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Timestamp: 2019-01-17 11:03:59+00:00

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DICTAMENES - NÚMERO DICTAMEN: 016073N17 - facultades cgr, fiscalización, corporaciones municipales, juicio de cuentas
facultades cgr, fiscalización, corporaciones municipales, juicio de cuentas
NÚMERO DICTAMEN016073N17 FECHA DOCUMENTO03-05-2017NUEVO:NOREACTIVADO:SIRECONSIDERADO:NORECONSIDERADO PARCIAL:NOACLARADO:NOALTERADO:NOAPLICADO:SICONFIRMADO:NOCOMPLEMENTADO:NOCARÁCTER:NNNORIGEN:GABINETE CONTRALOR GENERALCRITERIO:GENERA JURISPRUDENCIA
reconsidera dictamen 88840/2016 bis, 28250/2009, aplica dictámenes 1362/2000, 32716/2002, 50153/2013
050153 2016
ley 18695 art/136 inc/1 ley 10336 art/85 inc/3 CCI lib/I tit/XXXIII dfl 1/3063/80 INTER art/12 dl 3477/80 art/26 dfl 1/3063/80 INTER art/15 ley 10336 art/25 ley 10336 art/6 pol art/98 CCI art/4 CCI art/13
Resulta procedente la formulación de reparos en contra del personal de las corporaciones municipales constituidas al amparo del artículo 12 del decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980, del entonces Ministerio del Interior.
N° 16.073 Fecha: 03-V-2017
El Prosecretario de la Cámara de Diputados ha remitido a esta Contraloría General el requerimiento de las diputadas Alejandra Sepúlveda Orbenes y Cristina Girardi Lavín, quienes solicitan reconsiderar el dictamen N° 28.250, de 2009, de este origen, en el sentido de hacer aplicables las normas sobre juicio de cuentas a las corporaciones municipales.
Fundamentan su presentación las recurrentes, esencialmente, en que los informes de las investigaciones especiales N°s. 8, de 2014, y 580, de 2016, ambos de la entonces División de Municipalidades de esta Entidad de Control; y, el Informe Final N° 457, de 2016, de la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O’Higgins, no obstante mantener las observaciones planteadas y requerir la adopción de diversas medidas, se limitaron a poner los antecedentes en conocimiento del Consejo Defensa del Estado, con el objeto de que dicho organismo ponderara ejercer las acciones judiciales que procedieran, en circunstancias que, según su parecer y por las razones que latamente exponen, correspondería iniciar un juicio de cuentas en contra de las corporaciones municipales de San Fernando y Cerro Navia.
Como cuestión previa, es útil recordar que el dictamen N° 28.250, de 2009, cuya reconsideración se solicita, concluyó, en lo que interesa, que en las corporaciones municipales no es posible iniciar un juicio de cuentas, al tenor de lo dispuesto en los artículos 136 de la ley N° 18.695, y 85, inciso tercero, de la ley N° 10.336, sino que en el caso que se estime que los pagos son ilegales, debe efectuarse la denuncia ante la justicia ordinaria.
Asimismo, conviene tener presente que esta Institución de Control, atendiendo una solicitud de la ya mencionada diputada Sepúlveda Orbenes, que incidía en el aludido Informe Final N° 457, de 2016, rechazó la posibilidad de iniciar un juicio de cuentas en contra del alcalde de la Municipalidad de San Fernando -mediante el pronunciamiento N° 88.840 bis, de 12 de diciembre de 2016-, por aplicación del referido dictamen N° 28.250, de 2009.
Sobre el particular, cabe señalar que las corporaciones municipales -como las de la especie-, son personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, cuya finalidad es administrar los servicios traspasados del área de educación, salud y atención de menores, constituidas conforme a las normas del Título XXXIII del Libro I del Código Civil, al amparo del artículo 12 del decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980, del entonces Ministerio del Interior, agregado por el artículo 26 del decreto ley N° 3.477, del mismo año.
Enseguida, según lo dispuesto en el artículo 15 del citado decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, la Contraloría General de la República fiscalizará las personas jurídicas de derecho privado a que se refiere el artículo 12, de acuerdo a las facultades que le otorga el artículo 25 de su Ley Orgánica.
Por su parte, el aludido artículo 25 de la ley N° 10.336, prevé que esta Contraloría General fiscalizará la correcta inversión de los fondos fiscales que cualesquiera persona o instituciones de carácter privado perciban por leyes permanentes a título de subvención o aporte del Estado para una finalidad específica y determinada. Esta fiscalización tendrá por objeto establecer si se ha dado cumplimiento a dicha finalidad.
En este contexto, es menester considerar que, posteriormente, la ley N° 19.602 agregó el artículo 130 bis -actual 136- a la ley N° 18.695, cuyo inciso primero dispone que, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 6° y 25 de la ley N° 10.336, la Contraloría General fiscalizará las corporaciones, fundaciones o asociaciones municipales, cualquiera sea su naturaleza y aquellas constituidas en conformidad a este Título, con arreglo al mencionado decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, o de acuerdo a otra disposición legal, respecto del uso y destino de sus recursos, pudiendo solicitar toda la información que requiera para ese efecto.
En relación con lo anterior, conviene destacar que el artículo 98 de la Constitución Política de la República, encarga a la Contraloría General de la República, entre otras funciones, ejercer el control de la legalidad de los actos de la Administración del Estado, fiscalizar la inversión de los fondos públicos y examinar y juzgar las cuentas de las personas que tengan a su cargo los aludidos recursos.
A su turno, el artículo 6° de la ley N° 10.336, en lo que importa, concede facultades a este Organismo de Control para los fines de informar sobre todo asunto que se relacione o pueda relacionarse con la inversión o compromiso de los fondos públicos.
A continuación, es del caso anotar que los dictámenes N°s. 1.362, de 2000, y 32.716, de 2002, entre otros, han resuelto que el artículo 136 de la ley N° 18.695 amplió las atribuciones que tenía este Organismo respecto a las personas jurídicas de que se trata, al no distinguir la procedencia u origen de los recursos pertenecientes a ellas, según consta de su texto expreso, como asimismo de las actas de discusión del pertinente proyecto de ley, comprendiendo, por ende, no solo el control de las subvenciones o aportes de fondos fiscales que se otorguen por ley a título permanente, sino también de los ingresos propios y que por cualquier vía obtengan las citadas entidades.
Así, a partir de la vigencia de la ley N° 19.602 -esto es, el 25 de marzo de 1999-, esta Contraloría General puede realizar la fiscalización sobre las corporaciones municipales a que se refiere el mencionado decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, en función del actual artículo 136 de la ley N° 18.695, en los términos precedentemente señalados.
Efectuadas las antedichas precisiones, es necesario analizar si esta Entidad Contralora tiene competencia para ejercer su actividad jurisdiccional, representada por el juicio de cuentas, respecto de las corporaciones municipales, cuando se produzcan reparos relacionados con la inversión de los fondos públicos que perciban.
Pues bien, es posible advertir de la redacción del artículo 136 de la ley N° 18.695, que su ámbito de vigencia incide, en lo que interesa, en las corporaciones de carácter municipal constituidas de acuerdo con el ya citado artículo 12 del decreto con fuerza de ley N° 1-3.063 (aplica dictamen N° 50.153, de 2013).
De este modo, en conformidad con el principio de especialidad, consagrado en los artículos 4° y 13 del Código Civil, cabe sostener que la regulación del artículo 136 de la ley N° 18.695 configura un régimen de orden público que constituye una regla especial referida a las corporaciones municipales que nos ocupan.
Por lo tanto, la regla general del artículo 85, inciso tercero, de la ley N° 10.336, que establece que en caso de que se produzcan reparos sobre la materia respecto de personas o instituciones de carácter privado, las acciones que procedieren serán entabladas ante la justicia ordinaria directamente por la Contraloría General o por el Consejo de Defensa del Estado, no obsta a las facultades que posee esta entidad de Control respecto de las corporaciones municipales, por aplicación de la aludida regla especial.
Lo anterior se ve reforzado por la circunstancia que las anotadas corporaciones fueron constituidas por las municipalidades, para el cumplimiento de funciones municipales -que algunos órganos edilicios desarrollan directamente a través de sus departamentos-, y realizan sus actividades con financiamiento público. En consecuencia, las instituciones en referencia son entidades mediante las cuales las municipalidades ejercen atribuciones que la Carta Fundamental y el legislador les entregó, particularmente, en los ámbitos de educación, salud y atención de menores, actividades de naturaleza jurídica pública.
Sobre la base de las disposiciones precedentemente transcritas y las consideraciones expuestas, debe concluirse que resulta procedente la interposición de reparos ante el Tribunal de Cuentas en contra de las personas que administran o tengan a cargo recursos públicos en las corporaciones municipales señaladas, por aplicación de lo prescrito por el artículo 136 de la ley N° 18.695.
En consecuencia, se reconsideran los pronunciamientos N°s. 28.250, de 2009 y 88.840 bis, de 2016, así como todo otro que se contraponga a lo concluido en el presente dictamen.
Transcríbase a las diputadas Alejandra Sepúlveda Orbenes y Cristina Girardi Lavín.

References: artículo 12
in fine
 artículo 12
 artículo 26
 artículo 15
 artículo 12
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 130
 artículo 98
 artículo 6
 artículo 136
 artículo 136
 artículo 136
 artículo 12
 artículo 136
 artículo 85
 artículo 136