Source: https://redlatam.org/es/country/bolivia
Timestamp: 2018-12-11 22:43:33+00:00

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A nivel constitucional, varias disposiciones de la carta boliviana se refieren a la privacidad, como por ejemplo el Artículo 21, que establece que sus ciudadanos tienen derecho “A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad.”; el Artículo 23, modificado por la Ley Nº 2631 de 20 de Febrero de 2004, que consagra el habeas data constitucional; el Artículo 25, que se refiere a la inviolabilidad del domicilio y las comunicaciones; el Artículo 130 números I y II, que establece la Acción de Protección de Privacidad. Finalmente, el artículo 131 números I, II, III y IV señalan el procedimiento que resulta aplicable a dicha acción.
El artículo 18 del Código Civil establece el derecho a la intimidad: “Nadie puede perturbar ni divulgar la vida íntima de una persona. Se tendrá en cuenta la condición de ella. Se salva los casos previstos por la ley” .
Además, existe la Ley Nº 1768, que modificó el Código Penal incluyendo el Capítulo XI, del Título XII, del Libro Segundo, relativo a los "Delitos Informáticos", los que se encuentran regulados en los artículos 363 bis y 363 ter.
Finalmente, la Ley Nº 018 de 2010, del Órgano Electoral Plurinacional, regula en el artículo 72 sus obligaciones; en el 74 el Registro y actualización de datos; en el 76 el Padrón Electoral; en el 77 la Lista de habilitados e inhabilitados, y en el 79 el acceso a información del Padrón Electoral. En tanto la Ley Nº 164, General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, regula en su artículo 54 los derechos de los usuarios; en el 56 la inviolabilidad y secreto de las comunicaciones; en el 59 las obligaciones de los operadores y proveedores; en el 84 la reglamentación; en el 89 el correo electrónico personal; en el 90 el correo electrónico laboral; y, en el 91 las comunicaciones comerciales publicitarias por correo electrónico o medios electrónicos.
En cuanto a derecho de autor, Bolivia cuenta con la Ley No 1.322 de Derechos de Autor, de 1992. Esta ley no regula la bajada de contenidos de internet ni tampoco excepciones en el entorno digital. Tampoco regula un régimen de responsabilidad para los ISP.
En cuanto a ciberdelitos, Bolivia no cuenta con una ley específica respecto del tema, sino que éstos se encuentran tratados en el Código Penal (Capítulo XI, Arts. 363 bis y 363 ter).
En cuanto a neutralidad de la red, en Bolivia no existe ley sobre el tema ni tampoco proyectos de ley al respecto.
The World Factbook: Bolivia Estado Plurinacional de Bolivia Propuesta regulación Autoridades de Telecomunicaciones, Más y mejor internet para Bolivia Legislación sobre libertad de expresión, ANP Bolivia Gobernanza de internet en el Estado Boliviano, Fundación Redes (PDF)
Bolivia se encuentra en etapa de desarrollo legislativo desde que la Constitución Política del Estado fue promulgada en febrero de 2009, por lo que el avance en cuanto a proyectos de ley que sean relativos a la tecnología -y más específicamente a internet- es bastante escaso. No se observan grandes oportunidades para los derechos en el entorno digital en este país ni tampoco preocupación respecto de los temas relativos a internet que en otros países se encuentran en plena discusión o que generan notoriedad pública.
En relación con el acceso a internet, de acuerdo al colectivo Más y Mejor Internet para Bolivia27, la deficiente infraestructura y falta de políticas públicas son los principales factores para que el acceso a internet en Bolivia sea el más lento y el más caro de la región.
De acuerdo a los datos de la Agenda Digital, sólo el 30% de la población tiene acceso al internet, el 12% puede conectarse desde su casa y el resto en los denominados “café internet”. La conexión se encuentra concentrada en La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y ciudades intermedias. En el área rural existe menor calidad por la diferencia del costo por hora.
Según la web de la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información existe un anteproyecto de Ley de Protección de Datos que tiene por objetivo garantizar y proteger los datos personales de personas físicas y naturales asentados en base de datos sean estos privadas o públicas, tomando en cuenta que el Derecho a la Privacidad e Intimidad como derechos fundamentales que complementan el Recurso de Hábeas Data establecido en la Constitución Política del Estado.
La necesidad de actualizar el marco jurídico boliviano
De todas formas, la inexistencia de amenazas concretas para los derechos digitales en este país no es del todo positivo; lo anterior representaría en sí mismo una amenaza por la cantidad de aspectos que no están siendo actualizados de acuerdo a las necesidades que el desarrollo tecnológico impone, lo cual pondría a Bolivia en una posición desfavorable en comparación con otros países de la región que sí se están modernizando en materias relacionadas con la tecnología.
Como ejemplo de lo anterior se destaca que Bolivia es uno de los pocos países latinoamericanos que todavía no cuenta con una ley de protección de datos personales, lo que hace de su actual legislación una muy precaria. La recolección de datos no se encuentra regulada, no existe una autoridad específica que controle el uso de esta información y el recurso de habeas data establecido en la Constitución no es un medio de protección “preventivo”, y tampoco es idóneo desde una perspectiva de técnica legislativa.
Interés por regular delitos informáticos
En cuanto a avances legislativos en otros aspectos se encuentra el interés del gobierno por implementar legislación sobre delitos informáticos, a comienzos del año 2013, anuncio realizado por el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
Este tema se convirtió en prioridad gubernamental luego de haberse descubierto la existencia de una cuenta en Twitter, presuntamente falsa, cuyo usuario habría suplantado la identidad del presidente Evo Morales. Mientras la intención del gobierno sería controlar el mal uso que hacen los cibernautas de las cuentas de Facebook y Twitter al divulgar mensajes denigratorios u ofensivos contra autoridades.
Ello no es visto de buena forma por algunos especialistas, entre ellos el analista Carlos Cordero, que aseguran que el gobierno boliviano buscaría restringir la difusión de ideas y la libertad de expresión, ya que siendo relativo y difuso el límite de la libertad, el Gobierno no puede entrometerse en la privacidad de las personas a título de velar por la seguridad del Estado. Sin embargo, a la fecha no se encontraron proyectos de ley sobre esta materia.
Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Comunicación
Uno de los cambios más importantes durante los últimos años ha sido la implementación de la Ley 164, la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Comunicación, en agosto de 2011.
La importancia de esta ley dice relación con claros avances para el futuro tecnológico de Bolivia, estableciendo tres grandes ejes tecnológicos que son: vida digital, ya que la nueva Ley de Telecomunicaciones declara de prioridad nacional la promoción del uso de las tecnologías de información y comunicación; software libre y estándares abiertos, ya que establece que los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral promoverán y priorizarán la utilización del software libre y estándares abiertos, en el marco de la soberanía y seguridad nacional; y, en último lugar, la participación comunitaria. Lo anterior presenta evidentes oportunidades para el desarrollo de derechos en Bolivia.
En resumidas cuentas, la importancia de la implementación de la Ley 164 radica en que dejó establecido que el acceso a internet es un derecho humano básico y que el Estado boliviano debera? promover y priorizar la utilización del software libre en instancias gubernamentales.
En relación con lo anterior, en octubre de 2012 se aprobó y publicó el Reglamento de la Ley 164 General de Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información y Comunicación, mediante el Decreto Supremo No 1391, lo que permitirá la aplicación de esta ley.
#AgendaDigitalBO
La Agenda Digital Bolivia es una iniciativa ciudadana de la comunidad Más y Mejor Internet Para Bolivia, gestada durante el año 2014. Se trata de un proceso de inteligencia colectiva que busca visibilizar necesidades, oportunidades y crear propuestas de políticas tecnológicas y digitales. A partir de metodologías participativas offline y online, se gestiona el encuentro de distintos actores afines a la sociedad en temas transversales de investigación, desarrollo e innovación. El objetivo es que la sistematización de los aportes se dé a conocer a los partidos políticos procurando su apropiación en los planes de gobierno.
Por otro lado, durante el año 2011 se aprobó un proyecto de ley que declara de prioridad nacional y de necesidad la instalación de tecnología Wi-Fi en plazas, parques, institutos y universidades de todo el país y que permitirá prestar el servicio de internet en forma gratuita a la población. Sin embargo, no se ha podido constatar que la ejecución de esta ley haya sido exitosa. Además existe en Bolivia un proyecto de ley que declara de prioridad nacional la masificación del servicio de internet en el estado plurinacional de Bolivia.
A fines de octubre del año pasado, el vicepresidente Alvaro García Linera declaró que revisaba las redes sociales, en específico Facebook, buscando usuarios que insultaran al presidente Evo Morales. Autoridades gubernamentales sugirieron que las declaraciones del vicepresidente traerían la reposición del proyecto de Ley de Regulación de las Redes Sociales, lo cual impondría juicios contra las personas que insultan al presidente en las redes sociales. Sin embargo, el presidente Morales respondió que existe la libertad de opinar, ya que es parte de la democracia. Por otro lado, García Linera admitió que sería casi imposible colocar un sistema de regulación para los contenidos en los medios sociales.
Decreto Supremo sobre PIT y posibles amenazas
Entre las amenazas encontradas, destaca el proyecto de Decreto Supremo sobre Punto de Interconexión de Tráfico, el que develaría intenciones de censurar internet, que fue filtrado públicamente. Un punto neutro (del inglés IXP, Internet Exchange Point, también llamados NAP (Network Access Point o Punto de Acceso a la Red) es una infraestructura física a través de la cual los proveedores de servicios de Internet (ISP) intercambian el tráfico de Internet entre sus redes.
Su propósito central es permitir que las redes se interconecten directamente, a través de la infraestructura, en lugar de hacerlo a través de una o más redes de terceros. Sin embargo, muchas de estas características están condicionadas al beneficio directo en cuanto a recaudación económica y administración, en favor de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel, de propiedad estatal).
De esta forma, Entel quedaría como el encargado directo de administrar el PIT y las salidas internacionales, ya que actualmente es el operador dominante en telefonía – no en provisión de servicios de internet- esto implica una capacidad de administración total y monopólica que afectaría la competitividad de los otros proveedores del servicio de internet, lo cual derivaría inclusive en un tácito amedrentamiento a la libertad de elección en los servicios para el usuario final, lo cual no es nada democrático. Ahora, el principal riesgo que involucra esta medida técnica consiste en la eventual censura en el acceso a ciertos contenidos de Internet en desmedro de la población en general, aspecto que con la promulgación de este Decreto Supremo se consolidaría en una atribución de Entel.
ISOC Bolivia (Fundación REDES)
Bolivia Cultura Libre

References: Artículo 21
 Artículo 23
 Artículo 25
 Artículo 130
 artículo 131
 artículo 18
 artículo 72
 artículo 54