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Timestamp: 2017-10-19 01:55:16+00:00

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Sentencia T.S. 457/1994, (Sala 1) de 13 de mayo. Libertad de culto. Tutela judicial efectiva. Competencia del Tribunal Supremo - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S. 457/1994, (Sala 1) de 13 de mayo
Libertad de culto: Vulneración. No sólo mera práctica de ritos y liturgias en lugares en inmuebles cerrados. También comprende acompañamientos, ceremonias, procesiones. Ermita destinada al culto católico desde el año 1272: Propietario que obstaculiza el acceso a los fieles. Motivación suficiente: Tutela judicial efectiva. Recurso casación: Recursos alegando infracciones constitucionales y normas de Derecho Civil, Foral o Especial de Cataluña: Competencia del TS para examinar, en exclusiva, las infracciones constitucionales.
1.º El Procurador de los Tribunales D, José Ángel Saris Serradell, en nombre y representación de EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS y FORESTALES BRUGAROL, S.A, formuló ante el Juzgado de 1.ª Instancia de La Bisbal, demanda de juicio ordinario declarativo de Mayor Cuantia, sobre derechos dominicales, contra LA MITRA U OBISPADO DE LA DIÓCESIS DE GERONA; cuyos autos fueron acumulados al también de Mayor Cuantfa núm, 166/82 a instancia de la misma actora contra el AYUNTAMIENTO DE PALAMÓS; estableciendo los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente, para terminar suplicando sentencia que declarara los siguientes extremos que se transcriben literalmente: "1.º Que Explotaciones Agrícolas y Forestales Brugarol S.A,ími mandante, es legítima propietaria de las tres fincas registrales números 285, 310 y 552, de Palomós, descritas en el hecho primero de esta demanda, y en los títulos aportados -documentos núm, 1, 2, 2 bis, 3, 4, 8 en relación con la certificación núm. 47, aportados con este escrito, 2.º Que' dicho título de propiedad sobre las tres citadas fincas, lo es con la cualidad de 'libres de cargas y gravámenes', 3.º Que por consiguiente, no existe servidumbre de clase alguna, ni de uso, a favor de la parte demandada, ni ae tercera persona. 4.º Que la entidad actora, desde la adquisición de las expresadas tres fincas, del Bell-lloch, tenfa, y tiene legal y legftimo derecho a cerrar y cercar las citadas propiedades en su totalidad o en parte de las mismas, siendo correctas las cerca y puertas o verjas de cierre actualmente existentes. 5.º Que la Ermita de 'Bell-lloch' forma parte íntegramente de la finca registral núm. 310, inscrita a favor de la actora al tomo 202, folio 161 vto, 81 y siguientes, 6.º Que la citada Ermita no es un Templo público, y a la misma no pueden todos los fieles del obispado entrar cuando lo deseen, ni en toda ocasión o momento, sin contar previamente con la autorización y acuerdo de la entidad propietaria, la actora. 7.º Que la expresada Ermita no se rige por el Derecho Canónico, en cuanto a su propiedad, posesión y dominio, por no estar incurso en la casuistica prevista en el Concordato de 27 de agosto de 1953, 8.º Que la plaza junto a la Ermita, la fuente, los caminos y todos los parajes ubicados dentros dentro del perimetro de las tres fincas registrales de autos núm. 285, 310 y 552 de Palomós, descritas en el hecho primero de la demanda, pertenecen, exclusivamente y libre de cargas y gravámenes, a la sociedad demandante. 9.º Que la actora no está obligada a dar una llave del acceso o puerta de la Ermita de 'Bell-lloch' al Obispado, ni por delegación suya tampoco al Párroco de Santa Eugenia de Vilarromá o San Juan de Palamós. 10.º Que para la práctica del culto católico de la Ermita de Bell-lloch, deberá obtener el Obispado el previo permiso o acuerdo de la entidad propietaria de la finca donde se halla ubicada, en cuanto a dias y horas y la propietaria podrá exigir. para dar tal permiso, garantías previas en cuanto a la integridad de las fincas objeto de este pleito, limitación de asistentes -dadas las rerlucidas dimensiones de las vías de acceso, carencia de zona de estacionamiento, y escasa cabida de la nave de la Ermita-, así como podrá exigir los permisos gubernativos pertinentes, atención oficial de la vigilancia y el orden. 11.º Se declara por último que el Obispado deberá estar y pasar por los precedentes pronunciamientos. 12.º Y se imponga a la parte demandada las costas del juicio, de oponerse a la demanda" - Admitida la demanda y emplazados los demandados, compareció en los autos en representación de la Mitra u Obispado de Gerona, el Procurador Sr.Puigvert, que formuló RECONVENCIóN y contestó a la demanda oponiendo a la misma los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes, para terminar suplicando sentencia afirmando A) Que el Santuario o Ermita de Bell- lloch, antigua parroquia de Santa Eugenia de Vilarroma, civilmente San Juan de Palamós, hoy Santa Eugenia de Palamós, Obispado de Gerona, como Persona Moral Eclesiástica no colegiada, es plena propietaria de la Plaza de 16 metros de largo por 15 metros de ancho, sita delante del edificio Ermita y de este, propiamente dicho, que figura con la descripción de la finca núm. 310, folio 161, tomo 202, del Registro de la Propiedad de La Bisbal, por cuyo motivo en la descripción de dicha finca deben cancelarse las indicadas palabras de plaza y Ermita y restarse de la superficie que consta inscrita lo que representa dicha plaza o patio y edificio-ermita, superficie que se fijará en el periodo de prueba o en ejecución de sentencia. B). Que los caminos o carreteras que desde San Juan de Palamós y Calonge, por vehiculos de todas clases y desde Fitor y Vall-llobrega para peatones convergen en la Ermita o Santuario de Bell-lloch tienen el carácter de públicos o subsidiariamente, que el citado santuario tiene derecho para el servicio de los fieles que al mismo acudan y como predio dominante, al paso de peatones .y vehículos desde la vía pública más cercana hasta la Ermita propiamente dicha y sobre las fincas propiedad de la sociedad actora, registrales núm. 285, resto que puede de la núm. 310 y de la núm. 552 del Registro de la Propiedad de La Bisbal, servidumbre que se constituirá como derecho real en periodo de ejecución de sentencia como perpetua, aparente e ininterrumpida. . C) Que la Ermita o Santuario de Bell-lloch como Persona Moral Eclesiástica no colegiada cuya administración corresponde al párroco de Santa Eugenia de Palamós, mientras carezca de Rector propio, se halla materializada en el templo propiamente dicho la plaza antes citada que se segregará de la finca registral núm. 310 y se halla destinada al culto católico a fin de que los fieles sin distinción puedan ejercer en dicho lugar sagrado actos de culto tanto públicos como privados, pudiendo los mismos acceder a la Ermita en cualquier tiempo y libremente con la sola sujeción a las prescripciones del derecho canónico sin intromisión o ingerencia de ninguna otra persona física o jurídica. D) Que las fincas registrales núm. 285, resto no reivindicado de la núm. 310 y la de 552, hoy propiedad de la Sociedad actora, se hallan sujetas a las limitaciones dominicales procedentes del uso y de la práctica del culto católico, público y privado entre ellas las romerías populares y de los fieles que particularmente puedan acceder a la Ermita o Santuario de Bell-lloc ya la fuente enclavada junto al sendero de Fitor y cercana a dicha Ermita, al igual que los caminos que unen a este con las Parroquias de San Juan de Palamós, Calonge, Fitor y Vall-Llobregat y el resto de patio o patios existentes a nivel igualo aproximado de la plaza de la Iglesia, así como los bosques próximos al Santuario. E) Que la Sociedad actora no tiene derecho a poseer o retener ninguna llave que deba utilizarse para el acceso a la Ermita ni a impedir la libre llegada a la misma, derecho que corresponde única y exclusivamente al Santuario de Bell-lloc y en su nombre al párroco de Santa Eugenia de Palamós. F) Que la práctica del culto católico en la Ermita de Bell-lloc no puede ser obstaculizado por la Sociedad actora ni por ninguna otra persona. fisica o juridica y debe I poderse practicar libremente en cualquier dia y,hora con la sola sujeción a las prescripciones del derecho canónico ya las demás disposiciones de carácter general emanadas de la Autoridad competente. G) Que en periodo de ejecución de sentencia procede el derribo de