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Timestamp: 2019-04-26 09:49:39+00:00

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Por Oscar Parra Vera
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LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD A
TRAVÉS DE CASOS CONTENCIOSOS ANTE EL SISTEMA
por Oscar Parra Vera1
A pesar de diversas limitaciones que existen en el Sistema Intera-
mericano en relación con la protección judicial del derecho a la salud
a través de casos contenciosos, tanto la Comisión como la Corte In-
teramericanas han incorporado el análisis de este derecho en algunos
casos contenciosos. El presente artículo analiza algunas estrategias
argumentativas desarrolladas por dichos órganos, teniendo en cuenta
la utilización de la Declaración Americana, el artículo 26 de la Con-
vención Americana, el derecho a una “vida digna”, la interpretación
amplia del derecho a la integridad personal, la obligación de garanti-
zar una inspección, vigilancia y control de la prestación de servicios
de salud, la protección de grupos en situación de vulnerabilidad y al-
gunas temáticas tales como los derechos sexuales y reproductivos.
El Sistema Interamericano de Derechos Humanos cuenta con dos
órganos principales de protección: la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte IDH). La Comisión Interamericana tiene como fun-
ción, entre otras, la promoción de los derechos humanos y está facul-
tada para tramitar casos sobre violaciones de derechos humanos. En
Abogado Sénior de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las opiniones
del autor son de su exclusiva responsabilidad y no reflejan necesariamente el criterio de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni de su Secretaría. Agradezco la asisten-
cia investigativa de Jorge Parra Norato para la realización de este artículo.
762 OSCAR PARRA VERA
el marco de estas funciones, la Comisión elabora informes temáticos,
informes de país e informes de admisibilidad y fondo en relación con
casos contenciosos. Asimismo, tiene la facultad de adoptar medidas
cautelares para enfrentar situaciones de gravedad y urgencia. Por su
parte, la Corte Interamericana resuelve casos y solicitudes de medidas
provisionales que le son presentadas por la Comisión Interamericana.
La Corte también emite opiniones consultivas cuando le es requerida
la interpretación de instrumentos internacionales del Sistema Intera-
Los órganos interamericanos han utilizado las diversas compe-
tencias con las que cuentan para desarrollar estándares sobre el al-
cance del derecho a la salud y proteger dicho derecho en algunos
casos contenciosos. El presente escrito se concentra en los casos con-
tenciosos emitidos por la Comisión y la Corte Interamericanas2.
En este marco, y respecto a la justiciabilidad del derecho a la
salud en el Sistema Interamericano, es importante tener presente que
algunas posturas han señalado que, dado el difícil y limitado acceso
al sistema, el uso indiscriminado del litigio internacional respecto a
DESC, sin consideración de los factores no legales que influyen en
estos derechos, tiene el potencial de generar efectos negativos si los
casos no son idóneos para alcanzar un impacto más allá del beneficio
individual de una víctima o un grupo limitado de víctimas. Además,
se ha señalado que el litigio puede tener un rol importante si se usa
como un mecanismo más dentro de otras estrategias de incidencia
que involucran a los movimientos sociales, los medios de comunica-
ción y otras formas de presión. De otra parte, se debate en relación
con la pertinencia de estrategias directas a partir del artículo 26 de la
Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante la “Con-
vención Americana” o el “Pacto de San José”) o indirectas (utilizando
los derechos civiles y políticos pertinentes), según la interpretación
del alcance de las obligaciones respecto a estos derechos y teniendo
en cuenta antecedentes jurisprudenciales que son interpretados como
probable negación a casos que involucren una protección judicial di-
recta de los mismos3.
El presente artículo no analiza algunos temas fundamentales en relación con la
dinámica evolución del derecho a la salud en el Sistema Interamericano y que son estu-
diados en detalle en otros artículos de la presente obra: las reparaciones de la Corte Inte-
ramericana, las medidas cautelares de la Comisión Interamericana, el informe temático
que dicha Comisión emitió sobre salud materna y derechos humanos, y el informe sobre
indicadores del Grupo de Trabajo para implementar el sistema de informes del Protocolo
Entre los diversos debates cabe resaltar el generado por el artículo de CAVALLARO,
James L. y SCHAFFER, Emily, “Less as More: rethinking Supranational Litigation of Economic
LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD A TRAVÉS DE CASOS... 763
El presente texto no profundiza en dichos debates. Sin embargo,
se toman en cuenta algunos elementos de la discusión para explicar
algunas razones por las cuales, en la jurisprudencia de la Corte, no
existen casos en los que se haya declarado la violación del derecho
a la salud en forma directa y autónoma. En los pocos casos que ha
tenido que conocer respecto a temáticas que involucran este derecho,
la Corte ha utilizado estándares de derecho a la salud en el análisis
de algunos derechos civiles y políticos y respecto a algunos grupos
Se analizarán entonces ocho escenarios que permiten dialogar en
torno a la protección del derecho a la salud por vías directas e indi-
rectas. Se inicia con una mención de la justiciabilidad a partir de la
Declaración Americana (1), a partir del artículo 26 de la Convención
Americana (2), la protección del derecho a la salud en relación con
el derecho a una “vida digna” (3) y en relación con la obligación de
garantizar una inspección, vigilancia y control de la prestación de
servicios de salud (4). Posteriormente, se analizan algunas particula-
ridades respecto a algunos grupos en situación de vulnerabilidad. En
especial, se analiza el derecho a la salud y su conexidad con el dere-
cho a la integridad personal, con particular énfasis en la atención en
salud a las personas con discapacidad (5), para luego centrar el aná-
lisis en las personas privadas de libertad (6). Finalmente, se analizan
temáticas tales como la confidencialidad y el acto médico (7) y los
avances en materia de derechos sexuales y reproductivos (8). Estos
ocho temas evidencian que, a pesar de los límites normativos que
and Social Rights in the Americas”, Hastings Law Journal, Nº 56, 2004; la crítica de ME-
LISH, Tara J., “Rethinking the ‘Less as More’ Thesis: Supranational Litigation of Economic,
Social and Cultural Rights in the Americas”, 39 New York University Journal of Interna-
tional Law and Politics, Nº 39, 2006; la réplica de CAVALLARO, James L. y SCHAFFER, Emily,
“Rejoinder: Finding Common Ground to Promote Social Justice and Economic, Social
and Cultural Rights in the Americas”, New York University Journal of International Law
and Politics, Nº 39, 2006; y la dúplica de MELISH, Tara J., “Counter-Rejoinder: Normative
Neutrality and Technical Precision, The Role of the Lawyer in Supranational Social Rights
Litigation”, New York University Journal of International Law and Politics, Nº 39, 2006.
Una continuación de este debate se encuentra en CAVALLARO, James L. y ERIN BREWER,
Stephanie, “La Función del Litigio Interamericano en la Promoción de la Justicia Social”,
en Sur. Revista Internacional de Derechos Humanos, Nº 8, 2008, ps. 85 a 99. En este
último artículo los autores analizan la forma en que el litigio con énfasis en derechos
civiles y políticos permitió i) impulsar el debate sobre la reforma agraria a partir del caso
Corumbiara vs. Brasil (sobre la expulsión de más de 500 familias de una hacienda por
parte de la policía militar con uso excesivo de la fuerza que generó muertos y heridos),
y ii) lograr apoyo para la lucha contra desalojos forzados y por la redistribución de la
tierra liderada por el Movimiento de los Sin Tierra en Brasil a partir del caso Masacre de
Eldorado dos Carajás vs. Brasil (ataque policial a un grupo de ocupantes ilegales sin tierra
que hacían presión para lograr expropiaciones).
764 OSCAR PARRA VERA
enfrentan los órganos interamericanos, la interpretación evolutiva de
la Convención Americana ha permitido una amplia protección del
1. JUSTICIABILIDAD DEL DERECHO A LA SALUD A PARTIR
DE LA DECLARACIÓN AMERICANA
Respecto a aquellos países que no han suscrito la Convención
Americana, la Comisión Interamericana tiene competencia para pro-
cesar denuncias por la violación de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, adoptada en 1948. Por ejemplo, en
el caso Tribu Ache Vs. Paraguay, la CIDH consideró la negación de
atención médica y medicinas durante epidemias como una violación
del derecho a la preservación de la salud y al bienestar establecido en
la Declaración Americana (Art. XI)4.
Otro ejemplo relevante lo constituye el caso Yanomami Vs. Bra-
sil, donde la CIDH declaró que el Estado había violado el derecho a
la preservación de la salud y al bienestar de esa comunidad indígena
“por la omisión de haber adoptado oportuna y eficazmente medidas”
en este caso para evitar el considerable número de muertes por epi-
demias de influenza, tuberculosis, sarampión, malaria, enfermedades
venéreas, etc. que sufrieron los integrantes de esta comunidad como
consecuencia de la invasión que se produjo, sin previa y adecuada
protección para la seguridad y salubridad de los indios, de trabaja-
dores de la construcción, geólogos, exploradores mineros y colones
que llegaron a sus tierras después del descubrimiento de minerales de
estaño y otros metales en la región, así como por la construcción de
una autopista5.
En varios casos contra Cuba también se ha declarado la viola-
ción del mismo derecho por las deficiencias de los sistemas peniten-
ciarios de ese país y las condiciones de vida a las que están sometidos
los presos, como asistencia médica deficiente, alimentación escasa y
de mala calidad entre otras6.
CIDH, Tribu Ache, Paraguay, OEA/Ser.L/V/II.50 Doc. 13 Rev. 1, 2 de octubre 1980,
págs. 34-35.
Caso Yanomami, Resolución Nº 12/85, caso Nº 7615 (Brasil), 5 de mayo de 1985,
considerando número 10, y punto resolutivo 1.
CIDH, Resolución Nº 3 /82, Caso 6091, Cuba, 8 de marzo de 1982; Resolución
Nº 45/81, Caso 4402, Cuba, 25 de junio de 1981; Resolución Nº 46/81, Caso 4429,
Cuba, 25 de junio de 1981; Resolución Nº 47 /81, Caso 4677, Cuba, 25 de junio de
1981; Resolución Nº 2/82, Caso 2300, Cuba, 8 de marzo de 1982; Resolución Nº 3/82,
Caso 6093, Cuba, 8 de marzo de 1982.
JUSTICIABILIDAD DEL DERECHO A LA SALUD A PARTIR DEL ARTÍCULO 26 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA La Convención Americana. en la me- dida de los recursos disponibles. el artículo 26. tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional. A ello contribuye una interpretación que considera que “los derechos” consagrados por la Carta de la OEA no serían “derechos en estricto sentido”. “Less as More: Rethinking Supranational Litiga- tion of Economic and Social Rights in the Americas”. ps. está conformada por un Preámbulo y tres partes. La primera parte se titula “Deberes de los Estados y Derechos Protegidos” y se divide en cinco capítulos: el primero enuncia los deberes de los Estados y el segundo refiere a derechos civiles y políticos. para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas. sociales y sobre educación. El tercer capítulo se titula “Derechos Eco- nómicos. dado que el Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de DESC (“Protocolo de San Sal- vador”. espe- cialmente económica y técnica. adoptada en 1948 y modificada en 1967. 1998. James y SCHAFFER. al que se le tituló “Desarrollo Progresivo”. ibíd. 765 2. David y LIVING- STONE. Oxford University Press. hacen énfasis en el proyecto presentado por la Comisión Interamericana ante la Conferencia Interamericana especializada de 1969 —que no incluía estos derechos— 7 y en el entendimiento de la cláusula de progresividad como “estándar de no justiciabilidad”8.LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD A TRAVÉS DE CASOS. Mattew. Emily. El ar- tículo 26 consagra lo siguiente: Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias. adoptada en 1969. The Inter-American System of Human Rights. Al hablar sobre DESC... Otras posturas resaltan que. 297-306. Stephen. Sociales y Culturales” y contiene solo un artículo. 225 a 227 y 267 a 269.. 8 CAVALLARO. Posiciones que consideran que el artículo 26 no incluye derechos sociales. ciencia y cultura. La determinación del alcance del artículo 26 ha generado di- versos debates doctrinales y en la propia jurisprudencia de la Corte. el Pacto de San José hace una remisión a la Carta de la Organización de los Estados Americanos (en adelante “Carta de la OEA”). contenidas en la Carta de la [OEA]. El más importante de ellos es si la Convención Americana permite la justiciabilidad directa de los derechos sociales. ps. por vía legislativa u otros medios apropiados. Social and Cultural Rights” en HARRIS. . “Economic. adoptado en 1988) no contempló entre los derechos justi- ciables a la mayoría de derechos sociales —incluido el derecho a la 7 CRAVEN. reformada por el Protocolo de Buenos Aires.
