Source: http://memoriadesaparecidos.blogspot.com/2008_10_05_archive.html
Timestamp: 2017-06-26 05:09:16+00:00

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PVDF: 5/10/08 - 12/10/08
DD HH-ESPAÑA: Resurgen fusilamientos del pasado IPS Noticias (Suscripción) - UruguayPor Tito DragoMADRID, 7 oct (IPS) - Cuando todo permitía suponer que España había enterrado los fusilamientos perpetrados en la II República, instaurada en 1931, y en la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), la apertura de un proceso judicial hace presente una realidad que ocasionó miles de muertos.Cifras gubernamentales indican que entre esas fechas fueron encarceladas 400.000 personas y otras 650.00 debieron exiliarse, mientras que las asesindas llegaron a 210.000, unas 60.000 de las cuales fueron víctimas del bando republicano, donde el Partido Comunista jugó un papel decisivo en el campo militar, y las 150.000 restantes murieron a manos del franquismo. El gobierno aprobó el 3 de este mes cuatro decretos para desarrollar la Ley de Memoria Histórica, aprobada en enero y que entre otras cosas establecen la reparación económica a las víctimas y su rehabilitación pública. Las indemnizaciones a las familias por cada fallecido irán desde los 135.000 euros (186.000 dólares) y sumas menores para quienes resultaron heridos, con montos que dependerán del grado de discapacidad provocada, la cual será acreditada por la sanidad oficial. Un par de semanas antes, el juez Baltasar Garzón decidió abrir diligencias en torno a la recuperación de la memoria histórica. El magistrado lo hizo respondiendo a la solicitud de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid (ARMHV), provincia ubicada en el noroeste de la península ibérica, una de las más castigadas en aquella época. Fernando Magán, abogado de ARMHV, calcula que en la Guerra Civil Española (1936-1939) fueron fusiladas más de 3.000 personas sólo en esa provincia, cuyos cuerpos todavía no fueron localizados, y calcula que los restos de personas que faltan ubicar en toda España serían unos 130.000. Tras presentar su demanda ante Garzón, hace dos semanas, declaró que llevaba más de un año poniendo denuncias y aportando documentación y que sólo ahora "parece que estamos llegando a buen puerto". La decisión de Garzón recibió apoyos, pero también críticas como la del coronel retirado Julián Delgado, quien fue uno de los fundadores de la Unión Militar Democrática (UMD), creada para luchar contra la dictadura franquista. Luego de instaurada la democracia fue jefe de la Guardia Urbana de Barcelona, una de las ciudades más pobladas de España. Delgado dijo a IPS que no considera correcto que se haya abierto un proceso judicial sobre los fusilamientos, ya que "es absurdo remover el dolor". "Esta es otra de las actitudes a las que nos tiene acostumbrados el juez Garzón", criticó. Porque, añadió, "hay que dividir lo ocurrido entre los que murieron en el frente (de guerra) y los que lo hicieron en la retaguardia, en un enfrentamiento que dejó muchos tipos de víctimas, todas merecen respeto pero no deben ser incluidas todas de manera general". No obstante, aclaró, "otra cosa es que las víctimas y sus familiares que no fueron indemnizados sean apoyados por el Estado, reciban indemnización y cierren su duelo". Pero todo ello debe hacerse "sin cierto revanchismo que se está produciendo y no hace nada bien a la democracia". Sobre la cantidad de víctimas no identificadas todavía no hay cifras precisas, aunque a Garzón ya le han presentado unos 130.000 nombres de desaparecidos en aquella época. El problema está en que será muy difícil identificar los restos, casi todos enterrados en fosas comunes. Un ejemplo está en Valladolid, donde la ARMHV investigó sobre 1.600 personas ejecutadas y solamente logró identificar a 125 de ellas, ya que son grandes fosas comunes en las que resulta muy difícil extraer el ADN de los huesos para compararlos con el de los familiares que hacen las denuncias. Además, en la posguerra se enterró también en fosas comunes a quienes fallecían por muerte natural o accidentes y sus familiares carecían de dinero para pagar una tumba o nicho. El reconocimiento incluirá a los extranjeros, cuyo número será elevado ya que los miembros de las Brigadas Internacionales que se constituyeron para apoyar la República y lucharon fueron más de 35.000 procedentes de medio centenar de países, a quienes se les retiraron los pasaportes para que no pudieran abandonar las filas. Uno de ellos, con 94 años de edad y radicado en Francia, Theo Francos, declaró al diario madrileño El País que se siente apenado porque los brigadistas ofrecieron sus vidas para cambiar el mundo y no lo pudieron lograr. Sobre la decisión del gobierno del socialista José Luís Rodríguez Zapatero de reconocerle la nacionalidad española a Francos, éste manifestó que "es algo simbólico, pero he estado tres años luchando por España y me apetece ser un ciudadano de ese país". José Antonio de Santiago-Juárez, consejero (ministro) de la presidencia de la Junta de Castilla-León, a la que pertenece Valladolid, se pronunció en contra de la instancia judicial abierta por Garzón. Santiago-Juárez, del centroderechista Partido Popular (PP), dijo que el juez está haciendo eso "para desviar la atención de la crisis económica por la que atraviesa España" y beneficiar con ello al gobierno de Zapatero. Garzón, por su parte, requirió información a municipios, ministerios, a los centros documentales e incluso a la Conferencia Episcopal Española, que tiene archivos en los que constan los funerales que ha realizado. Otra