la pared o cerca que divide la plaza o patio existente delante del edificio Ermita, todo ello reivindicado ya la supresión de todas las puertas o cercas,que impiden el libre acceso al Santuario o Ermita de Bell-lloc con plaza o patio y fuente. H) Que procede igualmente con cargo a la Sociedad actora, demandada reconvencional, la construcción de la escalera que conduce al coro al cual deben tener libre acceso los fieles en general teniendo igualmente la citada Sociedad reconstruir el camerino de la Ermita y derruir y hacer desaparecer unos sanitarios construidos actualmente debajo del antiguo camerino, todas cuyas dependencias, por formar parte de la fábrica del Santuario al mismo pertenecen, realizándose dichas obras a la firmeza de la sentencia a cargo de la citada Sociedad y debe llevarlas la misma a la práctica dentro del plazo que se le señale en ejecución de sentencia. I) Que se declare igualmente la nulidad o cancelación de las inscripciones registrales de las fincas números 285, 310 y 552 del registro de La Bisbal, antes reseñadas, en tanto las mismas se hallen en contradicción con las declaraciones anteriores reconociendo los derechos de la Ermita o Santuario de Bell-lloc e inscribiendo las servidumbres que antes se han reconocido a favor del mismo, constatando como predios sirvientes las citadas fincas núm. 285, resto no reivindicado de la 310 y de la de núm. 552, y como predio o persona jurfdica dominante, titular de tales servidumbres, la Ermita o Santuario de Bell-lloc, declarando igualmente que la sociedad actora deberá otorgar las escrituras de segregación y constitución de servidumbres que sean necesarias en ejecución de la sentencia u otorgarlas en su nombre al Juez. J) Que subsidiariamente y tan solo para el improbable caso de que no se apreciara el dominio de mi representada sobre los inmuebles dichos con las servidumbres interesadas, se declare expresamente que la demandada y actora reconvencional ostenta el derecho de uso o de disfrute o usufructo sobre la ermita y patio en cuestión a la par que el derecho de paso a determinar ambos en este pleito o, en su caso, en ejecución de sentencia, sobre los caminos que conducen a la ermita, plaza y lugares anejos a tales inmuebles. Que en todo caso se ha adquirido, el I derecho de dominio sobre ermita, plaza y demás citado en las declaraciones anteriores, a la par que las servidumbres para tener acceso a tales inmuebles en méritos de prescripción inmemoria:l o usucapión conforme se hace constar en la demanda y en la reconvención, máxime, cuando al comprar el actor y demandado reconvencional la finca de autos, se hizo la salvedad expresa sobre la Ermita o Santuario de Bell-Lloc. Dándose por contestada la demanda, se dio traslado a la otra parte para que contestara escrito de réplica, dentro del término presentó escrito irenunciando a la réplica y solicitó que se suspendiera el término para contestar la demanda reconvencional con objeto de notificarla ai Abogado del Estado para evicción, quién contestó a dicha demanda de evicción constando en autos. La representación de la actora principal presentó escrito contestando a la reconvención, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes para terminar suplicando sentencia absolutoria respecto de la reconvención formulada. Por evacuada la réplica y contestada la reconvenci6n se dio traslado a la otra parte, que dentro del término presentó escrito de duplica negando la concurrencia de las excepciones invocadas contra la reconvención e insistiendo en los argumentos de su escrito de contestación y reconvención, solicitaba que se dictase sentencia de la forma interesada. Convocadas las partes a la comparecencia establecida en el art. 691 L.E.C., esta se celebró el dfa señalado sin avenencia. Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Antes de acabar el término de práctica de prueba, la parte actora presentó una demanda de Mayor Cuantía contra el Ayuntamiento de Palamós, en alegación de los mismos hechos y fundamentos de derecho invocados en su demanda anterior, solicitando sentencia que declarase: 1Q. Que Ex;lotaciones Agrícolas y Forestales Brugarol, S.A., es legítima propietaria de las tres fincas Registrales núm. 285, 310 y 552, de Palamós, descritas en el hecho primero de la demanda. 22. Que la actora tiene el libre y entero dominio sobre las expresadas fincas, las cuales se hall~n sin carga, gravamen o servidumbre alguna. 3.º Que por consiguiente: todos los caminos ubicados en dichas tres fincas registrales -con excepción del que desde San Juan de Palamós lleva a Fitor, el cual pasa por delante de la encina grande y transcurre junto a la cerca o vallado metálico, por la parte exterior de la propiedad- forman parte integrante de la citada heredad de la actora. 4.º Que asimismo la plaza o explanada parte empedrada y parte enarenada, existente delante del edificio formado por la ermita y casa, en dicha propiedad del Bell-lloc, forma también parte integrante de tal heredad de la actora. 5º Que asimismo la fuente existente en la repetida heredad del Bell-lloc, cerrada con puertas metálicas, y cuya llave posee y ha posefdo siempre la propiedad, también forma parte integrante de la repetida heredad. 6.º Que en consecuencia, tanto los referidos caminos, como la plaza o explanada, como la fuente, citados en los pronunciamientos precedentes, pertenecen, exclusivamente y libres de cargas y gravámenes, a la sociedad demandante. 7.º Que la entidad actora desde la adquisición de las tresl expresadas fincas 285, 310 y 552 de Palamós, tenfa y tiene legftimo derecho a cerrar y cercar las mismas, total o parcialmente, siendo correctos los muros, cercas metálicas o vallado, verjas y puertas, de cierre, actualmente existentes. 8.º Que el Ayuntamiento de Palamós deberá estar y pasar por los anteriores pronunciamientos, y guardar silencio y acallamiento perpetuos sobre los mismos. 9.º Se impongan las costas a la Corporación demandada, de oponerse a la demanda. Solicitando por el segundo otrosf la Acumulación de los autos núm. 166/82 a los de también mayor cuantía 203/76, dándose asf lugar a la acumulación, continuando los autos más antiguos en suspenso hasta que los más modernos tuvieran el mismo estado procesal. Dentro del término el Procurador Sr. Peyha Gascons en nombre del Ayuntamiento de Palamós, contestó a la demanda, alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó pertinentes para terminar suplicando sentencia desestimándola y absolviendo al Ayuntamiento de Pa1amós con imposición de costas a la actora. Unidas a los autos las pruebas practicadas se convocó a las partes a comparecencia poniéndoles mientras tanto de manifiesto en Secretarfa para que hicieran un resumen de las mismas, lo que verificaron en tiempo y forma, quedando los autos en poder del Sr. Juez para dictar sentencia. El Sr. Juez de 1.ª Instancia núm. 1 de La Bisbal y su partido dictó sentencia de fecha 7 de octubre de 1988, con el siguiente FALLO: "Que considerando parcialmente la demanda interpuesta por EXPLOTACIONES AGRtCOLAS y FORESTALES BRUGAROL, S.A., contra la MITRA U OBISPADO DE LA DIóCESIS DE GERONA, declaro: 1) Que explotaciones Agrícolas y Forestales Brugarol, S.A., es legítima propietaria de las fincas registrales núms. 285, 310 y 552 de Palamós descritas en el hecho primero de la demanda. 2) Que el título de propiedad sobre las fincas mencionadas no tiene otras cargas ni gravámenes que no sean los derivados del carácter sagrado de la ermita incluida en una finca y la jurisdicción eclesiástica sobre ellas asi como el carácter público del camino que se indicará más adelante. 3) Que la actora tiene derecho a cerrar las fincas siempre que no afecte al uso y al acceso a la capilla o el camino que conducen allí. 4) Que la Ermita de .Bell-lloc forma parte integrante de la finca registral 310 antes mencionada. 5) Que la Ermita de Bell-lloc es un templo público y que pueden acceder todos los fieles sin autorización de la actora. 6) Que la Ermita se rige por el Derecho Canónico. 7) Que la plaza de la Ermita, la fuente, los caminos y todos los parajes ubicados dentro de las tres fincas de estos pertenecen a la sociedad demandante salvo el camino que desde San Juan de Palamós conduce a la ermita pasando por la denominada Encina Grande. Que no existen cargas, gravámenes ni otras limitaciones de dominio que las impuestas por el carácter sagrado de la ermita destinada al culto público. 