Source: https://supremo.vlex.es/vid/arbitraje-sometimiento-mobiesa-1982-18041306
Timestamp: 2019-09-22 07:49:26+00:00

Document:
STS 605/2005, 12 de Julio de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 18041306
Número de Recurso: 475/1999
"EJECUCIÓN DE OBRA. NULIDAD. VICIO DEL CONSENTIMIENTO. ARBITRAJE. CLAÚSULA DE SOMETIMIENTO. Se presenta demanda peticionando la nulidad de pleno derecho por vicio de consentimiento de la legal representación de la demandante, de los documentos firmados entre las partes de 16 de enero de 1995, 7 de febrero de 1995 y 24 de octubre de 1995, por los que se hacía reconocer a MOBIESA el retraso en la ejecución de las obras contratadas, y el último de cierre de obra y finiquito de saldo entre las partes. En cuanto a la inclusión de las cuestiones litigiosas en las cláusulas contractuales mediante las que se establecía el arbitraje, se ha de precisar que en los cuatro contratos celebrados por las partes en fecha 19 de agosto, 20 de octubre, 1 y 7 de diciembre de 1994, se incluyó la misma cláusula. La sentencia de esta Sala de 20 de noviembre de 1989 ya señaló que «la naturaleza y finalidad del arbitraje permite una mayor elasticidad en la interpretación de las estipulaciones que describen las cuestiones a decidir, las que (se) deben apreciar no aisladamente, sino atendiendo a aquella finalidad y a sus antecedentes, pudiendo reputarse comprendidas en el compromiso, aquellas facetas de la cuestión a resolver íntimamente vinculadas a la misma y sin cuya aportación quedaría la controversia insuficientemente fallada -Sentencias de 24 de abril de 1953, 13 de mayo de 1960, 25 de octubre de 1982 y 15 de diciembre de 1987-, lo que lleva en el caso presente a entender que la cuestión litigiosa no es ajena a lo establecido en la cláusula de sometimiento, según entendió ya el Juzgado y la Audiencia Provincial, pues obviamente aunque dicha cláusula, repetida en los contratos sucesivos celebrados entre las partes, se refiere como objeto de arbitraje a la ""interpretación"" de los referidos contratos, necesariamente ha de acudirse a tal ""interpretación"" de lo convenido para determinar si el reconocimiento por el representante legal de la actora de ciertos incumplimientos -reconocimiento cuya nulidad se pretende en la demanda- se ajustaba a la realidad de los compromisos contractualmente asumidos o, por el contrario, carecía de base en relación con tales compromisos. Instancia estima la excepción de incompetencia. La alzada desestima el recurso de apelación. Se desestima el recurso de casación."
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de Casación contra auto dictado en grado de Apelación por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de La Coruña, en autos de juicio de mayor cuantía núm. 439/96, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de La Coruña sobre nulidad de contrato y reclamación de cantidad; cuyo recurso fue interpuesto por MOBILIARIO Y BIENES DE EQUIPO, S.A., representado por la Procuradora de los Tribunales Doña Alicia Oliva Collar y defendido por el Letrado D. Francisco Martín Valentín; siendo parte recurrida HIDROELECTRICA DEL GIESTA S.L., representada por el Procurador de los Tribunales D. Luis Arredondo Sanz y defendido por el Letrado D. Ramón Rúa Peón.
Ante el Juzgado de Primera Instancia se formuló demanda por la parte actora arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitada previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara "..... sentencia, por la que, estimando íntegramente la demanda formulada:
Se declare la nulidad de pleno derecho por vicio de consentimiento de la legal representación de la demandante de los documentos firmados entre las partes de 16 de enero de 1995, 7 de febrero de 1995 y 24 de octubre de 1995, por los que se hacía reconocer a MOBIESA el retraso en la ejecución de las obras contratadas, y el último de cierre de obra y finiquito de saldo entre las partes.
Se condene a la parte demandada, a que pague a mi representada, la parte demandante, o persona que legalmente la represente, la cantidad de DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTAS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTAS CUARENTA Y CINCO PESETAS (200.872.545,- Pts) de principal reclamado, el interés legal de dicha suma desde la fecha de la interpelación judicial hasta su completo pago, y las costas; apreciándose a los efectos de imposición la temeridad de la parte demandada, al haber dado lugar a la presente reclamación judicial."
Admitida a trámite la demanda, la representación procesal de Hidroeléctrica del Giesta S.L., dentro de los seis primeros días concedidos para contestar a la misma, opuso la excepción dilatoria de sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje sin llegar a contestar a la referida demanda, interesando que, con suspensión de su curso, se dictara auto por el que se estimara la excepción propuesta declarándose incompetente el Juzgado para conocer del asunto planteado y se archivaran los autos con imposición a la parte actora de las costas del incidente.
Dado el oportuno traslado de dicha solicitud a la parte actora, Mobiliario y Bienes de Equipo S.A., dicha parte presentó escrito oponiéndose a ello e interesando que el Juzgado dictara resolución declarando no haber lugar a la citada excepción y se declarara competente para conocer del fondo del asunto, con imposición de costas a la promotora del incidente.
El Juzgado de Primera Instancia dictó Auto con fecha 12 de noviembre de 1996, cuya parte dispositiva es como sigue: "Que estimaba la excepción dilatoria de la sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje declarando en consecuencia incompetente a este Juzgado para el conocimiento de la cuestión planteada; con imposición de las costas procesales a la parte demandante."
Contra dicho auto interpuso recurso de apelación la demandante Mobiliario y Bienes de Equipo S.A., y sustanciada la alzada, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de La Coruña, dictó auto con fecha 30 de noviembre de 1998, cuya parte dispositiva es como sigue: "LA SALA ACUERDA: Se desestima el recurso de apelación interpuesto por MONTAJES Y BIENES DE EQUIPO (MOBIESA) contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de A Coruña, con expresa declaración de conformidad a derecho de lo resuelto en él respecto a la estimación de la excepción dilatoria de sumisión a arbitraje de equidad de la cuestión litigiosa, con la consiguiente incompetencia objetiva del Juzgado para el conocimiento de la misma. Se condena a la parte apelante al pago de las costas procesales de ambas instancias de este incidente."
La Procuradora de los Tribunales, doña Alicia Oliva Collar, en nombre y representación de Montajes y Bienes de Equipo (Mobiesa) S.A., formalizó el recurso de Casación que funda en los siguientes motivos:
Al amparo del apartado tercero del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por quebrantamiento de las formas por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales, por haber producido dicho quebrantamiento indefensión a dicha parte.
Al amparo del apartado cuarto del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia, aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.
Admitido el recurso y dado traslado del mismo a la parte contraria, dicha parte impugnó el mismo por escrito.
Habiéndose solicitado por ambas partes la celebración de vista pública, se señaló para su celebración el día 5 de julio de 2005, en que tuvo lugar compareciendo los Letrados de cada una de ellas que informaron en defensa de sus respectivas pretensiones, quedando el recurso visto para sentencia.
La mercantil actora Mobiliario y Bienes de Equipo S.A. (MOBIESA) interpuso demanda de juicio declarativo de mayor cuantía ante los Juzgados de La Coruña contra Hidroeléctrica del Giesta S.L., cuyo conocimiento correspondió en virtud de reparto al Juzgado de Primera Instancia nº 7 de dicha ciudad, interesando que, tras el seguimiento del proceso por sus trámites, se dictara sentencia por la que, con estimación de la demanda: a) Se declarara la nulidad de pleno derecho, por vicio de consentimiento de la legal representación de la demandante, de los documentos firmados entre las partes de 16 de enero de 1995, 7 de febrero de 1995 y 24 de octubre de 1995, por los que se hacía reconocer a MOBIESA el retraso en la ejecución de las obras contratadas, y el último de cierre de obra y finiquito de saldo entre las partes; y b) Se condenara a la parte demandada a que pague a la actora, o persona que legalmente la represente, la cantidad de doscientos millones ochocientas setenta y dos mil quinientas cuarenta y cinco pesetas (200.872.545 ptas) de principal reclamado, el interés legal de dicha suma desde la fecha de la interpelación judicial hasta su completo pago y las costas; apreciándose a los efectos de imposición la temeridad de la parte demandada, al haber dado lugar a la presente reclamación judicial. Mediante "otrosí", solicitó igualmente que se decretara el embargo preventivo de bienes de la sociedad demandada.
El juzgado dictó auto de fecha 2 de septiembre de 1996 por el que admitió a trámite la demanda y acordó el emplazamiento de la parte demandada, al tiempo que decretó el embargo preventivo sobre los bienes de dicha demandada Hidroeléctrica del Giesta S.L. en cantidad suficiente para cubrir la suma reclamada.
Una vez personada, la referida demandada haciendo uso del trámite previsto en el artículo 535 de la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil, opuso dentro de los seis primeros días concedidos para contestación la excepción dilatoria de sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje (artículo 533-8º LECivil 1881), cuya desestimación interesó la actora, dictándose auto por el Juzgado por el que acogió dicha excepción y se declaró incompetente para el conocimiento de la controversia; auto que, recurrido en apelación, fue confirmado por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de La Coruña, frente a cuya resolución se formula ahora el presente recurso de casación basado en los motivos anteriormente enumerados.
