Source: http://carpioabogados.com/index.php/es/colectividad/seguridad-legal/item/632-derecho-a-la-propiedad-limites
Timestamp: 2019-01-22 17:34:07+00:00

Document:
Tema Derecho a la propiedad EXP. N.° 665-2007-AA/TC
SubTema Límites LIMA
Resolución N.º 00665-2007-PA/TC TELEFÓNICA DEL
Fecha de publicación 1/6/2007 PERÚ S.A.A.
Caso Telefónica del Perú S.A.A.
En Lima, a los 12 días del mes de marzo de 2007, el Pleno del Tribunal Constitucional, integrado por los señores magistrados Landa Arroyo, presidente; Gonzales Ojeda, vicepresidente; Alva Orlandini, Bardelli Lartirigoyen, García Toma, Vergara Gotelli y Mesía Ramírez, pronuncia la siguiente sentencia, con el voto singular adjunto del magistrado Vergara Gotelli
Recurso de agravio interpuesto por Telefónica del Perú S.A.A. contra la resolución de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, de fojas 103 del segundo cuaderno, su fecha 19 de octubre de 2006, que declara infundada la demanda de autos.
Con fecha 12 de octubre de 2005, la empresa recurrente interpone demanda de amparo contra los vocales de la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y Cerro de Pasco, solicitando que se declare nula la Resolución s/n, de fecha 28 de setiembre de 2005, expedida en el Incidente N° 036-2005-LB, por considerar que viola sus derechos constitucionales al debido proceso y a la tutela jurisdiccional, en su manifestación de derecho a la motivación de las resoluciones judiciales fundadas en Derecho, y porque constituye una amenaza de violación de su derecho de propiedad.
La recurrente alega que su derecho constitucional a la motivación de las resoluciones judiciales ha sido vulnerado por la Sala demandada debido a que mediante la resolución cuestionada se calculó el interés legal en base a un criterio no sustentado en Derecho. Manifiesta que los intereses establecidos en la resolución impugnada ascienden a la suma de S/. 2´309,545.89 (dos millones trescientos nueve mil quinientos cuarenta y seis nuevos soles con ochenta y nueve céntimos), y que se derivan de la deuda de beneficios sociales ascendente a S/. 317,282.36 (trescientos diecisiete mil doscientos ochenta y dos nuevos soles con treinta y seis céntimos), a favor de don Berto Ferrer Tello y que fuera determinada por el Segundo Juzgado Mixto de Pasco mediante la Resolución N.° 10, de fecha 23 de junio de 2004.
Asimismo, sostiene que la Sala calculó el interés legal a partir del 1 de enero de 1991, en el supuesto de que en dicha fecha se habían estabilizado las remuneraciones de los trabajadores de las empresas públicas, sin considerar que la deuda por beneficios sociales había sido actualizada al mes de diciembre de 2001, sobre la base de la remuneración vigente, a dicha fecha, de un trabajador de la demandante. Estima que el cálculo de los intereses debió efectuarse a partir del 1 de enero de 2002, conforme a lo señalado en el artículo 3.º del Decreto Ley N.º 25920.
El litisconsorte facultativo, don Berto Ferrer Tello, contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente, alegando que la resolución impugnada ha sido emitida en un proceso regular y luego de un análisis exhaustivo de los peritajes y sus respectivas observaciones, buscándose una fórmula de equilibrio a fin de no causar perjuicios a su persona ni a la demandante.
Los magistrados emplazados contestan la demanda manifestando que la resolución impugnada fue emitida tomando en consideración los principios que regulan la relación laboral establecidos en el artículo 26.°, numeral 2), de la Constitución y sobre la base del artículo 3.° del Decreto Ley N.° 25920; así como recurriendo a las Normas de Estabilización Económica y la Ley Marco para el Crecimiento de la Actividad Privada.
El Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Poder Judicial contesta la demanda solicitando que se la declare improcedente por considerar que con ella se pretende cuestionar la idoneidad de los demandados, los que han actuado en estricto cumplimiento de sus funciones y conforme a lo establecido en los artículos 184.° y 185.° de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y Pasco, con fecha 20 de diciembre de 2005, declara fundada la demanda por considerar que se violaron los derechos constitucionales de la recurrente por no haberse liquidado los intereses legales con posterioridad a la actualización de la deuda laboral.
La recurrida, revocando la apelada, declara infundada la demanda estimando que la empresa recurrente, desnaturalizando el objeto de las acciones de garantía, alega una supuesta vulneración de sus derechos constitucionales sin acreditarla.
1. El objeto de la demanda es que se deje sin efecto la resolución s/n de fecha 28 de setiembre de 2005, expedida en el Incidente N.° 036-2005-LB, por la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y Pasco, mediante la cual se fija la suma de S/. 2´309,545.89 por concepto de intereses derivados de la deuda de beneficios sociales ascendente a S/. 317,282.36, a favor de don Berto Ferrer Tello. Se alega la vulneración del derecho constitucional a la motivación de las resoluciones judiciales y que el acto lesivo constituye una amenaza de violación del derecho de propiedad de la demandante.
