Source: https://es.scribd.com/doc/58038831/14-ALVAREZ-Daniel-Gonzalez-La-conciliacion-penal-en-Iberoamerica-La-justicia-penal-consensual
Timestamp: 2017-01-17 05:02:49+00:00

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NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosArtículosPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseLa conciliación penal en Iberoamérica (La justicia penal consensual)
Dani el Gonz ál e z Al vare z *
SUMARIO: 1 Fundamentos para la conciliación.- 2 Conciliación y sistema
pena. La tercera vía.- 3 La conciliación en las costumbres latinoamericanas.4 Clasificación de los países de la región.- 5 La conciliación como mecanismo directo para extinguir la acción penal en delitos de persecución pública.- 6 La conciliación como presupuesto para aplicar criterios de oportunidad.- 7 La reparación del daño como presupuesto de la suspensión del proceso a prueba.- 8 Delitos en los cuales es admisible la conciliación.- 9 Oportunidad para solicitar la conciliación.- 10 Ante quien se realiza la conciliación.- 11 Quienes intervienen en el proceso de conciliación.- 12 La conciliación frente a delitos que afecten intereses colectivos.- 13 La diligencia de conciliación.- 14 Plazo para cumplir los acuerdos.- 15 Otros mecanismos consensuales o alternativos para resolver el conflicto penal.- a) La conciliación en delitos de acción privada.- b) El proceso abreviado.- c) El matrimonio entre agresor y víctima.- d) El perdón del ofendido.- e) La devolución de los bienes sustraídos o retenidos.- f) La reparación como presupuesto de la suspensión de la pena.- g) Otros sustitutivos propios del Derecho Constitucional y del Penitenciario.-16 Bibliografía.En estas líneas pretendemos referirnos a la conciliación entre víctima y delincuente que se produce con ocasión de un hecho delictivo, en la justicia penal de adultos y para delitos de acción pública o perseguibles de oficio, en la experiencia de los países iberoamericanos.
Hasta ahora hay pocos estudios sobre la conciliación penal en la región latinoamericana1, y no encontramos trabajos que recojan las distintas regulaciones del instituto en los diferentes países del área, por lo que esperamos suplir esa ausencia, al menos ofreciendo una visión general y ejemplificativa del estado de la cuestión a este momento, cuando los vientos de reforma del sistema penal soplan muy fuerte en toda América Latina, sin pretender ser exhaustivos respecto de la conciliación en cada uno de los países que mencionamos. Para la elaboración de este trabajo confeccionamos un cuestionario básico de temas relacionados con la conciliación, que le fue remitido a diferentes especialistas del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Penal de todos los países representados en esa organización. Tuvimos una respuesta efectiva de parte del Dr. Mario Aguirre Godoy, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala; del Dr. Manuel Ortells Ramos, catedrático de Derecho Procesal Penal de la Universidad * * Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica; Profesor del Posgrado en Ciencias Penales, UCR 1 Entre las obras más importantes que se han escrito en la región sobre el tema podemos mencionar, sin duda, la del Profesor JULIO B.J MAIER: La víctima y el sistema penal, en “De los delitos y de las víctimas”, ed. AdHoc, Buenos Aires, 1992, pp. 183 a 249; y la del profesor ELIAS NEUMAN: Mediación y conciliación penal, Depalma, Buenos Aires, 1997, elaborada alrededor de su cátedra sobre victimología en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.
de Valencia, España; del Dr. Ferñao Vieira da Silva, abogado de Lisboa, Portugal; del Dr. Antonio Magalhâes Gomes Filho, profesor asociado de Derecho Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Sâo Paulo, Brasil; del Dr. Carlos Parodi Remón, profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor principal de la Universidad de San Martín de Porres, ambas de Perú; del Dr. Jorge Florez Gacharna, de la Fundación Siglo XXI de Colombia; del Dr. Gonzalo Armienta Calderón, Presidente del Instituto Mexicano de Derecho Procesal; del Dr. Pedro Juan Bertolino de Argentina; del Dr. Hugo Allen de Paraguay; y del Dr. Luis María Simón de Uruguay. Nosotros agregamos directamente los datos sobre Costa Rica, El Salvador y Venezuela. Gracias a esas relatorías nacionales, a sus aportes y a otros datos que logramos adquirir podemos ofrecer un panorama general de la conciliación en Iberoamerica. Como podrá apreciarse, la conciliación entre víctimas y victimarios gana terreno y es impulsada en nuestra región por las transformaciones del sistema procesal penal, más que por los cambios del sistema penal sustantivo, aunque ha implicado un replanteamiento de las bases de este último, por lo que constituye un tema de sumo interés para comprender el rumbo de la justicia penal.
1 - FUNDAMENTOS PARA LA CONCILIACIÓN La conciliación en materia penal ha sido recomendada desde 1985 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la “Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y del Abuso de Poder”, al disponer formalmente lo siguiente: “7. Se utilizarán, cuando proceda, mecanismos oficiosos para la solución de las controversias, incluidos la mediación, el arbitraje y las prácticas de justicia consuetudinaria o autóctonas, a fin de facilitar la conciliación y la reparación en favor de las víctimas”2. No obstante esa declaración de principios, su incorporación a las legislaciones latinoamericanas no ha sido un tema pacífico. Muchos la adversan en defensa del principio de legalidad, sin admitir como este último ha sido y sigue siendo excepcionado por la realidad. Sin embargo hasta ahora las principales objeciones y las críticas que se han esgrimido en su contra no han sido producto de una reflexión empírica, sino básicamente de carácter ideológico3. Como podremos apreciar a lo largo de esta exposición, existen diferencias teóricas y legales entre los distintos países que la regulan, sin embargo, como ya ha sido expuesto respecto de otras regiones, lo cierto es que “a pesar de las diferencias, los modelos vienen marcados por una misma filosofía, en esencia la de recuperar el conflicto para la víctima y el delincuente, de ahí que la cuestión fundamental de la práctica se centre en el conflicto y no en los problemas procesales u organizativos”4. Son muchas las razones que han justificado recurrir a la negociación y a la conciliación para dirimir también los conflictos penales. En efecto, la búsqueda de soluciones alternativas y diferentes a la justicia formal en América Latina ha sido y sigue siendo muy frecuente, por múltiples razones. Se ha justificado recurrir a mecanismos informales para solucionar los diferendos, como la conciliación, porque son más simples, más rápidos, más efectivos, en muchos casos más baratos, directos, e incluso más transparentes que la justicia formal y tradicional, en virtud de la desconfianza generada por los órganos de justicia oficiales, en muchas ocasiones con un alto índice de corrupción, plagados de procedimientos obsoletos y formalistas, donde en el mejor de los casos importa más la “solución jurídica” que la solución real del problema, donde las partes no tienen espacio, porque los abogados y los funcionarios (jueces, fiscales, policías, secretarios, auxiliares, etc.) han asumido el problema con el fin de 2 Esa Declaración fue recomendada por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del delincuente, Milán, agosto-setiembre de 1985, y fue adoptada por la Asamblea General en resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985. 3 DûNKEL FRIEDER. La conciliación delincuente-víctima y la reparación de daños: desarrollos recientes del derecho penal y de la práctica del derecho penal en la comparación internacional. En “Papers D’Estudios I Formació”, Numero especial “Justicia y Cambio Social”, Generalitat de Catalunya, España, diciembre de 1990, p. 70. 4 GIMENEZ-SALINAS ESTHER. La mediación en el sistema de justicia juvenil: una visión desde el derecho comparado, en “Eguzkilore”, Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, San Sebastián, N° 10, 1996, p. 207.
y en segundo lugar debe procurarse que ese instituto constituya “. mientras que la conciliación delincuente-víctima y la reparación de daños. usos y costumbres de los distintos grupos culturales que existen en el Perú. otros sustitutos..J.. porque se trata de una amplia reconstrucción de la paz social. sólo se trata de sustitutos de la reparación. entre las razones para adoptar la conciliación pueden invocarse: .. JULIO B. La reconciliación y la regulación de conflictos son conceptos más altos.. Como muy bien se concreta para la experiencia peruana6. en “Reformas Procesales en América Latina. Ad-Hoc. a fin de beneficiarse del inmenso caudal de experiencias acumulado por la cultura occidental en lo que se refiere. pp. BINDER. Julio. del apaciguamiento del conflicto generado por el delito.la demora con la cual normalmente son resueltos los casos por el Poder Judicial . Perspectivas de la reforma procesal penal en América Latina. con todas sus implicaciones e imperfecciones. 1995. Alberto.la existencia de una pluralidad cultural al interior del territorio nacional. inclusive. cit. reparación in natura) es.. según los procedimientos formalmente establecidos5.Esta reparación ideal (sustitución del statu quo ante. Nos referimos indistintamente a la conciliación. para enseñar a nuestro pueblo otras vías de solución que podrían ser más baratas y expeditas que la Administración 5 MAIER. más alejados del concepto originario. En primer término... en “Justicia Penal y Estado de Derecho”. Como bien se afirma. sin embargo. p.. deshacer la obra antijurídica llevada a cabo. se refieren másbien a las circunstancias externas de una prestación de reparaciones materiales o inmateriales 7. su adopción no debe significar la privatización de la justicia penal. Esto se debe no sólo a los serios problemas de corrupción que podemos encontrar en el sistema judicial sino también a la falta de criterios jurisprudenciales uniformes .la impredecibilidad del fallo genera una incertidumbre jurídica en las partes que demandan la solución a un conflicto. o en su caso. En algunos casos “la verdad legal” dista mucho de lo que las partes pueden considerar una solución justa al conflicto . 6 REVILLA VERGARA ANA TERESA. “la reparación es. imposible (por ejemplo: la vida no se puede reponer). p. 1993. 8 MAIER .. no debemos entusiasmarnos con las novedades. La oralidad en los procesos” antes referido.aplicar la ley. 212. en “Justicia Alternativa en Costa Rica: De la Justicia Tradicional a la Justicia Necesaria” . Por ello en numerosas oportunidades.. de que así satisfacen en su justa medida el interés del dañado”8. por el contrario. en Reformas Procesales en América Latina. y que puede ser extensible para una gran mayoría de los países de la región. 48. 7 DûNKEL FRIEDER. así como también su trabajo Crisis y transformación de la justicia penal en latinoamérica. Chile. en ocasiones.no una instancia elitista. intereses. que corresponden a los valores. A la víctima y al agente. al menos. a la racionalidad del proceso y a la independencia del juez. puede convenirles que la satisfacción de su interés se cumpla mediante una prestación del todo alejada del daño original. colocando el mundo en la posición que tenía antes de comenzar el delito o en la posición a la que debía arribar. 201 ss. a la reconciliación y a la regulación de conflictos a sabiendas de que no tienen contenido idéntico.la onerosidad de lo que significa llevar un proceso por la vía judicial .”. 63/64.
. La víctima y el sistema penal. Coincidimos con el profesor Walter Antillón.la incapacidad del Poder Judicial de constituir una instancia efectiva de solución de conflictos. Colegio de Abogados de Costa Rica. Todas estas posibilidades hacen más atractiva la conciliación y la reparación. La experiencia de la justicia alternativa en la República del Perú. frente a la simple posibilidad del castigo. La conciliación delincuente-víctima y la reparación de daños. Sin embargo. Existen riesgos que debemos cuidar al adoptarse mecanismos como la conciliación. a la reparación. cit. Corporación de Promoción Universitaria. víctima y victimario. simplemente y solamente para que las transnacionales y las grandes empresas en general tengan un instrumento de solución de conflictos a la medida de sus deseos. Existen. Buenos Aires. que lleva a la co-existencia de una pluralidad de sistemas jurídicos.. 1993. al indicar que la adopción de mecanismos alternos para solucionar conflictos debe hacerse bajo dos condiciones: en primer término se debe “. sin importar lo que piensan y desean los sujetos involucrados en el conflicto. de los cuales el más conocido es la compensación por resarcimiento económico del daño (indemnización). básicamente.aumentar a la vez la eficiencia de la justicia estatal. pp. Democracia y administración de justicia penal en Iberoamérica.. y menos en la minimización del aparato judicial. Importante es el acuerdo compensatorio y la inteligencia de ambos. La oralidad en los procesos”.. sino una instancia democrática.
11 NEUMAN ELIAS. 202. Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología. debe evitarse que los programas de reparación corran el peligro de ser acaparados por la tendencia. cit. ESTHER. Existe una tendencia a la privatización de una serie de funciones que tocan sensiblemente los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es evidente. La Victimología. 1993.. y sobre la comercialización del trabajo de los presos. en “EGUZKILORE”. San Sebastián.208. cit. 71 ss. También comienza la discusión sobre la posible privatización de las cárceles en varios sentidos: sobre su financiación y construcción. cit. empezando por el resarcimiento de los daños a la víctima”11. Mediación y conciliación penal. La mediación y la confrontación son aspectos importantes de un proceso dinámico entre víctima y delincuente. y reducir la violencia de la reacción estatal frente al delito”15. 41..Por esa razón las vías de ingreso de la reparación al sistema del Derecho penal deben ser pensadas cuidadosamente. 355 ss. 9 ANTILLÓN MONTEALEGRE WALTER. de sacarse casos. Colegio de Abogados. en un sentido más amplio.. sino que coopere. Desde luego. 1995. mejor dicho. que se hace necesario por un lado delimitar claramente las fronteras. y en especial se le asocia como una condición de una serie de beneficios condicionales durante la ejecución. hoy observamos trasladar a los sectores privados sin mayor discusión. Diciembre l995. para que no se frustren sus objetivos principales: auxiliar realmente a la víctima o.Estatal de la Justicia.. de la justicia. Delaware. el tiempo invertido en la solución de un conflicto penal suele ser inferior al tiempo que la justicia penal tradicional emplea en la atención del caso. La reparación no es una manera de agitar la justicia. No.J. sino de repersonalizarlo. Por otra parte. Ha iniciado un acelerado proceso de privatización en la vigilancia policial de casas. colaborar en la tarea de restitución. Consejo General del Poder Judicial. que ella no provoque una nueva expropiación de los derechos de la víctima para resolver el conflicto. cit.
. pp.. ni mecanismos para festinar los casos. La conciliación víctima-delincuente: hacia un derecho penal reparador. San José. 52/53.U. bajo dos condiciones: “que ello no perjudique. “no se trata de privatizar a la justicia penal privatizando el conflicto. fortaleciendo la convicción de que el sistema penal por regla continúa en manos del Estado con todas sus implicaciones. Desde luego. p. 15 MAIER. 12 GIMENEZ-SALINAS ESTHER. en lo que respecta a la conciliación y la reparación. en “Cuadernos de Derecho Judicial”.. y PETERS TONY y AERTSEN IVO. pero no en atender a sus víctimas13. La víctima y el sistema penal. y ello debe evitarse14. sobre los procedimientos para llegar a una conciliación WALTON. lo que sugiere otras vivencias y compromisos. la reparación es una meta racional propuesta como tarea para el derecho penal.A. E.”9. para algunos la reparación debiera constituir simplemente un agregado de la pena. señalando lo posible y lo imposible. pp 208/209. pp. Addison-Wesley Iberoamericana. Conciliación de conflictos. 1987. p. Madrid. que se corresponde con su naturaleza.. 8 extraordinario. en “Justicia Alternativa en Costa Rica: de la justicia tradicional a la justicia necesaria”. p. Mediación para la reparación: presentación y discusión de un proyecto de investigación-acción.. p. sobre la contratación de personal.. p. de una participación activa para llegar a resolver el conflicto. La conciliación delincuente-víctima y la reparación de daños: desarrollos recientes del derecho penal y de la práctica del derecho penal en la comparación internacional. y además.. 10 GIMÉNEZ-SALINAS. lugares. también. Estos procesos no han sido reglamentados. 14 DûNKEL FRIEDER. Como muy bien se afirma. RICHARD E. desde luego que el sistema tradicional emplea la mayor parte de su tiempo en tramitar papeles y en actos rituales y formales.” 12. La mediación en el sistema de justicia juvenil: una visión desde el derecho comparado. Con frecuencia. Tareas que tradicionalmente estaban en manos del estado. 13 Ibídem. 52. de modo que el pueblo se organice para administrar equitativamente sus propios conflictos con instrumentos seguros y fáciles de manejar.. 129 ss. ni se han demarcado claramente las fronteras entre lo que podría trasladarse a los sectores privados y lo que debe permanecer en manos del estado10. JULIO B. negocios.. predominantemente represiva en la actualidad. Jurisdicción y Resolución Alternativa de Conflictos.. en especial pp. La conciliación y la reparación no constituyen tampoco formas fáciles y rápidas para estar al día con el trabajo pendiente en los tribunales. con los fines propuestos para la pena estatal. y quizás tan seguras como ésta. Véanse también. sobre su gestión. la posibilidad de una justicia negociada.llegar a un proceso de conciliación puede ser más laborioso que la imposición de una pena. En muchas ocasiones “. sino de introducir en términos de Derecho penal.
.”18..CONCILIACIÓN Y SISTEMA PENAL. puede alcanzarse del modo más consecuente. 154 ss. quién es delincuente. Desde luego. primero frente al agresor y luego frente al Estado. 2 . Mediación y Justicia. y regirse según sus principios generales. a consecuencia del hecho delictivo. en especial pp.. 17 FERRAJOLI. y además resultar de un alto grado de satisfacción para las partes involucradas16.. Ed. Buenos Aires... 1995.”19. en el nivel pre-judicial. “la conciliación víctima delincuente.. teoría del garantismo penal. aparece una nueva función que podría denominarse como la “reconstitución de la paz jurídica”... Como muy bien se ha expuesto. Así la reparación constituye una consecuencia jurídica distinta y junto a la clásica pena y a la medida de seguridad. Madrid. Los abogados son particularmente buenos robando conflictos. consolidación y escalada de procesos de socialización de trayectoria negativa. “la función pacificadora. de modo tal que. Trotta. 50/51. JASSAN ELÍAS. cit.”20. ni de privatizar la justicia penal. o por lo menos apaciguar el conflicto surgido entre las partes y las demás personas relacionadas con ellas. efectos desintegradores de la pena de privación de libertad. La conciliación delincuente-víctima y la reparación de daños: desarrollos recientes del derecho penal y de la práctica del derecho penal en la comparación internacional. p.ha profundizado un proceso en el que los conflictos le han sido arrebatados a las personas directamente involucradas. Podríamos afirmar entonces.. que en materia penal. debe ubicarse dentro del derecho penal.. LUIGUI.. pp. o bien se han transformado en pertenencia de otra gente. desaparecen un interés de satisfacción de la víctima que supere ese marco y. cumpliéndose una función pacificadora y que en Austria ha sido denominada como “la tercera vía”. HIGHTON ELENA. pues este último le roba su conflicto 16 ALVAREZ GLADYS S. 209 ss. Ello la hace un instrumento bastante atractivo en materia penal para contribuir a reparar la paz social resquebrajada con el hecho delictivo. con la solución del conflicto de derecho civil.). Podrá así el sistema penal recuperar un poco la confianza perdida. Se trata de un concepto más amplio que la reparación del daño o la conciliación concreta entre el delincuente y la víctima. La víctima ha sido un perdedor por partida doble. pues una gran mayoría de los postulados del sistema penal constituyen serias garantías que se conquistaron a lo largo de años de civilización y hoy son incuestionables17. ESTHER. Depalma. y atender más directamente las necesidades básicas que demandan los ciudadanos. que mantenían una base más teórica que real. sobre todo tratándose de infracciones de contenido patrimonial o de consecuencias muy leves. El sistema penal “. han venido a restablecer y hacer más efectivos postulados tradicionales del derecho penal. No se trata en modo alguno de retornar a la venganza privada. de la reeducación y de la resocialización justifican recurrir a otros métodos para obtener resultados más positivos. aunque se lleve a término fuera del proceso penal. La crisis de la prisión y de los fines de la pena. pp.. l996. quién es víctima. La conciliación víctima delincuente necesita por consiguiente del derecho penal para decidir qué es delito. 18 GIMÉNEZ-SALINAS. desde el punto de vista de la sociedad. 19 DûNKEL FRIEDER. 359. La conciliación y en particular la reparación. la de ampliar los servicios de resolución de disputas del tribunal a relativamente bajo costo y cumplimentar la demanda de las partes para obtener la facilitación de un acuerdo.Entre las ventajas que se le asignan a la conciliación en general podemos mencionar. puesto que el delincuente ha vuelto a la legalidad. bajo evitación de los conocidos efectos negativos de la sanción penal (estigmatización. haciendo del proceso un sistema más confiable y creíble en la práctica cotidiana. que el derecho penal ha perdido en gran medida. La idea básica de la institución del arrepentimiento activo es que. la razón básica por la cual deberíamos recurrir en mayor medida a la conciliación. la necesidad de una punición. Junto a los postulados clásicos del Derecho Penal. Derecho y razón. entre otras. LA TERCERA VÍA El sistema penal atraviesa una crisis de efectividad muy seria. etc. o bien han desaparecido. debiera ser la reconstrucción de la paz social. la de ofrecer a los litigantes un enfoque colaborativo y consensuado para llegar a una resolución creativa y mutuamente satisfactoria. La conciliación víctima-delincuente: hacia un derecho penal reparador.
menospreciada en el proceso penal y sólo se le utiliza como un objeto para descubrir la verdad real... que vienen a expropiar a la víctima de la solución del conflicto. 220. cit. 1984. en idem. Acerca de la posición de la víctima en el derecho penal y en el derecho procesal penal. Fondo de Cultura Económica. en “De los delitos y de las víctimas”. Su consideración en el sistema de sanciones no significa. entonces. para dirimir el conflictos o al menos transformarlo en otro de menor violencia. 13 ss. creándose una protección especial para el imputado a quien se le garantiza un proceso penal debido y justo. y HIRSCH HANS JOACHIM. que cuando el autor repara acepta públicamente la vigencia de las normas delante de la comunidad y se reafirma la prevención general positiva. en este punto. y NEUMAN ELIAS. en el sentido indicado. es decir devolviendo a sede privada algo que el Estado había asumido como suyo24. 24 Al respecto véanse ESER ALBIN. También para el derecho penal la reparación ha venido a contribuir al cumplimiento efectivo de los fines de la pena. puede ser efectiva desde los puntos de vista preventivo general y especial. En lo que al derecho procesal se refiere. y así contribuir al fortalecimiento de la paz social. de espaldas a la víctima. La mediación en el sistema de Justicia Juvenil: una visión desde el derecho comparado. y se plantea la necesidad de darle un papel protagónico en la solución del conflicto.
... México.. 25 MAIER... GOITÍA. pp.J. p. SCARANCE FERNANDES. Los conflictos como pertenencia. desde el punto de partida aquí defendido. 1 ss. hacen necesario recurrir a otros métodos de solución. en “De los delitos y de las víctimas”. La víctima y el sistema penal. Depalma. Los límites del dolor. La necesidad de escuchar a la víctima. su régimen legal en Argentina. en “La víctima en el proceso penal. pp. Buenos Aires. “La reparación. 1997. Buenos Aires. una prestación autónoma que puede servir para alcanzar los fines tradicionales de la pena y que. si su interés no es atendido. Brasil.Pero también significa. y el conflicto nunca podrá pretender haber hallado solución integral. 154. ed. Y TAVOLARI OLIVEROS. 21 Ibídem. las fórmulas básicas para introducir a la víctima en la solución del conflicto penal. pp. ESTHER. La víctima sufre entonces no sólo las consecuencias del delito. BERTOLINO. sin lugar a dudas. reprivatización alguna del derecho penal. pp. 196-201. así como a todos los demás sujetos involucrados en el conflicto. 1992. ed. con la llegada del derecho penal público cambia el concepto de venganza privada. Paraguay y Uruguay”. 20 CHRISTIE NILS. p. La reparación en el sistema de los fines de la pena. 1992. rescatándola así del olvido en que se encontraba y corrigiéndose también una distorsión más del propio sistema penal. En efecto. Un acto reparador implica no solamente la reparación de la víctima sino también un acto de arrepentimiento del autor y con ello un paso a la interiorización.. 23 GIMENES-SALINAS. El Estado asume entonces la “venganza” y toma en sus manos la labor de aplicar la pena. Indiscutiblemente también fortalece la resocialización el que el imputado acepte los hechos delictivos atribuidos y asuma con responsabilidad la reparación de todos los intereses legítimos de la víctima. cit. pp. al ser abandonada e incomprendida. al menos si no se abre la puerta para que él ingrese al procedimiento. 1992. “La víctima es. 125 ss. Acerca del renacimiento de la víctima en el procedimiento penal. en lugar de ello.. en la medida en que lo consiga en concreto. 91 ss. Ad-Hoc. junto al autor. La restitución es. sino además otro tipo de daños psíquicos. Ad-Hoc. Indiscutiblemente que aquí también encontramos una nueva misión que es cumplida por la reparación del daño y la conciliación jurídica a favor del sistema penal. restituirle el conflicto a sus propietarios. Ad Hoc. “Un Derecho penal orientado a la reparación es fundamentalmente un Derecho penal de la resocialización. sociales. en “De los delitos y de las víctimas”. Véanse también CHRISTIE NILS. ed. promoción alguna de la reparación como una clase de pena especial. No es sino hasta la mitad del presente siglo cuando comienzan las voces a clamar por una mayor intervención de la víctima en el proceso penal. la conciliación y la reparación constituyen. Chile. 22 ROXIN CLAUS. económicos y físicos. un sistema de garantías básicas. p. ni tampoco la introducción de un nuevo fin de la pena. KRONAWETTER. Buenos Aires. un protagonista principal del conflicto social.”23. como ha puesto reiteradamente de manifiesto la doctrina alemana. Buenos Aires. dado que. como consecuencia. Bolivia. Resultaba necesario.159 y 163. cit. traducción de Alberto Bovino y Fabricio Guariglia. debería sustituir a la pena o ser computada para atenuarla”22. gobierna la autonomía de la voluntad privada 25”.para ser “resuelto” por profesionales que en la mayoría de los casos ni siquiera le toman opinión 21. JULIO B. Mediación y conciliación penal. Sobre la situación en América Latina véanse los trabajos de BERMUDEZ.
y la indiferencia estatal.
. Es cierto que en materia penal la conciliación comenzó a utilizarse en Estados Unidos y en Europa. Si bien nuestros sistemas penales adoptan como regla el principio de obligatoriedad del ejercicio de la acción penal26. Loc. pp 10 ss. ante el anacronismo de sus procedimientos..”28´. y los trabajos de varios autores compilados en esa obra. El Estado reconoce. A la armonía por la palabra: La solución negociada de conflictos penales. 66 ibídem). el uso del traje indígena en hombres y mujeres. que buscan un acuerdo entre las partes cuando surge un conflicto. sin embargo no encontramos un reconocimiento expreso y formal de estos métodos de conciliación entre indígenas frente a un hecho delictivo a falta de una ley que debe regular dichas comunidades según el artículo 70 de la Constitución Política. San José. reconocidos como jueces del lugar. porque ha sido y sigue siendo utilizado desde épocas ancestrales por nuestras comunidades indígenas para resolver conflictos. Estas situaciones se producen incluso hoy día entre las comunidades indígenas latinoamericanas. aunque formal y oficialmente no hayan logrado imponerse. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Notas sobre la función requirente del Ministerio Público. Henry. “. así como en la referencia que hace ISSA EL KHOURY JACOB. sin embargo no se trata de una institución que podamos estimar como ajena a nuestra idiosincrasia según observamos. idiomas y dialectos” (art. que juegan un papel muy importante en el desarrollo de la cohesión y la armonía social dentro del grupo.A. En primer término. incluso al interno de las organizaciones sociales y empresariales. Un avance en esta dirección lo constituye el artículo 25 bis del CPP de ese país al disponer que en el proceso de conciliación “.. es evidente que en nuestras comunidades se aplican criterios de conciliación para dirimir sus conflictos.pueden aplicarse los usos y 26 GONZÁLEZ ALVAREZ Daniel. de manera satisfactoria para las partes involucradas. 58 de la Constitución). sobre todo cuando éstos son de poca gravedad o sus efectos son de carácter meramente patrimonial. El derecho consuetudinario indígena en América Latina. es indiscutible señalar también que al margen e incluso dentro del mismo sistema penal han funcionado mecanismos selectivos. incluso los de carácter penal. con el fin de averiguar la verdad real en todos los casos. Pero además. Henry. ley que a la fecha no ha sido promulgada. en segundo lugar.. cit. p.. Rodolfo e ITURRALDE. segunda edición. formas de organización social. Así. conforme lo han determinado los estudiosos del derecho consuetudinario de los pueblos indígenas27. y sin que haya mediado violencia sobre las personas.. Investigaciones Jurídicas S. No todos los hechos criminales llegan a conocimiento de las autoridades. Entre la ley y la costumbre.3 . Instituto Indigenista Interamericano. 11. existen connotados conciliadores indios. ni todos ellos son “resueltos” por los tribunales. 28 ISSA EL KHOURY JACOB. es mas importante volver a relacionar a dos miembros de la comunidad disgustados que castigar a un transgresor.. se trata de una forma de solución alternativa de conflictos que ha sido utilizada de hecho con mucha frecuencia en nuestros países. entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. . 1992. tampoco podría estimarse que la conciliación constituya un mecanismo ajeno a nuestra idiosincrasia. Op. así como también se indica en forma expresa que “Guatemala está formada por diversos grupos étnicos. ni sean acogidas en la ley.Dentro del proceso conciliatorio interesa sobre todo la reconstrucción de os hechos para la búsqueda de una verdad. incluso ante la existencia de un delito.. Guatemala es un país con una alta población indígena. 27 Nos basamos principalmente en la obra de STAVENHAGEN.. La obligatoriedad de la acción en el proceso penal costarricense. respeta y promueve sus formas de vida. y conforme a su Constitución Política “se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores. cuya principal misión consiste en fijar la reparación del daño ocasionado. que permiten resolver el conflicto de manera distinta a las fijadas en la ley. debido a la ineficacia del sistema oficial de justicia para resolver los problemas. el castigo por la falta está en último plano. La cifra negra de la criminalidad es muy amplia. la corrupción. al estimarse ajena a nuestras costumbres. costumbres. su lengua y sus costumbres” (art.LA CONCILIACIÓN EN LAS COSTUMBRES LATINOAMERICANAS En la región latinoamericana la conciliación penal ha provocado alguna susceptibilidad por su supuesto origen norteamericano y europeo. tradiciones. Ello ocurre en todos los estratos sociales. México. según el cual frente a todos los hechos en apariencia delictivos resultaba necesario iniciar una investigación policial que desembocara en un proceso penal. En efecto. Diego. dentro de los cuales debemos mencionar los acuerdos previos entre víctimas y delincuentes. 1990. por ejemplo. Haya o no reconocimiento formal.. Cit.
Existen además amplias experiencias de mediación en las comunidades aborígenes costarricenses que constituyen y conformen el verdadero antecedente de lo que vino a hacer. en los términos que determine la ley” (artículo 116 de la Constitución colombiana). San José. de manera más simple.siempre que no violen garantías constitucionales ni tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.”. pp. 1995.. no obstante contar con una población indígena reducida. 31 ss. en Ciencias Penales N. finalmente. Víctor y GUILLÉN GRILLO. 32 Véanse DOBLES OVARES. el nuevo Código Procesal Penal de 1996. en “Comunidades Nativas” y en “Rondas Campesinas” han logrado solucionar los conflictos de una manera directa. pp. 61 ss. por un lado. 67 ss. costumbres y tradiciones indígenas con el fin de resolver los conflictos de una manera distinta a la establecida en las leyes ordinarias. y finalmente que “la ley podrá crear jueces de paz encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios. 1 y 2. 123 ss.. pendiente de publicar en “Pena y Estado”. En procura de un derecho indígena en Costa Rica. En efecto la Constitución Política dispone que “los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad. San José.. pues además así también realizaremos en la práctica otros importantes principios como la inmediación. En este sentido dispone: “Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas.constituyen mecanismos más
29 REVILLA VERGARA ANA TERESA. cit. 1988. al aceptar la conciliación penal como causa de extinción de la acción penal33. pp. UCR.las costumbres de las diversas comunidades para la solución de los conflictos. Estas normas han permitido a las comunidades rurales organizadas en “Comunidades Campesinas”. Los procedimientos orales -como la conciliación. Elementos prácticos para la puesta en marcha de un programa nacional de resolución alternativa de conflictos. Por el contrario. pp. Problemas en la aplicación de la ley penal a los grupos indígenas costarricenses. en Perú la Constitución Política de 1993 ha reconocido la existencia de la pluralidad étnica y cultural. siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República” (artículo 246 ibídem). La experiencia de la justicia alternativa en la República del Perú. pp. y RODRIGUEZ MIRANDA Martin. no obstante la falta de reconocimiento expreso y directo en la mayoría de las legislaciones.. en virtud de haber suscrito el país el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes)32. HOUED VEGA Mario y CHIRINO SANCHEZ Alfredo. Colegio de Abogados. JAIME.. Tesis de Grado. 9. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de paz y demás instancias del Poder Judicial” (art. la continuidad. cit. en las distintas organizaciones sociales.. También refiere experiencias directas de los indios cunas en el archipiélago de las islas San Blas de Panamá. 31 GIRALDO ANGEL. De cualquier manera. cit. luego que “las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de un ámbito territorial. la concentración y muchos otros. la jurisprudencia de la Sala Constitucional y de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no descarta la posibilidad de aplicar los usos. En Colombia. y por otra observamos normas que reconocen como válidas las funciones jurisdiccionales de sus pueblos indígenas. lo cierto es que debemos rescatar esas formas de solucionar los problemas. noviembre de 1994. lo cual en algunos casos se ha traducido en el derecho a utilizar sus propios sistemas de resolución de conflictos29. con el apoyo de las Rondas Campesinas pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario. Mediación y conciliación penal. 149 de la Constitución Política de Perú de 1993). país pionero en lo que a la conciliación penal se refiere en el ámbito latinoamericano.
. ult. en “Justicia Alternativa en Costa Rica: De la justicia tradicional a la justicia necesaria”. También podrá ordenar que se elijan por votación popular” (artículo 247 ídem)31. San José. En Costa Rica. SANCHEZ ROMERO Cecilia. pp. San José. encontramos algunas disposiciones constitucionales que reconocen.33 Estas formas son recogidas en el libro del profesor Neuman. 30 Op. siempre que npo violen los derechos fundamentales de la persona. Facultad de Derecho. Elías. 1998. El abolicionismo y el rol de las comunidades indígenas. la posibilidad de los particulares de ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores. entre sus propios integrantes y sin necesidad de la intervención de la justicia oficial del Estado30. de conformidad con sus propias normas y procedimientos. Georgina.
en “La implementación de la reforma procesal penal”. 11 ss. 35 BERTOLINO. tanto para reclamar derechos como para defenderlos.. pero lo cierto es que se aplica sobre todo cuando ha habido una conciliación entre las partes.. o ha transcurrido mucho tiempo del hecho al extremo de haberse diluido sus efectos. so color de afectación de garantías o principios. siempre que se trate de delincuencia de bagatela. los cuales son básicos en un sistema democrático de administración de justicia34. ya citado. al estimar los parlamentarios que esa solución es ajena a la idiosincrasia. tanto óntica como axiológicamente.S. 34 GONZÁLEZ ÁLVAREZ Daniel. El lenguaje. Sin embargo. como lo refiere el doctor Simón. Coincidimos con Bertolino al afirmar que en la búsqueda de formas alternativas a la justicia tradicional.. 39 DûNKEL FRIEDER. que han indemnizado adecuadamente a sus víctimas. Este uso a sistemas alternos han sido populares en nuestra región porque el acceso a la “justicia oficial” es muy dificultoso. pp. culturales (desconocimiento de los derechos por parte de los ciudadanos y falta de confianza en los resortes de la justicia y sus operadores) y surgen también de la complejidad de los procedimientos judiciales. CDJ/CPU. 38 Ibídem. sin violencia en las personas y realizados por sujetos primarios.” 35. A título de ejemplo podemos mencionar la experiencia uruguaya. una de las razones por las que más se ha criticado uno de los proyectos para modificar la legislación procesal penal en ese país ha sido porque recoge la conciliación. pues en este campo las víctimas aceptan en gran medida las ofertas de reparación. 37 ALVAREZ GLADYS S. 59 y 70. el Ministerio Público y los jueces penales resuelven en múltiples ocasiones no comenzar el proceso. ni qué se considera “razones de buena política criminal ameritante de una clausura”. 1997. como ocurre en la mayoría de nuestros países. podríamos afirmar.
. no dejando ninguna duda de que forman parte de nuestras propias tradiciones. por lo que la vía de la regulación formal parece ser la más atinada. Mediación y Justicia. la conciliación penal comienza a ser tomada en consideración y regulada formalmente en los procesos de reforma del sistema penal en nuestra región.debemos tener en cuenta que. a un segundo plano39.. la solución negociada del conflicto (aún el penal) es superior a la definición coercitiva.. cit.”38. pp. disculpas. costas. sistema jurídico e intereses nacionales. tiempo). según nos refiere el Doctor Luis María Simón36. Como observamos de seguido. En esos casos. las actitudes de los abogados y de los funcionarios judiciales. 36 Informe del Dr.C.. como secundaria. pp. 6 y 7.C. JASSAN ELÍAS. pp. Buenos Aires. sino todo lo contrario. se convierten en barreras insalvables 37. 21 y 28. Estas dificultades provienen no sólo de los costos económicos (honorarios. Para un encuadre del proceso penal abreviado. ni qué contenido tienen los mismos.. aplicable en la práctica diaria tanto fuera como dentro de nuestros tribunales. además. la vestimenta. En efecto. 1996. La oralidad como facilitadora de los fines. y por el contrario han alabado la aprobación de otro proyecto porque no contiene fórmulas de negociación de tipo anglosajón. Santiago. 20/21.. cit. no porque constituya una excepción... Ninguna norma establece en qué casos corresponde la aplicación de tales principios. En todo caso la falta de recursos económicos no ha sido un obstáculo para la conciliación penal. pp. LUIS MARÍA SIMÓN. Pedro J.. La conciliación delincuente-víctima y la reparación de daños: desarrollos recientes del derecho penal y de la práctica del derecho penal en la comparación internacional. con el fin de evitar arbitrariedades por exceso u omisión. mientras que la indemnización material completa muchas veces para. Las vallas son económicas (costo del servicio y excesiva duración de los procesos). principios y garantías del proceso penal. resulta que en la práctica y de hecho operan criterios de oportunidad.. en aplicación de lo que suelen llamar “razones de buena política criminal” (sic). 41. HIGHTON ELENA. “El libre e irrestricto acceso a la jurisdicción constituye un postulado ideal que está condicionado por la realidad práctica y por la existencia de obstáculos diversos que lo restringen. sino de obstáculos culturales y sociales. N. porque reproduce situaciones que se están repitiendo en muchos de nuestros países. “.efectivos para garantizar el cumplimiento de esos principios.. la conciliación en materia penal tiene un claro contenido popular. Por lo anterior. Una cosa es “acceso a la justicia” (entendida como sistema judicial) y otra es “acceso a justicia” (entendida como solución justa). Chile. sobre todo frente a delitos de poca gravedad. y en este carácter mal podría desecharse la primera. p. etc.
No obstante lo expuesto.
. o bien cuando la reparación es de naturaleza extrapatrimonial. LUIS MARÍA SIMÓN..5ª y 340 Código Penal español). ya que la conciliación no constituye una forma de extinción de la responsabilidad penal. que mantiene el sistema mixto con algunas importantes modificaciones. 72 Código Penal de Portugal de 1995) y en la española (arts. suspenda el dictado del fallo. por lo que en la práctica son más viables los compromisos adquiridos por sus representantes. el Juez. SAN MARTIN LARRINOA. como una manera de extinguir la acción penal en delitos de acción pública dentro de la justicia de adultos.CLASIFICACIÓN DE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN La mayoría de los países del área no admiten en forma directa y formal la conciliación entre agresor y víctima. cuando las partes acepten una propuesta de reparación. de Guatemala. España. 41 Informe especialmente elaborado para este trabajo por el Dr. La conciliación en el sistema penal. 21. pp. Tradicionalmente el arrepentimiento y el deseo efectivo de reparar los daños ocasionados con el delito. de oficio o a instancia de parte. indemnizando en forma satisfactoria y adecuada a la víctima.1. lo cual puede provenir de una conciliación. por ejemplo. podrá dar por concluida la tramitación de todas las actuaciones” (art. en las legislaciones del área se han adoptado otros mecanismos consensuales o alternativos para dirimir el conflicto penal. siempre que los perjudicados no expresen su oposición (art. sin violencia en las personas y se produzca la satisfactoria indemnización de la víctima. sin embargo. la simple conciliación o cualquier otra actividad reparadora de carácter moral. a propuesta del Fiscal. como ocurre. cit. La mediación en el sistema de Justicia Juvenil: una visión desde el derecho comparado. Valencia. como sería el arrepentimiento. 193 ss.4 . para la justicia penal de adultos. A este momento (1998) ya ha sido aprobado por el Senado y por la Comisión respectiva en la Cámara de Diputados. como una causa extintiva de la acción penal. La conciliación en el proceso penal. Y un tercer grupo conformado por los países que no admiten formalmente la conciliación en delitos de acción pública. Perú y Portugal. o que el menor haya reparado o se comprometa a reparar el daño causado a la víctima. También podemos incluir en este mismo grupo a Brasil. que han constituido un claro antecedente jurídico directo de la conciliación que ahora comienza a admitirse en los proceso de reforma penal. p. 16. También en la experiencia española es posible que el Juez de Menores. por ejemplo. (Del presente francés al futuro español). en la legislación portuguesa (art. ORTELLS RAMOS MANUEL. como ocurre en Colombia. como por ejemplo Bolivia. En España. Honduras. etc. debe mencionarse que la conciliación entre víctimas e imputados de delito ha ganado mucho terreno en la justicia de menores. ESTHER. Se prevé 40 Véanse el informe del Prof. conforme a la “Ley Orgánica reguladora de la competencia y el procedimiento de los Juzgados de Menores” (Ley 4 de 5 de junio de 1992). 9/10. aunque con algunas particularidades. En esta situación se encuentran la mayoría de los países del área. o bien un criterio de oportunidad por parte del Ministerio Público. Costa Rica. 15. La mediación como respuesta a algunos problemas jurídico criminológicos. Paraguay. GIMENESSALINAS. Sin embargo. a las condiciones o circunstancias del menor. Nicaragua. El primero comprendido por aquellos que admiten la conciliación en forma directa. Chile. cit. el compromiso del menor de asumir el pago de los daños y perjuicios se reputa jurídicamente como inexistente.3 de la ley de la justicia de menores citada) Hay muchos proyectos dirigidos a adoptar la conciliación en los sistemas penales latinoamericanos. En él se prevé la posibilidad de que el Ministerio Público renuncie al ejercicio de la acción penal en ilícitos penales de escasa entidad. Tal es el caso. La conciliación es aplicable en el juzgamiento penal de menores de dieciséis años. pp. 1997. María Begoña. España. porque no tienen capacidad para contraer obligaciones civiles. a que no se hubiese empleado violencia o intimidación. Uruguay. sino una forma de eximirse de la aplicación de una pena privativa de libertad. Podríamos clasificar los países en tres grupos. Panamá.. 235 ss. 1997. Un segundo grupo estaría conformado por aquellos países que admiten la conciliación como un presupuesto para aplicar la suspensión provisoria del proceso. han constituido en el mejor de los casos fórmulas de atenuación de la pena. como ocurre en la mayoría de los países europeos 40. como exponemos al final de este trabajo (infra N° 15). la cual dispone que “atendiendo a la poca gravedad de los hechos. En Uruguay41 el Poder Ejecutivo envió al parlamento un proyecto para modificar la legislación procesal penal. El Salvador y en la nueva legislación de Venezuela.6ª). Montevideo.. junto con otros requisitos más.
de corte acusatorio. sin distinguir su índole penal o civil.43 En argumento SAN MARTIN LARRINOA. conforme al cual los agentes del Ministerio Público podrán abstenerse de ejercer la acción penal. 58 ss. 2° edición. en “Reflexiones sobre el nuevo Proceso Penal”. dentro de la justicia penal de adultos. lo constituyen Colombia. (Del presente francés al futuro español). Asociación de Ciencias Penales. Ediciones Panamá Viejo. En Costa Rica45 también es admisible la conciliación como un mecanismo directo de extinción de la pretensión punitiva del Estado en delitos de acción pública y dentro de la justicia de adultos.. 1997. La justicia penal consensual en Colombia. el artículo 1977 del “Código Judicial”.En Panamá. en uso de sus facultades constitucionales el Procurador General de la Nación presentó en 1995 un proyecto de ley para modificar. e ISSA EL KHOURY JACOB. 81 del 2 de noviembre de 1993) se admite la conciliación en delitos perseguibles de oficio. en delitos de contenido patrimonial sin grave violencia sobre las personas o en delitos culposos. con proyectos como el de “Community Board” de San Francisco. la cual debe ser propiciada por el Tribunal en los casos en que procede (art. En Colombia44. y que ha tenido un importante desarrollo tanto en Estados Unidos como en Francia. aunque desde fecha anterior se admitía en los delitos perseguibles con querella los cuales son muy numerosos. o el de “Boutique de droit” en Lyon43. entre otros. a través de un procedimiento de mediación que conduce a la reparación de los daños ocasionados a la víctima. que se asienta en la comunidad social y trata los conflictos emanados de ésta como conflictos de las relaciones sociales. ALFONSO. realizada antes del juicio oral. En la experiencia costarricense debe mencionarse. Carlos Enrique. a la vanguardia en la admisibilidad de la conciliación entre víctimas y acusados. distinta a la conciliación. además.
42 MUÑOZ POPE. 1997. que se encuentra prevista como una causal de extinción de la acción penal. La conciliación. Venezuela y Brasil. como lo regulan hoy Guatemala y Perú.” 42. cit. Cuestiones sobre el proceso penal. Panamá. A la armonía por la palabra: La solución negociada de conflictos penales. Una ha sido el movimiento de “diversion”. Los cinco países de la región. externas al proceso judicial convencional. cuyo objetivo principal ha sido la búsqueda y el favorecimiento de soluciones informales a los litigios. Según nos refiere el Dr. y en ese supuesto lo condiciona a que esté resarcida la víctima del delito. pp. San José. la reparación integral del daño particular o social causado.j CPP de 1996). nacido en Canadá y Estados Unidos. como anotamos adelante. Ed.cuando el delito carezca de significación social y estén satisfechos los intereses del afectado.
. MARÍA BEGOÑA. 30. a fin de oírla y tentar medios que posibiliten su satisfacción.. JORGE. 45 Sobre la conciliación en Costa Rica véanse CHAVES RAMÍREZ. 44 Seguimos el informe elaborado por FLOREZ GACHARNA.LA CONCILIACIÓN COMO MECANISMO DIRECTO PARA EXTINGUIR LA ACCIÓN PENAL EN DELITOS DE PERSECUCIÓN
De acuerdo con las experiencias que nos ofrece el derecho comparado. existen dos clases de mediación penal. El Salvador. 1997. Departamento de Justicia Gobierno Vasco. Uno de ellos fue propiciado por la Corte Suprema de Justicia y apoyado por el Instituto Uruguayo de Derecho Procesal. 36 Código Procesal Penal de Costa Rica de 1996). “. según observamos más adelante (infra N° 6). entre otras razones. Costa Rica. 11 de ese proyecto). como una forma directa e inmediata de solucionar el conflicto penal. y el otro denominado “mediación comunitaria”. Bogotá. Colegio de Abogados. 112/113. pp. según el caso (art. La mediación como respuesta a algunos problemas jurídico criminológicos.además que en la audiencia el Tribunal habilite el ingreso de la víctima con patrocinio letrado. el cual establece de una forma amplia la conciliación. Simón existen además otros proyectos... que puede ser propiciada por cualquiera de las partes en cualquier etapa del proceso (art. pp. Henry. siempre que la víctima o el Ministerio Público lo admitan. mediante una reforma introducida al artículo 38 del Código Procesal Penal (mediante ley N. 5 . La propuesta recoge el criterio de oportunidad. por ejemplo. 1997. 163 ss.
infraÇôes penais de menor potencial ofensivo. que entra en vigencia el 26 de noviembre de ese mismo año. 31. sin embargo también requiere de la indemnización de los daños y perjuicios a la víctima. En Venezuela el recientemente aprobado “Código Orgánico Procesal Penal” 47 admite “los acuerdos reparatorios” entre imputado y víctima en delitos de acción pública. Comentários á Lei 9. ANTONIO SCARANCE FERNANDEZ Y LUIS FLÁVIO GOMES. a transaçâo e o julgamento de recursos por turmas de juizes de primeiro grau”.. por lo cual no constituye una forma directa de extinción de la acción penal.. en las que sería admisible la transacción penal. pero la celeridad con que se resuelven los casos de menor relevancia han propiciado un ambiente favorable y además han facilitado la tramitación de los procesos por delitos más graves. nas hipótesis previstas em lei. pues aún cuando se tiende a conciliar a las partes en conflicto. como una causa extintiva de la acción penal en delitos de acción pública. y esta parte del Código ya se encuentra en vigencia (arts. Sin embargo la vigencia de los acuerdos reparatorios regulados en el nuevo Código fue prevista para dentro de los sesenta días posteriores a la publicación. conforme a su artículo 503.D. A justiça penal consensual no Brasil. 1990. Lo mismo se dispone para “el procedimiento por la admisión de hechos”. siempre que o admitan la víctima o l Fiscalía según sea el caso (art. mediante os procedimentos oral e sumaríssimo. La transacción brasileña permite al inculpado eximirse de la aplicación de una pena privativa de libertad.175 ss. 47 ss.N. lo cierto es que en el fondo lo que se produce es una pacificación o atenuación del problema ante un acuerdo reparatorio que no necesariamente implica una verdadera conciliación entre víctima y agresor. conforme al artículo 501. También consultamos PELLEGRINI GRINOVER. y ello nos parece adecuado. 46 Decreto Ley N. Associaçâo dos Advogados de Sâo Paulo. en El Salvador también se encuentra prevista la extinción de la acción penal cuando se produce la reparación integral del daño particular o social causado.099. Al igual que en Costa Rica. agosto 1997.N° 11. P. inciso I.11 ibídem). 904 de 4 de diciembre de 1996. aunque reconoce que al principio hubo un poco de resistencia. revista e atualizada. Sâo Paulo. en especial por los abogados. 9. Sâo Paulo. a pesar de que la reparación no constituya una prestación de dinero. 2ª ediçâo. la cual contiene amplios comentarios a la legislación que admitió en Brasil la “transacción penal” con muy buen suceso. 34. Agrega que ello refleja una clara aceptación de las nuevas posibilidades de solución de los litigios penales por la sociedad en general. 50.O. 71 ss. que permite concluir con el proceso en forma alternativa tendiendo a la solución del conflicto más que a la búsqueda de un castigo para un presunto culpable (arts. 36 y 503 nuevo Código Orgánico Procesal Penal de 1998). ANTONIO MAGALHÅES GOMES FILHO. 32 y 33 del Código Procesal Penal salvadoreño de 1996). pero sustituirla por una pena de multa o privativa de derechos. ANTONIO MAGALHÅES GOMES FILHO.099. en el caso brasileño su aplicación es muy frecuente sin que sea exagerado afirmar que más del 90% de los casos permitidos por la ley se resuelven por medio de la “transacción”.
. de 26 de setembro de 1995). lo cual significa que a la fecha se encuentran vigentes. La normativa no utiliza el término “conciliación”. 47 Aprobado y publicado en La Gaceta Oficial N° 5208 del 23 de enero de 1998. 35. y así la disposición constitucional pasó a ser efectiva. Primeiros acórdâos dos Trinunais Superiores em relaçâo a lei dos Juizados Especiais Criminais. en “Revista do Advogado”. Juizados especiais criminais. y que entrará en vigencia totalmente el 1° de julio de 1999. 1997. 1997. Novas tendências do direito processual. pp. Es así como se promulga la ley N. Forense Universitária.En El Salvador el nuevo Código Procesal Penal46 contempla en forma directa la conciliación entre víctima e imputado. en vigencia desde abril de 1998. Brasilâªçââçââ48 también admite en forma directa la “transaçâo penal” conforme a la Constitución Federal de 1988. Editora Revista dos Tribunais. 2° edición. la cual señala en su artículo 98. así como en la obra de ADA PELLEGRINI GRINOVER. conforme lo señala el profesor Gomes Filho.. N° 334 de 20 de enero de 1997. Río de Janeiro. T. Sin embargo. 48 Nos sustentamos en el informe del Profesor ANTONIO MAGALHÅES GOMES FILHO. pp. N. Desgraciadamente la mayoría de los países que reconocen este instituto no llevan estadísticas para mostrar la mayor o menor incidencia en la justicia penal. razón por la cual en la práctica opera como la conciliación directa a la que hacemos referencia. Juizados especiais criminais (anotaçôes resumidas sobre a Lei n.. 9099 de 1995. como causa extintiva de la pretensión punitiva.Esa disposición constitucional requería de una ley federal que definiera que debía entenderse por infracciones de menor potencial ofensivo. Brasil. permitidos.. y LUIS FLÁVIO GOMES. de 26-09-1995. realizada antes de la vista pública. en los delitos relativos al patrimonio o de contenido patrimonial. en ídem. lo siguiente: “juizados especiais para julgamento e execuÇâo de. Brasil. pp. ADA.
o con multa. 1997. Su función es la de ser un facilitador en la comunicación y el diálogo constructivo entre las partes. 79-97 publicado en el Diario Oficial del 10 de octubre de 1997. pero los casos generalmente quedan inconclusos porque no se cumple con requerir la decisión judicial correspondiente.-
. Una de las normas vigentes autoriza el criterio de oportunidad (previsto en el artículo 2 del nuevo CPP). Uno de los presupuestos requeridos para la aplicación del criterio de oportunidad y la suspensión condicional de la persecución penal. así como en la legislación penal de ese país que tuvimos a mano. o proceso a prueba. “La conciliación en el sistema penal guatemalteco”.. así como el darle satisfacción moral adecuada.6 . Tal es el caso de Portugal. el artículo 25 ter guatemalteco expresamente hace referencia al procedimiento de conciliación. 7 . 26. Lisboa. El Salvador. Tal es el caso de Guatemala y Perú. y responda a una serie de condiciones que se le imponen para suspender el procedimiento. AGUIRRE GODOY MARIO. 27 y 464 del Código Procesal Penal). como un presupuesto necesario. Brasil. lo que equivale a
49 Basado en el informe preparado especialmente para este trabajo del Dr. se establece como requisito indispensable que el agresor repare los daños ocasionados a la víctima. siempre que el agente hubiere reparado el daño ocasionado o exista acuerdo con el agraviado en este sentido.51 Seguimos el informe elaborado por VIEIRA DA SILVA. que comienza a adquirir todo un verdadero significado en la experiencia guatemalteca. cuya legislación también admite la conciliación pero como mecanismo directamente relacionado con el principio de oportunidad. la conversión de la acción penal pública en privada.”. y modifica el artículo 477 todos del Código Procesal Penal establece mayores y más claras posibilidades50.LA CONCILIACIÓN COMO PRESUPUESTO PARA APLICAR CRITERIOS DE OPORTUNIDAD Dentro de la segunda categoría de países. para propiciar la solución del conflicto. 50 Reformas introducidas al Código Procesal Penal de 1992 mediante Decreto N. como ocurre por ejemplo con los criterios de oportunidad. FERNÁO. Agrega el Doctor Aguirre que por lo general la ciudadanía no acepta la conciliación.el juez debe obrar en forma imparcial. O consenso no ámbito do Sistema Penal Portugués... y Venezuela. Guatemala admite la posibilidad de finalizar el conflicto penal por vías distintas a las tradicionales.Se trata de una fórmula que liga la aplicación del criterio de oportunidad con la conciliación. frente a casos por delito sancionado con pena no superior a tres años de prisión.LA REPARACIÓN DEL DAÑO COMO PRESUPUESTO DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA En los países que admiten la suspensión condicional del proceso. Una situación similar a la guatemalteca ocurre en Perú.. En este país se encuentra en vacatio legis un nuevo Código Procesal Penal (aprobado en marzo de 1995 para sustituir el CPP de 1940). y el procedimiento abreviado (arts.. 25 ter y 25 quáter. En Portugal51 es admisible la suspensión provisoria del proceso penal. En Guatemala49 hasta hace muy poco no se encontraba prevista la conciliación como un mecanismo directo para extinguir la acción penal pública. dentro de las cuales se encuentra necesariamente la indemnización del afectado. la suspensión condicional de la persecución penal. justa y eficaz. pero una reforma reciente que adiciona los artículos 25 bis. De acuerdo con el profesor Aguirre Godoy. según la clasificación hecha (supra N° 2). Costa Rica. si así se hubiere acordado. entre las cuales se contemplará la reparación del daño y el pago de los perjuicios si hubiere lugar a ello.En el acta de conciliación se determinarán las obligaciones pactadas. a lo cual se llega mediante la conciliación. Guatemala. 25. en Guatemala desde antes de la reforma la conciliación se utiliza con frecuencia. ayudando a las partes a encontrar una solución equitativa. se le vincula con la impunidad... En tal sentido señala esa norma que “. Tratándose del criterio de oportunidad. pero algunas de sus disposiciones se encuentran en vigencia (según lo autoriza la Décima Disposición Transitoria). el plazo para su cumplimiento y la constitución de las garantías necesarias. están aquellos que admiten la conciliación como un requisito para aplicar un criterio de oportunidad. es la reparación del daño causado o la existencia de un acuerdo entre el imputado y la víctima. siempre que el imputado sea primario. porque al no haberse tomado conciencia aún de la necesidad de racionalizar el empleo de la persecución penal ordinaria. señalando. 1997.
todavía. 349.. 351.. imponiendo una limitación clara con el fin de que no se llegue a utilizar como un mecanismo de impunidad en los casos de delincuencia reiterada. decretolei n. También el nuevo Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela admite la suspensión condicional del proceso para los casos en que el delito admita la suspensión condicional de la ejecución de la pena. haciendo aparecer dos tipos de condenas y de condenados. En Brasil también. 23. desfiguración y suplantación de marcas de ganado. 22.. colombiano). y los condenados por el Ministerio Público.-
. Esa misma norma agrega que no es admisible la conciliación como causa extintiva de la pretensión punitiva si el sujeto a cuyo favor se haya decretado ha recibido un beneficio igual en los cinco años anteriores. siempre que exista un plan para la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por el delito y un detalle de las condiciones que el imputado estaría dispuesto a cumplir. pues los jueces podrían tomar en consideración ese aspecto para acordar la suspensión. o que hubiere abandonado sin justa causa el lugar el accidente. se trata de posiciones rígidas que estiman como un dogma intocable y absoluto. por medio de estos pactos. la reparación natural del daño causado o una reparación simbólica. según nos refiere el doctor Vieira da Silva. 362 y 364 C. la acción penal se extinguirá para todos los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado.P. 20. transcurridos los cuales se extingue la pretensión punitiva siempre que el imputado haya cumplido las condiciones.Esta fórmula a provocado algunas críticas en la experiencia portuguesa. 26 in fine CPP de Costa Rica). 354. y en los procesos por delito contra el patrimonio económico cuando la cuantía no excede de 200 salarios mínimos legales mensuales (U$ 3. La legislación penal de Costa Rica también adopta la figura de la suspensión del proceso a prueba en todos aquellos casos en que es admisible la suspensión condicional de la pena. siempre que el imputado haya reparado los daños causados por el delito. el tribunal podrá imponer otras reglas de conducta análogas cuando estime que resultan razonables” (art. los verdaderos y propios condenados por el juez. o asumido formalmente la obligación de reparar el daño en la medida de sus posibilidades. 37 a 42 COPP de 1998). pero no se exige en forma directa que se haya indemnizado a la víctima. abuso de circunstancias de inferioridad. estafa. cuando no concurra alguna de las circunstancias de agravación punitiva. pero se puede suspender si el acusado se somete a determinadas condiciones.P. También son conciliables los delitos culposos de homicidio y lesiones personales siempre que el imputado no se encontrare al momento del hecho bajo los efectos del licor o alguna droga. 360. En ese supuesto el plan puede consistir en la conciliación con la víctima. disposición de bien gravado con prenda (arts. En consecuencia. Vieira Da Silva.fórmulas que buscan la conciliación entre imputados y ofendidos (artículo 281 Código do Processo Penal. es aplicable la suspensión del proceso a prueba para los delitos cuya pena mínima sea igual o inferior a un año de privación de libertad. al estimarse que la discrecionalidad de la suspensión del proceso introduce una “impunidad selectiva”. 52 Informe citado del Dr. En estos casos el proceso se inicia. sino solamente existe el deber de escucharla antes de aprobar la medida (arts. inmediata o por cumplir a plazos (arts. La nueva legislación procesal penal de El Salvador prevé la suspensión condicional del procedimiento para los casos en que es admisible la suspensión condicional de la ejecución de la pena. el hurto agravado. 356. El plazo de prueba va de 2 a 5 años.000). Sin embargo. y la legislación prevé taxativamente las posibles condiciones a las cuales puede someterse el imputado. tales como el hurto simple.” . consagradas en los arts 330 y 350 del C. conforme a la ley 9099 del 26 de setiembre de 1995. 24 CPP de 1996 de El Salvador). p. con todas las garantías y publicidad. alteración. alzamientos de bienes. agregándose que “sólo a proposición del imputado. En tal caso el proceso se suspende por un plazo de dos a cuatro años. y que no se haya utilizado violencia. entre las cuales se encuentra la obligación de indemnizar el daño sufrido por la víctima. 8 . frente a otros presupuestos básicos que también encuentran tutela constitucional52. 25 a 29 del Código Procesal Penal de 1996). 78-87 del 17 de diciembre de 1987).DELITOS EN LOS CUALES ES ADMISIBLE LA CONCILIACIÓN El artículo 38 del CPP de Colombia (modificado en 1993) señala que “En los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. Habrá que esperar algún tiempo para observar la práctica jurisprudencial.700). el principio de legalidad. incluso mediante acuerdos con la víctima (arts. excepto el hurto calificado y la extorsión. de acuerdo con el Código Procesal Penal colombiano la conciliación es admisible en los delitos dolosos contra el patrimonio siempre que la cuantía no exceda de 200 salarios mínimos (U$ 34.
en la segunda instancia e incluso en casación Ello lo justifican indicando que al dictarse la resolución de apertura de la investigación podría no ser claro que el caso admitiría la conciliación. La suspensión condicional de la pena es posible aplicarla a primarios sancionados a pena de prisión no mayor de tres años (arts. de mínima culpabilidad. como causa extintiva de la acción penal. 34 Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela de 1998). 61 lei 9099 de 1995).puede ejercitarlo el fiscal cuando el agente haya sido afectado directa y gravemente por las consecuencias de su delito. Sin embargo para que sea admisible esa posibilidad en la experiencia brasileña se requiere que el imputado no haya sido condenado con anterioridad por delito (crime) a pena privativa de libertad. En Costa Rica la conciliación es admisible en las faltas o contravenciones. en las lesiones. Desde luego por lo general ello ocurre durante la instrucción. sino que ello surja con posterioridad ante una posible recalificación jurídica del los hechos. inciso j. puede invocarse en cualquier momento antes del juicio oral (art. CPP de 1996). en los delitos de acción pública previa instancia particular. en la etapa de juicio. y la suspensión condicional de la persecución penal es admisible cuando la pena no sea superior a tres años. o cuando se trate de delitos que no afecten gravemente el interés público. el imputado sea primario y no revele peligrosidad. 30. El
. máxime que en la experiencia colombiana ello puede depender del monto de los daños en los delitos patrimoniales o de la cantidad de días de incapacidad en las lesiones. pues el funcionario encargado (el fiscal) está obligado a convocar a una audiencia de conciliación En Costa Rica la reparación integral del daño como causa extintiva de la acción.En Brasil la “transacción penal” es posible aplicarla en las contravenciones y en los delitos (crimes) que no sean sancionados con pena privativa de libertad mayor de un año (art. en los delitos de acción pública perseguibles a instancia privada.j. en los delitos sancionados con penas no privativas de libertad y en los delitos menos graves (art. También en Perú el criterio de oportunidad -que está condicionado a que se indemnice a la víctima. no está previsto un momento procesal en el que precluya la posibilidad de invocar la conciliación en sentido estricto. hagan necesaria y suficiente la adopción de esa medida. así como los motivos y las circunstancias del hecho.OPORTUNIDAD PARA SOLICITAR LA CONCILIACIÓN En Colombia las partes están facultadas para solicitar la conciliación en la etapa de instrucción. Deben agregarse también los delitos de contenido patrimonial sin grave violencia sobre las personas y los delitos culposos. en los cuales la reparación integral del daño por haberlo acordado así como la víctima. y además que conforme a los antecedentes y la conducta social y la personalidad del agente. En El Salvador la conciliación es admisible en los delitos de contenido patrimonial. 30. Lo anterior ha permitido aceptar la conciliación en aquellos casos en que la pena mínima del delito imputado admita la posibilidad de la suspensión. En Guatemala el criterio de oportunidad (recordemos que éste se encuentra condicionado a una conciliación entre las partes sobre las indemnizaciones correspondientes) es admitido en delitos de bagatela. 32 CPP de El Salvador de 1996). En Venezuela los acuerdos reparatorios son admisibles frente a delitos que afecten bienes jurídicos disponibles de carácter patrimonial o cuando se trate de delitos culposos (art. siempre que se repare el daño causado o se asuma la obligación de repararlo. 59 y 60 Código Penal de Costa Rica). en el homicidio culposo. es decir cuando sea de tres o menos años de prisión. CPP de Costa Rica de 1996). y en los delitos de acción pública que admitan la suspensión condicional de la pena (artículo 36 del Código Procesal Penal de 1996). en delitos de carácter patrimonial sin grave violencia sobre las personas y en delitos culposos. En esta categoría ingresan una amplia gama de hechos delictivos con penas cuyo extremo mayor llegan a los 10 años de prisión. cuando el inculpado resulte afectado por las consecuencias de un delito culposo. siempre que no sea reprimido con pena superior a cuatro años de prisión. no haber sido beneficiado anteriormente con otra “transacción” en el plazo de cinco años. 9 . Sin embargo. salvo que la pena sea superior a dos años de prisión o los cometa un funcionario público. cuando los cómplices o encubridores brinden declaración eficaz contra los respectivos autores. constituye una causal de extinción de la acción penal (art.
