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Timestamp: 2019-05-22 05:13:49+00:00

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﻿ SENTENCIA 12249 DE JULIO 6 DE 2005
SENTENCIA 12249 DE 06 DE JULIO DE 2005
CONTENIDO:NULIDAD ABSOLUTA DE CONTRATO POR OBJETO ILÍCITO. CONDICIONES PARA QUE PROCEDAN RESTITUCIONES MUTUAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:CADUCIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO, OBJETO LÍCITO DEL CONTRATO, ARRENDAMIENTO DE BIEN DE USO PÚBLICO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:406 DE OCTUBRE DE 2005, PG.1378
Sentencia 12249 de julio 6 de 2005
NULIDAD ABSOLUTA DE CONTRATO POR OBJETO ILÍCITO
Condiciones para que proceden las restituciones mutuas.
EXTRACTOS: «En el caso concreto, un instituto distrital y un particular celebraron un contrato de arrendamiento con cláusula de caducidad, el 30 de mayo de 1990, esto es, en vigencia del Decreto-Ley 222 de 1983, razón por la cual quedó sometido: i) a las disposiciones de este estatuto, particularmente, en lo que respecta a los efectos del contrato, las responsabilidades y la caducidad del mismo; ii) a las normas del Código Fiscal de Bogotá en lo relativo a su formación y a las cláusulas reguladas en él, conforme a sus intereses y a las necesidades del servicio, y iii) a las normas del derecho privado que regulan el contrato de arrendamiento, con las restricciones ya señaladas.
La misma facultad, había sido prevista en el artículo 2º de Ley 50 de 1936, que subrogó el artículo 1742 del Código Civil, para aquellos eventos en los que la invalidez “aparezca de manifiesto en el acto o contrato”, esto es, cuando es ostensible, notoria o evidente (1) .
Posteriormente, el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo, reformado por el artículo 32 de la Ley 446 de 1998, dispuso que “el juez administrativo podrá declarar de oficio la nulidad absoluta cuando esté plenamente demostrada en el proceso y siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes”.
En estas condiciones, nuestro ordenamiento jurídico regula un poder excepcional del juez para declarar oficiosamente la nulidad absoluta del contrato, que, conforme lo precisó la Sala Plena de la corporación, es procedente si “la nulidad está plenamente demostrada en el proceso y en el mismo intervienen las partes contratantes o sus causahabientes (2) .
Sobre el referido poder, la Sala ha precisado que puede ejercitarse al dictar el fallo, en cualquiera de las instancias, y así la controversia judicial no haya girado en torno a dicha nulidad, mientras en el proceso intervengan las partes contratantes, porque de lo contrario se violaría la garantía constitucional del debido proceso (3) .
No obstante, tal poder está limitado en los términos del referido artículo 1742 del Código Civil, que prevé el saneamiento de la nulidad por prescripción extraordinaria de 20 años (4) , aún cuando la misma se haya generado por objeto o causa ilícitos; norma esta que resulta aplicable si se tiene en cuenta que el Decreto-Ley 222 de 1983 nada dijo al respecto y que el Código Contencioso Administrativo (5) se limitó a regular lo relativo a la imprescriptibilidad e inenajenabilidad de los bienes del Estado.
“Al interpretar la norma objeto de demanda no prohíbe el saneamiento de la nulidad absoluta cuando esta es generada por objeto o causa ilícita. Por el contrario, mediante la expresión acusada se autoriza su saneamiento siempre y cuando haya transcurrido un período determinado, que el legislador ha fijado en 20 años (L. 50/1936)
En efecto: según el precepto acusado cuando la nulidad absoluta no es producida por objeto o causa ilícitos puede sanearse por ratificación de las partes ‘y en todo caso por prescripción extraordinaria’. La expresión ‘y en todo caso’ se refiere no solo a las nulidades producidas por causas diferentes a objeto o causa ilícitos sino también a las generadas por estos; pues si el legislador hubiere querido excluir del saneamiento los actos o contratos cuyo objeto o causa es ilícito, bien hubiera podido omitir dicha frase y decir expresamente ‘y por prescripción extintiva’, pero ello no ocurrió así” (6) .