] se hallan sujetos al régimen general de supervisión y decisión. a los “medios de protección”12. sociales y culturales en el artículo 26…”. COURTIS. Ver en particular. ps. 98 a 102 y 113 a 120. la tarea posterior recae en la inter- pretación del artículo 26 para determinar i) cuáles son los derechos que es posible inferir a la luz de dicha remisión a la Carta de la OEA. cabe anotar que Sergio García Ramírez también ha señalado que el artículo 26 contempla derechos y que “[t]odos los derechos [.).VV. ver PARRA VERA. estos derechos no pueden ser exigidos a través del artículo 26 de la Convención 9. ps. 12 GARCÍA RAMÍREZ. Julieta. Víctor y ROSSI. Social. “La tutela de los derechos económicos. Comi- sión Nacional de los Derechos Humanos.] contenidos en el Pacto de San José y aceptados por los Estados [. Tara. Oscar. 2004. José A. o dicho de otra manera. Justiciabilidad de los Dere- chos Económicos. sociales y culturales en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. sociales y culturales de la Carta de la OEA. en MARTIN. 13 La doctrina ha evaluado exhaustivamente estos temas. “La tutela de los derechos económicos. Fontamara. DESC. Sólo nos interesa resaltar algunas posturas doctrinales relevantes y desarrollos en la jurisprudencia. 11 ABRAMOVICH. Asimismo.766 OSCAR PARRA VERA salud—. Claudia. Yale Law School. Sergio. (comps. Si se aceptan estos puntos de partida (que la Convención Ameri- cana consagra derechos sociales). CDES. sociales y culturales”. Estos derechos. 457-478. Héctor. Oswaldo. ABRAMOVICH y ROSSI. Christian. 10 Para una visión más detallada. Derecho Inter- nacional de los Derechos Humanos. El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos: su jurisprudencia sobre debido proceso. en AA. deben inferirse a partir de las normas económicas. Netherlands Quarterly of Human Rights. IIDH. 9 RUIZ CHIRIBOGA. 2012.. sociales y culturales en el sistema interamericano”. 139 y 141. 2003. “La protección de los derechos económicos. Al respecto. en Cuestiones Constitucionales. 2004. and Cultural Rights in the Inter-American System”. “Protección jurisdiccional internacional de los derechos económicos. México. México. Sociales y Culturales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Abramovich y Rossi resaltan que el artículo 26 alude claramente a la “adopción de medidas” para dar “plena efectividad” a “derechos”. julio-diciem- bre 203. su interpretación literal permite concluir que no enuncia meros objetivos programáticos11. “Los derechos económicos. libertad personal y libertad de expresión. Nº 9. sociales y cultu- . Quito. FAÚNDEZ LEDESMA. 379- 392. Sociales y Culturales ante el Sistema Interamericano. MELISH. “Ignoring the Protocol of San Salvador? Not the Best So- lution: (Non)Justiciability of Economic. ps. de acuerdo a las pa- labras de la norma. Diego y GUEVARA. ps. ii) cuáles son los alcances de la cláusula de desarrollo progresivo y iii) cómo operan las obligaciones estatales en relación con estos de- rechos13. San José. RODRÍGUEZ-PINZÓN.. En este sentido. La Protección de los Derechos Económicos... 67 ps. Para los efectos del presente artículo no resulta necesario pro- fundizar en este debate10.
Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. 767 Al resolver estos problemas jurídicos. Serie A Nº 18. “Los derechos económicos.. Ahora bien. Héctor.D. sociales y culturales en el sistema interamericano”. en COURTIS. 2005. si existen posiciones en conflicto o dudas. HAUSER. Además. Julieta. 470 a 478.). 120.H. la Corte IDH ha señalado que al interpretar la Convención debe siempre elegirse la alternativa más favorable para la tutela de los derechos protegidos por dicho tratado. “La tutela de los derechos económicos. 17 ABRAMOVICH. Gabriela (comps. Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados.. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Mar- co de las Garantías del Debido Proceso Legal. .. Por otra parte..H. párr.. como lo resalta Héctor Faúndez. sociales y culturales en el artículo 26…”. el artículo 29 d) de la CADH señala que ninguna de sus disposiciones se puede interpretar en el sentido de excluir o limitar el efecto que puedan pro- ducir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos de la misma naturaleza16. Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. siguiendo en este punto a la Corte Europea de Derechos Humanos. Nuevos desafíos. ps. es im- prescindible reconocer la jurisprudencia constante de la Corte IDH. 106. lo cual gene- ra limitaciones para derivar una competencia17. Colombia. Porrúa-ITAM. 15 Corte I. 16 FAÚNDEZ LEDESMA. como el derecho a la salud. Fondo. Christian. Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003. 1 a 66. en el sentido de considerar a las convenciones de derechos humanos como “instrumentos vivos” que deben ser interpretados a la luz de las condiciones actuales y que la interpretación de los derechos debe hacerse “en el marco de la evolución de los derechos fundamentales de la persona humana en el derecho internacional contemporáneo”15. Víctor y ROSSI. párr. según el princi- pio de la norma más favorable al ser humano14.D. Cabe resaltar que esta De- claración consagra expresamente diversos derechos sociales. párr. sin que pueda utilizarse la Declaración Americana o el principio pro persona para su determinación. entre las posturas sobre los derechos sociales que se derivan del artículo 26 se encuentran interpretaciones que entienden como derechos incluidos en la norma sólo aquellos que puedan deri- varse de la Carta de la OEA.D. Serie A Nº 16. Reparaciones y Costas. ver Corte I. rales a través del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. 114 y Corte I. el principio de interpretación más favorable sólo debe ser utilizado para fijar el alcance de la respectiva norma. 100. Denise y RODRÍGUEZ HUERTA.LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD A TRAVÉS DE CASOS. ps. Serie C Nº 134.H. p. México. Protección internacional de los derechos humanos. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. 14 Entre otros. La tarea del intérprete es entonces actualizar el sentido normativo de la Convención. Según esta postura.
la Corte ha señalado que la interpretación de la Convención debe ser integral. 75.. Serie C Nº 205. el artículo XI de la Declaración y el artículo 10 del Protocolo de San Salvador.D. CEJIL. Convenios de la OIT. respecto a los derechos consagra- dos en el artículo 26. 2005. según el cual. El rol del método siste- mático podría apoyar posturas que mediante la aplicación del princi- pio de interpretación más favorable determinan los derechos armoni- zando la Carta de la OEA. sociales y cul- turales a través del artículos 26…”. teleológico. es posible deri- varlo del artículo 26 en conjunto con los artículos 34 i22.768 OSCAR PARRA VERA Sin embargo. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. ps. Tara. 76 a 78 y KRSTICEVIC. Sentencia del 16 de noviembre de 2009. productiva y digna. etc. México. CEJIL. En este punto. . ps. 23 l) Condiciones urbanas que hagan posible una vida sana.l23 de la Carta de la OEA. en ídem. La Corte IDH ha tenido dos pronunciamientos importantes so- bre el alcance del artículo 26. a que se refiere el artículo 26. ps. “Enfoque según el artículo 26: Invocando los DESC que se derivan de la Carta de la OEA”. Si bien dichos casos no se refieren al derecho a la salud. sociales y culturales y el Sistema Interamericano. 2004. de tal forma que armonice los métodos literal. San José. sociales y culturales en el Sistema Interamericano…. La protección de los derechos económicos. 383-388. 22 i) Defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación de los mo- dernos conocimientos de la ciencia médica. San José. En el caso del derecho a la salud. la Declaración Americana19 y el Protocolo de San Salvador20 así como otros instrumentos internacionales perti- nentes a la materia (PIDESC. 34. La protección de los derechos económicos. ilustran las potencialidades y límites que tiene di- cho artículo para la exigibilidad de dicho derecho. CEJIL. serían aquellos contenidos en la Declaración Americana”. Christian. La protección de los derechos económicos. “la Declara- ción Americana determina los derechos a los que se refiere la Carta de la OEA”. “La protección de los derechos económicos.)21. en CEJIL. sociales y culturales…”. 21 COURTIS. Fondo. ps. Reparaciones y Costas. CEJIL considera que “los derechos protegidos por la Carta. es importante tener presente que la remisión efectuada por este artículo involucra varias normas de la Carta de la OEA. Otros elementos interpretativos pueden ser de utilidad al enfren- tar estos problemas. Excep- ción Preliminar. 20 MELISH. sociales y culturales en el Sistema Interamericano”. “La protección de los derechos económicos. 8 a 29.H. 19 Entre las opciones de litigio defendidas por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) se encuentra la utilización del estándar definido por la Corte IDH en su Opinión Consultiva sobre la Declaración Americana. Construyendo una agenda para la justiciabilidad de los derechos sociales. sistemático e histórico18. En el Caso Cinco 18 Corte I. 167 a 173. pero todo depende de la técnica argumentativa que se utilice para ello. CEJIL. p. El conjunto de derechos que es posible inferir puede ser relati- vamente amplio. Viviana.
protección y cumplimiento).H.D. sociales y culturales en el Perú. Oscar. y del de- recho a la seguridad social y a la pensión en particular. por no aplicar las obligaciones de respeto y garantía frente a los derechos sociales. así como los diversos temores respecto al análisis de una política pública24. El Tribunal precisó que el artículo 26 consagra derechos económicos.. . 147). y por las confusiones generadas entre la dimensión colectiva de los derechos sociales y su alcance nacional. entre otros motivos. Esta Sentencia fue duramente criticada. cit. ver PARRA VERA. teniendo presentes los imperativos de la equi- dad social. sobre el con- junto de la población. Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Excepción Preliminar. Perú25. a través del Caso Acevedo Buendía vs. La Corte declaró violado el derecho a la propiedad (artículo 21 de la Convención) pero no el derecho a la seguridad social. la Corte se refirió a la doctrina del Comité de Derechos Económicos. la Corte IDH modificó algunos componentes de su jurisprudencia en Cinco Pen- sionistas. 769 Pensionistas. Respecto a las obligaciones de progresividad y no regresividad. Perú. 148). considerando que “el desarrollo progresivo” de los derechos sociales se debe medir “en función de la creciente cobertura de los derechos económicos... Fondo. Sentencia de 1 de julio de 2009. la CIDH alegó que el retroceso no justificado respecto al grado de desarrollo del derecho a la seguridad social constituía una violación del artículo 26. y no en función de las circunstancias de un muy limitado grupo de pensionistas no necesariamente representativos de la situa- ción general prevaleciente” (párr. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contra- loría”) vs. La Corte precisó que la obligación de adoptar medidas para impulsar la progresividad puede ser objeto de rendición de cuentas y aludió a los siguientes estánda- res: El Comité de Derechos Económicos. 25 Corte I. en el marco de (dicho) caso” (párr. El énfasis en las obligaciones que se derivan de los derechos sociales será fundamental para analizar la responsabilidad internacional específica respecto a este tipo de derechos. sociales y culturales exigibles a los cuales son aplica- bles las obligaciones de respeto y garantía (prevención. Este es un primer paso para superar gran parte de las dudas del pasado. sociales y culturales en general. Seis años des- pués. Serie C Nº 198. Sociales y Culturales de Na- ciones Unidas ha señalado que “[c]uando estudie una comunicación en que se afirme que un Estado Parte no ha adoptado medidas hasta 24 Para un mayor análisis de estas críticas.LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD A TRAVÉS DE CASOS. Reparaciones y Costas. razón por la cual desestimó “la solicitud de pronunciamiento sobre el desarrollo progresivo de los derechos económicos. op.
