Source: http://dr-gustavo-aramburu.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
Timestamp: 2017-10-24 09:44:21+00:00

Document:
DR. GUSTAVO ARAMBURU: octubre 2012
CEPO CAMBIARIO - FALLO ADVERSO
La Cámara Federal de Mar del Plata, por mayoría, revocó un fallo de primera instancia del Juzgado Federal N° 4 de esa ciudad que había hecho lugar a una acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que autorice a una pareja a adquirir dólares para destinarlos a la compra de un inmueble.
A continuación, algunas consideraciones del juez Alejandro Tazza, al que adhirió su par Mario Serrano y conformó el voto mayoritario:
“El examen de las constancias de orden fáctico y jurídico incorporadas al legajo, por su complejidad, me persuaden que la acción de amparo no es la vía apta para resolver la presente controversia, en la cual tampoco se cumplimentó con los mecanismos de orden administrativo puestos a disposición del afectado para superar la conculcación de los derechos y garantías de rango constitucional que se reputan afectados, en tanto que apenas iniciado el procedimiento previsto por la Resolución General 1128 y 3212 (cfr. art. 7 Res. 3210) el interesado lo abandonó para dar curso a la presente acción, extremos que, a mi juicio, obstan a su procedencia.”
“El amparo procede contra actos u omisiones manifiestamente arbitrarios o ilegales, y en tal sentido cuadra dejar asentado que el análisis de la mentada arbitrariedad o ilegalidad de los actos emanados de la Administración Pública debe efectuarse con especial cuidado pues rige para ellos una presunción iuris tantum en torno a su validez, que debe ser desvirtuada por prueba en contrario y ello no es lo que acontece en autos, de los que prima facie surgiría que el organismo denunciado habría obrado conforme las facultades de fiscalización y control asignadas por la normativa vigente y la autoridad de aplicación, esto es el BCRA, quien fija la política monetaria y cambiaria de la Nación y no ha sido convocado a comparecer a estos obrados", sostiene el fallo dado a conocer por el CIJ.
“Obsérvese que en el caso particular de autos se han introducido una diversidad de cuestiones tanto fácticas como jurídicas, ya sean estas últimas de fondo o forma (vg: contrato mutuo, crédito hipotecario, condiciones de compra venta inmobiliaria, falta de legitimidad pasiva, competencia de los órganos administrativos en materia de política monetaria y fiscal, etc.) que exigen un campo de debate y prueba mucho más extenso que el suministrado por este tipo de proceso; es que el derecho procesal ofrece al presentante otros medios y acciones más apropiadas por su naturaleza, amplitud de debate y prueba, pudiendo recurrirse además a la aplicación de las medidas cautelares previstas por el ordenamiento formal para asegurar el cumplimiento de una eventual sentencia favorable.”
“Es que no basta con invocar el derecho a disponer de la propiedad, o el derecho a la libertad individual, o el acceso a la vivienda digna, tal como se expresa en la demanda pues, en sí, ninguna de las normas cuestionadas han impedido o restringido la vigencia de esos derechos, ya que el dinero obtenido y en poder de los actores no ha sufrido ninguna restricción ya que esa suma de dinero puede ser utilizada perfectamente por los amparistas, al igual que su libertad individual respecto de ella; y lo propio acontece con el derecho a la vivienda digna, que ninguna autoridad se lo ha impedido.”
“Eventualmente, quien no habría aceptado dicha suma en concepto de pago de la propiedad, sería el supuesto o futuro vendedor de la misma, que habría exigido una suma en dólares y se habría negado a convertirlos al cambio oficial. Pero nada de ello se encuentra acreditado en el expediente, y –de ser así- el conflicto estaría suscitado entre la parte compradora y la vendedora respecto del monto de conversión, lo que tornaría a la presente controversia en una de naturaleza estrictamente patrimonial, que también resultaría ajena a las previsiones de la acción de amparo.”
“Del modo como se han planteado las cuestiones en el subjudice, más que un derecho a la libre disposición de las sumas de dinero –que, reitero no ha sido objeto de restricción por parte de la autoridad administrativa- parecería que se quisiera consagrar un derecho a la compra de moneda extranjera, situación no amparada en forma expresa por nuestra Constitución Nacional.”
“Y si bien el suscripto puede o no estar de acuerdo con el modo de regular el mercado cambiario y las políticas cambiarias implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional, ello no autoriza de por sí a las autoridades judiciales a sustituir la voluntad política en el ámbito de funciones que le son propias, y por ende ajenas al control jurisdiccional, a excepción de una franca y manifiesta lesión a garantías constitucionales expresadas en forma dinámica y concreta; esto es con efectiva demostración de que en el caso concreto se han visto alteradas, restringidas o cercenadas.”
“Es por tanto que vislumbro a esta acción de amparo como improcedente en el caso concreto frente al apresuramiento de los actores por obtener una suma de moneda extranjera sin haber transitado mínimamente los carriles procesales que la normativa administrativa prevé para tales supuestos; y porque, eventualmente, tampoco se encontrarían acreditados en este particular caso aquellos extremos de gravedad y manifiesta lesión constitucional a un derecho consagrado por la Carta Magna, en tanto la eventual compra de la vivienda hipotéticamente elegida constituiría una operación mercantil de neto contenido patrimonial, cuestiones éstas que escapan al acotado marco de la acción de amparo ya que en esas condiciones se hubiera necesitado un mayor marco de debate y prueba que es impropio de esta clase de acción.”
Por otra parte, a continuación algunas consideraciones del camarista Jorge Ferro (voto minoritario):
“… en el lapso de escasos meses se han dictado numerosas y diversas Comunicaciones del Bco. Central de la República Argentina y Resoluciones de la AFIP relacionadas con el Mercado Unico y Libre de Cambios y con las Normas en materia de formación de Activos externos de residentes, o sea, en parte sobre la posibilidad de adquirir moneda extranjera para diversos fines, restringiendo de manera notoria lo que hasta hace pocos meses era normal y habitual en este país por parte de casi todos los ciudadanos, como es de público y notorio conocimiento.”
“Debo destacar, asimismo, que producto de medidas económicas relacionadas, en el caso, con el programa monetario impuesto por el Gobierno y teniendo en cuenta que la política monetaria tiene un rol que cumplir en la esfera del desarrollo económico como es la estabilidad monetaria que se inserta en la orientación general para la política económica de la República, más allá de su acierto o no, no les compete a los jueces resolver tales cuestiones de política económica habida cuenta que son privativas de los otros poderes del Estado, de modo que el criterio de oportunidad o acierto con que las ejerza es irrevisable por cualquier otro poder.”
“Sin embargo, el Alto Tribunal tiene dicho que no le compete a ella considerar la bondad de un sistema fiscal o monetario respecto del erario público y decidir si uno es más conveniente que otro; sólo le corresponde declarar si repugna o no a los principios y garantías contenidos en la Constitución Nacional (Fallos:223:233, entre otros); de ahí, entonces, que se ha de analizar tal cuestión y resolver si sus contenidos están contestes o son coherentes con los principios contenidos en la Constitución Nacional.”
“Como se prueba con la Resolución del Acuerdo Previo del Bco. de la Nación de fs. 2, la adquisición de los dólares es a dichos fines, que en la operación interviene el Bco. de la Nación Argentina, lo que permite inferir que no se podrá distraer la moneda extranjera de sus instalaciones, que las fechas están contestes con la fijada en la Comunicación “A” 5236. En esta tesitura, observo que la restricción que impone la AFIP, al ejercicio del derecho de los actores de peticionar la adquisición de dólares para poder comprar su primera propiedad, es al menos grosera y arbitraria por cuanto su conducta, asimismo, es irrazonable e irregular toda vez que su información informática no se trata de un acto jurídico de los que regula la ley 19.549 en su art. 7 y concordantes y por si fuera poco, ha hecho caso omiso a la Comunicación “A” 5236 del Banco Central.”
“La normativa ahora dictada por el BCRA y regulada por la AFIP, al menos en este caso, afecta de una manera grave la garantía supralegal de usar y disponer libremente de su propiedad, como es cambiar moneda nacional para poder adquirir una propiedad, tal como se prueba con las constancias de autos y que solo han sido cuestionadas de manera dogmática por los letrados de la AFIP.”
