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Timestamp: 2020-06-01 13:19:05+00:00

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﻿ Sentencia 2004-01238 de abril 15 de 2010
SENTENCIA 2004-01238 DE 15 DE ABRIL DE 2010
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO. CUANDO UN ENTE ESTATAL TENGA BAJO SU CUSTODIA Y VIGILANCIA UN AUTOMOTOR RETENIDO DEBE RESPONDER POR LOS DAÑOS O PÉRDIDA DE ÉSTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, PROPIEDAD, VEHÍCULO AUTOMOTOR, HURTO
Sentencia 2004-01238 de abril 15 de 2010
Rad.: 52001-23-31-000-2004-01238-01(35335)
Referencia: Consulta sentencia indemnizatoria
Actor: William de Jesús Holguín López
Demandada: Nación-Ministerio de Interior y de Justicia. Dirección Nacional de Estupefacientes
Decide la Sala el grado jurisdiccional de consulta que se surte respecto de la sentencia condenatoria y del auto que liquidó el valor de la indemnización dispuesta a favor del actor, providencias que fueron proferidas en un juicio de dos instancias(1) y que determinan una condena que supera el monto exigido para que proceda la consulta(2).
En consideración a que este mecanismo de revisión de las sentencias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 184 de Código Contencioso Administrativo, se surte en favor de la administración, la Sala tiene competencia para revisar las decisiones del tribunal respecto de todos los elementos que dieron lugar a declarar la responsabilidad de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
1. La acción escogida y su caducidad.
La Sala encuentra necesario precisar, de manera previa, que la acción de reparación directa que escogió la parte actora es la procedente toda vez que el daño que invocó como sustento de sus pretensiones lo fue el de la pérdida definitiva del derecho de dominio respecto de un vehículo automotor el cual, según lo expuso, se produjo por el hurto de que fue objeto mientras su tenencia la detentaba el resguardo indígena Yunguillo de Yunguillo - Mocoa - Putumayo; al efecto basta tener en cuenta la primera pretensión cuyo texto es el siguiente:
“PRIMERA: Declarase (sic) que la Nación colombiana - Ministerio del Interior y de Justicia - Dirección Nacional de Estupefacientes, son responsables administrativa y patrimonialmente de todos los perjuicios materiales y morales ocasionados al demandante William de Jesús Holguín López, como consecuencia de la conducta omisiva y negligente que dio lugar a la pérdida del vehículo de tipo doble troque, marca chevrolet brigadier, modelo 1995, color blanco calma de propiedad del señor Holguín López”.
Advierte además la Sala que el alegado daño lo imputó la demanda a la Dirección Nacional de Estupefacientes a título de falla por omisión en el deber de administrar eficientemente el bien y vigilar su cuidado.
Así pues se tiene que el daño por cuya reparación se adelantó este proceso consiste en la privación del derecho de dominio respecto de un vehículo automotor a consecuencia de la no entrega del mismo a su titular, por parte de la entidad responsable de su tenencia y conservación cuando así lo ordenó la Fiscalía General de la Nación.
No es procedente considerar como daño la lesión del derecho de propiedad que se afirma causada en noviembre de 1996 con la Resolución 1999 por medio de la cual la Dirección Nacional de Estupefacientes decidió entregar el bien a un cabildo indígena, toda vez que el demandante fue claro en señalar que el daño se produjo a partir de una decisión que se adoptó para que le devolviera el bien.
2. La responsabilidad que se demanda.
La parte actora alega que la Dirección Nacional de Estupefacientes debe responder por el daño consistente en la pérdida definitiva del automotor, por cuanto fue puesto a su disposición y no aplicó las medidas necesarias para garantizar su conservación y devolución, lo cual constituye y delimita la causa petendi de la demanda
Procede entonces la Sala a establecer la prueba del daño y la falla invocados como elementos de la responsabilidad deprecada.
2.1. Lo probado en el caso concreto.
Mediante el análisis de las pruebas legalmente aportadas a este proceso para establecer los elementos constitutivos de la responsabilidad, la Sala deduce demostrados los siguientes hechos:
— El 26 de abril de 1996, la Fiscalía 33 Seccional de Mocoa (Putumayo), puso a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes el vehículo UFP-233 luego de ser retenido al detectarse en su interior 118 bultos de permanganato de potasio (fls. 2 y ss. del cdno. 2).
— El 11 de septiembre de 1996, la fiscalía delegada ante los juzgados regionales ordenó la entrega del vehículo rodante mediante providencia que fue revocada el 28 de febrero de 1997, por la fiscalía delegada ante el tribunal nacional, con fundamento en que no existía elemento de juicio alguno que permitiera corroborar las circunstancias del hurto del bien (fls. 62 a 70, cdno. 2).