polémica ha surgido en torno al nonagenario dirigente comunista Santiago Carrillo, quien ejerció la Consejería de Orden Público durante la República quien, al preguntársele sobre el asesinato de 2.000 personas en Paracuellos del Jarama, localidad próxima a Madrid, rechaza cualquier responsabilidad. "Puse aquella misión en manos de mis colaboradores de la seguridad del traslado", dijo. Un traslado que se interrumpió a poco de salir y que culminó con los asesinatos. Según Carrillo, "la gente que ya había sufrido los ataques fascistas se lanzó a por ellos (por los militares que eran trasladados presos) y la guardia que iba custodiándolos no los defendió". "Si alguna responsabilidad tuve yo de aquello fue la de no tener capacidad para controlar y castigar a los responsables..., fue una desgracia tremenda, pero hubiera sido mucho peor que se hubieran unido al ejército que estaba atacando a Madrid", explicó. Así queda abierta la tumba histórica, pero quedan muchos pasos por andar. Un ejemplo es el del gran poeta Federico García Lorca, fusilado el 18 de agosto de 1936, cuyos restos puede que sean examinados próximamente si Garzón responde positivamente a la demanda de los familiares de otros dos fusilados junto a él y autoriza la exhumación de los mismos. Pero hay casos que no necesitaron orden judicial para encontrar restos. En las obras para construir un jardín botánico en Mérida, capital de la Comunidad Autónoma de Extremadura, lindante con Portugal, se identificaron unos 1.200 cuerpos que aparecieron en una fosa común descubierta por casualidad. Algo parecido ocurrió en otras provincias españolas, a lo largo y ancho del país. Así, entre apoyos y rechazos, el pasado de la Guerra Civil y sus prolegómenos se hacen presentes otra vez en España. Falta saber si todo saldrá a la luz o si se impondrán quienes señalan que desean mirar hacia el futuro, en unidad, paz y democracia. (FIN/2008)
Envían la lista de desaparecidos de la Guerra Civil en Melilla y Ceuta
Envían la lista de desaparecidos de la Guerra Civil en Melilla y Ceuta El Faro -Escrito por El Faro/M.R / melillamiércoles, 08 de octubre de 2008La causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, para investigar la represión producida durante la Guerra Civil y la dictadura franquista contra unos 133.000 españoles, sigue su curso con la admisión de una lista de 457 desaparecidos en Melilla y Ceuta, según Europapress.En este sentido, las 22 asociaciones de familiares de desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura franquista que han denunciado estos hechos en el juzgado de Baltasar Garzón, entregaron ayer un listado único y “definitivo” en soporte informático con 133.708 nombres de personas desaparecidas en esas fechas.Fernando Magán, abogado que representa a estas asociaciones y a los diez particulares que han interpuesto denuncias ante el juez de la Audiencia Nacional, depositó ayer el listado después de que Garzón lo reclamara el pasado 25 de septiembre para evitar duplicidades en las identidades proporcionadas. En una providencia, el juez dio a estas asociaciones, agrupadas en una plataforma de víctimas, un plazo de una semana para entregar un “listado único” con la filiación de los desaparecidos y su posible ubicación, en el que quedaran eliminadas las identidades repetidas que figuraban en la lista que facilitaron el día 22 y en la que aparecían 130.137 nombres. Ahora la cifra ha aumentado porque, según Magán, a la información recabada por las asociaciones y los particulares denunciantes, añadieron los datos proporcionados por los gobiernos gallego y vasco a los que el juez les ha dado acceso.“Es el listado definitivo de los represaliados”, explicó Magán, al señalar que el juez tiene también en su poder “otra lista que comprende todas las exhumaciones” realizadas desde 2000, unas cuatrocientas, y otra con “los cuerpos identificados o en fase de identificación” a través de pruebas de ADN.Según este nuevo listado, Andalucía, con 29.091 desaparecidos, es la comunidad con mayor número de víctimas, seguida por la comunidad valenciana, con 28.892, Castilla y León ,15.269, Extremadura, 10.266, Aragón, 10.178, País Vasco, 9.759, Castilla La Mancha, 7.885 y Galicia, 4.396.Una vez cumplido el requerimiento, el juez resolverá si se declara competente o no para investigar los hechos denunciados, según el mismo anunciaba en la citada providencia. La Fiscalía de la Audiencia Nacional por su parte pidió a Garzón que no admitiera estas denuncias, por entender que no hay razón jurídica para iniciar un procedimiento y que además la Audiencia Nacional carece de competencia para investigar estos hechos
_La lista de desaparecidos le crece al juez Garzón.A. MADRIDEl juez Garzón tiene que tomar la decisión de si admite a trámite la querella presentada por 22 asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica por la que le instan a investigar las desapariciones que se produjeron durante la Guerra Civil y el franquismo. Una querella sobre la que, conviene recordar, la Fiscalía solicitó la inadmisión a trámite al considerar que los hechos prescribieron en 1977 con la aprobación de la Ley de Amnistía. Pese ello, el pasado 22 de septiembre, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 se encontró con un primer listado que incluía 130.137 nombres. Una cifra que muchos historiadores, expertos estudiosos de ese periodo, consideran que se encontraba algo inflada por mor de repeticiones o contabilizaciones erróneas o imprecisas.A Garzón también le debió parecer excesiva y solicitó a las asociaciones que repasaran los datos, cribaran