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Timestamp: 2017-07-28 02:31:44+00:00

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La Sociedad Civil Ecuatoriana: 15 años de movilizaciones y cambio estructural | FERNANDO VERDESOTO RUSSO
Posted on May 13, 2012 by fverdesoto	Por: Ing. Fernando Verdesoto Russo*
Este nuevo Siglo está alumbrando un escenario mundial de profundos cambios. No sólo por las nuevas formas que adopta el despliegue del capitalismo global, sino por las nuevas dinámicas que se configuran en los procesos de resistencia y transformación, por la redefinición de las estrategias del poder para hacer frente a estos nuevos antagonismos, y por la puesta a punto de nuevos instrumentos para lidiar con la creciente ingobernabilidad (y deslegitimación política) que la intensificación de la globalización económica y financiera provoca. El paradigma sobre el “nuevo orden mundial” cada vez toma mayor relevancia y lejos de convertirse en una teoría se va convirtiendo en una realidad empírica; donde encontramos mercados que están siendo castigados por la misma “mano invisible” del capitalismo de Smith, Estados despertando de una “larga y triste noche neoliberal” buscando una cura rápida para la “cruda” realidad que sus sociedades urgentemente demandan y finalmente una sociedad civil abatida entre el mundo de la política y el de la economía, luchando por retomar su espacio en “el mundo de la vida”, tratando con fuerza (con ayuda de la tecnología) de abrir espacios de opinión pública para ser escuchada e identificada como el soberano y principal defensor de la democracia. Latinoamérica no es ajena a esta corriente de cambios, especialmente países sudamericanos con gobiernos progresistas como: Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay, entre otros, cuyos pueblos están experimentando cambios históricos, donde los sistemas caducos del capitalismo perverso están siendo remplazados por estructuras sólidas con base en una nueva ética orientada hacia el “buen vivir”.
El presente artículo realiza un análisis crítico sobre la participación de la sociedad civil ecuatoriana en los últimos 15 años de vida republicana y democrática en el País. La misión principal será identificar el rol que ha jugado el “tercer sector” en los cambios estructurales que se experimentaron desde el año 1997 con el golpe de estado al presidente Abdalá Bucaram; hasta el presente año 2012 y los intentos desestabilizadores de algunos sectores sociales, que en nombre de la “acción colectiva”, la “libertad” y la “democracia” tratan de revivir prácticas –qué como veremos más adelante– forman parte de un recetario conspirador para deslegitimar gobernantes empoderando a la sociedad civil y regresarle el poder a las élites oligárquicas que siempre han gobernado con su mano invisible, especuladora y antidemocrática. El principal problema que pretendemos resolver será identificar el verdadero grado de empoderamiento que tiene la sociedad civil ecuatoriana en la vida pública; además, examinar los aciertos y/o desaciertos de la política en materia social del gobierno del presidente Rafael Correa y su intento de establecer un nuevo marco institucional donde la sociedad civil juegue un papel más importante en la vida democrática del Estado.
Como parte de nuestro análisis vamos a valorar el papel de actores civiles como las ONG y el llamado efecto “oenegesismo” que ha tomado fuerza en el Ecuador y en Sudamérica para influir en la soberanía de la política nacional en nombre del “colectivo ciudadano”, el “desarrollo”, la “paz” y un sin número de “buenas causas” que solo sirven de telón para un escenario de intervención y manipulación hegemónica. Conjuntamente, pretendemos identificar el papel que juegan actores como los medios de comunicación, muchas veces auto-proclamados como regidores de la democracia, libertarios de los derechos ciudadanos e inclusive voceros oficiales de la opinión pública (cuando realmente son solo dueños de la “opinión publicada”). Finalmente, intentaremos develar los verdaderos objetivos que esconden ciertos “dirigentes” que lideran movimientos, redes y grupos sociales; que manipulan a sus seguidores exponiéndolos a mentiras, y en muchos casos (especialmente en el caso de ciertos movimientos indígenas) extorsionándolos y obligándolos a movilizarse contra su voluntad, con la más vil práctica “huasipunguista” de intimidación mediante multas al uso del agua o la tierra. Contradicciones banales, pues muchos de estos dirigentes predican de palabra “la libertad” cuando en realidad solo buscan sumar intereses propios y cuotas políticas.
II. La sociedad civil ecuatoriana: 15 años de marchas, movilizaciones y cambio estructural.-
En este primer capítulo vamos a centrarnos en analizar los últimos 15 años de vida política e institucional del Estado ecuatoriano. Nuestro principal enfoque de estudio serán los actores que conforman a la sociedad civil y su verdadero grado de participación en la construcción de un régimen más democrático con visión ciudadana. Nuestra ruta histórica estará marcada por claros ejemplos que evidencian, en primera instancia, una aparente acción colectiva sólida, capaz de movilizarse con el fin de exigir y demandar un cambio de gobierno (tratando de mantener el mismo régimen “democrático”). El Ecuador, como muchos países latinoamericanos, guarda un pasado de constantes luchas sociopolíticas por alcanzar la estabilidad y el progreso. No obstante, la gran mayoría de nuestros gobernantes traicionaron los intereses ciudadanos, soslayando la política de la ciudadanía, y dejando el control soberano en manos del mercado y de la economía. A finales del Siglo XX, el Consenso de Washington deliberadamente emprendió una acelerada transición ideológica en la Región, cuya misión principal era promulgar un sistema económico ferviente al capital: “el nuevo liberalismo económico”, donde aparentemente se potenciaba al “individuo”, se reducía la participación política del Estado y se desregulaban los mercados en nombre de la libertad y la frágil promesa de la tan anhelada “inversión extranjera”. Las consecuencias para nuestro País fueron nefastas: la pobreza aumentó desmesuradamente, la brecha entre ricos y pobres se acrecentó, los recursos naturales de la nación fueron premeditadamente puestos al servicio del mercado internacional, las políticas asistencialistas y sociales quedaron en el olvido, las políticas en educación se redujeron a una relación “clientelista” entre el Estado y los sindicatos, la deuda externa se incrementó irresponsablemente, entre tantas otras consecuencias y gracias al exagerado aperturismo (“bobo aperturismo”), el Ecuador perdió la soberanía en política monetaria, al entrar al sistema de la “dolarización” remplazando nuestro sucre por dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Aparentemente el Ecuador habría retornado a la democracia en el año 1979; sin embargo, ¿basados en los resultados socioeconómicos reflejados hasta principios del Siglo XXI, podríamos afirmar que realmente vivíamos en un Estado democrático, o será que pasamos de una rígida dictadura a una simple “democracia participativa” impuesta por el “stablishment” internacional? Según Claudio Gallardo (2004, p. 12) los ciudadanos tienden a juzgar a la democracia por su efectividad frente a la resolución de sus problemas inmediatos (bienestar) y del País, es decir, una identificación ciudadana entre el orden democrático y el funcionamiento de las instituciones, el desempeño de los gobiernos de turno y de sus mandatarios; en particular la ciudadanía así posicionada, se adhiere a sus mandatarios más que al sistema, al resultado de la gestión más que al marco que la posibilita, todo este intrincado laberinto de actitudes y percepciones deviene en una crisis de la institucionalidad y de la democracia. Si el “gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo”[1] quedó en manos de oligarquías que defendían los intereses de las élites y aplastaban los sueños de una sociedad digna de una patria soberana, ¿gozábamos de una verdadera democracia participativa, representativa y ciudadana? Estamos seguros que los hechos son contundentes y evidencian un paulatino debilitamiento de la institucionalidad democrática en el País; por consiguiente, una sociedad civil muy alejada del “mundo de la vida” de Habermas, subyugada a la cohesión del poder político (y un sistema corrompido por la burocracia), esclavizada a la “partidocracia” de un régimen electoral sesgado, y con una opinión pública – anti Gramsciana – atrapada por el poder hegemónico y fáctico de los medios de comunicación y los intereses oligárquicos del sector económico-financiero.
Sin embargo, en el Ecuador de los años 60 ya había indicios de un intento por consolidar movimientos sociales (en especial aquellos movimientos indígenas que actuaban en representación de un pueblo olvidado por la legislatura[2]), organizaciones no gubernamentales, grupos de interés y grupos de presión que intentaban ganarse un espacio en la esfera pública para reclamar por sus derechos tanto civiles como políticos (y actualmente aquellos derechos sociales y económicos). Lamentablemente, ningún pronunciamiento de la sociedad civil logró frenar aquel “tsunami” neoliberal cargado de doctrinas capitalistas que hundieron al País. Posteriormente en los años 90, ya encontramos a una sociedad civil más organizada, madura y consciente de la crisis institucional que vivía el Ecuador. Una crisis que evidenciaba un contexto político y económico muy conflictivo, con una economía estancada, con una profunda degradación del Estado de Derecho, con un aumento insostenible de la corrupción y finalmente con un triste desencanto de amplios sectores de la población con respecto a las instituciones democráticas. En el año 1996, la sociedad civil ecuatoriana ya tenía un “rostro” multicolor acompañado de una gran variedad de actores y organizaciones sociales. Según Bustamante, Durán, y Andreetti (2006, p. 28) en el último informe de CIVICUS[3] sobre el “Índice de la Sociedad Civil en el Ecuador”, se considera que la sociedad civil ecuatoriana está auto-clasificada en: movimientos sociales y ciudadanos, organizaciones dedicadas a una sola causa, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, corporaciones, gremios, asociaciones de voluntariado y filantrópicas, observatorios, veedurías y organizaciones sociales de base. No obstante, para efectos de este estudio nos vamos a limitar a nombrar aquellos movimientos, organizaciones y grupos que han protagonizado grandes movilizaciones en defensa de los derechos ciudadanos, particularmente aquellos movimientos basados en la etnicidad y/o en las identidades regionales, locales o seccionales orientados a buscar la descentralización de los recursos estatales y de las decisiones gubernamentales. Uno de los movimientos sociales más antiguos y representativos del País y de la región interandina es la ECUARUNARI (Confederación Kichwa del Ecuador), conformada a su vez por una gran variedad de actores como por ejemplo la CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador), el FULCI (Frente Único de Lucha Campesina e Indígena), la FEI (Federación Ecuatoriana de Indios), entre muchos otros grupos de presión como sindicatos, por ejemplo el CTE (la Confederación Ecuatoriana de Obreros), otros movimientos como el MUARC (Movimiento Internacional de Juventudes Agrarias Católicas), quienes emprendieron una fuerte lucha por los derechos indígenas, por recuperar sus tierras y en especial para expedir la Ley de Reforma Agraria de 1973. Su principal estrategia siempre ha sido la organización y la acción colectiva aglutinando y orientando políticamente a los miembros de las naciones originarias y oprimidas desde la conquista europea en el Siglo XVI.
