Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920445.html
Timestamp: 2019-11-22 05:49:31+00:00

Document:
as201920445
Auto Supremo: 445/2019
Expediente: SC-146-18-S.
Partes: Bertha Rosario Vaca Pinto Balcázar y otros c/ Luis Alberto Vaca Pinto
Balcázar y otros.
Proceso: Ordinario división y partición, rendición de cuentas y modificación de
datos en matrícula de propiedad.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 520 a 522 interpuesto por Rita Alejandra Vaca Pinto Balcázar tutora ad litem de Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar, contra el Auto de Vista Nº 150/2018 de 28 de agosto cursante de fs. 512 a 515 vta. pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en el proceso de división y partición, rendición de cuentas y modificación de datos en matrícula de propiedad, seguido por Bertha Rosario Vaca Pinto Balcázar y otros contra Luis Alberto Vaca Pinto Balcázar y otros, respuesta al recurso de fs. 536 a 537, Auto de concesión de fs. 538, Auto Supremo de admisión del recurso de fs. 546 a 547, los antecedentes del proceso; y:
La Juez Público Civil y Comercial Décimo Cuarto de Santa Cruz de la Sierra pronunció la Sentencia de fecha 15 de mayo de 2018 cursante de fs. 473 a 483, en la que declaró PROBADA en todas sus partes la demanda interpuesta por Bertha Rosario Vaca Pinto Balcázar y otros disponiendo: 1) La división y partición del bien inmueble ubicado en la esquina de las calles Rafael Peña y España registrado bajo la Matrícula Computarizada Nº 7.01.1.99.0068381, en el 16,6% de acciones y derechos que les corresponden a los co propietarios y a los herederos que participan en el proceso en la cuota parte de sus causantes; en cuanto a los derechos de Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar mantiene el 50% de la cuota parte que le corresponde y el otro 50% en propiedad de Luis Alberto Vaca Pinto Balcázar por la transferencia realizada. 2) La rendición de cuentas debe ser presentada en el plazo de diez días de ejecutoriada la sentencia. 3) La modificación del apellido materno de los copropietarios de Cuellar a Balcázar y la inclusión de la superficie de 757,31 Mts2. en el folio real correspondiente al inmueble.
Contra la sentencia indicada, los co demandados Luis Alberto Vaca Pinto Balcázar y Miguel Ángel Robles Vaca Pinto interpusieron recurso de apelación cursante de fs. 489 a 496 de obrados, resuelto por la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz que pronunció el Auto de Vista Nº 150/2018 de fecha 28 de agosto cursante de fs. 512 a 515 vta., revocando parcialmente la sentencia, bajo los siguientes fundamentos:
Que Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar cede en calidad de venta real y definitiva la superficie de 69,1 mts2. correspondientes al 16,66% de acciones y derechos del bien inmueble a Luis Alberto Vaca Pinto Balcázar, es decir, el 100% de las acciones de su cuota parte por lo que Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar no cuenta con ningún derecho sobre el inmueble objeto de división y partición al momento de dictarse la sentencia, modificó el segundo párrafo numeral uno de la parte resolutiva de la decisión de primera instancia, disponiendo que el 100% de la cuota parte que le corresponde a Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar pasan a propiedad de Luis Alberto Vaca Pinto Balcázar; en cuanto a la inclusión de la superficie de 757,31 mts2. en el registro de propiedad del inmueble, dispuso dejar sin efecto, bajo el argumento de que la modificación demandada es solo respecto al apellido materno de los co propietarios y no de la superficie del inmueble, por lo que la juez A quo actuó ultra petita.
Contra el Auto de Vista, Rita Alejandra Vaca Pinto Balcázar tutora ad litem de la co demandada Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar interpuso recurso de casación cursante de fs. 520 a 522 de obrados, mismo que tiene el siguiente análisis:
De la impugnación en el fondo deducida por la parte recurrente se tiene lo siguiente:
1. Manifiesta que en la apreciación de pruebas, el Auto de Vista incurrió en error de hecho, ya que la documental de fs. 205 a 207 correspondiente a un contrato de compra-venta por el cual su madre Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar transfirió a su hermano Luis Alberto Vaca Pinto Balcázar la superficie de 69,1 mts2. es decir 16,66% de las acciones que le corresponden, es respecto a la superficie de 414,58 mts2., el Tribunal de apelación no apreció correctamente el contrato ya que la superficie real del inmueble según levantamiento topográfico es de 757,31 Mts2., en consecuencia, la superficie de 16,66% comprende 126,16 mts2.; explica que el 16,66% de la superficie de 414,58 mts2. resulta 69,1 mts2., por lo que al ser la totalidad del inmueble 757,31 mts2. el 16,66% correctamente equivale a 126,16 mts2., por lo que Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar mantiene su derecho propietario sobre la superficie restante de 57,06 mts2. que no fue transferida.
2. Expone que dejar sin efecto la última línea del numeral tres de la parte dispositiva de la sentencia, sin dar curso a la modificación de la superficie de 757,31 mts2., es una violación a los arts. 6 del Código Procesal Civil, y 30 de la Ley del Órgano Judicial en cuanto a los principios de eficacia y eficiencia, cuestiona que el Tribunal de apelación pretenda que se realice una nueva demanda para introducir la superficie en el folio real del inmueble.
Solicita se dicte Auto Supremo casando parcialmente el Auto de Vista, dejando sin efecto el numeral dos de la parte dispositiva, manteniendo en lo demás firme y subsistente la resolución impugnada.
Corrido en traslado el recurso de casación, los co demandados Luis Alberto Vaca Pinto Balcázar y Luis Orlando Reyes Montaño contestan indicando:
1. Que según el art. 272 del Código Procesal Civil, solo el agraviado está legitimado para interponer recurso de casación, la co demandada Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar siendo la agraviada hasta la fecha no se apersonó para dar por bien hecho las actuaciones de su hija Rita Alejandra Vaca Pinto Balcázar, que la juez cometió error al nombrar a Rita Alejandra Vaca Pinto Balcázar tutora ad litem de Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar en base a un certificado médico que señala que la co demandada tiene alzhéimer.
2. Expone que la recurrente no establece de qué manera la resolución vulnera sus derechos fundamentales, o cual es la norma vulnerada o erróneamente aplicada, lo que causaría que el Tribunal de casación no habrá su competencia para resolver el recurso erróneamente planteado.
Solicita se declare improcedente el recurso de casación interpuesto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional ha desglosado amplia jurisprudencia en torno a la fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales, entre ellas tenemos la Sentencia Constitucional Nº 673/2018-S3 de 27 de diciembre que indica: “Así, el derecho a una debida fundamentación y motivación de las resoluciones, se constituye en la garantía del sujeto procesal de que el juzgador al momento de emitir una decisión, explicará de manera clara, sustentada en derecho, los motivos que lo llevaron a tomar una decisión; argumentación que deberá seguir un orden coherente respecto a los hechos demandados y exponer con puntualidad los elementos jurídico legales que determinaron su posición.
Dicho de otra forma, toda Autoridad que dicte una resolución, debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de la misma, por cuanto la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que orientan al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió (SSCC 0863/2007-R, 0752/2002-R, SC 1369/2001-R, entre otras)”. Es pertinente señalar, que toda persona que acude ante la jurisdicción ordinaria para demandar según los derechos e intereses que le convienen, recibir por parte de los administradores de justicia una respuesta pronta y oportuna, pero más importante aún, tiene la garantía de que la Autoridad judicial debe responder sus pretensiones de forma ordenada, coherente y puntual respecto a los hechos puestos en conocimiento del juzgador, con el fin de generar en las partes pleno convencimiento sobre las decisiones judiciales siempre velando por el cumplimiento de las normas sustantivas y adjetivas aplicables a cada caso concreto.
Solo así los sujetos procesales que recurren ante la Autoridad judicial tendrán plena convicción de que sus pretensiones y solicitudes fueron debida y responsablemente atendidas, la administración de justicia no solo debe determinar la situación jurídica de las partes, sino que, además debe crear pleno convencimiento de que la norma legal ha sido correctamente aplicada para la consecución de la justicia, lo contrario sería generar incertidumbre.
2. De la interpretación de los contratos.
El Código Civil, respecto a la interpretación de los contratos señala: “ARTÍCULO 510. (INTENCIÓN COMÚN DE LOS CONTRATANTES).- I. En la interpretación de los contratos se debe averiguar cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras. II. En la determinación de la intención común de los contratantes se debe apreciar el comportamiento total de éstos y las circunstancias del contrato.”.
El tratadista Carlos Morales Guillen en su obra Código Civil Concordado y Anotado, respecto de la interpretación de los contratos indica: “Interpretar un contrato, es fijar su sentido y alcance. Determinar en qué términos y hasta qué grado se obligaron las partes.
Se ha dado en la materia dos corrientes opuestas: la teoría subjetiva o de la voluntad interna, que dice relación directa con el consentimiento o concurso de voluntades, que forma el contrato y que traduce más que la voluntad declarada, la verdadera intención de las partes (R. Villegas). La teoría objetiva o de la voluntad declarada, fundada por Saleilles (cit. de R. Villegas), según la cual, la interpretación del contrato debe considerar exclusivamente la forma en que se exteriorizó la voluntad, porque si bien el consentimiento es el alma del contrato, lo es entre tanto se manifiesta la voluntad y no para ocultar reservas mentales.
El art. 510 del Código Civil, preceptúa que debe averiguarse la intención de las partes, apreciando el comportamiento de estas y las circunstancias del contrato. Indudablemente se advierte que se ha preferido la corriente de la teoría subjetiva. Pues, investigar la intención es realmente una operación inductiva. De esta regla, resulta que el estudio de un contrato debe ser apreciado, para su interpretación, en su existencia, en su verdad, en su naturaleza, en su intención y en su forma.
La investigación fundamental del intérprete, desde luego, ha de consistir en precisar la naturaleza jurídica efectiva del contrato, para determinar la aplicabilidad de la norma o de las normas que le correspondan, ya que puede resultar que no siempre es decisivo aun el nomen juris que las partes han empleado para calificar el contrato. Así la interpretación se hace necesaria para reconstruir el significado efectivo o verdadero, tanto en el caso mencionado como en los diversos supuestos de las normas del capítulo que reglamentan la interpretación.
La primera regla de la interpretación, no inserta el Código, pero que surge inequívoca de todo ordenamiento jurídico, es que si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes debe estarse al sentido literal de sus cláusulas.
La Regla del art. 517, deviene como norma supletoria, cuando hay absoluta imposibilidad de resolver las dudas de las circunstancias accidentales del contrato. La equidad suple la interpretación: en los contratos a título gratuito, la oposición se resolverá en favor de la menor transmisión de derechos intereses; si fuese oneroso, en favor de la mayor reciprocidad económica.”
En cuanto a la interpretación por equidad el Código Civil indica: “ARTÍCULO 517. (SENTIDO MENOS GRAVOSO; SENTIDO QUE IMPORTA MAYOR RECIPROCIDAD).- En caso de duda, el contrato a título gratuito debe ser interpretado en el sentido menos gravoso para el obligado, y el contrato a título oneroso en el sentido que impone la armonización equitativa de las prestaciones o la mayor reciprocidad de intereses.”.
Al respecto Carlos Morales Guillen en la misma obra complementa indicando: “La regla del art. Tiene en el Digesto, estas formulaciones: Semper in dubiis benigniora preaferenda sunt (en los casos dudosos siempre se ha de preferir lo que es más conforme a la equidad). Aequitas in dubie praevalet (en lo dudoso debe prevalecer la equidad (…)”.
El Auto Supremo Nº 239 de 28 de septiembre de 2012 en cuanto a la interpretación de los contratos expone: “De la norma legal citada, podemos concluir que, el punto de partida de la interpretación lo constituye "la letra" de las estipulaciones o cláusulas, y ha de acudirse a la interpretación intencional cuando los términos empleados no son claros impidiendo conocer con exactitud cuál fue la voluntad de las partes que es la que debe prevalecer. Aquí no vale quedarse en la capa de la literalidad, sino que hay que pasar al examen del clausulado entendido como conjunto orgánico, entonces aquí entra en juego el parágrafo II del artículo mencionado, es decir "....apreciar el comportamiento de éstos y las circunstancias del contrato". Para ello, como dijimos anteriormente no sólo debe considerarse los actos posteriores o coetáneos de los suscribientes del contrato sino también los actos anteriores al mismo.”
Si bien la ley determina la forma de los contratos y las condiciones legales que deben reunir para su efectividad, existen contratos que en cuanto a su redacción pueden generar duda para su cumplimiento, la norma sustantiva civil prevé dicho extremo y prescribe en los arts. 510 a 518 reglas de interpretación ante la duda o ambigüedad; es claro que para interpretar un contrato se debe revisar cual fue la verdadera voluntad e intención de las partes al momento de contratar, un contrato debe ser apreciado para su interpretación en su existencia, en su verdad, en su naturaleza, en su intención y en su forma. Asimismo, el art. 517 del Código Civil nos indica que los contratos onerosos deben ser interpretados con sentido equitativo en cuanto a las prestaciones de los contratantes con el fin de que exista mayor reciprocidad de intereses.
3. De la incongruencia ultra petita.
El Tribunal Constitucional en cuanto a la incongruencia ultra petita en las resoluciones, a través de la Sentencia Constitucional Nº 0241/2018-S3 de 19 de abril indicó: “(…) en la emisión de las resoluciones judiciales, pueden darse casos de incongruencia ultra petita, que se produce al otorgar más de lo pedido (…)” de la misma forma la Sentencia Constitucional Nº 1194/2017-S1 de 24 de octubre expresó: “De lo señalado precedentemente se concluye que, los jueces y Tribunales encargados de resolver alguna situación jurídica, a tiempo de dictar la resolución, deben circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo demandado, que resultaría un pronunciamiento ultra petita; (…)”.
La jurisprudencia es clara al prescribir que los jueces y Tribunales al momento de resolver alguna situación jurídica puesta en su conocimiento, tienen la obligación de fallar congruentemente, observando fielmente lo peticionado por la parte y lo resuelto, no puede fallar otorgando más de lo expresamente pretendido, pues estaría incurriendo en incongruencia ultra petita extremo que no solo es incorrecto, sino que es susceptible de nulidad o modificación en instancias superiores, entendiéndose que la congruencia es un elemento del debido proceso.
Del estudio del recurso de casación se desprende que el reclamo de la recurrente confluye en objetar el fondo de la litis, alegando a tal efecto que el Auto de Vista Noº 150/2018 de 28 de agosto cursante de fs. 512 a 515 vta., valoró erróneamente la prueba documental de fs. 205 a 207 correspondiente a un contrato de compra - venta por el cual su madre Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar transfirió a su hermano Luis Alberto Vaca Pinto Balcázar la superficie de 69,1 mts2. es decir 16,66% de las acciones que le correspondía respecto a la superficie de 414,58 mts2.; manifiesta que el Tribunal de apelación no valoró correctamente el contrato, ya que la superficie real del inmueble según levantamiento topográfico es de 757,31 mts2., en consecuencia, el 16,66% equivale a la superficie de 126,16 mts2.; explica que el 16,66% de la superficie de 414,58 mts2 resulta 69,1 mts2., por lo que al ser la totalidad del inmueble 757,31 mts2. el 16,66% correctamente equivale a 126,16 mts2., razón por la que Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar mantiene su derecho propietario sobre la superficie restante de 57,06 mts2. que no fue transferida; argumenta que al dejar sin efecto la última línea del numeral tres de la parte dispositiva de la sentencia, sin dar curso a la modificación de la superficie de 757,31 mts2., es una violación a los arts. 6 del Código Procesal Civil y 30 de la Ley del Órgano Judicial en cuanto a los principios de eficacia y eficiencia, cuestionando que el Tribunal de apelación pretenda que se realice una nueva demanda para introducir la superficie en el folio real del inmueble.
A efecto de constatar de que forma la prueba acusada por errónea valoración puede influir en la determinación del proceso respecto a los derechos e intereses de Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar, corresponde verificar los parámetros o fundamentos de la demanda y todo lo actuado, para comprobar si efectivamente la prueba producida de fs. 206 a 207 demuestra que Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar transfirió la superficie de 69,1 mt2. o la superficie de 126,16 mts2. del inmueble objeto de división y partición.
Para tener un panorama claro en cuanto a la argumentación jurídica a desplegarse y que esta sea coherente para su entendimiento, corresponde revisar algunos antecedentes del proceso. Tenemos que Bertha Rosa Vaca Pinto Balcázar, Claudia Stephanie Robles Vaca Pinto heredera de María Liliana Vaca Pinto Balcázar, Juan Carlos Vaca Pinto Saucedo, Jaime Arturo Vaca Pinto Saucedo, Lucy Tatiana Vaca Pinto Saucedo, Junior Alberto Vaca Pinto Saucedo, Blanca Pamela Vaca Pinto Saucedo, José Luis Vaca Pinto Burgos, Carlos Jaime Vaca Pinto Burgos, Roberto Carlos Vaca Pinto Céspedes, María Viviana Vaca Pinto Céspedes, María Lourdes Vaca Pinto Céspedes de Cuellar y María del Carmen Vaca Pinto Céspedes herederos de Jaime Vaca Pinto Balcázar, plantean demanda sobre división y partición de bien inmueble, rendición de cuentas y modificación de datos en el folio real, en contra de Luis Alberto Vaca Pinto Balcázar, Blanca Elena Vaca Pinto Balcázar, Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar y Miguel Ángel Robles Vaca Pinto, manifestando que sus fallecidos padres Jaime Vaca Pinto y Blanca de Vaca Pinto (Blanca Balcázar Cuellar) adquirieron el bien inmueble ubicado entre las calles Rafael Peña y España, registrado bajo la Matrícula Computarizada Nº 7.01.1.99.0068381 a favor de sus hijos Blanca Elena, Rosa Alina, Jaime, Bertha Rosario, Luis Alberto y María Liliana, lamentablemente al momento de inscribir el derecho propietario se consignó los apellidos de los propietarios como Vaca Pinto Cuellar cuando lo correcto es Vaca Pinto Balcázar, de la misma forma, el inmueble no tiene registrada la superficie siendo lo correcto 757,31 mts2., solicitan se modifiquen dichos datos en el folio real del inmueble; manifiestan que encontrándose en indivisión el inmueble se disponga la división y partición en la cuota parte que les corresponde, alegan que el co propietario Luis Alberto Vaca Pinto Balcázar desde hace más de seis años se encuentra administrando el inmueble obteniendo frutos civiles para su beneficio, solicitan la rendición de cuentas por parte del indicado.
Admitida la demanda la co demandada Blanca Elena Vaca Pinto Balcázar se adhiere a la pretensión, Rita Alejandra Vaca Pinto Balcázar en representación sin mandato de su madre Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar responde afirmativamente (posteriormente por Auto a fs. 131 fue designada tutora ad litem), el demandado Luis Alberto Vaca Pinto Balcázar solamente presenta excepciones de impersonería en los demandantes y apoderados además de imprecisión, obscuridad y contradicción en la demanda, el co demandado Miguel Ángel Robles Vaca Pinto se adhiere a las excepciones opuestas por Luis Alberto Vaca Pinto Balcázar.
Como medio probatorio relevante para la resolución del presente recurso se tiene la documental de fs. 206 a 207, correspondiente a una minuta de trasferencia suscrita por Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar como vendedora y Luis Alberto Vaca Pinto Balcázar como comprador.
Producidas las pruebas documentales, testificales, pericial, confesión provocada y de inspección judicial, la juez A quo dictó sentencia declarando probada en todas sus partes la demanda disponiendo: 1) la división y partición del bien inmueble ubicado en la esquina de las calles Rafael Peña y España registrado bajo la Matrícula Computarizada Nº 7.01.1.99.0068381 en el 16,6% de acciones y derechos que les corresponden a cada uno de los co propietarios y a los herederos que participan en el proceso en la cuota parte de su causahabiente; en cuanto a los derechos de Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar mantiene el 50% de la cuota parte que le corresponde y el otro 50% en propiedad de Luis Alberto Vaca Pinto Balcázar por la transferencia realizada. 2) La rendición de cuentas debe ser presentada en el plazo de diez días de ejecutoriada la sentencia. 3) La modificación del apellido materno de los copropietarios de Cuellar a Balcázar y la inclusión de la superficie 757,31 mts2. en el folio real correspondiente al inmueble; todo ello bajo el argumento de que nadie puede permanecer indefinidamente en indivisión, siendo que la propiedad es común a varias personas y en caso de no ser cómodamente divisible el inmueble corresponde la subasta pública y repartir el producto entre los co propietarios, que se consignó incorrectamente el apellido materno de los propietarios como “Cuellar” siendo lo correcto “Balcázar”, asimismo el inmueble según la prueba pericial tiene la superficie de 757,31 mts2., correspondiendo a cada co propietario la superficie de 16,6% de acciones y derechos sobre el inmueble excepto a Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar que le corresponde solo el 50% de la cuota parte por haber transferido su alícuota mediante documento de fecha 04 de noviembre de 2010 a favor de Luis Alberto Vaca Pinto Balcázar y este debe realizar la rendición de cuentas por la administración del bien inmueble que generó frutos civiles.
Recurrida la sentencia por Luis Alberto Vaca Pinto Balcázar, la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz revoca parcialmente la sentencia, indicando, que en cuanto al numeral uno de la parte dispositiva ordena que el 100% de las acciones de Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar pasan a propiedad de Luis Alberto Vaca Pinto Balcázar y que no corresponde insertar la superficie de 757,31 mts2. respecto al inmueble objeto del proceso; disposición de segunda instancia que basa su decisión en que Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar transfirió mediante documento cursante a fs. 205 el 16,66% de su cuota parte equivalentes a 69,1 mts2. a favor de Luis Alberto Vaca Pinto Balcázar, es decir que transfirió el 100% de sus acciones y derechos sin pertenecerle ningún derecho sobre el inmueble, en cuanto a la consignación de la superficie de 757,31 mts2. en el registro de propiedad, indica que no corresponde por no haber sido demandado actuando la juez A quo de manera ultra petita.
Según la doctrina y jurisprudencia aplicada al caso, se tiene que el contrato es el acuerdo de partes que manifiestan su voluntad para crear, modificar o extinguir una relación jurídica, contiene derechos y obligaciones que deben ser observados, acatados y cumplidos por los contratantes para su efectivización. Generalmente los contratos son escritos por lo que su interpretación puede realizarse de acuerdo a los parámetros que impone la norma, en caso de duda o ambigüedad en lo convenido, nuestra legislación para su interpretación acoge la teoría subjetiva o de la voluntad interna, que busca comprender la verdadera intención de las partes, el art. 510 del Código Civil, preceptúa que debe averiguarse la intención de las partes, apreciando el comportamiento de estas y las circunstancias en las cuales se contrató. El art. 517 del Código Civil, prescribe que en los contratos a título oneroso se interpretara su cumplimiento en favor de la mayor reciprocidad económica.
De los antecedentes expuestos y de la prueba indicada, en cuanto a la cuota parte que le corresponde a la co demandada Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar se observa, que la juez de la causa y el Tribunal de instancia no realizaron una correcta valoración probatoria de la documental cursante de fs. 206 a 207, toda vez que la juez A quo dispuso, que a la recurrente le pertenece el 50% por ciento de la cuota parte que le corresponde sobre el inmueble objeto del proceso y a Luis Alberto Vaca Pinto Balcázar el otro 50% por efecto de la transferencia realizada en fecha 4 de noviembre de 2010, ya que los contratantes consignaron la superficie del inmueble como 414,58 mts2., por lo que la transferencia del 16,66% de acciones de Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar equivalía a 69,1 mts2., de la misma forma el Tribunal Ad quem comete error al valorar dicha prueba ya que al revocar parcialmente la sentencia dispone que Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar por transferir el 100% de sus acciones no le corresponde derecho propietario sobre el inmueble.
Abordados dichos antecedentes probatorios y revisado el contrato de fecha 04 de noviembre de 2010 cursante de fs. 206 a 207, se observa que Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar transfirió a su hermano Luis Alberto Vaca Pinto Balcázar el 16,66% de las acciones que le corresponden sobre el inmueble ubicado en la esquina de las calles Rafael Peña y España, registrado bajo la Matrícula Computarizada Nº 7.01.1.99.0068381, entendiendo ambas partes al momento de contratar que la superficie total del inmueble era de 414,58 mts2., especificando por ello que el 16,66% de acciones que se transfieren equivale a 69,1 mts2. cancelando Luis Alberto Vaca Pinto Balcázar la suma de Bs. 40.000.-; cursando en obrados prueba que demuestra la superficie real, se concluye que el inmueble objeto del proceso tiene la superficie total de 757,31 mts2. por lo que el 16,66% del inmueble equivale a 126,16 mts2. y no 69,1 mts2., por cuanto Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar mantiene el derecho propietario de 57,06 mt2 y Luis Alberto Vaca Pinto Balcázar la superficie de 69,1 mts2.
En cuanto a la pretensión de modificación de superficie solicitada, tenemos que los demandantes argumentan que el inmueble según levantamiento topográfico tiene la superficie de 757,31 mts2. y que este dato debe ser modificado en el folio real correspondiente al inmueble; la resolución de primera instancia en el punto tres de la parte dispositiva ordena se inserte la superficie de 757,31 mts2. en el registro del bien inmueble, apelada la sentencia, el Auto de Vista revoca parcialmente la sentencia afectando la última línea del punto tres de la resolución de primera instancia, declarando nula la orden de inserción de la superficie indicada, bajo el argumento de que la juez A quo actuó ultra petita; la co demandada Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar recurre en casación manifestando que dejar sin efecto la última línea del numeral tres de la parte dispositiva de la sentencia y no dar curso a la modificación de la superficie de 757,31 mts2., es una violación a los arts. 6 del Código Procesal Civil y 30 de la Ley del Órgano Judicial en cuanto a los principios de eficacia y eficiencia, cuestiona que el Tribunal de apelación pretenda que se realice una nueva demanda para introducir la superficie en el folio real del inmueble.
Producida legalmente la prueba se tiene que de fs. 343 a 356 cursa avalúo pericial, que determina la superficie del inmueble en 757,31 mts2., de la misma forma de fs. 377 a 384 se encuentra el informe del Departamento de Uso y Suelo dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra que hace referencia a las características del inmueble, específicamente a fs. 377 se observa el plano del levantamiento topográfico debidamente revisado por la Secretaria Municipal de Planificación Topográfica, donde se consigna la superficie del inmueble 757,31 mts2., tanto la prueba pericial y el informe del Departamento de Uso y Suelo como el levantamiento topográfico fueron notificadas a las partes, realizando los co demandados Luis Alberto Vaca Pinto Balcázar y Miguel Ángel Robles Vaca Pinto por intermedio de su representante legal observaciones al valor pericial del inmueble y no así a la superficie, manifestando con ello su consentimiento y conformidad.
En cuanto a la incongruencia ultra petita corresponde indicar que los jueces y Tribunales están obligados a observar que lo resuelto y lo demandado, tenga congruencia y coincidencia, no pudiendo la Autoridad judicial salirse de dicho parámetro otorgando a las partes más de lo peticionado, en el entendido que de la congruencia es un elemento del debido proceso.
Respecto a la superficie del inmueble y la declaración del Tribunal Ad quem de que la sentencia contiene decisiones ultra petita, debemos ratificar que en obrados cursa prueba que demuestra como superficie del inmueble 757,31 mts2., revisada la demanda de fs. 74 a 76 los demandantes realizan su petitorio de la siguiente manera: “Solicitamos además que en sentencia ordene al Registro de Derechos Consigne la identidad correcta de los co propietarios BLANCA ELENA VACA PINTO BALCAZAR, ROSA ALINA VACA PINTO BALCAZAR, JAIME VACA PINTO BALCAZAR (fallecido), BERTHA ROSARIO VACA PINTO BALCAZAR, LUIS ALBERTO VACA PINTO BALCAZAR Y MARIA LILIANA VACA PINTO BALCAZAR (fallecida) y la superficie del inmueble de 757,31 Mts2., conforme lo acredita el levantamiento topográfico de fs. 5, todo en conformidad al art. 1537 del Código Civil”; por ello se tiene, que la juez A quo no actuó de forma ultra petita.
En relación a la respuesta al recurso de casación de Luis Alberto Vaca Pinto Balcázar y Miguel Ángel Robles Vaca Pinto, manifiestan que según el art. 272 del Código Procesal Civil, solo el agraviado está legitimado para interponer recurso de casación, la co demandada Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar hasta la fecha no se apersonó para dar por bien hecho las actuaciones de su hija Rita Alejandra Vaca Pinto Balcázar, que la juez cometió error al nombrar a Rita Alejandra Vaca Pinto Balcázar tutora ad litem de Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar en base a un certificado médico que señala que la co demandada tiene alzhéimer, expone que la recurrente no establece de qué manera la resolución vulnera sus derechos fundamentales, o cual es la norma vulnerada o erróneamente aplicada, lo que causaría que el Tribunal de casación no habrá su competencia para resolver el recurso erróneamente planteado.
Al respecto y con el fin de generar convicción en el justiciable cabe precisar, que mediante memorial de fs. 88 a 89 se apersona Rita Alejandra Vaca Pinto Balcázar en representación sin mandato de su madre Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar adjuntando certificado de nacimiento que demuestra su parentesco con la co demandada, aceptándose su apersonamiento mediante providencia a fs. 90 (foja que se encuentra entre fs. 102 y 103), suscribiendo posteriormente acta de fianza que resulta a fs. 104, extremo que no fue observado por ninguna de las partes, pese a ello, ante la existencia del certificado médico a fs. 84 que indica que Rosa Alejandra Vaca Pinto Balcázar sufre de demencia Alzheimer, el juez A quo por Auto interlocutorio simple a fs. 131, designa a su hija Rita Alejandra Vaca Pinto Balcázar como tutora ad litem, por cuanto la participación de la indicada en calidad de tutora de Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar con todas las prerrogativas y facultades es legal.
En cuanto a que el recurso de casación no establece de qué manera la resolución vulnera los derechos fundamentales de la recurrente, o cual es la norma vulnerada o erróneamente aplicada, téngase presente que revisado el memorial de impugnación, la co demandada Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar denuncia error en la apreciación de la prueba respecto al contrato de fs. 205 a 207 y violación del art. 30 en cuanto a los principios de eficacia y eficiencia y art. 6 del Código Procesal Civil en cuanto a que el objeto de los procesos es la efectividad de los derechos reconocidos en la ley sustantiva, argumentos suficientes para que este Tribunal ingrese a considerar y resolver el recurso interpuesto.
Por lo expuesto y fundamentado corresponde emitir Auto Supremo conforme a lo establecido en el Art. 220.IV del Código Procesal Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del Art. 220 Par. IV del Código Procesal Civil, CASA PARCIALMENTE el Auto de Vista Nº 150/2018 de 28 de agosto cursante de fs. 512 a 515 vta. pronunciado por la Sala Civil, Comercial, Familiar, Niñez y Adolescencia, Violencia Intrafamiliar, Doméstica y Pública Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz en lo concerniente al punto dos de la parte resolutiva; disponiendo el reconocimiento del derecho propietario de Rosa Alina Vaca Pinto Balcázar en la superficie de 57,06 mts2. y de Luis Alberto Vaca Pinto Balcázar en la superficie de 69,1 mts2 sobre el bien inmueble ubicado en la esquina de las calles Rafael Peña y España registrado bajo la Matrícula Computarizada Nº 7.01.1.99.0068381, conservando incólume la consignación de la superficie de 757,31 mts2. del inmueble indicado, manteniéndose firmes y subsistentes las demás determinaciones contenidas en la sentencia. Sin costas ni costos y sin responsabilidad por ser excusable.

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