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Sentencia T-945/13
Referencia: expediente T-4026332
Acción de tutela instaurada por María Cristina Ramírez Jaramillo contra JFV Construcciones SAS y Servicio Occidental de Salud EPS (en adelante SOS EPS). Magistrada Ponente:
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil trece (2013).
En el proceso de revisión del fallo proferido, en única instancia, por el Juzgado Dieciséis Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali, el siete (7) de marzo de dos mil trece (2013), dentro de la acción de tutela promovida por María Cristina Ramírez Jaramillo contra JFV Construcciones SAS y SOS EPS. El expediente de la referencia fue escogido para revisión mediante Auto del veintinueve (29) de agosto de dos mil trece (2013), proferido por la Sala de Selección Número Ocho. I. ANTECEDENTES María Cristina Ramírez Jaramillo presentó acción de tutela contra JFV Construcciones SAS y SOS EPS solicitando la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, estabilidad laboral reforzada, salud y mínimo vital. Considera que la empresa constructora violó sus bienes constitucionales al despedirla de su trabajo por tener un historial de “cáncer de mama”. Sin embargo, el empleador señala que no la desvinculó en razón de su condición médica, sino porque la EPS accionada no la afilió al sistema de salud, y en cumplimiento de la ley no puede tener trabajadores desvinculados. La acción de tutela está fundamentada en los siguientes
1.1. María Cristina Ramírez Jaramillo, quien tiene un historial médico de “cáncer de mama”, fue contratada verbalmente por la empresa JFV Construcciones SAS el veintidós (22) de enero de dos mil trece (2013), para desempeñar labores de ayudante de construcción y oficios varios. 1.2. El empleador dio por terminada la relación laboral unilateralmente sin que mediara autorización de la oficina del trabajo. Explicó que SOS EPS se negó afiliar a la trabajadora al sistema general de salud como contribuyente, y en tanto no podía realizar los pagos a salud y pensiones a que estaba obligada, tomó la decisión de despedirla. Advirtió que en cumplimiento de la Ley 100 de 1993, no puede “tener una trabajadora sin seguridad social, ya que la actividad de la construcción es de alto riesgo, y como empresario no pued[e] arriesgar [su] patrimonio”.
1.3. SOS EPS señaló que en su momento no pudo afiliar a María Cristina Ramírez Jaramillo, porque una medida especial de la Superintendencia de Salud le impidió realizar nuevas afiliaciones. Cita para explicar lo sucedido la Resolución No. 050 del diecisiete (17) de enero de dos mil trece (2013), en la que el ente de vigilancia le prohibió a SOS EPS “(…) realizar nuevas afiliaciones y aumentar su capacidad de afiliación, habida cuenta que los Decretos 882 de 1998, 574 de 2007 y 1698 de 2007 en forma expresa así lo establecen.”
1.4. Sin embargo, luego de esa negativa, la empresa JFV Construcciones SAS no intentó vincular a su empleada a ninguna otra EPS. 1.5. La accionante manifestó además que es madre cabeza de familia y que carece de recursos económicos para cubrir sus necesidades básicas. Por tanto, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al trabajo, la estabilidad laboral reforzada, la salud y el mínimo vital. Y como objeto material de protección, pidió (i) que se le reintegrara a un puesto de igual o similar jerarquía, (ii) la cancelación de los salarios dejados de percibir, y (iii) el pago de la indemnización de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. 2. Respuestas de las entidades demandadas
2.1. El representante legal de JFV Construcciones S.A. solicitó que se negara el amparo de los derechos fundamentales, y se desvinculara a la empresa del proceso. A su juicio, la decisión de despedir a la accionante tuvo una justificación razonable en el hecho de que SOS EPS no la afilió al sistema general de salud, pues ningún empleador puede incumplir con la obligación de pagar los respectivos aportes, y además él no conocía el estado de salud de la actora. Así mismo, señaló que de existir una violación a los derechos fundamentales, la misma proviene de la EPS en cuestión, que fue renuente a afiliar a la trabajadora sin motivo alguno. 2.2. SOS EPS también se opuso a la prosperidad de la acción de tutela. En su criterio, no vulneró los derechos fundamentales de la accionante porque (i) según Resolución No. 050 del diecisiete (17) de enero de dos mil trece (2013), proferida por la Superintendencia de Salud, no podía afiliar nuevos usuarios al sistema contributivo; (ii) en sus registros no obra alguna solicitud de afiliación tramitada por el empleador; y (iii) era obligación de este último “realizar dicha afiliación en cualquier otra entidad de salud”, teniendo en cuenta la amplia oferta que hay en el mercado. 3. Decisión que se revisa
