Source: https://www.scribd.com/doc/102713234/SALARIOS-INDEBIDOS
Timestamp: 2017-07-28 10:26:18+00:00

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SALARIOS INDEBIDOSUploaded by Alex Ca FlRelated InterestsSalaryLabour LawStatute Of LimitationsPaymentsGovernmentRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedDescription: refView MorerefCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentSALARIOS INDEBIDOS.ÍNDICE 1. Introducción. 2. La deuda reclamable. a) Conceptos salariales. 3. Plazo para reclamar los pagos erróneos. 4. La compensación también tiene plazo. 5. Salarios pagados sin prestación de servicios. 6. Derechos adquiridos. 7. Es motivo de despido no comunicar el error. 8. Devolución de las cuotas de Seguridad Social. a) Plazos y consecuencias. b) Forma de la solicitud. 9. Conclusiones. 1. INTRODUCCIÓN Este comentario tiene por objeto analizar las posibilidades de descuento o devolución de cantidades pagadas de más a los trabajadores como salarios o por otros conceptos económicos derivados de su prestación de servicios salariales, por error al confeccionar los recibos de salarios . O por ingresar, también por error, cuantías superiores a las reflejadas en la nómina. Errores que pueden ser de incidencia individual o colectiva. También, para indicar, a la luz de la legislación, el sentido común y la doctrina de distintos tribunales de justicia, el procedimiento, plazos y requisitos para que la empresa pueda compensar lo pagado de más o instar su devolución y la trascendencia que ello tiene en la cotización a la Seguridad Social . Tanto si la correspondiente a lo pagado de más erróneamente no ha sido liquidada como si procede la devolución de la totalidad o parte de las cuotas abonadas por retribuciones que no correspondían al trabajador. Las situaciones objeto de este comentario no suelen ser habituales, pero ocurren con más frecuencia de lo que pudiera parecer. En especial en empresas de gran tamaño. A veces, resulta complicada la restitución y no siempre en la forma ni con la rapidez que la empresa necesita. Suele darse cuando el pago se efectúa a través de transferencia bancaria, que siempre es una decisión del empresario, pues corresponde al mismo la opción entre el pago en metálico y el pago mediante talón u otra modalidad similar a través de entidades de crédito, lo que también alcanza a la transferencia bancaria, pero el trabajador puede negarse a la apertura de una cuenta corriente o libreta de ahorros en una determinada entidad bancaria. Aunque no puede obligar al empresario a abonarle el salario mediante transferencia también en una determinada entidad, por lo que lo normal es hacer el abono poniéndose de acuerdo las partes de la relación laboral respecto a la forma. 2. LA DEUDA RECLAMABLE Para centrar las actuaciones que el empresario puede llevar a cabo, hay que convenir que las mismas han de estar referidas a conceptos derivados del trabajo realizado por quienes
han percibido erróneamente las cantidades que se pretender recuperar. Lo cual está sujeto a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y en el Orden Jurisdiccional Social. Porque si se refirieran a otros conceptos -préstamos, por ejemplo-deberían dilucidarse por el Orden Civil. Aunque en las cuestiones salariales también pueden influir algunos artículos del Código Civil cuando persista la relación laboral y la deuda pueda ser compensada. Hay reiterada doctrina sobre que pueden descontarse en los recibos salariales cantidades pagadas indebidamente con anterioridad, pues si se dan los requisitos de la compensación legal establecida (CC art.1196) ésta opera automáticamente (CC art.1202; TS 7-6-83) sin que sea necesaria la intervención de los sujetos implicados ya que se produce incluso sin su conocimiento (AN 14-12-95). Se entiende que procede la compensación legal cuando las deudas confrontadas