los nombres, eliminaran a los repetidos y presentaran una enumeración actualizada. Les dio una semana para entregar un «listado único» que incluyera la filiación de los desaparecidos y su posible ubicación.Ayer llegó ese recuento y, en lugar de disminuir, ha aumentado. Exactamente en 3.571 nombres, para totalizar 133.708 supuestas víctimas.El abogado de las asociaciones, Fernando Magán, explicó a las puertas del juzgado que en este nuevo listado, que ha sido entregado en formato CD, se han eliminado los datos que aparecían duplicados e incluso triplicados en el anterior, al tiempo que se han incorporado las informaciones que han sido remitidas por los gobiernos autonómicos de Galicia y el País Vasco.Y no queda ahí el crecimiento de víctimas, pues a esta relación, que, por cierto, no se ha cotejado con los datos de ninguno de los cuatro ayuntamientos a los que el juez solicitó información (Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba), los querellantes tienen previsto incorporar en los próximos días los nombres de desaparecidos recogidos por el ejecutivo autonómico asturiano.Andalucía y Valencia, en cabezaEl listado entregado a Baltasar Garzón recoge datos de las 17 comunidades autónomas, entre las que destacan Andalucía, con 29.091 desaparecidos; Valencia, con 28.892, y Castilla y León, con 15.269. Además, el juez ha recibido los nombres de 10.266 víctimas de Extremadura, 10.178 de Aragón, 9.759 del País Vasco, 7.885 de Castilla-La Mancha, 4.396 de Galicia, 3.431 de Navarra, 2.995 de Madrid, 2.535 de Cantabria, 2.400 de Cataluña, 2.007 de La Rioja, 1.777 de Baleares, 1.246 de Asturias, 855 de Murcia, 457 de Ceuta, Melilla y el norte de África, 262 de Canarias y siete de otros territorios.Magán se mostró convencido de que la petición de los querellantes, entre los que se encuentran 22 asociaciones y diez particulares, es «jurídicamente sostenible en línea con los precedentes que se han producido anteriormente en la Audiencia Nacional». «Pronto tendremos el auto que esperamos», vaticinó.__Garzón recibe datos de Córdoba y un listado con 133.708 víctimas El País (España) -Una lista revela 133.708 desaparecidos en la Guerra Civil, 2007 de ...La Rioja -Justicia española recibe una nueva lista de desaparecidos de la ... AFP -Las asociaciones presentan a Garzón un listado único con los ... Europa Press -Garzón buscará a más de 130.000 represaliados del franquismo El Periódico de Aragón -__
_Exhumar no es identificarJOSÉ ANTONIO LORENTE ACOSTATodo lo que no sea dar sepultura digna es inhumano, como es el caso de las fosas comunes de la Guerra Civil. Pero sin coordinación en toda España, la ya difícil tarea de identificación de los cadáveres va a ser imposibleTodo lo relacionado con la Guerra Civil y sus consecuencias es, aún a estas alturas del siglo XXI, tema sensible y complejo, con múltiples aristas, donde no es fácil entrar sin verse afectado y donde no hay modo de escribir algo sin salir malparado. Que esto sea así ideológica o políticamente me parece triste, pero que esto afecte a las actuaciones profesionales científicas me parece deplorable.La Recuperación de la Memoria HistóricaA FONDOIncluso con las mejores técnicas, no podrá ponérseles nombre a miles de fusiladosLa Universidad de Granada va a convocar a todos los especialistas para aunar criteriosSi entre todos fuésemos capaces de alejar este tema de la batalla política, donde los unos lo utilizan para atacar a los otros -que de inmediato se dan por aludidos-, quizás lograríamos respetar la memoria de los fallecidos, dar ejemplo a nuestros hijos y dejar trabajar a los profesionales.Vayamos por partes. Siempre, desde los más pretéritos tiempos a la actualidad, han existido rituales funerarios y a las personas se les ha dado sepultura, o incinerado o sumergido, siguiendo unas costumbres propias de cada época y cultura. Siempre he dicho y escrito claramente que respeto la vida tanto como la muerte, y creo firmemente que la dignidad de las personas que nos han precedido permanece, ante los demás seres humanos, en sus restos, y es posible que quizás influya en esta postura mi educación y el sentirme cristiano católico. Por ello considero que todo lo que no sea dar sepultura de modo reglado no es propio del ser humano, ni de su dignidad, cual es el caso evidente de las fosas comunes de la Guerra Civil española, y por ello soy partidario de la dignificación de todos los enterramientos comunes y, si se requiere por los familiares, de las identificaciones en los casos en que técnicamente sea posible.Y es que hay dos temas que llegado este momento me preocupan de modo especial: las identificaciones y su coordinación. En referencia a las identificaciones, creo que se está confundiendo lo que se puede hacer con lo que se quisiera hacer. La gran mayoría de las víctimas de la Guerra Civil (si asumimos que puede haber más de 100.000) no podrán ser identificadas, y ello por las limitaciones de las técnicas y de la historia. Siendo requisito necesario para la identificación la comparación, los datos de tipo antropológico (ni que decir tienen los odontológicos), incluso los genéticos, se ven negativamente afectados por el paso del tiempo.Antropológicamente obtendremos datos muy fiables sobre el sexo, edad en el momento de la muerte y estatura de las víctimas de un enterramiento, incluso datos de ciertas lesiones o causas de muerte, pero poco efectivas para identificarlos, a no ser que sean fosas con pocas víctimas y donde todas o la gran mayoría sean conocidas. Es muy probable pensar que en la mayoría de los casos las víctimas sean varones, de