Source: http://jpdsocial.blogspot.com/2017/03/responsabilidad-del-fogasa-y-silencio.html
Timestamp: 2017-08-16 21:49:54+00:00

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En consecuencia, cuando el trabajador formula la petición del pago de garantía pública al FOGASA y no obtiene respuesta alguna a lo largo del mentado lapso temporal, su petición ha sido estimada por mandato legal (y así se recoge expresamente en el modelo de impreso de solicitud de pago que proporciona dicho organismo, aunque ello no esté expresamente contemplado en la Resolución de 23 de julio de 1985), sin que tenga efecto alguno una posterior resolución de dicho organismo en la que, por el motivo que fuere, se le deniega la prestación.
Sin embargo, el impacto de la crisis económica, de un lado, y el recorte de personal de las Administraciones públicas, de otro, han comportado –pese a las mejoras en la gestión de tiempos más recientes- que en muchos casos la tramitación del pago de prestaciones supere, con mucho, el mentado lapso temporal de tres meses (llegándose en ocasiones según informaciones de prensa a superar el año y medio). Ello ha conllevado que, transcurrido aquel lapso temporal, el FOGASA haya dictado múltiples resoluciones denegando o reduciendo la prestación de garantía ficticiamente reconocida antes.
Los criterios sentados por la doctrina contencioso-administrativa han sido también aplicados en la jurisdicción social con carácter prejudicial. Así, la doctrina unificada ha venido indicando a partir de la STS UD 16.03.2015 (Rec. 802/2014) que una vez adquirido el derecho a la prestación de garantía por silencio administrativo, no es dable la denegación del mismo por aplicación del marco legal, afirmándose en este sentido: “como señala la sentencia de la Sala Tercera de 17-7-2012, citada en la de la misma Sala Tercera de 25-9-12 (R. 4332/11) -a su vez traída a colación por la parte recurrente en nuestro recurso y por el Ministerio Fiscal-: "una vez operado el silencio positivo, no es dable efectuar un examen sobre la legalidad intrínseca del acto presunto, pues, si bien es cierto, que según el art. 62.1 f) de la Ley 30/92 son nulos de pleno derecho los actos presuntos "contrarios" al Ordenamiento Jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición, no es menos cierto que para revisar y dejar sin efecto un acto presunto (nulo) o anulable la Administración debe seguir los procedimientos de revisión establecidos por el art. 102, o instar la declaración de lesividad”.
Pese a que los criterios aplicativos son claros, como lo es también la doctrina casacional antes citada, aparecen en la práctica variados problemas aplicativos de otra índole.
Sin embargo, cabe preguntarse si el FOGASA ostenta la capacidad de autotutela de revisión propia de actos administrativos. Y ello porque, aunque como se ha visto ésa es la regla general del procedimiento administrativo, en el ámbito social concurre una normativa propia. En efecto, el artículo 146 LRJS, tras la entrada en vigor de la vigente ley procesal laboral, no extiende únicamente los efectos del proceso de revisión de actos declarativos de derechos al ámbito de la Seguridad Social, sino también al propio Fondo de Garantía Salarial (una previsión antes inexistente). De esta forma dicho organismo no puede “revisar por sí mismos sus actos declarativos de derechos en perjuicio de sus beneficiarios”, debiendo acudir a la demanda judicial, sin que parezcan aplicables las excepciones del apartado 2 del artículo 146 LRJS. Así se ha afirmado en algún pronunciamiento de la doctrina de suplicación, como es de ver en la STSJ Canarias –Santa Cruz de Tenerife- 16.02.2015 (Rec. 233/2014), aunque con carácter obiter dictum.
Por tanto, parecería como adecuado que el FOGASA en aquellos casos en los que ha transcurrido el plazo de tres meses y exista –en el mundo artificial del derecho- una resolución estimatoria, en lugar de dictar un acto expreso en sentido contrario como es su práctica habitual, interpusiera–con independencia de la ejecutividad del acto “presunto”- una demanda de revisión, ex art. 146 LRJS. Desde mi punto de vista ésa sería la lógica más respetuosa con la ley, aunque ello comporta en la práctica un incremento de la actividad jurisdiccional de un primer grado saturado y al borde del colapso (situación en la que cabrá señalar como culpable a un legislador ineficaz que no ha previsto el silencio negativo en estos casos y ha escatimado medios humanos materiales al FOGASA y a los juzgados en una época de crisis).
Sin embargo, como es notorio no es ésa la actuación de la institución de garantía en la práctica, que se está limitando a dictar contra legem resoluciones expresas denegatorias cuando previamente por su inactividad ha existido una resolución “presunta” estimatoria. De esta forma, el conocimiento judicial de dichos supuestos emerge de las demandas que interponen los trabajadores contra aquellos actos administrativos denegatorios, lo que obliga a aplicar la figura del silencio positivo, como ha ocurrido en la mayor parte de pronunciamientos recaídos hasta la fecha.
