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Timestamp: 2019-11-15 15:59:17+00:00

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Proyecto de ley que establece normas tendientes
a combatir la evasión tributaria
El Consejo General del Colegio de Abogados aprobó por unanimidad el siguiente informe de la Comisión Tributaria del colegio respecto del proyecto de ley que establece normas tendientes a combatir la evasión tributaria, documento que fue remitido a los integrantes de las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados.
I SOBRE FACULTADES DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Las funciones del Servicio de Impuestos Internos (SII) se encuentran establecidas en su Ley Orgánica y en el Código Tributario.
De conformidad con esos dos cuerpos legales, puede sostenerse que el SII tiene las siguientes atribuciones fundamentales:
1.- Aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter en que tenga interés el Fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley a una autoridad diferente.
2.- Tuición sobre los casos de investigación de delitos tributarios sancionados con alguna pena corporal persiguiendo su aplicación ante los Tribunales de Justicia.
3.- Funciones jurisdiccionales como resolver reclamaciones tributarias y denuncias por infracciones a las leyes tributarias.
Para cumplir estas funciones, diversas leyes han dotado al SII de atribuciones específicas.
En tal sentido, resulta plenamente aplicable al ejercicio de las atribuciones del SII, lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 7º de la Constitución Política de la República, según el cual "ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes."
Al mismo tiempo, el SII está obligado a respetar la norma constitucional según la cual, "el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes".
II Análisis particularizado del proyecto de ley destinado a combatir la evasión tributaria
El proyecto de ley destinado a combatir la evasión tributaria contiene los siguientes preceptos relacionados con atribuciones del SII:
1.- El artículo 1º del Proyecto, en su letra l), incorpora los siguientes incisos nuevos, al artículo 85º del Código Tributario:
"Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 61º y 62º, para los fines de la fiscalización de los impuestos, los Bancos e Instituciones Financieras deberán proporcionar todos los datos y antecedentes que se les soliciten relativos a las operaciones de crédito de dinero que hayan celebrado y de las garantías constituidas para su otorgamiento, en la oportunidad, forma y cantidad que el Servicio establezca".
"La información así obtenida será mantenida en secreto y no se podrá revelar, aparte del contribuyente, más que a las personas o autoridades encargadas de la liquidación o de la recaudación de los impuestos pertinentes o de resolver las reclamaciones y recursos relativos a las mismas, salvo las excepciones legales".
2.- El artículo 14 del Proyecto modifica las plantas de personal del SII, establecidas mediante Decreto Supremo Nº 1.368, de 1994, del Ministerio de Hacienda, cuyo texto refundió el decreto con fuerza de ley Nº 6, de 1991, del mismo Ministerio. De acuerdo con lo que se precisa en el Párrafo III Nº 1 letra c) del Mensaje (Pág. 4), las indicadas modificaciones tienden a "perfeccionar su acción fiscalizadora, incrementando su dotación de funcionarios en 539 personas, entre las diversas plantas de especialidad". Se agrega que "los nuevos recursos y competencias se aplicarán estructuradamente en la forma de diversos planes de fiscalización", entre los que se cuentan, "auditorías tributarias a medianas y grandes empresas".
Respecto de la modificación al artículo 85 del Código Tributario y del incremento de dotación para practicar auditorías tributarias, es necesario tener en cuenta lo siguiente:
A) La necesidad de respetar el principio de legalidad que rige el actuar de la administración del Estado impide otorgar al SII un incremento de dotación para ejercer una función que no le ha sido asignada.
En este caso se encuentran, precisamente, las auditorías tributarias a las grandes y medianas empresas, competencia que no se encuentra incluida en la Ley Orgánica del SII.
Tampoco podría la Ley contemplar tal facultad, pues ella aparte que excede el sentido propio de la aplicación y fiscalización de los impuestos internos que le ha sido confiada a dicho Servicio, por su vaguedad e indeterminación no puede ser atribuida a un servicio público fiscalizador. Es por esta última razón que no podría estimarse que el artículo 601⁄4 del Código Tributario constituye una excepción a lo expresado, toda vez que si bien dicha norma faculta al SII para examinar los inventarios, balances, libros de contabilidad y documentos del contribuyente, la amplitud de dicha autorización la hace absolutamente inconciliable con los actuales preceptos constitucionales que protegen el ámbito de la privacidad de las personas, particularmente con el artículo 19 Nº 5 de la Carta Fundamental.
En efecto, el aludido artículo 60 contempla una serie de atribuciones indeterminadas y particularmente graves, que dejan supeditados los derechos del contribuyente a decisiones meramente discrecionales de las autoridades del SII. A modo de ejemplo:
El Servicio podrá examinar los inventarios, balances, libros de contabilidad y documentos del contribuyente, "en todo lo que se relacione con los elementos que deban servir de base para la determinación del impuesto o con otros puntos que figuren o debieran figurar en la declaración".
"El Director Regional podrá disponer que los contribuyentes presenten, en los casos que así lo determine, un estado de situación".
El examen, confección o confrontación deberá efectuarse "con las limitaciones de tiempo y forma que determine el Servicio".
"El Director o el Director Regional, según el caso, podrá ordenar que el inventario se confronte con el auxilio de la fuerza pública, cuando exista oposición de parte del contribuyente". Este último aspecto aparece también inconciliable con la elevación a rango constitucional de la facultad de imperio de los Tribunales de Justicia, en virtud de la cual son éstos los que pueden impartir órdenes directas a la fuerza pública para hacer ejecutar sus resoluciones y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que decreten. (Art. 73, inc. 31⁄4 de la Constitución Política)
Al respecto, es preciso recordar el criterio sentado por el Tribunal Constitucional (TC), con ocasión del examen preventivo de constitucionalidad de la ley N1⁄4 19.602 que, en 1999, modificó la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades (sentencia de 2 de Febrero de 1999). En dicho fallo, el TC estimó que otorgar a los órganos del Estado (en este caso, a los órganos municipales), atribuciones que sólo se establecen de manera indeterminada vulnera lo dispuesto en el artículo 7º de la Constitución Política de la República (considerando 7º). Agregó que "de acuerdo con dicho precepto, la determinación de las facultades que corresponde a cada uno de los órganos municipales debe quedar comprendida en la propia norma que los regula, la cual, debe señalarlas en forma específica".
Por otra parte, tales auditorías afectarían inevitablemente la documentación y antecedentes privados de los contribuyentes, los que están amparados por la garantía constitucional prevista en el artículo 19 Nº 5 de la Carta Fundamental que asegura a todas las personas la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada.
Al tenor de esa norma constitucional no basta que la ley autorice el registro o revisión de documentos privados, como aquellos en que sustenta la contabilidad de una empresa, sino que es preciso que se señale "la forma" en que ello se va a materializar. Así lo ha resuelto el TC, en fallo de 4 de Enero de 1995, al pronunciarse sobre la constitucionalidad del proyecto de ley destinado a sancionar el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, en que se confiaban facultades similares al Consejo de Defensa del Estado. En esa oportunidad, el TC determinó la existencia de una inconstitucionalidad "al no especificarse el procedimiento y no señalarse los casos precisos en que las medidas proceden". (Considerando 10 letra c).
Por lo tanto, no es legalmente posible facultar al SII para practicar auditorías tributarias a las grandes y medianas empresas, sin especificarse los casos y el procedimiento aplicable a ellas, pues ello vulneraría también la garantía constitucional de la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada.
Tal pretendida facultad vulneraría, asimismo, el principio del debido proceso legal, toda vez que se otorgaría al SII facultades de investigación respecto de los contribuyentes, sin que se precisen los derechos de estos frente a ello, ya sea para oponerse a la auditoría, para refutar las conclusiones de la misma, para presentar elementos complementarios que sirvan de prueba de sus descargos, etc. En suma, no se configura el mínimo derecho del contribuyente a ser oído, que es un elemento consustancial del debido proceso legal asegurado en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución.
