Source: http://blog.comfacor.com.co/2020/pronunciamiento-del-director-administrativo-de-comfacor-frente-a-declaraciones-de-la-comision-de-seguimiento/
Timestamp: 2020-04-03 03:13:01+00:00

Document:
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Pronunciamiento del Director Administrativo de Comfacor frente a declaraciones de la Comisión de Seguimiento
En mi calidad de Director Administrativo de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba Comfacor, según Resolución SSF N°0016 del 14 de enero de 2019, me permito hacer públicas las consideraciones pertinentes frente a la información que ha venido difundiéndose en diversos medios de comunicación de la ciudad de Montería, tales como el Canal Nortevisión, el periódico Regional El Meridiano de Córdoba y el medio digital La ventana de Córdoba, en relación a las declaraciones dadas por una Comisión de Seguimiento auto denominada “Comfacor Se Salva”.
Con el presente comunicado, se complementa lo expuesto por el Agente Especial de Intervención doctor Ivan Darío Guauque Torres, en comunicado de prensa del día 25 de febrero de 2020.
A continuación, de manera puntual y enfática hago referencia a afirmaciones falsas, calumniosas, carentes de objetividad y tendenciosas que me obligan a desvirtuar y hacer frente en defensa de mi honor y buen nombre, así como, de la institución a la cual represento.
Pasivo EPS:
Se precisa que hasta tanto no se culmine el proceso de liquidación, no se puede determinar el valor a reconocer hacia los acreedores en la masa de liquidación. Por tanto, es falso concluir hoy que los pasivos de la Caja son cercanos a Un billón de pesos; dado a que la información que arrojan los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2019, señala en el estado de situación financiera la existencia de un pasivo de $564.269´614.259 de los cuales más de 475 mil millones corresponden a pérdidas acumuladas del programa de salud del régimen subsidiado causadas en vigencias anteriores a la medida de intervención de la SSF, ordenada por la Resolución N°. 0129 del 7 de marzo de 2017. En otras palabras, la causa efectiva del problema patrimonial de la caja debe buscarse en sus orígenes como corresponde a la realidad.
Creación de la comisión y su alcance:
La Administración dio cumplimiento a los términos establecidos para el trámite de aprobación del acta de la Asamblea General de Afiliados N° 041 de 2019 ante la Superintendencia de Subsidio Familiar, como consta en la resolución emitida por la misma bajo N° 0722 del 13 de diciembre de 2019, notificada de manera formal a Comfacor, el 7 de enero de 2020, lo que evidencia la no interferencia de la administración en el trámite respectivo.
No obstante lo anterior, la Comisión de Seguimiento designada por la Asamblea, solicitó reunión con la Dirección Administrativa de la Caja el 13 de agosto de 2019, ante lo cual, la administración atendió dicha reunión sin tener aprobada la conformación de dicha Comisión y abiertamente dimos respuesta a las inquietudes planteadas por los integrantes.
Es importante resaltar que, en cuanto al alcance que tiene la Comisión de Seguimiento, éstos ejercen sus funciones de conformidad con el derecho que le asiste a la Asamblea, sin que en manera alguna pueda significar que ésta, es otro órgano equivalente a la Asamblea o pueda ser un cuerpo colegiado de decisión autónomo, mucho menos que tenga facultades superiores a la Asamblea.
Ahora bien, es prudente aclarar que si bien el Decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.7.1.2. señala que la Asamblea General podrá inspeccionar libros y documentos, también es cierto que este derecho no es absoluto y tiene limitaciones, las cuales están dadas de manera temporal como espacial, es decir, de manera temporal la norma señala un término de diez (10) días hábiles anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea General de socios, para que en este término puedan ser inspeccionados por los asambleístas afiliados los libros y documentos; la limitación espacial hace referencia a que dicha inspección debe hacerse en las oficinas de la sede administrativa de la Caja, ubicada en la cra. 9 # 12-01 Barrio Buenavista de la ciudad de Montería (artículo 48 de la Ley 222 de 1995).
