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Timestamp: 2014-07-24 17:04:48+00:00

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Etiquetas: Riesgo laboral, Sujetos protegidos
La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo (EESST, 2007-2012): fortalecer el papel de los interlocutores sociales y la implicación de los empresarios y de los trabajadores en la mejora de la seguridad y salud en el trabajo, se estableció (objetivo 3.7) que "para reforzar la seguridad jurídica y favorecer una mayor implicación de los empresarios en el cumplimiento de sus obligaciones preventivas, se analizarán, previa la realización de los informes oportunos (Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado...), los problemas derivados de la concurrencia en relación con la prevención de riesgos laborales de los cuatro órdenes jurisdiccionales: civil, penal, contencioso-administrativo y social", pues la disgregación del enjuiciamiento de las cuestiones litigiosas derivadas de la siniestralidad laboral entre distintos órdenes jurisdiccionales (social, contencioso-administrativo y civil), obligaban al denominado "peregrinaje de jurisdicciones", lo que provocaba dilación en la resolución de los litigios, disparidad de criterios jurisprudenciales y fragmentación en la protección de los derechos de las personas; consecuencias incompatibles con los principios constitucionales de seguridad jurídica y tutela judicial efectiva y con un funcionamiento eficiente del sistema socioeconómico.
Dar cumplimiento a tal objetivo expresado en la EESST es una de las razones que justifican la promulgación de la nueva Ley 36/2.011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS). Como se expresa en su preámbulo, una de sus principales finalidades es "la concentración en el orden jurisdiccional social de todas las cuestiones litigiosas -excepto las penales- relativas a los accidentes de trabajo y que hasta ahora obligaban a los afectados a acudir necesariamente para intentar lograr la tutela judicial efectiva a los distintos juzgados y tribunales encuadrados en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social". "Asimismo, esta unificación permite de manera general convertir el orden social en el garante del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, aun cuando no se hayan derivado daños concretos por tales incumplimientos. De este modo no sólo se fortalecen los instrumentos judiciales para proteger a las víctimas de accidentes de trabajo, sino que además se disponen los recursos para hacer efectiva la deuda de protección del empresario y la prevención de riesgos laborales. Esta asignación de competencias se efectúa con carácter pleno, incluyendo a los funcionarios o personal estatutario, quienes deberán plantear, en su caso, sus reclamaciones ante el orden jurisdiccional social en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial o estatutaria o laboral. Se incluyen además competencias sobre medidas cautelares. Por último, se asigna al orden social la competencia sobre las cuestiones relativas a los órganos de representación de personal en materia relacionada con la prevención de riesgos en el trabajo, a través, en su caso, de los Delegados de Prevención y los Comités de Seguridad y Salud, con independencia del tipo de personal que intervenga en su designación o composición".
En este sentido se busca que la jurisdicción social sea la competente para enjuiciar conjuntamente a todos los sujetos que hayan concurrido en la producción del daño sufrido por el trabajador en el marco laboral o en conexión directa con el mismo, creándose un ámbito unitario de tutela jurisdiccional para el resarcimiento integral del daño causado.
Otro de los objetivos perseguidos por la LRJS, en relación con los litigios relativos a la seguridad y salud laboral, es el "dotar a los órganos judiciales de instrumentos que agilicen los procesos de resolución de controversias, eviten abusos equilibrando la protección y tutela de los distintos intereses en conflicto, protejan mejor a los trabajadores frente a los accidentes laborales y proporcionen mayor seguridad jurídica al mercado laboral".
Atribución plena de competencias al orden social de la jurisdicción de los litigios que versen sobre PRL
El control judicial del cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud laboral, tanto por parte del empleador como de todos los sujetos que hayan concurrido en la producción de un daño, en relación con toda clase de trabajadores y empleados públicos, incluidos los funcionarios y personal estatutario, se atribuye a los tribunales laborales. Así, el artículo 2.e) LRJS atribuye a los órganos jurisdiccionales del orden social la competencia para conocer de los litigios que se promuevan "Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligados legal o convencionalmente, así como para conocer de la impugnación de las actuaciones de las Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean éstos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral, que podrán ejercer sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial, estatutaria o laboral; y siempre sin perjuicio de las competencias plenas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones".
También son competentes los órganos judiciales del orden social para resolver los conflictos surgidos "en relación con las acciones que puedan ejercitar los trabajadores o sus causahabientes contra el empresario o contra aquéllos a quienes se les atribuya legal, convencional o contractualmente responsabilidad, por los daños originados en el ámbito de la prestación de servicios o que tengan su causa en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, incluida la acción directa contra la aseguradora y sin perjuicio de la acción de repetición que pudiera corresponder ante el orden competente" (artículo 2.b) LRJS).
Por el contrario, no conocerán los órganos jurisdiccionales del orden social "De las cuestiones litigiosas en materia de prevención de riesgos laborales que se susciten entre el empresario y los obligados a coordinar con éste las actividades preventivas de riesgos laborales y entre cualquiera de los anteriores y los sujetos o entidades que hayan asumido frente a ellos, por cualquier título, la responsabilidad de organizar los servicios de prevención" (artículo 3.b) LRJS).
Medidas para garantizar la tutela judicial de las víctimas de los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales
Otro de los principales objetivos de la LRJS es asegurar la tutela judicial efectiva en materia de seguridad y prevención y ante las secuelas del accidente de trabajo y la enfermedad profesional. Uno de los instrumentos jurídicos, a través del cual, un órgano jurisdiccional puede garantizar la efectividad de la tutela judicial son las denominadas medidas cautelares, cuya finalidad es asegurar el cumplimiento del fallo de la sentencia condenatoria que en su día se dicte.
Una de estas medidas cautelares es el embargo preventivo. La LRJS contiene una regulación específica sobre esta medida cautelar para los procesos que versen sobre accidente de trabajo o enfermedad profesional. Así, indica el articulo 142.1 LRJS que "si en las demandas por accidente de trabajo o enfermedad profesional no se consignara el nombre de la Entidad gestora o, en su caso, de la Mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, el secretario judicial, antes del señalamiento del juicio, requerirá al empresario demandado para que en plazo de cuatro días presente el documento acreditativo de la cobertura de riesgo. Si transcurrido este plazo no lo presentara, vistas las circunstancias que concurran y oyendo a la Tesorería General de la Seguridad Social, el juez acordará el embargo de bienes del empresario en cantidad suficiente para asegurar el resultado del juicio y cuantas medidas cautelares se consideren necesarias". La especialidad que presenta el embargo preventivo en este tipo de procesos es que con él no se protege directamente al trabajador demandante de un posible impago por parte del empresario, sino a la entidad gestora o colaboradora que, en cumplimiento del principio de automaticidad de las prestaciones de Seguridad Social (artículos 126.3 LGSS y 61.2 RD 1.993/1.995, de 7 de diciembre), tenga que anticipar su pago al trabajador y, después, reclamar al empresario incumplidor; en última instancia, el embargo preventivo tiene por finalidad proteger al Instituto Nacional de la Seguridad Social en cuanto responsable subsidiario del pago de las prestaciones derivadas de riesgos profesionales en caso de insolvencia de la empresa, por cuanto asume el fondo de garantía de accidentes de trabajo. Por tal motivo, en estos procesos el embargo no lo solicita el actor sino que se decreta de oficio, previa audiencia a la Tesorería General de la Seguridad Social, y valorando las circunstancias que concurran en el asunto enjuiciado entre otras, la apariencia de buen derecho en la reclamación formulada.
También se podrá acordar el embargo preventivo, y cuantas otras medidas cautelares se consideren necesarias en el proceso correspondiente, cuando el empresario o un tercero no presenten, pese a haber sido requeridos para ello, el documento de aseguramiento y los datos de la entidad aseguradora que cubra los riesgos profesionales, el documento de cobertura de las mejoras voluntarias o complementarias de Seguridad Social y de otras posibles responsabilidades.
Por último, en los procesos referidos a las resoluciones de la autoridad laboral sobre paralización de aquellos trabajos que, por desarrollarse incumpliendo las normas sobre prevención de riesgos laborales, impliquen un grave riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores (artículo 44 LPRL), así como en caso de responsabilidad empresarial sobre enfermedades profesionales por falta de reconocimientos médicos, también podrá acordarse el embargo preventivo de los bienes del empresario, con la finalidad de garantizar su responsabilidad (artículo 79.6 LRJS). En el primero de los supuestos, el incumplimiento de la resolución de la autoridad laboral se equipara a la falta de formalización de la protección de los accidentes de trabajo, convirtiéndose el empresario en responsable directo del pago de las prestaciones que puedan derivarse de los mismos (artículo 195 LGSS). Esta misma consecuencia produce el incumplimiento del empresario de su obligación de practicar reconocimientos médicos (previos y periódicos) a aquellos trabajadores que presten sus servicios laborales en un puesto de trabajo, expuesto al riesgo de contraer una enfermedad profesional (artículo 195 LGSS). Esta responsabilidad empresarial directa justifica la necesidad de decretar el embargo preventivo, para garantizar, en su caso, el derecho del trabajador al percibo de las prestaciones de Seguridad Social que puedan derivarse de dichos riesgos.
Por otro lado, cuando el proceso de tutela verse sobre la protección frente al acoso, así como en los procesos seguidos a instancia de la trabajadora víctima de la violencia de género para el ejercicio de los derechos que le sean reconocidos en tal situación (derechos de conciliación, artículo 139.2 LRJS), podrán solicitarse, además, la suspensión de la relación laboral o la exoneración de prestación de servicios, el traslado de puesto o de centro de trabajo, la reordenación o reducción del tiempo de trabajo y cuantas otras tiendan a preservar la efectividad de la sentencia que pudiera dictarse, incluidas, en su caso, aquellas que pudieran afectar al presunto acosador o vulnerador de los derechos o libertades objeto de la tutela pretendida, en cuyo supuesto deberá ser oído éste (artículo 180.4 LRJS).
Por último, prevé el artículo 79.7 LRJS que en aquellos procesos en los que se ejercite la acción de extinción del contrato de trabajo a instancia del trabajador, con fundamento en el artículo 50 ET, el demandante puede solicitar alguna de las medidas cautelares previstas para los procesos de tutela que verse sobre la protección del trabajador frente al acoso o actos de violencia de género (artículo 180.4 LRJS), con mantenimiento del deber empresarial de cotizar y de abonar los salarios, sin perjuicio de lo que pueda resolverse en la sentencia. Esta solicitud de medidas cautelares podrá realizarse, con la tramitación recién expuesta, siempre que el solicitante justifique que no puede continuar la prestación laboral porque la conducta empresarial perjudica su dignidad, integridad física o moral, o puede comportar una vulneración de sus demás derechos fundamentales o libertades públicas, así como otras consecuencias graves (artículo 79.7).
Acumulación de acciones y de procesos relativos a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Como se manifiesta en el preámbulo de la LRJS, con la nueva regulación del proceso laboral se busca "dotar a los órganos judiciales de instrumentos que agilicen los procesos de resolución de controversias" y, de este modo, dar una respuesta más eficaz a los litigios. Entre estos instrumentos se encuentran las reglas sobre acumulación de acciones y de procesos que permiten enjuiciar en un solo procedimiento varias pretensiones, obteniendo con ello rapidez en la respuesta judicial y evitando resoluciones contradictorias.
En relación con las reclamaciones sobre accidente de trabajo y enfermedad profesional, se permite que el trabajador perjudicado o sus causahabientes puedan "acumular todas las pretensiones de resarcimiento de daños y perjuicios derivadas de un mismo hecho, incluso sobre mejoras voluntarias, que dirijan contra el empresario u otros terceros que deban responder a resultas del hecho causante, incluidas las entidades aseguradoras, salvo que hayan debido tramitarse mediante procedimiento administrativo separado, en cuyo caso, habrá que acudir a la acumulación de procesos" (artículo 25.4 LRJS).
Por lo que a las reglas sobre acumulación de procesos se refiere, cuando se presenten varias demandas derivadas del mismo accidente de trabajo o enfermedad profesional, si en la localidad existe más de un juzgado o sección de la misma Sala y Tribunal, todas las demandas se repartirán al juzgado o sección que conociera o hubiere conocido del primero de dichos procesos, siempre que conste dicha circunstancia o se ponga de manifiesto en las demandas presentadas con posterioridad (artículo 25.5 LRJS).
Además, cuando un mismo juzgado o tribunal tramite por separado varios procesos sobre recargo de prestaciones, aunque no coincidan todas las partes, se acordará, de oficio o a instancia de parte, la acumulación de dichos procesos.
La carga de la prueba en los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Por último, con el objetivo declarado por el legislador de equilibrar la protección y tutela de los distintos intereses en conflicto, protegiendo mejor a los trabajadores frente a los accidentes laborales, la LRJS introduce una regla relativa a la carga de la prueba en los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. De este modo, en este tipo de procesos corresponderá a los sujetos deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir el riesgo o cualquier otro factor excluyente o minorador de su responsabilidad, no siendo elemento exonerador —sí minorador— la culpa no temeraria del trabajador o la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira (art. 96.2 LRJS).
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References: resolución 
 resolución 
 artículo 2
 resolución 
 artículo 139
 artículo 79
 artículo 50
 resolución