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Timestamp: 2020-05-30 23:32:17+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 122/12 de Corte Constitucional, 22 de Febrero de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 374086594
Demanda de inconstitucionalidad contra el literal d) del artículo 1º del decreto extraordinario 753 de 1956, por el cual se sustituye el artículo 430 del código sustantivo del trabajo. El demandante señala que la norma atacada es inconstitucional por cuanto vulnera el requisito de reserva legal establecido por la carta política. La corte precisó que el derecho a la huelga solamente puede restringirse en el caso de los servicios públicos esenciales, cuya determinación corresponde de manera exclusiva al legislador para la limitación de la huelga. Se declara la exequibilidad condicionada, en el entendido que solo se restringe el derecho de huelga en aquellos establecimientos de asistencia social, de caridad y de beneficencia que atiendan necesidades básicas de sujetos de especial protección constitucional.
C-122-12 Referencia Sentencia C-122/12
Demanda de inconstitucionalidad contra el literal d) del artículo 1º del decreto extraordinario 753 de 1956 por el cual se sustituye el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo
La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados J.C.H.P. quien la preside , M.V.C.C., M.G.C., G.E.M.M., J.I.P.P., N.P.P., J.I.P.C., H.A.S.P. y L.E.V.S., en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano A.R.D.F., demandó el literal d) del artículo 1º del decreto extraordinario 753 de 1956 por el cual se sustituye el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo.
Mediante auto del primero (1°) de octubre de dos mil diez (2010), el Despacho del Magistrado Sustanciador Dr. J.I.P.C., admitió la demanda presentada.
DECRETO NUMERO 0753 DE 1956 (ABRIL 5)
las que se presten en cualquiera de las Ramas del Poder Público:
las de establecimientos sanitarios de toda clase, tales como hospitales y clínicas,
las plantas de leche, plazas de mercado, mataderos y todos los organismos de distribución de estos establecimientos, sean ellos oficiales o privados;
cualesquiera otras que a juicio del Gobierno interesen a la seguridad, sanidad, enseñanza y a la vida económica o social del pueblo. El Gobierno decidirá acerca de la calidad de servicio público de las actividades de que trata este ordinal, previo concepto que solicite al Consejo de Estado (negrilla y subrayado fuera de texto).
Solicita el demandante la declaración de inconstitucionalidad del literal d) del artículo 1º del decreto extraordinario 753 de 1956 por el cual se sustituye el artículo 430 del código sustantivo del trabajo, por considerarlo violatorio del artículo 56 de la Constitución Política, con base en los siguientes argumentos:
1.2.4. Afirma que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en especial las sentencias C  473 de 1994, C  075 de 1997 y C  349 de 2009 respaldan la declaratoria de inexequibilidad, pues en ellas la Corte Constitucional declara la inexequibilidad de la prohibición de la huelga en relación con actividades que el legislador no ha calificado expresamente como constitutivas de servicios públicos esenciales, tal como sucede con las relacionadas con las plantas de leche, plazas de mercado, mataderos y de todos los organismos de distribución de estos establecimientos.
El representante del Ministerio de la Protección Social, J.M.C.U., solicita a esta Corporación la declaratoria de exequibilidad de la norma demandada, con los siguientes argumentos:
1.3.1.1. El interviniente señala que la asistencia social es un mecanismo redistributivo del Estado que hace parte del servicio público esencial de la seguridad social en salud según se señala en el estudio denominado Asistencia social en Colombia Diagnóstico y propuestas elaborado por el Departamento Nacional de Planeación.
1.3.1.2. Sostiene que la seguridad social integral es definida por el artículo 2º de la ley 100 de 1993 como un servicio público esencial, lo cual ha sido reiterado en las sentencias C  107 de 2002 y C  086 de 2002.
En consecuencia, las entidades que prestan servicios de asistencia social, beneficencia y caridad prestan el servicio público esencial de seguridad social, en su modalidad de servicios complementarios.[1]
En consecuencia, la prestación del servicio público esencial de seguridad social por parte de la (sic.) entidades de asistencia social, beneficencia y caridad debe ser eficiente e ininterrumpida, por cuanto de otra manera generaría un peligro inmediato para la vida, la seguridad y la salud de la población usuraria del mismo, teniendo en cuenta además que las entidades citadas, no obstante atender un número poblacional alto, son pocas[2].
Los representantes de la Comisión Colombiana de Juristas, G.G.G., F.E.C., J.R.T. y J.C.R.R., solicitan a esta Corporación la declaratoria de inexequibilidad de la norma demandada, con los siguientes argumentos:
Como resultado de este análisis, afirmaremos que luego de revisar la jurisprudencia constitucional sobre la materia, no es posible realizar un juicio de constitucionalidad sobre el procedimiento de una norma pre  constitucional con base en un requisito formal establecido en la CP de 1991, pues este juicio solo se limita al criterio material[3].
Vale resaltar, además que en el listado que ha elaborado el Comité de Libertad Sindical sobre servicios públicos esenciales no se incluye a los servicios de beneficencia, de caridad o de asistencia social, o alguno similar a ellos, como una categoría apta para limitar el derecho fundamental a la huelga.
Por lo anterior, consideramos que la norma demandada establece una definición de servicio público esencial que no respeta los criterios identificados por la Corte Constitucional y por el Comité de Libertad Sindical para limitar el derecho a la huelga. Por lo tanto, consideramos que esta norma debe ser declarada inconstitucional[4].
La señora decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y Educación de la Universidad del Sinú, doctora A.L.M., solicita a esta Corporación la declaratoria de inexequibilidad, con base en las siguientes razones:
Inicialmente planteamos que se tenga en cuenta la diferencia de contexto histórico en que fue producida la norma acusada, año 1956, respecto al dinamismo que hoy en día cobra el Derecho Colectivo y en especial los retos de la huelga, en la perspectiva de situarlo en el ámbito global de las relaciones económicas, sociales y políticas[5].
