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Timestamp: 2019-07-19 08:36:57+00:00

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INTRODUCCION+AL+DERECHO+PROCESAL+PENAL.Ernesto+Pedraz+Penalva[1] | Juez | Derecho procesal
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Tarea 3 de Derecho Procesal Civil II
El Proceso Civil en Uruguay
(acotado al ordenamiento jurídico nicaragüense)
CATEDRÁTICO DE DERECHO PROCESAL UNIVERSIDAD DE VALLADOLID (ESPAÑA)
INSTITUTO CENTROAMERICANO DE ESTUDIOS PENALES UNIVERSIDAD POLITECNICA DE NICARAGUA
Pedraz Penalva, Ernesto
Introducción al Derecho Procesal Penal (acotado al ordenamiento jurídico nicaragüense) / Ernesto Pedraz Penalva / 1ª ed. – Managua: HISPAMER, 2003 532 p.
ISBN: 99924-57-PP-P
1. DERECHO PENAL. 2. PROCESO PENAL. 3. JURISDICCION PENAL
© Ernesto Pedraz Penalva
© Editorial Hispamer, 2003 Todos los derechos reservados.
Martín A. Rosales
Sergio Flores Balmaceda
Impresión Comercial La Prensa, S.A. Managua, Nicaragua
Hispamer Costado este de la UCA Apartado postal A-221, Zona 13 Managua, Nicaragua
A Julia que ha seguido haciéndolo posible
PREÁMBULO A LA EDICIÓN NICARAGÜENSE ...................................
EL DERECHO PROCESAL COMO DERECHO DE LA JUSTICIA
3. Articulación del Derecho de la Justicia. Jurisdicción, Acción y Proceso ........................................
4. Dimensión constitucional o estática del Derecho de la Justicia ...............................................
5. Dimensión procesal o dinámica del Derecho de la Justicia
6. Finalidad de la Justicia ...................................................
III. 7. JUSTICIA PENAL
IV. 8. SISTEMAS DE JUSTICIA PENAL .............................................
Proceso acusatorio ..........................................................
— Acusatorio formal o mixto
9. Evolución posterior del Proceso Penal
Sobre la existencia de partes y la búsqueda de la verdad material ......................................................
V. 11. HACIA LA JUSTICIA PENAL DEL SIGLO XXI ..........................
a) Nuevas formas de criminalidad .......................................
b) Necesidad de un nuevo enjuiciamiento ...........................
c) Protección de los derechos de la víctima
d) .............................................................
e) Exigencias del debido proceso .........................................
Notas del nuevo proceso penal en la Europa Continental
La influencia anglosajona
El sistema en los EEUU de Norteamérica
12. Reformas en Alemania, Italia y Portugal
Italia .......................................................................
–– Portugal ..................................................................
12 bis. Noticia de la Corte penal Internacional
VI. 13. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD
14. Evolución histórica .........................................................
15. Aparición del principio de proporcionalidad en sede penal
16. El principio de proporcionalidad en sede administrativa
17. El principio de proporcionalidad en el ámbito del Derecho Procesal .......................................................
VI. 18. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD
19. Argumentos oponibles al principio de oportunidad .........
20. Oportunidad y proporcionalidad .....................................
VII.21. JUSTICIA PENAL Y DEBIDO PROCESO ..................................
22. Derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley ......
23. Derecho al juez imparcial
24. El derecho al juez imparcial en la jurisprudencia ............
25. Imparcialidad y abstención y recusación .........................
VII.26. Derecho a la defensa y a la asistencia letrada
27. Derecho de defensa y principio de contradicción
27.1 Delimitación del vocablo indefensión ......................
27.2 Análisis del derecho de defensa a través del principio de contradicción .................................
27.3 Derecho a defenderse por sí mismo
27.4 Derecho a la asistencia letrada ...............................
VII.28. Derecho a ser informado de la acusación ................................
28.1 Aspectos esenciales del derecho a ser informado de la acusación ...............................................................
28.2 Incidencia del derecho a ser informado de la acusación en el deber de correlación ...............................................
VII.29. El derecho a un juicio público .................................................
29.1 Su reconocimiento en los Tratados internacionales ........
Clases de publicidad y criterios de clasificación ..............
Publicidad y medios de información ...............................
Vías de participación de los ciudadanos .........................
VII.30. Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas
El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas en la jurisprudencia del TC .............................................
Análisis crítico de la jurisprudencia del TC
Conclusiones reasuntivas
La conducta de los Tribunales y el derecho a un proceso
sin dilaciones indebidas
Consecuencias del retraso indebido
VII.31. Derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes ...............
Ámbito objetivo. Pertinencia y necesidad
Límites del derecho: prevención frente a un uso inmoderado
Carácter “decisivo en términos de defensa” .......................
VII.32. Derecho a la presunción de inocencia .....................................
Actividad probatoria de cargo. Presunción de inocencia e in dubio pro reo ........................
Presunción de inocencia y prueba lícita. Regularidad de la prueba ................................................
VII.33. Derecho a la motivación de las resoluciones judiciales ............
Motivación y Estado de derecho ......................................
Su regulación constitucional (arts. 24 y 120.3 CE)
La motivación y el artículo 24 de la CE ...........................
Fundamentación fáctica y jurídica ..................................
Exigencias de la motivación:
Explícita, suficiente, racional y no arbitraria ...................
(Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales)
(Audiencia Nacional)(Tribunal español)
(Archiv des öffentlichen Rechts)
APe/AAPPe
(Audiencia/s Provincial/s) (Tribunales españoles)
Aufl./Auflage (edición)
(Tribunal Supremo Aleman en asuntos penales: Bundes- gerichtshof in Strafsachen);
(Tribunal Constitucional alemán: Bundesverfassungsge- richt)
(Sentencia del BverfG)
(caso, asunto)
(Convención Americana de Derechos Humanos, suscrita en San José de Costa Rica en 22 de noviembre de 1969)
(Corte costituzionale italiana)
(Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Euro- pea)
CDHLFCEI
(Convención de Derechos Humanos y de Libertades Fun- damentales de la Comunidad de Estados Independientes, hecha en Minsk el 26 de mayo de 1995)
(Convenio para la protección de los Derechos Humanos y libertades fundamentades, Roma 1950)
CEPTPTID (Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, adoptado por el Parlamento Europeo en Estrasburgo con fecha 26 de noviembre de 1987. Ratificado por España en 2.5.1989 entrando en vigor el 1.9.1989).
(Consejo general del Poder Judicial de España)
(confróntese)
CI (Constitución Italiana)
CIPST (Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, aprobada por la Asamblea general de la Organi- zación de Estados Americanos (OEA), adoptada el
9.12.1995)
(cits. cits: citada, citadas)
(Constitución nicaragüense)
(Código Penal español)
(Corte Penal Internacional creada por la Conferencia Di- plomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas, celebrada en Roma, el 17.7.1998)
(Código Penal nicaragüense)
(Code de Procédure Pénale francés, Loi n.57-1426 de 31 de diciembre de 1957, Ordonnnnance n.58-1296 de 23 de diciembre de 1958)
(Codice di Procedura Penale Italiano, aprobado por DPR de 22 de septiembre de 1988 n.447, en vigor desde el 24 de octubre de 1989)
(Código Procesal Penal de la Republica de Nicaragua, apro- bado por Ley No 406 –La Gaceta 21.12.2001–).
(Código de Processo Penal Portugués aprobado por De- creto-Lei nº 78/87 de 17 de febrero, entró en vigor el 1 de enero de 1988 por determinación de la ley nº 17/87 de l de junio)
(Constitución salvadoreña)
(Corte Suprema de Justicia, nicaragüense)
(Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, Bogotá, 1948)
Doc.Jca
(Revista de Documentación Jurídica) (española)
(Die öffentliche Verwaltung. Zeitschrift seit 1948)
DPEDLF
(Declaración del Parlamento Europeo sobre los Derechos y Libertades Fundamentales, aprobada en 12 de abril de
DPPTTPCID (Declaración sobre la protección de todas las personas con- tra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sesión de 9 de diciembre de 1975)
(Declaración Universal de los derechos Humanos, San Francisco, de 10 de enero de 1948)
EOMFe
(Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal: Ley 50/1981 de
30 de diciembre por la que se regula) (español)
(Fundamento de Derecho)
(Fundamento Jurídico)
(Federal Rules of Criminal Procedure for the United Sta- tes District Courts)
(Goltdammers Archiv für Strafrecht)
(Ley Fundamental de Bonn: Constitución alemana: Grund Gesetz)
(Juristische Schulung)
(Juristen Zeitung)
LDPJe
(Ley 38/1988 de 28 de diciembre de demarcación y plan- ta judicial) (española)
(Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil) (es- pañola)
(Ley de Enjuiciamiento Criminal promulgada por RD de
14 de septiembre de 1882) (española)
(Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic- ción Contencioso-administrativa) (española)
(locus, i: lugar, lugares)
(Ley Orgánica del Ministerio Público, publicada en la Ga- ceta, Diario Oficial, No. 195 de 17 de octubre de 2000)
(Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial) (española)
LOPJn
(Ley No 260 Orgánica del Poder Judicial de la República de Nicaragua)
(Ley Orgánica 2/1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional)(española)
(Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, modificada por LO 8/1995 de 16 de noviembre).
LRAPyPAC
(Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi- nistrativo Común, modificada por la L.4/1999 de 13 de enero) (española)
(Ley 32/1999 de 8 de octubre de Solidaridad con las Víc- timas del Terrorismo)(española)
LRJAPyPAC (Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi- nistrativo Común, modificada por la L.4/1999 de 13 de enero) (española)
(Monatschrift für deutsches Recht)
(Ministerio Fiscal/ Ministerio Público)
(Ministerio Público/ Ministerio Fiscal)
(Neue Zeitschrift für Strafrecht)
(Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de
Nueva York, de 19 de diciembre de 1966) (Partida, del Código de las Siete Partidas de Alfonso X)
p./pág.
pág./p.
(Ponente, Magistrado ponente)
(Revista de Administración pública) (española)
RDProc.
(Revista de Derecho Procesal)
(Revista Española de Derecho Constitucional)
(Revista Española de Derecho Administrativo)
(Revista General de Derecho) (española)
(Revista General de Legislación y Jurisprudencia) (espa- ñola)
RiberDProc
(Revista Iberoamericana de Derecho procesal, denomina- ción anterior a la actual de Revista de Derecho procesal)
(Reglamento de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo aprobado por Real Decreto de 17.12.1999, co- rrección de errores BOE 22.1.2000) (español)
(Revista de Instituciones europeas) (española)
(Strafgesetzbuch: Código penal alemán)
(Strafprozessordnung: Ordenanza Procesal Penal alema- na)
ss./sigs.
(siguientes)
sigs./ss.
(siguientes).
(Tribunal Constitucional) (español)
(Tribunal Constitucional Alemán: Bundesverfassungsge- richt: BverfG)
(Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Es- trasburgo)
(Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas –de la Unión Europea– con sede en Luxemburgo)
(Tribunal Supremo) (español)
(Tribunal Superior de Justicia) (español)
(Tribunales Superiores de Justicia) (españoles)
(United States Code: Código de los Estados Unidos de Nor- teamérica)
(Zeitschrift für Rechtspolitik)
(Zeitschrift für die gesamte Strafrechtwissenschaft).
Me cabe la satisfacción y el honor de encabezar esta obra del Prof. Dr. Ernesto Pedraz Penalva, antiguo y gran amigo, con el que he trabajado en diversas publicaciones aparecidas en Nicaragua y, en España, en su Universidad de Valladolid en sucesivas estancias de investigación durante los años 1999, 2000 y 2001.
El prof. Pedraz Penalva, Catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Valladolid, Doctor en Derecho por Salaman- ca, ha trabajado en diversas Universidades e Institutos italia- nos (Bolonia –A.Cicu– y Roma), franceses (Paris), alemanes (Max- Planck-Institut de Friburgo, Institut für die gesamten Strafre- chts wissenschaften de Munich). Dirige el Departamento de Derecho Constitucional, Procesal y Eclesiástico del Estado y el Instituto de Informática Forense de la Universidad de Vallado- lid; es miembro de numerosos Consejos de redacción de Revis- tas especializadas (de la Revista Universitaria de Derecho Pro- cesal, Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la Revista JUSTICIA, de la Revista Doctrina y Jurisprudencia), «In- ternational Consultant» en la elaboración de las «Transnatio- nal Rules of Civil Procedure» (The American Law Institute), «Mem- bership» de la «International Association of Procedural Law», del Instituto Universitario de Estudios Europeos, del Instituto Ibe- roamericano de Política Criminal y Derecho Penal Comparado, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, del Instituto Centroamericano de Estudios Penales de la Universidad Politéc- nica de Nicaragua, del Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal, del Instituto de Historia «Simancas», Consultor para la reforma Judicial en El Salvador, «Vocal Ponente» en la Mesa para los estudios de la Ley Orgánica del Poder Judicial (Comi- sión para elaborar la reforma de la LOPJ española). Ha dictado cursos en El Salvador, Chile, Cuba, México, Italia, Alemania, entre otros países.
Ha sido Magistrado, es Abogado y viene participando desde hace años en los Tribunales de selección para la entrada en la magistratura.
Su extenso e intenso currículo evidencia su rechazo de lec- turas localistas de la Justicia y su búsqueda de un sentir y un hacer que trasciende las fronteras de los concretos Estados.
Esta Introducción al Derecho Procesal Penal, trae origen de su Derecho Procesal Penal, Tomo I. Principios del Derecho Pro- cesal Penal, aparecido en Madrid en diciembre del año 2000, aunque con sustanciales modificaciones. Su rigor científico le ha obligado a revisar y a profundizar en algunos extremos (obje- to del proceso penal, dilaciones indebidas, presunción de ino- cencia, etc.) y, muy importante para nosotros, se ha preocupa- do de acotarlo con el Ordenamiento Jurídico nicaragüense y, de este modo, con la Constitución Política, Instrumentos Interna- cionales suscritos y ratificados por Nicaragua (Convención Ame- ricana de Derechos y Deberes del Hombre, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Declaración Universal de los Derechos Humanos y Convención Americana de Derechos Hu- manos), Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley Orgánica del Mi- nisterio Público, Código Penal y nuevo Código Procesal penal.
Adviértase en este trabajo una de sus constantes preocupa- ciones: desentrañar los conceptos e institutos procesales para que a la luz de las exigencias constitucionales la Justicia cum- pla la tarea que le es propia: crear libertad. Huye de literales trasposiciones acríticas de pensamientos de otros decantándose en cada ocasión por lo que estima imprescindible en el papel que ha de jugar la Justicia en el actual Estado social de derecho.
