nov. 2012, rad. 41081 SL6980-2014 y SL2405-2015, en el sentido de no evidenciarse yerro alguno cuando se infiere la intención de renunciar del trabajador, derivada del escrito presentado a su empleador para adquirir la pensión de jubilación convencional, tal como aconteció en el caso presente.
Por lo expuesto el segundo cargo dirigido por la vía indirecta no prospera, ya que el Tribunal no cometió ningún yerro fáctico.
Al haber quedado demostrado en el análisis del segundo ataque, que el demandante efectivamente renunció a su cargo, el Tribunal no pudo incurrir en el yerro jurídico enrostrado en la primera acusación encaminada por la vía directa, sobre la aplicación de normas relativas a la terminación del vínculo del actor en razón a una supuesta desvinculación por clausura de labores de la empresa, ya que ésta no se probó.
En cuanto a la supuesta violación del artículo 64 del CST que también se denuncia en el primer cargo, debe resaltarse, que el ad quem tampoco pudo incurrir en ella, pues esta norma no es aplicable a los trabajadores oficiales, calidad del demandante no discutida en el proceso.
Por ello el cargo primero tampoco está llamado a prosperar.
De otro lado y en lo que refiere al tercer cargo orientado por la vía indirecta, el recurrente optó por mantener los mismos argumentos de demostración esgrimidos en el segundo ataque, cambiando el error de hecho por el error de derecho, y justificando que elegía el de derecho por cuanto la Sala no ha establecido qué clase de yerro se debe denunciar cuando se mezclan pruebas solemnes y no solemnes.
Frente a ello la Corte debe recordar que el recurrente, además de designar con exactitud las partes del proceso, indicar la sentencia objeto del recurso, relatar sintéticamente los hechos del litigio y formular clara o coherentemente el alcance de su impugnación, debe expresar los motivos de casación indicando el precepto legal sustantivo de orden nacional que estime violado y el concepto de violación, esto es, si lo fue por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea; y en caso de que considere que la infracción ocurrió como consecuencia de errores de derecho o de hecho al apreciar o dejar de valorar las pruebas, debe singularizarlas y expresar la clase de desatino que estima se cometió (SL5132-2017).
También tiene adoctrinado que el error de derecho se presenta cuando se da por acreditado un hecho con un elemento probatorio cualquiera, siendo que la ley exige para su comprobación una prueba solemne, o también cuando no ha apreciado, debiendo hacerlo, una probanza de esa naturaleza, que es condición para la validez sustancial del acto que contiene; en cambio, en el error de hecho, el recurrente tiene la carga de acreditar de manera razonada la equivocación en que ha incurrido la Colegiatura en el análisis y valoración de los medios de convicción, que la llevan a dar por probado lo que no está demostrado y a negarle evidencia o crédito a lo que en puridad de verdad está acreditado en los autos, lo que surge a raíz de la falta de apreciación o errónea valoración de la prueba calificada, esto es, el documento auténtico, la confesión judicial y la inspección judicial (CSJ SL, 30 nov. 1994, rad. 6861, CSJ SL, 12 sep. 1988, rad 2430, SL17082-2014, SL17123-2014, SL13989-2016).
Se advierte que el censor en este tercer cargo, parte de una premisa errada que confunde la esencia que debe primar en la acusación por error de derecho, así, el ataque presenta errores insalvables de técnica al endilgar yerros que son propios del error de hecho y no explicar cuál es, frente a un eventual error de derecho, la prueba que el Tribunal admitió sin ser solemne o el medio de convicción solemne que no se tuvo en cuenta para probar un hecho específico, ello en los eventos que la ley exija una solemnidad ad substantiam actus, por lo cual la acusación quedó sin sustentación alguna, debiendo declararse impróspero el cargo.
Las costas del recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente. Se fijan las agencias en derecho en $3’500.000, que se liquidarán de conformidad con el artículo 366 del CGP.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 18 de febrero de 2010 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Bernardo Rodríguez Vega contra La Industria Licorera de Boyacá en liquidación.

References: ARTÍCULO 61
 artículo 1
 artículo 466
 artículo 39
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 38
 artículo 39
 artículo 466
 artículo 1
 artículo 64
 artículo 466
 artículo 64
 artículo 39
 artículo 1
 artículo 467
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 34
 resolución 
 artículo 62
 artículo 47
 artículo 467
 artículo 1
 Resolución 
 artículo 34
 artículo 38
 artículo 61
 artículo 64
 artículo 366