Source: https://tc.vlex.es/vid/87-2002-23838967
Timestamp: 2020-07-05 02:54:49+00:00

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STC 117/2006, 24 de Abril de 2006 - Jurisprudencia - VLEX 23838967
Número de Recurso: 87-2002
Recurso de amparo 87-2002. Promovido por don J.Á., en representación de su hijo menor de edad, frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca que revocó parcialmente la pronunciada por un Juzgado de Instrucción en juicio de faltas por atropello. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad en la aplicación de la ley y a la tutela judicial efectiva: trato igual de supuestos diferentes; sentencia de apelación que aplica motivadamente y sin error patente ni irrazonabilidad el baremo legal de lesiones de tráfico al cuantificar la indemnización del hijo de un primer matrimonio.
Sentencia citada en: 255 sentencias, 8 artículos doctrinales, una resolución administrativa
STC 117/2006, de 24 de abril de 2006
En el recurso de amparo núm. 87-2002, promovido por don J.Á. (quien actúa como representante legal de su hijo menor de edad, don Daniel Sastre Rubio), representado procesalmente por la Procuradora de los Tribunales doña María Isabel Torres Ruiz y asistido por el Abogado don José Luis del Rey García, contra la Sentencia núm. 169/2001, de 23 de noviembre de 2001, dictada en apelación por la Audiencia Provincial de Salamanca, rollo núm. 163-2001, revocando parcialmente la Sentencia núm. 65/2001, de 31 de julio de 2001, pronunciada en primera instancia por el Juzgado de Instrucción núm. 5 de Salamanca en los autos de juicio de faltas núm. 52-2001. Ha sido parte la entidad mercantil Munat Seguros y Reaseguros, S.A., representada por la Procuradora de los Tribunales doña María Dolores Maroto Gómez y asistida por el Letrado don Emilio Pérez Rodríguez. Ha intervenido, asimismo, el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 8 de enero de 2002, la Procuradora de los Tribunales doña María Isabel Torres Ruiz, en nombre y representación de don J.Á. (quien actúa, a su vez, como representante legal de su hijo menor de edad, don Daniel Sastre Rubio), interpuso demanda de amparo contra la Sentencia núm. 169/2001, de 23 de noviembre de 2001, de la Audiencia Provincial de Salamanca, referida en el encabezamiento.
Los fundamentos de hecho de la demanda son, en esencia, los siguientes:
El día 30 de diciembre de 2000 doña María Concepción Rubio López sufrió un atropello por un turismo conducido por don José Gómez Rodríguez, que le provocó la muerte instantánea. A resultas de estos hechos se tramitó en el Juzgado de Instrucción núm. 5 de Salamanca el juicio de faltas núm. 52-2001.
El citado órgano judicial dictó la Sentencia núm. 65/2001, de 31 de julio de 2001, en la que se fijan como hechos probados, en lo que aquí interesa, los siguientes: “Que sobre las 23:10 horas del día 30 de diciembre del año 2000, José Gómez Rodríguez, circulaba con luces de cruce y a unos 100 kilómetros/hora conduciendo el vehículo turismo M-9038-KK, con autorización de su propietaria, Alicia Vicente Sánchez, esposa del anterior, por la carretera SA-300, sentido Ledesma, cuando a la altura del Km. 7,425, atropelló a María Concepción Rubio López, que transitaba por el lado derecho de la calzada, y sin ropas reflectantes. El atropello se produjo con el ángulo anterior derecho, y como consecuencia del mismo, la peatón citada cayó sobre el vehículo golpeándose con el capot y luna delantera; por el fuerte impacto la peatón se decapita, muriendo en el acto. … El vehículo antes referido, se hallaba asegurado con póliza vigente en la Compañía de Seguros Munat. María Concepción Rubio López tenía al momento de su fallecimiento 29 años de edad y un hijo de 12 años. Estaba separada judicialmente de su marido J.Á., padre del citado niño, desde 1992, y había contraído nuevo matrimonio con Francisco Antonio Tapia Bernardo el día 3 de diciembre de 1999, matrimonio que fue declarado nulo mediante Sentencia de fecha 26 de junio de 2001, dictada por el Juzgado de 1ª Instancia núm. 8 de Salamanca. Asimismo, la fallecida era hija de Licinio Rubio Pérez e Isabel López Navarro, padres además de otros dos hijos, mayores de edad e independientes económicamente”.
