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Timestamp: 2017-04-29 08:10:38+00:00

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Iniciativa por la que se crea la comisión nacional anticorrupción by undefined - issuu
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS
ARTÍCULOS 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE PRESENTAN LAS
SENADORAS Y LOS SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO DEL SENADO DE LA REPÚBLICALas senadoras y los senadores integrantes del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México de la LXII Legislatura
del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II
del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de
conformidad con lo previsto por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso General; así como por los artículos 8, numeral 1;
fracciones I, II y III del artículo 164 y 169, todos del Reglamento del Senado de la
República, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la siguiente Iniciativa con
Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 22, 73, 79, 105, 107,
109, 113, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de
acuerdo con la siguiente:
Exposición de motivosI.INTRODUCCIÓNEn los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido
Verde Ecologista de México en la Cámara de Senadores consideramos que la corrupción
ha sido uno de los problemas históricos más graves y dañinos de México.
A lo largo de la historia, la corrupción ha debilitado los esfuerzos para combatir la
pobreza y la desigualdad, ha mermado la eficacia para fomentar el crecimiento económico,
ha alejado inversiones productivas del país y ha sido una de las causas de la propagación
del narcotráfico y de la crisis de seguridad pública que vive México. La corrupción es un
obstáculo para el desarrollo, además de un problema ético.1En el ámbito de la economía, hay evidencia suficiente para sostener que debido a la
corrupción se incrementan los precios de los bienes y servicios y su calidad se deteriora.
Por ejemplo, los sobornos que ofrecen contratistas privados a funcionarios de gobierno
para ganar concursos de obra pública son financiados mediante costos inflados o a través
de materiales de construcción de menor calidad. Igualmente, existe una estrecha relación
entre el grado de corrupción y los niveles de inversión y crecimiento: la corrupción actúa
como un impuesto a las inversiones y reduce el atractivo del país frente a otras naciones
con menor incidencia, o bien, estimula a las empresas para actuar en el sector informal de
la economía y ello reduce la recaudación fiscal.1
Las prácticas corruptas “producen distorsiones en la asignación de recursos y por lo
tanto desaceleran (o frenan) el crecimiento económico. Algunos ejemplos de esto: a)
creación de barreras artificiales que limitan o derivan la inversión hacia proyectos con una
rentabilidad social relativamente baja; b) colusión de proveedores o pago de comisiones
para la adjudicación de proyectos públicos, con el consecuente perjuicio fiscal debido a
costos inflados, y en algunos casos también perjuicio social debido a los peligros de
seguridad y ambientales; c) funcionarios tributarios sobornados para tolerar declaraciones
de impuestos falsas; d) compra de maquinaria cara o innecesaria sólo por razones
políticas.”2
En suma, la corrupción afecta de forma negativa al desarrollo económico por
diversas razones, entre las que destacan:
1. Desalienta la inversión en la economía, puesto que los inversionistas evitan los
ambientes inestables e impredecibles;
2. Alienta la búsqueda de rentas económicas o presupuestales y ello desincentiva
la actividad empresarial y la innovación. De esta forma, la mala asignación de
talentos puede tener claras implicaciones negativas para el crecimiento
3. Amenaza la estabilidad macroeconómica puesto que los funcionarios que
cometen peculado extraen recursos que son necesarios para balancear los
presupuestos y estabilizar la economía; y
4. Empeora la distribución del ingreso ya que se segmentan las oportunidades y se
benefician a grupos organizados y con influencia política.3
1Orrego Larraín, Claudio, “Gobernabilidad y lucha contra la corrupción”, en Carrillo Flórez, Fernando,
Democracia en déficit. Gobernabilidad y desarrollo en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de
Desarrollo, Washington, 2001, pp. 312-313.
Ibíd., p. 313.2Además del impacto sobre la inversión, el crecimiento y la desigualdad, la
corrupción afecta la legitimidad del Estado y la confianza de la sociedad en sus gobiernos4
Es una forma de abuso de poder que genera un acceso inequitativo a la riqueza y la
percepción de que la política es un negocio al servicio de los poderosos. Ello mina la
confianza en la política y reduce la legitimidad del gobierno para recaudar impuestos y
reclamar la obediencia voluntaria de sus ciudadanos.
Asimismo, genera que amplios sectores de la sociedad –principalmente aquellos con
menos recursos— sufran un proceso de mayor exclusión social y política, que los obliga a
incorporarse a los sectores informales de la actividad económica y de subsistencia y, en
ocasiones, su adscripción al crimen organizado.II.LA CORRUPCIÓN EN MÉXICOLa corrupción es, junto con la desigualdad, uno de los problemas históricos más
graves de México. El arribo de la alternancia política ha tenido poco efecto a la hora de
reducir los niveles de corrupción e incluso se observa un incremento moderado del
Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado anualmente por la
prestigiada organización Transparencia Internacional, México se ubica en la posición 100
de 183 países, con una calificación de 3.0 en una escala donde 0 es la mayor y 10 la
menor percepción de corrupción. Dicha calificación es la peor en 10 años, como se puede
apreciar en el siguiente cuadro.
Cuadro 1. Evolución del Índice de Percepción de la Corrupción en México, 2001-2011
Calificación2001
3.72002
3.62004
3.0Nota: El índice mide la percepción de corrupción en una escala del 0 al 10 en donde 0 es “muy corrupto” y el
10 es “sin corrupción”.
Fuente: Transparencia InternacionalEn el cuadro se puede observar que desde el año 2001, México ha ido
descendiendo en la clasificación, del lugar 51 hasta el 100 el año pasado. Además, de
obtener una calificación de 3.7 puntos en 2001, ha empeorado a 3 puntos en 2011.
