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Timestamp: 2018-05-22 17:39:20+00:00

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Riesgos del trabajo y Honorarios Profesionales de Abogados: Aclaraciones sobre el Decreto 157/2018 | Editorial Garcia Alonso
Dr. Matias Molinaro 16 marzo, 2018
Conozca la opinión de los expertos respecto a la entrada en vigencia del Decreto 157/2018 que limita la aplicación de la Ley N° 27.423 de Honorarios de Abogados.
El 26 de febrero de 2018 fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto 157/2018 del Poder Ejecutivo Nacional que establece, entre otras cuestiones, la inaplicabilidad de la Ley 27.423 sobre aquellos situaciones instadas en los artículos 1º y 2º de la Ley 27.348 sobre Riesgos del Trabajo.-
Precisamente el artículo 2° del citado Decreto dispone: “Las disposiciones de la Ley 27.423 no serán aplicables a los asuntos que tramiten ante las instancias administrativas y judiciales reguladas por los artículos 1° y 2° de la Ley Complementaria Sobre Riesgos del Trabajo N° 27.348, sustanciados por organismos administrativos y/o judiciales que se encuentran en la órbita de competencia nacional o federal.”.-
La Ley 27.423 regula los honorarios profesionales de abogados, procuradores y auxiliares de justicia que actúan como tales en el ámbito de la Justicia Nacional y Federal y reemplazó a la vieja Ley 21.839 del año 1978 que fue sancionada por el Congreso de la Nación el 30 de noviembre de 2017 y publicada en el Boletín Oficial el día 22 de diciembre de 2017.-
Fundamentos del Decreto 157/2018.-
El Decreto 157/2018 fundamenta su contenido teniendo en cuenta los siguientes puntos:
“Que en el artículo 5° de la Ley 27.423 se dispone que la renuncia anticipada de honorarios y el pacto o convenio que tienda a reducir las proporciones establecidas en el arancel fijado por esta ley serán nulos de nulidad absoluta.”.-
“Que en el artículo 16 in fine de la Ley 27.423 se prevé que los jueces no podrán apartarse de los mínimos establecidos en la presente ley, los cuales revisten carácter de orden público”.-
“Que el artículo 43 de la Ley 27.423 dispone que en las causas laborales y complementarias tramitadas ante los tribunales de trabajo se aplicarán las disposiciones arancelarias de la presente ley, tanto en las etapas de los procedimientos contradictorios, como en las ejecuciones de resoluciones administrativas o en las que intervenga como tribunal de alzada, según corresponda.”.-
“Que los conflictos señalados en particular no contribuyen a brindar la seguridad jurídica ni la previsibilidad requeridas en materia de seguridad social y laboral, resultando imperioso tomar las medidas necesarias para evitar que los posibles conflictos mencionados aumenten la litigiosidad y agraven la situación de emergencia.”.-
“Que la circunstancia descripta también podría suscitar conflictos en la interpretación de las normas mencionadas, por lo que a fin de evitar situaciones que aumenten la litigiosidad y generen un dispendio jurisdiccional innecesario, resulta imperioso adoptar las medidas necesarias que lo impidan.”.-
Amparándose en tales apreciaciones, entiende que “la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la CONSTITUCIÓN NACIONAL para la sanción de las leyes.”.-
La Ley 27.423 de Honorarios de Abogados y la excusa de la Seguridad Jurídica, la disminución de la litigiosidad y el agravamiento de la situación de emergencia.-
Entrando en un análisis detenido, es importante comprender ciertas bases que no pueden desprenderse de algunas realidades oscuras que pretenden esconderse bajo una resolución que aparenta encuadrar un beneficio para algunos pero lo que realmente provoca es el desprestigio y disminución de los derechos de otros.-
El Poder Ejecutivo Nacional dictaminó un Decreto que cuestiona una ley promulgada por él mismo en un tiempo pasado apenas mayor de dos meses, valorando ciertas premisas y principios que pudieron ser evaluados oportunamente cuando aquella ley se aprobó y advirtiendo la imperiosidad de exponerlo por la vía de la necesidad y urgencia debido a la imposibilidad de conllevar el trámite ordinario compuesto por nuestra Constitución Nacional, cuando días previos tuvo la oportunidad de respetar el proceso comprendido en la norma jerárquica y no dispuso de los mecanismos que contiene en su haber para proponer la modificación que a su criterio correspondía, lo que demuestra una clara improvisación al respecto.-
El Decreto 157/2018 propone de manera encubierta una disputa de derechos entre los trabajadores, sus abogados y las aseguradoras de riesgos del trabajo, amén de manifestar de forma expresa que el fin de la norma es brindar seguridad jurídica, disminuir la litigiosidad y aliviar la situación de emergencia.-