Esta resolución judicial condena, en su fallo, a don José Gómez Rodríguez “como autor responsable de una falta de imprudencia leve con resultado de homicidio del art. 621.2 [y] 4 del Código Penal, a la pena de dos meses de multa a razón de dos mil pesetas día, con arresto sustitutorio en caso de impago [,] privación del permiso de conducir por tiempo de ocho meses, a que indemnice en concepto de responsabilidad civil de forma conjunta y solidaria con la Compañía de Seguros Munat y con responsabilidad civil subsidiaria de la propietaria del vehículo Alicia Vicente Sánchez con las siguientes cantidades: A Francisco Antonio Tapia Bernardo como segundo esposo de la fallecida María Concepción Rubio López, 12.816.204 ptas. en concepto de indemnización. A Daniel Sastre Rubio, como único hijo de la fallecida, la cantidad de 14.952.238 ptas. (en la persona de su representante legal, su padre, J.Á.). A Lucinio Rubio Pérez e Isabel López Navarro, como padres de la fallecida, con la cantidad a cada uno de ellos de 1.068.017 ptas. en concepto de indemnización como perjudicados. Las cantidades indicadas como indemnizaciones a los perjudicados devengarán los intereses legales arriba indicados. Asimismo se condena al pago de las costas del presente juicio a los condenados”.
La compañía de seguros Munat interpuso recurso de apelación contra la referida resolución judicial basado en tres motivos: 1) “la no apreciación adecuada de concurrencia de culpas o causas que provocaron el accidente a que se contrae este juicio”; 2) la aplicación errónea del baremo “establecido en la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor 30/95; en razón de que la [resolución] recurrida de modo impropio hace entrar en juego simultáneamente el Grupo I y II de la Tabla I —Indemnizaciones básicas por muerte—, que, como todos los figurados en esa tabla por grupos [,] son excluyentes entre sí, según la referencia inicial de la indicada tabla; de forma que aplicado un Grupo, no podrá acudirse a otro diferente para fijar las indemnizaciones de cada beneficiario-perjudicado”; y 3º) la condena indebida al pago de los intereses del art. 20 LCS.
Este recurso fue parcialmente estimado (en concreto el segundo motivo de apelación señalado) por la Sentencia núm. 169/2001, de 23 de noviembre de 2001, de la Audiencia Provincial de Salamanca. En el fallo de esta resolución judicial se revoca la Sentencia de primera instancia “al exclusivo fin de fijar la indemnización que corresponde al menor, único hijo de la fallecida, Daniel Sastre Rubio, en la cantidad de 5.340.085 pesetas, que percibirá en la persona del representante legal, su padre, J.Á.”. Las razones de estimación de este recurso se expresan en los fundamentos de derecho tercero y cuarto de la Sentencia de apelación, que, en lo que aquí interesa, indican:
el sistema de indemnizaciones por muerte, según la Tabla I del baremo integrado en el Anexo de la Ley 30/95 aquí aplicable, contiene un censo de perjudicados, caracterizado por la taxatividad y por el carácter absolutamente excluyente de cada uno de los grupos que contempla en relación con los ulteriores. Lo primero que habrá de establecerse es la existencia del perjudicado principal; en este caso si existe o no cónyuge con derecho a ser incluido como tal en el Grupo I. Así debe entenderse con relación al segundo de los maridos de la fallecida Francisco Antonio Tapia Bernardo, pues si bien es cierto que ese matrimonio ha sido declarado nulo por sentencia, a incitación del Fiscal —al resultar tan incomprensible como cierto que tan referida víctima Mª Concepción Rubio López no era libre para ello y sí sólo separada legalmente del marido anterior, padre de su hijo, pero no divorciada—; dicha sentencia que así lo declara reputa como cónyuge de buena fe al reseñado Francisco Antonio Tapia, y en situación formalmente matrimonial con la víctima se hallaba a la fecha del accidente que nos ocupa; lo que proyecta todos sus efectos, conforme al art. 79 CC al considerarlo como tal, entre los que evidentemente se encuentran los correlativos a esa condición de cónyuge sobreviviente en este caso; con la consecuencia de que deba encuadrarse dicha situación en el Grupo I, ‘víctima con cónyuge no separado legalmente’ al tiempo del accidente; ello en cuenta además de que la convivencia de un matrimonio —como la buena fe en los casos de nulidad—, se presume de principio en cualquier unión conyugal por su propia esencia, aunque haya estado interrumpida como aquí sucede, por encontrarse el interesado en prisión, pues tal circunstancia no supone un cese de convivencia en sentido estricto, voluntaria sino obligada y transitoria, pero no verdadera ruptura de la comunión matrimonial, según se refleja aquí por las numerosas cartas, visitas íntimas y llamadas telefónicas que refiere el Centro Penitenciario; y así continuó al salir de la cárcel, aun cuando no se haya esclarecido el lugar o vivienda, si la tuvieren, que les sirvió a tal fin, antes de que se declarara nulo el matrimonio
(FD 3).