§2. Razones para la resolución del presente proceso
2. En el presente caso se constata que los demandantes no tienen otra vía para corregir la lesión a sus derechos fundamentales, puesto que nos encontramos frente al cuestionamiento de una resolución judicial firme. Por ello tienen expedita la vía del amparo. Asimismo, este Colegiado comprueba que la urgencia de tutela de sus derechos fundamentales se justifica por cuanto, de concretarse la violación de sus derechos y no repararse la lesión, el daño sería irreparable.
§3. Amenaza de violación del derecho a la propiedad
3. Conforme lo ha establecido este Colegiado en la sentencia recaída en el Exp. N.º 3179-2004-AA/TC, la interpretación del segundo párrafo del inciso 2) del artículo 200 de la Constitución, bajo los alcances del principio de unidad de la Constitución, concluye que la competencia ratione materiae del amparo contra resoluciones judiciales comprende a todos y cada uno de los derechos fundamentales que puedan ser violados por alguna resolución judicial firme.
4. Consecuentemente, el Tribunal Constitucional es competente para verificar si en el presente caso se evidencia una amenaza del derecho a la propiedad de la empresa demandante.
a/. Estructura del análisis de constitucionalidad del acto reclamado
5. El Tribunal debe juzgar si el acto que se reclama constituye una intervención injustificada en el ámbito constitucionalmente protegido del derecho a la propiedad. Tal control de constitucionalidad presupone un análisis del caso a partir de una serie de fases. Estas fases, independientemente del derecho que se alegue, son las siguientes:
a/. Determinación del ámbito normativo del derecho fundamental (en el caso, la amenaza de violación del derecho a la propiedad). Se trata, en esta primera fase, de que el Tribunal indague sobre las posiciones iusfundamentales prima facie garantizadas por el derecho. Ello presupone dar respuesta a las interrogantes sobre quién es el sujeto activo o titular del derecho; quién o quiénes son sus sujetos pasivos o los obligados; y cuáles son las posiciones iusfundamentales protegidas prima facie por el derecho.
b/. La segunda fase consiste en verificar si los actos que se representan como lesivos suponen una intervención en el ámbito normativo del derecho fundamental. De una intervención en el ámbito normativo de un derecho fundamental se habla cuando el acto reclamado en el amparo supone una injerencia en las potestades prima facie garantizadas por el derecho. La relevancia de esta fase del análisis radica en lo siguiente:
(i) Si el Tribunal constata que el acto (o los actos) cuestionado(s) no constituye(n) una injerencia en el ámbito del derecho prima facie protegido, el análisis concluye que no se trata de una controversia que atañe al contenido constitucionalmente protegido del derecho en cuestión (artículos 5.1 y 38 del Código Procesal Constitucional).
(ii) Si el Tribunal constata que se ha producido una intervención en el ámbito normativo prima facie garantizado por el derecho, se pasa a la tercera fase.
c/. La última fase de este test de control de constitucionalidad consiste en determinar si la intervención en el ámbito normativo del derecho fundamental se encuentra justificada, tanto desde una perspectiva formal como material. Dado que los derechos fundamentales, por regla general, no tienen la condición de derechos absolutos, una intervención en el ámbito prima facie garantizado por el derecho no puede considerarse como sinónimo de violación del mismo.
Tal situación jurídico-constitucional sólo se producirá si, en relación con el específico derecho fundamental de que se trate, el Tribunal observa que no se han respetado las diversas exigencias que la Constitución establece como criterios de justificación para su intervención (v,g. principio de legalidad o reserva de ley; reserva de jurisdicción; irretroactividad de la ley; principio de proporcionalidad, etc.).
b/. Primera fase: Determinación del ámbito normativo del derecho a la propiedad
3. El artículo 2, inciso 16, de la Constitución reconoce el derecho de propiedad. Asimismo, su artículo 70 dispone que la propiedad es inviolable y que el Estado la garantiza.
En la sentencia recaída en el Exp. N.º 3773-2004-AA/TC, este Tribunal destacó el contenido constitucionalmente protegido del derecho a la propiedad, en el sentido de garantizar que el poder estatal o corporativo no invada los ámbitos de la propiedad fuera de lo permisiblemente aceptado por la Norma Fundamental. (FJ 3)
Igualmente en la sentencia recaída en el Exp. N.º 0030-2004-AI/TC, este Colegiado precisó que, desde la perspectiva constitucional, el derecho fundamental a la propiedad, como los demás derechos, posee un doble carácter: de derecho subjetivo y, a su vez, de institución objetiva valorativa y que, dado su doble carácter, el derecho fundamental a la propiedad no es un derecho absoluto, sino que tiene limitaciones que se traducen en obligaciones y deberes a cargo del propietario, las cuales se encuentran previstas legalmente. (FJ 11)
c/. Segunda fase: Determinación de la intervención en el ámbito prima facie garantizado por el derecho de propiedad
6. El Tribunal observa que, en el presente caso, la recurrente debe pagar por mandato judicial la suma de S/. 2´309,545.89, por concepto de intereses derivados de la deuda de beneficios sociales ascendente a S/. 317,282.36, a favor de don Berto Ferrer Tello.
