Source: http://noticiasbsas.blogspot.com/2015/10/
Timestamp: 2017-12-11 07:52:01+00:00

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Noticias judiciales Buenos Aires.: octubre 2015
La designación del secretario Laureano Durán, a cargo del Juzgado Federal Nº1 de La Plata, resulta inconstitucional y vulnera la garantía de la independencia judicial.
ADC y Poder Ciudadano presentaron ayer un amicus curiae en el caso “Uriarte”. Allí, se sostuvo que la designación del secretario Laureano Durán, a cargo del Juzgado Federal Nº1 de La Plata, resulta inconstitucional y vulnera la garantía de la independencia judicial.
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) junto a Poder Ciudadano presentaron un amicus curiae ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en respaldo a la declaración de inconstitucionalidad de la designación de Laureano Durán como juez subrogante y del artículo 7 del Reglamento de Subrogancias del Consejo de la Magistratura.
La Corte Suprema, en el caso “Asociación de Magistrados y Funcionarios”, consideró que dicha ley 26.376 en ninguna hipótesis “contempla la posibilidad de que los secretarios judiciales puedan ser incluidos en las listas de abogados … que debe confeccionar el Poder Ejecutivo Nacional, con acuerdo del Senado de la Nación…”, sin que esa exclusión conlleve a la desigualdad de trato. En el caso del secretario Durán, si bien el Poder Ejecutivo había remitido un listado de conjueces al Senado, el Consejo de la Magistratura concretó la designación del secretario a pesar de no figurar en tal lista.
Etiquetas: designación, Durán, Magistratura
El narcokirchnerismo trata de acomodar una Corte adicta.
El ministro de Justicia, Julio Alak, brindó detalles de la postulación de los dos candidatos del Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en la Corte Suprema Corte de Justicia. La opinión del diputado nacional del PRO Pablo Tonelli
El ministro de Justicia, Julio Alak, brindó detalles de la postulación de los dos candidatos del Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en la Corte Suprema Corte de Justicia, Eugenio Sarrabayrouse y Domingo Sesín, durante una presentación ante los periodistas que realizó esta mañana en la Sala de Conferencias de la Casa de Gobierno, durante el cual leyó la carta enviada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al Senado.
Expresó que la nominación de los dos nuevos candidatos responde a la necesidad de "garantizar el normal desempeño" del máximo tribunal, tras lo cual pidió que ese proceso "no quede sometido a los avatares del proceso electoral" en curso. Destacó la "probidad, inteligencia y apego a la labor judicial" de los candidatos Eugenio Sarrabayrouse y Domingo Sesín, al leer el mensaje de la Presidenta dirigido al Senado de la Nación.
Asimismo criticó la "actitud antidemocrática" de los senadores opositores, en "una maniobra que genera inconvenientes en la integración y el servicio de justicia" que presta la Corte y consideró que la actitud de la oposición negándose a tratar el pliego de Roberto Carlés es una "clara actitud autoritaria y antirepublicana que va en detrimento de la Constitución".
En relación al retiro del pliego que postulaba a Roberto Carlés como juez de la Corte Suprema y la puesta en marcha del proceso de nominación de dos nuevos candidatos para dicho tribunal, el Diputado del PRO Pablo Tonelli afirmó que:
“No es momento para que la presidenta postule candidatos a integrar la Corte Suprema. Se trata de una responsabilidad que claramente corresponde al próximo presidente, que será elegido en pocos días más. La presidenta debe dedicarse a vaciar los cajones del escritorio y dejar las cosas lo más ordenadas que sea posible”.
“Ya empezó la transición hacia un nuevo gobierno y no es razonable que la actual presidenta adopte decisiones de tanta trascendencia como proponer dos nuevos integrantes de nuestro máximo tribunal judicial. Se viene un cambio hacia la normalidad institucional y el respeto por la división de Poderes”, concluyó el Diputado recientemente reelecto y miembro de la Comisión de Justicia y de Asuntos Constitucionales.
Publicado por Francisco Benzi en 7:57 No hay comentarios:
Etiquetas: Carlés, diputado, PRO
Asociación Civil Contra la Violencia Institucional. Nihil Novo sub Sole.
La decisión de la jueza federal Arroyo Salgado de indagar al fiscal general de San Isidro Novo, la del jurado de enjuiciamiento de abrir su juicio político y la de la Suprema Corte de Justicia de desplazar a la procuradora general Falbo y conceder el respaldo que había pedido el fiscal provincial Angelini sugieren que por primera vez las instituciones han decidido ocuparse de las redes de ilegalidad que desde la política, las fuerzas de seguridad y la justicia protegen a los más graves delitos.
Luego de muchos años de impunidad todas las furias se han desatado sobre el fiscal general Julio Novo, del departamento judicial bonaerense de San Isidro: el jurado de enjuiciamiento provincial resolvió abrir el procedimiento de su juicio político; la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Delgado lo citó a prestar declaración indagatoria por encubrimiento de narcotráfico y la Suprema Corte Bonaerense desplazó del caso a la Procuradora General María del Carmen Falbo, que lo protegía, y aceptó todos los pedidos del fiscal de primera instancia Luis María Angelini, que Novo y Falbo le negaban. Todo esto es consecuencia de investigaciones y denuncias iniciadas en 2009 por diversos fiscales que dependían de Novo y detectaron su comportamiento ilegal, por el diputado provincial Marcelo Sain y por el fiscal federal de la misma localidad Fernando Domínguez, y deja en evidencia la relación promiscua entre intendentes y fiscales bonaerenses. Esto no se soluciona saturando la provincia de policías, como cree el gobernador Daniel Scioli; desfederalizando los delitos de narcomenudeo, como ya hizo la provincia de Buenos Aires y la semana pasada reclamaron varias otras provincias durante la reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior, ni militarizando las fronteras y las villas, según la temeraria propuesta del diputado Sergio Massa, quien llega a postular la pena de muerte sin juicio previo por la mera sospecha de participación en ese delito. La única respuesta viable es desmantelar esa apretada red de ilegalidad que incluye a delincuentes con o sin chapa, policiales, judiciales y políticos, sin la cual esos graves delitos no serían posibles.
Quienes resolvieron iniciar el juicio político a Novo fueron el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Carlos Hitters, el diputado del Frente Amplio Progresista Abel Buil, los senadores Nidia Moirano, del macrismo, y Jorge Ruesga del Frente para la Victoria. Se opusieron el diputado nacional Marcelo Longin D’alessandro, del Frente Renovador, y dos abogados de la matrícula. La decisión impacta en la Procuradora General María del Carmen Falbo, quien podría terminar imputada junto con Novo. La utilización del caso Novo en la campaña electoral es inevitable y hasta cierto punto sería legítima siempre que no se forzaran los hechos a cambio de un título escandaloso en los medios del Equipo de Demolición y Enchastres del Grupo Clarín, EDEN, y su socio La Nación. Los datos de la realidad son contundentes y están documentados desde hace no menos de seis años.
Es una ironía de la historia que la investigación que podría derrumbar este funcionamiento mafioso del Ministerio Público Bonarense y los señoríos municipales del Gran Buenos Aires y La Plata haya quedado a cargo del ahora fiscal federal Domínguez. En 2006 Domínguez era fiscal general adjunto provincial en San Martín, cuando consiguió la fugaz detención y procesamiento del intendente de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, denunciado por una empresa pavimentadora. Cariglino consiguió que el fiscal de Quilmes Luís Antonio Armella, ahijado de Falbo, iniciara una investigación paralela a la de San Martín, de modo que quienes terminaron detenidos fueron los denunciantes. Falbo apercibió al fiscal Domínguez y lo desplazó a una fiscalía que investiga accidentes de tránsito, donde no pudiera cruzarse con un intendente o un concejal, mientras su protegido Armella era ascendido a juez federal. Cariglino fue elegido por Falbo para iniciar un plan piloto: Malvinas Argentinas se hizo cargo de aportar los edificios para las fiscalías descentralizadas, pagar los impuestos y las tasas y proveer el servicio de limpieza. Este modelo se generalizó a toda la provincia, con la dependencia económica y funcional de los intendentes, que deciden qué insumos brindan, si atienden las necesidades edilicias, aportan o restan empleados. Además, la ley permite al Fiscal General poner y quitar fiscales a discreción, lo cual propicia el intercambio de favores entre los intendentes, la Procuradora provincial y los fiscales comunales, de cuya actuación política no hay mejor ejemplo que Novo y su persecución contra Angelini para que no pudiera investigar el crimen de Unicenter. La descentralización tal como se aplicó en vez de acercar la justicia a la sociedad ha municipalizado el ministerio público y se ha convertido en fuente de impunidad y negocios espurios de sectores políticos, grandes empresas zonales, policías y penitenciarios. En toda la provincia rige un sistema eficaz por el cual tampoco existen más investigaciones sobre el manejo de los dineros públicos, el financiamiento de las campañas, el sistema de contrataciones de obra pública y las distintas formas de violencia institucional. Pero no todo quedaría así para siempre. En 2012 Armella se hundió en las turbias aguas del Riachuelo y la Corte Suprema nacional lo separó de la causa por su saneamiento, aunque recién ahora la Comisión de Juicio Político del Consejo de la Magistratura nacional decidió acusarlo porque las obras eran encomendadas a empresas vinculadas con sus familiares. Aún así no están seguros los votos de los representantes de la UCR necesarios para alcanzar los 2/3 en el plenario. Por su parte Domínguez concursó para un cargo en el Ministerio Público de la Nación y en 2013 fue designado fiscal federal de San Isidro con las mejores calificaciones. Entre otras causas, le tocó la denuncia de Angelini contra Novo. Pura justicia poética.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados bonaerense que la semana pasada aceptó abrir el procedimiento contra Novo no fijó fecha para su comienzo y aun deben darse una serie de pasos procesales. En cambio la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, anunció el cronograma para tomar las indagatorias. Novo deberá defenderse de los cargos y las pruebas aportadas por Domínguez recién el 12 de noviembre, una vez realizada la elección presidencial del 25 de octubre. Antes que él deberán sentarse ante Arroyo los adjuntos de Novo, Rodrigo Caro (el 27 de octubre) y Eduardo Vaiani (el 29), y las secretarias de su fiscalía Mariana Busse (3 de noviembre) y Melisa Fernanda Rey (5 de noviembre). Novo había conseguido que Falbo enviara el pliego para la designación como fiscal de Melisa Fernanda Rey. Cuando el vicegobernador Gabriel Mariotto se opuso a tratarlo, el Frente Renovador amenazó con parar todas las designaciones. Pero esto fue antes del éxodo, cuando tenía número para ello. Debido al llamado a indagatoria, la Asociación Judicial Bonaerense de San Isidro pidió a la Suprema Corte que licencie a Novo, sus adjuntos y sus secretarias.
La Tía Pochi
Luego de la nota “La puerta giratoria”, publicada aquí sobre el caso en enero, la Suprema Corte se avocó al tema (Resolución 1/15) y solicitó que la Procuradora explicara su proceder. Como las respuestas de Falbo fueron insastisfactorias, la Corte firmó la resolución 1947/15 que puso en debate su actuación y la de Novo y ordenó que su Subsecretaría de Control de Gestión estudiara las denuncias de Angelini contra Novo. Los inspectores de la Corte corroboraron la carga laboral excesiva y la falta de medios humanos y materiales necesarios para causas que exigen máximo apoyo y, sobre la base de ese informe, la Suprema Corte desplazó a Falbo del expediente y puso a disposición del fiscal Angelini dos oficinas con los empleados y la tecnología adecuados para continuar la investigación. Esta especie de per saltum mide la gravedad institucional de la situación y la delicada situación de Falbo.
El fiscal federal Domínguez determinó que la abogada defensora y la cuñada y socia de Gustavo Adolfo Juliá son próximas colaboradoras de Novo, en cargos de alta responsabilidad. Además, la secretaria privada y pareja del fiscal Novo estaba en contacto con el defensor de uno de los sicarios que intervinieron en el crimen de Unicenter y con la madre de ese abogado. El homicidio de los colombianos Héctor Edinson Duque Ceballos y Jorge Alexander Quinteros Gartner en ese centro comercial se produjo el 24 de julio de 2008. Ese día se presentó en Unicenter acompañado por un grupo de policías otro de los colaboradores de Novo, Claudio Scapolán, a cargo de Investigaciones Complejas, “sin ningún motivo claro que justificase su presencia en el lugar”.
La causa por ese homicidio se acumuló a la iniciada por la denuncia de Angelini contra Novo. En la resolución del 30 de diciembre por la que dispuso el allanamiento de tres sedes de la fiscalía general, el penúltimo día del año pasado, Arroyo Salgado citó en forma textual un tramo impactante del dictamen del fiscal Domínguez en el que señala que la secretaria de la fiscalía Mariana Busse es la esposa del defensor de Gustavo Adolfo Juliá, el abogado Carlos Alberto Broitman.
