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Timestamp: 2018-12-18 20:05:20+00:00

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Llamamiento en garantía con fines de repetición - 2.012
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERA PONENTE: RUTH STELLA CORREA PALACIO, BOGOTÁ, D.C., DIECIOCHO (18) DE JULIO DE DOS MIL SIETE (2007), RADICACIÓN NÚMERO: 25000-23-26-000-1999-00155-01 (29.745).- 2. Llamamiento en Garantía. El artículo 217 del Código Contencioso Administrativo permite, en los procesos de naturaleza contractual y el en los de reparación directa, el llamamiento en garantía, figura que se rige por el Código de Procedimiento Civil (artículo 57), al no existir en aquella codificación, norma que regule el tema. A su turno el Código de Procedimiento Civil consagra una normatividad al respecto, que a su vez requiere un estudio de los artículos referentes a la denuncia del pleito, pues el llamamiento en garantía se rige por estas normas.
Los requisitos de la denuncia del pleito, igualmente aplicables al llamamiento en garantía, exigen que el escrito mediante el cual se formule debe contener lo siguiente:
i) Nombre del llamado o el de su representante según sea el caso.
ii) Indicación de su domicilio, residencia, habitación u oficina.
iii) Los hechos y fundamentos de derecho en que se basa el llamamiento.
iv) La dirección donde el llamado podrá recibir las notificaciones.
Adicionalmente existe la carga de aportar la prueba de la existencia de la relación legal o contractual, entre llamante y llamado, que permite formular el llamamiento en garantía.
En el sub examine no obra en el expediente prueba del derecho legal o contractual que le permita a Codensa S.A. llamar en garantía a la Empresa de Energía de Bogotá; Codensa S.A. se limita a señalar en su escrito que “Todos los hechos y actos relacionados en la demanda presentada por Ibercol Ltda. se consumaron antes de la existencia de Codensa” y agrega que “cuando la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. habla de ‘sustitución’ plantea una especie de cesión implícita de eventuales contratos consensuales de suministro de energía con los diferentes clientes, en cuyo caso y con fundamento en la misma y tácita teoría contractual (aunque no la comparte), Codensa tiene el derecho de llamar en garantía a la E.E.B., como en efecto se hace”
Como prueba del derecho a formular el llamamiento en garantía aporta:
“1. Certificado de existencia y representación legal de la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P., “2. Considérese la contestación de la demanda que la Empresa de Energía de Bogotá S.A. E.S.P. , presentó en este proceso, como la prueba del derecho que tiene, Codensa para llamarla en garantía. “3. Copia del llamamiento en garantía y sus anexos para el respectivo traslado. “4.Copia del llamamiento para el archivo del Tribunal” (fl. 45 A, c. 3)
Por manera que la sola circunstancia de no acreditar el derecho legal o contractual aducido, torna improcedente el llamamiento impetrado y releva a la Sala de estudiar el asunto relativo a la procedencia o no del llamamiento en garantía en contra de quien ya integra una de las partes del proceso. En consecuencia, se confirmará la providencia recurrida.
CORTE CONSTITUCIONAL.- SENTENCIA C-125/04.- Dijo la Corte en la sentencia C-965 de 2003:
“5.2.12. Finalmente, en lo que se relaciona con el parágrafo del artículo 19 de la citada Ley 678 de 2001, que le impide a la entidad demandada llamar en garantía cuando promueve en su defensa la ocurrencia de una de las causales eximentes de responsabilidad, considera la Sala que dicha limitación resulta apenas lógica, del todo coherente y consecuente con el proceder de la administración, pues en los eventos en que ésta excusa su responsabilidad en la culpa exclusiva de la víctima, el hecho de un tercero y la fuerza mayor o el caso fortuito, la estrategia de defensa se dirige a demostrar que la responsabilidad total del daño que se ha ocasionado es imputable a un sujeto distinto de sus agentes o a un fenómeno extraordinario; de forma tal que de llegarse a demostrar en el proceso uno de esos hechos, el Estado no sería condenado y no se vería conminado al pago de la indemnización, quedando también liberada la potencial responsabilidad del agente.
En efecto, según lo tiene estatuido la jurisprudencia constitucional y contenciosa, uno de los presupuestos o requisito sine qua non para que surja la responsabilidad patrimonial de la administración, es la existencia de una relación de causalidad material entre el daño antijurídico y la acción u omisión de la entidad pública; por lo que una consecuencia natural y obvia de la ausencia de dicha relación causal, es la imposibilidad jurídica de imputar al Estado y a sus agentes la realización del daño y, por contera, el reconocimiento de una reparación o indemnización a favor de la víctima o perjudicado.
Esta previsión no se presta a equívocos en aquellos casos en que el origen del daño sea entonces un acontecimiento ajeno y extraño al ámbito de influencia de la entidad pública, tal como ocurre cuando el fenómeno tiene total ocurrencia por causa del sujeto lesionado, por el hecho de un tercero, o por un caso fortuito o de fuerza mayor.
Por eso, se insiste, resulta del todo razonable que la norma acusada impida llamar en garantía a la entidad pública, cuando en la contestación de la demanda aquella haya propuesto las excepciones de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor. Cabe aclarar que, el hecho de no haberse podido llamar en garantía en estos casos, no libera de responsabilidad al agente en el evento de no lograrse acreditar en el proceso la ocurrencia de la causal eximente de responsabilidad invocada, y de haberse demostrado que la condena es producto de su conducta dolosa o gravemente culposa. En estos casos, por virtud disposición expresa del inciso 2° del artículo 90 Superior y demás normas legales concordante, el Estado se encuentra en la obligación de repetir contra el servidor público a través de la acción civil de repetición a la que se ha hecho expresa referencia.
De acuerdo con la doctrina especializada, la concurrencia de culpas tiene lugar en dos supuestos: (i) cuando las distintas circunstancias causales influyen en forma decisiva en la ocurrencia de la lesión, hasta el punto que sin la presencia de una de ellas no se hubiere dado el resultado; (ii) y cuando existiendo un concurso de causas, una de ellas alcanza la influencia necesaria y definitiva para la ocurrencia del daño, en tanto que la intervención de la otra es en realidad marginal, reposando la verdadera causa de la lesión en la primera.
En estas hipótesis, en cuanto no se esta en presencia de una causal eximente de responsabilidad, nada se opone para que la administración pueda acudir al llamamiento en garantía contra el agente en el porcentaje que considera le es imputable en la ocurrencia del daño. Contrario a la consideración de la demanda, esta interpretación en manera alguna conlleva a plantear una posible inconstitucionalidad del precepto en cuestión, ya que de acuerdo a su tenor literal, la imposibilidad de la administración de llamar en garantía solamente aplica “si dentro de la contestación de la demanda propuso excepciones de culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza mayor”, con lo cual la norma esta dejando a salvo la posibilidad de recurrir a ese mecanismo de repetición cuando el Estado considere que se ha presentado el fenómeno de la concurrencia de culpas.
Acogiendo las consideraciones expuestas, la corte declarará exequibles los apartes acusados del inciso 1° y del parágrafo del artículo 19 de la Ley 678 de 2001En aquella ocasión la demanda se dirigió, entre otras normas, contra algunas expresiones del primer inciso del artículo 19 de la Ley 678 de 2001 y contra la totalidad del parágrafo del mismo artículo.
Por consiguiente, en relación con el Parágrafo del Artículo 19 de la Ley 678 de 2001 existe cosa juzgada constitucional y la Corte habrá de estarse a lo resuelto en la Sentencia C-965 de 2003.
IMPROCEDENCIA DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERA PONENTE: MARIA ELENA GIRALDO GÓMEZ, BOGOTÁ, D. C., DIECINUEVE (19) DE FEBRERO DE DOS MIL CUATRO (2004). RADICACIÓN NÚMERO: 25000-23-26-000-2003-00189-01(25756).- Como puede verse la norma contempla a favor del demandado la facultad de citar al proceso al tercero con quien tenga vínculo legal o contractual, de donde se desprenda un derecho para él, de exigirle en un futuro y en el evento en el que sea condenado, el reembolso del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia.
Entonces la norma prevé dos situaciones, la primera consistente en que la persona citada tenga la condición de tercero, quien como lo señala la doctrina, es aquel que al momento de trabarse la relación jurídica procesal no tiene la calidad de parte por no ser demandante ni demandado, pero que una vez es aceptado en el proceso ingresa a éste con todos los derechos y cargas que ello representa, el segundo, que el denunciante tenga en relación con esa persona, un derecho legal o contractual a exigir de ese tercero el perjuicio que llegare a sufrir como resultado del proceso judicial.
La figura del llamamiento ha sido analizada por la Corte Suprema de Justicia para efectos de determinar su naturaleza y contenido; se destaca la sentencia proferida el 24 de octubre de 2000, en la cual se precisa que la citación que la parte demandada hace al llamado en garantía, comporta la proposición anticipada de la pretensión de regreso, o el uso del derecho de regresión o reversión, que tiene como causa la relación sustancial de garantía que obliga al tercero a indemnizar al llamante el perjuicio que pudiere llegue a sufrir.
Por su parte esta Corporación ha profundizado sobre ésta figura y ha señalado en relación con el requisito de procedencia del llamamiento, relativo a la existencia de un derecho legal o contractual a exigir del tercero el perjuicio que llegare a sufrir como resultado del proceso judicial, que éste debe desprenderse de los fundamentos tanto fácticos como jurídicos del llamamiento; que por esa razón la ley exige que en el escrito de solicitud de citación del tercero, se expongan los hechos en que se basa la citación, porque a través de éstos se pueden establecer los extremos y elementos de la relación procesal planteada para ser resuelta en un futuro por el juez y además se garantiza que el derecho legal o contractual esgrimido cuente con un fundamento fáctico y jurídico mínimo, en aras de un uso responsable, serio y razonado de este instrumento procesal.
