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Timestamp: 2020-01-22 11:54:30+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 384/08 de Corte Constitucional, 23 de Abril de 2008 - Jurisprudencia - VLEX 43476745
Decreto 410 de 1971 articulos 198 y 440 (parciales). Se expide el codigo de comercio. Realizacion de elecciones por periodos determinados en los estatutos, sin perjuicio de que los nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo. Remocion en cualquier tiempo del representante legal, con uno o mas suplentes, designados por la junta directiva de una sociedad anonima para periodos determinados. El actor estima que los apartados demandados vulneran el principio de estabilidad laboral contenido en el articulo 53 de la carta politica, al posibilitar la libre remocion de los administradores y representantes legales de las sociedades comerciales. El regimen juridico que regula la relacion entre los representantes legales y las sociedades mercantiles. Determinacion del sentido y alcance de los preceptos acusados. Esta corporacion, en principio, encuentra que el demandante parte del supuesto errado de considerar que la relacion que se establece entre la sociedad comercial y sus administradores es necesariamente de naturaleza laboral. A este respecto, cabe señalar que la ley mercantil reconoce la autonomia a las sociedades para estipular en el contrato social el regimen que adoptara para la administracion y representacion de la sociedad, aspecto que encuentra respaldo constitucional en el articulo 333 superior, que protege la libertad economica e iniciativa privada ejercida dentro de los limites del bien comun. Finalmente, el hecho de que la ley mercantil prevea que la eleccion de los administradores deba realizarse para unos periodos determinados, no modifica la naturaleza juridica de la relacion que se establece entre la compañía y su gestor, ni genera per se la expectativa de estabilidad que plantea el demandante; sino que constituye simplemente un requisito estatutario que otorga un razonable margen de seguridad a la relacion contractual, y que pretende garantizar la ejecucion del objeto social mediante un principio de continuidad en la gestion. Exequible, por el cargo analizado, la expresion sin perjuicio de que los nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo contenida en el inciso 2º del articulo 198 del decreto 410 de 1971, y la expresion ...o removidos en cualquier tiempo contenida en el articulo 440 del mismo decreto.
Sentencia citada en: 3 sentencias, 6 artículos doctrinales, una disposición normativa
Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 198 y 440 (parciales) del Decreto 410 de 1971, ''[p]or el cual se expide el Código de Comercio''.
Actor: J.H.C.C.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano J.H.C.C. demandó (parcialmente) el inciso 2 del artículo 198 y el artículo 440 del Código de Comercio [Decreto 410 de 1971]. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia.
''Cuando las funciones indicadas en el artículo 196 no correspondan por ley a determinada clase de socios, los encargados de las mismas serán elegidos por asamblea o por la junta de socios, con sujeción a lo prescrito en las leyes y en el contrato social. La elección podrá delegarse por disposición expresa de los estatutos en juntas directivas elegidas por asamblea general.
Se tendrán por no escrita las cláusulas del contrato que tiendan a establecer la inamovilidad de los administradores elegidos por la asamblea general, junta de socios o por las juntas directivas, o que exijan para la remoción mayorías especiales distintas de las comunes.''
''La sociedad anónima tendrá por lo menos un representante legal, con uno o más suplentes, designados por la junta directiva para períodos determinados, quienes podrán ser reelegidos indefinidamente o removidos en cualquier tiempo. Los estatutos podrán deferir esta designación a la asamblea''
2.1. Considera que los apartados subrayados de los artículos demandados vulneran el artículo 53 constitucional ''en el entendido que los elegidos o designados, hayan sido elegidos o designados (sic) para un período determinado previamente y tengan la calidad de trabajadores o empleados'', motivo por el cual estima el demandante que ''deben gozar del principio de estabilidad en el empleo consagrado en el artículo 53 de la Constitución''. Específicamente, sostiene que la vulneración de la norma superior se presenta, en tanto, las disposiciones cuestionadas permiten ''remover a los elegidos o nombrados antes de que venza un período legal o estatutario, sin que medie una causa que justifique esa decisión''.
2.2. Adicionalmente, a juicio del actor, las disposiciones demandadas son contradictorias entre sí. Según él, por un lado, definen la preexistencia de unos períodos determinados o fijos, y por otro, establecen la posibilidad ''de que estos sean rotos intempestivamente''. Por este motivo, en tratándose de trabajadores o empleados, las disposiciones bajo estudio resultan contrarias al artículo 53 superior. En este sentido argumenta que ''[l]a estabilidad en el empleo consagrada en el artículo 53 de la constitución es un principio a favor de los trabajadores y por lo tanto si una norma legal prevé la posibilidad de romper esa estabilidad, no es otra cosa que una autorización legal para violar la norma constitucional'', como ocurre con los artículos 198 y 440 que establecen que los ''nombramientos se harán para períodos fijos y al mismo tiempo consagran la posibilidad de ser interrumpidos (...) antes de vencerse los períodos.''
El ciudadano A.A.D.H., en representación de la Superintendencia de Sociedades, intervino en el presente trámite con el fin de defender la constitucionalidad de los preceptos acusados, con base en las siguientes consideraciones:
3.1.1. Precisa el interviniente que la legislación mercantil ha dispuesto, para unos casos específicos, la posibilidad de que los asociados representen y administren determinadas compañías. Este es el caso de las sociedades colectivas, de las sociedades de responsabilidad limitada y de las sociedades en comandita. Esta situación no está permitida para las sociedades anónimas, dado que la legislación ha dispuesto que ''quienes ejercen tales funciones son aquellas personas designadas por la asamblea o junta de socios, o incluso por la junta directiva''.
3.1.2. Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que la representación legal de una sociedad hace referencia estrictamente a un encargo de confianza ''el sistema de representación de las sociedades mercantiles está estructurado sobre la base de que en cualquier tiempo puedan ser revocados los nombramientos o removidos los representantes legales, pues de no ser ello posible se verían los asociados obligados a mantener en ejercicio de la representación de los negocios sociales a personas en las que ya no confían o con las que sencillamente ya no desean continuar porque no han producido los resultados esperados''.
3.1.3. Manifiesta que ''el hecho de que los artículos 198 y 440 (...) prevean que el período de los administradores deba ser determinado en los estatutos no se opone (...) a la posibilidad de que la compañía en cualquier tiempo revoque las designaciones de los representantes legales o que opte por su remoción (...) si se tiene en cuenta que la designación o renovación de administradores se consideran como simple desarrollo o ejecución del contrato de sociedad (...) contrato que debe atender la dinámica y agilidad propia del tráfico mercantil'' . En ese sentido, sostiene que darle la razón al actor, implicaría vulnerar preceptos constitucionales como la libertad económica, la libre iniciativa privada y la libertad de empresa.
3.1.4. Finalmente, estima que se equivoca el actor al equiparar las consecuencias jurídicas de la estabilidad laboral de los contratos de trabajo -establecida en el artículo 53 de la Constitución-, con las de la duración de un mandato de representación legal de una sociedad, que es por su propia naturaleza revocable. Para defender esta afirmación expone diferentes planteamientos doctrinales y jurisprudenciales El interviniente refiere las sentencias: Corte Suprema de Justicia, S.L., Sentencias del 30 de abril de 1996 y del 16 de mayo de 1956 y C-512/96 de la Corte Constitucional que dan cuenta de la naturaleza de la representación legal societaria.
La ciudadana C.G.T., apoderada especial del Ministerio de la Protección Especial, solicitó a esta Corporación la declaratoria de exequibilidad de los preceptos demandados, por considerar que en el presente asunto, el cargo propuesto por el actor no reúne siquiera los requisitos definidos por la jurisprudencia constitucional para que proceda su estudio por parte de ésta Corporación. En concreto, refiere que ''el actor erróneamente ha entendido que el nombramiento de los administradores y demás miembros de las sociedades comerciales es mediante un contrato de trabajo, regido por las normas laborales lo cual no se ajusta al texto ahora impugnado. Basta con una simple lectura del mismo para concluir que tales nombramientos son contratos de mandato, cuya normatividad aplicable son las dispuestas en el Código de Comercio y en el Código Civil dada la naturaleza del contrato''. Por este motivo, ''no puede afirmarse que la norma atacada vulnere garantías laborales pues estas no le son aplicables al contrato de mandato, el cual no se asimila al contrato laboral''.
4.1. En primera lugar, y teniendo en cuenta que el inciso final del artículo 198 del Código de Comercio ''produce el mismo efecto jurídico'' del aparte demandado, el Ministerio Público considera necesario, como paso previo, la realización de una integración normativa entre estos enunciados normativos para el análisis de constitucionalidad.
4.2. El Ministerio Público manifestó que ''los representantes legales o administradores de las sociedades mercantiles son funcionarios de libre nombramiento y remoción y, en tal virtud, las asambleas o juntas de socios pueden separarlos de sus funciones sin que ello implique la vulneración de protección constitucional (sic)''. Para justificar esta afirmación expuso lo siguiente:
4.2.1. ''Tratándose de una sociedad mercantil, cuya finalidad es el desarrollo de la empresa con fines patrimoniales, no resulta lógico que por el hecho de haberse establecido un período para el ejercicio de los cargos de representante legal y de los administradores, sus socios - o propietarios- permitan que la empresa esté mal administrada o permanezca en la situación de incumplimiento de sus obligaciones de carácter contractual o fiscal, o más aún, no arroje los resultados esperados con el consecuente riesgo que ello entraña para los aportantes del capital o del trabajo, según la especie de sociedad de que se trate.''
4.2.2. Indica que en materia de sociedades comerciales, ''prima el factor de confianza entre los socios o accionistas y los representantes y administradores elegidos en las asambleas o juntas respectivas, razón por la cual, la pérdida de aquella constituye razón suficiente para la remoción de éstos''. En ese sentido, reseña la sentencia C-434 de 1996, en la que esta Corporación se refirió, sin reproche alguno, al trato diferenciado contemplado por la ley para con las personas encargadas de la administración de una sociedad mercantil, en razón a la mencionada relación de confianza.
4.2.3. Estima que la regla general es que los administradores de las sociedades mercantiles sean vinculados por contratos de prestación de servicios. Sin embargo, incluso en el evento en que sean vinculados por medio de un contrato laboral ''existen las acciones pertinentes consagradas en la legislación laboral ordinaria''. Agrega que a pesar de ello, ''procediendo el reintegro por vía judicial, tampoco se impone poner a éstos en cargos de administración si se ha perdido la confianza en su gestión''.
4.2.4. El Ministerio Público argumenta la necesidad de seguir el precedente jurisprudencial fijado en la sentencia C-512 de 1996, en la que esta Corporación se pronunció, sobre la relación entre los administradores y revisores fiscales de las sociedades comerciales, señalando que ''las funciones propias de los administradores y revisores fiscales, explican que la ley comercial haya consagrado la libre remoción de unos y otros como norma inderogable por quienes celebran el contrato social''.
Como en esta ocasión el objeto de la acción pública recae sobre los artículos 198 y 440 (parciales) del Decreto 410 de 1971, ''[p]or el cual se expide el Código de Comercio'', en razón a la presunta existencia de vicios de fondo, la Corte es competente para adelantar el correspondiente examen de constitucionalidad.
El régimen jurídico que regula la relación entre los representantes legales y las sociedades mercantiles.
En todo caso, sea que concurra en él la representación legal o no, el administrador es la persona encargada por la sociedad para la administración de sus negocios. En el ámbito mercantil se emplean los términos gestor ó factor para designar al administrador, terminología que es adoptada por la legislación colombiana Artículo 22 de la Ley 222 de 1995., que establece que son administradores el representante legal, el liquidador, el factor De conformidad con el artículo 1332 del Código de Comercio se da el nombre de ''factor'' a la persona que toma a su cargo la administración de un establecimiento de comercio o de una parte o ramo de la actividad del mismo. Este contrato se denomina de preposición. , los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones.
''La representación de la sociedad y la administración de sus bienes y negocios se ajustará a las estipulaciones del contrato social, conforme al régimen de cada tipo de sociedad.
Las limitaciones o restricciones de las facultades anteriores que no consten expresamente en el contrato social inscrito en el registro mercantil serán oponibles a terceros Artículo 196 del Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio).''
3.3. Los deberes de los administradores como marco de una relación de confianza. En orden a caracterizar el tipo de relación que vincula a los administradores con la sociedad, cabe destacar los deberes que la ley mercantil adscribe a aquellos. Contempla unos genéricos, consistentes en obrar de buena fe, con lealtad y la diligencia propia de un buen hombre de negocios, orientando sus actuaciones hacia el interés de la sociedad, teniendo en cuenta también los intereses de los asociados Artículo 23 de la Ley 222 de 1995..
Como deberes específicos de observancia en el desempeño de sus funciones de administración prevé los de: (i) Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social; (ii) velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias; (iii) velar por que se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la revisoría fiscal; (iv) guardar y proteger la reserva industrial y comercial de la sociedad; (v) abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada; (vi) dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos; (vi) abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses (...) Ibídem''
''No es necesario recalcar la especial relación de confianza que surge entre el ente asociativo y tales funcionarios, por lo cual no es extraño que la ley haya resuelto dar a su nexo jurídico con la sociedad un trato diferente del que la liga con el resto de sus trabajadores.
Lo que se excluye en esta norma especial no es la indemnización a la que tendrá derecho el trabajador ni las prestaciones laborales que le correspondan, todo lo cual habrá de regirse por la legislación correspondiente, sino la posibilidad de un nuevo vínculo, forzada por decisión judicial, con el administrador o revisor fiscal despedidos o removidos, pues ello implicaría que la sociedad se viera obligada a confiar la administración o la revisoría fiscal de su patrimonio e intereses, con la más amplia capacidad de decisión y manejo, a personas en las cuales no se tiene la indispensable confianza'' Sentencia C-434 de 1996, M.P.J.G.H.G.. En esta sentencia se declaró la exequibilidad del artículo 232 de la Ley 222 de 1995, que contempla la prohibición de la acción de reintegro para los administradores y los revisores fiscales de las sociedades comerciales. En esta oportunidad se examinó un cargo por presunta violación del principio legislativo de unidad de materia.. (Se destaca)
Determinación del sentido y alcance de los preceptos acusados
Este criterio de la confianza como justificación de un régimen especial para los administradores ha sido adoptado por la jurisprudencia en precedente que aquí se reitera. En efecto la Corte recalcó ''la especial relación de confianza que surge entre el ente asociativo y tales funcionarios (los administradores y revisores fiscales), por lo cual no es extraño que la ley haya resuelto dar a su nexo jurídico con la sociedad un trato diferente del que la liga con el resto de sus trabajadores'' (C-434/96 Original sin subrayas).
Por las anteriores consideraciones la Corte declarará la exequibilidad de la expresión ''sin perjuicio de que los nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo'' contenida en el inciso 2° del artículo 198 de Decreto 410 de 1971 [Código de Comercio], y la expresión ''...o removidos en cualquier tiempo'' contenida en el artículo 440 del mismo Decreto.
PRIMERO: Declarar exequible, por el cargo analizado, la expresión ''sin perjuicio de que los nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo'' contenida en el inciso 2° del artículo 198 de Decreto 410 de 1971 [Código de Comercio], y la expresión ''...o removidos en cualquier tiempo'' contenida en el artículo 440 del mismo Decreto.
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - nº 4653 de 22 de Mayo de 1997

References: artículo 198
 artículo 440
 artículo 196
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 53
 artículo 198
 Artículo 22
 artículo 1332
 Artículo 196
 Artículo 23
 artículo 232
 artículo 198
 artículo 440
 artículo 198
 artículo 440