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Timestamp: 2020-06-07 10:31:31+00:00

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Ley General de Sociedades y Generalidades
SC16516-2015 (2004-00080-01)
CAPÍTULOUI
LA INSCRIPCIÓN DE LAS SOCIEDADES Y DE LOS ACTOS SOCIETARIOS EN EL REGISTRO PúBLICO
l. Introducción a las reformas introducidas por la ley 26.994
La Jey 26.994 incluye la derogación del Código de Comercio en su totalidad, lo cual deroga también --<:onsecuentemente-los artículos 34 a 42 de ese cuerpo legal que crean y regulan el Registro Público de Comercio. Ello implica la desaparición de este Registro, el cual no es reemplazado por instituto alguno en el texto del nuevo Código.
Sin embargo, es intención del legislador el dictado de una norma específica donde se instituya un Registro Público, al cual alude dicho legislador en diversas ocasiones tanto en el cuerpo principal del Código como en las reformas introducidas a la ley 19.550. Esta decisión política plasmada en la nueva ley se vincula con los alcances tan amplios con que se ha encarado la unificación del régimen de los Derechos Civil y Comercial para conformar un nuevo -y.total- sistema de Derecho Privado. Consecuentemente, una ley especial -la que debe ser dictada con anterioridad al comienzo de la vigencia del Códi¡¡o-- deberá crear un nuevo Registro Público con el objeto de que en el mismo se proceda a la inscripción de los actos y documentos que el propio Código a lo largo de su articulado dispone, y otros que se establecen y establezcan en el fututo por leyes especiales. En lo que hace al régimen societario, como consecuencia de esta reforma, se modifica el texto de los artículos 5° Y 6° de la ley 19.550 con el objeto de dotar a las sociedades de un mecanismo inscriptorio
particular, atento a que la ley 26.994 deroga lo prescriptoen los artículos 39 a 42 del Código de Comercio. Finalmente cabe destacar que se modifica la naturaleza del control por parte del registrador, el cual deja de ser un control de legalidad, para devenir en un mero control fonnal respecto de los actos y docu-
mentos sujetos a registraci6n.
II. Análisis exegético de las nuevas normas
Art. 5° Inscripción en el Registro Público. El acto constitutivo, su modi- ficación y el reglamento, si lo hubiese, se inscribirán en el Registro Público del domicilio social y en el Registro que corresponda al asiento de cada sucursal, incluyendo la dirección do~de se ins- talan a los fines del artículo 11, inciso 2°. La inscripción se dispondrá previa ratificación de los otorgantes, excepto cuando se extienda por instrumento público o las finnas sean autenticadas por escribano público u otro flll1cionario com-
Publicidad en la documentación. Las sociedades harán constar en la documentación que de ellas 'emane, la dirección de su sede y los datos que identifiquen su inscripción en el Registro.
1. Concordancias
Artículos 141 a 167 -personas jurídicas privadas-, 320 a 331 -<:on- tabilidad y estados contables'- del Código, y artículos 6°, 7°, 8° Y 9" -inscripcióu en el Registro Público de Comercio. Reglamento-, y 61 a 73 --Sección IX del Capítulo r, De la documentación y contabilidad- de la ley 19.550.
Texto según ley 19.550
Texto según ley 26.994
Artículo 50 - Inscripción en el Registro Público de Comercio. El contrato cons- titutivo o modificatorio se inscribirá en el Registro Público de Comercio del dOnll-
Artículo 50 -Inscripción en el Registro Público. El acto constitutivo, su modifi- cación y el reglamento,si lo hubiese, se inscribiránen el Registro Público del do-
cilio social, en el término y condiciones
rrllciliosocial y en el Registro que corres-
LA INSCRIPCIÓN DE LAS SOCIEDADES Y DE LOS ACTOS SOCIETARIOS
de los artículos 36 y 39 del Código de
Comercio. La inscripción se hará previa ratificación de los otorgantes ante el juez que la disponga, excepto cuando se extienda por instrumento público, o las
panda al asiento de cada sucursal, inclu- yendo la dirección donde se instalan a los fines del artículo 11, inciso 2 0 •
La inscripción se dispondrá previa ratifi- caci6n de los otorgantes, excepto cuando se extienda por instrumento público o las
fJIIDas sean autenticadas
público u otro funcionario competente. Reglamento. Si el contrato constitutivo
previese un reglamento, éste se inscribi-
:fumas sean
autenticadas por
escribano pú-
blico u otro. funcionano competente. Publicidad en la documentación. Las sociedades harán constar en la docu- mentación que d~ ellas emane. la direc- ción de su sede y los datos que identi-
rá con idénticos recaudos.
Las mismas inscripciones se efectuarán en el Registro Público de Comercio co-
rrespondiente a la sucursal.
fiquen su inscripción en el Registro.
3.1. Las reformas introducidas por la ley 26.994 en materia de inscripción registral societaria
La regulación dispuesta por la ley 26.994, aunque con algunos cambios de redacción 1 :
a) Mantiene la obligación de inscribir en el Registro Público del domicilio social el acto constitutivo de la sociedad, su modifi- cación y el reglamento, si lo hubiese.
b) Mantiene la obligación de inscribir estos documentos en el Re- gistro Público que corresponda al asiento de cada sucursal.
c) Mantiene la previsión de que los otorgantes deberán ratificar ante el Registro Público el acto constitutivo, su modificación y el re- glamento, si lo hubiese, salvo que los documentos se hubieren extendido en instrumento público o las fumas hayan sido auten-
ticadas por. escribano público u otro
~cionario competente.
Sin embargo, la ley 26.994 innova al exigir:
a) Que en la inscripción que se haga en el Registro Público que
dirección donde
corresponda a cada sucursal debe incluirse la "
1 Como en la ley 26.994 se admiten las sociedades unipersonales, se modifica el lenguaje y se sustituye la expresi6n "contrato constitutivo" por "act~ constitutivo".
DANIEL ROQUE VITOLa
se instalan, a los efectos del artículo 11, inciso 2° de la ley
19.550 "2
de modo de permitir las notificaciones pertinentes.
b) Que las sociedades deban hacer constar en la documentación que de ellas emane la dirección de su sede y los datos que identifiquen su inscripción en el Registro. Ambas disposiciones son funcionales al régimen societario. La primera de ellas, para que no queden dudas de la información que se debe suministrar al Registro a los efectos de la publicidad, y para evitar conflictividad y dar seguridad jurídica a los terceros. La segunda también es pertineute en protección de los teReros y para que ellos puedan conocer si la sociedad se encuentra o no inscripta en el Registro J;'úblico respectivo'-
••.•. Si en el contrato constare solamente el domicilio, la dirección de su sede deberá inscribirse mediante petición por separado suscripta por el órgano de admi- nistración. Se tendrán por válidas y vinculantes para la sociedad todas las notificaciones ••
efectuadas en la sede inscripta
3 ARAMOUNI, Alberto, Práctica del Derecho Societario - 1, Astrea., Buenos Aires, 2004; BALBÍN", Sebastián,. La reforma a la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 por la Ley 26.994 de Reforma y Unificación del Código Civil y Comercial de la Nación, en Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación comentado, dir. por Rivera y Medina, La Ley, Buenos Aires, 2015; cURÁ, José M., La cuesti6n registral societaria y el poder de policía, en L. L. 1989-B-1049; FARGOSI, Horacio, Sobre la reforma no inscripta del estatuto de sociedades anónimas, en L. L. 2000- D-1276, Doctrina; FA VIER DUBOIS, Eduardo, El control judicial sobre registro de sociedades comerciales, en E. D. 84-875; FA VIER DUBOIS (h), Eduardo M., Derecho Societario Registral, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1994; FRANZA, Jorge A., Manual práctico de actuación ante la Inspección General de Justicia, Ediciones Jurídicas, 2005; GRlSPO, Jorge D., Efectos de las modificaciones del contrato social no inscriptas, respecto de la "sociedad" y de "terceros", en L. L. 2003-F- 1304, Doctrina; HALPERIN, Isaac, El Registro Público de Comercio y el control de legalidad, en L. L. 59-713; "MIGUARDI, Francisco, Inscripción de la' sociedad extranjera en el Registro Público de Comercio, nota a fallo, en L. L. 1979-C-95; Inscripci6n regístral de sociedad extranjera que participa en sociedad existente en el país, nota a fallo, en L. L. 1979-C-552; MOLAS, Ana Maria, Oposición a la inscripción de sociedades comerciales por homonimia. La actuación de la Inspec- ción General de Justicia, en E. D. 143-264; NISSEN, Ricardo Augusto, Sobre la necesidad de modificar las normas previstas por la ley 19.550 en materia de re- gistración de actos societarios, en L. L. 1989-E-866; VÍTOLO, Daniel Roque, Sociedades comerciales. Del Anteproyecto a la sanción del Senado, en L. L. 2013- F-982; Sociedades comerciales. Ley 19.550 comentada, Rubinzal-Culzoni, Santa
Como la norma sancionada bajo la ley 26.994 no aclara los alcances que debe darse a la expresión "documentación que de ellas emane", entendemos que debe considerarse a toda ella: facturas, recibos, notas de crédito y de débito, papelería comercial con membrete utilizada para la correspondencia epistolar, tarjetas comerciales identificatorias y estados financieros y contables, entre otras.
3.2. El Registro Público de Comercio eliminado
El Registro Mercantil es un instrumento de publicidad legal, de forma que los hechos y actos inscriptos en él se supone que son co- nocidos por todos y, contrariamente, los hechos y actos que deben ser inscriptos, pero cuya inscripci6n se omite, se considera que son des- conocidos por los terceros, salvo en algunas excepciones donde tal régimen de conocimiento puede ser suplido por un acceso directo a la información, por parte de los interesados. El origen de esta institución de los registros mercantiles puede encontrarse en el carácter corporativo que, históricamente, ha tenido
Fe, 200712008; Sociedades unipersonales, en Cuestiones societarias en homenaje
a Horacio P. Fargosi, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2004; Las sociedades unipersonales
y la reforma de la ley 19.550, en L. L. del 28~5-2012; Empresa individual de
responsabilidad limitada y sociedad unipersonal, V Congreso de Derecho Societario y 1 Congreso, Xheroamericano de. Derecho Societario y de la Empresa; Pluralidad
o no pluralidad-. Ésa es la cuestión, en RSyC, N D 27. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2004;
La regulaci6n de la sociedad unipersonal, IX Congreso Argentino de Derecho Societario y V Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, Universidad Nacional de Tucumán, t~ 1; ¿Hacia un nuevo concepto difuso de so- ciedad comercial en el anteproyecto de reforma de la Ley. de Sociedades?, en VÍTOLO, .Daniel R. y PARDINI, Marta (coords.), Nuevas perspectivas en el De- recho Societario y el anteproyecto de reforma a la Ley de Sociedades Comercia- les, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2005; Las sociedades civiles, irregulares y de hecho
, en el Proyecto de C6digo, en L. L. del 6-8-2012; Sociedad civil: ¿quo vadis?, en Revista Doctrina Societaria y Concursal, Errepar, Buenos Aires, N D 303, febrero
de 2013; LAs reformas a la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales en el Proyecto
, de Código Civil y Comercial de la Nación, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2012; Comen- tarios a las modificaciones de la ley 26.994 a la Ley General de Sociedades. Análisis comparativo con la ley 19.550, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2015; La Ley de 1 Sociedades reformada por la que sancionó el Código Civil y Comercial, en L. L.
del 27-10-2014.
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DANIEL ROQUE VfTOLO
el Derecho Comercial, de modo tal que, tradicionalmente, se imponía
a los comerciantes la obligación de estar matriculados en el libro de cada corporación a la cual éstos pertenecieran.
Estas inscripciones de la época de las cOlporaciones de mercaderes
son consideradas el antecedente de la obligación que, luego, los Códigos
decimonónicos Y las leyes especiales impusieron al comerciante como
obligación profesional. Sin embargo, como bien advierte Sánchez Calero, existen notables diferencias entre la matrícula de los comerciantes y un moderno Re- gistro Mercantil, las cuales derivan de que aquélla tenía la finalidad
exclusivamente de delimitar, tanto interna como externamente, quiénes eran comerciantes, por el interés corporativo existente de proteger al
grupo mientras que, en la actnalidad, en los Registros Mercantiles, aunqne también puedan servir para conocer quiénes son empresarios, prevalece la preocupación de ser un instrumento de publicidad legal,
es decir, un medio para que determinadas situaciones jurídicas se con- sideren conocidas por terceros o desconocidas, según estén o no ins-
criptas en él.
Entre nosotros existía la obligación de la inscripción ya a partir de la aplicación de las ordenanzas de Bilbao de 1737, que preveían el registro de las sociedades, y en las inscripciones que el Consulado efectuaba respecto de los comerciantes. Del mismo modo, tal como
TI, la Asamblea del año 1813 dictó normas
sobre inscripción de comerciantes. corredores y martilleros.
Cuando el legislador debió regular el régimen del Registro Público
de Comercio, al sancionarse el Código de Comercio argentino, esta-
bleció en el artículo 34 que en cada Tribunal de Comercio ordinario habría un Registro Público de Comercio, a cargo del respectivo se-
cretario, que sería responsable de la exactitud y legalidad de sus asien- tos. Es decir que, en el régimen concebido por el Código de Comercio, el Registro Público era estructurado dentro de la organizacióri judicial
y a cargo de los tribunales de comercio respectivos. Mediante la ley 14.769, y en el ámbito de la Capital Federal, se
se señalara en el Capítulo
modificó esta estructura organizativa con la creación de un Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro que tendría en forma exclusiva a su cargo el Registro Público de Comercio, y que
LA INSCRIPCIÓN DE LAS SOCIEDADES Y DE LOS ACTOS SOCIETARJOS
contaría con tres secretarías
de actuación y una de rúbrica-, in-
tegrándose su personal con la dotación que le asignaba la ley de pre-
a dicho registro. Por esa única vez, se podía designar secre-
tarios del juzgado al personal con título de escribano que, en aquel
momento, se encontraba en funciones en el Registro. Bajo este régimen se desenvolvieron las inscripciones hasta el año 1980.
Luego de un arduo debate doctrinario, respecto de la conveniencia
de lanbicación funcional del Registro Público de Comercio, sobre la
base de la controversia existente, en razón de si resultaba de una mayor utilidad que el mismo estuviera localizado dentro de la estructura ad-
ministrativa del Estado o en la órbita del Poder Judicial, el 31 de octubre de 1980 se sancionó la ley 22.315 referida a la organización de la Inspección General de Justicia. Esta ley, que sustituía la anterior 18.805, qne regulaba a la Inspección General de Personas Jurídicas,
atribuyó al organismo administrativo nuevas funciones en materia re-
gistral, comprendiendo el ejercicio de las funciones del Registro Público
de Comercio, así como la fiscalización de las sociedades por acciones, de las constituidas en el extranjero en ciertos supuestos, de las de capitalización y ahorro, asociaciones civiles y fundaciones.
De esta manera, el Registro Público de Comercio quedó en la Capital Federal y en el temtorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sud, a cargo de la Inspección General de Jnsticia; produciéndose una unificación, sobre todo en materia de fiscalización de sociedades por acciones que, en concepto del legislador, conducía a la simplificación de los trámites que hacían a su constitución y fun-
Por. su parte, la ley 23.316, sancionada y promulgada en la misma fecha que la anterior --del 31 de octubre de 198Q.-.,dispnso la trans- ferencia de las funciones del Registro Público de Comercio a la Ins-
pección General de Justicia y modificó la competencia y denominación
del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de Registro de la Capital Federal, que continuó funcionando a cargo de su juez titular como Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de la Capital Federal N° 26, con idéntica competencia y dotación de
personal que los demás juzgados existentes en ese fuero.
