Source: https://tc.vlex.es/vid/ra-f-142616
Timestamp: 2020-06-07 01:47:31+00:00

Document:
STC 12/2002, 28 de Enero de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 142616
Número de Recurso: 4223/1997
RA 4223/97. Promovido por don Alexander F. frente al Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que dieron lugar a su condena por un delito de violación. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso penal) y a la presunción de inocencia: inadmisión de recurso de casación penal y derecho a la revisión de los fallos penales; víctima y testigos que no declararon en el juicio, pero médicos y mordisco que ofrecen prueba de cargo.
Sentencia citada en: 1007 sentencias, 17 artículos doctrinales, una noticia
En el recurso de amparo núm. 4223/97, promovido por don Alexander F., representado por el Procurador de los Tribunales don Pedro Antonio González Sánchez y asistido por el Letrado don Jaime Suau Morey, contra el Auto dictado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el 17 de septiembre de 1997, que resolvió no haber lugar a la admisión del recurso de casación núm. 719/97, formulado contra la Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca el 24 de diciembre de 1996, en causa seguida por delito de violación. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente el Magistrado don Roberto García-Calvo y Montiel, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito, registrado el 23 de octubre de 1997, el Procurador de los Tribunales don Pedro Antonio González Sánchez, en nombre y representación de don Alexander F., formuló recurso de amparo contra el Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de fecha 17 de septiembre de 1997, que declaró no haber lugar a la admisión del recurso de casación núm. 719/97, formalizado contra la Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca el 24 de diciembre de 1996.
Contra el ahora demandante de amparo don Alexander F., ciudadano de nacionalidad británica, fue instruido el sumario ordinario núm. 4/94 del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Manacor, por presunto delito de violación, en el que con fecha 24 de diciembre de 1996 la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca dictó Sentencia por la que le condenó, como autor responsable de un delito de violación, a la pena de doce años y un día de reclusión menor e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, así como al pago de las costas procesales.
Los hechos declarados probados han sido determinados por la apreciación, en conciencia, de todas las pruebas practicadas, entre las que destacan:
A) las declaraciones de la propia víctima en las dependencias judiciales y ante la Guardia Civil al poco tiempo de producirse los hechos, y a pesar de no haber comparecido a juicio en forma reiterada, que presentó denuncia a las 10’20 horas cuando la agresión había tenido lugar seis horas antes, ya refirió que celebraba su cumpleaños en el bar donde trabajaba el procesado, así como que fue a buscar a su compañero M. al Pub ‘Picadilly’s’ que encontró cerrado, todo ello coincidente, concordado y corroborado, aunque este Tribunal no adjudica verosimilitud a la recepción de un golpe en la cabeza y consiguiente estado inconsciente para luego detallar los hechos integrantes de la agresión sexual. Lo cierto es que al disminuir los efectos del alcohol ya se encontró en la terraza, a la que accedió arrastrada por el procesado hasta su interior, presentando hematomas en rodillas y caderas, situada en la planta segunda y de fácil acceso desde la calle, con pasamanos y suficiente amplitud para tres personas, mientras previamente se habían besado y efectuado torcimientos en diversas partes corporales; y que amplió su denuncia, aún nerviosa y llorosa por la concedida de hechos, denuncias y reconocimientos médicos en breve tiempo, identificando al testigo Sr. J., y detalla como el procesado ejercía fuerza sobre ella, dejándola indefensa, al bajarle los pantalones y las bragas, agarrarle las manos por detrás de su cabeza, penetrarla vaginal y analmente e introducirle el pene en la boca, mostrar hematomas en rodillas y de existencia de arrastre sobre arenilla y musgo verde según la suciedad de las uñas, caderas, muñecas, zona lumbar y sacra y en zona mamaria izquierda (la inspección ocular confirma tales elementos objetivos), y además afirma resistencia manual continuada, intentos de separase y que el agresor la cogió por el cuello, y que los golpes sufridos lo son a consecuencia de la resistencia ejercida.
