Source: https://www.slideshare.net/JosAntonioBallestero/s-180903-bpopularjpi3gijonaccionespartsin
Timestamp: 2018-09-18 17:59:22+00:00

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Sentencia que anula la compra de acciones del Banco Popular en la ampliación de capital de 2016 por la falta de veracidad de su información financiera.
1. JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 3 GIJONSENTENCIA: 00184/2018 PLAZA DECANO EDUARDO IBASETA, S/N, 3 PLANTA Teléfono: 985175672-3-4, Fax: 985175675 Equipo/usuario: SSP Modelo: N04390 N.I.G.: 33024 42 1 2017 0009896 ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000901 /2017 Procedimiento origen: / Sobre OTRAS MATERIAS DEMANDANTE D/ña. MARIA PAZ PUENTE PEREDA Procurador/a Sr/a. MANUEL SUAREZ SOTO Abogado/a Sr/a. JOSÉ ANTONIO BALLESTEROS GARRIDO DEMANDADO D/ña. BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A. Procurador/a Sr/a. JUAN RAMON SUAREZ GARCIA Abogado/a Sr/a. FRANCISCO DE ASIS TORRES TORRES S E N T E N C I A 184/2018 En Gijón, a tres de septiembre de dos mil dieciocho. Vistos por D. MIGUEL COVIAN REGALES, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Gijón, los presentes autos de Juicio Ordinario, seguidos en este Juzgado con el número 901/2017, a instancia de DOÑA MARIA PAZ PUENTE PEREDA, representada por el Procurador de los Tribunales DON MANUEL SUAREZ SOTO y asistida por el Letrado DON JOSE ANTONIO BALLESTEROS GARRIDO, contra BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., que actúa representada por el Procurador de los Tribunales DON JUAN RAMON SUAREZ GARCIA y asistida por el Letrado DON FRANCISCO DE ASIS TORRES TORRES, sobre nulidad de orden de compra de acciones y, subsidiariamente, responsabilidad contractual derivada de la misma compra. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Por la representación de la parte demandante, mediante escrito presentado el día 25 de octubre de 2.017, que por turno de reparto correspondió a este Juzgado, se presentó demanda de Juicio Ordinario en la que, con base en los hechos que se exponían y los fundamentos de derecho que se estimaban de aplicación, se terminaba solicitando que se dictase sentencia acordando: 1º.- Declarar la nulidad de la compra de 18.942 derechos por importe de 2.768,64 euros, el día 9 de junio de 2.016, y la compra de 17.589 acciones por importe de 21.986,25 euros, el día 20 de junio de 2.016, condenando a la demandada a reintegrar la cantidad de 24.754,89 euros más sus intereses legales desde la fecha de compra y la actora reintegrará la
2. cantidad de 4.982,25 euros, importe del precio de las acciones vendidas el 10 de noviembre de 2.016, con sus intereses legales desde esa fecha. 2º.- Subsidiariamente, condenar al Banco demandado a indemnizar a la actora en la pérdida patrimonial sufrida, 19.766,64 euros, más intereses legales desde la fecha de la demanda. Todo ello, con imposición de costas a la parte demandada. SEGUNDO.- La demanda fue admitida a trámite (decreto de fecha 31 de octubre de 2.017), emplazando a la parte demandada para que procediese a contestar a la demanda, lo que hizo, mediante escrito enviado a este Juzgado el día 1 de diciembre de 2.017, en el que, con base en los hechos que se exponían y los fundamentos de derecho que se estimaban aplicables, se terminaba solicitando se dictara sentencia por la que se desestimasen íntegramente los pedimentos contenidos en el escrito de demanda, con imposición de costas a la demandante. TERCERO.- Convocadas las partes para la celebración de la audiencia previa, tuvo lugar ésta el día 12 de febrero de 2.017, con la concurrencia de ambas. No alcanzándose un acuerdo, se afirmaron y ratificaron las partes en sus respectivos escritos de alegaciones, haciendo alegaciones complementarias la actora sobre el contenido del informe pericial aportado de contrario. No se impugnó la autenticidad de ningún documento aportado. Se fijó el objeto de controversia por remisión a los escritos de alegaciones, centrándose en la existencia de una información veraz y en la correcta comercialización del producto, y se acordó el recibimiento del procedimiento a prueba. Recibido el pleito a prueba, por la parte actora se propuso prueba documental. Por la parte demandada se propuso prueba documental, testifical y pericial. Se admitió la prueba propuesta y se señaló para la celebración de juicio el día 9 de mayo de 2.018. CUARTO.- En el acto de juicio se procedió a la práctica de la prueba que venía acordada, con el resultado obrante en autos, concluyeron las partes sobre su resultado y se declaró terminado el acto de juicio y los autos vistos para sentencia. QUINTO.- En la tramitación del presente procedimiento se han observado las prescripciones legales, con excepción de las relativas a los plazos procesales, dado el volumen de asuntos que penden en este Juzgado y la extensión y complejidad de las cuestiones planteadas. FUNDAMENTOS DE DERECHO
3. PRIMERO.- En el presente procedimiento la parte demandante interesa se declare la nulidad de la compra de 18.942 derechos por importe de 2.768,64 euros, realizada el día 9 de junio de 2.016, y de 17.589 acciones del Banco Popular Español, S.A., por importe de 21.986,25 euros, realizada el día 20 de junio de 2.016, con los efectos legales inherentes a tal declaración de nulidad, condenando a la demandada a reintegrar a la actora en el total de tal cantidad, más los intereses legales desde la fecha de compra, reintegrando la actora la cantidad de 4.982,25 euros, más los intereses legales, percibidos por la venta de parte de las acciones que tuvo lugar el día 10 de noviembre de 2.016. Como fundamento legal de tal nulidad se invoca la concurrencia de error, como vicio del consentimiento. Subsidiariamente, se ejercita acción de reclamación de daños y perjuicios derivados del incumplimiento grave y culpable de la demandada; con indemnización a la actora de la pérdida patrimonial sufrida, 19.766,64 euros. Desde un punto de vista fáctico, se sostiene, en necesaria síntesis: que, a finales del mes de mayo de 2.016, Banco Popular anunció que iba a realizar una ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros, desarrollando una intensa campaña para conseguir clientes que acudiesen a esa operación y adquiriesen acciones, y, en tal contexto, una empleada recomendó a la demandante la compra de acciones afirmando que tenían grandes expectativas de revalorización y pago de dividendos por la situación tan buena en que se encontraba el Banco, consiguiendo así que la demandante efectuase las compras a que nos hemos referido, teniendo que vender 5.000 de esas acciones el día 10 de noviembre de 2.016; y que la información financiera publicada