El régimen de los diversos Registros Públicos de Comercio exis-.
tentes en nuestro país queda librado a las jurisdicciones de cada pro- vincia, las que han adoptado y ubicado funcionalmente los registros de acuerdo con su propio criterio, predominando en la actualidad la asignación de dichas funciones al ámbito .administrativo, retirándolas de la jurisdicción del Poder Jndicial.
En lo que hace a la conveniencia de que el Registro Público de Comercio se encuentre en sede administrativa o judicial, son diversas las posiciones que se han adoptado, pudiendo establecerse que, en favor de la tesis que sostiene la pertinencia de su ubicación en sede administrativa, se han dado los siguientes fundamentos:
a) Los registros se vinculan más con el régimen de poder de policía del Estado que con el régimen de fiscalización jurisdiccional que ejerce el Poder Judicial.
b) La publicidad de las registraciones mercantiles no sólo interesa a los terceros sino, fundamentalmente, a la administración pú- blica.
c) Existe una mayor dinámica presupuestaria y de flexibilización en el ámbito del Poder Ejecutivo que en el ámbito del Poder Judicial, lo cual facilita el régimen inscriptorio.
d) Han variado las razones históricas que, en su momento, justi- ficaron la ubicación funcional del Registro Público de C~ en el ámbito del Poder Judicial.
e) Registrar es una función administrativa, y la calificación previa, aun siendo jurisdiccional, puede ser dictada por un funcionario administrativo, como ocurre en otros casos.
f) No existe experiencia que indique una mayor ventaja por la inamovilidad e independencia del Poder Judicial, en materia registral.
g) Ha quedado descartado el peligro de discrecionalidad que pu- diera atribuirse al funcionario administrativo, en materia regis- tral, en la medida en que, por una parte, el actual régimen jurídico ha derogado el sistema de la autorización para funcionar, apli- cable a las sociedades comerciales, y ha establecido un simple régimen de adecuación a la ley y, por otra parte, siempre se
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permite recurrir a la justicia para dirimir el conflicto o modificar el criterio administrativo.
h) El anterior régimen, que imponía un doble control, primero ad- ministrativo y luego judicial, ha demostrado su inconveniencia, resultando razonable la unificación del control societario .en un solo organismo.
En favor de la ubicación funcional del Registro Público de Comer- cio, en sede judicial, se ha sostenido:
La importancia del régimen registral, que ya fuera vislumbrada por Vélez Sársfield en el Código de 1859, evidenciada por el efecto constitutivo de ciertas inscripciones y la trascendencia del control sobre las sociedades extranjeras, debe tener un ámbito propicio e imparcial para su planteo.
El control de legalidad que se ejerce a través del Registro es una función estrictamente judicial y no administrativa.
La ventaja que otorga el sistema de facultades de resolver ciertas controversias, por parte del juez de Registro, previene futuros incidentes entre los interesados.
La mayor seguridad que brinda el régimen de garantías e inde- pendencia que rodean al juez frente al carácter dependiente del funcionario administrativo.
sistema administrativo importa, en cierta forma, una tendencia
a la intervención del Estado en áreas tradicionalmente libradas
Con referencia al doble control, parecería más conveniente uni- ficarlo en sede judicial y no en. sede administrativa, toda vez que al ser distintas las funciones que cumplen ambos ámbitos,
el que en definitiva tendrá la última palabra, en materia de ins-
cripción y de calificación, será un juez, por lo que un principio de economía procesal aconseja otorgar a éste las facultades re-
gistrales.
g) La inexistencia del régimen de preclusión de actos procesales
y de perentoriedad de los plazos en el ámbito administrativo
mantiene viva la controversia que pneda presentar~e para que sea dirimida por el organismo; mientras que en el régimen pro-
cesal del Poder Judicial este principio da seguridad jurídica y certidumbre sobre los actos cumplidos. En definitiva, la cuestión deberá resolverse de acuerdo con la po- sición que se adopte sobre el particular, y las funciones o la trascen- dencia que se pretenda imprimir al Registro Público a que hace refe- rencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado por ley 26.994, Registro -éste- que no está creado ni regulado en la nueva norma.
Si se concluye que la utilidad' del Registro Público -:<lueya no será
meramente Mercantil y de Comercio, sino un registro uruficado- tiene
un único fin de publicidad y de conocimiento, por parte de los terceros, parecería no tener importancia la ubicación funcional del mismo. De este modo podría estar dentro de la esfera judicial, administrativa o aun en poder o bajo el control de una institución de particulares, bajo un sistema moderno de banco de datos.
Si, por el contrario, el sentido del Registro no sólo es el de pnbli- cidad, sino también el del ejercicio de alguna suerte de contralor sobre la legalidad de los actos, o de calificación de los mismos, la función sería indelegable por parte del Estado, y alguno de sus poderes, el Eje-
cutivo o el Judicial, debería tomar necesariamente cartas en el asunto.
Si bien es cierto que el tema tieue cierta complejidad, que ha existido una diferente concepción del Estado en el siglo pasado y en la actualidad
en orden a su competencia, que no se discuten otras intervenciones
del Estado de carácter discrecional en otras áreas, ni respecto de otras personas colectivas, con lo que podría admitirse la ubicación funcional en sede administrativa, no debe olvidarse que el reclamo sostenido
por parte de los comercialistas respecto de la unificación del régimen
registral, para evitar el doble control, obedecía fundamentalmente a los desfasajes operativos que se presentaban en sede administrativa, más que en sede judicial.
Lamentablemente, como lo veremos en el acápite 3.4, la ley 26.994 parece haberse inclinado por eliminar el control de legalidad que el registrador hasta la fecha de su entrada en vigencia debe ejercer sobre
los documentos y actos sometidos 11su consideración.
Por nuestra parte, siempre hemos sostenido la posición respecto del
LA INSCRIPCIÓN DE LAS SOCIEDADES Y DE LOS AcrOS SOCIETARIOS
carácter indelegable del control, por parte del Estado, sobre estos actos
~aunq~~fuera de carácter meramente formal o limitado a aspectos rela- uvas lllllcamente a la afectación de nulidades absolutas-, manteniendo
la vigencia del Registro Público de Comercio bajo autoridad de éste, y
la convemenCla de que dicho control estuviera a cargo de un funcionario
judicial, aunque bajo una concepción estructural mucho más moderna.
Sin embargo, no parecen haber sido éstos los vientos que han so-
plado en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, como lo
señal.aremos más adelante.
3.3. Funciones del registrador mercantil
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3° de la ley 22.315,
la Inspección General de Justicia tiene a su cargo las funciones atri-
buidas por la legislación pertinente al Registro Público de Comercio,
y la fiscalización de las sociedades por acciones, excepto la de las
sometidas a la Comisión Nacional de Valores; de las constituidas en el extránjero, que hagan ejercicio habitual en el país de actos' com- prendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cual- quier otra especie de representación permanente; de las sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro; de las asociaciones
civiles y de las fundaciones.
En ejercicio de sus funciones registrales, la Inspección de Justicia:
a) Organiza y lleva el Registro Público de Comercio.
b) Inscribe en la matrícula a los comerciantes y auxiliares del co-
mercio y torna razón de los actos y documentos que corresponda, según la legislación comercial.
e) Inscribe los contratos de sociedad comercial y sus modificacio-
nes, y la disolución y liquidación de ésta. Se inscriben'en forma automática las modificaciones de los estatutos, disolución y li- quidación de sociedades sometidas a la fiscalización de la Co- misión Nacional de Valores.
d) Lleva el Registro Nacional de Sociedades por Acciones.
e) Lleva el Registro Nacional de Sociedades Extranjeras.
£) hñ':oa los Registros Nacionales de Asociaciones Civiles y Fun-
La ley 26.994 no ha derogado las leyes 22.315
y 22.316 de donde mencionadas en c,
las funciones de la Inspección General de Justicia
d, e, y f, no deberían variar, pero quedarian eliminadas las mencionadas
en a, y b, en razón de que (i) se deroga el Código de Comercio y con él el Registro Público de Comercio regulado en dicho cuerpo legal -por una parte-, y (ü) desaparece con la unificación la categoría de comerciantey los auxiliares del comercio En cuanto al conocimiento y decisión de las oposiciones a las ins- cripcionesa que se refería el artículo 39 del Código de Comercio, y de los supuestosprevistos en los artículos 12 y 110 del mismo Código,
eran de conocimiento judicial, sin perjuicio de ias funciones registrales
de la InspecciónGeneral de Justicia. Igualmente siguen siendo de com- petenciajudiciallas resoluciones de las cuestiones sobre derechos sub-
jetivos de los socios de una sociedad comercial entre sí, y con respecto
a la sociedad. Pero el Código
de agosto de 2015- por la ley 26.994 y, con él, el Registro Público
normas registrales contenidas en dicho cuerpo legal 4
de Comercioy las
de Comercio ha sido derogado -a partir del 10
3.4. La ley 26.994 Y la registración societaria
El artículo 6 0 de la ley 19.550 -en su texto original-
disponía que
el juez de registro -hoy la Inspección General de Justicia en la Capital
Federal, y las direcciones de personas
jurídicas o jueces de comercio
provinciales,según sea el caso- debía comprob~ el cumplimiento de todos los reqnisitos legales y fiscales respecto de la inscripción que
se sometía a su consideraci6n 5 y, de corresponder, dispondría la toma
de razón y la previa publicación que correspondiera.
4 Ver GRISPO, Jorge Daniel. Modificaciones en materia de registraci6n en la
nueva "Ley General de Sociedades". en L. L. del 6-12-2015.
5 Es criterio uniforme de la doctrina de la eNCom., sala C, 21-5-79. "Macoa SA", que la inscripción de un acto jurídico en el Registro Público de Comercio no es saneatoriade los vicios o defectos que aquél pudiere contener ya que. aun después
de registradopodrá el juez declarar la nulidad de tul acto defectuoso sin que la ins- cripciónpuedainvocarse como confirmación ni subsanación del vicio. 10J, "Emecon
_ Nuestrosregistros públicos no son convalidantes, es decir, no subsanan las nuli-
SA". del 28-5-2003.
Tal como lo señaláramos en diversas oportunidades', deben distin- guirse, en la figura del registrador, dos tipos diferenciados de facultades
o funciones:
las de mero registro y las de contralar.
Entre las primeras pueden destacarse las de mero inscriptor en el
rol, cuales son las referentes a las inscripciones de comerciantes, mar- tilleros, corredores, despachantes de aduana, cuya registraci6n no causa
estado -sino una mera presunción-, limitándose el funcionario a con- trolar el cumplimiento de los requisitos y procediendo a su inscripción
en el rol respectivo.
ejemplo más palpable es el correspondiente al control societario pre- visto por los artfculos 6" Y 167 de la ley 19.550 -en su redacción originaria-, donde se distinguía claramente al registrador de la insti- tución del Registro propiamente dicha (art. 123). En definitiva, las facultades del registrador se encuentran siempre vinculadas a sus obligaciones?, tales como:
a) Efectuar el examen de los documentos cuya inscripción se so- licita
Con referencia a las segundas -de contr.alor-
dades que pueden afectar al acto instrumentado mediante el documento que tiene acceso registraL Por ello. si una pr6rr0ga en la duración de un contrato social es nula, no puede tornarse válida por el solo efecto de la. inscripci6n en el Registro Público de Comercio (voto de la Dra. Kemehnajer). SCJ de Mendoza, 26-2-90. "Van Der Heyde, .Carlos c/Provincia de Mendoza sI AGción de meonstitucionalidad». La regis- tración de estos actos-y documentos les. otorga fecha cierta (art. 1035. mc. 3°. Cód. Civ.). eficacia probatoria frente a terceros y una presunción de legalidad. exactitud y veracidad en la medida que no se pruebe lo contrario. Es que la legitimidad del acto, su exactitud o veracidad no se consolida por su registro, pues la misma no tiene efectos sanatorios -a pesar del control de legalidad que produce la Inspección General de Justicia previo a su registro-- sino meramente declarativos y de publicidad fieta. CNCom., sala B. L. L. 115-798.
6 Véase viTOLO. Iniciaci6n en
cit.; Sociedades comerciales cil
7 En la especie. el a qua Guez de comercio) imprimió a la petición originaria (inscripción de sociedad). tul trámite contradictorio (cierto es que a petición de los interesados) que exorbitan una mera función de contralor fonnal y resolviendo cues- tiones que hacen a la vida societaria ante los diferentes intereses demostrados por los grupos que la integran. cuando debió limitarse a decidir si correspondía o no la ins- cripción fundando el despacho favorable o la denegatoria en dispositivos concretos.
y con independencia de que todos los socios estén de acuerdo. Es que. como lo tiene
dicho la jurisprudencia, el Registro Público de Comercio ejerce la función de vigilancia
y control de legalidad que 10 faculta a rechazar la inscripción de un contrato de
b) Calificar dichos documentos bajo su responsabilidad.
c) Verificar la competencia y facultades de quien los autorice o suscriba.
d) Verificar el cumplimiento de las. formas extrínsecas.
e) Verificar la capacidad y legitimación de los otorgantes y la validez del contenido de dichos documentos.
f) Examinar si han sido cumplidos los preceptos legales de carácter
imperativo. Por ello el artículo 6° de la ley 19.550 -en su texto original- ex- presamente disponía que el juez debía comprobar el cumplimiento de todos los requisitos legales y fiscales, y controlaría que las publica- ciones ordenadas por la ley se hubieran cumplido" Ha señalado la doctrina que el tema de la publicación -en los casos
en que es ordenada por la ley- es insustituible y que los medios legales por los cuales dicha publicación debe realizarse no son fungibles, toda vez que el régimen de publicidad no tiene por objeto notificar -en el
sentido técnico de la creto, sino que. tiene
hacer público el acto,' colocándolos en estado de tomar conocimiento de lo ocurrido y hacerles oponible el acto'-
Pues bien, la ley 26.994 elimina el control de legalidad por parte
del registrador, de modo que todo hace presumir que estaríamos frente
a un n~evo sistema de registración
Público -el que sea, cuando se cree, o las actuales denominadas au-
expresión- a terceros determinados un acto con- por destinatarios a terceros indeterminados para
automática que convierte al Registro
sociedad, aunque no haya oposición, si no se llenan los recaudos legales (e1.CCoro. de Mar del Plata, L. L. 115-614). En consecuencia, corresponde dejar sin efecto todas las actuaciones contenciosas ajenas a la petici6n originaria, devolviéndola al juez de
comercio para que,:en estricto cumplimiento de sus funciones de contralor, s.e pronuncie sobre la procedencia o desestimación de la registraci6n de manera conCreta, y con remisión normativa. Todo ello sin perjuicio de que los interesados ocurran a la juris- dicción si estiman que la decisión conculca los términos del contrato, pues, la exégesis de éste es una cuesti6n sustancial que debe dirimirse mediante un acto jurisdiccional (sentencia), y no por el organismo encargado de su registración. Sin costas por no existir las mismas en el trámite administrativo. CCCom. de San 1v1i.guelde Tucumán, sala 1, 7-9-94, "García Hermanos SRL slPublicací6n, inscripciÓn, pr6rroga".
8 GRISPO, Modificaciones en materia de registración
9 Ver GRISPO, Modificaciones en materia de registración
toridades de contralor si subsisten
receptor de documentos, donde los efectos de la toma de razón que- darían limitados sólo a garantizar la efectiva publicidad.
~n las provincias 10_ en un mero
En el mismo sentido, la ley 26.994 también sustituye la expresión "toma de razón" por la de «inscripción" ratificando -de ese modo- la nueva
que otorga al trámite inscriptorio en materia de efectos 11 .
3.5. Documentos que se registraban en el Registro Público de Comercio
El artículo 35 del Código de Comercio establecía que se inscribiría
en un registro especial la matrícula de los negociantes que se habilitaren en el tríbunal -registro a cargo de la Inspección General de Justicia-,
y que se tomaría razón por orden de números y de fechas de todos
los documentos que se presentaran al Registro, formando tantos vo- lúmenes distintos cuantos fueren los objetos especiales del registro.
Los documentos a registrarse serían consignados en un Índice ge-
neral, por orden alfabético, expresándose al margen de cada artículo
la referencia del número, página y volumen del registro donde constara.
Los libros del Registro debían estar foliados, y todas sus hojas rubricadas por el presidente del Tribunal del Comercio -reemplazado posteriormente por el inspector general de justicia-, en la época en que se"1tOñera cada nuevo registro. El artículo 36 del Código de Comercio, por su parte, enumeraba una serie de documentos cuya inscripción pertenecía al Registro Público de Comercio. Sin perjuicio de esta enumeración, relativa a los documentos que
obligatoriamente debían inscribirse, existían otras disposiciones legales
lo.s documentos sus-
estaban las convenciones matrimoniales 'y' do-
tales, las sentencias de divorcio y liquidación de bienes) los poderes conferidos por los comerciantes a los factores y dependientes de co-
expresas que completaban la enumeración. Entre
ceptiblés de inscripción
10 Por ejemplo, la Comisi6n Nacional de Valores. 11 Sin peIjuicio de ello, en el título descriptivo del arto respectivo la ley 26.994 mantiene la expresi6n "toma de raz6n", lo cual puede generar alguna .controversia interpretativa.
LA INSCRll'CIÓN DE LAS SOCIEDADES Y DE LOS AcrOS SOCIETARIOS
mercio para la administración de los negocios mercantiles, las autori- zaciones y revocaciones para ejercer el comercio y las transferencias
de fondos de comercio, entre otros.
3.6. Sociedadesmercantiles
El Código de Comercio establecía en su artículo 36, inciso 3°, que
deberían inscribirse las escrituras de sociedad mercantil, cualquiera
que fuera su objeto, exceptuándose Por su parte, la Ley 19.550 de
tículo 5', impOlúaque el contrato constitutivo o modificatorio de so- ciedades comerciales debería inscribirse en el Registro Público de Co- mercio del domicilio social, en el término y condiciones de los artículos 36 y 39 del Código de Comercio. La inscripción se haría previa rati- ficación de los otorgantes por ante el Registro, excepto cuando se extendiera por instrumento público o las firmas fueran autenticadas
las de sociedades en participación. Sociedades Comerciales, en su ar-
por escribano público ti otro funcionario competente. Si el ~onttato constitutivo hubiera previsto un reglamento, éste se inscribiría con
idénticos recaudos, y debería también cumplirse con inscripciones de esta naturalezaen los Registros Públicos de Comercio que correspon-
dieran a las sucursales que la empresa estableciera.
Una vez comprobado el cumplimiento de todos los requisitos legales
y fiscales,quien se encontrara a cargo del Registro Público de Comercio podría disponerla toma de razón y la previa publicación que pudiera
Esta exigencia del Código de Comercio, complementada por la ley 19.550, era de trascendental importancia a los efectos de la vida de la sociedad, en la medida que el artículo 7° de la Ley General de Sociedades-en norma que la ley 26.994 no ha modificado- establece
que la sociedad s6lo se consi~era regulanne.nte constituida con su
inscripción en el Registro Público de ComercIO. Del mismo modo, deberán inscribirse en el Registro Público de Comerciola designación de administradores de sociedades comerciales -artículo 60, ley 19.550, en norma por la ley 26.994-, la prórroga del plazo de duración -artículo 95 no modificado por la ley 26.994- y la disolución de éstas -artículo 908 no modificado por la ley 26.994-.
3.7. Sociedades extranjeras
En el caso de sociedades extranjeras, la ley 19.550 contiene normas específicas en materia de registración, toda vez que, si bien se rigen
e~ cuanto a su existencia y forma por las leyes del lugar de constitución y se hallan habilitadas para realizar en el país actos aislados, para el i supuesto de que deseen.realizar habitualmente actos comprendidos en su objeto social, establecer sucursal, asiento o cualquier otra especie de representación permanente, deben:
a) Acreditar la existencia de la sociedad con arreglo a las le,es de su país.
b) Fijar un doruicilio en la República, cumpliendo con la publica-
ción e inscripción exigidas por la ley para las sociedades que se constituyen en la República.
c) Justificar la decisión de crear dicha representación, y designar a la persona a cuyo cargo ella estará.
d) Si se tratara de una sucursal se deterruinará, además, el capital
que se le asigne cuando corresponda por leyes especiales. Particular importancia reviste la registración en el caso de {as so- ciedades extranjeras que se hayan constituido bajo un tipo desconocido por las leyes nacionales, pues corresponderá al juez de la inscripción -hoy el inspector general de justicia- deterruinar las formalidades a cumplir en cada caso, con sujeción al criterio del máximo rigor previsto en la ley 19.550. Abora bien, en la medida que la sociedad extranjera desee constituir o participar de sociedades en el país, el artículo 123 de la ley 19.550 dispone que deberán previamente acreditar ante el juez de Registro -hoy Inspección General de Justicia- que se han constituido de con-
fonnidad con las leyes de su país respectivo. e inscribir el contrato
social, reforinas y demás documentación habilitante, así como la re- lativa a sus representantes legales en el Registro Público de Comercio I y en el Registro Nacional de Sociedades por Acciones, en su caso.
I La ley 26.994 no trae modificaciones en este tema.
3.8. Plazo para la inscripción
El artículo 39 del Código de Comercio derogado prescribía que
todo comerciante estaba obligado a presentar al Registro general el documento que debiera registrarse dentro de los 15 días de la fecha de su otorgamiento. Respecto de las convenciones matrimoniales y demás documentos relativos a personas no comerciantes, que después , vinieren a serlo, se contarían los 15 días desde la fecha de la matrícula. Después de transcurrido este término, sólo podría hacerse la ins- cripción no mediando oposición de persona interesada, y no tendría efecto sino desde la fecha del registro. Es decir que de los términos del artículo 39 del Código de Comercio surgía que el plazo de inscripción tiene dos funciones primordiales:
a) Dar carácter retroactivo a las inscripciones que se han efectuado temporáneamente.
b) Permitir la oposición de interesados cuando dichas inscripciones
se han efectuado extemporáneamente, vencidos los 15 días pre- vistos por la ley. La cuestión a resolver en este particular era quién debía considerarse parte interesada a los efectos de la oposición a la inscripción, Desde nuestro punto de vista, debía sólo considerarse parte interesada a los otorgantes del acto, quienes además debían invocar una justa causa, pues la norma no había sido concebida para dar pie al arrepentimiento o resolución de los actos celebrados, sino para impedir la registración de actos anómalos. El segundo de los problemas que planteaba el tema del plazo de inscripción era su virtual aplicación al régimen de sociedades comer- ciales. En este sentido el artículo 5° de la ley 19.550 disponía que el contrato constitutivo, o modificatorio, se inscribirá en el Registro PÚ- blico de Comercio del domicilio social en el término y condiciones de los artículos 36 y 39 del Código de Comercio',
En primer lugar, debe señalarse la inconveniencia de haber incluido en el texto legal el régimen del artículo 39, y mantenerlo aun después de la reforma dispuesta por la ley 22.903. En efecto, el sistema aludido no podía ser equiparado al régimen inscriptorio societario, pues:
a) Con anterioridad a la reforma de la ley 19.550 por parte de la ley 22.903, el plazo podía ser indicativo para determinar la exis-
.¡ r
$-i.-
tencia del carácter irregular de una sociedad comercial, con 10
que .daba el derecho a cualquiera de sus socios, y sin invocación
temporal de su voluntad, de
pedir la disolución de la sociedad, sin que ello pudiera evitarse
por parte de los demás socios. Una vez sancionada la ley 22.903, que permitió el régimen regularízatorio, la incidencia del plazo de 15 días en nada afectaba en sustancia a la cuestión -sólo imponía requisitos para la regularización-o
de justa causa, ni exterion
!gu,¡Wnente, la reforma de la ley 19.550 por la ley 22.903 men-
cionada reconocía -finalmente- a la sociedad en formación, y establecía los parámetros de su régimen en los artículos 183 Y 184, con lo que la discusión respecto de la situación societaria en la faz registra! perdía virtualidad.
El desplazamiento del régimen registral de la órbita judicial a
la administrativa también modificaba el criterio ya que, a dife- rencia de lo que ocurre con el Poder Judicial, las funciones del
Poder Ejecutivo -en cuya órbita se encuentra orgánicamente la Inspección General de J usticia- tienen un marcado contenido tendiente a la realización del bien común, de manera que los plazos de ninguna manera pueden obstar a que se impida la revisiqn de los actos aun por parte de la misma administración. De ese modo, en el ámbito administrativo, lo que no puede temporáneamente esgrimirse como recurso puede ser alegado con carácter de denuncia, y la misma administración debe hasta de oficio rectificar el acto administrativo nulo, ilegal o ilegítimo -artículos 14, 17 Y 18 de la Ley 19.549 de Procedimiento Ad- ministrativo-.
No resultaba coherente que para poder obtener una medida ,cau- telar que dispusiera la suspensión de los efectos de una decisión del órgano de gobierno se exigiera el cumplimiento de una serie de requisitos rigurosos (arts. 251 y 252, ley 19.550) mientras que, por el solo hecho de que la sociedad demorara más de 15
días en solicitar la inscripción de la decisión modificatoria, cual-
quier parte interesada pudiera enervar los efectos del acto me- diante una oposición inscriptoria.
Cuando el régimen societario prescribe la posibilidad de que
ROQUE VÍTOLO
los terceros efectúen sus reclamos u oposiciones de ley, ha pre-
visto expresamente
dicho régimen -fusión, escisión, transfor-
mación, reducción de capital, artículos 74, 82 Y concordantes de la ley 19.550-.
f) El régimen inscriptorio en materia societaria no importa nunca
retroactividad respecto de los efectos del acto, salvo eu el su- puesto expresamente previsto por la ley 19.550, eu e! artículo 184, párrafo l°, el cual dispone que, inscripto el contrato cons- titutivo, los actos necesarios para la constitución y los realizados en virtud de expresa facultad conferida en el acto constitutivo (art. 183) se tendrán como originariamente cumplidos por la sociedad, quedando liberados los promotores, fuudadores y di-
rectores frente a terceros por las obligaciones
estos actos, y aun así en el período en que la sociedad se en- cuentre pendiente de inscripción mantienen su responsabilidad
en forma ilimitada.
En ningún momento. las normas legales
mencionadas se refieren a la temporaneidad de la solicitud ins- criptoria, ni limitan los efectos del régimen dispuesto a que la solicitud de inscripción se presente dentro de los 15 días de celebrado e! acto. Desde nuestro punto de vista, entonces, las prescripciones del ar- tículo 39 del Código de Comercio tenian una marcada relatividad en
materia societaria que, en la actualidad, ninguna influencia trascendente
puede adjudicárse!e.
3.9. El plazo de inscripción en la ley 26.994
Otra modificación que se incorpora al texto del artículo 6° de la ley 19.550 es la referida a regular un procedimiento en materia de plazos para la inscripción, dado que se derogan los artículos 36 y 39 del Código de Comercio. Conforme al nuevo texto, dentro de los veinte días de! acto cons- titutivo, éste se presentará al Registro Público para su inscripción o, en su caso, a la autoridad de contralor. El plazo para completar el trámite será de treinta días adicionales, que queda prop:ogado cuando resulte excedido por el normal cumplimiento de los procedimientos.
LA lNSCRIPC£ÓN DE LAS SOCIEDADES Y DE LOS ACTOS SOCIETARIOS
La inscripción solicitada tardíamente, o vencido el plazo comple- mentario, sólo se dispondrá si no media oposición de parte interesada.
I Como puede advertirse, el cambio es algo muy sencillo, y la ley
I 26.994 se adentra -yen esto la reforma es acertada- en la polémica a que hiciéramos referencia en e! acápite anterior, respecto de si la
inscripción temporánea o tardía se vincula con 'una eventual retroac-
tividad de los efectos. En este caso simplemente lo que se establece en la reforma es la posibilidad de que se permitan oposiciones a la registración de! acto constitutivo:
a) Si la inscripción se solicita temporáneamente, y se completa
-también- temporáneamente, no habrá posibilidad de oposición
a dicha inscripción por parte interesada; o, de lo contrario,
b) la existencia de oposiciones inhibirá la posibilidad de inscribir.
Esta reforma no hace más que trasladar --con otros plazos y algo
más de precisión en cnanto al tiempo de conclusión del trámite ins-
criptorio- lo que estaba regulado en el artículo 39 del Código de Co-
I mercio derogado 12 .
I Finalmente la ley 26.994 innova también al incorporar una norma que facilitará y aventará discusiones en materia de legitimación para
I poder llevar a cabo la inscripción, porque expresamente dispone que,
si no hubiera mandatarios especiales para realizar los trámites de cons-
titución, se entie~de que los representantes de la sociedad designados
en el acto. constitutivo se encuentran autorizados para realizarlos y
que, e en su defecto, cualquier socio puede instarla a expensas de la sociedad.
3.10. Principios generales de la registración
Hay quienes han sostenido, enfáticamente, una cierta autonomía del Derecho Registral Mercantil. En realidad, los sostenedores de esta
I posición más que bregar por un reconocimiento
I tinción respecto de otros regímenes registrales.
de cierta autonomía
científica 10 que propugnan en e! fondo es que se practique una dis-
, I Por ello, lo que ha dado en denominarse Derecho Registral Mercantil
i 12 Véase GARcíA CON!, Raúl, Derecho Registral aplicado, Librería Juridica, La Plata, 1972.
DANIEL ROQUE VÍrOLO
apunta con mayor precisión a elaborar una serie de caracteristicas de
las inscripcionesdelimitando su objeto, la calificación, los alcances y
Desdeestepunto de vista, puede efectuarse un resumen conceptual
siguientes postulados:
a) En su ámbito de acción e influencia, el régimen registral mer- cantilcomprendelas diversas actividades que conforman el múl- tiple quebacercomercial. Ello incluye no sólo la mamcula de los comerciant('Sy 10s documentos. inscribibles -hoy la unifi-
caci6n-. sino también los establecimientos mercantiles. auto- motores, buques y aeronaves. créditos prendarios, patentes, mar-
cas de fábrica y propiedad intelectual, inscripciones -éstas- que
se mantienen vigentes.
b) En materiade calificación, el control de. legalidad por parte del RegistroMercantil comprende no sólo la forma, sino el fondo del documentoportante del derecho a inscribir, y su adecuación
a la legislaciónvigente, tarea que
siblesimpugnaciones--O al menos limitarlas al rninimo posible- dandode esa forma celeridad y seguridad al tráfico mercantil. Pero ese control ha sido eliminado por la ley 26.994.
tiene por objeto despejar po-
c) El sistema de publicidad previsto en el régimen registral no
solamente se vincula con el interés de los terceros. sino que
fundamentalmente apunta, también
a ejercer una función pro-
tectoradel crédito, al atender al interés de quienes son parte en
los actos.que se inscriben, o quienes han contratado con el co-
merciante.
d) La registraci6nmercantil tiene efectos propios, tales como el caso de tomar raz6n de la existencia de determinados sujetos . en el campo de los negocios reconociéndoles -en virtud de ex- presasnormaslegales vigentes- ventajas que hacen al desarrollo de su actividad,tales como suorganizaci6n contable, la posi- bilidadde otorgarle valor probatorio a sus propios registros, y
-hasta haCepoco en forma exclusiva- la posibilidad de recurrir a soluciones preventivas en caso de insolvencia -actualmen-
te este último aspecto se rige por las disposiciones de la ley 24.522-. La ley 26.994 viene a modificar estos conceptos y
LA INSCRlPCrÓN DE LAS SOCIEDADES Y DE LOS ACTOS SOClET ARIOS
elaborar un nuevo régimen de registración
nuevo Registro Público a crearse.
unificado bajo un
e) En materia de registración societaria existen sustanciales dife- rencias con otras registraciones, toda vez que la inscripción "-de carácter declarativo- tiene, por la institución de la regularidad
(art. 7°, ley 19.550), un cierto carácter integrativo del contrato, así como la omisión de la inscripción llevaba a la problemática de la irregularidad societaria donde se llegaban a alterar prin- cipios de Derecho común tales como los previstos por el articulo 1197 del Código de Vélez, en virtud de las disposiciones del articulo 23 infine de la ley 19.550 en su texto original, anterior a la reforma de la ley 26.994.
3:11. Facultades del registradory efectos de la inscripción
Cabe preguntarse, entonces, si puede el interesado requerir del Re- gistro Público la inscripción de otros documentos que no sean aquellos
expresamente previstos en el ordenamiento vigente. Nada dice el nuevo
Código al respecto_
Sobre el particular existen posiciones encontradas en doctrina y jurisprudencia y, en definitiva, constituye una cuestión que queda ría librada al juicio del registrador, delimitando así su primera facultad:
discernir respecto de la pertinencia de la inscripción solicitada -cues-
tión que no se vincula con el control de legalidad del acto, sino que es algo diferente-o Lo que debe quedar claro, en concordancia con la filosofía del régimen registral, es que, de admitirse la posibilidad de promover ins-
cripciones meramente voluntarias, a diferencia de lo que ocurre con
aquellas que la ley prescribe como obligatorias, no producirán la con-
secuencia excepcional de otorgar presunción de conocimiento y opo-
nibilidad a terceros.
Asimismo, deben distinguirse, en la figura del registrador, dos tipos
diferenciados de facultades o funciones clásicas:
Las de mero registro, y
ü) las de contra/oro
rol, cuales son las referentes a las inscripciones de comerciante~
til1eros,corredores,despachantes de aduana, cuya registración no causa
estado ~sinouna mera presunci6n-, limitándose el funcionario a COD-
trolarel cumplimientode los requisitos y procediendo a su inscripción eu el rol respectivo. Con referencia a las segundas -de contralor- el ejemplomás palpable es el correspondiente al control societario pre-
visto por los artículos 6 0 -en su versión original- y 167 de la
19.550,distinguiéndoseclaramente al registrador de la institución del
Registropropiamente dicha (art. 123). En defmitiva,las facultades del registrador se encuentran vinculadas
a sus obligaciones, tales como:
a) Efectuarel examen de los documentos cuya inscripción se solicita.
d) Verificar el cumplimiento de las formas extrínsecas.
e) Verificar la capacidad y legitimación de los otorgantes y la
validez del conteuido de dichos documentos. f) Exaruinarsi han sido cumplidos los preceptos legales de carácter imperativo. En lo que a los efectos de la inscripción concierne, por regla general
las inscripciones en el Registro tienen efectos merament~ declarativos,
es decir que se da publicidad por medio de la inscripción a actos y bechoscuya validez ha surgido fuera del registro. De allí que la ins-
cripción no pueda tener efectos convalidatorios ni saneatorios.
Del mismo modo, la inscripción produce el efecto de la ficción
y los actos inscriptos en el Registro son co- el presupuesto de que el Registro es público
y que,por lo tanto, cnalquier ciudadano puede recurrir a él para verificar
legal de que los hechos nocidospor todos, bajo
los asientos. Sin embargo es dable destacar que, si bien la inscripción tiene
simplemente una eficacia declarativa, que se refuerza con agregar que
dichainscripciónposee una presunción de exactitud, con el objeto de
protegerla buena fe mercantil, en algunos
casos la inscripción puede
tener otros efectos relacionados con aspectos constitutivos, por la es-
¡ i pecial trascendencia que se le otorga al acto. Así es que se ha men-
CIonado a algunas inscripciones con efectos integrativos, como el caso
específico de las sociedades comerciales -a partir del 10 de agosto de 2015, meramente "sociedades"-. Finalmente, el efecto de la registración apunta a la oponibilidad a terceros de los actos inscriptos en legal forma, en su faz positiva, y, en la negativa, a la inoponibilidad de los actos que debieron inscribirse y cuya registración se omitió por parte del interesado. Este concepto
-inoponibilidad- "es claramente definible en su relación comparativa
con la nulidad -ver artícnlos 382 a 396 del nuevo Código-.
efecto, mientras el acto inválido,
es decir, sujeto a la sanción
a las partes, si bien acci-
de nulidad, carece de efectos
con relaci6n
dentalmente ---eomo señala Llambías- puede derivar en efectos con
lo contrario ocurre con el acto inoponible
siendo válido entre las partes, no produce efectos respecto de deter- I minadas personas ajenas a él, las que pueden comportarse como si el acto no existiese -ver artículo 396 del nuevo Código-. I Ahora bien, sin embargo, y ratificando las particularidades del sis- tema registral mercantil, debemos señalar que existen algunas excep- CIones a esta regla dentro del régimen societario, como la dispuesta por el artículo 12 de la ley 19.550 -que la ley 26.994 no modifica-, I según el cual la publicidad inscriptoria en SRL y sociedades por ac- ciones no puede ser suplida por el conociruiento directo por parte del
1 tercero, ni invocada por éste -efecto constitutivo integrativo-, y tam-
poco invocada por la sociedad. I Hoy, cuando crece la controversia sobre el alcance y la pertinencia de las inscripciones mercantiles, cabe recordar el enfrentamiento de I posiciones mantenido entre el criterio de la Cámara Comercial cuando sostuvo que la inscripción en el Registro Público de Comercio tiene I como efecto la publicidad material del acto inscripto a fin de regular
ante los terceros,
por lo que no importa una valo-
ración de su validez O legitimidad, materia sobre la que correspondería
1 pronunciarse en la oportunidad en que se suscite una contienda al respecto, y la posición de Halperin, quien enfáticamente advertía res- pecto de que dejar librado ese contralor de legalidad a lo que se decida en los litigios que puedan suscitarse constituía haber perdido de vista
la esencia misma de la institución del Registro Público de Comercio,
justamente en una época en que la tendencia de la legislación extranjera;
y la aspiración de nuestra doctrina más calificada, era ampliar ese
control de legalidad para obtener la corrección de los vicios de los actos inscriptos y hacer que la inscripción ponga al acto a cubierto de
cierta especie de impugnaciones.
3.12. Régime/"l conténcioso registra!
Según lo dispuesto por el artículo 16 de la ley 22.315 ,.-que la ley
26.994 no deroga-, las resoluciones de la Inspección General de Jus-
ticia, que es quien tenía a su cargo el Registro Público de Comercio derogado junto con el Código de Comercio, son apelables por los interesados ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, cuando éstas se refieran a comerciantes o sociedades comerciales, mien- tras que, cuando dichas resoluciones o las del MiIlisterio de Justicia de la Nación se refieran a asociaciones civiles y fundaciones, serán apelables 'ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
El recurso se interpone por ante la misma Inspección General de Justicia o el Ministerio de Justicia de la N ación, según el caso, dentro de los quince días de que fuera notificada al peticionante la resolución, debiendo elevarse las actuaciones, por parte de la Inspección, a la Cámara respectiva, dentro de los cinco días de interpuesto el recurso,
y ésta dará traslado por otros cinco días a la Inspección General de
Justicia o al Ministerio ,de Justicia de la Nación. El recurso contra las resoluciones que impongan las sanciones de
apercibimiento con publicaciones de multa será concedido con efecto
suspensivo,
cedido con efecto devolutivo. Mucho se ha debatido respecto de la pertinencia de la norma dis- puesta en el artículo '17 de la ley 22.315, en el sentido de que del memorial de apelación presentado por el peticionante disconforme, frente a la resolución de la Inspección General de Justicia, se le dé traslado a este mismo organismo para que lo responda.
Desde ya, no resulta coherente convertir en parte del proceso conten- cioso registral a la misma Inspección General de Justicia, que es el
mientras que el referente a las otras denegatorias será con-
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órgano que tiene a su cargo el Registro Público de Comercio, y asume el
papel de registrador. Si lo que se pretende es que haya una instancia
I judicial para revisar las resoluciones del órgano
tivo, lo razonable es dejar librado al criterio de los jueces de la Cámara
I I el temperamento definitivo a adoptar sobre el fondo del recurso traído en queja y,. de ninguna manera, permitir que el mismo registrador part.lclpe actIvamente como parte en un proceso contencioso registral, cuando los fundamentos de la resolución recurrida se encuentran en el
de contralor administra-
mismo. texto que integraeLacto administrativo dictado, y recurrido '
el adIDlillstrado.
En cuanto al trámite de registración, deb~ entenderse que las pe- tICIOnesformuladas a la Inspección General de Justicia que no sean I despachadas dentro de los treinta días de su presentación serán sus- ceptibles de un pedido de pronto despacho y, coherentemente con el
I sistema previsto por la Ley 19.549 de Procedimientos Administrativos en materia de silencio por parte de la administración, si el organismo no se expidiera en el ténnino de cinco días, se considerará el silencio como denegatoria que dará derecho al recurso judicial.
3.13. A modo de sintesis
I Bajo el régimen original de la ley 19.550, la decisión por parte del
I registrador de hacer inscribir en el Registro Público de Comercio el
I documento, acto o contrato era lo que se denomina "toma de razón",
i y dicha "toma de razón" surtía efecto de matricula, ya que el artículo 27 del Código de Comercio confería a las sociedades un derechoJ'. Sin embargo es dable destacar que, si bien la inscripción tiene
1 simplemente una eficacia declarativa -lo que se refuerza con agregar
I que dicha inscripción posee una presunción de exactitud, con el objeto
I de proteger la buena fe,mercautil-, en algunos casos puede tener otros
I efectos relacionados con aspectos constitutivos, por la especial tras- cendencia que se le otorga al acto 14 •
I Así es que se han mencionado algunas inscripciones con efectos
I 13 Es interesante ver BUTIY, Enrique M., Acerca del alcance de las facultades del registrador mercantil y la cuesti6n del Registro Público de Comercio en R D '
C. O. 1981-347.
14 Véase FAVIER DUBOIS (h), Derecho Societario Registral cit.
integrativos, como el caso específico de las sociedades comerciales que estamosconsiderando, en la medida en que a través de la inscrip-
ción la sociedad adquiere carácter regular, como lo señala el
7° -cuya modificación la ley 26.994 no dispone-; sin peIjuicio de que elimina toda consecuencia y sanción por la situación de irregularidad
-falta de inscripción-o
Esto también genera una situación incierta que requerirá de una
interpretación adecuada para l<:iintegración del sistema. Desde
punto de vista, todo indic~ que la interpretación correcta deberla
ser que:
i) La inscripción de la sociedad en el Registro Público a crearse. otorgará a dicha sociedad carácter regular, lo que importará la
oponibilidad frente a terceros de las convenciones contenidas
en el contrato social o el estatuto,
con carácter erga omnes,
otorgando publicidad registral al acto, y
ii) la ausencia de inscripción no otorgará dicha oponibilidad, sino que el conocimiento por parte del tercero deberá ser probado
por el interesado en hacer
valer las convenciones mencionadas
-con las restricciones del artículo 12 de la ley 19.550-. Finalmente, tal como lo hemos señalado en acápites anteriores, el
nuevo régimen inscriptorio en materia societaria ~spuesto por la ley
26.994 pareceóa haber eliminado el control de legalidad a ser ejercido por parte del registrador, quien solamente deberá controlar los aspectos jormales relativos a la inscripción.
4. Jurisprndenciahasta el año 2015
4.1. Autenticidad de firmas
A efectosde otorgar autenticidad al documento, el artículo 50 de la
ley 19.550admite que las firmas de los que lo suscriben se encuentren certificadaspor notario público, sin que corresponda imponer otros recaudos.Si este recaudo se encuentra cumplido, por más que los signatariosdel instrumento lo hubieran fIrmado en fechas sucesivas,
cabe exigir la ratifi-
órgano judicial, que obviamente
Tlteel
lo cual resulta de las actuaciones notariales, no
caciónpreviade los otorgantes a
'modificanla declaración contenida al pie del documento.
eNCom., sala e, 24-8-79, "Antiga!, Sociedad Colectiva", E. D.
4.2. Doble registración
Las sociedades deben encontrarse inscriptas ante un solo registro, por lo que la doble registraci6n es una situación anómala y que no qebe ser admitida, debiendo establecerse -en el caso, a efectos de resolver qué juez intervendrá en el concurso- cuál inscripci6p. debe prevalecer (Del dictamen del fiscal de Cámara, a cuyos fundamentos se remite el tribunal).
eNCam., sala B, 22-4-81. 'oNovasider SA s/Quiebra", L. L. 1981-C-
4.3. Control de legalidad. Efectos de la inscripción
Por trámite iniciado [por la sociedad] ante el Registro de Comercio,
se pretende la inscripción del contrato constitutivo de la misma, ins- trumentado en escritura pública en la cual se instrumentó la modifi- cación del estatuto social. El juez del Registro dispone -a través de la providencia recurrida- la formación de expedientes separados para cada uno de los instrumentos mencionados en el punto anterior, de- biendo unirse por cuerda floja al expediente principal y reponer en cada trámite el sellado de tasa de justicia. Asimismo, ordena la mo- dificación de la integración de la sociedad en instrumento público complementario, atento a que recae sobre uno de los socios la medida cautelar de inhibición general de bienes, y exige el cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo. 256~
apelante con la referida disposición por considerar que la tramitación por separado de cada uno de los instrumentos ordenada por el juez resulta innecesaria, expresando que la registraci6n tendrá lugar en un acto único, por lo que esta cuestión, más que una técnica registral, tendría un sentido fiscal. En este orden, es dable señalar la función de control de exactitud y legalidad formal, cumplida por el Registro. Así, el control de legalidad sólo puede versar sobre el contenido del documento sometido a inscripción, sin que pueda entrarse a considerar otr.as cuestiones que pueden ser llamadas de fondo o intrinsecas, re- latIvas a las relaciones jurídicas entre las partes, por eso se llama de legalidad formal (Halperin, Curso de Derecho Comercial, t. l, p_ 119; Femández-G6mez Leo, Tratado de Derecho Comercial, t. n, p. 23). Si se aplica lo expuesto, el problema de la separación o no de los trámites es relativo a la técnica de registraci6n. En tal sentido,
párrafo,' de la LS. Se agravia el
LA INSCRIPCIÓN DE LAS" SOCIEDADES Y DE LOS ACTOS SOCIETARIOS
teniendo en cuenta que el Registro no cuenta con un conjunto nor- mativo de reglamentación de los trámites internos. las exigencias
instrumentales sólo deberán estar referidas a las normas de carácter general, contenidas en el Código de Comercio. Ley de Sociedades
y las pertinentes de la Ley Orgánica de Tribunales. no existiendo
norma que impida el trámite conjunto a los requerimientos de ins- cripción relacionados con una misma sociedad. tal como se da en el presente caso. Asimismo, debe tenerse en cuenta el tracto sucesivo, esto es. el riguroso orden de correlación que deben llevar los actos y documentos que componen la inscripción. Se cop.cluyeque es com-
patible la inscripción de los documentos por estricto orden cronológico y, como tal, individual. pero respondiendo a un expediente único, en
el cual se observe la inscripción por orden, y el cumplimiento de la
obligación de acompañar el número de copias como sea necesario. Exigir expedientes por separado para cuidar la individualidad, al solo efecto de evitar alterar la cronología indicada constituye un desgaste, 10 cual se evita al cumplirse en un trámite único, sin ser ello un obstáculo para que al momento de la inscripción, cada instrumento cuente con la planchuela y número pertinente que la resolución in- dique. Esta concentración de tareas permite al Registro cumplir con mayor eficacia las funciones que le son propias, teniendo en cuenta que los actos comerciales requieren rapidez, diligencia y ahorro de formalidades. Por otra parte, esto no implica que quien gestione en forma concentrada inscripciones de diferentes instrumentos, no pueda ser exigido al pago de las exigencias fiscales de conformidad al mÍ- mero de los mismos. si así lo exige la ley respectiva.
.:1 1
CCCorn.'2:' NOffi. de Santiagodel Estero,20-11-2000,"Meridiano
SA", L. L. NOA 2001-625
Como es sabido. en el campo del Derecho Societario -como análo":
gamente ocurre en otros ámbitos del Derecho-, ciertas decisiones producen sus efectos propios desde distintos momentos según las personas con las que se las relacione. Vale decir que la cuestión se definirá de una manera si se relaciona con aquellos quienes conforman el ente social ~socios- y de otra si se trata de terceros ajenos a él ~verbigracia: sus acreedores-.
Respecto de los socios, las decisiones adoptadas por el ente producen sus efectos desde el momento en que se los notifica fehacientemente
de lo decidido. Así, en el caso de efectuarse una asamblea unánime lo ocurrido en ella., al ser conocido por todos sus integrantes si~ excepción, en lo que con ellos se vincula produce todos sus efectos desde el momento de su realización.
En cambio, en cuanto a los terceros la ley ha ideado un sistema que dispone que las decisiones adoptadas por una sociedad producirán efectos contra ello una vez que hayan sido inscriptas en una depen- dencia específicamente encargada de este tipo de registraciones, el Registro Público de Comercio. A partir de tal oportunidad, nuestro ordenamiento jurídico considera que la decisión es oponible erga omnes en tanto la presume conocida por todos los ciudadanos que
actúan dentro del ámbito territorial de influencia de la oficina ante
la cual el ente societario se encuentre inscripto.
En suma, puede afirmarse que las decisiones de un ente societario producen sus efectos de dos modos diversos: a) ad intra, desde la efectiva notificación de sus integrantes, y b) ad extra, desde la ins- cripción en el Registro Público de Comercio.
CNCam., sala B, 13-2-96, "Bainer, Beatriz Marcela sffercería de dominioen autos clSállchez,AntonioAgustín s/Concursocivil slIn- cidentede información".E. D. 171-75
Se justifica legalmente la actuación del inspector general de justicia,
encargado de fiscalizar las operaciones en las que participan socie- dades locales y extranjeras, en orden a valorar su correcto funciona- miento como tal dentro de la República, y a. corroborar que no se realicen operaciones irregulares bajo una máscara de apariencia y en tal sentido. corresponde admitir la aplicación de las normas emanadas por el organismo en aplicación de las aludidas funciones de fiscali- zación que debe ejercer la IGJ, en orden al control de legalidad del normal funcionamiento de las sociedades, y las facultades que detenta para adoptar medidas preventivas y correctivas a esos fInes.
CNCeID.• sala B. 13-7-2010,«Inspecci6nGeneralde Justiciac1Ren- dering SA s/OrganismosExternos"
En materia de escisión la Inspección General de Justicia estableció,
en la Sección Tercera de la mencionada resolución 7/2005 (arts. 170
a 174), las disposiciones vinculadas a los requisitos y documentos
DANIEL ROQUEVrroLo
que se deben satisfacer y acomp;mar para la obtención de la confor-
midad administrativa pertinente y su posterior inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio y en tal sentido, el artículo 170 prevé
que "Para la inscripción de la escisión de sociedades y de los actos
que son su consecuencia de acuerdo a la clase de escisión de que se
trate [
se debe presentar [
primer testimonio de la escritura pú-
blica o instrumento privado original de la escisión
y dicho docu-
mento deberá contener el "detalle de los bienes registr~bles que como
consecuencia de la escisión se transferirán a la socied~d o sociedades
escisionarias, si la inscripción se formaliza en escritura pública" (inc.
CNCam., sala D. 5-2-2013, "Inspección General de Justicia dCo-
mercia! Carpets SA s/Organismos Externos"
4.4. Sociedad constituida en el extranjero. Criterio de hospitalidad
Debe resaltarse que la accionada ha acreditado debidamente encon-
trarse inscripta ante el Registro Público y General de Comercio de
de 1994 (fs. 150 vta.) y que
quien se presenta como apoderada de la accionada, comp~eció en
autos con poder general para pleitos otorgado por la SOCIedadde-
mandada, documentación que se encuentra debidamente legalizada
(ver fs_ 588/593).
La inscripción a la que se aludesitúa a la demandada "
lu:unannente
en la primera parte del artículo 118 de la Ley -de S~Cledades, en cuanto dispone que su existencia y forma ~stán detenmnadas p~r l~s 'leyes del lugar de su constitución'. Por tanto, acorde.con el cnteno de hospitalidad que recepta tal previsión, corresponde recor¡me;~ca- rácter de sujeto de derecho a la referida sociedad, con capaCIdad suficiente para estar en juicio" (esta sala en autos "Deliceland SA
clCadehsur SA s/Snmario", del 11-4-2003).
CNCom sala e, 24--6-2005, "Sa1t Card SA clPropUIsa Sociedad de Bolsa SA", E. D_ del13-2_2006, N. 11.448
4.5. Presentación tardía. Oposición
La presentación tardía no impide
la oposición de ~os interesados.
JReg.Sec. de Salta, 28-7-88, L. L. 1989-C-322
LA rnSCRIPCIÓN DE LAS SOCIEDADES Y DE LOS AcrOS SOCIETARIOS
con lo norrnado
5. de la ley 19.550 (t.
o.) y por el artículo 39 del Código de Comercio, si la solicitud de inscripción del acto se efectuó una vez vencido el plazo fijado, los . efectos que pudo producir, necesariamente sucederían luego de rea- lizada la respectiva anotación; y como ya se había anotado un em- bargo, la inscripción resulta imposible de realizarse.
C2'"CCOID.de La Plata, sala m, 21-11-89" "Intervisión SRL s/Cesión '
de cuotas", JUBA
4.6. Plazo para la inscripción
La inscripción conforme a los artículos 36 y_ 39 del Código de Co- mercio debe realizarse dentro de los 15 días de su otorgamiento. Fuera de este plazo también puede realizarse si no existe oposición de parte interes~da.
CCCam. de Mar del Plata. sala n, 15-2-77, cit. porPerciavalle, M., Código de Comercio anotado, Errepar, p. 253
4.7. Terceros de buenafe
La inscripción y publicación constituyen una protección para los ter- ceros de buena fe.
CNCom., salaB, 25-8-77, «Financiera Baires SA clK.uperman, Juan C.", L. L. 1979-B-409, con nota de José Luis García Cáffaro; J. A. 979-ffi-544; E. D. 77-213
4.8. Competencia judicial
- Las cuestiones relativas a la oposición a los pedidos de mscripción
son de competencia
(art. 3., ley 22.315).
CNCem., sala E, L. L. 1988-A-41; salaB, J. A. deI22-6-2005
4.9. Fundamentación de la oposición
La oposición que prevé el artículo 39 del Código de Comercio no puede ser infundada, incausada o subjetiva.
CNCem., sala A, E.D. 74-703
4.10. Inscripción de reglamento
El reglamento debe cumplir los mismos recaudos establecidos para el contrato social y los estatutos.
eNCam., sala B, 30-4-81, ','TransporteJuan Manuel de Rosas SA
clOliva, Humberto l.", L. L. 1981-C-269, BCNCom. 981-4-3n
La Ley de Sociedades en el artículo 5° contempla que el acto social " constitutivo,pueda coexistir con un reglamento, el que también debe ser 'public~doe ins~pto 'registralmente, si ello fuese previsto de ma- nera estatutaria o contractual. Asimismo, también la ley 19.550: 167, 3tr párrafo,prevé que si el estatuto previese un reglamento, éste deberá inscribirsecon idénticos requisitos. Sin embargo, cabe aquí señalar que si bien existe en el tema un criterio de libertad de formas y ello DO implica soslayar las exigidas en aras de la certidumbre y seguridad jurídica frente a terceros, puede prescindirse de la observancia estricta del artículo 167 de la ley i9.550 desde el instante en que el reglamento ni siquiera integra el acto constitutivo de la sociedad (véase sobre el tema, Gagliardo. Mariano, El reglamento en la sociedad anónima como fuente de poder decisorio, en L. L. 1997-D-1248/1251).
CNCom.,sala A, 22-12-2008,"PuntaMogoteSeA cfOfazdel Tran~
sito , Aida s/Ordinario (L. L. del 24-6-2009, f. 113.643)", Abeledo-
PerrotOoline
4.11. Sociedad en formación
La existencia de un lapso entre la concertación del contrato y la
constituci6n definitiva de una sociedad mediante
ciedadirregular sino una en formación, la que no resulta equiparable ni asimilable a aquélla, pues la etapa formativa constituye el período necesariopara obtener el tipo regular seleccionado en el instrumento
constitutivo.
su inscripción re-
gistral, no implica que durante el período intermedio exista una
cecCM:Paz y Trib. de Mendoza,29-6-2006, "Aidar, Juan Carlos cfPercoSA s1Cobrode pes~s",RC J 183912006
4.12. Ausencia de inscripción
'La falta de registración de la sociedad en el Registro Público de Comercio, no afecta la posibilidad de actuación de la sociedad a fin de lograr el cobro de una suma de dinero -en el caso, derivada de un contrato de tarjeta de crédito--, pues no hay en el artículo 1°, ley 19;550. dato alguno que permita someter la existencia y validez de la sociedad a la inscripción en el registro, en tanto existe por el solo acuerdo de voluntades. '
C1"CCMPaz y Trib. de Mendoza, 17-11-2010, "CMR Falabella SA
clMartín Gallardo, Luis F. y otros s/Cobro de pesos", Rubinzal
On1ine, RC J 1278/11
Si las partes instrumentaron una sociedad, a la que atribuyeron el carácter de sociedad colectiva, mediante contrato cuya autenticidad fue reconocida al contestarse la dep:landa. pero, no se ocuparon de inscribirla conforme lo dispuesto por el artículo 5° del decreto-ley 19.550, no puede considerársela regularmente constituida -artículo 7° del decreto citado~.
CCCOID.de Morón, sala JI, 15-10-91,"Busilli de Villalobo,Adéla cfReggiardo,Ramón slDisolución.Liquidaciónde cuentas sociedad
de hecho", TUBA
La irregularidad societaria, y tal como surge de los artículos 21 y siguientes de la ley 19.550. es vicisitud que sólo puede configurarse durante el llamado iter constitutivo y a causa de la omisión de inscribir el ente en el registro público pertinente y así resulta de lo dispuesto en el artículo 7° de la misma ley, norma que, al establecer que la sociedad sólo se considerará regularmente constituida con su inscrip- ción en el aludido registro, deja en claro que tal inscripción es con- dición necesaria y suficiente a esos efect?s: cuanto OCUITacon pos-
teñOridad podrá, en su caso. dar lugar a soluciones de otro tipo, pero no a la irregularidad de que aquí se trata, que sólo depende de ese registro.
CNCom.• sala C. 4-6-2012. "Interchange& TranspartInternacional SRL s/Quiebra,Incidente de apelación(art. 250 del CódigoProce-
sal)"
La resolución del Fisco mediante la cual rechazó la reorganización
societariapor fusión
pañar la constancia de haber efecrnado la publicidad e inscripción
en el Registro Público de Comercio, debe confirmarse,
en cuenta el tiempo transcurrido desde que se efectuó la comunicación del artículo 105 del decreto reglamentario de la ley del impuesto a las ganancias, la denegatoria no fue efectuada en forma prematura., sino que. por el contrario, la espera otorgada por el organismo fiscal se advierte como suficiente -en el caso, pasaron 3 años-o
de empresas, por incumplir el requisito. de acom-
pues teniendo
CNFed.CAdm .• sala 1, 13-5-2014, "Loma Negra CIASA clEstado Nacional. AFJP. DG!. Resol. 2/08 (OIGC) sIDGl",L. L. Online
4.13. Actuación de la sociedad constituida en el extranjero
Una sociedad unipersonal constituida en el extranjero carece de legitimación para actuar jurisdiccionalmente en nuestro territorio si, no obstante lo dispuesto por la Ley de Sociedades Comerciales y las resoluciones de la lGJ, no procedió a solicitar su inscripción en el Registro Público de Comercio como correspondía legalmente, toda vez que su actuación en el país no se limitó a la realización- de actos aislados, sino que realizó actos habituales vinculados a su objeto.
CNCiv., sala H, 28-2-2014, "TabotInvestiment SA dG., O. A. y otro slDesalojo por vencimiento de contrato", L. L. Online
4.14. Comienzo de las obligaciones de los socios
Toda vez que en el acto constitutivo de la sociedad fallida no se • contempló el diferimiento de la efectivización de la integración de los aportes no dinerarios, por aplicación de las normas legales en juego, cabe concluir que dicha obligación venció al momento de concretarse la inscripción del ente en el registro respectivo.
eNCaro., sala A, 8-5-2012, "Di Donata SA s/Quiebra, Incidente de cobro de aportes"
4.15. Obligaciones escritura les
El artículo 7° de la ley 23.576 dispoue que, cuando se trate de
LA INSCRIPCIÓN DE LAS SOCIEDADES Y DE LOS ACTOS SOClET ARIOS
obligaciones escriturales.
de apertura. y constancias de saldo los siguientes datos: la denomi-
nación y domicilio de la emisora, fecha y lugar de constitución. duración y los datos de su inscripción en el Registro Público de Comercio u organismos correspondientes, en lo pertinente (inc. a). y el nombre y apellido o deno.minación del suscriptor. si son no- minativos (inc. h).
deben transcribrrse en lo.s comprobantes
eNCom .• sala A: 15-3-2013. ''Transportes Metropolitanos Belgrano Sur A el Arrieta, Ricardo Bernabé slIncidente arto 250 del Código Procesal"
4.16. Domicilio societario
Como regla, la calificación de domicilio constituido s610 correspondo al domicilio procesal o ad litem. fijado a los efectos del proceso conforme el régimen "establecido en el artículo 40, cpce; sin em- bargo. en el caso de las sociedades comerciales, el ordenamiento legal consagró una prerrogativa a favor del tercero: la posibilidad de notificar la demanda al ente societario en la sede inscripta, de manera vinculante para ésta, de tal modo que mientras la emplazada no altere tal inscripción registra!, ese domicilio resulta hábil a los fines del artículo 339, CPCC.
eNCom .• sala A, 10-5-2012. "DSC Plásticos Argentinos SA cfI'ransportes NH SA y otro s/Ordinario"
5. Bibliografia general
ARAMOUNI. Alberto, Práctica del Derecho Societario - 1. Astrea. Buenos
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de poliefa, en L. L. 1989-B-1049; FARGOSI, Horacío, Sobre la refonna no inscripta del estatuto de sociedades anónimas, enL. L. 2000-D-1276.
Doctrina; FA VJER DUBOIS, Eduardo, El cOlitro/judicial sobre registro
de sociedades comerciales, en E. D. 84-875; FA VIER DUBOIS (h), Eduardo M., Derecho Societario RegistTál. Ad-Hoc, Buenos Aires. 1994; FRANZA, Jorge A., Manual práctico de actuaci6n ante la Inspección General de Justicia. Ediciones Jurídicas. 2005; GRlSPO, Jorge D., Efectos de las modificaciones del contrato social no inscriptas, respecto de la "sociedad" y de "terceros", en L. L. 2003-F-1304, Doctriua; HALPERlN, Isaac. El Registro Público de Comercio y el control de legalidad. en L.
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Inscripción registral de sociedad extranjera que participa en sociedad e.-r.istenteen el país, nota a fallo, en L. L. 1979-C-552; MOLAS. Ana Maria, Oposición a la inscripción de sociedad~s comerciales por homo-
en E. D. 143-
264; MUGUJLLO. Manual de sociedades comerciales, Abeledo-Perrot,
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Rubinzal-Culzoni, Santa Fe.
nimia. lA actuación de la Inspección General de Justicia,
6. Bibliografía de la reforma
ALLENDE, Lisandro A., Apuntes e interrogantes sobre los cambios que se
el Anteproyecto ~e Código Civil
proponen a la nonnativa societaria en
y Comercialde 2012. Microjuris, 2012; BALBJN, Sebastlán, La reforma
la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 por la Ley 26.994 de Reforma
Unificacióndel Código Civil y
Comercial de la Nación, en Nuevo C6digo
y Medina, La
Ley, Buenos Aires, 2015; CASTROGIOV ANNI, Marcelo, Breves consi-
deraciones acerca del Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación en punto al régimen societario, en elDial.com - DC1842; CUL- TRARO, Gustavo, El nuevo Código Civil y Comercial y la materia mer- cantil, del 3-11-2014, en elDial.com - DCIE23; FA VIER DUBOIS (h), Eduardo Mario, La autonomía y los contenidos del Derecho Comercial
a partir del C6digo Unificado, en 1. 1. del 2-2-2015; GRISPO, Jorge
Daniel, Modificaciones en maten"a de registración en la n~va "Ley Ge-
Civil y Comercial de la Nación comentado, dir. por Rivera
neral de Sociedades", en 1. 1. del 6-12-2015; RNERA, Jnlio César
ediL)
y MEDlNA, Graciela (coord.), Comentarios al Proyecto de Código
y Comercialde la Naci6ri, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2012; VERÓN,
Alberto V., Reformas al Régimen de Sociedades Comerciales (a tenor del
LA INSCRIPCIÓN DE LAS SOCIEDADES Y DE LOS ACTOS SOCIET ARlOS
nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, ley 26.994 J, La Ley, Buenos Aires, 2014; VITOLO, IIaniel Roque, Sociedades comerciales. Del Ante- proyecto a la sanción del Senado, en L. L. 2013-F-982; Sociedades co- merciales. Ley 19.550 comentada, Rubinzal-Cuizoni, Santa Fe, 2007/2008; Sociedades unipersonales, en Cuestiones societarias en homenaje a Ho- racio P. Fargosi, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2004; Las sociedades uniper-
sonales y la refonna de la ley 19.550, en 1. 1. del28~5-2012; Las refonnas
a la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales en e~.Proyecto de Código
Civil y Comercial de la Naci6n, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2012; Comentan"os
a las modificaciones de la ley 26.994 a la Ley General de Sociedades.
Análisis comparativo con la ley 19.550, Ad-Hoc, Buenos Aires, 2015; La
Ley de Sociedades reformada por la que sancionó el Código Civil y Co- mercial, en 1. 1. del 27-10-2014.
Art. 6° Plazos para la inscripción. Toma de razón. Dentro de los vein- te (20) días del acto constitutivo, éste se presen.tará al Regis- tro Público para su inscripción 0, en su caso, a la autoridad de cantralor. El plazo para completar el trámite será de trein-
~ (30) días adicionales, quedando prorrogado cuando resul- te excedido por el normal cumplimiento de los procedimien- tos.
Inscripción tardía. La inscripción solicitada tardíamente o ven- cido el plazo complementario, sólo se dispone si no media opo- sición de parte interesada. Autorizados para la inscripci6n. Si no hubiera mandatarios especiales para realizar los trá -niíes de constitución, se entiende que los representantes de la socie- dad designados en el acto constitutivo se encuentran autoriza- dos para realizarlos. En su defecto, cualquier socio puede ins- tarla a expensas de la sociedad.
Artículos 141 a 167 -personas juridicas privadas-,
320 a 331 -con-
tabilidad y estados contables-
-inscripci6n
73 -Secci6n
de la ley 19.550.
del C6digo, y artícnlos
6°, 7", 8° Y 9°
en el Registro Público de Comercio. Reglamento--,
IX del Capítulo r, De la documentación y contabilidad-
2. Cuadrocomparativo
Texto según ley 19550
ArtIculo (f-Faeuluuies ddjuez. Toma de razón. El juez debe comprobar el cumplimientode todoslos requisitos le- gales y fiscales. En su caso dispondrá la tomade razóny la previa publicación que corresponda.
Artículo 6 0 Plazos para 10 inscripción. Toma de razón. Dentro de los veinte (20) dIas del acto constitutivo, éste se present.ará al Registro Público para su inscripción o, en su caso, a la autoridad de contralor. El plazo para completar el trámite será de treinta (30) días adicio- nales, quedando prorrogado cuando re- sulte excedido por el nounal cwnpli- miento de los procedimientos. Inscripción tard{o. La inscripción soli- citada tardíamente o vencido el plazo complementario, s610 se dispone si no D;lcdia oposición de parte interesada. Aurorizados para la inscripción. Si no hubieta mandatarios especiales para rea-
lizar los trámites de constitución, se en- tiende que los represcntantes de la so- ciedad designados en el acto constitu-
para rea- l.izarlos. En su defecto, cualquier socio
tivo se encuentran autoñzados
puede instarla a expensas de la sociedad.
3.1. Facultadesdel registrador
Tal comolo señaláramos en nuestro comentario al artículo 5°, deben distinguirse.ea la figura del registrador, dos tipos diferenciados de facultadeso funciones: las de mero registro y las de contralor. Re- mitimos a dicbo comentario en este punto.
3.2. Efectos de la toma de razón
La decisiónpor parte del registrador de hacer inscribir en el Registro
10 que se de-
nomina "toma de razón", y dicha toma de razón surte efecto de ma-
Público de Comercio el documento, acto o contrato es
LA INSCRIPCJ6N DE LAS SOCIEDADES Y DE. LOS ACTOS SOCIETARIOS
tricula, ya que el artículo 27 del Código de Comercio derogado confería a las sociedades un derecho. El cumplimiento de los recaudos fijados por la ley para la torna de razón -y la toma misma- crea una presunción absoluta de conocimiento, para el cual es indiferente la buena fe del tercero o el dolo del S09io. En lo que a los efectos de la inscripción concierne, por regla general las inscripciones en el Registro tienen efectos meramente declarativos, es decir que se da publicidad por medio de la inscripción a actos y hechos cuya validez ha surgido 'fuera del Registro. De allí que la ins- cripción no pueda tener efectos conválidatorios ni saneatonos. Del mismo modo, la inscripción produce el efecto de la ficción legO! de que los hechos y los actos inscriptos en el Registro son conocidos por todos, bajo el presupuesto de que el Registro es público y que, por lo. tanto, éualquier ciudadano puede recurrir a él para verificar los asientos. La gran reforma introducida por la ley 26.994 a la ley 19.550 en este punto es -justamente- eliminar la exigencia del control de requi- sitos y el control de legalidad del acto a inscribirse, configurando el nuevo Registro Público a crearse como un mero registro de conoci- miento y publicidad, algo sobre lo cual ya hemos dado precisiones al comentar el artículo 5°.
. ~. Al haberse derogado el Código de Comercio, también han quedado derogadas las normas relativas a la inscripción de actos y documentos que dicho cuerpo legal contenía. Por ello es que la ley 26.994 ha dispuesto en la nueva redacción otorgada al artículo 6° de la ley 19.550 normas relativas al procedimiento inscriptorio. El procedimiento establecido se desarrolla de la siguiente manera:
Plazos y procedimientos inscriptorios
a)" Dentro de los veinte dias del acto constitutivo, éste debe presentarse al Registro Público para su inscripción o, en su caso, a la autoridad de contralor. Esto hace pensar que puede ocurrir que, al momento de legislarse sobre el nuevo Registro Público, y dependiendo de lo que pudieran disponer las provincias al respecto, se determinen procedimientos diferenciales en cuanto a la competencia de quien deba proceder a registrar e inscribir el acto.
b) El plazo para completar el trámite se establece en el plazo de treinta días adicionales, plazo qne quedará prorrogado cuando resulte excedido por el normal cumplinúento de los procedi-
mientos~ es decir, por la necesidad.de suministrar documentación complementaria, evacuar vistas cursadas por el registrador o la
autoridad de contralor, o cumplinúento de exigencias adiciona- les.
c) No hay un impedimento para que la inscripción pueda llevarse a cabo tardíamente, en la medida en que no medieuna oposici6n de parte interesada -sobre los alcances de esta expresión nos hemos referido al comentar el artículo 5'
d) Para el caso en que no hubiera mandatarios especiales desig- nados para realizar los tránútes de constitución, se entiende que los representantes de la sociedad designados en el acto consti-
tutivo se encuentran autorizados para realizarlos. En su defecto,
cualquier socio puede instarla a expensas de la sociedad. Como puede advertirse esta reforma no hace más que trasladar
-con otros plazos y algo más de precisión en cuanto al tiempo de conclusión del tránúte ínscriptorio-lo que estaba regulado en el artículo
39 del Código de Comercio derogado!5, e innovar también
una norma que -como lo hemos señalado- facilitará y aventará dis- cusiones en materia de legitimación para poder llevar a cabo la ins-
cripción, porque expresamente dispone que, si no hubiera mandatarios
especiales para realizar los tránútes de constitución, se entiende que los representantes de la sociedad designados en el acto constitutivo se encuentran autorizados para realizarlos y que, en su defecto, cualquier socio puede instarla a expensas de la sociedad.
al incorporar
4. Jurisprudencia hasta el año 2015
4.1. Control de legalidad
La Inspección General de Personas Juódicas se encuentra facultada para verific;ar tanto la legalidad formal como la legalidad sustancial del acto constitutivo de una sociedad anónima e, inclusive, para in- vestigar lo concerniente al interés público que pueda estar compro-
15 Véase GARCÍA CONI. Derecho Registra! aplicado cit
metido, esto último siquiera a efectos de disponer la fiscalización permanente o instar la disolución o liquidación de las -sociedades.
CNCom., sala C, 21-5-79, ''Macoá SA y otras", L. L. 1979-C-289,
con nota de Guillermo Matta y Treja
Frente al irrisorio capital pactado de la sociedad que se pretende inscribir, en relación con .el objeto fijado para el ente, aun cuando el decurso 'posterior de -la vida societaria determinaría el desdobla- miento de los rubros capital y patrimonio, no coincidentes, con el más que probable incremento del patrimonio -concebido como activo social fijo- por sobre el capital, con la co~secuencia de responder la sociedad ante los terceros -y cumplir el objeto- más bien con el
patrimonio que con el capital, también es cierto que el juez de registro
es juez de la legalidad de la constituciónsocial (art.
6°, ley 19.550),
en cuyo momento capital y patrimonio coinciden. Por ello, no cabe -en el momento de determinar la procedencia de la inscripción de la constitución de la sociedad en el registro- prescindir del análisis de la posibilidad de cumplir el objeto con el capital asignado, único parámetro aprensible, siendo que la mención del capital constituye imposición de la ley a los constituyentes (art. 11, inc. 4°, ley 19.550), y tiene obvio sentido instrumental, en tanto la legislación como medio político prescriptivo no se agota en sí misma.
JNCom.Reg.,
fume. 30-6-80, "Veca Constru'ctora SRL", L. L. 1980-
Si la referencia a una fecha de constitución anterior a la del contrato s610 tendió a determinar el momento de iniciación para el cómputo del plazo de duración de la sociedad, así debió decir expresamente en la cláusula. Mas no habiéndose procedido así, la cláusula padece una eqmvocidad que el Registro Público de Comercio no puede ad- mitir en aras de la certeza y seguridad que debe tutelarse respecto de los actos llevados a inscripción.
CNCom., sala e, 3-9-82, "Chacabuco Construcciones SRL", L. L. Online
Comparte la Sala los fundamentos expuestos por el Ministerio Público Fiscal en el dictamen que anteced~, en orden al. ejercicio del control
de legalidad del acto constitutivo
persigue. Ello por cuanto, en el caso particular, del ámbito de las facultades legalmente
General de Justicia como órgano administrativo
de la sociedad cuya inscripción
atribuidas a la Inspección
(cfr. arts. 4" y 6" de
la ley 22.315;
5° Y 6°. LSC. y 36. inc. 3°. Cód.
de Com.).
Esta función no debe considerarse acotada al examen de la regularidad
formal de los requisitos de constitución
el control de legalidad sustancial
negocio constitutivo más allá de las formas documentales
(cfr. dictamen del fiscal de Cámara
concordante de la eNCom.,
de una sociedad,
pues abarca
o .de los requisitos
DI. Di lona y pronunciamiento
SA y otras",
sala e, in re "Macoa
L. 1979-C-285 y ss.; íd., Butty, Acerca del control estatal sobre las
sociedades comerciales, en L. L. Sup!.
Esp., abril de 2005, p. 173).
Siempre, claro está, en el marco del sistema normativo o reglamentario
adoptado en la materia, que no se advierte exorbitado
CNCom., sala E, 3-5-2005, "Fraccma Raymond SRL", L. L. 2006- A-663, con nota de Leandro Javier Caputo; L L. 2005-D-178, con nota de Grabriela Boquin; IMP 2005-13-1923; L. L. 2005-E-478, con nota de Jorge Bazán
Parece obvio que la eventual "revitalización"
debe ser juzgada a la luz de la normativa vigente, más allá de la
interpretación que hubiese correspondido
arto 424. 2' parte. Cód. de Com.) no podria en todo caso ser admitida
sino como tal, esto es, importando la identidad del ente reactivado.
Resultaría conveniente
una registración dirigida al conocimiento
al eufemismo de juzgarlo como importando constitución lisa y llana:
ello implicaría, por de pronto, ignorar
sociedad anterior, sujeto distinto de sus miembros,
nombre se vería incluso vulnerado por la adopción de su designación
por el "nuevo" ente.
del derogado
incluso de certeza
de los terceros,
no recurrir
el estado de liquidación
cuyo derecho
Siguiendo los postulados de una
mercialista (con£. entre otros, Cámara,
Revista del Notariado. N° 746. pS. 299 y SS.; Zaldívar
Y lug. cits.; Malagarriga,
H., ob. Y lug. cits.; .íd., en
t. r. pS. 778 y ss .• Buenos
parte de la doctrina
c Tratado
1963; Pico, A. G .• Nuevo criterio
en L. L. 1977-C-729
ss.; Vázquez Ponee, H. O., Reactivación de sociedades
, en La ln-
fonnación, ND 598, vol.
Emilio Cornejo Costas y Osvaldo Camisar al 1 Congreso de Derecho
debate trabado
695n15; XXI Jamada Notarial Bonaerense realizada
del 16 al 19-6-77. despacho
inseriptoria
entonces admitida; entendiendo
de la sociedad disuelta.
la especie, se circunscribe
cribir,
758), la pretensión
10, ps. 613 y SS.; ponencia
del 17 al 20-8-77 , Buenos Aires.
e i1ustratorio 1979. pS. 509 y en Bahía Blanca
al respecto. Actas
9 del tema l. Revista Notarial. 753. p.
del mentado
acuerdo unánime será
dicho acuerdo como de reactivación
del suscripto
implícito en la jurisdicción
al que conviene
de Com.,
al acto que se trae a ins-
(C6d.
arto 34); pero no implica
juicio sobre la naturaleza
de los actos cumplidos
y eventual respon-
por el período transcurrido
reactivaci6n:
dej ará constancia por nota marginal.
y por la integridad
entre la disolución
y la inscripción
ésta se dispondrá
s610 con tal alcance,
JNCom.Reg., 4-6-80, "La Distribuidora Musical SRL", L. L. 1980- C-446. con nota de Enrique Zaldívar
El examen acerca del cumplimiento de los requisitos legales y fiscales
que la ley impone
(art. 6°. ley 19.550),
tanto de los requisitos
tanciales -tipicidad,
requisitos esenciales no- tipificantes, estipulacio-
nes nulas, estructura
orgánica, suficiencia del capital social, eteétera-
exigidos por la ley,
lo que permitirá al instrumento
de una presunción iuris tantum de legalidad una vez inscripto.
CCCom. de Posadas, sala m, 28-12-2006, "Tierra colorada SRL
slInscripci6n Registro Público de Comercio", Rubinzal Online, RC
J 11.50412007
la regularidad formal de los requisitos
porque, si el legislador ha establecido
del juez de Registro
no debe estar acotada
al examen
de constitución de una sociedad
una &utoridad de control estatal
para comprobar el cumplimiento,
cabe inferir que es porque
atañe al
DANIEL ROQUE. ViTOLO
interés general y que la observación de los recaudos legales no es disponible para los particulares debiéndose controlar que no se vulnere
la formalidad legal.
CNCiv., sala C, 1-3-2005. "Trammel SA y otros cfMayling Club de CampoSADCy AS",L. L. del 19-5-2005, p. 6; E. D. del 11-5-2005,
4.2. Diferencia con el control sobre personas humanas
La primera instancia denegó la .inscripción ponder:ando, la circuns- tancia mencionada. en el punto precedente. (se refier~-a la.inmbición
. general registrada respecto del socio); advierto que es motivo sufi- ciente para dudar que el mismo reúna las condiciones que tipifican
a un comerciante para gozar del crédito necesario en la actividad mercautil (art. 29, Cód. cit.) (textual: fs. 49 vta.).
El artículo citado incluido en el Capítulo III, del Título 1 del Código de Comercio (De los comerciantes), se refiere a la matricula de los comerciantes, esto es, de las personas físicas o naturales, que teniendo capacidad para contratar, ejercen por cuenta propia actos de comercio, hacieudo de ello su profesión habitual (art. 1", Cód. de Com.).
Se trata del "comerciante individual" del que nos habla Carlos C.
Malagarriga. Dice el autor que las disposiciones de dicho capítu-
lo son aplicables a las "
llama de existencia visible, es decir, de individuos y no de entidades
colectivas, aunque los comerciantes y las sociedades comerciales tengan ciertos derechos y ciertas obligaciones comunes". Agrega más adelante: "En resumen, pues, el comerciante podría definirse en el concepto legal, como la persona capaz, de existencia visible, que realiza o por cuya cuenta son realizados, y en ciertas condi-
ciones, actos de comercio" (Tratado elemental de Derecho Comer- cial, t. 1, Comerciantes-Sociedades, Buenos Aires, 1963, Cap~ 2,
personas de las que nuestro Código Civil
ps. 95 y ss.).
El caso traído a decisión no versa sobre una persona física o natural que solicita su inscripción en la matrícula de comerciante, sino el de una sociedad comercial ("Don Santiago SRL") "que peticiona su ins- cripción en el Registro Público de Comercio" (arts. 5°, 6°, 7° Y eones., Ley de Sociedades Comerciales 19.550).
En otros términos, la persona física no sólo no ha solicitado la ins-
cripción en la matrícula de comerciante,
de revestir calidad de socio de la sociedad de responsabilidad limitada
no lo convierte en comerciante.
de administrador (gerente) (véase contrato social, cláusulas quinta y
séptima a fs. 2 y 3).
Al respecto enseña Juan Carlos Femández
las sociedades comerciales no son comerciantes ya que no realizan actos de comercio ni en nombre ni por cuenta propia, sino por las
sociedades de las que forman parte, que tienen una personalidad ju-
rídica que las distingue de sus integrantes
la actual doctrina comercialista
Femández,
sostener que la sola circunstancia
ciedad comercial (socio o administrador), no transforma a éstos en comerciantes ('Mancho de Suárez Bidondo c/Ozor, C. s/Ordinario', sala B, 11-2-87; sala A, 22-8-91, 'Banco Credicoop Ltdo. e/Carrizo, Marta sISumario') y que el hecho de haber sido miembro de varias sociedades comerciales no atribuye calidad de comerciante ('Koret- zky, Daniel s/Quiebra', sala C, 11-2-73)" (C6digo de Comercio co- mentado, Errepar, Bueuos Aires, 2000, t. r, p. 19).
De todo 10 expuesto se desprende que la resolución denegatoria fun-
29 del Código de Comercio
sino que, además, el hecho
Por añadidura, no reviste carácter
"Los socios de
En tal sentido se pronuncia
argentina (con la sola disidencia de
de una so-
vol. 1-1, p. 52), Y la Cámara Nacional
de resultar integrantes
dada en el artículo legal.
carece de sustento
CCCoID.CAdm. y Faro. de Villa María, 29-10-2003, "Don Santiago SRL", L. L. C. 2004-887 (octubre), con nota de Mariano Gagliardo
4.3. Poder dé policía
El artículo 6° de la.Ley de Sociedades dice: "El juez debe comprobar
regla establece que esa autoridad
lidad y para algunos
legalidad formal (v. Femández y Gómez Leo, Tratado de Derecho
tiene el control registral
de lega-
autores tal facultad
a un control
Comercial, t. TI, ps. 27/29); pero moderna jurisprudencia
tenido la facultad
actos que se inscriben
Rubiuzal-Culzoui).
Se estima que si bien el juez de
de ejercer
(Carlos G. Villegas,
ha sos-
un control t. 1, p. 264,
Registro debe ejercer un control de
LA INSCRlPCI6N
DE LAS SOCIEDADES Y DE LOS ACTOS SOCIETARIOS
4.5. Relación capital-objeto
El objeto social es la concreta y específica actividad económica que los socios pretenden desarrollar. En el caso se trata de una avícola, actividad económica que no requiere control especial. Su objeto es determinado a pesar de que se encuentren comprendidos actos que son una consecuencia, complementarios o conexos, de aquél pero enderezados a concretar la actividad de la ¡empresa Si ello es así, cabe considerar que no existe la desproporción señalada entre el objeto y el capital social y, como la sociedad operará prin- cipalmente como avícola, no se advierte que se haya afectado la fInalidad legal:- -
C1'CCMPaz y Trib. de San Rafael. 11-8-2005. "Rina SRL cJInsc. de
Sociedad",L. L. Gran Cuyo 2006 (abril),p. 316, con nota de Álvaro
Pérez Catón; IMP 2006-9-1243
4.6. Oposición tardia
La queja es improcedente, pues el apelante no articuló 0poslclon durante el iter inscriptorio de la sociedad referida, razón por la cual no procede la apelación de la decisión que dispuso su inscripción. El actual régimen de registración mercantil excluye del conocimiento y
decisión del registrador la competencia contenciosareferida a oposiciones que pudiesen deducirse frente a las inscripciones de sociedades (art. 5°,
comPetencia júdiciaI
De otro lado, en el caso sub examine tampoco resulta aplicable la previsión del artículo 16 de la ley 22.315; eSa norma dispone que «Las resoluciones de la Inspección General de Justicia son apelables ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, cuando se refieran a comerciantes o sociedades comercia-
especie- no queda comprendido dentro del ,campo conceptual de "re-
." Mas el acto inscriptorio consumado'-tal como acontece en la
ley 22,315), disponiendo en lo pertinente que esas materias ••
" Ello
no 'aconteció en la partiCular especie.
solución" implicada por la referida regla legal. Conclúyese, entonces, que la inscripción de una sociedad no importa una resolución con los alcances previstos por la norma en cuestión,
y por tanto. la decisión es inapelable.
CNCom., sala B, 15-3-2005, "Inspecci6n Gral. de Justicia e/Correo Argentino SA", L. L. 2005-E-255; J. A. de122-6-2005. p. 79
legalidad, ello no quita que además pueda ejercer una prudente policía de las peticiones de inscripci6n para que éstas se conformen a la ley y no desnaturalicen los fines del instituto.
C1'CCorn. de Bahía Blanca, 13-9-77, J. A. 1978-N
4.4. Pautas subjetivas de valoración
La función del juez de Registro no debe estar acotada al examen de la regularidad formal de los requisitos de constitución de una sociedad porque, si el legislador ha establecido una autoridad de control estatal -para-comprobar el cumplimiento, cabe inferir que es porque-atañe-al interés general y que la observación de los recaudos legales no es disponible para los particulares debiéndose controlar que no se vulnere la formalidad legal. Las facultades -atribuidas al juez de Registro- tienen como funda- mento último que se cumplan los fines de la ley; pero, la decisión de no autorizar la registración de una sociedad no puede fundarse en pautas subjetivas de valoración. En el caso, el capital podrá ser considerado escaso pero no es mínimo ni irrisorio. La ley no impone un monto mínimo y la ausencia de un tope legal deja librada a la discrecionalidad del juzgador la determinación de si el capital es o no suficiente para el desarrollo de la actividad mercantil propuesta. Obviamente la cuestión no es de fácil discer- nimiento si se pretende no vulnerar el derecho de los socios, por lo que esa facultad judicial sólo puede ejercerse cuando la desproporción sea muy evidente, o en aquellos casos en que resulte manifiesto que la cláusula contractual vulnera la ley. Sólo en casos excepcionales
los magistrados podráii Intervenir en las cuestiones de los particulares a fin de no desnaturalizar su función en una materia netamente pri- vativa. Concordantemente, la jurisprudencia ha dicho: «Los jueces deben cuidar con prudencia el ámbito de sus funciones, sin penetrar en la esfera de actuación ni sobrepasar los poderes excluyentes de
] ya que deben limitarse a ejercer el control
de legalidad y razonabilidad, sin inmiscuirse en el mérito o la con-
una persona juridica [
veniencia del acto en cuestión".
CNCiv., sala e, 1-3-2005, "Trammel SAy otros cfMayling Club de Campo SADC y AS". L. L. del 19-5-2005, p. 6; E. D. del 11-5-2005.
4.7. Oponibilidad
De acuerdo a la dogmática de la ley 19.550, mientras no se inscriba la cesión de cuotas sociales, como ocurrió en la especie, no existe regulannente ella pues es imprescindible su publicación e inscripción (cfr. argo arts. 4°, 6°. 7°. 10 Y canes., del citado cuerpo normativo) ya que, hasta entonces el cesionarib se encuentra imposibilitado de intervenir en los negocios sociales (Halperin, Sociedades de respon- sabilidad limitada. pS. 153/154). -Sin desc\mocer qu'e la registraci6n de la cesi6n de las cuotas 'so'cialestiene 'carácter declarativo 'por cuanto entre ~~ cedente y cesionario la .contratación tiene efectos desde el instante mismo de su celebración, respecto a los terceros la transfe- rencia de la participación societaria no es eficaz mientras no se cumpla con su inscripción conforme el artículo 12 de la citada ley. De modo que, contemplando en el caso que no está inscripta registralmente la cesión de las cuotas sociales a favor del fallido, no es posible su enajenaci6n forzosa en este proceso falencial hasta tanto sea cu~plido tal recaudo.
eNCam., sala A, 17-12-2009,"Espósito,Eduardo Andrés s/Quie- bra"
4.8. Menores
El artículo 28 de la ley 19.550 establece que, cuando existen menores,
deberá ser aprobado por el
juez de la sucesión". debiendo resaltarse que la intervención del juez de la sucesión nada tiene que ver con la del juez de registro, por lo que no la suple. Ello es así, pues el juez-del sucesorio intervendrá en interés del menor heredero y de la sucesión, en su caso. En cambio, el juez del registro se ocupará .del control de los re~audos fiscales y formales, así como de ordenar la inscripción de la sociedad. El fun- damento del precepto legal es evitar que el patrimonio de los menores pueda responder solidariamente por las obEgaciones societarias, pues tratándose de menores, siempre actuarían por medio de sus represen- tantes legales, quienes podrían contraer obligaciones por las que res- pondería el patrimonio del menor.
el contrato constitutivo de la sociedad "
eNCom., sala D, 5-2-2013, "InspecciónGeneralde Justicia e/Co- mercialCarpetsSA s/OrganismosExternos"
4.9. Objeto social
El objeto social es la concreta y específica actividad económica que los socios pretenden desarrollar. En el caso se trata de una avícola, actividad económica que no requiere control especial. Su objeto es determinado a pesar de que se encuentren comprendidos actos que son una consecuencia, complementarios o conexos, de aquél pero enderezados a con.cretar la actividad de la empresa.
C1"CCMPazy Trib. de San Rafael,.11-8-2005,"RinaSRLc/Insc. de Sociedad",L. L, Gran Cuyo 2006 (abril),p. 316, con nota de Álvaro
4.10. Capital social
Corresponde dejar sin efecto la sentencia que revocó una resolución de la Inspección General de Justicia denegatoria de la inscripción del aumento del capital y de la reforma del estatuto de una sociedad anónima, toda vez que el organismo de contralor omitió el estudio de los artículos 6° y 300, ley 19.550, y 7°, ley 22.315, en cuanto prescriben que dicho organismo debe fiscalizar las variaciones de capital de las sociedades anónimas, expresamente inv.ocados en la resolución revocada (del dictamen del procurador al que remite la CSJN).
CSJN, 10-4-2007, «Inspección General de Justicia slRecurso ex- traordinario federal en: Inspección General de Justicia clEmpresa NavieraPetrolera Atlántica SA", Rubinzal OnI1ne,Re J 3334/0
4.11. Ausencia de inscripción
La falta de registración de la sociedad en el Registro Público de Comercio. no afecta la posibilidad de actuación de la sociedad a fin de lograr el cobro de una suma de dinero -en el caso, derivada de un contrato de tarjeta de crédito-, pues no hay en el artículo l°, ley 19.550, dato alguno que permita someter la existencia y validez de la sociedad a la inscripción en el registro, en tanto existe por el solo acuerdo de voluntades.
C1'"CCMPazy Trib. de Mendoza,17-11-2010,"CMR FalabellaSA clMartín Gallardo, Luis F. y otros s/Cobro de pesos", Rubinzal
OnJine. RC J 1278/11
BUTIY, Enrique Manuel, Acerca del alcance de las facultades del registrador mercantil y la cuestión del Registro Público de .Comercio, en Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, Año 14, -N° 79 .a:--84,-Depa1ma,
Buenos Aires, 1981, p. 347; DE nuONDO, L., Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial de Registro,
NÓVIT., Rafael M., Sociedades multinacionales:
malidades de constitución y contralor de funcionamiento, en L. L. 2005-
A-1498, Doctrina; NISSEN, Ricardo Augusto~ Competencia del juez de
en E. D. 48-770; MA-
ley aplicable a sus for-
registro, en Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones,
10, N" 55 a 60, Depa:lma, Buenos Aires, 1977,-p:-481; ROITMAN, Horacio
y colaboradores, Ley de Sociedades Comerciales, La Ley, Buenos Aires,
2006; V ÁZQUEZ PONCE, Héctor O., Las facultades de la lGJ, en Doc- trina Societaria y Concursal, Errepar, Buenos Aires, 2004; VÍTOLO, Da-
niel Roque, Sociedades comerciales.
Culzoni, Santa Fe, 2008.
Ley 19.550 comentada, Rubinzal-
La mencionada en el comentario al artículo 5°.
CAPÍTULo IV EL lNSTRUMENTO CONSTITUTIVO
de la ley 19.550 la sociedad
es considerada
principio-
un contrato plurilateral de organización,
y decimos en prin-
cipio dado que con la sanción
de la ley 26.994 se admite a partir del
10 de agosto de 2015 la posibilidad excepcional de constituir sociedades
anónimas unipersonales
bajo el tipo de la sociedad
En razón de las particularidades
propias de dicha naturaleza
tractual que se imprime
a la definición genérica,
así como de las ca-
racterísticas específicas del régimen societario, deben diferenciarse tres
niveles' al tratar los elementos
1 Véase viTOLO, Sociedades comerciales
del contrato de sociedad':
2Véase ALLENDE, Ignacio, Instrumentación del acto constitutivo y modificatorio
Alberto, Manual prác~
tico de sociedades, Astrea, Buenos Aires, 1985; BARRAU, María, Constitución y modificaci6n de personas juridicas, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1998; CABANELLAS, Guillermo, Los vicios en la constitución de socieda.des, en R. D. C. O. 1994-131; CASABAL, Carlos M. y otro, Manual para la fonnaci6n de sociedades comerciales (estaf!1tas-contratos), Cangalla, Buenos Aires, 1972; DEPPELER (h). Néstor R., ¿Qué función cumple la escritur:~ pública en los aumeñtos de capital y en las reformas de estatutos de las sociedades por acciones?, en L. L. 1979:'B-786, Doctrina; DI BAR- TOLO, Nilda E., Incumplimiento de la promesa de constituir una sociedad, nota a fallo, en L. L. 1994-E-483; ETCHEVERRY, Ra~l A., Nuevos matices legales en el periodo fundacional de las sociedades comerciales, .en L. L. 1984-B-644, Doctrina; Sociedade~ comerciales: replanteo doctrinal de los efectos de su acto creativo, en R.
en las sociedades an6nimas, en L. L. 147-1340; ARAMOUNI.
D. C. O., Año 11, N° 61 a 66, Depalma, Buenos Aires, 1978, p. 716; FARGOSL
Horacio P., Refonna de estatuto. Acta de asamblea. Escritura pública, en L. L. 1978-
D-1025; Sobre la naturaleza del acto constitutivo de las sociedades, en R. D. C. O.,
EL INSTRUMENTO CONSTITtITIVO
Los elementoscomunes a todo contrato;
b) Las deficiencias ti omisiones que afectaban a los elementos comu-
los elementoscomunes a todo contrato de sociedad--<lenomi- nadas tambiénrequisitos no tipificantes-, y
nes a todo contrato de sociedad -requisitos no tipificantes- im- portaban la anulación del contrato de sociedad, pero la deficiencia
los elementosespecíficos del tipo social escogido --<!enominados
podía subsanarse hasta el momento de su impugnaciónjudicial.
tambiénrequisitostipificantes-. Las consecuenciasde los errores u omisiones que pudieran pre- sentarseen los 'tres niveles eran antes de la vigencia de la ley 26.994
a) Las deficienciasu omisiones que afectaban a los elementos co-
munes a todo contrato -supuesto a- impedían su validez o exis-
tencia;es decir, podía considerarse
que no existía contrato.
Año 1, Na 1 a 6, Depalma, Buenos Aires, 1968~ FERNÁNDEZ ~ADRID, Juan ~ar1os
Álvaro, lA desinterpretación de la ley. La escritura pública en el aumento de capit~l en las sociedadespor acciones, nota a fallo, en L. L 1979-A-74; J. C. P. L., comentano a CABANELLAS, Guillenno, Los vicios en la constitución de sociedades, en L. L. 1996-B-1294; MATrA Y TREJO, Guillermo E., En tomo al control administrativo en la constituciónde sociedades anónimas, nota a fallo, en L. L. 1979-C-284; OTAE-
GUI, Julio c., Acto social constitutivo, en R. D. C. O., Año 5, N° 25 a 30, DepaIma, Buenos Aires, 1972; Acto social constitutivo y persona societaria. Esquema de sus naturalezas, en R. D. C. O., Año 8, Na 43 a 48, Depalma, Buenos Aires, 1975, p. 365; Los sociedades informales, en Supl. Esp. Sociedades ante la IGJ, 2005 (abril). p. 141, Doctrina; PALLARÉS, Beatriz, Constitución y a~tualizació~ ~e las socied~des en el Mercosur,en 1. A. 1999-ID-890; ROITMAN, HoraclO, El requlSlto de la escntura pública en la constitución de. la sociedad anónima en la Ley d~ Sociedades Comer-
Práctica societaria, Errepar, Buenós Aires, 1998; GUTIERREZ ZALDN AR,
ciales, en R. D. C. O., Año 5, N" 25
Alfredo L. y SALA, Carlos J., Los vicios en la constitución de una sociedad en
comanditapor ac~iones y su régimen de saneamiento, en R. D. C. O., Año 4, N" 19
a 30, DepaIma, Buenos Alfes, 1972; ROVIRJ'l
a 24, Depalma, Buenos Aires, 1971; URBANEJA,
Aldo E., Constitución de sociedades
anónimas y d~ responsabilidad limitdda, en L. L. 1997-E-1610 (comentario); WA~
TIffiLET, J()s6 M. y BERGEL, Salvador D.,. Constitución irregular de la sociedad
acto constitutivo, en R. D. C. O., Año
en comanditapor acciones y saneamiento del
3, Na 13-a 18, Depalma, Buenos Aires, 1970; ZAMENFELD, Víctor, Constitución
de sociedadespor acciones bajo la ley 19.550.
constitutivo y sus modificaciones. Instrumento público y escritura ptlblica. Sistema
adoptado por la ley. La "preconstitución" del articulo 319 del C6digo de Comercio,
Fonna que deberá revestir el contrato
en R. D. C. O., Año 5, N='25 a 30, Depalma,
DRÍGUEZ, Carlos J., Sociedades por acciones. Modificaciones de.su estatuto. Escri~
tura pública, Macchi, Buenos Aires, 1981.
Buenos Aires, 1972; ZAV AJ.: ARO-
c) Finalmente, las deficiencias u omisiones que afectaban a los requisitos especfjicos correspondientes ál tipo social escogido -elementos o requisitos tipificantes- importaban la nulidad de la sociedad.
Pues bien, la ley 26.994 viene -en este campo- a producir. cambios
sustanciales respecto de lo contemplado originariamente en la Ley de
En efecto, atento a la nueva naturaleza que pretende otorgarse al instituto societario, debemos referimos -en relación con el nuevo ré- gimen legal- al "acto constitutivo" y no al "contrato constitutivo", de donde nos encontramos como novedad que, a partir del 10 de agosto de 2015, tenemos:
a) Elementos comunes a todo contrato -cuando la sociedad sea constituida por dos socios o más-;
b) elementos comunes a los actos surgidos de una declaración uni- lateral de la voluntad, si la sociedad es nnipersonal -véase ar- tículo 1800 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación-;
c) elementos comunes a todo acto constitutivo de una sociedad --<lenominadostambién requisitos no tipificantes que son inde- pendientes de que la sociedad tenga naturaleza pluripersonal o unipersonal-, y
d) elementos típicos específicos del tipo social escogido -denomi-
nados también requisitos tipijicantes-.
Del mismo modo, tampoco la ausencia de estos elementos o re-
quisitos tiene -en el régimen de la ley 26.994- los mismos efectos que tenía bajo el régimen original en lo que hace a la parte específica de la Ley de Sociedades, pues -bajo el nuevo régimen- la ausencia de los denominados elemento no tipificantes no hace anulable al contrato, y la ausencia de los tipificantes tampoco hace nula la sociedad, sino
que se deriva su tratamiento a la Sección IV de la ley, que coníorma-en
el sistema impuesto por la ley 26.994- una suerte de "cajón de sas-
tre"3 donde vienen a recalar varias situaciones que no tienen nada en
común, situaciones sobre las que daremos mayores precisiones en el Ca-
pítulo VI.
A su vez, la sociedad -ya no "comercial", sino genérica- es también un sujeto de derecho -artículos 2° de la ley 19.550 uo reformado por la
ley 26.994, y 141, 143 Y 148, inc. a, del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación-, y cuando estuvieran constituidas en la República, se rigen -eonforme lo dispuesto por el artículo ISO del nuevo Código-:
Por las normas imperativas de la ley especial 19.550 o, en su defecto, del Código;
por las normas del acto constitutivo con sus modificaciones y de los reglamentos, prevaleciendo las primeras en caso de divergencia, y
por las normas supletorias de leyes especiales, 0, en su defecto. por las del Título II del Libro Primero del nuevo Código.
Las personas jurídicas privadas que se constituyen en el extranjero se rigen por lo dispuesto en la Ley General de Sociedades 19.550.
Análisis exegético de la nueva norma
Contenido del instrumento constitutivo. El instrumento de cons- titución debe contener, sin perjuicio de lo establecido para cier- tos tipos de sociedad:
1) El nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, do- micilio y número de documento de identidad de los socios; 2) La razón social Q la denominación, y el domicilio de la sociedad. Si en el contrato constare solamente el domicilio, la dirección de su sede deberá inscribirse mediante petición
por separado suscripta por el órgano de administración.
Se tendrán por válidas y Vinculantes para la so~edad todas
las notificaciones efectuadas en la sede inscripta; --=----
3 La Real Academia Española establece dos acepciones para la expresión "cajón de sastre". La primera es "un conjWlto de cosas diversas y desordenadas"; la segunda
refiere a "persona que tiene en su imaginación gran. 'variedad de ideas desordenadas y confusas", La expresión es muy antigua y hace referencia al oficio de los sastres, quienes en sus cajones teIÚan un gran desorden entre hilos, alfileres, dedales, etc.; la expresión se popularizó en lengua castiza, con referencia a algo que guarda elementos muy distintos, y sin ningún orden ni concierto.
EL INSTRUMENTO CONSTITUTIVO
3) La designación de su objeto, que d~be ser p.reciso y deter- minado;
4) El capital social, que deberá ser expresado en moneda ar-
gentina, y la mención del, aporte de cada: socio. En el caso
de las sociedades unipersonales, el capital deberá ser inte-
grado totalmente en el acto constitutivo;
5) El plazo de duración, que debe ser determinado; 6) La organización de la administración, de su fiscalización y de las reuniones de socios;
7) Las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pér-
did~. En caso de silencio, será en proporción de los aportes. Si se prevé sólo la forma de distribución de utilidades, se aplicará para soportar las pérdidas y viceversa; 8) Las cláusulas necesarias para que puedan establecerse con precisión los de!echos y obligaciones de los socios entre sí y respecto de terceros;
Las cláusulas atinentes al funcionamiento, disolución y li-
quidación de la sociedad.
Artículos 141 a 146 -personas jurídicas privadas, composición-, 147 -ley aplicable--, 151 a 156 -atributos y efectos de la personalidad jurídica-, 157 a 162 -funcionaIniento- del Código, y artículos 1°, 2°, 5°, 6°, 11, 21 a 26 y 187 -eoncepto, personalidad jurídica, elementos del contrato de sociedad, registración, y sociedades no constituidas regularmente y capital social- de la ley 19.550.
Artículo 11 - Contenido del instrumen- to constitutivo. El instrumento de constínJ.- ción debe conre.ner, sin petjuicio de lo esta- blecido para ciertos tipos de sociedad:
Artículo 11 - Contenido del instrumen- to constitutivo. Einstrumento deconstitu- ción debe contener, sin peJjuicio de lo esta- blecidci para ciertos tipos de sociedad:
1) El nombre,edad,estadocivil,naciona- 1)El nombre,edad,esrndocivil,naciona-
lidad, profesión, domicilio y número de
documento .de identidad de los socios;
docwnento de identidad de los socios;
2) La razón social o denominación, y el domicilio de la sociedad. Si en el contrato constare solamente el domicilio, la dirección de su sede deberá inscribirse mediante petici6n por sepa- rada suscripta por e16rgano de adminis- tración. Se tendrán por válidas y vin- culantes para la soc~edad todas .las notificaciones efectuadas en la sede ins- cripta; 3) La designación de su objeto, que debe ser preciso y determinado; 4) El capital-social,que deberá ser expre- sado en moneda argentina, y la menci6n del aporte de cada socio; 5) El plazo de duración, que debe ser determinado; 6) La organización de la administraci6n de su fiscalización, y de las reuniones de socios; 7) Las reglas para distribuir las utili~ dades y soportar las pérdidas. En caso de silencio, será en proporción de los aportes. Si se prevé sólo la fonna de distribución de utilidades, se aplicará para soportar las pérdidas y viceversa; 8) Las cláusulas necesariaspara que pue- dan establecerse con precisi6n los dere- chos y obligaciones de los socios entre sí y respecto de terceros; 9) Las cláusulas atinentes al funciona~ miento, disolución y liquidación de la sociedad.
2) La razón social o la denominación, y el domicilio de la sociedad. Sí en el contrato constare solamente el domici- lia, la direcci6n de su sede deberá inscri- birse mediante petición por separado sus- cripta por el órgano de administración. Se tendrán por válidas y vinculantes pa- ra la sociedad todas las notificaciones efectuadas en la sede inscripta; 3) La designación de su objeto, que debe ser preciso y determinado; 4) El capital social, que deberá ser ex- presado en moneda argentina, y la men- ción del aporte de cada ~ocio. En el caso de las sociedades unipersonales, el ca- pitaI deberá ser integrado totalmente en el acto constitutivo; 5) El plazo de duración, que debe ser determinado; 6) La organización de la administración, de su fiscalización y de las reuniones de socios; 7) Las reglas para distribuir las utilida- des y soportar las pérdidas. En caso de silencio, será en proporción de los apor- tes. Si se prevé sólo la forma de distnou- ción de utilidades, se aplicará para so- portar las pérdidas y viceversa; 8) Las cláusulas necesarias para que pue- dan establecerse con precisión los dere- chos y obligaciones de los socios entre sí y respecto de terceros; 9) Las cláusulas atinentes al fun~onamien-
to, disoluci6n y liquidación de la sociedad.
3.1. Las reformas incorporadas por la ley 26.994
La ley 26.994 ha mantenido -básicarnente- la redacción original correspondiente al artículo 11 de la ley 19.550 que contIene una
enumeración de los elementos y requisitos comunes a todo contrato o acto constitutivo de sociedad. que son los denominados «requisitos no tipificantes" 4 , pero incorpora -en el inciso 4°, en lo referente al
4 Ver al respecto ARACAMA ZORROAQUIN, Ernesto, El nombre social, en E. D. 144-887; ARAMOUNI, Alberto, El objeto en las sociedades comerciales, Astrea,
Buenos Aires, 1994; ARA YA, Miguel, El capital social, en Revista de Derecho Privado y Comunitario., N° 2003-2, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, p. 213; cÁMARA, Héctor, Capacidad e incompatibilidad de las personas individuales para integrar saciedades mercantiles, en Revista del Derecho Comercial y de las (jbligaciones, Año 19, N°
109 a 114, Depalrna, Buenos Aires, 1986. p. 169; CARL1Nü, Bernardo P., Finna
digital y Derecha Societaria electrónico, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998; CORNEJO COSTAS, Emilio, Tratado del nombre sacial, Ábaco, Buenos Aires, 1989; CORNET,
Roberto J., La fijación del plazo en el contrata constitutiva de 1m sociedades comer- ciales, en Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, Año 10, N° 55 a
60, Depahna, Buenos Aires, 1977, p. 847; CURÁ, José María y Ríos,
El domicilio de las sociedades comerciales (Reflexiones frente al Mercositr), nota a
fallo, eIi L. L. 1992-C-500; DELLA SALA, Alejandro F., Capital social como garantía del interés social, en LexisNexis J. A. 2002-1-977; ETCHEVERRY, Raúl A., Empresa y objeto social, en R. D. C. O. 1982-781; FARGOSI, Horacio P., Otra vez sobre el
domicilia de las sociedades, en Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones,
p. 447; Sobre el domicilia de las

References: artículo 11

Artículo 50

Artículo 50
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 34
 artículo 3
 artículo 39
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 35
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 7
 artículo 123
 artículo 39
 artículo 39
 resolución 
 artículo 5
 artículo 39
 artículo 184
 artículo 6
 artículo 39
 artículo 396
 artículo 12
 artículo 16
 resolución 
 resolución 
 artículo 27
 artículo 12
 artículo 50
 resolución 
 resolución 
 artículo 170
 artículo 118
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 5
 artículo 167
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 7
 resolución 
 artículo 105
 artículo 7
 artículo 40
 artículo 339

Artículo 6
 artículo 5
 artículo 27
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 5
 artículo
39
 resolución 
 artículo 6
 artículo 16
 resolución 
 artículo 12
 artículo 28
 resolución 
 resolución 
 artículo 5

Artículo 11

Artículo 11
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