Tal como mencionamos al inicio, nuestro estudio se enfoca en los últimos 15 años de vida republicana, este recorrido histórico inicia con el derrocamiento del Ab. Abdalá Bucaram, pasando por el Ab. Jamil Mahuad y el ex Coronel Lucio Gutiérrez, hasta la reconstrucción y recuperación del “Estado soberano”, proceso emprendido por el actual Presidente Constitucional de la República, el Ec. Rafael Correa Delgado, quien instituye un marco ideológico amparado en el “Socialismo del Siglo XXI” de Dieterich. En los últimos años, la lucha de los sectores sociales contra la política neoliberal y pro-imperialista provocó la caída de tres presidentes y la ruptura del orden constitucional. Sin embargo como veremos más adelante, la acción colectiva no logró tener como correlato un cambio general y profundo de las estructuras del Estado; desafortunadamente, estas acciones más bien fueron “capitalizadas” por los grupos de poder económico y político en favor de sus intereses de clase. Cuando la dominación de clase está en riesgo, se impone en esos grupos la unidad de sus distintas facciones (Solís 2006).
“El Bucaramato”
Al ritmo de “Los Iracundos”[4] y al calor del clamor popular, iniciamos una etapa obscura, bizarra y escandalosa, protagonizada por el gobierno del líder populista del Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), el Ab. Abdalá Bucaram Ortiz, quien fuera posesionado el 10 de agosto de 1996. Desde sus inicios en Carondelet[5], se percibía un ambiente de inestabilidad política e institucional, pues este corto período estuvo caracterizado por escándalos, demagogia social, corrupción y un total manejo irresponsable del poder ejecutivo que terminaría con la aplicación de severas medidas económicas – de corte neoliberal – hundiendo a los sectores sociales más vulnerables y en especial a la clase media ecuatoriana. El “paquetazo” de 1997 incluía: la elevación de los impuestos a los combustibles y a los denominados consumos especiales, la supresión de subsidios (gas, teléfonos y electricidad), el congelamiento/reducción del salario mínimo y la elevación de las tarifas de transporte (Báez 2005). La paciencia de los ciudadanos había llegado al límite; estudiantes, campesinos, trabajadores e indígenas se levantaron, en voz de protesta por todo el país, para exigir la destitución del mandatario. Este momento histórico y ciudadano (replicado en ocasiones posteriores) se puede enmarcar en lo que McAdam (et al. 2001, p. 5) denomina “política de contención”, la cual se caracteriza por una sucesión de acciones colectivas, episódicas y públicas, entre los que presentan los reclamos y los objetivos de estos reclamos, cuando el gobierno es al menos uno de los reclamos, objeto de reclamo o una parte en el reclamo. Era evidente la coyuntura que existía entre los ciudadanos, organizaciones sociales e indígenas, grupos de presión, organizaciones de base y movimientos de toda índole. Este momento era la plataforma precisa para que la sociedad civil despierte y se movilice en la acción colectiva, el escenario político brindaba todas las condiciones necesarias para emprender procesos de movilización social que garantizaran un aparente éxito, que se traduzca en un verdadero cambio institucional. Paralelamente, varios actores civiles deciden formar el “Frente Patriótico de Defensa del Pueblo” conformado por grupos de presión tradicionales como: el Frente Popular, la FEUE (Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador), la FESE (Federación Nacional de Estudiantes Secundarios del Ecuador), el FUT (Federación Unitaria de Trabajadores); grupos de interés como: las organizaciones feministas, jubilados y de protección al medio ambiente; y orquestados por experimentados movimientos indígenas como la ECUARUNARI y la CONAIE, entre otras confederaciones de corte étnico y plurinacional. Juntos y sumidos en el paradigma de la movilización de identidades, convocan a una huelga nacional “por la dignidad, la honestidad y contra el neoliberalismo” a cumplirse el 5 de febrero de 1997. La estrategia estaba trazada y la movilización ya contaba con la representatividad de millones de ciudadanos volcados en las calles, haciendo alusión a toda clase de simbolismos que iban a caracterizar su protesta con un claro reflejo contra-hegemónico plasmado en la opinión pública. Según René Báez (2005) en los días previos al paro cívico, las organizaciones populares y sociales pusieron a prueba viejas y nuevas tácticas transgresivas como por ejemplo: desfiles de encapuchados, conciertos de cacerolas, quema de muñecos, plebiscitos no oficiales al estilo zapatista, ocupación de templos, misas-protesta, colectas para comprar la renuncia del mandatario, entierros simulados, entre otras. El Ecuador vivía una fiesta cívica y pacífica, a la cual se adherían más miembros de la población (niños, adultos y ancianos), gremios empresariales e inclusive los partidos políticos de oposición de aquella época: el PSC (Partidos Social Cristiano), el MPD (Movimiento Popular Democrático), la UDC (Unión Democrática Cristiana), la DP (Democracia Popular), la ID (Izquierda Democrática) y el FRA (Frente Radical Alfarista). La movilización habría cumplido su primer objetivo: poner en la agenda política nacional y en la opinión pública internacional sus demandas en beneficio de la transformación hacia un auténtico Estado de Derecho. La moción contenía un preciso mandato antineoliberal, democrático y nacionalista: 1) derogatoria de las medidas económicas, 2) archivo del proyecto de convertibilidad, 3) redefinición del manejo de la deuda externa, 4) universalización del sistema de seguridad social, 5) redefinición del proceso de privatizaciones, 6) eliminación del Ministerio Étnico Cultural, 7) restitución de los trabajadores públicos ilegalmente cancelados, 8) enjuiciamiento a Bucaram y sus adláteres, 9) convocatoria a una Asamblea Constituyente, 10) reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado, 11) paz digna y definitiva con el Perú, entre otras (El Comercio, 14 de febrero de 1997 citado en Báez 2005). Finalmente, el 7 de febrero de 1997, el Poder Legislativo – legitimado en la acción colectiva de los ciudadanos y amparado en el contundente apoyo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas – decide “declarar vacante” la Presidencia de la Republica, aduciendo la “incapacidad mental” del mandatario. Este momento histórico, refleja la clase política oportunista, su antimoral, su juego sucio y la frialdad jurídica con la que repetidamente violaron la Constitución. En total atropello a la ciudadanía, el Congreso (con la mayoría oligárquica) decide nombrar a un presidente interino, el Ab. Fabián Alarcón (líder del FRA), quien posteriormente traicionaría la moción ciudadana para continuar con el frívolo dogmatismo neoliberal que seguiría arrastrando cuesta-abajo al País por un sombrío sendero de incertidumbre. ¿Cuáles fueron los resultados concretos de aquella magnífica movilización de la sociedad civil?, ¿dónde quedó el respeto hacia la voluntad popular?, ¿será que la sociedad civil solo sirvió como un recurso para catapultar y legitimar la voluntad de unas cuántas élites? Uno de los logros (por así decirlo) de la sociedad civil, podría ser la convocatoria a un referéndum popular para instaurar una Asamblea Nacional con la misión de cambiar la Carta Magna en favor de la ciudadanía. No obstante, dicha Constitución “disfrazada de pluralidad” solo escondía un entrampado recetario de doctrinas neoliberales que consolidarían el proceso de destrucción de la soberanía nacional. Según Gallardo (2004, p. 15) los posibles logros democráticos acreditados a la movilización social, no fueron mínimamente suficientes para que la ciudadanía encuentre en el Estado y sus instituciones la participación y representatividad que legítimamente exigía, pues en el Ecuador continúo prevaleciendo un marco de inestabilidad política, permanentes e irresolutos conflictos de poder y debilidad económica que atentaron contra la legitimidad y la estabilidad política y del sistema democrático, especialmente en el contraste de la distribución de la riqueza y de sus beneficios.
“El gran tecnócrata: de Harvard a Carondelet”
Exactamente dos años después del fatídico “Bucaramato” llega una “nueva esperanza” para el País: el Ab. Jamil Mahuad Witt – líder del partido Democracia Popular (DP) y especialista en Administración Pública – egresado de la prestigiosa Escuela de Gobierno John F. Kennedy en la Universidad de Harvard. Con un nuevo escenario político, nuevas reglas del juego y una matriz política-económica evidentemente frágil; Mahuad hereda un País con serios problemas macroeconómicos: un nivel de pobreza que rebasaba al 30% de la población, una tasa de desempleo superior al 8%, una inflación anual similar al 40%, una drástica caída en el precio internacional del petróleo (primera fuente de ingresos del País), entre muchos otros aspectos exógenos como el fenómeno climático de “El Niño”, que ensombrecían el panorama futuro del Ecuador. El presidente Mahuad no tardó en aplicar los lineamientos que exigía el Fondo Monetario Internacional para financiar su proyecto gobiernista (nuevamente fiel al capitalismo de los banqueros, las élites y la oligarquía). Según Correa (2009, p. 55) entre los más importantes errores cometidos por Mahuad se destacan: la falta de control sobre el sistema financiero, la creación de una “inédita” ley de garantía de depósitos (ley AGD), la aplicación del impuesto a la circulación de capitales, la eliminación del impuesto a la renta, la reforma al sistema de tipo de cambio y la independencia del Banco Central (ya consagrada en la Constitución de 1998). Las consecuencias fueron nefastas para nuestro País; para el año 1999 el desempleo abierto ya ocupaba el 14% de la PEA y el subempleo bordeaba el 46%, la moneda ecuatoriana se había devaluado en un 131%, perdimos nuestra soberanía monetaria al decretarse la “dolarización”, perdimos gran parte del territorio Amazónico en una adversa firma de paz con el Perú (totalmente anti-soberana), y se instalaron bases militares norteamericanas en el territorio nacional en favor del Plan Colombia y la supuesta lucha contra el narcotráfico. Finalmente, se decretó un feriado bancario que protegió a la “bancocracia” de su crisis y permitió el infame robo de todos los ahorros del pueblo ecuatoriano. Una vez más la ciudadanía reaccionó ante tanta barbarie, y en enero del año 2000, los dirigentes indígenas de la CONAIE y de la Confederación de Pueblos Kichwas del Ecuador, lideraron reiteradamente la movilización y la acción colectiva que juntaba a gran parte de la sociedad civil quiteña (excluyendo a la clase media), puesto que la sociedad guayaquileña – encabezada por el ex presidente León Febres Cordero (máximo representante de las oligarquías) – expresaba su intención de separar a Guayaquil (si fuera necesario) del Estado ecuatoriano. La táctica de protesta simbólica se repite, con una variante muy interesante que podríamos clasificar como “política de contención transgresiva”, ya que al menos uno de los actores no estaba previamente institucionalizado y tampoco sus formas de levantar demandas (McAdam 2001, p. 8); en este caso, a la estrategia colectiva se suman algunos militares de alto rango, entre ellos, el entonces Coronel Lucio Gutiérrez (quien asumiera la presidencia, democráticamente, pocos años después), Fausto Cobo, Jorge Brito y Gustavo de Lamala. El levantamiento popular democrático y legitimado por el tercer sector iba cambiando su rumbo y tomando forma de golpe de estado; Antonio Vargas, presidente de la CONAIE, Gutiérrez y Carlos Solórzano, ex funcionario del Poder Judicial, ya habían planificado formar un “triunvirato” y tomar Carondelet o el Palacio Legislativo por la fuerza pero pacíficamente. Sin embargo, por presiones internacionales (especialmente de Estados Unidos) y de algunos partidos políticos de derecha, se descarta la posibilidad de cambiar el régimen democrático por una dictadura. Según Heinz Dieterich (2000, p. 14-24) en tan sólo dos días, la traición y la falta de “software cultural” acabaron con la insurrección y con toda esperanza, nuevamente, de consolidar las demandas de la sociedad civil. El gobierno de Mahuad termina el 21 de enero y asume el poder, por sucesión, el entonces Vicepresidente el Ab. Gustavo Noboa Bejarano, quien continuó con la política neoliberal y, principalmente, fortaleciendo la dolarización en el Ecuador y tratando de impulsar a toda costa las privatizaciones. También fue víctima de una profunda crisis política que muchas veces lo tuvo al borde del derrocamiento; enfrentó grandes movilizaciones populares e indígenas y terminó su gobierno sin pena ni gloria (Solís 2006). Este episodio nos lleva a varias reflexiones; en primer lugar, ¿podríamos considerar como una derrota de la sociedad civil el levantamiento indígena-militar?, nuestra posición es clara y contundente, ya que es evidente el fracaso de la acción colectiva, al no lograr concretar una agenda ciudadana que imponga un cambio significativo y radical al perverso sistema que nos mantenía subyugados al poder de “unos pocos”. El intervencionismo imperial de los Estados Unidos y su amenaza de marginar al Ecuador (tal como lo hizo con Cuba), reflejó los deseos de la élite ecuatoriana por mantener un Régimen caduco e insensible a la miseria popular. En segundo lugar, ¿realmente podemos catalogar “la revolución del 21 de enero” como un proceso atribuible a toda la sociedad civil ecuatoriana?, según Simón Panchano (2005, p. 43) los más golpeados por el feriado bancario fueron los sectores medios, quienes en esta ocasión prácticamente no tuvieron participación; por consiguiente, se puede suponer que la fuerte movilización indígena tuvo otras motivaciones, seguramente de carácter más político que económico, y que fue eso lo que llevó a que convergieran con el discurso – y la acción – de contenido redentor y mesiánico de los militares. Es evidente que el doble discurso y la doble moral se apoderaron de ciertos líderes indígenas, que cegados por el poder político, expusieron a sus mandantes para tratar de concretar sus propios intereses egoístas. En conclusión, aquella sociedad civil de Tocqueville, que debería fungir como un “cuerpo intermedio” entre el Estado y los intereses de la sociedad, no tuvo ni protagonismo ni visión pluralista.
“El caudillo de Washington”
El año 2003 inicia nuevamente con la esperanza de un cambio fundamental en la matriz social, productiva y política del País. El ex Coronel Lucio Gutiérrez Borbúa, catalogado como “revolucionario” por el proceso emprendido el 21 de enero en contra de Mahuad, había ganado un espacio importante en la esfera política y se proyectaba como un candidato apolítico, humilde, combatiente y con una posición “radical” en la lucha contra la corrupción, el neoliberalismo y las oligarquías. Su condición de ex militar reflejaba, en el imaginario político del pueblo ecuatoriano, un sentimiento de seguridad y confianza; según cifras del PNUD (2003), el nivel de confianza del Ecuador en el sistema democrático era del 0.36%, en los partidos políticos del 5%, en los medios de comunicación 36%, en la iglesia católica 62% y en las fuerzas armadas un sorprendente 30%. Durante su campaña electoral concertó importantes alianzas con varios actores de la sociedad civil, especialmente con sus compañeros de lucha, aquellos movimientos indígenas y plurinacionales como la CONAIE y la ECUARUNARI; además, con PACHAKUTIK (brazo político de los movimientos indígenas), el MPD y con su propio partido político el PSP (Sociedad Patriótica 21 de Enero). En este período se confirma la sed política que tenían aquellos movimientos sociales, cuyos dirigentes (ahora actores “insiders”) prometían conformar una agenda ciudadana, participativa e incluyente, especialmente en favor de aquellos sectores más vulnerables y afectados por la crisis institucional de la última década. Desafortunadamente, ya en el poder, Gutiérrez, paulatinamente traiciona su programa de gobierno “por un nuevo Ecuador” y se doblega caudillistamente al sistema económico imperante. La política y el discurso cambiaron estrepitosamente su curso ideológico por pragmatismos de derecha, el Régimen se había declarado el mejor aliado de los Estados Unidos y del imperialismo: continuando con la dolarización, negociando un TLC (Tratado de Libre Comercio) con EE.UU. en evidentes condiciones desfavorables para el País y en especial para los sectores artesanales, campesinos e industriales, mantuvo la Base de Manta como sede militar Norteamericana en favor del Plan Colombia y renegoció nuevamente la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (entre otros organismos) a cambio de garantizar primacía y puntualidad al pago de los acreedores, sin priorizar sectores como la educación, la inversión en obra pública o la salud. Es importante mencionar que las cifras macroeconómicas se estaban recuperando; sin embargo, gran parte de la recuperación fue gracias al fuerte endeudamiento para pagar los salarios de la nueva burocracia clientelar / nepotista, seguido de un aumento en el precio internacional del crudo y la consolidación y estabilidad del dólar en nuestra economía. Sus “aliados” de izquierda no tardaron en quitarle el respaldo político, aunque algunos movimientos sociales e indígenas quedaron divididos, principalmente por aquellos dirigentes, viciados de poder político, y vendidos al “gutierrismo”. Las manifestaciones y marchas no se hicieron esperar, aunque esta vez eran encabezadas por el nuevo “Frente Popular” liderado por el MPD, la ID y algunos grupos de presión tradicionales, pero con poco protagonismo indígena. Gutiérrez estaba perdiendo la legitimidad otorgada por el pueblo en las urnas y su incapacidad para gobernar se hacía cada vez más evidente; una muestra de aquello fue la desesperada maniobra por tratar de controlar más poderes del Estado, al nombrar una nueva Corte Suprema de Justicia “custom-made” gracias a una mayoría parlamentaria gobiernista. Según Julio Paltán (2005, p. 52) la nominación de la nueva Corte (violando la división de poderes y la Constitución) expresaba la tendencia de centralizar el poder de los gremios y órganos de la sociedad civil, por pánico a la oposición organizada. El año 2005 inició con un evidente ambiente político incierto y sombrío; no obstante, en esta ocasión las movilizaciones no auguraban la misma fuerza de choque que aglutinaron en contra de Bucaram o Mahuad. Prueba de esto fue el “aparente” fracaso de la movilización denominada “Asamblea de Quito” convocada por la alcaldía Metropolitana y la Prefectura de Pichincha, a la cual se sumaron algunos partidos políticos de oposición. Este momento marca una indiscutible y profunda crisis de convocatoria, articulación y representatividad por parte de la ID, PACHAKUTIK y la poderosa CONAIE, que también se sumó al decreto. Inclusive, se podría pensar que detrás de la derrota de la “Asamblea de Quito”, venía la muerte de toda forma de movilización social. Posteriormente, Gutiérrez, utilizando un ingente despliegue mediático, declaró en cadena nacional que el “fracaso” de la movilización quiteña era un “triunfo” de la democracia y de su gobierno “caudillista”. Sin embargo, las lecturas discursivas apuntaban en otra dirección, evidenciando un problema enraizado en la institucionalidad democrática del País: la crisis del sentido de representatividad de los ciudadanos en las instituciones del Estado, en las organizaciones partidistas, y en nuestros gobernantes (Pazmiño 2005, p. 36). Era evidente que la ciudadanía estaba cansada de los políticos de siempre, por ende, no aceptaban ni pretendían solapar más – ni al gobierno de turno ni a la pseudooposición – encabezada por los mismo “politiqueros” defensores de intereses egoístas y anti-patria. Este momento histórico, es digno de analizar, pues buena parte de la sociedad civil ecuatoriana empezaba a surgir y despertar de una profunda crisis ética, que sumergía a la nación entera. Paralelamente, germina una original forma de protesta social que no encajaba en el arquetipo de movilización, pues era una simple “multitud” de ciudadanos (especialmente de la clase media capitalina), que carecía de ideología, agenda o liderazgo central. La manifestación de la sociedad civil quiteña fue espontánea, original (por ejemplo, con respecto al horario nocturno de las convocatorias) y se basó en el más variado despliegue de símbolos, manifestaciones artísticas, leyendas creativas que apelaban a lo nacional y a la “quiteñidad”, que reflejaban una opinión política madura, y que levantaban como objeto de lucha temas que nunca antes – por lo menos en los últimos años de democracia – habían sido factor de protesta: la dignidad, la institucionalidad democrática perdida, entre otras (Ospina 2005, p. 80). La coordinación, convocatoria y motivación de la acción fueron potenciadas por medios de comunicación como la radio y los mensajes celulares; éstos ganaron la guerra mediática contra la costosísima campaña desmovilizadora, indignante y manipuladora levantada por el “gutierrismo”. Las concentraciones nocturnas de la ciudadanía creaban lazos de solidaridad, de coordinación y revivían de alguna manera el frenesí de las fiestas de Independencia del 6 de diciembre (Paltán 2005, p. 53-4). Esta “multitud” fue catalogada y bautizada despectivamente por Gutiérrez como los “forajidos”; quienes inmediatamente asumieron su rol de activistas no institucionalizados y continuaron su movilización colectiva “sin estructura” pero que día a día avanzaba con mayor fuerza, a pesar de las duras represalias del Gobierno, en su afán de impedir – a toda costa – el fortalecimiento y aumento de la representatividad de esta protesta contra-hegemónica, puesto que la legitimidad del Régimen corría un peligro inminente ante la luz de la opinión pública nacional e internacional. El mensaje era claro: “que se vayan todos”; este grito de lucha iba ganando protagonismo y se posicionaba como el objetivo central del levantamiento ciudadano. Estaba claro que la sociedad no pretendía tolerar ni permitir más atropellos, y la única solución posible era cambiar por completo al Régimen, deslegitimando toda autoridad que represente la vieja institucionalidad democrática, desde un enfoque al puro estilo anarquista.
