Source: http://www.slideshare.net/CGTCatalunya/demanda-37853-10-presentada-ante-el-tribunal-europeo-de-derechos-humanos-por-la-prctica-jurdica-del-reino-de-espaa-de-impunidad-de-los-actos-de-genocidio-y-lesa-humanidad-cometidos-durante-la-dictadura-en-infraccin-del-cedh
Timestamp: 2015-07-04 07:07:50+00:00

Document:
Demanda 37853 10 presentada ante el tribunal europeo de derechos huma…
Felipe Caballero Brun: DERECHO PENA...
Denúncia presentada a l´Oficina a A...
Octaveta assetjament explotació de ...
Butlletí informatiu nº 149. reial d...
demanda 37853-10 presentada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la práctica jurídica del Reino de España de impunidad de los actos de genocidio y lesa humanidad cometidos durante la
demanda 37853-10 presentada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la práctica jurídica del Reino de España de impunidad de los actos de genocidio y lesa humanidad cometidos durante la dictadura, en infracción del CEDH
Nº de demanda 37853/10
Presentada en aplicación del artículo 34 del Convenio europeo de
Derechos Humanos y de los artículos 39, 45 y 47 del Reglamento
1.NEGRIN-FETTER, Doña Carmen, casada, de nacionalidad francesa, ex funcionaria
3600536, Fax 34-91-3600537, Correo electrónico: 100407.1303@compuserve.com.
CO-DEMANDANTES:
2. D. Teofilo GOLDARACENA RODRIGUEZ;
3. D. Fernando DE LEÓN GONZÁLEZ, en nombre de la Asociación “Nuestra
Memoria (Sierra de Gredos y Toledo)”;
4. D. Antonio ONTAÑON TOCA, en su condición de Presidente de la Asociación
“Héroes de la República y la Libertad”;
5. D. José Antonio CARRASCO PACHECO, en su condición de Presidente y
secretario, respectivamente, de la Associació Cultural “Memòria i Justicia d'Elx i
Comarca";
6. Dª María del Pino SOSA SOSA, en su condición de Presidente de “Asociación para
la Recuperación de Memoria Histórica de Arucas”;
7. D. Francisco ESPINOSA JIMÉNEZ, en nombre de “Asociación contra el Silencio y
el Olvido y Por la Recuperación de la Memoria Histórica de Málaga”;
8. D. José Luís ECEOLAZA LATORRE, en representación de la Asociación de
“Familiares de Fusilados y Desaparecidos a raíz del Golpe Militar el 18 de Julio”;
9. D. Sergi SALVADOR PERIS, en nombre de “Grup per la Recerca de la Memoria
Històrica de Castelló”;
10. D. Severiano DELGADO CRUZ, en nombre de la Asociación “Salamanca por la
memoria y la justicia”,
todos ellos de nacionalidad española y representados D. Fernando Magán Pineño,
abogado inscrito con el Nº 317 en el Colegio de Abogados de Talavera (Ciudad Real),
España, con despacho en Calle Salvador Allende Nº 6, planta 1ª, Talavera de la Reina
45600, Tel. N° .34-925-807076 , Fax N° 34 925 826 252, Correo electrónico:
concilia@icam.es, y Doña Mª José MILLAN VALERO, Procuradora de los Tribunales
de Madrid, España, con domicilio a efectos de notificación en el despacho del primero.
Se acompañan los correspondientes Poderes de representación, extendidos ante Notario.
Los recurrentes están reconocidos como partes acusadoras en las Diligencias Previas Nº
399/2006 del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional sobre actos
de genocidio y lesa humanidad impunes en España, y plantean en la presente Demanda
una cuestión de interés general –el sistema y la práctica jurídica del Reino de España en
cuanto a la impunidad de dichos crímenes, en manifiesta infracción del CEDH- y,
también, de interés personal en tanto que víctimas directas o sucesores de éstas. Ello en
conformidad con la doctrina del TEDH -resumida en la Sentencia de 15 de octubre de
2009, caso Micallef c. Malta (pp. 41 a 48)- sobre la noción de “víctima” con
legitimación activa que reconoce como tal tanto a la persona directamente concernida
por el acto o la omisión litigiosa -incluso cuando no ha sufrido perjuicio por causa de
- como a las víctimas «potenciales»2
o « indirectas »3
, que admite, además, la
legitimación activa de las organizaciones no gubernamentales defensoras de los
derechos humanos, ya sea como terceros intervinientes4
, ya como abogados de los
intervinientes directamente5
. La Sala de apelaciones del TEDH también ha considerado
la violación del Convenio haciendo abstracción del caso individual, como en la decisión
de 13 de noviembre de 2007 (DH et autres c/ République tchèque, § 209). En algún
caso el TEDH ha aceptado « colectivizar » el recurso individual ejercitado en defensa de
los derechos de un grupo nacional.
La presente Demanda se interpone, en primer lugar, en defensa del grupo nacional
español cuyos derechos amparados en el CEDH han sido vulnerados por estar
identificado con la forma republicana y representativa de gobierno.
Los co-demandantes comparecen, asimismo, en su calidad de víctimas directas o de
miembros de familias de víctimas agrupadas en las respectivas asociaciones. Da.
Carmen Negrín Fetter, en particular, es una víctima en su condición de nieta del Dr.
Juan NEGRIN LOPEZ, catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad
Central de Madrid, Ministro de Hacienda, de Defensa y Presidente del Consejo de
Ministros de la República española entre 1936 y 1945, en el exilio desde el 1 de abril de
1939- al igual que la mayor parte de su familia, la que permaneció en España fue
asesinada o encarcelada. El Profesor Juan NEGRIN LOPEZ falleció en París en 1956
después de haber sido desposeído de su Cátedra y expoliado de todos sus bienes y
derechos después del 1 de abril de 1939, dentro de un plan sistemático y generalizado de
destruir el grupo nacional identificado como partidario de la forma republicana de
Se adjunta el correspondiente poder firmado por los demandantes a favor de sus
respectivos representantes, en el que consta su respectiva dirección.
B. LA ALTA PARTE CONTRATANTE
Ver p. ej. CEDH 22 déc. 2004, Merger et Cros c/ France [décis.], n° 68864/01.
Sentencias de 6 sept. 1978, Klass et autres c/ Allemagne, série A n° 28; 7 julio 1989, Soering c/
Royaume-Uni, série A n° 161 ; 29 oct. 1992, Open Door et Dublin Well Woman c/ Irlande, série A n°
246-A ; CEDH 6 nov. 2001, Fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France c/ France (décis.),
n° 53430/99, CEDH 2001-XI.
Pini et autres c/ Roumanie, n° 78028/01 y 78030/01, sentencia del 22 junio 2004, CEDH 2004-V. En el
caso de herederos, ver p.ej. la sentencia de 5 julio 2005, Marie-Louise Loyen et Bruneel c/ France, n°
55929/00).
DH et autres c/ République tchèque, n° 57325/00 (nueve ONG); E.B. c/ France, n° 43546/02 (cuatro
DH et autres, cit.; Petropoulou-Tsakiris c/ Grèce, n° 44803/04; caso. Tysiac c/ Pologne, n° 5410/03.
1. El 12 de diciembre de 1946 la Asamblea General de la ONU ha aprobado la
Resolución Nº 39 (1) sobre las relaciones de sus Miembros con el régimen de facto que
se estableció en España el 1 de abril de 1939 (documento anexo Nº 56):
“The General Assembly recalls that, in May and June 1946, the Security
Council conducted an investigation of the possible further action to be taken by
the United Nations. The Sub-Committee of the Security Council charged with the
investigation found unanimously:
"(a) In origin, nature, structure and general conduct, the Franco regime is a
fascist regime patterned on, and established largely as a result of aid received
from, Hitler's Nazi Germany and Mussolini's Fascist Italy. (…)
(b) During the long struggle of the United Nations against Hitler and Mussolini,
Powers (…).
"(c) Incontrovertible documentary evidence establishes that Franco was a guilty
party with Hitler and Mussolini in the conspiracy to wage war against those
countries which eventually in the course of the world war became banded
together as the United Nations. It was part of the conspiracy that Franco's full
belligerency should be postponed until a time to be mutually agreed upon."
The General Assembly, Convinced that the Franco Fascist Government of Spain,
which was imposed by force upon the Spanish people with the aid of the Axis
Powers and which gave material assistance to the Axis Powers in the war (…)”.6
Es un hecho establecido que el III Reich Alemán e Italia reconocieron diplomáticamente
y ayudaron militar y económicamente al bando sublevado en armas entre julio de 1936
y el 1 de abril de 1939, fecha ésta en que los insurrectos ocuparon la sede del Tribunal
Supremo de España y declararon que habían logrado poner bajo su control a todo el
El de España entre julio de 1936 y el 1 de abril de 1939 fue un conflicto armado
internacionalizado, con cuerpos de los Ejércitos profesionales de Alemania e Italia de
tierra, mar y aire combatiendo en territorio español contra el Ejército profesional de la
República Española o masacrando a población civil como en Guernica, Barcelona y
Resolución Nº 39(1) de la Asamblea General de la ONU, accesible en
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/032/90/IMG/NR003290.pdf?OpenElement
2. Son hechos documentados en las Diligencias Previas-Procedimiento abreviado
399/2006 del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de España, donde nuestros
representados son partes como acusación particular:
- 2.1. La Nota que el General Emilio Mola entrega al Delegado de D. Alfonso
Carlos de Borbón en el Monasterio de Irache el 15 de junio de 1936:
“Tan pronto tenga éxito el movimiento nacional, se constituirá un Directorio,
que lo integrarán un Presidente y cuatro vocales militares (…) El Directorio
ejercerá el poder con toda amplitud, tendrá la iniciativa de los decretos leyes
que se dicten (…) Los primeros decretos leyes que se dicten serán los siguientes:
A) Suspensión de la Constitución de 1931. B) Cese del Presidente de la
República y miembros del Gobierno. C) Atribuirse todos los poderes del Estado,
salvo el judicial, que actuará con arreglo a las leyes y reglamentos
preestablecidos que no sean derogados o modificados por otras disposiciones.
- 2.2 Los Decretos que el General Mola redactó o aprobó antes del 17 de julio de
1936 para su promulgación tras la insurrección militar:
- Decreto Nº 1: crea la “Suprema Junta Militar de Defensa” que “asume desde
estos instantes el ejercicio del Poder del Estado (…)”;
- Decreto nº 2: bajo el título “Juicio sumarísimo contra los que se opongan al
movimiento”, cuyo “primer acuerdo dispone: 1º Serán pasados por las armas,
en trámite de juicio sumarísimo, (…) cuantos se opongan al triunfo del
expresado Movimiento (…). 2º Los militares que se opongan al Movimiento (…)
serán pasados por las armas (…). 3º Se establece la obligatoriedad de los
cargos, y quienes nombrados no los acepten caerán en la sanción de los
artículos anteriores”
- Decreto nº 3: “(…) dispone: 1º Quedan depuestos de sus cargos el
P.[residente] de la República, el Presidente del Gobierno y todos los Sres.
Ministros, con los Subsec., Direc. Generales y Gobernadores Civiles. Todos
ellos serán detenidos y presos por los agentes de la Autoridad como autores de
los delitos de les.[a] P.[atria] y usurp.[ación] del Poder y alta traición a
España. “
- Decreto nº 4: “… Dispone: 1º Queda abrogada e íntegramente anulada, por
ende, la Constitución vigente de España y toda la legislación dictada desde el 14
de abril de 1931. (…) 4º. Quedan disueltas las actuales Cortes y los Parlamentos
de las Regiones autónomas”;
- Decreto nº 12: “… dispone: (…) 2º Se restablece la pena de muerte (…)”;
- “Ordenes de urgencia a cargo de la Junta de Gobierno”: PRIMERA.-
Declaración del Estado de Guerra y cumplimiento inexorable de las sanciones
emanadas de los preceptos del Mando (…). SEXTA.- Armamento provisional (…)
de todas las organizaciones militantes civiles que inspiren una absoluta confianza
(Requetés, Guerrillas y otras que puedan existir y que merezcan aquel concepto).
(…) OCTAVA.- En el primer momento y antes de que empiecen a hacerse efectivas
las sanciones a que dé lugar el Bando del Estado de Guerra, deben consentirse
ciertos tumultos a cargo de civiles armados para que se eliminen determinadas
personalidades, se destruyan centros y organismos (…). ”
- 2.3. La “Instrucción reservada” del General Mola fechada en abril de 19367
ejemplo de que la insurrección armada contra el Estado republicano y el Gobierno
legítimo tenía como fin “mediante la acción violenta…la conquista del Poder (…)
Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta (…) Desde luego
serán encarcelado todos los directivos de los Partidos Políticos, Sociedades o
Sindicatos no afectos al Movimiento aplicándose castigos ejemplares a dichos
individuos (…) se instaurará una dictadura Militar (…)” (Instrucción reservada nº
1, de abril de 1936, pág. 138-139, 145),
entre otros testimonios en igual sentido.
3. A medida que desde el 17 de julio de 1936 las tropas insurrectas fueron controlando
el territorio actos de carácter genocida fueron cometidos al tiempo que eran cerrados los
tribunales de justicia a su investigación. Esta cierre ha continuado hasta hoy, fusilando o
expulsando a los jueces que se negaran a jurar lealtad incondicional al “Caudillo”
(Führer, Duce) y a la “Cruzada”-“Movimiento Nacional” contra la forma republicana de
gobierno. Así, en cuanto a los miembros del sólo Tribunal Supremo de España, ya en
tiempos de paz -después del 1 de abril de 1939- tres jueces fueron condenados a muerte
y fusilados; seis condenados a prisión y expulsados de la Magistratura; doce
expulsados; otros catorce forzados al exilio. El Tribunal de Garantías Constitucionales
fue disuelto y a su Presidente se le impuso una multa de cien millones de pts.,
equivalente a cerca de 90 millones de euros actuales.
La persecución contra la más alta magistratura no comprometida con el “derecho en
inacción” ha tenido lugar como parte de una política sistemática y generalizada contra el
grupo nacional republicano, de actos de genocidio y lesa Humanidad consistentes en
más de trescientas mil ejecuciones; más de ciento quince mil desapariciones forzadas
identificadas hasta el momento; la privación de la libertad, confiscación de bienes y
otras medidas dirigidas a destruir los tres millones cuatrocientas mil miembros del
mismo grupo nacional identificados en los archivos nacionales; el secuestro de más de
treinta mil niños de familias del grupo nacional republicano y su traslado por la fuerza
al grupo nacional no republicano, cuya identidad continúa cambiada hasta hoy; el
desplazamiento de más de medio millón de otros miembros del grupo nacional
republicano, forzados al exilio sin pasaporte y privados de su nacionalidad durante
varios lustros, decenas de miles de lo cuales fueron internados como apátridas en
campos de concentración franceses y de exterminio nazis.
4. Desde el 1 de abril de 1939 y hasta el 5 de julio de 1977 todos los Jueces y Fiscales
han jurado fidelidad al Caudillo en “comunión con los ideales que dieron vida a la
Cruzada”. Los juramentados son una alta proporción de la alta magistratura actual, en
Edición publicada en la ciudad de Avila en 1937, a la sazón bajo control de las tropas insurrectas.
concreto los dos tercios del Pleno del Tribunal Supremo (la llamada Sala Especial del
artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).
5. Hasta hoy la impunidad es absoluta en cuanto a los referidos actos de naturaleza
genocida y de lesa humanidad. Podrían aplicarse en España los términos, mutatis
mutandi, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) consideró en el caso
Streletz y otros c. Alemania:
« Il est facile d'imaginer une affaire analogue dans laquelle les requérants
seraient de hauts magistrats (…) qui auraient participé eux-mêmes à la création
de la « pratique » judiciaire (jurisprudence) d'impunité. Dirions-nous alors que
cet « élément d'interprétation judiciaire » (paragraphe 82 de l'arrêt) vaut « loi
définissant l'infraction » ?8
En España esta hipótesis se hace realidad.
6. El 17 de marzo de 2006 la Comisión Permanente de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa aprobó la Recomendación 1736(20006)9
, que insta al Consejo de
Ministros del Consejo de Europa a adoptar una declaración oficial de condena
internacional de las "graves y múltiples violaciones de Derechos Humanos cometidas en
España por el régimen franquista, entre 1939 y 1975". El 3 de mayo de 2006 el
Comité de Ministros del Consejo de Europa acogió esta recomendación en su reunión
963 y condenó “les violations graves et répétées des droits de l'homme commises par le
régime franquiste et convient de l'importance de garder la mémoire des crimes commis
par tous les régimes totalitaires, quels qu'ils soient, pour éviter de répéter les erreurs du
passé”10
El siguiente 14 de diciembre del mismo año 2006 los recurrentes denunciaron ante la
Audiencia Nacional de España actos de naturaleza genocida y lesa humanidad impunes,
en particular la desaparición de más de ciento quince mil miembros del grupo nacional
republicano y pidieron la exhumación de las fosas comunes de las que tenían
conocimiento, entre otras peticiones:
Escrito de asociación de víctimas denuncia actos de genocidio y lesa humanidad
impunes en España / 14-12-2006 (http://www.elclarin.cl/images/pdf/15.pdf) (doc.
anexo Nº 1);
Escrito sobre desapariciones forzadas en España: orígenes, impunidad y búsqueda -
28/07/2008 (http://elclarin.cl/fpa/images/pdf/spain_20080728.pdf) (doc. anexo Nº 2);
TEDH, Sentencia Streletz y otros c. Alemania, de 22 de marzo de 2001, voto concurrente del Juez
Zupančič (TEDH2001229), página 47. Ver en igual sentido el punto 81 de la misma Sentencia.
http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta06/FREC1736.htm
CM/AS(2006)Rec1736finalF / 5 mai 2006, accessible en
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=996171&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntrane
t=EDB021&BackColorLogged=F5D383
Escrito sobre desapariciones forzadas en España y el caso del poeta Federico García
Lorca - 11/09/2008 (http://www.elclarin.cl/images/pdf/spain_20080911.pdf) (doc.
anexo Nº 3).
7. En Auto de fecha 16 de Octubre 2008 el Juzgado Central de Instrucción nº 5 ha
acordado investigar los presuntos delitos de detenciones ilegales con el resultado de
desapariciones masivas, de las que no se ha dado paradero, en conexión con delitos
contra altos organismos de la Nación y la forma de Gobierno como medio de cometer
actos de genocidio y lesa Humanidad (doc. anexo Nº. 4)11
. Desde el 17 de julio de 1936
es el primer Juzgado que abre sus puertas a una denuncia de los referidos delitos. De
inmediato, altos magistrados que han participado ellos mismos en la creación de la
práctica judicial de impunidad han puesto en ejecución acciones coordinadas dirigidas a
impedir la investigación de los hechos denunciados y perpetuar la denegación de
8. Los medios principales instrumentados a este fin han consistido, primero, en prohibir
al Juzgado Central de Instrucción Nº 5 continuar la investigación en las Diligencias Previas
399/2006, y acto seguido en declarar que los hechos investigados estarían prescritos y/o
amnistiados. El cauce procesal ingeniado ha la Causa Especial Nº 20048/2009 - incoada a
petición de terceros, que no son parte en las Diligencias Previas 399/2006, entre ellos
Falange Española y de las JONS (el partido único fascista entre 1936 y 1975, en lo
sucesivo “Falange”)- en la que la alta magistratura da por sentado –sin fundamento- que
estarían prescritos y amnistiados los actos de genocidio y lesa humanidad investigados en
dichas Diligencias Previas, pero sin permitir a quienes son parte en éstas, nuestros
representados, ser oídos y ejercitar el derecho de defensa. Describiremos a continuación, en
forma concisa, los mecanismos utilizados.
8.1. Prohibición al Juez Central de Instrucción No 5 de investigar los actos de genocidio
y lesa humanidad acordada en el Auto de 2 de diciembre de 2008 de la Sala Penal de la
Audiencia Nacional, con tres votos en contra (doc. anexo Nº 5).12
La recurrente Dña.
Carmen Negrín ha considerado que esta resolución era injusta a sabiendas porque
- perpetúa la tortura psicológica que sufren los familiares a los que se niega el
derecho a una investigación sobre la desaparición;
- impide tomar declaración a testigos de los hechos e investigar a los presuntos
autores aún vivos.
Dada la avanzada edad de todos éstos, las dilaciones procesales conllevan el daño
irreparable de que morirán las víctimas directas antes de saber la suerte de los
desaparecidos, los testigos antes de comparecer en un proceso judicial, y también los
Accesible en El Juzgado Central de Instrucción Nº 5 se declara competente. Auto 16/10/2008
(http://www.elclarin.cl/images/pdf/spain_20081016.pdf). Ver también el Auto de 18 de noviembre de
2008 sobre los delitos son de lesa Humanidad, imprescriptibles, inamnistiables
(http://www.elclarin.cl/images/pdf/spain_20081118.pdf).
Accesible en Sala Penal de la Audiencia Nacional: Auto que declara incompetencia de la Audiencia
Nacional. Votos particulares - 02/12/2008 – y Competencia: Voto de tres Magistrados de Sala Penal de la
Audiencia Nacional - 04/12/2008.
autores que siguen vivos. En consecuencia, el 10 de diciembre de 2008 Dña. Carmen
Negrín interpuso ante la Sala Penal del Tribunal Supremo una querella por
prevaricación (Causa Especial Nº 003/0020587/2008 (doc. anexo Nº 6)13
. El Auto de 6
de febrero de 2009 del Tribunal Supremo la ha inadmitido a limine (doc. anexo Nº 7)14
sin pronunciarse sobre ninguna de sus catorce principales pretensiones. La mayoría de
los Magistrados que ha dictado esta resolución juró en su día ante Dios lealtad al
Caudillo Franco y a los “Principios Fundamentales del Movimiento Nacional” cuyo
Partido Único era la Falange.
8.2. En escrito de fecha 28 de febrero de 2009 la recurrente pidió, por el cauce del art.
267.5 de la LOPJ que dispone la suspensión del plazo para recurrir, completar el Auto
de 6 de febrero con un pronunciamiento sobre las concretas pretensiones formuladas el
10 de diciembre de 2008 (doc. anexo Nº 8).15
El Auto de 31 de marzo de 2009 acuerda
a limine inadmitir a trámite la petición del 28 de febrero de 2009 (doc. anexo Nº 9).16
8.3. Dentro del plazo legal, la recurrente interpuso recurso de súplica contra el Auto de
6 de febrero de 2009 (doc. anexo Nº 10)17
, que es inadmitido a trámite, también a
limine, en la Providencia de 15 de abril de 2009 (doc. anexo Nº 11).18
8.4 En escrito de fecha 6 de mayo de 2009 (doc. anexo Nº 12) la recurrente instó, por
el cauce del artículo 241.1 de la LOPJ previo al recurso de amparo, la nulidad de
actuaciones hasta el momento inmediatamente anterior a la Providencia de 15 de abril
de 2009, a fin de que el Tribunal admitiera a trámite el recurso de súplica y adoptara una
resolución congruente con las pretensiones del escrito de 10 de diciembre de 2008
relativas a los Autos de 1 y 2 de diciembre de 2008 de la Sala Penal de la Audiencia
Nacional. En Providencia de 8 de mayo de 2009 la Sala IIª del Tribunal Supremo
inadmitió a trámite la petición de 6 de mayo de 2009, siempre a limine (doc. anexo Nº
13)19
. Interpuesto el 27 de mayo de 2009 ante el Tribunal Constitucional el recurso de
amparo Nº 4985-2009 (doc. anexo Nº 14), alegando infracción manifiesta de los
artículos 6.1, 7 y 13 del Convenio Europeo de DDHH. y del artículo 15.2 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. El 25 de febrero de 2010 ha
sido inadmitido a trámite el recurso de amparo en Providencia notificada el 9 de marzo
de 2010 (doc. anexo Nº 18), contra la que no cabe recurso alguno.
Accesible en Querella por prevaricación ante la Sala Penal del Tribunal Supremo: ampliación -
Accesible en Querella por prevaricación ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Auto de
inadmisión - 06/02/2009.
Accesible en Sala Penal del Tribunal Supremo. Solicitud de resolver pretensiones omitidas -
Accesible en Sala Penal del Tribunal Supremo. Auto desestima petición de resolver pretensiones
omitidas - 31/03/2009.
Accesible en Recurso de Súplica frente a Auto de 06/02/2009 de Sala Penal de Tribunal Supremo -
Accesible en Sala Penal de Tribunal Supremo no admite a trámite el Recurso de Súplica de 10/04/2009.
Providencia - 15/04/2009.
Accesible en Sala Penal de Tribunal Supremo desestima anular la Providencia de 15 de abril de 2009.
Providencia - 08/05/2009.
9. Denegación de justicia en la Sala Penal del Tribunal Supremo, dirigida a impedir la
investigación judicial de los actos de genocidio y lesa humanidad denunciados por los
recurrentes antes de que fallezcan los últimos autores, victimas y testigos vivos.
En 2009 la Sala Penal del Tribunal Supremo, bajo la misma presidencia e integrada
mayoritariamente por los mismos magistrados que han inadmitido a limine TODOS los
arriba citados recursos dirigidos a permitir la investigación judicial de actos de
naturaleza genocida y de lesa humanidad impunes, han ingeniado un operativo procesal
dirigido a que los autores, testigos y víctimas vivos – que normalmente tienen más de
85 años de edad- mueran antes de que prosiga la investigación judicial iniciada a
petición de los recurrentes. El operativo procesal reposa en tres medios:
1. admitir a trámite las querellas interpuestas en 2009 por personas identificadas con la
impunidad, entre ellas la Falange, contra el Juez que ha investigado las denuncias de
nuestros representados (docs. anexos Nos. 19 y 20).
La Sala Penal del Tribunal Supremo admite sucesivamente estas querellas a partir del
Auto de 26 de mayo de 2009 (Causa Especial Nº 20048/2009) –doc. anexo Nº 21-
donde haciendo supuesto de la cuestión afirma que estarían prescritos y amnistiados
tales actos de genocidio y lesa humanidad, por lo que el hecho de haber admitido a
trámite las denuncias de nuestros representados - “vulnera el principio de legalidad, de
la irretroactividad de la ley penal” [pág. 10] (…) la Ley de Amnistía 46/1977 (…) [y]
además, autoriza la práctica de exhumaciones (…)” (FJ 4º). La mayoría de los cinco
Jueces que firman esta resolución juró en su día ante Dios lealtad al Caudillo Franco y a
los Principios Fundamentales del Partido Único, la Falange. La Sala Penal nombró
instructor de las querellas al Juez D. Luciano Varela –que también prestó juramento al
Caudillo Franco y a los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional.
2º medio: denegar a los aquí recurrentes -que son partes en las Diligencias Previas
399/2006- personarse en la Causa Especial Nº 20048/2009, de modo que no puedan
impugnar la supuesta prescripción o amnistía;
3er medio: preparar de este modo una resolución predeterminada que, cualquiera que
sea su parte dispositiva, sentará por primera vez en una Sentencia del Tribunal Supremo
que los actos de genocidio y lesa humanidad cometidos entre el 17 de julio de 1937 y
las elecciones pluralistas de 15 de junio de 1977 estarían prescritos y/o amnistiados.
