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CORTE NACIONAL de JUEZ Recurso de Casacion Peculado
La Imputacion Necesaria en El Procesal Penal
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EL DERECHO AL RECURSO DEL CONDENADO EN SEGUNDA
Rodrigo Loza Gutiérrez*
El artículo 301 del Código de Procedimientos Penales de 1940 impide que el
absuelto en primera instancia pueda ser condenado en segunda instancia,
posibilitando solamente la declaración de nulidad de la sentencia recurrida y ordenar
nueva instrucción o nuevo juicio oral. Sin embargo, esta situación cambia con la
entrada en vigencia del Código Procesal Penal de 2004 (en adelante CPP de 2004),
puesto que prescribe expresamente, en su artículo 425.3.b, la posibilidad de
condenar en segunda instancia al imputado que fue absuelto en la sentencia
El artículo 425 del CPP de 2004 dispone:
“3. La sentencia de segunda instancia, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 409°, puede:
b. Dentro de los límites del recurso, confirmar o revocar la sentencia apelada.
Si la sentencia de primera instancia es absolutoria puede dictar sentencia
condenatoria imponiendo las sanciones y reparación civil a que hubiere lugar
o referir la absolución a una causa diversa a la enunciada por el Juez…”
Al respecto, cabe acotar que la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente,
en la Consulta nº 2491-20101-Arequipa, considerando 5, sostiene que “el nuevo
tratamiento de reforma de la sentencia absolutoria de primera instancia por una de
carácter condenatoria, ha dado lugar a lo que se denomina, el régimen jurídico de la
condena del absuelto, el mismo que no afecta la denominada garantía de la “doble
instancia” reconocida en el inciso 6 del artículo 139 de la Constitución Política del
Estado, en la medida que, en estricto, lo que se reconoce en dicha norma
constitucional es la garantía de la instancia plural, la misma que se satisface
estableciendo, como mínimo, la posibilidad en condiciones de igualdad de “dos
sucesivos exámenes y decisiones sobre el tema de fondo planteado, por obra de dos
Bachiller en Derecho por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, asociado del Estudio Loza Avalos,
Coordinador de la Revista Jurídica Alerta Informativa – Loza Avalos Abogados, miembro del Instituto de Ciencia
Procesal Penal – INCIPP.
1Consulta nº 2491-2010/Arequipa, Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, de fecha 14/09/2010.
1 CPP 2004). en cuanto sean aplicables. el procedimiento establecido para la apelación por sí mismo no resultaría inconstitucional. Respecto al art.5 del PIDCyP. puede ser recurrido por el condenado ante un Tribunal Superior compuesto por profesionales. a los que corresponde controlar si se han cumplido con todas las garantías del debido proceso 2 . que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley”. así. en su artículo 8. ello dentro del marco de un modelo de apelación limitada. además de que la decisión del ad quem debe guardar estricta congruencia con la pretensión recursal. entre ellos la oralidad y la inmediación. lo que se cuestiona es de qué manera se puede cautelar el cumplimiento de lo dispuesto en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos. 424. ante los tribunales nacionales competentes. debemos delimitar dos aspectos. 14. en tanto la condena del absuelto guarda estrecha relación con el derecho al recurso que se le concede a quien ha sido condenado en segunda instancia. ya que está sujeto al cumplimiento de determinados lineamientos. Por ello. la Convención Americana de Derecho Humanos. “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo. en el proceso penal de los Estados Unidos. cabe decir que el CPP de 2004 dispone de una serie de garantías que deben ser cumplidas en segunda instancia. el resguardo de las garantías mínimas en segunda instancia y del otro el derecho al recurso del condenado en segunda instancia. Doig Díaz expone que “Desde una interpretación histórica.5 se dispone que “Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior. única parte acusadora y. de modo que el segundo debe prevalecer sobre el primero””.órganos jurisdiccionales distintos. literal h cuando menciona “Toda persona tiene derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”. donde el veredicto absolutorio del Jurado no puede ser recurrido por el Ministerio Fiscal. el veredicto condenatorio. No obstante. en especial. las normas relativas al juicio de primera instancia (art. Ahora bien el segundo aspecto. dicho precepto fue redactado pensando en el proceso penal anglosajón y. inciso 2. señala en su artículo 8º. Del mismo modo. conforme a lo prescrito por la ley”. en cambio. se exige que en la audiencia de apelación se observen. a saber. así como el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos en cuyo artículo 14. De un lado. la Declaración Universal de Derecho Humanos. En cuanto a lo primero.
sin los límites que contiene la casación. se propone que el art. Víctor (Coordinador). 545- 3 . que el art. resulta razonable que dicho precepto haya contemplado la posibilidad de interponer el recurso única y exclusivamente contra sentencias condenatorias y que la revisión efectuada por el Tribunal Superior pueda sólo confirmar o anular la decisión para. pp. 2005. se presta hasta a tres interpretaciones diferentes. 14.o si debe ser anulada y repetido el juicio con Jurado. la tipificación y la pena. en la interposición del recurso. el diseño que realiza la norma procesal penal peruana se corresponde plenamente con una lectura garantista del art. De acuerdo con estos antecedentes. según sea el énfasis – mínimo. que podría conducir al absurdo de arbitrar un nuevo recurso para quien resulta condenado por vez primera en segunda instancia. 14. 14. se cumplan las formalidades previstas en la ley. disponer el nuevo juicio por Jurado.5 PIDCP. El Nuevo Proceso Penal. a diferencia del modelo que consagra el aún vigente Código de Procedimientos Penales de 1940”2. el acento se pondrá en la necesidad de una apelación que revisa el hecho. Contrastadas tales interpretaciones con el CPP 2004. De acuerdo con lo anterior. en su caso. Si es medio. de modo que para dar por cumplido el doble grado de jurisdicción no basta con que la sentencia sea susceptible de ser revisada por un tribunal superior. este tema ha cobrado relevancia a raíz de una reciente sentencia de la Corte IDH Caso Mohamed vs Argentina. Tal y como está redactado dicho precepto. donde ha manifestando lo siguiente: “que el derecho a recurrir del fallo no podría ser efectivo si no se garantiza respecto de todo aquél que es condenado. En: Cubas Villanueva. y que resulta contrario al propósito de ese derecho específico que no sea garantizado frente a quien es condenado mediante una 2 DOIG. la culpabilidad. Yolanda. resulta evidente que su sistema de recursos no se ha inclinado por la concepción mínima. ni tampoco se ha instaurado la maximalista. siempre y cuando.5 sea interpretado como el derecho del imputado a tener un juicio doble. Ahora bien. El nuevo ordenamiento procesal consagra la posibilidad de que el órgano superior pueda revisar íntegramente la sentencia. Empero. entendido como doble juicio en caso de condena. Por último si se trata del máximo grado de garantismo.5 PIDCP tenga el sentido anteriormente descrito en el sistema anglosajón no supone que deba extrapolarse en los mismos términos al ordenamiento procesal de corte continental. medio o máximo – que se ponga en asegurar las garantías del procesado. Estudios fundamentales. Lima: Palestra Editores. Si el énfasis es mínimo bastará con entender que la sentencia debe ser sometida a un tribunal superior. “El recurso de apelación contra sentencias”.
Está sujeta de manera absoluta a los hechos legalmente comprobados y establecidos en la sentencia o auto recurridos”. Así. resulta ser inconstitucional. entonces lo dispuesto en el art. En suma.3 “b” podría resultar inconstitucional en la medida que no se regule un procedimiento adecuado que le permita interponer un recurso ordinario contra la sentencia que le causa agravio. el recurso de casación regulado en el CPP de 2004 no cubriría plenamente el derecho al recurso. Caso Mohamed vs Argentina.cr/docs/casos/articulos/resumen_255_esp.corteidh. conforme al art. implicaría dejar al condenado desprovisto de un recurso contra la condena3”. 3 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHO HUMANOS. pues en nuestro sistema la casación está circunscrita a una revisión jurídica y no a una revisión de los hechos. En esa línea. http://www.pdf 4 . Interpretar lo contrario. si el derecho al recurso también le corresponde a condenado en segunda instancia. 425. lo cual origina que la condena al absuelto. En tal sentido. 432 “La competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema se ejerce sobre los errores jurídicos que contenga la resolución recurrida.or.sentencia que revoca una decisión absolutoria. Sentencia 29 de noviembre de 2012. al no estar regulado en nuestro ordenamiento jurídico un recurso ordinario contra esta resolución. el derecho al recurso también ampara al imputado que es condenado por primera vez en sentencia de segunda instancia.
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References: artículo 301
 artículo 425
 artículo 425

artículo 409
 artículo 139
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 14
 resolución