Source: http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/dycteac/criterio.aspx?id=00/02433/2017/00/0/1&q=s%3D1%26rn%3D%26ra%3D%26fd%3D%26fh%3D%26u%3D%26n%3D%26p%3D%26c1%3D%26c2%3D%26c3%3D%26tc%3D%26tr%3D%26tp%3D%26tf%3D%26c%3D0%26pg%3D
Timestamp: 2019-01-16 07:36:20+00:00

Document:
RDLey 12/2012 Medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público
Declaración Tributaria Especial DTE
En la Villa de Madrid, en los recursos de alzada para la unificación de criterio interpuestos por el DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA y por el DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT), con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Alcalá, 5 y C/Infanta Mercedes, 37, 28071-Madrid, respectivamente, contra la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña, de 14 de abril de 2016, recaída en la reclamación nº 08/12618/2014, concerniente a comunicación de no procedencia de tramitación de solicitud de rectificación de la Declaración Tributaria Especial.
- No tiene carácter obligatorio, sino voluntario (“Los contribuyentes (…) podrán presentar…”).
3.- Disconforme con la referida comunicación el interesado interpuso el 26 de noviembre de 2014 la reclamación económico-administrativa nº 08/12618/2014 ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEAR, en adelante) en la que viene a reiterar las alegaciones formuladas con la solicitud de devolución. El TEAR, en resolución de 14 de abril de 2016, calificó la solicitud presentada por el interesado como de rectificación de autoliquidación y, considerándola admisible, estimó en parte la reclamación y anulando el acto impugnado ordenó, sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, la retroacción de las actuaciones para que el procedimiento de rectificación fuera tramitado conforme a Derecho, lo que incluía su ordenación y resolución por el órgano competente conforme a la normativa de aplicación.
En primer lugar, se argumenta por la Inspección que no se trata de una autoliquidación y por ello no puede rectificarse: Si bien es cierto que la DTE ha sido objeto de cierta controversia doctrinal en cuanto a su naturaleza jurídica, tanto desde el punto de vista formal –tipo de documento utilizado para la declaración e ingreso- como material -naturaleza de la figura jurídica que da lugar al ingreso-, no lo es menos que, dentro de las categorías de documentos que el obligado tributario puede presentar como inicio de actuaciones de aplicación de los tributos (arts. 98.1, 118 a) y b), 119 y siguientes LGT) la que más conviene al modelo 750 es la de autoliquidación como declaración tributaria que incluye operaciones de calificación y cuantificación del gravamen, siendo que tal consideración viene apoyada no sólo por la mayor parte de la doctrina sino por el derecho positivo, concretamente la Orden HAP/1182/2012, de 31 de mayo, por la que se desarrolla la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, se aprueban cuantas medidas resultan necesarias para su cumplimiento, así como el modelo 750, declaración tributaria especial, y se regulan las condiciones generales y procedimiento para su presentación, que en su artículo 1º dispone que se trata de una declaración tributaria conforme al art. 119 LG pero no de las del procedimiento de los arts 128-130 LGT, para añadir en su párrafo 2º que: “Dicha declaración participa de la naturaleza de las autoliquidaciones tributarias a las que se refiere el artículo 120 de la Ley General Tributaria sin que la misma pueda entenderse conducente a la autoliquidación de una obligación tributaria devengada con anterioridad.” De hecho el propio modelo 750 en su encabezamiento (Anexo de la referida Orden) indica: “Autoliquidación y documento de ingreso”.
Contra dicha resolución del TEAR se deduce el presente recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio por parte del Director General de Tributos el 27 de octubre de 2016, por estimarla gravemente dañosa y errónea, alegando cuanto sigue:
En efecto, la DTE se constituye como un mecanismo especial para la regularización de rentas no declaradas de diferentes impuestos –IRPF e IS- que arbitra el Estado en una situación coyuntural determinada con un carácter voluntario para el obligado tributario que se acoja a la misma. La obligación existe respecto al ingreso de la deuda tributaria correspondiente a los impuestos señalados –IRPF e IS- pero no respecto a la DTE.
Si los bienes y derechos declarados son la materialización en este caso de la renta (hecho imponible), siendo este último un concepto diferente al de deuda tributaria y no teniendo la “cuantía a ingresar” la consideración de “deuda tributaria”, jurídicamente resulta improcedente la aplicación de un procedimiento, el de devolución de ingresos indebidos del artículo 221.1 LGT respecto de unas instituciones jurídicas –“cuantía resultante” de la DTE y renta del IRPF, IS e IRNR- para las cuales no estña previsto.
El obligado tributario que en su día ostentó ante el TEAR la condición de interesado (cuya situación jurídica particular en ningún caso va a resultar afectada por la resolución que se dicte en el presente recurso, en virtud del artículo 242.3 de la LGT) no formuló alegaciones en el plazo concedido a tal efecto.
La cuestión controvertida se centra en determinar si cabe o no la aplicación del procedimiento de rectificación de autoliquidaciones regulado en los artículos 120.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria (LGT, en adelante) y 126 a 130 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento general de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección (RGGI, en adelante), a la Declaración Tributaria Especial (DTE, en adelante) regulada por la disposición adicional primera del Real Decreto-Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público.
La DTE fue establecida por la Disposición Adicional Primera del Real Decreto- Ley 12/2012, de 30 de marzo, por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público (BOE 31/03/2012), que entró en vigor el 1 de abril de 2012.
En cuanto a los bienes susceptibles de ser incluidos en la Declaración, el criterio nº 4 del Informe de la DGT de 27/06/2012 exactamente indicaba:
Y, además, el criterio nº 7 contemplaba el supuesto de las transformaciones sucesivas de un único bien, disponiendo en cuanto a la prescripción:
Con carácter previo al examen de la cuestión controvertida ha de analizarse si resultan admisibles los presentes recursos extraordinarios de alzada para la unificación de criterio a la vista de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de junio de 2017 (Recurso de inconstitucionalidad 3856/2012) que declaró inconstitucional y nula la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, en la que se regula la DTE.
Por consiguiente, la Declaración Tributaria Especial es una declaración tributaria, pero con la especialidad de que su presentación no supone que la Administración tributaria tenga que iniciar un procedimiento de liquidación en relación con dicha declaración. Es más, no sólo no tiene esa finalidad, sino que ni siquiera puede ser objeto por sí misma de una comprobación aislada por parte de la Administración. Así se señala en el Criterio nº 17 del Informe de la DGT de 27/06/2012:
Tampoco tiene razón el interesado cuando alega que la DTE es una “declaración” cuyo objeto es declarar “rentas” de los períodos no prescritos que se correspondan con los bienes y derechos de los que era titular a 31/12/2010. En la DTE tan sólo se declaraban bienes, no rentas, con la finalidad de que el valor de dichos bienes, en la medida en que hubiesen sido adquiridos con rentas no declaradas, pudiera ser aplicado a éstas en los Impuestos correspondientes (IRPF, IRNR o IS). Así se desprende de lo dispuesto en el apartado 3 de la D. Ad. 1ª, cuando indica que el importe declarado – en la DTE- por el contribuyente “tendrá la consideración de renta declarada a los efectos previstos en el art. 39 de la Ley 35/2006, de 28 noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas...” Es decir, el legislador atribuye la cualidad de renta en los impuestos directos al valor de los bienes declarados en la DTE, pero el objeto de ésta no lo constituyen las rentas.
Pero ya se ha indicado que, tal y como señalaba el Criterio nº 17 del Informe de la DGT de 27/06/2012, le estaba vedado a los Órganos de la Administración tributaria la comprobación aislada de la DTE. Así, si un contribuyente no presentara cualquier otra autoliquidación correspondiente a una obligación tributaria, la Administración le requeriría su cumplimiento. Pero en el caso de la DTE la Administración no iba a exigir la presentación de declaración o autoliquidación alguna.
Hay sin embargo una cuestión que este Tribunal Central considera que debe ser expresamente valorada, relativa a la naturaleza jurídica de la DTE y la posibilidad de solicitar su rectificación.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 120
 resolución 
 artículo 221
 resolución 
 artículo 242
 Real Decreto