— El 10 de octubre de 1996, el gobernador del resguardo indígena de la comunidad de Yunguillo solicitó a la subdirección de bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes el depósito provisional del automotor (fl. 13, cdno. 2).
— El 26 de noviembre de 1996, por medio de la Resolución 1999, la Dirección Nacional de Estupefacientes decidió entregar en depósito el vehículo al resguardo indígena de la comunidad de Yunguillo; en la misma resolución consta el deber del resguardo de designar un depositario, de darle posesión y de imponerle los deberes del cargo como si fuere un secuestre judicial; que los actos de conservación y funcionamiento están a cargo del depositario; que este debía devolver el bien en el estado en el que lo recibió, salvo el deterioro por su uso normal; que debía rendir cuenta mensual de la administración, cuyo incumplimiento podía dar lugar a la revocatoria unilateral de la destinación y que no podría enajenar, vender, gravar, arrendar ni ceder el bien a ningún título. Esta decisión se comunicó al resguardo con nota del 4 de diciembre de 1996, en la cual consta que se le remitió copia del referido acto (fls. 16 a 19 y 21, cdno. 2).
— El 7 de enero de 1997, la unidad regional de tránsito de la Calera certificó que el automotor figuraba a nombre del William de Jesús Holguín López, residente en la diagonal 85 - 79 c Nº 6c - 201 (fls. 27, cdno. 2).
— El 22 de enero de 1997 se produjo la entrega del carro al gobernador del cabildo indígena y en esta oportunidad se le informaron las obligaciones a cumplir de conformidad con lo previsto en los artículos 2º, 3º, 4º, 6º, 7º y 10 de la Resolución 1999 del 26 de noviembre de 1996. El destinatario, en el mes de febrero de 1997, rindió el primer informe y en el mes de abril de 1997 comunicó que el automotor estaba prestando servicios a la comunidad indígena (fls. 54 y 78 cdno. 2).
— El 3 de febrero de 1997, la Dirección de Estupefacientes envió un aviso al señor Holguín López para efecto de surtir la notificación personal del contenido de la Resolución 1999 de 1996 (fl. 28, cdno. 2).
— El 18 de febrero de 1997 el señor Holguín López radicó, en la Dirección Nacional de Estupefacientes, el poder que otorgó a una abogada para que lo representara en el procedimiento administrativo adelantado con ocasión de la retención del vehículo UFP 233.
El 21 de febrero siguiente la aludida abogada solicitó la reposición de la Resolución 1.999 y la entrega definitiva del carro. A este efecto explicó que el 16 de abril de 1996 le había sido hurtado este bien en el municipio de Candelaria conforme consta en la denuncia presentada ante la comisaría de policía municipal que anexó (fls. 33 y ss., cdno. 2).
— El 16 de junio de 1997 la Dirección Nacional de Estupefacientes negó la reposición de la Resolución 1999 de 1996 a cuyo efecto argumento que no era competente para decidir sobre la entrega definitiva de los bienes dejados a su disposición por las autoridades competentes, toda vez que esa dirección “solo puede como máximo, destinar los bienes de manera provisional a las entidades señaladas por la ley o entregarlos a título de depósito provisional, a quienes cumplan los presupuestos del artículo 47 de la Ley 30 de 1986” (fls. 102 a 105, cdno. 2).
— El 14 de agosto de 2002 la Fiscalía Primera Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pasto declaró la improcedencia de la extinción de dominio respecto del vehículo con fundamento en que no estaban cumplidos los requisitos previsto en la ley; ordenó también la devolución del bien al señor Holguín López con fundamento en que demostró su condición de propietario y en que “no le aparecen informaciones, anotaciones o antecedentes que lo vinculen con actividades ilícitas” y dispuso finalmente comunicar esta decisión a la Dirección Nacional de Estupefacientes y al cabildo Indígena Yunguillo “para que procedan a la materialización de la entrega una vez en firme la presente resolución” (fls. 177 a 181, cdno. 2).
— El 27 de septiembre de 2002, la Fiscalía Primera Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pasto le envió a la Dirección Nacional de Estupefacientes copia de la Resolución del 14 de agosto de 2002 (fls. 182 y ss., cdno. 2).
— El 5 y 12 de noviembre de 2002, el mandatario judicial del señor William de Jesús Holguín López, solicitó a la subdirección de bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes se le informara qué acción se había adelantado ante el Cabildo Indígena de Yunguillo para la entrega definitiva del carro. La dirección mediante oficio del 2 de diciembre de 2002 respondió que mediante resolución 1094 del 27 de noviembre de 2002 dispuso cumplir con lo resuelto por la Fiscalía (fls. 169 a 188, cdno. 2).
— El 10 de junio de 2003, el abogado del señor Holguín solicitó nuevamente al subdirector de bienes, que materializara la entrega del bien. El 27 de junio de 2003, el subdirector de bienes pidió al cabildo indígena entregar el vehículo en forma inmediata (fls. 194 a 199, cdno. 2).
— El 25 de junio de 2003 el subdirector de bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes manifestó al cabildo que reiteraba la solicitud de devolución del vehículo que había cursado el 2 de diciembre de 2002 y precisó que el bien debía entregarse a su propietario, señor Holguín López, en cumplimiento de la decisión adoptada por la fiscalía en agosto de 2002. Copia de estos documentos fueron enviados por la dirección al señor Holguín (fls. 195 y 196, cdno. 2).
— El 27 de junio de 2003 la dirección, a través del subdirector de bienes, solicitó al gobernador del departamento de Putumayo, al alcalde de Mocoa y al director de la Policía del mismo Departamento, apoyo para ejecutar la devolución del bien que estaba a cargo del cabildo Indígena Yunguillo, toda vez que a pesar de las solicitudes cursadas este no se había pronunciado (fls. 197 a 199).
— El 15 de agosto de 2003 el señor Fabián Jurado Mora, quien actuó como curador ad litem en el proceso de extinción de dominio, informó al fiscal primero delegado ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pasto que conocía del referido proceso, que el bien había sido hurtado al cabildo Indígena de Yunguillo el pasado 5 de junio de 1998. El fiscal informó este hecho a la Dirección Nacional de Estupefacientes el 15 de septiembre de 2003 mediante comunicación que tiene por anexos i) copia de la denuncia penal del 5 de junio de 1998 en la que consta como denunciante el señor Alirio Vargas Rojas el cual manifestó ser el conductor del vehículo de placas UFP 233 entregado en depósito al cabildo indígena Yunguillo y administrado por el señor Simón Chindoy; y ii) constancia del fiscal seccional delegado ante los jueces penales del Circuito de Cartago, Valle del Cauca, del 8 de agosto de 2003 en la cual se lee que allí cursa la investigación por hurto calificado adelantado con fundamento en la denuncia que presentó el señor Vargas Rojas, como también que fue archivado temporalmente mediante providencia del 15 de enero de 1999 (fls. 201 a 205, cdno. 2).
— El 10 de septiembre de 2003, el señor Holguín solicitó al subdirector de bienes información sobre el procedimiento a seguir para hacer efectivo el cobro del seguro que debió constituirse sobre el automotor cuando fue destinado provisionalmente al cabildo, pues había sido hurtado el 5 de junio de 1998, en el municipio de Cartago, Valle del Cauca (fl. 200, cdno. 2).
— El 8 de octubre de 2003, el subdirector de bienes le solicitó al cabildo la información respecto al seguro contra todo riesgo constituido por la comunidad en relación con el vehículo, teniendo en cuenta que el bien había sido hurtado el 5 de junio de 1998, hecho informado a la Dirección Nacional de Estupefacientes (fls. 186 y ss., cdno. 2).
La Sala encuentra claramente demostrada la responsabilidad patrimonial de la Dirección Nacional de Estupefacientes por la pérdida total y definitiva del bien, vehículo UFP - 233, de propiedad de William de Jesús Holguín, que fue objeto de medida de retención al estar involucrado en el transporte de una sustancia ilícita.
Se evidenció que mediante Resolución 1999 del 26 de noviembre de 1996 el bien fue destinado por la Dirección Nacional de Estupefacientes en forma provisional al cabildo indígena de Yunguillo; que por medio de la Resolución 1094 del 27 de noviembre de 2002 se ordenó la devolución del vehículo a su dueño al culminar el proceso judicial de extinción de dominio, sin que los presupuestos que condicionaban su procedencia se hubiesen cumplido y que tal devolución no se produjo porque el bien le había sido hurtado al Cabildo, sin que la dirección se hubiese dado cuenta.
Se probó también que el daño provino del incumplimiento en que incurrió la entidad citada respecto de los deberes de custodia y vigilancia del bien que debía administrar de conformidad con lo previsto en la Ley 30 de 1986 y los decretos que la reglamentan.
En efecto, el Decreto 2159 de 1992 prevé, entre otras funciones de la dirección, las siguientes:
“3. Elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes ocupados o decomisados por su vinculación directa al delito de narcotráfico y conexos.
4. La correcta disposición de los bienes ocupados o decomisados por su directa o indirecta vinculación con los delitos de narcotráfico y conexos, de enriquecimiento ilícito y el tipificado en el artículo 6º del Decreto Legislativo 1856 de 1989, o que provengan de su ejecución.
6. Colaborar con las autoridades judiciales en cumplimiento de las órdenes de devolución o destinación definitiva de los bienes”.
De los hechos probados se infiere con claridad que la negligencia de la Dirección Nacional de Estupefacientes fue de tal magnitud que nunca se enteró del hurto del vehículo, hecho que se produjo el 5 de junio de 1998, a pesar de que tal circunstancia se puso en conocimiento de la Fiscalía y de que se adelantó la correspondiente investigación en Cartago, Valle del Cauca. Destaca además la Sala que la dirección se limitó a informar al cabildo indígena, que detentaba la tenencia del bien, de sus deberes como depositario provisional, pero le no exigió los informes, inventarios y garantías que acreditaran su cumplimiento. No obra constancia en el expediente de los requerimientos que se le hubieren realizado al cabildo, de las inspecciones que se hubieren efectuado para verificar la situación del bien, de los inventarios demostrativos del mismo, ni de los informes periódicos que el cabildo debía remitir a la dirección en cumplimiento de lo previsto en la ley. Y es tal la desidia de la dirección que dejó de verificar la situación del bien, casi desde que realizó su entrega si se tiene en cuenta que no se enteró de un hurto que se produjo dentro del año siguiente al depósito provisional.
Se advierte además que las omisiones en el cumplimiento de los deberes de administración de la demandada Dirección Nacional de Estupefacientes fueron tan graves y persistentes que, aún cuando la Fiscalía Primera Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Pasto le había informado del hurto del vehículo mediante oficio del 15 de agosto de 2003, la dirección, con posterioridad a esta fecha, cursó oficios al cabildo pidiendo la devolución del vehículo y solicitó apoyo al gobernador del Putumayo, al alcalde de Mocoa y al comandante de la policía, para que se materializara la entrega del bien, con muestra evidente de que aún desconocía el hecho.
El incumplimiento de la devolución dispuesta por la Fiscalía es claro e imputable a la Dirección Nacional de Estupefacientes, entidad que tenía bajo su custodia y administración el bien.
Al respecto cabe tener en cuenta que la dilación injustificada en el cumplimiento de los deberes que están a cargo de una entidad pública constituye una falla del servicio. Se advierte, además, que para establecer su ocurrencia habrá de verificarse la existencia de la obligación impuesta a la entidad por medio del acto administrativo y la omisión concreta en el cumplimiento del mismo.
Es igualmente relevante considerar que corresponde al sujeto respecto de quien se predica el incumplimiento, aducir y demostrar los hechos que justifican el retardo o el incumplimiento, en este caso a la Dirección Nacional de Estupefacientes. No obstante, en el caso concreto no obran medios de prueba demostrativos de la diligencia en el cumplimiento de los aludidos deberes, como tampoco de una causa extraña, imprevisible e irresistible para la Dirección Nacional de Estupefacientes, que excluyera la imputación del referido daño.
El nexo causal existente entre el daño referido y la falla mencionada resulta suficientemente acreditado en esta ocasión dada la evidencia del mismo, puesto que la configuración del daño aludido solo encuentra explicación en las indicadas fallas imputables a la entidad demandada.
En atención a que se demostró el daño alegado y la imputación del mismo a la Dirección Nacional de Estupefacientes que incurrió en fallas por el incumplimiento de los deberes de custodia, administración y restitución del vehículo a su dueño, la Sala, al igual que el tribunal a quo considera configurada la responsabilidad patrimonial de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
Se procede entonces a verificar la existencia y cuantía de los perjuicios que se alegaron en el caso concreto.
La Sala advierte previamente que, como la presente acción tenía por objeto la reparación de los perjuicios derivados de la lesión definitiva del derecho de propiedad respecto del bien detentado por el señor Holguín López generados por su no devolución, no resulta procedente tomar en cuenta los perjuicios causados con la inmovilización derivada de la retención del mismo, que se surtió desde 1996.
Precisa además que la liquidación del daño emergente que realizó el tribunal al liquidar la condena impuesta se ajusta, en lo fundamental, a los parámetros que al efecto ha definido la jurisprudencia, pero habrá de liquidarse con base en las consideraciones que se exponen a continuación.
El tribunal tomó como base de liquidación el valor depreciado del vehículo automotor a la fecha de la cuantificación del perjuicio, con base en los valores que anualmente fija el Ministerio de Transporte para el cálculo del impuesto de vehículos automotores.
No obstante, como entre la fecha de la providencia consultada y esta sentencia ha transcurrido un lapso de casi dos años, la Sala definirá su valor actual en aplicación de la Resolución 5961 del 30 de noviembre de 2009 que profirió el Ministerio de Transporte para determinar “la base gravable de los vehículos de servicio público y particular de carga y colectivo de pasajeros, para el año fiscal 2010”.
En los cuadros adoptados mediante dicha resolución consta que, por tipo de vehículo, el camión con carrocería de estacas, marca chevrolet pertenece al grupo G y según su capacidad de carga, más de 16 toneladas, al grupo 7, como también que el vehículo del grupo G 7, modelo 1995 tiene un valor de $ 56’800.000 (tablas 1,2 y 4 de la Res.).
El tribunal lo calculó con fundamento en el período transcurrido desde la ejecutoria de la providencia que ordenó la devolución del bien a su dueño, 29 de agosto de 2002 hasta la fecha de esa providencia, a cuyo efecto tomó el valor de la utilidad neta mensual que certificó el 19 de junio de 2007 la Empresa Intermodal Ltda., a la que estuvo vinculado el vehículo chevrolet brigadier, modelo 1995, UFP 233 (fls. 7 y 8, cdno. 4).
La Sala precisa que la liquidación del lucro cesante debió realizarse con base en el valor definido para el año 2002, fecha en que se consolidó el daño consistente en la pérdida definitiva del bien para su dueño. Este valor de $ 2’419.200 mensuales, debió actualizarse a la fecha de la liquidación, luego de lo cual debió utilizarse en la fórmula adoptada por la jurisprudencia de esta corporación para calcular el valor que resulta del cese de pagos periódicos por el período consolidado.
La Sala no procede a reliquidar este valor, comoquiera que de hacerlo, agravaría la situación de la entidad pública a favor de quien se surte el grado jurisdiccional de consulta;(3) se limitará a indexarlo desde la fecha en que el tribunal realizó la liquidación hasta la fecha de esta sentencia, mediante la aplicación de la fórmula acogida ampliamente por la jurisprudencia.
Ca = capital histórico IPC final (abril(4) de 2010 fecha de esta providencia)
IPC Inicial (feb./ 2008, fecha de la liquidación)
Ca = 200’598.157 103,81
Ca = $ 218’579.769,9
Con fundamento en todo lo anterior la Sala habrá de confirmar la sentencia consultada en lo fundamental y modificará el valor de la condena dispuesta, conforme a lo expuesto precedentemente.
1. CONFÍRMANSE los numerales primero, segundo, tercero y cuarto de la sentencia consultada proferida el 4 de mayo de 2007 por la Sala Cuarta de decisión del Tribunal Administrativo de Nariño.
2. MODIFÍCASE la liquidación de la indemnización contenida en el auto del 8 de febrero de 2008 proferido por el mismo tribunal, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. La liquidación quedará así:
Primero. LIQUÍDASE la indemnización de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante consolidado a favor del señor William de Jesús Holguín, en doscientos dieciocho millones quinientos setenta y nueve mil setecientos sesenta y nueve pesos con noventa centavos ($ 218’579.769,90).
Segundo. La indemnización que por concepto del daño emergente debe pagar la Dirección Nacional de Estupefacientes al señor William de Jesús Holguín López, es de cincuenta y seis millones ochocientos mil pesos m/cte ($ 56’800.000), que corresponde al valor real del vehículo para el mes de abril de 2010.
(1) La pretensión mayor de la demanda corresponde a $ 230’000.000 por concepto de lucro cesante, que a la fecha de presentación de la demanda, 4 de agosto de 2004, supera el valor exigido para que el proceso sea de mayor cuantía.
(2) En este caso se condenó por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante por un valor total de $ 264’798.157 valor que supera los 300 salarios mínimos exigidos por en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, modificado por la Ley 446 de 1998 aplicable por ser la vigente a la fecha en que se profirieron las correspondientes providencias judiciales.
(3) S = 3’587.161,14 (1 + 0,004867)100 -1
S = $ 460’663.087
(4) Se toma el IPC correspondiente al mes de marzo porque el mes de abril no ha terminado.

References: artículo 184
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 47
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 6
 Resolución 
 resolución 
 artículo 184