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Timestamp: 2019-10-19 10:16:12+00:00

Document:
STC 128/1989, 17 de Julio de 1989 - Jurisprudencia - VLEX 15034260
STC 128/1989, 17 de Julio de 1989
Fecha de Resolución: 17 de Julio de 1989
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 816/1987
1. Es doctrina consolidada de este Tribunal que, aunque la Constitución configura la indemnización por error judicial o por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia como un derecho, no lo ha configurado como un derecho fundamental (sin perjuicio de que pueda constituir una forma de reparación, caso de vulneración de los derechos reconocidos en el art. 24 C.E.), lo que hace imposible, de conformidad con lo dispuesto en el art. 53 C.E., su alegación y resolución en esta vía de amparo de forma autónoma e independiente a la infracción de algún derecho fundamental. 2. La sucesión de normas, conforme ha afirmado este Tribunal, no puede hacerse equivaler a una desigualdad de trato temporal ni constituye, en sí misma, infracción del art. 14 C.E. 3. Suscitar la cuestión de constitucionalidad es prerrogativa exclusiva e irreversible del órgano judicial, el cual, por el mero hecho de no plantearla y aplicar la Ley que no estima inconstitucional o no aplicar una Ley con efectos retroactivos, no lesiona, en principio, derecho fundamental alguno.
Sentencia citada en: 330 sentencias, 8 artículos doctrinales, 19 resoluciones administrativas
En el recurso de amparo núm. 816/87, promovido por doña Dolores C. P., don Andrés H. M. C., doña Piedad H. M. C., don Antonio H. M. C., don Cayetano H. M. C. y doña Rosa P. H. M. C., representados por el Procurador de los Tribunales don Luciano R. N. y asistidos por el Letrado señor D. C., contra Resolución de 14 de mayo de 1984 del Ministerio de Justicia, denegación presunta por silencio del recurso de reposición interpuesto contra aquélla, y contra Sentencia de 10 de marzo de 1987 de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. En el proceso de amparo han comparecido el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado, y ha sido Ponente el Magistrado don Luis L. G., quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito presentado en este Tribunal el 15 de junio de 1987, el Procurador de los Tribunales don Luciano R. N. interpone, en nombre y representación de doña Dolores C. P., don Andrés H. M. C., doña Piedad H. M. C., don Antonio H. M. C., don Cayetano H. M. C. y doña Rosa P. H. M. C., recurso de amparo contra resolución dictada por el Ministerio de Justicia el 14 de mayo de 1984 y denegación presunta por silencio del recurso de reposición interpuesto contra aquélla, y contra Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de 10 de marzo de 1987 que la confirma.
a) En virtud de querella formulada contra don Carlos H. M. y S., como consecuencia de la declaración de suspensión de pagos del Banco Comercial de Menorca, entidad de la que fue Director, se incoó sumario, primero por el Juzgado Especial designado y después por el Juzgado de Instrucción núm. 22 de Madrid (sumario núm. 68/73), en el que se decretó, en fecha 18 de mayo de 1968, el procesamiento del querellado por los posibles delitos de falsedad en documentos públicos y mercantiles, alzamiento de bienes, emisión de cheques en descubierto, estafa, quebrantamiento de depósito y apropiación indebida. En dicha resolución el Juez acordó la prisión provisional del procesado, situación que se mantuvo hasta el 7 de julio de 1969, fecha en que se decretó su libertad provisional.
Concluído el sumario y celebrado el oportuno juicio oral, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid dictó Sentencia el 8 de enero de 1983, en la que absolvió, entre otros, al señor H. M. de los delitos de apropiación indebida de los que había sido acusado.
b) En fecha 28 de octubre de 1983, una vez firme la Sentencia antes citada, don José F. S. C., en nombre de don Carlos H. M. y S., solicitó del Ministerio de Justicia, por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia y error judicial, al amparo de lo dispuesto en los arts. 121 de la Constitución, 6 del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos, y 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, una indemnización de 93.852.802 pesetas. Tramitado el correspondiente expediente, el Ministerio de Justicia, previo informe del Consejo de Estado, dictó resolución el 14 de mayo de 1984 en la que desestimó la reclamación formulada, denegándose asimismo, en virtud de silencio administrativo, el recurso de reposición interpuesto contra tal resolución.
