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Timestamp: 2016-10-21 11:35:54+00:00

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Documento de trabajode la Fundació Rafael CampalansPor una reformaconstitucionalfederalnúmero 164PAPERS DE LA FUNDACIÓwww.fcampalans.cat
Por una reformaconstitucional federalDOCUMENTO DE TRABAJODE LA FUNDACIÓ RAFAEL CAMPALANS
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 1642Este documento de trabajo ha sido elaborado en el marcode un seminario reducido impulsado por la Fundació RafaelCampalans. En él se recogen las opiniones y aportacionesde: Xavier Arbós, Meritxell Batet, Carme Chacón, JaumeCollboni, Miquel Iceta, Eduard Roig, Joaquín Tornos y Fran-cesc Vallès.Materiales para el debate disponibles enwww.reformafederal.infoMayo de 2013© de esta edición: Fundació Rafael CampalansNicaragua 75-7708029 BarcelonaTel. 93 319 54 12e-mail: fundacio@fcampalans.catwww.fcampalans.catImpresión: Més Gran, Serveis Gràfics i Digitals - Tel. 93 645 07 34ISBN: 978-84-615-8345-4Depósito legal:
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 1643ÍNDICE:0.	Introducción..........................................................................................51.	Las razones de una reforma constitucional en sentido federal...............92.	El reconocimiento de España como Estado federal y de lasnaciones, nacionalidades y regiones que lo integran...........................143.	La conversión del Senado en un órgano federal..................................184.	La reforma de la distribución de competencias...................................255.	La diferente naturaleza del Estatuto de Autonomía..............................296.	Las relaciones de colaboración entre Comunidades Autóno-mas y con el Estado............................................................................307.	La descentralización del poder judicial.................................................328.	La regulación de la financiación en la Constitución..............................349.	La reforma del Tribunal Constitucional y de otras institucionesdel Estado conectadas con las Comunidades Autónomas..................3910.	El procedimiento de la reforma constitucional actual...........................40
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 1645“Socialismo y federalismo, más que doctrinas convergentes, tienenque considerarse como doctrinas complementarias, comoquieraque si la primera es normativa para la vida individual de las naciona-lidades dentro de los Estados complejos, la segunda nos muestrael camino formal para irlas hermanando dentro de Estados unidosde amplitud mayor cada día, hasta que se llegue a lograr el magnoideal de reunir a la humanidad entera en una gran y única familia”.Rafael Campalans, fragmento del artículo “Socialisme i federalisme”publicado en “Justícia social”, 1 de diciembre de 1923La cita de Rafael Campalans, el dirigente socialista que da nombre a la Funda-ción del PSC, demuestra que el ideal federal tiene entre nosotros importantesprecedentes. Pero, desde luego, el federalismo no es patrimonio de los socia-listas, ni siquiera de los progresistas: es un ideal democrático de convivencia através del pacto que puede ser compartido desde diversas posiciones políticas.El federalismo es una forma de organizar la democracia especialmente adecua-da cuando se trata de fortalecer la convivencia en sociedades integradas porpueblos distintos que acuerdan construir instituciones comunes, que aúnan lafuerza de la unión y el respeto de la diversidad. Federalismo es autogobierno ycogobierno y, por ello, es la mejor manera de organizar el Estado en un mundode interdependencias crecientes y soberanías compartidas.El federalismo está especialmente indicado para vertebrar Estados que con-tienen distintas naciones y por eso resulta adecuado para España, formadapor comunidades con conciencia de sí mismas, con historia, lengua, cultura ytradiciones que configuran una determinada manera de ser y una firme voluntadde autogobierno.La Constitución de 1978 inicia el camino de reconocer a la vez la nación espa-ñola y la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran, constru-yendo las instituciones de 17 Comunidades Autónomas que les han permitidoun alto grado de autogobierno. Se puso así en marcha el proceso autonómico,pero no se previó ni su pleno desarrollo ni los problemas a los que se enfrenta-ría. Por ello, ante los actuales problemas del Estado de las Autonomías parececonveniente proceder a una reforma de la Constitución que introduzca técnicasfederales para solucionarlos.Así podremos también contribuir a superar los problemas del largo y tortuosoproceso estatutario catalán que culminaría con la Sentencia del Tribunal Cons-titucional que alteró una ley que había sido ya sometida al refrendo ciudadano.
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 1646Nosotros no nos resignamos a contemplar impasibles como se agranda unabrecha entre los catalanes y el resto de los españoles, por la aparición de pro-blemas que no se han resuelto bien, y para cerrar esa brecha proponemos unareforma federal que culmine la lógica evolución del Estado de las Autonomías,resolviendo los conflictos competenciales con reglas claras, la representaciónpolítica de las Comunidades en los órganos del Estado, la justa asignación derecursos y el reconocimiento del carácter plurinacional, pluricultural y plurilin-güístico de España.La Fundació Rafael Campalans, a invitación de Pere Navarro, primer secretariodel PSC, ha auspiciado la reflexión de políticos y expertos para formular loscontenidos de una propuesta de reforma constitucional federal que se detallanen el documento de trabajo que presentamos y que ofrecemos como propuestaabierta para el debate a cuantos quieran participar en él.Miquel Iceta i LlorensPresidente de la Fundació Rafael Campalans
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 1647Las páginas que siguen son un primer esbozo de las ideas fuerza que podríanconstituir el núcleo de una reforma de la Constitución en sentido federal. Segu-ramente ha de ir acompañada de otras reformas que impulsen una regenera-ción democrática (representación, participación, transparencia, lucha contra lacorrupción, etc.), o que resulten mejoras funcionales del ordenamiento (partici-pación en la Unión Europea, sucesión de la Corona, etc.) pero aquí solo se tratala reforma constitucional en su aspecto territorial. Por otra parte se renuncia aconcretar el articulado porque se prima el debate de las ideas sobre una fórmulajurídica que será relativamente sencilla si hay consenso sobre los contenidos dela reforma.Este documento de trabajo ha sido elaborado en el marco de un seminario re-ducido impulsado por la Fundació Rafael Campalans. En él se recogen las opi-niones y aportaciones de: Xavier Arbós, Meritxell Batet, Carme Chacón, JaumeCollboni, Miquel Iceta, Eduard Roig, Joaquín Tornos y Francesc Vallès.Materiales para el debate disponibles en www.reformafederal.info
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 16491. LAS RAZONES DE UNA REFORMA CONSTITUCIONAL EN SENTIDO FE-DERALLa Constitución española de 1978 (CE) se propuso acabar con el centralismodel período franquista y responder a las demandas de autonomía íntimamentevinculadas con el restablecimiento de la democracia creando un sistema de Co-munidades Autónomas (CCAA) que se establecían voluntariamente cumpliendociertas condiciones y procedimientos. Entre estos destaca el principio dispositi-vo que permite al Estatuto de Autonomía de cada Comunidad Autónoma esta-blecer sus instituciones y competencias, e incluso determinar así indirectamentelas que restaban al Estado. Mediante algunos pactos políticos decisivos entrelos principales partidos y con la ayuda de la jurisprudencia del Tribunal Consti-tucional (TC) se logró establecer en pocos años una profunda descentralizaciónpolítica organizada en 17 CCAA y 2 ciudades con autonomía.De hecho el sistema autonómico atravesó diferentes fases. En un primer mo-mento se discutió si la autonomía política convenía a todo el territorio, despuésse diferenciaron dos niveles de competencias que correspondían a 7 y 10 CCAA,pero a partir de 1992, respondiendo a las necesidades de buen funcionamientodel sistema y a las demandas de las Comunidades afectadas, se produjo unaampliación de las competencias de las CCAA que tenían inicialmente menos ypor tanto una igualdad sustancial entre todas, al margen de los hechos diferen-ciales que son propios solo de algunas CCAA. El sistema autonómico culminóhacia el 2000 (últimos traspasos en educación y sanidad), y ha supuesto unreconocimiento de los pueblos que integran España y una descentralización po-lítica superior a cualquier otra época de nuestra historia moderna y equiparablea los países federales europeos.Pero ese mismo desarrollo convirtió en inútiles buena parte de las normas de laConstitución dirigidas a la transformación del Estado centralista en autonómico(143, 144, 148… que, de hecho, resulta derecho transitorio que ya no se aplica),al tiempo que del propio desarrollo del Estado autonómico se derivaban nuevosproblemas y necesidades, cada vez mayores en el nuevo siglo, que carecían desolución en la Constitución.Por otra parte, el Estado autonómico siempre tuvo una escasa legitimidad deorigen, porque no apareció como una forma de Estado consciente y equipara-ble a otras conocidas, sino como fruto de pactos coyunturales. Por una parte,permite un grado de autogobierno equivalente a sistemas federales, pero sinsus técnicas de funcionamiento, y, por otra parte, conserva rasgos centralistasmuy disfuncionales. También tuvo un grado de adhesión desigual, porque antesde la aparición de la crisis económica gozaba de una aceptación muy mayorita-
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 16410ria de la población, pero ha tenido siempre la crítica de los partidos nacionalis-tas, tanto periféricos como españolistas. Efectivamente, el Estado autonómicocomparte rasgos propios del federalismo (instituciones que solo responden alpropio electorado, potestad legislativa de las CCAA, derechos y servicios dife-renciados en cada Comunidad en su ámbito de competencias, etc.) con otroscaracteres que respondían al Estado unitario (Senado de tipo provincial, man-tenimiento unitario del poder judicial, etc.) y esta dualidad genera dinámicascontradictorias, principalmente porque los impulsos de las CCAA no se reflejanen el Estado, porque no existen canales de comunicación entre las distintasCCAA y el Estado, tarea que puede cumplir un Senado federal. Por otra parte,una práctica estatal en ocasiones poco coherente con el modelo autonómicoy las demandas de los partidos nacionalistas periféricos han radicalizado pro-gresivamente la reivindicación de competencias y de financiación, y los nuevosproblemas no han encontrado solución en la reforma de la Constitución, que nose ha realizado, pese a la proclamación de su necesidad (en 1996, reforma delSenado; en 2004, Senado y otras planteadas en la investidura del PresidenteRodríguez Zapatero). Resulta significativa la multiplicación de los conflictos decompetencias entre el Estado y las CCAA planteados ante el TC, que ha sidodesbordado por el retraso con el que dicta las Sentencias (ocho años de media)o por el rechazo mayoritario en Cataluña a la Sentencia sobre el Estatuto, quealteró la voluntad ciudadana expresada mediante referéndum.En este contexto, es necesario que la Constitución asuma claramente, como par-te del pacto constituyente fundamental, la opción por un modelo de carácter fede-ral con sus consecuencias de reconocimiento y garantía de la autonomía políticade las Comunidades y de los sistemas de integración en las decisiones estatales.Esta declaración constitucional de la opción por un sistema federal, que podríaincluirse en el propio artículo 1 de la Constitución junto con el resto de principiosestructurales de nuestro sistema constitucional, expresaría claramente el consen-so social y político y el propio pacto constituyente en este ámbito.Constitucionalmente el Estado autonómico ha venido funcionando con un doblefundamento, en la Constitución y en cada uno de los Estatutos de Autonomía, yeste binomio resulta insostenible al menos para algunas CCAA, como Cataluñay el País Vasco, porque mientras la reforma del Estatuto no permite cambios endeterminadas cuestiones sustanciales (como ha revelado la STC 31/2010), lareforma de la Constitución ha sido hasta hoy una apuesta irreal y, en cualquiercaso, fuera del alcance de los partidos nacionalistas, que son mayoritarios enambas CCAA, pero minoritarios en las Cortes. Los treinta años trascurridos hanservido para crear y rodar unas CCAA potentes y un Estado fuertemente des-centralizado, pero ahora se precisa un nuevo consenso constituyente que legi-time, refuerce y garantice una estructura creada con la voluntad de todos, por-
