Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2018/as2018101047.html
Timestamp: 2019-11-12 09:17:46+00:00

Document:
as2018101047
AUTO SUPREMO Nº 1047/2018
Sucre, 14 de diciembre de 2018
Expediente : Cochabamba 69/2015
Parte Acusadora : Félix López Quinteros
Parte Imputada : Celso Quiroga Cáceres y otros
Por memorial presentado el 4 de septiembre de 2015, ante la –en ese momento- Juez de Partido Liquidador y de Sentencia Primero de Sacaba del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, de fs. 714 a 719 vta., Víctor Quiroga Vargas, Salustiana Cáceres Jaimes y Celso Quiroga Cáceres, opusieron excepción de extinción de la acción penal por prescripción, dentro del proceso penal seguido por Rómulo Raúl López Soria en representación de Félix López Quinteros contra los impetrantes, por la comisión del delito de Despojo, previsto y sancionado por el art. 351 del Código Penal (CP).
FUNDAMENTOS DEL EXCEPCIONISTA
Señalan que, el 9 de septiembre de 2009 el querellante inició la presente acción penal relatando hechos supuestamente sucedidos el 5 de julio de 2009. Más adelante, el 22 de septiembre de ese año, fue presentada la acusación particular, siendo admitida y notificada a los acusados el 10 de noviembre de 2009, habiéndose señalado audiencia de conciliación para la misma fecha, acto que fue suspendido por razones que los excepcionistas atribuyen a la parte acusadora y el Órgano jurisdiccional.
Previo trámite de recusación, del cual se manifiesta fue resuelto luego de cuatro meses de su interposición, el proceso fue remitido a conocimiento del Juez de Sentencia Primero del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, autoridad que admitió la causa por actuación de 29 de marzo de 2010. En el mes de abril de 2010, relatan los excepionistas, esa instancia señaló audiencia de conciliación para los días 21 y 28, no realizadas por inconcurrencia de la parte querellante.
En revisión la recusación planteada en un primer momento fue rechazada por la autoridad jerárquica (Juez de Sentencia Primero de Sacaba), ordenando la devolución de los antecedentes ante el juez de origen, autoridad que celebró –tras intentos anteriores fallidos- audiencia de conciliación el 24 de noviembre de 2010, sin resultado positivo, habiéndose dispuesto la prosecución del trámite.
Dispuesta la notificación con la acusación particular, el 29 de enero de 2011, la parte acusada ofreció prueba de descargo, acto providenciado el 14 de febrero siguiente.
El proceso –en la relación brindada por el memorial- quedó inactivo por casi un año hasta 21 de enero de 2013, fecha en la que la parte acusada opuso excepción de duración máxima del proceso. El 21 de mayo de 2013, sin aparente resolución al señalado incidente, se señaló audiencia de juicio oral para el 11 de febrero de 2014, momento en el que se dispuso la suspensión de plazos procesales, merced a la acumulación de trámites pendientes.
Previa reprogramación, la audiencia de juicio fue llevada a cabo el 20 de enero de 2014 y luego de otras suspensiones por ausencia de sujetos procesales fue finalmente instalada el 20 de febrero del mismo año y mantuvo su continuación hasta el 5 de marzo del mismo año, fecha de su conclusión.
Con base a los arts. 115 parág. II de la Constitución Política del Estado (CPE), el art. 8 núm. 1) de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, art. 14 inc. c) del Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los excepcionistas argumentan que esos instrumentos legales impiden estados de incertidumbre en aquellos sobre los que la persecución penal es activada. Agrega que desde la fecha de los hechos imputados hasta el día de presentación del memorial de excepción, transcurrieron 6 años, 1 mes y 22 días, tramo que contrastado al contenido de los arts. 27 inc. 8), 29 inc. 2) y 30 del Código de Procedimiento Penal (CPP), hace que la prescripción en su caso se haya consumado, siendo que la Ley sólo prevé cinco años para que esta opere.
Adiciona que la dilación del proceso no le es atribuible, ya que como constase en antecedentes, los retrasos fueron responsabilidad del “acusador particular o en algunos casos al órgano jurisdiccional” (sic). Conforme al art. 31 del CPP, el cómputo del término de la prescripción se interrumpe ante la declaratoria de rebeldía, aclarando que “cuando esta es revocada el término…no es interrumpido y debe seguir siendo calculado” (sic), por lo que incluso teniendo presente el periodo en el que el acusado Celso Quiroga hubiera sido declarado rebelde, el tiempo transcurrido desde el 5 de julio de 2009, es superior a los cinco años previstos por el art. 29 inc. 2) del CPP.
En similar posición, adelanta que, “la parte acusadora hará mención a la suspensión de plazos determinada en diferentes oportunidades” (sic); empero, señala que por el art. 32 del CPP, determinan causales precisas para que el término de la prescripción sea suspendido, mismas que no fueran presentes en el caso de autos, al tratarse de una acción penal privada, siendo que “la suspensión de plazos determinado en los diferentes señalamientos de juicio oral no afectan al término de la prescripción, pues esta tiene determinadas causales de suspensión, en cambio la suspensión de plazos basada en el art. 133 del CPP hace mayor referencia a los plazos respecto a la continuidad del proceso mismo” (sic)
Pide se tenga presente el contenido de los Autos Supremos 120-P de 20 de marzo de 2006 y 142 de 17 de marzo de 2008, brindando a continuación extractos doctrinarios respecto al instituto de la prescripción citando a ese efecto a “God Freyre”, y porciones de las Sentencias Constitucionales 0023/2007-R de 16 de enero, 190/2007-R de 26 de marzo, 0162/2007-R de 21 de marzo, 600/2011-R de 3 de mayo, 0104/2013 de 22 de enero, 0283/2013 de 13 de marzo y 1030/2003-R.
RESPUESTA A LA EXCEPCIÓN OPUESTA
Por decreto de 11 de enero de 2016, la Juez de Partido Mixto de Sentencia y del Trabajo y Seguridad Social Primero de Sacaba, dispuso el traslado de la excepción opuesta, otorgando tres días para pronunciamiento, situación a partir de la que Rómulo Raúl López Soria, en memorial de fs. 728 a 729, respondió que las excepciones e incidentes deben tramitarse conforme lo dispuesto por el art. 314 parágrafos II. III y IV del CPP, siendo que el presente proceso ya se encuentra en etapa de casación, y en el marco de la SC 1716/2010-R de 25 de octubre, no corresponde dar curso a tal pretensión, “ya que de antecedentes se tiene que por memorial de 10 de agosto de 2015…el recurso de casación ya fue interpuesto” (sic).
III. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS
Del análisis de los antecedentes y fundamentos expuestos por la excepcionista y respuestas del Ministerio Público, corresponde analizar y resolver la pretensión planteada, a través de una resolución fundamentada en observancia del art. 124 del CPP.
III.1. De la competencia de este Tribunal para resolver cuestiones incidentales referidas a la extinción de la acción penal.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, efectuando una reconducción de la línea asumida por el Tribunal Constitucional de transición en cuanto a los Jueces y Tribunales competentes para resolver las Excepciones o Incidentes de solicitud de Extinción de la Acción Penal, estableció el siguiente razonamiento, que este Máximo Tribunal de Justicia ordinaria, tiene el deber de acatar en mérito al carácter vinculante y cumplimiento obligatorio que los pronunciamientos constitucionales ostentan en mérito al art. 203 de la CPE.
