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Timestamp: 2016-10-21 21:06:30+00:00

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Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social. TITULO IV.�Normas de gesti�n y organizaci�n administrativa (Vigente hasta el 01 de Enero de 2009).
Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social (Vigente hasta el 01 de Enero de 2009).
Vigencia desde 01 de Enero de 2001. Esta revisi�n vigente desde 27 de Junio de 2008 hasta 01 de Enero de 2009
Vigente desde 1/Enero/2001 hasta 4/Marzo/2001
Vigente desde 4/Marzo/2001 hasta 19/Diciembre/2001
Vigente desde 19/Diciembre/2001 hasta 1/Enero/2002
Vigente desde 1/Enero/2003 hasta 2/Junio/2003
Vigente desde 2/Junio/2003 hasta 5/Noviembre/2003
Vigente desde 5/Noviembre/2003 hasta 1/Enero/2004
Vigente desde 11/Marzo/2004 hasta 6/Noviembre/2004
Vigente desde 6/Noviembre/2004 hasta 1/Enero/2005
Vigente desde 1/Enero/2005 hasta 15/Marzo/2005
Vigente desde 1/Enero/2007 hasta 1/Julio/2007
Vigente desde 1/Julio/2007 hasta 17/Noviembre/2007
Vigente desde 17/Noviembre/2007 hasta 27/Junio/2008
Vigente desde 27/Junio/2008 hasta 1/Enero/2009
Vigente desde 1/Enero/2009 hasta 18/Septiembre/2014
Vigente desde 18/Septiembre/2014 hasta 25/Septiembre/2014
Vigente desde 25/Septiembre/2014 hasta 14/Junio/2015
Vigente desde 14/Junio/2015
TITULO IVNormas de gesti�n y organizaci�n administrativa
CAPITULO IDe la gesti�n
SECCION 1DE LA GESTION FINANCIERA
Modificaci�n del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre Se modifican los siguientes art�culos del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.
Uno. Se a�ade un nuevo apartado, el cinco, al art�culo 6, con la siguiente redacci�n:
�5. Son fundaciones estatales a efectos de esta Ley, las fundaciones en cuya dotaci�n participen mayoritariamente, directa o indirectamente, la Administraci�n General del Estado, sus Organismos aut�nomos o las dem�s entidades del sector p�blico estatal. Su creaci�n requerir� en todo caso autorizaci�n previa por parte del Consejo de Ministros.�
Dos. El cap�tulo III del T�tulo II queda redactado de la forma siguiente:
�CAPITULO IIILos presupuestos de explotaci�n y de capital y los programas de actuaci�n plurianuales
1. Las sociedades mercantiles estatales y las entidades p�blicas empresariales elaborar�n un presupuesto de explotaci�n que detallar� los recursos y dotaciones anuales correspondientes. Asimismo, formar�n un presupuesto de capital con el mismo detalle. Los presupuestos de explotaci�n y de capital se integrar�n en los Presupuestos Generales del Estado.
Tambi�n elaborar�n presupuestos de explotaci�n y de capital aquellos organismos p�blicos a que se refieren las disposiciones adicionales novena y d�cima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado, sujetos a esta obligaci�n por las normas que les sean aplicables. Las referencias realizadas en el presente cap�tulo a las entidades p�blicas empresariales se aplicar�n asimismo a los organismos expresados en este p�rrafo.
2. Los presupuestos de explotaci�n y de capital estar�n constituidos por una previsi�n de la cuenta de resultados y del cuadro de financiaci�n del correspondiente ejercicio. Como anexo a dichos presupuestos se acompa�ar� una previsi�n del balance de la entidad, as� como la documentaci�n complementaria que determine el Ministerio de Hacienda.
3. Las entidades remitir�n los estados financieros se�alados en el punto anterior referidos, adem�s de al ejercicio relativo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado, a la liquidaci�n del �ltimo ejercicio cerrado y al avance de la liquidaci�n del ejercicio corriente.
4. Junto con los presupuestos de explotaci�n y de capital, se remitir� por las entidades una memoria explicativa de su contenido, de la ejecuci�n del ejercicio anterior y de la previsi�n de la ejecuci�n del ejercicio corriente.
1. Las entidades que deban elaborar los presupuestos de explotaci�n y de capital con arreglo a lo dispuesto en el art�culo 87 de esta Ley formular�n anualmente, asimismo, un programa de actuaci�n plurianual.
2. El programa de actuaci�n plurianual estar� integrado por los estados financieros determinados en el art�culo 87 de esta Ley y, junto con la documentaci�n indicada en el n�mero 3 siguiente, reflejar� los datos econ�mico-financieros provisionales para el ejercicio relativo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado y a los dos ejercicios inmediatamente siguientes, seg�n las l�neas estrat�gicas y objetivos definidos para la entidad.
3. Los programas de actuaci�n plurianual se acompa�ar�n de la informaci�n de car�cter complementario siguiente:
a) Hip�tesis de la evoluci�n de los principales indicadores macroecon�micos que hayan servido de base para la elaboraci�n de los programas de actuaci�n plurianual.
b) Premisas principales del planteamiento que conforme las l�neas estrat�gicas de la entidad.
f) Plan financiero del per�odo que cuantificar� los recursos y las fuentes externas de financiaci�n.
g) La restante documentaci�n que determine el Ministerio de Hacienda.
1. Los presupuestos de explotaci�n y de capital se remitir�n por las entidades conjuntamente con los programas de actuaci�n plurianual antes del 10 de julio de cada a�o, a trav�s del Departamento del que dependan, al Ministerio de Hacienda. La estructura b�sica y la documentaci�n complementaria de dichos documentos se establecer� por el Ministerio de Hacienda y se desarrollar� por cada entidad con arreglo a sus necesidades.
2. No est�n obligados a presentar el programa de actuaci�n plurianual aquellas sociedades mercantiles estatales que, de acuerdo con lo dispuesto en la legislaci�n mercantil vigente, puedan presentar balance abreviado, salvo que reciban con cargo a los Presupuestos Generales del Estado subvenciones de explotaci�n o capital u otra aportaci�n de cualquier naturaleza.
3. Las entidades que deban elaborar los presupuestos de explotaci�n y de capital que posean, directa o indirectamente, la mayor�a de capital social de una o varias sociedades mercantiles estatales podr�n presentar sus presupuestos de explotaci�n y de capital y sus programas de actuaci�n plurianual de forma consolidada con dichas sociedades mercantiles estatales, relacionando las sociedades objeto de presentaci�n consolidada. Esta norma no se aplicar� a aquellas sociedades mercantiles estatales que, a su vez, est�n participadas mayoritariamente, de forma directa o indirecta, por otra entidad que deba elaborar los presupuestos de explotaci�n y de capital.
Deber�n presentar, en todo caso, el presupuesto de explotaci�n y de capital y el programa de actuaci�n plurianual de forma individualizada, las entidades p�blicas empresariales, as� como las sociedades mercantiles estatales que soliciten con cargo a los Presupuestos Generales del Estado subvenciones de explotaci�n o capital u otra aportaci�n de cualquier naturaleza.
4. Los programas de actuaci�n plurianual se someter�n al acuerdo del Gobierno antes del fin de febrero de cada a�o a propuesta del Ministro de Hacienda. A estos efectos, las entidades elaborar�n oportunamente las adaptaciones que sean necesarias, a resultas del proceso de aprobaci�n por las Cortes Generales de sus presupuestos de explotaci�n y de capital y las remitir�n al Ministerio de Hacienda a trav�s del Departamento del que dependan.
1. Las sociedades mercantiles estatales y las entidades p�blicas empresariales dirigir�n su funcionamiento a la consecuci�n de los objetivos emanados de los planteamientos reflejados en sus presupuestos de explotaci�n y capital y en sus programas de actuaci�n plurianual.
2. Cuando alguna de las entidades citadas en el n�mero anterior reciba con cargo a los Presupuestos Generales del Estado subvenciones de explotaci�n o de capital u otra aportaci�n de cualquier naturaleza, las autorizaciones de las variaciones anuales que supongan incremento de dotaciones de sus presupuestos de explotaci�n y capital se ajustar�n a lo siguiente:
a) Si la variaci�n afectase a las aportaciones estatales recogidas en los Presupuestos Generales del Estado, la competencia corresponder� a la autoridad que la tuviera atribuida respecto de las correspondientes modificaciones presupuestarias.
b) Si las variaciones no afectasen a las citadas aportaciones estatales, ser� competencia del Ministro del Departamento del que dependa la entidad cuando su importe no exceda de la cuant�a de 100 millones de pesetas ni del 5 por 100 de las cifras aprobadas para el total de las dotaciones tanto del presupuesto de explotaci�n como del presupuesto de capital, excluidos del c�mputo del primero los impuestos y los resultados y del segundo la variaci�n del capital circulante. Cuando la variaci�n supere la cuant�a de 500 millones de pesetas y dicho 5 por 100, su autorizaci�n corresponder� al Gobierno. En los dem�s casos, la autorizaci�n de las variaciones corresponder� al Ministro de Hacienda. Dichos porcentajes se aplicar�n acumulativamente en cada ejercicio presupuestario.
c) Sin perjuicio de lo establecido en el punto anterior, ser� competencia del Gobierno autorizar la variaci�n por un importe superior a la cuant�a de 100 millones de pesetas y al 5 por 100 de las cifras aprobadas individualizadamente para cada una de las siguientes dotaciones: los gastos de personal, las inversiones materiales e inmateriales, las inversiones financieras y el endeudamiento a largo plazo, a salvo siempre los l�mites determinados por Ley. En los dem�s casos, la variaci�n de las dotaciones ser� autorizada por el Ministro de Hacienda.
3. Las entidades p�blicas empresariales s�lo podr�n incrementar, durante el ejercicio y hasta un 5 por 100, la cifra total que dediquen a la financiaci�n de los programas de las sociedades mercantiles estatales en que participen. En los dem�s casos, se requerir� autorizaci�n del Gobierno.
4. Sin perjuicio de otras competencias, el control de eficacia a que se refiere el n�mero 2 del art�culo 17 de esta Ley ser� ejercido, respecto de las sociedades mercantiles estatales y las entidades p�blicas empresariales por el organismo p�blico que en ellos tenga participaci�n mayoritaria o, en su caso, por el Ministerio del que dependan directamente.
1. En los supuestos en que se estipulen convenios con el Estado que den lugar a reg�menes especiales, tanto por las entidades a que se refiere el n�mero 1 del art�culo 87 de esta Ley como por cualquier otra que reciba subvenciones de explotaci�n o de capital u otra aportaci�n de naturaleza distinta con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, no dejar�n de establecerse las correspondientes cl�usulas sobre las siguientes materias:
a) Hip�tesis macroecon�micas y sectoriales que sirvan de base al acuerdo.
b) Objetivos de la pol�tica de personal, rentabilidad, productividad o reestructuraci�n t�cnica de la explotaci�n econ�mica, as� como m�todos indicadores de evaluaci�n de aqu�llos.
d) Medios a emplear para adaptar los objetivos acordados a las variaciones habidas en el respectivo entorno econ�mico.
f) Control por el Ministerio de Hacienda de la ejecuci�n del convenio y de los resultados derivados de su aplicaci�n.
2. El control a que se refiere la letra f) del n�mero 1 anterior no excluir� el que pueda corresponder a los respectivos Departamentos u organismos de los que dependan las entidades que hayan suscrito los correspondientes convenios.
3. La suscripci�n del convenio a que se refieren los n�meros anteriores no excluir� la elaboraci�n del presupuesto de explotaci�n y de capital y del programa de actuaci�n plurianual.�
Tres. La letra a) del n�mero 3 del art�culo 93 queda redactada de la forma siguiente:
�Art�culo 93
3.a) Intervenir la liquidaci�n de los presupuestos a que se refiere el art�culo 87 de esta Ley.�
Cuatro. Se a�ade un nuevo apartado 1 bis al art�culo 104, que queda redactado de la siguiente forma:
�1 bis. Establecer, previo informe del Ministerio de Hacienda, mediante la correspondiente Orden ministerial, los procedimientos concretos que habr�n de seguir las operaciones de financiaci�n p�blica y de gesti�n de la Deuda P�blica, de acuerdo con los objetivos de �ptima gesti�n y adecuaci�n a los usos de los mercados financieros.�
Cinco. Se modifica el texto de los art�culos que a continuaci�n se relacionan y que quedan redactados como sigue:
Art�culo 100, apartado 2.
�La Intervenci�n General de la Administraci�n del Estado realizar� anualmente la auditor�a de las cuentas de los Organismos aut�nomos, las enti dades p�blicas empresariales, los organismos p�blicos y las entidades a que se refieren las disposiciones adicionales novena y d�cima de la Ley de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado, las fundaciones estatales y las sociedades mercantiles estatales, en los supuestos, forma y con el alcance establecido en el art�culo 129 de esta Ley.�
Art�culo 123, apartado 3.
�Las fundaciones estatales formar�n y rendir�n sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en la adaptaci�n del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y disposiciones que lo desarrollen.�
Se suprime el segundo p�rrafo del apartado 3 del art�culo 123.
Art�culo 127, apartado 1 letra f).
�Los Presidentes del patronato de las fundaciones estatales.�
Art�culo 129. �1. La Intervenci�n General de la Administraci�n del Estado realizar� anualmente la auditor�a de las cuentas que deban rendir los Organismos aut�nomos, las entidades p�blicas empresariales, los organismos p�blicos y las entidades a que se refieren las disposiciones adicionales 9 y 10 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, y las entidades del sistema de Seguridad Social. Asimismo realizar� la auditor�a de cuentas de las fundaciones estatales y las sociedades mercantiles estatales que, no estando sometidas a la obligaci�n de auditarse en virtud de su legislaci�n espec�fica, se hubieran incluido en el plan anual.
2. El informe de auditor�a se emitir� en un plazo no superior a tres meses contados a partir del momento en que las cuentas se pongan a disposici�n de los auditores. A tal fin los organismos, entidades, fundaciones o sociedades auditadas estar�n obligadas a facilitar cuanta documentaci�n e informaci�n fuera necesaria para realizar los trabajos de auditor�a de cuentas.�
Art�culo 130, apartado 1.
�En cumplimiento de su obligaci�n de rendir cuentas, los cuentadantes deber�n remitir sus cuentas, acompa�adas del informe de auditor�a que corresponda en aplicaci�n del art�culo 129 anterior, a la Intervenci�n General de la Administraci�n del Estado dentro de los siete meses siguientes a la terminaci�n del ejercicio econ�mico. Trat�ndose de sociedades mercantiles estatales, deber� acompa�arse adem�s el informe de gesti�n.
Las sociedades mercantiles estatales y las fundaciones estatales rendir�n, adem�s de las cuentas que les son exigidas por su legislaci�n espec�fica, una memoria relativa al cumplimiento de las obligaciones de car�cter econ�mico-financiero que asumen estas entidades como consecuencia de su pertenencia al sector p�blico. Dicha memoria se adaptar� al contenido que al efecto disponga el Ministro de Hacienda, e incluir� informaci�n acerca de las subvenciones recibidas y resultados con ellas obtenidos, as� como la ejecuci�n de los contratos programa y su grado de cumplimiento.�
Art�culo 132, apartado 3.
�3. Cuenta General de las fundaciones estatales, que se formar� mediante la agregaci�n o consolidaci�n de las cuentas de las entidades que formen sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en la adaptaci�n del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y disposiciones que lo desarrollan.�
Seis. Se modifica el art�culo 149 que queda redactado con el siguiente contenido:
�Se consideran ampliables en la cuant�a resultante de las obligaciones que se reconozcan y liquiden seg�n las disposiciones en cada caso aplicables, los cr�ditos incluidos en los presupuestos de la Seguridad Social que se detallan a continuaci�n:
a) Los destinados al pago de pensiones de todo tipo; prestaciones por incapacidad temporal, protecci�n a la familia, maternidad, y riesgo durante el embarazo, as� como las entregas �nicas y los subsidios de recuperaci�n, siempre que se encuentren legal o reglamentariamente establecidos y sea obligatorio y no graciable su pago por parte de la Seguridad Social y su cuant�a est� objetivamente determinada.
b) Los destinados al pago de los subsidios de garant�a de ingresos m�nimos, de movilidad y para ayuda de tercera persona, previstos en la Ley de Integraci�n Social de Minusv�lidos, en la medida en que se hayan ampliado en el Presupuesto del Estado.
c) Los que amparan la constituci�n de capitales-renta para el pago de pensiones.
d) Y los que se especifiquen en las Leyes anuales de Presupuestos de cada ejercicio.�
Siete. Se modifica la letra a) del apartado 4 del art�culo 150 en los siguientes t�rminos:
�a) Las que resulten de la liquidaci�n de atrasos a favor del personal que perciba sus retribuciones con cargo al presupuesto de la Seguridad Social, as� como las que tengan su origen en resoluciones judiciales.�
Actos de suscripci�n de acciones y de aportaci�n de fondos a instituciones financieras internacionales Los actos de suscripci�n de acciones o de aportaciones de fondos, derivados de acuerdos de ampliaci�n de capital o de reposiciones de fondos adoptados por los �rganos competentes de Bancos de Desarrollo e Instituciones Financieras Multilaterales de los que Espa�a sea miembro de derecho, y los desembolsos econ�micos que hayan de realizarse para cumplir las obligaciones contra�das por el Estado espa�ol como consecuencia de aquellos actos, s�lo necesitar�n el previo acuerdo favorable del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Econom�a, siempre que exista cr�dito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con el calendario de pagos previsto.
El acuerdo se elevar� al Consejo de Ministros previo informe del Ministerio de Hacienda.
SECCION 2DE LA GESTION PATRIMONIAL
Modificaci�n del texto articulado de la Ley de Bases del Patrimonio del Estado, aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril Se modifica el art�culo 65 del Decreto 1022/1964, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Bases del Patrimonio del Estado, que queda redactado de la siguiente forma:
1. En el caso de venta por subasta, en el Pliego de bases se har� menci�n expresa y detallada del objeto, partes y referencia del litigio concreto que afecta al bien y deber� preverse la plena asunci�n, por quien resulta adjudicatario, de los riesgos y consecuencias que se deriven del litigio.
2. En los supuestos legalmente previstos de venta directa, conste en el expediente documentaci�n acreditativa suficiente de que el futuro adquirente conoce el objeto y el alcance del litigio y se exprese por el comprador que se conocen y asumen contractualmente las consecuencias y riesgos derivados de tal litigio.
La suspensi�n de las subastas, una vez anunciadas, por motivos distintos a los que se contemplan en los p�rrafos anteriores, s�lo podr� efectuarse por Orden del Ministro de Hacienda fundada en documentos fehacientes que prueben la improcedencia de la venta.�
SECCION 3DE LA GESTION DE LAS HACIENDAS LOCALES
Modificaci�n de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales Se modifica el art�culo 56 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en los siguientes t�rminos:
1. El Ministerio de Hacienda mantendr� una central de riesgos que provea de informaci�n sobre las distintas operaciones de cr�dito concertadas por las Entidades locales y las cargas financieras que supongan. Los bancos, cajas de ahorros y dem�s entidades financieras, as� como las distintas Administraciones p�blicas remitir�n los datos necesarios a tal fin, que tendr�n car�cter p�blico en la forma que por aqu�l se se�ale.
2. El Banco de Espa�a colaborar� con los �rganos competentes del Ministerio de Hacienda con el fin de suministrar la informaci�n que se reciba a trav�s de su Servicio Central de Informaci�n de Riesgos, establecido en virtud del art�culo 16 del Decreto-ley 18/1962, de 7 de junio, de Nacionalizaci�n y Reorganizaci�n del Banco de Espa�a, sobre endeudamiento de las Corporaciones locales en la forma y con el alcance y periodicidad que se establezca.
3. Con independencia de lo anterior, los �rganos competentes del Ministerio de Hacienda podr�n requerir al Banco de Espa�a la obtenci�n de otros datos concretos relativos al endeudamiento de las Corporaciones locales con entidades financieras declarantes al Servicio Central de Informaci�n de Riesgos en los t�rminos que se fijen reglamentariamente.
4. Igualmente, las Corporaciones locales informar�n a los �rganos competentes del Ministerio de Hacienda sobre el resto de su endeudamiento y cargas financieras, en la forma y con el alcance, contenido y periodicidad, que reglamentariamente se establezca.�
SECCION 4DE LA GESTION EN MATERIA DE EXPROPIACION FORZOSA
Modificaci�n de la Ley de Expropiaci�n Forzosa de 16 de diciembre de 1954 Se modifica el art�culo 34 de la Ley de Expropiaci�n Forzosa de 16 de diciembre de 1954, que queda redactado de la siguiente forma:
�El Jurado de Expropiaci�n, a la vista de las hojas de aprecio formuladas por los propietarios y por la Administraci�n, decidir� ejecutoriamente sobre el justo precio que corresponda a los bienes o derechos objeto de la expropiaci�n.�
SECCION 5DE LA GESTION EN MATERIA DE JUEGOS DEL ESTADO
Conservaci�n de documentos y justificantes de juegos del Estado A la entidad p�blica empresarial de Loter�as y Apuestas del Estado no le es de aplicaci�n el plazo de conservaci�n de documentos y justificantes contenida en el art�culo 30 del vigente C�digo de Comercio, respecto a los juegos del Estado cuya gesti�n tiene encomendada en la actualidad, o pueda gestionar en el futuro, en lo relativo a los soportes justificativos de la participaci�n en el sorteo o apuesta realizada. En este supuesto la obligaci�n de conservaci�n alcanzar� un plazo de seis meses, a contar desde la fecha de celebraci�n del sorteo o evento deportivo de que se trate.
Dicho plazo de seis meses no alcanzar� a los soportes que se refieran a los denominados �premios mayores�, y a aquellos sobre los que se hubiere presentado cualquier tipo de reclamaci�n antes del cumplimiento del plazo de caducidad de tres meses legalmente previsto, en cuyo caso la obligaci�n de conservaci�n ser� de seis a�os, a contar desde la celebraci�n del sorteo o evento deportivo, o desde que adquiera firmeza la resoluci�n administrativa o judicial que recaiga, respectivamente.
SECCION 6DE LA GESTION EN MATERIA DE ASISTENCIA JURIDICA AL ESTADO E INSTITUCIONES PUBLICAS
Modificaci�n de la Ley 53/1997 (sic), de 27 de noviembre, de Asistencia Jur�dica al Estado e Instituciones P�blicas Se modifican los siguientes art�culos de la Ley 53/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jur�dica al Estado e Instituciones P�blicas.
Uno. Se a�ade un segundo p�rrafo al apartado 3 del art�culo 1, de la Ley, con la siguiente redacci�n:
�Asimismo, los Abogados del Estado podr�n representar, defender y asesorar a las Corporaciones locales en los t�rminos que se establezcan reglamentariamente y a trav�s de los oportunos convenios de colaboraci�n celebrados entre la Administraci�n General del Estado y las respectivas Corporaciones o las Federaciones de las mismas.�
Dos. Se da una nueva redacci�n al apartado 1 del art�culo 13 de la Ley de Asistencia Jur�dica al Estado e Instituciones P�blicas, que quedar�a del siguiente tenor:
�1. La tasaci�n de las costas en que fuere condenada la parte que act�e en el proceso en contra del Estado, sus organismos p�blicos, los �rganos constitucionales o personas defendidas por el Abogado del Estado, se regir�, en cuanto a sus conceptos e importe, por las normas generales, con inclusi�n, en su caso, de los correspondientes a las funciones de procuradur�a.
Firme la tasaci�n, su importe se ingresar� en la forma legalmente prevista, d�ndosele el destino establecido presupuestariamente.
Para la exacci�n de las costas impuestas a particulares se utilizar� el procedimiento administrativo de apremio, en defecto de pago voluntario.�
CAPITULO IIDe la organizaci�n administrativa
SECCION 1ORGANISMOS PUBLICOS Y SOCIEDADES MERCANTILES ESTATALES
Instituto de Estudios Fiscales Uno. Se crea, con la denominaci�n de Instituto de Estudios Fiscales, un organismo p�blico con la naturaleza de organismo aut�nomo, de los previstos en los art�culos 45 y siguientes de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado.
Dos. El Instituto de Estudios Fiscales, con personalidad jur�dico-p�blica diferenciada y plena capacidad de obrar, estar� adscrito al Ministerio de Hacienda, al que corresponder� su direcci�n estrat�gica y la evaluaci�n y control de los resultados de su actividad, a trav�s de la Secretar�a de Estado de Hacienda. El Instituto de Estudios Fiscales se regir� por lo dispuesto en la presente Ley y dem�s disposiciones que le resulten aplicables.
Tres. El Instituto de Estudios Fiscales desarrollar� las siguientes funciones:
a) La investigaci�n, estudio y asesoramiento en las materias relativas a los ingresos y gastos p�blicos y su incidencia sobre el sistema econ�mico y social, as� como el an�lisis y explotaci�n de las estad�sticas tributarias.
b) La asistencia y colaboraci�n con los �rganos de la Administraci�n encargados de convocar las pruebas de acceso para la selecci�n de funcionarios de Cuerpos adscritos a los Ministerios de Hacienda y de Econom�a con funciones de administraci�n y gesti�n de la Hacienda P�blica.
c) La formaci�n de los funcionarios y otro personal en las materias espec�ficas de la Hacienda P�blica, as� como las dem�s actividades formativas que le sean encomendadas.
d) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por normas legales o reglamentarias.
Cuatro. El Instituto de Estudios Fiscales suceder� a la Direcci�n General del Instituto de Estudios Fiscales en el ejercicio de las funciones que desarrolla y quedar� subrogado en la totalidad de los bienes, derechos y obligaciones afectos o constitutivos en virtud de las mencionadas funciones.
El personal funcionario que preste sus servicios en la Direcci�n General del Instituto de Estudios Fiscales pasar� a prestarlos en el Instituto de Estudios Fiscales con la misma situaci�n, antig�edad y grado que tuvieran, quedando en la situaci�n de servicio activo en su Cuerpo o Escala de procedencia.
Igualmente el Instituto se subrogar� en los contratos de trabajo concertados con personal sujeto al derecho laboral de la referida Direcci�n General, en sus propios t�rminos y sin alteraci�n alguna de sus condiciones.
V�ase Res. 1 marzo 2001, del Instituto de Estudios Fiscales, por la que se constituye y determina la composici�n de la Mesa de Contrataci�n del Instituto de Estudios Fiscales (�B.O.E.� 13 marzo).
V�ase R.D. 63/2001, 26 enero, por el que se aprueba el Estatuto del organismo aut�nomo Instituto de Estudios Fiscales (�B.O.E.� 27 enero).
Modificaci�n de la disposici�n adicional segunda de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones P�blicas, en lo referente a r�gimen jur�dico de la �Sociedad Estatal de Gesti�n Inmobiliaria de Patrimonio, Sociedad An�nima� La disposici�n adicional segunda de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, sobre R�gimen Jur�dico de la �Sociedad Estatal de Gesti�n Inmobiliaria de Patrimonio, Sociedad An�nima�, queda modificada en los siguientes t�rminos:
Se incluye un nuevo apartado 7, con la siguiente redacci�n:
�La Direcci�n General del Patrimonio del Estado, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales respecto a los bienes inmuebles del patrimonio sindical acumulado, y los organismos y entidades a que se refiere el apartado 1 de la presente disposici�n, podr�n encomendar a Segipsa la venta, de bienes inmuebles del Patrimonio del Estado o propios de dichos organismos y entidades, que actuar� en nombre y por cuenta de aqu�llos, y percibir� por dicha actuaci�n la cuant�a o compensaci�n de gastos que se establezca en las tarifas aprobadas de acuerdo con el apartado 2 de esta disposici�n.
La encomienda o encargo, que en su otorgamiento y ejecuci�n se regir� exclusivamente por lo establecido en esta disposici�n adicional, establecer� las condiciones, t�rminos, forma de adjudicaci�n y precio m�nimo de las ventas, que se realizar�n por Segipsa con libertad de pactos y sujeci�n al derecho privado. Ser� posible la enajenaci�n directa en el caso de fincas r�sticas y urbanas ocupadas y en los dem�s supuestos establecidos en la normativa patrimonial que sea de aplicaci�n. El precio m�nimo para los inmuebles del Patrimonio del Estado ser� el fijado por los servicios t�cnicos de la Direcci�n General del Patrimonio del Estado.
En el caso de inmuebles no integrantes del Patrimonio del Estado, dicha encomienda requerir� el informe previo favorable de la Direcci�n General del Patrimonio del Estado.�
Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado Uno. El Organismo aut�nomo Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad del Estado, que a partir de la entrada en vigor de esta Ley, pasar� a denominarse Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, es un organismo aut�nomo de los previstos en el art�culo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado.
El Organismo aut�nomo tiene personalidad jur�dica p�blica diferenciada, patrimonio y tesorer�a propios, autonom�a de gesti�n y plena capacidad jur�dica y de obrar para el cumplimiento de sus funciones. Depende del Ministerio del Interior, estando adscrito a la Secretar�a de Estado de Seguridad, y su duraci�n ser� ilimitada.
Dos. Son funciones de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, las siguientes:
1.� Desarrollar las directrices del Ministerio del Interior en materia de patrimonio inmobiliario y condiciones urban�sticas del mismo, a efectos de la elaboraci�n y realizaci�n de los planes de infraestructura de la seguridad del Estado y cumplir los cometidos que se le asignen en relaci�n con los inmuebles afectados a los fines de la seguridad.
2.� Hacer propuestas referentes al planeamiento urban�stico, coordinar y desarrollar los planes de infraestructura de la seguridad del Estado, as� como llevar a cabo acuerdos de colaboraci�n al efecto con las Corporaciones locales y con las Comunidades Aut�nomas.
3.� Colaborar con los Ayuntamientos en los planes de ordenaci�n urbana que afecten a los inmuebles y acuartelamientos existentes. Esta colaboraci�n, as� como las propuestas a que se refiere el apartado anterior, deber�n procurar la coordinaci�n con el planeamiento para facilitar la ejecuci�n de los planes de infraestructura.
4.� Adquirir y construir, en su caso, bienes inmuebles para su afectaci�n a los fines de la seguridad del Estado, conforme a los planes de infraestructura formulados, as� como enajenarlos mediante venta o permuta, seg�n los correspondientes planes, al objeto de obtener recursos para el cumplimiento de los fines del organismo.
5.� La adquisici�n de infraestructura, armamento y material para su uso por las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado de acuerdo con los planes y programas aprobados por la Secretar�a de Estado de Seguridad y que �sta le encomiende, sin perjuicio de las competencias de la Direcci�n General de la Polic�a y de la Direcci�n General de la Guardia Civil.
6.� La enajenaci�n onerosa de los bienes muebles que sean puestos a su disposici�n, al objeto de obtener recursos para el cumplimiento de los fines del organismo.
Coadyuvar, con la gesti�n de los bienes inmuebles que sean puestos a su disposici�n, al desarrollo y ejecuci�n de las distintas pol�ticas p�blicas en vigor y, en particular, de la pol�tica de vivienda, en colaboraci�n con las Administraciones competentes. A tal efecto, podr� suscribir con dichas Administraciones convenios, protocolos o acuerdos tendentes a favorecer la construcci�n de viviendas sujetas a alg�n r�gimen de protecci�n que permita tasar su precio m�ximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda.
Apartado 7.� del n�mero dos del art�culo 53 introducido, en su actual redacci�n, por el n�mero 5 de la disposici�n adicional cuarta del R.D. Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de suelo (�B.O.E.� 26 junio). Se reitera la modificaci�n por el n�mero 5 de la disposici�n adicional cuarta del texto refundido de la ley de suelo y rehabilitaci�n urbana de R.D. Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci�n Urbana (�B.O.E.� 31 octubre). Se reitera la modificaci�n por la disposici�n adicional quinta del texto refundido de la ley de suelo y rehabilitaci�n urbana de R.D. Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitaci�n Urbana (�B.O.E.� 31 octubre).Vigencia: 27 junio 2008
Tres. Son �rganos de gobierno y administraci�n del Organismo aut�nomo, el Consejo Rector, la Comisi�n Delegada y el Director de la Gerencia, que ser�n sus �rganos rectores.
a) El Consejo Rector es el �rgano colegiado superior de direcci�n. Lo presidir� el Secretario de Estado de Seguridad y estar� compuesto por un m�nimo de seis vocales.Ser�n vocales natos el Director general de la Polic�a, el Director general de la Guardia Civil, el Director general de Infraestructuras y Material de la Seguridad, el Director general de Patrimonio del Estado, el Director general de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y el Director general de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo.
El resto de vocales, hasta un m�ximo de doce ser�n nombrados y cesados por el Ministro del Interior.
Corresponde al Consejo Rector, adem�s de la alta direcci�n y representaci�n del organismo, la aprobaci�n de los planes de actuaci�n, los de compra, venta y permuta de solares y bienes muebles e inmuebles y las competencias que se le asignen reglamentariamente.
b) El Consejo Rector crear� una Comisi�n Delegada con la composici�n y funciones que determine.
c) La Direcci�n de la Gerencia ser� el �rgano ejecutivo de la misma y corresponder� al Director general de Infraestructuras y Material de la Seguridad.
Cuatro. Los contratos y acuerdos relativos a la administraci�n y disposici�n a t�tulo oneroso de los bienes que hayan sido puestos a su disposici�n por el Ministerio del Interior, se regir�n por lo dispuesto en los p�rrafos siguientes, y en su defecto, por las previsiones contenidas en la Ley de Patrimonio del Estado.
Los convenios o contratos relativos a los citados bienes que realice el Organismo aut�nomo quedan sometidos al principio de libertad de pactos siempre que no sean contrarios a derecho, al inter�s p�blico, o a los principios de buena administraci�n. En los mismos podr�n incluirse cl�usulas y estipulaciones que permitan la participaci�n del Organismo aut�nomo en los aumentos de valor conseguidos por los compradores o los cesionarios de dichos recursos y, especialmente, en las plusval�as que se generan como consecuencia de la acci�n urban�stica.
El Ministro del Interior ostenta la facultad para la declaraci�n de desafectaci�n y de alienabilidad de todos los bienes afectados al Ministerio del Interior.
El procedimiento habitual de enajenaci�n ser� el de p�blica subasta. No obstante, se faculta al Ministro del Interior, que podr� delegar en el Consejo Rector o en el Director del Organismo aut�nomo, para enajenar directamente los bienes, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos del Organismo aut�nomo. En estos casos deber�n ser aprobadas por el Consejo de Ministros las operaciones correspondientes cuando el valor de los bienes exceda la cuant�a determinada en el art�culo 63 de la Ley de Patrimonio del Estado.
Los bienes inmuebles afectados al Ministerio del Interior, declarada su innecesariedad y disponibilidad, ser�n desafectados por el Ministro del Interior, y puestos a disposici�n del Organismo aut�nomo, que proceder� a la depuraci�n f�sica y jur�dica de los inmuebles que pretende enajenar, ejerciendo las facultades de investigaci�n, deslinde y regularizaci�n registral, conforme a lo dispuesto en la Ley del Patrimonio del Estado y dem�s normas que sean aplicables, siendo competente para dictar las correspondientes resoluciones que agotar�n la v�a administrativa. Dicha competencia se extender� tambi�n a cuantas actuaciones se promuevan de oficio o a instancia de los interesados en raz�n de los derechos que pudieran derivarse de la desafectaci�n del fin para el que los bienes hubieran sido en su d�a expropiados o donados.
La enajenaci�n de estos bienes inmuebles por el Organismo aut�nomo ser� comunicada previamente al Ministerio de Hacienda, que podr� decidir afectarlos a cualquier otro servicio de la Administraci�n del Estado o de sus organismos p�blicos.
Cinco. Para el cumplimiento de sus fines la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, dispondr� de los siguientes recursos:
b) Los productos, ventas e incrementos de su patrimonio.
c) Los solares e inmuebles actualmente afectados a la seguridad del Estado que una vez desafectados se pongan a su disposici�n o los que le sean adscritos.
d) Los derivados de las operaciones que realice en el desarrollo y cumplimiento de las funciones que se le atribuyen.
f) Las subvenciones, transferencias, donaciones, legados y otras aportaciones que se concedan a su favor procedentes de fondos espec�ficos de la Uni�n Europea y de otras Agencias y Administraciones p�blicas nacionales e internacionales, de entes p�blicos, as� como de particulares.
Seis. El personal que presta actualmente sus servicios en la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad del Estado, continuar� con los mismos derechos y obligaciones en el nuevo Organismo aut�nomo, en tanto se proceda a la aprobaci�n del nuevo cat�logo y relaci�n de puestos de trabajo.
Siete. En el plazo de tres meses se proceder� a la publicaci�n de los Estatutos del Organismo aut�nomo y del nuevo cat�logo y relaci�n de puestos de trabajo.
Ocho. La Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado se subroga en los derechos y obligaciones, contratos y convenios contra�dos por la Gerencia de Infraestructuras de la Seguridad del Estado.
Nueve. Se autoriza al Consejo de Ministros, y al Ministerio del Interior para que en el �mbito de sus respectivas competencias doten las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecuci�n de lo dispuesto en el presente art�culo.
Modificaci�n de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social, en lo referente a la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa Se da la siguiente redacci�n al apartado seis, p�rrafo tercero, del art�culo 71 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social:
�La enajenaci�n de estos bienes inmuebles por el organismo aut�nomo ser� comunicada previamente al Ministerio de Hacienda, que podr� decidir afectarlos a cualquier otro servicio de la Administraci�n del Estado o de sus organismos p�blicos, previa compensaci�n presupuestaria a favor del Organismo aut�nomo, por el valor de la tasaci�n del bien. Cuando la enajenaci�n se refiera a bienes muebles se acordar� directamente la entrega y recepci�n de dichos bienes entre el organismo aut�nomo y el Departamento ministerial u organismo p�blico interesado, previa la indicada compensaci�n presupuestaria a favor de aqu�l.�
Modificaci�n de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones. entidad p�blica empresarial Red.es La disposici�n adicional sexta de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, queda redactada de la siguiente forma:
La entidad p�blica empresarial Red.es 1. La entidad p�blica empresarial Red T�cnica Espa�ola de Televisi�n pasa a denominarse entidad p�blica empresarial Red.es (Red.es).
2. La entidad Red.es se configura como entidad p�blica empresarial, conforme a lo previsto en el art�culo 43.1.b) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado. Dicha entidad queda adscrita al Ministerio de Ciencia y Tecnolog�a, a trav�s de la Secretar�a de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informaci�n.
3. La entidad p�blica empresarial Red.es tiene personalidad jur�dica propia, plena capacidad de obrar y patrimonio propio y se regir� por lo establecido en esta disposici�n adicional, en su propio Estatuto, en la citada Ley 6/1997 y en las dem�s normas que le sean de aplicaci�n.
4. Constituye el objeto de la entidad p�blica empresarial, la gesti�n, administraci�n y disposici�n de los bienes y derechos que integran su patrimonio, correspondi�ndole la tenencia, administraci�n, adquisici�n y enajenaci�n de los t�tulos representativos del capital de las sociedades en las que participe o pueda participar en el futuro. La entidad p�blica empresarial actuar�, en cumplimiento de su objeto, conforme a criterios empresariales.
Para el cumplimiento de su objeto, la entidad p�blica empresarial podr� realizar toda clase de actos de administraci�n y disposici�n previstos en la legislaci�n civil y mercantil. Asimismo, podr� realizar cuantas actividades comerciales o industriales est�n relacionadas con dicho objeto, conforme a lo acordado por sus �rganos de gobierno. Podr� actuar, incluso, mediante sociedades por ella participadas.
La entidad p�blica empresarial Red.es contar� adem�s con las siguientes funciones:
a) La gesti�n del registro de los nombres y direcciones de dominio de internet bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (.es), de acuerdo con la pol�tica de registros que se determine por el Ministerio de Ciencia y Tecnolog�a y en la normativa correspondiente.
b) La participaci�n en los �rganos que coordinen la gesti�n de Registros de nombre y dominios de la Corporaci�n de Internet para la Asignaci�n de Nombres y N�meros (ICANN), o la organizaci�n que en su caso la sustituya, as� como el asesoramiento al Ministerio de Ciencia y Tecnolog�a en el Comit� Asesor Gubernamental de ICANN (GAC) y, en general cuando le sea solicitado, el asesoramiento a la Administraci�n General del Estado en el resto de los organismos internacionales y, en particular, en la Uni�n Europea, en todos los temas de su competencia.
c) La de observatorio del sector de las telecomunicaciones y de la sociedad de la informaci�n.
d) La elaboraci�n de estudios e informes y, en general, el asesoramiento de la Administraci�n General del Estado en todo lo relativo a la sociedad de la informaci�n, de conformidad con las instrucciones que dicte el Ministerio de Ciencia y Tecnolog�a.
e) El fomento y desarrollo de la Sociedad de la Informaci�n.
5. El r�gimen de contrataci�n, de adquisici�n y de enajenaci�n de la entidad se acomodar� a las normas establecidas en derecho privado, sin perjuicio de lo determinado en el Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones P�blicas.
6. El r�gimen patrimonial de la entidad p�blica empresarial se ajustar� a las previsiones del art�culo 56 de la Ley 6/1997. No obstante, los actos de disposici�n y enajenaci�n de los bienes que integran su patrimonio se regir�n por el derecho privado. En especial, la entidad p�blica empresarial Red.es podr� afectar sus activos, incluido el remanente al que hace referencia el art�culo 6 del Real Decreto-ley 16/1999, de 15 de octubre, por el que se adoptan medidas para combatir la inflaci�n y facilitar un mayor grado de competencia en las telecomunicaciones, a las funciones asignadas a la misma en la letra e) del apartado cuarto de esta disposici�n y a financiar transitoriamente el d�ficit de explotaci�n resultante entre los ingresos y gastos correspondientes a las funciones asignadas en las letras a), b), c) y d) del mismo apartado.
7. La contrataci�n del personal por la entidad p�blica empresarial se ajustar� al derecho laboral, de acuerdo con las previsiones contenidas en el art�culo 55 de la Ley 6/1997.
8. El r�gimen presupuestario, el econ�micofinanciero, el de contabilidad, el de intervenci�n y el de control financiero de la entidad p�blica empresarial ser� el establecido en la Ley General Presupuestaria, de acuerdo con lo previsto en el art�culo 58 y en la disposici�n transitoria tercera de la Ley 6/1997.
9. Los recursos econ�micos de la entidad podr�n provenir de cualquiera de los enumerados en el apartado 1 del art�culo 65 de la Ley 6/1997.
Entre los recursos econ�micos de la entidad p�blica empresarial Red.es se incluyen los ingresos provenientes de lo recaudado en concepto de la tasa por asignaci�n del recurso limitado de nombres y direcciones de internet regulada en el apartado siguiente.
10. Tasa por asignaci�n del recurso limitado de nombres y direcciones.
El hecho imponible de la tasa por la asignaci�n de nombres y direcciones estar� constituido por la asignaci�n y mantenimiento de nombres de dominio y de direcciones de internet bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a (.es) a favor de una o varias personas o entidades.
Ser�n sujetos pasivos de la tasa los titulares de los nombres y direcciones asignados, independientemente de que hagan o no uso de los mismos.
La cuant�a de la tasa ser� �nica por cada nombre o direcci�n asignados.
Para la fijaci�n del importe a satisfacer en concepto de esta tasa por los sujetos obligados, se tendr� en cuenta el valor de mercado del uso del nombre o direcci�n reservado y la rentabilidad que de �l pudiera obtener el beneficiario.
La cuant�a por asignaci�n inicial y un a�o de mantenimiento ser� de 18.000 pesetas (108,18 euros).
La cuant�a de la tasa por cada a�o adicional de mantenimiento ser�, en todos los casos, de 12.000 pesetas. La cuant�a de la tasa podr� ser modificada por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
La tasa se devengar� en la fecha en que se produzca la asignaci�n de los nombres o direcciones y en la misma fecha de los a�os sucesivos, mientras se mantenga la titularidad de la asignaci�n. El procedimiento para su liquidaci�n y pago se establecer� reglamentariamente.
No obstante lo dispuesto en los p�rrafos anteriores de este apartado, en los supuestos de car�cter excepcional en que as� est� previsto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio y en los t�rminos que en el mismo se fijen, con base en el especial valor de mercado del uso de determinados y direcciones de dominio, la cuant�a fija por asignaci�n inicial y un a�o de mantenimiento podr� sustituirse por la que resulte de un procedimiento de licitaci�n en el que se fijar� un valor inicial de referencia estimado. Si el valor de adjudicaci�n de la licitaci�n resultase superior a dicho valor de referencia, aqu�l constituir� el importe de la tasa. En los supuestos en que se siga este procedimiento de licitaci�n, el Ministerio de Ciencia y Tecnolog�a requerir�, con car�cter previo a su convocatoria, a la autoridad competente para el Registro de Nombres de Dominio para que suspenda el otorgamiento de los nombres y direcciones de dominio que considere afectados por su especial inter�s econ�mico. A continuaci�n, se proceder� a aprobar el correspondiente pliego de bases que establecer�, tomando en consideraci�n lo previsto en el Plan Nacional de Nombres de Dominio, los requisitos, condiciones y r�gimen aplicable en la licitaci�n.
11. Los ingresos generados por la prestaci�n de la actividad de asignaci�n y mantenimiento de nombres y direcciones de internet con anterioridad a la entrada en vigor efectiva de esta disposici�n adicional desde la entrada en vigor de la resoluci�n de la Secretar�a General de Comunicaciones de 10 de febrero de 2000 ("Bolet�n Oficial del Estado" de 8 de marzo), por la que se designa al ente p�blico de la Red T�cnica Espa�ola de Televisi�n como autoridad competente para la gesti�n del Registro de los nombres de dominio de internet bajo el c�digo de pa�s correspondiente a Espa�a, dictada en virtud del art�culo 27.13 del Reglamento por el que se desarrolla el T�tulo II de la Ley General de Telecomunicaciones, aprobado mediante Real Decreto 1651/1998, de 24 de julio, se aplicar�n a la financiaci�n de los gastos generados como consecuencia de la citada actividad durante el per�odo previo a la efectiva entrada en vigor de esta disposici�n. En el caso de que los mencionados ingresos excedieran de dichos gastos, deber�n ingresarse en el Tesoro P�blico.
12. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta disposici�n la entidad p�blica empresarial Red.es deber� proceder a la adecuaci�n de sus Estatutos a la presente normativa.
13. Queda derogada expresamente la disposici�n adicional tercera de la Ley 22/1999, de 7 de junio, de Modificaci�n de la Ley 25/1994, de 12 de julio.�
Modificaci�n del art�culo 70 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones. Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Informaci�n El art�culo 70 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, quedar� redactado de la siguiente manera:
El Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Informaci�n 1. El Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Informaci�n, presidido por el Ministro de Ciencia y Tecnolog�a o por la persona en quien delegue, es el �rgano asesor del Gobierno en materia de telecomunicaciones y sociedad de la informaci�n.
Las funciones del Consejo ser�n de estudio, deliberaci�n y propuesta en materias relativas a las telecomunicaciones y a la sociedad de la informaci�n, sin perjuicio de las competencias que correspondan a los �rganos colegiados interministeriales con competencias de informe al Gobierno en materia de pol�tica inform�tica. Le corresponder�, igualmente, informar sobre los asuntos que el Gobierno determine o sobre los que, por propia iniciativa, juzgue conveniente. El dictamen del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Informaci�n equivaldr� a la audiencia a la que se refiere el art�culo 24.1.c) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
El Gobierno, mediante Real Decreto, establecer� la composici�n y el r�gimen de funcionamiento del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Informaci�n, cuyos miembros representar�n a la Administraci�n del Estado, a las Administraciones auton�micas, a la Administraci�n local a trav�s de sus asociaciones o federaciones m�s representativas, a los usuarios, a los operadores que gestionen servicios de telecomunicaciones o redes p�blicas de telecomunicaciones, a los prestadores de servicios de la sociedad de la informaci�n, a las industrias fabricantes de equipos de telecomunicaciones y de la sociedad de la informaci�n y a los sindicatos m�s representativos del sector.�
Real Patronato sobre Discapacidad Uno. Se crea con la denominaci�n de Real Patronato sobre Discapacidad un organismo p�blico con la naturaleza de Organismo aut�nomo de los previstos en el art�culo 45 y siguientes de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado.
Dos. El Real Patronato sobre Discapacidad, con personalidad jur�dico-p�blica diferenciada y provisto de capacidad de obrar, estar� adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. El Real Patronato sobre Discapacidad se regir� por lo dispuesto en la presente Ley y dem�s disposiciones que resulten aplicables.
Tres. El Real Patronato sobre Discapacidad desarrollar� las siguientes funciones:
1. Promover la aplicaci�n de los ideales human�sticos, los conocimientos cient�ficos y los desarrollos t�cnicos al perfeccionamiento de las acciones p�blicas y privadas sobre discapacidad en los campos de:
a) La prevenci�n de deficiencias.
b) Las disciplinas y especialidades relacionadas con el diagn�stico, la rehabilitaci�n y la inserci�n social.
c) La equiparaci�n de oportunidades.
d) La asistencia y tutela.
2. Facilitar, dentro del �mbito definido en el apartado anterior, el intercambio y la colaboraci�n entre las distintas Administraciones p�blicas, as� como entre �stas y el sector privado, tanto en el plano nacional como en el internacional.
3. Prestar apoyos a organismos, entidades, especialistas y promotores en materia de estudios, investigaci�n y desarrollo, informaci�n, documentaci�n y formaci�n.
4. Emitir dict�menes t�cnicos y recomendaciones sobre las materias propias de su �mbito de actuaci�n.
Cuatro. El Real Patronato sobre Discapacidad suceder� al Real Patronato de Prevenci�n y Atenci�n a Personas con Minusval�a en el ejercicio de las funciones que desarrolla.
El personal funcionario que preste sus servicios en el Real Patronato de Prevenci�n y Atenci�n a Personas con Minusval�a, pasar� a prestarlos en el Real Patronato sobre Discapacidad, con la misma situaci�n administrativa y grado que tuviesen, quedando en situaci�n de servicio activo en su Cuerpo o Escala de procedencia.
Igualmente, el Real Patronato sobre Discapacidad se subrogar� en los contratos de trabajo concertados con personas sujetas al derecho laboral del referido Real Patronato de Prevenci�n y Atenci�n a Personas con Minusval�a, en sus propios t�rminos y sin alteraci�n alguna en su condici�n.
En tanto no se hayan aprobado las relaciones de puestos de trabajo y transferido los cr�ditos correspondientes, el pago del personal al servicio del Real Patronato sobre Discapacidad se efectuar� con cargo a los cr�ditos de procedencia.
Cinco. Se autoriza al Gobierno a dictar las normas que sean necesarias en desarrollo de lo dispuesto en este art�culo. Hasta tanto, los �rganos del Real Patronato de Prevenci�n y Atenci�n a Personas con Minusval�a, se entender�n subsistentes y conservar�n su actual denominaci�n, estructura y funciones.
V�ase R.D. 946/2001, 3 agosto, por el que se aprueba el Estatuto del Real Patronato sobre Discapacidad (�B.O.E.� 6 septiembre).
Constituci�n de la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima� Uno.
1. El Consejo de Ministros, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, proceder� a la constituci�n de una sociedad de las previstas en el art�culo 6.1.a) del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y en la disposici�n adicional duod�cima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado, con la denominaci�n de �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, cuyo capital social pertenecer� �ntegramente a la Administraci�n del Estado.
Cualquier acto de disposici�n sobre el capital social o de adquisici�n, directa o indirecta, de participaciones sociales de la sociedad por personas o entidades ajenas a la Administraci�n del Estado exigir� autorizaci�n a trav�s de norma con rango de ley.
2. El capital social inicial de la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, se determinar� por Acuerdo del Consejo de Ministros.
1. La �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, asumir�, desde la fecha de la inscripci�n en el Registro Mercantil de la escritura p�blica de su constituci�n, todas las funciones que en el momento de entrada en vigor de la presente Ley desarrolle la entidad p�blica empresarial Correos y Tel�grafos, de acuerdo con la normativa vigente.
En virtud de esta asunci�n, la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, se subrogar� en la condici�n de operador habilitado para la prestaci�n del servicio postal universal, atribuida a la entidad p�blica empresarial Correos y Tel�grafos en la disposici�n adicional primera de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalizaci�n de los Servicios Postales. La subrogaci�n se har� en los t�rminos, condiciones y con las obligaciones establecidas en el T�tulo III de dicha Ley y comportar� la reserva a la sociedad de los servicios que se establecen en el art�culo 18 de la Ley y la asignaci�n a la misma de los derechos especiales y exclusivos que se recogen en su art�culo 19.
De acuerdo con lo previsto en el art�culo 18.1.D) de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalizaci�n de los Servicios Postales, y el art�culo 38.4.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, corresponde a la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, el derecho a la recepci�n de las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los �rganos de las Administraciones p�blicas a trav�s de las dependencias de la misma.
Asimismo, con sujeci�n a lo dispuesto en el art�culo 19.1.c) de la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalizaci�n de los Servicios Postales, la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, ostenta el derecho a entregar notificaciones de �rganos administrativos y judiciales, con constancia fehaciente de su recepci�n.
Las Administraciones p�blicas podr�n celebrar convenios de colaboraci�n a los que se refiere el art�culo 3 del Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones P�blicas, con la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, para la prestaci�n de las actividades propias de su objeto social.
Especialmente, la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, podr� establecer convenios de colaboraci�n con la F�brica de la Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, a efectos de la fabricaci�n de los sellos de correo.
2. El objeto social de la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, incluir� las actividades y funciones descritas en este apartado y, en particular, las siguientes:
a) La gesti�n y explotaci�n de cualesquiera servicios postales.
b) La prestaci�n de los servicios financieros relacionados con los servicios postales, los servicios de giro y de transferencias monetarias.
c) La recepci�n de las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los �rganos de las Administraciones p�blicas, con sujeci�n a lo establecido en la normativa aplicable.
d) La entrega de notificaciones administrativas y judiciales, de conformidad con la normativa aplicable.
e) Los servicios de telegrama, t�lex, burofax y realizaci�n de otras actividades y servicios relacionados con las telecomunicaciones.
f) La propuesta de emisi�n de sellos as� como la emisi�n de los restantes sistemas de pago de los servicios postales, incluyendo las actividades de comercializaci�n y distribuci�n de sus productos y emisiones.
g) La asunci�n obligatoria de los servicios relacionados con su objeto social que puedan encomendarle las Administraciones p�blicas.
h) Cualesquiera otras actividades o servicios complementarios de los anteriores o necesarios para el adecuado desarrollo del fin social, pudiendo a este fin constituir y participar en otras sociedades.
Tres. En la fecha de inscripci�n en el Registro Mercantil de la escritura p�blica de constituci�n de la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, se producir� la extinci�n de la personalidad jur�dica de la entidad p�blica empresarial Correos y Tel�grafos, en cuyos derechos y obligaciones quedar� autom�ticamente subrogada la citada sociedad.
El r�gimen establecido en el cap�tulo VIII del T�tulo VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, se aplicar� a la operaci�n por la cual se extingue la entidad p�blica empresarial Correos y Tel�grafos y se transfieren todos los bienes, derechos y obligaciones a la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�.
Cuatro. En el momento de la constituci�n de la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, se aportar�n a la misma todos los bienes, derechos y obligaciones de titularidad de la extinta entidad p�blica empresarial Correos y Tel�grafos, salvo los inmuebles de uso administrativo que se determinen por orden conjunta de los Ministros de Hacienda y Fomento. Los bienes de dominio p�blico que se transfieran en virtud de este art�culo a la sociedad estatal quedar�n desafectados.
Cinco. A los efectos previstos en el art�culo 32 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, la transformaci�n de la entidad p�blica empresarial Correos y Tel�grafos en la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, no se reputar� cesi�n de los contratos de arrendamiento en vigor, ni los arrendadores tendr�n derecho a ninguna clase de elevaci�n de renta, quedando la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, subrogada en cuantos derechos y obligaciones derivaran de los contratos de arrendamiento en los que la entidad p�blica empresarial Correos y Tel�grafos fuera parte.
Seis. Se declaran exentas de cualquier tributo local o estatal, incluidos los tributos cedidos a las Comunidades Aut�nomas, las transmisiones, actos y operaciones que se efect�en o documentos que se otorguen derivados de lo dispuesto en el presente art�culo, sin que resulte aplicable lo previsto en el art�culo 9.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. Igualmente gozar�n de exenci�n de aranceles u honorarios por la intervenci�n de fedatarios p�blicos y Registradores de la Propiedad y Mercantiles.
1. Los funcionarios que presten servicios en situaci�n de activo en la entidad p�blica empresarial Correos y Tel�grafos en el momento de la inscripci�n de la escritura de constituci�n de la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, pasar�n a prestar servicios para dicha sociedad sin soluci�n de continuidad, en la misma situaci�n, conservando su condici�n de funcionarios de la Administraci�n del Estado en sus Cuerpos y Escalas, antig�edad, retribuciones que tuvieran consolidadas, y con pleno respeto a sus derechos adquiridos con arreglo a lo previsto en este art�culo. El resto de los funcionarios de los Cuerpos y Escalas de Correos y Telecomunicaciones permancecer�n en la situaci�n administrativa que tuvieran reconocida.
2. Los Cuerpos y Escalas de Correos y Telecomunicaci�n creados en la Ley 75/1978, de 26 de diciembre, de Correos y Telecomunicaci�n, continuar�n adscritos al Ministerio de Fomento, a trav�s de la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, con el car�cter de Cuerpos y Escalas a extinguir.
3. Los empleados de la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, que conserven la condici�n de funcionarios se regir�n por lo dispuesto en el presente art�culo y en lo no previsto por el mismo, por las normas de rango de ley que regulan el r�gimen general de los funcionarios p�blicos. El Gobierno dictar� la normativa espec�fica que, desarrolle este r�gimen jur�dico, atendiendo a la especial singularidad de los empleados de la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, y en particular, desarrollando el r�gimen general de retribuciones complementarias y definiendo el r�gimen de ordenaci�n y asignaci�n de puestos de trabajo. Hasta tanto no se complete dicha normativa se aplicar� el Real Decreto 1638/1995, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del Personal al Servicio del Organismo aut�nomo Correos y Tel�grafos, en lo que no se oponga al presente art�culo.
4. El personal de los Cuerpos y Escalas de Correos y Telecomunicaciones que preste servicios en la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, conservar� el derecho a la promoci�n interna en dichos Cuerpos y Escalas.
1. Corresponde al Ministro de Fomento, a propuesta de la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, en relaci�n con el personal de Correos y Tel�grafos que conserve la condici�n de funcionario, el ejercicio de la competencia para resolver sobre la separaci�n del servicio de los funcionarios, de acuerdo con lo previsto en el art�culo 37.1.c) del texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febrero.
2. Todas las restantes facultades, derechos y obligaciones, respecto del personal que conserve la condici�n de funcionario y que, con arreglo a este art�culo, presten servicios para la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, corresponder�n exclusivamente a esta sociedad, que ejercer� dichas facultades a trav�s de los �rganos que se determinen. Espec�ficamente, corresponde a los �rganos competentes de la sociedad estatal el ejercicio de las funciones relativas a organizaci�n, sistema de puestos, condiciones de trabajo y las previstas en la normativa reguladora de r�gimen disciplinario con la sola excepci�n establecida en el apartado anterior.
Nueve. Los empleados de la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, que conserven la condici�n de funcionarios percibir�n las retribuciones b�sicas previstas en el art�culo 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci�n P�blica, en la cuant�a establecida, para el grupo al que pertenezcan, en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado. En relaci�n con las retribuciones complementarias, la determinaci�n de su cuant�a se establecer� por la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, previa negociaci�n con la representaci�n de los funcionarios en los t�rminos previstos en la legislaci�n vigente y en especial las normas sobre incremento de retribuciones que se establezcan en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Diez. La asignaci�n de puestos de trabajo a los empleados que conserven la condici�n de funcionarios de la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, se adecuar� a las caracter�sticas funcionales y niveles de responsabilidad de los puestos de trabajo, en base a criterios de experiencia y competencia profesional, en los t�rminos y con los procedimientos que reglamentariamente se determinen.
Once. Los empleados de la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, que conserven la condici�n de funcionarios y est�n encuadrados en un R�gimen especial de Funcionarios P�blicos, continuar�n acogidos al R�gimen de Clases Pasivas del Estado y al Mutualismo administrativo, con sujeci�n a la normativa reguladora de los mismos. La aplicaci�n de esta normativa competer� a los organismos establecidos en la misma.
Doce. Los empleados de la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, que conserven la condici�n de funcionarios mantendr�n el r�gimen de movilidad vigente en la legislaci�n general de la Funci�n P�blica.
Trece. Ser� de aplicaci�n respecto de los empleados de la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, que conserven la condici�n de funcionarios, la Ley 9/1987, de 12 de junio, por la que se regulan los �rganos de representaci�n, determinaci�n de las condiciones de trabajo y participaci�n del personal al servicio de las Administraciones p�blicas.
1. Los empleados de la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, que conserven la condici�n de funcionarios podr�n acogerse a un r�gimen especial de excedencia voluntaria incentivada. Dentro de las disponibilidades econ�micas de la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, la sociedad podr� conceder esta excedencia por un plazo m�nimo de tres a�os, que comportar� el derecho de reingreso a la sociedad estatal y una indemnizaci�n en la cuant�a que fije la misma.
2. Los empleados de la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, que conserven la condici�n de funcionarios que se acojan a la excedencia voluntaria incentivada contemplada en el presente art�culo podr�n mantener la situaci�n de alta en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, con todos los derechos inherentes a esta situaci�n siendo a cargo de la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, el abono de las cuotas correspondientes.
Quince. Los empleados de la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, que conserven la condici�n de funcionarios y hayan cumplido los sesenta y cinco a�os podr�n solicitar la prolongaci�n de la permanencia en la situaci�n de servicio activo, al amparo de lo dispuesto en el art�culo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci�n P�blica. La resoluci�n que sobre estas solicitudes dicte la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, estar� condicionada a las necesidades operativas y de servicio de la misma.
Diecis�is. El personal laboral de la entidad p�blica empresarial Correos y Tel�grafos quedar� integrado en la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, desde la fecha de la inscripci�n en el Registro Mercantil de su escritura de constituci�n, conservando sus contratos con la antig�edad, categor�a y retribuciones que tuvieran consolidados en la entidad p�blica y con pleno respeto de los derechos y situaciones administrativas que tuvieran reconocidas y en especial las normas sobre incremento de retribuciones que establezcan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.
Diecisiete. A partir de la fecha del inicio de la actividad de la �Sociedad Estatal Correos y Tel�grafos, Sociedad An�nima�, el personal que la sociedad necesite contratar para la adecuada prestaci�n de sus servicios lo ser� en r�gimen de derecho laboral.
Dieciocho. Se autoriza al Gobierno para dictar las disposiciones y adoptar las medidas que sean necesarias para la aplicaci�n de lo previsto en el presente art�culo.
Modificaci�n de la Ley 1/1986, de 7 de enero, modificada por la Ley 19/1997, de 9 de junio, por la que se crea el Consejo General de Formaci�n Profesional Se modifican los siguientes preceptos de la Ley 1/1986, de 7 de enero, modificada por la Ley 19/1997, de 9 de junio, por la que se crea el Consejo General de Formaci�n Profesional.
Uno. Se modifica el art�culo �nico, n�mero 3.1, letras a) y b) de la Ley 1/1986, de 7 de enero, modificada por la Ley 19/1997, de 7 de junio, que queda redactado en los siguientes t�rminos:
�3.1. El Consejo General estar� compuesto por:
a) Un Presidente. Ostentar�n la presidencia, alternativamente y por per�odo de dos a�os, el Ministro de Educaci�n, Cultura y Deporte y el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
b) Cuatro vicepresidentes, uno por cada uno de los grupos que lo integran, elegidos por y de entre los vocales de cada grupo, excepto en el de representantes de la Administraci�n General del Estado, en que la vicepresidencia corresponder�, alternativamente, al Secretario general de Educaci�n y Formaci�n Profesional y al Secretario general de Empleo, por per�odos bienales en los que no ejerza la presidencia el titular del Departamento correspondiente.�
Dos. Se introduce una disposici�n transitoria en la Ley 1/1986, de 7 de enero, con la siguiente redacci�n:
�De acuerdo con lo establecido en el art�culo �nico, n�mero 3.1, letra a), de esta Ley, durante el a�o 2001 corresponder� la presidencia del Consejo General de Formaci�n Profesional al Ministro de Educaci�n, Cultura y Deporte.
El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales ostentar� la presidencia del Consejo General de Formaci�n Profesional durante los a�os 2002 y 2003.�
SECCION 2ENTE PUBLICO RADIOTELEVISION ESPA�OLA
Adscripci�n del ente p�blico Radiotelevisi�n Espa�ola Se adscribe a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales el ente p�blico Radiotelevisi�n Espa�ola.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, con pleno respeto a los principios de autonom�a, pluralidad y neutralidad establecidos por la Ley 4/1980, de 10 de enero, por la que se aprueba el Estatuto del ente p�blico Radiotelevisi�n Espa�ola, y sin perjuicio de las competencias atribuidas por dicho Estatuto al Director general y al Consejo de Administraci�n del ente, ejercer� las funciones establecidas en la Ley 5/1996, de 10 de enero, de Creaci�n de Determinadas Entidades de Derecho P�blico.
Modificaci�n de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado El apartado 3 del art�culo 43 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado, queda redactado en los siguientes t�rminos:
�3. Las entidades p�blicas empresariales dependen de un Ministerio o un Organismo aut�nomo, correspondiendo las funciones aludidas en el apartado anterior al �rgano de adscripci�n del Ministerio u organismo. Excepcionalmente, podr�n existir entidades p�blicas empresariales cuyos estatutos les asignen la funci�n de dirigir o coordinar a otros entes de la misma o distinta naturaleza.�
Modificaci�n de la Ley 5/1996, de 10 de enero, de Creaci�n de Determinadas Entidades de Derecho P�blico Se a�ade un nuevo p�rrafo 4 al art�culo 10 de la Ley 5/1996, de 10 de enero, de Creaci�n de Determinadas Entidades de Derecho P�blico, con la siguiente redacci�n:
�4. De conformidad con lo previsto en el art�culo 43.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado, podr�n adscribirse a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales otras entidades de Derecho p�blico respecto de las cuales ejercer� las funciones previstas en esta Ley. A las entidades de Derecho p�blico adscritas no les ser� de aplicaci�n la limitaci�n establecida en el art�culo 12.4 de esta Ley.�
SECCION 3COMPETENCIAS
Competencias en materia de variedades comerciales y variedades protegidas de semillas y plantas de vivero Corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci�n el ejercicio de las competencias relativas al reconocimiento y registro de variedades comerciales y variedades protegidas de semillas y plantas de vivero.
El Instituto Nacional de Investigaci�n y Tecnolog�a Agraria y Alimentaria en el �mbito de las competencias que corresponden al Estado, podr� desarrollar, en su caso, las actividades de investigaci�n y experimentaci�n necesarias para el reconocimiento e inscripci�n en los correspondientes registros de las variedades comerciales y protegidas a las que se refiere el p�rrafo anterior, elevando al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci�n las correspondientes propuestas, estudios e informes.
Modificaci�n de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenaci�n del Mercado de Tabacos y Normativa Tributaria Uno. Se modifica el art�culo 7.dos.c), que queda redactado como sigue:
�La imposici�n de las correspondientes sanciones corresponder� al Presidente del Organismo aut�nomo Comisionado para el Mercado de Tabacos, excepto en los casos de sanciones por infracciones muy graves, en que ser� competente el Subsecretario de Econom�a.�
Dos. Se a�ade una disposici�n adicional novena a la Ley 13/1998, con la siguiente redacci�n:
La autoridad judicial o administrativa a cuya disposici�n se encuentran las labores de tabaco aprehendidas o decomisadas, en procedimiento de delito o infracci�n administrativa de contrabando, ordenar� que sean puestas a disposici�n del Comisionado para el Mercado de Tabacos a fin de que se proceda a su destrucci�n. En todo caso, la autoridad correspondiente extender� la oportuna diligencia haciendo constar en las actuaciones la naturaleza y caracter�sticas de las labores de tabaco puestas a disposici�n del Comisionado.�
Resoluci�n de los procedimientos de responsabilidad patrimonial en determinadas entidades de Derecho p�blico Corresponde a los Consejos de Administraci�n de las entidades p�blicas, Autoridades Portuarias, Aeropuertos Nacionales y Navegaci�n A�rea (AENA), Ente P�blico Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), Red Nacional de los Ferrocarriles Espa�oles (RENFE) y Ferrocarriles de V�a Estrecha (FEVE) resolver los procedimientos de responsabilidad patrimonial a que se refiere el art�culo 142 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, complet�ndose en ese sentido sus respectivas normas de creaci�n.
Modificaci�n del apartado 2 del art�culo 35 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones. Competencias relativas a las obligaciones de servicio p�blico �2. El cumplimiento de las obligaciones de servicio p�blico en la prestaci�n de servicios y en la explotaci�n de redes de telecomunicaciones para los que aqu�llas sean exigibles, se efectuar� con respeto a los principios de igualdad, transparencia, no discriminaci�n, continuidad, adaptabilidad, disponibilidad y permanencia y conforme a los criterios de calidad que reglamentariamente se determinen, que ser�n objeto de adaptaciones peri�dicas. Corresponde al Ministerio de Ciencia y Tecnolog�a el control y el ejercicio de las facultades de la Administraci�n relativas a las obligaciones de servicio p�blico que se imponen en este art�culo.�

References: Real Decreto 
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