Source: http://www.uca.edu.sv/publica/proceso/proc1028.html
Timestamp: 2017-11-23 01:39:05+00:00

Document:
proceso1028
Editorial: Adalides de la democracia
Economía: Inflación y crecimiento económico
Sociedad: Cronología de la crisis en el sistema de salud (II)
Regional: ¿Un asunto de buena fe?
Derechos Humanos: 54 son muchos años
Documentos: Antecedentes y consideraciones
La defensa de la democracia parece ser la principal bandera de lucha de muchos de los que en el pasado reciente de El Salvador violentaron sus supuestos más básicos. Esta reconversión a la democracia no sólo ha afectado a antiguos mandos militares —coroneles y generales, que ahora se han convertido en analistas políticos y académicos—, sino también a antiguos jefes guerrilleros —convertidos ahora en voceros del libre mercado, la tranquilidad y el orden, o en expertos en temas de seguridad—. Hay varias cosas en común en estos conversos de última hora al credo democrático.
En primer lugar, su pasado, del cual sólo se valen —al recordar anécdotas o experiencias— para reforzar la imagen de demócratas que ahora pretenden imponer ante propios y extraños. Cada cual, a su manera, da cuenta de sus peripecias personales y, sobre todo, del malestar que sentía al haber apostado por la guerra. Algunos, incluso, no dudan en sostener —como hace el ex comandante Atilio— que “quienes, desde la izquierda, asumimos en El Salvador la idea de que las instituciones y el orden eran importantes para los pobres, fuimos aislados por los románticos idealistas del primer mundo”. Lo que no dice el ex comandante guerrillero es cuándo fue que él asumió la idea de que las “instituciones y el orden” eran importantes para los pobres.
Definitivamente, antes de 1992 no ocurrió eso. Quizás sí, después de la firma del Pacto de San Andrés, cuando su partido —el PD— hizo una alianza nefasta para los intereses de los pobres, con el gobierno de Armando Calderón Sol. Pero en fin, olvidando de un tajo su pasado, Joaquín Villalobos —el ex comandante Atilio del que hablamos— se presenta como amante del orden y las instituciones; además, en nombre de ello, arremete contra los presuntos enemigos de la democracia salvadoreña. Pero, el propio pasado no sólo es obviado por ex guerrilleros conversos, sino también por ex jefes militares de alto rango, que ahora se han convertido en defensores acérrimos del Estado de derecho, en contra, claro está, de quienes —como los médicos y los sindicalistas— son presentados como una amenaza para el mismo.
En segundo lugar, sus antecedentes antidemocráticos, que los marcan indeleblemente y de los cuales no pueden deshacerse, por más maquillaje democrático que se pongan. Para el caso, tanto Joaquín Villalobos, como algunos ex jefes militares tienen —cada cual según sus méritos y el poder que ejercieron— un historial no muy limpio en materia de respeto a las instituciones y a los derechos humanos. El uno, amparado en un marxismo leninismo con tintes maoístas, no tuvo menores reparos para ordenar el asesinato o el secuestro de presuntos enemigos del pueblo; los otros, amparados en un mandato legal teñido de un espíritu contrainsurgente, no anduvieron con medias tintas para ordenar la represión más brutal en contra de comunistas, presuntos o confesos. Esos antecedentes antidemocráticos les pesan como un lastre del que no pueden descargarse, por más que lo intenten y por más espacios mediáticos que consigan para difundir su nuevo credo.
