Source: https://www.scribd.com/document/127306110/Titulos-Valores-en-Blanco
Timestamp: 2017-07-21 07:08:22+00:00

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Titulos Valores en BlancoUploaded by Xime AngaritaRelated InterestsConstitutional RightCase LawConstitutionJudgeProcedural LawRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as DOCX, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentCorte Constitucional Sentencia T-673/10(Agosto 31 de 2010)
Por tanto solicita se le ordene al demandado revocar las medidas cautelares ordenadas dentro del proceso ejecutivo singular de mínima cuantía que cursa en dicho juzgado.
Manifiesta que el señor Edgar Barrera Sevilla inició un proceso ejecutivo singular de minina cuantía en su contra, del cual conoció el Juzgado Quinto Civil Municipal de Montería, bajo el número de radicación 23-001-40-03-005-2008-01347-00.
Indica que a través de dicho proceso se pretendía “cobrar coercitivamente la cantidad de $6.500.000, por capital, más los intereses legales y las costas del proceso con base en una letra de cambio”.
Señala que dentro del referido proceso interpuso las siguientes excepciones:
“Alteración del texto del título valor”. Dado que la letra de cambio
fue suscrita en blanco, “sin emitir ni firmar carta alguna de instrucciones a ningún tenedor”.
vulnera sus derechos fundamentales. contra el demandante por no ser tenedor de buena fe exenta de culpa”. el principio de la buena fe.
1. pero la demandada es YOLANDA SERPA CEBALLOS.
“La derivada del negocio fundamental que dio origen a la letra de
cambio. el juzgado demandado declaró no probadas las excepciones propuestas por la actora. el cual debió ser realizado por la señora Sugeidys Patricia Yanez Bravo quien fue la persona que le prestó el dinero.2.5
Afirma que con la mencionada sentencia.4
Comenta que mediante Sentencia calendada el veintisiete (27) de noviembre de 2009. entregado luego en blanco a la señora SUGEIDYS PATRICIA YANEZ BRAVO.
Se desconoció por el juzgado accionado. Pues el señor Barrera Sevilla “es tenedor de mala fe.2. pero sin carta de instrucciones”. el Juzgado Quinto Civil Municipal de Montería. Debido a que “quien
aceptó la letra de cambio fue YOLANDA SERPA CABRALES. siendo estas personas distintas”. por cuanto adquirió la letra de cambio con violación de la ley de circulación es decir sin previo endoso y entrega material”.
“La personal de conducta dolosa del actor”. pues la actora manifestó “haber aceptado la letra de cambio.
. la eficacia de la literalidad del titulo. Ya que “lo legalmente (. “en blanco”. pues la juez expresó que “la única testigo. porque la ley permite títulos valores con espacios en blanco y faculta al tenedor para llenarlos o complementarlos”. por ende. “seguidamente se consiga: (…) Empero esto en nada afecta la presunción de cierto y. afirmación que es cierta. Sin embargo. y lo son por que hay imposibilidad de pruebas”..
Presencia de “defecto material sustantivo”:
En la declaración rendida por la actora.ii)
Existencia de defecto fáctico. Se incurre en otro error fáctico cuando en la sentencia se afirma que “Existe un dictamen CLARO y
CATEGORICO que la ejecutada no fue la persona que llenó los espacios en blanco del titulo valor”. ella se la “vendió” al ejecutante EDGAR BARRERA SEVILLA. declaró que la letra de cambio que firmó YOLANDA DEL CARMEN SERPA CABRALES. De lo anterior se concluye que “No apreció la señora Juez que los títulos valores no se “venden”…”. lo que constituye una “afirmación y/o negación indefinida.) debió ser que la letra de cambio se endosara y seguidamente se entregara al adquiriente…”. ésta manifestó que firmó la letra de cambio en blanco y no entregó “instrucciones a ningún tenedor legítimo para llenar los espacios en blanco de la letra”.. SEGEIDYS PATRICIA YANEZ BRAVO.
como lo es el Código de Procedimiento Civil.señala que “lo que se presume es la autenticidad de los títulos valores”. tal como lo ha dicho la doctrina con fundamento en el Articulo 270 del Estatuto Procesal Civil.
1. el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Montería admitió la demanda interpuesta y dio traslado a la entidad demandada para que ejerciera sus derechos de defensa y contradicción. Afirma que “A dicho proceso se le dio el trámite legal y llegada la etapa procesal se resolvió mediante sentencia de fecha 27 de noviembre de
. lo anterior.3. que debe prevalecer sobre la general.En la sentencia se consignó que “la literalidad del titulo valor.
Se “confunde jurídicamente la persona de YOLANDA SERPA CABRALES con YOLANDA SERPA CEBALLOS”.
1. sin tener en consideración que el artículo 793 del Código de Comercio –norma especial.1
EL JUZGADO QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE MONTERIA
El Juzgado Quinto Civil Municipal de Montería se opuso a las pretensiones del actor.3 TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Mediante auto fechado el dos (2) de febrero de 2009. se presume”.
500. 19)
2.2009. adelantado por el señor Edgar Barrera Sevilla contra la actora.
DECISIÓNES JUDICIALES
. diligenciados en la letra de cambio por el valor de cuatro millones quinientos mil pesos ($4.
1.4. aportadas para estudio”.4. en el que se concluye que “…los textos de duda.2
Copia de la declaración rendida por la señora Sugeidys Patricia Yanez
Bravo.3
Copia del dictamen grafológico rendido por el Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses. ante el Juzgado Quinto Civil Municipal de Montería. dentro del proceso ejecutivo singular de mínima cuantía.1
Copia de la Sentencia proferida el veintisiete (27) de noviembre de
2009.4.000) no corresponden con las muestras patrón de la señora YOLANDA SERPA CEVALLOS.
1. (Fol.
1. declarar no probadas las excepciones propuestas por la accionante (…) en calidad de demandada. el catorce (14) de mayo de 2009. por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Montería. al no cumplir con la carga procesal de demostrar su afirmación”.
Reitera que suscribió la letra de cambio en blanco.
2. a la buena fe y a la dignidad humana.
. negó el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso. pues argumentó que “…es importante apuntalar que la tutela no puede convertirse en una segunda instancia. pues el resultado de la sentencia tutelada se encuentra claramente emanado de la observancia del orden legal vigente y de la sana critica aplicada por el administrador de justicia”. por considerar que la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para obtener lo que pretende la actora. y por la PRUEBA PERICIAL GRAFOLOGICA. no existiendo a favor del demandante. Lo anterior en razón a que según el a-quo “…al revisar lo actuado por el Juez quinto civil municipal.1 FALLO DE PRIMERA INSTANCIA: JUZGADO TERCERO CIVIL DEL CIRCUITO DE MONTERIA
El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Montería. y afirma que no pretende usar este mecanismo como una segunda instancia. “todo lo anterior demostrado por la testigo SUGEYDIS PATRICIA YANEZ BRAVO. prueba alguna que respalde su presunto proceder legal…”. se observa su ceñimiento a los preceptos legales en cada actuación acordes al caso presentado y dentro de estas acciones se tiene que la parte demandada no dio uso a la oportunidad procesal de alegar lo planteado en esta acción de tutela…”.2. señor EDGAR BARRERA SEVILLA. sin entregar carta de instrucciones para llenarla y que “la literalidad” que se incorpora en ella no es de su autoría.2 IMPUGNACIÓN DEL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Indica la actora en su escrito de apelación que con el amparo constitucional busca que le sean protegidos sus derechos fundamentales. mediante providencia del doce (12) de febrero de 2010.
En consecuencia. resolvió confirmar el fallo del Juez Tercero Civil del Circuito de Montería.
3. en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241. Además. que “en el proceso se vislumbra que el a-quo actuó conforme a las normas legales y constitucionales”.1
La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional. procede la revisión en virtud de la selección realizada por la Sala correspondiente y del reparto verificado en la forma establecida por el reglamento de la Corporación. señala que el hecho de que la sentencia no haya sido favorable a los intereses de la demandada.
La Sala Cuarta de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería. Adujo.
