Source: https://derechoecuador.com/registro-oficial/2001/01/registro-oficial-12-de-enero-del-2001
Timestamp: 2020-08-06 16:43:30+00:00

Document:
Registro Oficial. 12 de ENERO del 2001
Viernes\n 12 de Enero del 2001 - No. 243
\n 1710 Expidese el Reglamento\n de liquidación de pago de dietas
\n 1712 Créase el Centro\n de Servicios de Información y Atención al Público\n como Departamento de la Dirección de Recursos Comunitarios\n
\n 1741 Transfiérese la\n administración y funcionamiento del Centro de Recepción\n y Rehabilitación de Menores de la ciudad de Tulcán,\n provincia del Carchi a la Fundación "Nuestros Hijos"\n
\n 1800 Créase el Departamento\n de Organización y Participación Social como dependencia\n de la Dirección de Recursos Comunitarios
\n 1801 Créase la Unidad\n de Gestión para la Alimentación Comunitaria como\n depen- dencia de la Dirección de Recursos Comunitarios\n
\n ll4 Fijanse los valores de los derechos que\n por concepto de servicios y productos generan las dependencias\n de la Subsecretaría de Minas
\n JB-2000-279 Reforma a la Codificación\n de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y de la Junta\n Bancaria: "Calificación de activos de riesgo"\n
\n 333-2000 Agustín Lozano\n Neira en contra de la I. Municipalidad de Guayaquil
\n 335-2000 María Soledad\n Hidalgo Carrasco en contra de EMETEL S.A., Sucursal 3, hoy PACIFICTEL\n S.A. y otros
\n 340-2000 Luis Saltos Gaibor\n en contra de Autoridad Portuaria de Guayaquil
\n 342-2000 Víctor Humberto Pino Castellano\n en contra de la Dirección Nacional del Servicio de Aduanas\n
\n 343-2000 Martin Luis Villacís Alvarado\n en contra de la Compañía La Universal Segale Norero\n S. A.
\n 347-2000 Adolfo Pilliza Tipanquiza\n en contra de Milton Gustavo Vaca Nieto y otra
\n 354-2000\n Jesús\n Limbher Zamora Quintero en contra de la Universidad Técnica\n Luis Vargas Torres
\n 357-2000 Segundo Antonio Quindisaca\n Chillogalli en contra del Ing. Hernán Zamora Zea
\n 358-2000 Justo Herminio Albán Salazar en\n contra de la Junta Nacional de la Vivienda
\n 364-2000 Pedro Ramos Franco\n en contra de Dieter Hopfe Seeman y otra
\n 366-2000 César Augusto\n Flores Tobar en contra de AMERAFIN S.A. y otras
\n 385-2000 Abg. Leonardo Velásquez Santos\n en contra del Banco del Pichincha C.A
\n Cantón\n Isidro Ayora (Guayas):\n Que reglamenta el servicio y administración de los cementerios\n
\n Cantón Azogues: Que\n regula la determinación, recaudación y administración\n del impuesto a los predios rurales
\n A\n la publicación de la Ordenanza del cantón Rumihahui, para la administración\n y recaudación de la tasa por servicio de mantenimiento\n y modernización del catastro predial, efectuada en el\n Segundo Suplemento del Registro Oficial N' 234 de 29 de diciembre\n del 2000\n \n
N0 1710
MAE. Pablo Romero\n Quezada
Que es necesario expedir una\n reglamentación de liquidación para el pago de dietas,\n de conformidad con lo previsto en la Ley de Servicio Civil y\n Carrera Administrativa;
Que el artículo 46 de\n la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, establece\n el derecho para percibir dietas para los funcionarios públicos\n miembros de cuernos colegiados;
Que de conformidad con lo previsto\n en el literal a) del Acuerdo Ministerial No. 0001 - N de 15 de\n febrero del 2000, el señor Ministro de Bienestar Social,\n delegó al señor Subsecretario General de Bienestar\n Social, la suscripción a su nombre, de los actos, contratos,\n convenios y reglamentos en materias relacionadas a su cargo;
Que con memorando No. 379 de\n 25 de agosto del 2000, el señor Subsecretario General\n de Bienestar Social, dispone la elaboración del presente\n instrumento; y,
En uso de las facultades legales\n concedidas por el artículo 16 del Estatuto del Régimen\n Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,
EXPEDIR EL SIGUIENTE "REGLÁMENTO\n DE LIQUIDACION Y PAGO DE DIETAS".
Artículo 1. - OBJETO:\n El presente reglamento tiene por objeto establecer las normas\n y el procedimiento a seguir para la liquidación y pago\n de dietas.
Articulo 2. - AMBITO: Están\n sujetos a liquidación y pago de dietas todos los funcionarios\n o empleados que prestan servicios en el Ministerio de Bienestar\n Social y, en tal calidad, formen parte de cuerpos colegiados.
