Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/3925
Timestamp: 2020-05-26 09:48:37+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 183/1999
SENTENCIA 183/1999, de 11 de octubre
ECLI:ES:TC:1999:183
En el recurso de amparo núm. 368/97, promovido por don Mariano Gomá Otero, don Juan Agelet Gomá y don Salvador Costa Torres, representados por el Procurador don José Manuel Villasante García y asistidos por el Letrado don Tomás Gui Mori, contra el Auto de 3 de abril de 1996 del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Lleida, dictado en ejecución de la Sentencia de 30 de noviembre de 1990, recaída en juicio de faltas, contra el Auto de 13 de diciembre de 1996 de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lleida, que resolvió recurso de apelación contra el primero, y contra el Auto de 3 de enero de 1997, que procedió a la aclaración del anterior. Han intervenido el Ministerio Fiscal y don José María Font Oncins, representado por el Procurador de los Tribunales don Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa y defendido por el Letrado don Ignacio Saenz de Buruaga y Marco, don José Ramón Domínguez Carrera, representado por el Procurador de los Tribunales don Saturnino Estevez Rodríguez y defendido por el Letrado don José Luis Rodríguez García, la Comunidad de Propietarios del edificio sito en Lleida, calle Academia núm. 1, y de los propietarios don Jorge Javier Botargues Florensa, don Juan Besa Estevez, doña Mª Jesús Llaquet Molí, doña Magdalena Cervós Aguilera, don Alfonso García Garzón, don José Febrero Aguila, don Lluis Comet Rosell, don Antonio Hidalgo Ballano, don Simón Gómez Cortés, don Manuel Valcarce Duque, don Emilio Baldellou Domingo, doña Dolores Jové Molins, don Antonio Cudos Pedrol, doña Rosario Puig Cabecerán, don José Botán Puig, doña Mª Dolores Giménez Márquez, don Pedro Gallart Mora, don Lluis Martínez Rius, doña Nuria Vilarrubla Colell, don Manuel Juclá Abat, doña Mercé Ros Serra, don Hermenegildo Sauret Bitriá, don Juan José Martín Martínez y doña Mercedes Casals Monclus, representados por el Procurador de los Tribunales don José Manuel Dorremochea Aramburu y defendidos por el Letrado don Emilio Baldellón Domingo, y doña Mercé García Puyal, don Carlos Viladegut Trilla, don Ramón Mazarico Félix, don José María Porqueras Olomí, doña Marta Sáez Xucla, don Arcadi Jover Clarió, doña Joana Pera Bové, doña María Rosa Pera Bové, doña Mercedes Recasens Solé, don Ramón Oto Sabaté, don Enrique Anadon Solé, doña María Pilar Martín-Bilbatua Mor, don José Luis Dufourg Hijarrubia, don Esteban Sarroca Capell, don Antonio García Díaz y don Fernando Iturbe Pardo, representados por la Procuradora de los Tribunales doña Susana Yrazoki González y defendidos por el Letrado don Ramón Borjabad Bellido. Ha sido Ponente la Magistrada doña María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Los recurrentes fueron absueltos de la falta de daños por imprudencia simple, que se les imputaba, por Sentencia de 22 de mayo de 1990, del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Lleida, y condenados en responsabilidad civil, de forma conjunta y solidaria junto a otros imputados y a la compañía de seguros La Unión y El Fénix Español. Recurrida en apelación, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Lleida estimó, por Sentencia de 30 de noviembre de 1990, que los hechos eran constitutivos de falta de daños por imprudencia del art. 600 del C.P. de 1973 y condenó a los recurrentes de amparo y a otros imputados a multa de dos mil ptas., así como al pago de las indemnizaciones civiles correspondientes, que se determinarían en el procedimiento de ejecución de sentencia. Instado el procedimiento de ejecución de sentencia, y tras múltiples vicisitudes, se dictaron los Autos referenciados, que ahora se impugnan en amparo.
