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Timestamp: 2020-07-15 11:31:58+00:00

Document:
Registro Oficial. 9 de MAYO del 2006 Suplemento
1020-2004-RA Inadmítese el amparo constitucional propuesto por el doctor Dumar Iglesias Mata.
0007-2005-RA Confírmase lo resuelto en Primer nivel y acéptase el amparo constitucional propuesto por Celia Cruz Chávez Cárdenas.
0008-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado por ítalo Isaías Chávez Cárdenas.
0009-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado por José Alfredo López Ortiz.
0015-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y revócase en parte, dentro del amparo constitucional interpuesta por Arturo Efraín Vásquez Astudillo.
0018-05-RA Revócase la inadmisión de primer nivel y niégase por improcedente la acción de amparo constitucional propuesta por Julio César Giler Cedeño.
0020-05-RA Revócase la resolución de la Jueza Décimo Cuarto de lo Civil de Milagro y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el abogado William Reyes Cuadros, Vicepresidente del Concejo Cantonal de Milagro.
0022-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado por Mariela del Carmen Jaramillo Luna..
0034-2005-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por Juana Mercedes Ortiz Llivichuzhca.
0042-05-RA Confírmase la resolución dictada por el Juez de instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por Víctor Elias Rodríguez Murillo, Gerente General de la Compañía SOPEN S A.
0045-2005RA Revócase la resolución subida en grado y niégase el amparo solicitado por Marjorie Cristina Buitrón Sosa, por improcedente.
0046-05RA Revócase la resolución del Tribunal de instancia constitucional y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por Luis Fernando Serrano Pazmiño.
0047-2005-RA Confirmase la resolución de primer nivel y niégase el amparo constitucional propuesto por el señor Juan Francisco Velasteguí Ramos..
0052 2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por Ana María Burbanoy otro
0063-2005-RA Confírmase la resolución pronunciada por el Juez Undécimo de lo Penal de Manabí, que acepta el amparo constitucional deducido por la abogada Marisol Elizabeth Gutiérrez Avila.
0064-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo constitucional propuesto por el señor José Medardo Robles González, por ser procedente.
0072-05-RA Confírmase la resolución del Tribunal de instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por la señora Momea Emperatriz García Echeverría, por se; improcedente.
0080-2005-RA Confirmase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado por la señora Patricia Graciela Nieto Gómez.
0085-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por la señora Ana Julia Peñafíel.
0093 -2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por el señor Jimmy Rubén Zambrano Montenegro
0098-2005-RA Niégase la acción de amparo constitucional propuesta por José Benito Guayanay Guayanay y otra
0119 2005 RA Revócase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado por Jorge Roberto Gómez Roy.
0122 2005-RA, Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por el ingeniero agropecuario Angel del Jesús Prado Cedeño.
0124-2005-RA Confírmase la resolución venida en grado y acéptase la acción de amparo constitucional propuesta por el doctor Manuel Eduardo Espinosa Fernández.
0125-2005-RA Revócase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado por el señor Alberto Alexandro Cabrera Silva..
0129-2005-RA Revócasela resolución del Juez de instancia y concédese el amparo constitucional al señor José Iván Jacho López
0135-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de Instancia y niégase el amparo solicitado por el ingeniero Byron Oña González.
0136-2005-RA Inadmítese la acción planteada por el señor Eduardo Júnior Bravo Moreira, por improcedente.
0139-2005-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase el recurso de amparo propuesto por la compañía KIMBERLY CLARK WORLDW1DE INC.
0142-2005-RA Revócase la decisión del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por el señor Norman Dantee Astudillo Salazar.
0144-2005-RA Confírmase la resolución subida en grado y concédese parcialmente la acción de amparo a Mercy Lucía de la Nube Garzón Pesantes.
0147-2005-RA Confírmase la resolución venida en grado y ordénase el archivo del expediente del señor Teodoro Leonardo Rivera Kuon-Yeng.
0155-2005-RA Confírmase la resolución pronunciada por el Juez Séptimo de lo Civil de Pichincha y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por Myriam Eulalia Revelo Borja.
0156-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado por el señor Sixto Alfonso Paredes Ron.
0161-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por el ingeniero Fausto Luque Sevilla.
0177-05-RA Revócase la resolución venida en grado y concédese la acción de amparo constitucional propuesta por el señor Marco Antonio Manzaba Quiroz
0190-2005-RA Confírmase lo resuelto en el primer nivel y niégase el amparo constitucional interpuesto por Martina Veliz Peralta, Gerente de la Cooperativa de Vivienda Fragata Ltda.
0192-05-RA Revócase la resolución del Juez de primera de instancia y concédese el amparo constitucional propuesto por el señor Pedro Elias Gordillo Boada.
0197-2005-RA No admitir la acción de amparo propuesta por el doctor Jaime Molina Palacios.
- Gobierno Municipal Autónomo del Cantón Huaquillas: De creación de la Unidad de Gestión Ambiental.
- Gobierno Municipal del Cantón Caluma: Para la organización, aprobación y registro de los comités, federaciones barriales, asociaciones rurales y otras organizaciones de base.
Quito D. M., 19 de abril de 2006
No. 1020-2004-RA
Magistrado ponente: Dr. Juan Montalvo\n Malo
En el caso signado con el No. 1020-2004-RA
El Dr. Dumar Iglesias Mata, en su calidad de Primer Vocal\n Principal de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo\n de Manabí, comparece ante el Tribunal de lo Contencioso\n Administrativo de Manabí e interpone acción de\n amparo constitucional en contra del Ing. Francisco Teodoro Marazita\n Vinces, en su calidad de Presidente de la Casa de la Cultura\n Ecuatoriana Núcleo de Manabí, e Ing. José\n Toro García, en su calidad de Presidente Encargado. En\n lo principal, el accionante manifiesta:
Que el Presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo\n de Manabí ha procedido en acto arbitrario, contrariando\n las normas de procedimiento y violando expresas disposiciones\n del Estatuto Orgánico de la CCE, a encargar la Presidencia\n del Núcleo de Manabí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana\n al señor Ing. José Toro García, quien se\n desempeña actualmente como Segundo Vocal Principal del\n Directorio de la CCE de Manabí, en razón de tener\n que salir al extranjero para realizar un viaje al Tercer Encuentro\n de Centros Culturales de América Latina y Europa. Esta\n acción irregular y anómala lesiona su derecho constitucional\n a reemplazar al señor Presidente cuando se produzca su\n ausencia, al tenor del artículo 42 en concordancia con\n el artículo 49 del Estatuto Orgánico de la CCE,\n toda vez que soy el Primer Vocal del Directorio, conforme se\n desprende de la certificación que anexa.
Que al alterar el procedimiento, el Presidente del Núcleo\n de Manabí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana no solo\n ha violado el Estatuto Orgánico de la entidad, sino sus\n garantías constitucionales determinadas en el artículo\n 23 numerales 3, 22, 26 y 27 de la Constitución, poniéndole\n en mal predicamento ante los demás miembros del núcleo,\n violando también las garantías del debido proceso\n determinadas en el artículo 24 de la Carta Magna, en especial\n el numeral 13, en razón que este acto altera la sucesión\n natural, no ha sido motivado, lo que le causa un grave daño\n e inminente, en razón que no puede explicar a sus compañeros\n por qué ha sido relegado de sus derechos.
Que con los antecedentes expuestos solicita al tenor del inciso\n quinto del artículo 95 de la Constitución, se deje\n sin efecto el encargo que de manera arbitraria e ilegal ha hecho\n el Presidente de la Casa de la Cultura de Manabí en la\n persona del Ing. José Toro García y que se ordene\n que el compareciente asuma de manera inmediata, por encargo,\n la Presidencia de la Casa de la Cultura Núcleo Manabí.
El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No.\n 4 de Manabí califica favorablemente la demanda mediante\n providencia de 15 de septiembre de 2004, señala la audiencia\n para el 16 de los mismos mes y año, y dispone la suspensión\n provisional de los efectos del acto impugnado. La audiencia pública\n se llevó a cabo el 16 de septiembre del 2004, a la que\n comparece el abogado de la parte actora, en la que hace su exposición\n oral, y presentan la documentación de respaldo pertinente.\n No compareció la parte demandada.
Mediante providencia de 16 de Septiembre de 2004, a las 17:50,\n el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 4\n de Manabí resuelve admitir el amparo constitucional propuesto\n por el Dr. Dumar Iglesias Mata contra el Presidente Titular y\n Presidente Encargado de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo\n de Manabí, y notificar la suspensión del acto impugnado,\n determinando que se debe cumplir la norma estatutaria que señala\n que en ausencia del Presidente le subrogará el Primer\n Vocal del Directorio. Resolución que es apelada por el\n accionado para ante este Tribunal.
PRIMERA.- Que, la Sala es competente para conocer y resolver\n el presente caso, de conformidad con lo que dispone el artículo\n 276, número 3, de la Constitución Política\n de la República.
SEGUNDA.- Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna\n que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo\n que se declara su validez;
TERCERA.- Que, la acción de amparo prevista en el Art.\n 95 de la Constitución Política de la República,\n de manera sustancial tutela los derechos y libertades de las\n personas, consagrados en el texto constitucional, contra actos\n u omisiones ilegítimos de autoridad pública, en\n principio, y de modo inminente amenacen con causar daño\n grave;
CUARTA.- Que, del texto constitucional y de la normativa singularizada\n en la Ley de Control Constitucional, se establece de manera concluyente\n que la acción de amparo constitucional es procedente cuando\n concurren en forma simultánea los siguientes elementos:\n a) que exista un acto u omisión ilegítimo de autoridad\n pública; b) que el acto viole o pueda violar cualquier\n derecho consagrado en la Constitución, convenio o tratado\n internacional vigente; c) que el acto u omisión de modo\n inminente, amenace con causar un daño grave; es decir\n que estos tres elementos descritos para la procedencia de la\n acción de amparo deben encontrarse presentes simultáneamente\n y de manera unívoca.
QUINTA.- Que, el acto de autoridad impugnado es el acto de\n encargo de la Presidencia de la Casa de la Casa de la Cultura\n Núcleo Manabí, realizado por el Ing. Francisco\n Marazita, Presidente del Núcleo, a favor del Ing. José\n Toro García, Segundo Vocal Principal del Núcleo,\n por el lapso de tiempo en el que se encontraría asistiendo\n al Tercer Encuentro de Centros Culturales de América Latina\n y Europa, a realizarse en Cartagena de Indias, Colombia, del\n 15 al 17 de septiembre del 2004. Alegando el accionante que dicho\n encargo le correspondía a él, conforme lo establecen\n los artículos 42 y 49 del Estatuto Orgánico de\n la Casa de la Cultura. De la revisión del expediente no\n consta la existencia del acto de encargo impugnado.
SEXTA.- Que, consta de fojas 3 a 5 del expediente remitido\n por el tribunal de origen la demanda planteada por el accionante,\n Dr. Dumar Iglesias, demanda de amparo que fue presentada a las\n 17H10 del 14 de septiembre de 2004 por el accionante, quien en\n ese momento tenía la calidad de Ministro del Tribunal\n Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 4 de Portoviejo,\n motivo por el cual, el accionante se excusa de participar como\n Magistrado en dicha causa mediante escrito presentado a los 10\n minutos posteriores a la presentación de la acción\n de amparo. Si bien, en principio es legal presentar acción\n de amparo ante cualquier juzgado o tribunal de la República,\n el hecho de que el Dr. Dumar Iglesias Mata haya presentado su\n acción directamente ante el Tribunal en el que ejerce\n como Magistrado, vuelve cuestionable el motivo por el cual presentó\n su acción precisamente ante la Magistratura en la que\n se desenvolvía como Juez, y si bien presentó excusa\n inmediatamente, es indudable que su sola presencia procesal podía\n influir o comprometer a sus subalternos y a sus colegas Magistrados.\n Lo cual, deslegitima la acción de amparo por el propuesta.
SEPTIMA.- Que, del análisis del proceso consta que\n el accionante manifiesta que el demandado por tener que salir\n del país hacia el extranjero encargó la Presidencia\n de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Manabí\n a un vocal no idóneo para ello, pues dicho encargó\n le correspondía a él. Sin embargo de lo cual, no\n existe constancia procesal del acto impugnado, por lo cual, incluso\n podría suponerse que el acto de encargó impugnado\n ni siquiera existió. Lo que si aconteció es que\n el accionante presenta su demanda el día 14 de septiembre\n de 2004, a las 17h10, y a fojas 2 del expediente de primera instancia\n consta el boletín de prensa No. 025 de fecha 13 de septiembre\n de 2004, en la que se indica que el demandado efectivamente iba\n a participar en el encuentro referido en el considerando quinto\n de esta resolución, asimismo, el demandado en su escrito\n que corre de fojas 120 a 122 del proceso indica que estuvo ausente\n desde la presentación de la demanda hasta su resolución,\n todo lo cual, demuestra que la demanda se la propuso en ausencia\n del demandado, Ing. Francisco Marazita; y, a pesar de ello, el\n Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 4 de\n Portoviejo notificó al demandado con la calificación\n de la misma el 15 de septiembre de 2004, mediante oficio No.\n 504-TDCAP-2004, notificación que evidentemente no se la\n hizo en persona, por encontrarse el demandado fuera del país;\n por lo cual, el demandado no pudo ejercer su derecho constitucional\n a la defensa en la audiencia realizada el 16 de septiembre del\n 2004 a las 10h35, tal como consta a fojas 80 del proceso, apremiándose\n más su situación de indefensión al resolverse\n esta causa en su ausencia; vulnerándose con este procedimiento\n irregular su derecho constitucional al debido proceso.
OCTAVO.- Que, al revisar el proceso esta Sala ha detectado\n serias fallas procesales en sustanciación del mismo: En\n primer lugar, mediante providencia de 14 de septiembre de 2004,\n a las 17h30, constante a fojas 7 de proceso, el Dr. Franklin\n Izurieta Vásconez acepta la excusa, propuesta por el Dr.\n Iglesias, contraviniendo lo establecido en el inciso segundo\n del artículo 21 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso\n Administrativa, pues, la calificación de la excusa correspondía\n a los Ministros que no se excusaron, es decir: que tal resolución\n correspondía a los doctores Franklin Izurieta Vásconez\n y Giorgi Gorozabel Vinces y no solamente al Dr. Izurieta. En\n segundo lugar, conforme consta de la razón de 15 de septiembre\n de 2004, sin hora, sentada a fojas 7 vta. por la Secretaria del\n Tribunal, el señor Presidente del Tribunal, Dr. Franklin\n Izurieta Vásconez, no interviene en la causa por encontrarse\n con licencia, motivo por el cual, se pone tal particular en conocimiento\n de su Conjuez abogado Hugo Manuel Briones Fernández; sin\n que exista constancia procesal de la existencia de la licencia\n mencionada o del aviso que conforme el artículo 14 literal\n e de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa\n le correspondía hacer al Presidente del Tribunal, así\n como, tampoco existe constancia procesal de oficio o acción\n de personal expedida por la autoridad de Recursos Humanos o por\n el Consejo Nacional de la Judicatura que legitime la actuación\n del Conjuez Hugo Briones Fernández, pues, la razón\n de notificación impuesta por la Secretaria del Tribunal\n no puede justificar la legitimación de los Conjueces en\n sus cargos. Por tal motivo, existe composición irregular\n del Tribunal, motivo por el cual, el mismo no podía expedir\n actos válidos, conforme lo establecen los artículos\n 43 y 44 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,\n por lo cual, no corresponde a esta Sala analizar el fondo del\n asunto.
Del mismo modo, en relación a la concesión del\n recurso de apelación presentado por el demandado, consta\n (razón a fojas 86 vta.) que previo a la concesión\n de tal recurso, los Conjueces actuantes presentaron sus excusas\n para intervenir como Conjueces Permanentes de el Tribunal Distrital,\n excusas que no constan en el proceso. En relación a dicho\n proceder, la Sala considera que los Conjueces tenían la\n obligación de dar trámite a la causa que conocían\n y que solo podían excusarse en los casos contemplados\n en el artículo 20 de la Ley de la Jurisdicción\n Contenciosa Administrativa, de lo contrario, no están\n presentado una excusa, están presentando renuncia a su\n cargos.
Por las consideraciones anotadas, la Primera Sala del Tribunal\n Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales\n y legales,
1.- Inadmitir el amparo constitucional propuesto por el Dr.\n Dumar Iglesias Mata, en razón de que no existe materia\n sobre la cual pronunciarse, dada la ilegítima integración,\n en este caso, del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo\n No. 4 de Portoviejo, como se deja señalado en el considerando\n Octavo de esta resolución.
2.- Llamar severamente la atención al señor\n Presidente del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo\n No. 4 de Portoviejo, poniendo en conocimiento de esta Resolución\n al Consejo Nacional de la Judicatura
3.- Devolver el expediente al inferior para los fines legales\n consiguientes.- Notifíquese y publíquese en el\n Registro Oficial.
f.) Dr. Enrique Tamariz Baquerizo, Vocal Primera Sala.
Razón.- Siento por tal que la Resolución que\n antecede, fue discutida y aprobada por los señores doctores\n Juan Montalvo Malo, Tarquino Orellana Serrano y Enrique Tamariz\n Baquerizo, Vocales de la Primera Sala del Tribunal Constitucional,\n a los diecinueve días del mes de abril de dos mil seis.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del\n original.- Quito, a 26 de abril del 2006.- f.) Secretaria de\n Sala.
Quito D.\n M., 19 de abril de 2006.-
No. 0007-2005-RA
Magistrado ponente: Dr. Tarquino Orellana\n Serrano
En el caso signado con el No. 0007-2005-RA:
El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional\n con fecha 12 de enero de 2005, en virtud de la acción\n de amparo constitucional interpuesta por Celia Cruz Chávez\n Cárdenas, en contra del Alcalde del Municipio del cantón\n Milagro, en la cual manifiesta: Que desde el 1 de abril de 2002,\n el Municipio le otorgó el nombramiento de Oficinista 3\n del Departamento Financiero. Que ha venido laborando con eficacia,\n honradez y probidad, hasta el 19 de octubre de 2004, fecha en\n la que se le impidió el ingreso a su sitio de trabajo\n por disposición del Director del Departamento de Tesorería,\n autoridad que le manifestó que no podía laborar\n por haber sido despedida por el Alcalde. Que conjuntamente con\n varios compañeros de trabajo, presentaron su reclamo ante\n el Inspector Provincial de Trabajo del Guayas, quien se comprometió\n a hablar con el Alcalde del Municipio de Milagro, para que determine\n los motivos por los cuales se los había despedido, sin\n poder concretar la entrevista, en razón a que las puertas\n del Municipio se encontraban cerradas y a pesar de que se solicitó\n apoyo de la Policía Nacional, el Alcalde no aceptó\n recibirlos, argumentando que no se les había dado cita.\n Que fundamentada en el artículo 95 de la Constitución\n de la República, interpone acción de amparo constitucional\n y solicita se adopte la medida urgente destinada a cesar el acto\n violento, ilegal y arbitrario de despedirla intempestivamente\n de su cargo de Oficinista No. 3 del Departamento Financiero,\n Sección Tesorería, de la Municipalidad de Milagro;\n y, se ordene su inmediata restitución a su puesto.
El Juez Décimo Tercero de lo Civil de Milagro, mediante\n providencia de 12 de noviembre de 2004, acepta la demanda a trámite\n y señala para el 17 de noviembre de 2004, a las 09h00,\n a fin de que tenga lugar la audiencia pública.
En el día y hora señalados se realizó\n la audiencia pública a la que compareció el abogado\n defensor de la Municipalidad de Milagro, ofreciendo poder o ratificación,\n quien manifestó que la demanda de amparo constitucional\n propuesta es ilegítima, indebida, irrespetuosa y calumniosa.\n Que ninguna función del Estado ni autoridad extraña\n a la Municipalidad podrá interferir en su administración\n propia. Que la demanda propuesta carece de preceptos legales,\n como los establecidos en el artículo 46 y siguientes de\n la Ley del Control Constitucional. Que no se señala en\n la demanda lo estipulado en el artículo 72 numeral 2 de\n la Ley Orgánica de Régimen Municipal, por lo que\n existe falta de personería y de legítimo contradictor,\n siendo la demanda nula. Que se debe tomar en cuenta los artículos\n 138 de la Ley de Régimen Municipal y 18 reformado y declarar\n sin lugar la acción planteada, calificándola de\n maliciosa, según lo establecido en el artículo\n 56 de la Ley del Control Constitucional.- La peticionaria, por\n intermedio de su abogado defensor, se ratificó en los\n fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
El 29 de noviembre de 2004, el Juez Décimo Tercero\n de lo Civil de Milagro resolvió aceptar el amparo interpuesto,\n considerando que es evidente que el Alcalde de Milagro, ha procedido\n sin que se justifiquen las causas determinadas en el artículo\n 50 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa al destituir\n de su cargo a la demandante, acto administrativo que ocasiona\n daño actual a la empleada destituida al privarle de su\n trabajo, fuente de ingresos para su subsistencia.
\n PRIMERO.- Que, la Sala es competente para conocer y resolver\n el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos\n 95 y 276, numeral 3, de la Constitución, en concordancia\n con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley del Control\n Constitucional.
CUARTO.- Que, la demanda en sí, no es en modo alguno\n "ilegítima, indebida, irrespetuosa, calumniosa o\n temeraria", como la ha calificado el demandado en su intervención\n dentro de la causa. El hecho de litigar cuando se creyere con\n fundamento o razón de que los derechos constitucionales\n individuales han sido desconocidos por actos u omisiones ilegítimas\n de la autoridad pública, es un derecho propio de las personas,\n derecho consagrado en la Constitución de la República.
QUINTO.- Que, la destitución de la señora Celia\n Chávez Cárdenas de su cargo en el Departamento\n Financiero del Municipio de Milagro, se da en clara contravención\n de las leyes y la Constitución, en razón de que\n para que se produzca no hubo un procedimiento administrativo\n que determine la falta o causal que la justifique, habiendo sido\n la repetida y mal entendida tesis de la "plena autonomía\n municipal" la única argumentación de descargo\n del demandado, quien pretende concentrar todo su poder de decisión\n en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, desconociendo\n el elemental principio de la supremacía de la Constitución,\n como premisa básica sobre la cual se desarrolla y adquiere\n vida todo nuestro ordenamiento jurídico.
SEXTO.- Que, cuando se acordó la destitución\n de la accionante, no se tomó en cuenta que la misma Ley\n de Régimen Municipal, en el Art. 72, numeral 24, manifiesta\n que: "...Podrá así mismo, (el Alcalde) designar\n y sancionar hasta con la destitución a los demás\n funcionarios y empleados de la administración municipal,\n de acuerdo con la ley...". Esto significa que para actuar\n con propiedad se debió iniciar un sumario administrativo,\n conforme lo dicta la Ley Orgánica de Servicio Civil y\n Carrera Administrativa, y de este modo proporcionarle a la agraviada\n su irrenunciable derecho a defenderse, sin que esto constituya\n ninguna perturbación en las atribuciones de las municipalidades.
Por lo expuesto, y ante la evidencia de que en este caso se\n soslayaron preceptos constitucionales referidos al debido proceso\n y la seguridad jurídica, LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL\n CONSTITUCIONAL,
1.- Confirmar lo resuelto en primer nivel y, consecuentemente,\n se acepta el amparo constitucional propuesto por Celia Cruz Chávez\n Cárdenas; y,
No. 0008-2005-RA
En el caso signado con el No. 0008-2005-RA
El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional\n con fecha 12 de enero del 2005 , en virtud de la acción\n de amparo constitucional interpuesta por Italo Isaias Chávez\n Cárdenas, en contra del Alcalde del Municipio del cantón\n Milagro, en la cual manifiesta: Que desde el 1 de diciembre del\n 2001, ejerce el cargo de Jefe de Parques y Alamedas del Municipio\n de Milagro, con eficacia, honradez y probidad, dentro del marco\n de la ley, hasta que el día 19 de octubre del 2004, se\n le impidió la entrada a prestar sus servicios, ya que\n había sido despedido por orden del Alcalde. Que ante este\n hecho, presenta un reclamo ante el Inspector Provincial de Trabajo\n del Guayas, quien se constituyó con el accionante y varios\n empleados que también fueron despedidos, para hablar con\n el Alcalde y determinar los motivos y causales por los cuales\n se dio el hecho, sin poder hacerlo por cuanto las puertas del\n Municipio se encontraban cerradas . Que fundamentado en el artículo\n 95 de la Constitución de la República, interpone\n acción de amparo constitucional y solicita se adopte la\n medida urgente, destinada a cesar el acto violento, ilegal y\n arbitrario de despedirlo intempestivamente del cargo de Jefe\n de Parques y Alamedas de la Municipalidad de Milagro y se ordene\n su inmediata restitución a su puesto de trabajo.
Mediante providencia de 10 de noviembre del 2004, el Juez\n Décimo Tercero de lo Civil de Milagro, acepta la demanda\n a trámite y convoca a Audiencia Pública para el\n 15 de noviembre del 2004, a las 09h00.
En el día y hora señalados se realizó\n la Audiencia Pública, a la que compareció el actor,\n quien se ratificó en los fundamentos de hecho y derecho\n de su petición.- El abogado defensor de la parte demandada,\n ofreciendo poder o ratifiación manifestó que las\n Municipalidades según la Ley Orgánica de Régimen\n Municipal, son autónomas, salvo lo prescrito por la Constitución\n y la ley, y que ninguna función del Estado ni autoridad\n extraña a la Municipalidad podrá interferir en\n su administración propia, estándole prohibido derogar,\n reformar, o suspender la ejecución de ordenanzas, reclamos,\n resoluciones o acuerdos de las Autoridades Municipales.
El Juez Décimo Tercero de lo Civil de Milagro, el 26\n de octubre del 2004, resolvió admitir el amparo constitucional,\n en consideración a que el acto administrativo, al privarle\n de su trabajo, fuente de ingresos para su subsistencia, ocasiona\n un daño actual al empleado destituido.
PRIMERO.- La Sala es competente para conocer y resolver el\n presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos\n 95 y 276 número 3 de la Constitución, en concordancia\n con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley del Control\n Constitucional.
SEGUNDO.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que\n pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que\n se declara su validez.
TERCERO.- La acción de amparo contemplada en el Art.\n 95 de la Carta Política dice: "Cualquier persona,\n por sus propios derechos o como representante legitimado de una\n colectividad, podrá proponer una acción de amparo\n ante el órgano de la Función Judicial designado\n por la ley. Mediante esta acción, que se tramitará\n en forma preferente y sumaria, se requerirá la adopción\n de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión\n o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión\n ilegítimos de una autoridad pública que viole o\n pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución\n o en un tratado o convenio internacional, y que, de modo inminente\n amenace con causar un daño grave. También podrá\n interponerse la acción si el acto o la omisión\n hubieren sido realizados por personas que presten servicios públicos\n o actúen por delegación o concesión de una\n autoridad pública." En consecuencia, para que proceda\n el recurso de amparo constitucional es necesario: a) Que exista\n un acto u omisión ilegítimos de autoridad pública,\n b) Que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado con\n la Constitución o en un tratado o convenio internacional\n vigente, y c) Que cause o amenace causar un daño grave,\n y de modo inminente. Por tanto, lo primero que tenemos que analizar\n es si el acto administrativo impugnado está dentro de\n los parámetros o conceptos anotados, y sobre todo si se\n trata o no de un acto ilegítimo e inconstitucional.
CUARTO.- El acto impugnado como inconstitucional es la cesación\n intempestiva de funciones que ha sufrido el accionante Italo\n Isaías Chávez Cárdenas de su cargo de Jefe\n de Parques y Alamedas del Municipio por parte del señor\n Alcalde del I. Municipio de Milagro, al no dejarlo ingresar a\n las instalaciones del Municipio, al igual que a un grupo de trabajadores,\n tal como se evidencia del Acta de Inspección (fojas3)\n realizada por el Inspector del Trabajo, quien concurrió\n en compañía de un Teniente de la Policía\n Nacional, frente a la denuncia No 4842-04, de que el Alcalde\n prohibió el ingreso de los trabajadores al haber sido\n cesados en sus funciones.
QUINTO.- El cargo de Jefe de Parques y Jardines del accionante\n queda establecido al no haber impugnado tal calidad la autoridad\n demandada. El funcionario público municipal que no es\n de libre nombramiento y remoción, como es el caso, esta\n sujeto al régimen de personal que establezca el Concejo\n Municipal o en su defecto a lo establecido en la Ley Orgánica\n de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación\n y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público,\n conforme a lo establecido en el artículo 191 de la Ley\n Orgánica de Régimen Municipal. En consecuencia,\n el medio más idóneo para separar a un servidor\n de sus funciones es el sumario o audiencia administrativa, conforme\n lo determina el Art. 45 de la Codificación de la Ley Orgánica\n de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación\n y Homologación de la Remuneraciones del Sector Público,\n mismo que debe seguir el procedimiento previsto en el Art. 78\n y siguientes del Reglamento de este mismo cuerpo legal. No consta\n del proceso que se haya seguido ningún procedimiento para\n separar de sus funciones al accionante quien ha laborado desde\n el año 2001, ni que en un sumario se puntualicen los fundamentos\n o causas que lo motivaron, o que se haya receptado su declaración\n contestando a las impugnaciones hechas en su contra, lo cual\n violenta el derecho a la defensa contenido en el numeral 10 del\n Art. 24 de la Carta Política, y que de manera puntual\n consigna: "Nadie podrá ser privado del derecho de\n defensa en ningún estado o grado del respectivo procedimiento";\n precepto que guarda armonía con el Art. 8 de la Convención\n Americana de sobre los Derechos Humanos, que señala: "Toda\n persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías\n y dentro de un plazo razonable, por un juez o un tribunal competente,\n independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la\n ley".
SEXTO.- -De lo anotado, se torna evidente que con la actuación\n arbitraria del Alcalde de Milagro, se ha irrespetado la normativa\n legal vigente a la que todos y todas, y en particular la autoridad\n pública, estamos obligados a respetar y dar cumplimiento,\n por ser parte del Ordenamiento Jurídico que rige la vida\n interna de nuestro país, y en aras justamente de preservar\n la seguridad jurídica, la que ha sido elevada a la categoría\n de derecho fundamental, y que el Estado a través de sus\n instituciones de régimen seccional autónomo, esta\n en la obligación de garantizarla por medio del Derecho,\n y evitar que se avasallen derechos ajenos y sancionar a quienes\n lo hagan. Cabe precisar que la decisión de la autoridad\n municipal no puede contrariar la normativa de la Ley Orgánica\n de Servicio Civil y Carrera Administrativa y la Constitución\n Política de la Republica que consigna en el Art. 119 el\n principio de limitación de las competencias, es decir\n que, "Las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias\n y los funcionarios públicos no pueden ejercer otras atribuciones\n que las consignadas en las Constitución y en la ley",\n y que en el caso equivale a que, el Alcalde no puede por si y\n ante si cerrar las puertas de la institución a los empleados\n municipales. Por su parte, el Art. 124 de la misma Constitución,\n determina el derecho a la estabilidad de los servidores públicos\n y que solo por excepción, los servidores públicos\n estarán sujetos a un régimen de libre nombramiento\n y remoción. De manera que no corresponde a las instituciones\n del Estado, sobre la base de decisiones administrativas, actuar\n fuera del mandato constitucional y legal, aún cuando éstas\n gocen de autonomía administrativa. Por las consideraciones\n expuestas la actuación del Alcalde viola los derechos\n consagrados en el Art. 23 numerales 26 y 27, el Art. 24, Art.\n 35, 119 y 124 de la Constitución Política del Estado.
Por lo expuesto y en ejercicio de sus atribuciones, LA PRIMERA\n SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,
1.- Confirmar la resolución del Juez de instancia y,\n en consecuencia, conceder el amparo solicitado por Italo Isaías\n Chávez Cárdenas; y,
2.- Devolver el expediente al Juez de origen para los fines\n legales previstos en el Art. 55 de la Ley del Control Constitucional.-\n notifíquese.
Razón.- Siento por tal que la Resolución que\n antecede, fue discutida y aprobada por los señores doctores\n Juan Montalvo Malo, Tarquino Orellana Serrano y Enrique Tamariz\n Baquerizo, Vocales de la Primera Sala del Tribunal Constitucional,\n a los diecinueve días de dos mil seis.
No. 0009-2005-RA
Magistrado ponente: Doctor Juan Montalvo\n Malo.
En el caso signado con el No. 0009-2005-RA
José Alfredo López Ortiz comparece ante el Juzgado\n Décimo Tercero de lo Civil del Guayas, con asiento en\n Milagro, e interpone acción de amparo constitucional en\n contra del Alcalde del Municipio de Milagro, impugnando el acto\n administrativo, por el cual se despide en forma intempestiva\n al accionante de su cargo de Recaudador Fiscal de la Municipalidad\n de Milagro.
Manifiesta, el accionante, en lo principal, que ha prestado\n sus servicios como Recaudador Fiscal en la Tesorería de\n la I. Municipalidad de Milagro desde el 14 de agosto del 2000,\n hasta el 19 de octubre de 2004, fecha en la que se le impide\n el ingreso a su lugar de trabajo por orden del señor Alcalde\n Municipal.
El accionante ha solicitado al señor Inspector Provincial\n del Trabajo del Guayas una inspección para poder determinar\n ante el señor Alcalde las causas y motivos de la remoción\n del cargo, lo cual no se llevó a afecto por cuanto el\n señor Alcalde no los atendió.
Expuestos los antecedentes, demanda medidas urgentes destinadas\n a cesar el acto violento, ilegal y arbitrario de dicho funcionario\n de despedirle intempestivamente del cargo; además, solicita\n se ordene la inmediata restitución al mismo.
Con fecha 15 de noviembre de 2004, se llevó a cabo\n la audiencia pública con la comparecencia de las partes\n quienes manifestaron: El demandado rechaza la demanda de amparo\n constitucional por considerarla indebida e infundada. Solicita\n se declare sin lugar la demanda de amparo constitucional. Señala\n además que ninguna función del Estado ni autoridad\n extraña a la municipalidad podrá interferir en\n su administración propia. Considera que la demanda propuesta\n por el actor carece de preceptos legales como lo establece el\n artículo 46 y siguientes de la Ley del Control Constitucional;\n que existe falta de legítimo contradictor, por no haber\n sido citado el Procurador Judicial del Municipio y que se ha\n inobservado el artículo 138 de la Ley de Régimen\n Municipal. Por su parte el accionante en lo principal se afirma\n y ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho de su pretensión.
Con fecha 25 de noviembre de 2004, el Juez Décimo Tercero\n de lo Civil del Guayas, con asiento en Milagro resuelve admitir\n el amparo constitucional y ordena la suspensión definitiva\n del despido intempestivo ordenado por el Alcalde de la Municipalidad\n de Milagro.
Con estos antecedentes, la Sala, para resolver realiza las\n siguientes,
PRIMERA.- La Sala es competente para conocer y resolver el\n presente caso de conformidad con lo que dispone el artículo\n 276, número 3, de la Constitución Política\n de la República;
SEGUNDA.- La acción de amparo procede, entre otros\n aspectos, ante la concurrencia simultánea de los siguientes\n elementos: a) que exista un acto u omisión ilegítimo\n de autoridad pública; b) que el acto viole o pueda violar\n cualquier derecho consagrado en la Constitución, convenio\n o tratado internacional vigente; c) que el acto u omisión\n de modo inminente amenace con causar un daño grave. También\n procede el amparo constitucional contra actos de particulares\n que prestan servicios públicos.
TERCERA.- Un acto es ilegítimo cuando ha sido dictado\n por una autoridad que no tiene competencia para ello, que no\n se lo haya dictado con los procedimientos señalados por\n el ordenamiento jurídico o cuyo contenido sea contrario\n al ordenamiento jurídico vigente, o bien, que se lo haya\n dictado sin fundamento o suficiente motivación, por lo\n tanto, el análisis de legitimidad del acto impugnado no\n se basa solo en el estudio de competencia, sino también\n de su forma, contenido, causa y objeto.
CUARTA.- La excepción planteada por el demandado en\n torno a la falta de legitimación pasiva es improcedente\n por cuanto la acción de amparo constitucional no es una\n demanda a la municipalidad, caso en el cual la misma debería\n estar dirigida a sus representantes legales; se trata, por el\n contrario, de una demanda contra un acto u omisión de\n la autoridad pública, por lo que habiéndose dirigido\n a tal autoridad la demanda, no existe ilegitimidad de personería\n pasiva.
QUINTA.- Mediante esta acción el demandante impugna\n la separación intempestiva de las funciones que venía\n desempeñando como Recaudador Fiscal del departamento de\n Tesorería de la I. Municipalidad de Milagro.
SEXTA.- Consta del proceso que el señor José\n Alfredo López Ortiz ingresó a prestar sus servicios\n en el Municipio de Milagro el 14 de agosto del 2000, conforme\n se infiere de la copia del carné de afiliación\n al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (fs. 2).
SEPTIMA.- El demandado no ha desvirtuado la aseveración\n efectuada por el actor, relativa a la cesación injustificada\n del cargo que se ha dispuesto en su contra; y, por el contrario,\n la autoridad demandada justifica tal cesación citando\n las disposiciones legales que determinan la autonomía\n municipal y alegando que el reclamo debió observar lo\n previsto en el artículo 138 de la Ley Orgánica\n de Régimen Municipal. Al respecto, la Sala puntualiza\n que la autonomía municipal no significa que las autoridades\n municipales puedan actuar fuera del marco constitucional y legal,\n ni las excluye del control de constitucionalidad, por lo que,\n si bien el artículo 138 de la Ley de Régimen Municipal\n determina que quien se sienta perjudicado con una resolución\n de la Municipalidad deberá elevar su reclamo al correspondiente\n Concejo, no impide que quien considera que tal acto es ilegítimo,\n vulnera sus derechos y le causa daño pueda impugnarlo\n mediante acción de amparo constitucional, pues la norma\n del artículo 95 de la constitución no establece\n más exclusión que las decisiones judiciales. En\n consecuencia, correspondía al demandado justificar la\n legitimidad del acto, que no viole derechos y que no cause daño.\n Del mismo modo, es necesario puntualizar que el artículo\n 72 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal (actual\n artículo 69 numerales 23 y 24 de la Codificación\n de la Ley, publicada en el Suplemento al Registro Oficial No.\n 159 de 5 de diciembre de 2005) establecía que son deberes\n y atribuciones del Alcalde en su caso: 24o. Designar y remover\n con causa justa a los directores, procurador síndico y\n tesorero municipal. Podrá así mismo, designar y\n sancionar hasta con la destitución a los demás\n funcionarios y empleados de la administración municipal,\n de acuerdo con la ley.- 25o.- Administrar el sistema de personal\n que adopte el Concejo, para lo cual le corresponde aplicar la\n carrera administrativa y elaborar los proyectos sobre plan de\n clasificación y su nomenclatura y sobre régimen\n de remuneraciones, de calificaciones y disciplinario (los subrayados\n son de la Sala)". En tanto que, el artículo 191 de\n la Ley Orgánica de Régimen Municipal (actual artículo\n 174 de la Codificación de la Ley, publicada en el Suplemento\n al Registro Oficial No. 159 de 5 de diciembre de 2005) establecía\n que "La administración de personal se basará\n en el sistema de mérito y para el acceso al servicio público\n solo se tendrá en cuenta el régimen de personal\n adoptado por el Concejo o, en su defecto, las regulaciones de\n la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. (el subrayado\n es de la Sala). Normas que indudablemente establecen que los\n funcionarios municipales son por regla general funcionarios de\n carrera, lo cual, necesariamente está en consonancia con\n lo dispuesto por la Constitución en su artículo\n 124 que dispone que "por excepción los servidores\n públicos estarán sujetos a un régimen de\n libre nombramiento y remoción".
OCTAVA.- Las funciones efectuadas por el actor no son de aquellas\n contenidas en el literal b) del artículo 93 de la Ley\n de Servicio Civil y Carrera Administrativa, cuya remoción,\n de manera libre, está facultada a las autoridades nominadoras;\n que el demandado, no ha demostrado que las funciones que desempeñaba\n el actor sean de las comprendidas en el referido literal b) del\n artículo 93, por lo que, para dar por terminada la relación\n que mantenía el servidor público con el Municipio,\n de existir causales de destitución, debía instaurarse\n un sumario admin

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