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Timestamp: 2017-04-27 13:48:23+00:00

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by Josemiguel1978
Manual Introducción al Derecho Procesal Gimeno Sendra
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INTRODUCCIÓN AL DERECHOPROCESAL4ª EDICIÓN 2003Víctor Moreno CatenaCATEDRÁTICO DE DERECHO PROCESAL UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRIDABOGADOValentín Cortés DomínguezCATEDRÁTICO DE DERECHO PROCESAL UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRIDABOGADOVicente Gimeno SendraCATEDRÁTICO DE DERECHO PROCESAL DE LA UNEDABOGADO 2.
ÍNDICE PARTE PRIMERA LA JURISDICCIÓNLECCIÓN 1 EL FUNDAMENTO DE LA JURISDICCIÓN 171. EL PRESUPUESTO MATERIAL: EL CONFLICTO Y SUS MEDIOS DE SOLUCIÓN: A)Autotutela. B) Autocomposición. C) Heterocomposición. 2. LA JURISDICCIÓN COMOPODER Y SU LEGITIMACIÓN HISTÓRICA: A) La justicia popular. B) La designaciónministerial. C) La legitimación a través del proceso. 3. LA LEGITIMACIÓN DE LAJURISDICCIÓN EN NUESTRO SISTEMA DEMOCRÁTICO: A) La independencia. B) La sumisión a la ley.LECCIÓN 2 LA JURISDICCIÓN: CONCEPTO Y FUNCIONES 29 1. CONCEPTO Y NOTAS ESENCIALES: A) La Jurisdicción como Poder. B) La potestadjurisdiccional. C) Los juzgados y Trbunales. D) La independencia, unidad yexclusividad jurisdiccional. E) La función genérica de la Jurisdicción. 2. FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA JURISDICCIÓN: A) Protección de los derechos subjetivos. B)Control judicial normativo. C) Complementación del ordenamiento.LECCIÓN 3 EL PODER JUDICIAL .43 1. EL PODER JUDICIAL. APUNTE HISTÓRICO. 2. LA INDEPENDENCIA DEL PODERJUDICIAL. EL AUTOGOBIERNO.3. LA ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL: A)Concepto. B) Tribunales no integrados en el Poder Judicial. C) Poder Judi cial yAdministración de Justicia. D) La administración del Poder judicial. 4. EL PODERJUDICIAL EN EL ESTADO DE LAS AUTONOMÍAS. 5. LA RESPONSABILIDAD DELESTADO POR EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA. 6. EL PODER JU DICIAL Y LOSOTROS PODERES DEL ESTADO: A) Diferencias con el Poder Legislativo. B) Diferenciascon el Poder Ejecutivo. C) Los conflictos jurisdiccionales.LECCIÓN 4 LA UNIDAD JURISDICCIONAL .571. EL PRINCIPIO DE UNIDAD JURISDICCIONAL: A) Concepto y fundamento. B)Evolución histórica. C) Régimen jurídico vigente. 2. LA JURISDICCIÓN MILITAR: A)Concepto y fun damento. B) Naturaleza y régimen vigente.LECCIÓN 5 LA EXCLUSIVIDAD DE LA JURISDICCIÓN .691. EL MONOPOLIO ESTATAL DE LA JURISDICCIÓN: A) Concepto. B) El arbitraje. 2. LAATRIBUCIÓN DE LA POTESTAD JURISDICCIONAL A JUZGADOS Y TRIBUNALES: A) Laexclusividad en sentido positivo. B) La autotutela ejecutiva de la Administración y lapotestad sancionadora. C) Los Tribunales eclesiásticos. 3. LAS FUNCIONESEXCLUSIVAS DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES: A) La exclusividad en sentidonegativo. B) El Registro Civil. C) La jurisdicción voluntaria. D) La investigación penal.E) Otras funciones.LECCIÓN 6 LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL JUEZ .791. CONCEPTO. 2. LA INDEPENDENCIA DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS. 3.INDEPENDENCIA RESPECTO DE LAS PARTES PROCESALES Y DEL OBJETO LITIGIOSO:A) Abstención. B) Recusación. 4. INDEPENDENCIA RESPECTO DE LOS SUPERIORES YDE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 5. INDEPENDENCIA DE LOS OTROS PODERES DELESTADO Y DE PRESIONES SOCIALES. 6. LA INAMOVILIDAD: A) Concepto. B) Lossupuestos de inamovilidad temporal. 7. LA RESPONSABILIDAD PERSONAL DE JUECESY MAGISTRADOS: A) Responsabilidad civil. B) Responsabilidad penal. C)Responsabilidad disciplinaria. 8. LA SUMISIÓN DEL JUEZ A LA LEY. 3.
LECCIÓN 7 EL DERECHO AL JUEZ LEGAL . 931. CONCEPTO Y REGULACIÓN. 2. NOTAS ESENCIALES: A) Reserva de ley orgánica.B) Juez legal y Poder Judicial. C) Igualdad. D) Independencia. E) Juez ordinario ysumisión al Derecho. F) Juez legal y competencia.LECCIÓN 8 LA PARTICIPACIÓN POPULAR EN LA JUSTICIA . 1011. EL JURADO: FUNDAMENTO Y NATURALEZA. 2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA: A) Eljurado español. B) El jurado europeo. 3. REGULACIÓN LEGAL: A) Modelo de jurado. B)Competencia y funciones. El veredicto. C) Capacidad, incompatibilidad, prohibiciones yexcusa. D) Procedimiento de selección y constitución del jurado.LECCIÓN 9 LOS ÓRGANOS JUDICIALES . 1111. NORMATIVA APLICABLE. 2. MULTIPLICIDAD DE ÓRGANOS JUDICIALES. CRITERIOSPARA LA CREACIÓN DE ÓRGANOS JUDICIALES. 3. CRITERIO MATERIAL DE CREACIÓNDE ÓRGANOS JUDICIALES. 4. CRITERIO TERRITORIAL DE CREACIÓN DE ÓRGANOSJUDICIALES. 5.LA DIVISIÓN DE LOS TRIBUNALES EN SALAS Y SECCIONES. 6. LACONSTITUCIÓN EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL TRIBUNAL DEL JURADO. 7. ELTRIBUNAL SUPREMO. 8. LA AUDIENCIA NACIONAL. 9. TRIBUNALES SUPERIORES DEJUSTICIA. 10. AUDIENCIAS PROVINCIALES. 11. ÓRGANOS UNIPERSONALES: A)Enumeración. B) Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. C) Juzgados de lo Penal.D) Juzgados de lo Contencioso-administrativo. E) Juzgados de lo Social. F) Juzgado deVigilancia Penitenciaria. G) Juzgados de Menores. H) Juzgados de Paz.LECCIÓN 10 EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL . 1331. CONCEPTO Y NATURALEZA JURÍDICA. 2. ORGANIZACIÓN: A) Los Magistrados delTribunal Constitucional. B) Funciones del Tribunal. C) Los secretarios de justicia ypersonal auxiliar. D) El secretario general. E) Los letrados. 3. FUNCIONES: A) Laprotección de los derechos fundamentales. B) Control constitucional de la legalidad.C) Complementación Tentación del ordenamiento.LECCIÓN 11 LOS LÍMITES DE LA JURISDICCIÓN ESPAÑOLA . 1471. EL PRINCIPIO GENERAL ESTABLECIDO EN LA LOPJ. 2.LOS CRITERIOS DE ATRIBUCIÓN DE LA COMPETENCIA JURISDICCIONALINTERNACIONAL: LOS FUEROS EXCLUSIVOS. 3. LA COMPETENCIA JURISDICCIONALESPAÑOLA EN EL ORDEN CIVIL: A) Atribución con carácter general. B) Atribución concarácter exclusivo. 4. LA COMPETENCIA JURISDICCIONAL ESPAÑOLA EN EL ORDENPENAL. 5. LA COMPETENCIA JURISDICCIONAL ESPAÑOLA EN EL ORDENCONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. 6. LA COMPETENCIA JURISDICCIONAL ESPAÑOLAEN EL ORDEN SOCIAL.LECCIÓN 12 EL AUXILIO JUDICIAL . 1551. CONCEPTO. 2. EL AUXILIO JUDICIAL INTERNO: EL EXHORTO: A) Contenido yremisión. B) Cumplimiento. 3. EL AUXILIO JUDICIAL INTERNACIONAL. 4. LACOOPERACIÓN CON LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES: A) Los mandamientos,oficios y exposiciones. B) Los requerimientos. PARTE SEGUNDA EL PERSONAL JURISDICCIONAL Y COLABORADORLECCIÓN 13 EL ESTATUTO DE JUECES Y MAGISTRADOS . 1631. CONCEPTO Y REGULACIÓN. 2. APLICACIÓN: A) La carrera judicial. B) Suplencias, 4.
sustituciones y provisión temporal. C) Los jueces de paz. 3. EL INGRESO EN LACARRERA JUDICIAL: A) Requisitos generales. B) Las distintas modalidades deingreso. 4. INCAPACIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIO NES. 5.TRASLADOS Y ASCENSOS. 6. SITUACIONES ADMINISTRATIVAS. 7. ELASOCIACIONISMO JUDICIAL.LECCIÓN 14 EL GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL . 1731. INTRODUCCIÓN. 2. - CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL: A) Concepto. B)Composición, designación y estatuto de sus miembros. C) Organización yatribuciones. 3. LAS SALAS DE GOBIERNO. 4. LOS PRESIDENTES DE LOS TRIBUNALES Y DE LAS AUDIENCIAS. 5. LOS PRESIDENTES DE LAS SALAS DE JUSTICIAY LOS JUECES. 6. LOS DECANOS Y LAS JUNTAS DE JUECES Y DE MAGISTRADOS. 7.LA INSPECCIÓN DE LOS TRIBUNALES. LECCiÓN 15 LOS SECRETARIOS JUDICIALES Y EL PERSONAL ALSERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA . 1831. LOS SECRETARIOS JUDICIALES: A) Funciones. B) Estatuto. 2. LOS OFICIALES,AUXILIARES Y AGENTES: A) Oficiales de la Administración de Justicia. B) Auxiliares dela Administración de Justicia. C) Agentes judiciales. 3. LOS MÉDICOS FORENSES. 4.OTRAS INSTITUCIONES PERICIALES: A) El Instituto de Toxicología. B) Los Institutosde Medicina Legal. C) Otros organismos. 5. LA POLICÍA JUDICIAL: A) Concepto. B) LasUnidades orgánicas y adscritas. C) Actuaciones.LECCIÓN 16 EL MINISTERIO FISCAL 1911. CONCEPTO Y NATURALEZA. 2. FUNCIONES. 3. PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN: A)Unidad. B) Dependencia. 4. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN: A) Legalidad. Laoportunidad reglada. B) Imparcialidad. 5. ORGANIZACIÓN Y ESTATUTO DE LOSMIEMBROS DEL MINISTERIO FISCAL: A) Organización del Ministerio Fiscal. B)Estatuto de los miembros del Ministerio Fiscal.LECCIÓN 17 LOS ABOGADOS Y PROCURADORES . 2011. LA POSTULACIÓN. 2. EL SISTEMA DUAL DE LA POSTULACIÓN: REPRESENTACIÓNY DEFENSA. PROCURADOR Y ABOGADO. 3. SUPUESTOS EXCEPCIONALES DECAPACIDAD DE POSTULACIÓN. 4. LA DELEGACIÓN DE LA POSTULACIÓN. A)Delegación de la representación. B) Delegación de la defensa. 5. LA GARANTÍACONSTITUCIONAL DE LA POSTULACIÓN. 6. LA RELACIÓN JURÍDICA EXISTENTEENTRE ABOGADOS Y PROCURADORES YLAS PARTES. 7. LOS COLEGIOS DEABOGADOS Y PROCURADORES. 8. LOS ABOGADOS DEL ESTADO. PARTE TERCERA LA ACCIÓNLECCIÓN 18 EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA . 215 1. LA ACCIÓN. ACCIÓN Y JURISDICCIÓN. 2. DE LA ACCIÓN AL DERECHO A LATUTELA JUDICIAL EFECTIVA. 3. CONTENIDO ESENCIAL: A) Derecho de acceso a lajusticia. B) Derecho a una sentencia de fondo. C) Derecho a la ejecución. D) Elderecho a la tutela y el derecho a un proceso con todas las garantías. 4. LA ACCIÓNPOPULAR. 5. LA DEFENSA DE INTERESES COLECTIVOS O INTERESES DIFUSOS.LECCIÓN 19 EL DERECHO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUÍTA. 2251. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. 2. ÁMBITO SUBJETIVO. 3. REQUISITOS 5.
OBJETIVOS. 4. CONTENIDO MATERIAL DEL DERECHO. 5. EL RECONOCIMIENTO DELDERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. 6. EL SERVICIO DE ASISTENCIAJURÍDICA GRATUITA. PARTE CUARTA EL PROCESOLECCIÓN 20 EL PROCESO . 235 1. CONCEPTO. 2. NOTAS ESENCIALES: A) La acción y demás derechosconstitucionales de incidencia procesal. B) Las obligaciones procesales. C) Lasposibilidades y cargas procesales. 3. LOS PRESUPUESTOS PROCESALES. 4. ELOBJETO DEL PROCESO: A) Elementos. B) Clases de pretensiones. C) Requisitosformales. 5. LA FUNCIÓN DEL PROCESO: A) Jurídica. B) Razonada. C) Completa. D)Estable. E) Práctica.LECCIÓN 21 LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO . 2471. LOS PRINCIPIOS DEL PROCESO. 2. PRINCIPIOS INHERENTES A LA ESTRUCTURADEL PROCESO: A) Contradicción. B) Igualdad de armas. 3. PRINCIPIOS REFERENTESAL OBJETO PROCESAL: A) El principio dispositivo. B) El principio acusatorio.LECCIÓN 22 LA ESTRUCTURA DEL PROCESO . 257 1. PROCESO INICIADO A INSTANCIA DE PARTE. 2. LAS GRANDES LÍNEASESTRUCTURALES PROCESALES DERIVADAS DE LA CONSTITUCIÓN: A) El artículo 24 yel 117 de la Constitución. B) La estructura del proceso de declaración y delproceso de ejecución. C) La necesidad del sistema de recursos. D) La importancia delderecho de defensa en la determinación de la estructura del proceso. E) Conclusión.3. LA ESTRUCTURA DEL PROCESO DE DECLARACIÓN: A) La intervención del órgano judicial y de las partes en los actos alegatorios y probato rios en elproceso penal. B) La intervención del órgano judicial y de las partes en los actosalegatorios y probatorios en los demás procesos. C) Los poderes del órgano judicialen materia de interpretación y valoración de los actos probatorios. Los criterios de valoración libre y legal. 4. LA ESTRUCTURA DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. LAINTERVENCIÓN DEL ORGANO JUDICIAL Y DE LAS PARTES EN LOS ACTOSEJECUTIVOS. 5. EL SISTEMA DE RECURSOS EN EL PROCESO ESPAÑOL.LECCIÓN 23 LOS ACTOS PROCESALES . 2731. CONCEPTO. 2. CLASES DE ACTOS PROCESALES. 3. ACTOS DEL ÓRGANO JUDICIAL:A) Actos del juez. B) Actos del secretario. C) Actos judiciales de los agentes.4. LOSACTOS DE PARTE. 5. CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTOS PROCESALES. 6. LUGAR DEREALIZACIÓN DE LOS ACTOS PROCESALES. 7. TIEMPO DE LOS ACTOS PROCESALES.8. LA FORMA DE LOS ACTOS PROCESALES: A) La oralidad o la escritura. B) La lengua.C) La publicidad interna y externa. 9. LA NULIDAD DE LOS ACTOS PROCESALES.LECCIÓN 24 ACTOS DE COMUNICACIÓN . 2931. LAS COMUNICACIONES PROCESALES EN GENERAL. 2. PRÁCTICA DE LASCOMUNICACIONES: A) Por medio de Procurador. B) La remisión por correo, telegramao medios semejantes. C) La entrega directa al destinatario. D) Los edictos. 3. TIPOSDE COMUNICACIONES: A) Notificaciones en sentido estricto. B) Citaciones. C)Emplazamientos. D) Requerimientos. 4. NULIDAD Y SUBSANACIÓN DE LOS ACTOS DECOMUNICACIÓN.LECCIÓN 25 TIPOLOGÍA DE PROCESOS . 307 6.
1. LOS PROCESOS DECLARATIVOS: SISTEMATIZACIÓN. 2. PROCESOS ORDINARIOS,ESPECIALES Y SUMARIOS: A) Los procesos ordinarios. B) Procesos especiales. C)Procesos sumarios. 3. TIPOLOGÍA MATERIAL DE PROCESOS: A) El proceso penal. B)El proceso administrativo. C) El proceso constitucional. D) El proceso laboral. E) Elproceso civil.LECCIÓN 26 EL DERECHO PROCESAL . 3171. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS AS DEL DERECHO PROCESAL. 2. LA EFICACIA DELAS NORMAS PROCESALES: A) Eficacia temporal de las normas procesales. B) Eficaciade la norma procesal en el espacio. 3. LAS FUENTES DEL DERECHO PROCESAL. 4. LAINTERPRETACIÓN DEL DERECHO PROCESAL. 5. LEYES PROCESALES BÁSICAS: A) LeyOrgánica del Poder Judicial. B) La Ley de Enjuiciamiento Civil. C) La Ley deEnjuiciamiento Criminal. D) Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. E) Leyde Procedimiento Laboral. F) Otras leyes. 7.
ABREVIATURAS UTILIZADASAAP Auto Audiencia ProvincialAN Audiencia NacionalAP Audiencia ProvincialATC Auto Tribunal ConstitucionalBOE Boletín Oficial del EstadoCA Comunidad AutónomaCE Constitución EspañolaCEE Comunidad Económica EuropeaCC Código CivilCCAA Comunidades AutónomasCEDH Convenio Europeo de Derechos HumanosCGPJ Consejo General del Poder JudicialCJM Código de justicia MilitarCP Código PenalCPM Código Penal MilitarD DecretoDL Decreto-LeyEOMF Estatuto Orgánico del Ministerio FiscalLAJG Ley de Asistencia Jurídica GratuitaLEC Ley de Enjuiciamiento CivilLECrim Ley de Enjuiciamiento CriminalLDYPJ Ley de Demarcación y Planta JudicialLO Ley OrgánicaLOCJ Ley Orgánica de Conflictos JurisdiccionalesLOCOJM Ley Orgánica sobre Competencia y Organización de la Jurisdicción MilitarLOPJ Ley Orgánica del Poder Judicial.LOTJ Ley Orgánica del Tribunal del JuradoLOPM Ley Orgánica Procesal MilitarLOTC Ley Orgánica del Tribunal ConstitucionalLPLTexto Refundido de la Ley de Procedimiento LaboralLRC Ley del Registro CivilLJCA Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-AdministrativaMF Ministerio FiscalPIDCP Pacto Internacional de Derechos Civiles y PolíticosRAAAJ Reglamento del CGPJ 5/1995, de aspectos accesorios de las actuacines judiciales.RCJ Reglamento del CGPJ 1/1995, de la carrera judicialRD Real DecretoRJP Reglamento del CGPJ 3/1995, de los Jueces de PazROFCGPJ Reglamento del CGPJ 1/1986, de organización y financiamiento del mismoROGT Reglamento del CGPJ 4/1995, de los órganos de gobierno de 8.
AAP Auto Audiencia ProvincialAN Audiencia Nacional TribunalesS SentenciaSAN Sentencia Audiencia NacionalSAP Sentencia Audiencia ProvincialSTC Sentencia Tribunal ConstitucionalSTS Sentencia Tribunal SupremoTC Tribunal ConstitucionalTEDH Tribunal Europeo de Derechos HumanosTOP Tribunal de Orden PúblicoTS Tribunal SupremoTSJ Tribunal Superior de justiciaZPO Zivilprozessordnung 9.
PARTE PRIMERALA JURISDICCIÓN 10.
LECCIÓN 1. EL FUNDAMENTO DE LA JURISDICCIÓN1. EL PRESUPUESTO MATERIAL: EL CONFLICTO Y SUS MEDIOS DESOLUCIÓN La función primordial de los juzgados y Tribunales consiste en resolver,definitivamente y mediante la aplicación del Derecho, los conflictos que anteellos se plantean. El presupuesto material de la jurisdicción lo constituye, pues, el conflicto, elcual, atendiendo a su naturaleza, puede ser «intersubjetivo» o «social». Losconflictos intersubjetivos surgen como consecuencia de la vulneración dealgún derecho subjetivo, perteneciente al ámbito del Derecho privado (v.gr.,el derecho de propiedad o cualquier derecho real) y poseen naturalezadisponible; los conflictos sociales, por el contrario, se caracterizan por latransgresión de algún bien o interés que la sociedad ha estimado digno deprotección (v.gr., los delitos e infracciones administrativas) y se rigen pornormas del Derecho público, por lo que suelen ostentar naturaleza«indisponible». La Jurisdicción o, lo que es lo mismo, los juzgados y Tribunales que laintegran, sirve, por consiguiente, para solucionar los conflictos mediante laaplicación del derecho material (civil, mercantil, penal o administrativo) quepueda corresponder a su naturaleza. Pero esta función, a lo largo de la historia, ni siempre la han acometido losjuzgados y Tribunales, ni en la actualidad puede afirmarse que la asumen conabsoluta exclusividad, pues, al menos, en todo lo referente a los conflictosintersubjetivos, o litigios, coexisten los métodos autocompositivos yequivalentes jurisdiccionales, a los que nos vamos a referir a continuación.A)Autotutela De todas las fórmulas de solución de los conflictos, la «autotutela»,autodefensa o autoayuda constituye, sin lugar a dudas, la más primitiva,injusta y peligrosa. Se caracteriza por la solución coactiva del conflicto por laparte más fuerte o que ocupa en él una situación hegemónica. Gráficamente la autotutela se caracteriza mediante una relación vertical oinclinada, en la que la parte más fuerte (A) impone «su» solución a la másdébil (B), tal y como se refleja en el siguiente gráfico: 11.
A B La autotutela es, pues, propia de sociedades primitivas en las que laorganización estatal era muy débil, por lo que los particulares se veíanobligados a tomarse la justicia por su mano (así, en la Edad Media, mediantelos «duelos»). En el momento actual, a nivel internacional y debido a lainexistencia de un Estado mundial o supranacional, desgraciadamente todavíase recurre a este injusto medio de solución de los conflictos entre Estados, através de la guerra. Como consecuencia, pues, de los peligros que para la sociedad entraña estemétodo de solución de los conflictos, todos los ordenamientos internos suelenerradicarla, de un lado, prohibiendo la realización arbitraria del propio derecho(art. 455 CP) o tipificando el delito de coacciones (art. 172 CP) y, de otro,garantizando el derecho de tutela o de libre acceso de los ciudadanos a sustribunales (art. 24 CE). Sin embargo, todavía subsisten algunas manifestaciones lícitas de laautodefensa en el ámbito del Derecho civil (v.gr., los arts. 612 y 592 CC) o enel laboral (la huelga y el cierre patronal).B) Autocomposición La autocomposición representa un medio más civilizado de solución de losconlictos. Al igual que en la autodefensa, son las propias partes las que ponenfin al conflicto intersubjetivo, pero se diferencia de ella en que dicha soluciónno se impone por la fuerza, sino a través del acuerdo de voluntades o delvoluntario sacrificio o resignación de una de ellas. Por tal razón, la autocomposición se representa gráficamente mediante unalínea horizontal: A B La autocomposición constituye un método lícito para la solución por laspartes de los conflictos intersubjetivos, en los que, dada su naturalezadisponible y la vigencia del principio dispositivo, a nadie se le obliga a acudir alos tribunales para la defensa de su derecho. Tales métodos autocompositivos,vienen integrados por la renuncia del actor a su derecho subjetivo (vgr. lacondonación de un derecho de crédito) o el desistimiento del proceso, elallanamiento del demandado a la pretensión del actor (por ej., porquereconoce la validez de la deuda y decide pagar al acreedor), la transacción(art. 1809 CC) entre ambos y la mediación o conciliación de un tercero a finde que solucionen las partes el conflicto a través de un acuerdo o de laresignación de una de ellas. 12.