8) Que la actora ha de entregar una llave de la puerta de la Ermita al Obispado de Gerona. 9) Que para la práctica del culto católico en Bell- lloc el Obispado no necesitará autorización de la entidad propietaria de la finca. Asimismo estimo parcialmente la reconvención instada por la Mitra u Obispado de la Diócesis de Gerona contra Explotaciones Agrícolas y Forestales Brugarol, S.A., y 1.º) Declaro que es público el camino -apto, para el paso de vehiculos- que de San Juan de Palamós conduce a la Ermita de Bell-lloc pasando por la denominada Encina Grande. 2.º) Declaro que la Ermita de Bell-lloc está destinada al culto católico a fin de que los fieles sin distinción puedan ejercer en este lugar sagrado actos de culto, tanto públicos como privados, pudiendo aquellos fieles acceder a la Ermita en cualquier tiempo y libremente con sujeción a las prescripciones del Derecho Canónico sin intromisión ni injerencia de ninguna otra persona, física ni juridica. 3.º Declaro que la sociedad actora, a pesar de su, derecho a tener una llave de acceso a la Ermita no puede impedir alli la libre entrada, derecho que corresponde a la autoridad eclesiástica. 4.º) Condeno a la actora a la supresión de todas las puertas o cierres que impidan el libre acceso a la Ermita desde el camino de San Juan de Palamós. 5.º) Se condena a la actora a la reconstrucción del Camarín de la Ermita con supresión de los sanitarios afiadidos. 6.º) Es procedente decretar la modificación de las inscripciones registrales de las fincas de la actora en cuanto al camino público de San Juan de Palamós a la Ermita pasando por la Encina Grande. Finalmente estimo de forma parcial la demanda de Brugarol contra el Ayuntamiento de Palamós y declaro: 1.º) Que Brugarol es legítima propietaria de las fincas registrales núms. 285, 310 y 552 de Palamós descritas anteriormente. 2.º) Que la actora tiene el dominio de las fincas sin más límite que el derivado del carácter sagrado de la Ermita enclavada en las fincas, destinada al culto católico, así como el carácter público del camino que allí conduce. 3.º) Que todos los caminos de la finca forman parte de la propiedad de la actora y son de su dominio, excepto el que conduce de San Juan de Palamós a la Ermita por la Encina Grande. 4.º) Que la plaza existente delante del edificio formada por la Ermita y la Casa, así como la fuente cerrada con puerta metálica pertenecen libres de cargas y gravámenes a la sociedad actora. 5.º) Que la actora tiene derecho a cerrar las fincas sin afectar el camino público ni a la ermita, no siendo por lo tanto, correctas las puertas y cierres actualmente existentes. Las costas habrán de ser satisfechas por cada parte respecto de las causadas por su instancia y en cuanto a las comunes por partes iguales"
2.º Interpuesto recurso de apelación contra la Sentencia de 1.ª Instancia, por la representación de Mitra de Gerona y Explotaciones Agrícolas y Forestales Brugarol, S.A. y Ayuntamiento de Palamós, y tramitados los recursos con arreglo a derecho, la Sección 13 de lo Civil de la Audiencia Provincial de Barcelona, dictó sentencia con fecha 9 de octubre de 1990, ton la siguiente parte dispositiva. FALLAMOS: "Estimando en parte el recurso interpuesto por la representación de la Mitra de Girona y de Explotaciones Agricolas y Forestales de Brugarol, S.A., contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número Uno de La Bisbal con fecha 7 de octubre de 1988, en autos 203 y 166 de 1976 y 1982 respectivamente, REVOCAMOS LA MISMA DE FORMA PARCIAL en el siguiente sentido: A) Por lo que a la demanda interpuesta por Explotaciones Agrícolas v Forestales Brugarol. S.A.. contra la Mitra de Gerona se refiere, declaramos que: 1.º) Explotaciones Agricolas y Forestales Brugarol, S.A., es propietaria de las fincas registrales núms. 285, 310 y 552 de Palamós, descritas en el Hecho primero de la demanda, con excepción de la Ermita que se menciona en la núm. 310 y cuya mención registral deberá cancelarse; 2.º), Las fincas referidas no tiene más cargas y gravámenes que las derivadas del carácter público del camino denominado de San Juan de Palamós y que conduce a la Ermita pasando por la encina grande; 3.º) La actora tiene derecho de cercar y cerrar las fincas siempre que no entorpezca ni menoscabe los de propiedad, uso y acceso a la Ermita o al camino referido; 4.º) La Ermita de Bell- lloc no forma parte integrante de la finca núm. 310; 5.º) La plaza de la Ermita, la fuente y los caminos situados dentro del perimetro de las tres fincas, con excepción del dominado de Palamós, pertenecen a la actora libres de cargas y gravámenes. Se confirman los pronunciamientos que la sentencia recurrida identifica con los números quinto, sexto, octavo y noveno. B) Por lo que a la reconvención formulada por la Mitra de Gerona se refiere, declaramos: 1.º) La Ermita que se,halla enclavada en la finca 310, pertenece a la Iglesia Católica; cuya mención registral deberá cancelarse; 2.º) Se confirman los pronunciamientos que la Sentencia recurrida identifica con los números primero, segundo, cuarto, quinto y sexto; 3.º) La sociedad actora carece de derecho a retener llave alguna de la Ermita de Bell-lloc, C) Por lo que a la demanda contra el Ayuntamiento de Palamós se refiere, declaramos: 1.º) Se desestima la excepción de falta de reclamación previa de la via gubernativa opuesta; 2.º) Se reiteran las declaraciones primera y segunda de Brugarol, S.A., contra la Mitra de Gerona; 3.º) Se confirman los pronunciamientos que la Sentencia recurrida identifica con los números tercero, cuarto y quinto. No se hace pronunciamiento expreso sobre las costas en ninguna de las instancias.
3.º El Procurador de los Tribunales don Gabriel Sánchez Malingre,, en nombre y representación de EMPRESA DE EXPLOTACIONES AGRíCOLAS y FORESTALES BRUGAROL, S.A., ha interpuesto recurso de Casación contra la Sentencia pronunciada por la Sección 13 de la Audiencia Provincial de Barcelona con apoyo en los siguientes motivos: Primero. "Amparado en el art. 1692 -5.º de la L.E.C. .Se denuncia que la Sentencia recurrida ha infringido los arts. 1930, párrafo segundo, 1932, párrafo primero, y 1963 del C.c., y el art. 344 de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña" Segundo. "Amparado en el art. 1692-4.º de la L.E.C. Se denuncia que la Sentencia recurrida ha incidido en error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en los autos y que demuestran la equivocación del Juzgador" Tercero. "Amparado en el art. 1692- 5.ºde la L.E.C. Se denuncia que la Sentencia recurrida ha infringido el art. 12 de la Ley de 1 de mayo de 1855, el art. 11 de la Ley de 11 de julio de 1856, el art. 6 de la Ley de 4 de abril de 1360 y el art. 1 del Real Decreto de f .121 de agosto de 1860, asf como la jurisprudencia que los ha interpretado". Cuarto. "Amparado en el art. 1692-5.º de la L.E.C. Se denuncia que la sentencia recurrida ha infringido el art. 34, segundo párrafo, Ley Hipotecaria y el art. 1253 del C.c." Quinto. "Amparado en el art. 1692-5.º de la L.E.C. . Se denuncia que la Sentencia recurrida ha infringido el art. 34 de la Ley Hipotecaria vigente y el del mismo número de la Ley Hipotecaria de 21 de diciembre de 1869". Sexto. Amparado en el art. 1692-5.º de la L.E.C.. Se denuncia que la Sentencia recurrida ha infringido los arts. 1936 y 1959 del C.c., 342 de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña y 35 de 1a Ley Hipotecaria, SEPTlMO: "Amparado en el art. 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se denuncia que la Sentencia recurrida ha infringido el art. 24.1 en relación con el art. 120.3 de la Constitución Española". Octavo. "Amparado en el art. 1692-5.º de la L.E.C. ;- Se denuncia que la Sentencia recurrida ha infringido el art. 348 del C.c., y los arts. 38 y 34 de la Ley Hipotecaria, y el art. 34 de la Ley Hipotecaria de 21 de diciembre de 1989" Noveno. "Amparado en el art. 1692-5.º de la L.E.C.. Se denuncia que la Sentencia recurrida ha infringido el art. 539, en relación con el art. 532 del C.c." DECIMO: "Amparado en el art. 1692-5.º de la L.E.C. . Se denuncia la infracción de los arts. 340 y 341 del C.c.". UNDECIMO: "Amparado en el art. 1692- 5.º de la L.E.C. Se denuncia que la Sentencia recurrida ha infringido los arts. 1930, párrafo segundo, 1936 y, 1959 del C.c., 342 de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña y 35 de la Ley Hipotecaria".