En tercer lugar, sus ataques a cualquier persona o grupo que proteste por lo mal que es conducido el país en lo económico y lo social. Aquí, de nuevo, las extremas se juntan: ex guerrilleros y militares en retiro unen sus voces para combatir a quienes, a su juicio, son los enemigos de la democracia, el orden, la paz y el Estado de derecho. De los militares retirados, tales ataques no sorprenden; sí asombran los que provienen de aquellos otrora guerrilleros que, cuando hicieron la guerra, dieron muestras de un radicalismo y un fanatismo extremos. No es condenable que la gente cambie, que la gente renuncie a credos políticos, ideológicos o religiosos en los que ya no confía. Pero sí lo es, desde todo punto de vista, usar el nuevo ropaje para hacerle el juego a quienes gustan de manipular la realidad para beneficio propio. Tal cosa es lo que hace Joaquín Villalobos cuando apela a la definición de terrorismo asumida por las Naciones Unidas (“El común denominador del terrorismo es el uso calculado de violencia letal contra civiles inocentes con fines políticos”) para dar a entender que la huelga en el sector salud es una acción de esa naturaleza. Antes de citar la mencionada definición, el ex comandante Atilio escribe lo siguiente: “el abandono de enfermos afecta gravemente a personas en riesgo completamente indefensas”. Y, para completar su argumento, compara a los médicos en huelga con los militares anticomunistas del pasado: “médicos políticamente fanatizados es tan grave y peligroso, como cuando la mayoría de militares eran feroces anticomunistas”. Lo crítico, en la situación de Villalobos, es que piensa y razona cada vez más como esos militares anticomunistas contra los que con tanta ferocidad luchó en el pasado.
En cuarto lugar, creer que El Salvador es el mejor de los mundos posibles, lo cual los lleva a oponerse y a atacar a todos aquellos que no comparten su visión del país. En este punto, los adalides de la democracia —ex guerrilleros y ex jefes castrenses— no se andan con remilgos en cuanto a condenar y atacar con sus plumas a quienes piensan que la democracia salvadoreña está siendo socavada, no por los que protestan ante la embestida privatizadora, sino por la lógica voraz del mercado —una lógica a la que estos señores rinden el mayor de los tributos—. Este modo de ver las cosas, los lleva a sostener —como dice Villalobos en uno de sus comentarios periodísticos— que el rompimiento de la legalidad, sin importar el color que tenga —y sin importar su motivación— afecta más a los pobres que “cualquier egoísmo de los ricos, ya que este último depende sólo de la conciencia de ellos”. O sea, pues, que la voracidad empresarial, los abusos de poder, la concentración de la riqueza y el despilfarro de los que controlan las finanzas del país son —para el ex comandante Atilio— un problema de conciencia. Lástima que el ex comandante guerrillero no cayó en la cuenta de ese gran descubrimiento suyo cuando dirigía las operaciones del ERP: buena cantidad de problemas se hubiera ahorrado el país con una filosofía como la que, desde Oxford, está propagando el ex líder guerrillero.
En definitiva, el problema no es que ex guerrilleros y militares se hayan reconvertido a la democracia, pese a tener en su haber unos oscuros antecedentes antidemocráticos. El problema es que, al no haber rendido cuentas ante la sociedad y la justicia por ese oscuro pasado, no tienen la más mínima solvencia moral para erigirse en pontífices del credo democrático. Si quieren dar pruebas de su compromiso democrático, antes que nada deberían de reconocer públicamente los crímenes que cargan sobre sus espaldas. Después, aunque estén equivocados en sus planteamientos, se les podrá escuchar y se podrá dialogar con ellos.
Desde hace varios años, el tema de la inflación ha tomado un lugar secundario dentro de los diferentes análisis económicos, tanto los provenientes de fuentes gubernamentales, como los que hace la oposición. En gran medida, ello se explica por la reducción de las tasas inflacionarias hasta niveles que resultan sorprendentemente bajos en el contexto latinoamericano.
En los cinco años comprendidos entre 1998 y 2002, la inflación ha caído a cifras de un solo dígito, e inclusive se registró un caso de deflación (es decir, inflación negativa) para el año 1999. Esto, aun antes de que se impusiera el proyecto de dolarización de la economía a partir del año 2001, con el cual se argumentaba que se lograrían tasas de inflación aun más bajas. A final de cuentas, la dolarización no parece haber incidido notablemente en el comportamiento de la inflación, pues ésta ya se había reducido drásticamente cuando el proceso fue implementado. No obstante, el hecho es que, detrás de las cifras globales de inflación, se esconde una realidad de incesantes aumentos en los productos esenciales para la superivivencia de las familias, así como un sistema económico que atraviesa una fase de crecimiento lento.
