Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/1306
Timestamp: 2020-02-18 00:48:57+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 100/1989
SENTENCIA 100/1989, de 5 de junio
ECLI:ES:TC:1989:100
En el recurso de amparo núm. 1.301/1987, interpuesto por don Simeón Miguel Peguera, que comparece por sí, en su calidad de Licenciado en Derecho, contra la Resolución del Gobierno Civil de Lérida de 27 de diciembre de 1985, relativa a jubilación del recurrente. Han sido parte el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado, siendo Ponente el Magistrado don José Luis de los Mozos y de los Mozos, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Con fecha 10 de octubre de 1987 se registró en este Tribunal un escrito mediante el cual don Simeón Miguel Peguera, compareciendo por sí, en su condición de Licenciado en Derecho, interpuso recurso de amparo constitucional en relación con la Resolución dictada por el Gobierno Civil de Lérida el 27 de diciembre de 1985, confirmada por otra del mismo órgano de 20 de noviembre de 1986 y definitivamente ratificada, se dice, por Sentencia de la Audiencia Territorial de Barcelona de 9 de septiembre de 1987. Los hechos que se exponen en la demanda de amparo, en síntesis, son los siguientes:
6. La Sección, por providencia de 1 de febrero de 1988, acordando incorporar a las actuaciones los precedentes escritos, admite a trámite la demanda de amparo presentada por don Simeón Miguel Peguera contra la Resolución del Gobierno Civil de Lérida, que dispone su jubilación, teniendo por parte actora a mencionado recurrente con el que se entenderán las sucesivas diligencias, mandando se dé cumplimiento a lo dispuesto en el art. 51 de la LOTC y, en su virtud, recabando de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Territorial de Barcelona remisión de las actuaciones correspondientes y, asimismo, del Gobierno Civil de Lérida, con los emplazamientos pertinentes.
10. Por providencia de 17 de abril de 1989 la Sala Segunda de este Tribunal ha acordado incorporar a las actuaciones los escritos de referencia en los dos últimos antecedentes, señalando para deliberación y votación del presente recurso de amparo el 5 de junio próximo y nombrando Ponente al Magistrado don José Luis de los Mozos y de los Mozos.
1. El recurrente de amparo, don Simeón Miguel Peguera, ingresa como funcionario en la Escala Técnica Administrativa del Ministerio de la Gobernación en 15 de abril de 1944, y después de unos años de servicio activo que no precisa en su demanda ni en los otros escritos de alegaciones, se acoge a la excedencia voluntaria. En esta situación permanece hasta que, una vez cumplidos los sesenta años de edad, reingresa en el servicio activo, integrado en el Cuerpo General Técnico de la Administración Civil del Estado por Orden de la Presidencia del Gobierno de 31 de enero de 1979, y pasando a prestar sus servicios, en 12 de mano de 1979, en el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, en Lérida. Posteriormente, como consecuencia de la aplicación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, queda como jubilado forzoso por razón de edad, en virtud de Resolución dictada por el Gobierno Civil de Lérida de 27 de diciembre de 1985, con efectos de 31 de diciembre del mismo año.
Pero dejando para más adelante el pronunciarnos sobre este extremo y, para estar en condiciones de hacerlo, hay que tener en cuenta otros pormenores que, en modo alguno, en el presente caso, pueden ignorarse. Nos referimos a que la Resolución impugnada citada hace aplicación, al declararle jubilado en los términos indicados, del art. 33 y de la disposición transitoria novena de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Por otra parte, la resolución desestimando el recurso de reposición dice en su considerando segundo que «el art. 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, establece que la jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad, y que la disposición transitoria novena de esta misma Ley establece unos plazos para la entrada en vigor de tal jubilación a los sesenta y cinco años, indicando concretamente el apartado e) que en 31 de diciembre de 1985 se jubilaran los funcionarios que tengan cumplidos los sesenta y seis años, los que hizo don Simeón Miguel Peguera el 25 de enero de 1985». Añadiendo en los considerandos tercero y cuarto, respectivamente, que la resolución por declarar la jubilación forzosa no vulnera ningún derecho constitucional y que tampoco causa perjuicio a los intereses económicos de los afectados, habida cuenta las previsiones contenidas en la propia Ley y en otras disposiciones. En una línea parecida, se manifiesta, también, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Territorial de Barcelona, de 9 de septiembre de 1987, desestimando el recurso interpuesto por el recurrente, al declarar, en su fundamento primero, que tanto la edad de jubilación, como el derecho a la pensión en una proporción determinada, no tienen el carácter de «derechos adquiridos» como pretende el recurrente.
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Simeón Miguel Peguera.
Type and record number Recurso de amparo 1301-1987
Contra Resolución del Gobierno Civil de Lérida ratificada por Sentencia de la Audiencia Territorial de Barcelona, relativa a jubilación del recurrente.
El tema de los derechos adquiridos constituye una cuestión de legalidad ordinaria en el proceso de sucesión de las normas jurídicas en su vigencia en el tiempo, de modo que, sólo de acuerdo con la fuerza vinculante de las normas jurídicas y con sus posibilidades de configuración de la realidad que se toman como presupuestos de aplicación de las mismas, se puede hablar de verdaderos «derechos adquiridos». [F.J. 4]
Disposición transitoria novena, ff. 3, 4
Disposición transitoria novena, apartado 1 e), f. 3
Derechos adquiridosDerechos adquiridos, ff. 3, 4

References: Resolución 
 Resolución 
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