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 16411que en caso contrario algunas nacionalidades, alejadas de la interpretación másreciente del marco constitucional, podrían desear iniciar un camino separado.Los Estatutos de Autonomía aprobados a partir de 2006, especialmente el cata-lán, han permitido visualizar las causas que ahora impulsan la reforma constitu-cional, porque intentaron abordar estos problemas, pero resultaron impotentes,tanto por la forma en que se plantearon las reformas como por la respuesta delEstado, en último extremo a través de la Sentencia del Tribunal Constitucionalantes citada. Por eso, ahora es precisa una reforma constitucional profunda queresuelva los problemas del sistema autonómico, como cuestión fundamentalvinculada también a la actual discusión en torno a la crisis económica y susconsecuencias sociales.La ausencia prácticamente total de reformas de la Constitución ha sido en símisma un elemento negativo, porque todos los Estados democráticos realizanperiódicamente revisiones del texto ante sus insuficiencias o la aparición denuevos problemas, de modo que conviene incorporar también una propuestaque facilite para el futuro las reformas constitucionales.A continuación se enumeran los principales problemas del Estado autonómicoy las facetas más destacadas que se proponen para su reforma constitucional.a) El reconocimiento de España como Estado federal integrado por na-cionalidades y regiones, que adoptarán la denominación e instituciones queprefieran. El principio federal, a través de la mutua lealtad de todas las partes,ha de inspirar la solución a los problemas existentes y ha de resultar compatiblecon la diversidad de nacionalidades y regiones que integran España y con elreconocimiento de opciones políticas y legislativas propias de cada una de ellas.b) La reforma del Senado para convertirlo en un Consejo Federal integra-do por representantes de los Gobiernos autonómicos, con un número mínimode tres miembros, más uno más por cada millón de habitantes. Sus funcionesprincipales consisten en aprobar necesariamente las leyes básicas del Estado,junto con el Congreso de los Diputados, y en dirigir las relaciones entre lasCCAA, con el Estado y con la Unión Europea (UE). La decisión del Senado sobrelas leyes que de hecho vienen a delimitar las competencias autonómicas debereducir drásticamente los conflictos en la medida que son las propias CCAA lasque tienen la decisión en el Senado.c) Una nueva distribución de competencias fundada en la experiencia detres décadas. Además del gran cambio que introduce el nuevo Senado, se pro-pone que las competencias deriven de la misma Constitución y no del bloque de
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 16412constitucionalidad. En primer lugar mediante una cláusula atributiva de compe-tencias al Estado que otorgue todas las demás a las CCAA. En segundo lugar,tratando en distintos artículos la naturaleza y los ámbitos de las competenciasestatales compartidas (bases-desarrollo, por el territorio y legislación-ejecución)y suprimiendo las cláusulas de prevalencia y supletoriedad que eran fuente deconfusión, así como redefiniendo algunas competencias con el objetivo de ga-rantizar el ámbito de decisión propio de cada Comunidad. Finalmente tratandolas competencias que corresponden a singularidades de algunas nacionalida-des y regiones.d) Un nuevo carácter del Estatuto de Autonomía. La naturaleza jurídicade los Estatutos de Autonomía ha presentado gran ambigüedad por su do-ble carácter de Estatuto y Ley Orgánica, especialmente en la definición de lascompetencias. Ahora se propone la sustitución de la última función, a partir dela definición de competencias del Estado enunciadas directamente por la Cons-titución y una cláusula residual general para las CCAA, y la consideración delEstatuto como Constitución de la Comunidad Autónoma, cambiando tambiénel procedimiento para su aprobación que será tarea exclusiva de la CA y la limi-tación del control del Tribunal Constitucional.e) Las relaciones de colaboración entre las CCAA y de éstas con el Es-tado. La importancia que tienen en todos los sistemas descentralizados las re-laciones intergubernamentales no fue recogida por la Constitución y se proponeremediar esta ausencia con la incorporación de reglas que en gran parte hansido introducidas por las últimas reformas de los Estatutos de Autonomía, peroadquirirán mayor efecto al ser contempladas por la Constitución.f) La descentralización del poder judicial. El poder judicial apenas se ha in-corporado al Estado autonómico y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)es un órgano de gobierno judicial que presenta muchos problemas: ambos as-pectos se abordan en la reforma del poder judicial. Respecto a la jurisdicción, elTribunal Superior de Justicia de las CCAA (TSJ) agotará los recursos judicialessalvo el de unificación de doctrina que se reserva al Tribunal Supremo. En cuan-to a la administración, en cada CA existirá un órgano de gobierno judicial, decomposición parecida a las Salas de gobiernos de los TSJ y con más faculta-des que las actuales. Para las decisiones de carácter general se propone crearun órgano reducido (5 miembros, con 3 magistrados y 2 juristas) que resuelvatambién los recursos planteados contra las decisiones del órgano de las CCAA.g) La regulación de la financiación en la Constitución. El debate sobre lafinanciación autonómica debe desarrollarse en el marco de algunas reglas cons-titucionales fundamentales claras y aceptadas por todos, hasta ahora inexisten-
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 16413tes, sin perjuicio de mantener la Ley Orgánica para su desarrollo. La expresiónclara de las bases del sistema y la garantía de un comportamiento transparenteleal de todas las instancias son funciones que debe asumir la Constitución enun Estado compuesto.h) La reforma que se propone implica un cambio en el funcionamiento detodas las instituciones, tanto estatales como autonómicas, integrandoen mayor medida a las Comunidades Autónomas en las decisiones es-tatales y asumiendo, en consecuencia, la legitimidad de esas decisiones. Estoscambios, canalizados fundamentalmente a través del Senado, afectan a otrasinstituciones estatales, señaladamente al Tribunal Constitucional. El TC ha sidosuperado por la cantidad de conflictos de competencias, recursos de inconsti-tucionalidad e incluso cuestiones de inconstitucionalidad de base competencial,y conviene corregir las causas de esta situación. Por otro lado, la composicióndel TC debiera tener alguna conexión con las CCAA, probablemente a travésdel propio Senado federal.i) Alcance y procedimiento de la reforma constitucional. La propuesta dereforma constitucional no es total, pero afecta al art. 1 CE y, por tanto, debeseguir el procedimiento del art. 168 CE.Además sería conveniente modificar los dos procedimientos de reforma existen-tes, tanto implícitamente, con el papel del nuevo Senado, como explícitamente,para subrayar la presencia autonómica en ese procedimiento, endureciendoademás el procedimiento ordinario (la experiencia nos dice que el del 167 CEse puede realizar en 15 días, sin debate en la opinión pública) y reconsiderandoalgunas cuestiones del procedimiento agravado, que hasta hoy ha resultadoprácticamente inaplicable.
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 164142. EL RECONOCIMIENTO DE ESPAÑA COMO ESTADO FEDERAL Y DE LASNACIONES, NACIONALIDADES Y REGIONES QUE LO INTEGRANA. Naciones, nacionalidades y regiones en EspañaLa Constitución de 1978 consideró a España como una nación integrada a suvez por nacionalidades y regiones, definición que en aquel momento modificabaclaramente el concepto de España heredado de la dictadura, como fundamentode la nueva estructura territorial basada en las Comunidades Autónomas. Alproponer esta reforma constitucional se incide en las instituciones y en el or-denamiento jurídico, pero también conviene modificar de nuevo los conceptosque están en su base, para explicar mejor el sentido de la nueva organizaciónconstitucional.Nación y nacionalidad designan fenómenos sociales equivalentes, en lo esencialuna misma forma de conciencia colectiva de una comunidad que subyace y le-gitima la organización de las instituciones gobernantes. Siendo realidades equi-valentes, la diferenciación se introduce principalmente por la estructura políticaque soportan, porque la nación se suele referir a la sociedad de un Estado reco-nocido por el derecho internacional y la nacionalidad a un Estado federado, unLand o una región, pero en todo caso se trata de una distinción convencional,que depende del contexto en que se utiliza. Examinado de manera separada,puede afirmarse que Cataluña o el País Vasco son naciones, y contempladas enel conjunto de España puede afirmarse que esta es una nación y aquellas sonnacionalidades, o realizar otro tipo de especificación. En todo caso, puede afir-marse que España es una nación de naciones o bien una nación integrada pornacionalidades y regiones, si tomamos en cuenta el grado diverso de concienciacolectiva que existe en las CCAA. Lo importante es que nación y nacionalidadeso nación de naciones no son ideas contradictorias, salvo si se pretende quecada nación o nacionalidad debe tener un Estado independiente o que un Esta-do sólo puede contener una nación.En la Constitución, el art. 2 CE introduce la complementariedad entre nación es-pañola y nacionalidades y regiones que la integran, y la solidaridad entre todasellas, de forma que abre la puerta a un concepto nuevo de España como unaunidad política compuesta, que probablemente puede acabar de perfilarse conla experiencia de estos 30 años.En la perspectiva de la reforma constitucional se puede considerar el reconoci-miento de Cataluña y el País Vasco como naciones, con un específico tratamien-to simbólico, institucional y competencial, además del tratamiento específico delos hechos diferenciales, junto a las demás CCAA que también los poseen.