“Y sobreabundando sobre esta situación, añade, se debe advertir que cualquiera sea la gravedad de la situación originaria de esas normas legales no deja de regir la norma protectoria del art. 28 de la C.N., dado que a diferencia de lo que acontece en el estado de sitio, las garantías constitucionales no se suspenden.”
“En tales condiciones, circunstancia comprendida en la excepciones marcadas por la propia Comunicación “A” 5236, el Fisco en tanto no pruebe que los actores no poseen capacidad contributiva para tal compra de divisas con un fin determinado, adquisición de viviendas con crédito hipotecario, carece de aptitud legal para impedir tal transacción; en autos la AFIP no ha demostrado la configuración de aquella circunstancia, puesto que una mera negativa a través de un medio informático, sin fundamento, ni explicación alguna ya que a dicha decisión, no puede asignársele el carácter de acto administrativo a la luz de la ley 19.549; es poco serio otorgarle valor de un acto administrativo con fuerza de tal.”
“En tal tesitura, no puedo concluir sin advertir que el impedimento por parte de la AFIP a que los actores cambien sus ahorros en el propio banco que les ha concedido el crédito hipotecario, le genera una afectación a su derecho patrimonial de usar y disponer de su propiedad, en este caso, ahorros, sin que realmente exista una norma compatible con la Constitución que, incluso, le permite tal transacción, actitud ésta que no constituye un ejercicio válido y razonable del poder estatal ya que estimo traspuso el límite que señala el artículo 28 de la Constitución Nacional.”
Responsablidad Solidaria del Socio Gerente Trabajo en negro
Tras destacar que tanto la causal de despido como las diferencias salariales habían sido consecuencia directa de la incorrecta registración del contrato de trabajo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió que correspondía condenar solidaria y personalmente por el total de la condena al socio gerente de la SRL demandada.
En el marco de la causa "Bogarin, Raul Orlando c/ Rodab S.R.L. y otros s/despido", la parte demanda apeló la sentencia de grado que había hecho lugar a la demanda presentada, agraviándose porque tuvo por cierta la fecha de inicio de la relación laboral denunciada en la demanda.
En su apelación, la demandada alegó la existencia de una locación de servicios entre 2007 y 2008, a la vez que señaló elementos de prueba de los que surgiría que recién fue convocado el actor desde mayo de 2008, desempeñándose antes para otra empresa.
Los jueces que integran la Sala VII explicaron que la magistrada de grado había considerado que en la contestación de demanda la propia accionada reconoció un período de prestación de servicios del actor iniciado en el año 2007, pero sostuvo que se trató de una locación de servicios.
En relación a ello, los camaristas señalaron que la juez de grado ”aplicó al caso la presunción del artículo 23 Ley de Contrato de Trabajo, la que consideró que no fue desvirtuada por la prueba producida por la accionada”, por lo que confirmaron lo resuelto en la instancia de grado en relación a tal punto.
Por otro lado, la condena solidaria dispuesta en la instancia de grado fue apelada por ambas partes, ya que mientras la demandada solicitó la revocatoria de tal condena por considerar que el registro deficiente de la fecha de ingreso del actor no es suficiente para fundar la misma, la parte actora se agravió porque la condena respecto del socio gerente fue acotada y no por la totalidad.
Los camaristas entendieron que al haberse registrado deficientemente la fecha de ingreso del actor, resulta aplicable al presente caso los términos de los artículos 59, 157 y 274 de la ley 19.550, por lo que rechazaron el agravio de la demandada.
Por otro lado, los jueces consideraron procedente el agravio de la parte actora, debido a que “tanto la causal de despido como las diferencias salariales fueron consecuencia directa de la incorrecta registración del contrato de trabajo”.
En base a lo expuesto, en la sentencia del 31 de agosto del presente año, la mencionada Sala decidió condenar al codemandado solidaria y personalmente por el total de la condena.
DESPIDO - DISCRIMINACION FALLO
Luego de aclarar que no es lo mismo despedir sin causa que discriminar a través del despido, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió que más allá de que el distracto se operó durante la vigencia de la licencia por enfermedad, dicha circunstancia no torna sin más al despido en discriminatorio.
La parte actora apeló la sentencia de primera instancia dictada en la causa "Villanueva, Arturo Dante c/ Obras Metálicas S.A. s/ despido", en cuanto entendió que no se encontraba acreditado en la causa un trato discriminatorio hacia el actor por parte de la patronal y, en tal entendimiento, desestimó la indemnización por daño moral reclamada con fundamento en la ley 23.592.
En su apelación, la recurrente argumentó que se encontraba debidamente acreditada la existencia del accidente de trabajo del actor y su despido durante el período de convalecencia siendo un indicio suficiente que tal circunstancia aconteció por su condición de trabajador accidentado.
Al analizar el presente caso, los jueces que integran la Sala II explicaron que “no entra en discusión –pues no fue controvertido por el accionante- que se trató de un despido incausado que, por haberse producido durante el término fijado por el art. 92 bis de la L.C.T., no generaba derecho a indemnizaciones (salvo la correspondiente al preaviso), y lo que debe determinarse, es si la empleadora se encontraba facultada a despedir al actor en tales términos o si, por el contrario, la decisión adoptada encubrió una motivación discriminatoria”.
Al fin de resolver dicha cuestión, los magistrados señalaron que “no es lo mismo despedir sin causa que discriminar a través del despido”, ya que “no se cuestiona que el despido de autos se produjo durante la vigencia del período de prueba, lapso durante el cual cualquiera de las partes puede extinguir el vínculo sin expresión de causa ni derecho a indemnización por motivo de la extinción”, sino que “lo que aquí se alega es que, bajo dicha figura, se produjo un acto discriminatorio pues, amén del período de prueba, el accionante se encontraba gozando de licencia por enfermedad a raíz de un accidente de trabajo sufrido apenas once días después de iniciado el contrato de trabajo”.
A su vez, los jueces explicaron que “en casos como en el presente, el trabajador tiene la carga de aportar indicios razonables de que el acto empresarial configuró un obrar discriminatorio por su condición de accidentado”, para lo que “no basta una mera alegación, sino que se debe acreditar la existencia de elementos que, aún cuando no creen plena convicción sobre la existencia de actos u omisiones atentatorios contra el derecho fundamental, induzcan a creer racionalmente justificada su posibilidad”.
Según sostuvieron los camaristas, en el presente caso, “en el que el despido se produjo durante la vigencia del período de prueba, la demandada contaba con la facultad de decidir la rescisión del contrato sin invocación de causa ni derecho indemnizatorio a favor del trabajador (a excepción del previsto en los arts. 231 y 232 de la L.C.T.), y lo cierto es que más allá de que el distracto se operó durante la vigencia de la licencia por enfermedad, dicha circunstancia no torna sin más el despido en discriminatorio”.
En la sentencia del 14 de agosto del presente año, los camaristas determinaron que “aún considerando la grave situación en la que se coloca al trabajador que es cesanteado cuando se encuentra imposibilitado de prestar tareas, la ley contempla expresamente dicha situación al prever el pago de salarios hasta el otorgamiento del alta médica (conf. arg. art. 213 L.C.T.)”.
Al confirmar la resolución apelada, la mencionada Sala concluyó que “tal como indicó el judicante de grado, sin que fuera controvertido por el recurrente, la aseguradora de riesgos del trabajo abonó al actor el ingreso base mensual durante los meses de enero y febrero, es decir, luego del distracto y hasta el alta médica, no advirtiéndose en la actitud de la empleadora un accionar discriminatorio, diferente al que pudiera haber adoptado cualquier otro empleador en iguales circunstancias, en las que, reitero, la ley prevé una protección al trabajador para cubrir sus contingencias hasta el momento en el que readquiera la capacidad de trabajar”.
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 12:08 No hay comentarios:
ACUERDO DESVINCULACION LABORAL - NULIDAD
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió que la voluntad del accionante se encontraba viciada al momento de suscribir el acuerdo de desvinculación por mutuo acuerdo al haber sido intimidado para hacerlo y no haber contado con asesoramiento letrado, destacando que la suscripción del acta por parte del accionante no implica per se que su voluntad no hubiera estado viciada por hechos que ocurrieran con anterioridad a la presencia de la escribana.
En la causa “Lo Tartaro Eduardo Ignacio c/ Aguas Argentinas S.A. y otro s/ despido”, la codemandada Aguas Argentinas S.A. apeló la sentencia de primera instancia que había concluido que la voluntad del accionante se encontraba viciada al momento de suscribir el acuerdo de desvinculación por mutuo acuerdo al haber sido intimidado para hacerlo y no haber contado con asesoramiento letrado, por lo que debía concluirse que el actor había sido despedido sin causa de la demandada Aguas Argentinas S.A.
La recurrente expresó en sus agravios que la sentenciante de grado había desestimado la validez jurídica del acta celebrada ante escribano público, agregando que el escribano público da fe de la validez del instrumento firmado en su presencia, garantizando con su presencia los requisitos de validez de los actos voluntarios en el sentido de que hayan sido hechos con discernimiento, intención y libertad, y que no se efectuó el procedimiento de redargución de falsedad.
Al analizar el presente caso, los magistrados que componen la Sala V sostuvieron que “la manifestación que se efectúa en torno a que la presencia del escribano público en la firma del instrumento garantiza que fue efectuado con discernimiento, intención y libertad y que, por ello, el actor debió impugnarlo a través de la redargución de falsedad no resulta acertada”.
Según explicaron los jueces, ello se debe a que “el escribano sólo da fe de los hechos que ocurrieron en su presencia pero no respecto del estado de ánimo ni de las presiones a que puede haber estado sometida -o no- alguna de las partes, ya que se limita a transcribir lo manifestado por estas”.
En tal sentido, en la sentencia del 12 de julio del presente año, el tribunal remarcó que “la suscripción del acta por parte del hoy reclamante no implica per se que su voluntad no hubiera estado viciada por hechos que ocurrieran con anterioridad a la presencia de la escribana”.
A su vez, los camaristas consideraron que en base a los testimonios brindados por los testigos en la causa, “las negociaciones o tratativas no se efectuaron delante de la escribana”, sino que “el hoy reclamante estaba en un despacho -al que la escribana no accedió- y que ella permaneció en otro lugar”, por lo que “de ser cierto que estaban ultimando detalles del accionante con el actor, no se entiende cómo pasó la escribana al despacho y le leyó la escritura -sin recordar si la elaboró allí-, lo que más bien lleva a concluir que ya estaba preparada con antelación”.
Por último, tras señalar que “incluso partiendo de la base de que no hay intimidación por injustas amenazas cuando el que las hace se redujese a poner en ejercicio sus propios derechos (art.939 C. Civil)”, los jueces concluyeron que “para que tal principio pudiera ser aplicado válidamente en el sub examine, la parte interesada -en ese punto la empleadora- debió haber demostrado que, realmente, el trabajador incurrió en un incumplimiento que hubiera podido justificar la denuncia penal, pero ello no acaeció”, por lo que confirmaron lo resuelto en la instancia de grado.
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 12:07 No hay comentarios:
RESPONSABILIDAD CONSORCISTAS
Al confirmar que la responsabilidad de los consorcirstas por las deudas del consorcio es subsidiaria, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo explicó que debido a ello no está vedado dirigir la ejecución contra ellos, sólo que primeramente deben excutirse los bienes del Consorcio, el cual como persona jurídica tiene su patrimonio propio, mientras que a partir de dicha excusión se abre la vía de ejecución respecto de los consorcistas sobre sus unidades funcionales.
En la causa "Rua Sandra Viviana c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Albariños 1252 s/ despido", la parte actora apeló la resolución del juez de primera instancia que desestimó su planteo tendiente a la formación de incidente de responsabilidad dirigido contra los copropietarios del consorcio demandado y a fin de efectivizar contra ellos la ejecución del crédito laboral reconocido a su favor en las presentes actuaciones.
Los magistrados que integran la Sala IX recordaron que dicho tribunal “se ha expedido anteriormente en cuanto a la responsabilidad de los consorcistas por las deudas del Consorcio y ha establecido que es subsidiaria, razón por la cual no está vedado dirigir la ejecución contra ellos, sólo que primeramente deben excutirse los bienes del Consorcio, el que, como persona jurídica que es, tiene su patrimonio propio; y a que a partir de dicha excusión se abre la vía de ejecución respecto de los consorcistas sobre sus unidades funcionales ("Palacios, José Zacarías c/ Consorcio de Propietarios del Edificio Juan B. Ambrosetti 190 s/ Despido" Sent. Int. Nro. 8972 del 31/8/06, del Registro de esta Sala)”.
En igual sentido, los camaristas compartieron “los argumentos vertidos por la Sra. Fiscal General Adjunta ante esta Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Dictamen Nro. 53.998 del 21/12/11), así como los que se expresaron en el Dictamen en lo relativo a que "... primeramente deben excutirse los bienes del consorcio el que, como persona jurídica que es, tiene su patrimonio. A partir de dicha excusión se abre la vía de ejecución respecto de los consorcistas sobre sus unidades funcionales..."”.
En base a ello, en la sentencia del 6 de agosto pasado, la mencionada Sala resolvió revocar la resolución recurrida y disponer la formación del incidente en la forma peticionada por la parte actora.
FACTURAS "TRUCHAS " - Por María Eugenia Talerico
Las maniobras contables a gran escala que se sirvieron de documentación apócrifa para evadir impuestos u obtener beneficios impositivos se han ido generalizando, hasta llegar a constituir cerca del setenta por ciento (70%) de las denuncias penales tributarias formuladas por la AFIP.
La maniobra no es nueva, ni es sólo de orden nacional. Podríamos destacar diversos casos como los más representativos de cada época. A fines de los ’80 fue el caso “KONER SALGADO” uno de los mas paradigmáticos, luego, con el primer lustro de los ’90 la llamada “CAUSA DEL ORO”, y entrando en estesiglo, la causa “VIAZZO” y “DI BIASE”, esta última iniciada a raíz de las investigaciones por la utilización de facturas apócrifas por parte de la empresa sueca SKANSKA S.A.
En la Europa unificada el caso más conocido ha sido la llamada “Operación Carrouselle” en la cual sintéticamente a un producto se le “agregaba parcialmente valor” –obviamente que sólo desde lo documental- en diferentes jurisdicciones recuperándose el IVA al exportarse ese producto fuera de la eurozona. No se conoce con exactitud la magnitud de este fraude, pero se estima multimillonario en euros.
Consecuentemente se generaron avances en todas las legislaciones tributarias, agravando las penas por el uso de esta maniobra.
La última reforma a la ley penal tributaria, ha previsto como “AGRAVADA”, a la evasión que se realiza mediantela utilización total o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falsos,la pena prevista va desde los 3,6 años a 9 años de prisión, lo que resulta teóricamente no excarcelable e importa en el futuro una pena de prisión de cumplimiento efectivo.
Debe destacarse que la figura penal que se ha introducido recientemente, NO CONTIENE MONTO MÍNIMO DE PUNIBILIDAD por lo que, las áreas internas de la Administración (Federal y Subnacionales, teniendo en cuenta la incorporación de los tributos provinciales y de la CABA a la Ley 24.769) no podrían sustraerse de llevar adelante las acciones penales considerando el delito como de EVASION AGRAVADA, con independencia de los montos involucrados.
De allí que creo que, deberán ser los Jueces, los encargados de interpretar en los casos concretos, el alcance de esta norma en función de la proporcionalidad y razonabilidad de la pena prevista.
Pienso que una adecuación correcta, sería el de interpretar, de acuerdo con el texto del primer párrafo del artículo 2 de la ley la fijación de un monto mínimo para la punibilidad, que debería ser el previsto para los casos de evasión simple, es decir $400.000.
Lo contrario podría suponer en el extremo, que un caso de facturación falsa de poca monta generase una hipótesis delictiva amenazada con pena de prisión que podría ser como dijimos, de cumplimiento efectivo.