Según el Barómetro Global sobre la Corrupción elaborado también por
Transparencia Internacional, 76 por ciento de los mexicanos manifestaron en 2010 que en
los tres años previos la corrupción había aumentado, 18 dice que era igual y sólo el 7 por
4Lozano, Juan y Valeria Merino Dinari (Comps.). La hora de la transparencia en América Latina. El manual
de anticorrupción en la función pública. Editorial Granica, Buenos Aires, Argentina, 1998, p. 37.3ciento creía que había disminuido. Más de la mitad de los mexicanos (52 por ciento)
consideraba que la lucha del gobierno en contra de la corrupción era ineficaz.
Asimismo, tres de cada diez mexicanos (31 por ciento) declararon que durante el
2010 pagaron un soborno. Según el Barómetro de las Américas, un estudio muy
prestigioso de opinión pública realizado en toda América Latina, mientras en 2004 el 38.6
por ciento de los mexicanos pensaban que la corrupción estaba muy generalizada entre
los funcionarios públicos, la cifra creció a 47.9 por ciento en 2010.
De acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP), la corrupción cuesta alrededor de 1.5 billones de pesos al año. En promedio,
según la misma fuente, las empresas destinan el diez por ciento de sus ingresos a
sobornos y “comisiones” para poder operar.5
No solo la incidencia del problema se mantiene sino que cunde la percepción de
que las políticas para combatirlo son ineficaces o de que falta voluntad política para ello.
Según Latinobarómetro, más de dos terceras partes de los mexicanos (67.4 por ciento)
consideraban en 2011 que el progreso en reducir la corrupción era poco o nulo; el 55 por
ciento pensaba que era indispensable reducir la corrupción para que la democracia
funcionara mejor.6La experiencia mexicana para combatir la corrupción, 1982-2012
En los últimos 30 años, el Estado mexicano ha desplegado diversos esfuerzos en
materia de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas, que combinados debiesen
haber propiciado menores niveles de corrupción. Sin embargo, la evidencia muestra que
esos esfuerzos han tenido poco impacto.
El primer esfuerzo de la época contemporánea inicia en 1982 bajo la administración
del Presidente Miguel de la Madrid (1982-1988), quien hizo campaña bajo el lema
“Renovación moral de la sociedad” y una de sus primeras acciones de gobierno fue la
creación de la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF), cuyo
objetivo principal era el desarrollo de controles internos en el Poder Ejecutivo. 7 Aunque se
diseñaron controles administrativos y se castigó penalmente a algunos funcionarios de la
administración anterior, no se registra un esfuerzo permanente que haya modificado la
lógica de funcionamiento del Estado mexicano.5http://www.eluniversal.com.mx/primera/39265.html
Dussauge Laguna, Mauricio I. 2010. “Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas: Avances,
Limitaciones, Pendientes y Retrocesos.” En Los Grandes Problemas de México Vol. XIII. ed. José Luis
Méndez. México: El Colegio de México, pág. 217.
64Durante la gestión del Presidente Ernesto Zedillo (1994-2000) se promulgó la Ley
de Fiscalización Superior en el 2000, creando la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
—que sustituyó a la Contaduría Mayor de Hacienda que había existido de manera
ininterrumpida desde 1824—. La ASF fue dotada de autonomía de gestión y su alcance se
extendió a los organismos autónomos y a los recursos transferidos a las entidades y
Durante la década del 2000, la Auditoría mejoró sus procedimientos, aumentó el
número de auditorías y mejoró su reputación como un organismo profesional, pero
persistió el problema central de la fiscalización en México: que las indagatorias de la ASF
raramente conducen a sanciones administrativas o penales, ya que la Secretaría de la
Función Pública o la Procuraduría General de la República —las responsables de sancionar,
respectivamente— funcionan con lentitud, han impuesto escasas sanciones y ello propicia
una alta tasa de impunidad.8
En diciembre de 2000, días después de tomar posesión, el Presidente Vicente Fox
(2000-2006) creó la Comisión para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la
Administración Pública Federal, como una comisión intersecretarial de carácter
permanente, con el objeto de coordinar las políticas y acciones para prevenir y combatir la
corrupción y fomentar la transparencia. Esa comisión fue rebautizada en 2008 bajo la
Presidencia de Felipe Calderón (2006-2012) con el nombre de Programa Nacional de
Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción, una de cuyas metas era
alcanzar una calificación de 9 en el índice de Transparencia Internacional.
En la ruta de contar con mejores leyes, en 2000 se publicaron la Ley de
Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) que establecen mecanismos
para reducir los márgenes de discrecionalidad para llevar a cabo las licitaciones y
contrataciones de obra pública.
Asimismo, en 2002 se promulgó la Ley Federal de Responsabilidades
Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP) que incluyó excepciones al secreto
bancario en casos de investigación de la situación patrimonial de los servidores públicos;
la presentación de declaraciones patrimoniales en medios electrónicos; así como otros
elementos de rendición de cuentas de la función de los servidores públicos.98Merino, Mauricio, y Michiko Aramburo. 2009. Informe sobre la evolución y el desempeño de la Auditoría
Superior de la Federación. México: CIDE y Auditoría Superior de la Federación, 16.
http://www.asf.gob.mx/uploads/47_estudios_especializados/080310att90807.pdf (28 de septiembre de
Dussauge Laguna, Op. Cit., pág. 222.5Como complemento a la LFRASP, la Secretaría de la Contraloría adquirió nuevas
facultades durante el gobierno del Presidente Vicente Fox y en 2003 fue sustituida por la
Secretaría de la Función Pública (SFP), que sumó a las responsabilidades de controles
internos, las de prevención y combate a la corrupción mediante mecanismos de
supervisión de los recursos ejercidos por los servidores públicos, que incluyen auditorías
anuales y específicas, reglas de adquisiciones y obras públicas, sanciones a los servidores
públicos y declaraciones patrimoniales.
