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Timestamp: 2017-04-27 15:05:07+00:00

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Las plañideras verraqueras del Presidente Santos no han podido ocultar grandes verdades. De él depende, si es que logra cierta autonomía respecto a Washington, que se proceda a la normalización de las relaciones. Sus rabietas amenazadoras no han surtido efecto en el Presidente Maduro. Y le vale más que dialogue porque Uribe le aprieta sin misericordia. Es obvio que con el cierre indefinido de algunos pasos fronterizos comience el desmontaje de tan perverso, abusivo y descomunal tinglado. Veamos:
Resolución Externa N°8 del Banco Central de Colombia. Emitida el 5 de mayo de 2000.
La Resolución compendia el régimen de cambios internacionales, legalizando a más de 3 mil cambistas y casas de cambio, (punto señalado específicamente a partir del artículo 32 de dicha resolución), permitiendo realizar transacciones en divisas extranjeras a residentes y no residentes del país neogranadino sin la necesidad de cálculos oficiales en relación al dólar americano, las transacciones se pueden realizar directamente en moneda colombiana, al conformar una estructura legal jurídica que facilita la manipulación de divisas y así el empobrecimiento del bolívar. Perversamente el Gobierno colombiano ha dispuesto que este esquema cambiario oficiosamente se aplique solamente en los departamentos fronterizos con Venezuela.
Artículo 1o. Los residentes y no residentes que efectúen en Colombia una operación de cambio, deberán presentar una declaración de cambio en los términos y condiciones que disponga el Banco de la República.
Este instrumento jurídico obliga a que sean los cambistas quienes definan día a día el valor del Bolívar. El valor que asignan no guarda relación con la cotización oficial que hace el Banco de la República de Colombia (equivalente al Banco Central), ni con la oferta y demanda de bolívares en esa zona fronteriza. En este punto es importante destacar que las transacciones de contrabando se realizan en bolívares y en efectivo, debido a que los contrabandistas movilizan grandes sumas de dinero que no pueden justificar legalmente; tal como ocurre con el tráfico de drogas ilícitas. La devaluación constante del Bolívar en Cúcuta propicia, cada vez más, el contrabando de extracción masivamente; debido a que la maniquea devaluación del bolívar en Cúcuta permite la revaluación artificiosa del peso colombiano frente al bolívar y ocurre el siguiente fenómeno, facilitando que más de 4 millones de colombianos puedan cubrir sus necesidades con los bienes venezolanos.
Este esquema delincuencial aupado por el estado colombiano lleva a que hoy, 2 de septiembre, el Bolívar se cotize en Bogotá a doscientos treinta (230) pesos por bolívar; en tanto que arreglos promiscuos entre bandoleros contrabandistas y las autoridades colombianas asignan al Bolívar un valor de 4,8 pesos por Bolívar, Lo que a continuación se describe son asuntos que escapan a cualquier marco de subjetividad. Leyes colombianas, han sido redactadas para debilitar la economía venezolana. No hay discusión posible cuando la evidencia es irreprochable. Solo en la frontera con Venezuela. Esta situación estimula el flujo masivo de colombianos que vienen a comprar los bienes que nuestro gobierno subsidia para mejorar la calidad de vida del venezolano.
Leyes presuntamente anti-contrabando de combustible.
El gobierno colombiano ha emitido instrumentos legales que estimulan y fortalecen el contrabando de extracción. En materia de combustibles, el artículo 6° del Decreto 2195 de 2001, reglamentario del artículo 1° de la Ley 681 de 2001, señala el procedimiento para aprobación y registro de terceros interesados en celebrar contratos con Ecopetrol S. A. para la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo en zonas de frontera. Luego, Álvaro Uribe Vélez en 2004, montó una estructura jurídica de decretos, conformada por: Decreto 2337 (modificado por el Decreto 4237); el 2338; el 2339; el 2340 (modificado por el Decreto 4236); y el 1980 de 2003 (modificado por el Decreto 3353 de 2004), que reglamentó la importación, almacenamiento y distribución de combustibles descaradamente provenientes de la República Bolivariana de Venezuela en las Zonas de Frontera de los departamentos de Arauca, Guainía, Vichada, Norte de Santander y La Guajira, respectivamente; lo que constituyó la legalización de los pimpineros (personas naturales que realizan el contrabando de combustible desde Venezuela), quienes ya cuentan en Colombia con asociaciones legalmente operativas para el desarrollo de su actividad. Después se emitió, entre otros, el Decreto 3322 del 25 de septiembre de 2006; Diario Oficial No. 46.402 del 25 de septiembre de 2006. Ministerio de Minas y Energía por el cual se Reglamenta La Ley 26 de 1989, que amplía las zonas fronterizas de Colombia donde se podrá recibir y acopiar el combustible proveniente de Venezuela.
Álvaro Uribe Vélez, configuró el Estado paralelo capaz de trasegar más de 45.000 barriles diarios hacia Colombia, a partir de una estructura base de contrabando que siempre había existido, sólo que a partir del año 2006 cuenta con grandes capitales provenientes de transacciones vinculadas al narcotráfico y al paramilitarismo. En esa época la gasolina se usaba como componente para elaborar pasta de coca.
Esta actividad catapultó “milagrosamente” la capacidad de exportación del vecino país, pasando en el año 2005 de un poco más de 5 mil millones de dólares a más de 30 mil millones de dólares para el año 2012. Lo ejecutan tres empresas instaladas en la frontera colombiana: Pacific Rubiales, Alange Energy y Vectra, propiedad de Luis Giusti, Ronald Pantin y Humberto Calderón Berti (ex gerentes de la petrolera venezolana PDVSA, participantes en el golpe de 2002), las empresas han administrado los Centros de Acopio Fronterizo recolectando gran cantidad de combustible y según la legislación aprobada por el gobierno uribista, una vez que ingresa a Colombia es nacionalizada sin pago de aranceles ni declaración de contenido, volumen o peso. Luego, estas tres empresas están autorizadas por decreto para vender el combustible “nacionalizado” a Ecopetrol.
En el año 2000 (en pleno gobierno de Andrés Pastrana, e inicio del criminal Plan Colombia), el Congreso colombiano sanciona la Ley 599 que viene a ser el Código Penal de Colombia, en esta Ley se trata el tema del contrabando de bienes en los siguientes términos: Esta Ley no contemplaba el contrabando de combustible. El artículo 320 supra, fue modificado en la Ley 788 de 2002, y se crea, además, el artículo 320-1 para regular el contrabando de combustibles: Como se evidencia, esta Ley redujo la cuantía de cien (100) salarios mínimos a cincuenta (50) salarios mínimos, manteniendo las penas, y se establece que las cantidades ingresadas inferiores a veinte (20) galones (76 litros), no son consideradas contrabando.
Igualmente, para que las leyes colombianas consideren como contrabando de especies, el valor de las mismas debe ser superior a 50 salarios mínimos, a la fecha, esa cuantía equivale en el día 2 de septiembre de 2015 a 12 mil dólares. Es así como a Colombia pueden ingresar automóviles y otras especies robados en Venezuela.
En junio del año 2015, el Congreso colombiano sancionó la Ley 1762 de 2015 o Ley Anticontrabando, Ley 1762 de 2015, en su artículo 6 y 7, de Favorecimiento y facilitación del contrabando, básicamente, aumentó las penas, pero mantuvo las cuantías sujetas a sanción. Estas inmorales argucias legales multiplica el contrabando; vale decir: la multiplicación de los contrabandistas. Las personas que pueden ingresar a Colombia sin problema alguno, cuatrocientos treinta kilos (430 Kgms) de mercancías y setenta y seis (76) litros de combustibles diariamente por la frontera, sin que eso se considere contrabando. Cabe destacar que las leyes antes mencionadas, no contemplan la repatriación de los bienes considerados como contrabando; lo que supone sostenidas pérdidas para Venezuela. El descaro llega a límites tales que las ahora “legales “Cooperativas Multiactivas de Pimpineros del Norte”, le pagan al mismísimo Gobierno departamental el 10% de las ganancias sobre cada pimpina contrabandeada. Con este ingreso criminal el Departamento duplica sus ingresos presupuestarios. Es importante aclarar que los “pimpineros” apenas comercializan una pequeña parte del combustible que viene de Venezuela. El 80% es destinado a las cisternas móviles de ECOPETROL que se apuestan a las afueras de Cúcuta y Maicao liberando inventarios de gasolina destinados al consumo interno y luego exporta combustible venezolano bajo la etiqueta "Made in Colombia" en calidad de exportación legal, a Perú, Guatemala y Honduras.
Acciones de apoyo oficial al narcotráfico. Lavado mediante canje de billetes venezolanos.
A plena luz del día, el estado colombiano voltea la cara ante otro mecanismo imbricado en el sistema de ataque a nuestra economía y calidad de vida desde Colombia, consiste en la compra de billetes venezolanos de alta denominación: billetes de cien y cincuenta realizado en las calles de Cúcuta y Maicao por delincuentes. El contrabando y las transacciones del cultivo de coca en alrededores de Cúcuta y el narcotráfico requiere de muchos bolívares para su perpetración y obtención de groseros márgenes de ganancia que superan fácilmente él un mil por ciento (1.000%); por esta razón los delincuentes cambistas pagan hasta un cincuenta por ciento (50%) más del valor nominal de esos billetes. La mercancía de contrabando se compra en bolívares efectivos y es mucho más cómodo realizar las transacciones en billetes de alta denominación.
Este mecanismo de captación de bolívares, se alimenta de las ganancias de colombianos en nuestro país que realizan actividades de micro-tráfico de drogas, sicariato, chantajes y secuestros. Estas transacciones las realizan sobre la base del bolívar que devalúan en la frontera y de esa manera obtienen más bolívares con menos pesos. Es obvio, las ganancias del cultivo de coca (Colombia es de lejos el primer productor mundial) y el narcotráfico necesitan ocultarse en bancos norteamericanos y colombianos, mas no en pesos, el bolívar les es útil para esos propósitos.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 32

Artículo 1
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 320
 artículo 320
 artículo 6