edades jóvenes y de estaturas comprendidas entre los 155 y 170 centímetros. Crear una base de datos de este tipo no ayuda a casi nada en términos de identificación, puesto que no se conseguirá diferenciar a unos de otros, y esto no es culpa de los antropólogos ni de los políticos, es simplemente falta de materiales adecuados de referencia.La identificación odontológica, tan útil en otras situaciones, se vería muy limitada en este caso, ya que pensar en fichas dentales de las víctimas fallecidas hace 70 años es, más que nada, una quimera, porque si pocas habría, menos estarán localizadas. A esto hay que añadir que no todos los restos tienen íntegras sus dentaduras, limitando aún más el valor de estos estudios.Finalmente, el análisis genético, la famosa "prueba del ADN" que tantos esgrimen como algo mágico y definitivo, tiene igualmente sus limitaciones. Una identificación fiable basada en el ADN exige dos cosas. En primer lugar, el poder obtener del hueso ADN de calidad y en cantidad suficiente, lo cual no siempre es posible, especialmente en huesos de esta antigüedad. Esto implica el repetir los análisis, trabajar con las muestras por duplicado, etcétera, y ello encarece y enlentece los procesos de estudio. Pero es que en segundo lugar se necesitan muestras de referencia de familiares más o menos cercanos, ya que de lo contrario no conseguimos identificaciones fiables, sino más bien descartes de quien no puede ser.Con el paso de los años, muchas de las víctimas de la Guerra Civil no tienen familiares vivos que compartan suficientes características genéticas como para permitir la identificación; otras familias, ni siquiera quieren oír hablar del tema, mientras que otras emigraron hace decenas de años, y así sucesivamente.Todo ello impone la necesidad de manejar todos los datos conjuntamente, los históricos en primer lugar, a los que habrá que añadir datos antropológicos y genéticos para, en conjunto, tratar de establecer las identificaciones. Sin embargo, a priori, creo sincera y tristemente que en las grandes fosas comunes, y en general en todas aquellas que tengan más de 10 o 15 personas, las identificaciones como tales no van a ser posibles, y no por estar en España, ya que los mismos problemas tendrían en Alemania, Japón o Estados Unidos.Por ello es necesario barajar la posibilidad -como de hecho se ha hecho- de dignificar los lugares de los grandes enterramientos -sin excavar ni exhumar- o de trasladar sin identificar los restos a otros lugares que no sean los de paso obligado de las aguas en las tardes de tormenta, como algunos de estos restos pueden estar ahora.Y en relación con todo lo anterior surge mi segunda preocupación personal y profesional: la coordinación de las identificaciones. Si de verdad se pretende identificar al mayor número de víctimas hay que considerar a España como un todo y no fragmentar la información, ya que es evidente que muchas personas fallecieron lejos de sus lugares habituales de residencia y que sobre otras ni siquiera hay datos fiables (los "anónimos" de muchas grandes fosas). Lo que hasta ahora se ha hecho (excavaciones puntuales en diversos lugares de nuestra geografía), siempre con la mejor de las intenciones, no sólo no es operativo, sino que es el modo ideal de garantizar el mínimo posible de resultados satisfactorios.Los diversos grupos de trabajo que se generen deben de estar perfectamente coordinados, siguiendo protocolos comunes que permitan el intercambio de datos personales, genéticos, antropológicos, etcétera, que con todas las garantías legales funcione de modo automatizado, encriptado y compatible. Esto no es fácil, pero si no se hace muchos esfuerzos serán baldíos. Por otra parte, si se hace tarde, el gasto de readaptar y compatibilizar todas las bases de datos será también enorme, y el costo habrá de ser detraído del más noble fin de usar el dinero en pos de realizar identificaciones positivas.Del mismo modo, hay que acordar los criterios mínimos de identificación, valorando las circunstancias de cada caso, pero siguiendo los estándares internacionales. No se puede estar trabajando en Villa Arriba de un modo y en Villa Debajo de otro. No se deben emplear decenas de miles de euros en estudiar un caso determinado y que no haya medios para estudiar otros.Por todo ello, la Universidad de Granada va a convocar en fechas próximas a todos los especialistas en identificación humana que ya han participado en casos de nuestra Guerra Civil, con objeto de coordinar las actuaciones profesionales y solicitar a las autoridades el seguimiento de las mismas. Se trabajará en una declaración formal donde se propongan los criterios científicos y técnicos aplicables. Los profesionales iremos, al menos, con orden y todos de la mano: primero, necesitamos generar datos claros y objetivos de las fosas comunes, de las posibles víctimas que hay en ellas y de sus datos, así como de los familiares y descendientes deseosos de colaborar; después, se valorarán las vías de identificación posibles, y se abordarán los casos de modo inmediato y coordinado.A partir de ahí, queda en manos de las autoridades políticas nacionales y autonómicas el facilitar este trabajo si de verdad se quiere que se produzcan resultados positivos, y en este sentido veo muy poca coordinación, pese a que me constan las mejores intenciones. Ahora bien, si no es esto lo que se busca, podemos seguir como estamos en este momento, cada uno por su casa y los muertos en tierras de todos.José Antonio Lorente Acosta, profesor y especialista en Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada.
_Setenta y dos años después del comienzo de la Guerra Civil española, las víctimas de los crímenes contra el derecho internacional y crímenes contra la humanidad cometidos durante esa contienda y durante la represión posterior del régimen franquista siguen a la espera de una respuesta que reconozca sus derechos a conocer la verdad, obtener justicia y ser reparados por los daños sufridos.Los restos de decenas de miles de personas asesinadas impunemente permanecen en fosas clandestinas sin haber sido identificados o en lugares desconocidos por sus allegados que aún les siguen buscando.Los familiares de quienes fueron condenados a muerte y ejecutados tras juicios injustos no han podido hasta ahora conseguir la anulación de tales sentencias. La información oficial que pudiera establecer la verdad de lo sucedido, contenida en los numerosos archivos repartidos por todo el Estado español, sigue siendo de difícil acceso y, en algunos casos, corre verdadero riesgo de desaparecer.El inexistente compromiso personal de nuestros lideres políticos, unido a una ausencia total de compromiso político a lo largo de todo el tiempo trascurrido, no han hecho otra cosa sino ralentizar y aplazar la puesta en marcha de medidas urgentes y eficaces que complementen la reparación, devuelvan la dignidad y hagan justicia de una vez por todas con las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo mas atroz.Medidas que a pesar de su carencia, aún siguen generando expectativas validas entre quienes han sufrido décadas de silencio y olvido, suscitando esperanzas amparadas casi siempre en la certeza de que los crímenes contra la humanidad nunca podrán ser borrados por el olvido.En este sentido, se hace necesario, hoy más que nunca dictaminar de una vez la legislación y las normas necesarias para las actuaciones en materia de localización de fosas, exhumaciones, identificación de restos y restitución de los mismos a las familias para su inhumación de acuerdo a su propia voluntad.Pero legislar esta serie de cuestiones no significa legislar para trasladar … y legislar para hacer responsables a los propios particulares o a las Asociaciones, o a los colectivos de familiares, delegando en ellos las obligaciones que competen necesariamente al Estado en virtud del derecho internacional y los organismos internacionales de derechos humanos.Por que así ha sido hasta hoy, han sido las asociaciones de victimas y sus familiares, los encargados de asumir la responsabilidad de localización de las fosas, y los restos de las victimas, sin apenas apoyo de las instituciones públicas y en muchísimas ocasiones solventando las negativas de las autoridades judiciales.Esta situación, insostenible ya desde cualquier punto de vista, debe de cambiar, por que de no ser así, no podremos restaurar la verdad histórica, secuestrada durante tanto tiempo. Pero vuelvo a insistir para que sea posible ha de mediar la voluntad política.Por que envilece denunciar aún, que a pesar del tiempo trascurrido, nadie, ningún, político, ni el propio estado, ha movido ni un solo dedo para que los desaparecidos victimas del franquismo por fin dejen de serlo.A día de hoy, siguen legalmente siendo desaparecidos. Por que para ellos, y aún a pesar de la oficialmente restauración de las libertades y los derechos; el derecho principal , el de la memoria, no ha sido reconocido todavía.Víctimas de la locura y el fanatismo del franquismo, desaparecidos. Desaparecidos en un tiempo que estuvo repleto de crímenes , vejaciones y violaciones de los derechos humanos más fundamentales, llegando a hacer desaparecer a un numero indeterminado de personas, que yacen en fosas comunes clandestinas, que dolorosamente salpican el suelo de este país y que hoy reclaman, más que nunca su derecho a que la tierra les devuelva la memoria perdida.Rafael Espino Navarro.-Presidente de AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Córdoba).-
_Garzón recibe datos de Córdoba y un listado con 133.708 víctimas El País (España) -N. J. / M. P. - Madrid / Córdoba - 07/10/2008Las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica entregaron ayer al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, tal y como éste les había pedido, un listado único y digitalizado de víctimas de la Guerra Civil que eliminara los nombres duplicados. La cifra final, tras suprimir los nombres que se repetían en algunas comunidades, especialmente en Extremadura y Andalucía, asciende a 133.708. Además de hacer esas correcciones, los denunciantes han incorporado las cifras facilitadas por la Xunta de Galicia (4.396) y los 8.650 expedientes de desaparecidos que facilita el Gobierno vasco.La Recuperación de la Memoria HistóricaA FONDOEl Ayuntamiento de Córdoba dio también ayer el visto bueno para que se le remitan a Garzón tres listados en los que figuran 1.759 personas que murieron de forma violenta y fueron enterradas en fosas comunes de los cementerios de la Salud y de San Rafael. Sólo un 30% de los 1.759 están identificados con nombres y apellidos.Una lista revela 133.708 desaparecidos en la Guerra Civil, 2007 de ... La Rioja -Una veintena de asociaciones entregaron ayer a Garzón una relación con nombres y posible ubicación de las tumbas07.10.08 - A. TORICES COLPISA. MADRIDLos representantes de 22 asociaciones para la recuperación de la memoria histórica entregaron ayer al juez Baltasar Garzón una relación con los nombres y posible ubicación de las tumbas de 133.708 desaparecidos durante la Guerra Civil y el régimen franquista.Este censo, cuyo valor es sólo orientativo, es la clave sobre la que Garzón decidirá si la investigación es competencia de la Audiencia Nacional. Decisión que es previa a cualquier solución que se pretenda dar a la localización de cadáveres en las miles de fosas comunes cuya existencia se conoce o sospecha, y a la exhumación e identificación de los restos.La lista, la primera de este tipo en España, incorpora unos 3.500 nombres nuevos a un censo anterior gracias a la información proporcionada en las dos últimas semanas por los gobiernos de Galicia y País Vasco. La cifra de desaparecidos aumentará en los próximos días gracias a que varias instituciones a las que el magistrado ha pedido datos ya han comenzado a remitirlos o se han comprometido a hacerlo en breve. Entre ellas, el Gobierno de Asturias y los Ayuntamientos de Córdoba, Madrid, Granada y Sevilla.Andalucía y ValenciaEl listado entregado a Garzón recoge datos de todas las comunidades, entre las que destacan Andalucía, con 29.091 desaparecidos, y Valencia, con 28.892, que suman casi la mitad del censo. El documento también tasa en 15.269 los desaparecidos en Castilla y León; en Extremadura llegan a 10.266; Aragón, 10.178; País Vasco, 9.759; y Castilla-La Mancha, 7.885. Con cifras inferiores a los 5.000 desaparecidos están Galicia (4.396), Navarra (3.431), Madrid (2.995), Cantabria (2.535), Cataluña (2.400), La Rioja (2.007), y Baleares (1.777). La lista la cierran Asturias, con 1.246; Murcia, con 855; el área de Ceuta, Melilla y el norte de África, con 457, y Canarias, con 262.El juez, antes de dictar un auto sobre su competencia para investigar, espera recibir los datos que ha reclamado a distintos obispados, al abad del Valle de los Caídos, a tribunales de justicia, a numerosas instituciones, archivos públicos y privados, y a registros de la Administración.La Fiscalía de la Audiencia adelantó que considera que Garzón no es competente para investigar estos hechos, y es de prever que se opondrá a una potencial apertura de diligencias penales.Justicia española recibe una nueva lista de desaparecidos de la ... AFP -MADRID (AFP) —La justicia española recibió este lunes una nueva lista con 133.708 nombres de desaparecidos durante la Guerra Civil (1936-39) y la dictadura del general Franco (1939-75), anunció el abogado de una de las asociaciones que entregó la documentación al juez Baltasar Garzón.La lista reemplaza a una primera con 143.353 nombres que fue entregada el 22 de septiembre al magistrado pero que contenía errores, explicó a la AFP Fernando Magán, abogado del grupo de 22 asociaciones de familias de las víctimas del franquismo.Las listas responden a la decisión que el juez tomó a comienzos de septiembre de pedir por primera vez a varias instituciones informaciones sobre los miles de desaparecidos de la época, primer paso a la posible apertura de una investigación.Garzón intenta establecer un censo de las personas ejecutadas y enterradas en fosas comunes, a demanda de una decena de asociaciones de familias de víctimas del franquismo.El juez también pidió a las asociaciones de víctimas que entregaran su propia lista de desaparecidos.Estas facilitaron el 22 de septiembre una primera lista con 143.353 nombres, pero varios de ellos estaban repetidos, según Magán."Hemos presentado hoy un listado definitivo en una forma que ha querido el juez", explicó el abogado, que añadió que "faltan todavía muchos nombres".Los desaparecidos listados por la asociación son principalmente víctimas del bando republicano fiel al gobierno, muertas en los primeros meses de la guerra.La lista también incluye víctimas de la represión franquista, en los 10 años que siguieron al final de la Guerra Civil, con juicios sumarios en tribunales de excepción que habrían causado 50.000 víctimas republicanas.La decisión del juez Garzón de pedir informes sobre los desaparecidos fue calificada de "histórica" por las asociaciones, que ven un primer paso hacia una investigación.Una ley de amnistía, votada en 1977 tras la muerte de Franco, declaró prescritos estos crímenes cometidos antes de diciembre de 1976.__Las asociaciones presentan a Garzón un listado único con los ...Europa Press - hace 9 horasLas asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica presentaron hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón un listado único de ...Garzón buscará a más de 130.000 represaliados del franquismo El Periódico de Aragón - hace 13 horasLas veintidós asociaciones de familiares de desaparecidos en la guerra civil y la dictadura franquista que han denunciado estos hechos en el juzgado de ...___Garzón recibe un listado con más de 133.000 víctimas del franquismo
El cine divide a los políticos El País (España)El PP censura en Jaén un ciclo de cine sobre la Memoria Histórica organizado por el Ayuntamiento, por "dividir a la sociedad" y resultar "sesgado"GINÉS DONAIRE - Jaén - 07/10/2008La aplicación de la Ley de Memoria Histórica ha avivado el enfrentamiento entre PSOE y PP en el ámbito político, pero en Jaén la discrepancia ha llegado incluso al cine. Los populares han censurado un ciclo cinematográfico que ayer se inició con películas ambientadas en la Guerra Civil y en los años posteriores de la represión franquista por considerar que ofrecen una visión "sesgada" y entender que los socialistas "pretenden dividir de nuevo a la sociedad"."Si se trata de recuperar la memoria, recuperémosla toda", señaló en un comunicado la concejal del PP Cristina Nestares, tras censurar la inclusión en el ciclo de películas como El laberinto del fauno, Silencio roto, Las 13 rosas, Libertarias y Canciones para después de una guerra. Nestares carga en especial contra el concejal de Cultura, José Montané: "Utilizar el pasado como arma arrojadiza, cuando el pasado también se puede volver contra quienes lo usan, no es una estrategia inteligente, pero sobre todo no es una estrategia necesaria". Los populares llegaron a solicitar que el ciclo incluyera documentales sobre la matanza de Paracuellos y sobre el llamado tren de la muerte, en el que partieron hacia Madrid jiennenses fusilados después, sin juicio, en el Pozo del Tío Raimundo.Los socialistas han desoído las críticas de los populares. "Se trata de honrar y recuperar la memoria de quienes padecieron injurias, agravios, persecución y hasta muerte, en ocasiones, por motivos políticos e ideológicos", señala el edil José Montané. Desde la Asociación de la Memoria Histórica de Jaén, que colabora en este ciclo, su presidente, José María Valdivia, replica que la "visión sesgada" de la historia "fue la que ofreció el régimen franquista durante 40 años".No es la primera vez que el PP rechaza en Jaén cualquier alusión a la memoria histórica. En 2006, cuando estaban en el gobierno local, los populares rechazaron la moción de IU en la que se pedía la retirada de los símbolos de la dictadura franquista que aún perduran en la ciudad.
