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Una valoración preliminar de la reforma de la Administración Local en España
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Lorenzo Pinto Lagos
1 TEMAS DE ACTUALIDAD Una valoración preliminar de la reforma de la Administración Local en España Núria Bosch y Albert Solé Universitat de Barcelona & Institut d Economia de Barcelona Introducción La actual crisis económica está ocasionando problemas financieros a numerosos municipios españoles. Las causas son variadas: la virtual desaparición de los ingresos urbanísticos obtenidos durante la etapa de expansión, la caída inesperada de los ingresos procedentes de la participación en los ingresos del Estado, los recortes discrecionales en las transferencias específicas procedentes de niveles de gobierno superiores, y la práctica imposibilidad de acceder al crédito. El problema es, sin embargo, menos grave que el que afecta a otros niveles de gobierno, por varias razones: la deuda local es una parte muy reducida del total, se trata del único nivel de gobierno que ha reducido su deuda hasta la fecha 1, y las consecuencias más adversas de la actual situación (e.g., el impago a proveedores) se encauzaron con cierto éxito durante Podemos decir, por tanto, que bien por iniciativa propia o bien gracias a los planes de ajuste impuestos por el Estado, gran parte de los municipios españoles ya han emprendido el camino de la consolidación fiscal. A pesar de esto, existe la percepción de que existen demasiados niveles de gobierno local, y un cierto solapamiento de competencias entre Entidades Locales y Comunidades Autónomas (CCAA a partir de ahora). Además, la epidemia 1 La deuda de las Administraciones Locales apenas representaba un 4.5% del total en 2012, en comparación al 18.7% y 76.8% de Comunidades Autónomas - CCAA a partir de ahora - y Estado, respectivamente) y se trata además del único nivel de gobierno que ha reducido dicha deuda en 2012 (en un 3.5% en 2012, cifra que contrasta con los crecimientos de alrededor del 10% y 16% de CCAA y Estado). 2 Durante 2012, cerca de Ayuntamientos se acogieron al Plan de Pago de Proveedores, que les permitía disponer acceder a préstamos condicionados al pago de proveedores, con la condición de presentar un Plan de Ajuste. de casos de corrupción urbanística municipal y los numerosos ejemplos de obras públicas innecesarias o sobredimensionadas han generado la impresión (acertada o no) de que la eficiencia en el funcionamiento del gobierno local es manifiestamente mejorable. Por estas razones, y más allá de las medidas de urgencia comentadas anteriormente, el gobierno español está preparando una reforma de la Administración Local, con el supuesto objetivo de racionalizar la estructura administrativa y, consecuentemente, de reducir el gasto público local. Después de meses de rumores sobre las medidas, el gobierno aprobó en febrero de 2013 un primer documento. En esta contribución describiremos las medidas contenidas en la propuesta 3. Previo a ello repasaremos brevemente los criterios que debería seguir esta reforma para luego, en base a estos criterios, analizar la oportunidad de las medidas propuestas. Las conclusiones a las que llegamos son que la mayoría de propuestas no van en la dirección de los criterios aquí propuestos y que su aplicación sólo puede entenderse bien como una respuesta a las demandas de una mayor centralización administrativa del electorado del Partido Popular 4, bien como un intento de reducir la autonomía local con objeto de reforzar el control del déficit público. En este sentido (y al igual que manifiesta Santiago Lago en su contribución a este informe, con respecto a las CCAA), el futuro dirá si las medidas adoptadas han ayudado o no a la consolidación fiscal 5. En cualquier caso, lo que parece claro es que estas reformas poco van a contribuir a mejorar el funcionamiento de la administración local. En la última sección enumeramos los aspectos que debería tratar cualquier reforma que persiguiese seriamente este objetivo. 3 La descripción de las medidas se basa en el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, versión 18/02/2013. Puede que en el momento en que sale a la luz este informe el contenido de este documento haya sido modificado. 