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Timestamp: 2020-02-21 00:44:59+00:00

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ATC 168/1995, 5 de Junio de 1995 - Jurisprudencia - VLEX 58121905
ATC 168/1995, 5 de Junio de 1995
Número de Recurso: 675/1995
Inadmisión. Recurso de amparo: subsidiariedad. Agotamiento de recursos en la vía judicial: inexistencia; resoluciones interlocutorias. Recusación de Jueces y Magistrados: recursos contra la denegación. Derecho a un proceso sin dilaciones: alegación no fundada.
Mediante escrito presentado en el Juzgado de Guardia el día 23 de febrero de 1995 y registrado en este Tribunal el 28 siguiente, la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Julia Corujo, en nombre y representación de don Juan de Justo Rodríguez, interpuso recurso de amparo contra el Auto del Juzgado Central de Instrucción núm. 5, de 31 de enero de 1995, desestimatorio del incidente de recusación formulado.
Por Auto de 9 de enero de 1995 el Juzgado Central de Instrucción núm. 5 acordó la prisión provisional incondicional del ahora recurrente, como responsable de un delito de malversación de caudales públicos y otro contra la Ley de Control de Cambios. El 12 siguiente la ratificó ampliando la calificación indiciaria de los hechos a varios supuestos de encubrimiento punible.
El 20 de enero el recurrente formuló incidente de recusación contra el instructor al amparo de la causa 9. de los arts. 54 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (L.E.Crim.) y 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O.P.J.), relatando en síntesis que tras la adscripción del Plan Nacional sobre Drogas al Ministerio del Interior, el Delegado del Gobierno se convierte en el número dos del organigrama ministerial, asiste por ello a todas las reuniones convocadas en el Departamento y tiene acceso a toda la información que obraba en los archivos, así como mando directo sobre Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado. De otra parte, la conexión existente entre terrorismo y narcotráfico obligó al Ilmo. Sr. Garzón en su lucha contra este fenómeno a requerir datos sobre aquél. Y como entonces el recusante ocupaba el cargo de Secretario del Ministro, fueron inevitables las intensas relaciones profesionales entre ambos; desempeñaron cargos de confianza y formaron parte de un mismo equipo donde las cuestiones relacionadas con terrorismo y narcotráfico son confidenciales.
Remitida la causa y el incidente para su tramitación al Ilmo. Sr. Bueren, su sustituto natural, el instructor recusado en su preceptivo informe negó la causa de recusación alegada.
Del Real Decreto de 17 de marzo de 1994 y la Orden Ministerial de 7 de abril del propio año claramente se desprende que no había mando directo alguno sobre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado sino coordinación en determinados aspectos, ni relación entre terrorismo y narcotráfico; la única relación con el terrorismo fue asistir a un entierro y a un funeral. Nada se compartía sobre fondos reservados, cuya facultad de disposición correspondía al Ministro, y hay que suponer que en ese período de tiempo el recusado no podía tenerla; por tanto, mal se pueden utilizar unos datos que nunca se conocieron.
El Ministerio Fiscal, por su parte, interesó se rechazara la recusación interpuesta. Tras recordar la doctrina del Tribunal Supremo acerca de que las causas de recusación legalmente previstas constituyen un numerus clausus, han de interpretarse de forma taxativa sin que sea admisible una interpretación extensiva o analógica, y del significado del interés recogido en el art. 219.9 L.O.P.J., destacó que el recusante no fundamenta el interés del instructor en el procedimiento, bien sea económico o de beneficio propio. Sólo alega haber formado parte de un mismo equipo del Ministerio del Interior, pero no especifica las reuniones profesionales habidas entre ambos y tampoco acredita documental ni testificalmente la relación del instructor con los fondos reservados del Ministerio del Interior. Además, varios Jueces de Instrucción han intervenido en el procedimiento con el único interés de averiguar la realidad formal y material de los hechos investigados.
Por Auto de 31 de enero de 1995 se desestimó la pretensión del recusante, a quien se condenó a satisfacer las costas del incidente. Después de referirse a la doctrina del Tribunal Constitucional y del Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a un Juez o Tribunal imparcial, a la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el sentido de la recusación de estos profesionales y a la politización de la actividad judicial que permite la Ley Orgánica del Poder Judicial, razonaba dicho Auto que «... no puede afirmarse, apriorísticamente, que tenga soporte jurídico que el desempeño transitorio de cargos en el Gobierno de un país determine la inhabilidad para el posterior desempeño de funciones jurisdiccionales ni que éstas deban realizarse en órgano jurisdiccional diferente del que era titular con anterioridad. No al menos desde la perspectiva legal y constitucional ...». Agregándose que no se sabe cual es el interés que persigue quien desde la función jurisdiccional accede a cualquiera de los cargos previstos en el art. 352 L.O.P.J. que no sea el de actuar con arreglo a la Ley y en defensa de los principios y valores constitucionales ... y, de este modo, «no es posible desde el respeto al ordenamiento jurídico variar las referencias legales y constitucionales cuando el cargo al que se accede depende de Ministerio diferente del de Justicia, en concreto al de Asuntos Sociales primero o Ministerio del Interior después».
