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Timestamp: 2018-12-09 20:01:23+00:00

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Abogados Córdoba-Acevedo | Despacho de Abogados en Jerez de la Frontera y Cádiz
29 noviembre, 2017 / Abogados Córdoba-Acevedo	/ Deja un comentario
23 agosto, 2017 23 agosto, 2017 / Abogados Córdoba-Acevedo	/ Deja un comentario
Como sabemos el microchip es un sistema de identificación animal por el cual se asigna un código a una pequeña pieza que se inserta bajo la piel del animal. Es de muy pequeño tamaño, aproximadamente como un grano de arroz, y no hay que sedar a nuestras mascotas para implantarlo. Una vez colocado, basta acercar un lector al animal para detectar la numeración, y por consiguiente, para identificar al animal y a su propietario. En Andalucía es obligatorio ponerlo a todos los perros y gatos, lo cual posibilita que en caso de pérdida o sustracción el animal pueda ser perfectamente identificado. La carencia del identificador se considera en Andalucía una infracción grave, pudiéndose imponer multas de 501 a 2000 euros. Asimismo se asocia la numeración del microchip a la persona propietaria con sus datos de localización por lo tanto, cuando se cambia de dueño o de domicilio hay que notificarlo al registro que se abandona y al nuevo que corresponda para que pueda modificarse la inscripción. En definitiva el microchip tiene una función muy similar a nuestro DNI. No obstante, lo que parece que genera un poco de confusión es el cambio de comunidad autónoma, por lo cual dejamos dos enlaces: el primero, donde se explica qué es el microchip y el segundo donde se explica de manera sencilla cuál es la tramitación que el veterinario debe seguir para dar de baja la inscripción del animal en una comunidad autónoma y el alta en otra, junto con el formulario que se ha de cumplimentar.
https://www.raia.es/
http://www.reiac.es/news.php?id=7&lang=ESP
Para cualquier cuestión no dude en contactar con nuestro despacho.
16 marzo, 2017 16 marzo, 2017 / Abogados Córdoba-Acevedo	/ Deja un comentario
Una bonita ciudad del sur de España, donde la gente era alegre porque el sol y el aire del mar inundaba sus vidas, pero todos estaban preocupados pues no tenían en qué trabajar. Un día uno de los ciudadanos decidió que no iba a seguir siendo pobre así que decidió violar una ley que para el resto de ciudadanos era sagrada. Se fue a un lugar apartado de la ciudad y compró un trozo de tierra donde siempre se había cultivado. Allí había plantas especiales que no podían cortarse porque eran propias de otros países y éstas eran las únicas que crecían fuera de aquellos lugares, así que habían conseguido vivir como una más entre otras plantas y flores de la bonita ciudad y si se arrancaban podían desaparecer para siempre. El ciudadano llegó un día, decidido a no pasar más miseria, y aplastó el suelo con máquinas enormes y ruidosas y comenzó a poner murallas al campo y donde antes había árboles y plantas especiales emergió el cemento como si fuera la lava de un volcán, derramándose por todo el suelo. Para hacer los caminos trajo escombros de otros lugares y los tiró en el suelo para que otras máquinas siguieran cambiando la tierra por cemento. Muchos animales murieron porque ya no tenían dónde comer y las plantas y los árboles quedaron encerrados en las murallas, así que ya no se podían ver y ni siquiera se sabía si las plantas especiales seguían vivas o si se habían arrancado a pesar de que eran una especie protegida.
Pero el ciudadano pensó que ya no era suficiente dejar de tener miseria, sino que podía hacerse rico y la codicia se apoderó de él así que se propuso construir un reino dentro de sus murallas. Para ello dividiría su tierra en varios trozos que también serían amurallados y los vendería a otras personas que quisieran violar la ley sagrada a cambio de un precio. Pensó que él sería el rey y el resto de ciudadanos serían sus príncipes. Al poco tiempo otros ciudadanos comenzaron a comprar porque tenían dinero y siguieron construyendo sus casas, sus piscinas y todo lo que tuvieron por conveniente. Sin embargo hubo un príncipe que se dio cuenta de cómo el rey se hizo rico y pensó que si él le había comprado su principado por 10.000 € y lo vendía por 50.000€ podría hacerse rico igual que su rey, así que lo puso en venta.
Ocurrió entonces que los ciudadanos de la bonita ciudad acudieron a su dirigente para avisar de que la ley sagrada se había violado, creyendo éstos que al encontrarse el campo amurallado en una zona lejana su dirigente no lo había visto. Cuando el dirigente se enteró de que otro ciudadano se estaba haciendo rico violando la norma sagrada tomó la decisión de no permitirlo y dijo solemnemente que dejaría el campo otra vez como estaba, sin murallas, sin caminos….pero el tiempo pasaba y como no hizo nada por impedirlo cada vez había más casas y ya no se veía la tierra porque todo era cemento gris, así el dirigente estaba contribuyendo a que los príncipes ganaran dinero violando la norma sagrada….
Nuestro cuento no tiene un final feliz, sino todo lo contrario, la inactividad y tolerancia del Ayuntamiento está propiciando una especulación inmobiliaria atroz. Pero la pregunta es ¿por qué el Ayuntamiento no persigue la violación de las normas cuando se ha comprometido formalmente? ¿Acaso no nos repugna la idea de que la policía “mire para otro lado” cuando se está cometiendo un delito y puede evitarlo? Pues la cuestión radica precisamente en “poder evitar”, porque las normas se violan a diario pero la tolerancia hacia esos comportamientos de las personas que tienen la facultad y la obligación legal de evitarlo y no lo hacen, les convierte en los mayores responsables. En estos días oíamos una noticia sobre la detención de una persona porque expulsó por la fuerza a otra de su domicilio, a la que popularmente conocemos como “ocupa” y la razón es que no se puede ejercer un derecho propio con violencia, por tanto, si yo no puedo actuar con violencia para ejercer mis derechos y la autoridad competente, en este caso el Ayuntamiento, no lo hace ¿cómo se restablecen las normas infringidas? Si ya es preocupante que no se adopten las medidas legales a las que el Ayuntamiento está obligado, mucho más preocupante resulta que alguien se esté enriqueciendo vilmente a costa del incumplimiento de las leyes y de la inactividad del Ayuntamiento. Llevamos ya muchos años de crisis y el origen de la misma se ha situado con frecuencia en la “burbuja inmobiliaria”, en la “especulación inmobiliaria” y parece como si nosotros no fuéramos capaces de generar este tipo de situaciones, pero la especulación inmobiliaria en Jerez se vuelve a producir cuando parcelas ilegales con construcciones más ilegales aún si cabe, se venden por el precio de un piso en plena ciudad con todos los permisos y licencias otorgadas. ¿A qué espera nuestro Ayuntamiento para dar cumplimiento a las normas si conoce sobradamente que el incumplimiento legal se está produciendo y así lo certifica?