Sentado lo anterior, y así el Grupo que corresponde aplicar a los efectos indemnizatorios, que no es otro que el I de víctima con cónyuge; los demás perjudicados con derecho a indemnización en este caso serán el hijo menor de la víctima de su anterior matrimonio, Daniel Sastre Rubio [,] y los padres de la misma; sin que pueda transvasarse la ubicación, a los supuestos y contenidos [en] el Grupo II, en que los mismos perjudicados se contemplan a partir del epígrafe —víctima sin cónyuge—. Todo ello por muy loable que sea la intención de amparar con una indemnización más importante a ese hijo menor —principal afectado por la muerte de la madre—, pues el Baremo y Anexo de la Ley 30/95, de forma expresa y taxativa, no lo permite. Se podrá argumentar sobre el engarce de cada perjudicado en uno u otro Grupo; pero una vez delimitado, tomar para cada uno de los comprendidos en el que corresponde al principal, otro Grupo distinto a los efectos indemnizatorios, supone en el estado actual de la norma un quiebro generalizado de las previsiones más estrictas, que al juzgador no le es dado en tanto no se legisle en ese sentido y posibilidad. Reflexión a la que no empece la sentencia del T.S. 5-7-99, traída a colación, pues [,] aparte de ser la única, puede responder como se deduce de su lectura a un supuesto ‘muy especial’ y casuística concreta que aquí no coincide. Es por ello conforme lo argumentado que al marido de buena fe, como cónyuge sobreviviente de la víctima [,] le corresponderá la indemnización del Grupo I, ya otorgado en su contenido numérico —con aplicación del factor de corrección y degradación pertinente de culpa por la recurrida—; y al hijo menor la indemnización establecida en ese mismo Grupo, que representa en todo caso una cantidad igual a la percibida si sus padres no estuvieran separados; pues fijar la cantidad que le asigna el Grupo II, implicaría [,] además de la vulneración normativa que se comenta, un exceso en perjuicio del deudor obligado al pago, como señala la sentencia del T.S. a que se ha hecho mérito
(FD 4).
Mediante Auto de 11 de diciembre de 2001, el Juzgado de Instrucción núm. 5 de Salamanca declaró la firmeza de la meritada Sentencia de apelación.
La parte recurrente en amparo considera que la Sentencia núm. 169/2001, de 23 de noviembre de 2001, de la Audiencia Provincial de Salamanca, lesiona tanto su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) como el principio de igualdad (art. 14 CE).
La vulneración del art. 24.1 CE se habría materializado al incurrir la resolución judicial impugnada “en un error material patente y manifiesta irrazonabilidad lógica en cuanto a la aplicación del Anexo de la Ley 30/1995, puesto que, por un lado, se afirma con rotundidad que el hijo menor es el ‘principal afectado por la muerte de la madre’, y ello se hace teniendo en cuenta las circunstancias particulares del supuesto que nos ocupa, porque si no, no tendría sentido valorar quién es el más afectado, siendo la propia Ley 30/1995 la que al establecer los perjudicados y las cantidades a indemnizar entiende quiénes son, siempre por regla general, los más afectados o perjudicados. Y por otro, mediando error patente e irrazonabilidad manifiesta, no se aplica dicha norma teniendo en cuenta la especialidad y excepcionalidad del supuesto concreto que por otro lado se reconoce, debiendo aplicar el apartado 1.7 del propio Anexo de la Ley 30/1995 … y los elementos de integración (analogía) que el ordenamiento jurídico ofrece para amparar debidamente tal perjuicio, toda vez que al
cónyuge putativo’ (por deducción lógica considerado como no principal afectado) se le reconoce una indemnización muy superior (casi el triple)”. En este orden de ideas, sostiene la demanda de amparo que, en el caso enjuiciado en la vía judicial previa, los intereses del marido putativo y los del hijo procedente de su matrimonio inicial son absolutamente independientes, por lo que resulta evidente “que tal supuesto fáctico no se halla previsto expresa y taxativamente en la Ley 30/1995, y totalmente erróneo que los términos de la misma impidan aplicar la previsión expuesta en el apartado 1.7 del denominado baremo ante la ‘posible existencia de circunstancias excepcionales’, así como los términos de la analogía. Más bien en el presente caso: ‘Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón’”. En definitiva, la “aplicación estricta y automática del baremo contenido en la Tabla I del Anexo ha impedido la indemnización que correspondía a la integridad de los daños causados en atención a las circunstancias personales y familiares del recurrente”, lo que supone “una dejación de la función jurisdiccional”, siendo ésta, además, una actuación incompatible con el art. 39.2 CE, con las previsiones establecidas en los convenios internacionales con respecto a los menores y con los principios rectores de la acción administrativa en materia de menores recogidos en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor.