Pensar, sugerir o afirmar que el acceso a determinados cargos públicos, especialmente y por lo que al Magistrado recusado se refiere, a los dependientes del Ministerio del Interior (hoy Justicia e Interior), lleva implícito la posibilidad o necesidad de actuar fuera del marco de la más estricta legalidad es contrario a toda suposición judicial y tiende, cuando se hace sin prueba bastante, a erosionar la credibilidad de las personas, las Instituciones y los pilares mismos de un Estado Democrático de Derecho
Esta afirmación o razonamiento se predica también respecto de la imputación que se hace al Magistrado recusado pues no se ha acreditado la realización de actuación ilegítima alguna durante el tiempo en que como Secretario de Estado y Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas estuvo orgánicamente adscrito tanto al Ministerio de Asuntos sociales como al de Interior que le impida la instrucción del proceso contra el recusante.
Cabe agregar que posteriormente don Rafael Vera Fernández-Huidobro, coimputado en el mismo sumario, formuló doble incidente de recusación contra los Ilmos. Sres. Garzón y Bueren. Este en su informe aceptó la causa de recusación relativa a la existencia de amistad íntima entre ambos Magistrados en los siguientes términos «... Cuando se alega -expresaba- que este instructor mantiene relaciones de amistad íntima con el Ilmo. Sr. Baltasar Garzón, que pueden perjudicar su imparcialidad y por ello al «derecho a la tutela judicial efectiva», y esta aseveración está revestida o apoyada en hechos que sustancialmente no pueden ni deben negarse por su certeza, no es posible privarla de eficacia jurídica, no al menos sin hacer peligrar el derecho expresado, a costa de proteger sin límite el derecho al juez predeterminado.
El recurso de amparo se dirige contra el expresado Auto de 31 de enero de 1995 por haber vulnerado el art. 24.1 C.E. y el derecho a un Juez imparcial, garantía inherente al derecho a un proceso con todas las garantías reconocido en el art. 24.2 C.E. Duplicidad lesiva que se afirma en relación de medio a fin, en cuanto que se rechaza el incidente interpuesto, pese a concurrir de manera evidente causa bastante para sospechar de la parcialidad del Juez, mediante una resolución carente de motivación razonable, arbitraría y desconectada del debate propuesto, pues deja sin respuesta la concreta causa invocada y, por el contrario, contesta a unas razones y motivos ajenos a los esgrimidos.
A juicio del recurrente, era obligación del Juez encargado de tramitar el incidente no desconocer que se hallaba en juego el derecho al Juez imparcial y realizar una interpretación del supuesto debatido favorecedora del derecho fundamental. Debía por ello analizar el incidente sin atender a formalismos exacerbantes ni a interpretaciones restrictivas de las causas de recusación, que pudiesen impedir la consecución del fin último de este instituto, a saber, evitar cualquier duda o sospecha de parcialidad en el Juez encargado de instruir o fallar la causa.
Sin embargo, el Auto impugnado, tras presentar correctamente la doctrina de este Tribunal y del Europeo de Derechos Humanos al respecto, da un salto en el vacío y afirma que son falsas -por no probadas- las imputaciones realizadas en torno a que el Ilmo. Sr. Garzón hubiese actuado de modo ilegal o ilegítimo, cuando nada de esto se cuestionaba en el incidente de recusación, sino que el conocimiento que podía haber adquirido de las materias investigadas mientras fue miembro del Ministerio del Interior pudiese interferir y prejuzgar, incluso inconscientemente, el resultado de las investigaciones. El Auto recurrido evidencia un discurso lógico carente de razonabilidad pues, de un lado, deja de aplicar la doctrina legal al supuesto debatido y, de otro, ni siquiera explica por qué interrumpe la subsunción lógica del supuesto de hecho en el derecho invocado. Semeja así una suerte de resolución disociada en dos o más partes, que contesta a otro incidente de recusación diferente y en la que se desconoce, pero se presupone que ha debido tenerse en cuenta por el órgano judicial otros elementos que no coinciden con los que aparecen en anteriores fundamentos jurídicos o incluso otras interpretaciones o datos distintos a los hasta ese momento exteriorizados.
La irrazonabilidad de la decisión queda confirmada a posterior por su propio autor cuando once días después viene a reconocer la mera duda externa de su propia parcialidad como motivo bastante para aceptar su recusación, y ello con independencia de que internamente se halla seguro de que obraría con imparcialidad. También en este incidente debió tener en cuenta su propia contaminación y abstenerse de resolverlo, sin que pueda aceptarse la razón ofrecida para el trato discriminatorio -la inexistencia de duda externa de su imparcialidad por no haber sido expresamente recusado-, tanto porque emplea la misma noción de imparcialidad ya puesta de manifiesto en el presente incidente, como porque la amistad íntima de los Sres. Bueren y Garzón no habría variado en tan breve plazo.
Por lo que se refiere al derecho al Juez imparcial se argumenta que el Ilmo. Sr. Garzón abandonó voluntariamente el Juzgado para presentarse a las Elecciones Generales de 1993 en las que resultó elegido Diputado. Con discutible legalidad se le concedió el pase a la situación de servicios especiales, y aunque la Ley pueda permitirlo, resulta de muy dudosa constitucionalidad por lo que implica de reserva de plaza en el mismo Juzgado en el que venía ejerciendo su función jurisdiccional. Posteriormente fue nombrado Delegado de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas con categoría de Secretario de Estado, desempeñando el cargo en el Ministerio de Asuntos Sociales y luego en el de Interior.
Por providencia de 8 de mayo de 1995, la Sección Tercera de este Tribunal acordó, conforme a lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, poner de manifiesto al recurrente y al Ministerio Fiscal la posible existencia de las siguientes causas de inadmisión: 1. la regulada por el art. 50.1 a) en relación con el 44. 1 a) ambos de la LOTC, por tratarse de un proceso penal aún no concluido; 2. la del art. 50.1 c) LOTC, por carecer la demanda manifiestamente de contenido constitucional. Y asimismo concederles un plazo común de diez días a fin de que aleguen lo que estimen pertinente sobre la concurrencia de tales causas de inadmisión.
El Fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó sus alegaciones mediante escrito registrado en este Tribunal el 23 de mayo de 1995.
Sobre el agotamiento de la vía judicial, el Ministerio Fiscal alega que la recusación, como tal instrumento que es, tiene un desarrollo procesal limitado y concreto, puesto que, una vez resuelta por el órgano al que corresponda, contra esa resolución no se admite recurso alguno (art. 228 L.O.P.J.); lo cual encuentra su justificación en sus propios fines y en no servir de obstáculo a la celeridad y normal desarrollo del proceso base, por lo que el Tribunal Constitucional ha reiterado que esta regulación no lesiona derecho fundamental alguno, al decir que «la doble instancia no viene constitucionalmente impuesta en materia de recusación, dado que en tal incidente ni se pronuncia condena ni se impone pena alguna, en el sentido del art. 14.5 P.I.D.C.P.», y, además, «conforme al art. 228 L.O.P.J., la doble instancia queda también garantizada en este punto de la recusación toda vez que se puede hacer valer al recurrir contra la resolución que decida la causa, pudiendo originar la nulidad de dicha resolución» (doctrina a la que se remiten las providencias del Tribunal Constitucional de fecha 10 de mayo de 1994 en el recurso de amparo núm. 1.149/94 y de 12 de febrero de 1992 en el recurso de amparo núm. 2.510/91).
Tras exponer con detalle la jurisprudencia de este Tribunal, el Ministerio Fiscal considera que el análisis del caso ahora sometido a estudio no nos permite estimar agotada la vía judicial procedente, habida cuenta de la regulación legal (art. 228 L.O.P.J.) existente, así como del carácter subsidiario del recurso de amparo. Ante lo cual, cree, ha de ceder la indiscutible tentación de sanear lo antes posible el proceso o despejar incógnitas sobre el respeto a los derechos fundamentales, tentación que toda persona, sobre todo si está dedicada a la justicia, puede legítimamente tener; lo que en el caso de la recusación pensamos debe valorarse especialmente en función de la buena marcha del proceso y en evitación de dilaciones indebidas en el mismo, sin que en la alegada lesión del derecho al Juez imparcial quepa apreciar en este caso, ni un gravamen adicional ni una mayor intensidad de la lesión del derecho por su continuidad en el tiempo -no más, al menos, que la que pueda producir cualquier supuesta indefensión o lesión constitucional de las antes citadas-, máxime cuando el actor se encuentra actualmente en situación de libertad provisional conseguida precisamente por medio de los instrumentos y actuaciones que lo han posibilitado en vía judicial después de interponer el amparo, lo que por sí mismo demuestra el carácter prematuro de éste.
La providencia del Tribunal Constitucional de 14 de octubre de 1991 (recurso de amparo núm. 1.413/91) explica que la desestimación de la recusación no cierra la vía judicial para reclamar el derecho fundamental al Juez imparcial a través de los recursos judiciales procedentes: «... según la interpretación que parece más evidente, el propio art. 228 hace posible que la disconformidad de las partes frente a tales resoluciones (las resoluciones denegatorias de la recusación) pueda hacerse valer a través de los recursos procedentes contra las resoluciones de fondo. En estos recursos puede la parte aducir cuantas infracciones considere cometidas al resolver el incidente y por tanto, también, y muy señaladamente la que, en su opinión, haya ocasionado la infracción de los derechos fundamentales que nuestra Constitución garantiza».
Con carácter subsidiario, sobre el contenido constitucional del amparo el Ministerio Fiscal ha señalado que la demanda impugna el Auto dictado por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez don Carlos Bueren Roncero que desestimó el 31 de enero de este año la recusación intentada contra el instructor del sumario, alegando el recurrente, en primer término, la conculcación del derecho al Juez imparcial, inherente al derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 C.E.) «ya que se ha desestimado nuestro incidente de recusación del Juez titular del Juzgado que conoce de la causa, cuando sobre este Juez recaen fundadas sospechas de parcialidad en la labor de instrucción que está realizando». También afirma, en segundo lugar, que «la motivación (de dicho Auto) carente de razonabilidad y desconectada del debate propuesto» deviene «arbitraria y denegadora del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 C.E.».
Al Auto de 31 de enero de 1995 (desestimatorio de la recusación) se le achaca falta de respuesta a la causa de recusación invocada, y al mismo tiempo contestación a unas razones y motivos que nada tienen que ver con los invocados por el recusante. El Auto se dice arbitrario, además, porque cuando se dictó por el Juez Bueren éste no tuvo en cuenta su amistad íntima con el Juez Garzón que, once días después reconoció en el informe donde aceptó su parcialidad para resolver el incidente de recusación interpuesto por el Sr. Vera. Si el Juez Bueren reconoce esta amistad debió abstenerse once días antes para resolver la recusación planteada por el Sr. De Justo porque de lo contrario su resolución carece de fundamento aceptable en términos constitucionales.