el Comité podrá tener en cuenta. párr. si el Estado Parte se inclinó por la opción que menos limitaba los de- rechos reconocidos en el Pacto. 21 de septiembre de 2007. teniendo particularmente en cuenta si el país atraviesa un período de recesión económica. Como correlato de lo anterior. legislativas o de otra índole. d) [l]a existencia de otras necesidades importantes que el Estado Parte deba satisfacer con los recursos limitados de que dispo- ne. […] examinará las medi- das. que el Estado Parte haya adoptado efectivamente. c) [l]a situación económica del país en ese momento. debido a un reciente desastre natural o a un reciente conflicto armado interno o internacional. si las medidas fueron no discriminatorias y si se dio prioridad a las situaciones graves o de riesgo”. 38º Período de Sesiones. y] f) [s]i las medidas se adoptaron teniendo en cuenta la precaria situación de las personas y los grupos desfa- vorecidos y marginados. E/C. teniendo particularmente en cuenta si la si- tuación afecta al disfrute de los derechos básicos enunciados en el Pacto. Naciones Unidas. por ejemplo. De- claración sobre la “Evaluación de la obligación de adoptar medidas hasta el ‘máximo de los recursos de que disponga’ de conformidad con un protocolo facultativo del Pacto”. […] examinará esa información en función de las circunstancias concre- tas del país de que se trate y con arreglo a los siguientes criterios objetivos: a) [e]l nivel de desarrollo del país.770 OSCAR PARRA VERA el máximo de los recursos de que disponga. entre otras.12/2007/1. Se señaló que “las medidas de carácter deliberada- mente re[gresivo] en este aspecto requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente por referencia a la tota- lidad de los derechos” sociales “en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos disponibles”. sociales y culturales. e) [s]i el Estado Parte trató de encontrar opciones de bajo costo[. Se indicó además que: [e]n caso de que un Estado Parte aduzca ‘limitaciones de recursos’ para explicar cualquier medida regresiva que haya adoptado. las con- sideraciones siguientes: a) [h]asta qué punto las medidas adoptadas fueron deliberadas. b) [s]i el Estado Parte ejerció sus facultades discrecionales de manera no discriminatoria y no arbitra- ria. Comité de Derechos Económicos.] y f) [s]i el Estado Parte recabó cooperación y asistencia de la comunidad internacional o rechazó sin motivos suficientes los recursos ofrecidos por la comunidad in- . atendiendo a la doctrina del men- cionado Comité. Sociales y Culturales. d) [e]n caso de que existan varias opciones en materia de normas. 8. Para determinar si esas medidas son ‘adecuadas’ o ‘razonables’. e) [e]l marco cronológico en que se adoptaron las medidas[. concretas y orientadas al disfrute de los derechos económicos. la Corte precisó criterios para analizar las medidas regresivas. c) [s]i la decisión del Estado Parte de no asignar recursos dispo- nibles se ajustó a las normas internacionales de derechos humanos. b) [l]a gravedad de la presunta infracción.
Diana. Homenaje a Héctor Fix Zamudio. Rodrigo y GUARNIZO. si se estableció una metodología para el análisis de estos casos. .. Perú. Como se observa. en el Caso de la Asociación Nacional de Ex Servidores del Instituto Peruano de Seguridad Social y Otras Vs.LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD A TRAVÉS DE CASOS. México. Este trascendental pronunciamiento de la CIDH. emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 27 de marzo de 2009. De- claración sobre la “Evaluación de la obligación de adoptar medidas hasta el ‘máximo de los recursos de que disponga’ de conformidad con un protocolo facultativo del Pacto”. 771 ternacional para la aplicación de lo dispuesto en el Pacto”. la Comi- sión admitió la petición respecto al derecho a la salud. Comité de Derechos Económicos. “¿Es posible una dogmática adecuada sobre la prohibición de regresi- vidad? Un enfoque desde la jurisprudencia constitucional colombiana” en FERRER MAC- GREGOR. 38º Período de Sesiones. la jurisprudencia de la Comisión y de la Cor- te ha ido precisando los alcances que puede tener la aplicación del artículo 26 en casos contenciosos específicos. 27 Para un mayor desarrollo sobre el rol de la distinción entre reglas y principios para una mejor aplicación judicial de la prohibición de regresividad. ver UPRIMNY. también en 2009. párrs. Eduardo y ZALDÍVAR. Esto significa asumir que la prohibición de regresividad es un principio (es decir. Por ejemplo.). 140 a 147. El Salvador. Naciones Unidas. Sociales y Culturales. Asociación Nacional de Ex Servidores del Instituto Peruano de Seguridad Social y Otras vs. La Corte Interamericana reconoció asimismo que. 10. 2008. en la manera como las presuntas víctimas venían ejerciendo su derecho a la pensión de jubilación. un mandato de optimización que se puede ponderar con otros principios) y no una regla (es decir. la Comisión Interamericana había considerado que para eva- luar si una medida regresiva es compatible con la Convención Ame- ricana se deberá “determinar si se encuentra justificada por razones de suficiente peso”.. Si bien no se declaró violación de ningún derecho humano. Estas precisiones sur- gieron en 2009 y aún no se han aplicado en casos concretos sobre el derecho a la salud. E/C. a través de una reforma constitucional y legal. en el caso Odir Miranda vs. En particular. párr. 21 de septiembre de 2007. una norma que se aplica bajo las reglas todo/nada. Perú (Informe Nro. UNAM.670. 38/09)26 analizó el cambio. Caso 12. tenien- do en cuenta razones de suficiente peso. Arturo (coords. en el marco 26 Informe de Admisibilidad y Fondo Nº 38/09. es decir. que no toda regresión es prohibida)27. En forma previa a dicho año existen algunos in- formes que se pronuncian sobre el derecho a la salud en el marco del artículo 26 de la Convención Americana.12/2007/1. la Comisión precisó que la prohibición de regresividad exige un análisis de la afectación individual de un dere- cho con relación a las implicaciones colectivas de la medida.
frente a personas que padecen otro tipo de 28 CIDH. En dicho informe la Comisión consideró que no existió violación del derecho a la salud al consi- derar que se habían adoptado medidas para ofrecer el tratamiento médico respectivo28. sin una justificación racional. en el desarrollo del trámite los servicios de salud salvadoreños fueron ampliando la cobertura en forma gratuita a otras personas infectadas con el VIH/SIDA. se señaló la im- posibilidad de efectuar un análisis global sobre la regresividad a par- tir de un grupo reducido de personas.249. como hubiera sucedido. por lo tanto. Jorge Odir Miranda Cortez y otros. La Comisión consideró que en el caso no había sido sustentada una práctica discriminatoria en este ámbito porque no había sido probado que a las presuntas víctimas se les hubiese negado la atención médica o los medicamentos que a otras personas que se encuentran en la misma situación se les haya dado. En el año 2003 la Comisión emitió su informe de fondo. para cumplir dicho objetivo de manera eficaz. dentro de las circunstancias. .772 OSCAR PARRA VERA del artículo 26... pero en el informe de fondo respectivo consideró que no existió violación de este derecho. la Comisión indi- có que. Sin embargo. El Salvador. previo análisis médico. Por otro lado. Fondo. No es posible hablar. Tampoco aportaron argumentos o pruebas para sustentar que los pacientes de VIH/SIDA reciben un tratamiento diferenciado. independientemente de lo señalado respecto al carácter pro- gresivo del derecho a la salud. La CIDH solicitó al Estado la adopción de medidas cautelares urgentes respecto de las víctimas presentadas en el caso a fin de que se les suministre el tratamiento médico y los medicamentos antirretrovirales pertinentes. en el caso Cuscul Piraval y otros. La Corte Suprema de Justicia salvadoreña dictó una resolución que ordenó la distribución de los medicamentos a los peticionarios a partir de di- ciembre de 2000. Informe Nº 27/09. Tampoco se ha alegado que hubiera alguna regresión en el sentido de dejar de conceder algún beneficio a alguno de ellos que tuvieran con anterioridad”. en el sentido de que el Estado no puede garantizar el derecho a la salud de manera discriminatoria. si se demostrara que el Estado se negó a atender a alguno de ellos. La CIDH estima que las acciones del Estado fueron suficientemente expeditas. El caso se relacionaba con 26 personas con VIH a quienes no les fueron suministrados los me- dicamentos que integran la triple terapia necesaria para impedirles la muerte y mejorar su calidad de vida. 20 de marzo de 2009. por ejemplo. de alguna violación directa al derecho a la salud de Jorge Odir Miranda Cortez o de las otras 26 personas identificadas en el Caso 12. existía una situación de exigibilidad inmediata de este derecho en relación con el principio de no-discrimi- nación. que había tomado las medidas razonablemente a su alcance para ofrecer el tratamiento médico a las personas incluidas en el expediente. Más aun. el cual fue publicado en 2009. En este informe de fondo la Comisión consideró que “el Estado acreditó.
En efecto. 7 de marzo de 2005. si bien compartía lo resuelto por la Corte. Se declaró entonces la inadmisibilidad del derecho a la salud y del derecho a la igualdad29. tal como se analiza en segmentos posteriores. 773 enfermedades. . Informe Nº 32/05.H. Petición 642-03. La Jueza Macaulay resaltó que para de- terminar los derechos sociales que se derivan de la Carta de la OEA es necesario utilizar la Declaración Americana. la Corte IDH no ha utilizado el artículo 26 en su jurisprudencia sobre el derecho a la salud. pro- tección judicial y acceso a la justicia) y se analizó el impacto negativo en el acceso a una debida rehabilitación en el marco del derecho a la integridad personal. Guatemala.D. este Protocolo no establece ninguna disposición cuya intención fuera limitar el alcance 29 CIDH. sociales y culturales bajo el alcance del artículo 26 de la Convención Americana. aspecto que exigía valorar las fuentes pertinentes en relación con el PIDESC y su interpretación autorizada por el Comité DESC. Agregó que en dicho caso. Por su parte. Esta práctica fue criticada en un voto de la Jueza Margarette Macaulay en el caso Furlan y familiares vs. se trataba de una controversia sobre el deber de garantía del derecho a la salud y el derecho a la seguridad social. no se trataba de una discusión sobre la realización progresiva o regresión de estos derechos. Admisibilidad.. Argentina. Luis Rolando Cuscul Piraval y otras personas afectadas por el VIH/SIDA.. La Corte enmarcó las diversas violaciones ocurridas en dicho caso en los artículos 8º y 25 de la Convención (sobre garantías judiciales. Resaltó que si bien entre los derechos sociales que éste consagra solamente el derecho a la educación y ciertos de- rechos sindicales serán justiciables (artículo 19). en el que existían leyes y reglamentos mediante los cuales se había establecido el acceso a varios beneficios relacionados con el derecho a la salud y el derecho a la seguridad social y donde existían alegatos sobre supuestos obstáculos al acceso a dichos beneficios. 30 Corte I. emitido en 2012. Sentencia de 31 de agosto de 2012. La Jueza Macaulay resaltó que. Argentina30. Caso Furlan y familiares vs. y ha incluido lo pertinente en torno a este de- recho a la luz de derechos tales como la vida y la integridad personal (infra). Este caso sobre los problemas en el acceso a rehabilitación para un niño con discapacidad será analizado en detalle posteriormente. Serie C Nº 246. Por otra parte. particularmente en relación con la obligación de respetar y garantizar el derecho a la salud y a la seguridad social.LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD A TRAVÉS DE CASOS. la Jueza Macaulay resaltó que el Protocolo de San Salvador podía utilizarse para interpretar el alcance de la Convención Americana en el caso. también era posible resolver el caso a partir de la justiciabi- lidad directa de los derechos económicos..
se debe realizar una interpretación sistemática de ambos tratados. Además. La jueza Macaulay concluyó. Finalmente. Esta larga reseña del voto de la Jueza Macaulay permite intro- ducir que sigue vigente el debate sobre estrategias de protección del derecho a la salud en forma directa a través del artículo 26 y en forma indirecta a través de otros derechos. Además. la Convención de Viena declara que una interpre- tación no debería derivar en un resultado manifiestamente absurdo o irracional. en el sentido de que la Convención Americana no establece distinciones al señalar que su jurisdicción cubre todos los derechos establecidos entre los artículos 3 y 26 de la Convención. la Convención de Viena exi- ge una interpretación de buena fe de los términos del artículo 26. la conclusión que el Protocolo de San Salvador limita el alcance de la Convención. por una vía alternativa a la de la mayoría de la Corte. el artículo 4º del Protocolo de San Salvador establece que ningún derecho reconocido o vigente en un Estado puede ser restringido o infringido en virtud de los instrumentos internacionales. En este sentido. la jueza Macaulay enfatizó que la Corte. Por ende. Debe señalarse que esta opción indirecta donde se adelanta protección judicial de los derechos socia- les a través de los derechos civiles y políticos por medio del principio . al interpretar la Convención. Además. derivaría en la absurda consideración de que la Convención Americana podría tener ciertos efectos entre los Estados Partes del Protocolo de San Salvador. tomando en cuenta que el de- ber del intérprete es actualizar el sentido normativo del instrumento internacional. basada en la intención hipotética que se habría tenido respecto a la Conven- ción Americana por parte de los delegados que adoptaron el Proto- colo de San Salvador no se puede desacreditar el contenido explícito de dicha Convención Americana. to- mando en cuenta su propósito. tenía que actua- lizar el sentido normativo del artículo 26. y a la vez tener otro efecto distinto para los Estados que no son partes en dicho Protocolo. En esta línea de argumentos. con la excusa de que el Protocolo mencionado anteriormente no lo reconoce o lo reconoce a un menor grado. como intérprete autorizado de la Convención. sino la intención objetivada del texto de la convención americana. usando una interpretación histórica.774 OSCAR PARRA VERA de la Convención Americana. Precisó entonces que: lo que importa no es la intención subjetiva de los delegados de los Estados en el momento de la Conferencia de San José o durante la discusión del Protocolo de San Salvador. que se podía declarar la violación del derecho a la salud y el derecho a la seguridad social (en el marco del artícu- lo 26) en relación con el derecho a la integridad y el principio de no discriminación.
en el caso Villagrán Morales y otros vs. Algunos de ellos habían fallecido en di- 31 Sobre este punto.H. en AA. donde la Corte analizó la situación de ni- ños privados de su libertad. 32 Corte I. se puede encontrar en decisiones interamericanas que se pronuncian sobre el alcance del derecho a la salud a través de algunos derechos civiles y políticos. Social Rights Jurisprudente: Emerging Trends in Comparative and Internacional Law. ps. Malcolm (ed. párr.. 215 a 217 e íd. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Al respecto. en LANGFORD. los casos que se analizan a continuación introducen algunos límites y potencialidades de la jus- ticiabilidad indirecta. Guate- mala. no sólo el dere- cho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente. En este sentido. Los Estados tienen la obli- gación de garantizar la creación de las condiciones que se requieren para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y. JUSTICIABILIDAD DEL DERECHO A LA SALUD EN RELACIÓN CON EL DERECHO A UNA “VIDA DIGNA” Una alternativa distinta a la justiciabilidad directa con base en el artículo 26. “El litigio supranacional de los Derechos Económicos. 775 de interdependencia ha sido criticada por autores que consideran que puede constituir una disminución del ámbito de protección de cada derecho social en particular. 2008. Tara J.LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD A TRAVÉS DE CASOS. sino también el derecho a que no se le impida el acceso a condiciones que le garanticen una existencia digna. 144. Paraguay. Sociales y Culturales: avances y retrocesos en el Sistema Interamericano”. 2005.. el deber de impedir que sus agentes atenten contra él”32. Guatemala. podría perderse la especificidad tanto de derechos civiles y políticos (que empiezan a abarcarlo todo) como de derechos sociales (que no logran proyectar sus especificidades). Serie C Nº 63. el derecho fundamental a la vida comprende.). dado que existen algunos componentes de los derechos sociales que no pueden ser reconducidos a estánda- res de derechos civiles y políticos31.. “The Inter-American Court of Human Rights: Beyond Progressivity”. la Corte desarrolló una interpretación amplia del derecho a la vida para incluir en él las condiciones dignas de existencia: “[e]n esencia.VV. ver MELISH.. Cambridge University Press. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Programa de Dere- chos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.D. Fondo. Este criterio fue reiterado en el caso Instituto de Reeducación del Menor vs. Un primer escenario al respecto se obser- va en la utilización del derecho a una vida digna. 3. referido a la ejecución extrajudicial de “niños de la calle” que vivían en una situación de pobreza privados de mínimas condiciones de una vida digna. Sociales y Culturales.. México. Sin perjuicio de ello. en par- ticular. . Derechos Económicos.
12 (Derecho a la Alimentación). párr.H. en conse- cuencia.776 OSCAR PARRA VERA versas circunstancias ocurridas en el centro de reclusión. en el caso concreto.H. Con base en esta consideración. en rela- ción con el deber general de garantía contenido en el artículo 1. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. respecto al artículo 26. Fondo. Paraguay. Analizando los hechos del caso. entendió procedente evaluar si el Estado había cumplido o no sus obligaciones positivas en relación al derecho a la vida “a la luz de lo expuesto en el artículo 4º de la [CADH]. Serie C Nº 125. La Corte IDH consideró que “la protección de la vida del niño requiere que el Estado se preocupe particularmente de las circunstancias de la vida que llevará mientras se mantenga privado de libertad”33 y. 11 (Derecho a un Medio Ambiente Sano). el Tri- 33 Corte I. Reparaciones y Costas. inter alia. razón por la cual consideró innecesario pronunciarse. Se trata del caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs Paraguay34. respecto de niños privados de libertad y. por lo tanto. Fondo. 163). 13 (Derecho a la Educación) y 14 (Derecho a los Beneficios de la Cultura) del Pro- tocolo de San Salvador y las disposiciones pertinentes del Convenio No.D.. en condiciones de extrema pobreza. y de los artículos 10 (Derecho a la Salud). una comunidad indígena reclamó al Estado de Paraguay la devolución de sus tierras ancestrales. Re- paraciones y Costas. 169 de la OIT” (párr. Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Otros casos donde se analiza la salud en relación con la vida digna se relacionan con violaciones de derechos a comunidades indí- genas. 34 Corte I.1 y con el deber de desarrollo progresivo contenido en el artículo 26 de la misma. la desnutrición. donde la Corte IDH consideró que el derecho a la vida implicaba el acceso a condiciones que posibiliten una existencia digna. “un Estado tiene. Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa vs. indicando que se encontraban viviendo fuera de ellas. la obligación de.D.. En uno de ellos. proveerlos de asistencia de salud y educación” (párr. Cabe resaltar que en dicho caso los representantes de las víctimas alegaron la violación del artículo 26 por la no garantía de niveles mínimos de satisfacción de los derechos sociales y el Estado se allanó frente a dicho derecho. 160. deficientes condiciones de vivienda y dificultades en el acceso a servicios de agua potable o a servicios de salud. 161). para fijar el alcance del derecho a la vida. el Tribunal tuvo en cuenta derechos sociales consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño y el Protocolo de San Salvador. Paraguay. Serie C Nº 112. Entre estas condiciones se encontraban factores tales como el desempleo. Sin embargo. . Excepcio- nes Preliminares. Sentencia de 17 de junio de 2005. bajo su custodia.
Re- paraciones y Costas. Condición Jurídica y Derechos Huma- nos del Niño. párrs. Fondo. Consideró que ello. Paraguay. afectaba la existencia digna de los mismos. En jurisprudencia reciente la Corte ha profundizado en este aná- lisis sobre derecho a una vida digna en relación con el deber de pre- vención y la teoría del riesgo como referente de imputación de res- ponsabilidad internacional al Estado. vs. es un deber para cuya verificación. Ver Corte I. entre otros motivos. Fondo. 777 bunal entendió que las condiciones de miseria en que se encontraba la comunidad y la afectación que ello tenía en la salud y alimentación de sus miembros. alimentación. es un pilar “fundamental […] para garantizar el disfrute de una vida digna”35.H.D.. junto con el derecho a la educación. de sus actividades tradicionales de subsistencia y en su movilidad dentro sus tierras tradicionales. De otro lado.H. la ausencia de posibilidades de autoabaste- 35 En este caso la Corte hizo el análisis con respecto a la vida digna de los niños. la Corte utilizó el artículo 26 en su análisis de la violación del derecho a la vida. como grupo vulnerable que no siempre tiene al alcance los medios necesarios para la defensa eficaz de sus derechos. 86. En efecto. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. 162 y 163. pese a tener conocimiento de la situa- ción en que se encontraban (párrs. debía ser tenido en cuenta. Paraguay. Lo anterior. la Corte IDH ha establecido que el derecho a la salud (“el cuidado de la salud”).LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD A TRAVÉS DE CASOS. El Tribunal destacó que la asistencia estatal brindada en materia de acceso y calidad de agua. 36 Corte I. el Tribunal determinó que dicha comunidad no había logrado recuperar sus tierras y sus miem- bros se encontraban cada vez más restringidos para el desarrollo de su modo de vida. el deber de desarrollo progresivo contenido en el artículo 26 de la Convención y algunos derechos sociales establecidos en el Protocolo de San Salvador36. era atribuible al Estado. El Tribunal señaló que la obli- gación de “generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona humana y a no producir condiciones que la dificulten o impidan”.. párr. Consideró que esta situación está estrechamente vinculada a la falta de sus tierras. inter alia. En el caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs.D. . En esta lógica de interdependencia. en las circunstancias del caso.. 37 Corte I. en el caso concreto. por no haber adoptado las medidas po- sitivas necesarias para asegurar a estas personas condiciones de vida compatibles con su dignidad. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. servicios de salud y educa- ción no había sido suficiente para superar las condiciones de especial vulnerabilidad en que se encontraba la Comunidad Xákmok Kásek.D. Serie A Nº 17.. 162 a 171 y 176). Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay37. Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C Nº 214. Re- paraciones y Costas.H.
“The Inter-American Court of Human Rights: Beyond Progressivity”. respecto a quienes el Estado tenía deberes superiores de protección. neu- monía. tuberculosis. Tara J. respecto a ciertos fallecimientos ocurridos en la Comunidad. pertusis. En el caso concreto. la Corte declaró que el Estado violó el derecho a la vida respecto a dichos fallecimientos. op. la Corte declaró que el Estado no había brindado las prestaciones básicas para proteger el derecho a una vida digna en estas condiciones de riesgo especial. En efecto. cit. alimentación y otros te- mas de subsistencia.. 39 Las principales causas por las cuales fallecieron la mayoría fueron tétanos. un decreto presidencial. No todo tipo de afectación grave a la subsistencia sería atribuible al Estado sino aquel que éste conocía y podía prever38. Señala que la Corte atribuyó responsabilidad internacional por resultados sin analizar la razonabilidad en la conducta estatal. el Tribunal estableció que informes ela- borados por instituciones estatales e. lo que consti- tuye una violación del derecho a una vida digna de miembros vivos de la comunidad que se encontraban en situaciones de extrema po- breza. anemia. sino en la miseria. resaltó que las principales víctimas fueron niños y niñas en las primeras etapas de su vida. permitían inferir que el Estado conocía del grave riesgo en el que se encontraba la comunidad. surge a partir del riesgo conocido por el Estado y el deber de prevención correspondiente. Es importante resaltar que la Corte Interamericana retoma los estándares del Comité DESC de Naciones Unidas al valorar los pro- blemas que enfrentaban las víctimas respecto a los derechos sociales mencionados. De otra parte. enterocolitis o por complicaciones en trabajo de parto. los llevó a depender casi exclusivamente de las acciones estatales y verse obligados a vivir de una forma no solamente distinta a sus pautas culturales. el Tribunal observó que varios miembros de la Comu- nidad fallecieron por enfermedades que eran de fácil prevención si hubieran recibido asistencia periódica y constante o un control ade- cuado de salud39. la atribución de responsabilidad en el caso Xákmok Kásek respecto a temas de salud. éste es un enfoque parcialmente distin- to al mencionado previamente respecto a la omisión de garantizar una vida digna. De otra parte. Ver MELISH. por cuanto no adoptó las medidas 38 Melish critica esta conclusión de la Corte. real e inmediato para un grupo determinado de personas. . incluso. en el marco de su insistencia en dife- renciar entre obligaciones de conducta y obligaciones de resultados. Teniendo en cuenta lo anterior. En consecuencia.778 OSCAR PARRA VERA cimiento y auto-sostenibilidad de los miembros de la Comunidad. graves cuadros de deshidratación. Además. de acuerdo a sus tradiciones ancestrales.