Además, si bien el autor de este ilícito, es el sujeto obligado, es de suponer que se acentuará el control sobre diferentes profesiones que, conforme la experiencia de las investigaciones han tenido roles preponderantes en este tipo de maniobras.
Todo ello además se podría agravar considerando las diferentes competencias que se entrecruzarán y que podrían ser fuente de “strépitus fori” –escándalos jurídicos- por la diferente interpretación que sobre los mismos hechos podrían tener no ya solamente la AFIP, el Tribunal Fiscal de la Nación y la Justicia Penal Tributaria o Federal, sino también la Justicia Provincial y las Administraciones Tributarias provinciales.
Cabe recordar que en algunas de las provincias parte de la administración tributaria está tercerizada (no es llevada íntegramente por parte del Estado provincial) o en algunas los funcionarios no tienen previsto un régimen de incompatibilidad, lo cual podría agregar nuevos elementos de riesgo a las interpretaciones de los hechos.
Así las cosas, creo que en muchos casos concretos, existe el riesgo de que sucedan persecuciones penales con consecuencias arbitrarias e irrazonables que sólo los Magistrados, podrán equilibrar a través de una lógica y razonable interpretación de la norma, a la luz de los hechos y del resto del ordenamiento jurídico.
En el ámbito judicial, existen diversos principios que se aplican a diario en los tribunales nacionales a los efectos de emitir distintas sentencias. Tal es el caso del que se denomina de ley penal más benigna.
El mismo establece que, al momento de determinar una condena por un delito, de existir dos normas que fijen sanciones por los mismos hechos los jueces deben aplicar aquella que sea menos dañina para el acusado.
Así, por ejemplo, si una persona es acusada de asalto a mano armada y existen dos leyes que condenan esta situación, pero una fija una pena de 5 años de prisión y la otra sólo 3, los magistrados deberán adoptar ésta última.
La evasión, como delito incluido en la Ley Penal Tributaria, no es ajena a dicho principio y fue centro de debate hace unos meses cuando el ahora ex procurador general, Estaban Righi, encendió una señal de alerta entre los empresarios.
Ocurrió que, a través de la resolución 5/2012, el ex jefe de fiscales instruyó a éstos para que "se opongan a la aplicación retroactiva de la última reforma a la Ley Penal Tributaria" aprobada por el Congreso de la Nación a fines del año pasado.
Si se tiene en cuenta que la modificación aumentó los valores a partir de los cuales los evasores pueden ser sancionados de $100.000 a $400.000, valerse del principio de la ley penal más benigna es crucial para garantizar que algunos acusados no vayan a prisión.
Es decir, un empresario que haya evadido $150.000 en el Impuesto a las Ganancias, no iría a la cárcel si fuera juzgado en base a la última reforma de la Ley Penal Tributaria.
En tanto, no podría eludir la condena si se aplicase el texto normativo vigente hasta que se aprobó la modificación.
Justicia cordobesa
Recientemente, la Cámara Federal de Córdoba decidió revocar un pedido de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de condenar por evasión a un contribuyente.
Todo comenzó cuando el fisco presentó una denuncia penal contra Pedro Sufia por presunta evasión simple.
El organismo de recaudación argumentó que, debido a que los montos superaban los $100.000, el acusado debía ser sancionado según lo establece el artículo 1 de la Ley Penal Tributaria, por lo que debería enfrentar una pena de 2 a 6 años de cárcel.
Al respecto, aplicando la excepción de retroactividad de la ley penal más benigna, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó un sobreseimiento en orden al delito de evasión tributaria, ya que con motivo de la reforma, que elevó los montos previstos como condición objetiva de punibilidad, “aquel proceder quedó privado de uno de los elementos del tipo, circunstancia que la hace perder el carácter delictivo”.
En tal sentido, se agregó que “si bien la ley penal es, en relación al tiempo, irretroactiva rigiendo para el futuro, la excepción se perfila en el siguiente caso: cuando al momento de la comisión del hecho delictivo se encuentra vigente una ley, pero al tiempo del dictado del fallo se hubiere dictado otra que fuera más favorable al imputado, se aplicará ésta última”.
A su vez, el tribunal tuvo en cuenta que, a partir de la reforma constitucional de 1994, la retroactividad de la ley penal más benigna encuentra fundamento en los tratados internacionales incorporados con idéntica jerarquía.
Concretamente, “teniendo en cuenta el tipo penal atribuido al imputado, esto es evasión simple" afirmaron los magistrados. "Al respecto, el legislador dispuso mediante la ley 26.735, por razones de política criminal, que la conducta de evadir menos de $400.000, por cada tributo y por cada ejercicio anual, no es hoy considerada punible”, agregaron.
Al respecto, la abogada especialista en impuestos Karina Larrañaga destacó que la interpretación que realizó la Justicia "es en un todo ajustada a derecho y respetuosa sobre todo de las garantías constitucionales del imputado".
"En este sentido, comparto la interpretación hecha por la Cámara en cuanto sostuvo que corresponde aplicar en el caso la garantía de retroactividad de la ley penal más benigna consagrado en nuestra Constitución Nacional", remarcó.
"Ello -continuó la experta- toda vez que el nuevo texto legal (Ley 26.735) eleva a $400.000 el importe previsto como elemento objetivo del tipo (algunos sostienen que como condición objetiva de punibilidad), para la efectiva consumación del delito de evasión fiscal simple, y encontrándose vigente la nueva norma al momento de resolver el recurso interpuesto por el imputado, corresponde por tanto su plena aplicación".
Y concluyó: "Cabe destacar que una de las garantías constitucionales básicas del imputado es, precisamente, la posibilidad de recurrir a una norma penal en forma retroactiva en el supuesto que ella resulte más beneficiosa al reo".
En tanto, el consultor tributario Iván Sasovsky resaltó que "es importante tener presente la utilización efectiva del Régimen Penal Tributario, el cual sin dudas se ha 'transformado' para dar lugar a un cambio conceptual en torno al carácter de 'imputado' y cuya definición resulta de una sensibilidad superlativa en cuanto a la responsabilidad sobre los ilícitos tributarios".
El experto explicó que "deben analizarse las cuestiones objetivas y subjetivas de los hechos, siendo en ese punto desde donde se desprende el grado de ‘imputabilidad' del contribuyente en la concreción del ardid".
Y esto debe estar "sustentado por el principio constitucional de ‘personalidad de la pena' que rige para los ilícitos penales y que, en su esencia, responde al principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquél a quien la acción punible pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente", concluyó Sasovsky.
En igual sentido, Daniel Pérez, socio del Estudio Daniel Pérez, Marcela Fiocco & Asociados, advirtió oportunamente que el "intento de vedar la aplicación del principio, amén de atentar contra el derecho público, especialmente el derecho penal, es flagrantemente inconstitucional al vulnerar el derecho consagrado a partir de la reforma de 1994 con la constitucionalización de los pactos internacionales".
"La interpretación atenta contra los más elementales principios del derecho penal y se alza no sólo contra el derecho público sino también y fundamentalmente contra el texto constitucional", concluyó el experto.
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 8:20 No hay comentarios:
AFIP- BAJA DEL CUIT
Al respecto, la consultora tributaria Betina Yerien sostuvo que "siempre se presentan dudas y hay poca regulación al respecto" y aclaró que desde el fisco le explicaron que si bien ya poseen un instructivo, éste no contempla todos los casos.
Por su parte, Mario Buedo, socio del estudio Montero & Asociados, destacó que "es un tema que parece menor pero que a muchos les genera algunos problemas, ya que no todas las sociedades o contribuyentes que no tienen movimientos son 'fantasmas'".
"Está claro que no es una mala medida de la AFIP limpiar los padrones pero debería resolver más rápidamente cuando el interesado se presenta y pide que le levanten la cancelación, sino estaríamos en presencia de un procedimiento arbitrario por parte del fisco", señaló.
En tanto, Iván Sasovsky, titular del estudio Sasovsky & Asociados, destacó que "el tema de la baja del N° de CUIT es un tema muy sensible que no puede admitir desconciertos e incertidumbres, dado que estamos hablando de una cuestión personalísima que tiene que ver con la identidad del contribuyente".
Para el especialista, "resulta inadmisible que no se plantee una solución real a una cuestión de fondo que tiene una importancia relativa mayor a la que aparenta".
"Desde comprar un bien, decidir adquirir dólares, abrir una cuenta bancaria, registrarse como proveedor de una empresa o del propio Estado, viajar al exterior, efectuar actividades de índole comercial y financiera, todo queda relegado y condicionado al 'derecho de poseer una identidad tributaria'", indicó.
"Partiendo de eso, es importantísimo que se evalúen y se planteen formas genuinas para revertir la situación de la baja del N° de CUIT", concluyó.
En este sentido, Buedo explicó que "hay que partir de la base de que todo acto administrativo, por principio general, puede ser revisado".
La segunda vía es la prevista por el artículo 74 del Decreto Reglamentario del la Ley 11.683 (de Procedimiento Tributario) que es un recurso residual, que tiene plazos previstos y ante cuyos incumplimientos se puede pedir un pronto despacho. Incluso, ante la denegatoria o el silencio de la administración habilita la vía judicial.
Sobre esta última opción, Teresa Gómez, socia del estudio Harteneck, Quian, Teresa Gómez & Asociados, explicó que "se trata de un recurso para actos de alcance individual -que no determinan impuestos o aplican sanciones- por ser un procedimiento especial que prevalece a la aplicación supletoria de los procedimientos generales".
La resolución general 3358 dispone la cancelación del N° de CUIT de aquellas sociedades que no registren altas en impuestos, que no hubiesen presentado declaraciones juradas o lo hayan realizado en "cero" o no hayan declarado a sus empleados.
La norma aclara que la baja de la Clave Única "no obsta el ejercicio de las facultades de verificación y fiscalización (...) ni implica liberación de las obligaciones materiales y formales a cargo de los sujetos alcanzados".
Asimismo, tal como indicó Gómez a iProfesional.com, la resolución fija que la baja "quedará sin efecto, en caso de que esta Administración Federal realice al sujeto una fiscalización y de ella se derive un ajuste de los tributos a su cargo o cuando se haya dictado una resolución administrativa, contencioso-administrativa o judicial determinando tributos adeudados".
Al respecto, Yerien explicó que el objetivo del organismo "es detectar aquellos casos de creación y registro de sociedades comerciales con distintos objetivos", entre los que mencionó:
No obstante, la experta aclaró que "existen otros que se ven perjudicados al producirse esta cancelación".
"Por ejemplo, aquellas sociedades que están en busca de su mercado y circunstancialmente no poseen movimientos. O bien que se constituyen para el desarrollo de una actividad, pero luego les va mal y deben migrar a otra actividad, cambio que puede llevar un tiempo considerable", sostuvo.
En tanto, Sasovsky afirmó que "la medida, en general, tiene la finalidad de limpiar un segmento relegado cuya fiscalización y control implica un gasto que desvirtúa la relación costo-beneficio que debe mantenerse en el proceso de recaudación tributaria".
"Pero una vez efectuada la limpieza es clave que se les plantee una solución efectiva para quienes tienen la voluntad y la necesidad de contar con una identidad tributaria presente, asumiendo los 'costos' de la regularización correspondiente", remarcó.
Y concluyó: "Mientras tanto, y hasta que no se establezca lo contrario, se deberá recurrir por la vía pugnada por el organismo, y en todo caso recurrir a la justicia en el caso que se vea vulnerado un derecho como el propio 'derecho constitucional de defensa en juicio'".
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 8:48 No hay comentarios:
ART - AUMENTO LITIGIOSIDAD
Los litigios por accidentes de trabajo mueven unos $7.000 millones anuales, de los cuales $2.500 millones terminan en manos de los abogados litigantes.
Desde el 2003, cuando estos juicios representaban unas 2.947 causas anuales, según las proyecciones de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), llegarán este año a los 64.638 juicios, lo que representa un crecimiento del 2.100% en los últimos nueve años.
El informe de la UART hace referencia a los juicios iniciados anualmente sin contar ni las demandas ante jueces federales con competencia en las provincias o fuero de la seguridad social ni las mediaciones y/o conciliaciones obligatorias, con las cuales la cifra ascendería considerablemente.
Desde enero del 2002 hasta agosto del 2012 se iniciaron casi 266.000 juicios en todo el país. Por cada 10.000 trabajadores cubiertos, casi 75 iniciaron algún juicio.
En cuanto a las jurisdicciones con mayor litigiosidad en lo que hace a enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, el informe señala que en primer lugar se encuentra Santa Fe, seguida por Córdoba, Mendoza, Capital Federal y Buenos Aires.
Sin embargo, de los datos de los primeros ocho meses del año se desprende que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue la que mayor tasa de crecimiento presentó en la cantidad de juicios iniciados, con un alza del 27% anual y una participación del 33% del total de casos, superando a la provincia de Santa Fe, con una participación del 18%.
En cuanto a participación sobre el total de casos, la siguen la provincia de Buenos Aires, con el 17%; Córdoba, con el 13%, y Mendoza, con el 8%, indicó el diario BAE.
Por su parte, entre enero del 2007 y agosto del 2012 se iniciaron 136.000 procesos de mediación. También los datos de los primeros ocho meses del año muestran una tendencia alcista, con un crecimiento del 51% respecto del 2011, que -de continuar así- podría alcanzar las 46.275 mediaciones a fines del 2012.
Según datos de la Unión Industrial de Berazategui (UIB) elaborados sobre la base de informes de la UART, el monto estimado como pasivo contingente que pesa sobre las empresas se estima en el orden de los $7.000 millones, con honorarios de no menos de $2.500 millones, todo esto frente a una baja del 22% en la tasa de accidentes y enfermedades profesionales desde el inicio del sistema de ART. A su vez, las muertes se redujeron 56 por ciento. Según la entidad, estas contracciones se deben a un incremento del 360% en la cantidad de visitas de control por parte de las ART.
ACCIDENTES DE TRABAJO - NUEVA LEY
l proyecto propuesto por el Poder Ejecutivo para modificar la normativa vigente sobre accidentes laborales ya es ley y sólo falta su promulgación para que entre en plena vigencia el nuevo régimen de riesgos del trabajo.
Los empresarios se suelen preocupar por cuestiones que hacen al giro de sus negocios, por la competencia, el nivel de facturación, los costos laborales, la incertidumbre jurídica, entre otros aspectos, pero muchas veces terminan afrontando el pago de condenas al ser responsabilizados por la Justicia ante reclamos de índole laboral, previsional e impositiva.
En la actualidad, no son pocos los casos en los que se ven involucrados directivos, gerentes, jefes o ejecutivos de una firma por deficiente registración de los empleados, situaciones de mobbing, despidos discriminatorios o acoso, para mencionar algunos ejemplos, aún en niveles inferiores a ellos y sin que realmente sepan qué esto estaba sucediendo.
Así, en este contexto, se destaca el denominado "acoso laboral" que ha ido tomando cada vez mayor protagonismo en las compañías.
El mismo se caracteriza por tener una duración prolongada en el tiempo y provocar en el afectado un desgaste psicofísico importante y, a veces, irreparable.
De hecho, en los tribunales del fuero del Trabajo, se multiplican día a día los reclamos por daños y perjuicios vinculados con esta causal.
Y esto se debe, en muchos casos, a que los empleadores carecen de mecanismos o procedimientos para prevenir o detener posibles conductas inapropiadas en el seno de la compañía. Pero también responde a que tampoco se han tomado las decisiones adecuadas para satisfacer las quejas de quienes padecen situaciones tales como el acoso de un empleado jerárquico o de un compañero de trabajo.
Es más, no se suele detectar al hostigador, que es quien lleva adelante el conjunto de actos que -si bien al principio son aislados- se van coordinando hasta lograr la exclusión de la empresa de la víctima.
El manejo de esta problemática genera incertidumbre en las firmas ya que esta materia no está legislada en la Argentina.
La mujer se consideró despedida luego de denunciar -sin resultados concretos- ante su empleador que su jefe la maltrataba y la acosaba.
