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Consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos
Posted on 17 diciembre, 2014 by admin in Tasas
Estructurados en sus correspondientes apartados, a continuación se incluyen las consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos que afectan a materia de derecho de familia.
CONSULTA VINCULANTE V0991-13, DE 26 DE MARZO DE 2013
Si, con la salvedad del proceso monitorio, todos los “procesos especiales” del Libro IV de la LEC quedan fuera del hecho imponible de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social
En relación con la cuestión planteada, este Centro Directivo informa lo siguiente:
En su nueva redacción por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, el artículo 4.1.a) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, establece la exención en la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social para “la interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores regulados en el título I del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, estarán sujetos al pago de la tasa los procesos regulados en el capítulo IV del citado título y libro de la Ley de Enjuiciamiento Civil que no se inicien de mutuo acuerdo o por una de las partes con el consentimiento de la otra, aun cuando existan menores, salvo que las medidas solicitadas versen exclusivamente sobre estos”.
De acuerdo con lo anterior y con excepción de los procesos especiales que se declaran exentos de acuerdo con el primer apartado del artículo 4 de la Ley 10/2012, los procesos especiales sí están sujetos al pago de tasa.
CONSULTA VINCULANTE V0959-13, DE 25 DE MARZO DE 2013
Procedimiento judicial de familia de modificación de medidas adoptadas por Sentencia de Divorcio, solicitando modificar o suprimir el régimen de visitas a los hijos menores de edad otorgado por el padre. Si procede la exención por la tasa judicial prevista en la Ley 10/2012 y si procede, en tal caso, presentación del modelo. Cuantificación de no proceder la exención. Si las ejecuciones de títulos judiciales en general y de medidas adoptadas en materia de familia están exentas del pago.
En la medida que la modificación de las medidas adoptadas en la sentencia de divorcio se tramita como una nueva demanda del artículo 770 de la LEC, procedería la exigencia de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social a que se refiere la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, siempre que la petición de modificación no sea de mutuo acuerdo.
La tasa aplicable a este proceso es la del proceso verbal, de 150 euros, considerándose que es un procedimiento de cuantía indeterminada a los efectos de la aplicación de la parte variable de la tasa, lo que significaría una cuantía adicional de 18 euros, debiendo presentarse el modelo 696, tal y como supone el escrito de consulta.
Por último, se grava la ejecución de aquellos títulos que no hayan pagado previamente una tasa, que son todos menos las sentencias y autos. El que ya pagó una tasa le cubre también la ejecución y el que llega con un título no conformado en un proceso sí tiene que pagar la tasa correspondiente.
CONSULTA VINCULANTE V0485-13, DE 19 DE FEBRERO DE 2013
El artículo 753 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé que los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores se sustanciarán por los trámites del juicio verbal. Por ello, se considera que en los procesos matrimoniales que, conforme a lo previsto en el artículo 4.1.a) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, no gocen de exención en la Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, la cuota fija aplicable será la prevista para tales juicios en el artículo 7.1 de dicha Ley, es decir, 150 euros.
CONSULTA VINCULANTE V2660-13, DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2013
El artículo 8.5 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, establece, en relación con la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, lo siguiente:
“Se efectuará una devolución del 60 por 100 del importe de la cuota de la tasa, que en ningún caso dará derecho al devengo de intereses de demora, cuando, en cualquiera de los procesos cuya iniciación dé lugar al devengo de este tributo, tenga lugar el allanamiento total o se alcance un acuerdo que ponga fin al litigio.
Se tendrá derecho a esta devolución desde la firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga constar la forma de terminación.”
De acuerdo con el apartado reproducido y, en particular, con su último párrafo, un acuerdo extrajudicial que, tal y como señala el escrito de consulta, lleva consigo la satisfacción extraprocesal de la demandante, ha de ser homologado en sede judicial mediante la oportuna resolución que ponga fin al proceso y haga constar la forma de terminación.
CONSULTA VINCULANTE V2507-13, DE 25 DE JULIO DE 2013
Terminación de proceso judicial civil por satisfacción extraprocesal. Procedencia de la devolución del 60% del importe de la tasa.
El artículo 8.5 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (BOE del 21 de noviembre) prevé la devolución del 60 por ciento del importe de la cuantía de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social cuando “en cualquiera de los procesos cuya iniciación de lugar al devengo de este tributo, tenga lugar el allanamiento total o se alcance un acuerdo que ponga fin al litigio”, teniéndose derecho a la devolución “desde la firmeza de la resolución que ponga fin al proceso y haga constar la forma de terminación”.
Tal sería el caso planteado en el escrito de consulta, conforme al cual el Secretario Judicial ha decretado la terminación del proceso por satisfacción extraprocesal, en aplicación del artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que se produzcan esa situación de firmeza y constancia del modo de terminación a que se refiere la ley.
