Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/SL-2015/as20153L138.html
Timestamp: 2019-03-20 03:15:22+00:00

Document:
as20153L138
Auto Supremo Nº 138/2015-L.
Expediente: CBBA. 527/2010.
VISTOS: El recurso de casación y/o nulidad a fs. 61, interpuesto por el Lloyd Aéreo Boliviano S.A. a través de su representante Grover Villanueva Tapia, y el recurso de casación y/o nulidad a fs. 65 interpuesto por Andrea Verushka Gonzales Vides, en representación de Daniel Ramiro Rojas Moreno, contra el Auto de Vista Nº 121/2010 de 2 de junio, cursante de fs. 57 a 59, pronunciado por la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, en el proceso laboral que se tramita en liquidación seguido por Daniel Ramiro Rojas Moreno contra el Lloyd Aéreo Boliviano S.A., el auto de fs. 68 que concedió los recursos, los antecedentes procesales; y
CONSIDERANDO I: Que, tramitada la causa, la Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social de Cochabamba, emitió Sentencia el 16 de junio de 2008, cursante de fs. 34 a 37, declarando probada la demanda, e improbadas las excepciones perentorias de pago y prescripción, disponiendo que la Empresa Lloyd Aéreo Boliviano S.A. a través de su representante legal, pague la suma de Bs. 208.077.23.- a favor de Daniel Ramiro Rojas Moreno, por concepto de desahucio, indemnización, vacaciones, aguinaldo y sueldos devengados, más actualización y multa del 30 % del monto total incluyendo el mantenimiento de valor, conforme determina el art. 9 del Decreto Supremo Nº 28699 de 1º de mayo de 2006.
Que en grado de apelación interpuesto por Lloyd Aéreo Boliviano S.A. a través de su representante Grover Villanueva Tapia, cursante de fs. 40, la Sala Social y Administrativa de la Corte Superior de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista Nº 121/2010 de 2 de junio, cursante de fs. 57 a 59, resolvió confirmar la sentencia apelada, con la modificación que debe excluirse de la liquidación efectuada en la sentencia, los salarios adeudados del 50 % del mes de diciembre de 2005 a junio de 2006 y de noviembre de 2006 a marzo de 2007, manteniéndose únicamente el pago dispuesto de los meses de julio a octubre de 2006 y los 16 días del mes de abril de 2007. Asimismo, debe excluirse las duodécimas de aguinaldo de enero marzo de 2007 y mantenerse las que corresponden a los 16 días del mes de abril de 2007, debiendo la empresa demandada cancelar a favor del actor la suma de Bs.
Contra esta resolución ambas partes interponen recurso de casación; así el Lloyd Aéreo Boliviano S.A. a través de su representante Grover Villanueva Tapia, por memorial de fs. 61, planteó recurso de casación y/o nulidad, denunciando lo siguiente:
Que el tribunal ad quem, a momento de emitir el auto de vista recurrido, realizó una valoración e interpretación errónea y aplicación indebida de la ley, así como de la prueba aportada al proceso, infringiendo lo establecido en el art. 253-1) y 3) del Cód. de Pdto. Civil, al consentir la falta de pago oportuno de salarios como causal de retiro indirecto; por cuanto el DS. de 9 de mayo de 1937 refiere única y exclusivamente a la rebaja de sueldo; no estando legislada la figura del retiro indirecto por falta de pago oportuno de sueldos, que no puede aplicarse preferentemente al caso presente la jurisprudencia, que es supletoria a la norma jurídica por mandato del art. 228 de la Constitución Política del Estado, que establece la jerarquía normativa en su aplicación.
Que, corresponde dejar sin efecto la actualización y multa prevista en el DS. Nº 28699 de 01/05/06 dispuesta en sentencia, toda vez que la actora no acompañó prueba que advierta que el Ministerio de Trabajo, hubiese aprobado el reglamento específico que respalde los procedimientos establecidos conforme establece el art. 13 del mencionado Decreto Supremo.
Finalmente acusa la nulidad del auto de vista, al considerar que fue pronunciado alterando el orden cronológico, sin ceñirse a su fecha de ingreso, infringiendo normas de orden público (art. 267 del CPC.) y fuera del plazo establecido por ley.