2. Los hechos que dieron lugar a las resoluciones impugnadas, sucintamente expuestos, son los siguientes:
a) En febrero de 1985, debido a las graves deficiencias en la construcción del edificio de la Calle Academia núm. 1 de Lleida, los propietarios de los pisos y locales del mismo interpusieron querella contra los hoy recurrentes de amparo --Sres. Gomá Otero, Agelet Gomá y Costa Torres-- , arquitectos firmantes del proyecto del edificio, contra los aparejadores Sres. Figueras, Roig y Font, que auxiliaron en la dirección de la ejecución de la obra a don Mariano Gomá Otero, y contra la empresa Desarrollo Inmobiliario Pirenaico S.A., que ejecutó la obra, por delito de daños por imprudencia simple del art. 565.2 C.P. de 1973. Tras un primer archivo de las diligencias, su reapertura, su sobreseimiento de conformidad con la Ley Orgáncia 3/1989, y su remisión al Juzgado de Instrucción para su tramitación como juicio de faltas, se dictó la Sentencia de 22 de mayo de 1990, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:
"Que debo absolver y absuelvo a todos los implicados penalmente, pero condenando civilmente conjunta y solidariamente a Mariano Gomá Otero, Salvador Costa Torres, Juan Agelet Gomá; a José María Font Oncins, Francisco Roig Miró, José María Figueras Jové y Angel Salazar Lanau; y como responsabilidad civil directa a la compañía La Unión y El Fénix Español hasta el límite de su cobertura, a que reparen el edificio a satisfacción del Presidente de la Comunidad de Propietarios en nombre de éstos, que en su momento esté actuando como tal y de un perito representante de la parte condenada y si éste no se asigna o no se pone de acuerdo, de un perito que se nombre judicialmente conforme al art. 1598 del Código Civil. Caso de no poderse ejecutar de esta forma, deberán indemnizar a los perjudicados en el valor actualizado del precio que pagaron por sus viviendas. Sin conceder indemnizaciones por daños y perjuicios, ya que éstos se consideran suplidos con la reparación del edificio o la indemnización ...".
b) Interpuesto recurso de apelación por los querellantes, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Lleida, en Sentencia de 30 de noviembre de 1990, estimó parcialmente el recurso, declarando que los hechos eran constitutivos de la falta de daños por imprudencia simple del art. 600 C.P. 1973 (redacción Ley Orgánica 3/1989), siendo autores de la misma los recurrentes de amparo --Sres. Gomá Otero, Agelet Gomá y Costa Torres--, los aparejadores Sres. Font, Figueras y Roig, y el constructor don Angel Salazar Lanau, quien colaboró en la ejecución y dirección de la obra. La Audiencia Provincial condenó a los autores de la falta "al pago también de forma solidaria entre ellos, y en iguales partes, de las indemnizaciones que más adelante se determinan". En el fallo establece:
c) Instado el procedimiento de ejecución de sentencia, se acordó recibir el pleito a prueba y en Auto de 23 de enero de 1996 se admitió y acordó la prueba pericial instada por los recurrentes de amparo. Nombrado el perito por insaculación, compareció ante el Tribunal y renunció a la aceptación, alegando exceso de trabajo y que conocía a alguno de los condenados.
d) La representación de la Comunidad de Propietarios damnificada solicitó que se diera por precluido el trámite de prueba, dado que se habían agotado tanto el plazo ordinario de prueba como el extraordinario, sin que la parte que instó la prueba pericial solicitara prórroga del plazo de prueba ni un nuevo nombramiento de perito, y dado que el Juzgado disponía de la pericial realizada a instancia del propio Juzgado.
e) En providencia de 27 de febrero de 1996, el Juzgado proveyó la comparecencia de las partes el 5 de marzo siguiente a los efectos del art. 940 L.E.C., pues ya había "transcurrido sobradamente el término de prueba acordado en su día y sin que por causas ajenas a este Juzgado la misma haya sido practicada". En dicha comparecencia, la representación de los demandantes de amparo volvió a solicitar la práctica de la prueba y un nuevo plazo de veinte días al efecto.