Afirmo que no es un libro fácil de leer o inteligible a primera vista, pero el desmenuzamiento de todo un haz de principios y de derechos presentes en todas las Constituciones vigentes y Declaraciones internacionales (derecho de defensa, derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, derecho a un juez im- parcial, derecho a la motivación de la sentencia, derecho a un juicio público, etc.), le conduce a desechar agregados interesa- damente incorporados durante la evolución de la originaria con- cepción liberal del Estado de derecho, resaltando los puntos que importa mantener y los límites y repercusiones de su vigente
observancia. No es admisible una acrítica recepción de la publi- cidad en su primitiva lectura decimonónica pues ni aquéllos so- mos nosotros ni nuestro país es aquél en el que inicialmente o más o menos evolucionadamente subsiste. Además, y siguiendo con el ejemplo de la publicidad, no es tampoco de recibo ignorar los profundos cambios que los medios telemáticos han provoca- do en nuestras sociedades, en nuestros Ordenamientos, etc. La video conferencia y el uso progresivamente extendido de la trans- misión telemática de imagen y sonido es armonizable con el puro concepto liberal de publicidad que se traducía en una exigencia presencial directa de los ciudadanos para controlar la imparti- ción de la Justicia. Esta muestra indica lo que el lector puede encontrarse: una obra que le permitirá entender el qué, el por qué, el cómo, el para qué. Según nos recordaba el autor en el curso que está impartiendo por invitación de nuestro Instituto Centroamericano de Estudios Penales, el conocimiento nos hará libres. El saber es el sólo modo de por sí mismo ser capaz de entender y hacer entender una ley más allá de su aparente sen- tido. Con toda nitidez el Prof. Pedraz Penalva encaja plenamente en esta visión de lo que debe ser un trabajo científico: ha de enseñar a hacer y a comprender lo que se hace.
Instituto Centroamericano de Estudios Penales Universidad Politécnica Nicaragüense Managua, 23 de octubre de 2002
Creo que la mejor manera de introducir estos Principios de Derecho Procesal Penal es explicando su origen y finalidad. Tras muchos años, más de treinta, de estudiar esta disciplina, cen- trándome en la comprensión y explicación de lo que creo que constituye su trama, no puedo vanagloriarme de haber descu- bierto nada que no haya estado más o menos a la vista o que no haya sido denunciado en uno u otro momento. La Justicia pe- nal, expresión fiel del grado de libertad existente en un país (Goldschmidt), «síntoma del espíritu político-constitucional de un ordenamiento jurídico» o «sismógrafo de la Constitución» (Roxin), es el siempre viejo y siempre nuevo tinglado de la farsa 1 en el que todos quieren actuar, al que acuden para mofarse de él y del que más se ríen cuanto más próximos se sienten a lo que se representa en el tablado, pero sin descuidar, siempre que sea posible y por cualquier vía, inclinarlo, reconducirlo hacia el sen- tido que se afirma general y social de lo que se pregona acepta- do y aceptable.
No me resisto a evocar ahora el restablecimiento del caduco espectáculo del jurado «popular», ejemplo de una trasnochada idea de lo que es la Justicia penal 2 y, peor aún, de la posibilidad de seguir instrumentalizándola, ocultando tras sus bambalinas el fracaso de la representación, política, el verdadero significado
1 Me permito parafrasear a León FELIPE, Antología Rota (Versos y oraciones de caminantes. Nueva York 1929), Buenos Aires, 1965, III. Sabemos: «Sa- bemos que
mil y mil veces en la tierra alzaremos de nuevo nuestro viejo
y de sus Versos y oraciones de caminante, Madrid 1920: «Ro-
mero sólo»: «
no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo, ni el
tablado de la farsa, ni la losa de los templos ...
2 Y cuya inutilidad jurídica ya fue denunciada por HELLWIG, A., Psicologie der Urteilsfindung, Berlin, 1914, p.38 U.
de lo democrático 3 . Sólo podrá contribuir la Justicia al logro de
la libertad individual si se le permite, suprimiendo al máximo
intromisiones bastardas en cuanto interesadas y sesgadas; no
hay ni puede haber una Justicia partidaria; pero tampoco una
Justicia que no esté dotada de los elementos personales y mate-
riales imprescindibles aquí y ahora para desarrollar indepen-
dientemente su tarea: «
las sociedades modernas el coste de
la administración de Justicia es mínimo en el conjunto de los
gastos del Estado. Nadie notaría en el montante de los impues-
tos a pagar si ...
Justicia viniera a suponer diez veces más de
lo que cuesta en el presente; una nueva escuadrilla de aviones
de bombardeo o la construcción de una autopista son más ca-
ras que todos los jueces del mundo, alineados uno tras otro» 4 .
Mas tampoco cabe ignorar que si queremos un juez imparcial,
en cuanto sometido a la ley, habrá que suministrarle la norma
apta que ha de aplicar. Asimismo es evidente que hay que bus-
car un sistema de acceso a la judicatura que lejos de plantea-
mientos memorísticos permita seleccionar a los más aptos des-
de su conocimiento y capacidad de razonamiento jurídicos. Doy
por sentado el rechazo de vías espurias favorecedoras del cor-
porativismo estéril y esterilizante.
Me preocupa que este libro sobre «el viejo tinglado de la far-
sa» pueda ser entendido como otro más de los cientos que pre-
tenden justificarlo, y por no pocos adocenarlo. Mi intención, mi
propósito ha sido y es distinto: aportar un pequeño grano de
arena al tablado que debe integrar pero separar a la Justicia de
aquello otro que, disfrazado de justiciable, de legislador, de eje-
cutivo, pretende destruir, desleír o al menos desvirtuar el re-
ducto de libertad que ha supuesto y puede seguir suponiendo la
3 Así, HABERMAS, J., Faktizität und Geltung (Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats), 3ª Auf., Franfurt a.M., 1993, pp.349 y ss., hay trad.española de la 4ª ed. de Jiménez Redondo, Factici- dad y validez. (Sobre el derecho y el Estado democrático de derechos en términos de teoría del discurso), Madrid, 1998, esp.pp. 363 y sigs.
4 Este texto, que suelo repetir a menudo, pertenece a FRIEDMAN, Lawrence M., «Reclamations, contestations, et litiges et l’Etat-Providence de nos jo- urs», en Accès à la Justice et État-Providence, dir. M. Cappelletti, Paris,
1984, p.261.
Soy sabedor de que estos «Principios» no constituyen una
obra perfecta, y así de sus muchos huecos, de su necesidad de
ahondar en varios extremos y, buscado de propósito, carente de
«garantismos». Pero su superación será fruto de sucesivas lectu-
ras y relecturas, decisivamente apoyadas en el trabajo de todos.
Ya para concluir debo advertir que, aunque sea recomenda-
ble para los estudiantes de licenciatura, este primer tomo no
hace excesivas concesiones a la simplicidad, aún a riesgo de
oscuridad. Respeto y creo que conozco a nuestro alumnado lo
suficiente como para estar seguro de que son capaces de esfor-
zarse y de llegar más allá de lo meramente procedimental. No se
han ahorrado así citas bibliográficas, a veces esclarecedoras y
otras idóneas para sugerir o abrir otras perspectivas, ni juris-
prudenciales de los órganos jurisdiccionales de consulta obliga-
da para un cultivador o mero aplicador del Derecho Procesal
Penal; aludo a la doctrina sentada por el TEDH, TJCE, TC y TS,
sin menospreciar las frecuentemente interesantes sentencias de
nuestras Audiencias Provinciales. Tampoco se han eludido las
normativas precisas, acogiendo por tanto también los Tratados
internacionales que, una vez firmados y ratificados por España,
son de obligatoria observancia por imperativo constitucional.
Tordesillas a 29 de agosto de 2000
PREÁMBULO A LA EDICIÓN NICARAGÜENSE
Tras dos años de su andadura he sido invitado a publicar
esta obra en Nicaragua que, a mi juicio, sigue estando de actua-
lidad. Tal vez por versar sobre la teoría general, o porque sigo
pensando en esencia lo mismo, me limito casi a reproducir la
edición española de 2000 con modificaciones de diversos tipos:
simples erratas, agregados que a mi juicio pueden brindar ma-
yor claridad en algunas cuestiones, supresión en el texto –con
su pase a nota– de las citas de artículos y sentencias con vistas
a su más facil lectura, y, nuclearmente, incorporación del Orde-
namiento nicaragüense y así de la Constitución (Cn), Ley Orgá-
nica del Poder Judicial (LOPJn), Código Procesal penal (CPPn),
Código Penal (CPn), etc.
Precisamente la publicación en La Gaceta de 21 de diciem-
bre de 2001 de la Ley No 406, aprobatoria del Código Procesal
Penal de la República de Nicaragua, parece un buen momento
para reflexionar sobre los principios e institutos básicos de la
Justicia Criminal con miras a una mejor aprehensión y, ¡ojalá!,
aplicación de la nueva normativa. Tal posibilidad surge de la
ubicación de este País en la tradición jurídica continental y por
ende en un sistema jurídico común que, desde la supremacía de
la ley escrita, viene elaborando a veces trabajosamente solucio-
nes dirigidas a sociedades similares.
No es este ni el momento ni el lugar para emitir juicios acer-
ca del nuevo CPPn, pero sí para advertir que nada de lo que
aquí digo es, ni debe ser, ajeno a los juristas centroamericanos,
caso contrario estaríamos ante una legislación extraña, huérfa-
na de los esenciales conceptos, terminología, institutos, etc.,
que vienen acuñándose y observándose desde hace ya siglos.
Si quiero ser honesto he de expresar mi gratitud a los profe-
sores Nicolás Cabezudo, Julio Pérez, Mar Jimeno, Carmen Blasco
y María Luisa Escalada por su decisiva ayuda en la elaboración
Managua, a 26 de octubre de 2002
Mantengo la denominación clásica de Derecho Procesal Pe-
nal con la finalidad única de no provocar un desconcierto más
formal que sustancial, aprovechable por aquéllos que, solapada
o explícitamente, buscan romper la autonomía de nuestra asig-
natura, conscientes de la precariedad del objeto de su estudio,
siempre subordinado al decir procesal que, al ser actuado, co-
bra vida. Por el mismo motivo recurro a la terminología concep-
tual que, históricamente acuñada, viene siendo aceptada por la
literatura científica más relevante; con tal ánimo apunto mi te-
mor a que amenazadoras reformas de nuestra vieja Ley de En-
juiciamiento Criminal importen o sencillamente innoven, como
se ha hecho con la Ley de Enjuiciamiento Civil, nociones o voca-
blos extraños a nuestra historia. Todavía resuenan las palabra
de Calamandrei que, al analizar el proyecto de código procesal
civil elaborado por Carnelutti, manifestó ya en 1928 que «Un
canon de buena política legislativa aconseja, especialmente en
materia procesal, contener las reformas dentro de los límites de
la utilidad práctica y no hacer las innovaciones demasiado fati-
gosas a quien debe adaptarse a ellas, con innecesarios cambios
terminología 5 . Agregaría a lo dicho por el maestro florenti-
no que cualquier trasposición jurídica culturalmente ajena no
será más que un cuerpo extraño de difícil aprovechamiento y
por tanto de dudoso éxito, en especial si su incorporación a
nuestro Ordenamiento Jurídico no responde a una meditada
evaluación de la experiencia habida en su país de origen.
5 CALAMANDREI, P., «El concepto de «litis» en el pensamiento de F.Carnelutti», en Estudios sobre el proceso civil, trad.Sentís melendo, Buenos Aires, 1945, p.286. El trabajo originario se publicó en la Riv.di dir.proc.civile, 1928, I, pp.3 a 22 y 89 a 98.
II. 2. EL DERECHO PROCESAL COMO DERECHO DE LA JUSTICIA
La rúbrica Derecho Procesal 6 alude en verdad al Derecho de
la Justicia 7 , es decir, al rogado desarrollo procesal de la jurisdic-
ción. No empleo pues el término Justicia en sus acepciones de
valor Justicia o de sentido de la Justicia 8 9 . El Derecho de la
6 Sustituida por algunos autores por las de Derecho Jurisdiccional, Dere- cho Judicial, etc.
7 De interés es la obra de BERTOLINO, P.J., El funcionamiento del Derecho procesal penal, Buenos Aires, 1985, esp.pp.93 y ss
8 Evidentemente otra cosa es el valor justicia y el sentido de la justicia, tal y como viene siendo tratado básicamente por los cultivadores de la Filosofía del Derecho. Entre otros pueden verse tales significados además de en los autores citados en mi trabajo «Obxecto do proceso e obxecto litixioso», en Congreso de Derecho Procesual de Galicia: A reforma da Xustiza Civil, A Coruña, novembro 1999, nota 23 en la pág.311., en HART, Law, Liberty and Morality, Oxford, 1963, DEL VECCHIO, G., La Justicia, trad. Rodri- guez-Camuñas y César Sancho, prólogo de Q.Saldaña, Madrid, 1925., en ROSS, Alf, Teoría de las fuentes del Derecho. (Una contribución a la teoría del derecho positivo sobre la base de investigaciones histórico- dogmáticas),trad.esp. Madrid, 1999, y del mismo Sobre el Derecho y la Justicia, 1977, etc., etc.