Con todo, resulta importantísimo para este Tribunal la actitud defensiva de la denunciante, de morder el pene del procesado, con fuerza, que evidencia y no se explica sino derivada la brutal y continuada agresión sexual, impensable en persona sexualmente excitada y que consintiera —como alega la defensa— las relaciones sexuales, y asimismo prueba tanto su resistencia a mantenerlas como la violencia ejercida por el agresor.
B) El procesado Alexander F. reconoció ante la fuerza actuante que al introducirle el pene ella ‘decía que no’, que él seguía insistiendo y ella resistiéndose, que le había penetrado vaginalmente y después ella hizo gestos de giro para la flexión bucal y se lo introdujo en la boca, y se lo mordió, todo lo cual ratificó ante el juez instructor a la vez que detallaba que ella se apoyaba en el suelo con las manos y rodillas mientas la penetró vaginalmente, luego se negó y resistió, y que es posible que la penetrara por vía anal aunque no se acuerda pues estaba bebido, ni cree que la golpeara en caderas, pechos, muslos ni rodillas; es decir, que después de penetrarla vaginalmente, entiende esta Sala que lo hizo por vía anal y la obligó a la bucal.
C) Los médicos Sres. S. B. a las 9’00 horas, A. F. a las 10’15 horas e Higinio M. a las 11’40 horas del día 10 de octubre 1994 son concluyentes al certificar que la denunciante presentaba, como signos evidentes de violencia, contusión parietal y hematoma en el lado izquierdo, huellas de presión por dedos en el cuello, suciedad de tierra y musgo en diversas partes del cuerpo, heridas contusas sangrantes en rodillas y hematomas en los muslos. Por demás, en la vagina se descubrió flujo espeso y blanquecino aunque sin huellas de violencia, y el ano presentaba heridas superficiales en forma de radial especialmente en la parte posterior, hallándose líquido mucoso y transparente; dictaminándose vestigios y pruebas de violencia, probable penetración vaginal y segura penetración anal. Cabe recordar que el procesado reconoce expresamente la penetración vaginal (folios 6, 8, 9, 11 a 13 de la causa), y que los hematomas, contusiones y erosiones fueron constatados por el Forense según parte médico emitido el 11-10-94.
D) Asimismo resulta determinante la pericial integrada por los médicos Sres. A.F. e Higinio M., que atendieron a la víctima el mismo día de los hechos, que ratifican sus informes y confirman la producción de hematomas, heridas sangrantes en muslos, marcas de compresión de dedos en el cuello, rasguños irradiales en el ano, restos de líquido seminal entre la vagina y el ano, suciedad por arrastre, signos evidentes de violencia y segura penetración anal, y lesiones anales recientes de entre 6 y 24 horas anteriores a la exploración.
Erosiones, por arrastre, contusiones diversa y hematomas en cabeza y otras zonas corporales, confirmados por los Médicos Forenses Sres.V. y S., como signos claros de la fuerza y de la violencia ejercidas por el procesado sobre la víctima.
E) La resistibilidad de la denunciante al mantenimiento de las relaciones sexuales asimismo que acreditada por cuanto debió morder el pene a fin de que aquél acabara con la agresión sexual, reconocida por ambos intervinientes, constatado ante la fuerza actuante, certificado por el Médico Sr. O. a las 18’15 horas del mismo día y por el médico Forense, ocasionando al agresor erosiones lineales y herida incisa en el glande y otras heridas y hematomas en la piel del pene, que sangraba, y a consecuencia de los cual ejerció fuerza y violencia sobre la cabeza de la denunciante, golpeándola para que se retirara. Es evidente que el mordisco fue ejecutado como mecanismo de defensa y con el objetivo de que finalizara la agresión, y de no ser así, el procesado no hubiera abandonado rápidamente el lugar, abandonando a la víctima. Los médicos forenses, confirman la lesión sufrida en el pene por el procesado, mediante fuerza de choque o fricción y en base a extravasación de sangre en capas epidérmicas.
F) El testigo de referencia Sr. J. oyó sobre las 4’30 horas gemidos intensos de dolor, de una mujer desde el patio interior del edificio, vio a la chica abandonada y desnuda de cintura hacia abajo. El testigo de referencia Sr. C. compañero sentimental de la víctima, manifestó que sobre las 7’00 horas la víctima le relató la violenta agresión sexual ejecutada por Alex F..
