Source: https://lpderecho.pe/cuando-constituye-fuerza-mayor-la-interrupcion-del-servicio-electrico-casacion-6232-2014-lima/
Timestamp: 2020-04-07 09:20:01+00:00

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¿Cuándo constituye fuerza mayor la interrupción del servicio eléctrico? [Casación 6232-2014, Lima] | LP
Es preciso reafirmar que la función nomofiláctica en casación, es función de cognición especial, sobre vicios en la resolución por infracciones normativas que incide en la decisión judicial; actuando la Sala Suprema en control de derecho velando por su cumplimiento «y por su correcta aplicación a los casos litigiosos, a través de un poder independiente que cumple la función jurisdiccional»[1], revisando si el caso particular que accede a casación ha sido resuelto de acuerdo a la normatividad jurídica[2], cumpliendo con la adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto[3].
3.1. Prima Facie, es necesario puntualizar que en un Estado Constitucional de Derecho como el nuestro, las normas constitucionales gozan de supremacía normativa y son vinculantes para todos, esto es en relación al caso, autoridades administrativas y administrados; ello en concordancia a las normas constitucionales del artículo 44 que impone como «Deberes Primordiales del Estado», entre otros, «garantizar la plena vigencia de los derechos humanos»: del artículo 45 que prevé que el poder emana del pueblo y «Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las Leyes establece»; del artículo 51 que establece la jerarquía y supremacía de la Constitución en el ordenamiento jurídico, prevaleciendo sobre toda norma legal; el artículo 138 que en su segundo párrafo ordena a los jueces en todo proceso preferir las normas constitucionales.
3.2.2. El ordenamiento constitucional es un sistema que emana del pueblo, que «En todos esos contenidos la constitución se presenta como un sistema preceptivo que emana del pueblo como titular de la soberanía en su función constituyente, preceptos dirigidos tanto a los diversos órganos del poder por la propia Constitución establecidos como a los ciudadanos»[5], vinculando a gobernantes como gobernados, autoridades administrativas como administrados, a los magistrados y toda persona en general. Significando, que cuando la disposición prevé que el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios, está ordenando al Estado al cumplimiento de una obligación, y reconociendo el derecho de los consumidores y usuarios a ser defendido, por el Estado, pues como señala el jurista Robert Alexy, las disposiciones son las proposiciones de la Constitución que establece estos derechos, y las normas son proposiciones prescriptivas adscritas por vía interpretativa a las disposiciones que prescriben lo que está prohibido, permitido y ordenado, así como las competencias que confieren[6].
3.3. Cabe añadir que, la interpretación de las normas administrativas de la Directiva para la calificación de la solicitud no puede ser aislada ni desvinculadas del sustento constitucional y legal, tanto más que la propia directiva aprobada por Resolución N° 010-2004-OS-CD, tiene sustento legal en el artículo 87 de la Ley de Concesiones Eléctricas, y precisado expresamente en el punto II. ALCANCE, que rige obligatoriamente para todas las empresas concesionarias a efectos de la calificación de fuerza mayor, «de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Concesiones Eléctricas y la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos»; en ese sentido, la directiva está sustentada y medularmente vinculada a la norma del artículo 87 de la ley que impone la obligación de comunicar al usuario; sin embargo, en este caso, la sentencia de vista vulnerando el derecho constitucional de los consumidores y usuarios, desvinculando la norma de la directiva, e inaplicando las normas constitucionales y legales, ha sustentado que no es supuesto de procedencia que se dé aviso a los usuarios afectados dentro de las 48 horas; resultando que la sentencia impugnada ha efectuado la interpretación de la directiva sin considerar el contexto normativo constitucional y legal, e inaplicado las normas antes anotadas.
En cuanto a la ley, esta es prevalente respecto de los reglamentos, como sustenta la doctrina que «La ley ostenta, en segundo lugar, una posición de primacía material o de contenido respecto del reglamento, consistente en la invulnerabilidad de sus preceptos frente a las determinaciones reglamentarias»; que los reglamentos resultan inválidos cuando son contrarios a las leyes: «equivale a la prohibición dirigida a los titulares de la potestad reglamentaria de dictar reglamentos de contenido o sentido contrario a las leyes, prohibiciones sancionadas con la invalidez de los reglamentos que desconozcan esta interdicción»[10].
4.2. Para tales efectos, se tiene presente como primer punto, que las disposiciones integran conjuntos, señalando la doctrina «El Derecho hacia fuera, es un gran universo de principios y normas jurídicas que tiene una estructura general y funciona con ciertas reglas de sistema que lo hacen distinto a otros sistemas normativos (costumbres sociales, moral, etcétera); y hacia dentro, es un universo que se va conformando en conjuntos, subconjuntos y grupos, hasta llegar a las unidades normativas más elementales: las normas jurídicas individualmente consideradas», en ese conjunto, las disposiciones legales no se encuentran atomizadas, sino que siendo parte del grupo encuentran sentido en razón del mismo: «dichas normas forman ciertos grupos que permiten explicar el sentido de lo normativo»[11]; exigiendo en este caso particular, tener como base la norma constitucional que establece la defensa de los intereses de los usuarios, a la que se suman las normas legales e infralegales referidas al servicio público de electricidad, integrantes todas del conjunto normativo que regulan -entre otros- a las Concesiones Eléctricas, al cual se integra y vincula a la Directiva para la evaluación de solicitudes de calificación de fuerza mayor para instalaciones de transmisión y distribución, contenida en la Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en energía N° 010-2004-OS-CD, de tal forma, que para determinar su contenido y la norma aplicable al caso concreto, requiere de una interpretación sistemática con la norma constitucional y las normas legales.
4.4. En segundo lugar, la Directiva se ha expedido al amparo de lo previsto en la Ley de Concesiones Eléctricas y su Reglamento (conforme se desprende del tercer párrafo de los considerandos de la directiva); y en forma específica se sustenta en lo previsto en el artículo 87 de la citada ley[13], siendo esta norma que acoge y permite la variación transitoria de las condiciones de suministro por causa de fuerza mayor con la obligación de dar aviso a los usuarios y al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN; norma de la cual se desprende y sustenta la directiva, la cual precisa en el punto II de Alcance, que «La presente Directiva regirá obligatoriamente para todas la empresas concesionarias de transmisión y distribución a efectos de calificación de fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Concesiones Eléctricas y la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos« (el subrayado es nuestro).
4.7. Al respecto, la Resolución N° 010-2004-OS/CD denominada Directiva para la Evaluación de Solicitudes de Calificación de Fuerza Mayor para las Instalaciones de Transmisión y Distribución, tiene establecido que la calificación de fuerza mayor es de conformidad al artículo 87 de la Ley de Concesiones Eléctricas, aprobada por Decreto Ley N° 25844, dicho artículo legal establece como premisa para que los concesionarios puedan variar transitoriamente las condiciones de suministro por causa de fuerza mayor, que deben cumplir «con la obligación de dar aviso de ello a los usuarios y al organismo fiscalizador, dentro de las cuarenta y ocho horas de producida la alteración»; el artículo 87 tiene como normas antecedentes las contenidas en los artículos 34.c y 34.d de la misma ley, de las que se desprende la exigencia y obligación de la concesionaria de brindar a favor de los usuarios, un servicio de suministro de calidad, en forma regular, continua e ininterrumpida, es que, por excepción contenida en el artículo 87 y bajo el cumplimiento de una exigencia legal de comunicar a los usuarios y a la entidad dentro de 48 horas, en dicho caso podrán variar las condiciones de suministro por causa de fuerza mayor.
Por estas consideraciones, declararon FUNDADO el recurso de Casación interpuesto por la demandada Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – Osinergmin, obrante a fojas doscientos veinte, en consecuencia CASARON la sentencia de vista contenida en la resolución número cuatro de fecha trece de mayo de dos mil trece, obrante a fojas ciento sesenta y cinco, y actuando en sede de instancia REVOCARON la sentencia apelada contenida en la resolución número ocho de fecha veintinueve de setiembre de dos mil once, que declaró fundada en parte la demanda en cuanto la nulidad de las Resoluciones N° 762-2009-OS/GG, N° 2313-20009-OS/GFE y N° 1812-2009 -ODS/GG, e improcedente la demanda en el extremo que el reconocimiento de su derecho a fin de que la judicatura califique como evento de fuerza mayor, la interrupción del servicio eléctrico ocurrido el trece de junio de dos mil nueve; y, REFORMÁNDOLA, declararon INFUNDADA la demanda; en los seguidos por Luz del Sur Sociedad Anónima Abierta contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería – OSINERGMIN sobre Nulidad de Resolución Administrativa; ORDENARON la publicación del texto de la presente resolución en el Diario Oficial ”El Peruano» conforme a Ley; y los devolvieron.- Interviene como Juez Supremo ponente: Rueda Fernández.
[2] Cuando nos referimos al respeto del derecho objetivo no nos limitamos a una referencia a la ley, sino al sistema normativo en un Estado Constitucional, más aún al Derecho mismo, respecto al cual expone Luis Vigo: «No se puede prescindir del derecho que sigue después de la ley, porque de lo contrario corremos el riesgo de tener una visión irreal o no completa del mismo. Pero esa operatividad y resultado judicial resultan ser un foco de atención doctrinaria privilegiado actualmente, no sólo por sus dimensiones y complejidades sino también por su importancia teórica para entender el ordenamiento jurídico en su faz dinámica». VIGO, Rodolfo Luis, De la Ley al Derecho, Editorial Porrúa, México, 2005, segunda edición, Pagina 17.
[3] La casación en función nomofiláctica se orienta a garantizar en un estado social, así como Constitucional la seguridad jurídica y no a convertirse en una tercera instancia; pues, como afirma Geny,: «La existencia de un Tribunal de casación es absolutamente necesario para garantizar en nuestro estado social una firme organización jurídica: No se puede prácticamente satisfacer la necesidad de seguridad de los derechos, que tan vivamente se hace sentir en nuestro civilización, luchando por la homogeneidad centralizada contra tantas corrientes hostiles, más que con la intervención de una jurisdicción superior, que aun fuera de su contribución al establecimiento de la verdad jurídica abstracta, encuentre en la organización de la justicia un arma fuerte y decisiva para asegurar a la vida práctica el reinado continuo y soberanamente progresivo del derecho». Citado por Juan Carlos Hitters, Télesis de la Casación, En: Técnica de los Recursos Extraordinarios y la Casación. Segunda Edición, Librería Editora Platense, La Plata. página 168.
[4] Como señala Cesar Landa Arroyo en relación a las normas de la Constitución, que: «como el actual concepto de constitución se funda en la persona humana, la finalidad y la naturaleza de sus normas no es el poder del Estado sino la libertad de los ciudadanos». En: Derecho Procesal Constitucional, Cuaderno de Trabajo N° 20, PUCP, 2011, pagina 31.

References: resolución 
 artículo 44
 artículo 45
 artículo 51
 artículo 138
 Resolución 
 artículo 87
 artículo 87
 artículo 87
 Resolución 
 artículo 87
 artículo 87
 Resolución 
 artículo 87
 artículo 87
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 resolución 
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