Ahora bien, en el escrito de 20 de enero de 1995 donde se formuló el incidente de recusación, el actor concretó su pretensión con invocación del núm. 9 del art. 219 L.O.P.J. (prevalente sobre el semejante del art. 54 L.E.Crim.), que dice: «son causas de abstención y, en su caso, de recusación: ... 9. Tener interés directo o indirecto en el pleito o causa». La razón que en resumen esgrime ese escrito es, literalmente, que: «después de haber ocupado un departamento del Ministerio Público (debe referirse al Ministerio del Interior) cuya naturaleza es tal que deba tratar un determinado asunto en razón de sus competencias y posteriormente debe conocer el mismo como Juez, los ciudadanos tienen derecho a temer que no ofrezca las suficientes garantías de imparcialidad» (fundamento de Derecho 8 in fine).
No es posible aceptar, tras leer estas palabras y las que las preceden, la afirmación de que el Auto impugnado carece de motivación y no contesta a la pretensión y causa de recusación invocada. Podrá decirse que debía haber sido más extensa o menos escueta, o que no convence, pero el Auto está fundado, no es arbitrario y contesta suficientemente a la pretensión planteada, pues explica, por referencia a los hechos, las razones por las cuales no cree que haya motivos para suponer interés directo ni indirecto en la causa por parte del recusado, dada la clase de relaciones que mantuvo con el recusante.
Es necesario recordar al respecto que, por muy incomprensible que le pueda parecer esta actitud del Juez al actor, resulta que en esta ocasión está recurriendo un Auto de recusación dictado por el Juez Bueren once días antes de ocurrir la aceptación de la recusación propuesta por el Sr. Vera, lo que significa que nada se puede imputar a dicho Auto como resolución anterior que es. Ni por ser anterior puede pensarse en una desigualdad en la aplicación de la ley, ni por lo que dice ha de ser precisamente, de las dos, la resolución «desacertada». La Ley Orgánica del Poder Judicial establece (art. 217) que «los Jueces y Magistrados deberán abstenerse y, en su defecto, podrán ser recusados cuando concurra causa legal». El Sr. De Justo no recusó al Juez Bueren en el incidente para resolver la recusación del Juez Garzón. Esa y no otra es la explicación de que el Juez Bueren resolviera la recusación del Juez Garzón y no se abstuviera (a lo que entonces nada le obligaba según su criterio). Si el Sr. De Justo consintió la actuación del Juez Bueren (porque no le recusó) no puede ahora valerse de una decisión de dicho Juez tomada en un asunto posterior y distinto (ya que en éste sí que fue recusado por el Sr. Vera) para traerlo a colación como dato de arbitrariedad del Juez. Esto no es posible valorarlo comparativamente y mucho menos hasta el extremo de deducir de esa diferente situación una arbitrariedad en la postura del anterior incidente. El Ministerio Fiscal cree por lo expuesto, que el Auto impugnado es motivado, no arbitrario y por ello no lesiona el art. 24.1 C.E.
Pasado a la primera cuestión, es evidente que el derecho al Juez imparcial es el último motivo de la demanda de amparo. Motivo al que la parte menos extensión dedica en su demanda de amparo, si bien lo concreta de manera cierta: «lo que se denuncia en la presente demanda es la vulneración del derecho constitucional al Juez imparcial» (pág. 26), afirmación que reitera en el suplico. Y esta invocación se basa en las siguientes consideraciones: «... en la medida en que desempeñó (el Sr. Garzón) funciones de Secretario de Estado en el Ministerio del Interior, Ministerio al que con anterioridad a su incorporación al mismo, ya venía imputando la supuesta financiación ilegal de los Grupos Antiterroristas de Liberación (G.A.L.) y al que, una vez abandonado, ha seguido acusando de tales actividades, resultaba y resulta de todo punto evidente que el Sr. Garzón reviste una indudable apariencia de parcialidad a la hora de instruir el sumario núm. 17/89». Agregando que «... tampoco puede dejar de resaltarse el hecho de que tanto el Juez recusado como el Sr. De Justo habrían coincidido en el citado Ministerio del Interior, compartiendo secretos inherentes a sus funciones en aquél, así como que, a la vuelta del Sr. Garzón a su Juzgado, a los pocos meses, retomando la investigación que había interrumpido, acordara la prisión provisional incondicional y parcialmente incomunicada del Sr. De Justo. Todo ello son síntomas añadidos de la parcialidad aludida».
A lo largo del art. 219 L.O.P.J., las causas de recusación 1. a 8. y la 11. expresan situaciones concretas de vinculación del Juez con las partes (imparcialidad subjetiva), en tanto que las causas 9. y 10. lo hacen a la relación del Juez con el objeto del proceso. Es precisamente a la 9. a la que se ha concretado el actor cuando ha recusado en este caso al Juez.
Lo mismo ocurre si se analiza lo expuesto por el actor respecto al «interés directo o indirecto» del Juez con el objeto de la causa. Dice que la apariencia de parcialidad nace del hecho consistente en que el Juez Garzón ha instruido e instruye el sumario núm. 17/89 antes y después de ocupar cargo de Delegado Nacional del Plan contra la Droga en el Ministerio del Interior. Aseveración que por sí misma nada evidencia tampoco contra su imparcialidad. Nada concreta ni dice el actor sobre, por ejemplo, adquisición de posible información por el Sr. Garzón extraprocesalmente -lo cual, por sí mismo tampoco evidenciaría nada en contra del derecho fundamental invocado-, pero lo cierto es que, insiste el Fiscal, tampoco alude a ello el recurrente, ni explica en qué medida, del paso por el Ministerio del Interior del Juez Garzón se puede o debe derivar ese «interés directo o indirecto en la causa», sobre todo cuando es obvio que no nace ese interés después de su paso por la Administración pues el mismo actor reconoce que ya antes venía el Sr. Garzón instruyendo la causa, y, fundamentalmente, porque no basta hablar de interés de manera o en sentido impreciso, sino que la ley, al referirse al mismo, y la jurisprudencia del Tribunal Supremo, lo reducen a lo que pueda tener relación con la persona y bienes del Juez pero no al interés propio de la misma función jurisdiccional (Sentencia del T.S. de 28 de junio de 1982 y así se infiere de la STC 157/1993).