El día clave llegó, un 20 de abril, cuando finalmente las Fuerzas Armadas deciden retirarle todo el apoyo y protección a su amigo y Comandante en Jefe, quien además fue traicionado por sus supuestos “aliados políticos” e inclusive por su mayor socio comercial los Estados Unidos. Finalmente, en una desesperada tentativa por recuperar el “Estado de Derecho”, las oligarquías de derecha (nuevamente) forman un congresillo improvisado en las instalaciones de la CIESPAL y lo acusan a Gutiérrez por “abandono del cargo”, y posesionan inmediatamente a su sucesor el Dr. Alfredo Palacios, hasta entonces Vicepresidente de la República (quién desde su asunción mantuvo un notorio distanciamiento e indiferencia hacia la política “gutierrista”). Desde su arribo al cargo, Palacios prometió trabajar en función de la sociedad civil y emprender un cambio de sistema. Desafortunadamente, las presiones de las burocracias extranjeras fueron más fuertes que los deseos de cambio del mandatario, quien doblegó su accionar al servilismo del mercado y en especial de Washington. “La revolución de los forajidos” debe ser considerada la expresión del ciudadano común que desea dejar de ser considerado únicamente como un sujeto pasivo en el escenario político, y que busca cambiar “el espejismo” de participación que le ofrece la democracia delegativa por una democracia verdaderamente representativa y participativa. Este se convierte en el gran reto que los actores sociales y políticos en nuestro País deben considerar para lograr vencer la frágil legitimidad del príncipe democrático y su incierta permanencia en el poder (Pazmiño 2005, p. 37). Este nuevo capítulo de la historia republicana del Ecuador nos deja un amargo sabor a decepción, puesto que por reiterada ocasión, los movimientos ciudadanos fueron burlados y secuestrados por una élite política cuya perversidad no tiene límites. Al parecer la “insurrección ciudadana” se ha convirtiendo en un modo de manifestar el descontento por los mandatarios y en una herramienta carente de legalidad para cambiar de Régimen. ¿Será que la sociedad civil está mutando a una “multitud” carente de una agenda propositiva, racional y efectiva?, ¿es posible que la crisis institucional sea vista como una “estructura de oportunidad” por ciertos actores de la sociedad civil para lograr concesiones egoístas y utilitaristas “pescando a río revuelto”?, ¿podríamos sugerir que parte de la sociedad civil se acostumbró al sistema clientelista de un Estado aparentemente benefactor? No podemos negar que los tres casos que hemos analizado se han caracterizado por obtener aparentes logros; sin embargo, estos logros fueron efímeros, poco inclusivos y todos – sin excepción – terminaron con un regreso al mismo sistema. Algunos autores cuestionan esta última movilización, haciendo una crítica a la clase media quiteña, no por su actuación en la acción colectiva, sino poniendo en tela de duda los verdaderos intereses que perseguían. No obstante, la participación popular en el movimiento de “los forajidos” inauguró una nueva ciudadanía, un tipo inédito de democracia, que habría estado a punto de lograr la transformación del sistema político y tal vez del conjunto de la sociedad (Bustamante 2005, p. 56). Finalmente, podemos afirmar que la sociedad civil carece de una identidad compartida y de un sistema de valores éticos traducidos en una ciudadanía pura, cívica y patriótica. La debilidad de la acción colectiva no está en la cohesión, en las estrategias o en la causa misma, sino que está en el paradigma de no creer en un sistema moral que exija y demande un verdadero régimen democrático construido y solidificado en las bases de una participación ciudadana fuerte; un cuarto poder, capaz de velar por la justicia social, exigir a la política mayor eficiencia, eliminar la marginación de clases y el clientelismo popular de un Estado paternalista que solo entrega demagogia que alimenta hoy y genera hambre mañana.
“El cambio de época y la Revolución Ciudadana”
Los eventos del año 2005 evidenciaron que un cambio de época sí era posible, a pesar del fracaso, en primera instancia, del movimiento de los “forajidos”, la ciudadanía ya se había catapultado así misma como un importante “agente” de transición. Como es de esperarse un cambio radical demanda mucho tiempo, planificación, estrategia y principalmente una ciudadanía con identidad, soberanía y ética. A inicios del año 2006 se empieza a construir un movimiento ciudadano con matices sociales irradiantes de esperanza, un movimiento que agrupaba hombres y mujeres, todos intelectuales, comprometidos por una Patria altiva. Su líder, el Ec. Rafael Correa Delgado, un catedrático de reconocida experiencia, quien recientemente se había desempeñado como Ministro de Economía y Finanzas, demostrando firmeza en sus decisiones y más que nada amor por el País, al defender los intereses ciudadanos frente a las terribles imposiciones fondomonetaristas. Esta última sección, es solo una breve introducción a los últimos 5 años de restructuración del País, y pretendemos explicar brevemente el proceso de revolución que actualmente vive el Ecuador, para poder poner en contexto y darle continuidad a los capítulos siguientes.
Hablar del “cambio de época” emprendido por este Gobierno nos llevaría a escribir otro artículo; por esta razón, nuestro enfoque – en esta ocasión – está orientado a realizar un balance y análisis del desarrollo y evolución de la sociedad civil ecuatoriana. Estos últimos 5 años de gobierno están cargados de hechos históricos que evidencian una intención de cambiar radicalmente al País, mediante un proceso político y revolucionario, que tiene como pilar fundamental la construcción de una identidad ciudadana digna y como bandera un valor claro: “el buen vivir”. La consolidación del proceso político se solidifica con la conformación de una Asamblea Constituyente (año 2008) con la tarea de instaurar una nueva Constitución en favor del pueblo y en rescate de la soberanía perdida en el año 1998. Todos los cambios estructurales siempre han estado respaldados por una inmensa mayoría popular, que año a año, ha visto un notable desarrollo no solo económico (salario más digno, mayor capacidad adquisitiva, mayor empleo); sino también, un aumento indiscutible en la calidad de vida de los ciudadanos, traducido en mejores condiciones sociales (educación pública inclusiva y de calidad, servicios de salud dignos, acceso a micro créditos productivos e hipotecarios, reducción de la pobreza, entre muchos otros logros sociales). Las mejoras en la matriz productiva y el bienestar de la sociedad, han permitido fortalecer a una sociedad civil otrora débil, que tiene la misión de sumarse al cambio y garantizar la participación ciudadana. A continuación, pretendemos hacer un pequeño recuento histórico de los hechos que involucran a la sociedad civil, y que gracias al Régimen Socialdemócrata del Presidente Correa se han podido mancillar en el imaginario sociopolítico de los ecuatorianos; y que paralelamente, han sido consecuencia de constantes ataques mediáticos, políticos y sociales de una oposición inmadura y anti-patria que solo busca lucrarse de la miseria humana a cambio de una “supuesta” liberalización económica. Uno de los principales logros de la sociedad civil, que heredó la “Revolución Ciudadana” fue precisamente la conformación de una “Coalición de Organizaciones Sociales por el Acceso a la Información Pública en el Ecuador (Coalición Acceso)”, en la que trabajaron organizaciones públicas y privadas para lograr la aprobación de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP). Además se realizaron varias actividades dirigidas a la capacitación de funcionarios del sector público y ciudadanos de distintos sectores para promover el tema de transparencia y la mejora de los sistemas de información pública.
En el año 2005 se ejecutan varias veedurías impulsadas por los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil con el objeto de monitorear la calidad los servicios públicos y los procesos de designación de autoridades. Sin embargo, las veedurías y otros mecanismos de control social comienzan a enfrentar una serie de obstáculos como la falta de cooperación de las entidades públicas y la carencia de capacidad interna para ejercer su labor de manera óptima. A pesar de la situación, estos mecanismos se siguen utilizando y perfeccionando tanto a nivel local como nacional, siendo las organizaciones de la sociedad civil (OSC) las que más han apoyado y fomentado su ejecución práctica, trabajando conjuntamente con distintos grupos ciudadanos (Arias 2011, p. 23). Según Bustamante, Durán, y Andreetti (2006) en el año 2006 existía la necesidad de fortalecer la confianza dentro de la sociedad civil con los actores con los que se relaciona, especialmente con el Estado, considerándose clave para la generación e impulso de políticas públicas que sean aplicadas de manera efectiva. Los resultados de este estudio demostraron que la estructura de la sociedad civil es débil y que existía carencia de recursos y de articulación interna, pero había logrado tener una representación más diversa. En el año 2007, el Banco Mundial publicó un estudio sobre el papel de la sociedad civil en la agenda de gobernabilidad en el Ecuador. El documento exploraba las limitaciones y las oportunidades que enfrentan las OSC en este proceso. Como un aspecto positivo, se destaca que la sociedad civil ecuatoriana había incrementado su capacidad de compromiso y exigencia de transparencia al Estado, mediante el monitoreo de las acciones estatales, además de la promoción de acciones para influenciar en la elaboración de políticas públicas. Como un aspecto negativo, se señala que las ONG mantienen una excesiva dependencia por los recursos externos de financiación, bajos niveles de madurez organizativa y excesiva confianza en las relaciones personales, antes que institucionales con aliados clave del Estado y los medios informativos (Thindwa 2007). De las todas las organizaciones de la sociedad civil (OSC) entrevistadas (111), solo el 22% implementa mecanismos de rendición de cuentas, de las cuales la mayoría son ONG. Finalmente, el estudio establece que aunque un número considerable de OSC (35%) considera que una mayor rendición de cuentas por parte del Estado es un objetivo importante de su organización, no implementa proyectos específicos en esa área.
