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Timestamp: 2020-01-23 14:36:47+00:00

Document:
Ley 19.983 . Anales de Legislación Argentina n° , 29 de noviembre de 1972, pp. .
Citas Legales : Decreto-ley 03877
(Nota del Centro de Documentación y Traducciones: tramitación de las reclamaciones interadministrativas ante la Procuración del Tesoro de la Nación dispuesta por Decreto 2481/93 )
Buenos Aires, 29 de Noviembre de 1972
TENGO el honor de elevar a la consideración del Primer Magistrado un proyecto de ley por el cual se modifica el régimen de resolución de los conflictos interadministrativos instituido por Decreto-Ley 3.877/63.
De acuerdo con el citado decreto - ley, no hay lugar a reclamación por daños y perjuicios entre organismos administrativos del Estado Nacional, centralizados o descentralizados, incluidas las entidades autárquicas, empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, cuando el monto presupuesto de los daños y perjuicios no sea mayor de doscientos pesos ($ 200); cuando exceda de esta cantidad hasta la suma de diez mil pesos ($ 10.000) y no haya acuerdo entre los organismos interesados, la cuestión queda sometida a la decisión definitiva e irrecurrible del Procurador del Tesoro de la Nación . La resolución compete al Poder Ejecutivo cuando supere el monto antes indicado.
Conforme al texto del Decreto - Ley 3.877/63, que alude expresamente a daños y perjuicios, y que por su carácter excepcional es de interpretación respectiva en cuanto a su extensión, en sede administrativa se ha resuelto que la competencia que dicho decreto - ley confiere al Procurador del Tesoro de la Nación se limita a la decisión de conflictos que reconozcan su origen en la comisión de hechos ilícitos y, por extensión, a los que deriven de la inejecución de obligaciones contractuales.
En consecuencia, todos los conflictos interadministrativos, excluidos aquellos por daños y perjuicios cuyo monto determine la competencia del Procurador del Tesoro de la Nación, continúan sometiéndose a la resolución del Poder Ejecutivo.
Mediante el proyecto que se eleva a la consideración de V.E. se amplían las normas en vigencia, haciéndolas extensivas a situaciones no contempladas por ellas y restando así, en mayor medida, a la consideración y resolución del Poder Ejecutivo los conflictos entre organismos estatales. A tal efecto se propicia sustituir la expresión "reclamación por daños y perjuicios" contenida en el decreto - ley citado, por la de "reclamación pecuniaria de cualquier naturaleza o causa", con lo que todas las cuestiones de esta última índole quedarán comprendidas en el trámite que prevé.
Asimismo, se considera oportuno actualizar los valores determinados en el Decreto - Ley 3.877/63, estimándose razonable fijar en la suma de dos mil pesos ($2.000) el monto por debajo del cual no habrá lugar a reclamación, y en cien mil pesos ($ 100.000) el valor máximo de los asuntos a someterse a la decisión del procurador del Tesoro de la Nación.
Se considera conveniente, además, que sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 1º, 14, 46 y 48 del reglamento de la ley nacional de procedimientos administrativos aprobado por Decreto 1.579/72, el Ministerio de Justicia y el Procurador del Tesoro de la Nación, cuando el Poder Ejecutivo les requiera asesoramiento en los conflictos interadministrativos de competencia de este último o en los casos en que la resolución corresponda al citado Procurador, estén facultados para disponer las medidas de procedimientos y prueba que estimen conducentes a los fines de su intervención.
El proyecto que se somete a la consideración de V. E. encuadra en la Política Nacional Nº 127, aprobada por Decreto 46/70 de la Junta de Comandantes en Jefe.
BUENOS AIRES, 29 DE NOVIEMBRE DE 1972.
En uso de las atribuciones conferidas por el art. 5º del Estatuto de la Revolución Argentina,
ARTICULO 1º.- No habrá lugar a reclamación pecuniaria de cualquier naturaleza o causa entre organismos administrativos del Estado Nacional, centralizados o descentralizados, incluidas las entidades autárquicas, empresas del Estado y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, cuando el monto de la reclamación no sea mayor de dos mil pesos ($2000). Cuando exceda de esta cantidad hasta la suma de cien mil pesos ($100.000), y no haya acuerdo entre los organismos interesados, la cuestión se someterá a la decisión definitiva e irrecurrible del Procurador del Tesoro de la Nación; la decisión será tomada por el Poder Ejecutivo cuando supere el monto antes indicado.
ARTICULO 2º.- Facúltase al Ministro de Justicia y al Procurador del Tesoro de la Nación, cuando el Poder Ejecutivo les requiera asesoramiento en los conflictos interadministrativos de competencia de este último o en los casos en que la resolución corresponda al citado Procurador, a disponer la agregación a las actuaciones por los interesados de toda clase de antecedentes vinculados con el diferendo, la producción de todo medio de prueba y la colaboración de los organismos administrativos con especialización técnica a fin de producir los informes o pericias conducentes a la solución de la cuestión planteada. Los organismos interesados y aquellos a los que se requiera su cooperación, deberán dar cumplimiento a lo solicitado.
ARTICULO 3º.- Derógase el decreto ley 3877/63.
LANUSSE - Gervasio R. Colombres.
Bibliografía: Ekmekdjian, Miguel Angel "El arbitraje del Poder Ejecutivo en los conflictos interadministrativos (Ley 19.993)". En: Revista jurídica argentina La Ley. Buenos Aires. La Ley. 1997 : F(1997), pp. 242-243.
Muratorio, Jorge I. "Los conflictos interadministrativos nacionales". En: Revista de derecho administrativo. Buenos Aires. Depalma. vol. 7 : n° 19/20 (1995), pp. 461-478.

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