A su vez, el demandante Daniel Ramiro Rojas Moreno a través de su representante Andrea Verushka Gonzales Vides, por escrito de fs. 65 interpuso recurso de casación, denunciando en síntesis:
Que en el auto de vista recurrido que confirmó la sentencia, excluyó los salarios adeudados del 50 % de diciembre de 2005 a junio de 2006 de noviembre de 2006 a marzo de 2007, así como las duodécimas de aguinaldo de enero a marzo de 2007, por las razones aparentemente sustentadas en la demanda interpuesta por la Federación Sindical de Trabajadores del LAB, contra dicha empresa, en la que se emitió la sentencia el 20 de octubre de 2007, reconociendo a favor del actor, los salarios anteriormente mencionados. La referida sentencia de la Federación Sindical de trabajadores del LAB, confirmada mediante auto de vista de 2 de septiembre de 2009, no debe pretenderse como un fallo confirmado ya que la sala social no puede de manera arbitraria confirmar un fallo adelantando criterio de juzgamiento, mientras no se dicte un auto supremo definitivo, esta demanda continúa a la espera desde el 26 de noviembre de 2009, que fue remitida a Sucre.
Es este sentido manifestó que el auto de vista, atenta contra sus derechos legítimos, por lo que solicitó se case el auto de vista recurrido, en lo referente a la modificación en la liquidación de beneficios sociales que realizó el tribunal ad quem, debiendo mantener la liquidación dispuesta en sentencia.
Resolviendo el recurso de casación y o nulidad de fs. 61, interpuesto por Grover Villanueva Tapia, representante de la Empresa Lloyd Aéreo Boliviano S.A.
Referente a la denuncia de que el tribunal ad quem al emitir el auto de vista recurrido infringió el art. 253-1) y 3) del Cód. de Pdto. Civ. referente al recurso de casación en el fondo que señala: “Procederá el recurso de casación en el fondo: 1) Cuando la sentencia recurrida contuviere violación, interpretación errónea o aplicación indebida de la ley y 3) Cuando en la apreciación de las pruebas se hubiere incurrido en error de derecho o error de hecho. Este último deberá evidenciarse por documentos o actos auténticos que demuestren la equivocación manifiesta del juzgador”.
De la norma descrita precedentemente, se establece que esta denuncia de infracción es incorrecta, por tratarse de una disposición que se limita a describir las causales de procedencia del recurso de casación en el fondo que interpone justamente el recurrente para abrir la competencia en el tribunal de casación.
Con relación a la falta oportuna de pago, corresponde hacer notar que conforme a la interpretación efectuada por el tribunal de alzada, efectivamente la no cancelación de los sueldos del demandante por los meses adeudados constituye retiro indirecto, pues aquella falta oportuna de pago de sueldos conforme instituye la nueva doctrina laboral y la uniforme jurisprudencia en materia social de esta Corte, sí se constituye en despido indirecto, dicho fundamento encuentra sustento jurídico normativo, en lo dispuesto por el artículo 53 de la Ley General del Trabajo que señala que los periodos de tiempo para el pago de salarios, no podrán exceder de quince días para obreros y treinta días para empleados y domésticos, aspectos que no fueron desvirtuados por la entidad demandada como correspondía hacerlo de conformidad con los arts. 3 inciso h), 66 y 150 del Código Procesal del Trabajo, referido a la inversión de la prueba, por lo que no son evidentes las violaciones acusadas en el recurso de casación al no encontrarse como cierta la infracción aludida.
En cuanto a la solicitud de dejar sin efecto la aplicación de la actualización y multa prevista por el DS. Nº 28669 del 1º de mayo de 2006 dispuesta en la sentencia y confirmada en el auto de vista recurrido, en el entendido de que atenta los principios de justicia y equidad debido a que no se comprobó que se hubiese reglamentado los procedimientos establecidos conforme previó el art. 13 del mencionado Decreto; cabe precisar que la Empresa recurrente se conformó con aquella mera enunciación que no coadyuva a verificar si efectivamente dicha infracción existió, puesto que el recurso adolece de una idónea argumentación jurídica que refleje como resultado el arribar a la casuística debatida, es decir, no demuestra el nexo de aquellos principios con el caso concreto materia de la litis, presupuestos necesarios para demostrar la supuesta omisión respecto a la infracción reclamada.
Sobre este particular, hay que recordar que los principios en general y los laborales en particular, son directrices generales, en ese entendido, su vigencia y eficacia debe ser reclamada bajo los parámetros determinados por el caso en concreto debidamente identificado y si tal caso concreto se encuentra regulado por las normas de desarrollo, en instancia de casación debe acusarse expresamente la infracción de este dispositivo legal y además desarrollar en qué consiste dicha infracción y en qué medida incide en la resolución del caso de autos, aspectos que el recurrente olvidó en su escrito por lo que no se evidencia que se hubiesen violentado los mencionados principios.