A partir del año 2008, los principales antecedentes respecto a la transparencia y rendición de cuentas en las OSC del Ecuador están definidos por los cambios producidos en las regulaciones dirigidas a estas organizaciones. El 25 de marzo de 2008, el presidente Rafael Correa emitió el Decreto No. 982 que modifica el reglamento para la aprobación, control y extinción de personas jurídicas de derecho privado con finalidad social y sin fines de lucro. El decreto mencionado y algunos más que se emitieron posteriormente, preocuparon al sector de las OSC, produciendo las más diversas reacciones. Algunas organizaciones optaron por demandar la inconstitucionalidad del decreto, otras decidieron impulsar la conformación del Colectivo de Organizaciones de la Sociedad Civil, con el propósito de promover un diálogo entre las OSC y el Estado ecuatoriano. Un primer esfuerzo de este último grupo consistió en la elaboración de un documento denominado “Aportes Ciudadanos a las Regulaciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil del Ecuador”, en el que expresaban su “espíritu constructivo de no solo presentar preocupaciones sobre la normatividad vigente, sino también propuestas para mejorarla y para alcanzar una agenda más amplia que contribuya a mejorar los impactos y capacidades institucionales, humanas, financieras de las OSC, así como las capacidades del Estado para apoyar el florecimiento de sociedad civil” (Arias 2011, p. 25). En este contexto, en septiembre de 2008, el País aprueba la promulgación de una nueva Constitución Política en la que se destaca la incorporación de numerosos mecanismos de participación ciudadana y protección de derechos, reconociéndose además: “todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas”[6](2008). La Constitución estableció además la Función de Transparencia y Control Social, conformada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. Es importante recalcar que el CPCCS es el encargado de promover la participación ciudadana, estimular procesos de deliberación pública, propiciar la formación de ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción, establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público y designar a las autoridades de control. En diciembre de este mismo año, con la intención de “investigar y denunciar” actos de corrupción ocurridos en entidades públicas ecuatorianas, mediante el Decreto Presidencial No. 151118 se crea la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, con la función de “promover una administración gubernamental transparente, que coadyuve al fortalecimiento de las instituciones a través de un sistema integral de control de la corrupción”[7]. Estos antecedentes han dado como resultado un proceso de cambio en las relaciones entre el Estado y las OSC, para lo que se necesita un diálogo permanente que permita una mejor comprensión de los objetivos de cada sector. En los años 2009 y 2010 se ha emitido una serie de decretos presidenciales destinados a organizar la gestión de las instituciones públicas respecto a sus relaciones con las OSC y además cambiar totalmente la forma en que se regula al sector de OSC. El gobierno nacional ha instaurado un Registro Único de Organizaciones de la Sociedad Civil (RUOSC) y se encuentra elaborando un proyecto para la promulgación de un Reglamento para Personas Jurídicas de Derecho Privado con Finalidad Social y sin Fines de Lucro. Esto ha impulsado al sector de OSC a mirarse “desde adentro” y comenzar a debatir no solo las regulaciones por parte del Estado, sino su propia situación respecto a los objetivos que las impulsan, los resultados que se producen y la manera de actuar conjuntamente con el Estado en el desarrollo del país. El Ecuador se encuentra en un momento de cambios donde las OSC tienen muchos retos por delante; la transparencia y la rendición de cuentas pueden convertirse en elementos fundamentales en este proceso (Arias 2011, p. 26-8).
III. El “oenegesismo” del Siglo XXI: una cuestión ética.-
En el Ecuador existen alrededor de 50000 organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro (ONG) quienes, en su mayoría, realizan una destacable labor de cooperación y asistencia en favor de los sectores y ciudadanos más vulnerables y desprotegidos. El gran despliegue de altruismo las ha convertido en actores altamente institucionalizados y respetados de la sociedad civil ecuatoriana. Sin embargo, podemos encontrar algunos casos (especialmente en el Siglo XXI) donde muchas de estas organizaciones tratan de imponer ideologías – aparentemente desarrollistas – traicionando su eminente labor asistencialista, interfiriendo impúdicamente en asuntos políticos del Estado, con claros objetivos desestabilizadores a gobiernos democráticos que difieren del pensamiento hegemónico del Imperio. Es evidente que la formación ideológica de muchas ONG evoca en el funcionalismo, el institucionalismo, el neoestructuralismo y en el posibilismo de la tercera vía “giddensiana” (Anthony Giddens), pensamientos hegemónicos, que otorgan las herramientas para interpretar nuestras realidades mediante el “discurso único” que no es el mismo de la Agenda de Washington, pero es similar. Las ONG en América Latina no sólo infiltran ideológicamente a los sectores populares (los más susceptibles a manipulación) con los cuales trabajan directamente en proyectos de “auto ayuda” y “desarrollo microempresarial”, en escuelas, barrios, cooperativas, comunidades marginales, áreas rurales, fábricas, sino que también infiltran ideológicamente a los “cuadros” de organizaciones y a las mismas organizaciones, potencialmente calificadas para vigorizar al movimiento popular, darle formación político-ideológica y ser promotoras y acompañantes del cambio político-social. Esto se hace notoriamente evidente cuando alguien plantea una subjetividad diferente a la del “oenegesismo”, cuando alguien recurre a categorías de análisis distintas, cuando alguien defiende modelos de procesos históricos en donde las ONG no han tenido ninguna participación. El asombro, la perplejidad y después el sarcasmo brota inmediatamente desde los técnicos y “cooperantes” internacionales de las ONG y de sus asociados ideológicos de los organismos vernáculos (Magoulas 2009). En este capítulo utilizamos el término “oenegesismo” como un superlativo negativo que declara un sentimiento de máximo abuso y proliferación de algunas ONG que pretenden fungir como actores de la sociedad civil – cuando realmente son evidentes actores políticos – enmascarados de “corporaciones asistencialistas” financiadas por otros gobiernos u organismos filantrópicos de “ultra derecha”. Antes de analizar nuestros argumentos, consideramos necesario definir empíricamente a las organizaciones no gubernamentales. Las ONG son instituciones altamente profesionalizadas que buscan intermediar voluntariamente en la esfera pública entre otros actores de la sociedad civil, la sociedad misma, la clase política e inclusive el sector corporativo económico-financiero; con un fin altruista (no lucrativo) y en muchos casos en defensa de intereses propios y ajenos que evocan en causas pro-bienestar del ser humano (entiéndase “bienestar” como un sustantivo que incorpora toda clase de derechos tanto civiles como políticos). Son instituciones que se constituyen de manera formal, jerárquica y actúan estratégicamente para influenciar en la opinión pública y legitimar sus objetivos (Verdesoto 2012, p. 5). Como en todas partes, “el mundo de las ONG” en América Latina es tremendamente heterogéneo y, por ello, no es fácil generalizar sobre sus características comunes: las hay que operan con honestidad junto a otras que, tras la fachada de “sin ánimo de lucro”, encubren su naturaleza de empresa de servicios pura y dura; las hay desparramadas implícitamente a lo largo y ancho de todo el espectro ideológico, desde posicionamientos cercanos a sindicatos, partidos de izquierda y ex-movimientos guerrilleros, hasta otros afines al Opus Dei y a la derecha más conservadora. Con todo, las ONG suelen ofrecer una imagen común de equidistancia formal de los estados y los organismos internacionales que no siempre es real, dada su frecuente dependencia financiera de aquellos (Bretón 2004, p. 464). Estos actores pertenecen al llamado “tercer sector” y guardan una historia estrechamente relacionada con la modernización estructural del sistema económico mundial, el Consenso de Washington y en definitiva la proliferación del neoliberalismo (especialmente en los países del Sur).
Las ONG y el Post-Consenso de Washington en el Ecuador
La evidencia empírica del crecimiento y proliferación de las ONG en el Ecuador está ligada, irrefutablemente, al auge y aplicación de las políticas neoliberales en el País y al post-consenso de Washington puesto en marcha en toda América Latina. En un estudio realizado por Jorge León (1998 citado en Bretón 2002, p. 2) se refleja con claridad nuestro argumento con datos muy ilustrativos: casi tres cuartas partes (el 73%) de las ONG que hicieron su aparición en el Ecuador a lo largo del siglo XX (hasta 1995) vieron la luz entre 1981 y 1994(5); es decir, a la par de la puesta en marcha de las diferentes políticas de ajuste ensayadas desde 1982. Se constata, así, la existencia de una relación directa entre la reducción del Estado en el ámbito de las políticas de desarrollo, y el incremento, en plena crisis, de las ONG en activo cuya intervención ha servido para tejer un cierto “colchón” capaz de amortiguar (siquiera someramente) los nefastos efectos sociales que dejaron las prácticas individualistas y pro-capitalistas. Desde una perspectiva crítica, podemos establecer una relación directa entre la gran proliferación de ONG’s y el apogeo de la retórica anti-estatista del neoliberalismo. Como muy bien apunta Sogge (1998), estas agencias se han hecho importantes y numerosas en un momento en que las grandes empresas e incluso los gobiernos se han ido librando progresivamente de parte de sus obligaciones sociales. No es casual, en este sentido, que la importancia de algunas organizaciones de cooperación haya crecido junto a la misma ola de privatización (Sogge 1998, 32). En opinión de este autor, la dejación por parte de los poderes públicos de ciertas responsabilidades, explica el traspaso de éstas a las ONG, lo que ha acarreado su encaje como quasi-contratistas de servicios en proceso de externalización y, por ello, cada vez menos asumidos por el Estado (Sogge y Zadek 1998, 127). Muchos autores advierten del inminente peligro que representa la disminución del aparato estatal en materia social; pues el apogeo de las ONG no puede ser considerado como un logro de la sociedad civil, por el contrario, debe ser visto como una profunda derrota del Estado Nación y por ende de la sociedad per sé. ¿Para quién es buena la cooperación si existe una mezcla de conflictos, competición y cooptación entre el Estado y las ONG?, ¿quiénes han sido los verdaderos beneficiados de este proceso de “oenegización”?, si especialmente (como revisamos en el capítulo anterior) las cifras macroeconómicas de la última década son sinónimo de una evidente desaceleración económica, aumento de la pobreza y un acervo de cifras “rojas” en materia social. A nuestro criterio, esta relación tóxica solo ha producido una sistemática y triste deslegitimación del Estado, traducido en una pérdida de identidad ciudadana, desconfianza en el sistema democrático y de sus instituciones. Petras (citado en Murugó 1998, p. 46) confirma que la monstruosa dispersión de las ONG en América Latina solo es equivalente a la consolidación del modelo neoliberal y a la grave “despolitización” de la sociedad. En pocas palabras, en un sistema donde el Estado es débil y existe una aparente sociedad civil fuerte (es decir “súper” ONG’s) no cabe el término democracia, pues existe un claro déficit democrático, principalmente porque las ONG no son instituciones democráticas sino organizaciones legitimadas en la acción colectiva pero con jerarquías controladas por dirigentes de facto y cuya estructura administrativa (burocratizada) dificulta los procesos de control y transparencia pública. Por otra parte Gordenker y Weiss (1996, p. 218) hacen referencia al gran dilema de las ONG modernas sobre tratar temas de manera “estrecha” o muy “específica” en comunidades de base para concentrar esfuerzos en objetivos más grandes y transnacionales; o en su defecto, los temas de las comunidades de base hacerlas extensivas a la comunidad global. Esto nos hace reflexionar sobre los verdaderos intereses de las ONG ¿son realmente instituciones que trabajan para una causa local y beneficio a una comunidad de base; o estos segmentos de la población mundial son una pieza más del gran rompecabezas que pretenden armar?, con intensiones buenas o hasta un tanto difuminadas, tenemos que hilar muy fino entre cada causa y determinar si verdaderamente se están persiguiendo los objetivos que les dieron nacimiento o en su defecto están encausando nuevas rutas ideológicas – que en nombre del desarrollo – apoyan ideales desestabilizadores en contra de gobiernos democráticos. Finalmente, regresamos al inminente riesgo de perder la identidad nacional, puesto que las ONG (post-consenso) además de prestar servicios de “asistencia” y “desarrollo”, también prestaban servicios de “intervención” (Korten citado en Murugó 1998, p. 42-43), donde se aseguraba un “adoctrinamiento ideológico” por parte de una fuerte corriente hegemónica de las organizaciones del Norte colonizando al Sur con su “imperialismo Cultural”; tenemos que tomar en cuenta que vivimos en sociedades culturalmente diferentes y muchas veces los conceptos de “desarrollo” o “buen vivir” se manifiestan de manera disímil en cada comunidad, pueblo, estado, región o nación. Saskia Sassen (2007) menciona en sus estudios que las ONG venden un modelo de vida, un modelo más próspero (conceptos de desarrollo), lo que generó una migración de las poblaciones locales hacia países con mayor nivel de “desarrollo” o inclusive a ciudades o comunidades más aventajadas dentro del mismo Estado. En el Ecuador, además de existir “corporaciones ideológicas” encubiertas en la acción social y acechando a la función política; también se multiplicaron las organizaciones “sin fines de lucro”. Paralelamente, existía un escaso nivel de control legal e institucional a dichas instituciones, con lo cual muchos empresarios (aprovechados de la situación) construyeron empresas bajo la estructura de “fundación” cuando realmente eran emporios de “lucro sin fin”, lo que les permitía abusar del sistema y tener ciertas prebendas como: exoneración fiscal, el “no” pago de utilidades a sus empleados, poca supervisión y auditoría externa, entre tantos otros ejemplos, que solo demuestran una profunda degeneración del sistema en desfalco de un Estado muy debilitado. Correa (2010) clasifica a las ONG en los llamados “intangibles” de la economía, ya que buscan fortalecer aspectos sociales que no pueden ser medidos, como la solidaridad. En la época neoliberal nadie hacía empresas para no pagar impuestos, hacían fundaciones y nadie las controlaba ni presentaban informes de sus actividades (Correa, 29 de mayo de 2010). En una entrevista vía correo electrónico con la Arq. Elizabeth Verdesoto Carcelén, ex directora de una importante ONG y actual militante del Movimiento Alianza País, expresa que en el Ecuador se ha hecho muy poco seguimiento a la tarea y a los logros de ciertas ONG. “En la ONG que yo dirigí la mayoría de las familias mantenían el mismo estatus de pobreza y dependencia a pesar de estar inscritos en nuestros “programas de desarrollo” por más de 15 años; paralelamente, se crean lazos de dependencia, conformismo y los mal acostumbra a la mendicidad” (Verdesoto, 30 de abril de 2012). Es evidente que la reducción del Estado en políticas sociales ha dejado el campo abierto y desregulado para que ciertas ONG y algunos miembros del voluntariado se conviertan en “verdugos” de las comunidades (por el poder que influyen) para coaccionar sobre ellos en favor de los intereses de algunos partidos y actores políticos. Finalmente, según Verdesoto (2012) la falta de transparencia y alta burocratización se refleja en el mal uso y abuso de recursos financieros destinados para pagar estrepitosos salarios a sus ejecutivos, costosos viajes, elegantes oficinas, es decir, lucran de la pobreza y la miseria de nuestros pueblos.
Los “Think Tanks” criollos
Paralelamente al “Consenso de Washington” queremos incorporar en nuestro estudio un concepto moderno (de origen británico) que hace referencia al apoyo político y financiero que realizan ciertas redes de organizaciones no gubernamentales (ONG’s) en Países del Sur: los “Think Tanks”. Según Decio Machado (2010, p. 19) en su estudio “Los Think Tanks Neoliberales en Ecuador”, el término se traduce al castellano como “depósito”, “centro”, “laboratorio” o “tanque de ideas”, y puede ser interpretado como “espacio” o “área de generación y expansión de ideologías”. Quizá por esta cierta ambigüedad terminológica los “Think Tanks” han sido conceptualizados desde diferentes perspectivas y se han agrupado bajo este concepto, muy diferentes tipos de organizaciones, entre las cuales podemos referenciar las que trabajan desde la investigación académica; pasando por las que ejercen presión e intervención sobre instituciones públicas; al igual que otras que intervienen en áreas de adoctrinamiento ideológico y cooptación de líderes; por citar algunos ejemplos. El auge de estas instituciones ha tenido mucho impacto en América Latina y en especial en países como Argentina, México, Brasil y Chile. En el caso ecuatoriano, la relación y proliferación de estas redes, está asociado a la llegada del Presidente Rafael Correa al poder y en especial al cambio de Constitución del año 2008. Los “Think Tanks” actúan como focos de resistencia ideológica a todos los procesos de cambio estructural (atribuidos a la Revolución Ciudadana), así como en espacios de intervención anticorreísta sobre instituciones estratégicas de nuestra sociedad. Según Machado (2010, p. 20-1); en el Ecuador, estas redes subsisten apoyadas con fuerte ayuda financiera y política provenientes de ONG’s internacionales, gobiernos, instituciones intergubernamentales e inclusive partidos políticos; su lógica se basa en una suerte de complicidades para potenciar, reivindicar y fundamentar las ideas neoliberales en el territorio nacional. Según el estudio, algunos representantes internacionales (entre redes y ONG’s) – de países como: Alemania, Estados Unidos, España, México y Guatemala – apoyan claramente a varios “actores de la sociedad civil” ecuatoriana, quienes son fácilmente vinculables a las élites de siempre y a conocidos políticos neoliberales como Busch, McCain, Coors, Feulner, Aznar, Uribe, entre muchos otros, que están comprometidos por mantener el “orden mundial” y el curso trazado en base a ejes políticos “anti-estatistas” y “pro-capitalistas”. Entre los “Think Tanks ecuatorianos” encontramos: a partidos políticos (claramente identificados como de “oposición al gobierno” entre esos el PSP del derrocado Lucio Gutiérrez); a banqueros relacionados con la oligarquía (como por ejemplo el Dr. Guillermo Lasso dueño del Banco de Guayaquil y posible candidato presidencial en la contienda del próximo año 2013); a fundaciones ecuatorianas (como FUNDAMEDIOS que supuestamente lucha en favor de los derechos humanos como “la libertad de expresión”; sin embargo, su principal defendido es uno de los medios de comunicación más poderosos del País, Diario “El Universo”, quienes tienen secuestrada la opinión publicada y pretenden continuar con su régimen fáctico de la “democracia del periodicaso”); a grandes corporaciones “académicas”, como por ejemplo la CORDES presidida por el ex Presidente conservador Oswaldo Hurtado (ferviente crítico al régimen de Correa), quien publica estudios en conjunto con una docena de editorialistas y pseudo intelectuales de la política nacional, con el objetivo de desprestigiar y deslegitimar el proceso de cambio emprendido por la “Revolución Ciudadana”; Finalmente el apoyo a conocidos movimientos sociales como la CONAIE, quienes posterior a la crisis “gutierrista”, quedaron divididos y mal acostumbrados a un Estado clientelar, por ende relegados a la oposición política ante el Régimen. Algunas de las organizaciones no gubernamentales que financian y apoyan políticamente a la oposición del Presidente Correa son: la Fundación Konrad Adenauer (KAS), la “National Endowment for Democracy” (NED), la Red Liberal de América Latina (RELIAL), la Atlas Economic Research Foundation, la Heritage Foundation, el International Republic Institute (IRI), la Fundación Francisco Marroquín, la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) y la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM). Los aquí referidos tan sólo son algunos significativos ejemplos de cómo el neoliberalismo ha generado, en las últimas décadas, redes de carácter internacional que permiten la expansión de sus ideas por todos los países del planeta. En el caso de Ecuador, la situación evidencia una clara apuesta desde el exterior para ayudar, e incluso intervenir, aunque sea de manera indirecta en la realidad nacional del país, apoyando núcleos de pensamiento e intervención política neoliberales en clara respuesta a la designación de un Gobierno Socialdemócrata por parte del conjunto de la ciudadanía ecuatoriana (Machado 2010, p. 23).
El 30 S y el 22 M: ¿triunfo democrático o ciudadano?
Esta última sección del capítulo inicia con un momento muy deplorable en la vida republicana del País. El día jueves 30 de septiembre de 2010, el Ecuador amaneció con un intento de golpe de Estado. Policías insubordinados tomaron varias instalaciones en Quito y Guayaquil, creando caos, pánico y paralización. Supuestamente, protestaban en contra de una nueva ley aprobada por la Asamblea Nacional, que según ellos, recortaba sus beneficios laborales. El Presidente Rafael Correa, en un intento por resolver la situación, se dirigió a la policía insubordinada, pero fue cobardemente atacado con objetos contundentes y bombas lacrimógenas, causándole una herida en la pierna y asfixia por el gas. Inmediatamente, fue trasladado a un hospital militar aledaño (en la ciudad de Quito), dónde luego fue secuestrado y sometido bajo fuerza en contra de su voluntad, por elementos policiales insurrectos. En un dramático desarrollo, el Presidente Correa fue rescatado en una operación por fuerzas especiales del ejército ecuatoriano en horas de la noche. Denunció su secuestro por parte de la policía golpista y responsabilizó directamente al ex Presidente Lucio Gutiérrez por la ejecución del golpe de Estado (Golinger 2010). Es evidente que detrás de este atentado contra la democracia, existen algunos responsables de oposición. En primer lugar, se responsabiliza directamente al Gobierno de Estados Unidos por mantener una relación directa con los altos mandos de la policía y el ejército nacional. Según el periodista Jean-Guy Allard (2010), en un informe oficial del ex Ministro de Defensa del Ecuador, el Dr. Javier Ponce, difundido en octubre de 2008, reveló cómo diplomáticos norteamericanos se dedicaban a corromper a la policía y a las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, gran parte de la financiación, ideologización y “compra de consciencias”, pudo ser perpetrada gracias a la intermediación de la USAID, conocida como un organismo de cooperación bi-multilateral que funge como cooperante y canaliza o delega recursos a un tercero, como pueden ser otras ONG extranjeras o movimientos sociales (Secretaría Técnica de Cooperación Internacional 2010, p. 14). Según Eva Golinger (2010), en el 2010, el Departamento de Estado de los EE.UU. aumentó el presupuesto de la USAID en Ecuador a más de 38 millones de dólares. En los últimos años, un total de 5640000 de dólares fueron invertidos en proyectos por “la descentralización” en el País (un rubro claramente indefinido y subjetivo). Uno de los principales ejecutores de los programas de la USAID en Ecuador es la misma empresa que opera con la derecha en Bolivia: Chemonics, Inc. Al mismo tiempo, la NED (National Endowment for Democracy, quien también es conocida por financiar a los “Think Tanks” neoliberales) otorgó un convenio de 1258006 de dólares al “Centro para la Empresa Privada” (CIPE) para promover (arbitrariamente) los tratados de libre comercio, la globalización y la autonomía regional a través de los medios de comunicación nacionales. Conocidas organizaciones sociales de “ultra-derecha” en Ecuador como “Participación Ciudadana” y “Pro-justicia” han dispuesto de financiamiento de USAID y NED, tanto como miembros y sectores de CODEMPE, PACHAKUTIK, la CONAIE, la Corporación Empresarial Indígena del Ecuador y la Fundación Qellkaj. Durante los acontecimientos del 30 de septiembre, uno de los grupos con sectores financiados por la USAID y NED, PACHAKUTIK, emitió un comunicado respaldando a la policía golpista y exigiendo la renuncia del Presidente Rafael Correa y responsabilizándolo por los hechos. Este funge como un claro ejemplo, donde el apoyo financiero de ciertas ONG extranjeras, está destinado a desestabilizar gobiernos elegidos democráticamente. Según un estudio de la Secretaría Técnica de Cooperación, alrededor de 400 millones, de un total de 1895 millones de dólares, durante el periodo 2007-2010, han sido captados y canalizados por organizaciones no gubernamentales internacionales (Herrera 2011, p. 10). Para un País como el nuestro, el monto es muy alto, inclusive superior al 1% del PIB producido en el año 2010; nosotros no criticamos la cooperación internacional, de hecho creemos fielmente que la participación de las organizaciones no gubernamentales es vital para la relación entre el Estado y la sociedad civil; no obstante, dicha participación debe ser transparentada y supervisada por toda la ciudadanía. A partir de los años 90, el nivel de credibilidad de las ONG ecuatorianas ha disminuido; la población comenzó a cuestionar si los años de trabajo en distintas áreas de acción han producido los cambios esperados, que para las ONG no han sido fáciles de visibilizar. La sociedad civil sufre, al igual que casi todas las demás instituciones de nuestra sociedad, de los serios problemas de falta de confianza que afecta al tejido social ecuatoriano (Arias 2011, p.). En tercer lugar, ubicamos a los medios de comunicación, quienes (como hemos mencionado anteriormente) son utilizados como brazos políticos de varias oligarquías. Los medios de comunicación – en el Ecuador directamente en manos del poder económico y financiero –, son los poderes que difaman y limitan la libertad de movimientos y de acciones para beneficiar a la población, “conducen la opinión pública”, presionan sobre las decisiones de política económica y social, impulsan a sus cuadros a puestos de poder y decisión pública. Todo esto conduce a reducir la capacidad de respuesta de la ciudadanía, esta capacidad limitada de ejercicio ciudadano, profundiza la división entre la población, su baja participación en la cosa pública y la crisis de representación y frustración en las reivindicaciones de la ciudadanía en términos económicos (Gallardo 2004, p. 13). El poder fáctico de la comunicación en el País, ha sido cómplice y coprotagonista de tejer entrampados hilos desestabilizadores que han germinado en la consolidación del modelo neoliberal disfrazado de “cambio social”. Los noticieros de la mañana ya auguraban el fatídico desenlace de la insurrección policial, pero gracias a la perspicacia de los medios de comunicación estatales (en una cadena nacional urgente e indefinida) se logró – por primera vez – palear las tentativas golpistas provocadas por “los augureros del desastre” de siempre. No obstante, al inicio planteamos una pregunta, ¿el 30 S fue un triunfo democrático o ciudadano?; en este caso particular la ciudadanía capitalina (similar al episodio de los “forajidos”) se volcó a las calles para exigir la liberación del Presidente. Se arriesgaron a todo tipo de represalias coercitivas de la fuerza policial, en un ambiente de represión y abuso del poder legítimo del Estado y en una evidente violación de la Constitución y del Estado de Derecho. Según Alberto Acosta (2011) los movimientos sociales, que en un momento dado fueron aliados estratégicos de la “Revolución Ciudadana” (sobre todo durante la discusión constituyente) no se manifestaron en las calles en defensa de su Constitución. Sin embargo, es necesario aclarar que; desafortunadamente, el escenario político era peligroso y la rapidez de los hechos suscitados en el día, impedía un pronunciamiento más representativo por parte de la sociedad civil que apoyaba al mandatario. El rescate al Presidente Correa es definitivamente un triunfo de la democracia, que indirectamente ayuda a construir una identidad ciudadana más sólida. Existen varios factores que deslegitimaron el intento golpista de ciertos policías y líderes anarquistas; 1) el gran respaldo legítimo y popular hacia el Ejecutivo; 2) el pronunciamiento y la reacción inmediata de todos los Países miembros de la UNASUR (otro tema inédito en la nueva América Latina “progresista); 3) el manejo responsable y eficiente de la comunicación; y 4) la valentía del Presidente Correa en un momento de crisis que catapultó y reafirmo el compromiso del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para defender a su Comandante en Jefe y principalmente garantizar el orden constitucional y la institucionalidad democrática. Una vez más podemos constatar que existe una sociedad civil fragmentada y carente de una agenda ciudadana común; empero, estamos conscientes que paulatinamente se está construyendo una identidad nacional firme basada en hechos históricos (como el 30 S) que demuestran la fragmentación del Estado pero a la vez una rápida recuperación de la civilidad; aunque es deplorable que para seguir construyendo “Nación” vivamos hechos tan tristes y llenos del incertidumbre como aquel jueves de septiembre de 2010, donde se perdieron valiosas vidas de ciudadanos y ciudadanas, en defensa a ultranza de los valores cívicos que nos caracterizan como ecuatorianos y sudamericanos miembros de la “Patria Grande” de Bolívar.
Uno de los últimos acontecimientos que ha movilizado a la sociedad civil en el Ecuador, se produjo el pasado 22 de marzo en la Capital. Los cambios estructurales en la matriz productiva, social y principalmente política – emprendidos por el Gobierno de la “Revolución Ciudadana” – molestan e incomodan a ciertos sectores de la sociedad (élites y oligarquías), acostumbrados al poder clientelar, porque los ha limitado de obtener las prebendas y beneficios de antaño. En vísperas de las nuevas elecciones presidenciales de 2013, la CONAIE junto a otros movimientos plurinacionales y partidos políticos de oposición (PACHAKUTIK, MPD, PSP, entre otros), convocaron una histórica marcha “Por el agua, la tierra y la dignidad” (nuevamente el valor de la “dignidad” es utilizado, curiosamente, como objeto de la movilización). Las estrategias simbólicas, ritos y demás parafernalia ligada a la identidad indígena, no se hizo esperar, y en un despliegue de aparente representatividad, inició la movilización el 8 de marzo en una ciudad Amazónica (elegida en rechazo a las prácticas por la minería responsable) con el objetivo de recorrer parte de los Andes ecuatorianos hasta llegar a Quito un 22 de marzo para reclamar por los derechos antes mencionados. Paralelamente, los movimientos sociales y políticos en apoyo al Régimen no se hicieron esperar, y también convocaron una contra-marcha en defensa de la democracia. El 22 M, se produjo una fiesta cívica y pacífica, evidenciando que en el Ecuador existe un espacio para la protesta social y actualmente un gobierno que garantiza y fortalece dicho escenario para expresarse y movilizarse libremente en favor de los derechos que cada grupo o miembro de la sociedad civil representa. La representatividad de la convocatoria indígena fue mucho menor a la convocatoria de “La Revolución Ciudadana”; sin embargo, los pedidos indígenas fueron escuchados y debatidos en la agenda Parlamentaria, otro ejemplo de madurez política por parte del Estado y sus instituciones. Respecto a la convocatoria indígena, cuestionamos los verdaderos objetivos de aquellos líderes y dirigentes, que exponen a sus miembros a una lucha por falsos ideales, cuando realmente existe un trasfondo estrictamente político con sed de recuperar parte del poder perdido por aquellos movimientos indígenas acostumbrados al clientelismo estatal. Se evidenció en más de una ocasión que muchos de los ciudadanos fueron “movilizados” en contra de su voluntad, con amenazas (al puro estilo “huasipunguista”) de cobrarles “tributos” por sus pedacitos de tierra o inclusive por el agua que llega a sus pequeñas y alejadas comunidades. Según Correa (2011) la estrategia de los sectores de la extrema derecha ya no pasa por un enfrentamiento directo y político, porque “saben que son vencidos en las urnas siempre”, sino que ahora prefieren apoyar la generación de “movilizaciones, descontentos sociales financiados desde el extranjero”. Esta visión, continúa demostrando a una sociedad civil débil, con muchos dirigentes y líderes carentes de ética y valores cívicos, y exponiendo a muchos ciudadanos (aun poco empoderados) quienes fueron víctimas de los consensos tiranos y neoliberales, que los privaron de tantos derechos fundamentales como el de la educación digna y de calidad, la salud o inclusive el derecho al trabajo. ¿Dónde están aquellos movimientos indígenas del año 73?, ¿Dónde está esa CONAIE fuerte que luchaba por los verdaderos problemas de su comunidad y defendía radicalmente los derechos de aquel pueblo vulnerable y abandonado por el Estado? Estamos seguros que el Ecuador vive un momento de cambio social con una política construida en valores éticos, el “Sumak Kawsay” o “buen vivir”; por ende, es necesario que la sociedad civil se sume a este cambio y adopte esos valores de identidad nacional, no solo para fortalecer el proceso revolucionario de sociedad, sino también para emprender esa veeduría ciudadana, tan necesaria e importante, para garantizar que nuestro nuevo sistema endógeno no se destruya, y por el contrario, se fortalezca en beneficio del pueblo ecuatoriano y sudamericano.
IV. El liderazgo Correísta y la visión de una sociedad civil empoderada y verdaderamente democrática.-
Nuestra conclusión es clara y contundente, tal como lo expresamos anteriormente, es evidente que durante los últimos 5 años de Gobierno del Presidente Rafael Correa hemos experimentado un verdadero cambio de estructura con visión radical para lograr una sociedad civil empoderada y verdaderamente democrática. Sin embargo, existe mucha tarea pendiente para cambiar la percepción individualista de muchos líderes, por una perspectiva más pluralista y nacionalista donde se fortalezca y se empodere al “cuarto poder”, el poder ciudadano. Durante este extenuante recorrido por los últimos años de vida republicana, hemos podido plasmar – con total transparencia – hechos concluyentes que reflejan un arquetipo de sociedad civil, que inició con una identidad compartida (especialmente la cultura y diversidad de nuestros pueblos); y luego sufrió una fragmentación ética (subyugada por el mundo de la vida política) que desmembró y debilitó muchos movimientos sociales y otros actores de la SCO. Más allá de identificar la situación pasada y presente de la sociedad civil, hemos plasmado sus debilidades y oportunidades; siendo la oportunidad más palpable, una profunda articulación de todos los actores que conforman a la SCO ecuatoriana para trabajar de la mano con el Estado y el mercado en la construcción de un nuevo País con rostro ciudadano. No obstante, es imperativo que ese marco de trabajo sea un escenario cargado de valores éticos que sean identificables a la identidad nacional para fortalecer el tejido social de nuestros pueblos. El Ecuador no puede permitir más atropellos de las oligarquías en contra de la voluntad popular expresada en las urnas; claramente lo vimos reflejado en el caso de Bucaram, Mahuad y Gutiérrez; donde la animadversión social ante el sistema democrático era justamente un descontento, no por la democracia representativa, sino por la verdadera democracia que debe ser sinónimo de bienestar y “buen vivir”. Hemos comprobado que un Estado frágil, existe por consecuencia, una sociedad debilitada y fraccionada; y por ende, la oportunidad perfecta para que ciertas instituciones como las ONG’s intervengan en nombre de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales de nuestros ciudadanos, con el riesgo inminente de despolitizar a la ciudadanía y deslegitimar al Estado soberano. Tal como lo mencionamos anteriormente, el auge de las ONG en el Ecuador no es un triunfo para la sociedad civil, por el contrario, es una derrota de la Nación y de la sociedad per sé. Observamos ejemplos donde ciertas organizaciones no gubernamentales y organismos intergubernamentales, apoyan financieramente a grupos de presión y redes de oposición a gobiernos democráticos, regímenes (como el actual) que buscan cambiar el paradigma neoliberal por un paradigma más socialista o del nuevo socialismo del Siglo XXI. Nuestro afán no es opositor al libre pensamiento o a la libre asociación, pero si creemos que el modelo económico del capitalismo ha probado ser un fracaso contundente, especialmente para aquellos miembros más vulnerables de la sociedad; aquellos hombres, mujeres y niños (que en condiciones adversas y desventajadas) no pudieron luchar contra la corriente del “nuevo orden mundial” y se quedaron relegados en la miseria social por el abandono estatal. Por esa razón, consideramos que el “oenegesismo” es un problema ético, donde los líderes mundiales, dirigentes políticos y movimientos sociales, forman parte de una conspiración global por mantener una estructura que beneficia a pocos y perjudica a muchos. Por ello, la tendencia progresista (cargada de sentido común) de gobiernos socialistas sudamericanos, como el ecuatoriano, atentan con acabar este régimen egoísta del mercado exógeno, para proponer un nuevo tipo de desarrollo, el endógeno, valiéndose de los recursos propios para crecer de manera digna, sostenible y sustentable. El “ideologismo capitalista” ha manchado a varios líderes indígenas, convirtiendo a viejos actores civiles (dignos de ejemplificar) en meros actores “politiqueros” que utilizan a sus pueblos y seguidores, en la acción colectiva, para legitimar sus egoísmos y sed de poder. Como bien lo expresa el Presidente Correa, la nueva estrategia consiste en fomentar un descontento social (inexistente) para tratar de lograr en las calles lo que no pueden lograr en las urnas. Afortunadamente, el pueblo ecuatoriano en su mayoría está consciente que existe un cambio notable difícil de esconder; un cambio donde la democracia ya no solo es un ejercicio de “alternancia política”, sino, un ejercicio de participación y representación ciudadana. El liderazgo político de Rafael Correa y el movimiento político “Alianza País” ha logrado establecer un nuevo marco institucional donde la sociedad civil juega un papel más importante en la vida del Estado. Con claros lineamientos, que garantizan la transparencia, la veeduría y la cooperación de manera digna y soberana. En conclusión, el debate sigue siendo estrictamente “ético”, en ser congruentes con lo que se “dice y hace”, en luchar por el sentido común, en vencer los egoísmos del mercado, en construir ciudadanos políticos (reviviendo la pura naturaleza del phyzion politicón), en eliminar los paradigmas de un “desarrollo” globalizador (destructivo con nuestro medio ambiente y la “Pachamama”); en fin, es momento de que el “tercer sector” consolide una relación armoniosa con el Estado, la economía y la sociedad, en busca de un verdadero crecimiento de País potenciado en la soberanía del “ser” y del “deber ser”. La tarea es difícil y los obstáculos son muy hostiles; sin embargo, el poder de la unión y la creencia de que somos un País fuerte con gente “grande”, con corazones ardientes por la Patria y decididos a luchar radicalmente por la justicia y la verdad, nos hará invencibles y victoriosos ante un panorama mundial adverso y complicado.
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[1] Frase célebre del ex Presidente de los Estados Unidos Abraham Lincoln (1983), Gettysburg Pensilvania.
[2] En 1964, con la primera expedición de la Ley de Reforma Agraria, promovió a los indígenas a luchar por la tierra; la forma de la distribución de tierras para los indígenas, creó conflictos permanentes en diferentes provincias, encabezado por el Instituto de Reforma Agraria y Colonización (IERAC). Ante esta situación los indígenas se reúnen por primera vez en 1972, en la comuna de Tepeyac, provincia de Chimborazo, donde participaron los dirigentes indígenas de Cañar, Azuay, Chimborazo, Tungurahua e Imbabura; en esta reunión resuelven conformar un movimiento indígena denominado “ECUARUNARI” (Ecuador Runacunapac Riccharimui) que posteriormente aglutina en su seno a todas las organizaciones de la región Sierra; el objetivo principal de esta lucha fue por la tierra (legalización de tierras) educación, libertad de organización, participar en toma de decisiones políticas internas y externas, entre otros. El ECUARUNARI, en los actuales momentos es la más representativa en la Región Interandina, en la lucha permanente por los derechos de los pueblos indígenas a dado un paso cualitativo y político, convirtiéndose en el eje principal a la redefinición de la Política organizativa como pueblos kichwas con identidad y sus propias formas de organización. (CONAIE 2010)
[3] CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation is an international alliance of members and partners which constitutes an influential network of organizations at the local, national, regional and international levels, and spans the spectrum of civil society. CIVICUS includes the following in its definition of civil society: civil society networks and organizations; trade unions; faith-based networks; professional associations; NGO capacity development organizations; philanthropic foundations and other funding bodies.
[4] Grupo Uruguayo cuyos temas musicales eran muy comunes en los “mítines” políticos del “Loco” Bucaram y en actos oficiales de la Presidencia del Ecuador en el período 1996 – 1997.
[5] Es la sede del Gobierno y residencia oficial del presidente de la República del Ecuador.
[6] Constitución de la República del Ecuador, Art. 96, aprobada en el referendo del 28 de septiembre de 2008.
[7] Decreto Presidencial No. 1511 del 29 de diciembre de 2008.
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