4 La contribución de Carles Viver en la sección Forum del Informe describe las medidas recentralizadoras adoptadas por el Estado durante la actual crisis económica y que afectan principalmente a las CCAA. 5 Cabe decir que otros países han reformado la organización de los gobiernos locales sólo con el objetivo de solucionar los problemas financieros municipales. Un buen ejemplo es la reforma realizada en Israel en los años 90. El reciente trabajo de Reigewertz (2012) parece demostrar que la reforma consiguió reducir el déficit de los municipios en una peor situación financiera (que fueron los obligados a fusionarse).2 INFORME IEB SOBRE FEDERALISMO FISCAL 2. Criterios de reforma Cualquier reforma debería partir de un afirmación clara de lo que se pretende con la misma. Desde nuestro punto de vista la reforma de la estructura de la Administración Local debería seguir dos criterios: Eficiencia económica i.e., provisión de servicios al menor coste y Eficiencia política i.e., los políticos locales deberían tener incentivos adecuados a satisfacer las demandas ciudadanas en lugar de sus intereses personales. Eficiencia económica. Se trata de disponer de unos gobiernos locales de un tamaño poblacional óptimo o, dicho de otra forma, que garanticen que los servicios de competencia local se presten a un coste mínimo. El tamaño de los municipios españoles es demasiado reducido. Un 91% de los mismos tienen menos de habitantes, un 84% menos de 5.000, un 60% menos de 1.000, y un 47% menos de 100 habitantes. El grado de fragmentación municipal es incluso mucho más elevado en algunas CCAA como Castilla y León o Castilla-La Mancha. Un estudio del Consejo de Europa considera que el tamaño mínimo para que un municipio sea viable financieramente está alrededor de los habitantes y que el tamaño deseable para que pueda asumir los servicios públicos que deberían estar en manos de los gobiernos locales estaría alrededor de los habitantes. En el caso español, una limitación muy importante del tamaño municipal es que imposibilita disponer de una administración profesionalizada (i.e., dotada de secretario, interventor y oficina técnica mínima). Diversos trabajos sugieren que las economías de escala en la provisión de ciertos servicios (e.g., recogida de basuras) también pueden ser alcanzadas mediante diversas fórmulas de cooperación municipal y/o mediante la privatización de servicios (ver Bel, 2011), pero ello no ocurre con los costes de administración, que constituyen probablemente el área donde mayores deseconomías de escala existen. El problema, sin embargo, no siempre se manifiesta en un mayor gasto, sino en la infradotación administrativa. Esta situación hace que la administración local esté muy poco profesionalizada y dificulta aspectos tan claves como el control financiero. Podríamos considerar que los habitantes son el umbral mínimo que garantizaría la viabilidad administrativa de los municipios. La prestación de servicios a un coste mínimo requeriría de un tamaño algo superior. Eficiencia política. Se trata de conseguir que los gobiernos locales tengan los incentivos apropiados para responder con celeridad y adecuadamente a las demandas de los ciudadanos. Las instituciones políticas locales también deberían facilitar la rendición de cuentas por parte de los electos. Esto significa proporcionar incentivos a los ciudadanos a participar en la vida pública, y una presión suficiente sobre los políticos para que persigan el interés público y/o dediquen el esfuerzo necesario a las tareas que tienen encomendadas. Este tipo de consideraciones son las que están detrás del denominado principio de subsidiariedad : si no se demuestra que existen consideraciones de coste relevantes, es mejor dejar la gestión del servicio a nivel local, porqué es la cercanía al problema la que proporciona la información relevante sobre las necesidades de los votantes y, más importante aún, la que proporciona a los políticos los incentivos adecuados para atender a sus demandas. Hay diversos estudios que demuestran que el tamaño del municipio importa para estas cuestiones. Por ejemplo, un estudio reciente de los efectos del proceso de fusiones municipales acontecido recientemente en Dinamarca demuestra que la fusión en municipios mas grandes reduce la sensación que tienen los votantes de poder contactar con los políticos e incidir en sus decisiones (ver Dreyer Lassen y Serritzlew, 2010). Está demostrado también que la eficiencia política importa tanto o más que la puramente económica. La razón de ello es que de ella depende el buen uso del dinero pagado por los contribuyentes: de nada