Source: https://es.scribd.com/doc/17297440/99/Sinopsis-articulo-104
Timestamp: 2016-02-08 10:26:25+00:00

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Dedica la Constitución su artículo 104 a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Lo primero que
destaca es la diferencia establecida en la Constitución entre las Fuerzas Armadas (a las que se alude
en su artículo 8) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (artículo 104). Desde un punto de vista
constitucional, se trata de dos instituciones distintas, lo cual no obsta para que en la Constitución no
se haya prejuzgado en modo alguno el régimen jurídico aplicable a cada una de ellas, pues se remite
en ambos casos a su respectiva Ley Orgánica reguladora.
Ha resaltado el Tribunal Constitucional en diversas ocasiones que si bien la Norma Fundamental
distingue las Fuerzas Armadas y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, ello no impide que la misma
Constitución contemple como ajustado a sus preceptos que la Ley pueda sujetar a la disciplina
militar a los Institutos Armados o a otros Cuerpos, por lo que no puede afirmarse que la aplicación
del régimen disciplinario sancionador de carácter militar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado sea contrario a la Constitución, aun cuando ello suponga excluirlos, en este aspecto, de la
En todo caso, los fines de una y otra son sustancialmente distintos, sin perjuicio de que en
ocasiones puedan producirse eventuales superposiciones. Las Fuerzas Armadas, por disposición del
artículo 8.1 de la Constitución, tiene como misión garantizar la soberanía e independencia de
España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, por su parte, tendrán como misión proteger del libre ejercicio de los derechos
En este último aspecto, compete con carácter exclusivo al Estado la "seguridad pública" (artículo
149.1.29ª de la Constitución), concepto que supone una noción más precisa que la de "orden
público" según señaló tempranamente el Tribunal Constitucional en su Sentencia 33/1982. Afirmó
entonces que en el concepto de "orden público" pueden incluirse cuestiones como las referentes a la
salubridad, lo que normalmente estará excluido del concepto de "seguridad pública", sin perjuicio
de la posible existencia de casos extremos en los que ambos conceptos puedan llegar a confundirse
y, en definitiva, que la preservación de la seguridad pública implique actuar en el ámbito, por
ejemplo, de la salubridad. Congruentemente, en su sentencia 313/1994 insistía en que no toda
seguridad de personas y bienes, ni toda normativa encaminada a conseguirla, puede englobarse en el
título competencial de seguridad pública, pues si así fuera la práctica totalidad de las normas del
ordenamiento serían normas de seguridad pública y, por ende, competencia del Estado, cuando es
claro que se trata de un concepto más estricto, en el que hay que situar de modo predominante los
Cuerpos de Seguridad a que se refiere el artículo 104 de la Constitución.
En todo caso, el mantenimiento de la seguridad pública o, en términos del artículo 104.1, la
protección del libre ejercicio de los derechos y libertades y la garantía de la seguridad ciudadana,
constituye un verdadero servicio público cuyo titular es el Estado, tal y como se dispone en el
artículo 1.1 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Dicha
competencia exclusiva no obsta para que las Comunidades Autónomas coadyuven a garantizar la
seguridad pública a través de la posibilidad prevista en el propio artículo 149.1.29ª de la
Constitución de crear policías propias en la forma que establezcan los respectivos Estatutos en el
marco de lo que disponga una Ley Orgánica. De hecho, el artículo 148.1.22ª de la Norma
Fundamental atribuye a las Comunidades Autónomas la competencia sobre la vigilancia y
protección de sus edificios e instalaciones, así como la coordinación y demás facultades en relación
con las policías locales en los términos que establezca una Ley Orgánica.
En este aspecto, la Ley Orgánica 2/1986, tras declarar, como se ha destacado, que la seguridad
pública es competencia exclusiva del Estado, añade que las Comunidades Autónomas y las
Corporaciones Locales participarán en el mantenimiento de la seguridad pública en los términos
establecidos, respectivamente, en sus Estatutos de Autonomía y en la Ley Reguladora de las Bases
de Régimen Local, todo ello en el marco de lo dispuesto en la propia Ley Orgánica 2/1986.
Congruentemente, se declara que son Fuerzas y Cuerpos de Seguridad las del Estado
dependientes del Gobierno de la Nación, así como los Cuerpos de Policía dependientes de las
Comunidades Autónomas (Andalucía, Valencia, Galicia, País Vasco, Navarra y Cataluña), y de las
Corporaciones Locales. Se impone en este aspecto a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad que ajusten su actuación al principio de cooperación recíproca y coordinación, debiendo
prestarse el auxilio necesario en la investigación y persecución de los delitos previstos legalmente,
sin prejuicio, además, de la obligación de auxilio y colaboración que corresponde a las funciones de
