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Timestamp: 2019-11-17 02:37:10+00:00

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Decreto 212/1998, de 31 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco. TITULO II. LA EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES
1.- Además de los obligados según la normativa aplicable a cada caso, puede efectuar el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, ya lo ignore el obligado al pago.
2.- Para el pago de deudas correspondientes a bienes o negocios intervenidos o administrados judicial o administrativamente están legitimados los administradores designados.
3.- En ningún caso el tercero que pague la deuda estará legitimado para ejercitar ante la Administración los derechos que correspondan al obligado al pago. Sin embargo, podrá ejercitar los derechos que deriven a su favor exclusivamente del acto del pago.
1.- El pago de las deudas debe realizarse en la caja o en la cuenta de la Tesorería General del País Vasco asignadas al órgano recaudador o en las de los órganos o personas autorizadas, en este reglamento o en normas especiales, para admitir el pago, según lo previsto para cada caso.
2.- Los pagos realizados a órganos no competentes para recibir pagos o personas no autorizadas para ello no liberarán al deudor de su obligación de pago, sin perjuicio de las responsabilidades de todo orden en que incurra el perceptor indebido.
1.- Las deudas deben pagarse en el plazo indicado para el período voluntario en el artículo 44 del presente reglamento.
2.- Las deudas no satisfechas en período voluntario, se exigirán en vía de apremio, computándose como pagos a cuenta las cantidades pagadas fuera de plazo. Los ingresos correspondientes a declaraciones-liquidaciones o autoliquidaciones tributarias realizadas fuera de plazo sin requerimiento previo sufrirán los recargos que para tales casos se determinan en la legislación general tributaria.
3.- Si se ha solicitado aplazamiento o fraccionamiento de pago se estará a lo dispuesto en el capítulo II del presente título.
4.- Las suspensiones, producidas automáticamente o acordadas por órgano administrativo, económico-administrativo o judicial competente, en relación con deudas en período voluntario, interrumpirán los plazos fijados para el mismo. Resuelto el recurso o reclamación económico-administrativa que dio lugar a la suspensión, si el acuerdo no anula ni modifica la liquidación impugnada, deberá pagarse en los plazos previstos en los apartados a) y b) del párrafo 1 del artículo 44 del presente reglamento, según la fecha de notificación de la resolución adoptada. Si la resolución da lugar a la modificación del acto u ordena la retroacción del procedimiento, la deuda resultante del acto que se dicte en ejecución de dicho acuerdo habrá de ser ingresada en los mismos plazos. La notificación de la resolución del recurso o reclamación o la del nuevo acto indicará expresamente el plazo de pago.
5.- No obstante lo indicado en los párrafos anteriores, cuando la ejecución del acto hubiese estado suspendida, una vez concluida la vía económico-administrativa los órganos de recaudación no iniciarán o, en su caso, no reanudarán las actuaciones del procedimiento de apremio mientras no concluya el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, siempre que la vigencia y eficacia de la garantía inicialmente aportada se mantenga hasta entonces. Si durante ese plazo el interesado comunicase a dicho órgano la interposición del recurso, con petición de suspensión y ofrecimiento de garantía de pago de la deuda, se mantendrá la paralización del procedimiento en tanto conserve su vigencia y eficacia la garantía aportada en vía administrativa. El procedimiento se reanudará o suspenderá a resultas de la decisión que adopte el órgano judicial en la pieza de suspensión.
1.- En período voluntario, para que el pago produzca los efectos que le son propios, ha de ser por la totalidad de la deuda. En período ejecutivo se estará a lo previsto en el párrafo 2 del artículo 64 de este reglamento.
2.- Si se hubiese concedido fraccionamiento de pago se estará a lo dispuesto en el capítulo II del presente título.
1.- Cuando las normas propias del recurso de que se trate exijan que el pago se realice en virtud o a la vista de determinados documentos, será requisito necesario, para que aquél se admita, que se acompañe la documentación requerida.
2.- Cuando el Departamento competente en materias de tesorería o de administración tributaria, mediante Orden publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, haya aprobado un modelo de documento obligatorio para efectuar el pago, deberá utilizarse el mismo en el ámbito al que se refiera.