El Juzgado Dieciséis Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali, mediante sentencia de única instancia del siete (7) de marzo de dos mil trece (2013), declaró improcedente la acción de tutela presentada por María Cristina Ramírez Jaramillo. Explicó que la peticionaria debía acudir a la jurisdicción ordinaria laboral para reclamar la protección de sus derechos, en tanto no estaba probada la ocurrencia de un perjuicio irremediable que hiciera procedente la tutela. De todas formas sostuvo que en este no había lugar a reclamar la defensa de la estabilidad laboral reforzada, porque el despido no se hizo en razón de la condición médica de la accionante sino por razones de afiliación al sistema general de salud, por lo que no existió alguna discriminación. 4. Actuación surtida en el proceso de revisión
En aras de tener un conocimiento más preciso de las circunstancias que rodearon el despido y la situación de salud de la accionante, el despacho se comunicó telefónicamente con ella, quien manifestó que (i) al momento de su desvinculación estaba en tratamiento del cáncer de mama con medicamentos y citas periódicas con un especialista, pero no tenía incapacidades laborales que le impidieran desarrollar su trabajo con normalidad; (ii) en la actualidad continúa en tratamiento, pero ahora trabaja en la empresa Serviaseo Inmediato SAS que la tiene afiliada al sistema de salud mediante la EPS Comfandi; y (iii) no tiene interés en reintegrarse a JFV Construcciones SAS porque ahora tiene cierta estabilidad laboral. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS
María Cristina Ramírez Jaramillo pretende el amparo de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada y el mínimo vital, y que se ordene a JFV Construcciones SAS reintegrarla a un cargo de igual o superior jerarquía al que tenía. Considera que dicha empresa vulneró sus derechos al terminar unilateralmente su contrato de trabajo verbal, soportando su decisión en el hecho de que no pudo afiliarla al sistema de salud mediante SOS EPS. Señala que esa actuación es inconstitucional porque la empleadora tiene la posibilidad de afiliarla a otra entidad de salud, y además porque ella es madre cabeza de familia y tiene un historial clínico de “cáncer de mama”. La empleadora, por su parte, considera que el despido era justificado y razonable porque “no podía tener una trabajadora sin seguridad social”, y no está facultado para incumplir con los mandatos legales vigentes. En este contexto, a la Sala Primera de Revisión le corresponde examinar el siguiente problema jurídico: ¿un empleador (JFV Construcciones SAS) vulnera el derecho al trabajo de una persona (María Cristina Ramírez Jaramillo) que es madre cabeza de familia y tiene diagnóstico de cáncer de mama, al terminar unilateralmente su contrato verbal a término indefinido con el argumento de que no pudo inscribirla al sistema de salud con determinada EPS (que no pudo afiliarla por tener agotada su capacidad de afiliación) y sin intentar tal afiliación en otra EPS?
3. La acción de tutela presentada por María Cristina Ramírez Jaramillo es procedente Antes de resolver el problema planteado, la Corte examinará el asunto de procedencia de la acción de tutela ventilado por el juez de instancia.
3.1. La acción de tutela procede cuando (i) no existan otros medios de defensa judiciales para la protección del derecho amenazado o desconocido; cuando (ii) existiendo esos mecanismos no sean eficaces o idóneos para salvaguardar los derechos fundamentales en el marco del caso concreto, evento en que la tutela desplaza el medio ordinario de defensa; o cuando (iii) sea imprescindible la intervención del juez constitucional para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable (art. 86, C.P.), hipótesis en la cual el amparo opera en principio como mecanismo transitorio de protección. En referencia a los casos en los que se invoca la protección a la estabilidad laboral reforzada, la Corte ha sostenido que resulta procedente la acción de tutela si se encuentra comprometido el goce de los derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional como las mujeres en embarazo, trabajadores aforados y disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. Pero también se ha extendido la protección a personas que se hallan en circunstancias de debilidad manifiesta por disminuciones físicas al momento de que fueron apartadas de sus cargos. Y es que se trata de sujetos de especial protección constitucional que, frente a la terminación de sus relaciones laborales, no encuentran otro mecanismo más eficaz para solicitar la defensa de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la seguridad social.
