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Timestamp: 2019-07-22 03:36:31+00:00

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Discurso sobre Julio de Vido en Sesión Especial : Carta Política
[ 0 ] 25 agosto, 2017 | Pablo Tonelli
Sr. Presidente (Monzó).- En consideración en general. Tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Tonelli.- Señor presidente: la mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales ha dictaminado recomendando la exclusión de esta Cámara del diputado Julio De Vido. Se trata del ejercicio de la potestad disciplinaria que tiene la Cámara, que además de ser inherente a cualquier cuerpo colegiado o legislativo, en nuestro caso deriva directamente del artículo 66 de la Constitución Nacional, que contempla y regula distintas situaciones.
En primer lugar, establece la posibilidad de que la Cámara corrija a alguno de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones. En segundo término, fija la posibilidad de remover a alguno de sus miembros por inhabilidad física o moral sobreviniente. En general, en este caso de la remoción hay coincidencia respecto de que no se trata de una sanción porque la causa de la remoción es ajena a la voluntad del legislador. Es decir, la incapacidad física o mental sobreviniente no es responsabilidad del legislador y, por lo tanto, la remoción no sería una sanción.
Por último, el artículo 66 de la Constitución Nacional prevé la posibilidad de excluir a un diputado, pero no establece causas ni razones, ni fija de antemano cuáles podrían ser los motivos para excluir a un legislador. Existe amplia coincidencia en la doctrina constitucional ―lo que se ve reflejado en los antecedentes de exclusión de diputados y senadores― respecto de que la causa para excluir a un diputado conforme al artículo 66 es absolutamente discrecional de la Cámara y del cuerpo. Cualquier causa puede ser motivo o fundamento para excluir a un diputado, por supuesto en la medida en que la causa sea grave y haya razonabilidad en la decisión del cuerpo. Pero lo cierto es que de ese artículo, la doctrina y los antecedentes queda bien claro que no hay causa prefijada sino que cualquiera que a juicio de la Cámara ―de nosotros, los diputados― tenga la suficiente entidad y razonabilidad puede determinar la exclusión de un diputado.
De esto es de lo que se trata: lo que aconseja el dictamen de mayoría de la Comisión de Asuntos Constitucionales es excluir al diputado De Vido. Desde nuestro punto de vista, seguro está reflejado en el citado dictamen de mayoría, la causa para la exclusión del diputado De Vido es la indignidad.
Juzgamos que el diputado De Vido es indigno porque es el responsable político de grandes desaguisados cometidos desde el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y de grandes errores ―por llamarlos de una manera leve― cometidos desde ese ministerio, que han causado enorme perjuicio al Estado y a los argentinos.
Inclusive, estas malas decisiones ―por llamarlas de alguna manera― del diputado De Vido tienen su correlato en las causas penales en las que está involucrado. El diputado De Vido está denunciado en más de cien causas, imputado en veintiséis y procesado en cinco; algunos de esos procesamientos, inclusive, están firmes.
Voy a leer los delitos por los que se acusa al diputado De Vido en esas causas. Tengan paciencia porque son muchos. Los delitos son: descarrilamiento, accidente culposo, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública, malversación de caudales públicos, enriquecimiento ilícito, defraudación contra la administración, aceptación de dádivas, cohecho, cohecho activo, estafa, daños, daños agravados, estrago, asociación ilícita, falsificación de documentos públicos, nombramientos ilegales, exacciones ilegales, encubrimiento y estafa procesal.
Como se aprecia, son pocos los delitos del Código Penal que quedan fuera de las imputaciones y acusaciones que fiscales de la república han hecho al diputado De Vido, no es que las hemos hecho nosotros.
Es más, desde nuestro punto de vista, esta suma de imputaciones y procesamientos hace que la situación del diputado De Vido encuadre en el artículo 36 de la Constitución Nacional, incorporado por la reforma constitucional de 1994 y del que me permitiré leer el párrafo pertinente. Dice así: “atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos.”
En nuestra opinión, a todas las imputaciones de índole penal que han hecho los fiscales al diputado De Vido se agrega la imputación concreta de haber atentado contra el sistema democrático, de acuerdo con la previsión del artículo 36 de la Constitución Nacional.
Sr. Tonelli.- Pero nosotros no tenemos que juzgar la responsabilidad penal del diputado De Vido, y este es un punto importante.
La responsabilidad penal del diputado De Vido la están juzgando los jueces de la república, que integran otro poder. Nosotros tenemos que juzgar otro tipo de responsabilidad, que es la que puede juzgar la Cámara y para la cual nos da potestad el artículo 66, al que me referí antes.
Nosotros tenemos que juzgar la responsabilidad política del diputado De Vido. Una cosa es la responsabilidad penal, que se rige de acuerdo con las reglas del Código Penal y de los códigos de procedimiento en lo penal, y otra cosa es la responsabilidad política; responsabilidad que es la misma que cuando se juzga a cualquiera de los funcionarios sometidos a juicio político por la Constitución, y en este caso particular a un diputado.
Nosotros no tenemos duda alguna de la responsabilidad política del diputado De Vido, porque no cabe la menor duda de que en el accidente de Once murieron cincuenta y una personas; no cabe ninguna duda de que en ese mismo accidente hubo alrededor de setecientos heridos; no cabe ninguna duda de que los trenes que importamos de España y Portugal son chatarra que no sirve para nada; no cabe ninguna duda de que desde el Ministerio de Planificación Federal se pagó a Lázaro Báez por caminos que nunca construyó; no cabe ninguna duda de que en Río Turbio se tiró la plata a la basura construyendo una usina que no genera electricidad, un tren que no funciona y una mina que tampoco produce; no tenemos la menor duda de que se pagaron enormes sobreprecios cuando se importó fueloil de Venezuela. Y así podríamos seguir.
Puede haber quien tenga duda respecto de la responsabilidad penal del diputado, y esto ―insisto― lo determinarán los jueces cuando concluyan los procesos en trámite; pero, en cambio, no hay duda de la responsabilidad política del diputado De Vido, que dirigía un equipo de secretarios y subsecretarios que todos, absolutamente todos, están procesados, imputados o condenados, en algunos casos, inclusive alguno hasta está preso.
De manera tal que no nos cabe duda respecto de la responsabilidad política del diputado De Vido. Por esa responsabilidad política y por esa circunstancia de haber atentado contra el orden democrático, de acuerdo con el artículo 36 de la Constitución Nacional, pedimos la exclusión del diputado De Vido.
Más allá de discutir la responsabilidad penal y su diferenciación con la responsabilidad política, que es la única ―que quede bien en claro― que en esta etapa y en esta decisión que tenemos que tomar le achacamos y endilgamos al diputado De Vido, vamos a oír hablar a lo largo de la sesión sobre el principio de inocencia, sobre el cual quiero decir algo.
Sra. Ferreyra.- El mismo que pedías por Patti.
Sr. Tonelli.- Ya voy a hablar de Patti, no hay ningún problema.
El principio de inocencia, en primer lugar, no es absoluto, y de esto dan buena muestra algunos amigos del diputado De Vido que están presos, como José López, Lázaro Báez y el contador Manzanares.
Por otra parte, desde el punto de vista de la responsabilidad política del diputado De Vido, no tengo la menor duda de que él ha hecho añicos la presunción de inocencia por la razones que he explicado antes y por el hecho de que consideramos que atentó contra el sistema democrático, de acuerdo con el artículo 36 de la Constitución Nacional.
En este punto es importante tener en cuenta los antecedentes de esta misma Cámara. Sin contar los episodios de 1880 con la federalización de Buenos Aires y el traslado del Congreso a Belgrano, que determinó el apartamiento de muchos diputados, a lo largo de su historia esta Cámara ha excluido a trece diputados. En ningún caso había sentencia penal, en muchos casos ni siquiera había procesamiento, sin embargo, estaban involucrados en hechos que merecían reproche penal, y a pesar de eso, los diputados fueron excluidos.
Me interesa citar de modo particular un antecedente del Senado, que es el caso del senador Ochoa, por San Luis, que como posiblemente recordarán, votó dos veces en una elección, lo cual por supuesto está mal, pero al lado de las cosas que se le imputan al diputado De Vido, parece una chiquilinada haber votado dos veces.
En el caso del senador Ochoa se discutía la posibilidad de excluirlo o desaforarlo. Lo importante de este antecedente es que quien impulsó el proyecto de exclusión del legislador Ochoa era la entonces senadora Conti, mientras que la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado que aprobó ese dictamen era la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El senador Ochoa tenía una condena de primera instancia apelada, no una condena firme, y él mismo se encargó de presentar en la Cámara la constancia de la apelación. A pesar de que no tenía condena firme fue desaforado, porque se hizo efectiva su responsabilidad política.
Quiero leer dos párrafos del dictamen de comisión propiciado por la que en aquel entonces era la senadora Conti y aprobado por la presidenta de la comisión, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. El punto VI dice: “si existen o no delitos, debe ser la Justicia la encargada de obrar y discernir en consecuencia”. Es decir, quedaba claro que no hacía falta un pronunciamiento de la Justicia ni una condena firme ni nada que se le pareciera porque la responsabilidad era distinta. Tan es así que el punto XIII del dictamen, refiriéndose a la aplicación y a la interpretación del artículo 66 de la Constitucional Nacional, dice que la apreciación de la posible causa de indignidad “queda librada al criterio de la Cámara sin otra limitación que la mayoría especial de dos tercios que se requiere para su aplicación”.
Por lo tanto, quedan en claro algunas cosas importantes como, por ejemplo, que la responsabilidad que tenemos que juzgar no es penal, porque eso lo hacen los jueces. Debemos juzgar la responsabilidad política del diputado De Vido. También queda claro que la Constitución Nacional no establece una causa determinada o precisa para que se genere esa responsabilidad política. Desde nuestro punto de vista, está todo claro porque los hechos existieron y no hay dudas de ello y de que la responsabilidad política del diputado De Vido está configurada. En otra instancia y en otra circunstancia se verá si a la responsabilidad política se le agrega la responsabilidad penal.
Además quiero referirme a las mentiras del diputado De Vido que por sí solas justificarían su exclusión de esta Cámara porque se refieren a su situación y a su actuación como diputado.
Una de las mentiras figura en el descargo que presentó y firmó el diputado De Vido ante la Comisión de Asuntos Constitucionales la semana pasada, donde manifiesta que no se le atribuye haber recibido sobornos o pagos. Esto es absolutamente falso. Tal vez el diputado De Vido no sabe que “cohecho” en el lenguaje vulgar quiere decir “coima”, y que cuando el Código Penal habla de cohecho hace referencia a soborno. Pero lo cierto es que el diputado De Vido está procesado en la causa Skanska y en la de la obra pública de Vialidad Nacional por cohecho y por enriquecimiento ilícito. De modo que es falso que no se le endilgue haber recibido sobornos o dinero indebido.
Aparte de eso, hay seis causas en las que está imputado ―pero no procesado, aún― por cohecho, cohecho activo, aceptación de dádivas, enriquecimiento ilícito, etcétera. Por eso, esta es una mentira que ofende a la Cámara y que por sí sola justifica la exclusión del diputado De Vido.
Hay una causa más que también es grave. El diputado De Vido dijo en este recinto, en la reunión del 23 de junio del año pasado, y lo repitió públicamente hace poco tiempo, que nunca se escudó en los fueros. Eso es falso porque, como lo demostré en la sesión mencionada, en una de las causas en las que se lo investigaba y en la que el juez había ordenado el allanamiento de su domicilio, él presentó un escrito por el que solicitaba que fuera dejado sin efecto el procedimiento porque su condición de diputado y los fueros lo protegían. Tan es así que durante dos meses tuvimos que tramitar un proyecto de resolución que fue sancionado por la Cámara por el cual finalmente se autorizó el allanamiento al señor diputado De Vido.
A todo lo que tiene que ver con las cosas mal hechas en el Ministerio de Planificación y a todos los delitos que se le imputan y que de por sí justifican la exclusión del diputado De Vido, debemos agregar las mentiras en las que ha incurrido respecto de su condición y desempeño como diputado, que ―reitero― desde mi punto de vista ofenden al cuerpo.
En el descargo que presentó la semana pasada el diputado De Vido ante la Comisión de Asuntos Constitucionales, dijo que esta imputación que le hacemos es “un vuelto”. Esto me hizo acordar, por la diferencia, a lo que manifestó Balbín en 1949 cuando fue desaforado por haber opinado mal del presidente de la Nación. En aquella ocasión dijo: “si este es el precio por haber presidido el bloque, que es una reserva moral del país, han cobrado barato. Fusilándome estaríamos a mano”. Fíjense la diferencia que hay con el diputado De Vido.
El diputado De Vido habló de “vuelto”, porque a lo mejor estaba pensando en esas tantísimas transacciones en las que ha estado involucrado donde lo que iba y venía era el dinero. Pero esto no se trata de dinero sino de honor, y el honor de esta Cámara exige que el señor diputado De Vido sea excluido. (Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)
Sr. Presidente (Monzó).- Por haber sido aludido, tiene la palabra el señor diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sr. Tonelli.- Señor presidente: no solo pedí la palabra por haber sido aludido sino porque en mi condición de miembro informante quiero hacer aclaraciones y dar precisiones sobre algunas cosas que se han dicho.
En primer lugar, respecto de la protección que la Convención Americana sobre Derechos Humanos brinda a los derechos políticos, no es distinta de la que brinda nuestra propia Constitución.
- No se alcanzan a percibir las palabras de una señora diputada por haber sido pronunciadas fuera de micrófono
Sr. Presidente (Monzó).- La Presidencia aclara a la señora diputada que, como miembro informante, el señor diputado Tonelli puede intervenir.
Continúe en el uso de la palabra, señor diputado.
Sr. Tonelli.- En todo caso, para entretenerse, la señora diputada puede leer el Reglamento.
Esa protección, que es exactamente igual a la que brinda nuestra Constitución, consiste en garantizar el derecho de elegir y ser elegido. Pero una vez que alguien es elegido y es diputado, para seguir siendo diputado debe portarse bien, porque la Constitución otorga a ambas cámaras la potestad de sancionar, y eventualmente excluir, a cualquiera de sus miembros.
De modo que el derecho político de elegir y ser elegido no tiene nada que ver en este caso.
Respecto de la invocación que se ha hecho de los casos de los ex legisladores Bussi y Patti, hay que aclarar que no tienen nada que ver con este supuesto, porque en aquellos casos se trató de impedir el juramento, de impedir la asunción de los diputados, situación que está regulada por el artículo 64 de la Constitución Nacional. En este caso, estamos discutiendo la posibilidad de excluir a un diputado que ya está incorporado a la Cámara, y lo haríamos por aplicación del artículo 66 y no del 64.
Es cierto que en el caso del diputado Patti nuestro bloque y yo personalmente, reivindicamos la aplicación del principio de inocencia, porque se le impedía jurar por estar procesado en causas penales, pero sin condena. Esa era la razón de la imputación.
En este caso, al diputado De Vido no le imputamos la comisión de delitos, sino la responsabilidad política que él tiene respecto de todos esos hechos.
Sr. Tonelli.- Sigan el consejo del diputado Recalde; cálmense un poco y escuchen.
Sr. Tonelli.- Lamento que el diputado Carlotto no haya leído completo mi discurso en el caso Patti. Si bien es cierto que en esa oportunidad reivindiqué el principio de inocencia porque a Patti se lo acusaba por un delito y no por una responsabilidad política como en este caso, en aquel discurso dije algo que no leyó el señor diputado Carlotto.
Dije textualmente lo siguiente: “también debo decir que para sortear la ineludible aplicación de la garantía del artículo 18, sobre la presunción de inocencia, se ha alegado el carácter político del juzgamiento que la Cámara debe decidir…”. Es decir que en aquel momento el oficialismo dijo “como a Patti lo estamos juzgando por una responsabilidad política ―cosa que no era cierta― aquí no juega la presunción de inocencia”. Y agregué: “eventualmente, ello podría ser así si la imputación dirigida contra el diputado electo fuera de naturaleza política, pero no lo es. Daré un ejemplo: una imputación de naturaleza política podría consistir en que un diputado electo por una lista opositora se pasa al oficialismo antes de asumir…”, cosa que efectivamente había ocurrido. Y continué diciendo: “esta sería una falta política, pero no es lo que juzgamos aquí, sino la supuesta comisión de delitos.”
Reitero que no tienen nada que ver los casos de Patti y de Bussi con este. Lamento que no se haya leído en forma completa mi intervención, porque habría quedado claro que al menos algunos de nosotros resistimos los archivos, cosa que no todos pueden alegar.
Con estas aclaraciones, que solicito se tengan en cuenta al momento de votar, agradezco la intervención.

References: artículo 66
 artículo 66
 artículo 66
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 66
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 66
 resolución 
 artículo 64
 artículo 66
 artículo 18