3.3 FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA.2 PROBLEMA JURÍDICO
.2. no constituye razón alguna para considerar que “no haya valorado en conjunto las pruebas aportadas”. mediante providencia datada el veinticuatro (24) de marzo de 2010. es competente para revisar los fallos de tutela adoptados en el proceso de esta referencia. numeral 9° de la Constitución.
En ese contexto. No obstante.
.La señora Yolanda Serpa Cabrales manifestó que el juez demandado desconoció el derecho fundamental al debido proceso por defecto sustancial y procedimental al adelantarle un proceso ejecutivo con un título ejecutivo en blanco sin existir una carta de instrucciones de conformidad al artículo 620 del Código de Comercio. concluyó que la declaración hecha por la señora Sugeidys Patricia Yanes Bravo no era suficiente para determinar que le vendió al señor Edgar Barrera la letra de cambio en blanco. Explicó que dentro del proceso ejecutivo que se adelantó en el juzgado demandado contra la tutelante. Sugeidys Patricia Yanez Bravo negoció el titulo valor con el señor Edgar Barrera Sevilla quien presuntamente llenó los espacios en blanco y ejecutó la deuda contra la accionante.
Explica que por una deuda que adquirió con Sugeidys Patricia Yanez Bravo. se determinó no probadas las excepciones propuestas en cuanto a la carencia de integración del titulo valor. al considerar que el título ejecutivo en blanco cumplió con todos los elementos para su exigibilidad. suscribió en garantía a favor de ella una letra de cambio. Adujo que el Juez Quinto Civil Municipal de Montería después de realizar la valoración de las pruebas. si el Juzgado Quinto Civil Municipal de Montería vulneró el derecho fundamental al debido proceso de Yolanda del Carmen Serpa Cabrales por incurrir en alguno de los defectos que genera una vía de hecho. por no llenarse conforme a las instrucciones dadas o con ausencia de las mismas de conformidad al numeral 4° del artículo 784 del Código de Comercio. la Sala determinará.
Inicialmente la Corte Constitucional. REITERACION DE JURISPRUDENCIA. abordó el análisis de la constitucionalidad de los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991.3. entendida como “violación flagrante y grosera de la Constitución”
PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES. No obstante. esta posición se sujeta al cumplimiento de ciertos presupuestos. en sentencia C-543 de 1992. La consolidada jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que si bien debe haber una seguridad jurídica fundada en decisiones razonables y sujetas al marco legal.
3. excepcionalmente es posible acudir a la acción de tutela contra fallos de las distintas autoridades judiciales. pero dejó abierta la posibilidad de recurrir al amparo constitucional cuando por un descuido del juez la actuación judicial genera lo que se conoce como una “vía de hecho”.2. en cuyo fallo declaró la inexequibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales. tal y como pasa a verse:
3. que este Tribunal Constitucional identifica como requisitos generales y específicos de procedibilidad de la acción de tutela.1 Causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. cuando se evidencie una vulneración flagrante de los derechos fundamentales.1
Para resolver la controversia la Corte abordará: i) procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales y ii) la obligatoriedad de la carta de instrucciones para la emisión de los títulos en blanco.3. la ley y el precedente judicial.
dicha providencia sostuvo: “Estos eventos en que procede la acción de tutela contra decisiones judiciales involucran la superación del concepto de vía de hecho y la admisión de específicos supuestos de procedibilidad en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta. en Sentencia C-590 de 2005. es decir. salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable. Que no se trate de sentencias de tutela.”
. c. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional b. estableció unos requisitos especiales de procedibilidad. que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y f.de defensa judicial al alcance de la persona afectada. debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. decidió sustituir la expresión “vía de hecho” por la de “causales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales”. si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales. e. pues consideró que esta expresión protege en mayor medida la eficacia de los derechos fundamentales. la Corte Constitucional.Posteriormente. d. que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración.”
En el citado fallo. En relación con los primeros se encuentran: “a. Cuando se trate de una irregularidad procesal. que se cumpla el requisito de la inmediatez. Textualmente. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios. este Tribunal Constitucional indicó los requisitos generales para garantizar la excepcionalidad y la subsidiariedad de la acción de tutela como sus elementos característicos. De la misma manera.
“c.3. debe probarse la ocurrencia de alguna de ellas para que el amparo prospere. carece. Defecto fáctico. Error inducido. como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión. Defecto material o sustantivo. que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada. “f. Defecto procedimental absoluto. absolutamente. que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. en relación con las causales específicas. de competencia para ello. que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. “d.Los anteriores requisitos son circunstancias todas que deben concurrir para que el juez constitucional continúe con el análisis del asunto y así pueda determinar la procedibilidad del amparo constitucional. “b. Estos defectos son: “a.
3.2 Causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Por otro lado. Defecto orgánico.
sin desconocer las garantías constitucionales. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. por ejemplo.
. Violación directa de la Constitución”.
Así. cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.“g. “h. Pero de presentarse uno solo de los defectos o vicios de procedibilidad en la providencia se constituye en motivo o razón suficiente para que la acción de tutela proceda contras decisiones judiciales. en cada caso el juez constitucional debe analizar el fondo del asunto de forma tal que. Decisión sin motivación. Desconocimiento del precedente. hipótesis que se presenta.4
LA OBLIGATORIEDAD DE LA CARTA DE INSTRUCCIONES PARA LA EMISIÓN DE LOS TÍTULOS EN BLANCO.
La legislación Comercial[1] define los Títulos Valores como documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora.
“i. se proteja la seguridad jurídica.
la cual se supone basada en la relación jurídica existente entre el creador del título y el beneficiario del mismo.”[3]
Indica la Superintendencia. 2. La mención del derecho que en el título se incorpora. Los únicos limitantes que tiene el legítimo tenedor de un título valor en blanco para diligenciar el documento en cuestión son aquellos que le impone el texto de la carta de instrucciones.
De igual manera el artículo 621 del Código de Comercio[2] relaciona los requisitos que deben cumplir los títulos valores y el artículo 622 de la misma normatividad dispone que “[u]na firma puesta sobre un papel en blanco. es decir por quien detente el título de acuerdo a su ley de circulación.) Que el título sea llenado por un tenedor legítimo. que permitirán al tenedor del instrumento su diligenciamiento:
En relación con el diligenciamiento de títulos valores con espacios en blanco. la Superintendencia Financiera de Colombia señala: “Condiciones esenciales para proceder a llenar un título valor en blanco. deberá ser llenado estrictamente de acuerdo con la autorización dada para ello”. una vez completado. La firma de quién lo crea. Para que el título. dará al tenedor el derecho de llenarlo. entregado por el firmante para convertirlo en un título-valor.Los requisitos comunes son: 1. respecto de los requisitos del documento que contiene las instrucciones. pueda hacerse valer contra cualquiera de los que en él han intervenido antes de completarse.
se llenen o completen por el tenedor de conformidad con las órdenes emitidas por el suscriptor.) Que el documento sea diligenciado conforme a las instrucciones del firmante. por cierto habitualmente utilizada. negociarlo o ejercer la acción cambiaria encaminada al recaudo del importe del título. en el expediente No. para la Sala es claro que las eventuales obligaciones representadas en títulos valores con espacios en blanco. de crear títulos valores con espacios en blanco para que. Ahora. en segundo. 05001-22-03-000-2009-00629-01[5] se reiteró que ese tribunal admite de manera expresa la posibilidad. si una vez presentado un título valor. el deudor invoca una de las hipótesis previstas en la norma mencionada le incumbe doble carga probatoria: en primer lugar. c.b.
. evidenciar que se llenó de manera distinta al pacto convenido con el tenedor del título. que no podrán ser diligenciados hasta tanto no se determinen las instrucciones del creador del instrumento
Por su parte la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en el fallo del quince (15) de diciembre de dos mil nueve (2009). y. conforme a los requisitos mínimos de orden formal señalados en el Código de Comercio para cada especie.
Al respecto la Corte Constitucional manifestó en Sentencia T-943 de 2006[4]:
En armonía con lo expuesto. esto es antes de presentar el documento para el pago.) Que el título se llene antes de ejercer el derecho que el mismo otorga. y. establecer que realmente fue firmado con espacios en blanco. antes de su exhibición tendiente a ejercer el derecho incorporado.
T-05001-22-03000-2009-00273-01[6]. entonces. enervando
…adicionalmente le correspondería al excepcionante explicar y probar cómo fue que el documento se llenó en contravención a las instrucciones dadas” (Exp. sino en la invocación de otros supuestos de hecho impeditivos o extintivos del derecho reclamado por el demandante.
No podía. en providencia del 30 de junio de 2009 en el proceso No. que dentro del concepto genérico de defensa el demandado puede formular excepciones de fondo. precisó:
conforme a principios elementales de derecho probatorio. invertirse la carga de la prueba para dejar a hombros del acreedor el deber de acreditar cómo y porqué llenó los títulos. 1100102030002009-01044-00).
Por ende. en
. sino que aún en el evento de ausencia inicial de instrucciones. No. era cuestión que por sí sola no les restaba mérito ejecutivo a los referidos títulos. pues tal circunstancia no impedía que se hubiesen acordado instrucciones ulteriores para hacer posible el diligenciamiento del título y su consiguiente exigibilidad. que no consisten simplemente en negar los hechos afirmados por el actor. debían los deudores demostrar que tampoco las hubo con posterioridad o que.En ese mismo orden de ideas el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria. de suerte que al ejercer este medio de defensa surge diáfano que el primero expone un hecho nuevo tendiente a extinguir o impedir los efectos jurídicos que persigue este último. el hecho de que se hubiera demostrado que en un comienzo no hubo instrucciones para llenar los espacios en blanco de las referidas letras.
la carta de instrucciones puede constar en un documento escrito o de manera verbal. la doctrina[7] señala que se cuenta con la posibilidad de completar un título en blanco se origina de la ley.
Ahora bien. al no existir una norma que exija alguna formalidad.
Ciertamente. el acreedor sobrepasó las facultades que la ley le otorga para perfeccionar el instrumento crediticio en el que consta la deuda atribuida a los ejecutados. lo ha llenado de acuerdo con las instrucciones. de una parte se atiende a la intención del documentante. Sobre el particular indica la academia[8]:
. dada la naturaleza de los títulos-valores y la necesaria protección de los terceros adquirientes de buena fe.
Sin embargo. pues en ella se incorpora la voluntad y condiciones en las cuales debe el tenedor de buena fe complementar los espacios que figuren en blanco. la carta de instrucciones es un complemento fundamental de los títulos en blanco. cuando el instrumento ha circulado. se presume que el tercero de buena fe. pues la norma permite que el tenedor con posterioridad a la emisión y fuera del control firmante aquel pueda completarlo. la posición objetiva es la mayor fuerza. Al respecto se explica que:
En Colombia se aplican las dos teorías. cuando el título no ha circulado y de otra.todo caso.
la señora Yolanda Serpa Cabrales giró a favor de Sugeidys Patricia Yanez Bravo una letra de cambio en blanco por un dinero en préstamo. cuando el suscriptor del titulo alegue que no se lleno de acuerdo a las instrucciones convenidas. No obstante. se presenta una dificultad práctica.gr. Posteriormente. Aunque en esta dos últimas formas. recae en él la obligación de demostrar que el tenedor complemento los espacios en blanco de manera arbitraria y distinta a las condiciones que se pactaron.
3.De manera escrita puede constar en el mismo documento o en llamada carta de instrucciones. ya que la circulación del título-valor en blanco queda sometida al acompañamiento de la carta de instrucciones o del documento en donde consten las instrucciones. pueden llenarse sus espacios conforme a la carta de instrucciones. los títulos ejecutivos que se suscriban en blanco. en una compraventa. o en un documento aparte que contenga el negocio jurídico que le dio origen al título-valor en blanco v.
En conclusión.5
En el presente asunto. la señora Yanez Bravo entregó el título valor
en cuanto se presentó una alteración del texto del título valor.en blanco al señor Edgar Barrera Sevilla.
Por su parte el Juez Quinto Civil Municipal de Montería en la sentencia del veintisiete (27) de noviembre de 2009. decidió ejecutar a la señora Serpa Cabrales al determinar que el contenido del título ejecutivo se presume cierto y en nada afecta su eficacia. dado que la letra de cambio se suscribió en blanco sin la respectiva carga de instrucciones.
En el proceso ejecutivo la accionante excepcionó ante el juez ejecutante que las pretensiones del señor Barrera Sevilla no podían prosperar. quien inició un proceso ejecutivo singular de mínima cuantía por cuatro millones quinientos mil pesos contra la señora Yolanda Serpa Cabrales. pues la ley faculta al tenedor de buena fe a llenar o complementar la letra de cambio en blanco.
En esas condiciones. quien manifestó en la diligencia que la letra de cambio se firmó en blanco y se entregó al señor Edgar Barrera en esas mismas condiciones.
. la Sala procede a verificar el cumplimiento de los presupuestos para que proceda la acción de tutela contra sentencias judiciales.
Aduce la tutelante que en el proceso ejecutivo rindió declaración la señora Segeidys Patricia Yanez Bravo.
la Sala estudiará si en el caso concreto se presentan las causales específicas de procedibilidad. puesto que se alega el ostensible desconocimiento del derecho fundamental al debido proceso y del derecho de acceso a la justicia. puesto que el proceso ejecutivo es de mínima cuantía.
. (ii) la señora Yolanda Del Carmen Serpa Cabrales no cuenta con más recursos ni ordinarios ni extraordinarios para hacer valer sus derechos dentro del proceso. es de única instancia. En efecto:
(i) se discute una cuestión de relevancia constitucional. el fallo que se acusa es del 27 de noviembre de 2009 y la acción de tutela se interpuso el 1° de febrero de 2010. (v) en lo que se refiere al requisito de la inmediatez. al cumplirse con todos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. (iii) la tutelante ha identificado en forma razonable los hechos que generaron la vulneración (iv) no se trata de sentencia contra tutela.
En esas condiciones. por tanto. siendo oportuno y razonable el tiempo transcurrido entre la providencia que se estima vulneratoria del derecho y la interposición de la acción de tutela.En el caso en concreto se observa que se cumplen los requisitos generales establecidos por la jurisprudencia constitucional.
o (v) porque a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional. no se
. es decir.1 Defecto Sustantivo
Este Tribunal Constitucional ha definido que se incurre en un defecto sustantivo.3.
3.6. la norma empleada no se ajusta al caso o es claramente impertinente[9].1
Causales especiales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. pues alega que los despachos judiciales demandados desconocieron su derecho fundamental al debido proceso por incurrir en una vía de hecho. o no se encuentra vigente por haber sido derogada[10].1. desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance[12]. entre otras razones:
indiscutiblemente inaplicable al caso concreto. (iii) cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática[13]. o por haber sido declarada inconstitucional[11].6. (ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales. por ejemplo. (iv) cuando la norma aplicable al caso concreto es desatendida y por ende inaplicada[14].
La inconformidad del demandante se enfoca en un defecto sustantivo y fáctico de la providencia. la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto.
En efecto el artículo 622 del Código de Comercio señala que Si en el título se dejan espacios en blanco cualquier tenedor legitimo podrá llenarlos. en la Sentencia T. podía llenarlo sin ninguna previa instrucción. el juzgado demandado interpretó de manera aislada la norma. tomar la iniciativa de completarlo.
Al respecto la Corte Constitucional. para la Sala el fallo del 27 de noviembre de 2009 del Juez Quinto Civil Municipal de Montería incurrió en un defecto sustancial al interpretar de manera equivocada el artículo 622 del Código de Comercio. por ejemplo. en el cual esta entidad explicó que por seguridad los títulos valores que contengan
. por asumir que los títulos valores como el pagare cuando se encuentran en blanco puede el tenedor sin haber carta de instrucciones.
Bajo las anteriores consideraciones.943 de 2006 se refirió a un concepto de la Superintendecia Financiera. No obstante. cuando la disposición del estatuto mercantil establece que sin ser relevante si el tenedor es legitimo únicamente podrá llenar los espacios en blanco del titulo ejecutivo siempre y cuando sea conforme a las instrucciones que emitió el suscriptor. porque a la norma aplicada.adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó. se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador”[15]. pues asumió que el señor Barrera como tenedor de buena fe del pagare que se le entregó. conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado. antes de presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora.
el fallo que se acusa incurrió en una vía de hecho por vulnerar el derecho fundamental al debido proceso por adelantar un proceso ejecutivo contra la tutelante con una letra de cambio en blanco que se llenó sin cumplir los requisitos que establece el artículo 622 del Código de Comercio y lo expuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia T-943 de 2006.2 Defecto Procedimental
Diligencia de recepción de testimonio a la señora Sugeidyd Patricia Yanes Bravo por parte del Juez Quinto Civil Municipal de Montería el 14 de mayo de 2009. esta corporación en la Sentencia T. esto es. ii) cuando excluye sin razones justificadas una prueba de la misma relevancia.
Por tanto esta Sala considera que respecto al defecto sustantivo. En cuyo documento consta:
.espacios en blancos deben llenarse conforme a las instrucciones que suscribe el girador.
3.757 de 2009[16] reiteró que el defecto fáctico se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez ordinario es arbitraria y abusiva.
De ese modo obraron dentro del proceso ejecutivo las siguientes pruebas:
1.6.1. cuando el funcionario judicial i) simplemente deja de valorar una prueba determinante para la resolución del caso. o cuando iii) la valoración del elemento probatorio decididamente se sale de los cauces racionales[17].
Informe del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Pregunta Diga si Yolanda Serpa. la Sala concluye que el Juez Quinto Civil Municipal de Montería incurrió en error ostensible. diligenciados en la letra de cambio por valor de cuatro millones quinientos mil pesos. flagrante y manifiesto en la valoración de las pruebas. en caso afirmativo diga en que consistió ese documento. Respuesta: La firmó en blanco. en el cual se conceptúa los siguiente:
De acuerdo a los análisis practicados. pues afirmó que las declaración de la señora Yanes Bravo no eran suficientes para establecer la literalidad del título. al material debitado y patrón tenido para el presente estudio y los razonamientos de orden técnico antes expuestos. se determina que los textos de duda. una letra. Contesto: Si. Respuesta: En blanco.Pregunta: Diga si Yolanda Serpa le garantizó el cumplimiento de la obligación dineraria con un documento.
2. cuando a su vez contaba con el expertício del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el cual señalaba que los espacios en blanco no los llenó Yolanad Serpa Cabrales. Pregunta: Diga claramente si usted le entregó la letra a Edgar Barrera en blanco o con los espacios llenos. aportadas para estudio.
En esa medida. sólo firmo la letra o lleno también los espacios en blanco de la misma. no corresponden con las muestras patrón de la señora Yolanda Serpa Cabrales. Laboratorio de Documentoscopia y Grafología Forense.
en dos pruebas judiciales se demostró que la letra de cambio se suscribió sin existir la respectiva carta de instrucciones. para en su lugar tutelar el derecho fundamental al debido proceso de la Yolanda Del Carmen Serpa Cabrales. la Sala concluye que el Juez demandado incurrió en un defecto fáctico al no evaluar adecuadamente y de conforme a la sana critica las pruebas que practico en el proceso ejecutivo de Edgar Barrera Sevilla contra Yolanda Serpa Cabrales. Por tanto.943 de 2006 y los conceptos de la Superintendencia Financiera. se vulneró el derecho fundamental al debido proceso de Yolanda Del Carmen Serpa Cabrales por los defectos sustancial y fáctico. la cual es indispensable para su exigibilidad de conformidad al artículo 620 del Código de Comercio.
En consecuencia se dejará sin efectos la sentencia del Juz Quinto Civil Municipal de Montería del veintisiete (27) de noviembre de dos mil nueve (2009) dentro del proceso ejecutivo singular de mínima cuantía de Edgar Barrera Sevilla contra Yolanda Serpa Cabrales y todas las actuaciones
Con base en los anteriores argumentos. por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.En consecuencia. la Sentencia T. mediante el cual se negó el amparo del derecho fundamental al debido proceso. la Sala revocará el fallo preferido por el Juez Tercero Civil del Circuito de Montería del 12 de febrero de 2010. por cuanto se adelantó en su contra un proceso ejecutivo con un título ejecutivo en blanco que no se diligenció de acuerdo a las instrucciones del girador tal y como lo exige el artículo 620 del Código de Comercio.
Por las anteriores circunstancias.
4.surtidas a partir de la providencia. para en su lugar TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso de la Yolanda Del Carmen Serpa Cabrales. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del Juez Quinto Civil Municipal de Montería del veintisiete (27) de noviembre de dos mil nueve (2009) dentro del proceso ejecutivo singular de mínima cuantía de Edgar Barrera Sevilla contra Yolanda Serpa Cabrales y todas las actuaciones surtidas a partir de la providencia. para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia. por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. mediante el cual se negó el amparo del derecho fundamental al debido proceso. proceda a proferir una nueva decisión con base en las consideraciones expuestas en la presente providencia. administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución
PRIMERO. se ordenará al Juez Quinto Civil Municipal de Montería. REVOCAR el fallo preferido por el Juez Tercero Civil del Circuito de Montería del 12 de febrero de 2010.
En mérito de lo expuesto. la Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional. Por tanto.
LÍBRESE por Secretaría la comunicación
. ORDENAR al Juez Quinto Civil Municipal de Montería.
Cópiese. proceda a proferir una nueva decisión con base en las consideraciones expuestas en la presente providencia.TERCERO. para los efectos allí contemplados. para que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia. insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. notifíquese. comuníquese.
. preceptúa: “Además de lo dispuesto para cada título-valor en particular. La firma podrá sustituirse. La firma de quien lo crea. bajo la responsabilidad del creador del título. La mención del derecho que en el título se incorpora.LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Magistrado
[1] Artículo 619 y 620 del Código de Comercio. por un signo o contraseña que puede ser mecánicamente impuesto. y 2. [2]El artículo 621 del Código de Comercio. los títulos-valores deberán llenar los requisitos siguientes:1.
Treinta De Junio De Dos Mil Nueve [7] Curso de Títulos Valores. Quinta Edición. [12] Esta Corporación. entre ellos podrá elegir el tenedor. Sin embargo. Bogotá. mediante la sentencia T-1244 de 2004 manifestó que la autoridad judicial (juez laboral) había incurrido en una causal de procedibilidad de
. Sala De Casación Civil. quien tendrá igualmente derecho de elección si el título señala varios lugares de cumplimiento o de ejercicio. [11] Al respecto. Si no se menciona la fecha y el lugar de creación del título se tendrán como tales la fecha y el lugar de su entrega”. Concepto 2006015989-001 del 9 de junio de 2006 [4] M. M.P EDGARDO VILLAMIL PORTILLA.Si no se menciona el lugar de cumplimiento o ejercicio del derecho. y si tuviere varios. [3] Superintendencia Financiera. cuando el título sea representativo de mercaderías. Lisandro Peña Nossa. lo será el del domicilio del creador del título.. también podrá ejercerse la acción derivada del mismo en el lugar en que éstas deben ser entregadas. pags 69 ss. C.P Jaime Alberto Arrubla Paucar
[6] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN CIVIL M.P Álvaro Tafur Galvis [5] Corte Suprema De Justicia. [8] Ibidem [9] Sentencias T-008 de 1998 y T-189 de 2005. D. consultar sentencias T-804 de 1999 y T-522 de 2001. [10] Ver sentencia T-205 de 2004.
. [14] Corte constitucional. sentencia T-462 de 2003. Sentencia T-056 de 2005. [13] Consultar sentencias T-694 de 2000 y T-807 de 2004.P Luis Ernesto Vargas Silva [17] Al respecto se pueden consultar las sentencias T-231 de 1994. [15] Sentencia SU-159 de 2002. a pesar de que la interpretación que había hecho la Corte Constitucional en varias sentencias de constitucionalidad señalaban el sentido de la norma y la obligación de indexar. Ver también. [16](M. T-329 de 1996.la acción de tutela contra providencias judiciales por defecto sustantivo. al negar la indexación de la primera mesada pensional. al argumentar que la norma aplicable no lo permitía. SU-477 de 1997. T-267 de 2000.
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References: artículo 793
 artículo 620
 artículo 784
 artículo 621
 artículo 622
 artículo 622
 artículo 622
 artículo 622
 resolución 
 artículo 620
 artículo 620
 Artículo 619
 artículo 621