Source: https://www.derechoynormas.com/2013/
Timestamp: 2019-05-20 12:46:42+00:00

Document:
Del derecho y las normas: 2013
La Directiva de Conservación de Datos es incompatible con la Carta de los Derechos Fundamentales
Así se ha expresado el Abogado General del Tribunal de Justicia a propósito de las cuestiones prejudiciales planteadas en relación a la Directiva 2006/24/CE de conservación de todos los datos que se almacenan cuando se produce una comunicación electrónica.
Ya he venido comentando habitualmente las cuestiones que se plantean alrededor de la ley de Conservación de Datos y de la Directiva de la que trae origen, así como de varias de las resoluciones que sobre la misma se están produciendo en Europa.
En este caso se han acumulado varias cuestiones prejudiciales, entre ellas la austriaca secundada por más de 11.000 ciudadanos.
Aunque estas conclusiones no marcan el fallo que el tribunal puede emitir, sí que son interesantes por el cuestionamiento de una de las medidas que se emplean para la persecución de los delitos que se cometen en internet.
En sus extensas consideraciones, el abogado general, concluye que la retención de todos los datos relacionados con la comunicación (números de teléfono de origen y destino, direcciones de emails, datos de IP, etc.) es contraria al artículo 52.1 de la Carta de Derechos Fundamentales que dispone:
"1. Cualquier limitación del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la presente Carta deberá ser establecida por la ley y respetar el contenido esencial de dichos derechos y libertades. Dentro del respeto del principio de proporcionalidad, sólo podrán introducirse limitaciones cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás."
Lo que falla, según el Abogado General, es que la redacción de la Directiva no concreta adecuadamente los principios que deben regir para el acceso y uso de los datos.
Es importante que se establece, sin ningún género de dudas, que estamos ante una intromisión en los derechos fundamentales de los ciudadanos por el mero hecho de la recopilación de información.
Entre las medidas que hubiesen sido necesarias, considera que el legislador comunitario debió indicar que el acceso se hiciese sólo por autoridades judiciales, con mayor precisión que el concepto delitos graves, la posibilidad de excepciones o accesos más estrictos (historia clínica o secreto profesional, por ejemplo), reglas de destrucción de los datos pasado ese tiempo e incluso derecho a la información al afectado sobre accesos a su información.
Es decir, la conservación de datos sirve a un buen fin (perseguir e investigar delitos) pero no puede hacerse de cualquier manera.
Entre otras cosas destaca, como algo negativo, que el hecho de que sean empresas privadas quienes almacenen los datos pone en riesgo el uso de los mismos para fines diferentes, pero la alternativa es que los tengan los estados (ya vemos como funcionan con estas informaciones) y en consecuencia lo paguen los ciudadanos vía impuestos.
Además considera desproporcionado el periodo de conservación (2 años como máximo) y por lo tanto también incompatible con la Carta. Dice que ningún argumento a favor de considerar no desproporcionado el periodo de 2 años le ha convencido, por lo que considera que superar el año de conservación es incompatible.
En este sentido, la ley española sí respetaría ese límite, ya que el periodo de almacenamiento es de año.
Consciente de los trascendentes efectos de una sentencia estimatoria de su posición, el Abogado General no pide la anulación automática de la Directiva, si no que solicita que se suspendan los efectos de la declaración de invalidez hasta que el legislador de la UE subsane las deficiencias.
Además deberá considerarse la situación nacional de cualquier ley de trasposición, sin que esta declaración anule las adoptadas.+
En lo que afecta a la Ley 25/2007, nuestra LCD, es cierto que no supone su nulidad, aunque sí adolece de muchos de los problemas planteados (sobre todo en las limitaciones y no digamos nada de la definición de delito grave que se ha generado por los tribunales) puesto que su trasposición fue casi directa.
El plazo de conservación es adecuado y cumpliría con el juicio de proporcionalidad planteado por el Abogado General, pero el resto de su contenido sí generan dudas reales, lo que motivaría su revisión siguiendo esos principios.
Pero sobre todo es relevante a los efectos de dos reformas, una inminente, de leyes que están en marcha.
En primer lugar, a mi juicio, con estas consideraciones la reforma de la LPI que extiende al ámbito civil sólo para cuestiones de propiedad intelectual la determinación de la IP sería contraria a la Carta de Derechos, por ser una injerencia en un derecho fundamental excesiva con los fines planteados.
Y en segundo lugar, las modificaciones planteadas por el código Procesal Penal, que extienden a todo el ámbito de internet y para cualquier delito (con independencia de la pena) el acceso a la recopilación de datos suponen una desproporción evidente.
Veremos lo que resuelve el TJUE en su sentencia, pero de seguir estas conclusiones se prevé un interesante movimiento en materia de conservación de datos.
Publicado por Unknown a las 12:55 0 comentarios Vínculos
Etiquetas: Conservacion datos, Derecho, leyes
Mucho han cambiado en los más de 10 años de existencia las mismas, desde aquellas primeras, fundamentalmente en lo que a su uso en legislaciones fuera de Estados Unidos se refiere.