sirve tener una estructura de producción óptima en términos de costes si el mal funcionamiento de las instituciones políticas hace que el destino de los fondos públicos no sea la mejora de los servicios públicos sino la ineficiencia o incluso la corrupción. Hay diversos estudios que demuestran que una descentralización que realmente aproxime la toma de decisiones a los ciudadanos es efectiva para reducir la corrupción (ver Ivanyna y Shah, 2011). También es cierto que otros estudios han señalado que la corrupción se podría reducir con municipios mayores, más profesionalizados y con control financiero más eficaz (ver Fundación Alternativas, 2009). Este seria un argumento para proponer un tamaño municipal más equilibrado: suficientemente grande para tener una administración profesional pero lo suficientemente pequeño como para mantener la capacidad de respuesta a los problemas ciudadanos. En cualquier caso, para evitar que en unos municipios de mayor tamaño la distancia entre votantes y electores sea excesiva, debería modificarse el modo de elección de los políticos locales. Podría, por ejemplo, combinarse la elección directa del alcalde con la elección de concejales de distrito, siendo los distritos agrupaciones de varios municipios fusionados. Algunos autores proponen solucionar la aparente contradicción entre Eficiencia económica y Eficiencia política mediante la cooperación supramunicipal. Aunque hay cierta evidencia de la posibilidad de obtener economías de escala por esta vía (Bel, 2011), la generación de duplicidades administrativas genera también costes añadidos a la vez que está demostrado que produce un deterioro en la rendición de cuentas 6. En cualquier caso, desde los años 70 han sido numerosos los países que han realizado reformas 6 Ver Moisio (2011) para evidencia sobre esta cuestión para caso Finlandés. Finlandia es el único de los países escandinavos que no ha optado históricamente por la fusión de municipios como mecanismo para obtener una escala óptima de prestación de servicios. En Finlandia, los municipios son muy pequeños y la mayoría de servicios son prestados por organismos supramunicipales de carácter técnico (tipo mancomunidad). Recientemente, estos organismos han sido criticados tanto por la duplicidad de costes administrativos que generan como por la lejanía de la toma de decisiones respecto a los votantes. El gobierno finlandés está actualmente reconsiderando el modelo, introduciendo esquemas de incentivos financieros muy potentes para fomentar la fusión voluntaria de municipios. 133 TEMAS DE ACTUALIDAD 14 reduciendo drásticamente el número de municipios (Portugal y Grecia recientemente, Dinamarca en 2007, Alemania, Bélgica o Holanda en las últimas décadas, Gran Bretaña y países escandinavos, primero en los años 70 y después más recientemente). En Europa, sólo Francia, España e Italia parecen tener problemas para reducir el número de municipios. 3. Descripción de la reforma La medidas que incluye la reforma del gobierno pueden agruparse en cuatro grandes grupos: Delimitación competencial, Racionalización organizativa, Control financiero más efectivo, Profesionalización de la gestión. Delimitación competencial Se intenta aumentar la precisión en la definición de las competencias locales. Para ello se fija un listado de competencias mínimas. Las competencias no incluidas en esta lista son denominadas impropias. Las competencias en educación, sanidad y servicios sociales son asignadas explícitamente a las CCAA. La normativa intenta garantizar una financiación adecuada para las competencias mínimas y elimina o restringe en gran medida el gasto en competencias impropias. En el caso que exista acuerdo de delegación de competencias por parte de niveles de gobierno superiores (básicamente CCAA), éstos deberán contemplar la financiación íntegra del servicio. Además, se establecen mecanismos para evitar las situaciones de impago por parte de estos niveles de gobierno superiores, que incluyen: la compensación de deudas entre administraciones, la renuncia a la delegación si no hay financiación, o incluso la posibilidad de que el Estado retenga parte de las transferencias de la administración morosa. Racionalización organizativa La reforma restringe la prestación de servicios a aquellos municipios que puedan hacerlo de forma eficiente. La forma de llevar a la práctica este objetivo consistirá en calcular el coste estándar de prestación de cada uno de los