Source: http://ibero.mx/prensa/caso-ayotzinapa-comision-de-la-verdad-una-oportunidad-para-transformar-el-sistema-juridico
Timestamp: 2018-11-13 16:50:45+00:00

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Caso Ayotzinapa: Comisión de la verdad, una oportunidad para transformar el sistema jurídico | IBERO
Académicos y defensores de derechos humanos participan en 'Conversatorio. Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el Caso Iguala'
Revisan los alcances y los retos de la sentencia emitida por un tribunal colegiado sobre la desaparición de los 43 normalistas
Mtro. Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (PEDRO RENDÓN).
Participantes en el conversatorio 'Comisión de Investigación para la verdad y la justicia en el Caso Iguala' (PEDRO RENDÓN).
Dr. José Luis Caballero Ochoa, director del Departamento de Derecho de la IBERO (PEDRO RENDÓN).
Mtra. Denise González Núñez, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la IBERO (PEDRO RENDÓN).
Mario Patrón, director del Centro Prodh; y Aquilino Florencio, egresado de Ayotzinapa y alumno de la IBERO (PEDRO RENDÓN).
Académicos del Departamento de Derecho de la IBERO (PEDRO RENDÓN).
Asistentes al Conversatorio toman nota sobre las reflexiones (PEDRO RENDÓN).
El objetivo del Conversatorio fue reflexionar sobre la trascendencia de la sentencia sobre el caso Ayotzinapa (PEDRO RENDÓN).
Ernesto López Portillo Vargas, secretario Técnico del ‘Foro Mexicano para la Seguridad Democrática’ (PEDRO RENDÓN).
Para Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la sentencia de un tribunal federal que ordena la creación de una Comisión de la Verdad para revisar el caso Ayotzinapa, es innovadora pues impacta varios frentes y es una oportunidad para que este hecho paradigmático pueda ver la luz durante la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Durante el ‘Conversatorio. Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el Caso Iguala: ¿Es el inicio de un proceso transicional en México?’, organizado por el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, especialistas se dieron cita para reflexionar sobre la decisión del tribunal colegiado en Tamaulipas.
Patrón afirmó que la sentencia es innovadora por el origen de la misma, es decir, es un amparo solicitado por los procesados, quienes alegan fueron torturados. Recordó que en México se han emitido resoluciones históricas —como Acteal o el caso Florence Cassez—donde se tutela el derecho de las víctimas a un debido proceso, frente a métodos ilegales de investigación.
“La tortura no sólo vulnera los derechos de los torturados sino también el derecho a la verdad y el acceso a la justicia de las víctimas del caso. Eso es inédito en nuestro país, mencioné ya dos casos de gran calado que ayudaron a apuntalar la agenda de derechos humanos sobre todo debido proceso en nuestro país”.
Destacó que los magistrados asumen el reto de llevar a su discernimiento jurisdiccional hechos notorios; además, de que hacen una evaluación integral a partir de instrumentos de investigación que antes eran considerados por el gobierno como soft law, y ahora son vinculantes, por ejemplo, los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México; peritajes independientes y el trabajo del Equipo de Antropología Forense (EAF).
Tras la revisión, determinaron que hay un agravio al derecho de integridad de los detenidos, pues se dan cuenta que hay declaraciones incriminatorias e imputaciones entre sí. Entonces, la resolución de los magistrados da un salto desde la defensa del debido proceso de los detenidos, a tutelar el derecho a la verdad y justicia de las víctimas.
Aunque el GIEI dejó recomendaciones para fortalecer la autonomía e independencia en la investigación de delitos y también para apuntalar la investigación científica por encima de la prueba testimonial, lo que hace la sentencia del tribunal federal es afirmar que la Procuraduría General de la República (PGR) no fue un órgano autónomo de investigación ni imparcial ni independiente y mucho menos eficaz en el caso Ayotzinapa.
“Los magistrados lo que realmente evalúan es si la PGR tiene capacidad para investigarse a sí misma y de investigar al Estado, y la conclusión es devastadora para las instituciones del Estado: no, porque hay un conflicto de interés. Me parece que también es muy plausible y nos puede ayudar para otras luchas y otras agendas estructurales”.
Derecho a peritajes y acceso a lugares oficiales
Mario Patrón también comentó que la sentencia es innovadora por el tema de los peritajes independientes y autónomos, pues hace material y concretiza este derecho durante una investigación; además de que genera habeas corpus que posibilita el ingreso a lugares oficiales y no oficiales donde pudieran o pudieron estar los estudiantes de Ayotzinapa.
Desde la perspectiva de las víctimas, agregó, la resolución de los magistrados establece que vivimos en una grave situación de excepcionalidad, pues las instituciones no sirven, y por ello ordenan la creación de una comisión de la verdad, como una fórmula para tutelar los derechos.
“Sí es una comisión de la verdad, pero sobre todo es una comisión de investigación, por lo tanto, desde nuestra perspectiva, es un mecanismo extraordinario de justicia. Establece retos, la transformación es un reto constante. Al ministerio público no se le quita la responsabilidad de la investigación, lo que se le pone son controles externos a la investigación”.
Entre otros puntos que resaltó el defensor de derechos humanos están:
Papel de la CNDH: se le da una funcionalidad más allá de ser observadores para documentar violaciones. Entra a tutelar momento a momento, en una comisión tripartita, la debida diligencia de los derechos de las víctimas. Da un rol y una oportunidad.
Supervisión y cooperación internacional: los magistrados dicen que no sería recomendable sino factible que regrese el GIEI y que también Naciones Unidas tenga un papel de asistencia. Permitiría fortalecer la institucionalidad nacional.
En este último punto recordó que todo depende de la voluntad política del Estado para asumir las recomendaciones y traducirlas en hechos. Comentó que la creación de una comisión de la verdad no podrá avanzar en lo que queda de la administración de Enrique Peña Nieto, pero señaló que López Obrador manifestó su interés por crear una comisión internacional.
“Ahora hay una sentencia que le dice que puede construir algo todavía mejor; tiene la mesa puesta, para sólo aplicar voluntad política”.
¿Hacia dónde vamos en esta sentencia?
Mario Patrón apuntó que el gobierno federal ha tratado de trastocar el Estado democrático de derecho y el débil mecanismo de control de la regularidad constitucional, al interponer recursos para debatir y combatir el fondo de la sentencia. “Permitir que el gobierno haga eso, pero que el Poder Judicial permita que se haga eso, indudablemente estamos en la postrimería de un caso que va a trascender de un tribunal unitario de Tamaulipas probablemente hacia la SCJN”.
Agregó: “La pregunta es qué tanto la Judicatura va a estar dispuesta a reivindicar su propia autonomía y su propio papel no sólo como aplicadores sino como constructores de derecho. Eso es lo que está en juego en términos de Estado democrático de derecho".
Aunque Mario Patrón se enfocó en lo innovador y las oportunidades que establece, dijo que también hay retos. En ese sentido, el Dr. Gilberto Santa Rita Tamés, académico del Departamento de Derecho, manifestó que será difícil que el gobierno renuncie a perseguir los delitos. “La sentencia es buena, pero soy un escéptico en la parte práctica”.
Mientras que Alan García, consultor jurídico de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH, expresó que la resolución es una oportunidad para transformar el sistema jurídico mexicano. Por su parte, la Dra. María Paula Saffon Sanín, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que el tribunal oficializó lo que ya era obvio, es decir, la falta de independencia y autonomía en la investigación por parte de los órganos del Estado encargados de la investigación.
Saffon Sanín explicó que la creación de la comisión de la verdad es un mecanismo extraordinario y exigible al Estado, pues éste no tiene los instrumentos jurídicos para dar justicia. Expresó que la orden judicial es ad hoc para el caso Ayotzinapa y ahora la pregunta es qué hará el Estado para responder eficazmente y no sólo concebir comisiones.
El Dr. Ricardo Ortega, académico de la IBERO, señaló que la sentencia visibiliza la atrofia institucional para dar justicia y enfrentar los problemas. Destacó que esta resolución no procede de la SCJN, sino de un tribunal colegiado en Tamaulipas, en una democratización del sistema judicial mexicano.
Mariclaire Acosta, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, consideró que si se aplica la sentencia se puede iniciar un proceso de justicia extraordinaria en México. También resaltó el cambio de narrativa desde el equipo de la próxima administración, pues ahora se habla de la construcción de paz y no de combatir la delincuencia.
Mientras que la Dra. Ana Dulce Aguilar, del Instituto de Justicia Procesal Penal, afirmó que en México tenemos muchos problemas para hacer investigación. Dijo que la sentencia refleja la incapacidad del Estado o levanta la sospecha de cómo se hizo la indagatoria. Expresó que uno de los graves obstáculos para impartir justicia es que se pondera la teoría sobre la investigación.
Por su parte, la Dra. Sandra Serrano, del FLACSO, habló sobre la importancia a nivel internacional de la resolución del tribunal de Tamaulipas. Expresó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos podrá vigilar se cumplan la sentencia, la actuación del Estado y fortalecer la participación de la Judicatura, es decir, no “dejar solito al tribunal" frente al aparato estatal.
Al ‘Conversatorio. Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el Caso Iguala: ¿Es el inicio de un proceso transicional en México?’, asistieron como expositores el Mtro. Mario Patrón Sánchez, director del Centro Prodh; Dra. Sandra Serrano García, del FLACSO; la Dra. María Paula Saffon Sanín, del IIJ-UNAM; y Dra. Ana Dulce Aguilar, del Instituto de Justicia Procesal Penal.
También participaron por parte de la IBERO: el Dr. José Luis Caballero, director del Departamento de Derecho; los maestros Jimena Ávalos y Daniel García, los doctores Mario Cruz, Gilberto Santa Rita, yRicardo Ortega, académicos; la Mtra. Elba Coria, directora de la Clínica Jurídica Alíde Foppa; la Mtra. Denise González, coordinadora del Programa de Derechos Humanos; y el Ing. Pablo Reyna, director de Programas de Incidencia.
Asistieron la Mtra. Mariclaire Acosta, del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción; y los maestros Zamir Fajardo, de la CDHDF, y Jorge Ordoñez, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); el Mtro. Alan García, consultor jurídico de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH; así como el Dr. Mario Santiago, del Centro Prodh; Leopoldo Maldonado, de Artículo 19; Clara Lefrançois y Humberto Guerrero, de Fundar.

References: resolución 
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 Artículo 19