Articulo 3. - FINALIDAD: El control\n de la liquidación y pago de dietas tiene por finalidad\n lograr la eficacia de las representaciones ante cuerpos colegiados\n tales como: directorios, juntas, comités, etc.
Artículo 4. - CONTROL:\n Comprende la verificación y constatación del ejercicio\n de la representación de los funcionarios miembros de los\n cuerpos colegiados.
Artículo 5. - LIQUIDACION\n Y PAGO DE DIETAS: El pago de dietas a los miembros de un comité\n legalmente conformado por la autoridad nominadora, con respaldo\n en las actas de las sesiones que establezcan la realización\n de los mismos, se lo hará por el monto máximo del\n 25% del sueldo mensual de los funcionarios que conforman dicho\n cuerpo colegiado, multiplicado por el número de sesiones\n a las que hayan asistido.
Los funcionarios o empleados\n sin sueldo (honoríficos) podrán recibir por ese\n mismo concepto hasta un valor igual al máximo que establezca\n en las disposiciones generales de la Ley de Presupuesto del Estado.
Artículo 6. - RESPONSABILIDADES:\n Los funcionarios o empleados que incurrieren en violaciones legales\n o reglamentarias durante la ejecución del proceso dentro\n del cual ejerzan la representación, serán sujetos\n al establecimiento de responsabilidades, de conformidad con la\n ley.
Los funcionarios o empleados,\n encargados de autorizar el respectivo desembolso, serán\n personal y pecuniariamente responsables del estricto acatamiento\n de las disposiciones del presente reglamento de conformidad con\n el artículo 42 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.
Artículo 7. - DUDAS: Los\n casos de duda, respecto a la aplicación del presente reglamento,\n serán resueltos por el señor Subsecretario General\n de Bienestar Social previo informe de la forma de pago de la\n Dirección de Asesoría Jurídica.
Artículo 8. - La Dirección\n Financiera del Ministerio de Bienestar Social será la\n encargada de cancelar al funcionario o empleado que ha intervenido\n ante directorios, juntas, comités, etc.; el valor que\n le corresponde por su participación, en un tiempo no mayor\n de ocho días de dispuesto el pago por la autoridad ordenadora\n de gastos.
Disposición final. - De\n la ejecución del presente acuerdo ministerial que entrará\n en vigencia a partir de la presente fecha de su suscripción,\n sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.\n encárguese el Presidente del Comité de Contrataciones\n y el Director Financiero.
Dado en Quito, a 12 de diciembre\n del 2000.
f.) MAE. Pablo Romero Quezada,\n Subsecretario General de Bienestar Social.
Es fiel copia del original. -\n Lo certifico.
f.) Daniel Jacho Barrera, Jefe\n de Archivo.
3 enero del 2001.
Que, es obligación del\n Estado garantizar el derecho de la población de acceder\n a fuentes de información de los acontecimientos de interés\n general, de conformidad con lo prescrito en el inciso primero\n del artículo 81 de la Constitución Política\n vigente;
Que, de conformidad con el numeral\n 6 del Art. 179 de la Constitución Política del\n Estado corresponde a los ministros expedir normas, acuerdos y\n resoluciones que requiera la gestión ministerial;
Que, de conformidad con el literal\n a) del articulo 2 del Acuerdo Ministerial No. 0001 - N de febrero\n 15 del 2000, el señor Ministro de Bienestar Social, delegó\n al señor Subsecretario General de Bienestar Social, la\n suscripción a su nombre de los actos, convenios o contratos\n en materias relacionadas con las actividades a su cargo;
Que, el literal a) del artículo\n 5 de la Ley de Modernización del Estado, determina que\n el proceso de modernización del Estado comprende el área\n de racionalización y simplificación de la estructura\n administrativa y económica, distribuyendo eficientemente\n las competencias, funciones y responsabilidades de sus entidades\n y organismos;
Que, la Dirección de Planificación\n del Ministerio de Bienestar Social con memorando No. 193. DP.\n 200 de septiembre 1 del 2000, solicite elaborar el acuerdo ministerial\n que crea el Centro de Servicios de Información y Atención\n al Público; y,
En uso de las atribuciones legales\n establecidas en el artículo 16 del Estatuto del Régimen\n Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,
Art. 1 . - Crear el Centro de\n Servicios de Información y Atención al Público\n como Departamento de la Dirección de Recursos Comunitarios\n con las siguientes funciones:
a) Informar en forma correcta\n y oportuna al usuario sobre los servicios que el Ministerio otorga\n a la comunidad;
b) Orientar al usuario sobre\n los requisitos y procedimientos a seguir para la obtención\n de los servicios que presta el Ministerio;
c) Promocionar, en coordinación\n con la Dirección de Comunicación Social, los programas,\n proyectos y servicios institucionales;
d) Atender con cortesía\n las llamadas telefónicas e información presencial\n requerida por el usuario, a fin de proyectar una buena imagen\n del Ministerio;
e) Recabar permanentemente información\n actualizada y documentos generados por las diferentes dependencias\n ministeriales para su difusión;
f) Promover la capacidad del\n personal en coordinación con la Dirección de Recursos\n Humanos;
g) Establecer registros y emitir\n informes semanales de las actividades desarrolladas por la unidad\n a la Dirección de Recursos Comunitarios;
h) Preparar y proponer mejoras\n a los servicios que proporciona el Ministerio de acuerdo a las\n demandas del usuario; e,
i) Las demás funciones\n que asigne el Director de Recursos Comunitarios.