El derecho a la huelga se ejerce conforme a los lineamientos señalados por la Ley. Sólo se excluye en el caso de servicios públicos esenciales, definido legalmente, como protectores de los Derechos individuales y del interés general. Para el sector correspondiente a los de los establecimientos de asistencia social, de caridad y de beneficencia, el legislador no lo ha definido como servicio público esencial. Por esa razón, contraviene el fundamento constitucional del Derecho a la huelga consagrado en el Art. 56 de la Constitución de 1991[6].
La doctora V.S.C., actuando como directora del Grupo de Acciones Públicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, solicita que se declare la constitucionalidad de la norma demandada en el entendido que se prohíbe la huelga en el caso de los establecimientos de asistencia social, de caridad y de beneficencia, siempre y cuando las actividades desarrolladas por estas sean de aquellas catalogadas como servicios públicos esenciales, por las siguientes razones:
1.3.4.2. Señala que la Corte Constitucional ha definido los servicios públicos esenciales como aquellas actividades cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad y la salud de la persona en todo o en parte de la población[7], por lo cual, los servicios de asistencia social prestados en hospitales y casas de refugio son esenciales, pues su interrupción podría afectar la vida, la salud y la seguridad de una parte de la población.
A partir de la definición adoptada por la Corte Constitucional en la sentencia citada, es claro que concepto la interrupción de servicios prestados por hospitales y casas de refugio podría implicar la afectación de derechos de suma importancia tales como la vida, la seguridad y la salud de las personas que conforman parte de la población nacional, y por lo tanto, son susceptibles de ser catalogadas como servicios públicos esenciales.
En adición a lo anterior, atendiendo la calidad de sujetos de especial protección que podrían llegar a tener las personas que reciban los servicios prestados por estas entidades, es claro que no los derechos de los mismos tiene prevalencia respecto de los derechos de los otros, y por tanto en principio, no podría verse afectados por decisiones de terceros como en efecto sería la declaratoria de huelga[8].
La doctora M.Z.R., en calidad de docente de la Fundación Universidad del Norte, solicita a esta Corporación la declaratoria de inexequibilidad de la norma demandada, con los siguientes argumentos:
La prohibición que contempla la norma bajo examen impone, entonces, el merecido reproche de inconstitucionalidad: la constitución permite la huelga en los servicios públicos, por manera que cualquier actividad que tenga ese carácter, es susceptible, por principio del ejercicio de tal prerrogativa. La huelga en establecimientos de asistencia y de beneficencia es permitida en términos constitucionales habida (sic.) consideración de su naturaleza de servicio público y no de servicio público esencial.
El mantenimiento de ésta prohibición en el ordenamiento del trabajo colombiano se convierte, de suyo, en una ostensible violación a la normatividad Superior que permite tornar nugatoria la más importante herramienta de defensa de los intereses de la clase trabajadora. Se está prohijando así, impunemente, restricciones no contempladas por la Constitución[9]
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 242, numeral 2°, y 278, numeral 5°, de la Constitución Política, el Procurador General de la Nación rindió concepto sobre la demanda instaurada en contra del el literal d) del artículo 1º del decreto extraordinario 753 de 1956 por el cual se sustituye el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo solicitando que se declare exequible. Sus argumentos se resumen a continuación:
Las actividades de asistencia social, de caridad de beneficencia, que a lo largo de la historia estas han sido atendidas por instituciones como la familia, la iglesia y organizaciones privadas, denominadas fundaciones, y también por el Estado, no son actividades de cualquier índole. Y no lo son, porque están llamadas a satisfacer las apremiantes necesidades de los más débiles de la sociedad, de personas que requieren de dicha asistencia, caridad y beneficencia, como un asunto vital para su subsistencia y para procurarse una serie de bienes y servicios imprescindibles. A este grupo de personas suelen pertenecer los niños, los ancianos e individuos con dificultades físicas, psíquicas y sensoriales, cuya condición de debilidad manifiesta, en no pocos casos agravada por su pobreza y por la carencia de un grupo familiar que los acoja y cuide, las hace merecedoras de la calificación de sujetos de especial protección[10].
Conforme al artículo 241 ordinal 4º de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad del literal d) del artículo 1º del decreto extraordinario 753 de 1956 por el cual se sustituye el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo.
El derecho a la huelga se encuentra consagrado en el artículo 56 de la Constitución Política, de acuerdo con el cual se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador.
También se ha señalado que la huelga es un derecho que responde a la utilidad pública, al interés general de un Estado que se concibe a sí mismo como un Estado social, constitucional y democrático de Derecho, en cuanto se encuentra encaminado a hacer efectivos los derechos de la gran mayoría de los trabajadores asalariados y a buscar un mayor equilibrio, justicia y equidad en las relaciones laborales propias de un modelo económico capitalista basado en la dinámica trabajo-capital, dinámica respecto de la cual es claro para esta Corporación que el trabajador constituye la parte débil de la relación, razón por la cual se justifican las medidas protectoras, garantistas y correctivas por parte del Estado a favor de los trabajadores .[16]
En el documento La Libertad sindical[17] de la Oficina de Internacional del Trabajo[18] se señalan una serie de criterios fundamentales para el análisis de este derecho: i) es un derecho fundamental de los trabajadores y de sus organizaciones únicamente en la medida en que constituya un medio de defensa de sus intereses económicos[19]; ii) constituye uno de los instrumentos esenciales para promover y defender sus intereses profesionales[20]; iii) es corolario indisociable del derecho de sindicación protegido por el Convenio número 87[21]; iv) no busca sólo la obtención de mejores condiciones de trabajo o las reivindicaciones colectivas de orden profesional, sino también la búsqueda de soluciones a las cuestiones de política económica y social[22]; y v) puede ser objeto de restricciones o incluso de prohibición y garantías compensatorias[23].
(L)a huelga constituye un instrumento de vital importancia en el marco de las relaciones laborales entre trabajadores y empleadores, toda vez que sirve de medio legítimo de presión para alcanzar mejores condiciones de trabajo y, de esa manera, un equilibrio y justicia sociales, así como el respeto de la dignidad humana y la materialización de los derechos del trabajador.
