Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-224-08.htm
Timestamp: 2018-12-12 16:24:41+00:00

Document:
2. Inducción o ayuda al suicidio (C. P. artículo 107); lesiones personales sin secuelas que produjeren incapacidad para trabajar o enfermedad sin exceder de sesenta (60) días (C. P. artículo 112 incisos 10. y 20.); lesiones personales con deformidad física transitoria (C. P. artículo 113 inciso 10.); lesiones personales con perturbación funcional transitoria (C. P. artículo 114 inciso 10.); parto o aborto preterintencional (C. P. artículo 118); lesiones personales culposas (C. P. artículo 120); omisión de socorro (C. P. artículo 131); violación a la libertad religiosa (C. P. artículo 201); injuria (C. P. artículo 220); calumnia (C. P. artículo 221); injuria y calumnia indirecta (C. P. artículo 222); injuria por vías de hecho (C. P. artículo 226); injurias recíprocas (C. P. artículo 227); violencia intrafamiliar (C. P. artículo 229); maltrato mediante restricción a la libertad física (C. P. artículo 230); inasistencia alimentaria (C. P. artículo 233); malversación y dilapidación de los bienes de familiares (C. P. artículo 236); hurto simple cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C. P. artículo 239 inciso 20.); alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado (C. P. artículo 243); estafa cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C. P. artículo 246 inciso 30.); emisión y transferencia ilegal de cheques (C. P. artículo 248); abuso de confianza (C. P. artículo 249); aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito (C. P. artículo 252); alzamiento de bienes (C. P. artículo 253); disposición de bien propio gravado con prenda (C. P. artículo 255); defraudación de fluidos (C. P. artículo 256); acceso ilegal de los servicios de telecomunicaciones (C. P. artículo 257); malversación y dilapidación de bienes (C. P. artículo 259); usurpación de tierras (C. P. artículo 261); usurpación de aguas (C. P. artículo 262); invasión de tierras o edificios (C. P. artículo 263); perturbación de la posesión sobre inmuebles (C. P. artículo 264); daño en bien ajeno (C. P. artículo 265); usura y recargo de ventas a plazo (C. P. artículo 305); falsa autoacusación (C. P. artículo 437); infidelidad a los deberes profesionales (C. P. artículo 445)."
Juan Camilo Collazos Rivera, colombiano, mayor de edad, demandó por inconstitucionalidad la expresión “Inducción o ayuda al suicidio” del numeral 2 del artículo 74 de la Ley 906 de 2004 o Código de Procedimiento Penal. A su juicio, dicha norma vulnera los artículos 1, 4 y 11 de la Constitución.
A su juicio “al considerarse la necesidad de una querella para dar inicio a la acción penal cuando ha existido un comportamiento típico tal y como lo es la inducción o ayuda al suicidio, se está desconociendo la gravedad que acarrea dicha conducta contra el bien jurídico tutelado de la vida”. Para fundamentar este aserto señala que la querella es una figura procesal que sólo es utilizada para los delitos de menor lesividad o impacto social, es decir, delitos “bagatela” o “de poca monta” y que la lesión del derecho a la vida no es uno de tales delitos. A este respecto se pregunta ¿será que el inducir a alguien al suicidio no es una conducta delictiva de alto impacto social, teniendo en cuenta que la consagración de este injusto penal en la ley sustancial es para proteger y garantizar el bien jurídico tutelado de la vida?.
Indica que este delito es un delito de resultado y no de mera conducta o de actividad. Para fundamentar esta apreciación indica que la Corte Constitucional en sentencia C-674-2005 señaló que los delitos que atentan contra la vida y la integridad personal son delitos de resultado. Considera que su tesis está reafirmada por la descripción típica de la inducción o ayuda al suicidio que exige que la inducción sea eficaz y la ayuda efectiva. Sin embargo, a su juicio el legislador entendió que se trataba de un delito de mera conducta y eso explica la consagración de la querella de parte como requisito de procedibilidad de la acción penal. Como para el legislador es un delito de mera conducta, no tiene como consecuencia la muerte y por lo tanto sería un delito de bajo impacto social. Encuentra que este razonamiento es equivocado, pues tanto las sentencias de la Corte como la lectura literal del artículo que tipifica este delito demuestra que se trata de un delito de resultado. Por lo tanto, entiende que se trata de un delito de altísimo impacto social dado que compromete la vida y, en consecuencia, es inconstitucional la querella porque este requisito entorpece el deber de protección del derecho. Al respecto señala “Exigir la querella para iniciar la acción penal respectiva, es inconstitucional. Si dicho tipo penal exige el resultado para su consumación, el derecho a la vida esta siendo vulnerado, y por lo tanto la expresión señalada como contraria a la Constitución, debe desaparecer del ordenamiento jurídico”. A su juicio no hay ninguna razón que justifique el requisito de la querella.
A su juicio se vulnera el principio medular del Estado Social de Derecho porque con la expresión demandada “se le está dando poca importancia al derecho a la vida; fundamento esencial de este modelo estatal para propender por la justicia social y la dignidad humana, pilares fundamentales de aquel.”. Al respecto afirma que el derecho a la vida es el presupuesto necesario de los demás derechos reconocidos en la Constitución. Finalmente, encuentra vulnerado el artículo 1 constitucional en la medida en que al exigir la querella para iniciar la acción penal, se le está dando mayor importancia al derecho procedimental que al sustancial, lo cual, en su criterio, quebranta el modelo del Estado Social de Derecho y por lo tanto a la Constitución misma.
A su juicio se viola el artículo 4 de la Constitución “ya que al catalogarse la expresión "inducción al suicidio" consagrada en el artículo 74 del nuevo Código de Procedimiento Penal como inconstitucional, evidentemente pugnaría con el artículo 4 de la Carta”. A su juicio “mantener con vida en el ordenamiento jurídico colombiano la expresión "inducción al suicidio" contenida en el artículo 74 del C.P.P. es contrariar directamente la armonía y jerarquía del ordenamiento jurídico, en el cual la Carta Fundamental vendría a ubicarse en su primer escalafón.”.
Finalmente encuentra que la disposición parcialmente demandada viola el artículo 11 de la Carta. Al respecto encuentra que “al estar vigente en el ordenamiento jurídico colombiano una expresión como la que contiene el nuevo Código de Procedimiento Penal en su artículo 74 (inducción o ayuda al suicidio C.P. art. 107) refiriéndose a la necesidad de mediar la respectiva querella como requisito de procedibilidad para dar inicio por parte del aparato de persecución penal del Estado cuando exista la ocurrencia de una conducta delictiva tal y como lo es la inducción al suicidio, es vulnerar directamente el derecho a la vida y por lo tanto la importancia que este acarrea en una sociedad política, jurídica y democráticamente organizada.”. Al respecto indica “¿Hasta qué punto el Estado adquiere sentido cuando establece las bases de orden material y jurídico para que el derecho a la vida se garantice, si exige requisitos meramente procesales para iniciar la acción penal en un delito tan lesivo para el tejido social como lo es el inducir o ayudar al suicidio a una persona?”. Dado que encuentra que el procedimiento no puede ser impedimento para la efectividad de los derechos, considera que la exigencia de la querella es inconstitucional porque impide la protección de la vida.
Más adelante señala que la obligación del Estado de no penalizar el suicidio no se extiende a quienes ayudan o inducen esta conducta. Al respecto señala que “al consagrarse en el Código Penal el delito de la inducción o ayuda al suicidio se esta protegiendo directamente el derecho fundamental a la vida. Es mas, el suicidarse es un acto que el derecho penal no puede venir a castigar. Lo que si es punible en una sociedad fundada en principios cómo el de la dignidad humana y el respeto por la vida, es el hecho de inducir eficazmente a otro al suicidio.”.
Independientemente de la validez del razonamiento dogmático sobre el que se funda la demanda, el Fiscal encuentra que “el demandante no logra ligar dicho planteamiento con la presunta inconstitucionalidad de la norma bajo análisis, limitándose a afirmar que se vulnera el derecho a la vida al establecer (la querella como) requisito de procedibilidad frente al delito de inducción al suicidio pues, en su opinión, se trata de una conducta punible de gran impacto social.”. En consecuencia, la Fiscalía General de la Nación considera que la Corte debe inhibirse de proferir una decisión de fondo frente a la exequibilidad de la norma demandada, ante la ineptitud sustancial de los cargos planteados. Al respecto, trae a colación los apartes relevantes de la doctrina constitucional sobre ineptitud sustantiva de la demanda (en particular lo dispuesto en la sentencia C- 1052 de 2001) para concluir señalando que los alegatos del accionante carecen, cuanto menos, del requisito de especificidad. Al respecto indica que “no se establece como es que la exigencia de querella para proceder a la persecución estatal del delito de inducción al suicidio vulnera el carácter social democrático del Estado Colombiano y, menos aún, el derecho fundamental a la vida. Además, tampoco se evidencia la pertinencia de las consideraciones expuestas en la demanda, pues el reproche formulado difícilmente puede entenderse cómo de relevancia constitucional, limitándose a argumentos de orden, cuanto mucho, político criminal.”.
