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Timestamp: 2016-08-29 00:56:16+00:00

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BrowseUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreLas garantias constitucionales en el derecho procesal penal Autores Porro, Federico Florio, Agustina Estudiantes UBALas Garantías Constitucionales del proceso Penal, son las seguridades que se otorgan para impedir que el goce efectivo de los derechos fundamentales sean calculados por el ejercicios del poder estatal, ya sea limitando ese poder o repeliendo el abuso. Por tanto, por garantías constitucionales del proceso penal debe entenderse el cúmulo de principios, derechos y libertades fundamentales reconocidos por la Constitución y, por los tratados internacionales, que tienen por finalidad otorgar al imputado un marco de seguridad jurídica y, en última instancia, mantener un equilibrio entre la llamada búsqueda de la verdad material y los derechos fundamentales del imputado. Precisamente, esta necesidad de que el Estado vele por el respeto y la protección de los derechos fundamentales del imputado obliga a que se definan en la Constitución Por lo tanto, claramente se detallan esta garantías en el articulo 18, de este cuerpo normativo que a continuación trascribiremos:
“Art. 18. Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas
para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas. La presunción de inocencia constituye la máxima garantía del imputado y uno de los pilares del proceso penal acusatorio. y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija. que puede quedar desvirtuada como resultado de un proceso penal. Que nadie puede ser tratado como culpable. de signo incriminatorio.
. hará responsable al juez que la autorice. para que esto ocurra es necesario que se haya realizado una mínima actividad probatoria de cargo. hasta que el Juez. La afirmación que toda persona es inocente mientras no se declare judicialmente su responsabilidad es una de las más importantes conquistas de los últimos tiempos. realizada con estricta observancia de las garantías y normas procesales. no existe otra posibilidad. La doctrina ha puesto en evidencia que la presunción de inocencia posee una naturaleza iuris tantum (que admite prueba en contrario). en caso que esto no ocurra. mientras no exista esa declaración judicial. A través de la fuente que nos brinda el articulo anteriormente nombrado:
Mediante esta garantía se reconoce el derecho de la persona que viene siendo sujeto de una persecución criminal.”
Es posible nombrar garantías genéricas. La presunción de inocencia exige que el procesado sea tratado como inocente. el sujeto conservará su condición de inocente. es decir. Sin embargo. de la que pueda deducirse la culpabilidad del procesado. Que nadie tiene que “construir” su
Que sólo una sentencia declarará esa culpabilidad “jurídicamente
construida” que implica a adquisición de un grado de certeza. y Que no puede haber ficciones de culpabilidad: la sentencia absolverá o condenará. La presunción de inocencia significa: inocencia. con todo lo acontecido en el proceso penal adquiera certeza sobre su responsabilidad. que permite a toda persona conservar un estado de “no autor” en tanto no se expida una resolución judicial firme.y limpias. por las cuales describir cada una de ellas y explicarlas.
poseen una garantía constitucional de defensa. La excepcionalidad de las medidas coercitivas. que nadie. a lo largo de todo el proceso. sean imputados o no. o cuando el agente es perseguido y detenido inmediatamente de haber cometido el hecho delictuoso. a fin de poder resguardar con eficacia sus intereses en juego. En esta perspectiva amplia. ni la policía. Las pruebas deben haber sido valoradas libremente.)
Se entiende por derecho de defensa a la garantía constitucional que le asiste a toda persona que posea un interés directo en la resolución jurídica del proceso penal para poder comparecer ante los órganos de persecución pertinentes. Por el contrario a nivel procesal: El mismo trato de no autor hasta que un régimen de pruebas obtenidas debidamente produzca condena. Las pruebas deben haber sido producidas con las debidas garantías procesales. Cuando la comisión del delito es actual y en esa circunstancia su autor es descubierto. Es decir. Si se trata de un nivel extraprocesal: Es un derecho subjetivo por el cual al sindicado se le debe dar un trato de “no autor”. o cuando es sorprendido con objetos o huellas que revelen que viene de ejecutarlo. El despliegue de una actividad probatoria mínima. 3
. exige para destruir la presunción de inocencia: La inversión de la carga de la prueba. ni los medios de comunicación. Es necesario advertir. (Cuando se produce una detención en cualquiera de estas 2 hipótesis. o en caso de flagrancia de delito.Los Efectos de la presunción de inocencia son diferentes en cuanto al momento en que se los observe. pueden señalar a alguien como culpable hasta que una sentencia lo declare como tal. sin embargo. Este derecho a la libertad tiene dos excepciones en tanto que se trate de un acto por mandato expreso y motivado de Juez competente. el detenido debe ser puesto dentro de las 24 horas a disposición de la autoridad competente. constituye un acto arbitrario que acarrea responsabilidad penal. todos los sujetos participantes del proceso penal. a fin de condenar. Este régimen de pruebas. a fin de respetar su derecho al honor e imagen. Cualquier restricción de la libertad fuera de estos supuestos.