f) El Ministerio Fiscal emitió informe el 29 de marzo de 1996 instando que se dictara resolución sobre la ejecución de la Sentencia con la mayor celeridad posible, dado que dicho trámite se había dilatado demasiado en el tiempo y existen peritajes suficientes para declarar las indemnizaciones correspondientes.
g) Sin practicarse la pericial, se dictó el Auto de 3 de abril de 1996. En los fundamentos jurídicos del mismo, se declara la necesidad de separar las cantidades que deberán ser satisfechas a la Comunidad de Propietarios del edificio del cálculo de las cantidades del resto de los afectados individuales y se determina que, al efecto, se tendrá en cuenta el dictamen de los peritos don Francisco Arola Coronas, Arquitecto, don José Fernández García, Ingeniero de caminos, "al no existir otros dictámenes mejores", y también el dictamen del Agente de la propiedad inmobiliaria don Arturo Sala Bardella, todos ellos obrantes en autos. En el fallo se detallan las indemnizaciones.
h) Dos de las partes personadas interpusieron recurso de reforma frente al citado Auto y la representación de los demandantes recurso de apelación. Una vez se dio traslado de los escritos de recurso a las partes, los demandantes de amparo alegaron la improcedencia del recurso de reforma y la procedencia del recurso de apelación. En Auto de 14 de mayo de 1996, el Juzgado de Instrucción dispuso no haber lugar a los recursos de reforma, mantuvo el Auto recurrido y declaró que contra el mismo cabía recurso de apelación.
i) Formalizado el recurso de apelación por los demandantes de amparo, éstos alegaron, entre otros extremos irrelevantes para el presente recurso de amparo, en primer lugar, la procedencia de seguir los trámites de ejecución de sentencia de conformidad con los arts. 887 y ss. L.E.C., según dispone el art. 944 de la misma Ley, y la improcedencia de proseguir el procedimiento de conformidad con la L.E.Crim.. En segundo lugar, se alegó la falta de realización de la prueba pericial propuesta y admitida, así como la ausencia de pericia suficiente para determinar las indemnizaciones, impugnándose los informes y proyecto de reparación realizados. En particular, se sostuvo la inexistencia de datos sobre los daños en la estructura del edificio.
j) Por Auto de 15 de noviembre de 1996 se acordó recibir el pleito a prueba para la práctica de la pericial técnica solicitada por los Sres. Figueras, Roig, Gomá, Agelet y Costa, así como la ampliación solicitada por los tres últimos, y la documental y testifical propuesta por el Sr. Saulet. En el mismo, se señaló igualmente el día 2 de diciembre de 1996 para la vista de la apelación. Determinado el nombre del perito por el procedimiento de insaculación, éste rechazó motivadamente la aceptación del cargo por carecer de conocimientos de cálculo de estructuras del edificio, necesarios para el dictamen. Repetido el procedimiento de insaculación el 25 de noviembre de 1996, fue nombrado perito don Roberto Brufau, quien aceptó el cargo en la vista de la apelación, el día 2 de diciembre de 1996, y expuso la imposibilidad de emitir su dictamen en el plazo señalado, manifestando que al efecto serían necesarios al menos tres meses.
k) Por Auto de 13 de diciembre de 1996, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Lleida estimó parcialmente el recurso interpuesto por los condenados y revocó parcialmente el Auto recurrido conforme a los siguientes fundamentos jurídicos.
l) La representación de los recurrentes solicitó aclaración del Auto de 13 de diciembre de 1996, por no contenerse pronunciamiento alguno sobre el Auto de 14 de mayo de 1996, por no especificarse que la cuantía de la indemnización correspondiente a la Comunidad de Propietarios se encontraba supeditada a destinarse a la ejecución efectiva del proyecto de rehabilitación, y por no rechazarse las restantes reclamaciones efectuadas en primera instancia por distintos comuneros y no resueltas en el citado Auto.
3. Las pretensiones de los recurrentes se centran en las vulneraciones del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 C.E.), el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 C.E.) y el derecho a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 C.E.).
a) La vulneración del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley se vincula a la tramitación del incidente de ejecución de sentencia de conformidad con las normas de los arts. 795 y ss. L.E.Crim. y la consiguiente formación unipersonal de la Sección de la Audiencia Provincial que conoció del recurso de apelación contra el Auto de 3 de abril de 1996. Los recurrentes sostienen que el incidente de ejecución de sentencia debió ser tramitado de conformidad con lo dispuesto en los arts. 887 y ss. L.E.C. y, por tanto, la Sección de la Audiencia Provincial debió componerse de forma colegiada por tres Magistrados. En consecuencia, los Autos de 13 de diciembre de 1996 y de 3 de enero de 1997 no fueron dictados por el Juez ordinario predeterminado por la ley.
b) Los Autos de 3 de abril y de 13 de diciembre de 1996 vulneraron el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, dado que tanto el Juzgado de Instrucción como la Audiencia Provincial admitieron la prueba propuesta por los recurrentes, consistente en un dictamen pericial, que no se verificó en ninguna de las dos instancias por causas ajenas a los recurrentes. Se afirma el carácter esencial de la citada prueba al constituir "el único fundamento válido e imparcial sobre el que podía razonarse la cuantificación de los daños a reparar, cuestión esencialmente técnica y no jurídica". A ello se añade que las reparaciones que debían efectuarse nunca habían sido cuantificadas, así como que los informes obrantes en autos habían sido realizados con vulneración de la normativa aplicable. Por último, se afirma la contradicción en la que habría incurrido la Audiencia Provincial al declarar primero pertinente la prueba y, con posterioridad, prescindir de su práctica.
c) La resolución del incidente de ejecución de sentencia sin realizar la prueba admitida ocasionó indefensión en los recurrentes, al no haber podido intervenir en la acreditación de los hechos determinantes del quantum de los débitos, y en la medida en que la única prueba pericial técnica, en base a la cual podían determinarse los daños, no se verificó y fue sustituida "arbitrariamente por la decisión del órgano judicial, que no era el competente, mediante la aplicación de su criterio subjetivo", "en unas prisas arbitrarias e irrazonables que provocan manifiesta indefensión".
d) Solicitan, en consecuencia, la nulidad de los Autos recurridos y la retroacción de las actuaciones al momento anterior al que se dictó el Auto de 3 de abril de 1996 a fin de que se proceda a practicar en primera instancia la prueba pericial admitida y no practicada.
4. Por providencia de 14 de julio de 1997, la Sección Segunda acordó admitir a trámite la demanda, y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir comunicaciones a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lleida y al Juzgado de Instrucción núm. 4 de la misma ciudad, para que, en el plazo de diez días, remitieran testimonio del rollo de apelación núm. 1/96 y del juicio de faltas 1748/89, interesándose al propio tiempo para que se emplazare a los que fueran parte en el proceso, con excepción de los recurrentes, para su posible comparecencia en el proceso de amparo constitucional.
5. Tras recibirse escrito de personación de don Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don José María Font Oncins, escrito de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lleida, remitiendo actuaciones solicitadas, y del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Lleida, comunicando las dificultades de remitir el testimonio íntegro de las actuaciones solicitadas, dado el volumen de las mismas, la Sección acordó tener por personado al citado Procurador en nombre y representación de don José María Font Oncins, por recibido el escrito del Juzgado de Instrucción y dar traslado del mismo al Ministerio Fiscal y a los Procuradores Sres. Villasante García y Estévez Fernández-Novoa por un plazo de diez días, a fin de que designasen los documentos que creyeran imprescindibles solicitar a dicho Juzgado.
6. La Sección por providencia de 13 de octubre 1997, acordó tener por recibidos los escritos presentados por los Procuradores Sres. Villasante García y Estévez Fernández-Novoa y por designados los particulares obrantes en el juicio de faltas 1748/89 del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Lleida, que las partes consideran imprescindible solicitar al Juzgado. Igualmente, acordó requerir, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, al mencionado Juzgado para que remitiera testimonio de los particulares designados por las partes, interesándose al propio tiempo para que se emplazare, de no haberlo hecho, a quienes fueron parte en el mencionado procedimiento.
7. Por providencia de 9 de diciembre de 1997, la Sección acordó tener por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidos por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lleida y por el Juzgado de Instrucción núm. 4 de dicha ciudad y los escritos de los Procuradores Sres. Estévez Fernández-Novoa, Estévez Rodríguez, Dorremochea Aramburu y de la Procuradora Sra. Yrazoki González, teniéndolos por personados y partes en nombre y representación, respectivamente, de don Francisco Roig Miró y otra persona más, de don José Ramón Domínguez Carrera, Comunidad de Propietarios del edificio de la calle Academia núm. 1 de Lleida y veinticuatro personas más, y doña Mercé García Puyal y quince personas más. Asimismo acordó, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de las actuaciones, en la Secretaría de la Sala, por plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a todas las partes personadas, para que, dentro de dicho plazo, pudieran presentar las alegaciones que a su derecho conviniese.
El Procurador don Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa en escrito registrado en este Tribunal el 26 de abril de 1999 renunció a la representación de don Francisco Roig Miró y de don José Figueras Jove. En diligencia de ordenación de 3 de mayo de 1999 de la Secretaria de Justicia de la Sala Primera, se acordó tener por recibido dicho escrito de renuncia y, a tenor de lo dispuesto en el art. 50.5 LOTC, conceder a los Sres. Miró y Figueras Jove plazo de diez días para que, dentro de dicho término, compareciesen ante este Tribunal con otro Procurador de Madrid, debidamente apoderado, que les representase en el presente recurso de amparo (art. 81 LOTC), debiendo el Procurador Sr. Estévez Fernández-Novoa, mientras tanto, continuar la representación que viene ostentando (art. 9.2 L.E.C.).
Por providencia de 12 de julio de 1999, la Sala Primera acordó, a tenor de lo dispuesto en el art. 50.5 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, conceder un nuevo y último plazo de diez días a don Francisco Roig Miró y a don José María Figueras Jove, para que dentro de dicho término comparecieran ante este Tribunal con Procurador de Madrid, debidamente apoderado, que les representase en el presente recurso de amparo (art. 81 LOTC), con la advertencia de no tenerles por personados y partes en el presente recurso.
Por providencia de 27 de septiembre de 1999, la Sala acordó no tener por personados a don Francisco Roig Miró y don José Figueras Jove, al haber transcurrido el plazo concedido a los mismos para comparecer ante este Tribunal por medio de Procurado debidamente apoderado, cesando en su representación el Procurador Sr. Estévez Fernández- Novoa.
8. Por escrito registrado el 19 de diciembre de 1997, la representación de los recurrentes en trámite de alegaciones, ratificó la demanda en toda su extensión y reiteró los fundamentos en que sustenta sus pretensiones.
9. El Ministerio Fiscal, por escrito registrado el 14 de enero de 1998 y cumplimentando el trámite de alegaciones, interesa la desestimación del amparo.
a) En primer término, sostiene el Ministerio Fiscal la carencia de dimensión constitucional de la vulneración pretendida del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, toda vez que este derecho tiene como contenido que el órgano judicial que conozca de un asunto haya sido creado con carácter previo al hecho que motive su actuación y que su régimen orgánico y procesal no permita calificarlo como órgano especial o excepcional. De manera que al disponer el art. 82.2 L.O.P.J. que, para el conocimiento de los recursos contra las resoluciones de los Juzgados de Instrucción en juicio de faltas, la Audiencia se constituirá con un solo Magistrado, quedan cubiertas las garantías de cobertura legal anterior al hecho. Asimismo argumenta que las cuestiones de competencia, subyacentes a la defensa de la conversión del pleito penal en civil y consiguiente constitución colegiada de la Audiencia, son ajenas al derecho fundamental invocado, siempre que la solución adoptada corresponda a un criterio racional de decisión exento de arbitrariedad. En particular, en la STC 77/1996, fundamento jurídico 2º, este Tribunal sostuvo, frente a idéntica pretensión, que la cuestión de la tramitación de los recursos contra los Autos dictados en ejecución de sentencia emitida en juicio de faltas, como si de recursos contra la propia Sentencia se tratase, no excedía "del ámbito propio de la legalidad ordinaria", no pudiéndose sostener que la decisión fuera manifiestamente errónea, irrazonable o arbitraria, sino una "simple opción desacertada del órgano judicial en el proceso de selección e interpretación de la norma procesal aplicable que en exclusiva le compete".
