Source: https://e-justice.europa.eu/content_insolvency-447-cz-maximizeMS_EJN-es.do?member=1
Timestamp: 2019-11-16 02:49:17+00:00

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Insolvencia - Chequia
En la República Checa, los procedimientos de insolvencia quedan regulados principalmente por la Ley n.º 182/2006 sobre el concurso de acreedores y sus formas de resolución (Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení) (la Ley concursal), complementada mediante la Ley n.º 99/1963, el Código de Procedimiento Civil (Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád).
Otro instrumento importante es la Ley n.º 312/2006 sobre administradores concursales (Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích), que (junto con la Ley concursal) establece un marco jurídico para la profesión de administrador concursal.
Las versiones actualizadas de estas disposiciones se pueden consultar en el portal de la administración pública (Portál veřejné správy): https://portal.gov.cz/app/zakony/.
Los procedimientos de insolvencia se pueden iniciar contra personas físicas o jurídicas, independientemente de que sean entidades comerciales.
Los diversos tipos de procedimientos de insolvencia (quiebra, reorganización, alivio de la deuda) se diferencian entre sí por el tipo de entidad a la que están destinados. Mientras que se puede solicitar una declaración de quiebra contra todo tipo de entidades, la reorganización está dirigida exclusivamente a las empresas y el alivio de la deuda, principalmente a entidades no comerciales (como se explica más adelante).
No se pueden incoar procedimientos de insolvencia contra el Estado, autoridades locales autónomas, partidos y movimientos políticos durante el período electoral, y determinadas entidades de naturaleza predominantemente pública. En cuanto a las instituciones financieras y las compañías de seguros, se aplican normas especiales.
Insolvencia o insolvencia inminente
Los procedimientos de insolvencia son procedimientos judiciales que hacen referencia a la insolvencia o insolvencia inminente de un deudor y plantean cómo abordarla. La premisa básica, por tanto, es la existencia de un estado de insolvencia o insolvencia inminente.
Un deudor es insolvente si (estas condiciones son acumulativas):
el deudor tiene múltiples acreedores;
el deudor tiene obligaciones pecuniarias que hace más de treinta días que han vencido;
el deudor no puede hacer frente a esas obligaciones.
En concreto, se considera que los deudores son insolventes si han dejado de pagar una parte sustancial de sus deudas o no liquidan esas obligaciones durante más de tres meses una vez han vencido, o si alguno de los créditos pecuniarios vencidos contra el deudor no se puede cobrar mediante ejecución o embargo.
Un deudor que es una entidad comercial (ya sea persona física o jurídica) también se considera insolvente si está sobreendeudado. Los deudores están sobreendeudados si tienen múltiples acreedores y la suma de sus pasivos supera el valor de sus activos.
La insolvencia inminente hace referencia a una situación en la que, teniendo en cuenta todas las circunstancias, es razonable suponer que los deudores no podrán asumir una parte sustancial de sus responsabilidades pecuniarias en tiempo y forma.
Tipos de procedimientos de insolvencia
El Derecho checo distingue tres maneras básicas de abordar un caso de insolvencia o insolvencia inminente del deudor en el marco de los procedimientos de insolvencia:
la quiebra (konkurs);
la reorganización (reorganizace);
el alivio de la deuda (oddlužení).
La Ley concursal no dictamina cuál de los diferentes métodos de insolvencia ha de usar un deudor concreto, sino que concede libertad al respecto. Además del proceso de liquidación (quiebra), también hay un elemento de rehabilitación (reorganización y alivio de la deuda). La elección del método adecuado para resolver un caso de insolvencia de un deudor debería regirse por el interés en lograr el mejor resultado posible para los acreedores.
La quiebra es una forma general de afrontar casos de insolvencia cuando, sobre la base de una declaración de quiebra, los créditos reconocidos de los acreedores se recuperan en gran medida gracias al producto de la liquidación de los activos. Los créditos o partes de créditos no pagados no se extinguen, salvo que la ley prevea lo contrario. Este método de insolvencia se utiliza siempre que sea imposible hacer uso de la reorganización o el alivio de la deuda como procesos más moderados contra el deudor, o si resulta evidente durante el procedimiento que no se pueden mantener esos métodos.
La reorganización se puede usar para ocuparse de la insolvencia o la insolvencia inminente de deudores que son entidades comerciales. Implica la reorganización de la empresa. Normalmente se espera que los créditos de los acreedores se vayan pagando progresivamente al tiempo que la empresa del deudor sigue operando de acuerdo con las medidas establecidas para revitalizar su gestión en virtud de un plan de reorganización aprobado por el tribunal concursal. Los acreedores supervisan el progreso del plan.
El alivio de la deuda es una forma de afrontar la insolvencia o la insolvencia inminente de los deudores que básicamente no tienen deudas comerciales y, en el caso de personas jurídicas, que no son entidades comerciales. Este método de insolvencia es más sensible a consideraciones sociales que a aspectos económicos. El objetivo es ofrecer a los deudores la oportunidad de un «nuevo comienzo» y motivarles a participar activamente en la amortización de su deuda, al menos hasta un nivel previsto del 30 % en aquellos casos en los que los acreedores no estén garantizados. Se supone que los créditos de los acreedores garantizados se liquidarán con la garantía. Un objetivo paralelo es reducir el gasto público dedicado a la rehabilitación de aquellos que atraviesan una crisis social. El alivio de la deuda se puede lograr mediante la monetización de la masa del concurso, mediante un plan de amortización, o mediante una combinación de ambos.
¿Quién puede iniciar un procedimiento de insolvencia?
Un procedimiento de insolvencia se puede iniciar solo tras la presentación de la oportuna petición. Se abre en la fecha en la que un órgano jurisdiccional con competencias en el caso recibe la petición de declaración de insolvencia. Pueden presentar peticiones de declaraciones de insolvencia tanto deudores como acreedores, excepto en los casos de insolvencia inminente, en los que tan solo pueden presentarlas el deudor.
Un deudor que sea una entidad comercial (ya sea una persona física o jurídica) debe presentar una petición de declaración de insolvencia sin retrasos injustificados una vez tenga conocimiento de su insolvencia, o debiera haberlo tenido de haber demostrado la oportuna diligencia.
Incoación de un proceso de quiebra
Un tribunal concursal dicta una declaración de quiebra en una sentencia separada. En casos excepcionales, esta sentencia se puede combinar con una resolución de insolvencia (si el deudor no puede recurrir a la reorganización o al alivio de la deuda). Una declaración de quiebra surte efecto cuando la correspondiente resolución se publica en el registro concursal.
Incoación de un proceso de reorganización
El proceso de reorganización se inicia con la autorización del tribunal concursal, que la concede tras una solicitud del deudor o de un acreedor registrado.
Esta autorización de reorganización se puede obtener si (estas condiciones no son acumulativas):
el volumen de negocios global neto anual del deudor en el último período contable anterior a la petición de insolvencia fue de al menos 50 000 000 CZK; o
el deudor tiene al menos cincuenta empleados; o
el deudor presenta al tribunal concursal, junto con la petición de insolvencia, o no más allá de la fecha en la que se dicta la resolución de insolvencia, un plan de reorganización apoyado por al menos la mitad de los acreedores garantizados (calculada en función del importe total de los créditos) y por al menos la mitad de los acreedores no garantizados (también calculada sobre la base del importe de los créditos).
La reorganización no es posible si el deudor es una persona jurídica en liquidación, un agente de valores o una entidad autorizada a negociar en una bolsa de materias primas con arreglo a legislación específica.
El tribunal concursal autoriza la reorganización si se cumplen las condiciones legales correspondientes. No hay derecho de recurso.
El tribunal concursal rechaza una solicitud de autorización para llevar a cabo una reorganización si: a) teniendo en cuenta todas las circunstancias, es razonable suponer que existe una intención fraudulenta; b) la solicitud la ha presentado una persona que ya presentó una solicitud de autorización de reorganización que el tribunal ha visto; o c) un acreedor ha presentado la solicitud sin que la junta de acreedores la haya aprobado. Solo aquellos que han presentado la solicitud podrán interponer recurso contra estas sentencias.
Incoación de un proceso de alivio de la deuda
El deudor presenta una solicitud de alivio de la deuda mediante el preceptivo formulario y, cuando proceda, la presenta junto con una petición de insolvencia (si ningún acreedor ha iniciado un procedimiento de insolvencia).
La solicitud de alivio de la deuda y sus anexos deben incluir, en concreto, información sobre los ingresos pasados y previstos del deudor, una lista de activos y una lista de pasivos. Si alguien quiere hacer una donación al deudor para que se puedan cumplir las condiciones del alivio de la deuda, o si alguien quiere realizar pagos periódicos en efectivo al deudor mientras dure el alivio de la deuda, el deudor adjunta la escritura de donación correspondiente o el acuerdo de aportación de una renta a la solicitud de alivio de la deuda.
El tribunal concursal concede permiso para el alivio de la deuda si se cumplen las condiciones. En cambio, rechaza la solicitud de alivio de la deuda si, teniendo en cuenta todas las circunstancias, es razonable suponer que existe una intención fraudulenta, o si, como resultado del alivio de la deuda, los acreedores no garantizados recibirían menos del 30 % de sus créditos (a menos que estén de acuerdo). El tribunal concursal también rechaza una solicitud de alivio de la deuda en caso de que los resultados del procedimiento hasta la fecha muestren que el deudor ha sido temerario o negligente a la hora de cumplir las obligaciones derivadas del procedimiento de insolvencia. Solo el deudor tiene derecho a interponer recurso contra el rechazo de una solicitud.
¿Cuándo surte efecto la incoación de un procedimiento de insolvencia?
La incoación de un procedimiento de insolvencia surte efecto cuando se publica una notificación que anuncia dicha incoación en el registro concursal (véase abajo). Las consecuencias de la incoación duran hasta el término del procedimiento de insolvencia, salvo que la ley prevea lo contrario para cualquiera de los métodos de insolvencia.
Medidas provisionales a la espera de una resolución de insolvencia
El tribunal concursal puede ordenar medidas provisionales de oficio a la espera de su resolución relativa a una solicitud de insolvencia, salvo que la ley prevea lo contrario. Ninguna persona que solicite una medida provisional que el tribunal concursal puede ordenar de oficio está obligada a constituir una garantía. El deudor no está obligado a constituir una garantía cuando solicita una medida provisional.
A través de esas medidas provisionales, el tribunal de insolvencia puede, entre otras cosas:
nombrar a un administrador provisional;
limitar algunos de los efectos asociados con la incoación de un procedimiento de insolvencia;
ordenar a cualquiera de los que hayan solicitado la incoación del procedimiento de insolvencia que constituya una garantía que cubra la indemnización por daños u otras pérdidas en las que incurra el deudor.
Los procedimientos de insolvencia se anuncian en el registro concursal gestionado por el Ministerio de Justicia (Ministerstvo spravedlnosti). Se trata de un sistema electrónico de información de la administración pública al que se puede acceder desde https://isir.justice.cz/.
El registro concursal existe principalmente para que se haga la máxima publicidad de los procedimientos de insolvencia y para que se pueda supervisar su progreso. El registro se usa para publicar las resoluciones del tribunal concursal dictadas en procedimientos de insolvencia y en cuestiones incidentales, los documentos incluidos en los expedientes judiciales y otra información, cuando así lo prevea la Ley concursal o así lo decida el tribunal concursal.
El registro concursal es de acceso público (excepto para determinada información), y todo el mundo tiene derecho a consultarlo y a obtener copias y extractos.
Además de servir como fuente de información, el registro concursal es fundamental para la notificación de documentos —es un medio para la comunicación de la mayor parte de sentencias judiciales y otros documentos. Los procedimientos de insolvencia generalmente se notifican en el registro concursal dentro de las dos horas siguientes a la presentación de una demanda (durante el horario de trabajo del órgano jurisdiccional). Todas las sentencias judiciales y demás documentos se publican posteriormente en el registro concursal. De esta manera se dan a conocer los procedimientos de insolvencia que se llevan a cabo en la República Checa.
Si es el deudor el que presenta una petición de insolvencia, la masa del concurso consta de los activos pertenecientes al deudor en el momento en el que surte efecto la incoación de un procedimiento de insolvencia, junto con los activos que el deudor adquiera en el transcurso del procedimiento de insolvencia.
Si es un acreedor el que presenta la petición de insolvencia, la masa del concurso consta de los activos pertenecientes al deudor en el momento en el que entra en vigor la medida provisional dictada por el tribunal concursal que limita (por completo o en parte) el derecho del deudor a disponer de los activos, los activos pertenecientes al deudor en el momento en el que entran en vigor las resoluciones sobre la insolvencia del deudor, y los activos adquiridos en el transcurso del procedimiento de insolvencia por parte del deudor tras la entrada en vigor de esas resoluciones.
Cuando los activos son de propiedad conjunta, la parte de esos bienes perteneciente al deudor se incluye en la masa del concurso. Estos activos forman parte de la masa aunque sean parte del patrimonio conyugal conjunto del deudor.
Los activos de otras personas que no sean el deudor forman parte de la masa si así lo prevé la ley, especialmente cuando son retribuciones de actos jurídicos ineficaces. A efectos de enajenación de activos, estos bienes se consideran parte de los activos del deudor.
Salvo que la ley prevea otra cosa, la masa del concurso consta principalmente de efectivo, bienes muebles e inmuebles, instalaciones y equipos, libretas de ahorros, certificados de depósito y otras formas de depósito, acciones, bonos, cheques u otros valores, participaciones, créditos monetarios y no monetarios del deudor, incluidos los créditos contingentes y créditos que todavía no han vencido, salario del deudor, nóminas, primas e ingresos que hagan las veces de remuneración ligada al trabajo del deudor, otros derechos, y otros activos cuyo valor pueda expresarse en términos monetarios. La masa del concurso también incluye productos como los intereses, las ganancias, los frutos y los beneficios derivados de los activos mencionados.
Salvo que la ley prevea otra cosa, los activos que no están sujetos a embargo en procedimientos de ejecución o embargo no forman parte de la masa. Esta cuestión queda regulada en la Ley n.º 99/1963 del Código de Procedimiento Civil. De los activos pertenecientes a los deudores, no se pueden aplicar medidas de ejecución a aquellos que los deudores necesitan de manera urgente para satisfacer sus necesidades materiales y las de su familia o para realizar tareas relacionadas con su trabajo, así como otros productos cuya venta iría contra bonos mores (especialmente la ropa de uso diario, objetos domésticos comunes, anillos de boda y otros objetos similares, suministros médicos y otros productos que los deudores necesiten a causa de alguna enfermedad o discapacidad física, dinero en metálico en una cantidad equivalente al doble de la renta de subsistencia para particulares, y animales considerados de compañía). En cambio, los artículos usados en operaciones comerciales del deudor no quedan excluidos de la masa. Salvo que la ley prevea otra cosa, la masa no incluye los activos de los que, con arreglo a una legislación específica, tan solo se pueda disponer de una determinada manera (p. ej., subvenciones específicas y ayudas reembolsables de los presupuestos de la administración central o local o de un fondo del Estado).
Tratamiento de los bienes adquiridos por el deudor, o que le correspondan, tras la apertura del procedimiento de insolvencia
En líneas generales, los bienes adquiridos por el deudor, o que le correspondan, tras la apertura del procedimiento de insolvencia se incluyen en la masa del concurso; en función del método de insolvencia aplicado, esto puede modificarse. Los deudores solo pueden disponer de los bienes de la masa si, al hacerlo, cumplen las condiciones de esa fase concreta del procedimiento de insolvencia y del método de insolvencia.
Misión y consideración del administrador concursal
La misión principal del administrador concursal es gestionar la masa del concurso del deudor y resolver las cuestiones incidentales o de otro tipo. El objetivo del administrador concursal es conseguir que se pague a los acreedores de manera proporcionada, rápida, económica y el mayor importe posible.
Los administradores concursales están obligados a actuar concienzudamente y con la debida diligencia. Se les exige que hagan todos los esfuerzos que razonablemente se les pueda exigir para pagar a los acreedores en la mayor medida posible. Deben dar prioridad al interés común de los acreedores por encima de su propio interés y el de otros.
En los procedimientos de quiebra, el administrador concursal recibe la autorización de disponer de la masa, ejercer los derechos y cumplir las obligaciones del deudor en lo relativo a la masa. En concreto, el administrador concursal ejerce los derechos de los accionistas vinculados a las acciones incluidas en la masa del concurso, actúa en calidad de empleador en relación con los empleados del deudor, y es responsable de la gestión del negocio, la contabilidad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales del deudor. Los administradores concursales también se encargan de monetizar la masa.
En los procedimientos de reorganización, los administradores concursales fundamentalmente supervisan las actividades de un deudor no desapoderado, siguen identificando la masa y elaboran un inventario, se hacen cargo de las cuestiones incidentales, confeccionan la lista de acreedores e informan al comité de acreedores. Los administradores concursales también actúan en representación de la junta general de accionistas o socios del deudor.
En procedimientos de alivio de la deuda, los administradores concursales, junto con el tribunal concursal y los acreedores, supervisan al deudor y sus actividades, liquidan los activos del deudor, y asignan pagos mensuales a los acreedores con arreglo al calendario de amortizaciones.
Consideración del deudor
En los procedimientos de quiebra, los deudores pierden la capacidad de disponer de sus bienes, de ejercer otros derechos y de saldar obligaciones relativas a la masa. Esta autoridad pasa a manos del administrador concursal. Por ley, los actos jurídicos ejecutados por los deudores en relación con lo anterior una vez la capacidad para disponer de la masa pasa al administrador concursal son ineficaces con respecto a los acreedores.
En los procedimientos de reorganización, el deudor sigue manteniendo el control sobre la masa, sujeto a restricciones. Un deudor no desapoderado ejecuta los actos jurídicos de importancia fundamental para la disposición y la gestión de la masa del concurso únicamente si cuenta con el consentimiento del comité de acreedores. Un deudor que incumpla esta obligación será responsable por el perjuicio o cualquier otra pérdida causados a los acreedores o terceros; los miembros del órgano directivo del deudor se consideran conjunta y solidariamente responsables de estos perjuicios u otras pérdidas. Se entiende por «actos jurídicos de importancia fundamental» aquellos actos que cambian de manera significativa el valor de la masa, la categoría de los acreedores, o el nivel de liquidación del acreedor. Los administradores concursales actúan en representación de la junta general de accionistas o socios del deudor.
En los procedimientos de alivio de la deuda, el deudor también sigue manteniendo el control sobre la masa, sujeto a restricciones. El tribunal concursal, el administrador concursal y los acreedores supervisan al deudor.
En términos generales, las compensaciones se rigen por el Código civil. Por regla general, si las partes tienen unas frente a otras los mismos tipos de créditos, cualquiera puede notificar a la otra que su crédito se compensará con el de la contraparte. Las compensaciones se pueden pedir en cuanto una parte adquiere el derecho de reclamar que se pague un crédito y de pagar su propia deuda. Una compensación cancela los dos créditos en la medida en que coincidan; si no coinciden totalmente, el crédito se compensa de manera similar a lo que ocurre en caso de cumplimiento. Estos efectos se producen cuando dos créditos pueden acogerse a la compensación.
En procedimientos de insolvencia, los créditos mutuos del deudor y el acreedor pueden compensarse tras la resolución de insolvencia si se han cumplido las condiciones legales de compensación (en virtud del Código civil) antes de que se dicte la resolución sobre el método de insolvencia, salvo que la Ley concursal prevea otra cosa.
La compensación en procedimientos de insolvencia no es admisible, en concreto si el acreedor del deudor:
no ha obtenido la condición de acreedor registrado con respecto al crédito; o
ha obtenido un crédito abonable como resultado de un acto jurídico ineficaz; o
tenía conocimiento de la insolvencia del deudor en el momento en el que adquirió el crédito abonable; o
todavía tiene que pagar el crédito del deudor en la medida en que supere el crédito abonable del acreedor; o
en casos estipulados por una medida provisional del tribunal concursal.
Contratos de mutuo cumplimiento
Si el deudor, en el momento en el que se declara la quiebra o se autoriza la reorganización o el alivio de la deuda, ha celebrado un contrato, o un precontrato, de mutuo cumplimiento que el deudor o la contraparte todavía no aplican totalmente, se aplicará lo siguiente:
- en procedimientos de quiebra o alivio de la deuda, los administradores concursales pueden ejecutar un contrato en nombre del deudor y procurar que la otra parte cumpla el contrato, o bien pueden renunciar al cumplimiento;
- en procedimientos de reorganización, un deudor no desapoderado ejerce la misma autoridad, sujeto al consentimiento del comité de acreedores.
En procedimientos de quiebra o alivio de la deuda, un administrador concursal que no indique que se va a ejecutar un contrato dentro de los treinta días desde la declaración de quiebra o la autorización de alivio de la deuda se considerará que ha renunciado al cumplimiento; hasta entonces, la contraparte no puede rescindir el contrato, salvo que las disposiciones contractuales lo permitan. En los procedimientos de reorganización, los deudores no desapoderados que no indiquen que renuncian al cumplimiento dentro de los treinta días siguientes a la aprobación de la reorganización deben ejecutar un contrato de mutuo cumplimiento.
Una contraparte a quien se exija que ejecute primero su parte del contrato puede aplazar tal cumplimiento hasta que se haga efectivo o garantice el cumplimiento mutuo, excepto cuando la contraparte concluya el contrato tras la publicación de la resolución de insolvencia.
Si el administrador concursal o el deudor no desapoderado renuncian al cumplimiento, la contraparte puede exigir una indemnización por perjuicios presentando una demanda dentro de los treinta días siguientes a dicha renuncia. Los créditos de la contraparte derivados de la continuación del contrato tras la declaración de quiebra son créditos contra la masa del concurso.
La contraparte no puede solicitar el reembolso del cumplimiento parcial realizado antes de la resolución de insolvencia por no haber cumplido el deudor con su parte.
Si se acuerda que un producto con un precio de mercado ha de entregarse en un momento concreto o en un plazo de tiempo fijado, y si el momento de realización se produce o el plazo expira únicamente tras una declaración de quiebra, no se puede exigir el cumplimiento del compromiso; solo se puede solicitar la compensación del perjuicio que el deudor haya causado debido al no cumplimiento del compromiso. El término «perjuicio» hace referencia a la diferencia entre el precio acordado y el precio de mercado en la fecha efectiva de la declaración de quiebra en el lugar que el contrato designe como lugar de ejecución. La contraparte puede reclamar daños y perjuicios como acreedor mediante el registro de un crédito en un plazo de treinta días desde la declaración de quiebra.
Si el deudor ha firmado un contrato de préstamo, tras la declaración de quiebra el administrador concursal puede reclamar la devolución del préstamo antes de que concluya el período del contrato de préstamo.
Arrendamiento, subarrendamiento
Existen disposiciones detalladas sobre los contratos de arrendamiento y subarrendamiento. Entre otras cosas, tras la declaración de quiebra el administrador concursal tiene derecho a rescindir los contratos de arrendamiento o subarrendamiento que el deudor haya firmado dentro de un plazo fijado por ley o por el propio contrato, incluso si se han celebrado por un tiempo determinado; el plazo de preaviso no puede ser superior a tres meses. Ello se entiende sin perjuicio de las disposiciones del Código civil relativas a las condiciones con arreglo a las cuales el arrendador puede rescindir el arrendamiento.
Proyectos de contratos del deudor que la contraparte todavía tiene que aceptar cuando se declara la quiebra
Cuando se declara la quiebra, las solicitudes de celebración de contratos del deudor que todavía tengan que aceptarse y cualquier proyecto de contrato que el deudor haya aceptado pero que todavía tenga que celebrarse se extinguirán, cuando afecten a la masa del concurso. Solo el administrador concursal puede aceptar los proyectos de contrato que el deudor todavía no haya aceptado cuando se declare la quiebra.
Si el deudor ha vendido un producto con reserva de dominio y lo ha entregado al comprador antes de declararse la quiebra, el comprador puede devolver el producto o bien exigir continuar con el contrato. Si, antes de la declaración de quiebra, el deudor compra y recibe un producto con reserva de dominio, el vendedor no puede solicitar la devolución del producto siempre que el administrador concursal cumpla las obligaciones con arreglo al contrato sin demora indebida tras ser instado a hacerlo por el vendedor.
La apertura de un procedimiento de insolvencia tiene los efectos siguientes:
los créditos y otros derechos relacionados con la masa no se pueden alegar incoando una acción si se pueden alegar mediante registro;
el derecho a obtener satisfacción a partir de la garantía real relacionada con bienes propiedad del deudor o con bienes pertenecientes a la masa del concurso se puede ejercer y volver a adquirir solo con arreglo a las condiciones establecidas en la Ley concursal; esto también es aplicable al establecimiento de una hipoteca judicial o convencional sobre bienes inmuebles que se haya propuesto tras el inicio del procedimiento de insolvencia;
se puede ordenar o iniciar, pero no llevar a cabo, la ejecución o embargo que afecte a activos propiedad del deudor, así como a otros activos que formen parte de la masa; en el caso de créditos contra la masa y créditos de consideración equivalente, sin embargo, puede implementarse la ejecución o el embargo que afecte a activos propiedad del deudor sobre la base de una sentencia judicial de insolvencia, con sujeción a las restricciones establecidas en esa sentencia;
no es posible ejercer un derecho, establecido por contrato entre el acreedor y el deudor, de embargar el salario u otros ingresos que tengan la consideración de salario o ingresos en la ejecución de una sentencia.
Las resoluciones de insolvencia suspenden los procedimientos judiciales y de arbitraje relativos a créditos y otros derechos relacionados con la masa que han de solicitarse mediante registro en los procedimientos de insolvencia, o que se consideren registrados en los procedimientos de insolvencia, o relativos a créditos no satisfechos en procedimientos de insolvencia. Salvo que se prevea lo contrario, no es posible seguir adelante con tales procedimientos mientras siga vigente una resolución de insolvencia.
Principios asociados con la participación de los acreedores
Los procedimientos de insolvencia se basan, entre otras cosas, en los principios siguientes que afectan a la participación de los acreedores:
los procedimientos de insolvencia deben llevarse a cabo de tal forma que ninguna de las partes se vea injustamente perjudicada o ilícitamente favorecida, y que se pague a los acreedores de manera rápida, económica y el mayor importe posible;
los acreedores que, por ley, tengan básicamente una consideración igual o similar tienen las mismas oportunidades en los procedimientos de insolvencia;
salvo que la ley prevea otra cosa, los derechos de un acreedor adquiridos de buena fe antes de iniciarse el procedimiento de insolvencia no pueden limitarse mediante una sentencia del tribunal concursal o como resultado del proceso que el administrador concursal haya llevado a cabo;
los acreedores están obligados a abstenerse de realizar acciones orientadas a cobrar sus créditos fuera del procedimiento de insolvencia, salvo que la ley lo permita.
Órganos de los acreedores
Los órganos de los acreedores son:
la junta de acreedores;
el comité de acreedores (o el representante de los acreedores).
La junta de acreedores se encarga de elegir a los miembros y los suplentes del comité de acreedores (o un representante de los acreedores) y de destituirlos. La junta de acreedores puede reservarse la competencia de cualquier cosa que sea responsabilidad de los órganos de acreedores. Si no se nombra a ningún comité de acreedores o representante de los acreedores, la junta de acreedores desempeña sus funciones, salvo que la ley prevea otra cosa.
Si se registran más de cincuenta acreedores, la junta de acreedores debe constituir un comité de acreedores. De lo contrario, es suficiente elegir a un representante de los acreedores.
El comité de acreedores ejerce las competencias de los órganos de acreedores, salvo en los asuntos que entran dentro del ámbito de competencia de la junta de acreedores o sobre los que esta se haya declarado competente en exclusiva. En concreto, el comité de acreedores supervisa las actividades del administrador concursal y tiene derecho a presentar propuestas al tribunal concursal relativas al procedimiento de insolvencia. El comité de acreedores protege el interés común de los acreedores y, en colaboración con el administrador concursal, ayuda a lograr el propósito del procedimiento de insolvencia. Las disposiciones sobre los comités de acreedores se aplican mutatis mutandis a los representantes de los acreedores.
Categorías de acreedores
La ley hace una distinción entre los acreedores garantizados y los no garantizados.
Un acreedor garantizado es un acreedor cuyo crédito está garantizado mediante activos pertenecientes a la masa en forma de derecho prendario, derecho de retención, limitación en la transmisión de propiedad, cesión fiduciaria de un derecho, cesión de un crédito a título de garantía real, o derecho similar con arreglo a disposiciones legales extranjeras.
Los acreedores garantizados están en disposición de ejercer una influencia considerable sobre el curso del procedimiento de insolvencia. Cuando el deudor es una entidad comercial que, en virtud de la Ley concursal, puede optar a reorganizarse, la aprobación de una resolución sobre el método de insolvencia (quiebra o reorganización) requiere los votos de al menos la mitad de todos los acreedores garantizados (y, asimismo, de los no garantizados) presentes en la junta de acreedores, calculada por las cuantías de sus créditos, salvo que al menos el 90 % (calculado según la cuantía de sus créditos) de los acreedores presentes voten a favor de la resolución. Un acreedor garantizado también puede indicar a una persona no desapoderada cómo administrar la garantía que la obliga, siempre que estas indicaciones estén encaminadas al buen gobierno. El administrador concursal también está sujeto a las instrucciones de los acreedores garantizados orientadas a la monetización de la garantía. Los administradores concursales pueden negarse a obedecer estas instrucciones si creen que el objeto de la garantía puede monetizarse de manera más favorable, en cuyo caso solicitan al tribunal concursal que revise las instrucciones como parte de su actividad de supervisión. La monetización de un producto, derecho, crédito u otro activo en el procedimiento de insolvencia extingue la garantía del crédito del acreedor garantizado, incluso en el caso de que ese acreedor no haya registrado el crédito.
Los créditos de los acreedores garantizados se cubren con el importe total que se obtiene de la monetización, menos los honorarios del administrador concursal y los costes de gestión y monetización, en cualquier momento del procedimiento, teniendo en cuenta el momento de la creación de la garantía.
Todos los demás acreedores son no garantizados u ordinarios. Su situación en el procedimiento de insolvencia es más frágil y el nivel previsto de reembolso de sus créditos, según datos estadísticos, suele ser es mucho más bajo.
Los administradores concursales pueden hacer uso de los activos de la masa en los procedimientos de quiebra. El administrador concursal recibe autorización para disponer de la masa, y ejercer los derechos y cumplir las obligaciones pertenecientes al deudor en lo relativo a la masa. En concreto, el administrador concursal ejerce los derechos de los accionistas vinculados a las acciones de la masa del concurso, toma decisiones sobre secretos comerciales y otros asuntos confidenciales, actúa en calidad de empleador en relación con los empleados del deudor, y es responsable de la gestión del negocio, la contabilidad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales del deudor. Los administradores concursales también se encargan de monetizar la masa.
En los procedimientos de reorganización y alivio de la deuda, el deudor sigue teniendo esos derechos, sujetos a limitaciones importantes.
Los créditos contra la masa y créditos similares se pueden pagar íntegramente en cualquier momento una vez dictada la resolución de insolvencia.
Se hace una distinción entre:
los créditos contra la masa originados tras la apertura del procedimiento de insolvencia o tras la declaración de una moratoria (en concreto, el reembolso de gastos en efectivo y los honorarios del administrador provisional, el síndico del deudor y los miembros del comité de acreedores, y los créditos de los acreedores derivados de la financiación crediticia);
los créditos contra la masa originados tras la resolución de insolvencia (en concreto, los gastos en efectivo y los honorarios del administrador concursal, impuestos, cargos, obligaciones, cotizaciones a la seguridad social, contribuciones a la política de empleo estatal y contribuciones a la sanidad pública);
los créditos equivalentes a créditos contra la masa (en concreto, los créditos laborales de los empleados del deudor, y los créditos de los acreedores relativos a la pensión alimentaria legal).
Presentación de los créditos
Los acreedores presentan sus créditos ante el tribunal concursal mediante el oportuno formulario, y pueden hacerlo desde la apertura del procedimiento de insolvencia hasta la fecha límite establecida en la resolución de insolvencia. El tribunal concursal desestima los créditos que se presentan más tarde de esa fecha, los cuales no se saldan en el procedimiento de insolvencia. También se presentan los créditos que ya se han declarado ante el tribunal y los créditos exigibles, incluidos los que se están recuperando mediante ejecución o embargo. Un acreedor que presenta créditos o que se considere un acreedor registrado puede retirarlos en cualquier momento del procedimiento de insolvencia.
En la presentación de un crédito se debe explicar cómo surgió y cuál es la cantidad. Un crédito siempre debe cuantificarse en términos monetarios, aunque sea un activo no monetario. Debe adjuntarse cualquier documento al que se haga referencia en la presentación del crédito El carácter ejecutorio de un crédito debe demostrarse mediante un instrumento auténtico.
A los efectos del plazo de prescripción o del plazo hasta la expiración de los derechos, la presentación de un crédito tiene los mismos efectos que una acción u otra alegación de un derecho ante un tribunal; este plazo empieza el día en que se presenta el documento al tribunal concursal.
El acreedor es responsable de la veracidad de la información incluida en la presentación de un crédito. El tribunal concursal, sobre la base de una recomendación del administrador concursal, puede imponer sanciones si el importe de un crédito está sobrevalorado (en más de un 100 %), ordenando el pago de un importe a la masa que se determina teniendo en cuenta todas las circunstancias relativas a la presentación del crédito y una evaluación del propio crédito y que puede llegar hasta el importe en que la suma por la que se presentó el crédito superaba el valor real establecido.
No se tiene en cuenta el derecho de un acreedor a que se le reembolse un crédito con la garantía si se presenta con un rango diferente del que hubiera correspondido o si, al revisarlo, se descubre que el nivel de la garantía se ha sobrevalorado en más de un 100 %. En este caso, el tribunal concursal puede sancionar al acreedor exigiéndole el pago de una cantidad (monetaria) en favor de los acreedores garantizados que presentaron créditos con garantía en relación con los mismos activos. El tribunal concursal fija el importe de ese pago teniendo en cuenta todas las circunstancias en las que se ejerció y se revisó el derecho a liquidar el crédito con la garantía, pudiendo llegar hasta el importe en el que el valor de la garantía indicada en la presentación supere el valor de la garantía reconocido.
Examen de los créditos registrados
Los créditos presentados los revisa en primer lugar el administrador concursal, que básicamente los coteja con los documentos adjuntos y las cuentas o los registros del deudor mantenidos de acuerdo con la legislación específica. Posteriormente, el administrador concursal invita al deudor a presentar sus observaciones con respecto a los créditos. Cuando corresponda, el administrador concursal realiza la investigación necesaria sobre los créditos, en colaboración con las autoridades, que están obligadas a prestarse a tal colaboración.
Si la presentación de un crédito es defectuosa o está incompleta, el administrador concursal invita al acreedor a corregirla o completarla en un plazo de quince días (se puede establecer un plazo más largo), y le explica cómo hacerlo. El administrador concursal presenta los créditos que no se complementen o corrijan en tiempo y forma al tribunal concursal para que dicte una resolución en la que se determine que se ha de desestimar la presentación. Se debe informar al acreedor debidamente.
El administrador concursal redacta una lista de los créditos presentados. Los acreedores garantizados figuran en una lista separada. Si el administrador concursal deniega los créditos, este hecho debe indicarse de manera explícita. Para todos los acreedores, debe indicarse la información necesaria para identificarlos y evaluar cómo surgieron los créditos y el importe y la preferencia de los mismos. Además, en el caso de los acreedores garantizados también debe indicarse el motivo y el método de garantía.
El tribunal concursal publica la lista de créditos presentados en el registro de concursal antes de la vista de verificación. El tribunal concursal también publica de manera inmediata cualquier cambio en la lista de créditos presentados en el registro concursal.
Posteriormente se verifican los créditos presentados en una vista de verificación que ordena el tribunal concursal. Este tribunal fija la fecha y el lugar de la vista en la resolución de insolvencia. Los acreedores tienen de plazo hasta que acabe la vista de verificación para cambiar el importe del crédito que están presentando, salvo que esté garantizado o que haya sido denegado mediante una resolución firme. No obstante, no pueden cambiar el motivo por el que se originó el crédito registrado o su preferencia.
Pueden impugnar la autenticidad, el importe y la preferencia de todos los créditos presentados: a) el administrador concursal; b) el deudor; o c) un acreedor registrado.
La impugnación del crédito de un acreedor por parte de otro acreedor registrado debe contener los mismos datos que una acción con arreglo al Código de Procedimiento Civil, y debe dejar claro si se está impugnando la autenticidad, el importe o la preferencia del crédito. Una impugnación se presenta mediante un formulario estipulado.
La Ley concursal reconoce los siguientes tipos de impugnación:
impugnación de la autenticidad de un crédito — se alega que el crédito nunca existió o que se extinguió completamente o prescribió completamente;
impugnación del importe del crédito — se alega que el pasivo del deudor es menor que el importe registrado (la persona que impugne el crédito también debe indicar el importe real del crédito);
impugnación de la preferencia del crédito — se alega que el crédito tiene un orden de preferencia menos favorable de lo indicado en el crédito presentado, o se impugna el derecho a cobrar un crédito a partir de la garantía (la persona que impugne la preferencia del crédito también debe especificar el orden en el que debería liquidarse el crédito).
Si un acreedor registrado impugna el crédito de otro acreedor registrado, estos acreedores serán las partes de un litigio incidental. Los administradores concursales que quieran asesorar a una parte de un litigio incidental en el que no participan tienen derecho a intervenir.
El tribunal concursal se encarga de dictar las resoluciones sobre la autenticidad, el importe y la preferencia de los créditos impugnados.
En los procedimientos de quiebra se monetiza la masa del concurso. Esto significa que todos los activos pertenecientes a la masa se convierten en efectivo para pagar de forma proporcional a los acreedores. El administrador concursal se encarga de monetizar la masa. Este paso solo se puede llevar a cabo una vez la declaración de quiebra es definitiva y se ha celebrado la primera junta de acreedores. Quedan exentos aquellos bienes que se encuentran en riesgo inminente de caducidad o deterioro; el tribunal concursal también puede autorizar la exención por otros motivos. La monetización de la masa extingue todos los efectos de una orden de ejecución o embargo y otros defectos ligados a la liquidación de los activos, salvo que la ley prevea otra cosa.
La masa del concurso puede monetizarse mediante:
subasta pública;
venta de bienes muebles e inmuebles con arreglo a las disposiciones en materia ejecutiva del Código de Procedimiento Civil;
venta de activos fuera de subasta.
Si los ingresos resultantes de la monetización de la masa no son suficientes para pagar todos los créditos, primero se liquidan los gastos en efectivo y los honorarios del administrador concursal, seguidos de los créditos de acreedores surgidos durante la moratoria, los créditos de acreedores de financiación crediticia, los costes asociados al mantenimiento y la administración de la masa, los créditos laborales de los empleados del deudor, y los créditos de acreedores relativos a pensiones alimentarias y la indemnización por daños personales. Los otros créditos se liquidan de manera proporcional.
Una vez la resolución de aprobación del informe final es definitiva, el administrador concursal presenta un proyecto de orden sobre la distribución de la masa al tribunal concursal, en el que indica cuánto se debería pagar por cada crédito incluido en la lista revisada de créditos registrados. Sobre esa base, el tribunal dicta una orden sobre la distribución de la masa, en la que determina los importes que han de pagarse a los acreedores. Se paga a todos los acreedores que aparecen en el programa de distribución de forma proporcional al importe constatado de su crédito. Antes de la distribución, se liquidarán los créditos aún pendientes de pago que pueden liquidarse en cualquier momento durante el procedimiento de quiebra, en concreto:
créditos contra la masa — los gastos en efectivo y los honorarios del administrador concursal, los costes derivadas del mantenimiento y la administración de la masa del deudor, impuestos, cargos, obligaciones, cotizaciones a la seguridad social, contribuciones a la política de empleo estatal, contribuciones a la sanidad pública, etc.;
créditos equivalentes — créditos laborales de los empleados del deudor, créditos de los acreedores derivados de la indemnización por daños personales, créditos del gobierno, etc.;
créditos garantizados.
Una vez se ha monetizado la masa, el administrador concursal presenta un informe final al tribunal concursal. El informe final debe describir las características generales de las acciones que el administrador concursal ha llevado a cabo, e incluir una cuantificación de los resultados financieros de dichas acciones. Debe cuantificar el importe que se ha de distribuir entre los acreedores y nombrar a esos acreedores, indicando el importe de su parte en el importe total. Junto con el informe final, el administrador concursal presenta al tribunal una declaración de los honorarios y los gastos.
El tribunal concursal revisa el informe final y la factura del administrador concursal, y tras una vista con el administrador concursal, corrige cualquier error u omisión que pueda tener. El tribunal concursal notifica a las partes el informe final revisado del administrador concursal mediante la publicación de una notificación. Una vez la resolución de aprobación del informe final es definitiva, el administrador concursal presenta un proyecto de orden sobre la distribución de la masa al tribunal concursal, en el que indica cuánto se debería pagar por cada crédito incluido en la lista revisada de créditos registrados. Después, el tribunal concursal dicta una orden sobre la distribución de la masa, en la que determina los importes que han de pagarse a los acreedores. Se paga a todos los acreedores que aparecen en el programa de distribución de forma proporcional al importe constatado de su crédito. En la orden de distribución, el tribunal concursal fija un plazo para el administrador concursal, que no debe ser superior a dos meses desde la fecha en la que la orden de distribución adquiriere carácter vinculante.
El procedimiento de quiebra termina con la entrega del informe del administrador concursal sobre el cumplimiento de la orden de distribución y la resolución del tribunal concursal por la que se cierra el procedimiento. El tribunal también puede decidir cerrar un procedimiento de quiebra en otras situaciones prescritas por ley, por ejemplo, si se descubre que los activos del deudor son claramente insuficientes para pagar a los acreedores. Cuando la resolución para clausurar un procedimiento de quiebra es definitiva, se cierra el procedimiento de insolvencia.
Clausura de la reorganización
La reorganización termina con la resolución del tribunal concursal en la que se reconoce el cumplimiento del plan de reorganización o de partes sustanciales del mismo. No hay derecho de recurso contra esta resolución.
La reorganización también puede terminar con una resolución del tribunal concursal por la que la reorganización se convierte en quiebra, lo cual sucede en casos estipulados por ley, en concreto cuando surgen problemas con respecto a la aprobación y el cumplimiento del plan de reorganización. El tribunal concursal no puede adoptar la decisión de convertir la reorganización en quiebra si ya se han llevado a cabo los aspectos importantes del plan de reorganización. Pueden interponer un recurso en contra de una resolución judicial de convertir la reorganización en quiebra el deudor, el solicitante de la reorganización, el administrador concursal y el comité de acreedores. Cuando un tribunal concursal decide convertir la reorganización en quiebra, se establecen los efectos asociados a la declaración de quiebra salvo que el tribunal fije otras condiciones para esa conversión en su resolución.
Clausura del alivio de la deuda
El alivio de la deuda termina con la resolución del tribunal concursal en la que se reconoce la aplicación del alivio de la deuda. No hay derecho de recurso contra esta resolución. Si el deudor cumple todas las obligaciones conforme al método de alivio de la deuda aprobado en tiempo y forma, el tribunal concursal, sobre la base de una recomendación del deudor, dicta una orden en la que exonera al deudor del pago de los créditos incluidos en el proceso de alivio de la deuda en la medida en que todavía no se hayan liquidado.
El alivio de la deuda también puede terminarse si el tribunal suspende este proceso y decide gestionar la insolvencia del deudor a través de un procedimiento de quiebra, lo cual sucede en casos estipulados por ley, en concreto cuando el deudor incumple las condiciones de alivio de la deuda.
En los procedimientos de quiebra relativos a los activos de una persona física (en cualquier momento tras la conclusión del procedimiento de quiebra) o una persona jurídica (hasta su disolución por eliminación de un registro público), después de que concluya el procedimiento se puede dictar una orden de embargo o ejecución con relación a un crédito constatado y que el deudor no haya impugnado, y que no se haya liquidado durante el procedimiento de quiebra. Cuando se presenta una solicitud de ejecución, solo es necesario entregar una hoja de validación y un informe sobre la validación del crédito en cuestión en el procedimiento de quiebra. Este derecho prescribe a los diez años de la conclusión del procedimiento de quiebra, contados a partir de la fecha en que se hace efectiva la orden que pone fin al procedimiento.
En casos de reorganización, una vez el plan de reorganización surte efecto se puede ordenar e implementar la ejecución o el embargo contra el deudor, con el fin de cobrar un crédito estipulado en el plan de reorganización. Sin embargo, si el crédito se ha impugnado, la ejecución o el embargo solo son posibles si la resolución del tribunal concursal en la que se establece el crédito es definitiva; esta resolución debe adjuntarse a la solicitud.
En casos de alivio de la deuda, al terminar el alivio de la deuda y reconocerse la exoneración del pago de los créditos pendientes, ya no se puede exigir el pago de los créditos pendientes de los acreedores mediante ejecución o embargo. Es irrelevante si se ha satisfecho en parte a los acreedores en el procedimiento de alivio de la deuda o si de hecho registraron su crédito en el procedimiento de insolvencia.
Los costes, especialmente los honorarios del administrador concursal y los gastos en efectivo, deben sufragarse con cargo a la masa, es decir, deben correr a cargo del deudor.
Como la masa del concurso no siempre es lo suficientemente cuantiosa como para cubrir los costes, el tribunal concursal puede ordenar, antes de pronunciarse sobre una petición de insolvencia, que el solicitante pague un anticipo sobre los costes del procedimiento de insolvencia en un plazo determinado, cuando sea necesario para sufragar los costes del procedimiento y no se puedan garantizar los recursos necesarios de otra forma. Esto será de aplicación incluso cuando resulte evidente que el deudor no tiene ningún bien. La ley establece un límite máximo para el importe de estos anticipos. Si la solicitud de insolvencia es presentada por varias personas, son conjunta y solidariamente responsables del pago del anticipo.
Si con la masa no se pueden sufragar los costes, la parte pendiente se cubre con el anticipo de las costes del procedimiento de insolvencia, es decir, corre a cargo del solicitante.
Si con el anticipo tampoco se pueden sufragar los costes, el Estado paga la factura. La legislación específica limita el importe de los costes que ha de sufragar el Estado.
Son inoponibles aquellos actos jurídicos que el deudor haya llevado a cabo con el fin de reducir las probabilidades de que se paguen los créditos o de favorecer a determinados acreedores por encima de otros. Cualquier omisión del deudor a este respecto también tiene la consideración de acto jurídico. Existen tres categorías de actos inoponibles: a) actos jurídicos sin una contraprestación adecuada; b) actos jurídicos preferenciales que dan lugar a una situación en la que un acreedor, en detrimento de otros acreedores, obtiene un pago mayor del que de otra manera hubiera obtenido en el procedimiento de quiebra; c) actos jurídicos en los que el deudor limita intencionadamente el reembolso a un acreedor, si la contraparte conoce esa intención o, en vista de todas las circunstancias, debería conocerla.
La inoponibilidad de los actos jurídicos del deudor la establece un tribunal concursal que se pronuncia sobre una acción interpuesta por el administrador concursal para impugnar los actos jurídicos del deudor (una acción revocatoria). El administrador concursal puede interponer una acción revocatoria dentro del plazo de un año desde la fecha en la que la resolución de insolvencia entre en vigor. Si no se interpone una acción dentro de ese plazo, el derecho a revocar una acción expira. La contraprestación del deudor por los actos jurídicos inoponibles forma parte de la masa una vez la sentencia que ratifica la acción revocatoria es firme.
La inoponibilidad de un acto jurídico no afecta a su aplicabilidad. Sin embargo, en procedimientos de insolvencia, la contraprestación del deudor por los actos jurídicos inoponibles forma parte de la masa. Si la contraprestación original del deudor por un acto jurídico inoponible no se puede entregar a la masa, deberá pagarse una indemnización equivalente.
El tribunal concursal no está vinculado por la resolución de otro tribunal u otra autoridad que durante el procedimiento de insolvencia descubra que un acto jurídico relativo a los activos o pasivos del deudor es nulo, ni por ninguna constatación de este tipo a la que se haya llegado de otra manera. En el transcurso del procedimiento de insolvencia, solo el tribunal concursal examina la nulidad de este tipo de acto jurídico, ya sea en forma de remisión prejudicial o en un litigio incidental sobre esta cuestión. Pueden interponer una acción en ese litigio las partes del procedimiento de insolvencia distintas al deudor, salvo que se trate de un deudor no desapoderado, el administrador concursal o el ministerio fiscal. El administrador concursal debe ser siempre el demandante o el demandado. Si posteriormente la sentencia final establece que un acto legal relativo a los activos o pasivos del deudor es nulo, los beneficios económicos obtenidos en forma de contraprestación deben devolverse a la masa.
Si una sentencia judicial que era definitiva antes de que se iniciara el procedimiento de insolvencia establece que un acto jurídico relativo a los activos o pasivos del deudor es nulo, dicho acto jurídico también se considerará nulo en el procedimiento de insolvencia.
Normas específicas sobre determinadas categorías de créditos
Se aplican normas específicas a las categorías de créditos siguientes:
créditos contra la masa surgidos tras la apertura del procedimiento de insolvencia o tras la declaración de una moratoria;
créditos contra la masa surgidos tras la resolución de insolvencia;
créditos equivalentes a créditos contra la masa;
créditos subordinados;
los créditos de los accionistas o socios del deudor surgidos de su participación en la empresa o cooperativa.

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