debe ser considerada un acto del Estado. en íd. está autorizada por la legislación del Estado para ejercer atribucio- nes de autoridad gubernamental. Escri- tos sobre derechos sociales y derechos humanos. Respecto a la obligación de asegurar una inspección. para prevenir o evitar el riesgo al derecho a la vida. Los supuestos de responsabilidad estatal por violación a los derechos consagrados en la Convención. EL DERECHO A LA SALUD Y LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR UNA INSPECCIÓN. Sentencia de 4 de julio de 2006. deber que “abarca tanto a las entidades públicas y 40 Corte IDH. Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. No obstante. de una persona o entidad. 4. Christian. El mundo prometido. Comisión de Derecho Internacional 53º sesión. 779 necesarias y esperadas. 2001. VIGILANCIA Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD En el Sistema Interamericano se ha establecido responsabilidad internacional del Estado ante la falta de debida inspección... precisó lo siguiente: 86. 41 Cfr. Dicha conducta. En el caso Ximenes Lopes contra Brasil40. la Corte IDH analizó la respon- sabilidad internacional del Estado cuando se delega en un particular la prestación de un servicio público de salud. ver COURTIS. como la omisión del Estado en prevenir que terceros vulneren los bienes jurídicos que protegen los derechos humanos. como medida necesaria para la debida protección de la vida e integridad de las personas bajo su jurisdicción”. Al respecto. Para un análisis más detallado de esta sentencia. entre esos dos extremos de responsabilidad. relacionado con la muerte de una persona con discapacidad mental mientras permanecía bajo cuidado de una casa de reposo. “La muerte en una institución psiquiátrica en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos humanos. México. siempre y cuando estuviere actuando en dicha capacidad. Documento de la ONU A/56/10. el estándar es útil para entender los alcances del deber de garantía respecto al derecho a la salud. pueden ser tanto las ac- ciones u omisiones atribuibles a órganos o funcionarios del Estado. Si bien los ca- sos se relacionan con violaciones del derecho a la vida o del derecho de acceso a la justicia. Serie C Nº 149.LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD A TRAVÉS DE CASOS. Fontamara. el tribunal intera- mericano resaltó “el deber de los Estados de regular y fiscalizar las instituciones que prestan servicios de salud. Caso Ximenes Lopes.. ya sea de persona física o jurídica. vigilancia y control respecto a la prestación de servicios de salud. se encuentra la conduc- ta descrita en la Resolución de la Comisión de Derecho Internacio- nal41. que si bien no es un órgano estatal. vigilancia y control en la prestación del servicio de salud. Brasil”. El caso “Damiao Ximenes Lopes v. . dentro del ámbito de sus atribuciones. 2009.
en este caso. Caso Furlan y familiares vs.H. la Corte señaló que “al médico le concierne la preservación de valores fundamentales del individuo y de la humanidad en su conjunto” (párr. Argentina43. como la salud. 43 Corte I. mantienen la titularidad de la obligación de proveer los servicios pú- blicos y de proteger el bien público respectivo”. crear mecanis- mos adecuados para inspeccionar las instituciones psiquiátricas. investigar y resolver quejas y establecer procedimientos disci- plinarios o judiciales apropiados para casos de conducta profesional indebida o de violación de los derechos de los pacientes (párr. .. la salud. 119). Estas consideraciones fueron reiteradas en el Caso Albán Corne- jo y otros contra Ecuador42. ANÁLISIS EN RELACIÓN CON LA ATENCIÓN EN SALUD PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Un importante desarrollo de la garantía del derecho a la salud a través del derecho a la integridad personal puede observarse en el caso Furlan y familiares vs. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. 5. la Corte indicó: los Estados son responsables de regular y fiscalizar con carácter permanente la prestación de los servicios y la ejecución de los pro- gramas nacionales relativos al logro de una prestación de servicios de salud públicos de calidad. relacionado con el acceso a 42 Corte IDH. Serie C Nº 246. Argentina. inter alia. La Corte señaló que si bien los Estados pueden delegar la prestación de servicios públicos. pre- sentar. Por todo ello. Además. relacionado con un caso de mala praxis médica. 141). En este fallo el Tribunal señaló que “cuando se trata de com- petencias esenciales relacionadas con la supervisión y fiscalización de la prestación de servicios de interés público. Deben. como aquellas insti- tuciones que se dedican exclusivamente a servicios privados de salud” (párr. de tal manera que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida y a la integridad física de las personas sometidas a tratamiento de salud.D. EL DERECHO A LA SALUD Y SU CONEXIDAD CON EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL. Serie C Nº 171. “a través de la llamada tercerización. sea por entidades públicas o privadas (como es el caso de un hospital priva- do)” la atribución de responsabilidad puede surgir “por la omisión en el cumplimiento del deber de supervisar la prestación del servicio para proteger el bien respectivo” (párr.780 OSCAR PARRA VERA privadas que prestan servicios públicos de salud. Sentencia de 31 de agosto de 2012. 99). 133) y que la legislación aplicable a la mala praxis médica tenía que satisfacer la debida realización de la justicia en el caso concreto. Caso Albán Cornejo y otros.
de cuya respuesta dependía el trata- miento médico del niño Sebastián Furlan. ii) la actividad de las partes. posteriormente. con el fin de evitar retrasos en la tramitación de los procesos.. ii) los dos intentos de suicidio cometidos por Sebastián Furlan. Respecto al caso Furlan. Teniendo en cuenta lo anterior. Brasil. En el parque le cayó un travesaño sobre su cabeza. es imperante tomar las medidas pertinentes. 781 la justicia de los menores de edad y de las personas con discapacidad y en el ya mencionado caso Ximenes Lopes vs. iii) la actividad de los funcionarios judiciales y iv) la afec- tación en la situación jurídica de la persona involucrada. El caso Furlan se relaciona con la falta de respuesta oportuna por parte de las autoridades judiciales argentinas. Si bien la Corte no se pronunció ex- plícitamente en relación con el derecho a la salud. como lo es una per- sona con discapacidad.. el Tribunal estableció que en ca- sos de personas en situación de vulnerabilidad. Al respecto. la Corte encontró probado: i) la grave afectación a la salud física y psíquica de Sebastián Furlan ocasionada a raíz del accidente y sus posteriores necesidades de atención médica y psicológica. Dicho travesaño hacía parte de piezas que el ejército había dejado abando- nadas en el parque. es necesario que el procedimiento avance con mayor diligencia a fin de que el caso se resuelva en un tiempo breve. En la jurisprudencia de la Corte Interamericana las controversias sobre presunta irrazonabilidad del plazo son analizadas a través de cuatro componentes: i) la complejidad del asunto. La Corte recor- dó que si el paso del tiempo incide de manera relevante en la situación jurídica del individuo. razón por la cual la solicitud de indemnización se dirigió contra el Ejército. quienes incurrieron en una demora excesiva en la resolución de un proceso civil por daños y perjuicios en contra del Estado. adulto con discapacidad. luego de que éste se accidentara mientras jugaba en un parque. En el caso Furlan el acceso a una rehabilitación adecuada fue tenido en cuenta en el análisis del cuarto elemento del plazo razonable. como por ejemplo la priorización en la atención y resolución del pro- cedimiento por parte de las autoridades a su cargo.LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD A TRAVÉS DE CASOS. de manera que se garantice la pronta resolución y ejecución de los mismos. diversos criterios desarrollados tienen impacto en la justiciabilidad indirecta de este derecho. diversas irregularidades en un proceso judicial civil privaron a una persona con discapacidad de un acceso debido a los servicios de salud. Dicho proceso judicial había sido iniciado por el padre de Sebastián. lo cual constituía una infor- mación puesta en conocimiento del juez que evidenciaba los proble- mas en la rehabilitación temprana que había tenido Sebastián Furlan y la necesidad de una asistencia médica especializada ante su delicada .
a partir de la conformación de un equipo interdisciplinario. y iii) un incidente en el que sin explicación alguna Sebas- tián había atacado a su abuela. la Corte precisó el deber de celeridad en este tipo de procesos civiles. Además. lo cual demostraba la grave situación mental que atravesaba. incluida la rehabilitación rela- cionada con la salud. tampoco pudo recibir los tratamientos que hubieran podido brindarle una mejor calidad de vida. En la etapa de reparaciones. En el caso concreto. Por ello. así como el impacto que la dene- gación al acceso a la justicia tuvo en la posibilidad de acceder a una adecuada rehabilitación y atención en salud. lo cual desencadenó una orden de de- tención preventiva en su contra. teniendo en cuenta que el Estado contaba con un marco legal que podría impedir que situaciones como las del caso . el Tribunal consideró que el estado de vulnera- bilidad en que se encontraba Sebastián Furlan exigía por parte de las autoridades judiciales una mayor diligencia. la Corte consideró que se violaba. El Tribunal dispuso que se estableciera una rehabilitación específica en relación con el pro- yecto de vida de Sebastián Furlan. se aludió al artículo 23 de la Conven- ción sobre los Derechos del Niño. y en el marco del modelo social de la dis- capacidad. un carácter irreversible. teniendo en cuenta la afectación a Sebastián Furlan en el marco del proceso civil.782 OSCAR PARRA VERA situación. el modelo que supera las limitaciones del modelo médico. particularmente a partir del artículo 25 de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Asimismo. de los cuales dependía una mayor oportunidad de rehabilitación. la Corte indicó que se encontraba suficientemente probado que la prolongación del proceso en este caso incidió de manera relevante y cierta en la situación jurídica de la víctima y su efecto tiene. la cual establece el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad y la obligación de adoptar medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud. por cuanto al retrasarse la in- demnización que necesitaba. además. hasta el día de hoy. es decir. el derecho a la integridad personal. el cual era obtener una indemnización que podía estar destinada a cubrir las deudas que durante años la familia de Sebastián Furlan acumuló para efectos de su rehabilitación y para llevar a cabo terapias necesarias tendientes a atenuar los efectos negativos del paso del tiempo. pues de la brevedad del proceso dependía el objetivo primordial del proceso judicial. En suma. la Corte mencionó algunos alcances del derecho a la rehabilitación en los términos del derecho interna- cional. En consecuencia. que regula la atención en salud de los y las menores de edad con discapacidad.
128). la prestación de servicios de esa natu- raleza que sean lo menos restrictivos posible. y dicha vulnerabilidad se ve incrementada cuando las personas con discapa- cidad mental ingresan a instituciones de tratamiento psiquiátrico”. la Corte precisó que “debido a su condición psíquica y emocional. La Corte ordenó entonces que. que se traduce en el deber de adoptar como princi- pios orientadores del tratamiento psiquiátrico. le sea entregada a la per- sona o su grupo familiar una carta de derechos que resuma en forma sintética. y la prevención de las discapacidades mentales (párr... el Tribunal ordenó la implementación de la obliga- ción de transparencia activa en relación con las prestaciones en salud y seguridad social a las que tienen derecho las personas con disca- pacidad en Argentina. Estas reparaciones están claramente dirigidas a mejorar la accesibilidad a la salud en este tipo de situaciones. la Corte señaló que los Estados tienen el deber de asegurar una prestación de atención mé- dica eficaz a las personas con discapacidad mental. En ese marco. Por otra parte. ya que la necesidad misma del . teniendo en cuenta el trato que condujo a la muer- te de la víctima. se da “en razón del desequilibrio de poder existente entre los pacientes y el per- sonal médico responsable por su tratamiento. en el marco de la implementación de las leyes argentinas que regulan el acceso a prestaciones en salud y seguridad social. En el mencionado caso Ximenes Lopes. las personas que padecen de discapacidad mental son particularmente vulnerables a cualquier tratamiento de salud. clara y accesible los beneficios que contemplan las mencio- nadas normas. y por el alto grado de intimidad que caracterizan los tratamientos de las enfermedades psi- quiátricas”. así como las instituciones que pueden prestar ayuda para exigir el cumplimiento de sus derechos. el respeto a la inti- midad y a la autonomía de las personas. El Tribunal reconoce que este último principio no es absoluto. 783 Furlan se repitan. El Tribunal indicó que esa “vulnerabilidad aumentada”. la Corte señaló algunos estándares sobre la garantía de la autonomía personal en relación con el ejercicio del derecho a la salud: 130. el Estado asegurara que al momento en que una persona es diagnosticada con graves problemas o secuelas relacionadas con discapacidad. la promoción de la salud mental.LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD A TRAVÉS DE CASOS. La Corte considera que todo tratamiento de salud dirigi- do a personas con discapacidad mental debe tener como finalidad principal el bienestar del paciente y el respeto a su dignidad como ser humano. lo cual implica asegurar el acceso de las personas a servicios de salud básicos. los estándares sobre protección de las personas con discapacidad mental establecidos en la Sentencia y las políticas pú- blicas análogas.
emitir el consentimiento en relación con el tratamiento a ser empleado. razón por la cual tenía que ser empleada como medida de último recurso y únicamente con la finalidad de proteger al paciente. Cuando sea comprobada la imposibilidad del enfermo para consentir. después de una evaluación de su necesidad. Se agregó que “la sujeción es una de las medidas más agresivas a que puede ser sometido un paciente en tratamiento psi- quiátrico”. Víctor Rosario Congo. y debe aplicarse la presunción de que las personas que padecen de ese tipo de discapacidades son capaces de expresar su voluntad. o bien al personal médico y a terceros. Ecuador. Este deber de cuidado “alcanza su máxima exigencia cuando se refieren a pacientes con discapacidad mental.784 OSCAR PARRA VERA paciente puede requerir algunas veces la adopción de medidas sin contar con su consentimiento. donde la Comi- sión señaló que la incomunicación de una persona con discapacidad mental en una institución penitenciaria puede constituir una violación grave del derecho a la integridad personal. representantes legales o a la autoridad competente. la que debe ser respetada por el personal médico y las autoridades. Además. y en condiciones que respe- ten la dignidad del paciente y que minimicen los riesgos al deterioro de su salud. teniendo en cuenta que al señor Ximenes Lopes se le habían aplicado técnicas de “sujeción”. 13 de abril de 1999. lo cons- tituye el informe emitido en el caso Víctor Rosario Congo vs. Para la Corte. Por otra parte. por el período que sea absolutamente necesario. en estos casos existe un “deber de cuidar” a las personas que se encuentran recibiendo atención médica asociado a la “adopción de las medidas disponibles y necesarias para impedir el deterioro de la condición del paciente y optimizar su salud”. “cuando el comportamiento de la persona en cuestión sea tal que ésta represente una amenaza a la seguridad de aquéllos” y siempre y cuando se lleve a cabo por perso- nal calificado. la discapacidad mental no debe ser entendida como una incapacidad para determinarse. párr. Cfr. Ecuador. 58. y que las caídas y lesiones son comunes durante dicho procedimiento”. en el marco de la Comisión Interamericana. Informe Nº 63/99. CIDH. No obstante. Caso 11. . dada su particular vulnerabilidad cuando se encuentran en instituciones psiquiátricas”44.427. la Corte determinó que “el uso de la sujeción posee un alto riesgo de ocasionar daños o la muerte del paciente. se debe aplicar el método de sujeción que sea menos restrictivo. 44 Un importante antecedente. Otro tema en el que la Corte ha utilizado esta interacción entre el derecho a la salud y el derecho a la integridad personal lo constituye el análisis de los problemas de atención médica y salubridad de las personas privadas de libertad. co- rresponderá a sus familiares.