7. Tal resolución constituye una intervención en el ámbito prima facie garantizado por el derecho a la propiedad, puesto que la empresa deberá afectar su patrimonio para pagar tales intereses. Por tanto, es preciso que el Tribunal indague acerca de los criterios de justificación que puedan existir, o no, en el caso concreto.
d/. Tercera fase: Justificación de la intervención en el derecho a la propiedad
(i) Principios de legalidad y razonabilidad
8. El derecho de propiedad no es un derecho absoluto desde el momento en que su reconocimiento se realiza en un ordenamiento donde coexisten otros derechos fundamentales, pero también una serie de bienes (principios y valores) constitucionalmente protegidos.
9. En algunas oportunidades, esos límites se derivan expresamente de la Constitución. Así, el artículo 70 de la Ley Fundamental señala que el derecho de propiedad se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley.
10. En otras, tratándose de límites implícitos, corresponde al legislador establecer dichas restricciones, dejando intacto el contenido esencial del derecho fundamental de que se trate. En cualquier caso, el establecimiento de dichos límites debe realizarse conforme a las garantías normativas que la Constitución pudiera haber previsto en relación con un determinado derecho fundamental.
11. En el caso del derecho de propiedad, su ejercicio, uso y goce sólo puede ser limitado por ley (artículos 70 de la Constitución y 21.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos). En el presente caso, la resolución cuestionada no aplicó la legislación vigente para la liquidación de intereses de deudas laborales, Ley N.º 25920. En efecto, en la resolución mencionada se señaló que cuando se trate de pagos de sumas actualizadas (en el caso de autos se actualizaron a diciembre de 2001) no rige de manera estricta dicha norma, sino que debe recurrirse a un “cierto equilibrio”, y que lo “justo y equitativo” es calcular el interés legal a partir de la fecha en que las remuneraciones adquirieron estabilidad a fin de no afectar al trabajador.
12. Este Colegiado estima que el cálculo de intereses legales está establecido claramente en las leyes de la materia, puesto que tendrán incidencia en la limitación del derecho de propiedad. Precisamente a fin de garantizar una justa y razonable indemnización por la mora en el pago de la deuda, el cálculo de los intereses no puede quedar librado al arbitrio del acreedor o de quien conforme a ley deba fijarlos.
13. En efecto, el Decreto Ley N.° 25920 establece en su artículo 1.° que “el interés que corresponda pagar por adeudos de carácter laboral, es el interés legal fijado por el Banco Central de Reserva. El referido interés no es capitalizable”. Asimismo, el artículo 3.° de dicha norma establece que “el interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se devengan a partir del siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo (...)”.
14. Al respecto, este Tribunal debe precisar que el artículo 24.° de la Constitución Política del Perú declara que el pago de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquier otra obligación; y que, además, la Compensación por Tiempo de Servicios, incluidos sus intereses en caso de mora, tiene la calidad de beneficio social de previsión de las contingencias que origine el cese en el trabajo, y su pago debe ser efectuado en forma directa al trabajador, siendo intangible e inembargable, salvo por alimentos hasta el cincuenta por ciento, siendo nulo todo pacto en contrario, conforme lo disponen los artículos 1.°, 3.°, 29.°, 38.°, 40.° y 47.° del Decreto Legislativo N.° 650, de 24 de julio de 1991.
15. En el presente caso, el Tribunal Constitucional advierte que en un primer momento el Juez del Segundo Juzgado Mixto de Pasco liquidó los intereses por la suma de S/. 4,722,539.34 (1488% de incremento en relación con la deuda original) y que la Sala demandada, apelando a un “cierto equilibrio”, la redujo a S/. 2´309,545.89 (727% de incremento en relación con la deuda original). Es evidente que la legislación sobre intereses legales derivados de deudas laborales constituye un parámetro cierto y razonable para fijarlos, a fin de evitar la arbitrariedad y discrecionalidad. Este Colegiado comprueba que la resolución cuestionada no respetó el principio de legalidad para imponer límites al ejercicio del derecho de propiedad, esto es, no respetó los criterios establecidos en la ley para fijar los intereses legales de deudas laborales. Se advierte una manifiesta arbitrariedad, desproporción e irrazonabilidad, por parte de los demandados, al momento de determinar los intereses legales.
Por tanto, para este Colegiado existe una cierta e inminente amenaza de violación del derecho de propiedad de la demandante, por cuanto de ejecutarse el acto de amenaza a través de los embargos correspondientes se afectaría ilegítimamente el patrimonio de la empresa demandante. En consecuencia, debe estimarse este extremo de la pretensión.
§4. Sobre la violación del derecho constitucional a la motivación de las resoluciones judiciales alegada por la empresa demandante
16. La demandante alega que existe una supuesta vulneración del derecho constitucional a la motivación de las resoluciones judiciales por cuanto la Sala demandada efectuó un indebido cálculo del interés legal de la deuda que mantiene con el litisconsorte. Al respecto, este Colegiado estima que si bien el Juez constitucional no puede subrogarse en las funciones del juez laboral en materia de liquidación de intereses legales derivados de una deuda de beneficios sociales, ni convertirse en una nueva instancia de revisión, toda vez que corresponde a la justicia ordinaria efectuar los cálculos y determinar el monto exacto de los intereses, el Tribunal sí es competente cuando se comprueba una manifiesta vulneración de algún derecho constitucional.
17. A este respecto, conforme ha señalado este Tribunal en la sentencia recaída en el Exp. N.º 3179-2004-AA/TC, el objeto del proceso de amparo radica en proteger los derechos constitucionales, y no en verificar si el juez ordinario, al ejercer su función, ha infringido normas procedimentales (error in procedendo) o ha interpretado incorrectamente el derecho material (error in iudicando), a excepción de aquellos casos en los que dichos errores son constitutivos de la violación de un derecho fundamental.
18. Siendo que en el presente caso se comprueba una falta de razonabilidad y legalidad al momento de calcular los intereses de una deuda laboral, conforme a los fundamentos expuestos supra, este Tribunal también comprueba una violación de los derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional, en su manifestación de derecho a la motivación de las resoluciones judiciales fundadas en Derecho.
19. Finalmente, y constatándose que la flagrante amenaza de violación del derecho a la propiedad de la empresa demandante, así como la violación de las garantías del debido proceso se han generado a consecuencia del actuar arbitrario de los órganos jurisdiccionales que han tenido bajo su dirección el proceso en el que fue emitida la resolución impugnada, y en atención a las denuncias públicas difundidas en la prensa sobre el actuar cuestionable de los participantes en dicho proceso, este Colegiado se encuentra en la obligación de solicitar al Ministerio Público, a la Oficina de Control de la Magistratura, al Consejo Nacional de-8 la Magistratura a los Colegios Profesionales respectivos que inicien las investigaciones correspondientes al Juez del Segundo Juzgado Mixto de Pasco y a los Vocales de la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y Pasco, así como a los peritos y abogados del litisconsorte intervinientes en el proceso judicial de donde emana la resolución que se cuestiona.
1. Declarar FUNDADA la demanda de amparo; en consecuencia, NULA la resolución s/n, de fecha 28 de setiembre de 2005, expedida en el Incidente N.° 036-2005-LB, por la Sala Mixta Descentralizada de la Corte Superior de Justicia de Huánuco y Pasco, mediante la cual se fija en la suma de S/. 2´309,545.89 el monto de los intereses devengados.
2. Disponer que la Sala dicte nueva resolución ordenándose una nueva liquidación de intereses legales conforme a ley y previa información del Banco Central de Reserva, y
3. Poner en conocimiento del Ministerio Público, de la Oficina de Control de la Magistratura, del Consejo Nacional de la Magistratura y del Colegio de Abogados de Huánuco y Pasco la presente sentencia.
Exp. 0665-2007-PA/TC
1. Viene a conocimiento de este Tribunal el recurso de agravio constitucional interpuesto por “Telefónica del Perú S.A.A.” contra la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República, que declaró infundada la demanda de amparo. El expediente del proceso viene con un proyecto de sentencia aprobado por la totalidad de magistrados que conformaron el tribunal al momento de la vista de la causa, menos la mía. Se trata evidentemente de una omisión en la tramitación de los procesos al interior del Tribunal que obviamente no queremos como práctica normal, pues de hecho significaría el peligro de la toma de decisión el de unos con desconocimiento de otros, ni menos, desde luego, que la mayoría pretenda imponer una redacción que en todo caso tiene que ser analizada por cada una de quienes se responsabilizan con su firma. En el presente caso advierto también una marcada, cuando no preferente, celeridad en esta causa recientemente ingresada, en la que no se atiende ningún tema de derechos de la persona humana considerados fundamentales para ésta por la Constitución Política del Perú – artículos primero y segundo en los que se lee “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado.” y “Toda persona tiene derecho ...”-, posición que es continuidad de las que tuvimos en las constituciones anteriores y especialmente en el preámbulo de la de 1979 “... Creyentes en la primacía de la persona humana y en que todos los hombres, iguales en dignidad, tienen derechos de validez universal, anteriores y superiores al Estado...”, pues el caso concreto puesto a la decisión de este colegiado trata de la dilucidación de un interés simplemente patrimonial de la persona jurídica denominada Telefónica del Perú S.A.A., decidido definitivamente por el Poder Judicial en un proceso regular que ha concluido.
2. Revisados los antecedentes del proceso encontramos precisamente que estamos frente a una demanda de amparo contra una Resolución Judicial en la que una de las partes es una Persona Jurídica en funcionamiento, constituida conforme a la Ley General de Sociedades que define como objetivo sustancial de este tipo de empresas el interés de lucro. Mas allá de precisar que la Constitución Política del Perú, en concordancia con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la enumeración citada nos hace recordar que el artículo primero, inciso dos, del Pacto de San José, consigna que “para efectos de esta convención,persona es todo ser humano”, texto que modula el artículo primero de nuestra Carta Magna pues es evidente que la persona jurídica demandante en el presente caso acciona en defensa de derechos debidamente establecidos y necesariamente relacionados con el aludido interés patrimonial que considera violado por un organismo público a través de decisión judicial evacuada dentro de su competencia. Es evidente también que el proceso constitucional conducido por los cauces del proceso urgente precisa la legitimidad para obrar activa en atención a la persona humana que recurre frente a hechos concretos que acusa violatorios de alguno de sus derechos fundamentales, no pudiéndose aceptar que dentro de estos naturales condicionamientos se traiga a discusión en sede constitucional la prolongación interesada de un conflicto exclusivamente patrimonial visto dentro de un proceso regular que concluyó con decisión final que favoreció al adversario de la recurrente, ex trabajador a su servicio, decisión que impuso al recurrente el pago de una deuda de trabajo. Es cierto que las personas jurídicas tienen también derechos considerados fundamentales, esgrimidos bajo esta etiqueta cada vez que ellas ven afectados sus intereses patrimoniales, sin importarles la ruptura del orden que preserva el proceso para poder así prolongar sus conflictos ingresando forzadamente a la sede constitucional, derechos cubiertos también por el ancho mandato protector de la Constitución Política del Estado, pero no por ello cobertura que permita reabrir todo debate sobre cualquier pretensión traída a la tutela urgente en sede constitucional, “amparizando” todo reclamo y con ello cancelando el proceso ordinario y hasta cerrando el Poder Judicial. Lo concreto resulta entonces que la diferencia entre estos dos intereses se defina privilegiando los intereses de la persona humana y no los de la persona jurídica que, como queda dicho, son de exclusivo carácter patrimonial.
3. Este colegiado en reiterada jurisprudencia ha establecido que los procesos constitucionales tienen el carácter de urgente y excepcional, por lo que no puede admitirse la interposición de demandas que no estén por su contenido vinculadas al proceso urgente para la defensa de los derechos de la persona humana. En el presente caso la recurrente es, como decimos, una persona de derecho privado con lícito objetivo de lucro que exige la protección de derechos que considera violados y que aparecen necesariamente relacionados a intereses patrimoniales, acusando en un órgano judicial del Estado una decisión equivocada dentro de un proceso de su competencia conducido dentro de los cauces de la ley. Cabe resaltar que en el proceso subyacente o antecedente de beneficios sociales el conflicto reavivado lo crea la misma empresa emplazada frente a la decisión final de la Sala competente de la Corte Superior de Justicia de Huanuco-Pasco que estableció definitivamente el monto de intereses aplicable a los beneficios sociales del demandante por considerar, después de concluido el proceso, que la Corte Superior se equivocó porque la verdad es la suya y por consiguiente su deuda es la que él considera ser de acuerdo al monto que viene proponiendo desde la primera instancia laboral, lo que significa que tuvo la oportunidad de proponer y debatir su posición y fue al final definitivamente vencido, por lo que a nuestro parecer la vía de amparo no es la idónea para este tipo de pretensiones, ya que los procesos constitucionales están destinados a la defensa de los derechos fundamentales de primer orden en donde se evidencia la violación o el peligro inminente de su violación. En el presente caso es una persona jurídica, definitivamente vencida en proceso regular, la que pretende invadir zona vedada en insistencia pertinaz de querer imponer la cantidad interesadamente menor que en la oportunidad correspondiente le propuso al juez en primera instancia y que hoy, sin mayores argumentos, trae al proceso constitucional dentro del que desacredita la liquidación realizada por peritos oficiales especialistas en la materia ya cuestionada, debatida y juzgada, no obstante que el proceso constitucional está destinado a la solución de conflictos en relación a derechos fundamentales de primer orden y no a cuestionar montos que no satisfacen los intereses del actor, en este caso, persona jurídica motivada exclusivamente por interés dinerario.
4. Creo yo importante que al tocar esta temática el Tribunal Constitucional puede servirse de la oportunidad para realizar precisiones que pongan orden en la práctica judiciaria de todos los días, en la que se permite a las empresas relacionadas a intereses de lucro a exigirle al Tribunal el ingreso a determinaciones desbordantes que en la visión de muchas personas reflejan el acomodo de intereses por la vía del amparo. Cabe aquí preguntarnos ¿por qué, por ejemplo, traer al proceso constitucional la discusión sobre la propiedad de botellas de cerveza, por qué el proceso constitucional para solucionar conflictos exclusivamente patrimoniales de empresas productoras de cemento que disintieron entre ellas respecto de diferencias patrimoniales y por qué el proceso de amparo para dilucidar conflictos entre compañías mineras en temática exclusivamente patrimonial relacionada con la interpretación de intervenciones notariales sobre el accionariado de una de éstas?. Yo considero que en estos temas el Tribunal Constitucional desbordó sus facultades y por lo tanto es menester poner atajo a estos excesos que permiten la censura por personas relacionadas a la función de los órganos del Estado en el campo del servicio de justicia. Por ello me parece que en todo caso de admisión de procesos para la solución de conflictos, es menester considerar la necesidad de la prioridad en las causas de personas naturales y no las que buscan la solución de conflicto en relación a derechos de personas jurídicas que tienen a su alcance los amplios cauces de la justicia ordinaria para debatir, probar y obtener decisiones terminales en el Poder Judicial. Aparte de esto se debe tener también en consideración que la inhumana carga procesal que agobia al servicio de justicia se ve agravada con la prolongación indebida de procesos que no tienen estricta relación con intereses de los hombres sino de empresas económicas creadas en ficción con la categoría de persona para la satisfacción de objetivos exclusivamente patrimoniales, lícitos ciertamente, pero exclusivamente de lucro, postergando así muchas causas pendientes que sí tienen que ver con directos intereses en relación a la persona humana, verbigracia procesos con pretensiones de trabajadores que esperan con antigüedad de varios años la solución que el Estado le promete oportuna y justiciera.
5. Si tuviéramos que entrar a analizar la pretensión concreta en el presente caso, lo que no me parece de competencia del Tribunal Constitucional, tendríamos que remover el proceso subyacente del que deriva la presente contienda de tipo constitucional, encontrando entonces que el señor Berto Ferrer Tello interpuso demanda de pago de sus Beneficios Sociales alegando que la demandada compañía de teléfonos le debía pagar en atención a relaciones de trabajo, primigeniamente concertadas en intis, que abarcan muchos años con intervalos en lo que dicha relación se suspendió, determinada suma de dinero; que la demandada negó el monto propuesto por el actor; que se abrió el debate y actuación de pruebas y que el proceso concluyó por sentencia de 23 de junio de 2004, expedida por el Juez Mixto de Yanahuanca - Huánuco, que señaló la suma que estaba obligada a pagar la empresa demandada en el orden de 317.282.36 nuevos soles por los conceptos de compensación por tiempo de servicios, reintegro de remuneraciones devengadas, gratificaciones no percibidas, vacaciones no gozadas, vacaciones truncas, asignación vacacional y reemplazo de categoría superior, sin deducción alguna, más los intereses de ley que se liquidarán en ejecución de sentencia. Después del pago parcial de dicha suma por parte de la demandada (217.630.16.00) se inició un segundo debate sobre el monto de los intereses a cargo de la empresa deudora, que el demandante estimó en 6.168.227.00 nuevos soles, suma que rechazó la demandada alegando que su deuda por el concepto requerido no podía pasar de 18.374.51.00 nuevos soles, contradicción manifiesta que fue sometida a un amplio y ardoroso debate en el que el juez teniendo en consideración las abismales diferencias de las partes, las liquidaciones de cada una de ellas, las pericias contables evacuadas por peritos por ellas contratados, la pericia oficial ordenada por el juez, quien designó a “peritos contables judiciales” que presentaron el informe pericial correspondiente, ampliamente circunstanciado, en el que señalan como deuda de intereses la suma de 4.722.539.34, aprobándose esta liquidación oficial por el juez de la ejecución a través de la Resolución de once de julio del 2005, suficientemente motivada, resolución que fue apelada por la compañía telefónica emplazada por recurso que no hace sino en esencia repetir maquinalmente lo que ya venía sosteniendo desde el comienzo de su posición. El Tribunal de alzada al absolver el grado estableció por mayoría y en una sentencia ampliamente fundamentada de fecha 11 de julio de 2005 la suma de 2.309.545.89, decisión que subrayamos fue correctamente motivada, incluyendo un voto diferenciado de uno de los vocales conformantes de la Sala, lo que sugiere que hubo el debate amplio que queda expresado en la resolución de marras. En conclusión la compañía de teléfonos S.A. tuvo total intervención en el proceso, de comienzo a fin, así como en la etapa de ejecución en la que se siguió rechazando la pretensión del trabajador demandante, siendo derrotada definitivamente en un proceso laboral que así concluyó sin posibilidad alguna de removerse, puesto que no cabe después de este trámite, ostensiblemente limpio en su tramitación y amplio en la defensa volverse a discutir en un nuevo proceso, específicamente la suma ya determinada, con el peligro de hacer eternos los conflictos dejando la sensación que después del presente en el que el perdedor repite lo mismo, al perder también en esta sede iniciará otro y así sucesivamente hasta la eternidad. El inciso 2) del artículo 200 de la Constitución Política del Perú establece que la acción de amparo “... No procede contra normas legales ni contra Resoluciones Judiciales emanadas de procedimiento regular.", por lo que tratándose de proceso regular con la defensa cabal y amplia en todo sentido del recurrente, no procede la invasión atrevida de la sede constitucional para revivir un proceso ya concluido, removiendo una decisión terminal con argumentos que sigue repitiendo, sin importarle convertir a este Tribunal en revisor excepcional de lo que ya es irrevisable.