En cuanto a la reserva de la información, se debe tener en cuenta que, en los términos del artículo 61 del Código de Comercio, al suministrarse la información solicitada por los empresarios en ejercicio del derecho de inspección, éstos están obligados a mantener la misma en absoluta confidencialidad, so pena de incurrir en infracciones correspondientes, por lo que el único destino que pueden darle a ésta, es el de su propia ilustración con el fin de ejercer el derecho al voto en las deliberaciones de la asamblea pertinente.
Hay que tener en cuenta que, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, numeral 6, los administradores deben: ¨Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos” de donde está claro que la obligación de permitir el ejercicio del derecho en mención, está en cabeza del administrador y no del Revisor Fiscal.
La administración informa a la opinión pública que, la creación de la Comisión de Seguimiento de Asamblea General de Afiliados, surgió el 27 de Junio de 2019, durante la realización de la Asamblea General Ordinaria de Afiliados año 2019, la cual, contó con la participación al momento de verificar el quórum de 34 empresas afiliadas hábiles para participar, correspondientes a 18 afiliados hábiles directos (presenciales) y 16 hábiles en representación.
En el punto de proposiciones y varios, el Asambleísta Fredy Saah Arroyo, propone crear una comisión con miembros de la Asamblea, con el fin de realizar seguimiento al nuevo modelo administrativo, ello porque en su consideración, con la medida de intervención por parte de la Supersubsidio no existía un Consejo Directivo; por lo cual, el presidente de la comisión de aprobación del acta de la asamblea, le aclara al proponente que, no es cierta la inexistencia del órgano, teniendo en cuenta que el Agente Especial de Intervención, Dr. Iván Darío Guauque designado por la Supersubsidio, hace las veces del cuerpo colegiado y cumple las funciones a éste asignadas.
Una vez se aclaró el punto, se realizó la votación por parte de las empresas asistentes, recibiendo 17 votos a favor del total de 17 votos emitidos, quedando así aprobada la comisión de seguimiento.
Es importante tener en cuenta que, Comfacor a vigencia del 27 de junio de 2019, contaba con un total de 7.337 empresas afiliadas, de las cuales el 0.23% de las empresas fue quien escogió la comisión, razón por la cual, la Caja rechaza que se utilicen términos como “representamos a los 6.800 empresarios de Córdoba, así como defenderle los derechos de los más de 500 empleados de la Caja”, teniendo en cuenta que el 99,77% de las empresas no decidieron sobre la creación de dicha comisión, no obstante la administración ha sido respetuosa de la decisión de la conformación de la misma y ha atendido las dos solicitudes de reunión que han requerido (13 de agosto 2019 y 12 de febrero de 2020), esto dentro del principio de transparencia que la administración de la Caja ha planteado en sus ejes estratégicos. Adicionalmente es importante precisar que no tenemos evidencia alguna que los trabajadores de la Caja sean representados por dicha Comisión, y menos a qué título actúan en la supuesta representatividad.
Resolución SSF N° 0722
Supuestas conductas delictivas:
Se hace referencia en la presentación que: “informes financieros sobre el proceso que se ha administrado la Caja el día hasta el día de hoy”, “Como ha venido transcurriendo el desfalco a la Caja como tal” afirmación grave que la administración de Comfacor exige sea probada por quien la hace y frente a la cual se hará el denuncio correspondiente, pues afecta el buen nombre de los administradores de la Caja. Adicionalmente, afirman de manera tendenciosa e induciendo a una comparación de graves actos delictuosos, como si en la actualidad se estuviese incurriendo en conductas punibles, haciendo referencia a “los carteles de las contrataciones, Hemofilia y muchos, hoy este problema de Comfacor va mucho más allá y que en última instancia no se le ha dado a conocer a la opinión publica la gravedad del problema que tenemos”. Por lo anterior, de manera enfática, la administración en cabeza de su director Jorge Orlando Bernal, reitera la exigencia de que éstos hechos sean probados e invita a que si tiene conocimiento de hechos delictivos ocurridos al interior de la Caja en la actual administración, los denuncien ante las autoridades competentes.