En el mismo pronunciamiento, la Corte sostuvo que el núcleo esencial del derecho de huelga consiste en la facultad que tienen los trabajadores de presionar a los empleadores mediante la suspensión colectiva del trabajo, para lograr que se resuelva de manera favorable a sus intereses el conflicto colectivo del trabajo. Esta facultad, claro está, no es absoluta. El punto es que la huelga constituye un mecanismo cuya garantía implica el equilibrar las cargas de trabajadores y empleadores en el marco del conflicto colectivo de trabajo. Las restricciones al derecho de huelga deberán tener en cuenta este propósito, de modo que si bien tal derecho puede ser limitado con el fin de proteger otros de mayor jerarquía (v.gr. los derechos fundamentales) o el interés general (bajo la forma del orden público, por ejemplo), el poder que la Constitución pretende reconocer a los trabajadores no puede quedar desfigurado. [32]
El derecho de huelga está restringido de dos formas: está prohibido su ejercicio en los servicios públicos esenciales que determine el legislador y, obviamente en los señalados como tales por el Constituyente. En los demás casos, su ejercicio debe ceñirse a la reglamentación que de él haga el legislador. Estas facultades limitadoras que se delegan de manera exclusiva en el órgano legislativo, sin embargo, no pueden ser desarrolladas de manera arbitraria; de lo contrario, el derecho de huelga dejaría de ser un verdadero derecho.[36]
En Colombia, la Ley ha limitado el Derecho a la huelga entre otros en los siguientes servicios: la Banca Central[39], la seguridad social relacionada con salud y pago de pensiones[40], los servicios públicos domiciliarios[41], la administración de justicia[42], el Servicio que presta el Instituto Nacional Penitenciario INPEC[43], el transporte público aéreo, marítimo, fluvial, férreo, masivo y terrestre y su operación en el territorio nacional[44], la prevención y control de incendio[45], las actividades de la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN)[46], entre otros.
3.4.2.1. En Italia, la huelga se regula en el artículo 40 de la Constitución, de acuerdo con el cual El derecho de huelga se ejercitará en el ámbito de las leyes que lo regulen. La ley 146 de 1990, reformada por la ley 83 de 2000, regula el ejercicio del derecho a la huelga en los servicios públicos esenciales exigiendo que se garantice su prestación mínima y con una serie de reglas específicas respecto la tutela de la vida, la salud, la libertad, la seguridad de la persona, el ambiente y el patrimonio histórico y artístico; de la asistencia y la seguridad social, la educación y la libertad de comunicación[47].
3.4.2.2. En España, el derecho a la huelga se consagra en el artículo 28.2 de la Constitución, según el cual: Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Esta garantía se regula de acuerdo a lo previsto en el Real Decreto Ley 17 de 1977, norma analizada en varias ocasiones por el Tribunal Constitucional Español dentro de las cuales debe destacarse la sentencia STC 11 del de 8 de abril de 1981 que declaró constitucional este Real Decreto.
La limitación de la huelga en los servicios públicos esenciales es desarrollada de forma profunda en el documento La libertad Sindical emitido por la Oficina de Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, documento que a pesar de que no se ha considerado expresamente como parte del Bloque de Constitucionalidad sí brinda criterios interpretativos fundamentales para el análisis del derecho a la huelga.
El derecho de huelga puede limitarse o prohibirse: 1) en la función pública sólo en el caso de funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, o 2) en los servicios esenciales en el sentido estricto del término (es decir, aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población)[57].
Lo que se entiende por servicios esenciales en el sentido estricto de la palabra depende en gran medida de las condiciones propias de cada país. Por otra parte, este concepto no es absoluto puesto que un servicio no esencial puede convertirse en servicio esencial cuando la duración de una huelga rebasa cierto período o cierto alcance y pone así en peligro la vida, la seguridad de la persona o la salud de toda o parte de la población[58].
Adicionalmente, ha agregado que lo que se entiende por servicios esenciales en el sentido estricto de la palabra depende en gran medida de las condiciones propias de cada país[59].
En este sentido, según el documento Libertad Sindical, pueden ser considerados como servicios esenciales:
 el sector hospitalario ();
 los servicios de electricidad ();
 los servicios de abastecimiento de agua ();
 los servicios telefónicos ();
 la policía y las fuerzas armadas ();
 los servicios de bomberos ();
 los servicios penitenciarios públicos o privados ();
 el suministro de alimentos a los alumnos en edad escolar y la limpieza de los establecimientos escolares ();
 el control del tráfico aéreo ()[60].
 la radio-televisión ();
 los sectores del petróleo ();
 los puertos ();
 los bancos ();
 los servicios de informática para la recaudación de aranceles e impuestos();
 los grandes almacenes y los parques de atracciones ();
 la metalurgia y el conjunto del sector minero ();
 los transportes, en general ();
 los pilotos de líneas aéreas ()
 la generación, transporte y distribución de combustibles ()
 los servicios ferroviarios ()
 los transportes metropolitanos ();
 los servicios de correos ().
 el servicio de recolección de basuras ();
 las empresas frigoríficas ();
 los servicios de hotelería ();
 la construcción ();
 la fabricación de automóviles ();
 las actividades agrícolas, el abastecimiento y la distribución de productos alimentarios ();
 la Casa de la Moneda ();
 la Agencia Gráfica del Estado y los monopolios estatales del alcohol, de la sal y del tabaco ();
 el sector de la educación ();
 empresas de embotellamiento de agua mineral ()[61].