…Y cuando el rey hubo vendido los principados, se fue a otro lugar cercano del anterior, a comprar otro trozo de tierra para fundar un nuevo reino ilegal….
24 febrero, 2017 / Abogados Córdoba-Acevedo	/ Deja un comentario
3 febrero, 2017 3 marzo, 2017 / Abogados Córdoba-Acevedo	/ Deja un comentario
30 enero, 2017 / Abogados Córdoba-Acevedo	/ 2 comentarios
La firmeza de las sentencias se produce, de modo muy simplificado, para dar seguridad de que la decisión tomada por el juzgador no se va a cambiar en el futuro y debe cumplirse, de tal manera que si alguien tiene derecho, por ejemplo, a una subvención en una fecha determinada, una vez reconocido dicho derecho en una sentencia se deberá hacer efectivo para el demandante aunque en el momento de dictarse la sentencia ya no esté vigente o hayan cambiado las circunstancias. Estrechamente unido a la firmeza de la sentencia se produce el efecto de “cosa juzgada”, que también sirve para dar seguridad jurídica a las resoluciones judiciales provocando que una vez que un asunto ha sido juzgado, no puede volver a repetirse el juicio, salvo determinadas causas tasadas que pueden dar lugar a la revisión de la sentencia firme, que se contienen en el art. 510 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dispone:
La interpretación de los criterios para poder revisar una sentencia firme la da el Tribunal Supremo en su sentencia de 18 de febrero de 2016 (Id Cendoj: 28079110012016100066) que se transcribe parcialmente:
1.- Fundamenta su pretensión revisora la parte demandante en las siguientes y resumidas alegaciones: (i) Esta Sala dictó sentencia con el número 719/2012, el 5 de diciembre de 2012, en el recurso de casación nº 1362/2009 , sin esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictara sentencia resolviendo la cuestión prejudicial C-414-11, pese a que el 14 de junio de 2012 ya se le había anunciado a la Sala la existencia de dicha cuestión. (ii) El TJUE resolvió la cuestión prejudicial por sentencia de 18 de julio de 2013 , en la que dijo que « no debía considerarse que, en virtud de las reglas establecidas en los artículos 27 y 70 del Acuerdo (ADPIC)…. una patente obtenida a raíz de una solicitud en la que se reivindicaba la invención tanto del procedimiento de fabricación de un producto farmacéutico como de dicho producto farmacéutico en sí mismo, pero que se concedió únicamente respecto del procedimiento de fabricación, protege, a partir de la entrada en vigor del citado acuerdo, la invención de dicho producto farmacéutico» . (iii) Si la Sala hubiera esperado al dictado de dicha sentencia, su resolución hubiera sido otra, y al no haberlo hecho así, dictó una sentencia injusta, por lo que la ahora demandante tiene que abonar una indemnización a cuyo pago no debería haber sido condenada.
2.- La demanda de revisión se formula conforme al ordinal 1º del artículo 510 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , consistente en el recobro u obtención, después de pronunciada la sentencia, de documentos decisivos de los que no se hubiere podido disponer por fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado. El documento en que la parte apoya su pretensión es la mencionada STJUE de 18 de julio de 2013 , publicada en el DOUE de 7 de septiembre siguiente.
1.- La jurisprudencia de esta Sala exige los siguientes requisitos para que pueda prosperar este motivo de revisión alegado: a) Que los documentos se hayan obtenido (o, en su caso, recobrado) después de pronunciada la sentencia firme cuya rescisión se pretende; b) que no se haya podido disponer de los documentos para el proceso en que hubiera recaído dicha sentencia por causa de fuerza mayor o, en su caso, por obra de la parte en cuyo favor se hubiera dictado la sentencia; c) que se trate de documentos decisivos para el pleito, esto es, con valor y eficacia para resolverlo; y d) que los requisitos expresados se prueben por la parte demandante, a quien incumbe la correspondiente carga procesal ( SSTS de 12 de abril de 2011 , 4 de julio y 13 de diciembre de 2012 y 8 de mayo y 29 de octubre de 2015 ). Asimismo, ha de tenerse en cuenta que la revisión de sentencias firmes, por su naturaleza extraordinaria, supone una excepción al principio esencial de irrevocabilidad de las sentencias que hayan ganado firmeza, al estar en juego el principio de seguridad jurídica proclamado por el artículo 9.3 de la Constitución y el principio procesal de autoridad de cosa juzgada.
2.- También tiene dicho esta Sala que el documento recobrado ha de tener existencia con anterioridad al momento en que precluyó para la parte la posibilidad de aportarlo al proceso, en cualquiera de las instancias, ya que la causa de no haber podido el demandante de revisión disponer de él ha de ser, en la previsión legal, no su inexistencia en aquel momento, sino la fuerza mayor o la actuación de la otra parte ( SSTS de 4 de mayo de 2005 , 31 de marzo de 2006 , 26 de febrero de 2007 , 18 de marzo de 2009 , 22 de diciembre de 2010 y 10 de junio de 2013 ). Es decir, es preciso que los documentos en los que se funde la pretensión revisora ya existieran con anterioridad a la sentencia cuya revisión se pretende, si bien no pudieron tenerse en cuenta en el momento de dictarla, por fuerza mayor o por obra de la otra parte ( sentencias de 13 y 29 de octubre de 2015 ).