Conviene precisar que el edificio donde se consumó la agresión está situado entre los dos ‘Pubs’ reseñados, a 270 mts. del primero y lindante (a 1 metro) de donde trabaja el procesado, que, viendo el estado de la víctima y demás circunstancia concurrentes, se aprovechó claramente de la situación, resultando las lesiones embebidas en la misma violencia y fuerza física impuesta.
La representación del Sr. F. formalizó recurso de casación contra la expresada Sentencia, el cual, substanciado en el rollo núm. 719/97, fue inadmitido a trámite por Auto de 17 de septiembre de 1997, dictado por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
"Ha declarado reiteradamente la jurisprudencia de esta Sala (vid., entre otras, SS. 19 junio 1991 y 1 abril y 18 mayo 1993) que, en los delitos de violación, el testimonio de la víctima puede constituir prueba suficiente para enervar el derecho a la presunción de inocencia del acusado al ser ‘relativamente frecuente que el Tribunal no disponga de más prueba inculpatoria que el testimonio de la propia víctima, lógicamente opuesto, en mayor o menor medida, al del acusado o acusado, correspondiendo al Tribunal sentenciador la difícil tarea de examinar, valorar y ponderar las contradictorias versiones de los interesados y aceptar, en su caso, aquella que consideren veraz, en razón de todas las circunstancias concurrentes –art. 741 LECrim.’ En el mismo sentido la sentencia de 9 de junio de 1993 afirma que ‘es jurisprudencia consagrada del Tribunal Supremo —y que también acepta el Tribunal Constitucional— el reconocimiento de la validez de las declaraciones inculpatorias de las personas ofendidas por el delito —violación, en el caso—’.
En el caso de autos, existió prueba de cargo originada y desarrollada conforma a los principios y exigencias de la Constitución Española, razonando y motivando ampliamente en la fundamentación jurídica de la sentencia recurrida el Tribunal ‘a quo’ su decisión de condenar al procesado por el delito de violación, principalmente por la contundencia de las declaraciones de la víctima en las que concurren los requisitos exigidos jurisprudencialmente para tenerlas en cuenta: a) ausencia de incredibilidad subjetiva derivada de un móvil espurio; b) verosimilitud corroborada por circunstancias periféricas; y c) persistencia en la incriminación (vid., entre otras, S. 11 mayo 1994)— y el dato objetivo de las lesiones producidas a la víctima recogidas en los hechos probados, tales como hematomas, arañazos y heridas contusas; las propias lesiones sufridas por el acusado en el pene al ser mordido por la víctima; por último, el testigo que oyó, a la hora en que ocurrieron los hechos, gemidos intensos de dolor de una mujer y que vio a una chica, la víctima, abandonada y desnuda de cintura para abajo.
El recurrente denuncia la vulneración de los derechos a los recursos legalmente establecidos, a un proceso con todas las garantías, a la motivación de las resoluciones judiciales y a obtener la tutela judicial efectiva, sin indefensión, protegidos todos ellos en el art. 24 CE.
Por providencia de la Sección Primera de este Tribunal, de 23 de febrero de 1998, se acordó admitir a trámite la demanda de amparo, sin perjuicio de lo que resultase de los antecedentes. Además, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, se acordó requerir al Tribunal Supremo y a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca para que remitieran, respectivamente, testimonio del recurso de casación núm. 719/97 y del rollo de sala núm. 150/94 (dimanante del sumario núm. 4/94 del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Manacor), interesándose al propio tiempo que se emplazara a quienes habían sido parte en el mencionado procedimiento, con excepción del recurrente en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional. Por último, se acordó también formar la correspondiente pieza separada de suspensión.
Una vez recibidos los testimonios de las actuaciones, remitidos por los órganos judiciales, por providencia de 6 de julio de 1998 acordó la Sección Segunda, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, dar vista de aquéllos al Ministerio Fiscal y al solicitante de amparo para que, en el plazo común de veinte días, presentaran las alegaciones que a su derecho convinieran.
Mediante escrito, registrado el 28 de julio de 1998, el Procurador Sr. González Sánchez, en la representación del recurrente, reiteró las alegaciones ya formuladas en la demanda de amparo.