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 16415También pueden corresponderles algunas competencias institucionalmente re-levantes, como régimen local, policía, justicia y acción exterior en relación consus competencias. En este sentido, no cabe duda alguna que Galicia, Navarray Andalucía requieren también de un tratamiento singular.B. El principio de reconocimiento mutuo y de lealtad federalPara establecer un Estado democrático, las diferentes nacionalidades y regio-nes no solo han de organizarse en común, sino también reconocer a las otraspartes como interlocutores válidos, con tanta legitimidad como la propia. La his-toria enseña que la forma ideal para mantener la unidad de naciones y regionesdiversas es la federación y el principio de lealtad federal traduce las relacionesque deben mantener todas las partes del Estado democrático entre sí. Peroademás del diseño institucional, la federación requiere cierta actitud de todas lasinstituciones, e incluso de los partidos políticos y la opinión pública, de renunciaal conflicto como estrategia, y de respeto en la formulación de las críticas, sinexcluir la legitimidad de ninguna de las partes: Cataluña y Euskadi son una na-ción para muchos catalanes y vascos, pero también España lo es para muchoscatalanes y vascos, además del resto de los españoles.Esta idea de reconocimiento mutuo del carácter nacional y la identidad propiatanto de Cataluña y Euskadi, al menos, como de la propia España, ha estadopresente en la tradición constitucional y democrática española, como lo ates-tiguan desde la izquierda los textos de Anselmo Carretero: “Si España es unanación de naciones, la estructura de Estado a ella adecuado es naturalmente lafederal, que permita y garantice el desarrollo de cada uno de sus pueblos dentrodel conjunto, y el fortalecimiento de éste con el de sus diversas partes. (...) Elconcepto de nación de naciones no es un dislate como suelen creer la mayoríade los juristas. Lo realmente insensato es empeñarse en imponer a los pueblosde España una estructura constitucional contraria a su propia naturaleza”. Lascitas corresponden a su obra “Los pueblos de España”.Jordi Solé Tura, asumiendo esa tradición de reconocimiento democrático dela identidad nacional, lo planteó como la necesidad de promover un “acuerdosubstancial sobre el concepto de España, es decir, sobre el concepto de naciónespañola y de las nacionalidades y regiones que la componen”, acuerdo queresulta necesario para un desarrollo en sentido federal de la autonomía (Nacio-nalidades y nacionalismos en España), y añade:“Cualquier interpretación unilateral que ponga en cuestión de manera substan-cial y sistemática el concepto de una nación española o la existencia y legitimi-dad de diversas nacionalidades en su seno, es decir, de una auténtica nación
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 16416de naciones (subrayado suyo)… hace imposible el desarrollo democrático deltítulo VIII (de la Constitución) en sentido progresista y federal. Éste es el fondodel problema que plantean negativamente los nacionalismos, por una parte, ylos “jacobinos”, de derecha y de izquierda, por otra” (ibídem).Esta unidad compleja requiere que las unidades nacionales que la integran, asícomo los respectivos partidos políticos e instituciones, no resulten excluyentes(al menos, no mayoritariamente) y sean capaces de concurrir, desde la diversi-dad, a la formación de un expresión común superior, que incluya a todos. Es, enel fondo el viejo lema de los Estados Unidos: “e pluribus, unum”.Estos principios se concretan en muchas dimensiones, y adquieren particularrelieve en los aspectos simbólicos (banderas, himnos, celebraciones…), dondesignifica que todos deben aceptar los símbolos de cada una de las naciones,nacionalidades y regiones y también que todos han de respetar los símbolos delconjunto tanto como los propios.C. Carácter del federalismo en España en el siglo XXIEl federalismo moderno nació para unir Estados independientes mediante insti-tuciones comunes sin perder las instituciones propias. EEUU, a finales del sigloXVIII, después Alemania, Suiza y Canadá, en el siglo XIX, y Australia y otros mu-chísimos países en el siglo XX, han adoptado la forma de Estado federal, tantopara unir Estados independientes como para descentralizar Estados previamen-te unitarios (Austria, Australia). La federación ha demostrado ser una estructu-ra de Estado válida tanto cuando existe homogeneidad político-cultural comocuando conviven en su seno diferentes nacionalidades (Canadá, Sudáfrica yotros).Esta adaptación se explica porque la federación es una forma o estructura deEstado organizada sobre la división vertical del poder, y por tanto implica un do-ble nivel de instituciones políticas, de la Federación y de los Estados, o Ländero países, porque la terminología es secundaria; en todo caso, hay dos sistemasde instituciones, como ya lo son en la actualidad las del Estado y de las CCAA,con parte del poder común y el poder propio de cada entidad territorial. Al plan-tearse una reforma constitucional en sentido federal se indica que los múltiplesproblemas existentes en el actual Estado autonómico, ya citados, se abordaráncon las técnicas del federalismo moderno. No existen dos sistemas federalesiguales, y las formas y técnicas federales han variado en las últimas décadas,pero probablemente las experiencias europeas nos resultarán más útiles. Entodo caso, el federalismo no es propio de una ideología específica, de forma quepuede ser aceptado tanto por socialistas como por conservadores, liberales o
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 16417partidarios de cualquier otra ideología democrática. También pueden asumiresta fórmula los partidos nacionalistas, a condición de que no sean excluyentesy no planteen la independencia, porque en tal caso la federación carece desentido.Dentro de la existencia consustancial de un doble nivel de poderes, se observandiferencias notables entre los federalismos, dependiendo de la situación econó-mico-social, la cultura y la historia de cada país. El factor común es la ventajaque aporta el mantenimiento de los Estados dentro de la unidad federal supe-rior. Ésta es la experiencia de Baviera en Alemania o de California en los EEUU,que no se plantean la separación, aunque triplican la población y la riqueza deCataluña, porque consideran que la independencia les debilitaría y la unión lesfortalece. En el federalismo se trata de conseguir la máxima descentralizacióndentro de una orientación política común en los grandes temas.Al plantear una reforma federal para España se indica que los problemas surgi-dos en el Estado autonómico pueden resolverse reforzando los elementos fede-rales presentes en nuestro modelo y aplicando técnicas de integración, repartocompetencial o sistema de financiación que están experimentadas en paísescomo Alemania, Suiza, EEUU y otros. No se trata de copiar estos modelos, queademás presentan diferencias notables entre sí, sino de inspirarse en ellos paraencontrar soluciones válidas a los problemas actuales de Cataluña y España.
