Source: https://www.wcl.american.edu/humright/repertorio/art5.cfm
Timestamp: 2015-11-29 17:39:58+00:00

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Artículo 5Derecho a la Integridad Personal
5.0.1. relaci�n con el art�culo 1.1 5.1.1. "[t]oda persona tiene derecho a que se respete su integridad f�sica, ps�quica y moral" 5.1.1.1. desaparici�n forzada
5.1.1.1.1. general 5.1.1.1.2. crimen de lesa humanidad 5.1.1.1.3. pr�ctica
5.1.1.1.4. prueba
5.1.1.1.4.1. carga de la prueba 5.1.1.1.4.2. criterios de valoraci�n 5.1.1.1.4.3. quantum de prueba 5.1.1.1.5. violaci�n múltiple y continuada 5.1.2. integridad f�sica, ps�quica y moral 5.2.1. "[n]adie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes" 5.2.1.1. tortura 5.2.1.2. tratos crueles, inhumanos y degradantes 5.2.2. "[t]oda persona privada de libertad ser� tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano" 5.2.3. aislamiento; incomunicaci�n 5.2.3.1. efectos de la incomunicaci�n sobre la familia de la v�ctima 5.3.1. "[l]a pena no puede trascender de la persona del delincuente" 5.4.1. "[l]os procesados deben estar separados de los condenados . . . ." 5.5.1. "[c]uando los menores puedan ser procesados . . . ." 5.6.1. "[l]as penas privativas de la libertad . . . ." 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.
5.0.1. relación con el artículo 1.1.
5.1.1. "[t]oda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral"
5.1.1.1. desaparición forzada
5.1.1.1.1. general 149. En la historia de la violación de los derechos humanos, las desapariciones no son una novedad. Pero su carácter sistemático y reiterado, su utilización como una técnica destinada a producir no sólo la desaparición misma, momentánea o permanente, de determinadas personas, sino también un estado generalizado de angustia, inseguridad y temor, ha sido relativamente reciente. Aunque esta práctica posee carácter más o menos universal, en América Latina ha presentado en los últimos años una excepcional intensidad.
5.1.1.1.2. crimen de lesa humanidad
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párr. 153.
Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párr. 161.
5.1.1.1.3. práctica 158. La práctica de desapariciones, a más de violar directamente numerosas disposiciones de la Convención, como las señaladas, significa una ruptura radical de este tratado, en cuanto implica el craso abandono de los valores que emanan de la dignidad humana y de los principios que más profundamente fundamentan el sistema interamericano y la misma Convención. La existencia de esa práctica, además, supone el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado de modo que se garanticen los derechos reconocidos en la Convención . . . .
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párr. 158.
Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párr. 166.
Corte I. D.H., Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Sentencia del 15 de marzo de 1989, Serie C No 6, párr. 152. 147. La Corte entra ahora a determinar los hechos relevantes que considera probados, a saber:
5.1.1.1.4. prueba 5.1.1.1.4.1. carga de la prueba 122. Antes de examinar las pruebas recibidas, la Corte debe comenzar por precisar algunas cuestiones relacionadas con la carga de la prueba y los criterios generales que orientan su valoración y la determinación de los hechos probados en el presente juicio.
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párr. 138. Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párr. 144. 5.1.1.1.4.2. criterios de valoración
Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párrs. 154-155.
Corte I. D.H., Caso Fairén Garbi y Solís Corrales, Sentencia del 15 de marzo de 1989, Serie C No 6, párrs. 157-161.
72. Este Tribunal ha señalado en fallos anteriores, que con la desaparición de personas se violan varios derechos establecidos en la Convención, entre ellos el de la vida, cuando hubiese transcurrido, como en este caso, un período de varios años sin que se conozca el paradero de la víctima (Caso Neira Alegría y otros, Sentencia del 19 de enero de 1995. Serie C No. 20, párr. 76, Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995. Serie C No. 22, párr. 56 y Caso Blake, Excepciones Preliminares, Sentencia de 2 de julio de 1996. Serie C No. 27, párr. 39).
Corte I.D.H., Caso Castillo Páez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C No 34, párrs. 72-74. 5.1.1.1.4.3. quantum de prueba 127. . . . Sin embargo, la jurisprudencia internacional ha sostenido la potestad de los tribunales para evaluar libremente las pruebas, aunque ha evitado siempre suministrar una rígida determinación del quantum de prueba necesario para fundar el fallo (cfr. Corfu Channel, Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1949, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, párrs.29-30 y 59-60).
5.1.1.1.5. violación múltiple y continuada
39. Lo anterior significa que, de acuerdo con los mencionados principios de derecho internacional, recogidos también por la legislación guatemalteca, la desaparición forzada implica la violación de varios derechos reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana, y que los efectos de estas infracciones, aún cuando algunas, como en este caso, se hubiesen consumado, pueden prolongarse de manera continua o permanente hasta el momento en que se establezca el destino o paradero de la víctima. 40. En virtud de lo anterior, como el destino o paradero del señor Blake no se conoció por los familiares de la víctima hasta el 14 de junio de 1992, es decir con posterioridad a la fecha en que Guatemala se sometió a la jurisdicción contenciosa de este Tribunal, la excepción preliminar que hizo valer el Gobierno debe considerarse infundada en cuanto a los efectos y conductas posteriores a dicho sometimiento. Por ello esta Corte tiene competencia para conocer de las posibles violaciones que impute la Comisión al propio Gobierno en cuanto a dichos efectos y conductas.
Corte I.D.H., Caso Blake, Excepciones Preliminares, Sentencia de 2 de julio de 1996, Serie C No 27, párrs. 33-40. 5.1.2. integridad física, psíquica y moral
156. Además, el aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima representan, por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano, lesivas de la integridad psíquica y moral de la persona y del derecho de todo detenido al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, lo que constituye, por su lado, la violación de las disposiciones del artículo 5 de la Convención que reconocen el derecho a la integridad personal . . . .
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párrs. 155-156. Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, párrs. 163-164.
. . . . 185. De todo lo anterior se concluye que de los hechos comprobados en este juicio resulta que el Estado de Honduras es responsable de la desaparición involuntaria de Angel Manfredo Velásquez Rodríguez. En consecuencia, son imputables a Honduras violaciones a los artículos 7, 5 y 4 de la Convención.
187. La desaparición de Manfredo Velásquez es violatoria del derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5 de la Convención (supra 156). En primer lugar porque el solo hecho del aislamiento prolongado y de la incomunicación coactiva, representa un tratamiento cruel e inhumano que lesiona la integridad psíquica y moral de la persona y el derecho de todo detenido a un trato respetuoso de su dignidad, en contradicción con los párrafos 1 y 2 del citado artículo. En segundo lugar porque, aun cuando no ha sido demostrado de modo directo que Manfredo Velásquez fue torturado físicamente, la mera circunstancia de que su secuestro y cautiverio hayan quedado a cargo de autoridades que comprobadamente sometían a los detenidos a vejámenes, crueldades y torturas representa la inobservancia, por parte de Honduras, del deber que le impone el artículo 1.1, en relación con los párrafos 1 y 2 del artículo 5 de la Convención. En efecto,la garantía de la integridad física de toda persona y de que todo aquél que sea privado de su libertad sea tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, implica la prevención razonable de situaciones virtualmente lesivas de los derechos protegidos.
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párrs. 159, 185 y 187. Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, párrs. 168, 195 y 197.
Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C No. 20, párr. 60.
Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C No. 20, párr. 86. Disiento de la opinión de la mayoría, en relación con el Punto Resolutivo Número 2 de la sentencia, en el cual se decide que la República de Colombia no ha violado el Derecho a la integridad personal de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana, por las siguiente razones:
El artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que . . . . Con las declaraciones de los testigos Elida González y Gonzalo Arias Alturo ha quedado acreditado fehacientemente que Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana no fueron tratados con el respeto debido a su dignidad como personas humanas. Por lo expuesto considero que la República de Colombia ha violado, en perjuicio de Isidro Caballero Delgado y María del Carmen Santana, el derecho a la integridad personal garantizado por el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Voto Disidente del Juez Máximo Pacheco Gómez, Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22, párrs. 1-3. 57. La infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles, inhumanos o degradantes cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta. . . .
Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Sentencia de 17 de septiembre de 1997, Serie C No. 33, párr. 57.
62. La Corte entra a analizar la denuncia sobre la violación al artículo 5 (Derecho a la Integridad Personal) por parte del Estado. Dicho artículo establece que:
63. En su demanda, la Comisión consideró que, con las declaraciones de los testigos del secuestro, "surge que Ernesto Rafael Castillo Páez fue víctima de maltrato físico y psicológico al momento de ser detenido arbitrariamente y llevado por los agentes policiales ... e introducido a la maletera del automóvil policial" y que dichos actos constituyen per se una violación de la integridad personal establecida en la Convención.
64. La Comisión agregó que el hecho mismo del secuestro, "resultado de una detención ilegal y arbitraria-- y las circunstancias que lo rodearon" y la "incomunicación coactiva a los que se ve sometida la víctima del delito de desaparición forzada representan" por sí mismos, formas de tratamiento cruel e inhumano.
65. En su contestación de la demanda, el Estado consideró que las declaraciones de los testigos de la Comisión, en el sentido de que el señor Castillo Páez fue detenido ilegalmente por efectivos policiales y sometido a un trato "abusivo" por éstos, no estaba corroborada de ninguna forma y que no existía"prueba válida que fundament[ara] la violación por parte del Estado Peruano del derecho a la integridad física de Ernesto Rafael Castillo Páez". Como fundamento, el Estado señaló que los testigos no conocieron a Ernesto Rafael Castillo Páez y que sus declaraciones fueron tomadas en forma irregular por la Jueza del 24 Juzgado Penal de Lima, Dra. Minaya Calle.
66. La Corte da por probado con las declaraciones de los testigos presenciales, que el señor Castillo Páez, después de ser detenido por agentes de la Policía fue introducido en la maletera del vehículo oficial (supra, párrs. 43.d.). Lo anterior constituye una infracción al artículo 5 de la Convención que tutela la integridad personal, ya que, aún cuando no hubiesen existido otros maltratos físicos o de otra índole, esa acción por sí sola debe considerarse claramente contraria al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
67 . Lo anterior se corrobora con la declaración del agente del Estado durante la audiencia pública de 6 y 7 de febrero de 1997, quien expresó que el día que ocurrieron los hechos hubo operaciones policiales en las cuales detuvieron a personas e "incluso las metieron, parece, también en la maletera".
Corte I.D.H., Caso Castillo Páez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C No. 35, párrs. 62-67. 5.2.1. "[n]adie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes"
5.2.1.1. tortura 29. En segundo lugar, llama también la atención el hecho de que la Comisión sobreseyera el caso en relación con las alegadas torturas o maltratos a Viviana y sus compañeras, atribuidas a miembros del Organismo de Investigación Judicial (OIJ ), sin llevar la cuestión a las profundidades de una verdadera instrucción, y teniendo por inexistentes o improbadas las violaciones con base en las conclusiones de una investigación supuestamente realizada por el propio organismo acusado de cometerlas o, textualmente, en que "conforme a una información levantada por el Director de ese Organismo, no resulta ninguna lesión de ese tipo" (Ibid., párr. No. 14). En este sentido, habría que preguntar: qué diferencia jurídicamente relevante existe entre las autoridades costarricenses, tal como se consideran en la Resolución de la Comisión, y las de otras naciones americanas, a las cuales se condena por torturadoras, pese a que ellas y sus Gobiernos afirman que investigan las torturas y las nieguen por inexistentes o por improbadas?; por qué debe jurídicamente gozar de mayor credibilidad un organismo policial costarricense que uno de cualquier otro país del Continente? Costa Rica, precisamente por el reconocimiento generalizado de que disfruta como nación respetuosa de los derechos humanos, no sólo debería rehusar tal privilegio insustanciado de credibilidad, sino inclusive rechazarlo, porque, a fuer de privilegio, acaba por no probar nada ni favorecer en nada a ese país.
Voto Razonado del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81. Serie A, Resolución del 15 de julio de 1981, Resolución del 8 de septiembre de 1983, párr. 29. 155. La desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar. . . . 156. Por lo demás, las investigaciones que se han verificado donde ha existido la práctica de desapariciones y los testimonios de las víctimas que han recuperado su libertad demuestran que ella incluye el trato despiadado a los detenidos, quienes se ven sometidos a todo tipo de vejámenes, torturas y demás tratamientos crueles, inhumanos y degradantes, en violación también al derecho a la integridad física reconocido en el mismo artículo 5 de la Convención.
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párrs. 159, 185 y 187. Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, párrs.168, 195 y 197.
52. En cuanto a las presuntas torturas de que fuera objeto el señor Asok Gangaram Panday, durante el tiempo en que permaneció bajo detención por las autoridades de la Policía Militar, la Corte encuentra lo siguiente:
a. La videocinta suministrada por la Comisión como soporte de sus alegatos y que muestra la preparación del cadáver de Asok Gangaram Panday, fue registrada el día 15 de noviembre de 1988, es decir, una semana después del fallecimiento de la víctima, al tenor de una afirmación no contradicha del testigo doctor M. A. Vrede durante la audiencia pública. El testigo denunciante Leo Gangaram Panday se contradijo respecto de la fecha de grabación.
b. El dictamen, presentado por la Comisión, del patólogo forense Richard J. Baltaro, no ratificado ante la Corte, afirma que "(l)amentablemente, la mala calidad de la cinta hace difícil un diagnóstico preciso". Y esto lo corroboran los informes médicolegales solicitados por la Corte mediante auto para mejor proveer, en los cuales se dice que: "Dado lo malo de la calidad de las imágenes propias del cassette, [...] sus vistas en su totalidad fueron desechadas por ser técnicamente no confiables para el análisis del caso" (Informe del Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica); y que "(l)a video cinta es de pobre calidad técnica, con fenómenos putrefactivos agregados, lo que no permite una apreciación fidedigna, por lo cual nos abstenemos de comentarla" (Informe de la División General de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Venezuela).
c. En el proceso verbal instruido el 15 de noviembre de 1988, R. S. Wolfram, Inspector de Policía destacado al Servicio Técnico de Pesquisas y Reconocimientos de Paramaribo, declara que "(h)asta donde se pudo observar, no se encontraron huellas de violencia externa en el cuerpo" de la víctima.
d. En la carta del Ministro de Relaciones Exteriores del Reino de los Países Bajos, dirigida a la Cámara Baja de los Estados Generales en La Haya el 18 de noviembre de 1988, que fue consignada como prueba por la Comisión, se dice que "(e)l examen post mortem fue realizado por un médico de buena reputación. Según informes, el cuerpo no mostraba señales de violencia física".
53. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte no puede dejar de considerar que en el curso de la audiencia pública la Comisión introdujo como nuevo elemento de debate, no contenido en su demanda ni en su memoria, la existencia de presuntos daños en los testículos de la víctima, según testimonio rendido por el denunciante Leo Gangaram Panday y el dictamen de la autopsia médico forense practicada a la víctima, suscrito el 11 de noviembre de 1988 por el patólogo doctor M.A. Vrede, en el que éste, luego de certificar que el cadáver no presentaba otras peculiaridades o señales de extravasación, hizo constar la existencia en el escroto de "extravasación en la izquierda y derecha; más pronunciada en el lado izquierdo".
54. En su deposición personal ante la Corte, el doctor M. A. Vrede, promovido como testigo por el Gobierno y con vistas a la exhibición pública del contenido de la videocinta sobre el cuerpo de la víctima acotó, entre otras cosas y sobre el particular, lo siguiente:
Esta hemorragia [en la parte púbica] pudo haber sido creada por golpes violentos [...] fuerza bruta, o por un golpe contra la parte, donde están los testículos y la parte púbica. La hemorragia en esta parte era muy superficial [...] Era una hemorragia fresca que se creó poco tiempo antes de la muerte. Esta hemorragia debió de haber aparecido poco tiempo antes de la muerte. Era una hemorragia fresca.
55. En los dictámenes médico legales, solicitados por la Corte mediante auto para mejor proveer al Departamento de Medicina Legal del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica y al Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Venezuela, contentivos de una evaluación técnica de todos los elementos probatorios, constan apreciaciones de valor interpretativo acerca de las presuntas torturas a que habría sido sometida la víctima según el dicho de la Comisión, así como de los alegados daños en el escroto de aquella y que la Corte ha tenido en consideración.
a. En el dictamen del OIJ de Costa Rica se dice que:
El examen de autopsia [...] describió equimosis en escroto y un infiltrado hemorrágico en la grasa prepúbica, así como congestión de los vasos del cordón espermático [y] [m]encionó erupciones postmortem (sic) en piel que nosotros interpretamos (con base en nuestra propia traducción del holandés) como livideces cadavéricas.
3- Contusión simple de tejido prepúbico.
b. En nota complementaria del 22 de febrero de 1993, el citado Departamento de Medicina Legal agrega que "la contusión descrita en el área genital y púbica del señor Ganday (sic) traduce una acción vital, lo que quiere decir que fue producida estando él con vida y es de origen traumático".
c. En el Informe de la División General de Medicina Legal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Venezuela, se deja constancia de que
[En cuanto al material fotográfico] [e]s muy notoria la disposición de las livideces cadavéricas [...] No se observan hematomas, equímosis (sic) u otra evidencia de traumatismo, sino el fenómeno conocido como livideces [...] pobremente definible por la calidad del material fotográfico y por la distancia a la que fue tomada la foto; en todo caso impresiona como una excoriación (sic) pequeña [en la región escapular] probablemente producida por el peso del cuerpo al chocar contra la pared una vez que se lanzó para ahorcarse.
No hay evidencias físicas [...] [de que había sido torturado] en el material fotográfico del cadáver.
d. En el dictamen complementario de la División General de Medicina Legal antes mencionada acerca de los comentarios del doctor M.A.Vrede formulados durante la audiencia pública, se dice que:
La mayor parte de los comentarios y contradicciones en la información que suministra el video [durante la audiencia pública], por ser éste de baja calidad técnica y en fecha muy posterior a la muerte, [...] fue que nos abstuvimos de dar comentarios, razón por lo cual resulta riesgoso emitir opiniones en función de este material.
56. Vistos integralmente todos los elementos anteriores, la Corte considera que no surgen de su evaluación indicios concluyentes ni convincentes que le permitan determinar la veracidad de la denuncia según la cual el señor Asok Gangaram Panday fue objeto de torturas durante su detención por la Policía Militar de Suriname. Así las cosas, no puede concluir la Corte como lo solicita la Comisión, que en el caso sub judice se está en la presencia de un supuesto de violación del artículo 5.2 de la Convención sobre el derecho a la integridad personal. Y así lo declara.
Corte I.D.H., Caso Gangaram Panday, Sentencia del 21 de enero de 1994, Serie C No. 16, párrs. 52-56. 65. Tampoco considera la Corte que se ha violado el derecho a la integridad personal garantizado por el artículo 5 de la Convención, ya que a su juicio no hay prueba suficiente de que los detenidos hayan sido torturados o sometidos a malos tratos. Corte I.D.H., Caso Caballero Delgado y Santana, Sentencia del 8 de diciembre de 1995, Serie C No. 22, párr. 65.
5.2.1.2. tratos crueles, inhumanos y degradantes
30. [ la Comisión] tampoco se cuestionó la posibilidad de que la detención de las víctimas en un centro anormal e inadecuado, a las tres juntas en una celda de dimensiones mínimas y sin condiciones de higiene y comodidad, constituyera un tratamiento cruel, inhumano o degradante en los términos del artículo 5.2 de la Convención (ver párr. No. 3 (c), supra). Nada de esto se menciona siquiera en la Resolución de la Comisión.
Voto Razonado del Juez Rodolfo E. Piza Escalante, Asunto Viviana Gallardo y Otras, No. 101/81. Serie A, Resolución del 15 de julio de 1981, Resolución del 8 de septiembre de 1983, párr. 30. 155. La desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y continuada de numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los Estados Partes están obligados a respetar y garantizar.... . . . .
. . . . 187. La desaparición de Manfredo Velásquez es violatoria del derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5 de la Convención (supra 156). En primer lugar porque el solo hecho del aislamiento prolongado y de la incomunicación coactiva, representa un tratamiento cruel e inhumano que lesiona la integridad psíquica y moral de la persona y el derecho de todo detenido a un trato respetuoso de su dignidad, en contradicción con los párrafos 1 y 2 del citado artículo. En segundo lugar porque, aun cuando no ha sido demostrado de modo directo que Manfredo Velásquez fue torturado físicamente, la mera circunstancia de que su secuestro y cautiverio hayan quedado a cargo de autoridades que comprobadamente sometían a los detenidos a vejámenes, crueldades y torturas representa la inobservancia, por parte de Honduras, del deber que le impone el artículo 1.1, en relación con los párrafos 1 y 2 del artículo 5 de la Convención. En efecto, la garantía de la integridad física de toda persona y de que todo aquél que sea privado de su libertad sea tratado con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, implica la prevención razonable de situaciones virtualmente lesivas de los derechos protegidos.
58. Aún cuando la Comisión alegó en su demanda que la víctima fue violada durante su detención, la Corte, después de analizar el expediente y, dada la naturaleza del hecho, no está en condiciones de darlo por probado. Sin embargo, los otros hechos alegados como la incomunicación durante la detención, la exhibición pública con un traje infamante a través de medios de comunicación, el aislamiento en celda reducida, sin ventilación ni luz natural, los golpes y otros maltratos como el ahogamiento, la intimidación por amenazas de otros actos violentos, las restricciones al régimen de visitas (supra párr. 46 c), d) e), k) y 1)), constituyen formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes en el sentido del artículo 5.2. de la Convención Americana. De las alegaciones y pruebas examinadas aparecen elementos graves y convergentes, y no desvirtuados por el Estado, que permiten válidamente presumir la existencia de una práctica de tratos crueles, inhumanos y degradantes en la cual se enmarca el presente caso de la señora María Elena Loayza Tamayo, en violación del derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana. Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Sentencia de 17 de septiembre de 1997, Serie C No. 33, párrs. 57-58.
Corte I.D.H., Caso Suárez Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C No. 35, párr. 91. 5.2.2. "[t]oda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano"
Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C No. 20, párr. 60. 86. Este Tribunal considera que en este caso el Gobierno no ha infringido el artículo 5 de la Convención, pues si bien pudiera entenderse que cuando se priva de la vida a una persona también se lesiona su integridad personal, no es este el sentido del citado precepto de la Convención que se refiere, en esencia, a que nadie debe ser sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y a que toda persona privada de libertad debe ser tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. No está demostrado que las tres personas a que se refiere este asunto hubiesen sido objeto de malos tratos o que se hubiese lesionado su dignidad por parte de las autoridades peruanas durante el tiempo en que estuvieron detenidas en el Penal San Juan Bautista. Tampoco existe prueba de que se hubiese privado a dichas personas de las garantías judiciales a que se refiere el artículo 8 de la Convención, durante los procesos que se siguieron en su contra.
Corte I.D.H., Caso Neira Alegría y Otros, Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C No. 20, párr. 86. 57. . . . Todo uso de la fuerza que no sea estrictamente necesario por el propio comportamiento de la persona detenida constituye un atentado a la dignidad humana (cf. Ibid., párr. 38) en violación del artículo 5 de la Convención Americana. Las necesidades de la investigación y las dificultades innegables del combate al terrorismo no deben acarrear restricciones a la protección de la integridad física de la persona.
Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Sentencia de 17 de septiembre de 1997, Serie C No. 33, párr. 57. 66. La Corte da por probado con las declaraciones de los testigos presenciales, que el señor Castillo Páez, después de ser detenido por agentes de la Policía fue introducido en la maletera del vehículo oficial (supra, párrs. 43.d.). Lo anterior constituye una infracción al artículo 5 de la Convención que tutela la integridad personal, ya que, aún cuando no hubiesen existido otros maltratos físicos o de otra índole, esa acción por sí sola debe considerarse claramente contraria al respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
Corte I.D.H., Caso Castillo Páez, Sentencia de 3 de noviembre de 1997, Serie C No. 34, párr. 66. 5.2.3. aislamiento; incomunicación
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párr. 156. Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, párr. 164.
187. La desaparición de Manfredo Velásquez es violatoria del derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5 de la Convención (supra 156). En primer lugar porque el solo hecho del aislamiento prolongado y de la incomunicación coactiva, representa un tratamiento cruel e inhumano que lesiona la integridad psíquica y moral de la persona y el derecho de todo detenido a un trato respetuoso de su dignidad, en contradicción con los párrafos 1 y 2 del citado artículo. . . .
Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párr. 187. Corte I.D.H., Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No. 5, párr. 197.
VISTO: 1. La resolución dictada por el Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la "Corte Interamericana"o "la Corte") el 12 de junio de 1996 en la que dispuso:
1 Solicitar al Gobierno de la República del Perú que adopte sin dilación cuantas medidas sean necesarias para asegurar eficazmente la integridad física, psíquica y moral de la señora María Elena Loayza Tamayo, con el objeto de que puedan tener los efectos pertinentes las medidas provisionales que en su caso pudiera tomar la Corte Interamericana.
2 Solicitar al Gobierno de la República del Perú que presente al Presidente de la Corte, a más tardar el 25 de junio de 1996, un informe sobre las medidas tomadas, para ponerlas en conocimiento del Tribunal en el próximo período de sesiones, que se realizará del 26 de junio al 3 de julio de 1996. 3 Poner la presente resolución a la consideración de la Corte durante su próximo período de sesiones para los efectos pertinentes.
2. La resolución de la Corte de 2 de julio de 1996, en la cual decidió:
Ratificar la resolución del Presidente de la Corte Interamericana de 12 de junio de 1996. Reiterar al Gobierno de la República del Perú que tome en favor de la señora María Elena Loayza Tamayo, aquellas medidas provisionales indispensables para salvaguardar eficazmente su integridad física, psíquica y moral. Requerir al Gobierno del Perú que continúe informando cada dos meses sobre las medidas provisionales tomadas. Requerir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que remita a la Corte sus observaciones sobre dicha información, en un plazo no mayor de un mes contado desde su recepción. 3. El escrito presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la "Comisión Interamericana" o "la Comisión") el 12 de septiembre de 1996 y sus anexos, en el cual informa a la Corte que la salud de la señora María Elena Loayza Tamayo se ha deteriorado como consecuencia de que se encuentra sometida a un régimen de vida inhumana y degradante, derivada de su incomunicación y de encontrarse encerrada durante 23 horas y media del día, en una celda húmeda y fría, de 2 metros por 3 metros aproximadamente, sin ventilación directa, donde hay tarimas de cemento, una letrina y un lavatorio de manos... La celda no tiene iluminación directa la luz llega en forma tenue e indirecta por los tubos fluorescentes de los pasillos. No le está permitido contar con radio, ni con diarios o revistas. Sólo está autorizada a tomar sol durante 20 o 30 minutos cada día.
En este escrito, la Comisión solicita a la Corte Interamericana que ordene al Gobierno del Perú (en adelante "el Perú") que deje sin efecto el aislamiento celular y la incomunicación a que está sometida la señora María Elena Loayza Tamayo actualmente.
4. El oficio 194-USP-EPMSMCH-96 de fecha 25 de julio de 1996 que anexa la Comisión al citado escrito de 12 de septiembre, en el cual la doctora Julia Ruiz Camacho, Médico Jefe de Salud del Establecimiento Penal de Máxima Seguridad de Chorrillos certifica que después de haber examinado a la señora María Elena Loayza Tamayo, esta ha padecido enfermedades físicas y psíquicas, entre estas, un síndrome ansioso depresivo.
CONSIDERANDO: Que el Perú es Estado Parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde el 28 de julio de 1978 y aceptó la competencia obligatoria de la Corte el 21 de enero de 1981. Que el artículo 63.2 de la Convención establece que la Corte Interamericana podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes en los asuntos que estén sometidos a su conocimiento y para ello requiere que se trate de casos "de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas". Que el Perú no ha cumplido con el punto tercero de la resolución de la Corte de 2 de julio de 1996, que lo obliga a informar periódicamente a este Tribunal sobre las medidas que hubiese tomado para salvaguardar eficazmente la integridad física, psíquica y moral de la señora María Elena Loayza Tamayo. Que junto con el escrito de la Comisión de 12 de septiembre de 1996 se presentó copia de comunicaciones y documentos que señalan tanto un deterioro en el estado de salud física y psíquica de la señora María Elena Loayza Tamayo, como las condiciones de vida de los internos e internas en los penales de máxima seguridad de Lima. Que ante la carencia del informe que ha debido enviar el Gobierno en los términos requeridos por esta Corte, se presume que la situación carcelaria que sufre la señora María Elena Loayza Tamayo pone en grave peligro su salud física, psíquica y moral, como lo alega la Comisión. Que el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone en lo conducente: 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad fisica, psíquica y moral.
POR TANTO: LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS,
RESUELVE: Requerir al Gobierno del Perú que modifique la situación en que se encuentra encarcelada la señora María Elena Loayza Tamayo, particularmente en lo referente a las condiciones del aislamiento celular al que está sometida, con el propósito de que esta situación se adecúe a lo dispuesto en el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la resolución de la Corte de 2 de julio de 1996. Requerir al Gobiemo del Perú que a la mayor brevedad brinde tratamiento médico, tanto físico como psiquiátrico, a la señora María Elena Loayza Tamayo . . . . Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo (Perú), Resolución del 13 de septiembre de 1996, visto párrs. 1-4; considerando 1-6; punto resolutivo 1-2. 58. . . . Sin embargo, los otros hechos alegados como la incomunicación durante la detención, la exhibición pública con un traje infamante a través de medios de comunicación, el aislamiento en celda reducida, sin ventilación ni luz natural, los golpes y otros maltratos como el ahogamiento, la intimidación por amenazas de otros actos violentos, las restricciones al régimen de visitas (supra párr. 46 c), d) e), k) y 1)), constituyen formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes en el sentido del artículo 5.2. de la Convención Americana. . . .
Corte I.D.H., Caso Loayza Tamayo, Sentencia de 17 de septiembre de 1997, Serie C No. 33, párr. 58.
84. La Comisión solicitó a la Corte declarar que la incomunicación a la cual fue sometido el señor Suárez Rosero durante 36 días violó el artículo 5.2 de la Convención Americana, pues ese aislamiento constituyó un trato cruel, inhumano y degradante.
85. El Ecuador no contradijo dicho alegato en la contestación de la demanda.
86. En su escrito de alegatos finales, la Comisión se refirió nuevamente a este asunto al manifestar que la eventual comunicación a través de un tercero no permitió a la familia del señor Suárez Rosero verificar su condición física, mental o emocional.
87. En su escrito de alegatos finales, el Ecuador manifestó que el señor Suárez Rosero recibió un tratamiento adecuado durante su encarcelamiento, "como lo certifican los informes médicos oficiales incorporados al expediente".
88. El artículo 5.2 de la Convención Americana dispone que . . . .
91. La sola constatación de que la víctima fue privada durante 36 días de toda comunicación con el mundo exterior y particularmente con su familia , le permite a la Corte concluir que el señor Suárez Rosero fue sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes, más aún cuando ha quedado demostrado que esta incomunicación fue arbitraria y realizada en contravención de la normativa interna del Ecuador. La víctima señaló ante la Corte los sufrimientos que le produjo verse impedido de la posibilidad de buscar un abogado y no poder ver o comunicarse con su familia. Agregó que, durante su incomunicación, fue mantenido en una celda húmeda y subterránea de aproximadamente 15 metros cuadrados con otros 16 reclusos, sin condiciones necesarias de higiene y se vio obligado a dormir sobre hojas de periódico y los golpes y amenazas a los que fue sometido durante su detención. Todos estos hechos confieren al tratamiento a que fue sometido el señor Suárez Rosero la característica de cruel, inhumano y degradante.
Corte I.D.H., Caso Suárez Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C No. 35, párrs. 84-92. 5.2.3.1. efectos de la incomunicación sobre la familia de la víctima
Corte I.D.H., Caso Suárez Rosero, Sentencia de 12 de noviembre de 1997, Serie C No. 35, párrs. 100-102. 5.3.1. "[l]a pena no puede trascender de la persona del delincuente"
5.4.1. "[l]os procesados deben estar separados de los condenados . . . ."
5.5.1. "[c]uando los menores puedan ser procesados . . . ."
5.6.1. "[l]as penas privativas de la libertad . . . ."

References: artículo 1
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