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C O N S I D E R A N D O S I.- COMPETENCIA.- Este Tribunal, es competente para
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Raúl Villalobos Peña
1 - - - SENTENCIA DEFINITIVA.- EN CIUDAD OBREGON, SONORA, A DOCE DE MAYO DE DOS MIL CATORCE V I S T O S, para resolver en definitiva los autos originales del Expediente número xxx/2014, relativos al JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por los ABOGADOS, en su carácter de Endosatarios en Procuración de PARTE ACTORA, en contra de DEMANDADO y: R E S U L T A N D O S Por escrito de fecha 23 de Enero de 2014, comparecieron los ABOGADOS, en su carácter de Endosatarios en Procuración del PARTE ACTORA, promoviendo JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL en contra de DEMANDADO; de quien reclama el pago y cumplimiento de las prestaciones que menciona en su escrito inicial de demanda: A) El pago de la cantidad de $8, (OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)como suerte principal; B) El pago de los intereses generados hasta la finalización de la presente contienda, por el incumplimiento de la obligación, a razón de lo pactado en el cuerpo del documento base de la acción; C) El pago de los gastos y costas generados por el presente negocio; Se apoyó en las consideraciones fácticas y legales que estimó aplicables al caso, y las que se tienen por reproducidas en este apartado por economía procesal Por auto del 28 de Enero de 2014, se admitió la demanda y se ordenó emplazar a la demandada, diligencia que se practicó con fecha 06 de Marzo de 2014, quien al no dar contestación a la demanda entablada en su contra dentro del término concedido para ello, se les tuvo por acusada la correspondiente rebeldía por auto del 31 de Marzo de 2014, citándose con a las partes para oír Sentencia Definitiva por auto de fecha 24 de Abril de 2014, misma que hoy se dicta en los siguientes términos: C O N S I D E R A N D O S I.- COMPETENCIA.- Este Tribunal, es competente para conocer y resolver del presente juicio, de conformidad con los Artículos 1090, 1091, 1094 y 1104 del Código de Comercio, en relación con el Artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 1
2 para el Estado de Sonora II.- VIA.- La Vía elegida por el actor es la correcta, pues además de que el pagaré fundatorio de la acción constituye documento que trae aparejada ejecución en términos del Artículo 1391 Fracción IV del Código de Comercio, en virtud de que reúnen todos los requisitos establecidos en el Artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ya que contiene la mención inserta en el texto del documento de ser pagaré, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero concretamente la cantidad de $8, (OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.); el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la época y el lugar de pago, la fecha y el lugar en que se suscriba el documento, la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre, visible en el margen inferior derecho del pagaré. En virtud de reunir el documento de referencia el total de los elementos que para su debida eficacia exige la ley de la materia, constituye títulos que importan prueba preconstituida de la acción en términos de la tesis de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente tenor, cuyo carácter jurisprudencial la hace de observancia obligatoria en términos del Artículo 192 de la Ley de Amparo: TITULOS EJECUTIVOS. SON PRUEBA PRECONSTITUIDA. Los documentos a los que la ley concede el carácter de títulos ejecutivos, constituyen una prueba preconstituida de la acción.- Quinta Época, Registro: , Instancia: Tercera Sala, Jurisprudencia, Fuente: Apéndice de 1988, Parte II, Materia(s): Civil, Tesis: 1962, Página: III.- LEGITIMACION.- Los contendientes se legitimaron en términos de los Artículos 12 y 64 del Código Adjetivo Civil para el Estado de Sonora, aplicado supletoriamente en Materia Mercantil, pues del documento fundatorio de la acción, se infiere el interés jurídico de las partes involucradas en el proceso, apareciendo que la demanda se interpuso por los ABOGADOS quienes resultan ser Endosatarios en Procuración del PARTE ACTORA, (beneficiario del título) y en contra de quien se debió intentar (suscriptor u obligado 2
3 del título), sin que se prejuzgue sobre la procedencia o no de la acción ejercitada por la actora, lo que en todo caso, será materia de decisión en apartado siguiente IV.- LITIS.- La litis en el presente negocio se fincó con el ocurso de demanda y auto que declaró la rebeldía a los demandados, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 250 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora, de aplicación supletoria a la Materia Mercantil V.- La acción ejercitada, quedó plenamente probada con los títulos de crédito base de la misma, como prueba preconstituida, no destruida ni objetada por la parte demandada, no habiendo verificado la parte deudora el pago, ni opuesto excepciones contra la ejecución en consecuencia, se condena a DEMANDADO a pagar a favor de la actora, en el plazo de CINCO DIAS, la cantidad de $8, (OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)por concepto de suerte principal Sin embargo, respecto a la prestación reclamada por la parte actora, relativa al pago de intereses moratorios inciso B), esta juzgadora determina que no resulta procedente condenar a la parte demandada al pago del mismo a razón del 10% mensual sobre la cantidad adeudada, pues, no obstante que del pagaré base de la acción se advierte que así fue pactado, corresponde a la suscrita Juez analizar si dicho interés resulta lesivo pues de ser así se debe concluir que se está ante la presencia de una convención ilícita, la cual, de conformidad con el artículo 77 del Código de Comercio, no debe producir obligación ni acción aunque recaiga en operaciones de comercio Por ello, si se considera que es un hecho notorio que en nuestro país, los réditos de mayor cuantía que estipulan las instituciones de crédito, son los que se fijan para el uso de las tarjetas bancarias de crédito, cuyos intereses fluctúan del veinte al sesenta por ciento anual. Por ello, se puede concluir que la tasa depende del nivel de riesgo del dinero colocado por cada Institución Bancaria, y como son de libre fijación los réditos, por ello el margen tan amplio de fluctuación. Sin embargo, no obstante 3
4 ese margen debe tenerse en cuenta que actualmente no exceden del 60% al 70% anual; de ahí que esas tasas son las más altas que normalmente se usan en el mercado. Por lo tanto, las que exceden de ese monto y se fijan por ignorancia, inexperiencia a necesidad, pueden constituir los elementos de una conducta prevista como ilícita, por lo que se considera que no debe producir obligación en materia mercantil No obsta a lo anterior el hecho de que cualquier tipo de crédito tiene un costo financiero que se traduce en el rédito o interés que se estipula en el acto, y que normalmente las instituciones bancarias los establecen de acuerdo a los usos mercantiles atendiendo al nivel de riesgo del dinero que manejan. Sin embargo, cuando se estipulan intereses que excedan a los que imperan en el mercado, se actualiza una marcada desproporción entre lo que se recibe y lo que se devolverá, lo que origina una presunción lógica de que se abusó de la ignorancia, inexperiencia o necesidad apremiante del deudor; y ello pudiera evidenciar una conducta ilícita que no es posible soslayar o solapar por el Juzgador; pues desde el momento en que se advierte esa desproporción en las prestaciones que se aparta del costo del crédito, indudablemente que el mismo incumple con el objetivo de la celebración de este tipo de actos u operaciones mercantiles En esas condiciones, se puede colegir que el pacto de interés que aparece en el documento base de la acción que, como ya se precisó, constituye una operación de comercio, puede implicar un acto mercantil ilícito, en virtud de que tales réditos exceden en demasía de los índices de interés bancario, que actualmente se utilizan en los mercados financieros, por ello, es factible apreciar en el caso, que se está en presencia de una operación ilícita, desde la perspectiva de la tasa de interés exageradamente superior a las usuales en el mercado, y por ello no debe producir obligación en la forma pactada, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 77 del Código Comercial; toda vez que condenar en la forma solicitada implicaría para esta autoridad judicial, desconocer todas las razones antes asentadas y aprobar intereses usurarios que las 4
5 diversas leyes pretenden evitar en los preceptos invocados En esa tesitura, es menester por razones legales y de interés público tutelar la situación de los deudores, frente a acreedores sin conciencia que al celebrar una operación mercantil fijan ganancias excesivas, mediante réditos exagerados o superiores a los que usualmente prevalecen en el mercado El anterior análisis se efectúa tomando en cuenta la facultad y obligación de los Juzgadores de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales, al tenor de los artículos 1º y 133 de nuestra Carta Magna, que disponen: º.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados
6 - - - En ese tenor, es manifiesta la facultad discrecional de este Juzgado de pronunciarse respecto del evidente interés convencional desproporcionado pactado en el título básico de la acción ejercida, en virtud de que se advierte del mencionado pagaré, que las partes pactaron un interés moratorio del 10% mensual, que equivaldría al 120% anual, lo cual resulta ser una actitud totalmente lesiva e ilegal, en perjuicio y menoscabo de los derechos humanos de la parte obligada, pues como se dijo, en la actualidad el interés moratorio mas alto que estipulan las instituciones de crédito legalmente establecidas son del 60% al 70% anual Por ello, atendiendo al contenido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA, que es uno de los documentos básicos aplicados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que en su artículo 1º prevé la obligación de todos los estados de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y en el diverso 21 contempla los derechos a la propiedad privada, donde refiere en su punto 3 que tanto la usura como cualquier forma de explotación del hombre por el hombre, debe ser prohibidas por la ley, y a que las leyes civiles y mercantiles sancionan de diversa forma todas aquellas conductas donde se aproveche de la inexperiencia, ignorancia o necesidad del deudor, porque su finalidad es evitar su explotación, cuando se establece una desproporción en las prestaciones, para quien las acepta por necesidad, como se advierte de los artículos 17 y 2395 del Código Civil Federal y 77 del Código de Comercio, es que se considera procedente decretar la reducción en relación a la tasa de interés moratorio que aparece pactada en el documento base de la acción, al 6% mensual que resulta ser una tasa aproximada al interés anual más alto estipulado en el mercado financiero (70% anual), pero también con el objeto de no causar mayores perjuicios al acreedor En consecuencia, se procede a condenar a la parte demandada al pago de los intereses moratorios causados y que se sigan causando, hasta la conclusión de la presente causa, los 6
7 cuales se calcularán aplicando la tasa de interés, a razón del 6% mensual, a partir del día siguiente al vencimiento del documento base de la acción, previa su legal regulación en la vía incidental y a petición de la parte actora, se ordena proceder a la venta de los bienes secuestrados o que se lleguen a embargar y con su producto se haga pago al acreedor de la suerte principal, intereses moratorios y costas del juicio, de acuerdo a lo dispuesto por los numerales 362, 1084 Fracción III del Código de Comercio vigente, 150 Fracción II, 151, 152, 154 y 160 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito VI.- En consecuencia, se procede a condenar a la parte demandada al pago gastos y costas del juicio, de acuerdo a lo dispuesto por los numerales 1084 Fracción III del Código de Comercio vigente POR TODO LO ANTES EXPUESTO Y FUNDADO Y CON APOYO ADEMAS EN LOS ARTICULOS 1322, 1324, 1325 Y 1327 DEL CODIGO DE COMERCIO, ES DE RESOLVERSE Y SE RESUELVE AL TENOR DE LOS SIGUIENTES PUNTOS: R E S O L U T I V O S PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer y decidir en el presente juicio SEGUNDO.- La parte actora PARTE ACTORA por conducto de su endosatario en procuración, probó plenamente su acción y el demandado no se opuso a la ejecución, en consecuencia TERCERO.- Se condena a la parte demandada DEMANDADO a pagar a favor de la actora, en el plazo de CINCO DIAS, la cantidad de $8, (OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) por concepto de suerte principal CUARTO.- Por los razonamientos expuestos en el considerando V de este fallo, se condena a la parte demandada DEMANDADO a pagar a favor de la parte actora los intereses moratorios causados y que se sigan causando, hasta la conclusión de la presente causa, aplicando una tasa de interés, a razón del 6% mensual, a partir del día siguiente al vencimiento del 7
8 documento base de la acción, previa su legal regulación en la vía incidental QUINTO.- Se condena a la parte demandada a pagar a favor de la actora los gastos y costas del juicio, previa su legal regulación SEXTO.- Para el evento de que la demandada no de cumplimiento voluntario al presente fallo dentro del plazo de CINCO DIAS una vez que quede firme la presente resolución, hágase trance y remate de bienes de su propiedad y con su producto pago al actor de las prestaciones referidas NOTIFIQUESE. - ASI LO RESOLVIO Y FIRMA LA LICENCIADA CLAUDIA GARCIA HARO, JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE CAJEME, SONORA; Y POR ANTE LA PRESENCIA DE LA C. LICENCIADA SILVIA PARRA SALLARD, SECRETARIA SEGUNDA DE ACUERDOS, QUIEN AUTORIZA Y DA FE DOY FE Lista.- Del xx de xxxx de 2014, se publicó en Lista de Acuerdos la SENTENCIA que antecede.- CONSTE.- AYMB. 8

References: Artículo 59
 Artículo 1391
 Artículo 170
 Artículo 192
 Artículo 250
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 1