Source: http://www.derechodedefensa.com.ar/2010/03/mendoza-24-de-noviembre-de-2.html
Timestamp: 2018-05-27 10:07:04+00:00

Document:
Mendoza, 24 de noviembre de 2.009.
Y VISTOS: Estos autos N° 96.551 caratulados “SOTO ADOLFO M. y ot. P.S.H.M. MARIO DANIEL c/ PORQUERES FERNÁNDEZ FRANCISCO OMAR p/D. y P.”, llamados para dictar sentencia, y de los que;
I- Que a fs. 31/40 el Doctor Mario A. Barraza Flores, en representación de Adolfo Mario Soto y María Espejo de Soto, quienes a su vez concurren en nombre y representación de su hijo menor Mario Daniel Soto, inicia demanda sumaria de daños y perjuicios por accidente de tránsito contra Francisco Omar Porqueres Fernández, a fin de obtener el pago de la suma de Pesos CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ($ 134.600,00), o lo que en más o en menos surja de la prueba a rendirse en autos, más intereses legales y costas.
Señala que la presente demanda reconoce como origen un accidente de tránsito en el cual resultó gravemente lesionado el menor Mario Daniel Soto, ocurrido el día 1 de marzo de 2.002 a las 20:40 horas aproximadamente, en la intersección de calle Urquiza y Elpidio González de Guaymallén, cuando fue atropellado por un vehículo marca Renault Megane, modelo 99, dominio CNM- 791 conducido por Francisco Omar Porqueres Fernández. Indica que el día mencionado Mario Daniel Soto, quién venía acompañado de su hermano Leonardo David Soto, en el colectivo de la línea 160, dirigiéndose hacia su domicilio, al notar que el mismo, que circulaba por calle Urquiza, giró por calle Elpidio González, siendo que el interno que debían abordar tenía que continuar por calle Urquiza, decidieron bajarse del mismo para abor-dar el interno correcto. Refiere que por ello una vez que bajaron en la parada de calle Elpidio González se dirigieron hacia calle Urquiza, momento en el cual se produce el accidente. Manifiesta que el hecho se produjo en el instante que los hermanos comenzaron a cruzar por la arteria de calle Urquiza para llegar a la parada que sobre esa calle les permitiría tomar el ómnibus 160 que los llevaría a su domicilio y que en el instante de cruzar por calle Urquiza hacia la parada que se encuentra en el costado Oeste de dicha arteria, en forma sorpresiva e intempestiva apareció el vehículo conducido por el demandado, que se dirigía hacia el Norte, atropellando al actor. Indica que el accidente mencionado su produjo por culpa exclusiva del demandado ya que el menor cruzaba correctamente por la zona de la senda peatonal y que además al existir en dicha encrucijada semáforo para vehículos, los mismos cruzaron la arteria conforme a la ley de tránsito (art. 53 inc. b 2).Agrega que como consecuencia de que el vehículo impactara sobre la persona del hijo de sus mandantes, en el rodado se produjo rotura de parabrisas y abolladura de capot, lo cual demuestra la gran velocidad con que cruzó la encrucijada.
Discrimina los rubros que integran la indemnización reclamada; ofrecen pruebas y funda su pretensión en derecho.
II- Que a fs. 50 se ordena correr traslado de la demanda a la parte accionada, notificándose en legal forma como surge de las constancias de fs. 76.
III- Que a fs. 52/73 se hace parte el demandado Francisco Omar Porqueres, por intermedio de representante y contesta la demanda entablada en autos, solicitando su rechazo con costas por las razones que expresa, las que doy por re-producidas en mérito a la brevedad procesal.
IV- Que a fs. 78 la parte actora contesta el responde de la contraria; a fs. 82 toma intervención el Cuerpo Médico Forense; a fs. 96 el Juzgado se expidió sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas; a fs. 131/132 se da por fracasada la conciliación, absolvió posiciones el demandado y reconoció documentación Norberto Julio Marchesi; a fs. 135 y 138/142 obran los informes solicitados al D.E.I.E.; a fs. 147 glosa el acta de nacimiento del actor; a fs. 192/195 corre agregada la documentación solicitada al Hospital “María Ferrer”; a fs. 207/268 glosa la historia clínica del actor remitida por el Hospital Central; a fs. 270 obra el informe solicitado a la Subsecretaria de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Mendoza; a fs. 272/273 glosa la pericia psiquiátrica la que fue impugnada por la parte actora a fs. 312 y por la parte demandada a fs. 331/334; a fs. 275/278 corre agregada la pericia médica traumatológica; a fs. 282/286 corre agregada la pericia médica clínica, la que fue impugnada por el demandado a fs. 343/347; a fs. 296 prestó declaración testimonial Norberto Julio Marchesi; a fs.300 y 301 corren agregados los testimonios de Nelly Yolanda Leyes y Olga Viviana Jofré; a fs. 3003/307 glosa el informe solicitado al D.E.I.E.; a fs. 327 y 329 obran los informes solicitados a la Subsecretaria de Trabajo y Seguridad Social- Ministerio de Gobierno; a fs. 357 se hace parte Mario Daniel Soto; a fs. 379/380 el perito médico psiquiatra contesta las impugnaciones a su informe pericial; a fs. 401 consta la recepción de los autos N° 26.714 caratulados “F. c/ Francisco Omar Porqueres Fernández p/ Les. Culposas”; a fs. 408/409 el perito médico clínico contesta las impugnaciones a su pericia; a fs. 472/474 corre agregada la pericia médica neurológica; a fs. 484/486 glosa la pericia mecánica y a fs. 567 se ponen los autos en la oficina para alegar.
V- Que a fs. 618 se llaman autos para sentencia.
I- ENCUADRE JURÍDICO DEL CASO PLANTEADO EN AUTOS:
En primer lugar corresponde determinar el marco jurídico a partir del cual se analizarán los hechos incorporados a la causa.
Siguiendo a Mossett Iturraspe estimo que el artículo 1.109 del Código Civil ha quedado marginado a los casos de daños causados sin intervención de cosas o bien, con la presencia de cosas, cuyo uso –considerado objetivamente- no encierra la posibilidad de dañar.
El artículo 1.113 en cambio recepta el distingo entre daños causados con las cosas y por las cosas incluyendo dentro de esta última expresión el daño causado por vicio o por riesgo de las cosas, ampliándose notablemente su influencia por éste último concepto.
En consecuencia, probada la intervención de una cosa –riesgosa o no, viciosa o no- en la producción de un daño, se produce necesariamente la inversión de la carga de la prueba (art. 1.113 del C. Civil), lo que diferencia efectivamente a estos daños de los causados sin intervención de cosas (art. 1.109).
Esta presunción de responsabilidad desprendida de la inversión en la carga de la prueba, puede destruirse con criterios diferentes. Si el daño se produjo con cosas no riesgosas (“con las cosas”) bastará para eximirse de responsabilidad la demos-tración del demandado de que su parte no hubo culpa. En cambio tratándose de daños producidos por el riesgo o vicio de la cosa deberá romperse el nexo causal (Conf. KE-MELMAJER DE CARLUCCI, AÍDA, “Los factores subjetivos de atribución” en “Responsabilidad Civil”, pág. 154) acreditando que el daño se debió a caso fortuito, al hecho de la víctima o al de un tercero por el que no se deba responder.
En este orden de ideas, y dado el régimen legal aplicable al caso, para que se configure la responsabilidad por riesgo o vicio de la cosa, basta acreditar: a) la intervención activa de una cosa; b) la existencia de daños y c) la relación de causalidad entre el riego o vicio de la cosa interviniente y los daños producidos.
Respecto a la actividad probatoria, “la carga de la prueba de dichos elementos pesa sobre el actor, que reclama el resarcimiento de los daños sufridos. Sin embargo, probada la intervención activa de la cosa y su conexión causal con el daño producido, es dable presumir – hasta tanto se pruebe lo contrario- que el detrimento se ha generado por el riesgo o vicio de la cosa” (Pizarro, Ramón, D., “Responsabilidad civil por el riesgo o vicio de las cosas”, pág. 442).
Ahora bien, en el caso de los accidentes producidos por automotores esta última presunción es más fuerte, atento a que basta acreditar que el o los automotores se hallaban en movimiento para que deba aceptarse que ello implica un riesgo.
Acreditados los presupuestos precedentemente referidos, y la calidad de dueños o guardianes de los demandados, debe presumirse la responsabilidad de los últimos, pudiendo estos – para eximirse de responsabilidad- probar la culpa de la víctima o de un tercero por quién no deban responder.
Sin embargo en estos casos se ha opinado generalmente que, cuando la acción se dirige contra el propietario debe aplicarse el art. 1.113 mientras que cuando se dirige exclusivamente contra el conductor debe volverse al régimen original del art. 1.109 del Código Civil.
Estimo que esta posición no es correcta, como tampoco creo que la cuestión deba resolverse en el caso por el sistema establecido para los daños producidos con las cosas pro cuanto ello queda reservado para el caso de las cosas no riesgosas, entre las que no se encuentran los automotores.
En cambio entiendo que, la más generalizada de las caracterizaciones del “guardián” debe aplicarse al caso del conductor, mientras éste no demuestre una calidad excluyente de tal situación.
En efecto, modernamente se ha generalizado la posición que acepta una caracterización no unívoca del concepto de guardián, sino que admite una doble línea de contenidos para esta categoría, a saber: la dirección de hecho sobre la cosa y la recepción de un beneficio económico por su uso (Conf. KEMELMAJER DE CARLUCCI, AIDA, su comentario al artículo 1.113 del Código Civil en Belluscio-Zanoni, “Código Civil y Leyes Complementarias”, pág. 471). En igual sentido se afirma que la noción de guardián es bifrontal, atendiendo a dos pautas; servirse de la cosa y tenerla bajo su cuidado (Kemelmajer de Carlucci y Parellada, “Responsabilidad por el empleo de las cosas”, en Responsabilidad Civil, pág. 393).
Quién conduce un automotor, tiene la dirección de hecho de la cosa, y la tiene bajo su cuidado, debiendo presumirse que ejerce en forma autónoma ese poder, salvo la demostración en contrario de que tiene la cosa a nombre de otro o está obligado a proceder según instrucciones y órdenes que otra persona le pueda dar.
De modo que mientras no se demuestre una de estas circunstancias que excluyan la guarda, el conductor sólo podrá eximirse destruyendo el nexo causal, mientras que, si acredita no haber tenido el ejercicio autónomo de la dirección de la cosa o su aprovechamiento económico exclusivo por terceros para quienes tiene la cosa, entonces podrá liberarse por su falta de culpa.
Ello por cuanto nuestro ordenamiento normativo sigue en general esta línea de razonamiento, aceptando que el sólo hecho de tener la cosa bajo su poder hace presumir la posesión a título personal (art. 2.363, 2.783 del Código Civil), y poniendo en cabeza del tenedor que posee por otro, la obligación de declarar el nombre del verus posesor ( art. 2.464, 2.782, etc.), todas ellas, manifestaciones del principio de la apariencia.
Teniendo en cuenta los argumentos dados, entiendo que probada la intervención activa de un automotor en la producción de los daños, y el carácter de conductor del demandado ( todo lo cual surge plenamente en el caso en examen del proceso penal venido ad effectum videndi) rige respecto de aquél la presunción de responsabilidad que pesa sobre el guardián, y el régimen establecido por el art. 1.113 segundo párrafo, segunda parte, salvo que la demandada hubiera acreditado su condición de dependiente u otra razón que excluyera las características del guardián en su caso. Como en autos ello no se ha alegado, aplicaré al análisis del caso dicha normativa.
II- ANÁLISIS DEL CASO PLANTEADO EN AUTOS:
A) Entrando en el análisis del accidente, de la traba de la litis surge que las partes concuerdan en la ocurrencia de los siguientes hechos: 1) la intervención activa del vehículo marca Renault Megane, dominio CNM 791 el que era conducido por el Señor Francisco Omar Porqueres Fernández; 2) que el mismo circulaba por calle Urquiza del departamento de Guaymallén; 3) que Mario Daniel Soto intentaba el cruce de la referida arteria cuando fue colisionado por el hoy demandado.
Tales hechos deben considerarse probados para la causa, por lo que, según el marco jurídico referido precedentemente, debe aceptarse la existencia de presunción de responsabilidad sobre la parte demandada.
Las partes coinciden en estas circunstancias, pero disienten en quién ha sido responsable del accidente, si el conductor del vehículo dominio CNM 791 o el peatón Mario Daniel Soto, describiendo la mecánica del accidente en forma distinta. Frente a estos hechos controvertidos, y encuadrando el sub-lite en la hipótesis prevista por el art. 1.113 segundo párrafo de la ley sustantiva, por lo que se presume la responsabilidad del accionado, se hace necesario analizar las pruebas aportadas a los efectos de determinar si en el caso en examen concurre alguna de las eximentes legales de responsabilidad, es decir si el hecho se produjo por culpa de la víctima o de un tercero por quién no debe responder. El perito ingeniero mecánico, en el informe que glosa a fs.483/486 afirma que “De las constancias de autos, se puede inferir que el automóvil Renault Megane se desplazaba por la banda Este de calle Urquiza con dirección al Norte y que el peatón fue embestido con el sector frontal medio de dicho rodado en la banda Este de calle Urquiza. Otros datos de la mecánica del accidente no pueden ser descriptos por el perito actuante debido a la falta de datos para dar apoyo científico a su labor. Con respecto a la velocidad de circulación del Renault Megane, el perito se limita a consignar el cálculo efectuado por la policía científica que es de 50 km./h.”. Indica que no se puede determinar fehacientemente con los datos disponibles el probable lugar del impacto, solo que está ubicado en la banda Este de calle Urquiza y no se puede establecer el lugar donde cayó el peatón. Afirma que no existe senda peatonal demarcada y que el lugar por donde se realizó el cruce de calle implica un grave peligro para los peatones, debido a las vías de circulación que permiten los semáforos tanto a los vehículos que vienen por Urquiza al Norte como por Elpidio González en ambas direcciones para ingresar a Urquiza.
Del informe de criminalística que obra a fs. 71/72 de la causa penal n° 26.714/2 originario de la Cuarta Fiscalía Correccional, surge que la luminaria existente en el lugar del accidente estaba apagada, que los semáforos de tres tiempos estaban en funcionamiento, y que el rodado presenta un impacto en el sector frontal medio (deformación en chapa patente, abolladura de capó y trizadura de parabrisas) y que no se puede establecer en que dirección y sentido se desplazaba el peatón.
De los elementos probatorios individualizados precedentemente surge que el accidente se produjo por culpa del conductor del vehículo y del peatón Mario Daniel Soto.
Efectúo tal afirmación ya que en el caso de autos ha quedado acreditado que el automóvil conducido por el demandado resultó ser el vehículo embistente al presentar un impacto en el sector frontal medio y que circulaba a una velocidad de 50 km./h, es decir fuera de los límites máximos establecidos por la ley de tránsito (art. 69 apartado e) punto 1), lo que le impedía tener el dominio sobre el mismo infringiendo de esta manera lo dispuesto por el artículo 48 de aquel cuerpo legal que dispone: “Los conductores deben: b) En la vía pública, circular con cuidado y previsión conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o del animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito.... Si hubiera ajustado la conducción del vehículo a su mando a esta regla, la colisión no se hubiera producido, ya que como lo ha señalado la jurisprudencia: “El peatón distraído y hasta audaz o temerario es una contingencia frecuente dentro de los rudimentarios hábitos viales reinantes en nuestro medio; su repentina aparición no constituye una sorpresa imprevisible, ni es idónea a los efectos de exonerar de responsabilidad al guardián de la cosa peligrosa. Sólo deberá considerarse que el peatón incurrió en culpa, cuando ella resulte claramente justificada” ( CNEsp.Civ.Com., Sala III, “Hoyos José M. c/ Estado Nacional- Ejercito Argentino s/ daños y perjuicios”, 28/5/85).
Ahora bien, la culpa del referido demandado no ha sido la única causa del daño. Por el contrario, la conducta desplegada por la víctima Mario Daniel Soto, quién realizó el cruce de calle por un lugar que implica un grave riesgo para los peatones, cuando las luminarias no estaban prendidas, ha sido un facto determinante para su producción.
Es decir que en el evento dañoso acaecido el día 1 de marzo de 2.002 ha existido concurrencia de causas, pues considero que la culpa de la víctima no ha absorbido la culpa presumida o responsabilidad objetiva que tenía el Señor Francisco Omar Porqueres Fernández como conductor del rodado dominio CNM 791, sino, en todo caso ambas causas jugaron como condiciones autónomas y necesarias para que se produjera el resultado dañoso, de manera que hubiese bastado, que uno de ellos no hubiere actuado como lo hizo, para que el hecho no ocurriera ( en este sentido ver Moisset de Espanés Luis, “Accidente de Automotores”, Bs. As., 1.978, págs. 81/82).-
Por lo tanto, habiendo la parte demandada acreditado que la conducta de la víctima influyó en la producción del daño, corresponde su liberación parcial. Téngase en cuenta que la liberación del dueño o guardián del automotor puede ser total o parcial. La primera se producirá cuando se acredite que la conducta de la víctima ha sido la causa exclusiva del daño. La parcial, en cambio, operará generalmente, ante la causalidad concurrente, que la jurisprudencia extrae, en la mayoría de los casos, de la concurrencia de culpas. Tal concurrencia existe si ambas culpas, autónomamente, influyeron en la producción del daño (ver Barbato, Nicolás Héctor, “Culpa sin responsabilidad. Reflexiones sobre la culpa de la víctima y otros supuestos análogos”, E.D. 143-863).-
Existiendo concausación del riesgo de la cosa y de la culpa de la víctima, la responsabilidad debe establecerse según la proporción en que contribuyó al acaecimiento del accidente la culpa de cada una de las partes.
En el caso en análisis estimo que el actor tiene un 30% de culpa ya que efectuó el cruce de calle en un lugar de alto riesgo para los peatones y un 70% de culpa tiene la el demandado que no tuvo el dominio del vehículo y resultó embistente en la colisión. Asigno mayor culpa al accionado porque como lo ha señalado la jurisprudencia: “En materia de accidentes viales no debe dejarse de considerar que la culpa por conducir deficientemente un automotor entraña un grave riesgo para la seguridad y los bienes de los demás, mientras que la culpa del peatón, en cambio no perjudica más que a sí mismo. De lo que la actividad del primero deberá ser apreciadas con más estrictez que la del segundo cuando se trata de fijar el porcentaje de responsabilidad de cada uno en el infortunio”, S.C.J., 12/08/1.993, “Cerda Fernández Jacinto E, c/Paredes Fernando p/Sumario”).
Cabe agregar que le atribuyo culpabilidad al actor porque considero que es una persona capaz. Efectúo tal afirmación en virtud de que la parte demandada señala que aquel es una persona disminuida mental y que al momento del accidente era menor de edad, lo que lo convierte en la doble condición de “inimputable”.
Tal afirmación no tiene sustento legal, en virtud de que a la luz de lo normado por el artículo 140 del Código Civil ninguna persona será tenida por incapaz sin que la incapacidad sea verificada y declarada por juez competente y en el caso en examen no se ha probado la existencia de tal declaración. Además al momento del accidente Mario Daniel Soto tenía 16 años (ver acta de nacimiento que obra a fs. 147) por lo que era un menor púber que respondía por sus actos (arts. 54, 127 y 921 del Código Civil), por lo que si se prueba que actuó con culpa concurriría una de las eximentes de responsabilidad prevista por el artículo 1.113 del Código Civil.
Cabe agregar que la parte demandada no hace una correcta interpretación de “inimputabilidad”, ya que el inimputable, el incapaz, no tiene discernimiento para los actos ilícitos, carece de la noción de lo bueno o de lo malo, no puede apreciar lo que para él podía ser conveniente o no, por lo que no puede incurrir en culpa y por ende no podría invocarse por parte de los demandados en los supuestos de responsabilidad objetiva la culpa de la víctima, sino solamente la culpa de un tercero por quién el dueño o guardián del vehículo no deban responder o la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor.
B) La parte accionante reclama la suma de Pesos CINCO MIL ($ 5.000,00) en concepto de daño emergente, comprendiendo los gastos terapéuticos: médicos y farmacéuticos.
Los gastos terapéuticos son aquellos orientados al restablecimiento de la integridad psicofísica de la víctima del hecho. Su resarcibilidad ha sido expresamente prevista por el artículo 1.086 del C. Civil y constituyen un daño patri-monial indirecto, por implicar un perjuicio económico reflejo a raíz del mal hecho a la persona, derechos o facultades de la víctima (art. 1.068 C. Civil).
Los criterios generales que gobiernan la indemnización de los gastos examinados atañen a la finalidad que debe presidirlos (terapéutica), la razonabilidad de las erogaciones (ausencias de abuso o exceso) y la causalidad ( deben conectarse con las lesiones producidas por el hecho).
El perito médico clínico designado en autos, en el informe que obra a fs. 282/286 nos indica que el actor como consecuencia del accidente sufrido el día 1 de marzo de 2.002 fue trasladado al Hospital Central, donde le diagnosticaron una fractura de tibia y peroné izquierda en tres partes, traumatismo encefalocraneano con pérdida de conocimiento, le realizaron una tomografía computada en el FUESMEN (tenía hematoma intracraneal), lo operaron esa noche y luego fue internado en la Unidad de Terapia Intensiva, donde permaneció alrededor de 15 días, estando en estado de coma durante 7 días, con intubación traqueal, con varios medicamentos, sueros, colocación de una sonda vesical y yeso en toda la pierna hasta el muslo izquierdo. Como complicación apareció una otitis con bacterias intrahospitalarias, por lo que le tuvieron que realizar una punción para extraerle pus, luego aparece otra complicación por una costilla fracturada que perfora el pulmón y aparece un efisema que le produce una insuficiencia respiratoria, y le tuvieron que hacer una traqueotomía (abocamiento de la tráquea exterior para facilitar la respiración) y para tratar el enfisema (atrapamiento de aire en la pleura que hace colapasar el pulmón) le colocaron un tubo de drenaje toráxico para la extracción del aire que complicaba la pleura y pulmón de ese lado, con este tubo y la traqueotomía estuvo 8 días, pasó a sala común, estando internado aproximadamente 3 meses. Luego es derivado al Hospital María Ferrer de la Capital Federal, donde lo operan para solucionar el problema traqueal (complicación de la traqueotomía que le habían realizado) y para que recuperara el habla, allí estuvo internado 28 días más, luego vuelve a su domicilio, controlándose en los servicios de traumatología, neumonología y neurología del Hospital Central.
Con estos antecedentes es de toda lógica inferir que el accionante ha tenido que afrontar gastos de medicamentos, curaciones y tratamientos, ya que si bien fue atendido en nosocomios públicos, los mismos no cubren todos los remedios y estudios, hecho de público y notorio conocimiento que no requiere prueba (art. 180 del C.P.C.).
Por ello, no es dable exigir una acreditación fehaciente de los gastos, por lo teniendo en cuenta la gravedad de las lesiones constatadas, el largo tiempo durante el cual estuvo internado, las operaciones y tratamientos a los que fue sometido, estimo que debe hacerse lugar al rubro en análisis por la suma reclamada, es decir Pesos TRES MIL QUINIENTOS ($3.500,00) - suma en la que ya se ha descontado la incidencia causal de la culpa de la víctima-, calculada a la fecha de la presente sentencia, con más los intereses moratorios que deben liquidarse desde el 1 de marzo de 2.002, en que acaeció el evento dañoso y hasta la fecha de la presente resolución a la tasa que determina el artículo 1 de la ley 4.087 y desde aquí y hasta el efectivo pago los intereses deben liquidarse a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.), de conformidad a lo determinado por la S.C.J. en el fallo plenario dictado el día 28 de mayo de 2.009 en la causa n° 93.319 caratulada “Aguirre Humberto por sí y por su hijo menor en J. 146.708/39.618 Aguirre Humberto por sí y por su hijo menor en j. 146.708/39.618 Aguirre Humberto c/Osep p/Ejec. Sentencia s/ Inc. Cas.”.
C) El actor solicita la suma de Pesos CUATRO MIL ($ 4.000,00) en concepto de gastos colaterales a los terapéuticos.
En los gastos colaterales a los terapéuticos se incluye el costo del transporte de la víctima o parientes, gasto que es resarcible al igual que cualquier perjuicio susceptible de apreciación pecuniaria que el hecho haya causado ( arts. 1.068 y 1.069, primera parte, C.Civil), sea que resulte sufrido por el damnificado directo o bien por un damnificado indirecto ( art . 1.079).-
En este orden de ideas, como el actor estuvo internado durante 28 días en el Hospital María Ferrer de la Capital Federal, es lógico inferir que fue acompañado por uno u ambos progenitores quienes para moverse en aquel lugar tuvieron que afrontar gastos de movilidad como colectivos, subtes, etc. Y luego del alta hospitalaria debió realizarse controles en los servicios de traumatología, neumonología y neurología del Hospital Central, indicando el perito médico traumatólogo que el proceso de recuperación y rehabilitación por el que debió atravesar el accionante duró alrededor de 6 meses (fs. 275/278), por lo que también es razonable deducir que debió desembolsar dinero para trasladarse en vehículos apropiados. Por ello no cabe requerir prueba directa de los pertinente desembolsos, los cuales se infieren de la naturaleza de la lesión y del tratamiento terapéutico que ellas exigen.
En consecuencia, teniendo en cuenta la gravedad de las lesiones constatadas y el largo tiempo de rehabilitación, estimo que debe hacerse lugar al rubro en análisis por la suma de Pesos DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 2.450,00) - suma en la que ya se ha descontado la incidencia causal de la culpa de la víctima-, calculada a la fecha de la presente sentencia, con más los intereses moratorios que deben liquidarse desde el 1 de marzo de 2.002, en que acaeció el evento dañoso y hasta la fecha de la presente resolución a la tasa que determina el artículo 1 de la ley 4.087 y desde aquí y hasta el efectivo pago los intereses deben liquidarse a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.), de conformidad a lo determinado por la S.C.J. en el fallo plenario dictado el día 28 de mayo de 2.009 en la causa n° 93.319 caratulada “Aguirre Humberto por sí y por su hijo menor en J. 146.708/39.618 Aguirre Humberto por sí y por su hijo menor en j. 146.708/39.618 Aguirre Humberto c/Osep p/Ejec. Sentencia s/ Inc. Cas.”.
D) Mario Daniel Soto reclama en concepto de incapacidad sobreviniente la suma de Pesos SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ($ 75.600,00). Afirma que como consecuencia del accidente base de la acción ejercida en autos ha quedado con una incapacidad parcial y permanente del 58,18%.
Debe entenderse que el rubro reclamado no intenta captar todas las pérdidas sufridas por la actora como secuela de su incapacidad habida cuenta que se diferencia del reclamo por daño moral que peticiona en rubro por separado.
El fundamento de la indemnización de la incapacidad, sea ésta total o parcial, es la protección del derecho a la salud y que el rubro comprende tanto la capacidad productiva como la general, que abarca la pérdida de la capacidad para ganar y otras de repercusión patrimonial indirecta como son la afectación síquica, estética, sexual, etc. ( en este sentido ver S.C.J. Mendoza, L.S. 254-149 y J.M. Separata “El daño a la persona en la jurisprudencia de la Sala I de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, pág. 40).
Es que como bien lo expresa HÉCTOR IRIBARNE la reparación de los daños causados por las heridas u ofensas físicas encuentra su fundamento último en el derecho a la integridad corporal el cual debe reputarse implícito en el art. 33 de la Constitución Nacional y tiene consagración expresa en el artículo 5 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, cuyo apartado 1 dice: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Este enunciado general ampara la integridad corporal en todas sus formas, quedando incluidas en consecuencia las afrentas derivada de actos ilícitos que causen cualquier detrimento físico en una persona (“DE LOS DAÑOS A LA PERSONA”, pág. 188 y 492).
En este sentido la jurisprudencia ha señalado que “ El daño resarcible no es sólo la incapacidad laborativa, sino que el bien jurídico tutelado es la “integridad física” en el más amplio sentido, como fundamental derecho de la personalidad, comprendiendo el ámbito doméstico, cultural, social, deportivo y de todo tipo, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida, también deben valorarse y por ese motivo, a los efectos de cuantificar el monto indemnizatorio, no sólo las lesiones sufridas, sino otros elementos igualmente importantes que hacen a su vida en relación, tales como su edad, sexo, estado civil, disminución del porvenir económico, índole del trabajo, sin condicionar, por último, los importes que en definitiva se manden pagar tanto a fórmulas rígidas matemáticas, como a cuadros de valoración de la disminución de aptitudes “baremo”, sin que por ello se deje de reconocer su valor orientador” ( 4ª. Cámara Civil, L.S. 137-203).
Volviendo al supuesto de autos y para determinar si el actor ha sufrido daños a su salud, debe estarse a lo dictaminado por los peritos médicos designados en la causa.
El Doctor Antonio Cesar Gómez, designado perito médico traumatólogo, en el informe que corre agregado a fs. 275/278 indica que el actor, por el accidente ocurrido el 1 de marzo de 2.002, padeció politraumatismo; traumatismo encéfalocraneano con pérdida de conocimiento; traumatismo de miembro inferior izquierdo con fractura diafisaria de tibia y peroné; asimetría de miembros inferiores y escoliosis dorsolumbar. Señala que las fracturas de ambos huesos de la pierna (tibia y peroné) fueron tratadas conservadoramente, mediante reducción y contención enyesada. La evolución ha sido satisfactoria consiguiéndose la consolidación de la fractura, pero lo hizo con acabalgamiento, lo que dio por resultado un acortamiento de la misma, presentando asimetría de longitud de alrededor de 4 cm. medidos desde espina ilíaca antero superior a maleolo interno. Afirma que estas lesiones le ocasionan, desde el punto de vista traumatológico, una incapacidad parcial y permanente del 20% de su incapacidad laborativa total.
El perito médico clínico, en la pericia que glosa a fs. 282/286 señala que el actor sufrió politraumatismos, traumatismos encéfalo craneano con prolongada pérdida de conciencia, con fractura de cráneo y hematoma intracraneal, fractura con-minuta de tibia y peroné izquierdos, fractura de costilla que luego perfora el pulmón, en la hospitalización sufre otitis con gérmenes intrahospitalarios, se le hace una punción para extraer el pus y además debido a las complicaciones que se le presentaron se le realizó una traqueotomía y como secuelas importantes quedaron:
a- acortamiento del miembro inferior izquierdo.
b- lumbalgia crónica.
c- hipoacusia en oído izquierdo.
d- síndrome post conmocional
e- disfonía crónica.
El referido perito, basándose en el baremo del texto “Pericias médico legales en los infortunios civiles y laborales” de Enrique Defilippis Novoa y Víctor Hugo Alvarez Chávez y utilizando el mecanismo legal de Capacidad Restante, indica que el actor presenta una incapacidad parcial y permanente del 51,13%, habiendo tomado en cuenta para este cálculo la capacidad del actor disminuida por una enfermedad inculpable, como lo es el problema de maduración psicológica que pade-ció desde la niñez.
El Doctor Rubén José Cornejo, perito neurólogo, en el informe que obra a fs. 472/475 manifiesta que “Dado los antecedentes, hechos, examen y estudios realizados se puede concluir que el actor Soto Mario Daniel presentó el día 1/3/02 un accidente que le produjo politraumatismo con trauma craneano y cirugía cerebral presentando en el momento actual como secuela neurológica un Desorden Mental Orgánico Postraumático grado II con una incapacidad parcial y permanente del veinte por ciento (20%)...”
La pericia médica clínica fue impugnada por la parte demandada, pero tales impugnaciones no resultan suficientes para desvirtuar las conclusiones del experto designado en la causa, ya que el perito médico clínico al contestar las impugnaciones a su informe confirmó el dictamen emitido.
Además se debe tener en cuenta que todos los peritos actuantes suministraron los antecedentes y explicaciones que justifican su convicción, las que se encuentran avaladas en elementos objetivos como es la historia clínica que obra a fs. 207/268 y la documentación de fs. 192/195.
Y si bien el actor presentaba antes del accidente un problema de maduración neurológica, con un coeficiente mental bajo, después del evento dañoso ha visto afectado otros órganos y funciones, que también le determinan una incapa-cidad distinta a la preexistente. Téngase en cuenta que débil mental se es desde el nacimiento pero hay situaciones complejas que debe enfrentar un sujeto, como en este caso un accidente con un traumatismo severo que produce un impacto significativo en el rendimiento intelectual, social y volitivo. Mario Daniel Soto a pesar de su retraso mental es un joven que logró insertarse en la sociedad, desarrollar actividades que reforzaban su propia autonomía, como aprender karate do, habiendo obtenido el grado de primer dan cinturón negro y la mención de deportista destacado 2.000 otorgada por la Municipalidad de Maipú, como se acredita con los certificados obrantes a fs. 23, 24 y 25, reconocidos a fs. 132, por lo que se los debe tener por auténticos (art. 182 del C.P.C.). Además también pudo cursar estudios, sorteando las dificultades de aprendizaje, egresando de la Escuela Especial Lydia Sofía Bohrer, de Maipú, en el ciclo lectivo 2.001, con una edad cronológica de 16 años y cumpliendo con los requisitos de egreso, en edad y techo de aprendizaje (ver informe obrante a fs. 337)
En este orden de ideas, es que considero que en el sub-lite se ha acreditado que el actor, como consecuencia del accidente sufrido el día 1 de marzo de 2.002, ha quedado con una incapacidad parcial y permanente del 51,13%. Se toma el porcentaje indicado por el perito médico clínico porque en el mismo se encuentran incluidas las incapacidades traumatológicas y neurológicas.
Cabe agregar que los baremos de incapacidad se han desarrollada para personas con un rendimiento intelectual normal, por ello no los podemos aplicar automáticamente al caso en examen, donde el actor es una persona con capacidad diferente y que las lesiones sufridas en el accidente le han provocado un cambio en el modo de vida que llevaba hasta ese momento, ya que no siguió practicando karate, tiene dificultades para correr debido a una pierna más corta, su carácter ha cambiado ( ver testimonios de fs. 300 y 301).
En conclusión en autos han sido probadas las lesiones sufridas por el actor Mario Daniel Soto; que tiene una incapacidad adquirida parcial y permanente del 51,13% independiente de la incapacidad congénita, que practicaba deportes, terminó la escolaridad en una escuela para personas con capacidades diferentes y que a la fecha de la presente resolución tiene 24 años (ver acta de nacimiento glosada a fs. 197), con una expectativa de vida de 53,4 años (ver fs. 135).
Teniendo en cuenta los elementos probatorios aportados, la S.C.J. tiene dicho que, a fin de determinar una suma razonable y equitativa que responda a las reales consecuencias del ilícito, cabe tener en cuenta las circunstancias personales del damnificado, como el sexo, la edad, ocupación habitual, preparación intelectual o capacitación para el trabajo, condición social, familiar y económica anterior al hecho, etc. ( L.S. 244-93; 258-322).
Plasmando estas ideas y teniendo en cuenta los parámetros probados, sobre todo que la incapacidad preexistente al accidente se ha agravado, corresponde establecer por el rubro incapacidad sobreviniente prudencialmente la suma de Pesos CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE ( $ 52.920,00) - suma en la que ya se ha descontado la incidencia causal de la culpa de la víctima-, calculada a la fecha de la presente sentencia, con más los intereses moratorios que deben liquidarse desde el 1 de marzo de 2.002, en que acaeció el evento dañoso y hasta la fecha de la presente resolución a la tasa que determina el artículo 1 de la ley 4.087 y desde aquí y hasta el efectivo pago los intereses deben liquidarse a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.), de conformidad a lo determinado por la S.C.J. en el fallo plenario dictado el día 28 de mayo de 2.009 en la causa n° 93.319 caratulada “Aguirre Humberto por sí y por su hijo menor en J. 146.708/39.618 Aguirre Humberto por sí y por su hijo menor en j. 146.708/39.618 Aguirre Humberto c/Osep p/Ejec. Sentencia s/ Inc. Cas.”.
Cabe destacar que dicha suma indemnizatoria la he fijado considerando que el actor es una persona que presenta problemas de maduración neurológica, con capacidades diferentes, que lo hacen más vulnerable, por lo que la indemnización debe ser mayor ya que el daño a la salud, a la integridad psico-fisica del mismo atendiendo sus circustancias personales es mayor al que puede sufrir una persona con un coeficiente intelectual “normal”.
E) El actor reclama la suma de Pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) en concepto de daño moral.
El agravio moral, cuya reparación está expresamente prevista desde la reforma de nuestro Código Civil en el art. 1.078, ha sido definido como toda alteración disvaliosa del bienestar psicofísico de una persona por una acción atribuible a otra (conf. MOSSET ITURRASPE y KEMELMAJER DE CARLUCCI “Responsabilidad Civil”, pág. 242). En otros términos, el daño moral es la privación y disminución de aquellos bienes que tienen un valor principal en la vida del ser humano, como la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los demás sagrados afectos.
El Señor Mario Daniel Soto como consecuencia del accidente ocurrido el día 1 de marzo de 2.002 sufrió graves lesiones por lo que fue atendido en el Hospital Central, donde estuvo internado aproximadamente tres meses. Fue inter-venido quirúrgicamente, estando en Unidad de Terapia Intensiva durante 15 días, se le practicó entubación traqueal, se le colocó una sonda vesicular y yeso en toda la pierna hasta el muslo izquierdo. También se le tuvo que realizar una punción debido a que como complicación apareció una otitis con bacterias intrahospitalarias, le hicieron una traqueotomía y le colocaron un tubo de drenaje toráxico para la extracción del aire que complicaba la pleura y pulmón. Luego del alta hospitalaria continua con controles en los servicios de traumatología, neumonología y neurología del Hospital Central. Debido a las lesiones queda con las secuelas indicadas por los médicos clínico, traumatólogo y neurólogo, que fueron designados peritos, explicadas en el considerando precedente, que le determinan una incapacidad parcial y permanente del 51,13%.
En el caso en examen, las lesiones incapacitantes que el evento dañoso ocasionó al actor, el carácter permanente de la disminución física y psíquica y los padecimientos y molestias que soportó por las lesiones sufridas, tienen la entidad sufi-ciente para alcanzar la indemnización que determina el art. 1.078 del Código Civil.
En relación al importe del resarcimiento de éste daño, debe considerarse que al fijarse el mismo en una suma de dinero, ésta no debe ser equiparada a una función valorativa exacta, sino simplemente de satisfacción frente al sufrimiento. “Nadie pretende, cuando fija una indemnización por éste concepto, dar algo equivalente al sufrimiento padecido, sino simplemente de paliar en alguna medida ese sufrimiento: lo importante es que se le den las posibilidades al agraviado de satisfacer su espíritu con su empleo, contraponiendo esas satisfacciones a los padecimientos provocados por el daño” ( voto del Dr. SANTOS CIFUENTES como integrante de la Cám. Nac., Sala C, julio 25.978 en E.D. 81-581 y L.L. 1.978- D- 645).
Por estos motivos la fijación del monto indemnizatorio correspondiente al daño moral es de difícil determinación ya que no se halla sujeto a cánones fijos. En este sentido resulta sumamente esclarecedores los conceptos vertidos por la Quinta Cámara Civil, la que ha señalado que: “Si bien existen fallos que procuran tarifar el daño moral, recurriendo a la comparación de casos que pueden llegar a presentar aparentemente características similares, lo cierto es que tal postura resulta inaceptable si efectivamente se analiza correctamente lo que el daño moral es. Por su propia naturaleza se trata de un daño esencialmente subjetivo. Si realmente se lo considera como tal y se admite que fundamentalmente es resarcitorio, no puede simultáneamente establecerse la indemnización del mismo recurriendo a casos “semejantes” o a parámetros anteriormente establecidos para casos distintos. Cada caso debe ser analizado en particular y teniendo en cuenta sus propias características. Si bien es cierto que no puede en un pronunciamiento judicial dejarse de tener en cuenta nuestra propia realidad y los antecedentes dictados en casos similares, no menos cierto es que tampoco puede el juez de la causa limitarse a “promediar” las sumas indemnizatorias anteriormente reconocidas en casos iguales. Mucho menos, puede aceptarse que se recurra a casos diferentes como la muerte de un hijo, etc. Para fijar el monto indemnizatorio de un daño moral, primero hay que comprender la naturaleza humana, su imperfección, el sufrimiento que experimenta el hombre - en su sentido amplio- común y las propias flaquezas e imperfecciones que lo caracterizan. No se puede subestimar el dolor ni exigir conductas heroicas a quienes simplemente son seres humanos. Existe una profunda falsedad en el tratamiento del daño moral. Se considera que debe tenerse especialmente en cuenta a la víctima, pero se fija su indemnización teniendo en cuenta realidades distintas a ella. Se sostiene que no es sancionatorio, pero no se dice que en todos los casos se valora también la mayor o menor gravedad del actuar del autor del hecho ilícito. Se piden pautas objetivas para establecer su indemnización, pero no se reconoce que es imposible que el juez de la causa al hacerlo se sustraiga de sus propias vivencias. Se invoca o se da por supuesta la igualdad de los hombres en los sufrimientos, pero se discrimina en los casos concretos de acuerdo a la realidad social y económica de los accionantes. Se da también por supuesta una igualdad de los casos, y no se dice que se tiene en cuenta si ha comparecido o no al proceso una compañía de seguros...En fin, ni siquiera se tiene el valor de admitir que superados los primeros momentos de sufrimiento, aparece el dinero como dulce sustitutivo de lo que ya se perdió y no se puede recuperar o como simple manifestación de una acto de justicia o de venganza objetiva y que exige necesariamente el hecho ilícito cometido” ( 9/12/97, Expte. N° 95.840/266 “Martina Carlos Alberto y ot. c/ Esteban Reyes Agüero Torres y ots. p/ D. y P”, en Revista del Foro de Cuyo N° 30 pág. 256).
En este orden de ideas, teniendo en cuenta los graves padecimientos físicos y espirituales derivados del hecho, sucintamente descriptos y apreciando el costo de bienes materiales en los que podría emplearse el capital a percibir para benefi-cio del accionante, estimo equitativo fijar la suma indemnizatoria correspondiente al daño moral sufrido por el actor en la suma de Pesos TREINTA Y CINCO MIL ( $ 35.000,00) - suma en la que ya se ha descontado la incidencia causal de la culpa de la víctima-, calculada a la fecha de la presente sentencia, con más los intereses moratorios que deben liquidarse desde el 1 de marzo de 2.002, en que acaeció el evento dañoso y hasta la fecha de la presente resolución a la tasa que determina el artículo 1 de la ley 4.087 y desde aquí y hasta el efectivo pago los intereses deben liquidarse a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.), de conformidad a lo determinado por la S.C.J. en el fallo plenario dictado el día 28 de mayo de 2.009 en la causa n° 93.319 caratulada “Aguirre Humberto por sí y por su hijo menor en J. 146.708/39.618 Aguirre Humberto por sí y por su hijo menor en j. 146.708/39.618 Aguirre Humberto c/Osep p/Ejec. Sentencia s/ Inc. Cas.”.
F) Que en conclusión y a modo resumen, por las razones expuestas precedentemente corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda entablada por MARIO DANIEL SOTO en contra de FRANCISCO OMAR PORQUERES FERNÁNDEZ, declarando la culpa concurrente de la víctima y del conductor del automotor dominio CNM 791 y en consecuencia condenar al demandado para que en el plazo de DIEZ DÍAS de quedar firme y ejecutoriada la presente sentencia pague al actor la suma de Pesos NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA ($ 93.870,00) - suma en la que ya se ha descontado la incidencia causal de la culpa de la víctima- calculada a la fecha de la presente sentencia, con más los intereses moratorios que deben liquidarse desde el 1 de marzo de 2.002, en que acaeció el evento dañoso y hasta la fecha de la presente resolución a la tasa que determina el artículo 1 de la ley 4.087 y desde aquí y hasta el efectivo pago los intereses deben liquidarse a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.).
G) De conformidad a lo normado por el artículo 4 inciso b de la ley 3.641 las costas deben ser impuestas a la parte actora en un 30% y a la parte demandada en un 70%, en función de la distribución de culpas establecida prece-dentemente.
Por lo tanto y normas legales citadas;
I- Hacer lugar parcialmente a la demanda entablada por MARIO DANIEL SOTO en contra de FRANCISCO OMAR PORQUERES FERNÁNDEZ, declarando la culpa concurrente de la víctima y del conductor del automotor dominio CNM 791, en un 30% y 70% respectivamente, y en consecuencia condenar al demandado para que en el plazo de DIEZ DÍAS de quedar firme y ejecutoriada la presente sentencia pague al actor la suma de Pesos NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA ($ 93.870,00) - suma en la que ya se ha descontado la incidencia causal de la culpa de la víctima- calculada a la fecha de la presente sentencia, con más los intereses moratorios que deben liquidarse desde el 1 de marzo de 2.002, en que acaeció el evento dañoso y hasta la fecha de la presente resolución a la tasa que determina el artículo 1 de la ley 4.087 y desde aquí y hasta el efectivo pago los intereses deben liquidarse a la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina (T.N.A.).
II- Imponer las costas a la parte actora en un 30% y a la parte demandada en un 70%, en función de la distribución de culpas establecida precedentemente.
III- Regular los honorarios correspondientes a los Doctores PABLO FELDMAN, MARIANO GABRIEL LUSVERTI, VANINA ABRAHAM, MARIO A. BARRAZA FLORES, RUBÉN SANZONE y LAURA VERÓNICA RO-MANO, por la labor profesional desarrollada en autos y a cargo de la parte demandada, en la suma de Pesos CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 5.632,00), TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($ 3.754,00), TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO con 80/100 ctvos. ($ 3.754,80), DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO con 36/100 ctvos. ($ 2.628,36) y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA con 90/100 ctvos. ($ 6.580,90), respec-tivamente y sin perjuicio de los honorarios complementarios que oportunamente se regulen (arts. 2, 3, 11, 13 y 31 de la ley 3.641).
IV- Regular los honorarios correspondientes a los Doctores RUBÉN SANZONE, LAURA VERÓNICA ROMANO, PABLO FELDMAN, MARIANO GABRIEL LUSVERTI, VANINA ABRAHAM, MARIO A. BARRAZA FLORES, por la labor profesional desarrollada en autos y a cargo de la parte actora, en la suma de Pesos UN MIL SEISCIENTOS NUEVE con 20/100 ctvos. ($ 1.609,20), CUATRO MIL VEINTITRÉS ($ 4.023,00), UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE con 66/100 ctvos. ($ 1.689,66), UN MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS con 44/100 ctvos. ($ 1.226,44), UN MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS con 44/100 ctvos. ($ 1.226,44) y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS con 44/100 ctvos. ($ 1.226,44), respectivamente y sin perjuicio de los honorarios complementarios que oportunamente se regulen (arts. 2, 3, 11, 13 y 31 de la ley 3.641).
V- Regular los honorarios correspondientes a los Doctores VANINA ABRAHAM, PABLO FELDMAN y LAURA VERÓNICA ROMANO, diferidos en la resolución dictada a fs. 555/556, en la suma de Pesos UN MIL SEISCIENTOS NUEVE con 20/100 ctvos. ($ 1.609,20), OCHOCIENTOS CUATRO con 60/100 ctvos. ($ 804,60) y UN MIL CIENTO VEINTISÉIS con 44/100 ctvos. ($ 1.126,44), respectivamente y sin perjuicio de los honorarios complementarios que oportunamente se regulen (arts. 2, 3, 14 y 31 de la ley 3.641).
VI- Regular los honorarios correspondientes a los Doctores ALFREDO D. CONFORTI, ANTONIO CÉSAR GÓMEZ NAVARRO, DANIEL ELISEO LEIVA, RUBÉN JOSÉ CORNEJO y al Ingeniero ERNESTO E. GÓMEZ, por la labor pericial desarrollada en autos, en la suma de Pesos DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS ($ 2.682,00), CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 5.364,00), CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 5.364,00) y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 5.364,00), respectivamente.
Fdo: Dra. Maria Eugenia Ibaceta - Juez
Mendoza, 24 de noviembre de 2.009. ...

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