En las propuestas que surgieron de las mesas de trabajo sobre los temas laborales y en los proyectos de reforma constitucional que hacen referencia al derecho de huelga, es interesante observar que todos ellos defienden este derecho de los trabajadores en defensa de sus intereses, aunque plantean excepciones en los casos de la prestación de los servicios esenciales, en otros piden señalar constitucionalmente los sectores en que debe prohibirse o se deja a que la ley, o sea el legislador, sea quien reglamente su ejercicio, duración y limitaciones. Se mantiene así, el criterio universal adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de que la reglamentación, apenas natural, del derecho de huelga por parte del legislador no puede llevar a la negación de este derecho y menos a dejar de estimular mecanismos de concertación y autocontrol sindical para el desarrollo de la misma, con el fin de garantizar la prestación de servicios esenciales a la comunidad, de encontrar la solidaridad ciudadana en casos de urgencia, catástrofes o calamidades y para evitar que se convierta en factor de desestabilización política de la vida democrática de un país.
Hemos considerado, entonces, en el articulado propuesto, mantener el derecho, pero dejar a la ley la reglamentación de su ejercicio, duración y limitaciones, lo mismo que los procedimientos para asegurar la prestación de los servicios públicos esenciales a la comunidad.[64]
En este sentido, la prevalencia que constitucionalmente se señala en favor de los derechos fundamentales de los usuarios de los servicios públicos esenciales no reporta ninguna violación al derecho de huelga, como tampoco a los de asociación sindical ni al trabajo, toda vez que esa fue la valoración que el Constituyente de 1991 decidió otorgarles en esta particular situación.[65].
En efecto, cabe destacar el mandato constitucional contenido en el artículo 366 en los siguientes términos: El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación (subraya la Sala).
De esta manera, no cabe duda que fue el mismo Constituyente quien por encima de cualquier determinación legislativa calificó la actividad de la educación, la salud, el saneamiento ambiental y el suministro de agua potable como servicio público y objetivo central y fundamental de la finalidad social del Estado, con el carácter de permanente en su prestación, en cumplimiento de las normas constitucionales mencionadas, las que resultan aplicables a fin de garantizar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población[70].
Durante la vigencia de la actual Carta Política, el legislador colombiano ha definido como esenciales, el servicio que presta la banca central, el servicio de seguridad social, en lo que corresponde al sistema general de seguridad social en salud, y las actividades directamente relacionadas con el reconocimiento y pago de las pensiones [71].
Además, en la ley 142/94, se enuncian los " servicios públicos domiciliarios", entre ellos el aseo, y el artículo 4° de esa ley textualmente dice: "Servicios Públicos Esenciales. Para los efectos de la correcta aplicación del inciso primero del artículo 56 de la Constitución Política de Colombia, todos los servicios públicos, de que trata la presente ley, se considerarán servicios públicos esenciales"[72].
La huelga está definida legalmente en el artículo 429 del C.S.T., como la suspensión colectiva, temporal y pacífica del trabajo, efectuada por los trabajadores de un establecimiento o empresa con fines económicos y profesionales propuestos a sus patronos y previos los trámites establecidos en la ley.
De otra parte, si bien la Constitución protege y garantiza el ejercicio de la libertad de expresión y opinión, esta debe ejercerse dentro de los límites propios de cada libertad y por los medios legales, pues, su protección no va hasta permitir su ejercicio aún en contra de los límites permitidos por la moral, la ley y el orden público. En el presente caso, no podría válidamente protegerse los derechos de la actora, cuando so pretexto de ejercer su libertad de expresión y opinión, lo ha hecho a través de un medio prohibido expresamente por la ley a los sindicatos, como lo es el de promover el cese de actividades o paros en el trabajo, diferentes a la declaratoria de huelga en la forma legal y en las actividades permitidas, encontrándose proscrita en las entidades que prestan un servicio público esencial, como en este caso lo es, la educación[73].
(i) A través de la sentencia C-450 de 1995 se declaró la constitucionalidad de los literales b) y h), en los cuales se señalan como servicios públicos: () b) Las empresas de transporte por tierra, agua y aire; y de acueducto, energía eléctrica y telecomunicaciones; () h) Las de explotación, refinación, transporte y distribución de petróleos y sus derivados, cuando estén destinadas al abastecimiento normal de combustibles del país, a juicio del gobierno
Con respecto al literal b) de la mencionada disposición estima que las actividades de las empresas de transporte por tierra, mar y aire, indudablemente son servicios públicos esenciales, porque están destinadas a asegurar la libertad de circulación (art. 24 C.P.), o pueden constituir medios necesarios para el ejercicio o la protección de otros derechos fundamentales (vida, salud, educación, trabajo, etc).
En relación con las empresas de telecomunicaciones, igualmente sus actividades constituyen servicios esenciales, porque ellas tienden a garantizar la libertad de expresar y difundir el pensamiento y las opiniones y la de informar y recibir información. Igualmente, pueden resultar necesarias o constituir medios para asegurar el ejercicio o el amparo de otros derechos fundamentales, tales como los mencionados anteriormente[74].
En lo atinente a las actividades de explotación, refinación y transporte de petróleo y sus derivados, a que alude la letra h), estima la Corte que éstas son actividades básicas y fundamentales para asegurar a su vez otras actividades esenciales, como el transporte, la generación de energía, etc., todas ellas dirigidas a asegurar igualmente el ejercicio o disfrute de los derechos fundamentales. Por consiguiente, dichas actividades constituyen servicios públicos esenciales [75].
Consecuente con los anteriores razonamientos la Corte declarará la exequibilidad de los literales b) y h) del art. 430 del C.S.T. Pero debe advertir, que la decisión adoptada en el presente proceso sólo se contrae a la consideración como servicios públicos esenciales de las actividades a que aluden los referidos literales, pues en cada caso concreto sometido a su consideración la Corte examinará si una determinada actividad, atendiendo a su contenido material, corresponde o no a un servicio público esencial [76].
(ii) La sentencia C-075 de 1997 declaró la inconstitucionalidad del literal e) en el cual se considera como servicios públicos: Las plantas de leche, plazas de mercado, mataderos y de todos los organismos de distribución de estos establecimientos, sean ellos oficiales o privados.
En consecuencia, la Corte procederá a declarar la inexequibilidad del literal e) del artículo primero del Decreto Extraordinario 753 de 1956, que subrogó el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, pero únicamente en razón a que el Legislador no ha señalado como servicios públicos esenciales las actividades relacionadas con las plantas de leche, plazas de mercado, mataderos y de todos los organismos de distribución de estos establecimientos, sean ellos oficiales o privados, señaladas en dicha disposición, en ejercicio de la facultad constitucional consagrada en el artículo 56 de la Carta Fundamental de 1991[77].
(iii) La sentencia C-691 de 2008 declaró la inconstitucionalidad del literal g) en el cual se considera como servicios públicos: g) Las de explotación, elaboración y distribución de sal ()
Dadas las características de la industria salinera enunciadas anteriormente, considera la Corte que una eventual interrupción temporal de las actividades de explotación, elaboración y distribución de la sal no generaría por sí misma un peligro inmediato para la vida, la seguridad o la salud de la población colombiana. Además, como se observa, en el país existen varios centros de producción de sal, que pueden surtir las necesidades de la misma. Además, nada impide acudir a fuentes externas para proveer en el país la sal necesaria. En consecuencia, las actividades en cuestión no constituyen un servicio público esencial, en el sentido estricto del término, de tal manera que la prohibición de huelga en dicho ámbito es contraria a la Carta Política y será declarada inexequible en la parte resolutiva de esta sentencia[78].
Adicionalmente, a través de esta sentencia, la Corte Constitucional volvió a acoger el criterio material para la determinación del servicio público esencial el cual no había sido admitido en la sentencia C-075 de 1997 en donde solamente se analizó si la norma había sido expedida por el legislador en sentido estricto. En este sentido, señaló que en adelante se debe seguir el rumbo que se había fijado la corte desde la sentencia C-450 de 1995 que implica que en cada caso concreto sometido a su consideración la Corte examinará si una determinada actividad, atendiendo a su contenido material, corresponde o no a un servicio público esencial[79]:
De acuerdo con la decisión tomada en la sentencia C-075 de 1997, en la presente sentencia la Corte podría declarar la inexequibilidad de la norma ahora demandada, sin analizar en forma concreta si las actividades relacionadas en ella constituyen materialmente un servicio público esencial. Ello, por cuanto la norma se encuentra dentro del mismo artículo 430 del CST y porque el Legislador aún no ha reglamentado el artículo 56 de la Constitución.
Por eso, la Corte estima que en situaciones como la actual se debe seguir el rumbo que se había fijado esta Corporación desde un principio, cual era el de que en cada caso concreto sometido a su consideración la Corte examinará si una determinada actividad, atendiendo a su contenido material, corresponde o no a un servicio público esencial.[28]Esta manera de proceder también se ajusta más al principio de preservación del derecho y respeta la decisión tomada por el legislador en el momento en que se dictó  y reformó - el CST. Por eso, en el presente caso considera la Corte que es necesario adentrarse en el análisis de la norma acusada y determinar, desde el punto de vista material, si las actividades relacionadas con la explotación, elaboración y distribución de sal caben dentro de la categoría de servicios públicos esenciales[80].
La Corte ha diferenciado entre el control de forma o procedimental y el control de fondo o sustancial para determinar el parámetro de control que debe aplicarse frente al estudio abstracto de constitucionalidad de normas sujetas a control, cuando éstas ostentan la naturaleza de normas anteriores a la Constitución Política que rige a partir de 1991, y ha explicado que los aspectos atinentes a la forma de las disposiciones anteriores a la actual Constitución, a diferencia de su contenido material, se rigen por las disposiciones de la Carta Política vigente al momento de su expedición, en tanto que los aspectos relativos al contenido material se deben controlar en referencia con lo dispuesto en la Constitución de 1991, toda vez que se torna indispensable confrontar la preceptiva demandada con los contenidos de la nueva Constitución, debiéndose verificar si a luz del Estatuto Superior vigente en el momento de adelantar el análisis de constitucionalidad las disposiciones impugnadas tienen vocación de subsistir[82].
Para que pueda proceder válidamente la restricción del derecho de huelga, es necesario valorar no sólo que la actividad laboral de que se trate se corresponda con un criterio material de servicio público esencial, esto es, que la propia naturaleza de dicha actividad constituye un servicio público esencial, sino también que desde un punto de formal, la ley expresamente lo defina como servicio público esencial y además prevea la restricción de la huelga frente a éste[84].
En todo caso cabe señalar que la Corte Constitucional ha manifestado que mientras una ley no reglamente expresamente el derecho de huelga, están vigentes las disposiciones anteriores a la Constitución, que regulan esta materia, en cuanto no sean contrarias a la misma Constitución[85].
Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que los aspectos atinentes a la forma de las disposiciones anteriores a la actual Constitución, a diferencia de su contenido material, se rigen por las disposiciones de la Carta Política vigente al momento de su expedición[86].
En este sentido, el literal d) del artículo 1º del decreto extraordinario 753 de 1956 por el cual se sustituye el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, es anterior a la Constitución Política de 1991, por lo cual al mismo no se le aplicaría la restricción formal contemplada en su artículo 56..
Similar situación ocurrió en España, en donde el Tribunal Constitucional Español no consideró inconstitucional la determinación preconstitucional de las restricciones del Derecho a la huelga realizada por el Real Decreto  ley 17 /1977 en la STS 11 del 8 de abril de 1981[87].
La salud se ha quedado atrás en el rápido tren de progreso social que ha registrado el país en las últimas dos décadas. La ampliación de la cobertura en vivienda, educación, servicios públicos no ha tenido igual contraparte en ampliación de coberturas en salud para la población.
Aunque la precisión de las cifras siempre está sujeta a discusión, los vacíos globales no son difíciles de identificar. Las entidades de la seguridad social captan al 18 % de la población y otro 17 % es captado por las entidades privadas. El sector oficial tiene una cobertura algo menor al 40 %. Si no existieran duplicidades de afiliación  que han sido identificadas como relativamente altas , podría decirse que una tercera parte de la población, probablemente la más pobre, no tiene acceso a un sistema adecuado de provisión de servicios de salud[91].
