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Timestamp: 2019-04-19 03:12:20+00:00

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Ley del Principado de Asturias 3/2019, de 15 de marzo, sobre acción concertada con entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para la prestación de servicios de carácter social. [Cód. 2019-02894] - BOPA. Boletín Oficial del Principado de Asturias - Legislación - VLEX 773774829
Ley del Principado de Asturias 3/2019, de 15 de marzo, sobre acción concertada con entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para la prestación de servicios de carácter social. [Cód. 2019-02894]
Sección 1ª.. Requisitos y selección de entidades - arts. 7 y 8
Sección 2ª.. Aspectos procedimentales básicos - arts. 9 a 15
Sección 3ª.. Formalización de los acuerdos de acción concertada - art. 16
Sección 4ª.. Duración y extinción - arts. 17 a 21
Sección 5ª.. Acuerdos directos de acción concertada - art. 22
Órgano concertante: el órgano de la Administración concertante facultado para formalizar en nombre de ésta los respectivos acuerdos de acción concertada, previa tramitación del procedimiento previsto en esta ley.
Entidades de iniciativa social: las definidas como tales en el artículo 44.5 de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales.
Artículo 3 —Principios rectores.
Financiación, acceso y control público.
Eficiencia presupuestaria, utilización racional de los recursos públicos y control de los costes de los servicios.
Garantía de no discriminación, estableciendo condiciones de acceso a la acción concertada que garanticen la igualdad entre las entidades que opten a ella y entre los posibles beneficiarios de los servicios.
Publicidad en los procedimientos de tramitación, en la selección de las entidades y en la formalización, modificación y renovación de los acuerdos de acción concertada.
Transparencia en la utilización de fondos públicos, con sujeción a lo dispuesto en la Ley del Principado de Asturias 8/2018, de 14 de septiembre, de transparencia, buen gobierno y grupos de interés.
Eficacia en el cumplimiento de los objetivos sociales fijados.
Responsabilidad en la gestión de los servicios concertados.
Subordinación de la acción concertada a la utilización óptima de recursos propios.
Artículo 4 —Principios generales de intervención.
Atención a las especificidades y heterogeneidad de la demanda de las personas usuarias de los servicios sociales, en función de las necesidades específicas de apoyo que presentan.
Arraigo de la persona en el entorno de atención social y elección de la persona.
Calidad asistencial como criterio determinante de la elección de la entidad que prestará el servicio.
Atención continuada e integral de la persona.
Solidaridad, potenciando la implicación de las entidades del tercer sector en la consecución de objetivos sociales.
Igualdad, garantizando que la atención que se preste a las personas usuarias se realice en plena igualdad con quienes sean atendidos directamente por la Administración pública.
Promoción de la iniciativa social, de la igualdad de género y de la protección social y medioambiental.
Innovación en la gestión de las entidades y de los servicios públicos.
Participación, estableciendo mecanismos para la implicación efectiva de las personas usuarias en la prestación y evaluación de los servicios.
Artículo 5 —Prestaciones susceptibles de acción concertada.
Medidas de apoyo a las personas dependientes y sus familias, entendiendo como tales a las personas que por razones ligadas a la falta o a la pérdida de capacidad física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de una asistencia o ayuda importante para la realización de las actividades de la vida diaria.
Artículo 6 —Servicios susceptibles de acción concertada.
La reserva y la ocupación de plazas para uso exclusivo de las personas usuarias de servicios sociales de responsabilidad pública.
La gestión integral de prestaciones sociales, servicios, programas, recursos o centros.
Sección 1ª. Requisitos y selección de entidades Artículos 7 y 8
Artículo 7 —Requisitos de las entidades.
Contar con la oportuna justificación de haber cumplido el deber de comunicación previa o disponer de la autorización, acreditación o habilitación administrativa, cuando así se exija por la normativa sectorial correspondiente.
Estar debidamente inscritas en cualesquiera registros, cuando dicha inscripción sea exigible.
Encontrarse al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
La exigencia de la solvencia financiera y técnica mínima necesaria para desarrollar la prestación objeto de la acción concertada.
La experiencia mínima en la prestación de servicios sociales que se requiera y su forma de acreditación, en razón a las condiciones del servicio a prestar.
Los estándares mínimos y adecuados de calidad que deban cumplir las entidades en la prestación de los servicios.
Los medios profesionales y materiales adecuados y suficientes que las entidades deben disponer para la prestación del servicio objeto del acuerdo.
La disponibilidad de un inmueble por cualquier título jurídico válido en derecho y por un período no inferior a la vigencia del acuerdo de acción concertada, cuando sea necesaria para la prestación del servicio.
El importe mínimo de cobertura del seguro de responsabilidad civil que sea exigible.
Las prohibiciones para concertar que se establezcan con las entidades que hubieran sido objeto de sanciones firmes por incumplimientos graves de la normativa, en la ejecución de otros acuerdos de acción concertada.
Cualquier otro tipo de requisito que sea obligado por la legislación general o la normativa sectorial para la prestación de un servicio social concreto.