estén vencidas y sean líquidas y exigibles. Pero hay que diferenciar entre la compensación de deudas entre empresario y trabajador prevista en el Código Civil y la llamada compensación y absorción regulada en el Estatuto de los Trabajadores. Por consiguiente, la compensación sólo puede hacerse por las cuantías no prescritas , no siendo aplicables a las correspondientes a periodos anteriores a un año del momento de la notificación. Porque no se trata de una compensación y absorción debida a un aumento establecido por convenio colectivo o alguna norma de rango superior, cuando ya se estaban percibiendo retribuciones superiores y las nuevas cuantías pueden ser compensadas y absorbidas sin necesidad de ser pagadas a los trabajadores. a) Conceptos salariales A ninguna de las partes de la relación laboral le tiene que quedar duda de qué debe entenderse por salario , cuál es su estructura y qué partidas quedan desprovistas de naturaleza salarial . Porque se trata de un concepto que no ha sufrido modificación alguna desde que en 1994 se reformó parcialmente el Estatuto de los Trabajadores y se derogaron el Decreto 2380/1973, de 17 de agosto, de Ordenación del Salario, y su Orden de desarrollo, de 22 de diciembre de 1973. Aunque su regulación en derecho positivo es muy escueta, pues queda recogida de una forma muy genérica en el artículo 26 Estatuto de los Trabajadores, cuyo texto es el siguiente: «1. Se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los períodos de descanso computables como de trabajo. En ningún caso el salario en especie podrá superar el 30% de las percepciones salariales del trabajador. 2. No tendrán la consideración de salario las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral, las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones o despidos. 3. Mediante la negociación colectiva o, en su defecto, el contrato individual, se determinará la estructura del salario , que deberá comprender el salario base, como retribución fijada por unidad de tiempo o de obra y, en su caso, complementos salariales fijados en función de circunstancias relativas a las condiciones personales del trabajador, al trabajo realizado o a la situación y resultados de la empresa, que se calcularán conforme a los criterios que a tal efecto se pacten. Igualmente se pactará el carácter consolidable o no de dichos complementos salariales, no teniendo el carácter de consolidables, salvo acuerdo en contrario, los que estén vinculados al puesto de trabajo o a la situación y resultados de la empresa. 4. Todas las cargas fiscales y de Seguridad Social a cargo del trabajador serán satisfechas por el mismo, siendo nulo todo pacto en contrario. 5. Operará la compensación y absorción cuando los salarios realmente abonados, en su conjunto y cómputo anual, sean más favorables para los trabajadores que los fijados en el orden normativo o convencional de referencia.» Está claro que el legislador pretende dotar de un especial protagonismo a la negociación colectiva , en la lógica correspondencia con la necesidad de matizar la regulación de las políticas retributivas en función de los sectores productivos y de las dimensiones y tipología de las empresas que lo integran. Ha de presumirse que es salario cuanto el trabajador percibe del empresario. No importa que se denomine sueldo, gratificación, prima, plus, compensación,
