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Timestamp: 2018-08-20 23:16:00+00:00

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﻿ SENTENCIA 2012-00275/1078-2014 DE MARZO 16 DE 2017
SENTENCIA 2012-00275 DE 16 DE MARZO DE 2017
CONTENIDO:IMPROCEDENCIA EN EL RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN E INVALIDEZ PAR EL PERSONAL DOCENTE. SE SEÑALÓ QUE LOS DOCENTES PUEDEN ADQUIRIR EL ESTATUS PENSIONAL Y OBTENER EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA PENSIÓN Y, A LA VEZ SEGUIR LABORANDO. NO OBSTANTE, SE PRESENTA INCOMPATIBILIDAD ENTRE LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN E INVALIDEZ BIEN SEA DE ORIGEN COMÚN O PROFESIONAL, PORQUE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO RESTRINGE DICHA POSIBILIDAD Y, POR TANTO NO PUEDEN SER DISFRUTADAS CONJUNTAMENTE CON BASE EN LO SIGUIENTE: (I). TIENEN SU ORIGEN EN UNA MISMA RELACIÓN LABORAL, LAS CUALES ESTÁN CONDICIONADAS A LOS APORTES QUE EL TRABAJADOR HAGA A LA SEGURIDAD SOCIAL(II). SU FINALIDAD ES LA MISMA, MIENTRAS LA PENSIÓN DE VEJEZ TIENE COMO FINALIDAD CUBRIR LA PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD DE TRABAJO POR HABER LLEGADO LA PERSONA A LA VEJEZ, LA PENSIÓN DE INVALIDEZ TIENE COMO OBJETIVO CUBRIR LA PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD LABORAL PERO EN RAZÓN DE LA INVALIDEZ, ES DECIR CUMPLEN LA MISMA FUNCIÓN PROTECTORA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE INVALIDEZ, PENSIÓN DE JUBILACIÓN, PENSIÓN DE VEJEZ, PRINCIPIO DE CONTINUIDAD DE LA RELACIÓN LABORAL, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ
Sentencia 2012-00275/1078-2014 de marzo 16 de 2017
Expediente: 25-000-23-42-000-2012-00275-01
N.º Interno: 1078-2014
Demandante: Madeleine Sánchez de Santamaría
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio-Fiduprevisora S.A.
1. ¿La señora Madeleine Sánchez de Santamaría en calidad de docente oficial, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, a pesar de que ya le fue reconocida la pensión de jubilación?
2. ¿Es procedente aplicar el criterio desarrollado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 1.° de diciembre de 2009(9), que contempla la posibilidad de percibir simultáneamente la pensión de jubilación y la de invalidez?
¿La señora Madeleine Sánchez de Santamaría en calidad de docente oficial, tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, a pesar de que ya le fue reconocida la pensión de jubilación?
La Subsección sostendrá la siguiente tesis: No tiene derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez toda vez porque ésta y la pensión de jubilación son incompatibles, como a continuación se argumenta.
Compatibilidad pensional de los docentes
En relación con las pensiones de los docentes el ordinal 2.º literal a) del artículo 14 de la Ley 91 de 1989, indica:
«[…] Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la Nación […]»
Por su parte, el artículo 6 de la Ley 60 de 1993, señaló:
«[…] El régimen prestacional y aplicable a los actuales docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles con pensiones o cualquier otra clase de remuneraciones. El personal docente de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial […]»
A su vez, el parágrafo 2.º del artículo 279 de la Ley 100 de 1993, trae como excepciones a la aplicación del régimen de seguridad social, entre otros, a los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio «[…] cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración […]»
Finalmente, el artículo 128 de la Constitución Política señala:
«[…] Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en la que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley. Entiéndese por tesoro público el de la Nación, el de las entidades territoriales y el de las descentralizadas […]»
En las anteriores condiciones, conforme al artículo 5 del Decreto 224 de 1992 y el artículo 70 del Decreto 2277 de 1979, el goce de la pensión de jubilación no es incompatible con el ejercicio de empleos docentes, es decir, permite respecto de los docentes percibir la pensión de jubilación y el salario.
De lo anterior se colige, tal como lo ha reiterado esta Corporación(10) que es improcedente el reconocimiento de dos pensiones ordinarias de jubilación, así la normativa aplicable a los docentes permita a éstos percibir simultáneamente pensión de jubilación, pensión de gracia y, el salario por los servicios docentes que pueden seguir prestando, toda vez que no existe norma alguna que así lo permita. En efecto, en dicha providencia, señaló:
«[…] Reiteradamente esta Corporación ha expresado que es improcedente reconocer dos pensiones ordinarias de jubilación, así la preceptiva jurídica aplicable a los docentes permita a éstos percibir simultáneamente pensión de jubilación y el sueldo por los servicios docentes que pueden seguir prestando. Así, en la sentencia del 10 de abril de 1997, Actora: Eunice Arias de Arias, Exp. No. 12.776, Consejera Ponente Dra. Dolly Pedraza de Arenas, luego de determinar que la pensión cuyo reconocimiento requería la demandante era la pensión ordinaria de jubilación, puntualizó que la misma podría ser compatible con otras pensiones, por ejemplo con la pensión gracia del orden nacional pero no con otra pensión ordinaria de jubilación. Se tiene entonces, que ni las normas a que se ha hecho referencia ni ninguna otra disposición superior, establece la compatibilidad de la percepción de la pensión gracia con dos pensiones ordinarias de jubilación, o la compatibilidad de percibir dos pensiones ordinarias de jubilación, categoría que se reitera, tendría la pensión cuyo reconocimiento reclama la demandante […]»
Es decir, que los docentes pueden adquirir el estatus pensional, obtener el reconocimiento y pago de la pensión y, a la vez seguir laborando, toda vez que en el caso especialísimo de estos no existe incompatibilidad entre la pensión ordinaria de jubilación y el salario, así como tampoco entre la pensión gracia, el salario y la pensión de jubilación.
En conclusión: Los docentes están exceptuados de la prohibición de no recibir doble asignación del tesoro público por disposición de la ley, en el entendido que el artículo 6 de la Ley 60 de 1993 dejó a salvo la compatibilidad entre las prestaciones pensionales y las asignaciones derivadas del ejercicio de la actividad docente. Así mismo, la compatibilidad de pensiones para los docentes es procedente para la pensión especial de gracia y una pensión ordinaria.
Régimen pensional aplicable a los docentes
De conformidad con el artículo 81 de la Ley 812 de 2003(11), las personas vinculadas al servicio educativo, a partir de la entrada en vigencia de dicha norma, se encuentran amparadas por el régimen pensional de prima media contemplado en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003.
Por su parte, a los docentes vinculados con anterioridad a la misma, se les aplica la normativa anterior a la Ley 812 de 2003. Criterio que fue ratificado por el parágrafo transitorio 1.° del Acto Legislativo 001 de 2005, que señala:
«[…] Parágrafo transitorio 1º. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003 […]».
Así las cosas, toda vez que en el presente asunto la demandante se vinculó al servicio docente con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, esto es, antes del 26 de junio de 2003, pues su vinculación se efectuó el 20 de febrero de 1989 (folio 3), se colige que rige por la Ley 91 de 1989 en lo referente al régimen pensional.
Sin perjuicio de lo anterior, toda vez que la jurisprudencia de esta Corporación ha precisado(12) que el régimen de los docentes corresponde al mismo que se aplica a los empleados públicos del orden nacional, las prerrogativas que regulan las pensiones de invalidez y jubilación en el presente asunto se encuentran señaladas por la Ley 33 de 1985 y los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
En conclusión: En razón a que la demandante ingresó al servicio docente con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, el régimen para el reconocimiento pensional es el previsto en la Ley 33 de 1985 y en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
Incompatibilidad entre la pensión de jubilación y la pensión de invalidez
Determinado que en el presente asunto el régimen pensional de la demandante, en particular lo concerniente a la pensión de invalidez, es el regulado por los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, que dichas normas señalan la incompatibilidad entre la pensión de invalidez y la pensión de jubilación. Al respecto, el artículo 31 del Decreto 3135 de 1968 indica:
«[…] Las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez son incompatibles entre sí. El empleado o trabajador podrá optar por las más favorable cuando haya concurrencia de ellas […]»
Lo anterior tiene sustento en la prohibición consagrada en el artículo 128 de la Constitución Política, de percibir más de una asignación que provenga del tesoro público, disposición contemplada desde el artículo 88 del Decreto 1848 de 1969, así:
«[…] ARTICULO 88. INCOMPATIBILIDAD. Las pensiones de invalidez, jubilación y retiro por vejez, son incompatibles entre sí. En caso de concurrencia del derecho a ellas, el beneficiario optará por la que más le convenga económicamente. […]»
Por su parte la Ley 100 de 1993 al consagrar las características del Sistema General de Pensiones en el artículo 13, literal j) señala: «Ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez».
En las anteriores condiciones, tal como lo ha señalado esta Corporación(13), se presenta incompatibilidad entre las pensiones de jubilación e invalidez bien sea de origen común o profesional, porque el ordenamiento jurídico restringe dicha posibilidad y, por tanto no pueden ser disfrutadas conjuntamente con base en lo siguiente:
1. Tienen su origen en una misma relación laboral;
2. Están condicionadas a los aportes que la demandante haga a la seguridad social;
3. Su finalidad es la misma, es decir, mientras la pensión de vejez tiene como finalidad cubrir la pérdida de la capacidad de trabajo por haber llegado la persona a la vejez, la pensión de invalidez también buscaba como objetivo cubrir la pérdida de la capacidad laboral pero ya en razón de la invalidez, es decir cumplen la misma función protectora.
Con fundamento en lo precedente, en el presente caso se observa lo siguiente:
- A folios 2 a 4 del expediente que a la señora Madeleine Sánchez de Santamaría mediante Resolución 6511 de 23 de diciembre de 2010 se le reconoció pensión de jubilación a partir del 15 de abril de 2010 con base en las Leyes 91 de 1989, 33 de 1985 y los Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 2138 de 2005.
- Obra a folio 6 del expediente el concepto médico laboral de 29 de noviembre de 2010, señala como pérdida de la capacidad laboral el 96% e indica como fecha de estructuración de la invalidez el 29 de noviembre de 2010.
- Mediante Resolución 13956 de 1.° de diciembre de 2010 (folios 8 - 9) expedida por la Secretaría de Educación de Bogotá la demandante fue retirada del servicio activo de conformidad con el concepto médico descrito anteriormente.
- A raíz de lo anterior, la demandante solicitó el reconocimiento de la pensión de invalidez, la cual fue negada mediante las resoluciones demandadas.
Ahora bien, una consecuencia lógica de la invalidez absoluta es que al funcionario impedido se le reconozcan las prestaciones económicas y asistenciales a que haya lugar, entre ellas la pensión de invalidez; sin embargo, a la administración le era imposible proceder a tal reconocimiento a través del acto acusado, toda vez que conforme los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, esta es incompatible con la pensión de jubilación de la que ya gozaba la demandante.
Por tanto, como lo ha señalado esta Corporación en reiterada jurisprudencia(14), la demandante tiene ante la administración la posibilidad de optar por la pensión que más le convenga económicamente, lo cual constituye una actuación administrativa ajustada al ordenamiento jurídico, pues era facultad de aquélla escoger cuál de esas pensiones le era más favorable. Lo anterior de conformidad a lo consagrado en los artículos 31 y 88 de los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, respectivamente y, por tanto no se vulneran principios constitucionales como el de favorabilidad o derechos adquiridos.
En conclusión: Conforme a la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado y, con base en los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 normativa aplicable a la demandante por haberse vinculado antes de la vigencia de la Ley 812 de 2003; existe incompatibilidad entre las pensiones de jubilación e invalidez toda vez que cumplen con la misma finalidad, es decir, cubrir la pérdida de capacidad de trabajo ya sea por edad o invalidez.
En el presente caso, toda vez que a la demandante se le reconoció pensión de jubilación, no es procedente el reconocimiento de la pensión de invalidez.
¿Es procedente aplicar el criterio desarrollado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 1.° de diciembre de 2009(15)
que contempla la posibilidad de percibir simultáneamente la pensión de jubilación y la de invalidez?
La Subsección sostendrá la siguiente tesis: No es posible aplicar la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con base en los argumentos que pasan a explicarse.
La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de 1.° de diciembre de 2009(16), señaló la compatibilidad entre las pensiones de jubilación y la de invalidez. Para el efecto, señaló:
«[…] Ciertamente, si una de las bases de la línea jurisprudencial de la Corte sobre el tema de la incompatibilidad entre una pensión de invalidez y otra de vejez, ha sido la afectación de la sostenibilidad del esquema de seguridad social, diseñado sobre principios como los de la unidad y la universalidad, en el caso presente tal argumento se desvanece, dado que, se reitera, la jubilación está a cargo del empleador, y la de invalidez, será cubierta por una entidad que sí forma parte del Sistema.
Las pensiones de jubilación y de invalidez son compatibles, pues el sujeto pasivo de esas obligaciones es diferente, siendo que además, la segunda no está destinada a mutarla pensión de vejez, puesto que ampara un riesgo diferente. […]»
De lo anterior se colige que la Corte Suprema de Justicia refiere la posibilidad de percibir simultáneamente las dos pensiones mencionadas con fundamento en los siguientes aspectos:
1. La pensión de jubilación es una obligación pura y simple que nace a cargo del empleador una vez cumpla con las exigencias legales sin que se presente impedimento legal para que se reconozca otra pensión si ésta reúne los requisitos.
2. El sujeto pasivo es diferente y porque la pensión de invalidez no está destinada a mutar la pensión de vejez, puesto que ampara un riesgo diferente.
Sin embargo, en el presente caso no es aplicable la posición de la Corte Suprema de justicia, toda vez que como lo ha señalado esta Corporación(17), los supuestos fácticos y jurídicos son distintos, en la medida que las pensiones pretendidas en el presente asunto acaecen de una misma causa, esto es, los aportes a pensiones efectuados por la demandante al Sistema General de Seguridad Social y tienen la misma finalidad, es decir, cubrir la pérdida de capacidad de trabajo.
Además porque dichas pensiones se encuentran a cargo de una misma entidad, esto es, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Sumado a lo anterior, no existe norma que consagre expresamente la compatibilidad entre la pensión de invalidez y la pensión de jubilación, por el contrario, tal como se indicó en acápites anteriores, los Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 expresamente la prohíben.
Finalmente, no pasa por alto la Subsección que mediante sentencia de 26 de mayo de 2016, Consejero ponente Gabriel Valbuena Hernández, número interno 1749 de 2010, se determinó para los docentes la compatibilidad entre la pensión especial post mortem prevista en el artículo 7 del Decreto 224 de 1972 y, la pensión ordinaria de sobrevivientes a título indemnizatorio por accidentes de trabajo o enfermedad profesional del artículo 7 del Decreto 1295 de 1994.
Lo anterior, porque no existe norma expresa que la prohíba, y hace referencia al reconocimiento de una pensión especial y una ordinaria, situación que difiere a la estudiada en el presente caso en la medida que en esta oportunidad se refiere al reconocimiento de dos pensiones ordinarias en las que se presenta incompatibilidad de orden legal, posición que fue reiterada mediante sentencia de 2 de marzo de 2017(18).
En conclusión: La sentencia de 1.° de diciembre de 2009 proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que contempla la posibilidad de percibir simultáneamente la pensión de jubilación y la pensión de invalidez no es aplicable al caso concreto toda vez que los supuestos fácticos y jurídicos son distintos. Ello, porque las pensiones de jubilación y de invalidez provienen de una misma causa, tienen la misma finalidad, se encuentran a cargo de una misma entidad y. existe prohibición legal para su compatibilidad.
De conformidad con lo señalado en recientes providencias de esta Subsección(19) en el presente caso no hay lugar a imponer condena en costas en la segunda instancia, toda vez que no hubo intervención de la parte demandada en la misma.
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que denegó las pretensiones de la demanda que presentó la señora Madeleine Sánchez de Santamaría en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la en el presente caso no hay lugar a imponer condena en costas en la segunda instancia, toda vez que no hubo intervención de la parte demandada en la misma.
Primero: Confirmar la sentencia proferida el 28 de noviembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, que denegó las pretensiones de la demanda que presentó la señora Madeleine Sánchez de Santamaría en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional y el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Segundo: Sin condena en costas en segunda instancia.
9 Radicación 33558, Magistrado Ponente Camilo Tarquino Gallego.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 3 de mayo de 2001, número interno 2841 de 2000, Consejero ponente Ana Margarita Olaya Forero.
11 Artículo 81. Régimen prestacional de los docentes oficiales. El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial, es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve Bogotá D.C., trece (13) de noviembre de dos mil catorce (2014). Radicación número: 15001-23-33-000-2012-00170-01(3008-13).
13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de julio de 2016, Consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, número interno: 1793-2015; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección A sentencia de 18 de febrero de 2016, número interno: 2415-2013, Consejero Ponente Gabriel Valbuena Hernández
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 21 de julio de 2016, Consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, número interno 1793-2015; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección A sentencia de 18 de febrero de 2016, número interno: 2415-2013, Consejero Ponente Gabriel Valbuena Hernández iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 13 de noviembre de 2014, Consejero Ponente Gerardo Arenas Monsalve, número interno 3008-2013; iv) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 25 de marzo de 2010, Consejero Ponente Luis Rafael Vergara Quintero, número interno 3058-2004; v) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 30 de septiembre de 2010, Consejero Ponente Gerardo Arenas Monsalve, número interno 1067-2009.
15 Radicación 33558, Magistrado Ponente Camilo Tarquino Gallego.
16 bídem.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 21 de julio de 2016, Consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, número interno 1793-2015 ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección A sentencia de 18 de febrero de 2016, número interno: 2415-2013, Consejero Ponente Gabriel Valbuena Hernández
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 2 de marzo de 2017, Consejero Ponente William Hernández Gómez, número interno 2413-2014.
19 Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, proferidas por la Subsección “A” de la Sección Segunda, C.P. William Hernández Gómez, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.

References: artículo 14
 artículo 6
 artículo 279
 artículo 128
 artículo 5
 artículo 70
 artículo 6
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 31
 artículo 128
 artículo 88
 artículo 13
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 7
 artículo 7
 Artículo 81