Artículo 8 —Selección de entidades.
La valoración favorable de las personas atendidas, si ya se hubiera prestado el servicio anteriormente, efectuada o supervisada por el órgano concertante.
Las certificaciones de calidad y la experiencia acreditada en la gestión y mejora de los servicios.
La continuidad en la atención y calidad prestada.
Las buenas prácticas sociales y de gestión de personal, así como la eventual incorporación de mejoras voluntarias en materia laboral, salarial o de seguridad en el trabajo.
La formación específica del equipo humano que prestará el servicio en la materia social específica que sea clave para su prestación.
La incorporación al equipo de trabajadores y colaboradores de la entidad de una proporción significativa de personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo.
El cumplimiento del principio de igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en la promoción profesional y en las condiciones de trabajo, y la eventual mejora de los requisitos mínimos exigibles en materia de igualdad y conciliación en la normativa autonómica.
El establecimiento de mecanismos para la participación efectiva de los usuarios y sus familias, en la prestación y evaluación de los servicios.
El trabajo en red con otras entidades en la gestión de prestaciones y servicios análogos conforme a criterios de proximidad y participación.
La promoción de la participación del voluntariado en el desarrollo de sus acciones.
Sección 2ª. Aspectos procedimentales básicos Artículos 9 a 15
Artículo 9 —Planificación sobre concertación.
Artículo 10 —Estudio de costes.
Artículo 11 —Iniciación del procedimiento.
La necesidad o no de llevar a cabo un procedimiento previo de selección de entidades de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8, así como, en su caso, la determinación de los criterios de selección.
La documentación que han de presentar las entidades, la forma y el plazo de su presentación, así como cualesquiera otros plazos que se prevean para cada uno de los restantes trámites de la convocatoria.
El número de plazas o unidades concertadas, cuando proceda.
La vigencia temporal del acuerdo.
Los medios mínimos materiales y profesionales necesarios para la prestación del servicio, así como los requisitos del proyecto técnico que la entidad deba presentar.
La organización y el funcionamiento básico del servicio y el régimen de acceso a los servicios concertados.
Las causas específicas de modificación y extinción de esa acción concertada.
Las obligaciones de la entidad, y en especial aquellas consideradas esenciales, a efectos de aplicación del artículo 19.1.c).
Los estándares y parámetros de calidad exigibles.
El régimen económico y la documentación que deba aportarse para el abono de la compensación de costes derivados del acuerdo de acción concertada.
La forma de evaluación y su periodicidad.
La cobertura del seguro de responsabilidad civil y, en su caso, el régimen de garantías.
La información precisa sobre las condiciones de subrogación del personal si procediese dicha subrogación.
La obligación de constituir garantías y, en dicho caso, las garantías exigidas, así como su régimen de constitución, cancelación y devolución y las responsabilidades a que estuvieran afectas.
Las cláusulas sociales necesarias que favorezcan la inclusión de las condiciones más favorables posibles en el ámbito de la protección social a los trabajadores y de seguridad social, de innovación, responsabilidad e inversión social y de protección medioambiental.
Las medidas necesarias para la elaboración, cumplimiento y evaluación de un plan de igualdad y de conciliación de la vida familiar y laboral, en relación con las personas trabajadoras y colaboradoras de la entidad concertada.
El régimen de resolución de las cuestiones litigiosas derivadas de la aplicación del régimen de acción concertada, que serán resueltas por el órgano concertante, previa audiencia de las personas o entidades interesadas.
Cualesquiera otras precisiones que se consideren necesarias para llevar a buen término la acción concertada.
Artículo 12 —Instrucción del procedimiento.
Artículo 13 —Finalización del procedimiento.
Artículo 14 —Tramitación de urgencia.
Artículo 15 —La comisión de valoración.
La persona que ostente la presidencia, que será designada por la persona titular del órgano concertante entre personas empleadas públicas de la Administración concertante y dirimirá con su voto los empates.
Tres personas que actuarán como vocales, que estarán adscritas a la Administración concertante o a la Administración pública a la que corresponda la tutela sobre la Administración concertante. Una será una empleada pública designada por la persona titular del órgano concertante y las otras dos, respectivamente, serán personas funcionarias designadas por las personas titulares de los órganos que tengan atribuidas las funciones de intervención económica y de asesoramiento jurídico a dicha Administración.
Una persona funcionaria de la Administración concertante, designada por la persona titular del órgano concertante, que actuará ejerciendo funciones de secretaría con voz y voto.
Sección 3ª. Formalización de los acuerdos de acción concertada Artículo 16
Artículo 16 —Documento administrativo de formalización.
Sección 4ª. Duración y extinción Artículos 17 a 21
Artículo 17 —Duración.
Artículo 18 —Prórroga.
Artículo 19 —Extinción.
La finalización de su plazo de duración y de sus posibles prórrogas.
El acuerdo mutuo de las partes manifestado con la antelación suficiente que se determine en el acuerdo, a fin de garantizar la continuidad del servicio.
El incumplimiento grave de las obligaciones esenciales derivadas del acuerdo por parte de la entidad concertada, previo requerimiento para su cumplimiento.
La extinción de la entidad con la que se ha establecido el acuerdo, excepto cuando la organización y el patrimonio pasen a ser de titularidad de otra entidad de iniciativa social sin ánimo de lucro que cumpla todos los requisitos exigidos en el acuerdo de acción concertada y asuma las obligaciones correspondientes a dicho acuerdo.
La pérdida por la entidad concertada de los requisitos exigidos para suscribir el acuerdo.
El cese voluntario de la entidad en la prestación del servicio, debidamente autorizado.
La inviabilidad económica o técnica de la entidad constatada por los informes de auditoría que se soliciten.
La modificación de las condiciones económicas o técnicas por parte del órgano concertante, cuando la entidad no preste su conformidad.
La negativa no justificada en la atención a las personas derivadas para la prestación de servicios concertados.
La baja demanda de las personas con derecho de acceso al servicio.
La infracción de limitaciones a la contratación o a la cesión de servicios concertados.
La evaluación negativa en los términos establecidos en el artículo 21.
Cualesquiera otras causas de extinción que se prevean en los acuerdos de acción concertada o que se establezcan en la normativa aplicable.
Artículo 20 —Procedimiento para la extinción del acuerdo de acción concertada.
Artículo 21 —Evaluación.
Las evaluaciones servirán de base para determinar si se mantiene o no la prestación de los servicios en régimen de acción concertada y para determinar si procede la prórroga de los acuerdos. Durante el período de prórroga, las evaluaciones se realizarán con la misma periodicidad que durante el acuerdo inicial.
Sección 5ª. Acuerdos directos de acción concertada Artículo 22
Artículo 22 —Acuerdos directos de acción concertada.
Artículo 23 —Obligaciones de las entidades concertadas.
Proveer los servicios en las condiciones estipuladas en la legislación aplicable y en el acuerdo.
Ajustar el funcionamiento del servicio concertado a las directrices que dicte la Administración concertante en orden a la efectiva coordinación de los servicios, sin perjuicio de la autonomía de gestión de la entidad concertada en la ejecución del acuerdo.
Garantizar en todo momento a las personas beneficiarias de la prestación todos los derechos recogidos en la normativa de servicios públicos sociales en favor de las personas usuarias.
Indemnizar a las personas afectadas por los daños y perjuicios que se causen, por sí mismas o por terceros, como consecuencia de la ejecución de la acción concertada, salvo sea imputable a la Administración concertante al obrar en cumplimiento de una directriz clara y unívoca de ésta.
Hacerse cargo de forma exclusiva del personal adscrito al servicio concertado, de sus retribuciones, del resto de obligaciones en materia de seguridad social y salud laboral y de su formación continuada.
Realizar una auditoría técnica y económica externa con la periodicidad que le sea requerida para garantizar la calidad del servicio, así como para valorar el debido cumplimiento de los derechos de las personas usuarias atendidas y la aplicación de los fondos percibidos en concepto de compensación de costes.
Someterse al control financiero y técnico y a las funciones inspectoras y sancionadoras que se puedan exigir al amparo de la normativa de las Administraciones competentes en la materia y facilitar cuanta documentación le sea requerida en el ejercicio de dichas funciones de control.
Elaborar un proyecto técnico de la prestación, del programa, o de los servicios, recursos o centros, que permita comprobar la adecuación de la prestación del servicio objeto de dicha acción concertada a los principios generales de intervención recogidos en el artículo 4.
Cumplir con las obligaciones que se establezcan en las bases conforme al artículo 11.3 h), así como las derivadas de cualquier normativa que, con carácter general o específico le sea de aplicación, tanto por la naturaleza jurídica de la entidad como por el tipo de servicio objeto de concertación.
Artículo 24 —Sistemas de información y protección de datos personales.
Artículo 25 —Acceso a los servicios concertados.
Artículo 26 —Modificación de los acuerdos.
Artículo 27 —Contratación de actuaciones con terceros.
Artículo 28 —Cesión de servicios concertados.
Artículo 29 —Caracterización y delimitación de la compensación económica a las entidades.
La financiación de la acción concertada cubrirá los gastos de amortización de bienes muebles o inmuebles indispensables para la prestación de los servicios, siempre que no excedan de los que sean atribuibles al servicio prestado y al propio período de vigencia del acuerdo, y que su importe no supere el límite fijado en las bases de cada convocatoria.
Artículo 30 —Tarifas, módulos o formas de cálculo.
Artículo 31 —Incompatibilidad con subvenciones.
Las entidades locales establecerán en el marco de su potestad de autoorganización, la composición de la comisión de valoración a que se refiere el artículo 15, que estará formada por un mínimo de tres personas que deberán ser empleadas públicas de la propia entidad local que actúe como órgano concertante, o de la Administración del Principado de Asturias, o de otras entidades locales.

References: artículo 44

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11
 artículo 8
 artículo 19
 resolución 

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15
 Artículo 16

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19
 artículo 21

Artículo 20

Artículo 21
 Artículo 22

Artículo 22

Artículo 23
 artículo 4
 artículo 11

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31
 artículo 15