servicios y compararlo con el coste real. En el caso de las competencias mínimas, si el coste es superior al estándar y el municipio tiene menos de habitantes, la competencia será traspasada a la Diputación provincial. En el caso de las competencias impropias, los servicios sólo se podrán prestar una vez estén garantizados los servicios mínimos (y ello haya sido debidamente acreditado ante el Ministerio), si no hay duplicidades con las competencias autonómicas, y si se garantiza la sostenibilidad financiera de las nuevas competencias. En cualquier caso, si el coste de prestación es superior al estándar, también estos servicios serán traspasados a la Diputación. El proyecto también incluye medidas para evitar la proliferación de entidades locales. Por ejemplo, las Mancomunidades y Entidades Locales Menores que no rindan cuentas en un período de tres meses, desaparecerán, y las que presten competencias impropias las deberán ceder a la Diputación. Control financiero más efectivo La reforma prevé el fortalecimiento de los interventores locales, haciéndolos depender de nuevo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. El objetivo de esta medida es garantizar una mayor independencia de los mismos respecto a los políticos locales y, por tanto, fortalecer la función de control financiero que éstos ejercen. La reforma contempla más obligaciones para los interventores, que deberán mandar periódicamente informes al Ministerio de Economía y al Tribunal de Cuentas, notificando las irregularidades detectadas. La propuesta también clarifica las situaciones en las que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas podrá intensificar el control sobre las cuentas locales, contemplando incluso la posibilidad de una intervención directa por parte del mismo. Profesionalización de la gestión La medida establece que el 82% de los electos locales no podrán percibir un sueldo. La norma fija el porcentaje de cargos electos con retribución y también de asesores y cargos de confianza por tramos de población. El salario de los alcaldes y de los cargos electos se fija en referencia al de un Secretario de Estado Discusión de las medidas Delimitación competencial El gasto en competencias impropias tiene varias causas. En ocasiones es la proximidad del gobierno local al ciudadano (junto a la dejadez de los niveles de gobierno superiores) la que determina la intervención local. En otros casos, la normativa autonómica genera unas obligaciones de gasto que no son debidamente compensadas por la Comunidad Autónoma (CA a partir de ahora). En otros casos se trata del incumplimiento de las obligaciones de financiación por parte de la CA. Este último caso se está produciendo a raíz de la crisis como parte de una estrategia de centrifugación del déficit autonómico. Finalmente, en algunos casos se utilizó esta 7 En lugar de esta medida, borradores previos del documento incluían como alternativa la eliminación del 30% de los electos. Esta propuesta suscitó una gran oposición por parte del mundo local y de los partidos minoritarios (que dada la existencia de la exigencia de un porcentaje de votos mínima para lograr el primer regidor veían peligrar su participación, en especial en los municipios de menos de habitantes). Al final la medida fue retirada del texto.4 INFORME IEB SOBRE FEDERALISMO FISCAL estrategia por parte del municipio (durante los años de bonanza económica) como una forma de aumentar el ámbito de actuación local y justificar así la solicitud de una mayor financiación en el futuro. Parece que la clarificación competencial era pues necesaria, y debe celebrarse que finalmente se haya hecho algo al respecto. Las medidas adoptadas generan, sin embargo, algunas dudas. Las medidas transfieren competencias a las CCAA sin contemplar financiación alguna por parte de los municipios. Además, en algunos casos, la CA puede finalmente considerar que estos servicios deben gestionarse a nivel local y delegarlos a los municipios. En estos casos, la prestación del servicio suele consistir en una combinación de regulación autonómica y de co-financiación autonómica y local. Así es, por ejemplo, como funcionan las guarderías o las escuelas de música municipales. Si bien parece injusto que las CCAA se desentiendan de sus compromisos iniciales de financiación de estos servicios (algo que está sucediendo como resultado de la crisis), aumentando la parte que recae sobre los contribuyentes locales y las