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Timestamp: 2018-08-17 03:15:18+00:00

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Derecho & Práctica Procesal: Procuradores de los Tribunales
Etiquetas: Consumidores y usuarios, Presentación, Procuradores, Publicaciones
Con carácter general se puede definir a los procuradores como aquellos profesionales, licenciados en Derechos, encargados de la representación técnica de las partes ante los Juzgados y Tribunales en los distintos procedimiento judiciales. En este sentido, son interlocutores cualificados entre los ciudadanos y los Órganos Judiciales, justificándose su intervención por la complejidad y carácter técnico del funcionamiento de aquéllos. Por ello, incluso en aquellos procedimientos judiciales en que no es preceptiva su intervención, los interesados pueden designar procurador para que les representen.
El artículo 1 del Estatuto General de los Procuradores de España, aprobado por Real Decreto 1281/2002 de 5 de diciembre, afirma que:
La Procura, como ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales, es una profesión libre, independiente y colegiada que tiene como principal misión la representación técnica de quienes sean parte en cualquier clase de procedimiento.
Es también misión de la Procura desempeñar cuantas funciones y competencias le atribuyan las leyes procesales en orden a la mejor administración de justicia, a la correcta sustanciación de los procesos y a la eficaz ejecución de las sentencias y demás resoluciones que dicten los juzgados y tribunales. Estas competencias podrán ser asumidas de forma directa o por delegación del órgano jurisdiccional, de conformidad con la legislación aplicable.
Su intervención en la Administración Justicia, actuando ante los Juzgados y Tribunales en representación de las partes, es esencial para el correcto desarrollo de los procedimientos, especialmente para que las distintas actuaciones se cumplan dentro de los plazos previstos en las leyes procesales.
En España los procuradores han de ser licenciados en derecho y estar inscritos en el correspondiente Colegio Profesional.
Más información en: http://www.cgpe.net/
¿Cuándo intervienen?
La intervención de los procuradores en los procesos judiciales es obligatoria y preceptiva únicamente en aquellos casos previstos en la Ley.
* En los asuntos civiles la intervención obligatoria del procurador es la regla general al disponer el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que la comparecencia en juicio será por medio de Procurador, que habrá de ser licenciado en Derecho, legalmente habilitado para actuar en el Tribunal que conozca del juicio.
Aunque se establecen una serie de excepciones a dicha intervención preceptiva:
En los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2.000 euros y para la petición inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en esta Ley.
En los juicios universales, cuando se limite la comparecencia a la presentación de títulos de crédito o derechos, o para concurrir a Juntas.
En los incidentes relativos a impugnación de resoluciones en materia de asistencia jurídica gratuita y cuando se soliciten medidas urgentes con anterioridad al juicio.
No obstante, las partes pueden valerse voluntariamente de procurador en cualquier tipo de proceso. Además, el procurador legalmente habilitado podrá comparecer en cualquier tipo de procesos sin necesidad de abogado, cuando lo realice a los solos efectos de oír y recibir actos de comunicación y efectuar comparecencias de carácter no personal de los representados que hayan sido solicitados por el Juez, Tribunal o Secretario judicial. Al realizar dichos actos no podrá formular solicitud alguna. Es incompatible el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales.
* En los asuntos penales: la intervención del procurador es voluntaria hasta la fase de apertura del juicio oral, momento en que el artículo 784.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminar establece que si el imputado no ejercitase su derecho a designar Procurador o a solicitar uno de oficio, el secretario judicial interesará, en todo caso, su nombramiento. En cambio, en los juicios de faltas su intervención es voluntaria.
* En el ámbito laboral la intervención del procurador es facultativa.
* Finalmente, en la jurisdicción contenciosa-administrativa el artículo 23 de la Ley reguladora de dicha jurisdicción establece que: “1. En sus actuaciones ante órganos unipersonales, las partes podrán conferir su representación a un Procurador y serán asistidas, en todo caso, por Abogado. Cuando las partes confieran su representación al Abogado, será a éste a quien se notifiquen las actuaciones. 2. En sus actuaciones ante órganos colegiados, las partes deberán conferir su representación a un Procurador y ser asistidas por Abogado. 3. Podrán, no obstante, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles.”
Forma de designación
Como regla general, la designación o elección del procurador es libre y voluntaria, basándose en una relación de confianza entre el cliente y el profesional. El artículo 27 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que a falta de disposición expresa sobre las relaciones entre el poderdante y el procurador, regirán las normas establecidas para el contrato de mandato en la legislación civil aplicable.
No obstante, en el caso de que el litigante goce del beneficio de justicia gratuita, se le designará procurador por el correspondiente Colegio Profesional.
Finalmente, en el proceso penal se procederá a la designación de oficio de procurador cuando no se realice voluntariamente por el imputado cuando la fase del procedimiento así lo exija, lo comportará la obligación de satisfacer sus derechos salvo que la parte en cuestión goce del beneficio de justicia gratuita.
La relación con el procurador se inicia cuando se le confiere poder para intervenir en un procedimiento judicial. Dicho poder se le puede conferir de dos formas:
Ante Notario mediante un poder notarial para pleitos.
Mediante comparecencia "apud acta" ante el secretario judicial de cualquier Oficina Judicial.
El artículo 24 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que la escritura de poder se acompañará al primer escrito que el procurador presente o, en su caso, al realizar la primera actuación; y el otorgamiento apud acta deberá ser efectuado al mismo tiempo que la presentación del primer escrito o, en su caso, antes de la primera actuación, sin necesidad de que a dicho otorgamiento concurra el procurador.
El poder conferido puede ser general o especial. Los secretarios judiciales tienen obligación de informar en todo caso a los poderdantes del alcance del poder conferido en cada caso concreto.
El acceso a la profesión de procurador se encuentra regulado en la siguiente normativa básica:
Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales modificada por la disposición final tercera del Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, de mediación en asuntos civiles y mercantiles en su Disposición final tercera.
Real Decreto 775/2011 de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador.
El artículo 7 del Estatuto General establece que “La organización profesional de los Procuradores de los Tribunales de España está formada por:
El Consejo General de Procuradores de los Tribunales.
Los Consejos de Colegios de Procuradores de Comunidad Autónoma.
Los Colegios de Procuradores.
Estas corporaciones colegiales tendrán las competencias que les atribuyan las leyes, este Estatuto General y sus Estatutos particulares.
En su estructura y funcionamiento interno, todas las corporaciones se ajustarán a los principios democráticos y al régimen de control presupuestario anual.
Por su parte, el artículo 110 del Estatuto General señala que “El Consejo General de Procuradores de los Tribunales es el Ente corporativo superior de estos últimos, a efectos representativos, consultivos, de coordinación y de dirección, en los ámbitos estatal e internacional. Es, también, la única instancia corporativa disciplinaria estatal, con arreglo a lo establecido en la Ley 2/1974, de 13 de febrero y posteriores, así como legislación autonómica aplicable. Tiene, a todos los efectos, la condición de corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.”
En España la colegiación es obligatoria para el ejercicio de la profesión de procurador.
El artículo 14 del Código Deontológico de los Procuradores estable que “El procurador viene obligado a percibir los derechos que le correspondan por el desarrollo de su actividad profesional con arreglo a las disposiciones vigentes reguladoras del arancel”. El arancel cuantifica las distintas actuaciones y trámites judiciales en que puede intervenir el procurador. Así mismo, deberán abonarse al Procurador los gastos y suplidos que haya podido adelantar (depósitos para recurrir, honorarios de peritos, etc). En caso de imposición de condena en costas su tasación se realiza por el secretario judicial, que es la autoridad encargada de determinar qué conceptos pueden repercutirse a la parte contraria, debiendo abonarse los restantes por el poderdante. Por su parte, el artículo 23 del Código Deontológico señala que “el procurador informará a los destinatarios de sus servicios, antes de la celebración del contrato, o en su caso, antes de la prestación del servicio, de forma clara e inequívoca, del coste estimado de su intervención y la forma de pago. Cuando el destinatario lo solicitara el procurador pondrá a su disposición un presupuesto suficientemente detallado. Para ello podrá utilizar los formularios de nota de encargo elaborados por el Colegio.”
El artículo 29 de la ley de enjuiciamiento civil establece que el poderdante está obligado a proveer de fondos al procurador, conforme a lo establecido por la legislación civil aplicable para el contrato de mandato. Es decir, que debe adelantarle aquellas cantidades que resulten necesarias para el inicio o la buena marcha del procedimiento. En caso de negativa a realizar la provisión de fondos solicitadas, el artículo 29.2 estable que “si, después de iniciado un proceso, el poderdante no habilitare a su procurador con los fondos necesarios para continuarlo, podrá éste pedir que sea aquél apremiado a verificarlo. Esta pretensión se deducirá ante el Tribunal que estuviere conociendo del asunto. Deducida dicha pretensión, por el Secretario judicial se dará traslado al poderdante por el plazo de diez días y el Secretario judicial resolverá mediante decreto lo que proceda, fijando, en su caso, la cantidad que estime necesaria y el plazo en que haya de entregarse, bajo apercibimiento de apremio.”
Según el artículo 24 del código deontológico “El procurador está obligado a rendir cuentas al cliente de los servicios prestados, con especificación de las cantidades percibidas de éste y precisión de los conceptos e importes exactos de los pagos realizados, con mención expresa del artículo aplicado del arancel de derechos vigente.”
Si se desea que el procurador pueda cobrar directamente las cantidades entregadas por el Órgano Judicial puede hacerse constar así expresamente en el poder notarial para pleitos o en la comparecencia para otorgar el poder apud acta.
Derechos y Deberes de los Procuradores
Código deontológico de los Procuradores
El Consejo General de Procuradores de España aprobó su Código Deontológico en el pleno del 17 de diciembre del 2010 fijando los criterios que han de regir la actuación profesional de los Procuradores. Entre ellos destacan los siguientes:
Artículo 4.- Debida competencia y dedicación.
Todo procurador deberá actuar con la debida competencia profesional y dedicación al servicio que se haya comprometido a realizar. No deberá aceptar mayor número de encargos que aquellos que pueda atender debidamente o que superen los medios de que disponga.
Artículo 5.- Honradez y veracidad.
El procurador habrá de comportarse con honradez y veracidad en todas sus actuaciones profesionales.
Artículo 6.- Cumplimiento de sus obligaciones.
Ningún procurador podrá descuidar las obligaciones a que como profesional se haya comprometido ni cesar en ellas, mientras no sea relevado o sustituido en la forma que legalmente proceda.
Artículo 10.- Secreto profesional.
Es obligación del procurador guardar secreto sobre cuantos hechos, documentos y situaciones relacionados con las partes intervinientes en el proceso hubiese tenido conocimiento por razón del ejercicio de su profesión o de su cargo colegial. Esta obligación alcanza también a los hechos de los que haya tenido conocimiento como procurador asociado o colaborador de otro compañero.
Artículo 18.- Intervención del Procurador
El Procurador sólo podrá encargarse de un asunto por mandato expreso de su representado o como consecuencia de designación colegial.
Artículo 19.- Libertad de aceptación y renuncia.
El procurador tendrá plena libertad para aceptar o rechazar la representación procesal en un asunto determinado, sin necesidad de justificar su decisión.
También podrá renunciar libremente a la representación aceptada en cualquier fase del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en las leyes procesales. Dicha libertad se entiende sin perjuicio de la obligación de cumplir las designaciones colegiales para la prestación de los servicios de representación gratuita y turno de oficio, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes reguladoras de los servicios, en los estatutos y en las normas corporativas.
Artículo 20.- Disposición y devolución de documentación.
La documentación recibida del cliente estará siempre a su disposición, no pudiendo en ningún caso retenerla, menos aún bajo pretexto de tener pendiente cobro de cantidad alguna por derechos o suplidos. No obstante, podrá conservar copias de la misma. El procurador que cese en la representación está obligado a entregar al cliente la documentación que obre en su poder.
Artículo 21.- Deber de asesoramiento.
El procurador ofrecerá al cliente sus conocimientos y su experiencia, la dedicación necesaria para el estudio y buena realización de los trabajos que se le encarguen, así como las indicaciones y consejos que puedan ser necesarios para la mejor realización de los mismos.
Artículo 22.- Información sobre actuaciones profesionales.
El procurador está obligado a informar al cliente de sus actuaciones profesionales, empleando para ello con un lenguaje claro y comprensible, así como a comunicarle las resoluciones que fueran más relevantes según su criterio técnico.
Legislación procesal básica
* Es la norma básica de la organización judicial. El artículo 122.1 de la Constitución dispone que “la LOPJ determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales, así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.”
* Texto consolidado
LEY DE ENJUCIAMIENTO CIVIL
* Es la norma esencial en materia de procesos civiles. El artículo 4 de dicho texto legal establece su aplicación supletoria al resto de órdenes jurisdiccionales.
* Regula el proceso penal en sus diversas instancias, desde la fase de instrucción e investigación hasta el enjuiciamiento de los delitos y su posterior ejecución.
* Se ocupa de regular los procedimientos en el ámbito laboral.
LEY DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA
* Desarrolla los procedimientos contra las Administraciones Públicas.
LEY PROCESAL MILITAR
* Regula el procedimiento en el ámbito militar.
Más información en la sección de Enlaces de interés sobre publicaciones y legislación del Portal del Ministerio de Justicia
El artículo 119 de la Constitución proclama que “La justicia será gratuita cuando así lo disponga la Ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”.
Dicha previsión constitucional ha sido desarrollada por la Ley 1/1996 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita que tiene por objeto determinar el contenido del derecho a la asistencia jurídica gratuita y regular el procedimiento para su concesión.
El contenido material del derecho se desarrolla en el artículo 6 de dicha Ley y comprende las siguientes prestaciones:
Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, cuando tengan por objeto evitar el conflicto procesal, o analizar la viabilidad de la pretensión.
Asistencia de abogado al detenido o preso que no lo hubiera designado, para cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en curso o en su primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional, o cuando ésta se lleve a cabo por medio de auxilio judicial y el detenido o preso no hubiere designado Letrado en el lugar donde se preste.
Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o, cuando no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las partes en el proceso.
Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales.
Exención del pago de depósitos necesarios para la interposición de recursos.
Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a los órganos jurisdiccionales, o, en su defecto, a cargo de funcionarios, organismos o servicios técnicos dependientes de las Administraciones públicas. Excepcionalmente y cuando por inexistencia de técnicos en la materia de que se trate, no fuere posible la asistencia pericial de peritos dependientes de los órganos jurisdiccionales o de las Administraciones públicas, ésta se llevará a cabo, si el Juez o el Tribunal lo estima pertinente, en resolución motivada, a cargo de peritos designados de acuerdo a lo que se establece en las leyes procesales, entre los técnicos privados que correspondan.
Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales, en los términos previstos en el artículo 130 del Reglamento Notarial.
Reducción del 80 por 100 de los derechos arancelarios que correspondan por el otorgamiento de escrituras públicas y por la obtención de copias y testimonios notariales no contemplados en el número anterior, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita.
Reducción del 80 por 100 de los derechos arancelarios que correspondan por la obtención de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los Registros de la Propiedad y Mercantil, cuando tengan relación directa con el proceso y sean requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo, o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita.
Los derechos arancelarios a que se refieren los apartados 8 y 9 de este artículo no se percibirán cuando el interesado acredite ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita:
Las siguientes personas jurídicas cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar:
Asociaciones de utilidad pública, previstas en el artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
Fundaciones inscritas en el Registro Público correspondiente.
En los litigios transfronterizos en materia civil y mercantil, las personas físicas contempladas en el Capítulo VIII de esta ley, en los términos que en él se establecen.
Conforme dispone el artículo 3 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita:
Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento de efectuar la solicitud.
Constituyen modalidades de unidad familiar las siguientes:
La integrada por los cónyuges no separados legalmente y, si los hubiere, los hijos menores con excepción de los que se hallaren emancipados.
La formada por el padre o la madre y los hijos que reúnan los requisitos a que se refiere la regla anterior.
Los medios económicos podrán, sin embargo, ser valorados individualmente, cuando el solicitante acredite la existencia de intereses familiares contrapuestos en el litigio para el que se solicita la asistencia.
El derecho a la asistencia jurídica gratuita sólo podrá reconocerse a quienes litiguen en defensa de derechos o intereses propios.
En el supuesto del apartado 2 del artículo 6, no será necesario que el detenido o preso acredite previamente carecer de recursos, sin perjuicio de que si no se le reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, éste deberá abonar al Abogado los honorarios devengados por su intervención. Tampoco será necesario que las víctimas de violencia de género, ni las víctimas del terrorismo, acrediten previamente carecer de recursos cuando soliciten defensa jurídica gratuita especializada, en su caso, que se les prestará de inmediato, sin perjuicio de que si no se les reconoce con posterioridad el derecho a la misma, éstas deban abonar al Abogado, y al Procurador cuando intervenga, los honorarios devengados.
Tratándose de las personas jurídicas mencionadas en el apartado c) del artículo anterior, se entenderá que hay insuficiencia de recursos económicos para litigar, cuando su base imponible en el Impuesto de Sociedades fuese inferior a la cantidad equivalente al triple del salario mínimo interprofesional en cómputo anual.
El procedimiento para la concesión del derecho de asistencia jurídica gratuita depende del territorio donde se solicite.
Para obtener más información pueden consultarse las siguientes páginas webs:
Consejo General Procuradores de España
Portal del Ministerio de Justicia
Publicado por Manuel Merelles Perez en domingo, mayo 19, 2013
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References: artículo 1
 Real Decreto 
 artículo 23
 artículo 784
 artículo 23
 artículo 27
 artículo 24

Real Decreto 
 artículo 7
 artículo 110
 artículo 14
 artículo 23
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 24

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 10

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22
 artículo 122
 artículo 4
 artículo 119
 artículo 6
 resolución 
 artículo 130
 artículo 2
 artículo 32
 artículo 3
 artículo 6