vigilancia, seguridad y custodia realizadas por otras personas y entidades.
En efecto, el principio de coordinación reconocido en el artículo 103.1 de la constitución
adquiere especial sentido e intensidad en el ámbito de la preservación de la seguridad pública o
ciudadana. El establecimiento de órganos de coordinación entre las distintas policías, el intercambio
de información, el auxilio mutuo y, en fin, la actuación coordinada, coadyuvan para alcanzar el fin
último perseguido por la Constitución, como es garantizar dicha seguridad y conexo con ello la
protección en el libre ejercicio de los derechos y libertades. Existe una evidente conexión entre
ambos conceptos, pudiendo afirmarse que el mantenimiento de la seguridad pública es elemento
indispensable para permitir el pleno ejercicio de los derechos y libertades, meta impuesta a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (y al Gobierno del que dependen) por el artículo 104.1 de la
Como señaló, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional 196/1987 por referencia a la
persecución y castigo de los delitos, la defensa de la paz social y de la seguridad ciudadana son
bienes reconocidos en los artículos 10.1 y 104.1 de la Constitución. En su sentencia 325/1994
insistía en que la seguridad ciudadana, cuya salvaguardia como bien jurídico de ámbito colectivo,
no individual, es función del Estado, tiene su sede propia en el artículo 104 de la Norma
El artículo 104.2 establece una reserva de Ley Orgánica en cuanto a la determinación de las
funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Como
se observa, no se refiere a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "del Estado", sino que se alude "in
genere" a los mismos. En cumplimiento de esta reserva de ley, se dictó la ya citada Ley Orgánica
2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que, congruentemente con lo dicho,
afecta a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya sean estatales, autonómicas o locales. A todas
ellas se les impone como principios básicos de actuación, actuar con respeto al ordenamiento
jurídico, con neutralidad, integridad y dignidad, así como con sometimiento a los principios de
jerarquía y subordinación, entre otros.
Por otro lado, dando cumplimiento al contenido material reservado a la Ley Orgánica por el
artículo 104.2 de la Constitución, se determinan en sus artículos 11 y 12 las funciones de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como se regulan también aspectos relativos a sus estatutos. Y
aunque es cierto que el artículo 104.2 se refiere en singular a "una Ley Orgánica", nada impide la
existencia de diferentes textos normativos dictados en cumplimiento del artículo 104.2. Así, la Ley
Orgánica 11/1991, de 17 de junio, establece el Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, régimen
que, según su artículo 1, tiene por objeto garantizar la observancia de la Ley Orgánica de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, Reales Ordenanzas y demás normas que rigen la Institución, así como el
cumplimiento de las órdenes de conformidad con su carácter de Instituto armado de naturaleza
militar y estructura jerarquizada.
Junto a otras normas que inciden en este ámbito (por ejemplo la Ley 23/1992, de 30 de julio, de
Seguridad Privada, Ley Orgánica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilización de video
cámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos o la Ley 42/1999, de 25 de
noviembre, de Régimen de Personal de la Guardia Civil), destaca la Ley Orgánica 1/1992 , de 21 de
febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana, dictada precisamente de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 149.1.29ª y 104 de la Constitución. Se declara en este sentido que
corresponde al Gobierno, a través de las autoridades y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a sus
órdenes, proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana,
crear y mantener las condiciones a tal efecto, y remover los obstáculos que lo impidan sin perjuicio
de las facultades y deberes de otros Poderes Públicos.
Debe resaltarse que en el cumplimiento de las funciones que tienen encomendadas los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se impone una especial incidencia de los principios de
jerarquía y subordinación. En efecto, la peculiaridad de tales funciones justifica que, aun cuando
gocen de la condición de funcionarios, sea constitucionalmente aceptable que se encuentren
sometidos a un estatuto especial, incluso en lo que se refiere al ejercicio de la libertad de expresión
y de sindicación, especialmente cuando se trata de Institutos Armados o Cuerpos sometidos a
Por lo que se refiere a la bibliografía destacar los trabajos de López Ramón, Blanquer,
Barcellona o Castells, entre otros.

References: artículo 104
 artículo 8

artículo 8
 artículo 104
 artículo 104

artículo 1
 artículo 149
 artículo 148
 artículo 103
 artículo 104
 artículo 104
 artículo 104

artículo 104
 artículo 104
 artículo 104
 artículo 1