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Timestamp: 2019-12-14 10:50:09+00:00

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Administración Pública 2019 | Estructura, Funciones Y Norma.
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Administración Pública | Estructura, Funciones y Normas | CCLoan
La administración pública es el conjunto de organismos que se encarga de gestionar los servicios que ofrece el Estado.
Este término está compuesto por dos palabras, “administración” que la Real Academia de la Lengua (RAE) la define como acto de gobernar o dirigir, y “pública” que hace referencia a todos los elementos que un estado pone a disposición de la ciudadanía.
Actualmente la mayoría de los países del mundo cuentan con una administración pública que en función del gobierno que esté al frente cumple sus funciones de una determinada manera.
En España, el Estado se rige bajo tres poderes:
El papel del Ministerio de Administración Pública
Uno de los máximos exponentes del avance de la administración pública
¿Cómo se organiza el Ministerio de Política Territorial?
La administración también sostiene a ciertos trabajadores
Estas normas deben cumplir los trabajadores de la Administración Pública
La actividad empresarial de los organismos públicos
También pertenecen a esta área el Museo Nacional del Prado
Estas empresas se rigen por las normas del derecho privado.
El Real Decreto y la Administración Pública
Dos tipos de reales decretos
Una característica común a los decretos es el apelativo “Real”.
El poder ejecutivo, este último es el que se encarga de gestionar los recursos públicos.
Aunque gestionar el Estado es la función principal de la administración pública, este término es muy amplio y a veces también se utiliza para nombrar al conjunto de trabajadores que figuran en ella.
Por este motivo, cuando en la prensa aparecen expresiones como “la administración pública permanecerá cerrada” se refiere a que no prestará su servicio al público.
Este conjunto de organismos públicos divide sus funciones para llegar a todos los puntos del país, desde la gestión estatal hasta los pueblos más pequeños. De esta forma se divide en la administración central, la periférica en la que figuran los delegados y subdelegados del gobierno o la exterior formada por embajadas y consulados.
También pertenece a la administración central el área consultiva con el Consejo de Estado y el Económico y Social además de los organismos públicos que están formados especialmente por empresas públicas. La administración pública también puede ser autonómica con los Gobiernos Regionales y local con los Ayuntamientos y las Diputaciones.
Esta estructuración se realiza bajo el amparo del derecho positivo, que es el conjunto de normas a las que se tiene que acoger un estado y que son creadas por el poder legislativo. De esta forma, la administración pública también interviene en la creación de las leyes.
La administración pública española la lleva a cabo el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Sus funciones han variado levemente desde la reestructuración que tuvo el Estado español entre los años 1975 y 1978.
Actualmente, se encarga de proponer y ejecutar las políticas de relación y cooperación que tiene la administración central con las comunidades autónomas y las administraciones locales a través de las delegaciones y subdelegaciones del gobierno, que sirven de apoyo para llevar a cabo este fin.
También se encarga de llevar a cabo la propuesta y ejecución de las políticas de empleo público y todo lo relacionado con la formación de los funcionarios y trabajadores estatales. Además, supervisa la calidad de los servicios que se ofrecen al ciudadano y garantiza la transparencia de todos los procesos que se desarrollan en la administración pública.
El avance de la tecnología ha provocado que la administración se digitalice creando la sede electrónica y poniendo al servicio de los ciudadanos todos los sistemas de información y comunicación, con el objetivo de que se puedan agilizar las gestiones y cualquier persona pueda acudir a organismos como la Agencia Tributaria con un impreso relleno.
Es la puesta en marcha de la firma electrónica, que sirve para unificar un conjunto de datos propios del emisor en un mensaje electrónico identificativo. A efectos prácticos funciona como una firma convencional con la excepción de que se realiza a través del ordenador.
Actualmente este ministerio está presidido por la ministra Meritxell Batet y fue refundado el 7 de junio de 2018. El futuro de esta institución depende de los resultados de las próximas elecciones generales que se celebrarán el día 28 de abril.
Para llevar a cabo todos sus cometidos el Ministerio de Política Territorial y Función Pública del Estado se sirve de la Secretaría de Estado de Política Territorial, reforzada con la Secretaría General de Coordinación, la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local y la Dirección de Régimen Jurídico Autonómica y Local.
A esta institución también pertenece la Secretaría de Estado de Función Pública apoyada por la Secretaría General de Administración Digital, las direcciones de función y gobernanza pública y la Oficina de Conflictos de Intereses. En la realización de las funciones de este ministerio también intervienen la Subsecretaría de Política Territorial y Función Pública y el Comisionado de Gobierno frente al Reto Demográfico.
Acceder al empleo público es uno de los objetivos de la mayoría de los trabajadores españoles, el motivo es que las condiciones son muy atractivas ya que se garantiza un sueldo competitivo y acorde con la función que se realiza. Además, los derechos laborales están asegurados y cualquier empleado puede disfrutar de sus vacaciones o días de asuntos propios.
Un trabajador público es un funcionario que en la gran mayoría de los casos accede a estos puestos a través de una oposición, que proporciona la consecución de un trabajo estable en el que, salvo faltas e incumplimientos graves, es muy improbable que se produzca un despido.
A este tipo de funcionarios se les denomina de carrera y su normativa laboral es distinta que la del resto de las personas. Dentro de este tipo de funcionarios se encuentran los de categorías A1 y A2 que cuentan con una titulación universitaria o un grado de Técnico Superior. En algunos casos es posible acceder a una plaza con la Educación Secundaria Obligatoria.
Los que ejercen su actividad en la administración pública y no han tenido que superar ningún tipo de oposición. Se trata de los interinos, que realizan la función de un funcionario de carrera cuando hay una vacante que no ha podido ser cubierta.
Se encargan de desarrollar proyectos y de realizar todas las labores correspondientes para el puesto, estos contratos tienen una duración mínima de seis meses y máxima de un año.
En esta línea también se encuentra el personal laboral que ejerce su actividad en el sector público bajo la normativa vigente y el personal eventual que ocupa un puesto de forma temporal. Los trabajadores eventuales se designan por medio de un nombramiento directo.
Todos los empleados públicos tienen la obligación de cumplir una serie de normas destinadas a satisfacer las necesidades de los ciudadanos, haciendo el papel de intermediarios entre las instituciones y el estado del que son representantes de forma indirecta.
En primer lugar, están obligados a cumplir todas las normas que aparecen en la constitución y en el ordenamiento jurídico. Aquellos que trabajan de cara al público tienen que atender a las personas sin dejarse llevar por prejuicios como impresiones personales, evitando hacer un uso personal e interesado de las instituciones creando redes clientelares.
También deberán respetar los derechos fundamentales y las libertades públicas y no utilizarán los recursos que tienen a su disposición para obtener alguna ventaja respecto a cualquier otra persona, al igual que tampoco proporcionarán ningún trato de favor o agilizarán trámites a familiares o conocidos.
Otro aspecto importante que deberán cumplir es guardar el secreto de las materias clasificadas sobre asuntos que conozcan por el ejercicio de su cargo, y tampoco podrán utilizar esta información con el objetivo de obtener un beneficio personal perjudicando al interés público.
Todos los organismos públicos dependen de un ministerio concreto, algunos de ellos se encargan de realizar actividades relacionadas con la administración de algunos bienes del estado. Estas instituciones están regidas por las normas del derecho administrativo y tienen la obligación de prestar un servicio público.
Estos organismos actúan de forma independiente y son el Instituto Nacional de Administración Pública que es gestionado por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, el Boletín Oficial del Estado, más conocido como el BOE, o la Jefatura de Tráfico que está dirigida por el Ministerio del Interior.
Gestionado por el Ministerio de Cultura, los Institutos Nacionales de Empleo (INEM) que están adscritos al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y el de Estadística (INE) que es gestionado por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Además de los organismos públicos existen entidades que dependen de un ministerio o de un organismo público concreto. Su función es la de prestar y gestionar determinados servicios públicos que requieren una contraprestación para ser utilizados, algunos de ellos son el transporte o las actividades industriales.
Aunque si prestan servicios públicos tienen que adaptarse a las normas jurídicas del derecho estatal. Su plantilla de trabajadores está formada por el personal que eligen estas entidades y por funcionarios públicos. Al ser de naturaleza privada sus ingresos proceden de las ventas de productos y servicios que sacan al mercado.
El número de estas entidades varía en función de las necesidades que tenga el estado en un momento concreto o del gobierno que lo gestione en ese periodo, aunque hay algunas que permanecen desde finales de los 70, cuando se establecieron las estructuras básicas del estado y que hoy se mantienen.
Radio Televisión Española (RTVE) o la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), ambas administradas por el Ministerio de Economía y Hacienda.
Este ministerio también gestiona la Fábrica Nacional de La Moneda y Timbre y el Instituto de Crédito Oficial (ICO)
Junto con las administraciones de Loterías y Apuestas del Estado.
Otro ministerio que también tiene un peso específico en la administración de este tipo de empresas es el de Fomento, que se encarga de gestionar la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE) junto con los ferrocarriles de vía estrecha (FEVE).
La interferencia que tiene la administración pública en el poder legislativo y ejecutivo provoca que indirectamente también forme parte de la creación de un Real Decreto, que se trata de una norma jurídica que establece el poder ejecutivo en base a las normas que aparecen en la Constitución, que es el fundamento legal más importante de España.
Para que un Real Decreto se apruebe es necesaria la intervención del Consejo de Ministros. En España, algunas instituciones publican reglamentos para establecer unas normas básicas, pero el contenido determinará si se trata de un Real Decreto o de una normativa convencional.
En función de su contenido se establecen dos tipos de reales decretos.
El primero es el Real Decreto Legislativo que se caracteriza por incluir una normativa que tiene un rango de ley que procede del poder legislativo y ejecutivo. Un factor que interfiere en este Real Decreto es la delegación que se encargue de redactarlo.
El Real Decreto Legislativo se puede elaborar en base a textos refundidos de varias leyes con el objetivo de crear una normativa única y más clara que la anterior, y por medio de textos articulados que sirven de base a una futura ley, aunque antes tiene que contar con la aprobación del poder legislativo.
La segunda modalidad es el Real Decreto Ley que se establece en momentos de urgencia o necesidad. Su contenido procede del poder ejecutivo, pero para su aprobación es necesaria la ratificación del legislativo. La naturaleza del contexto en el que se redacta este decreto se establece en el Congreso de los Diputados, que decidirá la celeridad con la que se tiene que establecer.
Este término indica que la normativa tiene un rango estatal y en el caso de España es el Rey quien determina la publicación de la norma, sus sanciones y la publicación de su cumplimiento. El motivo es que la Constitución indica que el Estado español es una monarquía parlamentaria en la que el Rey/reina, pero no gobierna.
La mayor parte de las funciones del monarca son labores de representación que lleva a cabo dentro del propio estado y en países extranjeros. Su papel en la vida política de la nación es básicamente representativo, aunque en algunos casos tiene la facultad de intervenir bajo los límites marcados por la legalidad vigente.

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