familias, es difícil de asumir que a partir de ahora los presupuestos de las CCAA deban hacerse cargo por entero de su financiación. En la práctica, por tanto, probablemente nada va a cambiar a este respecto. Está también por ver la efectividad de la norma que prevé que un Ayuntamiento pueda recurrir al Estado para cobrar los impagados de su CA. Racionalización organizativa El gasto por habitante decrece fuertemente al aumentar la población. Esto no significa sin embargo que existan economías de escala en la prestación de los servicios locales. La mayor parte de las deseconomías existentes en la prestación de servicios tienen más que ver con deseconomías de densidad que con el tamaño de la población del municipio. Es decir, los costes por usuario o habitante son elevados debido a que la densidad de población es baja y porqué existen muchos núcleos de población. Esto afecta a la mayoría de servicios mínimos que implican la extensión de infraestructuras de red (e.g., alcantarillado, agua, pavimentación de calles) o el desplazamiento de las unidades encargadas de subministrar el servicio o de los usuarios (e.g., recogida de basuras, servicios sociales). El traspaso de estos servicios a las Diputaciones no va necesariamente a reducir los costes, a menos que la calidad del servicio se reduzca (i.e., se dejen de prestar en las zonas más despobladas). Existe bastante evidencia empírica sobre esta cuestión (ver Bel, 2011). Otro motivo de la existencia de un gasto por habitante más elevado hace referencia a los costes fijos de administración y de la propia existencia del Ayuntamiento. Los sueldos de Secretario, Interventor, y otros funcionarios cualificados, constituyen un coste fijo que puede generar diferencias de gasto muy acusadas en términos per cápita. Estas diferencias, no obstante, no siempre se observan, puesto que muchos municipios carecen de estos servicios simplemente por no poder pagarlos. La reforma no es muy clara respecto a la posibilidad de transferir todos estos servicios a las Diputaciones. En cualquier caso, incluso si existiesen algunas economías de escala potenciales, las Diputaciones no parecen la mejor opción para la gestión de estos servicios. En primer lugar, la dimensión geográfica de las diputaciones es excesiva. En el caso extremo en que se demostrase que todos los municipios menores de habitantes tienen un coste superior al estándar (imaginemos que el coste mínimo está en los habitantes), tendríamos algunas provincias con sólo dos municipios de facto: la capital de provincia y el resto de la provincia, gestionado por la Diputación. Aunque es obvio que los más de municipios existentes en España constituyen un mapa municipal excesivamente fragmentado, la solución apuntada por la propuesta del gobierno parece a todas luces excesiva. En segundo lugar, la provisión de los servicios locales se dejaría en una gran parte de la geografía española en manos de unas instituciones cuyos dirigentes no son elegidos de forma directa por parte de los ciudadanos, lo que iría contra el principio de Eficiencia política mencionado más arriba. El método de elección de los diputados provinciales, basado en los resultados de las elecciones municipales agregados a nivel de partido judicial es totalmente incomprensible para los ciudadanos y deja en manos de los grandes partidos la selección de los cargos provinciales. Si partimos de la base que la necesidad de reforma de la administración local también está relacionada con los problemas de gobernanza y calidad democrática que la misma ha sufrido en los últimos años, parece que las propuestas de cambio deberían ir encaminadas a la mejora del funcionamiento democrático y no a la eliminación de cualquier atisbo de democracia existente en el mundo local. Respecto a la reducción del número de mancomunidades, cabe decir que por un lado sí parece que en el caso español éstas hayan provocado una cierta duplicidad administrativa. Además, también en el caso español, la gestión a través de mancomunidades ha dificultado la rendición de cuentas. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que en algunos casos existe evidencia de que la gestión mancomunada de determinados servicios (e.g., agua, residuos) es una forma de conseguir un mínima escala de prestación (ver Bel, 2011). Nuestra opinión en este punto es que aun en este caso unos municipios de mayor tamaño que los actuales podrían ayudar a alcanzar la escala mínima de prestación, garantizando una calidad democrática suficiente mediante el diseño adecuado del sistema de representación política, y sin necesidad de confiar la prestación de más servicios a unas instituciones disfuncionales y poco democráticas como son las Diputaciones. En relación con estos aspectos, cabe comparar la reforma propuesta por el gobierno central con la reforma de la administración local que está actualmente preparando la Generalitat de Catalunya 8. En 8 Se trata de la futura Ley de Gobiernos Locales de Catalunya. En este caso no existe ningún texto escrito en el momento de escribir este artículo, aunque las medidas comentadas ya han sido anunciadas por el gobierno autonómico. Existen también dudas respecto a la preeminencia de las nuevas normas estatales respecto a las propuestas por la CA. La actual propuesta del gobierno central no parece respetar las competencias exclusivas en organización local atribuidas por el Estatut de Catalunya a la Generalitat. La resolución de esta cuestión añade pues incertidumbre adicional sobre el resultado del proceso de reforma en Catalunya. 155 TEMAS DE ACTUALIDAD 16 este caso, se prevé que los municipios de menos de habitantes deleguen competencias a los Consejos Comarcales, que también podrían asumir las competencias actualmente gestionadas por otros organismos supramunicipales (como las mancomunidades). Además, las comarcas se convertirían básicamente en organismos técnicos de gestión de servicios. La reforma eliminaría el actual procedimiento indirecto de elección de los miembros del pleno y del presidente (muy parecido al de las Diputaciones) y sustituiría las instituciones políticas por un Consejo de Alcaldes en el que estarían representados todos los municipios. Podemos decir varias cosas respecto a esta propuesta. Primero, como mínimo el tamaño de las comarcas (tanto en población como en extensión) parece más razonable que el de las Diputaciones. Segundo, la estructura de toma de decisiones también parece más adecuada. Tercero, no obstante la reforma genera algunas dudas: el límite de habitantes es muy pequeño, la función residual de estos pequeños municipios no está muy clara, la capacidad de opinión de los municipios más grandes en una institución que les va a prestar menos servicios que a los municipios más pequeños es quizás desproporcionada, etc. Nuestra opinión en este caso es que seria más razonable fusionar los municipios por debajo de un determinado tamaño transfiriendo todas las competencias a las comarcas. Los municipios no fusionados gestionarían la totalidad de competencias. Finalmente, la reforma no prevé eliminar las Diputaciones, con lo que en Catalunya seguirían coexistiendo como mínimo dos niveles supramunicipales, con la consiguiente duplicación de gastos administrativos 9. En cualquier caso, las medidas del gobierno central pueden ser criticadas por motivos de viabilidad. En primer lugar, la determinación de los costes estándar de los servicios municipales es una tarea muy compleja, que implica medir adecuadamente la calidad de los servicios, tarea para la cuál el Ministerio no tiene los medios necesarios, dado que no hay prácticamente ningún municipio que lleve contabilidad de costes, lo cual imposibilita conocerlos, y más en municipios pequeños. En algunos servicios no está claro cuál debería ser el coste estándar de servicio y en otros es la normativa autonómica la que lo determina, con las consiguientes diferencias territoriales. Además, el mundo local es muy diverso, tanto en términos de necesidades (e.g., la recogida de basuras en un municipio turístico o rural requiere de un diseño distinto que en un municipio urbano) como de recursos (e.g., en algunos municipios las bases imponibles proporcionan mayores recursos, lo que permite suministrar una mayor calidad de servicio) o preferencias (e.g., los ciudadanos de algunos municipios pueden estar de acuerdo en soportar unos tipos impositivos más elevados). Esto significa que los estándares no pueden definirse en términos 9 En el área urbana de Barcelona, comarca y Diputación coexisten con el Área Metropolitana de Barcelona. La reforma prevé eliminar la comarca en este ámbito. En el resto del territorio las Diputaciones se convertirían en Veguerías (delimitación territorial prevista en el Estatuto de Autonomía). Esta por ver si estos nuevos gobiernos supramunicipales van a heredar las mismas competencias y estructuras administrativas que las Diputaciones o se va a aprovechar la reforma para una simplificación de funciones. de gasto per cápita y de aquí la dificultad de la tarea. La opinión respecto a esta cuestión es que o bien todo esto va a quedar en nada o bien los estándares serán reinterpretados en términos de gasto o déficit y se utilizarán por tanto para retirar competencias de los Ayuntamientos que no ajusten sus presupuestos. En segundo lugar, incluso si los estándares pudiesen aplicarse, la reforma no establece que ocurriría con la financiación de los servicios. Se traspasaría parte de la financiación municipal a las Diputaciones? Imaginemos que esto sea así; entonces, la financiación traspasada provendría de la participación en los tributos del Estado o de los tributos propios? Podríamos llegar a tener municipios vaciados de competencias de gasto, pero aun recibiendo transferencias y tomando decisiones fiscales? No sería más razonable eliminar estos municipios? O quizás es este el propósito no explicitado por la reforma. Nuestra opinión es que si esto es así, la reforma debería haber encarado el problema directamente, planteando la eliminación (fusión) de municipios, creando nuevos municipios de una escala mayor en lugar de optar por la solución de transferir competencias a las Diputaciones. Control financiero más efectivo El control financiero de los municipios en España se vehicula por dos vías distintas. Los interventores realizan un control de legalidad y financiero a priori, y el Tribunal de Cuentas realiza el control a posteriori 10. La reforma no incluye ninguna medida respecto al Tribunal de Cuentas, cuya tarea fiscalizadora es reconocidamente insuficiente, debido a la falta de medios técnicos para controlar a los más de municipios españoles y a la falta real de independencia respecto a los partidos políticos. Un control externo independiente y riguroso haría quizás menos urgente las medidas referentes respecto al control interno. Los interventores son funcionarios de habilitación estatal que superan pruebas objetivas de gran dificultad. Están a priori bien formados y además tienen en general bien asumido su mandato como controladores independientes de las cuentas municipales. Sin embargo, su estatus se ha ido deteriorando con el paso del tiempo. Así, en la actualidad, su designación, sueldo e incluso régimen disciplinario (en algunas CCAA) está en manos de los políticos locales. En algunos casos, la situación es incluso peor, puesto que el puesto está ocupado por un interino que puede ser incluso un técnico no habilitado (que puede tener la formación necesaria o no para desempeñar el cargo). Algunos Ayuntamientos evitan sacar a concurso las plazas, puesto que los políticos prefieren lidiar con técnicos designados directamente por ellos. Otros Ayuntamientos (los más pequeños), no pueden cubrir las plazas por falta de 10 El control externo es realizado también en cada CA por los organismos de control externo dependientes de los parlamentos autonómicos.6 INFORME IEB SOBRE FEDERALISMO FISCAL candidatos, puesto que no se convocan oposiciones y la escasez de habilitados hace que los elevados sueldos que se están pagando sean inasumibles para estos municipios. En algunos Ayuntamientos pequeños se dispone de Secretario-Interventor, con lo que la persona encargada de gestionar es la misma que la encargada de fiscalizar, un situación desde luego algo esquizofrénica. Esta situación hace que el Ayuntamiento bien carezca completamente de un controlador financiero, bien que la independencia del mismo esté condicionada por el poder político. La situación es lo suficientemente grave para que cualquier intervención al respecto deba ser celebrada. Sin embargo, la propuesta del gobierno es muy poco precisa. No está claro cuál va a ser el cambio de estatus del interventor. Si, como parece, su contratación, sueldo y despido seguirá dependiendo de los políticos locales, nada va a cambiar. Si no se convocan más oposiciones, tampoco se va a resolver el problema. En cualquier caso, no parece que el Ministerio vaya a pagar directamente a los interventores. Si lo hiciera se pondría de manifiesto que no hay suficientes interventores para el número de municipios existente y/o que el número de municipios debe reducirse. De hecho, una de las mayores ventajas que conllevaría la fusión de municipios es la posibilidad de garantizar que todos los municipios dispusieran de un interventor independiente. Profesionalización de la