Teniendo en cuenta las precisiones anteriores en torno a los requisitos sustantivos de la solicitud del llamamiento en garantía, observa la Sala que, no se reúnen en este caso..
Y es que como se mencionó al inicio de estas consideraciones, la citación del tercero parte del presupuesto de que quien se cita sea una persona ajena a las vinculadas al proceso en calidad de titulares de la relación jurídica principal debatida en el proceso, situación que no se observa en este caso.
En efecto, quien fue llamado al proceso no es un tercero, ni en relación con el proceso, ni en relación con la parte que lo cita; se trata de las misma persona jurídica Nación que ya se encuentra vinculada al juicio como parte demandada y que adquirió su condición de parte principal, desde que se le notificó del auto admisorio de la demanda.
La confusión del demandado parece girar en torno a la múltiple representación que tiene la Nación en el proceso contencioso administrativo, la cual varía de acuerdo con la naturaleza de la actuación demandada, pero que de ninguna manera puede alterar su personería jurídica, o hacer pensar que se trata de varias entidades o personas jurídicas.
Entonces se está en presencia de la misma persona jurídica Nación, así esta se encuentre representada por el Presidente del Senado o por el Ministro de Hacienda y Crédito Público, y si ya fue vinculada como parte demandada en el proceso, resulta incompatible con dicha vinculación, traerla como tercero al proceso, citando a una dependencia suya como es un Ministerio organismo principal de la administración nacional (ley 489 de 1998).
LLAMAMIENTO EN GARANTÍA A ASEGURADORAS
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, CONSEJERA PONENTE: MARIA ELENA GIRALDO GÓMEZ, BOGOTÁ, CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DOS (2002), RADICACIÓN NÚMERO: 25002-23-26-000-2001-1271-01(22790).- 1. En cuanto al llamamiento en garantía de las Compañías Aseguradoras.
A diferencia del A quo, la Sala considera que respecto a tales entidades sí es procedente el llamamiento. En efecto: Las compañías Suramericana de Seguros S. A. y Aseguradora Colseguros S. A. expidieron conjuntamente a favor del llamante de en garantía, Banco de la República. la póliza de seguro global bancario No. 1999.
Del examen de dicha póliza se advierte que la imputación fáctica, esto es la relación contractual que afirmó tener el llamante respecto de las aseguradoras existe y se relaciona con los hechos que en la demanda se imputan al mentado Banco. En este sentido se observa que en el anexo No. 11 denominado de "Indemnización profesional", se consignó que esa póliza indemnizará al Asegurado (Banco de la República) la responsabilidad legal ante terceros, derivada de un acto que cumpla, entre otros, los siguientes requisitos:
“a) Que las sumas a pagar por las compañías sean una compensación por los pagos efectuados a los terceros reclamantes y por los gastos de defensa aprobados al "Asegurado", sin exceder del límite asegurado para este anexo, en total por todos los pagos provenientes de todo concepto.
c) Que la pérdida financiera haya sido causada directamente por un acto negligente, error negligente u omisión negligente por parte del Asegurado, establecidos así por las autoridades competentes durante la vigencia de la póliza y con posterioridad a la fecha de contratación de este anexo."
Igualmente se encuentra más adelante que la mencionada póliza también cubre: "6) Cualquier responsabilidad legal derivada de o contribuida por cualquier incumplimiento deliberado de leyes, estatutos o regulaciones referentes a la constitución, operación y conducta del Asegurado y a sus actividades y operaciones" (fol. 100 c. 2).
En consecuencia, tales amparos permiten a la Sala deducir claramente que se reúnen los requisitos formales para aceptar el llamamiento en garantía de las compañías aseguradoras, porque el derecho contractual que dice el Banco tener con esas aseguradoras le permite citarlas a juicio, independiente de la responsabilidad que le asista a las mismas, pues tal aspecto sólo es posible definirlo al momento de dictar sentencia.
La Sala no comparte la apreciación hecha por el A quo, relativa a que la póliza que representa el derecho legal contractual del llamante no ampara ningún hecho de los relacionados en la demanda y que se imputaron contra el Banco de la República, por cuanto como ya se vio, el cubrimiento de la póliza, por el contrario, si se relaciona con las conductas imputadas al llamante.
Además recuérdese que a efectos de aceptar el llamamiento en garantía, el juzgador sólo examina si se reúnen los requisitos de carácter formal que para su aceptación establece la ley, por cuanto el examen de la responsabilidad del llamado o el alcance del derecho legal del llamante, como lo indicó el apelante, es un asunto de fondo que se examina y resuelve sólo al momento de dictar sentencia, no antes.

References: artículo 217
 artículo 19
 artículo 90
 artículo 19
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 Artículo 19