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Timestamp: 2019-03-25 03:39:57+00:00

Document:
as20151L546
AUTO SUPREMO Nº546/2015-RRC-L
Sucre, 09 de septiembre de 2015
Expediente : La Paz 89/2010
Parte Imputada : Manuel Saturnino Aguilar Coronel y otros
Por memorial presentado el 4 de junio de 2010, cursante de fs. 868 a 877 vta., Elizabeth López de Aguilar, Georgina y José ambos de apellidos Aguilar López, interponen recurso de casación impugnando el Auto de Vista 153/2010 de 19 de marzo, de fs. 843 a 845 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y los recurrentes contra Manuel Saturnino Aguilar Coronel, Nancy Benita Aguilar Flores, Carlos Cecilio Aguilar Flores y Genara Natalia Flores Flores, por la presunta comisión de los delitos de Lesiones Leves y Amenazas, previstos y sancionados por los arts. 271 y 293 del Código Penal (CP), respectivamente.
En mérito a la acusaciones pública (fs. 23 a 27) y particular (fs. 38 a 41), desarrollada la audiencia de juicio oral, la Jueza Cuarta de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció la Sentencia 11/2009 de 27 de agosto (fs. 737 a 742); por la que, declaró absueltos de culpa y pena a los imputados Manuel Saturnino Aguilar Coronel, Nancy Benita Aguilar Flores, Carlos Cecilio Aguilar Flores y Genara Natalia Flores Flores, de los delitos de Lesiones Leves y Amenazas, previstos y sancionados por los arts. 271 y 293 del CP.
Contra la mencionada Sentencia, los acusadores Elizabeth López de Aguilar, José Aguilar López y Georgina Aguilar López, interpusieron recursos de apelación restringida (fs. 783 a 793 y 801 a 810 vta.), resueltos por Auto de Vista 153/2010 de 19 de marzo (fs. 843 a 845 vta.), pronunciado por la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que declaró improcedentes los recursos y confirmó la Sentencia apelada, motivando el presente recurso de casación.
Del memorial del recurso de casación y del Auto Supremo de admisión 323/2015-RA-L de 06 de julio (fs. 897 a 900), se extrae únicamente el cuarto motivo a ser analizado en la presente Resolución, sobre el cual este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Los recurrentes, expresan que en apelación restringida denunciaron defecto absoluto por violación a los principios de inmediación y continuidad; sin embargo, el Auto de Vista impugnado refirió que la Jueza cumplió con el señalamiento de las audiencias dentro de lo que establece el procedimiento penal; empero, concluido el debate el 22 de julio de 2009, debió darse lectura íntegra de la Sentencia dentro de tercero día; es decir, el 25 de julio de 2009, la que no se llevó a cabo por inasistencia del fiscal, inconcurrencia que no es causal de nulidad; posteriormente, se señaló audiencia para el 28 de julio de 2009, la misma fue suspendida por baja médica de la Juez, la que fue presentada al Consejo de la Judicatura el 29 de julio de 2009, motivando la presentación el 31 de julio del mismo año de un incidente de pérdida de competencia, la Juez señaló audiencia para el 17 de agosto de 2009, la misma también fue suspendida por inconcurrencia de uno de los imputados, luego se señaló para el 27 de agosto de 2009, oportunidad en la que se rechazó el incidente de pérdida de competencia y luego de efectuarse reserva de apelación, se procedió a la lectura íntegra de la Sentencia; en definitiva, se dio lectura a la Sentencia después de un mes y cinco días de cerrado el debate, vulnerándose el debido proceso por incumplimiento de plazo, constituyendo defecto absoluto no susceptible de enmienda conforme a los arts. 1, 130, 169 inc. 3) y 370 inc. 10) del CPP, 16.IV de la Constitución Política del Estado (CPE). Citan los Autos Supremos 167 de 6 de febrero de 2007, 153 de 2 de febrero de 2007.
Los recurrentes solicitan que, evidenciándose las contradicciones con los precedentes invocados, se deje sin efecto el Auto de Vista y se ordene la emisión de una nueva Resolución de acuerdo a la doctrina legal aplicable invocada en el recurso de casación.