6. En el proyecto que se presenta a mi vista se afirma, contrariamente, que la resolución cuestionada no ha sido sustentada debidamente, interfiriéndose con ello un proceso regular que permitió la defensa cabal del demandado, puesto que dicha resolución amplia en su texto y solvente en su contenido, definió con suficiente claridad el conflicto, lo que significa que la versión del proyecto desconoce la autonomía y discrecionalidad propias de todo juez, afectando atribuciones conferidas por la Constitución, por lo que al ingresar a un proceso judicial regularmente llevado por juez que actúo de manera correcta permitiendo el contradictorio, es vulnerar la facultad exclusiva que tienen los juzgadores para que según el análisis que ellos realizan se pueda evacuar la sentencia sujeta solo a su convicción. Siendo esto así no hay como establecer competencia de este Tribunal, ya que no somos una instancia supra revisora de todo lo actuado en sede ordinaria. En la demanda de autos se tiene que tener en cuenta que no se le imputa al juez la falta de motivación, o que ésta no concuerda con los hechos materia del conflicto, lo que tal vez sí podría ser factible de atención en sede constitucional, sino que la motivación del juez es calificada interesadamente por el recurrente de "indebida", lo que significaría que éste ha razonado de manera inadecuada al fundamentar su fallo, posición absolutamente impertinente desde que con este criterio toda argumentación del juez llamado a solucionar el conflicto ha de ser arbitraria para la parte que resulte vencida.
7. Cabe agregar también que en el fundamento 7 del proyecto se expone que la resolución cuestionada "constituye una intervención en el ámbito prima facie garantizado por el derecho a la propiedad, puesto que la empresa deberá afectar su patrimonio para pagar tales intereses." siendo esta afirmación incongruente, desigual y peligrosa ya que con la inclinación en defensa del patrimonio de una persona jurídica se podría afectar el patrimonio de una persona natural, cada vez que la empresa deudora niegue el pago a que está obligada, privándosele a una el derecho que se le entrega a la otra. La doctrina ha denominado "Hipoteca General" a la garantía constituida por la totalidad de los bienes de propiedad de una persona cuando ésta realiza la celebración de contratos con terceros a través de los cuales adquiere obligaciones. Esta garantía permite en la practica diaria la viabilidad de la contratación, puesto que para que una parte sea aceptada por la otra en relación a las obligaciones que asume, ésta accederá al crédito atendiendo especialmente a su solvencia lo que significa en alguna medida compromiso patrimonial. Entenderse como se pretende en el proyecto que dentro de este cauce normal y ordinario se afecta el derecho a la propiedad, es convertir en impedimento dicha expresión racional en la que todos caemos día a día pues nadie podría celebrar contratos ni adquirir obligaciones porque al hacerlo estaría afectando su patrimonio, constitucionalmente protegido, dando pie a toda alegación cada vez que un "tramposo", después de haber celebrado un contrato en expresión de entera libertad, sea exigido por juez competente en proceso regular y en ejecución de sentencia a pagar lo que debe bajo amenaza legal de venta de un bien de su dominio para satisfacer el derecho del acreedor, ya que éste siempre y en todo caso alegaría que con esto se está violando su derecho a la propiedad. Es natural pues que para venir al amparo en su demanda tenga el demandante que afirmar todas las monstruosidades procedimentales propias de su imaginación cuando el proceso ha concluido, como en este caso, con sentencia final en largo iter procesal en el que el deudor ha tenido la condición de demandado ejercitando a plenitud su derecho a la contradicción y defensa que incluye impugnaciones y revisión por el Tribunal Superior competente, en instancia final. Tratándose pues de un proceso debido que ha finalizado dentro de un devenir regular, no le queda al perdedor sino cumplir con lo decidido en forma terminal e irremovible, quedándole tal vez, según el caso, la posibilidad de recurrir al proceso de responsabilidad civil de los jueces ante la eventualidad de que se trate de un fallo irregular a los efectos de que se puede llevar al que lo expidió a la indemnización por el daño causado. Podría también, siendo el caso de fraude procesal, demandar la nulidad de lo actuado dentro de la revisión permitida por el artículo 178 del Código Procesal Civil. Lo contrario sería admitir que los procesos nunca terminan, que los justiciables están condenados a nacer para litigar hasta su muerte, solo porque los jueces son humanos y como tales limitados hasta la equivocación. Admitir la demanda en el presente caso, cuando ya todo está dicho significaría que después de la decisión final el perdedor seguiría alegando todo lo que alega el recurrente y mucho más, especialmente la vulneración al debido proceso, a la tutela jurisdiccional efectiva, a la propiedad, y siempre tendría la posibilidad de abrir un nuevo frente para debatir lo que ya ha sido debatido.
8. A manera de conclusión no se debe confundir la vulneración del debido proceso por una resolución que carece de motivación, con una con fundamentación amplia pero que no satisface los intereses del perdedor, ya que esto constituiría violación a la autonomía propia del juzgador, siendo aberración aún mayor pretender decirle al juez en qué forma debe sentenciar y bajo qué criterios, estableciéndole los parámetros a los que se debe sujetar su decisión.
9. Finalmente no podemos desconocer que en el presente caso la Sala está disponiendo en el proyecto una solución que entiende se dará dentro de márgenes de absoluta precisión, lo que al parecer por las circunstancia especiales que anotamos no será posible hallar. Quiero decir que en el proceso fenecido subyacente se propuso posiciones implicantes entre las partes, se debatió con amplitud dichas propuestas, se permitió a las partes encontradas traer al proceso dictámenes de especialistas en la materia para apoyar sus argumentos con expresiones diferenciadas, se debatió en la primera instancia y se obtuvo que los jueces conformantes de la Sala revisora evacuaran determinaciones ampliamente motivadas sobre una temática enrededor de la cual se desarrolló el proceso que implica una relación laboral de la que emerge el derecho que alegó tener el demandante, dependencia de trabajo que se celebró con un pago jornal correspondiente en una moneda de curso legal que después fue modificada por ley, creándose otra con distinto poder económico, relación de trabajo que tuvo largo tiempo y que incluyó un espacio en el que se suspendió dicha relación, iter procesal en el que se determinó por resolución firme la actualización de deuda, estableciéndose una suma que acepta el deudor pagando parte del capital y que después se procedió a una segunda fase para el establecimiento de la liquidación de los intereses legales correspondientes al capital establecido, liquidación en la que necesariamente los jueces intervinientes consideraron todos estos hechos, todas las características de esta relación especial de trabajo que legalmente permite incluso en relación con la liquidación de intereses sobre deuda laboral anatocismo, situación compleja que explica las diferencias marcadas entre unos y otros y que previsiblemente hacen difícil cuando no imposible el hallazgo de la decisión absolutamente precisa que sugiere la anulación que se propone en el proyecto, es decir, sancionar una anulación para que las partes y los jueces vuelvan a sostener cada uno sus posiciones encontradas ya debatidas hasta la saciedad, con la obtención previsible de lo mismo.
10. Por las precedentes consideraciones no encuentro capacidad en el Tribunal Constitucional para ingresar a analizar el fondo de la Resolución Judicial materia de litis y convertirse, de motu propio, en el ultra revisor de lo determinado por la jurisdicción ordinaria competente, yendo de esta manera en contra de lo ya establecido en su propia jurisprudencia, STC. N.º 9746-2005-HC, en su párrafo sexto el cual citamos:
“Que el criterio expuesto recogido por este Colegiado en uniforme y reiterada jurisprudencia, también fue advertido por el Tribunal Constitucional Federal Alemán hace varias décadas, dando lugar a la ya célebre “fórmula Heck”, que desde entonces ha regido su fundamentación en casos como el presente:
“La estructuración del proceso, la determinación y valoración de los elementos de hecho, la interpretación del derecho ordinario y su aplicación a los casos individuales son asuntos de los tribunales competentes para tal efecto, y se encuentran sustraídos de la revisión posterior por parte del Tribunal Constitucional Federal; sólo en caso de la violación de un derecho constitucional específico por parte de un tribunal, puede el Tribunal Constitucional Federal entrar a conocer el asunto (...). [L]os procesos de subsunción normales dentro del derecho ordinario se encuentran sustraídos del examen posterior del Tribunal Constitucional Federal, siempre y cuando no se aprecien errores de interpretación relacionados fundamentalmente con una percepción incorrecta del significado de un derecho fundamental, especialmente en lo que respecta a la extensión de su ámbito de protección, y cuando su significado material también sea de alguna importancia para el caso legal concreto.” (BverfGE 18, 85 —sentencia del 10 de junio de 1964—).”
Pero algo más, con el mismo derecho y por la misma puerta, otros miles de justiciables recurrirían también al proceso constitucional cada vez que consideren que una resolución judicial final atenta contra sus intereses patrimoniales, sean estos personas naturales o personas jurídicas, en una suerte de “amparismo” que es menester desterrar.

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
 artículo 26
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 200
 resolución 
 artículo 2
 artículo 70
 resolución 
 artículo 70
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 200
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 178
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución