Source: https://es.scribd.com/document/376713546/Proyecto-del-Massismo-y-el-Peronismo-Federal-para-limitar-las-tarifas
Timestamp: 2019-04-24 17:49:38+00:00

Document:
Proyecto del Massismo y el Peronismo Federal para limitar las tarifas.
La iniciativa vincula las subas de tarifas con el aumento de los salarios.
Comer Serv03
Artículo 1º.- A partir del 1 de Noviembre de 2017 y para los años 2018 y 2019,
se considerarán tarifas justas, razonables y susceptibles de ser aplicadas bajo
criterios de justicia y equidad distributiva a aquellas que siguiendo una revisión
gradual conforme los parámetros objetivos previstos dentro de cada uno de los
Regímenes que regulan los servicios públicos esenciales previstos en la Ley N°
24.076, la Ley N° 24.065, la Ley Nº 26.221 y en la normativa que regula el
transporte terrestre y ferroviario y los peajes nacionales, el aumento, respecto
de los usuarios y consumidores residenciales, no exceda el Coeficiente de
Variación Salarial, acumulado desde la fecha de vigencia de la última
actualización tarifaria hasta los tres meses anteriores a la aplicación de la
nueva tarifa. Las tarifas alcanzadas por la presente tendrán una estabilidad
mínima de DOCE (12) meses, periodo durante el cual no se podrá incrementar
el monto por ningún mecanismo de actualización tarifaria.
Artículo 2º.- Para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y para las
Cooperativas de Trabajo de Fábricas o Empresas Recuperadas, que se
encuentren inscriptas en el Instituto Nacional de Economía Social (INAES) bajo
el régimen de empresas recuperadas, o los organismos provinciales
competentes se considerarán tarifas justas, razonables y susceptibles de ser
aplicadas con criterios de equidad distributiva aquellas cuyo aumento anual sea
gradual, sustentable y no exceda el Índice de Precios al Consumidor (IPC)
mayorista publicado por el Instituto de Estadística y Censos (INDEC)
Acumulado desde la fecha de vigencia de la última actualización tarifaria hasta
los tres meses anteriores a la aplicación de la nueva tarifa. Las tarifas tendrán
una estabilidad mínima de NUEVE (9) meses, periodo durante el cual no se
podrá incrementar el monto por ningún mecanismo de actualización tarifaria.
Artículo 3º.- Sin perjuicio de lo que establezcan las reglamentaciones de las
Leyes Nº 27.098 y Nº 27.218, las entidades beneficiarias del Régimen de
Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo y las Entidades de Bien
se le aplicará una alícuota equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la establecida en el primer párrafo del Artículo 28 de la ley mencionada anteriormente.. agua potable y desagües cloacales.Establécese que si como consecuencia de la revisión de las tarifas establecidas desde el 1 de noviembre de 2017. las entidades religiosas que acrediten tal condición y las Asociaciones Sindicales que realicen actividades de índole social (institutos. Artículo 6°. Pequeñas y Medianas Empresas. transporte y distribución de gas. transporte público automotor y ferroviario de pasajeros.. etc.Igualmente gozarán en forma automática de las tarifas diferenciadas instituidas por el Articulo precedente los centros asistenciales públicos. los usuarios hubieran abonado por el servicio un monto que resulta mayor al establecido en la presente. Artículo 8°. en los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica. Artículo 4°. el párrafo segundo y tercero del Articulo 28 de la Ley N° 23. centros de formación y capacitación..349 según texto ordenado por el Decreto 280/97. Las empresas concesionarias y prestatarias deberán dar cumplimiento al presente artículo indefectiblemente dentro de los TREINTA días de su entrada en vigencia. comedores comunitarios. centros de recuperación. 6 del inciso e del artículo 3 de la Ley 23. respectivamente. las entidades educativas públicas de cualquier nivel.300 y sus normas complementarias.Público.Para la venta de gas. por el valor del excedente se generará un crédito a favor del usuario computable al próximo periodo del consumo. según los términos del artículo 1° de la ley 25.349.. Artículo 7°. según texto ordenado por el Decretó N° 280/97. 5..Si como consecuencia de las reducciones de los artículos precedentes se generasen créditos fiscales del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO que no pudieran compensarse con el débito generado por parte de las licenciatarias de los servicios de transporte y distribución de gas natural y energía eléctrica y empresas prestadoras de los servicios de transporte y . gozarán en forma automática de tarifas diferenciadas que consistirán en una reducción del cincuenta por ciento (50%) de lo establecido en el artículo 2 de la presente. energía eléctrica y aguas reguladas por medidor y demás prestaciones comprendidas en los puntos 4.) Artículo 5°.No será aplicable para la categoría de Micro. durante el periodo de doce (12) meses.
y en los TRES (3) AÑOS subsiguientes deberán recomponerse de manera escalonada a los fines de alcanzar nuevamente la alícuota original del tributo. de cualquier manera. gas natural por redes. a un incremento tarifario..Los usuarios beneficiarios de la Tarifa Social de Servicios Públicos serán aquellos que reúnan los siguientes criterios de inclusión: a) Jubilados o pensionados o trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles.. debiendo en todo caso contar con autorización expresa previa y específica al efecto por parte de este Congreso Nacional. el mismo podrá ser acredita contra el pago del IMPUESTO A LAS GANANACIAS generado por la misma actividad. c) El 50% de la reducción de la alícuota en el tercer año posterior a la promulgación de la presente Ley. que tendrá como objetivo establecer un cuadro tarifario diferencial para los servicios de suministro eléctrico residencial. Artículo 9°. . Artículo 10°. b) El 30% de la reducción de la alícuota en el segundo año posterior a la promulgación de la presente Ley. Artículo 12°. para los sujetos comprendidos en el régimen. ni aplicarse cargos existentes que conlleven. y agua corriente. b) Trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en DOS (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.. Los plazos y alícuotas a ser aplicados a tal fin serán los siguientes: a) El 20% de la reducción de la alícuota en el año posterior a la promulgación de la presente Ley.. Artículo 11°. c) Usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social.La reducción de la alícuota del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO dispuesto en el artículo 6º de la presente Ley tendrá vigencia en los siguientes DOCE (12) MESES de entrada en vigencia la misma. Crease el REGIMEN NACIONAL Y UNIVERSAL DE BENEFICIARIOS DE LA TARIFA SOCIAL DE SERVICIO PUBLICOS.No podrán crearse nuevos cargos a la demanda de servicios públicos regulados por la presente Ley.distribución de gas natural y energía eléctrica.
218. Artículo 14º. provinciales y municipales. así como también la revisión y el monitoreo periódico de los sujetos alcanzados por la presente Ley.Créase el Registro de Beneficiarios de la Tarifa Social de Servicios Públicos. Artículo 13°. i) Usuarios que cuenten con certificado de discapacidad expedido por autoridad competente. k) Clubes de barrio y de pueblo comprendidos en la Ley 27. . posean un vehículo de hasta 5 años de antigüedad (excepto quienes posean certificado de discapacidad o electrodependencia).Determínese que a los usuarios incluidos en dicho registro se les bonificará el OCHENTA POR CIENTO (80%) del precio del suministro Eléctrico y/o Gas Natural o Propano y/o Agua Corriente que dichos usuarios consuman más los costos fijos administrativos de los servicios. quien tendrá a su vez la autoridad de ampliar posteriormente los criterios de inclusión para acceder a dicho beneficio. f) Titulares de programas sociales de los gobiernos nacional. los que posean aeronaves o embarcaciones de lujo.844).098 del Régimen de Promoción de los Clubes de Barrio y de Pueblo. En el caso de los sujetos incluidos en los incisos a) a g) quedarán exceptuados del beneficio aquellos que sean propietarios de más de un inmuebles registrado ante el Registro de la Propiedad Inmueble del lugar que corresponda. que quedará bajo la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.. y/o posean un patrimonio superior al mínimo no imponible del Impuesto a los Bienes Personales. h) Titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.d) Usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico (26. g) Usuarios que perciben seguro de desempleo. l) Entidades de Bien Público incluidas en la Ley 27.. j) Titulares (o uno de sus convivientes) que padezcan una enfermedad cuyo tratamiento implique electrodependencia. e) Beneficiarios de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a DOS (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.
o el mecanismo que en el futuro pudiera sucederle.Artículo 15.Créase en el ámbito del Congreso Nacional la Comisión Bicameral de Seguimiento de Acciones del Estado. la que establecerán su estructura interna.Incorpórese al segundo párrafo del artículo 14 de la ley 23. la Comisión de Obras públicas será la responsable de realizar las tareas facultadas a la misma en los que respecta a la presente Ley..Invítase a los Estados Provinciales y a sus municipios a dictar normativas de fijación de tarifas y de reducción impositivas similares a la presente Ley. Hasta tanto no se conforme la Comisión referida en el presente artículo. será función de la Comisión Bicameral llevar adelante el seguimiento.” Artículo 17º.. integrada por SEIS (7) Senadores y SEIS (7) Diputados.. 14. la renovación y la calidad de los servicios. . evaluación y control del cumplimiento físico del plan de inversiones establecidos en el marco del proceso de Revisión Tarifaria Integral dentro de la órbita del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENERGAS). Artículo 16.Sustitúyese el artículo 14 de la ley 23. así como será la encargada de recibir la información correspondiente a los avances de las empresas involucradas.La alícuota del IMPUESTO AL VALOR AGREGADO será de CERO POR CIENTO PORCIENTO (0%) para todos los usuarios de los servicios públicos de gas natural y energía eléctrica que se encuentran contemplados dentro y cuentan con el régimen de Tarifa Social. quienes serán elegidos por sus respectivos cuerpos. el siguiente: “Asimismo. Comisión Bicameral deberá recibir un informe de periodicidad trimestral de las empresas vinculadas al proceso de inversión con la información respectiva a los avances físicos y económicos de las obras relacionados con la expansión...” Artículo 18.696.Comuníquese al Poder Ejecutivo. así como cualquier información referida a las inversiones realizadas en la materia sean de carácter real o financiero. A tal fin.. Artículo 19.696. por el siguiente: “Art.
previendo pautas objetivas y complementarias a las ya establecidas en cada uno de los regímenes de Servicios Públicos y Transportes Públicos. previsibilidad.FUNDAMENTOS Sr. real y sustancial entre los medios empleados y los fines a cumplir. gradualidad y razonabilidad. es decir una relación directa. el abordaje de una readecuación tarifaria de carácter racional. Presidente: El presente proyecto de Ley protege a los usuarios residenciales. ni el índice del IPC mayorista para las Pymes. en nuestro carácter de opositores racionales. en el contexto de un Gobierno cuyos funcionarios no han sabido resolver. 28/2016 y 31/2016 en el fallo dictado en los autos “Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y de la Solidaridad y otros c/ Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo”. Los usuarios deben estar protegidos ante los abusos de las empresas prestadoras de servicios. ya sea por desconocimiento o insensibilidad. Micro. desde el inicio de la actual gestión. siempre asumimos la necesidad de una readecuación tarifaria de carácter integral. Como es de público conocimiento. evitando que tales decisiones impongan . a fin de asegurar su certeza. En consecuencia. gradual y atendiendo a los ingresos promedios de las familias argentinas. Fue incluso necesaria la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para declarar la nulidad de las Resoluciones MINEM Nros. Pequeñas y Medianas Empresas Cooperativas de Trabajo de Fábricas o Empresas Recuperadas. En dicha sentencia la CSJN estableció que “las decisiones y objetivos de política económica implementadas (…) imponen al Estado una especial prudencia y rigor a la hora de la determinación de las tarifas y de su transparencia. Pero lógicamente. en caso que el Poder Ejecutivo halla incrementado o decida incrementar las tarifas por causas objetivas y justificadas dicho aumento no podrá exceder el del promedio de los salarios para los usuarios residenciales. clubs de barrio y usuarios beneficiarios de tarifa social. la misma debería haber atendido las necesidades de las familias y sus distintas realidades.
vieron afectados de manera directa su poder adquisitivo. en tanto detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a considerar.el criterio de gradualidad. 42. expresión concreta del principio de razonabilidad. con más razón frente a un retraso como el que nos ocupa. entre los que se cuenta el de los alimentos. en el mejor de los casos. el perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que. debe incorporar como condición de validez jurídica -conforme con la previsión constitucional que consagra el derecho de los usuarios a la protección de sus "intereses económicos” (art. esta combinación de factores puso a miles de familias en condiciones de zozobra y con serios límites a la hora de cubrir sus necesidades básicas. CN) – el criterio de gradualidad. el transporte. una inflación insostenible. universalidad y accesibilidad de los servicios públicos. de esta forma. no debe obviarse que un cálculo tarifario desmesurado o irrazonable generará altos niveles de incobrabilidad y terminará afectando al mentado financiamiento y. ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables. afectando directamente su poder adquisitivo y su capacidad de consumo. pudiera calificarse de "confiscatoria” . produjeron una caída de los ingresos de las familias argentinas. “De tal modo. “El Estado debe velar por la continuidad. Se sigue incrementando dia a dia.” Desde principios del 2016. por su elevada cuantía. entre otras cuestiones. y evitando. Por lo demás. por via de consecuencia de este círculo vicioso. 42 de la Constitución Nacional). es necesario considerar que los salarios de los trabajadores formales y los ingresos de los jubilados y beneficiarios de asignaciones familiares. las tarifas. a la calidad y continuidad del servicio. Sobre . los desmedidos incrementos de los precios de la economía en general. todo reajuste tarifario. expresión concreta del principio de razonabilidad antes referido. En este punto.restricciones arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de usuarios y resguardar la seguridad jurídica de los ciudadanos”. agregando que “todo reajuste tarifario (…) debe incorporar como condición de validez jurídica – conforme previsión constitucional que consagra el derecho a los usuarios a la protección de sus derechos económicos (art. En los otros.
ampliamente) el 50% para todos los rubros. La prestadora de servicios durante la gestión del actual gobierno no solo incrementó sus ganancias y reditos de manera extraordinaria sino que también. así como el fallo de la CSJN y las leyes que regulan los servicios en cuestión donde se alude a “tarifas justas y razonables”. tenemos que sumarle los incrementos anunciados para el corriente año.todo. tanto para los servicios de gas. luz y agua. que en el total va a superar (en ciertos casos. es decir la inflación de los pobres y la clase media. sino por el contrario. los valores establecidos en las tarifas son de los mas altos de la región. a los verdaderos “tarifazos” que sufrieron los argentinos durante 2016. Si el PEN respetase los principios de razonabilidad y el derecho de protección a usuarios establecidos en la CN. la inflación en alimentos y servicios. se está demostrando que no es ese el camino a tomar. las modificaciones propuestas por el presente no serían necesarias. . Asimismo de conformidad con los cuadros que se adjunta los aumentos tarifarios de las empresas prestatarias de servicios representan una realidad distinta a los fundamentos esgrimidos por el PEN cuando justifica los aumentos. Si a esto le sumamos los problemas de empleo e informalidad. Sin embargo. como transporte público. solo nos resta esperar un engrosamiento de las cifras de nuevos pobres en nuestro país.
. es dable destacar que ese incremento en el patrimonio empresarial no se vio reflejados en mayores inversiones que repercutan en un mejor servicio a los usuarios. atenta contra la industria y principalmente contra el trabajo argentino que es. Asimismo. Está claro que el camino de los aumentos desmedidos y sin un cronograma claro a los pequeños industriales. Este sector requiere no solo la atención especial del estado con medidas concretas que permitan el fomento de la industria argentina. electoralistas o de cualquier otra índole que no tenga en cuenta la pequeña y mediana industria nacional y el trabajo genuino que esta genera. Pequeñas y Medianas Empresas que son el motor del crecimiento del país y el generador del 90% del empleo formal en la República Argentina. el proyecto prevé una protección específica para las Micro. por principio. Además. Es por eso que entendemos que resulta razonable que los servicios públicos no se les aumente a este sector más de lo que aumenta la inflación y que las tarifas se mantengan vigentes como mínimo 6 meses para que no sufran con aumentos oportunistas. sino también un horizonte de estabilidad temporal que le permita encarar nuevos proyectos productivos con la dotación laboral actual o ampliar la misma. la bandera que siempre vamos a defender. Es por esa razón que ratificamos que era necesario un incremento tarifario pero nunca en el sentido recorido que aumento exponencialmente las ganancias de la empresas del sector y torno impagables la facturas para una cantidad muy significativas de los hogares argentinos.
y luego los provinciales. el impuesto provincial a los Ingresos Brutos (16.64%). con una alícuota que oscila entre el 21% y el 27% de los componentes que conforman la tarifa eléctrica neta conformados. Habiendo evaluado la situación de la carga tributaria de las tarifas de servicios públicos en todo el territorio nacional no cabe mas que volver a afirmar que la situación amerita una redución urgente de las tasas aplicada a nivel nacional. alcanzando a grandes rasgos a constituir una carga tributaria para el usuario del 47% sobre el servicio que efectivamente se le está prestando. El proyecto también contempla una tarifa diferencial para los denominados clubes de barrios consistente en no permitir un aumento que sea mayor al del 50% de lo que le corresponde a las MIPYMES a lo que debe agregarse los subsidios que actualmente perciben. consistentes en la Contribución Provincial Decreto 1795/92 (0. tanto por obras a cargo de la distribuidora provincial como por consumo de energía realizado por el usuario. En forma similar. Por tomar dos ejemplos concretos podemos ver que en las tarifas eléctricas en las jurisdicciones de las Provincias de Córdoba y Buenos Aires. ni solicitarles documentación innecesaria y engorrosa para asociaciones civiles sin fines de lucro que en muchísimos casos su mayor función social es suplir al Estado para otorgarle derechos básicos a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. como los beneficios que ya deberían percibir los clubes de barrio. en el caso de la Provincia de Córdoba. en la provincia de Buenos Aires cada factura eléctrica incluye dos tipos de cargos: los energéticos vinculados con el consumo (fijos o variables dependiendo del período y la categoría del usuario) y los tributarios. No se puede tolerar más que se les continúe exigiendo a los clubes de barrio efectuar trámites interminables. se advierte que el cargo de origen nacional por antonomasia es el IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. Junto al IVA se aplican. Asimismo. se vuelve a remarcar que esta tarifa diferencial. único establecido a nivel nacional. sobre la misma base de cálculo. son derechos adquiridos y el estado tiene indefectiblemente que ejecutarlos por el mandato legal expreso existente. la . provincial y municipal. En territorio bonaerense estos últimos cargos son el IVA (21/27%).5%) y la tasa municipal (10%) en el caso de la Ciudad de Córdoba. por cargos fijos por energía y cargos variables transitorios y permanentes.
si es el Estado el que quiere que los argentinos hagan un esfuerzo para recomponer los recursos energéticos. sino que intentan condicionar la evolución de los salarios fijando un techo de 15%. el proyecto prevé la implementación de una verdadera tarifa social que cubra las necesidades de los sectores más vulnerables. 5 %. se contempla la prohibición de crear nuevos tributos que alteren la tarifa final. no solo promueve nuevas y desmedidas alzas de los precios de los servicios públicos. intenta que los argentinos adquieran “nuevos hábitos de consumo”. En igual sentido. es el propio Estado el que debe comenzar dando las señales y reducir la altimisa presión tributaria sobre los costos de los servicios. El Gobierno. En definitiva.5%) y la Ley Provincial 11769 (5%). . A este ritmo. alcanzando una carga tributaria similar a la existente en la Provincia de Córdoba (48%). a los que hay que sumarles los impuestos y tasas municipales. Asimismo. se prevé que la alícuota de los servicios públicos regulados en esta ley se establezca 10.Contribución Municipal Decreto 1795/92 (6. y por el termino de 12 meses. Como hemos visto y analizado la problemática no es solo nacional. el Gobierno acentúa la tendencia de seguir exigiendo esfuerzos a sectores que ya no tienen como hacer frente a dichas exigencias. vemos con preocupación que mientras los sectores productivos y los de menores ingresos continúan sufriendo.42%). a las familias argentinas solo les resta enfrentarse a nuevas y profundas restricciones. Resulta claro que. Por último. el Decreto Ley 7290/67 (10 %). máxime si consideramos que el derecho a la movilidad es un derecho humano que hace a la dignidad e integridad personal. es por ello que el texto invita a las provincias y a los municipios ha adoptar similares medidas de reducción de la carga impositiva final en las facturas de los servicios públicos. Asimismo. creemos que dicha medida contribuirá a dar señales claras en la lucha contra la inflación (hoy pendiente por el Gobierno Nacional). el Decreto Ley 9038/78 (5. Se prevé un esquema en donde existan reglas de derecho claras que hagan a los ciudadanos beneficiarios automáticos de esa tarifa diferencial. Es por eso que el proyecto contempla la eliminación del incremento diferencial del IVA para las empesas. sin considerar que estamos hablando de servicios fundamentales. En el mismo sentido.
solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de ley y en su aprobación. . Por todo lo expuesto. se prevé que los mismos se lleven a cabo en forma proporcional al aumento de los ingresos de las familias. sustentables y racionales. pero considerando incrementos graduales. Por lo mismo. Nuestra propuesta también apunta a la consecución de tarifas de equilibrio.
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 Artículo 8
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 Artículo 7
 artículo 2
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 Artículo 10
 Artículo 12
 Artículo 11
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 Artículo 14
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 artículo 14
 Artículo 18
 Artículo 19
in fine