como garantía constitucional son: a) Disponer de medios para exigir el respeto y efectividad de la defensa. Todo justiciable tiene derecho a ejercer una defensa adecuada de sus intereses en cualquier tipo de proceso. Es un derecho público constitucional que asiste a toda persona física a quien se le pueda atribuir la comisión de un hecho punible. sino un conjunto de facultades o armas para cumplir con su función persecutoria. su abstención a declarar e incluso su 4
. el silencio del imputado. en el que está en juego la libertad y el patrimonio del imputado. este derecho adquiere significativa relevancia cuando se trata de un procedimiento penal. c) El derecho de defensa hace posible que el denunciado. sin embargo. El básico contenido del derecho de defensa: consiste en la asistencia de un traductor o intérprete. b) La obligación de su respeto por parte de los poderes estatales y de los demás sujetos del ordenamiento. A fin de posibilitar el conocimiento y comprensión del hecho que se incrimina en casos en que el imputado habla un idioma diferente al del Tribunal. En virtud de esta garantía mínima. el cual debe comprender la calificación jurídica y la relación histórica del hecho. También se trata de exista Información del hecho. El imputado es libre para decidir si declara o no durante el proceso penal. Esta garantía se encuentra consagrada por los tratados internacionales que establecen el derecho de toda persona a no ser obligado a declarara contra sí mismo. mediante cuyo ejercicio se garantiza al imputado la asistencia técnica de un abogado defensor y se le concede a ambos la capacidad de postulación necesaria para oponerse eficazmente a la pretensión punitiva y poder hacer valer dentro del proceso el derecho constitucional a la libertad del ciudadano. Es la facultad que toda persona tiene para contar con el tiempo y los medios necesarios para ejercer su defensa en todo proceso donde se vea involucrado. Algunos de los Efectos que presenta el derecho de defensa. con indicación de las circunstancias de tiempo. es decir. El derecho de defensa es la facultad de las partes de sostener sus posiciones y de contradecir los fundamentos del contrario. ni a declararse culpable.que el Ministerio Público no posee un derecho a la defensa. Posibilitándose así el ejercicio del derecho de defensa. lugar y modo. realizarse antes de cualquier acto procesal. es decir. De esta manera se garantiza el conocimiento efectivo que debe tener el imputado del hecho que se le atribuye. Esta información debe ser previa o sin demora. Se suma inmunidad de la declaración. Este servicio debe ser proporcionado de forma gratuita por el Estado. inculpado o acusado puedan acceder a los demás derechos y garantías procesales.
que está confiada a un letrado que elabora la estrategia defensiva y propone pruebas. La producción de pruebas. Los pactos internacionales también regulan la defensa oficial. Se hacen las notificaciones con retraso. Se niega el acceso al expediente o a las diligencias vinculadas al proceso.
. La Comunicación entre imputado y defensor. como en los momentos que le corresponden al Ministerio Público. Como así también la Defensa Técnica. lo acompaña tanto en sede de investigación preliminar policial. Consiste en la actividad que el imputado puede desenvolver personalmente haciéndose oír. el derecho de defensa ampara al imputado desde el momento de la primera presunción (material) policial de su participación en el evento criminal hasta la definitiva resolución jurídica del conflicto criminal. no crea una presunción de culpabilidad en su contra. Se obstaculizan los esfuerzos de la defensa para identificar. Para los fines de la defensa del imputado. En este sentido. Se impide al abogado comunicarse con su defendido. Es preciso dejar aclarado que el Derecho de defensa constituye una actividad esencial del proceso penal y admite dos modalidades: las cuales son: la Defensa Material. declarando en descargo o aclarando los hechos que se le atribuyen. el juez especializado en lo penal y las salas penales (Superior y Suprema) que intervengan en el caso.mendacidad en caso de que declare. En síntesis. como el “derecho irrenunciable” del imputado a ser asistido gratuitamente por un defensor proporcionado por el Estado. cuando no designare defensor. Los casos en que se da que el derecho de defensa se vulnera se muestran cuando: Se niega la asistencia de un abogado al imputado. El imputado tiene el derecho de preparar adecuadamente su defensa. ubicar y obtener la comparencia de testigos. tiene derecho a defenderse personalmente. o bien absteniéndose de realizar cualquiera de estas actividades. que tiene por finalidad que el defensor asesore jurídicamente y se extiende aun a los períodos de incomunicación. que realiza el propio imputado ante el interrogatorio de la autoridad policial o judicial. Con relación a esta garantía se suman un grupo más de derechos de los cuales goza el imputado como: la Autodefensa. proponiendo y examinando pruebas y participando en los actos probatorios y conclusivos. La preparación de la defensa. que asiste y asesora jurídicamente al imputado y lo representa en todos los actos procesales no personales.
justicia y legitimidad de su resultado. En efecto. su naturaleza resultaría de lo más amplia. a través del debido proceso se precipitan todas las garantías. Comprende incluso a derechos que no se encuentran expresamente con carácter positivo. las distintas diligencias judiciales. el concepto de Debido Proceso se limita al ámbito del fair trail o juicio limpio y con este fin comprende a todas las garantías que estén en concordancia con el fin de dotar a una causa penal de los mecanismos que protejan a la persona sometida a ella. pues su finalidad se refleja en la función de síntesis de las garantías destinadas a concretar la legitimidad procesal. Se determinan como Requisitos del Proceso Legal. Debido y Justo. se entiende por Debido Proceso aquél que se realiza en observancia estricta de los principios y garantías constitucionales reflejadas en las previsiones normativas de la ley procesal: inicio del proceso. actividad probatoria. El Debido Proceso Legal es la institución del Derecho Constitucional procesal que identifica los principios y presupuestos procesales mínimos que debe reunir todo proceso jurisdiccional para asegurar al justiciable la certeza.DERECHO AL DEBIDO PROCESO
En un primer acercamiento. El concepto de Debido Proceso que se usa en la mayor parte de los países latinoamericanos es una importación limitada del concepto del Debido Proceso Legal anglosajón. los siguientes puntos que detallaremos a continuación: -Juez Natural. según un sector de la doctrina. etc. En suma. pero que en virtud de esta garantía se pueden invocar por responder a sus fines. En nuestro sistema. El Principio de Juez Natural. el respeto de los términos procesales. funciona como un instrumento necesario de la imparcialidad y como una garantía frente a la posible arbitrariedad de la actuación del poder penal del Estado en perjuicio del acusado que podría facilitarse mediante la asignación posterior al momento del acaecimiento del hecho que se le 6
. derechos fundamentales y libertades públicas de las que es titular la persona. actos de investigación. los mecanismos de impugnación.
porque sólo así podrá defenderse íntegramente. y Estar establecido con anterioridad por la Ley. debe haber sido designado previamente al hecho que motiva el proceso. La publicidad tiende a asegurar la defensa en su sentido más amplio. El Órgano Judicial debe presentar cuatro caracteres indispensables: Competencia o la aptitud que la ley le confiere para ejercer su jurisdicción en un caso concreto. el Juez es un tercero neutral para decidir el proceso con objetividad. El proceso penal debe realizarse dentro de un plazo razonable a fin de que se resuelva la situación procesal del imputado. Los juicios deben ser públicos porque no puede existir credibilidad en la justicia si el trámite de los expedientes es realizado a puertas cerradas. libre de mandatos políticos. Imparcialidad. El derecho a ser oído se canaliza principalmente a través de la llamada “declaración del imputado” (indagatoria) acto predispuesto por las leyes procesales para que aquél decida libremente si prefiere ejercer su defensa material guardando silencio o a través de manifestaciones verbales en descargo o aclaración del hecho que se le atribuye y que se le ha hecho conocer previamente junto con las pruebas existentes en su contra. fiscal. en forma detallada. con ella se concreta uno de los principios del sistema republicano: la publicidad de los actos del gobierno. de acuerdo al mecanismo constitucional para su nombramiento. y con el encuadramiento legal recaído. Independencia. Además. pues así estarán sometidas a un control popular. quien tiene derecho a obtener un pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre y de innegable restricción a la libertad que comporta el enjuiciamiento penal.
. implica que no se encuentre subordinado a ninguna de las partes del proceso. aspecto del que deberá ser informado debidamente por la autoridad judicial responsable del acto. sino para perjudicarlo. -Duración razonable del proceso. Si el imputado ejerce su defensa guardando silencio esta actitud no podrá ser utilizada como presunción en su contra (manifestación del derecho al comportamiento procesal pasivo). Con ello se asegura la transparencia de las decisiones judiciales. -Publicidad del proceso.imputa. de un juez especialmente designado. Facultad que tiene el justiciable de ser escuchado por el órgano competente (autoridad judicial. policía). -Derecho a ser oído. no para juzgarlo imparcialmente (es decir. de prejuicios o de presiones sobre el caso).
laboral. esto es. Si bien el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva ha sido equiparado por algunos autores con el due process of law del derecho anglosajón. independiente. A su vez el art. 8 de la Convención Americana de Derechos humanos. fiscal o de cualquier otro carácter. motivada– que pueda ser de in admisión cuando concurre una causa legalmente prevista. Consiste en que nadie puede ser perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho.
En el art. Sumado al Derecho a obtener una sentencia fundada en derecho. establecido con anterioridad por la ley. o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil. Y Derecho a un recurso legalmente efectivo. en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella. por un juez o tribunal competente. El contenido del Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva esta dado por un Derecho de Acceso a los Tribunales. A ello se añade el derecho a no sufrir indefensión. con rango constitucional supremo de conformidad al art. lo cierto es que para los países latinos. que rige no sólo el 8
. su configuración como derecho fundamental. en apoyo de la propia posición.-Prohibición de doble juzgamiento. 22 De la Constitución Nacional. a poder ejercer en el proceso. con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable. imparcial. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismo hechos. Junto con Derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales.18 de la Constitución Nacional se establece la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Pacto de San José de Costa Rica.75 inc. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el pronunciamiento penal de cada país. todas las facultades legalmente reconocidas.
Es un derecho de todas la personas a tener acceso al sistema judicial y a obtener del mismo una resolución fundada en derecho –y por tanto. reconoce a toda persona el derecho a ser oída.
pues el Estado tiene el monopolio jurisdiccional.Este derecho al Juez legal encierra una doble garantía. Este derecho a un Juez legal o predeterminado por la ley comprende. como los objetivos tienen por fin último el preservar la imparcialidad de los jueces. Las garantías de la jurisdicción se encuentran reguladas por principios políticos objetivos y subjetivos. constituye una garantía propia de la jurisdicción. cada uno de los cuales ejerce una función estatal por intermedio de sus diferentes órganos. y por otro lado. Estas garantías son las siguientes: -Unidad y exclusividad de la jurisdicción. es ya indiscutible.. (Prohibición de jueces extraordinarios o especiales). Los Principios Subjetivos son entendidos como reglas que regulan la carrera judicial (independencia y responsabilidad de los jueces) y los Principios Objetivos como reglas de organización y funcionamiento de los órganos encargados de la administración de justicia (unidad. -Juez legal o predeterminado por la ley. La potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos. Así pues. respetando la reserva de ley de la materia. por un lado. pues impide que el Poder Ejecutivo disponga a su antojo la constitución y funcionamiento de los tribunales. la prohibición de Jueces especiales y extraordinarios es. tiene que ser única.Es evidente que si la jurisdicción es una potestad que emana de la soberanía popular. son garantías de imparcialidad. exclusividad y juez legal). Tanto los principios subjetivos.proceso sino que incluso lo fundamenta como mecanismo legítimo para la solución de los conflictos. Al mismo tiempo que su régimen orgánico y procesal no permita calificarle como un Juez ad hoc o excepcional. siguiéndose en cada caso concreto los procedimientos legalmente establecidos para la designación de sus miembros. Esta es una función exclusiva. Poder Judicial. que el órgano judicial haya sido creado previamente.. ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción 9
. para el justiciable a quien se le asegura que en momento alguno podrá ser juzgado por un órgano distinto de los que integran la jurisdicción. Mientras la preconstitución legal del Juez y la inalterabilidad de las competencias. Que ésta le haya investido de jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho motivador del proceso judicial. que surge de la división de poderes: Poder Ejecutivo. Y por ultimo que la composición del órgano judicial venga determinado por ley. sobre todo. que satisface el derecho de todos a tener los mismos Jueces y los mismos procesos. una garantía de igualdad. Poder Legislativo.
-Imparcialidad e independencia judicial. Esto ocurre porque el Poder Judicial en esencia. es decir. como consecuencia de reconocer la supremacía de la Constitución sobre las demás normas legales. Y el otro pilar en que se basa la independencia judicial lo constituye la elección de los magistrados mediante un procedimiento transparente y por un órgano no político y autónomo. al mismo tiempo.El derecho del procesado a ser juzgado por jueces imparciales está consagrado en diversos tratados internacionales y es reconocido como constitutivo de la jurisdicción. estructurales que debe cumplir cualquier Juez para ser considerado como tal. La condición de tercero es uno de los requisitos básicos. y la actitud de mantener durante el proceso la misma distancia de la hipótesis defensiva. a la ley y a su criterio de conciencia. al mismo tiempo. la independencia jurisdiccional de los Jueces implica que ninguna autoridad. ni siquiera los magistrados de instancias superiores pueden interferir en su actuación. Y frente a estas nos toco distinguir una diferencia entre el
imputado y la victima del proceso. es decir. ya que la misma esencia de la jurisdicción supone que el titular de la potestad jurisdiccional no puede ser. La imparcialidad es la condición de tercero del juzgador. parte en el conflicto que se somete a su decisión. Como ya se dijo anteriormente el imputado ante este derecho de defensa tiene derechos. que acuden a un tercero imparcial que es el titular de las potestades.. ni sometida a procedimiento distinto de los previamente establecidos. La independencia del Juez significa además que su accionar sólo está sometido a la Constitución. ni comprometido con sus posiciones. valga la redundancia. Por consiguiente. el Juez o Magistrado.
Luego de realizar un análisis sobre todas las garantías constitucionales en el derecho penal. hasta el acto mismo de la sentencia. tiene una función de equilibrio entre los otros poderes y está facultado para controlar y limitar el ejercicio del poder del Estado.predeterminada por ley. por ello se le otorga la facultad de control constitucional difuso. En toda actuación del derecho por la jurisdicción han de existir dos partes enfrentadas entre si. los cuales son. Finalmente. cualquiera sea su denominación. ni estar involucrado con los intereses de ésta. este derecho a la imparcialidad del juzgador es una exigencia de la administración de justicia. ni juzgada por órganos jurisdiccionales de excepción ni por comisiones especiales creadas al efecto. de no ser parte. obligaciones del 10
. decidimos dedicarnos a la garantían denominada como Derecho de Defensa en juicio. Esta calidad de no parte ha sido denominada imparcialidad.
Donde así como el imputado cuenta con asistencia letrada gratuita. Todo lo contrario. Este servicio debe ser proporcionado de forma gratuita por el Estado. Estas asistencia letrada.. Siguiendo nuestro análisis percibimos que en mayor medida el Derecho de Defensa presenta sobre la posición de imputado más beneficiosas herramientas de defensa. Lo cual no creemos erróneo. el cual debe comprender la calificación jurídica y la relación histórica del hecho. a fin de poder 11
. a lo largo de todo el proceso.. es decir.” entre otros.. Esta información debe ser previa o sin demora. debe proveerla el Estado para cumplir acabadamente con el deber que este tiene para con el Derecho de Defensa en juicio. toda parte con carácter de victima en el proceso que tenga interés en llegar a determinada resolución judicial y llevar participación activa en el proceso pueda hacerlo aunque no cuente con los medios económicos necesarios que implica contar con patrocinio letrado. debido a lo que ya expresamos“. con indicación de las circunstancias de tiempo.. nuestro cuestionamiento no se basa en la idea que el derecho a defensa debiera limitarse para con el imputado.. Posibilitándose así el ejercicio del derecho de defensa. Estamos seguros de que este problema que nos hemos aquí planteado debería tomarse en consideración para ser tomada esta solución propuesta como otro medio para garantizar el derecho a defensa en juicio.Estado como cuando dijimos que: “.Se entiende por derecho de defensa a la garantía constitucional que le asiste a toda persona que posea un interés directo en la resolución jurídica del proceso penal para poder comparecer ante los órganos de persecución pertinentes.El básico contenido del derecho de defensa: consiste en la asistencia de un traductor o intérprete. El imputado es libre para decidir si declara o no durante el proceso penal. para que con independencia de la actuación Fiscal (que ejerce acción pública en todos los casos de delitos) pueda prestarse en juicio y con asistencia letrada (gratuita) ejercer el rol de acusador particular todo aquel que este interesado en actuar como tal y no tenga los medios económicos necesarios. Creemos que este debería ampliarse y llegar a en mas aun. lugar y modo.. También se trata de exista Información del hecho. A fin de posibilitar el conocimiento y comprensión del hecho que se incrimina en casos en que el imputado habla un idioma diferente al del Tribunal. De esta manera se garantiza el conocimiento efectivo que debe tener el imputado del hecho que se le atribuye. un Derecho de Defensa en juicio de la victima. Llegamos a la conclusión de que nuestra propuesta es posible gracias al análisis que desarrollamos sobre esta garantía. Se suma inmunidad de la declaración. realizarse antes de cualquier acto procesal.
todos los sujetos participantes del proceso penal.
. Se necesita de ese derecho agradado que garantice mayor representación para la victima.” Por lo tanto creemos que para lograr que esta garantía se para toda persona interesada en el proceso. En esta perspectiva amplia.resguardar con eficacia sus intereses en juego. sean imputados o no. siendo o no imputado. poseen una garantía constitucional de defensa.
garantias procesales by Mario Castillo18 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less

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