Source: http://noticiasuruguayas.blogspot.com/2016/12/dirigente-sindical-brasileno-el.html
Timestamp: 2020-06-06 21:29:13+00:00

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Noticias uruguayas: Dirigente sindical brasileño: El gobierno de Temer se acabó // Brasil: un dictador está al frente de Planalto // Inaudito: Diputado brasileño sugiere que los pobres coman cada dos días para ahorrar // El Senado de Brasil aprueba congelar el gasto público durante 20 años // EE.UU.: El club de millonarios del Gobierno Trump acumula una fortuna de 4.500 millones de dólares // Keiser Report en español: "O darán un golpe contra Trump, o están planeando su asesinato" // Argentina: En 2016 se duplicaron las huelgas y los despidos se multiplicaron por siete // Jujuy: Represión a diputados antes de la sentencia a Milagro Sala // Uruguay: PIT-CNT no comparte aumento de tarifas y toma distancia de quienes apuestan a las privatizaciones // Historia de las empresas recuperadas en Uruguay
Dirigente sindical brasileño: El gobierno de Temer se acabó // Brasil: un dictador está al frente de Planalto // Inaudito: Diputado brasileño sugiere que los pobres coman cada dos días para ahorrar // El Senado de Brasil aprueba congelar el gasto público durante 20 años // EE.UU.: El club de millonarios del Gobierno Trump acumula una fortuna de 4.500 millones de dólares // Keiser Report en español: "O darán un golpe contra Trump, o están planeando su asesinato" // Argentina: En 2016 se duplicaron las huelgas y los despidos se multiplicaron por siete // Jujuy: Represión a diputados antes de la sentencia a Milagro Sala // Uruguay: PIT-CNT no comparte aumento de tarifas y toma distancia de quienes apuestan a las privatizaciones // Historia de las empresas recuperadas en Uruguay
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump avanza en un gabinete cada vez más militarizado. Su último nombramiento es el general en retiro John Kelly para el cargo de secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que se suman a Michael Flynn como asesor en seguridad nacional y James Mattis en la conducción del Departamento de Defensa.
“Las décadas de servicio militar del general John Kelly y su profundo compromiso con la lucha contra la amenaza del terrorismo dentro de nuestras fronteras lo convierte en la opción ideal para servir como nuestro secretario del Departamento de Seguridad Interior”, dijo Trump en un comunicado.
Por: Vicky Peláez | Jueves, 10/11/2016 02:52 PM | APORREA
Según José Luis Blanco, director de Tendencias Económicas y Financieras, “los paros y medidas de fuerza que se tomaron durante el año se explican más por reclamos salariales que por despidos a pesar de que estos superaron los 185 mil”. El motivo, según el analista, es “porque, con excepciones, no hubo cesantías masivas sino muchos despidos puntuales. Eso no generó medidas de fuerza colectivas, de hecho, en general, los despidos no se pudieron revertir con acciones gremiales mientras que las huelgas sí sirvieron para modificar los acuerdos salariales”.
Para Luis Campos, director del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, “lo principal no fue el aumento de los conflictos sino de su intensidad y duración. En el sector público provincial hubo conflictos que duraron todo el año como en Tierra del Fuego, Santa Cruz y en la provincia de Buenos Aires”.
Sobre el contenido de los mismos opinó que “en el sector público se notó un fuerte componente salarial pero en el privado los motivos están asociados a situaciones de crisis como cierres, quiebras o despidos masivos. Hay que aclarar que, con una inflación del 40% y paritarias del 30%, el conflicto no es por aumento salarial sino para evitar una caída. Eso refleja que, en el fondo, también se trata de una situación de crisis”.
Para Blanco, “los cálculos de la pérdida salarial se quedan cortos. Los precios subieron un 39% y el salario un 33%. Pero a ese 6% hay que agregarle un montón de gente que estuvo suspendida, cobrando el 75% del salario”.
