Source: http://ourvisaliahouse.com/6499489-Antecedentes-de-hecho.html
Timestamp: 2018-11-18 19:14:28+00:00

Document:
Esperanza Casado Domínguez
1 Consell Tributari Expediente: 143/11 El Consell Tributari, reunido en sesión de 25 de enero de 2012, conociendo del recurso presentado por Dª. MA P P L i D. JJ S B, ha estudiado la propuesta elaborada por el ponente designado al efecto, adoptando el siguiente acuerdo: ANTECEDENTES DE HECHO 1.- El 16 de mayo de 2008, Dª. MA P P L y D. JJ S B interpusieron recurso contra la Resolución del Gerente del Instituto Municipal de Hacienda de 29 de noviembre de 2007 notificada el 18 de abril de la cual, en base al art del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, estimó la solicitud de no sujeción al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana formulada por los recurrentes el 15 de noviembre de 2005 en relación a la transmisión a la Sra. P, de la mitad indivisa del inmueble situado en. y de la mitad indivisa del local comercial número situado en pero la desestima respecto de la transmisión del local comercial número situado.. que era propiedad exclusiva del Sr. S. La desestimación se fundamenta en que, a diferencia de lo que sucedía en el caso de los dos primeros inmuebles, la sentencia que declaró la separación matrimonial de los recurrentes y aprobó el convenio regulador no aludía al local comercial de la calle., respecto del cual, no existía una situación patrimonial previa de haberes comunes sino que pertenecía privativamente al Sr. S. 2.- En su recurso, la Sra. P y el Sr. S alegan extemporaneidad de la resolución recurrida y silencio administrativo positivo por haber transcurrido el plazo fijado para dictar resolución expresa en relación con la solicitud de no sujeción al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos. Y, por otro lado, sostienen que se cumplen los requisitos para reconocer la no sujeción a dicho impuesto de la transmisión del local comercial.. al amparo de lo que dispone el párrafo primero del art del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ya que si bien es cierto que dicho inmueble era privativo del Sr. S y que la sentencia de separación no establecía ninguna adjudicación respecto al mismo, la escritura de extinción del condominio de 11 de octubre de 2005 fue una consecuencia de la separación y disolución del régimen económico matrimonial, de manera que la Sra. P habría adquirido la titularidad del citado inmueble a cambio de que la vivienda unifamiliar situada al 1
2 término de.. pasase a ser de titularidad exclusiva del Sr. S, habiéndose considerado que la participación de cada uno de los cónyuges al total de las adjudicaciones era de Constan en el expediente: a) Copia del convenio regulador de separación de 26 de enero de 2004 en el que se acuerda la adjudicación a la Sra. P de la mitad indivisa del inmueble situado a y la mitad indivisa del local comercial situado en. Así como la cesión a título vitalicio al Sr. S del usufructo de la mitad indivisa de la Sra. P en la vivienda habitual situada en. En dicho convenio consta que el régimen económico matrimonial de los recurrentes era el de separación de bienes. b) Copia de la sentencia número. del juzgado de primera instancia número de Barcelona de 25 de febrero de 2004, en la que se decreta la separación matrimonial solicitada por los recurrentes y se aprueba el convenio regulador de la misma. c) Copia de la escritura de extinción del condominio de 11 de octubre de 2005 en virtud de la cual la Sra. P adquirió la mitad indivisa del inmueble situado en., la mitad indivisa del local comercial situado en.. y el local comercial número 1 situado en.. que, hasta entonces, era de titularidad exclusiva del Sr. S. Así mismo, el Sr. S adquirió la totalidad de la vivienda unifamiliar situada en, que inicialmente era un bien común de ambos cónyuges. d) Copias de las notas simples informativas de los Registros de la Propiedad números 4 y 5 de Barcelona en las que se recogen la cotitularidad de las fincas de. y del local comercial de la calle., así como la titularidad exclusiva del Sr. S del local comercial situado en. 4.- Consultadas las bases de datos informatizadas de l Institut Municipal d Hisenda, consta que la cuota correspondiente a la liquidación en concepto de impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana girada por la transmisión del local comercial situado en. fue ingresada en período voluntario de pago. FUNDAMENTOS DE DERECHO Primero.- Tal y como se ha puesto de manifiesto en los antecedentes de hecho, dos son las alegaciones en las que la Sra. S y el Sr. S fundamentan su recurso contra la Resolución del Gerente del Instituto Municipal de Hacienda de 29 de noviembre de 2007 que desestimó la solicitud de no sujeción al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos 2
3 de naturaleza urbana de la transmisión del local comercial número 1 situado en la planta baja de la calle Por un lado, los recurrentes alegan que la citada resolución es extemporánea por haber transcurrido en exceso el plazo para dictarla, ya que la solicitud de no sujeción se formuló el 15 de noviembre de 2005, lo que determina que, al tratarse de un procedimiento iniciado a instancia del interesado y con base en lo que disponen los artículos 42 y 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, se tiene que entender estimada. Sin embargo, frente a esta alegación, se debe tener presente que la disposición adicional quinta de la Ley 30/1992 establece que los procedimientos tributarios y la aplicación de los tributos se regirán por la Ley General Tributaria, por la normativa sobre derechos y garantías de los contribuyentes, por las Leyes propias de los tributos y las demás normas dictadas en su desarrollo y aplicación. En defecto de norma tributaria aplicable, regirán supletoriamente las disposiciones de la presente Ley. En todo caso, en los procedimientos tributarios, los plazos máximos para dictar resoluciones, los efectos de su incumplimiento, así como, en su caso, los efectos de la falta de resolución serán los previstos en la normativa tributaria. En relación a los plazos de resolución y a los efectos de la falta de resolución expresa, el art. 104 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, después de establecer que el plazo máximo en el que se tiene que notificar la resolución será el fijado por la normativa reguladora del correspondiente procedimiento, sin que pueda exceder de 6 meses, determina, en su punto 3, que en los procedimientos iniciados a instancia de parte, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa producirá los efectos que establezca su normativa reguladora. A estos efectos, en todo procedimiento de aplicación de los tributos se deberá regular expresamente el régimen de actos presuntos que le corresponda ( ) y sólo en defecto de esta regulación los interesados podrán entender estimadas sus solicitudes por silencio administrativo salvo las formuladas en los procedimientos de ejercicio del derecho de petición a que se refiere el artículo 29 de la Constitución y en los de impugnación de actos y disposiciones, en los que el silencio tendrá efecto desestimatorio. Pues bien, en relación al caso planteado, existe un precepto que regula los efectos de la finalización del plazo máximo de resolución sin que se haya notificado resolución expresa. Este precepto es el art. 79 de la Ordenanza Fiscal General del Ayuntamiento de Barcelona de 2005, aplicable por razones temporales que dispone que 1. Si vence el plazo de 3
4 resolución en los procedimientos iniciados a instancia de parte, sin que se haya notificado la resolución expresa, se producirán los efectos que establezca la normativa aplicable. 2. Se entenderán desestimados cuando no se notifique una resolución expresa, transcurrido el plazo establecido para resolverlos, los procedimientos siguientes: a) ( ). b) ( ). c) Las solicitudes de beneficios fiscales, a los seis meses de su petición. De conformidad, pues, con este precepto, la falta de notificación de la resolución expresa de una solicitud de no sujeción a un determinado tributo en este caso, al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana-, una vez transcurrido el plazo establecido para resolverla, no comporta su estimación sino que, contrariamente a lo que sostienen los recurrentes, dicha solicitud se tiene que entender desestimada. Segundo.- Los recurrentes alegan también que la transmisión del local comercial de la calle. Cumple los requisitos de no sujeción establecido en el párrafo primero del art del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. De conformidad con el artículo del citado texto legal no se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y derechos realizados por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes. Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges o a favor de los hijos, como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial, sea cual sea el régimen económico matrimonial. Pues bien, de la mera lectura del primer párrafo del precepto transcrito, en el que los recurrentes consideran fundamentada la no sujeción al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana de la transmisión del local de la calle., se desprende que las previsiones contenidas en el mismo se refieren a la sociedad conyugal, que es una figura propia del régimen económico matrimonial de gananciales. Esta figura está relacionada con el patrimonio ganancial independiente de los patrimonios privativos de cada uno de los cónyuges, y no se puede aplicar tratándose del régimen económico matrimonial de separación de bienes, que era el régimen económico que regía el matrimonio de la Sra. P y el Sr. S, tal y como consta en el convenio regulador de su separación matrimonial de 26 de enero de 2004 y en la escritura de extinción del condominio de 11 de octubre de
5 En este sentido, puede traerse a colación la sentencia de la sección 2ª de la sala contencioso administrativa del Tribunal Supremo de 30 de abril de 2010, recaída en el recurso de casación en interés de Ley número 21/2008 (RJ\2010\3478). Esta sentencia, dictada en relación a la exención prevista en el art B).3 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de contenido análogo al supuesto de no sujeción previsto en el párrafo primero del art del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, establece que Quinto. Conviene (...) poner de relieve las diferencias existentes entre el régimen económico matrimonial de gananciales y el de separación de bienes. La doctrina mayoritaria viene considerando que la sociedad de gananciales se trata de una comunidad en mano común, de origen germánico, en la que existe un patrimonio autónomo, separado y común, del que son titulares indistintamente ambos cónyuges sin que ninguno de ellos, constante el matrimonio, ostenten cuota alguna sobre los bienes y derechos que lo integran, ni puedan ejercitar individualmente derechos de propiedad, surgiendo sólo en el momento en que la comunidad se disuelva un derecho de crédito, el derecho a la cuota de liquidación (...). Por el contrario, el régimen económico matrimonial de separación de bienes tiene como nota esencial la inexistencia de una comunidad patrimonial por razón de matrimonio. En este régimen cada cónyuge retiene el dominio, administración y disfrute, tanto de los bienes que aporta como de los que adquiera por cualquier título durante el matrimonio, contribuyendo a las cargas comunes en la proporción convenida o en proporción a su haber, constituyendo la negación de toda asociación pecuniaria entre los esposos ( ). Por tanto, la comunidad de bienes cuyos comuneros sean cónyuges en separación de bienes es ajena al régimen matrimonial y participa de la misma naturaleza que cualquier otra comunidad de bienes, en la que cada uno de los copropietarios ostenta un derecho de propiedad sobre la parte de que corresponde, pudiendo enajenarla, cederla o hipotecarla, a diferencia de las comunidades de mano común ( ). Por otra parte, no cabe olvidar que si bien uno de los efectos característicos de la división de la cosa común con relación a las personas de los condueños es la de entenderse, por ministerio de la Ley, que cada uno de los participes en la cosa común ha poseído exclusivamente durante la indivisión la parte que al disolverse aquella le correspondiere (art. 450 del Código Civil), precepto que da respuesta al problema de si la división de la cosa común tiene carácter declarativo o traslativo de la propiedad. ( ). Séptimo. Por lo expuesto ( ) FALLAMOS Que estimando el recurso de casación en interés de ley formulado ( ) declaramos como doctrina legal que En el supuesto de las adjudicaciones y transmisiones originadas por la disolución del matrimonio, y previsto en el art. 45.I.B) 3 del Real Decreto Legislativo 1/1993, por el cual se aprueba el Texto Refundido 5
6 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, la exención de tributos únicamente es aplicable a las disoluciones en que haya efectiva comunidad de bienes (sociedad conyugal); por tanto esta exención no es aplicable a los supuestos en que rija un régimen económico matrimonial de separación de bienes. Y si bien esta sentencia se refiere a un caso de disolución de una comunidad de bienes cuyos comuneros eran cónyuges casados en régimen de separación de bienes, la transmisión de la propiedad también se produce, de manera, si cabe, aún más evidente, al tratarse de una adjudicación a unos de los cónyuges casados en régimen de separación de bienes de un inmueble que era titularidad exclusiva del otro cónyuge. En consecuencia, y en relación al caso planteado, la adjudicación a la Sra. P del local comercial situado en los bajos de la calle. está sujeta al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, por más se haya llevado a cabo a cambio de la cesión al Sr. S de la propiedad exclusiva de la vivienda unifamiliar del la calle., extremo este que, en cualquier caso, no se desprende de ninguno de los documentos que figuran en el expediente. La conclusión sería diferente si la atribución del citado local comercial a la Sra. P se hubiese producido como consecuencia del cumplimiento de la sentencia judicial de separación matrimonial de 25 de febrero de 2004, visto lo que dispone el párrafo segundo del art del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que prevé la no sujeción al impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana de las transmisiones de bienes inmuebles entre cónyuges como consecuencia del cumplimiento de sentencias de nulidad, separación o divorcio matrimonial sea cual sea el régimen económico matrimonial. Sin embargo, tal y como reconocen los propios recurrentes, la citada sentencia no estableció ninguna adjudicación respecto del local comercial de la calle., sino que se limitó a aprobar el convenio regulador de separación firmado por los recurrentes el 26 de enero de 2004, que no hace ninguna referencia a este inmueble. Por lo cual, y coincidiendo con el informe del Instituto Municipal de Hacienda, SE PROPONE DESESTIMAR el recurso interpuesto y CONFIRMAR la resolución impugnada. 6
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (Sección 2ª). -Recurso número 312 del año 2011-
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ARAGÓN. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (Sección 2ª). -Recurso número 312 del año 2011- S E N T E N C I A Nº de 2013 ILUSTRÍSIMOS SEÑORES PRESIDENTE: D. Eugenio A.

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