gestión La crisis económica y la multitud de escándalos de corrupción y/o mala gestión municipal que han aparecido en los últimos años han hecho que los ciudadanos sean muy sensibles a la información sobre la remuneración de los cargos electos. Además, en el caso local, el nivel de formación de los políticos es mucho menor que en otros niveles de gobierno, acrecentando la impresión de que el sueldo no se adecua al nivel formativo. Probablemente, por tanto, sea razonable establecer unos ciertos límites máximos a la remuneración de los políticos. De todas formas, es conveniente hacer algunas puntualizaciones al respecto. En primer lugar, no está claro que la medida genere ningún tipo de ahorro. El establecimiento de topes máximos reducirá el sueldo de los alcaldes y electos que actualmente los superan pero también puede legitimar el aumento de los sueldos de los que ahora no llegan a ese límite. La reducción del número de concejales con remuneración tendrá un efecto muy limitado, puesto que actualmente muy pocos de ellos cobran un sueldo y puede tener un efecto indeseado sobre dietas y otros tipos de gasto. Además, aunque las medidas tuviesen un impacto real, el ahorro generado a nivel municipal no se traduciría necesariamente en un menor gasto, puesto que probablemente la reducción seria compensada con incrementos en otras partidas. En segundo lugar, contrariamente a lo que se tiende a pensar, una adecuada remuneración a los políticos es una condición imprescindible para conseguir reclutar para el cargo a los más capaces. En un estudio reciente para Italia, Nannicini y Gagliarducci (2013) demuestran que unos salarios más elevados para los políticos locales tienen como efecto que los candidatos tengan un nivel de educación más elevado y que, una vez en el cargo, aumenten la eficiencia en la provisión de los servicios públicos, reduciendo el nivel de gasto. Es interesante remarcar que los autores encuentran que los mayores salarios no hacen que los políticos se comporten mejor durante su mandato (i.e., los malos políticos siguen siendo malos a pesar de recibir salarios mayores): el efecto positivo se produce exclusivamente gracias a una mejora en el proceso de selección y es por tanto de naturaleza dinámica. En otro estudio para México, Finan y Ferraz (2013) obtienen un resultado parecido y demuestran, además, que el mayor nivel de formación de los políticos no es a expensas de una menor preocupación por el servicio público. Esto quiere decir que no se puede esperar que la gente capacitada vaya a querer dedicarse a la política local sólo por cuestiones de motivación de servicio público. En España, esto quizás fue cierto durante la transición a la democracia, pero ya no lo es actualmente, al menos en municipio de un tamaño razonable. La conclusión aquí es parecida: hace falta una fusión de municipios para poder tener políticos mejor pagados y, por tanto, con un nivel de capital humano superior. 5. Una reforma alternativa La reforma propuesta por el gobierno contiene algunos ingredientes interesantes (e.g., delimitación competencial, reforzamiento de los interventores) pero es muy imprecisa. Además, se centra en algunos aspectos colaterales (e.g., salario de los políticos) evitando encarar las cuestiones más importantes (e.g., tamaño municipal y sistema electoral local). Por este motivo, nos permitimos resumir los distintos aspectos que una reforma equilibrada de la administración local debería tratar con objeto de dar cumplimiento a los principios de Eficiencia económica y Eficiencia política. Establecemos 7 recomendaciones para una reforma de la Administración Local: 1. Reducción del número de municipios, fusionando municipios con objeto de alcanzar un tamaño mínimo de habitantes y, a ser posible, acercarse a los habitantes. Diseño de los límites municipales para tener en cuenta en la medida de lo posible circunstancias históricas, geográficas, culturales y económicas. Proceso participado de fusiones: el Estado proporcionaría incentivos financieros para una fusión voluntaria rápida y pasado un tiempo la fusión es obligatoria. Las CCAA se encargarían de organizar el proceso de delimitación de los nuevos municipios. 2. Clarificación competencial. Delimitación de competencias mínimas de los Ayuntamientos, parecida a la contemplada en la actual reforma. 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 artículo 36
 Real Decreto 
 Artículo 20
 Real Decreto 
 Real Decreto