Resulta que para pronunciarse sobre la existencia en un asunto determinado de una razón legítima para dudar de un Juez por falta de imparcialidad, la óptica del acusado entra en cómputo pero no juega un papel decisivo. El elemento determinante consiste en saber si las aprensiones del interesado pueden considerarse objetivamente justificadas.
(STEDH de 26 de febrero de 1993, caso Padovani c Italia; STEDH de 22 de abril de 1994, caso Saraiva c Portugal; lo mismo caso Fey c Austria STEDH de 24 de febrero de 1993; STEDH de 24 de mayo de 1989, caso Hauschildt, que matiza doctrina del caso Cubber en atención a las circunstancias del caso en cuanto a la última afirmación, también STEDH de 24 de agosto de 1993, caso Nortier c Holanda).
No encuentra, el Fiscal, datos concretos y objetivos que en el presente caso justifiquen las aprensiones o recelos del Sr. De Justo con respecto al Juez Garzón y, en consecuencia, entiende que, no habiéndose concretado los hechos que podrían ser subsumidos en una causa de recusación y en concreto, en la que se alegó, 9. del art. 219 L.O.P.J., y siendo la resolución que decidió la recusación suficientemente fundada, como se ha visto, no se ha producido ni la vulneración del art. 24.1 ni la del 24.2 C.E., por lo que la demanda carece de contenido constitucional y procede su inadmisión por la causa contenida en el art. 50.1 c) LOTC, salvo que el Tribunal apreciara la antes indicada de falta de agotamiento de la vía judicial procedente.
Mediante escrito presentado en el Juzgado de Guardia el 22 de mayo de 1995 y registrado en este Tribunal el día 24 del mismo mes y año, la representación del recurrente de amparo ha formulado alegaciones, interesando la admisión de la demanda.
Respecto de la concurrencia o no de la causa de inadmisión establecida en el art. 50.1 a) en relación con el art. 44.1 a) LOTC, el recurrente considera que sí se ha producido un efectivo agotamiento de la vía judicial ordinaria sin que quepa específicamente objetar a aquél el hecho de que no haya concluido el procedimiento criminal en cuyo seno se ha adoptado la resolución que tilda lesiva de los derechos del Sr. De Justo.
En este sentido, cita la STC 384/1993 (fundamento jurídico 2.) y su antecedente la STC 180/1991 (fundamento jurídico 6.), cuando afirman que el derecho de recusación, una vez ejercitado en el momento en que se tenga conocimiento de la causa en que se funde, «es, a su vez, presupuesto procesal de un posterior recurso de amparo en defensa del derecho fundamental al Juez imparcial, pues normalmente ese incidente es el que permite invocar el derecho constitucional tan pronto como una vez conocida la vulneración, hubiere lugar para ello y simultáneamente agotar los recursos utilizables dentro de la vía judicial». Por consiguiente, y en aplicación de la doctrina de este Tribunal, una vez ejercitado el oportuno incidente de recusación y al no caber recursos posteriores contra el Auto que lo resuelve, nace la acción ante el Tribunal Constitucional. Sin que quepa entender que no se ha agotado la vía judicial previa, por la sencilla razón de que ésta se ha agotado al proponer y ser rechazado el incidente de recusación.
En cuanto a la posible concurrencia de la causa de inadmisión prevista en el art. 50.1 c) LOTC, no puede concluirse con manifiesta claridad que la demanda carezca de contenido constitucional, siendo antes al contrario evidente la oportunidad constitucional de la misma. En el único motivo de la demanda de amparo, se afirmaba por la representación del recurrente que el Auto de 31 de enero de 1995, dictado por el Ilmo. Sr. Bueren como sustituto natural del titular del Juzgado Central de Instrucción núm. 5, había lesionado el derecho del Sr. De Justo a un proceso con todas las garantías, en tanto en cuanto se había desestimado el incidente de recusación planteado contra el Sr. Garzón a pesar de existir sospecha evidente de parcialidad objetiva en el Juez recusado. En la demanda igualmente se denunciaba que se había vulnerado el derecho del recurrente en amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión, al haberse empleado como específico medio para denegar la recusación planteada, una resolución carente de toda razonabilidad y, por ende, arbitraria, dado que había concluido que no se debía apartar al Sr. Garzón de la instrucción del sumario núm. 17/89, analizando para ello una causa totalmente distinta a la que se había puesto de manifiesto en su día y dejando de aplicar al caso concreto la causa que sí había fundamentado la petición del recurrente. Es más, para denegar la recusación planteada, el Auto objeto del presente proceso de amparo había realizado una interpretación del derecho al Juez imparcial que, aplicada al caso concreto, resultaba atentatoria al derecho a un proceso con todas las garantías, obviando la finalidad del instituto de la recusación y vaciándolo de contenido al confundirlo con una suerte de querella en solicitud de antejuicio.