El Ministerio Fiscal, mediante escrito registrado el 21 de agosto de 1998, evacuó el trámite conferido abogando por la denegación del amparo pedido. Considera el Fiscal, en primer lugar, que el motivo de amparo invocado referente a la vulneración del derecho de acceso a los recursos no debe ser estimado toda vez que, si bien el Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo es de inadmisión e impide, por consiguiente, el pronunciamiento en forma de Sentencia, sin embargo de su lectura se desprende que el indicado Tribunal ha inadmitido a trámite el recurso contestando a todos y cada uno de los motivos de casación que fueron expuestos por la parte recurrente, apoyándose, además, en los supuestos de inadmisión legalmente previstos en el art. 885, apartados 1 y 2 LECrim. Por consiguiente, la decisión de no llegar a un pronunciamiento de Sentencia y hacerlo, en cambio, mediante otro de Auto, no afecta al derecho fundamental invocado, toda vez que el Tribunal con mayor o menor acierto, circunstancia ésta que queda fuera de la órbita del derecho fundamental alegado, ha dado cumplida respuesta a cada uno de los argumentos de fondo del recurrente, sin que de su lectura pueda deducirse la existencia de un error patente, la constatación de una arbitrariedad, o la valoración como irrazonable del argumento empleado en cada caso para rechazar el motivo de casación.
El análisis del motivo comporta necesariamente, según el Ministerio Fiscal, la verificación por parte de ese Alto Tribunal de sí a lo largo del proceso judicial precedente se ha practicado con las debidas garantías constitucionales y procesales una verdadera actividad probatoria de cargo que justifique la existencia de un pronunciamiento condenatorio por delito de violación recaído en la persona del ahora demandante de amparo. A juicio del Fiscal, si bien la declaración de la víctima no tiene valor de prueba y tampoco la del testigo de referencia, Johannes de Jong, por cuanto, al no comparecer la denunciante a la vista oral a ratificar sus declaraciones ante la Guardia Civil y en el Juzgado de Instrucción (prestadas estas últimas sin que estuviera presente la defensa del denunciado, ya detenido), el testimonio carece de la necesaria contradicción y, por tanto de eficacia probatoria, sin que con la mera lectura del mismo en el juicio quedase preservada la garantía de contradicción —lo que cabe afirmar igualmente de la declaración del testigo de referencia, Sr. de Jong—, sí se aprecian, en cambio, otros argumentos probatorios que en este caso fueron sometidos a las garantías procesales del plenario y efectivamente contradichos por la defensa del procesado. Por ello el Fiscal estima que no se está, en realidad, ante un supuesto de ausencia absoluta de prueba de cargo, sino más bien ante un problema de valoración de la prueba así descrita, circunstancia ésta que queda ya fuera del propio ámbito constitucional.
Por providencia de 24 de enero de 2002 se señaló para la deliberación y fallo de la presente Sentencia el día 28 del mismo mes y año.
El presente recurso de amparo se dirige contra el Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictado el 17 de septiembre de 1997 en el recurso de casación núm. 719/97, y contra la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 24 de diciembre de 1996, que había condenado al recurrente, como autor responsable de un delito de violación, a las penas de doce años y un día de reclusión menor e inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. El expresado Auto declaró no haber lugar a la admisión del recurso de casación.
Por una cuestión de orden lógico, hemos de comenzar por la denunciada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, en su manifestación del derecho de acceso al recurso. En este sentido, el demandante alega que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha impedido, en virtud de una interpretación injustificadamente rigurosa de las normas de acceso al recurso, que una condena grave, como la impuesta en este caso por la Sentencia de la Audiencia Provincial, fuese revisada, también mediante Sentencia, por un Tribunal superior. En definitiva, el demandante vincula su derecho de acceso al recurso de casación, en el orden penal, con la necesidad de que el recurso sea resuelto necesariamente por medio de una Sentencia, y no por Auto de inadmisión. Planteada la cuestión en estos términos, parece oportuno exponer de modo sucinto la doctrina de este Tribunal sobre el derecho invocado, en relación con el acceso al recurso de casación penal y con la respuesta obtenida de la Sala correspondiente del Tribunal Supremo.
Pues bien, como ya hemos tenido ocasión de declarar (AATC 369/1996, de 16 de diciembre, y 105/1999, de 14 de junio) la posibilidad prevista en el artículo 885.1 LECrim (lo que por extensión puede ser aplicado sin esfuerzo al motivo de inadmisión previsto en el apartado 2 de este mismo artículo), no es contraria al derecho proclamado en el artículo 24 CE. Dijimos literalmente en el primero de los Autos citados que la previsión de inadmisión por manifiesta carencia de fundamento "no vulnera el contenido del art. 24.1 CE, en relación con el artículo 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, pues lo único que estos preceptos garantizan es que, de acuerdo con la forma que establezca el legislador, se arbitre un sistema efectivo para que el Tribunal superior pueda revisar, con poderes reales de revocación, las Sentencias penales condenatorias dictadas por los Tribunales inferiores, sin que en el Pacto se imponga, como no podía ser de otra manera, que esa revisión se realice mediante un tipo determinado de procedimiento". Dicho de otro modo, la forma en que se produzca el rechazo de la pretensión en sede de casación penal, no afecta per se al derecho a la tutela judicial efectiva, lo que elimina el primer aspecto de la queja del demandante. La precedente conclusión nos reconduce a analizar el planteamiento del recurrente desde la perspectiva de la razonabilidad y proporcionalidad de la resolución de inadmisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
Atendiendo a la doctrina expuesta, tampoco cabe estimar vulnerado en el presente supuesto el derecho de acceso al recurso analizando el contenido de la resolución de inadmisión. Ciertamente, en el caso enjuiciado y dadas las alegaciones del recurrente y los motivos de casación que articulaba —uno de los cuales afectaba a la validez como prueba de cargo de la declaración de la denunciante del delito prestada en fase de instrucción—, la inadmisión se ha producido, por un lado, por considerar la carencia manifiesta de fundamento y, por otro, por haber desestimado en el fondo el Tribunal Supremo otros recursos sustancialmente iguales. Pero esta decisión, en el caso concreto, se ha producido previo examen de los motivos formalizados, mediando el estudio del contenido impugnatorio de todos ellos, dando a cada uno una razonada respuesta, bien que ésta sea en sentido contrario a la pretensión del recurrente.
No cabe apreciar, tampoco, que la decisión adoptada, en cuanto conoce y resuelve los motivos casacionales, atendiendo al propio contenido de cada uno de ellos, analizando los hechos y la doctrina jurisprudencial aplicable, sea desproporcionada respecto de los intereses tutelados por el derecho fundamental que se dice vulnerado —el derecho al recurso— lo que conlleva que, también desde esta perspectiva, deba ser rechazada la vulneración de la que se queja el demandante de amparo.
En segundo lugar, considera el recurrente que ha sido vulnerado su derecho fundamental a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), alegación que, tal y como está formulada ha de vincularse con el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), pues aunque, como resalta el Ministerio Fiscal, pudiera apreciarse prima facie que la lesión a este último derecho fundamental no se alega expresamente en la demanda de amparo, de su contenido se puede inferir que, en realidad, el demandante está alegando esta vulneración al suplicar la anulación de la Sentencia condenatoria. Así, y en primer término, el recurrente realiza en su demanda inequívocas manifestaciones en relación con las posibilidades de contradecir la prueba testifical no practicada en el acto del juicio para, seguidamente, denunciar la inexistencia de prueba de cargo. En tercer lugar, cuando el demandante se refiere a la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva, en la vertiente del derecho a obtener una resolución motivada, afirma que "no se motiva con la debida concisión el rechazo de la invocada garantía fundamental de la presunción de inocencia, invocando como pruebas lo que no son tales, y produciéndose una mezcla argumentativa que no guarda la más mínima congruencia con la invocación que en cada uno de los motivos se expone". Finalmente, la vulneración de este derecho fundamental fue previamente denunciada ante la jurisdicción ordinaria, concretamente en el primero de los motivos del recurso de casación.