En relación con la afirmación de que el director se refiere a actuaciones en el día a día, y que no presenta una estrategia al salvamento de la misma, se puntualiza que, ésta afirmación es carente de sentido, pues gracias a la gestión y al establecimiento de un plan estratégico bien estructurado, por parte de la actual administración, se obtuvo la orden de liquidación forzosa del Programa de Salud, la cual fue vital para la Caja, ya que obliga a todos los acreedores del Programa de Salud a entrar a la liquidación y se suspendan los procesos judiciales en contra de la Corporación; así como el levantamiento de todas las medidas cautelares, pues de otra manera, si se hubiera ordenado la liquidación voluntaria la Caja ya se hubiera cerrado por los embargos y decisiones judiciales que la hubieran asfixiado para la operación, adicional que los acreedores no tendrían como acceder a recuperar los recursos que se adeudan de manera efectiva.
Se debe señalar además que sí existe un Plan Estratégico correspondiente a los años 2020 – 2024, fundamentado en tres pilares: Transparencia, Permanencia y Mejora Continua, el cual involucra el total de trabajadores de la corporación, siendo éste un aspecto primordial en el cambio de cultura corporativa, lo que nos lleva por adecuados senderos de hacer las cosas hoy, mejor que ayer.
A la fecha, se han presentado 12 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, en donde seis (6) de ellas, han sido radicadas directamente ante el despacho del Fiscal General Anticorrupción en la ciudad de Bogotá, de las cuales, cuatro (4) denuncias fueron ampliadas en el mes de septiembre de 2019. De igual manera, se hizo entrega a la Unidad que investiga delitos contra el Sistema de Seguridad Social en Salud, de información solicitada por el ente investigador.
Comfacor ha presentado cuatro (4) denuncias ante la Procuraduría General de la Nación, quienes se han desplazado a la sede administrativa de la Caja, para recopilar información en medios físicos y magnéticos, así como, para realizar entrevistas a algunos funcionarios de la Caja respecto a los hechos denunciados.
Comfacor ha presentado tres (3) denuncias ante la Contraloría General de la República, frente a presuntas irregularidades en ejecución de contratos en relación a la prestación de los servicios de Salud de la EPS Comfacor, para lo cual, el ente de control, ha solicitado en dos oportunidades información en medios físicos y magnéticos de todos los soportes de la contratación denunciada.
La administración actual ha dado traslado a la SSF Y SNS, informes que dan cuenta de las presuntas irregularidades encontradas con relación a la operación del Programa de Salud de la EPS Comfacor, para que inicien las investigaciones y se determinen las distintas responsabilidades en las situaciones que llevaron a la liquidación del Programa de Salud.
Para el mes de marzo de 2019, la Caja registraba noventa y seis (96) embargos a sus cuentas, bienes muebles e inmuebles que ascendían a la suma de $166 mil millones de pesos, éstos con relación a los pasivos dejados por la operación del programa de Salud en administraciones pasadas, lo cual presagiaba el cierre inminente de las operaciones de Comfacor.
En el transcurso del año 2019, se adelantaron gestiones con el fin de levantar las medidas cautelares, demostrando que los bienes inmuebles embargados fueron adquiridos con los recursos de Caja y no con recursos del Programa de Salud.
Así mismo, se manifestó a los despachos judiciales que las órdenes de embargo a los productos financieros de la Caja, vulneraron los derechos fundamentales de todos los afiliados a la Corporación, afectando los programas como, FOSFEC, FOVIS, FONIÑEZ, LEY 115 y demás, solicitando el levantamiento de las medidas. A su vez, se solicitó a los bancos las certificaciones requeridas con el fin de agilizar el desembargo de las cuentas, de igual forma se remitieron oficios a las diferentes ESES, que han iniciado procesos de jurisdicción coactiva en donde se les solicitaba el levantamiento de las medidas cautelares que habían decretado, teniendo en cuenta que, estas han sido aplicadas en cuentas bancarias que contienen recursos inembargables por ser de destinación específica.
Por último, se envió oficios a todos los Despachos judiciales notificándoles la intervención forzosa administrativa para liquidar el Programa de Salud de Comfacor, para que procedieran a la terminación de todos los procesos judiciales, junto con el levantamiento de medidas cautelares, y posteriormente la remisión de todos los expedientes.
Proceso de Liquidación EPS Comfacor:
Frente a la acusación hecha, acerca de que se están pagando pasivos de salud con recursos del 4% correspondientes al Subsidio Familiar, lo que a su juicio constituye un desvío que ha sido denunciado ante los entes de control, me permito aclarar, que contrario al señalamiento hecho de forma irresponsable, la CCF Comfacor a la fecha no ha efectuado pago alguno del pasivo de salud. Ello por varias razones:
i) Por expresa prohibición legal del artículo 65 de la Ley 633 de 2000, dado que no se puede subsidiar las actividades de salud con el recurso parafiscal del Subsidio Familiar
ii) Porque a la fecha se está tramitando un proceso de liquidación forzosa administrativa dispuesto mediante la Resolución SNS N°. 007184 de julio de 2019, de acuerdo con el cronograma aprobado por la Supersalud, y cualquier reconocimiento particular a uno o más acreedores, supondría la violación del principio de universalidad e igualdad de los mismos;
iii) Porque los pagos que demanda y exige la realización de un proceso liquidatorio, tales como la auditoría técnica, jurídica y financiera a las reclamaciones presentadas, la conformación del archivo de la liquidación y su custodia por 5 años y la propia sustanciación del proceso, son autorizados por el Decreto 2555 de 2010 como gastos de administración de la liquidación, por lo que se pagarán de preferencia respecto de cualquier otro crédito y no corresponden al pago de pasivo de salud.
Al inicio de proceso de liquidación del programa de salud, se tenían recursos disponibles por valor de $12 mil millones, de los cuales, $7.610 millones son de corto plazo y $5.160 millones de largo plazo. A la fecha se ha logrado recuperar $1.888 millones, por concepto de recaudo de cartera y $255 millones por recuperación de títulos judiciales.
Es relevante mencionar que, la Caja de Compensación también se presentó al proceso de liquidación del Programa de Salud como acreedor, con 8 tipos de acreencias por un monto superior a $33 mil millones y una acreencia indeterminada por los valores en que pudiesen incurrir en el proceso de liquidación en forma adicional, esto teniendo en cuenta la responsabilidad que nos asiste en la recuperación de los recursos que la EPS Comfacor le adeuda a la Caja en vigencias anteriores.
Se ha gestionado la recuperación de títulos judiciales, en especial uno de AXA Colpatria, por valor superior a $6.300 millones, el cual se encuentra en espera del giro; así mismo después de interponer tutelas se han venido levantando los embargos de las cuentas pertenecientes a la Caja de Compensación.
Con respecto a la asignación de presupuesto que tiene como propósito cubrir los gastos de administración del proceso de liquidación del Programa de Salud, se ha asignado el valor de $4.703 millones, de los cuales a 31 de diciembre de 2019 se han causado $1.430 millones, que incluyen la contratación del apoderado general, la unidad de gestión para desarrollar y ejecutar el proceso de liquidación del Programa de Salud, la gestión documental dentro del proceso y la auditoría de cuentas médicas.
Los recursos destinados para el pago de los gastos de administración del proceso de liquidación del Programa de Salud, tienen origen en el Programa de Salud, tal como se certifica por el Subdirector Financiero el 08 de agosto de 2019, donde menciona que existen $12 mil millones disponibles en Títulos de Capitalización, CDT´s, Cartera Multibanca y en diferentes cuentas de recaudo y cuentas maestras de los cuales, $7.610 millones son de corto plazo y $5.160 millones de largo plazo. Con base en ello la Agencia de Intervención expidió la resolución AEI 091 de agosto de 2019, mediante la cual se autorizó la contratación de una firma que ejecutara las actividades del proceso de liquidación.
Ahora bien, en materia financiera los recursos son dispuestos en cuentas maestras, en ese sentido y como un hecho sobreviniente al cierre del programa de salud y la certificación de los recursos que dio origen a los contratos del programa de salud en liquidación, las cuentas donde se encontraban los títulos de capitalización y CDT´s fueron objeto de embargos, por lo que fueron bloqueadas. En tal sentido, y mientras se adelantaba el proceso de levantamiento de embargos y obtención de los títulos, se dispusieron de manera temporal como lo regla la norma vigente para las Cajas de Compensación, unos recursos para cumplir con los compromisos establecidos dentro de los gastos de administración del programa de salud, por valor de $1.303 millones con corte a 31 de diciembre de 2019. Estos recursos son objeto de, una vez levantadas las medidas cautelares, ser incorporados en las cuentas maestras. Es necesario precisar que las actividades contratadas para llevar a cabo el proceso de liquidación son de obligatorio cumplimiento, las cuales se ciñen a lo definido en el cronograma aprobado por la Supersalud, que de no ejecutarse tienen implicaciones de orden legal para la Caja de Compensación.
Ahora bien, la ley de punto final es un paquete de medidas para hacer más eficiente el gasto en salud, con las que se busca sanear diferencias y deudas históricas entre los agentes del sector, garantizando el financiamiento del sistema de salud y generando mayor liquidez. Los recursos bajo este mecanismo van enfocados a la identificación y valoración de las posibles deudas del Gobierno Nacional y los departamentos, con las EPS y las IPS. A la fecha, se está a la espera que los entes territoriales adelanten los procesos de auditoría, los cuales llevan represamiento por años. Esto no quiere decir que por esta vía se vayan a obtener los recursos para el pago de la totalidad de la deuda del proceso de liquidación.
Gestión Administrativa – Planta personal EPS Comfacor
A fecha de 31 de enero de 2019 la EPS contaba con una planta de personal de 271 trabajadores, distribuidos en 6 departamentos del país así:
Mediante la resolución Nº 0299 del 31 de enero de 2019 el Superintendente Nacional de Salud ordenó la revocatoria total de la autorización de funcionamiento del programa de EPS Comfacor. Por lo anterior, la prestación del servicio de salud, se suspendió a partir del 01 de abril de 2019. Debido al estado de iliquidez e insolvencia en que se encontraba la CCF, se decide no prorrogar contratos laborales por tiempos iguales o superiores a un año y, de acuerdo con los análisis previos, al 31 de marzo de 2019, expiraron 129 contratos laborales sin costos de indemnización (48% de 271).
En abril de 2019, con el objetivo de optimizar los costos de personal, se terminaron 44 contratos laborales (31% de 142), 23 (52% de 44) por no prórroga del contrato y 21 (48% de 44) a través de indemnizaciones por la suma de $125 millones. De mayo a diciembre de 2019, con la dinámica del proceso de liquidación de la EPS y de acuerdo con las necesidades de reorganización de la CCF, se atendieron proyectos y procesos internos, garantizando, además, las condiciones de estabilidad laboral reforzada de los trabajadores con esta condición.
Al cierre de diciembre de 2019, contamos solo con 21 trabajadores de la EPS, clasificados así: 9 con condición de estabilidad laboral reforzada, 12 con actividades propias del proceso de liquidación de la EPS y procesos comunes de Caja, propias de la dinámica misma del proceso.
A continuación, presentamos la tendencia y los resultados de la gestión realizada con la planta de personal de la EPS en Liquidación.
Finalmente, a fecha del informe se tiene en la Caja reubicadas del programa de salud 60 trabajadores, lo que representa un 22% de 271 de la planta de personal que se tenía a enero de 2019, minimizando así el impacto social, que hubiese generado.
Contratación Comfacor
A raíz de las observaciones presentadas en el informe de Auditoria Interna en el mes de enero 2019, y el Informe Final de la Visita Ordinaria de la Superintendencia de Subsidio Familiar en el mes de marzo del mismo año, se evidenció que la contratación administrativa realizada durante vigencias anteriores no respondía a los principios de selección objetiva, transparencia y economía de la gestión contractual, toda vez que, el 90% de esta contratación se celebró bajo la figura de contratación directa, aduciendo la necesidad urgente de contratar servicios para la Caja, lo cual no permitía adelantar procesos de contratación bajo la concurrencia de distintas propuestas y oferentes.
Por lo anterior, se modificó el Manual de Contratación y se estableció que todos los procesos de contratación deben ser aprobados ante el Comité de Adquisiciones, instancia conformada por el Staff primario de la Caja y las áreas conocedoras del servicio a contratar, donde se analiza la pertinencia de la adquisición del bien o servicio y la selección de proveedores llamados a participar, garantizando que la escogencia de la mejor propuesta se haga con total transparencia y responda a la necesidad y a los intereses de la Corporación. Dicha modificación, fue aprobada por el Agente Especial de Intervención a través de la Resolución AEI 083 de 11 de abril de 2019.
Renovación de Afiliación de trabajadores beneficiarios de Subsidio Familiar
En atención a la visita ordinaria de la Superintendencia del Subsidio Familiar ordenada mediante Resolución SSF Nº 073 del 5 de febrero de 2019 y las directrices administrativas, y teniendo en cuenta los hallazgos de dicha auditoria, se dio inicio el pasado 10 de junio de 2019, al plan de trabajo de renovación de afiliaciones, a fin de que la totalidad de trabajadores afiliados a la Caja beneficiarios del Subsidio Familiar Monetario acreditaran las calidades de las personas a cargo por los cuales reciben cuota monetaria. Este Plan de trabajo, tiene como resultado que con corte a 18 de febrero de 2020, un total de 44.505 trabajadores afiliados y cerca de 88.830 personas a cargo, todos estos beneficiarios de subsidio familiar monetario han realizado el proceso de renovación de afiliación ante la Caja; lo cual se traduce en un porcentaje de avance del 89,9% frente a la línea base de proyecto que corresponde a 49.525 trabajadores obligados a realizar el proceso de renovación. Este plan de afiliación, le permitió a la Caja asegurar la correcta asignación de los recursos del subsidio familiar monetario, logrando validar el derecho y las calidades de cada uno de los beneficiarios de los trabajadores afiliados por los cuales se otorga este beneficio.
Cuenta de control contable de Comfacor
De acuerdo con las normas vigentes, las Cajas de Compensación están obligadas a establecer un fondo líquido por los subsidios girados no cobrados, a través de entidades bancarias, para garantizar dichos recursos a favor de los beneficiarios.
Debido a que, siendo fondos inembargables, fueron sujetos a embargo, la administración de turno en el año 2018, decidió mantener los recursos a partir de la vigencia de 2018 en la cuenta maestra de la entidad bancaria, única cuenta sobre la que no han podido surtir efectos las múltiples intensiones de embargo.
Durante la vigencia 2019, se mantuvo la decisión por las motivaciones antes expuestas.
Servicios Misionales de la Caja
1. Comfacor en la vigencia 2019 desarrolló programas y proyectos de gran impacto social para la población afiliada, beneficiarios y comunidad en general, alcanzando una cobertura de 330.955 personas que se beneficiaron de sus servicios sociales (Educación, Recreación, Cultura, Turismo), 123.982 de los servicios de la Agencia de Empleo Comfacor y 534 beneficiarios de los subsidios de vivienda, con una asignación de recursos por un valor de $4.952.270.903 del Fondo Fovis (recursos parafiscales del 4%) y $11.561.479.318 de recursos del gobierno, administrados y entregados por la Caja.
2. La Caja ha ido más allá de continuar ofreciendo sus servicios solo en Montería, por lo cual se abrieron en 2019 cinco (5) CIS (Círculos Integrales de Servicios) en los municipios de Planeta Rica, Sahagún, Montelíbano, Cereté y Lorica, llevando actividades a más de 12.000 personas, hechos sin precedentes en la historia de Comfacor.
CIS Lorica
CIS Planeta RIca
CIS Montelíbano
CIS Sahagún
CIS Cereté
3. Para la vigencia 2019, uno de los programas con mayor impacto social fue Jornada Escolar Complementaria – JEC, realizado con recursos de destinación específica del Fondo- FONIÑEZ- el cual se ejecutó en los municipios de Montería, Lorica y Sahagún por un valor aprobado de $4.967.600.700 (recursos del 4%), y una cobertura de 5.958 niños y jóvenes entre 7 y 15 años, representando un incremento con relación a la ejecución del programa para vigencia 2018 del 63%, generando un nivel de satisfacción general del 98.94% asociado a la buena utilización del tiempo libre, disminución de la deserción estudiantil, calidad de las actividades, mejoramiento de las relaciones interpersonales, mejoramiento de la conducta de los estudiantes en clase, entre otros aspectos.
4. Para la vigencia 2020, se proyecta incrementar la cobertura geográfica y poblacional del programa JEC con atención a 6.780 niños y jóvenes de estratos 1 y 2 del Sisben en los municipios de Montelíbano, Planeta Rica, Cereté, Sahagún, Lorica y Montería, y destinar un total de recursos de $5.987.060.562 del Fondo FONIÑEZ, aprobado mediante resolución AEI 113 de 12 de febrero de 2020.
5. La Administración actual en pro de mejorar la prestación de los servicios sociales, durante la vigencia 2019 inició el proyecto de Mejoramiento del gimnasio del Parque Recreacional Tacasuán, el cual se encuentra en un nivel de ejecución del 95% y se proyecta su finalización en el 2020.
1. Con referencia al proyecto de Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura existente de la Institución Educativa Comfacor, quedó expresa en la resolución AEI 076 de 28 de febrero de 2019, la imposibilidad de continuar con el proyecto debido a presuntas fallas en la planeación del mismo de acuerdo con el informe técnico elaborado por el Profesional Especializado y presentado por el Director Administrativo. Actualmente, se encuentran en desarrollo todas las actividades necesarias para el diseño, aprobación y puesta en marcha de un proyecto nuevo que responda a las necesidades de toda la comunidad estudiantil beneficiaria de este servicio.
Vale la pena precisar que los recursos se encuentran disponibles para la ejecución por valor de $5.163.924.393
2. Comfacor ha destinado un presupuesto para el funcionamiento de la Institución Educativa para la vigencia 2020, por un valor de $10.481.169.024 (costos y gastos) aprobado mediante resolución AEI 109 del 20 de diciembre de 2019.
3. Como parte de los recursos destinados para el mejoramiento de este Servicio Social, se proyecta ejecutar durante la vigencia 2020, $354.920.000 entre adecuaciones menores y dotaciones aprobados mediante resolución AEI -115 de 13 de febrero de 2020. Así mismo aclarar que se encuentra en funcionamiento en la Institución Educativa dos (2) salas de informáticas modernas para primaria y para el bachillerato con 20 computadores en cada una, dos portátiles y un tablero interactivo en cada sala, con el fin de buscar un mejor aprovechamiento y producción del conocimiento.
4. Para la vigencia 2020, se encuentran aprobadas mediante resolución AEI-115 de 13 de febrero de 2020, para el Parque Recreacional Tacasuán, $2.962.946.462 para dotaciones, ampliación y adecuación de infraestructura entre las que se encuentran: auditorios, taquilla y disposición de zonas para el esparcimiento, entre otras.
5. Para el servicio de Capacitación, la Caja tiene proyectado invertir alrededor de $302.332.794 en dotaciones para el mejoramiento de la prestación del servicio en la oferta educativa del Instituto de Formación y Capacitación IFC. Recursos que fueron aprobados mediante resolución AEI – 115 de 13 de febrero de 2020.
6. Como parte de la proyección estratégica de la Caja, en la extensión de los servicios a través de los CIS, se proyectó ejecutar para la vigencia 2020 $600.000.000 en adecuaciones y dotaciones en el local de propiedad de Comfacor en el municipio de Cereté, con el fin de ampliar la oferta de servicios y beneficiar a mas afiliados y a la comunidad en general de ese círculo, recursos que fueron aprobados mediante resolución AEI – 115 de 13 de febrero de 2020, así mismo, se proyectó dotar las oficinas en arriendo en los municipios donde funcionan los CIS por valor $27.766.000.
Solo me resta informar que, junto con El Agente Especial de Intervención, instauraremos las acciones penales e iniciaremos las demás actuaciones jurídicas a las que haya lugar, en defensa de nuestro buen nombre y de la reputación de la Corporación, así mismo, extenderles la invitación a todos los Empresarios a la Caja, a participar de la próxima Asamblea Ordinaria General de Afiliados, la cual se llevará a cabo en el mes de marzo, información puntual que se les hará llegar de manera oficial.

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 61
 artículo 23

Resolución 
e contrario
 artículo 65
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución