Source: http://www.cortesclm.es/index.php/8-noticias-general/355-2017-pleno18mayo-resoluciondg137
Timestamp: 2018-06-21 00:51:07+00:00

Document:
Resoluciones aprobadas sobre Seguridad y Vigilancia en dependencias de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha - Cortes de Castilla La Mancha
Dicho contrato ha entrado en vigor el pasado día 1 de mayo del presente año, siendo que los/as trabajadores/as subrogados/as y Sindicatos desconocen a día de hoy cuál será el salario a percibir este mismo mes. La actual empresa adjudicataria dispone de un Convenio Colectivo propio que, en el caso de aplicarse la tabla salarial en él contemplada, vulneraría gravosamente los derechos y condiciones laborales de los trabajadores de seguridad y vigilancia. Los trabajadores de seguridad y vigilancia de dependencias y edificios de la JCCM que han sido subrogados por esta empresa venían percibiendo la cantidad de 1.122 € mensuales brutos con la anterior empresa, en conformidad con el convenio colectivo sectorial. Con la actual comenzarán a percibir un salario mensual de unos 700 € brutos. Es obvio que la cantidad a percibir en conformidad al Convenio de esta empresa resulta insuficiente para poder afrontar los gastos básicos de toda persona (vivienda, suministros energéticos, alimentos, etc.), precariza el empleo y las condiciones de vida en general, todo ello sin contar con el drama familiar que pueden vivir si el/la trabajador/a es el único miembro de la familia que percibe un salario.
A través de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, efectuada por el Gobierno del Partido Popular, se permite dar prioridad aplicativa a los convenios de empresa respecto del convenio sectorial estatal, autonómico o de ámbito inferior.
Mediante resolución del Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, de 10 de febrero de 2017, se acordó la adjudicación la empresa UTE SINERGIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A. para los servicios de seguridad y vigilancia en dependencia y edificios de la JCCM en los 3 lotes de las provincias: en Toledo por el precio que asciende a 5.641.261,84 €, en Ciudad Real por 1.489.634,63 € y Guadalajara por el precio de 1.136.172,45 €. Pues, esta empresa era, entre el resto, la “económicamente más ventajosa en los 3 lotes del contrato de conformidad con los criterios de adjudicación previstos en el pliego” y con el artículo 151.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Puede afirmarse que es esta empresa es la “económicamente más ventajosa” a costa de mermar los derechos salariales de los/as trabajadores/as.
En este sentido, cabe significar la política continuista del actual gobierno regional respecto al anterior gobierno del PP, pues rechazó las peticiones de los agentes sociales, relativas a firmar el III Acuerdo de Estabilidad en el Empleo de las contratas de la JCCM que hubiese impedido la actual situación en la que están atravesando los/as trabajadores/as de vigilancia y seguridad en dependencia y edificios de la JCCM. Pues, la política del anterior gobierno del PP supuso la inaplicación de los principios de estabilidad y su sustitución por el principio de la “mejor oferta económica” en los procesos de adjudicación de las contratas.
También, cabe destacar que el actual gobierno regional, en lugar de tratar de firmar el referido III Acuerdo de Estabilidad, procedió a emitir la Instrucción del Consejo de Gobierno de 18/10/2016, sobre la inclusión de cláusulas sociales, de perspectiva de género y medioambientales en la contratación del sector público regional. Instrucción que se llegó a desarrollar, de forma unilateral, sin contar con los agentes sociales, siendo esta medida muy criticada por los Sindicatos, no sólo por desarrollarse a espaladas de éstos sino también porque es una medida insuficiente y genérica que ha conllevado la actual situación de los/as trabajadores/as de vigilancia y seguridad y que puede producir un “efecto llamada” para otras empresas en las sucesivas contrataciones y licitaciones públicas.
Asimismo, este gobierno regional rechazó las peticiones de los Sindicatos de incluir en el contrato de adjudicación una cláusula que reflejase la obligación de la nueva empresa adjudicataria de los servicios de vigilancia y seguridad de la aplicación del Convenio Colectivo sectorial, habiendo causado la indefensión a estos/as trabajadores/as. Con ello, el actual gobierno ha dejado en la voluntad de la empresa la aplicación del convenio de la empresa o del sector, lo que podría suponer un quebranto en sus derechos y condiciones laborales.
El Grupo Parlamentario de Podemos en estas Cortes abogamos por una política que mejore los derechos y garantías laborales de los/as trabajadores/as.
1. Proceder a la inmediata regularización del contrato con la adjudicataria UTE SINERGIAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A para que ésta cumpla las obligaciones contractuales derivadas del Convenio Sectorial Estatal.
2. Incluir en todos los pliegos de condiciones de la JCCM, relativos a la externalización de servicios (contratas), incluidos los servicios de vigilancia y seguridad, una cláusula en la que se indique que las empresas adjudicatarias estarán obligadas a aplicar los convenios colectivos más favorables para los/as trabajadores/as y, en su caso, los convenios sectoriales, así como adoptar medidas correctoras en favor de una contratación pública socialmente responsable.
3. Firmar el III Acuerdo de Estabilidad en el Empleo de las contratas de la JCCM con los agentes sociales garantizando los derechos y condiciones laborales de trabajadores en el sector público afectados por las contrataciones de adjudicación de servicios públicos a entidades privadas, aplicando los convenios colectivos sectoriales de referencia más favorables, y mejorando las condiciones salariales y laborales, así como las de salud, higiene y seguridad de este colectivo.
La segunda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con 17 votos a favor de los Grupos Parlamentarios Socialista y Podemos, 16 votos en contra del Grupo Parlamentario Popular con el texto siguiente:
RESOLUCIÓN AL DEBATE GENERAL RELATIVO A LA POLÍTICA GENERAL EN MATERIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS Y EDIFICIOS DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA, EXPEDIENTE 09/DG.-00137.
Debido a la incertidumbre mostrada por los trabajadores y trabajadoras del servicio de seguridad y vigilancia las dependencias y edificios de la Junta de Comunidades de Catilla-La Mancha, que han sido recientemente subrogados desde el 1 de mayo de 2017, a la UTE Cyrasa y Sinergias de Vigilancia y Seguridad S.A. con respecto a sus condiciones laborales y salariales.
Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla-La Mancha viene a presentar en Pleno la siguiente:
Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno de la Junta de Comunidades a:
PRIMERO: Realizar un seguimiento exhaustivo de cómo se están desarrollando dichas condiciones laborales y salariales. Y si éstas se adecúan al Convenio Estatal del Sector de Seguridad Privada.
SEGUNDO: A que adopte las medidas legales necesarias para iniciar la resolución del contrato suscrito con la UTE Cyrasa y Sinergias de Vigilancia y Seguridad SA si se constata que la nueva adjudicataria no cumple con el convenio estatal y se produce alguna merma en las condiciones retributivas y laborales de los trabajadores subrogados a esta UTE.
Las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno de la Nación a:
La derogación del Real Decreto-Ley 3/2012 de 10 de febrero de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral que precariza las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras.
La tercera, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, con 16 votos a favor del Grupo Parlamentario Popular; 15 votos en contra del Grupo Parlamentario Socialista y 2 abstenciones del Grupo Parlamentario Podemos con el texto siguiente:
RESOLUCIÓN AL DEBATE GENERAL 09/DG-00137
El servicio de vigilancia de los edificios públicos pertenecientes a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha forma parte de los servicios que se prestan mediante el modelo de gestión privada, sin que por ello la Administración Regional pierda el control del servicio ya que en los pliegos de condiciones que se elaborar para la adjudicación fija el modelo de prestación del servicio así como la potestad de garantizar el cumplimiento del mismo.
En este sentido, la potestad de fijar las necesidades del servicio en el pliego de cláusulas técnicas radica en la dirección política de la Junta de Comunidades, y de igual modo la potestad de fijar los criterios de adjudicación también radica en la dirección política de la Junta de Comunidades, por lo que en este caso el Consejero de Hacienda del Gobierno de García-Page tiene la capacidad de decidir sobre las condiciones técnicas y de adjudicación de este tipo de contratos.
Ante el vencimiento de la adjudicación del contrato del servicio de vigilancia en los edificios de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en las provincias de Guadalajara, Toledo y Ciudad Real, el Gobierno de García-Page inicia los trámites para la elaboración de los pliegos de condiciones que puedan adjudicar nuevamente este servicio con un contrato de dos años con dos prórrogas más de un año. En este nuevo Pliego, el Gobierno de García Page prioriza totalmente la mejor oferta económica, con un 80% del total de la puntuación, siendo además el restante 20% las condiciones técnicas que se alejan además de lo que realmente es necesario para el servicio.
Además, el Gobierno de García-Page no prevé en el Pliego de Condiciones que se garanticen los derechos laborales adquiridos de los 133 trabajadores pertenecientes al servicio que serán subrogados, lo que unido al peso del precio en los criterios de adjudicación deja abierta la puerta de entrada al servicio a empresas que puedan empeorar las condiciones laborales de dichos trabajadores primando además su posible entrada a la gestión de servicio, siendo un ejemplo claro la posible aplicación del convenio de empresa por encima del convenio nacional.
Esta decisión beneficia claramente a las arcas del Gobierno de García-Page, que ahorra cerca de 350.000€ en perjuicio de los trabajadores y la empresa adjudicataria, que ahorra 1.600.000€ en los dos primeros años del contrato. Y todo esto generando pobreza laboral para los 133 trabajadores que prestan el servicio ya que rebaja su salario en torno al 40% además de mermar claramente sus beneficios sociales.
Y por si fuera poco, el Gobierno de García-Page ha engañado a los trabajadores para que desconvocasen las concentraciones que tenían autorizadas a cambio de sentarse a negociar el cambio de estas condiciones. La negociación concluyó con la propuesta de la inclusión en el contrato de unas cláusulas que le obligasen a aplicar el convenio nacional, hecho que no se cumplió ya que el artículo 30.1 de los Pliegos de Cláusulas Administrativas prohíbe expresamente la inclusión de ese tipo de cláusulas cuando en el punto 30.1 dice “en ningún caso se podrá incluir en el documento en el que se formalice el contrato cláusulas que impliquen alteración de los términos de la adjudicación”.
Se da para mayor gravedad la circunstancia de que la empresa que resulta adjudicataria, la mercantil SINERGIAS tiene su convenio colectivo de empresa recurrido en la Audiencia Nacional y Sentencia desfavorable del Tribunal de Justicia Europeo a favor de la aplicación del artículo 14 del convenio colectivo nacional de seguridad, motivo más que suficiente para generar desconfianza por parte de la administración regional.
Por todo lo expuesto sometemos a la aprobación de la Cámara la siguiente

References: resolución 
 artículo 151

RESOLUCIÓN 
 resolución 

RESOLUCIÓN 
 artículo 30
 artículo 14