3.- Pues bien, sobre tales bases, la demanda de revisión no puede prosperar, porque: (i) La sentencia no es un documento a los efectos procesales pretendidos ( sentencias de esta Sala de 8 de junio de 1992 , 17 de junio de 1995 , 24 de septiembre y 23 de noviembre de 2002 y 25 de enero de 2005 ), sino una resolución jurisdiccional que establece determinada doctrina legal. El citado art. 510.1.a) LEC se refiere a los documentos mismos, es decir, al soporte material que los constituye y no, de entrada, a los datos en ellos constatados o a su contenido. (ii) En todo caso, la sentencia del TJUE es de fecha posterior a la resolución cuya revisión se pretende, por lo que no tiene encaje en el art. 510.1 LEC . Como fácilmente se puede colegir, una sentencia posterior no puede constituir tal documento decisivo, por la razón evidente de que no existía al dictarse la que se pretende revisar. (iii) Tampoco es un documento retenido por la otra parte, ni su falta de disposición por la demandante se debió a fuerza mayor.
CUARTO .- La posibilidad de revisión de una sentencia firme a consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha posterior.
1.- Este problema ha sido sometido a consideración del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, generalmente mediante el planteamiento de cuestiones prejudiciales por los órganos judiciales nacionales. El primer pronunciamiento del Tribunal Europeo tuvo lugar en la sentencia de 13 de enero de 2004 (C-453/00), caso Kühne & Heitz . La cuestión de fondo se refería a la posibilidad de revisar un acto administrativo firme (de naturaleza tributaria) como consecuencia de una sentencia posterior del TJUE, concretamente, la sentencia del caso Voogd Vleesimport en -export , C-151/93. La respuesta del TJUE fue afirmativa, siempre y cuando la legislación nacional permita tal revisión de un acto administrativo firme. Esta doctrina fue reiterada en dos casos similares, en las sentencias de 12 de febrero de 2008, asunto C-2/06 , caso Kempter , y 13 de marzo de 2008, asunto C- 383/06 , caso Vereniging .
2.- Por el contrario, cuando se trató de revisar una sentencia firme, el Tribunal, en la sentencia de 16 de marzo de 2006, asunto C-234/04, caso Kapferer , sostuvo, tras resaltar la importancia de la cosa juzgada en un sistema presidido por el valor de la seguridad jurídica, que el Derecho comunitario no impone la revisión de las sentencias firmes cuando tal posibilidad no está prevista en la normativa procesal nacional (como sucedía en el país del que provenía el asunto, Austria). Al mismo tiempo, recordó que las legislaciones procesales internas deben respetar los principios de equivalencia y efectividad.
3.- La sentencia de 3 de septiembre de 2009, asunto C-2/08 , caso Olimpiclub , no trató propiamente la posibilidad de revisar una sentencia firme, sino la extensión de la cosa juzgada a casos posteriores, prevista en el Derecho italiano en un régimen similar al de la cosa juzgada positiva o prejudicial del Derecho español. No obstante, en dicha sentencia afirma textualmente: «22. A este respecto, procede recordar la importancia que tiene, tanto en el ordenamiento jurídico comunitario como en los ordenamientos jurídicos nacionales, el principio de fuerza de cosa juzgada. En efecto, con el fin de garantizar tanto la estabilidad del Derecho y de las relaciones jurídicas como la buena administración de la justicia, es necesario que no puedan impugnarse las resoluciones judiciales que hayan adquirido firmeza tras haberse agotado las vías de recurso disponibles o tras expirar los plazos previstos para dichos recursos ( sentencias de 30 de septiembre de 2003 , Köbler, C-224/01, Rec. p. I-10239, apartado 38, y de 16 de marzo de 2006 , Kapferer, C-234/04 , Rec. p. I-2585, apartado 20). »23. Por consiguiente, el Derecho comunitario no obliga a un órgano jurisdiccional nacional a dejar de aplicar las normas procesales internas que confieren fuerza de cosa juzgada a una resolución, aunque ello permitiera subsanar una vulneración del Derecho comunitario por la decisión en cuestión (véase la sentencia Kapferer, antes citada, apartado 21)».
5.- En nuestro ordenamiento jurídico no existe previsión legal respecto a dicha posibilidad de revisión. El legislador español ha tenido ocasión reciente de hacerlo, y sin embargo únicamente ha previsto un mecanismo especial de revisión cuando se trata de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ( apartado 2 del art. 510 LEC , en redacción dada por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio) pero no ha incluido igual solución para las sentencias del TJUE.
QUINTO .- Decisión de la Sala. En atención a lo expuesto, la demanda de revisión debe ser desestimada, sin necesidad de plantear cuestión prejudicial, puesto que su objeto ya ha sido resuelto por el TJUE al resolver otras cuestiones prejudiciales ( STC 58/2004, de 19 de abril ). Con las consecuencias legales inherentes a tal desestimación, consistentes en la imposición de las costas a la demandante y la pérdida del depósito constituido por dicha parte ( art. 516.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ). Sin que pueda hacerse exención de costas por las dudas de derecho que plantea el caso, al no prever el precepto esta excepción; y sin que tampoco quepa apreciar temeridad a efectos de su imposición.
A la vista de todo lo anterior, no parece posible que se puedan revisar las sentencias firmes anteriores a la del TJUE que sólo retrotrajeron a 2013. Si se pregunta si puede presentar nueva demanda para solicitar lo anterior, el art. 400 de la Ley de Enjuiciamiento Civil lo descarta porque esa cuestión ya ha sido juzgada, incluso en el caso de que no se hubiera solicitado la retroacción desde el momento inicial, por tanto se habrán de estudiar las sentencias y las demandas caso por caso para poder dar una respuesta ajustada a Derecho.
27 enero, 2017 / Abogados Córdoba-Acevedo	/ Deja un comentario
En la mitología griega Hades era el dios de los muertos y tenía un yelmo de piel de perro –regalo de los cíclopes por haberles liberado del Tártaro- que le hacían invisible como a la muerte. Como las personas no podían verle y para no hacerle enfadar, jamás se pronunciaba su nombre, sino que le llamaban “Plutón el rico” pensando que adulándole pasarían inadvertidos ante tan temido dios.
Nuestro “hacker” nos está regalando un yelmo como a Hades, pues nos pretende hacer invisibles sin darse cuenta de que su intención y sus torpes acciones nos está empoderando –como a “Plutón el rico”- pues los abogados no nos caracterizamos por satisfacer las pretensiones de todas las personas con las que nos relacionamos profesionalmente, sino que cada vez que defendemos a alguien, asumimos la inevitable consecuencia de enfrentarnos a otra persona, provocando que quien se vea perjudicado por nuestras actuaciones profesionales muestre una animadversión manifiesta hacia nosotros. En conclusión, queremos decirle a nuestro “hacker” que puede hacer desaparecer nuestra página de Google, pero quizás hubiera sido más efectivo que nos hubiesen “convertido” en Casandra, la gran adivina a quien nadie creía a pesar de sus acertados vaticinios.
Bibliografía: Pierre Grimal- “Diccionario de Mitología griega y romana”. Ediciones Paidós.
LOS “SIN-AGUA” DE JEREZ DE LA FRONTERA
14 enero, 2017 14 enero, 2017 / Abogados Córdoba-Acevedo	/ Deja un comentario
¿Piensa que todos sus vecinos disponen de agua potable cuando abren el grifo? Pues la respuesta es NO. Cada día se cruzará con personas que basan su consumo de agua en la ingesta y utilización de agua embotellada que han de adquirir a un precio bastante elevado. Pero ¿por qué se producen estas situaciones? La realidad nos demuestra que el proceso constructivo no siempre estuvo ligado al cumplimiento de normas urbanísticas, sino que, dependiendo de la fecha y situación de los terrenos, se construyeron viviendas que un día estuvieron en pleno campo, sin embargo las ciudades han ido creciendo y esas viviendas aisladas han pasado a ocupar parte del entramado urbano. Algunas de esas viviendas pueden ser legalizadas porque cumplen con las normas urbanísticas que hoy están vigentes, y otras no, de manera que se dan situaciones en que las personas se ven obligadas a prescindir de agua potable en sus tuberías hasta que se comience un proceso urbanizador que en la gran mayoría de los casos se demorará por decenios y mientras los vecinos han de vivir sin agua. En otros casos la situación es bastante diferente pues se han comprado viviendas “sobre plano” y el constructor ha abandonado la construcción sin acabar las obras de urbanización, así que los vecinos tienen sus viviendas acabadas, han pagado el precio total de las mismas, pero las obras de urbanización se han dejado a medias y el Ayuntamiento no les permite conectarse a la red pública de abastecimiento de aguas. Otra de las situaciones que se están produciendo últimamente es la utilización de edificaciones sin licencia como consecuencia de los desahucios por impago de los préstamos hipotecarios, situaciones en que las familias han de ir a vivir a cualquier sitio antes de quedarse literalmente en la calle. Por último, tenemos los casos que se han calificado como de “pobreza energética” en la que un inmueble está conectado a la red de abastecimiento de aguas pero por no poder pagar su ocupante los recibos de la empresa suministradora se ve privado de ella. En definitiva, las situaciones en que nuestros vecinos se ven privados de agua potable son de lo más variopintas, pero debemos ser conscientes de que ésta es la realidad de nuestros días.
Quienes no tengan conocimiento de este tipo de casos se preguntará cómo es posible que existiendo campañas humanitarias en los diferentes medios de comunicación, para facilitar el acceso al agua potable a la totalidad de los ciudadanos de los países emergentes y en vías de desarrollo, estemos conviviendo con personas, que en un país desarrollado como el nuestro, no dispongan del líquido elemento, pues a diario vemos en televisión a personas en extrema situación de pobreza que no tienen agua y para buscarla de un pozo han de caminar varios kilómetros cada día y aquí parece que esta situación no se produce. La respuesta hemos de buscarla en las normas urbanísticas y en la distribución de competencias entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Sería muy largo de explicar cómo se produce la distribución de competencias entre las diferentes Administraciones que adoptan las decisiones por las que nos vemos afectados los ciudadanos, pero en resumen se puede afirmar que son los Ayuntamientos quienes deciden a qué vecinos se les permite el acceso al agua potable y a quiénes no y la decisión se basa exclusivamente en las normas urbanísticas y así, cuando un terreno ha sido urbanizado y el Ayuntamiento da la conformidad, permite la conexión a la red de suministro de agua potable y a otros servicios, de tal suerte que si no se reúnen los requisitos los terrenos no accederán a la misma. Sin embargo no siempre es así, y existen terrenos en Jerez de la Frontera, calificados como suelo urbano no consolidado donde se permite el acceso al agua potable a unos vecinos y a otros no, lo que genera una situación de discriminación sin justificación alguna pues si los terrenos no están debidamente urbanizados no se les debe permitir el acceso al agua potable a ninguno de los vecinos, y si se da acceso a este preciado bien a algunos de ellos se les debería dar a todos, pues no es admisible que el Ayuntamiento respete las normas y exija su cumplimiento solo a determinados vecinos y no a todos. Las razones que justifican estas decisiones por parte de las personas que ocupan en cada momento el puesto de la Alcaldía a mí no me son conocidas, pero es manifiestamente injusto pues a los ciudadanos se les debe dar un trato equitativo sin establecer diferencias injustificadas que redunden en claro perjuicio para determinados vecinos o se beneficie excesivamente a otros dejándolos al margen de la Ley en su propio interés.
Desde nuestro despacho se ha iniciado la vía previa a la judicial, mediante presentación de solicitud en el propio Ayuntamiento con fecha de entrada 10 de enero de 2017, para evitar este tipo de injusticia y se dé igual trato a todos los habitantes del municipio. Depende de la Alcaldesa que se reparen este tipo de agravio con facilidad o que se deba acudir a los Tribunales para dar solución a estos problemas vitales, y por ello le recomendamos que si está en una situación similar contacte con nuestro despacho para buscar una solución justa o solicite Justicia Gratuita para que un abogado especialista en Derecho Administrativo pueda ayudarle a conseguir lo más importante: que todas las personas puedan disponer de agua potable.
18 noviembre, 2016 18 noviembre, 2016 / Abogados Córdoba-Acevedo	/ Deja un comentario
La denominación de origen “Brandy de Jerez” tiene como objeto distinguir, a la vez que proteger, un Brandy con unos estándares de calidad. Su regulación legal se contiene en la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía de 13 de Junio de 2005, por la que se aprueba el Reglamento de la Denominación Específica “Brandy de Jerez” y su Consejo Regulador (BOJA Núm. 122 de 24 de junio de 2005), en la que se define como bebida espirituosa obtenida a partir de aguardiente y destilados de vino envejecida en vasijas de roble según el sistema tradicional jerezano de “Criaderas y Solera”.
¿Cuál es la materia prima a partir de la cual se obtiene el “Brandy de Jerez”?
Éste se elabora a partir de aguardientes y destilados de vinos de Jerez, así tenemos:
Tipos de Aguardientes de vino Graduación alcohólica
Aguardientes de vino de Baja Graduación (holandas) No superior al 70% vol.
Más del 50% en grado alcohólico del brandy elaborado
Aguardientes de vino de Media Graduación Entre 70% y 86% vol.
Aguardientes de vino de Alta Graduación (destilados de vino) Superior a 86% vol.
En cuanto al proceso de elaboración se ha de respetar escrupulosamente lo que el Reglamento denomina “Normas de Envejecimiento”. Los aguardientes y destilados de vino se deben depositar en “vasijas de envejecimiento” que son las botas de madera de roble de capacidad inferior a 1000 litros previamente envinadas con vinos de Jerez. El sistema de envejecimiento es el conocido como de “Criaderas y Solera” que clasifica los aguardientes en diferentes niveles de envejecimiento o escalas, llamadas comúnmente “criaderas” siendo la de mayor envejecimiento la “Solera”. El procedimiento consiste en ir sacando periódicamente una parte del contenido de una determinada escala que se repone inmediatamente con el contenido de la criadera siguiente, esta operación se repite hasta la última criadera.
En función de su contenido en sustancias volátiles y el tiempo de envejecimiento expresado en UBE (Unidad Básica de Envejecimiento devengado por un litro de alcohol absoluto después de un año en la bota) se clasifican de la siguiente manera:
Tipo de Brandy (Graduación alcohólica = o > 36% vol y máx. azucares 35 grs por litro)
mínimo 150 grs/Hl de alcohol a 100% vol.
mínimo 200 grs/Hl de alcohol a 100% vol.
mínimo 250 grs/Hl de alcohol a 100% vol.
Finalmente el producto debe pasar el control del Comité de Cata del Consejo Regulador y obtener, como último requisito, informe favorable respecto de las cualidades organolépticas.
El contenido íntegro de este artículo procede de la legislación citada. Si desean más información pueden consultar la página web del Consejo Regulador Brandy de Jerez (http://www.brandydejerez.es/nuestra-filosofia/el-consejo-regulador) o dirigirse a nosotros a través del formulario de contacto.
2 noviembre, 2016 / Abogados Córdoba-Acevedo	/ Deja un comentario
En dicho precepto a los buzones se les denomina “casilleros domiciliarios” y establece que en los inmuebles sujetos al régimen de propiedad horizontal o más popularmente conocidos como bloques de pisos, la entrega de las cartas se puede hacer en los buzones o casilleros siempre que haya un número igual de buzones que de locales y viviendas más uno más señalado con el número 1, reservado para las devoluciones de las cartas. Indica también que los buzones deben estar numerados a partir del número 2 y se colocan de manera correlativa a contar de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ordenados por pisos y puertas. Estos datos indicados son obligatorios y opcionalmente pueden hacerse constar el nombre y apellidos de los residentes en la vivienda o la denominación social si son personas jurídicas.
Para garantizar el secreto y la inviolabilidad de los envíos postales, el conjunto de casilleros o buzones se han de instalar en un lugar de fácil acceso y buena iluminación, fijados a la pared y a una altura que permita una utilización cómoda.
Resulta curiosa la previsión de este precepto al indicar que si el operario de correos o de otro operador postal tuviera conocimiento de la existencia de inmuebles que no dispusieran de buzones, comunicarán esta circunstancia a la comunidad de vecinos correspondientes para que los instalen, advirtiéndoles que hasta que no concluya dicha instalación la entrega de los envíos dirigidos a los vecinos se realizará en la oficina postal que corresponda.
Cuando se trate de unifamiliares o locales independientes la entrega se puede realizar en un buzón que esté cerca de la puerta principal o sobre ella y se debe hacer constar obligatoriamente el nombre de la calle y el número u otros datos identificativos de la dirección postal como puede ser el nombre de la urbanización o polígono y el número de parcela, pudiendo hacerse constar los nombre y apellidos de los residentes o la denominación social si se trata de una persona jurídica.
Ahora que ya sabemos qué datos han de figurar obligatoriamente en nuestro buzón de correos, solo falta que comprobemos que constan todos nuestros datos para evitar la devolución a la oficina de correos.
5 octubre, 2016 / Abogados Córdoba-Acevedo	/ Deja un comentario
Si necesita una información más concreta puede solicitarla en el formulario de contacto.
SORTEO DE MIEMBROS DEL JURADO PARA JUICIOS PENALES EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ
20 septiembre, 2016 / Abogados Córdoba-Acevedo	/ Deja un comentario
El próximo 27 de septiembre a las 13 horas se procederá al sorteo para la selección de los candidatos a jurado en la Oficina de Gubernativos de la Audiencia Provincial de Cádiz (BOP Cádiz 178).