Esa constatación conlleva una cuestión procesal conexa. En efecto, en las sentencias hasta ahora recaídas se acostumbra a dar una respuesta en lógica iuslaboralista en base a las pretensiones de la parte actora; por tanto: se condena al FOGASA al pago de las cantidades correspondientes. Sin embargo, no cabe olvidar que en realidad en esos supuestos los órganos judiciales sociales estamos actuando como tribunales contencioso-administrativos. En consecuencia, lo que estamos haciendo no es otra cosa que anular dichas resoluciones denegatorias, validando por tanto los previos actos ficticios (resultando de aplicación la lógica procesal del art. 151.9, c) LRJS). Y no es ésa una constatación meramente formal, por la incidencia que en relación a la aplicación del principio de cosa juzgada material puedan tener las sentencias estimatorias que apliquen dicho silencio positivo respecto a una posible demanda de revisión que por la vía del art. 146 LRJS inste el FOGASA con posterioridad. En puridad administrativista en dichos pronunciamientos estimatorios no estamos condenando al pago de cantidades (aunque formalmente así se haga), sino que estamos anulando las segundas resoluciones, en forma tal que los primeros actos administrativos “ficticios” cobran eficacia, con los límites legales. Es por ello que, en mi opinión, no existiría en el caso de concurrencia de sentencia firme condenatoria a la institución de garantía limitación para que ésta instara la demanda de revisión. Aquello que se ha juzgado es la eficacia de la segunda resolución expresa, no la adecuación de legalidad de la primera por silencio positivo.
Una primera posibilidad que me parece viable sería la de acudir a la institución de la reconvención, siempre que expresamente se formulara como tal por el FOGASA –lo que no parece ocurrir actualmente en la práctica-. Cabe señalar, en este sentido, que esa institución procesal no es otra cosa que una “contrademanda acumulada”: por tanto, el ejercicio de una segunda acción dentro en el mismo proceso en forma tal que el demandado se convierte en demandante y viceversa. De esta forma, en el supuesto analizado ante la pretensión del trabajador de que se anule la resolución denegatoria (aunque formalmente se articule como reclamación de cantidad) podría pretender el FOGASA la acción de revisión del artículo 46 respecto al primer y ficticio acto administrativo. Ello conlleva inevitablemente reflexionar sobre si los estrictos límites del art. 85.3 LRJS impiden en estos casos la imposibilidad de reconvención por el FOGASA en los términos apuntados.
Pues bien, si analizamos los requisitos contemplados en dicho precepto podremos comprobar en primer lugar que la reclamación legal de conexión de pretensiones parece en este supuesto evidente, no presentado mayores problemas prácticos. A idéntica conclusión cabe llegar respecto la identidad competencial que también se contempla en el art. 85.3 LRJS, puesto que tanto la acción contra la resolución denegatoria como la acción revocatoria se someten a idénticas reglas de competencias por razón de la materia y territorial.
Mayor complejidad conlleva el cumplimiento del requisito del previo anuncio de la demanda reconvencional en la vía administrativa previa. La posible dificultad aplicativa no es apreciable respecto a las solicitudes anteriores al 2 de octubre de 2016 porque hasta dicha fecha, por aplicación del artículo 70.1 LRJS, el marco legal no exigía reclamación previa o agotamiento de la vía administrativa. Sin embargo, tras la derogación expresa de dicho precepto a través de la Ley 39/2015 y su entrada en vigor en el día indicado no es claro que en las reclamaciones contra el FOGASA posteriores no tenga que efectuarse recurso de alzada, en tanto que no nos hallamos aquí ante conflictos surgidos entre personal laboral y la correspondiente Administración y sí frente a un acto administrativo sometido a derecho administrativo. En todo caso, en ese escenario resulta evidente que, a fin de invocar en juicio la reconvención, el FOGASA debería dictar resolución expresa en ese sentido.
Y para finalizar el análisis del cumplimiento de las exigencias del art. 85.3 LRJS, aunque es cierto que la acción original del trabajador se formulará a través del proceso ordinario (habitualmente como demanda de cantidad, sin que resulte claro si en la actualidad el proceso correspondiente sería el del art. 151 LRJS) y la demanda reconvencional por la vía del art. 146 LRJS, no parece existir óbice alguno para su posible acumulación de ambos procesos, de conformidad con la regla del art. 30.1 LRJS.
En estos casos, de considerarse que el trabajador no tiene derecho a la prestación debería el juez de lo social estimar la demanda que éste formule únicamente a los efectos de declarar la nulidad de la segunda resolución, y, a su vez, estimar la demanda reconvencional por nulidad del acto ficticio, con absolución, total o parcial, del FOGASA respecto a las obligaciones de pago correspondientes.
Y a la posibilidad de demanda reconvencional cabe añadir la reflexión contenida en la importante sentencia del TSJ tinerfeño antes citada, en la que se señala la posibilidad que la parte demandada invoque como excepción procesal la ecléctica figura de la nulidad del negocio jurídico sobre el que se sustenta la pretensión de condena postulada por la actora, de conformidad con el artículo 408.2 LEC. Aunque es ésa una figura procesal poco utilizada, hallaremos al respecto algún pronunciamiento de la Sala Civil del TS al respecto, como es de ver en la sentencia de 29.10.2013 –Rec. 1869/2011-:
“El art. 408.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil permite al demandado oponer la nulidad absoluta del negocio en que se basa la pretensión por medio de excepción. Se trata de una excepción con un régimen especial (lo que se ha venido en llamar "excepción reconvencional") por cuanto permite al demandante solicitar del Juzgado se le dé la oportunidad de contestar a la referida alegación de nulidad en el mismo plazo establecido para la contestación a la reconvención.
b) Sin embargo, el reconocimiento de la plena eficacia de la previa resolución administrativa ficticia ha de limitarse a la condena de las cantidades correspondientes en función de los límites legales del art. 33 ET.
c) Para dejar sin efecto el previo acto ficticio denegatorio dicho organismo ha de proceder a efectuar la correspondiente revisión del mismo, en lugar de dictar resoluciones expresas denegatorias.

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 146
 artículo 146
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 46
 resolución 
 artículo 70
 resolución 
 artículo 408
 resolución