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Timestamp: 2018-08-16 07:46:11+00:00

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﻿ RESOLUCIÓN 1846 DE 2000
RESOLUCIÓN 1846 DE 18 DE AGOSTO DE 2000
CONTENIDO:ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. TRAMITOMANÍA. SE DICTAN NORMAS SOBRE EL MANEJO DE RECURSOS DE LAS TESORERÍAS.
RESOLUCIÓN 1846 DE 2000
“Por la cual se dictan normas sobre el manejo de recursos de las tesorerías de las entidades a que se refiere el artículo 2º del Decreto 266 de 2000”.
La Dirección General del Tesoro Nacional,
en uso de las facultades conferidas por los artículos 64 y 65 del Decreto 266 de 2000, y
1. Que conforme con lo previsto en el inciso 2º del artículo 64 del Decreto 266 de 2000, la dirección general del tesoro nacional podrá establecer la obligación de utilizar sistemas de subasta o transaccionales en la realización de operaciones que se efectúen respecto de valores mobiliarios y depósitos por parte de las entidades a las que aplica el citado decreto;
2. Que de conformidad con lo previsto en el inciso 3º y en el parágrafo 1º del citado artículo 64, la dirección general del tesoro nacional establecerá metodologías generales aplicables a los distintos grupos de entidades públicas, tanto en la contratación de agentes para el manejo de los mencionados recursos, como en las operaciones que se efectúen con los mismos. De igual forma, podrá establecer reglas especiales respecto de las operaciones interadministrativas;
3. Que en desarrollo de lo previsto en el artículo 65 del Decreto 266 de 2000, corresponde a la dirección general del tesoro nacional definir las obligaciones mínimas en materia de políticas, parámetros y criterios que deberán adoptar los organismos a que se refiere el mencionado decreto, a efectos de evitar el deterioro del patrimonio público;
4. Que el Decreto 1182 de 2000, establece los criterios para la aplicación de los principios de transparencia, competencia y de selección objetiva, los cuales deben ser observados por las tesorerías de los órganos a los cuales se aplica el mencionado decreto, en el depósito, la disposición, adquisición, manejo, custodia, la administración de dinero, de títulos y en general de valores;
5. Que el artículo 33 del Decreto 266 de 2000 establece que las regulaciones se podrán expedir una vez venza el plazo previsto para su expedición y que la motivación dará cuenta razonada de los elementos de juicio que se tuvieron en cuenta y de la aceptación o rechazo de las observaciones, sugerencias o propuestas alternativas formuladas dentro del término fijado previamente;
6. Que la dirección general del tesoro nacional recibió oportunamente observaciones relacionadas con el contenido de todos los capítulos del proyecto de resolución publicado en el Diario Oficial 44.061 del 29 de junio de 2000;
7. Que en relación con el capítulo I, campo de aplicación y tipo de operaciones, se presentaron las siguientes observaciones, sugerencias y propuestas alternativas:
• Incluir taxativamente a algunas otras entidades dentro de las expresamente previstas en el proyecto de resolución a las que no aplica la misma, lo cual no fue acogido por cuanto el Decreto 266 de 2000 no otorgó facultades a la dirección general del tesoro nacional para exceptuar a entidad alguna de la aplicación de la resolución, en consecuencia, y en concordancia con el citado decreto, se suprimió el régimen de excepción para las entidades allí previstas.
• Excluir a las entidades de naturaleza privada que ejerzan por atribución legal funciones públicas de carácter administrativo, solicitud que no fue acogida como quiera que el Decreto 266 de 2000 en forma expresa señaló su inclusión.
• Reducir de 20.000 a 5.000 salarios mínimos legales mensuales, el límite establecido a partir del cual sería obligatoria la aplicación de la resolución y señalar una fecha de corte que determine el monto referido. No se acoge, por el contrario, tal límite se eliminó, por cuanto el Decreto 266 de 2000 no prevé referencia al respecto para exceptuar a las entidades previstas en el campo de aplicación.
• Carencia de consideraciones y normatividad que tenga en cuenta las diferencias económicas y de localización de las entidades. Dicha observación fue acogida en cuanto a la localización, pero sólo en relación con la utilización de los sistemas transaccionales y de los mecanismos de subasta, por cuanto, en el primer caso, la ubicación puede constituirse en una limitante para el acceso a los sistemas transaccionales y, en el segundo caso, en consideración a la imposibilidad de realizar subastas cuando sólo exista un emisor, depositario o contraparte idóneo; pero en los demás aspectos contemplados en la resolución las entidades deberán subordinarse de manera estricta al contenido de la misma.
• Aclarar si la resolución modifica o adiciona los lineamientos establecidos por la Ley 142 de 1994 para las empresas de servicios públicos. Se señala al respecto que la resolución no puede modificar o adicionar normas legales o decretos expedidos por el Gobierno Nacional.
• Aclarar si la alusión a las operaciones en moneda extranjera se refiere a las transacciones que se realicen con títulos que incorporen obligaciones en monedas diferentes al peso, por cuanto la redacción parece referirse al manejo de divisas. Se acoge. Para tal efecto, se hizo precisión del texto de la resolución al establecer en el artículo 2º que se trata de operaciones realizadas en el país y en el exterior.
• Considerar las operaciones de sustitución de títulos, las convenidas y las de crédito público porque no están contempladas en la resolución y se pueden dar como resultado de negociación directa con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. No se acoge, por cuanto tales operaciones están consideradas en literal f) del artículo 2º de la resolución, y por tratarse de operaciones entre entidades públicas corresponden a las interadministrativas de que trata el capítulo III de la resolución.
• Incluir un artículo que establezca con claridad y precisión que el Estado se reserva el derecho a la inversión obligatoria en títulos valores. No se acoge por cuanto lo solicitado es de la autonomía del Estado.
• Establecer la validez que tendría el Decreto 1013 de 1995 y sus modificaciones a partir de la fecha en que entre a regir la resolución. No se incluye en la resolución este tema, por cuanto es claro que dichas normas continúan vigentes hasta que el Gobierno Nacional los modifique o derogue en ejercicio de sus facultades constitucionales. La resolución no modifica leyes ni decretos, se debe entender que la misma señala procedimientos de negociación y parámetros mínimos que deben adoptar los organismos para el buen manejo de los recursos de tesorería.
• Incluir un artículo para aclarar si las empresas industriales y comerciales del Estado del orden nacional pueden invertir sus excedentes de liquidez en la compra y venta de títulos de renta variable como acciones o titularizaciones o si pueden hacer inversión en fondos de valores etc., en los eventos en que la dirección general del tesoro nacional no esté interesada en los recursos a ella ofrecidos, de acuerdo con las disposiciones del artículo 11 del Decreto 1013 de 1995. No se acoge, toda vez que las entidades públicas sólo pueden hacer las operaciones que las normas legales generales o particulares aplicables a cada entidad les autorice, tal como se menciona en el artículo 2º de la resolución.
• Aclarar si los organismos podrían continuar con la realización de operaciones OTC (sobre el mostrador) directamente con entidades de servicios financieros aprobadas por la entidad pública según las políticas y criterios establecidos y aprobados al interior de la misma para la administración del riesgo financiero y de contraparte. No todas las entidades previstas en el campo de aplicación deben subordinarse a lo previsto en la resolución, las únicas posibilidades de negociación directa son las señaladas en los parágrafos 1º y 2º del artículo 1º y en el capítulo III sobre operaciones interadministrativas;
8. Que en relación con el capítulo II, mecanismos de negociación, se presentaron las siguientes observaciones, sugerencias y propuestas alternativas:
Manifiestan que en la actualidad, no existen sistemas transaccionales que cumplan con todos los requerimientos previstos en la resolución y que por tanto, sería necesario una cámara de compensación debidamente reglamentada y otorgar un plazo entre tres y seis meses a partir de la fecha de expedición de la resolución para acondicionar los sistemas transaccionales a tales requerimientos. No se acoge por razones de transparencia y de adecuada formación de precios. Si los administradores de los sistemas transaccionales están interesados en el mercado de renta fija de las entidades públicas, los deben estructurar de acuerdo con los requerimientos de la resolución. En cuanto al plazo solicitado, dispondrán de más de cuatro meses si se tiene en cuenta que la resolución entra en vigencia a partir del 1º de enero de 2001.
• Aclarar qué se entiende por sistemas transaccionales abiertos. Se acogió la solicitud y al respecto se adicionó el literal a) del artículo 5º de la resolución.
• No se contempla la celebración de operaciones tales como forwards, fondeos, carruseles, swaps, derivados, coberturas, arrendamiento financiero, etc. Sobre el particular, es conveniente aclarar que aunque la resolución fue muy específica en relación con algunos tipos de operaciones, esto no quiere decir que los organismos no puedan realizar otras operaciones, en concordancia con las normas legales que rigen a cada entidad, las políticas internas, el contenido de esta resolución y las disposiciones del artículo 64 del Decreto 266 de 2000 y el Decreto 1182 de 2000.
• Imposibilidad de efectuar el registro de las operaciones puesto que los organismos no tienen acceso directo a los sistemas transaccionales, a la vez que en la práctica se ha presentado duplicidad en los registros, situación que debe ser reglamentada. No se acoge. Todas las operaciones deben quedar registradas, sin embargo, como las realizadas en los sistemas transaccionales tienen registro automático, la obligatoriedad del registro en un sistema centralizado de información para transacciones, aprobado por la Superintendencia de Valores, mediante el suministro de la información pertinente por parte de cada uno de los organismos, recae sobre las operaciones interadministrativas y las realizadas mediante el mecanismo de subasta. En cuanto a la duplicidad, este es un aspecto que por competencia corresponde reglamentar a la Superintendencia de Valores.
• Eximir a los organismos de participar en subastas y de utilizar sistemas transaccionales respecto de la negociación secundaria de títulos, en la medida que los sistemas transaccionales no cuenten con las características exigidas en la resolución y, en lugar de las subastas, preverse la utilización de sistemas de registro, hasta tanto se cuente con sistemas transaccionales idóneos. No se acoge. Si los sistemas transaccionales no reúnen los requisitos previstos en la resolución, los organismos deberán utilizar el mecanismo de subasta porque permite una mayor transparencia y mejor formación de precios; además, los sistemas de registro no son de negociación.
Extender la obligatoriedad de utilizar sistemas transaccionales para operaciones del mercado secundario también a las de mercado primario. No se acoge. Cuando se desarrollen sistemas transaccionales que permitan realizar este tipo de operaciones, y previa evaluación por la dirección general del tesoro nacional, ésta podrá establecer los requisitos y condiciones mínimas que deberán reunir dichos sistemas, en concordancia con las disposiciones del artículo 64 del Decreto 266 de 2000 y el Decreto 1182 de 2000, los cuales una vez cumplidos deberán ser utilizados por los diferentes organismos.
• Estipular expresamente en la resolución que en los sistemas transaccionales puedan participar los organismos públicos, el Banco de la República, la dirección general del tesoro nacional y todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria. Se acoge. Para el efecto, en la definición de sistemas transaccionales abiertos así se señala.
• Permitir que en un futuro se dé la posibilidad de que otros sistemas diferentes a los administrados por las bolsas de valores puedan interconectarse. Se acoge. Para tal fin se eliminó el parágrafo 1º del artículo 5º del proyecto de resolución.
• Dar claridad a “corredores de tasas y de precios de mercado establecidos con criterios de reconocido valor técnico”, toda vez que constituye una herramienta de evaluación sin que sean atributos propios de la operación, a la vez que constituye una limitante a las operaciones e induce a la pérdida de oportunidades de mercado. No se acoge. Evidentemente los corredores de tasas y de precios de mercado son atributos de los sistemas transaccionales, que se constituyen en herramientas de orientación a los participantes en el mercado, más que una limitante a las operaciones. Tales corredores permitirán incluir posturas en condiciones de mercado, puesto que los mismos deben ajustarse de manera automática, con base en una metodología técnica teniendo en cuenta las volatilidades observadas.
• En los sistemas transaccionales para operaciones repo es necesario que la instrucción respecto a la selección de los títulos admisibles sea impartida de manera general por la dirección general del tesoro nacional. Esta solicitud fue acogida en el sentido de establecer una canasta de títulos admisibles. No obstante, los organismos deben asumir la responsabilidad de seleccionar dentro de los títulos definidos como admisibles, los que en concordancia con sus políticas acepten en sus operaciones.
• Aclarar si el margen diferencial en las operaciones repo puede ser fijado por los organismos a su arbitrio en los sistemas transaccionales, de ser así se recomienda que sea un margen único e igual para todos los participantes. Al respecto, se acoge en el sentido de dar mayor claridad a la determinación del margen, el cual en uno de sus componentes es único por tipo de título y emisión y variable en su segundo componente, el cual es determinado por cada organismo.
• Precisar que el mecanismo de subastas se utilizará cuando en el país no existan sistemas transaccionales que cumplan con los requisitos establecidos en la resolución. Se acoge.
• Posibilidad de que las subastas puedan realizarse a través de sistemas electrónicos. Se acoge.
• Precisar qué es una convocatoria abierta y permitir la posibilidad de que también puedan participar en las subastas tipo demanda y en las de compra y venta de títulos, las entidades vigiladas por la Superintendencia de Valores. Se acoge.
• Conveniencia de que la dirección general del tesoro nacional reglamente las subastas; llene el vacío normativo en cuanto a cómo, cuándo y a quién deben dirigirse las informaciones; que las subastas no tengan tiempos de exposición tan largos, así mismo, señalar la oportunidad de la divulgación de las convocatorias y resultados de las subastas y permitir la modificación de las propuestas con el fin de mejorar los términos de las ofertas. Se acoge, con el propósito de dar mayor precisión a los organismos y al mercado.
• Inconveniencia de la publicación previa de horarios, mecanismos y procedimientos de las subastas, por cuanto implica que los recursos no puedan ser invertidos en forma oportuna, impide cotizar directamente, a la vez que genera grandes dudas en cuanto a la carga operativa adicional y convertirse en factor de ineficiencia en la administración de los recursos. No se acoge. Este mecanismo permite la aplicación de los principios de que trata el artículo 64 del Decreto 266 de 2000 y el Decreto 1182 de 2000; los medios de divulgación previa al mercado de los horarios, mecanismos y procedimientos de adjudicación tienen que ser muy eficientes de manera tal que no riñan con la eficacia en la inversión de los excedentes.
• Resulta contradictoria la determinación previa de tasas de negociación aplicables a las subastas por cuanto impide la negociación en condiciones de mercado. No se acoge. Las entidades deben tener conocimiento del mercado y establecer tasas mínimas de referencia para el corte o adjudicación de las subastas, además deberán estar en capacidad de analizar los factores que determinan resultados en condiciones por fuera de las expectativas e identificar situaciones puntuales o cambios de tendencia en el mercado.
• Inconveniencia del mecanismo de subasta porque, si por ejemplo, cuatro de las entidades más grandes salen a ofertar sus excedentes podrían afectar en su contra las tasas de interés por las expectativas del mercado. Se sugiere algún tipo de excepción para estos casos. No se acoge. El mecanismo de subasta ofrece trasparencia; las entidades al evaluar las condiciones del mercado y establecer las tasas de corte podrán abstenerse de adjudicar las subastas si las condiciones ofrecidas no llenan sus expectativas.
• Establecer la posibilidad de que las subastas tipo oferta y demanda puedan realizarse para la constitución de títulos distintos de CDT y CDAT, además, se indica que hacer tal referencia expresa a estos títulos genera confusión en la interpretación de la norma. Al respecto es importante reiterar que la resolución no limita sino que trata de una manera más específica algunas operaciones, entre ellas la constitución de CDT y CDAT por ser las de uso más generalizado entre los organismos, sin que su mención dé lugar a interpretaciones confusas.
• Conveniencia de dejar abierta la determinación de los plazos para la constitución de CDT y CDAT, así mismo, permitir pactar el pago de intereses con modalidades distintas de la vencida y determinación autónoma de montos. No se acoge. Se propende por la uniformidad del mercado. No obstante, tratándose de CDAT podrá haber diversidad de plazos, en todo caso, menores de 30 días.
• En relación con los excedentes en moneda extranjera se señala, entre otros, ausencia de parámetros claros en cuanto al tipo de operaciones o papeles en los cuales se podría invertir, riesgo que se podría asumir dentro del portafolio, sistema transaccional que se debería utilizar y el hecho de que no todas las operaciones conllevan compensación. Se acoge. Para el efecto, en adición a lo previsto en el proyecto de resolución sobre el manejo del riesgo de depositarios y crédito de emisores, han sido incorporadas disposiciones relacionadas con operaciones en el exterior no sujetas a la obligatoriedad del uso de sistemas transaccionales y mecanismos de subastas. Respecto del tipo de operaciones o títulos en los que podrían invertir, se reitera que los organismos pueden realizar sus operaciones en concordancia con las normas legales que rigen a cada entidad, las políticas internas, el contenido de esta resolución y las disposiciones del artículo 64 del Decreto 266 de 2000 y el Decreto 1182 de 2000.
• Aclarar que el mecanismo de subastas es exclusivamente para el mercado primario. No se acoge. Se reitera la obligación de utilizar mecanismos de subasta para la compra y venta de títulos en el mercado secundario por razones de transparencia, además de la utilización del mismo mecanismo para la constitución de CDT y CDAT del mercado primario, a través de las subastas tipo oferta y tipo demanda.
• Solicitan definir la repo como una operación de crédito con tesorería con garantía de títulos en 120%, prever que en caso de incumplimiento se efectuará una liquidación que ajuste el valor del excedente de garantía; estipular el plazo máximo establecido por la Superintendencia de Valores y aclarar lo relacionado con la propiedad de los títulos en caso de incumplimiento, puesto que, se señala, en la actualidad la propiedad depende de un pronunciamiento judicial previo. No se acoge. La operación repo que realicen los organismos debe corresponder, sin excepción, a las características y condiciones señalados en la resolución, con el propósito de mantener la naturaleza jurídica de la operación y las ventajas propias de la misma. Al respecto, de acuerdo con concepto de la Superintendencia Bancaria, la operación de compra de títulos valores con pacto de retroventa, con plazo no mayor de 30 días, se contabiliza como repo y, en caso de incumplimiento, los títulos asociados a la operación son de propiedad de la entidad que suministró los recursos, y ésta en su calidad de legítima propietaria y tenedora de los títulos podrá ejercer todos los derechos que le otorga la propiedad, incluida su venta. Por el contrario, si el plazo es mayor de 30 días, la naturaleza de la operación corresponde a un préstamo con garantía, con efectos jurídicos distintos.
• Imposibilidad de cumplimiento de las operaciones, mediante la compensación, cuando se trate de la utilización de los mecanismos de subastas. No se acoge. Con el propósito de minimizar el riesgo de contraparte se mantiene tal exigencia; además en la medida en que los títulos deben ser desmaterializados, corresponde a los depósitos centralizados de valores realizar los desarrollos necesarios para permitir la compensación;
9. Que en relación con el capítulo III, operaciones interadministrativas, se presentaron las siguientes observaciones, sugerencias y propuestas alternativas:
• Aclarar el tratamiento cambiario aplicable a las operaciones interadministrativas. Se acogió la solicitud.
• Parece insistente señalar que las inversiones en TES del mercado primario se pacten únicamente con la dirección general del tesoro nacional, puesto que negociar en el mercado primario implica acudir directamente al emisor y el emisor de TES es la dirección general del tesoro nacional o confusa si se observa el texto que podría modificar algunas condiciones establecidas por la normatividad que regula los TES y según la cual existen montos y plazos predefinidos aplicables al mercado primario. Al respecto, se aclara que la suscripción primaria de TES es un privilegio otorgado sólo a los creadores de mercado. Así las cosas, lo señalado en el parágrafo V del artículo 22 de la resolución, es un tratamiento especial a las entidades públicas para que las inversiones voluntarias en TES de mercado primario que pretendan realizar se pacten con la dirección general del tesoro nacional. Tal disposición no implica modificación alguna a la normatividad que regula los TES.
• Acotar el concepto de operaciones interadministrativas con el fin de evitar que organismos que integren la administración pública, donde por cualquier razón pueda participar capital privado, se beneficien de las normas especiales y establecer las reglas especiales de manera orgánica. No se acoge, por cuanto considera la dirección general del tesoro nacional que tales operaciones deben entenderse en los términos señalados por el Gobierno Nacional en el artículo 9º del Decreto 1182 de 2000 y, en consecuencia, cualquier modificación al alcance de las mismas debe hacerla el Gobierno Nacional.
• Se observa que no se especifica qué es “contraparte idónea” y que tampoco se define cuándo se está "habilitada para celebrar operaciones interadministrativas". Aclaramos que el parágrafo 1º del artículo 15 de la resolución señala que contraparte idónea se entenderá en los términos del artículo 34 de la resolución, y a partir de la palabra "habilitada" se suprimió el texto para no causar confusión.
• Establecer el procedimiento a seguir para determinar un monto por cada operación, si se restringe la negociación a un tipo de papeles determinado, si se podría dar el caso de cubrimiento de liquidez planteando operaciones repo o cualquier otra clase de operaciones. No se acoge. Corresponde a las entidades, en ejercicio de su autonomía, fijar las políticas para el manejo de las tesorerías, con sujeción a la presente resolución que establece criterios y parámetros mínimos que deben tener en cuenta los órganos;
10. Que en relación con el capítulo IV, agentes, se presentaron las siguientes observaciones, sugerencias y propuestas alternativas:
• Precisar el alcance de agente, por cuanto así se denomina a todo aquél que presta un servicio cualquiera que éste sea y tiene la capacidad de manejar recursos de otro, así por ejemplo, quien realiza transferencias electrónicas de fondos en nombre de un organismo estatal se considera su agente para ese efecto. Se acoge la observación. La resolución trata el tema de agentes bajo dos aspectos: para la ejecución de órdenes de compra y venta de activos mobiliarios o para invertir recursos en dichos activos en el país, caso en el cual no hay lugar a su contratación, y para la administración delegada de recursos.
• Establecer la posibilidad de que las firmas comisionistas de bolsa obren en posición propia o bajo el contrato de comisión, tal como lo establece la legislación del mercado de valores. No se acoge, por cuanto no hay lugar para la intermediación. En efecto, la resolución prevé tres alternativas para las operaciones de tesorería de las entidades públicas: los sistemas transaccionales con acceso directo de las entidades, mecanismos de subasta organizados por las propias entidades y las operaciones interadministrativas directas entre las entidades.
• Modificar la resolución en relación con la administración delegada de recursos públicos para que, además de las sociedades fiduciarias, también tengan cabida las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, los fondos de que trata el parágrafo del artículo 10 de la Ley 533 de 1999 y las firmas comisionistas de bolsa. Se acoge, salvo lo relacionado con las firmas comisionistas de bolsa que podrían ser consideradas en una etapa posterior.
• Aclarar que los criterios de selección de agentes sólo aplican a los residenciados en Colombia. No se acoge la propuesta, por cuanto todos los criterios contenidos en el artículo 25 de la resolución aplican sólo en Colombia, no obstante los organismos deberán tener en cuenta los principios de transparencia, competencia y de selección objetiva en la contratación de agentes en el exterior para el manejo de excedentes en moneda extranjera, con sujeción a las normas legales vigentes y a lo establecido en el artículo 64 del Decreto 266 de 2000 y el Decreto 1182 de 2000.
• Hacer alusión en la resolución a la colocación underwriting de emisiones de entidades públicas a través de firmas comisionistas de bolsa. No se acoge, por cuanto la operación referida es de endeudamiento y no de tesorería que es la materia que reglamenta la resolución.
• Aplazar durante una etapa inicial de la resolución, la exigencia de calificación para las sociedades fiduciarias en las que se delegue la administración de recursos de las entidades públicas. No se acoge y se hace exigible también a los demás grupos de entidades incluidos en la resolución y extensiva a la actividad específica de administración de recursos o de fondos. En todo caso, debe tenerse en cuenta que la resolución rige a partir del 1º de enero de 2001.
11. Que en relación con el capítulo V, “Políticas y prácticas de tesorería y administración de portafolios” se presentaron las siguientes observaciones, sugerencias y propuestas alternativas:
• Existencia de requisitos tan exigentes que, incluso no todos los agentes delegados, estarían en capacidad de cumplir, tal el caso de la "adopción de metodologías y procedimientos para identificar y analizar las variables que permitan prever el comportamiento futuro de las tasas de interés y de cambio y la liquidez del mercado", por lo que se sugiere revisar los requisitos exigidos para establecer su adopción por etapas. Se acoge para el caso presentado, en el sentido de reemplazar "adopción de metodologías y procedimientos...", por "identificación y análisis de la variables que permitan prever". No se considera procedente la adopción de los requisitos por etapas.
• Inconveniencia de determinar tasas máximas y mínimas por plazo a las que las entidades están dispuestas a comprar o vender y hacer constar por escrito los elementos y factores que consideraron para la definición. No se acoge. Por razones de trasparencia se mantiene tal exigencia. La misma no atenta contra la dinámica del mercado ni implica desaprovechar coyunturas favorables del mercado ni impone excesivas cargas operativas a las entidades y no debe ser informada al mercado ni incluida en los sistemas electrónicos que lleguen a utilizar. Debe ser un documento sencillo en el que se analizan las condiciones y expectativas de la entidad frente al mercado y con base en ello determinar las tasas de referencia para el "corte" o adjudicación de los negocios. Además, si las condiciones reales del mercado muestran cambios en relación con el entorno inicialmente considerado, la entidad podrá modificar sus tasas de referencia dejando constancia escrita de éstas y de la situación que motivó el cambio.
• Inconveniencia de que la instancia responsable en los términos del parágrafo del artículo 4º del Decreto 1182 de 2000 sea la encargada de la adopción, actualización y verificación del cumplimiento de las políticas a que se refiere la presente resolución, además, porque los organismos públicos gozan de entes de vigilancia y control que verifican el cumplimiento de las políticas. No se acoge, es la "instancia responsable" a quien corresponde tales responsabilidades, sin perjuicio de la función que cumplen los organismos de control y vigilancia.
• Conveniencia de definir metodologías, políticas, procedimientos efectivos y entrar a reglamentar riesgos como son los riesgo país, riesgo operativo y riesgo jurídico. No se acoge, por cuanto la competencia que le asignó a la DTN el artículo 65 del Decreto 266 de 2000 fue la de definir las obligaciones mínimas en materia de políticas, parámetros y criterios que deberán adoptar las entidades a las cuales les sea aplicable la resolución, aspectos que fueron desarrollados en la presente resolución. Lo anterior, sin perjuicio de que las entidades al establecer sus políticas consideren otros factores y parámetros, puesto que, reiteramos, los contenidos en la resolución son los mínimos a considerar por los organismos.
• Precisar definiciones de términos tales como "alta liquidez, mínimo riesgo, operaciones en corto, alto riesgo, signos de deterioro, minimizar o eliminar el riesgo, pérdida dentro del riesgo operativo, estrategia racional" e incluir un glosario de términos para que haya unificación del lenguaje de la resolución. No se acoge. Los términos señalados son de uso corriente en el mercado de valores y deben ser de conocimiento de quienes actúan de manera profesional en el mercado, además se considera que dichas definiciones y los elementos a ser considerados para cada una de ellas deben ser precisados al interior de cada organismo en función, entre otros, de las políticas internas, la localización geográfica de las entidades, la volatilidad y las condiciones del mercado en el cual operan y las definiciones técnicas que sobre el particular hayan sido consignadas en las normas aplicables al manejo de los mercados financiero, cambiario y de valores.
• Definir en qué tipo de entidades los organismos pueden tener cuentas corrientes o de ahorro tanto a nivel nacional como internacional para poder determinar un mecanismo adecuado en cuanto a la selección de entidades para tramitar aperturas o cierres de cuentas corrientes o de ahorros. No se acoge. Tales definiciones deben formularse al interior de cada organismo en concordancia con las políticas internas, en especial las relacionadas con el riesgo de depositarios y de crédito de emisores.
• Revisar el literal a) del artículo 27 en el sentido de “tener en cuenta, si es del caso, las políticas gubernamentales de respaldo a instituciones financieras que tengan programas en curso con Fogafín”. No se acoge. Las políticas gubernamentales relacionadas con el apoyo a entidades financieras seguramente será un factor que tendrán en cuenta los organismos al evaluar el riesgo de las entidades, en adición a los parámetros mínimos establecidos en la presente resolución.
• Eliminar el inciso primero del parágrafo del artículo 27 del proyecto de resolución. No se acoge. En el proceso de selección de las entidades para la apertura de las cuentas corrientes de los beneficiarios finales, los organismos no deben tener ninguna injerencia, deben ser decisiones autónomas de los beneficiarios finales.
• Precisar el sentido que quiere dársele al término compensación. Se acoge. Para el efecto se complementa la parte normativa y se señala qué significa entrega contra pago.
Conveniencia de que el mecanismo para la compra y venta de divisas corresponda estrictamente a las prácticas internacionales y a las reales posibilidades de términos de negociación con contrapartes del exterior. Se acoge.
• Imposibilidad de aplicar en todos los casos la entrega contra pago, y permitir que en las transacciones en divisas en el país, haya reglas diferentes. Además, la negociación de divisas entre dos entidades públicas no sería viable. No se acoge con el propósito de minimizar el riesgo de contraparte. En cuanto a las operaciones interadministrativas, que no hubieran podido realizarse en la medida en que las dos partes estaban obligadas a la entrega contra pago, se eliminó esta restricción.
• Imposibilidad de cumplimiento de la resolución por insuficiencia de tiempo entre el cierre del mercado cambiario y la transferencia de las divisas, por lo que se sugiere mitigar el riesgo de contraparte con la adopción de cupos por los respectivos organismos, precedida de un estudio de solvencia, cumplimiento, etc., de las respectivas entidades. No se acoge. El argumento de insuficiencia de tiempo para el cumplimiento no es válido, de acuerdo con la experiencia de la dirección general del tesoro nacional.
• Asignar cupos o límites a las contrapartes significa incluir en el análisis a las empresas del sector privado ya que los sistemas transaccionales actuales permiten el acceso a todo emisor inscrito en el registro nacional de valores e intermediarios. Se aclara que al margen del tipo de participantes en los sistemas transaccionales, los organismos sólo podrán realizar operaciones con entidades públicas y con las vigiladas por las superintendencias Bancaria y de Valores, que sean consideradas contrapartes idóneas en los términos de la presente resolución y, en consecuencia, sólo de ellas deberán realizar análisis de riesgo para la respectiva asignación de cupos.
• Exigir calificación obligatoria del riesgo de contraparte emitida por sociedad calificadora de riesgos. No se acoge. Por el momento, se considera suficiente la emitida por las firmas calificadoras en cuanto a riesgo de depositarios y riesgo de crédito de emisores, complementada con la que determinen los organismos.
• Inconveniencia de que los órganos deban vincularse en forma obligatoria y directa a los depósitos centralizados de valores y solicitud para que se les permita el acceso a través de intermediarios habilitados para el efecto. No se acoge, con el propósito de minimizar el riesgo.
• Cambiar la redacción de uno de los literales relacionados con el artículo que trata sobre el riesgo de mercado para que en lugar de establecer una restricción que no es competencia de la resolución, se defina la documentación y soportes obligatorios para identificar las operaciones de alto riesgo. No se acoge. La resolución no restringe tales operaciones, sino que instruye a los organismos sobre la necesidad de que adopten políticas restrictivas para su realización.
• Lograr una tesorería con las características del proyecto de resolución implicaría para las entidades grandes inversiones en tecnología, recurso humano, e infraestructura que algunas no estarían en capacidad de asumir. No se acoge, la inversión que deben realizar los organismos es directamente proporcional al tamaño y complejidad de las tesorerías, esto es, que la aplicación de la resolución les permite estructurar tesorerías sencillas con el manejo, por ejemplo, de dos operaciones básicas como inversiones en TES y constitución de certificados y depósitos de ahorro a término y en la medida en que la infraestructura humana y tecnológica lo permita podrán dar un manejo más complejo a las tesorerías, sin perjuicio de que puedan contratar la administración de sus portafolios en los términos de la presente resolución, si lo consideran más conveniente.
• Incluir un artículo que ordene a la Superintendencia Bancaria y a la de Valores la expedición de un boletín informativo con destino a los organismos públicos en el que se dé a conocer la situación de los mercados, tasas de interés de referencia, su tendencia, y en general toda la información que muestre signos claros sobre la situación actual y futura del mercado financiero y las instituciones que lo conforman. No se acoge. La dirección general del tesoro nacional no tiene facultades para ello.
• Inconveniencia de ajustar el portafolio real al de referencia por cuanto el objeto de los organismos no es el de realizar trading. Se aclara que la resolución prevé que el organismo puede cambiar la estructura del portafolio de referencia para no efectuar dicho ajuste. No obstante, es responsabilidad del respectivo organismo evaluar cuál de las decisiones es más conveniente.
12. Que se presentaron solicitudes en el sentido de otorgar plazos para la entrada en vigencia de algunos de los requisitos previstos en el proyecto de la resolución. Al respecto, el plazo con que se cuenta será el comprendido entre la fecha de expedición de la presente resolución y el 1º de enero de 2001, fecha de su entrada en vigencia.
13. Que no aparecen registrados comentarios y aclaraciones que no tienen incidencia en la parte normativa de la resolución y al considerarse que su atención podrá realizarse mediante comunicación al respectivo solicitante en el evento de que tales inquietudes persistan una vez entre en vigencia la presente resolución.
14. Que también fueron evaluados los cambios de forma solicitados oportunamente y algunos de ellos fueron acogidos e incorporados en la presente resolución.
Campo de aplicación y tipo de operaciones
ART. 1º—Campo de aplicación. La presente resolución aplica a los organismos públicos de cualquier nivel, así como a aquellos que teniendo naturaleza privada ejerzan por atribución legal funciones públicas de carácter administrativo, pero sólo en relación con estas últimas.
De acuerdo con lo anterior quedan sujetas a lo previsto en la presente resolución:
a) Las entidades del orden nacional
— Entidades del sector central:
— Entidades del sector descentralizado por servicios: establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado, superintendencias y unidades administrativas especiales con personería jurídica, empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, institutos científicos y tecnológicos, las sociedades públicas y de economía mixta y las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la rama ejecutiva del poder público;
b) Las del orden territorial y sus descentralizadas:
— Los departamentos, municipios, los distritos, departamentos administrativos y los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales departamentales, municipales o distritales;
c) Los demás organismos públicos, y
d) Las de naturaleza privada que ejerzan por atribución legal funciones públicas de carácter administrativo.
PAR. 1º—Cuando las condiciones de ubicación geográfica impidan el acceso a los sistemas transaccionales o cuando en la localidad sólo exista una entidad financiera que pueda actuar como depositaria, emisor o contraparte idónea y, en consecuencia, no haya lugar a la convocatoria de subastas, los organismos podrán abstenerse de dar aplicación a lo previsto en el capítulo II de esta resolución.
Tal decisión debidamente sustentada deberá constar por escrito y ser adoptada por la junta o consejo directivo que figure en los estatutos o norma de constitución organización y el máximo órgano administrativo de la rama ejecutiva que esté previsto en las respectivas normas y deberá ser notificada a los organismos de control, dentro de los siguientes ocho (8) días hábiles a su adopción. No obstante lo anterior, los organismos deberán dar cumplimiento a los demás aspectos contenidos en la misma.
PAR. 2º—Los establecimientos de crédito y las sociedades de servicios financieros con participación accionaria del Estado, en los casos de las operaciones interbancarias y repos descritas en el plan único de cuentas para el sistema financiero, podrán abstenerse de utilizar los sistemas transaccionales o los mecanismos de subasta, previstos en la presente resolución, cuando se celebren con entidades vigiladas por las superintendencias Bancaria y de Valores. No obstante, deberán sujetar sus actuaciones a lo dispuesto en el artículo 64 del Decreto 266 de 2000, el Decreto 1182 de 2000 y a los demás aspectos de la presente resolución.
PAR. 3º—La presente resolución no aplica al Banco de la República, en relación con sus operaciones como banco central, no obstante, deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 64 del Decreto 266 de 2000 y al Decreto 1182 de 2000 y enmarcar sus actuaciones en las políticas y procedimientos que para el manejo responsable y seguro de los recursos determinen la junta directiva o el nivel administrativo que para el efecto esté previsto.
PAR. 4º— En los convenios y contratos que suscriban las entidades para los fines de que trata el parágrafo del artículo 1º del Decreto 1182 de 2000, y en los que se encuentren vigentes, siempre y cuando sea legal y contractualmente procedente, incluidos aquellos que se celebren para ejercer la facultad consagrada en el parágrafo del artículo 10 de la Ley 533 de 1999, la norma que lo adicione o sustituya, en concordancia con la reglamentación que expidan el Gobierno Nacional y las superintendencias Bancaria y de Valores, deberá pactarse en forma expresa que el contratista se obliga al estricto cumplimiento de las disposiciones del Decreto 1182 de 2000 y a lo previsto en la presente resolución, incluida la obligatoriedad de utilizar sistemas transaccionales y/o mecanismos de subastas.
ART. 2º—Tipo de operaciones. En concordancia con las normas legales generales o particulares que regulan a cada entidad y de sus políticas internas, las entidades de que trata el artículo anterior, deberán tener en cuenta lo previsto en la presente resolución, para la realización de las siguientes operaciones en moneda nacional y en moneda extranjera en el país y en el exterior:
a) Manejo de recursos a través de cuentas corrientes y de ahorro;
b) Recaudo y pagos a través de terceros en desarrollo de convenios suscritos;
c) Constitución, manejo y liquidación de títulos y en general de valores;
d) Participaciones en fondos comunes y de valores;
e) Entrega de recursos en administración, y
f) Otras operaciones que se refieran a manejo de dinero, de títulos y en general de valores.
ART. 3º—De la obligación de utilizar sistemas transaccionales. Los organismos a los que aplica esta resolución, deberán utilizar sistemas transaccionales que reúnan los requisitos y condiciones previstos en los artículos 5º y 6º de la presente resolución, para efectuar en el país la compra y/o venta de títulos y en general de valores en el mercado secundario y la celebración de operaciones repo, en todo caso, con sujeción a las políticas de cada organismo para el manejo de recursos en tesorería, en concordancia con lo establecido en la presente resolución.
ART. 4º—De la selección de los sistemas transaccionales. La dirección general del tesoro nacional informará a los organismos sobre los sistemas transaccionales que cumplan con los requisitos establecidos en la presente resolución, con base en la información que suministre la Superintendencia de Valores, previa solicitud de la dirección general del tesoro nacional.
No obstante, será responsabilidad de cada organismo seleccionar los sistemas transaccionales que utilizarán, dentro de los informados por la dirección general del tesoro nacional, y evaluar en forma permanente la idoneidad de los mismos, para el cumplimiento de los principios, políticas y procedimientos que adopten, en desarrollo del Decreto 1182 de 2000 y de la presente resolución.
ART. 5º—Requisitos y condiciones de los sistemas transaccionales para la compra y/o venta de títulos y en general de valores en el mercado secundario. Para que los organismos puedan negociar a través de sistemas transaccionales, éstos deberán cumplir mínimo con los siguientes requisitos:
a) Que sean sistemas abiertos, esto es que permitan la participación de los organismos y de las entidades sujetas a la inspección y vigilancia de las superintendencias Bancaria y de Valores en desarrollo de su objeto social;
b) Que permitan el acceso directo de los organismos a los que aplica la presente resolución;
c) Que sea un sistema administrado por el Banco de la República o cualquier otro autorizado y cuyo administrador esté sujeto a la inspección y vigilancia de la Superintendencia de Valores;
d) Que permitan identificar si los títulos a transar son físicos o de circulación desmaterializada en un depósito centralizado de valores;
e) Que permitan la colocación de ofertas de compra y/o venta, la posibilidad de mejoramiento de precio y el cierre de la operación;
f) Que cuenten con un período mínimo de exposición de las ofertas;
g) Que no permitan la identificación de las partes durante el proceso de colocación de ofertas, mejoramiento de precio y cierre de la operación;
h) Que cuenten con corredores de tasas y/o de precios de mercado establecidos con criterios de reconocido valor técnico;
i) Que ofrezcan información a los organismos de control y vigilancia en caso de ser requerida y al mercado en general mediante la publicación en internet, con un rezago no mayor de 30 segundos, de las condiciones de cada cierre individual pactado en el sistema;
j) Que tengan acceso a un sistema de compensación que permita la entrega contra pago;
k) Que cumplan con estándares que les permitan interconectarse con otros sistemas;
l) Que cuenten con un reglamento aprobado por la Superintendencia de Valores, que incluya un régimen disciplinario de regulación y de sanciones, entre otros, por incumplimientos y prácticas que atenten contra la transparencia y la adecuada formación de precios;
m) Que tengan reglas de funcionamiento claras y que sean dadas a conocer a todos los participantes, y
n) Que garanticen transparencia y libre concurrencia en igualdad de condiciones a todos los participantes.
PAR. 1º— Los organismos deberán acreditar ante los administradores de los sistemas transaccionales, que los funcionarios que negociarán en ellos poseen adecuados conocimientos sobre la operatividad de los mismos y sobre el comportamiento de los mercados en los que van a participar.
PAR. 2º—Los organismos, previa la negociación a través de los sistemas transaccionales, deberán determinar por plazo, la tasa mínima de rentabilidad que el organismo está dispuesto a aceptar para realizar la compra o la tasa máxima de rentabilidad que el organismo está dispuesto a ceder para realizar la venta. Todos los elementos y factores considerados para la definición de las tasas deberán constar por escrito. Dichas tasas, en ningún caso, deberán ser informadas al mercado.
ART. 6º—Requisitos y condiciones de los sistemas transaccionales para la celebración de operaciones repo. Para que los organismos puedan celebrar operaciones repo a través de sistemas transaccionales, además de lo establecido en el artículo anterior, éstos deberán permitir:
a) La asignación de cupo a las entidades contraparte;
b) La identificación y la selección de los títulos admisibles;
c) La determinación del valor de la operación mediante el descuento de los flujos futuros de los títulos vinculados a la misma, con base en la tasa de descuento a que hace referencia el parágrafo 2º de este artículo;
d) La determinación de la tasa de mercado y la del primer componente de margen que hace referencia a la volatilidad. La metodología para su cálculo deberá ser dada a conocer al mercado, y
e) La inclusión por parte de la entidad que suministra los recursos del margen complementario, el cual hace referencia al riesgo de contraparte, a eventuales ajustes a los parámetros suministrados por el sistema, en caso de que el organismo lo considere necesario, y el desestímulo al incumplimiento.
PAR. 1º—Serán títulos admisibles los señalados en el inciso tercero del artículo 33 de la presente resolución.
PAR. 2º— La tasa de descuento estará conformada por el producto de las siguientes tasas efectivas: la de mercado de los títulos para los plazos respectivos, proveída por el sistema, la correspondiente al primer componente del margen, según lo señalado en el literal d) del presente artículo, también suministrada por el sistema, y la del segundo componente del margen, determinada e incluida por la entidad que suministra los recursos, según lo indicado en el literal e) del presente artículo.
PAR. 3º—Los organismos previa la negociación de repos a través de los sistemas transaccionales, deberán determinar las tasas mínimas o máximas por plazo a las que están dispuestos a colocar y/o a tomar los recursos. Todos los elementos y factores considerados para su definición deberán constar por escrito. Dichas tasas, en ningún caso, deberán ser informadas al mercado.
ART. 7º—De la obligación de utilizar mecanismos de subasta. Cuando los sistemas transaccionales existentes en el país no reúnan los requisitos señalados en este capítulo, y salvo que se trate de operaciones interadministrativas, los organismos deberán utilizar mecanismos de subasta, las cuales podrán realizarse a través de sistemas electrónicos.
Las subastas deberán implementarse con sujeción a los principios a que hace referencia el artículo 64 del Decreto 266 de 2000 y el Decreto 1182 de 2000, en concordancia con las normas legales, las políticas del respectivo organismo y de la seguridad y cuidado con que deben manejarse los recursos en tesorería.
ART. 8º—De la reglamentación de las subastas. Será responsabilidad de cada organismo expedir la reglamentación de las respectivas subastas, la cual deberá constar por escrito.
Los organismos podrán realizar más de una subasta diaria y los tiempos de duración de las mismas deberán estar acordes con la dinámica del mercado.
Los organismos deberán informar al mercado los medios a través de los cuales realizarán la convocatoria de las subastas y comunicarán los resultados de las mismas. Para el efecto, podrán utilizar sistemas electrónicos de comunicación, sistemas transaccionales, reuters, bloomberg, fax o cualquier otro medio que consideren idóneo. En todo caso, los organismos deberán asegurarse que las contrapartes y emisores idóneos quedarán oportunamente informadas con los medios seleccionados.
Los organismos deberán informar a la dirección general del tesoro nacional, en la misma fecha de realización de las subastas y dentro de los horarios de convocatoria establecidos a continuación, el tipo de subasta, monto y plazo de los recursos y/o títulos a subastar y los resultados de las mismas, en términos de montos, plazos y tasas.
• Las subastas que realicen los organismos deberán ajustarse a los siguientes horarios: 9.00 a.m. a 10.00 a.m.; 10.30 a 11.00 a.m., y de 12.00 p.m., a 1.00 p.m.
• La convocatoria a las mismas deberá realizarse así: 8.30 a. m., a 9.00 a.m.; 10.00 a.m., a 10.30 a.m., y de 11.00 a.m., a 11.30 a.m.
• Las adjudicaciones y notificaciones respectivas se harán así: de la primera subasta entre las 10.00 a.m., y las 10.30 a.m.; de la segunda entre las 11.00 a.m., y las 11.30 a.m., y de la tercera entre la 1.00 p.m., y la 1.30 p.m.
No obstante lo anterior, cuando lo consideren conveniente, los organismos podrán establecer horarios distintos a los establecidos, pero dicha decisión debidamente justificada deberá constar por escrito.
En cada uno de los horarios los organismos podrán realizar en forma simultánea subastas riego emisor, repo y otras.
La dirección general del tesoro nacional, cuando así lo estime conveniente, podrá determinar el medio a través del cual los organismos deberán divulgar la convocatoria de las subastas y los resultados de las mismas.
Para la constitución de certificados de depósito y de ahorro a término, la compra y venta de títulos y en general de valores en el mercado secundario y la celebración de operaciones repo, los organismos deberán tener en cuenta los requisitos mínimos establecidos en los artículos siguientes.
ART. 9º—De la obligación de registro. Los organismos están en la obligación de registrar en un sistema centralizado de información para transacciones, aprobado por la Superintendencia de Valores, todas las operaciones efectuadas mediante el mecanismo de subasta, el mismo día de su realización.
ART. 10.—Subastas para la constitución de certificados de depósito y de ahorro a término. Para este efecto las subastas pueden ser: tipo oferta y tipo demanda.
ART. 11.—Subasta tipo oferta. Se denomina subasta tipo oferta aquella mediante la cual los organismos ofrecen recursos para constituir certificados de depósito y de ahorro a término y se adjudica a los emisores idóneos que presenten las propuestas en las mejores condiciones de mercado.
Estas subastas deberán ser organizadas y realizadas directamente por los organismos.
PAR. 1º—Con sujeción a las políticas de los organismos, en aplicación de la presente resolución, éstos deberán definir las características y requisitos para que un emisor sea considerado idóneo.
PAR. 2º—Se considera oferta o propuesta en las mejores condiciones de mercado, aquella que cumpla con los criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad, que para el efecto defina el respectivo organismo.
ART. 12.—Requisitos y condiciones mínimas de las subastas tipo oferta. Las entidades al organizar y realizar este tipo de subastas, como mínimo, deberán:
e) Exigir que la modalidad y pago de intereses sea por períodos vencidos, los montos expresados en múltiplos de cien mil pesos y la circulación de los títulos desmaterializada en un depósito centralizado de valores;
f) Exigir que el cumplimiento de las operaciones sea compensado, esto es, entrega contra pago, y
PAR.—El organismo previa la convocatoria de cada subasta deberá determinar la tasa mínima por plazo a la cual está dispuesto a colocar los recursos. Todos los elementos y factores considerados para su definición deberán constar por escrito. Dicha tasa, en ningún caso, deberá ser informada al mercado.
ART. 13.—Subasta tipo demanda. Se denomina subasta tipo demanda aquella a través de la cual las entidades financieras sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, demandan recursos contra la expedición de certificados de depósito o de ahorro a término.
ART. 14.—Requisitos y condiciones mínimas de las subastas tipo demanda. Los organismos podrán participar en esta clase de subastas, si:
b) La convocatoria es abierta, esto es, que permita la libre participación del mayor número posible de entidades públicas y de las vigiladas por las superintendencias Bancaria y de Valores en desarrollo de su objeto social;
d) Se informa de manera previa y adecuada, por parte de la respectiva entidad financiera, el monto mínimo a subastar, clase de título a expedir, plazo, modalidad y periodicidad de pago de los intereses.
e) Las propuestas presentadas son en firme y sólo admitir modificaciones que impliquen mejorar los términos de la oferta;
g) Hay manifestación expresa, por parte de las entidades financieras, de que los títulos ofrecidos serán expedidos bajo la modalidad y pago de intereses por período vencido, los montos expresados en múltiplos de cien mil pesos y la circulación de los títulos desmaterializada en un depósito centralizado de valores;
h) El cumplimiento de las operaciones es compensado, esto es, entrega contra pago, y
PAR.—Los organismos participantes en este tipo de subasta deberán sustentar por escrito los criterios que consideraron para determinar la tasa de su oferta.
ART. 15.—Subastas para la compra y venta de títulos y en general de valores en el mercado secundario. A través de estas subastas los organismos ofrecen comprar o vender títulos en el mercado secundario, previamente especificados en cuanto a clase y plazo, a contrapartes idóneas sometidas al control y vigilancia de las superintendencias Bancaria y de Valores en desarrollo de su objeto social y del sector público.
Los organismos públicos podrán optar por organizar directamente este tipo de subastas, garantizando la convocatoria de otras entidades públicas o participar en las que otros entes públicos realicen.
PAR. 1º—Contraparte idónea se entenderá en los términos del artículo 34 de la presente resolución.
PAR. 2º—Los organismos previa la convocatoria de cada subasta deberán determinar por plazo la tasa mínima de rentabilidad que el organismo está dispuesto a aceptar para realizar la compra o la tasa máxima de rentabilidad que el organismo está dispuesto a ceder para realizar la venta. Todos los elementos y factores considerados para la definición de las tasas deberán constar por escrito. Dichas tasas, en ningún caso, deberán ser informadas al mercado.
ART. 16.—Requisitos y condiciones de las subastas para la compra y venta de títulos y en general de valores en el mercado secundario. Los organismos en la realización de este tipo de subastas, como mínimo, deberán:
a) Efectuar convocatoria abierta, esto es, que permita la libre participación de las entidades públicas y de las vigiladas por las superintendencias Bancaria y de Valores en desarrollo de su objeto social, que sean consideradas como contrapartes idóneas;
d) Exigir que las propuestas presentadas sean en firme y sólo admitir modificaciones que impliquen mejorar los términos de la oferta;
e) Informar que sólo negociarán títulos de circulación desmaterializada en un depósito centralizado de valores;
f) Exigir que el cumplimiento de las operaciones sea compensado esto es, entrega contra pago, y
ART. 17.—Subasta repo. Es aquella mediante la cual los organismos ofrecen o demandan recursos a través de operaciones repo, a cualquier contraparte idónea que presente la propuesta en las mejores condiciones de mercado.
PAR. 1º—Se entiende por operación repo la compraventa de títulos admisibles en la que el comprador adquiere la obligación de transferir nuevamente al vendedor la propiedad de los títulos negociados, en una fecha previamente convenida y en las condiciones iniciales de negociación.
Debe entenderse que dentro de las condiciones iniciales de negociación se encuentra estipulado el hecho de que en caso de incumplimiento la propiedad definitiva e integral de los títulos asociados con la operación será de la entidad que otorgó los recursos, sin que haya lugar a la devolución de remanente alguno a la entidad que incumplió.
PAR. 2º—Contraparte idónea, propuesta en las mejores condiciones de mercado y títulos admisibles, se entenderán en los términos señalados en el artículo 34, el parágrafo 2º del artículo 11, y el inciso tercero del artículo 33 de la presente resolución, respectivamente.
ART. 18.—Requisitos y condiciones de las subastas repo. Los organismos en la realización de este tipo de subastas, como mínimo, deberán:
a) Informar de manera previa y adecuada el horario, mecanismos y procedimientos para la presentación de las propuestas, adjudicación y cumplimiento de las subastas;
b) Divulgar en forma previa y adecuada el plazo de los recursos ofrecidos o demandados, títulos admisibles y/o disponibles, tasas de descuento aplicables a los flujos futuros de los distintos títulos;
c) Exigir que las propuestas presentadas sean en firme y sólo admitir modificaciones que impliquen mejorar los términos de la oferta;
d) Informar que sólo negociarán títulos de circulación desmaterializada en un depósito centralizado de valores;
e) Exigir que el cumplimiento de las operaciones sea compensado esto es, entrega contra pago y realizado en la misma fecha de la subasta, y
f) Suministrar, como mínimo, información global sobre montos, plazos y tasas de adjudicación.
PAR.—Los organismos previa la negociación deberán determinar las tasas mínimas y/o máximas por plazo a las que están dispuestos a colocar y/o tomar los recursos. Todos los elementos y factores considerados para la definición de las tasas deberán constar por escrito. Dichas tasas, en ningún caso, deberán ser informadas al mercado.
ART. 19.—Subastas para otras operaciones. Los organismos deberán diseñar subastas para la realización de operaciones distintas de las previstas en este capítulo, cuando las mismas no puedan efectuarse bajo la modalidad de interadministrativa o a través de los sistemas transaccionales.
En todo caso, dicho diseño deberá contemplar los aspectos previstos en la presente resolución para los diferentes tipos de subasta y subordinarse a lo señalado en los artículos 7º y 8º de la presente resolución.
ART. 20.—Operaciones no sujetas a la obligatoriedad del uso de sistemas transaccionales y/o mecanismos de subasta. Los organismos no estarán obligados a utilizar sistemas transaccionales y/o mecanismos de subasta cuando realicen operaciones en el exterior, compren y/o vendan divisas en el país y/o celebren operaciones interadministrativas.
ART. 21.—De las operaciones en el exterior y la negociación de divisas en el país. La modalidad de negociación utilizada por los organismos para las operaciones en el exterior y para la compra y venta de divisas en el país, deberá ser establecida por la instancia responsable, definida en los términos del parágrafo del artículo 4º del Decreto 1182 de 2000 y, en todo caso, con sujeción a los principios a que hace referencia el artículo 64 del Decreto 266 de 2000 y el Decreto 1182 de 2000, y en concordancia las normas legales y las políticas que establezca el respectivo organismo. Estas operaciones deberán realizarse en condiciones de mercado.
Operaciones interadministrativas
ART. 22.—Definición. Entiéndese por operaciones interadministrativas las realizadas entre los organismos públicos, en los términos del artículo 9º del Decreto 1182 de 2000.
La realización de estas operaciones se sujetará a las políticas de cada organismo para el manejo de recursos en tesorería, en concordancia con lo establecido en la presente resolución.
Estas operaciones se pueden dar, en primer lugar, como resultado de la negociación directa cuando los organismos así lo consideren y, en segundo lugar, por la participación de las entidades en negociaciones a través de sistemas transaccionales o mecanismos de subasta.
PAR. 1º—Las inversiones en TES del mercado primario deberán pactarse con la dirección general del tesoro nacional.
ART. 23.—Obligatoriedad de registro. Las operaciones interadministrativas deberán registrarse con sujeción a lo señalado en el artículo 9º de la presente resolución. Se exceptúan de esta obligación las interadministrativas realizadas a través de sistemas transaccionales, la suscripción primaria de TES y la negociación de divisas.
ART. 24.—Selección de agentes. Sin perjuicio del cumplimiento de las normas legales que les regulan, los organismos en la selección de agentes deberán aplicar los principios de que trata el artículo 64 del Decreto 266 de 2000 y el Decreto de 1182 de 2000, en todo caso, con la seguridad y cuidado con que deben manejarse los recursos en tesorería.
PAR.—De conformidad con lo previsto en los capítulos II y III de la presente resolución, los organismos no podrán contratar agentes para ejecutar en el país las órdenes de compra y venta de activos mobiliarios o para invertir recursos en dichos activos en el país.
ART. 25.—De las calidades de los agentes para la administración delegada de los recursos. Los organismos deberán definir las calidades de los agentes que requieran contratar para tal fin, teniendo en consideración, como mínimo, lo siguiente:
a) Que sean sociedades fiduciarias vigiladas por la Superintendencia Bancaria, tratándose de recursos de pasivos pensionales o prestacionales, también las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías y en el caso de los fondos de que trata el parágrafo del artículo 10 de la Ley 533 de 1999, las entidades sometidas a la vigilancia de las superintendencias Bancaria y de Valores, teniendo en cuenta los términos en que el Gobierno Nacional reglamente la materia;
b) Que las entidades a que se refiere el literal anterior estén calificadas por firma calificadora debidamente autorizada y, además, específicamente calificadas en la actividad de administración de recursos o de fondos, y
c) Que las calificaciones superen los mínimos establecidos por política por el respectivo organismo.
ART. 26.—Entrega de recursos en administración. Cuando los organismos deleguen la administración de los recursos, sin perjuicio del cumplimiento de las normas legales y de su directa responsabilidad en cuanto al seguimiento, control y evaluación de la gestión realizada por el contratista administrador, deberán:
a) Dar estricto cumplimiento a las disposiciones del parágrafo del artículo 1º del Decreto 1182 de 2000 y a lo previsto en el parágrafo 4º del artículo 1º de la presente resolución;
b) Aprobar las políticas, parámetros y criterios para el manejo de los recursos por parte del contratista administrador, en concordancia con lo establecido en la presente resolución, y
c) Evaluar la conveniencia de contratar una auditoría externa.
Políticas y prácticas de tesorería y de administración de portafolio
ART. 27.—Generalidades. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia, competencia y de selección objetiva, además de la seguridad y cuidado con que deben manejarse los recursos públicos, y de conformidad con las disposiciones del artículo 65 del Decreto 266 de 2000 y el Decreto 1182 de 2000, los organismos a los que aplica la presente resolución deberán formular, como mínimo, políticas relacionadas con:
b) Manejo de cuentas corrientes y de ahorros, recaudo y pagos;
f) Estructura de portafolio.
La instancia responsable en los términos del parágrafo del artículo 4º del Decreto 1182 de 2000, es la encargada de la adopción, actualización y verificación permanente del cumplimiento de las políticas a que se refiere la presente resolución. Dichas políticas deberán constar por escrito mediante acta aprobada, a la cual deberán anexarse los documentos soporte.
ART. 28.—Políticas de planeación financiera. En el manejo de las tesorerías los organismos deberán adoptar herramientas gerenciales, entre las cuales darán prioridad a la implantación y utilización permanente del flujo de caja para la toma decisiones, y en éstas deberá primar la atención de los compromisos derivados del desarrollo del objeto social de cada organismo, frente a la generación de excedentes para realizar operaciones de tesorería.
Para la estructuración y actualización del flujo de caja los organismos deberán considerar, como mínimo, los siguientes aspectos:
b) Planeación y programación de pagos, y
PAR.—Los organismos, con base en el resultado del flujo de caja, deberán definir las políticas para la optimización de los excedentes y/o para determinar, con sujeción a las normas legales aplicables, las alternativas, características y oportunidad de la financiación requerida.
ART. 29.—Políticas para el manejo de cuentas corrientes y de ahorros, recaudos y pagos. Sin perjuicio de la normatividad legal aplicable, los organismos en la definición de las políticas relacionadas con estos aspectos, deberán establecer, como mínimo, criterios que les permitan:
b) Establecer metodologías para la selección de las entidades prestadoras de los servicios y para la evaluación y seguimiento de éstas y de los servicios prestados;
d) Definir políticas y metodologías para la determinación de la remuneración mediante compensación o pago por los servicios prestados, y
e) Determinar la modalidad de pago a los acreedores del organismo, previa evaluación de las distintas alternativas existentes, teniendo en cuenta aspectos, tales como, seguridad, calidad, eficiencia, oportunidad y costo.
PAR.—Cuando se trate de pagos mediante abono en cuenta del beneficiario final, el organismo en ningún caso podrá indicar o sugerir al proveedor o beneficiario, la entidad financiera en la cual éste debe realizar la apertura de la cuenta receptora de los recursos.
En el registro de cuentas de beneficiarios finales, los organismos deberán establecer procedimientos eficientes y seguros, que involucren adecuados controles, orientados a impedir el desvío de recursos públicos.
ART. 30.—Políticas de riesgo. En el establecimiento de estas políticas los organismos deberán considerar, como mínimo, los siguientes riesgos:
c) Administrativos, y
ART. 31.—Riesgo de depositarios a través de cuentas corrientes, de ahorro y de recaudo y de crédito de emisores. Se origina en la probabilidad de deterioro de la situación financiera de la entidad depositaria de los recursos o en el deterioro del crédito de los emisores de los títulos y en general de valores.
Los organismos en la definición de la política para el control de este riesgo, deberán considerar al menos los siguientes elementos: selección de entidades depositarias y emisoras, selección de títulos y en general de valores, determinación de cupos o montos máximos de exposición por entidad y plazos máximos por entidad y por título.
ART. 32.—Criterios para la asignación de cupos o montos máximos de exposición. Para el efecto, los organismos deberán tener en cuenta, como mínimo, las siguientes pautas:
c) Realizar el estudio técnico para la evaluación del riesgo, mediante la aplicación de su propia metodología, y
PAR. 2º—El cupo asignado o monto máximo de exposición se definirá en función del análisis del riesgo de la respectiva entidad depositaria o emisora y no de la mayor disponibilidad de liquidez del organismo.
ART. 33.—Otros aspectos relacionados con la fijación de los cupos o montos máximos de exposición. Los cupos asignados o montos máximos de exposición podrán tener una vigencia hasta de seis (6) meses, no obstante, los organismos deberán establecer criterios de medición mensual, que les permita identificar ágilmente signos de deterioro en la situación financiera de las entidades, para realizar los ajustes requeridos y adoptar oportunamente las decisiones tendientes a minimizar o eliminar el riesgo.
De manera simultánea con la asignación de cupos, los organismos deberán establecer políticas de plazo máximo por emisor, en función del riesgo, del flujo de caja y de otros factores que consideren importantes para su determinación.
Tratándose de operaciones repo, en el manejo del riesgo emisor sólo podrán ser títulos admisibles los títulos de tesorería, TES, y mientras se mantengan administrados por el Banco de la República, los títulos de desarrollo agropecuario de Finagro y los emitidos por Fogafin.
Los organismos, con sujeción a las políticas de riesgo, determinarán los títulos que, dentro de los enunciados en el inciso anterior, aceptarán en la realización de sus operaciones repo.
La circulación de tales títulos deberá ser desmaterializada en un depósito centralizado de valores.
La dirección general del tesoro nacional podrá en cualquier momento modificar la relación de los títulos admisibles en las operaciones repo.
ART. 34.—Riesgo de contraparte. Este riesgo hace referencia a los eventuales incumplimientos de la entidad con la que se realiza la negociación. Los organismos, con sujeción a sus propias políticas, deberán definir las características y requisitos para que una contraparte sea considerada idónea.
Para minimizar este riesgo los organismos deberán considerar, como mínimo, lo siguiente:
b) Exigir que el cumplimiento de las operaciones sea compensado, esto es, entrega contra pago y establecer mecanismos que minimicen el riesgo de contraparte, cuando se trate de operaciones en el exterior que no puedan ser compensadas, y
c) Establecer como política en la compra de divisas en el país, que el pago se realice una vez éstas hayan sido abonadas en la cuenta del organismo, y en el caso de la venta en el país, que el traslado de las mismas se produzca previo el abono de los pesos equivalentes en la cuenta del organismo, esto no aplica en el caso de las operaciones interadministrativas.
ART. 35.—Riesgo de contraparte en operaciones repo. Tratándose de operaciones repo, además de los lineamientos establecidos en el artículo anterior, los organismos deberán tener en cuenta lo siguiente:
a) Establecer el valor de la operación mediante el descuento de los flujos futuros de los títulos asociados a la misma, con aplicación de tasas de descuento diferenciales, en los términos del parágrafo 2º del artículo 6º de la presente resolución;
b) Determinar márgenes diferenciales que permitan al organismo cubrir, de manera adecuada, los riesgos de volatilidad de tasa de interés y el riesgo de contraparte, en los términos del parágrafo 2º del artículo 6º.
c) En caso de que las operaciones no sean realizadas a través de sistemas transaccionales, además del riesgo de contraparte, los organismos deberán definir criterios para la determinación de las tasas de mercado y de las tasas de volatilidad;
d) Revisar el margen en forma permanente y ajustarlo a las condiciones cambiantes del mercado para mantener una adecuada cobertura;
e) Seleccionar depósitos centralizados de valores y sistemas transaccionales que, entre otros, garanticen a los organismos, en caso de incumplimiento de la contraparte, el ejercicio de los derechos en los términos establecidos en el parágrafo 1º del artículo 17 de la presente resolución;
f) Establecer como plazo máximo aquel que, para este tipo de operación, la Superintendencia Bancaria fije como límite a las entidades financieras sujetas a su control y vigilancia, en la actualidad 30 días, con el fin de mantener la naturaleza jurídica de la operación y, consecuentemente, los atributos inherentes a la misma.
PAR.—El margen a que hace referencia el literal b) del presente artículo, en ningún caso podrá ser inferior al equivalente al 35% de la tasa de mercado del respectivo título.
ART. 36.—Riesgo administrativo. Hace referencia a las eventuales pérdidas por debilidades en los procesos operativos y administrativos. Los organismos en la definición de esta política deberán considerar al menos los siguientes elementos:
a) Adquisición de títulos de circulación desmaterializada y vinculación directa y obligatoria a un depósito centralizado de valores;
b) Adopción de las medidas necesarias para la realización de las operaciones a través de sistemas transaccionales y, en su defecto, la utilización de mecanismos de subasta, en los términos establecidos en la presente resolución;
c) Establecimiento de mecanismos idóneos que permitan la adopción y ajustes de las políticas en forma oportuna y ágil, seguimiento eficaz al cumplimiento de las políticas y evaluación de los resultados de la gestión de tesorería;
d) Adopción de mecanismos que les permitan determinar las necesidades de capacitación de las personas encargadas del manejo de los recursos en tesorerías y el desarrollo de programas de capacitación y actualización académica requeridos, con sujeción a lo establecido en los artículos 7º y 8º del Decreto 1182 de 2000;
e) Elaboración de manuales de políticas y procedimientos y difusión de éstos al interior de los organismos, así como de las normas que regulan la actividad en el manejo de recursos en tesorería;
f) Definición de niveles de atribución y responsabilidad para el manejo de recursos en tesorería;
g) Utilización, con sujeción a las normas legales, de un sistema de grabación de llamadas telefónicas en las áreas que tengan a su cargo el manejo de recursos en tesorería;
h) Aplicación rigurosa del control interno en los términos de la Ley 87 de 1993 y de las normas que la modifiquen o sustituyan;
i) Definición de políticas y procedimientos para que las personas encargadas del manejo de los recursos en tesorerías, expongan ante la dirección de la entidad y los órganos de control interno, los conflictos de interés, así como las situaciones de carácter intelectual, moral o económico que les inhiba, ocasional o permanentemente, para participar en el manejo de los recursos en tesorería;
j) Adopción de herramientas adecuadas que permitan, entre otros, la inclusión detallada de las operaciones, su liquidación, valoración, contabilización, control de vencimientos y generación de informes,
ART. 37.—Riesgo de mercado. Se entiende como la contingencia de pérdida o ganancia, por la variación del valor de mercado frente al valor registrado de la inversión, producto del cambio en las condiciones de mercado, incluida la variación en las tasas de interés o de cambio. Para el efecto, los organismos deberán considerar, como mínimo, lo siguiente:
a) Identificación y análisis de las variables que permitan prever el comportamiento futuro de las tasas de interés y de cambio y la liquidez del mercado. Lo anterior con el objeto de establecer tasas de referencia, evaluar el portafolio constituido, tomar las decisiones respectivas y asumir estrategias de inversión;
b) Adopción de políticas y procedimientos en cuanto a liquidez, estructura y cobertura, con sujeción a las directrices contenidas en este capítulo, y
ART. 38.—Políticas de rentabilidad. Son las políticas mínimas orientadas a optimizar el manejo de los recursos en tesorería, con sujeción a la seguridad y responsabilidad que en todo momento deberán observar los organismos.
En la definición de estas políticas los organismos deberán, como mínimo, tener en cuenta lo siguiente:
b) Diseñar una metodología para la definición de las metas, realizar seguimiento periódico y efectuar los ajustes a que haya lugar, y
c) Establecer lineamientos para la adopción de una estrategia racional de mercado, para que la participación de los organismos en los sistemas transaccionales y en los mecanismos de subasta, no atente contra la adecuada formación de precios ni conduzca al deterioro del patrimonio público.
PAR.—Tratándose de inversiones en moneda nacional, entiéndese por tasa libre de riesgo la correspondiente a la tasa de mercado de los títulos de tesorería, TES, para el plazo respectivo.
ART. 39.—Políticas de liquidez. Son las políticas mínimas orientadas a garantizar la disponibilidad de recursos en tesorería, que les permita a los organismos atender en forma adecuada y oportuna las obligaciones de su objeto social, sin perjuicio de la optimización de los recursos.
Para el diseño de la política de liquidez los organismos deberán tener en cuenta, como mínimo:
a) El análisis del flujo de caja, las contingencias de ingresos y egresos y la capacidad del portafolio de generar liquidez, y
PAR.—Se considera de alto riesgo la realización de repos pasivos como instrumento para obtener liquidez del portafolio, cuando el nivel acumulado de estas operaciones supere el equivalente al cinco por ciento (5.0%) del valor del respectivo portafolio del organismo.
ART. 40.—Políticas de estructura del portafolio. Responden principalmente al manejo responsable y seguro del portafolio. Estas políticas deben ser consistentes con las de riesgo, rentabilidad y liquidez.
Los organismos en desarrollo de esta política deberán.
a) Establecer cupos porcentuales máximos de inversión sobre el total de su portafolio por tipo de operación, de títulos, de tasas de interés, de emisores, de monedas y por niveles de riesgo, con base en los cuales deben diseñar un portafolio de referencia, y
ART. 41.—Información contable. Los organismos a los que aplica la presente resolución, en relación con la información contable, deberán seguir las disposiciones legales y las directrices de la Unidad Administrativa Especial-Contaduría General de la Nación.
PAR.—Previa la realización de las operaciones relacionadas con el manejo de los recursos en tesorería, los organismos deberán verificar que haya claridad sobre el tratamiento contable a aplicar, de forma que los registros reflejen la realidad económica de las operaciones. En caso contrario, deberán solicitar a la Contaduría General de la Nación instrucciones para su adecuada contabilización.
ART. 42.—Vigencia. La presente resolución rige a partir del 1º de enero de 2001.
Dada en Bogotá, D.C., a 18 de agosto de 2000.

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