por Banco Popular con ocasión de la ampliación de capital no era veraz, aportando en sustento de tal afirmación informe pericial (documento 3 de la demanda) sobre cuyo contenido se extendía. Con base en tales hechos y la existencia de un error esencial provocado por la demandada, sin culpa de la actora, se ejercitaba, con carácter principal, la acción a que hemos hecho referencia, incidiendo en la aplicación de la doctrina establecida en las sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2.016 y en la obligación de veracidad que pesa sobre la sociedad que realiza una oferta pública de venta de valores. Frente a la pretensión así deducida por la actora, la parte demandada, en extensos alegatos, hace, primero, una síntesis de los hechos y razones por los que se opone a la demanda: la acción no es un producto complejo y los hechos nada tienen que ver con la incorrecta comercialización de tal tipo de productos financieros; no concurre un error esencial sobre el producto en que se invierte; se pretende desplazar al Banco el riesgo que conlleva la inversión; el folleto informativo de la ampliación de capital advertía de los riesgos concretos asociados a la emisión, fue supervisado por la Comisión
4. Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la información financiera fue revisada por la firma de auditoria Pricewaterhouse Coopers, sin que se aporte prueba alguna de la alegada insuficiencia o falsedad de la información en el folleto; la demandante pudo vender sus acciones en cualquier momento; la acción de anulabilidad por vicio en el consentimiento no resulta idónea como remedio para anular un contrato de suscripción de acciones y, subsidiariamente, no existe un error invalidante del consentimiento; finalmente, tampoco concurren los requisitos propios de la acción indemnizatoria ejercitada. A continuación, desarrollaba sus argumentos haciendo referencia: a las circunstancias en que se produjo la ampliación de capital de 2.016 e información facilitada con motivo de la operación, insistiendo en la expresa advertencia de riesgos, aprobación por la CNMV del folleto y supervisión de la información financiera por un auditor externo; a que el Banco había cumplido su deber de facilitar información a la demandante sobre los riesgos concretos de la inversión, tanto a través de sesiones informativas previas, como mediante la suscripción de diversos documentos; que, tras la ampliación de capital de 2.016, el Banco Popular en todo momento informó sobre su situación financiera al mercado personalmente a la demandante; finalmente, que fueron una serie de hechos extraordinarios los que se sucedieron durante las semanas previas al 7 de junio de 2.017 provocando la falta de liquidez del Banco y su consiguiente resolución, sin que tales hechos guarden ninguna relación con las acciones ejercitadas. Con base en tales hechos se alegaba, en definitiva, que la acción de anulabilidad por error en el consentimiento no resultaba de aplicación y, subsidiariamente, no concurrían los requisitos propios del error, que ni recaía sobre un elemento esencial, ni era excusable, no concurriendo tampoco nexo causal entre el error y la contratación objeto de litigio, aduciendo en última instancia que se había facilitado a la cliente una información adecuada. Asimismo, se oponía la parte demandada a la acción indemnizatoria articulada con carácter subsidiario, por entender que no concurría ninguno de los requisitos propios de la misma. Opone, también, la demandada, respecto a la acción de nulidad, que la parte demandada carecía de legitimación activa al haber procedido a vender parte de las acciones. Sin embargo, tal falta de legitimación activa -además de que la misma no afectaría a las acciones y derechos no vendidos, ni tampoco a las acciones que tienen por objeto la indemnización de daños y perjuicios- debe rechazarse por cuanto el error que se alega concurría al tiempo de adquisición de las acciones, con independencia de su posterior venta (en este sentido, puede citarse a título de ejemplo, la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias, sección 4ª, 306/2015, de 12 de noviembre), siendo ésta la posición mayoritaria sostenida al respecto aun con base en distintos argumentos (así, puede
5. citarse la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 13ª, de 6 de febrero de 2.017). Por encima de los extensos alegatos vertidos por las partes, se colige, y así se fija en el acto de audiencia previa, que los aspectos principales que se plantean son: de un lado, si se cumplió o no, por la demandada, su obligación de publicar una información veraz sobre su situación y perspectivas económicas al tiempo de anunciar su ampliación de capital y de adquisición de las acciones por la demandante; y, de otro, también, sobre la información ofrecida a ésta en el momento de tal adquisición. Aspectos que centrarán la presente resolución, sin perjuicio de dar respuesta, también, a lo largo de la misma, a los motivos concretos de oposición aducidos por la demandada. Por otra parte, ya anticipamos que centraremos nuestro examen en la concurrencia de error, que es en concreto el vicio que se alega en el presente caso con carácter principal, y por entender que tal instituto es el que mejor se adapta al supuesto que nos ocupa, siguiendo sustancialmente en nuestra exposición el discurso expresado en las sentencias de Pleno del Tribunal Supremo 23/2016 y 24/2016, de 3 de febrero, relativas a supuestos similares al que aquí nos ocupa, razonándose en ambas, entre otros aspectos, sobre la concurrencia de los requisitos propios del error en la compra de acciones con ocasión de una oferta pública de suscripción de las mismas. Finalmente, no se puede dejar de decir que el objeto del presente litigio es similar al que se vino planteando en relación con la suscripción de acciones de Bankia, por lo que, en parte, hemos de reproducir lo ya dicho en relación con aquellas. Resumidamente, no es otra cosa que la declaración de nulidad del negocio de adquisición de las acciones debe de asumirse pues el consentimiento del adquirente se sostenía sobre los datos publicitados sobre el estado de la entidad, que el tiempo demostró ser inexactos y, redundando en lo ya dicho en anteriores ocasiones, habrá de recordarse que el error, como vicio en el consentimiento, reside en el acto objetivo, puro y simple, de que la información publicitada no correspondía a la real de la sociedad recurrente, como así vinieron a demostrar los hechos posteriores, que esa ausencia de exactitud no puede entenderse sanada por el cumplimiento de ciertos requisitos formales administrativos, pues como tal realidad subsiste y se sobrepone a ellos y que, en fin, no está en el debate la expectativa de ganancia y la volatilidad ínsita en el valor del bien del negocio, sino la base del mismo por error en el consentimiento y, por tanto, debiendo estar a las circunstancias concurrentes al momento de su prestación. Particularmente debe significarse en el caso de autos, que, pese a lo que se dice, no se aporta indicio alguno