Ahora bien, el interrogante sería por qué la inaplicabilidad de una ley de honorarios otorgaría esas garantías que menciona el Decreto, y aquí nace la problemática principal ya que la norma emanada del Ejecutivo no aclara cómo entiende que los honorarios regulados conforme la ley vigente generarían una inseguridad jurídica, un aumento de la litigiosidad y un desmejoramiento de la situación de emergencia.-
La Ley 27.348 de Riesgos del Trabajo, el Decreto 157/2018 y su vinculación argumental.-
Los mismos argumentos que se emplearon para fundar el nacimiento del Decreto traído a discusión, fueron utilizados para darle vida a la Ley Complementaria de Riesgos del Trabajo Nº 27.348, alertando a la población que era necesaria la tramitación previa, obligatoria y excluyente de las comisiones médicas jurisdiccionales para reducir los índices de litigiosidad que año tras año aumentaban producto de la mal llamada “industria del juicio laboral”, que ello provocaría un mejoramiento del servicio de justicia, garantizando que el nuevo sistema instaurado brindaría la seguridad jurídica que tanto anhelaba el trabajador, todos supuesto falsos que pasado un año desde su sanción ninguno se ha concretado con certezas.-
No caben dudas que las intenciones de la Ley 27.348 y del Decreto 157/2018, entre otras íntegramente relacionadas, tienen un único fin que resulta ser diferente al que exponen, y éste no es otro que emplear herramientas legales que condicionen la actividad profesional de los abogados con el ferviente aval de la sociedad que, ante el desconocimiento de la realidad, repite lo que le transmiten a través de las diferentes vías de comunicación.-
Las verdaderas razones del Decreto, el Abogado.-
Volviendo al Decreto en tratamiento, pareciera ser entonces que el abogado resulta ser el culpable del estado de emergencia en el que se encuentra la justicia laboral en la actualidad, que su actuar provoca una inseguridad jurídica cuando es él quien representa la ley en defensa del vulnerable y en detrimento de empresas que lucran con la salud del trabajador y que el aumento anual de la litigiosidad es por su ambición propia y no por la creciente demanda en razón del constante rechazo que promueven las aseguradoras de riesgos del trabajo en cuanto a las prestaciones que debe otorgar conforme la ley que las regula.-
Es así que en forma de castigo, y a pesar de que una ley le otorga el carácter de orden público a los honorarios mínimos establecidos por aquella, el Poder Ejecutivo Nacional se empecina en desregularizar el sistema de honorarios, disminuyendo los derechos del abogado que ejerce de manera libre la profesión, envalentonando ciertas garantías que no protegen ni benefician a la justicia o al trabajador, sino que a las aseguradoras de riesgos del trabajo que, adquiriendo el libre albedrío legal, no solo obtendrán la reducción de sus obligaciones gracias a las determinaciones que impongan las comisiones médicas jurisdiccionales ya declaradas oportunamente inconstitucionales y que actúan con aquellas en conjunto, sino que también “acordarán” honorarios con los letrados de los trabajadores por debajo del mínimo legal, ello producto de la presión que generará la decisión de las comisiones médicas sobre el trabajador que, ante la necesidad, se verá obligado a arribar a un acuerdo, exigiéndole a su abogado que acepte las condiciones propuestas y otorgue el aval para su homologación.-
El vacío legal en materia de honorarios profesionales de abogados.-
Sin perjuicio de lo reseñado previamente, otro de los fundamentos aportados por el Poder Ejecutivo Nacional en los considerandos del Decreto, hace alusión a que los artículos 1º y 2º de la Ley 27.348 encuadran un régimen propio de honorarios, por lo que sería innecesario que una ley general modifique un sistema contenido en una ley específicamente referida a su materia.-
Independientemente de si tal cuestión podría generar discusiones en torno a su validez, lo cierto es que el último párrafo del artículo 1º sólo hace referencia a que los honorarios de los abogados serán soportados por la aseguradora de riesgos del trabajo contra la que opere el reclamo, mientras que el último párrafo del artículo 2º pregona la nulidad de los pactos de cuota litis entre el trabajador y su abogado, supuesto que también podría ser observado pero no encuadra en la discusión que hoy nos convoca, por lo que no se aprecia que la Ley 27.348 traiga soluciones al respecto como así lo indica el Decreto.-
Tal situación traslada la problemática a la Resolución 298/2017 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo que, en su artículo 37º hace referencia a los honorarios de los letrados disponiendo específicamente que estarán a cargo de la aseguradora de riesgos del trabajo y que resultarán de aplicación los porcentajes previstos en las disposiciones de las leyes de aranceles de cada jurisdicción, en este caso, la Ley 27.423.-