Mediante Auto Supremo 323/2015-RA-L de 6 de julio, de fs. 897 a 900, este Tribunal admitió el recurso de casación únicamente respecto al cuarto motivo denunciado por Elizabeth López de Aguilar, Georgina y José ambos de apellidos Aguilar López, para su análisis de fondo.
Una vez concluida la audiencia de juicio oral, la Jueza Cuarta de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció la Sentencia 11/2009 de 27 de agosto; por la que, declaró absueltos a los imputados Manuel Saturnino Aguilar Coronel, Nancy Benita Aguilar Flores, Carlos Cecilio Aguilar Flores y Genara Natalia Flores Flores, de los delitos de Lesiones Leves y Amenazas, previstos y sancionados por los arts. 271 y 293 del CP, con base a los siguientes argumentos: i) Se demostró que entre los querellantes y los imputados existe una relación de familia y lo que originó el presente proceso, fueron asuntos estrictamente familiares y de convivencia entre ambas partes, aduciendo los acusadores que fueron objeto de despojo, agresiones físicas y verbales por parte de los imputados el 19 de febrero de 2005; ii) Los certificados otorgados por el médico forense, determinó que los imputados José y Georgina Aguilar presentaban impedimento de tres y cinco días respectivamente; sin embargo, el hecho se suscitó porque ambas partes en un momento de ofuscación, actuaron en defensa y protección de su integridad física, sin advertirse el dolo; y, iii) Finalmente, no se demostró ni individualizó con algún elemento probatorio que los imputados hubiesen agredido a los querellantes, especialmente que Manuel Saturnino Aguilar agredió a Georgina Aguilar, sino más bien, se acreditó que las agresiones y amenazas fueron recíprocas, tampoco se demostró la participación de Genara Natalia Flores, o que ésta hubiese provocado lesiones.
II.2.De la apelación restringida de los acusadores.
Elizabeth López de Aguilar, Georgina y José Aguilar López, (fs. 783 a 793 y 801 a 810 vta.), formularon recursos de apelación restringida contra la Sentencia, argumentando los siguientes fundamentos vinculados al recurso de casación: Denunciaron defecto absoluto por violación a los principios de inmediación y continuidad, refiriendo que la lectura íntegra de la Sentencia se debió realizar tres días después de que concluyó el debate; no obstante, las audiencias señaladas fueron suspendidas por inasistencia del fiscal, baja médica de la Juez e inasistencia de uno de los imputados, finalmente, pese a que se suscitó el incidente de pérdida de competencia, se dio lectura íntegra a la Sentencia después de un mes y cinco días.
Radicada la causa en la Sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, resolvió los recursos de apelación restringida, mediante Auto de Vista 153/2010 de 19 de marzo, con los siguientes fundamentos jurídicos que tienen directa relación con el agravio denunciado en el recurso de casación: Refirió que al haberse señalado audiencia de lectura íntegra de la Sentencia para el 25 de julio de 2009, la Sentencia fue pronunciada en su integridad el 27 de agosto de 2009; empero, de actuados se establece que la Jueza cumplió con lo que establece el procedimiento penal; puesto que, la audiencia de 25 de julio de 2009, se suspendió a solicitud de la parte acusadora ante la inasistencia de la representante del Ministerio Público, si bien se dio lectura íntegra en agosto de 2009, las razones fueron justificadas; por lo que, no advirtió defecto absoluto ni vicios en la Sentencia previstos en los arts. 169 y 370 del CPP.
III. VERIFICACIÓN DE LA PRESUNTA CONTRADICCIÓN EXISTENTE ENTRE LOS PRECEDENTES INVOCADOS CON EL AUTO DE VISTA IMPUGNADO
III.1 De los precedentes invocados.
Los recurrentes, invocaron los Autos Supremos 167 y 153 de 6 y 2 de febrero de 2007, los que serían presuntamente contradictorios al Auto de Vista impugnado, correspondiendo analizar sus fundamentos para la labor de contraste.