Así la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, estableció el siguiente entendimiento: “Pues bien, al estar fijados los entendimientos desarrollados precedentemente, los fundamentos de la SC 1716/2010-R, no constituyen argumentos suficientes para determinar que la única autoridad competente para asumir el conocimiento de los incidentes de extinción de la acción penal, sean las autoridades jurisdiccionales que emitieron la sentencia de primera instancia, sino que, en virtud a lo establecido por el art. 44 del CPP, Él juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas´. En este sentido, es menester dejar establecido que, la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el juez o Tribunal donde radica la causa principal, así, si el planteamiento de la excepción se da en etapa de apelación o casación, las decisiones emergentes de las salas penales y del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud los entendimientos plasmados precedentemente, pero fundamentalmente por la naturaleza de la etapa procesal, no admiten impugnación; en efecto, lo que se pretende es evitar las exageradas dilaciones que conllevan las peticiones y envíos de expedientes entre el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales o jueces conocedores de la causa principal, que a cuya consecuencia, en muchos casos, se han postergado innecesariamente las decisiones oportunas en cuanto al fondo del proceso se refiere, muchas veces por las comunicaciones inoportunas de los jueces y tribunales conocedores de la causa principal, como ocurrió en el caso analizado; asimismo, como se expresó, la interposición de los incidentes ante las prenombradas autoridades, en la práctica sirvió para paralizar el pronunciamiento de fondo, ya que inclusive, estando sorteada la causa, el máximo Tribunal de justicia ordinaria, se vio impedido de emitir la resolución mientras no esté resuelta la excepción ante el Juez de instancia, lo que sin duda constituye una clara vulneración de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de acceso a la justicia y una afrenta a la vigencia del principio de celeridad y también de concentración de actos. En este sentido, cuando el justiciable decida plantear extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, deberá formularlo ante el Juez o Tribunal que conoce la causa principal; sin embargo, también es imperioso aclarar que, si el incidente fuere suscitado ante el Juez de Instrucción en lo Penal o, ante los Tribunales o Jueces de Sentencia Penal, sus decisiones efectivamente son impugnables, ya que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. El presente entendimiento implica la reconducción de la línea jurisprudencial establecida en la SC 1716/2010-R a los entendimientos asumidos en la SC `0245/2006´, que emergió de los razonamientos establecidos en las SSCC `0101/2004, 1868/2004-R, 0036/2005, 0105-R, 1365/2005-R´y AC 0079/2004-ECA.”
III.2. Del Trámite de las Excepciones e Incidentes.
El art. 315 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, señala que: I) La o el Juez o Tribunal, dictará resolución fundamentada conforme a los plazos previstos en el Artículo precedente, declarando fundada o infundada las excepciones y/o incidentes, según corresponda; II) Cuando las excepciones y/o incidentes sean manifiestamente improcedentes, por carecer de fundamento y prueba, la o el Juez o Tribunal, deberá rechazarlas in limine sin recurso ulterior, en el plazo de veinticuatro (24) horas, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite; III) En caso de que las excepciones y/o incidentes sean declaradas manifiestamente dilatorias, maliciosas y/o temerarias, interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa preparatoria y de duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. Consecuentemente, la o el Juez o Tribunal previa advertencia en uso de su poder coercitivo y moderador, impondrá a la o el abogado una sanción pecuniaria equivalente a dos salarios mínimos nacionales, monto de dinero que será depositado en la cuenta del Órgano Judicial y en caso de continuar con la actitud dilatoria, la o el Juez o Tribunal apartará a la o el abogado de la actuación del proceso en particular, designando a un defensor público o de oficio; y, IV. El rechazo de las excepciones y de los incidentes impedirá que sean planteados nuevamente por los mismos motivos.
III.3. Sobre el Régimen de la Prescripción.
De acuerdo a la doctrina, la prescripción es un medio de liberarse de las consecuencias penales de una infracción penal o una conducta penal por efecto del tiempo y en las condiciones exigidas por la ley, siendo el transcurso del tiempo factor predominante para que opere esta excepción.
En el Auto Supremo 120-P de 20 de marzo de 2006, entre otros, se definió que la Prescripción de la Acción Penal es una figura liberadora, en mérito de la cual, por el transcurso del tiempo se extingue la acción o cesa el derecho del Estado a imponer una sanción; toda vez, que este instituto se halla ligado con el derecho que tiene todo imputado de conocer su situación jurídica, por lo que ni el sindicado tiene el deber de esperar indefinidamente que el Estado prosiga con el trámite de la causa hasta su conclusión, ni la sociedad puede esperar indefinidamente la resolución que disponga la autoría o absolución de los imputados, lo que genera incertidumbre en la sociedad, siempre y cuando se cumplan los requisitos previstos en el art. 29 del CPP.
En relación al instituto jurídico de la prescripción, el ordenamiento jurídico nacional a través de la Sentencia Constitucional 0023/2007-R de 16 de enero, señaló: “De acuerdo a la doctrina, la prescripción se traduce en los efectos que produce el transcurso del tiempo sobre el ejercicio de una determinada facultad.
Esta definición, aplicada al ámbito penal, significa la expresa renuncia por parte del Estado del derecho a juzgar debido al tiempo transcurrido.
Conforme a ello, es el propio Estado el que, a través de la norma penal (procesal o sustantiva, según las legislaciones), establece los límites de tiempo en que puede ejercer la persecución penal. La actividad represiva del Estado no puede ser ejercida de manera indefinida, ya que al hacerlo se quebrantaría el equilibrio que debe existir entre la función de defensa de la sociedad y la protección de derechos y garantías individuales.
Tradicionalmente se ha fundamentado la prescripción en diferentes razones, unas de tipo subjetivo, vinculadas a los cambios que el tiempo opera en la personalidad del delincuente, que determinan la desaparición de su peligrosidad para la sociedad; otras consideradas objetivas y de utilidad social, que señalan que con el transcurso del tiempo desaparece la alarma social y no existe necesidad de prevención general; aquellas de orden procesal que sostienen que existen dificultades en la recolección de elementos probatorios para determinar la culpabilidad o inocencia del presunto autor. También se han aducido razones de política criminal, en sentido que el castigo impuesto mucho tiempo después de la comisión del hecho no alcanza los fines de la pena (prevención especial y prevención general, positiva y negativa), careciendo, en consecuencia, su imposición de razón de ser; así como razones jurídicas, que inciden en la necesidad de eliminar la incertidumbre en las relaciones jurídicas y la desaparición de la intranquilidad causada por el delito.
Si bien los anteriores fundamentos son válidos, actualmente la prescripción debe fundamentarse desde la Constitución, en la medida en que éste instituto está íntimamente vinculado con los principios, valores, derechos y garantías constitucionales, fundamentalmente la garantía del debido proceso, la prohibición de indefensión y el derecho a la seguridad jurídica.
Así, respecto al derecho a la defensa, es innegable que si pese al tiempo transcurrido, la acción penal se dirigiera contra el supuesto culpable, llegando inclusive a imponerse una pena, se produciría una grave indefensión, pues los medios de defensa de los que podría servirse el imputado, o ya no existirían o se encontrarían debilitados, corriéndose el riesgo de condenar a un inocente por el tiempo transcurrido. En síntesis, el transcurso del tiempo incrementa el riesgo del error judicial, por encontrarse debilitadas las pruebas de la defensa. A su vez, el derecho a la defensa se encuentra conectado con la seguridad jurídica, derecho que se garantiza al evitar que se celebren procesos que no gozan de las mínimas garantías que permitan obtener una sentencia justa y que ocasionarían lesión a la garantía del debido proceso.”
Por su parte, el art. 29 del CPP, señala que la acción penal prescribe: 1) En ocho años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea de seis o más de seis años; 2) En cinco años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad cuyo máximo legal sea menor de seis y mayor de dos años; 3) En tres años, para los demás delitos sancionados con penas privativas de libertad; y, 4) En dos años para los delitos sancionados con penas no privativas de libertad.
Conforme el art. 31 del CPP el término de la prescripción, sólo se interrumpirá por la declaratoria de rebeldía del imputado, momento desde el cual el plazo se computará nuevamente.
Por otro lado, se establece que sólo se suspenderá en los siguientes casos previstos por el art. 32 del CPP:
“1) Cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el periodo de prueba correspondiente;
2) Mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas;
3) Durante la tramitación de cualquier forma de antejuicio o de la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso; y,
4) En los delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado”.
IV. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA EXCEPCIÓN OPUESTA
La excepción de prescripción es opuesta al amparo de los arts. 27 inc. 8) y 29 par. I del CPP, considerando que no serían concurrentes las causales de suspensión del término de la prescripción establecidos en los arts. 31 y 32 del CPP, por haber transcurrido alrededor de 5 años, computables a partir de la media noche en que se cometió el delito; es decir, desde la media noche del 5 de julio de 2009, sin que hasta la fecha se haya concluido el proceso penal en todas sus etapas.
Tomando en cuenta que en el ordenamiento jurídico procesal penal, la prescripción como motivo de extinción de la acción penal, se halla reconocida en el inc. 8) del art. 27 del CPP, siendo regulado el requisito temporal por el art. 29 de la norma Adjetiva Penal, que por disposición del art. 30 de la misma norma mencionada, inicia a computarse desde: i) La media noche del día en que se cometió el delito; y, ii) Desde la media noche en que cesó su consumación, corresponde para su procedencia, demostrarse por un lado el tiempo transcurrido conforme lo previsto por el art. 29 del CPP, así como la falta de una resolución que ponga fin al proceso, además de la inconcurrencia de las causales de interrupción o suspensión del término de la prescripción conforme las previsiones de los arts. 31 y 32 del CPP.
En ese ámbito, conforme los antecedentes cursantes en obrados, remitidos a esta Sala Penal y de los documentos adjuntos por los excepcionistas, si bien permiten establecer la fecha del presunto acto delictivo para el inicio del cómputo (5 de julio de 2009); no obstante, se advierte de la excepción planteada, que no cursa prueba idónea, que permita a este Tribunal tener la certidumbre de que hasta el presente haya existido alguna causal de suspensión o interrupción, más allá de adjuntar documentalmente un Certificado REJAP de solamente uno de los excepcionistas, quien es Celso Quiroga Cáceres; limitándose en lo demás a sostener los de manera redundante que en el caso de autos no operaría ninguna de las causales de interrupción o suspensión del término de la prescripción que curse en el cuaderno procesal, por lo que los arts. 31 y 32 del CPP, no podían ser considerados, así como de endilgar supuestas dilaciones procesales a los demás sujetos inmiscuidos en la tramitación del proceso, incumpliendo los acusados lo establecido en el art. 314 del CPP, respecto del deber que tenía de acreditar que durante la causa desde su inicio, más allá de la declaratoria de rebeldía, fundar probatoriamente la inconcurrencia de las causales de suspensión del término en cuestión, demostrando en su caso, objetivamente dicho extremo en función a los pertinentes antecedentes del proceso.
La Sala Penal a riesgo de vulnerar el principio de igualdad de partes ante el juez, no puede suplir aquella carga procesal, cuya producción y relación debió ser planteada, formulada y producida por los excepcionistas, reiterando que un actuar oficioso proveniente de las autoridades que suscriben corre también el riesgo inminente en desconocer del principio de imparcialidad, en el que se sustenta entre otros, la potestad de impartir justicia conforme el art. 178.I de la CPE, además de no corresponder emitir criterios sin bases probatorias que puedan sustentar la decisión a tomar, en este caso no se tiene constancia expresa de que a más de la rebeldía, durante la tramitación de “todo el proceso penal”; se haya acreditado o no alguna de las demás causales de suspensión de los términos, puesto que los acusados no pueden desmerecer la importancia de la prueba que respalde su pretensión, no bastando -incluso- el simple señalamiento de que la prueba documental se encuentra en obrados, sino precisar que es lo que se pretende probar con dicha prueba, que la simple remisión a antecedentes, no puede demostrar lo argumentado por el excepcionista, tal como lo ha señalado el Auto Supremo 001/2017 de 3 de enero, que estableció: “…se advierte de la excepción planteada, que no cursa prueba idónea, que permita a este Tribunal tener la certidumbre de que la imputada durante el proceso penal hasta el presente, no fue declarada rebelde o haya existido alguna causal de suspensión, limitándose a sostener la excepcionista que en el caso de autos no operaría ninguna de las causales de interrupción o suspensión del término de la prescripción que curse en el cuaderno procesal; por lo que, los arts. 31 y 32 del CPP no podían ser considerados, incumpliendo la imputada lo establecido en el art. 314.I del CPP, respecto del deber que tenía de acreditar que durante la causa desde su inicio no fue declarada rebelde; así también, tenía el deber de exponer fundadamente de qué modo no concurren las causales de suspensión del término en cuestión, demostrando en su caso objetivamente dicho extremo en función a los pertinentes antecedentes del proceso…”. Asimismo, lo ha referido también el Auto Supremo 005/2018 de 22 enero, al indicar que: “…Por otra parte, se advierte del memorial de excepción, que la imputada omite observar el deber de exponer fundadamente de qué modo no concurren las causales de suspensión del término en cuestión, demostrando en su caso objetivamente dicho extremo en función a los pertinentes antecedentes del proceso, pues debe tenerse presente que a esta Sala Penal le corresponde resolver las pretensiones de las partes con base a su planteamiento fundamentado y a las pruebas idóneas que las sustenten….”.
De lo anterior se concluye que, no basta con solo demostrar el transcurso del tiempo, sino que conforme a los arts. 314 y ss. del CPP, teniendo las excepciones el mismo trámite que cualquier otro incidente, debe estar debidamente fundamentado, así como respaldado por toda la prueba necesaria para que luego de la compulsa que se plantee por quién intenta excepcionar, se llegué a arribar a una adecuada respuesta por parte del juzgador a dicha pretensión, caso contrario, no es posible de manera subjetiva deducir lo que ha querido explicar la parte en su pretensión.
Bajo estas consideraciones y atendiendo los argumentos desglosados, al momento de resolver la prescripción de la acción penal, el Tribunal o Juez, debe considerar la naturaleza del tipo penal y de las circunstancias que rodean al hecho ilícito; con la finalidad de considerar el inicio para el cómputo de la prescripción y es así que tales criterios han sido entendidos en el Auto Supremo 288/2013 de 8 de octubre; por cuanto, el recurrente ha omitido compulsar y considerar las circunstancias de los hechos procesados para poder definir el inicio del cómputo de la prescripción, realizando una concepción limitada del art. 30 del CPP, al señalar únicamente que habrían transcurrido más de “cinco años”, lo cual no puede ser considerado como un parámetro objetivo de justiciabilidad.
Por lo expuesto, al no existir el ofrecimiento de prueba idónea y pertinente que respalde la pretensión de la excepcionista, menos un planteamiento fundado respecto a la inconcurrencia de las causales de suspensión de la prescripción; toda vez, que este Tribunal no puede subsanar las falencias en las que incurrió, corresponde declarar infundada la excepción planteada, además de manifiestamente dilatoria, en consideración al incumplimiento a una carga procesal básica y elemental que hace al planteamiento fundado y motivado de cualquier pretensión ante una autoridad judicial y al deber que tiene la parte excepcionista de ofrecer prueba idónea y pertinente, conforme al mandato establecido por el art. 314 del CPP.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los arts. 44 in fine y 315 del CPP, RESUELVE:
Declarar INFUNDADA la excepción de extinción de la acción penal por prescripción, opuesta por Víctor Quiroga Vargas, Salustiana Cáceres Jaimes y Celso Quiroga Cáceres conforme a lo dispuesto por el art. 268 del CPP y con los efectos previstos por el art. 315.III del CPP.
En cumplimiento de la jurisprudencia constitucional desarrollada en la Sentencia Constitucional Plurinacional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, se advierte a las partes que la presente resolución no es recurrible, debiendo notificarse a las partes conforme al art. 163 del CPP.
Efectuadas las diligencias de notificación, reanúdese el plazo procesal inserto en el art. 418 del Código de Procedimiento Penal, a efectos del análisis de admisibilidad del recurso de casación formulado en la causa.

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 RESOLUCIÓN 
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