Al respecto también, la resolución citada se desentiende de las regulaciones de honorarios, disponiendo expresamente en el último párrafo del artículo referenciado que: “En ningún supuesto los honorarios profesionales precedentemente aludidos se fijarán o regularán en el ámbito de las Comisiones Médicas ni del Servicio de Homologación”.-
Ante lo narrado, disponiendo la Resolución 298/2017 qué leyes serán las consultadas para la determinación de los honorarios de los abogados cuando el reclamo sea instaurado ante las comisiones médicas jurisdiccionales, estando las aseguradoras de riesgos del trabajo obligadas a abonar los mismos conforme los parámetros dispuestos, en éste caso, por la Ley 27.423, y siendo que el Decreto 157/2018 se remite para el establecimiento de los mismos, en cuanto a asuntos que tramiten ante instancias administrativas y judiciales, a una Ley Complementaria de Riesgos del Trabajo que nada estipula al respecto, podría entenderse que mantiene completa vigencia la Ley 27.423, por lo pronto hasta que se aclare la falencia hallada y se disponga una solución que resuelva el conflicto planteado.-
De no interpretarse aquello y al no comprender el Decreto una solución a la problemática tratada, se estaría dejando en manos de los jueces y de las aseguradoras de riesgos del trabajo, que en cuanto a éste tema actúan prácticamente como jueces, la determinación de los honorarios de los abogados que, de no ofrecerse ciertas garantías mínimas como quizá disponen las leyes puntualmente referidas a la cuestión expuesta, podría verse vulnerado el derecho del abogado a una justa retribución por el trabajo realizado y alterado el carácter alimentario de los mismos.-
Supuestos excluidos.-
Por otra parte, y entrando nuevamente en el diseño del artículo 2º del Decreto 157/2018, su aplicación sólo sería exigida, sin perjuicio de los cuestionamientos antes formulados, sobre aquellos “asuntos que tramiten ante las instancias administrativas y judiciales reguladas por los artículos 1º y 2º de la Ley Complementaria Sobre Riesgos del Trabajo Nº 27.348”, por lo que quedarían involucrados únicamente aquellos reclamos interpuestos ante las comisiones médicas jurisdiccionales y las tramitaciones nacientes por el recurso planteado ante la comisión médica central o la justicia nacional del trabajo, quedando excluido el proceso instaurado directamente ante la justicia nacional del trabajo o justicia nacional en lo civil, en su caso, por accidentes y/o enfermedades ocurridas con anterioridad a la Ley 27.348, aquellos también interpelados directamente, por accidentes y/o enfermedades ocurridas con posterioridad a la Ley 27.348, y en donde se oponga la declaración de inconstitucionales de los artículos 1º y 2º de la ley referida, y los procesos que aun habiéndose respetado el procedimiento de la Ley 27.348 se interpelen por la acción directa ante la vía judicial sin acudir al recurso.-
Consideraciones adicionales.-
Por el momento, el ataque a la Ley 27.423 de Honorarios de Abogados es el único que se conoce en materia de honorarios profesionales relacionados a los conflictos vinculados al sistema de Riesgos del Trabajo, será cuestión de mantenerse en estado de alerta ante la aparición de disposiciones similares en otras jurisdicciones de la Nación. Es probable que también, ante la relevancia que el presente ha tenido en el ámbito profesional, esa alarma deba mantener por la factible introducción de aclaraciones al respecto de las problemáticas que fueron ventiladas en la nota traída a colación.
No corresponde dejar a un margen el hecho de que el Decreto 157/2018 también determina la inaplicabilidad de ciertos artículos de la Ley 27.423 y la derogación de su artículo 36 que tratan la regulación de honorarios en las causas vinculadas a la seguridad social y que se contrapondrían con la Ley 27.260 que crea el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados.-
En resumen, son tiempos de aferrados y fervientes avances por parte de las aseguradoras de riesgos del trabajo que, avalados por el Poder Ejecutivo Nacional, los Poderes Ejecutivos Provinciales y los Legisladores tanto Nacionales como Provinciales, buscan recuperar un terreno perdido producto de las envestidas jurisprudenciales de comienzos de siglo y, como protagonistas de aquellas derrotas, los abogados son el blanco a derribar para el restablecimiento de sus propios derechos, argumentándose en el hipotético resguardo del trabajador, convirtiendo en enemigo al letrado para la vista de toda la sociedad.-
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Autor Dr. Matias Molinaro
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