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Timestamp: 2020-01-22 15:51:54+00:00

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Orden PCI/86/2019, de 31 de enero, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2018, por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social (2018-2025)
Publicado en BOE núm. 30 de 04 de Febrero de 2019
ANEJO . Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social (2018-2025)
I. Marco normativo desarrollado en la materia de contratación pública ecológica en el ámbito de la UE
II. Marco normativo en España
III. La nueva regulación en materia de contratación
ANEXO . Plan de contratación pública ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social (2018-2025)
Primero. Ámbito de actuación.
Segundo. Definición de contratación pública ecológica.
Tercero. Objetivos del plan.
Cuarto. Grupos de bienes, obras y servicios prioritarios.
Quinto. Criterios generales de actuación.
Sexto. Huella de carbono.
Séptimo. Publicaciones oficiales y tramitación electrónica de procedimientos.
Octavo. Actuaciones en el marco del Plan, de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social.
Noveno. Comisión Interministerial.
Décimo. Seguimiento de las actuaciones contenidas en el plan.
Undécimo. Actividades de formación e información.
Duodécimo Vigencia.
Decimotercero. Publicidad.
El Consejo de Ministros en su reunión de 7 de diciembre de 2018 y a propuesta de las Ministras para la Transición Ecológica y de Hacienda, ha adoptado un Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social (2018-2025).
Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social (2018-2025)
La contratación pública ecológica (CPE) es una importante herramienta para el logro de las políticas medioambientales relacionadas con el cambio climático, la utilización de los recursos y la producción y el consumo sostenibles.
La Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones COM(2008) 400 final, de 16 de julio de 2008 Contratación pública para un medio ambiente mejor, define la compra y contratación pública verde (CCPV) como «un proceso por el cual las autoridades públicas tratan de adquirir mercancías, servicios y obras con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo de vida, en comparación con el de mercancías, servicios y obras con la misma función primaria que se adquirían en su lugar.»
La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones COM(2015) 614 final, de 2 de diciembre de 2015, Cerrar el círculo: un plan de acción de la UE para la economía circular, tiene como objetivo lograr una economía sostenible, hipocarbónica, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, en la que el valor de los productos, los materiales y los recursos se mantengan en la economía durante el mayor tiempo posible y en la que se reduzca el mínimo la generación de residuos.
La contratación pública puede desempeñar un papel clave en el objetivo de esta comunicación y de la economía circular, a través de sus acciones sobre contratación pública ecológica. La contratación pública, según señala la Comunicación de la Comisión COM(2015) 614 final, representa casi un 20 % del PIB de la Unión Europea. La utilización de recursos financieros públicos en la contratación pública permite a las administraciones, en el desarrollo de su actividad, fomentar y contribuir a los objetivos de sostenibilidad económica y medioambiental.
Asimismo, el citado plan de acción de la UE para la economía circular insta a la Comisión a poner en marcha medidas para su desarrollo. En respuesta a dicho plan de acción, se está elaborando una Estrategia Española de Economía Circular, que entre otras cuestiones incorpora la contratación pública ecológica como elemento fundamental.
En un entorno mundial que tiene como objetivo fundamental crecer de forma sostenible, se debe tener en cuenta que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado, mediante Resolución de 25 de septiembre de 2015, el documento Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el que se reconoce que es este uno de los mayores desafíos del futuro inmediato. La Agenda plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental. La nueva estrategia regirá los programas de desarrollo mundiales durante los próximos quince años. Al adoptarla, los Estados se comprometieron a movilizar los medios necesarios para su puesta en práctica, mediante una responsabilidad común y universal, los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica, y cada uno fijará sus propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Diversas organizaciones internacionales como el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) han desarrollado, asimismo, iniciativas en relación con la contratación pública.
En estas organizaciones se reconoce a la contratación pública un potencial importante para facilitar los cambios en aquellos modelos de producción y de consumo que dichas organizaciones consideran que no son sostenibles, bien sea por sus impactos en el medio ambiente, en el ámbito económico-social, en el comercio global e internacional en las actuales economías, o bien por las combinaciones y derivaciones de dichos impactos.
Desde los años 80 y con el transcurso de los años, la Comisión Europea ha desarrollado una serie de estudios a través de los cuales se ha reconocido la importancia de la contratación pública ecológica como un instrumento idóneo para promover e implementar diversas políticas y estrategias ambientales de la Unión Europea.
Se citan ordenados cronológicamente algunos de especial relevancia:
– En 2001 la Comisión presentó ante el Consejo Europeo de Gotemburgo el estudio «Desarrollo sostenible en Europa para un mundo mejor: Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible». Esta estrategia establecía un marco político a escala de la Unión Europea (UE) para permitir el desarrollo sostenible. Entre sus principales objetivos se encontraba el de promover modos de producción y de consumo más sostenibles por medio del fomento de la contratación pública ecológica, el aumento de la difusión de innovaciones medioambientales y tecnologías ecológicas, y el desarrollo de la información y el etiquetado adecuados de productos y servicios.
– En ese mismo año 2001 se hizo público el Comunicado de la Comisión Europea sobre el Sexto Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente, Medio ambiente 2010: El futuro está en nuestras manos. Entre sus principales contenidos se encontraban el fomento de la utilización de la etiqueta ecológica y la promoción de una política de contratación pública respetuosa con el medio ambiente.
– En 2003 la Comisión Europea, en su Comunicación sobre «Política Integrada de Productos (IPP)», incluyó la recomendación de establecer planes de acción de contratación pública verde, por parte de los Estados miembros, como uno de los instrumentos para mover el mercado hacia productos más ecoeficientes.
– A finales de 2004 se presentó el Informe Kok «Hacer frente al desafío: La estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo» (Revisión de la Estrategia de Lisboa), en el que se reiteraba la recomendación de establecer planes de acción de compra y la contratación pública verde por parte de los Estados miembros.
– En 2005 la Comisión Europea publicó el informe «Compras ecológicas. Manual sobre la contratación pública ecológica», recientemente revisado en 2016, cuyo objeto era ayudar a que los poderes públicos pusieran en marcha una política de compras ecológica. En él se explican de forma práctica las posibilidades que ofrece el derecho comunitario europeo y presenta soluciones simples y eficaces que se pueden emplear en los procedimientos de contratación pública.
– Entre 2005 y 2006, la Comisión desarrolló el estudio «Green Public Procurement in Europe. 2005 Status Overview», realizado en los entonces 25 Estados miembros. Este estudio es la base para la definición del contenido y alcance de los planes nacionales de acción en contratación pública ecológica que se desarrollarán en los Estados miembros en los siguientes años. El estudio, después de analizar una amplia documentación, apuntó que siete países, Austria, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Países Bajos, Suecia y Reino Unido incorporaban un mayor número de consideraciones ambientales en sus contrataciones.
– En la Revisión de la Estrategia de la Unión Europea para un Desarrollo Sostenible (EDS UE) de 2006 se incorporaron una serie de objetivos de fomento de patrones de consumo y producción sostenibles, entre los que se encuentran la mejora del rendimiento medioambiental y social para productos y procedimientos, así como fomentar su adopción por las empresas y los consumidores, y alcanzar en el año 2010 en toda la UE un nivel medio de contratación pública ecológica igual al que han alcanzado hasta la fecha de redacción de dicha estrategia los Estados miembros más sobresalientes.
– También conviene citar, por sus directas implicaciones en el ámbito de la contratación pública ecológica, el documento COM(2011) 15 final, Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación pública de la UE hacia un mercado europeo de la contratación pública más eficiente (1) y la COM(2010) 2020 final, Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador (2) .
– Por su parte, la Comunicación de la Comisión Innovation Union (Unión para la Innovación)-SEC(2010) 1161, vino a cuantificar el peso cuantitativo que significa la contratación pública, y afirmó que «con un 19,4 % aproximado del PIB de la Unión Europea en 2009, la contratación pública posee un potencial inmenso para sacar al mercado las innovaciones de la UE». Este documento también destaca la importancia de la compra pública de innovación, al señalar que «a partir de 2011, los Estados miembros y las regiones deberían destinar presupuesto a compras pre-comerciales y compras públicas de productos y servicios innovadores». Con este planteamiento la UE aspira a promover la innovación que mejore la eficiencia y la calidad de los servicios públicos, y lograr que se consoliden mercados innovadores.
– En la actualidad la Comisión Europea está desarrollando nuevos criterios, o revisando los existentes generados por la Comisión con anterioridad, para una serie de grupos de productos y servicios. La coordinación de los trabajos y contacto con los sectores y Estados miembros lo lleva a cabo el Centro de Investigación Conjunta de la Comisión Europea (JRC, por sus siglas en inglés). Los resultados y documentos que se generan se discuten en el Comité Consultivo para la Contratación Pública Verde de la Comisión Europea, Dirección de Medio Ambiente, que se reúne periódicamente, y en el que participan representantes de los Estados miembros de la UE, de países observadores como Noruega y Suiza, agentes económicos y sociales, la Red Internacional de Gobiernos Locales para la Sostenibilidad (ICLEI), y el PNUMA a través de su coordinador del Programa de Contratación Pública Sostenible del Marco Decenal de Programas de Producción y Consumo Sostenibles.
– El PNUMA ha venido desarrollando trabajos en materia de contratación pública sostenible (SPP, por sus siglas en inglés) en el marco del Programa sobre SPP del Grupo operativo de Marrakech (Marrakech Task Force, MTF) sobre SPP, que es una iniciativa internacional para promover la SPP en el ámbito nacional y local, tanto en países desarrollados como en países en desarrollo. Esta iniciativa se puso en marcha por el Gobierno de Suiza en 2005, como uno de los siete MTF dentro del Proceso de Marrakech sobre Producción y Consumo Sostenibles que lideran el PNUMA y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas.
La organización intergubernamental OCDE ha impulsado el intercambio de puntos de vista y ha compartido su propia experiencia en la elaboración de análisis y recomendaciones, en los temas de la contratación pública y su papel en el crecimiento económico sostenible, el impulso al empleo, la asistencia al desarrollo, y como apoyo al establecimiento de relaciones entre las políticas ambientales, las políticas de gasto público, el comercio mundial y la competencia.
La OCDE lleva a cabo iniciativas conjuntas con el PNUMA en la materia de la contratación pública verde y sostenible. Mención expresa merece la publicación de un compendio de estudios de caso sobre buenas prácticas en la puesta en práctica de la contratación pública ecológica que se han llevado a cabo en un total de 21 países. Mención expresa merecen también los trabajos de la Organización Internacional para la Normalización (ISO, por sus siglas en inglés), organización no gubernamental que desarrolla normas internacionales voluntarias.
También hay citar la ISO 20400 que normaliza directrices y principios para todos los agentes económicos y sociales que participan en los procesos internos y externos de compra, incluidos los contratistas, suministradores, compradores, y las autoridades de compra, como parte del ejercicio de demostración de buenas prácticas en contratación sostenible.
Además de los estudios, informes, estrategias y conjunto de comunicaciones orientados a promover la contratación pública ecológica en la UE, que se han descrito en el apartado anterior, hay que referirse al desarrollo de la normativa europea que incorpora y define objetivos de contratación pública ecológica en diferentes ámbitos.
En 2004 se desarrollaron dos directivas europeas de contratación pública, en las que se definió cómo se pueden integrar cláusulas ambientales en los contratos públicos:
– Directiva 2004/17/CE, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
– Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, suministros y servicios.
A la luz de la experiencia adquirida, y en el seno del Parlamento Europeo, en particular desde su Comisión Parlamentaria para el Mercado Interior, se llevaron a cabo diversos trabajos orientados a la reforma de dicho marco legislativo en materia de contratación pública. La base de la propuesta de reforma se fundamenta en el informe de la Europarlamentaria Rühle (2011), a partir del cual planteó la necesidad de:
– Mejorar y clarificar el ámbito de aplicación de las directivas de contratación, así como diversos conceptos como el de la colaboración público-privada, o el de oferta económicamente más ventajosa en términos de beneficios económicos sociales y medioambientales.
– Simplificar los procedimientos y las normas, y mejorar la formación de los operadores económicos y autoridades adjudicatarias, así como facilitar la profesionalización de los gestores de la contratación.
– Facilitar el acceso de las PYME a la contratación pública.
– Establecer procedimientos más eficaces que promuevan la innovación.
– Generalizar el uso de la contratación electrónica.
Del mismo modo, los trabajos llevados a cabo en torno a la elaboración de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, apuntaron a la conveniencia de proceder a la actualización del marco legislativo en materia de contratación pública.
Las directivas de contratación pública de 2004 fueron modificadas y las nuevas directivas que rigen la contratación pública en la UE en la actualidad, incluyen las siguientes características en relación con la contratación pública ecológica:
– La modernización del sistema público de contratación, una mayor eficiencia y la simplificación procedimental; además, por primera vez se regulan en sede europea tanto las fases de preparación y adjudicación de los contratos públicos, como las de ejecución y resolución de los mismos.
– El diseño de políticas que permitan un mayor crecimiento, en un contexto de globalización económica y competitividad, al tiempo que se refuerzan las garantías para el cumplimiento de las obligaciones aplicables en los ámbitos del derecho medioambiental, social y laboral, y se facilita que los compradores utilicen mejor la contratación pública en apoyo de objetivos que incluyen la protección del medio ambiente, hacer un uso más eficiente de los recursos y de la energía y luchar contra el cambio climático, promover la innovación y la inclusión social.
– El impulso y la facilitación del acceso de las PYME a la contratación pública.
La incorporación de las primeras Directivas ( Directiva 2004/17/CE y Directiva 2004/18/CE citadas en el anterior apartado) al ordenamiento estatal se llevó a cabo con la publicación de las siguientes leyes de contratación pública, que establecieron la posibilidad de incorporar aspectos medioambientales y sociales en la contratación pública:
– Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público ( LCSP).
– Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores de agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
Con posterioridad, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la LCSP vino a dar cumplimiento a la disposición final 32ª de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. En dicho real decreto legislativo se integraron y armonizaron diversos contenidos de la LCSP y de otras disposiciones en materia de contratación del sector público.
En el ámbito de la eficiencia energética, la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, en su disposición adicional decimotercera transpone al ordenamiento jurídico español del artículo 6 de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia energética, estableciendo los principios y requisitos de eficiencia energética para la adquisición de bienes, servicios y edificios por las administraciones públicas integradas en el Sector Público Estatal.
El Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, estableció que, a efectos de lo dispuesto en el texto refundido de la LCSP, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, el órgano de contratación podría incluir entre las consideraciones de tipo medioambiental, la huella de carbono en la contratación pública (artículo 10).
Además, promover la toma en consideración de criterios de sostenibilidad en la contratación pública tiene un alto valor ejemplarizante, al tiempo que puede suponer un elemento relevante de influencia en el mercado, incentivando al sector privado hacia nuevas formas de producción y de consumo más respetuosas con el medioambiente.
También hay que hacer referencia a la Estrategia Española de Responsabilidad Social de las Empresas, entre las que se incluye a las administraciones públicas y a las empresas públicas, y que establece un compromiso de contribuir a alumbrar modelos de gestión sostenibles en el tiempo y crear una cultura innovadora. En el ámbito de la contratación pública, esta estrategia impulsa la incorporación de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación pública, de acuerdo a la legislación vigente en cada momento, y fomenta la incorporación de criterios ambientales, manteniendo como finalidad que estos objetivos se conozcan en todos los niveles de la administración pública y aprovechen todas las posibilidades que ofrece el marco jurídico tanto nacional como internacional sobre la contratación pública, fomentando la implicación de las administraciones públicas y de sus proveedores.
Con el fin de regular el papel clave de la contratación pública, aparecen las tres nuevas directivas comunitarias: la Directiva 2014/24/UE, sobre contratación pública; la Directiva 2014/25/UE, relativa a la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, y la más novedosa, ya que carece de precedente en la normativa comunitaria, la Directiva 2014/23/UE, relativa a la adjudicación de contratos de concesión.
Estas Directivas constituyen la culminación de un proceso iniciado en el seno de la Unión Europea en 2010, que después de diversas propuestas y negociaciones primero en la Comisión, luego en el Consejo de la Unión Europea y finalmente, entre el Parlamento y el Consejo, fue finalmente aprobado por aquel el 15 de enero de 2014, siendo publicadas estas normas en el DOUE el 28 de marzo de 2014.
Las nuevas directivas vienen a sustituir a las actualmente vigentes, dándose por concluido un proceso de revisión y modernización de las vigentes normas sobre contratación pública, que permitan incrementar la eficiencia del gasto público y facilitar, en particular, la participación de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación pública, así como permitir que los poderes públicos empleen la contratación en apoyo de objetivos sociales comunes.
Actualmente, la contratación pública en nuestro país se rige por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que, en la línea mencionada, recoge en el Preámbulo, como objetivo explícito de la nueva ley: «conseguir que se utilice la contratación pública como instrumento para implementar las políticas tanto europeas como nacionales en materia social, medioambiental, de innovación y desarrollo, de promoción de las PYMES, y de defensa de la competencia. Todas estas cuestiones se constituyen como verdaderos objetivos de la Ley, persiguiéndose en todo momento la eficiencia en el gasto público y el respeto a los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad.»
Los objetivos que inspiran la regulación contenida en la citada Ley son, en primer lugar, lograr una mayor transparencia en la contratación pública y, en segundo lugar, el de conseguir una mejor relación calidad-precio. Para lograr este último objetivo por primera vez se establece la obligación de los órganos de contratación de velar por que el diseño de los criterios de adjudicación permita obtener obras, suministros y servicios de gran calidad, concretamente mediante la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales, sociales e innovadores vinculados al objeto del contrato.
Por otra parte, ha finalizado ya la vigencia del Plan de Contratación Pública Verde (PCPV) de la Administración General del Estado (AGE), sus organismos públicos y las entidades gestoras de la Seguridad Social. El PCPV aprobado en 2008, el cual se encontraba enmarcado en la Directiva 18/2004/CE, traspuesta a nuestro ordenamiento por la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
La Orden PRE/116/2008, de 21 de enero de 2008, hizo público el Acuerdo de Consejo de Ministros por el que se aprobaba el plan cuyo principal objetivo ha sido la implantación de prácticas respetuosas con el medio ambiente en la contratación pública. Se trata, en definitiva, de un plan que aspira a responder a objetivos comunitarios y, a la vez, y atendiendo a las recomendaciones de la Comisión Europea, ser un complemento y servir de apoyo a la implantación de las políticas estatales de defensa del medio ambiente y clima, así como las de ahorro y eficiencia energéticas. Este plan fija las condiciones en las que los poderes adjudicadores podrán introducir requerimientos de carácter ambiental y social en las distintas fases de la contratación pública, y establece objetivos orientados a la incorporación de consideraciones ambientales para adquirir y contratar una serie de grupos concretos de productos, servicios y obras, que habían sido considerados como prioritarios por la Comisión Europea: construcción y mantenimiento, transporte, energía, equipos de oficina, papel y publicaciones, mobiliario, servicios de limpieza y servicios de eventos.
El seguimiento de la ejecución del Plan se ha llevado a cabo mediante la elaboración de sendos informes, en 2011 y 2015, que se exponen a continuación.
El informe (2011) de contratación pública verde. El Consejo de Ministros aprobó 4 de noviembre de 2011 el Acuerdo por el que se tomó conocimiento del Primer Informe General sobre el estado de la Contratación Pública Verde, de los grupos de productos y servicios recogidos en el PCPV. En el siguiente enlace puede leerse el texto del Informe, así como otras informaciones sobre el PCPV.
Para el desarrollo del Primer Informe General, el entonces Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, diseñó un procedimiento de control consistente en la elaboración de un cuestionario que se remitió a cada uno de los departamentos, a cuyas subsecretarías se solicitó la contestación a dicho cuestionario, en el que se actualizaría el estado de la CPV en el periodo 2008-2011.
El análisis de la información recibida llevó a la conclusión de que la mayoría de las entidades que fueron objeto de estudio habían puesto en marcha medidas para la ejecución del PCPV, observándose para dicho periodo un mayor cumplimiento en la implantación de medidas para la recogida separada de residuos, la incorporación de parámetros ambientales en los proyectos de obras, la adquisición de equipos informáticos de alta eficiencia energética (etiquetado Energy Star) y la ejecución de servicios de limpieza, conforme a las orientaciones establecidas en el PCPV.
Los resultados permitían concluir, en síntesis, que los primeros pasos hacia un cambio de hábitos en la gestión y el consumo público de bienes y servicios, se habían producido.
El II informe (2015) de contratación pública verde. Los trabajos para la elaboración del Informe (2015) de CPV comenzaron en el segundo semestre de 2014, una vez acordado por la Comisión Interministerial de CPV en julio de 2014 el procedimiento y plazos estimados de los trabajos a llevar a cabo por los departamentos, organismos y entidades.
Los resultados de dicho Informe, a modo de síntesis fueron los siguientes:
– Partiendo de la base de que los logros alcanzados en los grupos de productos y servicios que son objeto del PCPV son una valiosa experiencia que permite abordar la actualización y extensión a otros grupos de productos y servicios, parece oportuno continuar analizando los criterios y recomendaciones que para diversos grupos de productos y servicios está elaborando la Comisión Europea, de cara a su futura consideración e inclusión como requisitos en los pliegos de prescripciones de los contratos del sector público y en la planificación sobre CPV, como medida orientada a facilitar el cumplimiento de las obligaciones de protección de la salud humana y del medio ambiente.
– Impulsar la realización de intercambios periódicos de información con los expertos en CPV, y elaboración, cuando procediera, guías informativas sobre criterios de CPV para grupos de productos y servicios, en colaboración con las administraciones implicadas.
– Estudiar cómo incorporar a la CPV la nueva orientación de la UE en relación con el nuevo Paquete sobre economía circular, y el Paquete energía y clima que establece lo siguiente: «La contratación pública representa una gran proporción del consumo europeo (casi el 20 % del PIB de la UE). Por tanto, puede desempeñar un papel clave en la economía circular, y la Comisión fomentará este papel a través de sus acciones sobre contratación pública ecológica, elaborando unos criterios a escala de la UE que posteriormente serán utilizados de forma voluntaria por las autoridades públicas. En primer lugar, la Comisión se asegurará de que en el futuro se haga especial hincapié en aspectos pertinentes de la economía circular, como la durabilidad y la reparabilidad, al establecer o revisar los criterios. En segundo lugar, apoyará un mayor uso de estos criterios por parte de las autoridades públicas, y reflexionará sobre el modo en que puede recurrirse a la contratación pública ecológica de modo más generalizado en toda la UE, en particular, en relación con los productos o los contratos muy pertinentes para la economía circular. Por último, la Comisión dará ejemplo, asegurándose de que la contratación pública ecológica se utiliza de la forma más amplia posible en su propia contratación, y reforzando el uso de la contratación pública ecológica en la financiación de la UE.»
– Valorar qué mecanismos se requerirán para:
• Consolidar la generación de la demanda del sector público y la contratación pública de los productos y servicios más sostenibles,
• facilitar que se consolide en los mercados una oferta de productos y servicios, más limpia, más eficiente en el uso de los recursos, y al mismo tiempo, más competitiva.
De ahí que se extraiga la importancia de la contratación pública ecológica (CPE) como instrumento de impulso y facilitación del crecimiento económico, desde el planteamiento de una economía circular, baja en carbono, eficiente en recursos, sin residuos, no contaminante y eco-innovadora. De ahí también la importancia de la CPE, una herramienta eficaz para avanzar en la producción, utilización y consumo sostenibles, así como en una economía y prácticas de contratación sostenibles, lo que requiere continuar con las actuaciones necesarias para su desarrollo y hacer frente a estos desafíos es lo que pretende el nuevo Plan que ahora se presenta.
La Comisión Interministerial para la incorporación de criterios ecológicos en la contratación pública, creada por Real Decreto 6/2018, de 12 de enero, informó del Plan en su reunión de 13 de noviembre de 2018 y remitió el Plan a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que informó en su reunión del día 5 de diciembre de 2018.
En consecuencia, el Consejo de Ministros, a propuesta de la Ministra para la Transición Ecológica y de la Ministra de Hacienda, en su reunión del día 7 de diciembre de 2018, acuerda:
Aprobar el Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social (2018-2025), que figura como anexo.
El presente plan se aplicará por la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social en la contratación pública de los bienes, obras y servicios que se consideran prioritarios por la Unión Europea.
Se entiende por contratación pública ecológica el proceso a través del cual las autoridades adquieren bienes, obras y servicios con un impacto medioambiental reducido durante su ciclo de vida, en comparación con el de otros bienes, obras y servicios con la misma función primaria que se adquirirían en su lugar.
Los objetivos principales del presente plan son los siguientes:
– Promover la adquisición por parte de la administración pública de bienes, obras y servicios con el menor impacto medioambiental posible.
– Servir como instrumento de impulso de la Estrategia Española de Economía Circular
– Apoyar con medidas concretas para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador garantizando, al mismo tiempo, un uso más racional y económico de los fondos públicos, tanto desde el punto de vista de la inversión como desde el punto de vista de la explotación.
– Promover la incorporación de cláusulas medioambientales en la contratación pública.
– Dar publicidad en el ámbito de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las entidades gestoras de la Seguridad Social, de las posibilidades que ofrece el marco jurídico tanto nacional como internacional sobre la contratación pública ecológica.
1. Con el fin de ayudar a los órganos de contratación de los Estados miembros, la Comisión Europea ha desarrollado unos criterios de contratación pública ecológica para los bienes, obras y servicios que se consideran prioritarios.
2. De acuerdo con las competencias de la Administración General del Estado y con los criterios de contratación pública ecológica fijados por la Comisión Europea se consideran bienes, obras y servicios prioritarios, a los efectos de este plan, los siguientes:
– Alimentación y servicios de restauración.
– Iluminación interior de edificios.
– Alumbrado público exterior y semáforos.
– Aparatos eléctricos y electrónicos utilizados en el sector de la asistencia sanitaria.
– Calefactores a base de agua.
– Diseño, construcción y gestión de edificios de oficinas.
– Diseño, construcción y mantenimiento de carreteras.
– Equipos de impresión.
– Grifería sanitaria.
– Inodoros y urinarios de descarga.
– Mobiliario y paneles murales.
– Ordenadores y monitores.
– Papel para copias y papel gráfico.
– Productos y servicios de jardinería.
– Productos y servicios de limpieza.
– Sistemas combinados de calor y electricidad. Sistemas de climatización.
1. Con el fin de lograr los objetivos de la contratación pública ecológica, en la que se promueva una mayor participación de la PYME, los órganos de contratación podrán utilizar como posibles los criterios de selección, los criterios de adjudicación, las especificaciones técnicas y las condiciones especiales de ejecución de los contratos relativos a los bienes, obras y servicios que se detallan en la tabla adjunta en el marco de las Directivas de contratación.
2. Asimismo es necesario introducir criterios de selección de empresarios que cuenten con sistemas de calidad homologados que puedan contribuir a lograr una mejor sostenibilidad ambiental. En la tabla adjunta se detallan las especificaciones en este sentido para los distintos grupos de productos.
3. La posibilidad de valoración de la vida útil larga de la compra de material inventariable y del resto de productos y servicios, en detrimento de aquellos productos con obsolescencia programada o vida útil corta, puede ser un instrumento adecuado para poder requerir a los fabricantes que declaren o certifiquen garantías de productos con una vida útil suficientemente larga en cada tipología de material o equipos. En los criterios de la Comisión Europea y en la tabla adjunta se detallan las especificaciones en este sentido para los distintos grupos de productos.
4. Igualmente, la incorporación de criterios de circularidad para mejorar la disposición de materias primas, fundamentalmente a través de las materias primas secundarias, debe realizarse en aplicación del principio de jerarquía de residuos que se promueve desde la normativa europea y el propio ordenamiento jurídico español.
5. Se promoverá la contratación de bienes y servicios adheridos a un sistema de certificación ambiental, dando preferencia a Ecolabel y, en caso de no disponer de dicho distintivo para ese bien o servicio en particular, optando primero por una certificación ISO y, en último término, por una declaración ambiental de producto.
6. Se promoverá la contratación de aquellas empresas que dispongan de un sistema de gestión ambiental adherido al Sistema Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoria, conocido como EMAS, pudiendo consultarse dichas empresas en el siguiente enlace: http://www.mapama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-comunitario-de-ecogestion-y-ecoauditoria-emas/registro-y-promocion/centros_registrados.aspx.
Los bienes, servicios y productos que adquiere la administración pública suponen un impacto sobre el calentamiento global, es decir, tienen asociada una huella de carbono. La administración debe esforzarse en reducir su huella de carbono, y consecuentemente, en adquirir bienes, servicios y productos con la menor huella de carbono posible calculada de forma comparable.
Se entiende necesaria, por tanto, la inclusión en el proceso de contratación de los 20 grupos de bienes, obras y servicios prioritarios que trata el Plan de un criterio de adjudicación que valore la inscripción en el Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono ( Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo) o esquema similar, en el marco de lo previsto en las Directivas sobre contratación y en la legislación de desarrollo. Este registro garantiza que la organización no solo calcula las emisiones derivadas de su actividad, sino que también tiene en marcha un plan de reducción. Esta inclusión, se realizará de manera gradual por cada órgano de contratación, según el siguiente calendario:
Año 2020 2022 2025
Número de contratos licitados. 15 % 30 % 50 %
Antes del 31 de diciembre de 2019, un grupo de trabajo remitirá un informe a la Comisión Interministerial sobre el grado de desarrollo de estos criterios.
La Administración General del Estado continúa en la línea del impulso de las publicaciones digitales y, en este sentido, se recoge una previsión específica de preferencia de la edición en soporte electrónico en el criterio séptimo del Plan General de Publicaciones del año 2017, todo ello con el fin de conseguir un triple objetivo: la optimización de los recursos, el fomento de la difusión y el acceso a la información de los ciudadanos; y la sostenibilidad y protección del medio ambiente.
Por otro lado, en el seno de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales, se constituirá en plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente Plan, un grupo de trabajo coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica con el apoyo de la Secretaría de la Junta de Coordinación de Publicaciones Oficiales, con el fin de impulsar un proyecto básico para el fomento de la ecoedición y la contratación pública ecológica en materia de publicaciones oficiales, cuyo resultado será la elaboración de un manual de buenas prácticas. Los objetivos e indicadores recomendados en el citado manual, serán evaluados anualmente en las memorias editoriales departamentales y de la Administración General del Estado.
La Administración General del Estado impulsará la tramitación electrónica de los procedimientos, con especial referencia a los procedimientos de contratación, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
En el ámbito de la Administración General del Estado (AGE), la Comisión Interministerial regulada en el Real Decreto 6/2018, de 12 de enero, garantizará la coordinación de la AGE, sus organismos públicos y las entidades gestoras de la Seguridad Social, en la incorporación y el uso de criterios ecológicos en la contratación pública.
Asimismo un grupo de trabajo dependiente de dicha Comisión, elaborará, cada dos años, el informe de evaluación de plan que se elevará, previa aprobación de la Comisión interministerial, al Consejo de Ministros para su conocimiento.
Con una periodicidad bienal, las Subsecretarías de los Departamentos enviarán a la Subsecretaría para la Transición Ecológica la información relativa al grado de implantación de los criterios ecológicos en los contratos formalizados en ese periodo, con el fin de realizar el seguimiento de las actividades desarrolladas y la revisión de los resultados obtenidos.
Para facilitar este seguimiento, la Comisión Interministerial, citada en el apartado anterior, a propuesta del grupo de trabajo, establecerá indicadores específicos, de carácter general o por sectores, así como instrumentos, incluidos electrónicos, que faciliten el seguimiento de la implantación de las actuaciones del plan. El conjunto de indicadores básicos serán establecidos en el plazo de un año desde la publicación en el BOE de este plan.
Las actuaciones de seguimiento del plan se realizarán en coordinación con la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
Los resultados de seguimiento del plan se publicarán en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica.
En colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública, así como con otros centros de formación especializada de la AGE o privados, se diseñarán cursos de formación y orientación dirigidos al personal responsable de la preparación de los pliegos y de la supervisión de la ejecución de los contratos, para que los intervinientes en las distintas fases de la contratación dispongan de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para implementar con éxito la contratación pública ecológica.
En la Plataforma de Contratación del Estado existirá un apartado de ayuda para elaborar pliegos con las posibilidades que se aprueban en este Plan De Contratación Pública Ecológica.
Para facilitar la aplicación del plan, se elaborarán guías u otros instrumentos, de carácter general o por sectores, que adapten las previsiones comunitarias y las directrices del plan a los aspectos de aplicación propios de la contratación española. Se podrán incorporar cláusulas tipo, modelos, orientaciones generales y aspectos concretos de aplicación práctica.
Las actividades formativas descritas se realizarán en coordinación con la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
El Ministerio para la Transición Ecológica llevará a cabo actuaciones informativas de las labores desarrolladas a través de su página web.
El plan tendrá una vigencia de siete años y, a partir de esta fecha, se procederá a su revisión. También se podrá proceder a la revisión y actualización del plan cuando así lo acuerde la Comisión Interministerial.
Este plan, así como las revisiones del mismo, serán objeto de publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Tabla de criterios y especificaciones
1. Alimentación y servicios de restauración
Principales especificaciones técnicas y/o criterios de adjudicación que pueden ser tenidos en cuenta por los órganos de contratación (excepto en la restauración a bordo de los trenes, que por su especial logística y limitaciones de espacio seguirán en la medida de lo posible estas recomendaciones):
Compra de alimentos de producción ecológica.
Compra de alimentos producidos con «sistemas de producción integrada» o equivalente.
Compra de productos de acuicultura obtenidos por métodos de producción ecológicos.
Compra de productos animales con niveles de bienestar elevados.
Compra de productos de temporada.
Compra a granel o en envases con contenidos elevados en materiales reciclados.
Compra de productos envasados con criterios de eco-diseño del envase que faciliten el reciclado y posterior uso como materia prima secundaria.
Uso de cuberterías, vajillas, cristalerías y mantelerías reutilizables.
Uso de productos de papel ecológicos.
Recogida selectiva de los residuos y formación al personal.
Reducción al mínimo del uso de productos químicos peligrosos y uso de productos de limpieza y lavavajillas ecológicos.
Compra de aparatos de cocina con consumo reducido de agua y energía.
Mejora de las rutas de transporte y reducción del consumo de energía y de las emisiones de los vehículos utilizados para prestar los servicios de restauración.
Las máquinas suministradoras de bebidas y fuentes de agua utilizarán energía limpia y no producirán residuos.
Se aplicarán medidas contra el desperdicio alimentario en consonancia con lo indicado en la Estrategia Más alimento, menos desperdicio.
Las empresas de restauración deberán proceder a la separación correcta de los residuos generados y deberán ser entregados a un gestor autorizado para su tratamiento siguiendo el principio de jerarquía en la gestión de los residuos.
Los órganos de contratación pueden consultar con detalle los criterios de la contratación pública verde de la UE en este tipo de contratos en el enlace: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/food_GPP_product_sheet_es.pdf.
2. Iluminación interior de edificios
Criterios aplicables a las lámparas, diseño de la iluminación interior e instalación de iluminación interior.
Requisitos mínimos de eficiencia energética establecidos en los Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación: Exigencia Básica HE3: Eficiencia Energética de las instalaciones de iluminación.
Durante la instalación de un sistema de iluminación nuevo o renovado, el licitador pondrá en práctica las medidas de protección del medio ambiente adecuadas para reducir o recuperar los residuos que se generen durante la instalación. Todos los residuos de lámparas, luminarias y controles de iluminación se separarán y se valorizarán de conformidad con el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
Se podrá solicitar al licitador la siguiente información en lo que respecta a la instalación de sistemas de iluminación nuevos o renovados:
– Instrucciones de desmontaje de luminarias.
– Instrucciones sobre el modo de sustituir las lámparas y sobre cuáles de ellas pueden utilizarse en luminarias sin incrementar las densidades de potencia declaradas.
– Instrucciones sobre el modo de efectuar y mantener los controles de la iluminación.
– En cuanto a los sensores de ocupación, instrucciones sobre cómo ajustar su sensibilidad y asesoramiento sobre cuál es la mejor manera de abordar esta tarea para satisfacer las necesidades de los ocupantes sin un aumento excesivo del consumo de energía.
– En cuanto a los controles de luz diurna, instrucciones sobre cómo recalibrarlos y ajustarlos, teniéndose en cuenta, por ejemplo, los cambios en la disposición de la estancia.
– En cuanto a los conmutadores temporizados, instrucciones sobre cómo ajustar los periodos de apagado y asesoramiento sobre cuál es la mejor manera de abordar esta tarea para satisfacer las necesidades de los ocupantes sin un aumento excesivo del consumo de energía.
– Consumos y emisiones de gases de efecto invernadero producidos a lo largo de la vida útil de las lámparas y del alumbrado interior.
Criterios de adjudicación o condiciones especiales de adjudicación.
Se otorgarán puntos adicionales a aquellos licitadores que garanticen:
– Cumplimiento más exigente de los requisitos básicos de ahorro de energía.
– Lámparas de instalaciones nuevas y renovadas y lámparas de sustitución con mayor eficacia luminosa.
– Lámparas de instalaciones nuevas y renovadas y lámparas de sustitución con mayor vida útil.
– Lámparas fluorescentes de instalaciones nuevas y renovadas y lámparas de sustitución con menor contenido de mercurio.
– Utilización de sistemas de iluminación eficientes, considerando, según los casos, alguno de los siguientes criterios encaminados a alcanzar una mayor eficiencia en el consumo:
• Detección de presencia en iluminación de aseos, ascensores/montacargas, aparcamientos y zonas de circulación de acceso eventual.
• Sistemas de control horario en función del régimen de funcionamiento del edificio.
• Adecuación de la intensidad lumínica en función del nivel de soleamiento.
– En sistemas de iluminación en un espacio individual, una parte o todo un edificio, menor potencia luminosa máxima consumida.
El licitador deberá asegurarse de que el sistema de iluminación nuevo o renovado y los controles de iluminación están funcionando adecuadamente y que no consumen más energía de la necesaria.
El contratista deberá garantizar que el equipo de iluminación (lámparas, luminarias y controles de iluminación incluidos) se ha instalado exactamente con arreglo a lo especificado en el diseño original.
Los órganos de contratación considerarán la contratación de servicios energéticos que conlleven inversiones por parte del contratista destinadas a aumentar la eficiencia energética del sistema de iluminación dentro de un plan de gestión energética integral del edificio.
Los órganos de contratación podrán asumir criterios adicionales para incorporar en los pliegos de contratación siguiendo los criterios de la contratación pública verde de la UE en este grupo de productos. El enlace es: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting_es.pdf.
3. Alumbrado público exterior y semáforos
Principales especificaciones técnicas y/o criterios de adjudicación que pueden ser tenidos en cuenta por los órganos de contratación:
Adquisición de lámparas de elevada eficacia energética.
Adquisición de balastos eficientes.
Adquisición de sistemas de alumbrado de bajo consumo energético para la iluminación suministrada.
Utilización preferente de LED en los semáforos.
Utilización preferente de balastos atenuables en caso de que las circunstancias lo permitan.
Uso preferente de lámparas con un contenido de mercurio reducido.
Control de la contaminación lumínica mediante la utilización preferente de luminarias que limiten la luz emitida por encima del horizonte.
Utilización de luminarias de baja emisión lumínica en enclaves con fauna susceptible de ser perturbada por ella (por ejemplo: invertebrados nocturnos, aves marinas nidificantes, tortugas marinas, etc)
Se podrá solicitar al licitador la siguiente información:
– Consumos y emisiones de gases de efecto invernadero producidos a lo largo de la vida útil del alumbrado o los semáforos.
Los equipos, diseño e instalación de alumbrado público exterior y semáforos cumplirán lo establecido en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.
Los órganos de contratación considerarán la contratación de servicios energéticos que conlleven inversiones por parte del contratista destinadas a aumentar la eficiencia energética del sistema de iluminación en su conjunto.
Los órganos de contratación pueden consultar con detalle los criterios de la contratación pública verde de la UE en este tipo de contratos en el enlace: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting_es.pdf.
4. Aparatos eléctricos y electrónicos utilizados en el sector de la asistencia sanitaria (AEE sanitarios)
Adquisición de equipos energéticamente eficientes.
Adquisición de equipos eficientes en cuanto al consumo de agua.
Longevidad de los productos.
Adquisición de equipos a proveedores con sistemas de gestión de las sustancias químicas.
Se deberá tener en consideración el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en cuanto a la gestión de sus residuos, a excepción de los aparatos eléctricos y electrónicos incluidos en art. 2.2.j
– Consumos y emisiones de gases de efecto invernadero producidos a lo largo de la vida útil del aparato eléctrico o electrónico.
Los órganos de contratación pueden consultar con detalle los criterios de la contratación pública verde de la UE en este tipo de contratos en el enlace: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/health/ES.pdf.
5. Calefactores a base de agua
Bajas emisiones de contaminantes a la atmósfera.
Uso de energía de origen renovable.
Bajas emisiones sonoras.
Maximización de la eficiencia mediante la utilización de dimensiones adecuadas y una correcta instalación.
Mantenimiento de la eficiencia a través de un mantenimiento efectivo realizado por personal formado.
Los órganos de contratación podrán asumir criterios adicionales para incorporar en los pliegos de contratación siguiendo los criterios de la contratación pública verde de la UE en este grupo de productos. El enlace es: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/water_based/heaters_es.pdf.
6. Diseño, construcción y gestión de edificios de oficinas
Los edificios nuevos que vayan a ser ocupados y sean de titularidad pública, serán edificios de consumo de energía casi nulo después del 31 de diciembre de 2018, de conformidad con el Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se regula el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
Los contratos que tengan por objeto la reforma o rehabilitación de inmuebles se adaptarán a la consecución de unos niveles de consumo de energía casi nulo, adoptando las especificaciones o criterios descritos en este apartado.
Selección del equipo de diseñadores y de los contratistas En los criterios de selección se podrá tener en cuenta la acreditación de competencias y experiencia pertinentes en la ejecución de contratos de construcción que hayan demostrado un comportamiento medioambiental mejorado.
Diseño detallado y requisitos referentes al comportamiento del edificio.
Instalación de sistemas de energía y de los servicios de suministro de energía
Requisito básico de ahorro de energía.
Cumplimiento, al menos, de las reglas y procedimientos establecidos en los Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación:
1. Exigencia Básica HE 0: Limitación del consumo energético.
2. Exigencia Básica HE1: Limitación de la demanda energética.
3. Exigencia Básica HE2: Rendimiento de las instalaciones térmicas de Edificios. RITE.
4. Exigencia Básica HE3: Eficiencia Energética de las instalaciones de iluminación.
5. Exigencia Básica HE4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.
6. Exigencia básica HE5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.
La verificación y justificación del cumplimiento de esta exigencia viene desarrollada en el propio Código Técnico de la Edificación.
De acuerdo con el Anexo «Requisitos de eficiencia energética para la adquisición de bienes, servicios y edificios por las Administraciones Públicas Centrales» establecido en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, la clasificación energética C, será la mínima exigible para la adquisición de bienes, servicios y edificios por las administraciones públicas centrales.
Criterios de adjudicación o condiciones especiales de adjudicación:
– Relacionados con la eficiencia energética.
Se otorgarán puntos adicionales:
• A aquellos licitadores que garanticen un cumplimiento más exigente de los requisitos básicos de ahorro de energía.
• A la realización de un estudio sobre la huella de carbono del edificio, tanto en su fase de construcción como de uso, utilizando herramientas propias o las disponibles públicamente, facilitando información sobre las distintas opciones barajadas y proponiendo de manera motivada una opción final.
• A la realización de un seguimiento del consumo energético del equipamiento consumidor de energía a lo largo de un período de tiempo determinado, con el objeto de comprometer a la empresa instaladora en el alcance de los rendimientos energéticos esperados.
• Certificación del grado de sostenibilidad de los edificios mediante alguno de los sellos existentes: LEED, BREAM, Verde, o cualquier otro similar.
• Inclusión de puntos de recarga para vehículos que utilicen energías alternativas en nuevas edificaciones.
– Otros criterios de adjudicación:
• Se otorgarán puntos adicionales a la integración en edificios de dispositivos o instalaciones exteriores con el objeto de favorecer el asentamiento de especies de fauna de interés, beneficiosa o amenazada (como por ejemplo, cajas nido para pequeñas aves como vencejos o aviones, rapaces, murciélagos, etc.)
Igualmente se podrán establecer los criterios de adjudicación como condiciones especiales de ejecución.
Separación selectiva, demolición y trabajos de preparación del emplazamiento en el que se llevará a cabo la obra
Plan de auditoría y gestión de residuos de las actividades de demolición.
Separar todas las fracciones de residuos generados durante la demolición, que se incluyan en la auditoría previa a dicha demolición. Valorizar in situ o mediante el envío a un gestor de valorización al menos el 70 % de los residuos generados no peligrosos. Estos residuos incluirán:
i) Madera, vidrio, metal, ladrillos, piedras, materiales de cerámica y de hormigón recuperados de las estructuras principales del edificio;
ii) equipamiento y elementos no estructurales, incluidas puertas y sus marcos, suelos, azulejos de techos, paneles de yeso, perfiles de plástico, materiales de aislamiento, marcos de ventana, vidrios de ventana, ladrillos, hormigón en forma de bloques y elementos prefabricados, así como barras de acero.
El contratista llevará a cabo una auditoría previa a la demolición con el fin de determinar los materiales que se pueden reutilizar, reciclar o recuperar. Dicho sistema comprenderá:
i) la identificación y evaluación de riesgos de los residuos peligrosos (incluidos los de aparatos eléctricos y electrónicos) que puedan requerir una manipulación y un tratamiento especializados, o de las emisiones que puedan producirse durante la demolición;
ii) una relación estimada de cantidades con un desglose de los diferentes materiales y productos del edificio;
iii) una estimación del porcentaje potencial de reutilización y reciclaje, basado en propuestas de sistemas de recogida separada durante el proceso de demolición.
Los materiales, productos y elementos identificados se detallarán en una relación estimada de cantidades de la demolición.
El contratista principal de la construcción, del proyecto de diseño y construcción odel diseño, construcción y gestión presentarán una auditoría previa a la demolición en la que se deberá reflejar la información especificada.
Se utilizará un sistema para contabilizar y llevar a cabo un seguimiento del volumen de residuos generado. El destino de los lotes de residuos y de materiales al final de su vida útil será objeto de seguimiento, estimando las cantidades de reutilización y reciclado en la obra de construcción, utilizando notas y facturas referidas a dichos lotes, salvo que se utilice un sistema de recogida separada, en el que los certificados de los gestores autorizados se usarán como justificación. Los datos de este seguimiento se proporcionarán al órgano de contratación.
Gestión de residuos durante la obra
Se elaborará un plan de gestión de residuos de la obra de construcción de forma previa al inicio de los trabajos en el emplazamiento. En dicho plan se establecerán los sistemas para la recogida separada de materiales in situ para su reutilización, reciclaje y otras formas de valorización. El plan de gestión de residuos de la obra abarcará:
i) productos de construcción que formen los principales elementos del edificio, incluidos madera, metal, ladrillos, hormigón;
ii) materiales de construcción que formen parte del equipamiento del edificio, incluidos los suelos, materiales cerámicos, los azulejos de los techos, paneles de escayola y yeso, paneles de plástico y materiales aislantes, así como los materiales de embalaje conexos.
La recogida selectiva de los materiales para su reutilización, reciclaje y valorización respetará la jerarquía de residuos establecida en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
El contratista principal de la construcción, del proyecto de diseño y construcción odel de diseño, construcción y gestión presentarán un plan de gestión de residuos de la obra consistente en:
i) una relación de materiales, con estimaciones relativas a la generación de residuos basadas en buenas prácticas;
ii) estimaciones relativas al porcentaje potencial de reutilización, basadas en la recogida selectiva durante el proceso de construcción;
iii) una estimación del porcentaje potencial de reciclaje y recuperación, basada en la recogida selectiva;
Se utilizará un sistema para contabilizar y llevar a cabo un seguimiento de los residuos generados, así como para supervisar el destino de los lotes de residuos. Los datos de este seguimiento se proporcionarán al órgano de contratación.
El funcionamiento del plan de gestión de residuos acordado para el emplazamiento de la obra será objeto de seguimiento y elaboración de informes durante la ejecución de las tareas de construcción. Esto incluirá la contabilización de datos referentes al peso de los materiales recogidos mediante el sistema de recogida selectiva en la obra para su reutilización y reciclaje, de acuerdo con el ámbito de aplicación descrito en las especificaciones técnicas.
Se utilizará un sistema que permita realizar un seguimiento y cuantificar los residuos generados y los materiales separados para su reciclaje y reutilización. Dicho sistema, asimismo, supervisará y verificará el destino de los lotes de residuos. Los datos de seguimiento y supervisión se facilitarán al órgano de contratación con una frecuencia acordada.
El gestor del edificio implantará sistemas que permitan a los ocupantes y a los servicios de catering que trabajen in situ separar el papel (al menos dos tipos de este), el cartón, los envases de alimentos y bebidas (vidrio, plástico y otros materiales para los que existan sistemas de recogida selectiva a nivel local) y los residuos alimentarios o de catering en flujos separados para su reciclaje. Siempre que resulte posible, también se recogerán y dispondrán las pilas, los cartuchos de tinta y tóner, el equipo informático y el mobiliario para su reutilización o reciclaje.
Los gestores de inmuebles y servicios de soporte olos contratistas del proyecto de diseño, construcción y gestión presentarán una propuesta en relación con los sistemas que tengan previsto utilizar, que incluirá información detallada sobre los flujos de gestión de residuos, los sistemas de separación, la organización del trabajo y los contratistas a los que se recurrirá.
Construcción del edificio o ejecución de reforma importante
Planificación de una separación en origen de los residuos de construcción y demolición generados.
Para las nuevas licitaciones se podrá valorar la utilización de la metodología BIM (Building Information Modeling) o equivalente, incluyendo un apartado para la demolición, donde se estime la cantidad de reutilización, reciclaje y valorización de los residuos de demolición generados.
Utilización preferente de materiales reciclados. Los fabricantes de productos de la construcción deberán emitir un certificado donde se refleje el porcentaje de material reciclado de ese producto de aquellos productos de construcción cuya norma/especificación de producto permita la utilización de material reciclado.
Consideración del análisis de ciclo de vida de los materiales utilizados.
Utilización preferente de hormigón reciclado, así como de materiales fácilmente recuperables o reutilizables al final de su vida útil.
Se otorgarán puntos adicionales a los proyectos que cuenten con materiales provenientes del entorno cercano de la obra.
Gestión de inmuebles y servicios de soporte
De acuerdo con el el Real Decreto 56/2016 del 12 de febrero, por el que se traspone la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a las auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía, la identificación de los proveedores de servicios energéticos cualificados se puede realizar en la Base de datos a través del enlace: http://www.idae.es/idae/enlaces-de-interes-bases-de-datos/directorio-de-empresas.
Necesidad de evaluar la posibilidad de conseguir ahorros energéticos mediante mejoras en la gestión.
Criterios adicionales Los órganos de contratación podrán asumir criterios adicionales para incorporar en los pliegos de contratación siguiendo los criterios de la contratación pública ecológica de la UE en este grupo de productos. El enlace es: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/office_building_design/ES.pdf.
7. Diseño, construcción y mantenimiento de carreteras
Reducción del consumo de energía en la fabricación y ejecución de unidades de obra (por ejemplo, mezclas bituminosas semicalientes, mezclas bituminosas templadas, mezclas bituminosas en frío, etc.)
Diseño, especificación y gestión de la obra para optimizar la reutilización in situ de los materiales y la tierra excavados (incluida la tierra vegetal), maximizar la reutilización o reciclado de residuos de construcción y demolición (RCD), de neumáticos y de residuos procedentes de otros procesos industriales y utilizar materiales de construcción con un elevado contenido de material reciclado o reutilizado, incluso los productos secundarios.
Especificación de propuestas para reducir las emisiones de ruido (que incluyan soluciones basadas en la naturaleza, es decir, soluciones que se adaptan a las condiciones locales, son eficientes en cuanto al uso de los recursos y son intervenciones sistemáticas inspiradas por la naturaleza o en armonía con esta, que son rentables y proporcionan beneficios ambientales, sociales y económicos al tiempo que contribuyen a mejorar la resiliencia) durante las fases de construcción, uso y mantenimiento.
Se otorgarán puntos adicionales a la realización de un estudio sobre la huella de carbono de la carretera en su fase de uso, utilizando herramientas CO2TA del CEDEX o similar, facilitando información sobre las distintas opciones barajadas y la opción final seleccionada.
Todas estas opciones también deben ser tenidas en cuenta durante la redacción del proyecto, es decir, deben ser especificaciones a incluir en los mismos, que no puedan ser modificadas en la licitación de las obras ni durante la ejecución de las mismas.
Aumento de la durabilidad de los materiales y reducción de las necesidades de mantenimiento.
Mejora de eficiencia energética en túneles de carreteras mediante la instalación de balastros electrónicos en alumbrado de refuerzo, iluminación LED en alumbrado base, implantación de sistema de regulación de iluminación, construcción de bóvedas de transición lumínica.
Reciclado en caliente en central de fabricación para los áridos procedentes del fresado, como en el reciclado in situ con emulsión.
Estas especificaciones también deberán ser tenidas en cuenta en la fase de redacción del proyecto.
Conservación o mantenimiento de carreteras
Estrategias de mantenimiento y rehabilitación que incluyan un plan de seguimiento y un plan de mantenimiento:
Plan de mitigación de la congestión vial que incluya soluciones como rutas alternativas, carriles reversibles y arcenes. A la hora de elegir la solución del firme a construir, en fase de proyecto, se realizará un análisis del coste del ciclo de vida (CCV).
En zonas con muy elevado tráfico de pesados (polígonos industriales, puertos, zonas logísticas, etc.) introducción de componentes de control de la contaminación del agua y componentes de capacidad de retención de aguas pluviales, entre ellos soluciones de ingeniería suave (p. ej., soluciones basadas en la naturaleza) en el sistema de drenaje, que incluyan potencial para crear hábitats, en particular para reducir la afluencia de agua de escorrentía hacia el sistema de canalización de aguas pluviales y la cantidad total de agua que llega a dicha canalización o a las aguas superficiales, disminuyendo así notablemente los daños relacionados con las inundaciones.
Seguimiento de recomendaciones o criterios técnicos para evitar o reducir los daños derivados de la fragmentación de ecosistemas, incluyendo el diseño de medidas específicas para evitar los riesgos de atropellos de fauna.
Los órganos de contratación pueden consultar con detalle los criterios de la contratación pública verde de la UE en este tipo de contratos en el enlace: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/roads/ES.pdf.
CPV 09310000-5 Electricidad
Incluir como especificación técnica que al menos un 50 % de la electricidad suministrada proceda de fuentes renovables o de cogeneración de alto rendimiento, con garantía de origen acreditada por la CNMC, tal y como se definen en la Directiva 2009/28/CE y la Directiva 2004/8/CE, respectivamente.
Incrementar progresivamente esta exigencia en un 10 % en cada año, a partir de 2020, con el objetivo de llegar en 2025 a un 100 % de suministro de electricidad de fuentes renovables.
Los pliegos de cláusulas administrativas particulares determinarán la forma y la periodicidad en la que el contratista deberá acreditar el cumplimiento de estos requisitos.
Se valorará la inclusión de la obligación a los adjudicatarios de ejecutar una relación de instalaciones de generación eléctrica «in situ» a través de fuentes de energía renovable para autoconsumo de los edificios o infraestructuras objeto del contrato de suministro eléctrico.
Se podrá excluir del cumplimiento de esta medida las obras de túneles con carácter excepcional, y siempre y cuando se justifique que por la dificultad del lugar de acceso, no sea factible, el suministro de energía de origen renovable.
Los órganos de contratación podrán asumir criterios adicionales para incorporar en los pliegos de contratación siguiendo los criterios de la contratación pública verde de la UE en este grupo de productos. El enlace es: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/electricity_es.pdf.
9. Equipos de impresión
PV 30120000-6: Fotocopiadoras, máquinas offset e impresoras
CPV 30232110-8: Impresoras láser
CPV 30121100-4: Fotocopiadoras
CPV 30232100-5: Impresoras y trazadores gráficos
Especificaciones técnicas sobre criterios energéticos:
Incorporación como criterios energéticos obligatorios los establecidos en la etiqueta «Energy Star» o en una análoga a criterio de la Comisión Europea. Se podrán conceder puntos adicionales si el producto es más eficiente desde el punto de vista energético
Especificaciones técnicas sobre restricciones de sustancias peligrosas y gestión de los residuos:
Se seguirá lo establecido en el Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y el Real Decreto 110/2015, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en cuanto a la gestión de sus residuos en lo concerniente a la jerarquía y especialmente el objetivo de reutilización que marca la RAEE.
Los productores de AEE domésticos o profesionales, demostrarán estar constituidos en sistemas individuales o colectivos a través del número de inscripción en el Registro Integral Industrial sección RAEE.
– Los equipos de impresión estarán equipados con una unidad de impresión/copia a doble cara automática, y serán compatibles con el papel reciclado.
– Los equipos de impresión de imagen ofrecerán como función estándar la capacidad de imprimir y/o copiar dos o más páginas de un documento en una sola hoja de papel.
– Disponer de algún etiquetado ecológico o certificado, en el marco de la norma UNE-EN ISO 14024 (Etiquetas ecológicas y declaraciones medioambientales. Etiquetado ecológico Tipo 1. Principios y procedimientos), que garantice una baja incidencia medioambiental, tales como Blue Angel, Nordic Swan, Eco Mark o equivalente.
– Adecuación de los fabricantes a las exigencias medioambientales, (certificados de Gestión Medioambiental, de conformidad con la norma UNE-EN ISO 14001, por un organismo verificador medioambiental acreditado por ENAC u organismo de acreditación equivalente).
– Consumo eléctrico típico CET (KWh/semana).
– Nivel de presión sonora en operación (dB) ISO 7779/9296 o equivalente.
– Se podrán conceder puntos adicionales a los equipos que cuenten con filtro de ozono.
Los órganos de contratación podrán asumir criterios adicionales para incorporar en los pliegos de contratación siguiendo los criterios de la contratación pública verde de la UE en este grupo de productos. El enlace es: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/imaging/ES.pdf.
Las invitaciones al evento y comunicaciones se realizarán por correo electrónico. La inscripción también será electrónica.
En la elección de los lugares para la celebración de eventos se evitarán entornos naturales no acondicionados que sean ambientalmente sensibles o con presencia de especies de fauna y flora que pueda verse afectada por la celebración de dichos eventos.
El lugar de celebración deberá ser fácilmente accesible en transporte público, bicicleta o caminando.
Se procurará un aumento del uso del transporte público colectivo para acceder a los actos.
Se incluirá de forma obligatoria la información de los transportes públicos existentes para acceder al recinto en la propaganda de todos los actos.
Se deberá reducir al mínimo el material impreso.
Las tarjetas de acreditación y el cordón que las sujeta serán reutilizables y/o reciclables.
Inclusión de recogida selectiva de residuos para la organización y el público general en todos los actos.
En la contratación del servicio de organización de un evento, la solicitud de la realización del cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero o huella de carbono que supone el evento, valorando positivamente la compensación de dicha huella de carbono.
Si el evento incluye catering, cumplir con las indicaciones incluidas en el apartado de Alimentación y servicios de restauración.
Se fomentará, siempre que sea posible, el consumo de agua del grifo.
Se procederá a la adecuada gestión de los residuos generados durante la organización del evento, su desarrollo y desmantelamiento de conformidad con la Ley 22/2011, prestando especial atención a la aplicación del principio de jerarquía de residuos.
11. Grifería sanitaria
Las especificaciones técnicas y criterios de adjudicación tendrán como objeto dotar a los edificios nuevos y rehabilitados de una grifería sanitaria eficiente en cuanto al consumo de agua y de energía.
Los órganos de contratación pueden consultar con detalle los criterios de la contratación pública verde de la UE en este tipo de contratos en el enlace: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/sanitary/ES.pdf.
12. Inodoros y urinarios de descarga
Aumento de la longevidad del producto.
Uso de agua regenerada.
Los órganos de contratación pueden consultar con detalle los criterios de la contratación pública verde de la UE en este tipo de contratos en el enlace: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/toilets/criteria_Toilets_es.pdf.
13. Mobiliario y paneles murales
CPV 39100000-3 Mobiliario.
CPV 33192000-2 Mobiliario para uso médico
Disponer de un certificado ISO 14006 o equivalente emitido a nombre del fabricante del producto. (Podrá ser utilizado también como requisito de solvencia).
La madera y materiales a base de madera procederán de fuentes legítimas (bosques de gestión legal y sostenible).
Utilización de materiales elaborados parcial o totalmente a partir de materiales reciclados o renovables (como la madera).
Limitar el contenido en disolventes orgánicos y las emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) de los productos, adhesivos y sustancias destinadas al tratamiento de superficies.
Evitar ciertas sustancias peligrosas en la producción de materiales y el tratamiento de superficies.
Los envases se deberán realizar con material reciclado y fácilmente reciclable o con materiales procedentes de recursos renovables, o ser un sistema multiusos.
Garantizar la reciclabilidad y la separabilidad de los materiales de envasado y las piezas del mobiliario, así como el uso de materiales de envasado elaborados a base de materias primas renovables.
Adquisición de mobiliario duradero, apto para su uso, ergonómico, fácil de desmontar, reparable y reciclable.
Si la compra de mobiliario y paneles murales incorpora la retirada de los muebles que sean desechados, y por tanto adquieran su condición de residuo, éstos deberán gestionarse conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio, prestando especial atención a la aplicación del principio de jerarquía de residuos. Igualmente, en aplicación de la economía circular, se fomentará la aplicación de operaciones para la reutilización cuando sea posible.
Los órganos de contratación podrán asumir criterios adicionales para incorporar en los pliegos de contratación siguiendo los criterios de la contratación pública verde de la UE en este grupo de productos. En el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/furniture_GPP_product_sheet_es.pdf.
14. Ordenadores y monitores
CPV 30213300-8: Ordenadores de mesa
CPV 30213100-6: Ordenadores portátiles
CPV 30231300-0: Pantallas de visualización
Incorporación como criterios energéticos obligatorios los establecidos en la etiqueta «Energy Star» o en una análoga a criterio de la Comisión Europea. Se podrán conceder concederán puntos adicionales si el producto es más eficiente desde el punto de vista energético.
Se seguirá lo establecido en el Real Decreto 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos y el Real Decreto 110/2015, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en cuanto a la gestión de sus residuos.
Disponer de algún tipo de etiquetado ecológico o certificado que garantice una baja incidencia medioambiental, tales como la etiqueta ecológica de la UE (ECOLABEL), de conformidad con el Real Decreto 234/2013 de 5 abril, por el que se establecen normas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la Unión Europea, Ángel Azul (Blaue Engel), EPEAT, TCO, o etiquetado ecológico, en el marco de las normas UNE-EN ISO 14024 y UNE-EN ISO 14021 o equivalentes.
Adecuación de los fabricantes a las exigencias medioambientales, estimándose aquéllos que tienen certificados sus sistemas de gestión medioambiental, de conformidad con la norma UNE-EN ISO 14001, por un organismo verificador medioambiental acreditado por ENAC u organismo de acreditación equivalente. Se especificará, en su caso, si el fabricante está registrado en el Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS), regulado por el Reglamento (CE) n.º 1221/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, del 25 de noviembre de 2009.
Consumo eléctrico en diferentes estados.
Nivel de presión sonora en operación (dB) según ISO 7779/9296 o equivalente.
Se podrá valorar el número de años de la garantía que cubrirá la reparación o sustitución y el acuerdo de servicio con la opción para el consumidor de recogida y devolución o de reparación in situ, así como la disponibilidad continua de piezas de recambio.
Los órganos de contratación podrán asumir criterios adicionales para incorporar en los pliegos de contratación siguiendo los criterios de la contratación pública verde de la UE en este grupo de productos. El enlace es: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/computers%20and%20monitors/ES.pdf.
15. Papel para copias y papel gráfico
CPV 30197630-1: Papel de impresión
CPV 30197643-5: Papel para fotocopiadora
Tal y como destaca la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la actuación habitual de las Administraciones está basada en un funcionamiento íntegramente electrónico, que por tanto afecta a la reducción progresiva del consumo de papel hasta su eliminación. Para los contratos en los que sea necesaria la adquisición de papel, se describen a continuación especificaciones técnicas y criterios de adjudicación a considerar.
Las fibras utilizadas en la fabricación del papel deberán contar con una certificación de gestión forestal sostenible y con una certificación de la cadena de custodia (FSC, PEFC o equivalente) que garantice la trazabilidad de las materias primas de origen forestal y sus derivados a través de las distintas fases del proceso productivo.
En fibra virgen, no se admitirá la utilización del cloro elemental como blanqueante. Los procedimientos de blanqueo admitidos serán los denominados en la industria ECF (Elementary Chloryne Free) y TCF (Totally Chloryne Free).
El papel reciclado estará fabricado con un mínimo de un 70 % de papel para reciclar.
Se valorará positivamente disponer de algún tipo de etiquetado ecológico que garantice una baja incidencia medioambiental, como por ejemplo la Etiqueta Ecológica de la UE (ECOLABEL), de conformidad con el Real Decreto 234/2013 de 5 abril, por el que se establecen las normas para la aplicación del Reglamento (CE) n.º 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la Unión Europea en el caso del papel de copia y gráfico.
Los órganos de contratación podrán asumir criterios adicionales para incorporar en los pliegos de contratación siguiendo los criterios de la contratación pública verde de la UE en este grupo de productos. El enlace es: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/paper_GPP_product_sheet_es.pdf.
16. Productos textiles
Adquisición de productos textiles de producción ecológica.
Adquisición de productos textiles usados que se puedan volver a utilizar para su propósito original, o productos textiles que contengan fibras recicladas.
Adquisición de productos textiles en cuya producción se haya hecho un uso reducido de sustancias peligrosas para el medio ambiente.
Adquisición de productos textiles con pocas sustancias peligrosas para la salud humana.
Adquisición de productos textiles que cumplan los requisitos mínimos de solidez de los colores y estabilidad de las dimensiones.
Prevención de fallos prematuros y del consiguiente despilfarro de productos textiles mediante la promoción de tejidos de colores sólidos que no encojan durante su uso.
Se valorará positivamente disponer de algún tipo de etiquetado ecológico o certificado que garantice una baja incidencia medioambiental, tales como la etiqueta ecológica de la UE (ECOLABEL) o equivalente.
Si la compra de productos textiles incorpora la retirada de aquellos que sean desechados, y por tanto adquieran su condición de residuo, estos deberán gestionarse conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio, prestando especial atención a la aplicación del principio de jerarquía de residuos. Igualmente, en aplicación de la economía circular, se fomentará la aplicación de operaciones para la reutilización cuando sea posible.
Los órganos de contratación pueden consultar con detalle los criterios de la contratación pública verde de la UE en este tipo de contratos en el enlace: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/textiles_es.pdf.
17. Productos y servicios de jardinería
Uso de compost procedente de residuos recogidos selectivamente como enmienda del suelo y fertilizante con estrictos controles de calidad.
Adquisición de enmiendas del suelo evitando materiales susceptibles de transferir contaminantes al mismo.
Limitación de los riesgos de los productos fitosanitarios y aplicación de técnicas alternativas de control de plagas.
Uso (cuando sea posible) de agua no potable, instalación de sistemas de riego eficientes y aplicación de diferentes medidas para reducir la demanda de agua: acolchado (mulching), disposición de las plantas según sus necesidades hídricas o selección de plantas ornamentales adaptadas o autóctonas.
Adquisición preferente de plantas ornamentales producidas ecológicamente y autóctonas.
Garantía de la recogida selectiva de los residuos y el tratamiento de los residuos orgánicos para la obtención de compost y el acolchado (mulching).
Uso de contenedores de las plantas reutilizables o biodegradables.
Adquisición de productos distribuidos en envases reciclados, compostables, reutilizables, reciclables o biodegradables.
Uso de maquinaria con un nivel bajo de ruido, de emisiones y de consumo, además de combustibles más ecológicos.
Uso en la maquinaria de jardinería de lubricantes rápidamente biodegradables y que no sean potencialmente bioacumulativos, o aceites regenerados.
Formación adecuada del personal.
Atención preferente a la no utilización de especies exóticas invasoras o con potencial invasor, incluida la sustitución y adecuada eliminación de especies exóticas invasoras ya implantadas en jardines.
Preferencia sobre especies autóctonas de jardinería adecuadamente seleccionadas por sus características y requerimientos en función del entorno.
Se otorgarán puntos adicionales a aquellos licitadores que propongan un sistema de compostaje técnicamente viable in situ.
Se otorgarán puntos adicionales o se establecerá como condición de ejecución la elaboración de un estudio sobre las emisiones de gases de efecto invernadero que supongan las labores de fertilización y mantenimiento de los jardines. Para ello podrán utilizarse las herramientas públicas del Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción del Ministerio para la Transición Ecológica.
Se valorará positivamente la propuesta de actuaciones y gestiones menos emisoras.
Los órganos pueden consultar con detalle los criterios de la contratación pública verde de la UE en este tipo de contratos en el enlace: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/gardening_es.pdf.
18. Productos y servicios de limpieza
Acreditación del cumplimiento de los productos de las prescripciones medioambientales mediante la presentación de ecoetiqueta tipo I o equivalente, fichas técnicas de productos u otros medios.
Prohibición de existencia de determinadas sustancias nocivas para el medio ambiente en los productos de limpieza (de acuerdo con niveles de contenido total de fósforo elemental, contenido total de fosfatos, agentes tensioactivos biodegradables en condiciones anaeróbicas).
En los productos higiénicos, el papel higiénico y las toallitas secamanos dispondrán de la ecolabel de paper tissú o medida equivalente.
CPV Servicios de limpieza
909192004: Servicio de limpieza de oficinas.
El contrato centralizado incluye otras prestaciones que pueden considerarse parte de un servicio de limpieza integral como son:
– Desratización, desinfección y desinsectación (DDD), con CPV 909210009- 90923003
– Retirada de unidades higiénicas sanitarias y objetos punzantes y cortantes de gabinetes médicos, con CPV 905241007 y 905244000.
– Servicios de lavandería con CPV 983110006.
El contrato incluye además el suministro de los productos de limpieza.
Condición de ejecución:
Poseer un programa de formación al personal de limpieza que recoge los aspectos medioambientales en la prestación del servicio. La formación recibida por el personal de limpieza debe ser más incisiva en los aspectos medioambientales, comprendiendo no sólo contenidos relativos a la separación de residuos, sino también concienciando a los empleados en el uso eficiente de recursos energéticos y de agua, utilización de cantidades adecuadas de producto que no resulten nocivas para el medio ambiente, o fomentando el empleo de productos ecológicos, entre otros.
Se admitirá como prueba de cumplimiento un sistema de gestión medioambiental (como EMAS o ISO 14001) que cubra y certifique las capacidades de gestión medioambiental establecidas en los criterios de selección, así como otras pruebas de medidas de gestión medioambiental equivalentes.
Sistemas de gestión medioambiental de los licitadores de acuerdo con normas europeas e internacionales
Exigencia de empleo de productos biodegradables, evitando el contenido de fósforo y limitando los biocidas.
Presencia de equipos de intervención ante emergencias medioambientales en caso de derrames y vertidos en laboratorios.
Controles de calidad en la prestación del servicio durante la ejecución del contrato que incluyen, entre otros la verificación de los productos de limpieza utilizados.
Debe garantizarse la recogida separada de residuos generados como consecuencia de la actividad en cada edificio y acreditar la entrega para su gestión a un gestor autorizado.
Las bolsas de basura estarán fabricadas al menos en un 80% de plástico reciclado.
En el caso de las bolsas para la recogida de bioresiduos (por ejemplo materia orgánica y fracción vegetal) deberán ser biodegradables o compostables, para lo cual cumplirán con la norma UNE-EN 13432:2000 para el compostaje industrial o con normas para la compostabilidad en compostaje doméstico u otras normas similares.
Respecto de la maquinaria y herramientas que se utilicen para la limpieza de los edificios, deberá indicarse en las fichas técnicas el consumo energético y, en su caso, de agua, así como los niveles de ruido.
Criterio de adjudicación:
Las unidades de prevención de riesgos laborales de los Departamentos ministeriales, elaborarán y expondrán en los edificios instrucciones de trabajo precisas de modo que estén accesibles para el personal de limpieza, sobre la protección medioambiental y las normas de salud y seguridad en la prestación del servicio, así como la correcta separación de los residuos. Se realizarán sesiones informativas sobre estos aspectos anualmente a los trabajadores, durante el periodo de ejecución del contrato.
Los órganos de contratación podrán asumir criterios adicionales, o más detallados, para incorporar en los pliegos de contratación siguiendo los criterios de la contratación pública verde de la UE en este grupo de productos.
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/cleaning_product/es.pdf.
19. Sistemas combinados de calor y electricidad (cogeneración). Sistemas de climatización
Adquisición de equipos o sistemas de cogeneración (unidades CHP) eficientes que utilicen fuentes de energía renovable.
Promover el uso de unidades CHP capaces de transformar el combustible y la energía renovable en calor y electricidad con la máxima eficiencia, para ahorrar recursos y minimizar las emisiones de gases de invernadero, reduciendo el consumo de combustibles fósiles.
Los sistemas de climatización (frío-calor) que utilicen fluidos deben tener en cuenta el potencial de calentamiento de los mismos promoviendo refrigerantes naturales. Se promoverán los sistemas de climatización que usen energías renovables con especial mención a sistemas de bomba de calor con geotermia o aerotermia y biomasa donde sea medioambientalmente adecuado.
Los órganos de contratación pueden consultar con detalle los criterios de la contratación pública verde de la UE en este tipo de contratos en el enlace: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/chp/es.pdf.
CPV Turismos y vehículos ligeros:
34110000 Automóviles para pasajeros
341300007 Vehículos de motor para transporte de mercancías
342100002 Carrocerías para vehículos
CPV Vehículos de transporte público:
341200004 Vehículos a motor para transporte de diez o más personas
341210001 Autobuses y Autocares
CPV Camiones de recogida de residuos:
341400000 Vehículos pesados
CPV Vehículos para vigilancia de la costa:
34113200-4 Vehículos todoterreno
Preferencia de adquisición, alquiler, renting u otras formas de uso de vehículos clasificados en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico como «Cero Emisiones» o alternativamente «ECO» en aquellos casos en que no haya una alternativa «Cero emisiones» para la tipología de vehículo requerido y los usos a los que vaya a ser destinado. Una mayor presencia de vehículos de este tipo frente a las restantes tipologías en el parque móvil existente permitirá obtener la máxima rentabilidad a la inversión realizada en los vehículos.
En todo caso, se establecerá como criterio de valoración las mejoras respecto de la norma EURO en vigor.
Preferencia a vehículos con alta reciclabilidad de componentes.
Utilización de plásticos reciclados. Valoración de la estimación del porcentaje en peso del vehículo que proceda de materiales reciclados o renovables.
Ausencia de gases de efecto invernadero en los refrigerantes del sistema de aire acondicionado.
Presencia de sistemas que ayudan a un menor consumo de combustible: indicador de presión de neumáticos, control de velocidad de crucero, sistemas de aire acondicionado tipo climatizador.
Incorporación de sistemas de apagado y encendido automático (start/stop).
Incorporación de sistemas de información en tiempo real para el conductor sobre conducción ecológica: indicador consumo de energía, autonomía, recomendación de cambio de marchas para la reducción del consumo y otros.
Posibilidad de modificación del contrato, previa solicitud, para la sustitución de bienes que incorporen novedades por razón de evolución tecnológica no existentes con carácter previo a la adjudicación.
Inclusión de puntos de recarga para vehículos que utilicen energías alternativas (electricidad, gas natural,…) en nuevas edificaciones y edificaciones existentes.
Preferencia por modelos de uso de transporte colectivo, compartido, uso de bicicleta y otros modos de bajas emisiones.
Utilización de lubricantes de larga duración.
Los órganos de contratación podrán asumir criterios adicionales para incorporar en los pliegos de contratación siguiendo los criterios de la contratación pública verde de la UE en este grupo de productos. El enlace es: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/transport_es.pdf.
Libro Verde sobre la modernización de la política de contratación pública de la UE - Hacia un mercado europeo de la contratación pública más eficiente, COM(2011) 15, enero de 2011.
Comunicación de la Comisión EUROPA 2020. Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador (COM(2010) 2020 final).http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF.
En esta Estrategia se plantea que la contratación pública:
Mejore las condiciones generales que favorezcan la innovación por parte de las empresas en los mercados donde el sector público es un destacado comprador, haciendo un uso pleno de las políticas de demanda.
Apoye el cambio hacia una economía que haga un uso más eficiente de los recursos (con bajas emisiones de carbono, por ejemplo) fomentando la generalización de una contratación pública ecológica, y a la vez competitiva,
Mejore el entorno empresarial, en especial para las PYME innovadoras, un alto nivel de empleo, así como la cohesión territorial y social.

References: Resolución 
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