Y en este sentido tenemos una de las principales novedades, la vocación de que las licencias sean directamente aplicables en la mayoría de las jurisdicciones, para de esta forma evitar las adaptaciones a las leyes de más de 60 jurisdicciones.
Ahora las licencias serán traducidas y dicha traducción será oficialmente respaldada por Creative Commons, con el fin de que los usuarios puedan leer y entender las mismas en su idioma local.
Sin duda este es uno de los grandes retos afrontados, puesto que los conceptos, a pesar de armonizaciones y tratados internacionales, no siempre son iguales en todos los países o las leyes locales llevan retraso respecto de su adopción.
Publicado por Unknown a las 11:45 0 comentarios Vínculos
Las Cookies como programas para hacer que se aplique la LOPD
Ayer por la noche en el programa de televisión "Salvados" de la Sexta, bajo el título "Nos Espían", se mostraron muchas cuestiones relacionadas con el tratamiento de información por ordenadores. Seguramente demasiadas cuestiones y con algo de falta de contexto y análisis de cada una de ellas.
Entre los informáticos que seguían por Twitter el programa, produjo bastante sorpresa la afirmación del Director de la Agencia de Protección de Datos de que las cookies eran "pequeños programitas".
Evidentemente las cookies no pueden considerarse un programa informático, ni pequeño ni grande, pues son simplemente un archivo que se se escribe en el ordenador del usuario cuando visita una página web. No hay código en el archivo, ni se ejecuta, ni realiza nada más que el mero almacenamiento de la información que en él se escribe.
Pero la razón de referirse a las cookies en estos términos, es estrictamente jurídica y deriva de la necesidad de suplir por la vía interpretativa la errónea redacción de la Directiva 95/46/CE respecto de su ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación es lo que determina a quien y en qué circunstancias se aplica la ley. Por lo tanto, quedar fuera implica no tener que cumplir sus previsiones.
Publicado por Unknown a las 8:30 0 comentarios Vínculos
Etiquetas: Constitución, Derecho, LOPD, Protección de Datos
Caso Bajatetodo.com: Enlaces, comunicación pública y poca claridad
Se ha conocido, según publica el diario "El Mundo", la noticia de la condena a 18 mese de prisión al responsable de la web "bajatetodo.es", más multa de 20 meses a razón de 12 euros diarios de cuota y la inhabilitación especial para cualquier actividad "relacionada con la creación y gestión de páginas web", en lo que probablemente sea uno de los aspectos más novedosos de la sentencia.
La sentencia (pdf) [gracias a Sergio Carrasco] declara que los hechos son constitutivos de un delito continuado contra la propiedad intelectual recogido en el artículo 270.1, 272 y 74 del Código Penal.
El juzgado analiza si se había comunicación pública, según se define en el artículo 20 LPI, de las obras de los denunciantes.
Y aunque el acusado manifestó que:
"en ningún caso descargaba los archivos a sus servidores y se limitaba a reseñar una serie de contenidos que cualquier usuario podría encontrar en las páginas que se utilizan para compartir archivos como E-mule o Bit-Torrent, efectuando una simple labor de intermediación [...]"
Razona la sentencia que esa conducta ha venido a ser valorada en algunas resoluciones al amparo de valorarlo como una simple labor de intermediación, pero que dada esa corriente jurisprudencial que exime de responsabilidad cuando no hay conocimiento efectivo, en este caso debe examinarse si la labor realizada por el acusado no era neutral.
Duda el juzgado de que la conducta del titular de la web sea incardinable en el artículo 17 LSSI (que regula la exención de responsabilidad de los servicios de intermediación) considerando que, al igual que en el caso de "divxonline.info", estamos ante un supuesto del artículo 15 de la LSSI, por la copia temporal de los datos.
La redacción de la sentencia, al igual que en la del caso anterior, no deja nada clara la conducta en que consiste la comunicación pública por la que se condena, pues no se sabe si el responsable cogía los enlaces de otro sitio y los colocaba en su web o qué es lo que hacía.
El párrafo es, a mi juicio, de una mejorable redacción para entender si el acusado comunicaba públicamente obras o sólo enlazaba: (intenten descifrarlo)
"Se mantiene pues en dicha resolución ["divxonloine.info] que en dichas circunstancias no sería de aplicación el contenido del artículo 17 de la LSSI sino que dichos actos serían subsumibles en el contexto establecido por el artículo 15 de la LSSI: Los prestadores de un servicio de intermediación que transmitan por una red de telecomunicaciones datos facilitados por un destinatario del servicio y, con la única finalidad de hacer más eficaz su transmisión ulterior a otros destinatarios que los soliciten, los almacenen en sus sistemas de forma automática, provisional y temporal, no serán responsables por el contenido de esos datos ni por la reproducción temporal de los mismos, si:a) No modifican la información.b) Permiten el acceso a ella sólo a los destinatarios que cumplan las condiciones impuestas a tal fin, por el destinatario cuya información se solicita.c) Respetan las normas generalmente aceptadas y aplicadas por el sector para la actualización de la información.d) No interfieren en la utilización lícita de tecnología generalmente aceptada y empleada por el sector, con el fin de obtener datos sobre la utilización de la información, y e) Retiran la información que hayan almacenado o hacen imposible el acceso a ella, en cuanto tengan conocimiento efectivo de: 1.º Que ha sido retirada del lugar de la red en que se encontraba inicialmente. 2.º Que se ha imposibilitado el acceso a ella, o 3.º Que un tribunal u órgano administrativo competente ha ordenado retirarla o impedir que se accedaa a ella", aimismo que esta actuación es un acto de información que incumple las condiciones generales de una página de intercambio de archivos y creando paralelamente una página web de descarga directa (albergando en su servidor enlaces a obras concretas y determinadas), efectuando una labor de clasificación y reseña constituyéndose como una labor técnica imprescindible para que cualquier usuario pueda efectuar la descarga directa de un archivo, siendo responsable tanto desde la esfera de la LSSI como de la Ley de Propiedad Intelectual, por dicha actuación, al lesionar derechos de propiedad intelectual de terceros, al erigirse en un acto de comunicación pública de unas obras respecto de las que no se ha realizado, en ningún caso el abono de los derechos de autor, y de forma análoga, quien accede a ella tampoco tiene autorización de los titulares, ni ha efectuado abono alguno de dichos derechos."
Por lo que parece entenderse, y siempre que hay una condena estamos con sentencias de complicada lectura, se considera que la labor de clasificación es una acto de comunicación, que no es el habitual de las páginas de intercambio de archivos.
Es decir, parece querer explorar la vía no del conocimiento efectivo, sino de la comunicación pública por la clasificación y reseña de los enlaces y los contenidos enlazados, creando un híbrido ciertamente extraño.
Cuanto más sencillo hubiese sido seguir al Tribunal Supremo sobre el conocimiento efectivo y declarar la responsabilidad por la vía del artículo 17, puesto que no puedo compartir que un enlace equivalga a la información temporal a que se refiere el artículo 15 LSSI.
No creo que un enlace sea incardinable en ese artículo, entre otras cosas porque el 17 está especificamente creado para los enlaces y se titula "Responsabilidad de los prestadores de servicios que faciliten enlaces a contenidos o instrumentos de búsqueda".
También equipara "web de descarga directa" a web que "alberga en su servidor enlaces de obras concretas y determinadas". Con lo que vemos que no tenemos una correcta definición de los servicios y no da la sensación una perfecta interpretación de los hechos.
Respecto del ánimo de lucro, pues poco que decir, se constata que tenía publicidad y se aprecia la existencia del requisito.
En cualquier caso, una sentencia más que condena, pero sin que podamos afirmar categóricamente la consideración del enlace como acto de comunicación pública, al menos, no es sencilla de entender, como el resto de las condenatorias, insisto.
Publicado por Unknown a las 16:52 0 comentarios Vínculos
Etiquetas: Delitos, Derecho, LPI, Propiedad Intelectual, Responsabilidad
Obligaciones de colaboración del Código Procesal Penal, ¿pesadillas para los administradores de sistemas?
Decíamos ayer, que se ha prestado poco interés a la propuesta de ciertas obligaciones de colaboración en el borrador de nuevo Código Procesal Penal (pdf).
Como decía, se introducen dos obligaciones con el fin de que en el curso de una investigación se puede hacer un registro de equipos y sistemas informáticos.
Así el artículo 350 establece que:
"El Tribunal de Garantías podrá autorizar, a petición razonada del Ministerio Fiscal, la utilización de datos de identificación y códigos, así como la instalación de un software, que permitan, de forma remota y telemática, el examen a distancia y sin conocimiento de su titular o usuario del contenido de un ordenador, dispositivo electrónico, sistema informático"
Por un lado la instalación de "troyanos" y por otro el acceso mediante contraseña y usuario.
Dichas medidas en la práctica serían de muy difícil ejecución en muchos supuestos, es por ello que se establece una obligación de colaboración muy amplia con el fin de que la medida adoptada sea efectiva.
De este modo el artículo 351 regula el deber de colaboración y dice :
1.- Los proveedores de acceso o servicios telemáticos y los titulares o responsables del sistema informático o base de datos objeto del registro están obligado a facilitar a los agentes investigadores la colaboración precisa para la práctica de la medida y el acceso al sistema.
Asimismo, están obligados a facilitar la asistencia necesaria para que los datos e información recogidos puedan ser objeto de examen y visualización.
2.- Las autoridades y los agentes encargados de la investigación podrán ordenar a cualquier persona que conozca el funcionamiento del sistema informático o las medidas aplicadas para proteger los datos informáticos contenidos en el mismo que facilite la información que resulte necesaria para el buen fin de la diligencia.
Por lo tanto, obligados a colaborar en la instalación del software serán desde cualquier persona con conocimientos a los responsables del sistema informático, evidentemente cuando se trate de terceros (proveedores de hosting, etc.)
Pero puede darse el caso del administrador de sistemas de una empresa que se enfrente a una petición de este tipo porque se investiga, por ejemplo, blanqueo de capitales, en las cuentas de la sociedad para la que trabaja.
En principio, con esta redacción, la obligación de colaborar es clara y deberá facilitar el acceso, pero ¿ello no podría suponer un conflicto con el derecho de defensa de la empresa? Recordemos que ahora hay responsabilidad penal de las personas jurídicas.
En una entrada y registro a nadie se le obliga a decir donde esconde las cosas, es la Policía quien debe encontrarlo. Pero, ¿y si puedo obligar al informático a que me proporcione acceso a todo?
Por supuesto que si el administrador detecta una entrada no autorizada al sistema, sin tener conocimiento de que se está llevando una investigación judicial, ninguna responsabilidad tendría por repeler o impedir ese "ataque". De hecho no tiene porqué conocer el origen de la intrusión.
Pero el problema se plantea cuando es requerido para colaborar directamente.
Además, no sólo se debe facilitar el acceso sino incluso colaborar para que los datos sean comprensibles. Entiendo que indicando formatos adecuados, etc.
Y, como se dispone en el párrafo segundo, la obligación de colaborar se extendería a cualquiera que conozca el funcionamiento del sistema. Podríamos incluir al "pringao" o al técnico al que se lleve el ordenador a reparar.
Supone esta redacción ponerse al servicio de un agente para facilitar la entrada en un sistema ajeno, ya que no es requisito según ese segundo párrafo ser propietario o responsable del sistema, sólo tener conocimiento.
¿Que pasaría con un hacker?¿Tendrán los hackers obligación de colaborar con la policía?
En definitiva, una medida que sin duda facilita las investigaciones, pero que presenta aristas muy importantes que deben contemplarse y que sin duda pueden plantear importantes quebraderos para los administradores de sistemas, como plantearon en las III de informática judicial al abordar este tema.
Publicado por Unknown a las 9:00 0 comentarios Vínculos
Etiquetas: Constitución, Delitos, Derecho, Procesal, Responsabilidad
Fin de los servicios electrónicos seguros con el Código Procesal Penal
En junio de este año se divulgó un borrador de nuevo Código Procesal Penal (pdf) que tuvo mucha repercusión en lo que a la informática se refiere por la posibilidad de que la Policía, en el marco de una investigación criminal, instalara "troyanos" en los ordenadores que usasen los sospechosos.
Pero hay otra medida, al margen de esa posibilidad de examen remoto, que puede ser determinante para que quien se plantee ofrecer desde España servicios seguros de comunicaciones o alojamiento de datos seguros se olvide de ello.
El artículo 350 del CPP establece que:
Es decir, que la Policía podrá tener acceso a las contraseñas e identificaciones de usuario con el fin de, por ejemplo, analizar el contenido de un servidor. Imaginen lo que puede suponer esto para un servicio de hosting radicado en España.
Estos datos para el acceso, se pueden obtener de muchas vías, por ejemplo porque el usuario los tenga anotados en un post-it pegado a la pantalla, pero también porque el CPP establece una obligación de colaboración.
Así, el artículo 351 regula el deber de colaboración y dice:
Es decir, por mucho que yo quiera ofrecer un servicio de almacenamiento de datos cifrado tengo obligación de proporcionar contraseñas y usuarios para el acceso.
Con independencia de que un sistema sea, o no, cien por cien seguro, lo cierto es que esta obligación debería plantear problemas incluso con el propio diseño del servicio, imposibilitando sistemas que almacenen las contraseñas de tal manera que no se puedan acceder por el prestador.
Cambiar la contraseña no sería suficiente porque el usuario investigado podría darse cuenta y el secreto es una de las claves.
Así, quien proporcione el servicio tiene que estar en disposición de proporcionar acceso a la Policía para la investigación de delitos de "especial gravedad".
Por ejemplo, servicios como el que prestaba Lavabit, en España difícilmente serían sostenibles.
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Etiquetas: Constitución, Consumidores, Delitos, Derecho, leyes, Normas
Hoy se publica lo que ya se intuía que sucedía; que la Agencia de Seguridad Nacional, o NSA, de los Estados Unidos realiza una recopilación masiva de datos de las comunicaciones electrónicas que se generan cada día.
Según publica el diario "El Mundo":
"Dicho espionaje no registra el contenido de las llamadas, sino el número de serie de los aparatos que se comunican, el lugar donde se encuentran, el número de teléfono de las tarjetas SIM usadas y la duración de la llamada."
Es decir, estaríamos ante un caso en el que lo que se obtienen son únicamente lo que se conoce como datos de tráfico. La noticia ha despertado mucho revuelo, abriendo varios informativos, y son varias las cuestiones jurídicas que nos puede plantear su conocimiento.
En primer lugar hay que dejar sentado que no hablamos, por lo publicado, de contenidos de las comunicaciones, sino de meros datos de tráfico, por lo que no se habría violentado el derecho al secreto de las comunicaciones. (Cierto es que tengo dudas de que en algunos casos no se haya ido más allá, pero no es lo publicado).
Los datos de tráfico, como el número de teléfono, duración de la llamada, destino, ubicación aproximada, etc, son datos que se generan por el propio hecho de la comunicación. Estos datos son tratados por las operadoras para la prestación del servicio desde hace años.
El problema es que estaba en que no todas las operadoras de red conservaban los datos un periodo de tiempo uniforme, de tal manera que cuando había un procedimiento judicial a veces estaban y a veces no. Para armonizar las reglas de la conservación de esos datos se dictó una Directiva (2006/24/CE) que finalmente dio lugar a la Ley 25/2007 de Conservación de Datos que es la que en España regula qué pasa con esos datos.
Es decir, en España (y Europa) con la ley en la mano ya se recopilan todos esos datos por parte de las operadoras. El problema, como los seguidores del blog saben, es que esos datos sólo se ceden a las autoridades judiciales en el caso de la investigación de delitos graves y previo mandamiento judicial.
Pero, ¿pueden obtener esos datos las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado o las agencias de inteligencia esa información al margen de las operadoras de telecomunicaciones?
Pues en principio no hay problema, en base a muchas sentencias en las que el Tribunal Supremo ha resuelto, casi siempre en casos de pornografía infantil en redes P2P, que la dirección IP es un dato de una conexión que el usuario al compartir el archivo difunde públicamente, por lo que no está sometida a principios de secreto o reserva, pudiendo la policía recopilarla libremente para la investigación de delitos. (Por ejemplo STS 9 mayo de 2008)
Y el Supremo dice, como en esa sentencia, cosas como:
a) los rastreos que realiza el equipo de delitos telemáticos de la Guardia Civil en Internet tienen por objeto desenmascarar la identidad críptica de los IPS (Internet protocols) que habían accedido a los "hash" que contenían pornografía infantil. El acceso a dicha información, calificada de ilegítima o irregular, puede efectuarla cualquier usuario. No se precisa de autorización judicial para conseguir lo que es público y el propio usuario de la red es quien lo ha introducido en la misma. La huella de la entrada -como puntualiza con razón el Mº Fiscal- queda registrada siempre y ello lo sabe el usuario.
En su momento discrepé con esta valoración del TS, puesto que poner una IP no es un acto voluntario, es un acto necesario para la comunicación y en la práctica equivale a que cualquier dato que se genera por el tráfico de comunicaciones es público para quienes pueden acceder a la red.
Así los rastreos sólo afectan a datos públicos de Internet no protegidos por el artículo 18.1 o el 18.3 de la Constitución.
Sucede, en este caso de la NSA, que ellos sí pueden acceder a la red de comunicaciones para ver qué datos se mueven por ahí (aunque repito, no el contenido) por lo tanto, ¿legitima el Tribunal Supremo esa recopilación, esa monitorización?
Personalmente no, puesto que no se hace para una investigación concreta o por un hecho determinado, como era el caso de identificar a alguien que estaba difundiendo contenidos ilícitos, de lo contrario la vigilancia y monitorización masiva no cumple los requisitos de proporcionalidad exigibles en un estado de derecho.
Y ¿habría vía para el reproche a la NSA en el ordenamiento jurídico español?
En principio sí, aunque con matices dependiendo de si se hace con medios situados en España o no. Si emplea medios en España (no es territorio español su embajada) estamos hablando de que esos datos, en lo que a sus obligaciones de tratamiento se les considera sujetos a las reglas de la LOPD (art 8.1 LCD):
"Los sujetos obligados deberán identificar al personal especialmente autorizado para acceder a los datos objeto de esta Ley,adoptar las medidas técnicas y organizativas que impidan su manipulación o uso para fines distintos de los comprendidos en la misma, su destrucción accidental o ilícita y su pérdida accidental, así como su almacenamiento, tratamiento, divulgación o acceso no autorizados [...]"
Por lo tanto la NSA debería cumplir con las previsiones de la LOPD (y sí, me suena un poco raro esto...) pues esa recopilación se haría sin cumplir las previsiones legales. Tampoco la LOPD responde qué pasa cuando es una agencia de otro país quien recopila los datos para fines policiales, como puede ser por el artículo 22 LOPD para el caso de la Policía Española (de rango de norma ordinaria, no orgánica y que queda bajo el criterio de la LCD).
Tampoco veo que recopilar esa información de la red pueda considerarse delito, porque las conductas que se tipifican bajo el descubrimiento y la revelación de secretos, si los hechos son como se cuentan, no encajan perfectamente en los tipos de los artículos 197 y siguientes:
El artículo 197.1 porque requiere apoderarse de las comunicaciones, pero como hemos visto no es el caso, esos datos serían "públicos", pero no se accede al contenido.
El artículo 197.2 se refiere a apoderarse de datos reservados de carácter personal o familiar, que tampoco es el caso, porque no serían reservados.
Y el artículo 197.3 tampoco parece encajar porque implica que se acceda a datos contenidos en un sistema, y aquí parecen estar fuera.
Como vemos, penalmente poco reproche encuentra en nuestro Código Penal la conducta de la NSA, como mucho estaríamos ante una cuestión administrativa de la Agencia de Protección de Datos, pero no creo que por esa vía veamos especial determinación.
Estamos más ante un caso de responsabilidad política, de capacidad de proteger las comunicaciones de los ciudadanos que ante un tema con relevancia jurídica, pues no tenemos los mecanismos adecuados, y considerando que las Agencias de Inteligencia, por lo general, deben trabajar en el límite de lo permitido y eso es algo aceptado, y practicado, por todos los estados.
En cualquier caso, no creo que estemos ante un supuesto de espionaje (no hay acceso a las conversaciones o mensajes) sino un caso de monitorización del tráfico, pero que considero ilegítimo y contrario al contenido del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece:
La monitorización masiva de ciudadanos anónimos, antes de la más mínima sospecha de acción ilícita no parece encajar muy bien con esto.
Publicado por Unknown a las 15:30 0 comentarios Vínculos
Etiquetas: Conservacion datos, Constitución, Consumidores, Delitos, Derecho, Protección de Datos, Responsabilidad
Publicado por Unknown a las 17:00 3 comentarios Vínculos
Publicado por Unknown a las 11:30 2 comentarios Vínculos
A este paso se va a convertir en una profesión de riesgo mantener un dominio ".es"
Si ya ha habido polémica por la normativa sobre cancelación de dominios ".es" y su aplicación a casos como "sareb.es", la propuesta de modificación de la Ley General de Telecomunicaciones (pdf) viene a añadir una nueva amenaza frente a la titularidad de los dominios ".es"
Etiquetas: Administración, dominios, leyes, Propiedad Intelectual
Publicado por Unknown a las 19:30 15 comentarios Vínculos
Las amenazas vía twitter y los requisitos de la amenaza
Estos días está siendo noticia la denuncia pública, y al parecer ante la fiscalía, de la alcaldesa de Cádiz por amenazas de muerte recibidas a través de Twitter a raíz de un comentario realizado en una rueda de prensa en la que dijo que:
"Tanto Twitter y tanta opinión, oiga, que aquí lo más llamativo para esta alcaldesa es que hay gente que viene a pedir ayudas al ayuntamiento, social, para comer y resulta que tienen una cuenta en Twitter. Que yo sepa eso cuesta dinero, ¿no?
Tras este comentario, se sucedieron todo tipo de respuestas sobre la gratuidad o no del servicio de Twitter, y al parecer varios de los mensajes incluían amenazas de muerte contra la alcaldesa.
Personalmente no comparto este tipo de mensajes, ya que no aportan nada, pero hay que ver si realmente estamos ante un delito de amenazas o no.
Las amenazas se castigan en el Código Penal, artículos 169 y siguientes, y el tipo básico sería el siguiente:
Como vemos, existe no sólo un castigo para quien amenace a otro con causarle o la muerte o lesiones, y además la pena se agrava para el caso de que se realice por internet, por lo que a estos efectos el hacerlo vía Twitter implicaría ese agravamiento de la pena.
Ahora bien, para que pueda hablarse de un delito de amenazas es necesario que esta tenga un efecto sobre la libertad de quien la recibe (recordemos que este delito se encuadra en el Título VI Delitos contra la Libertad) no bastando la mera expresión del deseo de un mal.
Sólo las amenazas graves constituyen delito (las leves serían una falta) y requieren que esta sea firme, directa, dirigida a persona o personas concretas y que se concrete en el anuncio de un mal futuro, injusto, determinado y posible, y así lo ha expresado en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo.
"La diferencia entre el delito y la falta se ha de discernir atendiendo a la mayor o menor gravedad del mal pronosticado y a la mayor o menor seriedad y credibilidad del anuncio del mismo, habiendo de valorarse la amenaza en función de la ocasión en que se profiere, personas intervinientes y actos anteriores, simultáneos y posteriores relacionados con las expresiones amenazantes, (SS. de 11.1 y 23.4.77, 4.12.81, 20.1.81, 23.4.90, 14.1.91 y 22.7.94, y 832/98 de 7.6)." STS de 12 de junio de 2000"
La credibilidad es un elemento esencial en este caso, ya que si la amenaza no es creíble no estaríamos ante un delito, STS de 13 de diciembre de 1999:
"[...] carece de las notas de seriedad, inmediatez y credibilidad en la efectiva realización de un mal grave, que configuran la gravedad determinante de la sanción de la amenaza como delictiva."
Parece complicado que, por muy exageradas o reprochables, estos anuncios vía Twitter a un personaje público sean constitutivos de un delito de amenazas en su configuración actual, pues realmente tampoco provocan que la denunciante altere sus hábitos o se vea coaccionada en su libertad para desarrollar su acción política o personal.
Además estaría el problema de identificar al autor de los comentarios, si hay que hacerlo vía IP, por no ser delitos graves...
Desde luego no comparto insultar, ofender o dirigir este tipo de comentarios contra quien no se está de acuerdo, pero no está de más recordar, sobre todo a los comentaristas del debate político, que las cuestiones jurídicas (y en particular las penales) tienen un fondo conceptual que difiere del lenguaje cotidiano y que puede dar pie a equívocos que acaban minando la confianza en la justicia.
También es posible que estando como estamos en mitad de una reforma a fondo del Código Penal, se modifique el tipo penal para ampliar el tipo en función de las necesidades "mediaticas"...
Publicado por Unknown a las 9:00 4 comentarios Vínculos
Etiquetas: Delitos, Derecho, Normas, Responsabilidad, Twitter
Comenté hace un tiempo como, de acuerdo a la legislación procesal, debían aportarse los correos electrónicos en un procedimiento judicial.
Hay otro elemento, cada vez más común que a mi juicio, tampoco es habitual que se aporte correctamente en los procedimientos. Son las fotografías que se toman para demostrar un hecho concreto.
Así, hoy en día, es muy común que a cualquier escrito se acompañe una fotografía del estado de la obra, de los daños producidos, etc.,, con el fin de demostrar ciertas circunstancias en un determinado momento.
Pero tenemos los mismos problemas que respecto del correo electrónico, su aportación como documento impreso puede (y debería) ser impugnada puesto que tan importante como la propia realidad reproducida puede ser la información que obtiene el dispositivo de captura (hora de disparo, posición GPS, etc.) así como garantizar la no manipulación de lo reflejado.
Aportar la imagen impresa ayuda a una más fácil comprensión de lo expuesto por la parte, pero hacer esta aportación sin el archivo digital es lo que no debería admitirse.
El problema sobre la naturaleza de la prueba es similar al del correo electrónico, es una prueba documental porque así lo señala la Ley 59/2003 de Firma Electrónica:
Por lo tanto si el documento en origen es electrónico (apenas se hacen fotografías analógicas o se revelan) lo razonable es aportarlo así al procedimiento y tratarlo como documento (aunque sea electrónico).
Es cierto que puede existir un problema en la forma de aportación en el caso de archivos de vídeo, puesto que la LEC indica que estos deben ser aportados señalados de una manera diferente, como medios de reproducción de la imagen, y que esto debería solucionarse con una modificación de la ley, pero en el caso de fotos no hay duda que estamos ante un documento privado.
Si la foto impresa es impugnada poco podrá hacerse para que sea admitida, ya que al ser un documento electrónico lo que sirve es su original, el documento con toda la información asociada, habiendo precluido la posibilidad de aportarlo en un momento posterior y dejándonos sin ese elemento probatorio que, según el caso, puede ser muy importante.
Publicado por Unknown a las 9:02 2 comentarios Vínculos
"El borrador de decreto de autoconsumo que el Ministerio de Industria ha remitido a la Comisión Nacional de Energía (CNE) contempla un nuevo peaje denominado “de respaldo” por el que se cobrará por la energía generada y consumida en el mismo edificio, es decir una energía que no ha salido a la red pública y por tanto no la ha utilizado."
Lo primero que llama la atención es que no se disponga del citado borrador, ya que el coste para el medio es nulo, un simple enlace a un pdf bastaría. Pero bueno, que sea una costumbre que no me guste no invalida la noticia.
Lo que dice es eso, que el Decreto de Autoconsumo contempla un peaje de respaldo por el que se cobrará por la energía que el usuario genere por sus propios medios.
Publicado por Unknown a las 21:00 16 comentarios Vínculos
Etiquetas: Absurdo, Administración, Consumidores, Derecho, leyes
Un ministro cobra dinero de su partido, ¿pasa algo?
En estos días de papeles, declaraciones, silencios y rumores, han salido a la luz documentos que según quien los publica demuestran que varios de los miembros del gobierno de Aznar cobraron retribuciones adicionales a las propias por su pertenencia al gobierno.
Entre ellos el actual presidente del gobierno.
Con independencia del reproche moral, ético o político que ello pueda causar, debemos analizar qué implicaría jurídicamente este hecho.
En el momento en que se produjeron los hechos, entre los años 1997 y 1999 (según El Mundo) estaba vigente la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de Incompatibilidades de los Miembros del Gobierno de la Nación y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado. (Estuvo vigente hasta 2006).
Esta ley disponía, en su artículo 2, que:
Por supuesto hay excepciones, en los artículos 3 y 4, y que comprenden el cobro por conferencias y propiedad intelectual o la posibilidad de cobrar dietas o gastos de desplazamiento, asistencia, etc.
Lo primero sería ver si los pagos recibidos provienen de alguno de los sitios que prohíbe la Ley (los presupuestos de las administraciones públicas o entidades vinculadas o dependientes o si vienen de una actividad privada) lo que nos mete de lleno en la naturaleza jurídica de los partidos políticos, es decir qué son los partidos. Si el partido entrase en alguna de esas categorías el pago no estaría permitido.
La cuestión no es sencilla, y recomiendo leer este trabajo (pdf) sobre la cuestión.
La conclusión a la que llega es la siguiente:
"De esta forma, nuestra propuesta particular [ante la no claridad legal y el no acuerdo entre doctrina y jurisprudencia] sería considerar a las formas políticas de partido como entidades privadas no lucrativas de base asociativa que desempeñan funciones públicas sociales e institucionales extremadamente relevantes [...] pero que, no obstante, no desvirtúan dicha naturaleza privada primigenia"
Es decir, que esos pagos podrían derivar del ejercicio de una actividad privada, lo que choca con el artículo 2 antes citado.
Por lo tanto, el dinero no debería haberse cobrado.
Y si se hace algo contra el contenido de una norma hay que ver cual es la consecuencia jurídica y saber qué pena procedería imponer a quien quebranta la misma.
En este caso podríamos hablar de una infracción grave, artículo 11
El incumplimiento de las normas de incompatibilidad a que se refiere el artículo 2.
¿Y cual es la pena por esta infracción?
Parecería razonable pensar en alguna inhabilitación para cargo o empleo público, o similar. Parecería razonable, pero NO, hablamos de un simple ilícito administrativo
"1. Las infracciones muy graves y graves serán sancionadas con la declaración y publicación del incumplimiento de la Ley y la publicación de esta declaración en el Boletín Oficial del Estado .
3. Con independencia de las sanciones que les sean impuestas, los infractores deberán, en su caso, restituir las cantidades percibidas indebidamente, de la forma que se establezca reglamentariamente."
Es decir, que se publicaría en el BOE que tal miembro del gobierno cobró dinero que no debía, devuelve las cantidades y aquí no ha pasado nada...
Bueno, al menos algo es algo, hay sanción, pero, ¿y quién debería tramitar el expediente? ¿Lo adivinan? Correcto, el propio consejo de Ministros..
"El órgano competente para la incoación cuando los altos cargos tengan la condición de miembro del Gobierno de la Nación o de Secretario de Estado será el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro para las Administraciones Públicas.
En los demás supuestos el órgano competente para la incoación será el Ministro para las Administraciones Públicas."
Pero para qué iniciar un procedimiento, antes deberíamos ver si la infracción ha prescrito o no. La Ley de incompatibilidades de 1995 remite a la Ley 30/1992 que señala en su artículo 132 que:
Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses;
Por lo tanto, habiéndo pasado dos años que nadie se moleste que aquí no hay caso, al menos jurídico.
Otra cosa es que se reconociese que ese pago tiene un origen ilícito, por sobornos o comisiones ilegales, en cuyo caso iríamos al ámbito penal, pero sería el propio Gobierno el que tendría que decírselo al Fiscal General del Estado:
"Si las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administración pasará el tanto de culpa al Fiscal General del Estado y se abstendrá de seguir el procedimiento mientras por la autoridad judicial no se dicte resolución poniendo fin al proceso penal."
Publicado por Unknown a las 10:30 2 comentarios Vínculos
Etiquetas: Administración, Constitución, Derecho, ética, Normas, Responsabilidad
"[...] el acusado facilitaba el acceso a diverso material audiovisual para su visionado directo o para su descarga; el visionado se realizaba online, desde la página propia del acusado por el procedimiento del streaming, tecnología que permite visualizar contenidos sin necesidad de esperar a que se descarguen en el disco duro, facultando, así, el visionado en tiempo real, desde la propia web, de ficheros de audio y vídeo aunque estuviesen alojados en otros servidores"
"En concreto desde la página www.divxonline.info, el acusado utilizaba una página web intermedia denominada www.okmessenger.com, de la que también era administrador, y desde la que se recuperaban las películas de los servidores de Megavideo, facilitando el visionado en www.divxonline.info. Las películas alojadas en Megavideo y que se ofrecían en esta página www.divxonline.info, sólo se podían ver o descargar desde esta página, sin que se pudieran ver directamente en Megavideo. Además, la página de www.divxonline.info contenía un enlace, denominado colaborador que daba acceso a un formulario mediante el que cualquier visitante de la web facilitaba al administrador los enlaces de películas alojadas en los servidores que se publicitaban en la misma web. Este enlace era el que posteriormente se incluía en la página de www.divxonline.info para que cualquier usuario de internet que la visitara, al elegir una película de las ofertadas, pudiera visionarla directamente desde dicha página. La web www.divxonline.info no necesitaba tener en su poder los archivos de las películas ni en servidores gestionados por la página."
Con la mecánica de proceder, el acusado en y a través de, al menos la página www.divxonline.info, estaba facilitando el acceso libre a usuarios de internet sobre obras audiovisuales consistentes en películas y series de televisión, careciendo, a tal objeto, de autorización de los legítimos titulares de los derechos de propiedad intelectual"
"[...] en ningún momento los archivos audiovisuales se han encontrado almacenados en el servidor o servidores con los que trabajan las páginas web administradas por el acusado[...]"
Publicado por Unknown a las 9:30 0 comentarios Vínculos
Etiquetas: Delitos, Derecho, LPI, LSSI, Propiedad Intelectual, Responsabilidad
"Será castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, el que, con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare la conducta descrita en el párrafo anterior."
Art. 197.1: "El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro [...] utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses."
Art 197.3 "El que por cualquier medio o procedimiento y vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo, acceda sin autorización a datos o programas informáticos[...]"
Publicado por Unknown a las 10:45 0 comentarios Vínculos
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References: artículo 52
 artículo 270
 artículo 20
 artículo 17
 artículo 15
 resolución 
 artículo 17
 artículo 15
 artículo 17
 artículo 15
 artículo 350
 artículo 351
 artículo 350
 artículo 351
 artículo 18
 artículo 22
 artículo 197
 artículo 197
 artículo 197
 artículo 8
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 11
 artículo 2
 artículo 132
 resolución