Source: https://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCTEA/criterio.aspx?id=08/02536/2016/00/0/1&q=s%3D1%26rn%3D%26ra%3D%26fd%3D01%2F12%2F2016%26fh%3D01%2F02%2F2020%26u%3D%26n%3D%26p%3D%26c1%3D%26c2%3D%26c3%3D%26tc%3D1%26tr%3D%26tp%3D%26tf%3D%26c%3D2%26pg%3D10
Timestamp: 2020-02-18 14:13:52+00:00

Document:
Criterio 1 de 1 de la resolución: 08/02536/2016/00/00
Fecha de la resolución: 22/08/2019
IRPF. Rendimientos de capital inmobiliario. Reducción 60%. Contratos de plazo inferior a 12 meses. Contrato de temporada. El contribuyente celebra dos contratos consecutivos de once meses con el mismo arrendatario. Procedencia de la deducibilidad de determinados gastos del capital inmobiliario y aplicación de reducciones sobre el rendimiento neto.
Si bien desde un punto de vista legal (Ley de Arrendamientos Urbanos) se trata de un arrendamiento para uso distinto de vivienda (temporada), la Ley 35/2006 del IRPF atiende al destino de la vivienda. Resultando acreditado que la vivienda ha sido la morada del arrendatario por un período continuado de 22 meses, es decir, no satisface una necesidad temporal sino permanente (vivienda habitual), se considera aplicable la reducción del 60%.
Órgano Resolutorio Unipersonal
PROCEDIMIENTO: 08-02536-2016
En Barcelona , se ha constituido el Tribunal como arriba se indica, para resolver en única instancia la reclamación de referencia, tramitada por procedimiento abreviado.
Se ha visto la presente reclamación contra el acuerdo de liquidación provisional de la Oficina de Gestión Tributaria de la Administración de Vilanova i La Geltrú de la AEAT, por el concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante IRPF), ejercicio 2014.
Cuantía: 1.760,50 euros.
Liquidación: A08...
PRIMERO.- El interesado presentó el día 11/06/2015 autoliquidación relativa al IRPF referida al ejercicio 2014, con un importe a ingresar de 788,40 euros.
El día 08/09/2015 se notifica un requerimiento en el que se solicita al reclamante que aportara determinada documentación. Dicha notificación inicia un procedimiento de Comprobación Limitada.
En el requerimiento se solicitó el contrato de arrendamiento, recibo del IBI, justificación documental de los gastos y cuadro resumen donde constara los periodos en los que los inmuebles habían estado arrendados.
Tras la contestación al requerimiento se extiende propuesta de liquidación, notificada el 2/10/2015, de la que resulta una cuota a pagar, excluidos los intereses de demora, de 2.162,06 euros. Cuota que es el resultado de la diferencia entre la cuota inicialmente declarada y la cuota derivada de la propuesta de liquidación provisional.
El día 19/10/2015 el interesado formula alegaciones contra la citada propuesta, alegando, en síntesis, lo siguiente:
La propuesta de liquidación provisional elimina la reducción del 60% por arrendamiento de vivienda, por considerar que los contratos aportados son contratos de temporada y en consecuencia dichos arrendamientos no tienen como finalidad satisfacer la necesidad de vivienda permanente del arrendatario. Sin embargo, en los contratos aportados, no consta que los mismos sean de temporada, aunque su plazo de duración es de 11 meses. No se fija en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) ningún plazo mínimo para tener consideración de arrendamiento de vivienda habitual con finalidad de satisfacer la necesidad permanente de vivienda. Se aporta en prueba el certificado de empadronamiento de los inquilinos.
La Agencia Tributaria ha recalculado la renta del local situado en ..., aplicando por su cuenta la cláusula de actualización del IPC. Dicha renta recalculada por importe de 7.739,75 euros no se corresponde con la realmente cobrada que fue de 6.258 euros. El artículo 18.3 de la LAU establece que para la exigencia de la actualización del IPC, es necesario que el arrendador notifique a la arrendataria dicha actualización y solamente es exigible a partir de la fecha de la notificación. En el mismo sentido se ha pronunciado la Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia de 11/11/2008, nº 65/2008, que también señala que no puede reclamarse retroactivamente. Si el contribuyente no tiene legalmente la posibilidad de cobrar dichas actualizaciones, es del todo incongruente, que la Agencia Tributaria las aplique.
Con la misma argumentación mantenida en el apartado precedente, el arrendador puede descontarse como gastos el arrendamiento del IBI y la Tasa de Recogida de Basuras, puesto que aunque el contrato le permitía la reclamación de estos gastos al arrendatario, lo cierto es que no los ha repercutido y no tiene derecho a repercutirlos retroactivamente, habiendo perdido su derecho. En cambio, es cierto que el arrendador ha satisfecho estos gastos y que los mismos están directamente relacionados con la obtención de rendimientos del capital inmobiliario, por lo que procede su deducción.
El día 15/02/2016 se notifica el acuerdo de liquidación provisional, que estima parcialmente las alegaciones, con una cuota a pagar de 1.716,84 euros, que es la diferencia entre la cuota derivada de la liquidación provisional y la cuota declarada.
El día 07/03/2016 tuvo entrada en este Tribunal la presente reclamación, interpuesta en 24/02/2016 contra la referida liquidación provisional, formulando el reclamante, en síntesis, las siguientes alegaciones:
En relación a la no aplicación de la reducción del 60% del rendimiento del capital inmobiliario, se reiteran las alegaciones a la propuesta de liquidación y añade que las reiteradas sentencias del Tribunal Supremo han establecido que la calificación de arrendamiento de temporada no deriva del plazo concertado sino de la finalidad de la ocupación, ajena a la ocupación como residencia habitual del arrendatario, siendo ocasional y esporádica. El requisito de la temporalidad no está relacionado con el el plazo acordado sino con la causa y finalidad de la ocupación que viene determinada por la transitoriedad. Cita la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 1999 y la Sentencia de 14 de febrero de 2007 de la Audiencia Provincial de Girona.
Respecto a los gastos deducibles, no está conforme con aplicar solamente ocho doceavas partes de la prima del seguro del edificio alquilado, porque la prima comprende desde abril de 2014 a abril de 2015 y en 2014 se pagó la prima, que esta concertada por periodos anuales, por lo que a dicho ejercicio debe aplicarse la totalidad del gasto. Respecto al IBI y Tasa de Recogida de Basuras se reitera lo manifestado en las alegaciones a la propuesta de liquidación.
La procedencia de la deducibilidad de determinados gastos del capital inmobiliario y la aplicación de reducciones sobre el rendimiento neto.
La cuestiones objeto de controversia se regulan en el artículo 23 de la Ley 35/2006, del IRPF. Dicho artículo establece:
En primer lugar procede determinar la deducibilidad de determinados gastos relacionados con los inmuebles arrendados. Se estiman las alegaciones del reclamante respecto a la deducibilidad de los gastos no repercutidos al arrendatario por el IBI y la Tasa de Recogida de Basuras. Estos gastos son necesarios para la obtención de ingresos y son deducibles, con independencia de que debieron haber sido objeto de repercusión al arrendatario conforme al contrato de arrendamiento.
En cuanto a la prima de seguro, no se considera acertado el prorrateo efectuado por la la Oficina Gestora. Así conforme al artículo 14 de la Ley 35/2006, del I.R.P.F., el criterio de imputación temporal de los ingresos y gastos del capital inmobiliario no es el devengo, sino la fecha de la exigibilidad. Por lo que resulta deducible toda la prima pagada en 2014, conforme a lo regulado en el artículo señalado:
"Artículo 14. Imputación temporal.
Respecto a la reducción del 60% del rendimiento íntegro del capital inmobiliario, la controversia se plantea en cuanto a la calificación del contrato de arrendamiento, de temporada o no. En este sentido es de recordar que el Tribunal Económico-Administrativo Central, en resolución de fecha 8 de marzo de 2018 (RG. 00/05663/2017), ha establecido que la reducción prevista en el artículo 23.2 de la LIRPF, es aplicable únicamente a los arrendamientos que la Ley de Arrendamientos Urbanos califica como de vivienda en su artículo 2 y no a los arrendamientos por temporada de su artículo 3.2 (En el mismo sentido se han pronunciado las sentencias del TSJ de Andalucía de 15 de febrero de 2016 (Rec. nº 1253/2010) y del TSJ de Baleares de 20 de octubre de 2010 (Rec. nº 498/2007)).
Los artículos 2 y 3.2 de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos establecen lo siguiente:
En esencia la diferencia entre al arrendamiento de vivienda y el arrendamiento para uso distinto de vivienda, en particular, de temporada, es que el primer tiene por finalidad satisfacer la necesidad permanente de residencia de quien la va a ocupar, mientras que el segundo satisface una necesidad temporal de quien la ocupa (un curso lectivo, vacacional o cualquier otra).
En el presente supuesto, de la documentación obrante en el expediente se desprende que el contribuyente celebra cuatro contratos referidos a dos viviendas. El primero de ellos abarca dos períodos de 11 meses, de 1 de septiembre de 2013 a 30 de julio de 2014 y de 1 de agosto de 2014 a 30 de junio de 2015. En ambos contratos consta como arrendatario la misma persona. El segundo abarca también dos períodos, de 1 de diciembre de 2013 a 30 de octubre de 2014 y de 1 de noviembre de 2014 a 30 de septiembre de 2015. También en ambos casos el arrendatario es el mismo.
No cabe duda que, desde una perspectiva legal, esto es, a tenor de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), los contratos celebrados por el contribuyente deben calificarse como contratos de arrendamiento "para uso distinto del de vivienda".
A efectos de la aplicación de la reducción el artículo 23.2 LIRPF dispone:
"2. En los supuestos de arrendamiento de bienes inmuebles destinados a vivienda, el rendimiento neto positivo calculado con arreglo a lo dispuesto en el apartado anterior, se reducirá en un 60 por ciento. Esta reducción sólo resultará aplicable respecto de los rendimientos declarados por el contribuyente".
A juicio de este Tribunal, el precepto legal atiende al destino de la vivienda, no existiendo una remisión a la Ley de Arrendamientos Urbanos y por tanto, al concepto de vivienda contenido en dicha norma. Es por ello que, en el presente caso, si bien los contratos se estipulan por once meses (probablemente a fin de evitar la prórroga forzosa que contiene el art. 10 LAU), es lo cierto que los mismos son consecutivos y que, en definitiva, los arrendatarios residen continuadamente en la vivienda 22 meses. En otras palabras, para los arrendatarios la vivienda no satisface una necesidad temporal sino permanente deviniendo vivienda habitual. Es por ello que resulta aplicable la reducción del 60%, procediendo la estimación de sus pretensiones también en este extremo.

References: artículo 18
 artículo 23
 artículo 14
 resolución 
 artículo 23
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 23