Esta situación contrasta abiertamente con los resguardos que ha venido adoptando el legislador, por ejemplo, en la Ley Nº 19.640, que creó el Ministerio Público, cuyo artículo 3º obliga a los fiscales a "investigar con igual celo no sólo los hechos y circunstancias que funden o agraven la responsabilidad del imputado, sino también los que le eximan de ella, la extingan o la atenúen". Al mismo tiempo, el artículo 4º faculta al Ministerio Público para impartir órdenes directas a las Fuerzas de Orden y Seguridad durante la investigación. "Sin embargo, las actuaciones que priven al imputado o a terceros del ejercicio de los derechos que la Constitución asegura, o lo restrinjan o perturben, requerirán siempre de aprobación judicial previa".
Precisamente, al pronunciarse el TC sobre la constitucionalidad de la Ley Orgánica del Ministerio Público tuvo la oportunidad de precisar que las exigencias constitucionales aplicables al debido proceso legal, sobre todo, en sus aspectos de racionalidad y justicia, "no sólo debían regir para los órganos que ejercen jurisdicción, sino también para aquellos que, como el Ministerio Público, no tienen tales facultades, por lo que se estimó indispensable incorporar, también, a las exigencias de que sea el legislador el que fije la racionalidad y justicia de los procedimientos, los relativos a la dirección de la investigación, que se le encomienda al nuevo organismo autónomo que se crea." (Considerando 17º). Recordó, asimismo, el TC el fundamento de la indicación introducida en el H. Senado por los senadores señores Diez y Piñera en el sentido de "exigir que la investigación que pudiera dar lugar a un proceso se deberá ceñir también a los requisitos de justicia y racionalidad. Si se tiene en cuenta que el proyecto en informe deja claramente sentado que la pesquisa que realice el Ministerio Público no tiene carácter jurisdiccional, resulta imperativo, entonces, sujetarla también, y expresamente, a las exigencias que la Carta Fundamental impone al procedimiento" (Considerando 18º).
Es así como, por respeto al principio del debido proceso legal, toda investigación debe fundarse en criterios de racionalidad y justicia, aun cuando sea llevada a cabo por un órgano jurisdiccional. Claro es, en este sentido, el pronunciamiento emitido por la Corte Suprema, en julio del presente año, que reafirmó la plena vigencia del Auto Acordado del año 1975, del máximo tribunal, que prohibió a los jueces despachar órdenes amplias de investigar. La esencia de dicho Auto Acordado radica en que no pueden expedirse órdenes amplias de investigar, debiendo sólo darse para la averiguación de hechos determinados y que el juez no pueda pesquisar por sí mismo, especialmente cuando en el parte denuncia se proporcionan antecedentes concretos sobre el hecho punible, sus autores, testigos, etc. (Diario El Mercurio, 14 de julio de 2000, Cuerpo C).
Es por todas las razones expuestas que el debido proceso legal asegurado por la Constitución Política de la República se ha estimado como una consecuencia ineludible del principio de la igualdad en y ante la ley contemplado en el Artículo 19 Nº 2 de la Carta Fundamental. Se trata de que todas las personas deben ser estimadas iguales, sin distinción, ante todo órgano que ejerza jurisdicción. La ley es la que precisamente debe consagrar y traducir tales criterios, de modo que si no lo hace, merece ser declarada inconstitucional. Al mismo tiempo, el debido proceso legal guarda estrecha relación con la igualdad ante la justicia, asegurada en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política, donde se determina concretamente lo que es y debe ser un debido proceso sobre la base de cuatro características: la audiencia, la bilateralidad, la igualdad y la celeridad.
Respecto de la bilateralidad y de la igualdad reviste particular importancia el equilibrio de oportunidades que permita a los litigantes el mismo espacio temporal para alegar, probar y razonar con una adecuada defensa a través de un abogado (artículo 19, Nº 3, inciso 2º de la Constitución Política), lo que tampoco se cumpliría. Las aludidas auditorías tributarias que podría practicar el SII -cuyo procedimiento y modalidades no se especifican- podrían derivar en la imputación, a determinadas personas, de delitos y fraudes tributarios. Sin embargo, en estas investigaciones administrativas que pueden llegar a afectar, en forma considerable, los derechos de los contribuyentes, no se prevé la defensa de un abogado, tal como lo hace el nuevo Código Procesal Penal, en su artículo 8º, desde la primera actuación del procedimiento dirigido en contra del afectado.
Asimismo, las mencionadas auditorías que podría practicar el SII se transformarían, en el fondo y en la forma, en comisiones especiales dejando indefensos los derechos de los contribuyentes y vulnerando expresamente el artículo 19 Nº 3 inciso 4º de la Constitución, según el cual "Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señala la ley y que se halle establecido con anterioridad por ésta."
En suma, bajo pretexto de ejercerse facultades fiscalizadoras, no se puede otorgar al SII atribuciones que exceden su razón de existencia y que, al mismo tiempo, lesionan gravemente los derechos de los contribuyentes que dicha repartición del Estado está obligada a respetar. B) El legislador no puede otorgar atribuciones al SII que impliquen vulnerar los derechos que la propia Constitución asegura a todas las personas sin infringir flagrantemente el artículo 5º inciso 2º en relación con el artículo 19 de la Carta Fundamental.
En efecto, el proyecto de ley que se analiza contiene las siguientes infracciones a la Carta Fundamental:
¥Infracción a la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada (Art. 19 Nº5). Dos son los aspectos del proyecto que la vulneran: la pretendida facultad que implícitamente tiende a reconocerse al SII de practicar auditorías a las grandes y medianas empresas, -aumentando su dotación para ello- y la obligación que se impone a los Bancos e Instituciones Financieras de entregar al SII los datos relativos a operaciones de crédito y las garantías para su otorgamiento.
Como ya se expresó, la Carta Fundamental exige que, en el caso de las comunicaciones y documentos privados, éstos sólo pueden abrirse o registrarse en los casos y formas determinados por la ley.
De conformidad, entonces, con la protección constitucional, sólo la ley puede disponer que un organismo fiscalizador -como es el caso del SII- tome conocimiento de los hechos o documentación privada de las personas, pero, además, el legislador debe disponer "la forma" cómo se debe exigir la información para asegurar que la reserva se mantenga y no se vulnere, por ende, el ámbito de la intimidad personal, sin perjuicio del debido proceso legal que exige aplicar criterios de racionalidad y justicia en toda "investigación" y procedimiento.
Como se expresó, el TC también ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre este punto al analizar la constitucionalidad del proyecto de ley que sancionó el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (sentencia de 4 de Enero de 1995). En dicha oportunidad, el TC precisó que "el inciso tercero del artículo 16 en examen, no contempla en forma íntegra, completa y exacta el procedimiento ni los casos precisos como debe aplicarse, pues se refiere a situaciones absolutamente discrecionales, en las que deben actuar los funcionarios del servicio autorizado para recoger o incautar la documentación y los antecedentes probatorios y objetos que estimen necesarios para la investigación. Es decir, al no especificarse el procedimiento y no señalarse los casos precisos en que las medidas proceden, se está vulnerando la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados, que sólo pueden interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinadas por la ley". (Considerando 10º letra c).
Por lo demás, en ese mismo fallo, el TC señaló que "la Constitución está señalando al legislador que su labor fundamental debe realizarla desde la perspectiva que los derechos de las personas están antes que los derechos del Estado y que éste debe respetar y promover los derechos esenciales garantizados por ella conforme al inciso segundo del artículo 5º, y en consecuencia toda legislación que se aparte o ponga en peligro el goce efectivo de las libertades y derechos que la propia Carta Fundamental reconoce y asegura, adolece de vicios que la anulan al tenor de sus artículos 6º y 7º. En efecto, la potestad discrecional no puede tener validez alguna cuando sobrepasa o desborda la Constitución Política y ello ocurre cuando la disposición legal que la concede, coloca al funcionario o servicio que puede ejercerla, sin sujeción a control judicial alguno, en posición de que con su actuación, afecte o desconozca las libertades y derechos que la Constitución asegura a todas las personas." (Considerando 10º letra a).
Por lo tanto, el solo hecho de que los nuevos preceptos que se incorporan al artículo 85 del Código Tributario faculten al Servicio de Impuestos Internos para requerir datos y antecedentes que pertenecen al ámbito privado, "en la oportunidad, forma y cantidad que el Servicio establezca" deja absolutamente supeditada la garantía constitucional de la inviolabilidad de la documentación, a la mera discrecionalidad de dicho Servicio, sin recurso judicial que permita un amparo al particular afectado. Se reitera el mismo argumento ya desarrollado a propósito de las auditorías tributarias a grandes y medianas empresas que podría realizar el SII.
En este caso, igualmente debe recordarse que en una investigación de similar naturaleza, respecto de la comisión de delitos, el Ministerio Público requiere autorización del Tribunal de Garantías, sin perjuicio que el presunto inculpado tiene derecho a ser oído durante toda la investigación y a la presencia de un letrado (Arts. 217 y 218 del nuevo Código Procesal Penal).
II PRECEPTOS QUE AFECTAN EL DERECHO DE PROPIEDAD
(Artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política)
El proyecto de ley que se comenta infringe el derecho de propiedad al disponer la aplicación retroactiva de diversas modificaciones introducidas a la Ley sobre Impuesto a la Renta. En efecto, se retrotraen, al 31 de Agosto de 2000, las normas que se proponen sobre inversiones en sociedades anónimas cerradas (Art. 1º transitorio Nº 1)); enajenaciones de predios rurales (Art. 1º transitorio Nº 2)); aprovechamiento de las pérdidas por parte de aquellas sociedades que hubieren sufrido cambios en la propiedad de los derechos sociales, acciones o del derecho de participación en las utilidades (Art. 1º transitorio Nº 5 letra b).
En todos estos actos se vulneran derechos adquiridos -que en cuanto bienes incorporales están plenamente amparados por la garantía constitucional del derecho de propiedad- respecto de los cuales no puede existir aplicación retroactiva.
La jurisprudencia de nuestros tribunales, ya desde la vigencia de la Constitución Política de 1925, ha reiterado que "toda ley que atente contra el derecho de propiedad constituido regularmente bajo el imperio de otra es, sin duda inconstitucional, porque quebranta el precepto en referencia de la Constitución". Ha agregado que "el legislador no puede dictar una ley retroactiva que afecte al derecho de propiedad, si ella lesionará intereses que para sus titulares constituyen derechos adquiridos. Y por derechos adquiridos se entienden todos aquellos que son consecuencia de un hecho idóneo para producirlos en virtud de la ley vigente al tiempo en que se realizó el hecho, y que inmediatamente han llegado a ser parte del patrimonio de la persona, aunque la ocasión de hacerlos valer no se presente sino bajo el imperio de una ley nueva." (Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas. Código Civil y Leyes Complementarias. Tomo I. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1996. Pág. 75).
III INFRACCIONES ESPECIFICAS AL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO
(ArtVculo 19 Nº 3 de la Constitución Política).
Ellas se configuran en los siguientes preceptos del proyecto de ley: 1) Al declarar improcedente el abandono del procedimiento una vez que el ejecutado ha presentado su escrito de oposición, en circunstancias de que éste se encuentra con sus bienes embargados de lo cual se sigue un evidente perjuicio (Art. 178 del Código Tributario) (Art. 1º del Proyecto, letra v).
El Código de Procedimiento Civil trata del abandono del procedimiento en sus artículos 152 a 157. Conforme al primero de ellos, el procedimiento se entiende abandonado cuando todas las partes que figuran en el juicio han cesado en su prosecución durante seis meses, contados desde la fecha de la última resolución recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos.
Conforme a las normas que se analizan, el abandono del procedimiento constituye un derecho que sólo el demandado puede hacer valer, durante todo el juicio y hasta que se haya dictado sentencia ejecutoriada en la causa. En los juicios ejecutivos puede, incluso, solicitarse el abandono del procedimiento, después de ejecutoriada la sentencia definitiva. (Art. 153 del Código de Procedimiento Civil).
Por lo tanto, en este aspecto, el proyecto de ley que se analiza contradice lo que preceptúa el Código de Procedimiento Civil y, al hacerlo, desconoce un derecho esencial del contribuyente ejecutado que lo deja a merced de la autoridad tributaria. En efecto, desconocerle al ejecutado la posibilidad de invocar el abandono del procedimiento, en circunstancias que el Código de Procedimiento Civil le permite alegarlo incluso hasta después de ejecutoriada la sentencia, rompe la esencial igualdad jurídica que debe existir entre las partes en razón del debido proceso legal estimándose, por ende, que, en este caso, no estamos frente aun procedimiento "racional y justo". 2) Se modifica el Art. 147 del Código Tributario, en su inciso 6º, que faculta a la Corte de Apelaciones respectiva para que, a petición de parte, ordene la suspensión total o parcial del cobro del impuesto por un plazo determinado que podrá ser renovado, previo informe del Servicio de Tesorerías, en el evento que se dedujere apelación en contra de la sentencia definitiva que rechaza parcial o totalmente una reclamación por liquidación o reliquidación de impuestos. El proyecto de ley agrega que en el referido informe del Servicio de Tesorerías debe constar que se ha trabado embargo sobre bienes suficientes del deudor o se han constituido garantías suficientes a juicio del juez respectivo (Art. 1º letra p) del proyecto).
En el caso que se analiza, el embargo tiene como preciso objeto asegurar el cumplimiento de una obligación tributaria vinculada a una liquidación o reliquidación de impuestos que ha sido objeto de reclamo, el que aún no se ha decidido en definitiva. Por lo tanto, condicionar el informe que debe prestar el Servicio de Tesorerías para que se suspenda total o parcialmente el cobro del impuesto por un plazo determinado, a la circunstancias de que se haya trabado embargo sobre bienes suficientes del deudor rompe, asimismo, el principio del debido proceso legal, ya que deja nuevamente a la autoridad tributaria en una condición de superioridad en el proceso, que vulnera la esencial igualdad que éste debe asegurar a las partes. Por lo demás, resulta incuestionable que los referidos embargos como condicionante del informe que debe evacuar el Servicio de Tesorerías importan imponer una traba o limitación al fundamental derecho a recurrir, con las debidas garantías, ante un juez o tribunal independiente e imparcial, tal como lo asegura el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de 1969, que obliga a todos los órganos del Estado de Chile, en virtud de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 5º de la Constitución Política.
De paso una exigencia como la que se comenta afecta, asimismo, el derecho a desarrollar libremente cualquier actividad económica, sometiéndose a las normas legales que la regulen (Art. 19 Nº 21 de la Constitución Política). Al respecto, el TC ha señalado que "regular una actividad es someterla al imperio de una reglamentación que indique cómo puede realizarse; pero, en caso alguno, bajo pretexto de "regular" un accionar privado se puede llegar hasta obstaculizar o impedir la ejecución de actos lícitos amparados por el derecho consagrado en el artículo 19 Nº 21, de la Constitución Política". (Fallo de 6 de Abril de 1993, Rol Nº 167).
IV INFRACCIîN A LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL A LA ESENCIA DE LOS DERECHOS
(Artículo 19 Nº 26 de la Constitución Política)
La Constitución Política de la República asegura a todas las personas, en su artículo 19 Nº 26, inciso 1º : "La seguridad de que los preceptos legales que por mandato de la Constitución regulen o complementen las garantías que ésta establece o que las limiten en los casos en que ella lo autoriza, no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio." Esta disposición constituye un mandato al legislador, en cuanto podrá dictar normas, siempre y cuando no afecten los derechos en su esencia, ni impongan condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Si el legislador, a pretexto de cualquiera circunstancia, vulnera los derechos en su esencia (como ocurre en el presente proyecto de ley), la ley en cuestión es y debe reputarse inconstitucional. Santiago, Noviembre de 2000.

References: artículo 7
 artículo 1
 artículo 85
 artículo 14
 artículo 85
 artículo 601
 artículo 19
 artículo 60
 artículo 7
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 3
 artículo 4
 Artículo 19
 artículo 19
 artículo 8
 artículo 19
 artículo 5
 artículo 19
 artículo 16
 artículo 5
 artículo 85
 resolución 
 artículo 8
 artículo 5
 artículo 19
 artículo 19