6. de que se hubiera facilitado a la demandante información alguna sobre los riesgos de la inversión. Cuando el demandante adquiere las acciones toma como referencia la situación financiera que se publicita, que se dice sólida y solvente. De haberse indicado cuál era el real estado en que se encontraba, en este caso Banco Popular, resulta impensable que alguien hubiera invertido sus ahorros en la compra de las acciones. SEGUNDO.- Opone, en extensos alegatos (páginas 30 a 35 de la contestación), la parte demandada que la acción de anulabilidad por vicio en el consentimiento, en concreto error, no resulta un remedio idóneo para anular un contrato de suscripción de acciones y no resulta de aplicación. Sin embargo, tal motivo de oposición no puede compartirse, además de por lo que se dirá, al haber sido expresamente rechazado en las sentencias del Tribunal Supremo antes citadas. Al respecto señala la sentencia del Tribunal Supremo 24/2016, de 3 de febrero (y en muy similares términos la 23/2016): “Es cierto que un sector muy destacado de la doctrina comunitaria y nacional, así como diversas resoluciones de Audiencias Provinciales, consideran que anular el contrato de suscripción de acciones supone, de facto , anular el aumento de capital. Para ello, parten de la base de que la doctrina de la sociedad nula o de hecho es también aplicable a los aumentos de capital, por lo que la anulación de una suscripción de acciones por vicios del consentimiento sería contradictoria con dicha doctrina, plasmada legislativamente en el art. 56 LSC. Y sostienen, por tanto, que habría que acudir exclusivamente a la responsabilidad por daños y perjuicios prevista en las normas sobre el folleto (arts. 28.3 LMV -actual art. 38.3 del Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2015- y 36 RD 1310/2005) y no cabría una acción de nulidad contractual por vicios del consentimiento. En nuestro Derecho interno, el conflicto entre la normativa societaria (fundamentalmente, art. 56 LSC) y la normativa de valores (básicamente, art. 28 LMV) proviene, a su vez, de que, en el Derecho Comunitario Europeo, las Directivas sobre folleto, transparencia y manipulación del mercado, por un lado, y las Directivas sobre sociedades, por otro, no están coordinadas. No obstante, la Sentencia del TJUE de 19 de diciembre de 2013 (asunto C-174/12) confirma la preeminencia de las normas del mercado de valores sobre las normas de la Directiva de sociedades; o más propiamente, que las normas sobre responsabilidad por folleto y por hechos relevantes son lex specialis respecto de las normas sobre protección del capital para las sociedades cotizadas. Según la interpretación del TJUE, el accionista-demandante de la responsabilidad por folleto ha de ser considerado un
7. tercero, por lo que su pretensión no tiene causa societatis, de manera que no le son de aplicación las normas sobre prohibición de devolución de aportaciones sociales. De acuerdo con esta sentencia, el Derecho de la Unión no se opone a una normativa nacional que establezca la responsabilidad de una sociedad anónima como emisora frente a un adquirente de acciones de dicha sociedad por incumplir las obligaciones de información previstas en las Directivas comunitarias y que obligue a la sociedad a reembolsar al adquirente el importe correspondiente al precio de adquisición de las acciones y a hacerse cargo de las mismas Por tanto, los acreedores de la sociedad no están protegidos hasta el punto de que la sociedad no pueda contraer deudas de resarcimiento. Y ello abre la puerta, aunque la previsión legal parezca apuntar prioritariamente a la acción de responsabilidad civil por inexactitud en el folleto, a la posibilidad de la nulidad contractual por error vicio del consentimiento (arts. 1300 y 1303 del Código Civil) cuando, como en el caso de los pequeños inversores que han interpuesto la demanda, dicho error es sustancial y excusable, y ha determinado la prestación del consentimiento. En tal caso, no se trata de una acción de resarcimiento, pero los efectos prácticos (la restitución de lo pagado por las acciones, con restitución de estas a la sociedad para que pueda amortizarlas) son equiparables a los de una acción de resarcimiento como la contemplada en esta sentencia del TJUE (reembolso del importe de la adquisición de las acciones y entrega de estas a la sociedad emisora).” TERCERO.- El producto financiero suscrito por la parte demandante son acciones, instrumentos de inversión regulados en el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, que, expresamente en su artículo 2, las menciona como objeto de su aplicación. La normativa del mercado de capitales se estructura sobre un pilar básico, cual es, la protección del inversor, al estar ante un mercado de negociación de títulos de riesgo, y las acciones, como valor representativo de parte del capital social de una entidad mercantil, son producto de riesgo. Tal fundamento legal tiene su reflejo más inmediato y transcendente en el principio de información, esencial para un mercado seguro y eficiente, significativo de que las decisiones inversoras se tomen con pleno conocimiento de causa. Se impone a las entidades que ofertan tales valores prestar una información fidedigna, suficiente, efectiva, actualizada e igual para todos. En el caso presente, es de resaltar partiendo del propio fundamento de la demanda, que nos encontramos ante una Oferta Pública de venta o suscripción de acciones, definida en el artículo 35 del Texto Refundido de la Ley Mercado de Valores, (“..toda comunicación a personas en cualquier forma o por cualquier medio que presente información suficiente sobre los
