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Timestamp: 2018-01-18 21:58:38+00:00

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Tema 5 La terminación del juicio oral [11361] | DERECHO PROCESAL PENAL II (UV) | Unybook
Tema 5 La terminación del juicio oral (2012)
Tema 5 La terminación del juicio oral
Lección 5. La terminación del juicio oral A) El acto de acusación definitivo y el acto de defensa definitivo.
B) La terminación del proceso: la sentencia: a) Concepto; b) Clases; C) Forma de la sentencia; en especial la motivación.
LA VISTA ORAL EN SU CONJUNTO PUBLICIDAD DE LAS SESIONES Que las actuaciones judiciales de todo orden tengan carácter público es una garantía reconocida en el art. 24.2 CE.
Esta es, pues, la regla general. No obstante, cabe que excepcionalmente se acuerde la celebración de las sesiones a puerta cerrada.
Para acordarse la celebración de las sesiones a puerta cerrada hay que considerar: 1. Puede hacerse antes de la celebración de la vista, o habiendo dado comienzo, de oficio o a instancia de parte acusadora (art. 682).
2. Habrá de fundarse en la moralidad, el orden público y el debido respeto a la persona ofendida o a sus familiares.
3. Para adoptar este acuerdo, el Presidente deberá consultar al tribunal.
4. La efectividad del acuerdo de desalojo es inmediata, conminándose a ello y pudiéndose recabar ayuda de la fuerza pública siendo preciso.
SUSPENSIÓN DE LA VISTA El período conocido como plenario es esencialmente complejo e incluye, como vamos viendo, una multiplicidad de actuaciones siendo su núcleo la vista oral.
Dentro del mismo pueden concurrir circunstancias estimadas legalmente suficientes para que su actividad se paralice. Dos formas: • La Suspensión: Es provisional, condicionada a la desaparición de sus causas y no exige un dilatado período de tiempo.
• La interrupción: Responde a determinadas causas de paralización de duración incierta o excesiva; produce la anulación de todo lo actuado y que la reiniciación del proceso, en su momento, no lo sea desde cuando aquella se produjo sino al principio del período procesal en que tuvo lugar.
La paralización puede producirse antes de la apertura de las sesiones o ya dentro de la vista.
Nos referimos ahora a la segunda.
A) Requisitos generales 1. En cualquier caso, supone una anormalidad procesal por cuanto, abierta esta fase debe continuar durante todas las sesiones «consecutivas» que sean necesarias hasta su conclusión.
2. La suspensión exige resolución fundada (auto) especificativa de sus causas y en la que habrá de fijarse —de ser posible— el período de su duración y lo procedente sobre la continuación de la vista. Si supusiera la nulidad de lo actuado (interrupción) habrá de citarse nuevamente a vista señalando fecha para ello (art. 748). Una resolución que es irrecurrible.
3. El acuerdo de suspender la vista puede responder a petición de parte o al criterio del órgano sentenciador.
4. Dentro del procedimiento abreviado, con carácter previo al estricto desarrollo de la vista y a instancia de parte puede manifestarse la concurrencia de causas determinantes de la suspensión y sobre cuya procedencia habrá de pronunciarse el juez o tribunal en el acto, antes de proseguir con su desarrollo ordinario (art. 793.2).
5. Con carácter general y para el procedimiento ordinario no se prevé plazo máximo para la suspensión y dentro del que los actos realizados conservarían su eficacia por lo que, en principio, ésta podría ser indefinida salvo si expresamente se dijera otra cosa.
El abreviado incluye una regulación acorde con su calificativo intentando evitar suspensiones indefinidas. Para ello se «penaliza,» al tribunal que admita suspensiones superiores a 30 días —con independencia de la causa— dejando sin efecto lo actuado y obligando a la reiniciación de las sesiones.
B. Causas genéricas de suspensión Responden esencialmente a la concurrencia de circunstancias afectantes: 1) Al desarrollo del procedimiento o al propio fondo de la cuestión controvertida 2) A la ausencia en el proceso de alguno de sus sujetos (art. 746).
Como afectante al acto de la vista se encuentra la necesidad de practicarse alguna diligencia que no pueda serlo «en el tiempo comprendido entre una y otra sesión» Con las mismas consecuencias, cabe incluir el planteamiento de alguna cuestión incidental que no pueda decidirse en el acto de la vista por cualquier causa fundada (art. 746.1).
Tanto en este supuesto corno en el anterior el mismo tribunal podrá acordar la suspensión durante el tiempo que estime necesario, teniendo en cuenta las particularidades del procedimiento abreviado vistas antes.
Un segundo grupo de circunstancias incluye las que, en alguna forma, pueden afectar al objeto del proceso por incidir en los fundamentos fácticos de la acusación o la defensa en dos supuestos esenciales (art. 746).
a) Por concurrir nuevos datos derivados de revelaciones o retractaciones inesperadas que hagan necesarios nuevos elementos de prueba, o investigación instructora complementaria de la practicada en el procedimiento preliminar.
b) La incomparecencia de testigos propuestos por las partes, cuya declaración se estime esencial.
Respecto a ello cabe decir: 1) Debe hacerse valer a instancia de parte y, siendo la acusada, independientemente de que los testigos sean propios o de la acusación, dado su derecho a interrogar a los que declaren contra él reconocido esencialmente en el art. 6.3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derecho Humanos.
2) La suspensión de la vista por tal circunstancia se condiciona al criterio del órgano sentenciador en cuanto a la necesidad de tales declaraciones siempre que su negativa no sea causante de indefensión que supondrá denegar una prueba declarada pertinente; o en función de la imposible concurrencia del testigo (por ej. en paradero desconocido) una vez agotadas razonablemente las posibilidades para lograr su comparecencia.
3) La suspensión puede acordarse sólo con respecto a este medio de prueba y, una vez practicados los restantes hasta que, en su caso, comparezcan los testigos ausentes.
El último conjunto de condicionantes de una suspensión lo integra la ausencia en la vista de los sujetos procesales, tanto las partes como el órgano jurisdiccional con las siguientes particularidades: a) En el procedimiento ordinario, la ausencia ha de ser por enfermedad «repentina» constatada por el órgano del enjuiciamiento procediendo, en su caso y de la misma forma, a la suspensión por el tiempo que se estime necesario.
b) En el procedimiento abreviado, las normas sobre suspensión por ausencia del juzgador o defensores son las mismas. La del acusado deberá producirla, con carácter general, a no ser que su ausencia estuviera debidamente justificada (enfermedad, por ej.), e incluso no existiendo justificación si no hubiera sido citado para la vista personalmente o en el domicilio o persona designados expresamente para ello en el procedimiento preliminar (art. 789.4).
Las peculiaridades aceleratorias de esta vía procedimental permiten, sin embargo, que la vista pudiera celebrarse en ausencia de aquél si: 1) La causa se siguiera por delito para el que se solicite pena que, siendo privativa de libertad, no exceda de un ario, o de seis siendo de distinta naturaleza.
2) La citación a juicio se hubiera efectuado «en forma».
3) Así se hubiera solicitado por cualquiera de los acusadores, dándose audiencia de ello a la defensa 4) Estime el sentenciador la existencia de elementos suficientes para enjuiciar al acusado. Las normas referidas son aplicables al acusado único. Siendo varios la ausencia de alguno puede no afectar a la continuación de la vista si así se admite por el tribunal con audiencia de las partes.
c) En el procedimiento por faltas, como regla general y a diferencia de los anteriores, la ausencia del acusado no incide sobre su desarrollo siempre que su citación a juicio se haya efectuado cumplimentando los requisitos generales y los más específicos del art. 962, II; y que el juez, de oficio o a petición de parte, no considere necesarias sus declaraciones.
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ACTO DE LA VISTA ORAL A) Lugar, día y hora de celebración Los fijará el Presidente del Tribunal —o el Juez— en el auto de admisión o rechazo de las pruebas propuestas, si el proceso es por delitos. Y en el momento en que el juez tenga conocimiento de una falta, si el proceso hubiera de seguirse por ella (art. 962 y 963).
B) Citaciones Para que el acto de la vista cumpla su cometido esencial necesita la presencia del acusado, peritos y testigos.
Es además, consecuencia de que nuestro sistema procesal penal no previene un posible juicio en tales circunstancias que producirían su suspensión y el archivo de las actuaciones (art. 841).
Si es citado de legal forma, y la pena es menor a dos años, se puede celebrar. Si es mayor a dos años, se debe de suspender.
En cualquier caso, se exige el estricto cumplimiento de los requisitos legalmente exigidos para las citaciones puesto que no sólo son un formalismo, sino que forman parte del derecho a no indefensión del art. 24.1 CE siendo una garantía para el afectado C) Policía de Sala El desarrollo de la vista exige que la conducta de quienes intervienen en ella sea, en todo momento, correcta por respeto al tribunal y los presentes e impedir, además, que se altere la serenidad de ánimo que exige el desarrollo de la función jurisdiccional.
El Presidente del Tribunal —o el Juez— debe cuidar este aspecto para lo que se le conceden distintas prerrogativas y autoridad sancionadora.
D) Desarrollo de las sesiones La vista, además de un orden en el sentido anterior, precisa de unas formalidades que también han de hacerse cumplir por quien la presida. Todas ellas otorgan su peculiar fisonomía a este período procesal.
E) Acta De lo dicho y actuado en las sesiones de la vista oral deberá levantarse acta por el secretario actuante. Su contenido deberá ser «sucinto» (arts. 743 y 972) y reflejar cuanto haya ocurrido, esencialmente el resultado de las pruebas, las posibles incidencias y reclamaciones y las resoluciones adoptadas.
El procedimiento ordinario y el de faltas contemplan el acta escrita como única posible; mientras que el abreviado permite que aquella se complete e incluso se sustituya por cualquier medio de reproducción mecánica, oral o escrita, dando fe el secretario de su autenticidad (art. 793.9).
El acta requiere de la fe del secretario judicial y la firma de todos los miembros del tribunal, fiscal, abogados de la acusación y la defensa. Previamente se exige su lectura, pudiendo las partes solicitar las rectificaciones o adiciones procedentes que se harán en el mismo acto si así lo estimase el tribunal (art. 743).
La trascendencia del acta se revela en un doble campo. Por una a pesar de la necesaria inmediación del tribunal con los medios de prueba practicados, refleja sus resultados e incidencias y la existencia de la mínima actividad probatoria suficiente, en su caso, para desvirtuar la presunción de inocencia y justificar una sentencia condenatoria. Por otro lado, la constancia de lo actuado la convierte en elemento suficiente para servir de base a un recurso de casación por quebrantamiento de forma, al deber recoger los datos y circunstancias determinantes para que, sobre ella, pueda estimarse la concurrencia de alguna de las infracciones que lo justificarían.
LA TERMINACIÓN DEL PROCESO PENAL El proceso penal español, llegado a la fase de juicio oral, sólo puede terminar por sentencia, que ha de ser condenatoria o absolutoria.
LA SENTENCIA PENAL Concepto y clases La sentencia es la resolución del órgano jurisdiccional que pone fin al proceso penal, en la que se declara el ejercicio de la potestad punitiva del Estado, condenando o absolviendo a una persona. También contiene un pronunciamiento civil, las penas sólo pueden ser impuestas por sentencia de un órgano jurisdiccional penal.
Clase de sentencias En función del contenido: a) Sentencias absolutorias Las sentencias penales son absolutorias si desestiman la pretensión de condena formulada por las partes acusadoras. Únicamente pueden ser absolutorias de fondo, bien por inexistencia del hecho, bien por ser inocente el acusado, bien por falta de pruebas o dudas razonables sobre los hechos, bien por falta de responsabilidad criminal.
Aunque después aparezcan nuevas pruebas, ya no habrá posibilidad de reabrir el proceso.
b) Sentencias condenatorias Son las que estiman la pretensión de condena formulada por los acusadores, imponiendo una pena o medida de seguridad al acusado, o ambas, y abriendo la ejecución.
Las sentencias de condena en España son puras, es decir, no sometidas a ninguna condición de cumplimiento de la condena, determinadas, porque fijan exactamente la pena a que se condena a una persona y líquidas, es decir, con fijación exacta de la clase de pena que se impone, indicando su duración desde el día de comienzo hasta el día que finalizan, o cantidad.
Otra clasificación trascendente en función de la forma en el proceso penal es la que distingue: • • escritas, que es el supuesto normal.
orales. Se llaman in voce, se producen en los procesos abreviados, en los juicios de faltas, y parece también en las causas ante el Tribunal del Jurado adelantándose el fallo, lo que está particularmente indicado.
B) Formación Los Jueces realizan determinadas operaciones mentales a la hora de redactar las sentencias.
Esto se conoce como formación lógica de la sentencia, que tiene un aspecto externo o formal.
Incluye también el estudio, la deliberación y discusión, la votación, el modo de dirimir las discordias, la redacción y firma. Hay también una serie de razonamientos complejos de todo tipo que llevan al Juez a valorar todo lo actuado, particularmente la práctica de las pruebas y los resultados probatorios obtenidos, y a interpretar aplicar las normas penales y procesales penales correspondientes a los hechos punibles enjuiciados, que le permiten llegar a la conclusión adecuada (fallo), que debe ser justa y correspondiente con los principios propios del proceso penal de un Estado de Derecho.
Lo que sí es claro es que toda esta génesis interna debe deducirse de la propia motivación de la sentencia, porque así lo dispone el art. 120.3 CE, y porque las sentencias deben ser en todo caso fundadas, violándose en otro caso el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE.
C) Requisitos internos La sentencia penal debe ser motivada, clara, no contradictoria, terminante, exhaustiva y congruente.
a) Motivación Motivar una resolución es explicar el porqué de su contenido y del sentido de la decisión que en ella se toma. Por ello, las sentencias deben exponer las razones que justifican el contenido absolutorio o condenatorio del fallo, y hasta tal punto es requisito de la sentencia que la CE ha constitucionalizado esta obligación de los Jueces en su art. 120.3, infringiéndose en caso contrario el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE.
La motivación se refleja en el antecedente de hechos probados, desde punto de vista fáctico, y en los fundamentos de Derecho, desde el punto de vista jurídico.
b) Correlación entre acusación y defensa y sentencia Las sentencias deben también ser congruentes, es decir, deben ser correlativas o adecuadas a las peticiones formuladas por todas las partes acusadoras y acusadas.
En otro caso, se infringe el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, que implica a su vez el derecho a obtener una resolución sobre el fondo del asunto penal planteado La correlación se expresa en el fallo de la sentencia, conforme a esos preceptos, y recoge las posiciones jurídicas de las partes acusadoras y de las acusadas. En consecuencia, la correlación de la sentencia no es sólo con la acusación, sino también con la defensa, aunque la posición jurídica de la defensa no sea vinculante para el órgano jurisdiccional, ni siquiera en caso de conformidad.
Las infracciones a este requisito pueden ser por defecto (al no pronunciarse sobre todas las peticiones de las partes), en cuyo caso se dice que las sentencias deben ser exhaustivas (con fundamento directo en el art. 24.1 CE, según la jurisprudencia antes citada), o por exceso, por ejemplo, imponiéndose pena mayor a la solicitada o por delito distinto.
Hablar de correlación significa comparar. Pues bien, para saber si la sentencia penal es congruente, si se adecua a lo pedido por las partes y lo obtenido en la sentencia, hay que analizar, desde el punto de vista de la acusación, las calificaciones definitivas En este sentido, de ese análisis deduciremos: 1. Si la persona acusada es la persona absuelta o condenada, pues en caso contrario estaríamos ante una sentencia nula de pleno Derecho, además de ante una de las injusticias mayores que puedan cometerse, sobre todo si se condena al no acusado, vulnerándose las garantías personales esenciales del art. 24 CE.
2. Si el hecho criminal imputado ha permanecido a lo largo de la causa sin variación esencial, pronunciándose sobre él la sentencia. En otro caso, se vulnerarían el principio acusatorio, el derecho a ser informado de la acusación, y se causaría indefensión.
D) Contenidos particulares a) Manifestaciones del arbitrio judicial Las leyes penales suelen contener numerosas normas que otorgan al órgano jurisdiccional sentenciador poderes discrecionales o facultades de arbitrio. Sin duda la fundamental es la que le permite recorrer la amplitud de la pena. También es de citar la facultad que se concede al órgano jurisdiccional de rebajar en uno o dos grados la pena, cuando el Código penaliza los actos preparatorios. También para imponer inhabilitaciones o compensar la pena al haber el mismo número de atenuantes y agravantes.
b) Sanciones no penales El órgano jurisdiccional competente debe imponer en la sentencia condenatoria una o las dos consecuencias jurídicas del delito, a saber, la pena y la medida de seguridad.
Dentro de la pena, puede imponer una pena privativa de libertad, una pena privativa de derechos, sola o conjuntamente con la anterior, una pena pecuniaria, sola o conjunta con las demás, y una pena accesoria a la pena privativa de libertad. Pero además puede imponer consecuencias accesorias cuando el delito o falta se hayan cometido dolosamente. Estas consecuencias accesorias son las que van a ser objeto de nuestra atención ahora, porque las anteriores consideraciones afectan a todo el Derecho Penal en general.
El CP prevé dos tipos de consecuencias accesorias: 1. El comiso es la pérdida de los efectos del delito o falta dolosos, y de los instrumentos con que se haya ejecutado, así como de las ganancias provenientes del delito, salvo que pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito, que los haya adquirido legalmente. Se prevé con carácter general en los arts. 127 y 128 CP, según los cuales los bienes decomisados se venden si son de lícito comercio, aplicándose su producto a cubrir las responsabilidades civiles del penado, y si no lo son, se les dará el destino que se disponga reglamentariamente, inutilizándose en caso contrario, aunque el órgano jurisdiccional sentenciador puede no ordenar el comiso o decretarlo parcialmente si, siendo los bienes de lícito comercio, su valor no guarda proporción con la naturaleza o gravedad de la infracción penal, o si se han satisfecho completamente las responsabilidades civiles.
2. El art. 129 CP de 1995 prevé otra serie de consecuencias accesorias, que afectan a personas jurídicas mercantiles, que tienen finalidad prevenir la continuación de la actividad delictiva y los efectos de la misma, y que son acordadas motivadamente por el órgano jurisdiccional competente en la sentencia, previa audiencia de los titulares de los bienes afectados o de sus representantes legales (art. 129.1), aunque algunas de ellas se pueden imponer también cautelarmente (art. 129.2).
- Clausura de empresas, temporal o definitivamente.
Disolución de sociedad… (etc…) Al lado de esas consecuencias accesorias, el CP de 1995 establece en determinados preceptos medidas concretas.
c) Petición de creación o supresión de tipos, o solicitud de indulto Finalmente, el órgano jurisdiccional competente puede por razones de equidad, al entender que una aplicación literal del principio de legalidad criminal o penal puede conllevar una situación materialmente injusta, o al entender que la no tipificación de una conducta también puede llevar a idénticos resultados, en la línea tradicional mantenida por nuestros Códigos Penales, intentar suavizar o eliminar el rigor legal, o intentar la criminalización, mediante una de estas tres vías: 1. Si estima que la condena es elevada puede pedir el indulto particular en la sentencia.
2. Si estima que el tipo penal debe ser descriminalizado, ha de solicitarlo al Gobierno mediante exposición razonada, sin perjuicio de la condena y su ejecución; 3. Si estima que determinada acción u omisión no penada debe serio, se abstendrá de todo procedimiento sobre ella, por aplicación del principio de legalidad criminal, y dirigirá al Gobierno exposición razonada pidiendo la tipificación correspondiente.
LAS CUESTIONES PREJUDICIALES NO ENTRA EN EL EXAMEN. SOLO EL CONCEPTO Las cuestiones prejudiciales en el proceso penal se regulan, defectuosamente, en los arts. 3 a 7 LECRIM.
A) Concepto Es aquel tema que teniendo conexión con un proceso penal, podría ser objeto de resolución en otro proceso de distinto orden jurisdiccional, por ejemplo, civil, administrativo, laboral o constitucional, o incluso comunitario, de manera que la decisión a tomar en estos órdenes influye en la propia sentencia penal.
La cuestión que realmente se plantea aquí no es otra que fijar el valor que en el proceso penal pueda gozar una sentencia civil, o de otro orden jurisdiccional, si lo tiene. En opinión de doctrina y jurisprudencia, la sentencia penal tiene el valor de hecho si se ha de utilizar en procesos de distinta naturaleza, por ejemplo civil.
Si la eficacia no es, pues, vinculante, razón por la que los tribunales apreciarán libremente el contenido de la misma. No obstante, extinción de la acción penal lleva consigo la de la civil si se declara la inexistencia objetiva del hecho (art. 116, 1, LECRIM).
Las leyes penales contienen muchas normas integradas por conceptos no penales. Por ejemplo, «cosa mueble» o «ajenidad», que son conceptos de Derecho Civil, en los delitos contra la propiedad; e «funcionario», que es un concepto de Derecho Administrativo, en los delitos que únicamente pueden cometer los funcionarios públicos.
La mayor parte de estos conceptos son aplicados sin discusión alguna por los órganos jurisdiccionales penales, bien porque el descriptor es absolutamente claro por sí mismoe (a nadie se le ocurre objetar, por ejemplo, que unas llaves no son cosa mueble), bien porque la subsunción en la norma penal del sustantivo civil es igualmente pacífica (quien roba un televisor en un piso ajeno, está apropiándose por la fuerza de una cosa mueble). Pero en algunos casos judicialmente todavía no finalizados puede ser problemática esa utilización, dependiendo del criterio que se adopte la solución del tema, pues no es lo mismo que resuelva el juez penal internamente, a que tenga que esperar que se pronuncie el juez civil. Entonces es cuando se plantea la cuestión prejudicial con toda su fuerza, que aquí abordamos ahora.
Resumen: Consiste en paralizar o suspender un proceso civil o administrativo paralelo, hasta que no se resuelve el proceso penal donde se decrete que se ha cometido o no infracción.
C) Tratamiento procesal En cualquier momento que se tenga constancia de ello.

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