Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-658-de-septiembre-23-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_f082b394b13e008ee0430a010151008e&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-24 02:25:17+00:00

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﻿ Sentencia T-658 de septiembre 23 de 2013
SENTENCIA T-658 DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:DEBERES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS PARA CON SUS MIEMBROS. EN EL EVENTO EN QUE LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS, EN EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA QUE LES ES RECONOCIDA, OPTAN POR NO AFILIAR A SUS INTEGRANTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, SE ENTIENDE QUE ASUMEN DIRECTAMENTE LA OBLIGACIÓN DE ASUMIR EL CUIDADO DE ESTOS AL LLEGAR A LA VEJEZ O CUANDO ENFRENTAN SITUACIONES DE ENFERMEDAD O DISCAPACIDAD, GARANTIZÁNDOLES CONDICIONES DE VIDA DIGNA, A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN Y AYUDA MUTUA QUE LAS PROPIAS COMUNIDADES DISPONGAN PARA EL EFECTO. CUANDO LAS COMUNIDADES SE SUSTRAIGAN DEL CUMPLIMIENTO DE ESTE DEBER, LA PERSONA AFECTADA DEBERÁ ACUDIR, EN PRINCIPIO, A LAS INSTANCIAS DE PROTECCIÓN PREVISTAS EN EL DERECHO CANÓNICO O EN EL DERECHO PROPIO DE LA RESPECTIVA CONFESIÓN PARA HACER EFECTIVOS LOS COMPROMISOS DE AYUDA MUTUA Y PROTECCIÓN QUE SUS COMUNIDADES HAN ADQUIRIDO CON ELLOS. CUANDO TALES MECANISMOS NO EXISTEN O NO SON EFECTIVOS Y LA PERSONA SE EXPONE A QUEDAR EN SITUACIÓN DE INDIGENCIA O A SUFRIR UN PERJUICIO IRREMEDIABLE, LE ASISTE EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACUDIR A LA ACCIÓN DE TUTELA PARA RECLAMAR LA GARANTÍA DE SUS DERECHOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:SEGURIDAD SOCIAL, DERECHO A LA LIBERTAD DE CULTO, DERECHO AL MÍNIMO VITAL, PRÁCTICA DEL CULTO
REVISTA TUTELA N°:171 DE MARZO DE 2014, PÁG.458
Sentencia T-658 de septiembre 23 de 2013
Ref.: Expediente T-3928373
El expediente de la referencia fue escogido para revisión mediante Auto del seis (6) de junio de dos mil trece (2013), proferido por la Sala de Selección Número Seis.
Margarita Alicia López Yepes (Sor María Elena López Yepes) interpuso acción de tutela contra el Monasterio Santa Clara de Copacabana solicitando la protección de sus derechos fundamentales a la vida digna y al mínimo vital. Considera que la comunidad religiosa desconoció estos postulados constitucionales al no reintegrarla al monasterio, luego de que trascurridos cuatro (4) años de retiro le dijeran que no podía volver porque había desatendido sus ‘votos de obediencia y pobreza’.
1. Margarita Alicia López Yepes tiene sesenta y cinco (65) años de edad(1) y pertenece a la comunidad religiosa del Monasterio Santa Clara de Copacabana desde hace cuarenta y dos (42) años(2) Como miembro de la comunidad desarrolló labores domésticas y de recolección de donaciones para la institución, además de labores de huerta y otros trabajos encomendados por sus superioras.
2. En abril del año dos mil ocho (2008) la accionante pidió el retiro de la institución por “los malos tratos de la superiora de ese entonces”(3). En razón de su petición, salió del claustro y luego de 42 años le dieron por concepto de “ayuda del monasterio” la suma de un millón de pesos ($1.000.000)(4). A los pocos días de su retiro solicitó el reintegro a la comunidad religiosa e informó que no iba a suscribir la dispensa de votos perpetuos (retiro definitivo de la institución), “[pues] al ver que la situación en la calle no era la más favorable” había cambiado de parecer.
3. Al mes siguiente de su salida, las directivas de la congregación solicitaron a la santa sede la dispensa de votos perpetuos de la demandante, pero allí les respondieron que
“vista la solicitud y la edad de la interesada, se estima más conveniente concederle dos años de exclaustración como oportunidad para la hermana a fin de que reflexione sobre su situación”. Y agregó que “durante la exclaustración la hermana queda[ba] bajo su dependencia y cuidado”(5).
4. Pasados los dos (2) años de exclaustración concedidos por el Vaticano la demandante pidió el reintegro al Monasterio; a lo cual la madre superiora respondió que no podía aceptar su vuelta porque había que esperar “los resultados de la santa sede”(6). Ante dicha respuesta la accionante efectuó sendas peticiones escritas y telefónicas a la comunidad religiosa, pretendiendo el reingreso a la institución o un monto de dinero que compensara el servicio prestado durante cuarenta y dos (42) años(7). Inclusive, en el año dos mil once (2011) presentó una acción de tutela buscando la protección de su derecho fundamental de petición, el cual entendía vulnerado por la ausencia de respuesta a la institución. Dicha tutela fue negada porque en últimas el monasterio le había respondido que había que esperar respuesta del Vaticano(8).
5. El dieciséis (16) de enero de dos mil trece (2013), luego de diversas insistencias y comunicaciones por parte de la accionante pretendiendo el reintegro a la comunidad, el Consejo del Monasterio Santa Clara decidió amonestarla por falta a los “votos de obediencia y pobreza”, con la advertencia de que si no explicaba, se arrepentía o corregía la conducta asumida iba a ser expulsada de la institución(9). La sanción se fundamentó en el hecho de que una vez vencido el término de la exclaustración (mayo de 2010), la accionante debió presentarse al monasterio y no lo hizo, “sino que empezó a llamar y a poner condiciones [como alternativa a su reintegro]”.
6. Desde la exclaustración de la accionante hasta la presentación de la tutela han trascurrido cerca cuatro (4) años, durante los cuales las directivas del monasterio le han entregado la suma de cien mil pesos ($100.000) mensuales para colaborarle con la manutención(10). Manifiesta que en la actualidad atraviesa una difícil situación económica y que vive donde una tía de noventa y tres (93) años de edad que le brinda techo y alimentación, pero que no puede procurarse nuevas fuentes de ingresos por su avanzada edad y porque durante toda su vida aprendió a desarrollar labores al interior de una comunidad religiosa.
8. El Monasterio Santa Clara de Copacabana, Antioquia, mediante su representante legal, Sor Gloria Ascensión del Espíritu Santo, señaló que estaba dispuesta a adelantar las diligencias necesarias para tramitar el reintegro de la accionante ante la entidad competente; pero que se oponía a la pretensión de concederle una pensión de vejez, porque “no [son] una entidad de seguridad social, de prestación definida ni de ahorro individual, [ni tampoco] un empleador”. Recordó, además, que las comunidades religiosas están regidas por el Concordato suscrito entre la República de Colombia y la santa sede en 1973, de modo que “no puede invocarse la supremacía de la Constitución Política de Colombia para vulnerar su integridad [la del Concordato]”(11).