Una vez recibidos los testimonios de las actuaciones judiciales correspondientes al juicio de faltas núm. 52-2001 y al rollo de apelación núm. 163-2001, remitidos, a requerimiento de este Tribunal, por el Juzgado de Instrucción núm. 5 de Salamanca y por la Audiencia Provincial de Salamanca, respectivamente, la Sección Segunda de este Tribunal dictó providencia el 13 de octubre de 2004 acordando la admisión a trámite de la demanda de amparo presentada por la representación procesal del ahora recurrente. En esta providencia se dispuso también que se dirigiese atenta comunicación al referido Juzgado de Instrucción, a fin de que, en el plazo de diez días, se emplazase a quienes hubieran sido parte en el meritado juicio de faltas (con excepción de la recurrente en amparo) para que, en el plazo de diez días, pudieran comparecer en este proceso constitucional, con traslado a dichos efectos de copia de la demanda presentada.
Mediante diligencia de ordenación de 9 de diciembre de 2004, la Secretaría de la Sala Primera de este Tribunal acordó, en primer lugar, tener por recibido testimonio de los emplazamientos remitidos por el Juzgado de Instrucción núm. 5 de Salamanca; en segundo lugar, tener por personado y parte en el presente proceso constitucional a la Procuradora de los Tribunales doña María Dolores Maroto Gómez, en nombre y representación de Munat Seguros y Reaseguros, S.A.; y, en tercer lugar, dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas en este recurso y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, dentro de los cuales podrían formular las alegaciones que estimaren pertinentes, conforme determina el art. 52 LOTC.
El Fiscal interesó, a través de escrito presentado el 17 de enero de 2005 en el Registro General de este Tribunal, el otorgamiento del amparo solicitado por la parte recurrente, declarando, en consecuencia, la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), y anulando la Sentencia de apelación impugnada en amparo.
La representación procesal de Munat Seguros y Reaseguros, S.A., se opuso, mediante escrito registrado en este Tribunal el 17 de enero de 2005, al otorgamiento del amparo solicitado. En apoyo de su pretensión, descarta que la Sentencia de apelación vulnere, en modo alguno, ni el derecho a la tutela judicial efectiva de la parte actora ni el principio de igualdad.
Por providencia de 20 de abril de 2006, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 24 del mismo mes y año, trámite que ha finalizado en el día de hoy.
La queja de amparo imputa a la Sentencia núm. 169/2001, de 23 de noviembre de 2001, dictada en apelación por la Audiencia Provincial de Salamanca la lesión del derecho a la igualdad en la aplicación jurisdiccional de la ley (art. 14 CE) y, asimismo, del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Planteado en estos términos el debate en el presente proceso constitucional de amparo, debemos analizar en primer lugar la queja referida a la vulneración del principio de igualdad en su dimensión de igualdad en la aplicación jurisdiccional de la Ley.
La igualdad constitucionalizada en el art. 14 CE es “la que impone que ante situaciones no disímiles la norma debe ser idéntica para todos, comprendiéndolos en sus disposiciones y previsiones con la misma concesión de derechos que eviten las desigualdades”, por lo que, realmente, “lo que este precepto constitucional impide es la distinción infundada o la discriminación” (SSTC 75/1983, de 3 de agosto, FJ 2; y 88/2001, de 2 de abril, FJ 2; por todas).