Mariana Busse es algo más que eso: ella misma actuó como codefensora de Juliá. Fue secretaria de la fiscalía de Novo entre febrero de 2005 y junio de 2008, cuando renunció para actuar como abogada de Juliá y, en 2011, después de la detención de su cliente en España con casi una tonelada de cocaína, volvió a la fiscalía, esta vez como secretaria de gestión de la unidad descentralizada de San Fernando, donde su actividad principal fue monitorear al fiscal Angelini y obstruir su tarea. A propuesta de Novo, ya había otro funcionario designado para cubrir esa secretaría pero cuando los Juliá cayeron en Barcelona, el 13 de mayo de 2011, Novo pidió a la Procuración que anulara ese nombramiento y en su lugar recomendó a la abogada de Juliá. Esa noche, a la hora de la cena, se produjo una conversación de 25 minutos entre el teléfono de Novo y el de la casa de Falbo. El llamado fue devuelto desde el conmutador de la Procuración General un día antes de que Falbo firmara la designación pedida. Esta vez la comunicación apenas duró un minuto, tiempo suficiente para informar que Falbo aceptaba el cambio y, tal como solicitaba Novo, designaría a Mariana Busse. Mientras trabajaba en la fiscalía, Busse viajó varias veces a Barcelona para interesarse en la situación de Juliá, presentando certificados médicos apócrifos con los cuales Novo le concedía licencias. Busse ejercía “la representación y articulación del interés privado dentro del organismo público de persecución penal”, dice Domínguez. El fiscal probó que mientras fue defensora de Juliá, Busse mantuvo numerosas comunicaciones telefónicas con Novo y sus adjuntos, pero no a los teléfonos conocidos que utilizaban, sino a números de una fiscalía de menores, que dieron intempestivamente de baja a fines de 2013 cuando avanzaban las investigaciones. La compañía telefónica Movistar también ocultó muchas llamadas que interesaban a la investigación, de lo que deberá rendir cuentas.
En su resolución de hace dos semanas, Arroyo Salgado le indicó a Domínguez que las preguntara a Falbo por el contenido de la comunicación que ella o sus colabores de la Procuración General “pudo haber mantenido con Novo o cualquiera del resto de los imputados entre mayo y junio de 2011, circunstanciando los motivos por los cuales fue Busse y no otro funcionario el designado”. Busse pidió a Novo licencia por su matrimonio con Broitman, quien también era conocido como defensor del prófugo en la causa por el triple crimen de General Rodríguez, Ibar Esteban Pérez Corradi; de Manuel Kleiman, condenado en la causa Merluza Blanca; de los colombianos Meyendorff, Jesús López Londoño, alias Mi Sangre, y Andrés Mauricio Sánchez Gálvez, procesado como integrante y posible cabecilla de “una organización vinculada a la obtención, transporte y comercialización de sustancias estupefacientes”. Al festejo de la boda asistieron varios funcionarios de la fiscalía de Novo que declararon contra Angelini en los distintos sumarios administrativos que le iniciaron para producir su remoción de la causa que insistía en investigar.
En los procedimientos contra la banda que integraba el colombiano Sánchez Gálvez y que invertía el dinero del narcotráfico en fideicomisos edilicios “se secuestró una carta en la que se menciona que el alcalde de Tigre habría alertado sobre la producción de unos allanamientos y a su vez habría mandado a investigar los motivos de los mismos a un fiscal prestigioso”. Agrega el fiscal Domínguez que “casualmente” en la causa “se verifican casi cien comunicaciones entre el imputado Novo y Federico Galmarini y Malena Galmarini”. La airada respuesta de la familia Galmarini fue que pidieran también el cruce de las llamadas de Novo con otros alcaldes del corredor norte, como Jorge Macrì y Gustavo Posse.
Melisa Fernanda Rey actuaba como secretaria privada de Novo, pero además viajaban juntos al exterior, incluso en cruceros, de lo que el fiscal Fernando Domínguez infiere que no sólo había entre ellos una relación laboral. Según Domínguez la acción de Novo y sus colaboradores intentó “ocultar la red de narcotráfico que subyacía a los crímenes” y la participación en ellos de Juliá, de Carlos Gustavo Luaces y de Madero Office Center SRL, empresa relacionada tanto con el triple crimen de General Rodríguez como con la causa Granero por el tráfico ilegal de efedrina. A partir de la designación de Mariana Busse, “toda la información, llamados telefónicos, efectos, testigos, etc. relacionados con la causa que tenía como imputados entre otros a Gustavo Adolfo Juliá y Carlos Gustavo Luaces pasaron a ser monitoreadas directamente por la pareja [y ahora esposa] del abogado defensor de estos dos sujetos”.
El primer fiscal de la causa Unicenter, Diego Grau, sindicó como autores a Víctor Hugo Ovejero Olmedo, Jorge Daniel Moreyra y Mario Martín López Magallanes. Ovejero propuso como defensor al abogado Gustavo Manuel González y Moreyra y López Magallanes al hermano de aquel, Rodrigo Leandro González. El fiscal Grau los rechazó porque ambos abogados González “mantenían con sus asistidos una relación que excedía el marco profesional según dan cuenta las transcripciones de las intervenciones telefónicas”. La secretaria Melisa Fernanda Rey mantuvo “reiteradas comunicaciones telefónicas” con el número del abogado Gustavo Manuel González pero también con el teléfono de la madre del abogado. López Magallanes “se encuentra ligado al triple crimen de General Rodríguez en tanto dueño de la firma Unifarma SA –su abogado es Rodrigo González– e Ibar Esteban Pérez Corradi –cuyo abogado es Carlos A. Broitman– se encuentra prófugo con pedido de captura”, agrega el fiscal Fernando Domínguez. Pese a la objeción de Grau, el mismo juez Esteban Rossignoli que rechazó el allanamiento de Federal Aviation solicitado por Angelini decidió aceptar a los abogados González como defensores. El tercer piloto que acompañó a los Juliá en su último viaje a España fue Matías Miret, a quien la Justicia catalana absolvió. Hasta esa decisión estuvo detenido junto con Ovejero Olmedo, a quien le escuchó decir que participó con Moreyra y López Magallanes en los crímenes de Unicenter. Ovejero Olmedo, declaró Miret, le dijo que había robado joyas y relojes en España, que Juliá y Luaces vendían en la Argentina, pero que no le pagaron su parte. Dada esta vinculación, sigue el fiscal Fernando Domínguez, si la investigación de Unicenter avanzaba sobre Ovejero Olmedo y Moreyra “era sólo cuestión de tiempo establecer –como a la postre lo hicieron los fiscales Grau y Angelini– la consecuente participación que tuvieron Gustavo Adolfo Juliá, Carlos Gustavo Luaces y –quizás el punto neurálgico o más significativo de todo– los responsables de Madero Office Center SRL, gerenciadora de una red de narcotráfico en la Argentina”.
Entre los teléfonos que Novo compartía con Melisa Fernanda Rey y los del abogado Gustavo Manuel González y los de su madre, se verificaron no menos de 60 comunicaciones; las primeras ocurrieron tres semanas antes de los allanamientos a los domicilios de Ovejero Olmedo y Moreyra, de los que la fiscalía estaba al tanto. Los contactos telefónicos posteriores coincidieron con momentos significativos de las causas de Juliá y Luaces y de la actividad procesal del abogado González. En octubre de 2010, Angelini solicitó el allanamiento del estudio de los González, con un resultado paradójico: ellos se enteraron, pero el allanamiento no fue aceptado por el juez. Angelini pidió al mismo tiempo la declaración testimonial del ciudadano colombiano Julián Andrés Jiménez Jaramillo, quien conducía el auto de Duque Ceballos y Quinteros Gartner cuando los mataron, y que resultó ileso. El abuelo de Jiménez Jaramillo, a quien se menciona como “Don Jaramillo” era “uno de los líderes del cartel del Norte del Valle y para el que traficaba drogas Juliá”, sostiene el fiscal Fernando Domínguez. Su hipótesis es que Jiménez Jaramillo fue el entregador de quienes lo acompañaban en el auto, ultimados “presuntamente por encargo de Gustavo Adolfo Juliá y Carlos Gustavo Luaces”. En una estructura vertical como la del Ministerio Público, Angelini le habia pedido a Falbo que lo quitara de la órbita de Novo y le permitiera designar un secretario de su confianza, pero Falbo se negó y lo citó a La Plata que ¡dialogara con Novo y sus adjuntos! También ratificó que la designación de funcionarios era facultad del Fiscal de Cámaras. Al avocarse, la Suprema Corte concedió a Angelini la designación de funcionarios de su confianza y dispuso que sólo se ocupara de la causa de Unicenter y la del homicidio de San Fernando, en sonora desautorización a Falbo, que permite entrever su propio juicio político. Desmantelar la red de protección institucional es el primer paso imprescindible para enfrentar el fenómeno sobre el que es mucho más fácil reiterar consignas tan estrepitosas como ineficaces.
Publicado por Francisco Benzi en 1:37 No hay comentarios:
Etiquetas: Corte, Falbo, fiscal
El Prisionero Político con más “condenas a prisión perpetua”.
El “Cachorro” no fue beneficiado por la Ley de Obediencia Debida y fue inculpado en cerca de 800 “causas”, en 1988 fue procesado por 47 casos de“homicidio”, 76 de “tormentos”, 4 de ellos “seguidos de muerte” y 4“sustracciones de menores”, pero la corte suprema lo desprocesó entonces en conformidad con la Ley de Punto Final.
Los delitos que la justicia pro terrorista le adjudicó en la condena fueron“privación ilegal de la libertad calificada por tratarse de un funcionario público, agravada por el uso de violencia, por durar más de un mes y por haberse cometido para compeler a la víctima a hacer, no hacer o tolerar algo a lo que no estuviese obligada”. También por “imposición de tormentos agravada por la condición de perseguido político de la víctima, homicidio calificado por alevosía y por el concurso de pluralidad de partícipes, tormentos seguido de muerte y lesiones graves calificadas, todo en concurso real”.
Ahora, el General Menéndez será sometido a partir del 4 de abril a un nuevo“juicio”, esta vez en Salta, por la desaparición de Miguel Ragone, ex gobernador de esa provincia.
Publicado por Francisco Benzi en 16:56 No hay comentarios:
Etiquetas: detención, jurisdicción, sector
En la mafia parajudicial hay numerosos ejemplares.
Julián Busteros, ni siquiera es original.
Solo prevarica, deniega derechos, abusa de su autoridad y garantiza la impunidad de los delincuentes.
Pero ¿A quien le importa?
El berretismo procesal de este engendro de la "década ganada", es un manual de lo que no se debe hacer.
Pero, narcokirchnerista al fin, entiende el mundo en el marco de la teoría julianbusteroscéntricadel universo, que no tiene fundamento científico ni teológico.
Ya registra varias causas penales por los disparates que protagoniza como juez de garantías.
El día 1 de Octubre del 2015, se presentó una nueva denuncia penal por los delitos de prevaricato, abuso de autoridad y abandono de persona.
Otro tema es como los demás componentes de la mafia parajudicial, procederán indefectiblement a encubrirlo.
"Hoy por ti, y mañana por mi".
La denuncia se registró con el Nro.940.
Habrá que esperar el sobreseimiento.
Etiquetas: Busteros, denuncia, penal, prevaricato
Caso Carrascosa La sentencia condenatoria completa.
En la Ciudad de La Plata a los 18 días del mes de junio del año dos mil nueve
reunidos en Acuerdo Ordinario, los Señores Jueces de la Sala Primera del
Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, doctores Carlos
Angel Natiello, Horacio Daniel Piombo y Benjamín Ramón Sal Llargués, bajo la
presidencia del primero de los nombrados, para resolver los recursos de
casación en causas Nº 29.151 caratulada: "CARRASCOSA, Carlos Alberto s/
Recurso de Casación interpuesto por Fiscal de Juicio” y su acollarada N°
29.152 caratulada: “CARRASCOSA, Carlos Alberto s/ Recurso de
Casación”, interpuesto este último por la Defensa del nombrado Carlos Alberto
Carrascosa; practicado el sorteo de ley, resultó que en la votación debía
observarse el orden siguiente: NATIELLO - SAL LLARGUES - PIOMBO,
procediendo los mencionados magistrados al estudio de los siguientes
I.- Se inicia la causa n° 29.151 de referencia por recurso de casación
interpuesto por el Sr. Agente Fiscal Dr. Diego Molina Pico, quien solicita se
case el veredicto absolutorio dictado a favor de Carlos Alberto Carrascosa en
causa 1.537 del Tribunal en lo Criminal Nº 6 del Departamento Judicial San
Isidro, respecto del delito de homicidio calificado por el vínculo (art. 80 inc. 1°
Centra el agravio en la absurda valoración de la prueba efectuada por el
Tribunal de juicio a la hora de determinar la autoría responsable del encartado
Sostiene que la principal falencia que se observa en el tratamiento de la
cuestión segunda del veredicto que impugna, radica en la falta de
fundamentación de ciertas afirmaciones utilizadas para descartar dicha autoría,
lo cual conlleva al absurdo valorativo en punto a la apreciación de la coartada
de Carrascosa con la cual éste intenta desincriminarse. Entiende, que ello
surge del errado razonamiento que fundamenta el fallo.
Asigna gran importancia a la llamada telefónica de las 19:07:58 hs.; a las
contradicciones en los dichos de Carrascosa y de Bártoli y a la declaración de
la “masajista” Michelini. Sostiene que una adecuada valoración de estos
elementos, permitiría afirmar con certeza que quienes se encontraban a la hora
de los hechos en ese lugar, fueron el imputado Carrascosa y por lo menos
El señor agente fiscal, otorga a esas circunstancias suficiente entidad para
fundamentar la imputación que le enrostra al encartado pues, a su criterio,
siguiendo los lineamientos de la teoría de la coautoría funcional, aunque el
dominio completo del hecho resida en manos de varias personas, cada uno es
coautor del todo, teniendo cada una de ellas en sus manos el destino del
Entiende que, en línea con esa idea, el interviniente no puede ejecutar
nada solo. Únicamente si el cómplice o los cómplices cooperan, funciona el
plan, el cual sólo puede ser llevado adelante si actúan conjuntamente.
Afirma que eso es lo que ocurrió en este caso. A su juicio, hubo
distribución de tareas, pues cada uno de los intervinientes tuvo algo más que el
dominio sobre su porción del hecho y todo hubiese tenido un final diferente con
la sola intención de uno sólo de los partícipes, de impedir el resultado mortal.