El Código Iberoamericano de la Seguridad Social, aprobado por Colombia mediante la Ley 516 de 1999 y declarado constitucional por esta corporación mediante la sentencia C  125 de 2000 ha señalado que la seguridad social se concibe como garantía para la consecución del bienestar de la población, y como factor de integración permanente, estabilidad y desarrollo armónico de la sociedad[96], concepto dentro del cual se pueden incluir las actividades de asistencia social, beneficencia y caridad, pues resultan esenciales para el bienestar del sector más vulnerable de la sociedad.
Sección Undécima: Servicios Sociales
Artículo 109. El Estado que haya aceptado esta Sección del Código procurará, de conformidad con lo que prevea la legislación y las prácticas nacionales, establecer prioritariamente una red de servicios sociales comunitarios, con la finalidad de impulsar la promoción y el desarrollo de los individuos, grupos específicos o comunidades étnicas, potenciando la vía de participación y el fomento de la asociación, como cauce eficaz para el impulso del voluntariado social. () (subrayado fuera de texto).
Asi, los establecimiento de asistencia social, caridad y beneficencia prestan el servicio público esencial de seguridad social, por mandato expreso del preámbulo y artículo 2 de la ley 100 de 1993, que establecen:
La Seguridad Social Integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, de que disponen la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica, de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad () (subrayado fuera de texto)[97].
La seguridad social como el conjunto de medidas institucionales dirigidas a proteger al individuo y a sus familias de las consecuencias nocivas que generan los distintos riesgos sociales a que se encuentran expuestos, y cuya ocurrencia puede afectar en forma significativa su capacidad y oportunidad para proveer los recursos necesarios en orden a garantizar una subsistencia digna[98].
Al respecto, el documento Asistencia social en Colombia. Diagnóstico y propuestas elaborado por Departamento Nacional de Planeación con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la UNDP Colombia, la CEPAL y el CAF define la asistencia social haciendo énfasis precisamente en que ésta se dirige a garantizar las condiciones mínimas de los más pobres y vulnerables en la sociedad:
Conceptualmente, la asistencia social es un mecanismo redistributivo del Estado que, como su nombre lo indica, asiste a los hogares cuyas dotaciones iniciales, sea de capital humano, físico o social, son en extremo bajas y no les permiten acceder exitosamente a los mercados (sean éstos el laboral, el financiero, etc.). Así, la asistencia social es una inversión pública destinada a los más pobres y vulnerables de la sociedad, que busca garantizar un nivel adecuado de consumo de bienes y servicios[99].
Según muestran los datos de la encuesta, la mayoría de los proveedores de asistencia social son privados (88%) y atienden a un total de 455.490 usuarios. Un 10% de los proveedores encuestados son públicos, atendiendo a 435.424 usuarios (la mitad de los cuales corresponde a atención por parte de la Alcaldía de Bogotá); el 2% restante corresponde a instituciones mixtas. Así, y como primera medida, se pone en evidencia el importante papel que juega el sector privado en la provisión de asistencia social en Colombia. ()
En 1999, estos proveedores tuvieron un gasto total de aproximadamente $219.000 millones, lo que equivale a $293.000 millones actuales; el sector privado representa la mayor parte de este gasto (53%). Sin embargo, la mayoría de los proveedores son pequeños, con un gasto anual de aproximadamente $12 millones en 1999[101].
En este sentido, la Oficina de Internacional del Trabajo ha señalado que para determinar los casos en los que podría prohibirse la huelga, el criterio determinante es la existencia de una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población[102], situación que se presenta precisamente frente a la población destinataria de las actividades de asistencia social, beneficencia y caridad, quienes son parte de la población más vulnerable:
La mayoría de los proveedores de asistencia social se enfocan en problemas de salud (tales como discapacidad), abuso de drogas o alcohol, reducciones del ingreso y crisis familiares (por ejemplo, adultos mayores abandonados)[103] (negrilla fuera de texto).
La ejecución de programas de asistencia social en Colombia, dirigidos a la atención de niños, adultos mayores, personas y hogares en situación de pobreza, niños en situación de peligro o abandono, discapacitados y población desplazada, se encuentra a cargo de establecimientos como el instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mediante sus hogares comunitarios, hogares infantiles, hogares FAMI y Clubes Prejuveniles y Juveniles; la Red de Solidaridad Social, que atiende población desplazada en sus cuatro modalidades atención humanitaria de emergencia, programas para facilitar el acceso a vivienda, capacitaciones y un programa dirigido a promover la generación de ingresos; el Fondo de Solidaridad Pensional, Subcuenta Subsistencia, que atiende a población mayor de 65 años en situación de extrema pobreza y subsidia temporalmente las cotizaciones de la población que por falta de capacidad de pago no puede realizar la totalidad del aporte.[104] (negrilla fuera de texto).
En consecuencia, la prestación del servicio público esencial de seguridad social por parte de la (sic.) entidades de asistencia social, beneficencia y caridad debe ser eficiente e ininterrumpida, por cuanto de otra manera generaría un peligro inmediato para la vida, la seguridad y la salud de la población usuraria del mismo, teniendo en cuenta además que las entidades citadas, no obstante atender un número poblacional alto, son pocas[105] (negrillas y subrayado fuera de texto).
Al ser la salud un servicio público no puede interrumpirse su prestación por su carácter inherente a la existencia misma del ser humano y del respeto a su dignidad. A menos que concurran circunstancias insuperables la continuidad en la prestación del servicio por parte del "responsable derivado" debe continuar sin interrupciones hasta tanto el "responsable principal" releve de la obligación al co-contratante para iniciar otra diferente relación bien con el Estado o con una entidad particular[107].
La Corte Constitucional ha expresado que constituyen sujetos de especial protección: aquellas personas que debido a su condición física, psicológica o social particular merecen una acción positiva estatal para efectos de lograr una igualdad real y efectiva [110].
En este sentido, se han considerado grupos de especial protección:los niños, los adolescentes, los ancianos, los disminuidos físicos, síquicos y sensoriales, las mujeres cabeza de familia, las personas desplazadas por la violencia y aquellas que se encuentran en extrema pobreza[111].
Declarar la EXEQUIBILIDAD del literal d) del artículo 1º del Decreto Extraordinario 753 de 1956 por el cual se sustituye el artículo 430 del Código Sustantivo del trabajo, en el entendido que solo se restringe el derecho de huelga en aquellos establecimientos de asistencia social, de caridad y de beneficencia, que atiendan necesidades básicas de sujetos de especial protección constitucional.
[7] Sentencia de la Corte Constitucional: C-691 de 2008, M.P.M.J.C.E..
[11] Sentencia de la Corte Constitucional: C-473 de 1994 M.P.A.M.C..
[12] Sentencia de la Corte Constitucional: C-473 de 1994 M.P.A.M.C..
[13] Sentencia de la Corte Constitucional: C-349 de 2009 M.P.L.E.V.S.; Sentencia de la Corte Constitucional: Sentencia C-858 de 2008. M.P.N.P.P.. La libertad sindical, Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, Oficina Internacional del Trabajo, Quinta edición (revisada), 2006, párrafo 520.
[14] Sentencia de la Corte Constitucional: C-201 de 2002. M.P.J.A.R.; Sentencia de la Corte Constitucional: C-349 de 2009 M.P.L.E.V.S.; Sentencia de la Corte Constitucional: C-466 de 2008 M.P.J.A.R..
[15] Sentencias de la Corte Constitucional: C-075 de 1997 M.P.H.H.V.; C-858 de 2008. M.P.: N.P.P..
[16] Sentencia de la Corte Constitucional: C-466 de 2008. M.P.J.A.R. y Sentencia de la Corte Constitucional: C-858 de 2008. M.P.N.P.P..
[25] Sentencias de la Corte Constitucional: SU-1185 de 2001, M.P.R.E.G.; C-1234 de 2005, M.P.A.B.S.; C-466 de 2008, M.P.J.A.R.; y C-349 de 2009, M.P: L.E.V.S.. [26] M.P.: Dr. M.J.C.E..
[27] M.P.: J.A.R..
[28] Magistrado Ponente: M.J.C.E..
[30] M.P.C.G.D..
[33] Sentencia de la Corte Constitucional: C-858 de 2008. M.P.N.P.P.; Sentencia de la Corte Constitucional: C-075 de 1997, M.P.H.H.V.; Sentencia de la Corte Constitucional: C-858 de 2008. M.P.N.P.P.; Sentencia de la Corte Constitucional: C-663 del 2000, M.P.A.B.C.; Sentencia de la Corte Constitucional: C-696 de 2008. M.P.R.E.G..
[34] Sentencia de la Corte Constitucional: C-432 de 1996. M.P.C.G.D.; Sentencia de la Corte Constitucional: T-443 de 1992 M.P.J.G.H.G.; Sentencia de la Corte Constitucional: C-075 de 1997, M.P.H.H.V.; Sentencia de la Corte Constitucional: C-858 de 2008. M.P.N.P.P.; Sentencia de la Corte Constitucional: T-568 de 1999. M.P.C.G.D.; Sentencia de la Corte Constitucional: T-443 de 1992 M.P.J.G.H.G.; Sentencia de la Corte Constitucional: C-432 de 1996. M.P.C.G.D..
[35] Sentencia de la Corte Constitucional: T-443 de 1992. M.P.J.G.H.G.; C-473 de 1994, M.P.A.M.C..
[36] Sentencia de la Corte Constitucional: C-432 de 1996. M.P.C.G.D.; Sentencia de la Corte Constitucional: C-858 de 2008. M.P.N.P.P..
[37] Sentencia de la Corte Constitucional: C-473 de 1994, M.P.A.M.C.; Sentencia de la Corte Constitucional: C-663 del 2000, M.P.A.B.C.; En el mismo sentido, Sentencia de la Corte Constitucional: C-466 de 2008. M.P.J.A.R..
[38] Sentencia de la Corte Constitucional: C-1369 de 2000, M.P.A.B.C.; Sentencia de la Corte Constitucional: C-858 de 2008. M.P.N.P.P.
[56] MARZAL, A.: La huelga hoy en el derecho comparado, B. editor, Valencia, 2005, pág. 54.
[62] Sentencia de la Corte Constitucional: C-075 de 1997, M.P.H.H.V..
[63] Sentencia de la Corte Constitucional: C-075 de 1997, M.P.H.H.V..
[64] Exposición de motivos de la ponencia presentada para el estudio de la Comisión Quinta de la Asamblea Nacional Constituyente. Gaceta Constitucional N° 45, pág. 3. Tomado de Constitución Política de Colombia, Origen, Evolución y Vigencia, C.L. de la Fuente y M.T.T.. Ed. D., 1996, tomo I, pág. 252.
[65] Sentencia de la Corte Constitucional: C-075 de 1997, M.P.H.H.V.; Sentencia de la Corte Constitucional: C-858 de 2008. M.P.N.P.P..
[66] Sentencia de la Corte Constitucional: C-450 de 1995, M.P.A.B.C.; Sentencia de la Corte Constitucional: C-075 de 1997, M.P.H.H.V..
[67] Sentencia de la Corte Constitucional: C-450 de 1995, M.P.A.B.C.; Sentencia de la Corte Constitucional: C-075 de 1997, M.P.H.H.V..
[68] Sentencia de la Corte Constitucional: C-450 de 1995, M.P.A.B.C.; Sentencia de la Corte Constitucional: C-075 de 1997, M.P.H.H.V..
[69] Sentencia de la Corte Constitucional: C-075 de 1997, M.P.H.H.V..
[70] Sentencia de la Corte Constitucional T-423 de 1996, M.P.H.H.V..
[71] Sentencia de la Corte Constitucional: T-568 de 1999. M.P.C.G.D..
[72] Sentencia de la Corte Constitucional: T-568 de 1999. M.P.C.G.D..
[73] Sentencia T-1059 de 2001, M.P.J.A.R. [74] Sentencia de la Corte Constitucional C-450 de 1995, M.P.A.B.C..
[75] Sentencia de la Corte Constitucional C-450 de 1995, M.P.A.B.C..
[76] Sentencia de la Corte Constitucional C-450 de 1995, M.P.A.B.C..
[77] Sentencias de la Corte Constitucional: C-075 de 1997 M.P.H.H.V..
[78] Sentencia de la Corte Constitucional: C-691 de 2008, M.P.M.J.C.E..
[79] Sentencia de la Corte Constitucional, C-450 de 1995, M.P.A.B.C..
[80] Sentencia C-691 de 2008, M.P.: M.J.C.E..
[81] C-1164 de 2000 M.P.J.G.H.G.; C-655 de 2007, M.P.M.J.C.E.; C-349 de 2009, M.P.J.C.H.P..
[82] Sentencia de la Corte Constitucional C-349 de 2009, M.P.J.C.H.P..
[83] Sentencia de la Corte Constitucional: C-473 de 1994, M.P.A.M.C..
[84] Sentencia de la Corte Constitucional: C-466 de 08 M.P.J.A.R..
[85] Sentencia de la Corte Constitucional: C-085 de 1995, M.P.J.A.M..
[86] Sentencia de la Corte Constitucional C-324 de 2009, M.P.: J.C.H.P..
[87] M.P.D. P..
[88] GARRIDO FALLA, F. /P.O., A. /L.G., H.: Tratado de Derecho administrativo, V.I., Tecnos, Madrid, 2005, pág. 381; JÈZE, G.: Principios generales del derecho administrativo, la Noción se servicio público, De Palma, Buenos Aires, 1949, pág. 41.
[89] GARRIDO FALLA, F. /P.O., A. /L.G., H.: Tratado de Derecho administrativo, V.I., Tecnos, Madrid, 2005, pág. 381; S.P., J.: Principios de Derecho Administrativo general, T.I., Iustel, Madrid, 2004, pág. 294; P.V., R.: Derecho Administrativo, PG I, M.P., Madrid, 2004, pág. 379.
[90] GARRIDO FALLA, F. /P.O., A. /L.G., H.: Tratado de Derecho administrativo, V.I., Tecnos, Madrid, 2005, pág. 381.
[91] Ponencia para primer debate al proyecto de Ley No. 155 de 1992, senado, por la cual se crea el sistema de ahorro pensional y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad social, pág. 6.
[93] Sentencias de la Corte Constitucional: C-450 de 1995, M.P.A.B.C.; C-075 de 1997, M.P.H.H.V..
[94] GARRIDO FALLA, F. /P.O., A. /L.G., H.: Tratado de Derecho administrativo, V.I., Tecnos, Madrid, 2005, pág. 381; JÈZE, G.: Principios generales del derecho administrativo, la Noción se servicio público, De Palma, Buenos Aires, 1949, pág. 41.
[98] Sentencia de la Corte Constitucional C-655 de 2003, M.P.R.E.G.. [99] Asistencia social en Colombia. Diagnóstico y propuestas, Departamento Nacional de Planeación con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la UNDP Colombia, la CEPAL y el CAF, 2007, pág. 9.
[100] Sentencia de la Corte Constitucional C-655 de 2003, M.P.R.E.G.: Su objetivo es propiciar la prosperidad de los asociados con apoyo en los programas que desarrollen los distintos gobiernos, los cuales deben estar dirigidos a permitir que el individuo y su familia pueda afrontar adecuadamente las contingencias derivadas de las enfermedades, la invalidez, el desempleo, el sub - empleo y las consecuencias de la muerte; a brindarle una adecuada protección a ciertos estados propios de la naturaleza humana como la maternidad y la vejez; y a ofrecerle unas condiciones mínimas de existencia y recreación social que le permitan desarrollarse física y sicológicamente en forma libre y adecuada, facilitando de este modo su total integración a la sociedad [101] Asistencia social en Colombia. Diagnóstico y propuestas, Departamento Nacional de Planeación con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la UNDP Colombia, la CEPAL y el CAF, 2007, pág. 65
[106] Sobre el principio de continuidad ver las sentencias de la Corte Constitucional: T-406 de 1993, M.P.A.M.C.; T-520 de 1993, M.P.H.H.V.; T-158 de 1995, M.P.H.H.V.; T-383 de 1995, M.P.A.M.C.; C  800 de 2003, M.P.M.J.C.E.; T-754 de 2005, M.P.J.A.R.; T-935 de 2007, M.P.M.G.M.C.; T-205 de 2008, M.P.C.I.V.H.; T-197 de 2009, M.P.C.E.R.G.; T-187 de 2009, J.C.H.P.; T-275 de 2009, M.P.H.A.S.P.; T-554 de 2010, M.P.J.I.P.P.; T-163 de 2010, M.P.J.I.P.P.; T-087 de 2011, M.P.J.I.P.C..
[107] Sentencia No. T-406 de 1993, M.P.A.M.C..
[109] Sentencia de la Corte Constitucional: C-450 de 1995, M.P.A.B.C.; Sentencia de la Corte Constitucional: C-075 de 1997, M.P.H.H.V..
[110] Sentencia T-167 de 2011, M.P.J.C.H.P..
[111] Sentencia de la Corte Constitucional T-167 de 2011, M.P.J.C.H.P.. Al respecto ver, entre otras sentencia de tutela, las sentencias: T-719-03, T-789-03, T-456-04, T-700-06, T-1088-07, T-953-08, T- 707-09, T-708-09.
[116] Sentencia de la Corte Constitucional: C-075 de 1997, M.P.H.H.V..
Sentencia nº 66001-2331000-2005-0016201 de Consejo de Estado - Sección Quinta, de 24 de Agosto de 2006

References: artículo 1
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 artículo 56
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 artículo 4
 artículo 56
 artículo 429
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