Finalmente, corresponde dilucidar la supuesta nulidad referida a la infracción del artículo 267 del Cód. de Pdto. Civil por haber pronunciado la resolución alterando el orden cronológico de la resolución sin ceñirse a la fecha de ingreso, sin respetar el orden establecido para las resoluciones en la Sala Social.
De la revisión a los antecedentes que cursan en obrados y en consideración a la impetrada nulidad, no existe fundamento convincente para que la misma opere merced a que para la procedencia de la nulidad deben concurrir algunos principios que deben ser observados por el juzgador, estos son, los principios de especificidad, trascendencia, convalidación y protección.
Ahora bien, el principio de especificidad se encuentra previsto en el art. 251-I del Cód. de Pdto. Civil, aplicable por disposición del art. 252 del Código Procesal del Trabajo, mismo que establece que toda nulidad debe estar expresamente determinada en la ley, principio que descansa en el hecho que en materia de nulidad, debe haber un manejo cuidadoso y aplicado únicamente a los casos en que sea estrictamente indispensable y así lo haya determinado la ley.
Por su parte, el principio de trascendencia, en virtud del cual no hay nulidad de forma, si la alteración procesal no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio. Es decir, que se impone para enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación del proceso y que
suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes. Responde a la máxima "no hay nulidad sin perjuicio", es decir, que no puede hacerse valer la nulidad cuando la parte, mediante la infracción, no haya sufrido un gravamen.
Otro principio es el de convalidación en virtud del cual toda nulidad se convalida por el consentimiento si no se observa en tiempo oportuno, operándose la ejecutoriedad del acto es decir, que frente a la necesidad de obtener actos procesales válidos y no nulos, se halla la necesidad de obtener actos procesales firmes, sobre los cuales pueda consolidarse el derecho, como lo afirma el tratadista Eduardo Couture, (Fundamentos de Derecho Procesal Civil, pág. 391). Lo que significa que si la parte afectada no impugna mediante los recursos que la ley le franquea y deja vencer los términos de interposición, sin hacerlo, debe presumirse que la nulidad aunque exista, no le perjudica gravemente y que renuncia a los medios de impugnación, operándose la preclusión de su etapa procesal y los actos, aún nulos quedan convalidados. Finalmente el principio de protección, que establece que la nulidad sólo puede hacerse valer cuando a consecuencia de ella quedan indefensos los intereses del litigante, sin ese ataque al derecho de las partes, la nulidad no tiene porqué reclamarse y su declaración carece de sentido.
Ahora bien, la nulidad solicitada por alteración del orden cronológico de resolución no se justifica de manera alguna, puesto que no se adecua al principio de trascendencia antes definido, por no afectar al derecho a la defensa, al debido proceso ni a la tutela judicial efectiva o acceso a la justicia, casos en los cuales y de comprobarse una afectación a los sujetos procesales procedería; al márgen de ello, tampoco se cumple con los presupuestos relativos al principio de especificidad antes desarrollados, por lo que tampoco respecto a este punto se tiene como efectiva la vulneración del art. 267 del Cód. de Pdto. Civil.
A la denuncia de nulidad por pérdida de competencia, debe hacerse referencia al art. 209 del CPT, que establece el plazo de diez días para emitir el auto de vista; plazo que fue observado por el Tribunal de alzada, pues conforme consta a fs. 103 vta., la causa fue sorteada el 26 de julio y la resolución recurrida fue dictada el 2 de agosto, dentro del plazo establecido por ley; por lo que esta denuncia carece de fundamento.
Consiguientemente, en mérito a lo expuesto precedentemente, se establece que el tribunal ad quem, al confirmar la sentencia, no incurrió en la violación, aplicación indebida, menos interpretó erróneamente ley alguna, por lo que el recurso deviene en infundado.
Resolviendo en recurso de casación o nulidad presentado por Andrea Verushka Gonzáles Vides, en representación de Daniel Ramiro Rojas Moreno, por el cual el recurrente cuestiona el auto de vista emitido por el tribunal ad quem, al haber excluido de la liquidación efectuada por la juez a quo en la parte resolutiva de la sentencia de fs. 34 a 37, los salarios adeudados consignados en la parte resolutiva del auto de vista ahora recurrido, fundamentando que no corresponde realizar dicha exclusión, porque la sentencia emitida en el proceso seguido por la Federación Sindical de Trabajadores del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), no debe pretenderse como un fallo supremo confirmado, mientras no se dicte Auto Supremo definitivo.