La prueba figura en el citado Auto de 26 de mayo de 2009 y
- en el Auto del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2010 (doc. anexo Nº 22), en el
que la Sala que en su día pronunciará la sentencia sobre el fondo anticipa que comparte
“las valoraciones del Instructor [Juez Sr. Varela] de las resoluciones analizadas
[del Juez Central de Instrucción Nº 5, sobre la ley de amnistía y los delitos de
genocidio y lesa humanidad] como intencionadamente contrarias a las leyes e
incompatibles con cualquier interpretación razonable de ellas” (…) el sentido
de la decisión del Instructor [Sr. Varela] que cierra la fase previa vendrá
determinada por el juicio de relevancia penal del hecho objeto de la querella
admitida que se adoptó, precisamente, al admitirla a trámite [en el Auto de 26
de mayo de 2009].” [FJ 2º].
Dada esta seguridad el 23 de marzo de 2010, el Juez Instructor Sr. Varela
- en el Auto de 7 de abril de 2010 acusa al Juez Central de Instrucción Nº 5 de
prevaricar por el mero hecho de incoar Diligencias Previas acerca de los actos de
genocidio y lesa humanidad denunciados por nuestros representados: “suponía
desconocer principios esenciales del Estado de Derecho, como los de legalidad penal e
irretroactividad de la ley penal desfavorable, además de implicar el desconocimiento
objetivo de leyes democráticamente aprobadas, como la Ley de amnistía 46/1977“ (doc.
anexo Nº 23, págs. 13-14), y
- en el Auto de 11 de mayo “ordena” abrir el juicio oral ante una Sala integrada por los
mismos cinco Magistrados que en los Autos que acabamos de citar ya han adelantado
que los actos denunciados por los aquí recurrentes están prescritos y amnistiados:
“DISPONGO: Que procede ordenar y ordeno la apertura de juicio oral en la
presente causa contra el Ilmo. Sr. D Baltasar Garzón Real por los hechos objeto
de acusación en cuanto constitutivos del delito de prevaricación definido en el
artículo 446.3º del Código Penal.
Que se designa como órgano competente para el enjuiciamiento a la Sala
Segunda del Tribunal Supremo, que admitió a trámite las querellas origen de
esta causa” (énfasis y subrayado nuestro).
(Doc. anexo Nº 24).
Es decir, es el hecho de que el Juez Central de Instrucción Nº 5 haya admitido a trámite
las denuncias de nuestros representados por actos de presunto genocidio y lesa
humanidad lo que, en sí mismo, “vulnera el principio de legalidad, de la
irretroactividad de la ley penal (…)”.
Al ser desestimada a limine la petición de nuestros representados de ser parte en la
Causa Especial Nº 20048/2009, éstos carecen de medios procesales para impugnar
semejante premisa. No la impugnan las partes admitidas como tales, como la Falange y
el Ministerio Fiscal, pues ya han declarado que la comparten. No podrá impugnarla el
Juez Central de Instrucción No 5 si es absuelto, y si no lo fuera la decisión última de su
recurso se dilataría el tiempo bastante para que mueran los últimos perjudicados, autores
y testigos directos de los actos denunciados por nuestros representados.
En otras palabras, la absoluta indefensión y denegación de justicia impuesta a los
recurrentes en la admisión a trámite y tramitación de la Causa Especial Nº 20048/2009
permite a la alta magistratura anticipar que contra su operativo no cabe un recurso
eficaz. Este tercer medio lo demostraremos acto seguido.
El 2 de junio de 2009 los recurrentes representados por la Procuradora Sra. Millán
Valero se personaron en la Causa Especial Nº 20048/2009 y solicitaron ser tenidos
como parte en calidad de inductores y cooperadores necesarios, pues fueron ellos
quienes formularon las denuncias, las peticiones, y aportaron los elementos de prueba
sin los cuales no habría sido posible que el Juez Central de Instrucción Nº 5 dictara el
Auto de 16 de octubre de 2008. Al mismo tiempo alegaron que concurría en cinco de
los Magistrados a cargo de esta Causa Especial un motivo de abstención-recusación al
haber entrado en contacto con el fondo del asunto –es decir, el Auto de 16 de octubre de
2008 del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 y los hechos en que este se fundamenta-
en ocasión de haber inadmitido a trámite la arriba mencionada querella de la recurrente
Da. Carmen Negrín Fetter (doc. anexo Nº 25)20
La personación en la Causa Especial Nº 20048/2009 ha sido inadmitida a trámite a
liminis en la Providencia de 8 de junio de 2009 (doc. anexo Nº 26).21
recurso de súplica el 12 de junio siguiente (doc. anexo Nº 27)22
, éste ha sido inadmitido
a trámite en Providencia de 17 de junio de 2009 (doc. anexo Nº 28)23
. Formulado
recurso de amparo el 2 de noviembre de 2009 (doc. anexo Nº 29), ha sido inadmitido a
trámite en la Providencia de 17 de mayo de 2010, notificado el 21 de mayo de 2010
(doc. anexo Nº 30)24
frente a la que no cabe recurso alguno.
10. Mientras tanto, la Sala Penal del Tribunal Supremo había hecho entrega a la Falange
y demás partes en la Causa Especial Nº 20048/2009 de la información aportada por los
aquí recurrentes al Juzgado Central de Instrucción Nº 5 (Diligencias Previas 399/2006),
sobre crímenes presuntamente cometidos por miembros de Falange en particular. Los
recurrentes dirigieron una protesta al Presidente de la Sala Penal –que también prestó
juramento de lealtad al Caudillo Franco:
“ (…) las personas cuyos datos personales, informaciones y pruebas han sido
aportadas a las Diligencias Previas n° 399/2006, durante la Dictadura del
franquismo han estado a merced de la continuada arbitrariedad represiva de
aquella, y solicitan respetuosamente que SU EXCELENCIA les informe de las
medidas que la Sala SEGUNDA ha adoptado para preservar el secreto de
dichos datos, informaciones y pruebas respecto de terceros - seguidores,
defensores o que se identifican con valores y actos de la "Cruzada", el
"Movimiento nacional " y el franquismo - que ejercitan la acusación en la
presente Causa Especial contra el Ilmo. Sr. Juez Central de Instrucción n° 5”.
Doc. anexo Nº 3125
Esta petición no ha sido respondida.
Accesible en Víctimas se personan ante el Tribunal Supremo y recusan a cinco Magistrados -
Accesible en Tribunal Supremo. Sala Penal no admite a las víctimas. Providencia - 08/06/2009.
Accesible en Sala Penal del Tribunal Supremo. Recurso de Súplica contra Providencia de 8 de junio de
2009 - 12/06/2009.
Accesible en Tribunal Supremo no admite recurso de súplica c. Providencia de 8 de junio de 2009.
Providencia de 17/06/2009 - 17/06/2009.
Accesible en Tribunal Constitucional: inadmite recurso de las asociaciones Nº 10034-09 /Providencia
de 17-05-2010.
Accesible en Tribunal Supremo. Pregunta al Presidente de la Sala Penal sobre vulneración de secreto
del sumario en pro de defensores de la impunidad de crímenes de la Dictadura /21-12-2009.
11. En la Causa Especial Nº 20048/2009 el Auto de 3 de febrero de 2010 (doc. anexo
Nº 32) desestimó el recurso de súplica del Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central Nº
5 contra la resolución del Tribunal Supremo de admitir que la Falange y otros
partidarios de la dictadura franquista le imputen delito por aceptar a trámite las
denuncias en que los aquí recurrentes denunciaron:
“detención ilegal, basadas en un `plan sistemático y preconcebido de
eliminación de oponentes políticos’…algunos denunciantes que también cabe
calificar los hechos de genocidio” (p. 20); … “los hechos denunciados son
constitutivos de un delito contra la Constitución entonces vigente y contra los
Altos Organismos de la Nación (fundamento jurídico tercero in fine) que califica
de conexo (fundamento jurídico duodécimo, párrafo penúltimo) con la totalidad
de los delitos permanentes de detención ilegal sin dar razón del paradero del
detenido, en el contexto de crímenes contra la Humanidad” (p. 22 del Auto,
subrayado nuestro)
Según este Auto de inculpación de 3 de febrero de 2010
a. el título de imputación de genocidio y lesa humanidad sería un “artilugio
jurídico montado [por el Juez Central No. 5] prescindiendo total y
absolutamente del procedimiento establecido, de la irretroactividad de la Ley
Penal, de la Ley de Amnistía de 15 de diciembre de 1977” (pág. 6, subrayado
nuestro);
b- en la querella interpuesta por la Falange ésta imputa al Juez Central No. 5
“aplicar retroactivamente normas penales, vulnerar el sistema de fuentes,
perseguir delitos prescritos, no aplicar la ley de Amnistía…” (p. 7);
c- a su vez, el Informe que el Ministerio Fiscal dirige el 1 de febrero de 2008 al
Juez Central de Instrucción No. 5 entiende que “la tipificación de los delitos de
lesa humanidad no es susceptible de aplicación retroactiva” (p. 16). También el
Fiscal se opone a aplicar la doctrina del TEDH según la cual no supone
“retroactividad” la investigación de los delitos de genocidio y lesa humanidad en
que el órgano judicial aplica la norma penal vigente en la fecha de comisión del
delito –asesinato; lesiones; violación; robo; etc. – cuya violación generalizada y
sistemática le confiere la calidad de delito de lesa humanidad imprescriptible, no
amnistiable. En la STEDH 2001229, caso Streletz y otros, se afirma:
« L'article 7 § 2 constitue une exception au principe nullum crimen, nulla poena
sine lege praevia formulé par l'illustre pénaliste allemand Anselm von
Feuerbach. (…) Ainsi que le juriste théoricien allemand von Ihering l'a souligné
à juste titre, l'état de droit repose sur la signification formelle des libellés
juridiques. Si l'on veut préserver l'état de droit, cette signification objective doit
demeurer indépendante et strictement séparée, en dernière analyse, de toute
interprétation subjective et arbitraire, quelque généralisée que semblable
interprétation puisse être dans le contexte d'une « pratique étatique » donnée.
Cela est encore plus vrai si cette interprétation arbitraire régnante du « droit en
(in)action » contredisant le droit écrit est le résultat d'une collusion entre les
branches exécutives, législatives et judiciaires de l'Etat. »26
El Auto que el 3 de febrero de 2010 inculpa al Juez Central No. 5 sigue diciendo:
- “La consideración del contexto como delito de lesa humanidad no autoriza a
reavivar una responsabilidad penal ya extinguida por prescripción y por
amnistía” (p. 34, énfasis en el original); (…) “prescindir de la prescripción de
la responsabilidad penal por los delitos erigidos en objeto del proceso [lesa
humanidad, genocidio], o de la extinción por virtud de la amnistía establecida
en la ley 46/1977, de 15 de octubre, (…) se hace al margen (…) de cualquier
interpretación razonable de las normas de nuestro ordenamiento jurídico” (pág.
- “Es manifiestamente contrario a Derecho no excluir la relevancia penal de
los hechos denunciados por la Amnistía establecida en la ley 46/1977, de 15 de
octubre” (pág. 40, énfasis en el original);
De este modo se ha consumado el cierre de los tribunales españoles a nuestros
representados, mediante una interpretación contraria, en primer lugar, al propio derecho
interno, pues no diferencia los delitos de genocidio y contra la Humanidad de otros que
pudieran estar amnistiados. Paul Touvier se había beneficiado en Francia de la
prescripción y de la amnistía de algunos delitos cometidos entre 1940 y 1944 contra
adversarios del fascismo, pero ello no fue óbice para que el 19 de abril de 1994 fuera
condenado a cadena perpetua por otro delito, éste de lesa humanidad. En la Decisión de
13 de enero de 1997 la Comisión Europea de DDHH27
inadmitió el recurso de Touvier
« le requérant a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour
complicité de crime contre l'humanité, par arrêt de la cour d'assises du
département des Yvelines en date du 20 avril 1994. La Commission constate par
ailleurs que l'infraction de crime contre l'humanité et son imprescriptibilité
furent consacrées par le Statut du tribunal international de Nuremberg annexé à
l'accord interallié du 8 août 1945 et qu'une loi française du 26 décembre 1964
s'y réfère expressément pour disposer que les crimes contre l'humanité sont
imprescriptibles. (…)
La Commission doit vérifier si l'exception posée au paragraphe 2 de l'article 7
(art. 7-2) trouve à s'appliquer aux circonstances de l'espèce.
