Source: https://www.iurisprudente.com/2018/12/
Timestamp: 2019-11-22 23:27:08+00:00

Document:
Iuris Prudente: diciembre 2018
La Resolución DGRN de 6 de agosto de 2019 analiza la suficiencia de la notificación personal del notario, antes de acudir a la notificación por edictos, en un caso sujeto al derecho civil catalán. La DGRN, después de recordar el carácter subsidiario de la notificación por edictos, considera que, en el caso, no se han agotado las posibilidades de notificación personal, destacando que de los datos del expediente resultaban dos posibles domicilios del requerido donde no se practicó notificación personal alguna (uno el que se hizo constar en la declaración de herederos y otro resultante de una certificación de empadronamiento), lo cual le lleva a considerar no adecuadamente practicada la notificación de la interpellatio, sin que ello pueda salvarse con la notificación edictal.
La Resolución DGRN de 28 de junio de 2019 reitera la misma doctrina, considerando que la aceptación resultante de la interrogatio in iure se limita a la herencia sin que alcance al acto particional, rechazando la inscripción de una escritura en que una de las dos herederas se adjudicaba la mitad indivisa de los bienes invocando la aceptación de la misma por la coheredera no compareciente, a quien se notificó la partición por vía notarial y con arreglo al artículo 1005 del Código Civil, sin que contestase la notificada en los plazos del artículo citado (llamativamente, la sucesión se regía según todos los datos por el derecho civil aragonés, citando la propia DGRN en alguno de sus párrafos el Código Foral de Aragón, pese a lo cual en ningún momento cuestiona la DGRN la competencia notarial para el procedimiento de interrogatio in iure, aunque es cierto que esta cuestión no se planteó en la calificación registral, sobre lo que me remito a lo que a continuación digo).
Como ya he dicho, es llamativo que la Resolución DGRN de 28 de junio de 2019 se pronuncie sobre un caso de interrogatio in iure a través de notario en una sucesión sujeta al derecho civil aragonés sin cuestionarse en ningún momento la competencia notarial para el procedimiento.
La Resolución DGRN de 6 de agosto de 2019 entra directamente en esta cuestión, considerando que las normas sobre la interpellatio in iure son de carácter procedimental y de competencia exclusiva del Estado, de lo que se concluye que, tras la LJV, la competencia exclusiva para la tramitación del expediente es notarial, incluso en territorios con derecho civil propio y con normas particulares para la misma, como pueden ser, en la actualidad, Aragón o Navarral. Esta conclusión parece limitarse al aspecto competencial y no a otros, como los trámites procedimentales o el sentido de la no contestación, argumentando que son normas procedimentales al servicio de una regulación sustantiva. En el caso, se trataba de una sucesión sujeta al derecho civil catalán, abierta en el año 2018, y en ningún momento se cuestiona la aplicación del Código Civil catalán a materias como la notificación subsidiaria por edictos o el sentido de la no contestación (la repudiación de la herencia). Dice la resolución:
"La primera cuestión es si estos preceptos son normas de carácter procesal o de carácter sustantivo, y relacionado con esto, el marco competencial de su regulación. El artículo 1005 del Código Civil, así como los correspondientes forales –artículos 461.12 del Código Civil de Cataluña, 348 del Código de Derecho Foral de Aragón y la Ley 315 de la Compilación o Fuero Nuevo de Navarra– son normas procedimentales, si bien con espíritu y al servicio de las normas sustantivas. Así, como hemos visto, en los distintos derechos civiles de España, en algunos de ellos, se regula la «interpelación» de forma distinta a la regulada en el código civil. En definitiva, se trata de normas de carácter procedimental al servicio de una regulación sustantiva. Así, en la regulación del Fuero Nuevo de Navarra, se coordina la interpelación al heredero con la forma que la legislación civil de Navarra tiene de enfocar el fenómeno sucesorio (sistema germánico de adquisición, siquiera sea de modo provisional, desde el fallecimiento del causante). Según esto, en el Derecho común y en el catalán, el notario es el único funcionario competente para requerir o notificar, y para autorizar, el acta de interpelación, máxime teniendo en cuenta que lo que se ha modificado por la Ley 15/2015, de 2 de julio ... Hay que recordar que corresponde al Estado la competencia en materia de ordenación de los registros e instrumentos públicos conforme al artículo 149.1.8.º de la CE, y siendo exclusiva, además, la competencia del Estado en materia de legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas y dado que el cambio de órgano competente es mera cuestión de orden procesal pues las normas de procedimiento que dicten las Comunidades Autónomas han de derivarse de las peculiaridades de sus derechos sustantivos, se concluye que en el ámbito de aplicación de los derechos civiles que regulen la interpelación, la competencia corresponde, actualmente, al notario; por otra parte, la Ley del Notariado, en su disposición adicional primera introducida por el apartado dos de la disposición final undécima de la Ley 15/2015, de 2 de julio de la Jurisdicción Voluntaria, establece que «Las referencias realizadas en esta Ley al Código Civil deberán entenderse realizadas, en su caso, también a las leyes civiles forales o especiales allí donde existan» y, aunque el acta de requerimiento de interpellatio in iure, no esté recogida dentro de los expedientes que en materia de sucesiones regula la Ley del Notariado, en la regulación anterior, la interpelación era forzosamente judicial y no necesariamente era indispensable que mediara litigio, de manera que bastaba una solicitud al órgano judicial correspondiente que éste sustanciaba en un procedimiento de jurisdicción voluntaria. Así pues, aunque la interpellatio in iure no está contemplada como procedimiento específico de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, dado su origen, su naturaleza se enmarca dentro de ella, ahora bien, matizando que, en Cataluña, por ser un acto que desde el punto de vista civil equivale a la renuncia, es razón por la que conforme al artículo 18 de la Ley Hipotecaria, debe extremarse el rigor en el cumplimiento de los trámites del procedimiento por parte del Notario".

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 1005
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1005
 artículo 149
 artículo 18