c) Contra las anteriores resoluciones la representación procesal de don Carlos H. M., y posteriormente sus herederos legítimos, interpusieron contencioso-administrativo ante la Sala Cuarta del Tribunal (recurso núm. 51/85), solicitando se declararan contrarias a Derecho las resoluciones impugnadas y se reconociera la indemnización interesada. Por Sentencia de 10 de marzo de 1987, el Tribunal Supremo desestimó el recurso y declaró conformes a Derecho los actos administrativos impugnados.
Finalmente considera que han sido violados los derechos a obtener la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas, reconocidos en los apartados 1.º y 2.º, respectivamente, del art. 24 de la Constitución, alegando que don Carlos H. M. permaneció un año y medio en prisión incondicional y estuvo procesado durante casi quince años, siendo finalmente absuelto de los delitos de los que había sido acusado, por lo que es evidente la violación de los derechos fundamentales antes citados, conforme a la doctrina del Tribunal Europeo y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto.
4. Por providencia de 1 de julio de 1987, la Sección Cuarta de la Sala Segunda -en la actualidad Sala Primera- acuerda tener por recibido el escrito de demanda y por personado y parte, en nombre y representación de los recurrentes, al Procurador don Luciano R. N.. Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el art. 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), conceder un plazo común de diez días al Ministerio Fiscal y a los recurrentes de amparo para que formulen las alegaciones pertinentes sobre la posible concurrencia de los siguientes motivos de inadmisión: a) No acompañar a la demanda las copias, traslados o certificaciones de las resoluciones recurridas en amparo, así como la copia original del poder de representación [arts. 49.2 a) y b), 50.1 b) y 81.1, todos ellos de la LOTC]; y b) Carecer la demanda manifiestamente de contenido que justifique una decisión por parte del Tribunal Constitucional [art. 50.2 b)].
7. Por providencia de 30 de septiembre de 1987, la Sección acuerda admitir a trámite la demanda de amparo, sin perjuicio de lo que resulte de sus antecedentes, así como requerir, de conformidad con lo dispuesto en el art. 51 de la LOTC, a la Secretaria Técnica del Ministerio de Justicia y a la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, remitan testimonio del expediente instruido como consecuencia de la reclamación formulada por don Carlos H. M. y del recurso contencioso-administrativo núm. 51/85, respectivamente. Asimismo, que por la citada Sala Cuarta del Tribunal Supremo se emplace a quienes fueron parte en el proceso judicial seguido ante la misma, para que se personen, si lo desean, en el proceso constitucional.
8. La Sección, por providencia de 23 de noviembre de 1987, acuerda tener por recibidos los testimonios de las actuaciones remitidas por el Ministerio de Justicia y Sala Cuarta del Tribunal Supremo y tener por personado y parte al Abogado del Estado ante el Tribunal Constitucional, conforme había interesado en escrito de 30 de octubre pasado. y, en virtud de lo dispuesto en el art. 52.1 de la LOTC, dar vista de todas las actuaciones al Ministerio Fiscal, Abogado del Estado y Procurador señor R. N., a fin de que, dentro del plazo de veinte días, formulen las alegaciones que estimen pertinentes.
1. La resolución del presente recurso de amparo exige delimitar previamente los actos objeto de impugnación y las cuestiones planteadas. Aunque el recurso se interpone, en primer término, contra la resolución dictada por el Ministerio de Justicia el 14 de mayo de 1984, contra la negativa presunta por silencio administrativo del recurso de reposición formulado contra dicha resolución, y contra la Sentencia de 10 de marzo de 1987 de la Sala Cuarta de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo, por la violación del derecho a obtener la tutela judicial efectiva, en relación con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, ambos reconocidos en el art. 24 de la Constitución, y, en segundo término, contra la Sentencia antes citada por violar, a su vez, el derecho a la igualdad consagrado en el art. 14, también se formula como objetivo de los recurrentes que este Tribunal haga viable la indemnización por el anormal funcionamiento de la Administración de Justicia a que creen tener derecho, como herederos de don Carlos H. M., y así lo hacen expresamente constar en el suplico de la demanda, en aplicación de lo dispuesto en el art. 121 de la Constitución.
4. La segunda de las cuestiones planteadas por los recurrentes es la referida a la presunta infracción del derecho a obtener la tutela judicial efectiva en relación con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, ambos reconocidos en el art. 24 de la Constitución. Al respecto alegan que tanto la resolución del Ministerio de Justicia como la Sentencia del Tribunal Supremo que la confirma, en cuanto no declaran el derecho a la prevención o reparación del derecho fundamental a un proceso público sin dilaciones indebidas, violan el art. 24 de la Constitución, pues habiendo sufrido don Carlos H. M. y S., del que son herederos los hoy recurrentes de amparo, año y medio de prisión incondicional y más de quince años de procesamiento, habiendo sido posteriormente absuelto, es evidente la violación de los derechos fundamentales a la tutela efectiva de Jueces y Tribunales y a un proceso público sin dilaciones indebidas. En este sentido manifiestan que el art. 121 de la Constitución supone una concreción del derecho fundamental a un proceso público sin dilaciones indebidas, por lo que, a su juicio, si el citado derecho fundamental es de aplicación directa e inmediata el art. 24 debe complementarse necesariamente con el art. 121, ambos de la Constitución, para evitar así que carezcan de virtualidad práctica las Sentencias que reconozcan que el citado derecho se ha vulnerado.
De otra parte, y por lo que respecta a la violación del derecho mencionado, los recurrentes refieren su denuncia, no a la tramitación de su pretensión indemnizatoria, primero ante el Ministerio de Justicia y después ante el Tribunal Supremo, sino a la excesiva duración del proceso penal seguido contra don Carlos H. M. y S. (iniciado en el año 1968 y finalizado en 1983) y en el hecho de haberse mantenido el procesamiento del imputado durante ese largo período.
Partiendo de estas premisas resulta que (sin perjuicio de lo que se refiere a la prisión preventiva, como supuesto también típico de reclamación por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia) la pretensión que se deduce por los herederos del señor H. M. y S. se encuentra estrechamente vinculada a la vulneración que se predica del derecho de este último a un proceso sin dilaciones indebidas, de acuerdo con lo previsto en el art. 24.2 de la Constitución. Pues bien, ha de considerarse que, efectivamente, los derechos recogidos en el art. 24 de la Constitución protegían al señor H. desde la entrada en vigor del Texto fundamental, el 29 de diciembre de 1978; y resulta claro que desde esta fecha, hasta más de tres años después, se dilató el curso del procedimiento, iniciado ya en 1968, en que el señor H. aparecía como procesado. No obstante, y dadas las circunstancias del presente caso, no cabe que este Tribunal se pronuncie estimando la pretensión que se deduce, y apreciando que se vulneró su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Ciertamente el proceso seguido contra el causante de los hoy recurrentes tuvo una duración que, por excesiva, puede calificarse de anormal (de 1968 a 1983), duración que, en parte, se produjo estando ya vigente la Constitución. Ahora bien, no es menos cierto que, de lo que resulta de las actuaciones y otros escritos aportados al presente procedimiento, el procesado no intentó en ningún momento hacer valer su derecho constitucional solicitando del órgano jurisdiccional competente la supresión de las dilaciones y la finalización del proceso, y, en su caso, acudiendo en amparo ante este Tribunal, que entró en funcionamiento estando pendiente el procedimiento. Esta actividad de la parte resulta imprescindible para que el Tribunal Constitucional pueda entrar a apreciar si se han producido dilaciones indebidas. Por una parte, porque hace, eventualmente, posible suprimir las dilaciones, y permite que el órgano judicial restituya efectivamente al recurrente en su derecho poniendo fin a la dilación; y, además, porque, como hemos declarado repetidamente, este Tribunal actúa como instancia subsidiaria de los órganos jurisdiccionales ordinarios, para remediar vulneraciones de derechos fundamentales cuando esos órganos, pudiendo haberlo hecho, no han llevado a cabo tal remedio. Por ello, la invocación ante los órganos de la jurisdicción ordinaria del derecho que se estima vulnerado, y el agotamiento de los recursos disponibles en esa vía constituyen requisitos indispensables para que este Tribunal, fracasados los intentos de restitución del afectado en sus derechos, pueda pronunciarse sobre la vulneración que se estime producida en derechos fundamentales. En lo que se refiere al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, ya nos hemos pronunciado, en consecuencia, en el sentido de que no cabe aducir su vulneración cuando el proceso haya finalizado y previamente no se invocó ante el Juez o Tribunal (SSTC 51/1985, 152/1987 y 59/1988).
El señor H. M. no invocó este derecho, ni intentó hacerlo efectivo ante la jurisdicción penal, primeramente, ni tampoco ante este Tribunal; en vez de ello, y finalizado el procedimiento, se dirigió a la Administración en demanda de una indemnización por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Son ahora sus herederos quienes, ante el Tribunal Constitucional, invocan el derecho del fallecido señor H. a un proceso sin dilaciones indebidas, a efectos de que se declare su derecho a una indemnización económica. Pero, por lo señalado más arriba, no puede este Tribunal estimar la pretensión de los recurrentes, ni pronunciarse considerando vulnerado el derecho de su causante a un proceso sin dilaciones indebidas: pues la oportuna reclamación debió ser ejercitada por el titular del derecho, señor H., durante el procedimiento penal, y, posteriormente, ante este Tribunal, y no cabe, como ocurre en este caso, que sean sus herederos, con ocasión de una pretensión indemnizatoria, quienes planteen un recurso de amparo sobre un motivo que no fue invocado en el momento oportuno por el titular del derecho.
5. La cuestión que se plantea, pues (excluído ya cualquier pronunciamiento sobre la existencia de dilaciones indebidas), es únicamente si la Administración y el Tribunal Contencioso-Administrativo han vulnerado el derecho de los recurrentes a la tutela judicial al denegarles la indemnización económica solicitada, con base en el art. 121 C.E., por estimar que no existía un procedimiento específico para su reclamación. A este respecto, ha de tenerse en cuenta que el Tribunal Supremo funda su resolución, no en la inexistencia de un derecho, derivado del art. 121 C.E. a reclamar (y en su caso a obtener) una indemnización a cargo del Estado por los daños que se estime consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, sino en que no se hubiera arbitrado por el legislador cuando se produjeron los hechos base de la reclamación, un procedimiento ad hoc para el ejercicio de ese derecho, y en que el recurrente hubiera seguido el que consideró más pertinente, pero que no era el adecuado; sin que, por otra parte, hubiera dirigido su reclamación frente a los funcionarios judiciales actuantes en el caso concreto. Se confirma así una resolución administrativa, denegatoria de una pretensión indemnizatoria por no ser adecuado el procedimiento seguido para su formulación, esto es, el previsto en el art. 40 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y en los preceptos concordantes de la Ley y el Reglamento de Expropiación Forzosa.
Estimar parcialmente el amparo solicitado por doña Dolores C. P. y don Andrés , doña Piedad, don Antonio, don Cayetano y doña Rosa P. H. M. C., y en su virtud:
ATC 129/2008, 26 de Mayo de 2008
STS, 29 de Septiembre de 2014 (Responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la administración, Dilaciones indebidas en recurso de inconstitucionalidad)
STSJ Castilla y León 253/2014, 7 de Noviembre de 2014
STSJ Castilla y León 442/2008, 10 de Septiembre de 2008
SAP León 168/2001, 7 de Mayo de 2001
SAP Castellón 61/2007, 2 de Febrero de 2007
SAP Madrid 39/2005, 28 de Enero de 2005
STS, 8 de Julio de 1981

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