Source: http://studylib.es/doc/372126/constitucion-de-san-luis
Timestamp: 2017-11-23 20:33:21+00:00

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La Provincia de San Luis, con los límites que históricamente y por derecho le corresponden y como parte integrante e inseparable
de la Nación Argentina, en ejercicio de los derechos no delegados al gobierno de la Nación, organiza sus poderes bajo el sistema
republicano democrático y representativo de Gobierno, de acuerdo con los principios, derechos, deberse y garantías consignados en
Todo el poder emana y le pertenece al pueblo de la Provincia de San Luis, el que ejerce por medio de sus legítimos representantes
en la forma y modo que establece esta Constitución. También se reconoce igual legitimidad a otras formas de participación
El poder del Estado Provincial está distribuido de acuerdo a lo establecido en esta Constitución en funciones conforme a las
competencias que ella establece.
El gobierno y la sociedad sanluiseña basan su acción en la solidaridad, democracia social, igualdad de oportunidades, ausencia de
discriminaciones arbitrarias, plena participación política, económica, cultural y social de sus habitantes, y en los principios éticos
tradicionales fieles a nuestro patrimonio cultural.
Para modificar los límites territoriales de la Provincia, por cesión, anexión o de cualquier otra forma, como igualmente para
ratificar tratados sobre límites que se celebren, se requiere ley sancionada con el voto de las tres cuartas partes de los miembros que
componen las cámaras legislativas y aprobación por consulta popular, sin cuyos recaudos no será promulgada.
La Provincia coopera al sostenimiento del culto católico, apostólico, romano. Sin embargo, es inviolable el derecho que todo
hombre tiene para rendir culto a su Dios, libre y públicamente según los dictados de su conciencia, y sin más limitaciones que las
que establezca la moral, las buenas costumbres y el orden público. El registro del estado civil de las personas será llevado en toda
la Provincia por funcionarios civiles, sin distinción de creencia religiosa, en la forma que la ley establezca.
Ningún magistrado o funcionario público puede delegar sus funciones en otra persona, ni un poder delegar en otro sus facultades
constitucionales, bajo pena de nulidad, salvo en los casos expresamente previstos por esta Constitución.
Todos los actos de gobierno deben ser publicados en la forma, medio y modo que la ley determina, garantizando su plena difusión;
en especial aquellos relacionados con la percepción, gastos e inversión de la renta pública y toda enajenación o afectación de
bienes del Estado Provincial. La violación a esta norma produce la nulidad absoluta del acto administrativo, sin perjuicio de las
responsabilidades políticas, civiles y penales que le correspondan a los intervinientes en el acto.
Toda ley, decreto, ordenanza o disposición contraria a la ley suprema de la Nación o a esta Constitución, carece de valor y los
jueces deben declarar su inconstitucionalidad en juicio, aún cuando no hubiere sido requerido por las partes. La
inconstitucionalidad declarada por el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia debe ser comunicada formal y fehacientemente a
los poderes públicos correspondientes, a los fines de sus modificaciones y adaptaciones al orden jurídico y vigente.
Todos los habitantes gozan de los derechos y garantías consagrados por esta Constitución de conformidad con las leyes que
reglamentan razonablemente su ejercicio. Los principios, declaraciones, derechos y garantías contenidos en ella no pueden ser
alterados por disposición alguna. Tales enunciaciones no son negatorias de otros derechos y garantías no enumerados, pero que
nacen de la libertad, igualdad y dignidad de la persona humana, de los requerimientos de la justicia social, de principios de la
democracia, de la soberanía del pueblo, de la forma republicana de gobierno, de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y los tratados universales o regionales de derechos humanos ratificados por la Nación. Tampoco se ha de entender como
negación de los derechos que la Constitución Nacional acuerda a los habitantes de la Nación los cuales quedan incorporados a esta
La Provincia puede ser demandada sin requisitos previos. Si fuese condenada a pagar suma de dinero, sus rentas pueden ser
embargadas cuando la Legislatura no haya arbitrado el medio para efectivizar el pago dentro de los seis meses de la fecha en que la
sentencia condenatoria quede firme. En ningún caso los bienes afectados a servicios públicos, pueden ser embargados.
La vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y moral de la persona son intangibles. Su respeto y protección es
deber de todos y en especial de los poderes públicos. Evitar la desaparición forzada de personas es deber indelegable y permanente
Nadie puede ser sometido a tortura, ni a tratos crueles, degradantes o inhumanos. Todo acto de esta naturaleza hace responsable a
la autoridad que lo realice o permita. También es responsable la autoridad que por negligencia en sus funciones, produzca efectos
similares. No excusa de esta responsabilidad la obediencia debida. El Estado repara los daños provocados. Los funcionarios cuya
culpabilidad es demostrada, respecto a los delitos mencionados en el presente artículo, son sumariados y exonerados del servicio al
que pertenezcan, sin perjuicio de las penas que por ley les correspondan.
Nadie puede ser privado de su capacidad jurídica, de su nombre, de su nacionalidad originaria o adquirida, por causas políticas o
sociales. Nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de lo que ella no prohíbe. Ningún servicio personal es
exigible sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Las acciones privadas de los hombres que no afecten el orden y la
moral pública ni perjudiquen a terceros, están exentas de la autoridad de los magistrados. Los poderes públicos garantizan el
derecho a la paz, la intimidad y la privacidad de la persona humana. En la Provincia no rigen más inhabilidades que las que
establecen esta Constitución y los tribunales por sentencia firme.
Todos los habitantes tienen idéntica dignidad social y son iguales ante la ley, sin distinción de sexos, origen étnico, idioma,
religión, opiniones políticas y condiciones sociales, no existiendo fueros personales ni títulos de nobleza. Deben removerse los
obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad de los habitantes, impiden el pleno
desarrollo de la persona humana y la efectiva participación de todos los habitantes en la organización político, económica y social
Establécese el derecho de peticionar a las autoridades, que puede ser ejercido individual o colectivamente. La publicación de
dichas peticiones no da lugar a la aplicación de penalidad alguna a los que la formulen. La autoridad a la que se haya dirigido la
petición, está obligada a hacer conocer por escrito al peticionario la resolución pertinente, que debe producir de acuerdo a la ley y
bajo las penalidades que se determinen legislativamente Artículo 18: Derecho de reunión y de manifestación.
Queda asegurado a todos los habitantes de la Provincia el derecho de reunión con fines pacíficos para tratar asuntos de cualquier
índole sin que sea necesario solicitar permiso a ninguna autoridad y sólo dar aviso previo para reuniones en lugares públicos
abiertos. Asimismo queda asegurado el derecho a manifestar públicamente en forma individual o colectiva.
Nadie puede atribuirse la representación ni los derechos del pueblo, ni peticionar en su nombre. Los que lo hacen cometen delito de
Todos los habitantes del País tienen derecho a entrar, permanecer, transitar y salir del territorio de la Provincia, llevando sus bienes
sin perjuicio de terceros.
Es inviolable el derecho que toda persona tiene de expresar libremente sus ideas y opiniones y de difundirlas por cualquier medio,
sin censura de ninguna clase. Ninguna ley ni autoridad puede restringir la libre expresión y difusión de las ideas, ni trabar, impedir
ni suspender por motivo alguno el funcionamiento de los talleres de impresión, difusoras radiales, televisivas y demás medios
idóneos para la emisión y propagación del pensamiento, ni secuestrar maquinarias o enseres, ni clausurar sus locales, salvo por
resolución judicial. Aquel que abuse de este derecho es responsable de los delitos comunes en que incurre a su amparo y de la
lesión que cause a quiénes resulten afectados. Todos los habitantes de la Provincia gozan del derecho al libre acceso a las fuentes
públicas de información. La libertad de expresión comprende también el derecho de las publicaciones a obtener los elementos
necesarios a tal fin, y la facultad que tiene toda persona a la réplica o rectificación ante una referencia o información susceptible de
afectar su reputación personal, la que debe publicarse gratuitamente, en igual forma y con el mismo medio utilizado. Una ley
especial asegura la protección debida a toda persona o entidad contra los ataques a su honra, reputación, vida privada o familiar,
cuando ésta es lesionada por cualquiera de los medios de difusión determinados en este artículo. Todos los habitantes de la
Provincia tienen derecho a tomar conocimiento de lo que de ellos conste en registro de antecedentes personales e informarse sobre
la finalidad a que se destinan dichos registros y la fuente de información en que se obtienen los datos respectivos.
Queda asegurada en la Provincia la constitución de asociaciones que no contraríen el bien común, el orden público o la moral. Sólo
pueden ser intervenidas conforme a la ley y tiene los recursos correspondientes ante la justicia. Ninguna asociación es disuelta en
forma compulsiva sino en virtud de sentencia judicial, en los casos y los modos que la ley establece.
Todos los habitantes de la Provincia, sin distinción de sexos son admisibles en los empleos públicos sin otra condición que la
idoneidad. Los empleos públicos para los que no se establece otra forma de elección o nombramiento en esta Constitución o en las
leyes especiales son provistos por concurso de oposición y antecedentes que garantizan la idoneidad para el cargo. A estos
empleados se les reconoce el derecho a la estabilidad, a la sede o lugar de residencia para su desempeño cuando la exigencia del
servicio lo permita, al escalafón y a la carrera administrativa, esta última según se reglamenta en la ley respectiva. Una misma
persona no puede acumular dos o más empleos a sueldo, aún que uno sea provincial y el otro u otros nacionales o municipales, con
excepción de los cargos docentes o los de carácter técnico- profesional, cuando la escasez de personal hace necesaria esta última
acumulación. La caducidad es automática en el empleo o función de menor cuantía, quedando a salvo la facultad de opción del
La Provincia no es responsable de los actos que sus funcionarios practican fuera de sus atribuciones. Son solidariamente
responsables respecto del daño causado, los que ordenan y aceptan actos manifiestamente inconstitucionales de cualquier especie.
Ningún magistrado, funcionario electivo o no, o empleado perteneciente a cualquiera de los poderes públicos, puede valerse de su
cargo para realizar especulaciones, o interesarse directa o indirectamente o por persona interpuesta en cualquier contrato u
operación en beneficio propio o de un tercero. La violación de este precepto hace incurrir al responsable en mal desempeño de sus
funciones. Los funcionarios integrantes de los poderes Legislativo y Ejecutivo están obligados a manifestar sus bienes, al ingreso y
egreso de la función. Lo hacen por si, su cónyuge y familiares a cargo por ante la Escribanía General de Gobierno.
No puede dictarse ley ni decreto que tenga por objeto acordar remuneración extraordinaria a ninguno de los miembros,
funcionarios o empleados de los poderes públicos por servicios prestados, o que se les encargan en el ejercicio de sus respectivas
funciones y atinentes a las mismas, o a los que contratan con el Estado en cualquier forma, fuera de las justas compensaciones que
el presupuesto o leyes especiales les concedan.
Todo funcionario público o empleado de la administración a quien se le imputan delitos cometidos en el desempeño de sus
funciones está obligado a acusar para vindicarse, bajo pena de destitución, y goza del beneficio del proceso gratuito.
Los funcionarios y empleados públicos no sujetos a juicio político u otro especial establecido por esta Constitución, son judiciables
ante los tribunales ordinarios por el abuso que cometen en el ejercicio de sus funciones, sin que puedan excusarse de contestar ni
declinar jurisdicción alegando orden o aprobación superior.
Los nombramientos de empleados o funcionarios que hacen los poderes públicos prescindiendo de los requisitos enumerados o
exigidos por esta Constitución, carecen de valor y, en cualquier tiempo pueden esos empleados ser removidos de sus cargos.
El domicilio se considera como asilo. Es inviolable la vida privada y familiar de la persona. No se puede efectuar registro
domiciliario alguno sino en virtud de orden escrita de juez competente, en los casos y forma determinada por ley, siempre en
presencia de representante del Poder Judicial o contralor de su morador o testigo. Sin perjuicio de su responsabilidad penal, los
infractores del precepto anterior están además obligados a indemnizar íntegramente a la persona dañada, conforme a la ley. La ley
limita el uso de la informática para preservar el honor, la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus
Toda orden de allanamiento de domicilio debe ser expedida por autoridad judicial competente y con la formalidades que determina
la ley. La medida se ejecuta en horas de luz natural, salvo que el juez autorice expresamente hacerlo en horas nocturnas.
Los papeles particulares, la correspondencia epistolar, las comunicaciones telegráficas, telefónicas, teletipeado o de cualquier otra
especie o por cualquier otro medio de comunicación, son inviolables y nunca puede hacerse registro de las mismas, examen o
intercepción sino conforme a las leyes que se establecen para casos limitados y concretos. Los que son sustraídos, recogidos u
obtenidos en contra de las disposiciones de dichas leyes no pueden ser utilizados en procesos judiciales o administrativos.
No pueden allanarse los estudios de profesionales, sin control del Colegio respectivo de la jurisdicción para el resguardo del
secreto profesional; ni las iglesias ni demás locales públicos y registrados de culto, sin control de la autoridad religiosa respectiva,
para su debido respeto. Queda garantizado el resguardo al secreto profesional y a la confesión religiosa.
La Propiedad es inviolable. Todos los habitantes tienen derecho a la propiedad de sus bienes. La propiedad privada tiene una
función social y en consecuencia, está sometida a las obligaciones que establece la ley con fines de bien común. Nadie puede ser
privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley y de expropiación por causa de utilidad pública, la que es calificada por
ley y previamente indemnizada.
Queda prohibido el establecimiento público de juegos de azar. La ley puede autorizar juegos de azar, patentes de lotería y casinos
en lugares de turismo; el producto de los juegos que son autorizados, se destinan exclusivamente a fines de asistencia social,
mejoramiento de las condiciones de vida de la población y fomento del deporte y turismo.
Todo ciudadano tiene derecho al sufragio. Puede criticar, adherir, recibir o emitir información de carácter político, de manera
individual o colectiva, sin ser molestado por ello; conformar organizaciones políticas con los requisitos establecidos por ley, tomar
parte en la vida política y tener acceso en condiciones de igualdad y libertad, a las funciones públicas.
Se reconoce y asegura la existencia de los partidos políticos como personas jurídicas de derecho público no estatal. Las
candidaturas para cargos que se proveen mediante elección popular son nominadas exclusivamente por los partidos políticos.
Deben garantizar la democracia participativa en su desarrollo institucional. Los partidos contribuyen democráticamente a la
formación de la voluntad popular expresando el pluralismo político. El Estado garantiza y promueve su libre acción.
Toda persona es inocente mientras no sea declarada su culpabilidad por sentencia firme de juez competente, dictada en debido
proceso, ni puede ser penada o sancionada por acciones u omisiones que, al momento de producirse, no constituyen delito, falta o
contravención. Todo tienen derecho a ser juzgados por juez previamente competente. Nadie puede ser juzgado o investigado por
comisiones o tribunales especiales, sea cual fuere la denominación que se les dé. Nadie puede ser acusado o juzgado dos veces por
un mismo delito, falta o contravención. La ley penal más benigna se aplica retroactivamente. Ninguna norma, posterior al hecho de
la causa, puede agravar la situación del imputado, procesado o condenado. La duda actúa en favor del imputado.
Ninguna persona, salvo en el caso de flagrante delito, puede ser privada de su libertad ambulatoria o sometida a alguna restricción
de la misma, sin orden escrita de autoridad competente en virtud de grave sospecha o indicios vehementes de la existencia de
hecho punible y motivos fundados de su presunta culpabilidad. Las medidas de seguridad personal sobre un imputado o procesado
que esta Constitución autoriza, son siempre de carácter excepcional. En ningún caso la aprehensión, el arresto, la detención o la
prisión preventiva, se cumplen en las cárceles públicas destinadas a penados, ni pueden éstos ser enviados a establecimientos fuera
del territorio de la Provincia; tampoco pueden prolongarse, las tres primeras, por más de veinticuatro horas sin ser comunicadas al
juez competente, poniendo a su disposición al detenido y los antecedentes del caso, y la última, más allá del término fijado por la
ley para la finalización del procedimiento, salvo sentencia condenatoria dictada con anterioridad a dicho término. Caso contrario
recupera inmediatamente su libertad. Toda persona arrestada o detenida, es notificada por escrito en el momento que se hace
efectiva la medida, de la causa de la misma, autoridad que la dispuso y lugar donde es conducida, dejándosele copia de la orden y
del acta labrada, a más de darse cuenta dentro de las veinticuatro horas a un familiar, del detenido o a quien éste indique a los
efectos de su defensa. Dentro de las cuarenta y ocho horas de tomarle la declaración indagatoria al imputado, se dicta el auto de
prisión preventiva o se decreta la libertad del mismo. El imputado puede pedir por escrito, después de la indagatoria y antes de la
resolución judicial a que se alude en el párrafo anterior, la prórroga de su detención por un plazo máximo de ocho días si estima
que ello favorece a su defensa. Puede excarcelarse o eximirse de prisión al imputado o procesado por un delito, con o sin fianza. La
ley establece los casos y las modalidades de la misma.
Todo encargado de la custodia de presos debe al recibirlos exigir y conservar en su poder la orden de detención; caso contrario, es
pasible de las sanciones previstas por la ley vigente. La misma obligación de exigir la indicada orden, bajo igual responsabilidad,
incumbe al ejecutor del arresto o detención.
Toda persona detenida sin orden emanada en legal forma de autoridad competente, o a quien arbitrariamente se le niegue, prive.
restrinja o amenace en su libertad, puede por si o por terceros en su nombre, sin necesidad de mandato, valiéndose de cualquier
medio de comunicación y a cualquier hora, promover acción de hábeas corpus ante el juez letrado más inmediato, sin distinción de
fuero ni de instancia, a fin de que ordene su libertad, o que se le someta a juez competente, o que haga cesar inmediatamente la
suspensión, privación, restricción o poder de autoridad pública. La acción de hábeas corpus puede instaurarse sin ninguna
formalidad procesal. El Juez, dentro de las veinticuatro horas examina el caso hace cesar inmediatamente la afectación, si ésta no
proviene de autoridad competente, o si no cumple los recaudos constitucionales y legales. Dispone asimismo las medidas para que
el juez competente juzgue sobre la responsabilidad de quien expidió la orden o ejecutó el acto. Cuando un juez está en
conocimiento de que alguna persona se halle arbitrariamente detenida, confinada o amenazada en su libertad por un funcionario, un
particular o un grupo de éstos, debe expedir de oficio el mandamiento de hábeas corpus. El Juez de hábeas corpus ejerce su
potestad jurisdiccional por sobre otro poder o autoridad pública. Todo funcionario o empleado sin excepción de ninguna clase, está
obligado a dar inmediato cumplimiento a las órdenes que imparte el Juez de hábeas corpus. La ley establece las sanciones que
correspondan a quienes rehusen o descuiden ese cumplimiento.
Es inviolable la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento judicial o administrativo. Esta garantía no admite
excepciones. Nadie puede ser obligado a declarar en causa penal contra sí mismo, su cónyuge, ascendiente, descendiente o
hermanos. No puede atribuirse a la confesión hecha ante la policía, valor probatorio. Es penada toda violencia física o moral,
debidas a pruebas psicológicas o de cualquier otro orden que altere la personalidad del individuo, sujeto o no a alguna restricción
de su libertad. Queda abolido el secreto del sumario para las partes intervinientes. No puede ser incomunicado ningún detenido,
salvo que medie resolución fundada del juez competente, en los casos y en las formas que la ley determine, no pudiendo exceder en
ningún caso de cuarenta y ocho horas. Quedan asegurados a los indigentes, los medios para actuar y defenderse en cualquier
jurisdicción o fuero.
Las cárceles de la Provincia deben ser sanas y limpias para seguridad y rehabilitación. No pueden tomarse medidas que a pretexto
de precaución, conduzcan a mortificar a los internos. No existen en las cárceles pabellones de castigo sino de corrección. No se
aplican sanciones que impliquen disminución de ración alimentaria, agua, retiro de ropa y abrigo y destrucción de bienes de
cualquier tipo, propiedad de los internos. Es deber del Estado crear establecimientos para encausados, contraventores y simples
detenidos; garantizando la privacidad de los internos, el vínculo familiar y sus necesidades psicofísicas y culturales básicas. La
violación de las garantías expuestas es severamente castigada, no pudiendo el personal correccional de ningún grado ampararse en
la eximente de la obediencia debida.
Procede la acción de amparo contra todo acto u omisión de autoridad, órganos o agentes públicos, de grupo organizado de personas
y de particulares que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta,
algún derecho individual o colectivo, o garantía explícita o implícitamente reconocidos por la Constitución Nacional o Provincial,
siempre que sea necesaria la reparación urgente del perjuicio, la cesación inmediata de los efectos del acto o la prohibición de
realizar un acto ilegal y la cuestión, por su naturaleza, no deba sustanciarse por alguno de los procesos establecidos por la ley, o no
resulte eficaz hacerlo. El juez del amparo ejerce su potestad jurisdiccional por sobre todo otro poder o autoridad pública. Todo
funcionario o empleado, sin excepción de ninguna clase, está obligado a dar inmediato cumplimiento a las órdenes que imparte el
juez de amparo. La ley reglamenta la forma sumarísima de hacer efectiva esta garantía.
Toda persona que sufra un perjuicio material, moral o de cualquier naturaleza, por incumplimiento del deber que una ley u
ordenanza imponga a un funcionario o entidad pública en forma expresa o determinada, puede demandar ante el juez competente,
la ejecución inmediata del o los actos que el funcionario o entidad pública rehuse cumplir. El juez, previa comprobación
sumarísima de los hechos denunciados y el derecho invocado, libra el mandamiento encaminado a exigir el cumplimiento
inmediato del deber omitido.
Corresponde al Estado Provincial prevenir y controlar la contaminación y sus efectos y las formas perjudiciales de erosión; ordenar
el espacio territorial de forma tal que resulten paisajes biológicamente equilibrados. Crear y desarrollar reservas y parques
naturales así como clasificar y proteger paisajes, lugares y especies animales y la preservación de valores culturales de interés
histórico o artístico. Toda persona por acción de amparo puede pedir la cesación de las causas de la violación de estos derechos. El
Estado debe promover la mejora progresiva de la calidad de vida de todos los habitantes de la Provincia.
La familia como núcleo primario y fundamental de la sociedad, es objeto de preferente protección por parte del Estado, el que
reconoce sus derechos en lo que respecta a su constitución, defensa y cumplimiento de sus fines. El Estado concede subsidios y
otros beneficios para amparar la familia numerosa carenciada. Debe contemplarse especialmente la situación de la madre soltera y
su acceso a la vivienda. Es deber del Estado crear e instalar tribunales especiales con competencia sobre la familia y la minoridad.
El Estado protege a la persona humana, desde su concepción hasta su nacimiento y, desde éste hasta su pleno desarrollo. Provee a
la atención del menor, garantizando su derecho a la educación y a la asistencia, sin perjuicio del deber de los padres y del accionar
subsidiario de las sociedades intermedias, y la atención física y espiritual de la niñez y juventud. La Provincia asegura con carácter
indelegable, la asistencia a la minoridad desprotegida y carenciada. Debe adoptar medios para que la internación de menores en
institutos especializados, sea el último recurso a emplear en su tratamiento. Para ello, fomenta la creación de centros de acción
familiar en estrecha relación con la comunidad, que colaboren en la acción protectora de la minoridad. Es obligación del Estado
Provincial atender a la nutrición suficiente de menores hasta los seis años y, crear un registro de la minoridad carenciada a efectos
de individualizar los beneficiarios.
El Estado impulsa la participación de la juventud, en la construcción de una sociedad más justa, moderna y democrática. Para ello
debe contemplar su educación en las áreas políticas, sociales, culturales y económicas. En las zonas rurales, facilitar el arraigo a
través del acceso y permanencia en la educación, capacitación laboral y trabajo.
El Estado asegura a los hombres de la tercera edad una protección integral que revalorice su rol como protagonista de esta
sociedad. Propicia una legislación que contemple los múltiples aspectos que se plantean en el ámbito familiar, estimulando planes
y programas que tiendan a su asistencia plena, por cuenta y cargo de sus familiares. En caso de desamparo, corresponde al Estado
proveer a dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos y fundaciones creadas o que se crearán con
ese fin; a una atención de carácter familiar, a establecimientos especiales enfocados con mentalidad preventiva, a los hogares o
centros de día, a la asistencia integral domiciliaria, al acceso a la vivienda través del crédito de ampliación, de adjudicación en
propiedad y/o comodato de por vida, a promover su reinserción laboral a los fines de laborterapia y aprovechamiento de su
experiencia y capacitación.
Los poderes públicos brindan a los discapacitados físicos, sensoriales y/o psíquicos la asistencia apropiada, con especial énfasis en
la terapia rehabilitadora y en la educación especializada. Se los ampara para el disfrute de los derechos que les corresponden como
miembros plenos de la comunidad.
La seguridad social cubre las necesidades esenciales de las personas frente a las contingencias limitativas en su vida individual o
social. El Estado fiscaliza el efectivo cumplimiento de las normas relativas a la seguridad social y, estimula los sistemas e
instituciones creados por la comunidad, con el fin de superar sus carencias.
El seguro social se extiende a toda la población y tiene el carácter de integral e irrenunciable, coordinándose la acción y legislación
provincial con la nacional. Los interesados participan en el gobierno del sistema que establece la ley.
El régimen jubilatorio provincial es único para todas las personas y asegura la equidad y, la inexistencia de privilegios que
importen desigualdades que no respondan a causas objetivas y razonables. El haber previsional es móvil y guarda estrecha relación
con la remuneración del mismo cargo en actividad. El Estado garantiza que la jubilación ordinaria sea, como mínimo el ochenta y
dos por ciento móvil de la remuneración correspondiente al cargo, oficio o función por el que haya optado el beneficiario, según la
ley y que los demás beneficios sean discernidos en adecuada proporción con aquella. Se considera remuneración, todo ingreso que
perciba el titular del cargo en actividad, a los fines de determinar proporcionalmente el haber previsional que corresponda.
El concepto de salud es entendido de manera amplia, partiendo de una concepción del hombre como unidad biológica, psicológica
y cultural en relación con su medio social. El Estado garantiza el derecho a la salud, con medidas que lo aseguran para toda
persona, sin discriminaciones ni limitaciones de ningún tipo. La sociedad, el Estado y toda persona en particular, deben contribuir
con medidas concretas y, a través de la creación de condiciones económicas, sociales, culturales y psicológicas favorables, a
garantizar el derecho a la salud. El Estado asigna a los medicamentos el carácter de bien social básico y procura el fácil acceso a
los mismos. Confiere dedicación preferente a la atención primaria de la salud, medicina preventiva y profilaxis de las
enfermedades infecto-contagiosas. Tiene el deber de combatir las grandes endemias, la drogadicción y el alcoholismo. La actividad
de los trabajadores de la salud debe considerarse como función social, reconociéndoseles el derecho al escalafón y carrera técnicoadministrativa, de conformidad con la ley. El Estado propende a la modernización y tratamiento interdisciplinario en la solución de
los problemas de salud mediante la capacitación, formación y la creación de institutos de investigación.
Todo habitante derecho al trabajo y a la libre elección de su ocupación. El trabajo es considerado como actividad básica para
satisfacer las necesidades espirituales y materiales de la persona humana, de su familia y en la construcción del bien común. El
Estado provincial en la esfera de sus poderes, protege al trabajador y al trabajo en todas sus formas y aplicaciones y en particular
vela por el goce de los derechos que la Constitución y las leyes nacionales reconocen al trabajador, propugnando el pleno empleo y
estimulando la creación de nuevas fuentes de trabajo. Promueve y facilita la colaboración entre empresas y trabajadores y la
solución de los conflictos laborales individuales o colectivos por la vía de la conciliación obligatoria y del arbitraje, como mediante
el establecimiento de tribunales especializados con un procedimiento breve y expedito. El Estado procura se reconozcan al
2) El derecho a la retribución de su trabajo según la cantidad, naturaleza y calidad del mismo, con observancia del principio: a
trabajo igual salario igual, reconociendo el que realice el ama de casa.
4) La seguridad en el empleo y su derecho a indemnizaciones por despido arbitrario y falta de preaviso, quedando prohibidos los
despidos por motivos políticos, gremiales, ideológicos o sociales.
7) El derecho a estar representado en los organismos colegiados que administren fondos provenientes de aportes que se efectúen
para el otorgamiento de beneficios previsionales, sociales y de otra índole.
8) Derecho a la participación en las ganancias en las empresas con control de producción y colaboración o cogestión en la
dirección. En las normas que la autoridad competente dicte sobre las condiciones en que el trabajo se realiza se ha de tener en
c) Se otorgue una esencial protección al menor que trabaja, quedando prohibido el trabajo de los menores de dieciséis años en
actividad incompatible con su edad.
e) Se garantice el descanso semanal, las vacaciones periódicas remuneradas, y el bienestar en el trabajo, de tal manera que la salud
y la moral estén debidamente preservadas. Los trabajos peligrosos e insalubres deben ser convenientemente regulados y
Las actuaciones ante la justicia laboral son gratuitas para el trabajador o sus derecho-habientes y las entidades gremiales. Se
propende a que el procedimiento sea oral, sumario y sustanciado ante tribunales laborales colegiados, con las limitaciones en
materia de recursos que señale la ley. En caso de duda sobre la aplicación de normas legales o convencionales, prevalece la más
favorable al trabajador, considerándose la norma o conjunto de normas que rija cada una de las temáticas del derecho del trabajo.
Si la duda recae en la interpretación o alcance de la ley laboral, o en la apreciación de la prueba en los casos concretos, los jueces o
encargados de aplicarla se deciden en el sentido más favorable al trabajador.
Los trabajadores y los dirigentes gremiales no pueden ser discriminados ni perjudicados por sus actividades gremiales. Las
organizaciones profesionales o gremiales son reconocidas jurídicamente para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los
deberes que establecen las leyes de la Nación y de la Provincia. Los sindicatos no pueden ser intervenidos, ni sus sedes
clausuradas, ni sus fondos bloqueados, sino por orden del juez competente. Se procura sean reconocidos a los sindicatos los
1) De concretar contratos o convenios colectivos de trabajo, por los gremios más representativos de cada rama, los que tendrán
2) De huelga, como medio de defensa de los derechos de los trabajadores y de sus garantías sociales. No se puede tomar contra los
participantes de ella ninguna medida represiva, mientras no pongan en peligro evidente la seguridad de la población.
4) De que los dirigentes gremiales no sean molestados por las opiniones que manifiesten o por las decisiones que adopten en el
desempeño de sus cargos, ni interrogados, reconvenidos o procesados en ningún tiempo por tales causas. Tampoco pueden ser
perseguidos ni arrestados durante todo su mandato, por sus actividades sindicales, es decir se establece para su protección el fuero
El Estado crea por ley el organismo administrativo de aplicación, para ejercer el derecho indelegable de control o policía del
trabajo. Por intermedio de esta dependencia se asegura el fiel cumplimiento en todo el territorio de la Provincia, de las leyes
laborales, previsionales y, las convenciones colectivas de trabajo.
Toda reforma constitucional que fuere ordenada en época de subversión institucional o realizada por un poder que no haya sido
establecido conforme con esta Constitución, será nula e inaplicable. El texto constitucional vigente es repuesto sin necesidad de
declaración alguna, cuando cese la situación irregular.
En ningún caso y por ningún motivo o pretexto, las autoridades de la Provincia pueden suspender la observancia de esta
Constitución, ni la de la Nación o la efectividad de las garantías establecidas en ambas.
Los funcionarios públicos que ejercieren funciones de responsabilidad políticas, en los poderes de la Nación, de la Provincia y del
Municipio, en regímenes de facto, no pueden a perpetuidad, ocupar cargos públicos en cualesquiera de los poderes de la Provincia.
El Estado procura el desarrollo y afianzamiento de la conciencia y la identidad provincial y nacional en una perspectiva
latinoamericana difundiendo a través de la cultura y la educación los valores genuinos del pueblo, su experiencia histórica y su
La cultura es un derecho natural y por ello, el Estado asegura a todos los habitantes el derecho de acceder a la misma, y conoce
como sus principios fundamentales, el enriquecimiento espiritual e intelectual de la persona humana, la afirmación de los valores
éticos, la profundización del sentido humanista, el pluralismo y la participación, la libertad, la tolerancia, la exaltación de la
igualdad y la condena a toda forma de violencia, preservando la autodeterminación cultural, resguardando la identidad provincial y
nacional, eliminando toda forma de discriminación ideológica en la creación cultural; considerando el hombre centro del esfuerzo,
destinatario y protagonista trascendente de la cultura.
El Estado promueve las manifestaciones culturales personales o colectivas, que contribuyan a la consolidación de la conciencia
nacional, inspiradas en las expresiones de la cultura tradicional sanluiseña, argentina y latinoamericana y las expresiones
universales en cuanto concuerden con los principios de nuestra nacionalidad.
Las riquezas pre-históricas, históricas, artísticas y documentales, así como el paisaje natural en su marco ecológico, forman parte
de acervo cultural de la Provincia que el Estado debe tutelar, pudiendo decretar las expropiaciones necesarias para su defensa y
prohibir la exportación o enajenación de las mismas, asegurando su custodia y conservación de conformidad a las disposiciones
El Estado promueve y protege las manifestaciones auténticas de nuestra cultura, coordina las acciones culturales con la
participación de las organizaciones populares y apoya a quienes facilitan su conocimiento y desarrollo y la integran a la cultura
La educación es un deber insoslayable del Estado y un derecho humano fundamental, entendida como un proceso de transmisión,
recreación y creación de los valores culturales, para el pleno desarrollo de la personalidad en armonía con la comunidad.
El Estado reconoce y apoya a la familia como núcleo básico de la sociedad y, como tal, agente natural de cultura y educación. Le
garantiza la libre elección de la educación para sus hijos.
5) El desarrollo de la conciencia crítica y la participación activa de educando y educador en el proceso de formación, para
reconocer y resolver creativamente problemas nuevos, la conducción de la comunidad y el logro del bien común.
6) La renovada adquisición del saber científico y humanista que responda a las necesidades de la Provincia y de la Nación,
conforme a sus objetivos espirituales y materiales.
7) La integración de educación y trabajo, la comprensión inteligente de la capacidad productiva y del medio y sus problemas,
capacitándolo para las tareas vinculadas a los tipos de producción característicos de cada región.
El Estado promueve la educación permanente como derecho del individuo que se extiende a lo largo de toda su vida, integrando las
acciones de la educación formal con las de educación no-formal a fin de que toda persona pueda iniciar, retomar, completar,
actualizar o perfeccionar su formación en cualquier nivel, edad o circunstancia. Sostiene y asegura la igualdad de oportunidades
para la educación, mediante la ampliación de las posibilidades de acceso y permanencia en el sistema. Promueve como una de las
funciones fundamentales de los medios de comunicación social, la de ser un agente de educación.
La Ley General de Educación de la Provincia responde a los principios reconocidos y fijados en esta Constitución, sujeta a las
2) Cuando las necesidades de la Provincia lo requieran, el Estado organizará la educación universitaria, sobre la base de un
régimen autónomo de gobierno democrático, con participación de docentes, estudiantes, egresados y no docentes.
3) La educación en todos los niveles y modalidades, es gratuita, común, asistencial y pluralistas. Es obligatoria en los niveles
inicial y primario y, su extensión será progresiva a los otros niveles hasta el límite que establezca la ley.
4) En las instituciones educativas estatales, la enseñanza religiosa solo puede ser dada por los ministros o personas autorizadas de
los diferentes cultos, a los alumnos de su respectiva comunión fuera de los horarios de clase, prestando atención a la religiosidad
que es parte integrante de nuestra identidad histórico-cultural.
5) Se preveen especialmente los medios necesarios para que se efectivice la escolaridad obligatoria y la igualdad de oportunidades
de acceso y permanencia al sistema educativo por medio de becas, comedores escolares, seguro escolar y otras providencias
concurrentes al fin señalado.
6) Se prevee la organización de la Educación Especial, con el objeto de atender la formación y rehabilitación del discapacitado,
posibilitando su integración al medio social.
7) Se establece la regionalización y descentralización en la conducción, organización y administración del sistema educativo a fin
de adecuar su labor a las exigencias del desarrollo cultural, social y económico de cada región de la Provincia y la integración de
los niveles de conducción central, regional, y local con la participación de docentes, no-docentes, padres, alumnos y miembros de
El gobierno y la administración de la cultura y la educación son ejercidos por el Poder Ejecutivo a través de un ministerio
específico. La ley crea los organismos necesarios para dar operatividad efectiva a los lineamientos constitucionales expuestos en el
La educación privada, conforme a los fines y principios fijados en la presente Constitución, está sujeta a los controles del Estado
Provincial a través de leyes que aseguren:
Los fondos destinados a educación se forman: con las partidas previstas en el presupuesto provincial asignadas a ese fin, los que no
son inferiores al veintitrés por ciento de los recursos fiscales de la Provincia, adicionando los subsidios de la Nación, empréstitos,
donaciones, herencias vacantes y, los demás recursos que fije la ley. De este fondo se destina al menos, el cinco por ciento a la
formación de una reserva permanente para financiar la adquisición de terrenos, construcciones, refacciones, y equipamiento de
establecimientos educativos. En ningún caso pueden trabarse embargos, ni seguirse ejecución sobre los bienes y rentas asignados a
El Estado fija la política de ciencia y técnica que asegure el desarrollo socio-económico de la Provincia con participación de los
sectores de la producción, de la ciencia y la tecnología y la coordinación del accionar de los distintos centros de investigación y
desarrollo provincial con los regionales, nacionales e internacionales, posibilitando la transferencia de los resultados a los distintos
ámbitos de la comunidad.
El Estado propende a la creación de un Sistema Provincial de Ciencia y Tecnología que contribuya a planificar y ejecutar las
políticas científico-tecnológicas provinciales, regionales y nacionales.
El Estado promueve la formación de recursos humanos altamente capacitados que garanticen el desarrollo científico y tecnológico
El Estado promueve el bienestar de la sociedad, mediante el desarrollo económico y social, fomentando la generación de la riqueza
en todos los sectores de la economía, en especial la producción de las industrias madres y las transformadoras de la producción
rural y minera, los programas y proyectos de promoción industrial que tengan por objeto el aprovechamiento y transformación de
los recursos naturales, renovables y no renovables de la Provincia y de cualquier tipo de industria que se integre vertical u
horizontalmente a la estructura productiva, mediante sistemas o regímenes de promoción, concesiones de carácter temporario,
primas, recompensas de estímulo, exención de impuestos y contribuciones y otros beneficios compatibles con esta Constitución; y
puede concurrir a la formación de sus capitales y al de los ya existentes, participando en tal caso en la dirección y distribución de
sus beneficios. Igualmente debe fomentar y orientar la aplicación de todo sistema o procedimiento que tienda a contribuir a la
mejor comercialización de la producción.
El Estado promueve la inmigración, la colonización, la autocolonización, la formación de organismos o entes del Estado
Provincial, centralizados o descentralizados, para el estudio, planificación y coordinación de obra de infraestructura y servicios
públicos provinciales, de promoción y desarrollo económico y social de la Provincia. También puede implementar y explotar
industrias o empresas que interesen al bien común.
En la Provincia se establece un régimen que respeta y estimula la iniciativa privada, la radicación de capitales genuinos, la
generación y transferencia hacia los sectores productivos de la ciencia y la tecnología, que tiende al desarrollo independiente de la
Provincia y la Nación. El Estado procura la participación de instituciones relacionadas con la actividad económica, para
asesoramiento y defensa de la economía provincial.
El Estado reconoce la función económica y social de la cooperación libre. Estimula el desarrollo de las mutuales, empresas de
autogestión y cooperativas de distinto objeto social, procurando se asegure su carácter y finalidad.
En la esfera de su competencia, el Estado Provincial reprime toda forma de abuso del poder económico. Las empresas individuales
y sociales de cualquier naturaleza que sean, al igual que las concentraciones de capital que obstaculicen el desarrollo de la
economía o tiendan a dominar mercados, eliminar la competencia o aumentar arbitrariamente los beneficios, son sancionadas
según lo determina la ley.
El Estado promueve el desarrollo integral y armónico de cada una de las diferentes zonas que integran el territorio provincial. A tal
fin dispone la facción del catastro económico básico indispensable.
La Provincia tiene la plenitud del dominio imprescriptible e inalienable sobre todas las sustancias minerales, sin excluir
hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, las fuentes naturales de energía hidráulica, geotérmicas, o de cualquier otra naturaleza
que se encuentren dentro de su territorio. Su aprovechamiento puede realizarlo por sí o por convenios con la Nación, con otras
provincias o con terceros, nacionales o internacionales, para su prospección, exploración y/o explotación, como también su
industrialización, distribución y comercialización fijando de común acuerdo el monto de las regalías o retribuciones a percibir. El
Estado Nacional no puede disponer sobre estos recursos de la Provincia sin el previo acuerdo de ésta, expresado por ley. Se declara
de interés público general el patrimonio acuífero de la Provincia, reivindicándose su dominio dentro de su territorio, siendo
incuestionables sus derechos sobre los ríos interprovinciales y limítrofes. El Estado debe procurar el aprovechamiento integral y el
uso racional del agua, respetando las prioridades que derivan de las necesidades de la población y su desarrollo agro-industrial y
minero. Todo lo referido al uso de las aguas públicas superficiales o subterráneas, está a cargo del Estado Provincial en la forma
En virtud del poder fiscal originario, es privativo de la Provincia la creación de impuestos y contribuciones, la determinación del
hecho imponible y las modalidades de percepción con la única limitación que surge de las facultades expresamente delegadas al
gobierno federal, atento a lo dispuesto por la Constitución Nacional. El régimen tributario de la Provincia se estructura sobre la
base de la función económica-social de los impuestos y contribuciones. La igualdad, la proporcionalidad y progresividad
constituyen la base general de los impuestos, contribuciones y cargas públicas.
El Estado provee a sus gastos con los fondos del tesoro provincial, formado por los tributos, los empréstitos y créditos aprobados
por ley; por el producido de los servicios que presta, por la administración de los bienes de dominio público, por la disposición o
administración de los bienes de dominio privado, por las actividades económicas, financieras y demás rentas o ingresos que
resultan de los poderes no delegados a la Nación; por la coparticipación que provenga de los impuestos recaudados por los
organismos competentes, y por las reparaciones que obtenga del erario Nacional por efectos negativos de las políticas nacionales
sobres sus recursos tributarios o no tributarios.
Pueden autorizarse empréstitos sobre el crédito general de la Provincia, emisión de títulos públicos y otras operaciones de crédito
por ley, sancionada con el voto de los dos tercios de los miembros de la Legislatura. En ningún caso el servicio de la totalidad de
las deudas autorizadas, puede comprometer más del veinticinco por ciento de la renta provincial, a cuyo efecto se toma como base
al cálculo de recursos menor de los últimos tres años. Los recursos provenientes de ese tipo de operaciones, no pueden ser
distraídos ni provisoriamente de sus fines. La ley que provea a otros compromisos extraordinarios, debe establecer los recursos
especiales con que deben atenderse los servicios de la deuda y su amortización.
La ley de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la administración Provincial, puede fijar a éste por un año, o por
períodos superiores hasta un máximo de tres años, pero en este último caso no puede exceder el período de la gestión del titular del
Poder Ejecutivo o su reemplazante legal. En el presupuesto deben figurar los gastos e inversiones del Estado Provincial por el
correspondiente ejercicio, incluso los ordinarios o extraordinarios autorizados por leyes especiales. Su iniciativa legislativa
corresponde al Poder Ejecutivo. La ley de presupuesto no puede contener disposiciones por las cuales se modifiquen, sustituyan o
deroguen leyes, o normas de éstas. Toda ley que disponga o autorice gastos debe indicar la fuente de su financiamiento.
Sancionado un presupuesto, sigue en vigencia en sus partidas ordinarias hasta la sanción de otro.
Las elecciones provinciales y municipales, con excepción de las complementarias y extraordinarias, se practican en el día y en las
horas predeterminadas por la ley. que en su caso, posibilita la simultaneidad de ellas entre sí y, con las nacionales, bajo las mismas
autoridades de comicio y escrutinio. Toda convocatoria a elecciones se hace públicamente y, por lo menos con sesenta días de
anticipación a la fecha señalada para su realización. En caso de que el Poder Ejecutivo no convoque a elecciones en tiempo, lo
debe hacer el Poder Legislativo y en su defecto el Judicial. El Poder Ejecutivo solo puede suspender la convocatoria, en casos de
conmoción, insurrección o cualquier calamidad pública que la haga imposible, debiendo dar inmediata cuenta a la Legislatura. En
el supuesto que ésta estuviese en receso, será convocada al efecto dentro del término de tres días.
La Justicia Electoral está integrada por un Juez Electoral y un Tribunal Electoral, actuando ambos con una Secretaría Electoral
permanente. Desempeña las funciones de Juez Electoral, el Juez Letrado de Primera Instancia de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la Capital de la Provincia, que se renueva cada dos años según el orden de nominaciones, o por sorteo
practicado por ante el Tribunal Electoral, según lo determine la ley. El Tribunal Electoral tiene su asiento en la Capital de la
Provincia y está integrado por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, que ejerce la Presidencia del mismo y dos vocales;
Jueces de las Cámaras de Apelaciones de la Primera Circunscripción Judicial, que se renuevan cada dos años. La ley determina los
subrogantes legales que correspondan según la organización del Poder Judicial. El Juez Electoral entiende en la aplicación de la ley
de Partidos Políticos y en las faltas, delitos y cuestiones electorales que la ley atribuye a su jurisdicción y competencia, debiendo
pasar los antecedentes a la justicia ordinaria en los casos de los delitos comunes. Sin perjuicio de las demás atribuciones que le fije
la ley, al Tribunal Electoral le corresponde:
1) Designar las autoridades de las mesas receptoras de votos y adoptar todas las medidas conducentes a asegurar la organización y
funcionamiento de los comicios y el fiel cumplimiento de la legislación electoral.
3) Practicar los escrutinios públicos definitivos, dentro de los diez días posteriores al acto eleccionario y, proclamar a los electos
como titulares y suplentes según su resultado.
4) Calificar las elecciones juzgando sobre su validez y legitimidad, siempre que las actas respectivas acrediten que hubo elección
por lo menos en el ochenta por ciento del total de las mesas, sin perjuicio de la facultad de los cuerpos colegiados que vayan a
integrar los electos, de pronunciarse sobre la validez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros.
5) Considerar y resolver, en grado de apelación, de las resoluciones del Juez Electoral. De las cuestiones sometidas a su
competencia, el Tribunal Electoral debe dar vista al Ministerio Público que cuenta con cuarenta y ocho horas para dictaminar.
Devueltos que sean los autos, debe expedirse dentro de los tres días corridos. Es considerado incurso en mal desempeño, el
miembro o miembros remisos en el cumplimiento de sus funciones. El Ministerio Público es parte legítima en toda cuestión que se
suscite ante el Juez Electoral.
3) Elección de sus autoridades y candidatos por un sistema que permita la fiel expresión del afiliado y representación de las
Se reconoce a los ciudadanos la iniciativa popular para la presentación de proyectos de ley, que son avalados con el porcentaje que
la misma determine, el que debe ser superior, al ocho por ciento del padrón electoral. No puede plantearse por vía de iniciativa
popular, los asuntos concernientes a la aprobación de tratados, presupuestos, creación o derogación de tributos provinciales y
Mediante el voto favorable de dos tercios de los miembros de la Legislatura, se puede someter a consulta popular de los electores,
cualquier cuestión que por su importancia se considere merecedora de requerir la opinión popular.
La iniciativa requiriendo la consulta popular, puede originarse en el Poder Ejecutivo o a propuesta de uno o más legisladores y, la
ley que al efecto se dicte, no puede ser vetada.
Cuando la consulta popular esté ordenada en esta Constitución, el voto es obligatorio y el pronunciamiento vinculante, cualquiera
sea el número de votos emitidos. En los demás casos el voto puede ser obligatorio u optativo y con efecto vinculante o no, según se
disponga. Cuando la consulta fuere optativa, se requiere para que su resultado fuere válido, que haya sufragado el cincuenta por
ciento de los electores inscriptos en el padrón electoral utilizado.
La Legislatura está compuesta por una Cámara de Diputados y otra de Senadores. Ejerce el Poder Legislativo mediante leyes,
controla las gestiones del Poder Ejecutivo y hace efectiva las responsabilidades políticas de los altos funcionarios de la Provincia.
La Cámara de Diputados se compone de representantes elegidos directamente por el pueblo de los departamentos, en proporción a
la población censada. El número total de diputados no puede exceder de cuarenta y tres, salvo el caso de la creación de nuevos
departamentos. No puede disminuirse la representación actual de ninguno de ellos. Cada uno de los existentes o de los que fueren
creados, constituyen un distrito electoral cuya representación no puede ser inferior a dos diputados. Cada departamento elige
diputados suplentes en igual número que titulares.
Los diputados duran cuatro años en sus funciones pudiendo ser reelectos. La Cámara de Diputados se renueva por mitad cada dos
años y, las elecciones pertinentes se hacen de modo que cada departamento elija simultáneamente todos sus representantes. El
diputado suplente que se incorpore en reemplazo de un titular completa el término del mandato de éste.
3) Tener tres años de residencia inmediata, real y continua en el departamento que represente, no causando interrupción la ausencia
motivada por ejercicio de cargos públicos nacionales o provinciales.
3) Los procesados por delitos dolosos hasta la absolución y, los condenados por delitos de igual naturaleza, hasta la extinción plena
de todos los efectos jurídicos de la condena.
Es incompatible el ejercicio del cargo de diputado con el de otros electivos y con el de funcionario o empleado contratado,
dependiente del Estado nacional, provincial o municipal, excepto la docencia y las comisiones honorarias eventuales de la Nación,
de la Provincia o de los Municipios. En ésta última hipótesis se requiere autorización de la Cámara correspondiente, salvo que
estuviere en receso en cuyo caso se dará cuenta a ella en su oportunidad. Todo Diputado en ejercicio de sus funciones que acepte
cualquier empleo de los declarados incompatibles cesa por ése hecho de ser miembro de la Cámara. Los agentes de la
administración pública provincial o municipal que resulten elegidos diputados, quedan automáticamente con licencia sin goce de
sueldo desde su asunción, por el término que dure su función. Ningún diputado puede patrocinar causas contra la Nación, Provincia
o Municipio, ni defender intereses privados ante la administración, salvo en causa propia. Tampoco puede participar en empresas
beneficiadas con privilegios o concesiones dadas por el Estado.
2) Acusar ante el Senado a los funcionarios y magistrados de la Provincia, que según esta Constitución son sometidos a Juicio
Cuando se deduce acusación por delitos comunes contra los funcionarios acusables por la Cámara de Diputados, no puede
procederse contra su persona sin que el Tribunal competente solicite y obtenga el allanamiento de la inmunidad del acusado a cuyo
efecto se remiten los antecedentes a aquella Cámara. No puede allanarse dicha inmunidad sino por dos tercios de los miembros
El Senado se integra con un Senador por cada departamento de la Provincia elegido directamente en cada uno de ellos, por simple
pluralidad de sufragios. Se eligen también senadores suplentes en igual número que el de titulares. Son requisitos para ser senador
tener veinticinco años de edad y los mismos establecidos en los incisos 1) y 3) del art. 104.
Los senadores duran cuatro años en sus funciones pudiendo ser reelectos. La Cámara de Senadores se renueva por mitad cada dos
años. El senador suplente que se incorpore en reemplazo de un titular completa el término del mandato de éste.
Son atribuciones exclusivas del Senado: 1) Prestar o denegar acuerdo a los nombramientos y remociones de los funcionarios y
magistrados que debe hacer el Poder Ejecutivo con esa formalidad. El acuerdo se considera otorgado si la Cámara de Senadores no
se expide dentro de los treinta días de efectuada la solicitud. 2) Juzgar en Juicio Político a los acusados por la Cámara de Diputados
constituyéndose al efecto en Tribunal.
Cada Cámara abre sus sesiones ordinarias con aviso al Poder Ejecutivo, el uno de abril y cierra el treinta de noviembre de cada año,
debiendo invitar al titular del Poder Ejecutivo a la sesión inaugural, a los efectos de dar cuenta del estado de la Administración.
Funcionan en la Capital, pero pueden hacerlo por causas graves en otro punto del territorio de la Provincia, previa resolución de
ambas Cámaras. Las sesiones extraordinarias pueden prorrogarse hasta treinta días, por resoluciones concordes de cada Cámara,
adoptadas antes de la terminación del período ordinario.
La Legislatura es convocada a sesiones extraordinarias por el Poder Ejecutivo, siempre que el interés público lo demanda. Es
convocada cuando así lo soliciten, en forma escrita y motivada, la tercera parte de los miembros de una de las cámaras. El pedido
se presenta al Poder Ejecutivo, quien hace la convocatoria y da a publicidad la solicitud. Si éste no convoca en el término de tres
días y un tercio de la otra Cámara pide también la convocatoria, deben hacerlo los respectivos Presidentes. En estas sesiones sólo
deben tratarse los asuntos motivo de la convocatoria, y en la primera de ellas las Cámaras se pronuncian sobre su pertinencia.
Cada Cámara sesiona con la presencia de la mitad más uno de sus miembros. Puede realizar sesiones en minoría al sólo efecto de
acordar medidas para compeler a los inasistentes.
Ambas Cámaras empiezan y concluyen sus sesiones simultáneamente. Mientras dure el período ordinario. ninguna de ellas puede
suspenderlas por más de tres días hábiles sin el consentimiento de la otra.
Es facultad de cada Cámara designar comisiones para investigar actividades que comprometan el interés general. Puede en tal
sentido fiscalizar o investigar en cualquier dependencia de la Administración Pública Provincial, sea cual fuere su naturaleza o
entidades privadas cuando estuvieren comprometidos intereses del Estado, y pronunciarse en cuanto a lo fiscalizado o investigado.
En ningún caso se debe interferir en el área de atribuciones de los otros poderes ni afectar los derechos y garantías individuales.
Para practicar allanamientos se debe requerir la autorización del Juez competente. Corresponde a toda la administración
centralizada y descentralizada o sociedades en que participe la Provincia, responder por escrito los requerimientos e informes de
cada Cámara o Comisiones.
Cada Cámara puede hacer venir a su sala a los Ministros del Poder Ejecutivo para pedirles los informes y explicaciones que estime
conveniente. A tal efecto debe citarlos con indicaciones de los puntos sobre los cuales deben informar, con anticipación no menor
de diez días. Esta facultad puede ejercerse aún cuando se trate de sesiones de prórroga o extraordinarias. El titular del Poder
Ejecutivo puede concurrir cuando estime conveniente en reemplazo del o los Ministros interpelados.
Cada Cámara dicta y se rige por un reglamento especial y nombra a su mesa directiva, con excepción de quien ha de desempeñar la
Presidencia del Senado, cargo que le corresponde al Vice-Gobernador de la Provincia.
Cada Cámara prepara su presupuesto, el que debe considerarse por la Legislatura con el presupuesto general y establece la forma
de nombramiento de sus empleados.
En los casos en que la Legislatura procede como Juez o cuerpo elector, no puede reconsiderar sus resoluciones aunque sea en la
Las sesiones de cada Cámara son públicas a menos que la gravedad o naturaleza de los asuntos a tratar, exijan hacerlas secretas y
así lo resuelva el cuerpo, por mayoría de los dos tercios de sus miembros presentes.
Los miembros de cada Cámara no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o votos que
emiten en el desempeño de sus mandatos. Todo agravio, cualquiera sea su naturaleza y forma, dirigido contra un miembro de las
Cámaras dentro o fuera de ellas, por causa de sus votos u opiniones en el ejercicio de sus funciones y en razón del cumplimiento de
sus deberes de legislador, es ofensa a la misma Cámara y debe ser reprimida conforme a la ley.
Ningún miembro de las Cámaras puede ser arrestado desde el día de su elección hasta el de su cese, excepto en el supuesto de ser
sorprendido en flagrante ejecución de un hecho ilícito doloso, que merezca pena privativa de la libertad. En este caso, el Juez que
ordene la detención, da cuenta dentro de los tres días a las Cámaras con la información sumaria del hecho. La Cámara
correspondiente al conocer el sumario puede, allanar el fuero del arrestado por mayoría absoluta de sus miembros, debiendo
considerarse allanado de hecho, si la Cámara no hubiere resuelto el caso dentro de los cinco días siguientes al que recibió el
sumario. Para no hacer lugar al allanamiento, se requiere mayoría absoluta de votos presentes, en cuyo caso el detenido es puesto
inmediatamente en libertad. Cuando se formule denuncia criminal ante la Justicia contra un diputado o senador, examinado el
mérito de la misma en la sesión inmediata a aquélla en que se da cuenta del hecho, la Cámara correspondiente con los dos tercios
de votos de la totalidad de sus integrantes puede suspender en sus funciones al denunciado y dejarlo a disposición del Juez
competente para su juzgamiento.
Los legisladores gozan de una dieta determinada por la Ley que no puede ser aumentada sino por sanción de dos tercios de ambas
Cámaras. Debe pagarse según la asistencia.
Cada Cámara es único y exclusivo juez de la validez de la elección, derechos y títulos de sus miembros. Al recibirse del cargo,
prestan éstos juramento.
Cada Cámara, con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, corrige a cualquiera de ellos con multas o suspensiones por
desórdenes de conducta en ejercicio de sus funciones o reiteradas inasistencias injustificadas; pudiendo excluirlos de su seno por
inhabilidad física o moral sobreviniente o cuando las inasistencias referidas alcancen a más de un tercio de las sesiones.
Toda ley puede tener principio en cualquiera de las Cámaras, excepto aquéllas cuya iniciativa se confiere privativamente a la de
Aprobado un proyecto por la Cámara de origen, pasa para su revisión a la otra y si ésta también lo aprueba, se remite al Poder
Ejecutivo para su promulgación o veto.
Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras, puede repetirse en las sesiones del mismo. año. Pero si sólo
es adicionado o corregido por la Cámara revisora, vuelve a la de su origen y, si en ésta se aprueban las adiciones o correcciones por
mayoría absoluta, pasa al Poder Ejecutivo. Si las adiciones o correcciones son desechadas, vuelve por segunda vez el proyecto a la
Cámara revisora; y si aquí fuesen sancionadas nuevamente por una mayoría de dos tercera partes de sus miembros presentes, pasa
el proyecto a la otra Cámara y no se entiende que ésta reprueba dichas adiciones o correcciones, sino concurre para ello el voto de
las dos terceras partes de sus miembros presentes.
El Poder Ejecutivo debe promulgar los proyectos de ley sancionados, dentro de los diez días hábiles de su recepción, salvo que
durante dicho plazo los devolviere con objeciones a la Legislatura. Si transcurrido tal plazo el proyecto no ha sido promulgado ni
vetado, se tiene por ley de la Provincia.
Si antes del vencimiento de los diez días tiene lugar la clausura de las sesiones de las Cámaras, el Poder Ejecutivo debe igualmente
dentro de dicho término devolver el proyecto vetado a la secretaria de la Cámara que lo ha remitido, sin cuyo requisito no tiene
efecto al veto.
Devuelto un proyecto por el Poder Ejecutivo es considerado primero por la Cámara de origen, pasando luego a la revisora y si
ambas insisten en la sanción, con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes, el proyecto es ley y el Poder Ejecutivo está
obligado a promulgarlo. Si se aceptan por mayoría en ambas Cámaras las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo, el
proyecto queda convertido en ley. No existiendo los dos tercios para la insistencia, ni mayoría para aceptar las modificaciones
propuestas, no puede repetirse el proyecto en las sesiones del mismo año. Vetada en parte la ley por el Poder Ejecutivo, éste solo
puede promulgar la parte no vetada, si ella tiene autonomía normativa y no afecta la unidad del proyecto.
Si un proyecto de ley observado vuelve a ser sancionado en uno de los dos períodos subsiguientes, el Poder Ejecutivo no puede
observarlo de nuevo y está obligado a promulgarlo como ley.
En cualquier período de sesiones, el Poder Ejecutivo puede enviar a la Legislatura proyectos con pedido de urgente o muy urgente
tratamiento. Los primeros deben ser considerados dentro de los sesenta días de su recepción por la Legislatura, correspondiendo la
mitad de tal plazo para que se expida cada Cámara. Para la consideración y resolución de los proyectos de muy urgente
tratamiento, la Legislatura tiene treinta días corridos contados desde su recepción, de los cuales corresponden quince días para cada
una de las Cámaras. Estos plazos pueden ser ampliados hasta en cinco días por cada Cámara, requiriéndose para ello el voto
favorable de la mayoría de sus miembros. La solicitud de tratamiento de urgente o muy urgente de un proyecto, puede ser hecha
después de su remisión a la Legislatura y en cualquier etapa de su trámite, aún cuando ésta esté tratando o tenga pendiente el
tratamiento de su veto total o parcial por el Poder Ejecutivo. Se tienen por aprobados todos los proyectos a los que se le hubiere
impuesto cualquiera de los trámites de urgencia previstos por este artículo y que no sean expresamente considerados y resueltos
dentro de los plazos establecidos. Por el voto afirmativo de los dos tercios de los miembros de las Cámaras puede cambiarse la
calificación de trámite urgente a muy urgente y viceversa. Por idéntica mayoría pueden ser dejados sin efecto tal tipo de trámites,
en cuyo caso se aplica a los proyectos el trámite ordinario. No puede darse ninguno de los trámites previstos en este artículo al
proyecto de Ley de Presupuesto.
El Proyecto de Ley de Presupuesto es tratado por la Legislatura dentro de los setenta días corridos, a contar desde el momento de
su recepción en la Cámara de origen, correspondiendo de tal plazo treinta y cinco días para cada una de las Cámaras. Desechado un
proyecto por la Legislatura, para resolver el nuevo que se envía, cada Cámara tiene veinte días. El proyecto de presupuesto que no
se resuelva dentro de los anteriores plazos, se tiene por aprobado.
En la sanción de las leyes se usa la siguiente fórmula: "El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de San Luis sancionan
con fuerza de ley".
Las sesiones de la Asamblea general son presididas por el vicegobernador. En su defecto y en el siguiente orden, por el Presidente
Provisional del Senado, el Presidente de la Cámara de Diputados, o el Senador de mayor edad.
2) Aprobar o desechar los tratados que el Poder Ejecutivo acuerde con el Estado Nacional, otras provincias, Municipios del País,
Estados extranjeros u organismos internacionales, acorde a la Constitución Nacional y disposiciones de esta Constitución.
3) Establecer impuestos y contribuciones de acuerdo a lo prescripto por esta Constitución. Las leyes impositivas que sean de plazo
determinado, mantienen su vigencia aún vencido éste, hasta la sanción de las nuevas.
4) Sancionar el Presupuesto General de gastos y cálculo de recursos de la Administración Pública. En ningún caso las Cámaras
pueden votar aumentos de gastos que excedan el cálculo de recursos.
5) Aprobar, observar o rechazar anualmente antes del 31 de julio las cuentas de inversión que abarquen la gestión del gobierno
provincial correspondiente al ejercicio anterior.
7) Dictar leyes protectoras del trabajo y sobre inmigración, construcción de vías de transporte, población, colocación e
introducción de nuevas artes e industrias.
8) Dictar la Ley General de Educación, que contemple los principios básicos sobre los cuales organiza la educación pública esta
Constitución, y crear los organismos pertinentes. Legislar asimismo, sobre cultura, ciencia y técnica.
9) Determinar las formalidades con que se ha de llevar el Registro del estado civil y establecer las divisiones territoriales para los
efectos electorales, judiciales, municipales y administrativos.
11) Autorizar la reunión y movilización de la milicia o parte de ella en los casos permitidos por la Constitución Nacional y aprobar
o desaprobar la movilización que en cualquier tiempo hiciere el Poder Ejecutivo sin autorización previa.
12) Calificar los casos de expropiación por causa de utilidad pública y autorizar la ejecución de las obras exigidas por el interés de
13) Crear y suprimir empleos para la mejor administración de la Provincia determinando sus atribuciones, responsabilidad y
14) Autorizar la fundación y radicación de bancos en la Provincia, especialmente los cooperativos y de fomento minero, agrarios e
industriales con arreglo a la Constitución y legislación nacional.
15) Autorizar la celebración de contratos sobre empréstitos de dinero basados en el crédito de la Provincia u otros de utilidad
19) Efectuar el Juicio Político al gobernador, vicegobernador y demás funcionarios que corresponda, con arreglo a las
disposiciones de esta Constitución.
21) Dictar todas las demás leyes convenientes y necesarias para poner en ejecución los mandatos, principios, poderes y autoridades
constitucionales, como las de trabajo, policía, municipalidad, judicial, de imprenta y responsabilidad civil de los empleados y
funcionarios, no sujetos a Juicio Político ni a Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
22) Dictar todas aquellas leyes necesarias para el mejor desempeño de las anteriores atribuciones y para todo asunto de interés
público y general de la Provincia, que por su naturaleza y objeto no corresponda privativamente al Congreso de la Nación, ni fuere
atribución propia de los otros poderes del Estado Provincial o Nacional.
El Poder Ejecutivo de la Provincia es ejercido por un gobernador y en su defecto por un vicegobernador, elegido de la manera
prescripta en este capítulo y según las condiciones que se establecen.
1) Ciudadanía por nacimiento en el territorio argentino, o por ser hijo de ciudadano nativo, si ha nacido en país extranjero y optado
3) Domicilio real en la Provincia durante los dos años inmediatamente anteriores a la elección, los nacidos en ella; o de cuatro años
para los nacidos fuera de su territorio, debiendo estar inscriptos en el padrón electoral de la misma por igual período que el de la
residencia. El desempeño de funciones públicas fuera de la Provincia en cumplimiento de representaciones otorgadas por ella o por
la Nación, no interrumpe la condición de residente.
El gobernador y vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones, contados desde el día en que prestan juramento
y pueden ser reelectos.
El gobernador y vicegobernador cesan en sus respectivos mandatos el mismo día en que expira su período legal, sin que hecho
alguno que lo haya interrumpido pueda ser motivo para que lo complete más tarde o para su prórroga.
El gobernador reside en la Capital de la Provincia y no puede ausentarse de ella por más de quince días continuos sin permiso de la
En el receso de la Legislatura puede el gobernador ausentarse de la Provincia por asuntos de interés públicos, por más de quince
días continuos, debiendo dar cuenta en la primera sesión ordinaria posterior a su regreso, sobre las razones que lo motivaron.
Si el ciudadano que ha sido electo gobernador fallece o no puede ocupar el cargo por impedimento definitivo, antes de acceder al
mismo, se procede de inmediato a una nueva elección. Si el día que deba cesar el gobernador saliente no esté proclamado el nuevo,
ocupa el cargo el vicegobernador electo, mientras dure esa situación.
El vicegobernador reemplaza al gobernador por el resto del período legal, en caso de fallecimiento, destitución y renuncia o hasta
que haya cesado la inhabilidad temporal en los casos de enfermedad, suspensión o ausencia. Si la inhabilidad o ausencia temporaria
son simultáneas del gobernador y vicegobernador, ejerce el Poder Ejecutivo hasta que cesen tales causales para alguno de ellos, el
Presidente Provisional del Senado o, en su defecto, el Presidente de la Cámara de Diputados.
En caso de impedimento definitivo o renuncia del gobernador y del vice-gobernador y, restando más de dos años para concluir el
período de gobierno, quien ejerce el Poder Ejecutivo convoca para elección de gobernador y vicegobernador a fin de completar el
período, dentro de cinco días desde la fecha en que asumió sus funciones, la que debe realizarse en un período no mayor de sesenta
días corridos. Si faltan menos de dos años, pero más de tres meses para cumplirse el período de gobierno, la elección de
gobernador la efectúa la Asamblea Legislativa de su seno, por mayoría absoluta de votos en primera votación y a simple pluralidad
en la segunda. El electo completa el período de aquél a quien sucede.
Al tomar posesión del cargo el gobernador y el vicegobernador prestan ante la Legislatura o el Superior Tribunal en su caso, el
siguiente juramento:
"Yo N.N juro por Dios y la Patria cumplir y hacer cumplir la Constitución, leyes de la Nación y de la Provincia y desempeñar con
lealtad y honradez el cargo de que se me inviste. Si así no lo hiciere, Dios y la Patria me lo demande".
El ciudadano que accede al Poder Ejecutivo tiene el título de Gobernador de la Provincia de San Luis, y recibe el tratamiento de
Señor Gobernador. El que detenta ilegítimamente este cargo violando la Constitución, no puede usar aquel título ni recibir el
tratamiento mencionado.
El gobernador y el vicegobernador gozan desde el acto de su elección e inter dure su mandato de las mismas inmunidades que los
Sin perjuicio de otras restricciones que surjan de esta Constitución al que ejerce el Poder Ejecutivo, le está absolutamente
El despacho de los negocios administrativos de la Provincia está a cargo de ministros, cuyo número, rango y funciones es
determinado por ley especial, a iniciativa del Poder Ejecutivo.
En caso de licencia o impedimento accidental de alguno de los ministros, el Poder Ejecutivo encarga a otro el desempeño
correspondiente a su cartera, por un término que no exceda de tres meses.
Para ser ministro se requieren las mismas condiciones que para ser diputado, excepto la exigida en el Inc. 3 del art. 104 de esta
Los ministros presentan a la Legislatura, por intermedio del Poder Ejecutivo, una memoria o informe sobre los negocios de sus
respectivos departamentos dentro de los treinta días siguientes a la apertura de sus sesiones ordinarias, indicando en ellos las
reformas y proyectos que aconsejan la experiencia y el estudio.
Los ministros despachan de acuerdo con el gobernador y refrendan con su firma las resoluciones del mismo, sin cuyo requisito son
ineficaces y nulas.
Los ministros son solidariamente responsables con el gobernador de las órdenes o actos que legalizan. No pueden por sí solos
adoptar resoluciones salvo las de mero trámite y las concernientes al régimen interno de sus respectivos departamentos.
Los ministros pueden concurrir a las sesiones de la Legislatura, tomar parte de sus debates y llevar las opiniones del Poder
Ejecutivo respecto de cualquier proyecto de ley, sea que hubiere nacido de éste o de la Legislatura. Tienen al efecto los mismos
derechos e inmunidades que los diputados, excepto el voto.
Los ministros al recibirse del cargo, prestan juramento ante el gobernador de desempeñarlo fielmente arreglo a los preceptos de
Los ministros gozan de sueldo y de los gastos de representación establecidos por ley. No pueden desempeñar otro empleo,
profesión u oficio, ni percibir otro emolumento, directa o indirectamente dentro o fuera de la Provincia.
Cuando por falta de ministros algún empleado es autorizado por el Poder Ejecutivo para refrendar las firmas del gobernador, debe
ser el de mayor jerarquía administrativa dentro de los ministerios y es solidariamente responsable con éste por todo lo que autoriza.
No puede concurrir a las Cámaras Legislativas, pero si a sus comisiones, a fin de suministrar y dar las explicaciones que se pidan.
El gobernador es el jefe de la Administración General de la Provincia, representa a ésta, ante los poderes nacionales y provinciales,
y tiene las siguientes atribuciones y deberes:
1) Promulga y ejecuta las leyes de la Provincia, dictando al efecto decretos, reglamentos y disposiciones especiales que no alteren
su espíritu. Las leyes son reglamentadas si corresponde, en el plazo que ellas establecen y si no lo han fijado dentro de los ciento
ochenta días de promulgada. Si vencido ese plazo no se las ha reglamentado debe hacerlo la Legislatura si corresponde por el
procedimiento para la formación de las leyes y no pueden ser vetadas ni reglamentadas nuevamente. En ningún caso la falta de
reglamentación de las leyes pueden privar a los habitantes de los derechos que en ellas se consagran.
3) Veta los proyectos de ley sancionados por la Legislatura, en todo o en parte dentro de los diez días, expresando en detalle los
fundamentos del veto; si no lo hace se consideran promulgados. Pero si aquellos se sancionan nuevamente en uno de los dos
períodos subsiguientes, el Poder Ejecutivo no puede vetarlos.
4) Ordena la recaudación de los tributos y rentas de la Provincia debiendo los funcionarios encargados de aquella, ejecutar el cobro
5) Prorroga las sesiones ordinarias de la Legislatura o la convoca a sesiones extraordinarias cuando algún asunto de interés público
lo requiera, sin perjuicio del derecho de aquella, una vez reunida para apreciar la necesidad de la medida.
6) Presenta a la Legislatura antes del treinta y uno de agosto el presupuesto de gastos y cálculo de recursos de la Provincia y el
pertinente plan de obras públicas.
8) Informa por un mensaje, en la apertura de las sesiones ordinarias a la Asamblea Legislativa, sobre el estado general de la
administración, indicando aquellas medidas o leyes que fueren necesarias para el mejoramiento, progreso económico y político de
9) Interviene en la designación y remoción de funcionarios en los casos y modos que esta Constitución o las leyes establecen. Los
que son removidos con el acuerdo del Senado, en su receso, el Poder Ejecutivo puede suspenderlos por causas justificadas dándole
cuenta en el primer mes de sesiones para la confirmación o desaprobación de la medida, quedando en el primer caso separados de
10) Designa y remueve a los ministros y empleados de la administración pública cuyos nombramientos no requieren el acuerdo del
Senado y no estén confiados a otros poderes, expide títulos y despachos a los que nombra.
11) Estando reunido el Senado, la propuesta de nombramiento para los cuales se requiere acuerdo, se hace dentro de diez días de
ocurrida la vacante, no pudiendo insistir sobre un candidato rechazado durante ese año conforme a esta Constitución.
12) Provee interinamente los cargos que requieren acuerdo del Senado y aquellos para los cuales no se hubiesen prestado el
acuerdo pedido oportunamente. En esos casos, da cuenta a la Legislatura en el primer mes de las sesiones ordinarias con la
solicitud de acuerdo para los nombramientos en propiedad. Dichos nombramientos no pueden recaer en personas respecto a las
cuales hubiere el Senado negado su acuerdo para el mismo cargo, en el corriente período legislativo.
13) Propone a la Legislatura la concesión de primas o recompensas de estímulo con arreglo a lo que dispone el Art. 82 de esta
14) Celebra contratos con particulares para la construcción de obras u otro objeto de utilidad pública con sujeción a esta
Constitución y las leyes que rigen sobre la materia. Cuando tales inversiones no hubieren sido previstas oportunamente, deben ser
comunicadas al Poder Legislativo para su aprobación; tratándose de suministros, solo para su conocimiento.
15) Celebra y firma tratados con la Nación, las provincias, municipios, entes del derecho público y privado, nacionales o
extranjeros, para fines de utilidad común, especialmente de materia cultural, educacional, económica, salud y administración de
justicia, con aprobación legal en los casos que corresponda. En los supuestos del Art. 107 de la Constitución Nacional se efectúa la
pertinente comunicación al Congreso Nacional.
16) Moviliza las milicias de la Provincia durante el receso de la Legislatura, en caso de invasión exterior u otro peligro que no
admita dilación dándole cuenta oportunamente de ello. Durante las sesiones en casos urgentísimos puede usar la misma atribución
dando inmediata cuenta de la medida. En ambos casos se da conocimiento al gobierno nacional.
18) Indulta, conmuta o reduce las penas impuestas por delitos sujetos a jurisdicción provincial, previo informe del Superior
Tribunal de Justicia y de los organismos técnicos penitenciarios sobre las circunstancias del caso, oportunidad y conveniencia del
indulto, conmutación o rebaja con arreglo a la ley reglamentaria que determina los casos y las formas en que se pueden ser
solicitados, excepto cuando se trate de delitos contra los derechos humanos, en especial desaparición forzada de personas y/o
torturas, siempre que tengan motivación determinante de naturaleza político- ideológica. Esa facultad tampoco se podrá ejercer
para enervar los efectos de los pronunciamientos dictados por el Jurado de enjuiciamiento o Tribunal de Juicio Político y de
aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos con motivo de sus funciones electorales, o los cometidos contra la Legislatura
y el Poder Judicial y/o sus miembros.
22) Inspecciona todos los establecimientos de la Provincia, vela por su administración, pide informe a las oficinas públicas e
inspecciona las asociaciones civiles y comerciales, con arreglo a la ley.
25) Decreta la inversión de las rentas con arreglo a las leyes; debe publicar mensualmente el estado de tesorería, dentro de los
treinta días posteriores a su cierre.
El Contador General es nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado y dura cuatro años en el ejercicio de sus
funciones, pudiendo ser renombrado.
Para ser Contador General de la Provincia se requiere poseer título universitario inherente al cargo, cinco años de ejercicio
profesional o desempeño de cargo que requiere tal condición y veinticinco años de edad. Sus responsabilidad, funciones, forma de
remoción y sus causas, son determinadas por la ley respectiva.
El gobernador y vicegobernador son elegidos directamente por el pueblo de la Provincia, en distrito único y a simple pluralidad de
Dentro de los diez días siguientes a la elección, el Tribunal Electoral practica el escrutinio definitivo en sesión pública,
comunicando su resultado a los poderes constituidos y a los electos.
La Legislatura analiza los motivos de dimisión del o los electos y decide al respecto, comunicando el hecho en su caso al Poder
Ejecutivo, para que proceda a una nueva convocatoria.
Las atribuciones conferidas en los artículos 173 y 275, son ejercidas por el Superior Tribunal de Justicia, si quienes tienen facultad
para hacerlo, no las han ejercitado por cualquier causa, hasta diez días antes de expirar el período del gobernador y vicegobernador.
Aprobada la elección, la Justicia Electoral o el Superior Tribunal en su caso, lo comunica a los Poderes Públicos y a los electos
fijando día para que se les reciba juramento. Si la elección es desaprobada le comunica al Poder Ejecutivo para que haga nueva
El gobernador y el vice-gobernador deben recibirse del cargo el mismo día en que se termine el mandato del saliente, so pena de
considerárselos dimitentes, si no lo hacen con justa causa calificada por la Legislatura o por el Superior Tribunal en su defecto.
Si la elección del gobernador no tiene lugar, o no se recibe el electo por cualquier causa, el Poder Ejecutivo es ejercido en la forma
establecida en esta Constitución.
El gobernador, vicegobernador, ministros del Poder Ejecutivo y demás funcionarios que determina esta Constitución pueden ser
denunciados por cualquier ciudadano ante la Legislatura, por incapacidad física o mental sobreviniente, por delitos dolosos
cometidos fuera de sus funciones o por delitos en el desempeño de ellas o mal desempeño del cargo.
A los efectos del juicio político, existe una cámara acusadora que es la de Diputados y una de sentencia que es la de Senadores.
Tanto los diputados, antes de declarar la admisibilidad formal del juicio político a que se refiere el inc. 1 del artículo siguiente,
como los senadores al momento de recibir la acusación de la Comisión respectiva, deben prestar juramento especial para este
1) Interpuesta la denuncia, se constituye una comisión especial de cinco miembros dentro de la Sala Acusadora, respetándose en su
integración la composición política de la Cámara.
2) La Comisión señalada tiene las más amplias facultades de investigación en relación con los hechos materia de la denuncia. Debe
emitir dictamen expidiéndose por la formación o no del juicio político y elevarlo a la Cámara de Diputados dentro del plazo de
3) Reunida la Cámara de Diputados en sesión especial analiza las conclusiones de la Comisión Investigadora. Para la formulación
de la acusación se requiere los dos tercios del total de sus miembros, por votación nominal. En caso contrario dispone el archivo de
las actuaciones. El funcionario acusado en su caso, queda provisionalmente suspendido en el ejercicio del cargo.
4) Para el supuesto de la acusación, la Sala acusadora dispone la formación de una Comisión compuesta de tres miembros de su
seno. En caso de existir abogados, entre sus componentes, procede a designar por lo menos uno de ellos. Esta Comisión debe
sostener la acusación ante la Cámara de Sentencia para lo cual prestan juramento ante la misma, de desempeñar fielmente el cargo
5) La Comisión acusadora, dentro de los diez días de su designación y prestado que hubiere el juramento, debe formular por escrito
la acusación ofreciendo la prueba que estime pertinente.
6) Formulada la acusación, la Cámara de Sentencia corre traslado de ella al acusado por igual plazo que el consignado en el inciso
anterior. Este a su vez presenta su defensa por escrito y ofrece su prueba en la misma forma establecida para la acusación.
7) Dentro de los diez días de recibida la defensa, la Cámara de Sentencia admite o no la prueba ofrecida por auto fundado y
dispone su reducción respetando el principio de oralidad y contradicción. A tal fin, fija para un plazo no mayor de treinta días la
audiencia pública donde se recibe toda la prueba y, oraliza la documental y pericial.
8) En la audiencia de que se habla en el inciso anterior, al concluir la recepción de la prueba, se formulan los alegatos de acusación
y defensa. Acto seguido el Tribunal pasa a deliberar.
9) La sentencia debe dictarse dentro de los quince días por votación nominal y fundada de cada uno de los miembros de la Cámara
de Senadores, los que se pronuncian por la destitución o no del acusado. Para la destitución se requieren los dos tercios del total de
sus miembros. Las deliberaciones pueden realizarse en sesiones secretas, pero el fallo por el cual se haga o no lugar a la
destitución, se lee íntegramente en la audiencia pública.
Cuando se acusa al gobernador y/o vicegobernador, la Cámara de sentencia es presidida por el Presidente del Superior Tribunal de
Justicia, quien tiene voto en el caso de empate.
El juicio político queda terminado necesariamente dentro de los ciento veinte días, contados a partir desde que se integre la
Comisión Acusadora a la que se alude en el Art. 182 - Inc. 4. de esta Constitución. Pasado ese término sin que haya sentencia, se
declara la nulidad de lo actuado y su archivo.
La Legislatura dicta una ley de procedimiento para esta clase de juicios, contemplando todo aquello que no lo fue por esta
Constitución, respetando los principios de oralidad, publicidad, contradicción y defensa en juicio.
El Poder Judicial tiene todo el imperio necesario para mantener su inviolabilidad funcional e independencia de los otros Poderes
En ningún caso el Poder Ejecutivo, ni el Poder Legislativo pueden ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de las
causas pendientes o restablecer las fenecidas.
El Poder Judicial de la Provincia es ejercido por un Superior Tribunal de Justicia, integrado por cinco o más miembros, y por los
demás tribunales inferiores y jurados que la ley establezca. El Ministerio Público es órgano del Poder Judicial y es ejercido por el
Procurador General, Fiscales de Cámara, Agentes Fiscales y Defensores, en el modo y la forma que la ley determine.
Los magistrados judiciales gozan de una retribución mensual y, no puede ser disminuida salvo los descuentos previsionales y de
carácter general, mientras permanecen en sus funciones. La retribución es establecida por ley y, en ningún caso, un miembro del
Superior Tribunal de Justicia, cobra una retribución inferior a la que perciba el funcionario mejor remunerado del Estado
Provincial, salvo el titular del Poder Ejecutivo.
Prohíbese a los jueces y demás miembros del Poder Judicial intervenir en política de cualquier modo salvo la emisión del voto;
practicar juegos de azar o concurrir a locales exclusivamente destinados a ello, o ejecutar acto alguno que comprometa la
imparcialidad y la dignidad del cargo. El quebrantamiento de esta prohibición se considera caso flagrante de mal desempeño que
los hace pasibles de enjuiciamiento.
No pueden ser simultáneamente miembros del Superior Tribunal de Justicia ni de las Cámaras, los parientes dentro del cuarto
grado de consanguinidad y segundo de afinidad y, en caso de parentesco sobreviviente el que lo cause abandona el cargo. Tampoco
pueden conocer en asuntos que hayan sido resueltos por jueces o conjueces con quienes estuvieran ligados por el parentesco ante
La administración de Justicia se rige por una ley especial que deslinda las atribuciones y competencias respectivas de los
Tribunales con arreglo a esta Constitución, y marca el orden de los procedimientos.
Los miembros del Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General, son elegidos por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del
Senado. Los Magistrados de los Tribunales Inferiores y los funcionarios del Ministerio Público, son propuestos en terna por el
Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y éste designa a uno de ellos con acuerdo de la Cámara de Senadores. Si se rechaza
la propuesta por cualquiera de los poderes, es remitida por el Consejo de la Magistratura una segunda terna, en cuyo caso el
rechazado por el Senado, no puede integrarla. La designación en este último supuesto debe indefectiblemente efectuarse entre la
segunda propuesta remitida.
El Consejo de la Magistratura está integrado por: un miembro del Superior Tribunal, que lo preside; un magistrado o miembro del
Ministerio Público por cada una de la circunscripciones judiciales; dos legisladores provinciales, abogados si los hubiere; un
abogado por cada circunscripción judicial en ejercicio de la profesión, inscripto en la matrícula de la Provincia, domiciliado en ella
y que reúna las condiciones para ser miembro del Superior Tribunal de Justicia y un Ministro del Poder Ejecutivo.
4) Los abogados mediante elección directa, secreta y obligatoria, practicada entre los inscriptos y habilitados para el ejercicio de la
profesión, de cada circunscripción judicial y bajo el control de las entidades de ley que tienen a su cargo la matrícula en cada una
5) El ministro por designación del Poder Ejecutivo. En la misma forma son elegidos igual número de suplentes. El ejercicio de la
función constituye carga pública y el mandato dura dos años pudiendo ser reelectos, con excepción de los mencionados en los
incisos dos y cuatro del presente artículo.
1) Proponer por terna al Poder Ejecutivo, el nombramiento y traslado de los magistrados judiciales y titulares del Ministerio
Público, que se especifican en el artículo 196 segunda parte.
2) Organizar y resolver los concursos de antecedentes merituando integralmente la personalidad del postulante, en función del
cargo a discernir.
Comunicada una vacancia por el Superior Tribunal de Justicia al Consejo de la Magistratura, éste debe proponer la terna respectiva
al Poder Ejecutivo, dentro de los sesenta días de recibida la comunicación.
Los magistrados y representantes del Ministerio Público son inamovibles y conservan sus cargos mientras dure su buena conducta
y observen fiel cumplimiento de sus funciones. La inamovilidad comprende el grado y la sede. No pueden ser trasladados ni
ascendidos sin su consentimiento. Solo pueden ser removidos en la forma y por las causales previstas en esta Constitución. Gozan
de las mismas inmunidades que los legisladores.
Los miembros del Superior Tribunal prestan juramento ante el Presidente de desempeñar fielmente el cargo. El Presidente, jueces y
demás funcionarios lo prestan ante el Superior Tribunal.
Los cargos de magistrados judiciales y funcionarios del Ministerio Público, son incompatibles con cualquier otro provincial o
nacional, excepto la docencia.
Toda ley que suprime juzgados se aplica cuando vacaren. La falta de requisitos constitucionales anula los nombramientos de los
magistrados y funcionarios del Poder Judicial.
El juicio oral, público, contradictorio y continuo, es obligatorio en todas las causas criminales por delitos graves, sin perjuicio de
que la ley lo establezca para los demás juicios.
Las sentencias que pronuncian los Tribunales y Jueces Letrados de la Provincia, deben ser fundadas en el derecho vigente. El juez
tiene el deber de mantener la supremacía constitucional, siendo el control de constitucionalidad una cuestión de derecho. El juez a
pedido de parte o de oficio, debe siempre verificar la constitucionalidad de las normas que aplica. El juez aplica el derecho con
prescindencia o en contra de la opinión jurídica de las partes, interpretando siempre la ley o doctrina con un criterio jurídico de
actualidad, de modo que su aplicación importe la realización de la justicia.
Los tribunales colegiados acuerdan en audiencia pública sus sentencias, fundando cada uno de sus miembros su voto por escrito,
según el orden que resulta del sorteo público previo. Para que exista sentencia, debe concurrir mayoría de opiniones en cada una de
las cuestiones esenciales sometidas a decisión.
Todo juicio o recurso es fallado dentro de los términos que fija la ley. Los magistrados que reiteradamente no fallen en término,
por morosidad u omisión, o impidan que los cuerpos colegiados de que forman parte fallen en término, incurren en causas
suficientes de remoción, en cuyo caso el Procurador General o Agentes Fiscales de oficio, las partes agraviadas y/o cualquier
abogado o procurador de la matrícula cuando lo estimen necesario, proceden a deducir acusación conforme a la ley, que establece
los plazos y califica la reiteración. El Procurador General y los Agentes Fiscales incurren en causal de remoción, si omiten la
obligación de acusar y pueden ser acusados a su vez por las partes agraviadas y/o cualquier abogado o procurador de la matrícula.
Semestralmente, el Superior Tribunal, remite a la Legislatura una reseña de las causas sentenciadas y en estado de sentencia que
hubieran radicado o radicaren en cada uno de los Juzgados de Primera Instancia, de Paz Letrado, Cámaras y el propio Superior
Tribunal, con indicación de la fecha en que quedó firme el llamamiento de autos, fecha de los votos individuales emitidos en caso
de Tribunales Colegiados y fecha de sentencia, así como una relación de los motivos de la demora en fallar.
1) Ejercer la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad e inconstitucionalidad de
las leyes, decretos y ordenanzas que estatuyan sobre materia regida por esta Constitución y se controvierta por parte interesada.
2) Conocer y resolver originaria y exclusivamente de las causas de competencia entre los poderes públicos de la Provincia, entre
éstos y municipalidades, en los conflictos internos de éstas, y en los que se susciten entre los juzgados de Primera Instancia o entre
uno de éstos y cualquier autoridad ejecutiva, con motivo de la jurisdicción respectiva.
3) Decidir en única instancia y en juicio pleno, de las causas contencioso-administrativa, previa denegación del reconocimiento de
los derechos que se gestionan. Habrá denegación tácita cuando no se resolviera definitivamente dentro de tres meses de estar el
expediente en estado de decisión. En las causas contencioso-administrativas el Superior Tribunal tiene la facultad de mandar
cumplir directamente sus sentencias por las oficinas y empleados respectivos, si la autoridad administrativa no lo hiciera dentro de
los sesenta días de notificada. Los empleados a que alude este artículo son responsables por falta de cumplimiento de las
disposiciones del Superior Tribunal.
4) Conocer y resolver en las demandas o recursos de revisión de causas criminales fenecidas, cualquiera que sea la pena impuesta
en los casos que establezca la ley procesal.
7) Conocer en los recursos de queja por denegación o retardo de justicia de los tribunales inferiores con sujeción a la forma y
trámite que la ley de procedimientos establezca.
2) Nombrar previo concurso público y, trasladar y remover previo sumario, los empleados subalternos de la administración de
4) Fijar el presupuesto del Poder Judicial y remitirlo en su oportunidad al Poder Ejecutivo, para que éste lo incorpore al proyecto de
5) Ejercer la superintendencia de toda la administración de justicia, siendo a su cargo velar por el buen servicio de la misma y
exacto cumplimiento de los deberes de sus empleados.
6) Conceder licencia a los magistrados, funcionarios o empleados del Poder Judicial y nombrar sus reemplazantes, conforme a la
reglamentación vigente. Proveer con carácter provisorio toda vacante de magistrado que se produzca.
7) Proponer a la Legislatura cuanto estime corresponder en lo referente a la administración de justicia, pudiendo designar a alguno
de sus miembros para que concurra al seno de las comisiones legislativas a fundar el proyecto o aportar datos e informes relativos
10) Comunicar en forma inmediata a los Poderes Ejecutivo, Legislativo y a las municipalidades, sus pronunciamientos sobre
inconstitucionalidad de las leyes, decretos y ordenanzas.
11) Organizar la escuela de especialización para magistrados, nombrando el personal de la misma. Establecer y dirigir las escuelas
e institutos de capacitación del personal judicial.
12) Pasar anualmente al Poder Legislativo una memoria sobre el estado de la administración de Justicia e indicar las reformas de
procedimientos y organización de los tribunales que crea conveniente.
Una vez que en el orden nacional se establezca el juicio por jurados, el Poder Legislativo dictará las leyes necesarias para el
funcionamiento de esa institución en la Provincia.
El Poder Judicial dispone de la fuerza pública para el cumplimiento de sus decisiones. El Poder Legislativo propende a la creación
y estructuración de la policía judicial, integrada por personal con capacitación técnica, exclusivamente dependiente del Poder
Los Tribunales de la Provincia deben informar y publicar periódicamente las causas que pasen a estado de sentencia consignando
la fecha en que los autos quedan a disposición del tribunal para su resolución. De la misma forma deben hacer conocer las causas
que han sido sentenciadas. La ley reglamenta la forma en que se cumplen estas obligaciones.
La ley puede organizar un sistema de percepción de gravámenes por el propio Poder Judicial, tendiente a acordarle plena
autonomía financiera, económica y funcional.
El Poder Legislativo establece Juzgados de Paz en toda la Provincia, teniendo en cuenta sus divisiones administrativas, su
extensión territorial y su población. La Justicia de Paz Letrada se establece en la Capital y en los demás distritos que la ley
determina. Esta les fija la jurisdicción y competencia.
Los Jueces de Paz no Letrados son nombrados por el Superior Tribunal, a propuesta en terna de las municipalidades y directamente
donde no las hubiere.
Los Jueces de Paz Legos duran tres años en el ejercicio de sus funciones, solo pueden ser removidos por el Superior Tribunal de
Justicia, si concurren las causas enumeradas en el artículo N. 234.
Para ser Juez de Paz Lego se requiere, ser ciudadano argentino, mayor de edad, vecino del partido y haber cursado estudios
completos de nivel medio.
Los Jueces de Paz Legos son funcionarios exclusivamente judiciales y agentes de los tribunales de justicia y su jurisdicción,
competencia y procedimiento son determinados por ley.
Los magistrados judiciales y los integrantes del Ministerio Público, pueden ser acusados ante el Jurado de Enjuiciamiento por mal
desempeño de sus funciones, incapacidad física o mental sobreviniente, faltas graves o la comisión de delitos comunes. La acción
es pública y puede ser ejercida por cualquier persona; por el Superior Tribunal de Justicia, el Ministerio Público y Colegios de
Abogados de la Provincia. El Jurado está presidido por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia y constituido por nueve
miembros: tres diputados, abogados si los hubiere, tres abogados de la matrícula que reúnan los requisitos para ser miembros del
Superior Tribunal de Justicia, y tres magistrados judiciales incluido el Presidente del Superior Tribunal. Los miembros del Jurado y
sus respectivos suplentes son designados anualmente, por sorteo en acto público, de la siguiente manera: los diputados por la
Cámara respectiva; los magistrados de entre los integrantes del Superior Tribunal de Justicia y de las Cámaras, y los abogados, de
entre una lista de veinte letrados que confeccione el Colegio Forense de la Provincia en diciembre de cada año.
El cargo de miembro del Jurado es honorario e irrenunciable. El que sin causa justificada no se incorpore, falte a las sesiones, no
intervenga en el veredicto, o por su inasistencia impida el dictado del mismo, incurre en una multa igual al total de la retribución
mensual de un diputado y su monto es destinado a la biblioteca del Poder Judicial.
Interpuesta la denuncia y previa investigación sumaria el Jurado decide si hace o no lugar a la formación de la causa. Su resolución
termina el proceso si fuese negativo, en caso contrario, se sustancia el juicio.
Mientras se sustancia la causa, el Jurado debe disponer la suspensión con goce de medio sueldo del magistrado o funcionario
El Jurado pronuncia su veredicto con arreglo a derecho, dentro del término de treinta días desde que la causa queda en estado,
declarando al magistrado o funcionario acusado, culpable o no de los hechos imputados. En el primer caso es separado
definitivamente del cargo pudiendo inhabilitárselo para ejercer para cargos públicos con los alcances y efectos que estime
corresponder y queda sometido a los tribunales ordinarios si fuere procedente; en el segundo, continúa en el desempeño de su
cargo. El Jurado debe comunicar su veredicto a la autoridad correspondiente.
El juicio queda terminado necesariamente dentro de los noventa días hábiles desde que queda firme la resolución que ordenó la
formación de la causa. La suspensión del juicio o la falta de sentencia, causa instancia absolutoria por el sólo transcurso de los
términos establecidos, produciendo idénticos efectos a los fines de la restitución en el cargo que los previstos en el artículo
Además de los delitos y faltas de los funcionarios sujetos a la jurisdicción del Jurado de Enjuiciamiento que determine la ley
respectiva, son causales de remoción para los magistrados y miembros del Ministerio Público del Poder Judicial: la mala conducta,
la negligencia, el desconocimiento reiterado y notorio del derecho y la morosidad injustificada en el ejercicio de sus funciones.
4) Prever sanciones que corresponda aplicar en caso de denuncias manifiestamente infundadas o maliciosas. Juzgamiento de jueces
por delitos ajenos a sus funciones Artículo 233. Los jueces acusados de delitos ajenos a sus funciones son juzgados en la misma
forma que los demás habitantes de la Provincia, debiendo previamente pedirse la suspensión ante el Jurado.
El Superior Tribunal conoce y resuelve en las acusaciones que se entablen contra los demás funcionarios judiciales por delito,
faltas o negligencias en el ejercicio de sus respectivos cargos, siguiendo el procedimiento que fija la ley.
Se crea en jurisdicción del Poder Legislativo la Defensoría del Pueblo, cuyo objetivo fundamental es proteger los derechos e
intereses públicos de los ciudadanos y de la comunidad, frente a los actos, hechos u omisiones de la administración pública
provincial, o sus agentes, que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio,
negligente, gravemente inconveniente e inoportuno de sus funciones. Tiene, asimismo a su cargo la defensa de los intereses difusos
o derechos colectivos, que no pueda ser ejercida por persona o grupo en forma individual. Las actuaciones son gratuitas para el
administrado. La ley establece su forma de designación, requisitos, funciones, competencia, duración, remoción y procedimiento
de actuación del defensor del pueblo.
Para ser Fiscal de Estado se requieren las mismas condiciones que para los miembros del Superior Tribunal de Justicia. Es
nombrado por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, por el término de cuatro años. Puede ser removido de su cargo por el
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados conforme a las causales previstas en esta Constitución.
2) Es parte legítima y necesaria en los juicios contencioso- administrativos y en toda controversia Judicial y/o administrativa en
que puedan resultar afectados los intereses provinciales.
3) En su caso acciona ante quien corresponda, para que se declare la inconstitucionalidad de toda ley, decreto, carta municipal,
ordenanza, resolución o acto administrativo.
1) Examina y fiscaliza las cuentas de percepción, gastos e inversión de las rentas públicas provinciales, reparticiones autárquicas,
entes descentralizados y municipalidades, aprobándolas o desaprobándolas; en este último caso, determina los responsables, como
también el monto, las causas y los alcances respectivos.
2) Inspecciona a los efectos de las cuentas, los organismos provinciales y municipales que administran fondos, como así también
requiere la revisión de la documentación que estime pertinente.
Los fallos que emite hacen cosa juzgada en cuanto a si la percepción e inversión de fondos es hecha o no de acuerdo a esta
Constitución y las normas legales respectivas, siendo sólo susceptible de los recursos que la ley establece, por ante el Superior
Los fallos del Tribunal de Cuentas quedan ejecutoriados treinta días después de su notificación y las acciones a que den lugar se
ejercen por el Fiscal de Estado ante quien corresponda.
Está integrado por cinco miembros con título habilitante, tres de ellos en ciencias económicas y dos en abogacía, inscriptos en sus
respectivas matrículas, tener veinticinco años de edad y cinco años en el ejercicio de la profesión o en el desempeño de un cargo
que requiera tal condición.
1) Tres de ellos por la Cámara de Senadores a propuesta del Poder Ejecutivo, conservan sus cargos mientras dura su buena
conducta y cumplan las obligaciones legales conforme a las disposiciones de esta Constitución.
2) Los dos miembros restantes por la Asamblea Legislativa a propuesta, uno de la mayoría y el otro por la minoría. Duran dos años
en sus funciones, coincidiendo su mandato con las renovaciones legislativas.
El Presidente de este cuerpo se elige anualmente por todos sus miembros de entre los contemplados en el Art. 242 Inc.1 de este
3) La facultad de elaborar su propio presupuesto, de designar y remover el personal con arreglo a esta Constitución, estructurando
carreras técnico-administrativas internas.
Los miembros del Tribunal de Cuentas tienen las mismas incompatibilidades y prohibición es que los miembros del Poder Judicial.
Son removidos por el Jurado de Enjuiciamiento de magistrados, según el procedimiento allí establecido.
Son funciones propias del Tribunal de Cuentas impartir las instrucciones y recomendaciones necesarias para prevenir cualquier
irregularidad en la administración de fondos públicos en la forma y con arreglo al procedimiento que la ley determina. Cuando en
el desempeño de su actividad, disponga allanar domicilios debe requerir en forma previa, la correspondiente autorización del Juez
Esta Constitución reconoce al municipio como una comunidad natural con vida propia e intereses específicos, con necesarias
relaciones de vecindad. Como consecuencia de ello es una institución política-administrativa-territorial, que sobre una base de
capacidad económica, para satisfacer los fines de un gobierno propio, se organiza independientemente dentro del Estado, para el
ejercicio de sus funciones, que realiza de conformidad a esta Constitución y a las normas que en su consecuencia se dictan.
Se reconoce autonomía política, administrativa y financiera a todos los municipios. Aquellos que dicten su carta orgánica
municipal, gozan además de autonomía institucional.
El régimen municipal se organiza teniendo en cuenta el número de habitantes dentro del éjido de cada población permanente,
determinado por ley en base a los censos nacionales, provinciales o municipales.
El gobierno municipal en las poblaciones permanentes que cuentan entre 801 y 1500 habitantes es ejercido por una Comisión
Municipal integrada por un presidente y un consejo de vecinos compuesto por tres (3) miembros, elegidos, por el pueblo en
sufragio universal, asegurándose en este último la representación de las minorías.
En los centros urbanos de hasta 800 habitantes el gobierno municipal es ejercido por un intendente comisionado elegido por el
pueblo a simple pluralidad de sufragios. En forma conjunta se elige un intendente comisionado suplente, quien lo reemplaza en
caso de vacancia definitiva del mismo.
En los centros rurales que cuenten con más de 80 electores puede crearse por ley una delegación municipal que depende del
municipio más cercano y está a cargo de un delegado, elegido por los mismos en sufragio universal, a simple pluralidad,
simultáneamente con un delegado suplente que lo reemplaza en caso de vacancia. La ley determina los requisitos para ser delegado
y sus funciones, de acuerdo a las siguientes bases:
1) Conjuntamente con el intendente municipal o presidente de comisión o intendente comisionado según corresponda, elabora y
eleva un proyecto de presupuesto del centro rural; la memoria y balance del ejercicio y el proyecto de régimen tributario al Poder
Ejecutivo, el cual aprueba o desaprueba los mismos y en su caso provee los recursos que atiendan las necesidades de
3) Está a su cargo la ejecución de las obras públicas, contralor de las privadas, cumplir y hacer cumplir las resoluciones y
ordenanzas de la municipalidad, intendente comisionado o presidente de comisión según corresponda.
El Poder Ejecutivo de la Provincia convoca a elecciones para las comisiones municipales, intendentes comisionados y delegados
Municipales. La validez de éstas son juzgadas por la Justicia Electoral.
Las municipalidades que cuentan con un número de habitantes mayor de 25.000, pueden dictar su propia carta orgánica municipal
conforme a esta Constitución, asegurando las siguientes condiciones básicas:
2) La existencia de un departamento ejecutivo unipersonal y un consejo deliberante conformado según lo establecido en el artículo
257 de esta Constitución.
La carta orgánica municipal es dictada por una convención municipal convocada al efecto por el departamento ejecutivo municipal,
previa ordenanza que la autorice. La fecha de elección no puede coincidir con elecciones nacionales o provinciales. La convención
municipal es integrada por un número igual al doble de los miembros del concejo deliberante. Para ser convencional municipal se
requieren las mismas condiciones que para ser concejal.
Toda población permanente que cuente con más de 1.500 habitantes, tiene una municipalidad. En los departamentos donde no
existan municipalidades de conformidad con el párrafo precedente, su respectiva cabecera departamental se constituye en
municipalidad, contando su concejo deliberante con el mínimo de concejales fijados por esta Constitución.
1) Un departamento ejecutivo a cargo de un intendente municipal, quien es elegido directamente por el pueblo del municipio, a
simple pluralidad de sufragios.
2) Un concejo deliberante cuya integración se establece sobre las siguientes bases: De 1.501 a 2.500 habitantes cuatro concejales.
De 2.501 a 5.000 habitantes cinco concejales. De 5.001 a 7.000 habitantes siete concejales. De 7.001 a 9.000 habitantes nueve
concejales. De 9.001 a 25.000 habitantes diez concejales. De 25.001 a 50.000 habitantes doce concejales y uno más por cada
cincuenta mil habitantes o fracción no inferior a 25.000. Los concejales son elegidos directamente por el pueblo del municipio,
asegurándose la representación de las minorías. Conjuntamente con los concejales titulares se elige igual número de suplentes,
quienes reemplazan a aquellos, de la misma forma que los diputados suplentes a los titulares en la Legislatura.
1) Salubridad y moralidad públicas, sin perjuicio del ejercicio de las facultades concurrentes de la Nación y de la Provincia, cuando
exista un interés provincial y/o nacional comprometido.
2) Servicios públicos, pudiendo disponer su concesión a empresas estatales o particulares con límites de tiempo. Tratándose de
concesión a empresas privadas, ésta se otorga mediante el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros del Concejo,
previa licitación pública, si ésta correspondiere.
11) Disposición de los bienes municipales requiriéndose los dos tercios de los votos de la totalidad de sus miembros para su
autorización. La enajenación de bienes inmuebles debe realizarse por subasta pública. La ordenanza o carta municipal respectiva,
puede autorizar distintas formas de disposición de sus bienes, pero cuando se transfieran éstos por otros debe acreditarse
indefectiblemente la razonabilidad de la operación.
12) La contratación de empréstitos y realización de operaciones de crédito para un fin u objeto determinado, los que no pueden ser
contraídos para equilibrar los gastos ordinarios de la administración. La autorización requiere el voto de los dos tercios del total de
los miembros del concejo deliberante. Los servicios de amortización e intereses no deben superar el 25% de los recursos
13) Creación de comisiones investigadoras, integradas por miembros del cuerpo, para que informen sobre la marcha de la
14) Expropiación de bienes que se conceptúan necesarios para el ejercicio de sus poderes, previa declaración de utilidad pública de
los mismos e indemnización del valor de ellos, según las disposiciones de las ordenanzas respectivas.
16) Utilización de la consulta popular cuando lo estime necesario. La ley establece los casos en que se ejercen los derechos de
iniciativa y revocatoria.
18) Explotación de yacimientos de arena y piedra, otorgando permisos en concesión para su uso, por plazas no mayores de diez
años, en las márgenes de los lagos y ríos que se encuentran dentro del territorio municipal.
19) Autorización al departamento ejecutivo para comprometer fondos en cooperativas para la prestación de servicios públicos,
conforme lo determina la ley o carta municipal.
20) Todas las demás atribuciones y facultades que hagan a la prosperidad y bienestar del municipio, pudiendo tipificar faltas
compatibles con la naturaleza de sus poderes.
Los concejos deliberantes sesionan por lo menos durante dos períodos al año. El número de meses de sesiones ordinarias, no puede
ser inferior a nueve. Pueden ser convocados a sesiones extraordinarias por el intendente o por el presidente del cuerpo, a solicitud
de la mitad de sus miembros. En ambos casos, el concejo tiene derecho de apreciar la necesidad de la medida.
2) Reglamentar las ordenanzas municipales en los plazos que correspondan y si no se hubieren fijado, dentro de los ciento ochenta
días de promulgadas. Si vencido ese plazo no se las reglamenta, debe hacerlo el concejo deliberante, si corresponde, por el
procedimiento para la formación de las ordenanzas y no pueden ser vetadas ni reglamentadas nuevamente. En ningún caso la falta
de reglamentación de las ordenanzas pueden privar a los habitantes de los derechos que en ella se consagran.
3) Administrar los bienes municipales, adquirir y disponer de los mismos de conformidad a lo dispuesto en esta Constitución, carta
constitucional cuando corresponde o ley orgánica municipal.
4) Nombrar y remover los funcionarios y demás agentes de la administración municipal, con sujeción a los principios de
estabilidad consagrados en esta Constitución.
5) Vetar total o parcialmente, dentro de los diez días de recibido los proyectos de ordenanzas sancionados por el concejo
deliberante, expresando en detalle los fundamentos del veto. Si no lo hace se consideran promulgados. Si fuesen vetados y el
concejo deliberante insiste con dos tercios del total de sus miembros, se consideran definitivamente sancionados.
7) Proceder a la convocatoria de electores para toda elección municipal con sesenta días de anticipación como mínimo, debiendo
publicarse la convocatoria como lo establece la ley o carta orgánica municipal, según corresponda.
8) Contratar servicios públicos y otorgar permisos o concesiones a particulares con límites de tiempo, en la forma determinada en
10) Expropiar bienes con fines de interés general y enajenar en subasta pública los bienes inmuebles municipales, con las dos
terceras partes de los votos favorables del concejo deliberante.
11) Fomentar la educación y el desarrollo cultural mediante la participación plena de sus habitantes. Puede crear establecimientos
educativos en los distintos niveles y modalidades, de conformidad a las leyes que los reglamentan, y bibliotecas públicas,
propendiendo a la formación de las populares.
13) Participación por medio de representantes, en los organismos provinciales de planificación y/o desarrollo, cuyas disposiciones
afecten directamente los intereses municipales.
15) Prestar servicios locales, explotar directa o indirectamente yacimientos de arena y piedra y otorgar permisos, concesiones para
su uso por plazos no mayores de diez años, en márgenes de los lagos y ríos que se encuentran dentro del territorio municipal.
16) Comprometer con autorización del concejo deliberante, fondos municipales en cooperativas para la prestación de servicios
públicos, según lo determina esta Constitución.
17) Ejercer el poder de policía municipal pudiendo imponer sanciones en los casos de contravenciones a sus reglamentos; en tales
casos puede hacer uso de la fuerza pública y recabar orden judicial de allanamiento. Ningún funcionario de la Provincia puede
negar a los municipios el concurso de la fuerza pública para el cumplimiento de los fines aquí dispuestos.
18) Convocar al concejo deliberante a sesiones extraordinarias, cuando algún asunto urgente de interés público lo requiera sin
perjuicio del derecho de aquel de apreciar la necesidad de la medida, una vez reunido.
19) Realizar cualquier otra función de interés local que no está prohibida a las municipalidades por sus disposiciones orgánicas
respectivas y no sean incompatibles con los demás poderes del Estado.
En caso de vacancia, ausencia u otro impedimento del intendente, ejerce sus funciones el presidente del concejo. En la vacancia
definitiva hasta que se elija quién ha de reemplazarlo, y en lo demás hasta que cese el impedimento.
El concejo deliberante puede, por simple mayoría de votos de la totalidad de sus miembros, suspender en sus funciones al
intendente y miembros del concejo deliberante, cuando exista proceso penal por delito doloso que conlleve a la prisión preventiva
y ésta haya sido dictada, o por inhabilidad física o mental sobreviniente transitoria y hasta que cese la misma.
A los efectos de la destitución se debe sustanciar juicio que asegure el derecho de defensa al inculpado, por el procedimiento que
establece la ley o carta orgánica municipal y sobre las siguientes bases:
1) Interpuesto el pedido de destitución por cualquier elector municipal se declara, por el concejo deliberante, la admisibilidad
formal del mismo por simple mayoría del total de sus miembros. Inmediatamente se le hacen saber al inculpado las causales que se
2) Se fija una sesión especial del concejo deliberante para que el inculpado produzca su descargo, la que se celebra dentro de los
treinta días desde que se le hacen conocer las causas que se mencionan en el inciso anterior.
4) Se oraliza toda la prueba documental que se produzca y se recepta en la misma sesión, la testimonial cuya pertinencia se haya
5) Terminada la sesión aludida en el inciso anterior, el concejo deliberante dicta resolución fundada sobre cada una de las causales
que la han motivado, dentro del plazo de diez días. Para disponer la destitución se requiere el voto afirmativo de los dos tercios del
total de los miembros del concejo deliberante.
El juicio de destitución dura hasta noventa días a partir desde que se le hace conocer al inculpado la acusación. Si excede ese
tiempo, se opera la nulidad de lo actuado. No puede formularse nueva acusación por las mismas causales.
Para ser elegido intendente municipal, concejal, presidente de comisión, miembros del concejo de vecinos o intendente
comisionado, se requiere:
Los intendentes municipales, presidentes de comisión, intendentes comisionados y delegados municipales, duran cuatro años en
sus funciones, pudiendo ser reelectos por un período consecutivo. Los integrantes de los concejos de vecinos y los concejales,
duran cuatro años en sus funciones, pudiendo ser reelectos. Estos últimos se renuevan por mitad cada dos años.
2) Los extranjeros mayores de dieciocho años, con un año de residencia inmediata en el lugar, inscriptos en el padrón especial que
lleva la Comuna. Este padrón debe ser rubricado por el Juez Electoral y confeccionarse observando las formalidades que determina
la ley. Todo elector tiene derechos de iniciativa, referéndum y revocatoria en los casos y forma que reglamenta la ley.
9) Los de coparticipación federal y provincial, debiendo asegurarse el porcentaje y distribución automática por ley en base de los
principios de solidaridad y equidad que contribuya a asegurar la autosuficiencia económica de los municipios, teniéndose en cuenta
la promoción del crecimiento económico sostenido, integrado y armónico de las distintas poblaciones de la Provincia y las
exigencias de las prestaciones de servicios, su capacidad contributiva y poblacional. En la contribución se debe favorecer a los
municipios de menores recursos propios. 10) Aportes que efectúe el Estado Nacional o Provincial destinado a obras comunales
específicas de desarrollo y progreso comunitario o de otra índole y los que resultan de convenios inter-municipales.
La jurisdicción de las comisiones y de los intendentes comisionados es fijada por la ley respectiva procurando se corresponda con
Los intendentes municipales, miembros del concejo deliberante, miembros de comisión, intendentes comisionados, delegados y
secretarios de las distintas áreas con que cuenta cada municipio, están obligados, previo al ingreso y egreso de sus cargos, a
manifestar sus bienes en la forma que lo determina el art. 26 de esta Constitución.
Las autoridades municipales elegidas directamente por el pueblo, no pueden ser acusadas, procesadas, interrogadas judicialmente,
molestadas ni reconvenidas por autoridad alguna en virtud de las opiniones o votos que hayan emitido en el desempeño de su
Los municipios pueden patrocinar la creación e integración de juntas vecinales, para fines de interés general de la jurisdicción del
vecindario, de conformidad a la ley o Carta Orgánica Municipal.
Las juntas vecinales, organismos sindicales y toda otra asociación representativa de los sectores de la comunidad, pueden presentar
al concejo deliberante anteproyectos de ordenanzas. Quedan excluidos de esta facultad, los anteproyectos de ordenanzas que traten
sobre tasas y gravámenes municipales.
Los municipios de cualquier tipo pueden ser demandados sin requisitos previos. Si son condenados a pagar sumas de dinero, sus
rentas pueden ser embargadas cuando el órgano competente no arbitre el medio para efectivizar el pago dentro de los seis meses de
la fecha en que la sentencia condenatoria quede firme. En ningún caso los bienes afectados a servicios públicos, pueden ser
Los actos y contratos emanados de autoridades municipales establecidas por subversión institucional, son de ningún valor y su
nulidad puede ser demandada, ante los tribunales competentes.
La parte que se considere damnificada puede deducir acción contra la ilegalidad de una ordenanza municipal y la reparación del
perjuicio causado, sin que ésto impida la ejecución de la ordenanza. El pleito es en tal caso contencioso- administrativa y su fallo
corresponde al Superior Tribunal de Justicia. En todos los demás casos en que los actos de las municipalidades, obrando éstas
como personas jurídicas diesen origen a acciones civiles, son judiciables ante los jueces respectivos como cualquier otra persona
2) Grave desorden económico-financiero que se traduzca en la falta de pago de los servicios de la deuda pública y/o genere un
déficit susceptible de comprometer la estabilidad financiera del municipio. En ambos, casos, la intervención debe ser dispuesta por
ley con el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los miembros de la Legislatura Provincial. Dicha ley indica la duración y
da instrucciones precisas para cumplir el cometido de remover el impedimento de que se trata. En caso del inciso primero, el
interventor designado por el Poder Ejecutivo debe llamar a elecciones para integrar las vacantes. Las elecciones deben realizarse
dentro de un plazo de sesenta días, a contar de la fecha del decreto de intervención y se utiliza para las mismas el último padrón
electoral aprobado. La intervención debe atender los servicios municipales, de conformidad con las ordenanzas vigentes.
En caso de receso de la Legislatura, el Poder Ejecutivo puede decretar la intervención ad-referendum de la misma, convocándola
en el mismo acto administrativo y a tal efecto, a sesiones extraordinarias.
La presente Constitución no puede reformarse en todo o en parte, sino por una convención especialmente elegida al efecto por el
pueblo, la cual es convocada por ley especial en la que se declara la necesidad o conveniencia de la reforma y se especifican los
puntos sobre los que ha de versar, entendiéndose por tales, los temas o las materias comprensivas de uno o más artículos. La ley
que se dicte con tal objeto, debe sancionarse con dos tercios de votos del número total de miembros de la Legislatura y no puede
ser vetada por el Poder Ejecutivo. Ninguna reforma puede hacerse antes de ocho años de la última modificación constitucional,
salvo el caso en que sea reformada la Constitución Nacional.
La Convención no puede comprender en la reforma otros puntos que los especificados en la ley de convocatoria; pero no está
obligada a variar suprimir o complementar las disposiciones de la Constitución cuando considere que no existe la necesidad o
conveniencia de la reforma.
Los convencionales constituyentes deben reunir las mismas condiciones requeridas para ser diputados provinciales y gozar de las
mismas inmunidades y privilegios que éstos, desde que son electos y hasta que concluyan sus funciones. El cargo de convencional
es compatible con cualquier otra función pública, excepto los siguientes cargos provinciales: gobernador, vicegobernador,
ministros del Poder Ejecutivo, legisladores, funcionarios y magistrados del Poder Judicial.- Artículo 284: Convencionales Elección.
El número de convencionales es igual al de legisladores, provienen de los mismos departamentos, en igual cantidad que aquellos y
se eligen en la forma que adopte la ley.
La Convención tiene facultades para dictar su propio reglamento, nombrar su personal y confeccionar su presupuesto. Es el único y
exclusivo juez para expedirse sobre la legitimidad de su constitución o integración. Funciona preferentemente en la Capital de la
La Convención estima el término de duración de su cometido, el que no puede exceder de un año desde el día de la elección de sus
miembros, debiendo practicarse nueva elección si, transcurrido tal plazo, no hubiese cumplido su mandato.
La enmienda de un solo artículo puede ser sancionada por el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros de la
Legislatura y el sufragio afirmativo del pueblo de la Provincia, convocado al efecto en oportunidad de la primera elección que se
realice, en cuyo caso la enmienda queda incorporada al texto Constitucional. Reformas de esta naturaleza no pueden llevarse a
cabo sino con intervalos de dos años por lo menos.
FIRMANTES Dr. EDUARDO ANGEL ESTRADA, Presidente Dra. MARIA TERESA REVIGLIO, Secretaria Legislativa Ing.
ALDO ASSAT, Secretario Administrativo
La elección de Vicegobernador y de Senadores se realiza juntamente con la próxima elección de Gobernador. Por el período
faltante hasta que asuma el nuevo Gobernador, éste es reemplazado en caso de ausencia o impedimento por el Presidente de la
Legislatura, por su Vice-Presidente Primero y por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, en ese orden, procediéndose en la
forma prevista por los artículos 62 y 63 de la Constitución que se reforma.
En el plazo de dieciocho meses a partir de la sanción de la presente Constitución, los poderes del Estado deben proceder a la
integración, adecuación y puesta en funcionamiento en su caso, de todas las instituciones y organismos creados o modificados por
la presente reforma constitucional. Pendiente dicho plazo continúan vigentes las actuales normas de organización que no sean
incompatibles con esta Constitución.
Las actuales leyes orgánicas continúan en vigencia, en lo que sean compatibles con esta Constitución, hasta que la Legislatura
sancione las que corresponden a las disposiciones de este estatuto constitucional, lo que debe realizar en el plazo establecido en el
Correspondiendo conforme al artículo 102 de esta Constitución, el aumento del número de diputados de la Cámara respectiva,
éstos se incrementarán del modo siguiente:
1) Uno para cada uno de los departamentos de General Belgrano; Ayacucho; Junín; Chacabuco; Libertador General San Martín;
Coronel Pringles y Gobernador Dupuy.
2) Tres para cada uno de los departamentos de la Capital y General Pedernera. A los fines de la adecuación con lo dispuesto en el
artículo 103 de esta Constitución, los primeros diputados electos para incrementar los actualmente existentes que representan a los
departamentos Ayacucho; Libertador General San Martín; General Pedernera y Chacabuco durarán cuatro años en sus funciones.
Los primeros diputados electos a los mismos fines, por los restantes departamentos tendrán mandato de dos años. El período de
todos ellos se cuenta desde el 11 de diciembre de 1987. La elección pertinente se realizará conjuntamente con la de ViceGobernador y Senadores prevista en el artículo 1 de estas disposiciones transitorias.
2) El de los electos el 3 de noviembre de 1985, el 10 de diciembre de 1989. El período de mandato de los legisladores de amba s
Cámaras que se elijan en el presente año, se cuenta desde el 11 de diciembre de 1987.
A los fines de adecuar la integración de los Concejos Deliberantes según se establece en esta Constitución, la autoridad
competente, y dentro del plazo de dieciocho meses, debe proceder a la realización del censo poblacional correspondiente a la
totalidad de las Comunas.
En los centros poblacionales que en virtud de esta Constitución y el censo de 1980 deban ascender de categoría en su forma de
gobierno Municipal, la elección de las nuevas autoridades se practicará conjuntamente con las elecciones generales del presente
año. Los electos asumirán el once de diciembre de 1987, finalizando el día anterior el mandato de la totalidad de las autoridades a
las que se suceden.
En el supuesto de que en virtud del censo aludido en el artículo 6 de estas disposiciones transitorias resulta modificada alguna
forma de gobierno municipal, el existente caducará en su mandato el 10 de diciembre de 1989. Será sucedido por las nuevas
autoridades electas que correspondan a la nueva forma de Gobierno según lo determina esta Constitución.
Si de resultas del censo a practicarse de conformidad al artículo 6 de éstas disposiciones transitorias, alguna Municipalidad deba
reducir su número de concejales, la totalidad de los que se desempeñan al día diez de diciembre de 1989, caducan en esa fecha sus
mandatos, sucediéndoles los nuevos concejales electos en el número total que corresponda según el aludido censo y lo establecido
2) El de los electos el 3 de noviembre de 1985, el 10 de diciembre de 1989. El período de mandato de los concejales que se elijan
en el presente año, se cuenta desde el 11 de diciembre de 1987.
Correspondiendo, conforme con esta Constitución y último censo aprobado, elevar a doce el número de miembros del Concejo
Deliberante de las Municipalidades de San Luis y Villa Mercedes, se ha de efectuar la elección de siete Concejales en cada una de
ellas en los próximos comicios generales. De entre ellos, debe elegirse uno por sorteo en cada Municipio, cuyo mandato caduca a
los dos años. Para los restantes, la duración del mandato y su renovación se efectúa según esta Constitución.
El Concejo de la Magistratura previsto en el artículo 197 de esta Constitución, debe integrarse y entrar en funcionamiento dentro
del plazo de 120 días. Las designaciones de magistrados y funcionarios judiciales que deben efectuarse con la intervención del
Concejo de la Magistratura según esta Constitución, se efectuarán con arreglo a la Constitución que se reforma hasta que entre en
funcionamiento el referido Concejo.
Los nombramientos de los magistrados y funcionarios para los cuales se requiere acuerdo del Senado, según la presente
Constitución, serán efectuadas con acuerdo de la Cámara de Diputados, inter se constituya aquel cuerpo.
Téngase por sancionada y promulgada a esta Constitución como ley fundamental de la Provincia. Regístrese, publíquese y
comuníquese a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial a los efectos de su cumplimiento.
Los miembros de la Convención Constituyente juran la presente antes de disolver el cuerpo. El Gobernador de la Provincia, los
Señores Diputados Provinciales, los Señores Ministros del Superior Tribunal de Justicia y los Señores Intendentes Municipales,
prestan juramento ante la Convención Constituyente. Cada Poder del Estado dispone lo necesario para que los funcionarios
integrantes de cada uno de éstos, juren esta Constitución. El 25 de Mayo de 1987, el pueblo de la Provincia, es invitado a jurar
fidelidad a la presente en actos públicos.
Esta Constitución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable
Convención Reformadora en la ciudad de San Luis a catorce días del mes de marzo de mil novecientos ochenta y siete.
FIRMANTES Texto constitucional íntegramente leído, ratificado y declarado auténtico por la Honorable Convención Reformadora
de San Luis en sesión pública del día veintiséis de marzo de mil novecientos ochenta y siete.
CONVENCIONALES CONSTITUYENTES Adre, Ángel Guillermo (Dpto. Chacabuco)- Aguado, Guillermo (Dpto. La Capital)Agúndez, Jorge Alfredo (Dpto. La Capital) - Alonso, Mario Ernesto (Dpto. Pedernera)- Andreotti, Osvaldo Marcelo (Dpto.
Pedernera)- Apendino, Miguel José (Dpto. Ayacucho)- Arabel, Carlos Italo (Dpto. Dupuy)- Assat, Aldo Omar (Dpto. Pringles)Avila, Humberto Ceferino (Dpto. Chacabuco)- Baigorria, Santiago Ramón (Dpto. Pedernera)- Becerra, Carlos Alberto (Dpto.
Ayacucho)- Becerra de Suárez, Gloria Mabel (Dpto. San Martín)- Becerra, Maria Evelyn (Dpto. Pedernera)- Bertone, Henry Omar
(Dpto. Chacabuco)- Calderon, Raúl Sergio (Dpto. La Capital)- Castello, Luis Felipe (Dpto. Pedernera)- Ceballos, Walter Alberto
(Dpto. Pedernera)- Cimoli, Eduardo Serafín (Dpto. Pedernera)- Curi, Miguel Orlando (Dpto. Ayacucho)- Estrada, Eduardo Angel
(Dpto. Pedernera)- Fenoglio, Omar Antonio (Dpto. Pringles)- Flores, José Iván (Dpto. Chacabuco)- García, Carlos Juan (Dpto.
Ayacucho)- Hernández, José Francisco (Dpto. Gobernador Dupuy)- lbarra, Jorge Amado (Dpto. Ayacucho)- Leyes, Ramón
Alberto (Dpto. Belgrano) - Lucero, José Teodoro (Dpto. Belgrano)- Marin, Oscar Atilio (Dpto. La Capital)- Marino, Jorge Roberto
(Dpto. Belgrano)- Martínez, César Guido (Dpto. San Martín)- Medde, Ramón Domingo (Dpto. La Capital)- Merlo de Ruiz, María
Celestina (Dpto. Pedernera)- Mini, Mario Eugenio (Dpto. Junín)- Mirabile, José Arnaldo (Dpto. San Martín)- Neme, Amado José
(Dpto. La Capital)- Ortiz, Carlos Alberto (Dpto. Chacabuco)- Ostanelli, Juan Carlos (Dpto. La Capital)- Oviedo, Julio Amador
(Dpto. Chacabuco)- Pagano, Roberto Eduardo (Dpto. La Capital)- Palmero, José Manuel (Dpto. Pedernera)- Perez, Ángel Osmar
(Dpto Pringles)- Pérez, Carlos Alberto (Dpto. Junín)- Pereyra, Roberto Sadoc (Dpto. Pedernera)- Petrino, Marcelo Arturo (Dpto.
La Capital)- Picco de Barbeito, Nilda Esther(Dpto. La Capital)- Ponce, José Amilcar (Dpto.Belgrano)- Possetto, Arnaldo Mauricio
(Dpto. Pringles)- Quattrocchio, Pedro Bartolomé (Dpto. Gob. Dupuy) - Quiroga de Giuliani, Rosa (Dpto. La Capital)- Quiroga,
Roberto Pablo (Dpto. Pedernera) - Quiroz, Jorge Adrián Federico (Dpto. Junín)- Reviglio, Maria Teresa (Dpto. Gob. Dupuy)Rodriguez, Carlos Secundino (Dpto. Junín)- Samper, José (Dpto. La Capital)- Scappini, José Delicio (Dpto. Pedernera)- Sosa de
Contreras, Mabel Haydée (Dpto. San Martín)- Taurant, Elías (Dpto. Ayacucho)- Urtubey, Mario Alberto (Dpto.Pedernera) Verbeke de Canta, Mirtha Teresa (Dpto. La Capital)- Videla, Jorge Arturo (Dpto- La Capital).
TEMA 2 Recursos Humanos:
Finanzas • Administración y Dirección de Empresas • Comunicación interna • Empresas • RRHH (Recursos Humanos) • Control de personal • Modelos de gestión • Gestión de recursos humanos
ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA
Salud laboral • Selección de personal • Empresa
Reforma • Derechos, deberes y garantías • Poder legislativo, ejecutivo y judicial • Gobernador provincial • Régimen electoral y municipal

References: resolución 
 Artículo 18

resolución 

resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 196
 resolución

 resolución 
 Artículo 233
 resolución 
 artículo
257
 resolución 
 Artículo 284
 artículo 102

artículo 103
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 197