La mediación y la conciliación se distinguen de las demás fórmulasautocompositivas por la aparición en ellas de un tercero y, entre ellasmismas, exclusivamente por la forma en la qué dicho tercero es llamado acontribuir a la solución del conflicto. En la primera interviene de maneraespontánea (v.gr la del Secretario General de la ONU para evitar elsurgimiento de un conflicto entre Estados), en tanto que, en la segunda,actúa de una manera provocada o institucionalizada (v.gr., la conciliaciónprevia al proceso de trabajo). Pero, en cualquier caso, en estas dos últimas fórmulas autocompositivas,el tercero no impone la solución del conflicto, sino que ejercita sus buenosoficios en punto a obtener la autocomposición del litigio. Dicho en pocaspalabras: el tercero actúa inter partes y no supra partes: A T BC) Heterocomposición Distinta es la situación del tercero en la heterocomposición, en la quedicha persona, individual o colegiada, a la que las partes previamente hanacudido, es el encargado en virtud de un contrato o por razón de su oficio, deponer fin al conflicto mediante una resolución definitiva. Aquí, pues, eltercero se encuentra situado supra partes, configurando una relacióntriangular: T A B Las fórmulas heterocompositivas vienen determinadas por el arbitraje y elproceso, en los que el árbitro y el juez imponen, en virtud de su autoridad,que dimana bien de un contrato de arbitraje previamente suscrito por laspartes, bien de la potestad jurisdiccional, la solución definitiva e irrevocable alas partes en litigio. Tanto el arbitraje como el proceso poseen unas raíces históricas comunesligadas al nacimiento del Estado. De este modo, en la Alta República romana el proceso se asemejaba a un arbitraje, ya que las partes venían obligadas a concertar en la fase apud iudicem el contrato de 13.
litis contestatio, en virtud del cual se comprometían a someterse a la autoridad del Tribunal y a cumplir con la ulterior sentencia; pero en la medida en que el Estado romano se fortaleció, con el advenimiento del Imperio, la ejecución de las sentencias ya no se efectuaba como consecuencia de la suscripción de aquel contrato, o de la auctoritas o autoridad moral del Pretor, sino por obra de la potestas o imperium del aparato coactivo del Estado que las respaldaba. De lo dicho se infiere que el proceso, en tanto que instrumento de lajurisdicción para la resolución de los conflictos, está indisolublemente unido ala existencia del Estado. Sin una mínima organización estatal no puede existirni la jurisdicción ni el proceso, habiendo de acudir las partes a solucionesautodefensivas, autocompositivas o, a lo sumo, arbitrales (por ejemplo, la delos «patriarcas» en determinadas etnias), pero nunca al proceso. Sin embargo, arbitraje y proceso no constituyen, en el ámbito del Derechoprivado, fórmulas excluyentes sino que, al contrario, son complementarias. Esmás, la existencia de factores tales como la lentitud y carestía de la justiciacivil, unidos a la sobrecarga de trabajo de los tribunales, aconseja al Estado apotenciar este «equivalente jurisdiccional», como se ha denominado alarbitraje, pues los laudos arbitrales gozan de los mismos efectos que lassentencias y suelen emitirse en un período más corto de tiempo.2. LA JURISDICCIÓN COMO PODER Y SU LEGITIMACIÓN HISTÓRICA Debido a los peligros que para toda organización social encierra laautodefensa como medio de solución de los conflictos, desde que surgió elEstado se apresuró en asumir el monopolio de la Justicia, prohibiéndoseexpresamente a los ciudadanos tomarse la justicia por su mano. Pero el Estado y, por tanto, la jurisdicción, no han sido los mismos a lolargo de todas las sociedades y tiempos, lo que permitió a algunos autoressuscribir la tesis de CALAMANDREI en tomo a la relatividad de la jurisdicción,que en la actualidad carece de toda virtualidad (no en vano la tesis deCALAMANDREI fue lanzada en el año 1940, esto es, en plena Italia fascista),pues el Estado moderno no puede ser otro sino el democrático, nacido de lasgrandes revoluciones liberales europeas. Por esta razón, hoy no puede encontrarse el fundamento o legitimación dela Jurisdicción en ideas teocráticas o autocráticas, propias del AntiguoRégimen o de los Estados totalitarios. En el Estado feudal y en el absoluto, los jueces eran funcionarios («alcaides») dependientes del poder real («estas cuatro cosas -decían Las Partidas- son del Rey, que no las puede delegar en ningún ome: justicia, moneda, fonsadera e suos yantares» y «sobre todo que mis jueces sean mansos e obedientes con Dios e con el Señor que los pone»). En la Alemania nazi, en la que la Constitución de Weimar fue sustituida por el programa del partido nacionalsocialista y la Ley por los «Führerprinzíp»>, el juez dejó de ser un aplicador del derecho para ser un «Rechtsfinder», o buscador del derecho que había de encontrar en las directrices u órdenes emanadas del «Führer». También en el régimen franquista, la Jurisdicción dejó de ser un Poder del Estado para convertirse en una mera función, de acuerdo con el principio de «unidad de poder y coordinación de 14.
funciones» (art. 2 Ley Orgánica del Estado), bien entendido que dicha unidad residía en la jefatura del Estado que concentraba tanto la función ejecutiva, como la legislativa e incluso la judicial. Antes al contrario, afirmado el principio de la «división de poderes» comouno de los dogmas esenciales del sistema democrático, la Jurisdicción hapasado a convertirse en un auténtico Poder del Estado: el denominado «tercerPoder» o el más alto Poder de decisión dentro del Estado. Así lo configura elTítulo VI de nuestra Constitución. Si la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan lospoderes del Estado (art. 1.2 CE) y si la justicia emana del pueblo (art. 117.1),hemos de preguntarnos nosotros por qué el pueblo español ha otorgado a losjuzgados y Tribunales el monopolio de la justicia o, dicho en otras palabras,hemos de indagar cuál sea la legitimación de la potestad jurisdiccional que lasoberanía popular ha otorgado en exclusiva a la Jurisdicción. A este respecto han surgido distintas tesis, que pueden sintetizarse en lassiguientes:A) La justicia popular Cronológicamente, en el Estado liberal los sistemas de designación popularfueron los primeros que intentaron dotar de legitimidad al oficio judicial. Y así,frente a la justicia de funcionarios dependientes del Poder real o «justicia degabinete», secreta e inhumana, el pensamiento liberal opuso la participaciónpopular directa o a través de representantes en el Poder Judicial. Esta idea,unida a la de evitar la venalidad de los «Senados permanentes» o Tribunales(MONTESQUIEÚ) y al anhelo de los ciudadanos de ser juzgados por susiguales, fue la que impulsó la implantación de la participación del pueblo en lajusticia durante los siglos XVIII y XIX en toda Europa. En este sentido pronto se implantaron, y coexisten en determinados países,los dos sistemas conocidos de participación popular: el jurado y la justiciapopular. a) El jurado. Desde el punto de vista de la estricta legitimación democráticano cabe duda alguna de que el jurado constituye la fórmula más perfecta departicipación popular en la justicia, pues a través de él, los ciudadanosasumen directamente la función jurisdiccional. Por otra parte, la instauración del jurado en el proceso penal modernosupuso una auténtica revolución en la sustitución del sistema inquisitivo delAntiguo Régimen por el sistema acusatorio formal o mixto, ya que cambió elinjusto régimen de la prueba tasada por el de la libre valoración,incrementando los principios de inmediación, publicidad y concentración de lasalegaciones y prueba en el juicio oral. Sobre la evolución del jurado europeo y su más detenido estudio,volveremos después (infra, Lección 8). Tan sólo hemos de recordar ahora que 15.
la instauración del jurado se encuentra prevista en el art. 125 de la CE,precepto que, tras más de quince años de espera, fue desarrollado por la LeyOrgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del jurado. b) La justicia popular. La justicia popular representa una fórmula másimperfecta de participación popular, puesto que la entrada del pueblo en lajusticia se efectúa a través del instituto de la «representación». Sufundamento teórico descansa, pues, sobre el mismo principio que informa alPoder Legislativo: los integrantes del Poder Judicial han de ser elegidos por elúnico ente que en una democracia ostenta la soberanía, esto es, el pueblo. De este modo, en USA, en determinados cantones suizos e incluso, conotros perfiles, en la extinta URSS, la judicatura se recluta al igual que loscargos políticos del Ejecutivo y los miembros del Parlamento; es decir, através de elecciones periódicas. En España tuvimos una lamentable experiencia con la actuación de losTribunales populares que, instaurados en la España republicana, durante laGuerra Civil, eran nombrados por los partidos y centrales sindicales quecomponían el «Frente Popular», predominando en sus veredictos un clarointerés partidista. En general, el enjuiciamiento que en Europa se efectúa de la justiciapopular origina un saldo manifiestamente negativo. Ciertamente dicho sistemade designación otorga una gran legitimación democrática en el momento inicialdel desempeño del oficio judicial, pero es insuficiente para demostrar dichalegitimación en su continuidad, ya que se le reprocha la falta de independenciadel juez electo frente al partido o máquina electoral que lo situó en el poder(KAYsER); todo ello sin olvidar que, al menos en USA, en la designación de losmiembros del más alto órgano de decisión, como lo es la Corte Suprema, tieneuna gran relevancia el Presidente de la República, con lo que elfuncionamiento práctico del sistema supone una cierta merma del principio dedivisión de poderes.B) La designación ministerial Puesto que a través de los sistemas de participación popular no segarantiza necesariamente el acceso al oficio judicial de los más capaces, sepodría conseguir también una cierta legitimación democrática confiando alMinistro de Justicia la selección y promoción de los jueces, toda vez que, en unsistema democrático el Ministro es responsable de sus actos ante elParlamento (KERN-WOLF). En realidad esta tesis no constituye novedad alguna, sino antes al contrariofue inaugurada por la Ley francesa de 20 de abril de 1810 y secundada por latota de las Leyes Orgánicas de la Magistratura europeas del S. XIX (entreellas, nuestra LOPJ de 1870), dando lugar al denominado modelo«napoleónico», confirme al cual el ingreso, la promoción o ascenso, y el 16.
régimen disciplinario de la Magistratura era confiado al «grand-juge M. leMinistre de la Justice». En nuestro país este modelo permaneció vigente hasta la promulgación de la Constitución de 1978. De este modo, para el ingreso en la judicatura era preceptivo estar en posesión del famoso «certificado de buena conducta», que expedía el entonces Ministerio de la Gobernación, y para acceder a los denominados puestos de confianza (esto es, los superiores a Presidente de Sala) se requería la «declaración de aptitud» que emitía el Consejo judicial, dependiente del Ministerio de justicia, y naturalmente el nombramiento por el Gobierno (o por el propio jefe del Estado en el caso del Presidente del TS). Asimismo, la Inspección de los Tribunales dependía del Ministerio de justicia y, en general, todo el sistema disciplinario lo ejercía el Ejecutivo, quien podía ordenar el traslado de los jueces por «consideraciones de orden público», disponer la «comisión de servicio forzosa» e incluso trasladar a Magistrados de una a otra Sala, o a Presidentes de una a otra Audiencia. Pero como consecuencia de la presión que el Ejecutivo ejerció sobre laMagistratura con la implantación de los Estados totalitarios, a la salida de laSegunda Guerra Mundial surgió un movimiento asociativo de la Magistratura(en Italia, Francia y en España con el grupo «Justicia Democrática» antecesorade la asociación «Jueces para la Democracia» antecesora de la Asociación«Jueces para la Democracia»), una de cuyas aspiraciones fundamentalesconsistió en la instauración del autogobierno de la Magistratura, sistema que,con la excepción de la RFA, ha acabado implantándose en la práctica totalidadde los países europeos. En el nuestro, la proclamación de dicho sistema laefectúa el art. 122 de la CE. Por tal razón, la referida tesis, más que una teoría, en realidad pretendeencubrir la justificación de un privilegio del Poder Ejecutivo, pues, como severá en el lugar correspondiente (vide Lección 6), la independencia del juez nosólo ha de ser predicable frente a la sociedad y las partes, sino tambiénrespecto de los demás Poderes del Estado, incluido el Ejecutivo.C) La legitimación a través del proceso Con el título «Legitimación durch Verfahren» (1969), la obra de LUHMANNpretendió justificar la actividad jurisdiccional por la sola existencia del proceso.En síntesis, la tesis es la siguiente: cuando surge un conflicto, el particular nopuede generalizar su problema porque la sociedad no se movilizaría por elmismo, viéndose obligado a acudir a donde ella confía, es decir, al proceso; sidentro de él su pretensión no triunfa, queda el individuo aislado y no puedeseguir manteniendo sus expectativas jurídicas originarias; el proceso le haquitado la razón y su opinión no puede ser tenida en cuenta por la sociedad,de tal suerte que el proceso cumple con una función de desmembración socialy de absorción de las protestas y, puesto que tal función es necesaria en todasociedad, el proceso constituye la institución mediante la cual la jurisdicciónmisma se legitima. La crítica a la tesis de LUHMANN pronto se dejó sentir en la doctrinaalemana (HABERMAS, ESSER) y, así, se preguntaba ZIPPELIUS «cabríaadmitir, como aconteció en el nacionalsocialismo, que la decisión de 17.
exterminar a todo el pueblo judío pueda justificarse en sí misma por el solohecho de haber emanado del proceso preestablecido?» Ciertamente concurren en el proceso determinados elementoslegitimadores, tales como la imparcialidad del juzgador, los principios decontradicción y de audiencia y, en general, todas las garantías que integran elderecho al «proceso debido»; pero la asunción de la tesis de LUHMANNconllevaría justificar todo tipo de decisión material, por el solo hecho dehaberse dictado mediante el proceso preestablecido. El proceso no constituye,pues, la causa o fin en sí mismo de la Jurisdicción, sino el instrumento para lacorrecta aplicación del Derecho objetivo a los conflictos concretos.3. LA LEGITIMACIÓN DE LA JURISDICCIÓN EN NUESTROSISTEMA DEMOCRÁTICO Si, como ya se ha señalado, la soberanía reside en el pueblo español y lajusticia emana del pueblo (arts. 1.2 y 117.1 CE), queda claro que en nuestraLey Fundamental existen dos fuentes legitimadoras de la jurisdicción: la una,directa e inmediata, es la del jurado, en tanto que institución de participaciónpopular en la que los ciudadanos ejercitan directamente y por sí mismos lafunción jurisdiccional (art. 125); la otra, habida cuenta de que la Constituciónotorga en exclusiva a los juzgados y Tribunales (esto es, a jueces técnicos) elejercicio de la potestad jurisdiccional (art. 117.3), ha de determinarse de unamanera indirecta o mediata, esto es, preguntándose por la causa de la entregapor el pueblo a la jurisdicción del monopolio de la justicia. Descartada la idea de la «representación» como instrumento a través delcual el pueblo podría haber confiado dicho monopolio a la jurisdicción (puestoque la Constitución no ha consagrado suerte alguna de «justicia popular»), lacontestación a la enunciada pregunta se nos manifiesta evidente: lo que unasociedad democrática reclama de los juzgados y Tribunales es la solución delos conflictos mediante la imparcial aplicación del Derecho objetivo. Por esta razón, el propio art. 117.1, después de afirmar que «la justiciaemana del pueblo», establece a continuación que se administra «por jueces ymagistrados, independientes, inamovibles, responsables y sometidosúnicamente al imperio de la ley». Una lectura precipitada del precepto, que literalmente expresa que «se administra en nombre del Rey...» podría llevar a la conclusión de que la justicia emana del pueblo y del poder del Monarca (haciendo resurgir caducas teorías teocráticas). Pero esta pretendida tesis sería errónea, pues en nuestra Constitución la soberanía no aparece compartida entre el Rey y el pueblo (a diferencia, por ejemplo, de la Constitución de Cánovas), sino que la ostenta exclusivamente el pueblo español. La única fuente legitimadora de la justicia reside en el pueblo, de quien emana, y, por lo tanto, ni el Rey constituye el juez supremo, ni los tribunales son una delegación suya. Lo que sucede es que, en las monarquías constitucionales limitadas, debido a esa función del Rey, consistente en erigirse en el símbolo de la unidad nacional y en lazo formal de coordinación de los poderes constitucionales (art. 56), debe la justicia en su nombre ser administrada. 18.
Del enunciado del precepto se desprende que la nota de la «inamovilidad»es, como veremos, consustancial a la de independencia judicial y la de«responsabilidad» constituye su lógico corolario (ya que todo poderindependiente ha de ser responsable en un Estado de Derecho), por lo que,sintetizando el contenido de la norma fundamental, se hace obligado concluiren que la causa que legitima la atribución del monopolio de la potestadjurisdiccional por parte del pueblo a sus juzgados y Tribunales reside en suindependencia y sumisión a la ley.A) La independencia En efecto, los jueces, en primer lugar, han de ser independientes, porque siese tercero, situado «supra partes», adoleciera de falta de independencia, nosencontraríamos ante un procedimiento que, en realidad, encubriría unafórmula autocompositiva, pero nunca ante un verdadero proceso. Dichaindependencia, como veremos, ha de ser total, no sólo frente a la sociedad ylas partes, sino también con respecto al Gobierno y a los órganosjurisdiccionales superiores, nota ésta que distingue al juez de cualquier otrofuncionario y a la actuación jurisdiccional de la administrativa pues, auncuando la Administración actúe también con objetividad y con sometimientopleno a la ley y al Derecho (art. 103.1 CE), la simultánea condición de juez yde parte que asume la Administración en el procedimiento administrativo nopermite configurar a su actuación como «procesal», sino autocompositiva. La independencia judicial constituye, por consiguiente, una nota esencial dela jurisdicción, sin la cual no podrían los juzgados y Tribunales aplicarcorrectamente el Derecho a los casos concretos, ya que la ley, en tanto quemanifestación de la voluntad general, precisa que la actividad judicial deindividualización normativa no pueda efectuarse tomando en consideraciónsituaciones hegemónicas de las partes o privilegio material alguno. Por esta razón la actividad judicial es, ante todo, una actuación «desinteresada», pudiendo afirmarse que la legitimación judicial se encuentra antitéticamente opuesta a la de las partes: en tanto que la legitimación activa y pasiva de éstas se determina por la titularidad de un derecho o la existencia de un interés en el proceso, la del juez proviene precisamente de esa ausencia de interés en el objeto procesal, ya que, en cualquier otro caso, y a fin de garantizar su independencia, se impone su abstención o recusación.B) La sumisión a la Ley En segundo lugar, lo que la sociedad reclama del oficio judicial es quejuzgados y Tribunales limiten su actuación a aplicar a los casos concretos laley emanada de las Cortes Generales, a quienes les corresponde el ejerciciode la potestad legislativa (art. 66 CE). Por esta razón, el art. 117.1, como seha dicho, establece la necesidad de que los órganos jurisdiccionales estén«sometidos únicamente al imperio de la ley». 19.
Ahora bien, aquí por ley no cabe entender exclusivamente las promulgadaspor el Parlamento de la Nación, sino también, en sus respectivascompetencias, las emanadas de las Asambleas legislativas autonómicas (arts.150 y 152.1 CE), así como las disposiciones con rango de ley y las normasdimanantes de la potestad reglamentaria de la Administración estatal (art.97) o autonómica,(art. 152.1), e incluso el denominado «derecho judicial»,del que nos ocuparemos en la lección siguiente. De aquí que una mayor precisión alcanza el art. 20.3 de la Ley Fundamental de Bonn, conforme al cual «la Jurisdicción está subordinada a la Ley y al Derecho», cuyo tenor se plasmó en el último inciso del art. 103.1 de la CE sin que inexplicablemente se incluyese en el art. 117.1. En realidad, pues, a lo que los Tribunales están expresamente sometidos es«a la ley y al Derecho», sumisión al Derecho objetivo que ostenta, además,carácter excluyente, toda vez que no pueden efectuar otras funciones (arts.117.4 CE, 2.2 LOPJ), estándoles en particular vedada la asunción de funcionespolíticas o ejecutivas (art. 127.1 CE). La anterior prohibición, ello no obstante, no impide que la Jurisdicciónpueda ejercitar funciones que, sin ser estrictamente jurisdiccionales, la ley lespuede confiar «en garantía del algún derecho» (art. 117.4 CE). De este modo,el art. 2.2. de la LOPJ le otorga «el Registro civil», la LEC les confiere toda ladenominada «jurisdicción voluntaria» (arts. 2.109 y ss.) y la LECrim leencomienda los actos de investigación sumarial (cfr. art. 299). Pero nótese que tales funciones, al no ser estrictamente jurisdiccionales, ningún obstáculo constitucional existirá en punto a que puedan ser encomendadas a otros funcionarios (vgr. los actos de la jurisdicción voluntaria a los notarios) u órganos colaboradores de la jurisdicción (los actos instructorios de pura investigación al Ministerio Público, tal y como acontece en la LO 5/2000, penal y procesal del menor). Así pues, corresponde a la política legislativa o, lo que es lo mismo, a la potestad del Poder Legislativo, determinar si tales funciones deben o no seguir siendo residenciadas en la jurisdicción. Ahora bien, dicha sumisión de los órganos jurisdiccionales a la ley y alDerecho no es indiferenciada, sino que, antes al contrario, está sometidatambién al principio de jerarquía normativa. De este modo, jueces yMagistrados están sometidos, en primer lugar, a la Constitución (art. 5 LOPJ),que es la primera Ley que han de cumplir todos los poderes públicos; ensegundo lugar, a las leves emanadas de los Parlamentos, nacional oautonómicos, así como a las disposiciones con fuerza de ley (Decretos leyes ylegislativos), y, finalmente, a los Reglamentos del Poder Ejecutivo y del órganode gobierno del Poder Judicial, el CGPJ (art. 6 LOPJ). El control de la vigenciade dicho principio queda encomendado al Tribunal Constitucional en todo loreferente a las disposiciones normativas con rango de ley que infrinjan la LeyFundamental (art. 161.11 CE) y a los Tribunales de lo Contencioso-administrativo el de los Reglamentos, actos o disposiciones normativas conrango inferior a la ley, emanadas del Ejecutivo que pudieran vulnerar las leyes(art. 106.1 CE). 20.
La constitucionalización de los principios de seguridad jurídica y dejerarquía normativa, efectuada por los arts. 9.3, 106 y 161 de la CE, han deimponer al órgano jurisdiccional, con carácter previo a la aplicación de lanorma, como apuntan KERN y WoLF, un doble examen de su legitimidad: a)jurídico formal, conforme al cual ha de obtener la certeza de que la norma hasido promulgada conforme al procedimiento y por el órgano competente oconstitucionalmente preestablecido, y b) jurídico material, a través del cualdebe constatar la legitimidad de la norma, es decir, si se conforma ocontradice otras de rango superior. Si observara la quiebra de alguno de estosdos exámenes, habrá de determinar su naturaleza, bien para dejarlainaplicada (caso de los reglamentos ilegales o de leyes inconstitucionalesanteriores a la Constitución: vide art. 6 LOPJ) o para promover de oficio la«cuestión de inconstitucionalidad» (cuando se trate de disposiciones con rangode ley contrarias a la Constitución: vide art. 5.2 y 3 LOPJ). Lo que en modo alguno le está permitido al juez es aplicar una normaanticonstitucional o manifiestamente ilegal (por ejemplo, una ley que infringela Constitución o una Orden Ministerial que vulnera una ley), o dejar de aplicarleyes por estimarlas inconstitucionales, sin promover la oportuna cuestión deinconstitucionalidad ante el TC. La primera solución fue la que consagró la jurisprudencia del TS alemán, a partir del año 1933, como consecuencia de la doctrina de los Führerprmzip, afirmándose en aquel entonces que «el juez no está fundamentalmente facultado a rechazar la aplicación de una norma debidamente promulgada a causa de su contenido» (ECHTERHóLTER), aun cuando dicha norma vulnerara flagrantemente la Constitución; algo parecido ocurría en nuestro país con la afirmación por el TS español del carácter meramente «programático» de las normas del Fuero de los Españoles (especialmente con la inaplicación de los principios de legalidad y seguridad del art. 19). La segunda tesis es la propia de la doctrina del «uso alternativo del Derecho», en cuya virtud se establecería un «control difuso» de la constitucionalidad de las normas, de tal suerte que todo juez ordinario estaría facultado para inaplicar normas que pudiera reputar como inconstitucionales; esta doctrina, si bien estuvo democráticamente legitimada durante la Dictadura y hasta la fecha de la instauración del Tribunal Constitucional, hoy está expresamente desterrada por el art. 5 de la LOPJ: lo que debe efectuar el juez es promover la cuestión de inconstitucionalidad a fin de que el TC declare la nulidad o validez de la norma. 21.
LECCIÓN 2. LA JURISDICCIÓN: CONCEPTO Y FUNCIONES1. CONCEPTO Y NOTAS ESENCIALES La jurisdicción puede ser definida como el Poder judicial, integrado porjueces y magistrados, a quienes, por su independencia y sumisión a la Ley yal Derecho, ejercen en exclusiva la potestad jurisdiccional y, en consecuencia,expresamente están legitimados para la resolución jurídica, motivada,definitiva e irrevocable de los conflictos intersubjetivos y sociales, para laprotección de los derechos subjetivos, el control de la legalidad y lacomplementación del ordenamiento jurídico. Del referido concepto se infieren las siguientes notas esenciales:A) La Jurisdicción como Poder A diferencia, como se ha dicho, del viejo Estado franquista en el que lajurisdicción era conceptuada como una «función», producto de la meradivisión del trabajo, la vigente Constitución Española es rotunda al rotular suTítulo VI «del Poder Judicial» y al prever en su art. 122 la promulgación deuna Ley Orgánica del Poder Judicial a la que ha de confiarse la constitución,funcionamiento y autogobierno de los juzgados y Tribunales (dicha LOPJ fuepromulgada mediante la LO 6/1985, de 1 de julio, modificada por las LLOO9/2000, 13/1999, 6/1998 y 2/2001 y pendiente de reforma por el PLO de 25de abril de 2003). Ciertamente esta cualidad de la actual Jurisdicción no ha constituido unaabsoluta novedad de nuestra Ley Fundamental, pues con anterioridad a ella ycon la única salvedad del referido Estado autocrático, la antigua Ley«Provisional» Orgánica del Poder Judicial de 15 de septiembre de 1870 (que,no obstante su denominación, permaneció vigente hasta la LOPJ de 1985 ), yaconfiguró a la Jurisdicción, de acuerdo con el principio de división de poderes,como un poder del Estado. Cualidad ésta última que no permitía ser calificadacomo retórica, pues con la supresión, de un lado, de las jurisdiccionesespeciales (mediante el «Decreto de unificación de fueros» de 6 de diciembrede 1868) el Poder Judicial asumió el monopolio de la justicia, y con lacreación, de otro, de las Salas de lo Contencioso del TS los actos del PoderEjecutivo pudieron ser ya revisados ante los Tribunales. Todo lo cual permitió a GÓMEZ DE LA SERNA afirmar que «...a estas importantes consideraciones se agrega otra que por sí sola sería decisiva, la inviolabilidad, la autoridad santa de la cosa juzgada; ante ella callan todos los poderes, la última palabra ha de ser pronunciada por el Judicial; ni los Parlamentos, ni el Poder Ejecutivo alcanzan a alterarla». Pero la vigente Constitución no se ha limitado exclusivamente a restablecerla división de poderes, sino que ha potenciado notablemente al Poder Judicial 22.
subjetiva y objetivamente. Desde un punto de vista subjetivo, la instauración,por vez primera en nuestra historia, de un régimen de autogobierno de laMagistratura -a diferencia del «napoleónico» de la LOPJ de 1870 y la revisióndel estatuto jurídico de los jueces y Magistrados contribuyeron a fortalecer laindependencia judicial, tanto a nivel individual (hasta el punto de haber hechodesaparecer la adulación o el temor del juez hacia el ministro de Justicia deturno, característica del anterior régimen), como colectivo, configurando a laJurisdicción como un Poder independiente de los demás poderes del Estado. Desde una dimensión objetiva, los principios de unidad y de exclusividadjurisdiccional son, desde entonces, una realidad (a diferencia del anteriorRégimen en el que se llegaron a contabilizar, en opinión de LATOUR BROTONS,veinticinco jurisdicciones especiales); los actos administrativos exentos decontrol judicial (v.gr., los actos políticos) quedaron prácticamente relegados ala historia, y al Poder Judicial, en materia de derechos fundamentales (V.gr. 1la libertad a través del «habeas corpus»), la CE les confió su inmediata yrápida protección (art. 53.2), a la vez que sometió a todos los actos ydisposiciones emanadas de los demás poderes del Estado a un control deconstitucionalidad por el TC, todo lo cual ha producido una judicialización de lavida social e incluso política. Así pues, en nuestro actual Estado de Derecho, cabe configurar a laJurisdicción como el más alto Poder de decisión, al que se encuentransometidos y ante cuyas sentencias, como decía GÓMEZ DE LA SERNA, «callantodos los poderes del Estado».B) La potestad jurisdiccional Del mismo modo que al Poder Legislativo le asiste la potestad legislativa(art. 66.2) y al Ejecutivo la reglamentaria y ejecutiva (art. 97), la CE,consecuente con la naturaleza de Poder de la Jurisdicción, le ha otorgado a losjuzgados y Tribunales «el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo deprocesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado» (art. 117.3). Constituye la potestad jurisdiccional la capacidad de actuación de lapersonalidad del Estado en la manifestación de juzgar y hacer ejecutar lojuzgado que, por expreso encargo del pueblo español (art. 117.1), quedaresidenciada exclusivamente en los juzgados y Tribunales. Dicha potestad, en cuanto tal, posee determinadas notas que la diferenciande las demás facultades y derechos subjetivos, públicos y privados. Laprimera de ellas es su generalidad: la potestad se ejercita «erga omnes»(CARNELUTI). Si el derecho subjetivo crea obligaciones específicas conrespecto a sus destinatarios, con los que viene a establecerse la relaciónjurídico-material, la potestad jurisdiccional no siempre hace surgir prestaciónalguna determinada, sino que, con independencia de ella, crea un estado dedeber general de sujeción por parte de todos los justiciables, que se resumeen la exigencia establecida por los arts. 118 CE y 17 LOPJ, de colaboración y 23.
de obediencia de todos los ciudadanos y poderes públicos a las resolucionesjudiciales. La referida norma constitucional, al establecer la obligación de cumplir con las resoluciones judiciales y de colaborar con los jueces y Tribunales en el proceso, ha posibilitado el surgimiento, como veremos (vide infra, Lección 20) de las obligaciones procesales. En segundo lugar, al constituir la potestad jurisdiccional una emanación dela soberanía nacional, puede afirmarse, como criterio general, que los límitesde su actuación vienen determinados por los de la soberanía misma, esto es,por el territorio y las personas a ella sometidas (arts. 4, 21 y ss. LOPJ; 8.2CC; 51 LEC). El contenido de la mencionada potestad se concreta en una fuerza demando jurídicamente vinculante para con las partes y terceros, la cual seencuentra respaldada no sólo por la policía judicial, sino por todo el aparatocoactivo del Estado. Es, pues, ese «imperio», fuerza ética e incluso física, laque diferencia al juez del árbitro y la que otorga, en definitiva, la supremacíadel órgano jurisdiccional a fin de obtener el efectivo cumplimiento de susresoluciones (FAIRÉN). El objeto de la potestad jurisdiccional se resume en la frase utilizada por elart. 117.3 de la CE y reiterada por el art. 2.1 de la LOPJ: «juzgar y hacerejecutar lo juzgado». Pero un estudio más detenido de dicha potestad, nos revela que seconcreta en todo un haz de facultades que se proyectan desde el juez hacialas partes e incluso a los terceros. De este modo, con anterioridad al juiciojurisdiccional por excelencia, que es la sentencia, existe una potestadordenatoria que tiene por objeto llamar a las partes y terceros al proceso (através de las citaciones y emplazamientos), obtener la efectiva sujeción deaquellas a los fines del proceso (mediante una serie de actos limitativos dederechos e incluso coercitivos: adopción de medidas cautelares,requerimientos...) o simplemente impulsar el curso del procedimiento (sobretodo a través de las «providencias», que suelen ser actos de meratramitación). Asimismo, ostenta también el juez, con la intervención del secretario, lapotestad de instrumentación o documentación, cuya finalidad estriba enotorgar a determinados actos de conocimiento (v.gr., una inspección ocular) elcarácter de prueba, siempre y cuando se garantice la vigencia del principio decontradicción. De este modo, las «actas» en las que quedarán plasmadas lasoportunas declaraciones de ciencia o representaciones de la realidad externagozarán de una fehaciencia indiscutible. Pero la potestad jurisdiccional es, ante todo, una potestad decisora, en laque el juez o tribunal resuelve interina (v.gr., un auto de archivo o desobreseimiento provisional) o definitivamente, el conflicto, satisfaciendo elderecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Esta última resolución se 24.
denomina sentencia, decisión que constituye la más genuina expresión de lapotestad jurisdiccional, pues tan sólo estas resoluciones suelen gozar de latotalidad de los efectos de la cosa juzgada. Uno de los tales efectos consiste en su «ejecutoriedad». Para hacer efectivoel cumplimiento de la sentencia ostentan, finalmente, los jueces la potestad deejecución, la cual se ejercita a través de los diversos procedimientos deejecución de sentencias, cuya finalidad consiste en realizar o llevar a cabo ensus propios términos lo dispuesto en el «fallo» de la sentencia.C) Los juzgados y Tribunales Los juzgados y Tribunales, independientes y sometidos al imperio de la ley,integran en su totalidad el Poder judicial y ostentan en exclusividad latitularidad de la potestad jurisdiccional. Fuera del Poder Judicial (o, lo que es lo mismo, fuera del Título VI de la CE), subsisten algunos tribunales especiales, como es el caso del Tribunal Constitucional (arts. 159 y ss.) o del Tribunal de Cuentas (art. 136) que, aun cuando formalmente la Constitución no los considera incluidos dentro del Poder judicial, constituyen auténticos órganos jurisdiccionales, pues gozan de independencia y resuelven definitiva e irrevocablemente los conflictos especiales que ante ellos se les planteen. Por lo tanto, forman parte también de la Jurisdicción, la cual puede resumirse en la siguiente fórmula: Jurisdicción = Poder Judicial + tribunales especiales. a) Tradicionalmente se vienen denominando Juzgados a los órganosjurisdiccionales unipersonales, si bien la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,ha complicado un tanto las cosas al utilizar el término «Tribunal» paradesignar indistintamente a los órganos judiciales unipersonales y colegiados.Están integrados por un juez, asistido por un secretario y el personal auxiliar.Tradicionalmente los Jueces acceden al Poder Judicial mediante concurso-oposición entre Licenciados en Derecho y pasan a convertirse en los titularesde los juzgados (a diferencia de los Magistrados que integran los Tribunales;pero esta distinción se vio enturbiada con la creación de la categoría delmagistrado-juez en las principales capitales de provincia y, así, deconformidad con el art. 21.2 de la Ley 38/1988, de Demarcación y Planta, enaquellos partidos judiciales con una población superior a los 150.000habitantes los juzgados de 1ª Instancia dicción. De este modo, las «actas» enlas que quedarán plasmadas las oportunas declaraciones de ciencia orepresentaciones de la realidad externa gozarán de una fehacienciaindiscutible. Pero la potestad jurisdiccional es, ante todo, una potestad decisora, en laque el juez o tribunal resuelve interina (v.gr., un auto de archivo o desobreseimiento provisional) o definitivamente, el conflicto, satisfaciendo elderecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Esta última resolución sedenomina sentencia, decisión que constituye la más genuina expresión de lapotestad jurisdiccional, pues tan sólo estas resoluciones suelen gozar de latotalidad de los efectos de la cosa juzgada. 25.
