Source: https://it.scribd.com/doc/48455267/Reglas-minimas-uniformes-de-las-Naciones-Unidas-para-la-Administracion-de-la-Justicia-de-Menores-Reglas-de-Beijing
Timestamp: 2020-01-20 11:11:48+00:00

Document:
Reglas mínimas uniformes de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores Reglas de Beijing | Naciones Unidas | Política internacional
Adoptadas por las Naciones Unidas en 1985, las Reglas de Beijing constituyen una orientación para los Estados, en vistas de proteger los derechos de los niños y responder a sus necesidades, mediante la elaboración de sistemas especiales para la administración de la justicia a los menores.
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Reglas mínimas uniformes de las Naciones Unidas
para la Administración de la Justicia de Menores
Reglas de Beijing 1
Geraldine Van Bueren y Anne-Marie Tootell
Facultad de derecho, Queen Mary and Westfield College, Universidad de Londres, Inglaterra
Telón de fondo de las Reglas de Beijing
Adoptadas por las Naciones Unidas en 1985, las Reglas de Beijing constituyen una orientación para
los Estados, en vistas de proteger los derechos de los niños y responder a sus necesidades, mediante la
elaboración de sistemas especiales para la administración de la justicia a los menores. Se podría incluir
disposiciones limitadas en tratados regionales relativos a los derechos humanos y en el Pacto
internacional sobre derechos civiles y políticos de 1966.
De igual manera, las Reglas mínimas uniformes para el tratamiento de los reclusos adoptadas en 1955,
establecen una serie de requisitos básicos que se aplican a todos los reos, pero que no se resuelven los
problemas específicos que se plantean en el caso de menores delincuentes. Las Reglas de Beijing
constituyen el primer instrumento jurídico internacional que comprende normas pormenorizadas para
la administración de la justicia de menores, que toma en cuenta los derechos de los niños y su
desarrollo, y responde al llamado del Sexto congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del
delito y tratamiento del delincuente celebrada en 1980.
El marco operativo de las Reglas son otras dos series de normas por las que se rige la justicia de
menores que fueron adoptadas en 1990; las Directrices de Naciones Unidas para la prevención de la
delincuencia juvenil (las Directrices de Riad) y las Reglas de Naciones Unidas para la protección de
menores privados de libertad (Reglas MPL). Estas tres series de reglas pueden ser consideradas como
pautas para un procedimiento en tres etapas. En primer lugar, aplicar medidas en el ámbito social para
prevenir la delincuencia de menores y protegerlos de ella (Directrices de Riad); en segundo lugar,
instaurar un sistema judicial progresista para menores en conflicto con la ley (las Reglas de Beijing) y,
finalmente, salvaguardar los derechos fundamentales y tomar medidas que permitan la reinserción de
Se hace un llamado al lector, que considere que estas normativas son anteriores a la Convención sobre los
Derechos del Niño de 1989. Por ello la terminología no se corresponde con la nueva doctrina de protección
los jóvenes tras su privación de libertad, ya sea en la cárcel o en instituciones de otra índole (las
Reglas MPL).
Aunque las Reglas de Beijing existen desde antes que la Convención sobre los derechos del niño de
1989, varios principios fundamentales han sido incluidos en dicha convención y se mencionan
expresamente en su preámbulo.
Condición jurídica de las Reglas en el derecho internacional
Las reglas no son vinculantes, sino que constituyen recomendaciones. No obstante, algunos de sus
principios se encuentran incluídos en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, un
tratado universal y vinculante para todos los Estados parte. Las Reglas de Beijing no impiden la
aplicación de las Reglas mínimas uniformes de Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos,
adoptadas en 1955. Dichas normas se le aplicarán a los menores detenidos en espera de la sentencia, y
en las instituciones se aplicarán tomando en cuenta las necesidades específicas de los menores.
El comentario especifica que las Reglas se deberían interpretar y aplicar a la luz de otros textos
relativos a derechos humanos existentes o en preparación, sin perjuicio de cualquier disposición de
mayor amplitud que contengan.
Estructura de las Reglas de Beijing
Las Reglas se dividen en seis partes y van acompañadas por comentarios explicativos que se explayan
sobre cada una de las reglas. Las seis partes son las siguientes:
2. Investigación y procesamiento
3. De la sentencia y la resolución
4. Tratamiento fuera de los establecimientos penitenciarios
5. Tratamiento en los establecimientos penitenciarios
6. Investigación, planificación y formulación y evaluación de políticas
Definiciones contenidas en las reglas
— Menor
Menor es todo niño o joven que, con arreglo al sistema jurídico respectivo, puede ser castigado por un
delito en forma diferente a un adulto. De modo que al determinar quién es menor, las Reglas toman en
cuenta el tipo de castigo antes que al delincuente. Las últimas Reglas MPL enmiendan dicha
definición, incluyendo a toda persona menor de 18 años, de forma coherente con la definición del niño
que recoge el artículo de la Convención sobre los derechos del niño.
— Delito
Delito es todo comportamiento penado por la ley con arreglo al sistema jurídico de que se trate.
— Menor delincuente
Es todo niño o joven al que se haya imputado la comisión de un delito o se le ha considerado culpable
de la comisión de un delito.
— Ambito de aplicación de las Reglas
Las Reglas se aplicarán a menores castigados por algún acto no reprensible tratándose de adultos
(“delitos de condición”, p. ej. ausencia injustificada), menores sometidos a procedimientos relativos a
la atención al menor o a su bienestar y a adultos jóvenes.
1. El tratamiento justo y humano de menores de conflicto con la ley. El objetivo de la justicia de
menores debe ser doble: fomentar el bienestar de los menores y equiparar la reacción de las
autoridades a las características del delito y del delincuente.
2. Se preferirá a las audiencias formales, el recurso a programas adecuados de reinserción social, con
el consentimiento del menor.
3. Cuando no se pueda aplicar la remisión, intervendrá la reclusión del menor, pero solo como último
recurso. Su duración será lo más breve posible y el menor estará separado de los adultos.
4. Los procedimientos ante cualquier autoridad se llevarán a cabo de conformidad con el mejor interés
de los menores y deberá permitírsele participar y expresarse libremente.
5. La privación de libertad sólo se impondrá tras haber sopesado cuidadosamente la situación, durante
el período más breve posible y sólo en caso de delitos graves.
6. Los castigos corporales y la pena capital debería abolirse sea cual sea el delito.
8. Los agentes de policía y el personal que trabaje con menores deberían recibir una formación
continua especializada.
9. Cuando el menor reciba tratamiento interno, se le proporcionarán servicios y educativos y demás
cuidados adecuados para facilitar su reinserción.
10. Es conveniente contemplar la liberación a partir de la detención y, tras ella, lo antes posible.
Cuatra Parte
23.1 Se adoptarán disposiciones adecuadas para la ejecución de las órdenes que dicte la autoridad
competente, y que se mencionan en la regla 14.1, por esa misma autoridad o por otra distinta si las
circunstancias así lo exigen.
23.2 Dichas disposiciones incluirán la facultad otorgada a la autoridad competente para modificar
dichas órdenes periódicamente según estime pertinente, a condición de que la modificación se efectúe
en consonancia con los principios enunciados en las presentes Reglas.
En los casos de menores, más que en los de adultos, las resoluciones tienden a influir en la vida del
menor durante largos períodos de tiempo. De ahí la importancia de que la autoridad competente o un
órgano independiente (junta de libertad bajo palabra, autoridad encargada de supervisar la libertad
vigilada, institución de bienestar juvenil u otras autoridades) con calificaciones iguales a las de la
autoridad competente que conoció del caso originalmente, supervisen la ejecución de la sentencia. La
creación del cargo de juez de la ejecución de penas en algunos países obedece a este propósito.
La composición, los poderes y las funciones de la autoridad deben ser flexibles; en la regla 23 se
describen en general con objeto de facilitar su amplia aceptación.
24.1 Se procurará proporcionar a los menores, en todas las etapas del procedimiento, asistencia en
materia de alojamiento, enseñanza o capacitación profesional, empleo o cualquiera otra forma de
asistencia, útil y práctica, para facilitar el proceso de rehabilitación.
La consideración fundamental es la promoción del bienestar del menor. Por tanto, la regla 24 subraya
la importancia de facilitar instalaciones, servicios y otra asistencia necesaria que redunde en los
mejores intereses del menor durante todo el proceso de rehabilitación.
25.1 Se recurrirá a los voluntarios, a las organizaciones de voluntarios, a las instituciones locales y a
otros recursos de la comunidad para que constribuyan eficazmente a la rehabilitación del menor en un
ambiente comunitario y, en la forma en que ésta sea posible, en el seno de la unidad familiar.
Esta regla refleja la necesidad de que todas las actividades relacionadas con los delincuentes menores
estén orientadas a la rehabilitación. La cooperación de la comunidad es indispensable para seguir
eficazmente las directrices de la autoridad competente. Los voluntarios y los servicios de carácter
voluntario, en particular, resultan una fuente de actividades útiles, en gran medida no utilizada
actualmente. En algunos casos, la cooperación de antiguos delincuentes (incluidos antiguos
toxicómanos) puede ser extremadamente valiosa.
La regla 25 deriva de los principios estipulados en las reglas 1.1 a 1.6 y sigue las disposiciones
pertinentes del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
26.1 La capacitación y el tratamiento de menores confinados en establecimientos penitenciarios tienen
por objeto garantizar su cuidado y protección, así como su educación y formación profesional para
permitirles que desempeñen un papel constructivo y productivo en la sociedad.
26.2 Los menores confinados en establecimientos penitenciarios recibirán los cuidados, la protección y
toda la asistencia necesaria — social, educacional, profesional, sicológica, médica y física — que
puedan requerir debido a su edad, sexo y personalidad y en interés de su desarrollo sano.
26.3 Los menores confinados en establecimientos penitenciarios se mantendrán separados de los
adultos y estarán detenidos en un establecimiento separado o en una parte separada de un
establecimiento en el que también estén encarcelados adultos.
26.4 La delincuente joven confinada en un establecimiento merece especial atención en lo que atañe a
sus necesidades y problemas personales. En ningún caso recibirá menos cuidados, protección,
asistencia, tratamiento y capacitación que el delincuente joven. Se garantizará su tratamiento
26.5 En el interés y bienestar del menor confinado en un establecimiento penitenciario, tendrán
derecho de acceso los padres o tutores.
26.6 Se fomentará la cooperación entre los ministerios y los departamentos para dar formación
académica o, según proceda, profesional adecuada al menor que se encuentre confinado en un
establecimiento penitenciario a fin de garantizar que al salir no se encuentre en desventaja en el plano
Los objetivos del tratamiento en establecimientos, tal como se enuncian en las reglas 26.1 y 26.2,
serían aceptables para cualquier sistema o cultura. No obstante, dichos objetivos no se han alcanzado
en todos los lugares y aún queda mucho por hacer en este sentido. La asistencia médica y sicológica,
en particular, es extremadamente importante para los toxicómanos confinados en establecimiento, y
para los jóvenes violentos y enfermos mentales.
Evitar las influencias negativas ejercidas por delincuentes adultos y proteger el bienestar del menor en
un ambiente penitenciario, como se estipula en la regla 26.3, está en armonía con los principios
rectores básicos de las Reglas establecidos por el Sexto Congreso en su resolución 4. Esta regla no
impedirá a los Estados tomar otras medidas contra la influencia negativa de los delincuentes adultos
que sean al menos tan eficaces como las mencionadas en la regla. (Véase también la regla 13.4.)
La regla 26.4 obedece a que las delincuentes suelen recibir menos atención que los delincuentes, como
indicó el Sexto Congreso. En particular, la resolución 9 del Sexto Congreso pide que se dé un
tratamiento equitativo a la delincuencia en todas las etapas del proceso de justicia penal y que se preste
especial atención a sus problemas y necesidades particulares mientras esté confinada. Además, esta
regla debería también considerarse teniendo en cuenta la Declaración de Caracas del Sexto Congreso
que, entre otras cosas, pide un tratamiento igual en la administración de justicia Penal, la Declaración
sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer y la Convención sobre la eliminación de
El derecho de acceso (regla 26.5) dimana de las disposiciones de las reglas 7.1, 10.1, 15.2 y 18.2. La
cooperación entre ministerios y entre departamentos (regla 26.6) es de particular importancia para
mejorar en términos generales la calidad del tratamiento y la capacitación en los establecimientos
27. Aplicación de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por las
27.1 En principio, las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y las recomendaciones
conexas serían aplicables en la medida pertinente al tratamiento de los menores delincuentes en
establecimientos penitenciarios, inclusive los que estén en prisión preventiva.
El comentario aboga por la creación de establecimientos abiertos de tipo educativo antes que el
Prevención de demoras innecesarias
Todos los casos se tramitarán de manera expedita y sin demoras innecesarias. La reiteración de este
principio se debe a las características propias de los niños, cuya capacidad de establecer una relación
entre el procedimiento y la resolución se deteriora con el transcurso del tiempo.
Los registros de menores delincuentes serán de carácter estrictamente confidencial y sólo tendrán
acceso a ellos las personas que participen directamente en la tramitación de un caso en curso, así como
otras personas debidamente autorizadas. Los registros de menores delincuentes no se utilizarán en
procesos de adultos en que esté implicado el menor.
Necesidad de personal especializado y capacitado
Se le impartirá enseñanza profesional, cursos de capacitación durante el servicio y cursos de repaso,
así como otros sistemas adecuados de instrucción al personal encargado de administrar la justicia de
menores. Se procurará garantizar una representación equitativa de mujeres y minorías en los
organismos de justicia de menores.
Disposiciones sobre prestación de asistencia y movilización de voluntarios y otros servicios de
Las Reglas ponen de manifiesto la importancia de la rehabilitación de los menores, que requiere
asistencia al menor en materia de enseñanza, empleo o alojamiento durante el procedimiento y recurrir
a voluntarios, organizaciones de voluntarios, instituciones locales y demás recursos comunitarios.
Tanto en las Reglas MPL como en la Convención de los derechos de los niños, la noción de la
rehabilitación ha sido sustituida por el más reciente concepto de reinserción del menor en la sociedad
para desempeñar un papel constructivo fuera del ámbito carceral.
Objetivos del tratamiento en establecimientos penitenciarios
El objetivo final del confinamiento es ayudar a los menores a desempeñar un papel constructivo y
productivo en la sociedad. Mientras permanezcan en establecimientos penitenciarios, los menores
deberán recibir asistencia social, educativa, profesional, psicológica, médica y física. Se mencionan
expresamente las necesidades y problemas de las niñas menores delincuentes, para que no reciban
menos cuidados o asistencia que sus coetáneos masculinos. Se fomenta la cooperación entre
ministerios y departamentos con objeto de dar formación académica o profesional al menor confinado,
para evitarle desventajas educativas cuando salga del centro.
Frecuente y pronta concesión de libertad condicional
Se recurrirá a la libertad condicional en la mayor medida de lo posible y tan pronto como sea posible.
Los menores en libertad condicional recibirán asistencia de la autoridad correspondiente, a cuya
supervisión estarán sujetos, y el pleno apoyo de la comunidad.
El comentario afirma que, cuando sea posible, se puede conceder la libertad condicional a delincuentes
que en un principio habían sido considerados como peligrosos.
Sistemas intermedios
Se procurará establecer sistemas intermedios como establecimientos educativos, centros de
capacitación diurnos, para facilitar la adecuada reintegración de los menores en la sociedad.
La investigación como base de la planificación y de la formulación y evaluación de
Las Reglas manifiestan la importancia de estar al día con los cambiantes problemas y causas de la
delincuencia juvenil, así como con las diversas necesidades particulares del menor en custodia.
Se procurará pues organizar y fomentar la investigación como base para una planificación y una
formulación de políticas que sean eficaces y prever una evaluación regular del sistema de
administración de justicia de menores con miras a su ulterior mejora y reforma.
Para llevar a cabo la investigación, el comentario alienta el recurso a personas y entes independientes
y propugna que se tome en cuenta la opinión de los propios jóvenes.
Las Reglas deben aplicarse a los jóvenes delincuentes de forma imparcial, sin distinción alguna, por
ejemplo, de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Los Estados deben
promulgar las disposiciones legislativas que se aplican a los menores delincuentes y los centros
encargados de administrar la justicia de menores. Dichas disposiciones deben tener por objeto
responder a las necesidades de los menores delincuentes y al mismo tiempo proteger sus derechos
básicos y satisfacer las necesidades de la sociedad. Dichas disposiciones deberían aplicar las reglas de
Beijing cabal y equitativamente.
Reglas Mínimas Uniformes de las Naciones Unidas para la Administración
de la Justicia de Menores
Resolucion 40 / 33
29 de noviembre de 1985, 96a sesión plenaria
Teniendo presentes la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
así como instrumentos internacionales de derechos humanos relativos a los derechos de los jóvenes,
Teniendo presente asimismo que se designó a 1985 como el Año Internacional de la Juventud:
Participación, Desarrollo, Paz, y que la comunidad internacional ha asignado importancia a la
protección y la promoción de los derechos de los jóvenes, como lo atestigua la importancia atribuida a
la Declaración de los Derechos del Niño,
Recordando la resolución 4 aprobada por el Sexto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención
del Delito y Tratamiento del Delincuente, que preconizó la formulación de reglas mínimas uniformes
para la administración de la justicia de menores y la atención a los menores que pudieran servir de
modelo a los Estados Miembros,
Recordando también la decisión 1984/153 de 25 de mayo de 1984 del Consejo Económico y Social,
por la que se remitió el proyecto de reglas al Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del 26 de agosto al 6 de
septiembre de 1985, por conducto de la Reunión Preparatoria Interregional celebrada en Beijing del 14
al 18 de mayo de 1984,
Reconociendo que la juventud, por constituir una etapa inicial del desarrollo humano, requiere
particular atención y asistencia para su desarrollo físico, mental y social, y necesita protección jurídica
en condiciones de paz, libertad, dignidad y seguridad,
Considerando que la legislación, las políticas y las prácticas nacionales vigentes pueden precisar un
examen y una modificación en armonía con las normas contenidas en las reglas,
Considerando además que, aunque esas reglas puedan parecer actualmente difíciles de lograr debido a
las condiciones sociales, económicas, culturales, políticas y jurídicas vigentes, existe, sin embargo, el
propósito de realizarlas como una norma mínima.
1. Observa con gratitud el trabajo efectuado por el Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la
Delincuencia, el Secretario General, el Instituto de las Naciones Unidas en Asia y el Lejano Oriente
para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente y otros institutos de las Naciones
Unidas en la formulación de las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la
justicia de menores;
2. Toma nota con gratitud del informe del Secretario General sobre el proyecto de las reglas mínimas
de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores;
3. Felicita a la Reunión Preparatoria Interregional celebrada en Beijing por haber finalizado el texto de
las reglas presentado al Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Tratamiento del Delincuente para su examen y decisión final;
4. Aprueba las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de
menores recomendadas por el Séptimo Congreso tal como figuran en el anexo de la presente
resolución, y aprueba la recomendación del Séptimo Congreso de que las Reglas se denominen
también “Reglas de Beijing”;
5. Invita a los Estados Miembros a que, siempre que sea necesario, adapten su legislación, sus políticas
y sus prácticas nacionales, sobre todo en la esfera de la formación de personal de la justicia de
menores, a las Reglas de Beijing, así como a que las señales a la atención de las autoridades
pertinentes y del público en general;
6. Insta al Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la Delincuencia a que formule medidas
para la eficaz aplicación de las Reglas de Beijing, con la asistencia de los institutos de las Naciones
Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente;
7. Invita a los Estados Miembros a informar al Secretario General sobre la aplicación de las Reglas de
Beijing y a presentar regularmente informes al Comité de Prevención del Delito y Lucha contra la
Delincuencia sobre los resultados alcanzados;
8. Pide a los Estados Miembros y al Secretario General que emprendan una investigación con respecto
a las políticas y prácticas eficaces en materia de administración de justicia de menores y que elaboren
una base de datos al respecto;
9. Pide al Secretario General que asegure la difusión más amplia posible del texto de las Reglas de
Beijing en todos los idiomas oficiales de las Naciones Unidas, con inclusión de la intensificación de
actividades de información en la esfera de la justicia de menores, e invita a los Estados Miembros a
hacer lo mismo;
10. Pide al Secretario General que elabore proyectos piloto sobre la aplicación de las Reglas de
11. Pide al Secretario General y a los Estados Miembros que proporcionen los recursos necesarios para
lograr la aplicación efectiva de las Reglas de Beijing, sobre todo en las esferas de la contratación, la
formación y el intercambio de personal, la investigación y la evaluación, y la formulación de nuevas
medidas sustitutivas del tratamiento correccional;
12. Pide al Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del
Delincuente que, en el marco de un tema de su programa dedicado a la justicia de menores, examine
los progresos realizados en la aplicación de las Reglas de Beijing y de las recomendaciones
formuladas en la presente resolución;
13. Insta a todos los órganos pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, en particular a las
comisiones regionales y los organismos especializados, a los institutos de las Naciones Unidas para la
prevención del delito y el tratamiento del delincuente y a otras organizaciones, intergubernamentales y
no gubernamentales, a que colaboren con la Secretaría y adopten las medidas necesarias para asegurar
un esfuerzo concertado y sostenido, dentro de sus respectivas esferas de competencia técnica, para
aplicar los principios contenidos en las Reglas de Beijing.
1.1 Los Estados Miembros procurarán, en consonancia con sus respectivos intereses generales,
promover el bienestar del menor y de su familia.
1.2 Los Estados Miembros se esforzarán por crear condiciones que garanticen el menor una vida
significativa en la comunidad fomentando, durante el período de edad en que el menor es más
propenso a un comportamiento desviado, un proceso de desarrollo personal y educación lo más exento
de delito y delincuencia posible.
1.3 Con objeto de promover el bienestar del menor, a fin de reducir la necesidad de intervenir con
arreglo a la ley, y de someter a tratamiento efectivo, humano y equitativo al menor que tenga
problemas con la ley, se concederá la debida importancia a la adopción de medidas concretas que
permitan movilizar plenamente todos los recursos disponibles, con inclusión de la familia, los
voluntarios y otros grupos de carácter comunitario, así como las escuelas y otras instituciones de la
1.4 La justicia de menores se ha de concebir como una parte integrante del proceso de desarrollo
nacional de cada país y deberá administrarse en el marco general de justicia social para todos los
menores, de manera que contribuya a la protección de los jóvenes y al mantenimiento del orden
pacífico de la sociedad.
1.5 Las presentes Reglas se aplicarán según el contexto de las condiciones económicas, sociales y
culturales que predominen en cada uno de los Estados Miembros.
1.6 Los servicios de justicia de menores se perfeccionarán y coordinarán sistemáticamente con miras a
elevar y mantener la competencia de sus funcionarios, e incluso los métodos, enfoques y actitudes
Estas orientaciones básicas de carácter general se refieren a la política social en su conjunto y tienen
por objeto promover el bienestar del menor en la mayor medida posible, lo que permitiría reducir el
mínimo el número de casos en que haya de intervenir el sistema de justicia de menores y, a su vez,
reduciría al mínimo los perjuicios que normalmente ocasiona cualquier tipo de intervención. Esas
medidas de atención de los menores con fines de prevención del delito antes del comienzo de la vida
delictiva constituyen requisitos básicos de política destinados a obviar la necesidad de aplicar las
presentes Reglas.
Las reglas 1.1 a 1.3 señalan el importante papel que una política social constructiva respecto al menor
puede desempeñar, entre otras cosas, en la prevención del delito y la delincuencia juveniles. La regla
1.4 define la justicia de menores como parte integrante de la justicia social para los menores, mientras
que la regla 1.6 se refiere a la necesidad de perfeccionar la justicia de menores de manera continua,
para que no quede a la zaga de la evolución de una política social progresiva en relación con el menor
en general, teniendo presente la necesidad de mejorar de manera coherente los servicios de personal.
La regla 1.5 procura tener en cuenta las condiciones imperantes en los Estados Miembros, que podrían
ocasionar que la manera de aplicar determinadas reglas en uno de ellos fuera necesariamente diferente
de la manera adoptada en otros Estados.
2.1 Las Reglas mínimas que se enuncian a continuación se aplicarán a los menores delincuentes con
imparcialidad, sin distinción alguna, por ejemplo, de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o
2.2 Para los fines de las presentes Reglas, los Estados Miembros aplicarán las definiciones siguientes
en forma compatible con sus respectivos sistemas y conceptos jurídicos:
a) menor es todo niño o joven que, con arreglo al sistema jurídico respectivo, puede ser castigado por
un delito en forma diferente a un adulto;
b) delito es todo comportamiento (acción u omisión) penado por la ley con arreglo al sistema jurídico
de que se trate; y
c) menor delincuente es todo niño o joven al que se ha imutado la comisión de un delito o se le ha
considerado culpable de la comisión de un delito.
2.3 En cada jurisdic ción nacional se procurará promulgar un conjunto de leyes, normas y disposiciones
aplicables específicamente a los menores delincuentes, así como a los órganos e instituciones
encargados de las funciones de administración de la justicia de menores, conjunto que tendrá por
a) responder a las diversas necesidades de los menores delincuentes, y al mismo tiempo proteger sus
derechos básicos;
Las Reglas mínimas se han formulado deliberadamente de manera que sean aplicables en diferentes
sistemas jurídicos y, al mismo tiempo, establezcan algunas normas mínimas para el tratamiento de los
menores delincuentes con arreglo a cualquier definición de la noción de joven y a cualquier sistema de
tratamiento de los menores delincuentes. Las Reglas se aplicarán siempre con imparcialidad y sin
Por lo tanto, la regla 2.1 destaca la importancia de que las Reglas se apliquen siempre con
imparcialidad y sin distinción alguna. Su formulación responde al principio 2 de la Declaración de los
La regla 2.2 define “menor” y “delito” como componentes del concepto de “menor delincuente”, que
es el objeto principal de las presente Reglas mínimas (no obstante, véanse también las reglas 3 y 4).
Cabe señalar que las reglas disponen expresamente que corresponderá a cada sistema jurídico nacional
fijar las edade mínimas y máxima a estos efectos, respetando así cabalmente los sistemas económico,
social, político, cultural y jurídico de los Estados Miembros. Ello significa que la noción de “menor”
se aplicará a jóvenes de edades muy diferentes, edades que van de los 7 años hasta los 18 años o más.
Dicha flexibilidad parece inevitable en vista de la diversidad de sistemas jurídicos nacionales, tanto
más cuanto que no restringe los efectos de las Reglas mínimas.
La regla 2.3 responde a la necesidad de leyes nacionales que tengan expresamente por objeto la
aplicación óptima de las Reglas mínimas, tanto desde un punto de vista jurídico como práctico.
3.1 Las disposiciones pertinentes de las Reglas no sólo se aplicarán a los menores delincuentes, sino
también a los menores que puedan ser procesados por realizar cualquier acto concreto que no sea
punible tratándose del comportamiento de los adultos.
3.2 Se procurará extender el alcance de los principios, contenidos en las Reglas a todos los menores
comprendidos en los procedimientos relativos a la atención al menor y a su bienestar.
3.3 Se procurará asimismo extender el alcance de los principios contenidos en las Reglas a los
delincuentes adultos jóvenes.
La regla 3 amplia el ámbito de aplicación de la protección otorgada por las Reglas mínimas para la
administración de la justicia de menores de modo que abarque:
a) Los llamados “delitos en razón de su condición” previstos en diversos sistemas jurídicos nacionales
con arreglo a los cuales se considera delito en los menores una gama de comportamiento distinta y, por
lo general, más amplia que en el caso de los adultos (por ejemplo, ausencias injustificadas,
desobediencia en la escuela y en la familia, ebriedad en público, etc.) regla 3.1);
c) El procesamiento de los delincuentes adultos jóvenes, aunque en este caso la aplicación de las
Reglas dependerá de las disposiciones pertinentes sobre la mayoría de edad (regla 3.3). La ampliación
del ámbito de aplicación de las Reglas de modo que abarquen las tres esferas antes mencionadas
parece justificada. La regla 3.1 prevé garantías mínimas en esas esferas, y se estima que la regla 3.2
constituye un paso positivo en el establecimiento de un sistema más imparcial, equitativo y humano de
justicia para todos los menores que transgredan la ley.
4.1 En los sistemas jurídicos que reconozcan el concepto de mayoría de edad penal con respecto a los
menores, su comienzo no deberá fijarse a una edad demasiado temprana habida cuenta de las
circunstancias que acompañan a la madurez emocional, mental e intelectual.
La edad mínima a efectos de responsabilidad penal varía considerablemente en función de factores
históricos y culturales. El enfoque moderno consiste en examinar si los niños pueden hacer honor a los
elementos morales y sicológicos de responsabilidad penal; es decir, si puede considerarse al niño, en
virtud de su discernimiento y comprensión individuales, responsable de un comportamiento
esencialmente antisocial. Si el comienzo de la mayoría de edad penal se fija a una edad demasiado
temprana o si no se establece edad mínima alguna, el concepto de responsabilidad perderá todo
sentido. En general, existe una estrecha relación entre el concepto de responsabilidad que dimana del
comportamiento delictivo o criminal y otros derechos y responsabilidades sociales (como el estado
civil, la mayoría de edad a efectos civiles, etc.).
Por consiguiente, es necesario que se hagan esfuerzos para convenir en una edad mínima razonable
que pueda aplicarse a nivel internacional.
5.1 El sistema de justicia de menores hará hincapié en el bienestar de éstos y garantizará que cualquie r
respuesta a los menores delincuentes será en todo momento proporcionada a las circunstancias del
La regla 5 se refiere a dos de los más importantes objetivos de la justicia de menores. El primer
objetivo es el fomento del bienestar del menor. Este es el enfoque principal de los sistemas jurídicos
en que los menores delincuentes son procesados por tribunales de familia o autoridades
administrativas, pero también debe hacerse hincapié en el bienestar de los menores en los sistemas
judiciales que siguen el modelo del tribunal penal, contribuyendo así a evitar las sanciones meramente
penales. (Véase también la regla 14.)
El segundo objetivo es el “principio de la proporcionalidad”. Este principio es conocido como un
instrumento para restringir las sanciones punitivas, y se expresa principalmente mediante la fórmula de
que el autor ha de llevarse su merecido según la gravedad del delito. La respuesta a los jóvenes
delincuentes no sólo deberá basarse en el examen de la gravedad del delito, sino también en
circunstancias personales. Las circunstancias individuales del delincuente (por ejemplo, su condición
social, su situación familiar, el daño causado por el delito u otros factores en que intervengan
circunstancias personale s) han de influir en la proporcionalidad de la reacción (por ejemplo, teniendo
en consideración los esfuerzos del delincuente para indemnizar a la víctima o su buena disposición
para comenzar una vida sana y útil).
Por el mismo motivo, las respuestas destinadas a asegurar el bienestar del joven delincuente pueden
sobrepasar lo necesario y, por consiguiente, infringir los derechos fundamentales del joven, como ha
ocurrido en algunos sistemas de justicia de menores. En este aspecto también corresponde
salvaguardar la proporcionalidad de la respuesta en relación con las circunstancias del delincuente y
del delito, incluida la víctima.
En definitiva, la regla 5 sólo exige que la respuesta en los casos concretos de delincuencia o
criminalidad de menores sea adecuada, ni más ni menos. Los temas que las reglas vinculan entre sí
pueden contribuir adelantos en ambos sentidos; los tipos de respuesta nuevos e innovadores son tan
necesarios como las precauciones para evitar cualquier ampliación indebida de la red de control social
oficial sobre los menores.
6.1 Habida cuenta de las diversas necesidades especiales de los menores, así como de la diversidad de
medidas disponibles, se facultará un margen suficiente para el ejercicio de facultades discrecionales en
las diferentes etapas de los juicios y en los distintos niveles de la administración de justicia de
menores, incluidos los de investigación, procesamiento, sentencia y de las medidas complementarias
6.2 Se procurará, no obstante, garantizar la debida competencia en todas las fases y niveles en el
ejercicio de cualquiera de esas facultades discrecionales.
6.3 Los que ejerzan dichas facultades deberán estar especialmente preparados o capacitados para
hacerlo juiciosamente y en consonancia con sus respectivas funciones y mandatos.
Las reglas 6.1, 6.2 y 6.3 tratan varios aspectos importantes de una administración de justicia de
menores eficaz, justa y humanitaria: la necesidad de permitir el ejercicio de las facultades
discrecionales en todos los niveles importantes del procedimiento, de modo que los que adoptan
determinaciones puedan tomar las medidas que estimen más adecuadas en cada caso particular; y la
necesidad de prever controles y equilibrios a fin de restringir cualquier abuso de las facultades
discrecionales y salvaguardar los derechos del joven delincuente. La competencia y el profesionalismo
son los instrumentos más adecuados para restringir el ejercicio excesivo de dichas facultades. Por ello,
se hace especial hincapié en la idoneidad -profesional y en la capacitación de los expertos como un
medio valioso para asegurar el ejercicio prudente de las facultades discrecionales en materia de
delincuencia de menores. (Véanse también las reglas 1.6 y 2.2.) En este contexto, se pone de relieve la
formulación de directrices concretas acerca del ejercicio de dichas facultades y el establecimiento de
un sistema de revisión y de apelación u otro sistema análogo a fin de permitir el examen minucioso de
las decisiones y la competencia. Esos mecanismos no se concretan en el presente documento, pues no
se prestan fácilmente para incorporarlos en reglas mínimas internacionales, que probablemente no
podrán abarcar todas las diferencias que existen en los sistemas judiciales.
7.1 En todas las etapas del proceso se respetarán garantías procesales básicas tales como la presunción
de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, el derecho a no responder, el derecho al
asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a la confrontación con los
testigos y a interrogar a éstos y el derecho de apelación ante una autoridad superior.
La regla 7.1 hace hincapié en algunos aspectos importantes que representan elementos fundamentales
de todo juicio imparcial y justo y que son internacionalmente reconocidos en los instrumentos de
derechos humanos vigentes. (Véase también la regla 14.) La presunción de inocencia, por ejemplo,
también figura en el artículo II de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el párrafo 2 del
Las reglas 14 y siguientes de las presentes Reglas mínimas precisan cuestiones que son importantes
con respecto al procedimiento en los asuntos de menores en particular, mientras que la regla 7.1
ratifica en forma general las garantías procesales más fundamentales.
8.1 Para evitar que la publicidad indebida o el proceso de difamación perjudiquen a los menores, se
respetará en todas las etapas el derecho de los menores a la intimidad.
8.2 En principio, no se publicará ninguna información que pueda dar lugar a la individualización de un
menor delincuente.
La regla 8 destaca la importancia de la protección del derecho de los menores a la intimidad. Los
jóvenes son particularmente vulnerables a la difamación. Los estudios criminológicos sobre los
procesos de difamación han suministrado pruebas sobre los efectos perjudiciales (de diversos tipos)
que dimanan de la individualización permanente de los jóvenes como “delincuentes” o “criminales”.
La regla 8 también hace hincapié en la importancia de proteger a los menores de los efectos adversos
que pueden resultar de la publicación en los medios de comunicación de informaciones acerca del caso
(por ejemplo, el nombre de los menores que se presume delincuentes o que son condenados).
Corresponde proteger y defender, al menos en principio, el interés de la persona. (El contenido general
de la regla 8 se sigue concretando en la regla 21).
9.1 Ninguna disposición de las presentes Reglas podrá ser interpretada en el sentido de excluir a los
menores del ámbito de la aplicación de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos
aprobadas por las Naciones Unidas y de otros instrumentos y normas reconocidos por la comunidad
internacional relativos al cuidado y protección de los jóvenes.
La regla 9 tiene por objeto evitar todo equívoco en lo tocante a la interpretación y aplicación de las
presentes Reglas en consonancia con los principios contenidos en los instrumentos y normas
internacionales pertinentes — vigentes o en desarrollo — relativos a los derechos humanos, como la
Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración de los
Derechos del Niño y el proyecto de convención sobre los derechos del Niño. Conviene precisar que la
aplicación de las presentes Reglas es sin perjuicio del cumplimiento de cualesquiera instrumentos
internacionales que contengan disposiciones de aplicación más amplia. (Véase también la regla 27).
10.1 Cada vez que un menor sea detenido, la detención se notificará inmediatamente a sus padres o su
tutor, y cuando no sea posible dicha notificación inmediata, se notificará a los padres o al tutor en el
más breve pla zo posible.
10.2 El juez, funcionario u organismo competente examinará sin demora la posibilidad de poner en
libertad al menor.
10.3 Sin perjuicio de que se consideren debidamente las circunstancias de cada caso, se establecerán
contactos entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y el menor delincuente para
proteger la condición jurídica del menor, promover su bienestar y evitar que sufra daño.
En principio, la regla 10.1 figura en la regla 92 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los
La posibilidad de poner en libertad al menor (regla 10.2) deberá examinada sin demora por el juez u
otros funcionarios competentes. Por éstos se entiende toda persona o institución en el más amplio
sentido de la palabra, incluida las juntas de la comunidad y las autoridades de policía, que tengan
facultades para poner en libertad a la persona detenida. (Véase también el párr. 3 del artículo 9 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)
La regla 10.3 trata de algunos aspectos fundamentales del procedimiento y del comportamiento que
deben observar los agentes de policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en los
casos de delincuencia de menores. La expresión “evitar... daño” constituye una fórmula flexible que
abarca múltiples aspectos de posible interacción (por ejemplo, el empleo de un lenguaje duro, la
violencia física, el contacto con el ambiente). Como la participación en actuaciones de la justicia de
menores puede por sí sola causar “daño” a los menores, la expresión “evitar... daño” debe, por
consiguiente, interpretarse en el sentido amplio de reducir al mínimo el daño al menor en la primera
instancia, así como cualquier daño adicional o innecesario. Ello es de particular importancia en el
primer contacto con las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley, que puede influir
profundamente en la actitud del menor hacia el Estado y la sociedad. Además, el éxito de cualquier
otra intervención depende en gran medida de esos primeros contactos. En tales casos, la comprensión
y la firmeza bondadosa son importantes.
II. Remisión de casos
II.I Se examinará la posibilidad, cuando proceda, de ocuparse de los menores delincuentes sin recurrir
a las autoridades competentes, mencionadas en la regla 14.1 infra, para que los juzguen oficialmente.
II.2 La policía, el Ministerio fiscal y otros organismos que se ocupen de los casos de delincuencia de
menores estarán facultados para fallar dichos casos discrecionalmente, sin necesidad de vista oficial,
con arreglo a los criterios establecidos al efecto en los respectivos sistemas jurídicos y también en
armonía con los principios contenidos en las presentes Reglas.
II.3 Toda remisión que signifique poner al menor a disposición de las instituciones pertinentes de la
comunidad o de otro tipo estará supeditada al consentimiento del menor o al de sus padres o su tutor;
sin embargo, la decisión relativa a la remisión del caso se someterá al examen de una autoridad
competente, cuando así se solicite.
II.4 Para facilitar la tramitación discrecional de los casos de menores, se procurará facilitar a la
comunidad programas de supervisión y orientación temporales, restitución y compensación a las
La remisión, que entraña la supresión del procedimiento ante la justicia penal y, con frecuencia, la
reorientación hacia servicios apoyados por la comunidad, se practica habitualmente en muchos
sistemas jurídicos con carácter oficial y oficioso. Esta práctica sirve para mitigar los efectos negativos
de la continuación del procedimiento en la administración de la justicia de menores (por ejemplo, el
estigma de la condena o la sentencia). En muchos casos la no intervención sería la mejor respuesta.
Por ello, la remisión desde el comienzo y sin envío a servicios sustitutorios (sociales) puede constituir
la respuesta óptima. Así sucede especialmente cuando el delito tiene un carácter grave y cuando la
familia, la escuela u otras instituciones de control social oficioso han reaccionado ya de forma
adecuada y constructiva o es probable que reaccionen de ese modo. Como se prevé en la regla II.2, la
remisión puede utilizarse en cualquier momento del proceso de adopción de decisiones por la policía,
el Ministerio fiscal u otros órganos como los tribunales, juntas o consejos. La remisión pueden
realizarla una, varias o todas las autoridades, según las reglas y normas de los respectivos sistemas y
en consonancia con las presentes Reglas. No debe limitarse necesariamente a los casos menores, de
modo que la remisión se convierta en un instrumento importante.
La regla II.3 pone de relieve el requisito primordial de asegurar el consentimiento del menor
delincuente (o de sus padres o tutores) con respecto a las medidas de remisión recomendadas (la
remisión que consiste en la prestación de servicios a la comunidad sin dicho consentimiento,
constituiría una infracción al Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso). No obstante, es
necesario que la validez del consentimiento se pueda impugnar, ya que el menor algunas veces podría
prestarlo por pura desesperación. La regla subraya que se deben tomar precauciones para disminuir al
mínimo la posibilidad de coerción e intimidación en todos los niveles del proceso de remisión. Los
menores no han de sentirse presionados (por ejemplo, a fin de evitar la comparecencia ante el tribunal)
ni deben ser presionados para lograr su consentimiento en los programas de remisión. Por ello, se
aconseja que se tomen disposiciones para una evaluación objetiva de la conveniencia de que
intervenga una “autoridad competente cuando así se solicite” en las actuaciones relativas a menores
delincuentes. (La ‘autoridad competente’ puede ser distinta de la que se menciona en la regla 14.) La
regla II.4 recomienda que se prevean opciones sustitutorias viables del procesamiento ante la justicia
de menores en la forma de una remisión basada en la comunidad. Se recomiendan especialmente los
programas que entrañan la avenencia mediante la indemnización de la víctima y los que procuran
evitar futuras transgresiones de la ley gracias a la supervisión y orientación temporales. Los
antecedentes de fondo de los casos particulares determinarán el carácter adecuado de la remisión, aun
cuando se hayan cometido delitos más graves (por ejemplo, el primer delito, el hecho que se haya
cometido bajo la presión de los compañeros del menor, etc.).
12.1 Para el mejor desempeño de sus funciones, los agentes de policía que traten a menudo o de
manera exclusiva con menores o que se dediquen fundamentalmente a la prevención de la
delincuencia de menores, recibirán instrucción y capacitación especial. En las grandes ciudades habrá
contingentes especiales de policía con esa finalidad.
La regla 12 señala la necesidad de impartir una formación especializada a todos los funcionarios
encargados de hacer cumplir la ley que intervengan en la administración de la justicia de menores.
Como la policía es el primer punto de contacto con el sistema de la justicia de menores, es muy
importante que actúe de manera informada y adecuada.
Aunque la relación entre la urbanización y el delito es sin duda compleja, el incremento de la
delincuencia juvenil va unido al crecimiento de las grandes ciudades, sobre todo a un crecimiento
rápido y no planificado. Por consiguiente, son indispensables contingentes especializados de policía,
no sólo como garantía de la aplicación de los principios concretos previstos en el presente instrumento
(como la regla 1.6), sino también, de forma más general, para mejorar la prevención y represión de la
delincuencia de menores y el tratamiento de los menores delincuentes.
13.2 Siempre que sea posible, se adoptarán medidas sustitutorias de la prisión preventiva, como la
supervisión estricta, la custodia permanente, la asignación de una familia o el traslado a un hogar o a
13.3 Los menores que se encuentren en prisión preventiva gozarán de todos los derechos y garantías
previstos en las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos aprobadas por las Naciones
13.4 Las menores que se encuentren en prisión preventiva estarán separados de los adultos y recluidos
en establecimientos distintos o en recintos separados en los establecimientos en que haya detenidos
13.5 Mientras se encuentren bajo custodia, los menores recibirán cuidados, protección y toda la
asistencia — social, educacional, profesional, sicológica, médica y física — que requieran, habida
cuenta de su edad, sexo y características individuales.
No se debe subestimar el peligro de que los menores sufran “influencias corruptoras” mientras se
encuentren en prisión preventiva. De ahí la importancia de insistir en la necesidad de medidas
sustitutorias. De esa forma la regla 13.1 anima a idear medidas nuevas e innovadoras que permitan
evitar dicha prisión preventiva en interés del bienestar del menor.
Los menores que se encuentren en prisión preventiva deben gozar de todos los derechos y garantías
previstas en las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, así como en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, especialmente en el artículo 9, en el inciso b) del párrafo 2 del artículo
10 y en el párrafo 3 de dicho artículo.
La regla 13.4 no impedirá a los Estados tomar otras medidas contra la influencia negativa de los
delincuentes adultos que sean al menos tan eficaces como las mencionadas en la regla. Las diferentes
formas de asistencia que pueden llegar a ser necesarias se han enumerado para señalar la amplia gama
de necesidades concretas de los jóvenes reclusos que hay que atender (por ejemplo, mujeres u
hombres, toxicómanos, alcohólicos, menores con perturbaciones mentales, jóvenes que sufren el
trauma, por ejemplo, del propio arresto, etc.). Las diversas características físicas y sicológicas de los
jóvenes reclusos pueden justificar medidas de clasificación por las que algunos de ellos estén recluidos
aparte mientras se encuentren en prisión preventiva, lo que contribuye a evitar que se conviertan en
víctimas de otros reclusos y permite prestarles una asistencia más adecuada.
en su resolución 463, sobre la elaboración de normas de justicia de menores, especificaba que dichas
reglas debían, entre otras cosas, reflejar el principio básico de que la prisión preventiva debe usarse
únicamente como último recurso, que no debe mantenerse a ningún menor en una institución donde
sea vulnerable a las influencias negativas de reclusos adultos y que deben tenerse siempre en cuenta
las necesidades propias de su estado de desarrollo.
14.1 Todo menor delincuente cuyo caso no sea objeto de remisión (con arreglo a la regla II) será
puesto a disposición de la autoridad competente (corte, tribunal, junta, consejo, etc.), que decidirá con
arreglo a los principios de un juicio imparcial y equitativo.
14.2 El procedimiento favorecerá los intereses del menor y se sustanciará en un ambiente de
comprensión, que permita que el menor participe en él y se exprese libremente.
No es fácil elaborar una definición de órgano o persona competente para dictar sentencia que goce de
aceptación universal. Con “autoridad competente” se trata de designar a aquellas personas que
presiden cortes o tribunales (unipersonales o colegiados), incluidos los jueces letrados y no letrados,
así como las juntas administrativas (por ejemplo, los sistemas escocés y escandinavo), u otros
organismos comunitarios y más oficiosos de arbitraje, cuya naturaleza les faculte para dictar sentencia.
Sea como fuera, el procedimiento aplicable a los menores delincuentes deberá ceñirse a las reglas
mínimas que se aplican en casi todo el mundo a todo delincuente que disponga de defensa con arreglo
al procedimiento penal conocido como “debido proceso legal”. De conformidad con el debido
proceso, en un “juicio imparcial y equitativo” deben darse garantías tales como la presunción de
inocencia, la presentación y examen de testigos, la igualdad en materia de medios de defensa judicial,
el derecho a no responder, el derecho a decir la última palabra en la vista, el derecho de apelación, etc.
(Véase también la regla 7.1.)
15.1 El menor tendrá derecho a hacerse representar por un asesor jurídico durante todo el proceso o a
solicitar asistencia jurídic a gratuita cuando esté prevista la prestación de dicha ayuda en el país.
15.2 Los padres o tutores tendrán derecho a participar en las actuaciones y la autoridad competente
podrá requerir su presencia en defensa del menor. No obstante, la autoridad competente podrá denegar
la participación si existen motivos para presumir que la exclusión es necesaria en defensa del menor.
La terminología que se usa en la regla 15.1 es similar a la de la regla 93 de las Reglas mínimas para el
tratamiento de los reclusos. Si bien el asesoramiento jurídico y la asistencia judicial gratuita son
necesarias para garantizar la asistencia judicial al menor, el derecho de los padres o tutores a participar
según se indica en la regla 15.2 debe considerarse como una asistencia general al menor, de naturaleza
sicológica y emotiva, que se extiende a lo largo de todo el proceso.
La autoridad competente, para dictar una sentencia justa en el caso, puede utilizar con provecho, sobre
todo, la colaboración de los representantes legales del menor (o, a los mismos efectos, de algún otro
asistente personal en el que el menor pueda depositar y deposite realmente su confianza). Este interés
puede verse frustrado si la presencia de los padres o tutores en las vistas ejerce una influencia
negativa, por ejemplo si manifiestan una actitud hostil hacia el menor; de ahí que deba preverse la
posibilidad de su exclusión de la vista.
16.1 Para facilitar la adopción de una decisión justa por parte de la autoridad competente, y a menos
que se trate de delitos leves, antes de que esa autoridad dicte una resolución definitiva se efectuará una
investigación completa sobre el medio social y las condiciones en que se desarrolla la vida del menor
y sobre las circunstancias en las que se hubiere cometido el delito.
Los informes preparados sobre la base de investigaciones de carácter social (informes sociales o
informes previos a la sentencia) constituyen una ayuda indispensable en la mayoría de los procesos
incoados a menores delincuentes. La autoridad competente debe estar informada de los antecedentes
sociales y familiares del menor, su trayectoria escolar, sus experiencias educativas, etc. Con ese fin, en
algunos ámbitos judiciales se recurre a servicios sociales especiales o a personal especializado que
dependen de los tribunales o de las juntas. Otras clases de personal, como los agentes de libertad
vigilada, pueden desempeñar las mismas funciones. Así, la regla exige que haya servicios sociale s
adecuados que preparen informes especializados basados en investigaciones de carácter social.
a) La respuesta que se dé al delito será siempre proporcionada, no sólo a las circunstancias y la
gravedad del delito, sino también a las circunstancias y necesidades del menor, así como a las
b) Las restricciones a la libertad personal del menor se impondrán sólo tras cuidadoso estudio y se
reducirán al mínimo posible;
c) Sólo se impondrá la privación de libertad personal en el caso de que el menor sea condenado por un
acto grave en el que concurra violencia contra otra persona o por la reincidencia en cometer otros
delitos graves, y siempre que no haya otra respuesta adecuada;
El principal problema con que se tropieza al elaborar directrices para la resolución judicial en casos de
menores estriba en el hecho de que están sin resolver algunos conflictos entre opciones fundamentales,
c) Respuesta en función de las circunstancias concretas de cada caso frente a respuesta en función de
la protección de la sociedad en general;
Los conflictos entre estas opciones son más acusados en los casos de menores que en los casos de
adultos. Con la diversidad de causas y respuestas que caracterizan a la delincuencia juvenil se da un
intrincado entrelazamiento de estas alternativas.
No incumbe a las presentes Reglas mínimas para la administración de la justicia de menores prescribir
el enfoque que haya que seguir, sino más bien determinar uno que esté en la mayor consonancia
posible con los principios aceptados a escala internacional. Por consiguiente, los elementos
fundamentales contenidos en la regla 17.1, especialmente en los incisos a) y c), deben considerarse
principalmente como directrices prácticas para establecer un punto de partida común; si las
autoridades pertinentes actúan en consonancia con ellas (véase también la regla 5), podrán hacer una
importante contribución a la protección de los derechos fundamentales de los menores delincuentes,
especialmente los derechos fundamentales a la educación y al desarrollo de la personalidad.
El inciso b) de la regla 17.1 significa que los enfoques estrictamente punitivos no son adecuados. Si
bien en los casos de adultos, y posiblemente también en los casos de delitos graves cometidos por
menores, tenga todavía cierta justificación la idea de justo merecido y de sanciones retributivas, en los
casos de menores siempre tendrá más peso el interés por garantizar el bienestar y el futuro del joven.
De conformidad con la resolución 8 del Sexto Congreso de las Naciones Unidas, dicho inciso alienta
el uso, en la mayor medida posible, de medidas sustitutorias de la reclusión en establecimientos
penitenciarios teniendo presente el imperativo de responder a las necesidades concretas de los jóvenes.
Debe, pues, hacerse pleno uso de toda la gama de sanciones sustitutorias existentes, y deben
establecerse otras nuevas sanciones, sin perder de vista la seguridad pública. Habría de hacerse uso de
la libertad vigilada en la mayor medida posible, mediante la suspensión de condenas, condenas
condicionales, órdenes de las juntas y otras resoluciones.
El inciso c) de la regla 17.1 corresponde a uno de los principios rectores contenidos en la resolución 4
del Sexto Congreso, que propugna evitar el encarcelamiento en casos de menores salvo que no haya
otra respuesta adecuada para proteger la seguridad pública. La disposición que prohibe la pena capital,
contenida en la regla 17.2, está en consonancia con el párrafo 5 del artículo 6 del Pacto Internacional
La disposición por la que se prohibe el castigo corporal está en consonancia con el artículo 7 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y con la Declaración sobre la Protección de Todas las
Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como con la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el proyecto
de convención sobre los derechos del niño.
La facultad de suspender el proceso en cualquier momento (regla 17.4) es una característica inherente
al tratamiento dado a los menores frente al dado a los menores frente al dado a los adultos. En
cualquier momento pueden llegar a conocimiento de la autoridad competente circunstancias que
parezcan aconsejar la suspensión definitiva del proceso.
18.1 Para mayor flexibilidad y para evitar en la medida de lo posible el confinamiento en
establecimientos penitenciarios, la autoridad competente podrá adoptar una amplia diversidad de
decisiones. Entre tales decisiones, algunas de las cuales pueden aplicarse simultáneamente, figuran las
a Ordenes en materia de atención, orientación y supervisión;
b Libertad vigilada;
18.2 Ningún menor podrá ser sustraído, total o parcialmente, a la supervisión de sus padres, a no ser
que las circunstancias de su caso lo hagan necesario.
La regla 18.1 constituye un intento de enumerar algunas de las respuestas y sanciones importantes a
que se ha recurrido hasta la fecha y cuyos buenos resultados han podido comprobarse en diferentes
sistemas jurídicos. En general, constituyen opciones prometedoras que convendría difundir y
perfeccionar. La regla no alude a las necesidades de personal, dado que en algunas regiones es
previsible escasez de personal idóneo; en esas regiones pueden experimentarse o elaborarse medidas
cuya aplicación exija menos personal. Los ejemplos citados en la regla 18.1 tienen en común, ante
todo, el hecho de que se basan en la comunidad y apelan a su participación para la aplicación efectiva
de resoluciones alternativas. Las correcciones aplicadas en la comunidad son una medida tradicional
que asume en la actualidad múltiples facetas. Por ello debería alentarse a las autoridades pertinentes a
que prestaran servicios de base comunitaria.
La regla 18.2 hace referencia a la importancia de la familia que, de conformidad con el párrafo 1 del
artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es “el elemento
natural y fundamental de la sociedad”. Dentro de la familia, los padres tienen, no sólo el derecho, sino
también la responsabilidad de atender y supervisar a sus hijos. Por consiguiente, la regla 18.2 establece
que la separación de los hijos respecto de sus padres sea una medida aplicada como último recurso.
Sólo puede recurrirse a ella cuando los hechos que constituyen el caso exigen claramente la adopción
de esta grave medida (por ejemplo, el abuso de menores).
19.1 El confinamiento de menores en establecimientos penitenciarios se utilizará en todo momento
como último recurso y por el más breve plazo posible.
Los criminólogos más avanzados abogan por el tratamiento fuera de establecimientos penitenciarios.
Las diferencias encontradas en el grado de eficacia del confinamiento en establecimientos
penitenciarios comparado con las medidas que excluyen dicho confinamiento son pequeñas o
inexistentes. Es evidente que las múltiples influencias negativas que todo ambiente penitenciario
parece ejercer inevitablemente sobre el individuo no pueden neutralizarse con un mayor cuidado en el
tratamiento. Sucede así sobre todo en el caso de los menores, que son especialmente vulnerables a las
influencias negativas; es más, debido a la temprana etapa de desarrollo en que éstos se encuentran, no
cabe duda de que tanto la pérdida de la libertad como el hecho de estar aislados de su contexto social
habitual agudizan los efectos negativos.
La regla 19 pretende restringir el confinamiento en establecimientos penitenciarios en dos aspectos: en
cantidad (“último recurso”) y en tiempo (“el más breve plazo posible”). La regla 19 recoge uno de los
principios rectores básicos de la resolución 4 del Sexto Congreso de las Naciones Unidas: un menor
delincuente no puede ser encarcelado salvo que no exista otra respuesta adecuada. La regla, por
consiguiente, proclama el principio de que, si un menor debe ser confinado en un establecimiento
penitenciario, la pérdida de la libertad debe limitarse al menor grado posible, a la vez que se hacen
arreglos institucionales especiales para su confinamiento sin perder de vista las diferencias entre los
distintos tipos de delincuentes, delitos y establecimientos penitenciarios. En definitiva, deben
considerarse preferibles los establecimientos “abiertos” a los “cerrados”. Por otra parte, cualquier
instalación debe ser de tipo correccional o educativo antes que carcelario.
La rapidez en la tramitación de los casos de menores es de fundamental importancia. De no ser así,
peligrarían cualesquiera efectos positivos que el procedimiento y la resolución pudieran acarrear. Con
el transcurso del tiempo, el menor tendrá dificultades intelectuales y sicológicas cada vez mayores, por
no decir insuperables, para establecer una relación entre el procedimiento y la resolución, por una
parte, y el delito, por otra.
21.1 Los registros de menores delincuentes serán de carácter estrictamente confidencial y no podrán
ser consultados por terceros. Sólo tendrán acceso a dichos archivos las personas que participen
directamente en la tramitación de un caso en curso, así como otras personas debidamente autorizadas.
21.2 Los registros de menores delincuentes no se utilizarán en procesos de adultos relativos a casos
subsiguientes en los que esté implicado el mismo delincuente.
La regla trata de ser una transacción entre intereses contrapuestos en materia de registros y
expedientes: los de los servicios de policía, el Ministerio fiscal y otras autoridades por aumentar la
vigilancia, y los intereses del delincuente. (Véase también la regla 8.) la expresión “otras personas
debidamente autorizadas” suele aplicarse, entre otros, a los investigadores.
22.1 Para garantizar la adquisición y el mantenimiento de la competencia profesional necesaria a todo
el personal que se ocupa de casos de menores, se impartirá enseñanza profesional, cursos de
capacitación durante el servicio y cursos de repaso, y se emplearán otros sistemas adecuados de
22.2 El personal encargado de administrar la justicia de menores responderá a las diversas
características de los menores que entran en contacto con dicho sistema. Se procurará garantizar una
representación equitativa de mujeres y de minorías en los organismos de justicia de menores.
Las personas competentes para conocer en estos casos pueden tener orígenes muy diversos (jueces
municipales en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y en las regiones en que ha tenido
influencia el sistema jurídic o de ese país; jueces con formación jurídica en los países que siguen el
derecho romano y en las regiones de su influencia; personas con formación jurídica o sin ella
designadas por elección o por nombramiento administrativo, miembros de juntas de la comunidad,
etc., en otras regiones). Es indispensable que todas estas personas tengan siquiera una formación
mínima en materia de derecho, sociología, sicología, criminología y ciencias del comportamiento. Esta
es una cuestión a la que se atribuye tanta importancia como a la especialización orgánica y a la
independencia de la autoridad competente.
Tratándose de trabajadores sociales y de agentes de libertad vigilada, tal vez no sea viable la exigencia
de especialización profesional como requisito previo para el desempeño de funciones en el ámbito de
la delincuencia juvenil. De modo que la titulación mínima podría obtenerse mediante la instrucción
profesional en el empleo.
Las titulaciones profesionales constituyen un elemento fundamental para garantizar la administración
imparcial y eficaz de la justicia de menores. Por consiguiente, es necesario mejorar los sistemas de
contratación, ascenso y capacitación profesional del personal y dotarlo de los medios necesarios para
el desempeño correcto de sus funciones.
Para lograr la imparcialidad de la administración de la justicia de menores debe evitarse todo género
de discriminación por razones políticas, sociales, sexuales, raciales, religiosas, culturales o de otra
índole en la selección, contratación y ascenso del personal encargado de la justicia de menores. Así lo
recomendó el Sexto Congreso. Por otra parte, el Sexto Congreso hizo un llamamiento a los Estados
Miembros para que garantizaran el tratamiento justo y equitativo de las mujeres como miembros del
personal encargado de administrar la justicia penal y recomendó que se adoptaran medidas especiales
para contratar, dar capacitación y facilitar el ascenso de personal femenino en la administración de la
Mayoría de edad penal
En los países en que el Estado reconoce el concepto de mayoría de edad penal, su comienzo no deberá
fijarse a una edad demasiado temprana y tomará en cuenta la madurez emocional, mental e intelectual.
El comentario alienta a los Estados a convenir una edad mínima razonable para su aplicación a nivel
Objetivos de la justicia de menores
El sistema de justicia de menores hará hincapié en el bienestar de éstos y garantizará que cualquier
respuesta a los menores delincuentes será proporcionada a las circunstancias del delincuente y del
Alcance de las facultades discrecionales
Habida cuenta de las diversas necesidades especiales de los menores, se facultará un margen
insuficiente para el ejercicio de facultades discrecionales en las diferentes etapas de los juicios a
personas especialmente preparadas o capacitadas para ello. Dichas personas deberán rendir cuenta de
Se les aplicará a los menores la presunción de inocencia, así como otras garantías procesales, como el
derecho a ser notificado de las acusaciones, el derecho a no responder, el derecho al asesoramiento
jurídico, a la presencia de los padres o tutores, el derecho a la confrontación con los testigos y el
derecho de apelación. Estas disposiciones representan las garantías mínimas para un juicio justo y
equitativo y deberán ser leídas al mismo tiempo que las disposiciones que rigen los procedimientos
penales tanto de la Convención sobre los derechos del niño como del Pacto internacional sobre los
Se respetará el derecho de los menores a la intimidad en todas las etapas del procedimiento; no se
divulgará en particular la identidad del menor delincuente. Estas disposiciones son coherentes con las
disposiciones relativas a la intimidad en los procedimientos contra menores contenidas en los tratados
internacionales relativos a derechos humanos.
La detención de cualquier menor se notificará de inmediato o cuanto antes a los padres o tutores del
menor, y el juez u otra autoridad competente examinará sin demora la posibilidad de poner en libertad
al menor. En sus actuaciones, los organismos encargados de hacer cumplir la ley tomarán en cuenta la
condición jurídica del menor y harán lo necesario para fomentar el bienestar del menor y evitarle
cualquier perjuicio.
El comentario pone de manifiesto lo positivo de la remisión, como la ausencia de efectos negativos de
la acusación y condena, y afirma que en algunos casos, como los delitos menores, la mejor respuesta
es no intervenir, sobre todo cuando la familia, la escuela o cualquier otra institución de control social
informal ya hayan tomado medidas.
La policía, la fiscalía o las otras instituciones que se ocupan de los asuntos relacionados con menores
pueden zanjar dichos asuntos según los criterios establecidos en los respectivos sistemas legales y los
principios contenidos en las Reglas, de forma discrecionaria y sin vista oficial. La remisión puede
hacerse mediante programas comunitarios, como por ejemplo la supervisión y orientación temporal y
el resarcimiento o indemnización de las víctimas.
El consentimiento, verificable por la autoridad competente, del menor y de sus padres o tutor es un
requisito previo de la remisión.
Especialización policial
Los agentes de policía que trabajan con menores o en la prevención de la delincuencia de menores
recibirán una formación especial. En las ciudades grandes, se crearán unidades de policía especiales.
Muchas de las normas de las Naciones Unidas relativas a los menores detenidos o en espera de ser
juzgados reiteran las disposiciones existentes en tratados internacionales y regionales relativos a los
derechos humanos. La idea principal de las normas en esta área es que la detención preventiva sólo
debe ser utilizada luego de haber considerado medidas alternativas tales como una estrecha
supervisión o la colocación con una familia o en un establecimiento u hogar educativo. Sin embargo,
una vez en detención preventiva, los menores deberán ser mantenidos en una institución, o un lugar de
la institución de adultos, separado de los adultos y sólo por el período de tiempo más corto posible.
Los menores en detención preventiva deberán recibir toda la atención de orden social, educacional,
vocacional, sicológica, médica y física, teniendo en cuenta su edad, sexo y personalidad.
Principios rectores de la sentencia y la resolución
Las reglas ponen de manifiesto varios principios fundamentales: el principio de proporcionalidad, la
mayor brevedad posible en la privación de libertad y el bienestar del menor.
Cuando no haya remisión y se celebre un juicio formal, el procedimiento se llevará a cabo tomando en
cuenta el mejor interés del menor y en un clima que permita al menor participar y expresarse
El menor tendrá derecho a asesoramiento jurídico y a solicitar asistencia jurídica gratis, cuando exista
la posibilidad, y los padres o el tutor deben poder participar en el procedimiento. La autoridad
competente debe estar capacitada para obligarlos a asistir o excluirlos de las audiencias cuando sea
necesario para el interés del menor.
Antes de pronunciar la sentencia, y para facilitar su resolución, se llevará a cabo una investigación
social sobre las circunstancias en que vive el menor y las condiciones en que se cometió el delito.
Tanto los castigos corporales como la pena capital están expresamente prohibidos, de conformidad con
las normas vinculantes de los tratados.
En un asunto * zanjado ante la Comisión interamericana de derechos humanos en 1967, la comisión
dio a entender que el derecho consuetudinario tiende a establecer el límite para la aplicación de la pena
de muerte en 18 años de edad. Aunque este dictamen no sea vinculante, sí implica que a partir de
ahora cuando un Estado impone la pena capital a menores, está violando el derecho internacional, aún
cuando no hayan ratificado los tratados pertinentes.
Pluralidad de medidas resolutorias
Las reglas proponen alternativas a la reclusión de los menores. Las sanciones incluyen: sanciones
variadas en materia de cuidados, libertad vigilada, prestación de servicio a la comunidad,
indemnizaciones a las víctimas o penas financieras, asesoramiento colectivo y fomento de los cuidados
u otras medidas educativas. Las Reglas no preconizan la separación del menor de sus padres, a no ser
que lo exijan las circunstancias de su caso.
Carácter excepcional del confinamiento en establecimientos penitenciarios
El principio rector, según las Reglas, es que el ingreso de un menor en un establecimiento
penitenciario debería ser una medida de último recurso. Cuando a pesar de todo se haga efectivo el
confinamiento del menor, deberá ser lo más breve posible.
27.2 Con objeto de satisfacer las diversas necesidades del menor específicas a su edad, sexo y
personalidad, se procurará aplicar los principios pertinentes de las mencionadas Reglas mínimas para
el tratamiento de los reclusos en toda la medida de lo posible.
Las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos figuran entre los primeros instrumentos de este
tipo promulgados por las Naciones Unidas. En general se reconoce que dichas Reglas han tenido
consecuencias a escala mundial. Pese a que hay países en los que su aplicación es más una aspiración
que una realidad, esas Reglas siguen ejerciendo una importante influencia en la administración
humanitaria y equitativa de los establecimientos correcionales.
Algunos principios fundamentales relativos a los menores delincuentes en establecimientos
penitenciarios están recogidos ya en las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos (cuartos
destinados al alojamiento, características arquitectónicas de los locales, camas, ropas, quejas y
peticiones, contactos con el mundo exterior, alimentación, atención médica, servicios religiosos,
separación por edades, personal, trabajo, etc.), así como los relativos a las medidas punitivas,
disciplinarias y de coerción aplicables a los delincuentes peligrosos. Sería inoportuno modificar dichas
Reglas mínimas en función de las características especiales que han de tener los establecimientos
penitenciarios de menores dentro del ámbito de las presentes Reglas mínimas para la administración
de la justicia de menores.
La regla 27 se centra en los requisitos necesarios aplicables a un menor confinado en un
establecimiento penitenciario (regla 27.1), así como en las diversas necesidades específicas a su edad,
sexo y personalidad (regla 27.2). Por consiguiente, los objetivos y el contenido de la regla están
relacionados con las disposiciones pertinentes de las Reglas mínimas para el tratamiento de los
28. Frecuente y pronta concesión de libertad condicional
28.1 La autoridad pertinente recurrirá en la mayor medida posible a la libertad condicional y la
concederá tan pronto como sea posible.
28.2 Los menores en libertad condicional recibirán asistencia del correspondiente funcionario a cuya
supervisión estarán sujetos, y el pleno apoyo de la comunidad. Cuando las circunstancias lo permitan,
se deberá optar por conceder la libertad condicional en lugar de dejar que el menor cumpla toda la
pena. Cuando se tengan pruebas de un progreso satisfactorio hacia la rehabilitación, siempre que sea
posible podrá concederse la libertad condicional, incluso a delincuentes que se consideraron peligrosos
en el momento de su confinamiento en un establecimiento penitenciario. Al igual que la libertad
vigilada, la libertad condicional podrá supeditarse al cumplimiento satisfactorio de los requisitos
especificados por las autoridades pertinentes durante un período de tiempo estipulado en la orden, por
ejemplo, el relativo al “buen comportamiento” del delincuente, la participación en programas
comunitarios, su residencia en establecimientos de transición, etc.
Cuando se conceda la libertad condicional a un delincuente se deberá designar a un agente de libertad
vigilada o a otro funcionario para que supervise su comportamiento y le preste asistencia (en particular
si aún no se ha implantado el régimen de libertad vigilada), y estimular el apoyo de la comunidad.
29.1 Se procurará establecer sistemas intermedios como establecimientos de transición, hogares
educativos, centros de capacitación diurnos y otros sistemas pertinentes que puedan facilitar la
adecuada reintegración de los menores a la sociedad.
No hace falta subrayar la importancia de la asistencia postcarcelaria. La presente regla hace hincapié
en la necesidad de establecer una red de mecanismos intermedios.
Esta regla recalca también la necesidad de una gama de instalaciones y servicios destinados a
satisfacer las necesidades del joven delincuente que vuelve a la comunidad y a facilitar asesoramiento
y apoyo estructural como un paso importante hacia la buena reintegración en la sociedad.
Investigación, planificación, formulación y evaluación de políticas
30. La investigación como base de la planificación y de la formulación y la evaluación de políticas.
30.1 Se procurará organizar y fomentar las investigaciones necesarias como base para una
planificación y una formulación de políticas que sean efectivas.
30.2 Se procurará revisar y evaluar periódicamente las tendencias, los problemas y las causas de la
delincuencia y criminalidad de menores, así como las diversas necesidades particulares del menor en
30.3 Se procurará establecer con carácter regular un mecanismo de evaluación e investigación en el
sistema de administración de justicia de menores y recopilar y analizar los datos y la información
pertinentes con miras a la debida evaluación y perfeccionamiento ulterior de dicho sistema.
30.4 La prestación de servicios en la administración de justicia de menores se preparará y ejecutará de
modo sistemático como parte integrante de los esfuerzos de desarrollo nacional.
La utilización de la investigación como base de una política racional de justicia de menores se ha
reconocido ampliamente que constituye un importante mecanismo para lograr que las medidas
prácticas tengan en cuenta la evolución y el mejoramiento continuos del sistema de justicia de
menores. En la esfera de la delincuencia de menores es especialmente importante la influencia
recíproca entre la investigación y las políticas. Debido a los cambios rápidos y a menudo
espectaculares del estilo de vida de la juventud y de las formas y dimensiones de la criminalidad de
menores, la respuesta de la sociedad y la justicia a la criminalidad y a la delincuencia de menores
pronto quedan anticuadas e inadecuadas.
Por consiguiente, la regla 30 establece criterios para integrar la investigación en el proceso de
formulación y aplicación de políticas en la administración de justicia de menores. La regla subraya en
particular la necesidad de una revisión y evaluación regulares de los actuales programas y medidas y
de una planificación en el contexto más amplio de los objetivos globales de desarrollo.
La evaluación constante de las necesidades del menor, así como de las tendencias y problemas de la
delincuencia, es un requisito previo para perfeccionar los métodos de formulación de políticas
adecuadas y establecer intervenciones apropiadas estructuradas y no estructuradas. En este contexto, la
investigación por personas y órganos independientes debería recibir el respaldo de agencias
competentes, y para ello podrá ser útil recabar y tener en cuenta las opiniones del propio menor, no
sólo de aquellos que están en contacto con el sistema.
El proceso de planificación debe subrayar en particular un sistema más eficaz y equitativo de
suministro de los servicios necesarios. Para ello debería efectuarse una evaluación detallada y regular
de la amplia gama de necesidades y problemas particulares del menor y una determinación precisa de
las prioridades. A este respecto, debería también coordinarse el empleo de los recursos existentes, en
particular las medidas sustitutorias y el apoyo de la comunidad que servirían para elaborar
determinados procedimientos encaminados a aplicar y supervisar los programas establecidos.
* Roach y Pinkerton, Affaire 96
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