Source: http://blog.ernestocedeno.com/2016/08/
Timestamp: 2018-07-21 13:39:50+00:00

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agosto 2016 – Ernesto Cedeño Alvarado
La discusión del veto
El excelentísimo señor presidente de la República de Panama, Juan Carlos Varela vetó parcialmente los artículos 1, 24, 33, 35, 36, 50, 66 y 77 del proyecto de Ley 305, que reforma la Ley 22 de 2006, que regula la contratación pública y dicta otras disposiciones, por inconveniencia.
La Asamblea Nacional en los próximos días, deberá enfrentar la discusión en cuestión.
No obstante, lo antes dicho, a mi juicio el proyecto de ley de marras es ineficiente, por lo siguiente:
Crea una súper figura pública, la Dirección General de Contrataciones Públicas, que puede imponer multas de hasta un 30% del salario bruto mensual del servidor que se considere responsable de infraccionar la normativa, autoriza contratación directa hasta los B/. 300,000.00., hace convenio marco para lo que tenga a bien hacer.
El proyecto de ley 305 minimiza la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, cuando este tratado tiene superior jerarquía; ya que posibilita contratar con empresas sentenciadas por corrupción en el extranjero, violando el tratado en cuestión.
Conforme a la Ley 15 de 2005, que aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, Panamá no debiera contratar con personas naturales o jurídicas corruptas, en el ámbito local ni internacional.
Artículo 34 Consecuencias de los actos de corrupción.
Podría demorar la ejecución presupuestaria, ya que, por la interposición de un recurso, se suspenderá todo, hasta contar con el fallo final del caso.
Reformas electorales a la espera del debate en la Asamblea Nacional
El proyecto de ley que reforma el Código Electoral aún no es retomado por la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional y debiera hacerse lo más pronto posible para ir conociendo los nuevos cambios con tiempo. La demora es inexcusable e irresponsable.
La Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, durante el presente periodo, deberá debatir el Proyecto de Ley No. 292 que presentó el presidente del Tribunal Electoral, que pretende reformar el código electoral.
Puntos relevantes del proyecto en cuestión.
Revive el voto en “plancha”. En sentencia de 28 de abril del año en curso, notificada por edicto el 17 de junio de 2016, que puede localizarse en el link: http://ernestocedeno.com/VotoPlancha_.pdf, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, declaró inconstitucional la frase “La votación se realizará selectivamente, por un elector un voto. Por cada persona, votante o elector, se contará un voto,” del código electoral. Magistrado ponente: Abel Zamorano. La Corte dijo: “Al establecer la Constitución Política la existencia de circuitos plurinominales, está diciéndoles a los votantes que la representación de ellos es plural y por lo tanto, deben tener derecho a votar por la totalidad de su representación. El votante en un circuito uninominal vota por la totalidad de su representación (que es uno), mientras que el votante de un circuito plurinominal debe poder votar por la totalidad de su representación (que puede ser 2, 3, 4, etc.). El criterio que se expone por algunas personas de una persona, un voto, solo tendría validez jurídica en el país si todos los circuitos fueran uninominales”.
No obstante, no debe quedar de lado, algunos temas preocupantes que están en el proyecto de marras, pero que sólo benefician a los partidos grandes de manera grotesca.
Se pone en rango de ley, el 1% de los ingresos corrientes del gobierno central presupuestados en el año anterior al de las elecciones, como la fuente del financiamiento público correspondiente al periodo de cinco años que correrá de 2019-2024. Mucho dinero del pueblo, para invertirlo en la política criolla habiendo tantas necesidades en el país. Huelga decir, que los partidos más grandes, serán los mayores beneficiados proporcionalmente, con la distribución del dinero.
La contribución del Estado para el financiamiento previo de las elecciones, del 60% del total de este financiamiento, sólo a los de libre postulación le corresponderá el 2%, lo demás a los partidos.
Permanece la fórmula para escoger a los diputados centroamericanos, (en el orden en que fueron postulados por los partidos) en donde el elector no podrá escoger directamente a sus candidatos.
Por otro lado, las reformas electorales contienen puntos que se apartan del tenor constitucional, a mi juicio, a saber: “La alternancia de género en una lista”.
No obstante lo planteado, se afirma que en Sentencia del 6 de mayo de 2015, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia determinó que no se puede establecer en una ley, requisitos que desconozcan el contenido constitucional, como fuente suprema del ordenamiento jurídico y rectora del desarrollo de las demás leyes. La Corte en el fallo en cita, también dijo que todo requisito para el ejercicio de los derechos políticos, debe ser congruente con los mandatos, valores y principios constitucionales.
“La corrupción es un mal más grande que el pecado. Más que ser perdonado, este mal debe ser curado” Papa Francisco.
Medidas a implementarse; podrían ser las siguientes:
Una mejor rendición de cuenta de parte de los funcionarios que ejercen mando
y jurisdicción.
Una mejor fiscalización de parte de la Contraloría, sobre los actos de manejo de fondos y bienes públicos.
Incentivar al funcionario a que cumpla el código de ética de su entidad, practique practique valores y a las empresas particulares a promoverlos.
seguir divulgando, sin presión alguna, los hallazgos que encuentre, de manera veraz y objetiva.
Motivar a los ministros de Estado y a todos los directores y administradores de entidades, a hacer pública su declaración jurada de bienes patrimoniales, para que el pueblo las fiscalice.
Que los funcionarios en la administración de justicia sean escogidos por méritos.
Que se fortalezcan las direcciones de auditorías internas en los entes públicos, dotandolas de la independencia funcional que el caso amerite.
Que se erradique la politización de la justicia y se suministre por lo tanto, una real, transparente, objetiva y efectiva certeza en el castigo a quien corresponda.
La impunidad política
Se surten sendas acusaciones dentro de la jurisdicción electoral sobre la prescripción de delitos electorales, en favor de políticos, por presuntos delitos electorales.
Es inadmisible que nuestro sistema favorezca la impunidad de políticos que ni siquiera le rendirán cuentas al país por la supuesta comisión de delitos electorales, que prescriben en tres años.
Código electoral. Artículo 422. La acción penal y la pena prescriben de la siguiente manera:
Para los delitos electorales, a los tres años.
Para las faltas electorales, a los dos años.
Para las faltas administrativas, al año.
Increíble es que hoy en día, nadie procesa a las personas de alto perfil por supuestos delitos electorales. La Corte Suprema de Justicia en PLENO, ha determinado que es el Tribunal Electoral el ente idóneo para juzgar, los delitos electorales, independientemente de quien sea el infractor de la norma electoral (diputado o no), en acatamiento a lo que dispone el artículo 143 constitucional, no obstante, la jurisdicción electoral, no hace nada al respecto hoy.
Por su parte, la Contraloría General que ni está auditando las partidas circuitales manejada por diputados otrora, ha sido objeto de críticas, por parte del Fiscal General Electoral, de que es lenta en el audito en los casos rutinarios de esta jurisdicción y por eso los procesos no avanzan.
De lo expuesto anteriormente, se desprenden dos hechos ciertos a saber:
Hay impunidad política.
Hay justicia electoral selectiva.
Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía. (Séneca. Filósofo latino)
El aumento de la tarifa en el Corredor Sur
El Consejo de Gabinete, con la Resolución No. 110 de 18 de agosto de 2016, aprobó nuevas tarifas en algunos puntos del Corredor Sur.
A mi juicio, el instrumento de marras nace a la vida jurídica con una debilidad: No fue consultada con la ciudadanía, como lo ordena el Artículo 24 de la Ley 6 de 2002.
La finalidad de la participación ciudadana, según la Corte.
La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 25 de mayo de 2016, expediente No. 9-12, con ponencia del magistrado Abel Augusto Zamorano, determinó la finalidad que tiene la participación ciudadana en nuestra sociedad, así:
“Y es que la participación ciudadana, no tiene como finalidad única informar al ciudadano de una gestión pública o saber su opinión en la adopción, sino que constituye un mecanismo de integración en los asuntos que les afectan como ciudadanos y como comunidad; un método de concienciación y evaluación de las opciones y decisiones que se pretenden adoptar; una forma de apoyo y seguimiento en la ejecución de la decisión y su efectivo cumplimiento; un medio para la educación sobre un tema en particular de interés general y sus distintas afectaciones; un espacio para que el ciudadano exprese y adopte su visión, lográndose niveles de consenso, compromiso y aceptación; y también lograr el objetivo de la transparencia en las decisiones que se adopten en un gobierno, facilitándose en cierta forma el desarrollo y una democracia participativa”.
En nuestra legislación, la participación ciudadana se encuentra regulada en la Ley 6 de 22 de enero de 2002, cuyo objetivo es hacer viable la transparencia en el ejercicio de la gestión pública.
De acuerdo la doctrina jurisprudencial de marras, la ley arriba citada, deja un amplio margen para que la Administración y la ciudadanía evalúen y precisen al momento de la realización de su gestión, cuáles otros actos debe imprimírsele este trámite obligante de participación ciudadana, contando como parámetro que la temática suponga una posible afectación a los intereses y derechos de la colectividad.
Por lo antes expuesto, en mi concepto, el aumento de la tarifa en comentario, pudiera tener visos de ilegalidad.
Acuerdo de Barro Blanco
Ayer se anunció, la firma de un acuerdo definitivo con respecto al proyecto hidroeléctrico Barro Blanco, ubicado en el distrito de Tolé.
No obstante, no se le ha mostrado al país el acuerdo que debe haber con la empresa concesionarios para ser potable tal convenio, máxime que la empresa GENISA manifiesta no avalar tal decisión.
Huelga añadir que un acuerdo sin la aprobación de la concesionaria, pudiera lesionar la seguridad jurídica y el principio de legalidad que gravita en Panamá, a rango Supremo.
La Sala Tercera de la Corte, dijo en sentencia de 30 de abril de 2009 que: “El Estado por conducto de sus autoridades tiene sobre si la insoslayable obligación de no desarrollar actuaciones que puedan abrir paso al surgimiento de situaciones que debiliten la vigencia del principio de legalidad y afecten la estabilidad, certeza y previsibilidad del ordenamiento jurídico.”
(Cláusula de rescate administrativo de la concesión de Barro Blanco)
El contrato de concesión para el proyecto de Barro Blanco contiene la cláusula 30 sobre el rescate administrativo, la cual señala que “El Estado pagará a el Concesionario una compensación que se ajustará al valor justo del mercado de los bienes que corresponden a los bienes de la Central Hidroeléctrica, más un 10 por ciento de dicho valor justo del mercado en concepto de indemnización. El valor justo del mercado se determinará bajo el supuesto de una concesión vigente en plena operación, el cual será determinado de común acuerdo por peritos designados por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso que el concesionario no acepte el valor determinado en la forma indicada, el concesionario podrá solicitar el arbitraje que se establece en la cláusula 35 de este contrato.”
OPINO: Que si se elimina la concesión por rescate, el Estado afrontaría, un pago millonario de un porcentaje adicional a la obra terminada.
Algunas personas pudieran pensar que la auditoria que pudiera estar realizando la contraloría en las juntas comunales, son suficientes para deslindar las responsabilidades en el uso de las llamadas partidas circuitales, por parte de los diputados.
Tal tesis es un error y los que la promueven, desconocen el informe que emitió el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el tema. En el mismo se desprende que el Estado erogó la suma de 403, 496,332 millones de dólares, entre todos los diputados y algunos de ellos pidieron la transferencia de los recursos en lugares diferentes de las juntas comunales, inclusive.
Según el MEF, el diputado ARISTIDES DE ICAZA pidió la transferencia de sus 7, 050,000.00 de las partidas circutales, solo en el PAN y no en las juntas.
Según el MEF, la diputada CRESCENCIA PRADOS pidió la transferencia de sus 1, 685,000.00 de las partidas circutales, en el PAN 965,000.00 y en el MUNICIPIO DE ÑURUM de 720,000.00 y no en las juntas.
Según el MEF, el diputado JORGE A. ROSAS pidió la transferencia de sus 3, 552,950.00 de las partidas circutales en el PAN 752,950.00, PRODEC 80,000.00, JC DE SAN JUAN 10,000.00 y MUNICIPIO. DE TOLÉ 2, 710,000.00 y así sucesivamente.
Nadie está auditando la administración que le dispensaron, los diputados del quinquenio pasado, a las partidas circuitales.
Cada diputado, pedía que se le hicieran sus transferencias, a los organismos que el libremente le designaba al MEF.
La Fiscalía Cuarta Anticorrupción, dentro el expediente relacionado con las bolsas de comida y granos que se adquirieron en el PAN, ha ordenado el envío a la Corte, copia íntegra del sumario, el cual consta de 61 tomos, a fin de se investiguen a los diputados que fueron mencionados en esa investigación, los cuales adquirieron las bolsas, con las partidas circuitales. Véase la resolución del 24 de marzo de 2015 de la fiscalía en cuestión.
A continuación, plasmo un cuadro de lo que dispusieron los diputados del quinquenio 2009-2014 de sus partidas circuitales en el PAN, según los datos oficiales del MEF, con los datos que se recogió en la resolución del 24 de marzo del 2015 de la Fiscalía Cuarta Anticorrupción, en torno al caso de las compras de las bolsas de comida y grano para los diputados.
del Diputado Monto
total transferido al PAN 2009 – 2014 según certificación del MEF Monto
asignados a la compra de bolsas de comida, vía PAN, según resolución de la
fiscalía 4 anticorrupción
169,558,829.00 63,217,344.65
VALLARINO 7,990,000.00 299,973,82
DE ICAZA 7,050,000.00 2,034,7820,91
LOZADA 6,920,000.00 2,437,629,53
GÁLVEZ 6,210,000.00 1,258,035,00
LAZARUS 5,720,000.00 1,465,859,70
CARRILLO 5,547,545.00 958,373,28
JULIAO 4,853,976.00 3,559,580,00
FRÍAS 4,835,000.00 3,999,321,26
MILLER 4,381,000.00 1,909,697,57
ARCHIBOLD 4,220,000.00 4,228,980,68
LAY 4,120,000.00 1,446,872,17
ARAÚZ 4,079,525.00 3,376,032,78
MÉNDEZ 4,050,000.00 2,579,307,45
ZÚÑIGA 3,980,000.00 809,911,13
MUÑOZ 3,945,000.00 874,985,00
REAL 3,470,000.00 719,871,45
BARUCO 3,375,509.00 1,959,494,50
APARICIO 3,333,005.00 100,000.00
CASTAÑEDAS 3,312,500.00 862,877.60
AFÚ 3,298,000.00 750,000.00
BREA 3,125,000.00 99,980,80
BERNAL 3,103,500.00 353,564,37
SALERNO 3,057,000.00 1,211.585,00
MARTÍNEZ 2,770,000.00 1,659,730,68
JACKSON 2,765,000.00 1,362,780,31
ANTONIO 2,660,000.00 1,148,720,86
VALENCIA 2,555,000.00 1,932,654,76
GONZÁLEZ 2,550,000.00 657,402,60
HERNANDEZ 2,546,675.00 ________
GÓMEZ 2,380,000.00 123,754,00
PINEDA 2,340,000.00 1,134,687,50
MARTÍNEZ 2,205,000.00 1,369,833,22
CORBILLÓN 2,145,750.00 434,930,00
RÍOS 2,110,800.00 49,988,34
VARGAS 2,087,840.00 529,959,60
HERRERA 2,030,000.00 1,525,381,67
SALAS 1,992,674.00 464,857,43
GARCÍA 1,850,000.00 449,938,80
HERRERA 1,832,500.00 699,925,00
I. ARROCHA 1,550,000.00 383,021.20
VÁSQUEZ 1,520,000.00 149,990,64
COHEN S 1,495,000.00 249,973,50
DE ABREGO 1,326,000.00 ________
BLANDÓN F. 1,175,000.00 97,969,81
VALDERRAMA 1,175,000.00 150,000,00
MORENO 1,145,000.00 50,000,00
FANOVICH 1,124,200.00 374,722,60
SANTANA 1,043,880.00 159,961,00
ALEMÁN 1,000,000.00 99,450,00
REANULD
DOMINGUEZ 1,000,000.00 329,934,42
PRADOS 965,000.00 387,253,90
QUIRÓZ 964,000.00 229,933,09
ADAMES 930,000.00 ________
DE DALE 900,000.00 484,912,25
CASTILLO 895,000.00 106,802,17
AVILA 870,000.00 99,989,40
VEGA 870,000.00 409,911,70
LUIS VARELA 850,000.00 198,940,00
ROBINSON 820,000.00 454,825,85