El primer motivo del recurso (artículo 1.692-3º de la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil) denuncia quebrantamiento de forma por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales, por haber producido dicho quebrantamiento indefensión a la parte recurrente, al entender que la Juez de Primera Instancia debió repeler de oficio el planteamiento de la excepción dilatoria de sumisión de la cuestión litigiosa a arbitraje, dado que la parte demandada había realizado ya con anterioridad una actuación procesal distinta como era la de oponerse al embargo preventivo decretado; de donde deduce la parte recurrente en casación que la actuación de la demandada al plantear la excepción se efectuaba con manifiesto abuso de derecho y entrañaba fraude de ley y también procesal, con cita de los artículos 11.2 y 238-3º de la Ley Orgánica del Poder Judicial, habiéndose infringido por el Juzgado, al admitir a trámite la pretensión de la demandada, lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 11 de la Ley 36/1988, de 5 de octubre, sobre Arbitraje, conforme al cual «las partes podrán renunciar por convenio al arbitraje pactado, quedando expedita la vía judicial. En todo caso, se entenderá que renuncian cuando, interpuesta demanda por cualquiera de ellas, el demandado o demandado realicen, después de personados en juicio cualquier actividad procesal que no sea la de promover en forma la oportuna excepción».
El motivo así formulado carece de todo fundamento y ha de ser rechazado, ya que la previsión contenida en la Ley de Arbitraje se refiere lógicamente a aquellos supuestos en que la parte realiza una actuación procesal, distinta al planteamiento de la excepción, pudiendo no obstante haberla propuesto en tal momento y ocasión; lo que no sucede en el caso de la simple oposición al embargo preventivo efectuada al amparo del artículo 1.416 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, que se tramita en pieza separada fuera de los autos principales; en los cuales la demandada sí cumplió escrupulosamente con las previsiones legales al oponer la excepción dilatoria dentro de los seis primeros días concedidos para contestar a la demanda (artículo 535 de la LECivil de 1881), cuando además la jurisprudencia de esta Sala, para los supuestos en que no existía dicho plazo especial propio del juicio de mayor cuantía, viene admitiendo incluso la posibilidad de que se produzca simultáneamente al planteamiento de la excepción la contestación "ad cautelam" de la demanda, sin que ello comporte renuncia al arbitraje (sentencias, entre otras, de 18 de abril de 1998; 8 de noviembre de 2001; 18 de marzo de 2002; 6 de febrero, 3 y 26 de julio de 2003; y 25 de noviembre de 2004); doctrina que viene a reconocer como finalidad de la citada norma contenida en la Ley de Arbitraje la de exigir que la parte demandada oponga la excepción en el primer momento del proceso en el que ello sea procesalmente posible, como ha ocurrido en el caso presente.
De ahí que no pueda apreciarse abuso de derecho o fraude de ley o procesal en quien actúa - como ahora lo ha hecho la demandada- dentro de las previsiones legales y haciendo uso de los mecanismos procesales previstos para tal caso, oponiendo la excepción dentro del breve plazo concedido por la Ley a tal efecto y sin causar indefensión alguna a la parte actora que, a continuación, se opuso a la estimación de la excepción mediante los argumentos que estimó oportunos, habiendo llegado incluso a interponer el presente recurso de casación contra la resolución de la Audiencia Provincial que, confirmando la del Juzgado de Primera Instancia, estimó que efectivamente las partes habían sometido la presente controversia a arbitraje y, por tanto, no correspondía su resolución a los órganos jurisdiccionales, sin sufrir por tanto indefensión alguna.
En consecuencia, y como ya se adelantó, el motivo no puede ser estimado.
El segundo motivo del recurso (artículo 1.692-4º de la anterior Ley de Enjuiciamiento Civil) denuncia infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, y aparece formulado de forma anárquica con cita indiscriminada de normas, obligando a este Tribunal a indagar en el desarrollo del mismo cuáles son en realidad las que se afirman como conculcadas, en lugar de establecer previamente con la claridad y precisión exigibles el objeto del motivo con cita concreta de tales normas y de la doctrina jurisprudencial que se dice infringida.
Prescindiendo de las numerosas referencias que, reiterativamente, se hacen en la redacción del motivo al ya citado artículo 11, párrafo segundo, de la Ley de Arbitraje, insistiendo nuevamente en el hecho de que la parte demandada había renunciado al arbitraje al oponerse al embargo preventivo acordado, cuestión respecto de la que nos remitimos a lo ya razonado "ut supra", viene a sostener, por un lado, la improcedencia del arbitraje al versar la cuestión litigiosa sobre materia de derecho necesario y, en consecuencia, indisponible para las partes, y por otro, en el hecho de que las cláusulas de sometimiento a arbitraje contenidas en los diversos contratos celebrados entre las partes de fecha 19 de agosto, 20 de octubre, 1 y 7 de diciembre (documentos nº 4, 6, 7 y 8 de la demanda) no pueden amparar el objeto de la controversia que ahora se plantea.