pero el funcionario judicial debe verificar que tales manifestaciones sean producto de una voluntad libre. Sin embargo todavía en algunos estados de la federación brasileña ese juzgamiento le corresponde a los tribunales comunes de justicia penal. 9099 de 26 de setiembre de 1995) esa diligencia está a cargo de juzgados especiales. entonces. 34. sin el cual no tendrían eficacia. árbitros de hecho.. 32 CPP de El Salvador de 1996). que la conciliación se verifique en otros lugares distintos a las oficinas judiciales y cuando se logre un acuerdo éste se plasma por escrito y se lleva ante el funcionario respectivo para que disponga la clausura del proceso. pero también en cualquier otro momento anterior al dictado de la sentencia definitiva si resulta aplicable el procedimiento previsto en el viejo código procesal (arts. por lo cual es importante examinar la necesidad de conocer los motivos que llevan a los perjudicados a aceptar conciliaciones con indemnizaciones notoriamente insignificantes”53. En Brasil el procedimiento para la “transaÇao penal” debe realizarse siempre frente al juez.se ha tenido conocimiento que en varias zonas del país. La ley precisa que los juzgados especiales estarán formados por jueces togados y legos.. auxiliados por conciliadores. quien debe homologar los acuerdos adoptados por las partes. intimidación o engaño. 10 . como un requisito previo para expedir la resolución que corresponda. Lo anterior permite concluir que el proceso de conciliación se verifica en muchos casos ante amigables componedores.ANTE QUIEN SE REALIZA LA CONCILIACIÓN En la experiencia colombiana al aceptarse que la conciliación pueda producirse en las diferentes etapas del proceso. situación que debe ponernos en alerta pues en todos los países del área podría ocurrir los mismo. entonces se lleva a cabo ante el funcionario responsable del procedimiento. Esta opción ha permitido. en Colombia se admitió la conciliación también en materia contravencional (ley N. sin embargo el profesor Gomes Filho nos manifiesta que existe cierta resistencia al ejercicio de esas funciones por jueces legos. “. y 504 del Código Orgánico del Proceso Penal de 1998). debe convocarse a la víctima de domicilio conocido a la audiencia preliminar en el procedimiento intermedio.. etc. la delincuencia organizada amenaza a los perjudicados. pero que el funcionario judicial debe luego verificar que se llegó al acuerdo en forma libre y voluntaria. con el fin de intentar que las partes se concilien. En Venezuela los acuerdos reparatorios pueden adoptarse especialmente en la etapa preparatoria e intermedia. familiares de los involucrados. Sin embargo el artículo 6 de la ley N. pero antes de que se clausuren los debates en la vista pública. frente al fiscal. quien debe encargarse de convocar a la audiencia respectiva para controlar el procedimiento seguido. competentes para conocer de la conciliación. puesto que ella se dicta luego de clausurada la vista pública (debate o juicio). En la experiencia colombiana.nuevo Código Procesal establece que cuando la conciliación sea procedente. y las razones que estuvieron a la base para adoptar la conciliación como un mecanismo alterno de justicia y de pacificación no tendrían ningún sentido.” (art. oficinas de abogados. pero no establece un determinado momento procesal a partir del cual no pueda convocarse de nuevo la conciliación (art. conforme al nuevo proceso. 333 inciso 5. 228 de 1995) a realizar no sólo frente a los jueces municipales sino también ante los centros de conciliación o conciliadores en equidad. nos señala el doctor Florez Gacharna. lo cual amplia la posibilidad de solicitar la conciliación prácticamente durante todo el proceso y antes del dictado de la sentencia. pero por lo general la conciliación se produce en la fase de instrucción. En El Salvador la conciliación procede “en cualquier momento del proceso. Por disposición de la ley (N.
53 Informe antes referido. lo que equivaldría a continuar victimizando aún más y de nuevo a los perjudicados con el delito. para obligarlos a que manifiesten haber sido indemnizados o reciban sumas inferiores al valor real de su indemnización. Con posterioridad. cuando alguno de sus miembros es capturado..81 de 1993 (ley que modificó el CPP y admitió la conciliación en delitos de acción pública) señala que la audiencia de conciliación no debe ser convocada cuando el perjudicado manifieste haber sido indemnizado o haber estado de acuerdo con el monto propuesto por quien debe indemnizar. 10. pag. sin violencia.-
.. 318 CPP de 1996). así como para el juzgamiento de esas infracciones en las cuales es admisible tal posibilidad.
31 ss.. laboral. civil. 54 Ley N° 7727 del 9 de diciembre de 1997. aspectos que antes realizaba el Ministerio Público. I. La ley brasileña también prevé la posibilidad de que el juez sea asistido por conciliadores. y de acuerdo con las modificaciones señaladas le corresponde también controlar los posibles excesos de una parte sobre otra. En Guatemala no existen oficinas públicas o privadas que se dediquen a facilitar o promover la conciliación en asuntos penales de acuerdo con el informe del Dr. es decir trasladándole una concreta responsabilidad no solamente sobre el contenido de los acuerdos sino también respecto del procedimiento utilizado para llegar a ellos (arts. En Venezuela corresponde al Juez aprobar los acuerdos reparatorios entre víctimas e imputados “verificando que quienes concurran al acuerdo hayan prestado su consentimiento en forma libre y con pleno conocimiento de sus derechos”. porque la ley fija los límites de la transacción. En Guatemala corresponde al Juez pronunciarse sobre la solicitud que formula el Ministerio Público para aplicar el criterio de oportunidad o para suspender la persecución penal..
. cuya concordancia es esencial para que el juez llegue a homologar los acuerdos. 129. en forma personal. 34 y 504 del Código Orgánico del Proceso Penal de Venezuela de 1998). conforme lo dispone esa ley especial. Véanse los comentarios del profesor ANTILLÓN MONTEALEGRE WALTER. Desde luego el Ministerio Público asume un papel protagónico.. sin embargo ya en el artículo 477 del Código Procesal Penal (recientemente modificado) se hace referencia a que “previo a acudir a la audiencia de conciliación. debiendo preferir a los bachilleres en leyes.” 11 . además de que el imputado debe ser asistido por abogado. o la debilidad de una de ellas durante el proceso de negociación. de la Constitución Federal ) también formula y hace una propuesta concreta de transacción al autor del hecho y a su abogado. pero corresponde a la víctima comunicar el acuerdo al tribunal. el tribunal puede proponer una audiencia de conciliación. 36 CPP de 1996). La Corte Suprema de Justicia designará a los jueces conciliadores. Estos nuevos funcionarios deberán actuar en todas las materias.cuando tenga fundados motivos para estimar que alguno de los que intervengan no están en condiciones de igualdad para negociar o ha actuado bajo coacción o amenaza” (art. Aguirre. etc. el tribunal podrá solicitar el asesoramiento y el auxilio de personas o entidades especializadas para procurar acuerdos entre las partes en conflicto. En Costa Rica la conciliación debe producirse frente al Juez. pp. o al menos con ocasión de su intervención. con las limitaciones propias señaladas en las legislaciones respectivas. o bien puede recurrirse a otros sujetos facilitadores.QUIENES INTERVIENEN EN EL PROCESO DE CONCILIACIÓN Deben intervenir necesariamente el agresor y la víctima. pero ninguno de ellos se ha dedicado en forma particular a la materia penal. sino a otras áreas como familia. que en la experiencia costarricense recientemente se aprobó una nueva legislación que exige crear órganos permanentes para tales propósitos. pues son los protagonistas del conflicto. o instar a los interesados para que designen un amigable componedor”. En El Salvador no se indica en forma expresa ante quien. Debemos mencionar además.. Dispone la norma últimamente referida que “para facilitar el acuerdo de las partes. y en especial no la apruebe “. la cual dispone que “en cualquier etapa del proceso judicial. El conciliador podrá ser el mismo juez de la causa o un juez conciliador. las partes podrán someter su conflicto al conocimiento de centros de conciliación o mediación. pues se requiere que éste homologue los acuerdos. que requiera el servicio y les determinará las facultades y responsabilidades” (art. Jurisdicción y Resolución Alternativa de Conflictos. cit. en “Justicia Alternativa en Costa Rica: de la justicia tradicional a la justicia necesaria”. Se trata de la “Ley sobre resolución alterna de conflictos y promoción de la paz social”54.En ese contexto en Brasil es el juez quien controla los posibles excesos de las partes. 6). Desde luego todo el proceso de negociación puede ser conducido directamente por el juez. en virtud de corresponderle el ejercicio exclusivo de la acción penal (art. pero en todo caso las posibilidades de desviarse de los objetivos es poco probable en ese país. publicada en el Diario Oficial La Gaceta N° 9del 14 de enero de 1998.A nivel experimental funcionan en el país algunos centros especializados en la solución alternativa de conflictos. debiendo el juez levantar una acta donde se determinen las obligaciones pactadas y el plazo para su cumplimiento (art. 32 in fine CPP de 1996 de El Salvador).
Sin embargo. y que el proceso de conciliación podría provocarle consecuencias. incluyendo desde luego los derechos a la conciliación. y no una “solución formal” de un expediente o de un caso más. encargado del ejercicio de la acción. Lo anterior por cuanto la legislación procesal otorga la categoría de víctima. otros ciudadanos involucrados en el conflicto pero no en el proceso penal. Tal es el caso del actor civil. 178 ss. pero que de alguna manera estén involucrados en el conflicto o bien son parte del mismo. así como por las empresas de seguros. Esto resulta particularmente de mucho interés. Es evidente la necesidad de hacer partícipes en la conciliación a todos los sujetos del proceso. siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses” (artículo 70 del Código Procesal Penal de Costa Rica de 1996). es decir frente a aquellos que lesionan intereses colectivos o difusos. La conciliación. y de las consecuencias jurisdiccionales de ella. También es posible que el Ministerio Público asuma una especie de representación en ese sentido. en los delitos que afectan intereses colectivos o difusos. aún cuando su opinión no debe ser vinculante para el Juez. Es cierto que se propicia una conciliación entre la víctima y el imputado. demandado civil. así como para controlar que en efecto la solución propuesta viene a contribuir a reafirmar la paz social. para todos los efectos legales. pero desde luego que son y deben ser totalmente atendibles las intervenciones y observaciones que formule el fiscal. por tratarse de bienes colectivos. ni puedan convertirse en un sensor con poder de veto. sin embargo. Lo mismo podemos señalar para el Perú.. aunque desde luego no todos tendrán la posibilidad de hacer sus opiniones vinculantes.En la práctica costarricense. cit. que ni siquiera figuren formalmente dentro del proceso penal. Esto es mas evidente cuando se trata de empresas que deben responder con su patrimonio de las conductas ilícitas desplegadas por sus empleados o administradores. porque recordemos que se trata de buscar una verdadera solución al conflicto humano que está en la base del hecho denunciado como delito. pero no les otorga la posibilidad de conciliar. es necesario determinar los alcances de la intervención del Ministerio Público. y de cualquier otro que se haya constituido como parte55. En la experiencia costarricense ya hemos tenido conocimiento de jueces que se han negado a permitir la intervención del Ministerio Público en la conciliación porque la ley señala que ésta se produce entre el imputado y la víctima. y en especial los de la víctima. etc. 12 . del demandado civil. ni para solicitar la audiencia de conciliación. para los casos en que el la conciliación debe realizarse frente a un juez. cuando el imputado quiere realizar una 55 CHAVES RAMÍREZ. puesto que es el principal actor penal. El artículo 43 del CPP colombiano faculta al actor popular y al Ministerio Público para que en defensa de esos intereses colectivos y populares intenten las pretensiones indemnizatorias que se puedan. del querellante particular. fundaciones y otros entes. lo cierto es que podrían suministrar una información muy valiosa que el juez deberá tomar en consideración para aprobar u homologar los acuerdos entre la víctima y el imputado. También debe destacarse la intervención del fiscal o representante del Ministerio Público.LA CONCILIACIÓN FRENTE A DELITOS QUE AFECTEN INTERESES COLECTIVOS De acuerdo con el doctor Florez Gacharna. “a las asociaciones. pp. Se trata de una visión muy estrecha y reducida de la norma que autoriza concluir el proceso por esa vía. sobre todo en delitos de lesiones y homicidio ocurridos en la circulación de vehículos. de modo que al fiscal también le compete intervenir en lo que pueda ocasionar una causa de extinción de la acción penal. o bien que alteran la tranquilidad de un determinado grupo de vecinos. con el fin de escuchar sus opiniones sobre lo que podría ser una solución negociada. y no se trata simplemente de una causa menos en el tribunal.). en la experiencia colombiana no es admisible la conciliación frente a delitos que afecten intereses colectivos o difusos. Respecto del demandado civil recordemos que en algunos casos es el garante de las acciones desplegadas por el imputado. así como la posibilidad de incidir con eficacia en la negociación y finalmente en la aprobación o el rechazo de los acuerdos adoptados por las partes. como ocurre con ciertos delitos que afectan bienes generales o difusos. Incluso estimo de importancia la participación de otros sujetos.
. Desde luego que debe escucharse y permitirse la intervención en todo el proceso de negociación al Ministerio Público. ya que la víctima es sólo coadyuvante (y sólo por excepción se convierte en acusador exclusivo). defensor. ALFONSO. puesto que su deber será velar porque no se afecten los intereses de ninguno de los sujetos. si resulta admisible que se pueda producir la conciliación incluso frente a delitos “sin víctima” individualizada. porque ni el actor popular ni el Ministerio Público adquieren legitimación ni titularidad para negociar la posible indemnización. Los criterios de todos estos otros sujetos distintos al imputado y a la víctima (fiscal.
al disponerse “. El cumplimiento de los acuerdos sólo puede exigirse por la vía civil.” (art. siempre que el objeto de la asociación se vincule directamente con esos intereses” (art. fundaciones y otros entes.reparación integral del daño social causado. pues la incomparescencia produce consecuencias desfavorables. pero las manifestaciones del imputado durante el proceso conciliatorio no pueden introducirse al debate pues no constituye una declaración formal (art. la inasistencia de una de las partes simplemente implique que no desea ningún tipo de conciliación. siempre que el objeto de la agrupación se vincule directamente con esos intereses. delitos ecológicos o de daños materiales) son accesibles a las prestaciones de reparación. convocando a una audiencia oral privada para verificar que las partes hayan aceptado voluntariamente los términos del arreglo. Ello se debe a que el artículo 162 del Código Procesal Penal señala que es obligatorio comparecer ante el funcionario judicial que lo requiera cuando la persona sea citada para la práctica de diligencias. aun cuando en este caso el proceso puede resultar a veces laborioso y difícil”56. tratándose de un delito que le afecte. en aquellos delitos que afecten intereses colectivos o difusos. 87 CPP Guatemalteco)... procurando que las partes logren alcanzar un acuerdo satisfactorio (arts. 13 . pero no requiere de mayores formalidades.000 a $100. 30 ibídem).. La conciliación delincuente-víctima y la reparación de daños: desarrollos recientes del derecho penal y de la práctica del derecho penal en la comparación internacional. inclusive el trabajo de utilidad pública.. 12. 116. es obligatorio concurrir a la audiencia de conciliación. sin embargo señala el doctor Aguirre que “lo anterior no excluye que la parte interesada pudiera solicitar su lectura en el curso del debate y su ratificación por parte del propio imputado”. sin incidencia alguna en el proceso penal. quien la aprobará de inmediato salvo que estime conveniente examinar más a fondo la situación. en delitos de contenido patrimonial sin grave violencia sobre las personas o en delitos culposos. 32. porque en la nueva legislación procesal penal se consideran víctimas “a las asociaciones.. sin que ello le ocasione otras consecuencias adicionales. En El Salvador. ni se registran las manifestaciones de las partes. y el 184 ibídem establece que quien se sustraiga al cumplimiento de una obligación impuesta en resolución judicial incurrirá en arresto de seis meses a cuatro años y multa de $1... 71. en os delitos que afectan intereses colectivos o difusos. cuando la conciliación es admisible según los requisitos establecidos en la ley y las partes no la han solicitado. En la experiencia costarricense. En cualquier caso. En Brasil la “transacción” se realiza en una audiencia preliminar pública. ej. o que no hayan afectado los intereses de alguno de los sujetos.000. art. o existan otros aspectos no contemplados en la negociación que deban ser atendidos. Tampoco pueden excluirse por principio los delitos con varias víctimas. solicitada la conciliación debe procederse a pedir la homologación al Juez de la Etapa Intermedia. conforme señalábamos antes. para que el juez levante una acta donde se hagan constar las obligaciones pactadas y el 56 DûNKEL FRIEDER. P. no sin críticas. o del Ministerio Público en los demás casos.. el Tribunal debe proponerlo de oficio.” (art.” (Inciso j. o que no se hayan escuchado a todos los sujetos involucrados en el conflicto. cit. Idéntica situación podemos individualizar en El Salvador.. Según se nos refiere en la experiencia europea “la conciliación delincuente-víctima no está limitada a delitos con víctimas individuales. corresponde a la propia víctima comunicar los acuerdos de conciliación al tribunal. También los delitos frente a la comunidad (p.. Conforme al nuevo Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela también se plantea la misma situación.11 ibídem). Lo normal es que si la convocatoria es obligada. según el caso. de acuerdo con el principio de publicidad de los actos judiciales consagrado en la Constitución Federal. 36 y 318 ibídem). al disponerse que se consideran víctimas “las asociaciones.siempre que lo admitan la víctima o la Fiscalía General de la República.4 CPP de El Salvador de 1996).
. es decir al exigirse plena conformidad de la víctima.siempre que la víctima o el Ministerio Público lo admitan. y también se dispone que en delitos de contenido patrimonial se extingue la acción por la reparación integral del daño “.LA DILIGENCIA DE CONCILIACIÓN En Colombia.4 COPP de Venezuela de 1998). En Guatemala el proceso de conciliación no es secreto. según sea el caso. En Costa Rica la conciliación puede producirse en el curso de la investigación preparatoria o en la audiencia preliminar del procedimiento intermedio.
pero en Colombia encontramos una amplia categoría de delitos perseguibles con querella: infidelidad de los deberes profesionales. suspendiéndose la declaratoria de la extinción de la acción penal. pero si hay justa causa en el retardo. lesiones personales. Vencido este último plazo.. 315.. Finalmente en este país también se resuelve un problema que podría generar algunas discusiones futuras en caso de reanudación de procesos. 34. 370. 314.OTROS MECANISMOS CONSENSUALES O ALTERNATIVOS PARA RESOLVER EL CONFLICTO PENAL a) La conciliación en delitos de acción privada Tradicionalmente la conciliación ha sido admisible en los delitos perseguibles con querella de la víctima para delitos de acción privada. 36 CPP de Costa Rica de 1996). en Colombia (arts. 301. 266. bigamia. invasión de tierras o edificios.Para paliar esta sustitución de voluntades. los pagos y prestaciones efectuados no serán restituidos” (art. en Paraguay (art. 261. incumplimiento de deberes alimentarios entre otros. 1 del Decreto Ley N. inasistencia familiar.plazo para cumplirlas. 15 . 313. 32 y 33 CPP de El salvador de 1996). e incluso puede determinar el plazo para que se realice el pago de la reparación civil a falta de acuerdo entre las partes. 320. y en Costa Rica (art. el proceso continuará su marcha aún cuando haya justa causa para no cumplir con los acuerdos pactados (art... en Guatemala (art. 2 CPP de 1995.. alteración del estado civil. las partes pueden prorrogar el plazo hasta por seis meses más. incesto. 175. en El Salvador (art. durante el cual se suspende la prescripción de la acción penal. injuria y calumnia. agregando que dicho plazo no puede ser superior a seis meses. En Perú es admisible que el fiscal fije el monto de la indemnización cuando el agraviado no comparezca a la audiencia previa a la aplicación del criterio de oportunidad. en Uruguay (art. acceso carnal mediante engaño. Si las obligaciones no son cumplidas. matrimonio ilegal. 262. en Brasil (art. se suspenderá el proceso hasta la reparación efectiva o el cumplimiento total de la obligación. 32 y 33 CPP de El Salvador de 1996).la extinción de la acción penal tendrá efectos a partir del momento en que el imputado cumpla con todas las obligaciones contraídas. Tal es el caso de la legislación de Costa Rica que señala que “. 35 COPP de 1998). 385 CPP de 1996). 366. 38 y 39 CPP). y si el imputado no cumple las obligaciones impuestas sin justa causa. actualizado por el art. en Perú (306 CPP de 1940).” (art. 14 . el procedimiento continúa como si no se hubiere conciliado. 319. 365. 36 ibídem). Así ocurre. admite que la decisión del juez pueda ser impugnada. 14338/46). Para tal propósito podrá fijarse un plazo máximo de un año. 368. entre otros. difamación. usurpación de tierras.
. 33. 260. disposición en vigencia según transitorio décimo). sin precisar un límite máximo.274 del 6 de julio de 1992). 367. Tradicionalmente se trata de los delitos de injurias. 235. y que de no cumplirse el acuerdo en ese tiempo el proceso debe continuar. el procedimiento continúa como si no se hubiere conciliado (arts. el Código exige indagar si hay o no causa justificada. por ejemplo. daños. malversación de bienes. ampliándose así las posibilidades de aplicar el instituto (arts. o en el evento de que la víctima no acepte prorrogar el plazo originalmente fijado. Si el imputado no cumple sin justa causa las obligaciones pactadas.PLAZO PARA CUMPLIR LOS ACUERDOS Algunas legislaciones establecen la posibilidad de otorgar plazos para el efectivo cumplimiento de los acuerdos. El plazo facilita la conciliación dándole mayor capacidad de negociar a los sujetos no pueden cumplir las prestaciones de inmediato. 36 ibídem).. 402 CPP de 1996). sin que pueda exceder de nueve meses (art. El nuevo Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela con muy buen tino dispone que “cuando la reparación ofrecida se haya de cumplir en plazos o dependa de hechos o conductas futuras. usura. 302. Si se produce un incumplimiento de los acuerdos..” (art. violación de comunicaciones. emisión ilegal de cheques. 520 del Código de Processo Penal). 288. 701 del Código Penal. 477 CPP). perturbación de la posesión de inmuebles. 4 de la Ley 16. 332 y 263 Código Penal de Colombia). al disponerse en forma clara que “en caso de incumplimiento que dé lugar a la reanudación del proceso. calumnias. el procedimiento continuará como si no se hubieren conciliado las partes (arts. sea por falta de recursos o porque el consentimiento de la víctima se condiciona al efectivo cumplimiento de los acuerdos. También el Código Procesal Penal de El Salvador admite que para el cumplimiento de los acuerdos las partes pueden fijar un plazo.
Si bien la víctima no puede oponerse al acuerdo entre el fiscal y el imputado. los cuales deberán quedar asentados en la averiguación. BERTOLINO. la pena a imponer y las indemnizaciones correspondientes. pero que en México son perseguidos también por el Ministerio Público previa querella de la víctima.
. publicado en el Boletín de esa institución del 6 de abril de 1993. y Buenos Aires. que hemos citado. Hoy ya no operan porque esa labor corresponde a las propias oficinas encargadas de ejercer la acción penal y practicar las investigaciones previas. San José. 8. en “Ciencias Penales” N° 11. es decir la autorización de la víctima para que se investigue un delito de acción pública ocurrido en su perjuicio.y). Esta categoría está conformada por delitos que en otros países reciben el calificativo de ilícitos de acción privada. cuando el imputado y el fiscal llegan a un acuerdo sobre la existencia del hecho. el agente del Ministerio Público concederá la garantía de audiencia y defensa a la persona inculpada. señala que es necesaria la instancia (representaÇâo) también en los delitos de lesiones corporales leves y las lesiones corporales culposas. y por acuerdo número A/08/94 del Procurador General de Justicia del Distrito Federal. a diferencia de la mayoría de los países. GONZALO ARMIENTA CALDERÓN. tanto en la legislación procesal de algunas provincias (como Córdoba.. También consultamos CAFFERATA NORES. 59 Nos sustentamos el trabajo del Prof. En México57 también es admitida la conciliación para los delitos culposos y aquellos que se persiguen por querella de la parte ofendida.F. art. 3. Mecanismos de conciliación que operan en la impartición de la justicia penal y en general en los sistemas de negociación y solución de conflictos penales diferentes a la respuesta tradicional (pena tasada).1. siempre que el imputado manifieste su conformidad. proponiendo fórmulas de solución para que. publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 10 de febrero de 1994 (informe del Dr. que en México corresponde al Ministerio Público propiciar la conciliación en estos delitos perseguibles con la querella del ofendido. las cuales constituyen infracciones de gran incidencia. su derecho resarcitorio debe quedar cubierto como condición indispensable para adoptar la medida. procurará la conciliación con el querellante quien podrá estar asesorado.IX). pp.58 Fueron establecidas por acuerdo número A/02/93 del 22 de marzo de 1993 del Procurador General de la República. En Perú está vigente lo que el nuevo Código Procesal Penal de 1995 denomina “proceso de terminación anticipada” (arts. arts. que se dedicaban en forma exclusiva a lograr acuerdos entre las partes con el fin de conciliarlas. archivándose el asunto”. de ser posible. Por tal razón la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (publicada en el Diario Oficial el 10 de mayo de 1996) establece “en aquellos casos en que la ley lo permita. Conforme a éste último procede el juicio abreviado para juzgar aquellos delitos en los que el Ministerio Fiscal estima suficiente la imposición de una pena privativa de libertad inferior a seis años o una pena no privativa de libertad. en su caso. su calificación legal. Armienta Calderón). ampliando así la posibilidad de la conciliación. puedan adoptar los convenios pertinentes a sus intereses que hagan posible la conformidad del agraviado. al señalar que les corresponde “promover la conciliación en los delitos perseguibles por querella” (art. el Ministerio Público de la Federación propiciará conciliar los intereses en conflicto. aceptando los hechos.b) El proceso abreviado Argentina59 recepta el proceso abreviado. citándola para que declare con relación a los hechos y. norma que reitera sintéticamente la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Esa posibilidad está limitada a los delitos cuya persecución depende de la iniciativa de la víctima (acción penal privada) y en los casos de la instancia (representaÇâo). julio de 1996. o al menos deben quedar establecidas las bases y los plazos para hacerlo. cuanto en el Código Procesal Penal de la Nación para la justicia federal (art. su participación y la calificación jurídica. 3 ss. Juicio Penal Abreviado. 415. Para un encuadre del proceso penal abreviado. Señala el artículo 165 bis de la legislación procesal penal del Estado de México (entidad federativa) lo siguiente: “Previamente al ejercicio de la acción penal y tratándose de delito culposo o de los perseguibles por querella. Cabe agregar que la ley 9099 de 26 de setiembre de 1995.Es importante destacar. 1997.México D.En Brasil deben mencionarse también las infracciones de menor potencial ofensivo (con penas menores de un año) en las cuales es posible evitar el proceso penal por medio de una conciliación con la víctima para la reparación del daño. 444 y ss). en los casos en que esa medida era admisible. 57 Seguimos el informe del Dr.431 bis). Hubo incluso una época en la que existieron las denominadas “Agencias del Ministerio Público Conciliador”58. PEDRO J. proponiendo vías de solución que logren la aveniencia” (art. 395 a 403). José I.
5. también establecen y admiten la institución del proceso abreviado. 331 CP paraguayo). si “. 1997. como ocurre por ejemplo en la legislación de Venezuela (arts. No es un acuerdo cuyos componentes den satisfacción. que eliminó la generalidad de esa opción del matrimonio. si el acusado acepta la solicitud de pena y la correspondiente indemnización civil se procede a dictar sentencia. En Paraguay también se admite como causa extintiva de la acción penal el matrimonio del acusado con la víctima en los delitos de violación.la conformidad no es un medio de tratamiento del ilícito penal distinto a la imposición de las penas previstas en el Código Penal y a través de un proceso. 793. acuerdo cuya preparación o concertación excluya o suspenda la realización de proceso penal por los hechos correspondientes. CPP costarricense). Conforme lo señala el profesor Ortells Ramos. regulada en la actualidad en los artículos 655. pero se trata de una forma de conclusión del proceso de manera consensual y abreviada digna de tomar en cuenta. 178 CP peruano). 791. También es admisible según el Código portugués el denominado “proceso sumarísimo” (arts. en todo caso. cuya legalidad controla el juez. Valencia. ley 26320 citada). Es simplemente. ORTELLS RAMOS MANUEL. 379 y ss. 446)...” (inciso 7 del artículo 2. En España60 rige desde 1850 una fórmula que podríamos calificar como una especie de juicio abreviado. Cödigo Orgánico Procesal Penal de 1998 de Venezuela)..3. casos en los cuales se abrevian los procedimientos y se procede al dictado de la sentencia. que se denomina la “conformidad del acusado”. y en el art. 15.-
. corrupción de menores. En estos supuestos el juez debe convocar a las partes a una audiencia antes de concluir la instrucción. estupro. “. rapto de persona mayor de 15 años. En efecto. 392 a 397 del Código do Processo Penal de 1987) aplicable para delitos sancionados con prisión no mayor de seis meses o con multa.. España. aplicable en especial en delitos relacionados con el terrorismo y la delincuencia organizada (Artículo 299 del Código Penal. restituida al poder de sus padres o guardadores. abusos deshonestos y rapto. la pena a imponer y la indemnización si correspondiere.. siempre que la ofendida fuere mayor de doce años y. o tratándose de delitos castigados con penas privativas de libertad hasta de nueve años.. sin embargo ante diversas manifestaciones de la opinión pública se promulgó recientemente la ley 26770 del 11 de abril de 1997.” (art. así como en los artículos 789. La conciliación en el sistema penal. que no constituyen una conciliación en los términos en que lo tratamos aquí. con la previa aprobación del Ministerio Público (art. en aquellos casos en que el imputado manifiesta “su conformidad” con la acusación. En estos casos.En la experiencia peruana deben mencionarse también ciertos acuerdos entre el fiscal y el procesado.cualquier declaración hecha por el procesado se tendrá como inexistente y no podrá ser utilizada en su contra.. la Ley 26320 de 30 de mayo de 1994 autoriza la terminación anticipada del proceso en ciertos casos leves de tráfico de drogas. “. como causa extintiva de la acción penal en delitos de persecución pública.la ofendida consiente libremente en contraer matrimonio con ellos. En Portugal opera una fórmula similar que permite atenuar la pena e incluso eximirse de la misma. En Perú se admitía también esta posibilidad en forma genérica para todos los delitos de carácter sexual (art.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. pero si la diligencia fracasa. para impedirla en delitos graves y la mantiene sólo para ciertos casos concretos. cuando el inculpado colabora eficazmente con la policía descubriendo o previniendo futuros crímenes. Algunos de los países que admiten en forma directa la conciliación entre víctimas y acusados. aprobado por Decreto-Ley N 48 del 15 de marzo de 1995). 200 CP Guatemalteco). a los intereses afectados por el ilícito penal. CPP salvadoreño) y la de Costa Rica (arts. estupro. cuando se hubiere solicitado la aplicación de penas correccionales. 373 y ss. Esta misma regla se reproduce en el nuevo Código Procesal Penal para el proceso de terminación anticipada (art. cuando están conformes sobre la calificación jurídica de los hechos. 688 a 700. en el que tiene una incidencia más decisiva la voluntad de las partes”61.61 Informe citado. 373 y ss. un procedimiento especial y más rápido de desarrollo del proceso penal. mediante un acuerdo entre el fiscal y el procesado. El Salvador (arts. 50 de la Ley del Jurado. p. por vía distinta a la imposición de penas...
60 Seguimos el informe del Prof. c) El matrimonio entre agresor y víctima En Guatemala es admisible el matrimonio del imputado con la ofendida como causa extintiva de la acción penal y de la pena en delitos de violación..
de los delitos contra la intimidad. en delitos tales como lesiones.En el Estado de Sinaloa se reconoce además el perdón de la ofendida de delito de estupro (art. donde el perdón del ofendido extingue la acción penal en delitos de acción privada. y 383 CPP de Costa Rica de 1996). 6. según la cual se extingue la pretensión punitiva “.8 del CPP salvadoreño. e) La devolución de los bienes sustraídos o retenidos 62 MARABOTTO. 621 y 624 del Código Penal español). En estos casos se requiere de una autorización expresa de la víctima para perseguir estos delitos taxativamente fijados en la ley. 30 inciso b. También es admisible como causa extintiva de la pena el “perdón judicial” que pueden otorgar los jueces en una gran cantidad de casos expresamente señalados en la legislación penal. Las razones para sustentar el retiro son muy amplias. (arts. el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. 201. en la experiencia española. 26 y 31. la cual asume una forma procesal más amplia que el perdón. se admite como causa extintiva de la acción penal el matrimonio del agente con la ofendida en los delitos de estupro (art.por el casamiento del ofensor con la ofendida en los casos de los delitos de rapto. el perdón del ofendido en los delitos de acción privada. 93 del Código Penal de Costa Rica).. 92 Código Penal). Tal situación ha sido calificada por la doctrina como un caso de perdón. en cuyo caso el tribunal podría rechazar la eficacia del perdón (arts. Fundación de Cultura Universitaria. daños. etc. como causa extintiva de la acción penal. el perdón que puede otorgar el ofendido en ciertos delitos perseguibles a instancia suya. lesiones culposas. denominada “desistimiento de la querella” y que puede estar motivada en una gran cantidad de situaciones. En El Salvador se encuentra prevista en forma directa el perdón que pueden otorgar la víctima. 233 y 235 CP guatemalteco). salvo tratándose de delitos cometidos en perjuicio de menores o incapacitados. d) El perdón del ofendido En Guatemala opera como causa extintiva de la acción penal y de la pena. México reconoce.4.En Uruguay se encuentra prevista la denominada “remisión por casamiento” (art.3 Código Penal español). pp. México. atentado violento al pudor. Ed. sus herederos o representantes legales en delitos de acción privada. concretamente. como por ejemplo a quienes se hubieren autoinculpado de delito para proteger un pariente. a los contraventores. 215. Instituto Uruguayo de Derecho Procesal. corrupción y estupro”. En Costa Rica también es admisible una manifestación de voluntad del querellante en delitos de acción privada. en delitos contra la propiedad en caso de parientes. pues lo característico en esta clase de hechos es que exista una amplia disponibilidad de la acción por parte de la víctima (arts. violación.. salvo tratándose de menores o incapacitados. 186 Código Penal del Estado de Sinaloa). de varios autores. 267. así como también admite el perdón que puede otorgar el cónyuge en ciertos supuestos (art. 620. aplicable en delitos de acción pública pero perseguibles sólo ante la instancia personal y directa del ofendido. 66/67. 101. 151. 18 y 30. usurpaciones. daños por imprudencia y de cuantía superior a diez millones de pesetas. Citado por el Dr.h del CPP costarricense).. Luis María Simón en su informe ya referido. 169. También debe mencionarse. y arts. (art. p. como causa extintiva de la acción (art. hurto de uso. 106. Tal es el caso. pero desde luego debe indicarse en primer lugar la posible conciliación que se haya producido entre agresor y víctima. 20 del Código del Proceso Penal uruguayo). En “Curso sobre el Código del Proceso Penal”. pero además el ofendido puede retirar la “instancia privada” en cualquier momento del proceso. 1981. por aborto honoris causa. 130. etc. lo cual viene a constituir una causa extintiva de la acción penal. como una forma extintiva de la acción penal. en cuyo caso el Ministerio Público puede oponerse al mismo y el Juez decide en definitiva (art.. En Costa Rica y El Salvador es admisible lo que la legislación procesal penal denomina el “desistimiento de la instancia privada”. Disposiciones generales: Norma procesal penal y acciones.62 En Sinaloa. y las faltas contra las personas y contra el patrimonio (arts. Montevideo. 93 Código Penal Federal). cuando éste es legalmente posible en lo delitos contra la honestidad y no haya oposición de parte de los representantes legales de la menor y del Patronato Nacional de la Infancia (art. 186 del Código Penal del Estado de Sinaloa). 405 CPP de El Salvador de 1996). En Costa Rica es admisible también el matrimonio del procesado o condenado con la ofendida. cuando su denuncia constituye un requisito de procedibilidad. En igual sentido en España. J. 276 ibídem).-
. el perdón otorgado por el ofendido en los delitos perseguibles con querella (art.
ante una instancia en ese sentido que debe formularle la autoridad que conoce del asunto (art. o bien. 50 y 51 del Código Penal de 1995). 243 ibídem). San José.. Mario. HIGHTON ELENA. así como también exime de pena a quien reintegre el importe total de un cheque librado sin fondos. 14. siempre que lo haga antes de que la autoridad investigadora tome conocimiento de los hechos. 1997. 236 Código Penal del Estado de Sinaloa. Costa Rica admite que el delito de apropiación o retención indebida no llegue a configurarse si el imputado devuelve los bienes apropiados o retenidos en el plazo de cinco días. Depalma. o garantice su pago por medio de caución idónea. Mediación y Justicia. 223 del Código Penal de Costa Rica). las penas se reducen a la mitad (art.BIBLIOGRAFÍA AGUIRRE GODOY.F.
. o la indemnización correspondiente en caso de ser imposible la devolución. luego de una prevención que debe hacerle la autoridad para que pague también dentro del término de cinco días (art. JASSAN ELÍAS. 307 y 308 Código Penal español) En Sinaloa. Buenos Aires.En España es posible eximirse de responsabilidad penal en delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social. y todas las formas de liberación anticipada. en los casos de delito de emisión de cheques sin fondos constituyéndose así en una fórmula de conclusión del proceso penal por pago de los daños y perjuicios.México D.412 del 8 de agosto de 1975) constituye una causa de extinción de la responsabilidad penal el pago del importe del cheque. Guatemala. de carácter constitucional. 16 . pero antes de dictada la sentencia. ANTILLÓN MONTEALEGRE.a que el sentenciado pague en un plazo razonable que fija el tribunal la correspondiente indemnización al ofendido. g) Otros sustitutivos propios del Derecho Constitucional y del Penitenciario. En Portugal (artículos 11 y 12 del Decreto-lei n. donde el cumplimiento de la responsabilidad civil es. de no ser posible la restitución. Mecanismos de conciliación que operan en la impartición de la justicia penal y en general en los sistemas de negociación y solución de conflictos penales diferentes a la respuesta tradicional (pena tasada) (Informe). en “Justicia Alternativa en Costa Rica: de la justicia tradicional a la justicia necesaria”.3 Código Penal). así como los mecanismos alternativos y sustitutivos de la pena. Es necesario mencionar también otros mecanismos alternativos o sustitutivos tanto del proceso como de la pena. requisito para la remisión condicional de la pena (art. aplicables durante la fase de ejecución. ARMIENTA CALDERÓN. México). 454/91 de 28 de diciembre de 1991) y en Uruguay (Decreto Ley N.. l996. 1997. cuando el sujeto activo efectúa los pagos y los reintegros correspondientes antes de que se inicien las actuaciones penales (arts. 1995. 305. Jurisdicción y Resolución Alternativa de Conflictos. Si la devolución se realiza después. más los intereses corrientes y moratorios. para poner en evidencia que en nuestros sistemas no es novedoso que se pretendan introducir otras vías distintas para solucionar los con conflictos penales. conocidos como beneficios penitenciarios. ALVAREZ GLADYS S. por regla general. así como también debe brindar una satisfacción moral adecuada (arts. 81. cubra el importe de aquél. constituye una atenuante que justifica la reducción de la pena a la quinta parte (art. la cual se encuentra supeditada -entre otros presupuestos. sea la primera vez que delinca y el delito no se hubiere cometido con violencia. Colegio de Abogados. México. f) La reparación como presupuesto de la suspensión de la pena En Portugal es admisible la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad. Lo mismo ocurre en España. “La conciliación en el sistema penal guatemalteco” (Informe). como lo son la amnistía y el indulto. Walter. la libertad vigilada.En Paraguay la devolución de los bienes sustraídos o retenidos. tales como la libertad condicional. Gonzalo. tradicionalmente aceptados en una gran cantidad de legislaciones del área. se contempla como excusa absolutoria. 408 CP paraguayo). y los daños y perjuicios. el hecho de que el sujeto activo del ilícito restituya espontáneamente el objeto del delito.
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