“Cumplido el término de la prescripción extraordinaria, veinte años, el juez queda despojado de su poder legal para negarle eficacia al acto ilícito, bien sea de oficio o bien a instancia de parte legítima. Ese acto violatorio del orden público queda totalmente purgado de su pecado original y quienes fueron sus agentes reciben un indulto plenario que también cohonesta sus pretensiones para obtener el lucro de su conducta antisocial; y ni el juez puede tampoco declarar de oficio la nulidad por la misma razón: porque el contrato ya quedó saneado por la prescripción de la sanción legal” (7) .
Cabe tener en cuenta también, conforme lo ha advertido esta corporación, que tal saneamiento de la nulidad absoluta no opera cuando el vicio de invalidez se produce en consideración a las características de los bienes de uso público, bajo el entendido de que tales eventos están amparados por la imprescriptibilidad, según lo dispuesto en el artículo 63 de la Constitución y en el parágrafo 1º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998 (8) .
“El mero transcurso del tiempo no puede extinguir las acciones encaminadas a que se produzca declaración judicial sobre la propiedad del subsuelo. De no ser así, el paso del tiempo volvería indirectamente enajenable o prescriptible un bien público carente de esas características. Dicho en otras palabras, de aceptarse la tesis sobre la caducidad en casos como este, los bienes de uso público podrían convertirse en patrimonio particular de quienes los detenten por espacio de 20 años” (9) (10) (se resalta).
Con fundamento en lo expuesto, la Sala procederá a analizar oficiosamente la nulidad absoluta del contrato, en consideración a que en este proceso están presentes los sujetos que celebraron el contrato y a que la naturaleza del bien dado en arrendamiento, permite entender que los posible vicios que lo afecten, no se han saneado por el transcurso del tiempo.
En efecto, en el contrato de arrendamiento las partes se obligan recíprocamente, la una, a conceder el uso y goce de un bien por un tiempo determinado y, la otra, a pagar por este goce un precio determinado (arts. 387 del Código Fiscal de Bogotá adoptado por acuerdo 6º de 1985 y 1973 Código Civil).
Del análisis de su regulación legal, se infiere que son elementos esenciales de este contrato los siguientes: “La concesión del goce o uso de un bien, el precio que se paga por el uso o goce del bien, el consentimiento de las partes” (11) .
Se tiene así que concurren los aludidos elementos del contrato de arrendamiento y que en él se pactaron obligaciones recíprocas entre las partes, en los términos dispuestos en el artículo 394 del Código Fiscal de Bogotá y 1982 del Código Civil que regulan las obligaciones propias del arrendamiento; es decir, para la entidad, la de entregar el bien y permitir el uso y goce del mismo al arrendatario y, para este, la de pagar el precio correspondiente al canon por la tenencia del bien, conservarlo conforme al destino del mismo y restituirlo en la oportunidad convenida.
Se descarta, pues, que el contrato bajo análisis sea de concesión, pues están ausentes los elementos sustanciales de este contrato, porque no tuvo por objeto la prestación, operación, explotación, o gestión de un servicio público, ni la realización de una obra o bien destinada al servicio o uso público (12) , pues de los antecedentes del contrato se infiere que el mismo se motivó y se acordó con el propósito de satisfacer el interés económico del arrendatario particular, quien, además, en este proceso demandó una indemnización calculada con fundamento en las utilidades que proyectó recibir con la ejecución del contrato.
Hace falta, asimismo, otro elemento esencial de la concesión, cual es la reversión de los bienes del particular al Estado (13) , que en nuestro caso aparece expresamente excluida, como quiera que el arrendatario se obligó a devolver el inmueble en el mismo estado en que lo recibía, removiendo todos los elementos que hubiese instalado allí.