Para Campos, “la conflictividad le puso un límite al ajuste que pretendía imponer el gobierno. Es cierto que hubo una pérdida del poder adquisitivo de alrededor del 8% pero el gobierno buscaba que las paritarias se acotaran al 25% y no pudieron hacerlo, en gran medida, por la respuesta sindical. Algunos gremios terminaron cerrando por más del 40 por ciento.
Publicado: 19 dic 2016 13:53 GMT | Última actualización: 19 dic 2016 15:06 GMT - RT
https://youtu.be/YPQMYXYh-Qc
Pagina12 | El país | Persecución a Milagro Sala
La diputada Mayra Mendoza fue golpeada y tomada por el cuello por un policía.
Paula Penacca ‏@PaulaPenacca
Esta es la democracia de @MoralesGerardo1 en Jujuy. El agente Pereira le pega a la diputada @mayrasmendoza #LiberenAMilagro
Senadores y diputados del Frente para la Victoria (FpV) manifestaron su repudio a la represión que sufrieron legisladores nacionales en Jujuy cuando intentaban ingresar a la audiencia pública para escuchar la sentencia en el juicio que afronta Milagro Sala por el escrache a Gerardo Morales. Durante la sesión de hoy en el Senado en la que se aprobaron los cambios en Ganancias, la jujeña Liliana Fellner planteó una cuestión de privilegio y denunció: "En mi provincia hay represión: hay un concejal detenido y diputadas nacionales golpeadas en este momento". Por su parte, la mendocina Anabel Fernández Sagasti también planteó una cuestión de privilegio contra el gobernador Gerardo Morales, "ante los graves hechos de represión ocurridos" durante el juicio contra Sala.
La santafesina María de los Angeles Sacnun se sumó a los planteos y manifestó en el recinto que "este gobernador de Jujuy se está arrogando la suma del poder público: queremos una Navidad sin presos políticos". "Se está reprimiendo no sólo a legisladores nacionales, lo que no es solamente repudiable, sino que también al pueblo que se manifiesta", expresó la legisladora, quien pidió el "pleno funcionamiento de las instituciones".
En defensa de Morales salió la senadora radical por Jujuy Silvia Giacoppo, quien destacó "el valor y el coraje de iniciar la lucha contra la corrupción en este país". Sostuvo que los diputados "quisieron entrar al recinto" donde se desarrollaba el juicio y los acusó de estar "protegiendo a una mujer corrupta".
En tanto, el bloque de diputados nacionales por el FPV-PJ repudió enérgicamente la represión. "La policía de Jujuy golpeó salvaje y cobardemente a la diputada nacional Mayra Mendoza, quien junto a otros compañeros viajó a la provincia que gobierna Gerardo Morales, y detuvo a Martín Rodríguez, presidente del Concejo Deliberante de Hurlingham", expresaron en un comunicado.
El jueves pasado Sala declaró por esa causa y afirmó que es “víctima de una persecución política". Ratificó que no participó de esa manifestación contra el ahora gobernador y que tampoco fue quien la organizó: “Si la hubiera organizado habría estado al frente”, aseguró.
La policía provincial le impidió el ingreso a tribunales a la comitiva que fue en apoyo a la líder de la Tupac Amaru antes de la sentencia. Mayra Mendoza fue arrojada al piso y Martín Rodríguez estuvo detenido.
Pablo Roesler, desde Jujuy - Jueves 22 de Diciembre de 2016
La abogada de la líder de la Organización Barrial Tupac Amaru, Elizabeth Gómez Alcorta, también se encontraba entre las personas a las que se les prohibió el ingreso al tribunal y fueron golpeadas por los efectivos policiales que formaban un cordón detrás del vallado en la calle.
Finalmente, los jueces autorizaron el ingreso de los integrantes de la comitiva, quienes podrán escuchar el veredicto del juicio contra Sala por el "escrache" a Gerardo Morales, ocurrido en 2009.
“Lo que estamos celebrando acá es un juicio que no tenía que empezar, porque excede las normas de la competencia territorial, viola las leyes de nuestro proceso penal y tiene fundamento en una lectura distorsionada de nuestro ordenamiento jurídico. Es un juicio que vuelve a procesar la historia de manera subrepticia e inapropiada”. En la última audiencia de debates del juicio sobre el Plan Cóndor en Roma, el abogado Carlo Zaccagnini, que defiende a los imputados José Nino Gavazzo, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Juan Carlos Larcebeau y Ricardo Eliseo Chávez Domínguez, estructuró su defensa en torno al concepto de error judicial, y expuso sus motivaciones ante la Tercera Corte de Asís de Roma.
El jurista argumentó que el lema “la ley es igual para todos”, que está en la base del ordenamiento jurídico italiano, no fue respetado en este juicio, porque hubo un impedimento sustancial de contacto entre el imputado y su defensa a causa de la distancia que separa a Italia de Uruguay. Zaccagnini utilizó una porción importante del tiempo del que disponía para confrontar en torno al tema de la ciudadanía de las víctimas, y analizó la legislación sobre la atribución de la nacionalidad haciendo referencia a las leyes italianas y uruguayas. Disertó largamente acerca de esa cuestión y llegó a decir que en la instrucción del juicio hubo un error fundamental: que las víctimas no eran italianas, porque las leyes vigentes en la época de los hechos dicen que “la inscripción en los listados del consulado italiano no constituye prueba de ciudadanía”. El abogado buscó rebatir también otras cuestiones jurídicas citando el ne bis in idem, es decir, el principio jurídico -al que Italia adhiere- por el cual un juez no puede procesar dos veces al mismo individuo por los mismos hechos.
Francesco Guzzo, abogado de Jorge Néstor Tróccoli, tomó la palabra alrededor del mediodía y habló por un lapso de más de tres horas. Volvió a trazar la historia de emigración y de regreso a Italia de la familia de Tróccoli y la figura de su bisabuelo, que atravesó el océano en una goleta y fue recibido por el entonces rey de Italia. Buscaba subrayar que Tróccoli es “a todos los efectos, un italiano desde su nacimiento”.
Toda la parte más estrictamente defensiva de su alegato final se centró en la sentencia del Tribunal de Revisión italiano que liberó a Tróccoli en 2008, tras 22 días de cárcel: “Ese fallo afirma que todo el material probatorio utilizado para pedir la detención de Tróccoli lo exculpa, porque nunca el imputado es reconocido como responsable de la actividad represiva de la que fue acusado. El tribunal de revisión, al revés de lo que dijo el abogado [Fabio Maria]Galiani [defensor de la República Oriental del Uruguay y de la parte civil Soledad Dossetti], hizo una actividad de investigación importante con una retroalimentación puntual, y puso en libertad a Tróccoli sin medidas restrictivas; él tiene todavía su pasaporte. [...] El presente juicio no ha añadido nada a las tesis del Tribunal de Revisión”.
Guzzo habló de una construcción, por parte de la Fiscalía y de las partes civiles, de una estructura que tenía como objetivo crear un monstruo, un verdugo, cuando en realidad el ex marino no era otra cosa que “un modesto funcionario de rango inferior que hoy es un jubilado y vive en una provincia del sur de Italia, lejos de sus hijos y de sus nietos, sin tener la posibilidad de gozar del afecto de sus seres queridos”. “Los medios de comunicación han creado un monstruo, clavándose en su vida privada y personal sin restricción, con el único objetivo de llevarlo a la picota”, continuó.
El abogado se propuso pintar un Tróccoli víctima más que represor, y demostrar el rol marginal del imputado, que, en sus palabras ante la Corte, se transformó en apenas “un militar al servicio de su país, que sirvió a su patria como cualquier otro militar, porque hizo un juramento sobre la Constitución y la bandera. Que combatió a los subversivos, pero que no secuestró, torturó o mató a nadie”. El rol marginal de Tróccoli, según Guzzo, es confirmado por el hecho de que en los años en cuestión él era un simple teniente de navío que no podía tomar ninguna decisión en forma autónoma, porque tenía siete grados de mandos superiores a él: “La Justicia tendría que castigar a los verdaderos responsables”, dijo.
Todo el juicio de Roma, en las palabras de Guzzo, fue inútil y sólo logró hacer gastar al Estado italiano un cúmulo de dinero en perjuicio de los contribuyentes. La responsabilidad de ese desgaste sería imputable, según él, a la “sed de venganza de las varias asociaciones”, y al gobierno que se estableció en Uruguay en 2005: “Un gobierno de matriz democrática que a lo mejor no tenía aspiraciones democráticas y no quiso respetar la ley de amnistía de 1986 ni el éxito del plebiscito de 1989. [...] Tróccoli no quiso aguantar ese abuso de poder y se fue del país. [...] no logrando llevarlo a juicio allí, Uruguay pidió a Italia que lo procesara... Pero acá estamos en Italia, y la ley no es aplicada por los gobiernos o los partidos políticos, sino por los tribunales. Si la matriz de ese juicio es claramente política, ¿por qué no fue celebrado en el Parlamento uruguayo? Esta es una represalia que se quiere tomar después de 40 años; Tróccoli es un perseguido político, aunque siguió sirviendo a su país aun luego del regreso de la democracia. ¿Es una búsqueda de justicia o una venganza política póstuma?”, preguntó Guzzo a la Corte.
La disertación del abogado fue interrumpida en varias ocasiones por comentarios de los abogados y del público presente (algo que no está permitido, por lo que la presidenta, Evelina Canale, debió intervenir para censurar esas intervenciones). Luego Guzzo se dirigió frontalmente a los principales acusadores de Tróccoli en el juicio: “Han pasado 40 años de los hechos. ¿Qué hizo Rosa Barreix, que ahora acusa a Tróccoli, durante ese tiempo? ¿Por qué llega hoy a molestar a Italia si antes no habló? [...] ¿De dónde sale esa gente que luego de 40 años se acuerda de haber sido torturada y llega acá a apuntar con el dedo?”.
La tesis del defensor de Tróccoli fue siempre una, y la persiguió hasta el final: Tróccoli no es responsable, ya que fue militar y obedeció órdenes de sus superiores; los verdaderos responsables de esos hechos no están siendo juzgados, y se quiere imputar toda la carga a oficiales de rango inferior que no podían hacer otra cosa que obedecer; la voluntad de llegar a hacer justicia no es otra cosa que un espíritu de venganza que construyó ingeniosamente una castillo de acusaciones sin distinguir quién fue el responsable y quién sólo un chivo expiatorio. Sobre todo, Guzzo buscó convencer al jurado popular de que “son historias de hace 40 años y ocurrieron en un país lejano; son historias que no nos interesan”. Este juicio, sostuvo, no debió haberse celebrado en Italia.
Al final de la audiencia, y dado que la Fiscalía renunció a replicar, la Corte dio por concluido el juicio y se retiró para deliberar. La próxima audiencia está fijada para el 17 de enero, día en el que se espera la lectura del fallo.
La Mesa Política Nacional del Frente Amplio expresó, por mayoría, su oposición a excluir a Venezuela del MERCOSUR, decisión que calificó como parte de una ofensiva dirigida a golpear al Gobierno venezolano y a debilitar la integración regional y otras instancias de integración como UNASUR y CELAC.
Foto: Google Maps - LR21
El órgano de conducción frenteamplista se pronunció este viernes 9 de diciembre sobre la decisión de Argentina, Brasil y Paraguay de suspender a Venezuela en el MERCOSUR.
Uruguay, por su parte, entiende que Venezuela tiene derecho a seguir participando en el MERCOSUR con voz y sin voto, al haber sido suspendido por incumplir el protocolo de adhesión al acuerdo regional.
Asimismo, el Gobierno uruguayo aseguró que el país caribeño “tiene derecho a pedir que se active el mecanismo de resolución de controversias del bloque para encontrar una salida negociada al conflicto”
La Mesa Política Nacional del Frente Amplio, entretanto, manifestó su oposición a la decisión excluir a Venezuela del MERCOSUR.
Denunció una ofensiva liderada por la derecha en la región, al servicio de intereses imperialistas, que va dirigida a afectar los mecanismos de integración regional, y respaldó la actitud del presidente Tabaré Vázquez aceptar una entrevista con su par venezolano, Nicolás Maduro.
He aquí el texto íntegro de la declaración del Frente Amplio:
“La Mesa Política ante la comunicación formulada a Venezuela, el pasado 2 de diciembre, con relación a la suspensión de sus derechos como Estado parte del MERCOSUR.
Sobre la incorporación por parte de Venezuela del marco normativo vigente a que refiere el artículo 3º del protocolo de adhesión de dicho país al MERCOSUR, cabe mencionar que:
En el MERCOSUR se encuentran vigentes 1.227 normas para los Estados partes, de las cuales 68 no requieren adopción o incorporación por parte de Venezuela por tratarse de normas relativas a un Estado parte o por ser normas sólo derogatorias, por lo cual totalizan 1.159 normas vigentes.
De tal cantidad, Venezuela notificó la adopción y o incorporación de 931 normas, restando por adoptar o incorporar 228 normas.
La República Bolivariana de Venezuela comunicó su disposición de avanzar en la adhesión al Acuerdo de Complementariedad Económica N°18, para el cual informó que se encontraba desarrollando consultas internas.
Dicho acuerdo rige las relaciones comerciales y económicas entre las naciones que integran MERCOSUR, y principalmente ratifica el compromiso que mantiene el país con el bloque comercial. Está compuesto por normas económicas y comerciales, que regulan el funcionamiento de este esquema de integración.
El 29 de julio Uruguay manifestó su voluntad de poner fin a su tiempo en la presidencia pro témpore del MERCOSUR y trasladar la misma a Venezuela, en cumplimiento del artículo 12 del Tratado de Asunción; del artículo 5 del protocolo de Ouro Preto, y del artículo 3º del Reglamento Interno del Consejo Mercado Común, que determinan que “la presidencia del Consejo Mercado Común será ejercida por rotación de los Estados partes en orden alfabético por un período de seis meses”.
Ante la negativa de Uruguay, se planteó un impasse y los tres países dispuestos a excluir a Venezuela aumentaron la presión sobre Uruguay. La situación derivó en la resolución del 13 de setiembre que determinó una extensión del plazo para la incorporación de las normas que restaban por parte de Venezuela hasta el 1º de diciembre.
Particularmente con el desplazamiento de la presidenta, Dilma Rousseff, y la llegada de un Gobierno contrario a la integración regional, se instala en el MERCOSUR y en la región una ofensiva conservadora y reaccionaria que pretende revertir los avances que en los últimos 15 años se dieron a nivel regional en materia de integración, lo que permitió avances en materia de soberanía y autonomía respecto a centros de decisión global.
Ante ello: la Mesa Política Nacional del Frente Amplio manifiesta: Su oposición a excluir a Venezuela del MERCOSUR.
Aprobada por mayoría. Montevideo, 09 de diciembre de 2016”.
Trabajadores negocian y advierten posible paro de interdepartamentales
Un trabajador de una empresa de ómnibus interdepartamental fue despedido y sus compañeros negocian esta mañana. Advierten que si no es reintegrado inmediatamente podrían tomar medidas.
jue dic 22 2016 09:15 - El País uy
Los trabajadores nucleados en la Coordinadora del Interdepartamental anunciaron que esta mañana mantienen una reunión en el Ministerio de Trabajo.
El motivo es reclamar el reintegro inmediato de uno de los trabajadores que recientemente fue despedido de la empresa Cita.
Se trata del presidente del sindicato y según informó radio Sarandí, el hombre se sintió mal durante su horario de trabajo por lo que se sentó para recuperarse y se quedó dormido. Luego del episodio, lo despidieron, según cuentan sus compañeros.
La reunión es esta mañana y los trabajadores advierten que si la empresa no reintegra inmediatamente al hombre podrían tomar medidas.
Sostienen que es un despido injusto y piden una explicación.
Jueves 22 • Diciembre • 2016
Publicado por Luciano Vidal en 0:02

References: resolución 
 artículo 3
 artículo 12
 artículo 5
 artículo 3
 resolución