En definitiva se sostiene por el demandante de amparo, (aunque de modo ciertamente retórico aluda también al derecho a la tutela judicial efectiva en la vertiente del derecho a recibir una resolución motivada y fundada en Derecho) que ha sido vulnerado su derecho a un proceso con todas las garantías y, como consecuencia de ello, su derecho fundamental a la presunción de inocencia, porque los órganos judiciales han valorado como pruebas válidas las declaraciones de la denunciante y de los testigos de referencia, las cuales no fueron sometidas a la posibilidad de ser contradichas por su parte. De ahí mantiene la inexistencia de prueba de cargo válida de la que extraer la culpabilidad del acusado, ya que la decisión de condena se fundamenta precisamente en estas pruebas testificales que no cumplieron las debidas garantías de inmediación y de posibilidad de contradicción, dado que se trataba de testimonios vertidos en fase sumarial, sin oportunidad de ser contradichos por el acusado, que en ese momento ya se encontraba detenido. En su opinión, el contenido de estas declaraciones accedió a la valoración probatoria a través del mecanismo excepcional del artículo 730 LECrim, pese a que no se daban los requisitos exigidos en nuestra doctrina para ello.
En consecuencia, es preciso coincidir con el demandante en que dichas pruebas —las declaraciones sumariales de la denunciante y las prestadas por los testigos que no comparecieron al acto del juicio—, por las razones antedichas no son pruebas válidas que puedan desvirtuar la presunción de inocencia.
No obstante lo precedentemente expuesto conviene destacar que su contenido es insuficiente para fundamentar la estimación de la demanda de amparo, pues para que procediera la estimación de la demanda de amparo por vulneración del derecho a la presunción de inocencia del demandante, la condena hubiera debido producirse sustentándose exclusivamente en dichas pruebas inválidas. Pero en el presente supuesto —como se destacó en los antecedentes de esta Sentencia— se han valorado otras pruebas cuya validez ni siquiera ha puesto en duda el demandante, por lo que la primera cuestión a abordar ha de ser si las resoluciones impugnadas han vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, lo que obliga a examinar si prescindiendo de los elementos de prueba descartados anteriormente, existen otras pruebas válidas de la participación del recurrente en los hechos por los que ha sido condenado (SSTC 86/1995, de 6 de junio, FJ 6, y 126/2000, de 16 de mayo, FJ 10).
Por su parte, el Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 24 de diciembre de 1996, que inadmitió el primero de los motivos de casación —relativo a la alegada vulneración del derecho a la presunción de inocencia— con fundamento en la actividad probatoria efectuada, expresiva, según se afirma, de la existencia de prueba de cargo. De entre esa actividad probatoria el Auto destaca el testimonio de la denunciante y se refiere también, a tal fin, a la declaración de uno de los testigos antes mencionados, así como al "dato objetivo de las lesiones producidas a la víctima recogidas en los hechos probados, tales como hematomas, arañazos y heridas contusas; [y] las propias lesiones sufridas por el acusado en el pene al ser mordido por la víctima".
Finalmente, el demandante de amparo invoca también la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva "en lo que se refiere a la inadmisión del recurso por los motivos tercero, cuarto y quinto del recurso de casación". En tales motivos se alegaba la infracción del art. 429 del Código Penal de 1973 por indebida aplicación (motivo tercero), la infracción de la Disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, en relación con el art. 179 del Código Penal vigente, por no haberse aplicado la normativa más favorable al reo (motivo cuarto) y la infracción de los arts. 20.2 y 21.1, ambos del Código Penal vigente, por su no aplicación (motivo quinto). El recurrente en amparo se remite, en cuanto al fundamento de tal alegación, a "[lo que] se explica en el último ordinal fáctico de la presente demanda de amparo". Pues bien, vista tal exposición, la cuestión planteada se concreta en la inaplicación de la normativa más favorable —que el recurrente en amparo entiende es el Código Penal de 1995—, cuestión que había sido desarrollada en el ya citado motivo cuarto del recurso de casación.
SAP Navarra 309/2001, 23 de Noviembre de 2001
SAP Barcelona 180/2013, 25 de Enero de 2013

References: artículo 885
 artículo 24
 artículo 14
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 730