El sistema de baremo introducido por la Ley 30/1995, con el objeto de resarcir los daños originados como consecuencia de la circulación de vehículos a motor, es acorde con el principio de igualdad, puesto que el mismo, según hemos resuelto en la STC 181/2000, de 29 de junio, FJ 11, “no se ha articulado a partir de categorías de personas o grupos de las mismas, sino en atención exclusivamente al específico ámbito o sector de la realidad social en que acaece la conducta o actividad productora de los daños. Se opera así en función de un elemento objetivo y rigurosamente neutro, que explica por qué esa pluralidad de regímenes jurídicos especiales [además del que ahora nos ocupa, otros que la propia Sentencia cita, como el de la seguridad aérea, la nuclear, la protección de los consumidores y usuarios, etc.] se aplica por igual a todos los ciudadanos, es decir, a todos los dañados, sin que implique, directa o indirectamente, un menoscabo de la posición jurídica de unos respecto de la de otros”. Precisa esta misma STC 181/2000, a continuación, “que, con independencia del grado de acierto de esa decisión del legislador, la regulación legal se aplica por igual a todas las personas y en todas las circunstancias, sin que se constate la presencia de factores injustificados de diferenciación entre colectivos diversos” (FJ 11).
Resulta ajena, sin embargo, y tal y como ya se ha avanzado, al núcleo de protección del art. 14 CE la denominada “discriminación por indiferenciación”. Hemos señalado, en efecto, que el principio de igualdad “no consagra un derecho a la desigualdad de trato (STC 114/1995, de 6 de julio, FJ 4), ni ampara la falta de distinción entre supuestos desiguales, por lo que no existe ‘ningún derecho subjetivo al trato normativo desigual’ (STC 16/1994, de 20 de enero, FJ 5)” (SSTC 181/2000, de 29 de junio, FJ 11; 88/2001, de 2 de abril, FJ 2; 257/2005, de 24 de octubre, FJ 4; por todas).
Descartada la vulneración del derecho a la igualdad, debemos analizar ahora la queja constitucional relativa a la lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, al incurrir eventualmente la Sentencia de apelación “en un error material patente y manifiesta irrazonabilidad lógica”.
La aplicación de esta doctrina constitucional a este caso concreto exige un breve recordatorio, en lo que resulta esencial para la resolución del presente recurso de amparo, de los hechos enjuiciados en la vía judicial previa, así como de los criterios jurídicos utilizados por el órgano judicial de apelación para dictar la Sentencia ahora cuestionada: 1) doña María Concepción Rubio López, víctima del accidente de tráfico que está en el origen de este proceso constitucional de amparo, contrajo matrimonio con don J.Á.; 2) De esta unión matrimonial nació un hijo, don Daniel Sastre Rubio; 3) Los referidos cónyuges se separaron judicialmente en 1992, pero en ningún momento se disolvió legalmente su vínculo matrimonial; 4) No obstante, la víctima contrajo un segundo matrimonio en 1999 con don Francisco Antonio Tapia Bernardo; 5) A pesar de que este último matrimonio fue declarado nulo, a instancia del Ministerio Fiscal, mediante Sentencia de 26 de junio de 2001, del Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de Salamanca, esta resolución judicial, sin embargo, “reputa como cónyuge de buena fe al reseñado Francisco Antonio Tapia, y en situación formalmente matrimonial con la víctima se hallaba a la fecha del accidente que nos ocupa” (esto es, el 30 de diciembre de 2000), según se recoge en el fundamento de Derecho 3 de la Sentencia de apelación; 6) A partir de estos hechos básicos, la Audiencia Provincial de Salamanca considera: que, dado que la víctima del accidente ha fallecido, resulta de aplicación la tabla I (relativa a las “Indemnizaciones básicas por muerte”) del baremo establecido por el anexo de la Ley 30/1995; que, dentro de esta tabla I, y partiendo de la obligatoriedad del baremo para los órganos judiciales, debe aplicarse el grupo I (referido a los supuestos de víctima con cónyuge no separado legalmente al tiempo del accidente) para el cálculo de todas las indemnizaciones (pues la víctima tenía legalmente un cónyuge de buena fe —don Francisco Antonio Tapia), esto es, tanto para la correspondiente al cónyuge putativo, como para la que debe ser otorgada al hijo de la víctima proveniente del primer matrimonio. El órgano judicial indica que, dado el carácter excluyente de los distintos grupos de la tabla I, no procede la aplicación del grupo I (relativo, como ya hemos dicho, a los supuestos de víctima con cónyuge no separado legalmente al tiempo del accidente) para indemnizar al marido putativo, y del grupo II para indemnizar al hijo del primer matrimonio (referido a los casos de víctima sin cónyuge y con hijos menores, equiparándose a la ausencia de cónyuge, y en lo que aquí interesa, la separación legal).