Art. 2. - Del cumplimiento del\n presente acuerdo encárguense las direcciones de Recursos\n Comunitarios, Financiera, Administrativa, Recursos Humanos y\n Planificación.
El presente acuerdo entrará\n en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su\n publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese.\n - Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n a 12 de diciembre del 2000.
Que, es obligación del\n Estado organizar la Administración Pública de manera\n desconcentrada, y descentralizada, de conformidad con lo prescrito\n en el inciso primero del artículo 124 de la Constitución\n Política vigente;
Que, de conformidad con el numeral\n 6 del Art. 179 de la Constitución Política del\n Estado corresponde a los ministros de Estado, expedir normas,\n acuerdos y resoluciones que requiera la gestión institucional;
Que, de conformidad con el literal\n a) del artículo 1 del Reglamento Orgánico Funcional\n del Ministerio es objetivo de esta Cartera de Estado contribuir\n a satisfacer las necesidades básicas de los sectores más\n necesitados y al mejoramiento de su calidad de vida;
Que, mediante Acuerdo Ministerial\n No. 540 del 24 de mayo del 2000, el señor Subsecretario\n General de Bienestar Social de esta Cartera de Estado aprobó\n el estatuto y concedió personalidad jurídica a\n la Fundación Nuestros Hijos domiciliada en la ciudad de\n Tulcán;
Que, mediante Acuerdo No. 1074\n de 1 de septiembre del 2000, el señor Subsecretario General\n de Bienestar Social creó el Centro de Recepción\n y Rehabilitación de Menores de la ciudad de Tulcán,\n provincia del Carchi;
Con memorando No. 351 - DNPM\n - PYD de 17 de noviembre del 2000, la Dirección Nacional\n de Protección de Menores, señala la conveniencia\n de suscribir el convenio de cooperación entre este Cartera\n de Estado y la Fundación Nuestros Hijos, cuyo objeto es\n la administración del Centro de Recepción y Rehabilitación\n de Menores de la ciudad de Tulcán;
Que, de conformidad con el literal\n a) del Acuerdo Ministerial No. 001 - N de febrero 15 del 2000,\n el señor Ministro de Bienestar Social delegó al\n señor Subsecretario General de Bienestar Social, la suscripción\n a su nombre de los actos, convenios o contratos en materias relacionadas,\n con las actividades a su cargo; y,
En uso de la facultad legal concedida\n por el artículo 16 del Estatuto del Régimen Jurídico\n Administrativo de la Función Ejecutiva,
Art. 1. - Transferir la administración\n y funcionamiento del Centro de Recepción y Rehabilitación\n de Menores de la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi\n a la Fundación "Nuestros Hijos".
Art. 2. - Los proyectos y programas\n de educación y rehabilitación que ejecute la fundación,\n deberán inscribirse en la Dirección Nacional de\n Protección de Menores, conforme dispone los artículos\n 91 y siguientes del Reglamento General al Código de Menores.
Art. 3. - Las remuneraciones\n que por ley les corresponde al personal de funcionarios y trabajadores\n que requiera la administración y funcionamiento del centro\n en mención correrá a cargo de la Fundación\n Nuestros Hijos. Esta Cartera de Estado tendrá responsabilidad\n y obligación laboral exclusivamente con el personal a\n nombramiento o contratado por el Ministerio.
Art. 4. - La Dirección\n Nacional de Menores impartirá las disposiciones de carácter\n técnico para la ejecución de los programas de protección\n y rehabilitación de los menores.
Art. 5. - De la ejecución\n del presente acuerdo ministerial que entrará en vigencia\n a partir de la fecha de expedición, sin perjuicio de su\n publicación en el Registro Oficial, encárguense\n las direcciones Financiera, Administrativa, de Recursos Humanos\n y Nacional de Protección de Menores.
Dado en Quito, Distrito Metropolitano,\n a 19 de diciembre del 2000.
Fecha 3 de enero del 2001.
M. A. E. Pablo\n Romero Quezada
Que, es obligación del\n Estado garantizar el derecho de las personas a la libertad de\n empresa con sujeción a la ley, de conformidad con lo prescrito\n en el ordinal 16 del articulo 23 de la Constitución Política\n vigente;
Que, de conformidad con el artículo\n 246 de la vigente Constitución Política, el Estado\n promoverá el desarrollo de empresas comunitarias o de\n autogestión, como cooperativas, talleres artesanales,\n juntas administradoras de agua potable y otras similares, cuya\n propiedad y gestión pertenezcan a la comunidad o a las\n personas que trabajan permanentemente en ellas, usan sus servicios\n o consumen sus productos;
Que, de conformidad con el literal\n a) del artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 0001 - N\n de febrero 15 del 2000, el señor Ministro de Bienestar\n Social, delegó al señor Subsecretario General de\n Bienestar Social, la suscripción a su nombre de los actos,\n convenios o contratos en materias relacionadas con las actividades\n a su cargo;
Que, de conformidad con el literal\n b) del artículo 1 del Reglamento Orgánico Funcional\n del Ministerio de Bienestar Social, es objetivo de esta Cartera\n de Estado promover e impulsar la organización y desarrollo\n autogestionario de los grupos poblacionales del país;
Que, la Dirección de Asesoría\n Jurídica del Ministerio de Bienestar Social, mediante\n oficio No. 2875 - DAJ - CP - 2000 de 13 de diciembre del 2000,\n emite informe favorable para la creación del Departamento\n de Organización y Participación Social; y,
Art. 1. - Crear el Departamento\n de Organización y Participación Social como dependencia\n de la Dirección de Recursos Comunitarios con las siguientes\n funciones:
a) Promover la formación\n de organizaciones comunitarias que integre a los beneficiarios\n del Bono Solidario Pro - Bono Productivo;
b) Diseñar y ejecutar\n programas y proyectos para la formación de organizaciones\n de las madres de los niños y niñas beneficiarios\n de los programas de alimentación;
c) Establecer registros de estas\n organizaciones sociales cuyos fines son la autogestión\n y el desarrollo de microempresas comunitarias;
d) Promocionar, en coordinación\n con la Dirección de Comunicación Social, los beneficios\n del Bono Productivo y el trabajo comunitario; y,
e) La demás funciones\n que le asigne el Director de Recursos Comunitarios.
Art. 2. - Del cumplimiento del\n presente acuerdo encárguense las direcciones de Recursos\n Comunitarios, Financiera, Administrativa, Recursos Humanos, Planificación.
Dado en la ciudad de San Francisco\n de Quito, Distrito Metropolitano, a 2 de enero del 2001.
2 de enero del 2001.
Que, es obligación del\n Estado garantizar el derecho de la población a una calidad\n de vida que asegure la salud, alimentación, nutrición\n y otros servicios sociales conexos necesarios, de conformidad\n con lo prescrito en el ordinal 20, del artículo 23 de\n la Constitución Política vigente;
Que, de conformidad con el literal\n a) del artículo 1 del Reglamento Orgánico Funcional\n del Ministerio de Bienestar Social, es objetivo de esta Cartera\n de Estado contribuir a satisfacer las necesidades básicas\n de los sectores más necesitados y al mejoramiento de su\n calidad de vida;
Que, de conformidad con el literal\n a) del artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 000l - N\n de febrero 15 del 2000, el señor Ministro de Bienestar\n Social, delegó al señor Subsecretario General de\n Bienestar Social, la suscripción a su nombre de los actos,\n convenios o contratos en materias relacionadas con las actividades\n a su cargo;
Que, la Dirección de Asesoría\n Jurídica del Ministerio de Bienestar Social, mediante\n oficio No. 2870 - DAJ - CP - 2000, de diciembre 13 del 2000,\n emite informe favorable para la creación de la Unidad\n de Gestión para la Alimentación Comunitaria; y,
En uso de las atribuciones legales\n establecidas en el articulo 16 del Estatuto del Régimen\n Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.
Art. 1.- Crear la Unidad de Gestión\n para la Alimentación Comunitaria como departamento de\n la Dirección de Recursos Comunitarios con Las siguientes\n funciones:
a) Promocionar y ejecutar programas\n y proyectos de comedores comunitarios en coordinación\n con las organizaciones legalmente constituidas;
h) Instruir sobre los requisitos\n que deben cumplir las organizaciones comunitarias para instalar\n un comedor comunitario;
e) Promocionar en coordinación\n con la Dirección de Comunicación Social, los programas\n y proyectos de alimentación que ejecute esta Cartera de\n Estado;
d) Establecer registros y emitir\n informes semanales sobre el funcionamiento de los comedores comunitarios;
e) Supervisar, monitorear y evaluar\n el funcionamiento y beneficiarios de los comedores comunitarios;\n y,
f) Las demás funciones\n que asigne el Director de Recursos Comunitarios.
Art. 2.- Del cumplimiento del\n presente acuerdo encárguense las direcciones de Recursos\n Comunitarios, Financiera, Administrativa. Recursos Humanos.
El presente acuerdo entrará\n en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su\n publicación en el Registro Oficial.
Dado en la ciudad de San Francisco\n de Quito, Distrito Metropolitano. a 2 de enero del 2001.
EL MINISTRO DE\n ENERGIA Y MINAS
Que el numeral 6 del Art. 179\n de la Constitución Política de la República\n del Ecuador, dispone que corresponde a los ministros de Estado\n expedir las normas, acuerdos y resoluciones que requiere la gestión\n ministerial;
Que en el Suplemento del Registro\n Oficial No. 144 del 18 de agosto del 2000 se publicó la\n Ley para la Promoción de Inversiones y la Participación\n Ciudadana y en sus artículos 11 y en el literal a) del\n segundo artículo innumerado del Art. 45, Título\n 5, DL LAS REFORMAS A LA LEY DE MINERIA, se dispone que el Estado\n puede establecer el pago de tasas por los servicios de control,\n inspecciones, autorizaciones etc., así también\n dispone la recuperación de costos por la prestación\n de servicios institucionales de las dependencias del sector público\n minero;
Que la Subsecretaria de Minas\n del Ministerio de Energía y Minas, en la actualidad mantiene\n abierto al público un conjunto de productos y servicios\n generados por el Sistema de Administración de los Derechos\n Mineros (SADMIN), de la Dirección Nacional de Minería\n DINAMI y el Sistema de Información Minera (SIM) de la\n Dirección Nacional de Geología DINAGE;
Que es necesario optimizar la\n vida y utilidad de los equipos que se utilizan en el sector minero\n para la emisión de información y productos, mediante\n la autogestión, dejando de depender exclusivamente del\n presupuesto estatal que en muchas ocasiones son insuficientes\n o inexistentes;
Que es necesario regular la recuperación\n de costos para la administración minera, mediante el establecimiento\n de valores por los servicios y productos que se brindan y generan\n por parte de la DINAMI y DINAGE, como dependencias de la Subsecretaría\n de Minas; y,
En ejercicio de las facultades\n previstas en los artículos 11 y literal a) del segundo\n artículo innumerado del articulo 45 de la Ley para la\n Promoción de Inversiones y la Participación Ciudadana;\n y, 16 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo\n de la Función Ejecutiva,
Art. 1 Fijar los valores de los\n derechos que por concepto de servicios y productos generan las\n dependencias de la Subsecretaria de Minas de conformidad con\n las tablas de valores que se adjuntan y que forman parte del\n presente acuerdo.
Art. 2 Toda persona natural o\n jurídica que requiera servicios o productos, generados\n por el sistema de administración minera, pagará\n directamente en la cuenta corriente No. 0130988 - 9 del Banco\n del Pichincha que corresponde al Ministerio de Energía\n y Minas, el valor que para el efecto se fija en las tablas de\n valores adjuntas.
Unicamente el comprobante de\n pago dará lugar para que se entregue el producto o servicio\n respectivo.
Art. 3 Las dependencias administrativas\n de la Subsecretaría de Minas a cuyo cargo se encuentren\n los procesos de entrega de servicios y productos, remitirán\n diariamente a la Dirección Financiera del Ministerio de\n Energía y Minas un listado de los pagos recibidos señalando\n los servicios o productos solicitados, adjuntará una copia\n del comprobante de pago efectuado por el solicitante.
Art. 4 La Dirección Financiera\n sobre la base de la información proporcionada de las unidades\n administrativas de la Subsecretaría de Minas, presentará\n un informe mensual para conocimiento del Ministro de Energía\n y Minas, y luego de su consolidación anual la remitirá\n al Ministerio de Economía y Finanzas, para el registro\n correspondiente.
Art. 5 Unicamente las Direcciones\n Nacionales de Minería y Geología, respectivamente,\n serán los autorizados para entregar información\n impresa, la misma que puede ser en: disco flexible, disco compacto\n o mediante impresión gráfica, previo el pago de\n los valores que se encuentran determinados en las tablas adjuntas.
Art. 6 La Subsecretaría\n de Minas impartirá las instrucciones y disposiciones necesarias\n para el eficaz cumplimiento del presente acuerdo.
Art. 7 Los valores que por este\n acuerdo se fijan deberán ser revisados periódicamente\n si es que así las circunstancias lo ameritan.
Art. 8 El presente acuerdo entrará\n en vigencia a partir del 1 de enero del 2001.
Publíquese y cúmplase.\n - Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 29 de diciembre\n del 2000.
f.) Ing. Pablo Terán Ribadeneira,\n Ministro de Energía y Minas.
Quito, 2 de enero del 2001.
f.) Director General Administrativo.
DERECHOS POR SERVICIOS Y PRODUCTOS\n QUE REALIZA LA DIRECCION NACIONAL DE GEOLOGIA
(Anexo 12ENT1;6)
Es fiel copia del original. -\n Lo certifico. - Quito, 2 de enero del 2001. f.) Director General\n Administrativo.
No. JB - 2000 - 279
Que en el Subtítulo II\n "De la calificación de activos de riesgo y constitución\n de provisiones", del Título VII "De los activos\n y de los límites de crédito", de la Codificación\n de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Junta Bancaria,\n consta el Capítulo 1 "Calificación de activos\n de riesgo y constitución de provisiones por parte de las\n instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos";
Que es necesario reformar dicha\n norma;
Que de conformidad con lo dispuesto\n en el literal b) del artículo 177 de la Ley General de\n Instituciones del Sistema Financiero, la Junta Bancaria, en sesión\n celebrada el 21 de diciembre del 2000, aprobó la presente\n resolución; y,
En ejercicio de sus atribuciones\n legales,
Artículo 1. - Incluir\n en el literal c) del numeral 1.1 "Créditos comerciales",\n de la Sección II "Elementos de la calificación\n de activos de riesgo y su clasificación", del Capítulo\n I
"Calificación de\n activos de riesgo y constitución de provisiones por parte\n de las instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos",\n del Subtítulo II "De la calificación de activos\n de riesgo y constitución de provisiones", del Título\n VII "De los activos y de los límites de crédito",\n (página 105) de la Codificación de Resoluciones\n de la Superintendencia de Bancos y Junta Bancaria, los siguientes\n incisos:
"Para los casos contemplados\n en el inciso anterior, las instituciones del sistema financiero\n procederán a efectuar una revisión de los factores\n que determinan la calificación y una vez comprobada la\n existencia de garantías autoliquidables o liquidables\n a corto plazo, de acuerdo con las disposiciones constantes en\n el Capitulo 1 "Categorización y valoración\n de las garantías adecuadas", del Subtítulo\n IV "De las garantías adecuadas", de este título,\n solamente se constituirán provisiones por el valor no\n cubierto por esas garantías.
En todo caso, las instituciones\n del sistema financiero mantendrán las provisiones requeridas,\n de acuerdo con las normas contenidas en este capítulo,\n resultantes de su propio proceso de evaluación, de las\n operaciones homologadas. En ningún caso, se podrán\n reversar provisiones por efectos de la homologación.
Sin perjuicio de lo dispuesto\n en los incisos anteriores, las instituciones del sistema financiero,\n en los casos que registren operaciones activas y contingentes\n el deudor evaluado, mantendrán la calificación\n registrada en aquella institución que tenga el 30% o más\n del total de préstamos concedidos al deudor evaluado,\n cuando ésta sea peor que la que le haya asignado la institución\n del sistema financiero.".
Artículo 2. - La presente\n resolución entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial.
Comuníquese y publíquese\n en el Registro Oficial. - Dada en la Superintendencia de Bancos,\n en Quito, Distrito Metropolitano, a los veintiséis días\n del mes de diciembre del dos mil.
f.) Alejandro Maldonado García,\n Presidente de La Junta Bancaria.
Quito, Distrito Metropolitano,\n a los veintiséis días del mes de diciembre del\n dos mil.
f.) Pablo Cobo Luna, Secretario\n de La Junta Bancaria.
f.) Dr. Julio Maya Rivadeneira,\n Secretario General.
3 de enero del 2000.
N0 333 - 2000
ACTOR: Agustín\n Lozano Neira.
DEMANDADO: I.\n Municipalidad de Guayaquil.
CORTE SUPREMA\n DE JUSTICIA TERCERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL
Quito, a 30 de\n noviembre del 2000; a las 11h30.
VISTOS: En el juicio verbal sumario\n de trabajo seguido por Agustín Lozano Neira en contra\n de la 1. Municipalidad de Guayaquil, en las interpuestas personas\n de sus representantes legales, Ing. León Febres Cordero\n Rivadeneira y Dr. Gerardo Wong Monroy. Alcalde y Procurador Sindico.\n respectivamente, las partes inconformes con la sentencia expedida\n por la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil,\n que reforma el fallo dictado en primer nivel, que declaró\n parcialmente con lugar la demanda, dentro de término interponen\n recurso de casación. Admitido a trámite los recursos\n y elevados los autos a esta Tercera Sala de lo Laboral y Social\n de la Corte Suprema de Justicia, en virtud del sorteo de ley\n y encontrándose la causa en estado de resolver, para hacerlo,\n se considera: PRIMERO. - Esta Sala es competente para conocer\n y decidir los recursos en mención en virtud de lo previsto\n por el Art. 200 de la Constitución Política de\n la República, publicada en el Registro Oficial N0 1 de\n 11 de agosto de 1998 y Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.\n - El actor indica que las normas de derecho que se estiman infringidas,\n por falta de aplicación son: El Art. 35, numerales 3 y\n 6 de la Constitución Política de la República;\n los Arts. 5, 6, 7, 185, 188, 586, 590 y 593 del Código\n del Trabajo; los Arts. 121, 168, 169, 211, 212 y 278 del Código\n de Procedimiento Civil; Duodécimo Contrato Colectivo,\n Vigente a la fecha del despido. Fundamente su recurso en las\n causales uno y dos del Art. 3 de la Ley de Casación. En\n síntesis el recurrente afirma que el recurso de casación\n se contrae a establecer que el Tribunal de Alzada "no han\n tomado en cuenta para nada las imbatibles pruebas de instrumentos\n públicos por las disposiciones expresas y claras de las\n normas legales invocadas"; así como por no haberse\n valorado ni apreciado correctamente la prueba, al tenor de lo\n dispuesto en el Art. 119 del mismo Código Adjetivo Civil.\n De su parte la demandada y también recurrente en su escrito\n de interposición del recurso de casación constante\n de fs. 19 a 27 del cuaderno de segunda y última instancia\n afirma que las normas de derecho infringidas por el Tribunal\n ad - quem al dictar la sentencia, materia de casación\n son: Arts. 8, 17, 18, 20, 181, 185, 188 y 189 del Código\n del Trabajo; Arts. 58 y 382 de la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control; Art. 76 de la Ley de Régimen Municipal;\n Arts. 21 y 22 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.\n y estos mismos artículos del reglamento general de la\n mencionada ley; Art. 119 del Código de Procedimiento Civil.\n Fundamente su recurso en la causal uno, pero no determina a qué\n artículo de la Ley de Casación se refiere, deduciéndose\n de su contexto que se trate del Art. 3 de la ley de la materia.\n En. síntesis, fundamente su recurso en la apreciación\n que de aceptarse la existencia de la relación laboral\n entre actor y demandado, la sentencia recurrida inobservó\n normas expresas: unas, relativas a la forma del contrato de trabajo,\n otras, a los requisitos administrativos que deben cumplirse para\n contraer obligaciones con cargo a los presupuestos municipales\n Y por ende, a las consecuencias jurídicas que se derivarían\n del incumplimiento de tales requisitos. TERCERO. - La Sala cumpliendo\n con la obligación de examinar exhaustivamente la sentencia\n con el escrito de interposición del recurso de casación,\n hace las siguientes consideraciones: a) El actor, para probar\n el despido intempestivo, fundamentalmente recurrió a la\n prueba testimonial, formulando para el efecto el interrogatorio\n que obra a fs. 16 del cuaderno de primer nivel, al que debían\n responder, los testigos que comparecieron a la evacuación\n de esta diligencia; b) En autos, a fs. 36 y 36 vta., aparecen,\n en su orden, los testimonios rendidos por Diego Enrique Pineda\n Alvarado y Luis Gregorio Pineda Jaime, quienes al responder a\n la pregunta 3 en el caso del primer testigo, dice: "porque\n yo pasaba en el momento comprando material y vi el problema va\n que era público y notorio como los trabajadores protestaban\n y vi al señor Agustín Lozano porque él era\n amigo mío"; y, al contestar a la pregunta N0 4 del\n interrogatorio manifiesta: "yo pasaba en el momento que\n los trabajadores protestaban y fue notorio y público y\n era amigo mío el señor Agustín Lozano donde\n comentaba el problema que ya había presenciado";\n y, en tratándose del segundo testigo y al contestar a\n las preguntas 3 y 4, respectivamente, dice: "si es verdad"\n "yo trabajo de mecánico y salgo a comprar los repuestos\n en esos momentos me parquee y vi cualquier cantidad de gente\n y por curiosidad me acerqué y me encontré con el\n señor Agustín Lozano y muchos compañeros\n de él que estaba ahí y al ver ese problema me decidí\n ir a ver uno de los hijos del mencionado y después me\n retiré á seguir mi trabajo"; c) Sobre estas\n preguntas cabe señalar que las mismas no cumplen con lo\n preceptuado en el Art. 225 del Código de Procedimiento\n Civil que dispone imperativamente que cada pregunta contendrá\n un solo hecho, pues fácilmente se advierte en los textos\n transcritos que en cada uno de ellos se averigua e inquiere por\n al menos cuatro hechos, lo que por sí, le resta eficacia\n probatoria a las atestaciones de la referencia; d) Además,\n al dar la razón de sus dichos, la respuesta que formulan\n cada uno de los testigos peca de vaga, genérica. referencial\n o por enunciar criterios o apreciaciones subjetivas, notándose\n el esfuerzo hecho por colaborar con quien le pregunta en lo que\n pretendía demostrar, como por ejemplo ocurre, con lo que\n expresan los testigos mencionados que ni siquiera dan razón\n de sus dichos; y, e) Las reflexiones anteriormente mencionadas\n permiten establecer que se infringió la ley por parte\n del Tribunal de Alzada al estimar que los testimonios obrantes\n en el proceso, tiene la fuerza probatoria suficiente para acreditar\n el hecho del despido. Por otro lado, la accionada alega en su\n escrito que no existió relación laboral y que se\n ha infringido el Art. 8 del Código del Trabajo. En el\n proceso aparecen. entre otros instrumentos, los roles de pago\n a fs. 43 - 46 del cuaderno de primer nivel, así como copia\n del carnet de afiliación al IESS, a fs. 46 del cuaderno\n de primera instancia, de lo que se desprende que el accionante\n prestó sus servicios en el Municipio de Guayaquil, en\n calidad de Jornalero del Departamento de Aseo de Calles. En consecuencia,\n hubo relación laboral, pues se cumplieron los requisitos\n puntualizados por el Art. 8 del Código del Trabajo. La\n existencia de esta relación no depende del cumplimiento\n de ciertas formalidades especialmente si tomamos en cuenta lo\n dispuesto en el Art. 40 del Código del Trabajo, de manera\n que el Tribunal de Alzada obró conforme a derecho al declarar\n que el actor era efectivamente trabajador del Municipio de Guayaquil,\n a base de los instrumentos que obran de fs. 43 a 46, por los\n cuales se consideró probada las circunstancias constitutivas\n de la relación laboral. No ha habido pues inobservancia\n de los Arts. 18, 19 y 21 de la actual Codificación del\n Código del Trabajo, pues estos artículos tienen\n relación precisamente con el contrato de trabajo. Habiendo\n existido contrato de trabajo, no pudo producirse la violación\n de los Arts. 58 y 382 de la Ley Orgánica de Administración\n Financiera y Control, por lo previsto en el inciso final del\n vigente Art. 22 de la Constitución Política de\n la República, y en definitiva, porque las especificidades\n jurídicas del contrato de trabajo, no cambian por la circunstancia\n de que la empleadora sea una institución del sector público,\n advirtiendo que los requisitos de orden administrativo que la\n ley establece para poder contratar, son obligaciones a cargo\n del empleador Y su incumplimiento no puede perjudicar al trabajador,\n que como tal, está protegido por la legislación\n laboral, por mandato de la Constitución y de la ley, sin\n que haya, por lo mismo, la inobservancia de la ley que en el\n recurso se alega. El Art. 9 del Código del Trabajo contiene\n el concepto de lo que se debe entender por trabajador, y la posición\n del accionante es justamente ésa, por lo que mal puede\n estimarse por la recurrente que hay violación de los Arts.\n 21 y 22 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos\n y' de las disposiciones correlativas de su reglamento. De otro\n lado, en lo concerniente al despido intempestivo que la mayoría\n de la Sala de Alzada estima que ha existido, este Tribunal considera\n que tal apreciación es equivocada, puesto que aquél\n es un hecho que acaece en un momento y en un lugar determinado\n y por tal razón, debe ser debidamente probado. como acertadamente\n se expresa en el voto salvado que obra de fs. 14 a 14 vta, del\n cuaderno de segunda instancia, sin que de los autos examinados\n se desprenda esta conclusión. desechándose la reclamación\n planteada en torno al despido intempestivo. CUARTO. - En la especie\n y del análisis efectuado se concluye que en la sentencia\n expedida por el Tribunal ad - quem no hay una acertada y coherente\n aplicación de las normas legales pertinentes contempladas\n tanto en el Código del Trabajo, como en el Código\n de Procedimiento Civil y otras leyes. Sobre la base de las consideraciones\n expuestas, esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA\n REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa parcialmente la sentencia\n del Tribunal de Apelación y se ordena que la demandada\n pague al actor únicamente los valores ordenados en la\n sentencia dictada por el Juez a - quo, quien hará la liquidación\n pertinente, sin intervención de perito. Notifíquese\n y devuélvase. Publíquese en el Registro Oficial,\n conforme lo ordena el Art. 1 9 de la ley de Casación.
Fdo.) Dres. Angel Lescano Fiallo,\n Nicolás Castro Patiño y Jorge Ramírez Alvarez,\n Ministros Jueces.
f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre,\n Secretario Relator.

References: artículo 46
 artículo 16

Artículo 1

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6
 artículo 42

Artículo 7

Artículo 8
 artículo 81
 artículo 16
 artículo 124
 artículo 1
 artículo 16
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 23
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 177

Artículo 1

Artículo 2
 resolución