Ciertamente, resulta incuestionable la trascendencia del debate que se propone: si la mera apariencia de parcialidad ha de obligar -con la Constitución en la mano- al apartamiento del instructor o si, por el contrario, resulta constitucionalmente admisible el razonamiento empleado por el Auto de 31 de enero de 1995. Cree, el recurrente en amparo, que el supuesto concreto exigía un pronunciamiento diferente, desde el punto de vista del art. 24.2 C.E., de la doctrina del Tribunal Constitucional y de la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Considera que basta la sospecha fundada de parcialidad para que el derecho al Juez imparcial se vea mermado. Entiende que resulta sospecha fundada de parcialidad el que el Sr. Garzón haya compartido funciones en el Ministerio del Interior con don Juan de Justo, el que después de la salida de éste, haya permanecido durante un dilatado período de tiempo en aquél, el que en tal condición -y no como Juez Instructor- haya podido tener acceso a información sobre las actividades del recurrente en amparo y otros -fondos reservados incluidos-, el que esa información después se haya podido utilizar en el sumario 17/89 y el que haya mediado un brevísimo lapso de tiempo entre la salida del Sr. Garzón del Ministerio del Interior y las imputaciones que realizó contra el Sr. De Justo.
En definitiva, no se puede pretender que ésta sea una cuestión de mera legalidad, pues lo que se discute no es si el Auto recurrido ha analizado correcta o incorrectamente los presupuestos de los arts. 219 L.O.P.J. y 54 L.E.Crim., a la hora de denegar la recusación del Sr. Garzón, sino el hecho mismo de que el art. 24.2 C.E. no permitía ni permite el mantenimiento del Juez recusado como Instructor del sumario 17/89, análisis este último que no puede eludir el Tribunal Constitucional, pues de él depende directamente la violación del derecho fundamental que se denuncia.
Señalada en la providencia dictada el 8 de mayo de 1995 por la Sección Tercera de este Tribunal la posible existencia en el presente proceso de dos causas de inadmisión previstas en nuestra Ley Orgánica -la del art. 50.1 a) en relación con el art. 44.1 a), por tratarse de un proceso penal aún no concluido, y la del art. 50.1 c), por carecer la demanda manifiestamente de contenido constitucional- nuestro examen ha de centrarse inicialmente en la concurrencia o no de la primera, dado que afecta a las «condiciones de la acción de amparo» (STC l/1981) y, por tanto, constituye un requisito de carácter previo que, en el supuesto de que no concurra, ha de conducir a la inadmisión del recurso (art. 50.1 LOTC). De suerte que sólo si al término de nuestro examen fuera rechazada la existencia de tal causa de inadmisión sería procedente pasar al examen de la segunda.
Al respecto, ha de comenzarse recordando que desde la STC 1/1981 hemos declarado que en esta sede constitucional sólo cabe la protección de los derechos y libertades a que se refiere el art. 53.2 C.E. «cuando las vías ordinarias de protección han resultado insatisfactorias» (STC 1/1981, fundamento jurídico 2.). Pronunciamiento que guarda una entera correspondencia tanto con las previsiones del art. 161.1 b) en relación con el 53.1 C.E. como con la regulación del amparo en nuestra Ley Orgánica, ya que en su inicio el art. 44.1 se refiere expresamente a la «tutela general» de los derechos y libertades fundamentales «encomendada a los Tribunales de Justicia» (AATC 115/1981 y 478/1983) y luego se concreta tanto en el supuesto del art. 43.1 como en el que aquí interesa, el de recurso de amparo contra una resolución judicial, al exigir el 44.1 a) que «se hayan agotado todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial».
Esta exigencia, conviene subrayarlo, no es un mero requisito de forma (ATC 3/1987 y STC 147/1994), sino que responde a la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo y a su carácter de protección extraordinaria (ATC 3/1987) o de vía «especial y extraordinaria» (STC 185/1990, fundamento jurídico 4.). Lo que implica que el restablecimiento del derecho constitucional presuntamente vulnerado ha de instarse prioritariamente ante los órganos jurisdiccionales por el cauce de los recursos e instancias que el ordenamiento en cada caso ofrece y sin que el recurso de amparo pueda constituirse en una instancia directa y revisora de la jurisdicción ordinaria, ya que sólo es una vía posterior para la defensa de los derechos y libertades a que se refiere el art. 53.2 C.E. una vez que ha sido insatisfactoria su protección por parte de los Juzgados y Tribunales. Y así hemos declarado reiteradamente que cuando en una de las fases de un procedimiento judicial aún no concluido por Sentencia se produce una violación de los derechos constitucionales reconocidos por el art. 24 C.E., «no es ajustado a la Ley Orgánica de este Tribunal interrumpir dicho procedimiento y acudir per saltum a este Tribunal sin haber agotado las vías judiciales procedentes» (ATC 228/1985), como exige el art. 44.1 a) LOTC.
En suma, al no ser el recurso de amparo un medio ordinario de protección de los derechos fundamentales, no cabe, pues, acudir directamente a este Tribunal sin que previamente los órganos jurisdiccionales hayan tenido oportunidad de reparar la lesión por los cauces que el ordenamiento ofrece ya que, en otro caso, se producirían dos consecuencias no conformes con la Constitución. En primer lugar, la desnaturalización del recurso de amparo, al perder su carácter subsidiario y pasar a constituir la primera línea de defensa de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados en el proceso (SSTC 185/1990, 204/1990, 82/1991, 162/1991, 71/1992 y 211/1992, entre otras muchas); siendo así que el art. 24 C.E. «no reconoce derecho alguno a la subsanación inmediata de cuantas infracciones del mismo, o de otros derechos fundamentales, puedan producirse en el curso de un proceso» (ATC 361/1993, citado en la STC 32/1994, fundamento jurídico 5.). En segundo término, y en correspondencia con lo anterior, una injustificada alteración de las funciones que respectivamente corresponden a la jurisdicción ordinaria y a la constitucional en materia de defensa de los derechos y libertades fundamentales, con merma de la encomendada por la Constitución a la primera. Pues hemos dicho que tal alteración supondría tanto como advertir a los ciudadanos que «no pueden esperar que los Jueces y Tribunales ordinarios protejan sus derechos fundamentales, y que sólo en este Tribunal pueden confiar a este respecto», lo que no es compatible con el dictado constitucional (STC 147/1994, fundamento jurídico 4.).
Dicho esto, ha de tenerse presente que en este caso se ha solicitado el amparo del Tribunal cuando aún no ha concluido por Sentencia definitiva ni tan siquiera ha terminado la fase de instrucción del proceso penal a quo, como reconoce el propio recurrente. Por lo que aquí sería aplicable, en principio, tanto la doctrina general que se acaba de exponer como la sentada por este Tribunal en varias decisiones recientes, sobre presuntas violaciones del art. 24 en el curso de procesos penales aún no resueltos por Sentencia definitiva (SSTC 32/1994, 147/1994, 174/1994 y 247/1994). Pues si en la primera de estas decisiones ya dijimos que no cabía admitir que «cualquier desviación en los fines de toda instrucción criminal haya de ser reparada por este Tribunal intercalando el recurso de amparo entre los trámites exigidos por las normas procesales que hayan de cumplirse dentro de la vía judicial que se está siguiendo» (STC 32/1994, fundamento jurídico 5.), el Pleno de este Tribunal ha declarado que es «en el marco del propio proceso, cuando éste aún se encuentra pendiente, donde deben invocarse y, en su caso, repararse las vulneraciones de los derechos fundamentales que hayan podido originarse, precisamente, en la sustanciación del proceso mismo, salvo que no esté abierta otra vía para remediar la vulneración actual del derecho que el recurso de amparo» (STC 147/1994, fundamento jurídico 4). De suerte que «en principio, sólo cuando éste (el proceso) haya finalizado, por haber recaído una resolución definitiva, puede entenderse agotada la vía judicial y, consecuentemente, es posible acudir ante este Tribunal en demanda de amparo» (STC 174/1994, fundamento jurídico 2.).
No obstante, la representación del recurrente ha alegado que el presente recurso de amparo nos sitúa ante un supuesto particular, ya que se dirige contra el Auto por el que se denegó la recusación del titular del Juzgado Central de Instrucción núm. 5. Por tanto, se ha ejercitado el derecho de recusación como exige la jurisprudencia de este Tribunal y al disponer el art. 228 L.O.P.J. que contra la decisión resolviendo la recusación no se dará recurso alguno, nace la acción de amparo y no cabe entender que el recurso no cumpla con el requisito exigido por el art. 44.1 a) LOTC. Pues el ordenamiento jurídico no ofrece en este caso una vía que permita reparar ante la jurisdicción ordinaria la eventual vulneración tanto del art 24.1 C.E. como del derecho a un Juez imparcial en cuanto garantía inherente al derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 C.E.), que se imputan a la resolución judicial impugnada. Ahora bien, aun admitiendo que el art. 228 L.O.P.J. excluye cualquier recurso ante los Juzgados y Tribunales contra la decisión denegando la recusación, cabe preguntarse si realmente se ha cumplido con dicho requisito o la satisfacción del mismo es sólo aparente (STC 147/1994).
A este fin, cabe observar, de un lado, que la recusación sólo fue promovida por el ahora recurrente tras haberse ratificado por Auto de 12 de enero de 1995, dictado por el Juzgado Central de Instrucción núm. 5, el anterior Auto del 9 de enero acordando la prisión provisional del imputado, lo que puede ser relevante en atención a lo dispuesto en el segundo inciso del art. 223 L.O.P.J. Pero en todo caso, lo que en esta sede constitucional importa es que, una vez admitida a trámite por el sustituto del Juez recusado, la recusación se ha sustanciado en un procedimiento incidental (art. 224.1 L.O.P.J.). Y ha de tenerse presente que, en relación con otros procedimientos incidentales en los que existían vías de recurso y éstas fueron agotadas antes de acudir en amparo ante este Tribunal, como ocurría en el caso resuelto por la citada STC 147/1994, que en esta decisión hemos dicho que el cumplimiento del recurso era sólo aparente, pues «no ha recaído aún una decisión judicial definitiva ya que el proceso aún no ha finalizado, no se ha celebrado la vista oral -que en un proceso penal, y dadas las características del mismo, es el momento central o nuclear- y, consiguientemente, tampoco ha recaído Sentencia» (STC 147/1994, fundamento jurídico 3.). Es claro, pues, que en el presente caso también nos encontramos en la misma situación de agotamiento de los recursos ante Jueces y Tribunales en un procedimiento incidental y, por tanto, sería igualmente de aplicación la doctrina expuesta en la mencionada STC 147/1994.
Frente a ello puede alegarse, ciertamente, la especial finalidad de este procedimiento incidental por su estrecha vinculación con las garantías que el art. 24 C.E. establece (SSTC 180/1991 y 384/1993) y la importancia de lo que en él se resuelva sobre el desarrollo del proceso principal. Pues es indudable que, de no repararse la eventual lesión del derecho constitucional invocado en dicho incidente, ello puede hacer sentir sus efectos en los actos que ha de llevar a cabo el Juez en el curso de la instrucción, como hemos dicho respecto al derecho al Juez predeterminado por la Ley (STC 30/1986, fundamento jurídico 3.).
Sin embargo, tal alegación no puede ser acogida. Ha de repararse, de un lado, que en el incidente de recusación se ha hecho valer el derecho constitucional al Juez imparcial. Pues hemos dicho que este derecho se deriva del art. 24.2 C.E., como aspecto del derecho a un proceso «con todas las garantías» (SSTC 145/1988, 164/1988, 98/1990, 138/1991, 113/1992, 157/1993 y 282/1993) y se ha precisado cuando ha sido necesario que este derecho constitucional no se confunde con el derecho al Juez predeterminado por la Ley (SSTC 138/1991, fundamento jurídico 1. y 151/1991, fundamento jurídico 3.). De otro lado, más fundamentalmente, este Tribunal ha entendido que la resolución judicial que pone término al incidente de recusación, pese a su finalidad e importancia sobre el desarrollo del proceso penal, no supone el agotamiento de la vía judicial previa.
Por último, se ha alegado tanto el gravamen añadido para el recurrente, caso de prolongarse la lesión del derecho constitucional (STC 247/1994), como la considerable dilación que se produciría si fuera inadmitido el recurso por su carácter prematuro. Pero es claro que esta doble alegación no se compadece con la doctrina expuesta en el fundamento jurídico anterior -que ha sido invocada por el Ministerio Fiscal para sostener la procedencia de inadmitir el recurso-, lo que habría de conducir, sin más, a su rechazo. Si bien es conveniente en el presente caso examinarlas e indicar, separadamente, las razones que impiden acogerlas.
En lo que respecta a un posible atemperamento de la doctrina antes expuesta con base en la excepción a la que se ha referido la citada STC 247/1994, es claro que la excepción invocada no sería en modo alguno aplicable en el presente caso, pues aquí se aduce la imparcialidad objetiva del Instructor y como reconoce el propio recurrente, si bien la demanda de amparo se interpuso cuando se hallaba sometido a prisión provisional, con posterioridad su situación personal se ha visto atemperada por una ulterior resolución judicial, al haber sido sustituida la medida cautelar de prisión provisional incondicional por la de prisión provisional eludible mediante el pago de fianza en metálico en virtud del Auto de 18 de abril de 1995 del Juzgado Central de Instrucción núm. 5, habiéndose prestado tal fianza. De suerte que en el momento actual sólo sufre las consecuencias derivadas del procesamiento y de dicha fianza. Efectos que ciertamente no cabe entender que entrañen un agravamiento de la eventual lesión del derecho constitucional por quedar su posible reparación para un momento ulterior del procedimiento penal. A lo que cabe agregar, finalmente, que el hecho de haberse modificado la situación del recurrente en virtud de una resolución judicial posterior evidencia, por sí sola, el carácter prematuro del amparo, como ha indicado el Ministerio Fiscal. Pues tal modificación de la situación procesal viene a corroborar que la reparación de una eventual lesión de los derechos fundamentales en el curso de un proceso penal no resuelto por Sentencia ha de solicitarse, y cabe obtenerla prioritariamente, de los órganos jurisdiccionales, sin recurrir directamente en amparo a este Tribunal, como reiteradamente hemos declarado.
En cuanto a la dilación que podría producirse en la reparación del derecho constitucional vulnerado caso de ser inadmitido el recurso en aplicación del requisito del art. 44.1 a) LOTC, es claro que los propios términos del art. 228 L.O.P.J. ya establecen una limitación, dado que la posible nulidad de la recusación se podrá hacer valer contra la resolución que decida el pleito o causa. Pero cabe observar, además, que tanto si se trata del procedimiento penal abreviado como del ordinario, tal reparación también puede lograrse en la vía judicial en un momento anterior, por el cauce de los distintos recursos contra las resoluciones del Instructor que el ordenamiento ofrece así como en la fase de plenario.
En efecto, el respeto del carácter subsidiario del recurso de amparo impone al legislador establecer los cauces procesales necesarios para garantizar en el ámbito de la jurisdicción ordinaria la protección de los derechos fundamentales y excluir así el acceso directo a este Tribunal. Pero si no existe todavía en nuestro ordenamiento «un amparo que sea realmente previo y sumario ante los Tribunales ordinarios» hemos dicho que el valor prevalente de tales derechos implica, como consecuencia obligada, que los Jueces y Tribunales han de interpretar las normas procesales que configuran los recursos existentes en el sentido más favorable a tales derechos, permitiendo su tutela en fase jurisdiccional (STC 185/1990, fundamento jurídico 5.). Esfuerzo interpretativo que cuenta con precedentes en la doctrina de este Tribunal (SSTC 10/1984, 15/1986 y 185/1990, entre otras) y, al permitir integrar los mandatos normativos expresados en las leyes o colmar las lagunas existentes, es especialmente relevante en relación con las garantías constitucionales del proceso penal para corregir eventuales desviaciones de los órganos jurisdiccionales y, en particular, respecto al incidente en el que se ha denegado la recusación del Juez Instructor, como aquí ocurre.
Por todo lo expuesto, la Sala acuerda la inadmisión de la demanda de amparo interpuesta por la representación de don Juan de Justo Rodríguez contra el Auto dictado por el Juzgado Central de Instrucción núm. 5, desestimatorio de incidente de recusación.Madrid, a cinco de junio de mil novecientos noventa y cinco.

References: Real Decreto 
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