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Timestamp: 2019-06-18 17:09:13+00:00

Document:
DS. Senado, Comisiones, núm. 185, de 15/10/1997
Año 1997 VI Legislatura Comisiones. Núm. 185
PRESIDENCIA DE DOÑA MARIA ROSA VINDEL LOPEZ
celebrada el miércoles, 15 de octubre de 1997
--Elección del Secretario Primero de la Comisión. (Número de expediente 541/000006.) --Dictaminar: --Proyecto de Ley de asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas. (Número de expediente 621/000046.) --Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (Número de expediente 621/000045.) --Proposición de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución. (Número de expediente 624/000007.)
En primer lugar, dado que se van a producir muchas votaciones a lo largo de la mañana, ruego al señor Letrado que compruebe la asistencia de las señoras y los señores Senadores.
Por el señor Letrado se procede a la comprobación de las señoras y los señores Senadores presentes y representados.
Procede ahora aprobar, en su caso, el acta de la sesión anterior, celebrada el pasado 16 de septiembre. Según me informan, dicha acta ha sido distribuida a todos los portavoces, por lo que podría aprobarse omitiendo su lectura. ¿Puede ser así? (Pausa.) Queda aprobada.
-- ELECCION DEL SECRETARIO PRIMERO DE LA COMISION. (541/000006.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al primer punto del orden del día.
Señorías, el cargo de Secretario Primero de la Comisión ha quedado vacante, al haber renunciado a su escaño don Vicente Magro Servet. De acuerdo con el Reglamento, en este caso la Comisión debe cubrir dicha vacante, para lo cual se prevé una votación secreta por papeletas. Por tanto, pregunto si algún grupo parlamentario quiere presentar algún candidato. (El señor Prada Presa pide la palabra.) Tiene la palabra, Senador Prada.
El señor PRADA PRESA: Gracias, señora Presidenta.
El Grupo Parlamentario Popular propone que el Secretario Primero de la Comisión de Justicia sea nuestro compañero de Grupo, don Ignacio Javier Ariznavarreta Esteban.
Vamos a proceder a la votación que, como he dicho, se efectuará por papeletas. Ruego al señor Letrado que proceda al llamamiento de las señoras y los señores Senadores.
Por el señor Letrado se procede al llamamiento de las señoras y los señores Senadores.
Finalizado el llamamiente, dijo:
La señora PRESIDENTA: Concluida la votación, vamos a proceder al escrutinio.
Terminado el escrutinio, dijo:
La señora PRESIDENTA: El resultado de la votación es el siguiente: once votos a favor del Senador Ariznavarreta, y ocho votos en blanco.
Por tanto, queda elegido el Senador Ariznavarreta como Secretario Primero de la Mesa. Le ruego que ocupe su sitio, y le doy la bienvenida en nombre de todos los miembros de la Comisión. (El señor Ariznavarreta Esteban ocupa su lugar en la Mesa.) -- PROYECTO DE LEY DE ASISTENCIA JURIDICA AL ESTADO E INSTITUCIONES PUBLICAS. (621/000046.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir el Proyecto de Ley de asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas.
Como saben, este proyecto tuvo entrada en el Senado el pasado 21 de julio, fecha de su publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales».
El plazo de presentación de enmiendas terminó el pasado 18 de septiembre.
Se presentaron un total de 16 enmiendas, distribuidas de la forma siguiente: dos, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; nueve, del Grupo Parlamentario Socialista, y cinco, del Grupo Parlamentario Popular.
La Ponencia ha introducido una serie de modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados, y entre éstas se encuentran las derivadas de la aceptación de las enmiendas números 12, 13, 14, 15 y 16, todas ellas del Grupo Parlamentario Popular.
Esta Presidencia, consultada la Mesa de la Comisión, y al amparo de lo establecido en el artículo 114.2 del Reglamento, ha acordado que las enmiendas se defiendan por este orden: en primer lugar, las del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y a continuación, las del Grupo Parlamentario Socialista. Tras cada turno a favor habrá un turno en contra. Asimismo, se llevará a cabo una intervención por parte de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios.
Por tanto, en primer lugar, tiene la palabra el Senador Caballero, para la defensa de las enmiendas números 1 y 2, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, hemos presentado dos enmiendas a este Proyecto de Ley. La primera se refiere al artículo 14, y con ella pretendemos sustituir el concepto de interés general, legitimador de toda actuación administrativa y, en consecuencia, también de la petición de suspensión del curso de los autos a que se refiere este artículo, por un interés también público, pero distinto de este interés general. Lo identificamos como el derecho a la tutela judicial efectiva, o el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Este es el sentido de nuestra enmienda.
La enmienda número 2, a la Disposición Adicional Cuarta, pretende hacer extensivas las peculiaridades procesales contenidas en este proyecto, no sólo a las Comunidades Autónomas, sino también a los entes locales territoriales o territorios históricos --como el vasco--, así como para las entidades públicas dependientes de todos ellos.
Justificamos nuestra pretensión en el indubitado hecho de que estos entes o distintas administraciones también actúan en beneficio del interés público.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Caballero.
¿Turno en contra? (Pausa.) Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Uriarte.
El señor URIARTE ZULUETA: El Grupo Parlamentario Popular está en contra de estas enmiendas.
En primer lugar, es contrario a la admisión de la enmienda que trata de abrir la posibilidad de la no suspensión de los autos, en algunos casos en que sea necesaria
la consulta al servicio jurídico del Estado, alegándose que ello pueda originar un grave daño a la tutela judicial efectiva o al principio del proceso sin dilación.
Estimamos que la regla general --que hay que interpretarla claramente como tal-- es la suspensión. No es ningún capricho, sino sencillamente una consecuencia de las necesidades organizativas del Estado, de la necesidad de que las contestaciones y las actuaciones procesales sean realizadas con arreglo a criterios uniformes, lo que, por tanto, exige una consulta a los organismos centrales, que consideramos absolutamente necesaria.
El abrir la posibilidad de evitar la suspensión en aquellos casos en los que se considere que se produce un daño a la tutela judicial efectiva o al principio del proceso sin dilación consideramos que es --lamentamos decirlo así-- terriblemente peligroso, porque, evidentemente, cualquier suspensión produce una dilación, cuya valoración va a ser muy discutible.
Entendemos que la admisión de esta excepción la convertirá en la regla y que la posibilidad de la suspensión se va a convertir en una mera posibilidad de carácter excepcional.
En segundo lugar, la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, se refiere a la posibilidad de que las especialidades procesales que vamos a regular se aplique, tanto a los entes locales como a los territorios históricos.
Consideramos que sobre esa materia tiene que haber un principio de proporcionalidad, es decir, solamente son admisibles --así lo ha declarado el Tribunal Constitucional en un auto reciente-- reglas excepcionales de tipo procesal, en tanto en cuanto determinadas circunstancias lo exijan y lo impongan, precisamente con el obejeto de no colocar a determinados entes en una posición de indefensión.
Creemos que este argumento es válido para el Estado y para las Comunidades Autónomas, las cuales cuentan con un servicio jurídico, con un territorio muy amplio, necesitan unificar sus actuaciones. Es decir, entendemos que está perfectamente justificada la aplicación de estas reglas, no solamente al Estado, sino también a las Comunidades Autónomas.
Por el contrario, no es el caso de los entes locales, que tienen un territorio mucho más limitado, muchos de ellos no cuentan con un servicio jurídico determinado, estando, además, muchas veces representados y defendidos por procuradores y abogados en ejercicio. Por tanto, entendemos que, así como las especialidades contenidas aquí son aplicables, en principio, a las Comunidades Autónomas, de ninguna forma es posible su aplicación a los entes locales y, en consecuencia, tampoco a los territorios históricos.
¿Quiere hacer uso de la palabra el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) Los diferentes grupos parlamentarios renuncian a utilizar el turno de portavoces. Por tanto, pasamos a la defensa de las enmiendas números 3 a 11, ambas inclusive, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra para su defensa el Senador Gallego Cuesta.
El señor GALLEGO CUESTA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a tratar de sintetizar la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, puesto que este Proyecto de Ley, en sus numerosos avatares, ha sido modificado sustancialmente, hasta tal punto de que podríamos hablar de que estamos ante una nueva ley, como consecuencia de los debates, tanto en el Congreso de los Diputados como en el trámite de la Ponencia del Senado.
Además, quisiera manifestar el agradecimiento al informe de la Ponencia --siempre produce una gran satisfacción-- porque siempre es pedagógico y sencillo, pero muy leíble y llega muy al fondo de lo que pasó en ella.
Refleja fielmente y de manera fácil lo que allí se debatió entre los miembros de los diferentes grupos que formamos la Ponencia.
Dicho esto, con toda la brevedad posible, voy a concretar la defensa de las enmiendas, teniendo en cuenta que tres de ellas son individualizadas --las números 5, 6 y 11, en cuya defensa me voy a detener más-- y que otras seis tienen su razón de ser en las enmiendas números 9 y 10, estando, por tanto, íntimamente relacionadas entre sí.
Voy a comenzar por la defensa de nuestra enmienda número 5, que propone una adición al final del apartado 1 del artículo 4 del siguiente tenor literal: «...propios de su cargo, en los términos y condiciones previstos en la legislación reguladora del régimen general de incompatibilidades de la función pública».
En ese artículo se habla precisamente de los abogados del Estado. Qué duda cabe que éstos, por el hecho de su nombramiento y su toma de posesión en el destino, quedan habilitados para el ejercicio de todas las funciones y para el desempeño de todos los servicios propios de su cargo.
Tienen la defensa, la representación en juicios del Estado y de las instituciones públicas.
Sin duda, el Grupo Parlamentario Socialista propone esta enmienda de adición en los términos y condiciones previstos en la legislación reguladora del régimen general de incompatibilidades de la función pública. Por esa razón ya intentamos que se incorporara al texto de la Ponencia, lo que no fue posible. Desde ese punto de vista, seguimos insistiendo en la bondad de nuestro argumento.
Por consiguiente, entendemos que es razonable y positiva nuestra propuesta de que en el artículo 4, párrafo 1, se especifique o se plasme con más nitidez o claridad nuestra pretensión, para que en lo sucesivo no haya opción a interpretaciones, puesto que la actual redacción de dicho artículo no puede entenderse completa. Creemos que se puede subsanar y mejorar para que no plantee dudas.
Por ello, estimamos que es necesario adicionar al precepto un pequeño párrafo, de forma que en dos líneas
quede claro que a los Abogados del Estado se les aplicará la misma ley de incompatibilidades que al resto de los funcionarios. Esto no es redundante y, desde nuestro punto de vista, lo que abunda no daña. Ante nuestras serias dudas, desde el Grupo Parlamentario Popular se debería contribuir a superarlas, mostrando su disponibilidad en armonía con un debate, en el que siempre se ha intentado buscar el acuerdo y el consenso.
La enmienda número 6, del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, coincide con la enmienda número 27, del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Tiene por base una modificación del artículo 7 de este Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, en lo referente a la disposición de la acción procesal.
Se propone la siguiente redacción: «Para que el Abogado del Estado pueda válidamente desistir de acciones o recursos, apartarse de querellas o allanarse a las pretensiones de la parte contraria deberá estar autorizado para ello por el titular del Departamento, Organismo Autónomo o Entidad Pública Empresarial correspondiente, previo informe de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado».
Es decir, es algo tan importante cual es la disposición de la acción procesal y, tal y como viene recogido en el proyecto, en definitiva, es el Abogado del Estado el que en la práctica administativa va a tener la capacidad y la posibilidad de llevar a efecto la disposición de la acción procesal, consistente en desistir de acciones o recursos, en apartarse de querellas o allanarse a las pretensiones de la parte contraria.
Nos parece evidente que la disposición de la acción procesal no puede tener otro sujeto activo de la misma que el titular material de la acción y no el instrumento a través del cual nos servimos para llevar a cabo la asistencia y postulación, en su caso, es decir, las peculiaridades procesales del Estado y de las instituciones públicas.
Por consiguiente, tal y como va redactado el proyecto, desde el momento en que el asunto se judicializa, la competencia para disponer de la acción procesal se va a materializar en la Dirección del Servicio Jurídico del Estado y no en el titular del departamento que inició la postulación, al que se le priva, cuando a nuestro entender es el auténtico titular de la acción procesal, de esa capacidad, de esa competencia, a nuestro juicio, irrenunciable, para desplazarla a la Dirección del Servicio Jurídico del Estado, quien decidirá sobre un acto tan decisivo como es el desestimiento del que se deducen tan notorios y evidentes efectos jurídicos.
Queremos huir de la interpretación frívola de que el Abogado del Estado no actúe con profesionalidad. No van por ahí las cosas. Nuestra pretensión es técnica. Damos gran importancia y relieve a esta enmienda y creemos que nuestra posición es coherente con lo previsto en el propio artículo 5 de este Proyecto de Ley. Por lo tanto, no voy a insistir más en este asunto, porque, sin duda, es una tesis que también favorece a los ciudadanos, es más flexible y es más eficaz para la propia Administración que tal y como está en el texto de la Ponencia actualmente.
En cuanto a la enmienda número 11, coincide con la enmienda socialista número 36, del Congreso de los Diputados, y en parte también con la número 2, del Partido Nacionalista Vasco en el Senado. Con nuestra enmienda pretendemos que se hagan extensivas las peculiaridades procesales de la ley a las corporaciones locales, además de a las Comunidades Autónomas, a las que se incorporaron en el debate fructífero del Congreso de los Diputados, así como a los propios organismos autónomos dependientes de ellos. Eso sí, nosotros excepcionamos las circunstancias que se prevén en el artículo 11 para las corporaciones locales, entendiendo también, desde nuestro punto de vista, que las corporaciones locales están movidas por intereses públicos.
Por lo tanto, nos hacemos la siguiente pregunta, que trasladamos al resto de los grupos: si el Estado o las Comunidades Autónomas gozan de privilegios cuando litigan, ¿por qué no predicar estas bondades a las corporaciones locales cuando actúan también en beneficio de los intereses públicos? ¿Cuál es el motivo para no tener en cuenta estas circunstancias idénticas para las corporaciones locales, para que gocen de idénticos privilegios procesales que el Estado, que las Comunidades Autónomas? No parece que pueda argumentarse, como se ha hecho hasta ahora, desde nuestro punto de vista y con todo respeto, que hay muchas corporaciones locales, que su estructura, su organización, no es uniforme, etcétera, por no entrar en más detalles. ¿No cree el Grupo Parlamentario Popular que estamos perdiendo una oportunidad de apostar con rigor en materia procesal por las corporaciones locales y avanzar también, aunque sea desde este punto de vista, en el pacto local y en la deseable igualdad entre las distintas administraciones? A continuación, y de manera sucinta, voy a defender las enmiendas 9 y l0, y el resto de nuestras enmiendas, como son correlativas, las daré por defendidas, porque tienen su causa en la 9 y 10. Por lo tanto, y en aras de la brevedad, me voy a centrar en las enmiendas números 9 y 10. Con la enmienda número 9 queremos --y este Proyecto de Ley es especialmente técnico-- adicionar una Disposición Final Primera nueva por la que se pretende modificar el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y con la enmienda número 10 se intenta modificar el artículo 41 de la Ley Hipotecaria, adaptándolas a lo que prevé el artículo 14 sobre la suspensión del curso de los autos en los procesos civiles para elevar consulta a la Dirección del Servicio Jurídico del Estado. Es muy importante tener en cuenta estas circunstancias. También estamos ante problemas técnicos. No descalificamos, ni mucho menos, las pretensiones del Partido Popular, pero nos parecen más adecuadas, más convenientes, más satisfactorias nuestras enmiendas.
Nuestra enmienda número 9 coincide con la número 37 del Congreso de los Diputados y trae su causa, como he manifestado, en el artículo 14 del actual texto, que se refiere a la suspensión del curso de los autos en los procesos civiles. Desde ese punto de vista, también quisiera, aunque sea de pasada, hacer alguna alusión al artículo 15 nuevo, si me lo permite la Presidencia brevísimamente, donde hay alguna pequeña discrepancia, puesto que va a haber desplazamientos a más de 100 kilómetros, cuando nos parece que lo más adecuado es que fueran los juzgados los competentes para entender este tipo de circunstancias, no los de las capitales de provincia. Esto supondrá
un alejamiento de la Administración de Justicia y pediríamos un serio esfuerzo, y así quedamos en el trabajo de la Ponencia.
La enmienda número 10 refuerza también, como la número 9, nuestra tesis de la seguridad jurídica «prima facie». Aunque supongo lo que me van a contestar, desde ese punto de vista es más adecuado que introducir aquí el artículo 14, modificar el artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el artículo 41 de la Ley Hipotecaria.
Desde ese punto de vista, no tengo más que manifestar respecto al resto de las enmiendas, y perdón por hacer así de extensa esta defensa, puesto que tienen correlación con las enmiendas números 9 y 10.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gallego.
Para un turno en contra, tiene la palabra el Senador Uriarte, del Grupo Parlamentario Popular.
El señor URIARTE ZULUETA: De las nueve enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, seis, dos tercios, se refieren a un único tema, que es la introducción de una nueva Disposición Final Primera y una Disposición Final Segunda, por las cuales la suspensión de actuaciones en los casos en que intervenga el Estado o una Comunidad Autónoma, en vez de estar regulado en esta ley, pasaría a estar regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil, artículo 302, o en su caso en el artículo 41 de la Ley Hipotecaria.
En esta materia debe regir el principio de la máxima especialidad. Por lo tanto, en un asunto tan concreto como la posición singular de representación y defensa del Estado, creemos que es necesario que la cuestión sea regulada en una ley dedicada específicamente a ello y no en una norma de carácter general, como son la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley Hipotecaria. En este punto quiero resaltar que ésta misma ha sido la opinión manifestada por el Consejo General del Poder Judicial, el asunto fue examinado en el Congreso de los Diputados y ésta fue la solución que prevaleció. Es decir, la suspensión de actuaciones es tan peculiar que estimamos que no se puede remitir a otra ley, que eso dificultaría enormemente el conocimiento y la aplicación de esas normas y, por lo tanto, este es el lugar adecuado para regular estas cuestiones.
Y no voy a decir nada más, porque todas las demás enmiendas, las números 3, 4, 7, 8, 9 y 10, se refieren a este asunto.
Otras tres enmiendas se refieren a otros asuntos. En primer lugar, la enmienda socialista número 5, que propone una modificación del artículo 4, cuyo significado nos resulta un tanto extraño, y es que dice que el Abogado del Estado, por la toma de posesión, está habilitado para realizar determinadas actuaciones, y nos dice que con arreglo a las normas sobre incompatibilidades. Evidentemente, con arreglo a las normas sobre incompatibilidades, con arreglo a las normas sobre régimen disciplinario, con arreglo a las normas de lugar de residencia, con arreglo a las normas sobre retribuciones. Pero esta ley no está regulando el régimen jurídico ni estatutario de los Abogados del Estado, lo único que pretende es indicar que basta con la toma de posesión para que cualquier Abogado del Estado, destinado específicamente en un puesto de trabajo o no, pueda asumir en un caso concreto y en casos de necesidad la representación del Estado. Este es el único objeto de esta regla y la enmienda que ahora presenta de nuevo en el Senado el Partido Socialista fue rechazada ya en el Congreso de los Diputados.
La otra enmienda es la número 6, que se refiere al artículo 6, y trata del problema del posible desestimiento. Quisiera señalar la óptica desde la cual se contempla el tema en la redacción del artículo 7. El artículo 7 no trata de autorizar al Abogado del Estado para que haga mangas y capirotes, sino todo lo contrario: es una norma en la que se prohíbe al Abogado del Estado que realice una actividad de desestimiento sin que lo ordene la Dirección del Servicio Jurídico, y la Dirección del Servicio Jurídico tiene que oír previamente al titular del Departamento.
Pues bien, el Partido Socialista entiende que sería preferible que la decisión correspondiera al titular del Departamento. Creemos que esto sería peligrosísimo. Todos sabemos lo difícil que es «enmendalla» muchas veces y cómo todos, particulares y entes públicos, se aferran a una determinada posición, y por muchos argumentos, muchos precedentes y mucha jurisprudencia que se utilicen en contra, podría ocurrir que un titular del Departamento se aferrara y obligara al Servicio Jurídico a mantener un pleito absolutamente condenado al fracaso.
Por tanto, la solución que aquí se ha adoptado, y para la que me hizo una sugerencia el Consejo General del Poder Judicial, que pasó al Congreso y fue allí rechazada, es ésta intermedia: la autorización al Abogado del Estado tiene que dictarla la Dirección del Servicio Jurídico, después de oír al titular del Departamento, y creemos que no debe encomendarse esta función al titular del Departamento.
Por último, la enmienda número 11 se refiere a la Disposición Adicional Cuarta, y, coincidiendo en parte con la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos que hemos indicado, solicita que las normas previstas aquí se apliquen a las Corporaciones Locales. Me remito a lo dicho anteriormente. La igualdad no consiste en tratar a todos igual, sino en tratar igual a los que son iguales y desigualmente a los que son desiguales. Hay unas razones jurídicas que abonan --y eso no lo discute nadie-- que la actuación procesal del Estado esté sometida a reglas peculiares. Creemos que la semejanza entre la situación procesal del Estado y la de las Comunidades Autónomas justifica sobradamente que este régimen peculiar se aplique a las Comunidades Autónomas, y creemos, por el contrario, que no está justificada su aplicación a las Corporaciones Locales.
Por tanto, lo mismo que en el caso de la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el Grupo Parlamentario Popular está en contra de la aceptación de la enmienda número 11, que trata de modificar la Disposición Adicional Cuarta y está aplicando a los entes locales el régimen procesal del Estado.
Se abre turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Gracias, señora Presidenta.
A la luz del debate, se me suscitan una serie de elementos de interés político.
Por un lado, cuando hablamos del Estado --me estoy refiriendo tanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista como a la del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos-- hablamos de las Corporaciones Locales, las Comunidades Autónomas y el Estado en general.
Por tanto, si hacemos un tratamiento jurídico de la composición del Estado, no tiene sentido dejar al margen a las Corporaciones Locales, porque son una parte importante de la Administración del Estado.
En ese sentido, votaré afirmativamente tanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista como a la del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Hay otra cuestión en la que creo que habría que hacer un esfuerzo. Es verdad que se pueden retrasar a veces los procesos jurídicos si a los Abogados del Estado se les dan unas competencias para que puedan actuar.
Ahora bien, en cuanto a quién determina si un proceso se sigue adelante o no, yo creo que no deben ser los juristas, sino que debe ser el Departamento correspondiente, que es el que, si se equivoca, tiene una responsabilidad política que puede ser censurada, etcétera. Pero dejar en manos técnicas decisiones políticas importantes me parece que no es un buen servicio a la ciudadanía.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Nieto.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Renuncia.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Renuncia.
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) Renuncia.
El señor URIARTE ZULUETA: Quisiera aprovechar el turno de portavoces para hacer una referencia a tres errores puramente gramaticales. El primero, en la exposición de motivos, en el párrafo III, se hace una referencia a la Disposición Adicional Quinta, que en realidad es la Cuarta. Era la Quinta en el texto primitivo y actualmente es la Cuarta.
El segundo error está en el artículo 13.1, en el que se hace referencia a los organismos públicos, con minúscula. Creemos que, lógicamente, deben escribirse con mayúscula los Organismos Públicos.
La señora PRESIDENTA: Disculpe, Senador Uriarte. Lamento interrumpirle, pero, como siga usted hablando a esta velocidad, ni al Letrado ni a mí nos da tiempo a comprobar lo que usted nos está diciendo. Si no le importa, cerramos el turno de portavoces y ahora abro un nuevo turno para que la Ponencia me informe sobre si hay alguna modificación, aunque sea estilística, al Informe de la Ponencia.
El señor URIARTE ZULUETA: Repito lo más despacio posible.
Hay algunos errores de puntuación, algunos de ellos corregidos, supongo yo, ya en el texto, pero quería referirme a dos errores puramente mecanográficos y sin trascendencia. En primer lugar, en la exposición de motivos, en el párrafo III, en el anteúltimo párrafo hay una referencia a la Disposición Adicional Quinta. Era la Disposición Adicional Quinta del proyecto inicial; tal como ha quedado el texto, es la Disposición Adicional Cuarta.
En segundo lugar, en el artículo 13.1, relativo a las costas, se dice: «La tasación de las costas en que fuere condenada la parte que actúe en el proceso en contra del Estado, sus organismos públicos...». Creemos que esa referencia a los organismos públicos debe hacerse con iniciales mayúsculas.
La señora PRESIDENTA: Senador Uriarte, está en mayúsculas ya. Se lo digo para su tranquilidad.
Gracias, Senador Uriarte.
Incorporadas estas precisiones terminológicas, vamos a someterlo a votación. (El Senador Marín Rite pide la palabra.) ¿Sí, Senador Marín Rite?
El señor MARIN RITE: Solicito votación separada, por si facilita esto la votación, de la exposición de motivos, de los artículos 4, 7, 14, las Disposiciones Adicionales Tercera, Cuarta y Sexta.
La señora PRESIDENTA: Senador Marín Rite, ¿se pueden votar conjuntamente?
El señor MARIN RITE: Se pueden votar conjuntamente, señora Presidenta, la exposición de motivos y la Disposición Adicional Sexta y el resto.
(El señor Caballero Lasquibar pide la palabra.) Senador Caballero, tiene la palabra.
El señor CABALLERO LASQUIBAR: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervengo para que me diga si es posible solicitar votación separada de la enmienda número 11, del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora PRESIDENTA: Senador Caballero, esa enmienda solamente puede ser sometida a votación si se rechaza el informe de la Ponencia, porque lo que votamos en Comisión es dicho informe; luego habrá que esperar al resultado de la votación de ese artículo que soporta la enmienda para saber si se puede votar o no.
Por lo tanto, señorías, ordenada la votación, vamos a proceder a votar los artículos 1 a 3, 5, 6, 8 a 13 y 15 del informe de la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor 23.
A continuación, vamos a proceder a votar los artículos 4, 7 y 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en contra, nueve; abstenciones, una.
Sometemos a votación las Disposiciones Adicionales Primera, Segunda y Quinta. (Pausa.)
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos a favor, 23.
Votamos seguidamente las Disposiciones Adicionales Tercera, Cuarta y Sexta. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, nueve; abstenciones, dos.
Vamos a proceder a votar la Disposición Transitoria, la Disposición Derogatoria y las Disposiciones Finales Primera a Tercera. (Pausa.)
Por último, votamos la exposición de motivos. (Pausa.)
Finalizadas las votaciones, ha quedado dictaminado por la Comisión de Justicia el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
Resta por designar, por parte de sus señorías, qué miembro de la Comisión llevará a cabo la presentación del dictamen ante el Pleno. (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Prada.
Este portavoz entiende que, según una sana costumbre de esta Comisión, sea la señora Presidenta quien presente el dictamen ante el Pleno.
¿Cuenta esta petición con el parecer favorable del resto de los portavoces? (Pausa.) Muchas gracias.
Señorías, a continuación vamos a hacer un descanso de 10 minutos para poder ordenar los últimos trabajos de la Ponencia del próximo Proyecto de Ley que vamos a dictaminar, el de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
-- PROYECTO DE LEY ORGANICA DE REFORMA DE LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (621/000045.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, reanudamos la sesión.
Corresponde entrar en el dictamen del Proyecto de Ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Como todas sus señorías saben, este proyecto tuvo su entrada en esta Cámara el pasado día 16 de julio, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes. El plazo de presentación de enmiendas terminó el 18 de septiembre. La Ponencia se ha manifestado en contra de la aprobación de la propuesta de veto y ha introducido numerosas modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados.
Entre las modificaciones introducidas se encuentran las derivadas de la aceptación de las enmiendas números 31 y 34, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, de las enmiendas números 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21 y 30, del Grupo Parlamentario Socialista, de las números 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48 y 49, del Grupo Parlamentario Popular, y de la número 50, presentada conjuntamente por el señor Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, y los Grupos Parlamentarios de Senadores Nacionalistas Vascos, Convergència i Unió, y Popular. Hay que hacer notar, asimismo, que la enmienda número 36, del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, fue retirada en el trámite de Ponencia. Además, daremos cuenta de las últimas modificaciones, surgidas momentos antes de la celebración de la presente Comisión, en el momento previo a la votación.
En primer lugar, tal y como dispone el artículo 114.1 del Reglamento, se someterá a debate y votación la propuesta de veto presentada por los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente y, para tal efecto, le doy la palabra al Senador Nieto.
Con brevedad, porque la justificación está expuesta en la exposición de motivos. Solamente quiero añadir algunos comentarios al respecto, que son los siguientes. Nosotros consideramos que esta ley, en la práctica, lo que hace es penalizar al colectivo de jueces y magistrados, de manera que no puedan dedicarse a la política. Por tanto, se restringe un derecho, entendemos que constitucional, a este colectivo de jueces y magistrados.
Se establece en la práctica una incompatibilidad, la incompatibilidad de jueces y magistrados porque, aunque no se diga así, en la práctica se ponen tales condiciones que hacen inviable que profesionalmente se dediquen a la carrera judicial, porque por el hecho de presentarse a las elecciones, independientemente de que salgan o no elegidos, ya tienen penalización y, si salen, son unos requisitos de tal naturaleza que cuando dejen de ser cargos públicos les es muy difícil o prácticamente imposible volver a la carrera judicial. Por lo tanto, entendemos que, independientemente de que la Ponencia por las enmiendas que ha recogido, ha matizado algunos de estos aspectos, sigue de todas formas vigente lo que nosotros creemos que es una penalización o una restricción de derechos, como se quiera llamar, al colectivo de jueces y magistrados para el ejercicio de la política y, en ese sentido, es por lo que planteamos el veto.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Nieto.
Señorías, se presenta un veto a este proyecto de ley por Izquierda Unida, defendido en esta Comisión por el Senador Nieto, y dentro de este turno en contra a mí me gustaría empezar diciendo que, efectivamente, en nuestro país existe un importante elenco de personas muy notorias, de personas que habitualmente ocupan las portadas de las televisiones y de la prensa escrita, personas que tienen dos características en común: una, que han sido o son diputados, ex secretarios de Estado, ex ministros, y todos ellos del anterior Gobierno, del Partido que hoy está en la oposición, y también tienen en común que todos ellos son jueces o magistrados. Lamentablemente, sus señorías tendrán que convenir conmigo que, con el desembarco de los jueces en la política, con un desmesurado afán de notoriedad y protagonismo, comenzó el deterioro actual de la Administración de Justicia. Frente a esta situación --y tengo que decir que el deterioro actual de la Administración de Justicia no sólo se debe a lo que se conoce vulgar y popularmente por jueces estrella, sino que también se debe a otras causas que evidentemente, si sus señorías lo consideran oportuno, también podríamos analizar-- del desembarco de jueces a la política, y sobre todo de la vuelta de los jueces que han estado en la política a desempeñar funciones jurisdiccionales, con todas las consecuencias y con todos los problemas que esto ha conllevado y que no voy a reiterar porque es público y notorio --lo vivimos, lo vemos y lo leemos todos los días--, el Partido Popular se comprometió ante sus electores, allá en 1996, a elaborar una ley que impida el retorno inmediato de los jueces que se dediquen a esta actividad pública, a esta actividad política.
Señorías, señora Presidenta, la garantía de la independencia y neutralidad política de los jueces y, por lo tanto, la confianza en la Justicia, reclamaba una ley como la que hoy estamos debatiendo que impide la vuelta de jueces y magistrados a sus mismos juzgados y tribunales tras haber desempeñado esos puestos públicos. Esta nueva regulación establece la situación de excedencia para jueces y magistrados que quieran participar en política y la imposibilidad de volver al ejercicio jurisdiccional o de ser promovidos a órganos constitucionales durante los tres años siguientes al cese en su puesto político. Este, señorías, señora Presidenta, era nuestro compromiso, el compromiso del Grupo Parlamentario Popular, y hoy, con un legítimo orgullo, podemos manifestar que nuestro compromiso se está cumpliendo. Pero también es importante hoy destacar las reiteradas en múltiples ocasiones palabras que la titular del Ministerio de Justicia ha manifestado en relación con su voluntad personal de que estas disposiciones, estas limitaciones de la vuelta de la política a las funciones jurisdiccionales, le afectaran de forma personal.
Pues bien, en el Congreso de los Diputados, en la tramitación parlamentaria que se ha celebrado, no fue posible recoger este compromiso personal de la Ministra de Justicia. La composición de la Cámara Baja impone sus criterios y en el trámite del Senado, en Ponencia, hemos introducido una enmienda, la enmienda número 47, que establece y recoge ese compromiso personal de la Ministra de Justicia. Así, el dictamen de la Ponencia que debatimos establece en la disposición transitoria segunda que si la señora Ministra, así como cuantos jueces y magistrados sean miembros de las Cámaras y Asambleas Legislativas o Corporaciones Locales o estén desempeñando cargos políticos o de confianza, entre ellos, evidentemente, ser Ministra de Justicia, tendrán un período de 20 días --y tengo que hacer un paréntesis para señalar al resto de Grupos Parlamentarios que nosotros estamos dispuestos a negociar este período de 20 días sin límite de ninguna clase y en aras a un posible consenso que todos, entiendo yo, deberíamos de desear-- para cesar en su cargo; en caso contrario, le será aplicable el período de espera de tres años.
Señorías, la composición del Senado permite introducir al Grupo Parlamentario Popular este compromiso. La oposición al mismo será responsabilidad de otros, pero el Grupo Parlamentario Popular, y el Gobierno que sustenta este Grupo, cumple sus promesas y compromisos. Este compromiso también estaba recogido en el discurso de investidura del Presidente del Gobierno y por ello nos hemos empeñado en ese cumplimiento.
Estas ya serían razones más que suficientes, a nuestro juicio, para rechazar la propuesta de veto. Evidentemente, entre Izquierda Unida y el Partido Popular hay concepciones diferentes y por ello vamos a votar en contra de ese veto. Creemos, con sinceridad, que la ley es positiva y necesaria. A nuestro juicio, esta reforma no afecta de ninguna manera al derecho fundamental de acceder a funciones y cargos públicos en condiciones de igualdad, ya que no se establece limitación alguna en las posibilidades de acceso de jueces y magistrados a cargos o funciones políticas y, por lo tanto, no se perjudica el ejercicio de derechos fundamentales por parte de un colectivo.
Los jueces y magistrados pueden, sin dejar de pertenecer a la carrera judicial, acceder a todo tipo de cargos públicos no judiciales, con la única consecuencia jurídicamente razonable de que, tratándose de cargos incompatibles con el ejercicio de la función jurisdiccional, el acceso a los mismos comporta el cese en la situación de servicio activo.
Podríamos, señora Presidenta, seguir enumerando las bondades de este proyecto de ley, y anuncio que lo haremos en el debate del Pleno de la Cámara; podríamos extender nuestra intervención en relación al tratamiento procesal de la nulidad de actuaciones y al reconocimiento a los magistrados del Tribunal Supremo del Estatuto que les corresponde como miembros de un órgano constitucional; la modificación de la composición del tribunal, de las pruebas de ingreso en la carrera judicial por la categoría de juez, incluyendo como novedad importante, que entre los miembros de ese tribunal haya un secretario judicial de primera categoría. Se equipara en este texto --y son introducciones novedosas del Senado-- a los fiscales de Sala del Tribunal Supremo al régimen de situaciones administrativas y de remuneraciones que establece el proyecto para los propios magistrados de ese Tribunal.
Señorías, fíjense en que las bondades de este texto nos han permitido, inclusive, introducir el reconocimiento como tribunal consuetudinario y tradicional al Consejo
de Hombres Buenos de Murcia, cumpliendo también un compromiso del Grupo Parlamentario Popular y saldando con este peculiar Tribunal una deuda histórica.
Por todo ello, señora Presidenta, anunciamos que votaremos en contra de este veto.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Prada.
Abrimos a continuación turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Nieto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Quiero manifestar que, indudablemente, este Senador no duda de que ustedes están cumpliendo con su programa electoral. Lo que ocurre es que el suyo, lógicamente, no coincide, como usted ha dicho, con el nuestro. Tenemos visiones totalmente diferentes desde el punto de vista de concepciones y entendemos que esta Ley --reconociendo que en el trámite del Senado se están mejorando algunas aristas que venían del Congreso-- es una restricción a las libertades, aunque hoy afecta a un colectivo de jueces y magistrados en la práctica, y creemos que el efecto --por qué no decirlo-- del caso Garzón está gravitando en el planteamiento de esta Ley.
Pensamos que legislar con rigor y cara al futuro contemplando toda la diversidad no es una buena medida y, repito, hay indicios de recortes de libertades que en este caso, afectan a un colectivo. Esperemos que sea solamente así.
¿Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Senador Capdevila? (Pausa.) Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el Senador Galán.
El señor GALAN PEREZ: Intervengo, con mucha brevedad, para fijar nuestra posición en relación con el veto presentado a este proyecto de ley.
Este veto critica la solución ofertada al tema de los jueces y magistrados y la participación política de éstos. Goza de nuestra simpatía por la solución dada al problema, cuya realidad reconocemos. La participación en la vida política es un derecho constitucional, por el cual todos los ciudadanos tienen las mismas condiciones para su ejercicio y deben tenerla. Sin embargo, puede afectar al principio de imparcialidad o independencia del juez, al menos desde la apariencia de esa imparcialidad y, por ello, no nos parece que haya sido una solución acertada sino que lo que se plantea es matar moscas a cañonazos y, precisamente por eso, nuestra posición en relación con el veto va a ser de abstención.
Quiero decir, al hilo de esta intervención, que me parece que los problemas que afectan a la Administración de Justicia son muy diversos, diferentes, que realmente no se inician con la participación de algunos destacados jueces en la vida política, en la arena o en la contienda electoral, sino que se remontan mucho más atrás. Algunos de estos problemas se han ido solucionando en los años que llevamos de rodaje democrático y otros, evidentemente, se han agravado.
Nos parece bien que no se produzca la reincorporación del juez que está en la política a su cargo de procedencia, sobre todo, si en ese cargo tiene que actuar en condiciones relacionadas con su labor anterior. Por ejemplo, no es lógico que un juez que haya sido parlamentario regional o concejal en un Ayuntamiento de capital de provincia vuelva a su plaza de lo Contencioso para tener que conocer de asuntos en los que quizá ha participado en su toma de posición. Pero de ahí que después de ampliar la situación administrativa de excedencia voluntaria, en vez de la de servicios especiales --lo que nosotros no hemos enmendado--, se vaya a una solución de excedencia forzosa, absolutamente desmesurada, que desnaturaliza la propia institución y que afecta, no ya al que ha participado en la vida política, sino sencillamente al que ha comparecido en una contienda electoral aunque haya sido en un puesto de representación, de apoyo, sin ninguna posibilidad de ser elegido, nos parece absolutamente criticable.
Por tanto, como el Senador Nieto decía, es una limitación de los derechos de los jueces con esa visión de la política como elemento de contaminación, y por ello de una necesidad de descontaminación o desinfección posterior, pues se transforma sencillamente mediante estas fórmulas en un regalo de tres años sabáticos con derechos económicos, salvo, lógicamente, el complemento de destino, para estos jueces y, además, sin ningún control, porque en esa situación de excedencia forzosa no juegan las incompatibilidades que la propia Ley Orgánica del Poder Judicial plantea.
Creo que la realidad de este tema es que hay jueces que han participado en la política y, sin embargo, en su vuelta a la actividad jurisdiccional no se han visto afectados para nada por su anterior función; otros, por el contrario, que sí lo han estado y otros cuya independencia o imparcialidad es dudosa a los ojos de la mayoría de los ciudadanos, aunque jamás hayan ostentado cargos de representación política ni cargos de confianza por parte del Gobierno de turno en cada caso.
Por tanto, creemos que el problema estaba ahí, que había que buscar una solución y coincidimos con la idea del proyecto en alejar del ejercicio una función jurisdiccional que tenga que ver con sus funciones anteriores en la vida política. En todo lo demás, nos parece que el proyecto desnaturaliza un montón de instituciones, tiene consecuencias presupuestarias imprevisibles, y pienso en los jueces recién incorporados, sin una vocación plenamente definida, que pueden utilizar el resquicio que abre esta ley para dedicarse a preparar oposiciones de agentes de cambio y bolsa o para irse a hacer «stuffs» en universidades norteamericanas.
En definitiva, creemos que la Ley tiene aspectos que en modo alguno podemos apoyar, que el veto tampoco lo vamos a apoyar por un carácter excesivamente globalizador, pero que nos vamos a abstener en la votación de ese veto porque creemos que la solución planteada por el Gobierno a este problema es equivocada y absolutamente desmesurada.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Galán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Prada Presa.
El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señora Presidenta.
En relación con las últimas palabras del Senador Galán, tengo que agradecer que la postura del Grupo Parlamentario Socialista ya no sea de un rechazo frontal a lo que este proyecto de ley significa y con todas las consecuencias que ello implica, sino que sea una postura de abstención. Esperemos, incluso, que de aquí al Pleno de la semana que viene el Grupo Parlamentario Socialista acabe votando a favor.
En cuanto a lo que se refiere a Izquierda Unida como al propio Grupo Parlamentario Socialista, su concepción y filosofía de la vida en relación con el Partido Popular son diferentes. Pero sí quiero dejar claras tres cuestiones.
La primera es que con ese Proyecto de Ley no se produce ningún recorte de libertades, no se limita la participación en política de los jueces, lo que se limita es la vuelta de los jueces de la política a las funciones jurisdiccionales, que entendemos no sólo, como he dicho en mi primera intervención, era un compromiso electoral del Partido Popular, sino que también era un compromiso del Presidente del Gobierno en su discurso de investidura. En consecuencia, es lógico que hayamos iniciado el camino de cumplir esos compromisos y es importante que la sociedad española vaya teniendo conocimiento de ello a diferencia de lo que, a lo mejor, nos hemos acostumbrado en otras épocas, porque el Gobierno del Partido Popular cumple perfectamente con sus compromisos.
Por último, señora Presidenta, en cuanto a dudar de la credibilidad de los jueces, de la buena fe de un colectivo como son los jueces, de que incluso puedan utilizar el fraude de ley para unos beneficios propios, como lo ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, evidentemente eso es una filosofía del Partido Socialista que el Grupo Parlamentario Popular no comparte, porque entendemos que se trata de un colectivo muy honesto, muy honrado y que no van a utilizar los posibles escollos que pueda tener una legislación para aprovecharse de circunstancias de un modo personal.
Finalizado el debate, vamos a proceder a votar el veto presentado por los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente (Pausa.)
Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos a favor uno; en contra, 14; abstenciones, ocho.
Continuamos con el debate.
A estos efectos y de acuerdo con lo previsto en el número 2 del artículo 114 del Reglamento, entramos en el debate de las distintas enmiendas presentadas al proyecto. En este sentido, corresponde examinar las enmiendas del Senador Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario Mixto, números 1, 2 y 3.
El señor Nieto tiene la palabra.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Las enmiendas del Senador Ríos Pérez quedan defendidas en sus justos términos. No obstante, quiero hacer un pequeño comentario. Consideramos que la enmienda número 1 intenta mitigar alguno de los efectos perversos que entendemos tiene la Ley. Quiere regularlo de tal forma que no haya tanta penalización a los jueces y magistrados que se dedican a la política.
Con esto doy por defendidas las enmiendas del Senador Ríos Pérez.
El señor González Pons tiene la palabra para turno en contra.
El señor GONZALEZ PONS: Muchas gracias, señora Presidenta.
No estando presente el Senador Ríos Pérez y por no reiterar un debate ya producido con el Senador Nieto, doy por formulado el turno en contra, que expresaré con más amplitud en el Pleno de la Cámara.
¿Algún Grupo desea intervenir en el turno de portavoces? (Pausa.) Continuamos con la defensa de las enmiendas de los Senadores Nieto Cicuéndez y Román Clemente, del Grupo Parlamentario Mixto, números 4, 5, 6 y 7.
El Senador Nieto tiene la palabra para su defensa.
El señor NIETO CICUENDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervengo con mucha brevedad porque sería repetir los mismos argumentos que he expuesto en el veto. Si hubiera voluntad se podría recoger alguna enmienda, pero no voy a argumentarlas porque tienen una relación directa con el veto.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Nieto.
No voy a reiterar tampoco argumentos ya expresados, simplemente reproduzco en este turno lo ya señalado en el turno en contra del veto.
¿Alguien más desea intervenir? (Pausa.)
A continuación, pasamos al debate de la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, número 8.
El señor Caballero tiene la palabra para su defensa.
Efectivamente, mantenemos una única enmienda con la que pretendemos extender la condición de Policía Judicial a aquellos funcionarios a los que la Ley asigna el carácter de colaboradores de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, como son los del Servicio de Aduanas. Con esto también pretendemos potenciar la lucha contra todo tipo de contrabando, y muy especialmente el referido al contrabando de las drogas y el tabaco.
Creo recordar que fue la Ley Orgánica 12/1995, de Represión del Contrabando, la que desposeyó del carácter de Policía Judicial a estos funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera. Este hecho ha traído innumerables problemas de legitimación y legalidad de las actuaciones de estos funcionarios que, a nuestro juicio, recomponiendo el «statu quo» anterior, deben contar con los medios jurídicos precisos para el cumplimiento de su función.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Caballero.
El Grupo Parlamentario Popular es consciente de la problemática que vive este sector y, al mismo tiempo, es sensible al requerimiento que se hace por parte del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. No obstante, sistemáticamente entendemos, en primer lugar, que no es ésta la reforma de la Ley Orgánica en la que habría que resolver un problema tan complejo y, en segundo lugar, que este propio problema exige un tratamiento específico, genérico y que atienda a las necesidades que se generaron por la aprobación de la Ley Orgánica a la que se hizo referencia.
Por lo tanto, por motivos de sistemática procesal y entendiendo que no es la reforma adecuada, vamos a oponernos a esta enmienda.
El Senador Nieto tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto.
El señor NIETO CICUENDEZ: Quiero apoyar la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Ya cuando tuvimos el debate de la Ley a que ha hecho referencia el señor González Pons dimos nuestro voto en contra porque creíamos que se quitaban competencias a un colectivo como el de Aduanas, al pasar todas las competencias sobre contrabando a la Guardia Civil. De alguna manera se estaba desperdiciando la experiencia y el trabajo acumulado de estos funcionarios. No sé si el lugar adecuado es éste u otro, pero es el espíritu de la enmienda y, por tanto, la vamos a apoyar.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el señor Caballero.
Comparto la tesis expuesta por el compañero del Grupo Parlamentario Popular respecto a esta posible falta de idoneidad de este proyecto de Ley para proceder a la modificación que apunta nuestra enmienda. En todo caso la mantendré tan sólo a efectos dialécticos y con la intención de que la necesidad de esta modificación sea expuesta en el Pleno y, en su caso, asumida por algún otro grupo.
¿Alguien más desea intervenir? El señor González Pons tiene la palabra.
Intervengo sólo para señalar que si a efectos formales existe acuerdo, a efectos dialécticos no encontrará oposición en el Grupo Parlamentario Popular en todo lo que sea manifestar cuál es la situación delicada que vive este colectivo profesional.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador González Pons.
A continuación, pasamos al debate de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, números 32, 33 y 35.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señora Presidenta.
En estos momentos, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió mantiene vivas tres enmiendas, las enunciadas por la señora Presidenta.
La enmienda número 32 es de adición de un nuevo apartado 2 en el artículo 311 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, introduciendo al colectivo de miembros de la Carrera de Secretario Judicial con diez años de servicios efectivos para cubrir las vacantes de magistrados. Entendemos que constituye un justo reconocimiento a dicho colectivo, así como a su preparación jurídica.
La enmienda número 33 es de modificación del apartado tres del artículo sexto. Cuando dice: «A principio de cada año judicial, el Ministerio de Justicia...» entendemos que debería intercalarse el siguiente párrafo: «Oída preceptivamente la Comunidad Autónoma afectada... publicará una relación de personas, etcétera».
Con esta enmienda se pretende crear un sistema que evite las disfunciones ocasionadas por las vacantes de Secretarios Judiciales, tan necesarias de cubrir.
La enmienda número 35 propone la redacción de un segundo párrafo en el artículo 447 de la propia Ley Orgánica del Poder Judicial del siguiente tenor: «Asimismo, también, podrán representar y defender a los entes locales los letrados de los servicios jurídicos de otras Administraciones Públicas de ámbito territorial superior que tengan atribuida legalmente la competencia de asistencia jurídica a dichos Entes Locales».
Señora Presidenta, lo que estamos propugnando es la posibilidad de que los letrados de las Administraciones Públicas de ámbito territorial superior --dígase diputaciones, consejos comarcales-- puedan representar y defender en juicio a dichos entes locales, toda vez que dichos servicios jurídicos ya lo están haciendo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Capdevila.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador González Pons.
El señor GONZALEZ PONS: Gracias, señora Presidenta.
Intervengo para defender un turno en contra más fundado, de nuevo, en razones de oportunidad que en razones de fondo político.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió presenta tres enmiendas en este acto parlamentario, de las cuales dos hacen referencia a la situación profesional de los Secretarios Judiciales y una tercera a la defensa en juicio de la Administración del Estado y de la Administración Local.
En cuanto a las dos primeras, entendemos que la reforma que estamos tramitando tiene una serie de objetos determinados y no se encuentra en este momento en trámite una reforma general de la situación jurídica de los Secretarios judiciales, por lo que sin despreciar ni contradecir las aportaciones sensatas que contienen estas enmiendas, quizá no sería el momento de introducir fuera de un marco general de reforma.
No obstante, mantenemos la posibilidad de seguir reflexionando acerca de estas propuestas de cara al Pleno, puesto que la tramitación de este proyecto de ley orgánica, como sus señorías saben, se ha ido caracterizando por sucesivas aportaciones de distintos grupos parlamentarios, construyendo un compacto conjunto de medidas relacionadas entre sí.
Respecto a la enmienda número 35, simplemente señalaré que nuestro Grupo Parlamentario entiende que habría sido más apropiada presentarla al proyecto de ley que se ha debatido previamente, que es la de defensa en juicio de la Administración Pública, puesto precisamente se hace referencia a esta cuestión. Por lo tanto, entendemos que no cabe en este debate y damos por reproducidos los argumentos ya esgrimidos en el que hemos tenido anteriormente.
¿Algún Grupo desea intervenir sobre las enmiendas presentadas por Convergència i Unió en turno de portavoces? (Pausa.) No habiendo petición de palabra, corresponde debatir las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 13, 16, 17 parcialmente, 18, 24, 25, 27, 28 y 29.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Galán.
El señor GALAN PEREZ: Gracias, señora Presidenta.
Con su venia, voy sin demasiada demora de tiempo a defender las enmiendas que siguen vivas por parte del Grupo Parlamentario Socialista a este proyecto de ley, y me detendré en las que entiendo fundamentales.
La número 13 es una enmienda puramente de ubicación, ya que al modificarse el artículo 354 de la Ley y llevar su contenido a la situación de excedencia voluntaria ha quedado mal articulada la ordenación numérica de los artículos de la Ley. Uno de ellos, el 354, habla de excedencia voluntaria; el 355 vuelve a mencionar los servicios especiales y el 356 vuelve hablar de excedencia voluntaria.
La razón esgrimida por el Grupo Parlamentario Popular para no aceptar esta enmienda es que habría que corregir en otras partes de la ley las remisiones y referencias, y me parece una razón digna de, al menos, ser valorada.
La número 16 es una de nuestras enmiendas fundamentales. Persigue una solución diferente a la de la excedencia voluntaria por tres años, con plenitud de derechos económicos y con cómputo a efectos de derechos pasivos, antigüedad y ascensos, que está en la base de este artículo 2 del proyecto de ley, al modificar el artículo 357 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Nuestra solución admite la propuesta del Gobierno en cuanto a la reducción de los supuestos de servicios especiales y a la ampliación del concepto de excedencia voluntaria, como la situación administrativa habitual de los jueces y magistrados que pasan a la política, bien sea ocupando cargos representativos de elección directa u ocupando cargos en el Ejecutivo de confianza; sin embargo, creemos que al terminar, en vez de quedarse tres años en esa situación de «descontaminación» a la que me refería antes, si no solicitan la excedencia voluntaria por interés particular, deberían pedir el reingreso en el servicio activo, pero siempre en plaza que le sea asignada por el Consejo General del Poder Judicial, previo informe de la Sala de Gobierno del ámbito jurisdiccional correspondiente, donde el juez o magistrado tendrá que permanecer tres años sin poder concursar más que a aquellas plazas que no supongan un ejercicio de la potestad jurisdiccional.
Nos parece que el fin pretendido por el proyecto de ley se cumpliría igual y con una fórmula mucho más razonable, sensata y mucho menos costosa para la carrera profesional de los propios jueces que quieren volver a ejercitar su profesión después de haber servido a los ciudadanos en un cargo político o público y, por otra parte, sin que ello represente un desperdicio en capital humano notable, desaprovechando, durante tres años, el potencial de estos funcionarios de la carrera judicial como se mantiene en el proyecto.
En cuanto al artículo 17, aceptamos la transaccional ofrecida. Nuestra pretensión era evitar cualquier trato discriminatorio entre los jueces y magistrados y cualquier otro funcionario público en lo que se refiere a la excedencia voluntaria para atender el cuidado de los hijos.
Mantenemos el resto de nuestra enmienda, que se mueve en la misma dirección, al igual que la número 29, que es coherente con ésta, y esperamos que de aquí al Pleno podamos buscar una solución plenamente satisfactoria para ambos Grupos.
Por lo que hace referencia a la enmienda número 18, nuestra pretensión es ir más allá de la ampliación que se ha efectuado en el artículo 219, apartado Uno. 12.º de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Creemos que hay que llevar también al apartado Uno. 8.º el tema de la amistad íntima o enemistad manifiesta, no ya sólo con las partes, como actualmente regula la Ley Orgánica, sino también con sus representantes o asesores, facilitando el trabajo jurisprudencial y siguiendo el carácter tasado de las causas
de abstención y recusación que siempre han caracterizado a esta institución en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por otra parte, nos parece que en el apartado 12.º hay que ampliar también los supuestos en cuanto a la imparcialidad objetiva, haciendo referencia a cuando, por ejemplo, el juez o magistrado ha participado no sólo en la resolución del litigio o de algunas de sus fases o incidencias, cosa que ya está, sino también cuando ha intervenido directamente en el debate público emitiendo opiniones sobre el objeto de controversia jurisdiccional, sobre las partes o sobre sus representantes o asesores, que puedan afectar al sentido de la resolución.
Creemos que hay casos sobrados, como puede ser el caso Sogecable, etcétera, que están ahora mismo debatiéndose entre la opinión pública y que ponen de manifiesto la conveniencia de aceptar este supuesto. Es muy difícil participar en un programa de radio, verter opiniones claramente en relación con el debate público y, luego, pretender, no digo yo mantener la imparcialidad, que esa en todo caso desde el punto de vista subjetivo se puede mantener, sino mantener también esa imparcialidad objetiva que yo creo que es absolutamente necesaria. Creo que la solución a este problema debe buscarse, más que por la vía de la regulación por la de la ampliación de la causa de abstención y recusación.
Agradecemos la aceptación de nuestras enmiendas números 22 y 23, que hemos retirado al incorporarse al informe de ponencia la enmienda numero 39, aunque anunciamos que, lógicamente, los otros extremos que no coinciden con estas enmiendas y que van más allá en cuanto a ampliar las excepciones a este carácter de magistratura de ejercicio que debe tener la Magistratura del Tribunal Supremo, no los apoyamos, sobre todo, en supuestos, como es el del Director de la Agencia de Protección de Datos o en el caso de los vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia, que son cargos puramente administrativos que, a mi juicio, no deben, en modo alguno, suponer una excepción, sino que deberían suponer la pérdida de la categoría de magistrado del Supremo a aquel magistrado del Tribunal Supremo que acepta ocupar este cargo de designación política o de libre nombramiento por parte del Gobierno.
La enmienda número 24 hace referencia, sencillamente, a la incorporación a la Ley Orgánica del Poder Judicial del acuerdo que en el año 1995 firmó el Ministerio de Justicia con los sindicatos para la regulación de las condiciones de trabajo del personal de la Administración de Justicia, específicamente en lo referido a las plazas de promoción interna de oficiales, auxiliares y agentes judiciales. Creemos que sería necesario alterar ahora los artículos 482, 492 y 493 de la Ley Orgánica para permitir esas posibilidades de promoción en la carrera profesional de estos funcionarios, llamémosle de nivel inferior, dentro de la Administración de Justicia, pero también entendemos que en las prioridades del Gobierno y del grupo que sustenta al Gobierno no esté el dar satisfacción y cumplimiento a estos acuerdos firmados con los sindicatos del personal de la Administración de Justicia.
Con la enmienda número 25 queremos resolver un problema que existe en aquellas Comunidades Autónomas que son pluriprovinciales, donde las salas del Tribunal Superior de Justicia a veces tienen la competencia territorial limitada a diversas provincias del territorio de la Comunidad Autónoma. Concretamente, en base a los artículos 161 y 78 de la Ley Orgánica hay una atribución de la función de representación del Poder Judicial al Presidente de Sala del Tribunal Superior de Justicia en aquellas provincias que no coinciden con la sede del propio Tribunal Superior de Justicia. Esto plantea problemas protocolarios o representativos, al menos en Andalucía, y me imagino que posiblemente también en Castilla y León. Pretendíamos resolverlo con una solución que nos parece lógica: que sea el Presidente del Tribunal Superior de Justicia el que en todo el ámbito de la Comunidad Autónoma ostente la representación única del Poder Judicial.
Por otra parte, quiero agradecer muy calurosamente la aceptación de nuestra enmienda número 26 con la que reconocemos que se salda una deuda que venía arrastrada desde el debate de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 1985 en relación con el Consejo de Hombres Buenos de Murcia, como tribunal consuetudinario. Enmienda que precisamente no fue aceptada en esta Cámara y desapareció al retirarla el propio portavoz del Grupo Parlamentario Popular y es ahora el Grupo Parlamentario Socialista el que la plantea, el que la incorpora y el que agradece al grupo mayoritario de la Cámara su aceptación. Por lo tanto, es algo que ha sido iniciativa de nuestro grupo, pero reconozco que hay que valorar también la actitud receptiva por parte del Grupo Parlamentario Popular.
La enmienda número 27 pretende mandatar al Gobierno para que reforme el recurso de audiencia al rebelde, que nos parece una necesidad que podría favorecer, junto con la regulación a la que, al final, hemos llegado en el artículo primero sobre el incidente de nulidad de actuaciones, el planteamiento excesivo de recursos de amparo que llegan al Tribunal Constitucional porque no ha habido cauces suficientes, como puede ser éste de la regulación adecuada del recurso de audiencia al rebelde y como será ahora la regulación, creo que bastante ponderada después del trámite parlamentario, del incidente de nulidad de actuaciones que va en este proyecto de ley, o como sería, en todo caso, el desarrollo del artículo 53.2 de la Constitución en cuanto a la existencia de un procedimiento preferente y sumario para la protección de los derechos constitucionales individuales. Por tanto, creemos que el mandato es abierto, un mandato en el cual el plazo es susceptible de ser transaccionado, pero llamaríamos la atención al Grupo Parlamentario Popular para que lo estudiara y pudiera, de aquí al Pleno, cambiar su posición.
Por último, quedan dos enmiendas, las números 28 y 29. En la primera, y en relación con la disposición transitoria tercera, pretendemos no dar a la norma un carácter retroactivo, sino que entre en vigor a partir de la vigencia de la ley. Que en todo caso se salvaguarde la posibilidad de que los Presidentes de Sala actuales del Tribunal Supremo se vean obligados a quedar en la propia Sala de la que han sido presidentes como meros magistrados de base, magistrados de a pie. (Risas.) Y en la enmienda número 29 planteamos el concepto de excedencia voluntaria en la misma línea de la que era nuestra enmienda número 18.
Perdonen todas sus señorías esas expresiones, poco técnicas, que he utilizado en relación con la posición del
Presidente de Sala de un Tribunal que vuelva a su posición de magistrado.
(Risas.) La señora PRESIDENTA: Seguro que está su señoría perdonada.
Muchas gracias, Senador Galán. Para turno en contra, tiene la palabra el Senador González Pons.
En mi condición de Senador de a pie, pero de este grupo parlamentario de la mayoría, utilizaré el turno en contra de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Con carácter previo, quiero señalar, no obstante, que se ha producido a lo largo de la tramitación de este proyecto de ley una modificación de posición notable en el Grupo Parlamentario Socialista, que va desde la presentación de una enmienda de totalidad en el Congreso de los Diputados hasta la aceptación de amplios aspectos de la ley que ahora estamos tramitando. En el Congreso de los Diputados se incorporaron numerosas enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y otro tanto ha sucedido aquí en el Senado, lo que da cuenta, en mi opinión, del espíritu constructivo y de consenso con el que la ley ha sido tratada.
Respecto de las enmiendas que en este momento quedan vivas, y haciendo referencia a cada una de ellas, como se ha hecho en la intervención anterior, empezaré diciendo que nos oponemos a la enmienda número 13. Es comprensible el sentido sistemático que quiere aportarse, pero causaría enormes problemas, no tanto, Senador Galán, en el propio texto de la ley, puesto que las referencias internas en el texto de la ley podríamos modificarlas también en este mismo trámite, cuanto en las innumerables citas que existen de estos artículos en sentencias, en tratados jurisprudenciales y en tratados doctrinales.
La enmienda hace referencia a algunos artículos que son frecuentemente citados por sentencias judiciales y por los tratadistas. Por tanto, crearíamos la necesidad de que muchos tratados de Derecho y muchas sentencias tuvieran que corregirse o, por lo menos, se complicara su consulta y su cita si modificáramos, por buscar una idoneidad sistemática, los números de algunos artículos.
Entiendo que la enmienda número 16, del Grupo Parlamentario Socialista, es la principal de las que presentan. Es aquélla en la que se encuentra recogido el núcleo de la confrontación que en este momento existe entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario al que yo represento. En ella, el Grupo Parlamentario Socialista, reconociendo la necesidad de la regulación que llevamos a cabo, reconociendo la oportunidad de la regulación que llevamos a cabo y reconociendo el alcance que queremos dar a la regulación que llevamos a cabo, discrepa, sin embargo, simple y llanamente respecto del método o de la forma en que lo vamos a hacer.
En la exposición de los argumentos que ha realizado el Senador Galán han vuelto a surgir los mismos argumentos y las mismas ideas que han sido expuestos en el turno de portavoces que ha realizado en el debate del veto a este proyecto de ley. Por ello, no voy a hacerme reiterativo respecto de la posición de mi Grupo, simplemente realizaré algunas reflexiones muy breves.
En primer término, se está utilizando con reiteración el argumento de que la regulación que nosotros pretendemos llevar a cabo de la situación en la que quedan los jueces que han pasado por la política puede afectar al derecho de participación política de jueces y magistrados.
Yo quisiera que sus señorías, en lo que resta de debate, tuvieran en cuenta y compensaran, junto a ese derecho de participación política, el derecho del justiciable a recibir una justicia eficaz e imparcial. No se trata tanto de limitar el primer derecho cuanto de garantizar el segundo.
En este sentido, se utiliza como argumento complementario el poner en contradicción la limitación de derechos a la que he hecho referencia con las ventajas que pueden ofrecerse a los magistrados y jueces que utilicen fraudulentamente la vía que esta ley va a abrir.
Digamos, en primer término, que resulta contradictorio que se pretenda decir al mismo tiempo que una ley no sirve porque ofrece ventajas y porque ofrece limitaciones, u ofrece limitaciones de derechos, u ofrece ventajas para los jueces y magistrados, pero las dos cosas al mismo tiempo no pueden sostenerse.
En segundo lugar, tengan en cuenta el ejemplo que voy a poner a continuación. Creo que a ninguno de sus señorías presentes les sorprendería que yo dijera que es razonable que a un Ministro que ha estado ejerciendo su cargo en un ámbito determinado debe impedírsele a la salida del Ministerio que trabaje en la empresa privada en el mismo ámbito material en el que ha ejercido su Ministerio. Creo que es razonable, y que sería razonable que dijera a sus señorías que esa limitación de participación profesional que se establece para un Ministro en su ámbito profesional debe compensarse económicamente. Yo pregunto a sus señorías si lo que es razonable para un Ministro no puede ser razonable para un juez o magistrado. Pregunto si con la oposición a la Ley que estamos tramitando no estarán haciendo ustedes de mejor condición política, a efectos del derecho de participación política, a los políticos habituales que a los jueces y magistrados cuando quieren participar en la función política. No entendemos que se establezca ninguna ventaja que no esté establecida ya para otras personas que participan en la vida pública y con posterioridad tienen limitaciones a sus derechos de ejercicio de profesión, y, al mismo tiempo, no creemos que se esté limitando el derecho de participación política más de lo que ya está limitado para algunos altos cargos públicos que tienen limitados sus derechos a la salida del ejercicio de su cargo público.
No seguiré insistiendo en esta enmienda puesto que estoy convencido de que volverá a ser objeto de debate, tanto de totalidad como de enmienda, en el pleno que celebraremos la semana que viene.
Respecto de la enmienda número 18, ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que era conveniente su aprobación para resolver cuestiones que afectan particularmente al caso Sogecable. Yo he querido entender esto, al menos pienso que así se ha dicho. En todo caso, nosotros consideramos innecesaria la precisión y, desde luego, no sé qué necesidad hay en el caso Sogecable de aprobar esta enmienda, pero tenga por seguro que no haremos una reforma de la Ley Orgánica en función de ningún caso particular.
En cuanto a la enmienda número 24, señorías, lucho por que no esté en mi ánimo extenderme en su turno en contra. Precisaré, para quien no lo haya percibido, que en la enmienda 24 se pretende introducir un acuerdo firmado con los sindicatos en el año 1994, es decir cuando este grupo que ahora es mayoritario no lo era, cuando lo era el grupo que presenta la enmienda, que posteriormente tuvo dos años y medio para poderla convertir en Ley Orgánica. Creo, simplemente, que debió hacerse cuando tuvo que hacerse y que no es éste el momento de saldar deudas impagadas.
Voy a discrepar también con toda cordialidad de la crítica que se hace a la posibilidad de que el Director de la Agencia de Protección de Datos y el Presidente y vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia puedan conservar la categoría de magistrados del Tribunal Supremo. Cuando el Senador Galán ha hecho referencia a estos dos altos cargos, prácticamente venía a señalar que eran cargos menores en relación con los anteriores.
Senador Galán, le diré que puede haber sido así históricamente pero que las transformaciones del mundo en el que estamos viviendo y las transformaciones a las que nos va a llevar el mundo que viviremos, hacen que la protección de datos informáticos y la defensa de la competencia sean necesidades materiales para el Derecho constitucional --fíjese usted bien en lo que digo--, casi del mismo grado que la defensa de los derechos fundamentales que puede tener atribuida el Defensor del pueblo.
No voy a alargarme en ello. La formulación de derechos fundamentales que tenemos recogida en la Constitución es deudora de una larga tradición jurídica, pero las transformaciones del mundo actual hacen que surjan nuevas necesidades de protección de la dignidad de la persona, y ellas están afrontándose desde la protección de datos informáticos y desde la protección y defensa de la libre competencia.
La enmienda número 25 plantea un problema particular que está sucediendo en Andalucía. Nosotros creemos innecesario hacer esta reforma de la ley simplemente por este problema que sucede en Andalucía e insistimos en que creemos que no es bueno, por cuestiones particulares o personales, introducir reformas en una Ley Orgánica como lo es la del Poder Judicial.
Senador Galán, le agradezco honestamente las palabras que ha tenido para con mi Grupo en relación con la incorporación del Tribunal consuetudinario de Hombres Buenos de Murcia. Simplemente le diré que si es cierto, que lo es, que esta incorporación salda una deuda, desde luego también es cierto que esa deuda no había sido contraída por mi Grupo Parlamentario.
En cuanto a la enmienda 27 entendemos que es incongruente con la solución que el Proyecto de Ley Orgánica da al incidente de nulidad de actuaciones; es coherente con la primera propuesta del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados respecto de la audiencia al rebelde, pero ya no es congruente con la solución que finalmente hemos adoptado. Por lo tanto, no quedaría bien encajada en el presente Proyecto de Ley.
Termino haciendo una referencia con toda brevedad a la enmienda número 28. En mi opinión, Senador Galán, no estamos hablando de retroactividad o irretroactividad. Hay retroactividad cuando una ley se aplica a situaciones que se produjeron con anterioridad a su entrada en vigor, pero no hay retroactividad cuando una ley se aplica a situaciones vigentes en el instante de su entrada en vigor; esas situaciones vigentes son precisamente las que el legislador pretende transformar. Si llamáramos retroactividad a las situaciones vigentes a la entrada en vigor de una ley, estaríamos hablando de derechos adquiridos y estaríamos limitando la capacidad del legislador para transformar la realidad que existe en el momento en el que legisla.
Ustedes con esta enmienda lo que quieren es que determinados presidentes de sala del Tribunal Supremo puedan continuar siéndolo a pesar de la entrada en vigor de esta Ley. Quizás --espero que me desmienta si no es así-- esta enmienda tiene nombres y apellidos y si esos nombres y apellidos los tiene, usted los sabe y nosotros no.
Abrimos, a continuación, turno de portavoces.
¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el Senador Galán tiene la palabra.
El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Con mucha brevedad y tras agradecer la intervención del Senador González Pons, quiero decirle en primer lugar, en relación con nuestra enmienda 16, en la que ha hecho una comparación con los ministros que dejan la política y que por razón de la legislación de incompatibilidades no pueden actuar en la actividad privada en el ámbito donde han ejercido su actividad pública, que no es absolutamente comparable a la regulación de la ley por una razón obvia. Aquí no estamos hablando del juez que ha sido ministro, o que es ministra en este caso, o del juez que ha sido consejero en un Comunidad Autónoma. Estamos hablando, incluso, de aquel que se ha presentado a unas elecciones locales en el puesto 17.
Evidentemente, nos parece que llevar a ese extremo la idea de la contaminación política como algo que necesita tres años de descontaminación, por lo tanto tres años de no utilización de esa persona en el ejercicio de funciones jurisdiccionales, dándole, a cambio, la retribución económica y posibilitando cualquier otro tipo de actividad, ya sea privada o no, por cuanto no hay una aplicación en ese supuesto de la normativa de incompatibilidades para las situaciones de activo, nos parece absolutamente excesivo y desmesurado.
En segundo lugar, en relación con las causas de abstención y recusación, la referencia que he hecho a algo que estaba en la opinión pública, como era, por ejemplo, el debate sobre el procedimiento relativo a Sogecable quizá no haya sido afortunada. No me refería a que en este caso fuera necesario la modificación de la ley, sino a que cada vez más, no ya el legislador, sino la jurisprudencia
está tendiendo a extender el supuesto de amistad o enemistad manifiesta más allá de las puras partes, incorporando también a los representantes o asesores como susceptibles de provocar la abstención o recusación por este supuesto. En ese caso, a mí me parece que es bueno que en un régimen de causas tasadas, como es el nuestro, lo incorporemos al Proyecto de Ley y me parece que ahí habría que añadir la participación en el debate público, bien sobre el fondo del asunto, bien sobre el juicio que le merecen las partes que van a serlo desde el punto de vista procesal en el litigio, o bien sobre sus representantes y asesores. Es decir, no es más que una garantía que en modo alguno se produce por un fenómeno, por un supuesto, por un procedimiento concreto, sino que se hace necesaria a la vista de esa evolución de los tiempos que el Senador González Pons sacaba a colación al hilo de la inclusión del Director de la Agencia de Protección de Datos o del Tribunal de Defensa de la Competencia.
Para terminar por lo que se refiere a nuestra enmienda relacionada con los Presidentes de Sala del Tribunal Supremo, no pretendemos en modo alguno perpetuar en su cargo a determinados Presidentes, sino pretendemos que esta enmienda, de ser incorporada al proyecto, se aplique absolutamente a todos los presidentes de sala porque cuando fueron designados como tales nadie les advirtió que era una designación para cinco años. Creemos razonable esa limitación temporal, pero nos parece que debe ser aplicable para los nombramientos que se hagan a partir de la entrada en vigor de la Ley. Quizá lo que suceda es que la negativa a admitir esta enmienda puede estar relacionada con la voluntad de su Grupo de que cuanto antes dejen su condición de presidentes de sala algunos o determinados presidentes actuales. En nuestro caso la protección es en relación con todos los presidentes y evidentemente la limitación desde el punto de vista genérico nos parece una incorporación a la legislación orgánica del Poder Judicial conveniente y oportuna y, por lo tanto, nosotros la apoyamos, pero no con esa aplicación a situaciones ya producidas, a nombramientos ya efectuados.
Termino señalando, señoría, que por lo que respecta a la disposición transitoria segunda que hace referencia a la aplicabilidad de la Ley, reconozco que el magnífico jurista que hay en el Senador González Pons ha puesto de manifiesto que la utilización del término retroactividad era impreciso por mi parte, cosa que reconozco, pero esa incorporación de la enmienda 47 que se produjo en el trámite de Ponencia y que rompe una transaccional a la que se llegó en el Congreso de los Diputados con el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió nos ha sorprendido.
Entendemos que su Grupo aquí, donde tiene mayoría absoluta, quiera dejarlo plenamente claro, pero el Grupo Parlamentario Socialista presentará un voto particular para volver al texto de la disposición transitoria segunda remitido por el Gobierno, en la confianza de que el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió en aquella Cámara en su día no aceptará, junto con nosotros, la incorporación que el Senado hace de esa enmienda 47.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, el Senador González Pons tiene la palabra.
Quiero agradecer una vez más el tono, el talante y, desde luego, el contenido de la exposición que ha sido vertida por el Senador Galán, y hacer algunas precisiones a la misma desde nuestro subjetivo punto de vista.
Empezaré prácticamente por el final sobre, la pretensión producida acerca de los presidentes de sala del Tribunal Supremo.
Yo escucho y trato de entender el argumento, Senador Galán, y el argumento ha venido a ser, en términos sencillos, del siguiente orden: Cuando fueron elegidos presidentes de sala no se les advirtió de que el mandato duraría cinco años. Ahora ese mandato se limita a cinco años, y por eso se les debe prorrogar.
Senador Galán, si aplicáramos ese argumento a todas y cada una de las leyes que aprobamos en esta Cámara, simplemente no transformaríamos la realidad. Si aprobamos una ley que modifica el sistema de venta a plazos, cualquier ciudadano puede alegar que cuando él hizo una compra a plazos no se le advirtió que eso se debía modificar y, por lo tanto, se le tiene que dar el derecho a acogerse al régimen en el cual compró a plazos; o una ley sobre propiedad, o una ley sobre cualquier asunto. Realmente no entendemos por qué en este caso referente a los presidentes de sala del Tribunal Supremo es necesario hacer una excepción que limitaría nuestra capacidad de actuación sobre la realidad, y por eso no creemos que sea necesario que nosotros digamos por qué queremos que la ley se aplique a todos por igual, sino que son otros los que tienen que explicar por qué razón los presidentes de sala del Tribunal Supremo no deben ser iguales a todos los ciudadanos en los principios genéricos de aplicación de la ley.
Respecto de la equiparación argumental que he hecho de la excedencia forzosa que se pretende aplicar a jueces y magistrados, con la salida de la función pública que realizan, por ejemplo, los altos cargos de la Administración o los ministros, terminaré mi argumentación indicando que he dicho --e insisto-- que lo que pretendo decir es que hay una idéntica naturaleza jurídico-política en la medida en la que se aplica para una situación que es de parecida naturaleza jurídico-política. Fíjese su señoría. A un ministro que, por ejemplo, lo ha sido de Agricultura, se le impide trabajar en el ámbito de la agricultura a la salida de su ministerio, y eso no dicen ustedes que sea una limitación de derechos. A un ministro, que lo ha sido de Agricultura, y se le impide trabajar en ese ámbito a la salida del ministerio, se le subvenciona, se le compensa económicamente, y eso no dicen ustedes que sea una ventaja por hacer nada. No entendemos por qué los altos cargos de la Administración que provienen de la laguna común de la que lo hacemos la mayoría de los políticos pueden tener una limitación a la salida de su mandato como alto cargo y pueden tener una contraprestación a esa limitación, y los jueces y magistrados tienen, si se les aplica genéricamente la naturaleza de ese mismo régimen, una limitación de derechos fundamentales y, al mismo tiempo, una ventaja económica por percibir un dinero --su señoría a ha dicho por no hacer nada.
Pero, al mismo tiempo, su señoría ponía el caso de las elecciones municipales y del concejal número 17 de una lista de un ayuntamiento pequeño. Obviando el hecho de que en un ayuntamiento pequeño no hay diecisiete concejales, habrá que decir que la cuestión no está en relación con lo grande y lo pequeño, sino con la naturaleza del cargo que se ejerce. Fíjese bien su señoría en que un ministro adopta decisiones sólo acerca de algunas cuestiones relacionadas con su ministerio, pero un simple candidato a concejal de un municipio puede tratar, comprometerse y comprometer su palabra, a lo largo de una campaña electoral, en todas las cuestiones que afectan al municipio, sin limitación de ámbito material, desde el urbanismo hasta la defensa de los derechos fundamentales, desde el tráfico hasta el acondicionamiento de parques y jardines, desde la concesión de licencias hasta la resolución de los expedientes contenciosos que tenga ese ayuntamiento. No hablo ni hablaré, señoría, de contaminación política. No hemos utilizado esa expresión. Creemos que no es bueno utilizarla. Hablemos simplemente de compromisos, legítima, legal y, desde luego, democráticamente adquiridos durante la participación en la vida pública, y que conllevan necesariamente una continuidad temporal que puede perjudicar en determinados casos la imparcialidad de algunos jueces y magistrados en el ejercicio de su función jurisdiccional.
Por último, sólo diré dos cosas respecto de la enmienda número 47, aquella por la que la incompatibilidad que establecemos para jueces y magistrados, es decir, el régimen de excedencia forzosa, para decirlo mejor, queremos que se aplique a los jueces y magistrados que ya están en este momento en el ejercicio de la actividad pública, y no diferir la aplicación del régimen que establece la ley para el futuro.
Primero, que insisto en los argumentos acerca de la retroactividad; que no pretendemos aplicar la ley con efectos retroactivos, como ya he dicho antes, sino al momento presente; que resulta incomprensible desde nuestro punto de vista que una ley que se hace para el futuro no se aplique para el presente. Es una renuncia por parte del legislador.
En segundo lugar, aceptamos la posibilidad de que el Congreso de los Diputados no acepte la enmienda que nosotros estamos introduciendo. No estamos haciendo un ejercicio de mayoría absoluta, Senador Galán. Estamos haciendo un ejercicio de coherencia política. Hicimos una promesa, adoptamos un compromiso, y lo estamos cumpliendo. Simplemente, Senador Galán, es nuestro estilo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador González Pons. (El señor Capdevila i Bas pide la palabra.)
El señor CAPDEVILA I BAS: Perdón, señora Presidenta, pero por alusiones quisiera matizar que el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió se opone, evidentemente, a la enmienda numero 47.
La señora PRESIDENTA: Así ha quedado constancia en el acta del informe de la Ponencia, Senador Capdevila. (El señor Galán Pérez pide la palabra.) Senador Galán, considero finalizado el debate. Si tuviéramos competencia legislativa plena, con gusto le concedería el turno. Ahora bien, si usted quiere insistir, esta Presidencia no tiene ningún inconveniente.
El señor GALAN PEREZ: No discutiré jamás con la Presidencia en cuanto al orden para organizar la Comisión y, por lo tanto, en el Pleno acabaré contestando las últimas argumentaciones del Senador González Pons.
La señora PRESIDENTA: Allí nos deleitaremos con las intervenciones de su señoría.
Muchas gracias, Senador Galán.
Finalizado el debate, señorías, voy a proceder a informales sobre las últimas modificaciones que ha hecho la Ponencia en la hora previa al desarrollo de esta Comisión.
Según mis notas, la Ponencia admitió parcialmente la enmienda número 17 del Grupo Parlamentario Socialista e incorporó también la enmienda número 26. Asimismo, las enmiendas números 38 y 39, del Grupo Parlamentario Popular, quedaron incorporadas, y la enmienda número 46, del mismo Grupo, fue retirada.
Voy a dar la palabra al señor Letrado para que nos ilustre sobre las cinco enmiendas «in voce» que la Ponencia ha admitido. Ruego que se proceda a la lectura de la enmienda «in voce» al artículo primero, apartado 3, que resulta ser el artículo 240.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Tiene la palabra el señor Letrado.
El señor LETRADO: En el artículo primero, el apartado 3 del artículo 240 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, párrafo primero, «in fine», quedaría de la siguiente manera: «Siempre que los primeros no haya sido posible denunciarlos antes de recaer sentencia o resolución que ponga fin al proceso y que, en uno u otro caso, la sentencia o resolución no sea susceptible de recurso en el que quepa reparar la indefensión sufrida.» En el artículo segundo, la redacción del artículo 355 de la Ley orgánica del Poder Judicial se modifica al suprimir las palabras «finalización de» en el primer inciso. En consecuencia dicho inciso terminaría así: «o desde la fecha de la licencia».
En cuanto al artículo segundo, artículo 357, de la Ley orgánica del Poder Judicial, y concordantes se procede a unificar la terminología y a referirse siempre a elecciones generales, europeas, autonómicas, forales o locales y, en otros casos, a corporaciones forales o locales. También se suprime la referencia en el apartado 3 a «relativo a destino provisional y concursos».
En cuanto al artículo quinto, siete, artículo 389, apartado dos de la LOPJ, se añade, al final de dicho apartado, un inciso del siguiente tenor: «Asimismo podrán administrar su patrimonio familiar».
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez Dobón.
Si sus señorías no me indican otra cosa, la votación se efectuará de la siguiente manera.
En un bloque, artículos primero a octavo, después, la disposición adicional, a continuación las disposiciones transitorias, primera a cuarta y, por último, separadamente, la disposición final y la exposición de motivos. (El señor Galán Pérez pide la palabra.) Tiene la palabra el Senador Galán.
Nuestro Grupo pediría votación separada de los siguientes artículos.
En el artículo segundo, del artículo 357; del artículo cuarto del artículo quinto, seis, punto uno y artículo, quinto siete.
Y por lo que hace referencia a las disposiciones transitorias, es decir, al otro bloque, pedimos también votación separada de la disposición transitoria segunda y de la disposición transitoria tercera, número 3.
Finalmente, solicitamos la votación separada de la Exposición de Motivos.
La señora PRESIDENTA: Senador Galán, ¿se pueden votar en un mismo bloque los artículos para los que ha pedido votación separada?
El señor GALAN PEREZ: Sí.
Vamos a proceder a votar el artículo segundo, artículo 357; y los artículos quinto, punto seis, número 1 y punto siete. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 15; en contra, 10.
Votamos, a continuación, el resto de los artículos para los que no se ha solicitado votación separada. (Pausa.)
Votamos la disposición adicional (Pausa.)
¿Senador Galán, podemos votar conjuntamente las disposiciones transitoria segunda y tercera en su punto 3?
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación las transitorias segunda y tercera en su punto número 3. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en contra, 11; abstenciones, una.
Votamos, a continuación, el resto de las disposiciones transitorias.
(Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 24; en contra, uno.
Votamos la disposición final. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 24; en contra uno.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 15; en contra, uno; abstenciones, nueve.
Señoría, finalizadas ya las votaciones, me resta preguntarles qué miembro de la Comisión llevará a cabo la presentación del dictamen ante el Pleno.
Proponemos, al igual que en la ley que hemos debatido con anterioridad, que sea la señora Presidenta y en este caso, para que quede constancia en el acta, por un especial motivo, dado que en la anterior Legislatura y en la última reforma que se hizo de la Ley Orgánica del Poder Judicial su señoría fue ponente de esa importante reforma. En consecuencia, nos parece de justicia --y nunca mejor dicho-- que sea su señoría la que presente el dictamen ante el Pleno.
El señor GALAN PEREZ: Nuestro Grupo se suma calurosamente a la propuesta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Prada. Muchas gracias a todos por recordarme, entre otras cosas, los buenos viejos tiempos que pasamos en aquella Legislatura.
-- PROPOSICION DE LEY DE REFORMA DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL EN MATERIA DE EJECUCION. (624/000007.) La señora PRESIDENTA: Seguimos con el último punto del orden del día: Dictamen de la proposición de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de ejecución.
Señorías, esta proposición de ley tuvo su entrada en el Senado el pasado 21 de julio, fecha de su publicación en el «Boletín Oficial de las Cortes», y el plazo de presentación de enmiendas terminó el pasado día 12 de septiembre.
Las enmiendas que se han presentado a esta proposición de ley han sido tres, una de la Senadora De Boneta y Piedra, del Grupo Parlamentario Mixto y dos del Grupo Parlamentario Socialista.
La Ponencia, según mis notas, acordó en el trámite de informe no incorporar al texto de la proposición de ley ninguna de las enmiendas presentadas. Por lo tanto, vamos a pasar al debate de las mismas. En este sentido, corresponde
la defensa de la enmienda número 3 presentada por la Senadora De Boneta y Piedra del Grupo Parlamentario Mixto.
¿Senador Nieto, intervendrá usted en el turno de defensa?
El señor NIETO CICUENDEZ: Sí, señora Presidenta.
La doy por defendida tal como está formulada.
La señora PRESIDENTA: Muy bien. Muchas gracias, Senador Nieto.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Cañellas del Grupo Parlamentario Popular.
El señor CAÑELLAS FONS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Mi Grupo se va a oponer a la aceptación de la enmienda, entre otras razones porque en la Ponencia ya iniciamos el estudio de una posible reforma de ese apartado tercero al que se refiere la enmienda. Y aparte de todo, la enmienda contiene un error. Dice: «... si así lo hubiere solicitado el acreedor y ejecutante del escrito de la demanda». En todo caso deberá decir «... en el escrito de demanda», que era lo que decía el texto original. Pero, en fin, tenemos una redacción en estudio para ese párrafo al que, concretamente, se refiere la enmienda.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cañellas.
¿Algún Grupo quiere hacer uso del turno de portavoces? El Senador Capdevila tiene la palabra.
Nuestro Grupo estaría dispuesto, de aquí al Pleno, a llegar a un acuerdo respecto de la enmienda que se ha presentado por el Grupo Parlamentario Mixto.
¿Ningún otro Grupo desea intervenir en este turno? Pues siendo así pasamos al debate de las enmiendas números 1 y 2 del Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Casas.
El señor CASAS CASAS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, muy brevemente, y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, voy a asumir la defensa de estas dos enmiendas. Quisiera convencer a sus señorías del alcance y del efecto que pueden tener las mismas en esta Proposición de ley que hoy debatimos.
La iniciativa de CiU, a través de la proposición de ley en el Congreso tiene una finalidad encomiable y responde a una necesidad operativa que nadie duda. Así fue reconocido por el conjunto de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados tanto en debate de totalidad como en el de la Comisión, incluso, el Grupo parlamentario Socialista, que presentó dos enmiendas, llegó a retirarlas y hoy, curiosamente, las damos por reproducidas aquí, señorías. Esto tiene una justificación y es que ésta es una Cámara de segunda lectura y la reflexión serena y sensata que hemos realizado sobre el texto de la proposición de ley, tal como ha llegado al Senado, nos ha hecho cuestionarnos seriamente la correspondencia que existe entre la finalidad que esta reforma persigue y el efecto que con la misma se consigue.
Respecto de lo primero, apoyamos el fin que se persigue sin paliativos, pero el efecto que se consigue nos crea serias dudas y de ahí el mantenimiento de estas enmiendas. Es esta falta de correspondencia entre el fin conseguido y el efecto conseguido y esta serena y sensata reflexión --insisto en esta segunda lectura-- lo que nos ha hecho cambiar de opinión en relación con nuestra posición en el Congreso de los Diputados y lo que nos obliga a sostener y a mantener aquí y ahora aquellas enmiendas que están literalmente reproducidas desde el Congreso de los Diputados. Este será nuestro pivote argumental sobre el que vamos a fundamentar el mantenimiento de nuestras enmiendas 1 y 2 en esta Cámara.
La enmienda número 2 queremos defenderla con toda coherencia. Postulamos que el Juez o el juzgado, tal como ha quedado modificado en el Congreso, quede facultado discrecionalmente para decidir, a través de la fórmula «podrá dirigirse», a instancias del ejecutante. En el caso de desestimación de esta petición, que la misma venga resuelta y debidamente justificada a través de auto, en vez de ser expresada tal como venía siendo habitual hasta ahora, a través de una providencia donde constaba siempre la genérica e indeterminada fórmula de «no ha lugar». De esta forma, el Juez, vigilante y garante del procedimiento y de los derechos de las partes, mantiene un margen de maniobra y de confianza, y resuelve con discrecionalidad frente a posibles actitudes procesales de temeridad.
Además, para que sea discrecionalidad, no arbitrariedad, la fórmula del auto confiere y otorga una garantía añadida o adicional a las partes frente a la decisión judicial; el auto debe estar legal --así viene preceptuado-- y debidamente justificado y motivado, y además es recurrible. Por el contrario, no aceptándose esta enmienda y quedándose la proposición de ley sin la modificación que postulamos, es decir, no incorporándose el «podrá» y manteniéndose el «acordará», nos encontramos ante la situación siguiente: que el deudor ejecutante, con su petición y a su instancia, pone al Juez en la obligación --no se nos escape que el término «acordará» supone y significa una obligación-- de la remisión a todos los registros existentes, y, ¿saben sus señorías cuántos registros públicos existen en nuestro país? Alrededor de diez mil. En definitiva, se obliga al juez a ejercer una labor o una función detectivesca adicional, a saber: la búsqueda del patrimonio del ejecutado, que a nuestro entender, en esta tesis, trasciende su función en un sistema de justicia rogada, y además puede distorsionar gravemente el funcionamiento de juzgados y tribunales.
No olvidemos que sólo en trámites sería necesario remitir oficios a todos los registros públicos, esperar devoluciones, reiterar recordatorios, etcétera. ¿Se imaginan sus señorías qué cúmulo de papel? ¿Cuánto tiempo es necesario para cumplimentar toda esta serie de trámites? ¿Cuánto trabajo adicional van a suponer y a significar para los juzgados estas diligencias, tal y como actualmente
se encuentran, con cierta escasez y deficitarios medios materiales y humanos? Con esta instrumentación o formulación legal, obligando al Juez a ejercer de detective, el único efecto no deseado que se obtiene es el de sobrecargar, trabar e inundar los juzgados, en un ingente marasmo de papel. ¿Se imaginan diez mil oficios; diez mil devoluciones, otros tantos recordatorios, etcétera? ¿Dónde quedará aquí la eficacia judicial? ¿Dónde quedará la operatividad, la agilidad en el procedimiento? ¿Conseguiremos así mejor la tutela judicial efectiva? Son preguntas que formula este humilde abogado de provincias con catorce años de ejercicio --y reclamo aquí la atención de otros compañeros abogados o incluso de procuradores--, y que tiene la convicción de lo que estamos manteniendo: que esta fórmula ni es la más práctica, ni la más adecuada, ni la más operativa, ni que en definitiva se consigue así salvaguardar el principio de tutela efectiva, tal como se pretende, sino más bien todo lo contrario.
Creo honradamente que la fórmula alternativa propuesta en nuestra enmienda número 2 da cumplida respuesta a lo que todos pretendemos hoy, con independencia de que la prometida y comprometida nueva Ley de Enjuiciamiento Civil dé una solución más definitiva y más coherente a estos supuestos de ejecución, dentro de lo que será la revisión global de la ejecución.
En cuanto a la enmienda número 1, la mantenemos en sus propios términos, por ser consecuente y estar en coherencia con lo que venimos planteando.
Nada más tengo que decir --y termino--, salvo que nos parece muy bien la ampliación que se hace respecto al requerimiento a la autoridad tributaria y de la Seguridad Social, que tal formulación parece adecuada y que da cumplida respuesta a la Sentencia del Tribunal Constitucional 79/1996, de 20 de mayo.
Señorías, esperando haberles convencido con estos razonamientos prácticos, y alguno técnico también, que son ajenos al debate político y que tienen una funcionalidad más bien técnica y operativa, de cara al futuro, mantenemos nuestras enmiendas y esperamos su acogimiento caluroso.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Casas.
Senador Capdevila, ¿desea consumir turno en contra? (Pausa.) Su Señoría tiene la palabra, Senador Capdevila.
El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señora Presidenta.
Nos hallamos ante una modificación puntual del artículo 1.445 de la Ley Procesal Civil, que queda suficientemente explicada por las razones expuestas precisamente en la Exposición de Motivos.
No estamos de acuerdo con los argumentos esgrimidos por el Grupo Parlamentario Socialista, toda vez que evidentemente los supuestos que contempla la proposición de ley, al final, no abarcarán todos los pleitos en marcha actualmente en los juzgados. No hay que olvidar que en el proceso penal también existe esta obligatoriedad del juez en la ejecución de sentencias para recabar y buscar bienes donde poder embargar y hacer efectivos los créditos a los cuales ha sido condenado.
Entendemos que lo que propone el Grupo parlamentario Socialista es desnaturalizar el núcleo de la proposición de ley, y no deberían prosperar las enmiendas que propone. Precisamente en la Exposición de Motivos ya se da cuenta de ello, y el núcleo de la proposición de ley marca precisamente la obligatoriedad del juez de buscar bienes, a propuesta y a requerimiento de la parte acreedora, y asimismo en cuanto al proceso de trabar embargo a los bienes del deudor.
Se abre a continuación turno de portavoces. (Pausa.) Renuncia a hacerlo el Grupo Mixto al igual que el Senador Caballero. Tampoco va a intervenir el Senador Casas, por parte del Grupo Socialista.
Tiene la palabra el Senador Cañellas, en nombre del Grupo Popular.
El señor CAÑELLAS FONS: Gracias, señora Presidenta.
Para adherirme a las manifestaciones que acaba de hacer el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores de Convergència i Unió. Si el Senador Casas me lo permite, y no se lo va a tomar como una alusión que le haga acreedor al derecho del artículo 87, le diré que este Senador, que también es un abogado de provincias, con más de 25 años de ejercicio --y tengo un diploma que lo acredita--, está cansado de ver la cantidad de ejecuciones que no se pueden cobrar, porque se ignoran, y al menos esta proposición de ley nos da un arma que si sabemos utilizarla podrá ir en provecho de aquellos malos pagadores que se escudan en la dispersión de sus bienes, por registros insospechados, imposibilitando así --salvo que se realice una labor detectivesca, imposible para muchos acreedores-- localizar dónde, cuándo y cómo se puede trabar algún bien todo, ello sin perjuicio, señora Presidenta, de que, de aquí al Pleno, mi grupo estudie la posibilidad de modificar también este apartado, aparte del tercero, que ya hemos dicho que estamos todos los ponentes de acuerdo en modificarlo.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cañellas.
Concluido el debate, vamos a proceder a votar el informe de la Ponencia.
Esta proposición de ley consta de un artículo único y una disposición final, precedidos lógicamente por una Exposición de Motivos. ¿Se puede votar así? (Pausa.) En ese caso, vamos a votar el artículo único de la proposición de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16; en contra, seis.
Se vota a continuación la disposición final. (Pausa.)
Resta por votar la exposición de motivos. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 16, en contra, seis.
Por último, queda que sus señorías propongan qué miembro de la Comisión presentará el dictamen ante el Pleno del Senado la semana que viene.
Para finalizar el elenco de proyectos de ley que hemos visto a lo largo de la mañana de hoy, si el Grupo Parlamentario Socialista y el resto de grupos parlamentarios están de acuerdo, proponemos que sea su señoría quien haga esa presentación.
La señora PRESIDENTA: ¿No hay ningún inconveniente en ello por parte de ningún portavoz? (Pausa.) Muchas gracias, señorías.

References: artículo 114
 artículo 14
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 5
 artículo 11
 artículo 302
 artículo 41
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 14
 artículo 302
 artículo 41
 artículo 302
 artículo 41
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 114
 artículo 114
 artículo 311
 artículo 447
 artículo 354
 artículo 2
 artículo 357
 artículo 17
 artículo 219
 resolución 
 artículo 53
 resolución 
 artículo 240
 artículo 240
in fine
 resolución 
 resolución 
 artículo 355
 artículo 357
 artículo 389
 artículo 357
 artículo 357
 artículo 1
 artículo 87