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 164183. LA CONVERSIÓN DEL SENADO EN UN ÓRGANO FEDERALLa composición y funciones del Senado en la Constitución han sido estudiadascon amplitud durante estos años y han recibido numerosas y fundadas críticas,que condujeron a una reforma reglamentaria muy importante en 1994 y, tras sufracaso, a la convicción general de que resultaba necesaria la reforma constitu-cional. Este planteamiento fue mayoritario en la reunión del Senado con todoslos Presidentes de CCAA en 1996 y de nuevo fue retomado por el gobiernoZapatero, en 2004, pero ambas iniciativas se quedaron por el camino.A. Valoración del Senado actualEl Senado actual, por su composición y sus funciones, es una dúplica del Con-greso de los Diputados sin aportar ningún elemento de mejora democrática niautonómica al Congreso. Los 208 senadores elegidos (cuatro por provincia)representan a los partidos mayoritarios en las respectivas provincias, y en lafunción legislativa se encuentra en una posición muy subordinada al Congreso,resultando una Cámara inútil. Ni siquiera la representación parcial de los Parla-mentos autonómicos, en virtud del art. 69.5 CE, aporta novedad alguna porquelos aproximadamente 50 senadores designados por esta vía no actúan comosenadores autonómicos sino que se integran en los grupos parlamentarios delos partidos respectivos.Pero la razón principal para la reforma del Senado no es tanto su escasa utili-dad sino la necesidad de contar con una institución central del Estado, junto alCongreso, donde participen las Comunidades Autónomas, se llame Senado oConsejo de las CCAA, u otro nombre parecido. Este órgano ha de canalizar laparticipación de las CCAA en la aprobación de las leyes que les afectan decisi-vamente si no, como ahora sucede, se multiplican los conflictos entre el Estadoy las CCAA.La reforma constitucional del Senado para convertirlo en Cámara o Consejo delas CCAA podría seguir a grandes rasgos la experiencia federal alemana, quees la forma más eficaz que existe en el derecho comparado de participaciónde los Estados en la legislación federal. Pero ello requiere modificar a fondo sucomposición y sus funciones.En cuanto a la composición, el Consejo de las CCAA estaría integrado por re-presentantes de los Gobiernos de las CCAA, de modo que cada CA tuviera tresrepresentantes/votos como mínimo y uno más por cada millón de habitantes.Esta configuración recoge el principio de igualdad básica de representación –que es tradicional en las Cámaras federadas (EEUU, por ejemplo, dos senado-
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 16419res por Estado)–, y a la vez pondera el peso de la población de cada territorio,como hacen los federalismos más modernos (Alemania y Austria).Sus funciones consistirían en la aprobación de las leyes que afectan a las CCAA,en paridad con el Congreso, en canalizar la comunicación de las CCAA con elEstado respecto a las decisiones de las instituciones comunitarias y en facilitarla participación de las CCAA en las instituciones y organismos del Estado, queresultan decisivos para el conjunto.B. Las funciones del futuro Senado federal1) Participar en la aprobación de la legislación estatal que afecta a las CCAA, enespecial en las leyes básicas del Estado.En la actualidad las CCAA no participan en la elaboración de las leyes, aunquemuchas leyes estatales son desarrolladas y aplicadas por ellas. Tanto políticacomo técnicamente los gobiernos autonómicos pueden realizar aportacionespositivas, pero además la participación del Senado autonómico en la elabora-ción y aprobación de las leyes del Estado que afectan a las CCAA, especial-mente las leyes básicas, contribuiría a la delimitación misma de este tipo deleyes básicas, que es uno de los principales problemas de la distribución decompetencias entre el Estado y las CCAA (afecta a la educación, la economía,la sanidad, el medio ambiente, etc.), de modo que serían básicas las leyes quelas CCAA –a través del Senado– consideraran como tales.Una solución semejante significaría que el contenido de las leyes básicas ven-dría determinado por el proyecto del gobierno, por la aprobación del Congresode los Diputados y por la posterior aprobación del Senado autonómico, integra-do por los gobiernos de las CCAA. El recurso al TC persistiría para los casosextremos pero la mayor parte de los conflictos desaparecerían porque seríabásico aquello que conjuntamente el Congreso y la Cámara autonómica consi-deran como tal.Por esta misma razón, y ante la imposibilidad de excluir por completo la exis-tencia de reglamentos y decisiones gubernamentales de carácter básico en de-terminadas materias, el Senado debería igualmente dar su aprobación a talesdecisiones gubernamentales que excepcionalmente, por ser básicas, resultenobligatorias para las Comunidades Autónomas.Existen otras leyes que por mandato de la Constitución tienen una repercusióndirecta en las CCAA, con diferente razón e intensidad, y que por tanto merece-rían que su aprobación contara con el voto de un Senado autonómico, comosucede muy claramente con las normas que regulan el sistema de financiaciónautonómica o el equilibrio presupuestario. En todo caso, para evitar insegu-
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 16420ridad, convendría que la propia Constitución determinara las leyes ordinarias(que solo requieren la aprobación del Congreso de los Diputados) y las leyesde participación autonómica (que precisan también la aprobación del Senado),que deben incluir en todo caso a las normas con carácter básico y que podríanincluir nominalmente otras normas relevantes para las Comunidades. La técnicamás coherente con la línea expuesta sería limitar la intervención de la Cámara oSenado autonómico a las leyes que requieren la participación de las CCAA (lasdemás serían aprobadas solamente por el Congreso), pero en aquellas “leyesdel Estado de participación autonómica” la posición del Senado sería igual quela del Congreso. En estas leyes, las diferencias entre ambas Cámaras podríanresolverse por una Comisión Mixta paritaria, Congreso-Senado, semejante a laprevista en el actual art. 74.2 CE, y si tampoco se alcanzara un acuerdo, po-dría decidir el Congreso por mayoría cualificada. Esta salida parece convenientepara evitar una situación de colapso legislativo, cuando la nueva ley del Estadode participación autonómica resulta realmente necesaria en opinión de la mayo-ría. En las leyes de participación autonómica, el Senado mantiene el derecho deveto en caso de desacuerdo.2) Impulsar y dirigir las relaciones intergubernamentales y la participación de lasCCAA en las instituciones del Estado y de la Unión Europea.Las relaciones entre los gobiernos de la Federación y de los Estados revistenuna importancia extraordinaria en todos los federalismos actuales, porque lacolaboración entre los ejecutivos resulta necesaria para la eficacia de las com-petencias respectivas. Los propios Estatutos de Autonomía reformados en losúltimos años han dado gran relieve a estas relaciones y a la participación de lasCCAA en las instancias del Estado.En la actualidad, la Conferencia de Presidentes carece de perspectiva constitu-cional y resulta un ente precario de funcionamiento desigual y, con carácter ge-neral, deficiente. Especialmente el Senado puede convertirse en la instancia dediálogo entre las CCAA y con el Estado en competencias estatales que afectandecisivamente a las CCAA, aunque éstas carezcan de una competencia formalen la materia, como sucede casi siempre que se construyen obras públicas deinterés general (AVE, autopistas...) y en otros supuestos en que la actuación delEstado afecta a las políticas públicas autonómicas, como ha mostrado en losúltimos años la polémica sobre el Plan Hidrológico Nacional.3) Facilitar la participación de las CCAA en las decisiones comunitarias en lasque interviene el Estado español.La presencia de los gobiernos autonómicos en la delegación española de variosConsejos de Ministros de la Unión Europea se ha ido desarrollando, en espe-
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 16421cial desde el 2004, a través de la Conferencia para Asuntos Europeos, hastael punto de poder considerar que ya existen unos canales normalizados parala participación en los procedimientos ordinarios, pero a menudo se planteansituaciones más difíciles que requieren el acuerdo de las CCAA y del Gobierno,y el nuevo Consejo de las CCAA podría ser una instancia ideal para la discusióncon el Estado.C. La composición del futuro Senado federalEl derecho comparado ofrece dos grandes líneas de órgano federal, una Cá-mara o Senado de carácter parlamentario y un Consejo formado a partir de losgobiernos autonómicos.La diferencia principal consiste en que el Senado tradicional de tipo parlamenta-rio, tanto si es elegido por los ciudadanos como si es designado por los Parla-mentos autonómicos, reproduce a los partidos políticos que ya están represen-tados en el Congreso y se integra por candidatos propuestos por la dirección deesos partidos, sin mediación de las instituciones autonómicas y sin preparacióntécnica especial en las cuestiones autonómicas. En cambio, un Consejo integra-do por miembros de los gobiernos autonómicos, al estilo alemán, también se-guirá las grandes orientaciones de los partidos (que igualmente sostienen a losejecutivos autonómicos), pero matizadas por las necesidades y los intereses delas CCAA que gobiernan y, además, serán expertos en las diferentes materiasque deban aprobar porque son las propias de los departamentos que dirigenen las CCAA. El Bundesrat o Consejo federal alemán tiene tanta autoridad notanto por su tradición como por la representatividad de los gobiernos y por sueficacia.Las funciones de una futura Cámara o Consejo de las CCAA, examinadas en elapartado anterior, pueden ser asumidas con la mayor eficacia por los gobiernosautonómicos, y en algunos casos sólo por ellos. Así sucedería en las relacionesintergubernamentales, que se establecen entre ejecutivos, pero incluso cuandose trata de participar en funciones legislativas los miembros de los gobiernosresultan generalmente más adecuados que los parlamentarios elegidos por losciudadanos o propuestos por los propios Parlamentos, por su preparación sec-torial y por el aparato administrativo que les apoya.Este modelo de Cámara o Consejo integrado por los miembros de los gobiernosautonómicos presenta muchas ventajas y en realidad tiene su mayor inconve-niente en nuestra dificultad para imaginar su funcionamiento. Sería un órganomuy político (integrado por los consejeros de las CCAA y en ocasiones impor-tantes por los propios presidentes), pero al mismo tiempo mucho más técnico
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 16422que un Parlamento, porque el consejero autonómico sin duda es un buen co-nocedor del ámbito de su administración. Esta faceta de preparación técnica yde capacidad ejecutiva distingue claramente la dinámica general de este órganorespecto de una Cámara parlamentaria y le sitúa en condiciones no sólo departicipar en la aprobación de normas estatales sino también de negociar conotras CCAA y con el gobierno central. La legitimidad del Senado no residiríapor tanto en la elección popular sino en su carácter de representación de losGobiernos autonómicos y en su capacidad técnica para abordar los problemasde las CCAA.Debe quedar claro que, a diferencia del Senado actual, el nuevo Consejo auto-nómico tendría unos caracteres muy distintos a los del Congreso (carecería delcontrol sobre el gobierno, sería de composición más reducida y variable segúnlas sesiones, etc.), porque justamente su función no es duplicar a la Cámarabaja sino resolver los problemas políticos en un Estado que necesita coordinarel Parlamento y el Gobierno del Estado con otros 17 Parlamentos y 17 gobier-nos autonómicos.Inicialmente es posible que un problema importante consista en acordar el nú-mero de representantes/votos por cada CA, pero a largo plazo se verá queresulta mucho más importante el equilibrio del conjunto respecto a las funcionesque debe abordar el Consejo autonómico. También hay que recordar que losSenados federales comenzaron representando por igual a todos los Estados(Estados Unidos de América y Suiza, por ejemplo), pero progresivamente se habuscado una fórmula ponderada o intermedia respecto a la población (Alemaniay Austria, por ejemplo).En virtud de todos estos criterios, una fórmula podría ser la atribución a todaslas CCAA de tres miembros, más uno más por cada millón de habitantes, si-guiendo una idea inspirada en el art. 69.5 de la Constitución actual. Con elmínimo de tres se puede hacer frente a las tareas de la Cámara, aunque escierto que un número mayor posibilita una mayor influencia, pero ello deriva enrealidad del mayor peso de la CA por su población y “masa crítica”.El reparto de representantes/votos por CCAA tendría la siguiente explicación,según la población de las mismas CCAA:– menos de 1 millón de habitantes, 3 votos: Cantabria, La Rioja y Navarra– más de 1 millón de habitantes, 4 votos: Aragón, Asturias, Extremadura, IslasBaleares y Murcia– más de 2 millones, 5 votos: Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León,Galicia i País Vasco– más de 5 millones, 8 votos: Comunidad Valenciana
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 16423– más de 6 millones, 9 votos: Madrid– más de 7 millones, 10 votos: Cataluña– más de 8 millones, 11 votos: Andalucía.El criterio podría ser otro, pero si cada CA tuviera 3 votos como mínimo, másuno más por cada millón de habitantes, el Consejo tendría un total de 92 re-presentantes/votos, repartidos de la manera expuesta. En cada asunto, porejemplo la discusión de un proyecto de ley educativo, cada CA envía a los con-sejeros y altos funcionarios que considera más adecuados y éstos intervienenen los debates y votan en el número que les corresponde. En el siguiente asuntodel orden del día, por ejemplo, un proyecto de ley medioambiental, cada CAestá representada por los consejeros y altos funcionarios que considera másidóneos, que probablemente no son los mismos que en el punto anterior, paraintervenir en los debates y votar en el número que corresponde.Lógicamente todos los votos de cada CA tendrían el mismo sentido, porquereflejarían la posición del mismo gobierno, pero convendría regular (para evitarproblemas) la posibilidad o no de que se expresara una posición diferente cuan-do existan gobiernos de coalición, porque se trata de un supuesto relativamentefrecuente en CCAA como Navarra, el País Vasco, Cataluña, Aragón, Canariasy otras. Si se admitiera el voto diferente de los partidos minoritarios en los go-biernos de coalición, tomando como referencia las últimas legislaturas, podríanproducirse un cambio de votos en una decena de casos.El elemento político que puede resultar más importante para la adopción deeste modelo consiste en el equilibrio que se alcance entre la funcionalidad querepresenta la incorporación de los gobiernos autonómicos a la elaboración dela legislación y el desarrollo de las relaciones intergubernamentales del siste-ma autonómico (con notable efecto positivo) y el peligro de una composiciónpolítica diferente de la mayoría de este Consejo en relación al Congreso de losDiputados.D. El debate sobre la reforma del Senado y sus críticasLa reforma afectaría principalmente a los artículos 69 CE (composición del Se-nado) y 90 CE (función legislativa), así como a diversos aspectos relaciona-dos con las dos Cámaras de las Cortes, sin mayor trascendencia para nuestroobjeto (estatus de sus miembros y funcionamiento, control parlamentario delGobierno), salvo quizás el art. 66 CE, que inicia el Título III y dice en su primernúmero: “Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadaspor el Congreso de los Diputados y el Senado”. Por tanto, como la reforma noafecta a las materias que exigen el procedimiento de reforma agravado (168.1
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 16424CE), debería seguirse el procedimiento ordinario establecido en el art. 167 (tresquintos de cada Cámara, o dos tercios del Congreso y mayoría absoluta delSenado y referéndum sólo si lo pide una décima parte de cualquiera de las dosCámaras). Pero la trascendencia que tendría una reforma del Senado como lapropuesta, y la posible conexión del 66 CE con el art. 1.2 CE puede aconsejarutilizar el procedimiento agravado.La discusión realizada durante los últimos años, permite abordar algunas críti-cas dirigidas a la reforma inspirada en el Consejo federal alemán, tal como seacaba de exponer.La experiencia alemana de Bundesrat ha demostrado ser la forma mejor decombinar la personalidad y los intereses de los distintos Länder (países) conel conjunto del sistema. Pero la forma alemana es bastante complicada y en lapropuesta no sólo se simplifica, sino que se introducen algunos cambios parapaliar inconvenientes del sistema alemán. En cambio, carece de sentido criticarla propuesta diciendo que el sistema alemán es muy singular, porque si bien suorigen se remonta a la formación de la unidad alemana (se reservó el Bundesrata los monarcas y príncipes de los diferentes Estados que integraron Alemania en1871), la razón actual de su funcionalidad es la fuerza decisiva de los gobiernosen las democracias actuales, lo que explica que en todos los sistemas federaleslas relaciones intergubernamentales corresponden a los ejecutivos.La ventaja de Alemania es que ha reconvertido una institución basada inicialmenteen el principio monárquico en un Consejo o Cámara moderna que sigue integran-do a los ejecutivos, pero con un sentido totalmente diferente al inicial. En otroscasos, los iniciales “Senados federales” de origen parlamentario han ido desapa-reciendo (en los Estados Unidos por la reforma de 1913, en Suiza por reformasde los cantones en los años cincuenta...) o han perdido importancia, porque lospartidos convierten al Senado en duplicado de la Cámara baja (Austria).Otra crítica a la reforma del Senado expuesta se refiere a la pérdida de de-mocracia que supondría la sustitución de la actual elección de los Senadorespor la designación por los gobiernos. La falacia que encierra esta crítica se veclaramente sustituyendo la reforma del Senado por su supresión. Si se suprimeel Senado y se deja sólo al Congreso de los Diputados como Cámara elegidapor el pueblo, ¿disminuiría la democracia? Casi nadie razonaría así, porque lainutilidad del Senado actual conduce a que su desaparición no merme la demo-cracia. La legitimidad democrática ya está en el Congreso de los Diputados, y elhecho de que el Senado actual sea electivo no proporciona al sistema político niun gramo más de democracia. Su sustitución por un Consejo de las CCAA pue-de en cambio disminuir los conflictos y mejorar el funcionamiento del Estado.
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 164254. LA REFORMA DE LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIASA. El modelo actual de distribución de competencias se articula en basea una lista de competencias estatales (artículo 149.1 CE) y una doble cláusularesidual.De este modo son los Estatutos de Autonomía los que, en ejercicio del principiodispositivo, asumen para cada Comunidad Autónoma las competencias queno se incluyen en el artículo 149.1, recuperando el Estado las no asumidas ex-presamente en los Estatutos. El contenido de las respectivas competencias seestablece formalmente mediante su definición funcional y material, por ejemplo,el art. 149.1.23ª CE otorga al Estado la legislación básica en protección del me-dio ambiente, luego los Estatutos pueden asumir la legislación de desarrollo y laejecución en la materia de protección del medio ambiente.El desarrollo de este modelo constitucional ha dado lugar a un proceso de igua-lación sustancial de los niveles competenciales de las diferentes ComunidadesAutónomas, caracterizado por su notable complejidad y cuya aplicación prácti-ca, ha generado una numerosa conflictividad resuelta en última instancia por elTribunal Constitucional mediante sentencias que llegan con una demora mediade ocho años.En el momento actual nos encontramos con un modelo complejo, que en algu-nos temas es disfuncional para un correcto funcionamiento del sistema, y quetambién es criticado desde otra perspectiva por no satisfacer las reivindicacio-nes de más autogobierno de algunas Comunidades Autónomas: junto con ex-tralimitaciones competenciales estatales, más o menos coyunturales, el sistemano ha conseguido garantizar suficientemente un ámbito claro de desarrollo depolíticas legislativas propias de las Comunidades Autónomas, elemento estre-chamente asociado al propio concepto de autogobierno.La experiencia de estos años ha puesto de manifiesto la dificultad que com-porta tratar de distribuir los respectivos ámbitos de poder político y adminis-trativo entre el Estado y las Comunidades Autónomas mediante preceptosnormativos que utilizan criterios materiales y funcionales. Cuando estos pre-ceptos competenciales se concretan a través de las normas o actos de ejecu-ción por los que se hace uso de la competencia se pone de relieve la dificultaden separar nítidamente los respectivos ámbitos de actuación. Por ello, en lareforma se propone dar un protagonismo esencial al Senado en la concrecióndel reparto constitucional de las competencias, reduciendo en la medida de loposible la conflictividad posterior y el protagonismo que hasta ahora ha tenidoel Tribunal Constitucional en la configuración real del modelo de distribuciónde competencias.Y, por otro lado, la reforma debe orientarse también a la clara expresión y asun-
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 16426ción general de un ámbito de actuación legislativa propia de las ComunidadesAutónomas, en el que los Parlamentos autonómicos puedan responder a lasopciones políticas propias de sus ciudadanos mediante la configuración de nor-mas, y por tanto de derechos y obligaciones, propios y diferenciados de cadaComunidad.B. El nuevo modelo de distribución competencial debe articularse enbase a los siguientes principios:l Las competencias del Estado y las Comunidades Autónomas se establecenen el texto constitucional. Esta definición de las respectivas competencias,en la medida en que supone distribuir poder, forma parte esencial del nuevopacto federal. De esta forma se pone fin al principio dispositivo, que dejaba alalbur de los Estatutos de las CCAA las competencias que quisieran asumir, eindirectamente, las que quedaban al Estado; este cambio incide obviamenteen la naturaleza de los Estatutos de Autonomía, cuestión a la que nos referi-remos más adelante.l La determinación de las competencias se establece en una lista única en laque se enumeran las competencias del Estado. Todo el resto de materias yfunciones corresponde a las Comunidades Autónomas. Esta es la cláusulatradicional de atribución de competencias a la Federación, que permite quetodas las demás sean de los Estados o los territorios.l La lista única constitucional diferenciará las competencias exclusivas del Es-tado y las compartidas. Dentro de las compartidas se incluirán tanto las con-figuradas como bases del Estado y desarrollo de las CCAA, como aquellasen que se comparta la materia en razón de su ámbito territorial; por ejemplo,transportes terrestres que circulen por más de una Comunidad Autónoma.l La Constitución definirá el alcance funcional de las competencias exclusivasy compartidas. De forma particular se definirá el alcance de la competenciaestatal para establecer las bases, limitando el poder estatal al establecimientode principios o de un mínimo común denominador en normas con rango deley (de participación autonómica mediante el nuevo Senado) que permitan undesarrollo posterior autonómico a través de leyes diferenciadas. La posibilidadde que lo básico se concrete en normas reglamentarias o actos de ejecucióndebe ser excepcional y, en todo caso, sometida a la aprobación por parte delSenado de dichas decisiones gubernamentales.	En relación con la normativa básica estatal lo más relevante es asegurar quelas leyes básicas se aprueben en el Senado de nueva configuración, de modoque el alcance de lo básico sea fruto del acuerdo político que se alcance enla Cámara Territorial. Otro precepto definirá las competencias en que corres-ponde al Estado la legislación y a las CCAA la ejecución, y enumerará los ám-bitos materiales, que pueden ser semejantes a los actuales. Como proponía elproyecto de Estatuto de Cataluña, la potestad de las CCAA puede desarrollarreglamentos ejecutivos siempre que respeten los reglamentos del Estado.