Este sorteo se efectúa en cada provincia dentro de los últimos 15 días del mes de septiembre de los años pares. El número de candidatos a jurado depende de las valoraciones que hacen los Presidentes de las Audiencias Provinciales que formulan una previsión del número de personas que puedan resultar necesarias dependiendo de las causas penales abiertas y de las enjuiciadas en años anteriores. Para asegurarse de que no faltan candidatos, la ley exige que el número previsible de candidatos necesarios se multiplique por 50, de manera que puede ocurrir que se incluyan a personas como candidatas y no sean llamadas nunca.
El nombre de los candidatos se extrae del censo electoral vigente y se envía a los Ayuntamientos para que sean expuestos públicamente, por tanto, en breve debe ser expuesta la lista en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de la provincia de Cádiz.
Una vez celebrado el sorteo la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral envía la lista de los candidatos ya seleccionados a la Audiencia Provincial y ésta la remite a cada Ayuntamiento de la Provincia y al Boletín Oficial para que se exponga y publique durante los últimos 15 días de octubre. En este plazo el Secretario de la Audiencia Provincial notifica por correo a cada candidato su inclusión en la lista.
Dado que existen causas de incapacidad, incompatibilidad y excusa para ser jurado, los candidatos pueden alegarlas durante los 15 primeros días del mes de noviembre ante el Juez Decano de los de Primera Instancia e Instrucción del partido judicial al que corresponda el municipio donde resida. También existe la posibilidad de que cualquier ciudadano formule reclamación contra la inclusión de otras personas en dicha lista de candidatos si entiende que incurre en causa de incompatibilidad o no reúne los requisitos necesarios para dicha designación. Estas alegaciones deben ser resueltas antes del 30 de noviembre y frente a dicha resolución no cabe recurso alguno.
Una vez efectuadas las rectificaciones necesarias tras el periodo de alegaciones anteriormente mencionado, se elaboran las listas definitivas que son trasladadas por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral al Presidente de la Audiencia Provincial y éste la envía al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad Autónoma y al Presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, así como a los Ayuntamientos de su provincia para que sea expuesta durante los dos años en que pueden ser llamados dichos candidatos.
Si precisa más información o desea que gestionemos su reclamación por ser incluido en la lista bianual de candidatos a jurado para los juicios penales puede concertar cita a través del formulario de contacto o por teléfono.
PERROS Y BOZALES EN ANDALUCÍA
10 agosto, 2016 10 agosto, 2016 / Abogados Córdoba-Acevedo	/ Deja un comentario
Son muchos los años que llevamos ya con las Leyes sobre perros potencialmente peligrosos y salvo algunas razas menos frecuentes, todos los ciudadanos sabemos distinguir, de manera aproximada, qué razas son potencialmente peligrosas y las que no. En general la dificultad se encuentra en aquellos animales que presentan características comunes con varias razas, lo que coloquialmente se conoce como “mestizos”, pues a menudo son cruces de razas potencialmente peligrosas con otras que no, lo que genera la duda de si el titular debe obtener la licencia para la tenencia de estos canes o si el perro debe llevar bozal sobre todo cuando no se conoce a los progenitores del animal en cuestión y no se puede determinar a qué razas corresponde. En parte estas dudas se resuelven en Andalucía a través de la Ley 11/2003 de 24 de noviembre, de protección de los animales, cuyo articulado establece:
Por tanto, en Andalucía cualquier perro de más de 20 kgs. de peso debe llevar bozal con independencia de su raza. Ahora la pregunta es ¿de verdad se respetan las normas sobre bienestar animal cuando debes llevar a un perro por la calle con bozal a 40 grados a la sombra?
2 agosto, 2016 / Abogados Córdoba-Acevedo	/ Deja un comentario
Les r ecordamos que en nuestro despacho seguirá teniendo acceso a nuestros servicios, aunque no se puedan tramitar algunos procedimientos en los Juzgados. No obstante, les rogamos concierten cita previamente para evitar esperas y molestias innecesarias.
¿QUÉ SIGNIFICAN LOS SÍMBOLOS DE LAS CAJAS DE MEDICAMENTOS?
22 mayo, 2016 / Abogados Córdoba-Acevedo	/ Deja un comentario
¿Nunca se ha preguntado qué significado tienen los símbolos que aparecen en la parte superior derecha en las cajas de medicamentos? La respuesta viene regulada en el Real Decreto 1345/2007 de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento de autorización, registro y condiciones de dispensación de los medicamentos de uso humano fabricados industrialmente. Es importante conocer esta simbología porque ello le permitirá una mejor clasificación y uso de los medicamentos así como saber si se lo dispensarán en su farmacia sin receta médica.
a) Dispensación sujeta a prescripción médica:
b)Dispensación con receta oficial de estupefacientes de la lista I anexa a la Convención Única de 1961
c) Medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas incluidas en el anexo I del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre:
d) Medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas incluidas en el anexo II del Real Decreto 2829/1977, de 6 de octubre:
e) Conservación en frigorífico:
f) Medicamentos que pueden reducir la capacidad de conducir o manejar maquinaria peligrosa:
g) Medicamentos que pueden producir fotosensibilidad:
h) Símbolo Internacional de radiactividad recogido en la norma UNE-73302 de 1991, sobre distintivos para señalización de radiaciones ionizantes:
i) Símbolo de gas medicinal comburente:
j) Símbolo de gas medicinal inflamable:
Finalmente hay otro símbolo muy común, cuyo significado es que el medicamento tiene una caducidad inferior a 5 años, sin bien no se recoge en la normativa citada.
En breve explicaremos también el significado de las letras que aparecen asociadas a estos símbolos que por ley deben figurar en los envases de medicamentos en España.
11 febrero, 2016 11 febrero, 2016 / Abogados Córdoba-Acevedo	/ Deja un comentario
Días inhábiles 2016 a efectos de cómputo de plazos
19 noviembre, 2015 19 noviembre, 2015 / Abogados Córdoba-Acevedo	/ Deja un comentario
En el BOE de 18 de noviembre se publicó la pertinente resolución por la que se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el año 2016. Por tanto, ya sabemos que cuando nos den un plazo por parte de la administración, hay días que no se cuentan, pero debemos tener cuidado de leer bien y asegurarnos que nos dan los plazos en “días hábiles”, pues de lo contrario podríamos caer en un error de terribles consecuencias.
En defensa del bienestar animal
28 octubre, 2015 1 noviembre, 2015 / Abogados Córdoba-Acevedo	/ Deja un comentario
Centro Zoosanitario Jerez de la Frontera
En Abogados Córdoba-Acevedo hemos notado un incremento en el abandono de animales domésticos, perros y gatos. Sin entrar a valorar las circunstancias en que se encuentran a estos animales y dado que no podemos colaborar adoptando directamente a todos cuantos se anuncian cada día, este despacho, dentro de su labor social, ofrece un descuento del 10% de nuestros honorarios para aquellas personas que adopten a un animal abandonado. Los únicos requisitos son acreditar documentalmente que se ha formalizado dicha adopción y deberán aportar el número de microchip. El plazo de validez de nuestro descuento será de un año, (salvo que no tenga en su poder al animal), en los despachos de Jerez de la Frontera y de Cádiz.
LOTERÍA DE NAVIDAD COMPRADA POR LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA
26 septiembre, 2015 16 noviembre, 2015 / Abogados Córdoba-Acevedo	/ Deja un comentario
Ahora que se acerca la Navidad se acostumbra en nuestro país a comprar la Lotería de Navidad y la del Niño entre todos los trabajadores de una empresa. Esta práctica, en principio tan lógica, deriva en multitud de problemas cuando el boleto sale premiado, pues es un título al portador y significa que cualquiera que lo “porte” podrá cobrarlo, por ello recomendamos encarecidamente que se haga un simple contrato en el que se indique quiénes son los compradores de los décimos, cuánto pagan cada uno y el compromiso de repartir el premio entre ellos. Por supuesto, cada persona que participe deberá conservar una copia del contrato y de los décimos.
Si precisa más información puede contactar con este despacho a través del formulario de contacto.
SORPRESAS QUE DAN LAS HERENCIAS
21 septiembre, 2015 27 octubre, 2015 / Abogados Córdoba-Acevedo	/ Deja un comentario
En Derecho español cuando a lguien acepta una herencia pura y simplemente acepta el patrimonio del fallecido pero dentro de éste no solo caben bienes sino también sus deudas, por ello puede ocurrir que no recibamos una maravillosa casita en la playa sino que tengamos que pagar sus deudas con el dinero que hemos ido ahorrando en nuestra vida. Para evitar una sorpresa desagradable debemos tener la precaución de informarnos acerca de las consecuencias que tiene la aceptación de la herencia, pero ya les adelantamos que existe lo que se conoce como “aceptación a beneficio de inventario”, y así podrán evitar pagar las deudas de su pariente fallecido con su propio patrimonio.
Si precisa de más aclaraciones sobre el tema puede formular su consulta a través de nuestro formulario de contacto.
SI ME DIVORCIO ¿CUÁNTO TENDRÉ QUE PAGAR DE PENSIÓN A MIS HIJOS?
19 septiembre, 2015 1 noviembre, 2018 / Abogados Córdoba-Acevedo	/ Deja un comentario
En los procedimientos de divorcio se ha de aportar una propuesta, conocida por todos como “convenio regulador”, donde se establecen las medidas necesarias para regular las relaciones de los ex cónyuges y de éstos con sus hijos comunes. Entre otros elementos se determina el importe que ha de satisfacer el progenitor que no conviva con los hijos, o dicho más correctamente, el que no tenga la guarda y custodia. Llegados a este punto quiero dejar bien claras dos cuestiones:
1.- Que ambos padres están obligados por igual al mantenimiento de sus hijos en proporción a su capacidad económica.
2.- Que en este artículo se hablará del progenitor que conviva con el hijo y del progenitor que no conviva con el hijo, por cuanto entiendo que ni el padre debe estar obligado siempre y en todo caso a pagar la pensión, ni la madre debe estar obligada siempre y en todo caso a quedarse con la guardia y custodia de los hijos. Por tanto, a fin de evitar prejuicios, generalizaciones y discriminación, se prescindirá de toda referencia al sexo del obligado al pago de la pensión.
Para la determinación judicial del importe correspondiente a la pensión por alimentos, y siempre que no medie acuerdo entre los cónyuges, el Juez ha de ponderar todos los elementos determinantes de la capacidad económica de ambos progenitores, es decir, la percepción de rentas, rendimientos profesionales o empresariales, y también las cargas que se han de asumir. En definitiva el Juez debe comprobar cuánto dinero les queda a cada uno de los cónyuges y en función de ese indicador, establecerá la pensión que estime justa.
Fueron muchas las voces que reclamaron un sistema de determinación más objetivo pues dependía del Juez que llevara el asunto el que la cuantía fuera una u otra, y en casos idénticos se daban resoluciones que nadie podía prever. Por esta razón, y ante las críticas continuas a un sistema de determinación que provocaba una tremenda situación de inseguridad jurídica y un sentimiento de injusticia en quien se obligaba a pagar más en situaciones en que otros progenitores pagaban menos, se ha elaborado un baremo que resulta aplicable con carácter general, lo que facilita que se llegue a un acuerdo entre los cónyuges sin necesidad de litigar durante años, pues son cuantías que están publicadas por el Consejo General del Poder Judicial y constituyen un “preaviso” de lo que previsiblemente determinaría cualquier Juez español.
No obstante, las tablas tienen un carácter orientador, por lo que no vinculan a Jueces o Tribunales, lo que no significa que aumenten o disminuyan discrecionalmente las cuantías señaladas, sino que ha de haber una motivación por parte del Juez, es decir, que se dará una explicación de por qué se modifica este criterio general, y lo mismo puede ser aumentando los importes que disminuyéndolos.
Es interesante la distinción que se hace entre supuestos de custodia compartida y custodia de uno de los progenitores y ello es lógico, pues en casos de custodia compartida el tiempo de permanencia con el menor será determinante en la cuantía de la pensión. En cambio, en los casos de custodia monoparental, el progenitor que convive con el hijo está mucho más tiempo con éste que el otro progenitor, lo que necesariamente conlleva a un desequilibrio en los gastos que uno y otro ha de soportar y que necesariamente han de tener reflejo en la cuantía de la pensión. Por tanto, antes de comparar las pensiones con otros progenitores, hemos de ser conscientes de que esta diferente consideración dará resultados diferentes y, en caso de querer solicitar una modificación de medidas para adecuar la pensión a las circunstancias concurrentes, se debe examinar la doble consideración prevista en el baremo.
Se ha de tener en cuenta que al resultado que determine el baremo se han de añadir los gastos de educación y los proporcionales de vivienda del menor. En el caso de custodia de uno de los progenitores, si se atribuye al cónyuge que conviva con el hijo el uso de la vivienda familiar, el progenitor que no conviva con el hijo no habrá de pagar nada respecto de la vivienda del menor, pues ya le está facilitando una. Tampoco incluyen las tablas los gastos extraordinarios ni los gastos en que se pueda incurrir en casos de especiales necesidades de los hijos.
Como factor de corrección se utiliza el lugar de residencia del menor, pues en función de la Comunidad Autónoma y la población en que viva el índice de vida es diferente, por lo que se pretende adecuar las pensiones al gasto real.
Finalmente, en los casos en que el obligado al pago percibiera ingresos por debajo de los 700€, no se aplicarían las tablas, sino que se determinaría judicialmente lo que se conoce como una pensión mínima o de subsistencia.
A continuación facilitamos el enlace a la página del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) donde se puede hacer el cálculo aproximado de la pensión:
Para cualquier cuestión, no dude en consultarnos a través del formulario de contacto.
¿QUÉ PASA SI HE VISTO UNA AGRESIÓN Y NO LO DENUNCIO?
18 septiembre, 2015 27 octubre, 2015 / Abogados Córdoba-Acevedo	/ 1 comentario
En nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal se indica que debe presentar denuncia quien haya visto cómo se comete un delito público, que son casi todos los que se reflejan en el Código Penal. No están obligados a denunciar:
Las personas privadas de razón
Los ascendientes, descendientes, por consanguinidad o afinidad y colaterales hasta el segundo grado
Abogados y Procuradores por los hechos que les cuenten sus clientes
Los eclesiásticos respecto de los datos que les revelen sus fieles
Sin embargo estas personas pueden presentar la denuncia, pues la ley no les obliga a hacerlo pero tampoco se lo impide.
Si no se presentara la correspondiente denuncia, podríamos ser sancionados con multa de 25 a 250 pesetas. La cuantía a día de hoy es ridícula pero hemos de pensar que a veces una denuncia a tiempo puede salvar una vida, por lo tanto, debe pesarnos más el deber moral que nos obliga a auxiliar a otras personas que la cuantía de la multa. Pero ¿y si cupiera la posibilidad de que acusaran a quien no denuncie del delito de omisión del deber de socorro?
Como la explicación es breve y sencilla, si necesitara alguna aclaración puede enviar su consulta a través del formulario de contacto.
7 septiembre, 2015 30 octubre, 2015 / Abogados Córdoba-Acevedo	/ Deja un comentario
Demanda: Es un escrito donde pedimos a un Juzgado de lo Civil, de lo Contencioso o de lo Social algo a lo que creemos que tenemos derecho. En muchos casos es preciso que vaya firmada por abogado y procurador pero hay procedimientos que por la cuantía o la materia no lo requieren. Este escrito inicia un juicio en el que reclamamos que se obligue a otra persona a hacer algo concreto, como puede ser pagar un dinero, entregar una cosa, anular una sanción de la administración, una indemnización por despido, etc. Si nos dan la razón, seguramente tengamos que pedir la ejecución de la sentencia en otro procedimiento judicial porque casi nadie la quiere cumplir en plazo voluntario. También puede ocurrir que el Juzgado nos desestime la demanda y en ese caso lo más habitual es que nos obliguen a pagar el abogado y el procurador de la otra parte.
Denuncia: Es poner en conocimiento de la autoridad unos hechos que pudieran ser calificados como delito y sirve para iniciar un procedimiento en el que se imponga un castigo al delincuente. No hace falta abogado pero si es un hecho complejo recomiendo anotar todos los detalles y si es asesorado por un jurista mejor. En una denuncia el tema principal es un presunto delito, pero si el Juzgado correspondiente estima que no concurren los requisitos para que se considere un delito, se archivará el procedimiento sin que debamos pagar el abogado y procurador de la otra parte, salvo que hayamos mentido al interponer la denuncia, en cuyo caso podemos ser acusados por un delito de acusación y denuncia falsa.
Ahora ya sabemos que la demanda y la denuncia no son iguales, y como las definiciones anteriores son simples e incompletas para facilitar su comprensión, les invitamos a que nos planteen sus dudas en el formulario de contacto donde estaremos encantados de atenderle.
1 agosto, 2015 27 octubre, 2015 / Abogados Córdoba-Acevedo	/ Deja un comentario
El código qr les permitirá acceder a nuestra web desde cualquier dispositivo móvil. Sólo necesita descargar una aplicación desde un proveedor de servicios, por ejemplo Google Play, que se lo ofrecerá de manera gratuita, y una vez instalado, solo necesitará escanear, a través de la cámara de fotos, el código qr para acceder a la información ofrecida.
Bienvenidos a Abogados Córdoba-Acevedo
20 julio, 2015 27 octubre, 2015 / Abogados Córdoba-Acevedo	/ Deja un comentario
Nuestra página está en construcción, pero estaremos encantados de atenderle en nuestro despacho previa cita. Les recordamos que durante el mes de agosto nuestros letrados les seguirán ofreciendo sus servicios.

References: resolución 
 artículo 510
 artículo 9
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución