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Timestamp: 2019-08-23 16:08:49+00:00

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¿Trasparencia en las notas universitarias? | LOPD y Seguridad
La publicación en un diario de tirada nacional de una información relativa a la posibilidad de acceso de los padres al expediente de hijos mayores de edad me impele a realizar algunas consideraciones hasta hoy diferidas que permitan poner en su punto justo contexto la cuestión. La noticia parte de un informe de la Agencia Española de Protección de Datos que aborda la cuestión en el marco de un conjunto de preguntas que realizó una universidad materia de transparencia. Debe señalarse que el espacio dedicado a esta materia es muy breve y que pese a las búsquedas, que ni siquiera lo localizan, parece que sea el único informe dictado al efecto. Existe no obstante uno que relaciona un caso similar pero en la enseñanza media. El objeto de este trabajo no es tanto expresar una disensión o crítica, aunque esta exista desde una perspectiva material, como profundizar en una materia que de no ser abordada con sumo cuidado está llamada a provocar graves conflictos.
¿Por qué se hace esta consulta?
Cuando se publica un informe no suele incluirse una acotación, harto conocida por los profesionales, en la que la institución advierte de que el informe no vincula en absoluto su actuación posterior. Me permito señalar que ni la suya, ni la de los tribunales. Y como después se verá, no se trata de un informe que ofrezca una metodología contundente. Por tanto, y aunque los informes sean tomados como verdad absoluta, como si de jurisprudencia se tratase, lo cierto es que material y jurídicamente no es así. Ello no obsta al hecho de que discutir los criterios del regulador en España resulte harto complicado al tener que acudir a una jurisdicción especializada y, por tanto, cara.
Por otra parte, la reproducción de los informes habitualmente carece de contexto. Lo cual es natural ya que deben protegerse los intereses del consultante. Sin embargo, en este caso la experiencia profesional permite facilitar al lector ese contexto y advertirle por honestidad ética que la posición aquí mantenida no es en absoluto neutral.
El informe cita la Disposición Adicional vigésimo primera de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de modificación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades que establece que “no será preciso el consentimiento de los estudiantes para la publicación de los resultados de las pruebas relacionadas con la evaluación de sus conocimientos y competencias ni de los actos que resulten necesarios para la adecuada realización y seguimiento de dicha evaluación”. ¿Pero de donde viene esa Disposición? Pues bien, estimado lector el embrión de esa norma se gestó en los despachos de las Universidades Complutense, Oviedo, Castilla-La Mancha y Valencia por un grupo de expertos que querían resolver un problema específico “que nada tenía que ver con los derechos de los padres”.
Las universidades trabajaron con la AEPD en el marco de un Convenio con la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Se perseguía establecer bajo qué condiciones debían tratarse los datos académicos de los estudiantes y se abordó la información en la recogida, y también aquello relativo a la publicación de las notas. En el periodo anterior a la reforma de la LOMLOU, la postura del regulador era profundamente restrictiva no permitiendo la publicación de notas y obligando a las instituciones universitarias bien a usar algún tipo de código de identificación numérica, bien a la notificación personal. Desde el punto de vista las universidades esta posición era inasumible por razones de tradición reciente y también jurídica. En este contexto la publicación de notas respondía a tres objetivos:
1) Acabar con ciertas prácticas propias de la universidad española del régimen anterior. A la universidad democrática le preocupaban los expedientes de vástagos vinculados a notorios apellidos del régimen o de personas con la influencia académica, económica, política suficiente para garantizar un cómodo transcurso de la vida académica para su progenie. La publicación de notas, venía a evitar este tipo de prácticas al permitir a la comunidad académica verificar los criterios de corrección. Esto es así ya que los estudiantes tenían la posibilidad de disponer de un término de comparación. No es posible que quién no trabajó, no intervino en clase, al que ni siquiera conocemos obtenga la mejor nota.
2) Tras la reforma operada por la LRU a los estudiantes universitarios se les reconocen derechos mediante las normas relativas a la revisión e impugnación de calificaciones. Por ello, los exámenes en las universidades siguen un complejo proceso en el que, publicada la calificación, se tiene derecho a solicitar una revisión personal con el profesor. Tras ella si no se admite una modificación de la nota hay que iniciar un procedimiento administrativo que permite la revisión de la misma por un tribunal. Publicar los resultados académicos permitía garantizar que la notificación, y por tanto la apertura de los procedimientos administrativos con sus respectivos plazos, se producía de modo homogéneo para todos y cada uno de los interesados.
3) Aunque es poco conocido la máxima nota de matrícula de honor no se asigna los que han obtenido un “10” sino a un porcentaje de estudiantes del curso que alcanzan esa nota. Es perfectamente posible que el porcentaje asignado de matrículas sea inferior al número de estudiantes. En tales casos la asignación esta nota es un proceso competitivo y la Ley 30/1992 debería justificar tal publicación.
Estos argumentos, jamás fueron aceptados por el regulador y las universidades impulsaron la citada Disposición en la tramitación de la reforma de la LOU. Y como se acaba de exponer en ningún caso se pensó en dar publicidad a los padres. Por tanto, aunque es sabido que promulgada una ley se independiza de sus autores, lo cierto y honesto es reconocer que resulta muy conocido su origen y que acudir a la D.A. XXI como criterio de interpretación analógica puede ser técnicamente correcto pero traiciona la realidad histórica reciente. Y no parece, que las cosas hayan cambiado tanto como para forzar los criterios de adecuación “a los tiempos” en los que la norma deba ser aplicada. Los centros universitarios consideran la presencia de interés público en la publicación de las notas, pero en un contexto muy preciso y determinado: el de la comunidad del centro imparte la titulación. Hoy es incluso es posible acotar ese interés al de la comunidad virtual concreta en la que se despliegan las clases.
La aplicación de la legislación sobre trasparencia: las becas.
Aunque pueda compartirse que un expediente académico, o la concesión de una beca, pueda considerarse documentación pública al efecto de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTGB), se trata de una documentación muy particular. Y precisamente desde este punto de vista surgen muchos interrogantes.
El primero es obvio. Si una universidad privada no percibe el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública, ¿puede aplicar este informe? ¿Es posible encajarlas en la noción de prestación de servicios públicos o de ejercicio potestades administrativas del artículo 4 LTGB? Esto, no se deduce de la respuesta del regulador y obligaría cuando menos a considerar el concepto de interés legítimo de la Directiva 95/46/CE, como fuente de legitimación, con todos sus problemas.
En segundo lugar, y considerando todavía cuestiones periféricas, hay que abordar la cuestión de la información sobre becas. Y hay que hacerlo desde distintas perspectivas. La primera de ellas es acotar que las universidades únicamente asumen responsabilidad sobre lo que podríamos definir como “becas propias”, en los demás casos actúan como lo que el artículo 21 LOPD define al referirse a la administración que elabora datos con destino a otra. En esta materia, es necesario que la LTBG y sus homólogas autonómicas prevén la publicación este tipo de ayudas o subvenciones. Por tanto, la institución universitaria acabará resolviendo indicando donde pueden consultarse.
Por otra parte, es bueno entender que quien pide la beca es una persona mayor de edad que accede a una ayuda pública de acuerdo con un proceso competitivo que no sólo se basa en los criterios de mérito y capacidad. La nota obtenida sólo es un requisito en las convocatorias generales de becas, a diferencia de lo que ocurre con las llamadas becas de colaboración y becas de investigación. Los factores determinantes se refieren a la renta familiar, la renta individual, y a aspectos cruciales para ayudar al estudiante como la distancia desde el domicilio personal al centro.
Por tanto, la información es accesible y también conocida por el grupo familiar. Y sin embargo, aquí hay un aspecto que conoce cualquier gestor universitario y que no se han tenido en cuenta por el informe. La información contenida en el expediente de una beca es complejo y afecta a terceros distintos del estudiante. Por tanto, si el ejercicio del derecho de acceso a la información pública no se refiere a la resolución publicada hay que aplicar con mucho cuidado los criterios del artículo 15 LTBG. En el grupo familiar puede haber discapacitados, se informa sobre la renta familiar, sobre el domicilio… ¿Y qué decisión se tomará cuando quien ejercer el derecho es un cónyuge divorciado que no mantiene contacto alguno con su anterior familia? ¿Y si existiese violencia de género? En esta materia las cosas no son nunca ni tan obvias, ni tan sencillas.
El informe viene a sucintamente argumentar lo siguiente: la suma de la Disposición Adicional de la LOMLOU acredita la presencia de un interés público que, conectado con la Ley de Trasparencia y aplicados los límites de su artículo 15.3, permitiría a los padres acceder a tales datos. Eso sí, el cesionario si quiere tratar los datos que invoque una legitimación con fundamento en el artículo 6 LOPD.
La primera cuestión a considerar es si realmente hablamos aquí del interés público incondicionado de la LTBG y el actual artículo 37 de la Ley 30/1992. Y lo cierto, es que no. No se trata de un derecho que pueda ejercer cualquiera sino una persona muy concreta: el padre o madre que sufraga los gastos de una matrícula. Si aplicamos el artículo 17.3 LTBG resulta que el «solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información» y que «la ausencia de motivación no será por si sola causa de rechazo de la solicitud». Pero lo cierto, es que si se desea aplicar los criterios de ponderación si necesitamos establecer esa legitimación si no se desea no lesionar un derecho fundamental.
Por otra parte, desde el punto de vista de los derechos de los padres definimos un escenario en el que “el que paga” tiene información y el que no lo hace no. ¿No existe el menor interés afectivo en el otro cónyuge o no debe velar este por el interés de sus hijos incluso mayores de edad? En todo caso, ¿quién es el que paga?, ¿qué sucede cuando quien domicilió el pago recibe una pensión del cónyuge que realmente abona las tasas o el 50% de éstas? Pues bien, si se quiere aplicar el informe la administración universitaria debería requerir copia de la correspondiente resolución judicial. Pero, y si el cónyuge en cuestión no abona su pensión ¿a qué clase de probatio diabólica sometemos a los gestores?
La conclusión es sencilla, si una universidad desea aplicar este informe ineludiblemente deberá tramitar conforme a lo dispuesto por el artículo 19.3 LTBG y requerir a todos los interesados concediéndoles «un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas». Ello supone que a la institución universitaria ya no le bastará con requerir datos estadísticos básicos de la unidad familiar debería como mínimo disponer de los siguientes:
▪ Nombre y apellidos de padre, madre o tutor legal.
▪ Domicilio actual de éstos.
▪ Estado civil, esto es pareja de hecho, matrimonio, separación o divorcio.
▪ Si la matrícula se abona por: el estudiante, uno de los cónyuges,
Por tanto, y como suele suceder, la interpretación de un informe no se concreta en una opción del tipo Si/No y obliga a articular un procedimiento complejo, a diferencia de lo que puede parecer su vulgarización periodística
Partiendo de la conclusión anterior, tenemos que considerar que para tomar las decisiones más adecuadas hay que tener en cuenta la realidad. Y esta no es sencilla sino pluridimensional ya que el pago de las tasas podría verse modulado por:
La condición de discapacitado del estudiante. La cuál podría ser sobrevenida y no conocida por el cónyuge divorciado.
La aplicación de decretos de tasas a segundas, terceras o posteriores matrículas.
Cualquier circunstancia que determine una ayuda, fraccionamiento del pago o descuento en una universidad concreta.
En el caso de un estudiante con discapacidad sobrevenida la universidad debería denegar el acceso a la nota puesto que no “hay pago alguno” a aquél que pagó en el curso anterior al hecho. Pero motivarlo podría suponer revelar datos especialmente protegidos infringiendo tanto la LOPD como la LTBG. Pero incluso en un caso sencillo es conveniente conocer el contexto material de aplicación de los criterios del artículo 15. No es en absoluto extraño, y se habla aquí desde la experiencia, el intento de acceso a datos del expediente de los hijos por padres que no mantienen una relación personal y afectiva alguna con los mismos, o que incluso reiterada y sistemáticamente dejan de abonar la pensión por alimentos.
En estos casos, el informe citado inserta a la institución universitaria en conflictos que pertenecen a la intimidad de las personas, y al Derecho de familia. Por otra parte, y aunque esta consideración carezca de relevancia jurídica supone sin duda minorizar, reducir en edad y estatura citando a Brice Echenique, a personas mayores de edad que están cursando una titulación universitaria. Si el estudiante no muestra las notas obtenidas en su ámbito familiar, sí existe algún tipo de conflicto familiar subyacente, no corresponde la Universidad resolver un problema que no le compete. Lo propuesto por este informe, no puede sino a la larga generar problemas de toda índole. En primer lugar, convertir a los gestores universitarios en paño de lágrimas. Y además asumiendo riesgos de reputación, confianza del estudiante y responsabilidad jurídica. Baste con considerar dos ejemplos muy básicos:
El ejercicio del derecho de acceso a la información pública se ejerce entre la matrícula en septiembre, y el primer pago trimestral por un cónyuge divorciado que no cumple con sus obligaciones. Formalmente dicho acceso podría satisfacerse bastaría con verificar la última domiciliación para conceder el derecho y sin embargo no hay un pago en sentido material.
Existe un supuesto de violencia de género, doméstica o familiar, quién accede está obligado a “pagar”, pero la preservación del propio hecho de la matrícula es crucial para la seguridad de las personas. Y créanme, estos casos suceden.
¿Y quién recibe los datos?
No todo el monte es orégano. El informe señala que a quién se le entregan los datos debe tener en cuenta el artículo 15.5 de la LTBG y responde del tratamiento posterior de los obtenidos a través del ejercicio del derecho de acceso. ¿Y qué significa esto? La noción de tratamiento es omnicomprensiva. Es evidente, sentencia Lindqvist en mano, que habrá que reprimir el deseo irrefrenable de lapidar en Facebook a ese hijo que cursa tercero de primero de Derecho y al que no vemos hace cinco años. Pero salvados casos extremos. ¿Conservar la documentación es un tratamiento o aplica la excepción doméstica? ¿Y notificarlos a nuestro abogado para demandar es una cesión y por tanto un tratamiento? ¿Y en este último caso opera la excepción del deber de informar al amparo de la garantía del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE?
Yo prefiero mirar el precio de las tasas.
Como señalaba al inicio el objetivo de este artículo no era otro que profundizar en las consecuencias prácticas del informe. Y lo curioso del caso, es ni siquiera es necesario conocer las notas de un estudiante para verificar su rendimiento académico. Desde siempre los Decretos de tasas han previsto diferencias de pago según se tratase de matricular una asignatura por primera, segunda o ulteriores veces. Pero tras los recortes estas diferencias son tan significativas que evidencian de modo claro un rendimiento inadecuado. Y en tal caso, la pregunta es obvia podría minimizarse el impacto en el Derecho fundamental a la protección de datos del estudiante universitario con un sencillo desglose de los importes pagados con referencia a curso y si se trata de primera, segunda, tercera o ulteriores matrículas. Porqué si la respuesta es afirmativa, habríamos encontrado un modo elegante y no conflictivo de resolver el problema.
Por otra parte, los padres tenemos un modo muy sencillo de conocer las notas de nuestros hijos en supuestos de convivencia normal, basta con cerrar el grifo del dinero. Y cuando hay conflictos parentales y no se quiere “pagar” hay que acudir a un juez, y sus señorías tienen por costumbre oficiar a la universidad invocando el artículo 11.2.d LOPD.
4 septiembre, 2016 de Educación/Universidad, Inicio. Etiquetas: Agencia Española de Protección de Datos, LOPD, Protección de datos, ricard martinez
← La excepción doméstica y el periodismo ciudadano.
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References: artículo 4
 artículo 21
 resolución 
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 6
 artículo 37
 artículo 17
 resolución 
 artículo 19
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 24
 artículo 11