Indica la Fiscalía que la Constitución y la doctrina de la propia Corte Constitucional han señalado que es al legislador a quien corresponde la definición de las normas que tipifican conductas penales y atribuyen penas a sus autores, así como el procedimiento por el cual serán juzgados. Estas decisiones deben ser resultado del debate entre las distintas fuerzas políticas al interior del órgano legislativo[1]. En consecuencia, encuentra que “en desarrollo de sus atribuciones el congreso de la República puede establecer cuales comportamientos se tipifican como delitos, así como a cuales se les retira del ordenamiento; de igual forma, puede asignar las penas máximas y mínimas atribuidas a tales conductas de acuerdo a la ponderación del daño social que genera la actividad delictiva en cada caso.
En suma, para la Fiscalía la forma como se protegen distintos bienes jurídicos hace parte del poder de configuración del Congreso, salvo los compromisos adquiridos por el Estado colombiano en el plano del Derecho internacional. En el mismo sentido afirma que “tampoco puede predicarse, contrariamente a lo que parece entender el demandante, que a todos los delitos que atentan contra el bien jurídico vida se les deba dar el mismo tratamiento jurídico procesal, pues bien puede el legislador considerar, en ejercicio de su libertad de configuración, que de tales comportamientos algunos no sobrepasan la esfera de interés del individuo, por tanto, su persecución se halla sujeta a la voluntad de quien ha sido víctima de los mismos”.
Finalmente señala: “En últimas, la facultad legislativa para disponer que el ejercicio de la acción penal frente a determinados delitos se halle subordinado a la presentación de querella, se desprende de aquel antiguo principio del derecho conforme al cual "quien puede lo más, puede lo menos", de tal forma que siendo el legislativo competente para definir qué conductas ameritan que se les de carácter delictual, igualmente lo es para definir cuales requieren de querella de parte para ser investigadas.” Por las razones anteriores encuentra que la disposición demandada resulta exequible.
Para fundamentar su aserto señala que es al Estado a quien le compete determinar la política criminal ( Art. 251 numeral 4 de la Constitución), que implica entre otras cosas, la expedición de normas penales sancionatorias, las autoridades competentes para juzgar y los procedimientos. A su juicio, la definición de un procedimiento especial para el delito de ayuda o inducción al suicidio es un tema de conveniencia y de contenido de valor respecto del poder punitivo del Estado. En todo caso indica que en ninguna parte la ley penal sustrae tales conductas a la acción punitiva del Estado, sino que establece una condición de procedibilidad, en la medida en que presentada la querella se procede como si fuese de oficio. En tales condiciones encuentra que no existen razones para considerar la violación de la Constitución “por la vía del raciocinio de que deja de protegerse el derecho a la vida cuando cometida la conducta de inducción o ayuda al suicidio, se exige querella de parte para el ejercicio de la acción penal por parte del Estado.”
Considera que no es cierto que se vulnere el principio de estado social de derecho ni el derecho a la vida, “por cuanto el hecho de que el tipo penal sea querellable no significa per se que el legislador de poca importancia al derecho fundamental a la vida, ni que se le este quitando el carácter de derecho fundamental a la vida. Si bien es deber del estado garantizarla es imposible que el estado criminalice en forma absoluta conductas que si bien son reprochables y pudieron haber influido en cierta forma y grado en la decisión de un suicida, de hecho no son las causantes directas de la muerte del mismo, solo achacables a aquel que en un momento determinado decide dar por terminada su existencia en forma voluntaria con o sin influencia de un tercero”.
Y añade: “Una persona en Colombia legítimamente puede ser promotor del suicidio como una filosofía de vida en ejercicio de sus derechos fundamentales de conciencia y expresión y es contrario a la constitución pretender que por promover sus ideas y sus convicciones, no obstante cuanto estas repudien a la sociedad, las mismas se criminalicen por cuanto lo anterior significaría que en todo caso de suicidio en que el suicida buscó apoyo para su decisión en otros sujetos de su misma línea de pensamiento y éstos le alentaron a llevar a cabo sus intenciones, éstos deberían ser procesados automáticamente por esa simple razón.”.
Finalmente, en cuanto al cargo por presunta violación al artículo 4 de la Constitución, encuentra que “no esta sustentado y no es inteligible”. Por consiguiente considera pertinente solicitar a la Corte que no se pronuncie sobre el mismo.
"El consentimiento del sujeto pasivo debe ser libre, manifestado inequívocamente por una persona con capacidad de comprender la situación en que se encuentra. Es decir, el consentimiento implica que la persona posee información seria y fiable acerca de su enfermedad y de las opciones terapéuticas y su pronóstico, y cuenta con la capacidad intelectual suficiente para tomar la decisión. Por ello la Corte concluye que el sujeto activo debe de ser un médico, puesto que es el único profesional capaz no sólo de suministrar esa información al paciente sino además de brindarle las condiciones para morir dignamente. Por ende, en los casos de enfermos terminales, los médicos que ejecuten el hecho descrito en la norma penal con el consentimiento del sujeto pasivo no pueden ser, entonces, objeto de sanción, en consecuencia, los jueces deben exonerar de responsabilidad a quienes así obren.”
"El consentimiento es, en relación con algunos tipos penales, causal de atipicidad, como en el hurto, daño en bien ajeno, secuestro, extorsión; en otros, circunstancia de atenuación punitiva, u. gr., la sanción para quien realice el aborto, es menor cuando la mujer consiente en el hecho y, en otros hechos punibles, el consentimiento de la víctima es una condición necesaria para la configuración del tipo, como en el estupro. En relación con el homicidio por piedad, ninguna disposición penal hace alusión al consentimiento del sujeto pasivo del hecho. ¿Significa esta omisión que dicho consentimiento no es relevante?.
"El Estado no puede oponerse a la decisión del individuo que no desea seguir viviendo y que solicita le ayuden a morir, cuando sufre una enfermedad terminal que le produce dolores insoportables, incompatibles con su idea de dignidad. Por consiguiente, si un enfermo terminal que se encuentra en las condiciones objetivas que plantea el Código Penal considera que su vida debe concluir, porque la juzga incompatible con su dignidad, puede proceder en consecuencia, en ejercicio de su libertad, sin que el Estado esté habilitado para oponerse a su designio ni impedir, a través de la prohibición o de la sanción, que un tercero le ayude a hacer uso de su opción No se trata de restarle importancia al deber del Estado de proteger la vida sino, de reconocer que esta obligación no se traduce en la preservación de la vida sólo como hecho biológico. " (sentencia C-239 de 1997. Subrayado fuera de texto)
LEY 1142 DE 2007[3], “Por medio de la cual se reforman parcialmente las Leyes 906 de 2004, 599 de 2000 y 600 de 2000 y se adoptan medidas para la prevención y represión de la actividad delictiva de especial impacto para la convivencia y seguridad ciudadana”: (…)
Delitos que requieren querella. Para iniciar la acción penal será necesario querella en los siguientes delitos, excepto cuando el sujeto pasivo sea un menor de edad, un inimputable o la persona haya sido capturada en flagrancia: (…) 2. Inducción o ayuda al suicidio (C. P. artículo 107); (…)”
Declararse INHIBIDA para emitir un pronunciamiento de fondo en relación con la expresión “Inducción o ayuda al suicidio (C.P. artículo 107)” contenida en el numeral 2) del artículo 74 de la Ley 906 de 2004.
[1] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-420 de 2002, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño.
[2] Se toma esta definición y la clasificación de los tipos de eutanasia a los que se hará referencia del artículo dedicado a este tema en la Revista de Bioética, enero-julio de 2007, página Web www.umng.edu.co/docs/revbioetik/vol 1?/frnacisconi, consultada e123 de septiembre de 2007.

References: artículo 107
 artículo 112
 artículo 113
 artículo 114
 artículo 118
 artículo 120
 artículo 131
 artículo 201
 artículo 220
 artículo 221
 artículo 222
 artículo 226
 artículo 227
 artículo 229
 artículo 230
 artículo 233
 artículo 236
 artículo 239
 artículo 243
 artículo 246
 artículo 248
 artículo 249
 artículo 252
 artículo 253
 artículo 255
 artículo 256
 artículo 257
 artículo 259
 artículo 261
 artículo 262
 artículo 263
 artículo 264
 artículo 265
 artículo 305
 artículo 437
 artículo 445
 artículo 74
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 74
 artículo 4
 artículo 74
 artículo 11
 artículo 74
 artículo 4
 artículo 107
 artículo 107
 artículo 74