Basta detenerse en la redacción del "suplico" de la demanda para comprobar que en absoluto se contienen en el mismo pretensiones sustraídas a la libre disposición de las partes. Es cierto que el artículo 1º de la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje, dispone que «mediante el arbitraje, las personas naturales o jurídicas pueden someter, previo convenio, a la decisión de uno o varios árbitros las cuestiones litigiosas, surgidas o que puedan surgir, en materias de su libre disposición conforme a derecho», y el artículo 2.1.b. de la misma Ley señala que tampoco podrán ser objeto de arbitraje «las materias inseparablemente unidas a otras sobre las que las partes no tengan poder de disposición». Pero en el caso presente se está interesando por la parte actora -hoy recurrente en casación- la declaración de nulidad de determinados negocios jurídicos por vicio en el consentimiento y la condena de la demandada a satisfacerle determinada cantidad, cuestiones que en absoluto quedan fuera del poder de disposición de las partes pues, siendo esto evidente para la segunda, también resulta predicable de la primera en tanto que de los artículos 1.300 y ss. del Código Civil se desprende que la acción de nulidad de los contratos queda, en cuanto a su ejercicio, a disposición de los interesados y concretamente, cuando de vicios del consentimiento se trata, de la parte que ha sufrido la intimidación, la violencia, el error o el dolo empleado por la parte contraria, sin que por tanto se trate de cuestiones ajenas a la disposición de la parte y, en consecuencia, excluidas de su posible sometimiento a arbitraje.
En cuanto a la inclusión de las cuestiones litigiosas en las cláusulas contractuales mediante las que se establecía el arbitraje, se ha de precisar que en los cuatro contratos celebrados por las partes en fecha 19 de agosto, 20 de octubre, 1 y 7 de diciembre de 1994, se incluyó la misma cláusula decimotercera con idéntica redacción en el sentido de que "todas las disputas derivadas de la interpretación del presente contrato se resolverán por negociación entre las partes. En el caso que no se produzca acuerdo en el curso de esta negociación, se recurrirá al arbitraje, que podrá ser requerido por cualquiera de las dos partes", señalándose a continuación las condiciones en que el referido arbitraje habría de desarrollarse.
La sentencia de esta Sala de 20 de noviembre de 1989 ya señaló que «la naturaleza y finalidad del arbitraje permite una mayor elasticidad en la interpretación de las estipulaciones que describen las cuestiones a decidir, las que (se) deben apreciar no aisladamente, sino atendiendo a aquella finalidad y a sus antecedentes, pudiendo reputarse comprendidas en el compromiso, aquellas facetas de la cuestión a resolver íntimamente vinculadas a la misma y sin cuya aportación quedaría la controversia insuficientemente fallada -Sentencias de 24 de abril de 1953, 13 de mayo de 1960, 25 de octubre de 1982 y 15 de diciembre de 1987-, lo que lleva en el caso presente a entender que la cuestión litigiosa no es ajena a lo establecido en la cláusula de sometimiento, según entendió ya el Juzgado y la Audiencia Provincial, pues obviamente aunque dicha cláusula, repetida en los contratos sucesivos celebrados entre las partes, se refiere como objeto de arbitraje a la "interpretación" de los referidos contratos, necesariamente ha de acudirse a tal "interpretación" de lo convenido para determinar si el reconocimiento por el representante legal de la actora de ciertos incumplimientos -reconocimiento cuya nulidad se pretende en la demanda- se ajustaba a la realidad de los compromisos contractualmente asumidos o, por el contrario, carecía de base en relación con tales compromisos.
En consecuencia, también ha de decaer este segundo motivo.
El perecimiento de los motivos determina la declaración de no haber lugar al recurso, con imposición de las costas del mismo y pérdida del depósito constituido (artículo 1.715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881).
Que debemos DECLARAR Y DECLARAMOS NO HABER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad Mobiliario y Bienes de Equipo S.A. contra auto de fecha treinta de noviembre de mil novecientos noventa y ocho dictado por la Audiencia Provincial de La Coruña, Sección Quinta, en autos de juicio de mayor cuantía número 439/96 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número siete de dicha ciudad por la entidad recurrente contra Hidroeléctrica del Giesta S.L., con imposición a dicha entidad recurrente de las costas causadas en el presente recurso y la pérdida del depósito constituido, al que se dará el destino legalmente previsto; líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Xavier O'Callaghan Muñoz.- Antonio Salas Carceller.- Antonio Gullón Ballesteros.- Firmados y rubricados Xavier O'Callaghan Muñoz Antonio Salas Carceller Antonio Gullón Ballesteros PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Antonio Salas Carceller, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
SAP Sevilla 179/2007, 23 de Abril de 2007
SAP Valencia 478/2005, 29 de Julio de 2005

References: resolución 
 artículo 1
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 artículo 535
 resolución 
 artículo 11
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 resolución 
 resolución 
 artículo 11
 artículo 1
 artículo 2