En 2002 se promulgó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental (LTAIPG) que estableció, por regla general, la publicación de la
información del gobierno y creó el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)
como autoridad en la materia. En el mismo sentido, en 2007 se reformó al artículo 6º de
la Constitución para establecer el acceso a la información pública como derecho
constitucional y hacer obligatoria su aplicación en los ámbitos estatal y municipal.
En 2008 se aprobó la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual sienta las
bases para la homologación de los sistemas contables en el país; obliga a los estados a
formar órganos de auditoría independientes y con amplias atribuciones; y da origen a la
elaboración de presupuestos basados en resultados para vincular los recursos públicos a
indicadores estratégicos.10 Recientemente se aprobó una reforma importante a dicha ley,
para ampliar las obligaciones de los gobiernos estatales y municipales de informar sobre
En 2012 se promulgó la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas
(LFACP), que faculta a la SFP para investigar y sancionar administrativamente a las
personas físicas o morales que incurran en actos de corrupción en los tres ámbitos de la
administración pública. Se trata de la primera ocasión en que se establecen sanciones
para los particulares nacionales que en México o en el exterior induzcan actos de
Finalmente, en septiembre de 2012, el Presidente electo Enrique Peña Nieto, a
través del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Senadores, presentó una
iniciativa de reforma constitucional para ampliar las facultades del IFAI y dotarlo de
poderes de revisión de los derechos de acceso a la información tanto del Congreso Federal
y de los órganos autónomos, como de los gobiernos estatales y municipales.10Ibíd. 226.6Cuadro 2. Legislación federal en materia de control de la corrupción y rendición de
Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos (1982) / Ley Federal de
Servidores Públicos (2012)
Servicios del Sector Público (2000) / Ley de
Mismas (2000)
Administración Pública Federal (2003)
Información Pública gubernamental (2002) /
Reforma al artículo sexto constitucional (2007)
Convenciones internacionales (1997-2003)
Favoritismo
Sobornos
“Amiguismo” y “compadrazgo”
Politización de la gestión de personal
Secrecía / Asimetrías de información
Destrucción de información pública
Uso político de los recursos públicos
Cohecho en transacciones comerciales
Uso discrecional o político electoral de
Asimetrías de información / Ausencia de
rendición de cuentas
Reforma constitucional en contabilidad, gasto
público y fiscalización (2008)“Tipos de corrupción” que pretenden
limitar las normas
Conflictos de interesesFuente: Dussauge Laguna, Mauricio I. 2010. “Combate a la Corrupción y Rendición de Cuentas:
Avances, Limitaciones, Pendientes y Retrocesos.” En Los Grandes Problemas de México Vol. XIII.
ed. José Luis Méndez. México: El Colegio de México, 221.Aunque se observa una tendencia progresiva para mejorar el marco legal en el
ámbito federal, la situación en las entidades del país es disímbola. Por ejemplo, en materia
de acceso a la información los alcances de la regulación es irregular y el funcionamiento
de los institutos de transparencia también lo es. En materia de fiscalización, la
independencia de los órganos superiores varía y cuando se carece de ella la fortaleza
fiscalizadora de los Congresos es limitada. Lo mismo ocurre con las leyes de
responsabilidades de servidores públicos y aquellas que regulan las adquisiciones y la obra
Desde el punto de vista internacional, durante los últimos 15 años el Estado
mexicano ha suscrito diversas convenciones internacionales como parte de la política de
combate a la corrupción. En 1997 se adhirió a la Convención Interamericana contra la
Corrupción de la Organización de Estados Americanos (OEA), que enfatiza mecanismos de
prevención de la corrupción y la cooperación entre los países firmantes en materia de
investigación de hechos de corrupción.7Ese mismo año, el gobierno federal firmó la Convención para Combatir el Cohecho
de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). El objetivo es el
combate conjunto —de los países firmantes— al delito de cohecho en transacciones
internacionales, en particular en materia de extradición.11
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción —el último tratado
internacional para combatir la corrupción firmado en 2003— establece distintas
disposiciones a fin de promover medidas de prevención y combate a la corrupción;
promover la cooperación internacional y la asistencia técnica, así como la rendición
cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.12III.AGENCIAS DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN: DERECHO COMPARADOSegún datos de 2008, se calcula que en el mundo existen alrededor de 98 agencias
especializadas en el combate a la corrupción. Hay cuatro grandes modelos: 1) Agencias
Anticorrupción especializadas en la prevención, 2) Agencias Anticorrupción especializadas
en la aplicación de la ley, 3) Agencias Anticorrupción con facultades preventivas y poder
de aplicar la ley, y 4) Agencias Anticorrupción Híbridas.13
agencias no cuentan con poder de investigación y autoridad procesal. Sin embargo, tienen
como función sensibilizar, educar y aplicar las legislaciones y políticas administrativas
correspondientes en la materia. Este modelo es el que prevalece en países como Armenia,
Argelia, Azerbaiyán, Francia y Perú.
Agencias Anticorrupción especializadas en la aplicación de la ley.
Éstas tienen autoridad procesal, en ocasiones estructuras de investigación, y también
pequeñas unidades de prevención. Algunos países que retoman este modelo son
Sudáfrica, Bélgica, Croacia, España, Kenia, Noruega, Rumania y Vietnam. En América
Latina destaca el caso de Chile, en donde el organismo atiende la integración de
investigaciones más que de acciones de prevención.11Ibíd. 225-226.
Organización de las Naciones Unidas. 2003. Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
http://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf (28 de septiembre de 2012).
UNDP. Practitioners’ Guide: Capacity Assessment of Anti-Corruption Agencies. UNDP, Nueva York, 2011,
y OECD. Specialized Anti-Corruption Institutions: Review of Models. OECD, Paris, 2008.
aplicar la ley. El arquetipo de este modelo es representado por la Comisión
Independiente contra la Corrupción de Hong Kong y por la Oficina contra la Corrupción en
Singapur. Estas instituciones son reconocidas como referente de mejores prácticas en la
materia. Otros países que retoman este modelo son: Australia, Botswana, Indonesia,
Jordania, Letonia, Lituania, Madagascar Mongolia, Maldivas, Timor Leste y Uganda. En
América Latina siguen este modelo Colombia y parcialmente Argentina y Ecuador.
Agencias Anticorrupción Híbridas: En Georgia hay un Consejo Consultivo
y oficinas especializadas en el ámbito de procuración de justicia, y no una sola entidad que
concentre las tres funciones: prevención, educación y aplicación de la ley. Por su parte, en
Brasil el combate a la corrupción recae principalmente en la Controladoria-Geral da Uniao,
con funciones de supervisión/control y prevención; El combate a la corrupción involucra
también a otras agencias estatales, incluyendo al Ministerio Público o al ombudsman.
En el siguiente cuadro se presentan, de forma abreviada, algunos casos
paradigmáticos, en cuanto al tratamiento y esquema seguido en la constitución de la
agencia especializada de combate a la corrupción.
Cuadro3. Perspectiva comparada de los órganos anticorrupción
PaísFacultadesObservacionesHong Kong: La
contra la Corrupción.Establecida en 1974, tiene un mandato
fuerte con tres pilares: severa aplicación de
la ley, educación y prevención. Amplias
facultades de investigación que incluyen
propiedades y pasaportes.Responde a una convergencia poco
usual de factores: un compromiso
político muy alto, recursos suficientes,
apoyo popular de 98%, buena
coherente.Singapur: La Oficina
(CPIB).Establecida desde 1960 con la promulgación
de la Ley de Prevención de la Corrupción.
Se puede investigar no sólo al sospechoso,
sino a sus familiares, examinar estados
financieros, llamar a comparecer, arrestar y
catear a los sospechosos.Es especialmente severa en sus
sanciones: quien ofrezca, acepte u
obtenga un soborno puede ser multado
por hasta 100,000 dólares, sentenciado
a cinco años de prisión o ambos.Indonesia: La
Corrupción (KPK).Tiene funciones de prevención, educación,
investigación y procesos judiciales en su
mandato.En sólo cinco años, logró una tasa de
condenas de 100% en contra de
funcionarios de alto nivel en todas las
ramas del Gobierno de Indonesia.Sudáfrica: El Foro
Sudáfrica (NACF).Se integra por representantes del gobierno,
la sociedad civil y el sector empresarial (10
delegados cada uno).
Su legislación es muy precisa en su
tipificación de delitos específicos e incluye
protección e incentivos para testigos y
denunciantes.Si bien se trata de un foro consultivo y
no de una agencia especializada, esta
instancia ha promovido una notable
evolución legislativa para combatir la
corrupción en el sector público y
privado.9Australia: La
(NWS- ICAC).Tiene
prevención (mediante propuestas de política
pública) y educación.
Cuenta con independencia frente al
gobierno, sus facultades de investigación
incluyen cateos, intervenciones telefónicas,
convocar audiencias públicas y privadas y
requerir una declaración a cualquier
persona y la obligación de todos los titulares
de organismos públicos de denunciar actos
de corrupción.Georgia: Consejo de
Políticas Anticorrupción y Oficina
Anticorrupción.El Consejo está integrado por el Presidente
y once miembros, funcionarios públicos o
representantes de la sociedad civil. Su
función es monitorear el programa
anticorrupción y generar recomendaciones.
La Oficina Anticorrupción se encarga de
implementar las recomendaciones y atender
violaciones específicas a la Ley de Conflicto
de Intereses y Corrupción en el Servicio
La entidad encargada de la persecución de
delitos de corrupción es la División de
Investigación de la Procuraduría, que tiene
autonomía en su jurisdicción en la materia.Brasil: El Consejo de
Pública y Combate a
de la Unión.Chile: Unidad
Ministerio Público.La Controladoria-Geral da Uniao: creada en
2003 y reformada en 2006, tiene funciones
de supervisión/control, prevención, medidas
disciplinarias y una oficina del ombudsman
encargada de recibir, examinar y canalizar
denuncias y formular recomendaciones.
El Consejo de Transparencia Pública y
Combate a la Corrupción, adscrito a la
Contraloría, está integrado por funcionarios
de 10 entidades públicas y representantes
de 10 organizaciones de la sociedad civil.Sus funciones se aplican en el área de las
asesorías, coordinación interinstitucional,
acciones internacionales y capacitación.10Existen varias agencias anticorrupción a
nivel subnacional. A nivel nacional hay
una Comisión para la Integridad en la
Enforcement), que investiga y previene
asuntos de corrupción en las agencias
de seguridad (ministerio de justicia,
aduanas y policía).
particulares en su trato con organismos
públicos.El éxito de Georgia en el combate a la
corrupción se adjudica principalmente a
un compromiso firme por parte de los
líderes políticos y una serie de reformas
implementadas a raíz de la “Revolución
de las Rosas” (2003).Se involucra también a otras agencias
estatales, incluyendo al Ministerio
Recuperación de Activos y Cooperación
Legal Internacional del Ministerio de
Además hay una voluntad política
corrupción.Chile es el país de América Latina
menos corrupto de acuerdo al índice de
Internacional 2011.
Ministros y otros altos funcionarios han
sido multados y juzgados por actos de
corrupción gracias a la investigación la
Unidad Especializada en Anticorrupción.IV.CONTENIDO DE LA REFORMAEn nuestros grupos parlamentarios creemos firmemente que, como ha señalado el
Presidente electo, Enrique Peña Nieto, “el gobierno debe poner el ejemplo y ser el
principal promotor de prácticas que inhiban la corrupción (…) Un punto que no podemos
dejar de lado es la asignación clara de responsabilidades en todos los niveles
gubernamentales para que los funcionarios deshonestos sean sancionados y los ineficaces
sean relevados de su cargo. La rendición de cuentas tiene que ser una obligación, un
proceso cotidiano e institucionalizado en toda la administración y para todo servidor
público. Es ente sentido, un Estado eficaz es necesariamente un Estado transparente y
abierto, un Estado observado, evaluado y fiscalizado.”14
Más aún, estamos convencidos de que “para dar buenos resultados, el ejercicio de
gobierno debe perseguir en todo momento la mayor eficiencia y rentabilidad social de sus
acciones, es decir, hacer más con menos. Para ello, es necesario fortalecer a los órganos
de fiscalización, tanto federales como estatales, para vigilar el uso y destino de los
recursos, y se apliquen las sanciones correspondientes cuando se haga necesario.” 15
Sostenemos, al igual que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), que la corrupción “es consecuencia de un sistema de controles ineficaces.”16
De esta forma, concebimos a la Comisión Nacional Anticorrupción como un órgano
de carácter estrictamente técnico y profesional. Consideramos que sus metas –y por tanto
los criterios de evaluación en el desempeño de su tarea—, deben poder ser plenamente
medibles, alcanzables, relevantes, temporales y específicos.
Por tanto, proponemos una transformación integral del sistema de rendición de
cuentas, responsabilidades administrativas y combate a la corrupción en México.
En particular, la iniciativa plantea los siguientes cambios para combatir los actos de
corrupción en México:14Peña Nieto, Enrique. México, la gran esperanza. Un Estado eficaz para una democracia de resultados.
Editorial Grijalbo, México, 2011, pág. 55.
PNUD y OEA. Nuestra democracia. PNUD/OEA/FCE, México, 2010, pág. 139.111.Facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de combate a la
corrupción. Esto asegura que tanto los actos de corrupción como las
responsabilidades administrativas y penales que se deriven serán iguales en
todo el país. Además, esta disposición permitirá dar plena vigencia y efectividad
a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual México
es parte. La aplicación de dicha normativa corresponderá tanto a la Federación
como a los estados y al Distrito Federal;2.Crear la Comisión Nacional Anticorrupción como la instancia encargada de
prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en materia
administrativa cometidos por los servidores públicos de la Federación, así como
por cualquier particular, ya sea persona física o moral. Se le dotará en la Ley de
la facultad de atracción para conocer casos de los Estados y Municipios. Puesto
que esta Comisión será la responsable de determinar e imponer las
responsabilidades administrativas por actos de corrupción, resulta necesario
reformar la fracción XXIX-H del artículo 73 para eliminar la facultad que tienen
los tribunales de lo contencioso administrativo en la materia;3.Se establece que la Comisión Nacional sea autónoma y cuente con personalidad
jurídica y patrimonio propios; con esta medida se busca que dicha instancia
cuente con todos los elementos para garantizar su independencia, y que de
esta manera realice su trabajo de forma profesional e imparcial;4.Para precisar las normas de conducta y actuación que la Comisión deberá
seguir en su tarea, en esta reforma se introduce una serie de principios, que
está obligada a seguir: certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
objetividad y profesionalismo;5.La Comisión, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales, estará
también facultada para impulsar, de forma prioritaria, acciones y programas de
carácter preventivo; en especial de aquellos destinados a promover la ética y la
honestidad en el servicio público así como el estado de derecho. En este
sentido, podrá formular recomendaciones –ya sean particulares o de carácter
general— para la mejora de los procedimientos administrativos y prevenir
prácticas de corrupción;6.La Ley establecerá que la Comisión Nacional Anticorrupción podrá conocer
casos de oficio, por notificación de otros órganos del estado mexicano, a través
de demandas para asuntos de gran valor administrativo, y por Reportes
Ciudadanos para casos donde los ciudadanos sean victimizados por actos de
corrupción en trámites menores;127.En estos casos, la Ley establecerá el mecanismo para el registro de los
Reportes Ciudadanos, su verificación y su publicación en un mapa electrónico
de acceso libre y permanente. La Comisión remitirá los casos a las autoridades
competentes y si su magnitud o relevancia lo ameritan podrá pedir mayor
información sobre el caso o atraerlos para investigar y, en su caso, sancionar
directamente;8.En la Ley se preverá que la Comisión Nacional Anticorrupción no estará
impedida para hacer sus investigaciones por el secreto bancario, fiduciario y
fiscal. Asimismo, se protegerá la integridad de las personas que denuncian, se
promoverán la colaboración y los eventos simulados, y se penalizaran las
demandas frívolas;9.La Comisión Nacional Anticorrupción se integrará por cinco comisionados los
cuales durarán en su encargo siete años, improrrogables;10. La Comisión contará con un comisionado Presidente, el cual desempeñará dicha
función por un periodo de cuatro años, improrrogables, y deberá rendir un
informe anual ante el Consejo Nacional por la Ética Pública;
11. La renovación de los comisionados se realizará de forma escalonada; para
asegurar la continuidad de los trabajos así como la “memoria institucional” y
garantizar su plena independencia de autoridad o partido político alguno; para
tal efecto, el nombramiento de los primeros comisionados se realizará en
periodos de tiempo diferentes, según se dispone en un artículo transitorio
especialmente destinado a este fin;
12. En cuanto al sistema de designación de los comisionados, se propone que éstos
sean nombrados por el Presidente de la República, pero el Senado –o la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, cuando éste no se encuentre
reunido— podrán objetar la designación por dos terceras partes de sus
miembros presentes, dentro de los primeros treinta días después de la fecha del
13. También se propone un régimen de incompatibilidades para que los
comisionados –durante su encargo— no puedan ocupar otro empleo o comisión,
salvo aquellos de carácter académico o científico sin percibir remuneración
alguna. Para garantizar la plena autonomía e independencia de los
comisionados, éstos sólo podrán ser removidos por las causas graves
establecidas en la ley;1314. Las sanciones impuestas por la Comisión Nacional Anticorrupción podrán ser
recurridas en amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito
especializados que para este propósito establezca el Poder Judicial de la
Federación. El procedimiento sancionador que establezca la Ley Federal
Anticorrupción deberá ser diseñado como un procedimiento en forma de juicio
con todas las garantías del debido proceso. La Ley determinará el procedimiento
sanciones, las cuales pueden consistir en
amonestaciones públicas, amonestaciones privadas, multas personales (no con
cargo al erario público), suspensión, destitución, dar vista al Congreso de la
Unión para Juicio Político y realizar recomendaciones de inhabilitación al
Congreso Estatal según corresponda;
15. La Ley también preverá que cuando las investigaciones se encuentren en curso,
la información que posea la Comisión será reservada hasta que la investigación
concluya. En casos de interés nacional y respecto a los cuales ya exista
información pública, la Comisión podrá comunicar a la opinión pública los
avances de la investigación;
16. Se faculta a la Comisión Nacional para que pueda interponer controversias
constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, en los términos establecidos
en el artículo 105 de la Constitución Política; la intención es que dicha Comisión
pueda defender su esfera de competencias de posibles injerencias indebidas de
otras órganos –ya sean federales o estatales— así como denunciar la posible
inconstitucionalidad de una norma –ya sea una ley de carácter federal, estatal y
del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el
Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República—, pero restringido
a su ámbito de competencia: es decir, relacionados exclusivamente con el
17. En caso de que la Comisión encuentre actos presumiblemente constitutivos de
delito deberá dar vista al Ministerio Público –ya sea federal o estatal—, y podrá
actuar como una instancia coadyuvante. También se prevé que en los casos de
corrupción las responsabilidades no prescribirán en un plazo inferior a cinco
18. Se contempla que se establezca claramente en la normativa penal federal los
delitos relativos a actos de corrupción, previéndose asimismo la posibilidad del
directa o indirectamente como resultado de la comisión de dichos delitos;1419. Con el objetivo de fortalecer la rendición de cuentas, se establecen las bases
para que la Comisión coordine sus acciones con la entidad superior de
fiscalización establecida en el artículo 79 constitucional; con esta medida se
busca corregir algunos efectos de la fragmentación del sistema de fiscalización y
rendición de cuentas, y fortalecer todo el esquema de prevención y combate a la
20. Se propone la creación del Consejo Nacional por la Ética Pública, como un
órgano de carácter interinstitucional encargado de promover acciones para
fortalecer el comportamiento ético de la sociedad y coordinar las instancias de
gobierno encargadas de prevenir y combatir la corrupción en toda la República;
21. Este Consejo será presidido por el Ejecutivo Federal e integrará a ciudadanos
que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de
cuentas y el combate a la corrupción. La Ley determinará sus atribuciones,
funcionamiento e integración;
22. Se propone que dicho Consejo Nacional por la Ética Pública también esté
integrado por el Presidente del Senado, el Presidente de la Cámara de
Diputados, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el
Presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción (Secretario Técnico), el
Secretario de Gobernación, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, el
Procurador General de la República, el Secretario de Educación Pública, los 31
Gobernadores y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Auditor Superior de
la Federación y el Presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y
23. Se establece la obligación de que los Estados y el Distrito Federal establezcan
sus propias comisiones especializadas en el combate a la corrupción, de carácter
colegiado, con plena autonomía y personalidad jurídica y patrimonio propios; y
24. Las comisiones anticorrupción de las entidades federativas contarán con las
atribuciones que disponga la Ley Federal Anticorrupción, así como las normas de
carácter estatal respectivas.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en
el proemio, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Senadores del H.
Congreso de la Unión el presente15DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 22, 73, 79, 105, 107,
109, 113, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS.ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 22 de la
No se considerará confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea
decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial
para el pago de la responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco se
considerará confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en
caso de delitos de corrupción en los términos del artículo 113 de esta
Constitución, la aplicación en favor del Estado de bienes asegurados que causen
abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquello bienes cuyo
dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá
un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción XXIX-H y se adiciona la fracción
XXIX-R del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para
XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contenciosoadministrativo, dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, y que tengan
a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración
pública federal y los particulares, estableciendo las normas para su
organización, su funcionamiento, los procedimientos y los recursos contra sus
XXIX-R. Para expedir leyes en materia de combate a la corrupción, así
como sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional Anticorrupción.
XXX. (…)16ARTÍCULO TERCERO.- Se adiciona el párrafo segundo de la fracción IV del
artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose en
su orden el siguiente, para quedar como sigue:
La Ley establecerá las bases para la coordinación con la Comisión
(…)ARTÍCULO CUARTO.- Se adiciona con un inciso l) a la fracción I y con un inciso
h) a la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Artículo 105.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los
términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
l) La Comisión Nacional Anticorrupción y la Federación, un Estado o el
Distrito Federal sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones
generales.17(…)
h) La Comisión Nacional Anticorrupción, en contra de leyes de carácter
relacionados con el combate a la corrupción.