TORRES 820,000.00 152,991,23
ALEMÁN 800,000.00 189,978,61
PAREDES 790,000.00 124,975,40
A. ROSAS 752,950.00 49,996,64
RODRÍGUEZ 750,000.00 530,040,63
DE LEON 620,000.00 49,994,70
DELGADO 500,000.00 400,000,00
CARLOS AROSEMENA 400,000.00 44,993,52
ARCE 370,000.00 ________
LUIS FABREGA 370,000.00 20,636,30
GALLEGOS 350,000.00 ________
PURCAITT 320,000.00 114,971,54
La selectividad en la administración de justicia
La administración de justicia es selectiva en algún sentido en Panamá, bajo mi óptica.
Los factores que la impulsan, a continuación:
La falta de capacidad de los organismos encargados de administrar la justicia.
La falta de unificación en los organismos rectores, para la imposición de las medidas cautelares.
Conforme a la ley, nadie puede ser sometido a medidas cautelares serias, si no existen graves indicios de responsabilidad en su contra.
Artículo 2140.
Cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de cuatro años de prisión y esté acreditado el delito y la vinculación del imputado, a través de un medio probatorio que produzca certeza jurídica de ese acto y exista, además, posibilidad de fuga, desatención al proceso, peligro de destrucción de pruebas, o que pueda atentar contra la vida o salud de otra persona o contra sí mismo, se decretará su detención preventiva.
El problema de las medidas cautelares es que cada funcionario de instrucción, a su prudente arbitrio, las impone a veces de manera, hasta desproporcionada y sin honrar la uniformidad en muchos casos.
Evidencias que refuerzan el planteamiento.
Los casos contra los Diputados, en la corte suprema de justicia, se
demoran en exceso.
Las denuncias y/o querellas contra los magistrados de la corte suprema de justicia, que están radicadas en la Asamblea Nacional, no avanzan rápidamente en su atención.
Algunas personas de alto perfil, involucrados en la otrora administración pública cuestionada, no son sometidos a los rigores procesales, como otros, en similares causas.
Los hijos del pueblo, que cometen infracciones, no gozan de las mismas medidas cautelares y de domicilio preventivo transitorio, que los de alto perfil investigados.
El señor contralor, no ha auditado aún la administración de las partidas circuitales, para saber si alguien tendría que comparecer en el futuro ante la justicia, para responder por sus actos.
La Corte Suprema de Justicia en PLENO, ha determinado que el Tribunal Electoral es el ente idóneo para juzgar, los delitos electorales, independientemente de quien sea el infractor de la norma electoral, en acatamiento a lo que dispone el artículo 143 constitucional, sin embargo, la jurisdicción electoral se resiste en ejecutar este mandato en el caso de los Diputados.
La selectiva en la administración de justicia
La rendición de cuentas que nadie exige, ni da en Panamá
Es prohibido que como ciudadanos se nos olvide, que en el informe del Ministerio de Economía y Finanzas, No. DS-SG-N-NO.-487 del 3 de diciembre de 2014 se desprende que el Estado erogó la suma de 403, 496,332 millones de dólares, entre todos los diputados y no se sabe a ciencia cierta cómo se utilizaron los recursos estatales, pues no se le ha rendido cuentas al país, sobre el uso adecuado de los mismos.

References: Artículo 34
 Artículo 422
 artículo 143
 Resolución 
 Artículo 24
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 2140
 artículo 143