En el telegrama rescisorio explicó que el acoso le generaba un daño moral grave. Además, sostuvo que trabajaba jornada completa y que le pagaban medio día.
La dependiente declaró que el jefe de equipo se dirigía a ella -y a sus compañerass- con frases del estilo: "¿qué pasa?, ¿no cog...n hoy?" o "¿por qué están con esa cara de c... para vender? y luego completaba con expresiones tales como "mírenme a mí como sonrío porque c... todos los días". Además, indicó que las amenazaban constantemente con despedirlas si no llegaban al número mínimo de ventas.
También señaló que su jefe se paraba detrás de los empleados efectuando chasquidos con los dedos diciendo: "¡Vendé!" con un tono arbitrario cuando ellos se encontraban en plena comunicación telefónica con potenciales clientes.
Por último, explicó que le daba besos en la nuca mientras ella trabajaba y que le tiraba del precinto del corpiño y se dirigía a ella con frases del estilo: "rubia, si te agarro te parto al medio". Toda esta situación se producía delante del resto del personal.
El juez de primera instancia consideró legítima la decisión de la Srta. J. de colocarse en situación de despido en los términos de los artículos 242 y 246 de la LCT.
De esta manera, hizo lugar al reclamo indemnizatorio y fijó un resarcimiento adicional por daño moral. Por este motivo, la empresa recurrió a la Cámara de Apelaciones.
La firma indicó que la dependiente no pudo acreditar los hechos invocados y cuestionó la calidad de los testigos que prestaron su declaración.
Para los camaristas, no existían dudas en cuanto a que la decisión rescisoria fue justificada.
Y era así tras considerar la expresa negativa del empleador a la intimación por la que la dependiente reclamaba, además del cese del acoso laboral y sexual, el pago de las sumas adeudadas. Según los magistrados, se configuró una injuria cuya gravedad no consentía la prosecución del vínculo.
En este sentido, los jueces explicaron que estaba más que acreditado que el supervisor de la firma formulaba habitualmente comentarios groseros y faltos de respeto hacia la empleada delante de otros dependientes.
"Tales comentarios, formulados en ocasión del trabajo y frente a compañeros de la empleada, resultaron inapropiados en especial teniendo en cuenta que provinieron de un superior jerárquico que, evidentemente, tenía injerencia sobre la dependiente tanto en lo que respecta al establecimiento de sus horarios como a su propia permanencia en la empresa, ya que él era la máxima autoridad del equipo de telecobradores de la compañía", señalaron.
"La circunstancia de que el mencionado jefe maltratara, descalificara, amenazara y se expresase groseramente a sus subordinados y de que formulara comentarios a la empleada respecto de su aspecto físico, así como que se acercaba a ella y la contactara físicamente en ocasión de trabajo, se tradujo en un lamentable y reprochable comportamiento por parte del mencionado supervisor quien, evidentemente, sólo podía satisfacer sus carencias aprovechándose de su posición jerárquica", señalaron los magistrados.
De esta manera, concluyeron que los sucesos indicados fueron idóneos para infligir a la empleada "un sufrimiento espiritual con incidencia en su psiquis, su autoestima y personalidad que ha generado un daño moral que debe ser resarcido con fundamento en el Código Civil".
Si bien el daño fue causado por un supervisor de la empresa -que no fue demandado, los jueces remarcaron que "las acciones de éste como personal jerárquico comprometen a la empresa cuando -como en el caso- han sido llevadas a cabo por el hecho o en ocasión del trabajo".
En base a estos argumentos, confirmaron el resarcimiento de $50.000 en concepto de daño moral.
"Esta causa encuadra perfectamente en un caso de mobbing o acoso moral, ya que la trabajadora sufrió maltratos continuos de parte de quien le daba las órdenes de trabajo, afectando a la misma física y psicológicamente, causándole un daño moral irreparable", indicó Andrea Mac Donald, docente de la Facultad de Derecho de la UBA.
En ese sentido, Juan Manuel Minghini, socio del estudio Minghini, Alegría & Asociados, explicó que "el empleado debe poner en conocimiento inmediato a su empleador si sufre una acción continua, menoscabante, vejatoria del espíritu y de la tranquilidad psíquica y moral a la que es sometido y teniendo en consideración las acciones o medidas que adopte la firma para eliminar o finalizar el perjuicio, importa la responsabilidad que deba eventualmente asumir", concluyó Minghini.
En tanto, Esteban Carcavallo, socio de Severgnini, Robiola, Grinberg & Tombeur, manifestó que en casos de hostigamiento o acoso por parte de otro empleado, la empresa, luego de conocer fehacientemente esa situación, debe adoptar las medidas tendientes a conjurarla y evitar que se reitere.
El especialista enumeró los presupuestos necesarios para que proceda una denuncia por acoso. En este sentido, sostuvo que la compañía debe estar en conocimiento del hecho por medio de la denuncia de la víctima, comprobar su existencia, y por último, constatada su veracidad, sancionar a los empleados que tuvieron participación.
"Si luego de estos hechos se comprueba la inacción del empleador, éste no estaría dando cumplimiento a los deberes a su cargo regulados en la LCT lo que injuriaría al trabajador autorizándolo a disolver el contrato", concluyó Carcavallo.
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 8:45 No hay comentarios:
LOCACION DE SERVICIOS - FALLO JUSTICIA LABORAL
La Cámara Laboral reiteró que la obligación de un trabajador a emitir facturas por los servicios que presta en forma permanente para una empresa es “una imposición unilateral del dador de trabajo para eludir el cumplimiento de las obligaciones legales”, por lo que “constituye un claro y típico ejemplo de fraude para ocultar la verdadera naturaleza de la relación y eludir de este modo la legislación laboral y previsional”.
La Sala Novena de la Cámara, con las firmas de los jueces Roberto Pompa y Álvaro Balestrini, falló a favor de un “colaborador permanente” de un sitio de internet, quien había sido cesanteado sin derecho a percibir indemnización.
El demandante figuraba con la categoría ‘colaborador permanente‘, pero el tribunal consideró que “para que se configure esa calificación es necesario que las colaboraciones no correspondan a las tareas habituales del emprendimiento empresario: este requisito debe entenderse referido a evitar la utilización del instituto indebidamente, como mero recurso para eludir el cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato de trabajo periodístico, con el fin de que ésta utilice la modalidad contractual de locación de servicios, con el único fin de ocultar la verdadera naturaleza de la relación y eludir de este modo la legislación laboral y previsional”.
La empresa de internet alegó que no había relación de dependencia pues el ‘colaborador‘ facturaba por sus servicios, pero el tribunal replicó: “No modifica la conclusión arribada la circunstancia que para poder cobrar sus remuneraciones el actor debiera extender facturas, como si se tratase de un trabajador autónomo e independiente”.
“Resulta claro que demostrada la existencia de la relación de dependencia laboral, la emisión de facturas aparece como una imposición unilateral del dador de trabajo para eludir el cumplimiento de las obligaciones legales, en lo que constituye un claro y típico ejemplo de fraude para ocultar la verdadera naturaleza de la relación y eludir de este modo la legislación laboral y previsional”, añade el fallo.
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 8:44 No hay comentarios:
CEPO CAMBIARIO - PAGO HIPOTECA EN DOLARES
La justicia había recibido la petición de un hombre y una mujer para comprar moneda estadounidense con el fin de abonar una hipoteca. En una primera instancia, la solicitud fue denegada.
Más tarde, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó el fallo que rechazaba la medida cautelar, la cual ordenaba que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) validaran la compra de dólares.
Cabe señalar que el contrato suscripto señalaba lo siguiente: “Si la entrega en dólares se hiciere de cumplimiento imposible por causas ajenas a la voluntad de la deudora, la acreedora podrá optar porque la obligación sea satisfecha en la cantidad de pesos, o la moneda que lo sustituya, en cantidad suficiente como para comprar en la plaza de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, la cantidad de dólares adeudados”.
Los camaristas César Álvarez y Julio Víctor Reboredo sostuvieron que “cuando la medida cautelar se intenta contra la Administración Pública es necesario que la arbitrariedad del acto cuestionado sea notoria, dado el rigor con que debe apreciarse la concurrencia de los supuestos que la tornan admisible”.
Además, los magistrados afirmaron que no está configurado el peligro de la demora que requiere el tipo de medida y, por tal motivo, decidieron desestimar la petición confirmando la resolución de primera instancia.
Por último, los jueces se refirieron a los argumentos expuestos por el apelante vinculados a la ineficacia de la renuncia contractual a la imprevisión y remarcaron que esta materia “constituye una cuestión ajena al tema en debate, máxime frente a la ausencia en el proceso, por el momento, de la otra parte integrante del contrato en cuestión”.
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 6:14 No hay comentarios:
PEDIDO DE QUIEBRA - FALLO
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial resolvió que no resulta suficiente a los efectos de solicitar la quiebra un documento donde se instrumenta un contrato de carácter bilateral, toda vez que la comprobación del cumplimiento de las prestaciones recíprocas excede el ámbito de conocimiento previsto por el artículo 84 de la Ley de Concursos y Quiebras.
En los autos caratulados "Ruiz Torres Angela Lucila s/ pedido de quiebra (por Sposato Alejandro Martin)", el peticionario de la quiebra apeló la resolución mediante la cual el magistrado de grado había desestimado la procedencia de su pretensión de falencia.
Los jueces que componen la Sala B coincidieron con lo resuelto en la instancia de grado, al considerar que “no es suficiente a los efectos de solicitar la quiebra el documento presentado, en tanto instrumenta un contrato de carácter bilateral por lo que la comprobación del cumplimiento de las prestaciones recíprocas excede el ámbito de conocimiento previsto por el artículo 84 de la Ley de Concursos y Quiebras”.
Según explicaron los camaristas, “el documento, es continente de obligaciones cuyo grado de cumplimiento solo es susceptible de verificación a través de un proceso de conocimiento”.
A su vez, en el fallo del 12 de junio del presente año, la mencionada Sala sostuvo que “el cuestionado contrato tampoco acredita por sí solo la existencia de una obligación líquida y exigible que constituya requisito insoslayable para la viabilidad de la pretension falencial, y ello no puede indagarse en este proceso, dado el mencionado estrecho marco cognoscitivo previsto por la ley 24.522”, por lo que decidieron rechazar el recurso de apelación presentado.
IMPUESTO A LAS GANANCIAS - AMPARO
El titular del Juzgado Federal Número 4 de Mar del Plata, Alfredo López, otorgó un amparo a un trabajador que gana 5300 pesos mensuales de sueldo y no llega al actual mínimo salarial para abonar el Impuesto a las Ganancias.
Con la primera cuota del aguinaldo, el damnificado superaba el piso y debía sufrir el descuento en su haber aunque la justicia hizo lugar a la solicitud del empleado que se quejó ante el juez porque el Gobierno no incluyó en la Ley de Presupuestos 2012 la actualización de los pisos no imponibles.
A partir de la justificación esgrimida, el actor requirió el dictado de una medida cautelar innovativa e hizo reserva del caso federal para poder llegar hasta la Corte Suprema de Justicia.
Por su parte, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) respondió que, al momento de la demanda, el trabajador no había experimentado ninguna retención del tributo.
El juez López aclaró que desde el año 2003 se fue actualizando el mínimo no imponible y que la última fue en 2011, donde se fijó en 5782 pesos para solteros sin hijos y en 7998 para casados con hijos.
Además, el magistrado hizo hincapié en las subas del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y remarcó que la Remuneración Promedio de los Asalariados Registrados del Sector Privado registró una suba del 32 por ciento en 2011.
A partir de dichos incrementos, más personas quedaron alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias sin que existiera un real aumento en la capacidad contributiva de los empleados. Este concepto fue una de las justificaciones más importantes del magistrado en su resolución.
CEPO CAMBIARIO - CONTRATOS EN DOLARES
Pero llevarlo a la práctica no es tan sencillo. Expertos consultados destacaron que existen dificultades a la hora de cobrar deudas en dólares y también pusieron de relieve los problemas que enfrentan quienes necesitan hacerse de esa moneda para cancelar sus obligaciones.
Consultado Esteban Centanaro, docente y magistrado, explicó que en este contexto se puede evaluar como opción la de los "contratos pesificados con alternativa de modificación de precios que permitan que la inflación no torne utópica la prestación o ganancia esperada en convenios de ejecución diferida o tracto sucesivo", por ejemplo, los alquileres.
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 6:16 No hay comentarios:
CAJAS DE SEGURIDAD - CONSEJOS
e calcula que las sucursales de los bancos cuentan con medio millón de cajas de seguridad y que hay lista de espera de clientes para acceder a ellas. Luego de las restricciones impuestas por el Gobierno en noviembre del año pasado, aquellos pequeños ahorristas que habían logrado generar algunos ahorros en dólares se han aferrado con más fuerza aún a los mismos, y buscan activamente dónde poder guardar ese capital.
Peor aún, es dejarse dominar por el temor limitando las posibilidades de esperar el momento justo para poner ese dinero a trabajar..
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 6:11 No hay comentarios:
Un fallo judicial exigió al Gobierno que actualice el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y determinó que el gravamen no debe ser retenido a un trabajador mientras no se cumpla con esa suba del piso.
El juez Alfredo López, titular del Juzgado Federal Nº 4 de Mar del Plata, otorgó un amparo a un trabajador que gana $5.300 mensuales, con lo que no llega al actual mínimo salarial para pagar Ganancias, pero que con la primera cuota del aguinaldo superaba el piso y debía sufrir el descuento.
El empleado se quejó ante el juez porque este año el Gobierno no incluyó en la Ley de Presupuesto 2012 la actualización de los pisos no imponibles, lo que obliga a los trabajadores en relación de dependencia deban pagar el Impuesto a las Ganancias, dejándolos en una situación de vulnerabilidad, ya que carecen de capacidad contributiva.
Sobre esa base, requirió el dictado de una medida cautelar innovativa, al tiempo que hizo reserva del caso federal, para llegar hasta la Corte Suprema de Justicia si hiciera falta plantear en esa instancia la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de Ganancias.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) respondió, entre otras cosas, que al momento de interponer la demanda, al trabajador todavía no le habían efectuado ninguna retención de Impuesto a las Ganancias sobre su salario, por lo que no existía caso judicial susceptible de ser debatido ante la Justicia.
El juez López dice que acepta el principio fijado por la Corte sobre que no es competencia del Poder Judicial pronunciarse sobre la equidad de los impuestos determinados por leyes del Congreso, pero sí decidir sobre su inconstitucionalidad.
En ese marco, recuerda que desde 2003 se fue actualizando el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias y que la última fue en 2011, donde se fijó en $5.782 para solteros sin hijos y de $7.998 para casados con dos hijos.
Pero señala que este año el mínimo no imponible no se modificó y se pregunta si dado el escenario económico social reinante en el país y la situación particular del amparista eso resulta razonable.
El propio texto de la Ley de Impuesto a las Ganancias en su artículo 25º prevé la actualización anual de importes de las ganancias no imponibles y de las compensaciones, según las pautas allí fijadas, indica el fallo publicado por La Ley, y agrega que esto pone de relieve que el legislador buscó que se tuvieran en cuenta las variables económicas del país.
El magistrado marplatense utilizó, de entre esas variables, los aumentos de los sueldos.
En tal sentido, apuntó a las subas del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y fue citando los distintos incrementos de ese parámetro desde 2003, puntualizando que en 2011 fue de 25% y también este año se fijó un aumento de ese nivel.
También remarcó que la Remuneración Promedio de los Asalariados Registrados del Sector Privado registró una suba de 32% en 2011, mientras que fueron similares los montos del Salario Conformado Promedio de Convenio, siempre según datos de la página de Internet del Ministerio de Trabajo.
López afirmó que, con esas subas salariales, más personas quedan alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias, sin que exista necesariamente un aumento de la capacidad contributiva.
Por último, declara la inaplicabilidad del Impuesto a las Ganancias sobre el sueldo del amparista mientras perdure la omisión del Gobierno de actualizar el mínimo no imponible, y hace lugar a la acción de amparo.
Publicado por Dr. GUSTAVO ARAMBURU en 6:02 No hay comentarios:
BANCOS - DERECHOS DEL CONSUMIDOR
La Sala A, perteneciente a la Cámara Nacional en lo Comercial, ratificó en una relación de consumo crediticia que la jurisdicción fuera elegida por la entidad financiera. En la causa “Banco Comafi S.A. c/Moyano Luis Aníbal s/ secuestro prendario”, la demandada había solicitado la aplicación del artículo 36 in fine de la Ley de Defensa del Consumidor el cual le concede competencia a los tribunales del domicilio real del consumidor.
La causa tuvo origen en la interposición de una demanda por secuestro prendario en virtud del comportamiento moroso del señor Moyano. Cabe indicar que el instituto de la prenda comercial está normado en el artículo 585 del Código Comercial, el cual señala que cuando no se hubiere pactado un modo especial de enajenación, el acreedor podrá proceder a la venta de las cosas tenidas en prenda, en remate, anunciado con 10 días de anticipación.
Es así que la acción de remate queda en manos privadas, pero la recuperación del bien en la justicia, a través de la acción de secuestro. La competencia de dicha acción debe resolverse a través de los tres criterios contenidos en el artículo 28 de la Ley de Prenda con Registro: el juez comercial del lugar convenido para el abono, donde según del contrato se encontraban situados los bienes, o el lugar del domicilio del deudor, a opción del ejecutante.
En la oportunidad de iniciar el proceso, el Banco Comafi S.A. eligió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por lo tanto el fuero Comercial Nacional. Sin embargo, al momento de iniciarse la demanda, el juez de grado que recibió la causa se declaró incompetente de oficio, bajo el fundamento de que no se había tenido en cuenta el artículo 36 in fine de la Ley de Defensa del Consumidor.
Dicho plexo normativo indica taxativamente que será competente, para entender en el conocimiento de los litigios relativos a contratos regulados por las operaciones de venta de crédito, siendo nulo cualquier pacto en contrario, el tribunal correspondiente al domicilio real del consumidor. En virtud de ello, la parte actora apeló el decisorio, con fundamento en el artículo 4 del CPCCN.
El argumento utilizado por la actora en base al artículo 4 del CPCCN, se sustentó en la veda a declararse incompetente por territorialidad en los asuntos exclusivamente patrimoniales de oficio a los jueces. Recibida la causa por los vocales, los mismos indicaron que le asistió razón a la actora, en virtud de lo cual detallaron los fundamentos para alcanzar tal decisión.
Los mismos giraron en torno a que en un proceso del tenor del secuestro prendario -donde el consumidor no debería tener que defenderse-, no se advirtió cual fue el sentido de mandar a tramitar el secuestro al juez del domicilio del deudor ya que el trámite no prevé intervención alguna del consumidor dentro de dicho proceso, sino meramente la entrega del bien.
Señalaron que el motivo por el cual el régimen de defensa del consumidor determinó la competencia por el domicilio real del consumidor en materia de reclamos por créditos se fundó en que no se aleje el tribunal competente del domicilio de la parte presuntamente débil, cuestión que no se vio vulnerada en autos ante el carácter la veda de su defensa en el proceso.
Entonces, ante los reclamos e insistencia del cliente, el cajero en voz baja le dijo: "Va a tener que ir al blue o se le va a complicar".
El hombre se quedó pensando y dudó por miedo a tener problemas y a que lo pudieran pescar "in fraganti".
Ante el reclamo, la Justicia Federal no llegó a resolver la cuestión de fondo pero hizo lugar a la medida cautelar mencionada ordenando a la AFIP arbitrar de inmediato "la autorización de compra por un valor de 2.000 euros".
Sin embargo, el fisco apeló argumentando que el objetivo era el de "transparentar operaciones de compraventa de moneda extranjera y detectar posibles operaciones inconsistentes", basándose en sentencias de segunda instancia a su favor.
De hecho, hasta aseguró que iba a comprarlos de esa forma para luego "autodenunciarse" por haber infringido la Ley Penal Cambiaria, no sin incriminar a posteriori "a la presidenta Cristina Kirchner, al ministro de Economía y a los titulares de la AFIP y del Banco Central", por considerarlos instigadores de haberlo obligado a delinquir.
"Parece que yo no puedo hacer con mi plata lo que quiero, pero el Estado y sus funcionarios pueden gastarse cuatro o cinco mil dólares una noche en un hotel con la plata que ponemos todos, es bastante insólito", opinó.
Asimismo, con respecto a comprar blue y luego autodenunciarse, Jose Figuerero (h), socio del estudio Fontán Balestra & Asociados, explicó que esto es válido. "Es como cometer un delito, entrar a la comisaría y contarlo", ejemplificó.
"Si la persona va a la Justicia y voluntariamente confiesa que compró euros en el mercado paralelo podrían procesarlo", señaló.
Y advirtió que "en sede judicial, sería muy difícil que se defienda argumentando que el Estado lo obligó a delinquir".
No obstante, puntualizó que "la única forma sería demostrar que hubo un estado de necesidad que justificara la ilícitud de su conducta, es decir, que vale más el motivo por el cual se va forzado a delinquir que el bien jurídico que protege el mercado de cambios".
Consultado por iProfesional.com, Iván Sasovsky, titular del estudio Sasovsky & Asociados remarcó que "la situación actual plantea un Estado que paraliza a quienes pretenden hacer lo que él mismo pronuncia pero que, a su vez, impide".
Para el experto, "lo más polémico es que incumple sus propias normas y en esa acción toma como cómplices a los propios contribuyentes".
"Y no se queda en eso, sino que les impide plantear cualquier tipo de reclamos. Directamente esto es una extralimitación de las potestades del Estado", agregó el especialista.
Sasovsky señaló que "la incertidumbre directamente se convirtió en una certeza: no se pueden adquirir dólares en la Argentina".
Y concluyó: "Es imposible pensar en un Estado de derecho cuando no se reconocen los propios de los habitantes, ni en términos absolutos ni relativos".
El consultor tributario, Alberto Romero, explicó que si "el turista recurrió al blue, luego no tiene forma de justificar el gasto en la declaración anual del Impuesto a las Ganancias".
Igualmente, el experto destacó que "si ante una inspección el contribuyente declara que adquirió los dólares en el mercado blue, los inspectores de la AFIP sólo pueden informar la situación al Banco Central".
"La AFIP no tiene potestad para iniciar acción alguna, sólo puede comunicar la situación al Central para que inicie el sumario correspondiente", agregó Romero.
El socio del estudio Fontán Balestra & Asociados, afirmó que la infracción cambiaria está definida por la ley como "todo acto u omisión que infrinja las normas sobre el régimen de cambios".
Esto significa, que "el Central puede controlar operaciones clandestinas o no autorizadas de divisas" y, a tal efecto, "requerir datos a cualquier particular o empresa, pedir testimonios y revisar libros y documentación comercial".
En tanto, Figuerero (h) puntualizó: "Será el BCRA el que instruirá el pertinente sumario pero, finalmente, el juez en lo Penal Económico es quien decidirá sobre la aplicación de las sanciones".
El artículo 43 de la Constitución Nacional permite la promoción de una acción de amparo contra la negativa infundada del ente fiscalizador para la compra de dólares u otras divisas extranjeras.
"Cualquier restricción discrecional en tal sentido constituye una práctica inadmisible, perjudicando el ejercicio de libertades constitucionales y la realización de los objetivos previstos por el constituyente. Especialmente, en cuanto al legítimo ejercicio de los derechos de libre contratación, propiedad, comerciar, usar y disponer de la propiedad, así como entrar, transitar y salir del territorio argentino", explicó el abogado del estudio Grispo & Asociados.
Por eso concluyó que "cualquier limitación o restricción que afecte la plena vigencia de tales derechos ocasionará, irremediablemente, un grave perjuicio a los ciudadanos".

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 28
 artículo 23
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 resolución 
 artículo 1
 artículo 74
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 84
 resolución 
 artículo 84
 artículo 25
 artículo 36
in fine
 artículo 585
 artículo 28
 artículo 36
in fine
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 43