9. El Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Copacabana, Antioquia, en decisión de primera instancia de veintiséis (26) de febrero de dos mil trece (2013), declaró improcedente la acción de tutela presentada por Margarita Alicia López Yepes. El hecho de que la relación existente entre el monasterio y la accionante no estuviere regulada por las normas civiles sino por aquellas del derecho canónico, le sirvió de fundamento para sostener que no era dable al juez constitucional “interferir en competencias de otras jurisdicciones eclesiásticas”(12). De otra parte, indicó que no se pretendía evitar un perjuicio irremediable porque todas las religiosas que pertenecen al monasterio accionado gozan de los beneficios del régimen subsidiado en salud, y no se había demostrado un menoscabo relevante al mínimo vital.
11. El Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Girardota, Antioquia, revocó la sentencia de primera instancia y decidió amparar los derechos fundamentales de la accionante, ordenando al Monasterio Santa Clara que la reintegrara y le brindara “todos los cuidados necesarios para llevar una vida digna atendiendo a su condición de adulto mayor”(13).
En primer lugar, argumentó que la accionante es una persona de la tercera edad que tenía pocas posibilidades de procurarse en el mundo laboral ingresos alternativos a la ayuda mensual del monasterio, y en parte, porque durante toda su vida desarrollado actividades al interior de la comunidad y no otras destrezas. Por esta razón consideró que se debía amparar el derecho al mínimo vital, aplicando al caso el principio de solidaridad entendido como
“la cooperación y ayuda mutua ante las necesidades, dificultades y contratiempos que se presentan en la cotidianidad del ser humano, el cual involucra también un sentimiento que impulsa a las personas a establecer ayuda mutua o un deber asistencial hacia las personas en peligro o en condiciones de indefensión, y el cual (...) alcanza su plenitud cuando se le adhiere la virtud de la caridad, pregonada por la iglesia católica”(14).
En segundo lugar, el juez sostuvo que no solo se estaba desconociendo el derecho fundamental al mínimo vital, sino también el derecho al debido proceso en el trámite que se sigue para lograr su retiro de la comunidad religiosa. Y es que a su juicio, en dicho proceso no se le dio a la accionante la posibilidad de defenderse sobre la acusación de que desconoció los votos de pobreza y obediencia, y en consecuencia se le adelantó un trámite de expulsión a sus espaldas.
Finalizó su sentencia explicando que la supremacía de la Constitución es un principio fundamental en el Estado Social de Derecho, y que su aplicación debe procurarse en todas las actividades de los ciudadanos, independientemente de la existencia de jurisdicciones eclesiásticas especiales. En palabras del juez:
“si en la Constitución está establecido el respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos, mal puede predicarse la supremacía de supuestas normas [eclesiásticas], todo porque las mismas son de resorte religioso. La comunidad debe entender que se encuentra en un Estado social y democrático de derecho, y que antes de ser religiosos son ciudadanos colombianos que deben respetar los derechos de sus congéneres y cumplir con sus deberes”(15).
4. Uno de las principales diferencias entre el orden constitucional que se inaugura con la Carta Política de 1991 y el que regía bajo la Constitución de 1886 se manifiesta en el diverso modo de definir las relaciones entre el Estado y las iglesias y, sobre esta base, de regular los asuntos concernientes a la religión. El orden constitucional precedente afirmaba el carácter confesional del Estado, al consagrar el predominio de la religión católica sobre los restantes cultos, estos últimos permitidos en tanto no fueran contrarios a la moral cristiana o a las leyes(16). Bajo el imperio de la Constitución de 1886 se suscribieron dos concordatos con la santa sede: el primero firmado en Roma el 31 de diciembre de 1887, ratificado por la Ley 35 de 1888, y el segundo suscrito en Bogotá el 12 de julio de 1973, aprobado mediante Ley 20 de 1974. Aunque existen diferencias relevantes entre ellos, resultado del particular contexto histórico y social en el que fueron suscritos, ambos tratados contemplan, entre otras previsiones, la libertad e independencia de la iglesia respecto del poder civil, la independencia de la legislación canónica respecto de las leyes civiles, el fuero eclesiástico, el reconocimiento de efectos civiles al matrimonio católico, la sujeción de la educación pública a los dogmas y la moral católica y la autorización para el ejercicio de labores de evangelización y control social sobre los pueblos indígenas a través de las misiones.
Entretanto, el orden constitucional que se inaugura tras la Constitución de 1991 afirma el carácter laico del Estado y, por consiguiente, su separación respecto de las iglesias. Asimismo, reconoce el derecho fundamental a la libertad de cultos y establece que “todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley” (C.P. art. 19). Este abandono del confesionalismo a favor de la laicidad y el reconocimiento de la pluralidad e igual libertad de las confesiones religiosas generó la inconstitucionalidad sobreviniente de buena parte de las disposiciones concordatarias, declarada en la Sentencia C-027 de 1993(17). A partir de esta decisión, y en diversos pronunciamientos, la Corte ha definido los principios que orientan la relación entre el Estado y las iglesias, algunos de los cuales fueron sintetizados en la Sentencia C-1175 de 2004(18):
5. Uno de los mecanismos para garantizar las libertades de cultos y de asociación (C.P. arts. 19 y 38), al igual que el principio de no injerencia mutua entre Estado e iglesias, es reconocer a estas últimas un amplio margen de autonomía para definir su organización, su régimen interno y las normas que rigen las relaciones con sus miembros. En tal sentido, la Ley Estatutaria 133 de 1994 (“por la cual se desarrolla el derecho de libertad religiosa y de cultos”) dispone en sus artículos 7º y 13º:
“ART. 13.—Las iglesias y confesiones religiosas tendrán, en sus asuntos religiosos, plena autonomía y libertad y podrán establecer sus propias normas de organización, régimen interno y disposiciones para sus miembros.
Al efectuar el control previo de esta ley, la Corte encontró que los preceptos citados se ajustaban a la Constitución, señalando que:
“este tipo de disposiciones contribuyen a reforzar el régimen de las libertades y a favorecer el ejercicio organizado de las principales funciones y derechos de las iglesias y confesiones religiosas, dentro de los términos de la Constitución, y significan la voluntad del legislador de hacer prevalecer los derechos de las personas, y procuran su eficacia real y efectiva, tal como lo reclama la Carta Política. No obstante el amplio margen de facultades y atribuciones de carácter espiritual e íntimo, así como en el plano de la vida social de las iglesias y confesiones, el proyecto de ley destaca que ellas deben respetar a las personas en sus fueros íntimos y abstenerse de coacción alguna; en cualquier caso, se deben respetar los demás derechos constitucionales fundamentales de las personas, en especial la libertad, la igualdad y la no discriminación”(19).
La Corte declaró exequibles ambos preceptos en la Sentencia C-027 de 1993(20), pero a la vez delimitó el ámbito de ejercicio de esta autonomía, al señalar que:
“en tratándose de actividades exclusiva y esencialmente dedicadas al ejercicio espiritual y culto de la religión, goza ésta de todas las prerrogativas sin que el Estado pueda entrometerse en ello. Es este el campo reservado a su dominio sagrado en que puede desenvolverse con toda amplitud y libertad (C.N. art. 19).// Se declararán exequibles de acuerdo con lo explicado, el artículo 1167 de la Ley 20 de 1974 en lo que respecta a los artículos II y III del Concordato”.
7. En varias decisiones esta corporación ha reconocido la autonomía de la iglesia católica para definir las relaciones con sus fieles en el ámbito ritual y espiritual y, en consecuencia, ha declarado la improcedencia de la tutela como mecanismo para ordenar a las autoridades eclesiásticas el bautizo de menores (T-200/95)(21), la celebración de matrimonios (T-946/99)(22) o su anulación (T-998 de 2002)(23).
8. Sin embargo, como ocurre con los demás derechos constitucionales, la autonomía reconocida a las Iglesias en la gestión de sus asuntos internos y en la relación con sus miembros no es absoluta. El legislador se ocupó de definir en abstracto sus límites en el artículo 4º de la Ley 133 de 1994 al señalar que: “(e)l ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de cultos, tiene como único límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la salvaguarda de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del orden público, protegido por la ley en una sociedad democrática”. Por su parte la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad condicionada de este artículo, precisó que “el orden público como límite al ejercicio del derecho de libertad religiosa, hay que concebirlo como medio para lograr el orden social justo al que se refiere la Carta de 1991, tanto en su preámbulo como en su artículo segundo. Este orden social justo (...) se funda en el legítimo ejercicio de los derechos constitucionales y en el cumplimiento de los fines propios del Estado social de derecho”(24).
9. En relación con el primer tipo de situaciones, en la Sentencia T-351 de 1997(25), la Corte concedió la tutela interpuesta por una pareja de ancianos en contra de la Diócesis de Cúcuta y un sacerdote integrante de la misma. Los demandantes vieron afectado su derecho a la vida digna y al mínimo vital debido a que el sacerdote demandado vendió un bien de propiedad de los primeros, haciendo uso de un poder conferido para el efecto, pero en lugar de entregarles el dinero de la venta, lo consignó a favor de la Diócesis, pretextando la existencia de un testamento en el que aquellos expresaban su voluntad de legar sus bienes a la iglesia católica. La Sala de Decisión consideró que los demandados habían obrado en contra de los principios constitucionales de solidaridad y buena fe, que en este caso se hacían exigibles a través de la tutela, por cuanto como consecuencia de sus actuaciones se estaba afectando de manera grave el derecho de los peticionarios a acceder a unos recursos necesarios para garantizar su mínimo vital.
Por su parte, en la Sentencia T-263 de 1998(26), esta corporación se refirió a los límites a la expresión religiosa, a propósito de la tutela interpuesta por un profesor de secundaria en contra del párroco del pueblo, quien lo había señalado en el púlpito y en una conferencia dictada ante los estudiantes de secundaria de promover prácticas satánicas y estar corrompiendo a la juventud. La Corte otorgó el amparo y ordenó al sacerdote rectificar públicamente las afirmaciones proferidas contra el profesor. En torno a los límites a la expresión religiosa señaló que
“a quien emite opiniones o califica conductas conforme a los postulados y dogmas de una específica cosmovisión religiosa le está vedado imputar falsamente (1) hechos que constituyan delitos; (2) que, en razón de su distanciamiento con la realidad, comprometan el prestigio o la propia imagen de las personas que son objeto de tales opiniones; o, (3) calificaciones tendenciosas, que dentro de contextos de violencia o intolerancia, resulten susceptibles de producir una amenaza real y efectiva de los derechos a la vida y a la integridad personal de la persona afectada”.
Este precedente fue reiterado en la Sentencia T-1083 de 2002(27), donde se amparó el derecho a la dignidad humana de un menor con parálisis cerebral, a quien un sacerdote se negó a dar la comunión durante la celebración de la eucaristía afirmando que, debido a su condición, el menor era como un “animalito” que no entendía el significado del sacramento. Aunque el familiar que interpuso la tutela en nombre del menor también demandaba la protección del derecho a la igualdad, por el trato discriminatorio que recibió por la negativa del sacerdote a darle la comunión, la Corte negó el amparo de este derecho, reiterando así el precedente sobre la autonomía de las iglesias para determinar lo relativo a la administración de los sacramentos, ámbito en el cual aquellas pueden establecer tratos desiguales frente a los cuales el Estado no tiene injerencia alguna. Sin embargo, consideró que “la calificación de un ser humano como “animalito” y un trato acorde con esta calificación, que se dio con la negativa de autorizar la participación del menor en los ritos de la comunidad religiosa, implican una violación grave a la dignidad humana y conducen a la deshumanización de una persona”. En consecuencia, ordenó al sacerdote demandado que hiciera una ceremonia pública, en el mismo lugar de ocurrencia de los hechos motivo de la acción con convocatoria a los feligreses y a los medios de comunicación, y realizara un reconocimiento público de que “trató de manera indebida e inconstitucional al menor”, así como que “los discapacitados, sin considerar la causa o condición de la discapacidad, no implica una situación de inferioridad que permita calificarle como un no ser humano o como un ‘animalito’”. Adicionalmente, condenó en abstracto al sacerdote por los perjuicios morales ocasionados al menor.
10. En otro grupo de decisiones, la Corte ha resuelto conflictos suscitados entre las comunidades religiosas y algunos de sus miembros, a propósito del pago de derechos pensionales. Tal fue el caso resuelto en la Sentencia T-1084 de 2006(28), con ocasión de la tutela interpuesta por un religioso, que había prestado sus servicios a la Universidad de Santo Tomás y a la cual reclamaba el reconocimiento de derechos pensionales. En esta ocasión la Sala Octava de Revisión no llegó a abordar el problema sustantivo que se planteaba y desestimó las pretensiones, por considerar que el accionante no había agotado todos los mecanismos de defensa judicial ordinarios.
Al año siguiente, la Sala Plena de la Corte se pronunció sobre un caso similar en la Sentencia SU-540 de 2007(29), a raíz de la tutela presentada por un sacerdote que también demandaba a la Universidad Santo Tomás por el reconocimiento de derechos pensionales. La demanda laboral ordinaria había sido resuelta en primera instancia a favor del accionante, pero revocada en segunda instancia, en decisión confirmada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En esta oportunidad la tutela fue dirigida contra la sentencia de casación que negó las pretensiones del accionante con el argumento de que la relación con la comunidad religiosa no se regía por las normas del derecho laboral y de la seguridad social, sino por el derecho canónico.
En este fallo la Corte se refirió a la tensión entre la autonomía de las comunidades religiosas para definir las relaciones con sus miembros, en particular de la reconocida a la iglesia católica en virtud del concordato y, de otro lado, los mandatos constitucionales que ordenan la protección del trabajo y establecen el carácter irrenunciable de los beneficios mínimos consagrados en el artículo 53, Constitución Política, entre los cuales se incluye la garantía de la seguridad social.
“Por virtud de los mandatos constitucionales que amparan la libertad de conciencia y credo, las autoridades estatales deben entonces respetar las reglas propias de las organizaciones religiosas y garantizar ‘los compromisos’ que surjan entre aquellas y sus miembros o adherentes. Dichas relaciones, como sucede en el caso de la religión católica, se plasman en la profesión de votos solemnes (...) de pobreza, obediencia y castidad, que llevan, particularmente los dos primeros, a que voluntaria y espontáneamente dichos miembros o adherentes renuncien a ingresos destinados a su propio y personal enriquecimiento y que desempeñen las labores que les sean encomendadas mediante órdenes del correspondiente superior religioso, competente conforme a las reglas del Derecho Canónico (...).
En ese orden de ideas, en consonancia con los mandatos constitucionales que plasman, a su vez, acuerdos celebrados por el Estado colombiano en el marco más amplio de sus relaciones internacionales (OIT por ejemplo) debe velarse por la protección del trabajo personal de los habitantes del Estado y por ello los Estados resultan obligados a garantizar que no haya tratos discriminatorios, ni aberrantes, etc.
Entonces se ha de indicar que en desarrollo y con respeto de dichos compromisos mutuos y recíprocos y en la medida que ellos se cumplan no cabría acción del Estado, pues se hallaría garantizados el derecho inalienable de la persona a la existencia en condiciones de “vida digna” que los miembros de la orden aceptan, se repite, por su propia y espontánea voluntad, en desarrollo de sus convicciones religiosas y de actitud ante la sociedad”. (resaltado añadido)
“La relación de compromiso mediante votos a una determinada comunidad u orden religiosa está llamada a producir efectos jurídicos en el ámbito específico de esas relaciones; pero el Estado tal como se halla configurado en la Constitución protege y garantiza dichos compromisos que resultan mutuos y recíprocos. Para el caso, como se ha señalado, dicha relaciones se enmarcan en el contexto del concordato celebrado entre el Estado y la iglesia católica conforme a las reglas del derecho internacional y que constituyen un ámbito específico mediante el cual se da entrada a las disposiciones propias del Derecho Canónico y de la orden o comunidad religiosa que se trate (para el caso las constituciones de la orden de predicadores).
Va de suyo que los compromisos surgidos de la vinculación y adhesión a una determinada orden, congregación o instituto religioso no pueden resultar atentatorios de la dignidad humana y por ello siempre se han de preservan condiciones que garanticen condiciones de existencia y subsistencia dignas que deben, en todo caso, ser provistas por la respectiva orden, comunidad o instituto religioso como contrapartida de lo que voluntariamente las personas a ellas vinculadas en virtud de votos canónicos aportan para el sostenimiento de las mismas”. (resaltado añadido)
En una decisión reciente, Sentencia SU-189 de 2012(30), la Corte se ocupó de un caso que, si bien difiere de los anteriores, guarda alguna similitud con ellos. En esta ocasión se resolvió la tutela interpuesta por una persona que durante su juventud fue miembro de una orden religiosa, de la que se había retirado hace varias décadas. Toda su vida trabajó como docente y al momento de solicitar su pensión de vejez, le fue negada porque no reunía el número suficiente de semanas cotizadas, debido a que durante los primeros 10 años de labores desempeñó su labor docente al servicio de la comunidad religiosa a la que pertenecía. A raíz de esta negativa, el accionante interpuso tutela en contra de la Secretaría de Educación de Cundinamarca y el Instituto de Seguros Sociales. La Corte concluyó que el peticionario no reunía el número de semanas exigido para obtener la pensión de vejez que solicitaba, pues los años que prestó sus servicios a la comunidad religiosa no podían computarse como tiempo de cotización, dado que no se enmarcaron en una relación laboral regida por un contrato de trabajo. Sin embargo, amparó los derechos fundamentales del accionante y ordenó el reconocimiento de la pensión subsidiaria de retiro por vejez, que en su caso era aplicable por pertenecer al régimen del magisterio.
El principio de solidaridad y los deberes sociales frente a las personas de la tercera edad.
Desde sus primeras decisiones la Corte se ha referido a las consecuencias normativas de tales preceptos, señalando que:
“(l)a solidaridad es un valor constitucional que presenta una triple dimensión. Ella es el fundamento de la organización política (C.P. art. 1º); sirve, además, de pauta de comportamiento conforme al que deben obrar las personas en determinadas situaciones y, de otro lado, es útil como un criterio de interpretación en el análisis de las acciones u omisiones de los particulares que vulneren o amenacen los derechos fundamentales (C.P. arts. 86 y 95-1)”(31).
En aplicación de esta doctrina, la Corte ha tutelado los derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones familiares: en la sentencia antes citada, concedió el amparo interpuesto por un padre frente a su hijo, quien se negaba a suministrar información sobre un negocio en el que aquél estaba vitalmente interesado, pues del mismo dependían los ingresos necesarios para su manutención (T-125/94); los derechos de enfermos mentales cuyas familias se rehusaban a recibirlos en casa para continuar desde allí su tratamiento ambulatorio (T-209/99)(32); de una persona parapléjica y mayor de 70 años que fue abandonada por sus familiares y dejada al cuidado de un tercero (T-277/99)(33). En el ámbito laboral ha establecido el deber del empleador de reubicar a trabajadores en situación de discapacidad en lugar de proceder a su despido, como una manifestación específica del deber de solidaridad para con ellos (T-003/2010(34) y T-777/2011(35)). Asimismo, en el ámbito de las relaciones de vecindad, la Corte tuteló los derechos de una pareja de adultos mayores, vulnerados por su vecino en un predio rural, quien les impedía el uso de una servidumbre de tránsito, afectando de este modo su dignidad humana, pues les obligaba a prescindir del uso del animal de carga y tener que cargar a sus espaldas los productos de su finca, para salir a venderlos al pueblo (T-036/95);(36) como también los derechos de un adulto mayor discapacitado que solicitaba a la administración del conjunto residencial donde vivía la instalación de una rampa que le permitiera desplazarse sin ayuda de otras personas (T-810/2011)(37).
14. Tal deber de solidaridad se proyecta, de manera específica, en los mandatos constitucionales que establecen un deber de especial protección para personas y grupos humanos en situación de vulnerabilidad y debilidad manifiesta, como las mujeres cabeza de familia (C.P. art. 43), los menores (arts. 44 y 45), las personas enfermas y discapacitadas (art. 47) y los ancianos (art. 46), entre otros.
En relación con estos últimos el artículo 46 constitucional señala que
“(e)l Estado, la sociedad y la familia concurrirán para la protección y la asistencia de las personas de la tercera edad y promoverán su integración a la vida activa y comunitaria. // El Estado les garantizará los servicios de la seguridad social integral y el subsidio alimentario en caso de indigencia”.
15. A propósito de la interpretación de este mandato constitucional, en el que concurren como obligados el Estado, la sociedad y la familia, la Corte ha señalado que su efectividad requiere una suerte de “división del trabajo moral”(38), en la cual todos los agentes sociales asuman de manera responsable el cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales, de forma que se haga posible la cooperación social. De este modo, tanto las instancias oficiales o los servidores públicos encargados del ejercicio de las funciones sociales del Estado, como los particulares, están llamados por la Constitución y la ley a cumplir con su parte de deberes, lo cual implica un comportamiento consciente de la interdependencia de los diversos individuos en la sociedad(39).
“Sin importar el orden utilizado por el constituyente, al enunciar en este artículo los sujetos obligados a prodigar atención o cuidado a las personas de la tercera edad, es claro que él impone una obligación de carácter general que le corresponde cumplir, en una primera instancia a la familia, en la que los lazos de pertenencia, gratitud, solidaridad, etc., que se presume, se han generado durante la convivencia de sus miembros, la obligan a velar por cada uno de ellos, en especial por aquellos que, dadas sus condiciones especiales, requieran de atención especial v.gr. menores de edad, discapacitados, ancianos, etc. A falta de la familia, o ante la imposibilidad de sus miembros de prodigar la atención y cuidados requeridos por éstos, serán el Estado y la sociedad, los llamados a brindar las condiciones para que la protección que proclama la norma constitucional se haga efectiva”(40).
El mismo criterio fue expuesto en decisiones posteriores, al resolver la tutela interpuesta por los familiares de una persona enferma que solicitaba le fueran suministrados los recursos necesarios para un desplazamiento al lugar donde se autorizó realizar un procedimiento quirúrgico(41), o el suministro de pañales no cubiertos por el POS para una persona que padecía una enfermedad que le imposibilitaba controlar esfínteres. En esta ocasión, la Corte reiteró que:
“(E)l principio de solidaridad impone a cada miembro de nuestra sociedad, el deber de ayudar a sus parientes cuando se trata del disfrute de sus derechos a la salud y a una vida digna, deber que tiene mayor grado de compromiso cuando se trata de las personas de la tercera edad, quienes se encuentran en situación de debilidad manifiesta, debido a las aflicciones propias de su edad o por las enfermedades que los aquejan y, por ello, no están en capacidad de procurarse su auto cuidado y requieren de alguien más, lo cual en principio es una competencia familiar, a falta de ella, el deber se radica en la sociedad y en el Estado, que deben concurrir a su protección y ayuda”(42).
19. En el caso de la iglesia católica, los preceptos del Código Canónico son enfáticos en señalar la observancia de esta regla de reciprocidad. Así, para quienes adoptan la vida consagrada a través de la profesión de los votos sagrados de castidad, pobreza y obediencia, por un lado se establece, en virtud del voto de pobreza, “la dependencia y limitación en el uso y disposición de los bienes, conforme a la norma del derecho propio de cada instituto” (C. 600) y se dispone que “(t)odo lo que un religioso gane con su propio trabajo o por razón del instituto, lo adquiere para el instituto. Lo que perciba de cualquier modo en concepto de pensión, subvención o seguro, lo adquiere para el instituto, a no ser que establezca otra cosa el derecho propio” (C. 668 §3); también se instaura la obligación de vivir en comunidad y no ausentarse de la casa del instituto sin autorización de los superiores (C. 607 §2, 608 y 665). Pero al mismo tiempo se consagra la obligación a cargo de las comunidades de velar por las necesidades de sus integrantes al disponer que “(n)o se erigirá ninguna casa religiosa si no se prevé prudentemente que podrá atenderse de manera adecuada a las necesidades de los miembros” (C. 610 §2). Si bien dispone que “quienes legítimamente salgan de un instituto religioso o hayan sido expulsados de él, no tienen derecho a exigir nada por cualquier tipo de prestación realizada en él”, a renglón seguido se establece que “(s)in embargo, el instituto debe observar la equidad y la caridad evangélica con el miembro que se separe de él” (C. 702).
En relación con los clérigos, esto es, quienes reciben el sacramento del orden (C.1008), el Código de Derecho Canónico establece que estos “merecen una retribución conveniente a su condición” y “un debido y suficiente tiempo de vacaciones” todos los años; pero además dispone que “se ha de cuidar igualmente de que gocen de asistencia social, mediante la que se provea adecuadamente a sus necesidades en caso de enfermedad, invalidez o vejez” (C. 281).Entretanto, para el caso de los obispos que dimitan de su cargo por edad o enfermedad, se establece que “(l)a Conferencia Episcopal debe cuidar de que se disponga lo necesario para la conveniente y digna sustentación del obispo dimisionario, teniendo en cuenta que la obligación principal recae sobre la misma diócesis a la que sirvió” (C. 402 §2).
El deber de los institutos religiosos de velar por el sustento de quienes han sido sus miembros se proyecta incluso sobre quienes han sido sancionados o expulsados. El Código Canónico señala que: “(a)l imponer penas a un clérigo, se ha de cuidar siempre de que no carezca de lo necesario para su honesta sustentación, a no ser que se trate de la expulsión del estado clerical”. Con todo, en este último supuesto, la misma disposición establece que “(s)in embargo, procure el ordinario proveer de la mejor manera posible a la necesidad de quien, habiendo sido expulsado del estado clerical, se encuentre en estado de verdadera indigencia por razón de esa pena” (C. 1350). A juicio de algunos canonistas, esta norma es aplicable, por analogía, para el caso de los demás religiosos que han sido expulsados de sus comunidades(43).
Ya en vigencia del sistema general de seguridad social integral establecido mediante la Ley 100 de 1993, se definió que la afiliación de los miembros de comunidades y congregaciones religiosas se haría a través de la modalidad de cotizantes independientes colectivos, regulada a través del Decreto 3615 de 2005, cuyo artículo 13 dispuso que “para efectos de la afiliación de los miembros de las comunidades y congregaciones religiosas al Sistema de Seguridad Social Integral, estas se asimilan a las asociaciones” y sus miembros “el carácter de trabajadores independientes”. Asimismo, estableció una serie de medidas orientadas a facilitar su inserción al sistema de seguridad social, tales como la no exigencia a las comunidades y congregaciones religiosas de acreditar un número mínimo de afiliados y una regulación especial de la reserva de garantía mínima en relación con lo previsto en el mismo decreto para otras agremiaciones o asociaciones. Luego de las modificaciones introducidas por los decretos 2313 de 2006 y 692 de 2010, este artículo conserva su vigencia(44).
Tal conclusión se impone ante la necesidad de conciliar, por un lado, la autonomía de las entidades religiosas para definir las relaciones con sus miembros (C.P. arts. 19 y 38), con la obligación, en cabeza del Estado y de las propias comunidades, de garantizar la protección y la asistencia a las personas de la tercera edad (art. 46). Asimismo, es corolario del carácter irrenunciable del derecho a la seguridad social y de los principios de universalidad y solidaridad a los que debe sujetarse su prestación (art. 48). En efecto, resulta contrario al principio de solidaridad que aquellas congregaciones religiosas que, en ejercicio de su autonomía, optaron por no afiliar a sus miembros al sistema de seguridad social, luego aspiren a que el erario público cubra los costos que implica la cobertura de las contingencias de vejez, enfermedad o discapacidad de sus integrantes cuando, por otra parte, se beneficiaron de las contribuciones que estos prestaron como miembros activos de la comunidad y no dispusieron lo necesario para que estos realizaran sus aportes a la seguridad social.
23. Así lo entendió esta corporación en la Sentencia T-441 de 2006(45), al resolver la tutela interpuesta por un grupo de religiosas que fue excluida por la alcaldía de Manizales del registro del Sisbén y, en consecuencia, del régimen subsidiado de salud. La Corte consideró que, en el caso concreto, la administración no había actuado de forma irregular al excluirlas de este beneficio, por cuanto no reunían los requisitos para ser clasificadas dentro de alguno de los grupos de población vulnerable hacia los cuales se focaliza el acceso al sistema de salud a través del régimen subsidiado. Asimismo, sostuvo que
“(l)as demandantes, en su condición de religiosas católicas dedicadas a actividades de culto, tienen a su disposición las vías institucionales previstas en el Decreto 3615 de 2005 para acceder al sistema general de seguridad en salud a través del régimen contributivo y bajo la figura de los cotizantes independientes colectivos. De esta forma, para el asunto bajo estudio resultan protegidos tanto el derecho a obtener atención en salud como el principio de universalidad propio de la seguridad social, por lo que no procede el amparo constitucional solicitado por las demandantes”.
26. En el presente caso, la tutela se dirige contra el Monasterio Santa Clara del Municipio de Copacabana, erigida en la Arquidiócesis de Medellín por Decreto Arzobispal 10 del 10 de febrero de 1971(46). Constituye una persona jurídica de derecho público eclesiástico, de acuerdo con lo establecido en el artículo IV del Concordato Suscrito con la santa sede (aprobado por la Ley 20 de 1974) y el artículo 11 de la Ley 133 de 1994 “Por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos”(47). No obstante esta condición, es claro que para efectos de establecer la procedencia de la acción de tutela contra la iglesia católica y las entidades erigidas conforme al Derecho Canónico, ellas ostentan la condición de particulares toda vez que, en virtud del principio de separación entre Estado e iglesia que viene dado por el carácter laico del primero, la expresión “autoridades públicas” prevista en el artículo 86 constitucional, sólo puede interpretarse como autoridades estatales. En consecuencia, es preciso verificar si en este caso concurre alguno de los supuestos que habilita la interposición de tutela contra particulares.
27. De acuerdo con los hechos antes narrados y teniendo en cuenta el voto de obediencia que liga a Margarita Alicia López Yepes con la comunidad religiosa a la que pertenece, la demandante se encuentra en relación de subordinación con la entidad demandada. Además, en razón del voto de pobreza que suscribió al optar por la vida consagrada, todos los frutos de su trabajo han sido entregados a la comunidad, de la cual depende por completo para satisfacer sus necesidades básicas. Adicionalmente, se configura la situación de indefensión por cuanto la solicitante no cuenta, en principio, con otro mecanismo de defensa —administrativo o judicial— para hacer valer sus derechos a la vida digna, al mínimo vital y al debido proceso, comprometidos con la decisión de la comunidad del Monasterio de Santa Clara de no admitirla de nuevo dentro de su claustro(48). En razón de esto último, también se verifica el requisito de subsidiariedad, por cuanto la accionante no disponía de otro mecanismo judicial idóneo y eficaz para lograr el restablecimiento de sus derechos.
29. El análisis de las pruebas aportadas al expediente pone en evidencia la existencia de un conflicto entre la accionante y las directivas de la congregación religiosa a la que pertenece desde hace más de 42 años, cuya intensidad fue escalando de manera progresiva hasta llevarle a solicitar a la primera su retiro de la comunidad en abril de 2008 y a las segundas el inicio del trámite de dispensa de votos perpetuos ante las autoridades del Vaticano. Una vez fuera del claustro, Margarita Alicia López se sintió vulnerable y desprotegida, no solo por la carencia de medios materiales para valerse por sí misma, sino también por estar marginada de la comunidad dentro de la que desarrolló la vocación religiosa que ha dado sentido a su proyecto de vida. Ante tal situación, pocos días después de su salida solicitó ser admitida de nuevo en su comunidad. Petición que fue denegada por la Superiora argumentando que ya se había iniciado el trámite de dispensa de votos ante la santa sede, quien le había fijado un período de dos años de exclaustración.
“Comedidamente le notifico, que no he recibido notificación de la santa sede acerca de su regreso al monasterio, aunque su tiempo de exclaustración ya finalizó el día 17 de mayo de 2010. No depende de mí el que pueda tener sus santos hábitos, todo depende de la respuesta que la santa sede quiera enviarnos. // Le sugiero muy comedidamente pregunte a la santa sede qué debe hacer ante su situación. De mi parte yo estaré haciendo lo mismo a fin de que su situación sea resuelta lo más pronto posible”(49).
Esta respuesta contrasta con lo expresado por la propia abadesa al absolver el cuestionario formulado por el juez de segunda instancia y pone en evidencia su actitud renuente para admitir de nuevo a la peticionaria dentro de la comunidad. A la pregunta por la persona sobre quien recae la facultad de reintegrar o no a Margarita Alicia López al Monasterio Santa Clara de Copacabana, aquella contestó: “(e)n nadie recae la facultad de reintegro, simplemente bajo el principio de OBEDIENCIA la hermana debió presentarse una vez se venció el término de la EXCLAUSTRACIÓN TEMPORAL, de abril de 2008 a mayo de 2010”(50). (mayúsculas en el texto).
32. Las múltiples solicitudes para volver a ser acogida en el monasterio, e incluso la tutela presentada en 2011, al finalizar el término de exclaustración, evidencian de modo incontestable que Margarita Alicia López manifestó su voluntad de incorporarse de nuevo a la comunidad, siendo esta la que no quiso admitirla de nuevo en su seno. Aunque consta en el expediente que las directivas de la congregación manifestaron su renuencia a recibirla, y a cambio le ofrecieron tramitar su ingreso a otro convento, también hay prueba de la accionante manifestó su temor a que dicho cambio la desligara aún más de la comunidad religiosa a la que había pertenecido durante toda su vida(51). Temor que resulta explicable en una persona mayor que ha permanecido integrada buena parte de su vida a una comunidad que se rehúsa a acogerla de nuevo.
33. La actitud renuente asumida por las directivas del Monasterio de Santa Clara contrasta no sólo con el deber especial de solidaridad para con las personas mayores y enfermas, que impone una obligación directa de ayuda y protección cuando se tiene con ellas un vínculo social o legal del que emana un deber de cuidado, como sucede en este caso (C.P., art. 46 y 95.2). Contrasta además con lo establecido en el Código de Derecho Canónico, que prescribe a los Superiores de los Institutos de Vida Consagrada en relación con los miembros de sus respectivas comunidades:
“darles ejemplo en el ejercicio de las virtudes y en la observancia de las leyes y tradiciones del propio instituto; ayúdenles convenientemente en sus necesidades personales, cuiden con solicitud y visiten a los enfermos, corrijan a los revoltosos, consuelen a los pusilánimes y tengan paciencia con todos” (C. 619). Es igualmente contraria al precepto canónico de tratar de recuperar siempre al religioso y su vocación, expresado en el Canon 665 § 2: “Busquen los Superiores solícitamente al miembro del instituto que se ausentare ilegítimamente de la casa religiosa con la intención de librarse de su obediencia, y ayúdenle a volver y a perseverar en su vocación”.
Al respecto consta en el Acta 76 del 16 de enero de 2013(52) que las integrantes del Consejo del Monasterio de Santa Clara decidieron amonestar e iniciar un proceso sancionatorio en contra de la accionante por la conducta descrita en el canon 696 §1(53), concediéndole un término de quince (15) días hábiles para presentar sus descargos, de conformidad con lo previsto en el canon 697 §2(54). Decisión que no fue debidamente notificada a Margarita Alicia López Yepes lo que evidencia una afectación de uno de los elementos que conforman el debido proceso, como es el derecho de toda persona a conocer de manera oportuna el inicio de un proceso sancionatorio en su contra, condición necesaria para lograr ejercer el derecho de defensa.
Según lo manifestó la abadesa del monasterio de Santa Clara al responder el cuestionario enviado por el juez de segunda instancia, el proceso sancionatorio “no se ha continuado por atender la tutela, al parecer supo que se le iniciaría el proceso de EXPULSIÓN y ella se adelantó con esta tutela”(55). Como quiera que sea, se previene a las directivas de la congregación religiosa para que, en caso de seguir adelante con el procedimiento sancionatorio, se respeten de manera plena las garantías previstas en la normatividad interna, interpretadas de conformidad con lo establecido en el artículo 29 Superior. Además del deber constitucional de acatar estas garantías, su respeto es condición para tramitar de manera civilizada los conflictos que se originan en las relaciones sociales, como lo evidencia la comunicación suscrita por Fray Humberto Ávila Gómez, asistente religioso de las Hermanas Pobres, en la que advierte, en relación con el presente caso:
“El problema es que las hermanas no usan ni siguen los debidos procesos de la corrección interna, como de las amonestaciones canónicas y tampoco informan oportunamente sobre sus dificultades”(56).
1. CONFIRMAR en todas sus partesla sentencia del Juzgado Penal de Circuito con funciones de conocimiento de Girardota, Antioquia, que a su vez revocó el fallo de tutela de primera instancia proferido por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con función de control de garantías de Copacabana, Antioquia. En consecuencia, tutelar los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y al debido proceso de Margarita Alicia López Yepes, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. En especial se confirma la orden de reintegrar a Margarita Alicia López Yepes al Monasterio Santa Clara de Copacabana, Antioquia, donde realizará las actividades propias del monasterio, garantizando en todo caso a la accionante la asistencia y cuidado necesario para llevar una vida digna atendiendo a su condición de adulto mayor. Asimismo, se previene a la abadesa y demás integrantes de la comunidad religiosa, para que se abstengan de realizar actos de discriminación que atenten en contra de la integridad física, psíquica y moral de la accionante.
3. PREVENIR a las directivas del Monasterio de Santa Clara para que, en caso de continuar con el proceso de expulsión en contra de Margarita Alicia López Yepes, se observen en todo caso las garantías del debido proceso, tal y como se plasman en las normas del derecho canónico y en las prescripciones internas de la comunidad, interpretadas de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Constitución. En cualquier caso, de llegar a imponerse la sanción de expulsión, el Monasterio de Santa Clara deberá garantizarle a la accionante su derecho fundamental al mínimo vital a través de los mecanismos que la comunidad disponga para el efecto, los cuales deberán ser idóneos y suficientes para asegurar que la accionante pueda cubrir sus necesidades básicas y el acceso a los servicios de salud.
(1) Cédula de ciudadanía de Margarita Alicia López Yepes, en la cual se puede leer que nació el cuatro (4) de septiembre de mil novecientos cuarenta y ocho (1948). (fl. 3, cdno. ppal.). En adelante, cuando se haga relación a un folio del expediente se entenderá que hace parte del cuaderno principal, a menos que se exprese lo contrario.
(2) Escrito de impugnación, en cual la accionante manifiesta que “estuvo durante 42 años prestando sus servicios [a la referida comunidad]”. Dicha información no fue objeto de corrección u oposición por parte de la demandada. (fl. 90).
(3) Declaración juramentada que rindió la accionante frente al juez de segunda instancia. Allí manifestó que la superiora de ese entonces le decía que “era una satánica, diabólica y que era una condenada, y todo fue porque yo no acepté asistir a unos grupos de oración de la nueva era y que no está permitido en la comunidad [e] iba en contra de mis principios”. (fl. 96).
(4) Recibo del trece (13) de abril de dos mil ocho (2008). (fl. 27). Es de aclarar que la salida del monasterio no significó para la accionante el retiro definitivo de la comunidad religiosa. Como lo afirmó la entidad demandada en un escrito enviado al juez de segunda instancia, “[en este caso] no se puede hablar de ex religiosa, porque a la fecha sigue siendo religiosa y debe acatar los votos que profesó, [de] pobreza castidad y obediencia”. La razón principal es porque la accionante no dispensó sus votos, entonces continúa haciendo parte de la comunidad. (fl. 209).
(5) Respuesta del diecisiete (17) de mayo de dos mil ocho (2008) de la Congregazione per gli istituti di vita consacrata, a la solicitud de dispensa de votos perpetuos del Monasterio Santa Clara de Copacabana, Antioquia. (fl. 115).
(6) Ob., cit. Declaración juramentada realizada ante el juez de segunda instancia (fl. 96). Comunicación enviada por la Abadesa a la accionante el 5 de septiembre de 2011 (fl. 101).
(7) Constancias de comunicaciones telefónicas de la accionante con miembros del monasterio demandado. (fls. 17-25).
(8) Copia de la sentencia de tutela del trece (13) des septiembre de dos mil once (2011), proferida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Copacabana, Antioquia. (fls. 129-135).
(9) Acta 76 del Consejo del Monasterio Santa Clara. (fls. 14 y 15).
(10) Recibos de aportes económicos realizados el Monasterio Santa Clara a Margarita Alicia López Yepes, la accionante. (fls. 27-82).
(11) Escrito de contestación de la tutela. (fl. 10).
(12) Sentencia de primera instancia del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Copacabana, Antioquia. (fls. 85 y 86).
(13) Sentencia de segunda instancia del Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Girardota, Antioquia. (fls. 136-147).
(16) Además de la invocación a Dios en el Preámbulo, como “fuente suprema de toda autoridad”, el carácter confesional de la Constitución de 1886 se plasma en sus artículos 38 (reconocimiento de la religión católica, apostólica y romana como la de la Nación y obligación de protegerla y respetarla como elemento central del orden social), 40 (permite el ejercicio de todos los cultos, mientras no sean contrarios a la moral cristiana ni a las leyes) y 41 (la educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la religión católica).
(17) En la Sentencia C-027 de 1993, M.P. Simón Rodríguez Rodríguez, SV. José Gregorio Hernández Galindo, se revisó la constitucionalidad de la Ley 20 de 1974, aprobatoria del “Concordato y protocolo final entre la República de Colombia y la santa sede”, declarando la inexequibilidad de varios de sus artículos que desconocían el principio de separación entre Estado e iglesias, establecían privilegios injustificados para la iglesia católica o, en general, resultaban contrarios a otros preceptos constitucionales.
(18) M.P. Humberto Sierra Porto, SV. Álvaro Tafur Galvis. En ella se declara la inexequibilidad de las normas del Código Nacional de Policía que establecían la presencia de un representante de la iglesia católica en el comité de clasificación de películas.
(19) Sentencia C-088 de 1994, M.P. Fabio Morón Díaz, S.V. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(20) M.P. Simón Rodríguez Rodríguez, S.V. José Gregorio Hernández Galindo.
(21) M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Este era el caso de unos menores que no fueron bautizados por la Iglesia Católica, porque uno de ellos era fruto de una relación extramatrimonial y el otro de un matrimonio civil. Su madre acudió a la acción de tutela, que fue negada argumentando que, en virtud de la autonomía reconocida a la iglesia católica, y demás confesiones religiosas, no es posible ordenarles por vía judicial la administración de un sacramento.
(22) M.P. Antonio Barrera Carbonell. Este fue el caso de un ciudadano que se encontraba privado de la libertad y le solicitó al capellán del centro penitenciario donde cumplía su condena que oficiara su matrimonio dentro del mismo establecimiento carcelario. Ante su negativa, el recluso acudió a la acción de tutela, que fue negada por la Corte reiterando el precedente establecido en la Sentencia T-200 de 1995.
(23) M.P. Jaime Córdoba Triviño. En este caso una mujer solicitaba se protegieran sus derechos fundamentales a la administración de justicia y al debido proceso porque el Tribunal Eclesiástico Regional de Cali se negó a recibirle la demanda de nulidad de matrimonio católico.
(24) Sentencia C-088 de 1994, M.P. Fabio Morón Díaz, SV. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(27) M.P. Eduardo Montealegre Lynett, S.V. Álvaro Tafur Galvis.
(29) M.P. Álvaro Tafur Galvis, S.V. Humberto Sierra Porto, A.V. Nilson Pinilla Pinilla.
(30) M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, S.V. Juan Carlos Henao Pérez, María Victoria Calle Correa y Luis Ernesto Vargas.
(31) Sentencia T-125 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(32) M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(34) M.P. Jorge Ignacio Pretelt.
(35) M.P. Jorge Ignacio Pretelt, A.V. Humberto Sierra Porto.
(38) Henry Shue, Mediando deberes, trad. E. Lamprea Montealegre, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2002.
(39) En tal sentido, ver las Sentencias T-149 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda, T-696 de 2012 y T-929 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa, todas ellas referidas a tutelas interpuestas por personas mayores en situación de indigencia que aspiraban a ser incluidos por la administración en un programa de auxilios para adulto mayor o solicitaban la expedición de su documento de identidad para realizar el trámite correspondiente.
(40) Sentencia T-277 de 1999, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. La Corte amparó los derechos de una anciana parapléjica que fue abandonada por sus familiares al cuidado de un tercero, ordenando a su ex esposo cumplir con la obligación alimentaria que le asistía.
(41) Sentencia T-900 de 2002, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(42) Sentencia T-730 de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
(43) Velasio de Paolis, La vida consagrada en la iglesia, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos e Instituto de Derecho Canónico “San Dámaso”, 2011, pág. 417-418.
(44) El artículo 13 del Decreto 3615 de 2005, modificado por el artículo 6º del Decreto 2313 de 2006 y por el artículo 1º del Decreto 692 de 2010, establece: “ART. 13.—Congregaciones religiosas. Para efectos de la afiliación de los miembros de las comunidades y congregaciones religiosas al Sistema de Seguridad Social Integral, estas se asimilan a las asociaciones.
PAR. 1º—A las comunidades y congregaciones religiosas no les será exigible la acreditación del número mínimo de afiliados, ni el establecimiento del servicio de afiliación colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral dentro de sus estatutos.
PAR. 2º—Para efecto de la afiliación de los miembros de comunidades y congregaciones religiosas, estas deberán acreditar un patrimonio mínimo de trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes cuando el número de miembros religiosos sea de 150 o superior; si el número de religiosos es inferior a 150, el patrimonio a acreditar deberá ser de ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin que en ninguno de los dos eventos se deba incluir la reserva especial de garantía prevista en el artículo 9º del presente decreto.
PAR. 3º—La reserva especial de garantía mínima de que trata el artículo 9º del presente decreto, deberá constituirse por cada miembro de la comunidad o congregación y deberá prever permanentemente, el valor correspondiente a dos (2) meses de cotizaciones a cada uno de los Sistemas de Seguridad Social Integral a los que se encuentren afiliados de manera colectiva.
PAR. 4º—El patrimonio y la reserva especial de garantía mínima podrán ser constituidos y acreditados por una persona jurídica diferente a la que solicita la autorización, siempre y cuando sea también de naturaleza religiosa y sin ánimo de lucro, posea Número de Identificación Tributaria, NIT, y tenga establecida dentro de las actividades que desarrolla, la afiliación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los religiosos pertenecientes a la entidad que solicita la autorización para que sus miembros religiosos se afilien y paguen por intermedio de esta los aportes.
En este caso, el Ministerio de la Protección Social autorizará a la entidad solicitante para que la afiliación y pago de los aportes al Sistema se efectúe por intermedio de quien constituye y acredita el patrimonio y la reserva”.
(46) Según certificación expedida por el Canciller del Arzobispado de Medellín (fl. 12).
(47) Ley 133 de 1994 “Por la cual se desarrolla el Derecho de Libertad Religiosa y de Cultos”. “ART. 11.—El Estado continúa reconociendo personería jurídica de derecho público eclesiástico a la Iglesia Católica y a las entidades erigidas o que se erijan conforme a lo establecido en el inciso 1º del artículo IV del Concordato, aprobado por la Ley 20 de 1974”.
(48) La Corte reconoció la existencia de indefensión en supuestos de dependencia económica del solicitante respecto del particular demandado entre otras, en las sentencias T-125 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y T-375 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Entretanto, en la Sentencia T-161 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, sostuvo que existía situación de indefensión ante la carencia de otros mecanismos de defensa, administrativos o judiciales.
(49) Folio 101.
(50) Folio 110.
(51) En comunicación del 27 de diciembre de 2012, dirigida a la abadesa del convento de Copacabana por María Nelly del Espíritu Santo, Presidenta de la Federación de Monasterios en Colombia, esta manifiesta que, ante el ofrecimiento que le hiciera a la hermana López Yepes de tramitar su ingreso a otro monasterio, esta le dijo que “le daba miedo entrar a otro monasterio porque si no podía perseverar temía que con eso se desligaba del de Copacabana” (fl. 25).
(52) Folios 14-15.
(53) Esta norma establece que: “Un miembro también puede ser expulsado por otras causas, siempre que sean graves, externas, imputables y jurídicamente comprobadas, como son: el descuido habitual de las obligaciones de la vida consagrada; las reiteradas violaciones de los vínculos sagrados; la desobediencia pertinaz a los mandatos legítimos de los superiores en materia grave; el escándalo grave causado por su conducta culpable; la defensa o difusión pertinaz de doctrinas condenadas por el magisterio de la iglesia; la adhesión pública a ideologías contaminadas de materialismo o ateísmo; la ausencia ilegítima de la que se trata en el c. 665 § 2, por más de un semestre; y otras causas de gravedad semejante, que puede determinar el derecho propio del instituto”.
(54) Según lo previsto en el canon 697: “En los casos de los que se trata en el c. 696, si el Superior mayor, oído su consejo, considera que debe iniciarse el proceso de expulsión: §1 reunirá o completará las pruebas; §2 amonestará al miembro por escrito o ante dos testigos, con explícita advertencia de que se procederá a su expulsión si no se corrige, indicándole claramente la causa y dándole libertad plena para que se defienda; si la amonestación quedase sin efecto, transcurridos por lo menos quince días, le hará una segunda amonestación; §3 si también esta amonestación resultase inútil y el superior mayor con su consejo estima que consta suficientemente la incorregibilidad y la insuficiencia de la defensa del miembro, pasados sin efecto quince días desde la última amonestación, enviará al Superior general todas las actas firmadas por sí mismo y por el notario, a la vez que las respuestas del miembro igualmente firmadas por éste”.
(55) Folio 112.
(56) Comunicación del 21 de abril de 2010, enviada al prefecto de la sagrada congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica por Fray Humberto Ávila Gómez, O.F.M., asistente religioso de las Hermanas Pobres, en la que se informa sobre el conflicto surgido entre Margarita Alicia López Yepes y las hermanas del Monasterio de Santa Clara de Copacabana (fls. 120-121).

References: artículo 1167
 artículo 4
 artículo 53
 artículo 46
 artículo 13
 artículo 11
 artículo 86
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 13
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 9