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 16427l Desaparecen los principios de supletoriedad y prevalencia a favor de la legis-lación estatal.l Desaparecen las figuras de la legislación marco y de armonización.C. Las competencias que deban atribuirse al Estado serán, en términosgenerales, las que ya constan en la actualidad en el artículo 149.1, si bien sediferenciarán en cuatro artículos diversos, uno relativo a las exclusivas, otro alas compartidas por el juego bases-desarrollo, un tercero para las compartidaspor razón del territorio y, el último, para las de legislación del Estado y ejecuciónde las CCAA.El listado actual debería modificarse en algunos de sus apartados. Así:l La redacción del artículo 149.1.1ª CE debe ser más precisa o incluso debeexaminarse si sus objetivos se cumplen a través de la distribución competen-cial y resulta innecesario.l Nueva redacción del artículo 149.1.5ª CE de acuerdo con la propuesta dereforma del poder judicial que se realiza.l Nueva redacción del artículo 149.1.8ª “Legislación civil, sin perjuicio de la com-petencia exclusiva de las Comunidades Autónomas para el desarrollo de susderechos civiles, forales o especiales, salvo en lo relativo a las reglas sobrela aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles encuanto a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumen-tos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolverconflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho, con respeto,en este último caso, a las normas de derecho foral o especial”.l Nueva redacción del artículo 149.1.13ª CE “Bases para la ordenación generalde la economía y garantía de la unidad del mercado”, en el sentido desarro-llado por la mejor jurisprudencia constitucional que solo admite la intervenciónestatal cuando la dimensión de sus decisiones supera claramente la posibleactuación de las CCAA.l Nueva redacción del artículo 149.1.29ª “Seguridad pública, sin perjuicio dela creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma que seestablezca en una ley orgánica”.l Modificación de otros preceptos vinculados con la distribución competencialen algunos aspectos concretos: desde las normas referidas a la administra-ción de justicia hasta las correspondientes a los aspectos financieros, a losque nos referimos más adelante. Merece una mención especial, en el actualcontexto, la clarificación de las competencias autonómicas en materia de re-feréndum y consultas, que debería, manteniendo la actual configuración delart. 149.1.32ª CE, asumir claramente la posibilidad de consultas de carácterterritorializado, modificando a ese respecto el actual art. 92 CE.
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 16428D. La Constitución debe reconocer las singularidades de algunas Co-munidades Autónomas al proceder al reparto de competencias.La conveniencia de introducir algunos aspectos de diferenciación, o asimetría,en el reparto competencial es uno de los problemas más complejos que debe-rá afrontar la nueva Constitución. Es cierto que la diversidad que deriva de ladiferente realidad de las Comunidades Autónomas por razón de su población,geografía, riqueza o cultura política, puede tener su reflejo en el diferente usoque se haga de unas mismas competencias. Un mismo marco constitucional nosupone homogeneidad en el desarrollo, si el marco es lo suficientemente ampliopara permitir diversas opciones políticas.Pero también hay realidades políticas, culturales, históricas o geográficas, asícomo colectividades con un amplio sentido de formar parte de una nación his-tórica y cultural propia (que los constituyentes denominaron nacionalidades),que justifican un tratamiento constitucional específico, sin que ello deba versecomo una concesión de privilegios, como no lo son los derechos forales o losderechos históricos reconocidos en los Estatutos de Autonomía vigentes. Estassingularidades o asimetrías no permiten una distinción clara en dos grupos, sinoque forman más bien una escala de caracteres que deberían incorporarse altexto constitucional.l Reconocer en un artículo diferenciado la competencia exclusiva de las Co-munidades Autónomas en la regulación de su régimen lingüístico, dentro delcorrespondiente marco constitucional y estatutario.l Reconocer unas competencias diferenciadas a Cataluña y País Vasco enmateria de organización territorial, seguridad, tráfico y circulación, educación-vinculadas a la lengua propia-, justicia y acción exterior, en aquello referido asus propias competencias. El alcance de estas competencias puede remitirsetambién a un acuerdo en Comisión bilateral y posterior formalización como leyorgánica.l Reconocer la singularidad insular de Baleares y Canarias en relación a deter-minadas competencias.l Reconocer la singularidad del Concierto para País Vasco y Navarra, sin perjui-cio de lo que se diga en el artículo correspondiente de la parte de financiaciónsobre el cupo.l Reconocer la singularidad de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla cu-yas competencias se fijaran en sendas leyes orgánicas.l Los preceptos que reconozcan estas singularidades pueden ubicarse en eltítulo correspondiente a la organización territorial del Estado, o bien en variasdisposiciones adicionales.
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 164295. LA DIFERENTE NATURALEZA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍAEn virtud de la desaparición del principio dispositivo los Estatutos dejan de te-ner como misión principal la asunción de las competencias autonómicas. Estehecho altera la naturaleza de estas normas, que pueden pasar a configurarsecomo la “Constitución” de la Comunidad Autónoma.Los nuevos Estatutos tendrán como función primordial diseñar la organizaciónde la Comunidad Autónoma, que puede condicionarse solo de modo muy ge-neral en el texto constitucional (en la línea del actual artículo 152 CE).La Constitución puede reconocer a los Estatutos la posibilidad de incluir elreconocimiento de “derechos estatutarios”, sobre el modelo de los Estatutosexistentes, definiendo el valor y alcance de los mismos. Se puede establecerigualmente que en los casos en los que el Estatuto incluya una relación dederechos estatutarios se podrá atribuir al máximo órgano consultivo de la Co-munidad Autónoma la competencia para emitir un dictamen vinculante sobre laadecuación del proyecto de ley que desarrolle o afecte al derecho estatutario alEstatuto de Autonomía y a la Constitución.Los nuevos Estatutos se aprobarán por mayoría reforzada de la Comunidad Au-tónoma y podrían ser objeto de un recurso previo de inconstitucionalidad anteel Tribunal Constitucional, que debería interponerse en un plazo máximo de tresmeses desde su aprobación y resolverse por el TC, también en un plazo máxi-mo de tres meses desde su interposición. Transcurrido el plazo para su impug-nación, si ésta no se hubiese producido, o una vez dictada la sentencia del TCsi se interpuso recurso, y corregidos en su caso por la Comunidad Autónomalos elementos de inconstitucionalidad apreciados por el Tribunal, el Estatuto sesometerá a referéndum. Si el texto es aprobado, el Estatuto se publicará comoley autonómica, siendo ya inatacable.
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 164306. LAS RELACIONES DE COLABORACIÓN ENTRE COMUNIDADESAUTÓNOMAS Y CON EL ESTADOTanto la jurisprudencia constitucional como la doctrina han subrayado lasdeficiencias de la colaboración, tanto en el plano político como en el jurídico,y lo mismo en el plano vertical como horizontal, aunque las posibles solu-ciones difieren.La relación horizontal entre CCAA precisa de un impulso político, y jurídicamentese reduce a que la Constitución no ponga obstáculos, como lo es ahora el art.145.2 CE que, en consecuencia, debería eliminarse, al igual que la prohibiciónde federación autonómica si ésta se interpreta como un obstáculo para el de-sarrollo de la cooperación entre Comunidades. La Constitución se limitará aseñalar la libertad y conveniencia de la colaboración entre las CCAA.La colaboración vertical, entre el Estado y las CCAA, ha sido la más desarrolladay cuenta con diversas técnicas en la legislación ordinaria que en buena parte sehan trasladado a los Estatutos reformados en los últimos años. La Constituciónse limitará a mencionar las técnicas y fijar algunos principios generales.El más general sería el principio de colaboración, que entroncaría directamentecon el principio de lealtad federal, y consistiría en el establecimiento del derecho ydel deber de comunicar la información que necesitan otras CCAA o el Estado, yde realizarlo con la tecnología adecuada para que la comunicación fluya de formaautomática, sin que ello suponga en ningún caso una cesión de competencia.Debería garantizarse la responsabilidad de los Gobiernos, tanto del Estadocomo de las CCAA, que participen en órganos o procesos mixtos de decisiónante el Parlamento por su actuación, la distinción entre las relaciones de colabo-ración y coordinación obligatorias (y su alcance fundamentalmente procedimen-tal) y voluntarias, así como la expresión clara de que cada Comunidad no resultaafectada por la decisión de órganos “multilaterales” de colaboración voluntaria,sino en el alcance de su compromiso.En cuanto a los instrumentos de las relaciones de colaboración, la reforma po-dría significar una clarificación en cuanto a su existencia y régimen, aunque sufuncionamiento es fundamentalmente una cuestión de dinámica política que, sinembargo, debería verse mejorada por la existencia del Senado federal.En este sentido, la reforma constitucional debería considerar la existencia dela Conferencia de Presidentes, con la función de dialogar sobre los principalesproblemas generales del Estado y alcanzar la coordinación adecuada entre las
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 16431distintas instituciones, así como ordenar las formas de colaboración, del sistemade conferencias sectoriales, con los efectos de sus decisiones anteriormentemencionados y de las comisiones bilaterales entre el Estado y cada Comunidad,de composición paritaria y presidencia rotatoria, como “marco general y per-manente de relación” entre sus respectivos gobiernos a efectos de informacióny cooperación en asuntos de interés común. Igualmente, debe valorarse unamención constitucional al régimen de convenios, planes y programas conjuntosentre Estado y Comunidades Autónomas.Asimismo, y siguiendo las experiencias desarrolladas en otros Estados euro-peos, la reforma constitucional sería la sede adecuada para fijar los elementosfundamentales de la participación autonómica en asuntos europeos, medianteel Senado y la correspondiente conferencia para asuntos de la UE, fijando espe-cialmente las reglas de presencia y actuación autonómica en las delegacionesespañolas ante las instituciones europeas.
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 164327. LA DESCENTRALIZACIÓN DEL PODER JUDICIALLa creación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se hizo siguiendola inspiración del equivalente italiano, creado a su vez tras la Segunda GuerraMundial para reforzar la independencia de los jueces. Ésta se había conquistadoun siglo antes mediante la inamovilidad, pero ahora avanzaba más al librarlosde la influencia indirecta del Gobierno, ejercida a través de los nombramientos yla promoción. Por distintas razones el CGPJ no ha desempeñado bien sus fun-ciones, pero en lo esencial existe una crítica común sobre su politización, tantopor el sistema de nombramientos (cambios en 1985 y 2001) como por el papelde las asociaciones de jueces, que han resultado muy partidistas. Conviene portanto sustituirlo por un órgano más técnico y neutral, teniendo en cuenta que lamayoría de sus tareas son de naturaleza administrativa.Además, la Constitución apenas previó la participación de las CCAA en el po-der judicial, sin que haya razones para que la descentralización se detenga enel legislativo y el ejecutivo. Hasta ahora el único campo que corresponde a lasCCAA es la llamada “administración de la administración de justicia”, es decir,el personal administrativo (no los Secretarios judiciales porque se considera uncuerpo nacional). La reforma debe trasladar el principio federal también al poderjudicial, como sucede en la mayoría de Estados federales, aunque las fórmulasexistentes son muy variadas.Los aspectos principales de la reforma podrían ser cuatro:En primer lugar, modificar el sistema de recursos judiciales, de maneraque el Tribunal Supremo solo conozca los recursos de unificación de doctrina,garantizando una misma interpretación de la ley estatal, lo que potenciaría sufunción y le descargaría de trabajo que pueden realizar los Tribunales Superioresde Justicia de las CCAA, que serían la última instancia de todos los recursos, almargen de esa unificación de doctrina.En segundo lugar, configurar como órgano de gobierno del poder judi-cial en las CCAA las Salas de gobierno de los Tribunales Superiores deJusticia (Presidentes de Sala más igual número de magistrados elegidos), conpoderes superiores a los actuales por traslado de algunas tareas que ahorarealiza el CGPJ. Además nombraría de entre sus miembros al Presidente delpropio TSJ. El Tribunal Supremo (TS) y la Audiencia Nacional (AN) seguirían consus actuales Salas de gobierno. La administración propiamente dicha de todoslos jueces y tribunales, salvo el TS y la AN, dependerá de los Gobiernos delas respectivas CCAA. La Administración del Tribunal Supremo y de la Audien-cia Nacional dependerán del gobierno del Estado. Éste y los Gobiernos de las
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 16433CCAA ejecutarán las decisiones administrativas de las Salas de Gobierno de losTSJ y del CGPJ en los ámbitos respectivos.En tercer lugar, el CGPJ será un órgano de composición reducida (en tornoa 5 miembros) con una composición mixta (3 jueces y 2 juristas de prestigio).Los jueces serían elegidos entre y por todos los miembros de las Salas deGobierno de las CCAA), mientras que los dos juristas serían elegidos 1 por elCongreso y 1 por el Senado. Entre sus principales funciones estaría la pro-moción de magistrados al TS y de jueces y magistrados a la AN; la potestaddisciplinaria directa de los jueces y magistrados del TS y de la AN, la resoluciónde los recursos interpuestos contra las decisiones de las Salas de Gobierno delos TSJ de las CCAA, así como el control del trabajo y de la gestión en la mismaproporción (TS y AN) y la resolución de recursos contra decisiones de las Salasde Gobierno de las CCAA.Por último, resulta en consecuencia necesario crear un órgano de coordinacióngeneral, la Comisión Consultiva del Poder Judicial, que estaría integradapor dos miembros por cada CA (el Presidente del TSJ y el Consejero de Jus-ticia de cada Gobierno autonómico), tres por el Estado (1 magistrado del TS,1 de la AN y el Ministro del Gobierno de España), y los miembros del CGPJ. ElPresidente de éste, nombrado por la propia Comisión Consultiva cada 4 años,convocará a la Comisión y establecerá el orden del día, para tratar los asuntosgenerales que el Presidente proponga.
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 164348. LA REGULACIÓN DE LA FINANCIACIÓN EN LA CONSTITUCIÓNA. La necesidad de reformaLa Constitución no incluye prácticamente ningún precepto significativo sobrela financiación autonómica, más allá del reconocimiento de los principios deautonomía financiera y de solidaridad y algunos elementos de ordenación delas haciendas públicas. Este silencio, que resultaba inevitable en el momentoconstituyente ante las incógnitas existentes sobre el desarrollo del Estado auto-nómico, ha permitido una amplia flexibilidad de la estructuración del sistema definanciación durante los últimos treinta años, desde la primera redacción de laLey Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) a raízde los contenidos del Estatuto de Sau.En conjunto, el sistema ha pasado de un modelo inicial vinculado exclusiva-mente a los costes efectivos de los servicios traspasados, con un grado deautonomía reducido, a un modelo actual en el que los ingresos autonómicosprovienen fundamentalmente de sus recursos tributarios, complementados encada caso por recursos adicionales derivados de los fondos complementariosde solidaridad y suficiencia.Esta evolución ha tenido lugar a través de reformas frecuentes del sistema ensus rasgos fundamentales, concretadas especialmente en las reformas de laLOFCA de los años 1996 y 2009. La flexibilidad del sistema, enormemente po-sitiva para su evolución, también ha significado una constante tensión políticay territorial, así como una transparencia muy reducida de los flujos financierosexistentes, especialmente respecto de los instrumentos de nivelación, canaliza-dos mediante transferencias estatales.El acuerdo en cada caso, mediante un sistema de negociación entre Estado yComunidades Autónomas profundamente matizado por las dinámicas de par-tido, se ha producido esencialmente combinando el avance en la corresponsa-bilidad fiscal, y por lo tanto el estímulo a las Comunidades más dinámicas, conla garantía de un incremento mínimo de ingresos para todas las Comunidades,a través de la aportación estatal. Por lo tanto, la capacidad estatal de aportarnuevos recursos al sistema a partir de su sobrefinanciación inicial ha sido fun-damental para alcanzar los correspondientes acuerdos, junto con la voluntadde construcción de un sistema conjunto dinámico y solidario por parte de todoslos participantes. En cualquier caso, esa existencia de recursos adicionales y lacláusula de garantía del “status quo” son los elementos clave que han permiti-do la evolución del sistema, pero sin plantearse de modo global la adecuaciónde los recursos destinados al conjunto de las Comunidades Autónomas ni la
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 16435suficiencia de los medios propios de las mismas para financiar sus recursos ycompetencias.El sistema de financiación acordado el año 2009 es la culminación de esta evo-lución, asumiendo los principios fijados por el Estatuto de Autonomía de Ca-taluña de 2006 (EAC) y significa el máximo del crecimiento de los ingresos (ycapacidades de gasto) autonómicos a lo largo de la vigencia de la Constitución.La dinámica de los acuerdos preexistentes, en los que todas las ComunidadesAutónomas veían siempre incrementados sus recursos, en grado diverso enfunción de su dinamismo económico, parece difícil de mantener por muchomás tiempo.Pero fundamentalmente el acuerdo de 2009 marca la madurez de la evoluciónde un sistema, que en los últimos veinte años ha consolidado conceptos comolos de solidaridad interterritorial, corresponsabilidad fiscal, así como ha permiti-do ligeros incrementos en la autonomía de los ingresos y en la formalización yla transparencia de los flujos de solidaridad. Esta madurez permite llevar estoscriterios a la Constitución para acabar de completarlos y consolidarlos y superarla dinámica de reformas que suponen la reapertura global de las discusiones yuna tensión política y territorial negativa para la globalidad del sistema, sin per-juicio de su necesaria y flexible revisión y puesta al día.Por otra parte, la crisis económica de los últimos años ha provocado una trans-formación de la financiación de las administraciones públicas que no pareceprovisional. La creciente dificultad del recurso a la deuda pública y el agota-miento casi total de algunas fuentes tributarias son elementos que parecen es-tructurales para el futuro del sistema de financiación pública y, en consecuencia,exigen un replanteamiento general de la financiación de las entidades públicasen España, más allá de la muy limitada perspectiva de la reforma constitucionalde 2011, e incluyendo naturalmente el reparto de los ingresos entre el Estado ylas Comunidades Autónomas y los entes locales.En este contexto, además, es necesario plantear los resultados discriminatoriosque se han derivado de los sistemas de concierto y de convenio, manteniendo susingularidad, pero corrigiendo las disfunciones observadas en su aplicación y lagran disparidad de resultados con respecto a los obtenidos por el sistema común.B. Objetivos de la reformaSi bien una Constitución tiene que determinar los elementos fundamentales delsistema de financiación, no es posible ni conveniente incluir aspectos menoresque resultarían petrificados y se debe prever un desarrollo posterior, mediante
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 16436leyes de diferente alcance. La reforma, en consecuencia, no significa establecerun nuevo sistema de financiación cerrado y definitivo, que toca de nuevo refor-mar para que entre en vigor en 2014, sino constitucionalizar aquellos elementosque tienen que vincular a todos los poderes, quedando fuera de la discusióncoyuntural, y garantizar la protección necesaria de la autonomía.En este sentido, la reforma tiene que orientarse por los siguientes criterios:a) Suficiencia de recursos. Es preciso determinar una distribución inicial delos recursos resultantes de las figuras tributarias fundamentales. La definicióndel sistema no puede partir únicamente, como ha sucedido hasta ahora, de lasnecesidades de gasto a partir de un “status quo” inicial y sin consideración de lacapacidad de generación de ingresos, sino que tiene que partir de los recursosfinancieros existentes, distribuyéndolos entre Estado y Comunidades Autóno-mas de acuerdo con una adecuada valoración de las competencias asumidaspor cada nivel territorial, evitando subfinanciaciones y sobrefinanciaciones dis-funcionales para el conjunto del sistema.b) Solidaridad y ordinalidad. Expresar y garantizar la existencia de transferen-cias en función de elementos de solidaridad y suficiencia, diseñando un sistematransparente y generalmente aceptado, que determine el criterio de equidadaplicable y los medios para lograrlo tanto en referencia a la nivelación de ser-vicios como a las políticas de reequilibrio territorial. Garantizar la justicia en ladistribución de los recursos añadiendo a la nueva formulación transparente delprincipio de solidaridad, la del principio de ordinalidad, para impedir que lasComunidades Autónomas más dinámicas pierdan incentivos a seguir creciendoy aportando al conjunto, a través de su dinamismo.c) Bilateralidad y multilateralidad. Regular efectivamente los instrumentos dediscusión y acuerdo entre Estado y Comunidades Autónomas en este ámbito,reduciendo la posición tan prevalente del Estado en el Consejo de Política Fiscaly Financiera, y pasando la aprobación de las reformas por el Senado federal.d) Autonomía en la recaudación. Fijar unos elementos de gestión tributariaque garanticen la actuación compartida entre Estado y Comunidades Autóno-mas en la gestión y recaudación de los impuestos que pagan los ciudadanos yen la lucha contra el fraude fiscal, y la atribución ágil, automática e inmediata delos fondos recaudados, elemento esencial de una aplicación efectiva del princi-pio de lealtad institucional.e) Corregir las disfuncionalidades resultantes de los sistemas de convenioy concierto.
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 16437f) Valorar la inclusión de la financiación de los entes locales como tercernivel de la distribución constitucional tributaria o, en caso contrario, inclu-yendo su financiación en las necesidades autonómicas de gasto y garantizandoconstitucionalmente un mínimo en respeto a su autonomía.C. Propuestas de reformaA partir de los objetivos definidos en el apartado anterior, se proponen las si-guientes modificaciones en el texto de la Constitución:1ª. Adoptar una horquilla de distribución de los porcentajes de recaudación delos grandes tributos estatales (IRPF, IVA, Sociedades, impuestos especiales)entre el Estado y cada Comunidad Autónoma (en función de los puntos de co-nexión fijados por la ley, considerando adecuadamente el lugar de generaciónde los rendimientos gravados). Esta distribución tendría que hacerse teniendoen cuenta la dinámica de gasto autonómica y estatal y valorando especialmenteel gasto social y la capacidad inversora de las administraciones autonómicas.En consecuencia tendría que significar un crecimiento relevante del porcentajeactual de ingresos autonómicos, asumiendo que este incremento sustituye deuna sola vez la dinámica de constantes incrementos más o menos reducidos enla negociación de cada nuevo modelo de financiación.2ª. Prever constitucionalmente las potestades tributarias autonómicas propias ysobre los tributos cedidos, con capacidad normativa, en la línea del actual art.203 EAC.3ª. Lealtad institucional. Introducir límites a la capacidad estatal de generar nue-vos tributos en ámbitos gravados por las Comunidades Autónomas o los en-tes locales (esencialmente mediante la intervención del Senado, con mayoríareforzada), incorporar la obligación de compensación en estos casos y limitartambién la capacidad de la Administración central de generar unilateralmentenuevos gastos a cargo de los recursos de las Administraciones autonómicas ylocales.4ª. Prever constitucionalmente los criterios del sistema, orientados esencial-mente a la solidaridad y a la suficiencia de recursos, en torno a los conceptos denivelación y de equilibrio territorial. La regulación de los fondos tendría que incluirlos límites correspondientes a sus resultados, esencialmente en torno al princi-pio de ordinalidad, según el cual la ordenación de recursos de los gobiernosautonómicos después de la aplicación del mecanismo de nivelación debe serla misma ordenación existente antes de la nivelación. En este contexto, y antela situación actual de crisis financiera y riesgos para el desarrollo de la cláusula
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 16438social del Estado, concretada en las competencias autonómicas de sanidad,educación y servicios sociales, sería conveniente introducir algunos elementosadicionales en el sistema de financiación, centrados en los siguientes aspectos:•	Garantía constitucional de mantenimiento de las prestaciones sociales de losciudadanos (sanidad, educación y servicios sociales) en los supuestos de ac-tuación de los instrumentos de la legislación de estabilidad presupuestariaderivados del art. 135 CE (planes de corrección de desequilibrios,...).•	Previsión de un fondo adicional del sistema, estrictamente condicionado, delucha contra la pobreza, financiado conjuntamente por el Estado y las Comu-nidades Autónomas, y gestionado por las propias Comunidades.•	Exigencia de valoración expresa y cuantificada de las consecuencias de lasreducciones de partidas presupuestarias (estatales y autonómicas) sobre losservicios y prestaciones correspondientes.•	Vinculación de la cláusula de “sostenibilidad social” prevista en el art. 135 CE alas competencias autonómicas y, coherentemente, a la decisión del Senado.5ª. Remitir el desarrollo constitucional a leyes y decisiones que tienen que contaren todo caso con la aprobación del Senado, valorando la posibilidad de estable-cer una mayoría reforzada.6ª. Prever expresamente la existencia del Consejo de Política Fiscal y Financie-ra, estableciendo que sus acuerdos (que resultarían menos relevantes dada laexistencia del Senado) se adoptan por una mayoría cualificada que incorpore almenos a tres quintas partes de las Comunidades Autónomas y al Estado.7ª. Determinar la LOFCA, sus leyes de desarrollo y la legislación de equilibriopresupuestario como leyes de necesaria aprobación por el Senado.8ª. Prever la existencia de Agencias Tributarias consorciadas entre el Estado ylas Comunidades Autónomas que lo soliciten, encargadas de la gestión tributa-ria de todos los tributos y de las actuaciones de lucha contra el fraude.9ª. Determinar que los ingresos de las Agencias se distribuyen de forma inme-diata y según los porcentajes constitucionalmente establecidos entre las ad-ministraciones participantes, sin perjuicio de los posteriores ajustes técnicos ycontables.10ª. Establecer expresamente la inclusión de una aportación a la solidaridadinterterritorial como nueva carga del Estado en los sistemas de convenio y con-cierto y prever un sistema de garantía constitucional de una aproximación gra-dual de resultados respecto del sistema común.
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 164399. LA REFORMA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONALY DE OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO CONECTADASCON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMASEl TC ha sido superado por la cantidad de conflictos de competencias, recursosde inconstitucionalidad e incluso cuestiones de inconstitucionalidad de basecompetencial, y conviene corregir las causas de esta situación. Por otro lado,la composición del TC debiera tener alguna conexión con las CCAA, lo que esfácilmente articulable a través del propio Senado federal, de forma que la mitadde los magistrados fueran nombrados por el Congreso y la mitad por el Senado.También sería conveniente establecer algún criterio para elegir a buenos juristasdesautorizando el sistema de cuota de los grupos parlamentarios, aunque esésta una cuestión que va más allá de la reforma federal del sistema.Por otra parte, la propia función del Senado en la aprobación de la legislaciónbásica y de relevancia autonómica debe contribuir de forma destacada a la re-ducción de la conflictividad en este ámbito, permitiendo al Tribunal Constitucio-nal un enfoque más general y centrado en las cuestiones de especial relevanciapara el funcionamiento del sistema.Con carácter general, la reforma del Senado permite canalizar la participaciónautonómica en la composición de la mayor parte de instituciones estatales, co-herentemente con lo previsto en diversos Estatutos de Autonomía en la ac-tualidad, de un modo funcional y dando sentido a las actuales previsiones denombramiento senatorial de diversos cargos institucionales, que podrían man-tenerse o incrementarse tanto a nivel constitucional como legislativo.
PAPERS DE LA FUNDACIÓ / 1644010. EL PROCEDIMIENTO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL ACTUALDeben contemplarse al menos tres cuestiones distintas.Cómo preparar la iniciativa de reforma. La Constitución establece los órganosy las mayorías necesarias para la aprobación de las reformas constitucionales,pero no establece su forma de elaboración, y en los países europeos se estáimponiendo que la iniciativa no surja solo del Gobierno o de ponencias parla-mentarias, sino que se realice en un órgano mixto formado por juristas exper-tos y políticos destacados, denominada generalmente comisión para la reformaconstitucional. En nuestro caso, sería muy conveniente incluir a personalidadesrepresentativas de las CCAA, expertos y políticos, sin que sea necesaria unacuota sino más bien una presencia cualitativa.Carácter y procedimiento: la reforma agravada del art. 168 CE. No se trataría deproponer una reforma general de la Constitución sino del conjunto de precep-tos constitucionales relacionados con el sistema de autonomía que presentanproblemas. Sustituir el art. 1 ó 2 y los correspondientes que se mencionan encada apartado, y seguir la vía del 168 CE porque se afecta al Título Preliminar.La reforma del propio procedimiento. El sistema contemplado por la Consti-tución no ha funcionado, y convendría pensar una reforma que introduzca almenos un procedimiento efectivo de modificación ordinaria con las necesariasgarantías de discusión pública, más allá de lo previsto en el actual art. 167 CE,y que, en todo caso, debe prever la participación de las Comunidades Autóno-mas a través de sus órganos. Asimismo, el procedimiento agravado del art. 168CE, al margen ahora de una reflexión sobre su viabilidad efectiva, podría versemodificado para garantizar igualmente una efectiva consideración autonómica,no solo mediante el Senado, sino también en el correspondiente referéndumpopular en el que habría que ponderar también las mayorías en un número de-terminado de Comunidades Autónomas.Materiales para el debate disponibles en www.reformafederal.info
Documento de trabajode la Fundació Rafael CampalansPor una reformaconstitucionalfederalnúmero 164PAPERS DE LA FUNDACIÓwww.fcampalans.cat Related Documents
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