Source: http://institutoprocesalpenal.blogspot.com/2010/05/
Timestamp: 2017-04-27 16:50:38+00:00

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((•)) Escucha esta entrada 28 de mayo de 2010
Un nuevo capítulo se escribió ayer en la ya remanida historia de las "rateadas menducas". Esta vez la Justicia dio su veredicto y fue bastante contundente: ordenó a Facebook el "cese de los grupos creados o a crearse" por menores de edad, en los que se promueva la polémica sin cola.
El fallo firmado por el juez mendocino Alfredo Dantiacq Sánchez sería el primer caso en el país donde la Justicia marca restricciones en el manejo de las redes sociales. Ver texto completo >>
((•)) Escucha esta entrada 27 de mayo de 2010
Santa Fé: Un recurso insólito La vuelta de los fantasmas del pasado… Los abajo firmantes, jueces, fiscales, defensores oficiales y particulares y catedráticos de Derecho Penal y Procesal Penal de Universidades nacionales y privadas de todo el país, hemos tomado conocimiento, por las publicaciones digitales de los medios de prensa de la provincia de Santa Fé, que el Procurador General, Agustín Bassó ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad para que el Tribunal Superior declare la inconstitucionalidad de la ley 13.013 (Ministerio Público de la Acusación), sancionada recientemente, por unanimidad de sus miembros, por la Legislatura de Santa Fé. También asevera el señor Procurador en el texto de su demanda (lo que resulta curioso puesto que en el Ver texto completo >>
((•)) Escucha esta entrada 21 de mayo de 2010
La nueva reforma al código de procedimientos penales de la Provincia (Ley 14.128), incorpora un nuevo inciso al artículo 59 (Facultades del Agente Fiscal), el cual habilita al representante del Ministerio Público a controlar que el Juez o Tribunal que intervenga en el caso, den curso a las comunicaciones a los Registros Nacional de Reincidencia y Registro Único de Antecedentes provincial. Tanto el incumplimiento de los requeridos como también la falta de control por el fiscal, constituyen falta grave. II.- Obligatoriedad de la audiencia preliminar del 168 bis
Se agrega al final, punto seguido a la posibilidad de solicitarse la audiencia cada ocho meses, la mención de que "...en estos casos, cuando cualquiera de la partes solicitare audiencia para el tratamiento de la prisión preventiva, la misma será obligatoria." Entendemos que cuando la redacción del articulo refiere al "tratamiento" de la prisión preventiva, el legislador alude a la posibilidad de plantear por cualquiera de las partes, toda medida que implique variar la situación procesal del imputado con prisión preventiva firme: su cese por desaparición de las condiciones que la determinaron (art. 147); su atenuación por medida menos gravosa (art. 163 y cctes); su reinstauración por caducidad de las libertades provisionales concedidas (art.167) o su mantenimiento por haber sido denegado un pedido excarcelatorio (art. 169). La obligatoriedad del juez o tribunal de disponer la audiencia solicitada y convocar a las partes una vez fijada la fecha, incluye entonces como "tratamiento" de la prisión preventiva lo concerniente a su cese, su atenuación, reinstauración y/o mantenimiento, e incluso su dictado por vez primera, aunque no haya existido una audiencia anterior, ya que a pesar que el nuevo agregado del artículo supone al menos y por hipótesis legal, transcurrido un plazo de 8 meses (contados desde la anterior audiencia celebrada, para la reiteración del pedido), lo cierto es que la primera parte del artículo ya conminaba al magistrado a su celebración: "...a pedido de parte...el Juez de Garantías fijará audiencia, debiendo notificarse la misma con cuarenta y ocho horas de anticipación..." (primer párrafo, art. 168 bis)
Sin embargo, la aparentemente clara redacción del agregado, que simplemente remite a los citados artículos del código penal, dejará surgir un inconveniente materia de futuras interpretaciones divergentes: ¿podrá aumentarse la escala penal al evaluarse la procedencia del beneficio, aún cuando el agravante del uso de armas de fuego ya se encuentre contemplada como elemento constitutivo o calificante del delito de que se trate (art. 41 bis in fine del C.Penal)? La sóla existencia de armas de fuego en un caso, como elemento típico del delito o circunstancia agravante, normalmente es considerada para la calificación legal que adelanta el Fiscal o establece el Magistrado al resolver sobre la existencia del hecho y su encaje jurídico: en ningún caso podría volver a computarse tal circunstancia (como tipificante o agravante) a la hora de resolverse sobre la excarcelación (sumándose al cálculo de la mensuración de la pena esperable, el de la agravante genérica), cuando tal extremo ya habrá sido considerado y analizado en la decisión previa que resolvió la situación procesal e impuso la cautelar, teniendo en cuentra entre otras cosas, el delito y sus particulares circunstancias. No puede haber doble cómputo en tal sentido.