Manifiesta que ello no sucedió, sino que por el contrario, existió cooperación
funcional en el plan homicida entre Carrascosa y los demás ejecutantes pues
todos habrían actuado en la especie libremente y sin coacciones.
Alega, por lo tanto, errónea apreciación de la prueba y defecto de
motivación en el acto jurisdiccional puesto en crisis, lo que se ha dado en
llamar “absurdo notorio”.
Entiende que, si bien el “a quo” ha enumerado largamente la prueba
incorporada a la investigación y al debate, no puede sólo limitarse a ello y a la
afirmación de que a través de las mismas se llegara al convencimiento, sino
que debió explicar en forma clara y de acuerdo a las reglas de la lógica y la
experiencia, de qué manera se produjo esa operación intelectual o nexo
racional entre las premisas y las conclusiones a las que arribara, y cómo se
apoyan éstas en la prueba producida.
Se agravia de que el “a quo” optara, respecto de la coartada de
Carrascosa, por la prueba desincriminante en desmedro de la incriminante
separándose de datos objetivos, sobre la base de una apreciación subjetiva
carente de toda verificación empírica, pues el fallo llegó a tal conclusión
apontocado en el testimonio del “vigilador” Ortiz en oposición de la llamada
telefónica de las 19:07:58 hs.
Pretende demostrar la mendacidad del mentado Ortiz sobre la base de que
este “vigilador” no se encontraba a las 19:00 hs. en la casa de Carrascosa sino
que habría arribado al lugar pasadas las 19:13 hs., manifestando que por tal
razón hubo de solicitar que fuera investigado por encubrimiento, al relatar una
versión diferente a la real, es decir, presentar las cosas como ocurridas de otra
El agraviodicente también destaca una seria contradicción en el
razonamiento empleado por los sentenciantes que –a su juicio- amerita la
casación del fallo, y es el relativo a la hora en la que el encartado Carrascosa
se habría encontrado en la escena del crimen.
Manifiesta que, si se sostiene que Carrascosa no estaba en la casa a la
hora 19:00 no se puede afirmar luego que empleó el lapso mal justificado (entre
las 18:20 y las 19:00 hs.) para alterar los rastros en la escena del crimen, pues
–esto último- supone la presencia del encartado en el lugar del hecho ilícito a la
hora en que éste se cometiera, con lo cual el propio juzgador no llega
lógicamente a explicar la exclusión de Carrascosa de dicha escena en el
horario en el cual éste aconteciera.
En mérito a ello impetra se case el fallo recurrido y asumiendo
competencia positiva, se condene al encartado a la pena de prisión perpetua,
como coautor del delito de homicidio calificado por el vínculo (art. 80 inc. 1° del
II.- Bajo el n° 29.152, obra el recurso de casación interpuesto por los
Sres. Defensores particulares del encartado, Dres. Hernán Diego Ferrari y
Alberto Néstor Cafetzóglus, contra el veredicto y sentencia dictado el 11 de julio
de 2007 en causa 1.537 del Tribunal en lo Criminal N° 6 del Departamento
Judicial San Isidro que condenara a Carlos Alberto Carrascosa a la pena de
cinco años y seis meses de prisión, accesorias legales y costas, por el delito de
encubrimiento agravado por tratarse el hecho precedente de un delito
especialmente grave (arts. 12, 19, 29 inc. 3, 45 y 277 incs. 1° b) y 3°a), este
último en función del art. 79 del Código Penal.).
La defensa centra sus motivos de agravio en los siguientes puntos, a saber:
a) Obtención de prueba de modo ilegal, violándose el principio que prohíbe que
se obligue a un ciudadano a declarar contra sí mismo y la garantía de defensa
b) Impedimento de convocar a testigos que contaban con información para
decidir el caso.
c) Nulidad de la acusación alternativa por hechos que se excluyen entre sí,
como posibilidad de reproche estatal.
d) Errónea aplicación del derecho que utilizó el tribunal para solucionar el caso:
omisión de la excusa absolutoria del art. 277 del CP.
e) Violación del principio de legalidad, al condenar por hechos no típicos.
f) Arbitrariedad de la sentencia por incoherencia en la interpretación de los
hechos y deficiente valoración de la prueba.
g) Desproporción de la pena aplicada por el hecho atribuido.
También se agravia por la –a su juicio- absurda valoración de la prueba
efectuada por el Tribunal a la hora de determinar la autoría responsable del
encartado en el evento por inobservancia y errónea aplicación de preceptos
legales (arts. 210 y 373 del CPP), solicitando en consecuencia se anule la
sentencia y se dicte nuevo pronunciamiento conforme a derecho, el que deberá
ser absolutorio en su parecer.
III.- A fojas 467, se incorporó el recurso de casación interpuesto por Carlos
Alberto Carrascosa por derecho propio, con el patrocinio letrado de los
defensores ut supra mencionados. Este recurso esencialmente reproduce los
agravios antes enumerados. De tal forma esto resulta así, que los resúmenes
de ambos recursos (fs. 425 y 468) son notoriamente similares.
IV.- A fs. 475/480 obra acta de la audiencia prevista en el art. 456 del CPP para
el informe oral, oportunidad en la cual el señor Fiscal ante esta Casación, Dr.
Carlos Arturo Altuve, mantuvo en todas sus partes el remedio propiciado por el
Sr. Fiscal de Juicio, Dr. Diego Molina Pico.
Postula, en esencia, que en caso de acreditarse que el imputado se encontró
efectivamente en el lugar del hecho al momento de la muerte de su esposa, se
lo condene por el delito de homicidio calificado.
En respuesta al recurso Fiscal, la Defensa de Carlos Alberto Carrascosa
contestó esos agravios, planteando como cuestión previa a resolver, que la
principal falencia que se observa en la sentencia que condenara a su pupilo, es
que se formuló una acusación condicional. Por un lado, una en orden al delito
de homicidio calificado y por el otro, una en relación al delito de encubrimiento
Entiende que -más allá de que se haya interpuesto un recurso-, el Fiscal habría
perdido el derecho a proseguir la acción pública respecto al delito de homicidio,
habiendo quedado firme la sentencia a ese respecto, no pudiendo por ello el
Fiscal de Casación proseguir la acción.
Agregó el co-defensor doctor Ferrari, que la impugnación del Fiscal de
Juicio fue sobre cuestiones de horarios y lugares en los que se encontró el
imputado, y que la nueva Investigación Penal Preparatoria suplementaria
abierta en Pilar, haría caer la pretensión original, toda vez que varios testigos
rectificaron sus dichos sobre los movimientos de Carrascosa aquel día.
En uso de la palabra, el doctor Cafetzóglus expuso sus argumentos en punto a
sostener el recurso de Casación N° 29.152 interpuesto por su parte, ratificando
el remedio incoado originariamente.
Con cita en doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, adujo que
los hechos y el derecho deben ser razonados, y que cuando esto no ocurre, la
sentencia es arbitraria, afirmando que es la mera expresión del poder por el
poder mismo, y que estas arbitrariedades señaladas las ha encontrado a través
de toda la sentencia, por lo que el pronunciamiento atacado viola el principio de
congruencia, ya que la acusación originaria fue sólo por dos hechos,
incorporándose luego siete hechos más.
Subsiguientemente, critica la utilización para acreditar la materialidad
infraccionaria, de prueba indirecta, advirtiendo irregularidades en la sentencia.
Menciona al respecto el art. 26 (sic) de la Constitución Nacional.
Asimismo, señala la desproporción de la pena aplicada, ya que por seis meses
no se le impuso a su asistido el máximo de la sanción amenazada.
Considera que se aplicó inconstitucionalmente el art. 41 del CP, pues no se
pudo acreditar el móvil, siendo ésta una norma sustancial que se encuentra por
encima de cualquier normativa procesal.
Menciona la imposibilidad que tuvo Carrascosa de alegar la excusa absolutoria
prevista en el art. 277 inc. 4° del CP.
A su turno, el doctor Ferrari ratifica todos los argumentos expuestos en ambos
recursos, manteniendo las cuestiones federales planteadas y peticionando se
declare la nulidad de la sentencia, apoyándose en la doctrina sentada por la
C.S.J.N. en el caso “Mathei”, por la cual no se puede volver a juzgar a un
ciudadano por errores de los órganos del Estado.
Retomando la palabra el doctor Cafetzóglus, solicita que este Tribunal case la
sentencia, absolviendo a Carlos Alberto Carrascosa.
En la misma audiencia, y contestando los agravios de la Defensa, el Sr. Fiscal
ante esta Casación Dr. Altuve, replicó los embates defensistas relativos a la
admisibilidad de una acusación principal por homicidio y otra alternativa o
subsidiaria respecto de encubrimiento. Del mismo modo respondió en punto a
los agravios de la defensa respecto de la condena traída, solicitando -en
subsidio del resultado que pueda recaer en el remedio planteado por la Fiscalía
de Juicio, que oportunamente sostuviera-, que se confirme el veredicto y
sentencia condenatorios en orden al delito de encubrimiento agravado.
Sostiene que el remedio casatorio interpuesto por la Defensa, resulta
improcedente, pues el “a-quo” dio una suficiente explicación –apoyada en
prueba sustanciada en el debate- acerca de cómo encontrara acreditada la
acción ilícita endilgada.
V.- Hallándose la causa en estado de dictar sentencia, se decidió plantear y
1ra.) ¿Es admisible el recurso de casación n° 29.151 interpuesto por el Sr.
Fiscal Dr. Molina Pico respecto del veredicto absolutorio recaído en orden a la
acusación principal por homicidio calificado por el vínculo?
2da.) ¿Resulta admisible el presentado por la defensa del encartado
Carrascosa respecto del hecho tratado en la acusación alternativa por
especialmente grave?
3ra.) ¿Se han verificado las violaciones a principios constitucionales y
procesales alegadas por la Defensa?
4ta.) En mérito a lo resuelto en las cuestiones precedentes: ¿Resulta fundado
el recurso fiscal?
5ta.)¿Lo es el presentado por la defensa?
6ta) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Natiello dijo:
El presente es un recurso interpuesto contra un veredicto absolutorio,
supuesto expresamente previsto en el art. 452 del CPP, habiéndose expresado
asimismo los motivos del art. 448 de ese digesto e interpuesto en tiempo y
forma (art. 451 del CPP).
A la misma primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Sal
Adhiero al voto del Dr. Natiello, expidiéndome en igual sentido y por los
mismos fundamentos.
A la misma primera cuestión planteada, el señor Juez doctor
Piombo dijo:
Adhiero al voto de los colegas preopinantes, expidiéndome en igual
sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Natiello dijo:
Del mismo modo, es admisible el remedio incoado por la Defensa, desde que la
interposición del recurso de casación respecto de sentencias definitivas en
orden a lo que refiere el art. 450 del ritual, procede cuando se cumplimenten
con la totalidad de los extremos procesales vigentes (arts. 448, 450, 451 y 454
inc. 1° del CPP).
A la misma segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Sal
A la misma segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Natiello dijo:
I.- En mérito al cuestionamiento efectuado por la Defensa respecto de la
viabilidad de una acusación “principal” y otra “alternativa” por homicidio
calificado por el vínculo y encubrimiento agravado, respectivamente,
desgranaré dos palabras convalidantes del procedimiento de la Fiscalía de
Juicio, atento la lógica incidencia que tiene el pedido efectuado, sobre el fondo
Se alegó que tal proceder no sólo importa la nulidad de la acusación,
sino que implica directamente, su ilegalidad.
Se sostuvo que el fiscal está solicitando pena por un delito (el
encubrimiento) que, según su criterio y planteo principal (la acusación por
homicidio) no podría ser atribuido pues “nadie puede ser condenado por
encubrir su propio crimen” (en rigor debió decirse que “nadie puede ser
condenado por encubrir el crimen que se le imputa haber cometido”).
Entiende la Defensa que “nadie puede ser autor de encubrimiento, si a
su vez es considerado autor del hecho principal”, pues pretender una condena
en esas condiciones, conllevaría una clara violación al principio de legalidad
(art. 18 de la CN).
Refiere, asimismo, que se viola el principio de inocencia (art. 18 de la
CN) desde que si alguien no puede ser autor del delito de encubrimiento, pues
el requerimiento fiscal lo considera autor del homicidio, resulta evidente que
está proponiendo, y logrando, que se castigue al acusado por un hecho del
cual es inocente.
Con ser ciertos esos principios generales, no debe confundirse esa hipótesis
con la actividad desarrollada por la Fiscalía del Juicio en el presente caso.
En efecto, para endilgarle a un sujeto el encubrimiento de un homicidio no hace
falta tener certeza de que el mismo no participó de ese homicidio, sino que
simplemente y en virtud de lo establecido por el legislador en el Código Penal,
si alguien es condenado por homicidio, no podrá a su vez, ser condenado por
encubrir ese delito, desde que el autoencubrimiento no es punible y resulta
Ahora bien, sin perjuicio de ese breve comentario, acertadamente sostuvo el
Dr. Altuve que el cuestionamiento que en este punto realiza la defensa ya
había sido formulado por esa parte en oportunidad de desarrollar su alegato
durante el transcurso del debate, y ha tenido debido tratamiento por parte del
Tribunal de Mérito, no ensayándose ante esta sede nuevas argumentaciones o
razones diversas a las ya expuestas que alcancen a desvirtuar lo decidido por
el “a quo” al respecto, deviniendo, por ende la reedición del tema ante esta
instancia claramente infructuosa.
No obstante ello, considero conveniente aclarar que la acusación alternativa,
introducida al Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires en su
artículo 335 tercer párrafo por ley 13.260, en modo alguno vulnera el derecho
de defensa en juicio del imputado.
Por el contrario entiendo, como lo ha afirmado Nicolás Guzmán en su artículo
“La acusación fiscal alternativa o subsidiaria”, en el que reflexiona en torno a la
validez lógica y jurídica del citado instituto (publicado en la Revista de Derecho
Penal y Procesal Penal del mes de octubre del año 2006, pág. 1877-1886) y
del cual se han reseñado algunas consideraciones, en punto a que si la
acusación alternativa resulta correctamente formulada, constituye una garantía
del adecuado ejercicio del derecho de defensa.
Incluso la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha avalado la formulación de
este tipo de acusaciones en un mismo proceso, y ha descartado que tal forma
de proceder pueda constituir una violación a la garantía de defensa el juicio.
Ello ocurrió en el fallo “Luque, Guillermo” (fallos 325:3181) del 26/11/2002.
Es justamente el principio de contradicción, tal vez el corolario más importante
de la garantía de defensa, pues representa el derecho a contradecir, es decir,
el derecho a cuestionar preventivamente todo aquello que pueda influir en la
decisión final. Por lo tanto parece no sólo correcta sino auspiciable la
formulación de acusaciones alternativas o subsidiarias, pues tal modo de
proceder evita que el proceso vuelva a una etapa anterior para que se
reformule la requisitoria fiscal y, tal vez, el auto de elevación a juicio, en
violación, precisamente, de los principios de preclusión y progresividad, así
como de la garantía del “ne bis in idem”.
Maier, señala que una acusación alternativa o subsidiaria que cuide de precisar
los hechos imputados y de señalar cuál es la tesis principal y cuál o cuáles las
subsidiarias o alternativas, permite la respuesta defensiva, la prueba y la
decisión. Se observa cómo ella es el pilar fundamental que permite el ejercicio
idóneo del derecho de defensa. (Maier, Julio B.J. “Derecho procesal Penal” p.
Coincido con el “a quo”, en que este tipo de acusaciones no viola la garantía
del “ne bis in ídem” sino que la protege, pues se hace cargo de la exigencia
que reclama que la identidad del hecho sea comprendida del modo más amplio
posible y que la garantía funcione “en aquellos casos en los que se ha ejercido
el poder penal con suficiente intensidad y, además, ha existido la posibilidad de
completar adecuadamente la descripción del hecho”.
Considero, en línea con lo antedicho, que la acusación alternativa o subsidiaria
es aquella en la cual se ponen en juego las hipótesis posibles, cuidando de
descubrir todas las circunstancias necesarias para que puedan ser verificadas
en la sentencia. Ello, sin perjuicio de ordenar el escrito de manera que permita
entender cuál es la tesis principal y cuáles las subsidiarias o alternativas.
Una acusación es precisamente una hipótesis, esto es, una conjetura
formulada en un enunciado que afirma que pudo haber ocurrido un
determinado hecho con significancia penal, y ese enunciado será sometido a
confirmación y refutación, es decir: a la crítica por parte de los sujetos
El acusador podrá tal vez creer -con una cierta convicción- en la verdad de su
conjetura, pero su creencia particular será irrelevante, desde que los
enunciados de la acusación no son equiparables a los enunciados contenidos
en la sentencia, que es la única de la cual puede predicarse la verdad procesal.
De la sentencia se exigen aserciones que afirmen la existencia o inexistencia
de un hecho y que explicite las razones que sustentan esas afirmaciones.
Diversamente, de la acusación sólo puede exigirse la formulación de una
conjetura y que explicite los indicios que la hacen plausible.
No debe perderse de vista que es muy distinto el status que el Estado asigna al
enunciado que contiene la acusación, que el que asigna a la afirmación
contenida en una sentencia. A esta última la inviste de autoridad y lo que ella
dice es la “verdad”. Esa verdad procesal es inmutable en el mundo del derecho
y las discusiones que mantengamos en torno a ella serán irrelevantes una vez
que la sentencia haya adquirido firmeza y exista cosa juzgada.
En cambio, más allá de la pretensión de verdad que la acusación pueda
contener, ella no pasa de ser una hipótesis, una conjetura. Esto es lo realmente
importante, el Estado no la considera de otra manera, sólo a la sentencia le
asigna valor de verdad.
Por lo expuesto, parece claro que no existe ninguna inconsistencia lógica ni
jurídica, en atribuir al imputado la comisión de un hecho y alternativa o
subsidiariamente la comisión de otro, por más que las hipótesis fácticas en
juego fueran excluyentes entre sí, como sucede en autos.
En el presente caso, creo firmemente que la acusación formulada por el
Ministerio Público Fiscal al endilgar al incuso la coautoría en el homicidio de su
esposa y, alternativamente, el encubrimiento de ese homicidio, eventualmente
cometido por un autor ignorado o por parte de otra u otras personas, no resulta
ser un acto incoherente y contradictorio.
Distinto ocurriría si se tratase de una acusación -y mucho más una sentenciaque
afirmare que se han cometido los dos delitos por la misma persona,
pues como señalara precedentemente, el Estado asigna un valor de verdad a
las afirmaciones de la sentencia, y no sería admisible que a través de ella se
declarara que una persona cometió un homicidio y que esa misma persona
encubrió “su propio delito”, porque ello sí resultaría una situación inaceptable,
desde que, para afirmar lo segundo debería contradecirse y señalar que el
homicidio fue cometido por un tercero.
Pero no es incoherente que el Estado -en principio- afirme a través de su brazo
acusador que pudo ocurrir una cosa o la otra. No es contradictorio
precisamente porque se trata de conjeturas distintas.
El Estado no afirma, al momento de acusar al incuso, que sea verdad que
ambos hechos ocurrieron. Sólo sostiene hipotéticamente que alguno de los dos
hechos pudo haber sido cometido por esa persona. Y la prueba más clara, y tal
vez más a la vista que esto es así, lo constituye el nexo disyuntivo –y no
conjuntivo- que se utiliza generalmente en la pieza acusatoria: “mató” o
“encubrió el delito de otro”.
Se trata de una disyunción excluyente, donde sólo una de las proposiciones
puede ser verdadera.
Si las acusaciones alternativas o subsidiarias describen concretamente los
supuestos fácticos que se imputan, las normas en que resultan encuadrables y
los indicios en que se sustentan, ellas son perfectamente válidas pues permiten
un correcto ejercicio del derecho de defensa en juicio.
Este derecho constitucional no se ve afectado por el hecho de que existan dos
acusaciones –una principal y otra alternativa o subsidiaria-. Por el contrario, en
la medida en que la formulación de estas acusaciones sea precisa, la persona
imputada podrá defenderse de ambas eficazmente y obtener luego,
eventualmente, una sentencia absolutoria por una o ambas acusaciones.
Las hipótesis acusatorias subsidiarias no son meros caprichos del acusador.
No representan una manera de llevar una persona a juicio “por si acaso”, sino
que son conjeturas construidas a partir de ciertos indicios que las hacen
Esto significa que cuando son formuladas, cuentan con una cierta expectativa
de ser confirmada al menos una de ellas.
Es que las hipótesis acusatorias tienen –o deben tener- una base racional y
apoyarse en ciertas pruebas. Y si estas pruebas permiten construir dos
hipótesis, como en este caso, no hay explicación para la exigencia de tener que
elegir por alguna de ellas de manera prácticamente azarosa, cuando ninguna
norma lo requiere y ello no constituye ninguna inconsistencia lógica.
Esta prieta referencia al tema en tratamiento sella la suerte del reeditado
reclamo al respecto.
II.- Denuncia asimismo la Defensa violación a la garantía de defensa en juicio
mediante la obtención de prueba ilegal. En esencia, sostiene que se utilizaron
en forma cargosa elementos probatorios obtenidos gracias a las declaraciones
testimoniales de Constantino y Juan Hurtig y de Horacio García Belsunce (hijo).
Concretamente, se refiere al resto de la bala encontrada bajo el cuerpo de la
El planteo resulta ser idéntico al sostenido en su alegato y materia de responde
por parte del Tribunal en la cuestión previa del veredicto, sin que el recurrente
llegue a conmover los fundamentos esgrimidos por el Juzgador, deviniendo por
ende insuficiente (ver fs. 231 vta./232 de la presente).
No obstante ello, considero pertinente reseñar que, más allá de que los
testimonios en calidad de testigos oportunamente brindados no tuvieron como
finalidad determinar la responsabilidad penal de los declarantes en los hechos
criminosos, los mentados reiteraron sus dichos al respecto al momento de la
declaración prevista en el art. 308 del rito, con lo que se hubiera arribado al
mismo resultado, esto es, el hallazgo de la pieza probatoria conocida ahora
públicamente como “pituto” (ver fs. 773/777 vta. y 827/836 de la causa
principal; 270 vta./272 de la presente).
Amén de ello, cabe destacar que el “a quo” sólo valoró estos últimos
testimonios, en los cuales los ya coimputados declararon con todas las
formalidades y garantías previstas en la ley.
Por último, no puede soslayarse que similares datos surgen de las
declaraciones testimoniales de Horacio Zarracán, Balbino Ongay, Graciela Del
Cioppo de Ongay y Ernesto Otamendi (fs. 272/273 vta. de la presente).
Sobre el punto habré de referirme detalladamente al responder la cuestión
III.- Alega el recurrente que el art. 18 de la CN se ha visto conculcado al no
haber el Tribunal de grado permitido la declaración en juicio de los coimputados
por el delito de encubrimiento.
Ahora bien, nuevamente la Defensa reedita un planteo ya efectuado en su
alegato y debidamente contestado por el Tribunal en la cuestión previa del
veredicto (fs. 230 y vta. del presente recurso), desentendiéndose del mismo.
A su vez, el Juzgador ya había resuelto la incidencia respectiva al momento de
haberse efectuado la solicitud de que declararen los coencausados (fs. 3/5 vta.
de autos).
Allí se sostuvo, acertadamente, que la única forma prevista en la ley para
prestar testimonio en juicio es en calidad de testigo o de imputado.
Habiéndose elevado a juicio la causa sólo respecto del aquí imputado, ante las
apelaciones de los demás coencartados, no resultaba legalmente posible que
estos últimos declararen en él.
Los Jueces sostuvieron que no podrían brindar testimonio como imputados
porque no eran ellos los jueces naturales, ni los otros revestían la calidad de
acusados, pero tampoco podían declarar juramentadamente.
Considero que asiste razón al Tribunal de Juicio. Los coimputados no podían
recibir el trato legal de acusados, esto es, prestar declaración injurada, pero
tampoco era posible que declararan bajo juramento, sin menoscabar
seriamente sus derechos.
No obstante ello, resulta oportuno aclarar que sí fueron incorporadas por
lectura, sin oposición alguna, las declaraciones de todos los encausados en los
términos del art. 308 del CPP (fs. 13 vta./14 vta. del presente recurso).
IV.- Sostiene la Defensa la nulidad de la sentencia en crisis por haberse, a su
entender, acusado a personas que no pudieron defenderse en juicio. Afirma
que ello implicó violación a la prohibición de juzgamiento en ausencia y,
también, que dichas personas no tuvieron oportunidad de oponer defensas que
hubieran podido ser usadas en beneficio de su asistido.
El planteo no resiste el menor análisis y cae por su palmaria insuficiencia.
Idéntica queja fue argumentada en su alegato y recibido sólida respuesta por
parte del Juzgador en la cuestión previa del veredicto (fs. 230 y vta. de la
presente), sin que el impugnante, aunque sólo fuera por una cuestión formal,
intente refutar los fundamentos allí esgrimidos.
En primer término, nadie fue juzgado en ausencia. Esto, más allá de que no se
especifica en este recurso a quiénes se refiere.
Tampoco explica, siquiera mínimamente, la razón por la cual los datos que
eventualmente hubieran aportado esas personas habrían, también
hipotéticamente, beneficiado a su defendido.
Mucho menos aclara de qué forma se relacionaría esto último con el supuesto
de juzgamiento en ausencia.
V.- Sintéticamente habré de referirme a la última causal de nulidad esgrimida
por la Defensa, esto es, la supuesta indeterminación de la conducta atribuida al
imputado y su repercusión en la sentencia condenatoria.
Ello así pues, tal como ha sido planteada, aún cuando coincidiera en la
existencia de violación al principio de congruencia, la nulidad sólo alcanzaría a
la condena por encubrimiento agravado (acusación subsidiaria), mas no a la
absolución por el delito de homicidio calificado por el vínculo (acusación
principal), la cual tampoco se encuentra firme atento el recurso interpuesto al
respecto por el Sr. Fiscal de Juicio, no siendo necesario un nuevo debate
(Conf. Causa N° 5264 “Romero”, Sala II, voto del Dr. Mancini).
Sentado lo anterior, debo decir que no advierto se verifique la nulidad que se
Por el contrario, tal como sostiene el Tribunal de mérito, el imputado y su
Defensa conocieron los hechos enrostrados y ejercieron plenamente sus
La circunstancia alegada relativa a que algunas de las conductas reprochadas
fueron relacionadas con el homicidio y no con el encubrimiento, no tiene
incidencia en la congruencia de la sentencia.
Al respecto ilustra Maier que “todo aquello que, en la sentencia, signifique una
sorpresa para quien se defiende, en el sentido de un dato, con trascendencia
en ella, sobre el cual el imputado y su defensor no se pudieren expedir,
cuestionarlo y enfrentarlo probatoriamente, lesiona el principio acusatorio”.
Ahora bien, la Defensa no puede sostener válidamente que no se expidió,
cuestionó y enfrentó cada una de las acciones incriminadas por el Fiscal. De
ello da cuenta el extenso debate producido. El hecho de que el titular de la
acción las relacionara con la acusación principal y no con la subsidiaria, sólo
implica que era la primera la calificación jurídica de las conductas endilgadas
que pretendía el Fiscal –por ello, principal-. Habiendo el Tribunal finalmente
absuelto por el homicidio calificado y decidido por el encubrimiento agravado
(encuadre típico que tampoco sorprendió a la Defensa atento la acusación
alternativa efectuada), la sentencia no resulta violatoria del principio de
congruencia, íntimamente ligado con el acusatorio.
No habré de adentrarme en profundidad respecto de este agravio traído, tal
como adelantara supra, en virtud de lo que expondré en la cuestión siguiente.
A la misma tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Sal
A la misma tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Piombo
Adhiero al voto del Dr. Natiello.
Sin perjuicio de la concurrencia hacia el sufragio líder, con referencia
específica al punto V de ese parecer, recuerdo, y hago hincapié, que el
principio de congruencia siempre atañe a hechos (Sala I I, sent. del 26/12/02
en causa 5638, “Castro”), y no a encuadramiento jurídico.
En el caso, el hecho central es siempre el mismo: la muerte de la señora
García Belsunce de Carrascosa. La problemática finca en los cortes
temporales. Si se realiza uno a partir de la muerte de la víctima tomando la
responsabilidad penal del inculpado desde ese momento, considerándolo ajeno
a la actividad homicida, los actos de ocultamiento pasan a ser delito
independiente, con otro bien jurídico agredido. Si se toma la responsabilidad
penal del inculpado desde un corte temporal inmediatamente anterior, fijado en
el momento en que comenzaron las maniobras tendientes a quitarle la vida
mediante el uso de un revolver, esos mismos actos de ocultamiento no son otra
cosa que un hacer penalmente irrelevante para el autor, toda vez que sólo
concretarían la aspiración natural a obtener la impunidad que, si lo fuera para
otro ilícito, agravaría el homicidio mismo. Todo esto sin perjuicio de la
acriminación del hacer de otros que, sin promesa previa al ilícito, ayudaran en
ese cometido de difuminación de la responsabilidad irrogada por el hacer
En otras palabras, no se trata de cosas extrañas, no miscibles entre si,
sino de un continuo temporal y de conducta que siempre reclama, a partir un
enfoque ontológico, unidad. De ahí que desecho de plano contradicciones u
oposiciones, dando paso a una conceptuación separada dictada por el sistema
de punición por “recortes” de conducta -y no por acriminaciones genéricas- que
perfilan el sistema de Derecho penal liberal vigente en tierra argentina.
Por último, esta Sala ha dicho que:
"En el marco del tipo subjetivo del artículo 79 del Código Penal, el dolo no
requiere ni motivación ni finalidad específicas” (Sala I, sent. del 2/11/04 en
causa 3113, “Issia”).
A la cuarta cuestión planteada, el señor Juez doctor Natiello dijo:
En el recurso de casación interpuesto por el Sr. Agente Fiscal Dr. Diego Molina
Pico, que corre bajo el n° 29.151, éste solicita se case el veredicto absolutorio
dictado en favor de Carlos Alberto Carrascosa en causa 1.537 del Tribunal en
lo Criminal N° 6 del Departamento Judicial San Isidro, respecto del delito de
homicidio calificado por el vínculo (art. 80 inc. 1° del C.P.).
En él han sido alegados vicios en la sentencia dictada en el sub-lite, en lo que
hace a la coherencia interna de la decisión que, finalmente, dispusiera la
absolución del nombrado Carrascosa, como coautor en el hecho que
victimizara a su legítima esposa María Marta García Belsunce, en la acusación
principal sometida a debate y posterior resolución definitiva.
Asiste razón al Sr. Fiscal ante esta Sede Dr. Altuve cuando acompaña al
Dr. Diego Molina Pico en sus reclamos casatorios.
Sabido es que para la valoración de la prueba se exige la expresión de la
convicción sincera sobre la realidad de los hechos juzgados, con desarrollo
escrito de las razones que llevan a aquella convicción, conforme a las reglas de
la lógica, la psicología y la experiencia común.
Es que no es suficiente la impugnación que se basa en la mera
discrepancia del recurrente con el alcance que el juzgador ha dado a distintos
elementos probatorios de cargo (Sent. del 8/9/99 en causa 185, Sala I,
"Benítez, Carlos") pero, en el caso -como se dijo-, el “a-quo” ha engarzado
distintos datos para sostener un juicio de valor realmente discutible y por
demás contradictorio, que -aunque pudiera resultar fruto de su sincera
convicción- no es suficiente para que no sea tachado de absurdo.
Tengo dicho antes de ahora que si no se alegan y prueban notorios
apartamientos de las reglas de la sana crítica y de la lógica, la valoración del
juez sobre dichas circunstancias fácticas resulta materia ajena a la casación.
Empero, a la luz de la jurisprudencia de este Tribunal, imperante incluso antes
del sonado fallo “Casal”, existen en el “sub lite” motivos más que suficientes
para adentrarnos al tratamiento de las cuestiones traídas.
En mi sentir, adelanto que al analizar los elementos colectados en autos, el
juzgador relativizó el nutrido plexo de cargo que vinculara –y comprometiera- a
Carrascosa en el hecho motivo de acusación principal, sustancialmente al no
tener por acreditada la presencia del encausado en el lugar del hecho a la hora
en la que éste acaeciera, circunstancia sobre la que gira el meollo de la queja
Ese importante indicio de oportunidad -por el contrario-, no aparece
afeblecido por los elementos que se invocaran para contrarrestarlo.
Acertadamente el Sr. Fiscal de Juicio ha presentado los elementos objetivos
que apuntalan su versión incriminante, y de ellos doy cuenta para fundamentar
mi decisorio.
Comparto con la acusadora que con la llamada telefónica de las 19:07:58 hs.
en la que se solicitara la ambulancia a OSDE, las contradicciones en los dichos
de Carlos Carrascosa y de Guillermo Bártoli; y la declaración de Beatriz
Michelini, se puede saber a ciencia cierta que, quienes se encontraban a la
hora del hecho y en ese lugar, fueron el imputado Carrascosa y al menos otras
dos personas, no siendo una de ellas la nombrada Michelini.
Dice el sentenciante –bien que para respaldar una evidente circunstancia de
hecho relativa a la incriminación dirigida a Carlos Alberto Carrascosa, incluso
antes de definir su eventual participación en el hecho materia de acusación
principal- que “...al tener que rendir cuentas de su accionar, el imputado inventó
una historia cuya credibilidad ha sido derrumbada...” (fs. 347 vta. de la
Asimismo, afirma que uniendo ese “faltar a la verdad” con otros indicios
referidos a que “no resulta creíble que Carrascosa hubiera encontrado a su
mujer en las condiciones que alude y que mostrara a los que se presentaron en
su domicilio”, utilizó ese tiempo “mal justificado” en alterar los rastros del crimen
(fs. 348 de autos).
En mi sentir, tal circunstancia viabiliza –por lo menos respecto de Carrascosa,
que resulta ser la persona destinataria de este acto jurisdiccional- la imputación
que le asigna la Fiscalía de juicio como acusación principal. Ello así pues,
siguiendo los lineamientos de la teoría de la coautoría funcional del dominio del
hecho, cada uno de los intervinientes en un hecho ilícito es coautor del todo,
aunque el dominio completo del mismo resida en manos de varias personas,
quienes actuando de manera conjunta, tienen cada una de ellas en sus manos
el destino del acontecer dañoso.
Coincido con el acusador que, en esa idea, el interviniente no puede
ejecutar nada solo. Es decir, que no le es posible llevar adelante el plan si no
actúa en forma conjunta.
Cada uno por separado puede anular “el plan conjunto” con solo retirar su
aportación, dado que “...para el hacer concluir, se requiere la cooperación de
todos; pero para impedir el desenlace, basta uno solo...”. (reproduzco su cita de
Claus Roxin, “Autoría y Dominio del Hecho en el Derecho Penal”, 7ª. Edición,
Marcial Pons; Barcelona; 2000; págs. 308 y siguientes).
Asiste razón al Dr. Molina Pico cuando sostiene que, en este caso, “hubo
dominio sobre su porción del hecho, y todo hubiese tenido un final diferente con
la sola intención de uno sólo de los partícipes, de impedir la muerte” (fs. 426
vta. de autos). Entiendo también que ello no ocurrió, y que por el contrario,
existió cooperación funcional en el plan homicida entre Carrascosa y por lo
menos otras dos personas, los que habrían actuado en la especie libremente y
sin coacciones.
¿Cómo puede sostenerse –sin que resista el absurdo- que las innumerables
maniobras de ocultamiento respecto del hecho ilícito que se había perpetrado
en la persona de María Marta García Belsunce de Carrascosa, y de las que
dan cuenta la nutrida prueba rendida, lo incorporado por lectura, lo que surge
del acta de debate, y lo que incluso se desprende de la propia sentencia,
(aunque interpretado en diferente sentido al asignado por el Juzgador), en las
que sin lugar a dudas como se lleva dicho interviniera el encartado y por lo
menos otras dos personas -restando aún esclarecerse si fueron o no de su
reducido entorno- no hayan acaecido con el fin de hacer desaparecer los
rastros del delito, evitando y entorpeciendo la investigación de tan aberrante
episodio?.
De ningún modo se pretende reprochar a Carlos Alberto Carrascosa el hecho
de “encubrir” u ocultar su propio hecho homicida, o el suceso en el cual se
consideraría que habría participado, pues en nuestro Derecho Penal, el “autoencubrimiento”
Lo que se hace es destacar las maniobras –si se quiere lógicas y naturales, y
propias del instinto de supervivencia- que realizara, ordenara o cooperara a
realizar, tendientes a evitar ser descubierto y posteriormente condenado por el
crimen en el cual participara.
La actitud de Carrascosa fue por demás errática desde que, si bien “la
confesión es la tentación del culpable”, nadie pretende que cuando se
conocieron los hechos y a escasos minutos de que tomen conocimiento de él
diversas personas (entre las que se encontraba la “masajista” Beatriz Michelini
que llegaba en esos momentos a brindar sus servicios a la dueña de casa,
como sistemáticamente hacía los domingos) un individuo en esas
circunstancias, confiese o se rinda a su suerte (y a las evidencias inculpatorias)
o se siente en un sillón esperando ser aprehendido (máxime si no se
encontraba solo en esa encrucijada). La mentada y “errática actitud” no es lo
que la lógica aconsejaría en el caso de haberse encontrado –como dijo- frente
a un accidente doméstico en el cual, precisamente, la víctima era su propia
Para nada se pretende que esas serias circunstancias, de por sí y en soledad,
se transformen en los únicos indicios incriminantes, desde que, como se
destacara, la salvaguarda de la propia integridad -o de su libertad personal
seriamente puesta en crisis- es, si se quiere, el lógico derecho natural de todo
Pero tampoco debemos relativizar esa legítima actividad precautoria, frente al
claro indicio de oportunidad que, obviamente, queda evidenciado de esos
Resulta evidente –por ilegítimo- que esa actividad (que volvemos a denominar
“precautoria” o de “salvaguardia”) no puede ser utilizada como serios indicios
para tener alguna incidencia en la acriminación o el reproche del
“encubrimiento” de su propio hecho delictual, pues –como se dijo- si se quiere,
resultan ser mecanismos de autodefensa y autoayuda oxigenantes para lograr
la impunidad querida.
Pero ello no quiere decir que -si corresponde- no puedan ser utilizados en
comunidad con otros elementos y en especial con el indicio de oportunidad y
los que lógicamente se desprenden de él, para conformar un plexo de cargo a
fin de acreditar -y reprochar penalmente- el propio homicidio que se intenta
Porque el impedimento legal para utilizar esos ingredientes como elementos
incriminantes respecto de un ilícito preservado de persecución punitiva
(encubrimiento de su “propio hecho” delictual), de manera alguna me impide
conformar un cuadro de situación que apontoque razonablemente la real idea
central de la investigación, consistente en la legítima intención del interesado
de ocultar los pormenores y rastros de un hecho ilícito que termina de cometer,
para evitar ser descubierto.
Esa actividad tendiente a ocultar lo que realmente ocurrió, aparece
diáfanamente exteriorizada no sólo cuando se fraguara el certificado de
defunción -tan burdamente motivado en lo que hace a la causal del óbito-, o
cuando a pocos minutos de haberse “descubierto” el cadáver de un familiar tan
dilecto, uno de los principales involucrados –sin duda alguna el Sr. Carrascosacomenzara
por negar un hecho evidente, instalando la idea de un accidente
doméstico, y a urdir maniobras escalofriantes para “encubrir” el supuesto
accionar de un “ignoto delincuente” en la autoría de un hecho tan aberrante.
Esas maniobras fueron las de ubicar el cuerpo de la víctima en la bañera de la
planta alta; sumergir la cabeza en la misma para diluir la sangre que manaba
de las heridas; borrar los rastros de la sangre derramada en otros ámbitos;
desechar ropas y otros elementos ensangrentados; realizar gestiones para
bloquear la presencia de la autoridad policial; acomodar el cadáver disimulando
las heridas; impedir el acercamiento al cuerpo de la víctima y al escenario de
los hechos a ciertos allegados; evitar que los empleados de la empresa
funeraria manipulen y acicalen el cadáver.
Capítulo aparte merece el tema de arrojar al inodoro envuelto en papel
higiénico, el plomo hallado debajo del cuerpo de la infortunada víctima –
también burdamente denominado “pituto”-, intentando asimilarlo a un “seguro o
sostén de estante de biblioteca o placard”. La excusa me parece no sólo burda
sino infantil.
No me cabe duda alguna que a ese tipo de adminículo, en un sinnúmero de
veces, la totalidad de los que presenciaran ese episodio, pudieron haber
accedido a través de sus sentidos, habida cuenta sus calidades personales y
profesionales. Con mayor claridad: más de una vez tanto Carrascosa como los
restantes, habrán asegurado –o visto asegurar- un estante de placard o
biblioteca, reponiendo en su lugar, ante un desperfecto o caída de uno de ellos
el mentado “sostén de bronce”.
Como esbozara en la cuestión anterior, el tema del hallazgo y posterior
descarte del mencionado elemento encontrado debajo del cuerpo de la victima,
surgen debidamente acreditados de las manifestaciones de Horacio García
Belsunce –hijo-, Juan Carlos Hurtig, y Constantino Hurtig, en oportunidad de
prestar declaración en los términos del artículo 308 del CPP, (declaraciones
brindadas con todas las formalidades y garantías previstas por la ley) –fs. ya
citadas-.
Estas concordantes deposiciones, fueron incorporadas por lectura al debate
con anuencia de las partes, -según surge del acta respectiva-, y las mismas se
adunan al testimonio aportado durante ese debate oral por Horacio Ricardo
Zarracán, cuñado de la víctima, quien confirmó lo expuesto por los anteriores
“en cuanto al hallazgo de una pieza metálica, que le fue mostrada”; señalando
la presencia en la citada oportunidad de Horacio García Belsunce (h), Juan
Hurtig, Constantino Hurtig y Carlos Carrascosa (fs. 272 vta. y 368 de autos).
El mencionado testimonio de Zarracán, que resulta absolutamente válido, ha
sido a su vez corroborado por las deposiciones prestadas en debate por
Balbino Ongay quien recordó haber conversado con Constantino Hurtig en el
baño de la planta alta de la casa del imputado, el que le comentó que debajo
del cuerpo de María Marta habían encontrado un “casquillo” o “esquirla”, un
objeto metálico raro, transmitiéndole esto el deponente a Ernesto Carlos
Otamendi al emprender el viaje de vuelta del velorio de la víctima y, mucho
tiempo después, a su esposa, Graciela Lucía Del Cioppo (fs. 272 vta./273 vta.).
La existencia del llamado “pituto” fue también referenciada por el doctor
Romero Victorica en su declaración injurada atípica, donde informara al
Tribunal que Horacio García Belsunce (h) le había comentado que hallaron una
especie de plomo que se asemejaba a los sostenedores de estantes de
bibliotecas o, en todo caso, a una perilla que se usa para abrir cajones,
manchado de sangre (este dato de la sangre es destacable) que estaba en el
suelo y, ante preguntas suyas respecto al destino que le dieron al mencionado
objeto, aquél le señaló que lo habían tirado –aclaro, al inodoro y no al
recipiente de residuos que estaba en el baño- (fs. 263/265 de la causa
principal; 305 vta. de la presente).
Tal y como puede comprobarse, las declaraciones prestadas por los
mencionados Juan Hurtig, Constantino Hurtig y Horacio García Belsunce (hijo),
han sido aportadas en oportunidad de efectuar su descargo a tenor del art. 308
del rito, pero sin perjuicio de ello, y aún omitiendo considerar las mismas, los
datos respecto al “plomo” hallado debajo del cuerpo de la occisa y que fuera
arrojado al inodoro -circunstancias relatadas-, surgen de modo independiente
de las declaraciones testimoniales, legítimas y válidas, de Horacio Zarracán y
Balbino Ongay, que fueran ratificadas tanto por Graciela del Cioppo como por
Ernesto Otamendi.
Por lo que se lleva dicho –y por lo que más adelante se explicitará- la
apreciación valorativa, que fuera el que motivara la significación jurídica que
otorgara el a-quo” al acontecer dañoso sometido a su juzgamiento, no resiste el
más mínimo análisis, por su notorio absurdo.
Refuerza dicha afirmación la ausencia de fundamentación lógica en la segunda
cuestión del veredicto respecto de los argumentos utilizados para excluir a
Carrascosa en el capítulo de la autoría en el hecho principal, dando cabida a la
débil e inconsistente coartada del encartado cuando intenta ubicarse fuera del
radio álgido en el momento del hecho.
En punto a la valoración del “a-quo” de la coartada en cuestión, no encuentro
razonable que optara por la prueba desincriminante antes que acudir a la
incriminante, desde que, tal como afirma el acusador, lo hace separándose de
datos objetivos, respaldando su convicción en una apreciación subjetiva,
carente de toda verificación empírica, y ello, de por sí, ya es motivo
determinante para la casación del fallo.
Como sostiene el quejoso, el sentenciante llega a tal conclusión sobre la base
del testimonio del “vigilador” José Ortiz, en desmedro de la mentada llamada
telefónica de las 19:07:58 hs. en la que se solicitara una ambulancia a la obra
social OSDE, corroborada por los testimonios de los “vigiladores”. En especial,
Diego Rivero dijo haber escuchado una comunicación radial pasadas las 19:00
hs. en la que se solicitaba que uno de ellos fuese hasta la casa de Carrascosa.
Ocurren en apoyo de la tesis expuesta, el testimonio de la “masajista” Michelini,
lo que surge del VAIC y la llamada telefónica de las 19:13 hs., en la que se
escucha un parlamento que -atribuible al imputado- consiste en decir “ya viene
la guardia para acá” (sic).
Otra circunstancia palmaria que valida la postura relativa a que el “vigilador”
Ortiz no llegó a la casa de Carrascosa a las 19:00 hs. –como se indica en el
fallo que se impugna-, es el hecho acreditado de que Michelini se encontraba
en la guardia del Carmel desde por lo menos las 18:55 hs. (ver planilla de fs.
23, incorporada por lectura, reconocida por el “vigilador” Juan Páez -fs. 46-),
hasta segundos antes de las 18:59 hs. -según el dato objetivo que se
desprende de las fotografías obtenidas obrantes a fs. 3510/3512-, y que por lo
menos hasta las 18:58 hs. continuaba esperando en la guardia-, o sea a
escaso un minuto de la cuestionada –e improbable- llegada de Ortiz, a la hora
señalada, a dicha casa.
Tal como sostiene el recurrente, no “darían los tiempos para ello”, porque a esa
hora se estaba efectuando “el primer llamado telefónico desde la guardia a la
casa del imputado”, llamado que –según el VAIC- no fuera atendido; y el hecho
indubitado referido a “todas las actividades que se tuvieron que realizar antes
del efectivo ingreso de Michelini al Carmel” (relativas al procedimiento habitual
cuando una visita llegaba al country, según dan cuenta los testimonios de
Claudio Maciel, Eduardo Vera y Juan Páez), las que deberían haber insumido
como mínimo casi cinco minutos, cosa que nunca habría podido suceder en el
escaso minuto mentado.
Por otra parte, la llamada de las 19:13 hs., que fuera atendida por el imputado
desde el teléfono que estaba en la barra de la planta baja –desde donde, según
datos referenciales, se podría apreciar y visualizar a las personas que se
acercaran a la vivienda- tuvo una duración de 82 segundos, y asiste razón a la
Fiscalía de Juicio en cuanto a que la frase de Carrascosa referida a la llegada
del “vigilador” –Ortiz- se escucha pasada la mitad de la duración de la misma,
lo cual indicaría que el mencionado empleado de vigilancia llegó a las 19:14 hs.
a la vivienda y no antes.
Esta circunstancia coincidiría también con los testimonios de los nombrados
Vera, Maciel y Páez que sostienen que Michelini estuvo esperando entre 15 y
20 minutos en la guardia del Carmel antes de ingresar efectivamente a la casa
–fs. 330 vta.-, (recordemos que la “masajista” Michelini se encontraba en la
guardia del Carmel desde por lo menos las 18:55 hs, según se desprende de la
planilla de fs. 23 reconocida por el mencionado Páez, hasta segundos antes de
las 18:59 hs., según las mentadas fotografías de fs. 3510/3512 y que por lo
menos hasta las 18:58 hs. continuaba esperando en la guardia), y que las
ambulancias llegaron unos diez minutos después de su arribo a la vivienda,
momentos en que “aparecieron los médicos” (ver imágenes captadas por las
cámaras de seguridad -fs.3535- que muestran el arribo de la primera de ellas a
las 19:24:41 hs. -foto 1-, y la segunda a las 19:47:19 hs. -foto 2-), retirándose
ambas a las 20:42:47 hs. y 20:43:20 hs. respectivamente (ver fotos obrantes a
fs. 3536), y que antes había subido el joven Diego Piazza.
Si no hay dudas de que la primer ambulancia llegó a la hora señalada
(19:24:41) a la guardia del Carmel, y tardó unos seis minutos en llegar a la
casa (tiempo -que se dice- fuera cronometrado oportunamente por el Tribunal)
existen palmarias coincidencias respecto de la hora de llegada de la
“masajista”, cosa que desmerece aún más la versión del arribo de Ortiz a la
hora mencionada en la sentencia.
Todo ello me lleva a tener por acreditado –por vía de comprobación
directa- que el “vigilador” Ortiz no se encontraba a las 19:00 hs. en la casa de
Carrascosa (como se indica en el fallo), ni antes de las 19:13 hs., sino que
habría arribado al lugar pasadas las 19:13 hs., (cuanto menos a las 19:14 hs.),
y por tal razón me apartaré de sus dichos para quitarle validez a la coartada del
encartado.
Se aduna a lo manifestado el llamado efectuado a OSDE desde la casa del
matrimonio Carrascosa-García Belsunce a las 19:07:58 –según VAIC-, ya que
conforme surge del informe pericial n° 45.918 de la Dirección de Policía
Científica de Gendarmería Nacional –fs. 104 del mismo- Carrascosa se
encontraba en ese momento junto a por lo menos otras dos personas, un
hombre y una mujer, a quienes puede escuchárselos pronunciar las palabras
“Tenela”, “Tocala”, “Cerrá la puer…”, etc (ver fs. 100/103 del citado informe). A
su vez, y como adelantara, la voz femenina –aún sin identificar- no pertenece
obviamente a Beatriz Michelini, pues ésta se encontraba esperando en la
guardia la autorización para ingresar.
Por último, la tercer voz en cuestión corresponde a Guillermo Bártoli (fs. 337 de
la presente), afirmación no sólo no controvertida sino corroborada por la
Defensa, pero que además se desprende del registro de la voz de Carrascosa
refiriéndose a una de las personas con las que se encontraba llamándolo
“...llermo” (fs. 103 del mencionado informe; 352/353 de autos).
Por lo expuesto, desgranando cada uno de los elementos probatorios
analizados global y armónicamente, debo arribar a una respuesta positiva
respecto de que, según surge de las pruebas incorporadas, de las cuales
destaco la que emerge de los registros horarios de las llamadas telefónicas y
de las cámaras de vigilancia, e incluso de la declaración del propio imputado, él
fue el primero en arribar a la escena del crimen.
Lo apuntado afeblece la postura de Carrascosa exteriorizada en su
cuestionada coartada, acreditándose dicha circunstancia con el testimonio de la
empleada doméstica del matrimonio Bártoli-Hurtig, de nombre Catalina Vargas,
quien afirmara que luego de finalizar el partido de fútbol –a las 18:07 hs. según
surge del informe de la AFA de fs. 194- limpió el living de la casa, recogió la
vajilla del té, que ya no había nadie en el lugar y que el televisor estaba
apagado (fs. 37/37 vta. y 345 vta./346 de autos).
También ocurren en respaldo de lo anteriormente destacado, lo manifestado
por el personal del Club House, en especial la señora Alba Máxima Benítez,
quien en la audiencia afirmó la circunstancia de haber conversado con
Carrascosa mientras tomaba éste un café y un lemoncello; el testimonio de
Gerardo Oberndorfer (ver careo con el encartado de fs. 1666/1671 –no
reeditado en la audiencia- donde mantiene sus dichos, al igual que en su
declaración en la audiencia de debate); o la declaración de Javier Ezequiel
Castro, ayudante de cocina de Club, quien dijo haber encontrado ese día a
Carrascosa en dicho lugar y a hora compatible, tomando un café con Alba
Benitez (fs. 339 vta./343 vta.).
Todos ellos afirman la presencia del encartado Carrascosa durante unos
quince minutos entre las 18 y las 19 hs. de ese día en el mencionado “Club
House”, cuando él asegura haberse encontrado en la casa de su cuñado
Bártoli.
Este cúmulo de circunstancias, absolutamente convincentes, concordantes y
coincidentes, sin que presenten ingredientes que afecten su credibilidad,
contradicen los dichos de Carrascosa, los que se presentan como al menos
cuestionables, cuando manifiesta “que permanecieron todos juntos en el
domicilio de Bártoli mirando el segundo partido de fútbol hasta casi las 19:00
hs”, o “que se retiró de la casa de Bártoli diez minutos después del gol de
Independiente (el que se produjera a las 18:47 hs. según el informe de la AFA
de fs. 197) –casi a las siete-, y que pasó por el domicilio de la familia Taylor, sin
bajar porque no había ningún auto estacionado, y al arribar a su domicilio vio al
guardia que estaba tocando timbre para que autorizara a la masajista a entrar,
lo que así hizo” (ver su primera declaración a tenor del art. 308 del CPP).
Por otra parte, resulta también cuestionable la versión del encartado relativa a
la posición en la que refirió haber encontrado a la víctima, con el cuerpo semisumergido
en la bañera, pues la mancha de sangre de considerables
dimensiones que numerosos testigos –Michelini, Bártoli, Gauvry Gordon,
Piazza, entre otros- y el propio imputado reconocieron haber visto entre el
inodoro y el bidet, es un fuerte indicio de que allí pudo haber quedado tendido
Aún bajo las circunstancias en las cuales el acusado dijo haber encontrado el
cuerpo de su esposa, escaleras arriba, el hecho de haber sido el primero que
apreciara la escena del crimen, en un lugar de pequeñas dimensiones, con sus
ventanas cerradas –según lo admitiera el propio Carrascosa-, y el no haber
percibido el olor que produjera la deflagración de pólvora de seis disparos de
arma de fuego, (circunstancia que, según el criterio que el Profesor Raffo
exteriorizara en la audiencia, “tuvo que haber quedado” en el ambiente, y
resultaría de fácil percepción por quien lo hubiera olido anteriormente), brinda a
la versión otorgada singulares particularidades que amerita sea descartada.