Cronología de la crisis en el sistema de salud (II)
8 de octubre de 2002. La jueza primera de lo laboral de San Salvador, Irma García, resolvió que la huelga liderada por los médicos y sindicalistas era ilegal, llamando a los huelguistas a reincorporarse a sus labores en un plazo estipulado.
14 de octubre de 2002. El presidente Francisco Flores lanzó oficialmente el plan de reforma del sistema de salud, denominado, “Democratización del sistema previsional de salud”. El gobierno financia una millonaria campaña publicitaria para dar a conocer su proyecto; no obstante, la población duda de las bondades de la propuesta gubernamental.
¿Un asunto de buena fe?
El presidente hondureño Ricardo Maduro anunció esta semana que los acuerdos alcanzados con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para aliviar la deuda externa de su país no se traducirán en más privatizaciones. Habría que examinar algunos elementos del contexto hondureño para ver si las sospechas con que se han acogido las declaraciones del mandatario son razonables o no.
54 son muchos años
Un año más conmemoramos el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948. Hoy, 54 años después de la aprobación de la también conocida como “Carta de San Francisco”, el cumplimiento del compromiso con la humanidad —transcrito en 30 artículos— dista mucho todavía de hacerse realidad. 54 años son ya muchos como para no haber querido o no haber podido concretar sus mandatos. Un claro ejemplo de ello sigue siendo nuestro país, donde las pésimas condiciones de la población mayoritaria constituyen la evidencia más clara del nulo interés de quienes ocupan los cargos de gobierno, tras más de medio siglo.
Basta leer el primer artículo de la Declaración para darnos cuenta de la drástica realidad en la que vive y la imposibilidad manifiesta para poder cumplir las aspiraciones contenidas en la Declaración Universal: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Sin embargo, las condiciones que presenta la institucionalidad de nuestro país nos muestran que el presente se aleja a grandes pasos de lo acordado por aquel entonces. Es más, las constantes violaciones a la Carta Fundamental provienen en su mayor grado del pésimo nivel de vida que, como señalábamos arriba, sufren las mayorías de nuestro país, es decir, de las graves violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Para argumentarlo, ahí están los resultados del Informe de Desarrollo Humano de El Salvador para el 2001, que revelan avances y desafíos que no deben soslayarse. Y si bien es cierto que mejoramos diez posiciones durante la última década, no hay que olvidar que “semejante” avance ocurrió en una clasificación de 174 países; eso representa, en definitiva, un adelanto que no puede obviarse, pero que tampoco debe ocultar dos preguntas claves: ¿cómo se logró? ¿es irreversible?
Para responder la primera, se deben tomar en cuenta —al menos— el flujo de las remesas del exterior y la ayuda internacional para una afamada “reconstrucción” después de la guerra. Para contestar la segunda, habría que pensar en serio sobre las interrogantes acerca del futuro de esas remesas, tema de actualidad en estos días pre-electorales por el tan necesitado “voto exterior”. Además, se debería meditar sobre el escaso desarrollo de la capacidad productiva nacional mientras duró esa ayuda que sólo se reanimó, temporalmente, por los terremotos del 2001. Pero el citado documento también señala una grave realidad que ya se mencionó antes: de la población salvadoreña, el 20 por ciento más rico percibe —en promedio— ingresos 18 veces más altos que el 20 por ciento más pobre. Debido a eso, El Salvador presenta una de las brechas de desigualdad más elevadas en el mundo, si se considera que en los países de alto desarrollo humano esa diferencia es de cinco veces.
Un crecimiento sostenido y vigoroso exige algo más que aparecer en la región como el país líder en libertades económicas. Para lograr dicho crecimiento, hace falta superar la competitividad espúrea basada en artificios monetarios o de política comercial; es necesario invertir tanto en tecnologías limpias y en formación profesional, como en dotación y fomento de habilidades y capacidades humanas, científicas, técnicas y gerenciales; hace falta invertir en atención a la salud, sobre todo en sus aspectos preventivos por ser más rentables y sostenibles.