El Auto Supremo 167 de 6 de febrero de 2007, emerge del delito de Estafa, en él se estableció el siguiente entendimiento: “Esta Sala estima que el espíritu del Código de Procedimiento Penal y del sistema oral acusatorio, contiene como regla general, el principio de continuidad de la audiencia de juicio, el que consiste en que aquella se realizará sin interrupción, durante todas las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta su culminación; estableciendo como excepción al mencionado principio, la suspensión de dicha audiencia, por un plazo máximo de diez días, tan solo una vez y en cualquiera de los casos enumerados en la disposición 335 del Código de Procedimiento Penal, bajo el principio de taxatividad, siendo también aceptable la suspensión como emergencia del trámite de la apelación incidental emergente del trámite de las excepciones previas, empero este procedimiento debe también observar el principio de celeridad y tramitarse con preferencia a cualquier otra cuestión pendiente, debiendo resolverse dentro de los plazos expresamente determinados por ley.
El principio de celeridad, persigue que el juicio se desarrolle en un lapso cerrado mediante un proceso consecutivo para la exposición de la acusación, las pruebas, las alegaciones o informes de las partes y de inmediato se dicte la sentencia, con ello se busca hacer efectivo que el proceso se desenvuelva sin dilaciones indebidas.
Que en ese razonamiento, el juicio oral, público y contradictorio desarrollado en el caso de autos, se efectuó en franca violación del principio de continuidad que rige el juicio oral, público y contradictorio, ocasionando dispersión de la prueba y su valoración, situación que ha sido esbozada en el Auto Supremo Nro. 239, de 1 de agosto de 2005; toda vez que los principios procesales tienen un objeto y un fin, de ahí que la interrupción más allá de los límites razonables expresamente señalados en la norma penal, sustraen de la necesaria credibilidad a los fallos judiciales. El fallo en forma inmediata impide que los jueces se vean influenciados por factores externos a lo vivido en el debate, para que la única influencia en la decisión sea lo que haya quedado impregnado en las retinas y en el sentido auditivo de los jueces que emiten el decisorio, por otra parte permite el desarrollo del principio de publicidad y asegura fundamentalmente que el Juez pueda extraer de manera inmediata, sin que sean determinantes las limitaciones humanas como la memoria, para precisar los elementos de prueba que han de sustentar su resolución, no siendo válidos ante la ley ni ante las partes litigantes las conclusiones a las que puede arribar un Tribunal que no observó los principios procesales.
Así, no es concebible que la autoridad jurisdiccional ignore estos presupuestos y deje de ejercitar las facultades que le provee la ley para la correcta dirección de la audiencia, consintiendo en que las partes realicen cuanto acto dilatorio les plazca, sin que se libren las respectivas amonestaciones o en su caso se impongan las multas pertinentes, pero es aún más grosero que el titular del órgano jurisdiccional discrecionalmente e ignorando las características propias de proceso acusatorio, señale fechas tan distantes para la prosecución de una audiencia de juicio donde se define la situación jurídica de las personas.
De ahí que esta distorsión del procedimiento resulta grave puesto que incide directamente en la integridad del legítimo proceso, no pudiendo ser fidedignos los razonamientos de un Juez que ha conocido de los antecedentes de hecho en un lapso de tiempo irrazonable, debiendo en estos casos aplicarse la sanción pertinente, tanto procesal como disciplinaria, de donde la oportunidad procesal para el ejercicio de tal control jurisdiccional, era precisamente durante el análisis en el fondo del recurso de apelación restringida, empero no fue ejercitada bajo el principio de legalidad por el órgano jurisdiccional, legitimado a tal efecto”.