Evidentemente la escena no era propia de un accidente hogareño producto del
golpe de la cabeza de María Marta con “un grifo de la bañera”, pues había
manchas de sangre en varios lugares distintos –especialmente entre el inodoro
y el bidet-, surgiendo dicha circunstancia debidamente acreditada por los
testigos oportunamente reseñados (fs. 355), al igual que del hecho de que la
víctima perdía sangre en gran cantidad y las heridas que presentaba no eran
compatibles con un golpe de esas características, ello atento lo mencionara el
médico autopsiante quien refiriera que “ninguno de los elementos que se
hallaban a su alrededor tenía la entidad para ocasionar semejante daño” (fs.
264 y 355 vta.)
Por otra parte, las deponentes Mirta Molina y Ema Benítez, empleadas
domésticas de la familia Carrascosa, reconocieron que al limpiar el baño, en
lugares distintos a la bañera (debajo de los artefactos y en la escalinata de la
misma) había manchas de sangre que limpiaron, y que se utilizaron gran
cantidad de toallas y toallones para frenar el sangrado de la víctima (fs.
355/vta.).
También resulta significativo el hallazgo de manchas hemáticas arriba y detrás
del cuadro existente en la antesala (ver informe de fs. 138/139 y fotografías de
fs. 141/143), observadas algunas a “simple vista” por un experto, y otras luego
de haber sido sometidas a reactivos químicos, y que según asociara el perito
de parte Raúl Torre, tendrían relación con salpicaduras de sangre producto de
heridas propias de un disparo de arma de fuego (fs. 355/355 vta.).
Sin embargo el imputado apeló a la idea del accidente hogareño y se la
transmitió a los demás (ver punto 153 del acta de fs. 5), cuando incluso, hasta
los operadores de los servicios de emergencias dudaban de la mecánica del
accidente y se preguntaban si había existido intencionalidad (ver testimonio de
Víctor Eduardo Siwulec; Alicia Rolero, Guillermo Luis Piermattei, Raul Gustavo
Salazar -fs. 261/263 vta.-).
Para desvirtuar la veracidad de la idea instalada, valoro el testimonio del
funcionario policial Cristian Javier Magnoli quien recordó que Carlos Alberto
Carrascosa les explicó de manera clara y precisa cómo habían sido los hechos,
señalando que la occisa se había golpeado la cabeza con un tirante del techo y
luego con la grifería del baño, marcándoles con la mano dónde se había
pegado y señaló además el testigo que el esposo de la víctima (Carrascosa)
justificó el golpe diciendo que su mujer era “muy torpe” y que no era la primera
vez que le ocurría (fs. 356 vta./357).
Esto último se contrapone a lo manifestado por los testigos Inés Ongay y
Horacio García Belsunce (h) quienes afirmaron que la víctima no era nada
torpe, por el contrario era deportista y ágil en sus movimientos (fs. 359 vta.).
Es decir que la idea de que lo ocurrido había sido un accidente fue instaurada y
animada por el señor Carrascosa. Esto resulta irrefutable máxime si se
considera que él mismo lo reconoció según así señalara Alberto Enrique White
(fs. 357/357 vta.).
Esto es sin duda ocultamiento. Ocultamiento de la realidad de los
acontecimientos, es decir de la existencia de un hecho violento, pues no resulta
creíble –como tampoco le resultara al “a quo”- que la escena descripta por
Carrascosa haya sido la que realmente se presentara.
Resulta palmario que el propio acusado fue uno de los que acomodara y
limpiara superficialmente la escena, sumergiendo además la cabeza de María
Marta en la bañera con la torpe intención de justificar un traumatismo de cráneo
con pérdida de masa encefálica por un golpe en la grifería (esto lo considero,
obviamente atribuyendo a estas frases que gloso de la Dra. Etcheverry, una
significación jurídica muy distinta).
Sumo a ello el hecho acreditado de que el encartado Carrascosa, a escasos
minutos del fatídico hecho, no se encontraba siquiera conmocionado, siendo
prueba de ello las dos comunicaciones telefónicas que mantuvo con el servicio
de asistencia médica, de las cuales surge que el nombrado se encontraba,
sereno y coherente, detallando –incluso- el recorrido que debía hacer la
ambulancia para llegar al country (fs. 359).
Respecto a la omisión de dar aviso a la autoridad, y sin perjuicio de lo afirmado
inicialmente en el sentido de tratarse de maniobras de “autoprotección”,
“precautorias” o de “salvaguarda” utilizadas con la legítima finalidad de evitar
ser involucrado en el hecho, dicha circunstancia surge en forma prístina del
testimonio de Antonio Daniel Cachi, chofer de la ambulancia, cuando expresara
que: “mientras estaba recogiendo su material para retirarse, vio a los médicos
hablar con el señor Carrascosa y escuchó que le decían que tenía que llamar a
la policía” (fs. 362). Por su parte la testigo Vázquez Mansilla recordó el episodio
en el que el señor Binello se comunicaba con Enrique White señalándole que
había que “parar” a la policía (fs. 362). Esto último fue ratificado por el propio
White en su declaración (fs. 75 vta.).
También, resulta un elemento altamente cargoso –en el sentido inicialmente
destacado- el que se desprende del testimonio de Inés Ongay, en cuanto relata
que la señora Nora Burgués de Taylor le dijo que Carrascosa “no quería la
autopsia”, es decir que habría dado directivas que –obviamente- en nada
ayudaba al esclarecimiento de la verdadera causal de muerte de su esposa (fs.
Del mismo modo, ha sido debidamente acreditada la intervención del imputado
en la decisión de desechar el resto de plomo que apareció en el lugar de los
Ello surge de lo declarado por Constantino Hurtig cuando manifestara que
Carrascosa refirió que el citado objeto podría pertenecer al material utilizado
por los médicos que habían atendido a la víctima. Llamativamente, arrojaron el
elemento al inodoro fundamentando que no había “tacho”, cuando de hecho,
dicho recipiente se encontraba a su lado, en el mismo baño.
Por otra parte, al encontrar el objeto, Constantino Hurtig, Juan Hurtig,
Carrascosa, Zarracán y Horacio García Belsunce (hijo) hablaban de “bala”,
“esquirla” o “casquillo” y que este último lo sostuvo con un papel a fin de evitar
que sus manos tomaran contacto con la citada pieza con el evidente fin de
preservarlo –obviamente- ante una eventual pericia.
A esta circunstancia debe sumarse el testimonio de Rafael Carlos Grigera y el
informe de la Armada Argentina que dan cuenta que el imputado tuvo
instrucción militar, y por mínima que haya sido, debió haberle dado cierta
noción de lo que era un proyectil (fs. 100 vta./101 de la presente y 517 de la
causa principal).
En mi sentir resulta también certeramente acreditada la responsabilidad de
encausado en la decisión de impedir el acceso al lugar del hecho a ciertas
personas. Así surge de conformidad con la prueba testimonial recibida, en
especial los dichos de Manuel Nôlting –quien sostuvo que Carrascosa rechazó
su ayuda impidiéndole el ingreso-, Marcos Pablo Carranza Vélez -que ratificara
los dichos del anterior y señalara que “estaban limpiando el lugar”- y Enriqueta
Vázquez Mansilla, quien, a su vez, manifestara que quiso ver el cadáver y
Carrascosa le dijo que había que esperar a que llegue la casa fúnebre o el
forense (fs. 57 vta.; 66 y 368 vta./369 vta.)
También tengo por demostrada la anuencia del encartado en la obtención del
certificado de defunción apócrifo –alterado en cuanto a la referencia de la
causa del deceso– (falsedad acreditada judicialmente en el ámbito nacional),
intentando evitar de este modo que se hiciera la correspondiente autopsia para
ocultar que se trató en verdad de una muerte traumática.
Así, Nora “Pichi” Taylor aseguró en su declaración que la decisión del sepelio la
tomó Carrascosa y el testigo White recordó que hablando con Bártoli éste le
dijo que en relación al certificado de defunción lo había hecho para devolverle
un favor al “Gordo”, sabiendo que esto último era algo que no debió haber
realizado (fs. 370 vta.).
Por otra parte, también resulta acreditado que el cadáver sangraba en
cantidad. Ello surge del testimonio de los empleados de la funeraria Roberto
Daniel Di Feo y Yolanda Silvia Cardozo (fs. 277/279), así como de los testigos
que fueron al velatorio y dieron incluso detalles de que Irene Hurtig cambiaba
continuamente las toallas debajo de la oreja de María Marta (ver testimonio de
Ema Ramona Benítez –fs. 90/vta.-).
Estos indicios de carácter unívocos, graves precisos y concordantes, que
contradicen las afirmaciones del encartado Carrascosa tanto respecto de la
cuestión horaria, como de la visita al “Club House”, demuestran su activa
coparticipación funcional en los hechos que fueran oportunamente materia de
acusación principal. Ello así pues, analizadas las conductas desplegadas por el
nombrado, en las circunstancias particulares apuntadas –supuesto “hallazgo”
del cuerpo, escena de los acontecimientos en las condiciones descriptas,
certificado de defunción apócrifo, intento de evitar la intervención policial, etc.-,
resultan indiscutiblemente ser actos punibles tendientes al ocultamiento del
propio hecho doloso cuyo encuadre legal cae dentro de las previsiones del
artículo 80 inc.1° del Código Penal, y no el mero encubrimiento del accionar
ilícito de un “ignorado” tercero a quien se pretendiera preservar, obstaculizando
de tal manera el esclarecimiento de un homicidio del cual había resultado
víctima justamente su esposa.
Lo cierto e indubitable es que la conducta desarrollada por Carlos Alberto
Carrascosa ameritaba que al tiempo de asignar la significación jurídica al
evento, se optara por la otra hipótesis planteada, mucho más probable que
aquella del encubrimiento.
Ello así pues, parece claro que dicho accionar, resulta harto suficiente como
para poner en cabeza de Carlos Alberto Carrascosa la coautoría funcional en el
hecho materia de acusación principal.
No cabe duda alguna que la actividad del Juzgador, resultó de una libre -pero
absurda- apreciación subjetiva de la prueba producida, apartándose de
parámetros objetivos que racionalmente lo hubieran conducido a una situación
diversa. Así, la actividad que el Tribunal que integro toma en la especie, resulta
materia propia y no ajena a su intervención, al haberse dado el caso de ese
absurdo o arbitrariedad, divorciado -en lo que hace al apego o nexo racionalde
los elementos de prueba utilizados para alcanzar las razones de su
En el caso en tratamiento, el acusador recurrente ha logrado demostrar
cabalmente que el sentenciante se ha apartado groseramente del plexo
probatorio examinado y de la descripción del hecho realizada, y ello da clara
pauta de que las conclusiones a las que hubo arribado para extrapolar la
conducta reprochada fuera de los alcances del art. 80 inc. 1° del C.Penal, no
fueron el fruto del análisis racional de esas pruebas.
Resulta cuestionable el veredicto absolutorio venido en casación desde que,
acreditado como ha sido, que el encartado Carrascosa estaba presente en el
lugar y a la hora del hecho criminoso, el cúmulo de elementos reseñados
unidos al indicio de oportunidad mencionado, conforman un nutrido plexo de
cargo que revelan que esas maniobras de ocultamiento -realizadas por el
encartado con el evidente fin de hacer desaparecer los rastros del delito, así
como evitar y entorpecer la investigación-, fueron valoradas erróneamente por
el “a-quo” al tiempo de efectuar la subsunción jurídica de la conducta
desplegada por el encausado, fundamentando que la misma quedaba tan sólo
atrapada en la figura de encubrimiento.
El juzgador relativizó la idea de que dichas circunstancias pudieran constituir
fuertes indicios de un delito más severamente penado, el cual –demás está
destacarlo- es el que fuera motivo de la acusación principal.
Lo expuesto valida el agravio Fiscal en pos de una condena en cabeza del
encartado respecto de su coautoría funcional en el homicidio calificado
endilgado como principal acusación.
Por lo tanto, entiendo que el pronunciamiento hoy cuestionado ha afectado el
debido proceso, violando el principio constitucional de razonabilidad de los
Actos de Gobierno (Art. 1° de la Constitución Nacional), y ha conculcado la
razonabilidad republicana.
Todo ello me lleva, asumiendo competencia positiva, y luego de un exhaustivo
y profundo examen de cada una de las probanzas rendidas, en punto a la
coautoría funcional que le cupo al imputado en el evento, a tenerlo como
coautor penalmente responsable del hecho que se le enrostra en la acusación
Lo dicho afianza la suerte del remedio presentado por el Sr. Agente
Fiscal de Juicio.
A la misma cuarta cuestión planteada el señor Juez doctor Sal
A la misma cuarta cuestión planteada, el señor Juez doctor Piombo dijo:
No obstante, tanto con relación a lo fáctico como con relación a la calificación,
quiero subrayar algunos prenotados.
Conocida es la frase que algunos atribuyen al filósofo Ortega y Gasset y otros
al neurólogo Ramón y Cajal de que “no hay temas agotados sino hombres
agotados en los temas”. El hecho sub judice ofrece mil y un escorzos para
meditar en la medida que se trata de una serie de actos provenientes del
hombre, donde confluyen conducta, valoraciones, intenciones, etc. Mucho es lo
que podría decirse. Empero, circunscripto el examen al marco delimitador de la
apreciación jurídica, entiendo que mis colegas han dejado poco por analizar
desde el sitial de un Tribunal de revisión con competencia para decir el
Derecho, amplificada en la especie por la concurrencia de recursos de la
acusación y defensa. Digo esto porque tal extremo permite avanzar
bidireccionalmente sin temor de ofender la prohibición de la “reformatio in
pejus” en cuanto al derecho, y también para evaluar nuevamente los hechos,
aunque esto de una manera más restricta en la medida que los jueces de
Casación no han sido espectadores del debate y, por ende, no han podido
forjarse una impresión personal de la prueba producida en audiencia.
Sentado lo anterior, el temperamento adoptado en el voto líder se acopla
a la apreciación probatoria efectuada por la mayoría del Tribunal en lo Criminal
actuante, en función de que le asigna sentido integrador de prueba cargosa a
similares elementos de juicio, aunque difiriendo en el alcance que cabe atribuir
a cada miembro de la ecuación articuladora del decisorio y, sobre todo,
subrayando y articulando el plexo con conexiones de sentido.
Frente a esto, más que las tesis de la defensa, se yergue la
interpretación vertida por la minoría del órgano de grado, personificada por el
vocal de segundo voto. Y sobre la construcción por éste elaborada cabe
formular dos reflexiones enraizadas en la perspectiva metodológica de la
elaboración de conclusiones, particular crítica que a este sitial le ha abierto el
precedente “Casal” emergente de la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. En este orden de ideas tengo como pauta directriz que:
La reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (“in re”: C. 1757.
XL. Casal, Matías Eugenio y otro s/robo simple en grado de tentativa, sent. del
20/9/2005) permite ir, en el marco del sistema de casación “impura” vigente en
el ámbito bonaerense, más allá del examen enderezado a examinar la
razonabilidad del análisis probatorio –o sea referido a la verificación de la
existencia de absurdo descalificante del pronunciamiento-, para abarcar
también la metodología utilizada para examinar la prueba, contribuyendo de
esa manera a que el Tribunal regido por la ley 11.982 actúe como una segunda
instancia “cuasi-material” (Sala I, sent. del 9/3/06 en causa 20.700, “Gueker”).
A la luz de lo asentado luce que si bien el estudio avaluatorio efectuado
por el Dr. Rizzi se perfila como formalmente articulado, configura “razonamiento
aparente” en el sentido que a esta locución da la Corte Federal, en la medida
que omite apreciar la prueba indiciaria –cuyo significado y alcance ha sido
destacado por la mayoría del Tribunal de grado- tal como prevé la doctrina
legal de la Suprema Corte local y la jurisprudencia de esta Casación. Y es ésta
la que prescribe que:
Tratándose de elementos probatorios calificables de indicios —id est:
indicadores de un camino—, su análisis debe ser hecho en forma integral y
armónica y nunca de manera parcial o aislada, puesto que toda evaluación
incompleta conduciría a desvirtuar su sentido (Sala I, sent. del 3/8/2000 en
causa 776, “Suárez”; ídem del 1º/10/1999 en causa 479, “Córdoba”, ampliación
de fundamentos de los magistrados de segundo y tercer voto; ídem del 1/6/04
en causa 3542, “Elicabe”). Por consiguiente, el análisis parcial y aislado de los
elementos de juicio obrantes en la causa, sin integrarlos ni armonizarlos
debidamente en su conjunto, configura:
..... vicio descalificante del acto jurisdiccional (Sala I, sent. del 23/9/1999 en
causa 30, “Ruiz”).
..... deformación que si bien puede justificarse en aras del "sagrado e
inviolable" derecho del art. 18 de la C. N., no cambia ni altera el sentido con
que debe apreciarse el acto jurisdiccional (Sala I, sent. del 1/6/04 en causa
3542, “Elicabe”).
Consiguientemente, no resulta hábil para conmover el fallo asentado sobre
prueba de presunciones, la crítica enderezada a cuestionar uno a uno los
elementos considerados por el tribunal de grado, cuando el medio probatorio
de esta laya lo constituyen, precisamente, indicios que deben ser apreciados
globalmente y no en particular (Sala I, sent. del 1/7/04 en causa 6915,
“Labonia”).
El vocal de segunda nominación ha hecho esto: desmenuzar para
extraer conclusiones parciales y no captar en su sentido final una pluralidad de
detalles, de por si no esenciales; pero que, ensamblados, conforman un todo
Igualmente, y esto en segundo lugar, ha pasado un rasero nivelador
sobre todos los elementos convictivos, sin atender a una jerarquización –o
particular poder significativo- que dimanaba de algunos. Pruebas al canto: la
mendacidad del inculpado, en cuanto a su presencia en el Club House,
archiprobada en el sub-examine, resulta esencial para la correcta composición
temporal del homicidio, como también lo acaecido en la vivienda de sus
parientes –acreditado por el convincente parlamento de la persona que
realizaba allí quehaceres domésticos- en el lapso inmediatamente precedente a
la hora en que arribara la masajista de quien fuera la víctima.
En tercer lugar, ha despreciado lo sugestivo de las manchas de sangre
en la pared contigua al baño, en especial las salpicaduras y la mano
resbalando, particular visible y que descartaba de plano y desde el inicio
cualquier hipótesis de accidente o de caída como la sostenida por el entorno
familiar de la occisa.
Sentado lo anterior, pierde interés si hubo motivación aparente o no la
hubo; si el cadáver fue maquillado o no; o si se rechazó o no la inspección del
cuerpo por un médico vecino. En cambio, adquiere relieve mayor el extraño
tratamiento del tema con las empresas funerarias y, por cierto, el falso
certificado de defunción obtenido.
Todo conduce, en mi modesto entender, hacia un punto de imputación
que asentado en datos tales como el hecho de que no existiera violencia sobre
los cerramientos de la vivienda, o que no se haya verificado el
desapoderamiento de elemento alguno, asume, al compás del todo examinado
en el sufragio que lleva la voz cantante, particular relevancia persuasiva.
En cuanto al enfoque jurídico, reparo que la presencia del encartado en
el momento de la muerte en el recinto cerrado donde la conducta homicida se
produjo, pone de manifiesto, al menos un codominio de todo hacer homicida
allí sucedido. Y también basta la cooperación espiritual. “El inculpado (que) ha
apoyado el comportamiento … de los otros con su presencia … y en
cooperación consciente y querida … lo ha querido como propio”… el juez (en
cada caso) debe en cierto modo continuar mentalmente la idea del dominio del
hecho funcional sobre la base de las circunstancias individuales” del caso.
(Claus Roxin, “Autoría y dominio del hecho en Derecho penal”, M. Pons,
Barcelona, 1998, ps. 310 y 312). En definitiva, al decir de Welzel, la
coparticipación en el dominio final del hecho estriba en que cada uno, al llevar
a cabo su acto parcial, no sólo ejecuta su voluntad en el hecho, sino al mismo
tiempo también la de los demás. Es decir que sólo puede realizarse el plan
actuando conjuntamente; pero cada uno por separado puede anular el plan
conjunto retirando su aportación. Es en esta medida que cada uno tiene el
hecho en sus manos (Roxin, supra cit., pág. 306 y 307). En el caso, este retiro
de aporte no existió, por lo que me expido por la afirmativa.
A la quinta cuestión planteada, el señor Juez doctor Natiello dijo:
Vista la forma en que han quedado resueltas las cuestiones tercera y
cuarta, considero no coorresponde este Tribunal se avoque al tratamiento de
los restantes agravios traídos por los señores Defensores particulares del
encartado Carlos Alberto Carrascosa, en orden a la condena dictada contra el
nombrado como coautor penalmente responsable del delito de encubrimiento
A la misma quinta cuestión planteada, el señor Juez doctor Sal
A la misma quinta cuestión planteada, el señor Juez doctor Piombo dijo:
A la sexta cuestión planteada, el señor juez doctor Natiello dijo:
Atento lo resuelto en las cuestiones que antec eden, propongo al
Acuerdo: 1) declarar admisible el recurso interpuesto por el señor Fiscal de
Juicio Dr. Diego Molina Pico contra el veredicto absolutorio dictado respecto de
Carlos Alberto Carrascosa en orden al delito de homicidio agravado por el
vínculo; 2) declarar admisible el recurso interpuesto por la Defensa del
encartado respecto de la sentencia que condena al encartado Carlos Alberto
Carrascosa como coautor penalmente responsable del delito de encubrimiento
agravado; 3) hacer lugar, por los motivos expuestos, al recurso de casación
interpuesto por el Sr. Fiscal de Juicio, Dr. Diego Molina Pico, sostenido por el
de esta Casación provincial, Dr. Carlos Arturo Altuve, respecto del veredicto
absolutorio dictado a favor de Carlos Alberto Carrascosa, y asumiendo
competencia positiva, condenar al nombrado imputado a la pena de prisión
perpetua, con accesorias legales y las costas del proceso, por resultar coautor
penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo; 4)
rechazar, conforme los fundamentos dados, el recurso de casación interpuesto
por los Sres. defensores particulares, Dres. Hernán Diego Ferrari y Alberto
Néstor Cafetzóglus en favor de Carlos Alberto Carrascosa, con costas (Arts. 45
y 80 inc. 1° del CP, 20 inc. 1°, 210, 335 in fine, 373, 421, 448, 451, 452 inc. 1°,
454 inc. 1°, 456, 460, 530, 531 y 532 del CPP); 5) remitir copia de la presente a
la Unidad Funcional de Instrucción pertinente para que –en caso que a la fecha
no se encuentre en curso- se investigue la eventual participación y coautoría
funcional de al menos otras dos personas en el hecho investigado y materia de
acusación principal; 6) regular los honorarios profesionales a los letrados
intervinientes, Dr. Hernán Diego Ferrari (T. XXIV F. 353 C.A.S.I.) en la cantidad
de cincuenta (50) unidades ius y al Dr. Alberto Néstor Cafetzóglus (T. II F. 195
C.A.S.I.) en la cantidad de cincuenta (50) unidades ius, por la labor desplegada
en esta sede, con más los aportes de ley (artículos 171 de la Constitución
Provincial; 1, 9, 16, 31, 33 y 51 de la ley 8904; 1 y 12 inciso a) de la ley N° 8455
y artículo 534 del C.P.P. -ley N° 11.922- debiendo procederse como lo
determina el artículo 22 de la ley N° 6716, modificado por el artículo 12 de la
ley N° 10.268).
A la misma sexta cuestión planteada, el señor Juez doctor Sal
A la misma sexta cuestión planteada, el señor Juez doctor Piombo
I.- Declarar admisible el recurso interpuesto por el señor Fiscal de Juicio
Dr. Diego Molina Pico contra el veredicto absolutorio dictado respecto de
II.- Declarar admisible el recurso interpuesto por la Defensa del encartado
respecto de la sentencia que condena al encartado Carlos Alberto Carrascosa
como coautor penalmente responsable del delito de encubrimiento agravado.
III.- Hacer lugar, por los motivos expuestos, al recurso de Casación interpuesto
por el Sr. Fiscal de Juicio Dr. Diego Molina Pico, sostenido por el de esta
Casación provincial Dr. Carlos Arturo Altuve, respecto del veredicto absolutorio
dictado a favor de Carlos Alberto Carrascosa, y asumiendo competencia
positiva, condenar al nombrado imputado a la pena de prisión perpetua, con
accesorias legales y las costas del proceso, por resultar coautor penalmente
responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo.
IV.- Rechazar, conforme los fundamentos dados, el recurso de casación
interpuesto por los defensores particulares, Dres. Hernán Diego Ferrari y
Alberto Néstor Cafetzóglus, en favor de Carlos Alberto Carrascosa, con costas.
Arts. 45 y 80 inc. 1° del CP, 20 inc. 1°, 210, 335 in fine, 373, 421, 448,
451, 452 inc. 1°, 454 inc. 1°, 456, 460, 530, 531 y 532 del CPP.
V.- Remitir copia de la presente a la Unidad Funcional de Instrucción pertinente
para que –en caso que a la fecha no se encuentre en curso- se investigue la
eventual participación y coautoría funcional de al menos otras dos personas en
el hecho investigado y materia de acusación principal.
VI.- Regular los honorarios profesionales a los letrados intervinientes, Dr.
Hernán Diego Ferrari (T° XXIV F° 353 C.A.S.I.) en la cantidad de cincuenta (50)
unidades Jus y al Dr. Alberto Néstor Cafetzóglus (T. II F. 195 C.A.S.I.) en la
cantidad de cincuenta (50) unidades Jus, por la labor desplegada en esta sede,
con más los aportes de ley.
Arts. 171 de la Constitución Provincial; 1, 9, 16, 31, 33 y 51 de la ley 8904; 1 y
12 inciso a) de la ley N° 8455 y artículo 534 del CPP -ley N° 11.922- debiendo
procederse como lo determina el artículo 22 de la ley N° 6716, modificado por
el artículo 12 de la ley N° 10.268.
VII.- Regístrese. Notifíquese. Comuníquese al Tribunal Oral en lo Criminal N° 6
del Departamento Judicial San Isidro lo aquí resuelto, con copia de la presente.
Carlos Ángel Natiello
Horacio Daniel Piombo Benjamín Ramón Sal Llargués
Carlos Marucci
Publicado por Francisco Benzi en 9:43 No hay comentarios:
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References: artículo 7
 resolución 
 resolución 
 resolución 

artículo 335
 artículo 79
 resolución 
 artículo 308

artículo 80
in fine
 artículo 534
 artículo 22
 artículo 12
in fine
 artículo 534
 artículo 22
 artículo 12