horas, jornales o cualesquiera otros conceptos. Pero las cantidades satisfechas por el empleador que no compensen la prestación de los servicios carecen de naturaleza salarial, ya que sólo es salario la retribución satisfecha como contravalor de la actividad desarrollada por cuenta ajena y la reclamación de ésta cuando sea abonada erróneamente, como queda dicho, han de llevarse a cabo por otra vía que no sea la social. Sin embargo, como se verá más adelante, los errores de pago de las empresas por periodos sin relación laboral pueden ser considerados retribuciones derivadas del trabajo. 3. PLAZO PARA RECLAMAR PAGOS ERRÓNEOS Habida cuenta de que este comentario está referido al descuento o devolución de cantidades pagadas de más a los trabajadores bien, por error al confeccionar las nóminas o al ingresar en sus cuentas bancarias cuantías superiores a las que les correspondían legalmente o figuraban en sus recibos de salarios , hay remitirse al ET art.59.1 y 2, que establece lo siguiente: «1. Las acciones derivadas del contrato de trabajo que no tengan señalado plazo especial prescribirán al año de su terminación. A estos efectos se considerará terminado el contrato: a) El día en que expire el tiempo de duración convenido o fijado por disposición legal o convenio colectivo. b) El día en que termine la prestación de servicios continuados, cuando se haya dado esta continuidad por virtud de prórroga expresa o tácita. 2. Si la acción se ejercita para exigir percepciones económicas o para el cumplimiento de obligaciones de tracto único, que no puedan tener lugar después de extinguido el contrato, el plazo de un año se computará desde el día en que la acción pudiera ejercitarse.» Del citado punto segundo se deriva que la reclamación de diferencias salariales , tanto no percibidas como por haber sido percibidas en cuantía incorrecta por el trabajador, prescriben al año de su devengo. Lo cual ha de hacerse extensivo a las reclamaciones que puede hacer el empresario por pagos realizado de más erróneamente. En caso contrario se caería en agravios comparativos y en injusticia, porque si opera para que los trabajadores puedan reclamar derechos derivados de su relación laboral, justo es que los empresarios tengan la misma limitación para procurar los suyos, quedando prescritos todos los anteriores a los 365 días previos a la reclamación. De ello existe mucha jurisprudencia que coincide en que el plazo de prescripción aplicable tiene que ser el de un año a que hace méritos el ET art.59.2, por el que también se rige aquella institución extintiva cuando de reclamaciones salariales se trata. La doctrina no observa razón alguna para que el plazo de un año que tienen los trabajadores para hacer valer su derecho a exigir percepciones económicas no satisfechas o abonadas parcialmente haya de ser mayor cuando el demandante sea el empleador y su causa la posible existencia de cobros indebidos de índole salarial. Los plazos han de computarse de fecha a fecha , en base a las reglas de carácter general que contiene el CC art.5, y cuando en el mes de vencimiento no hubiera equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Lo primero que hay que hacer es poner en conocimiento del trabajador el error cometido y, si cabe la compensación de toda o parte de la cuantía, por seguir de alta, informarle de cómo va a llevarse a cabo la misma. Si eso no fuera posible, hay que solicitarle la devolución del cobro indebido y, en caso de no avenirse a realizarla, debe ejercitarse la acción ante los tribunales , lo cual interrumpe la prescripción, incluso desde el momento de solicitar, antes de la demanda, el preceptivo acto previo de conciliación en el órgano administrativo que asuma esa funciones, según establece la LPL art.63. Si a la conciliación no compareciera el trabajador, la misma se tiene intentada sin efecto y posteriormente, en el juicio el juez o tribunal debe apreciar temeridad o mala fe si la incomparecencia fue injustificada, imponiendo una multa que no excede de 601,01 euros si la sentencia que en su día se dicte coincidiera esencialmente con la pretensión contenida en la papeleta de conciliación. 4. LA COMPENSACIÓN TAMBIÉN TIENE PLAZO Para la compensación posible de los pagos hechos erróneamente también rige el mismo plazo de prescripción . Así se desprende del proceso judicial que relato a continuación.