III. (…)ARTÍCULO QUINTO.- Se reforma la fracción V del artículo 107 de la Constitución
V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos, o resoluciones que pongan fin al
juicio, o al procedimiento sancionador de la Comisión Nacional Anticorrupción,
se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la
ley, en los casos siguientes:
b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias
definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, dictadas por tribunales administrativos o
judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal, o
resoluciones definitivas del procedimiento sancionador de la Comisión Nacional
VI a XVIII. (…)18ARTÍCULO SEXTO.- Se reforma y adiciona la fracción III del artículo 109 de la
III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u
observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores
públicos determinarán sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u
omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para
aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán
en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas
que deberán tomar en consideración los daños y perjuicios patrimoniales
causados. En el caso de corrupción, la sanción económica deberá establecerse
de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable. En
ningún caso estas sanciones podrán exceder de tres tantos los beneficios
obtenidos o los daños y perjuicios causados.
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se
desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta
sanciones de la misma naturaleza.
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la
presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la Cámara de
Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se refiere el
La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su
actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los
particulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una
indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan
las leyes.ARTÍCULO SÉPTIMO.- Se reforma y adiciona el artículo 113 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:19Artículo 113.- El Congreso de la Unión expedirá la Ley Federal
Anticorrupción. La aplicación de esta ley corresponderá a la Federación, los
Estados y el Distrito Federal, en los términos que establezca la misma.
A. La Comisión Nacional Anticorrupción es el órgano encargado de
prevenir, investigar y sancionar, en la vía administrativa, los actos de
corrupción cometidos por los servidores públicos de la Federación, y en vía de
atracción, de Estados y Municipios, así como por cualquier persona física o
moral involucrada en tales actos o que resulte beneficiada por los mismos.
La Comisión desarrollará programas y acciones para difundir y promover
la ética y la honestidad en el servicio público así como la cultura de la legalidad.
Igualmente podrá emitir recomendaciones particulares o de carácter general
orientadas a mejorar los procedimientos administrativos y prevenir las
La Comisión Nacional Anticorrupción es un organismo público autónomo,
con personalidad jurídica y patrimonio propios. En su funcionamiento, se rige
por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,
objetividad y profesionalismo. Se integrará por cuatro comisionados y un
comisionado presidente, designados por el Ejecutivo Federal. La Cámara de
Senadores podrá objetar dichos nombramientos por dos terceras partes
presentes dentro de los siguientes treinta días naturales. Si no hubiere objeción
dentro de dicho plazo, quedará ratificada la designación. En caso de objeción, el
Ejecutivo Federal hará una nueva designación. Si ésta también fuera objetada
dentro del mismo plazo antes señalado, el Ejecutivo Federal designará
Cuando el Senado no se encuentre reunido, la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión podrá objetar el nombramiento de los comisionados,
siguiendo el procedimiento del párrafo anterior.
Los comisionados durarán en su encargo siete años improrrogables y
tendrán los requisitos que establezca la ley. Durante el tiempo que dure su
encargo no podrán ocupar ningún otro empleo, cargo o comisión, salvo en
asociaciones científicas, docentes, literarias, de beneficencia u otras no
La Comisión será presidida por un comisionado quien durará en su
encargo cuatro años no renovables. El comisionado Presidente deberá rendir un
informe anual ante el Consejo Nacional por la Ética Pública.20Las sanciones impuestas por la Comisión podrán ser recurridas, vía
amparo directo, ante los Tribunales Colegiados de Circuito especializados que
establezca el Poder Judicial de la Federación.
Cuando en sus indagaciones, la Comisión encuentre actos
presumiblemente constitutivos de delito dará vista al Ministerio Público, y
estará facultada para coadyuvar en la investigación.
En los casos de corrupción las responsabilidades no prescribirán en un
plazo inferior a cinco años.
Toda autoridad y servidor público está obligado a prestar auxilio a la
Comisión y a sus representantes para el buen desempeño de sus funciones.
Los Estados y el Distrito Federal establecerán comisiones anticorrupción,
quienes serán competentes para la aplicación de la Ley Federal Anticorrupción,
en los términos que la misma establezca.
B. El Consejo Nacional por la Ética Pública es el órgano interinstitucional
encargado de promover acciones para fortalecer el comportamiento ético de la
sociedad y coordinar las instancias de gobierno encargadas de prevenir y
combatir la corrupción en toda la República.
La ley determinará sus atribuciones, funcionamiento e integración.
Deberá ser presidido por el Ejecutivo Federal e incluir a ciudadanos que se
hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas
o el combate a la corrupción.
C. La ley penal federal establecerá los delitos de corrupción y sus
respectivas penas, que incluirán en su caso el decomiso y la privación de la
propiedad de los bienes que se hayan adquirido directa o indirectamente como
resultado de la comisión de los mismos.ARTÍCULO OCTAVO.- Se adiciona la fracción VIII al artículo 116 de la
I a VII. (…)21VIII. Las Constituciones de los Estados establecerán organismos
colegiados y especializados en materia de combate a la corrupción, con plena
autonomía y personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con las
facultades que establezca la Ley Federal Anticorrupción.ARTÍCULO NOVENO.- Se adiciona un inciso ñ, recorriéndose en su orden los
subsecuentes, a la fracción V, de la Base Primera del artículo 122 de la Constitución
C.(…)BASE PRIMERA (…)
ñ) Establecer un organismo colegiado y especializado en materia de
combate a la corrupción, con plena autonomía, y personalidad jurídica y
patrimonio propio; el cual contará con las facultades que establezca la Ley
Federal Anticorrupción.
D a H. (…)22ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su
Artículo segundo.- El Congreso de la Unión contará con un plazo de ciento veinte
días contados a partir de la publicación del presente Decreto en el Diario Oficial de la
Federación, para expedir la Ley Federal Anticorrupción, las reformas a la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación y demás reformas a la legislación secundaria.
Artículo tercero.- Para asegurar la renovación escalonada de los comisionados,
los primeros nombramientos se realizarán por los periodos siguientes:
I.Dos nombramientos por un periodo de tres años, renovables por única ocasión
por un periodo de siete años adicionales;II. Dos nombramientos por un periodo de cinco años no renovables; y
El Ejecutivo Federal deberá determinar el periodo que corresponda a cada uno de
los comisionados, así como el nombramiento del Comisionado que presidirá la Comisión
por los primeros cuatro años.
Los nombramientos deberán realizarse en un plazo máximo de sesenta días
naturales a partir de la publicación de la Ley Federal Anticorrupción en el Diario Oficial de
Artículo cuarto.- La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, al aprobar el
Presupuesto de Egresos de la Federación, deberá asignar una partida presupuestal
suficiente para la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción.
Artículo quinto.- Los Estados y el Distrito Federal deberán establecer los
organismos autónomos a que se refiere el presente Decreto y llevar a cabo las reformas
necesarias en la legislación secundaria, en materia de responsabilidades administrativas,
en un plazo no mayor a un año, a partir de la entrada en vigor de la Ley Federal
Artículo sexto.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el
presente Decreto.23Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 15 días del mes
de noviembre del año dos mil doce.Senadores del Grupo Parlamentario del
Partido Revolucionario InstitucionalSenadores del Grupo Parlamentario del
Partido Verde Ecologista de MéxicoSenador Emilio Gamboa PatrónSenador Jorge Emilio González MartínezCoordinador delCoordinador delGrupo Parlamentario del PRIGrupo Parlamentario del PVEMHOJA DE FIRMAS DE LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 22, 73, 79, 105, 107,
109, 113, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE PRESENTAN LAS SENADORAS Y LOS
SENADORES INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA24INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA LOS ARTÍCULOS 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113, 116 Y 122 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS QUE PRESENTAN LAS SENADORAS Y LOS SENADORES INTEGRANTES
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO DEL
SENADO DE LA REPÚBLICASen. Roberto
GleasonArmandoAlboresSen. Ivonne Liliana Álvarez GarcíaSen. Angélica del Rosario Araujo
LaraSen. Ricardo Barroso AgramontSen. Jesús Casillas RomeroSen. Raúl Cervantes AndradeSen. Blanca María del Socorro Alcalá
RuizSen. Daniel Amador GaxiolaSen. Joel Ayala AlmeidaSen. Enrique Burgos GarcíaSen. Manuel Cavazos LermaSen. Miguel Ángel Chico Herrera25INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y
ADICIONA LOS ARTÍCULOS 22, 73, 79, 105, 107, 109, 113,
116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS QUE PRESENTAN LAS SENADORAS Y
INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE
MÉXICO DEL SENADO DE LA REPÚBLICASen.
JiménezHumbertoCotaSen. Omar Fayad MenesesSen. Hilda Esthela Flores EscaleraSen. María Cristina Díaz SalazarSen. Braulio
AguirreManuelFernándezSen. Margarita Flores SánchezSen. Ernesto Gándara CamouSen. Diva Hadamira Gastelum BajoSen. Arely Gómez González26INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y
MÉXICO DEL SENADO DE LA REPÚBLICASen. Félix Arturo González CantoSen. Marcela Guerra CastilloSen. Lisbeth Hernández LeconaSen. Ana Lilia Herrera AnzaLdoSen. René Juárez CisnerosSen. Isaías González CuevasSen. Ismael Hernández DerasSen. Juana Leticia Herrera AleSen. Aarón Irizar LópezSen. Patricio Martínez García27INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6°, 73, 76, 78, 89, 105, 110,
111, 116 Y 122 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS
SENADORAS Y SENADORES INTEGRANTES DE LOS GRUPOS
MÉXICO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.Sen. Lilia Guadalupe Merodio RezaSen. José
BárcenasAscenciónOrihuelaSen. Claudia Artemiza Pavlovich
ArellanoSen. Eviel Pérez MagañaSen. Raúl Aarón Pozos LanzSen. Humberto
CanabalSen.ArmandoDomingoMayansNeyraChávezSen. Graciela Ortíz GonzálezSen. David Penchyna GrubSen. María del Rocío Pineda GochiSen. Mely Romero Celis28INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
MÉXICO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA.Sen. Itzel Sarahí Ríos de la MoraSen. Carlos RomeroSen.DeschampsSen. Óscar Román Rosas GonzálezSen. Gerardo Sánchez GarcíaSen. Teófilo Torres CorzoSen. José Francisco Yunes ZorrillaMiguelRomoMedinaSen. María Lucero Saldaña PérezSen. Alejandro Tello CristernaSen. Héctor Yunes LandaSen. Arturo Zamora Jiménez29INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 6°, 73, 76, 78, 89, 105, 110, 111, 116 Y 122 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE PRESENTAN SENADORAS Y SENADORES INTEGRANTES DE LOS
GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO DEL
SENADO DE LA REPÚBLICA.Sen. Pablo Escudero MoralesSen. María Elena Barrera TapiaSen. Juan Gerardo Flores RamírezSen. Luis Armando Melgar BravoSen. Carlos Alberto Puente SalasSen. Ninfa Salinas Sada30All pages:123456789101112131415161718192021222324252627282930InfoSaveLikeShareDownloadMoreIniciativa por la que se crea la comisión nacional anticorrupción Published on Nov 15, 2012 Iniciativa íntegralasillarotaFollowAdvertisementRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore

References: artículo 71
 artículo 55
 artículo 164
 artículo 6
 artículo 73
 artículo 105
 artículo 79
 artículo 22
 artículo 113
 artículo 73

artículo 79
 artículo 105

Artículo 105
 artículo 107
 artículo 109
 artículo 113
 artículo 116
 artículo 122