Pero el citado artículo 41 bis, entendido en su total extensión, no sólo ofrece pautas de mensuración de pena, además nos indica pautas de calificación (propios del derecho sustancial en general), estableciendo cuándo considerar o no la circunstancia agravante (uso de arma de fuego), cosa que escapa a la previsión de cálculo (medida de pena esperable) que propone la norma del art. 169 del código ritual. IV.- Conclusiones
Esta nueva y polémica reforma, criticada por diversas ONG por resultar un claro golpe de timón dirigido a focalizar la persecución criminal en determinado espectro social y tipo de delitos, la que técnicamente no deja de ser un nuevo "parche" asistemático, si no peca por imprecisa, lo hace por sobreabundante. La obligatoriedad de la audiencia preliminar para el Juez, cuando responde al tratamiento de la prisión preventiva, es bienvenida en cuanto logra reafirmar el mismo carácter que ya tenía la misma cuando era solicitada por alguna de las partes, a tenor de lo establecido en el primer párrafo del artículo 168 bis, teniéndose en cuenta que en algún otro momento de su vigencia, la norma decía "podrá" en vez de "fijará".
El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, sancionan con fuerza de Ley ARTÍCULO 1°. Agrégase como inciso 7 del artículo 59 de la Ley Nº 11.922 y modificatorias el siguiente: Ver texto completo >>
((•)) Escucha esta entrada 19 de mayo de 2010
XVI CONFERENCIA NACIONAL DE ABOGADOS. BICENTENARIO 1810-2010. ABOGADOS: A PENSAR EL PAÍS.
CONCLUSIONESCOMISIÓN Iª- TEMAS: LA ABOGACÍA FRENTE A LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
DRES. FERNANDO DÍAZ CANTÓN ESTELA SACRISTÁN
El aporte de los abogados intervinientes en la revolución de mayo de 1810, ayudó a la conformación institucional de la republica argentina desde sus nacientes. La participación activa de los abogados en la vida institucional del país, ha sido importante y protagónica en la recuperación del estado de derecho, la supervivencia del sistema federal, y el avance en la defensa de los derechos humanos y sociales.
El ejercicio honesto de la abogacía nos obliga a transformarnos en custodios de la institucionalidad del país; y la defensa del programa constitucional, y de las libertades, derechos y garantías que lo aseguran. Esta tarea inacabada solo será posible con la creación de nuevos institutos que permitan la evolución y concreción de los llamados derechos de tercera generación, procurando alcanzar la equidad social necesaria para un vivir digno. Para procurar la concreción de dichos objetivos, los abogados debemos apoyarnos en una exigente formación interdisciplinaria. Esa formación lleva a valorar desde lo jurídico en la era de la informática los conocimientos de ciencias tan complejas como la economía, la sociología, las neurociencias, entre otras. La comisión recomienda para ello que los colegios de abogados instrumenten la capacitación constante de sus matriculados y que el instituto de estudios legislativos (I.D.E.L.) de la F.A.C.A. coordine, facilite y organice la educación y la investigación al respecto. También desafía a los matriculados a comprometerse en dicha capacitación y en la investigación a los efectos de devolver a la sociedad una parte de lo que han recibido de ella como universitarios. También aconseja una correcta representación del cuerpo legislativo de los representantes del pueblo y que obliga a respetar la correlación demográfica presente y esto lleva a tener que modificar el número de representantes en relación con la ciudadanía representada, corrigiendo las desviaciones actuales.