1.- El pago de las deudas tributarias y no tributarias habrá de realizarse en efectivo.
2.- Podrá admitirse el pago en especie en los casos previstos en disposición con rango de Ley.
3.- El pago en efectivo ha de realizarse en alguna de las siguientes modalidades, con los requisitos y condiciones que se establezcan en la normativa reguladora de cada recurso y en los artículos siguientes:
c) Tarjetas de débito o de crédito de entidades financieras.
f) Cualesquiera otras que se autoricen por Orden de la Consejera competente en materia de tesorería.
Número 3 del artículo 13 redactado por el artículo 1 del D [PAÍS VASCO] 69/2007, 2 mayo, de modificación del Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco («B.O.P.V.» 11 mayo).Vigencia: 12 mayo 2007
4.- La Administración impulsará el uso de los medios electrónicos, informáticos y telemáticos para la realización de pagos de acuerdo con los requisitos y condiciones que se establezcan en desarrollo de este Decreto.
Número 4 del artículo 13 introducido por el artículo 2 del D [PAÍS VASCO] 69/2007, 2 mayo, de modificación del Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco («B.O.P.V.» 11 mayo).Vigencia: 12 mayo 2007
1.- Los pagos que deban hacerse en las cajas y cuentas de la Tesorería General del País Vasco podrán hacerse, salvo norma especial en contrario, mediante cheque que reúna los requisitos generales exigidos por la legislación mercantil, expedido, no antes del segundo día anterior al de entrega, en favor de la Tesorería General del País Vasco y que exprese, de forma legible, el nombre y apellidos o razón social del librador debajo de la firma.
2.- La entrega del cheque liberará al deudor por el importe satisfecho, si es hecho efectivo. En tal caso, surtirá efectos desde la fecha en que haya tenido entrada en la caja o cuenta correspondiente.
3.- Cuando un cheque no sea hecho efectivo en todo o en parte, una vez transcurrido el período voluntario, se seguirá ejecutivamente por la parte no pagada. Si el cheque estaba válidamente conformado o certificado, le será exigido a la entidad que lo conformó o certificó; en otro caso, le será exigido al deudor.
1.- Serán admisibles para el pago aquellas tarjetas que fueran admitidas en cada momento por las entidades de crédito que ostenten la condición de colaboradoras en la gestión recaudatoria.
2.- El límite de la cuantía de los pagos a realizar mediante tarjetas de débito y crédito vendrá determinado por el asignado por la entidad emisora individualmente a cada tarjeta y deberá en todo caso respetar los límites económicos mínimos o máximos que atendiendo a criterios de antieconomicidad, riesgos y costes en la gestión de cobros, en su caso se establezcan por Orden del Consejero o Consejera competente en materia de tesorería.
3.- Los importes ingresados por los obligados al pago a través de tarjetas deberán serlo unitariamente por la totalidad del importe consignado en el documento de ingreso y no podrán ser minorados como consecuencia de descuentos en la utilización de tales tarjetas o por cualquier otro motivo. Las entidades colaboradoras sólo podrán percibir comisiones por este tipo de pago si así se prevé expresamente en las Órdenes que regulen los términos de la colaboración y en las condiciones que en ellas se fijen.
Artículo 15 bis introducido por el artículo 3 del D [PAÍS VASCO] 69/2007, 2 mayo, de modificación del Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco («B.O.P.V.» 11 mayo).Vigencia: 12 mayo 2007
1.- Se podrá utilizar la domiciliación bancaria como medio de pago en efectivo cuando el mismo deudor realice pagos habitualmente o para la realización de pagos aplazados, fraccionados o periódicos.
2.- La domiciliación deberá ajustarse a los siguientes requisitos:
a) Que el titular de la cuenta manifieste y comunique expresamente a la Administración a través de los procedimientos establecidos al efecto su voluntad de asumir la domiciliación de los pagos que se le vayan a cargar en la misma.
b) Que el obligado al pago comunique expresamente su orden de domiciliación a la Administración a través de los procedimientos establecidos al efecto.
3.- Cuando la modalidad de pago sea la domiciliación bancaria, el cargo en la cuenta designada se efectuara en la fecha de finalización del plazo de pago.
4.- En aquellos casos en los que el cargo en cuenta no se realice o se realice en día posterior al debido por causa no imputable al obligado al pago, no se exigirán a éste recargos, intereses de demora, ni sanciones, sin perjuicio de los intereses de demora que, en su caso, corresponda liquidar y exigir a la entidad responsable de la falta o retraso en el ingreso.
Artículo 15 ter introducido por el artículo 4 del D [PAÍS VASCO] 69/2007, 2 mayo, de modificación del Reglamento de Recaudación de la Hacienda General del País Vasco («B.O.P.V.» 11 mayo).Vigencia: 12 mayo 2007
1.- Se entiende pagada en efectivo una deuda cuando se ha realizado el ingreso de su importe en las cajas de los órganos competentes o personas autorizadas para recibir el pago.
2.- Cuando el pago se realice a través de entidades de crédito, la entrega al deudor del justificante de ingreso liberará a éste desde la fecha que se consigne en el justificante y por el importe figurado, quedando desde ese momento obligados ante la Administración la entidad o el intermediario.
3.- Las órdenes de pago dadas por el deudor a la entidad de crédito no surten efectos por sí solas frente a la Administración, sin perjuicio de las acciones que puedan corresponder al ordenante frente a la entidad por el incumplimiento de ésta.
1.- El que pague una deuda conforme a lo dispuesto en este reglamento tendrá derecho a que se le entregue un justificante del pago realizado.
2.- Serán justificantes del pago, según los casos:
3.- Todo justificante de pago deberá indicar, al menos, las siguientes circunstancias:
4.- Cuando los justificantes de pago se extiendan por medios mecánicos o informáticos, las circunstancias anteriormente mencionadas podrán expresarse en clave o abreviatura suficientemente identificadoras, en su conjunto, del deudor y de la deuda satisfecha a que se refieran.
1.- El pago realizado con los requisitos exigidos por este Reglamento extingue la deuda y libera al deudor y demás responsables.
2.- El pago de un débito de vencimiento posterior no presupone el pago de los anteriores, ni extingue el derecho de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus Organismos Autónomos a percibir aquéllos que estén en descubierto, sin perjuicio de los efectos de la prescripción.
1.- Las deudas se presumen autónomas.
2.- El deudor de varias deudas podrá, al realizar el pago, imputarlo a aquélla o aquéllas que libremente determine.
3.- Si se hubieran acumulado varias deudas, seguidas ejecutivamente, del mismo obligado al pago y no pudieran satisfacerse totalmente, sin perjuicio de las normas que establecen la prelación de determinados créditos, el pago obtenido sin la voluntad del deudor se aplicará a las deudas por orden de mayor a menor antigüedad, determinada ésta por la fecha de vencimiento del período voluntario para el pago de cada una.
1.- La falta de pago en los plazos y con los requisitos exigidos en este reglamento origina el procedimiento de apremio, salvo lo previsto en el párrafo 2 del artículo 48 del presente Reglamento, con los efectos dispuestos en el ordenamiento jurídico, que la Administración dirigirá contra los que resulten obligados al pago.
2.- La falta de pago después de agotado el procedimiento de apremio originará la declaración de fallido de los deudores principales, de los responsables solidarios, si los hay, y, en su caso, la derivación de la acción administrativa contra los responsables subsidiarios.
1.- Los obligados al pago podrán consignar en efectivo el importe de la deuda, y de las costas en su caso:
2.- La consignación debe realizarse en el Departamento competente en materia de tesorería, según lo dispuesto en los artículos 26 y 29 del Decreto 211/1997, de 30 de septiembre. Cuando la gestión recaudatoria haya sido concertada, la consignación deberá realizarse en el servicio competente para las efectuadas en favor de dicha entidad.
1.- Podrá aplazarse o fraccionarse el pago de la deuda, tanto en período voluntario como ejecutivo, previa solicitud del obligado, cuando su situación económico-financiera, discrecionalmente apreciada por la Administración, le impida transitoriamente efectuar el pago de sus débitos.
2.- El fraccionamiento de pago, como modalidad del aplazamiento, se regirá por las normas aplicables a éste en lo no regulado especialmente.
3.- Las cantidades cuyo pago se aplace, excluido, en su caso, el recargo de apremio, devengarán el interés de demora establecido legalmente, según el artículo 30 del presente reglamento.
4.- Las consecuencias en caso de falta de pago, a su vencimiento, de cantidades aplazadas o fraccionadas serán las establecidas en el artículo 32 de este reglamento.
1.- La tramitación y resolución de solicitudes de aplazamiento de las deudas corresponde al Departamento competente en materia de tesorería.
2.- Cuando la gestión recaudatoria se haya concertado con entidad ajena, corresponderá a ésta tramitar y resolver las solicitudes, siempre que así se haya convenido.
1.- Podrá presentarse solicitud de aplazamiento en cualquier momento anterior al acuerdo de enajenación de los bienes embargados, dentro del procedimiento de apremio. Cuando se esté siguiendo un procedimiento de ejecución hipotecaria distinto del de apremio la solicitud de aplazamiento podrá presentarse con anterioridad a la convocatoria de subasta.
2.- La solicitud de aplazamiento contendrá, necesariamente, los siguientes datos:
3.- Junto con la solicitud de aplazamiento, además de los documentos que estime oportunos el solicitante, se deberá presentar:
4.- Cuando se solicite la admisión de garantía que no consista en aval de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, en lugar de lo señalado en el apartado b) del párrafo anterior, se aportará junto a la solicitud de aplazamiento la siguiente documentación:
5.- Cuando se solicite exención total o parcial de garantía, en lugar de lo señalado en el párrafo b) del párrafo 3 del presente artículo, se aportará junto a la solicitud de aplazamiento la siguiente documentación:
1.- Cuando la solicitud se presente en período voluntario, si al término de dicho plazo estuviere pendiente de resolución no se realizarán las actuaciones para el comienzo del procedimiento de apremio.
2.- Cuando se presente en período ejecutivo, sin perjuicio de la no suspensión del procedimiento, podrán paralizarse las actuaciones de enajenación de los bienes embargados hasta la resolución del aplazamiento.
3.- Si la solicitud no reúne los requisitos o no se acompañan los documentos que se señalan en el artículo anterior, se seguirán los trámites establecidos en la normativa de procedimiento administrativo común para la subsanación. En particular, si se hubiera presentado la solicitud dentro del período voluntario para el ingreso de la deuda, se le advertirá que, si el plazo reglamentario de ingreso hubiera transcurrido al finalizar el plazo de subsanación y no se hubiera efectuado el pago ni subsanado la solicitud, se exigirá dicha deuda por la vía de apremio, con los recargos e intereses correspondientes.
1.- La efectividad del aplazamiento, en el caso de deudas por importe superior al establecido por Orden del Consejero competente en materia de tesorería, publicada en el Boletín Oficial del País Vasco, quedará condicionada a la constitución de garantía en forma de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca, salvo que el deudor sea una Administración Pública o un ente sometido a derecho público y lo dispuesto en el artículo siguiente y en los demás párrafos del presente.
Téngase en cuenta el artículo 1 de la O [PAÍS VASCO] 27 octubre 2009, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se fijan determinadas cuantías previstas en el reglamento de recaudación de la hacienda general del País Vasco («B.O.P.V.» 12 noviembre), sobre la exención de garantías para las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de pago de las deudas, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, cuando su importe no exceda de 18.000 euros.
2.- Si la resolución del aplazamiento corresponde al Departamento competente en materia de tesorería, el aval deberá atenerse al modelo aprobado por el artículo 28 del Decreto 211/1997, de 30 de septiembre, de la Tesorería General del País Vasco, con las necesarias adaptaciones al contenido del presente reglamento. Los avales que no se atengan a dicho modelo podrán ser sustituidos por los adecuados en el trámite de subsanación a que se refiere el párrafo 3 del artículo anterior.
3.- Cuando se haya justificado que no es posible obtener dicho aval, o que con ello se compromete seriamente la viabilidad de una empresa, podrá admitirse hipoteca inmobiliaria, hipoteca mobiliaria, prenda con o sin desplazamiento, fianza personal y solidaria o cualquier otra que se estime suficiente. Si la justificación presentada para la aportación de garantía distinta de aval no se estimase suficiente, el órgano competente para la tramitación del aplazamiento lo pondrá en conocimiento del solicitante, concediéndole el trámite a que se refiere el párrafo 3 del artículo anterior, para que presente compromiso irrevocable de aval solidario, o aval en firme, con advertencia de que, si no lo hace así, se desestimará la solicitud.
4.- La garantía cubrirá el importe del principal y de los intereses de demora que genere el aplazamiento, más un 10 por 100 de la suma de ambas partidas. Cuando el aplazamiento sea solicitado después de notificada la providencia de apremio dicho porcentaje será del 25 por 100. En el caso de fraccionamiento, podrán aportarse garantías parciales para uno o varios plazos, cubriendo la fracción correspondiente, y los intereses de demora que genere más un 10 por 100 o un 25 por 100 de la suma de principal e intereses, según que la solicitud se haya presentado antes o después de notificada la providencia de apremio.
5.- La garantía constituida mediante aval deberá ser de duración indefinida o, como mínimo, por el plazo señalado para el aplazamiento más seis meses.
6.- La garantía deberá aportarse en el plazo de treinta días siguientes al de la notificación del acuerdo de concesión. Este plazo podrá ampliarse por el órgano competente para resolver el aplazamiento, cuando se justifique la especial dificultad en su formalización.
7.- Transcurrido el plazo sin que se haya formalizado la garantía, quedará sin efecto el acuerdo de concesión, exigiéndose por el procedimiento de apremio la deuda con sus intereses y el recargo, siempre que haya concluido el período voluntario de ingreso. Si el aplazamiento se hubiese solicitado en período ejecutivo, se continuará el procedimiento de apremio.
8.- Salvo lo previsto en el párrafo siguiente, la suficiencia económica y jurídica de la garantía será apreciada por el órgano competente para la resolución del aplazamiento, quien podrá solicitar los informes técnicos que considere oportunos.
9.- En el caso de aplazamientos cuya resolución corresponde al Departamento competente en materia de tesorería, la apreciación de la suficiencia económica y jurídica, así como la aceptación, de garantías consistentes en derechos reales sobre cosa ajena corresponde al órgano competente en materia de patrimonio, quien la efectuará ante fedatario público o mediante documento administrativo que, en su caso, será remitido a los encargados de los Registros públicos correspondientes para que se haga constar en los mismos su contenido.
10.- Las garantías serán liberadas una vez comprobado el pago total de la deuda garantizada. Cada garantía parcial podrá liberarse cuando se haya satisfecho la parte de la deuda por ella garantizada.
1.- El órgano competente para resolver sobre el aplazamiento podrá dispensar total o parcialmente de la prestación de las garantías exigibles cuando el deudor carezca de medios suficientes para garantizar la deuda y la ejecución de su patrimonio pudiera afectar al mantenimiento de la capacidad productiva y del nivel de empleo de la actividad económica respectiva, o bien pudiera producir graves quebrantos para los intereses de la Hacienda General del País Vasco o de alguna hacienda pública. Si se resolviera en contra de la dispensa de garantías, se concederá al solicitante el trámite al que se refiere el párrafo 3 del artículo 25 para que presente compromiso irrevocable de aval solidario, o aval en firme, con advertencia de que, si no lo hace así, se desestimará la solicitud.
2.- En la resolución podrán establecerse las condiciones que se estimen oportunas para asegurar el pago efectivo en el plazo más breve y para garantizar la preferencia de la deuda aplazada, así como el correcto cumplimiento de las demás obligaciones tributarias del solicitante.
3.- Concedido el aplazamiento con dispensa de garantía, el beneficiario, durante el período a que aquél se extienda, comunicará al órgano que lo resolvió cualquier variación económica o patrimonial que permita garantizar la deuda. Cuando la Administración conozca, por esa comunicación o por otro medio, la modificación en tal sentido de dichas circunstancias, se procederá a exigir la constitución de garantía. En todo caso, se considerará que concurre tal variación cuando, durante la vigencia del aplazamiento, se repartan beneficios por el deudor.
4.- El órgano competente para la resolución del aplazamiento controlará el cumplimiento de las obligaciones y condiciones establecidas por procedimientos de auditoría u otros adecuados a tal fin.
5.- El órgano competente para la resolución del aplazamiento podrá dispensar la prestación de garantía cuando el cobro de la deuda ya se encuentre garantizado para todo el tiempo del aplazamiento.
1.- Las resoluciones que concedan aplazamientos de pago especificarán los plazos y demás condiciones de los mismos, los cuales podrán ser distintos de los solicitados.
2.- Cuando el aplazamiento incluya varias deudas se señalarán individualizadamente los plazos y cuantías que afecten a cada una.
3.- Si la resolución fuese estimatoria, en la notificación al solicitante se le advertirá de los efectos que se producirán de no constituirse la garantía y en caso de falta de pago. Igualmente se le advertirá, en su caso, de la sujeción de los importes por intereses de demora calculados a la posible alteración del tipo aplicable.
4.- Si la resolución fuese denegatoria y se hubiese solicitado el aplazamiento en período voluntario, se advertirá al solicitante que la deuda deberá pagarse antes de la finalización del período reglamentario de ingreso, si éste no hubiera transcurrido todavía o, en otro caso, en los plazos establecidos en el párrafo 1 del artículo 44 de este reglamento, junto con los intereses devengados desde el vencimiento del período voluntario hasta la fecha de la resolución denegatoria.
5.- Si la resolución fuese denegatoria y se hubiese solicitado el aplazamiento en período ejecutivo, se advertirá al solicitante que se inicia o continúa el procedimiento de apremio.
6.- La resolución deberá adoptarse en el plazo de siete meses a partir de la presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución se podrá entender desestimada la solicitud en la forma y con los efectos previstos en la normativa de procedimiento administrativo común.
1.- Aunque el deudor solicite una modificación de las condiciones del aplazamiento concedido, debe cumplir las iniciales mientras no se dicte resolución modificándolas.
2.- Corresponde tramitar y resolver estas peticiones graciables al órgano competente para la resolución inicial, según el artículo 23 anterior.
3.- Los plazos y los intereses recogidos en la resolución concediendo aplazamiento se modificarán, de oficio, cuando no haya sido notificada antes del vencimiento del primer plazo.
1.- En caso de concesión de aplazamiento se calcularán intereses de demora sobre la deuda aplazada, por el tiempo comprendido entre el vencimiento del período voluntario y el vencimiento del plazo concedido.
2.- En caso de concesión de fraccionamiento se calcularán intereses de demora por cada deuda fraccionada. Por cada fracción de deuda se computarán los intereses devengados desde el vencimiento del período voluntario hasta el vencimiento del plazo concedido. Los intereses devengados por cada fracción se exigirán junto con dicha fracción en el plazo correspondiente o, de forma agrupada, en fecha no anterior a las fracciones a que corresponden.
3.- Si el aplazamiento ha sido solicitado en período ejecutivo, la base para el cálculo de intereses no incluirá el recargo de apremio.
4.- En el caso de aplazamiento o fraccionamiento de deudas tributarias, la liquidación de intereses efectuada en la resolución de concesión se entenderá sin perjuicio de los efectos de la modificación, en su caso, del tipo de interés de demora antes del vencimiento de los plazos indicados. La nueva liquidación será aprobada por resolución dictada por el órgano competente para la resolución de solicitudes de aplazamiento y podrá referirse a una parte del período pendiente.
1.- El órgano competente, según el momento en que se solicitó el aplazamiento, para la recaudación de la deuda aplazada deberá comprobar el cumplimiento de las condiciones de pago señaladas en la concesión.
2.- En el caso de incumplimiento de aplazamientos concedidos por el Departamento competente en materia de tesorería en que se haya aportado garantía, se comunicará tal circunstancia al órgano concedente.
1.- En los aplazamientos, si llegado el vencimiento del plazo concedido no se efectúa el pago, se procederá de la siguiente manera:
2.- En los fraccionamientos de pago, si llegado el vencimiento de uno cualquiera de los plazos no se efectuara el pago, se procederá como sigue:
3.- En los fraccionamientos de pago en que se hayan constituido garantías parciales e independientes por cada uno de los plazos se procederá como sigue:
1.- Con los requisitos que se establecen en este capítulo, podrán extinguirse total o parcialmente por compensación las deudas a favor de la Administración de la Comunidad Autónoma o de sus Organismos Autónomos, que se encuentren tanto en período voluntario como ejecutivo de pago, con los créditos reconocidos por la entidad acreedora en favor del deudor.
2.- Cuando una liquidación o una resolución declarando la obligación de un deudor, cuyo importe haya sido ingresado, sea anulada y sustituida por otra, se podrá disminuir la deuda en la cantidad previamente ingresada.
1.- El deudor que tenga reconocido un crédito a su favor podrá solicitar la compensación de deuda, dirigiendo escrito al órgano competente para resolverla, con los siguientes requisitos:
2.- Si la deuda tributaria cuya compensación se solicita ha sido determinada mediante autoliquidación, a la solicitud de compensación se acompañará modelo oficial de declaración-liquidación o autoliquidación, debidamente cumplimentado, que el sujeto pasivo o retenedor deba presentar conforme a lo dispuesto en la normativa reguladora del tributo.
3.- Solicitada la compensación, se suspenderán los trámites para el abono del crédito hasta la resolución de aquélla.
4.- Cuando la solicitud de compensación se presente en período voluntario, si al término de dicho plazo estuviese pendiente de resolución, no se realizarán las actuaciones para el comienzo del procedimiento de apremio. Cuando se presente en período ejecutivo, sin perjuicio de la no suspensión del procedimiento, podrán paralizarse las actuaciones de enajenación de los bienes embargados hasta la resolución de la solicitud.
5.- Si la solicitud no reúne los requisitos, o no se acompañan los documentos que se señalan en el presente artículo, se seguirán los trámites establecidos en la normativa de procedimiento administrativo común. En particular, si se hubiera presentado la solicitud dentro del período voluntario para el ingreso de la deuda, se le advertirá que, si el plazo reglamentario de ingreso hubiera transcurrido al finalizar el plazo de subsanación no habiéndose efectuado el pago ni aportado los documentos, se exigirá dicha deuda por el procedimiento de apremio, con los recargos e intereses correspondientes.
6.- El órgano competente para resolver acordará la compensación cuando concurran los requisitos establecidos con carácter general en la normativa tributaria y civil o, en su caso, en la legislación aplicable con carácter específico.
7.- Si se deniega la compensación y ésta se hubiese solicitado en período voluntario, en la notificación de la resolución, que será motivada, se advertirá al solicitante que la deuda deberá pagarse, junto con los intereses devengados hasta la fecha de la resolución, en el plazo establecido en el párrafo 1 del artículo 44 de este reglamento. Transcurrido dicho plazo, si no se produce el ingreso, se exigirá la deuda pendiente por el procedimiento de apremio. Si la compensación se hubiese solicitado en período ejecutivo y se deniega, continuará el procedimiento de apremio.
8.- La resolución deberá adoptarse en el plazo de seis meses a partir de la presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución se podrá entender desestimada la solicitud en la forma y con los efectos previstos en la normativa de procedimiento administrativo común.
1.- En la resolución de compensación se declararán extinguidas las deudas y créditos en la cantidad concurrente.
2.- En el caso de que el crédito sea inferior a la deuda, se iniciará o continuará el procedimiento de apremio, salvo que el deudor sea una entidad a las que se refiere el artículo 35 anterior, por la parte de deuda que exceda del crédito; sin perjuicio de que puedan practicarse sucesivas compensaciones.
3.- En el caso de que el crédito sea superior a la deuda, la diferencia se abonará al interesado.
OTRAS FORMAS DE EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES
1.- El plazo de prescripción de las deudas, su interrupción y efectos son los previstos en la legislación aplicable a cada caso. En su defecto rige el artículo 44 del texto refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco.
2.- La prescripción será declarada, de oficio, por el órgano competente para desarrollar la gestión recaudatoria.
3.- Podrán instruirse expedientes colectivos para deudas prescritas en un determinado período que no hayan sido declaradas así individualmente.

References: artículo 44
 artículo 44
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 64
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 13
 artículo 2

Artículo 15
 artículo 3

Artículo 15
 artículo 4
 artículo 48
 artículo 30
 artículo 32
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 resolución 
 artículo 28
 resolución 
 resolución 
 artículo 25
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 44
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 23
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 44
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 35
 artículo 44