9 Según ya planteé en mi trabajo «Sobre la crisis de la Justicia» (en Constitu- ción, Jurisdicción y proceso, Madrid, 1990, pp.260 y ss), ni muchísimo menos estimo que sea admisible el equívoco y engañoso uso de la expre- sión «servicio de la Justicia», como si se tratara de uno de los adscritos a instituciones, administraciones , etc. Pensemos en el servicio de limpieza y recogida de residuos, de autobuses, etc. No es indiferente el que mues- tre mi rotunda oposición a ello habida cuenta de su generalizado empleo que ha llegado, incluso, al propio órgano de gobierno judicial (CGPJ), que en el Libro Blanco de la Justicia, Madrid, CGPJ, 1997, alude pertinazmen- te, entre otras en pp.24, 25, 27, a la «necesidad de mejorar la calidad del servicio público de la justicia», de la «prestación de ese servicio», etc. y en buena lógica de «usuarios de la justicia» (p.21). Con SAINZ DE ROBLES («A vueltas con el servicio público. La Administración de Justicia no lo es», Bol.Tapia, nº 96, oct-nov. 1997, pp.3 a 7 ) y más recientemente con DE HOYOS SANCHO, M., «Nuevo diseño de la secretaría judicial y agilización de la Justicia», Rev.del Poder Judicial, 1998, nº 50, esp.pp.18 y ss, inten- taré de nuevo, con la brevedad que una nota requiere, poner de manifiesto que al igual que sucede en otros temas no es ni más progresista, ni más «democrático», ni más nada (aún aceptando la posibilidad de graduar «pro- gresismo» «democracia», etc.) defender rúbricas o caducas instituciones sin parar mientes en su vaciedad y en el peligro intrínseco de manipula-
Justicia versa así sobre el espacio jurisdiccional, constitucional-
mente establecido, reservado exclusiva y excluyentemente a unos
órganos predeterminados e independientes, encargados de desa-
rrollar su actividad imparcial y rogadamente a través del proceso .
ción social que comportan. El concepto de lo que es servicio público ha
sido trabajado por los administrativistas, quienes, como resalta DE HO-
YOS, lo caracterizan en sentido estricto, por tratarse de una actividad
administrativa de prestación; por venir asumida por la Administración
quien puede otorgar concesiones o autorizaciones reglamentadas; por ser
una actividad que se presta en régimen de Derecho Público, con lo que se
tutela sigularmente su prestación con inmunidades y prerrogativas; por
resultar una actividad indispensable para la vida de la sociedad en un
determinado momento y lugar, lo que justifica su asunción por el Estado;
que debe prestarse de forma regular y continua; y, finalmente, que se
presta al público, es decir se trata de actividades dirigidas a la utilidad
general. En contraposición a estas notas, resaltaría: que la Justicia inte-
gra el Estado, que es un Poder del Estado –nunca de una Comunidad
Autónoma o de un Ayuntamiento (reléanse los arts.117 y sigs de la CE
como también el 149.5ª, etc.)–; que su desempeño de modo exclusivo y
excluyente compete a los Jueces y magistrados, o si se quiere, al Juez
ordinario predeterminado por la Ley (arts.117.1 y 24.2 CE) con lo que no
cabe otorgar concesión o autorización del «servicio justicia» a nadie; su
implantación es ajena a la necesidad o conveniencia en un determinado
momento y lugar; no sólo no dimana ni depende de la Administración sino
que por el contrario la Justicia tiene como definitoria tarea la de controlar
a la Administración (art.106 CE); en relación con el punto anterior, no es
constitucionalmente aceptable que en un momento concreto el Estado cie-
rre los Juzgados y Tribunales porque piense que no son rentables, efica-
ces, y busque soluciones alternativas –aunque nuestra riquísima Historia
ofreció ejemplos como el del cierre de Universidades y la apertura de es-
cuelas de tauromaquia–, entre otras razones por cuanto los «justiciables»
que no «usuarios» ostentamos un derecho fundamental al desarrollo pro-
cesal de la jurisdicción únicamente posible por medio de esos Juzgados y
Tribunales; el «usuario» de un servicio público no siempre está obligado a
su utilización ya que en ocasiones o cabe recurrir a otro servidor o abste-
nerse de él, no creo que se pueda optar por imponer una pena a través del
proceso o mediante otra vía o persona, etc., ni tampoco es factible, jurídi-
camente, disolver un matrimonio o lograr la declaración de paternidad o
maternidad por cualesquiera otro sistema, procedimiento, sujeto, etc. «Ad
infinitum» podría seguir arguyendo, pero temo que la tendencia a coger el
rábano por las hojas sigue propiciando el empleo de fórmulas o la susbsis-
tencia de instituciones beneficiosas para ocultar el verdadero significado,
ámbito y exigencias que la Justicia comporta. Yo me preguntaría, para
terminar, si el «servicio legislativo» (Parlamento) y el «servicio ejecutivo»
(Ejecutivo), respectivamente, van a promulgar las normas orgánicas y fun-
cionales precisas para adecuar la Justicia a la realidad vigente, y si van a
dotarla presupuestariamente distrayendo fondos de otros ....
pro de la Justicia.
La Primera Norma nicaragüense determina el contenido bá-
sico de tal espacio competencial descrito así en su art.159 II:
“Las facultades jurisdiccionales de juzgar y hacer ejecutar lo
juzgado corresponden exclusivamente al Poder Judicial
”; tam-
bién la CE reza en su art. 117: “la potestad jurisdiccional, en
todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado,
corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales ” ...
desde su único sometimiento al imperio de la ley (arts.117.1 CE
y 165 Cn). La propia Norma Fundamental legitima la rúbrica
“Derecho de la Justicia” al proclamar el núm.1 del 117 CE “la
Justicia (que) emana del pueblo
se administra en nombre del
Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial ” ...
(semejante al art. 158 Cn: “La justicia emana del Pueblo y será
impartida en su nombre y delegación por el Poder Judicial, inte-
grado por los Tribunales de Justicia que establezca la ley”).
Se rescata de este modo el tradicional e inicialmente volun-
tarioso 11 significado de la Justicia como tarea propia del Estado
–al que simultáneamente contribuye a configurar–, aunque mo-
dulado por su entronque liberal en la soberanía popular, ya
presente en las antiguas normas españolas como el Fuero Viejo
de Castilla 12 , el Espéculo 13 , el Fuero real, etc., y, sobre todo, en
las Partidas 14 .
10 integrado desde el juego de la serie de preceptos constitucionales que sus- tancialmente lo colman: entre otros, los arts.9.2, 17, 18, 20.5, 24, 25, 53.2, 106 CE
11 El monopolio jurisdiccional real fue más un deseo que una realidad sólo progresivamente casi logrado en el Absolutismo (según expongo en varios trabajos, entre otros en el titulado, «Sobre el «poder» judicial y la Ley Orgá- nica del Poder Judicial», en Constitución, Jurisdicción y Proceso, Madrid, Akal, 1990, pp. 141 a 203. Encaja su Justicia en lo que en general ha sido resaltado por MARAVALL como expresión del Absolutismo: la carencia de instancias organizativas limitadoras y el constante esfuerzo del concen- trado poder real para suprimirlas (MARAVALL,J.A., «El tema de las Cortes en Quevedo», en Estudios del pensamiento español. Siglo XVII, Madrid, 1975, p.354).
12 “De cónmo pertenesçe al rrey justiçia e moneda e fonsadera é sus yanta- res. Estas quatro cosas son naturales al sennorío del rrey, que non las deve dar a ningún omne, nin las partir de sý, ca pertenesçen a él por rrazon del sennorío natural: justiçia, moneda e fonsadera e sus yantares” (Fuero Viejo de Castilla, Lib.I, tit.I, Ley primera). Manejo la edición del códice del Fuero Viejo realizada a partir del manuscrito 2205 de la Biblio-
II.3. Articulación del Derecho de la Justicia. Jurisdicción, Acción y Proceso
Frente a la indiferenciación propia del Régimen Absolutis-
ta 15 , la Justicia en el Estado de derecho, como ámbito estatal 16 ,
comporta objetivamente un determinado espacio constitucional,
teca de la Universidad de Salamanca, transcripción de A., Barrios Garcia
y G.del Ser Quijano, con una Introducción (Consideraciones sobre la his-
toria del Derecho de Castilla (c.800-1356)) de B.González Alonso, editada
por la Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León,
13 Iterado en diversos contextos en cuerpos legales posteriores como el Espé- culo. Así por ejemplo en el Espéculo, lib.IV, Tít.I De la iustiçia cómmo sse deue ffazer en cada logar. «
porque iustiçia es cosa que da a cada vno
ssu derecho, tenemos que deue sseer muy guardada e muy tenuda ssena-
ladamente de los rreys; ca a ellos dada más que a otros omes ellos la
deuen más amar effazer. Pero que los rreys non pueden sseer en ssus
castiellos en cada lugar para ffazer esta iustitiçia, conuiene que ponga ý
otro de ssu mano que lo ffaga, assí commo alcalles o iuezes o otros de qual
manera quier que ssean e a qui es dado poder de iudgar. Otrossí merinos
e alguaziles o otras iustiçias de qual guisa quier que ssean, que an a conprir
lo que ellos iudgaren.E porque la iustiçia non sse puede ffazer conplida-
miente a menos de sseer iudgada, nos queremos primeramiente mostrar
de aquéllos que an de iudgar e de conprir, e dessí de las otras cosas que
pertenesçen al iuyzio ssin que no puede sseer nada conplidamiente assi
como deue». Utilizo la edición de Gonzalo Martínez Díez, publicada en el
T.I de las Leyes de Alfonso X, Fundación Sanchez Albornoz, Avila, 1985
14 En las que se proclama: “
es gobernar e fazer justicia e derecho”
(Partida II, I, VI), “E tiene el Rey lugar de Dios, para fazer Justicia, e Dere-
cho, en el Reyno en que es Señor” (Partida II, I, VII), “Señorio es, poder que
ome ha en su cosa de fazer en della, e en ella lo que quisiere según Dios, e
segund fuero. E son tres maneras de Señorio. La vna es poder esmerado
que han los Emperadores, e los Reyes, en escarmentar los malfechores, e
en dar su derecho a cada vno en su tierra
(Partida III, XXVIII, I). La
propia Partida III: que fabla, e como se ha de fazer ordenadamente en cada
logar, por palabra de juyzio, e por obra de fecho, para desembargar los
pleytos». En consecuencia se indica: «
en esta tercera Partida
dezir de la Justicia, que se deue fazer ordenadamente por seso, e por
sabiduria, en demandando, e defendiendo cada vno en juyzio, lo que cree,
que sea de su derecho, ante los grandes Señores sobredichos, o los Oficia-
les que han de judgar por ellos
15 Con anterioridad al liberalismo, en el Viejo Régimen (absolutista), el rey ostentaba todos los poderes, distinguiéndose a lo sumo funcionalmente
justicia y administración. El mismo órgano ostentaba y ejercía atribucio-
a favor exclusivamente 17 de unos órganos específicos, predeter-
minados e independientes que son los juzgados y tribunales.
Reiteraré que ese contenido básico de la Justicia, formal-
mente escrito en los mencionados preceptos tiene un sustancial
contenido según se prescribe en numerosos preceptos 18 19 . Avan-
zaré que el art.9.2 CE, tras proclamar en su núm.1 la sujeción
de todos los poderes públicos «
la Constitución y al resto del
Ordenamiento Jurídico» (afirmación contenida asimismo en el
art 129 Cn y 8 LOPJn), encomienda, singularmente 20 , a los ór-
ganos jurisdiccionales su peculiar tarea como terminales de la
nes hoy inteligibles como jurisdiccionales, tributarias, de policía, etc, pien-
sese en el Corregidor, el Alcalde, etc. (así SANTAYANA, Lorenzo de, Los
Magistrados y Tribunales de España, Zaragoza, 1751., GUARDIOLA Y SAEZ,
Lorenzo, El corregidor perfecto, y Juez , Madrid, MDCCLXXXV, ORTIZ DE
ZUÑIGA/HERRERA, Deberes y atribuciones de los Correjidores, Justicias y
Ayuntamientos de España, 4 Tomos, Madrid, 1832, acerca de los Alcaldes
de Barrio puede verse, p.ej., la Instrucción de 21.10.1768 en cumplimien-
to de la Real Cédula de 19.9.1768, también Real Cédula de 13.8.1769,que
instaura Alcaldes de cuartel y de barrio etc.). Sobre ello más ampliamente
PEDRAZ PENALVA, E., «Sobre el «poder » judicial y
cit., passim. Es a mi
juicio interesante para conocer la Justicia durante la época a la que se
refiere la obra de DE LAS HERAS SANTOS, Jose Luis, La Justicia penal de
los Austrias en la corona de Castilla, ediciones Universidad de Salamanca,
1ª reimpresión, 1994.
16 arts.129, 158 y 159 Cn
17 arts.117.3 CE, 158 y 159 II Cn, 2 LOPJE y 33,6,8 y 2 y 11 LOPJn
18 Así arts. 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30.2, 33, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 102, 103, 106, 117 y ss. de la Primera Ley española, en relación con el 1 a 10, etc. de la LOPJe
19 como p.ej.,en los arts. 5, 25, 27, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 51, 67, 72, 159, 160, 164, 167, etc. De la Primera Ley de Nicaragua en relación con los arts.3, 12, 18, etc LOPJn
20 Digo singularmente dado que nuestra Constitución –al igual que el GG, según resalta BÖCKENFÖRDE, E-W, Grunrechtstheorie und Grundrechts- interpretation, en NJW, 1974, pp.1529 y ss.,–, al convertir al Estado de derecho en un Estado social asigna a todos los poderes y autoridades la responsabilidad de lograr y garantizar los presupuestos sociales que sean menester para que las libertas básicas sean jurídica y fácticamente posible.
publicidad, de realizar la verdad de la Primera Norma 21 22 en
especial dada la conexión de ese 9.2 CE (o 129 Cn) con el art.53.2
CE (o con los arts. 45 y 160 Cn y 4 LOPJn) y el significado y
valor de los derechos fundamentales 23 .
Creo ya indispensable, a efectos analíticos, diseccionar el
complejo entramado de la Justicia.
21 En uno de los últimos trabajos de BÖCKENFÖRDE (Escritos sobre dere-
chos fundamentales, Baden-Baden, 1993, esp.pp.137 a 138) se describen
con claridad las importantes repercusiones derivadas del concepto que de
Constitución se adopte:
Si por tal se entiende el ordenamiento marco que organiza la relación Es-
tado-ciudadano, los derechos fundamentales serán derechos públicos sub-
jetivos de libertad, cuya principal finalidad será por tanto la defensa del
individuo frente a la actuación estatal, estándole así vedada al TC, ab
initio, la determinación de las posiciones jurídicas singulares en pro del
legislador parlamentario.
Si se comprende sin embargo como el orden jurídico fundamental de la
comunidad en su conjunto, los derechos fundamentales aparecen como
normas objetivas de principio (objektive Grundsatznormen ) que actúan en
todos los ámbitos del Derecho, produciéndose de esta manera el conocido
Ausstrahlungswirkung o efecto irradiación sobre el legislativo, ejecutivo y
Entendidos los derechos de este rango como principios supremos del orde-
namiento jurídico en su totalidad (cfr.ALEXY, R., Teoría de los derechos
fundamentales, Madrid, 1993 y, del mismo, «Grundrechte als subjetive
Rechte und als objetive Normen», Der Staat, 1990, nº 1, pp.49 y ss) tal
afirmación conlleva una vigencia de los mismos vertical o frente a los pode-
res públicos actuantes y horizontal al mismo tiempo, pues informaría tam-
bién las relaciones recíprocas entre los particulares ( Drittwirkung). En con-
clusión, no sólo se formulan como normas de defensa de la libertad, sino
que a la vez integran mandatos de actuación y deberes de protección para
el Estado en todos sus ámbitos. Dicho de otra forma, los derechos funda-
mentales comportan del Estado no un mero deber de abstención, sino tam-
bién, positivamente, una actuación de éste que haga efectiva su tutela y
promoción (desde el momento en que el individuo es titular de una serie de
posiciones adscritas a una disposición iusfundamental, el Estado tiene la
obligación de respetarlas y hacerlas efectivas. Al tratarse de relaciones ju-
rídicas obligacionales, el ciudadano está facultado para exigir acciones del
Estado positivas o negativas, es decir, a los derechos del ciudadano le co-
rresponden deberes del Estado -ALEXY, Teoría de
también DÜRIG,
en MAUNZ/DÜRIG/HERZOG/SCHOLZ, Grundgesetz , 1978, nº marg.2,
art.19 IV GG). Recordaré una vez más el contenido del art.9.2 CE.
Estos mismos planteamientos, en conexión con la garantía del contenido
esencial de los derechos básicos (HÄBERLE, P, Die Wesensgehaltgarantie
Con miras a su omnímoda aprehensión, la Justicia viene
siendo estereotipada en los pilares o conceptos que la configu-
ran e identifican: jurisdicción, acción y proceso. Sigo de este
des Art.19 Abs.2 GG. Zugleich ein Beitrag zum institutionellen Verständnis
der Grundrechte und zur Lehre vom Gesetzesvorbehalt, 3ª Aufl., Heidel-
berg, 1983., SCHEIDER, L., Der Schutz des Wesensgehalts von Grundre-
chten nach Art.19 Abs.2 GG, Berlin, 1983, nos llevan a reiterar la exigida
observancia del principio de proporcionalidad en cualquier actuación de
los poderes públicos que suponga de forma directa o indirecta, fáctica o
normativa, una limitación o restricción de los mismos.
Volviendo al denominado efecto irradiación, resaltaré que no será sencillo,
sobre todo para el judicial, determinar el alcance exacto y la intensidad de
la repercusión del derecho fundamental sobre su actuación. Es evidente
que será fiscalizable por el TC el desarrollo que el legislador ordinario haga
del derecho fundamental –y en cualquier caso su limitación– cuando fue-
ren perceptibles errores interpretativos que descansen sobre una aprecia-
ción básicamente incorrecta del sentido del derecho, especialmente en la
extensión de su ámbito de tutela. Por último, como pretensión de actua-
ción de los poderes públicos, es de vital importancia que la exigible activi-
dad del legislador en defensa de los derechos fundamentales pueda ser
controlada a través del recurso de amparo contra leyes y que, por otra
parte, el propio juez ordinario pueda recurrir a la cuestión de inconstitu-
22 Este y no otro sentido hay que dar a la frase de Doehring de que los dere- chos fundamentales integran el concepto de Estado de derecho en la medi- da en que contengan garantías procesales y formales de la libertad, DO- EHRING, K., «Estado social, Estado de derecho y orden democrático», en El Estado social, con ABENDROTH y FORSTHOFF, Madrid, 1986, esp.p. 128.
23 Entre otros aspectos, habida cuenta de su posición preferente («preferred position») –sobre ello vid. WOLFE, Ch., The rise of modern judicial review (from constitutional interpretation to judgemade law) , New York, 1986, pp.248 y ss.–, o según dice nuestro TC, por ser derechos de «mayor valor» (SSTC66/
1985 de 23 de mayo, 115/1987 de 7 de julio); al gozar de protección
reforzada, correspondiendo a los jueces y magistrados su garantía (SSTC2/
1987 de 21 de enero, 144/1987, 148/1988, etc.); han de ser interpreta-
dos en el sentido más favorable a su ejercicio (STC.136/1999); por ser
únicamente admisible su desconocimiento si legalmente es permitido, con
respeto en todo caso de su contenido esencial, reserva de ley que desem-
peña una doble función: asegurar que no se vean afectados por ninguna
injerencia estatal no autorizada parlamentariamente, de un lado, y, de
otro, que en un ordenamiento jurídico como el nuestro en el que los jueces
se hallan únicamente sometidos al imperio de la ley y no existe en puridad
la vinculación al precedente, constituye en definitiva el único modo efecti-
vo de garantizar las exigencias de seguridad jurídica en el ámbito de los
derechos fundamentales y libertades públicas (STC49/1999 FJ4); dado
que las excepciones a su vigencia han de ser interpretadas restrictiva-
modo la orientación mayoritaria que desde Calamandrei 24 evi-
dencia la necesidad de partir de dichas nociones básicas si se
quiere estudiar con provecho la normativa procesal. Mas para
mí los tres institutos no constituyen mero punto de partida sino
tres insoslayables componentes de equivalente importancia.
Disiento con ello tanto de los que hablan de “trípode desvencija-
do” como de los que exigen su consideración rígida y jerárquica-
mente ordenada 25 .
mente (SSTC176/1988), y, en todo caso proporcionadas (SSTC62/1982)
(sobre la proporcionalidad vid. el apartado a ella consagrado en este libro);
son directamente exigibles sin precisar desarrollo legislativo (STC 81/1982,
39/1983); por gozar de los caracteres de imprescriptibilidad, permanen-
cia e irrenunciabilidad (SSTC.5/1981, 7/1983, 58/1984), etc.
24 CALAMANDREI, Piero, Istituzioni di diritto processuale civile secondo il nuovo codice, I, Padova, 1943, p.21.
25 La pesimista valoración de la incertidumbre doctrinal acerca de esa trilo- gía estructural (así PODETTI, R., «Trilogía estructural de la ciencia del proceso civl», RevDer.Proc.Argentina, 1944, núm.1, pp.113 y ss.,del mis- mo Teoría y técnica del proceso civil y trilogía estructural de la ciencia del proceso civil , Buenos Aires, 1963) pretende llamativamente explicarse desde la resultante imprecisión que los rodea, concretable para ALCALA-ZAMO- RA, N., Proceso, autocomposición y autodefensa (Contribución al estudio de los fines del proceso), 2ª ed., México, UNAM, 1970, esp. pp.103 y ss., en que del proceso sabemos donde está pero no lo que es (si es una rela- ción o una situación jurídica, etcétera); de la jurisdicción conocemos lo que es, pero no dónde está (si en el derecho procesal o en el constitucional) y de la acción ignoramos lo que es (pugna entre las teorías abstractas y las concretas) y dónde está (si en el campo del derecho material o en el del derecho procesal). Numerosos trabajos confirman el desacuerdo vigente en la literatura es- pecializada en la que ha llegado a mantenerse que la ciencia procesal ha de fundarse sobre el concepto de potestad jurisdiccional abandonando el estudio de la acción y de la relación procesal (Vid. ALLORIO, E., «Reflexio- nes sobre el desenvolvimiento de la ciencia procesal», en Problemas de Derecho Procesal, trad. Sentís melendo, I, B. Aires, 1963, p.118); que el concepto principal de nuestra rama jurídica es el de poder judicial o juris- dicción (así MONTERO AROCA, J., Derecho Jurisdiccional, con otros auto- res, 10ª ed., T.I. Parte General, Valencia, 2000, esp.pp.23 y ss.) ostentan- do un carácter subordinado o instrumental el del proceso; que el preva- lente es el de acción absorbiendo todo el entramado judicial (entre otros LOZANO-HIGUERO, M., Introducción al derecho procesal, Madrid, 1990, esp. pp.135 y ss.) e incluso que “el debido proceso” aglutina también el derecho a la tutela judicial efectiva (ESPARZA LEIBAR, J., El principio del proceso debido, Barcelona, 1995, esp. p.243).
No es de recibo prescindir de ninguno de los tres conceptos ni
afirmar su distinto peso o valor si se quiere entender lo que es y
representa hoy el Derecho Procesal o Derecho de la Justicia. Tam-
poco es factible desdeñar las dos vertientes –constitucional y pro-
cesal– que contribuyen simultánea, conjunta e imprescindible-
mente a dar sentido, realidad y valor a todo el articulado Justi-
cia; dicho de otro modo, su analítico discernimiento precisa y
exige su interaccional comprensión tanto en y desde el momento
constitucional o estático como en y desde el procesal o dinámico.
No hay jurisdicción sin acción y sin proceso. Situándome en
el parámetro constitucional, la jurisdicción es inteligible como
potestad, es decir, como aquella competencia 26 constitucional-
mente establecida; como el ámbito de acción del Poder –estatal–
constitucionalmente definido, reservado en exclusiva a unos
órganos predeterminados e independientes. Su naturaleza de
medio de constitucionalización social, de garantía del principio
de legalidad 27 , de realización y tutela de los derechos huma-
nos 28 y de supresión de los obstáculos a la igualdad y efectiva
participación ciudadana 29 , a través de su rogado desarrollo pro-
cesal 30 , configura, determina y constituye la Jurisdicción.
En y desde su papel de medio y vía de constitucionaliza-
ción 31 con origen, legitimidad y límites en la Primera Ley 32 33 es
26 Con mayor amplitud desarrollo este extremo en mi trabajo, «De la jurisdic- ción como competencia a la Jurisdicción como órgano», en RAP, 1976,, enero-abril, núm.79, pp.145 y ss, también en mi libro Constitución, Juris- dicción y Proceso, Madrid, 1990, pp.43 y ss.
27 arts.1, 9.3, 117.1, 3 y 4, 163 CE, 35 LOTC y 5.1 LOPJe
28 arts.9.2 y 53.2 CE, 41 y 43 LOTC y 7 LOPJe
29 por todos art.9.2 CE
30 arts.24.2 y 117.3 CE
31 No hay que olvidar, según he dicho, que el juez es terminal de la publicidad. Cumple desde lo público su misión de llevar al caso concreto el mandato general, abstracto -la ley-, permitiendo así la conformación social legal, y de este modo y al mismo tiempo retroalimentando la ley, la aplica socialmente verificada, con lo que permite legitimarla y legitimar al legislativo.
32 arg.arts.117 y concordantes CE
33 No se olvide que la Jurisdicción no es ni puede ser un poder socialmente existente y, según reza el art. 6 de la «Déclaration des droits et des devoirs
comprensible que necesite para su puesta en marcha de previa
excitación o requerimiento (art.24.1 CE); es decir, de la procesal
deducción de una solicitud de tutela. Los jueces y magistrados,
en cuanto tales titulares de la potestad jurisdiccional, precisan
ineludiblemente, para actuar la capacidad potencial ínsita en
tal potestad, de una petición de tutela jurídica que delimite ob-
jetiva y subjetivamente el supuesto concreto en el que han de
realizar su jurisdicción 34 .
de l’homme et du citoyen» (Constitution du 5 fructidor an III –22 de agosto
de 1795–): «La loi es la volonté générale, exprimée par la majorité ou des
citoyens ou de leurs représentants». El juez como tal ha de llevar al caso
concreto el mandato de la ley, es decir, la voluntad general o voluntad
mayoritaria de los ciudadanos, con lo que ni puede ni debe el juez repre-
sentar a ningún poder social concreto, hasta el punto de que cabría decir
que el juez representa a todos (en cuanto la ley es fruto de todos) luego no
representa a nadie en particular, por lo que no sería aceptable aludir a su
legitimidad social sino a su encaje y entronque legal, o, dicho de otro modo,
a la legalidad como arranque, razón de ser, límite y conformador del juez.
De aquí que a diferencia del legislativo y del ejecutivo su legitimidad se
transmuta en la legalidad que le crea y regula. Precisamente la indepen-
dencia judicial, en el sentido negativo que la caracteriza, constituye la
frontera que protege a la Justicia contra las interferencias de los otros
órganos o poderes constitucional o extraconstitucionalmente existentes.
Pero en ese espacio que con carácter exclusivo se reserva al juez para que
actúe independientemente, se impone que lo haga con imparcialidad, es
decir, que únicamente actúe en y desde la ley, o sea, aplicando la voluntad
general publicitada como norma a través del procedimiento democrática-
mente establecido (y su resultado es la ley). Todo ello implica su aleja-
miento del criterio social particular, tanto local como cronológico en la
decisión de las causas que se le sometan. Carece de sentido, pues, hablar
de la representatividad social del juez, porque como tal no puede ni debe
representar a ningun grupo, fuerza o poder social concreto, sino que ha de
representar a todos y realizar el mandato de todos: la ley. Vid. acerca de
ello, además de mis obras ya citadas, PEDRAZ PENALVA, E., «De la Juris-
dicción en la teoría de la división de poderes de Montesquieu»,
Rev.der.proc.Iber., IV, oct.-dic 1976, pp.905 y ss., «Sobre el «poder» judi-
cial y la Ley Orgánica del Poder Judicial», ambos también en Constitución,
Jurisdicción y Proceso, cit., respectivamente, pp.9 y ss., y esp.pp.183 y
ss., ver «Sobre la participación popular en la Justicia penal», en Rev.canaria
de Ciencias penales, num.4, dic.1999, pp.19 a 97.
34 Aún a riesgo de simplificar podría decirse que el juez actúa la norma en el caso concreto, sin que pueda llevar a cabo cualesquiera otra actividad, y menos general, que supondría entrometerse en el espacio constitucional de otros poderes, lo mismo que el resto de los poderes tampoco han de interferir en la potestad jurisdiccional con lo que atentarían contra la in- dependencia de que ésta goza.
Item más, la actividad desplegada por los jueces y magistra-
dos, dentro de los límites constitucionalmente señalados, ha de
verificarse según el debido proceso (art.14 LOPJn) 35 . No cabe
hablar de decisión jurisdiccional fuera del proceso (art.117.3
CE: « ...en
todo tipo de procesos»); es decir, únicamente es juris-
diccional con todas las consecuencias, valor y efectos, el pro-
nunciamiento recaido en el proceso (art.14 LOPJn). Fuera del
proceso la declaración o la manifestación de voluntad de un
juez no constituye decisión jurisdiccional, por lo que cabría afir-
mar que es inexistente; o sea, carecería de efectos jurídicos de
forma automática, salvo que revistiere apariencia de acto proce-
sal, en cuyo caso habría que pretender su nulidad para conse-
guir que no desplegara consecuencias jurídicas 36 .
La acción como derecho a la tutela judicial está acogida en
los arts. 10 DUDH, 14.1 PIDCP, 8.1 CADH, 6.1 CDHLFCEI, 19
DPEDLF, 6.1 CEDH, XVIII DADDH, 19 DPEDL como también
explícitamente en el art.24.1 CE a cuyo tenor: «Todas las perso-
nas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y
sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión», reafir-
mado en el art.53.2 CE “Cualquier ciudadano podrá recabar la
tutela de las libertades y derechos reconocidos en el art.14 y la
Sección 1ª del cap.II ante los Tribunales ordinarios
caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitu-
cional” 37 , precepto este último en el que se concreta, respecto de
los órganos jurisdiccionales, el mandato general a todos los po-
deres públicos 38 « ...
promover las condiciones para que la li-
35 art.117.3 y 24.2 CE
36 Así VERGE GRAU, J., La nulidad de actuaciones , Barcelona, 1987, esp.pp.45 y ss., cfr. MARTIN DE LA LEONA, JMª., La nulidad de actuacio- nes en el proceso civil, Madrid, 1991, esp. pp.123 y ss., y HERNANDEZ GALILEA, J., La nueva regulación de la nulidad procesal (El sistema de ineficacia de la LOPJ) , Oviedo, 1995, esp. pp.147-8. De imprescindible manejo es siempre NIESE, W., Doppelfunktionelle Prozeßhandlungen. Ein Beitrag zur allgemeinen Prozeßrechtslehre, Göttingen, 1950, passim.
37 En semejante sentido el art. 45 Cn
38 Art.9.2 CE
bertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se
integre sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impi-
dan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y so-
cial» 39 .
Cabe por ende entender la acción como derecho fundamen-
tal a la tutela judicial efectiva o, expresado de otro modo, como
el derecho a lograr procesalmente una decisión jurisdiccional
con arreglo a la ley 40 , tuteladora de los derechos e intereses legí-
timos, objetivo imposible si no es procesalmente ejercitada 41 y si
no se acredita la juridicidad o relevancia del interés deducido.
El deber de actuar jurisdiccionalmente surge por y para satisfa-
cer un afirmado derecho o interés legítimo hecho valer según el
debido proceso; caso contrario será inane, reducible al plano de
las intenciones: el deseo de ver amparado un interés.
La jurisdicción es sólo actuable a petición de alguien y siem-
pre con sometimiento a las exigencias que conforman el proce-
so. La razón de ser de la investidura jurisdiccional de los juzga-
dos y tribunales es la de proteger y tutelar los derechos y liber-
tades fundamentales 42 , contribuyendo a eliminar los obstáculos
impeditivos de la igualdad y participación política, social y eco-
nómica de los ciudadanos 43 y, a través de su intervención en las
materias y causas previstas en la ley, otorgar la tutela jurídi-
ca 44 , es decir, resolver las cuestiones formuladas, juzgando y
haciendo ejecutar lo juzgado 45 . Dos consecuencias fundamen-
tales derivan de lo dicho:
39 Dentro de su general formulación estimo similar el texto del art.160 Cn: “
y tutela los derechos humanos mediante la aplicación de la ley
en los asuntos o procesos de su competencia”, derechos humanos que son
los recogidos en el Tit.IV, arts.23 y ss.
40 Arts. 9.3, 24.1, 117.1 y 3 CE. Vid. infra la motivación en el apartado con- sagrado al debido proceso.
41 argumento: arts.24.2 CE y 14 LOPJn
42 singularmente arts.1, 9.2 y 3, 53.2 y 117 CE y arts.1,4, 8, etc. de la LOPJn
43 art.9.2 CE
44 art.24 CE
45 arts.117 CE y 2 LOPJe y arts.159 II y 160 Cn y 3 y 11 LOPJn
— Primera, que la jurisdicción precisa y requiere para su
puesta en marcha que se afirme el desconocimiento, negación o
violación de un derecho o interés; de aquí los aforismos ne pro-
cedat iudex ex officio y nemo iudex sine actore que expresan in-
equívocamente que el desarrollo de la actividad jurisdiccional
no cabe ex officio por requerir previa solicitud o excitación 46 .
Precisamente ésta es una de las salvaguardas frente a la tan
temida omnipotencia de los jueces 47 .
— Segunda, que la tutela jurídica es alcanzable a través del
debido proceso 48 mediante un pronunciamiento jurisdiccional
fundado 49 , independientemente de si la decisión es meramente
procesal dejando imprejuzgado el tema de fondo o si, resolvien-
do sobre el mérito, es absolutoria o condenatoria. Expresado de
otra forma, para que pueda entenderse satisfecho el constitu-
cional derecho de acción es menester que, ejercitado con estric-
to acatamiento del debido proceso, recaiga un fallo judicial con
46 En sede procesal penal, la facultad/deber del juez instructor de ponerse en marcha para investigar la notitia criminis no supone excepción en sen- tido propio a la afirmación del texto, por cuanto únicamente cabe la aper- tura del juicio contra una persona por un determinado hecho que se afir- ma punible y, eventualmente, la imposición de una pena, siempre que alguien sostenga la acusación. Tal exigencia es reconocida en todos los códigos procesales penales de países como Alemania, Italia, Portugal, Es- paña, etc.
47 La propia tarea constitucional de los jueces: llevar al caso concreto el man- dato de la ley, delimita su esencial tarea en el Estado de derecho al adjudi- carle desde su sometimiento a la ley la potestad de controlar la sujeción de la actuación del resto de poderes y autoridades a la Ley. No está al mismo nivel que legislativo ni ejecutivo ni es menester que así sea (su origen y legitimidad radica en la Ley Fundamental, no constituyendo ningún poder socialmente existente, tal y como planteo en mis trabajos, «De la Jurisdic- ción en la Teoría de la división de poderes de Montesquieu», «De la Juris- dicción como competencia a la jurisdicción como órgano», cit., «Sobre el «poder» judicial y la LOPJ», todos ellos en Constitución, Jurisdicción y..., cit., respectivamente. pp. 9 y ss 43 y ss y 141 y ss.). Depende por ende de la Ley y su actividad tiene sentido y significado en y desde ella. A este tenor vid. GARCIA DE ENTERRIA, E., Democracia, Jueces y control de la Administración, 4ª ed. ampliada, Madrid, 1998, esp.pp.34 y concordantes
48 arts.24 CE y 14 LOPJn
49 arts. 24.2 y 120.3 CE y art.13 LOPJn
arreglo a la ley 50 . Abundando sobre ello, recalcaré que tal dere-
cho no comporta una respuesta determinada del juez (cuyo con-
tenido deba ser favorable o estimatorio del interés jurídico afir-
mado), pues a virtud del da mihi factum et dabo tibi ius y del
aforismo iura novit curia, el juez, desde su único sometimiento a
la ley y dentro de los límites que le impone la congruencia (ultra
id quod in iudicium deductum est excedere potestas iudicis non
potest 51 ), no tiene que otorgar lo solicitado sino aquello que, de
acuerdo con la ley, corresponda a lo pedido por el sujeto 52 . Pre-
cisamente la tarea judicial consiste en comprobar (probar 53 ), más
allá de toda duda razonable ( beyond any reasonable doubt), el
interés afirmado, verificando su juridicidad o la relevancia del
50 De esencial relevancia, pero en aplicación del 24.2 (debido proceso), es la exigencia de que el pronunciamiento (en general la resolución judicial) conste de motivación; es decir, no es bastante con que el juez afirme que ha logrado una convicción psicológica acerca de la verdad o falsedad de la afirmación fáctica y que por ende ha aplicado esa norma jurídica. Es in- dispensable en la orientación jurídica occidental, de consuno con los tex- tos constitucionales y jurisprudencia constitucional de mayor incidencia, que el juez justifique el íter que le ha conducido a esa conclusión y arguya
jurídicamente la selección normativa verificada (por qué es de aplicación
esa norma y no otra y el grado en el que han de extenderse sus conse-
cuencias jurídicas a tenor de los antecedentes fácticos «fijados»). La moti-
vación de la sentencia permite a todos los ciudadanos controlar la no arbi-
traria aplicación de la norma, a los sujetos del proceso impugnar even-
tualmente y al órgano «ad quem» controlar que el juez ha llevado a cabo
sin discriminación alguna la aplicación de la ley. Por todas Vid.SSTC. 77 /
2000 y 99/2000 de 10 de abril, FJ 6, aunque no coincida con su inclusión
en el 24.1 del deber de motivar pues a mi juicio se adscribe al 24.2 CE.
51 «La potestad del juez no puede exceder de lo deducido en el juicio» (Digesto
10, 3, 18 )
52 STC.29/1999
53 La prueba compete al juez, es decir, la actividad de las partes va dirigida a conseguir que el juez tenga por probada la afirmación fáctica. Más amplia- mente, PEDRAZ PENALVA, E., «La práctica probatoria anticipada y la de- nominada prueba «preconstituída»», en La instrucción del sumario y las diligencias previas , Cuadernos de Derecho Judicial, Consejo general del Poder Judicial, III, Madrid, 1998, esp.pp.24-25., MIRANDA ESTRAMPES, M., La mínima actividad probatoria en el proceso penal, Barcelona, 1997, passim., también CABEZUDO RODRIGUEZ, N., «licitud y regularidad pro- batoria», en Doctrina y Jurisprudencia, núm.8, semana 19 al 25-IV-2000, esp.pp. 75 y ss.
jurídico deducido y declarando los efectos legales de la norma
que ha estimado aplicable.
Finalmente, el debido proceso en cuanto tal nunca es conce-
bible fuera del rogado desarrollo jurisdiccional. Podrá utilizarse
cualesquiera otro vocablo para rubricar actuaciones más o me-
nos similares (procedimiento, etc.) pero sólo es de recibo em-
plear el término proceso con el significado jurídico, constitucio-
nal y ordinario, en conexión con la acción y la jurisdicción 54 ;
54 Carece de sentido, por equívocas y redundantes, el uso de expresiones,
como la de proceso jurisdiccional, que lamentablemente es empleada in-
cluso por el reciente legislador de la Ley de Enjuiciamiento Civil española
1/2000 de 7 de enero, en cuyo art.722 se alude al «proceso arbitral» y al
«proceso jurisdiccional». Creo que tal uso es más grave que el de proceso
contencioso, explicable por razones históricas comparativamente mucho
más recientes. Así Anacletus REIFFENSTUEL, Ius canonicum universum,
Tomus secundus, Monachij, MDCCII, Lib.II, Tit.I: «De judicijs», § I, nº 3:
«Judicium est legitimus actus duarum personarum, Actoris et Rey, super
eâdem quaestione sub eodem Judice contracta»; nº 5º: «Ad primam instan-
tiam dicitur, quòd in Judicio semper interveniant dictae tres personae (vi-
delicet Actor, Reus, et Judex) vel verè, vel factem fictè. Siquidem fama, seu
infamia praerequisita ad inquisitionem specialem, habetur locò Actoris,
seu accusatoris
nº 6: «iudicium est legitima controversia apud judicem
tractatio, et dijudicatio»; Resp.II nº 7: «tres sunt personae principales, quae
ad consstituendum Judicium requirintur; videlicet Actor, Reus, et Judex
ex quibus iudicium constituitur, videlicet, iudex, actor et reus».En las fuentes
romanas a la actuación de estas tres personas se denomina judicium, pero
según nos dice REIFFENSTUEL, en nº 12, Quaeritur 11. «Quomodo haec
quattor, videlicet Judiciuml, Insstancia, Causa
differre in his: quia Judi-
cium, quod sumpsit denominationem à Judice, tanquam à digniori, est
tota illa causae discussio, quae sit à citaciione, durátque usque ad senten-
tiam inclusivè. Et cum Judicio taliter accepto, coincidit Processus judicia-
rius ...»,
también en la misma obra, en los núms.13, 18 y 26. Los antiguos
canonistas recurrieron a la expresión processus iudiciarius para expresar
el estado dinámico, en movimiento, en que se encuentra el juicio; la rúbri-
ca judicium sirvió para identificar genérica –o estáticamente– el litigio sus-
citado ante el juez, mientras que processus iudiciarius era la rúbrica que
servía para aprehender, dinámicamente, la marcha del conflicto desde la
citación del demandado hasta su término con la sentencia. Adviértase que
además, REIFFENSTUEL, ibidem, núms. 8-10, indica que de la tarea que
desempeñan cada uno de los sujetos en el proceso reciben su nombre: el
juez por cuanto expone la ley al pueblo (nº 10: « Judex tandem sic dictus
esst, quasi jus dicens populo»), el actor (al ser quien actúa o provoca al otro
ante el juez y la decisión de la controversia con arreglo a derecho) denomi-
nado con nombre especial (Accusator: «Quòd si quis agat contra alium cri-
minaliter, seu ad publicam vindictam pro crimine infligendam»).
ello pese a su expansión en algunas de sus exigencias al ámbito
administrativo, y en especial al sancionador 55 . Del juego del
art.117.3 en relación con el 24.2 y 9.3 CE, dedúcese que sólo a
través del debido proceso, y de consuno con la legalidad proce-
sal vigente, pueden y deben los órganos jurisdiccionales prede-
terminados ejercer la potestad jurisdiccional –lo que de manera
imperativa viene prescrito en el art.14 LOPJn–; debido proceso
que, respecto del ámbito criminal, es acogido pormenorizada-
mente en el art.24.2 CE y 34 Cn en armonía con los arts.6 CEDH,
14 PIDCP, 8 CADH, etc. consagrándose el derecho a tal debido
proceso como uno de los derechos individuales inalienables 56 .
Afirmada la exigida articulación de estos tres conceptos
–jurisdicción, acción y proceso–, parece inútil, y de muy peligro-
sas repercusiones, discutir la prevalencia de uno u otro habida
cuenta que no hay proceso sin jurisdicción y sin acción, ni juris-
dicción sin acción y sin proceso, ni tampoco acción sin jurisdic-
ción y sin proceso. Ello no empece para que hayan existido y aún
pervivan muy diversas alternativas a la Justicia –con disímil efi-
cacia–, entre las que son enunciables la autodefensa, las muy
diversas modalidades de autocomposición (mediación, concilia-
ción, transacción) y otras vías heterocompositivas (arbitraje).
II.4. Dimensión constitucional o estática del Derecho de la Justicia
En el apartado anterior he hablado de los tres institutos esen-
ciales del Derecho Procesal –jurisdicción, acción y proceso– en
su dimensión constitucional, aunque su pleno entendimiento
impone el examen en sus dos momentos: a) el constitucional o
estático y b) el procesal o dinámico. La consideración de estos
dos momentos o parámetros resulta indispensable para conju-
gar la diversidad que encierran y su encadenada proyección.
55 Según ha declarado en numerosas sentencias el TEDH.
56 Explícitamente para Nicaragua además desde el art.46 de su Constitu- ción.
Desdeñar la ubicación constitucional de la Justicia, así como la
de sus elementos definidores, conlleva, amen de ignorar su ori-
gen, razón de ser, formulación, límites,etc., prescindir de lo que
es el Estado de derecho. Al mismo tiempo desentenderse de su
realización, de su dinámico actuar, de su desenvolvimiento, siem-
pre desde las ineludibles coordenadas jurídico-constituciona-
les, supondría permanecer en la abstracción, a espaldas de lo
social que dialécticamente justifica y conforma su existir y el
modo concreto en que se despliega 57 .
Parto supra de la acotación de la Justicia 58 como espacio
constitucionalmente establecido; como ámbito de acción del
poder estatal definido jurídico-fundamentalmente. La Ley Pri-
mera consagra su Título VI al Poder judicial, es decir, al Poder
judicial del Estado (o en el Cap.V “Poder Judicial de la Cn). El
ejercicio de tal poder estatal es atribuído en exclusiva 59 a unos
órganos determinados: los jurisdiccionales; o sea, a los Juzga-
dos y Tribunales establecidos por la ley 60 , a los que se inviste
con la potestad jurisdiccional. Dicha potestad de juzgar y hacer
ejecutar lo juzgado desde la sujeción a la ley 61 se orienta a la
tutela procesal 62 de los derechos e intereses legítimos en todos
los casos que la ley le atribuya (art.117.3 CE).
57 Evidente parece que, desde la prohibición de la autotutela y desde la pu- blicitación de la Justicia, ha de entenderse el deber del Estado de poner a disposición de todos unos órganos específicos, los jurisdiccionales, aptos para solucionar pacíficamente los conflictos socialmente relevantes; es decir, el deber del Estado de impartir Justicia.
58 Cabría también concretarlo a la jurisdicción, en el sentido dinámico de la división de poderes por la que Ejecutivo y Legislativo han de permanecer «ajenos» a lo que la Primera Ley reserva al Judicial. Vid. PEDRAZ PENAL- VA, E., «De la jurisdicción en la teoría de la división de poderes de Montes- quieu», en Constitución, Jurisdicción
cit., pp. 9 y ss, también en la
misma obra, pp.43 y ss, «De la jurisdicción como competencia a la juris-
dicción como órgano», asimismo aparecida en la RAP, 1976, enero-abril,
núm.79, pp.145 y ss.
59 art.117.3 CE y 2 LOPJe, arts. 158 y 159 y 2 y 3 LOPJn
60 art.24.2 CE y 158 Cn
61 arts.117.1 CE inciso final y 160 Cn
62 art.24 CE
Jurisdicción (Potestad jurisdiccional) Acción (como derecho
a la tutela judicial efectiva) Proceso (Debido proceso) se tejen en
una urdimbre o entramado que tiene sentido en y desde su con-
junción. Pero tal formulada interacción (estática/constitucional)
se desarrolla, despliega todo su valor, en el momento dinámico
o procesal, y así se corresponde la Potestad Jurisdiccional con
la Función jurisdiccional; la acción con la pretensión; y el debi-
do proceso con el enjuiciamiento según la norma procesal res-
Cabría pues trazar el esquema conceptual básico de la Jus-
ticia formado con las siguientes interrelaciones, analíticamente
Es posible desde las premisas fijadas, integrantes de ese com-
plejo entramado en que consiste la Justicia, confirmar la apun-
tada definición del Derecho Procesal o Derecho de la Justicia
como aquella rama del Ordenamiento jurídico que tiene por objeto
regular el rogado desarrollo procesal de la jurisdicción.
Analizando la noción propuesta se deduce que la jurisdic-
ción (como potestad atribuída en exclusiva a unos órganos con-
cretos previamente establecidos: órganos jurisdiccionales) sólo
puede ponerse en marcha, es decir, ser funcionalmente desa-
rrollada por los jueces y tribunales, en virtud de una petición de
cualquier persona que afirme 63 un interés jurídico ignorado,
negado o violado. No cabe su puesta en marcha, ni menos aún
decisión jurisdiccional alguna, si no media solicitud de un suje-
to distinto del juez 64 .
La acción, como derecho a la tutela judicial, implica la pro-
cesal afirmación de un derecho o interés constitucionalmente
acogido en ese espacio jurídico-fundamental reservado en ex-
clusiva a la jurisdicción. Según apunté, se caracteriza la acción
por ser bastante para provocar procesalmente una respuesta
jurisdiccional según ley, objetivamente, al afirmar un derecho o
interés jurídico, y, subjetivamente en tanto dicha afirmación
provenga de una persona con capacidad para ser parte y capa-
cidad procesal (o en su caso, completado o subsanado el defecto
de capacidad procesal a través de la integración o representa-
ción). Además, la acción se satisface con la pura respuesta judi-
cial independientemente de su contenido, siempre que sea fruto
de una jurídica aplicación judicial de las leyes procesal y, en su
63 Efectivamente, es bastante con afirmar un interés jurídico para crear el deber jurisdiccional de dar procesal respuesta. No se olvide que, a conse- cuencia de la prohibición estatal de la autotutela, y del consiguiente mo- nopolio estatal de la jurisdicción, para solucionar los conflictos el Estado ha de poner a disposición de todas las personas unos órganos específicos: los jurisdiccionales, regulando la normativa procesal a la que han de suje- tarse tanto las personas para provocar la respuesta judicial acerca de su afirmado interés como los jueces para emitir dicha respuesta. No es me- nester más que afirmar procesalmente un interés jurídico para la puesta en marcha de los órganos jurisdiccionales, dependiendo del resultado de todo el proceso (alegaciones y prueba) el que el juez proclame la juridici- dad y/o relevancia de tal interés (aludo así al contenido –estimatorio o desestimatorio– de la resolución judicial que ponga fin al proceso).
64 Precisamente esta es una de las garantías que tenemos frente al temido y temible «gobierno de los jueces». El poder de los jueces se encuentra con- dicionado por una petición previa delimitadora objetiva y subjetivamente de su hacer. En modo alguno los órganos jurisdiccionales pueden senten- ciar, absolviendo o condenando a una persona, sin que haya precedido contra ella acusación de otro sujeto: fiscal, acusador popular, privado, etc.; ni tampoco pueden pronunciarse respecto de su participación en un hecho cuya punibilidad y atribución subjetiva no se mantenga por esos sujetos (fiscal, acusador popular, etc.). De este modo la acusación consti- tuye el presupuesto (el ius ut procedatur) que condiciona y determina obje- tiva y subjetivamente la actuación jurisdiccional penal en el proceso cri- minal.
caso, sustantiva vigentes 65 , lo que no resulta predicable de la
pretensión en que aquélla se concreta en el momento dinámico
o procesal 66 que únicamente se verá satisfecha con una respuesta
judicial favorable. Precisamente por suponer la acción el dere-
cho a un pronunciamiento jurídico –con independencia del sen-
tido estimatorio o desestimatorio del interés afirmado por el su-
jeto– y no el derecho a un pronunciamiento favorable es por lo
que cabe afirmar la abstracción del concepto aquí defendido 67 .
El debido proceso es aquella exigencia constitucional, exclu-
sivamente prevista para el rogado desarrollo funcional de la ju-
risdicción 68 . Sin entrar ahora en su examen, advertiré que pro-
cedo a su posterior estudio, centrándome en su perspectiva cri-
minal, afrontando su contenido y así de la contradicción, la igual-
dad de armas, la publicidad, etc., contempladas más o menos
65 Vuelvo a aludir pues a que se satisface el derecho de acción tanto con una decisión judicial procesal (que deja imprejuzgado el derecho subjetivo cuyo desconocimiento, negación o violación se alega) como con una decisión condenatoria o absolutoria, siempre que haya sido emitida por un órgano
jurisdiccional, a través del debido proceso y así motivando jurídica y fácti-
camente su pronunciamiento. El TC en S.99/2000 de 10.4 FJ 6 ha decla-
rado vulnerado el art. 24.1 CE, en lugar del 24.2 CE, por falta de razona-
bilidad de la sentencia que, en un supuesto de sanción tributaria, omitió
toda consideración acerca de la L.25/1995(la vigente), evidenciando la
falta de razonabilidad de su fundamentación, al prescindir del derecho
vigente, conforme al cual, por exigencias de los arts. 9.3 y 117.1 debía
haber decidido la cuestión.
66 La distinción entre acción y pretensión para autores como FAIREN, «Ac- ción», Voz en Nueva Enclopedia Jurídica Seix, Barcelona, T.II, 1950, p.194, que defienden la posición abstracta, en la que en gran medida nos ubica- mos, radicaría en que la primera es un derecho mientras que la preten- sión es un acto, una declaración de voluntad; es el acto de exigencia de subordinación de un interés ajeno a otro propio. La acción se satisface siempre mientras que la pretensión sólo se satisfará si es estimada por el
juez como jurídica (en cuanto acogida por el Ordenamiento) o, en caso de
conflicto jurídico si la considera relevante.
67 En esta línea por todos a LIEBMAN, E., T., «L´azione nella teoria nel pro- cesso civile», en Riv.trim. di diritto e procedura civile, 1950, pp.47 y ss, y a COMOGLIO, L. P., «Note riepilogate su azioni e forme di tutela nell´ottica della domanda giudiziale», en Rivista di dir.processuale, 1993, p.472.
68 Con toda rotundidad así se proclama en su doble vertiente: exclusiva ads- cripción del proceso a la Justicia e ineludible acatamiento de la actividad
jurisdiccional al debido proceso, en normas como la del art. 14 de la nica-
ragüense LOPJn.
pormenorizadamente en preceptos como los de los arts. 8 a 11
DUDH, 14 PIDCP, 6 CEDH, 7 y 8 CADH, 6 CDHLFCEI, 19 DPE-
DLF, 24.2 CE, 34 Cn, etc.
II.5. Dimensión procesal o dinámica del Derecho de la Justicia
Centrándome en el momento dinámico o procesal la potestad
jurisdiccional se traduce, se actualiza, en la función jurisdiccio-
nal; la acción como derecho a la jurisdicción se concreta en la
pretensión; y el debido proceso en el enjuiciamiento (proceso 69 )
que, con estricta observancia de los principios que lo conforman,
aparece previsto por el legislador ordinario en atención, ya a ra-
zones jurídico procesales, ya a razones jurídico materiales.
Por razones jurídico-procesales el legislador puede arbitrar
un tipo de proceso (enjuiciamiento) declarativo, de ejecución o
cautelar, y dentro del declarativo: ordinario o especial, plenario
o sumario, etc, según la conducta procesal que se pretenda del
juez, sin menospreciar los objetivos que pretenda alcanzar el
legislador. Por razones jurídico-materiales el legislador ordina-
rio puede reglar un proceso (enjuiciamiento) específico u otro,
estimando que se adecua mejor o peor a la res in iuditio deducta
e incluso al momento social concreto (pensemos en España en
el caso de los procesos arrendaticios urbanos y rústicos duran-
te los años 40 al 70). Naturalmente, la razón procesal o material
que incline al legislador en pro de uno u otro modelo de enjui-
ciamiento habrá de acomodarse siempre con exquisito cuidado
Es función de la Jurisdicción satisfacer en el enjuiciamien-
to, de manera irrevocable, los intereses jurídicos socialmente
relevantes; a este objetivo se llega mediante la aplicación judi-
69 Proceso o enjuiciamiento que necesariamente ha de ajustarse al debido
proceso, sin perjuicio de que por razones jurídico materiales o procesales
el legislador ordinario lo module siempre, repito, con respeto de lo previsto
en la Constitución y Tratados Internacionales. De este modo puede prever
un proceso plenario o sumario, ordinario o especial, etc.
cial de la ley en el proceso juzgando y, eventualmente, haciendo
ejecutar lo juzgado 70 .
Inspirado en Carnelutti 71 , entiendo por interés 72 aquella si-
tuación favorable para la satisfacción de una necesidad 73 . El
jurídico es aquel interés acogido por el Ordenamiento que, en
cuanto tal, comporta su social apreciación y su aptitud para su
consiguiente realización. Su objetivación depende de su legitimi-
dad y reconocimiento sociales. Cuestionado tal interés, por dis-
cutirse, negarse o violarse su legitimidad y reconocimiento en
relación a otro interés que se afirma también jurídico y, en su
caso, socialmente relevante, surge un conflicto de intereses ne-
cesitado de solución que, «en cuanto jurídicamente trascendente
y susceptible asimismo de satisfacción jurídica constituye un
litigio» 74 . La controversia 75 habrá de resolverse a través de la
70 Tengamos presente que en sede procesal penal únicamente son ejecutables las sentencias de condena, pero no las absolutorias. En lo civil sólo cabe ejecución stricto sensu o ejecución propia, cuando se trate de la realización forzosa de sentencias estimatorias de condena (también laudos arbitrales, etc), pero las estimatorias, merodeclarativas o constitutivas no son suscep- tibles más que a lo sumo de una ejecución impropia (documentación).
71 CARNELUTTI, F., Sistema di diritto processuale civile , Padova, I, 1936, núm.1, pero sin desconocer las críticas que le han sido opuestas, entre otros por CALAMANDREI, «El concepto de «litis» en el pensamiento de F.Carnelutti», cit., passim.
72 En modo alguno coincidente el interés con el derecho subjetivo (así VEC- CHIO, G. del, Filosofia del diritto, Milano, 1953, p.267, MONACCIANI, Azione e legitimazione, Milano, 1951, p.29) pese a lo defendido por Rudolf von IHERING para quien el derecho subjetivo no es más que «el interés jurídi- camente protegido» (así en sus obras Espíritu del Derecho Romano y La lucha por el Derecho).
73 La jurisprudencia del TC ha declarado bastante cualquier ventaja o utili- dad legítimas (SSTC 97/1991, 264/1994, 62/2000)
74 Así ALCALA-ZAMORA, N., Proceso, autocomposición y autodefensa, 2ª ed., México, UNAM, 1970, p.12
75 No se piense que adopto la posición de CARNELUTTI que ve en la jurisdic- ción la actividad de «composizione delle liti» (CARNELUTTI, Sistema del di- ritto processuale civile, I, cit., y el trabajo de CALAMANDREI; P., «El concep- to de `litis´ en el pensamiento de Francesco Carnelutti», en Estudios sobre el proceso civil, trad. Sentís Melendo, B.Aires, 1945, pp. 265 y ss.). Su postu- ra es expresiva de una visión del proceso, sobre todo del civil, como instru- mento orientado a resolver litigios. La «lite» en el sentido carneluttiano no es
dinámica mensuración de los intereses deducidos –procesales
en cuanto tales 76 – de los que se predica su juridicidad (o sea, su
más que el conflicto surgido entre dos o más sujetos respecto de un dere-
cho. Habría otrosí que matizar que la postura de CARNELUTTI comporta la
existencia de esa contienda en tanto uno o varios de los sujetos afirmen el
desconocimiento de una norma material por los otros, pues caso contrario
la regla sustantiva sería bastante para «componer» los conflictos de intere-
ses por ella contemplados (“ubi partes sunt concordes nihil ad iudicem”). Tal
concepto «funcional» de jurisdicción es de difícil encaje en aquellas hipóte-
sis en que el ordenamiento excluye del ámbito de los particulares o condi-
ciona la plena disponibilidad de determinadas situaciones jurídicas. Así
acaece al señalar que la constitución, modificación o extinción de tales si-
tuaciones no puede verificarse más que por obra o con intervención del
órgano jurisdiccional. Estos supuestos, que excepcionan la normal dispo-
nibilidad negocial de los derechos, abarcan aquéllos en los que coexisten
intereses que, amen de al individuo, se considera que afectan a la comuni-
dad. Recordemos, verbigracia, la incapacitación, la nulidad, disolución o
separación matrimoniales la filiación (paternidad/maternidad), en que con-
curriendo las exigencias legales previstas (determinadas enfermedades
mentales, acreditamiento de filiación mediante pruebas biológicas, etc.) podrá
lograrse a través del proceso el efecto constitutivo pretendido. No tiene que
haber necesariamente en estos casos ni violación de norma alguna ni con-
flicto entre partes conocidas y determinadas, y sí se constatan en esas
situaciones intereses públicos que se estiman además preeminentes. Esta
denominada jurisdicción «constitutiva» (necesaria) (vid. MANDRIOLI, C.,
Corso di Diritto processuale civile, I, 10ª ed., Torino, 1995, es.pp.15 y ss y
bibliografia ivi cit), que es extraña al concepto «funcional» de jurisdicción
defendido por CARNELUTTI, provoca la búsqueda de otras perspectivas
para aprehender el «fenómeno» de la satisfacción de intereses –también
generales–, sin que preexista una controversia surgida de la violación de
una norma, proporcionando un contenido objetivo a la jurisdicción. In re
ipsa, la jurisdicción comporta actuar la ley en el caso singular, lo que signi-
fica, desde la preexistencia de ésta, determinar su concreta voluntad (CHIO-
VENDA, G., Istituzioni di diritto processuale civile, I, Roma, 1936,
I., cit,
pp.5 y ss., habló de actuar la «volontà concrete di legge») fijando el supuesto
fáctico normativo (Tatbestand o fattispecie) en el que eventualmente se sub-
sume bien la situación que afirmada jurídica ha sido desconocida, negada
o violada, o ya el conjunto de exigencias legalmente previstas para la cons-
titución, modificación o extinción de una situación. En desarrollo de la fun-
ción de declaración el órgano jurisdiccional objetiva su convicción que en el
momento, o transcurridos los plazos para su impugnación, devendrá indis-
cutible en sus propios límites (objetivos, subjetivos y temporales). Unidas
eventualmente a dicha función de declaración pueden estar las de ejecu-
ción y cautelar. Vid.también GUASP, J., «La pretensión procesal», en Anua-
rio de Derecho Civil, V, enero-marzo, MCMLII, esp.pp.11 y ss.
76 Es decir, y con CALAMANDREI, («El concepto de «litis» en
cit., p.284)
añadiría que el interés jurídicamente tutelado adquiere calificación proce-
plasmación en la norma material), a través de la decisión dicta-
da por el órgano jurisdiccional, quien habrá de ponderar, en
caso de concurrencia jurídica (de juridicidad de ambos), cuál es
el socialmente relevante y así qué interés de los contrapuestos
debe ser irrevocablemente satisfecho 77 . La irrevocabilidad es la
respuesta a la incertidumbre surgida de la negación preprocesal
del interés deducido en el juicio que, precisamente en la medida
en que crea la situación definitiva, constituye la realidad jurídi-
co-material de manera similar 78 a como lo hace el legislador.
La acción, como derecho a la tutela judicial en el plano cons-
titucional, se traduce dinámicamente o en el plano procesal en
pretensión, es decir, en una «declaración de voluntad en la que
sal: interés en obrar, «
cuando el agente se encuentra en la
imposibilidad de conseguir por medios extrajudiciales la misma utilidad
que se propone conseguir mediante la obra de los órganos jurisdicciona-
les». A mi juicio habría de matizarse lo dicho por Calamandrei diciendo
que hay interés procesal cuando el agente afirma la imposibilidad –o la
inconveniencia– de lograr extrajudicialmente lo que pretende judicialmen-
te. Basta pues con afirmar y no es menester la imposibilidad; a este último
tenor recordemos que nada impide en sede procesal civil dispositiva llegar
a acuerdos con la contraparte a través de mediaciones, transacciones,
arbitrajes, etc., aunque naturalmente ello comporte consecuencias diver-
sas, que se han pretendido suprimir en la solución heterocompositiva en
que el arbitraje radica (piénsese en la eficacia de cosa juzgada).
77 Según nos dice LEIBHOLZ,G., Das Bundesverfassungsgericht , 1963, esp.pp.64 y ss., el interés es previo, en cuanto que no se acuerda entre las partes sino que existe con anterioridad, bien constituyente o legislativa- mente. Su satisfacción no se recaba de la sociedad en general sino de un órgano específicamente profesionalizado en conocer el derecho y los su- puestos reales a los que se adscribe su vigencia, acudiendo el actor a la instancia judicial al tener conciencia de encontrarse en relación al tema litigioso en la situación jurídica determinada por la objetividad del dere- cho, a fin de que tal órgano, jurisdiccional, le reconozca la relevancia so- cial-jurídica del bien pretendidamente acogido por la norma.
78 No análoga puesto que el juez lo hace con diverso nivel general y particu- lar pese a que la jurisprudencia puede tener, y de hecho tiene importancia social constituyente pareja a la de la función legislativa (Vid.a este tenor LUHMANN,, N, Die funktionale
Methode...,
op.,cit., quien también, aunque
desde otra perspectiva, destaca que la tarea de los jueces se orienta a la
creación de la legislación material, KRUEGER, Verfassungswandel und
Verfassungsgerichtsbarkeit», en Festgabe für R.Smend, Tübingen, 1962,
pp.158-161. Críticamente, advirtiendo del problema que puede plantear,
nos habla Werner WEBER, Weimarerverfassung und Bonner Grundgesetz,
se solicita una actuación del órgano jurisdiccional frente a per-
sona determinada y distinta del autor de la declaración» 79 . Tan
acertada y genérica noción se ha dicho que puede desdoblarse
material y procesalmente 80 .
Materialmente se cifra en aquella declaración de voluntad de
una persona (actor o demandante), fáctica y jurídicamente fun-
damentada, frente a otro sujeto determinado o determinable,
afirmando la juridicidad de su interés o la prevalencia del am-
parado por el derecho sustantivo (y de este modo pretendiendo
que se declare la existencia o inexistencia de un derecho o rela-
ción jurídica; o el derecho a una prestación de dar, hacer o no
hacer condenando eventualmente al demandado a su forzoso
cumplimiento; o a la creación, modificación o extinción de una
concreta relación; o a la entrada coactiva en el patrimonio del
Göttingen, 1949, pp.26-28, de la judicialización de la política o politiza-
ción de la Justicia, con el enorme riesgo de que la Justicia acabe por
oprimir a la Administración, Gobierno y Legislativo.)
79 Sic. GUASP, Comentarios a la LEC, T.I, 2ª ed., Madrid, 1948, p.331, tam- bién Derecho procesal civil,2ª reimpresión de la 3ª ed, 1968, T.I, Madrid,
1977, p. 217, asimismo en La pretensión procesal, Madrid, 1981, pp.84-5,
y en la p.51 del Anuario de Derecho civil, V, fasc.I, enero-marzo, MCMLII
(«declaración de voluntad por la cual una persona reclama de otra, ante
un tercero supraordinado a ambas, un bien de la vida, formulando en
torno al mismo una petición fundada, esto es, acotada o delimitada, según
los acontecimientos de hecho que expresamente se señalen»). Adviértase
que GUASP considera que el concepto de acción debe ser elaborado fuera
del ámbito del derecho procesal (La pretensión procesal, cit, p.52).
80 Por ROSENBERG, L., Tratado de Derecho Procesal civil, 3 tomos, trad de la 5ª ed.alemana de Múnchen y Berlin 1951, Buenos Aires, 1955, esp.T.III. pp.28 y ss., Este autor evidencia que una relación jurídica material puede fundar distintas pretensiones procesales (merodeclarativa, de condena, cautelar, etc) al igual que una misma pretensión procesal puede basarse en diferentes relaciones juridicas sustanciales (acto ilícito, incumplimien- to de contrato, etc.). Pero también siguen hablando de pretensión procesal muchos otros estudiosos, como por ej. BLOMEYER, A., Zivilprozessrecht. Erkenntnisverfahren, , 2ª Aufl., Berlin 1985, esp. p. 234, ARENS, P, Zivil- prozessrecht. Erkenntnisverfahren. Zwuangsvollstreckunk, 4. Aufl., Mün- chen 1988, §14: Der prozessuale Anspruch, der Streitgegenstand., PRO- TO PISANI, A., Lezioni di Diritto processuale civile, 2ª ed., Napoli, 1996, esp.pp.61 y ss., etc.
deudor que ha incumplido la prestación contenida en un título
cuya efectividad se pretende: título de ejecución). En verdad si
se medita con cierto cuidado es fácil concluir afirmando que el
tema sustantivo (o sea el interés que se afirma jurídicamente
protegido por el derecho material o cuya relevancia social se
mantiene) forma el hecho constitutivo (causa agendi remota) in-
tegrante de la justificación normativa procesal ( causa agendi
proxima) del suplico o conducta procesal que se pide del órgano
jurisdiccional o, expresado de otro modo, constituye el supues-
to fáctico de la norma de enjuiciamiento de la que deriva la
actividad jurisdiccional que se solicita. Componen la causa pe-
tendi el hecho constitutivo o res in iuditio deducta más el funda-
mento jurídico procesal; el petitum estriba en lo que se quiere
Aún sabedor de la polisemia del término pretensión, defien-
do que la pretensión es única en cuanto único es, como tal, el
objeto del enjuiciamiento, por lo que no debe distinguirse, en
puridad de concepto, entre pretensión material y pretensión pro-
cesal sino entre pretensión procesal y contenido sustantivo de
la misma. Abundando en ello insistiré en que, genéricamente, la
pretensión procesal se resume en la conducta que se requiere
del juez con base en el objeto litigioso afirmado, es decir, en la
res in iuditio deducta o, expresado de otro modo, en la alegada
juridicidad o mayor relevancia social, que se dice desconocida o
contradicha, del interés hecho valer en el proceso respecto de
un determinado bien o relación subjetivamente acotados. No
obstante he de advertir que la pretensión procesal, en el concre-
to orden jurisdiccional penal, tiene unas características especí-
ficas a las que me referiré al tratar de la Justicia penal.
II.6. Finalidad de la justicia
Retomando lo apuntado al comienzo del apartado 3, debo
indicar que del juego interaccional, estático o constitucional y
dinámico o procesal, en el espacio de la Ley Primera y resto del
Ordenamiento Jurídico, resalta el cambio operado en la Justi-
cia desde su formulación liberal burguesa en el siglo XIX. Su
tarea no se contrae a la mera resolución del conflicto de intere-
ses declarando su juridicidad o relevancia. En adecuación a los
requerimientos que emergen de la realidad social pueden y de-
ben los jueces “flexibilizar” constitucionalmente (desde la Nor-
ma Fundamental) la tutela procesal. Estan los tribunales, pues,
singularmente obligados a realizar la Constitución y, más en
concreto, las exigencias de libertad en la misma contenidas 81 .
81 Acerca del cambio de significado del proceso más allá de una mera vía
para resolver conflictos intersubjetivos, propio del “liberal burgués del si-
glo XIX”, vid. CAPPELLETTI, M., Giustizia e società, Milano, 1971, esp.pp.98
y ss., también parafraseando lo que para lo civil y en singular ámbito dice,
TARUFFO, M., “Adequamenti delle tecniche di composizione dei conflitti di
interessi”, RTDPC, núm.3, sept. 1999., asimismo RAPISARDA, Profili de-
lla tutela civile inibitoria, Padova, 1987, etc., etc.
La singularidad del enjuiciamiento criminal hace necesarias
algunas matizaciones significativas en los conceptos básicos ex-
puestos en los apartados precedentes.
Es válido hablar del derecho de acción como derecho a acu-
dir a los órganos jurisdiccionales penales a fin de obtener una
resolución jurídicamente motivada; pero no es de recibo pensar
en la vigencia de un derecho o interés legítimo a lograr una
determinada respuesta (sentencia de condena o absolutoria) del
juez penal 82 y ni siquiera a la incoación de actuaciones procesa-
les 83 . En el vigente Estado de derecho, el ius puniendi pertenece
en exclusiva al Estado, repeliéndose cualquier modalidad de au-
totutela, salvo las hipótesis de «legítima defensa» (arts.20.4º y
82 Así en las SSTC.177/1996, 199/1996, 41/1997, en que se declara que «La Constitución no otorga ningún derecho a obtener condenas penales».
83 Es manifiesto que si se denuncia ante el juez la comisión de un hecho que éste considera que no reviste los caracteres de delito o falta o que es mani- fiestamente falsa, se abstendrá de todo procedimiento, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el denunciante falso calumnioso (arts.456 y 457 CP) y la del que la hubiere desestimado indebidamente. Entre los múltiples problemas latentes en este punto señalaré, de un lado, la posi- ción de autores que como CLARÍA OLMEDO, J., Tratado de Derecho proce- sal Penal, IV, B.Aires, 1964, pp.170 y ss, entienden que la inadmisión de la denuncia constituye una sanción procesal impeditiva ab initio de cua- lesquiera efectos procesales; y de otro, que no es lo mismo desestimar que inadmitir la denuncia. La desestimación impide que el proceso se incoe y, si se formulare de nuevo, la decisión jurisdiccional habría de tener igual contenido. La inadmisión permite incoar el procedimiento siempre que se trate de delitos perseguibles de oficio o cuando estemos ante una denun- cia necesaria, una vez subsanado el defecto (vid. TORRES ROSSELL, N., La denuncia en el proceso penal, Madrid, 1991, esp.pp.311 y ss.).
84 Disiento del TC que en su S.41/1997 de 10 de marzo, FJ.4 dice: «La potes- tad punitiva, en cuanto poder concreto de castigar hechos concretos, nace, pues, de la ley, no de la Constitución
En primer lugar tengo la impre-
sión de que no se está contemplando el tema ni desde el derecho penal ni
mucho menos desde el derecho de la Justicia; es decir, la Constitución, en
varios preceptos y entre ellos en el art.117, acota un ámbito en exclusiva
reservado a los órganos jurisdiccionales, espacio competencial estatal que
620.1º CPE, 28.4º CPn) legalmente admitidas como tales en los
códigos penales español y nicaragüense 84 .
Objeto del proceso penal. El genuino objeto del proceso penal
viene constituido por el hecho punible 85 acotado en la pretensión
penal, es decir, deducido en el proceso 86 87 . “
Sería erróneo iden-
en sede procesal penal además prescribe, desde el juego del art.25.1 con el
117.3, 24.2, CE en relación con los arts.10 y 11 DUDH, 6 y 7 CEDH, 9.1,
14 y 15 PIDCP, etc, que sólo cabrá enjuiciar y en su caso sancionar jurídi-
co-penalmente a un sujeto determinado por un hecho concreto, a través
del proceso que corresponda por el órgano jurisdiccional preestablecido.
No es pues un tema de legalidad ordinaria. En segundo lugar, que precisa-
mente por tratarse de la realización de la norma penal sustantiva, única-
mente existirá, sólo podrá actuarse, a través del proceso y más aún, del
debido proceso, por un órgano jurisdiccional en el que concurran las exi-
gencias de independencia, imparcialidad –en cuanto sometido a la ley–,
etc.; no hay otro camino para cumplir la ley punitiva, y su atribución al
juez en exclusiva proviene precisamente de la Norma Suprema. Con la
matización realizada no veo en cambio problema para aceptar lo que sigue
diciendo la mencionada STC.: « Y si bien la Constitución consagra en su
art.25.1 el principio de legalidad, como derecho a no ser condenado ni
sancionado por acciones u omisiones que no estén legalmente previstas,
no existe un «principio de legalidad invertido», esto es, un derecho funda-
mental a obtener la condena penal de otro, haya o no vulnerado sus dere-
chos fundamentales, pues éstos son derechos de libertad, e introducir en-
tre ellos la pretensión punitiva supondría alterar radicalmente su sentido».
85 “Del hecho punible”. Es la rúbrica del Capítulo I, Título I, Libro I del CPn. Es definida el hecho punible por el CP nicaragüense como: Toda acción u omisión calificada y penada por la ley (art.1 CPn), que además de volunta- ria y consciente sea intencional, preterintencional o culposa (art.2 CPn).
86 Como puede advertirse he optado en esta edición de mi obra por hablar en exclusiva de “pretensión penal”, excluyendo el uso de la expresión “pre- tensión punitiva”. Quiero así hacer más hincapié en que, desde la estruc- tura, función y finalidad del sistema continental de Justicia penal, carece de sentido reconocer de cualquier modo que el particular, haya sido o no ofendido por el delito, sea titular de algún derecho o interés (jurídicamente sancionado) al castigo del sujeto pasivo por el hecho que se afirma produ- cido y penalmente previsto. Salvo en los delitos perseguible a instancia de parte (“delitos privados”), siempre la acusación es una tarea de naturaleza pública, aunque sea contingentemente deducida por “quivis ex populo”.
87 No olvido que en España también pueden en su caso ser objeto del proceso penal hechos que se afirman civilmente ilícitos, y que individualizan fácti- camente la pretensión civil o resarcitoria, eventualmente nacida del hecho ilícito (arts.100 LECrim y 109 y ss CPE). Su aleatoria presencia se funda en la facultad reconocida al legitimado para ejercitarla en sede procesal crimi-
tificar ese objeto por un título de delito y una pena determinada
en el sentido de la ley penal sustantiva” 88 , de modo que por pre-
tensión penal entiendo la afirmación del hecho calificado jurídi-
nal salvo expresa renuncia o reserva (arts.107 y 108 LECrim y 109.2 CPE).
Tal acumulación de objetos jurídicamente heterogéneos en el proceso penal
ha de ser aprehendida en su contexto histórico (incluída su recepción del
código francés. Vid. su evolución en nuestro derecho estudiada por RODRI-
GUEZ DEVESA, J.M., «Responsabilidad civil derivada de delito o falta y
culpa extracontractual», en Libro homenaje a Jaime GUASP, Granada, 1984,
pp.512 y ss.) respondiendo a un haz de consideraciones: unidad de la juris-
dicción (cfr.SANDULLI, A.M., Il giudizio davanti al Consiglio di Stato e ai
giudici sottordinati, Napoli, 1963., SATTA, S, «Rapporti fra giuriszioni civile e
giurisdizione penale», RitDPP, 1959, pp.5 y ss., CAPACCILI, E., «Unità della
giurisdizione e giustizia amministrativa», en Studi in memoria di Carlo Fur-
no, Milano, 1973, pp.163 y ss.), «vis attractiva» del orden penal (RANIERI,
S., Manuale di diritto processuale penale, Padova, 1965, p.232., GOMEZ
ORBANEJA, E., Comentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 14 de
septiembre de 1882, T. I, Barcelona, 1947, pp.199-200, ANTOLISEI, M.,
L’offesa e il danno nel reato, Bergamo, 1930, p.197), búsqueda de una vía
más rápida y efectiva del resarcimiento que se veía obstaculizado por la
amalgama de una serie de normas que hacía difícil dilucidar en algunos
casos el derecho aplicable (SILVELA, F., El derecho penal estudiado en prin-
cipios y en la legislación vigente en España, Madrid, 1903, 2ª parte, pp.27 y
ss.)., etc. Un análisis de los diversos sistemas de exacción de la responsabi-
lidad civil derivada del hecho ilícito penal así como de sus ventajas e incon-
venientes en PEDRAZ PENALVA, E., Las medidas cautelares reales en el
proceso penal ordinario español, Madrid, 1985, esp.pp.18 y ss.
Para el Derecho nicaragüense ha de tenerse en cuenta que el art. 52 CPn
prescribe: “Todas las gestiones para la indemnización de daños y perjui-
cios o reparación del daño causado, se ventilarán en juicio civil, una vez
ejecutoriada la sentencia que en lo criminal declare la responsabilidad del
culpable para tales indemnizaciones o reparaciones, salvo que requirien-
do el delito acusación articular, se renuncie expresamente la acción crimi-
nal para intentar sólo la civil
Vid. Asimismo art. 51.4 III CPPn: “La
acción civil por los daños y perjuicios provocados por el hecho que motiva
el proceso penal se ejercerá ante la misma sede penal, una vez firme la
resolución respectiva, en los casos y en la forma prevista en el presente
Código”. En los arts.81 a 87 CPPn, ambos inclusive, se regula el ejercicio
de la acción civil.
Sorprende que, afirmada su exclusión del conocimiento en sede procesal
penal se contemple su regulación, pese a afirmarse su naturaleza civil,
por la normativa procesal criminal y no por la civil, únicamente por el
hecho de que el ilícito del que surge sea de naturaleza penal.
88 Sic. GOMEZ ORBANEJA, E., Derecho Procesal Penal, con HERCE-QUE-
MADA, 10ª ed., Madrid, 1984, p.7.
co-penalmente por el acusador 89 ; tal aserto constituye el presu-
puesto necesario para el ejercicio del ius persequendi y eventual-
mente del ius puniendi 90 . Prescindiendo de analizar las diversas
versiones doctrinales sobre el objeto del proceso penal 91 , breve-
mente indicaré que la pretensión penal es una pretensión públi-
ca por la que se asevera procesalmente el cumplimiento de un
supuesto fáctico criminalmente sancionado y la concurrencia de
los presupuestos y requisitos procesales para actuar la norma
penal. Se viene estimando que el objeto del proceso penal atiende
a la persona del acusado y al hecho individualizado como delito
por la acusación, siendo irrelevante su calificación jurídica 92 93 .
89 Intento matizar la posición de autores como GOMEZ ORBANEJA, E., Co- mentarios a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cit., T.II, Barcelona, 1951., esp. pp. 286 y ss., VERGÉ GRAU, J., La defensa del imputado y el princi- pio acusatorio, Barcelona, 1994, esp.pp.109 y ss., PEREZ GIL, J., La acu- sación popular, Granada, 1998, passim., que hablan del hecho punible como objeto del proceso penal.
90 Soy consciente de que el ius puniendi incluye el ius persequendi, pero cabe investigar y perseguir un hecho que tras el correspondiente juicio no dé lugar a imposición de pena alguna por considerarse no constitutivo de delito. No coincido totalmente con aquéllos para los que la acusación cons- tituye un «ius ut procedatur», incluido nuestro TC (así por todas STC.41/
91 Sobre la identificación del hecho integrante del objeto procesal penal se han formulado teorías como la naturalista y las normativas. Paladina- mente los defensores de la orientación naturalista mantienen que el fac- tum penalmente relevante, necesariamente afirmado por la acusación, es “el acaecimiento o <trozo de la vida> tomado en su integridad, en cuanto con arreglo a un criterio puramente natural” (GOMEZ ORBANEJA, E, Co- mentarios, cit., II, p.96. Nótese que este autor en la 10ª ed.cit.de su Dere- cho Procesal penal, mantuvo que “El objeto de cada concreto proceso es ... un hecho considerado como delito o falta
con lo que a mi juicio se
aproxima a las teorías normativas). Los defensores de las normativas ar-
guyen cordialmente –desde sus variantes– que lo esencial es la individua-
lización propia del hecho, aunque para ello sea menester acudir a la nor-
ma penal desde la que será factible aislarlo y así identificarlo respecto de
otro u otros (con matizaciones, ASENCIO MELLADO, J.M., Principio acus-
atorio y derecho de defensa en el proceso penal, Madrid,1991, p. 76, GUTIE-
RREZ DE CABIEDES, E., “La correlación entre acusación y sentencia”, en
Estudios de Derecho Procesal, Pamplona, 1974, esp.p.526., DE LA OLIVA
SANTOS, A., Derecho Procesal Penal, cit.,p.208., VERGÉ GRAU, La defen-
sa del imputado y el principio acusatorio , Barcelona, 1994., etc., etc.,).
92 SSTC 134/1986, 278/2000, 302/2000.
La identificación del objeto del concreto proceso permite apre-
ciar la observancia, extensivamente puntualizada 94 , de los prin-
cipios acusatorio, de contradicción y de defensa, del derecho a
la presunción de inocencia, a la correlación de la sentencia y al
non bis in idem. 95
La fijación del hecho imputado, penalmente relevante, vincula
al órgano sentenciador, lo que no comporta que éste, dejando in-
cólume su identidad, no pueda apreciar modalidades del hecho,
otras circunstancias y formas de participación, grados de ejecu-
ción y tipo delictivo. Reiteraré que dichos cambios, respecto de lo
sostenido por la acusación, son legalmente correctos siempre que
respeten las dos identidades fundamentales: hecho y acusado 96 .
El objeto del proceso se concreta formalmente en los escritos
de calificaciones definitivas 97 98 –y contingentemente 99 en los
93 Adviértase no obstante que en una lectura amplia del hecho punible ha- bría que considerar otros elementos que, concurriendo con el esencial tipi- ficado normativamente: la acción u omisión dolosa o imprudente penada por la ley (art.10 CP) (art.138 CP: El que matare a otro
pueden influir,
aún de modo decisivo, en la calificación y consecuencias jurídicas del mis-
mo realizada por el juez en su pronunciamiento. Aludo a los componentes
del hecho constitutivos de atenuantes, agravantes o eximentes (arts.19 a
23 CP). Por esta razón se habla de que el objeto del proceso penal, en
sentido amplio, está formado por el elemento esencial del hecho punible y
por los accesorios susceptibles de incidir en la calificación jurídica por
constituir circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
94 Según puede comprobarse al afrontar el estudio en esta obra del derecho a ser informado de la acusación (VII. 30), en el que examino algunos extre- mos conexos con el tema del objeto del proceso penal.
95 Explícitamente acogido el “non bis in idem” en textos como el de la CDFUE en su art.48: “Derecho a no ser juzgado o condenado penalmente dos veces por el mismo delito” Nadie podrá ser juzgado o condenado penalmente a causa de una infrac- ción de la cual ya haya sido absuelto o condenado mediante sentencia penal firme conforme a la ley.
96 Vid.SSTS de 12.1.1998 R.46, 20.7.98 R.7006, 8.3.1999 R.2397, 10.5.1999 R.3868, etc.
97 Arts.732 y 793.6 y 7 LECrim
98 Cfr. DALIA/FERRAIOLI, Manuale de Diritto processuale penale , 2ª ed., Pa- dova, 1999, pp.28 y ss.
99 En el supuesto de que el Tribunal hubiere hecho uso de la facultad que le confiere el art.733 LECrim.
informes de los arts.734 y sigs. LECrim– con el antecedente de
los de calificación provisional 100 o de acusación 101 , siendo agre-
gables los extremos introducidos en los respectivos escritos de
defensa 102 y en las conclusiones definitivas de ésta 103 . Correcta-
mente lo ha expresado así el TS al declarar que: “El verdadero
escrito de acusación es el de conclusiones definitivas pues de
otro modo, dice la STS de 8.3.1994 R.1828, se haría inútil la
actividad probatoria practicada en el juicio oral ” ...
En el Ordenamiento procesal penal nicaragüense se preten-
de la plena vigencia del principio acusatorio (art.10 CPPn), máxi-
ma que comporta que sean sujetos distintos del juez los que
determinen el objeto del proceso. De este modo, la puesta en
marcha de la actividad jurisdiccional habrá de ser fruto de la
iniciativa de alguien diferente del Juez, quien deberá abstener-
se de incoar el proceso sin previa acusación. Es la acusación,
con la defensa, la que ha de contribuir a fijar su objeto. En esta
línea el párrafo segundo de ese art.10 CPPn reza: “No existirá
proceso penal por delito sin acusación formulada por el Minis-
terio Público, el acusador particular o el querellante en los ca-
sos y en la forma prescritos en el presente Código”. Se determi-
na el objeto en los alegatos finales previstos en el “debate final”
en el juicio oral 105 , con base en lo establecido por la acusación 106
en la audiencia preliminar 107 , en la audiencia inicial 108 y en la
100 Art.650 LECrim
101 Art.790.5 LECrim
102 Arts.652 y 791.2 LECrim
103 Arts.732 y 793.6 y 7 LECrim
104 STS 11.11.1998 R.8765, que sigue diciendo “
que ocurre es que esa
«imputación tardía», a que alude la STS de 9.6.1993 R.4862, es asumible
si, como se viene diciendo, no se altera el objeto del proceso y especial-
mente se tiene en cuenta el cambio operado para suspender si es necesa-
rio la vista oral con objeto de facilitar la adecuada defensa. Y es que si-
guiendo a la STC de 29.10.1986 TRC 1986\134, el objeto del proceso no
se identifica tanto con una calificación jurídica como con un hecho indivi-
dualizado como delito. Sólo si los hechos acogidos en las conclusiones
definitivas son nuevos, es cuando cabe hablar de indefensión
(Vid.STC.19.2.1987 RTC 1987\20)”.
105 art.314 CPPn
106 art.281 CPPn
apertura del juicio 109 ; sin perjuicio de lo que explícitamente se
declara en el art.157 CPPn según el cual la sentencia no puede
dar por probados otros hechos que los de la acusación, descri-
tos en el auto de convocatoria a juicio o, en su caso, en la am-
pliación de la acusación.
La pretensión penal, en el sentido expuesto, se define: ) por
su carácter público, dada la naturaleza estatal de la función de
acusar, cuyo ejercicio aparece reservado al MF en la mayoría de
los países de nuestro entorno (Alemania, Austria, Francia, Ita-
lia, Portugal, etc.) o contingentemente 110 compartido con otros
sujetos, como ocurre en España (ciudadanos: acusación popu-
lar, arts. 125 CE, 101, 270, 280 y 281 LECrim; perjudicados u
ofendidos por el delito: acusación particular: arts.108-110
LECrim 111 y en Nicaragua (arts.1y 4 LOMP, 51 núms.1, 2, 3, 4,
89, 91, 110.4, etc. CPPn); ) dada su naturaleza pública y even-
tual ejercicio por el MF, víctima o perjudicado por el delito (acu-
sación particular/privada) y, aún, por quivis ex populo (acusa-
ción popular), por el hecho de que subjetivamente sólo se iden-
tifique por la persona del acusado 112 ; ) asimismo a consecuen-
cia del carácter público, por su indisponibilidad, de modo que,
en principio 113 , ni el perdón del ofendido ni el acuerdo entre los
107 arts.255,258 y 259 CPPn
108 art.268 y 272 CPPn
109 art.303 inciso final CPPn
110 Dado que para los demás sujetos no es preceptivo su ejercicio con lo que pueden o no formular acusación sin que ello impida que, sostenida por el MF, se abra el juicio y recaiga sentencia.
111 Téngase en cuenta que la acusación particular nace del mismo tronco común que la popular, y así serían citables los arts.101 y 270 LECrim, pues con ambas acusaciones se trata del ejercicio de una función pública.
112 Por todos GOMEZ ORBANEJA, E., Derecho Procesal Penal, 10ª ed., cit., p.7.
113 Hago esta reserva en función de las nuevas tendencias permisivas de la no perseguibilidad de determinadas infracciones atendiendo a su escasa en- tidad, a las circunstancias peculiares concurrentes, etc., según se irá viendo a lo largo de este libro y en especial en el apartado consagrado a la oportu- nidad.
sujetos es bastante para impedir la persecución penal 114 ); ) con
los rasgos anteriores, por la consiguiente obligatoriedad de su
formulación para el Ministerio Fiscal (Arts.3.4 y 6 Estatuto or-
gánico MF y 105 LECrim 115 ); ) otrosí por la nota de la oficiali-
dad «circunscribiendo la eficacia de las condiciones de procedi-
bilidad a las hipótesis previstas por la norma» 116 ; ) además,
por la «irretrattabilità�

References: in dubio
 artículo 24
 Real Decreto 
 resolución 
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