Al respecto, de la revisión de antecedentes, se evidencia que, tramitado el proceso, se llega a emitir la sentencia de 16 de junio de 2008, en la que se dispone el pago de Bs. 208.077.23.-, por concepto de desahucio, indemnización, vacaciones, aguinaldo y sueldos adeudados correspondientes al 50 % de diciembre de 2005, de enero a diciembre de 2006 y de enero, febrero, marzo y 16 días de abril de 2007; sin embargo, en el auto de vista recurrido, se modificó la sentencia apelada, excluyendo de la liquidación efectuada en dicha resolución, de los sueldos devengados, el 50 % del mes de diciembre de 2005 a junio de 2006 y de noviembre de 2006 a marzo de 2007, excluyendo también las duodécimas de aguinaldo de enero a marzo de 2007, con el fundamento que a la demandainterpuesta de forma anterior por la Federación Sindical de Trabajadores del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) contra la empresa demandada, se emitió la sentencia de 20 de octubre de 2007, donde se reconoció a favor del actual demandante los salarios adeudados que corrieron desde diciembre de 2005 hasta junio de 2006 y de noviembre de 2006 a marzo de 2007, reconociéndose también las duodécimas de aguinaldo de enero a marzo de 2007, sentencia que fue confirmada mediante auto de vista de 2 de septiembre de 2009.
Con relación al argumento que precede esgrimido por el tribunal ad quem, se advierte que evidentemente, mediante sentencia de 22 de octubre de 2007, dictada en el proceso laboral seguido por el Sindicato de Trabajadores del Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) contra la empresa demandante, la cual se encuentra adjunta a fs. 50 a 54, en su parte resolutiva, se halla consignado el nombre del ahora demandante, donde se dispuso el pago por concepto de salarios adeudados de diciembre de 2005 a junio de 2006, noviembre de 2006 a marzo de 2007 y duodécimas de aguinaldo de la gestión 2007, salarios devengados que nuevamente pretende cobrar el actor, sentencia que fue confirmada por el Auto de Vista Nº 257/2009 de 2 de septiembre, cursante de fs. 55 a 56, fallo que fue recurrido de casación tanto por el representante del Lloyd Aéreo Boliviano, así como por el Sindicato de Trabajadores de la citada empresa, habiéndose emitido el Auto Supremo Nº 361 de 4 de octubre de 2010, mediante el cual se declaró infundado el primer recurso, en tanto que el segundo recurso, o sea el interpuesto por el nombrado Sindicato de Trabajadores del LAB se casó parcialmente el auto de vista recurrido, manteniendo firme y subsistente la sentencia de 20 octubre de 2007, en la cual se dispuso la cancelación de los sueldos reclamados en el presente recurso de casación de fs. 65, interpuesto por el actor, extremo que fue tomado en cuenta de manera acertada por el tribunal ad quem, quien en la parte resolutiva del auto de vista recurrido de fecha 2 de junio de 2010 cursante de fs. 57 a 59, determinó la exclusión de los sueldos devengados por los periodos descritos precedentemente, por considerar que ya estaban dispuestos para ser cancelados, conclusión arribada en base una correcta y adecuada valoración de los hechos y de la prueba adjuntada al proceso, conforme la facultan los arts. 3. j), 158 y 200 del CPT., hechos que desvirtúan lo aseverado por la parte recurrente, en sentido de que aún no se habría emitido Auto Supremo definitivo sobre el tema, por lo que el presente recurso también deviene en infundado.
En consecuencia, por los fundamentos expuestos corresponde resolver los dos recursos conforme a la previsión de los arts. 271. 2) y 273 del Cód. de Pdto. Civil, aplicables al caso presente, en virtud a lo dispuesto por el art. 252 del CPT.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución contenida por los arts. 184.1 de la Constitución Política del Estado y 42 parágrafo I numeral 1 de la Ley Nº 25 del Órgano Judicial, declara INFUNDADOS los recursos de casación y/o nulidad de fs. 61 y el recurso de casación y/o nulidad de fs. 65.

References: resolución 
 artículo 53
 resolución 
 artículo 267
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución