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Timestamp: 2014-09-02 18:49:40+00:00

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Legislación Educación Especial | Invirtiendo en sonrisas especiales
Con el presente trabajo pretendemos hacer un recorrido por la normativa que ha existido relacionada con el ámbito de la Educación Especial, desde leyes orgánicas de educación a resoluciones. De esta forma analizaremos cómo ésta ha cambiado con el paso de los años, cómo se ha cambiado la consideración a las personas con discapacidad y qué aspectos quedan regulados por la normativa.
La normativa que mostramos, en general, está específicamente relacionada con el ámbito de la educación, no en vano el trabajo versa sobre la legislación en educación especial. No obstante, haremos mención a leyes o reales decretos que por su importancia en el ámbito de la discapacidad merecen la pena mencionarlos.
A lo largo de este documento haremos mención a diferentes términos tales como leyes orgánicas, reales decretos, órdenes o resoluciones. Por ello, explicamos a continuación en qué consiste cada uno de ellos para facilitar el seguimiento de todas las explicaciones que daremos.
- Ley orgánica: es aprobada por mayoría absoluta en el Congreso, en nuestro caso concreto, relativo a la educación.
- Real decreto/decreto: es una norma jurídica que emana del gobierno en nombre del Rey.
- Orden: norma jurídica que se sitúa inmediatamente después que el Real Decreto. Su diferencia con éste, consiste en que el Real Decreto precisa para su adopción de la aprobación del Consejo de Ministros, mientras que la Orden ministerial puede establecerse por parte de un solo ministerio.
A continuación pasamos a mostrar las normativa educativa que consideramos más relevante que se han sucedido a lo largo de los años, poniendo especial atención a la forma en que éstas tratan la educación especial y los alumnos con necesidades educativas especiales.
La Ley de Integración Social de los Minusválidos, conocida como LISMI, dispone de diez títulos, algunos con diferentes secciones. A continuación se detallan:
Título III. Prevención de las minusvalías.
Título IV. Del diagnóstico y la valoración de las minusvalías
Sección 1ª.- De la Rehabilitación médico-funcional
Sección 2ª.- Del Tratamiento y Orientación psicológica
Sección 3ª.- De la Educación
Sección 4ª.- De la Recuperación Profesional
Sección 1ª.- Movilidad y barreras arquitectónicas
Sección 2ª.- Del personal de los distintos servicios
Esta ley define minusvalía en su artículo 7 de su segundo Título como: toda persona cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen disminuidos como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales.
Para este trabajo, nos centraremos en comentar acerca del Título VI Sección 3ª, en lo referente a educación.
La Educación Especial será impartida transitoria o definitivamente, a aquellos minusválidos a los que les resulte imposible la integración en el sistema educativo ordinario y de acuerdo con lo previsto en el art. 26 de la presente Ley. En todo caso, la necesidad de la educación especial vendrá determinada, para cada persona, por la valoración global de los resultados del estudio diagnóstico previo de contenido pluridimensional.
La educación especial es un proceso integral, flexible y dinámico, que se concibe para su aplicación personalizada y comprende los diferentes niveles y grados del sistema de enseñanza, particularmente los considerados obligatorios y gratuitos, encaminados a conseguir la total integración social del minusválido. Concretamente, tenderá a la consecución de los siguientes objetivos:
La educación especial, en cuanto proceso integrador de diferentes actividades, deberá contar con el personal interdisciplinario técnicamente adecuado que, actuando como equipo multiprofesional, garantice las diversas atenciones que cada deficiente requiera. Todo el personal que, a través de las diferentes profesiones y en los distintos niveles, intervenga en la educación especial deberá poseer, además del título profesional adecuado a su respectiva función, la especialización, experiencia y aptitud necesarias. Los equipos multiprofesionales previstos en el art. 10 elaborarán las orientaciones pedagógicas individualizadas, cuya aplicación corresponderá al profesorado del Centro. Estos mismos equipos efectuarán periódicamente el seguimiento y evaluación del proceso integrador del minusválido en las diferentes actividades, en colaboración con dicho Centro.
Los minusválidos, en su etapa educativa, tendrán derecho a la gratuidad de la enseñanza, en las instituciones de carácter general, en las de atención particular y en los centros especiales, de acuerdo con lo que dispone la Constitución y las leyes que la desarrollan. Dentro de la educación especial se considerará la formación profesional del minusválido de acuerdo con lo establecido en los diferentes niveles del sistema de enseñanza general y con el contenido de los artículos anteriores.
Los minusválidos que cursen estudios universitarios, cuya minusvalía les dificulte gravemente la adaptación al régimen de convocatorias establecido con carácter general, podrán solicitar y los centros habrán de conceder la ampliación del número de las mismas en la medida que compense su dificultad. Sin mengua del nivel exigido, las pruebas se adaptarán, en su caso, a las características de la minusvalía que presente el interesado.
Este Real Decreto dispone de dos capítulos, el primero hace referencia a la Educación Especial y el segundo hacia el profesorado y personal de los centros.
En el primer capítulo, se habla de los principios de individualización, integración, normalización y sectorialización. Además de la obligatoriedad y gratuidad de las enseñanzas básicas, para todos los alumnos.
La Educación Especial tiene como finalidad preparar mediante el tratamiento educativo y rehabilitación adecuados, a las personas que presenten deficiencias o adaptaciones para su incorporación tan pleno como sea posible, en dada caso, a la vida social. El segundo capítulo habla de los equipos multidisciplinares que participan en esta educación que deben estar en posesión de los títulos adecuados para ejercer la profesión de maestros y otras que tengan carácter educador y rehabilitador. Además de los programas que el Ministerio de Educación y Ciencia ofrecerá a los centros para mayor estimulación de alumnos.
El avance más importante para el paso del modelo de déficit al modelo de alumno con necesidades educativas especiales se produjo en 1985, por la trascendencia que poseen el Real Decreto 334/1985, del 6-3-85 (B.O.E. del 16-3-85) y la Orden Ministerial de 20-3-85 (B.O.E. del 25-3-85), que pone en marcha un vasto e importante plan experimental de integración de niños en la escuela ordinaria, facilitando su inserción a través de apoyos individualizados específicos prestados por personal especializado. Esto supone la desaparición de la Educación Especial como subsistema y hablar de un único sistema educativo con centros ordinarios que integran a.c.n.e.e y la existencia de centros específicos que permiten aprovechar y potenciar las capacidades de aprendizaje de aquellos alumnos que por su discapacidad no ha sido posible escolarizar en centros ordinarios
En enero de 1986 se promulga una Orden el 30 de enero, por la que en cumplimiento de la disposición final primera del Real Decreto 334/1985 de ordenación de la Educación Especial, se establecen las proporciones de personal/alumnos en esta modalidad educativa.
Es una ley de programación de la enseñanza, orientada a la racionalización de la oferta de puestos escolares gratuitos, que a la vez que busca la asignación racional de los recursos públicos permite la cohonestación de libertad e igualdad.
El Consejo Escolar del Estado será consultado sobre las disposiciones que se refieran al desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades en la enseñanza. Al Estado y a las Comunidades Autónomas por medio de la programación general de la enseñanza, corresponde asegurar la cobertura de las necesidades educativas, proporcionando una oferta adecuada de puestos escolares, significando una enseñanza pública insuficientemente atendida durante muchos años y promoviendo la igualdad de oportunidades
Real Decreto 969/1986, de 11 de Abril, por el que se crea el Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial
Este Real Decreto permitirá desde una perspectiva multiprofesional y con una actitud de renovación pedagógica y tecnológica, encontrar fundamentos científicos que avalen las modificaciones que vayan produciéndose en la educación especial, favoreciendo el debate y la participación tanto de los profesionales implicados en este campo como de los diferentes sectores sociales y de la comunidad educativa, proporcionando una fuente de recursos humanos y materiales imprescindibles para una permanente renovación de la escuela. La realización de estudios que el Ministerio de Educación y Ciencia requiera para el desarrollo de la Educación Especial.
Además se elaborarán instrumentos de evaluación y asesoramiento de diagnostico de alumnos de educación especial. Se prepararan diseños curriculares adecuados para dichos alumnos, con adaptaciones de textos, diseños de materiales, orientaciones a los padres para su participación en el proceso educativo de sus hijos.
Gracias a este Decreto se incorporarán nuevas tecnologías que ayuden a lo anterior y a la difusión de todo tipo de información relacionada con los alumnos con necesidades especiales.
Resolución de 15 de Junio del 1989, de la Dirección de Renovación Pedagógica.
Por la que se dan orientaciones para la transformación de las unidades de Educación Especial en “profesores de apoyo” del centro ordinario de E.G.B.
En la LOGSE la mención a los alumnos con necesidades educativas especiales y a la educación especial es relativamente escasa. Se dedican dos artículos al tratamiento de estos temas. Denomina de manera genérica a este tipo de alumnado como alumnos con necesidades educativas especiales.
La LOGSE en su capítulo V, artículo 36 expone que el sistema educativo dispondrá de los recursos necesarios para que los alumnos con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, puedan alcanzar dentro del mismo sistema los objetivos establecidos con carácter general para todos los alumnos. La identificación y valoración de las necesidades educativas especiales se realizará por equipos integrados por profesionales de distintas cualificaciones, que establecerán en cada caso planes de actuación en relación con las necesidades educativas específicas de los alumnos. La atención al alumnado con necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización y de integración escolar. Al final de cada curso se evaluarán los resultados conseguidos por cada uno de los alumnos con necesidades educativas especiales en función de los objetivos propuestos a partir de la valoración inicial. Dicha evaluación permitirá variar el plan de actuación en función de sus resultados.
En su artículo 37, expone que para alcanzar los fines señalados en el artículo anterior, el sistema educativa deberá disponer de profesores de las especiales correspondientes y de profesionales cualificados, así como de los medios y materiales didácticos precisos para la participación de los alumnos en el proceso de aprendizaje. Los centros deberán contar con la debida organización escolar y realizar las adaptaciones y diversificaciones curriculares necesarias para facilitar a los alumnos la consecución de los fines indicados. Se adecuarán las condiciones físicas y materiales de los centros a las necesidades de estos alumnos. La atención a los alumnos con necesidades educativas especiales se iniciará desde el momento de su detección. A tal fin, existirán los servicios educativos precisos para estimular y favorecer el mejor desarrollo de estos alumnos y las Administraciones educativas competentes garantizarán su escolarización.
La escolarización en unidades o centro de educación especial sólo se llevará a cabo cuando las necesidades del alumno no puedan ser atendidas por un centro ordinario. Dicha situación será revisada periódicamente, de modo que pueda favorecerse, siempre que sea posible, el acceso de los alumnos a un régimen de mayor integración. Las Administraciones educativas regularán y favorecerán la participación de los padres o tutores en las decisiones que afecten a la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales.
En este Real Decreto encontramos diferencias varias partes. Encontramos el capítulo I, dedicado a las disposiciones generales. Por otra parte, el capítulo II está dedicado a la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual. El capítulo III, trata la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a condiciones personales de discapacidad. Dentro del cual se trata la escolarización en centros y programas ordinarios (sección primera); y la escolarización en centro de educación especial (sección segunda).
El principal objeto de este Real Decreto es la regulación de las condiciones para la atención educativa a los alumnos con necesidades especiales, temporales o permanentes, asociadas a su historia educativa y escolar, o debidas a condiciones personales de sobredotación y de discapacidad psíquica, motora o sensorial. Por tanto, el derecho a la educación se hará efectivo cuando sea preciso, a través de la educación especial, que se configura por este Real Decreto conforme a la LOGSE y, en lo pertinente, a la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos.
En lo referente a la escolarización (artículo 3), el citado Real Decreto, indica que la atención los alumnos con necesidades educativas especiales comenzarán tan pronto como se adviertan circunstancias que aconsejen tal atención, cualquier que sea su edad, o se detecte riesgo de aparición de discapacidad. Estos alumnos (con necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, asociados a su historia educativa y escolar, así como a condiciones personales de sobredotación y de discapacidad psíquica, motora o sensorial), serán escolarizados en los centros y programas ordinarios. Sólo cuando se aprecie de forma razonada que las necesidades de dichos alumnos no puedan ser adecuadamente satisfechas en un centro ordinario, se propondrá su escolarización en centros de educación especial.
La identificación de los alumnos que requieran apoyos y medios complementarios en el proceso educación estarán basadas en la evaluación psicopedagógica, en la que se tendrán en cuenta tanto las condiciones y características del alumno como las de su entorno familiar y escolar. Su proceso de escolarización llevará un seguimiento continuado, debiéndose revisar de manera periódica y en la forma que reglamentariamente se determine, tras las correspondientes evaluaciones psicopedagógicas, las decisiones de escolarización adoptadas. Se garantizará de la misma forma el carácter revisable de las decisiones de escolarización atendiendo tanto a las circunstancias que puedan afectar a los alumnos con necesidades educativas especiales como a los resultados de las oportunas evaluaciones psicopedagógicas. En lo referente a las garantías para la calidad de la enseñanza (artículo 5), el ministerio presta atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad y mejora de la enseñanza a los alumnos con necesidades educativas especiales. Por ello, se adoptarán las medidas que sean precisas en lo que concierne a la cualificación y formación del profesorado, la elaboración de los proyectos curriculares y de la programación docente, la dotación de medios personales y materiales, la promoción de la innovación e investigación educativa y la adaptación, en su caso, del entorno físico.
Llegamos de esta forma al tratamiento de dos aspectos importantes: el proyecto curricular y las adaptaciones curriculares.
Proyecto curricular (artículo 6). Los centros docentes, en aplicación del principio de atención a la diversidad de capacidades, intereses y motivaciones del alumnado, incluirán en su proyecto curricular las medidas de carácter pedagógico, organizativo y de funcionamiento previstas para la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales que se escolaricen en ellos. Los profesores que atiendan a alumnos con necesidades educativas especiales realizarán, con el asesoramiento y apoyo de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica o de los departamentos curriculares pertinentes para ayudar a estos alumnos a progresar en el logro de los objetivos educativos. El proceso educativo de los alumnos con necesidades educativas especiales tenderá, en cualquier caso y circunstancia, al desarrollo de las capacidades establecidas en los objetivos generales de las respectivas etapas educativas.
Adaptaciones curriculares (artículo 7). Conforme a lo establecido en la LOGSE y en el marco de la atención a la diversidad, podrán llevarse a cabo adaptaciones en todos o algunos de los elementos del currículo, incluida la evaluación, de acuerdo con la naturaleza de las necesidades de los alumnos. En el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales, podrán llevarse a cabo adaptaciones curriculares significativas que afecten a los elementos prescriptivos del currículo, previa evaluación psicopedagógica realizada por los equipos de orientación educativa y psicopedagógica o, en su caso, por los departamentos de orientación. Las adaptaciones curriculares individualizadas servirán de base a las decisiones sobre los apoyos complementarios que deban prestarse a los alumnos con necesidades especiales.
En lo referente a la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual, la atención educativa a los alumnos con necesidades especiales asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual velará especialmente por promover un desarrollo equilibrado de los distintos tipos de capacidades establecidas en los objetivos generales de las diferentes etapas educativas. El Ministerio determinará el procedimiento para evaluar las necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual, así como el tipo y el alcance de las medidas que se deben adoptar para su adecuada satisfacción. A este fin, los equipos de orientación educativa y psicopedagógica y los departamentos de orientación de los institutos de educación secundaria que escolaricen alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de sobredotación intelectual contarán con profesionales con una formación especializada.
En el capítulo III sobre la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a condiciones personales de discapacidad, tenemos que se hará una detección precoz y atención educativa inicial (artículo 12). A través de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, asegurará la detección precoz y la evaluación de las necesidades educativas especiales de los niños con discapacidad psíquica, sensorial o motora.
La atención educativa de estos niños se iniciará desde el momento en que, sea cual fuera su edad, se produzca la detección de una discapacidad psíquica, sensorial o motora, tendrá por objeto corregir precozmente, en lo posible, las secuelas de la discapacidad detectada, prevenir y evitar la aparición de las mismas y, en general, apoyar y estimular su proceso de desarrollo y aprendizaje en un contexto de máxima integración. El Ministerio de Educación y Ciencia (actual ministerio de Educación Política Social y Deporte), propiciará de manera especial la colaboración de los padres o tutores de los niños, los cuales podrán recibir preparación a tal fin ofrecida por los servicios correspondientes.
En lo relativo a la escolarización de estos alumnos en centros y programas ordinarios, tendrán acceso a los siguientes:
- Bachillerato y formación profesional reglada
En lo referente a la escolarización en centros de educación especial, tenemos que se propondrá la escolarización en centros de educación especial de aquellos alumnos con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a condiciones personales de discapacidad que requieran, de acuerdo con la evaluación y el dictamen realizados por los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, adaptaciones significativas y en grado extremo en las áreas del currículo oficial que les corresponda por su edad y cuando se considere por ello que sería mínimo su nivel de adaptación y de integración social en un centro escolar ordinario.
En los centro de educación especial se impartirá la educación básica obligatoria y una formación que facilite la transición a la vida adulta de os alumnos escolarizados en ellos. Asimismo, se podrán impartir en estos centros los programas de garantía social para alumnos con necesidades educativas especiales. En la educación básica obligatoria, la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales en los centros de educación especial comenzará y finalizará en las edades establecidas por la ley con carácter general. La formación complementaria para la transición a la vida adulta tendrá una duración de dos años, pudiendo ampliarse a tres cuando el proceso educativo del alumno y/o las posibilidades laborales del entorno así lo aconsejen. En cualquier caso, el límite de edad para poder permanecer escolarizado en un centro de educación especial será el de veinte años.
Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes (LOPEG)
En España, el artículo 27 de la Constitución consagra la responsabilidad de los poderes públicos como garantía fundamental del derecho a la educación, en todos sus extremos. Para desarrollar los principios constitucionales en esta materia, la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, vino a consolidar el ejercicio de tal derecho dentro de un sistema escolar concebido como escuela para todos. Al mismo tiempo, la Ley reconoció y afianzó el régimen mixto, público y privado, de los centros docentes, sancionó la libertad de creación de centros, dentro de la inexcusable viabilidad, fijó las condiciones en que los centros así creados gozan de financiación pública y, como elemento imprescindible de la estructura de los centros docentes financiados con fondos públicos, estableció los órganos unipersonales y colegiados de gobierno y determinó sus funciones y modo de constitución.
Posteriormente, la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, ha reestructurado, el conjunto del sistema educativo. Líneas fundamentales de esta reforma han sido la ampliación hasta los dieciséis años de la educación obligatoria y gratuita, el establecimiento de la educación infantil, primaria y secundaria obligatoria como nuevas etapas educativas y la definición de un marco normativo moderno para el bachillerato y la formación profesional.
La LOGSE ha concretado los objetivos y áreas o materias de las distintas etapas y ha delimitado en ellas las características generales de los nuevos currículos. Por otra parte, la Ley, destaca la cualificación y formación del profesorado, la programación docente, la innovación y la investigación educativas, así como la orientación educativa y profesional, junto a otros especialmente vinculados a la vida cotidiana de los centros, como la función directiva o la inspección. Las directrices de la LOGSE comportan elementos muy innovadores en cuanto a la estructura del sistema educativo y sus etapas y enseñanzas, las nuevas responsabilidades y autonomía de los centros y del profesorado en el desarrollo del currículo, y la exigencia de evaluación del conjunto del sistema.
Segunda disposición adicional. Establece que las Administraciones educativas deben garantizar la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, y la séptima introduce una serie de modificaciones respecto al régimen aplicable a los centros concertados lo establecido en la presente Ley para los centros públicos, para que todos los centros sostenidos con fondos públicos sean de igual modo partícipes de las medidas que favorecen la calidad de la enseñanza y queden sometidos a equivalentes mecanismos de control social.
Orden de 14 de febrero de 1996, por la que se regula el procedimiento para la realización de evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización y se establecen los criterios para la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales
En su capítulo I, encontramos los aspectos relativos a la evaluación psicopedagógica. Se entiende la evaluación psicopedagógica como un proceso de recogida, análisis y valoración de la información relevante sobre los distintos elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para identificar las necesidades educativas de determinados alumnos que presentan o pueden presentar desajustes en su desarrollo personal y/o académico, y para fundamentar y concretar las decisiones respecto a la propuesta curricular y al tipo de ayudas que aquello pueden precisar para progresar en el desarrollo de las distintas capacidades.
En consecuencia, la evaluación psicopedagógica actualizada será necesaria para determinar si un alumno tiene necesidades educativas especiales, para la toma de decisiones relativas a su escolarización, para la elaboración de adaptaciones significativas, para la propuesta de diversificaciones del currículo, para la determinación de recursos y apoyos específicos complementarios que los mismos puedan necesitar, y para la orientación escolar y profesional una vez terminada la enseñanza obligatoria.
En todo caso, la evaluación psicopedagógica, aunque se origine a partir de las necesidades particulares de determinados alumnos, habrá de contribuir a la mejora de la calidad de la institución escolar y, en definitiva, de las condiciones educativas en las que se den las situaciones individuales.
La evaluación psicopedagógica habrá de basarse en la interacción del alumno con los contenidos y materiales de aprendizaje, con el profesor, con sus compañeros en el contexto del aula y en el centro escolar, y con la familia. El mismo enfoque se aplicará también a la evaluación psicopedagógica de alumnos no escolarizados, a partir de su interacción con los contenidos del currículo oficial que les corresponda por edad, con su contexto social y con su familia.
- Del alumno: condiciones personales de discapacidad o sobredotación, historia educativa y escolar, competencia curricular y estilo de aprendizaje.
- Del contexto escolar: análisis de las características de la intervención educativa, de las características y relaciones que se establecen en el grupo clase, así como de la organización de la respuesta educativa.
- Del contexto familiar: características de la familia y de su entorno, expectativas de los padres y posibilidades de cooperación en el desarrollo del programa de atención educativa en el seno familiar.
La evaluación psicopedagógica es competencia, dentro del sistema educativo, de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica y de los departamentos de orientación de los centros docentes. El responsable de la realización de la evaluación psicopedagógica será un profesor de la especialidad de psicología y pedagogía del equipo de orientación educativa y psicopedagógica o del departamento de orientación correspondiente.
La evaluación psicopedagógica constituye una labor interdisciplinar que trasciende los límites del equipo de orientación educativa y psicopedagógica o del departamento de orientación, e incorpora la participación de los profesionales que participan en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Para efectuar la evaluación psicopedagógica, los profesionales utilizarán los instrumentos propios de las disciplinas implicadas, se servirán de procedimientos, técnicas e instrumentos como la observación, los protocolos para la evaluación de las competencias curriculares, los cuestionarios, las pruebas psicopedagógicas, las entrevistas y la revisión de los trabajos escolares. Sólo con el fin de obtener información adicional complementaria podrá ser útil considerar la evaluación psicopedagógica de carácter individual.
Las conclusiones derivadas de la información obtenida se recogerán en un informe psicopedagógico. Este informe constituye un documento en el que se refleja la situación evolutiva y educativa actual del alumno en los diferentes contextos de desarrollo o enseñanza, se concretan sus necesidades educativas especiales, si las tuviera y, por último, se orienta la propuesta curricular y el tipo de ayuda que puede necesitar durante su escolarización para facilitar y estimular su progreso. Incluirá, como mínimo, la síntesis de información del alumno relativa a los siguientes aspectos:
b) Desarrollo general del alumno, condiciones personales de salud, de discapacidad o de sobredotación, el nivel de competencia curricular y el estilo de aprendizaje.
c) Aspectos relevantes del proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula y en el centro escolar, teniendo en cuenta las observaciones realizadas y la información facilitada por el profesorado y profesionales que intervengan en la educación.
Los profesionales que deban conocer el contenido tanto del informe de evaluación psicopedagógica, como del dictamen de escolarización, garantizarán su confidencialidad.
En el capítulo II se trata el proceso de escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales. Al escolarizar alumnos con necesidades educativas especiales, además de los requisitos establecidos con carácter general, el procedimiento incluirá:
1. Dictamen de escolarización elaborado por el equipo de orientación educativa y psicopedagógica, del sector correspondiente al centro educativo donde los padres hayan solicitado la admisión.
El dictamen de escolarización incluirá los siguientes aspectos:
El dictamen de escolarización se llevará a cabo cuando los padres o tutores legales de los alumnos hayan solicitado, o vayan a solicitar, la admisión de éstos en un centro ordinario y pueda preverse que van a requerir durante su escolarización adaptaciones curriculares significativas y/o medios personales o materiales complementarios; cuando los padres o tutores legales de los alumnos hayan solicitado, o vayan a hacerlo, la admisión de éstos en un centro de Educación Especial, cuando sea necesario modificar la modalidad de escolarización de un alumno con necesidades especiales de un centro de Educación Especial a uno ordinario o viceversa, cuando se modifique significativamente la situación personal de un alumno y, en consecuencia, pueda preverse que va a requerir durante su escolarización adaptaciones curriculares significativas y/o medios personales o materiales complementarios.
La propuesta de escolarización podrá referirse a cualquiera de las etapas educativas: en la etapa anterior a la enseñanza obligatoria, tiene por objeto la atención educativa temprana, para apoyar y estimular el proceso de desarrollo de estos alumnos. En la etapa obligatoria, tiene por objeto garantizar la respuesta adecuada a las necesidades del alumno para que pueda desarrollar las capacidades establecidas en los objetivos de la etapa en el mayor grado posible. En la etapa posterior a la enseñanza obligatoria, tiene por objeto proporcionar la atención educativa más acorde con las características personales del alumnado, con la finalidad de facilitar la transición a la vida adulta y laboral mediante la continuidad de sus estudios en Programas de Transición a la Vida Adulta, de Garantía Social, en las diferentes opciones de Formación Profesional, o en las distintas modalidades de Bachillerato.
En el capítulo III encontramos los criterios para la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales, tenemos que:
2. Las decisiones relativas tanto a la escolarización inicial como a su revisión han de perseguir la situación de mayor normalización e integración escolar. En consecuencia, la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales se realizará, siempre que sea posible, en centros ordinarios que dispongan de los medios personales y de las ayudas técnicas necesarios, o que razonablemente puedan ser incorporados.
En el caso del alumnado con discapacidad auditiva o motora, deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios complementarios:
1. La escolarización del alumnado con discapacidad auditiva se llevará a cabo, , en el centro ordinario que disponga de los medios personales y de las ayudas técnicas necesarios o que puedan ser incorporados y, prioritariamente, en aquellos centros con modalidad de integración preferente en este tipo de discapacidad.
2. Cuando la gravedad de la sordera dificulte seriamente la posibilidad de comunicación con el profesor, y el centro ordinario no pueda asegurar sistemas de comunicación adecuados para el aprendizaje de este alumnado y se haga poco viable su aprovechamiento, el alumno podrá escolarizarse en un centro de Educación Especial específico para alumnos sordos o en unidades específicas de la misma naturaleza que garanticen el sistema de comunicación adecuado.
En la LOCE cambian nuevamente la forma de denominación de las personas con necesidades educativas especiales. Así en el capítulo VII, habla de atención a los alumnos con necesidades educativas específicas.
- De la igualdad de oportunidades para una educación de calidad (Sección primera)
- De los alumnos extranjeros (Sección segunda)
- De los alumnos superdotados intelectualmente (Sección tercera)
- De los alumnos con necesidades educativas especiales (Sección cuarta)
Igualdad de oportunidades para una educación de calidad. Donde se expone, en el artículo 40 de principios, que con el fin de asegurar el derecho individual a una educación de calidad, los poderes públicos desarrollarán las acciones necesarias y aportarán los recursos y los apoyos precisos que permitan compensar los efectos de situaciones de desventaja social para el logro de los objetivos de educación y de formación previstos para cada uno de los del sistema educativo. El estado podrá impulsar, mediante convenios con las Comunidades Autónomas, actuaciones preferentes orientadas al logro efectivo de sus metas y objetivos en materia de igualdad de oportunidades y de compensación en educación.,
En su artículo 41 se habla de los recursos. Las Administraciones educativas adoptarán procedimientos singulares en aquellos centros escolares o zonas geográficas en las cuales, por las características socioeconómicas y socioculturales de la población correspondiente, resulte necesaria una intervención educativa diferenciada, con especiales atención a la garantía de la igualdad de oportunidades en el mundo rural. En tales casos, se aportarán los recursos materiales y de profesorado necesarios y se proporcionará el apoyo técnico y humano preciso para el logro de la compensación educativa.
Los poderes públicos organizarán y desarrollarán de manera integrada acciones de compensación educativa, con el fin de que las actuaciones que correspondan a sus respectivos ámbitos de competencia consigan el uso más efectivo posible de los recursos empleados. Excepcionalmente, en aquellos casos en que, para garantizar la calidad de la enseñanza, los alumnos de enseñanza obligatoria hayan de estar escolarizados en un municipio próximo al de su residencia o a una distancia que lo justifique de acuerdo con la normativa al efecto, las Administraciones educativas prestarán de forma gratuita los servicios escolares de transporte, comedor y, en su caso, internado.
Alumnos extranjeros. En relación a la incorporación al sistema educativo, que las Administraciones educativas favorecerán la incorporación al sistema educativo de los alumnos procedentes de países extranjeros, especialmente en edad de escolarización obligatoria. Para los alumnos que desconozcan la lengua y cultura españolas, o que presenten graves carencias en conocimientos básicos, las Administraciones educativas desarrollarán programas específicos de aprendizaje con la finalidad de facilitar su integración en el nivel correspondiente.
Los programas a que hace referencia el apartado anterior se podrán impartir, de acuerdo con la planificación de las Administraciones educativas, en aulas específicas establecidas en centro que impartan enseñanzas en régimen ordinario. El desarrollo de estos programas será simultáneo a la escolarización de los alumnos en los grupos ordinarios, conforme al nivel y evolución su aprendizaje.
Los alumnos mayores de quince años que presenten graves problemas de adaptación a la Educación Secundaria Obligatoria se podrán incorporar a los programas de iniciación profesional establecidos en esta Ley.
Los alumnos extranjeros tendrán los mismos derechos y los mismos deberes que los alumnos españoles. Su incorporación al sistema educativo supondrá la aceptación de las normas establecidas con carácter general y de las normas de convivencia de los centros educativos en los que se integren. Las Administraciones educativas adoptarán las medidas oportunas para que los padres de alumnos extranjeros reciban el asesoramiento necesario sobre los derechos, deberes y oportunidades que comporta la incorporación al sistema educativa español.
Alumnos superdotados intelectualmente. Los alumnos superdotados intelectualmente son objeto de una atención específica por parte las Administraciones educativas. Con el fin de dar una respuesta educativa más adecuada a estos alumnos, las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para identificar y evaluar de forma temprana sus necesidades.
El Gobierno, previa consulta a las Comunicación Autónomas, establecerá los normas para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo establecidos en la presente Ley, independientemente de la edad de estos alumnos.
Las Administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para facilitar la escolarización de estos alumnos en centro que, por sus condiciones, puedan prestarles una atención adecuada a sus características. Corresponde a las Administraciones educativas promover la realización de cursos de formación específica relacionados con el tratamiento de estos alumnos para el profesorado que los atienda. Igualmente adoptarán las medias oportunas para que los padres de estos alumnos reciban el adecuado asesoramiento individualizado, así como la información necesaria que les ayude en la educación de sus hijos.
Alumnos con necesidades educativas especiales. Los alumnos con necesidades educativas especiales que requieran, en un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, y en particular en lo que se refiere a la evaluación, determinados apoyos y atenciones educativas, específicas por padecer discapacidades físicas, psíquicas, sensoriales, o por manifestar graves trastornos de la personalidad o de conducta, tendrán una atención especializada, con arreglo a los principios de no discriminación y normalización educativa, y con la finalidad de conseguir su integración. A tal efecto, las Administraciones educativas dotarán a estos alumnos del apoyo preciso desde el momento de su escolarización o de la detección de su necesidad.
En lo relativo a la valoración de las necesidades, los alumnos con necesidades educativas especiales serán escolarizados en función de sus características, integrándolos en grupos ordinarios, en aulas especializadas en centros ordinarios, en centros de educación especial o en escolarización combinada. La identificación y valoración de las necesidades educativas especiales de estos alumnos se realizará por equipos integrados por profesionales de distintas cualificaciones. Estos profesionales establecerán en cada caso planes de actuación en relación con las necesidades educativas de cada alumno, contando con el parecer de los padres y con el del equipo directivo y el de los profesores del centro correspondiente. Al finalizar cada curso, el equipo de evaluación valorará el grado de consecución de los objetivos establecidos al comienzo del mismo para los alumnos con necesidades educativas especiales. Los resultados de dicha evaluación permitirán introducir las adaptaciones precisas en el plan de actuación, incluida la modalidad de escolarización que sea más acorde con las necesidades educativas del alumno. En caso de ser necesario, esta decisión podrá adoptarse durante el curso escolar.
En la referente a la escolarización de estos alumnos comenzará y finalizará con las edades establecidas con carácter general para el nivel y la etapa correspondiente. Excepcionalmente, podrá autorizase la flexibilización del período de escolarización en la enseñanza obligatoria. En cualquier caso, el límite de edad para poder permanecer escolarizado en un centro de educación especial será de veintiún años. la escolarización de alumnos con necesidades educativas especiales incluirá también la orientación a los padres para la necesaria cooperación entre la escuela y la familia.
El objeto de este Real Decreto es regular las condiciones y el procedimiento para flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para aquellos alumnos que sean identificados como superdotados intelectualmente y que cursen enseñanzas escolares en los centros docentes donde se aplique la LOCE.
Se establece que serán las Administraciones educativas las que adoptarán las medidas necesarias para identificar a los alumnos superdotados intelectualmente, evaluando las necesidades educativas específicas de dichos alumnos lo más tempranamente posible.
Sobre las medidas de atención educativa (artículo 4), tenemos que, la atención educativa específica a estos alumnos se iniciará desde el momento de la identificación de sus necesidades, sea cual sea su edad, y tendrá por objeto el desarrollo pleno y equilibrado de sus capacidades y de su personalidad. Las Administraciones educativas determinarán las condiciones que han de reunir los centros para prestar la adecuada atención educativa a estos alumnos, así como las medidas oportunas para que los padres de los alumnos superdotados intelectualmente reciban el adecuado asesoramiento continuado e individualizado y la información necesaria sobre la atención educativa que reciban sus hijos.
En el capítulo II, se hace mención a las enseñanzas de régimen general. En el artículo 7 se establecen los criterios generales para flexibilizar la duración de los diversos niveles, etapas y grados para los alumnos superdotados intelectualmente, y se establece que la flexibilización de la duración de los diversos niveles, etapas y grados para ellos consistirá en su incorporación a un curso superior al que le corresponda por su edad. Esta medida podrá adoptarse hasta un máximo de tres veces en la enseñanza básica y una sola vez en las enseñanzas posobligatorias. No obstante, en casos excepcionales, las Administraciones educativas podrán adoptar medidas de flexibilización sin tales limitaciones. Esta flexibilización incorporará medidas y programas de atención específica. La flexibilización deberá contar por escrito con la conformidad de los padres.
Las Administraciones educativas determinarán el procedimiento, trámites y plazos que han de seguir en su respectivo ámbito territorial para adoptar las medidas de flexibilización de la duración de los diversos niveles, etapas y grados para los alumnos superdotados intelectualmente, así como el órgano competente para dictar la correspondiente resolución. (Artículo 8).
Dentro de las enseñanzas de régimen especial (capítulo II), tenemos que los criterios generales para la flexibilización de la duración de los diversos grados, ciclos y niveles para los alumnos superdotados intelectualmente consistirá en su incorporación a un curso superior al que le corresponda por su edad, siempre que la reducción de estos períodos no supere la mitad del tiempo establecido con carácter general. No obstante, en casos excepcionales, las Administraciones educativas podrán adoptar medidas de flexibilización sin tal limitación. Esta flexibilización incorporará medidas y programas de atención específica.
En su artículo 2, se exponen los principios de vida independiente, normalización, accesibilidad universal, diseño para todos, diálogo civil y transversalidad de las políticas en materia de discapacidad. A estos efectos se entiende por:
- Vida independiente: la persona con discapacidad ejerce el poder de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad.
- Normalización: el principio en virtud del cual las personas con discapacidad deben poder llevar una vida normal, accediendo a los mismos lugares, ámbitos, bienes y servicios que están a disposición de cualquier otra persona.
- Accesibilidad universal: la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios así como los objetos o instrumentos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.
- Diseño para todos: la actividad por la que se concibe o proyecta, desde el origen y siempre que ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor extensión posible.
Entre los diferentes artículos que lo componen destaremos algunos de ellos.
Artículo 4, se entenderá que se vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad cuando se produzcan discriminaciones directas o indirectas, acosos, incumplimientos de las exigencias de accesibilidad y de realizar ajustes razonables, así como el incumplimiento de las medidas de acción positiva legalmente establecidas.
Artículo 5, con el fin de garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad, los poderes públicos establecerán medidas contra la discriminación y medidas de acción positiva.
Artículo 6, se consideran medidas contra la discriminación aquellas que tengan como finalidad prevenir o corregir que una persona con discapacidad sea tratada de una manera directa o indirecta menos favorablemente que otra que no lo sea, en una situación análoga o comparable. Se entenderá que existe discriminación indirecta cuando sea una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual, una decisión unilateral o un criterio o práctica, o bien un entorno, producto o servicio, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por razón de discapacidad, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios.
Artículo 8, se consideran medidas de acción positiva aquellos apoyos de carácter específico destinados a prevenir o compensar las desventajas o especiales dificultades que tienen las personas con discapacidad en la incorporación y participación plena en los ámbitos de la vida política, económica, cultura y social, atendiendo a los diferentes tipos y grados de discapacidad.
Artículo 10, condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. Las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación establecerán, para cada ámbito o área, medidas concretas para prevenir o suprimir discriminaciones, y para compensar desventajas o dificultades. Se incluirán disposiciones, sobre, al menos, los siguientes aspectos:
Exigencias de accesibilidad de los edificios y entornos, y de los bienes y productos utilizados en el sector o área. En particular, la supresión de barreras a las instalaciones y la adaptación de equipos e instrumentos.
Condiciones más favorables en el acceso, participación y utilización de los recursos de cada ámbito o área y condiciones de no discriminación en normas, criterios y prácticas
Apoyos complementarios, tales como ayudas económicas, tecnológicas de apoyo, servicios o tratamientos especializados y otros servicios personales.
La adaptación de normas internas en las empresas o centros que promuevan y estimulen la eliminación de desventajas o situaciones generales de discriminación a las personas con discapacidad.
Planes y calendario para la implantación de las existencias de accesibilidad y para el establecimiento de las condiciones más favorables y de no discriminación.
Artículo 11. Medidas de fomento y defensa. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias, promoverán y facilitarán el desarrollo de medidas de fomento y de instrumentos y mecanismos de protección jurídica para llevar a cabo una política de igualdad de oportunidad, mediante la adopción de las medidas necesarias para que supriman las disposiciones normativas y las prácticas contrarias a la igualdad de oportunidades y el establecimiento de medidas para evitar cualquier forma de discriminación por causa de discapacidad.
Siendo ésta la que está vigente en la actualidad para todo el sistema educativo español. Comenzamos observando cómo se denomina en ésta a los alumnos con necesidades educativas especiales.
La LOE dedica su título II: Equidad en la educación, capítulo I a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. Según la LOE, se denomina alumno con necesidad específica de apoyo educativo aquél que se encuentre dentro de alguno de siguientes grupos:
- Alumnos con necesidades educativas especiales (sección primera)
- Alumnos con altas capacidades intelectuales (sección segunda)
- Alumnos con integración tardía en el sistema educativo (sección tercera)
Se define alumno con necesidades educativas especiales, aquel que requiera, por un período de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivas de discapacidad o trastorno graves de conducta.
Con lo que podemos extraer que, según esto, nuestra denominación tradicional de alumnos con necesidades educativas especiales es sólo una parte concreta de un grupo más amplio que a partir de ahora denominaremos alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
En el artículo 71, se presentan los principios que han de tenerse en cuenta para con los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. Entre los cuales destacamos:
- Se dispondrán de los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional.
- Se asegurarán los recursos necesarios para que los alumnos que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentan necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por otras, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.
- Es necesario establecer los recursos necesarios para identificar tempranamente las necesidades educativas específicas de los alumnos. La atención integral al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los principios de normalización e inclusión.
- Corresponde a las Administraciones educativas garantizar la escolarización, regular y asegurar la participación de los padres o tutores en las decisiones que afecten a la escolarización y a los procesos educativos de este alumnado. Igualmente les corresponde adoptar las medidas oportunas para que los padres de estos alumnos reciban el adecuado asesoramiento individualizado, así como la información necesaria que les ayude en la educación de sus hijos.
Por otra parte, se dedica el artículo 72, a los recursos que se emplearán con este alumnado. Como por ejemplo:
- Los centros educativos dispondrán del profesorado de las especialidades correspondientes y de profesionales cualificados, así como de los medios y materiales precisos para la adecuada atención de este alumnado.
- Las Administraciones educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para atender adecuadamente a este alumnado. Los criterios para determinar estas dotaciones serán los mismos para los centros públicos y privados concertados.
- Los centros contarán con la debida organización escolar y realizarán las adaptaciones y diversificaciones curriculares precisas para facilitar a todo el alumnado la consecución de los fines establecidos.
- Las Administraciones educativas promoverán la formación del profesorado y de otros profesionales relacionada con el tratamiento del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
- Las Administraciones educativas podrán colaborar con otras Administraciones o entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, instituciones o asociaciones, para facilitar la escolarización y una mejor incorporación de este alumnado al centro educativo.
En cuanto al modo de escolarización de los citados alumnos tenemos:
Alumnos con necesidades educativas especiales: la escolarización de estos alumnos se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo, pudiendo introducirse medidas de flexibilización de las distintas etapas educativas, cuando se considere necesario. La escolarización de este alumnado en unidades o centros de educación especial, que podrá extenderse hasta los veintiún años, sólo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios.
La identificación y valoración de las necesidades educativas de este alumnado se realizará, lo más tempranamente posible, por personal con la debida cualificación y en los términos que determinen las Administraciones educativas. Al finalizar cada curso se evaluarán los resultados conseguidos por cada uno de los alumnos en función de los objetivos propuestos a partir de los alumnos en función de los objetivos propuestos a partir de la valoración inicial. Dicha evaluación permitirá proporcionarles la orientación adecuada y modificar el plan de actuación así como la modalidad de escolarización, de modo que puede favorecerse, siempre que sea posible, el acceso del alumnado a un régimen de mayor integración.
Alumnos con altas capacidades intelectuales: el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, establecerá las normas para flexibilizar la duración de cada una de las etapas del sistema educativo para los alumnos con altas capacidades intelectuales, con independencia de su edad.
Alumnos con integración tardía en el sistema educativo: corresponde a las Administraciones públicas favorecer la incorporación al sistema educativo de los alumnos que, por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se incorporen de forma tardía al sistema educativo español. Dicha incorporación se garantizará, en todo caso, en la edad de escolarización obligatoria. Las Administraciones educativas garantizarán que la escolarización del alumnado que acceda de forma tardía al sistema educativo español se realice atendiendo a sus circunstancias, conocimientos, edad e historial académico, de modo que se pueda incorporar al curso más adecuado a sus características y conocimientos previos, con los apoyos oportunos, y de esta forma continuar con aprovechamiento su educación.
Otros puntos relacionados con la educación especial tratados en la LOE son:
- Artículo 111: Denominación de los centros públicos. Según la cual se establece que los centros que ofrecen enseñanzas dirigidas a alumnos con necesidades educativas especiales que no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios, se denominarán centros de educación especial.
- Artículo 126: Composición del Consejo Escolar. El Consejo Escolar en los centros públicos estará compuesto de:
Un concejal o representando del Ayuntamiento
Profesores, elegidos por el Claustro, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo
Padres y alumnos, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo
Un representante del personal de administración y servicios del centro
El secretario del centro, con voz y sin voto
En los centro de educación especial y en aquellos que tengan unidades de educación especial formará parte también del Consejo Escolar, un representante del personal de atención educativa complementaria.
- Orden Ministerial de 20 de Marzo de 1985, sobre planificación de la Educación Especial y experimentación de la integración en el curso 1985-1986. (BOE 25/03/1985).
- Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación (LODE). Modificada por la Ley Orgánica 10/1999.
- Orden Ministerial de 30 de Enero de 1986 por la que en cumplimiento del RD 334/1985, se establecen las proporciones de personal/alumno en la modalidad educativa de E.E. (BOE 4‑2‑1986).
- Real Decreto 969/1986 por el que se crea el Centro Nacional de Recursos para la Educación Especial. (21‑5‑86).
- Orden Ministerial de 2 de Enero de 1989 sobre planificación de la Educación Especial y ampliación de la experimentación de la integración para los cursos 1989‑90 y 1990‑91. (BOE 4‑2‑90).
- Orden Ministerial de 9 de Junio de 1989 aprobando instrucciones de organización y funcionamiento de los centros escolares. (BOE 13‑06‑1989).
- Resolución de 15 de Junio de 1989 de la Dirección General de Renovación Pedagógica referente al proceso de transformación de las unidades de E.E.
- Orden de 18 de septiembre de 1990, por la que se establecen las proporciones de profesionales/alumnos en la atención educativa de los alumnos con necesidades especiales.
- Orden de 9 de diciembre de 1992, por la que se regulan la estructura y funciones de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica.
- Orden de 7 de septiembre de 1994, por la que se establece la sectorización de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica.
- Real Decreto 696/1995, de 28 de abril, de ordenación de la educación de los alumnos con necesidades educativas especiales.
- Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros docentes (LOPEG)
- Orden de 14 de febrero de 1996, sobre evaluación de los alumnos con necesidades educativas especiales que cursan las enseñanzas de régimen general establecidas en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del Sistema Educativo.
- Orden de 14 de febrero de 1996, por la que se regula el procedimiento para la realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización, y se establecen los criterios para la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales.
- Resolución de 25 de abril de 1996, de la Secretaría de Estado de Educación por la que se regula la elaboración del proyecto curricular de la Enseñanza Básica Obligatoria en los centros de educación especial.
- Resolución de 30 de abril de 1996, de la Dirección General de Renovación Pedagógica, por la que se dictan instrucciones sobre el plan de actividades de los Departamentos de Orientación en los Institutos de Educación Secundaria.
- Resolución de 30 de abril de 1996, de la Dirección General de Renovación Pedagógica, por la que se dictan instrucciones sobre el funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica.
- Orden de 2 de marzo de 1999, por la que se regulan los programas de formación para la transición a la vida adulta destinada a los alumnos con necesidades educativas especiales escolarizados en centros de educación especial en la etapa postobligatoria.
- Resolución de 20 de mayo de 1999, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la que se propone un modelo de programas de formación para la transición a la vida adulta, con el fin de orientar la respuesta dirigida al alumno con necesidades educativas especiales escolarizados en centros de educación especial.
- Resolución de 29 de junio de 1999, de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, por la que se establecen los modelos de certificados para el alumnado que finaliza su escolarización en los programas de formación para la transición a la vida adulta.
- Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE)
- Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.
- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por la que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y la urbanización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
- BOE número 131, 2 de junio 1995
- BOE número 278, 21 de noviembre 1995
- BOE número 307, 24 de diciembre de 2002
- BOE número 182, 31 de julio de 2003
- BOE número 106, 4 de mayo de 2006
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References: Real Decreto 
 artículo 7
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 Real Decreto 
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Real Decreto 
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Resolución 
 artículo 36
 artículo 37
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 27
 artículo 40
 artículo 41
 Real Decreto 
 artículo 7
 artículo 2

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 8

Artículo 10

Artículo 11
 artículo 71
 artículo 72
 Artículo 111
 Artículo 126
 Real Decreto 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
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