Por otra parte, el Auto Supremo 153 de 2 de febrero de 2007, emerge del juzgamiento por los delitos de Contratos Lesivos al Estado, Conducta Antieconómica, Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes; en casación se denunció que la Sentencia fue pronunciada cinco días después de concluida la deliberación, cuando la obligatoriedad del artículo 357 del CPP, estipula que, "concluido el debate en la misma audiencia el Juez dictará la sentencia"; asimismo el art. 361 del mismo Código indica que, "la sentencia será redactada y firmada inmediatamente en la sala de audiencia para su lectura", la entonces Corte Suprema de Justicia, dejó sin efecto el Auto de Vista impugnado y emitió la siguiente doctrina legal aplicable: “El artículo 16 de la Constitución Política del Estado y el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se constituyen en directrices fundamentales en las que se asienta el debido proceso, otorgando garantías constitucionales que se traducen entre otros en la aplicación en materia penal del principio de legalidad que a su vez hace emerger los principios de concentración e inmediatez, principios por los cuales los jueces no solo tienen la obligación de presenciar absolutamente todos los actos procesales de inicio a fin, sino que los mismos deben ser sucedidos uno tras de otro hasta su finalización, sin interrupciones cómodas, como el caso de autos, en que por la complejidad de la causa los componentes del Tribunal de Sentencia incumpliendo lo dispuesto por el artículo 357 del Código de Procedimiento Penal que obliga a que concluida la deliberación en la misma audiencia -sin interrupción de ninguna naturaleza- debieron deliberar los tópicos de la sentencia y constituirse nuevamente en la sala de audiencias para su lectura -por su complejidad- por lo menos de la parte dispositiva y no realizar los miembros del Tribunal de Sentencia un trabajo de oficina suspendiendo a horas 18:00 para constituirse nuevamente a deliberar al día siguiente a horas 9:00, contaminándose los integrantes del Tribunal de Sentencia con aspectos externos del juicio -estando latente la resolución del conflicto jurídico-penal- violando de esta manera la garantía constitucional del debido proceso y el derecho a la seguridad jurídica".
La deliberación se inicia inmediatamente después del debate y concluye inmediatamente antes de leerse la sentencia o su parte resolutiva, según sea el caso; los referidos artículos nos permiten determinar que éste acto es único y se rige por los principios de inmediatez, unidad, continuidad y reserva, los cuales tienen carácter absoluto. Asimismo, el legislador prevé que puede existir seguidamente, en casos extremadamente graves, un segundo momento que puede iniciarse inmediatamente después de la lectura parcial de la sentencia es decir de su parte resolutiva, en el que si bien siguen vigentes los referidos principios sin embargo, estos tienen un carácter relativo.
De estos antecedentes se tiene que el acto de deliberación propiamente dicho, no puede ser suspendido hasta mientras no se dicte mínimamente la parte dispositiva de la sentencia, situación que conjuntamente a la vigencia de los demás principios rectores del acto, brinda a las partes seguridad jurídica, puesto que asegura que el resultado del fallo será la expresión de las impresiones que actúan en el fuero interno de cada uno de los miembros del Tribunal y fundamentalmente que esa decisión, estará exenta de influencias externas al órgano jurisdiccional, así, la lectura parcial del fallo pone fin al primer momento de la deliberación, asegurando que el decisorio no podrá ser posteriormente alterado a tiempo de redactarse la sentencia íntegra; este acto único, inmediato y continuo garantiza la vigencia de los principios de imparcialidad e independencia del órgano jurisdiccional, el que dentro de un lapso razonable de tiempo en consideración de la complejidad del caso, determina la solución legal al conflicto” .
En el caso de autos, los recurrentes denuncian la violación a los principios del debido proceso, inmediación y continuidad, debido a que la lectura íntegra de la Sentencia se realizó después de un mes y cinco días de concluido el debate, afirmando que constituye defecto absoluto conforme a los arts. 1, 130, 169 inc. 3) y 370 inc. 10) del CPP, 16.IV de la CPE; para cuyo efecto, corresponde efectuar la labor de contraste y determinar si los precedentes invocados, son contradictorios con el Auto de Vista impugnado, siendo en principio necesario establecer si las situaciones de hecho resueltas por los precedentes es similar a la planteada en el presente recurso.
