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Timestamp: 2020-06-04 20:44:29+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 195, de 30/09/2010
Año 2010 IX Legislatura Núm. 195
Sesión plenaria núm. 184
celebrada el jueves, 30 de septiembre de 2010
- Proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 89-1, de 8 de septiembre de 2010. (Número de expediente 121/000089.) ... (Página 5)
- Acuerdo entre el ministro de Defensa de la República Francesa, el ministro de Defensa de la República Italiana, el ministro de Defensa del Reino de España y el secretario general del Consejo de la Unión Europea alto representante de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) relativo a la puesta a disposición de la Unión Europea de las imágenes de satélite Helios I, hecho en Bruselas el 10 de diciembre de 2007. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, número 308, de 7 de junio de 2010.
(Número de expediente 110/000197.) ... (Página 17)
- Acuerdo sobre servicios aéreos entre el Reino de España y la República de Singapur, hecho en Madrid el 14 de abril de 2010. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 309, de 7 de junio de 2010. (Número de expediente 110/000198.) ... (Página 17)
- Canje de notas entre la Unión Europea y la República de Seychelles sobre las condiciones y modalidades de entrega de sospechosos de piratería y robo a mano armada por Eunavfor a la República de Seychelles y de su trato después de dicha entrega, hecho en Bruselas el 26 de septiembre de 2009 y Declaración de España en relación con el mismo. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 311, de 7 de junio de 2010. (Número de expediente 110/000200.) ... (Página 17)
- Protocolo adicional al Convenio penal sobre la corrupción, hecho en Estrasburgo el 15 de mayo de 2003 y Declaración de España al mismo.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 314, de 11 de junio de 2010. (Número de expediente 110/000201.) ... (Página 17)
- Declaraciones previstas en los artículos 31 y 32 de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecho en Nueva York el 20 de diciembre de 2006.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 315, de 11 de junio de 2010. (Número de expediente 110/000202.) ... (Página 17)
- Acuerdo de cooperación entre el Reino de España y el programa de la Organización de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos, hecho en Río de Janeiro el 23 de marzo de 2010. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 319, de 18 de junio de 2010. (Número de expediente 110/000203.) ... (Página 17)
- Canje de notas de 24 de marzo y 16 de abril de 2010, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República Tunecina relativo a la supresión recíproca de visados en pasaportes de servicio y especiales.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 321, de 25 de junio de 2010. (Número de expediente 110/000205.) ... (Página 17)
- Convenio sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay, hecho en Madrid el 17 de mayo de 2010. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 322, de 25 de junio de 2010. (Número de expediente 110/000206.) ... (Página 17)
- Protocolo de enmienda y de adhesión del Principado de Andorra al Tratado entre el Reino de España y la República Francesa sobre cooperación transfronteriza entre entidades territoriales, hecho en Bayona el 10 de marzo de 1995, hecho en Andorra el 16 de febrero de 2010. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 323, de 25 de junio de 2010. (Número de expediente 110/000207.) ... (Página 17)
- Canje de notas de 23 de febrero y 8 de marzo de 2010, entre el Reino de España y la República de Haití, constitutivo de Acuerdo temporal para el estatuto del personal de las Fuerzas Armadas en Haití en el marco de la operación española de ayuda humanitaria de emergencia por el terremoto.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 330, de 23 de julio de 2010. (Número de expediente 110/000208.) ... (Página 17)
- Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a aprobación de un signo distintivo adicional (Protocolo III), hecho en Ginebra el 8 de diciembre de 2005. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 331, de 23 de julio de 2010. (Número de expediente 110/000209.) ... (Página 17)
- Protocolo del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia provocada por contaminantes orgánicos persistentes, hecho en Aarhus (Dinamarca) el 24 de junio de 1998. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, número 337, de 8 de septiembre de 2010. (Número de expediente 110/000212.) ... (Página 17)
- Acuerdo de cooperación para la protección de las costas y de las aguas del Atlántico Nordeste contra la polución, hecho en Lisboa el 17 de octubre de 1990 y de su Protocolo adicional, hecho en Lisboa el 20 de mayo de 2008. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 338, de 8 de septiembre de 2010. (Número de expediente 110/000213.) ... (Página 17)
- Modificación de los nuevos acuerdos para la obtención de préstamos del Fondo Monetario Internacional, hecho en Washington el 12 de abril de 2010. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 339, de 8 de septiembre de 2010. (Número de expediente 110/000214.) ... (Página 18)
- Convenio de suscripción de acciones de capital ordinario serie "C" entre España y la Corporación Andina de Fomento, hecho en Madrid el 17 de mayo de 2010 "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 340, de 8 de septiembre de 2010. (Número de expediente 110/000215.) ... (Página 18)
- Proyecto de ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 78-1, de 16 de abril de 2010. (Número de expediente 121/000078.) ... (Página 19)
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas (Votación.) ... (Página 22)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales (Votación.) ... (Página 23)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas (Votación.) ...
Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. ...
Proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
... (Página 5)
El señor vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial (Chaves González), presenta a la Cámara el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Barkos Berruezo, el señor Salvador Armendáriz y la señora Díez González, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Cervera Soto, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. ... (Página 17)
Acuerdo entre el ministro de Defensa de la República Francesa, el ministro de Defensa de la República Italiana, el ministro de Defensa del Reino de España y el secretario general del Consejo de la Unión Europea alto representante de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) relativo a la puesta a disposición de la Unión Europea de las imágenes de satélite Helios I, hecho en Bruselas el 10 de diciembre de 2007 ...
Acuerdo sobre servicios aéreos entre el Reino de España y la República de Singapur, hecho en Madrid el 14 de abril de 2010 ... (Página 17)
Canje de notas entre la Unión Europea y la República de Seychelles sobre las condiciones y modalidades de entrega de sospechosos de piratería y robo a mano armada por Eunavfor a la República de Seychelles y de su trato después de dicha entrega, hecho en Bruselas el 26 de septiembre de 2009 y Declaración de España en relación con el mismo ... (Página 17)
Protocolo adicional al Convenio penal sobre la corrupción, hecho en Estrasburgo el 15 de mayo de 2003 y Declaración de España al mismo ...
Declaraciones previstas en los artículos 31 y 32 de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecho en Nueva York el 20 de diciembre de 2006 ... (Página 17)
Acuerdo de cooperación entre el Reino de España y el programa de la Organización de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos, hecho en Río de Janeiro el 23 de marzo de 2010 ... (Página 17)
Canje de notas de 24 de marzo y 16 de abril de 2010, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República Tunecina relativo a la supresión recíproca de visados en pasaportes de servicio y especiales ...
Convenio sobre traslado de personas condenadas entre el Reino de España y la República Oriental del Uruguay, hecho en Madrid el 17 de mayo de 2010 ... (Página 17)
Protocolo de enmienda y de adhesión del Principado de Andorra al Tratado entre el Reino de España y la República Francesa sobre cooperación transfronteriza entre entidades territoriales, hecho en Bayona el 10 de marzo de 1995, hecho en Andorra el 16 de febrero de 2010 ... (Página 17)
Canje de notas de 23 de febrero y 8 de marzo de 2010, entre el Reino de España y la República de Haití, constitutivo de Acuerdo temporal para el estatuto del personal de las Fuerzas Armadas en Haití en el marco de la operación española de ayuda humanitaria de emergencia por el terremoto ... (Página 17)
Protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a aprobación de un signo distintivo adicional (Protocolo III), hecho en Ginebra el 8 de diciembre de 2005 ... (Página 17)
Protocolo del Convenio de 1979 sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a gran distancia provocada por contaminantes orgánicos persistentes, hecho en Aarhus (Dinamarca) el 24 de junio de 1998 ...
Acuerdo de cooperación para la protección de las costas y de las aguas del Atlántico Nordeste contra la polución, hecho en Lisboa el 17 de octubre de 1990 y de su Protocolo adicional, hecho en Lisboa el 20 de mayo de 2008 ... (Página 17)
Modificación de los nuevos acuerdos para la obtención de préstamos del Fondo Monetario Internacional, hecho en Washington el 12 de abril de 2010 ... (Página 18)
Convenio de suscripción de acciones de capital ordinario serie "C" entre España y la Corporación Andina de Fomento, hecho en Madrid el 17 de mayo de 2010 ... (Página 18)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ricomá de Castellarnau, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. ... (Página 19)
Proyecto de ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. ...
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Mariscal Anaya, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Herrera Torres, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Moraleda Quílez, del Grupo Parlamentario Socialista.
(Votación.) ... (Página 22)
Sometido a votación el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, se aprueba por 308 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación.) ... (Página 23)
Sometidos a votación conjunta los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores que figuran en el orden del día, se aprueban por asentimiento.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación.) ...
Sometidas a votación separada la enmienda número 8 y el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al proyecto de ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono, se rechazan todas ellas.
Sometido a votación el texto del dictamen del citado proyecto de ley, se aprueba por 309 votos a favor, siete en contra y 15 abstenciones.
Se levanta la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.
(Número de expediente 121/000089.)
Antes de comenzar el examen del orden del día les anuncio que se encuentra entre los puntos a tratar un proyecto de ley orgánica, concretamente la Ley orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. Por tener la reforma de esta ley carácter orgánico exige votación de conjunto, que en ningún caso se efectuará antes de las diez y media de esta mañana.
Pasamos a examinar el proyecto de ley orgánica que reforma la Ley orgánica de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. Para la exposición inicial tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor Vicepresidente, don Manuel Chaves.
El señor VICEPRESIDENTE TERCERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL (Chaves González): Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, tengo el honor de comparecer ante el Pleno de esta Cámara para presentar, en nombre del Gobierno de España, el proyecto de reforma de la Ley orgánica de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, y no es solamente un honor, sino también la satisfacción de poder presentarlo. Satisfacción, en primer lugar, porque se da así continuidad a un trámite fundamental para la modificación de una norma fundamental del régimen foral, iniciativa que partió de las propias instituciones navarras, hoy aquí representadas por la presidenta del Parlamento de Navarra, consejeros y parlamentarios, a quienes saludo y en quienes quiero personalizar el buen trabajo realizado por las instituciones forales. En segundo lugar, porque esta iniciativa es fruto del acuerdo entre la Comunidad Foral de Navarra y el Gobierno de la nación, y cuenta asimismo con un amplio consenso político y social en Navarra y en el conjunto de España. En tercer lugar, porque con esta ley damos un nuevo paso adelante en la mejora de las reglas de nuestra democracia y en la modernización del propio Estado de las autonomías.
Señorías, la Constitución de 1978 sentó las bases que permitieron desarrollar un modelo territorial que equilibra los principios de unidad, autonomía y solidaridad, sobre la base de un conjunto de poderes públicos que articulan un estado institucionalmente sólido e integrador de dicho conjunto. La articulación equilibrada de estos tres principios nos ha permitido configurar un modelo original como fórmula para aunar igualdad y diversidad, logrando una cohesión social y territorial como no había existido nunca en anteriores etapas históricas. Pero los indudables logros alcanzados no pueden llevarnos a considerar como fijas e incuestionables todas las piezas del sistema. Al contrario, por sus propias características y por la misma forma en que se ha ido configurando el Estado autonómico no es, no puede ser algo estático, algo fijo, sino que tiene que estar abierto a la evolución. Se trata de algo vivo que cambia, que evoluciona, que crece y que reclama también nuevas respuestas a nuevas situaciones. Por eso, tras algunos lustros de desarrollo autonómico, era lógico que
se produjera un proceso de perfeccionamiento, de desarrollo y adaptación que, por supuesto desde el acuerdo con la voluntad de autogobierno de las propias comunidades autónomas, pudiera hacer frente a nuevas realidades o resolver también disfunciones detectadas en el ejercicio del autogobierno. Un proceso de reformas que el Gobierno ha favorecido, encajado y ubicado en un marco común, porque no debemos olvidar que las iniciativas de las comunidades autónomas de reformas de sus estatutos, o en este caso del propio régimen foral, no afectan en exclusiva a la comunidad de que se trate, porque se inscriben en el desarrollo de un estado que es de todos, y por ello han de ser coherentes con ese modelo global. En busca de esa mayor coherencia del sistema en su conjunto en este período se está fomentando la participación de las comunidades en la conformación de la voluntad del Estado, y en la propia representación de este ante la Unión Europea, y estamos haciendo también un ejercicio importante de la cooperación territorial, uno de los grandes ejes de la acción del Gobierno. Coherencia con el marco común e inserción armónica en este, que desde el Gobierno quisiéramos resaltar como un rasgo fundamental de la propuesta que se trae hoy a esta Cámara, algo que por otra parte aparece como lógico y normal, si tenemos en cuenta la trayectoria de Navarra en el seno del Estado constitucional.
La Constitución de 1978, por primera vez en nuestra historia constitucional, ampara y respeta la realidad foral de Navarra. A partir de ella la Ley orgánica de reintegración y amejoramiento de su régimen foral introdujo en el año 1982 un nuevo marco institucional y competencial que le ha servido a la comunidad para alcanzar, transcurridos veintiocho años, una destacada posición en la economía, en la cultura y en el bienestar de los navarros. Desde su posición singular en el Estado de las autonomías, en el marco de su foralidad y de la Constitución española, Navarra ha alcanzado grandes logros, se ha convertido en una tierra dinámica y emprendedora, amante también de su tradición y de su historia propias, pero firmemente comprometida con el conjunto de España, plenamente integrada en Europa, y abierta al mundo globalizado que nos ha tocado vivir. No es la primera vez que se modifica la Lorafna. Ya en el año 2001 se modificó para eliminar el proceso automático de elección del presidente del Gobierno de Navarra, a quien se le otorgó además la facultad de disolución anticipada del parlamento.
Ahora hacemos una nueva contribución a la mejora del principal instrumento de autogobierno de la comunidad foral, modernizándolo, adaptándolo a las nuevas necesidades de la sociedad Navarra, de manera que el Régimen Foral de Navarra se continúe afirmando como un modelo ejemplar de integración, de convivencia y aprovechamiento de las oportunidades de desarrollo. Y lo hacemos tomando en consideración, para su debate y posterior votación por el procedimiento de lectura única, la iniciativa del Gobierno de Navarra de reforma del marco jurídico de la comunidad foral, y de conformidad con lo dispuesto en la propia Ley de Reintegración y Amejoramiento. Culminamos por tanto en esta Cámara un proceso que ya se inició con el acuerdo adoptado por el Gobierno de Navarra el 20 de julio del año 2009, por el que se decidió ejercitar la iniciativa de reforma de la Ley de Reintegración y Amejoramiento, un proceso que continuó con la firma del acuerdo de la comisión negociadora, y con la aprobación por parte del Parlamento foral de Navarra del texto del pacto alcanzado entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de la nación para la reforma de esta ley, y por ello esta iniciativa de reforma se inscribe en esta tradición política, tradición jurídica de fructífera conciliación que permite una vez más que Navarra actualice su actual marco jurídico, ejerciendo la responsabilidad y la lealtad que, entre otras cosas, configuran sus virtudes públicas propias.
Como decía el presidente de la comunidad foral con ocasión de las jornadas conmemorativas del vigésimo aniversario del amejoramiento del fuero -y cito textualmente-, reflexionar sobre el presente del régimen foral requiere, aunque sea de reojo, como el que mira el retrovisor de la historia, dar cuenta del pleno acierto de la fórmula del amejoramiento para que, conjugando tradición y modernidad, Constitución y fuero, Navarra quedase incorporada con personalidad y virtudes públicas propias a la España constitucional, a la España de las autonomías. Por tanto, pasado, presente y futuro garantizan una vinculación y una línea de continuidad en la existencia del régimen foral, en el respeto a los derechos históricos de Navarra, y en la unidad constitucional, entendiendo siempre las necesidades de la sociedad, es decir, las necesidades de los navarros, como recoge el preámbulo de la propia ley.
Señorías, la reforma que hoy presento para su debate y posterior aprobación o votación pretende alcanzar nuevamente ese objetivo de entender las necesidades de la sociedad, de tratar de atenderlas alcanzando acuerdos que permitan afrontar con confianza su futuro, actualizando la colaboración feliz, fructífera a la que se refiere la reforma proyectada en el propio preámbulo, y estamos pues ante una norma básica de la Comunidad Foral de Navarra que reproduce sus valores, la norma que regula su convivencia.
Quisiera referirme a alguno de estos contenidos de gran relevancia para el régimen foral y de alcance constitucional, entre los que cabe aludir, sin ánimo exhaustivo, la regulación del régimen del Defensor del Pueblo de Navarra, la regulación del Consejo de Navarra como órgano consultivo superior de la Comunidad Foral de Navarra, la habilitación al Gobierno de Navarra para dictar disposiciones legislativas provisionales bajo la forma de decretos-leyes forales, y aumentar el límite de la legislatura hasta los cuatro años en el caso de disolución anticipada. Se prevé también la participación de la comunidad foral en los asuntos relacionados con la Unión Europea, en particular en aquellos que afecten a las competencias o intereses de Navarra. Se regulan además distintos aspectos de la proyección de la comunidad foral en el exterior, particularmente mediante la cooperación transfronteriza, contenidos todos ellos que
se ajustan escrupulosamente a las previsiones constitucionales. En suma se trata de que la Comunidad Foral de Navarra se dote de los instrumentos necesarios, modernizando los existentes, y adaptándolos a las nuevas necesidades de la sociedad navarra, de manera que el régimen foral continúe erigiéndose como un modelo de reintegración ejemplar a la convivencia y al progreso de los navarros y de los españoles.
Señorías, estos son los principales objetivos políticos que apunta el texto que sometemos a debate y a votación; objetivos con los que no podemos sino manifestar nuestro más absoluto respeto y nuestra total sintonía como Gobierno, esperando que esta reforma que se presenta cuente con el máximo respaldo de la Cámara, igual que ha contado con el máximo consenso en el Parlamento de Navarra. Termino, señorías, reiterando el apoyo del Gobierno a este proyecto de ley que se configura como una aportación que desde la Comunidad Foral de Navarra se hace al desarrollo y profundización del Estado de las autonomías; un estado de las autonomías que viene a confirmar una de sus características más emblemáticas: su capacidad para asumir la diversidad de España, para reconocer los hechos diferenciales, sin que ello haya supuesto en ningún momento merma o menoscabo del principio de igualdad entre todos los españoles.
Para fijar la posición por el Grupo Mixto tiene en primer lugar la palabra doña Uxue Barkos.
En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los representantes que del Parlamento de Navarra, del Gobierno, de la institución han venido esta mañana al debate. (Pronuncia palabras en euskera.)
Señorías, vicepresidente, ya nos gustaría que la reforma que hoy se nos presenta se ajustara a los objetivos que usted nos ha dibujado; ya nos gustaría, primero a los navarros, pero me temo que no es así lo que el Parlamento de Navarra nos remite. Me dirijo hoy, en nombre de Nafarroa Bai, al Parlamento de la Cámara para reivindicar en primer lugar la diferencia entre el hacer -el buen hacer- de una institución y el uso -el mal uso o hasta el abuso- partidario de una institución, y para reivindicar que lo que en la sesión de hoy nos ocupa es el mal uso precisamente, la instrumentalización de una institución para beneficiar intereses partidarios, seguramente a dos bandas -lo voy a analizar-, porque muchas de SS.SS. habrán leído en el orden del día que el texto que pasamos a analizar no es otro que una propuesta de reforma del amejoramiento del fuero que remite el Gobierno de Navarra, con el visto bueno de la mayoría del Parlamento. Cierto, pero solo en las formas -y lo voy a detallar-. El escenario de reformas estatutarias -lo ha dibujado de alguna manera el vicepresidente Chaves- en que nos estamos moviendo es de contenido -lo ha sido- y de trámite intenso, de especial intensidad y densidad política. El ejemplo más reciente y significativo es el del Estatut de Catalunya; contenido profundo, intenso, respaldado no ya solo por una mayoría abrumadora del Parlament, sino también -quiero recordarlo- respaldado por la ciudadanía en consulta pública, y de la intensidad del trámite basta recordar el vía crucis en el Constitucional.
Por el contrario, señorías -a lo mejor es lo que se pretendía para calmar ese capítulo de reformas de enorme densidad e intensidad, y yo diría que hasta de crispación política-, la reforma que hoy nos ocupa es en el contenido una apuesta liviana que raya en la frivolidad, y en lo formal carente de elementos democráticos básicos, como es el hecho de que el amejoramiento, a diferencia de otros estatutos, no fue sancionado en su día por referéndum, y tampoco lo será está vez porque tampoco esta vez lo reclama la reforma que hoy nos llega. Navarra, así lo reivindica Nafarroa Bai, tiene derecho a una consulta sobre su amejoramiento, y hoy no se ha producido esa posibilidad. Por el contrario nos encontramos con una propuesta de reforma -insisto, la que tenemos hoy entre manos, la que nos remite el Gobierno de UPN- tan escasa, tan ramplona que no se comprende desde la ambición política de una institución leal con los intereses de sus ciudadanos. Voy a poner un ejemplo, no se reclama ni una sola competencia, y en estos treinta y dos años Navarra es la comunidad que en el Estado menos competencias ha recibido. Ni una sola competencia en la reforma. Les voy a leer, señorías, el resumen que el propio Gobierno de UPN nos ha remitido a los diputados navarros, supongo que entre otras. El resumen se divide en dos apartados, así resume la reforma el Gobierno de Navarra. El primero, con el título de planteamiento inicial -de esta reforma inicial y única-, habla de ampliación del plazo de la nueva legislatura a cuatro años en caso de disolución anticipada del Parlamento de Navarra por parte del presidente. Es la única realidad de esta reforma. Porque en el segundo apartado -señala el resumen del Gobierno de UPN- sobre este planteamiento inicial se han añadido una serie de cuestiones referidas fundamentalmente a la adaptación del texto vigente a la nueva realidad jurídico-política.
Nos dibujaba el vicepresidente Chaves una serie de objetivos realmente ambiciosos, ya nos gustaría, insisto, que hoy pudiéramos votar eso. Le voy a leer un resumen de lo que el Gobierno de Navarra destaca en forma de cambios, de reformas que nos traen hoy aquí. Se propone modificar -nos parece bien- el artículo 44.18, para sustituir el título competencial condición femenina, por el de políticas de igualdad. Otras reformas que se proponen son del siguiente calado: eliminar las suprimidas cámaras de propiedad o suprimir el artículo 52.2 por haber desaparecido ya los corredores de comercio y los agentes de cambio y bolsa. Esta es la entidad de la reforma que nos traen hoy aquí. Esta es la entidad de la reforma, y algunos pretenden decir que esto es el amejoramiento que la sociedad navarra necesita. Insisto que del contenido de las reformas del apartado añadidos no
tengo más que decir que el propio enunciado de UPN, son añadidos efectivamente, porque esto que les leo, señorías, insisto, no es sino una comunicación oficial del Gobierno de Unión del Pueblo Navarro. Y digo bien, Gobierno de UPN y no Gobierno foral porque desde Nafarroa Bai afirmamos hoy, en defensa de los intereses generales de la ciudadanía de Navarra, que esta reforma solo responde a los intereses del partido en el Gobierno, y que el Gobierno, la institución ha sido utilizada para los intereses de parte. Evidentemente coincide también con intereses que en esta Cámara puedan resultar -y voy terminando, señor presidente- de la necesidad de suavizar el capítulo de reformas estatutarias que nos han ocupado durante estos seis años.
Se me dirá en cualquier caso que esta reforma o esta propuesta viene con la mayoría de la Cámara foral, pero no, viene con el acuerdo interesado -es la defensa que nosotros hacemos y la posición que mantenemos- de quienes han protagonizado un gobierno por acción o por omisión absolutamente ajeno -vicepresidente, absolutamente ajeno, hágame caso- a la voluntad política de la mayoría incontestable de las mujeres y de los hombres de la comunidad foral. Por ello os pido hoy el voto en contra a esta reforma, que por frívola raya en el insulto a la democracia, y que además por venir en nombre del Gobierno foral insulta de manera especial a Navarra, al viejo reino y a Nafarroa, y sobre todo al sentido común y a la inteligencia política de sus ciudadanos.
Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra don Carlos Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Señor presidente, señorías, permítanme que inicie mi intervención saludando a las autoridades y representantes políticos navarros que hoy nos acompañan desde la tribuna. Para ellos, para todos los ciudadanos navarros y para los que aquí los representamos en la sede de la soberanía nacional, debatir una reforma del amejoramiento del fuero constituye sin duda un día importante. Una reforma legislativa, señorías, tramitada con escrupuloso respeto al procedimiento pactado y absoluta lealtad a la Constitución española. Un procedimiento que ha requerido de una negociación y acuerdo previos de los representantes de las administraciones del Estado y la Diputación Foral de Navarra, la aprobación de la propuesta de dicho acuerdo por el Parlamento foral, y hoy su sometimiento a la aprobación por las Cortes Generales como proyecto de ley orgánica por el procedimiento de lectura única.
El cuerpo de la reforma recoge las modificaciones que en su día acordó la comisión negociadora Navarra-Estado: la ampliación -se ha dicho- del plazo de la nueva legislatura a cuatro años en caso de disolución anticipada del Parlamento de Navarra por parte del presidente; la introducción nueva de la figura de los decretos-leyes forales; la actualización de las funciones de la Cámara de Comptos; el establecimiento de un nuevo régimen para la autorización de los convenios de Navarra con el Estado y con las comunidades autónomas; la introducción de dos nuevas instituciones creadas y en funcionamiento con posterioridad a la redacción originaria del amejoramiento; y en cuanto a facultades y competencias de Navarra, entre otras, la adecuación de una terminología del año 1982 a la actualmente usada en el ordenamiento jurídico vigente; la introducción de una expresa referencia al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra y la Fiscalía Superior de la comunidad foral; una nueva regulación de la actuación exterior de la comunidad foral y sus relaciones con la Unión Europea, e igualmente un nuevo régimen de las funciones de la Junta de Cooperación; y por último, la derogación de cuatro disposiciones transitorias que quedaron obsoletas.
Señorías, actualizamos el amejoramiento del fuero para reforzarlo, y lo hacemos mediante una reforma que no pretende en modo alguno poner burocracias a las diferencias. El amejoramiento, señorías, constituye la expresión jurídico-política máxima de la personalidad del pueblo navarro, el núcleo de su singularidad política e institucional. Contiene las bases de nuestro autogobierno, define las instituciones fundamentales de la comunidad foral, reintegra el más completo y dinámico mapa de competencias propias, y renueva las condiciones del histórico y tradicional pacto de lealtad de la comunidad foral con el resto de la nación española; autonomía foral enmarcada naturalmente dentro de los límites que consagra la Constitución española, ejercida con responsabilidad y solidaridad, y que es querida y defendida como un instrumento útil para conseguir mayor progreso y bienestar. El fuero navarro constituye también un instrumento original pero flexible, conciliador por naturaleza, que huye de la confrontación permanente, y cuya finalidad consiste en servir de cauce para resolver de forma positiva, con imaginación y lealtad, los conflictos dimanantes de un estado autonómico vivo y complejo. Los navarros hablamos del fuero como fuente y garantía de derechos, pero no estaríamos realizando un acercamiento correcto a la esencia de este instrumento si no añadiéramos que para los navarros el fuero fija igualmente el cuerpo fundamental de los deberes políticos con y de Navarra -solo así podemos defenderlo con justicia y con ecuanimidad-: deber de respetarlo, de conservarlo, de amejorarlo -como decimos los navarros-; deber en definitiva de entregarlo a las futuras generaciones manteniendo su contemporaneidad, su viveza y su utilidad al servicio del bien común de Navarra y de España.
España, señorías, quedaría incompleta sin Navarra, y Navarra quedaría huérfana sin España. Así, para nosotros el pacto y la lealtad debida a los acuerdos firmados, la palabra dada, construir juntos un futuro común, pretenden seguir siendo los principios rectores de nuestra conducta que hoy también queremos reafirmar. La historia, la tradición pactista refrendada en la Carta Magna y la voluntad del pueblo navarro de querer ser y existir de forma autónoma
e integrada constituyen los soportes que confieren legitimidad a la arquitectura político-institucional de nuestro régimen foral; nuestra voluntad de seguir siendo políticamente navarros, sin renunciar a ninguna de las influencias históricas, culturales o lingüísticas que forman nuestra rica personalidad, desde la unidad, la solidaridad fraterna y la libertad con el conjunto de la nación española. Cito expresamente la libertad porque no debemos olvidar nunca que desde hace mucho tiempo, antes de que se aprobara el amejoramiento del fuero -hoy hace veintiocho años-, Navarra -como el resto de España, pero especialmente Navarra- ha vivido bajo la amenaza terrorista de los que jamás, señor vicepresidente, respetaron nuestra singularidad política, nuestro amejoramiento, ni mucho menos nuestra adhesión a la nación española. En todo este tiempo, más de cincuenta años, el terrorismo y quienes desde algunas instituciones les apoyaron han mantenido el chantaje y la coacción para quebrar nuestra voluntad política y para impedir que ejerciéramos libremente nuestro sentimiento y legítimo derecho de ser navarros y de ser españoles. Por todo ello, señor presidente, desde Unión del Pueblo Navarro damos la bienvenida a esta actualización y solicitamos el apoyo de los distintos grupos, en el ánimo y el convencimiento de que esta reforma del amejoramiento vivificará su utilidad y contribuirá -como hasta ahora lo ha hecho eficazmente- al bienestar y al progreso de todos.
Por el mismo grupo parlamentario tiene ahora la palabra doña Rosa Díez.
También yo doy la bienvenida a los representantes navarros que nos acompañan en el día de hoy. Yo estoy a favor de la autonomía política de Navarra; estoy a favor del Estado de las autonomías, y estoy a favor de la autonomía del Parlamento nacional, del Parlamento de España. Por eso hoy voy a votar en contra de esto que nos proponen, porque no quiero que este Parlamento sea un invitado de piedra, porque quiero que este Parlamento sea soberano, porque creo que el hecho de que nos traigan aquí una reforma -más allá del alcance de la misma- en la que los diputados, los representantes de la soberanía nacional no podamos decir más que sí o no, es un contrafuero. Defiendo el fuero de este Parlamento, el fuero en el sentido de la acepción 7 del diccionario de la Real Academia Española, ese que dice, que habla de y que implica soberanía, legislar de acuerdo con nuestras competencias, con el derecho que tenemos. No es posible que sobreviva en la España del siglo xxi un estatuto que apele, por encima de los derechos constitucionales de la separación de poderes, a unos derechos históricos que no nos dan derecho a actuar como Parlamento de la nación, como representantes de la soberanía popular. Esto no se tramita así porque sea una ley orgánica; se tramita así porque en el Estatuto de Autonomía -llamado amejoramiento del fuero navarro-, en su artículo 71 -que podían haber aprovechado ustedes para enmendarlo y adaptarlo al resto de estatutos de autonomía-, se dice que lo que acuerden dos gobiernos no lo toca nadie, y es que eso es contrario a la soberanía del Parlamento, contrario a la democracia en el sentido más amplio de la palabra, contrario a una democracia moderna, contrario a un parlamento que legisla y que regula derechos de los ciudadanos. Es que es una cosa completamente arcaica y contraria no solamente a esto que me parece lo fundamental, sino al procedimiento que se utiliza para reformar los otros dieciséis estatutos de autonomía. Aquí han llegado las propuestas de reforma de los estatutos de autonomía y aquí hemos planteado cuestiones de fondo y de forma.
Sobre esta cuestión tengo un problema -que creo que ya ha quedado claro- de forma; de forma que es de fondo. No puedo aceptar que no se respete la separación de poderes, no puedo aceptar que no se respete la autonomía de este Parlamento, no puedo aceptar que porque el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra acuerden lo que hayan acordado -que, por cierto, el contenido es absolutamente menor-, nosotros renunciemos a ejercer nuestro papel, el papel de representantes del conjunto de los ciudadanos españoles, el papel que nos corresponde de control al Ejecutivo, porque eso es el Legislativo, el control del Ejecutivo. ¿Cómo pueden pedirnos que hagamos como que esta Cámara no sirve para nada y que digamos sí o no sin entrar en el fondo de las cuestiones? ¿Cómo pueden pedirnos eso? ¿En nombre de qué derecho histórico tenemos que renunciar al derecho que nos da la Constitución española de ser el órgano Legislativo, al derecho democrático previo que respeta la separación de poderes? ¿En nombre de qué derecho? Así que, por esto, que lo he dicho brevemente y espero que con suficiente claridad, Unión Progreso y Democracia va a votar no a esta propuesta que hoy se nos trae a la Cámara.
No quiere la Presidencia polemizar con la oradora, simplemente advertir -sin duda ella estará de acuerdo- que la Cámara se pronuncia de acuerdo con las leyes, con independencia del mérito o valoración que pueda conceder a la ley, que obliga a la Cámara a proceder del modo en que lo está haciendo. (Pausa.) No tiene la palabra, señora Díez. Muchas gracias.
(Un señor diputado: ¡Muy bien! - Aplausos.)
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida tiene la palabra don Gaspar Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señorías, fue a finales del siglo xviii, al término de nuestra I República, cuando en nuestro país, en un giro brusco de tantos de nuestra historia, se produjo la llamada restauración borbónica.
Dicha restauración borbónica giraba hacia la derecha en lo social, provocaba una recentralización administrativa del país y suponía una involución de la que tardó mucho tiempo -no décadas, sino casi un siglo- en recuperarse. Hago este símil histórico porque tengo una rara sensación con respecto a esta iniciativa de reforma sobre el Régimen Foral navarro o sobre la Ley de Amejoramiento navarra. Tengo esa misma sensación de aquellos quienes participamos desde el año 2004 en un proceso de reformas sociales, económicas, también institucionales, con ilusión, con la expectativa del cambio, y vemos ahora sin embargo la frustración de esas reformas, la resignación y por tanto el estancamiento. (La señora vicepresidenta, Cunillera y Mestres, ocupa la Presidencia.)
Señorías, esta iniciativa de reforma, más que una reforma es un pequeño retoque, y más que un amejoramiento, es la muestra del estancamiento.
Nosotros respetamos, como no puede ser de otra forma, el Régimen Foral como parte de nuestro modelo constitucional y por tanto no nos duelen prendas en cuanto al procedimiento paccionado y no nos duelen prendas tampoco en manifestar en este acto que, aunque sea leve, casi inexistente, esta reforma va a contar -contó con nuestro voto en la Cámara navarra- con nuestro voto en el Congreso de los Diputados. Pero no me resisto a ver en esta reforma -o retoque o reforma de mínimos- un acontecimiento, una oportunidad perdida, la oportunidad perdida para continuar con el proceso de federalización del Estado autonómico, con el desarrollo federal y plurinacional del Estado español y, por el contrario, nos encontramos con la resignación ante una situación asimétrica desde el punto de vista político, que no satisface a nadie y que debilita objetivamente no solamente el autogobierno navarro sino también al conjunto del modelo democrático español, porque, señorías, de los retoques que nos proponen, el único acontecimiento novedoso es la capacidad de autodisolución de la Cámara, es decir un reforzamiento de la autonomía institucional.
Sin embargo, la iniciativa que se nos propone y que viene paccionada entre el Gobierno navarro y el Gobierno español no aborda aspectos muy importantes para los ciudadanos y para las instituciones navarras. No aborda la participación del Parlamento navarro en la reforma de su propio estatuto, de sus propias leyes, en este caso de su ley de leyes -parece una participación necesaria en un régimen parlamentario-. No aborda en nuestra opinión tampoco el cambio y la reforma en materia de derechos.
Señorías, ese ha sido uno de los aspectos fundamentales desde el año 2004 en todas las reformas estatutarias, la voluntad de unir cada vez más a los ciudadanos con sus propias instituciones autonómicas y hacerlo a través del reconocimiento y del desarrollo de derechos democráticos, de derechos sociales, de derechos de tercera generación, del conjunto de los derechos de ciudadanía. En este documento, en esta propuesta que se nos hace, en este acuerdo, nada hay de esa voluntad.
Por otra parte, en nuestra opinión, tampoco hay mucha ambición desde el punto de vista de las relaciones institucionales entre Navarra, España y entre el conjunto de Navarra y la Unión Europea. Por esas razones nuestro grupo ya manifestó su insatisfacción en el Parlamento navarro y manifiesta su insatisfacción en el Parlamento español, aunque, como he dicho antes, por respeto al Régimen Foral y por respeto al acuerdo paccionado entre el Gobierno navarro y el Gobierno español, vamos a votar favorablemente aunque insatisfechos.
Había otro elemento entonces -vuelvo otra vez a la historia- en la restauración borbónica que me gustaría sacar a colación para terminar mi intervención y era el bipartidismo, el bipartidismo que es una lacra de nuestro sistema político, bipartidismo a nivel estatal y bipartidismo también en Navarra, bipartidismo que favorece las mayores discrepancias, la mayor polarización política, incluso el frentismo, y al mismo tiempo favorece el estancamiento. Qué curioso, qué paradoja, qué paradoja que la polarización y la confrontación den lugar al estancamiento. Pues bien, ese estancamiento que he querido ver y que he visto en el documento de propuesta de reforma que hoy se nos propone a votación creo que también está en estos momentos muy presente en la vida política española, muy presente para mal en la vida política española, y no porque vaya en demérito de las fuerzas políticas minoritarias, sino porque creo que agota el pluralismo y también la capacidad de cambio de la sociedad española.
Termino, señorías. No puede ser que en esta Cámara después de una gran movilización como la de ayer, después de una huelga general, no haya siquiera una palabra de valoración. Yo creo que no es bueno empecinarse en el error, pero es aún peor negar la realidad. Ayer hubo una movilización muy importante en el país que manifiesta la insatisfacción y el malestar de la ciudadanía, y este Parlamento no puede estar al margen.
Nosotros no vamos a estar al margen. Intentaremos que el Gobierno y el Parlamento sean sensibles al malestar de la sociedad, no para crear más malestar, sino para dar seguridad y progreso a la sociedad española y a la sociedad navarra.
Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señoras y señores diputados, llega a la Cámara una nueva propuesta de modificación estatutaria, pero para el Grupo Vasco este no es un estatuto más. Esta propuesta tiene para el PNV un significado mucho mayor que el de la mayoría de estatutos de autonomía.
Navarra es una tierra que consideramos parte de nuestro país. En ella presentamos candidaturas y tenemos representación parlamentaria así como alcaldes y concejales. Hoy, y considerando que es el Gobierno de España y no el Parlamento navarro quien presenta la reforma del amejoramiento, hay que constatar
que Navarra debe al nacionalismo vasco uno de los pilares de su autonomía, pues es sobre la base de la disposición adicional primera -cuyo impulsor en el trámite de redacción constitucional fue el Partido Nacionalista Vasco- como configura su autonomía, y esa configuración va más allá de la existencia del convenio económico. Buena prueba de ello es la tramitación que hoy se lleva a cabo en esta Cámara de la iniciativa de reforma del Estatuto de Autonomía denominado amejoramiento; en lectura única también, como en el convenio, dado que el texto viene de un acuerdo previo entre los gobiernos navarro y español. Nos parece bien, nos parecerá bien la bilateralidad siempre.
En cuanto al trámite en Cortes, démoslo por bueno, ya que no ha sido cuestionado, aun cuando sea jurídicamente muy cuestionable la utilización de la disposición adicional primera como vía específica para acceder a la autonomía, pero el Partido Nacionalista Vasco, que siempre será defensor del hecho foral, no entiende este como un sistema que se utilice para anular el debate, la pluralidad o la participación ciudadana. ¿Que el régimen paccionado era acordado durante el siglo xix entre la Diputación Foral y el Gobierno español? Cierto, porque las Cortes navarras ya no existían. ¿Que el Gobierno navarro actual podría considerarse heredero de la antigua Diputación Foral? Aceptado, pero se olvidan ex profeso que ahora existe un parlamento navarro, un parlamento en el que se refleja la pluralidad de la sociedad navarra. Pues bien, ese Parlamento no ha participado en la elaboración de los contenidos de esta reforma. El trámite se ha limitado a una sesión en lectura única en la Cámara navarra habiéndose llegado al acuerdo previo entre ambos gobiernos. Es decir, en vez de proceder a discutir de las condiciones de la reforma con el Gobierno español habiéndose previamente consultado, contrastado opiniones y propuestas en el Parlamento navarro, le presentan a este una propuesta cerrada. Una vez más UPN y PSN se lo guisan y se lo comen, exactamente igual que en 1982 cuando se aprobó la Lorafna.
Si la necesidad de encuentro entre diferentes y mayorías amplias en la sociedad es tan necesaria para la aprobación de proposiciones de reforma estatutaria en otros lugares, ¿por qué entonces una mayoría simple, sin debate, propuesta y votaciones previas de enmiendas, bastan en Navarra cuando esto se consideraría pecado político en otros lugares? Recuerden lo que se dijo de la propuesta de modificación estatutaria vasca en esta Cámara: una mayoría absoluta de la Cámara, mayoría cualificada establecida por el propio Estatuto de Gernika, no podía considerarse suficiente legitimación. En los estatutos cuya reforma hemos tramitado recientemente (Valencia, Cataluña, Castilla y León, Baleares, Aragón, Andalucía) se precisan dos tercios de la Cámara para aprobar la reforma tras pasar trámites de iniciativa y enmienda por parte de los grupos parlamentarios. En Navarra, ni el artículo 71 de la Lorafna ni el 161 del Reglamento del Parlamento habilitan a este para discutirlo vía enmiendas, bastando una mayoría simple en lectura única para su aprobación. Pero si el amejoramiento ni siquiera reconoce al Parlamento de Navarra la capacidad de tener la iniciativa en un proyecto de reforma. ¿Dónde se ha visto tamaño desatino? Busquen en cualquier otro estatuto y comparen.
Para defender esta situación, UPN y PSN se escudan en el concepto de foralidad. No mancillen ese término identificándolo con procedimientos oscuros y poco democráticos. Ustedes solo usan la foralidad para beneficio de sus propios intereses electorales y no para beneficio de Navarra. ¿Por qué no han aprovechado el viaje para incluir en la reforma la necesidad de que los ciudadanos navarros deban proceder a la ratificación del texto para su entrada en vigor, como ocurre en otros estatutos? Y no nos digan que ya se ratifica en cada elección con el respaldo de los navarros a los partidos que defienden su falta de necesidad. Cuando es posible conocer la realidad directamente sobran las presunciones. ¿O es que UPN y PSN tienen miedo a la expresión de la voluntad del conjunto de la sociedad que dicen representar? Dejen hablar a los ciudadanos sin intermediarios, como ocurre en Cataluña, en Andalucía, en Galicia o en la Comunidad Autónoma vasca. Régimen foral, sí; pacto entre iguales, sí; foralidad para utilizarla espuriamente, fomentando el oscurantismo del poder, nunca.
Se presenta como gran logro de esta reforma la ampliación del plazo de la nueva legislatura a cuatro años en caso de disolución anticipada del Parlamento de Navarra por parte del presidente. En 2001 se produjo la única reforma que el amejoramiento ha tenido hasta ahora y se limitó precisamente a contemplar la posibilidad de una disolución anticipada del Parlamento, pero el nuevo mandato solo alcanzaría hasta la finalización de la legislatura anterior. Entonces les dijimos que la modificación se quedaba corta. Se negaron a escucharnos. Ahora vemos lo que sucede. Ahora se lo volvemos a decir. Esta reforma es un mero maquillaje sin ningún tipo de trascendencia y no se lo decimos solo nosotros, lo hizo el propio ex presidente de Navarra, Juan Cruz Alli, quien no es precisamente un nacionalista vasco, en sede parlamentaria. Literalmente les dijo: "Esta reforma no es para tirar cohetes, ni siquiera para tocar una chufleta".
Instituciones existentes hace tiempo por ley son ahora nominalmente incluidas en el texto estatutario, y poco más, mero maquillaje innecesario, pero es que hay incluso retrocesos. En efecto, hasta la fecha los convenios de cooperación con otras instituciones necesitaban la aprobación del Parlamento de Navarra. Sin embargo, con esta reforma no se necesita ya la aprobación ni la autorización de este, pudiendo darse la paradoja de que las Cortes españolas tengan que pronunciarse y autorizar un convenio cuya tramitación en Navarra se ha limitado al Ejecutivo. Y no es porque los grupos de la oposición en Navarra no hayan puesto toda la carne en el asador para que el órgano de representación de los navarros, su Parlamento, pudiera discutir las reformas o proponer al Gobierno del Estado estas.
En el año 2004 se constituyó una ponencia parlamentaria a este fin, que discutió hasta 2006, fecha en la que, abruptamente y por razones supuestamente políticas -nada menos que la inoportunidad de hacer coincidir esa discusión con la discusión de otros estatutos en esta Cámara-, digo, entonces, abruptamente y con estas razones de tan poco peso, dejó de reunirse. Pues bien, en esa ponencia hubo algunos ámbitos sobre los que se concitó un amplio consenso, entre otros la posibilidad de iniciativa parlamentaria en los cambios estatutarios. Sobre estos temas el planteamiento de la ponencia era mucho más ambicioso que la reforma presentada hoy. UPN y PSN han preferido silenciar esos trabajos y Navarra seguirá así, teniendo un autogobierno más limitado que otras comunidades autónomas en el Estado que iniciaron su andadura sobre la base del artículo 148 de la Constitución. Sí, sí, las antes llamadas de vía lenta. Su andadura como comunidad autónoma propia, a pesar de lo que se auguraba por sus promotores, no está llevando a sus ciudadanos a disfrutar de cotas de autogobierno más amplias o al menos iguales a las de comunidades vecinas, por mucho que el adjetivo foral les llene a algunos la boca: ni con otros, ni solos. Poca ambición para ampliar el autogobierno, menos aún para reclamar por parte de UPN y PSN el cumplimiento de las veinticuatro competencias pendientes de transferencia a día de hoy en la Lorafna, entre ellas el régimen de policía integral o la gestión de la Seguridad Social; Policía foral durante muchos años, incluso antes de la época democrática, pero esa Policía foral sigue sin desarrollarse y sin ser una policía integral. No hay nada más que compararla con otras policías autonómicas que Navarra no tiene muy lejos.
En definitiva, el Partido Nacionalista Vasco no puede apoyar una reforma estatutaria carente de ambición competencial y que no reúne los mínimos democráticos y de participación exigibles en una sociedad democrática del siglo xxi. En consecuencia, tal como lo hicimos en el Parlamento foral, nuestro voto será negativo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra don Jordi Xuclà.
Señor vicepresidente del Gobierno, en primer lugar y en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió quiero saludar también a las autoridades del Parlamento de Navarra y del poder ejecutivo, del Gobierno de Navarra.
Señorías, nos encontramos ante una nueva ampliación del autogobierno de una comunidad autónoma, ante una nueva profundización de este autogobierno a partir de la fijación de la ambición de incremento del autogobierno por parte del Parlamento, en este caso por parte del Gobierno de Navarra. Permítanme que constate algo que ya se ha dicho por otros grupos parlamentarios. En lo sustantivo, en lo material, en lo que se refleja en el artículo único de modificación de algunos aspectos de la Ley de Reintegración y Amejoramiento, en este caso, señorías, nosotros evidentemente lo respetamos, pero esta ambición de incremento de autogobierno es muy limitada. Es muy limitada y hasta cierto punto nos sorprende después de haber vivido entre la anterior legislatura y esta reformas de estatutos de autonomía como los de Baleares, Valencia, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha -que era un estatuto que estaba a punto de ser aprobado y que descarriló por un asunto concreto, el agua, y por un mal entendimiento entre los dos principales grupos de esta Cámara-; después de la reforma del de Andalucía y después de la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía de Extremadura.
Este amejoramiento se resume en otorgar al presidente de la comunidad foral la capacidad de disolución del Parlamento, de incorporar algo muy oportuno, a la luz de lo vivido después de las últimas elecciones, como la fijación de un plazo de tres meses para la elección de nuevo presidente y, si no, la disolución automática del Parlamento, porque en las últimas elecciones se apuró y no había previsión en caso de no tener una mayoría para la elección del presidente; la creación de la figura del Defensor del Pueblo; la actualización del lenguaje, sobre la que, señorías, afortunadamente algunas cosas cambian. Me dirán que es anecdótico, pero en la Ley de 1982 había un apartado referido a la condición femenina, y no es que sea políticamente incorrecto, es que esto es, afortunadamente, arqueología, y ustedes, el Gobierno de Navarra, nos proponen cambiar "condición femenina" por "políticas de igualdad".
Aunque ningún grupo parlamentario ha hecho referencia hasta el momento a este aspecto, quizá lo más relevante, más allá del derecho de disolución de las Cámaras, sea la incorporación del decreto-ley, que se ha introducido en otros estatutos de autonomía y que ya ha servido, como ha pasado en la política española, para que en algunas comunidades autónomas se haga un buen uso del mismo y para que se haga también un uso abusivo del decreto-ley, en algunos estatutos llamado decreto legislativo. Les podría poner, pero no quiero, ejemplos recientes sobre la producción de decretos legislativos en Cataluña.
¿Esto es todo? Pues sí, señorías, esto es prácticamente todo. Se nos escapa el porqué, a pocos meses de las siguientes elecciones autonómicas, de este acuerdo entre UPN y el PSOE para plantear una minirreforma de la Ley de Reintegración y Amejoramiento. Como se ha dicho por parte de otros grupos parlamentarios, no se contempla la ampliación, el despliegue de ninguna nueva competencia -el señor Esteban apuntaba que eran veinticuatro las competencias pendientes-; no se incorpora la carta de derechos y deberes como se ha hecho en tantos estatutos entre la anterior y la actual legislatura; no se incorpora la tipología competencial, que también es propia de lo que hemos definido como la tercera ola de reformas
estatutarias; no se incorpora por ejemplo la policía de tráfico; no se atiende a ninguna de las pretensiones de incremento del autogobierno, no planteado por parte del Gobierno de Navarra, sino por parte de esta ponencia que trabajó en el ámbito del Parlamento de Navarra.
Señorías, nosotros respetamos, como no puede ser de otra forma, este nivel o esta baja vocación de autogobierno que en este momento concreto se nos plantea por parte del Gobierno de Navarra. Me permitirán que utilice también este turno de debate sobre Navarra y sobre el debate territorial en el conjunto de España para, desde la serenidad, aserenando el debate territorial, recordar que en estos últimos años se ha demonizado, se ha caricaturizado, se ha hecho una utilización extravagante de la reforma estatutaria de Cataluña, como mínimo en un par de asuntos que hoy también tratamos aquí seguramente con el visto bueno del grupo de la mayoría, del grupo que gobierna Navarra y de algunos otros grupos.
Quiero hablar por un momento de los derechos históricos y de la bilateralidad. Me gustaría leer expresamente el preámbulo de esta modificación de la Ley de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra porque creo que es muy significativo. Cito: Esta modificación "se lleva a cabo así con arreglo no solo a las históricas leyes de 25 de octubre de 1839, de confirmación y modificación de fueros, y la paccionada de 16 de agosto de 1841 y disposiciones complementarias, sino también con arreglo al mismo amejoramiento y a la propia Constitución española de 1978, tal como señala el artículo 2 del propio amejoramiento". No el artículo 2 de la Constitución española, que reconoce el derecho de acceso a la autonomía, señorías, sino del artículo 2 del amejoramiento, que reconoce los derechos constitucionales. Nosotros respetamos esta realidad, como no puede ser de otra forma, la respetamos y simplemente queremos destacar lo mucho que se ha exagerado cuando algunos hemos planteado una actualización de nuestro marco autonómico y la literalidad de la invocación a las leyes viejas, a las leyes de 1839 para fundar la reintegración y el amejoramiento. Aún me reverberan en la mente algunas declaraciones, algunos pronunciamientos hechos por un ex diputado durante tantas y tantas legislaturas en esta Cámara, gran teórico y gran defensor del derecho foral de Navarra, que desde esta Cámara defendía este derecho foral, que yo también respeto mucho, pero que nos anunciaba apocalípticamente la ruptura de España. Pues bien, señorías, respeto a las leyes viejas, al fundamento del amejoramiento sobre la base de las leyes de 1839, a su arraigo y a su contexto histórico, pero respeto también a la vocación de autogobierno de otras comunidades autónomas.
Se ha caricaturizado mucho también, señorías, se ha demonizado mucho la bilateralidad en las negociaciones, bilateralidad que existe en todas las comunidades autónomas respecto al Gobierno del Estado, pero si en algún caso hay un ejemplo extremo, un ejemplo, si me permiten, sublime de bilateralidad de Gobierno a Gobierno, este es el caso, este acuerdo paccionado, de lo que podríamos llamar un contrato de adhesión del Congreso y del Senado, de las Cortes Generales, un contrato de adhesión, en lectura única y sin posibilidad de enmienda, a aquello acordado no por Parlamento y Parlamento sino por Gobierno y Gobierno. Señorías, nosotros esto lo respetamos, sin duda. Veo incluso cara de satisfacción entre algunos diputados y senadores navarros presentes en esta sala, porque deben estar muy orgullosos, y les felicito, por este régimen autonómico potente y poderoso; régimen que simplemente pone de manifiesto, sí señora Díez, que las asimetrías y las singularidades existen en nuestro modelo territorial, así como que hemos convivido y conviviremos en el futuro. Es por esto, señores representantes del Parlamento y del Gobierno de Navarra, que desde el respeto, después de este debate tan intenso de carácter territorial -termino señor presidente- que se ha producido en las dos últimas legislaturas, nosotros vamos a ofrecer una abstención respetuosa, a la luz de los debates y las exageraciones que se han producido y a la luz de la normalidad con la cual ustedes están tramitando su amejoramiento y que a nosotros nos parece muy respetable.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra don Santiago Cervera.
El señor CERVERA SOTO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero, en primer lugar, saludar a los representantes de partidos e instituciones navarras, que nos acompañan en la tribuna de invitados durante esta mañana, y muy especialmente a los representantes del Parlamento, del Gobierno de Navarra y de los distintos partidos políticos que están aquí presentes.
Debo confesar que en el momento de dirigirme a la Cámara, en relación con el pacto alcanzado entre el Gobierno de Navarra y el Gobierno de la nación para introducir una serie de reformas en el amejoramiento del Fuero de 1982 me embarga un sentimiento contradictorio. Anuncio desde ahora nuestro voto favorable, por supuesto, a la ratificación de dicho acuerdo para su incorporación al ordenamiento jurídico mediante la correspondiente ley orgánica. El Partido Popular ha demostrado a lo largo de su historia su plena identificación con el autogobierno de Navarra y, en consecuencia, dará siempre su respaldo a todo cuanto contribuya a su fortalecimiento en el marco de la Constitución de 1978. Por tanto, dará siempre su respaldo a que se genere el desarrollo fructífero y leal de nuestro amejoramiento dentro del marco de esa Constitución, que fue capaz de generar una fórmula eficaz para armonizar el respeto a nuestra foralidad histórica desde el principio de la unidad constitucional. Decía que me embarga un sentimiento contradictorio porque no sería leal ni con la Cámara ni con nuestros electores si no expresara mi decepción ante el contenido de un acuerdo que sin duda mejora algunos aspectos de la funcionalidad normativa,
pero cuyo contenido resulta notoriamente escaso en lo competencial y también en la oportunidad perdida de modernizar más a fondo la principal norma institucional de Navarra. A ello me referiré más adelante.
Ahora quiero señalar el modo en el que se ha fraguado esta reforma, sin dar información alguna a nuestro partido ni por el Gobierno de la nación ni por el Gobierno de Navarra sobre el desarrollo de las conversaciones.
Al Partido Popular se la ha privado por tanto de su legítimo derecho a elevar propuestas o tan siquiera a emitir su opinión antes de este momento parlamentario en el que el texto se somete a votación por iniciativa del propio acuerdo al que se ha llegado. No vale decir que la reforma del amejoramiento exige que ambos gobiernos, a iniciativa de cualquiera de ellos, lleven a cabo conversaciones bilaterales. El diálogo político que se requería en este caso iba mucho más allá de lo meramente prescrito como método de la reforma. Siempre que se ha producido una negociación sobre asuntos relacionados con el Régimen Foral se ha buscado el consenso de las fuerzas políticas que consideran que el amejoramiento del fuero es el instrumento jurídico en el que se asienta el derecho de Navarra a conservar su personalidad jurídica y política y su derecho a mantener o perfeccionar, lo que denominamos amejorar, el Régimen Foral.
Una de esas fuerzas es este partido, responsable de la decisión de sus 153 diputados y 123 senadores, diputados y senadores que votaremos a favor, por nuestro sentido institucional y nuestro compromiso con el Régimen Foral de Navarra, desde luego no por haber sido llamados al diálogo debido en esta materia. Porque ni el Gobierno socialista de España ni el gobierno de UPN en Navarra se han dignado compartir este importante proyecto con el Partido Popular, discriminando sin duda a una parte de la sociedad y de su representación política y evidenciando con ello la carencia del sentido de Estado que aquí correspondía tener. El Partido Socialista, el partido que tantas veces habla de arrimar el hombro, no ha sido capaz de hablar un solo momento con el Partido Popular sobre este asunto. Consejos vendo y para mí no quiero. El vicepresidente Chaves, el titular de la vicepresidencia ociosa, la que no tiene contenidos ni competencias, ha sido incapaz de emplear su tiempo en trasladarnos un solo comentario sobre esta materia, y eso, señores del Grupo Socialista, solo puede significar dos cosas: o ustedes no le dan a este asunto la importancia que merece y lo confunden con una mera formalidad burocrática, o realmente la carencia del sentido del diálogo democrático que exigen las grandes ocasiones es más que notoria en su comportamiento. Lo mismo podemos decir del Gobierno de UPN en Navarra, socio de los socialistas aquí y allá y unidos también en esta misma actitud. Solo hace 47 horas que se nos citó a los representantes navarros para leernos lo que ya habíamos leído en los correspondientes boletines oficiales. Unión del Pueblo Navarro y su Gobierno, que tantas veces hablan de la necesidad de construir pactos de Estado en los asuntos relevantes de la política, en muchas ocasiones vuelven a evidenciar que solo se trata de una mala coartada que les permita mantener alianzas y sumisiones inexplicables. Un refrán también para ustedes, señores de UPN: Dime de qué presumes y te diré de qué careces.
Aprovechando que me refiero al Partido Socialista y a UPN en esta materia de calado político, quiero sentar también una advertencia: cuídense mucho de tratar el tema del Convenio Económico de Navarra de la misma manera, porque no encontrarán la misma actitud en nuestro partido, en nuestro grupo parlamentario. Señorías, el amejoramiento de 1982 permitió a Navarra dar un paso de gigante en su régimen de autonomía. Señor Esteban, portavoz del Partido Nacionalista Vasco, usted ha hecho lo que acostumbra a hacer el nacionalismo vasco en relación con el Régimen Foral de Navarra, tratarnos como si fuéramos menores de edad. Yo le reclamo que sea capaz de comparar nuestro régimen competencial, el de la Comunidad Foral de Navarra, con el de la comunidad autónoma vasca o cualquiera de sus territorios. Verá usted que superamos en nuestra capacidad competencial y en la responsabilidad con la que actuamos en esta materia a cualquier referencia que usted pueda tener en el mejor de los sueños.
Lo que a usted y en general al nacionalismo vasco no le gusta es que sepamos ejercer estas cotas de autogobierno y de competencias con el plano inequívoco de lealtad al conjunto de España con el que siempre lo hemos hecho, la representación legítima de los navarros. Por tanto, conmemoraremos el 200 Aniversario de la Constitución de 1812, que supuso el fin del absolutismo monárquico al optar por un modelo de Estado respetuoso con la libertad y la igualdad básica de los ciudadanos. Sin embargo, a pesar de que en el proemio leído por el divino Argüelles ante las Cortes de Cádiz se hacía un canto al Reino de Navarra por haber sido un oasis de libertad en el que se estrellaba el poder absoluto de los monarcas, en realidad lo que ocurrió es que se consagró un Estado centralista y uniformador que supuso la pérdida de nuestras instituciones y del estatus que Navarra había vivido desde 1515. Por fortuna, el tradicional espíritu pactista de los navarros consiguió a través de la Ley Paccionada de 1841 el reconocimiento de un régimen, el Régimen Foral, a caballo entre la autonomía política y la autonomía administrativa, que logró pervivir, no sin dificultades, a lo largo de 140 años, hasta que la Constitución de 1978 proclamó el amparo y el respeto a los derechos históricos del viejo reino. Esto quiere decir que el actual Régimen Foral tiene un impresionante haz de competencias que ha convertido a nuestra autonomía en una de las autonomías más relevantes de España, de la España constitucional. No significa que consideremos que el amejoramiento sea una norma estática o petrificada y que no podamos aspirar, como de hecho nosotros aspiramos, a nuevas cotas de autonomía o de modernización institucional a través de nuestra norma. En esa convicción, señorías, es en la que les quiero expresar nuestra decepción por una reforma cuyo único avance real lo constituye el que, en el caso que el presidente del Gobierno foral decida convocar nuevas elecciones, el nuevo Parlamento que resulte elegido inauguraría en ese caso una legislatura completa de cuatro años, en vez de limitarse al término
natural de la legislatura disuelta anticipadamente. En todo lo demás el avance desde el punto de vista del autogobierno es prácticamente nulo. No tenemos ninguna objeción respecto de las cuestiones que aquí se han planteado pormenorizadamente, pero nuestra decepción no puede ser mayor en el tema de las competencias, donde lo único relevante es una cierta regulación más pormenorizada y adaptada a las circunstancias actuales en lo que se refiere a la acción exterior de la comunidad y a su participación en la definición de las políticas del Estado ante las instituciones europeas. El resto son reformas insustanciales desde el punto de vista competencial, tal vez con un cierto interés desde el punto de vista normativo funcional, pero no son capaces de generar la ilusión del horizonte competencial que deberíamos haber podido abordar a través de esta reforma. En suma, señorías, la reforma es mínima y no ha abordado algunas de las cuestiones pendientes, como la recuperación de la competencia exclusiva en materia de tráfico o, en un plano más general, la propia modernización institucional de la Comunidad Foral de Navarra, ese reformismo por el que nosotros abogamos y que va mucho más allá de lo propiamente competencial.
Voy terminando. En la legislatura pasada el Parlamento foral constituyó una comisión para estudiar la posible reforma del amejoramiento y concluyó que lo más prudente sería esperar a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña. Por ese motivo anuncio que el Partido Popular de Navarra presentará en la próxima legislatura en el Parlamento foral una propuesta de reforma a la luz de la citada sentencia y sin poner en cuestión, como nunca lo hemos hecho, la eficacia del Estado y la solidaridad entre todos los españoles, porque precisamente la lealtad ha sido siempre el principio que ha regido nuestras relaciones con el Estado. Como ya dije, señor presidente, señorías, nuestro voto será favorable, pero es al mismo tiempo un voto crítico por haberse perdido una incontestable oportunidad para amejorar de verdad nuestro amejoramiento, para hacerlo mucho más democráticamente, contando con todos los grupos políticos que tenemos que tomar decisión sobre la circunstancia, sobre esta cuestión y, al mismo tiempo, por haber desaprovechado esa oportunidad de profundizar de una manera mucho más decidida en la modernización que exigen los nuevos tiempos.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra don Juan Moscoso.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, quiero comenzar saludando a las autoridades de Navarra presentes hoy aquí, en particular a la presidenta del Parlamento, a los miembros del Gobierno, consejeros, consejeras, así como a los diputados autonómicos y resto de personalidades.
El amejoramiento del fuero es la piedra angular de la organización institucional y funcional del autogobierno de Navarra de Régimen Foral dentro del Estado de las autonomías. El Régimen Foral de Navarra, señorías, es la expresión máxima de nuestro autogobierno, un autogobierno basado en el pacto, un pacto estable y permanente, un pacto también sin estridencias, un pacto entre el Gobierno de Navarra y la Administración central del Estado que hoy, renovado, se presenta a las Cortes como proyecto de ley orgánica para su tramitación directa y en lectura única, debido a su carácter paccionado. Es un régimen pactado que se caracteriza por el ejercicio de Navarra de sus competencias con un grado máximo de autonomía y desde la máxima lealtad constitucional. Es un régimen que se traduce en una realidad, la de Navarra, con cuyo progreso avanza también solidariamente el del resto de España. Es un régimen político que desde los orígenes del reino se ha caracterizado siempre por su clara naturaleza pactista, y hoy vemos un episodio más de esa naturaleza; naturaleza paccionada también que caracteriza al convenio económico que regula la actividad tributaria y financiera de Navarra bajo el principio de solidaridad y que, como han dicho otros portavoces, será pronto renovado tal y como recoge el artículo 45 de la Lorafna. Insisto, todo ello está inscrito en un marco de lealtad constitucional y de solidaridad con el resto de España y con todos los españoles y españolas.
Esta reforma incluye los grandes elementos de consenso que la sociedad Navarra ha decidido expresar para la reforma de nuestra ley básica, y no otros; es evidente que no todos. Hemos visto hoy que incluso los polos pueden llegar a tocarse y ser coincidentes en el rechazo a este importante acuerdo. Este hecho, la aprobación de una reforma basada en el consenso, es algo que desde el PSN-PSOE hemos considerado siempre imprescindible, y más aún en un momento como el actual en el cual la sociedad navarra, la española y la europea en general tienen otras preocupaciones quizá distintas y más profundas y que exigen también soluciones rápidas y la atención de los políticos navarros y españoles.
Mi partido, el Partido Socialista de Navarra, el PSOE, ha apoyado e impulsado esa reforma desde el principio. Una reforma que es la más importante, la más profunda también desde que se aprobó la Lorafna en el año 1982, hito histórico que supuso la democratización y la constitucionalización del viejo reino foral, hasta entonces todavía sujeto a las viejas leyes de 1839 y 1841. Se ha recordado que hubo una reforma previa, la de 2001, que permitía disolver el Parlamento pero no comenzar una nueva legislatura y también modificaba el procedimiento de elección del presidente, eliminando antiguos -constitucionales pero antiguos- automatismos.
El PSN y el PSOE en su conjunto apoyan esta reforma porque tras veintiocho años de vigencia del amejoramiento navarro, de nuestra Ley foral, evidentemente hacía falta una modernización; pero no solo una modernización. También había que profundizar el autogobierno en algunas cuestiones importantes y había que actualizar el texto normativo adaptándolo a la realidad actual de la comunidad, a la de nuestro país y también al marco social, jurídico e institucional en el que nos enmarcamos,
como es el europeo. Es una reforma, insisto, de amplio consenso -quiero recordar el documento-; una reforma para la Navarra constitucional, la Navarra foral, la Navarra plural, la Navarra dinámica, la Navarra social, la Navarra de todos y todas y para todos y todas, que aprobó el Comité regional del PSN-PSOE en Tudela el año 2005, cuando -quiero también recordarle- Carlos Chivite Cornago era nuestro secretario general y abrió ese proceso cuando lanzamos entonces una propuesta amplia que supera en algunos ámbitos el amplio grado de consenso hoy alcanzado. En definitiva, es un planteamiento de mi grupo responsable, constructivo y coherente con la trayectoria de nuestro partido.
Quiero transmitir a la Cámara la satisfacción de mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, por el contenido del acuerdo de reforma alcanzado en la comisión negociadora de la iniciativa de reforma de la Lorafna entre las representaciones del Gobierno de la nación, el Gobierno de España, y el Gobierno de Navarra, proceso que comenzó en diciembre de 2009 y que ha contado también con el apoyo del Parlamento de Navarra.
Cuatro grupos de los cinco con que cuenta el Parlamento de Navarra apoyaron el texto de esta reforma y en el debate del 10 de junio de 2010 se votó el texto con un resultado de 38 a 12, con el único voto en contra de Nafarroa Bai. Fue un acuerdo que se cerró con rapidez y eficiencia y que ha demostrado el compromiso del Gobierno del PSOE, del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con los navarros, con sus deseos y con el Régimen Foral, transmitido en este caso por la voluntad de la inmensa mayoría de los navarros. Quiero recordar de nuevo el resultado de la votación: 38-12. Desde que el Gobierno de Navarra decidiera ejercitar la iniciativa de reforma hasta la firma final del acuerdo han sido necesarios solo ocho meses de negociaciones. Creo que ese es un buen elemento de valoración de la voluntad del Gobierno para acceder a los deseos de los navarros. Solo queda entonces, señorías, un último peldaño, un último paso que es la tramitación de hoy. Se trata de un acuerdo que refleja la voluntad y el compromiso de ambas partes para mantener la colaboración y coordinación institucional que siempre ha caracterizado la relación entre ambas administraciones, así como el carácter paccionado de nuestro Régimen Foral. Ha habido un buen clima de cooperación entre ambas administraciones que además ha dado otros buenos resultados en los últimos tiempos, como el importantísimo acuerdo para Navarra sobre la alta velocidad para Navarra. El contenido de la reforma ha sido ya detallado -no quiero volver sobre ello-, aunque desde luego no es baladí, sobre todo teniendo en consideración el alto grado de autogobierno del que partíamos. Se ha dicho: la nueva legislatura completa en caso de disolución; cambios institucionales importantes para el Parlamento, el presidente, la Cámara de Comptos; la introducción de los decretos en leyes forales; la modificación del carácter de la Junta de Cooperación para hacerla realmente de cooperación y no solamente un instrumento para dirimir conflictos; la inclusión de otras instituciones y por supuesto -también en mi calidad de portavoz para temas europeos en este Congreso- la regulación y reforma de la participación de Navarra en la actividad europea, su acción exterior y sobre todo las relaciones con la Unión Europea.
Señor presidente, señorías, el Reino de Navarra fue uno de los territorios básicos en los que se estructuró el mapa peninsular en la Baja Edad Media. Anexionado a Castilla en 1515, sin embargo supo mantener su condición de reino, conservando sus leyes e instituciones propias durante más de tres siglos. Bien entrado el siglo xix, en plena revolución liberal, Navarra perdió su condición de reino, y mediante la Ley de confirmación y modificación de fueros, de 25 de octubre, vio confirmados sus fueros, modificándolos para conciliar los intereses de Navarra, la nación y la entonces Constitución de la monarquía. El acuerdo alcanzado entre el gobierno de la nación y la Diputación de Navarra -ya desaparecida- se plasmó en la Ley de los Fueros de Navarra, de agosto de 1841, más conocida como Ley Paccionada; ley que sancionaba la desaparición de buena parte de las instituciones propias de Navarra, pero que garantizaba nuestra singularidad en determinados aspectos, que quedaron recogidos para siempre en la expresión Régimen Foral. Desde entonces han pasado muchas cosas que no voy ahora a recordar, la más importante -no tengo ningún género de dudas- la llegada de la tanto tiempo anhelada democracia, y desde entonces también en todo este tiempo ha primado la fórmula del acuerdo en la Administración foral y la Administración del Estado.
La Constitución española de 1978 ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales en su disposición adicional primera, logro al que los diputados constituyentes navarros sin duda contribuyeron y merecen nuestro recuerdo y agradecimiento. Ello supuso por primera vez el reconocimiento en una constitución española de los derechos históricos de Navarra. Este es el anclaje democrático que hizo posible la actualización del Régimen Foral de Navarra a través de la Ley orgánica de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, la Lorafna, que hoy una vez más, a través del pacto y procedimiento que todos aceptamos, reformamos.
En suma, el amejoramiento mediante un proceso peculiar y paccionado supuso la adaptación del Régimen Foral al marco constitucional y la articulación de la Comunidad Foral de Navarra en el nuevo Estado autonómico.
Desde el PSN-PSOE hemos defendido siempre que cualquier reforma de la Lorafna debía contar con el máximo consenso, y así lo hemos hecho hoy otra vez; debería siempre, como se ha hecho, abordarse desde la serenidad, la seriedad y el respeto institucional para que, fruto del acuerdo político y no por otras vías, nuestro marco foral mejore su capacidad para contribuir al perfeccionamiento de la democracia y de sus instituciones, así como al progreso económico y al bienestar e igualdad de oportunidades de las personas. Creo, señorías, sinceramente que lo hemos logrado.
- ACUERDO ENTRE EL MINISTRO DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA FRANCESA, EL MINISTRO DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA ITALIANA, EL MINISTRO DE DEFENSA DEL REINO DE ESPAÑA Y EL SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA ALTO REPRESENTANTE DE LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE SEGURIDAD COMÚN (PESC) RELATIVO A LA PUESTA A DISPOSICIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA DE LAS IMÁGENES DE SATÉLITE HELIOS I, HECHO EN BRUSELAS EL 10 DE DICIEMBRE DE 2007. (Número de expediente 110/000197.)
- ACUERDO SOBRE SERVICIOS AÉREOS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE SINGAPUR, HECHO EN MADRID EL 14 DE ABRIL DE 2010. (Número de expediente 110/000198.)
- CANJE DE NOTAS ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA REPÚBLICA DE SEYCHELLES SOBRE LAS CONDICIONES Y MODALIDADES DE ENTREGA DE SOSPECHOSOS DE PIRATERÍA Y ROBO A MANO ARMADA POR EUNAVFOR A LA REPÚBLICA DE SEYCHELLES Y DE SU TRATO DESPUÉS DE DICHA ENTREGA, HECHO EN BRUSELAS EL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y DECLARACIÓN DE ESPAÑA EN RELACIÓN CON EL MISMO. (Número de expediente 110/000200.)
(Número de expediente 110/000201.)
(Número de expediente 110/000202.)
- ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL PROGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, HECHO EN RÍO DE JANEIRO EL 23 DE MARZO DE 2010. (Número de expediente 110/000203.)
(Número de expediente 110/000205.)
- CONVENIO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, HECHO EN MADRID EL 17 DE MAYO DE 2010. (Número de expediente 110/000206.)
- PROTOCOLO DE ENMIENDA Y DE ADHESIÓN DEL PRINCIPADO DE ANDORRA AL TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FRANCESA SOBRE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA ENTRE ENTIDADES TERRITORIALES, HECHO EN BAYONA EL 10 DE MARZO DE 1995, HECHO EN ANDORRA EL 16 DE FEBRERO DE 2010. (Número de expediente 110/000207.)
(Número de expediente 110/000208.)
- PROTOCOLO ADICIONAL A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949 RELATIVO A APROBACIÓN DE UN SIGNO DISTINTIVO ADICIONAL (PROTOCOLO III), HECHO EN GINEBRA EL 8 DE DICIEMBRE DE 2005. (Número de expediente 110/000209.)
- PROTOCOLO DEL CONVENIO DE 1979 SOBRE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA TRANSFRONTERIZA A GRAN DISTANCIA PROVOCADA POR CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES, HECHO EN AARHUS (DINAMARCA) EL 24 DE JUNIO DE 1998. (Número de expediente 110/000212.)
- ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LAS COSTAS Y DE LAS AGUAS DEL ATLÁNTICO NORDESTE CONTRA LA POLUCIÓN, HECHO EN LISBOA EL 17 DE OCTUBRE DE 1990 Y DE SU PROTOCOLO ADICIONAL, HECHO EN LISBOA EL 20 DE MAYO DE 2008. (Número de expediente 110/000213.)
- MODIFICACIÓN DE LOS NUEVOS ACUERDOS PARA LA OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, HECHO EN WASHINGTON EL 12 DE ABRIL DE 2010. (Número de expediente 110/000214.)
- CONVENIO DE SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES DE CAPITAL ORDINARIO SERIE "C" ENTRE ESPAÑA Y LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO, HECHO EN MADRID EL 17 DE MAYO DE 2010. (Número de expediente 110/000215.)
El señor PRESIDENTE: Punto VII del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Han solicitado la palabra, para pronunciarse sobre algunos de ellos y de modo conjunto, el señor Xuclà, el señor Ricomá y el señor Moscoso. ¿Es así? (Asentimiento.) Tiene la palabra en primer lugar don Jordi Xuclà.
Seré breve. Muchas veces en esta Cámara estamos tramitando tratados internacionales o canjes de notas sin darles el relieve, la importancia que tienen. Ayer el Grupo Popular pidió intervenir en algunos de estos puntos de los convenios internacionales, y me parece importante. Yo voy a hacer referencia solo a dos de ellos.
Señorías, hoy vamos a autorizar la parte española del Canje de notas entre la Unión Europea y la República de las Seychelles en la lucha contra la piratería. ¿Por qué? Porque en la lucha contra la piratería existen dos dimensiones: la de carácter militar, la misión de la Unión Europea, Eunavfor, pero también la de carácter legal. En esta dimensión durante meses y meses se ha producido un vacío de capacidad legal para la persecución de la piratería en el ámbito de Somalia y de las aguas del Índico. Mientras se estaban incrementando las capacidades de Eunavfor, las capacidades legales de la República de las Seychelles para poder juzgar a los piratas eran las propias de un Estado fallido. Es por esto que precisamente en un episodio que España vivió muy de cerca, sobre todo el País Vasco, como fue la operación Atalanta, en aquel momento las capacidades de la Republica de las Seychelles eran limitadas para aceptar, juzgar, detener y encarcelar a los sospechosos de piratería y robo a mano armada. En consideración a esta realidad, con este Canje de notas entre la Unión Europea y la República de Seychelles se amplían las potencialidades legales de esta misión que tiene que tener una dimensión militar pero también otra de carácter de cooperación judicial. Les quiero recordar que recientemente Seychelles ha liberado más de 200 piratas por la incapacidad de un Estado débil -no quiero utilizar la expresión Estado fallido- para poder afrontar esta realidad que se está produciendo en el Índico.
Señorías, de los cuatro puntos sobre los cuales el Grupo Popular ha pedido el turno, yo también quiero hacer una breve referencia al Protocolo de Adhesión de Andorra, al Tratado entre el Reino de España y la República Francesa sobre cooperación transfronteriza. Es un protocolo del año 1995, al cual Andorra se adhiere en el año 2010, y que es expresión de la vocación y la voluntad de modernización y de incardinación dentro de los esquemas de cooperación europea también de este pequeño país de los Pirineos que es Andorra.
Por el Grupo Popular tiene la palabra don Francesc Ricomá.
El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Gracias, señor presidente.
Es cierto -lo decía antes el señor Xuclà- que no es habitual posicionarse en Pleno sobre los convenios internacionales. Su carácter institucional, su rango diplomático y el hecho de que sus contenidos vayan siempre asociados a temas de Estado provocan la unanimidad de la Cámara y con ello la no existencia de debate en el hemiciclo, pero no es menos cierto que su aplicación implica la adquisición de nuevos compromisos por parte de nuestro país, a la vez que dichos convenios pueden representar un instrumento en el desarrollo del rol que tenemos asignados como miembros de los diferentes organismos internacionales. Por eso hemos considerado oportuno fijar hoy posición; habíamos pedido que fuera sobre cuatro puntos pero por cuestiones de tiempo va a ser solo en dos, en especial acerca del Canje de notas sobre las condiciones y modalidades de entrega de sospechosos de piratería y robo a mano armada por Eunavfor a la República de Seychelles y de su trato después de la entrega, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que en estos momentos se encuentran en la zona destacamentos españoles como la fragata Galicia, el patrullero Infanta Cristina y casi 400 militares involucrados en dicha misión de protección a los pesqueros que faenan en aguas del Índico.
La lucha contra la piratería es uno de los compromisos adquiridos por el Gobierno. Lamentablemente, hay que señalar que el Gobierno empezó lenta y tardíamente a reaccionar ante los serios avisos de peligro que llegaban del sector atunero que operaba en dichas aguas. Baste recordar que la primera iniciativa que llegó a esta Cámara fue en 1996 y que luego en abril de 2008 ya no fueron avisos, sino que fue un hecho triste y objetivo como fue el secuestro del Playa de Bakio, y no fue hasta enero de 2009 cuando el Gobierno de España toma su primera decisión y se incorpora a la operación Atalanta de la fuerza naval de la Unión Europea.
Fueron, como decía, unos inicios ante esta cuestión dubitativos, algo torpes por parte del Gobierno, con unos episodios de gestión con claroscuros, como fue la resolución del secuestro del Alakrana pero que felizmente hoy ya se han traducido en presencia militar española firme en la zona, a la que obviamente sí hay que dar apoyo pero también hay que dotarla de instrumentos
para que puedan desarrollar con integridad la misión que tienen encomendada sin riesgo a caer en vacíos jurídico-legales. Hay que recordar que en la actualidad se ha detenido a más de 75 piratas, 14 de ellos por parte de las fuerzas españolas y la situación en la que podrían quedar retenidos o las condiciones en las que se podría celebrar su entrega a las autoridades de otros países podría contenerse dentro de esta situación de vacío legal.
Este convenio con Seychelles soluciona en parte esta situación. Seychelles y Kenia son dos de los países de la zona con los que la Unión Europea ha establecido convenios de entrega y trato, garantizando de esta manera el cierre del proceso del control de la piratería: la protección, la disuasión, la acción y captura si da lugar y entrega de los detenidos a países que ofrezcan un mínimo de garantías en el desarrollo del proceso judicial al que se vieran avocados los piratas por los delitos de los que fueran acusados. En la actualidad hay todavía 16 buques retenidos y unos 350 marineros secuestrados; afortunadamente ninguno de ellos bajo pabellón español y si algo dejan claro estas cifras es que la amenaza de la piratería sigue siendo un riesgo y que, por tanto, hay que seguir combatiendo todas sus vertientes, incluida la que afecta al contenido del convenio que tocamos hoy, como son sus aspectos jurídico-legales.
No quisiera finalizar mi intervención sin referirme a la aprobación del otro convenio que figura en el orden del día. La proximidad e incluso la familiaridad que para muchos de nosotros representa el Principado de Andorra hace que tengamos que valorar muy satisfactoriamente la adhesión andorrana al Tratado entre España y Francia sobre cooperación transfronteriza que firmaron ambos países en 1995. Han pasado 15 años hasta que se ha incorporado Andorra pero, afortunadamente, hoy ya los tres Estados estructurados por los Pirineos tienen cerradas sus bases de trabajo y colaboración en todo lo que haga referencia a los tránsitos entre las diferentes fronteras. Por ello, nuestra satisfacción.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ricomá.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente para marcar la posición de nuestro grupo respecto de los convenios. Comienzo celebrando la oportunidad, que nuestro grupo entiende que debemos practicar con más frecuencia, de abrir el debate sobre cuestiones fundamentales que afectan a la vida política, social e institucional de nuestro país, pero que al tramitarse vía convenio internacional a veces escapan al conocimiento de sus señorías y que por eso aprobamos sin abrir el debate.
El Grupo Popular había pedido intervenir sobre cuatro convenios. Si los repasamos, todos ellos corresponden a cuestiones fundamentales relacionadas, sin ir más lejos, con uno de los principales elementos de política exterior, como es la cuestión que ha mencionado, las políticas económicas que se están poniendo en marcha en el marco del Fondo Monetario Internacional o los ya referidos.
Quiero también citar el Canje de Notas entre la Unión Europea y la República de Seychelles, que entendemos que es muy oportuno y procedente puesto que, en primer lugar, hay que recordar que la operación Atalanta y la operación con la flota de Eunavfor son misiones europeas. Hace muchos años resultaría inimaginable creer que la Unión Europea pudiera tener desplazados tantos navíos de guerra y dispositivo en una zona tan lejana de nuestras costas, como es donde están, en el Cuerno de África. Hay que recordar que existe una decisión de la PESC, de la política europea de Seguridad y Cooperación, del año 2008, adoptada a instancias de España y Francia, que cuenta también con cobertura de Naciones Unidas. Sin duda, para poder perfeccionar la cuestión de los detenidos hacía falta la puesta en marcha de mecanismos de cooperación, de asistencia jurídica internacional con los países con los cuales cooperamos en la zona, como es el caso de Seychelles; más aun ahora, que tenemos ya en vigor el Tratado de Lisboa y que los países europeos intentamos, espero que con éxito, confío en ello sin duda, poner en marcha una verdadera política exterior común europea.
Queremos transmitir también la satisfacción de mi grupo por el acuerdo con Andorra, que completa la relación transfronteriza entre España, Francia y Andorra en el eje de los Pirineos -lo conozco bien, también soy diputado de una región fronteriza-, que, sin duda, debe contribuir a la relación con ambos países, con los que mantenemos un contacto permanente y unas relaciones excelentes en todos los ámbitos internacionales y también bilaterales.
(Número de expediente 121/000078.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a examinar el dictamen de la Comisión sobre iniciativas legislativas. Proyecto de ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono.
Para la defensa de la enmienda tiene la palabra por el Grupo Popular don Guillermo Mariscal.
El Grupo Parlamentario Popular ha analizado esta iniciativa consciente de que el futuro tiene que estar
próximo a una economía baja en carbono. Apoyará este proyecto de ley porque es coherente con lo que el Partido Popular ha venido promoviendo tanto para una nueva política energética como para el cambio climático.
Este nuevo paradigma necesita que se acelere un proceso de reducción de emisiones y, por tanto, de mecanismos como el almacenamiento de dióxido de carbono. Hay que dotarlo, en consecuencia, de un marco legal estable que garantice el sistema en su conjunto y particularmente en todo lo relacionado con la seguridad del mismo. De las cinco enmiendas que hemos presentado, retiraremos una, la que hace referencia la disposición final quinta, y mantendremos las otras cuatro, que tienen como objeto mejorar el texto remitido por el Gobierno. Tienen tres objetivos: garantizar la seguridad jurídica de los proyectos en tramitación en todo lo relativo a plazos y garantías, no limitar la viabilidad de las instalaciones y, por último, no retrasar la implantación de mejoras en los almacenamientos.
Este proyecto de ley es la trasposición de la Directiva 31/2009, del denominado Paquete Verde. Recalco esto porque están obligados por la Unión Europea, ya que si hubiera sido por ustedes, con su conocido amor por el debate y la actividad parlamentaria, esta iniciativa hubiera dormido el sueño de los justos, como le ocurre al proyecto de ley de eficiencia energética y energías renovables, que llevamos esperando en esta Cámara tres años. Nosotros sí creemos en que se puede contribuir a deshacer la ecuación que establece una relación directa entre crecimiento económico y consumo energético. Aprobamos la primera estrategia de ahorro y eficiencia energética y el primer Plan de Energías Renovables, que establecieron un marco jurídico estable. Esta industria de alta cualificación y fuertes inversiones requiere de certidumbre y no del desbarajuste al que nos tienen acostumbrados con su política durante estos últimos seis años, con cambios regulatorios constantes que propician desinversión, pérdida de desarrollo tecnológico y también desempleo. Nos encontramos, señorías, ante un gran reto: España, la mayor reserva natural de Europa, emite 450 millones de toneladas de CO2 al año, el 25 por ciento de las cuales corresponde a la generación eléctrica. Por todo ello, probablemente, las emisiones de dióxido de carbono de nuestro país en el año 2010 superen en más de un 30 por ciento las establecidas por Kioto.Y dentro del amplio abanico de iniciativas a desarrollar para alcanzar el objetivo de reducción de emisiones en un 20 por ciento para el año 2020, figura el almacenamiento de CO2 que, junto con la captura y el transporte, como señalan tanto el Panel Internacional como la Agencia Internacional de la Energía, es una de las principales tecnologías para mitigar las emisiones. Porque es evidente que si la corteza terrestre ha sido capaz de almacenar CO2 de forma natural, el dióxido de carbono industrial podrá almacenarse de manera análoga. En definitiva gracias a la naturaleza tenemos el conocimiento científico que garantiza la efectividad de estos almacenamientos. (La señora vicepresidenta, Cunillera i Mestres, ocupa la Presidencia.)
Esta tecnología reviste en estos momentos extraordinaria importancia, pues puede garantizar la continuidad de nuestra generación convencional de electricidad, de la que difícilmente se podría prescindir a corto plazo.
La Comisión Europea ha creado una red de proyectos tecnológicos sobre captura y almacenamiento para fomentar el intercambio de conocimientos y acelerar el desarrollo y viabilidad comercial de estas tecnologías y su posterior comercialización. Subrayo esto último pues España cuenta ya con dos proyectos muy importantes, uno de almacenamiento en Hontomín (Burgos) y otro de captura en Cubillos del Sil (León). Por ese motivo, al haber dos proyectos activos en España en estos momentos, debemos salvaguardar la investigación de los efectos perversos de esta norma -y de la acción del Gobierno socialista-, pues si no hay inversión nos encontraríamos con que estamos machacando y haciendo que esta curva de aprendizaje no sea correspondida con un proceso industrial de alto valor añadido. Por este y los siguientes posibles efectos perversos que puedan aparecer, el Grupo Parlamentario Popular estará muy vigilante y anunciamos ya la presentación de iniciativas que irán encaminadas, en primer lugar, a controlar los riesgos que contra la unidad de mercado pueda producir una localización de emplazamientos que no sea uniforme en todo el territorio nacional, ya que para evitar el encarecimiento de este tipo de infraestructuras estarán cerca de los centros de mayor producción de CO2 y existe evidentemente un riesgo de deslocalización industrial; en segundo lugar a garantizar la igualdad de acceso a los centros de captura mediante conductos; en tercer lugar a impulsar un desarrollo equilibrado y homogéneo de la generación eléctrica con un mix equilibrado en el que no se criminalicen tecnologías y contribuir así a la reducción de nuestra dependencia de los combustibles fósiles, y por último a apostar por la generación y reutilización de energías en procesos industriales. Todo ello dentro de la máxima que sigue el Partido Popular en esta materia, que no es otra que fomentar pautas de comportamiento en toda la sociedad que contribuyan a lograr una economía baja en carbono sin efectos perturbadores sobre nuestra competitividad ni sobre nuestro empleo.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Mariscal.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra el señor Herrera.
El señor HERRERA TORRES: Gracias, presidenta.
Nuestro grupo ya lo dijo en la enmienda a la totalidad: estamos hablando de una tecnología inmadura y lo es porque lo dice nuestro grupo y porque lo dice la Agencia Internacional de la Energía, es una tecnología que pretende almacenar CO2 pero que no sabe qué pasará en 40 años, en 30 años, en 20 años. En cambio el Gobierno si no ha puesto todos sí ha puesto muchos huevos en esta cesta,
demasiados, renunciando a estrategias que serían más acordes para luchar contra el cambio climático como serían el ahorro y la eficiencia y un mayor impulso de las renovables, seguramente cambiando la política del Gobierno y especialmente del Ministerio de Industria y de su ministro al frente.
No voy a hablar de lo que discutimos en la enmienda a la totalidad, el Grupo Parlamentario Socialista y esta Cámara saben cuál es nuestra postura al respecto y cuál es la sensibilidad de múltiples organizaciones ambientales. Sí voy a centrarme en algo que tiene que mejorarse, el ATC, y se tiene que mejorar en el texto durante su trámite parlamentario. Me refiero a la responsabilidad. ¿La ley establece que la responsabilidad en torno a aquellos almacenamientos que superen determinado número de años será de las empresas que han inyectado el CO2? No, será del Estado. Es decir, el negocio para los privados pero si hay un problema al cabo de los años, papá Estado viene a solventar el problema, con esa lógica de la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas, cosa que demuestra que la tecnología es inmadura. Para nosotros este es un punto inaceptable y el portavoz socialista, señor Moraleda, lo conoce bien. Creemos que este es un tema que debemos resolver porque no puede ser que una ley apruebe abrir una vía, que es en este caso el almacenamiento de CO2, para después hacer que la Administración y en este caso el Estado tenga esa responsabilidad subsidiaria en el caso de que el negocio no funcione. Ustedes saben que el almacenamiento tiene riesgos, especialmente el almacenamiento en medio marino, afectando esas posibles emisiones de CO2 a la biodiversidad y a los ecosistemas, a todos pero especialmente a los del medio marino. Lo que no puede ser es que si un negocio no funciona, si un negocio tiene fugas, si un negocio resulta que no tiene base técnica suficiente y eso acaba en desastre, luego, entre todos, la Administración, le paguemos la fiesta a aquellos que han hecho negocio inyectando CO2.. Eso no puede ser.
Por eso reitero que vamos a volver a presentar las enmiendas que presentamos aquí y nos gustaría, y así lo hemos trasladado al Grupo Socialista, que en el trámite del Senado se corrigiera mediante las enmiendas que sostienen que no puede ser que esa responsabilidad recaiga en la Administración y que, por tanto, la responsabilidad tiene que ir a cargo de las empresas que almacenan el CO2.. Si no, estamos ante una ley que opta por una tecnología inmadura, pero además hace que la inmadurez de esa tecnología recaiga en las espaldas de la Administración y no en el que invierte en dicha tecnología.
La señora VICEPRESIDENTA (Cunillera i Mestres): Muchas gracias, señor Herrera.
Mi grupo ha de empezar pidiendo disculpas a sus electores porque durante el trámite en la correspondiente Comisión no pudimos defender nuestras enmiendas, y lo lamentamos. Ello nos va a obligar, lógicamente, a volverlas a plantear en el trámite del Senado para intentar resolver las cuestiones que Convergència i Unió pretendía abordar durante este trámite parlamentario. Además, ello tampoco nos ha permitido aceptar algunas de las transacciones que el señor Moraleda en los días previos a esa Comisión amablemente nos ofreció. Espero que esas cuestiones se resuelvan en el Senado en ese papel de segunda lectura de la Cámara.
En el debate en Pleno a raíz de la enmienda a la totalidad que planteó el señor Reguera ya tuvimos ocasión de manifestarnos sobre las cuestiones de fondo de este proyecto de ley. Esta es una tecnología de transición, aceptada y promovida en el marco de la Unión Europea. Por tanto, no tiene sentido pretender oponernos a uno más de los instrumentos que existen a nuestro alcance para avanzar hacia esa economía baja en carbono, ya que no es nada incompatible desarrollar políticas de almacenamiento de CO2 con el apoyo a las renovables, a la eficiencia energética, a cualquier otro tipo de políticas orientadas en esa dirección. Ese no es el debate.
Además, señorías, en la medida en que esta era una legislación que respondía a la trasposición de una directiva de la Unión Europea, demasiadas discusiones sobre el fondo mi grupo no iba a tener.
Nos preocupaba, y lo afirmábamos entonces, algunos de los aspectos del encaje competencial del proyecto de ley. Hemos de recordar que el Gobierno de la Generalitat trasladó al Gobierno del Estado, en el proceso previo de consultas con las comunidades autónomas, algunas consideraciones que paso a leer. Afirmaba la Generalitat de Cataluña que es necesario que se modifique el artículo 5 de la ley, de tal forma que se prevea que corresponderá al Ministerio de Industria la competencia para otorgar los permisos de investigación y las concesiones de almacenamiento cuando afecten al ámbito territorial de más de una autonomía. Contrariamente, cuando no se produzca esta afectación territorial, la competencia para otorgar los permisos de investigación y las concesiones deberá corresponder a la comunidad autónoma. El proyecto de ley resuelve el permiso en investigación, pero no resuelve la cuestión sobre las concesiones de almacenamiento. En esto a mi grupo se le plantean dudas de encaje competencial, de pleno respeto a las competencias que establece el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por tanto, desde una estricta prudencia hoy nosotros no podemos votar favorablemente el dictamen de este proyecto de ley. Vamos a ver si en el Senado somos capaces de que esa petición que formuló el Gobierno de la Generalitat, y creo recordar que otros gobiernos autonómicos, pueda ser resuelta.
Con relación al conjunto de las enmiendas del Grupo Popular, con excepción de la enmienda número 8, que vamos a apoyar, el resto contará con la abstención de Convergència i Unió.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Moraleda.
El señor MORALEDA QUÍLEZ: Señora presidenta, señorías, volvemos a traer hoy al Pleno la discusión de un proyecto de ley que tuvimos la oportunidad de debatir en profundidad con ocasión de una enmienda a la totalidad. Se trataría ahora de introducir la opinión del Grupo Socialista respecto de las enmiendas planteadas. Algunos de los portavoces han explicado anteriormente que la actitud del Grupo Socialista ha sido la de obtener el máximo consenso -la unanimidad, llegado el caso- en la tramitación de lo que es la trasposición de una directiva comunitaria para una tecnología incipiente pero que está llamada a desempeñar un aspecto fundamental en la mitigación de los efectos del cambio climático y probablemente también en la reestructuración de los sectores industriales altamente emisores de CO2 y que se nutren principalmente de combustibles fósiles. Estamos, por tanto, en la antesala de lo que será sin duda un nuevo modo de producir energía y que podremos constatar dentro de poco tiempo relativamente.
A las cosas, como decía Ortega. Quiero referirme a continuación a que, respecto a las enmiendas planteadas por Convergència i Unió y por Iniciativa per Catalunya, hemos tratado de obtener un resultado durante la discusión del dictamen en la Comisión. Tengo que garantizarle al señor Herrera la conformidad del Grupo Socialista con lo que plantea sobre la subsidiariedad en la ejecución de la obligación para el concesionario en lo que respecta a la instalación de esta tecnología CAC para la disminución del almacenamiento de CO2. Por tanto, espero que durante el trámite en el Senado -así también deseo que pueda ocurrir con Convergència i Unió- podamos alcanzar un acuerdo.
Respecto al Grupo Popular, de las cinco enmiendas vivas que traíamos aquí y que son las mismas que quedaron y que se perdieron por parte del Grupo Popular durante el trámite en la Comisión, ha habido una que creo que se ha mantenido como consecuencia de haber leído mejor el proyecto de ley, porque la enmienda número 11 pretendía que el proyecto de ley no dijera lo que realmente dice, una cuestión estrictamente técnica que, afortunadamente después de una conversación, se ha soslayado. Sin embargo, en las otras cuatro se mantiene la negativa del Grupo Socialista pero por razones bien objetivas, entre otras la de que no se puede estar defendiendo aquí, como ha hecho el ponente del Grupo Popular, la necesidad de un cuerpo jurídico propio para esta tecnología y, a la vez, reclamar que sea competencia del cuerpo jurídico derivado de la Ley de Minas. Es una contradicción en sus propios términos, porque si algo han querido el legislador comunitario y la Comisión Europea ha sido dotar de garantías propias a una tecnología que no debe confundirse con la tecnología de aprovechamiento de recursos que establece la Ley de Minas.
Por tanto, es una contradicción en sus propios términos. Después hay otro elemento que sinceramente me parece más sustancial, y es la petición de que las empresas concesionarias de esta tecnología prácticamente no tengan responsabilidad alguna ante la Administración pública. No se puede apoyar. Una cosa son las garantías que debe tener una concesión en el sentido en que se han manifestado otros grupos y otra cosa es que la Administración pública, y mucho más en una tecnología cuyas garantías financieras se derivan a cincuenta años vista, no tenga nada que decir respecto del incumplimiento de las concesiones que puedan producirse en determinadas empresas. Por tanto, las exigencias de la directiva no pueden vaciarse de contenido por la afirmación de que su incumplimiento carecerá de efectos.
Tengo que agradecer el tono que se ha empleado para esta discusión, pero he de hacer una pequeña salvedad. Se le pueden criticar al Gobierno socialista muchas cosas pero decir que ha llegado tarde la trasposición de esta directiva me parece que son ganas de criticar por criticar. No tenga problemas el diputado Mariscal, que no va a perder puntos en su grupo por decir que España ha sido uno de los primeros países europeos en trasponer esta directiva, salvo que se haya convertido en mayoritaria la opinión de no a todo. (Varios señores diputados: ¡Hala!) En este sentido sí sería coherente con la posición mayoritaria, que es la que se sienta por cierto aquí, más cerca de donde estoy yo hablando que de donde está sentado el portavoz del Grupo Popular. (Rumores.- Un señor diputado: ¡Qué listo eres!)
El señor MORALEDA QUÍLEZ: Agradezco el tono porque efectivamente estamos anticipando lo que será positivo para el país.
Quiero agradecer por último a mis dos compañeros coponentes, a don José Luis Ábalos y a doña Helena Castellano, el trabajo de grupo que hemos podido realizar finalmente, y a la Fundación Ciudad de la Energía en Ponferrada, León, que ha supuesto el inicio para que España pueda ser uno de los países pioneros en la investigación y en el desarrollo de esta tecnología.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moraleda.
Votaremos a las once en punto. Hasta entonces se suspende la sesión.
(VOTACIÓN.)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 13/1982, DE 10 DE AGOSTO, DE REINTEGRACIÓN Y AMEJORAMIENTO DEL REGIMEN FORAL DE NAVARRA.
El señor PRESIDENTE: Vamos a iniciar las votaciones.
Proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. Se ha tramitado, como ordena la ley orgánica, de modo directo y en lectura única. Vamos a proceder a la votación de conjunto del texto del proyecto de ley orgánica que, como saben, requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 308; en contra, 13; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley orgánica 13/1982 de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, que se remitirá al Senado.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN.)
El señor PRESIDENTE: Votación de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. ¿Desea algún grupo votación separada? (Pausa.) ¿Algún grupo desea votación electrónica o se pueden aprobar por asentimiento? (Pausa.) Quedan aprobados por asentimiento de la Cámara.
(Número de expediente 121/ 000078.)
El señor PRESIDENTE: Votación del proyecto de ley de almacenamiento geológico de dióxido de carbono. Votamos, en primer lugar, la enmienda número 8 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 153; en contra, 172; abstenciones, seis.
A continuación votamos el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 144; en contra, 172; abstenciones, 15.
A continuación votamos el texto del dictamen.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 309; en contra, siete; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del dictamen.
Eran las once y cinco minutos de la mañana.

References: artículo 44
 artículo 52
 artículo 71
 artículo 71
 artículo 148
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 45
 resolución 
 artículo 5