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Timestamp: 2020-04-01 09:27:17+00:00

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Documento BOE-A-2015-563
«BOE» núm. 20, de 23 de enero de 2015, páginas 4986 a 4993 (8 págs.)
BOE-A-2015-563
Presentada la anterior documentación en el Registro de la Propiedad de Alicante número 3, fue objeto de la siguiente calificación: «El Registrador de la Propiedad que suscribe, previo examen y calificación del documento presentado por doña V. C. R., el día 05/08/2014, bajo el asiento número 979, del tomo 140 del Libro Diario y número de entrada 5.399, que corresponde a primera copia de la escritura autorizada en Alicante el día 5 de agosto de 2014, ante su notario, don José Nieto Sánchez, con el número 915/2014 de su protocolo, posteriormente se acompaña certificación expedida el día 3 de septiembre de 2014 por doña M. E. F. B., como apoderada de ‘‘Caixabank, S.A.’’, ha resuelto no practicar los asientos solicitados en base a los siguientes hechos y fundamentos de Derecho: Hechos: a) En cuanto a la certificación que se acompaña, no se acredita la representación de doña M. E. F. B. en la entidad ‘‘Caixabank, S.A.’’, bien mediante copia auténtica de la escritura del poder a su favor inscrita en el Registro Mercantil o mediante testimonio notarial de fecha igual o posterior dicha certificación. La firma de dicha señora no se encuentra legitimada. b) Documentándose en la escritura que se califica un acto o contrato con contraprestación consistente, en todo o en parte en dinero o signo que lo represente, no se identifican todos los medios de pago empleados por las partes en los términos exigidos por la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal Ley 36/2006, de 29 de noviembre. Para poder calificar y acreditar el origen de la deuda que los consortes don B. G. M. y doña M. B. A. mantienen con los cónyuges don E. G. F. B. y doña C. E. P. B. deben aportarse los contratos realizados por la mercantil británica ‘‘G Brown Associattes Ltd’’ con don B. G. M. y doña M. B. A., y el posterior contrato de cesión efectuado por dicha mercantil a don E. G. F. B. y doña C. E. P. B., debidamente liquidados del impuesto correspondiente. y c) No se le acredita al notario autorizante el número N.I.E. de doña C. E. P. B. Fundamentos de Derecho: a) Artículos 3 y 18 de la Ley Hipotecaria. Artículos 1.709 y ss. del Código Civil.–Artículo 94 del Reglamento del Registro Mercantil. Resoluciones de la D.G.R.N, de 17 de diciembre de 1997 y 17 de febrero de 2000.–b) Artículo 18 de la Ley Hipotecaria. Artículo 7 de la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, Ley 36/2006, de 29 de noviembre, artículo 21 de la Ley Hipotecaria, párrafo 2.º, artículo 254 de la Ley Hipotecaria, artículo 24 de la Ley del Notariado y artículo 177 del Reglamento Notarial, en su nueva redacción dada por la reforma del Real Decreto 1/2010, de 8 de enero.–Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de febrero del 2002.–Resolución de la DGRN de 11 de marzo del 2013.–De dicha resolución resulta lo siguiente: ‘‘Sin embargo, en relación con la calificación registral y el cierre del Registro de la Propiedad, en los términos expresados en el artículo 254.3 de la Ley Hipotecaria, el artículo 111, párrafo quinto, del Reglamento Notarial, según redacción dada por el Real Decreto 1/2010, determina que ‘‘…se entenderán identificados los medios de pago si constan en la escritura, por soporte documental o manifestación, los elementos esenciales de los mismos. A estos efectos, si el medio de pago fuera cheque será suficiente que conste librador y librado, beneficiario, si es nominativo, fecha e importe; si se tratara de transferencia se entenderá suficientemente identificada, aunque no se aporten los códigos de las cuentas de cargo y abono, siempre que conste el ordenante, beneficiario, fecha, importe, entidad emisora y ordenante y receptora o beneficiaria’’.–‘‘En la escritura cuya calificación ha sido impugnada mediante el presente recurso no existe ninguna reseña de los medios de pago, por lo que en aplicación de los preceptos y doctrina antes expuesta debe mantenerse la calificación impugnada...’’. En cuanto a la liquidación del impuesto de los contratos que deben aportarse: Artículo 255 de la Ley Hipotecaria: ‘‘…, podrá extenderse el asiento de presentación antes de que se verifique el pago del Impuesto; mas, en tal caso, se suspenderá la calificación y la inscripción u operación solicitada y se devolverá el título al que lo haya presentado, a fin de que se satisfaga dicho impuesto’’. Sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Lérida, número 189/08, de fecha 28 de julio de 2.008.–La nueva redacción del artículo 54.1 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, inspirada en el artículo 47.3 de la Ley 21/2001, de 27 de diciembre de financiación de las Comunidades Autónomas, que es la siguiente: ‘‘Ningún documento que contenga actos o contratos sujeto a este impuesto se admitirá ni surtirá efecto en oficina o Registro Público sin que se justifique el pago de la deuda tributaria a favor de la Administración Tributaria competente para exigirlo, conste declarada la exención por la misma, o, cuando menos, la presentación en ella del referido documento.–De las incidencias que se produzcan se dará cuenta inmediata a la Administración interesada...’’. Y c) Artículos 9 y 254.2 de la Ley Hipotecaria y 51-9.ª-a) de su Reglamento. Y por tanto se procede a la denegación de los asientos solicitados del documento mencionado. Contra esta calificación (…) Alicante, dieciséis de septiembre del año dos mil catorce. El registrador de la Propiedad (firma ilegible). Fdo: Fernando Trigo Portela».
1. Son datos a tener en cuenta para la resolución de este recurso los siguientes:
2. En cuanto a los dos primeros defectos, ambos van íntimamente relacionados puesto que la certificación se aporta con la finalidad de acreditar el medio de pago del préstamo efectuado por la entidad británica «G Brown Associates Ltd» a don B. G. M. y doña M. B. A. en fecha 20 de julio de 2012, complementando el Exponendo II de la escritura que menciona el préstamo efectuado mediante la transferencia a que hace referencia la citada certificación como originario del crédito que da lugar a la dación. Ni el préstamo original ni su cesión se acompañan, recogiéndose en la escritura la mera manifestación de las partes relativa a su existencia. Tampoco el recurrente declara la existencia o no de título privado o público que soporte tales operaciones, limitándose a argumentar en su escrito la improcedencia de los defectos observados dado que a su juicio las reglas aplicables no exigen ni la aportación de contrato alguno ni la acreditación de la representación de la firmante de la certificación.
3. Como ha señalado la jurisprudencia y la doctrina de este Centro Directivo, el reconocimiento de deuda, aun cuando no aparece regulado especialmente, constituye en nuestro Derecho un negocio jurídico de fijación (en igual sentido, el artículo 1988 del Código Civil italiano) en el que, si bien no se produce una total abstracción de la causa (como en el Derecho alemán, parágrafo 781 del B.G.B.) se contiene la obligación del deudor de cumplir lo reconocido salvo que se oponga eficazmente al cumplimiento alegando y probando que la obligación a que se refiere es inexistente, nula, anulable o ineficaz por cualquier causa, lo que implica la inversión de la carga de la prueba. Así lo ha entendido el Tribunal Supremo al establecer que «el reconocimiento contiene la voluntad negocial de asumir y fijar la relación obligatoria preexistente, le anuda el efecto material de obligar al cumplimiento por razón de la obligación cuya deuda ha sido reconocida, y el efecto procesal de la dispensa de la prueba de la relación jurídica obligacional preexistente» (vid. Sentencias de 17 de noviembre de 2006, 16 de abril de 2008 y 6 de marzo de 2009, entre otras).
4. En el caso que nos ocupa, la causa está plenamente expresada (contrato privado de préstamo y su posterior cesión), por lo que lo que en el presente recurso se debe decidir si, en las circunstancias indicadas, en una escritura en la que la parte deudora reconoce adeudar una determinada cantidad a la parte acreedora por razón de un préstamo, que no se documenta ni acompaña pero en la que se relacionan tanto las cuentas de cargo y abono por manifestación de las partes, queda suficientemente acreditado el medio de pago.
5. En desarrollo del artículo 24 de la Ley del Notariado, el artículo 177 del Reglamento Notarial, con el precedente de la Instrucción de este Centro Directivo de 28 de noviembre de 2006, ha sido objeto de diversas modificaciones por los Reales Decretos 45/2007, de 19 de enero; 1804/2008, de 3 de noviembre, y, finalmente, 1/2010, de 8 de enero.
6. En el supuesto de hecho de este expediente, a diferencia del que se contemplaba en la Resolución de 11 de marzo de 2013, el recurrente no niega la necesidad de acreditación de los medios de pago derivados de un préstamo, que como señaló la citada Resolución «es un contrato a título oneroso con prestaciones en dinero, por lo que entra plenamente en el ámbito de las disposiciones de la legislación hipotecaria y notarial que exigen la acreditación de los medios de pago empleados», si no que entiende que la acreditación de los mismos en el título presentado se ha cumplido conforme a la legislación antes relacionada.
7. En cuanto al tercero de los defectos, conforme reiterada doctrina de esta Dirección General la exigencia del NIF es predicable (artículos 254 de la Ley Hipotecaria y 23 de la Ley del Notariado) tanto en los actos o contratos por los que se adquieran, declaren, constituyan, transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y los demás derechos reales sobre bienes inmuebles, como en los actos de trascendencia tributaria y la acreditación del NIF ha de efectuarse mediante la exhibición del pertinente documento (artículo 18.2 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio), sin que sea suficiente la mera manifestación efectuada por el propio interesado. Y estas exigencias son asimismo predicables en el caso de extranjeros como resulta de la aplicación combinada de los siguientes preceptos: a) el artículo 206 del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril (que aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería), conforme al cual el número de Identidad de Extranjero es único y exclusivo para cada persona, y debe constar en todos los documentos que se le expidan, siendo esta previsión igualmente aplicable a los permisos de residencia, añadiendo el artículo 210 que la Tarjeta de Identidad de Extranjero es el documento destinado a identificar al extranjero a los efectos de acreditar su situación en España, y b) el artículo 20 del Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio (que aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria), establece que para los extranjeros el número de Identificación Fiscal será el número de Identidad de Extranjero que se les haya asignado conforme a lo dispuesto en la Ley de Extranjería y su normativa de desarrollo.

References: Artículo 18
 Artículo 7
 artículo 21
 artículo 254
 artículo 24
 artículo 177
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 254
 artículo 111
 Real Decreto 
 Artículo 255
 artículo 54
 Real Decreto 
 artículo 47
 resolución 
 artículo 1988
 artículo 24
 artículo 177
 Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 artículo 206
 Real Decreto 
 artículo 210
 artículo 20
 Real Decreto