Resulta claro, ya en este punto, que debe rechazarse la queja relativa a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por el “error material patente” que se imputa en este proceso constitucional a la Sentencia de apelación cuestionada en amparo.
Resta por analizar, en último lugar, la queja relativa a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva también imputada a la resolución judicial impugnada en amparo, al incurrir la misma en una eventual irrazonabilidad lógica manifiesta. Esta queja constituye, sin duda, el núcleo central del presente recurso de amparo.
A pesar de las alegaciones de la parte recurrente, apoyadas por el Fiscal, que lo que realmente plantean es una contraposición de pareceres interpretativos en relación a cómo debe indemnizarse en el caso enjuiciado al hijo menor de la víctima cuando existe un “segundo” marido (o, de una manera más general si se quiere, a cómo deben indemnizarse los hijos de un primer matrimonio cuando —tras haberse quebrado este vínculo a través, por ejemplo, de divorcio— existe un segundo cónyuge con el que no conviven los hijos del primer matrimonio), lo cierto es que el razonamiento jurídico de la Sentencia cuestionada en amparo no resulta ni arbitrario ni irrazonable. Y es que, ciertamente, la argumentación judicial puesta en entredicho no es, por un lado, fruto del mero voluntarismo judicial, pues tiene como base una normativa jurídica que es la aplicable para el cálculo de las indemnizaciones por los daños causados a consecuencia de accidentes de circulación que no tienen su origen en un delito doloso (es decir, el baremo establecido en el anexo de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor) que, según nuestra doctrina, “tiene carácter vinculante para los órganos judiciales” [SSTC 222/2004, de 29 de noviembre, FJ 3 a); 231/2005, de 26 de septiembre, FJ 4; ó STC 5/2006, de 16 de enero, FJ 3], disponiendo el legislador “de plena legitimidad constitucional para regular tal sistema con ‘la densidad normativa’ que estime oportuna ‘en lo que atañe a la valoración y cuantificación de los daños personales’ habida cuenta de la
libertad de configuración’ de que dispone” (SSTC 190/2005, de 7 de julio, FJ 2; y 274/2005, de 7 de noviembre, FJ 2); ni dicha argumentación es, por otro lado, expresión de un proceso deductivo irracional o absurdo que, “a primera vista y sin necesidad de mayor esfuerzo intelectual y argumental”, parta de premisas inexistentes o manifiestamente equivocadas o presente “quiebras lógicas de tal magnitud que las conclusiones alcanzadas no puedan considerarse basadas en ninguna de las razones aducidas” en la fundamentación de la resolución judicial (SSTC 151/2001, de 2 de julio, FJ 5; 164/2002, de 17 de septiembre, FJ 4; y 277/2005, de 7 de noviembre, FJ 4), quedando —por el contrario— bien patente en la motivación de la Sentencia impugnada la lógica de dicho proceso argumentativo.
Las consideraciones que anteceden nos llevan a concluir que la Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca recurrida en amparo no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, dado que es una resolución judicial motivada, congruente y fundada en Derecho, sin incurrir ni en arbitrariedad, ni en irrazonabilidad lógica, ni tampoco en error patente, y todo ello con independencia de su mayor o menor grado de acierto desde una perspectiva jurídica —sobre lo que no procede ningún tipo de pronunciamiento de este Tribunal (SSTC 42/2003, de 3 de marzo, FJ 9; ó 191/2005, de 18 de julio, FJ 4)— y de que, eventualmente, fuesen posibles otras interpretaciones de la legalidad ordinaria distintas a la efectuada por el órgano juzgador en el ejercicio de la función de juzgar y ejecutar lo juzgado, que está constitucionalmente atribuida a los Jueces y Tribunales (art. 117.3 CE), con carácter exclusivo (STC 230/2005, de 26 de septiembre, FJ 5; y todas las allí citadas).
Denegar el recurso de amparo interpuesto por don J.Á., quien actúa como representante legal de su hijo don Daniel Sastre Rubio.
SAN, 22 de Febrero de 2002
STSJ Castilla y León 1057, 13 de Marzo de 2006
SAP Valencia 10/2019, 9 de Enero de 2019

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