Asimismo, es importante que existan condiciones para que la gente —sobre todo, la niñez y juventud— se encuentre bien alimentada. Es necesario que su desarrollo físico y psicológico esté asegurado, no sólo por el imperativo ético de poseer mayores niveles culturales o hasta por la “aspiración” de obtener victorias deportivas en competencias regionales; más allá de esos anhelos positivos, se impone el desafío de construir un país competitivo en los índices de desarrollo humano. Pero la realidad nacional dista mucho de eso. En nuestro país existen graves y peligrosos “déficits sociales acumulados”, como señala el mencionado informe de desarrollo humano. Y pese a que es oficialmente aceptado que cerca de la mitad de la población continúa percibiendo ingresos inferiores al costo de la canasta básica de consumo, siguen sin adoptarse medias para ello, como el incremento del salario mínimo.
Como es fácil de comprobar, el “maquillaje” social en temas económicos comienza a ser ya una práctica habitual dentro de los planes presidenciales. Así, al finalizar la XII Cumbre Iberoamericana a la que acudió “nuestro” representante, Francisco Flores, este anunció ante los medios de comunicación que el combate a la pobreza era uno de los objetivos a perseguir en su mandato. No obstante la declaraciones oficiales, siguen siendo elevados los porcentajes de población que presenta carencias en salud y en nutrición, destacando la infancia como sector más vulnerable. Para ello baste mencionar la publicación, el recién pasado día 11, del Informe del Estado Mundial de la Niñez, realizado por UNICEF, donde ubica a nuestro país en la cola de los países con más alto índice de muertes infantiles. Sólo por detrás de nosotros están Haití, Bolivia, Guatemala, República Dominicana y Nicaragua, mientras que Cuba se mantiene con la tasa de mortalidad más baja.
Como ocurre casi siempre en este “terruño”, las evicencias, por desgracia caen por su propio peso y, generalmente, terminan aplastando a los más débiles e indefensos. Pero más allá de las indignantes muertes de los más pequeños, están los puntos pendientes de esa agenda social. Entre otros, desde las instituciones públicas se prefiere dar la espalda a la realidad y seguir sin determinar cuánto es lo que se necesita para asegurar la cobertura universal de los servicios sociales básicos y la determinación de las estrategias para alcanzar tales objetivos. La problemática se acentúa cuando de los préstamos y donaciones recibidas por la cooperación internacional, sólo el 14 por ciento se destina a servicios sociales básicos. Siguiendo sin cumplirse el compromiso de otorgar “al menos” el 20 por ciento de todo lo donado.
No podemos seguir pensando que la ausencia de estrategias es tan sólo fruto de la negligencia gubernamental, porque —como decíamos anteriormente— no sólo se presentas carencias en salud y nutrición, sino también en educación, acceso a servicios de agua potable, saneamiento y vivienda digna. Situación por otro lado evidente si de 1994 al 2000 la inversión social tan sólo se incrementó en un 1,6 por ciento, en relación con el Producto Interno Bruto. Junto a esto hay que añadir que las desigualdades se están extremando cada vez más entre la población que reside en las zonas rurales y las que lo hacen en las urbanas y el gran San Salvador. Los últimos datos son claros, sólo el 36,6 por ciento de los que están en extrema pobreza en el campo reciben agua potable, mientras que en la ciudad tiene ese servicio el 75,4 por ciento de la población.
A esto hay que sumarle las dificultades que persisten en el acceso a la educación en el país, cuando el 17 por ciento es aún analfabeta y las mujeres tienen dificultades en acceder a la educación. Para éstas últimas continúan existiendo menores oportunidades que para los hombres. Siguen teniendo una participación marginal en los espacios de poder, percibiendo ingresos sustancialmente más bajos que los hombres, enfrentando mayores dificultades para encontrar un empleo y, como contrapartida, desarrollando la mayoría de las actividades domésticas no remuneradas. Es indispensable adoptar nuevas prácticas económicas que no dejen fuera a sectores importantes, sino hacer del crecimiento económico un objetivo de todos y todas.
No podemos obviar, que para un completo desarrollo humano es necesario considerar el aspecto ambiental y su influencia determinante en lo que ocurra a futuro. En el mencionado Informe se habla de un “déficit cada vez mayor de la base de recursos naturales para sustentar necesidades humanas básicas y dedesarrollo de nuestra población”. En síntesis, se advierte sobre el agotamiento de reservas forestales, áreas naturales, suelo, agua, pesca y demás vida silvestre. Todo ello, en suma, constituye “una señal de mal manejo, más que de una pobreza de recursos naturales”. Por eso y junto a otras consideraciones igualmente graves, en el documento se cuestiona “la capacidad de nuestro territorio de sustentar la vida humana en calidad además de cantidad”.
Son por estas causas y, por desgracia en nuestro país, muchas otras, por las que en días como el martes pasado se acentúan los compromisos con el respeto irrestricto de los derechos humanos. Así, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (por sus siglas PDDH) convocó a una amplia gama de instituciones, personalidades, funcionarios y representantes de organizaciones de la sociedad civil a la conmemoración de dicho aniversario. Dos acontecimientos principales ocuparon la agenda del evento: por un lado, la presentación de un cuaderno elaborado por la PDDH en el cual se reafirma el compromiso de la institución en materia de derechos humanos y en un estado democrático de derecho. El citado documento se presentó como un primer esfuerzo de lo que será una próxima colección de cuadernos sobre derechos humanos.
Y por el otro, el segundo momento relevante de la actividad fue la entrega de reconocimientos a personas e instituciones que con su quehacer hacen vigente la lucha por la defensa de los derechos humanos. Entre las categorías estaban comprendidas las instituciones gubernamentales, personalidades, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación, artistas, entre otros. La “magnitud” del evento la dieron las autoridades invitadas, ente otros el vicepresidente de la República, Carlos Quintanilla y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Agustín García Calderón. Pero de toda la ceremonia queremos destacar dos de los galardones entregados, en la categoría de “mención honorífica” a la Canciller de la República, María Eugenia Brizuela de Ávila, así como al viceministro de seguridad del ministerio de Gobernación, René Domínguez, y a la Casa de Huéspedes “La Concordia”, recibido por el Obispo Medardo Gómez.
Resulta contradictorio que se premie al viceministro de seguridad, quien precisamente es el que refleja una actitud hostil para los extranjeros en el país, entorpeciendo los procesos de revisión de procedimientos administrativos. ¿Acaso la premiación le servirá de estímulo para modificar tales actitudes? Esperemos que así sea, porque en líneas generales sigue sin mostrar una apertura a las organizaciones de la sociedad civil. Pero, lo que resulta más contradictorio aún es la premiación al albergue de migrantes. No discutimos el premio a tan benéfica labor, sino a la actitud gubernamental, sobre todo porque los migrantes deberían de ser acogidos en un lugar en dignas condiciones y provisto por el gobierno, como muestra del cumplimiento de sus obligaciones públicas. En los casos que son conocidos por la PDDH y que tienen que ver con población migrante extranjera, es el obispo Gómez quien provee a la institución de la única alternativa para llevar a los “localizados” a un lugar más humano, de lo que son las bartolinas de la delegación de oriente de la división de fronteras de la Policía Nacional Civil. División, por cierto, bajo la responsabilidad del viceministro Domínguez.
Visto que el objetivo de la premiación es estimular a las y los galardonados, la entrega de la mención honorífica a la Canciller nos lleva a los siguientes cuestionamientos: ¿Impulsará ahora dicha funcionaria la firma y posterior ratificación del Estatuto de Roma para la inclusión de nuestro país como miembro de la Corte Penal Internacional (CPI por sus siglas)? ¿Frenará a aquellos que desde instancias gubernamentales buscan la firma de acuerdos bilaterales con países miembros de la CPI, con el fin de que los más aberrantes crímenes ocurridos en nuestro país permanezcan en la impunidad también a nivel internacional? ¿Cumplirá con las recomendaciones que desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le observen cumplir en el caso del asesinato de Ramón Mauricio García Prieto?
La indivisibilidad de los derechos humanos desnuda la realidad mostrando el auténtico compromiso que desde las instancias gubernamentales se tiene por alcanzar su cumplimiento irrestricto. En nuestro caso, mientras el compromiso por los derechos humanos no se refleje en la observancia de los económicos, sociales y culturales, que afectan seriamente a las mayorías, no podremos decir que estamos en un verdadero Estado democrático de derecho.
Presentamos a continuación un análisis jurídico-político del Decreto 1024, elaborado por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y PROBIDAD
El decreto 1024: Alcances e implicaciones desde la Constitución, los derechos humanos y la transparencia (I)
Antecedentes y consideraciones iniciales
1. Tendencia a la privatización en la región
Existe, desde hace años, una tendencia a escala regional de privatizar los servicios públicos. En muchos países de América, los procesos de privatización han avanzado vertiginosamente. En este proceso, nos encontramos en una nueva fase de privatizaciones que está afectando servicios esenciales a la comunidad. En países suramericanos, como Chile o Argentina, estos procesos ya llegaron a los servicios de salud y de agua. Los procesos comerciales, además, están abriendo el mercado de los servicios públicos y las compras gubernamentales hacía los grandes inversionistas (el ALCA es un claro ejemplo de esto.)
2. El impacto de la privatización en nlos derechos humanos
El término de privatización ha sido acuñado por los economistas en el marco de los procesos de modernización del Estado. Se dice que es el proceso en virtud del cual el gobierno de un país fomenta directamente el crecimiento del sector privado. En su sentido más estricto, la privatización comporta la transferencia de activos públicos a manos privadas. El objetivo básico de esa desinversión es reducir la escala de los compromisos estatales (Jeffrey Muschell).
Las privatizaciones han adquirido diversas modalidades, pero al final se caracterizan por trasladar una actividad pública a la esfera de lo privado. No existen estudios del impacto que los procesos de privatización han tenido en los derechos humanos de la población.
Sin embargo, tanto las experiencias de otros países, como la nuestra —con la privatización de las telecomunicaciones y las pensiones— demuestran efectos no deseados, tales como: la concentración del mercado en pocas empresas, el aumento desproporcionado de las tarifas y la debilidad del Estado para controlar a las empresas administradoras.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, al analizar el informe presentado por El Salvador, expresó, desde 1996, su preocupación por las consecuencias adversas que pueden tener para los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente a corto plazo, la forma en que se han ejecutado los programas de ajuste económico, austeridad y privatización.
3. El conflicto de salud: un rechazo a la privatización y la necesidad de una reforma al sector salud
El actual conflicto de salud tiene como precedentes los anteriores conflictos generados en gestiones presidenciales anteriores.
Hay una constatación de que el sector de salud requiere de una reforma integral que tienda a su mejoramiento. Esta reforma es integral e incluye tanto a las instituciones de seguridad social, como a las instituciones de salud pública.
El presente conflicto ha dejado claro que hay un importante sector de la población, incluido el gremio médico, que se opone a la privatización de los servicios.
De ahí que el problema actual radique en el impulso de un sistema de salud y seguridad social que no conlleve la privatización.
El Decreto 1024. Contenidos
Conforme al Considerando I del decreto se establece como base constitucional los arts. 45, 50 y 65 de la Constitución.
Se trata de un decreto que prohibe y restringe diversas modalidades por las que se transfiere a entidades privadas la prestación de los servicios de salud y seguridad social.
El artículo 1 reafirma lo expresado por los artículos 50 y 65, en cuanto al carácter que la Constitución le da a la salud y a la seguridad social.
El segundo artículo del decreto establece cómo se entenderá el término de servicios de salud pública y seguridad social. En este sentido, señala que son los servicios prestados por determinados sujetos (médicos, enfermeras, personal administrativo, de servicios generales) que desarrollan funciones de auxiliar la atención de consultas, hospitalización, rehabilitación y en general los servicios encaminados a garantizar la salud en el ISSS y en la red hospitalaria y Unidades de Salud del Ministerio de Salud. Este artículo es importante, ya que los servicios aquí abarcados serán los que no podrán ser sujeto de las modalidades de transferencia a que se refiere el artículo 3.
El artículo 3 establece la prohibición de ejercer cualquier modalidad que se encamine a transferir a entidades privadas la prestación de servicios de salud y seguridad social. Entre las modalidades que se mencionan se encuentran: la privatización, la concesión, compra de servicios o subcontrataciones. Se incluyen aquí los servicios de apoyo para la prestación de los servicios (como alimentación o seguridad). Este artículo, sin embargo, abre la posibilidad de que se aplique la modalidad de contratación de servicios en 4 casos específicos:
a) La compra de servicios de diagnostico por imagen o laboratorio que la institución no disponga;
b) Casos de emergencia nacional ocasionados por una epidemia.
c) Calamidad pública originada por desastres naturales que afecten, bajo comprobación técnica, las instalaciones de los centros de salud, impidiendo su funcionamiento.
d) En caso de enfermedades cuyo tratamiento no pueda ser ofrecido por las instituciones, determinada previamente por médicos de la especialidad que lo requieran.
El artículo 4 establece el carácter especial de la ley y por lo tanto su superioridad sobre otras leyes promulgadas anteriormente. Se establece una forma de derogatoria tácita de aquellas normas que estuvieren en contradicción con el decreto.
El artículo 5 señala que los contratos de compra de servicios, concesiones, subcontrataciones, u otros que se encuentren vigentes a la fecha no pueden ser prorrogados bajo ninguna circunstancia y deben finalizar al 31 de diciembre de 2002.
¿Puede prohibir o restringir el Estado la prestación de un servicio público, como lo hace el decreto 1024?
Efectivamente. No obstante, la Constitución en sus artículos 110, 112 y 120 establecen la posibilidad de que particulares presten o sean concesionarios de servicios públicos, el Estado en determinadas circunstancias puede prestar directamente un servicio público a través de sus instituciones o de los municipios.
El inciso final del artículo 110 señala que: “El Estado podrá tomar a su cargo un servicio público cuando los intereses sociales así lo exijan. Estos intereses sociales están justificados en el caso de la salud y la seguridad social, por que se trata de derechos humanos fundamentales que son relevados en la Constitución”.
Señalan los arts. 50 y 65 lo siguiente:
“Art. 50 (incisos 1 y 2)
“La seguridad social constituye un servicio público de carácter obligatorio. La ley regulará sus alcances, extensión y forma.
“Dicho servicio será prestado por una o varias instituciones, las que deberán guardar entre sí la adecuada coordinación para asegurar una buena política de protección social, en forma especializada y con óptima utilización de los recursos”.
“Art. 65 (inciso 1)
“La salud de los habitantes constituye un bien público. El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento”.
Esta relevancia que se da a estos derechos, hace además que constituya una obligación primordial su cumplimiento tal como los señala el inciso final del artículo 1.
La Constitución no define el concepto de servicio público. Sin embargo, la Sala de lo Constitucional de la CSJ lo ha definido como: la prestación de actividades tendentes a satisfacer necesidades o intereses generales, cuya gestión puede ser realizada por el Estado en forma directa, indirecta o mixta, sujeta a un régimen jurídico que garantice continuidad, regularidad y generalidad (Sentencia del 23-VIII-98, Inc. 4-97)
¿Qué se entiende por seguridad social?
Este concepto tampoco ha sido definido por la Constitución. La Carta Magna se circunscribe a señalar que se trata de un servicio público de carácter obligatorio. Sin embargo, ha sido desarrollado con la jurisprudencia de la CSJ.
A ese respecto, en la misma sentencia antes citada, se señala que la seguridad social esta motivada por la necesidad de asegurar a cada individuo una existencia digna. A través de la seguridad social se facilita a los individuos para que puedan hacer frente a las contingencias que ponen en peligro las condiciones de vida dignas.

References: artículo 1
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 110
 artículo 1