Con fecha 27 de febrero de 2004, la Dirección del Área Territorial de Madrid-Norte y con motivo de la revisión de la nómina de una trabajadora por la que detectó un error material en la confección de la misma y en consecuencia una cantidad satisfecha indebidamente a la trabajadora de 2.261,30 euros en concepto de trienios durante el período comprendido entre mayo de 2000 y noviembre de 2003, dictó resolución acordando el reintegro mediante compensación de la citada cantidad. La cual se compensaría, de forma fraccionada, en las nóminas del ejercicio presupuestario de 2004, siendo doble la cuantía de los meses de junio y diciembre; de manera que durante los meses de marzo, abril, mayo, julio, septiembre, octubre y noviembre se le descontaría la cantidad de 188,44 euros, y en los meses de junio y diciembre la cantidad de 376,89 euros. Recurrió la trabajadora tal resolución ante el Juzgado de lo Social y éste desestimó su demanda, considerando acertado el proceder del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. También recurrió en suplicación denunciando determinados errores y postulando la adición de un nuevo ordinal al relato histórico de la sentencia recurrida, que dijera: «De prosperar la tesis de la demandante consistente en estimar prescritas las cantidades percibidas por trienios desde mayo de 2000 hasta febrero de 2003, la cantidad prescrita ascendería a 1.830,32 euros». Es decir, a tenor de lo establecido en el ET art.59.2, solicitaba que se consideran prescritos los cobros indebidos correspondientes al año anterior a la notificación por la empresa del error cometido y de la forma en que iba a proceder a su compensación. En la sentencia sobre el citado recurso, el TSJ Madrid 30-5-05 lo estimó en parte con, entre otros, el fundamento de derecho siguiente: «La deuda que la Comunidad de Madrid reclama a la recurrente al derivarse del contrato de trabajo que les une, el plazo de prescripción aplicable tiene que ser el de un año a que establece el ET art.59.2.» La Sala mostró su disconformidad con el rechazo de la demanda por la juez «a quo» al basarse en la Ley reguladora de la Hacienda de la Comunidad Autónoma que estable la prescripción para liquidar a su favor créditos 4 años desde el día en que el derecho pudo ejercitarse, pues, tales prevenciones únicamente son de aplicación en las relaciones de la Comunidad de Madrid con sus administrados en ejercicio de la actividad administrativa, mas ninguna razón existe para que también se tengan en cuenta cuando se trata de obligaciones y derechos emanados de un contrato de trabajo, en que la posición de la ahora recurrida en su condición de empresa no está revestida del imperium que caracteriza la actuación que como Administración también le es propia. Igualmente discrepó con que la Magistrada de instancia trajera a colación la doctrina jurisprudencial que se recoge en sentencias de la Sala Cuarta del TS 12-2-92; 13-2-92 y 18-392, doctrina que hace méritos de forma exclusiva al reintegro de prestaciones económicas del Sistema de la Seguridad Social indebidamente percibidas. Y concluyó así: «Para finalizar, señalar que la aplicación de la prescripción de un año del ET art.59.2 en caso de reclamaciones de empresas con motivo de percepciones salariales satisfechas indebidamente a sus empleados es la solución que también vienen aplicando otras Salas de suplicación, pudiendo traerse a colación en este sentido las sentencias de las Salas de lo Social de TSJ Canarias 9-2-99 y TSJ Galicia 11-12-02. Conforme a esta última: «Por el contrario, las normas legales que según la recurrente vulnera la sentencia se proyectan a otros ámbitos, especialmente el de la administración tributaria, o están previstas para otras reclamaciones, como las de seguridad social (actualmente, 4 años)». 5. SALARIOS PAGADOS SIN PRESTACIÓN DE SERVICIOS Partiendo de la base de que la prescripción de un año que establece el ET art.59.2 para las reclamaciones derivadas del contrato de trabajo es tanto para los trabajadores como para los empresarios , puede darse la situación de que lo reclamado corresponda a pagos efectuados por periodos en que no existía contrato de trabajo y no parezca lógico requerir el pago indebido ante la Jurisdicción Social con el citado plazo de prescripción. Eso le ocurrió a la Junta de Andalucía, cuya Consejería de Educación y Ciencia efectuó unos pagos por error a una ex trabajadora durante el periodo comprendido entre el 19-2-1999 al 30-6-2000, cuando su contrato de trabajo había finalizado el día 18-2-1999, y por ello pretendía que se aplicara el plazo de prescripción de 5 años establecido en la L 5/1983 art.24.1.a, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por entender que, al no ser la perceptora acreedora de salario , lo que se le había pagado erróneamente no podía considerarse derivado de su contrato de trabajo y, por lo tanto no era de aplicación el ET art.59.2. La sentencia que dictó el Juzgado de lo Social por la demanda presentada por la Junta de Andalucía consideró prescritas las cuantías anteriores al año de la reclamación, precisamente en aplicación del art.59.2 precitado. Recurrió en suplicación el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía alegando la excepción de incompetencia de jurisdicción, por estimar competente para la resolución del litigio a la jurisdicción contencioso-administrativa, por aplicación de la L 29/1998 art.1, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, en relación con la LPL art.1 y la LOPJ art.9. Pero el TSJ Andalucía 19-3-02, no estimó el recurso de suplicación planteado por entender que la naturaleza jurídica de las cantidades abonadas y en este caso los pagos realizados a la demandante fueron en concepto de salarios , como consecuencia del contrato laboral temporal que le vinculó con la Consejería de Educación y Ciencia. Aunque la misma satisfizo a la demandante unas retribuciones que no le correspondían al haber concluido el plazo temporal de vigencia del contrato de trabajo, retribuciones que estaban fijadas en el V Convenio Colectivo del personal laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, que regula además las condiciones de la prestación de servicios de la trabajadora, lo que determina que todas las cuestiones relativas al contrato de trabajo que vinculaba a las partes deban ser resueltas por la jurisdicción social, conforme a la LPL art.2, que establece que: «Los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán las cuestiones litigiosas que se promuevan contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral». Este ejemplo, además de dejar claro que tales prevenciones normativas de recaudación y plazos de las Comunidades Autónomas sólo son de aplicación a las relaciones que mantienen con sus administrados en el ejercicio de la actividad administrativa que le es propia, pero ninguna razón existe para justificar que también se tengan en cuenta cuando se trata de obligaciones y derechos emanados del contrato de trabajo que le vincula a uno de sus empleados, puntualiza que para las relaciones laborales de las empresas con sus trabajadores, que traen causa del devenir del contrato de trabajo, el Estatuto de los Trabajadores ya dispone específicamente en su art.59.2 el plazo de un año para la prescripción de las reclamaciones que tengan por objeto «exigir percepciones económicas». Concepto éste que sin ninguna dificultad puede comprender tanto las deudas a favor del trabajador por impago total o parcial de sus retribuciones, cuanto aquellos otros débitos a favor de la empresa que dimanen, cualquiera que sea su causa, de un exceso en el abono de la remuneración pactada la consideración de la relación laboral va más allá del momento de la extinción de la misma y que para los casos de reclamación de pagos indebidos , objeto de este comentario, es plenamente eficaz el ET art.59.2, que limita a un año el plazo de prescripción a todos los efectos. 6. DERECHOS ADQUIRIDOS No siempre el error en la confección de los recibos de salarios tiene las mismas consecuencias y puede subsanarse previa demostración ante los tribunales del mismo y con ello reclamar lo pagado indebidamente. Porque puede ocurrir que ese error se convierta en un derecho adquirido de los trabajadores , si ha perdurado en el tiempo pudiendo haber sido evitado por la empresa. Así lo estimó la Sala de lo Social de la AN 17-12-07, al resolver un conflicto colectivo que afectaba a un número aproximado de dos mil ochocientos trabajadores de centros de trabajo de La Coruña, Málaga, Madrid y Zaragoza y promovido por lo siguiente: Desde 1998 era práctica común que los trabajadores de la actividad de telemarketing, a diferencia de los compañeros que prestan servicios en otras actividades de la empresa, percibieran completas las dos pagas extraordinarias anuales con independencia de que, a lo largo del período de devengo de cada una, el trabajador de que se tratara hubiese estado o no en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes, no variando dicha situación ni siquiera cuando hacia el año 2001 ó 2002, la empresa implantó un sistema informático de confección de nóminas con sus propios medios, que es el que sigue utilizándose. Pero sobre el mes de mayo de 2007, a raíz de una auditoría llevada a cabo por sus propios servicios sobre la aplicación informática de confección de nóminas, la empresa consideró que existía un error en el abono de las pagas extraordinarias en relación a los trabajadores a los que nos hemos referido y les comunicó que se procedería a corregir el cálculo en la aplicación de nóminas.
También comunicó a los Comités de Empresa que se llevaría a cabo la indicada corrección y el reintegro de las percepciones pagadas en exceso y que podría, como máximo, perdonar las cantidades del año 2006 y empezar a aplicar el nuevo cálculo en el año 2007, propuesta que no fue aceptada por los representantes de los trabajadores. La citada sentencia declaró la nulidad de la indicada decisión o práctica empresarial, condenando a la empresa demandada pasar por tal declaración y cumplirla en sus justos límites. Ante lo cual, ésta recurrió al Tribunal Supremo, cuya Sala Cuarta TS 13-7-09, desestimó el recurso de casación con, entre otros, estos fundamentos de derecho: «Ciertamente, como apunta el Ministerio Fiscal, es incompatible la doble argumentación de la recurrente sobre la existencia de un error y una situación de tolerancia por parte de la empresa. En todo caso, el error tendría que haber sido acreditado por la empresa que lo alega, y de todas formas nos encontraríamos ante un error de carácter vencible que debió ser detectado y corregido cuando, en los años 2001 ó 2002, se implantó el propio servicio informático de aplicación de nóminas. Por el contrario, como resume con acierto la sentencia recurrida (fundamento jurídico quinto), de la resultancia probatoria se infiere que existió un acto tácito inicial de concesión unilateral por parte de la empresa de una condición más beneficiosa consistente en abonar las pagas extraordinarias de junio y navidad sin verificar descuento alguno por situaciones de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes; existe también el acto recepticio tácito por parte de los trabajadores a los que afecta esta litis, haciendo suya la ventaja otorgada; y esta situación se prolonga ininterrumpidamente desde 1998 hasta el año 2007, sin modificación alguna ni advertencia empresarial, ni siquiera cuando pasa a confeccionar las nóminas con su propio sistema informático. Existen por tanto indicios suficientes para colegir la voluntad tácita de la empresa de atribuir el beneficio, incorporándolo al nexo contractual que la vincula con los trabajadores afectados, y que no puede ser dejado sin efecto por un acto unilateral de la empresa, sino acudiendo al procedimiento del ET art.41.4.» 7. ES MOTIVO DE DESPIDO NO COMUNICAR EL ERROR La línea divisoria entre el error material o de hecho y el de derecho o conceptual es a veces de imprecisa determinación. La jurisprudencia, sin embargo, se ha encargado de determinar las características básicas que presenta el error material o de hecho para ser reconocido como tal. Así, la TS 28-9-92 señala que éste se define «por ser manifiesto, ostensible e indiscutible, implicando, por sí solo, la evidencia del mismo sin necesidad de mayores razonamientos y exteriorizándose, prima facie, por su sola contemplación». Por eso, el trabajador que se aprovecha del error de la empresa al confeccionar los recibos de salarios o al ingresar cantidades superiores en la cuenta bancaria del trabajador a las que corresponde a éste por su trabajo o los pactos establecidos constituyen, especialmente si el error es notorio y fácilmente detectable por el empleado, una trasgresión de la buena fe contractual y eso puede ser sancionado con el despido. A este respecto sintetizo a continuación un caso ocurrido en Burgos. El año 1988, un trabajador con la categoría profesional de conductor-perceptor y un salario mensual de 233.540 pesetas, percibía cada mes una suma de 5.084 pesetas en concepto de quebranto de moneda. El mes de mayo, por error en la confección de las nóminas, por dicho concepto percibió 5.084.000 pesetas (lo que tenía pactado multiplicado por mil), error que se reprodujo en las nóminas de los meses de junio, julio y agosto, ascendiendo lo percibido de forma indebida a 17.078.448 pesetas. Al apercibirse del error no lo comunica al Departamento correspondiente, sino que paulatinamente retira de su cuenta el dinero ingresado, sin que conste el destino del mismo. El 28-9-1998, se le incoa expediente disciplinario, acordándose el 23-10-1998 y con efectos de ese mismo día su despido del demandante por los hechos descritos anteriormente. En el Juzgado de lo Social se dictó sentencia, con fecha 3-2-99, que desestimaba la demanda interpuesta por el trabajador sobre despido declarando la procedencia del mismo y absolviendo a la empresa. Por lo cual el trabajador interpuso recurso de suplicación ante el TSJ Castilla y León, que fue desestimado por sentencia 31-3-99, argumentándose en la misma lo siguiente: «El expediente disciplinario incoado, en el que se acordó el despido del demandante lo fue porque el actor, una vez se apercibió del error en la confección de las nóminas de los meses de
mayo, junio, julio y agosto, por lo que percibió indebidamente la suma de 17.078.448 pesetas, no puso en conocimiento del Departamento correspondiente dicho error, procediendo a retirar paulatinamente de su cuenta el dinero ingresado sin que conste el destino del mismo. Tal actitud ha de ser calificada como una trasgresión de la buena fe contractual, pues constituye la omisión de un deber de conducta del trabajador, que habiendo advertido el error, es decir, conocedor de que había percibido una gran suma de dinero erróneamente, mantiene silencio ante tal situación y retira el dinero que equivocadamente se le había ingresado en su cuenta, siendo en consecuencia encuadrable la conducta del actor en el ET art.54.2.d, lo que conduce a declarar el despido como procedente, ya que, si bien existió un error por parte de la empresa al confeccionar las nóminas, la conducta posterior del actor, no puede considerarse se trate de una actuación unilateral de la empleadora con nula actividad del trabajador, que éste invoca en su recurso. 8. DEVOLUCIÓN DE LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL Cuando se tarda en detectar que ha existido error en los pagos efectuados, puede ocurrir que también se hayan pagado cuotas en exceso a la Seguridad Social , si tales pagos estaban reflejados en las nóminas y habían sido por percepciones salariales. Porque la base de cotización para todas las contingencias y situaciones amparadas por la acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social, incluidas las de accidente de trabajo y enfermedad profesional, está constituida por la remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación que, con carácter mensual, tenga derecho a percibir el trabajador, o la que efectivamente perciba de ser ésta superior, por razón del trabajo que realice por cuenta ajena, sin otras exclusiones que los conceptos retributivos no computables determinados expresamente en el RD 2064/1995 sobre cotización y la Orden Ministerial que la regula para cada año.Para ello se considera remuneración la totalidad de las percepciones económicas recibidas por los trabajadores, en dinero o en especie, que retribuyan el trabajo efectivo o los períodos de descanso computables como de trabajo, así como los que resulten del exceso sobre el límite exento respecto determinados conceptos excluidos expresamente de la misma legalmente. En su caso, las percepciones de vencimiento superior al mensual (las gratificaciones extraordinarias y otros conceptos retributivos de vencimiento superior al mes o que no tengan carácter periódico, y se satisfagan dentro del ejercicio), se prorratean a lo largo de los doce meses del año. Si eso ha ocurrido, una vez establecido el montante de lo que el trabajador ha de reintegrar por cobro indebido , la empresa puede solicitar la devolución de las cuotas pagadas por la cuantía a devolver. Porque, según el RD 1415/2004 art.44 el sujeto responsable del pago de cualquiera de los recursos que son objeto de gestión recaudatoria por la Tesorería General de la Seguridad Social, sea cual fuere el momento en que se hubiere realizado el ingreso y la causa que lo hubiera originado, tiene derecho a la devolución total o parcial del importe de los ingresos que por error hubiese realizado, salvo que en el momento de su realización fuese deudor a la Seguridad Social o tuviese concedido un aplazamiento o moratoria; en este caso, el importe del ingreso erróneo se aplica a la deuda pendiente de ingreso o de amortización, excepto si la deuda exigible está garantizada mediante aval genérico. a) Plazos y consecuencias El derecho a la devolución de ingresos indebidos de cuotas prescribe a los cuatro años, a contar desde el día siguiente a su ingreso. Y, una vez solicitada, la TGSS debe dictar resolución y comunicarla dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que se hubiera completado la documentación que deba aportar el solicitante de la devolución. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, puede entenderse desestimada la solicitud. Pero, si se reconoce su procedencia, la devolución de ingresos indebidos incluye el interés de demora previsto en la LGSS art.28.3 desde la fecha de su ingreso en la TGSS hasta la de la propuesta de pago, que es el interés legal del dinero vigente en cada momento del período de devengo, incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado establezca uno diferente. Una vez reconocida la procedencia de la devolución , el derecho a exigir su abono
caduca a los 4 años a contar desde la fecha de notificación del acto de reconocimiento. La cuantía que ha de solicitarse y que se devuelve es tanto la aportación empresarial como la de los trabajadores. De manera que el empresario, cuando se le haga efectiva la devolución, debe reintegrar a estos últimos la aportación que les fue retenida en sus recibos de salarios en el periodo que corresponda. Para facilitarle la labor la TGSS desglosa en el documento de reconocimiento de la devolución las cuantías que corresponde a la empresa y a los trabajadores. Al reconocer la devolución, la TGSS modifica las bases de cotización de los trabajadores del periodo correspondiente para ajustarlas a sus retribuciones reales y a los efectos de futuras prestaciones. b) Forma de la solicitud Existe un modelo de impreso (TC.13/1) para efectuar la solicitud, en el cual se han de reflejar los datos de la devolución que se solicita y acompañar la documentación que justifique la procedencia de la petición. Con carácter general pueden ser los recibos de salarios correctos que anulen a los erróneos (una vez firmados por el trabajador) del periodo no prescrito, pues es el único del que se pueden reclamar los cobros indebidos y por consiguiente las cuotas correspondientes a los mismos; un documento en que el trabajador o trabajadores reconozcan el error cometido por la empresa y se comprometan a la devolución de lo percibido indebidamente, aunque sea de forma aplazada; o la sentencia o acta de conciliación si la reclamación ha tenido que llevarse a la vía judicial. No obstante, resulta recomendable personarse en la Administración de la TGSS, que por su domicilio corresponda a la empresa, para que el funcionario que ha de resolver en primera instancia informe con qué documentación puede hacerlo de la forma más idónea y rápida. 9. CONCLUSIONES Cabe concluir lo siguiente: Primero.- Que demostrado el error en la confección de las nóminas o en el pago a los trabajadores, las empresas pueden reclamar el reintegro de lo abonado de más durante un año, considerándose prescritas las posibles deudas del año anterior a la reclamación computándose el plazo de fecha a fecha. A tenor de lo dispuesto en el ET art.59.2. Segundo.- Que una vez efectuado el reintegro, o aceptada su compensación, las empresas pueden solicitar de la TGSS, la devolución de cuotas pagadas por el periodo que se cotizó de más debido al pago de los salarios indebidos que se reintegran. Tercero.- Que al reintegro de percepciones le es de aplicación la prescripción que establece el ET art.59.2 aun cuando las mismas no se correspondan con la vigencia del contrato de trabajo, pero pueda colegirse que, por error, se hicieron en concepto de retribuciones derivadas de la relación laboral. Cuarto.- Que lo abonado erróneamente por las empresas puede ser compensado en posteriores pagos que hayan de recibir los trabajadores, pero únicamente en la cuantía que corresponda al año anterior al momento en que se comunique a los interesados la existencia de tal error. Quinto.- Que el error continuado durante largo tiempo, pudiendo haber sido subsanado con anterioridad a la reclamación de la empresa, se convierte en derecho adquirido de los trabajadores. Sexto.- Que el trabajador puede ser sancionado, incluso con el despido disciplinario, por transgredir la buena fe contractual, si advirtiendo un error manifiesto de la empresa en el pago de sus haberes, no lo comunica y se apropia de lo cobrado de más.
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