Uno de los tales efectos consiste en su «ejecutoriedad». Para hacer efectivoel cumplimiento de la sentencia ostentan, finalmente, los jueces la potestad deejecución, la cual se ejercita a través de los diversos procedimientos deejecución de sentencias, cuya finalidad consiste en realizar o llevar a cabo ensus propios términos lo dispuesto en el «fallo» de la sentencia.C) Los juzgados y Tribunales Los juzgados y Tribunales, independientes y sometidos al imperio de la ley,integran en su totalidad el Poder judicial y ostentan en exclusividad latitularidad de la potestad jurisdiccional. Fuera del Poder Judicial (o, lo que es lo mismo, fuera del Título VI de la CE), subsisten algunos tribunales especiales, como es el caso del Tribunal Constitucional (arts. 159 y SS.) o del Tribunal de Cuentas (art. 136) que, aun cuando formalmente la Constitución no los considera incluidos dentro del Poder judicial, constituyen auténticos órganos jurisdiccionales, pues gozan de independencia y resuelven definitiva e irrevocablemente los conflictos especiales que ante ellos se les planteen. Por lo tanto, forman parte también de la jurisdicción, la cual puede resumirse en la siguiente fórmula: Jurisdicción = Poder Judicial + tribunales especiales. a) Tradicionalmente se vienen denominando Juzgados a los órganosjurisdiccionales unipersonales, si bien la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil,ha complicado un tanto las cosas al utilizar el término «Tribunal» paradesignar indistintamente a los órganos judiciales unipersonales y colegiados.Están integrados por un juez, asistido por un secretario y el personal auxiliar.Tradicionalmente los Jueces acceden al Poder Judicial mediante concurso-oposición entre Licenciados en Derecho y pasan a convertirse en los titularesde los juzgados (a diferencia de los Magistrados que integran los Tribunales;pero esta distinción se vio enturbiada con la creación de la categoría delmagistrado-juez en las principales capitales de provincia y, así, deconformidad con el art. 21.2 de la Ley 38/1988, de Demarcación y Planta, enaquellos partidos judiciales con una población superior a los 150.000habitantes los juzgados de lá Instancia y/o Instrucción pueden estar servidospor Magistrados), a quienes les corresponde conocer de los procesos enprimera instancia. El juzgado es, pues, un órgano jurisdiccional unipersonal yde instancia que conoce de las fases declaradsea y ejecutiva del proceso: delas alegaciones o aportación de los hechos al proCeso, de su prueba, de lasentencia y del proceso de ejecución. Dicha regla tan sólo conoce la excepción del orden jurisdiccional penal. En dicha manifestación de la jurisdicción y, como exigencia del principio acusatorio, existen, de un lado, los juzgados de Instrucción (cuya función primordial consiste en realizar la fase instructora) y juzgados de lo Penal (a quienes les corresponde el conocimiento del juicio oral de los delitos leves) y, de otro lado, las Audiencias Provinciales (que conocen del juicio oral en los restantes delitos). En el orden contencioso-administrativo, que tradicionalmente estaba integrado exclusivamente por Tribunales (las Salas de lo contencioso-administrativo de los TSJ), la Ley 29/1998 instauró los «Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo que conocen en primera instancia de asuntos de escasa relevancia o cuantía (impugnaciones relativas a personal, licencias, tributos locales, sanciones...). 26.
Los juzgados españoles están hoy regidos por el principio de laespecialización. Su descripción y competencia objetiva puede examinarse enlos arts. 26, y ss. de la LOPJ (ver, infra, Lección 9). b) Los Tribunales, por el contrario (y salvedad hecha de la denominaciónde la nueva LEC que, como se ha dicho utiliza el término «Tribunal» comosinónimo de todo órgano judicial), son órganos jurisdiccionales colegiados. Alos miembros de tales colegios se les denomina Magistrados, quienesnormalmente son reclutados, a través de concurso, desde la propiajudicatura. Excepción hecha de los tribunales administrativos, de la fase del juicio oralpenal y de los aforamientos (es decir, de la sumisión en el proceso penal deciertas autoridades a determinados órganos colegiados), en los que talesórganos colegiados asumen funciones declarativas o de primera instancia, elcometido de los Tribunales consiste en revisar el enjuiciamiento efectuado porlos jueces en su sentencia, dictada en la primera instancia; de lo que sedesprende que los Tribunales constituyen órganos de segundo o tercer gradoque conocen de la fase de impugnación de los procesos, por lo que sujustificación obedece a la propia existencia de los recursos o medios deimpugnación contra las sentencias. Atendiendo a la naturaleza de los recursos de los que conocen talesórganos pluripersonales, los Tribunales se clasifican en Tribunales deapelación y de casación. Los de apelación o de segunda instancia en sentidoestricto, efectúan una revisión, más o menos amplia, tanto del material dehecho (esto es, la fijación de los hechos en la sentencia y la valoración de laprueba), como de la aplicación del derecho. Son Tribunales típicos deapelación en nuestro ordenamiento las Audiencias Provinciales (véanse sucompetencia y funciones en los arts. 80 y ss. LOPJ). Los Tribunales de casación tienen por misión esencial asegurar la aplicaciónuniforme de las leyes promulgadas por el Parlamento, unificando suinterpretación mediante la creación de la «doctrina legal» (o criteriosinterpretativos homogéneos de las normas; así, por ejemplo, la doctrina deldaño moral o de la responsabilidad objetiva en el derecho civil, o del delitocontinuado en el proceso penal). La finalidad esencial de la casación, en últimotérmino, estriba en garantizar la igualdad en la aplicación de la ley en todo elterritorio nacional (principio consagrado en el art. 14 CE), asegurando suinterpretación uniforme, de tal suerte que las Audiencias Provinciales yjuzgados no mantengan criterios dispares en la aplicación de la ley. El Tribunal Supremo, situado en la cúspide del Poder Judicial (art. 123.1CE), es el órgano de casación por excelencia, si bien nuestra Constitución,(aun cuando no haya consagrado modelo federal alguno), como consecuenciade la instauración del «Estado de las autonomías», ha posibilitado que losTribunales Superiores de justicia asuman funciones casacionales dentro de sudemarcación judicial (art. 152). Dichas funciones fueron concretadas por el art.73.1°-.á) de la LOPJ, que confirió a la «Sala de lo Civil y Penal» de los TSJ el 27.
conocimiento de los recursos de casación por «infracción de normas delDerecho civil, foral o especial propio de la Comunidad Autónoma».D) La independencia, unidad y exclusividad jurisdiccional En los juzgados y Tribunales han de concurrir, por imperativo del tantasveces citado art. 117 de la CE, las notas esenciales de independencia, unidady exclusividad jurisdiccional. A la independencia judicial ya nos hemos referido en la lección anterior y laestudiaremos más detenidamente en las lecciones 3 y 6, destinadas a tratarrespectivamente la independencia individual y colectiva de la Magistratura.Sea suficiente recordar aquí que, al erigirse en causa legitimadora a través dela cual la jurisdicción misma se justifica, la independencia judicial conformauna nota subjetiva esencial de todo órgano jurisdiccional, hasta el punto deque la infracción de la independencia judicial supondrá la violación del derechofundamental al juez legal «imparcial» del art. 24.2 de la CE y abrirá laspuertas al recurso constitucional de amparo. Porque los jueces y Magistrados, integrantes del Poder Judicial, sonindependientes y sometidos a la Ley y al Derecho, tan sólo a ellos se lesotorga la potestad jurisdiccional. Surge así desde esta visión negativa de laindependencia el principio de «unidad jurisdiccional», sancionado por el art117.5, cuya utilidad primordial consiste en declarar ilegítimas las denominadas«jurisdicciones especiales», que tanto proliferaron en el anterior régimenautocrático, pues de nada serviría proclamar aquellos principiosconstitucionales si el Poder Ejecutivo pudiera crear los órdenes de funcionariosmás sumisos para el enjuiciamiento de determinadas materias; aunque lasjurisdicciones especiales pudieran detentar la nota objetiva de la Jurisdicción(la cosa juzgada), su falta de independencia y la infracción del principioconstitucional de «unidad» supondría también la infracción del «juez legal». Similar tratamiento ha de tener la vulneración del principio de«exclusividad jurisdiccional», proclamado por el art. 117.3 de la CE, en cuyavirtud, el ejercicio de la potestad jurisdiccional constituye un auténticomonopolio de los integrantes del Poder Judicial. También este principio, aligual que el de unidad, será objeto de un estudio más detenido en la leccióncorrespondiente (infra, Lección 5). Adelantemos tan sólo aquí que al referidoprincipio se puede atentar mediante la exclusión (normalmente por parte dela Administración) de determinadas materias (e incluso de personas, si seestablecieran «in- p munidades» injustificadas) de la potestad jurisdiccional,tanto en su fase declarativa (por ejemplo, los actos exentos del controljudicial administrativo o los hoy prácticamente inexistentes «desahuciosadministrativos»), como en la de ejecución (v.gr., los privilegios de laAdministración de «suspensión» de las sentencias administrativas, e incluso la«expropiación» de los fallos de los Tribunales administrativos,desafortunadamente permitido por el art. 18.2 LOPJ). 28.
E) La función genérica de la Jurisdicción La función genérica de la Jurisdicción estriba en la resolución de losconflictos, intersubjetivos y sociales, mediante la aplicación del Derechoobjetivo, si bien dicha función, como veremos en el epígrafe siguiente, seconcreta en la protección de los derechos subjetivos, en el control de lalegalidad y en la complementación del ordenamiento. Es cierto que dicha genérica función de aplicación del Derecho, que secohonesta con el sentido etimológico del concepto de Jurisdicción («iusdicere» ), no es privativa del Poder Judicial, toda vez que también en elarbitraje pueden resolverse las controversias a través de la aplicación delDerecho, pero las diferencias entre ambos métodos heterocompositivos sonnotables, pues si bien son perfectamente lícitos los laudos «en equidad», estaposibilidad ha de ser desterrada en la Jurisdicción ya que, como consecuenciade la sumisión del juez a la ley y al Derecho, todos los conflictosnecesariamente han de ser resueltos por la Jurisdicción mediante la aplicacióndel Derecho. De aquí que cabe hoy mantener serias dudas acerca de la constitucionalidad de los «juicios en equidad», del art. 17 de la Ley 49/1960, de Propiedad Horizontal de conformidad con la redacción operada por el art. 13°.3 de la Ley 8/1999. Por tal razón, la primera nota que ha de revestir la sentencia, que ha deponer fin al conflicto, es la de ser una resolución jurídica. En la sentencia,junto a la declaración de hechos probados, deben siempre reflejarse, en lapremisa mayor del silogismo judicial, los «fundamentos de derecho»,procesales y materiales, aplicables al caso, tal y como disponen los arts.248.3 de la LOPJ y 209.3 CE. De la necesaria individualización jurídica se deriva también la exigencia deque la sentencia sea motivada puesto que, a diferencia de lo que acontecía enel Antiguo Régimen en el que existía la prohibición de motivar las sentencias,en el Estado de Derecho las partes y la sociedad, en general, tienen el derechoa obtener del órgano jurisdiccional una resolución motivada y razonada, envirtud de la cual, se estime o desestime una pretensión determinada. Lanecesidad de motivar las sentencias constituye hoy una auténtica exigenciaconstitucional, derivada de la doctrina del TC nacida con ocasión de lainterpretación del «derecho a la tutela» del art. 24.1 CE (SSTC 46/1996,32/1996, 153/1995, 28/1994, 22/1994, 109/1992, 131/1990, 159/1989,55/1987, entre otras). Finalmente, las sentencias son resoluciones definitivas y generalmenteirrevocables (art. 245.1°. b) y 3°- LOPJ). Conforma esta última característicade la sentencia uno de los efectos esenciales de la cosa juzgada que, como seha reiterado, se erige en la principal nota objetiva, patrimonio exclusivo de lajurisdicción. A diferencia, pues, de los actos administrativos o de las solucionesautocompositivas, que poseen un carácter meramente interino ya que puedenser impugnados ante los Tribunales, las sentencias que de ellos dimanan y que 29.
gocen de todos los efectos materiales de la cosa juzgada, producen los efectospreclusivos y excluyentes, que impiden que el conflicto pueda volverse aplantear ante cualquier otro juzgado o ser sometido a arbitraje, siempre ycuando el objeto procesal sea idéntico (art. 222 LEC). Pero no siempre todas las sentencias producen con plenitud la totalidad de los efectos materiales de la cosa juzgada. En particular, no ostentan tales efectos las «sentencias absolutorias en la instancia», ni las recaídas en los procesos «sumarios». Las primeras de ellas suceden cuando en un proceso determinado, el órgano jurisdiccional constata la ausencia de algún presupuesto procesal que le impide conocer de la relación jurídico material debatida o de fondo (v.gr., el demandante interpuso su demanda ante un juez falto de competencia); las segundas tampoco producen tales efectos materiales debido a la circunstancia de que los procesos sumarios, al tener una cognición limitada, no se impide a las partes acudir, con posterioridad a la sentencia recaída en un proceso sumario, al proceso declarativo correspondiente (v.gr., una sentencia condenatoria dictada en un proceso sumario ejecutivo por impago de una letra de cambio, no impide a1 deudor condenado a acudir a un proceso declarativo para solicitar la rescisión de la compraventa, por ejemplo, por vicios ocultos en la cosa vendida).2. FUNCIONES ESPECÍFICAS DE LA JURISDICCIÓN Tal como se ha reiterado, la función genérica de la jurisdicción consiste enla resolución definitiva de los conflictos mediante la aplicación del Derecho.Pero dicha función se realiza y se concreta, bien en la protección de losderechos subjetivos bien en el control normativo de los actos y disposicionesema de la Administración y demás poderes del Estado; junto a ellas, y conocasión del cumplimiento de todas estas funciones, también los Tribunaleseran Derecho o complementan el ordenamiento jurídico. A) Protección de los derechos subjetivos Dispone el art. 24.1 de la CE que «todas las personas tienen derecho aobtener la á ante la efectiva de los jueces y Tribunales en el ejercicio de susderechos e intereses legítimos Lo que viene a consagrar el precepto es el derecho al «libre acceso a la Jurisdicción» que a todo ciudadano asiste para obtener la protección jurisdiccional de su derecho subjetivo o interés jurídico material vulnerado, por la actuación de un particular o de la Administración pública. Ciertamente, ni es ésta la única misión de la Jurisdicción ni siempre esexclusivamente ejercida por ella, puesto que también la Administración Públicaresuelve conflictos (así, por ejemplo, cuando a un estudiante se le vulnera underecho relacionado con dicha cualidad, puede suscitar el correspendienteprocedimiento administrativo y obtener su protección de la autoridadacadémica competente), pero si las fórmulas autocompositivas no tutelan suderecho, siempre tiene abierto el camino (die Rechtswege) ante los Tribunales(de este modo, en el ejemplo anterior, puede interponer el correspondienterecurso contencioso-administrativo). Tal y como reconoce el art. 5.l LEC, «se 30.
podrá pretender de los tribunales la condena a determinada prestación y ladeclaración de la existencia de derechos y de situaciones jurídicas... ». En la actualidad, el derecho al libre acceso a la jurisdicción constituye unauténtico derecho fundamental mediante cuyo ejercicio surge la obligación deljuez de resolver acerca de la pretensión de tutela del derecho subjetivopre.suntamente vulnerado. De este derecho fundamental, técnicamentedenominado «derecho de acción», nos ocuparemos en la leccióncorrespondiente (18). Ahora tan sólo interesa constatar aquí que, tal y comose encarga de establecer el art. 7.3 de la LOPJ, corresponde a la jurisdicción«proteger los derechos e intereses legítimos, tanto individuales comocolectivos», tanto privados cuanto públicos. De la tutela de los derechos privados se ocupan fundamentalmente losJuzgados de Primera Instancia y demás órganos jurisdiccionales civiles (así,por ejemplo, de la protección de todos los derechos reales, como el depropiedad, de los arrendamientos, etc.), aunque también asumen dichafunción los juzgados de lo Social para la protección de los derechos de lostrabajadores y empresarios, y los juzgados y Tribunales de lo Contencioso-Administrativo en las de nominadas «pretensiones de plena jurisdicción», enlas que el acto administrativo ha podido vulnerar un derecho subjetivo privado(por ejemplo, el derecho de propiedad en una expropiación forzosa). Mucho más expeditiva es la labor de la jurisdicción en la tutela de losderechos subjetivos públicos y libertades públicas. Debido a la circunstancia deque la «libertad es un valor superior del ordenamiento» (art. 1.1 CE) y a la deque los derechos fundamentales constituyen el fundamento del orden político yde la paz social (art. 10.1), por lo que vinculan a todos los jueces y Tribunales(art. 7.1 LOPJ), la protección de tales derechos ocupa un lugar preferente porparte de los Tribunales ordinarios (art. 53.2 CE). De este modo, subsisten en elmomento presente dos procedimientos sustancialmente acelerados,administrativo (arts. 114-122 LJCA) y laboral (arts. 175-182 del RD Leg2/1995 sobre tutela de la libertad sindical) para obtener el rápidorestablecimiento del derecho fundamental vulnerado, todo ello sin olvidar otrosprocedimientos especiales más expeditivos, como el habeas corpus o el controljudicial de las entradas administrativas. Pero en el supuesto de que los Tribunales ordinarios no restablecieran elderecho o libertad pública vulnerada, todavía puede el particular acudir alTribunal Constitucional y obtener dicha protección a través del recurso deamparo (art. 161.11 CE). Como puede observarse, y como se desprende de la dicción de no pocosderechos fundamentales, cuya limitación queda condicionada a la preceptivaautorización judicial (arts. 18.2 y 3, 20.5, 22.4 CE) o forman parte delmonopolio jurisdiccional (la prohibición a la Administración de imposición depenas privativas de libertad que efectúa el art. 25.3 ), en nuestroordenamiento procesal puede afirmarse que, en materia de restricción de losderechos fundamentales, la jurisdicción ostenta, no sólo la última, sino 31.
también la primera palabra.B) Control judicial normativo La misión de la Jurisdicción no se reconduce exclusivamente a la labor deprotección de los derechos subjetivos, sino que, debido también a que supropia legitimación descansa en la sumisión a 1a ley, o necesidad de que lasleyes se cumplan, también le corresponde velar por la realización y efectividaddel ordenamiento jurídico. Dicha función de control normativo, o de vigencia de la legalidad, se realizaen un doble nivel: con respecto a los particulares, y frente a la Administracióny demás poderes del Estado. Una manifestación típica del primero de los enunciados niveles sucede conla actividad de los órganos jurisdiccionales penales, aun cuando aquí la funciónes mixta, pues en un sistema democrático que proclama la libertad como valorsuperior del ordenamiento, los Tribunales Penales han de estar taninteresados en actuar el ius puniendi del Estado contra el culpable de lacomisión de un delito, como el derecho a la libertad del inocente, razón por lacual también asumen la protección de este derecho fundamental. En cualquier caso, como se ha indicado, a la jurisdicción penal lecorresponde el más absoluto monopolio de imposición de penas privativas delibertad (arts. 25.3 y 117.3 CE), con lo que la potestad sancionadora de laAdministración ha de quedar relegada a la limitación de otros derechos (v.gr.,el de propiedad a través de la imposición de multas). Pero, incluso en esteúltimo supuesto, la «potestad» de la Administración no es omnímoda, pues elacto administrativo, que irroga la sanción, puede ser revisado por losTribunales Administrativos, previa la interposición del pertinente recurso. Tal y como dispone el art. 106 de la CE, «los Tribunales controlan lapotestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así comoel sometimiento de ésta a los fines que la justifican». Asume así la jurisdicción, frente a la Administración, una labor de controlnormativo de sus actos y reglamentos en orden a asegurar que sus decisionesse adopten conforme al procedimiento preestablecido y a que susdisposiciones normativas se adecuen con las de rango superior; en definitiva,tendente a garantizar la actuación de la Administración pública, estatal yautonómica, bajo el imperio del Derecho. Manifestaciones específicas de dicha función pueden encontrarse en laobligación de todos los juzgados y Tribunales de inaplicar los Reglamentosilegales (art. 6 LOPJ), o en los recursos de «anulación» contra actos y en losrecursos directos contra Reglamentos ilegales que se pueden deducir ante losTribunales administrativos (arts. 25-26 LJCA) o en la «cuestión de ilegalidad»creada por los arts. 123-126 de la LJCA de 1998. 32.
Como ya se ha adelantado, esta función de vigilancia del cumplimiento delprincipio de jerarquía normativa no se limita exclusivamente al control de lalegalidad ordinaria. También le corresponde al Tribunal Constitucional, através de los procedimientos abstractos de declaración de inconstitucionalidad,controlar y, en su caso, anular aquellas disposiciones normativas con rango deley que infrinjan la Constitución (art. 164.1 CE).C) Complementación del ordenamiento Sabido es que el principio de división de poderes exige que al Poder Judicialno le sea autorizado dictar normas. A esta prohibición se refiereimplícitamente el art. 2.2 de la LOPJ al establecer que los juzgados yTribunales no ejercerán otras funciones distintas a la que comporta lapotestad jurisdiccional. Pero, con independencia de esta exigencia, tampoco es menos cierto que,como ha puesto de relieve la doctrina (WIEACKER, ESSER, DE LA VEGA),junto al Derecho legislado coexiste también el Derecho judicial que sueleplasmarse en la «doctrina legal», creada por los Tribunales con ocasión de laaplicación e interpretación de las normas jurídicas. A ella se refiere expresamente el art. 1.6 del CC, en cuya virtud «lajurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que,de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar laley, la costumbre y los principios generales del Derecho». La sanción procesal a la infracción de este mandato material, la efectúa elart. 477.3 de la LEC que prevé como motivo del recurso de casación el«interés casacional» el cual sucede cuando la sentencia recurrida infringe la«doctrina jurisprudencial» del TS. Esta función de creación judicial del Derecho no reviste, sin embargo, uncarácter indiscriminado. Admitir lo contrario significaría compartir lospostulados de la Escuela libre del Derecho, del «Richter-Kónig»; fomentar, endefinitiva, el arbitrio judicial con olvido del principio de sumisión del juez a laley, establecido por el art. 117.1 de la CE. Por esta razón conviene determinar los límites de la función decomplementación normativa, porque el derecho judicial y el legislado no sediferencian exclusivamente por e1 procedimiento (inductivo el primero ydeductivo el segundo) de elaboración, sino también materialmente. Y así, de lalectura del art. 6.1 del CC, claramente se desprende que el techo de creacióndel derecho judicial es mucho más bajo que el del legislado: en tanto que lapotestad legislativa no tiene otro límite más que el de la Constitución, ladoctrina legal ha de surgir con ocasión de la «interpretación y aplicación de laley, la costumbre y los principios generales del Derecho», lo que significa quela doctrina legal no es una fuente directa, formal o inmediata de creación del 33.
Derecho, sino una fuente subordinada a la ley o, dicho en otras palabras, ladoctrina legal tan sólo se legitima «secundum» o «praeter legem», nunca«contra legem». Lo que sucede es que el dogma de la plenitud del ordenamiento jurídico, taly como lo concibió el positivismo jurídico, se ha revelado en el transcurso de lahistoria como una mera ficción, pues en muchas ocasiones la sociedad va pordelante del legislador, y los Tribunales, que han de resolver con prontitud losconlictos, se ven obligados a colmar las lagunas a través de la creación judicialdel Derecho. Es más, para algún autor (LUHMANN), las decisiones políticas recorren todos los poderes del Estado; pero 1a Jurisdicción, debido a que es el único Poder independiente y neutral que puede dar una respuesta relativamente rápida a las nuevas necesidades o conflictos sociales, se ve obligada a jugar, en ocasiones, un papel de corrector de los errores de los poderes normativos del Estado cuando debido a cualquier anquilosamiento de los mismos, no han sabido dar una respuesta adecuada a una nueva realidad social. Todo ello le ha permitido al citado autor subrayar la existencia de una función política de la Jurisdicción, tesis ésta que, si bien podría predicarse de determinadas decisiones, sobre todo del TC, no autoriza a reputar a dicho Tribunal como «órgano político», pues sus resoluciones siempre han de ser «traducidas en términos jurídicos» con ocasión de la aplicación e interpretación de la Constitución. Ahora bien, esta actividad de «colmar lagunas» que efectúa lajurisprudencia siempre ha de realizarse con ocasión de la interpretación de laConstitución o de la Ley, sin que pueda en ningún caso el juez o Tribunalsustituir la voluntad del legislador por la suya propia, violentando el espíritu yel texto de norma. En segundo lugar, dicha actividad, consistente en complementar (y no.completar») el ordenamiento, la reserva el art. 1.6 del CC a la jurisprudenciadel Tribunal Supremo. Lo que no significa que los demás órganosjurisdiccionales en ningún caso puedan crear Derecho, pues necesariamentehan de hacerlo en la integración de los «estándares» (por ejemplo, el conceptode «orden público» o los de «temeridad» y «abuso del derecho») y de las«cláusulas generales abiertas» (por ejemplo, la de «rebus sic stantihus», ladiligencia de un buen padre de familia», etc.), así como en todas aquellasmaterias no susceptibles de recurso de casación, en las que las AudienciasProvinciales se ven obligadas a dictar su «pequeña jurisprudencia» (v.gr., en elámbito del «juicio verbal» contemplado en el art. 250 LEC) que, debido a laimperfección de nuestro sistema de recursos, no responde a dichadenominación, pues tiene, en la práctica, una extraordinaria importancia, a lavez que su disparidad entre las Audiencias Provinciales o incluso dentro de lasSecciones de una misma Audiencia atenta los principios de igualdad y deseguridad jurídica. La ausencia de recurso de casación en los pequeños litigios o infracciones penales puede originar una violación del principio de «igualdad en la aplicación de la ley» en todo el territorio nacional o incluso en la misma demarcación judicial de un TSJ al poder coexistir doctrinas legales distintas entre dos Secciones de una misma Audiencia. De aquí la conveniencia de reflexionar sobre la política legislativa, observada en estos últimos años, consistente en descongestionar al TS por la vía de elevar la «suma de gravamen» del recurso de casación; aunque dicha descongestión 34.
sea necesaria, deben arbitrarse los mecanismos para que el TS pueda crear su doctrina legal en aquellas materias no susceptibles actualmente de recurso de casación (por ejemplo, a través de un recurso superextraordinario para la «unificación de doctrina» la instauración de una casación per saltum, o la posibilidad de instaurar una cuestión prejudicial, a plantear ante el TS, entre las Secciones o audiencias que deseen modificar su jurisprudencia). Pero dicha función es genuina del TS, en tanto que Tribunal de casación.aunque no puede olvidarse la competencia casacional de los TSJ respecto delDerecho civil, foral o especial, propio de las CC.AA, al TS le corresponde laimportante misión de unificar los criterios de interpretación de las normas, através de su doctrina legal, a fin de que la norma sea aplicada «por igual» entodo el territorio nacional o, lo que es lo mismo, en punto a garantizar elderecho fundamental que a todos los ciudadanos asiste a la «igualdad en laaplicación de la ley» (art. 14 CE). En tercer lugar, el carácter jurídico vinculante de la jurisprudencia del TS,tan sólo es reclamable cuando se efectúa (como dispone el art. 1.6 CC) «demodo reiterado»; es decir, una sola sentencia no produce doctrina legal, sinoque se exige la publicación de dos o más sentencias que mantengan el mismocriterio interpretativo. Sin embargo, esta nota esencial de la doctrina legal no puede serreclamada en todo tiempo y lugar. Si así fuera, se produciría la «petrificación»o anquilosamiento de la jurisprudencia del TS, la cual no podría adaptarse alas nuevas exigencias sociales; por esta razón, también al TS le es dadomodificar su doctrina legal, con una importante limitación derivada de ladoctrina del TC surgida con ocasión de la aplicación del art. 14 de la CE, estoes, la exigencia formal de motivar expresamente en la nueva sentencia elabandono de la doctrina legal hasta el momento sustentada y de explicitar endicha sentencia los nuevos criterios interpretativos, susceptibles de generar lanueva doctrina legal (SS TC 46/1996, 192/1994, 140/1992, 58/1992,200/1990, 146/1990, 120/1987, entre otras). Finalmente, dicha función de complementación normativa es reclamablesobre todo en el proceso civil y demás manifestaciones de la jurisdiccióndistintas a la penal, pero no en el proceso penal, porque en el Derecho penalha de regir, en su más estricto sentido, el principio constitucional de Legalidad(arts. 25 CE, 1 CP y 1 LECrim). De aquí que no pueda reputarse comomeramente casual la inexistencia de un motivo específico en la LECrim, adiferencia de la LEC, de casación por «infracción de jurisprudencia» o dedoctrina legal. Lo que tampoco equivale a proclamar rotundamente la ilegitimidad de toda doctrina legal penal, pues dicha doctrina también ha de surgir con ocasión de la interpretación de las normas sustantivas o procesales penales (y así ha ocurrido con la doctrina del «error», el delito continuado, los delitos masa, la responsabilidad de las personas jurídicas, el concepto de «delito flagrante», el principio acusatorio, etc.). 35.
LECCIÓN 3. EL PODER JUDICIAL1 EL PODER JUDICIAL. APUNTE HISTÓRICOLa actual estructura política de los Estados democráticos de Derecho se forma,como es bien sabido, a base del reconocimiento de un poder legislativo 5, deun poder ejecutivo, junto con un poder judicial. Este esquema Mítico suelemostrarse, y así parece asumido, como algo inmanente desde siempre a lacultura occidental europea; sin embargo, dicha formulación tiene poco más dedoscientos años, y resulta ser en realidad un fruto directo de RevoluciónFrancesa.En efecto, la Revolución liberal burguesa de 1789, poniendo en práctica ideasde la Ilustración y del Iluminismo, consigue romper, entre otras con losesquemas de poder propios de la monarquía absoluta. Hasta ese momento histórico el poder se venía concentrando en manos delRey, como depositario y detentador de todas y cada una de sus formas, en lamedida en que todo el poder le había sido atribuido por Dios: el Rey podía u-gar o hacer juzgar por quien quisiera, en el tiempo que quisiera y en el lugarque tuviera por conveniente. El Rey es el principio y el referente de toda actividad que suponga ejerciciode poder, y quien ostentara algún género de poder lo tendría porque del Rey leviene. Este puede, sin embargo, delegar la jurisdicción caso a caso, o bien deforma estable, pero teniendo muy presente que la delegación es esencialmenterevocable (TOMÁS Y VALIENTE). Se crearon de este modo las categorías de lajusticia retenida y la justicia delegada que sólo más adelante, con laRevolución Francesa, consiguen quebrarse. Por consiguiente, desde el medievo hasta la Revolución, los juecesaparecen sometidos al servicio del Rey. Como se dice en Las Partidas, debenobedecer «todos los mandamientos que el Rey les hiciere, por palabra, o porsu carta, o por su mensajero cierto» (Partida 111). Han de subordinarse alsoberano porque ellos representan a la persona del soberano, y su sentenciaes sentencia suya, del mismo modo que toda la jurisdicción estáesencialmente conexa con la soberanía y los jueces no son más que ministrosde quien tiene el poder soberano (HOBBES). Superada la proliferación de las jurisdicciones feudales, con la aparición delos Estados modernos se va conformando un complejo entramado detribunales que asumen, además de una función de gobierno y deadministración, la función estable de impartir la justicia del Rey. Sin embargo,aquellos Corregidores, los jueces de residencia, las Chancillerías y lasAudiencias, o los Consejos, no estaban mínimamente organizados nijerárquicamente estructurados. 36.
Con esta situación se enfrenta decididamente la Revolución Francesa,partiendo del postulado de la división de poderes, que había sido enunciadopor MONTESQuiEU en «El espíritu de las leyes». Así, en la Declaración de 1789se dirá que ninguna nación que no tenga una declaración de derechosindividuales y que no tenga separación de poderes tiene verdaderaConstitución (art. 16). La Revolución se asienta a este respecto en la idea de que la soberaníareside en la nación y de ella emanan todos los poderes, de donde habían dedesaparecer todas las múltiples y variopintas jurisdicciones entoncesexistentes, cediendo ante un único Poder Judicial. Al propio tiempo era preciso acabar con la compra de los oficios judiciales;los jueces deberían ser elegidos por el pueblo para un período determinado detiempo. En otro orden de cosas, se reconocía la primacía de la ley como expresiónde la voluntad general; por tal motivo los jueces tenían que limitar su funcióna ser una mera boca que pronunciara las palabras de la ley, un poder dealguna manera nulo (MONTESQUIEU). Así pues, el juez venía obligado a aplicar la norma al caso concreto de unmodo puramente mecánico; a diferencia de la arbitrariedad de los jueces delAntiguo Régimen, al juez de la Revolución ni siquiera 1e es dada la posibilidadde interpretar la ley, porque la facultad de interpretación se entendía comopropia del Poder Legislativo e inherente al mismo, en la medida en que con ellase completa o se aclara el sentido de la norma. Esta consideración da lugar alllamado référé legislatif, a la decisión interpretativa de la Asamblea. Sin embargo, el sometimiento a la ley lleva aparejada en el modernoEstado constitucional la independencia del juzgador, luego de un trabajosoencaje a todo lo largo del siglo XIX. El fundamento de la independencia seencuentra en la necesidad de asegurar la sumisión del juez a la norma, y paralograr este objetivo era preciso asegurar que el juez no estuviera sometido aorden o indicación de clase alguna que le pudiera apartar de la estrictaaplicación de la ley. De aquí que se haya podido decir (DE OTTO) que independencia y sumisióna la ley son términos estrictamente correlativos y complementarios: el juez esindependiente porque está sometido sólo a la ley; y está sometido sólo a laley porque es independiente. Sin embargo, la independencia del juez es una característica específica del Estado constitucional, no esencial al concepto de juez ni de jurisdicción, y desconocida en otros sistemas jurídicos. Si se mantuviera lo contrario habría que convenir en que prácticamente en ninguna época histórica ha habido jueces o jurisdicción dignos de tal nombre. La independencia de todos y cada uno de los jueces, y su exclusivosometimiento a la ley, no permiten sin más hablar de la independencia del Recommended

References: artículo 24
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