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Timestamp: 2019-02-22 23:22:44+00:00

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﻿ SENTENCIA C-130 DE MARZO 19 DE 1997
SENTENCIA C-130 DE 19 DE MARZO DE 1997
CONTENIDO:DECLARA INEXEQUIBLE EL DECRETO 89 DEL 15 DE ENERO DE 1997 "POR EL CUAL SE EXPIDEN NORMAS SOBRE EL IMPUESTO DE TIMBRE."
TEMAS ESPECÍFICOS:BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO DE TIMBRE, ELEMENTOS DEL IMPUESTO DE TIMBRE, AGENTE RETENEDOR DEL IMPUESTO DE TIMBRE, IMPUESTO DE TIMBRE, CAUSACIÓN DEL IMPUESTO DE TIMBRE, HECHO GENERADOR DEL IMPUESTO DE TIMBRE, ACTUACIÓN GRAVADA CON IMPUESTO DE TIMBRE, AJUSTE DEL IMPUESTO DE TIMBRE
Sentencia C-130 de marzo 19 de 1997
Ref.: Expediente R.E. 091
Revisión constitucional del Decreto 089 del 15 de enero de 1997 “por el cual se expiden normas sobre el impuesto de timbre”.
Santafé de Bogotá, D.C., marzo 19 de 1997.
EXTRACTOS: «V. Fundamento jurídico. Competencia. 1. Conforme a los artículos 215 y 241 ordinal 7º de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad del Decreto 089 del 15 de enero de 1997 “por el cual se expiden normas sobre el impuesto de timbre”, por tratarse de la revisión de un decreto legislativo dictado en ejercicio de las facultades que al Presidente de la República le confiere el artículo 215 de la Constitución.
La declaración de inexequibilidad del Decreto 80 del 13 de enero de 1997 y la inconstitucionalidad consecuencial del decreto bajo revisión
2. Por medio de la Sentencia C-122 de 1997, la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del Decreto 80 del 13 de enero de 1997, por medio del cual el Presidente de la República decretó el estado de emergencia económica y social. La sentencia en mención genera la inexequibilidad de los decretos legislativos dictados por el gobierno con fundamento en el artículo 215 de la Constitución, pues el gobierno, como consecuencia de la declaración de inexequibilidad del Decreto 080 de 1997 perdió, las facultades a que se refiere el inciso segundo del artículo 215 de la Constitución. Por ello, al declararse la inexequibilidad del Decreto 80 del 13 de enero de 1997, por el cual se declaró la emergencia económica y social, el Decreto 89 del 15 de enero de 1997. “Por el cual se expiden normas sobre el impuesto de timbre”, expedido en desarrollo de aquél resulta igualmente inexequible. Se trata, tal y como esta Corporación lo ha señalado, “de una inconstitucionalidad por consecuencia, es decir, del decaimiento de los decretos posteriores a raíz de la desaparición sobreviniente de la norma que permitía al jefe del Estado asumir y ejercer las atribuciones extraordinarias previstas en la Constitución(1)”. En consecuencia, se declarará la inexequibilidad del decreto bajo revisión.
(1) Sentencia C-88/95. Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo.
Improcedencia de la unidad normativa
3. Según uno de los intervinientes, la Corte debería efectuar unidad normativa y estudiar no sólo el decreto bajo revisión sino también la constitucionalidad material de la totalidad artículo 519 del estatuto tributario, ya que esa norma ha sido cuestionada en virtud de que no define claramente la base del impuesto al timbre, con lo cual se violaría el principio de legalidad tributario. Sin embargo, esa petición no es procedente por las siguientes razones. De un lado, el decreto examinado no se refiere a la base tributaria sino a la tarifa, la cual incrementa en medio punto porcentual, y ese es el aspecto que corresponde a esta Corporación estudiar en la revisión automática de ese decreto legislativo. De otro lado, conforme a la jurisprudencia de esta corporación, una vez declarada la inexequibilidad del decreto que declara un estado de excepción, la “Corte Constitucional no puede entrar en el análisis de forma y fondo de cada uno de los decretos legislativos expedidos, pues todos carecen de causa jurídica y son inconstitucionales por ello, independientemente de que las normas que las consagran, consideradas en sí mismas, pudieran o no avenirse a la Constitución”(2). Esto es así, por cuanto la inexequibilidad del decreto legislativo revive la disposición originaria modificada, sin que en principio corresponda a la Corte, pronunciarse sobre ella, pues se trata de una norma distinta, no sólo por su fuente formal de validez sino también por su contenido material.
(2) Sentencia C-488/95. Magistrado Ponente José Gregorio Hernández Galindo.
Efectos hacia el futuro del fallo
4. Finalmente, conforme a lo resuelto en la Sentencia C-122 de marzo 12 de 1997 y al artículo 16 del Decreto 2067 de 1991, por razones de seguridad jurídica, se resolverá que la presente decisión tiene efectos a partir del día siguiente de la notificación de la sentencia que declaró la inexequibilidad del Decreto 080 de 1997. “Por medio del cual se declara el estado de emergencia económica y social”, y por ende no procede la devolución de los impuestos que fueron causados durante la vigencia del decreto.
1. Declarar INEXEQUIBLE el Decreto 089 del 15 de enero de 1997 “Por el cual se expiden normas sobre el impuesto de timbre”.
2. La presente decisión sólo produce efectos a partir del día siguiente a la notificación de la Sentencia C-122 de marzo 12 de 1997, la cual declaró inexequible el Decreto 80 de 1997 “Por medio del cual se declara el estado de emergencia económica y social”.
A la primera de tales preguntas, creo yo, ha debido responderse negativamente pues a nadie se oculta que las medidas adoptadas al amparo del estado de emergencia perdieron toda base jurídica desde el momento en que se declaró la inexequibilidad del decreto principal, es decir, desde ese instante cayeron en la inconstitucionalidad. Aunque todavía tal decisión no se ha notificado por edicto en los términos del artículo 16 del Decreto 2067 de 1991, su adopción es un hecho notorio que nadie ignora en el país y, por si fuera poco, el Presidente de la República se notificó del fallo por conducta concluyente cuando en Cartagena, el día 13 de marzo, formuló irrespetuosas críticas a la providencia y anunció públicamente su propuesta de reformar la Constitución para quitar a la Corte la facultad que dio base al pronunciamiento que no gustó al ejecutivo.
Me pregunto lo que, a juicio de la Corte, ocurrirá cuando, ya notificado formalmente y con toda solemnidad el fallo C-122 del 12 de marzo, relativo al Decreto 80 de 1997, y sin haber resuelto todavía la corporación sobre los decretos cuyo examen constitucional sigue en turno, deba ella definir a partir de cuándo dejan de tener efecto y obligatoriedad. ¿Las medidas correspondientes, después de tal notificación y aunque todavía no hay fallo de mérito específico sobre cada una de ellas, quedan privadas de sus efectos desde antes de las respectivas sentencias? ¿O, por el contrario, siguen produciendo efectos? ¿Los fallos que declaren inexequibles esos decretos después de la notificación de la primera sentencia, surtirán efecto retroactivo al 12 de marzo? ¿Qué aplicabilidad tienen las medidas en el interregno? ¿Habría lugar a devoluciones de impuestos por lo pagado en ese lapso?

References: artículo 215
 artículo 215
 artículo 215
 artículo 519
 artículo 16
 artículo 16