3.2. Por ejemplo en la sentencia T-554 de 2009, la Sala Tercera de Revisión determinó que la acción presentada por una persona que padecía cáncer de mama era procedente para solicitar la protección de su derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada, y pretender su reintegro a un cargo de igual o superior jerarquía. Concretamente, se dijo que los medios ordinarios de defensa no eran idóneos para la defensa de los derechos invocados, porque la accionante se hallaba en un estado de debilidad manifiesta que le impedía acudir en condiciones de igualdad a la administración de justicia. En palabras de la Corte:
“en sentir de la Sala, la acción de tutela instaurada es procedente, toda vez que a aunque en el presente caso existen otros medios de defensa judicial para controvertir la decisión de Briton Med Colombia Ltda. de dar por terminado el contrato de trabajo suscrito con la accionante, a luz de los hechos que fundamentan la acción interpuesta, dichos medios no son idóneos para proteger los derechos invocado. || En efecto, se encuentra probado que la accionante se encuentra en circunstancia de debilidad manifiesta, pues su estado de salud está seriamente comprometido como consecuencia del cáncer de mama que la aqueja desde hace dos años. Así mismo, de conformidad con el escrito de tutela -hecho que no fue desvirtuado por la sociedad accionada-, se encuentra probado que la terminación de su contrato de trabajo implicó la grave afectación de sus derechos fundamentales a la seguridad social y a la salud, debido a que se produjo su desafiliación del Sistema de Salud y, en esa medida, no ha recibido la atención médica que requiere.”
Por lo tanto, dentro de los elementos de análisis utilizados por la Corte para evaluar la eficacia de los medios de defensa judiciales en casos de estabilidad laboral reforzada, se encuentra su nivel de vulnerabilidad social o económica y su condición de salud. Concretamente, si de esos elementos es posible inferir que la carga procesal de acudir al medio ordinario de defensa se torna desproporcionada debido a la condición de la persona que invoca el amparo, porque la extensión del trámite lleve a la persona a una situación incompatible con la dignidad humana, la tutela es procedente.
3.3. En el caso objeto de estudio tres aspectos llevan a concluir que los medios ordinarios de defensa judicial son ineficaces: (i) la accionante está en tratamiento para superar un cáncer de mama; (ii) presentó la acción de tutela poco tiempo después de que la despidieran, lo cual indica que requiere una respuesta expedita de la administración de justicia respecto la vulneración de sus derechos fundamentales, pues considera que la desvinculación interfirió gravemente en su derecho a no ser discriminada; y finalmente, (iii) es una madre cabeza de familia que manifiesta carecer de ingresos económicos suficientes para garantizar plenamente sus necesidades básicas propias y de su familia, lo cual lleva a concluir que obligarla a acudir a una acción ordinaria implicaría para ella una espera mayor en tiempo y recursos financieros que perjudica el mínimo vital. Mirando conjuntamente las anteriores circunstancias, se hace palmaria la difícil situación por la que atraviesa la accionante, por lo que a la luz de los postulados constitucionales se evidencia la ausencia de idoneidad y eficacia para garantizar el ejercicio de sus bienes constitucionales, además de que debe garantizarse su acceso a la justicia en condiciones de igualdad. 4. JFV Construcciones SAS vulneró los derechos a la salud y al trabajo de María Cristina Ramírez Jaramillo, al terminar su contrato verbal a término indefinido bajo el argumento de que no pudo afiliarla a una única EPS. Sin embargo, hay carencia actual de objeto porque la accionante tiene un nuevo trabajo y está afiliada al sistema 4.1. De conformidad con el artículo 161 de la Ley 100 de 1993, los empleadores tienen la obligación de “[i]nscribir en alguna Entidad Promotora de Salud a todas las personas que tengan alguna vinculación laboral, sea ésta, verbal o escrita, temporal o permanente”, y pagar las respectivas cotizaciones en los montos establecidos por la normatividad vigente. Mediante esta obligación, el ordenamiento jurídico busca garantizar a los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social (art. 48 CP), y asegurar “a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud” (art. 49, CP). Igualmente, se persigue salvaguardar la estabilidad financiera del sistema, en tanto sobre la base de esos aportes está edificado el mismo. De allí que cuando no se cumpla con el requisito de efectuar las cotizaciones de la seguridad social en salud oportunamente, se traslada al empleador el deber de asignar los recursos para los servicios médicos correspondientes, pues el trabajador no tiene porqué cargar con las consecuencias negativas de la negligencia del empleador que no cotiza oportunamente.
4.2. En sentencia T-1202 de 2005, la Sala Octava de Revisión reivindicó esta obligación en el caso de una trabajadora en estado de embarazo, a quien su empleador no la había vinculado al sistema. En esa oportunidad, se explicó que “el incumplimiento del empleador en el pago de los aportes del sistema de seguridad social en salud, lo hace responsable de la prestación del servicio médico y la entrega de medicamentos requeridos, pues el trabajador no tiene porqué quedar afectado por la culpa del empleador que no cotiza oportunamente”. Por tanto, se ampararon los derechos fundamentales a la salud y al mínimo vital, y se ordenó al empleador cubrir los “gastos médicos en que haya incurrido la actora como consecuencia de su estado de embarazo y posterior parto y que no hayan sido asumidas por el empleador como le correspondía, ante el incumplimiento de su obligación de afiliar a la trabajadora al Régimen Contributivo de Salud”. 4.3. En el caso objeto de estudio, la Sala Primera de Revisión observa que la demandada incumplió flagrantemente con su obligación de vincular a la accionante al sistema de salud. En efecto, JFV Construcciones SAS suscribió un contrato de trabajo verbal con María Cristina Ramírez Jaramillo, y en virtud del mismo, no solo se comprometió a pagar una contraprestación económica por sus labores personales, sino que también asumió la responsabilidad de afiliarla al sistema de seguridad social. En un primer momento, la demandada procuró inscribirla mediante la SOS EPS, pero dicha entidad la rechazó porque para la época de la solicitud estaba bajo una medida especial de vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud, que le prohibía aceptar nuevos usuarios. Mediante Resolución No. 50 del 17 de enero de 2013, la Superintendencia de Salud dispuso que desde la expedición del acto, SOS EPS “(…) no podrá realizar nuevas afiliaciones y aumentar su capacidad de afiliación, habida cuenta que los Decretos 882 de 1998, 574 de 2007 y 1698 de 2007 en forma expresa así lo establecen.” Luego de que la peticionaria no fuera admitida en SOS EPS, el empleador no procuró su afiliación en alguna otra intermediaria de servicios médicos. En la vigencia del contrato, entonces, la empleadora incumplió con su obligación legal de afiliar a María Cristina Ramírez Jaramillo al sistema de salud. Dicha omisión no solo contrarió los mandatos legales que regulan la integración de los trabajadores al sistema, comprometiendo el goce efectivo del derecho irrenunciable a la seguridad social de la actora, sino que además puso en serio riesgo su derecho a la vida, pues dejó en vilo la posibilidad de que una paciente con diagnóstico de cáncer de mama accediera a los servicios médicos que requería. El hecho de que SOS EPS no recibiera a la peticionaria, no sirve de excusa para el incumplimiento del deber legal a cargo del empleador. Dicha intermediaria estaba efectivamente bajo vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud para la época en que se solicitó la inscripción de la accionante, y la misma le prohibió a la EPS aceptar nuevas afiliaciones para evitar el incremento de los pasivos. Pero además, el empleador estaba facultado para solicitar la vinculación de la actora en cualquier otra EPS del mercado que cumpliera los requisitos mínimos para operar. La obligación de afiliar a los trabajadores al sistema de seguridad social no se agota con la simple consulta a los intermediarios de salud, sino cuando efectivamente estos se encuentran inscritos en alguna EPS que hayan elegido, y tengan la posibilidad de solicitar la prestación de los servicios médicos que necesitan. 4.4. Pero no siendo suficiente lo anterior, la demandada decidió dar por terminada la relación laboral con la accionante, con el argumento de que no la pudo afiliar al sistema y le era imposible “tener una trabajadora sin seguridad social, ya que la actividad de la construcción es de alto riesgo, y como empresario no pued[e] arriesgar [su] patrimonio”. La incapacidad para cumplir esa obligación no puede oponerse como una justificación válida para terminar una relación laboral. Primero, porque el empleador está alegando a su favor su propia negligencia, en el sentido de que sostiene que el incumplimiento en su deber de afiliar a una de sus trabajadoras al sistema de salud se constituye en una causa válida para desvincularla de la empresa. Segundo, porque el artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, a propósito de la terminación unilateral del contrato de trabajo, no consagra entre las justas causas de terminación la imposibilidad de vincular a una persona a determinada EPS. El ordenamiento jurídico establece de manera taxativa las justas causas que sirven de motivo para terminar unilateralmente los contratos y, por tanto, el empleador no puede alegar otro tipo de justificación, pues estaría desconociendo el carácter de orden público de las normas laborales e interfiriendo en el derecho al trabajo de una persona. Con el agravante de que se trata de madre cabeza de familia, quien padece de cáncer de mama y necesita estar integrada al sistema para el normal tratamiento de sus afecciones. 4.5. Con base en lo expuesto, puede afirmarse que la demandada interfirió de forma inconstitucional en el goce efectivo de los derechos al trabajo y a la salud de la accionante, pues el encontrar una barrera para su afiliación en una EPS, por tener la escogida una restricción para realizar nuevas afiliaciones, no puede erigirse en una justificación suficiente para terminar un contrato. Mucho menos cuando se está en presencia de una persona que necesita estar integrada al sistema. 4.6. Ahora bien, la Sala pudo constatar que los hechos que dieron origen a la acción de tutela fueron superados por la misma peticionaria. En el trámite de revisión, María Cristina Ramírez Jaramillo manifestó no estar interesada en regresar a su antigua empleadora porque en la actualidad ocupa un puesto de trabajo en la empresa Serviaseo Inmediato SAS y está afiliada en la EPS Comfandi. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que cuando las situaciones de hecho que amenazan o vulneran los derechos fundamentales de las personas cesan o desaparecen durante el trámite de la tutela, y el juez constitucional no puede emitir órdenes dirigidas a enervar dicha violación, tiene que declararse la carencia actual de objeto. Concretamente, en los casos que se pretende un reintegro laboral, se ha dicho que ocurre este fenómeno si la persona ha encontrado un nuevo trabajo y no tiene interés en vincularse a la empresa de la cual fue despedida. 4.7. Bajo estas consideraciones, la Sala Primera de Revisión revocará el fallo proferido en primera instancia por el Juzgado Dieciséis Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali el siete (7) de marzo de dos mil trece (2013), que declaró improcedente la acción de tutela y, en su lugar, amparará los derechos al trabajo y a la salud de María Cristina Ramírez Jaramillo, pero no expedirá orden alguna porque la misma sería inocua en tanto la accionante tiene un nuevo empleo y está integrada al sistema de salud. 4.8. Lo anterior no obsta para advertir a JFV Construcciones SAS, para que en lo sucesivo se abstenga de repetir la conducta que es objeto de análisis, en el sentido de que si al intentar afiliar a alguno de sus trabajadores encuentra una barrera de acceso al sistema, no puede argumentar que esta sea una causa que justifique un despido. III. DECISIÓN
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida el siete (7) de marzo de dos mil trece (2013) por el Juzgado Dieciséis Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cali, que declaró improcedente la acción de tutela presentada por María Cristina Ramírez Jaramillo y, en su lugar, AMPARAR sus derechos al trabajo, al mínimo vital y la salud. Segundo.- DECLARAR la carencia actual de objeto. Tercero.- ADVERTIR a JFV Construcciones SAS para que en lo sucesivo se abstenga de repetir la conducta que fue objeto de análisis, en el sentido de que si al intentar afiliar a alguno de sus trabajadores encuentra una barrera de acceso al sistema, no puede argumentar que esta sea una causa que justifique un despido. Cuarto.- Por Secretaría General, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.

References: Resolución 
 artículo 26
 Resolución 
 artículo 161
 Resolución 
 artículo 62
 artículo 36