Debe respetarse el principio de reserva de ley en materia tributaria y evitarse delegaciones prohibidas constitucionalmente. Es el Congreso, el único poder del estado con facultades para establecer los tributos cualquiera fuera su especie y más allá del nomen iuris que se les asignen. Tal principio abarca a todos los elementos del tributo. Es tarea del poder legislativo realizar una nueva construcción impositiva basada en la realidad geográfica, económica, social y tecnológica del país teniendo en cuenta en especial los intereses de las regiones más necesitadas. Llevando a cabo una adecuada, ágil, equitativa y moderna redistribución de dichos ingresos impositivos a lo largo y a lo ancho de toda la republica y eliminando la práctica ilegitima de imposición de retenciones y cargos distorsivos por parte de la administración central en desmedro del principio de reserva de ley y de las administraciones provinciales. En dicho contexto la abogacía asume el compromiso de abogar en la defensa del acceso igualitario a la salud, al agua y demás servicios básicos, a la educación, a la administración de justicia y a un medio ambiente sano para toda la población de la república argentina. El logro de estos objetivos de mínima, nos permitirán ahondar en la adecuación del concepto histórico del federalismo constitucional avanzando a un federalismo propio de este siglo XXI y los siglos venideros; permitiendo a la sociedad crecer en la propuesta federal, dentro del estado de derecho. Debe propenderse al logro de sistemas de administración de justicia más ágiles, adaptando los procedimientos judiciales a los avances tecnológicos y tendiendo a la aplicación de las normas internacionales de derechos humanos y sociales asegurando el derecho de defensa en todas las etapas del proceso e inclusive en la de ejecución de sentencia. La lucha por el acceso irrestricto a la justicia debe ser profundizada, cuando la marginalización social alcanza cada vez a mayores sectores de la población.
Debe implementarse el sistema procesal penal acusatorio pleno en los códigos de procedimientos penales de toda la republica, debiendo procurar los medios para que constitucionalmente y/o legislativamente, se acreciente la participación ciudadana mediante la implementación del juicio por jurados, con su debida reglamentación y garantizando la fuente de financiación del mismo para su efectiva puesta en practica. No podemos por otra parte dejar de considerar la mayor asignatura pendiente que le queda a nuestra última etapa de vida democrática, tan costosamente lograda, que es la enorme deuda social, que de no subsanarse o remediarse, amenaza incluso al Estado Social de Derecho consagrado constitucionalmente. Tenemos que afrontar con valentía y franqueza su solución, ya que es imposible aspirar a una calidad de vida sustentable, si no solucionamos las graves desigualdades sociales que tienden a profundizarse cada vez con mayor gravedad.
((•)) Escucha esta entrada 16 de mayo de 2010
((•)) Escucha esta entrada 14 de mayo de 2010
Debido al tiempo que nos llevó la presentación del tema principal convocante (las audiencias del debate), oportunidad en que se suscitaron distintas inquietudes y preguntas por parte de los asistentes, y siendo además que era de interés realizar al menos un simulacro de audiencia tipo, quedaron pendientes de tratar las otras audiencias que, tentativamente, fueron programadas para la fecha, a saber, las audiencias en los recursos de apelación y casación. Por la misma razón, tampoco nos quedó demasiado tiempo para la realización de la simulación de la audiencia del debate, con el despliegue de los distintos roles principales, en forma actuada, cada uno con su parte del "libreto", oportunidad en que -conforme el caso ejemplo tomado- debieran haberse actuado las declaraciones de los testigos, el imputado, el personal policial, etc. No obstante ello, a pesar de no haberse concretado este objetivo práctico del rol playing, creemos que con el "simulacro del simulacro" logramos alcanzar otras metas: aún con la mínima disposición práctica de los roles de acusador y defensa, se efectuaron y resaltaron -en la propia forma metódica y con las pausas que nos propone el proceso-, cada uno de los consejos y aspectos que deben tenerse en cuenta durante el desarrollo de las principales intervenciones de las partes en toda audiencia. La propia complejidad del juicio oral, con la presencia de todos los actores al mismo tiempo y con las pruebas inmediatamente a la vista, hace necesario no sólo el conocimiento especial de la normativa aplicable, la doctrina y jurisprudencia del caso: exige del litigante, sea cual fuere su función (defensor, acusador, particular damnificado, actor civil, etc.) un mínimo de preparación técnica para afrontar la praxis del contradictorio, capacitación que va más allá de la erudicción o la improvisación retórica.
Creemos haber alcanzado, al menos, despertar el interés por esta nueva disciplina, una nueva forma de encarar y prepararnos en materia de audiencias en el proceso penal (o en todo proceso), enfocadas éstas desde su denominador común, más allá de las particularidades normativas propias que diferencian a cada instituto, más allá de elucidar en el caso traído como ejemplo, si era robo o tentativa (propios de un taller de Derecho Penal), poniéndose más bien el acento en la audiencia en sí misma, sea cual fuere la cuestión planteada y ventilada en cada oportunidad procesal no escrita. 0
((•)) Escucha esta entrada 11 de mayo de 2010
QUIERO HECERLES SABER QUE PERSONALMENTE ESTOY CONSUSTANCIADO Y TRABAJANDO CON LA LISTA Nº 1 QUE LLEVA COMO CANDIDATO A PRESIDENTE, AL DR. JORGE BARBERIS. ESTE COMPROMISO QUE ASUMO, LO HAGO EN LA EXPERIENCIA PRÁCTICA DE QUIEN ME OFRECIÓ HACE DOS AÑOS EL CARGO DE DIRECTOR, SIN PREGUNTARME A QUÉ AGRUPACIÓN POLÍTICA PERTENECÍA.
ES MÁS, ESTE INSTITUTO SE HA CARACTERIZADO HISTÓRICAMENTE POR DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES PRESCINDIENDO DE ESTAS CUESTIONES, TENIENDO SIEMPRE COMO NORTE, EL SERVICIO AL MATRICULADO. EN ESTE LAPSO DE TIEMPO QUE LO DIRIJO, RECONOZCO HABER ENCONTRADO EL APOYO DE LA ACTUAL CONDUCCIÓN DEL COLEGIO PARA DESARROLLAR CON TOTAL LIBERTAD MIS FUNCIONES.
ES ASI, QUE HAN PASADO POR ESTE INSTITUTO MÁS DE VEINTE FUNCIONARIOS, ENTRE FISCALES, JUECES, CAMARISTAS Y OTROS DE ESTE DEPARTAMENTO JUDICIAL, PARA COMPARTIR CHARLAS, TALLERES Y CONFERENCIAS, SIN PREGUNTARME, “NI SUGERIME” NOMBRES AL MOMENTO DE LAS INVITACIONES. TAMBIÉN HEMOS ENCONTRADO EL APOYO Y EL SOSTENIMIENTO ECONÓMICO PARA PARTICIPAR EN CONGRESOS NACIONALES E INTERNACIONES LIGADOS CON NUESTRA MATERIA, COMO ASÍ TAMBIEN EN LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS. ADEMÁS, Y ES ESPECIAL DE RESTALTAR, EL APOYO RECIBIDO DE LA MESA DIRECTIVA DEL COLEGIO, RESPECTO DEL PROYECTO (HOY CON TRATAMIENTO MINISTERIAL Y CON DESPACHO FAVORABLE), DE INSTALAR EN LA UNIDAD Nº 39 DE ITUZAINGÓ, UNA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ESCUELAS. ESTAS Y OTRAS ACTIVIDADES, FUERON REALIZADAS CON ESTA CONDUCCIÓN DEL COLEGIO, NO DUDO QUE OTRAS LISTAS TENGAN LAS MISMAS GANAS DE TRABAJAR POR LOS MATRICULADOS, PERO ESTA ES NUESTRA REALIDAD, YA LA EXPERIMENTAMOS, ES POR ELLO QUE APOYO LA LISTA 1, POR SER EL CAMINO PROBADO DE LA REALIZACIÓN DE NUESTRAS UTOPÍAS.
((•)) Escucha esta entrada Jornadas de Capacidad y Responsabilidad Penal Juvenil - UB
((•)) Escucha esta entrada 10 de mayo de 2010
LA FORMULA DE LA RESTRICCION DE DERECHOS Y GARANTIAS: UN NUEVO PASO HACIA LA CONDENA NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES La Provincia de Buenos Aires termina de sancionar una nueva reforma al Código Procesal Penal (la decimoséptima reforma operada en los doce años de vigencia del código), destinada a obstaculizar en general el derecho de los imputados a transitar el proceso en libertad, y particularmente a impedir las excarcelaciones de aquellos individuos sospechados de haber cometido delitos mediante el empleo de armas de fuego o la intervención de personas menores de dieciocho años de edad. La fórmula que impulsa el Poder Ejecutivo provincial es recurrente y apela al método de intentar neutralizar la delincuencia callejera más torpe (la integrada por los sectores excluidos de la sociedad) mediante el adelantamiento de penas sin juicio, como en esencia se trata la prisión preventiva. La reforma adoptada se encuentra destinada al fracaso, ya que lejos de contribuir al pretendido fin de disminuir los niveles de inseguridad ciudadana, agudizará las causas profundas que la provocan (la aludida exclusión social, los desequilibrios y desigualdades, la acentuación de la violencia estructural, etcétera) y colocará a la provincia de Buenos Aires a las puertas de seguras condenas por incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia de derechos civiles y políticos. En 2005 (caso “Verbitsky”), la Corte Suprema de Justicia, ante una situación muy similar a la que se presenta en la actualidad (reforma legislativa destinada a impedir las excarcelaciones o morigeraciones a la prisión preventiva y agudo cuadro de superpoblación carcelaria), exhortó a los poderes públicos provinciales para que adecuara su legislación procesal penal en materia de prisión preventiva y excarcelaciones a los estándares constitucionales e internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en su Informe 35/07 del 1 de mayo de 2007 que la regla debe ser la libertad del imputado durante el proceso y que solo excepcionalmente puede ser retenido bajo el régimen de la prisión preventiva. “69. En virtud del principio de inocencia, en el marco de un proceso penal, el imputado debe permanecer en libertad, como regla general” y “70… es aceptado que el Estado, sólo como excepción y bajo determinadas condiciones, está facultado para detener provisionalmente a una persona durante un proceso judicial aún inconcluso”. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció el 30 de octubre de 2008 en el caso “Bayarri vs. Argentina”, reiterando lo sostenido en numerosos precedentes similares (“Acosta Calderón vs. Ecuador”, “Suárez Rosero vs. Ecuador”, entre muchos otros), reafirmando que “la prisión preventiva es la medida más severa que se puede aplicar a una persona acusada de un delito, por lo cual su aplicación debe tener carácter excepcional, limitado por el principio de legalidad, la presunción de inocencia, la necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con lo que es estrictamente necesario en una sociedad democrática” No existe duda alguna que tanto el más alto tribunal de la República, como los organismos interamericanos de protección de los derechos humanos han establecido que resulta incompatible con la Constitución nacional y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos el empleo indiscriminado de la prisión preventiva, no obstante lo cual, en un accionar absolutamente irresponsable y desaprensivo, la provincia de Buenos Aires insiste en desoír esos mandatos y desafiar al estado de derecho, repitiendo las fracasadas experiencias que hace una década impulsaran Carlos Ruckauf, Jorge Casanovas y Aldo Rico. La profundización de reformas legislativas de esta índole contribuirá a agudizar el gravísimo cuadro carcelario de la provincia de Buenos Aires, que ya sin esta nueva modificación restrictiva de derechos y garantías, se encuentra en una situación similar a la que motivase el pronunciamiento de la Corte federal en el caso “Verbitsky”, que actualmente se encuentra a resolución de la Corte provincial ante la denuncia formulada por el CELS por incumplimiento del estado bonaerense de lo resuelto en ese fallo. En resumidas cuentas, se torna incomprensible el proceder de las máximas autoridades bonaerenses, de persistir en procedimientos transitados con anterioridad, caracterizados por la ausencia de resultados, y que muy por el contrario, arrojaron como saldo masivas violaciones a los más elementales derechos y garantías reconocidos por el orden democrático. 5 de mayo de 2010 0
((•)) Escucha esta entrada 8 de mayo de 2010
El próximo lunes 10 de Mayo, conforme el cronograma publicado, tendrá lugar en salon principal de nuestro Colegio, la segunda jornada en la que se realizará el Taller sobre Audiencias en el Proceso Penal, oportunidad en la que se habrá de realizar una breve exposición introductoria de los lineamientos generales de las audiencias del debate, a cargo de nuestro Director del Instituto Dr. Juan A. Navarro, para luego y seguidamente, dar comienzo al prometido simulacro de juicio, oportunidad en la que contaremos con la presencia destacada del sr. Juez del Tribunal Oral nº2 de Morón, Dr. Osvaldo Cedarri, acompañado por el Sr. Fiscal de Juicio Dr. Walter Leguizamo. En la ocasión se pretende como objetivo primario del taller práctico, lograr una clara ilustración a través del despliegue de roles actuados, acerca de las distintas vicisitudes que se pueden presentar en el transcurso de las audiencias que conforman la etapa del proceso conocida como Juicio Oral o Debate. Más allá de hacer incapié en los extremos técnico-normativos del caso puesto como ejemplo, la idea primordial es que los asistentes tomen contacto directo -aunque mas no sea a traves de esta simulación teatralizada- con las formas de desplegarse utilizadas para cada uno de los roles, llamándose la atención de los asistentes acerca de cómo el fiscal presentará su caso, si preferirá leer su requisitoria de elevación o ensayar algún lineamiento en forma libre; cómo habrán de intervenir cada uno de los vocales del Tribunal; cuál será el desempeño del abogado defensor, cómo se desarrollan cada una de las incidencias en el fragor del vertiginoso proceso, llevado en esta etapa procesal a la velocidad de la oralidad actuada.
((•)) Escucha esta entrada 4 de mayo de 2010
Respetándose el cronograma de la convocatoria hecha a los colegas en general, en el primer encuentro práctico expusieron como disertantes el Sr.Director del Instituto Dr. Juan A.Navarro, y el Dr. Luis Del Valle Moreno, ocasión en la que se aportó la experiencia práctica en materia de Reconocimiento en Rueda de Personas, diligencia señalada como una de las primeras oportunidades de actuación "oralizada" del abogado defensor, fuera de lo que es su actuación con la presentación de escritos. A renglón seguido, se abrió paso al tema de la audiencia del art. 308 del CPPBA, audiencia que a pesar de estar "gobernada" en la generalidad de los casos por el Agente Fiscal, nuestro código local -a diferencia del nacional- garantiza la bilateralidad, el contradictorio y la inmediatez de las partes, posibilitando incluso la efectiva presencia del tercero imparcial con la asistencia eventual -a solicitud de parte- del Juez de Garantías, lo cual como nos ilustró el Sr. Director, no sucede en la práctica salvo casos de excepción. Destacamos asimismo la atinada comparación con el código nacional, donde el art. 295 autoriza la celebración del acto aún sin la presencia del defensor.
Por su parte, el profesor Dr. Luis Moreno tuvo a cargo -pizarrón mediante- la exposición introductoria al tema de las distintas audiencias que se sudeden dentro del proceso especial de flagrancia, ilustrándonos didácticamente sobre la audiencia de detención, para luego exponer sobre la mal llamada audiencia de "excarcelación" o audiencia multipropósito, donde además de plantearse aquella incidencia, suelen introducirse otras cuestiones que el mismo código habilita, (atenuación de la coerción, cese, denegación), habiéndose hecho además el paralelo con la misma audiencia que se celebra en el proceso común. Reforzando el carácter "práctico" del encuentro, los asistentes formularon las distintas preguntas o inquietudes e incluso intercambiando experiencias personales, finalizando la esposición del Dr. Moreno -fiel a su estilo catedrático- con dos preguntas formuladas a los asistentes para discutir en el próximo encuentro: ¿Puede el Juez de Garantías otorgar la excarcelación de oficio e inaudita parte, antes de celebración de la audiencia coordinada por la OGA? ¿Puede declarar de oficio alguna nulidad previo a la celebración de la audiencia multipropósito?
((•)) Escucha esta entrada 3 de mayo de 2010
Han culminado satisfactoriamente el miércoles 28 de abril pasado, las jornadas sobre medidas cautelares coordinadas por este Instituto, en las que contamos con la destacada presencia del Dr. Gerardo Di Masi, Fiscal en lo Criminal y Correccional Federal, oportunidad en la que el estimado colega y funcionario, supo explayarse en torno a la temática de la fecha, ocasión en la que expuso -entre otros temas- sobre los diversos puntos relativos a la excarcelación, en el ámbito de la Justicia nacional. Queda hecho nuestro infinito agradecimiento al destacado expositor, quien tuvo la gentileza de dedicarnos tiempo de su agenda y haberse acercado hasta la sede de nuestra casa a estos fines, sorteando dificultades y cumpliendo acabadamente con lo prometido. Desde ya descontamos por parte de los asistentes y especialmente en nombre de los miembros del Instituto, que las jornadas celebradas han alcanzado sobradamente los objetivos propuestos, siendo de interés destacar que es nuestro anhelo que en lo sucesivo se repitan, por lo cual seguramente en un futuro no muy lejano -si las circunstancias lo permiten- habremos de invitar a nuestro querido colega y amigo Dr. Di Masi a la exposición y discusión de algún nuevo eje convocante, propio de nuestra materia.

References: artículo 59
in fine
 artículo 41
 artículo 168
 ARTÍCULO 1
 artículo 59
 resolución