El Procurador de los Tribunales don José Granados Weil, en nombre y representación de la MITRA U OBISPADO DE LA DIóCESIS DE GERONA, ha interpuesto recurso de Casación contra la Sentencia pronunciada por la Sección 13 de la Audiencia Provincial de Barcelona, con apoyo en los siguientes motivos: Primero. "Por abuso, exceso en el ejercicio de la jurisdicción, al amparo del núm. 1 del art. 1692 L.E.C., por haber decidido la Sentencia recaida sobre extremos que quedan vedados a la jurisdicción civil ordinaria, infracción del Concordato de 1953" Segundo. "Al amparo del núm. 5 del art. 1692 L.E.C. por infracción del articulo 96.1 de la Constitución Española y del Concordato de 1953" Tercero. Por infracción de las normas esenciales del juicio y normas que rigen los actos y garantias procesales siempre que se haya producido indefensión para la parte, al amparo del núm. 3 del art. 1692 de la L.E.C., infracción del art. 24 de la Constitución Española". Cuarto. "Infracción del artículo 16.1 de la Constitución Española, libertad de culto, que se ampara en el núm. 5 del art. 1692 de la L.E.C., e infracción arts. 2 y 3 de la L.O. 7/80 de 5 de Julio" Quinto. "Por incongruencia de la Sentencia, al amparo del núm. 5. del art. 1692 de la L.E.C., infracción del art. 359 de la propia Ley procesal" Sexto. "Al amparo del núm. 5 del art. 1692 de la L.E.C., por infracción de los arts. 334 sigs. y concordantes del C.c., así como Decretales y normas canónicas expuestas en el presente motivo" Séptimo. "Al amparo del núm. 4 del art. 1692 de la L.E.C., por error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en autos" Octavo. "Al amparo del número 5 del art. 1692 de la L.E.C., por infracción del art. 1261, 349 sigs. y concordantes con ambos del Código Civil, arts. 33 y concordantes de la Ley Hipotecaria, art. 5 y 20 del Reglamento Hipotecario de 1947, Decretales 1.5 de Regulis iuris, Cap. 2,3,8,11,13,15,18,59,64 y 79; Decretales 1.1, tit. 3, cap. 19,20 y 42; Decretales 1.1, tit. 6, cap. 1,27129,52 y 12; Decretales 1.2, tit. 10 cap. II, tit.12. Cap. III, Tit. 14, Cap. XVIII, tit, 23 Cap. IV, y V; Decretales 1.2, tit. 24 Cap. XXXIII. y tit. 26 Cap. II, Cap. VII; Decretales 1.2, tit. 27 cap.I, 9 y 18, Decretales 1.3, tit. 13, cap. V, VII y XI, XIX y XVII y jurisprudencia dictada por este Tribunal Supremo en aplicación de la misma; Usatge nemini liceat; extravagante comliber III de rebus eclesiae non alinean dis y Decreto de Urbano VIII de 1684 "ambitiosael! Código de Justiniano Libro I, tit, 2.º Auténtica de non alienandis aut permutantis; Canon 1510 y 1269 y 1530; concordato de 17 de octubre de 1851; Convenio de 25 de Agosto de 1859 y Ley de 1860; Jurisprudencia de este Tribunal en aplicación de dichas Normas y de la Ley desamortizadora, y normas y jurisprudencia citadas en este motivo". Noveno. "Al amparo del núm. 5 del art. 1962 -sic- L.E.C., por infracción de las Normas del Ordenamiento Jurídico y en concreto del art. 359 de la Ley procesal por incongruencia y art. 334, 376 y concordantes del Código Civil, y 6 de la Ley de 1860" DÉCIMO: "Al amparo del núm. 4 del art. 1692 L.E.C., por error en la apreciación de la prueba basadol en documentos que obren en autos" DÉCIMO Primero. "Al amparo del núm. 5 del art. 1692 L.E.C., por infracción del art. 334, 376, y concordantes del Código Civil, 342 de la Compilación de derecho Civil especial de Cataluña y arts. 339 y siguientes del Código Civil" DÉCIMO Segundo. "Al amparo del núm. 4 del art. 1692 L.E.C., por error en la apreciación de la prueba que resulta de documentos obrantes en Autos" DÉClMO Tercero. "Al amparo del núm. 5 del art. 1692 de la L.E.C. por infracción de los arts. 2 y 48 de la Ley de Aguas, art. 342 de la Compilación de Derecho civil especial de Cataluña y arts. 339, 344, 334 y 376 y concordantes de, Código Civil"DÉCIMO Tercero sic.- "Al amparo del núm. 4 del art. 1692 L.E.C. por error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obran en Autos y contradicciones de la Sentencia entre los fundamentos de derecho que constituyen premisa obligada, y las decisiones del fallo". DÉCIMO Cuarto. "Al amparo del núm. 5 del art. 1692 de la L.E.C., por infracción del art. 1 de la Compilación de derecho Civil especial de Cataluña, y en relación al mismo las Decisiones Cataloniae, Cortada, II Dec. 107 y Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de abril de 1968 y 28 de abril de 1960 y arts. 339, 343 y 344 del Código Civil y demás artículos y doctrina jurisprudencial citados en este motivo""Infracción de las normas del ordenamiento jurídico al amparo del núm. 5 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por incongruencia de la Sentencia en relación a lo pedido por las partes y por lo tanto infracción del art. 395 de la Ley de Enjuiciamiento Civil".
El Procurador de los Tribunales don Eduardo Jesús Sánchez Álvarez, en nombre y representación del AYUNTAMIENTO DE PALAMÓS, ha interpuesto recurso de Casación contra la Sentencia pronunciada por la Sección 13 de la Audiencia Provincial de Barcelona, con apoyo en los siguientes motivos: Primero. "Al amparo del núm.1 del art. 1692 de la L.E.C., por falta de competencia jurisdiccional, al ignorar y por tanto, no aplicar la Sentencia recurrida lo preceptuado por el artículo XXIV, 4, en relación el art. XXXV ambos del Concordato entre la Santa Sede y España de fecha 27-8-53 que establece la eficacia en el orden civil de las decisiones eclesiásticas dictadas dentro del ámbito de sus competencias..." Segundo. "Al amparo del núm. 3 del art. 1692, al haberse quebrantado las formas esenciales del juicio, con clara indefensión de esta parte recurrente, al haberse denegado en segunda instancia, con infracción de lo dispuesto en el art. 862, apartado 2.º de la Ley Procesal Civil, en relación con el art. 578 de la misma, la apertura a prueba en dicha segunda instancia, para reanudar la diligencia de reconocimiento judicial suspendida en primera instancia" Tercero. "Al amparo del núm. 4 del art. 1692, por error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos que demuestran la equivocación del Juzgador sin que resulten contradichos con otros elementos probatorios, al transcribir erróneamente el documento de la pericial conjunta al que se refiere la sentencia recurrida, lo que es relevante en relación con los demás motivos de casación" Cuarto. "Al amparo del núm. 4 del art. 1692, por error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos que demuestran la equivocación del Juzgador sin que resulten contradichos con otros elementos probatorios, consistente en desconocer la existencia del camino de Fitor a la Ermita, y de Colonge a la Ermita, éste último con el trazado a que se alude en el motivo precedente, pese a aparecer los mismos grafiados en diversos mapas, constar en una diligencia de reconocimiento judicial y pese a manifestarse en los propios fundamentos de derecho que 'este sería el único camino público'" Quinto. "Al amparo del núm. 4 del artículo 1692, por error en la apreciación de la prueba basado en documentos que obren en autos que demuestran la equivocación del Juzgador sin que resulten contradichos con otros elementos probatorios, al ignorarse la existencia de la plaza de la Ermita, pese a venir reconocida expresamente por el Atestamos del Obispado y por la propia actora en su escrito de réplica y al absolver posiciones" Sexto. "Al amparo del núm. 5 del art. 1692 L.E.C. por infracción por no aplicación de la jurisprudencia de esta Sala relativa al 'litis consorcio necesario' recogida en reiteradísimas sentencias de esta Sala Primera..." Séptimo. "Al amparo del núm. 5 del art. 1692 L.E.C., por infracción del art. 1214 del C.c., al estimarse la pretensión del actor relativa a que las fincas de autos se hallan libres de cargas, en base a la supuesta falta de prueba de esta parte respecto de la existencia de mas caminos públicos, con manifiesta inversión de la carga de la prueba". Octavo. "Al amparo del núm. 5 del art. 1692 L.E.C., por infracción de los núm. 1,2 y 3 del art. 5 del Reglamento de la Ley Hipotecaria y núm. 6 del mismo, cuya no aplicación lleva a entender erróneamente, que las fincas de autos fueron vendidas libres de cargas por el simple hecho de no constar inscritos en el Registro de la Propiedad ni caminos ni servidumbres de paso de clase alguna, y a no tener en cuenta que los templos destinados al culto católico 'quedan exceptuados de inscripción'. Noveno. "Al amparo del núm. 5 del art. 1692 de la L.E.C., por infracción del art. 34 y 35 de la Ley Hipotecaria, errónea del mismo, al darse indebidamente protección de tercero registral a la actora" DÉCIMO: "Al amparo del núm. 5 del art. 1692 de la L.E.C., por infracción del art. 532.1.º, 2.º y 3.º del C.c. y 539, al aplicar dichos artículos indebidamente para calificar la existencia o inexistencia desde 1870 de una servidumbre de paso en las fincas de autos, ya que dicha materia estaba regulada tanto antes como después de la entrada en vigor del C.c., por el derecho civil catalán, y en consecuencia a negar que la propia servidumbre se pueda adquirir en Cataluña por prescripción" UNDÉCIMO: "Al amparo del núm. 5 del art. 1692 de la L.E.C., por infracción del art. 343 de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña, por no aplicación y en consecuencia, no tener en cuenta que en Cataluña las servidumbres discontinuas se pueden adquirir por usucapión inmemorial" DUODÉCIMO: "Al amparo del núm.5 del art. 1692 de la L.E.C., por infracción por no aplicación de la costumbre relacionada con el núm. 74 en el 'Costumari Catala' recogido por la Oficina de Estudios Jurídicos de la Mancomunidad de Cataluña" DECIMOTercero. "Al amparo del núm. 5 del art. 1692 de la L.E.C., por infracción por no aplicación del 'Usatge Stratae' contenido en el Libro IV, Título III de las Constituciones y otros Derechos de Cataluña, que se invocan infringidos por no aplicación y que atribuía a las potestades y no a los particulares los caminos públicos, las aguas, las fuentes vivas, y cuya no aplicación ha llevado a considerar indebidamente por la Sentencia recurrida que los caminos que se hallaban en las fincas de autos pertenecían a los causahabientes de la actora en virtud de la adjudicación y compra por la actora de las fincas de autos libres de cargas". DÉCIMO Cuarto. Al amparo del núm. 5 del art. 1692 por infracción del usatge 'omnis causae' cuya no aplicación lleva a incurrir a la Sentencia recurrida en diversos errores, al tener en cuenta la prescripción por el plazo de 30 años en todos los derechos, excepto los imprescriptibles".
4.º Por Auto de esta Sala Primera del Tribunal Supremo, de fecha 25 de marzo de 1994, se declara LA COMPETENCIA DE ESTE TRIBUNAL, para la resolución de los recursos interpuestos, EXCLUSIVAMENTE en cuanto a los motivos 7.º del de la Empresa Explotaciones Agrícolas y Forestales Brugarol, S.A.; y los núms. 2, 3 y 4 de los de la Diócesis de Gerona, por lo que se acuerda para la decisión de tales recursos, el señalamiento de su vista para el día 3 DE MAYO DE 1994, en que ha tenido lugar.
Primero.-Conforme viene acordado por el contenido del Auto dictado por esta Sala de 25 de marzo de 1994, habiéndose comprobado que en la formalización de dos de los recurso interpuestos contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona -Sección 13- de 9 de octubre 1990, se aduce la infracción de preceptos constitucionales, además de infracciones de las normas de Derecho Civil, Foral o Especial de Cataluña, en los términos que se ha hecho referencia en dicha resolución, en especial, que en el primer recurso interpuesto a nombre de la Empresa de Explotaciones Agrícolas y Forestales Brugarol, S.A., en su motivo 7.º, se alega la infracción del art. 24.1 en relación con el 120.3.º C.E., así como, en el segundo recurso formalizado a nombre de la Diócesis de Gerona, se aducen, igualmente, infracciones de preceptos constitucionales -arts. 96.1, 24 y 16.1 C.E., en sus motivos 2.º, 3.º y 4.º, y tal como se anticipó en aquella resolución fundamentada, es de pertinencia actuar "a resultas de lo expresamente sancionado en los arts. 73 L.O.P.J. y 54.1 a) de la Ley de Planta, en donde, se hace constar que la competencia, cuando se adujan infracciones de preceptos constitucionales, corresponderá a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, y, en singular, el mandato específico que se recoge (al desarrollar dichos preceptos) en la reforma de la L.E.C., efectuada por la Ley de 30-11-1992, en cuyo art. 1730 se reproducen ambos preceptos orgánicos y de la Ley de Planta, y, sobre todo, a tenor de lo dispuesto en el art. 1732 de dicha Ley, que reproduciendo exactamente la sanción del art. 54.1 f) de la Ley de Planta, subraya que el Tribunal Supremo, si en la decisión del recurso estimase que no concurre la infracción del precepto constitucional invocado, si además se hubiese fundado en infracciones de normas de Derecho Civil, Foral o Especial, remitirá las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia a que corresponda"; todo lo cual, en una recta y adecuada hermeneútica, requiere que con prioridad al enjuiciamiento de todas las cuestiones planteadas en sendos recursos, deba asumir la competencia resolutiva esta Sala del Tribunal Supremo, para examinar en exclusiva las denuncias formuladas de preceptos constitucionales, por cuanto que, ello es labor indispensable para poder, en su caso, dar cumplimiento a las respectivas sanciones contenidas en los susodichos arts. 1732 y 54.1 f), antes enunciados, siguiendo la tesis sentada en S. de 3 de febrero de 1994, de esta Sala, pues de lo contrario en caso alguno, se podría dar cumplimiento a dicha normativa, si se asumiesen la competencia en la decisión de todos los recursos, y luego, frente a la eventualidad de tras descartar las infracciones constitucionales, se pasase después a examinar las infracciones de Derecho Común y de Derecho Foral, simultáneamente, aducidas en los escritos de formalización de la respectivas partes recurrentes; decisión que se adopta con independencia de que se pudiera incurrir en una cierta fractura o quiebra en la unidad resolutiva de estas vías de impugnación última por parte de los interesados, que deberá ceder cuando existe, -como se dice-, una taxativa sanción de "Ius Congens", en los términos antes transcritos, todo lo cual, conduce pues a examinar en esta resolución las infracciones de los preceptos constitucionales denunciados en los mismos.
Segundo.-En el recurso formulado por el Procurador Sr. Sánchez Malingre, en nombre de la Empresa Explotaciones Agrícolas y Forestales Brugarol S.A., en su motivo 7.º, literalmente se hace constar que al amparo del art. 5.4 de la L.O.P.J., se denuncia que la Sentencia recurrida ha infringido el art. 24.1 en relación con el art. 120.3 C.E.; haciéndose constar en su desarrollo, que existe insalvable contradicción entre la decisión de la instancia, por la cual, se declara público el trozo de camino que discurre entre el linde de las fincas 310 y 552 y de la ermita de una parte y de los fundamentos de derecho 10 y 11 de la sentencia de apelación, porque, en definitiva, los fundamentos tales razonan que no existe camino público, y el fallo decreta que sí existe; que ello supone la infracción de la tutela efectiva de los Tribunales consagrada en el art. 24 C.E., así como, la exigencia de la motivación de las sentencias del art. 120.3, y que en nuestro caso, -sigue diciendo-, el razonamiento de la instancia y su fallo van en direcciones contrarias, por lo que, el razonamiento como base del fallo no puede ser, en ningún caso, contrario al mismo; la inconsistencia del motivo sobresale, porque, aparte de no especificar, en definitiva, cuál es la parte dispositiva de la sentencia de instancia a la que se refiere cuando se afirma que declara público el trozo de camino que discurre entre las lindes de las fincas 310 y 552, por cuanto que, un simple cotejo del fallo de dicha primera sentencia revela que referencias a las citadas fincas y caminos públicos en controversia, se contienen en los apartados 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º y 7.º de esa resolución, y naturalmente ello impide comprobar, "ab Initio" cuáles de esos puntos han sido los que se confirman por la sentencia de la Sala recurrida, que se refiere, escuetamente, a los puntos 2.º y 5.º de los declarados por el Juzgado de 1.ª instancia; pero, sobre todo, cabe añadir lo inconsistente de las denuncias, ya que, resplandece la tutela efectiva, deparada por las resoluciones recurridas, y, una motivación completa de las mismas, por cuanto que la densidad de argumentos que se vierten, en los denunciados fundamentos de derecho 10 y 11, son de tal índole, que, en caso alguno, se puede decir que se vulnera la exigencia de la motivación de las sentencias a que se refiere dicho precepto constitucional, el art. 120.3 (entre otras en Sentencia de 7 de marzo de 1992 se decía: "El primer motivo del recurso se formula al amparo del art. 5.4 L.O.P.J. y en los arts. 9.1 y 53 C.E., por infracción del art. 24.1 de la misma sobre tutela judicial efectiva, en relación con su art. 120.3, sobre motivación de las sentencias. Según el art. 5.4 L.O.P.J., en todos los casos en que, según ley, proceda recurso de casación, será suficiente para fundamentarlo la infracción del precepto constitucional, y aunque no se entiende la referencia al art. 9.1 salvo en el respeto a la ley por parte de los tribunales y menos aún la del art. 53, si es cierto que el art. 120.3 establece que las sentencias serán siempre motivadas y ya en S. 10.4.84, estableció esta Sala que por imperativo del art. 372 L.E.C. y 120.3 C.E., la motivación es una exigencia formal de las sentencias, en cuanto deben expresar las razones de hecho y de derecho que las fundamentan, es decir, el proceso lógico-jurídico que conduce a la decisión o fallo, de que concuerda con el art. 248.3 L.O.P.J., que modifica la estructura de la Ley Procesal, siquiera se ha dicho también que las sentencias civiles no necesitan una declaración específica de hechos probados (a diferencia de las penales), pues los mismos se desprenden de los fundamentos jurídicos, siendo doctrina constitucional que la motivación del pronunciamiento constituye requisito ineludible de la actividad judicial, existiendo incongruencia omisiva cuando se omite todo razonamiento respecto de algún punto esencial, siendo la sentencia el último acto procedimental del recurso de apelación al que llegan concatenados todos los anteriores y estableciendo el art. 238.3 que serán nulos de pleno derechos los actos judiciales cuanto se prescinda total y absolutamente de las normas esenciales de procedimientos establecidas por la ley...", y todo ello, al margen de que, incluso en la hipótesis de que hubiese existido la supuesta contradicción entre la línea de razonamiento y la parte dispositiva, tampoco procedería la denuncia en los términos que plantea el motivo, pues ese supuesto apartamiento incurre en un ejemplo marginante de la preceptividad del requisito de la congruencia de las sentencias de los Tribunales de Justicia, por todo lo cual, procede el rechazo del motivo, y por tanto en este aspecto, el rehúse de este recurso, en cuanto a la denuncia de la infracción de los repetidos preceptos constitucionales que alberga.
Tercero.-En el recurso interpuesto en nombre y representación de la Mitra u Obispado de la Diócesis de Gerona, se emiten las siguientes denuncias de preceptos constitucionales, que la Sala a continuación examina. En el Segundo. MOTIVO y al amparo del art. 1692 núm. 5 L.E.C., se denuncia la infracción del art. 96.1 C.E. y el Concordato de 1953; y al respecto, se afirma que la sentencia ignora el "Atestamos", y que por lo tanto, infringe los arts. IV.3 y XXIV.4 del Concordato de 1953, normas que estaban vigentes en el año 1975 y que "siguen estándolo en la actualidad" -sic-, que todo ello, proviene por cuanto que dicha sentencia con la decisión que adopta, infringe lo dispuesto en el Canon 1-553.1.1 y los arts. del Concordato de 1953, 2.1, - que reconocen la jurisdicción eclesiástica-, y 24.4 y 35.2, -que prescriben efectos civiles a las decisiones eclesiásticas comunicadas al Estado-, para ello, se transcribe lo dispuesto en el art. 96.1 C.E., en donde se hace constar, que "los Tratados Internacionales válidamente celebrados, -una vez publicados oficialmente en España-, formarán parte del ordenamiento interno, y sus disposiciones sólo podrán ser modificadas, derogadas y suspendidas, en la forma prevista en los propios Tratados o de acuerdo con las normas de Derecho Internacional" y se hace referencia en cuanto a tales preceptos concordatarios, a lo anteriormente intercalado en le motivo 1.º, en donde se alude asimismo, el contenido de dicho Atestamos de 4-11-1975, y al texto concordatorio recogido en citados arts. 24.4 y 4.3 del concordato de 1953; por el 1.º, se subraya, que en general todas las sentencias, decisiones, en vía administrativa y decretos emanados de las autoridades eclesiásticas, en cualquier materia del ámbito de su competencia, tendrán también efecto en el orden civil, cuando hubieren sido comunicados a las autoridades competentes del Estado, las cuales, prestarán además, el apoyo necesario para su ejecución; y en virtud del art. 4.3 de dicho Concordato, la gestión ordinaria y extraordinaria de los bienes pertenecientes a entidades eclesiásticas, corresponderá a las autoridades competentes de la Iglesia; que las infracciones denunciadas de carácter constitucional, sobre todo del art. 96.1, derivan por cuanto que ese "Atestamos" emitido por el Obispo de Gerona de 4-11-1975, fue notificado al Gobernador (según consta en el folio 204 de los autos), y comunicado a la Sociedad actora, sin que fuese recurrido en tiempo y forma, por lo que, habiendo sido notificado a la autoridad competente, el mismo, devino firme con autoridad de cosa juzgada; que, por lo tanto, las alteraciones de la sentencia recurrida del contenido de dicho Atestamos (en que, en síntesis, se declaraba, que "aparte del carácter de de templo de la Ermita-Santuario de Bell-Lloc, es el uso y posesión por parte del Santuario, de la plaza, caminos, fuentes y paraje contiguos al Santuario, bien como bienes del mismo, o bien, como dominio público municipal), son erróneos cuando en su F.J. 1.º, de repetida sentencia se afirma, que por parte de la recurrente se "cuestiona la titularidad dominical de la actora, singularmente, a través de dicho Atestamos de 4-11-1975"; de consiguiente pues, la denuncia se contrae a que, por dichas vicisitudes y contenidos de ese Atestamos, en relación con la parte dispositiva de la sentencia recurrida, literalmente según este 2.º motivo, "al establecer por vía indirecta, que el Santuario de Bell-Lloc, no tiene derechos de uso sobre la plaza, los caminos, la fuente y los parajes contiguos al Santuario", con lo que niega por ello autoridad alguna al Atestamos, por lo que, se infringen dichos preceptos concordatarios, el 4.3 y el 24.4 citados. Tampoco el motivo debe prosperar, por las siguientes razones: 1.ª-porque ( sin perjuicio de precisar que en la Sentencia recurrida se eliminara en su apartado A) 5.º, esa mención a los "parajes contiguos" que incluía el respectivo 7.º de la primera sentencia y cuanto se razona en el motivo 4.º), con la resolución recurrida, no se ha producido la infracción del art. 96.1 de la C.E., cuya sanción no es óbice para que cualquier problema que se derive de la interpretación o aplicación de determinado tratado se pueda sustraer a la competencia de los Tribunales ordinarios, que son los encargados de ejercer su potestad jurisdiccional, en orden al entendimiento de ese ordenamiento interno, que es, lo que, en todo caso, la Sala, con su decisión, verifica, y que se corresponde con las facultades jurisdiccionales recogidas, no solo en los arts. 117, párrafo 3.º y 118 C.E., sino, asimismo, en cuanto a la regulación de la potestad jurisdiccional de los Tribunales españoles, en los términos previstos por las disposiciones orgánicas correspondientes, esto es, arts. 2.1, 5.1 y 21 de la L.O.P.J., de 1.7.1985, de cuya normativa, se desprende esa potestad exclusiva de aplicar las normas del ordenamiento jurídico, dentro de cuyo ordenamiento jurídico, y con su calificativo de interno, forman parte las disposiciones convenidas o acordadas de carácter internacional; 2.º) que sin necesidad de abundar en la prolija normativa posterior postcocordataria, e incluso, antes de la vigencia de la C.E., y tras la firma del primer Acuerdo Básico entre el Estado Español y la Santa Sede, de 28.7.1976, y, la posterior suscripción de los cuatro Acuerdos Específicos, -realizados durante el bienio 1976/1978-, es evidente, que debe afirmarse la derogación por prescripción, del referido Concordato de 27 de agosto 1953, y así, del contexto de dichos acuerdos, pueden derivarse las siguientes consecuencias, en cuanto a las relaciones de la Iglesia Católica y del Estado Español: a) por el contenido normativo de ese Acuerdo Básico de 28-7-1976, publicado en el B.O.E., de 24-9-1986, entre otras materias, se establece la igualdad de todos los ciudadanos frente a la Ley, así como, que el Estado Español reconoce y respeta la competencia de los Tribunales de la Iglesia, en las materias específicamente a las que se refieren a las leyes de la Iglesia, conforme al Derecho Canónico, y que se contraen en el extinto privilegio del Fuero y en los citados Acuerdos Específicos: en el Acuerdo Jurídico ratificado en 4-12-79, se subraya el reconocimiento de la personalidad jurídica de los antes eclesiásticos, sobre todo, en materia matrimonial - amén de que se garantice la inviabilidad de los lugares de culto con arreglo a las leyes; en el Acuerdo en cuanto a la Enseñanza, la contribución económica del Estado a los centros de la Iglesia; en el Acuerdo Económico, la formulación de las aportaciones correspondientes; en el Acuerdo sobre asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas de origen Militar, a créditos religiosos; en caso alguno, pues, en ninguno de tales acuerdos, que son lo que forman el actual ordenamiento de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, existe referencia alguna al carácter privilegiado del contenido de los susodichos arts. 24.4 y 4 del Concordato de 1953, por lo cual, no cabe pueda entenderse que, por las vicisitudes indicadas en el motivo, en cuanto a la notificación del citado "Atestamos" de 4-11-1975, y la no actuación del Gobernador Civil de Gerona, en contra de lo así acordado, y conminando en cambio con vías de hecho su ejecución,, así como a las partes interesadas puede ello determinar haberse constituido con autoridad de cosa juzgada la delimitación en cuanto a los derechos que corresponden a la Iglesia Católica, respecto a los objetos controvertidos en el litigio aunque, se repite, como consta en autos, esa Autoridad Civil prestase apoyo para su cumplimiento por los afectados (mientras que destaca como la parte dispositiva de la Sentencia recurrida garantiza esa inviolabilidad del lugar de culto de la ermita en cuestión, y la libertad de su culto y uso por los fieles, además de que resalta el completo razonamiento de la decisión recurrida en sus F.F.J.J. que fundamentan la propiedad, en el 8.º, -sobre la plaza 9.º, fuente y caminos, 10.º, para explicar el apoyo de su pronunciamiento, A) 5.º, que es, en lo que, en sustancia, viene a discrepar de repetido "Atestamos", si bien en este solo se reconoce el uso de tales bienes, que es diferente al prístino derecho de propiedad o dominio declarado, dualidad pues, que hasta aboca en una normal y posible coexistencia de ambos derechos en términos análogos a los que se reconocen en esta resolución al enjuiciar el motivo 4.º), por lo cual, el motivo, asimismo, ha de rehusarse. En el MOTIVO Tercero. de este recurso, se denuncia la infracción de las normas esenciales del juicio, y las que rigen los actos y garantías procesales, al amparo del núm. 3 del art. 1692 L.E.C., en particular, se denuncia la infracción del art. 24 C.E., y se hace constar que mediante escrito de 9-2-1989, esta parte acompañó por "otrosi" a dicho escrito una serie de documentos a los autos por fotocopia; que, asimismo, esta parte solicitó de la Sala que fuesen adverados, con los correspondientes originales; que la Sala acordó unirlos a los autos, requeriendo el Procurador representante, copia del escrito y los documentos, lo que se hizo sin que, hasta esta fecha, por parte de la Sala se dictase la resolución correspondiente, en cuanto a la solicitud del cotejo; que todo eso ha producido la indefensión que se denuncia, infracción del art. 24 C.E.. Tampoco el motivo es de recibo, pues aparte que, no se agotaron los recursos precisos, para poder considerar el acreditamiento de una irregularidad procesal, determinante de la indefensión a los efectos de lo dispuesto en el art. 1693 L.E.C. (en cuanto la precisión de que la infracción de esta norma, que produzca indefensión, requiere que sea pedida la subsanación de la falta o transgresión en la instancia en que se hubiese cometido; y que de haberlo sido en la primera instancia se reproduce en la segunda), lo que, no ha acontecido, ha de agregarse que la argumentación que, asimismo, se expresa en el motivo, de que por esa inactividad del Tribunal sentenciador, en su sentencia no se ha tenido en cuenta tales documentos, tampoco es apreciable, ya que, la convicción que ha emitido la Sala en su resolución recurrida, se ha integrado por el conjunto de material probatorio y documental incorporado en autos, y, sin que se demuestre que no se tuvo en cuenta la debida compulsa de tales documentos, incluso en su corporeidad de meras fotocopias, por lo que el motivo, como se dice, ha de rehusarse.
Cuarto.-En el Cuarto MOTIVO se denuncia la infracción del art. 16.1 C.E., (libertad de culto), en base del núm.5 del art. 1692 L.E.C., infracción de los arts. 2.3 de la L.O.P.J., de 5 de julio de 1980; se dice que al establecer la sentencia recurrida, que la Ermita Bell-lloc, está destinada al culto católico, a fin de que entre los fieles sin distinción, puedan ejercer en este lugar público, actos de culto,"tanto públicos como privados, pudiendo dichos fieles acceder en cualquier tiempo libremente con sujeción a las normas de derecho canónico sin intromisión ni injerencia de ninguna otra persona física. Que la Ermita de Bell-Lloc es un templo público y pueden acceder a ella todos los fieles sin autorización de la actora. Que la Ermita se rige por el culto católico. Que para la práctica del culto católico en Bell-Lloc el Obispado no necesitará autorización de la entidad propietaria de la finca"; y al establecer asimismo la sentencia, que "la plaza de la Ermita pertenece a la actora, libre de cargas y gravámenes; que las fincas no tienen más cargas que las derivadas del camino de Palamós, que la actora tiene derecho a cercar y cerrar las fincas, siempre que no entorpezca y menoscabe los de propiedad uso y acceso a la ermita del camino referido"; y que, en virtud de lo que establece el art. 16.1 C.E., en cuanto se garantiza la libertad de culto, hay que tener en cuenta pues, que esa garantía de libertad de culto, habrá de ponerla en consonancia con las circunstancias a través de las cuales se verifica el culto en los lugares religiosos objeto de este litigio; se dedica el motivo a pormenorizar los detalles sobre la asistencia de fieles a los lugares aledaños a la ermita en cuestión, en excursiones, romerías, y festividades religiosas; y, -se continua-, como por el contenido de dicha parte dispositiva se pueden entorpecer o vulnerar dicha forma particular o singular de realizar las festividades y liturgias por parte de los feligreses, es evidente pues, que con ello, se ha infringido dicho precepto constitucional; y al respecto se subraya, que los detalles que se relatan sobre la manera de verificar el culto y la asistencia de los feligreses o fieles de la Iglesia Católica a los lugares controvertidos, son circunstancias que provienen de una tradicional y notorio, por demás, sentido de religiosidad ejemplar de la región en que se ubica la Ermita de Bell-lloc, aunque desde la técnica casacional no pueden tener significación para trascender, con carácter vinculante a la plataforma fáctica sobre la que ha de recaer esta resolución; y tampoco se desconoce por la Sala, que, cualquiera que sean esas circunstancias a través de las cuales se verifique dicho culto, ello puede verse entorpecido por el contenido dispositivo de la sentencia recurrida, y por ende, marginar la infracción de esa libertad de culto, consagrada en el art. 16.1 C.E., ya que, en mor al contenido de la parte dispositiva de la sentencia recurrida (a salvo cuanto se razona en los fundamentos jurídicos siguientes), referente a que la actora tiene derecho a cerrar y cercar las fincas, siempre que no entorpezca y menoscabe los de propiedad, uso y acceso al camino referido, no resulta suficiente, para que se pueda seguir verificando el culto en los términos que se venía celebrando, pues claro es, que los derechos que se reconocen a la actora, en caso alguno, pueden entorpecer el uso y acceso a la Ermita en cuestión; derechos judicialmente declarados en sus pronunciamientos A) primero, segundo y tercero, (en especial), cuarto, quinto; B) primero, segundo, tercero y C) segundo y tercero, se reitera, que en modo debido, garantizan ese tradicional culto popular, por lo que cualquier reducción o impedimento o, incluso, molestia o perturbación, en su caso, de la actora al respecto, padecerá la sanción correspondiente, respetando, por supuesto, cuanto sobre la sentencia controvertida pueda decidir el Tribunal que se declara competente en lo atinente en la parte dispositiva de esta sentencia.
Quinto.-Ahora bien, ha de partirse de los antecedentes de litigio, en lo relativo a los efectos que se persiguen, esto es: 1.º La existencia de la Ermita de Santa María de Bell-lloc, data al menos del año 1273 y su construcción actual de 1758, -F.D.2.º , primera sentencia-; 2.º Su dedicación al culto con romerías y peregrinaje de fieles, con estancias o paradas en los parajes contiguos del lugar, desde diversos lugares de la comarca en que se halla sita, práctica de matrimonios, colectas, rifas de mantenimiento, etc., con fechas que se remontan al año 1616, - F.D. 3.º, primera sentencia-; en el informe del Ministerio Fiscal, de 13 de abril de 1987, se cita el año 1272 en que ya existía esta Iglesia como lugar sagrado con categoría de santuario, y que tras la desamortización, (con subasta en 9 de julio de 1896 se otorga escritura de Adquisición en favor de particulares en 6 de julio de 1870), se mantuvo su dedicación al culto católico en 1909, interrumpido durante la Segunda República, y reanudándose en 1943, con la clásica romería anual del mes de septiembre, -F.D. 6.º, primera sentencia-; 3.º En 11 de julio de 1962, se venden por su propietario don José Molla Montaner, tres fincas a la hoy actora, una de ellas, la registral 310, consta de " casa con su patio y Ermita de Bell- lloc", haciéndose constar expresamente que la Ermita existente en la finca descrita, esta debidamente habilitada y destinada al culto católico - ídem-; 4.º Tras la práctica ininterrumpida de dicho culto y asistencia de fieles, se inicia por la nueva propiedad, una serie de entorpecimientos y obstáculos al acceso a citada Ermita, que provocan las protestas de los afectados, y, por último, el repetido "Atestamos" de la recurrente de fecha 4 de noviembre de 1975, cuyo contenido transcrito revelan el "uso y posesión por parte del Santuario-Ermita de la plaza, caminos, fuente y parajes contiguos al Santuario"; decisión comunicada al Gobernador Civil de Gerona, el cual expidió el oportuno requerimiento en 2 de marzo de 1992; situación de enfrentamiento que al persistir, provoca el presente litigio por la actora, al que se oponen los codemandados Obispado de Gerona y el Ayuntamiento de Palamós, y por la primera además en su Reconvención se solicita, entre otros, en su petición J) la existencia de un derecho de paso inmemorial, sobre los caminos que conducen a la Ermita, plaza y lugares anejos, en forma a los que referido "Atestamos" declara ese derecho de uso y posesión, también de carácter inmemorial.
Sexto.-Si a citados antecedentes se agregan las declaraciones judiciales que se exponen en el Motivo Cuarto del recurso, esto es, que la sentencia recurrida declara, al ratificar el pronunciamiento segundo de la Reconvención, lo siguiente: "...se confirman los pronunciamientos que la Sentencia recurrida identifica con los núm. primero, segundo, cuarto, quinto y sexto", así como "La Ermita de Bell-lloc está destinada al culto católico a fin de que los fieles sin distinción puedan ejercer en este lugar sagrado actos de culto tanto públicos como privados, pudiendo dichos fieles acceder en cualquier tiempo libremente con sujeción a las normas de derecho canónico sin intromisión injerencia de ninguna otra persona física. Que la Ermita de Bell- lloc es un templo público y pueden acceder a ella todos los fieles sin autorización de la actora. Que la Ermita se rige por el culto católico. Que para la práctica del culto católico en Bell-Lloc el Obispado no necesitará autorización de la entidad propietaria de la finca...". habrá de concluirse que tanto la inviolabilidad del culto en los lugares sagrados, a que hace mención el antes citado Acuerdo Jurídico de 4 diciembre 1979, y sobre todo, la garantía de libertad de culto que proclama el art. 16.1 C.E., obviamente, no han de enmarcarse en la mera práctica de ritos y liturgias en lugares o inmuebles cerrados, sino en la también verificación de acompañamientos, ceremonias, procesiones, etc., y que, como tales, precisan el desplazamiento de fieles y utilización de lugares aledaños a los del destino, esto es, la repetida Ermita de Bell-Lloc, tal y como desde tiempo inmemorial se ha venido realizando según lo constatado; y corolario de todo ello será que, los derechos reconocidos en exclusiva a la actora, que dificulten o entorpezcan ese ejercicio libre de culto religioso así garantizado, (es claro, según notorio criterio jurisprudencial, que la libertad de culto abarca también la libertad de acción individual y comunitaria, y libertad de reunión para manifestar las creencias que se profesasen, esto es, en otras palabras, derecho a ese culto "intramuros", o en lugar religioso, como "extramuros" o fuera de lugar, tanto en la exteriorización de actos litúrgicos, como en los movimientos itinerantes de fieles precisos; tutela que, por lo demás, hasta en su versión extrema, se garantiza en la tipicidad penal del art. 205.1 C.Penal, que castiga a quienes impidieran por cualquier medio a los miembros de una congregación religiosa a asistir a los actos de culto), conculcarán el mandato constitucional preinserto, y, de consiguiente el pronunciamiento de la sentencia recurrida, contenido en su apartado A) 5.º, al declarar que "la plaza de la Ermita, la fuente y los caminos situados del perímetro de las tres fincas con excepción del denominado de Palamós, pertenecen a la actora libres de cargas y gravámenes", en su literal entendimiento vulnera esa libertad pública del art. 16.1 C.E., y por tanto, habrá de corregirse en términos análogos a los fijados en la primera Sentencia del Juzgado, en su declaración 7.ª, en la idea de que susodicha "pertenencia a la actora libres de cargas y gravámenes", se subordinará a la declaración de "a salvo el derecho de acceso y uso de los fieles en cualquier tiempo libremente, con sujeción a las normas de Derecho Canónico, sin intromisión ni ingerencia de ninguna otra persona física ni jurídica y cuya materialización en su caso, se practicara en ejecución de sentencia, declaración que se adecuará con la decisión soberana, que, en su día, emita el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, sobre esos derechos dominicales al resolver por mandato legal los demás motivos de los tres recursos en que se denuncian infracciones de D. civil, común o especial o foral, lo que conlleva a la estimación en parte del recurso interpuesto, en cuanto que la sentencia recurrida ha infringido solo uno de los varios preceptos constitucionales invocados, el citado art. 16.1 C.E., lo cual no obsta a que, en lo demás, se mantenga dicha sentencia, y se actúe para el enjuiciamiento del resto del recurso, según se expone en el F.J. siguiente.
Séptimo.-Conforme a lo anteriormente razonado, y habiéndose rehusado los recursos de casación interpuestos, contra la sentencia recurrida, en el estricto aspecto de su denuncia a la infracción de preceptos constitucionales en su totalidad el primero (al no concurrir la infracción de los arts. 24.1 y 120.3 C.E., invocados), y en parte al segundo (al no concurrir las infracciones de los arts. 96.1 y 24 C.E.), procede, como se ha anticipado, actuar conforme a lo dispuesto en el art. 1732 L.E.C., y arts. 54.1 f) de la Ley de Planta Judicial, dictándose la resolución correspondiente, con los demás efectos derivados.
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación de la EMPRESA EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y FORESTALES BRUGAROL, S.A. contra la Sentencia Pronunciada por la Sección 13 de la Audiencia Provincial de Barcelona, en fecha 9 de octubre de 1990, en cuanto que no se ha producido en la Sentencia recurrida, la infracción esgrimida en su Motivo 7.º sobre lo dispuesto en el art. 24.1 y del art. 120.3 C.E.; y se ESTIMA EN PARTE, el interpuesto por la representación de LA MITRA U OBISPADO DE GERONA, contra dicha sentencia dictada por la mencionada Sección 13 de la Audiencia Provincial de Barcelona, en fecha 9 de octubre de 1990, en cuanto a la denuncia de su motivo 4.º, al infringir la Sentencia recurrida parcialmente el art. 16.1 C.E., por lo que se revoca la misma en el exclusivo sentido de modificar el pronunciamiento A) 5.º, que habrá de entenderse así: La plaza de la Ermita, la fuente y los caminos situados dentro del perímetro de las tres fincas con excepción del denominado de Palamós, pertenencen a la actora libres de cargas y gravámenes, a salvo los relativos al derecho de acceso y uso de los fieles en cualquier tiempo libremente, con sujeción a las normas del Derecho Canónico, sin intromisión ni ingerencia de ninguna otra persona física ni jurídica y cuya materialización en su caso, se practicará en ejecución de sentencia, desestimándolo en lo demás al no haberse infringido los otros preceptos constitucionales invocados en los motivos Segundo y Tercero, los arts. 96.1 y 24 de dicha Constitución Española, confirmándola en todo lo restante. Y, en consecuencia, al haberse además fundado los citados recursos así como el formalizado a nombre del Auyuntamiento de Palamós, de Palamós, en las infracciones de normas de Derecho Civil, Foral o Especial de Cataluña, en los términos en que se hicieron constar en los demás motivos según se indica en la providencia de 4 de noviembre de 1993, procede la remisión de las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el plazo de 15 días, con el emplazamiento de las partes por el plazo de 10 días. Y todo ello, sin especial pronunciamiento en costas en lo referente a estos recursos, en ninguna de las instancias ni en esta casación, quedando pendiente de la resolución del fondo controvertido, en cuanto a las otras citadas infracciones denunciadas, de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a cuya competencia se remiten las actuaciones.

References: Real Decreto 
 artículo 16
 artículo 1692
 resolución 
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