b) En segundo lugar, argumenta el Ministerio Público la no vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa, dado que éste requiere que la prueba admitida y no practicada sea relevante para alterar el resultado final del pleito. En este sentido se sostiene, de un lado, que no es cierto que el Juez haya suplido de modo arbitrario la carencia del informe pericial solicitado, pues el quantum indemnizatorio se fijó a la vista de los dictámenes periciales detallados en el Auto de 3 de abril de 1996. A estos efectos y en virtud de la obligación de ejecutar la sentencia en sus propios términos derivada del art. 24.1 C.E., ha de tenerse en cuenta, tanto la alusión en el fallo de la sentencia al informe de INTEMAC, en el cual están basados los correspondientes informes de los técnicos Sres. Arola y Fernández, como la descripción de los hechos probados en los que se refiere a los defectos estructurales del edificio, pues todo ello justificaría sobradamente las indemnizaciones solicitadas. Por último, se entiende que la resolución final del pleito no se verificó con total ausencia de la prueba solicitada, sino que fue intentada en dos ocasiones, a través de dos peritos designados consecutivamente, que, por distintas razones, no pudieron practicarla. Por ello, el Tribunal decidió denegar la prueba finalmente por no relevante y optó por la cuantificación de los daños valiéndose de los numerosos dictámenes obrantes en las actuaciones, entendiendo que habían sido suficientemente debatidos después de más de diez años de sustanciación del proceso.
c) En consecuencia, tampoco se habría producido vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva derivado de la falta de práctica de la prueba admitida.
10. Por escrito registrado en este Tribunal el 5 de enero de 1998, la representación de don José María Font Oncins se adhirió a las alegaciones de los recurrentes de amparo, añadiéndose a las mismas argumentos que profundizan la fundamentación de los recurrentes sobre las vulneraciones de derechos pretendidas.
11. Por escrito registrado en este Tribunal el 29 de diciembre de 1997, la representación de don Ramón Domínguez Cabrera impugnó el recurso de amparo interpuesto. En primer término, se señala la actitud obstruccionista y dilatoria de los recurrentes durante todo el procedimiento y las omisiones relevantes de la demanda de amparo, así como la existencia de abundante material técnico probatorio acumulado durante el mismo para resolver la ejecución de la Sentencia.
12. Por escrito registrado en este Tribunal el 31 de diciembre de 1997, la representación de la Comunidad de Propietarios del edificio sito en la calle Academia núm. 1 de Lleida formuló alegaciones contra la presente demanda de amparo. En primer término, y en relación con la pretendida vulneración del derecho a un Juez ordinario predeterminado legalmente, se afirma que el régimen procesal seguido no puede tildarse de excepcional, que la Audiencia Provincial de Lleida razonó en la providencia de 29 de junio de 1996 que era criterio mantenido por la misma tramitar el incidente de ejecución de sentencia de conformidad con la L.E.Crim., que el recurrente se sometió a la decisión de la Sala, como se deduce literalmente del recurso de apelación interpuesto por el recurrente contra el Auto de 3 de abril de 1996, y que en ningún momento anterior al amparo los recurrentes alegaron el derecho constitucional vulnerado, ni la indefensión producida. Se alega también la actitud dilatoria mostrada a lo largo del procedimiento.
13. Por escrito registrado en este Tribunal el 7 de enero de 1998, la representación de doña Mercé García Puyol y otros quince formuló alegaciones contra la presente demanda de amparo. De un lado, se afirma que los recurrentes no cuestionaron durante el procedimiento el juez que conoció de la apelación del Auto de 3 de abril de 1996; de otro, se insiste en el carácter innecesario de la prueba pericial no practicada a la luz de la abundante prueba practicada en el procedimiento. Por último, se afirma la intención dilatoria mantenida por los recurrentes para evitar la ejecución de la sentencia, de forma que el recurso de amparo constituiría una nueva manifestación de la misma.
14. Por providencia de 24 de septiembre de 1999, se señaló para la deliberación de la presente Sentencia el día 27 de septiembre, en el que se inició el trámite y que ha finalizado en el día de la fecha.
1. Las pretensiones de los demandantes de amparo se sustentan en dos presuntas irregularidades procesales: de un lado, la tramitación de la apelación contra el Auto de 3 de abril de 1996 dictado por el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Lleida en el incidente de ejecución de sentencia de conformidad con las normas procesales penales en lugar de las civiles, toda vez que se trataba de ejecutar el pronunciamiento sobre responsabilidad civil recaído en juicio de faltas; y, de otro, la falta de práctica de una prueba admitida. A ellas anudan los recurrentes la vulneración del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley (art. 24.2 C.E.), del derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 C.E.) y del derecho a no sufrir indefensión (art. 24.1 C.E.).
2. Entienden los recurrentes que la composición unipersonal del Tribunal que conoció en apelación de la ejecución de la Sentencia de 30 de noviembre de 1990 vulneró el derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, por cuanto, de conformidad con la legislación procesal civil, la Sala de la Audiencia Provincial debería haber tenido una composición colegiada -tres Magistrados-, y no una composición unipersonal.
3. La segunda queja de los recurrentes se refiere al derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 C.E.). Se alega que la prueba solicitada y admitida en ambas instancias no se verificó por causas ajenas a quienes la instaron, lo que generó lesión de sus derechos fundamentales. En particular, se afirma que la pericial instada era determinante del fallo, toda vez que los daños en la estructura del edificio no habían sido cuantificados, sino que su tasación había quedado diferida al trámite de ejecución de sentencia.
4. Pues bien, a la luz de la doctrina constitucional aplicable no puede ser compartida la lesión que los demandantes de amparo entienden producida en su derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa.
5. En relación con lo acaecido en el Juzgado de Instrucción núm. 4 de Lleida, ha de observarse que la falta de práctica de la prueba no puede imputarse principalmente al órgano judicial, pues éste procedió al nombramiento del perito por el procedimiento habitual, siendo el perito quien, una vez nombrado, renunció a la aceptación del cargo por exceso de trabajo y conocimiento de alguno de los condenados. De otra parte, los recurrentes, que solicitaron dicha prueba, no desplegaron la diligencia procesal que permite asegurar la corrección de su conducta, dado que dejaron transcurrir el plazo señalado para el período de prueba sin instar ni la práctica de la misma mediante un nuevo nombramiento, ni la prórroga del período de prueba.
Ha de tenerse en cuenta, por último, que la representación de la Comunidad de Propietarios había solicitado que se diera por precluido el período de prueba y que el Ministerio Fiscal había instado también que se dictara resolución con la mayor celeridad posible. Ambas partes argumentaron, al efecto, lo dilatado del trámite de ejecución de sentencia -- casi siete años-- y la existencia de informes periciales suficientes sobre los que sustentar la cuantificación de la responsabilidad civil. En este contexto, la providencia de 27 de febrero de 1996, que dio por concluido el período de prueba, al haber transcurrido sobradamente el plazo aunque no se hubiera practicado la prueba por causas ajenas al propio Juzgado, y el Auto de 3 de abril de 1996, que fijó las indemnizaciones a la luz de los informes periciales obrantes en autos, no revelan un comportamiento negligente del Juzgado, sino una razonable ponderación de los intereses en juego.
6. Aunque la constatación de la falta de atribución al órgano judicial de la ausencia de práctica de la prueba propuesta sería fundamento suficiente para la desestimación del presente motivo de amparo (por todas, STC 164/1996, fundamento jurídico 2º, y STC 205/1998, fundamento jurídico 4º), para despejar cualquier posible duda al efecto ha de señalarse, igualmente, que la falta de práctica de la prueba, en todo caso, no generó indefensión material a los demandantes de amparo. Estos argumentan que la ausencia de la citada prueba pericial era determinante de la tasación de los daños en la estructura del edificio, y, en particular, de la ausencia de daños en la misma. Con ello no queda acreditada, sin embargo, la indefensión alegada.
7. A todo ello se refiere la Audiencia Provincial, quien, tras intentar por dos veces la práctica de la prueba nuevamente instada en apelación, declaró en el Auto de 13 de diciembre de 1996 que la citada prueba era innecesaria a la vista de "la diversidad de informes" evacuados acerca de las deficiencias del edificio y de las causas de tales deficiencias, así como en atención a la imposibilidad de modificar en trámite de ejecución de sentencia la existencia de unos hechos declarados probados y de unas bases de ejecución vinculantes para las partes.
8. Consecuencia de lo anteriormente establecido es la conclusión de ausencia de indefensión que los recurrentes imputan como vulneración autónoma del art. 24.2 C.E. a la falta de práctica de la prueba propuesta.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 368-1997
Promovido por por don Mariano Gomá Otero y otros frente a los Autos de la Audiencia Provincial y del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Lleida, que denegaron la práctica de prueba pericial y otros extremos en ejecución de la Sentencia que les había condenado por falta de daños debido a las graves deficiencias en la construcción de un edificio.
La Audiencia Provincial -y los Magistrados que la componen- cumple con los requisitos del derecho al Juez legal, de un lado. De otro, la interpretación realizada por la Audiencia Provincial de Lleida no puede ser tachada de "manifiestamente errónea, irrazonable o arbitraria", no correspondiendo a este Tribunal juzgar el acierto o desacierto del órgano judicial al entender que la Sala competente para la apelación de un juicio de faltas debe tener una composición unipersonal y no colegiada [FJ 2].
No cabe confundir el contenido del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley con el derecho a que las normas sobre distribución de competencias entre los órganos jurisdiccionales se interpreten en un determinado sentido [FJ 2].
La falta de práctica de la prueba no puede imputarse principalmente al órgano judicial, pues éste procedió al nombramiento del perito por el procedimiento habitual, siendo el perito quien, una vez nombrado, renunció a la aceptación del cargo por exceso de trabajo y conocimiento de alguno de los condenados. De otra parte los recurrentes, que habían solicitado dicha prueba, no desplegaron la diligencia procesal correcta [FJ 5].
Igualmente, la falta de práctica de la prueba no generó indefensión material a los demandantes de amparo, pues la prueba era innecesaria a la vista de la diversidad de informes evacuados acerca de las deficiencias del edificio y de las causas de tales deficiencias, así como en atención a la imposibilidad de modificar en trámite de ejecución de sentencia la existencia de unos hechos declarados probados y de unas bases de ejecución vinculantes para las partes. La razonabilidad de esta resolución no puede ser puesta en tela de juicio ni en cuanto a su forma, ni en lo que a su contenido se refiere [FJ 7].
Doctrina constitucional sobre el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa [FJ 4].
Artículo 940, f. 3
Artículo 24.2, ff. 1 a 4, 8
Salas de justiciaSalas de justicia, f. 2
Falta de práctica de prueba pericial en una causa penalFalta de práctica de prueba pericial en una causa penal, f. 6
Práctica de prueba pericialPráctica de prueba pericial, ff. 5, 6, 7, 8
Proceso penalProceso penal, ff. 5 a 7
Prueba pericialPrueba pericial, ff. 5, 6, 8

References: resolución 
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Artículo 940

Artículo 24