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Timestamp: 2020-07-15 12:17:51+00:00

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Sentencia de Tutela nº 1073/07 de Corte Constitucional, 12 de Diciembre de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 43535053
Derecho a la vida, la exclusion de los tratos crueles, inhumanos o degradantes, la igualdad, la intimidad personal y familiar, y al buen nombre y la familia de personas condenadas por delitos sexuales y sus familias, con ocasion de la aprobacion por el concejo de bogota del acuerdo 280 de 2007 relacionado con los muros de la infamia. Solicitan se inaplique la medida prevista en el acuerdo. Tutela contra actos administrativos. Procedencia de la accion en el presente caso. Procedencia excepcional de la accion de tutela frente a actos generales, impersonales y abstractos. Afectacion de derechos fundamentales por amenaza. La accion de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Alrededor de la medida prevista en el acuerdo se encuentran derechos constitucionales en tension, por lo que se precisa el ejercicio de ponderacion, en orden a establecer si esa eventual afectacion de derechos fundamentales resulta admisible a la luz de la constitucion, en funcion de los fines que se le atribuyen a la medida. Puesto que se ha establecido que la medida cuestionada comporta afectacion de derechos fundamentales del agresor, de su familia y de las victimas; que no hay evidencia que demuestre que la medida es adecuada para la obtencion del fin propuesto, por lo que se dispondra la inaplicacion en los casos objeto de estudio como medida transitoria mientras la jurisdiccion de lo contencioso administrativo se pronuncia sobre la constitucionalidad del acuerdo 280 de 2007 o la corte en sede de control emite un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad del articulo 48 de la ley 1098 de 2006 que le sirve de base. Concedida como mecanismo transitorio
ACCION DE TUTELA-Improcedencia contra actos de carácter general, impersonal y abstracto/ACCION DE TUTELA-Procedencia excepcional contra actos de carácter general, impersonal y abstracto cuya legalidad vulnera derechos fundamentales
La acción de tutela no procede para controvertir actos de carácter general, aun cuando su contenido pueda ser contrario a normas sobre derechos fundamentales, porque para ello se han previsto otras vías procesales. Pero cuando el contenido lesivo de un acto de carácter general, impersonal y abstracto, se materializa en una situación concreta y afecta derechos fundamentales de una persona, la acción de tutela es, sin olvidar su carácter subsidiario, la vía adecuada para promover ante los jueces la defensa de esos derechos. En efecto, cuando una persona acude a la acción de tutela para cuestionar un acto de carácter general, impersonal y abstracto, pero no con la pretensión de obtener un pronunciamiento de esas mismas características sobre la conformidad o no del acto con la Constitución, sino para, dado que se encuentra entre sus destinatarios, prevenir que le sea aplicado, nos encontramos en una hipótesis distinta a la prevista en la ley sobre la improcedencia de la acción de tutela. La actuación del particular afectado se dirige, en este caso, no a obtener la declaratoria de inconstitucionalidad del acto general, sino a prevenir que el mismo sea aplicado en su caso, evitando, de esta manera, que en relación con ese particular, se materialicen sus efectos lesivos de derechos fundamentales. En casos como los presentes, en los que se está ante un cuestionamiento que se dirige contra un acto de carácter general, impersonal y abstracto, en los cuales, sin embargo, la pretensión no considera el acto cuestionado en abstracto, sino que se orienta a enervar sus eventuales efectos lesivos de derechos fundamentales en un caso concreto, para determinar la procedencia de la acción de tutela es necesario establecer, por un lado, que se está ante una amenaza cierta que de la aplicación de un acto de carácter general, impersonal y abstracto, se derive una afectación de los derechos fundamentales de una persona y que, en tal eventualidad, el acudir a las vías ordinarias podría comportar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
ACCION DE TUTELA-Vulneración o amenaza de derechos fundamentales/ACCION DE TUTELA-Diferencias entre vulneración y amenaza
MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Frente al Acuerdo 280/07 existe otra vía
ACCION DE TUTELA TRANSITORIA PARA EVITAR PERJUICIO IRREMEDIABLE EN CASO DE MUROS DE LA INFAMIA
Las personas cuya situación dio lugar a las tutelas de la referencia, han sido condenadas por delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexuales, y se encontrarían, en principio entre las destinatarias de la norma, sin perjuicio de las precisiones que quepa hacer frente a cada caso en particular. Como también se ha señalado, la indeterminación de la norma, en uno de cuyos artículos se dispone simplemente que se divulgarán los nombres y foto reciente de los condenados por los delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexuales, cuyas víctimas hayan sido menores de edad en Bogotá, y la amplitud que deja a los encargados de aplicarla, permiten alentar un temor fundado de que, en cualquier momento la misma sea aplicada a quienes son sus destinatarios. Y ese temor cabe incluso en aquellos casos en los cuales la calidad de destinatarios del acuerdo es apenas eventual, porque, por ejemplo, está pendiente la decisión de segunda instancia, no sólo porque pese a lo que sobre el particular se ha dispuesto en el Decreto 2200 de 2007, la amplitud del Acuerdo, que contiene modalidades de divulgación no previstas en la Ley 1098 de 2007, haría posible que, conforme a determinadas interpretaciones, el mismo se aplicase incluso a quienes han sido condenados en primera instancia, sino porque, los actos aplicativos podrían tener lugar en cualquier momento a partir de la ejecutoria de la condena de segunda instancia. La inminencia de la afectación de derechos y la posibilidad de prevenirla por la vía del amparo constitucional, habilitan, entonces, la vía extraordinaria de la acción de tutela como mecanismo transitorio, mientras la jurisdicción de lo contencioso administrativo se pronuncia sobre la validez constitucional del acto administrativo.
MUROS DE LA INFAMIA-Concejo de Bogotá los concibió como medida administrativa orientada a divulgar una determinada información con fines preventivos
Es claro para la Sala que la medida adoptada por el Concejo de Bogotá, no podía tener la naturaleza de una sanción, como de cierto modo se contemplaba en proyecto de acuerdo, porque ello implicaría desconocer diversos principios constitucionales en materia penal, como el de legalidad de la pena, cosa juzgada y debido proceso. Sin embargo, tal y como fue aprobada la norma por el Concejo de Bogotá, no tiene la naturaleza de una sanción adicional a la impuesta por el juez penal. La misma fue concebida como una medida administrativa, orientada a divulgar una determinada información con fines preventivos.
MUROS DE LA INFAMIA Y PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
El juicio de proporcionalidad supone establecer, en primer lugar, si la finalidad de una medida que implica un trato desigual o que impone restricciones a los derechos constitucionales es legítima; en segundo lugar si los medios empleados son adecuados para lograr el fin perseguido; en tercer lugar, si son necesarios, en el sentido de que no exista otro medio menos oneroso en términos de sacrificio de otros principios constitucionales para alcanzar el fin perseguido y, finalmente, si son proporcionados stricto sensu, esto es, que no se sacrifiquen valores y principios que tengan un mayor peso que el principio que se pretende satisfacer.
MUROS DE LA INFAMIA Y EJERCICIO DE PONDERACION DE DERECHOS EN TENSION
La ponderación en este caso sería de distinta naturaleza a la del juicio de proporcionalidad, puesto que no se estaría sopesando una limitación admisible de un derecho en función tanto de los fines de la medida como de los derechos que afecta, sino de establecer a partir de qué momento, una determinada conducta debe tenerse como un trato degradante, caso en el cual enfrenta una exclusión absoluta.
MUROS DE LA INFAMIA-Medida que comporta afectación de derechos fundamentales del agresor, de su familia y de las víctimas/MUROS DE LA INFAMIA-Inaplicación del Acuerdo 280/07
Puesto que se ha establecido que la medida cuestionada comporta afectación de derechos fundamentales del agresor, de su familia y de las víctimas; que no hay evidencia que muestre que le medida resulta adecuada para la obtención del fin propuesto, y que, por el contrario se han planteado circunstancias en que ello parecería no ser así y que tampoco se ha mostrado que para la adopción de la misma se hayan evaluado medidas de carácter similar pero que tengan menor impacto sobre los derechos fundamentales, habrá de disponerse su inaplicación en los casos objeto de estudio, como medida transitoria mientras la jurisdicción de lo contencioso administrativo se pronuncia sobe la constitucionalidad del Acuerdo 280 de 2007, o la Corte Constitucional en sede de control abstracto de normas, emite un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad del artículo 48 de la Ley 1098 de 2006 que le sirve de base.
Accionante: ABC De acuerdo con lo dispuesto en la parte resolutiva de esta providencia, para la protección del derecho a la intimidad personal y familiar, los nombres de los accionantes han sido sustituidos por letras. y otros
Bogotá, D.C., doce (12) de diciembre de dos mil siete (2007).
La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados R.E.G., M.G.M.C. y N.P.P., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial las que le confiere el Decreto 2591 de 1991, ha proferido la siguiente,
3.1. Para el momento en el que se interpusieron las acciones de tutela que han sido acumuladas en el presente proceso, se tramitaba en el Concejo de Bogotá el proyecto de Acuerdo 272 de 2007, ''Por medio del cual se crean los `Muros de la Infamia' '' y en el cual se contempla la difusión, a través de muros y vallas localizadas en las distintas localidades de la ciudad, volantes repartidos en sedes de juntas de acción comunal, colegios, iglesias y otros sitios de alta afluencia de público y volantes distribuidos con los recibos de servicios públicos, del nombre y la fotografía de quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos con menores de edad en Bogotá.
3.2 Se presentan en este acápite los elementos fácticos que dieron lugar a las distintas solicitudes de amparo que se han acumulado en este proceso, así:
Preliminarmente la Alcaldía refiere que el proyecto de Acuerdo 272 de 2007 fue aprobado por el Concejo de Bogotá y sancionado por el A.M. de Bogotá convirtiéndose en el Acuerdo 280 de 2007, de conformidad con las facultades contenidas en el numeral 1 del artículo 12 del Decreto Ley 1421 de 1993 y en los artículos 7, 41 y 48 de la Ley 1098 de 2006, cuyos tenores cita.
El Concejo de Bogotá, inicialmente, realiza una presentación de los antecedentes, objetivos, justificación, sustento jurídico y texto definitivo del Acuerdo No. 280 de 2007 ''Por el cual se adoptan medidas para la protección, garantía y restablecimiento de los derechos de las niñas y los niños en el Distrito Capital''.
Expediente T-1679901
Expediente T-1685906
La procedencia de la acción de tutela en el presente caso
Como se aprecia en el recuento de antecedentes, en los casos que son objeto de consideración en este fallo, las pretensiones de los accionantes se dirigen a cuestionar un acto administrativo de carácter general, porque buscan que se deje sin efectos o que se inaplique el Acuerdo 280 de 2007 del Concejo de Bogotá por medio del cual ''... se adoptan medidas para la protección, garantía y restablecimiento de los derechos de las niñas y los niños en el Distrito Capital.'' Como quiera que, en principio, tal como se dispone en el numeral 5º del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela no procederá ''... cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto'', pasa la Sala a examinar este punto.
3.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela frente a actos generales, impersonales y abstractos.
Esta materia ha sido abordada por la Corte en diversas oportunidades, en las cuales, en general, ha reiterado la improcedencia de la acción de tutela frente a actos de carácter general, impersonal y abstracto. Ver, entre otras, las Sentencias T-123 de 1993, M.P.V.N.M., T-203 de 1993 M.P.J.G.H.G., T-321 de 1993, M.P.C.G.D. y T-287 de 1997, M.P.J.G.H.G..
Ha puesto de presente la Corte que la acción de tutela tiene como propósito contrarrestar ''... los efectos violatorios o amenazantes de alguno de los derechos fundamentales de una persona determinada, derivados de un acto concreto ...'' Sentencia T-321 de 1993, M.P.C.G.D., para lo cual el juez deberá adoptar las medidas que se estimen necesarias para la protección inmediata de tales derechos.
Así, ha dicho la Corte, ''[c]uando el desconocimiento, la vulneración o el recorte de los derechos fundamentales se origina en actos jurídicos de carácter general producidos por instancias subordinadas a la Constitución (y todos los poderes constituidos lo son), su efecto general pernicioso puede ser contrarrestado mediante mecanismos especialmente dispuestos para ello, V.gr.: la acción de inconstitucionalidad contra las leyes, o las acciones de nulidad (y de restablecimiento del derecho) contra los actos administrativos. Mediante tales instrumentos se provoca la actuación de un organismo público competente para que, también por vía de disposición general, restablezca el imperio de la juridicidad.'' Por el contrario, para las acciones u omisiones que se traduzcan en la vulneración o la amenaza de derechos fundamentales, se ha previsto, con carácter subsidiario frente a otros medios de defensa judicial, la acción de tutela.
En efecto, cuando una persona acude a la acción de tutela para cuestionar un acto de carácter general, impersonal y abstracto, pero no con la pretensión de obtener un pronunciamiento de esas mismas características sobre la conformidad o no del acto con la Constitución, sino para, dado que se encuentra entre sus destinatarios, prevenir que le sea aplicado, nos encontramos en una hipótesis distinta a la prevista en la ley sobre la improcedencia de la acción de tutela. La actuación del particular afectado se dirige, en este caso, no a obtener la declaratoria de inconstitucionalidad del acto general, sino a prevenir que el mismo sea aplicado en su caso, evitando, de esta manera, que en relación con ese particular, se materialicen sus efectos lesivos de derechos fundamentales. Sobre el particular la Corte ha expresado que, en tal eventualidad, ''... no se trata de anular, por la vía de la tutela, una norma de carácter general e impersonal, (...) sino de dejar sin efecto su aplicación, en un caso particular y concreto, cuando de ella se siga la violación de un derecho fundamental.'' T-384 de 1994
Sobre este particular, la Corte, en la Sentencia T-435 de 2005 M.P.M.G.M.C. , a partir de las normas que regulan la materia, concluyó '' (i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. (T-514 de 2003).''
3.2.1. En la Sentencia T-327 de 2004 la Corte hizo un recuento de los criterios que se han expresado por la Corporación en relación con los términos vulneración y amenaza desde la perspectiva de la protección de los derechos fundamentales a través de la acción de tutela. Se puso de presente que la jurisprudencia constitucional ha destacado que el artículo 86 de la Constitución Política expresamente señala que ''Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública...'' y que en esa previsión están comprendidas, como conceptos autónomos, tanto la vulneración como la amenaza de los derechos fundamentales.
Precisó la Corte que ''... los términos `vulneración' y `amenaza' no se pueden equiparar entre sí, pues en tanto la vulneración lleva implícito el concepto de daño o perjuicio, la amenaza es una violación potencial que se presenta como inminente y próxima. Una amenaza se configura con hecho o conductas consiste ''en dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a otro.'' OSSORIO. M.. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. Heliasta S.R.L Buenos Aires. 1981. P.. 52 '' Sentencia T-952 de 2003, M.P.A.T.G. Agregó la Corporación que ''... se `vulnera' un derecho cuando el bien jurídico que constituye su objeto es lesionado y se `amenaza' un derecho cuando ese mismo bien jurídico, sin ser destruido, es puesto en trance de sufrir mengua. Sentencia No. T-096/94'' Sentencia T-952 de 2003, M.P.A.T.G.
Expresó, finalmente, la Corporación que para que se configure la hipótesis jurídica de una amenaza a los derechos fundamentales ''... se requiere la confluencia de elementos subjetivos - convicción íntima de la existencia de un riesgo o peligro - como objetivos - condiciones fácticas que razonablemente permitan inferir la existencia de un riesgo o peligro. Sentencia No. T-308 de 1993.'' Sentencia T-952 de 2003, M.P.A.T.G.
3.3.1. En relación con el perjuicio irremediable, la jurisprudencia constitucional Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T- 225/93 MP. V.N.M.. Ver también, entre muchas otras, las Sentencias T-403/94, T-485/94, T- 015/ 95, T-050/96, T-576/98, T-468 /99, SU-879/00 y T-383/01 ha señalado que no todo perjuicio puede ser considerado como irremediable, sino solo aquel que por sus características de inminencia y gravedad, requiera de medidas de protección urgentes e impostergables y ha señalado que para que se configure el mismo deben reunirse las siguientes características: ''En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.'' Sentencia T-1316 de 2001
Los anteriores criterios admiten una consideración especial cuando se está, no ya ante la vulneración de un derecho, sino ante la amenaza de que ello ocurra. En la medida en que, en esa eventualidad, de lo que se trata es, precisamente, de prevenir la ocurrencia del daño, es probable que la situación requiera una respuesta de urgencia, particularmente cuando la materialización del mismo produzca un resultado irreversible.
Como se ha dicho, las personas cuya situación dio lugar a las tutelas de la referencia, han sido condenadas por delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexuales, y se encontrarían, en principio entre las destinatarias de la norma, sin perjuicio de las precisiones que quepa hacer frente a cada caso en particular. Como también se ha señalado, la indeterminación de la norma, en uno de cuyos artículos se dispone simplemente que se divulgarán los nombres y foto reciente de los condenados por los delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexuales, cuyas víctimas hayan sido menores de edad en Bogotá, y la amplitud que deja a los encargados de aplicarla, permiten alentar un temor fundado de que, en cualquier momento la misma sea aplicada a quienes son sus destinatarios. Y ese temor cabe incluso en aquellos casos en los cuales la calidad de destinatarios del acuerdo es apenas eventual, porque, por ejemplo, está pendiente la decisión de segunda instancia, no sólo porque pese a lo que sobre el particular se ha dispuesto en el Decreto 2200 de 2007 En el artículo 1 de este acuerdo se dispone que ''[l]a publicación de que trata el artículo 48 de la Ley 1098 de 2006 procederá cuando en la jurisdicción penal se profiera sentencia condenatoria definitiva y esta quede en firme, por cualquiera de los delitos contemplados en el Título IV, "Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales", en aquellos casos en que la víctima haya sido un menor de edad.'' Sin embargo, esa norma, por su referencia al artículo 48 de la Ley 1098 de 2006, y por su encabezado, ''Publicidad televisiva en caso de condena definitiva.'', no resulta exactamente aplicable a las situaciones previstas en el Acuerdo 280 de 2007 del Concejo de Bogotá que no se refieren a la publicidad televisiva y que contemplan otros canales de difusión, como muros, vallas o volantes. , la amplitud del Acuerdo, que contiene modalidades de divulgación no previstas en la Ley 1098 de 2007, haría posible que, conforme a determinadas interpretaciones, el mismo se aplicase incluso a quienes han sido condenados en primera instancia, sino porque, los actos aplicativos podrían tener lugar en cualquier momento a partir de la ejecutoria de la condena de segunda instancia.
La medida que se cuestiona
A través de las acciones de tutela de la referencia se ha puesto en entredicho la constitucionalidad de la aplicación del Acuerdo 280 de 2007 del Concejo de Bogotá. Tal como se ha expresado, no se trata de hacer un examen en abstracto acerca de su conformidad o no con la Constitución, sino de establecer si el mismo plantea una amenaza para los derechos fundamentales de los solicitantes, que se materializaría en el momento en el que les fuese aplicado.
4.1. El mencionado acuerdo se fundamenta en la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, en cuyo Título II ''Garantía de derechos y prevención'', en el Capítulo sobre ''obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado'', en el artículo 48, dispone:
En alguno de estos espacios y por lo menos una vez a la semana, se presentarán con nombres completos y foto reciente, las personas que hayan sido condenadas en el último mes por cualquiera de los delitos contemplados en el Título IV, ''Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales'', cuando la víctima haya sido un menor de edad.
4.2. El anterior aspecto de la Ley 1098 de 2006 fue reglamentado mediante Decreto 2200 de 2007, a cuyo tenor ''la publicación de que trata el artículo 48 de la Ley 1098 de 2006 procederá cuando en la jurisdicción penal se profiera sentencia condenatoria definitiva y esta quede en firme, por cualquiera de los delitos contemplados en el Título IV, `Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales', en aquellos casos en que la víctima haya sido un menor de edad.'' En dicho decreto también se establece el procedimiento aplicable a esos efectos. El texto del Decreto es el siguiente: Artículo 1°. Publicidad televisiva en caso de condena definitiva. La publicación de que trata el artículo 48 de la Ley 1098 de 2006 procederá cuando en la jurisdicción penal se profiera sentencia condenatoria definitiva y esta quede en firme, por cualquiera de los delitos contemplados en el Título IV, "Delitos contra la Libertad, Integridad y Formación Sexuales", en aquellos casos en que la víctima haya sido un menor de edad. // Artículo 2°. Procedimiento. Cuando se verifiquen las condiciones indicadas en el artículo anterior se dará cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 1098 de 2006 mediante el siguiente procedimiento: // 1. El juez que hubiere proferido la sentencia remitirá una copia, con constancia de ejecutoria, al Consejo Superior de la Judicatura, a través del Consejo Seccional de la Judicatura que funcione en su jurisdicción, junto con una fotografía reciente del condenado. // 2. Al recibir la documentación remitida por los jueces penales, el Consejo Superior de la Judicatura comprobará que en cada caso se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 48 de la Ley 1098 de 2006 y elaborará una reseña sucinta del proceso, donde se relacionen los siguientes datos: // a) Indicación del juez o tribunal que profirió la sentencia; // b) Fecha de la sentencia; // c) Número del expediente; // d) Naturaleza del delito; // e) Indicación de que la víctima fue una persona menor de 18 años de edad; // f) Pena impuesta; // g) Constancia de que la sentencia está ejecutoriada; // h) Nombre completo del condenado o condenados; // i) Municipio y departamento en el cual ocurrieron los hechos. // La información no contendrá el nombre de la persona víctima del delito, ni indicación alguna sobre su identidad, la de su familia o su localización. // 3. El Consejo Superior de la Judicatura remitirá a la Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la información contenida en el inciso anterior para ser difundida por lo menos una vez a la semana, en los espacios televisivos concedidos a esa entidad, junto con la fotografía del victimario. // Artículo 3°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.
Muros: Estarán ubicados en zonas destacadas, relevantes, de alto flujo vehicular y/o peatonal y tendrán un área no inferior a 10 metros cuadrados;
Vallas: Estarán ubicadas en las vías principales de alto flujo vehicular; se
ARTÍCULO QUINTO: El Gobierno Distrital en el marco del mes de las niñas y los niños, el último lunes de abril de cada año, presentará a la opinión pública en los diferentes medios de comunicación de amplia circulación, escritos, televisivos y radiales, los nombres y las fotografías recientes de todos los condenados en Bogotá durante el año anterior, por delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexuales, cuyas víctimas hayan sido menores de edad, los delitos cometidos, las condenas impuestas y la edad de las víctimas.
ARTÍCULO SEXTO: Corresponderá a la Secretaría de Gobierno dar ejecución al presente Acuerdo, en coordinación con las entidades distritales que tienen presencia institucional en las diferentes localidades.
ARTÍCULO SÉPTIMO: El presente acuerdo rige a partir de su sanción y publicación.
4.3.1. En el anterior acuerdo, contra el cual de manera específica se dirigen las solicitudes de amparo, cabe destacar, en primer lugar, su finalidad, que, de conformidad con su encabezado, es adoptar medidas para ''... la protección, garantía y restablecimiento de los derechos de las niñas y los niños ...''. Excluyendo el concepto de restablecimiento, que no tiene correspondencia específica con el texto normativo, el propósito de protección y garantía se pretende obtener mediante la divulgación pública de la identidad de los agresores sexuales contra menores en Bogotá.
Observa la Sala que en la exposición de motivos del Proyecto de Acuerdo que fue presentado al Concejo de Bogotá, el encabezado propuesto era ''Por medio del cual se crean los `Muros de la infamia' '' y el propósito declarado era el de contribuir con el deber que tiene el Estado con el restablecimiento de los derechos de los niños víctimas de abuso sexual y maltrato infantil. Sin embargo, en el texto aprobado se suprimió la expresión ''muros de la infamia'' y, no obstante que se mantuvo en el enunciado sobre el objetivo de la disposición la expresión ''restablecimiento'', se ha hecho énfasis en la dimensión preventiva de la misma.
El ejercicio de ponderación de los derechos en tensión
La jurisprudencia constitucional ha señalado que los derechos fundamentales, en tanto que fijan estándares de actuación susceptibles de desarrollo legal Sentencia C-475 de 1997, están sujetos a ciertas condiciones de ejercicio y disfrute. Por otra parte, si bien es cierto que tales derechos no son absolutos y que, como tal, son susceptibles de limitaciones, no es menos cierto que el legislador no puede desconocer su núcleo esencial, que, como lo ha señalado esta Corporación, ''es resguardado indirectamente por el principio constitucional de ponderación del fin legítimo a alcanzar frente a la limitación del derecho fundamental, mediante la prohibición de limitaciones desproporcionadas a su libre ejercicio'' Sentencia T-426 de 1992. Quiere ello decir que cuando surja una tensión como producto de la necesidad de limitar un derecho en orden a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo, es necesario aplicar el juicio de proporcionalidad, ''... el cual, por su carácter estricto, en principio se ha reservado para el estudio de las restricciones impuestas a los derechos fundamentales Sentencia C-584 de 1997 M.P.E.C.M.. Respecto del test intermedio y el débil, ver sentencias C-445 de 1995 M.P.A.M.C. y C-183 de 1998 M.P.E.C.M..'':
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional Ver Sentencia C-142 de 2001, el juicio de proporcionalidad supone establecer, en primer lugar, si la finalidad de una medida que implica un trato desigual o que impone restricciones a los derechos constitucionales es legítima Sentencia C-584 de 1997; en segundo lugar si los medios empleados son adecuados para lograr el fin perseguido; en tercer lugar, si son necesarios, en el sentido de que no exista otro medio menos oneroso en términos de sacrificio de otros principios constitucionales para alcanzar el fin perseguido y, finalmente, si son proporcionados stricto sensu, esto es, que no se sacrifiquen valores y principios que tengan un mayor peso que el principio que se pretende satisfacer Sentencia C-309 de 1997. Sobre el juicio de proporcionalidad stricto sensu, en la sentencia C-584 de 1997 se precisa que " Este paso del juicio de proporcionalidad se endereza a evaluar si, desde una perspectiva constitucional, la restricción de los derechos afectados es equivalente a los beneficios que la disposición genera. Si el daño que se produce sobre el patrimonio jurídico de los ciudadanos es superior al beneficio constitucional que la norma está en capacidad de lograr, entonces es desproporcionada y, en consecuencia, debe ser declarada inconstitucional.".
5.2.2.1. En cuanto hace a quien ha sido condenado, es preciso tener en cuenta que ya ha sido sometido a un proceso penal, como consecuencia del cual se le impuso la sanción que el ordenamiento jurídico considera adecuada. La afectación que le produzca la medida, no puede tenerse, en consecuencia, como una retribución o sanción adicional. Del hecho cierto del delito se deriva, por otra parte una afectación del buen nombre y de la intimidad, atribuibles también a la conducta trasgresora del orden y no a la divulgación de la misma. Sin embargo, la permanencia indefinida en el tiempo de los medios de divulgación, o su carácter recurrente, así como las modalidades visuales empleadas implican afectación de la intimidad personal y familiar del sentenciado y pueden tener una connotación de escarnio público o estigmatizante.
Por otra parte, como se ha señalado, en general, los derechos fundamentales no son absolutos y son susceptibles de limitación legal, sin afectar su núcleo esencial. Sin embargo, determinados derechos están previstos en la Constitución de un modo absoluto, alcance que tiene la previsión del artículo 12 Superior conforme al cual ''[n]adie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.''
5.2.2.2. En relación con la familia del agresor caben consideraciones similares a las anteriores. Sus integrantes se ven sometidos a los efectos de una divulgación de alto impacto sobre un hecho que les transmite humillación y vergüenza. La tensión sigue siendo la misma: ¿hasta donde los efectos lesivos son atribuibles al hecho delictivo y no a su divulgación? Y ¿en que momento las modalidades empleadas para hacer esa divulgación se vuelven desproporcionadas a la luz de la afectación que producen en la familia del victimario.?
En el presente caso, encuentra la Sala que la finalidad de proteger a los niños y específicamente la de prevenir las ofensas sexuales contra ellos, no es sólo importante, sino incluso constitucionalmente imperiosa. Es claro que el Estado debe adoptar medidas de prevención en un ámbito tan sensible como el problema de la violencia y el abuso sexual que afecta a los menores. Ese propósito es desarrollo de los mandatos del artículo 44 de la Constitución, conforme a los cuales los niños '' ... serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos'' y sus derechos ''... prevalecen sobre los derechos de los demás'', y está en consonancia con diversas disposiciones internacionales sobre protección de los derechos del menor.
Sin que le corresponda a la Sala formular alternativas de política pública, ni evaluar la constitucionalidad o la eficacia de las que puedan plantearse, distintas de las que son objeto de escrutinio constitucional en la presente oportunidad, si puede a título ilustrativo, hacer una referencia de derecho comparado para mostrar la existencia de alternativas, en el mismo ámbito de la prevención mediante la divulgación de la identidad de quien ha sido condenado, susceptibles de ser evaluadas por las autoridades, tanto desde la perspectiva de su efectividad para el logro del fin propuesto, como de su grado de afectación de derechos fundamentales. Así, por ejemplo, en la legislación estatal de un buen número de Estados de los Estados Unidos, se ha adoptado la que se conoce como L.M. y que es una medida por virtud de la cual las personas condenadas por delitos de violencia sexual tienen que inscribirse en un registro público que deben mantener actualizado con el fin de que los interesados puedan establecer qué personas con esos antecedentes residen en su vecindario. La Corte Suprema de los Estados Unidos se ha pronunciado sobre esta ley en algunos de los Estados de la unión americana. En el caso SMITH et al. v. DOE et al., por ejemplo, a propósito de la norma del Estado de Alaska que establecía la obligación del registro de los agresores sexuales, cuyos datos estarían disponibles a través de Internet, señaló que puesto que la ley de registro de infractores sexuales de Alaska no tenía carácter sancionatorio, su aplicación retroactiva no resultaba contraria a la cláusula constitucional sobre exclusión de las penas establecidas ex post facto. Expresó la Corte Suprema en esa decisión que la imposición de medidas restrictivas sobre los infractores sexuales que puedan ser considerados peligrosos responde a un objetivo gubernamental legítimo. A diferencia de la medida que ahora se estudia, el registro previsto en las leyes de los Estados Unidos, aunque accesible a quien tenga interés en ello, no comporta una exposición pública de alto impacto y larga duración de quienes hayan sido condenados por delitos sexuales. En otro contexto, en España, en su momento, se dio una controversia en torno a la elaboración de listados de delincuentes, a propósito de la expedición de la Ley 5 de 2001 sobre ''Prevención de Malos Tratos y Protección a Mujeres Maltratadas'', aprobada por las Cortes de Castilla-La Mancha.
5.2.3.4. Concluye de este modo la Sala que, puesto que se ha establecido que la medida cuestionada comporta afectación de derechos fundamentales del agresor, de su familia y de las víctimas; que no hay evidencia que muestre que le medida resulta adecuada para la obtención del fin propuesto, y que, por el contrario se han planteado circunstancias en que ello parecería no ser así y que tampoco se ha mostrado que para la adopción de la misma se hayan evaluado medidas de carácter similar pero que tengan menor impacto sobre los derechos fundamentales, habrá de disponerse su inaplicación en los casos objeto de estudio, como medida transitoria mientras la jurisdicción de lo contencioso administrativo se pronuncia sobe la constitucionalidad del Acuerdo 280 de 2007, o la Corte Constitucional en sede de control abstracto de normas, emite un pronunciamiento en torno a la constitucionalidad del artículo 48 de la Ley 1098 de 2006 que le sirve de base.
Por un lado, porque en todos los casos los accionantes expresan un estado de zozobra atribuible al temor de que en un momento indeterminado en el futuro, cuando quiera que las autoridades distritales estimen que se han materializado las condiciones previstas en el Acuerdo 280 de 2007, el mismo les sea aplicado de manera automática, momento en el cual se concretaría la lesión de sus derechos, con un efecto irreversible.
Sobre las solicitudes de reserva de identidad
SEGUNDO. ORDENAR al A.M. de la ciudad de Bogotá y a las demás autoridades distritales que se abstengan de aplicar lo dispuesto en el Acuerdo 280 de 2007 del Concejo de Bogotá en relación con ABC, DEF, GHI, JKL y OPQ.

References: artículo 48
 artículo 12
 artículo 6
 artículo 86
 artículo 1
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 48
 artículo 48
 Artículo 1
 artículo 48
 Artículo 2
 artículo 48
 artículo 48
 Artículo 3
 artículo 12
 artículo 44
 artículo 48