Tampoco encuentra la Sala que se trate de un negocio “de administración de parques” porque carece de los elementos esenciales de este tipo, definidos en el Acuerdo Distrital 5º del 14 de mayo de 1987, que autorizó la celebración de estos respecto de algunos parques de Bogotá, dentro de los cuales estaba comprendido el parque El Lago, a cuyo efecto previó, entre otras disposiciones, que: serían gratuitos y sin ánimo de lucro para las partes; que los contratistas debían realizar inversiones en el parque para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas que atendieran los gastos de administración y mantenimiento para que dichas inversiones cumplieran a cabalidad su función (art. 2º); que los administradores podrían cobrar a la ciudadanía, únicamente el uso de servicios especiales previamente definidos por los contratantes y que debían destinar tales ingresos a los fines del contrato (art. 3º); que debería estipularse expresamente la obligación del contratista de mantener libre y gratuito el acceso del público a los parques y de no variar el uso y destinación de los mismos (art. 4º) y que todos los implementos y mejoras que el administrador instalara o adecuara en el parque, una vez terminado el contrato respectivo, pasaría a ser propiedad del Distrito Especial de Bogotá, sin que ello implicara costo o indemnización a su cargo (art. 5º) (fls. 435 a 437 c. ppal.).
6.1 La naturaleza del bien arrendado.
Se tiene así que, por su propia naturaleza, estos bienes —los de uso público— no son objeto de un derecho de dominio similar al que se detenta respecto de un bien particular, puesto que están destinados al servicio de todos los habitantes.
Por ello, en realidad respecto de ellos el Estado ejerce solamente derechos de administración y de policía, en orden a garantizar y proteger precisamente su uso y goce común, por motivos de interés general (C. Pol., art. 1º).
Estos bienes no son res nulius, pero respecto de su titularidad existen dos teorías que vale la pena destacar. Para algunos teóricos, el propietario de los bienes de uso público es el Estado, quien ejerce sobre ellos una reglamentación de uso. Esta posición es la que acoge el artículo 674 del Código Civil, los define como aquellos bienes cuyo ‘dominio pertenece a la República’ y el ‘uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de las calles, plazas, puentes y caminos ...’. Este listado meramente enunciativo se complementa con varias normas, entre las cuales se encuentra la disposición contenida en el artículo 116 del Decreto 2324 de 1984 donde define como bienes de uso público las playas, terrenos de baja mar y las aguas marinas.
La segunda teoría es acogida por varios doctrinantes (entre los cuales se destaca Bielsa, Marienhoff, José J. Gómez) quienes consideran que el titular de estos bienes es la colectividad o el pueblo, de suerte que el Estado ejerce únicamente la administración a través de su poder administrativo regulador y reglamentario” (14) (se destaca).
“ART. 102.—El territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la Nación”.
Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal, como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, naturales, religiosos, recreativos y artísticos como para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyen por consiguiente zonas para el uso o el disfrute colectivo” (se resalta).
c) Imprescriptibles: la defensa de la integridad del dominio público frente a usurpaciones de los particulares, que, aplicándoles el régimen común, terminarían por imponerse por el transcurso del tiempo, se ha intentado encontrar, en todas las épocas, con la formulación del dogma de la imprescriptibilidad de tales bienes (15) . Es contrario a la lógica que bienes que están destinados al uso público de los habitantes puedan ser asiento de derechos privados, es decir, que al lado del uso público pueda prosperar la propiedad particular de alguno o algunos de los asociados” (16) .
“Al 30 de mayo de 1990, el parque El Lago, al igual que a la fecha, es un bien de uso público, administrado por el IDRD, de conformidad con el acuerdo 4º de 1978 y que tal y como lo establecía el Decreto Distrital 1656 del 30 de julio de 1982, por medio del cual se adoptó el plan maestro de dicho parque ...” (fl. 719 c.ppal.).
La sola circunstancia de que dicho inmueble haga parte del patrimonio del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, no muta su naturaleza de bien de uso público a bien fiscal, pues tal inclusión simplemente traduce en que el bien forma parte de los bienes distritales que compete administrar al citado instituto. Se advierte igualmente que su característica fundamental, el uso público, solo se excluye mediante la desafectación (17) del bien, en los términos dispuestos por las normas pertinentes.