Repa- raciones y Costas. Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Corte I.H. De otra parte. Caso Vélez Loor vs.LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD A TRAVÉS DE CASOS. Fondo. 785 6.D. Sentencia de 25 de noviembre de 2005. entre otros47. Caso Tibi vs. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs.. supra.D. Repara- ciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006.H.. Serie C Nº 150. Excepciones Preliminares.H. Venezuela.. 44. En particular. 102. Excepción Preliminar. Serie C Nº 218. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C Nº 137. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. párr. párr. Guatemala. la Corte ha señalado que el Estado tiene el deber de proporcionar a los detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento adecuados cuando así se requiera45.. 47 Cfr. Sentencia de 25 de noviembre de 2006.. la Corte encontró probado que una aparente fractura craneal que presentaba el señor Vélez Loor permaneció sin atención médica especializada ni medicación adecuada y tampoco fue debida- mente tratada. y la necesidad determinada por los galenos que lo atendieron que debía realizarse un CAT cerebral.H. . Repa- raciones y Costas. 74. párr. Serie C Nº 160. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia). párrs.D. en el caso Vélez Loor vs. Caso García Asto y Ramírez Rojas.H. EL DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN EL MARCO DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL En diversos casos relacionados con violaciones de derechos de personas privadas de la libertad.2 de la Convención dependiendo de las circunstancias concretas de la perso- na en particular. a pesar de sus recurrentes problemas de cefaleas y mareos. 302. Corte I.D. Perú. Serie C Nº 63.H. 46 Cfr. párr. Perú. 48 Corte I. Caso García Asto y Ramírez Rojas vs.. Panamá. Por ejemplo. Corte I. En relación con las condiciones de detención. y Corte I.H.D.1 y 5. di- 45 Cfr. en algunos casos. En este tipo de temas la Corte ha tenido en cuenta las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tra- tamiento de Reclusos y los Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. se señaló que. 226. la Corte consideró que las deficiencias en el suminis- tro de agua potable en el referido centro habían sido una constante. Serie C Nº 114. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. el sexo y la edad de la misma.. Reparaciones y Costas. por no por- tar la documentación necesaria para permanecer en dicho país. 227. Ecuador. Fondo. Fondo. párr. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Excepciones Preliminares.. párr.. y Corte I. párr. Corte I. 156. 102 y 103. Fondo.D. y Caso Vera Vera y otra vs. Ecuador.D. La víctima fue trasladada a una cárcel. Asimis- mo. supra. Repara- ciones y Costas. el tipo de dolencia que padece. Fondo. el lapso transcurrido sin atención y sus efectos acumulativos46 y. el Tribunal ha indicado que la falta de atención médica adecuada podría considerarse en sí misma violatoria del artículo 5. Fondo. Panamá48 la Corte analizó la detención de un ciudadano ecuatoriano en Panamá.
Ecuador49. 117. Ecuador. A pesar de una solicitud para ser trasladado a una “casa asistencial” para la extrac- ción del proyectil. fue dado de alta bajo el criterio de que “la herida no ameritaba hospitalización” y los médicos le pres- cribieron “cuidados generales”. Excepción Preliminar. el Tribunal señaló que mientras el señor Vera Vera permaneció detenido con una herida de bala en un Centro de Detención Provisional. Fondo. en los que no fue intervenido quirúrgicamen- te porque no se encontraba el médico de turno y porque se encontra- ba en muy mal estado. no fue sometido a una valoración 49 Cfr. Reparaciones y Costas. . Se hizo constar que en dos ocasiones había vomitado. En la noche respectiva se le practicó a la víctima una intervención de emergencia y falleció horas después de la misma. A partir de prueba pericial presentada en el expediente. constituyó una grave negligencia médica. Al detenerlo. tales como exámenes o diagnósticos pertinentes en atención a las lesiones que presentaba. Además. entre otros. lo cual pudo haber tenido consecuencias desfavorables en su estado de salud y era contrario al tratamiento digno debido. Aún así. en el caso Vera Vera y otra vs. Corte IDH. entre otras irregularidades. Sentencia del 19 de mayo de 2011. Serie C Nº 224. Los servicios de ambulancia para dicho traslado fueron cubiertos por la madre del señor Vera Vera. a causa de complicaciones relacionadas con la penetración de proyectil de arma de fuego.786 OSCAR PARRA VERA cho estudio no se concretó y el señor Vélez Loor no recibió atención médica adecuada y oportuna con relación a esta lesión. la falta de información médica que justi- ficara su alta de dicho hospital. las autoridades indicaron que “no se justificaba el traslado del detenido al hospital”. A los cuatro días se presentaron los primeros síntomas de com- plicaciones y el señor Vera Vera fue internado nuevamente en el hos- pital durante cinco días. los policías notaron que presentaba una herida de bala a la altura del pecho y lo trasladaron al Cuartel de Policía. por lo cual fue enviado a otro hospital. Fue hasta que se realizó la autopsia que se le extrajo dicho proyectil. Asimismo. extraerse la bala y llevar un control médico permanente para evitar complicaciones. Al ingresar a la cárcel se levantó un informe y se estableció que debía sacársele una radiografía para des- cartar lesiones definitivas. De allí fue trasladado a un hospital donde se determinó que existía la herida por arma de fuego. la Corte determinó que durante el primer internamiento del señor Vera Vera. párr. Caso Vera Vera y otra vs. se analizó la detención de un joven de 20 años luego de que fuera perseguido por un grupo de personas quienes aparentemente lo acusaban de ha- ber cometido asalto y robo a mano armada y escucharse un disparo de arma de fuego.
El Tribunal tuvo en cuenta lo dispuesto en algunos casos de la Corte Europea al señalar que: la Corte Europea ha tomado en cuenta factores tales como la falta de asistencia médica de emergencia y especializada pertinente. en el marco de los tratos inhumanos y degradantes que había recibido la víctima durante su privación de libertad. (Nº 3456/05) y Caso Paladi vs. Por lo tanto. La serie de omisiones en que incurrió el Estado a través de sus agentes a lo largo del tiempo en que la víctima estuvo bajo su custodia con una herida de bala. El Tribunal consideró que si el señor Vera Vera hubiera sido sometido de inmediato a un trata- miento quirúrgico pertinente.E.. aún a pesar de la herida de bala que presentaba. Moldova. Caso Sarban vs. la Corte consideró. dete- rioro excesivo de la salud física y mental de la persona privada de la libertad y exposición a dolor severo o prolongado a consecuencia de la falta de atención médica oportuna y diligente. aunado a que dicha unidad policial no contaba con los equipos médicos necesarios para una evaluación especializada. Venezuela. el serio deterioro progresivo en su salud y el hecho de que los servicios de 50 Cfr. en el caso Díaz Peña vs.D.H. las condiciones excesivas de seguridad a las que se ha sometido a la persona a pesar de su evidente estado de salud grave y sin existir fundamentos o evi- dencias que las hicieran necesarias.C. (Nº 39806/05).. Moldova. .. La conclusión general fue que la clara falta de atención adecuada y oportuna mientras el señor Vera Vera se encontró bajo custodia del Estado generó violaciones a sus derechos a la integridad personal y a la vida. En similar sentido. por la manera como sucedieron los hechos. con todo lo cual el médico a cargo hubiera podido objetar su alta en el hospital y solicitar que fuera internado inmediatamente. la Corte estimó que la atención médica recibida por el señor Vera Vera en el cuartel de policía fue negligente y tampoco se dispuso inmediatamente su traslado a un hospital que contara con las facilidades para atender sus necesidades. constituyó negligencia médica que le provocó un do- loroso deterioro y. Para la Corte. sus oportunidades de sobrevivir hubie- ran sido buenas. que culminó con su muerte”. se con- figuraron tratos inhumanos y degradantes en detrimento de la vícti- ma. para valorar si se ha dado un tratamiento inhumano o degradante a la persona privada de la libertad50.. entre otros. C. las cuales pudieron haberse evitado con tratamiento médico adecuado y oportuno. finalmente su muerte. en particular porque la negligencia médica “ocasionó un doloro- so deterioro en su estado físico durante el transcurso de diez días. 787 física adecuada. Sentencia del 10 de marzo de 2009. G.LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD A TRAVÉS DE CASOS.
. Entre las decisiones de la Comisión Interamericana se destacan: Medidas Cautelares adoptadas a favor de las per- sonas privadas de libertad en la Subestación de la Policía Nacional Civil del Municipio de Sololá el 23 de diciembre de 2005 (Guatemala). psíquica y moral. la Corte IDH indicó que el “acto médico” es “un acto esen- cialmente lícito. 52 Corte IDH. Serie C Nº 115. Febem (Brasil). Medidas Provisionales. en relación con el acceso a servicios de salud tales como la interrupción voluntaria del 51 Ver Medidas Provisionales en las Penitenciarias de Mendoza (Argentina). Esta obligación de los médicos de guardar el secreto profesional es fundamental para salvaguardar los derechos a la confidencialidad y a la privacidad. particularmente en casos sobre medidas provisionales y medidas cautelares en relación con algunas cárceles del continente. en el caso Cesti Hurtado. Al respecto. Resolución de la Corte Interamericana de Dere- chos Humanos de 21 de enero de 1998. Caso De La Cruz Flores. Por otra parte. adecuada y completa respecto de los problemas que padecía. 101. la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana. la víctima se encontraba en prisión sin tener acceso a los me- dicamentos necesarios para tratar la isquemia cardiaca que sufría y que podía poner en peligro su vida. [y] un deber de un médico el prestarlo”. Caso Cesti Hurtado. Urso Branco (Brasil). CONFIDENCIALIDAD Y ACTO MÉDICO En el caso De la Cruz Flores vs. 7. particularmente de las mujeres. punto resolutivo 2. por ejemplo frente a una obligación le- gal de denuncia. Sentencia del 18 de noviembre de 2004. Yare I y II (Venezuela) y La Pica (Venezuela). ha profundizado en esta interdependencia entre las condiciones de salubridad y garantía de bienes sociales básicos de los centros de reclusión y la protección inmediata del derecho a la vida digna y el derecho a la integridad personal51. Medidas cautelares a favor de Luis Ernesto Acevedo y otras 372 personas privadas de la libertad en la Comisaría de la Policía Nacional Civil en la ciudad de Escuintla el 24 de octubre de 2003 (Guatemala). relacionado con la deten- ción de una profesional de la salud que habría brindado atención médica a miembros de un grupo armado ilegal. y la obligación de no sancionar el “acto médico”. el Tribunal resaltó la obligación estatal de respetar el “derecho y deber [de los médicos] de guardar confidencialidad sobre la información a la que tengan acceso en su condición de [tales]”52. Medidas cautelares otorgadas a favor de los pacientes del Hospital Neurosiquiátrico el 17 de diciembre de 2003 (Paraguay) y Medidas cautelares otorgadas a favor de Diego Esquina Mendoza y otras personas el 8 de abril de 1998 (Guatemala).788 OSCAR PARRA VERA asistencia médica no se prestaron de manera oportuna. Medidas cautelares otorgadas a favor de 62 niños detenidos en el Centro Juvenil de Detención Provisional el 24 de noviembre de 2004 (Guatemala). párr. Asimismo. Perú. La Corte IDH ordenó como medida provisional otorgar un tratamiento médico adecuado con el objeto de preservar su integridad física.
53 Ver la Observación General 28 del Comité de Derechos Humanos (Igualdad de Derechos entre hombres y mujeres) y el informe del Relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud de 2011. 54 Corte IDH. una dificultad en la narrativa de las decisiones interamericanas es que no se ha avanzado hacia una utilización más explícita del derecho a la salud a partir de la Convención America- na. en los casos contenciosos. Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) vs. Reparaciones y Costas.LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD A TRAVÉS DE CASOS. Sin perjuicio de ello. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Los derechos sexuales y reproductivos han tenido un desarrollo importante a través de casos contenciosos e informes temáticos de los órganos interamericanos. la obligación de favorecer. el cual conlleva. de la manera más amplia. lo que se observa es la utilización de algunos derechos civiles y políticos para impulsar la aproximación a la salud sexual y reproductiva.. El caso se relacionaba con la prohibición general de practicar la Fecundación in Vitro (FIV) en Costa Rica a partir del año 2000 tras una decisión emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 28 noviembre de 2012 Serie C Nº 257. El Tribunal tuvo como punto de partida que el derecho a la vida privada está estrechamente relacionado con: i) el derecho a la familia. Sin la existencia de dicha obligación se pueden generar barreras que limiten indebidamente el acceso a servicios de salud. el derecho a la libertad personal y el derecho a la vida privada y fami- liar. 8. En dicho caso la Corte construye su narrativa sobre la salud sexual y reproductiva a partir del derecho a la integridad personal. Costa Rica. La aproximación más sistemática en esta materia se encuentra en el caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación In Vitro”) vs.. Fondo. 789 embarazo. cabe resaltar que. la salud sexual. La Corte determinó que el Estado es responsable interna- cionalmente por la violación del derecho a la vida privada y familiar y el derecho a la integridad personal en relación con la autonomía personal. el derecho a gozar de los beneficios del pro- greso científico y tecnológico y el principio de no discriminación en perjuicio de las 18 víctimas del caso. Excepciones Preliminares. . De allí que algunos pronunciamientos internacionales han rechazado la imposición a médicos y otros funcionarios de salud la obligación de notificar los casos de mujeres que haya recibido atención relacionada con el aborto53. Dadas las limitaciones de la jurisprudencia actual en relación con el artículo 26 (supra). Costa Rica54.
utilizando un análisis sistemático y evolutivo. por ende. la Cor- te estableció que antes de la concepción (implantación) no procede aplicar el artículo 4º de la Convención. Ahora bien. que com- prende el derecho de acceder a la tecnología médica necesaria. La Corte Interamericana tomó nota que el principal argumento utilizado por la Sala Constitucional para la proscripción de la FIV fue la supuesta afectación del derecho a la vida por dicha técnica de reproducción asistida en el entendido de que el artículo 4. como medio complementario de interpretación. toda vez que tuvieron que alterar la toma de decisiones respecto a los métodos o prácticas que deseaban intentar con el fin de procrear un hijo o hija biológicos. Por ello. por el contrario. si el mismo no se implanta luego en el útero. en la mayoría de los 55 La Corte realizó una interpretación del artículo 4º conforme al sentido corriente de sus términos. la “concepción” debe entenderse desde el momento en que el óvulo fecundado se im- planta en el útero. En efecto. la Corte concluyó que la decisión de ser o no madre o padre es parte del derecho a la vida privada e incluía. en el caso concreto. la Corte consideró que no resultaba de aplicación el artículo 4º de la Convención porque en la FIV. ii) la autonomía repro- ductiva. Al respecto. conforme al objeto y fin del tratado y teniendo en cuenta los trabajos preparatorios. la Corte también analizó la pérdida embrionaria que puede ocurrir después de la implantación en el marco de la mencio- nada protección gradual e incremental y utilizando un juicio de pon- deración. En consecuencia. Además. si bien el óvulo fecundado por el espermatozoide da paso a una célula diferente.790 OSCAR PARRA VERA el desarrollo y la fortaleza del núcleo familiar. Así. momento que no puede ser comprendido como un proceso excluyente del cuerpo de la mujer.1 de la Convención establecería una protección absoluta del embrión y. y iii) el acceso a servicios de salud reproductiva. la Corte determinó que a través de la prohibición de la FIV se generaba una protección muy limitada y moderada de la vida prenatal —dado que también existe pérdida embrionaria en los procesos de embarazo natural— y. la Corte señaló que el embrión no puede ser entendido como persona e indicó que el de- recho a la vida no es absoluto y que existe una protección gradual e incremental de la vida prenatal según su desarrollo55. . existía una severa limitación de los derechos de las víctimas. El Tribunal resaltó que la FIV es una técnica que. el Tribunal tuvo en cuenta diversas decisiones en el derecho internacional y comparado que concordaban en rechazar una interpretación del derecho a la vida como derecho absoluto y la necesidad de tener en cuenta los derechos sexuales y reproductivos en lo pertinente. la decisión de ser madre o padre en el sentido genético o biológico. Además. la prohibición de la FIV en el entendido de que este procedi- miento genera pérdida de embriones. sus posibilidades de supervivencia son nulas.
Asimismo. La Corte también resaltó que las tecnologías de reproducción asistida se relacionan especialmente con el cuerpo de las mujeres y era en dichos cuerpos donde se iniciaron procedimientos de FIV que posteriormente fueron interrumpidos. dado que algunas personas tuvieron que salir del país para realizar el procedimiento. la Corte constató que algunas de las víctimas no tuvieron los recursos económicos para rea- lizar la FIV en el extranjero. debían considerarse protegidas por los derechos de las personas con discapacidad. Por otra parte. Informe Nº 5/96. se analizan algunas soluciones amisto- 56 La Comisión Interamericana también ha desarrollado jurisprudencia relevante en relación con la violación sexual. 791 casos. al enfrentar las barreras generadas por la decisión de la Sala Constitucional. Asimismo. al no ponderar ni tener en cuenta los otros derechos en conflicto.970.. Además de lo anterior. el Sistema Interamericano ha conocido de ca- sos donde se involucran tanto la violencia sexual como la violación sexual.LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD A TRAVÉS DE CASOS. directa o indirectamente. Perú. la necesidad de exponer aspectos que eran propios de la vida privada así como cargas que no surgen cuando se puede acceder a la FIV en el propio país. 1 de marzo de 1996. el Tribunal visibilizó estereotipos de género que afecta- ron a las mujeres y a los hombres. Caso 10. En suma. teniendo en cuenta los prejuicios. la Corte concluyó que la Sala Constitucional partió de una protección absoluta del embrión que. que incluyen el derecho de acceder a las técnicas necesarias para resolver problemas de salud reproductiva. se practica como último recurso cuando ya se han intentado otros tratamientos para enfrentar la infertilidad o cuando es la única opción con la que cuenta la persona para poder tener hijos biológi- cos. En este informe la Comisión expresó que . La Corte consideró que la infertilidad es una limitación funcional reconocida como una enfermedad y que las personas con infertilidad en Costa Rica. el género y la situación económica de algunas víctimas.. la decisión de la Sala Constitucional tuvo un impacto discriminatorio en relación con la situación de discapaci- dad. Además. ello implicó. Para los efectos del presente artículo se analiza mínimamente la narrativa de la Corte Interamericana en relación con casos de vio- lación sexual y se hace una referencia al acceso a servicios de salud en estos escenarios56. implicó una arbitraria y ex- cesiva intervención en los derechos de las víctimas que hizo despro- porcionada la interferencia y generó un impacto discriminatorio de la misma. las descalificaciones y las cargas que debían asumir por el rol que se les adscribe en relación con la maternidad y la capacidad reproduc- tiva. Raquel Martin de Mejía. De otro lado. Ver. CIDH.
Beatriz y Celia González Pérez. no es un evento diferente a la tortura sino un método de tortura. inconsistencias en el relato”. a priori. Caso 11. en 2001. Guatemala. Ana. la violación sexual vulneró su integridad personal y constituyó. Sin embargo. CIDH.948. par- ticularmente. Además. perdiendo de forma completa el control sobre sus decisiones más per- sonales e íntimas.792 OSCAR PARRA VERA sas impulsadas por la Comisión en temas de obstáculos a la interrup- ción voluntaria del embarazo permitida en la ley y esterilizaciones forzadas. Asimismo. la Corte señaló que la violencia contra la mu- jer no sólo constituye una violación de los derechos humanos. 16 de octubre de 1996 e Informe Nº 13/96. Informe Nº 31/96. pues el médico en turno la violación. Posteriormente. Informe Nº 53/01. un acto de tortura. la Comisión reprodujo los lineamientos establecidos por las Naciones Unidas para la práctica del examen médico a las víctimas de delitos sexuales para evitar una segunda victimización. 4 de abril de 2001. En 1996 la Comisión emitió informes en otros dos casos donde se alegó violación sexual. incluso. 1 de marzo de 1996. relacionado con la viola- ción sexual de una niña indígena de 17 años violada por miembros del Ejército Mexicano. la violación sexual constituye una forma paradigmática de violencia contra las mujeres cuyas consecuencias trascienden a la persona de la víctima. el Tribunal tomó en cuenta que los hechos referidos por la señora Ro- sendo Cantú se relacionaban con un momento traumático sufrido por ella.526. fue la violación sexual. Es importante destacar que el Estado controvertía las denuncias de la víctima. México. En el caso de la señora Rosendo Cantú. cuyo impacto podía derivar en determinadas imprecisiones al rememorarlos. alegando que incurría en diversas contradicciones. En el caso Rosendo Cantú Vs. Al respecto.565. durante la época del conflicto armado. en algunos casos. Además. sino que es una ofensa a la dignidad humana que trasciende todos los sectores de la sociedad y afecta negativamente sus propias bases. y sobre las funciones corporales básicas. . la vio- lación sexual vulneró valores y aspectos esenciales de su vida privada supuso una intromisión en su vida sexual y anuló su derecho a tomar libremente las decisiones respecto con quien tener relaciones sexuales. Caso 10. Ver CIDH. El Salvador. el Tribunal resaltó que los centros prestadores del servi- cio de salud a los cuales acudió Valentina Rosendo reprodujeron di- versas formas de discriminación en su contra. México. Caso 10. la Comisión falló en contra de México en el caso de tres hermanas indígenas que fueron objeto de violación sexual por parte de miembros del ejército en el marco de la repre- sión al levantamiento en el Estado de Chiapas. la Corte indicó que “no es inusual que el recuento de he- chos de esta naturaleza contenga algunos aspectos que puedan ser considerados. la Comisión señaló que uno de los métodos de represión utilizados por el estado peruano. Entre otras importantes determinaciones.
Además.. fue analizado por la Comisión Interamericana a través de un acuerdo de solución amistosa emitido en 2007 en el caso Paulina del Carmen Ramírez Jacinto59. el personal de salud de un hospital manifestó diversas excusas para no llevar a cabo la intervención. Fondo. En similar sentido. Serie C Nº 216. las investigaciones estatales no dieron lugar a sanción alguna57. 58 Corte I. Otro caso de violación sexual pero que también involucró la te- mática del aborto. así como 57 Corte I.D.D. Cuando ya se iba a realizar el proce- dimiento médico. Caso Rosendo Cantú y otra vs. la Corte señaló en otro caso similar de vio- lación sexual. la niña recibió la visita de dos mujeres ajenas a los servicios de salud que le mostraron videos violentos de maniobras abortivas para persuadirla de no someterse a un aborto. En otro momento. . El segundo médico que visitó demoró su atención por no haber pedido cita previa. A pesar de que el aborto era permitido por la ley en este tipo de casos. Fondo. 197. México. Caso Fernández Ortega y otros. Excepción Preliminar. párr. utilizando información sesgada e inexacta que generó un miedo en la madre y la suspensión del procedimiento. La incertidumbre jurídica a la que fue sometida.LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD A TRAVÉS DE CASOS. 59 CIDH. Informe Nº 21/07 del 9 de marzo de 2007.H. lo cual no ocurrió en ese momento. A los 14 años de edad Paulina había sido víctima de una violación sexual y por ello quedó embara- zada. México que “la falta de utilización de un protocolo de acción por parte del personal de salud estatal y del Ministerio Público que inicialmente atiende a una vícti- ma de violencia sexual es especialmente grave.. Reparaciones y Costas. vs. el caso Fernández Ortega vs. La Comisión resaltó que los derechos de las mujeres exigen un “acceso oportuno a servicios integrales de salud. el director del hospital aludió a diversos riesgos de la interrupción voluntaria del embarazo. Solución Amistosa. y cuan- do finalmente la obtuvo. como la inexistencia de médicos anestesiólogos o las vacaciones de los ginecólogos. México. Excepción Preliminar. terminó por anular por completo la posibilidad de derecho que le correspondía.. Petición 161-02. Sentencia de 31 de agosto de 2010. Se alegó que un procurador de justicia condujo a Paulina y a su madre ante un sacer- dote católico.. siendo engañada y confundida respeto de la validez de su reclama- ción. y tiene consecuencias negativas en la atención debida a la víctima y en la investigación legal de la violación”58.H. se limitó a examinar su estómago alegando que para realizar otros exámenes debía haber una doctora de sexo femenino disponible. Reparaciones y Costas. sin la presencia de su madre. México. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C Nº 215. Paulina del Carmen Ramírez Jacinto v. 793 le negó la atención alegando temor al Ejército.
La Comisión buscó un equilibrio entre los intereses de las per- sonas que se ven sujetas a esas inspecciones y el interés del Estado de mantener la seguridad en los establecimientos carcelarios. Human Rights. Fried & SMITH. Argentina. donde la Corte Constitucional ha efectuado una prohibición casi total de dicha práctica61. inter alia. 2) no debe existir alternativa alguna. La Haya. a saber: “1) tiene que ser absolutamente necesaria para lograr el objetivo de seguridad en el caso específico. Si bien es cierto que esta decisión ha sido criticada por no emitir pronunciamiento alguno acerca de una posible discriminación. no es razonable una requisa que se realice transgrediendo el derecho a la dignidad humana de la persona (reclusa o visitante) al manipular sus partes íntimas. La petición indicaba que la esposa de un recluso y su hija de trece años habían sido sometidas a esas inspecciones. “The Inter-American Commission on Human Rights and Women. Essays in Honour of Peter Baehr. la Comisión Intera- mericana analizó la práctica rutinaria de exigir que las parientes que deseaban visitar a un recluso se sometieran a una inspección vaginal. la Comisión consideró que era necesario que se cumplan cuatro condiciones para establecer la legitimidad de una revisión o inspección vaginal. Cecilia. las sentencias T-848 de 2005 y T-1069 de 2005. Jacqueline (eds. 3) debería. en principio. International Organizations and Foreign Policy. dado que se deduce del informe que solamente se sometía a mujeres a este tipo de revisiones y no a los hombres60.). 61 Ver. la Comisión decidió que era evidente que la inspección vaginal constituyó un método “absolutamente inadecuado e irrazo- nable”. The Role of the Nation-State in the 21st Century. Monique. Por lo tanto. ver MEDINA QUIROGA. 117-134. La Corte precisó que no es razonable constitucio- . y 4) debe ser realizada únicamente por profesionales de la salud”. ps. sin que existieran circunstancias especiales que justificaran esas medidas extraordina- rias. entre otras. 60 En este sentido. 1998. Agregó que “la salud de las víctimas de violencia sexual debe ocupar un lugar prioritario en las iniciativas legislativas y en las políticas y programas de salud de los Estados”. Kluwer Law International. este caso abrió las puer- tas a diversos pronunciamientos judiciales en algunos países. Con respecto a la señorita Y. En consecuencia. cuando no es necesaria por existir otros meca- nismos para garantizar la seguridad. en CASTERMANS-HOLLE- MAN. Tal es el caso de Colombia. tipificó la “inspección vaginal [como] mucho más que una medida restrictiva en el sentido de que implica la invasión del cuerpo de la mujer”.794 OSCAR PARRA VERA a información y educación en la materia”. VAN HOOF. en el Caso X e Y vs. ser autorizada por orden judicial. with Particular Reference to Violence”. que tenía trece años en esa oportunidad. De otra parte. se ordenaron modificaciones en los protocolos que regulaban el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. En estos fallos la Corte Constitucional de Colombia consideró.
entre otras medidas. . se logró su consentimiento para un procedimiento de ligadura de trompas que tuvo lugar sin haberse efectuado examen médico. se señaló que las intervenciones. incluyendo las acciones ante los respectivos Colegios profesionales. Petición 12.. Se comprometió a realizar una investigación exhaustiva de los hechos y la sanción de los responsables. se comprometió con la adopción de políticas públicas sobre salud reproductiva y planificación familiar. en el Caso Mamérita Mestanza contra Perú. falleciendo días después. 10 de octubre de 2003. compulsivo y sistemático. por implicar una violación al derecho fundamental a no ser sometido a tratos crueles. injerencias. Por otra parte. la Corte resaltó que “Los Estados deben prestar especial atención y cuidado a la protección de (las mujeres embarazadas) y nalmente. pueden llegar a darse por razones fundadas “(…) siempre que medie el consentimiento informado del afectado y el registro se prac- tique de modo que el pudor y el decoro personal no resulten ofendidos. tales como desnudar al recluso o al visitan- te. comprobaciones o extracciones sobre los cuerpos. más aún si éstas se practican en condiciones insalubres.. 795 A su vez. ni la integridad física y jurídica vulnerada. Perú. Su esposo denunció penalmente al Jefe del Centro de Salud. obligarlo a agacharse o a hacer flexiones de piernas y mostrar sus partes íntimas a la guardia. al ordenar las reparaciones por diversas viola- ciones cometidas contra la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa. porque los tratos crueles. inhumanos o degradantes. La señora Mestanza. condicionamientos éstos que demandan (i) un mandato le- gal. A partir de amenazas de denunciarla por te- ner más de 5 hijos. respetando la autonomía de las mujeres62. tales como las ‘requisas intrusivas’. así como modifica- ciones legislativas con el objetivo de eliminar cualquier enfoque dis- criminatorio en temas de salud reproductiva y planificación familiar. Informe Nº 71/03. las requisas intrusivas que son practicadas por la guardia de un establecimiento de reclusión. tanto a nivel administrativo penal. 62 CIDH. Solución Amistosa. En el acuerdo de solución amistosa respectivo.LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD A TRAVÉS DE CASOS. que enfatizó la esterilización como método para modificar rápidamente el comportamiento reproductivo de la población. La víctima fue dada de alta aún cuando presentaba serias anomalías.191. fue acosada por parte del sistema público de salud para que se esterilizara. pero jamás fue procesado. especialmente de mujeres pobres. el Estado reconoció su responsabili- dad internacional por violación de la Convención y de la Convención Interamericana sobre Violencia contra la Mujer. del Paraguay. la CIDH analizó un caso representativo de un número significativo de mu- jeres afectadas por una política gubernamental de carácter masivo. María Mamérita Mestanza Chávez. inhumanos y degradantes están proscritos y su prohibición es absoluta”. (ii) la supervisión judicial. indígenas y de zonas ru- rales. mujer campesina de unos 33 años de edad y madre de 7 hijos. (iii) la intervención de personal experto y (iv) el uso de instrumental y condiciones sanitarias adecuadas. registros. De otra parte. Además.
En el caso del Penal Miguel Castro Castro64 la Corte asume direc- tamente un enfoque de género al analizar las ejecuciones extrajudi- ciales y atentados contra la integridad personal que se desarrollaron durante la intervención militar dirigida contra los y las reclusas de una cárcel peruana. Dentro de las graves condiciones de detención se encuen- tran (…): desatención de las necesidades fisiológicas de la mujer al negarles materiales de aseo personal. Con respecto al tratamiento que deben recibir las mujeres detenidas o arrestadas. Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs Paraguay. Asimismo.57). toallas sanitarias y ropa íntima para cambiarse.H. La comisión de esos excesos causó sufrimiento especial y adicional a las mujeres detenidas. dicho Comité también determinó que se deben realizar arreglos especiales para las detenidas en período menstrual. Fondo. Serie C Nº 146. en especial durante la gestación. lo cual implicó una violación adicional a la integridad personal de éstas. Quedó probado que en el caso de las internas Eva Challco y Sabina Quispe Rojas el Estado desatendió sus necesidades básicas de salud pre natal. 332. desatención de las necesidades de salud pre y post natal (…). Sentencia de 29 de marzo de 2006. Asimismo. 197. Perú. . También afectó a las mujeres la desatención de sus necesi- dades fisiológicas (…) El Comité Internacional de la Cruz Roja ha establecido que el Estado debe asegurar que “las condiciones sani- tarias [en los centros de detención] sean adecuadas para mantener la higiene y la salud [de las prisioneras]. Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. En dicho caso el Tribunal precisó: 303. y que con respecto a la última tampoco le brindó atención médica post natal (supra párr. embarazadas. Repa- raciones y Costas.H. el parto y el período de lactancia. el acceso a servicios adecuados de atención médica”63. Sentencia de 25 de noviembre de 2006. […] las detenidas deben ser supervisadas y revisadas por oficiales femeninas y las mujeres embarazadas y en lactancia deben ser proveídas con condiciones especiales durante su detención.796 OSCAR PARRA VERA adoptar medidas especiales que garanticen a las madres. Reparaciones y Costas. en dicho caso la Corte estableció algunos parámetros sobre la atención médica en relación con las necesidades en salud de las mujeres internas: 331. papel higiénico.D. El daño y sufrimiento experimentados por las mujeres en general y especialmente las mu- jeres embarazadas y por las internas madres resultó particularmente grave (…).. o acompañadas por sus hijos. Fondo.D.. permitiéndoles acceso re- gular a retretes y permitiéndoles que se bañen y que limpien su ropa regularmente”. 64 Corte I. […] 319. como jabón. Serie C Nº 160. 63 Corte I.
y quien se encontraba embarazada y no reci- bió atención médica. op. pero no por causas accidentales o incidentales”.2. situación de exclusión o pobreza extre- ma. cit.LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD A TRAVÉS DE CASOS. Se precisó enton- ces que “se considera mortalidad materna la muerte de la mujer a causa de su embarazo o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del mismo independientemente de la duración y el sitio del embarazo. muestra varias de las características propias de casos de mortalidad materna. se analizó la situación de una víctima que específicamente había falleci- do por causas propias de la mortalidad materna. En particular. CONSIDERACIONES FINALES A pesar de diversas restricciones en el alcance de la competencia de la Comisión y la Corte Interamericanas en relación con el derecho a la salud. 15 de abril de 2010. quien falleció en 2005 a los 38 años de edad. falta de documen- tación sobre la causa de la muerte. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. debido a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención. este derecho ha sido protegido a través de interpretaciones amplias de los derechos consagrados en la Convención Americana. los Estados deben brindar políticas de salud adecuadas que permitan ofrecer asistencia con personal entrenado adecuadamente para la atención de los na- cimientos. políticas de prevención de la mortalidad materna a través de controles prenatales y post-parto adecuados. Por ello. aún subsisten debates sobre los componentes que debería contener una narrativa judicial óptima de protección directa o indirecta de este derecho. desde algunas posturas se defiende que la utilización del 65 La Corte citó en este punto el informe específico del Relator de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud. Lo anterior. en ra- zón a que las mujeres en estado de embarazo requieren medidas de especial protección66. 797 En el ya mencionado caso de la Comunidad Xákmok Kásek. La Corte resaltó la relación entre la mortalidad materna. Sin perjuicio de ello. Al respecto. la dis- criminación y la pobreza: Respecto a la muerte de Remigia Ruiz. falta de acceso a servicios de salud adecuados. Cfr. e instrumentos lega- les y administrativos en políticas de salud que permitan documentar adecuadamente los casos de mortalidad materna.. A lo largo del artículo fueron identificados ocho escenarios en los que se ha desplegado dicha protección. Paraguay. la Corte resalta que la extrema pobreza y la falta de adecuada atención médi- ca a mujeres en estado de embarazo o post-embarazo son causas de alta mortalidad y morbilidad materna65. a saber: muerte durante el parto sin adecuada atención médica. . los derechos humanos. Paul Hunt. entre otros. 66 Corte IDH. Re- port of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of health.. A/HRC/14/20/Add. en relación con la mortalidad maternal. vs.
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