8. términos de la oferta y de los valores que se ofrecen, de modo que permita a un inversor decidir la adquisición o suscripción de estos valores”). El legislador impone para dicha vía de financiación de las sociedades anónimas, un deber específico y especial de información, regulado de forma exhaustiva, cual es, la publicación de un “folleto informativo”, confeccionado por el emisor, quien, a su vez, debe aportar a una autoridad pública, al caso, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante CNMV), para ser aprobado y registrado como requisito indispensable para poder realizarse la oferta pública de suscripción (artículo 342). Por consiguiente, el folleto informativo se revela como un deber esencial constituyendo el instrumento necesario e imperativo a través del cual el inversor va a tener y conocer los elementos de juicio, necesarios y suficientes, para decidir la suscripción de tales acciones. Estando a la redacción vigente cuando se emiten las nuevas acciones por Banco Popular, S.A., objeto de oferta pública (mayo de 2.016), tanto del artículo 37 del Texto Refundido de la Ley de Mercado de Valores como el artículo 16 del RD 1310/2005 de 4 de noviembre de 2005 que desarrolla dicha Ley, en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción, fijan el contenido del folleto informativo en armonía con la Directiva 2003/71 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores y que modifica la Directiva 2001/34 (Directiva del folleto). De este cuerpo legal, destacamos ahora por su pertinencia, como elemento primario y relevante objeto de esa “información suficiente” a dar al público, los riesgos del emisor, explicitados en los “ activos y pasivos, la situación financiera, los beneficios y pérdidas, así como las perspectivas del emisor” (artículo 37.1); con ello, el fin no es otro que el inversor evalúe la situación económica de la sociedad anónima que le oferta pasar a ser accionista, determinante a la hora de decidir si invierte o no, es decir, suscribe tales valores ofertados públicamente (artículo 16 y 17 del RD 1310/2005) y la citada Directiva 2003/71 regla tal deber como información necesaria para que el inversor pueda hacer una evaluación con la suficiente información de los activos y pasivos, situación financiera, beneficios y pérdidas (artículo 6 de la mentada Directiva) del emisor. Además, el inversor tiene la garantía jurídica y confianza - dado que esos datos del folleto son confeccionados por el emisor- que un organismo de supervisión, control y regulador del mercado de valores, ha verificado la aportación instrumental (cuentas contables) de la sociedad emisora y que el contenido del folleto es acorde y coherente con las mismas y que va ser comprendido y entendido de forma accesible por
9. el inversor y sólo con su aprobación puede autorizarse dicha emisión de oferta pública. En tal tesitura y con esas directrices legales, resulta evidente que los datos económico financieros del emisor deben ser reales, veraces, objetivos y actualizados y la propia ley del Mercado de Valores fija en su artículo 38 la responsabilidad por la información del folleto y obliga al autor del folleto informativo (artículo 38.2) a declarar que -a su entender- los datos son conformes a la realidad y no se omiten hechos que “por su naturaleza pudiera alterar su alcance”, fijando el artículo 38.3 (desarrollado en el artículo 36 del RD 1310/2005) una responsabilidad específica por los daños y perjuicios que cause a los titulares de los valores adquiridos, como consecuencia de que las informaciones explicitadas en el folleto sean falsas o por omisiones de datos relevantes del folleto, atribuible a los firmantes del folleto, sus garantes, emisores y sus administradores, no siendo ésta la acción entablada con carácter principal en la demanda iniciadora al actual procedimiento, sino que es la de nulidad contractual por vicio estructural (artículos 1265, 1266 y 1300 Código Civil) no excluida ni eliminada en el texto normativo referenciado, pues al fin y al cabo, la suscripción de nuevas acciones es un negocio jurídico que debe cumplir los requisitos de validez de todo contrato y en especial consideración a los que validan la emisión del consentimiento como elemento esencial de su perfeccionamiento. Finalmente, cabe poner de manifiesto que, si bien la acción como instrumento financiero no es un producto complejo (artículo 217 del Texto Refundido), por lo que la regulación la excluye de las exigencias de mayor rigor que impone para productos complejos, la exención del análisis de conveniencia que establece el artículo 216 se supedita a otros requisitos entre los que se encuentran que el servicio se preste a iniciativa del cliente y que se le advierta de la no obligación de evaluar la adecuación del producto, y, por otra parte, se establecen con carácter general los deberes de diligencia y transparencia en interés de sus clientes (artículo 208) y el deber de información con el contenido que se precisa (artículo 2.009). CUARTO.- Ya hemos dicho que la corrección, exactitud y veracidad de la información ofrecida al tiempo de suscripción de las acciones y derechos, sostenida por la demandada y negada por la parte demandante, resulta ser el aspecto central de discrepancia en el caso de autos. Dicho esto, hemos de poner de manifiesto, como viene reiterando de forma continuada la jurisprudencia, que el cumplimiento del deber de información corresponde acreditarlo a la parte demandada, más cuando el mismo está regulado legalmente, y la acreditación
10. del error como vicio en el consentimiento corresponde a quien insta la nulidad del contrato. Pues bien, a la vista de la prueba practicada en estos autos y de la doctrina del hecho notorio, con la precisión que luego se hará, podemos reflejar los siguientes hechos que hemos de entender acreditados y se consideran de relevancia para la resolución del caso de autos: 1º) En primer lugar es preciso referirse, si quiera sea resumidamente, a los hechos acaecidos en relación con la entidad demandada. Situándonos en las circunstancias que rodearon la ampliación de capital del Banco Popular en el año 2.016, en esta fecha la entidad atraviesa una crisis de capitalización que trata de superarse a través de una ampliación de capital que se debate y acuerda en su Junta General de 11 de abril. A esta junta se acude con unas cuentas auditadas cuyo informe refleja un patrimonio neto de 12.423 millones y se acuerda una ampliación de capital por importe aproximado de 2.505 millones de euros. La propia parte demandada reconoce que, desde hacía años, la entidad se encontraba expuesta a particulares riesgos de diferente naturaleza, fundamentalmente debido a la depreciación sufrida por su extensa cartera de activos inmobiliarios y a las exigencias de cobertura de las operaciones de crédito en situación de mora. La ampliación se oferta públicamente el 26 de mayo de 2.016, depositándose el folleto en la CNMV. A partir del 28 de mayo hasta el 11 de junio se mantiene la Oferta Pública de Suscripción de Acciones, generándose una demanda que alcanza los 3.401 millones de euros, suscribiéndose las acciones el día 22 de junio y comenzando la negociación bursátil al día siguiente. Después de esta fecha comienza un declive del valor de la acción que termina el año con una depreciación bursátil del 66%. Depreciación que continúa en el año 2.017, arrastrada por las dudas que generaba el futuro de la entidad, habiendo anunciado el Banco Popular en febrero de de 2.017 unas pérdidas de 3.485 millones de euros y procediéndose al nombramiento de un nuevo presidente. En marzo de 2.017 se detecta que las provisiones realizadas son insuficientes y que deben realizarse otros ajustes en las cuentas (a ello se refiere el hecho relevante comunicado el 3 de abril de 2.017). En el mes de abril de 2.017 el nuevo presidente de la entidad advierte de que la entidad necesita fusionarse o una nueva ampliación de capital, comenzando una salida masiva de depósitos, provocando que Banco Popular perdiera el 100% de su colchón de liquidez. Todo este proceso deriva en la intervención por las autoridades financieras del Banco Popular, en la noche del 6 al 7 de junio de 2.017, en una operación que incluyó la venta de la entidad por un euro al
11. BANCO SANTANDER, S.A., y la pérdida de la totalidad de sus inversiones por los accionistas de la entidad. 2º.- A la luz del informe pericial que se acompaña con la demanda, a cuya integridad nos remitimos y sin perjuicio de lo que se pueda destacar, cabe entender acreditado que la información financiera publicada por la entidad demandada al tiempo de la ampliación de capital del año 2.016 muestra una imagen mucho más favorable que la real de la situación del Banco, algo que también se evidencia por el hecho de que en pocos meses la situación cambiase tan radicalmente. Entre las irregularidades cabe significar, en primer lugar, que la entidad demandada calcula todos los datos y ratios sobre las cifras de su negocio principal (“core”) sin incluir el negocio inmobiliario (“non core”), lo que distorsiona la realidad, mayormente ante la situación de la actividad inmobiliaria del Banco Popular en el momento de la ampliación; de este modo, al utilizar la ratio del negocio principal en ves de las ratios sobre el total del negocio se manipulan al alza las rentabilidades. En segundo lugar, en la información facilitada se manipulan las ratios e indicadores de rentabilidad y la ratio de morosidad, tal y como resulta del informe pericial a cuyo contenido nos remitimos. Se concluye que existe una fuerte distorsión entre los datos ofrecidos a los inversores y la realidad, con claros indicios de ocultaciones contables y de una mala evolución del negocio que no se comunica a los inversores, que no hace pensar de un modo razonable y lógico en que la situación final obedezca a una mala gestión durante los últimos meses de actividad. La anterior conclusión viene avalada también por los acontecimientos acaecidos tras la propia intervención de la entidad demandada. Así, Banco Santander tuvo que hace una ampliación de capital de más de 7.000 euros con el objetivo de sanear los activos tóxicos que Banco Popular tenía en el balance, dejando al margen la acción comercial que puso en marcha para compensar a los clientes accionistas de Banco Popular. Por otra parte, la entidad Blackstone ha adquirido a Banco Santander el 51% de los activos inmobiliarios heredados del Banco Popular con un descuento del 64% sobre el valor contable. Con base en todos estos datos, en opinión de los peritos que suscriben el informe pericial acompañado con la demanda cabe sospechar que las cuentas del Banco Popular no reflejaban su situación contable real al menos desde el año 2.012, lo que viene a coincidir con la opinión expresada por relevantes expertos en los medios de comunicación en los últimos meses (de la que es muestra el documento que se aporta en el propio acto de juicio y que no combate la parte demandada).
12. Por último, debe indicarse que la conclusión que se alcanza en este punto, con base fundamental en el informe pericial que se acompaña con la demanda y sin perjuicio de lo que se ha dicho sobre la carga de la prueba, no cabe entenderlo desvirtuado por la prueba pericial practicada a instancia de la demandada. La parte demandada anuncia al contestar la aportación de un informe técnico que “analice y evalúe los datos aportados en el folleto redactado para la ampliación de capital” llevada a cabo en el año 2.016, sin embargo -lejos de esto, que es lo que debiera ser aportado por resultar relevante- aporta un informe que se limita a criticar el aportado con la demanda, sin realizar un análisis de los datos contables ofrecidos por el Banco Popular al tiempo de la ampliación. Por lo demás, razonablemente, tras su examen, no puede coincidirse con mucho de lo expresado en este informe. Así, no creemos que la discriminación entre negocio principal y no principal sea una manifestación de transparencia informativa que ayude a los inversores a distinguir entre el núcleo y la periferia de su negocio, pues, por el contrario, se evidencia que el negocio inmobiliario, que además determina en gran medida la propia ampliación (según reconoce la propia parte demandada), es determinante en los hechos que suceden. Por otra parte, en cuanto a la crítica que se hace respecto a las ratios calculadas en el informe de la demanda, se señala su carencia de fundamento, pero no se procede a un análisis de los registros contables de Banco Popular que contradiga aquellos. Respecto al hecho, expresado en el acto de juicio por el señor Monterrey, de que lo que deba ser tenido en cuenta es la nota sobre acciones (véase la documentación aportada como documentos 3 y 4 de la contestación, su extensión y contenido) y no la presentación comercial que se hace de la ampliación (anexo II del informe pericial de la demanda), lo cierto es que lo que debe ser tenido en cuenta (aspecto en que se abundará más tarde) es lo que se transmite al inversor fundamentalmente a través de los propios empleados de la demandada, sin que pueda desconocerse que el anexo II citado termina con unas conclusiones expresivas y alusivas a la rentabilidad que se espera con posterioridad al año 2.016, muy alejadas de la realidad. Finalmente, todo lo hasta aquí expresado tampoco parece apuntar ni a la relevancia de un cambio de normativa que ya estaba prevista al tiempo de la ampliación, ni a la consideración de que la crisis de la entidad demandada que desemboca en su intervención hubiera sido una mera crisis de liquidez derivada de unos hechos extraordinarios ocurridos en pocos meses. 3º.- En tercer lugar, debe destacarse que, frente a lo que se dice al contestar, en el caso de autos no existe indicio alguno de que se hubiera proporcionado a la demandante información alguna sobre los riesgos concretos de la inversión y ello aunque no estemos ante un producto complejo y en relación con lo que ya hemos señalado respecto a los deberes que incumben a la demandada.
13. La parte demandada hace referencia a los documentos que el banco entregó a la cliente con anterioridad a la contratación en los que se advertía expresamente de los riesgos de la inversión (documento de información precontractual relativo a las acciones firmado por la cliente en que se alerta de un riesgo de la inversión de 6/6; resumen de la nota sobre las acciones que forma parte del folleto informativo firmada por la cliente; y, orden de compra de derechos y suscripción de títulos) y, sin embargo, sorprendentemente, ninguno de tales documentos obra en autos. Tampoco consta, en modo alguno, la existencia de sesiones informativas que se hubieran sucedido con ocasión de la contratación; por el contrario, no hace referencia a ellas la testigo que depone en relación con la comercialización del producto que se limita a referir, por lo que aquí interesa, que no recuerda si fue ella la que llamó a la cliente y que no se hablaba de la crisis que pudiera atravesar el Banco Popular. A mayor abundamiento, tampoco consta que el Banco hubiera mantenido informada a la demandante sobre la evolución de las acciones con posterioridad a la contratación. Ni consta la existencia de un contacto periódico con la demandante, ni la información que se aporta relativa al año 2.016 (documento 28) se corresponde con información suministrada a la aquí demandante. En cuanto a estos hechos, sin perjuicio de que la situación que atravesó la demandada sí debe merecer la calificación de hecho notorio (art. 281.4 LEC), en tanto fue objeto de conocimiento general, es decir, que razonablemente era conocido por todos con inclusión del juez y las partes (sentencia del Tribunal Supremo 24/2016, antes citada), lo cierto es que no hay necesidad de acudir a los hechos notorios o a la prueba de presunciones para poner de manifiesto la realidad de los hechos que se tienen por acreditados, que resultan manifiestos a la vista de la abundante prueba documental aportada a los autos y de las propias alegaciones de la parte. Es más, es la propia demandada quien hace suyos estos datos para argumentar en sentido contrario a la tesis que mantiene el demandante. A la luz de estos hechos, se determina que la situación financiera narrada en el folleto informativo y las perspectivas del emisor, no fueron reales, no reflejaban ni la imagen de solvencia hacia el futuro publicitada y divulgada, ni la situación económico financiera real, y en todo caso, dados esos dos datos objetivos, demostrativos, en resumen, de la incorrección y falta de veracidad, amen de omisión, de la información del folleto en tales datos, debía ser la entidad demandada la que acreditase que a época de oferta pública los datos publicitados eran correctos y reales, extremo no concurrente. Evidente es que no basta cumplir con la
14. información dispuesta de forma regulada, sino que el contenido de la misma debe ser veraz, objetivo y fidedigno y respecto a la imagen de solvencia de la demandada se ha demostrado que lo informado no era real. Poco cabe añadir ante la contundencia de estos datos. Resulta claro que Banco Popular ofreció una imagen de solidez y solvencia en su salida a Bolsa que era muy distinta de la real. Actuación que no sólo infringía las normas sectoriales sobre el deber de información (art. 37 de la Ley de Mercado de Valores) pues conducía a una valoración notoriamente errónea sobre su situación financiera, sino el más elemental deber de buena fe en la contratación, también exigible en este ámbito (arts. 7 y 1258 del Código Civil). Las alegaciones de la demandada acerca de que su intervención fue debida a una mera falta de liquidez en los últimos meses quedan contradichas por los hechos que se han dejado expresados. Y el que hubiera pasado los controles de la Comisión Nacional del Mercado de Valores o de la entidad auditora, en nada obsta a lo ya dicho, pues tales organismos, sin perjuicio de que hubieran incurrido o no en responsabilidad en el ejercicio de su cometido, lo que no pueden es convertir en veraz y auténtico lo que se ha demostrado que no lo es. No se afirma aquí que se hubieran falseado sus cuentas. Ello corresponderá, en su caso, a la jurisdicción penal. Lo que se dice aquí es que presentó ante los potenciales compradores de acciones una imagen de solvencia que no se ajustaba a la realidad, infringiendo el deber de información que le incumbía. La incorrección, falta de veracidad, inexactitud o los errores contables sobre esos datos publicitados en el folleto, nos lleva a concluir que la información económica financiera contable divulgada al público suscriptor, resultó inexacta e incorrecta, en aspectos relevantes, primordiales y sustanciales como son los beneficios y las pérdidas; por tanto, se vulneró la legislación expuesta del Mercado de Valores. No establece la Directiva 2003/71/CE el régimen de responsabilidad civil por esa vulneración, dejándola a la regulación del derecho interno de cada estado miembro (así además declarado en la sentencia del TJUE de 19/12/2013 -Sala Segunda- asunto Inmofinanz AG, C-174/2912 sobre un caso de adquisición de acciones de una sociedad con vulneración de tal Directiva) y por ello concluye que no es contrario a la Directiva 2003/71/CE (y otras), una normativa nacional que en la transposición de la misma: “..establece la responsabilidad de una sociedad anónima como emisora frente a un adquirente de acciones de dicha sociedad por incumplir las obligaciones de información previstas por estas Directivas y, por otra parte, obliga, como consecuencia de esa responsabilidad, a la sociedad de que se trata a reembolsar al adquirente el importe correspondiente al precio de adquisición de las acciones y a
15. hacerse cargo de las mismas”. Por consiguiente, frente a la acción específica de daños y perjuicios, fijada en el artículo 38.3 de la Ley del Mercado de Valores, nada empece a que tal vulneración pueda sustentar una acción como la presente de nulidad por vicio del consentimiento con la restitución de las prestaciones basada en la normativa del Código Civil, en cuanto integre los requisitos propios de la misma. En definitiva, ha de considerarse viable la acción que se ejercita con carácter principal y se examina; aspecto en que insisten las dos sentencias del Tribunal Supremo antes citadas. Por otra parte, abundando en lo ya dicho, que el proceso de salida a emisión y suscripción pública de nuevas acciones, esté reglado legalmente y supervisado por organismos públicos, en modo alguno implica que los datos económicos financieros contenidos en el folleto (confeccionado -es de advertir- por el emisor y que no audita ni controla dicha Comisión) sean veraces, correctos o reales. El mentado organismo supervisa que se aporta la documentación e información exigida para dicha oferta pública, pero no controla la veracidad intrínseca de la información económico contable aportada por el emisor, conforme a la Ley del Mercado de Valores. Finalmente, insistimos, a los efectos de la acción ahora examinada, nulidad por error en el consentimiento, no se exige, la premisa de sentarse una falsedad documental o conducta falsaria por la emisora o sus administradores, pues para la protección del inversor, en esta sede civil, a tenor de la normativa expuesta, basta con que los datos inveraces u omitidos en el folleto, determinantes de la imagen de solvencia y económico-financiera de la sociedad, hubiesen sido esenciales y relevantes para la perfección contractual. QUINTO.- Como dice la sentencia del Tribunal Supremo 23/2016, de 3 de febrero: “Es jurisprudencia de esta Sala que para que el error resulte invalidante del consentimiento, deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que el error recaiga sobre la cosa que constituye el objeto del contrato o sobre aquellas condiciones que principalmente hubieran dado lugar a su celebración, de modo que se revele paladinamente su esencialidad; b) Que el error no sea imputable a quien lo padece; c) Un nexo causal entre el error y la finalidad que se pretendía en el negocio jurídico concertado; y d) Que se trate de un error excusable, en el sentido de que sea inevitable, no habiendo podido ser evitado por el que lo padeció mediante el empleo de una diligencia media o regular. Según recordábamos en la sentencia 689/2015, de 16 de diciembre, que compendia la reciente jurisprudencia en la materia: «Hay error vicio cuando la voluntad del contratante se forma a partir de una creencia inexacta. Es decir, cuando la representación mental que sirve de presupuesto para la realización del contrato es equivocada o errónea.
16. [...] En primer término, para que quepa hablar de error vicio es necesario que la representación equivocada merezca esa consideración. Lo que exige que se muestre, para quien afirma haber errado, como suficientemente segura y no como una mera posibilidad dependiente de la concurrencia de inciertas circunstancias. El art. 1266 Código Civil dispone que, para invalidar el consentimiento, el error ha de recaer -además de sobre la persona, en determinados casos- sobre la sustancia de la cosa que constituye el objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la cosa que principalmente hubieren dado motivo a celebrarlo, esto es, sobre el objeto o materia propia del contrato (art. 1261.2 CC). Además el error ha de ser esencial, en el sentido de proyectarse, precisamente, sobre aquellas presuposiciones -respecto de la sustancia, cualidades o condiciones del objeto o materia del contrato- que hubieran sido la causa principal de su celebración, en el sentido de causa concreta o de motivos incorporados a la causa. Es cierto que se contrata por razón de determinadas percepciones o representaciones que cada contratante se hace sobre las circunstancias -pasadas, concurrentes o esperadas- y que es en consideración a ellas que el contrato se le presenta como merecedor de ser celebrado. Sin embargo, si dichos motivos o móviles no pasaron, en la génesis del contrato, de meramente individuales, en el sentido de propios de uno solo de los contratantes, o, dicho con otras palabras, no se objetivaron y elevaron a la categoría de causa concreta de aquel, el error sobre ellos resulta irrelevante como vicio del consentimiento. Se entiende que quien contrata soporta un riesgo de que sean acertadas o no, al consentir, sus representaciones sobre las circunstancias en consideración a las cuales hacerlo le había parecido adecuado a sus intereses. Las circunstancias erróneamente representadas pueden ser pasadas, presentes o futuras, pero, en todo caso, han de haber sido tomadas en consideración, en los términos dichos, en el momento de la perfección o génesis de los contratos. Lo determinante es que los nuevos acontecimientos producidos con la ejecución del contrato resulten contradictorios con la regla contractual. Si no es así, se tratará de meros eventos posteriores a la generación de aquellas, explicables por el riesgo que afecta a todo lo humano. El error vicio exige que la representación equivocada se muestre razonablemente cierta, de modo que difícilmente cabrá admitirlo cuando el funcionamiento del contrato se proyecta sobre el futuro con un acusado componente de aleatoriedad, ya que la consiguiente incertidumbre implica la asunción por los contratantes de un riesgo de pérdida, correlativo a la esperanza de una ganancia. Aunque conviene apostillar que la representación ha de abarcar tanto al carácter aleatorio del negocio como a la entidad de los riesgos asumidos, de tal forma que si el conocimiento de ambas cuestiones era correcto,
17. la representación equivocada de cuál sería el resultado no tendría la consideración de error . Por otro lado, el error ha de ser, además de relevante, excusable. La jurisprudencia valora la conducta del ignorante o equivocado, de tal forma que niega protección a quien, con el empleo de la diligencia que era exigible en las circunstancias concurrentes, habría conocido lo que al contratar ignoraba y, en la situación de conflicto, protege a la otra parte contratante, confiada en la apariencia que genera toda declaración negocial seriamente emitida». Teniendo presente tal doctrina legal y jurisprudencial, aplicada al supuesto de hecho que enjuiciamos, ha de estimarse concurren, todos y cada uno de los requisitos para apreciar el error como vicio estructural del negocio de suscripción de las acciones. Es evidente que, como norma general en la cultura ordinaria del ciudadano medio, se conoce qué es una “acción” de una sociedad anónima, su riesgo y el modo de fluctuar su valor - volátil a tenor del precio fijado por el propio mercado-, sin que sea este el fundamento del error que se alega. Pero, todo ello, no es óbice a que la información del folleto de emisión de nuevas acciones para su suscripción pública sea un dato fáctico transcendental y deba ostentar los requisitos fijados antes. No se trata de que el suscriptor de las nuevas acciones tenga un error sobre el significado real de tal clase de contrato o que tenga representado otro negocio jurídico distinto, sino que el error recae sobre las condiciones de la cosa que indudablemente han motivado su celebración, siendo relevante y esencial, por las siguientes consideraciones: 1º) Se anuncia y explicita públicamente al inversor una situación de solvencia económica, además con unas perspectivas que no son reales. 2º) Esos datos económicos, al encontrarnos ante un contrato de inversión, constituyen elementos esenciales de dicho negocio jurídico, hasta el punto que la propia normativa legal expuesta exige de forma primordial su información al inversor y con tales datos evalúa y considera el público inversor su decisión de suscripción, resultando obvia la representación que se hace el inversor, ante esa información divulgada: va a ser accionista de una sociedad con claros e importantes beneficios, cuando realmente, está suscribiendo acciones de una sociedad cuya viabilidad es dudosa. 3º) Siendo contratos de inversión, en concreto de suscripción de nuevas acciones, donde prima la obtención de rendimiento (dividendos), la comunicación pública de su futura y próxima rentabilidad, resulta determinante en la captación y prestación del consentimiento. Se está ante un error esencial en tanto incide directamente en la causa de adquisición
18. (solvencia no real, datos de rentabilidad inciertos y próxima generación de beneficios inviable, en el que difícilmente una persona invertiría sus ahorros). 4º) El requisito de excusabilidad es patente: la información está confeccionada por el emisor con un proceso de autorización del folleto y por ende de viabilidad de la oferta pública supervisado por un organismo público, generando confianza y seguridad jurídica en el inversor. No cabe reprochar a la parte demandante falta de diligencia, pues nos encontramos ante la suscripción de emisión de acciones nuevas por oferta pública, donde se divulga un folleto informativo con unos datos esenciales sobre la situación financiera y riesgos de la emisora, sin que sea exigible una labor de investigación o comprobación de tales datos, como premisa para posteriormente decidir si se invierte o no; pues, caso contrario, estaríamos dando prevalencia a una desconfianza en el propio sistema, totalmente contrario, precisamente, a todo el proceso de control y supervisión fijado por la Ley, generador de la confianza y seguridad jurídica en el inversor. 5º.- Por otra parte, no puede desconocerse la distinta condición de las partes y la relación existente entre ellas, en orden a valorar la excusabilidad del error, según se viene insistiendo. De un lado, la demandante, cliente minorista. De otro lado, el Banco, profesional del ramo y a quien es exigible la diligencia propia de tal condición, diligencia que no se acredita en el caso de autos, tanto por lo ya señalado, como porque no consta haber ofrecido la más mínima información sobre el posible riesgo de la operación. En tales circunstancias no puede decirse que las partes están en una situación equivalente. Y, en este sentido se expresa la sentencia del Tribunal Supremo 23/2016 para un supuesto similar al que nos ocupa, razonando además sobre la existencia de nexo causal, que también se niega (y en parecidos términos la sentencia del Tribunal Supremo 24/2016): “Si en el proceso de admisión a cotización de acciones la información acerca del emisor y de las propias acciones es un requisito esencial que debe cumplirse mediante el folleto informativo regulado en los arts. 26 y ss. de la LMV y 16 y ss. del RD 1310/2005 de 4 de noviembre , tal información supone el elemento decisivo que el futuro pequeño inversor (a diferencia de los grandes inversores o los inversores institucionales) tiene a su alcance para evaluar los activos y pasivos de la entidad emisora, su situación financiera, beneficios y pérdidas, así como las perspectivas del emisor y de los derechos inherentes de dichas acciones. Especialmente, en el caso de pequeños suscriptores que invierten aconsejados por los propios empleados de la entidad emisora, con los que mantenían una relación de confianza personal y comercial.
19. Y si resulta que dicho documento contenía información económica y financiera que poco tiempo después se revela gravemente inexacta por la propia reformulación de las cuentas por la entidad emisora y por su patente situación de falta de solvencia, es claro que la Audiencia anuda dicho déficit informativo a la prestación errónea del consentimiento, en los términos expuestos, sin necesidad de que utilicen expresamente los vocablos nexo causal u otros similares. Lo determinante es que los adquirentes de las acciones ofertadas por el banco (que provenía de la transformación de una caja de ahorros en la que tenían sus ahorros), se hacen una representación equivocada de la solvencia de la entidad y, consecuentemente, de la posible rentabilidad de su inversión, y se encuentran con que realmente han adquirido valores de una entidad al borde de la insolvencia, con unas pérdidas multimillonarias no confesadas (al contrario, se afirmaba la existencia de beneficios) y que tiene que recurrir a la inyección de una elevadísima cantidad de dinero público para su subsistencia; de donde proviene su error excusable en la suscripción de las acciones, que vició su consentimiento. Y eso lo explica perfectamente la Audiencia en su sentencia, tal y como hemos resumido en el apartado 4.vi del fundamento jurídico primero; estableciendo los siguientes hitos de los que se desprende nítidamente la relación de causalidad: 1º) El folleto publicitó una situación de solvencia y de existencia de beneficios que resultaron no ser reales; 2º) Tales datos económicos eran esenciales para que el inversor pudiera adoptar su decisión, y la representación que se hace de los mismos es que va a ser accionista de una sociedad con claros e importantes beneficios; cuando realmente, estaba suscribiendo acciones de una sociedad con pérdidas multimillonarias. 3º) El objetivo de la inversión era la obtención de rendimiento (dividendos), por lo que la comunicación pública de unos beneficios millonarios, resultó determinante en la captación y prestación del consentimiento. 4º) La excusabilidad del error resulta patente, en cuanto que la información está confeccionada por el emisor con un proceso de autorización del folleto y por ende de viabilidad de la oferta pública supervisado por un organismo público, generando confianza y seguridad jurídica en el pequeño inversor. En consecuencia, el nexo de causalidad era evidente, a la vista de lo que la sentencia razona, puesto que justamente el folleto se publica para que los potenciales inversores tomen su decisión, incluso aunque no lo hayan leído, puesto que el folleto permite una "diseminación" de la información en él contenida, que produce la disposición a invertir. En la demanda se afirmaba que los demandantes realizaron la inversión confiados en "que la entidad Bankia era una empresa solvente que iba a repartir beneficios", por lo que resulta obvio que si hubieran sabido que el valor real de unas acciones que estaban comprando a 3'75 euros era, apenas un 1% del precio desembolsado, no habrían comprado en ningún caso. Máxime, al tratarse de pequeños ahorradores que únicamente
20. cuentan con la información que suministra la propia entidad, a diferencia de grandes inversores, o los denominados inversores institucionales, que pueden tener acceso a otro tipo de información complementaria.” Por las consideraciones expuestas, la aplicación del artículo 1265 y 1266 en relación con el artículo 1300 del Código Civil, conlleva a estimar la acción de nulidad planteada sobre los derechos y acciones adquiridos, con los efectos que se solicitan, que son acordes con lo previsto en el artículo 1.303 Código Civil y la jurisprudencia recaída al respecto. En consecuencia, la parte demandada deberá reintegrar a la demandante la totalidad de las cantidades invertidas con sus intereses legales desde la fecha de su compra y la actora reintegrará el importe del precio percibido por las acciones vendidas el día 10 de noviembre de 2.016 con los intereses legales desde esta fecha. SEXTO.- Atendida la estimación de la demanda, resulta pertinente la imposición de costas a la parte demandada, en aplicación de lo previsto en el artículo 394.1 de la ley de enjuiciamiento civil. Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación FALLO Que estimando la demanda interpuesta por la representación de DOÑA MARIA PAZ PUENTE PEREDA contra BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., declaro la nulidad de la compra de 18.942 derechos por importe de 2.768,64 euros, el día 9 de junio de 2.016, y la compra de 17.589 acciones por importe de 21.986,25 euros, el día 20 de junio de 2.016, condenando a la demandada a reintegrar la cantidad de 24.754,89 euros más sus intereses legales desde la fecha de compra y la actora reintegrará la cantidad de 4.982,25 euros, importe del precio de las acciones vendidas el 10 de noviembre de 2.016, con sus intereses legales desde esa fecha. Todo ello, con imposición de las costas procesales a la parte demandada. Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de apelación que, en su caso, deberá interponerse ante este mismo Juzgado dentro de los veinte días siguientes al de su notificación. El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo de VEINTE DIAS hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, en el que se expondrán las alegaciones en que se basa la impugnación, además de citar
21. la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna (artículo 458 de la LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL). Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósito de 50 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta, consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15ª LOPJ). Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 de la disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Llévese el original al libro de sentencias. Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para incorporarlo a las actuaciones, lo pronuncio, mando y firmo. PUBLICACIÓN.- La anterior resolución fue leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dictó en el mismo día de su fecha, habiéndose celebrado audiencia publica. Doy fe

References: e contrario
 Real Decreto 
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 artículo 2
 artículo 35
 artículo 37
 artículo 16
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 36
 artículo 216
 resolución 
 artículo 38
e contrario
 artículo 1265
 artículo 1300
 artículo 1
 artículo 394
 resolución 
 resolución