Así lo explicó Marienhoff: “el acto administrativo que directamente dispusiere la venta de una cosa de dominio público, no traduce en una desafectación tácita de esa cosa, sino en un acto ilegítimo. No es posible atribuirle a semejante venta efectos de desafectación implícita, por cuanto la desafectación, como tal supone un acto lícito, en tanto que la venta en cuestión constituye un acto ilegítimo, ya que los bienes que están fuera del comercio ... no pueden ser objeto de enajenaciones o ventas ...” (18) .
Así lo ha señalado reiteradamente esta corporación (19) , al advertir que el contrato de arrendamiento que, por esencia, concede al contratista el uso y goce exclusivo del bien, riñe con la naturaleza de los bienes de uso público, que son inembargables, imprescriptibles e inalienables, se encuentran fuera del comercio, y se caracterizan por estar destinados al uso y disfrute de la comunidad sin ninguna discriminación, en forma directa, libre, impersonal, individual o colectivamente y, en general, gratuita.
“Si bien el contrato de arrendamiento conlleva actos de administración y no de disposición, por cuanto quien arrienda no transfiere el dominio del bien, dicho acuerdo se caracteriza porque confiere al arrendatario el derecho de uso y goce exclusivo, el cual se encuentra amparado por la ley frente a cualquier clase de perturbación o impedimento, de conformidad con los artículos 1988, 1989 y 1990 del Código Civil. De manera que no es posible conferir a una persona el uso y goce exclusivo de un bien de uso público, porque es contrario a su propia naturaleza y finalidad, toda vez que por disposiciones constitucionales y legales, los derechos a su uso y goce pertenecen a toda la comunidad”.
“Ahora bien, en el uso o administración del espacio público, las autoridades o los particulares deben propender, no solo por la protección de la integridad del mismo y su destinación al uso común, sino también, —atendiendo el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos—, por facilitar el adecuamiento, diseño y construcción de mecanismos de acceso y tránsito, que no solo garanticen la movilidad general, sino también el acceso a estos espacios, de las personas con movilidad reducida, temporal o permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentra disminuida por edad, analfabetismo, incapacidad o enfermedad” (20) (se subraya).
Y respecto de la precitada sentencia la Sala, en la referida providencia del 16 de febrero de 2001, advirtió que como el contrato de arrendamiento comporta necesariamente “el derecho a usar y gozar de la cosa objeto del contrato” (21) por el arrendatario, un contrato sin estos elementos o con restricciones a los mismos, no es de arrendamiento:
“En consecuencia, el denominado ‘contrato de arrendamiento’ por la Corte Constitucional, debe garantizar en forma efectiva el cumplimiento de las finalidades públicas a las cuales está destinado un bien de uso público, esto es su incorporación al uso y goce de la comunidad, finalidades que, sin duda, resultan contrariadas al entregar el bien en arrendamiento, puesto que es de la esencia de dicho contrato la entrega de la cosa para el uso y goce del arrendatario durante el tiempo que dure el convenio, sin ninguna perturbación o interferencia; de allí que algunos doctrinantes sostienen que el contrato de arrendamiento ‘no es a la postre nada distinto a la venta temporal del uso de un bien” (22) .
Marienhoff, luego de señalar que la inalienabilidad de los bienes del dominio público no traduce en que “estén absoluta y totalmente sustraídos del comercio jurídico”, porque “en principio solo es incompatible el comercio jurídico de derecho privado, pero en modo alguno el de derecho público, pues este, también en principio, no menoscaba la afectación de los bienes .... la inalienabilidad, pues, no constituye un principio absoluto, cerrado, de aplicación mecánica” (23) . Precisó que tales bienes no pueden ser objeto del contrato de arrendamiento:
“Juzgo que esa forma de conferir el uso de los bienes públicos, de locación o arrendamiento, solo tiene el nombre. En realidad, en todos los supuestos, se trata de verdaderos permisos o concesiones de uso según los casos, que son las formas propias de conferir el uso de esos bienes (...).
De modo que, por más que la ‘inalienabilidad’ no sea un dogma inmutable, ni un principio absoluto, la locación o el arrendamiento —figuras típicas del derecho privado— no son formas jurídicas adecuadas para atribuir y regular el uso de las dependencias del dominio público” (24) (destaca la Sala).
Se advierte, finalmente, que todo lo expuesto no implica el desconocimiento de la potestad que tienen las entidades para convenir la administración o aprovechamiento de los bienes de uso público con los particulares, mediante la utilización de figuras regladas (25) ; simplemente encuentra que tales finalidades no pueden lograrse por medio del contrato de arrendamiento por las razones ampliamente explicadas.
“ART. 78.—De las causales de nulidad absoluta. Además de los casos previstos en las disposiciones vigentes, los contratos a que se refiere el presente acuerdo son absolutamente nulos:
a) Cuando se celebren con personas afectadas por causa de inhabilidades o incompatibilidades según este estatuto.
PAR.—Las causales aquí previstas pueden alegarse por el Ministerio Público en interés del orden jurídico o ser declarada oficiosamente, cuando estén plenamente comprobadas. No se sanean por ratificación de las partes” (26) .
A su vez, el artículo 1519 del Código Civil, establece que: “Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene el derecho público de la Nación” y el artículo 1523 del mismo estatuto establece que “Hay así mismo objeto ilícito en todo contrato prohibido por las leyes.”
En estas condiciones, está viciado de objeto ilícito el contrato que se celebra contraviniendo el derecho público, como ocurre cuando un ente público se obliga a entregar un bien de uso público a un particular para su uso y goce, con desconocimiento del derecho constitucional y legal que le asiste a todo administrados, de conformidad con lo previsto en los artículos 63 de la Constitución Política, 674 del Código Civil y 5º de la Ley 9ª de 1989.
Para la Sala es evidente que el contrato de arrendamiento Nº 73 de 1990, se suscribió con violación de normas imperativas relativas al régimen de los bienes de uso público, lo que configura la causal de nulidad absoluta del contrato por objeto ilícito, prevista en el literal b de los referidos artículos 78 del Decreto-Ley 222 de 1983 y 1521 del Código Civil.
Con fundamento en todo lo anterior la Sala declarará oficiosamente la nulidad absoluta del contrato y definirá las restituciones mutuas a que haya lugar. [...].
El artículo 1.746 del Código Civil establece que la nulidad del contrato declarada mediante sentencia que tiene la fuerza de cosa juzgada “da a las partes derecho para ser restituídas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo; sin perjuicio de lo prevenido sobre el objeto o la causa ilícita” (27)(28) .
Y respecto de la nulidad por objeto o causa ilícita el artículo 1525 del mismo estatuto prevé: “No podrá repetirse lo que se haya dado o pagado por un objeto o causa ilícita a sabiendas”.
De las precitadas normas se tiene una regla general consistente en que la nulidad del contrato genera, para cada una de las partes del contrato, la obligación de devolver a la otra lo recibido por virtud del contrato invalidado (29) , regla esta que tiene algunas excepciones.
“... la declaratoria de nulidad de un contrato retrotrae las cosas al estado en que se hallaban con antelación a la celebración del mismo, de manera que emerge para los contratantes la obligación de restituir lo recibido, inclusive a modo de cumplimiento anticipado de las obligaciones que del contrato prometido emanan, en la hipótesis, claro está, de que tales obligaciones así contraídas se hubiesen empezado a ejecutar, y siempre al amparo de las reglas previstas en el artículo 1746 del Código Civil y las que conforman el capítulo IV del título XII del libro 2º de la misma codificación, bloque normativo este de conformidad con el cual, considerando como premisa previa la buena o la mala fe que diere lugar a la tenencia (C.C., arts. 963 y 1746), se debe restituir la cosa o derecho objeto del acto o contrato (C.C., arts. 961, 962 y 1746) con los frutos percibidos, reconociendo los gastos ordinarios invertidos en la producción (C.C., art. 964 inc. final y 1746), indemnizando de paso los deterioros sufridos, y las mejoras invertidas en la cosa teniendo en cuenta también la buena o mala fe del vencido en la litis y la especie de la mejora (C.C., art. 965, 966, 967, 968, 969 y 1746)” (30) .
“... en primer lugar, cuando la nulidad proviene de un objeto o causa ilícita; en segundo lugar, cuando se declara nulo el contrato celebrado con una persona incapaz omitiéndose los requisitos que la ley exige, y, en tercer lugar, por razones de interés público.
Las dos primeras excepciones están contempladas en los artículos 1525, 1746, y 1747 del Código Civil. La primera disposición prohíbe repetir lo que se haya dado o pagado a sabiendas de la ilicitud, y la segunda, en igual forma, lo que se haya dado o pagado al incapaz, salvo prueba de haberse hecho este mas rico.
La tercera excepción viene impuesta por las necesidades del servicio público, dada la primacía del interés social por sobre el particular, establecida en el artículo 58 de la constitución Nacional (antes 30). Siendo, como es, la propiedad una función social, al tenor de la disposición constitucional, debe ceder frente al interés general, por lo cual no siempre es conducente la acción restitutoria o reivindicatoria, sino una sustitutiva de carácter compensatorio”.
El contrato que se estudia, como se precisó, es nulo porque está afectado de objeto ilícito, no obstante lo cual las partes tienen derecho a que se les restituya al estado inicial porque no se demostró la ocurrencia de alguna de la mentadas excepciones, particularmente, porque no se probó que hubiesen obrado “a sabiendas” de la ilicitud, situación esta que al decir de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia consiste en “una excepción de gran contenido ético, pues tiene por fuente el clásico principio in pari causa turpintudinem repetitio”.
En ese orden de ideas, el adverbio ‘a sabiendas’, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa ‘de modo cierto’, ‘ciencia segura’, o, con otras palabras, a plena conciencia, a pleno conocimiento, con conocimiento inequívoco. Esto indica que se requiere un conocimiento objetivo o conocimiento realidad frente a determinado hecho. Y, a esta categoría de conocimiento se refiere el artículo 1525 del Código Civil cuando utiliza la locución ‘a sabiendas’, expresión esta empleada en otros artículos del Código Civil” (31) .
“ART. 769.—La buena fe se presume, excepto en los casos en que la ley establece la presunción contraria.
La mala fe ha sido definida por la doctrina como “el conocimiento que una persona tiene de la falta de fundamento de su pretensión, del carácter delictuoso o cuasidelictuoso de su acto, o de los vicios de su título” (32) , es el tradicional concepto opuesto al de buena fe, impuesto en el artículo 83 de la Constitución Política:
Es, pues, una norma que establece el marco dentro del cual deben cumplirse las relaciones de los particulares con las autoridades públicas. Naturalmente, es discutible si el hecho de consagrar en la Constitución la regla de la buena fe, contribuya a darle una vigencia mayor en la vida de relación, o disminuya la frecuencia de los comportamientos que la contrarían” (33) .
Y la doctrina ha señalado que el dolo consiste en “las maniobras usadas por uno de los contratantes con el fin de alterar la voluntad negocial del otro contratante, induciéndolo a error” (34) .
Se advierte además que tales supuestos no se presumen, sino que deben probarse (35) .
En efecto, la circunstancia de que hubieren desatendido lo prescrito en las normas legales y distritales para la celebración de este tipo de contratos respecto de bienes de uso público, en este caso concreto no permite inferir la concurrencia de los tres precitados elementos, máxime cuando en la cláusula quinta del contrato regularon expresamente el sometimiento de las prestaciones derivadas del mismo, a las normas vigentes sobre la materia (36) .
Y aunque nuestro ordenamiento indique que la ley se presume conocida por todos y que a nadie es dable alegar su ignorancia para no cumplirla (C.C., art. 9º y L. 4º/1913, art. 56), también lo es que ello conduciría a encontrar configurado el primer requisito del a sabiendas, más no los restantes.
“La ignorancia de las reglas de derecho, en nuestra sociedad, no solamente no se considera como falta (culpa), sino que parece eminentemente excusable en aquellas personas que carezcan de preparación jurídica. Si la máxima ‘a nadie le es lícito ignorar la ley’ impera todavía en el derecho penal, se debe a que solamente con ella puede asegurarse el respeto a las reglas de conducta cuyo mantenimiento interesa al orden público” (37) .
“... no basta la sola presunción del conocimiento, sino una información real para no incurrir en tremendas injusticias, como el de grupos de indígenas nacionales a quienes ni siquiera se les ha enseñado el idioma, ni hay preocupación por hacerles saber la ley en sus dialectos; y que si hablan español, carecen de toda información, debido a las enormes distancias y su incomunicación casi total de los grupos civilizados; como respecto de la mayoría de los campesinos del país, que son analfabetas; y en el supuesto de leyes proferidas para determinados grupos sociales (importadores, contadores, intermediarios, etc.) cuya corta vigencia, su versatilidad (generalmente rigen por decretos) y el ocultamiento en que se les tiene ante el grueso público, permiten que solamente sus privilegiados beneficiarios sepan de su vigencia y su interpretación” (38) .
Capital actualizado = canon pagado x Indice de precios al consumidor de la fecha de la restitución
Indice de precios al consumidor de la fecha del pago
Con fundamento en todo lo anterior la Sala declarará oficiosamente la nulidad absoluta del contrato, condenará a la entidad a restituir al señor Trejos Ossa lo que este pagó por concepto de cánones de arrendamiento y negará las pretensiones de la demanda».
(Sentencia de 6 de julio de 2005. Expediente 12249. Consejero Ponente: Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez).
(1) En este sentido se pronunció la Sala Plena de la corporación en sentencia del 6 de septiembre de 1999, expediente S-025 y la Sección Tercera en sentencia proferida el 7 de octubre de 1999, expediente 12387.
(2) Sentencia del 6 de septiembre de 1999, expediente S-025.
(3) Sentencias del 7 de octubre de 1999, expediente 12.387 y del 1º de agosto de 2002, expediente 21.041.
(4) Se precisa que si bien es cierto que la Ley 791 de 2002, artículo 1º, redujo estos términos a 10 años, la misma no es aplicable al caso que se analiza, puesto que el contrato materia de evaluación se celebró con anterioridad a su vigencia.
(5) Artículo 136, parágrafo 1°, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998.
(6) Sentencia C-597 de 1998.
(7) Ospina Fernández Guillermo y Ospina Acosta Eduardo, Teoría general del contrato y del negocio jurídico. Ed. Temis. Sexta Edición; Bogotá, 2000; pág. 458.
(8) A este respecto puede consultarse lo manifestado por la Sala en sentencia proferida el 16 de febrero de 2000, expediente 16956.
(9) Sentencia de septiembre 13 de 1999, expediente 6976.
(10) El legislador acogió esta tesis jurisprudencial en el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, que prescribe:“PAR. 1°—Cuando el objeto del litigio lo constituyan bienes estatales imprescriptibles e inenajenables la acción no caducará”.
(11) Así lo precisó la Sala en sentencia proferida 15 de marzo de 2001; expediente 13352; actor: microempresarios y pequeños artesanos de Colombia.
(12) Respecto de este elemento esencial del contrato de concesión puede consultarse la sentencia del 19 de junio de 1998; expediente 10217; actor: Alberto Mendoza Daza.
(13) Sobre la reversión, como elemento esencial del contrato de concesión puede consultarse lo afirmado por la Corte Constitucional en la sentencia C-250 de 1996.
(14) Sentencia T-150 de abril 4 de 1995.
(15) Cfr. Garrido Falla, Fernando. Tratado de derecho administrativo. Volumen II. Novena edición. Editorial Tecnos. Madrid. 1989, pág. 405 y ss.
(16) Corte Constitucional, sentencia T-566 de octubre 23 de 1992, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
(17) La Ley 9ª de 1989 —artículo 6º— permite la desafectación en relación con el bien de uso público situado en áreas urbanas y suburbanas, bajo condiciones especiales. Sobre la desafectación también puede consultarse lo afirmado en sentencia 12859 del 22 de noviembre de 2001, proferida por esta sección, en la que se advirtió que “el fenómeno de la desafectación del bien público no opera frente a toda clase de bienes de uso público, solo puede declararlo el legislador o el funcionario facultado expresamente por la ley y requiere de un medio idóneo y del lleno de ciertos requisitos”.
(18) Marienhoff, Miguel S., Tratado del dominio público; tipográfica Editora Argentina, Buenos Aires, 1960, pág. 229.
(19) Particularmente en sentencias proferidas el 22 de abril de 2004, expediente 16245, el 16 de febrero de 2001, expediente 16596, el 24 de mayo de 2001, expediente 12247 y el 22 de noviembre de 2001, expediente 12859.
(20) Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-360 de diciembre 19 de 1999, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.
(21) Sobre este elemento esencial del contrato de arrendamiento puede consultarse la sentencia proferida por la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia el 31 de mayo de 1954; t. LXXVII, 742.
(22) César Gómez Estrada. De los principales contratos civiles. Santafé de Bogotá: Editorial Temis, 1996, pág. 183.
(23) Ibídem, págs. 227 y 228.
(24) Ibídem, pág. 246.
(25) Se refiere la Sala a figuras tales como las contenidas en el artículo 1º, del Decreto 2537 de 1993, por el cual se reglamentó el artículo 174 del Decreto-Ley 1421 de 1991, que previó la posibilidad de que el distrito o sus entidades descentralizadas entregaran “en arrendamiento o administración los bienes de su propiedad que estuvieran destinados a la práctica de la recreación masiva o el deporte”, siempre que el contratista asegurara su cuidado, mantenimiento y su destinación.
(26) Esta norma fue transcrita en el Código Fiscal de Bogotá. El artículo 44 de la Ley 80 de 1993 fue más explícito en cuanto se refirió a los casos de nulidad previstos en el derecho común. Pese a que las causales de nulidad del contrato siguen siendo las mismas, las amplía, como sucede con las que prevé en los ordinales 4º y 5º: Cuando se declaren nulos los actos administrativos en que se fundamenten y si se hubieren celebrado con desconocimiento de los criterios previstos en el artículo 21 sobre tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la reciprocidad de que trata la ley.
(27) A este respecto puede consultarse la sentencia proferida por la Sección Tercera el 31 de enero de 1997, M.P. Daniel Suárez Hernández. Expediente 10498.
(28) Se precisa que la regulación contenida en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993, no es aplicable al caso concreto porque, conforme se indicó precedentemente, el contrato se celebró con anterioridad a su vigencia.
(29) Sobre el tema puede consultarse la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia; entre otras sentencias proferidas el 23 de noviembre de 1928, XXXVI,108; 20 de septiembre de 1938, XLVII 227.
(30) Sentencia S-009 proferida por la Sala de Casación Civil el 26 marzo de 1999.
(31) Sentencia de enero 22 de 1971. Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
(32) Henri Capitant, Vocabulario jurídico, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1975, pág, 361.
(33) Sentencia C-544 del 1º de diciembre de 1994.
(34) Bigliazzi Geri, Brecia, Busnelli y Natoli; Derecho Civil, tomo I, volumen 2. Hechos y Actos Jurídicos, Turín Italia. Traducción de Fernando Hinestrosa; ediciones Universidad Externado de Colombia; 1995, pág. 856.
(35) Así lo preciso esta sección en sentencia 12859 proferida el 22 de noviembre de 2001, actor: Luis Mario Luque; C.P. Dra. María Elena Giraldo G.
(36) En similar sentido se pronunció la Sala en sentencia del 22 de noviembre de 2001, expediente 12859.
(37) Planiol y Ripert, Tratado práctico de derecho civil francés, tomo sexto, primera parte, 1940, Ed. Cultural La Habana S.A. Cuba, 1940.
(38) Gabriel Escobar Sanín, Negocios civiles y comerciales, tomo II, Ed. Jurídica Diké, 1ª edición 1994, pág. 98.

References: artículo 2
 artículo 1742
 artículo 87
 artículo 32
 artículo 1742
 artículo 63
 artículo 136
 artículo 44
 artículo 394
 artículo 674
 artículo 116
 artículo 1519
 artículo 1523
 artículo 1
 artículo 1525
 artículo 1746
 artículo 58
 artículo 1525
 artículo 83
 artículo 1
 Artículo 136
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 136
 artículo 1
 artículo 174
 artículo 44
 artículo 21
 artículo 48