Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2008/A128-08.htm
Timestamp: 2017-11-24 09:11:44+00:00

Document:
Auto 128/08
FACTOR SUBJETIVO EN ACCION DE TUTELA-Atiende a la calidad de las partes procesales
ACCION DE TUTELA CONTRA ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA-Decreto 1382 de 2000 establece reglas para elegir quien avoca el conocimiento en primera instancia
ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDAD DEL SECTOR CENTRAL-Competencia del Tribunal Superior, Administrativo y Consejo Seccional de la Judicatura/ACCION DE TUTELA CONTRA ENTIDAD DESCENTRALIZADA POR SERVICIOS DEL ORDEN NACIONAL O AUTORIDAD PUBLICA DEL ORDEN DEPARTAMENTAL-Conocimiento por jueces de circuito en primera instancia/ACCION DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PUBLICA DEL ORDEN DISTRITAL O MUNICIPAL Y PARTICULARES-Competencia de jueces municipales en primera instancia
SUPERINTENDENCIAS-Posiciones diversas en la estructura de la Rama Ejecutiva
En el caso de acciones de tutela interpuestas contra las superintendencias, no debe perderse de vista que éstas pueden ocupar dos posiciones diversas en la estructura de la rama ejecutiva, lo cual incide directamente en la regla de reparto que debe aplicarse en cada caso. De este modo, la oficina judicial que reciba una solicitud contra alguna superintendencia deberá tener en cuenta que: (i) las superintendencias sin personería jurídica hacen parte del sector central de la rama ejecutiva y en consecuencia, las acciones de tutela dirigidas contra ellas, deberán repartirse en primera instancia a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Tribunales Administrativos o Consejos Seccionales de la Judicatura y (ii) las superintendencias con personería jurídica integran el sector descentralizado por servicios del orden nacional de la administración, razón por la cual, las solicitudes de amparo en su contra han de ser remitidas para su conocimiento en primera instancia a los jueces del circuito o con rango de tales.
SUPERINTENDECIA DE SOCIEDADES-Entidad del sector centralizado por servicios del orden nacional de la rama ejecutiva del poder público/ACCION DE TUTELA CONTRA SUPERINTENDECIA DE SOCIEDADES-Conocimiento por jueces de circuito o con categoría de tales
FACTOR TERRITORIAL EN ACCION DE TUTELA Y COMPETENCIA A PREVENCION-Conocimiento de los jueces o tribunales del lugar donde ocurrió la violación o amenaza que motivo la solicitud
ACCION DE TUTELA-Lugar donde ocurre la vulneración identificado con el domicilio del demandante
ACCION DE TUTELA-Competencia del juez del lugar donde ocurrió amenaza o vulneración de derechos fundamentales
ACCION DE TUTELA CONTRA LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES-Competencia de Juzgado Civil del Circuito
Referencia: expediente I.C.C. 1232
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero (1º) Civil Municipal de Dosquebradas, el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, el Juzgado Segundo (2º) Administrativo del Circuito de Pereira y el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas en la acción de tutela promovida por Oscar Valencia Arias en su calidad de representante legal de Creaciones O´Felipe Ltda. contra la Superintendencia de Sociedades.
Provee la Corte, en relación con el Conflicto de Competencia suscitado entre el Juzgado Primero (1º) Civil Municipal de Dosquebradas Risaralda, el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, el Juzgado Segundo (2º) Administrativo del Circuito de Pereira y el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas en la acción de tutela promovida por Oscar Valencia Arias en su calidad de representante legal de Creaciones O´Felipe Ltda. contra la Superintendencia de Sociedades.
1.- El pasado dieciocho (18) de enero de dos mil ocho (2008), el ciudadano Oscar Valencia Arias en su calidad de representante legal de la sociedad Creaciones O´Felipe Ltda. interpuso acción de tutela contra la Superintendencia de Sociedades.
2.- La acción de tutela de la referencia fue repartida al Juzgado Primero (1º) Civil Municipal de Dosquebradas Risaralda, el cual, mediante auto de veintiuno (21) de enero de dos mil ocho (2008) se declaró incompetente para conocer dicho proceso por cuanto, a la luz del artículo 1º del decreto 1382 de 2000, las acciones de tutela que se interpongan contra una autoridad pública del orden nacional –como la Superintendencia de Sociedades- deben ser repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura.
3.- Repartido nuevamente el expediente, correspondió su conocimiento al Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, corporación que mediante auto de enero veintitrés (23) de dos mil ocho (2008), consideró que carecía de competencia toda vez que, de acuerdo con el artículo 1º del decreto 1080 de 1996, la Superintendencia de Sociedades es una entidad con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, razón por la cual, en virtud de lo previsto por el artículo 38 de la ley 489 de 1998 hace parte del sector descentralizado por servicios del orden nacional de la rama ejecutiva del poder público. Así, a juicio del Tribunal, la competencia para conocer la acción de tutela de la referencia corresponde a los jueces del circuito del lugar donde ocurrió la supuesta vulneración, según lo dispuesto por el inciso 2º, artículo 1º del decreto 1382 de 2000.
4.- Una vez recibido nuevamente en la oficina judicial respectiva, el expediente fue remitido al Juzgado Segundo (2º) Administrativo del Circuito de Pereira, autoridad que mediante auto proferido el veinticuatro (24) de enero de dos mil ocho (2008), consideró que en el caso de la referencia sólo eran competentes los jueces del circuito del lugar donde tuvo lugar la violación alegada, esto es, el municipio de Dosquebradas, donde tiene su domicilio la sociedad accionante.
5.- Mediante auto del veintiocho (28) de enero de dos mil ocho (2008), el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas Risaralda señaló que a su juicio, la Oficina Judicial de Pereira pasó por alto lo dispuesto en el auto obrante a folios 13 y 14 del expediente y por tal motivo, remitió el expediente a los jueces administrativos. En consecuencia, consideró el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas Risaralda que, el expediente debía devolverse a la autoridad judicial a la que fue dirigido inicialmente.
6.- El treinta (30) de enero de dos mil ocho (2008), la Jefe de la Oficina Judicial de Pereira remitió nuevamente el proceso de la referencia al Juez Civil del Circuito de Dosquebradas Risaralda, afirmando en comunicación adjunta que, el reparto de este expediente se había hecho en las distintas oportunidades de conformidad con lo ordenado por las providencias judiciales proferidas a propósito del mismo.
7.- En auto fechado el primero (1º) de febrero de dos mil ocho (2008), el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas Risaralda, aseguró que el competente para conocer la tutela de la referencia era, bien el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda o el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y en tales términos, decidió remitir el expediente al Consejo Superior de la Judicatura con el objeto de que esta corporación dirimiera el conflicto de competencia presentado.
8.- El pasado veinte (20) de febrero de dos mil ocho (2008), el Consejo Superior de la Judicatura en su Sala Jurisdiccional Disciplinaria decidió inhibirse para la solución del conflicto de competencia presentado en relación con la acción de tutela promovida por Oscar Valencia Arias en su calidad de representante legal de Creaciones O´Felipe Ltda. contra la Superintendencia de Sociedades y ordenar, en consecuencia, el envío del asunto a la Corte Constitucional.
Así pues, con el propósito de esclarecer el panorama normativo con fundamento en el cual debe solucionarse el asunto que ahora se plantea a la Corte, es preciso desarrollar algunas consideraciones en relación con los factores subjetivo y territorial que deben ser tenidos en cuenta al efectuar el reparto en materia de tutela.
Respecto del factor subjetivo, esto es, aquel que atiende a la calidad de las partes procesales, el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000 establece, en su numeral 1º, las reglas con arreglo a las cuales la oficina judicial que reciba la solicitud de tutela debe elegir el cuerpo judicial que avocará su conocimiento en primera instancia, cuando dicha petición se dirija contra organismos que formen parte de la administración pública.
Para tal efecto, el referido decreto tiene en cuenta la ubicación que las entidades demandadas ostenten en la estructura de la rama ejecutiva. Así, cuando se trate de entidades ubicadas en el sector central de la administración, la acción de tutela deberá repartirse a los Tribunales Superiores de distrito judicial, administrativos o consejos seccionales de la judicatura (inciso 1º, numeral 1º, artículo 1° del Decreto 1382 de 2000). A su turno, los jueces del circuito conocerán en primera instancia los amparos constitucionales presentados contra los organismos o entidades del sector descentralizado por servicios del orden nacional y contra autoridades públicas del orden departamental (inciso 2º, numeral 1º, artículo 1° del Decreto 1382 de 2000). Y finalmente, señala el mencionado decreto que, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden distrital o municipal y contra particulares, serán repartidas para su conocimiento en primera instancia a los jueces municipales (inciso 3º, numeral 1º, artículo 1°).
Ahora bien, atendiendo a las especificas circunstancias del asunto sometido al examen de la Corte en esta ocasión, cabe resaltar que en el caso de acciones de tutela interpuestas contra las superintendencias, no debe perderse de vista que éstas pueden ocupar dos posiciones diversas en la estructura de la rama ejecutiva, lo cual incide directamente en la regla de reparto que debe aplicarse en cada caso.
De este modo, la oficina judicial que reciba una solicitud contra alguna superintendencia deberá tener en cuenta que: (i) las superintendencias sin personería jurídica hacen parte del sector central de la rama ejecutiva[1] y en consecuencia, las acciones de tutela dirigidas contra ellas, deberán repartirse en primera instancia a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Tribunales Administrativos o Consejos Seccionales de la Judicatura y (ii) las superintendencias con personería jurídica integran el sector descentralizado por servicios del orden nacional de la administración[2], razón por la cual, las solicitudes de amparo en su contra han de ser remitidas para su conocimiento en primera instancia a los jueces del circuito o con rango de tales.
En estos términos, cobra vital importancia determinar en cada caso y con arreglo a las normas pertinentes, si la superintendencia demandada en el proceso ostenta o carece de personería jurídica propia.
Así, en relación con la Superintendencia de Sociedades, señala el decreto 1080 de 1996 “Por el cual se reestructura la Superintendencia de Sociedades y se dictan normas sobre su administración y recursos”:
“ARTICULO 1o. NATURALEZA. La Superintendencia de Sociedades es un organismo técnico, adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, mediante el cual el Presidente de la República ejerce la inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles, así como las facultades que le señala la Ley en relación con otras personas jurídicas o naturales.” (subraya de la Sala Plena)
De esta forma, al tenor de las reglas de reparto por el factor subjetivo establecidas en el artículo 1º, numeral 1º del Decreto 1382 de 2000, el conocimiento de los procesos de tutela promovidos contra esta entidad -ubicada en el sector descentralizado por servicios del orden nacional de la rama ejecutiva del poder público- debe ser atribuido a los jueces del circuito o con categoría de tales.
De otro lado, en cuanto a la aplicación del factor territorial como criterio para definir la autoridad judicial que debe conocer por reparto las solicitudes de tutela, es importante tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 37 del decreto 2591 de 1991[3], son competentes a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que motivaren la presentación de la solicitud.
A este respecto, la jurisprudencia constitucional ha admitido en forma reiterada que, el lugar donde ocurre la vulneración sea identificado con el domicilio del demandante[4]. Así mismo, es frecuente que este lugar sea el mismo en el que se producen los efectos del acto que genera la presunta violación de los derechos fundamentales y no aquél en el que tiene su asiento la entidad que lo profiere. En tal sentido, concluyó la Sala Plena en Auto 095 de 2006:
“Basándonos en que la competencia de la acción de tutela corresponde al juez del lugar donde ocurrió la vulneración o amenaza para los derechos fundamentales[5], tenemos que: 1) No necesariamente el lugar donde tenga su sede el ente que viola de manera presunta los derechos fundamentales coincide con el lugar donde ocurrió la vulneración[6]; 2) la competencia no corresponde al juez del lugar donde se expidió un acto violatorio, sino al juez del lugar donde se produzcan sus efectos, es decir, del lugar donde se presentó u ocurrió[7] la vulneración que se busca proteger”. (Énfasis original del texto).
Una vez aplicados tales criterios al caso sujeto a examen, se advierte que, como bien lo anotó una de las autoridades involucradas en el conflicto de competencia, el lugar donde tiene lugar la supuesta vulneración es precisamente el domicilio contractual de la sociedad que presenta la solicitud de amparo, esto es, el municipio de Dosquebradas, en el departamento de Risaralda.
De acuerdo con las consideraciones anteriores, para la Corte es claro que, la acción de tutela instaurada por el representante legal de la sociedad Creaciones O´Felipe Ltda. contra la Superintendencia de Sociedades ha debido ser repartida desde el momento de su presentación a los jueces del circuito o con rango de tales que tienen jurisdicción en el municipio de Dosquebradas.
Ahora bien, entre las autoridades judiciales involucradas en el conflicto de competencia que ahora pretende dirimir la Corte, existen dos que cumplen con las calidades antes mencionadas. De un lado, el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas y de otro, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pereira el cual, a la luz del numeral 22, artículo 1º del Acuerdo 3321 de 2006 proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, tiene jurisdicción en todos los municipios del departamento de Risaralda, entre los que se encuentra, por supuesto el municipio de Dosquebradas.
De este modo, cualquiera de las dos autoridades antes mencionadas, podría haber conocido en primera instancia la tutela de la referencia, correspondiendo en principio, al actor determinar -según su preferencia- aquella a la cual debía remitirse el expediente.[8] Al respecto es importante tener en cuenta que, de acuerdo a la solicitud de tutela (folio 8 del cuaderno principal) el peticionario dirigió su acción a los “JUECES CIVILES MUNICIPALES – Reparto Dosquebradas - Risaralda”, con lo cual, pese a haber escogido una categoría de jueces diferente a aquella a la cual correspondía por reparto la acción, el demandante sí eligió la jurisdicción que a su juicio debía conocer el amparo promovido por él, esto es, la jurisdicción civil.
En tal sentido y reiterando el criterio acogido por esta Corporación, la Sala Plena dirimirá el conflicto de competencia sometido a su conocimiento, ordenando al Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas que asuma, sin más dilaciones, el conocimiento de la acción de tutela de la referencia.
PRIMERO.- DESATAR el conflicto de competencia existente entre el Juzgado Primero (1º) Civil Municipal de Dosquebradas Risaralda, el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, el Juzgado Segundo (2º) Administrativo del Circuito de Pereira y el Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas en la acción de tutela promovida por Oscar Valencia Arias en su calidad de representante legal de Creaciones O´Felipe Ltda. contra la Superintendencia de Sociedades.
SEGUNDO.- REMITIR el expediente de tutela al Juzgado Civil del Circuito de Dosquebradas para que asuma de forma inmediata el conocimiento del referido amparo constitucional.
TERCERO.- COMUNICAR la decisión adoptada en relación con el conflicto de competencia suscitado en el asunto de la referencia al Juzgado Primero (1º) Civil Municipal de Dosquebradas Risaralda, el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda y el Juzgado Segundo (2º) Administrativo del Circuito de Pereira. Para el efecto, remitir sendas copias de la presente decisión.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 128 DE 2008
Referencia: ICC-1232
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Primero Civil Municipal de Dosquebradas, el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Pereira y el Juzgado Civil del Circuito de Desquebradas.
[1] Cfr. Artículo 38, numeral 1º, literal e de Ley 489 de 1998.
[2] Cfr. Artículo 38, numeral 2º, literal c de Ley 489 de 1998
[3] Declarado exequible en Sentencia C-054 de 1993.
[4] Cfr. Autos 051 de 2003, 151 de 2005, 128 y 972 de 2006.
[5] Auto 037 de 2005.
[6] Afirmación que se desprende de las consideraciones de la Corte en las siguientes providencias: Auto 025 de 1997; Sentencia T-183 de 1995.
[7] Auto 025 de 1997.
[8] Así lo ha reconocido la Corte en los Autos 071 de 2006, 157 de 2006 y 1087 de 2007, entre otros.

References: artículo 1
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 artículo 38
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 artículo 37
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