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Timestamp: 2018-06-17 23:43:44+00:00

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Costa Rica – Objeción de conciencia – Proyecto de ley 2017 | observatoriointernacional.com
Expediente N.° 20.426
El presente proyecto de ley, se formula a la luz de los compromisos relativos al derecho a la libertad de conciencia y religión consignados en el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así como el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el de artículo 29 de la Constitución Política.
La iniciativa persigue el reconocimiento legislativo del derecho que tienen las personas, al oponer la objeción de conciencia mediante el procedimiento indicado en esta ley, a tenor de las libertades y el pluralismo ideológico, propio de los sistemas democráticos contemporáneos. Pero, además este derecho es conteste con el modelo de Estado social, democrático, constitucional y convencional de derecho, y las tendencias actuales sobre la protección y garantías de estos derechos en las cartas y tratados internacionales sobre derechos humanos, y todos los instrumentos reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En consecuencia, la necesidad de regular estos derechos en cada legislación nacional es un imperativo que no se puede postergar, para hacer efectivo los derechos de las personas.
La Declaración sobre la Eliminación de Todas las Formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la Religión o en las Convicciones, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de noviembre de 1981 Resolución 36/55, recoge en su artículo 1 la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
Es ese mismo sentido, es preciso destacar, el reconocimiento que hace la Resolución 77 de 22 de abril de 1998, de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sobre el derecho de objeción de conciencia derivado de las libertades religiosas donde se dispuso, este derecho en el contexto del servicio militar.
Esta resolución fue confirmada por las Resoluciones 2000/34 de 20 de abril de 2000, 2002/45 de 23 de abril de 2002 y 2004/35 de 19 de abril de 2004.
Así las cosas, es claro que la objeción de conciencia surge de las libertades de pensamiento, religiosa y de conciencia, pues solamente se reconoce su existencia y se garantiza su protección cuando el Estado es capaz de responder al pluralismo ideológico y cultural de naciones que confluyen y se construyen mutuamente. Es evidente, entonces, que la objeción de conciencia supera los cauces o la dimensión individual de la conciencia, la religión y el pensamiento, aquella que también se preserva de las intromisiones arbitrarias del Estado y los particulares, para trasladarla a un ámbito de acción social.
Sobre el derecho que tienen las personas de recurrir a la objeción de conciencia, el profesor de la Universidad de los Andes, Manuel Iturralde en su investigación, ante la pregunta de la objeción de conciencia en el Servicio Militar de Colombia, dijo lo siguiente: La garantía de autodeterminar su voluntad de acuerdo a su sistema de valores y creencias resultaría inocua si, debido a injerencias externas, el sujeto debe comportarse en contra de su conciencia. Así, uno de los ámbitos específicos de protección de la libertad de conciencia es la posibilidad de abstenerse de actuar cuando existe una imposición estatal que implica que se desarrollen actividades contrarias al fuero interno del individuo. Esta posibilidad de abstención legítima no está protegida por las libertades de obrar que garantizan y delimitan la exteriorización del contenido del fuero interno, pero que nada dicen sobre su protección específica frente a obligaciones jurídicas que lo contraríen. Tal abstención legítima solo puede llevarse a la práctica mediante un mecanismo eficaz que posibilite la reacción del individuo ante el Estado, esto es, la objeción de conciencia. El derecho a la objeción de conciencia implica por lo tanto el reconocimiento de que es posible, y legítimo, que surjan tensiones entre la libertad de conciencia de los individuos y las obligaciones jurídicas que los rigen como miembros de una comunidad política. La voluntad de abstención del individuo frente a un deber jurídico puede imponerse en aquellos casos en que se evidencie que tal abstención es la única forma de proteger integralmente la libertad de conciencia del individuo.
Precisamente por la importancia de la objeción de conciencia como un derecho que se debe garantizar y hacer efectivo, en los Estados democráticos, se ha considerado simultáneamente mediante un tratamiento jurisprudencia, considerando que la objeción de conciencia es un derecho fundamental, pues no solo se trata de la autorización para el incumplimiento de un deber jurídico, sino del ejercicio de un derecho subjetivo que deriva directamente de la dignidad humana, en tanto que se establece como una herramienta congruente con el plan de vida que ha elegido cada individuo y su manera de pensar y activar el mecanismo de la conciencia de forma libre y voluntaria conforme a sus creencias y convicciones de diversa índole.
Ahora bien, el hecho de que la objeción de conciencia sea una garantía derivada del bloque de constitucionalidad y convencionalidad, no significa que pueda considerarse absoluta, pues la vida en sociedad supone el respeto por los derechos de los demás y la posibilidad de restringirla para hacerla armónica y compatible con los demás derechos en juego. Sin duda, este derecho fundamental no es ilimitado, como todos los derechos fundamentales reconocidos por los estándares internacionales.
En consecuencia, se siguen las siguientes líneas o el tratamiento jurisprudencia en materia de objeción de conciencia:
No existe un derecho general a la desobediencia; por el contrario, la garantía propia del Estado constitucional de derecho, hace exigible la norma jurídica para todas las personas indicadas en esta ley.
Sin embargo, el derecho a la desobediencia surge de la aplicación directa de los derechos a la libertad de conciencia, religión y culto, al libre desarrollo de la personalidad y de la garantía de respeto por la diversidad y el pluralismo ideológico, en algunos casos que, en lo preferible, deriven de la regulación legal.
Este derecho surge cuando existe contradicción entre los dictados de la conciencia individual y los imperativos de la normativa positivizada en el ámbito local.
Puede entonces el Estado, sin poner en peligro su propia existencia, amparar el desconocimiento de un deber jurídico para garantizar la conciencia individual. Se trata de hacer más eficaces las garantías individuales que justifican y legitiman el Estado constitucional y convencional de derecho.
Necesario ejercicio de armonización y ponderación de los derechos fundamentales en colisión
Vemos que la objeción de conciencia no puede concebirse como un derecho absoluto, pues en múltiples oportunidades se encuentra en tensión o colisión con derechos que el ordenamiento jurídico reconoce a otras personas. Es necesario, entonces, que el ejercicio de la objeción de conciencia se armonice con otros derechos e intereses en juego. El respeto por las conciencias individuales es un valor a respetar, pero eso no puede ser visto en forma absoluta ni irrestricta.
Por ello, es indispensable que el operador jurídico constitucional pondere los derechos en conflicto, pero en especial, en este proyecto de ley que se presenta a consideración del Plenario legislativo, se presentan ejercicios de ponderación para hacer compatibles todos los derechos en tensión. La ponderación será necesaria en la resolución de los problemas que acarrea la objeción de conciencia.
Sobre la necesidad de ponderar los intereses en conflicto cuando se trata de diseñar y aplicar la objeción de conciencia, el profesor español Luis Prieto Sanchís, señala: ¿La objeción revela siempre un conflicto entre la conciencia y la ley o el deber y por eso cabe decir que no es sino la misma libertad de conciencia en situaciones de conflicto. En consecuencia, el tratamiento jurídico de la objeción de conciencia en el Estado Constitucional de Derecho reclama el mismo tipo de razonamiento que procede para abordar el problema de los límites al ejercicio de los derechos fundamentales: esto es, el juicio de ponderación o de proporcionalidad que ha sido elaborado y depurado por la doctrina y la jurisprudencia de todos los países democráticos que presumen de una protección efectiva de los derechos individuales. Tener un derecho general a la objeción equivale entonces a tener un derecho a la ponderación, o sea, un derecho a que el conflicto sea tratado mediante una argumentación racional
No toda reserva de conciencia, disparidad de pensamientos y opiniones distintas puede considerarse un eximente válido del cumplimiento de deberes jurídicos.
No todos los deberes jurídicos son absolutamente ineludibles, ni deben imponerse a toda costa, pues es necesario respetar la libertad de conciencia de los individuos.
Frente a las posiciones radicales expuestas, el legislador debe ponderar con la autorización legal de la objeción de conciencia en ciertos casos que consideren la naturaleza del reparo de conciencia, su seriedad, la afectación que su desconocimiento produce en los terceros que se benefician con el cumplimiento del deber legal.
En casi todos los países con legislaciones despenalizadoras del aborto, la objeción de conciencia viene reconocida como un derecho específico, con cláusulas que prohíben la discriminación de los facultativos que se nieguen por motivos de conciencia, creencias, convicciones y otras, a participar en las prácticas abortivas y otras. Existen agrupaciones religiosas que se abstienen o niegan a aplicarse, medicamentos, tratamientos médicos o diagnósticos por sus creencias religiosas y con convicciones.
En estos casos es necesario ponderar mediante el test de proporcionalidad que evalúe la importancia del deber jurídico y su relación con su incumplimiento.
Por todo lo anteriormente expuesto someto a consideración de los señores y señoras diputadas el siguiente proyecto de ley.
La presente ley tiene por objeto garantizar la libertad de conciencia como derecho humano consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, el artículo 12 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Fundamentales (CEPDH), de 4 de noviembre de 1950 (art. 9), y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), artículo 10, mediante el procedimiento señalado en esta ley.
ARTÍCULO 2- Concepto objeción de conciencia
Por objeción de conciencia se entiende la actitud de quien se niega a obedecer una orden de la autoridad o un mandato legal invocando la existencia, en su fuero interno, de una contradicción entre el deber moral y el deber jurídico, a causa de una norma que le impide asumir el comportamiento prescrito.
ARTÍCULO 3- Ámbito de aplicación y alcance
El ámbito de aplicación de esta ley, será todo el territorio nacional y se aplicará a todas las personas indicadas en esta ley.
ARTÍCULO 4- Objetor de conciencia
Será objetor de conciencia, toda persona que de acuerdo con las regulaciones estipuladas en la presente ley considere que se ha violado, viole o amenace violar el derecho a la libertad de conciencia, pensamiento o religión. Los padres, en representación de los hijos menores de edad, podrán invocar este derecho fundamental como titulares del mismo, siempre y cuando su decisión no afecte la vida, dignidad o integridad del niño o la niña, conforme a los convenios
internacionales que garanticen y regulan estos derechos.
Los servidores públicos pueden ser objetores de conciencia para sustraerse del cumplimiento de una función legal, constitucional o reglamentariamente asignada, en caso de que la objetividad e imparcialidad de la función pública pueda verse afectada.
ARTÍCULO 5- Prueba
La incompatibilidad entre el deber jurídico y el imperativo moral, filosófico o religioso debe ser demostrada objetivamente por quien invoca la aplicación de la objeción de conciencia. Para ese efecto, deberá aportar lo siguiente:
1) Si se trata de objeción de conciencia por convicciones religiosas: deberá presentar constancia expedida por una autoridad de la iglesia o congregación religiosa a la cual pertenece, en la que conste que el objetante profesa dicha creencia o fe religiosa, el tiempo vinculado a ella y cómo deben interpretarse las creencias vinculadas a dicha confesión.
2) Si se trata de objeción de conciencia por convicciones morales o filosóficas, el objetor deberá aportar al menos dos declaraciones de personas o testigos, que den cuenta de la congruencia, consistencia y seriedad de la convicción del objetante, mediante una declaración jurada expedida por un notario.
ARTÍCULO 6- Requisitos
Para invocar la objeción de conciencia se requiere presentar solicitud escrita que consignará, como mínimo, la siguiente información:
1) Datos personales del objetor: nombre, documento de identificación, fecha de nacimiento, dirección de su residencia actual.
2) Indicación de la autoridad o encargado que tiene a su cargo exigir el cumplimiento del deber jurídico que se pretende exonerar.
3) Indicar cuál es el deber jurídico cuya exoneración de cumplimiento pretende.
4) Expresar claramente cuál es el imperativo religioso, moral o filosófico que resulta incompatible con el deber jurídico cuya exoneración solicita.
5) Expresar con suficiente motivación y claridad las razones que invoca para sustentar su petición y para configurar su derecho en los términos previstos en el artículo 2 de la presente ley. No se tramitarán las objeciones presentadas sin los anteriores requisitos.
ARTÍCULO 7- Deber de tramitar la solicitud
La autoridad o el encargado debe hacer cumplir el deber legal indicado en esta ley de objeción de conciencia, no podrá negarse a recibir el documento que contiene la solicitud de excusa y tramitar el asunto.
La solicitud de objeción de conciencia será resuelta por autoridad o el encargado quien deberá estar autorizado conforme lo indicado en esta ley, respecto de quien tiene el deber de hacer exigible la obligación jurídica cuyo cumplimiento se pide exonerar.
ARTÍCULO 8- Creación del Consejo de Objeción de Conciencia
Créase el Consejo de Objeción de Conciencia, como órgano adscrito al Ministerio de Justicia y Paz, el cual estará integrado de la siguiente forma:
a) El viceministro de Justicia y Paz que lo presidirá
b) El viceministro de Trabajo y Seguridad Social o su representante
c) El viceministro de Relaciones Exteriores o su representante
d) El viceministro del Ministerio de Salud Pública o su representante
e) El viceministro de Educación Pública o su representante
El Consejo será el órgano encargado de conocer los recursos de apelación cuando sea denegada la solicitud por la autoridad o encargado que señala esta ley. Los asuntos se definirán por mayoría absoluta de la totalidad de los miembros. El cuórum se constituirá con tres (3) miembros.
Contra lo que resuelva el Consejo no cabrá recurso ulterior, pero el interesado podrá continuar con el trámite en la instancia jurisdiccional correspondiente.
Para atender las competencias, el Consejo podrá nombrar el personal requerido conforme a las capacidades presupuestarias de la institución. El Consejo se reunirá donde lo determine el presidente.
Los miembros durarán en sus cargos cuatro años y podrán reelegirse por un solo período.
ARTÍCULO 10- Competencias
a) Resolver los recursos que se interpongan sobre la solicitud de objeción de conciencia y expedir una resolución final motivada.
b) Elevar al Consejo de Gobierno a través del ministro de la Presidencia, los informes periódicos sobre la aplicación práctica del régimen de aplicación de conciencia.
c) Llevar un control sobre los recursos de apelación sobre objeción de conciencia y remitirlos al Consejo de Gobierno.
d) Celebrar convenios con entidades públicas o privadas para la capacitación en materia de derechos humanos y de índole relativa a esta materia.
e) Cualquier otra que indique esta ley.
Procedencia objeción de conciencia
ARTÍCULO 11- Procedencia
Podrá invocarse el derecho a la objeción de conciencia, entre otros, en los siguientes casos:
1) En cumplimiento de las obligaciones y deberes en campo del derecho a la educación.
2) Cuando se impone la obligación de prestar juramento o rendir honores a símbolos patrios.
3) En cumplimiento de las obligaciones y deberes establecidos de la relación laboral.
4) En cumplimiento de obligaciones y deberes establecidos en el campo de la salud pública.
5) En cumplimiento de obligaciones y deberes en el campo del deporte
6) Todas las demás que indique la ley.
ARTÍCULO 12- Procedimiento
En los casos previstos en el artículo precedente, la solicitud de objeción de conciencia deberá cumplir el siguiente procedimiento:
1) La solicitud se radicará ante la misma autoridad o el encargado que tiene la facultad para exigir el cumplimiento de este deber jurídico.
2) El sujeto competente o autoridad correspondiente, analizará si se cumple con los requisitos establecidos en esta ley, en cuyo caso resolverá dentro de los diez días (10) hábiles siguientes.
3) Si no se cumple con los requisitos establecidos en esta ley, devolverá la solicitud para su corrección.
4) Contra la decisión que niega la objeción de conciencia procede el recurso de apelación, el cual será interpuesto por el objetor en los tres días (3) siguientes de la notificación. El órgano competente indicado en esta ley, deberá resolver el recurso de apelación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de recibo al recurso.
ARTÍCULO 13- Abstención a la objeción de conciencia
El médico o el personal del centro de salud u hospitalario, tendrá derecho a abstenerse por razones de conciencia, cuando sea para aconsejar, recomendar o tratar al usuario de salud, mediante alguno de los métodos de regulación de fertilidad y la reproducción asistida o fecundación, y a practicar la esterilización, procedimientos abortivos o a interrumpir el embarazo. Para ello, informarán sin demora y dejarán constancia en el expediente médico respectivo, sobre su objeción de conciencia conforme al procedimiento establecido y las regulaciones señaladas en esta ley. Se respetará siempre la libertad de las personas interesadas en buscar la opinión de otros médicos, de conformidad con los derechos que gozan los usuarios de salud.
ARTÍCULO 14- Infracciones administrativas
Quien rechace el procedimiento de la objeción de conciencia a los sujetos indicados en el artículo 4 de esta ley, se le impondrá una sanción de uno (1) a tres (3) salarios base de un oficinista “1” según lo indicado en artículo 2 de la Ley N.° 7337, de 5 de mayo de 1993.
ARTÍCULO 15- Reglamentación
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de noventa días naturales.
NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales.

References: artículo 12
 artículo 18
 artículo 29
 Resolución 
 artículo 1
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 29
 artículo 12
 artículo 18
 artículo 10

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6
 artículo 2

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 10
 resolución 

ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 13

ARTÍCULO 14
 artículo 4
 artículo 2

ARTÍCULO 15