La Commission rappelle qu'il ressort des travaux préparatoires de la
Convention que le paragraphe 2 de l'article 7 (art. 7-2) a pour but de préciser
que cet article n'affecte pas les lois qui, dans les circonstances tout à fait
exceptionnelles qui se sont produites à l'issue de la deuxième guerre mondiale,
ont été passées pour réprimer les crimes de guerre et les faits de trahison et de
Zupančič (TEDH2001229), páginas 47 y 49. Ver en igual sentido el punto 81 de la misma Sentencia;
caso K-HW (2001) 36 E.C.H.R. 59 ECtHR en [83]; el voto particular del citado Juez en el caso Zdanoka
(2006) 45 E.C.H.R. 17 ECtHR; el caso Custers )2007) 47 E.C.H.R. 28 ECtHR en [85]-[86].
http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=3&portal=hbkm&action=html&highlight=touvier&sessi
onid=54949311&skin=hudoc-fr
collaboration avec l'ennemi et ne vise à aucune condamnation juridique ou
morale de ces lois (cf. N° 268/57, déc. 20.7.57, Ann. Conv., vol. 1, p. 241). Elle
estime que ce raisonnement vaut également pour les crimes contre l'humanité. »
El cierre de los tribunales en España ha tenido lugar en oposición manifiesta al CEDH
y a la doctrina del TEDH según la cual los delitos de genocidio y lesa humanidad
- no son prescriptibles –ver los casos contra Estonia acumulados de August Kolk y Petr
Kislyiy, donde el TEDH estudia en 2004 -a la luz del CEDH, ratificado en 1991 por
Estonia- actos cometidos en 1944 en relación con el párrafo 2 del artículo 7 del CEDH,
“The Court reiterates that Article 7 § 2 of the Convention expressly provides that
this Article shall not prejudice the trial and punishment of a person for any act or
omission which, at the time it was committed, was criminal according to the general
principles of law recognised by civilised nations. This is true of crimes against
humanity, in respect of which the rule that they cannot be time-barred was laid down
by the Charter of the Nuremberg International Tribunal (see Papon v. France (no. 2)
(dec.), no. 54210/00, ECHR 2001-XII, and Touvier v. France, no. 29420/95,
Commission decision of 13 January 1997, Decisions and Reports 88-B, p. 161)”
En la Sentencia del caso Kononov c. Letonia, de 24 de julio de 2008, para. 146, el
TEDH estudia un crimen de guerra cometido en mayo de 1944 y tras constatar que el art. 6.C
del Estatuto del Tribunal de Nüremberg de 1945 reconoce los crímenes contra la humanidad
cometidos antes o después de la II Guerra Mundial, que la validez universal de los principios
sobre imprescriptibilidad de estos crímenes fue confirmada, entre otras, en la resolución 95 de
la Asamblea General de la ONU de 11 de diciembre de 1946, y más tarde por la Comisión de
Derecho Internacional, concluye que son imprescriptibles los delitos identificados en el
artículo 1 del Convenio de NNUU de 26-11-1968 sobre la imprescriptibilidad de los
crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como
En la Sentencia del Ould Dah c. Francia, de 17 de marzo de 2009, el TEDH considera
que la amnistía es generalmente incompatible con el deber que tienen los Estados de
investigar y perseguir los delitos de lesa humanidad, de evitar su impunidad (pág. 17,
Las resoluciones mediante las que la alta magistratura española mantiene cerrados los
tribunales españoles a los delitos denunciados por nuestros representados constituyen,
pues, un abierto desafío al CEDH y a la doctrina del TEDH.
12. La Providencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 2010,
conocida el 20 de abril de 2010 a través de medios de comunicación, ha criminalizado la
cuestión de competencia negativa nº 6/200380/29009 planteada entre los Juzgados de
Instrucción de Granada y El Escorial, de una parte, y el Juzgado de Instrucción Central
nº 5 de la Audiencia Nacional, por otra parte -doc. anexo Nº 33-28
Accesible en Cuestión de competencia. Sala Penal de Tribunal Supremo la convierte en cuestión
prejudicial penal en Providencia de 26-03-2010, hecha pública el 16-04-2010.
En efecto, la LECrim. dispone que el conflicto de competencia será resuelto, dentro del
procedimiento establecido, por el órgano judicial superior común. El art. 52 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) dispone:
“(…). El juez o Tribunal superior fijará, en todo caso, y sin ulterior recurso, su
propia competencia, oídas las partes y el Ministerio Fiscal por plazo común de
diez días (…)” (subrayado nuestro).
Mediante esta Providencia de 26 de marzo de 2010 la “cuestión de competencia” será
resuelta en la Causa especial No 3/220048/2009 como una “cuestión prejudicial penal”.
Se consolida, de este modo, la operación procesal que reduce a los aquí recurrentes a
indefensión y denegación de justicia, pues al no resolver el conflicto de competencia
negativo por el cauce legalmente establecido 1) ya sea a favor del JCI Nº 5, lo que
habría dejado sin base la paralización de la investigación judicial; o 2) si decidiese lo
contrario, sería en tal resolución donde quedaría establecida la competencia, con la
consiguiente reapertura de la investigación judicial de los hechos denunciados por los
aquí recurrentes.
13. El efecto de impunidad absoluta así logrado lo confirman las resoluciones ulteriores
adoptadas por otros jueces de España que se niegan a admitir a trámite e investigar
cualquier otra denuncia sobre actos de naturaleza y crímenes de lesa humanidad
impunes. Se acompaña, a modo de ejemplo, el Auto de 8 de febrero de 2010 de la
Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Madrid, que invoca el citado Auto no firme
del Juez Instructor Sr. Varela de 3 de febrero de 2010 (doc. anexo Nº 32) para alzarse
contra el artículo 15.2 del PIDCP y la doctrina del TEDH:
“resulta procedente señalar que el Auto de 03/02/10 dictado por el Excmo. Sr.
Magistrado del Tribunal Supremo D. Luciano Varela Castro sobre la admisión a
trámite de la querella interpuesta contra el titular del Juzgado Central de Instrucción
Nº 5 con motivo de la incoación de la causa de la que proceden las presentes
actuaciones deja bien claro en su RJ 4, E) Nº 4 que se trata de un procedimiento penal
que nunca debió ser incoado por referirse a un delito prescrito y amnistiado” (doc.
anexo Nº 48, página 4).
14. Confirma el descrito operativo la respuesta de la alta magistratura a las peticiones de
19 de abril y 23 de mayo de 2010 de los recurrentes solicitando ser tenidos por parte,
esta vez en calidad de perjudicados, en la referida Causa Especial Nº 20048/2009 (docs.
anexos Nos 34 y 35), habida cuenta que la Falange y los otros querellantes podrían
exigirles la responsabilidad dimanante del delito de prevaricación objeto de la misma
por haber formulado en 2006 las denuncias que dieron origen a las Diligencias Previas
No 399/2006. Por ejemplo, en lo que se refiere a la exhumación de la fosa común del
poeta Federico García Lorca, el Auto de 18 de noviembre de 2008 del JCI nº 5 (doc.
anexo Nº 36) se inhibió a favor del Juzgado de Instrucción de Granada en base al
documental probatorio aportado en las denuncias de mis representados.
En Providencias de 18 y 26 de mayo de 2010 la Sala Penal del Tribunal Supremo de
nuevo ha inadmitido a limine estas peticiones (docs. anexos Nos 36 y 37)29
como fundamento lo ya dispuesto en la Providencia de 8 de junio de 2009 (doc. anexo
Nº 26). Contra las dos primeras Providencias ha sido interpuesto recurso de súplica el
31 de mayo de 2010 (doc. anexo Nº 38), que ha sido inadmitido a trámite en
Providencia de 9 de junio de 2010 (doc. anexo Nº 39), contra la que no cabe recurso
eficaz alguno puesto que ya el Tribunal Constitucional ha dicho que no cabe recurso de
amparo contra la Providencia de 8 de junio de 2009 en la que se fundamentan (doc.
anexo Nº 30)30
En conclusión: las relatadas resoluciones judiciales vulneran garantías protegidas por el
CEDH. El TEDH, en la Sentencia (Gran Sala) de 17 de mayo de 2010 ha confirmado la
arriba citada decisión en el caso Kononov v. Letonia en relación con hechos ocurridos
en mayo de 1944. Cuarenta y seis años después, en mayo de 1990, Letonia adhirió al
CEDH. En juicio celebrado el 30 de abril de 2004 el Tribunal condenó al autor de los
hechos de 1944 aplicando los tipos penales de la enmienda de 6 de abril de 1993 al
Código Penal lituano de 1961. La Sentencia considera que esta condena es conforme
con el art. 7 del CEDH al ser la enmienda de 1993 conforme con los principios
establecidos en normas y precedentes de derecho internacional consuetudinario y
convencional aplicables también a crímenes de lesa humanidad, entre otros en los
Convenidos de La Haya de 1899 y 1907; en el Estatuto de agosto de 1945 del Tribunal
de Nüremberg y su Sentencia de 1946; en el Estatuto del Tribunal de Tokio de 1946 y
su Sentencia de 1948; en los “Principios de Nüremberg” aprobados en 1950 por la
Comisión de Derecho Internacional; en el Convenio de las NNUU de 26 de noviembre
de 1968 sobre la no aplicabilidad de la prescripción a los crímenes de guerra y contra la
humanidad, de 26 de noviembre de 1968; en el Convenio europeo de 1974 sobre la no
aplicabilidad de la prescripción a los crímenes de guerra y contra la humanidad. Es decir
principios y normas de derecho internacional consuetudinario (vigentes en España antes
y después del 17 de julio de 1936):
“243. the applicant's prosecution (and later conviction) by the Republic of
Latvia, based on international law in force at the time of the impugned acts and
applied by its courts, cannot be considered unforeseeable.”
En las citadas Diligencias Previas 399/2006 del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de
España los recurrentes han ejercitado simultáneamente la acción civil y la penal, en
conformidad con el artículo 112 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
En conformidad con el art. 1.5 del Código Civil, de 1889, y los arts. 96.1 y 10.2 de la
Constitución española de 1978, habrá que tener presente que:
Accesible en Tribunal Supremo inadmite petición de víctimas del franquismo de ser parte en Causa de
Falange contra el Juez Garzón /Providencia 18-05-2010.
de 17-05-2010
1. en España estaban vigentes el 17 de Julio de 1936:
1.1.- el Convenio (II) de La Haya, de 29 de julio de 1899, relativo a las leyes y usos de
la guerra terrestre, y su anejo, el Reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra
terrestre (La Gaceta de Madrid, 22 de noviembre de 1900; Dicc. A. 9623). Este
Convenio y su Reglamento fueron revisados en la Segunda Conferencia de Paz de La
Haya de 1907 (Convenio IV). Sus disposiciones son consideradas parte del Derecho
Internacional general;
1.2.- en el Convenio (IV) de La Haya, de 18 de octubre de 1907, relativo a las leyes y
usos de la guerra terrestre, y el Reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra
terrestre, vigente desde el 26 de enero de 1910, España no es parte, pero el contenido de
este Reglamento es prácticamente idéntico al de 1899; sus disposiciones forman parte
del Derecho Internacional general y su obligatoriedad trasciende las relaciones entre los
Estados parte; las reglas del Reglamento han sido reafirmadas en parte y desarrolladas
por los Protocolos adicionales a las Convenciones de Ginebra de 8 de junio de 1977,
adicionales a las Convenciones de Ginebra de 12 de agosto de 1949.
1.3.- El Convenio de Ginebra, de 27 de julio de 1929, relativo al tratamiento de los
prisioneros de guerra (La Gaceta de Madrid, 11-10-1930; Dicc. A. 1365). Este
Convenio ha sido reemplazado por el Convenio de Ginebra III, de 12 de agosto de 1949.
1.4.- La Constitución española de 1931: “Artículo 7. El Estado español acatará las
normas universales del Derecho internacional, incorporándolas a su derecho positivo.”
1.5.- El Convenio contra el trabajo forzado adoptado por la Organización internacional
del Trabajo el 28 de junio de 1930 y ratificado por España el 29 de agosto de 1932.
1.6.- El Código Penal español de 1932, que sancionaba los delitos de homicidio,
secuestro, detención ilegal, violación, lesiones, expolio de bienes, etc.
Según su artículo 116 el delito de homicidio no prescribía hasta 15 años después de su
comisión. Es decir, en 1951 comenzarían a prescribir los crímenes cometidos desde el
17 de julio de 1936 en el supuesto caso de que el derecho hubiera estado activo en
España en cuanto a los actos de naturaleza genocida, pero no lo estuvo.
En todo caso, la existencia de crímenes contra la humanidad sin nexo con los de guerra
había sido reconocida en la Ley nº 10 del Consejo de Control Aliado (1945), y en 1951
la existencia de la categoría de los crímenes contra la humanidad en conexión con
crímenes de guerra ya había sido explícitamente declarada en 1946 -en cuanto a hechos
anteriores- por el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg (TMIN) - y confirmada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 95 (I), relativa a la
los principios de Derecho internacional reconocidos por el estatuto y la sentencia del
Tribunal de Nuremberg, de 11 de diciembre de 1946.
Están hoy vigentes en España:
2. El Convenio para la sanción y prevención del delito de Genocidio, de 1948 (BOE 8-
02-1969 y 18-09-1985)..
3. El Convenio de Viena de 22 de mayo de 1969 (BOE de 13-06-1980).
4. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966
(BOE 30 de abril de 1977), ratificado sin reserva alguna y vigente desde el 27 de julio
El PICDP es self-executing en España, dado que la legislación penal vigente el 17 de
julio de 1936 sancionaba la mayor parte de los delitos individualizados cuya comisión
sistemática y generalizada les confiere naturaleza de genocidio y crímenes contra la
Humanidad (asesinatos, violaciones, lesiones corporales, expolio de bienes,
desplazamiento forzoso de población, etc.), y, por ende, son imprescriptibles e
5. La Ley de Amnistía 46/1977, de 15 de Octubre de 1977.
Según su artículo 1 se aplica a “actos de intencionalidad política”. Ni el Convenio
contra el genocidio (artículos 1 a 4) ni el PIDCP (art. 15.2), ambos vigentes en la fecha
de aprobarse la Ley 46/1977, admitiendo la excepción de “intencionalidad política” en
tiempos de paz o de guerra, el sentido literal, sistemático y contextual de esta Ley no
tiene por objeto actos de genocidio y lesa humanidad -como se constata y analiza en los
documentos anexos Nos. 54 y 55
6. El Convenio Europeo de Derechos Humanos (BOE 10-10-1979).
7. El Convenio sobre prevención de tortura y penas o tratos inhumanos o degradantes
(BOE 5-07-1989).
8. El Tratado de Roma de 17 de julio de 1998 y el Estatuto del Tribunal Penal
Internacional (BOE 5-10-2000).
9. La Convención de NNUU sobre desaparición forzada de personas, de 20.12.2006.
Al ratificarla el 24 de septiembre de 2007, España está obligada a no frustrar su objeto y
fin (art. 18 del Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 22 de mayo de
1969 (BOE 13-6-1980).
10. El Código Penal de 1995:
- los arts 131.4 y 133.231
, según los cuales los delitos y penas de lesa humanidad,
genocidio y guerra no prescriben;
- el art. 17432
, que tipifica como tortura el sufrimiento mental "por cualquier
razón basada en algún tipo de discriminación"33
- el artículo 542: “Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o
cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario
público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos
cívicos reconocidos por la Constitución (RCL 1978, 2836) y las Leyes.”
- el artículo 447: “El Juez o Magistrado que por imprudencia grave o ignorancia
inexcusable dictara sentencia o resolución manifiestamente injusta incurrirá en
la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de
dos a seis años.”
11. La Constitución española de 1978:
- el art. 106: “ (…) 2. Los particulares, en los términos establecidos en la ley,
sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión
sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos”;
- el art. 125: “Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular (…), en la forma
y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine…”.
12. La Ley de Enjuiciamiento Criminal
- el artículo 100: “De todo delito o falta nace acción penal para el castigo del
culpable, y puede nacer también acción civil para la restitución de la cosa, la
punible”;
- el art. 112: “Ejercitada sólo la acción penal, se entenderá utilizada también la
civil, a no ser que el dañado o perjudicado la renunciase o la reservase
expresamente para ejercitarla después de terminado el juicio criminal, si a ello
hubiere lugar”;
Versión vigente desde el 1 de octubre de 2004 (L.O. 15/2003, art. 49, de 25-11-2003, RCL 20032744.
Versión vigente desde el 1 de octubre de 2004 (L.O. 15/2003, art. 62, de 25-11-2003, RCL 20032744.
Art. 174 C.P. : «1. Comete tortura la autoridad o funcionario público que, abusando de su cargo, y con
el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho
que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o por cualquier razón basada en algún tipo de
discriminación, la sometiere a condiciones o procedimientos que por su naturaleza, duración u otras
circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades
de conocimiento, discernimiento o decisión o que, de cualquier otro modo, atenten contra su integridad
moral. El culpable de tortura será castigado con la pena de prisión de dos a seis años si el atentado
fuera grave, y de prisión de uno a tres años si no lo es. Además de las penas señaladas se impondrá, en
todo caso, la pena de inhabilitación absoluta de ocho a 12 años».
- el art. 110: “Los perjudicados por un delito o falta que no hubieren renunciado
a su derecho podrán mostrarse parte en la causa si lo hicieran antes del trámite
de calificación del delito, y ejercitar las acciones civiles y penales que procedan
o solamente unas u otras, según les conviniere…”;
- el art. 270: “Todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el
delito, pueden querellarse, ejercitando la acción popular establecida en el
artículo 101 de esta ley;
- el art. 101 de este mismo cuerpo legal: “La acción penal es pública. Todos los
ciudadanos españoles podrán ejercitarla con arreglo a las prescripciones de la
13. Las demás normas citadas en la presente Demanda.
Jurisprudencia interna
1. El Tribunal Constitucional ha establecido que no admitir a alguien, a quien
corresponda, el ejercicio del derecho a la acusación particular, supone lesionar el
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión garantizado en el art.
24.1 CE, en su vertiente de acceso a la jurisdicción (STC 107/04, de 28 de junio [RTC
2004107] -doc. anexo Nº 40). Y que la diferencia de status entre acusadores y acusados
en un proceso penal no impide la anulación de una sentencia absolutoria y la retroacción
de actuaciones cuando ha tenido lugar un proceso sin las garantías consustanciales al
proceso justo (STC 4/04, de 14 de enero [RTC 20044] - doc. anexo Nº 41-), entre las
cuales se encuentran, sin duda, el haber privado a la acusación particular del derecho a
intervenir en un proceso. Ver, en particular, la STC núm. 34/2008 de 25 febrero,
RTC200834, doc. anexo Nº 42, apoyada en la doctrina del TEDH.
2. Es doctrina del Tribunal Constitucional que el artículo 24.1 de la Consti8tución
española ampara el derecho de la víctima de un delito al ius ut procedatur, a un
procedimiento instruido en conformidad con las reglas de un proceso justo en el que
puede obtener una respuesta razonable y fundamentada en derecho (SSTC 218/1997, FJ
2; 41/1997, FJ 5; 120/ 2000, de 10 de mayo, FJ4, Documentos anexos Nos 49, 50, 51).
Como afirma la STC 163/2001, el derecho a la jurisdicción penal para aplicar el ius
puniendi forma parte del derecho fundamental a la protección judicial efectiva (Docs.
anexos Nos. 52 y 53).
3. La Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de octubre de 2007 (RJ 20094711 - doc.
anexo Nº 43-) define “grupo”, en el marco del Convenio contra el genocidio, como “un
número relevante de personas relacionadas entre sí por características que las
diferencias de los demás miembros de la población” (FD 10.4). En su voto particular el
Magistrado D. Joaquín Giménez García estima que el
“grupo nacional incluye el exterminio de los grupos políticos de la misma
nacionalidad (…) carece de sentido excluir del genocidio la política de
exterminio ejecutada contra un subgrupo nacional por razones políticas cuando,
por el contrario, la muerte o la práctica de cualquiera de las conductas que
integran el crimen de lesa humanidad dirigidas por un grupo contra otro de la
población civil, o parte de ella, son considerados tales crímenes”.
1. La doctrina de la Corte Internacional de Justicia sobre las leyes y costumbres de la
guerra, reiterada en el Avis Consultatif sur les conséquences juridiques de la
construction d'un mur en territoire palestinien occupé
« 89. Pour ce qui concerne le droit international humanitaire, la Cour relèvera
en premier lieu qu'Israël n'est pas partie à la quatrième convention de La Haye
de 1907 à laquelle le règlement est annexé. La Cour observera qu'aux termes de
la convention ce règlement avait pour objet de ‘réviser les lois et coutumes
générales de la guerre’ telles qu'elles existaient à l'époque. Depuis lors
cependant, le Tribunal militaire international de Nuremberg a jugé que les
‘règles définies dans la convention étaient reconnues par toutes les nations
civilisées et étaient considérées comme une formulation des lois et coutumes de
guerre’ (jugement du Tribunal militaire international de Nuremberg du 30
septembre et 1"' octobre 1946, p. 65). La Cour elle-même a abouti à la même
conclusion en examinant les droits et devoirs des belligérants dans la conduite
des opérations militaires (Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes
nucléaires, avis consultatif, C.I. J. Recueil 1996 ( I ) , p. 256, par. 75). La Cour
estime que les dispositions du règlement de La Haye de 1907 ont acquis un
caractère coutumier, comme d'ailleurs tous les participants à la procédure
devant la Cour le reconnaissent » (enfasis nuestro).
2. La Sentencia del Tribunal de Nüremberg de 1946 consideró como crímenes contra la
Humanidad actos cometidos en Alemania en tiempos de paz (tras asumir plenos poderes
el gobierno del Canciller Hitler en abril de 1933), contra opositores políticos al nazi-
fascismo, judíos, etc., por más que el Estatuto de 8 de agosto de 1945 no otorgara al
Tribunal jurisdicción sobre aquellos:
“With regard to crimes against humanity, there is no doubt whatever that
political opponents were murdered in Germany before the war, and that many of
them were kept in concentration camps in circumstances of great horror and
cruelty. The policy of terror was certainly carried out on a vast scale, and in
many cases was organised and systematic. The policy of persecution, repression
and murder of civilians in Germany before the war of 1939, who were likely to
be hostile to the Government, was most ruthlessly carried out. The persecution
of Jews during the same period is established beyond all doubt. To constitute
crimes against humanity, the acts relied on before the outbreak of war must have
been in execution of, or in connection with, any crime within the jurisdiction of
the Tribunal. The Tribunal is of the opinion that revolting and horrible as many
of these crimes were, it has not been satisfactorily proved that they were done in
execution of, or in connection with, any such crime. The Tribunal therefore
cannot make a general declaration that the acts before 1939 were crimes
against humanity within the meaning of the Charter, but from the beginning of
the war in 1939 war crimes were committed on a vast scale, which were also
crimes against humanity; and insofar as the inhumane acts charged in the
Indictment, and committed after the beginning of the war, did not constitute war
crimes, they were all committed in execution of, or in connection with, the
aggressive war, and therefore constituted crimes against humanity”34
3. Los principios del Estatuto y la Sentencia de este Tribunal fueron aprobados por la
Asamblea General de las NN.UU. el 11 de diciembre de 1946.
4. La no exigencia de nexo necesario entre los crímenes contra la humanidad y los
crímenes de guerra es reconocida en la Ley nº 10 del Consejo de Control Aliado35
1945, y por varios Estados antes de 195036
La doctrina se mostraba asimismo favorable a un tratamiento de los crímenes contra la
humanidad autónomo y separado de los crímenes contra la paz o los crímenes de
guerra37
5. La Declaración de las Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas
contra las desapariciones forzadas (A.G. Res. 47/133, 18 diciembre 1992)
6. En conformidad con el Convenio de Viena sobre el derecho de los Tratados, artículos
26 y 27, “un tratado en vigor obliga las partes y debe ser cumplido de buena fe”, y
“una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación
del incumplimiento de un tratado”.
7. El artículo 14.2 del Proyecto de la CDI de Convención sobre la responsabilidad del
Estado por actos internacionalmente ilícitos: “2. The breach of an international
obligation by an act of a State having a continuing character extends over the entire
El texto íntegro de la Sentencia del Tribunal Internacional de Nüremberg es accesible en
Entre los tribunales militares estadounidenses que al aplicar dicha ley rechazaron la necesidad de
conexión figuran The Justice Case, “Judgment”, en IMT, Trials of War Criminals before the Nuremberg
Military Tribunals under Control Council Law Nº 10. Nuernberg, October 1946-April 1949, vol. III,
Washington: U.S. Government Printing Office, 1951, p. 974; The Einsatzgruppen Case, en ibid., vol. IV,
1950, p. 499.
Vid. UN, Doc. A/CN.4/19 y Add.1 y 2, Draft code of offences against the peace and security of mankind.
Replies form Governments to Questionnaires of the ILC, en: UN, YILC, 1950, vol. II, pp. 249-253.
Por ejemplo vid. DONNEDIEU DE VABRES, H., Traité de Droit Criminel et de Législation Pénale
Comparée, Paris: Librairie du Recueil Sirey, 1947, p. 1017; CORNIL, L. (dir.), PELLA, V. et SASSERATH,
S., VIII Conférence Internationale pour l’Unification du Droit Pénal. Bruxelles, 10 et 11 juillet 1947.
Actes de la Conférence, Paris: Éditions A. Pedone, 1949, pp. 224-225.
period during which the act continues and remains not in conformity with the
international obligation.”
8. Los derechos fundamentales de la persona humana protegidos por el CEDH
constituyen tanto el límite como la base de la intervención penal.
9. La exaltación progresiva de la dignidad humana como atributo fundamental de la
protección universal e internacional de la persona humana desvela modalidades de
agresión pluridimensionales. Lo que constatar la jurisprudencia de la CEDH por
ejemplo en Tyrer v. the United Kingdom, 25 Abril 1978, Series A no. 26, pp. 15-16, §
31; Soering, p. 40, § 102; Loizidou v. Turkey, 23 Marzo 1995, Series A no. 310, pp. 26-
27, § 71, o en Siliadin c/ France:
“121. Il importe de ne perdre de vue ni les caractères particuliers de la
Convention ni le fait que celle-ci est un instrument vivant à interpréter à la
lumière des conditions de vie actuelles, et que le niveau d'exigence croissant
en matière de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales
implique, parallèlement et inéluctablement, une plus grande fermeté dans
l'appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés
démocratiques (voir parmi beaucoup d'autres Selmouni c. France, précité, §
101)” (subrayado nuestro).
De lo que se desprende que la aplicación de la legislación penal puede ser necesaria
para prevenir y sancionar la violación de derechos fundamentales protegidos.
10. De modo asimismo progresivo se incrementa la obligación internacional de
penalización de la infracción de los derechos fundamentales del hombre, con el
incremento correlativo de la responsabilidad internacional del Estado que incumple esta
obligación ante órganos judiciales internacionales.
11. Más se intensifica la componente universalista de la dignidad humana más
protección penal merece. La ausencia, o inaplicación, de normas de incriminación penal
de protección de la dignidad humana entra en conflicto con las obligaciones establecidas
en el CEDH. Ello explica que las instituciones internacionales pidan una protección
penal más anticipada contra los crímenes de lesa humanidad –lo que es antinómico con
12. Como ha estudiado Francesco Palazzo, Prof. de derecho penal de la Universidad de
« 9. Le système de protection juridictionnelle des droits fondamentaux dans le
domaine pénal a aujourd'hui évolué - et s'est complexifié (…). D'un côté, la
protection se ressent de la double dimension qu'assument les droits
fondamentaux par rapport au droit pénal, c'est-à-dire plus uniquement celle
traditionnelle des droits comme limites à l'intervention pénale, mais aussi celle
plus innovatrice des droits comme objet et fondement de la protection pénale
(…) Le changement de perspective est donc chargé d'une signification politique,
voire avant encore culturelle. En effet, il semble implicitement considérer
comme évidente une conséquence de démocratie structurelle du droit pénal dans
nos systèmes juridiques, plus difficilement et rarement encline - en raison
d'aspects constitutionnels généraux - à se faire instrument de prévarication.
Alors que, au contraire, le phénomène semble caractériser une certaine
«anxiété» de protection des aspects fondamentaux de l'être humain, qui
réclament une reconnaissance croissante à travers le recours à l'instrument
pénal en témoignage d'un sens général de perte et d'incertitude que l'individu
ressent dans la complexité sociale actuelle. »38
13. La Sentencia del TEDDHH de 22 de marzo de 2001 (caso Streletz y otros c.
Alemania), ha reafirmado que el principio de legalidad penal ha sido respetado en la
condena a antiguos dirigentes de un Estado aplicando el derecho penal vigente en la
época de los hechos, imputables a título individual y que constituían delitos definidos
con la suficiente accesibilidad y previsibilidad tanto en derecho interno como
14. La reiterada jurisprudencia del TEDH sobre la desaparición forzada en relación con
la violación de los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 y 14 del Convenio Europeo de DD.
HH. Así, a modo de ejemplo,
- en el caso Chipre c. Turquía, la Sentencia de la Gran Sala de 10 de mayo de 2001
concluye que el Estado turco ha violado en forma continuada los artículos 3, 4, 5, 8 y
otros artículos del CEDDHH
“127 La Commission a observé que ces personnes avaient disparu dans des
circonstances où leur vie était en danger, étant donné notamment qu’il existait à
l’époque des preuves manifestes de meurtres perpétrés sur une grande échelle, y
compris par suite d’actes criminels commis en dehors des zones de combat.
S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour, la Commission a estimé que l’article
2 imposait aux autorités de l’Etat défendeur l’obligation positive de mener une
enquête effective sur les circonstances dans lesquelles étaient survenues les
disparitions. De plus, cette obligation revêtait un caractère continu puisqu’il se
pouvait que les disparus eussent trouvé la mort du fait de crimes
imprescriptibles. » (subrayado nuestro) ;
- en el caso Gongadze v. Ukraine39
, donde la demandantes es la viuda de un
desaparecido, el Tribunal concluye que ha habido violación de los arts. 2; 3 y 13 ;
PALAZZO (F.) : « Charte européenne des droits fondamentaux et droit pénal », Revue de science
criminelle, 2008 p. 1. Ver V. Militello, “I diritti fondamentali fra limite e legittimazione di una tutela
penale europea”, in Ragion pratica, 22, giugno 2004, p. 139 ss.
No. 34056/02, §§ 184-186, ECHR 2005, Sentencia de 8 de noviembre de 2005, puntos 184-186,
- la misma doctrina es reiterada en la Sentencia del caso Luluyev and Others v. Russia,
de 9 de noviembre de 2006, punto 114;
- en el caso Timurtaş v. Turkey, no. 23531/94, § 95, ECHR 2000-VI, Sentencia de 13 de
junio de 2000, en el que la demandante es la madre de un detenido desaparecido, el
Tribunal concluye que ha habido violación de los arts. 2, 3, 5 y 13;
- en el caso Khachiev contra Rusia, la Sentencia de 24 de febrero de 2005 considera que
se ha violado el artículo 13 [puntos 182 a 186]”.
15. La doctrina del TEDH relativa a los artículos 2 y 13 del CEDH, entre otros en los
casos Kelly c. el Reino Unido y Papon c. Francia.
16. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de DDHH en materia de
desapariciones, desde las Sentencias Velásquez Rodríguez c. Honduras de 29 julio 1988
(Inter-Am. Ct. H. R. (Ser. C) n° 4) (1988)), Godínez Cruz c. Honduras de 20 enero 1989
(Inter-Am. Ct. H. R. (Ser. C) n° 5) (1989)), y Cabellero-Delgado et Santana c. Colombia
de 8 diciembre 1995 (Inter-Am. Ct. H. R.).
17. los principios de derecho penal internacional reafirmados por el Tribunal
Internacional de La Haya entre otros en el caso Sbrenica, también amparados en los
arts. 3 y 8 del CEDH y el art. 18 de la Constitución española
III. EXPOSICIÓN DE LAS VIOLACIÓNES DEL CONVENIO, ASÍ
COMO DE LOS ARGUMENTOS EN QUE SE BASA
1. El relatado cierre de los tribunales, sin solución de continuidad desde el 17 de julio de
1936 hasta hoy, han privado al grupo nacional partidario de la forma republicano-
representativo de gobierno y, en particular, a los aquí recurrentes, de su derecho a una
investigación judicial de los actos de naturaleza genocida y lesa humanidad denunciados
entre diciembre de 2006 y diciembre de 2008 ante el Juzgado Central de Instrucción Nº
5 de la Audiencia Nacional de España; prolongan la tortura psicológica que sufren las
personas a las que se niega el derecho a conocer la suerte de sus familiares
desaparecidos; dada la muy avanzada edad de los autores, testigos y víctimas directas –
alrededor de los 90 años- al paralizar la investigación judicial las resoluciones de la alta
magistratura son conscientes del perjuicio irreparable derivado de muerte inminente o
próxima de aquellos.
2. La operación procesal descrita ha vulnerado los artículos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 y 17
del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales, así como el artículo 47 de la Carta de derechos
fundamentales de la Unión Europea, pues los recurrentes sufren denegación de justicia
e indefensión en las Causas Especiales No 003/0020587/2008 y Nº 20048/2009, donde
se les ha negado el derecho de defensa, a acceder a un tribunal imparcial de justicia, a
ser parte en igualdad de armas y ejercitar sus derechos sin discriminaciones, a ejercitar
los recursos establecidos en la ley.
3. La indefensión y denegación de justicia es de especial intensidad en lo que se refiere
a las desapariciones, que conlleva una adicional violación, autónoma, del 3 CEDH.
4. La operación procesal ha vulnerado la doctrina sentada en las sentencias del TEDH
ya citadas y en los casos, entre otros,
- Jorgic v. Germany, Sentencia de 12 de julio de 2007, en cuanto a la interpretación del
crimen de genocidio en relación con los artículos 7, 13 y 6 del CEDH, puntos 65, 83,
102 a 114;
- Varnava et autres c. Turquie, de 18 de septiembre de 2009, en particular los pp. 94 a
98; 102; 104 a 107; 112; 113; 121; 130; 131; 134; 136; 138; 140; 142; 144-149; 157-
165; 183; 184; 194; 200; 202; 208.
- Kononov c. Letonia, la Sentencia de la Gran Sala de 17 de mayo de 2010, que aplica
principios y normas de derecho internacional consuetudinario, vigentes en España antes
y después del 17 de julio de 1936, a la sanción de actos no tipificados en el código penal
interno (ver en particular los puntos 144, 186, 196, 199, 203, 207, 208, 215, 229, 232,
233, 236, 241, 243);
- Kuolelis, Bartoševičius and Burokevičius v. Lithuania, de 19 de febrero de 2008, p.
- K.-W. c. Alemania (2001) 36 E.C.H.R. 59 ECtHR, puntos 45, 73, 75, 79, 82-85, 88,
93; voto concordante de los jueces Loucaides y Pellonpää;
- Streletz y otros c. Alemania, de 22 de marzo de 2001 (TEDH2001229), pp. 49-50;
57; 67, 68; 71,72; 79-82; 86; 94; voto concurrente de los jueces Zupančič (páginas 47-
48) y Levitz (puntos 3-12; 14; 15; 17; 18)40
- Zdanoka c.Letonia (45 E.C.H.R. 17 ECtHR), de 16 de marzo de 2006, voto particular
del juez Zupančič;
- Kolk y Kislyiy c. Estonia, Decisión de 17 de enero de 2006, págs. 8 a 10;
- Timurtaş v. Turkey, no. 23531/94, § 95, ECHR 2000-VI, Sentencia de 13 Junio 2000;
- Gongadze v. Ukraine, Sentencia de 8 de febrero de 2006, pp. 184-186; 190-194;
Ver en igual sentido el caso Custers (2007) 47 E.C.H.R. 28 ECtHR en [85]-[86].
- Luluyev and Others v. Russia, Sentencia de 9 de noviembre de 2006, pp. 80-85; 90-92,
101; 110-111, 116-118; 124-125; 136-140;
- Kurt c. Turquie, Sentencia de 25 de mayo de 1998, pp. 83; 108; 122-124; 128-129;
133-134; 139-142 ;
- Ertak v. Turkey, Sentencia de 9 de mayo de 2002, pp. 131-134;;
- Kaya v. Turkey, Sentencia de 19 de febrero de 1998, pp. 86, 87, 91,92; 104 a 108;
- Cakıcı v. Turkey, Sentencia de 8 de Julio de 1999, pp. 85-97; 104-107; 112-114.
IV. EXPOSICIÓN RELATIVA A LOS REQUISITOS DEL
ARTÍCULO 35 § 1 DEL CONVENIO
Decisiones internas definitivas
1. El Auto de 6 de febrero de 2009 (doc. anexo Nº 7) pronunciado por la Sala Penal del
Tribunal Supremo en la Causa Especial Nº 003/0020587/2008, que a limine no admite a
trámite, sin pronunciarse sobre ninguna de las 14 pretensiones formuladas el 10 de
diciembre de 2008 por Da. Carmen Negrín Fetter en relación con la decisión injusta
adoptada a sabiendas por los Magistrados que prohibieron el 2 de diciembre de 2008 la
investigación judicial de los actos de genocidio y lesa humanidad denunciados ante el
Juzgado Central de Instrucción No 5 por los aquí recurrentes.
Contra este Auto no cabe recurso alguno después que el Tribunal Constitucional ha
inadmitido a trámite el recurso de amparo en la Providencia de 25 de febrero de 2010,
notificada el 9 de marzo de 2010 (doc. anexo Nº 18).
2. - El Auto firme y definitivo de 26 de mayo de 2009 (doc. anexo Nº 21) dictado por la
Sala Penal del Tribunal Supremo en la Causa Especial Nº 20048/2009, haciendo
supuesto de la cuestión de que estaría prescritos y amnistiados los actos de genocidio y
lesa humanidad denunciados por nuestros representados, y que el hecho de haber
admitido a trámite las denuncias de estos “vulnera el principio de legalidad, de la
irretroactividad de la ley penal” (pág. 10), en relación con la Providencia firme y
definitiva de 8 de junio de 2009 (doc. anexo No 26) que a limine no admite la
personación de los recurrentes representados por la Procuradora Sra. Millán Valero en
calidad de inductores y cooperadores necesarios del delito imputado al Juez Central de
Instrucción No. 5 por la Falange y otros partidarios de la impunidad. Contra esta
decisión no cabe recurso alguno después que el Tribunal Constitucional ha inadmitido a
trámite el recurso de amparo No 10034-2009 en la Providencia de 17 de mayo de 2010
notificada el 21 de mayo de 2010 (doc. anexo Nº 30).
3. La Providencia de 18 de mayo de 2010 de la Sala Penal del Tribunal Supremo (doc.
anexo Nº 36), que también ha inadmitido a limine la personación en la misma Causa
Especial Nº 20048/2009 de los recurrentes representados por la Procuradora Sra. Millán
Valero, esta vez como perjudicados por el delito objeto de dicha causa tras haberse
acordado la apertura del juicio oral el Auto de 11 de mayo de 2010. Esta Providencia
reenvía expresa y exclusivamente a la citada Providencia de 8 de junio de 2009 contra la
que el Tribunal Constitucional ya ha acordado que no cabe recurso de amparo. Por
consiguiente, no existe un recurso efectivo contra la Providencia de 18 de mayo.
Otras decisiones citadas
- Las Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 1979 (RJ 19792182) y 7 de
abril de 1979 (RJ 19791649), que interpretan y aplican la ley de amnistía 46/1977 en
conformidad expresa con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –docs.
anexos Nos. 44 y 45-, a diferencia de las resoluciones de la Sala Penal de las que diana
el presente recurso
No existe hasta hoy ninguna Sentencia del Tribunal Supremo que en relación con el
PIDCP interprete en sentido diferente la ley 46/1977, de amnistía. De ahí que la
operación procesal de la alta magistratura instrumenta la querella de la Falange y otros
contra el Juez Central de Instrucción Nº 5 para darse la oportunidad –en un proceso en
el que han excluido que nuestros representados puedan ejercitar el derecho de defensa-
de dictar una sentencia contraria al art. 15 del PIDCP y al art. 7 del CEDH –lo que ya
han anticipado los Autos de 26 de mayo de 2009 y 23 de marzo de 2010 dictados por
los mismos Magistrados que pronunciarán la Sentencia instada por la Falange, con la
consiguiente impunidad de los actos de genocidio y lesa humanidad impunes en España.
- Sentencias del Tribunal Constitucional 26/1989, de 3 de febrero [RTC 1989, 26]; 11
de marzo de 1991 [RTC 1991, 53] y 15 de julio de 1999 [RTC 1999, 132], según cuya
doctrina la petición de aclarar o completar una resolución, instada al amparo del art.
267, puntos 5º y 8º, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, desplaza el dies a quo del
recurso correspondiente al de la notificación de la resolución que acuerda o deniega la
omisión, lo que ha negado a los recurrentes la Sala Penal del Tribunal Supremo en la
Causa Especial No 003/0020587/2008 –docs. anexos Nos. 15, 16, 17.
- Sentencias del Tribunal Constitucional Nos. 157/1990 y 163/2001, según cuya
doctrina el derecho a la jurisdicción penal para aplicar el ius puniendi forma parte del
derecho fundamental a la protección judicial efectiva - docs. anexos Nos. 52, 53-.
- Sentencias del Tribunal Constitucional 218/1997 (FJ 2); 41/1997 (FJ 5); 120/ 2000, de
10 de mayo (FJ4), según cuya doctrina el artículo 24.1 de la Constitución española
ampara el derecho de la víctima de un delito al ius ut procedatur, a un procedimiento
instruido en conformidad con las reglas de un proceso justo en el que puede obtener una
respuesta razonable y fundamentada en derecho, lo que ha sido negado a los recurrentes
- docs. anexos Nos. 49, 50, 51.
- Sentencias del Tribunal Constitucional de 14 de enero de 2004 (RTC 20044) y 25
febrero de 2008 (RTC200834): la diferencia de status entre acusadores y acusados en
un proceso penal no impide la anulación de una sentencia absolutoria y la retroacción de
actuaciones cuando ha tenido lugar un proceso sin las garantías consustanciales al
proceso justo –por ejemplo, privar a la acusación particular del derecho a intervenir en
un proceso, que es lo que ha sido impuesto a los recurrentes –docs. anexos Nos. 41 y
- Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de junio de 2004 (RTC 2004107), según
la cual no admitir a alguien, a quien corresponda, el ejercicio del derecho a la acusación
particular lesiona el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión
garantizado en el art. 24.1 CE, en su vertiente de acceso a la jurisdicción –doc. anexo
Nº 40-.
- Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de octubre de 2007 (RJ 20094711), que define
“grupo”, en el marco del Convenio contra el genocidio, como “un número relevante de
personas relacionadas entre sí por características que las diferencias de los demás
miembros de la población” (FD 10.4). En su voto particular el Magistrado D. Joaquín
Giménez García estima que el “grupo nacional incluye el exterminio de los grupos
políticos de la misma nacionalidad (…) carece de sentido excluir del genocidio la
política de exterminio ejecutada contra un subgrupo nacional por razones políticas
cuando, por el contrario, la muerte o la práctica de cualquiera de las conductas que
población civil, o parte de ella, son considerados tales crímenes”. Doc. anexo Nº 43.
- Auto de 16 de Octubre 2008 del Juez Central de Instrucción nº 5 acordando en las
Diligencias Previas 399/2006 investigar las denuncias de los aquí recurrentes sobre
actos de naturaleza genocida y lesa humanidad impunes en España (doc. anexo Nº 4)
- Auto de 2 de diciembre de 2008 de la Sala Penal de la Audiencia Nacional que con
tres razonados votos en contra prohíbe al Juez Central de Instrucción Nº 5 investigar los
actos de genocidio y lesa humanidad denunciados por los aquí recurrentes (doc. anexo
- Auto del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 2009, que acuerda a limine inadmitir a
trámite la petición del 28 de febrero de 2009 de Dª Carmen Negrín Fetter de aclarar y
completar el Auto de 6 de febrero de 2009 (Causa Especial Nº 003/0020587/2008) (doc.
anexo Nº 9)
- Providencia de 15 de abril de 2009 del Tribunal Supremo, que inadmite a trámite a
limine el recurso de súplica de Dª Carmen Negrín Fetter frente al Auto de 6 de febrero
de 2009 (Causa Especial Nº 003/0020587/2008) (doc. anexo Nº 11)
- Providencia de 8 de mayo de 2009 del Tribunal Supremo inadmitiendo a trámite la
petición de nulidad de 6 de mayo de 2009 de la Providencia de 15 de abril de 2009
instada por Dª Carmen Negrín Fetter (Causa Especial Nº 003/0020587/2008) (doc.
anexo Nº 13)
- Providencia de 17 de junio de 2009 que inadmite a trámite, a limine, el recurso de
súplica de 12 de junio de 2009 contra la Providencia del Tribunal Supremo de 8 de
junio de 2009 en la Causa Especial Nº 20048/2009 (doc. anexo Nº 28)
- Auto de 3 de febrero de 2010 del juez instructor del Tribunal Supremo D. Luciano
Varela en la Causa Especial Nº 20048/2009, que desestima el recurso de súplica del
Juez Central de Instrucción Nº 5 contra la resolución de admitir que la Falange y otros
partidarios de la dictadura franquista imputen delito de prevaricar al hecho de admitir a
trámite las denuncias de los aquí recurrentes (doc. anexo Nº 32)
- Auto de 8 de febrero de 2010 de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Madrid,
que confirma no admitir a trámite una denuncia sobre actos de naturaleza y crímenes de
lesa humanidad impunes. Invoca como motivo el proceso de la Falange y otros contra el
Juez Central de Instrucción No 5 por haber admitido a trámite una denuncia de
semejante naturaleza, en particular el Auto de 3 de febrero de 2010 del juez instructor
Sr. Varela en la Causa Especial Nº 20048/2009 (doc. anexo Nº 48)
-Providencia firme de 25 de febrero de 2010 del Tribunal Constitucional, que inadmite
a limine el recurso de amparo de Dª. Carmen Negrín Fetter frente a la Providencia de 15
de abril de 2009 (Causa Especial Nº 003/0020587/2008) (doc. anexo Nº 18)
- Auto del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2010, que autoriza a incriminar como
prevaricación la decisión del Juez Central de Instrucción No 5 de investigar las
denuncias de los aquí recurrentes sobre actos de naturaleza genocida y lesa humanidad
impunes (Causa Especial Nº 20048/2009) (doc. anexo Nº 22)
- Providencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 2010, que ha
criminalizado la cuestión de competencia negativa nº 6/200380/29009 planteada entre
los Juzgados de Instrucción de Granada y El Escorial, de una parte, y el Juzgado de
Instrucción Central nº 5 de la Audiencia Nacional, y acuerda resolver dicha cuestión
dentro de la Causa Especial Nº 20048/2009 (doc. anexo Nº 33)
- Auto de 7 de abril de 2010 del Juez Instructor Sr.Varela que ejecuta la autorización
dada por el Auto de 23 de marzo de 2010 contra el Juez Central de Instrucción No 5
(Causa Especial Nº 20048/2009) (doc. anexo Nº 23)
- Auto de 11 de mayo de 2010 del Juez Instructor Sr.Varela que ordena abrir juicio oral
contra el Juez Central de Instrucción No 5 ante los mismos Magistrados que adoptaron
los Auto de 23 de marzo de 2010 y 26 de mayo de 2009 (Causa Especial Nº
20048/2009) (doc. anexo Nº 24)
- Providencia de 17 de mayo de 2010 en la que el Tribunal Constitucional a limine
inadmite a trámite el recurso de amparo interpuesto contra las Providencia de 8 y 17 de
junio de 2009 del Tribunal Supremo (Causa Especial Nº 20048/2009) (doc. anexo Nº
Providencias de 18 y 26 de mayo de 2010 de la Sala Penal del Tribunal Supremo que
inadmiten a limine la solicitud de la personación de los recurrentes, el 19 de abril y 23
de mayo de 2010, en la Causa Especial Nº 20048/2009, en base a lo ya dispuesto en la
Providencia de 8 de junio de 2009, en la misma Causa Especial, y que el Tribunal
Constitucional ha acordado el 17 de mayo de 2010 que no es susceptible de amparo
(docs. anexos Nos. 26 y 30). (docs. anexos Nos. 36 y 37)
Providencia de 9 de junio de 2010 de la Sala Penal del Tribunal Supremo, que a limine
inadmite a tramite el Recurso de súplica de 31 de mayo de 2010 contra las
Providencias de 18 y 26 de mayo de 2010 en la Causa Especial Nº 20048/2009 (doc.
anexo Nº 39).
No disponen los demandantes de un recurso que no hayan ejercitado.
V. EXPOSICIÓN DEL OBJETO DE LA DEMANDA
1. La cuestión de interés general planteada en el presente recurso –el sistema y la
práctica jurídica del Reino de España de impunidad de los actos de genocidio y lesa
humanidad, en manifiesta infracción del CEDH- contribuirá a asentar sobre los
principios de una sociedad democrática plasmados en el CEDH la convivencia entre los
grupos nacionales españoles, al tiempo que hará justicia a los recurrentes.
2. Los recurrentes constatan que mediante el Auto de 26 de mayo de 2009, las
Providencias de 8 de junio de 2009 y 18 de mayo de 2010 dictadas por la Sala Penal del
Tribunal Supremo en la Causa Especial Nº 20048/2009, así como el Auto de 6 de
febrero de 2009 de la misma Sala Penal en la Causa Especial Nº 003/0020587/2008, el
Reino de España perpetúa la absoluta denegación de justicia, continuada desde el 17 de
julio de 1936 hasta hoy, respecto de la cuestión de interés general planteada en la
presente Demanda y, también, del derecho de los recurrentes, en relación con actos de
genocidio y lesa humanidad impunes, en particular más de 115.000 personas detenidas-
desaparecidas y más de 30.000 niños que siguen secuestrados a sus familias biológicas
del grupo nacional republicano.
En consecuencia, se solicita que en el momento procesal procedente el Tribunal declare
que el Reino de España, vulnerando el CEDH en relación con el artículo 47 de la Carta
de derechos fundamentales de la Unión Europea, ha incurrido en denegación de justicia
respecto de la cuestión de interés general que plantea la Demanda y, en particular,
respecto de los recurrentes.
El resarcimiento de los recurrentes debería tener en cuenta el daño moral y material, la
duración de la privación, los gastos de los recursos internos y del presente
procedimiento, y en un plazo razonable.
VI. PETICION DE TRATAMIENTO ACELERADO DE LA
La paralización de la investigación judicial de los actos de naturaleza genocida y lesa
humanidad que los recurrentes denunciaron entre 2006 y 2008 ante el Juzgado Central
de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional de España, en particular la desaparición
de más de ciento quince mil personas y el traspaso forzado de más de treta mil niños de
un grupo nacional a otros, todos impunes, no sólo mantiene la tortura psicológica que
sufren los familiares más directos a los que se sigue negando el derecho a conocer la
suerte de los suyos sino que, dada su muy avanzada edad –sobre los 85 o 90 años-,
supone el perjuicio irreparable de morir sin recuperar a sus seres queridos, así como de
impedir tomar declaración a testigos de los hechos e investigar presuntos autores aún
vivos que, por su edad, la interrupción de la investigación conlleva el perjuicio
irreparable derivado de su fatal fallecimiento.
En la práctica del TEDH tienen carácter prioritario las desapariciones forzadas, el riesgo
de muerte, dada su muy avanzada edad, de las víctimas directas, testigos o autores
presuntos de los hechos investigados en una causa penal. En consecuencia, con el fin de
prevenir una más grave violación del CEDH y estimular la adopción de medidas
adecuadas antes de que se produzcan ineluctablemente los fallecimientos,
respetuosamente solicitamos que,
- al amparo del art. 41 del Reglamento, la Sala o su Presidente acuerde tratar la presente
Demanda de manera prioritaria;.
- al amparo del articulo 40 del Reglamento, el Secretario con autorización de la Sala o
de su Presidente informe, por cualquier medio disponible, al Reino de España la
presentación de la Demanda y su objeto.
VII PETICION DE MEDIDAS CAUTELARES
Por los mismos motivos que solicitamos un tratamiento acelerado de la demanda, en
particular el riesgo de “fait accompli” producido por la muerte fatal a muy corto plazo -
dada su muy avanzada edad - de las víctimas directas, testigos o autores presuntos de
los hechos investigados en las Diligencias Previas 399/2006 del Juzgado Central de
Instrucción No 5 de la Audiencia Nacional, a fin de aliviar o poner fin a la tortura
psicológica de los familiares más directos de los más de cien mil desaparecidos, en
conformidad con el artículo 39 del Reglamento solicitamos que la Sala o, en su caso, el
Presidente, indique al Reino de España que en interés de las partes y del buen desarrollo
del procedimiento ante el TEDH,
1. suspenda cautelarmente el Auto de 26 de mayo de 2009 de la Sala Penal del
Tribunal Supremo en la Causa Especial Nº 20048/2009 –y de las actuaciones que del
mismo se han seguido- hasta tanto el TEDH acuerda la resolución que proceda sobre la
demanda de los recurrentes relativa al derecho de ser parte y poder recurrir, en su caso,
ante el TEDH dicho Auto en cuanto que hace supuesto de la cuestión que estarían
prescritos y amnistiados los delitos de genocidio y lesa humanidad denunciados por los
recurrentes;
2. adoptar todas las medidas necesarias a fin de que -en tanto se tramita la
presente Demanda- se practiquen sin demora las actuaciones que procedan en las
Diligencias Previas No. 399/2006 en cuanto a las víctimas, testigos y quienes los
presuntos autores de los hechos denunciados en dichas Diligencias.
En prueba del referido riesgo de daño irreparable –la muerte- se aportan los testimonios
- de D. Mariano Constante, D. José Alcubierre, D. Segundo Espallargas Castro,
cuya edad es alrededor de los 90 años y el primero acaba de fallecer a los 88
años, en el CDRom anexo (doc. Nº 46);
- de Da. Angelines Bombín de alrededor de 90 años de edad; Da. Antonia Villa,
de unos 85 años; D. Manuel De Cos, de unos 90 años; de D. Victor Galán, de 90
años; de D. Angel Rubio, de 90 años; de Da. Josefina Lamberto, de más de 80
años; de D. Felipe Matarranz, de 94 años, en el CDRom anexo (doc. Nº 47)..
todos ellos víctimas y testigos directos de actos genocidas y de lesa humanidad que
La presente petición tiene en cuenta la doctrina desarrollada por el TEDH a partir del
caso Mamatkulov y otro contra Turquía (S. de 4 de febrero de 2005, Gran Sala) y el
perjuicio irreparable, en relación con los artículos 34 y 3 del CEDH, de la necesaria
muerte a muy corto plazo de las víctimas directas, testigos o autores presuntos de los
hechos investigados en las Diligencias Previas 399/2006 del Juzgado Central de
Instrucción No 5 de la Audiencia Nacional. En estas circunstancias, la medida cautelar
permitiría, como dice el punto 107 de la sentencia en el caso Mamatkulov, “que l’Etat
concerné puisse s’acquiter de son obligation de se conformer à l’arrêt final de la
Cour.” En el presente caso, la dilación impuesta a la continuación de la investigación
iniciada en dichas Diligencias Previas 399/2006 hará irreversible el daño a las víctimas
de la violación del artículo 3 del Convenio y reducirá a la nada, en gran medida, el
derecho a un recurso de los recurrentes. A la presente solicitud le es, por consiguiente,
de aplicación la doctrina del TEDH en la Sentencia Mamatkulov de 6 de febrero de
2003: “« 110. (...) tout Etat partie à la Convention saisi d'une demande de mesures
provisoires indiquées en vue d'éviter qu'un préjudice irréparable ne soit causé à la
victime de la violation alléguée doit respecter ces mesures et s'abstenir de tout acte ou
omission qui porterait préjudice à l'intégrité et à l'effectivité de l'arrêt final. »
La solución propuesta es conforme con la evolución más reciente en derecho
internacional clásico y en el contencioso relativo a los derechos humanos, como
constata la Sentencia de la Gran Sala en el p. 40 y ss del caso Mamatkulov.
VIII. DECLARACIÓN DE QUE NINGUNA OTRA INSTANCIA
INTERNACIONAL ESTÁ CONOCIENDO O HA CONOCIDO DEL
Las quejas enunciadas en la presente demanda no han sido sometidas a ninguna otra
instancia internacional de investigación o de resolución.
IX. LISTA DE DOCUMENTOS APORTADOS
1. Denuncia de asociación de víctimas ante la Audiencia Nacional de actos de genocidio
y lesa humanidad impunes en España / 14-12-2006 (accesible en
http://www.elclarin.cl/images/pdf/15.pdf), cuya admisión a trámite da origen a las
Diligencias Previas Nº 399/2006 del Juzgado Central de Instrucción No 5
2. Escrito de asociación de víctimas al Juzgado Central de Instrucción Nº 5 sobre
desapariciones forzadas en España: orígenes, impunidad y búsqueda - 28/07/2008 -
(accesible en http://elclarin.cl/fpa/images/pdf/spain_20080728.pdf) -Diligencias Previas
Nº 399/2006
3. Escrito de asociación de víctimas al Juzgado Central de Instrucción Nº 5 sobre
desapariciones forzadas en España y el caso del poeta Federico García Lorca -
11/09/2008 (accesible en http://www.elclarin.cl/images/pdf/spain_20080911.pdf)
Diligencias Previas Nº 399/2006
4. Auto de 16 de Octubre 2008 del Juez Central de Instrucción nº 5, que acuerda
investigar los actos de naturaleza genocida y lesa humanidad denunciados por los aquí
recurrentes (Diligencias Previas Nº 399/2006)
5. Auto de 2 de diciembre de 2008 de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, con tres
razonados votos en contra, que prohíbe al Juez Central de Instrucción Nº 5 investigar
los actos de genocidio y lesa humanidad denunciados en las Diligencias Previas Nº
6. Querella interpuesta el 10 de diciembre de 2008 por Dª. Carmen Negrín Fetter por la
resolución injusta de 2 de diciembre de 2008 de la Audiencia Penal (Sala Penal) que ha
ordenado suspender sine die, y sin designar un órgano judicial competente, la
investigación iniciada en las Diligencias Previas Nº 399/2006 (Causa Especial Nº
003/0020587/2008),
7. Auto de 6 de febrero de 2009 del Tribunal Supremo, que inadmite a limine la
querella de Dª. Carmen Negrín Fetter (Causa Especial Nº 003/0020587/2008)
8. Dª. Carmen Negrín Fetter solicita el 28 de febrero de 2009 completar y aclarar el
Auto de 6-02-2009 del Tribunal Supremo, con suspensión del plazo para recurrirlo
(Causa Especial Nº 003/0020587/2008)
9. Auto del Tribunal Supremo de 31 de marzo de 2009, que acuerda a limine inadmitir a
trámite la petición del 28 de febrero de 2009 de Dª Carmen Negrín Fetter (Causa
Especial Nº 003/0020587/2008)
10. Recurso de súplica de Dª Carmen Negrín Fetter contra el Auto de 6 de febrero de
2009 del Tribunal Supremo (Causa Especial Nº 003/0020587/2008)
11. Providencia de 15 de abril de 2009 del Tribunal Supremo inadmite a limine el
recurso de súplica frente al Auto de 6 de febrero de 2009 de Dª Carmen Negrín Fetter
12. Incidente de nulidad interpuesto el 6 de mayo de 2009 por Dª Carmen Negrín
Fetter, previo al recurso de amparo, frente a la Providencia de 15 de abril de 2009
13. Providencia de 8 de mayo de 2009 del Tribunal Supremo inadmitiendo a trámite la
petición de nulidad de 6 de mayo de 2009 instada por Dª Carmen Negrín Fetter (Causa
14. Recurso de amparo interpuesto por Dª Carmen Negrín Fetter el 27 de mayo de 2009
frente a la Providencia de 15 de abril de 2009 (Causa Especial Nº 003/0020587/2008)
15, 16 y 17. Sentencias del Tribunal Constitucional 26/1989, de 3 de febrero [RTC
1989, 26]; 11 de marzo de 1991 [RTC 1991, 53] y 15 de julio de 1999 [RTC 1999,
132], según cuya doctrina la petición de aclarar o completar una resolución, instada al
amparo del art. 267, puntos 5º y 8º, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, desplaza el
dies a quo del plazo para recurrir al de la notificación de la resolución que acuerda o
deniega la omisión
18. Providencia firme de 25 de febrero de 2010 del Tribunal Constitucional que
inadmite a limine el recurso de amparo de Dª. Carmen Negrín Fetter (Causa Especial Nº
003/0020587/2008)
19. Querella por prevaricación interpuesta el 26 de enero de 2009 contra el Juez Central
de Instrucción Nº 5, D. Baltasar Garzón, por haber admitido a trámite las denuncias de
actos de genocidio y lesa humanidad interpuestas por los aquí recurrentes (Causa
Especial Nº 20048/2009)
20. Escrito de acusación de 19 de abril de 2010 de la Falange (el Partido Único,
fascista, entre 1936 y 1977) en la querella contra el Juez Central de Instrucción Nº 5,
por haber admitido a trámite las denuncias de actos de genocidio y lesa humanidad
interpuestas por los aquí recurrentes (Causa Especial Nº 20048/2009)
21. Auto de 26 de mayo de 2009 del Tribunal Supremo admite la querella contra el Juez
D. Baltasar Garzón (Causa Especial Nº 20048/2009)
22. Auto del Tribunal Supremo de 23 de marzo de 2010 que autoriza a incriminar como
prevaricación la decisión del Juez D. Baltasar Garzón de investigar las denuncias de los
aquí recurrentes sobre actos de naturaleza genocida y lesa humanidad impunes (Causa
23. Auto de 7 de abril de 2010 del Juez Instructor D. Luciano Varela que ejecuta la
autorización dada por el Auto de 23 de marzo de 2010 contra el Juez D. Baltasar Garzón
(Causa Especial Nº 20048/2009)
24. Auto de 11 de mayo de 2010 del Juez Instructor Sr.Varela que ordena abrir juicio
oral contra el Juez D. Baltasar Garzón ante los mismos Magistrados que adoptaron los
Autos de 23 de marzo de 2010 y 26 de mayo de 2009 (Causa Especial Nº 20048/2009)
25. Escrito de 2 de junio de 2009 de los aquí recurrentes personándose en la Causa
Especial Nº 20048/2009, solicitando ser tenidos como parte en calidad de inductores y
cooperadores necesarios del delito imputado por la Falange y otros al Juez D. Baltasar
Garzón, y alegando la concurrencia de una causa de abstención de los Magistrados del
26. Providencia de 8 de junio de 2009 de los propios Magistrados del Tribunal Supremo
recusados el 2 de junio de 2009, que inadmite a limine la petición de los aquí
recurrentes (Causa Especial Nº 20048/2009)
27. Recurso de súplica de 12 de junio de 2009 contra la Providencia de 8 de junio de
2009 en la Causa Especial Nº 20048/2009
28. Providencia de 17 de junio de 2009 inadmite a trámite, a limine, el recurso de
súplica de 12 de junio de 2009 en la Causa Especial Nº 20048/2009
29. Recurso de amparo de 2 de noviembre de 2009 contra las Providencia de 8 y 17 de
junio de 2009 (Causa Especial Nº 20048/2009)
30. Providencia de 17 de mayo de 2010 en la que el Tribunal Constitucional inadmite a
trámite el recurso de amparo de 2 de noviembre de 2009 (Causa Especial Nº
20048/2009)
31. Protesta de 21 de diciembre de 2009 ante el Presidente de la Sala Penal del Tribunal
Supremo por la entrega a la Falange, y otros partidarios de la impunidad, de la
información aportada por los aquí recurrentes al Juzgado Central de Instrucción Nº 5,
bajo secreto del sumario, de actos de naturaleza genocida cometidos por agentes de la
Falange. El Presidente de la Sala Penal no ha dado respuesta alguna (Causa Especial Nº
32. Auto de 3 de febrero de 2010 del Juez Instructor Sr. Varela, que desestima el
recurso de súplica del Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central Nº 5 contra la resolución
que admite que la Falange y otros partidarios de la impunidad le imputen delito por
aceptar a trámite las denuncias de los aquí recurrentes (Causa Especial Nº 20048/2009)
33. Providencia de la Sala Penal del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 2010, que ha
criminalizado la cuestión procesal de competencia negativa nº 6/200380/29009
planteada entre los Juzgados de Instrucción de Granada y El Escorial, de una parte, y el
Juzgado de Instrucción Central nº 5 de la Audiencia Nacional, al convertir la cuestión
de competencia en una cuestión prejudicial penal a resolver dentro de la Causa Especial
Nº 20048/2009
34 y 35. Peticiones de 19 de abril y 23 de mayo de 2010 de los aquí recurrentes,
solicitando ser tenidos por parte, esta vez en calidad de perjudicados, en la Causa
Especial Nº 20048/2009.
36 y 37. Providencias de 18 y 26 de mayo de 2010 de la Sala Penal del Tribunal
Supremo, que inadmiten a limine la solicitud de la personación de los recurrentes de 19
de abril y 23 de mayo de 2010 en la Causa Especial Nº 20048/2009, en base a lo
dispuesto en la Providencia de 8 de junio de 2009 (doc. anexo Nº 26).
38. Recurso de súplica de 31 de mayo de 2010 contra las Providencias de 18 y 26 de
mayo de 2010 de la Sala Penal del Tribunal Supremo en la Causa Especial Nº
39. Providencia de 9 de junio de 2010 de la Sala Penal del Tribunal Supremo, que
inadmite a tramite el Recurso de súplica de 31 de mayo de 2010 contra las Providencias
de 18 y 26 de mayo de 2010 en la Causa Especial Nº 20048/2009
40. Sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de junio de 2004 (RTC 2004107): no
admitir a alguien, a quien corresponda, el ejercicio del derecho a la acusación particular,
lesiona el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva sin indefensión garantizado
en el art. 24.1 CE, en su vertiente de acceso a la jurisdicción
41, 42. Sentencias del Tribunal Constitucional de 14 de enero de 2004 (RTC 20044) y
25 febrero de 2008 (RTC200834): la diferencia de status entre acusadores y acusados
43. Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de octubre de 2007 (RJ 20094711), que
define el “grupo”, en el marco del Convenio contra el genocidio, como “un número
relevante de personas relacionadas entre sí por características que las diferencias de
los demás miembros de la población” (FD 10.4). En su voto particular el Magistrado D.
Joaquín Giménez García estima que el “grupo nacional incluye el exterminio de los
grupos políticos de la misma nacionalidad (…) carece de sentido excluir del genocidio
la política de exterminio ejecutada contra un subgrupo nacional por razones políticas
44 y 45. Sentencias del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 1979 (RJ 19792182) y 7
de abril de 1979 (RJ 19791649), que interpretan y aplican la ley de amnistía 46/1977 en
conformidad expresa con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
46-47. Dos CDRom con testimonios de víctimas de actos genocidas y de lesa
humanidad cuya edad actual es de alrededor de los 85-90 años.
48. Auto de 8 de febrero de 2010 de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de
Madrid, que deniega admitir a trámite e investigar una denuncia sobre actos de
naturaleza y crímenes de lesa humanidad impunes. Invoca como motivo el proceso de la
Falange y otros contra el Juez D. Baltasar Garzón (Causa Especial Nº 20048/2009)
49, 50. 51. Sentencias del Tribunal Constitucional 218/1997 (FJ 2); 41/1997 (FJ 5);
120/ 2000, de 10 de mayo (FJ4), según cuya doctrina el artículo 24.1 de la Constitución
puede obtener una respuesta razonable y fundamentada en derecho
52, 53. Sentencias del Tribunal Constitucional Nos. 157/1990 y 163/2001, según cuya
derecho fundamental a la protección judicial efectiva
54. La ley 46/1977, de amnistía.
55. Análisis literal, contextual e histórico de la ley 46/1977, de amnistía
56. Resolución Nº 39 (1) de la Asamblea General de las NNUU, de 12 de diciembre de
1946, que condena el régimen de facto que se estableció en España el 1 de abril de 1939
con la ayuda del III Reich alemán y la Italia fascista
X. DECLARACIÓN Y FIRMA
Declaro en conciencia y con lealtad que las informaciones que constan en el presente
formulario de demanda son exactas.
Madrid, España, 2 de julio de 2010
Dr. Joan E. Garcés
Ldo. Fernando Magán Pineño
Lda. Mª José Millán Valero
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References: artículo 34

Resolución 

Resolución 

artículo 61
 resolución 
 resolución 
 artículo 241

resolución 
 artículo 15
 resolución 
 resolución 

artículo 446
 resolución 
in fine
e contrario
 artículo 7
 resolución 

artículo 1
 resolución 
 artículo 15
 artículo 112
 artículo 116
 resolución 
 artículo 1
 artículo 542
 artículo 447
 resolución 
 artículo 100

artículo 101
 artículo 24
 artículo 14
 artículo 13
 artículo 47

ARTÍCULO 35
 resolución 
 artículo 24
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 artículo 47
 artículo 39
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 artículo 3

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 artículo 24
 Resolución