En ese sentido, se verifica que el Auto Supremo 167 de 6 de febrero de 2007, estableció doctrina legal aplicable relativa al respeto del principio de continuidad, en el entendido de que la audiencia de juicio oral, debe realizarse sin interrupción durante todas las sesiones consecutivas que sean necesarias hasta su culminación, estableciendo como excepción al mencionado principio, la suspensión de dicha audiencia por un plazo máximo de diez días, tan solo una vez y en cualquiera de los casos enumerados en la disposición del art. 335 del CPP; es decir, la problemática hace hincapié en la suspensión de la audiencia de juicio durante la celebración del debate como fase esencial del proceso penal acusatorio, que no puede ser más allá de diez días hábiles entre un señalamiento y otro.
En tanto que el Auto Supremo 153 de 2 de febrero de 2007, analizó la vulneración del principio de continuidad por haberse interrumpido la fase de la deliberación, una vez concluido el debate del juicio oral, la que misma que por disposición del art. art. 358 del CPP, debe ser de manera continua e ininterrumpida hasta el pronunciamiento por lo menos de la parte dispositiva, sin que pueda suspenderse sino en los casos expresamente señalados en el artículo referido.
En cambio, en el recurso de casación en examen, la problemática planteada resulta diferente a las resueltas por los Autos Supremos invocados por los recurrentes, pues cuestionan que la audiencia de lectura íntegra de la Sentencia una vez concluido el debate, se realizó después de un mes y cinco días, esto es, fuera del plazo señalado por el art. 361 del CPP; lo que implica, que las observaciones no están referidas al acto de juicio propiamente dicho antes del fallo, siendo relevante además destacar que los antecedentes informan que una vez concluido el debate en el presente caso, se procedió a la lectura de la parte resolutiva de la sentencia, situación diferente a la del segundo precedente invocado; razón por la cual al no concurrir situaciones similares, no es posible sostener la existencia de contradicción entre los precedentes y la resolución recurrida en los términos previstos por el art. 416 última parte del CPP.
Por otra parte, cabe señalar que el Tribunal de alzada al resolver la apelación restringida formulada por los recurrentes, refirió que la Jueza cumplió con lo que establece el procedimiento penal, puesto que la audiencia de 25 de julio de 2009, se suspendió a solicitud de la parte acusadora ante la inasistencia de la representante del Ministerio Público y si bien se dio lectura íntegra en agosto de 2009, las razones fueron justificadas sin advertirse los defectos absolutos y vicios en la Sentencia, previstos en los arts. 169 y 370 del CPP, criterio que de modo alguno vulnera el debido proceso, pues si bien el art. 361 del CPP, señala que la lectura íntegra de la Sentencia, debe efectuarse en el plazo máximo de tres días posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva, el quebrantamiento de la citada norma, no es causal de pérdida de competencia ni nulidad de lo actuado, conforme la precisión contenida en el Auto Supremo 45/2012 de 22 de marzo, que señaló: “En observancia a los derechos al debido proceso y a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, reconocidos por el art. 115.II de la Constitución Política del Estado, los Jueces y Tribunales de Justicia están obligados a sustanciar y resolver los procesos en los plazos establecidos por Ley; de manera específica, los Jueces y Tribunales de Sentencia, competentes para conocer la etapa del juicio dentro del proceso penal, una vez agotadas las distintas actuaciones propias del acto del juicio, procederán conforme al art. 361 del CPP, a dar lectura sólo de la parte resolutiva de la Sentencia en los supuestos de complejidad del proceso o lo avanzado de la hora, difiriendo la redacción y lectura íntegra de la Sentencia, señalando audiencia al efecto a realizarse en el plazo máximo de tres días posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva; empero, el incumplimiento de este plazo no acarrea la pérdida de competencia menos la nulidad de lo actuado, sino da lugar a la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente conforme determina el art. 135 del CPP; entendimiento que, se funda en el interés de las partes procesales, al no resultar justo erogarles mayores perjuicios cuando la negligencia es responsabilidad del órgano jurisdiccional” (las negrillas no cursan en el original); en cuyo mérito, al no ser evidente la concurrencia de defecto absoluto, el recurso de casación sujeto al presente examen deviene en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Elizabeth López de Aguilar, Georgina y José ambos de apellidos Aguilar López.

References: Resolución 
 artículo 357
 artículo 16
 artículo 8
 artículo 357
 resolución 
 resolución