La solicitud de devolución habrá de sustanciarse mediante el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, en el lugar, forma, plazos y procedimiento de presentación establecido en la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, modificada por la Orden HAP/490/2013, de 27 de marzo, publicadas, respectivamente, en los Boletines Oficiales del Estado de 15 de diciembre de 2012 y 30 de marzo de 2013.
CONSULTA VINCULANTE V2506-13, DE 25 DE JULIO DE 2013
Procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo. Aplicabilidad de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 4.1.a) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en su redacción por el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, los procedimientos de mutuo acuerdo del artículo 777 de la LEC están exentos.
CONSULTA VINCULANTE V0964-13, DE 25 DE MARZO DE 2013
No existe fundamento legal alguno para que la presentación de consulta vinculante lleve consigo la suspensión del plazo de presentación y pago. Si como consecuencia de la consulta se modifica la cuantía o el criterio de pago, sería de aplicación lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.
División patrimonios
CONSULTA VINCULANTE V1691-14, DE 2 DE JULIO DE 2014
Solicitud de liquidación de la sociedad de gananciales del artículo 810 de la LEC.
La exención del artículo 4.1.i) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, se corresponde de manera estricta con los procedimientos especiales de división judicial de patrimonios del Título II del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se limitan a los supuestos de división de herencia y de liquidación del régimen económico matrimonial, estando sujetos a un doble régimen:
– Exención del pago de la tasa judicial en los supuestos en que se solicite la división judicial y no se plantee ni oposición ni controversia.
– Sujeción al tributo cuando sí exista esa controversia o se plantee oposición.
CONSULTA VINCULANTE V1624-14, DE 23 DE JUNIO DE 2014
Sujeción a la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social de la impugnación por las partes del cuaderno particional elaborado por el contador-partidor. Consultas adicionales en caso de sujeción.
En nuestra contestación a consulta vinculante V2000/2013, de 14 de junio de 2013, invocada en el escrito de consulta, se decía lo siguiente:
“En su nueva redacción por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, el artículo 4.1.a) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, reconoce que para determinados supuestos de procesos especiales previstos en el capítulo IV del título I del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil procede la exigencia de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.
Sin embargo, el caso planteado en el escrito de consulta, previsto en el capítulo II del título II del Libro IV de la LEC, ni es un proceso declarativo de los del Libro II de dicha Ley ni se interpone demanda alguna, por lo que la controversia en la formación de inventario y vista con arreglo al trámite por juicio verbal a que se refiere el artículo 809-2, párrafo primero de la repetida LEC, no constituye hecho imponible de la tasa mencionada, conforme al artículo 2 de la Ley 10/2012.”
Por análogas razones a las entonces expuestas, tampoco procede la exigencia de la tasa mencionada en los supuestos de impugnación por las partes del cuaderno particional elaborado por el contador-partidor, resultando en consecuencia innecesario abordar las restantes cuestiones que se plantean en la consulta.
CONSULTA VINCULANTE V1489-14, DE 5 DE JUNIO DE 2014
Ejercicio de la “actio communi dividundo” del artículo 400 del Código Civil y exención de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.
Los procedimientos de división judicial de patrimonios, a efectos del pago de la tasa, están sujetos a un doble régimen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.i) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre :
Sin embargo, el proceso al que se refiere la consulta no es uno de los procedimientos especiales de división judicial de patrimonios de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se limitan a los supuestos de división de herencia y de liquidación del régimen económico matrimonial, sino que se refiere a un proceso de divorcio ordinario, como tal sujeto a la tasa que le corresponda de acuerdo con la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.
La exención del artículo 4.1.i) de la Ley 10/2012 se corresponde de manera estricta con los procesos del título II del libro IV de la LEC.
CONSULTA VINCULANTE V1106-14, DE 15 DE ABRIL DE 2014
Solicitud de formación de inventario de bienes presentada ante un Juzgado de familia por uno de los ex-cónyuges. Sujeción a la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social. De constituir hecho imponible de la tasa, si debe tomarse el activo de los bienes incluidos o debe restársele el pasivo.
Con la redacción inicial de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, resultaba controvertido si los procedimientos de división judicial de patrimonios, previstos dentro de los procesos de familia en el capítulo II del título II del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil estaban o no sujetos al pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.
Las dudas quedaron zanjadas con la reforma de la Ley 10/2012 por el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero, dado que ahora el artículo 4.1.i) prevé la exención para los mismos cuando no se suscite oposición o controversia, como parece ser el caso de la consulta.
Por el contrario, cuando en tales procesos se formule oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes, se devengará la tasa por el juicio verbal y por la cuantía que se discuta o la derivada de la impugnación del cuaderno particional a cargo del opositor, y si ambos se opusieren, a cargo de cada uno por su respectiva cuantía.
CONSULTA VINCULANTE V1016-14, DE 9 DE ABRIL DE 2014
División judicial de patrimonios. Procedencia de la exención prevista en el artículo 4.1.i) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, respecto de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.
Los procedimientos de división judicial de patrimonio, a efectos del pago de la tasa, están sujetos a un doble régimen, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.i) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre :
Sin embargo, el proceso al que se refiere la consulta no es uno de los procedimientos especiales de división judicial de patrimonios de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que se limitan a los supuestos de división de herencia y de liquidación del régimen económico matrimonial, sino que se refiere a un proceso ordinario, como tal sujeto a la tasa que le corresponda de acuerdo con la Ley 10/2012, de 20 de noviembre. La exención del artículo 4.1.i) de la Ley 10/2012 se corresponde de manera estricta con los procesos del título II del libro IV de la LEC.
CONSULTA VINCULANTE V2000-13, DE 14 DE JUNIO DE 2013
Controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes en la comparecencia para formación de inventario con vista a tramitar con arreglo a lo previsto en el juicio verbal.
En su nueva redacción por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, el artículo 4.1.a) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, reconoce que para determinados supuestos de procesos especiales previstos en el capítulo IV del título I del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil procede la exigencia de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.
Sin embargo, el caso planteado en el escrito de consulta, previsto en el capítulo II del título II del Libro IV de la LEC, ni es un proceso declarativo de los del Libro II de dicha Ley ni se interpone demanda alguna, por lo que la controversia en la formación de inventario y vista con arreglo al trámite por juicio verbal a que se refiere el artículo 809-2, párrafo primero de la repetida LEC, no constituye hecho imponible de la tasa mencionada, conforme al artículo 2 de la Ley 10/2012.
CONSULTA VINCULANTE V0782-13, DE 13 DE MARZO DE 2013
El artículo 4.1.i) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en su redacción por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, establece la exención objetiva en la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social de “los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo en los supuestos en que se formule oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes, devengando la tasa por el juicio verbal y por la cuantía que se discuta o la derivada de la impugnación del cuaderno particional a cargo del opositor, y si ambos se opusieren a cargo de cada uno por su respectiva cuantía”.
CONSULTA VINCULANTE V2527-14, DE 29 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Impugnación de Sentencias en trámite de oposición al recurso de apelación previsto en el artículo 461 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Devengo de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.
De acuerdo con el tenor literal del artículo 2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, quedan sujeta al pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social la interposición de recursos de apelación contra sentencias en el orden civil.
A este respecto y en la medida que los escritos de impugnación de la sentencia apelada en lo que resulte desfavorable no tienen la consideración de recurso de apelación (el artículo 461 de la LEC habla de resolución ya apelada), tales escritos no están sujetos al pago de la tasa judicial.
Sólo el recurso de apelación que presente una parte -el recurrente- queda gravado por la tasa, pero no tales escritos de impugnación que se producen con posterioridad al recurso y dentro de la tramitación del mismo.
CONSULTA VINCULANTE V2383-14, DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014
El artículo 2 e) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, establece como uno de los supuestos del hecho imponible de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, “la interposición de recursos de apelación contra sentencias y de casación en el orden civil y contencioso-administrativo”.
Aunque en la CV 2329-12, a que alude el escrito de consulta, esta Dirección General interpretaba que el alcance objetivo de la norma reproducida se circunscribía de forma exclusiva a los recursos contra sentencias, el Tribunal Supremo, en Auto de 27 de junio de 2013, ha considerado, con fundamento en la literalidad de la norma, que en los supuestos de recursos de casación, al no hacerse distinción alguna, procede la sujeción a la tasa tanto en los casos de interposición contra autos como Sentencias, por lo que, en contestación a la consulta planteada, ha de entenderse sujeta a la tasa citada el recurso de casación interpuesto contra un auto judicial dictado en procedimiento de ejecución definitiva.
CONSULTA VINCULANTE V2413-14, DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014
En su redacción por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita, el artículo 4.1.a) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, establece la exención en la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social para “la interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores regulados en el título I del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, estarán sujetos al pago de la tasa los procesos regulados en el capítulo IV del citado título y libro de la Ley de Enjuiciamiento Civil que no se inicien de mutuo acuerdo o por una de las partes con el consentimiento de la otra, aun cuando existan menores, salvo que las medidas solicitadas versen exclusivamente sobre estos”.
De acuerdo con la literalidad del precepto, cualquier recurso que se plantee en relación con un proceso sobre capacidad -como es el caso que se plantea en el escrito de consulta- y, por tanto, también los de casación y extraordinario por infracción procesal, estarían exentos de la tasa conforme al artículo, apartado y letra reproducido.
CONSULTA VINCULANTE V1534-14, DE 11 DE JUNIO DE 2014
Recurso de apelación contra Sentencia dictada en juicio verbal a que se refiere el artículo 809-2-párrafo primero de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Procedencia de exigencia de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil, contencioso-administrativo y social
Con independencia de que no proceda la exigencia de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social en los supuestos de solicitud de formación de inventario para la liquidación de la sociedad de gananciales por no interponerse demanda alguna ni tratarse de un proceso declarativo de los del Libro II de la Ley de Enjuiciamiento Civil, según indicamos en nuestra consulta V2000-13, de fecha 14 de junio de 2013, el recurso de apelación contra la Sentencia dictada en el juicio verbal subsiguiente ha de tener un tratamiento diferente y considerarlo sujeto a la tasa.
El fundamento de lo anterior resulta ser que dicho juicio tiene carácter de proceso declarativo conforme al artículo 248.2.2º de dicha Ley y que, por otro lado, el recurso de apelación contra la Sentencia que se dicte en el mismo es uno de los supuestos incluidos (“recursos de apelación contra Sentencias…”) en el artículo 2 e) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
CONSULTA VINCULANTE V1818-14, DE 09 DE JULIO DE 2014
Recurso de apelación contra Sentencia en Demanda de modificación de medidas para rebaja de pensión de alimentos. Exención en la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.
La exención prevista en el artículo 4.1.a) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, se refiere a los procesos regulados en el título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando se refieran exclusivamente a medidas que afecten a menores.
Las reclamaciones de alimentos se encuentran aquí incluidas. Se ha de tener en cuenta que la expresión empleada en la Ley 10/2012 se refiere a la presentación de la demanda y recursos ulteriores, términos que ponen de manifiesto que el alcance de la exención del pago de la tasa en tales procesos es total.
De esta forma, procederá la exención en el pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso- administrativo y social en los supuestos de interposición de un recurso de apelación contra Sentencia que resuelve demanda de modificación de medidas instada en materia de pensión de alimentos a menores.
CONSULTA VINCULANTE V1023-14, DE 10 DE ABRIL DE 2014
Impugnación de Sentencia en escrito de oposición al recurso de apelación presentado por la contraparte contra dicho pronunciamiento jurisdiccional. Sujeción de la impugnación a la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil, contencioso-administrativo y social.
De acuerdo con el tenor literal del artículo 2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, quedan sujetos al pago de la tasa judicial la interposición de recursos de apelación contra sentencias en el orden civil.
A este respecto y en la medida que los escritos de impugnación de la sentencia apelada en lo que resulte desfavorable no tienen la consideración de recurso de apelación (el artículo 461 de la LEC habla de resolución ya apelada) no están sujetos al pago de la tasa judicial.
Sólo el recurso de apelación que presente una parte -el recurrente- queda gravado por la tasa, pero no tales escritos de impugnación que se producen, con posterioridad al recurso, dentro de la tramitación del mismo.
CONSULTA VINCULANTE V1020-14, DE 10 DE ABRIL DE 2014
Oposición a recurso de apelación con impugnación de lo desfavorable. Sujeción a la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social.
CONSULTA VINCULANTE V1019-14, DE 10 DE ABRIL DE 2014
Impugnación de Sentencia apelada en lo que resulte desfavorable (art. 461 LEC ). Sujeción a la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social
CONSULTA VINCULANTE V0228-14, DE 30 DE ENERO DE 2014
La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, no contempla ningún supuesto de devolución de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social salvo en los casos de allanamiento total y acumulación de procesos a que se refieren, respectivamente, los apartados 5 y 6 del artículo 8.6).
Consiguientemente, no se tendrá derecho a la devolución de la tasa satisfecha en un recurso de apelación como sucede en el supuesto planteado en el escrito de consulta y ello con independencia de los pronunciamientos de la Sentencia resolutoria del recurso.
CONSULTA VINCULANTE V3674-13, DE 26 DE DICIEMBRE DE 2013
El artículo 2 e) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, no incluye como hecho imponible de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil, contencioso-administrativo y social judicial al recurso de casación para la unificación de doctrina, sino exclusivamente el de casación. La prohibición de analogía de las normas tributarias en los términos que regula el artículo 14 de la Ley General Tributaria lleva a la conclusión de que el primer recurso citado no está sujeto al pago de la tasa judicial.
CONSULTA VINCULANTE V2531-13, DE 29 DE JULIO DE 2013
Recurso de apelación en el que no se impugnen todos los pronunciamientos de la Sentencia apelada o en los que existe una estimación parcial. Si la base imponible de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social debe corresponderse a la cuantía fijada en primera instancia o con el valor de los pronunciamientos impugnados.
Como pone de manifiesto el artículo 6 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, es la cuantía del procedimiento o del recurso la que se tiene en cuenta para determinar la base imponible de la tasa judicial, la cual no tiene por que coincidir en primera y segunda instancias, sino que dependerá de la pretensión que se formule en cada una de ellas.
En el caso concreto planteado en la consulta, si en primera instancia se ha desestimado una pretensión en su totalidad habrá coincidencia de cuantías en apelación, pero si hubiera habido una estimación parcial y se recurre por la diferencia, será ésta la que determine la parte variable a aplicar a la tasa que, por tanto, no coincidirá con la de la primera instancia.
CONSULTA VINCULANTE V1405-13, DE 24 DE ABRIL DE 2013
Recurso de apelación contra parte de los pronunciamientos de una sentencia. Cuantía aplicable en la tasa judicial.
La tasa a abonar por la interposición de un recurso de apelación está constituida por una parte fija de 800 euros, a la que se suma otra variable en atención a la cuantía del litigio sobre al que se aplica un porcentaje del 0,5 por 100 cuando el recurrente sea una persona jurídica y del 0,1 por 100 cuando sea una persona natural, en los términos que se contienen en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, modificada por el Real Decreto-Ley 3/2013, de 22 de febrero.
En relación con un mismo asunto, es posible que la cuantía que se reclame en la primera instancia y en el recurso de apelación no sean la misma, bien porque en la primera instancia se reconoció parte de la pretensión, bien porque se recurran sólo determinados pronunciamientos o extremos de la sentencia, o por alguna otra circunstancia que así lo haya provocado.
Por esta razón, la parte variable de la tasa tampoco tiene por qué ser la misma y se adecuará a la cantidad que efectivamente se reclame en el recurso de apelación.
CONSULTA VINCULANTE V1370-13, DE 23 DE ABRIL DE 2013
Interposición acumulada del recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación por razón de interés casacional. Tributación en la tasa judicial.
En los supuestos en los que la Ley de Enjuiciamiento Civil permita la interposición de un recurso extraordinario por infracción procesal sin necesidad de interponer el recurso de casación por interés casacional (art. 477.2 apartados 1 y 2 de la LEC), se producirán dos supuestos diferenciados del hecho imponible de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social conforme a las letras d) y e), respectivamente, del artículo 2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Consiguientemente, la tasa deberá abonarse doblemente.
Cuando la Ley obliga a formular conjuntamente en un mismo escrito el recurso extraordinario por infracción de la Ley y el recurso de casación por interés casacional (disposición Final 16º 1, regla 3ª en relación con el art. 477.2.3 de la LEC ) debe considerarse que se realiza un único hecho imponible tanto por tratarse de un imperativo legal como por el hecho de que la actividad jurisdiccional a desarrollar es única, al tramitarse en un solo procedimiento. En este último supuesto, sólo habría de abonarse una tasa.
CONSULTA VINCULANTE V2329-12, DE 10 DE DICIEMBRE DE 2012
El artículo 2 e) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (BOE del 21) establece, como uno de los actos procesales constitutivos del hecho imponible de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social, “la interposición de recursos contra sentencias y de casación en el orden civil y contencioso-administrativo”.
Como bien apunta el escrito de consulta, el principio de prohibición de la analogía en el ámbito tributario impide la aplicación de esa norma a los supuestos de Autos sino exclusivamente a sentencias, siendo irrelevante el procedimiento que va a dar lugar al recurso de apelación contra un determinado Auto judicial.
CONSULTA VINCULANTE V2385-14, DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2014
En relación con el alcance que ha de darse a la exención prevista en el artículo 4.1.a) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, en relación con los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores, la oposición a la ejecución de una sentencia tanto sobre pensiones alimenticias del menor como cualquier otra comprendida en el ámbito de la exención del artículo 4.1.a) de la Ley 10/2012 está exenta del pago de la tasa judicial. En consecuencia, la ampliación de la ejecución de una sentencia de alimentos está exenta del pago de la tasa judicial.
Cabría plantearse si en los casos en los que no proceda aplicar la exención a la oposición a la ejecución de títulos judiciales, la ampliación de esa ejecución comportaría una nueva liquidación de la tasa judicial. En ese sentido, el apartado 3 del artículo 8 de la Ley 10/2012 establece que:
“Si a lo largo de cualquier procedimiento se fijase una cuantía superior a la inicialmente determinada por el sujeto pasivo, éste deberá presentar una declaración-liquidación complementaria en el plazo de un mes a contar desde la firmeza de la resolución que determine la cuantía. Lo mismo ocurrirá en el caso en que la cuantía del procedimiento no se hubiese determinado inicialmente por el sujeto pasivo o en los casos de inadecuación del procedimiento.”
El problema para aplicar este precepto a la oposición a la demanda de ejecución es que la cuantía no se determina, ni inicialmente ni posteriormente en caso de ampliación, por el sujeto pasivo, sino por el demandante de ejecución del título judicial. Es por ello que en este caso no se habría de llevar a cabo una liquidación complementaria, sino que la tasa abonada al presentar la oposición se mantendría invariable durante la ejecución.
Por último, en cuanto a la aplicabilidad de la exención del artículo 4.1.g) de la Ley 10/2012 respecto a los procesos monitorios y verbales cuya cuantía no supere los 2.000 euros conlleva también a la oposición a la ejecución por cuantías inferiores a dos mil euros, en la medida en que la exención se limita a la presentación de la petición inicial de procedimiento monitorio o la demanda del juicio verbal, sin comprender recursos ulteriores como en otros casos, supone que la exención se limita a dichas actuaciones procesales, pero no a otras. Por ello la oposición a la ejecución de los títulos judiciales que resulte de esos procesos que no superan la cuantía de 2.000 euros sí está sujeta al abono de la tasa judicial correspondiente.
CONSULTA VINCULANTE V1623-14, DE 23 DE JUNIO DE 2014
Oposición a ejecución de Sentencia por impago de pensiones y gastos extraordinarios a favor de menor. Exención en la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social
Las reclamaciones de alimentos se encuentran aquí incluidas. Se ha de tener en cuenta que la expresión empleada en la Ley 10/2012 se refiere a la presentación de la demanda y recursos ulteriores, términos que ponen de manifiesto que el alcance de la exención del pago de la tasa en tales procesos es total. Por ello, llegado el caso de la presentación de una demanda de ejecución de una sentencia sobre una pensión de alimentos, también la oposición a esa ejecución debe gozar de la exención prevista en la ley. Así de hecho lo vienen interpretando ya diversos tribunales, a lo que se puede añadir que la ejecución puede producirse, como es el caso de la consulta, también en caso de gastos extraordinarios en los que las controversias que se han querido excluir del pago de la tasa están presentes con claridad.
De esta forma, procede la exención en el pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social en relación con la oposición a la ejecución de una sentencia tanto sobre pensiones alimenticias del menor como cualquier otra comprendida en el ámbito de la exención del artículo 4.1.a) de la Ley 10/2012.
CONSULTA VINCULANTE V3668-13, DE 26 DE DICIEMBRE DE 2013
La exención que contempla el artículo 4.1.a) de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, se refiere a la interposición de demandas y recursos en relación con los procesos de menores (además de los restantes que regula el título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil), pero sin incluir la oposición a las sentencias recaídas en estos procesos.
En consecuencia, se considera que sí existe obligación de pago de la tasa indicada en tanto no cuenta con una exención expresa, como resulta además de la letra g) del artículo 2 de la Ley 10/2012 que incluye el supuesto como uno de los constitutivos del hecho imponible de la tasa.
CONSULTA VINCULANTE V1591-09, DE 03 DE JULIO DE 2009
Liquidación de la tasa judicial por el principal reclamado, intereses y costas o exclusivamente por el primer concepto. Si las ejecuciones de títulos judiciales están sujetos al pago de la tasa.
En relación con el asunto de referencia, esta Subdirección General, en el ámbito de sus competencias, informa lo siguiente:
El artículo 35.Cinco.1 de la Ley 52/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, establece que la base imponible de la Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo coincidirá “con la cuantía del procedimiento judicial, determinada con arreglo a las normas procesales.
La ley tributaria contiene, por tanto, una remisión a las normas procesales. En el bien entendido de que la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, no incluye como parte integrante de la cuantía de un procedimiento ordinario o declarativo los intereses y costas, parece lógico deducir que determinado exclusivamente en un inicio el principal reclamado, la autoliquidación de la tasa, que ha de hacerse de forma previa a la presentación del acto procesal (apartado Segundo. Uno de la Orden HAC/661/2003, de 24 de marzo), tomará en cuenta dicho importe.
Por otra parte, tal y como se apunta en el escrito, el hecho de que el modelo 696, aprobado por la mencionada Orden Ministerial, sólo incorpore la referencia a la ejecución de títulos extrajudiciales significa, “sensu contrario”, la improcedencia de exigir la tasa en los supuestos de ejecución de títulos judiciales, hipótesis que, en consecuencia, debe considerarse supuesto de no sujeción a la tasa que nos ocupa.
CONSULTA GENERAL 0795-03, DE 12 DE JUNIO DE 2003,
Si está sujeta a la Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo la demanda de ejecución de título judicial.
En relación con la cuestión planteada, este Centro Directivo, en el ámbito de sus competencias, informa lo siguiente:
El apartado Seis del artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, por el que se regula la Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo, sólo prevé cuota tributaria por razón de ejecuciones extrajudiciales y no por la ejecución de títulos judiciales, concepto este último que, en consecuencia, no está sujeto a gravamen por la tasa, por lo que tampoco procede la presentación del modelo de autoliquidación 696 previsto en la Orden HAC/661/2003, de 24 de marzo.
CONSULTA VINCULANTE V2142-14, DE 4 DE AGOSTO DE 2014
Remisión de actuaciones entre Juzgados por razón de competencia territorial. Si procede nueva liquidación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social o procede la devolución de la tasa satisfecha.
Dado que el hecho imponible de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social regulada por la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, está constituido, entre otros supuestos previstos en el artículo 2 de la Ley, por la interposición de la demanda en toda clase de procesos declarativos (letra a) o la interposición del recurso contencioso-administrativo (letra c) en cuanto tales actos procesales dan inicio a esa actividad jurisdiccional, parece lógico entender que en el supuesto de presentación de la demanda ante un determinado Juzgado y remisión por este de las actuaciones al que resulte competente por razones de territorialidad, ni procede la devolución de la tasa ni la liquidación de nuevo tributo, continuándose las actuaciones con la liquidación de la tasa practicada en su momento.
CONSULTA VINCULANTE V3673-13, DE 26 DE DICIEMBRE DE 2013
La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, no incluye entre los hechos imponibles sujetos a la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social la rescisión de sentencia a instancia del rebelde del artículo 501 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por lo que dicho supuesto no está sujeto al pago de dicha tasa.
CONSULTA VINCULANTE V3669-13, DE 26 DE DICIEMBRE DE 2013
Si están sujetos al pago de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social los supuestos de incidente de nulidad de actuaciones (artículo 241 de la LPJ), de error judicial (artículo 293 de la LOPJ ) y de revisión de sentencias firmes (Artículos 509 y siguientes de la LEC, entre otras disposiciones).
El artículo 2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, no contempla, entre los supuestos del hecho imponible de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social ninguno de los incidentes a que se refiere el escrito de consulta (nulidad de actuaciones, error judicial y de revisión de sentencias firme) por lo que tales supuestos no están sujetos al pago de la tasa citada.
CONSULTA VINCULANTE V2693-13, DE 10 DE SEPTIEMBRE DE 2013
El procedimiento de jura de cuentas tiene una individualidad propia que lo distingue de los demás procesos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que aparezca recogido entre los distintos supuestos constitutivos del hecho imponible de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social a que se refiere el artículo 2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Consiguientemente, el procedimiento de jura de cuentas, con independencia de que se trate del colectivo profesional de los Procuradores o Abogados, no está sujeto al pago de esta tasa.
CONSULTA VINCULANTE V1369-13, DE 23 DE ABRIL DE 2013
Procedimiento de jura de cuenta de procurador. Tributación en la tasa judicial
Consiguientemente, el procedimiento de jura de cuenta del procurador no está sujeto al pago de esta tasa.
CONSULTA VINCULANTE V1373-13, DE 23 DE ABRIL DE 2013
La solicitud de habilitación de provisión de fondos y el procedimiento de jura de cuentas tienen una individualidad propia que los distingue de los demás procesos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, sin que aparezcan recogidos entre los distintos supuestos constitutivos del hecho imponible de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social a que se refiere el artículo 2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
Consiguientemente, ni la solicitud de habilitación de provisión de fondos ni el procedimiento de jura de cuenta del procurador están sujetos al pago de esta tasa.
CONSULTA VINCULANTE V0484-13, DE 19 DE FEBRERO DE 2013
Los expedientes de jurisdicción voluntaria, incluido el expediente de dominio, no están incluidos en el hecho imponible de la Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso administrativo y social, regulada en la Ley 10/21012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
CONSULTA VINCULANTE V0198-13, DE 24 DE ENERO DE 2013
En el escrito se plantea la conveniencia de modificar la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el modelo 695 de solicitud de devolución por solución extrajudicial del litigio y por acumulación de procesos, de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos de presentación, al considerar que a diferencia de lo que sucedía en la normativa anterior (Orden HAC/661/2003, de 24 de marzo ) no existe previsión normativa en la Orden actual sobre la actuación a seguir en los casos en que no se proceda a la subsanación de la ausencia de autoliquidación y pago de la tasa tras el requerimiento realizado por el Secretario judicial.
En el artículo Sexto. Cuatro de la Orden HAC/661/2003 se regulaba del siguiente modo la actuación a realizar por el Secretario judicial cuando el obligado tributario, tras ser requerido, no hubiese adjuntado el modelo de autoliquidación al escrito procesal en un plazo de diez días:
“Si dentro del plazo señalado en el apartado anterior fuese subsanada la omisión, el Secretario Judicial procederá conforme a lo dispuesto en el número dos de este apartado. Si el sujeto pasivo no subsanare la omisión dentro del plazo legalmente establecido, el Secretario Judicial comunicará esta circunstancia en el plazo de cinco días a la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en cuya demarcación radique la sede del órgano judicial”.
La Resolución de 8 de noviembre de 2.003, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se dictan las instrucciones a los Secretarios Judiciales sobre el procedimiento a seguir para la tramitación de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo” (BOE del 5 de diciembre) adjuntó el modelo necesario para que el Secretario Judicial comunique esta falta de subsanación a la Delegación correspondiente y esta última practique la liquidación de oficio.
La normativa actual, Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, regula el procedimiento de “autoliquidación y pago” en el artículo 8 de forma mucho más exhaustiva que la Ley 53/2002, abarcando la totalidad de la circunstancias procedimentales que se pueden producir, esto es tanto la presentación correcta de la autoliquidación y justificante de pago, como la ausencia del mismo y posterior subsanación, así como la revisión de la cuantía inicialmente fijada, y los supuestos de devolución.
El apartado 2 del artículo 8 de la Ley 10/2012, establece que el Secretario judicial requerirá al sujeto pasivo para que aporte el justificante de pago de la tasa con arreglo al modelo oficial, debidamente validado, no dando curso al escrito hasta que tal omisión fuese subsanada. Y a continuación determina las consecuencias de la ausencia de subsanación de tal deficiencia sin hacer mención a que se deba comunicar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria para que se realice una liquidación de oficio.
En atención a las consideraciones anteriores, se entiende que en ningún caso resulta necesario modificar la Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, en la medida en que se ajusta a la estricta legalidad, dado que la Ley 10/2012 regula detalladamente en su artículo 8 la autoliquidación y pago y no prevé el supuesto de “liquidación de oficio”. Cierto es que en la Ley 53/2002 tampoco se hacía mención a la misma, pero a diferencia de la actual, esta última no regulaba ningún aspecto relativo a la autoliquidación y pago ni de la remisión de información en el resto de casos.
Consiguientemente, los artículos 12.3, 13.2 y 14 de la Orden HAP/2662/2012, prevén los supuestos de comprobación de la autoliquidación, modificación de cuantía y devoluciones así como la remisión de información sobre los mismos por los Secretarios judiciales, en cuanto que han sido previamente configurados en la Ley 10/2012, con presupuesto en la previa presentación de una autoliquidación que ya consta en la base de datos de la Agencia Tributaria de Administración Tributaria. Por lo tanto la información recibida se limita a un contenido determinado que sirva para contrastar y verificar los datos que ya se encuentran declarados.
A diferencia de estos supuestos, la remisión de información por parte de los Secretarios judiciales cuando el obligado tributario, pasado el plazo de diez días, no ha subsanado la falta de autoliquidación y pago, no se prevé en la Ley, y en todo caso supondría la remisión de toda la información relativa a este procedimiento necesaria para practicar una liquidación de oficio, liquidación que no se encuentra prevista en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre.
CONSULTA VINCULANTE V0562-10, DE 22 DE MARZO DE 2010
Procedencia de solicitar la devolución de la tasa judicial en caso de firmeza de la inadmisión de la demanda. Procedencia de exigir tasa por apelación contra acto de inadmisión.
En relación con las cuestiones planteadas, este Centro Directivo, en el ámbito de sus competencias, informa lo siguiente:
El epígrafe 1.a) del apartado Cuarto del artículo 35 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por el que se regula la Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso- administrativo, establece que el devengo de la tasa, en el orden jurisdiccional civil, se produce con la interposición del escrito de demanda.
Por otra parte, el artículo 12 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, establece que la devolución de las tasas que se hubieran exigido procederá “cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo”.
En el primer supuesto planteado en el escrito de consulta, si deviniere firme la inadmisión de la demanda, la cual hubiese sido declarada en el auto judicial por incumplimiento de determinados requisitos formales, es obvio que ese incumplimiento resultaría imputable a la parte actora y sujeto pasivo, por lo que, de acuerdo con lo expuesto, no procedería la devolución de la tasa satisfecha.
En el caso de que se interpusiese recurso de apelación contra el auto de inadmisión, de acuerdo con la argumentación contenida en las dos contestaciones a consultas por Vd. formuladas y que se adjuntan al nuevo escrito (CV-0238-09, de 10 de febrero y CV-0573-09, de 24 de marzo) y, en particular, con lo expuesto en la segunda de ellas, esta Dirección General considera que no procedería la exigencia de la tasa, por tratarse de un supuesto de no sujeción a la misma.
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References: artículo 4
 artículo 4
 artículo 770
 artículo 753
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 8
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 resolución 
 artículo 22
 artículo 4
 artículo 777
 artículo 8
 artículo 810
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 809
 artículo 2
 artículo 400
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 809
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 461
 artículo 2
 artículo 461
 resolución 
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 809
 artículo 248
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 461
 resolución 
 artículo 8
 artículo 2
 artículo 14
 artículo 6
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 8
 resolución 
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 2
 artículo 501
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 35
 artículo 12