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Timestamp: 2020-07-13 14:46:12+00:00

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﻿ SENTENCIA 2008-00229/43662 DE MAYO 24 DE 2017
SENTENCIA 2008-00229 DE 24 DE MAYO DE 2017
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN EL MARCO DE UNA ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. LA INVESTIGACIÓN PENAL CULMINÓ CON RESOLUCIÓN DE PRECLUSIÓN, EL CONSEJO DE ESTADO ENCONTRÓ QUE EL FUNDAMENTO DE LA PRECLUSIÓN FUE QUE NO SE COMETIÓ EL DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO, YA QUE DEL MATERIAL PROBATORIO NO PODÍA CONCLUIRSE QUE PORTABA UNA LICENCIA DE CONDUCCIÓN FALSIFICADA, POR LO TANTO CONDENÓ A LA NACIÓN POR LOS PERJUICIOS QUE RESULTARON DE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD..
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, DOCUMENTO FALSO, UTILIZACIÓN DE DOCUMENTO FALSO, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, LICENCIA DE TRÁNSITO
Sentencia 2008-00229/43662 de mayo 24 de 2017
Proceso número: 20001-23-31-000-2008-00229-01(43662)
Demandante: Juan de Jesús Apolinar y otros
Demandada: Nación-Fiscalía General de la Nación y otro
10. Como dentro de la controversia está una entidad pública, la Nación (artículos 82 y 149 del Código Contencioso Administrativo), el conocimiento de la misma corresponde a esta jurisdicción, siendo esta Corporación la competente para conocer del presente asunto, toda vez que el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 2 del Decreto 597 de 1988 y modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, le asigna el conocimiento en segunda instancia, entre otros asuntos, de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por parte de los tribunales administrativos(2), la que para el caso se restringe a aquellos puntos desfavorables a la parte recurrente, de conformidad con lo establecido en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil.
11. De otro lado, el artículo 86: del Código Contencioso Administrativo prescribe que la reparación directa constituye la acción procedente para buscar la declaratoria de responsabilidad extracontractual de la entidad demandada, como consecuencia de los hechos descritos en la demanda(3).
12. Asimismo, se advierte que la decisión de darle prelación al presente caso, obedece. a lo acordado por la Sala Plena de la Sección .Tercera de esta Corporación el pasado 25 de abril de 2013, ocasión en la que se decidió que los expedientes que están para fallo en relación con daños causados por privaciones injustas de la libertad —entre otros temas—, pueden decidirse por las Subsecciones, sin sujeción al turno.
13. Toda vez que el señor Juan Apolinar fue el afectado directo con la actuación de la Nación, este se encuentran legitimado por activa para reclamar los perjuicios que puedan derivarse de la privación de su libertad. Asimismo, los demás actores se encuentran legitimados por encontrarse demostrados sus lazos de parentesco consanguíneo con el citado demandante(4).
13.1. Por su parte, la señora Luzmila del Carmen Hernández Chima acreditó estar legitimada en la causa por activa dado que demostró ser la compañera permanente de Juan Apolinar, de conformidad con los testimonios de Carlos Serrano —vecino del actor— (fl. 100 a 104, c. ppal 1) y Margarita Vásquez — amiga del demandante— (fi. 123 y 124, c. ppal 1), que así lo refirieron.
14. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva, se constata que el daño que se invoca en la demanda proviene de actuaciones y decisiones que corresponden a la Nación-Fiscalía General de la Nación, de manera que se encuentra legitimada en el asunto de la referencia. Sobre la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional no se estudiará su legitimación, pues en virtud del acuerdo conciliatorio- logrado la primera instancia, el proceso terminó para esa autoridad y la Sial la no podría pronunciarse sobre ningún aspecto que sobre ella recaiga —infra párrs. 16. Y 17.—
15. Teniendo en cuenta que la resolución del 10 de agosto de 2007 de la Fiscalía Octava Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Valledupar, que precluyó la investigación a favor del demandante, quedó ejecutoriada el 21 de agosto de 2007 (fl. 278, c. ppal 1), y la demanda se presentó el 14 de noviembre de 2007 (fl. 43, c. ppal 1), fuerza concluir que lo fue en el bienio prescrito en el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativos(5).
16. Previo a formular el problema jurídico, la Sala advierte que en el sub lite, luego de proferido el fallo en la primera instancia, el a quo citó a la audiencia de que trata el artículo 70 de la Ley 1395 de 2010, en ésta la parte demandante y la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional lograron un acuerdo conciliatorio respecto a la condena que le correspondía asumir a esa autoridad, el que fue aprobación por el Tribunal con auto del 24 de noviembre de 2011 (fls. 337 a 340, c. ppal 2), así:
Es de anotar que en la aludida sentencia se condenó solidariamente a la Nación (Fiscalía General de la Nación y Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional), pero en el acta de conciliación judicial de 21 de julio de 2011, los demandantes conciliaron con la Nación (Ministerio de Defensa-Policía Nacional) por el 70% del 50% de la condena impuesta en primera instancia, desistiendo de esta manera de cualquier otro cobro contra esta entidad. Por lo que el recurso de apelación será concedido en lo que tiene que ver con la demandada Nación (Fiscalía General de la Nación).
PRIMERO: Aprobar la conciliación parcial lograda entre los demandantes y la Nación (Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional), en la audiencia celebrada en este Tribunal el día 211de julo de 2011, la cual hace tránsito a cosa juzgada, de conformidad con lo establecido en el artículo 66 de la Ley 446 de 1998.
SEGUNDO: Declárase terminado el proceso entre los demandantes y la Nación (Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional).
17. Así, en virtud de que en el caso concreto se logró un acuerdo de conciliación parcial, a la Sala solo le corresponde resolver en esta instancia lo atinente a la declaratoria de responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación.
18. Asimismo, se precisa que la Fiscalía General de la Nación pretendió complementar su apelación cuando alegó de conclusión, para que se estudiara la culpa exclusiva de un tercero como causal eximente de responsabilidad, así como la disminución de la condena por concepto de perjuicios morales y materiales. Sin embargo, la Sala no tendrá en cuenta los argumentos complementarios, pues la oportunidad para sustentar la alzada es ante el a quo, como lo prescribe el artículo 212(6) del Código Contencioso Administrativo, norma vigente al momento de presentación del recurso.
19. En ese orden, corresponde a la: Sala determinar si la privación de la libertad que soportó el señor Juan Apolinar como consecuencia de la investigación penal seguida en su contra por el delito uso de documento falso y que culminó con resolución de preclusión de la investigación, constituye una detención injusta imputable a la Nación.
20. Precisa referir que los documentos allegados por las partes lo fueron dentro de la oportunidad pertinente, en original y en copia auténtica. Además, frente a las pruebas trasladadas de la investigación penal (c. 1), la Sala debe señalar. que fueron pedidas por la parte demandante (fl. 41, c. ppal 1) sin que en momento alguno se solicitara la ratificación de las mismas. En consecuencia, teniendo en cuenta que las partes tuvieron pleno conocimiento de esas actuaciones y no formularon reparos frente a las mismas, se valorarán en esta instancia sin otra consideración, claro está, con las limitaciones que la Sección ha establecido para este tipo de pruebas(7).
21. Así las cosas, con el fin de abordar integralmente la problemática que supone el recurso de apelación interpuesto, la Sala analizará la demostración del daño, toda vez que se trata del primer elemento que debe dilucidarse para establecer la responsabilidad extracontractual del Estado(8), de manera que, resuelto el tema relativo a la afectación de los intereses del demandante, se entrará a estudiar la imputación.
22. En el sub lite, el daño alegado por el demandante se concretó en la afectación a su derecho de libertad, durante el tiempo que estuvo privado del mismo, en el marco de la investigación penal como presunto autor del delito de uso de documento falso, en la cual fue capturado y recluido en un establecimiento penitenciario.
23. Ahora, sobre el periodo de privación, a diferencia de lo sostenido en la alzada, la Sala, con fundamento en las pruebas, advierte que, según quedó reseñado en el oficio por el cual se dejó a disposición de la Fiscalía al demandante (fi. 1, c. 1) y en el acta de derechos del capturado (fl. 2, c. 1), el actor fue privado de su libertad el 2 de agosto de 2007. Igualmente, conforme al acta de compromiso por él firmada al salir de la cárcel de Valledupar (fl. 26, c. 1), recuperó su libertad el 10 de agosto de 2007.
24. Así pues, la Sala encuentra acreditado que el demandante estuvo privado de su libertad entre el 2 y el 10 de agosto de 2007, esto es, por nueve (9) días.
25. En cuanto a la imputación del daño a la Administración, es pertinente poner de presente que la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que este, puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación(9):
En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte rajones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos “títulos de imputación” como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.
En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que, rigen la materia de la responsabilidad extra contractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia.
26. En ese orden, de conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tienen que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede —en cada caso concreto— válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.
27. Ahora, el título de imputación privilegiado para casos como el presente es la “privación injusta de la libertad” bajo un régimen objetivo de responsabilidad. No obstante, como ya se dijo, ello no es óbice para que en el sub judice, si las condiciones fácticas y jurídicas lo ameritan, resulte aplicable el régimen subjetivo, cuando el mismo se encuentre acreditado.
28. Sobre el título de imputación en comento, debe recordarse, que la Corte Constitucional, al revisar el proyecto de la Ley 270 de 1996, en sentencia C-37 de 1 96, condicionó la declaratoria de exequibilidad del que sería el artículo 68, así:
Este artículo, en principio, no merece objeción alguna, pues su fundamento constitucional se encuentra en los artículos 6o, 28, 29 y 90 de la Carta. Con todo, conviene aclarar que el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria. Si ello no fuese así, entonces se estaría permitiendo que en todos los casos en que una persona: fuese privada de su libertad y considerase en forma subjetiva, aún de mala fe, que su detención es injusta, procedería en forma automática la reparación de los perjuicios, con grave lesión para el patrimonio de Estado, que es el común de todos los asociados. Por el contrario, la aplicabilidad de la norma que se examina y la consecuente declaración; de la responsabilidad estatal a propósito de la administración de justicia, debe contemplarse dentro de los parámetros fijados y teniendo siempre en consideración el análisis razonable y proporcionado de las circunstancias en que se ha producido la detención (...) Bajo estas condiciones, el artículo se declarará exequible.
29. Así, la Sala ha considerado(10) que si bien el artículo 68 de la Ley 270 de 1996 se refiere a la responsabilidad patrimonial del Estado en los eventos en los cuales la actuación de cualquiera de sus ramas u órganos hubiera sido “abiertamente arbitraria”, dicha disposición no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Constitución para derivar el derecho a la reparación cuando los daños provienen de una actuación legítima del Estado, adelantada en ejercicio de la actividad judicial, pero que causa daños antijurídicos a las personas, en tanto, estos no tengan el deber jurídico de soportarlos, como sucede con todos aquellos daños que sufren las personas que son privadas de la libertad durante una investigación penal, a pesar de no haber cometido ningún hecho punible, siempre que la víctima no haya actuado con dolo o culpa grave.
30. Adicionalmente, debe advertirse que el artículo 414(11) del Decreto 2700 de 1991, preveía que la responsabilidad estatal debía ser declarada cuando se dictara una sentencia absolutoria o su equivalente —preclusión de investigación o .cesación del procedimiento—, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de un hecho punible.
31. La disposición en comento quedó derogada el 24 de julio de 2001, al entrar a regir la Ley 600 de 2000. No obstante, como lo ha recordado anteriormente la Subsección(12), los supuestos del artículo en cita se derivan directamente del artículo 90 de la Constitución Política, de modo que la entrada en vigencia de la Ley 600 de 2000 o bien de la Ley 906. de 2004(13) no inhiben su aplicación, pues las circunstancias señaladas en dicho canon continúan vigentes .por expresa orden constitucional, por ende el reparo anotado en la apelación, no tiene vocación de prosperidad.
32. Así, a más de los supuestos previstos en el artículo 414 del Decreto 2700 el de 1991, es posible declarar la responsabilidad del Estado bajo un régimen objetivo por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada autoridad competente frente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, del principio in dubío pro réo como lo precisó la Sala Plena dela Sección Tercera(14).
33. Por su parte, en cuanto a la exoneración de responsabilidad de la entidad demandada, cabe decir que aquella se dará cuando se demuestre que existió un hecho exclusivo de la víctima por dolo o culpa grave.
34. Así las cosas, la Sala, a fin de establecer si la privación del demandante es imputable a la Nación, debe precisar si la preclusión de la investigación se enmarca en alguno de los supuestos antes señalados, para ello se estudiará las circunstancias que rodearon la investigación, el fundamento de la preclusión y la culpa exclusiva de la víctima como eximente de responsabilidad.
35. En ese orden, frente a la imputación del daño irrogado a la parte actora, se destacan los siguientes hechos de la investigación penal:
35.1. El 2.de agosto de 2007, según quedó consignado en el oficio No. 1778 de la Seccional de Tránsito y Transporte del departamento del Cesar (fl. 1, c.1), el demandante presentó su licencia de conducción a agentes de la Policía Nacional en un puesto de control en la vía que de Valledupar conduce a Bosconia, quienes verificaron los datos en el Registro Único Nacional de Tránsito del Ministerio de Transporte y se percataron de la inconsistencia en la categoría autorizada para conducción, pues el sistema indicaba que era de quinta y en el documento aparecía de sexta.
35.2. El 3 de agosto de 2007, la Fiscalía ordenó la apertura de la instrucción en contra del demandante por el delito de uso de documento falso, así como escucharlo en indagatoria y la práctica de una inspección judicial sobre la licencia de conducción (fl. 7, c. 1). Adicionalmente, le libró boleta de encarcelación para que permaneciera recluido en la cárcel de Valledupar (fl. 11, c. 1):
35.3. En la fecha, el actor, sin la gravedad de juramento, aseguró que el trámite de su licencia se efectuó en la Secretaría de Tránsito y Transporte de Sincelejo y que siempre ha tenido autorizada la sexta categoría para conducción, pues su oficio de conductor de camiones, así se lo exige. Además, solicitó al ente investigador se comunicara con un exfuncionario del extinto Instituto Nacional de Transporte y Tránsito - Infra para verificar la autenticidad del documento en cita (fls. 8 a 10, c. 1).
35.4. El 10 de agosto de 2007, un técnico profesional en documentología de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía Nacional presentó un dictamen pericial sobre la autenticidad de la licencia de conducción, donde consignó que “se logró establecer que en su soporte no se observa vestigio alguno de alteración por los sistemas de borrado, raspado, adición, superposición o sustracción de materia” (fl. 20, c. 1), asimismo, una vez comparada la licencia .con una original, se pudo constatar “múltiples concordancias entre una y otra en cuanto a características de seguridad se refiere, tales como: microtextos, lámina holográfica, reacción ultravioleta” (fl. 20, c. 1).
35.5. Ese día, la Fiscalía, con fundamento en el dictamen pericial, decidió prelucir la investigación a favor del actor, por cuanto este no había cometido el delito de uso de documento falso, el que él portaba era genuino (fas. 22 a 25,c. 1).
36. Por lo anterior, advierte la Sala que el fundamento de la preclusión se debió a que el demandante no cometió la conducta punible. En efecto, del material probatorio no podía concluirse que el demandante portaba una licencia de conducción falsificada y el esfuerzo probatorio de la Fiscalía para comprobar lo contrario había sido insuficiente para desvirtuar su presunción de inocencia. En esa medida, se concluye que su situación quedó subsumida en una de las causales del artículo 414 del Decreto 2700 de procedente imputar el daño a la Nación bajo un régimen objetivo por privación injusta de la libertad, por tanto, no es necesario verificar la existencia de una falla en la prestación del servicio, como se adujo en la apelación.
37. Así, para la Sala está acreditado que el demandante estuvo privado de la libertad, con motivo de una investigación que culminó con resolución de preclusión a su favor, pues no se logró acreditar que cometió la conducta punible. Por tanto, como resulta aplicable el régimen objetivo de responsabilidad, la Nación solo puede eximirse por culpa exclusiva de la víctima, en los términos del artículo 70(15) de la Ley 270 de 1996.
38. En ese orden, la Sala debe estudiar si en el presente asunto se configuró la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad, pues de ser así se impone revocar el fallo de primera instancia que accedió a las pretensiones(16).
39. Bajo esa línea, se tiene que el análisis de la conducta de la víctima no desconoce la preclusión que en materia penal se le dictó a su favor, pues en esta instancia no se hace un reproche de la culpabilidad desde la óptica penal, sino que se estudia la actuación del demandante desde la noción de culpa grave o dolo, como causal eximente de responsabilidad con fundamento en los cánones que para ello trae el derecho civil.
40. En efecto, el artículo 63(17) del Código Civil dispone unos criterios orientadores para entender el dolo y la culpa, los que han sido desarrollados por esta Sala en sentencia del 18 de febrero de 2010(18). Del dolo, en aquella oportunidad, se precisó:
[El dolo, debe entenderse por tal, aquella conducta realizada por el autor con la intención de. generar un daño a una persona o a su patrimonio, o en otra concepción, un comportamiento antijurídico, habiéndoselo representado y adecuado a sus posibilidades, con el fin unívoco de obtener un resultado dañino deseado.
Así pues, dentro de los aspectos integrantes del dolo, nuestra doctrina ha mencionado que “deben estar presentes dos aspectos fundamentales, uno de carácter intelectivo o cognoscitivo y otro de naturaleza volitiva; o en palabras más elementales, para gire una persona se le pueda imputar un hecho a título de dolo es necesario que sepa algo y quiera algo; que es lo que debe saber y qué debe querer...”(19) , de donde los dos aspectos resultan fundamentales, pues el volitivo es el querer la conducta dañina y el cognitivo le entrega al autor aquellos elementos necesarios para desarrollar la conducta de manera tal que logre u obtenga el; fin dañino deseado.
Resulta claro, entonces, que el elemento fundamental del dolo radica en el aspecto volitivo, de manera que obra dolosamente quien conociendo el daño que con su acción u omisión ha de producir, voluntariamente lo provoca(20), es decir, cuando actúa con intención maliciosa de generar un determinado resultado injusto, que se enmarca dentro de una conducta jurídicamente reprochable.
41. A su turno, en la misma providencia, sobre la culpa, la Sala arribó a las siguientes conclusiones:
Sobre la noción de culpa se ha dicho que es la reprochable conducta de un agente que generó un daño antijurídico (injusto) no querido por él pero producido por la omisión voluntaria del deber objetivo de Cuidado que le era exigible de acuerdo a sus condiciones personales y las circunstancias en que actuó; o sea, la conducta es culposa cuándo el resultado dañino es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible, o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. También por culpa se ha entendido el error de conducta en que no habría incurrido una persona en las mismas circunstancias en qué obró aquella cuyo comportamiento es analizado y en consideración al deber de diligencia y cuidado que le era exigible.
Tradicionalmente se ha calificado como culpa la actuación no intencional de un sujeto en forma negligente, imprudente o imperita, a la de quien de manera descuidada y sin la cautela requerida deja de cumplir u omite el deber funcional o conducta que le es exigible; y por su gravedad o intensidad, siguiendo la tradición romanista, se ha distinguido entre la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, clasificación tripartita con consecuencias en el ámbito de la responsabilidad contractual o extracontractual, conforme a lo que expresamente a este respecto señale el ordenamiento jurídico. (...)
Respecto de la culpa grave señalan los hermanos Mazeaud, que si bien es cierto no es intencional, es particularmente grosera. “Su autor no ha querido realizar el daño, pero se ha comportado como si lo hubiera querido; era preciso no comprender quod omnes intellgunt para obrar como él lo ha hecho, sin querer el daño”. De acuerdo con jurisprudencia citada por estos autores incurre en culpa grave aquel que ha “...obrado con negligencia, despreocupación o temeridad especialmente graves...” (Derecho Civil, Parte II, vol. lI, Pág. 110) y agregan que “...reside esencialmente en un error, en una imprudencia o negligencia tal, que no podría explicarse sino por la necedad, la temeridad o la incuria del agente...” (Mazeaud y Tunc, Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil, Delictual y Contractual, Tomo 1, Volumen II, pág. 384.)
42. Con base en el precedente que se acaba de reseñar, se procede a analizar la conducta desplegada por él demandante, con el fin de determinar si incurrió en dolo o culpa grave.
43. En ese sentido, la Sala recuerda, que su captura se produjo por la inconsistencia entre su licencia y en Registro Único Nacional de Tránsito en lo tocante a la categoría autorizada para conducción.
44. En ese orden, la Sala recuerda que la Ley 769 de 2002, por la cual se expidió el Código Nacional de Tránsito Terrestre en sus artículos 8 y 9, creó el Registro Único Nacional de Tránsito - RUNT, como un sistema a nivel nacional, en línea, a cargo del Ministerio de Transporte, encargado de validar, registrar y autorizar las transacciones relacionadas, entre otras, con las licencias de tránsito, por ello incorpora entre otros registros de información, el. Registro Nacional de Conductores.
45. Por su parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10(21) de la Ley 11005 de 2006 que modificó el citado Código, es responsabilidad de los Organismos de Tránsito que expidan la respectiva licencia de conducción, cumplir con la obligación de inscribir ante el RUNT, dentro de las 24 horas, siguientes a haberse producido el hecho, entre otros asuntos, la información correspondiente a todos los conductores, dentro de los que se encuentra lo relacionado con las licencias de conducción. La misma norma prevé en su artículo 12, las sanciones para los Organismos de Tránsito que no cumplan con la obligación de mantener actualizado el RUNT.
46. En ese orden, la actuación de la víctima no puede catalogarse, desde ningún punto de vista, como constitutiva de dolo o culpa grave, el encargado de velar por la exactitud de los datos registrados en el RUNT era el Organismo de Tránsito que expidió la licencia, no así el demandante. Es que la procedencia de la causal eximente de responsabilidad que se analiza está sujeta a que se verifique “la violación por parte de [la víctima] de las obligaciones a las cuales está sujeto el administrado”(22) y en el sub lite las pruebas permiten Concluir que el actor en ningún momento desconoció las obligaciones que el ordenamiento le imponía, pues lo cierto es que si su licencia era genuina, la inconsistencia en la categoría de conducción, sólo puede atribuírsele a la autoridad que la expidió y registro los datos en el RUNT.
47. En efecto, el artículo 131 del Código Nacional de Tránsito Terrestre obligaba al demandante a conducir su vehículo con una licencia propia, que en todo caso no estuviera vencida o adulterada(23), requerimiento que el actor acató en todo momento, de ahí que no pueda tildarse su actuar como constitutivo de dolo o culpa grave.
48. Por lo expuesto, la Sala, en atención a que no se configuró la causal eximente de responsabilidad analizada, confirmará la sentencia apelada en lo que toca al daño y su imputación a la Nación-Fiscalía General de la Nación.
49. En vista de que la Fiscalía General de la Nación es la única apelante en el presenté asunto, en virtud del principio non reformatio in pejus, no se debe desmejorar la situación que ya le fijó el Tribunal de primera instancia.
50. Ahora, en relación con los perjuicios morales, se recuerda que el criterio jurisprudencial vigente para su reconocimiento y tasación, en tratándose de privaciones injustas de la libertad, fue fijado en salarios mínimos legales mensuales por la Sección Tercera en sentencia de unificación del 28 de agosto del 2014(24), así:
Meses de privación injusta Nivel1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
Superior a.12 inferior a 18 90 45 31,5 22,5 13,5
Superior a 01 Inferior a 03 35 7,5 12,25 8,75 5,25
50.1. En esa línea, debe recordarse que el demandante estuvo privado de su libertad por nueve (9) días —supra párr. 24.—, esto es, en el rango de igual e inferior a un (1) mes.
50.2. En ese orden, en virtud de la garantía en comento, se confirmará la condena en los montos asignados a los hijos y compañera permanente de señor Juan Apolinar, esto es, diez (10) salarios para cada uno, a pesar de que en principio habría lugar a reconocerles una compensación superior a la enunciada en el fallo de primer grado, esto es, quince (15) salarios para cada uno de ellos.
50.3. En contraste, la Sala, teniendo en cuenta que la Fiscalía apeló la declaratoria de su responsabilidad(25), realizará nuevamente la liquidación de este perjuicio para Juan Apolinar, toda vez que el a quo le asignó veinte (20) salarios, esto es, por encima del monto a que tiene derecho la víctima directa por una privación de la libertad inferior a un (1) mes, por lo tanto la condena que resulta procedente es de quince (15) salarios, conforme al criterio unificado sobre la materia.
50.4. Precisado lo anterior, se tiene que, en virtud del acuerdo conciliatorio, a la Fiscalía le corresponde la mitad de la condena así liquidada, por tanto, deberá asumir cinco (5) salarios para la compañera permanente, igual suma para cada hijo y siete y medio (7,5) salarios para la víctima directa.
51. En relación con los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la Sala encuentra que están deferidos a los salarios dejados de percibir por el demandante mientras estuvo privado de su libertad. La sentencia de primera instancia accedió al reconocimiento de este rubro, dado que, a su juicio, se demostró que el actor devengaba un millón de pesos ($1.000.000) mensuales, según. El testimonio de Margarita Vásquez(26) —amiga del demandante—, que así lo refirió.
51.1. A pesar de lo anterior, la Sala, teniendo en cuenta que la Fiscalía apeló la declaratoria de su responsabilidad —supra párr. 50.3.—, realizará nuevamente la liquidación de este perjuicio, toda vez que de la lectura de dicho testimonio surgen dudas sobre el monto que ahí se afirmó devengaba el actor, la declarante no hacía parte de la empresa a la que estaba vinculado el demandante. La cifra por ella referida, sólo se cimentó en el hecho que su esposo era compañero de trabajo del actor, sin embargo, no se precisó si tenían el mismo cargo o si se empleaban en las mismas actividades. Entonces, en consideración a que además de dicho testimonio, no obra en el plenario otra prueba que corrobore lo ahí consignado(27), es imposible despejar las dudas que esta suscita, por ende la Sala no liquidará el perjuicio con base en esta prueba.
51.2. Por lo anterior, la Sala tomará como base de liquidación el salario mínimo vigente al momento de esta sentencia ($737.717). En esa línea, al emplearse el salario mínimo actualmente vigente no hay lugar a indexación, pues las cifras ya están a valor presente. Al salario mínimo mensual vigente se le sumará un 25% por concepto de prestaciones sociales, resulta entonces una renta mensual de $922.146, cifra que será reconocida proporcionalmente por los días que el demandante permaneció privado de la libertad, esto es, doscientos setenta y seis mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos ($276.644) por lucro cesante, correspondiéndole a la Fiscalía asumir, en virtud del acuerdo conciliatorio, ciento treinta y ocho mil trescientos veintidós pesos ($138.322).
51.3. Vale aclarar que en virtud de la non reformatio in pejus, la Sala se abstendrá de reconocer el tiempo que normalmente demora una persona para conseguir empleo una vez recobra la libertad, así como de aplicar la fórmula establecida para calcular el lucro cesante consolidado, pues el a quo no lo hizo y ello aumentaría el valor de la condena.
52. Por último, como la conducta de las partes no puede catalogarse como abiertamente temeraria, sino el ejercicio del derecho de acceso a la justicia .y de defensa, se impone negar la condena en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 'de la Ley,
1º. MODIFICAR la sentencia del 27 de abril de 2011 del Tribunal Administrativo del Cesar que accedió a las pretensiones de la demanda, conforme lo expuesto en la parte motiva, la cual quedará así:
1. Niéguense las excepciones propuestas por las entidades demandadas.
2. Declárese administrativamente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación, de los perjuicios ocasionados a los demandantes por la privación injusta de la libertad del señor Juan de Jesús Apolinar, por el tiempo comprendido entre el 2 hasta el 10 de agosto de 2007.
3. Condénese a la Nación-Fiscalía General de la Nación, a pagar a los demandantes las siguientes sumas de dinero.
Por concepto de perjuicios morales: Para Juan de Jesús Apolinar (víctima), el equivalente en pesos a siete y medio (7,5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Para Ender Antonio Apolinar. Hernández, Lusmiris María Apolinar Hernández, Juan de Jesús Apolinar Hernández, Eli Alfredo Apolinar Hernández (hijos de la víctima), y Luzmila del Carmen Hernández Chima (compañera de la víctima), el equivalente en pesos a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta sentencia, para cada uno.
Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, a favor de Juan de Jesús Apolinar (víctima), la suma de ciento treinta y ocho mil trescientos veintidós pesos ($138.322).
4. Estese a lo resuelto en el auto de 24 de noviembre de 2011 que aprobó el acuerdo conciliatorio logrado en sede judicial entre la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional y los demandantes.
7. Dese cumplimiento a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
8. En firme esta providencia, archívese el expediente.
2º Sin condena en costas.
3º Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
2. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad y fijó la competencia funcional para conocer de tales asuntos en primera instancia en Cabeza de los Tribunales Administrativos y, en segunda instancia, del Consejo de Estado, sin que sea relevante consideración alguna relacionada con la cuantía. Para tal efecto puede consultarse el auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo el 9 de septiembre de 2008, exp. 2008-00009-00, CP. Mauricio Fajardo Gómez.
4. Está demostrado que Ender Antonio, Luzmiris María, Juan de Jesús y Eli Alfredo Apolinar Hernández son hijos de Juan Apolinar (registros civiles de nacimiento —fls. 3 a 5, c. ppal 1—).
5. “La de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa”.
6. “Modificado por la Ley 1395 de 2010, artículo 67. Apelación de sentencias. El recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia se interpondrá y sustentará ante el a quo. Una vez sustentado el recurso, se enviará al superior para su admisión”.
7. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 11 de septiembre de 2013, exp. 20601, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
8. Cfr. Henao, Juan Carlos. El daño, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, p. 37.
9. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 19 de abril de 2012, exp. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia del 23 de agosto de 2012, exp. 23219, C.P. Hernán Andrade Rincón.
10. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 6 de abril de 2011, exp. 21653, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
11. “Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible; tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.
12. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de septiembre de 2013, exp. 35235, C.P. Ramiro Pazos Guerrero, reiterada en sentencia del 29 de mayo de 2014, exp. 36515, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
13. Sobre la procedencia de imputar al Estado una privación injusta de la libertad en vigencia de la Ley 906 de 2004, véase: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2015, exp. 39350, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
14. En sentencia de unificación de jurisprudencia, el Consejo de Estado indicó que el in dubio pro reo está sustentado en un régimen objetivo de responsabilidad, concretamente en el daño especial y, se aplica, porque el Estado no pudo desvirtuar la presunción de inocencia de una persona quien no estaba llamada a soportar la privación, de ahí a que se encuentre facultada para solicitar la reparación del daño causado. Al respecto ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de octubre de 2013, exp. 23354, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
15. "Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado”.
16. Sobre la culpa exclusiva de la víctima como causal eximente de responsabilidad en casos de privación injusta de la libertad, véase: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 26 de febrero de 2014, exp. 29541, C.P. Enrique Gil Botero; Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 11 de julio de 2013, exp. 27463, C.P. Enrique Gil Botero; Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de abril de 2011, exp. 19889, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 30 de marzo de 2011, exp. 19565, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; Sección Tercera, sentencia del 13 de mayo de 2009, exp. 17188, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
17. “La ley distingue tres especies de culpé y descuido: Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella el esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo Consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro” (subrayas fuera de texto).
18. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 18 de febrero de 2010, exp. 17933, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
19. Reyes Echandía, Alfonso. Culpabilidad, Tercera Edición, Editorial Temis,* Bogotá, 1998, p. 43.
20. Álessandri R., Arturo; Somarriva U, Manuel y Vodanomic H., Antonio. Tratado de la Obligaciones, Volumen II, Segunda Edición, Ed. Jurídica de Chile, 2004, p. 265.
21. “Sujetos obligados a inscribirse y a reportar información. A. Es una obligación de inscribir ante el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, la información correspondiente a: (...) 4. Todos los titulares de una licencia de tránsito. Será responsable de su inscripción el organismo de tránsito que haya expedido la licencia. (...) Están obligados a reportar la información al Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT, en un plazo no mayor de 24 horas, después de ocurrido el hecho: (...) 4. Los Organismos de Tránsito para reportar lo indicado en los numerales 2, 4 y 7 del literal a) de éste artículo”.
22. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 9 de julio de 2014, exp. 38438, C.P. Hernán Andrade Rincón.
23. “Multas. Los infractores de las normas de tránsito pagarán multas liquidadas en salarios mínimos legales diarios vigentes así: (...) B. Será sancionado con multa equivalente a ocho (8) salarios mínimos legales diarios vigentes, el conductor de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones: Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia de conducción. // Conducir un vehículo con la licencia de conducción vencida. (...) C. Será sancionado con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes, el conductor de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones: Presentar licencia de conducción adulterada o ajena lo cual dará lugar a la inmovilización del vehículo. (...) D. Será sancionado con multa equivalente a treinta (30) salarios mínimos legales diarios vigentes, el conductor de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones: Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de conducción correspondiente. Además, el vehículo será inmovilizado en el lugar de los hechos, hasta que éste sea retirado por una persona autorizada por el infractor con licencia de conducción”.
24. Consejo; de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto de 2014, exp. 36149, C.P. Hernán Andrade Rincón.
25. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 20104, C.P. Ruth Stella Correa Palacio. En esa oportunidad sobre la posibilidad de analizar aspectos no discutidos expresamente por la parte apelante se dijo: “Es de esperar que los argumentos expuestos en el recurso de apelación por parte de quien ha sido condenado a pagar una indemnización y pretenda la revocatoria del fallo, se centrarán en las razones por las cuales se pide tal revocatoria, pero que se omitirá toda reflexión relacionada con los aspectos consecuenciales de la sentencia en la cual se accedió a las pretensiones, dado que al revocarse la declaración de responsabilidad, se negarán las pretensiones de la demanda. Sin embargo, la ausencia de razones expuestas por el recurrente no impiden al juez corregir la sentencia apelada, para hacer reducciones por concurrencia de la intervención de la víctima en la causación del daño, o por reconocimientos de daños que no aparecen demostrados en el expediente, o por errores en la liquidación de las indemnizaciones”.
26. “Preguntada: Sírvase manifestar al despacho, si usted tiene conocimiento para la fecha de los hechos ¿quién era el patrón del señor Juan de Jesús Apolinar y si tiene conocimiento de cuánto devengaba mensualmente Contestó: Haber (sic), el dueño de la obra directamente es el señor Álvaro Aldana Aldana, y, ellos devengaban en ese momento un millón de pesos m.l. ($1.000.000.00) mensual” (testimonio de Margarita Vázquez —fi. 124, c. ppal 1—).
27. Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de noviembre de 2015, exp. 38819, C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Sobre la necesidad de soportar los ingresos, en esa oportunidad se precisó: “Teniendo en cuenta que la asignación salarial certificada no cuenta con otros medios probatorios en el expediente, tales como declaraciones de renta, comprobantes de pago, etc., que sustenten el monto allí consignado, la Sala encuentra que la prueba relacionada resulta insuficiente, para acreditar los ingresos del accionante. // Por tanto, como no obra en el expediente prueba suficiente sobre los ingresos que el afectado percibiera para la época en que ocurrió la privación de la libertad, como tampoco se demostró, mediante facturas, contratos, declaraciones tributarias, la asignación mensual del demandante, la Sala procederé a liquidar la indemnización por lucro cesante con base en el salario mínimo para la época de la detención”.

References: RESOLUCIÓN 
 artículo 129
 artículo 2
 artículo 37
 artículo 357
 artículo 86
 resolución 
 artículo 136
 artículo 70
 artículo 66
 artículo 212
 resolución 
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 90
 artículo 414
 artículo 90
 artículo 414
 artículo 414
 resolución 
 artículo 70
 artículo 63
 artículo 10
 artículo 12
 artículo 131
 artículo 67
in dubio