_Una asociación pide a Garzón la apertura de una fosa común en la ... localidad madrileña de La Sena. MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) - La Asociación Nuestra Memoria de Toledo y el Valle del Tietar solicitó hoy al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón la apertura de una fosa común en la localidad de La Serna, situada en la Sierra Norte de Madrid, donde podrían estar enterrados ocho desaparecidos. Según explicó en declaraciones a Europa Press la portavoz de la Asociación Marisa Hoyos, la solicitud parte de un miembro de su agrupación que dispone de las partidas de nacimiento y de defunción de cuatro de los fallecidos, tíos suyos. La fosa se encuentra ubicada en terrenos pertenecientes al Obispado de Madrid por lo cual la asociación ha pedido al magistrado --cuyo Juzgado está pendiente de admitir a trámite una investigación sobre los fallecidos y desaparecidos en la Guerra Civil-- que se dirija a la entidad religiosa con objeto de obtener autorización para la exhumación. Nuestra Memoria de Toledo y el Valle del Tietar ha aportado al juez un proyecto de apertura de la fosa que podría ejecutarse en caso de obtener la autorización del Juzgado. Las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica presentaron a Garzón un listado único de 133.708 víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista del que se han eliminado las identidades duplicadas que estos colectivos entregaron en septiembre pasado. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 pidió el pasado 25 de septiembre a los querellantes que eliminaran los nombres que se repetían en la primera relación, que recogía un total de 130.137 nombres. El abogado de las asociaciones, Fernando Magán, explicó hoy que en este nuevo listado, que ha sido entregado en formato CD, se han eliminado los datos que aparecían duplicados e incluso triplicados en el anterior, al tiempo que se han incorporado la información que ha sido remitida por gobiernos autonómicos como los de Galicia y País Vasco._Una asociación pide a Garzón abrir la fosa de La Serna Madridiario -06-10-2008 - MDO/AgenciasLa asociación Nuestra Memoria de Toledo y del Valle del Tiétar ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que ordene la apertura de una fosa ubicada en La Serna del Monte, en la sierra norte, para llevar a cabo la exhumación de los ocho cuerpos que supuestamente yacen ahí.En su solicitud, según ha explicado un representante de esta asociación, reclaman a Garzón que pida al obispado de Madrid la apertura de esta fosa, al encontrarse en un terreno de su propiedad y que se encuentra a la salida de La Serna del Monte, junto a la A-1 (carretera de Burgos).El sobrino de cuatro de las ocho personas que supuestamente están enterradas en esa fosa ha sido el que ha pedido a la asociación que reclame a Garzón que ordene la exhumación de los cuerpos.Esta petición se ha producido el día en que las veintidós asociaciones de familiares de desaparecidos en la guerra civil y la dictadura franquista que han denunciado estos hechos en el juzgado han entregado a Garzón un listado único y "definitivo" en soporte informático con 133.708 nombres de personas desaparecidas en esas fechas (1936-1975). El abogado de las asociaciones, Fernando Magán, explicó este lunes que en este nuevo listado, que ha sido entregado en formato CD, se han eliminado los datos que aparecían duplicados e incluso triplicados en el anterior, al tiempo que se han incorporado la información que ha sido remitida por gobiernos autonómicos como los de Galicia y País Vasco.
__http://www.lanacion.com.ar/García Lorca y el misterio de su cuerpoTras años de negativas, la familia del poeta aceptó la exhumación de la fosa colectiva donde habría sido enterradoDomingo 5 de octubre de 2008 Publicado en edición impresa MADRID .-Con el súbito levantamiento del veto familiar a la exhumación de su fosa, el obstáculo más grande que persiste para recuperar los restos de Federico García Lorca es, precisamente, localizar el sitio exacto en el que se encuentra la tumba colectiva.Hasta ahora, se han señalado tres posibles emplazamientos, todos ellos, en Granada y separados por una distancia de medio a tres kilómetros.El último dato, el más sorprendente, habla del predio de la Catedral de Granada.Ese se suma a los dos que, en los últimos diez años, se han convertido en centro de peregrinaje, situados, ambos, en el granadito predio de El Viznar, un sitio donde la gente hace ejercicio y pasea los cochecitos de sus bebes.Dicen los historiadores que, bajo esos pastizales, podría haber, en conjunto, cerca de 3000 personas fusiladas hace siete décadas, en el choque de dos bandos en la Guerra Civil española (1936-1939). Y que cuatro de esos cadáveres corresponden a los del poeta y a los de sus tres compañeros de infortunio: un maestro de escuela y dos toreros."Es muy probable que terminemos usando un geo-radar para ubicarlos", dice a LA NACION Francisco González, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) de Granada.Separados por medio kilómetro, los dos sitios en pleno campo están señalados, uno, con un árbol; el otro, con una gran piedra que poco tiene que ver con el conjunto y que, evidentemente, fue llevada a mano hasta allí."En aquellos días, dejar una piedra era un modo habitual de señalar la tierra para que no le pasaran el arado por encima ni que se sembrara. Una forma sigilosa de honrar a los muertos", explica González.La leyenda negraHace apenas unos días que la familia García Lorca cambió en 180 grados su posición en este punto y, por primera vez en años de pertinaz negativa, informó su "disposición" a aceptar que la fosa común en la que el poeta fue enterrado en agosto de 1936 sea exhumada."Preferiríamos que eso no ocurriera. Para nosotros, abrir la fosa no es cerrar ninguna herida sino, al contrario, removerla. Pero si los familiares de las demás víctimas quieren hacerlo, no nos opondremos", dijo, días atrás, Laura García Lorca, sobrina directa del poeta y presidenta de la fundación que lo recuerda.Para muchos, la exhumación servirá para terminar con la leyenda negra según la cual el cadáver del autor de Yerma fue removido de allí hace mucho tiempo y recuperado por sus familiares, merced a una negociación secreta con el fallecido dictador Francisco Franco.El supuesto y macabro acuerdo es lo que, para muchos, explicaría la persistente negativa a que el sitio se tocara. Pero la versión es rechazada de plano por los familiares."Todo eso es un disparate, mi tío no fue recuperado del sitio donde está y, por el contrario, nuestro deseo es que permanezca allí", dijo Laura García Lorca.El historiador irlandés Ian Gibson, biógrafo del poeta, aseguró que la apertura de la fosa servirá para velar cómo fueron los minutos finales del poeta, antes de ser fusilado por los falangistas el 18 de agosto del 36. "Se podrá saber cuántos balazos le dieron, si lo torturaron y si hubo la misericordia de un tiro de gracia, que generalmente se negaba", dijo.
_Memoria histórica: heridas de guerra Lanacion.com (Argentina) Miles de nietos buscan bajo el suelo de España los cuerpos de sus abuelos, enterrados en fosas comunes después de haber caído durante la Guerra Civil o asesinados por el franquismoDomingo 5 de octubre de 2008 Publicado en ediciónIZAGRE, ESPAÑA .- Dentro de seis meses se cumplen setenta años del fin de la Guerra Civil Española (1936-1939), que provocó un horror acallado durante décadas y que se mide en cientos de miles de muertos. Aún hoy no hay cifras ciertas.La evocación dista mucho de ser de las preferidas en el discurso público. Sin embargo, su momento se aproxima con el mar de fondo de una fuerte ola de revisionismo que, si bien empezó de forma tímida, aumenta en ruido y espectacularidad con el paso de las semanas.Ya cobró fuerza hace un año, con la sanción de la controvertida Ley de Memoria Histórica, impulsada por el gobierno socialista, que busca reparar los derechos de las víctimas de la guerra civil y del franquismo. Pero ganó estruendo hace pocas semanas, con el anuncio de la próxima exhumación del cadáver de Federico García Lorca, símbolo colectivo de la represión de aquellos años.El giro, asociado a una sonora irrupción del juez Baltasar Garzón, se convertirá en la primera intervención estatal directa en la tarea de cavar para encontrar a los muertos.Y, de paso, pondrá luz sobre la historia negra que, alimentada en años de pertinaz resistencia de los García Lorca, sostiene que el poeta ya no está en fosa común. Que habría sido rescatado merced a una secreta negociación con el ex dictador Francisco Franco (ver nota aparte).Menos conocido es lo que late por debajo y que constituye, tal vez, el más reciente fenómeno social derivado de aquellos años de contienda: la silenciosa, desordenada e imparable marea de nietos que cava por la península para rescatar del olvido a sus abuelos, asesinados sin testigos y lejos del frente de guerra.Buscan a hombres y mujeres a los que no conocieron, pero que aprendieron a respetar a través de los relatos que de ellos escucharon. "Durante años, este país vivió con terror. Fue el terror el que, durante todo este tiempo, impidió no sólo abordar esta cuestión sino, siquiera, hablarla. Hoy eso no lo sienten los nietos", dice el historiador Julián Casanovas. En las cunetasIndiferentes a lo que, en definitiva, resuelva el juez Garzón; y sordos al discurso político que previene contra el temor a que la búsqueda reabra "heridas del pasado", que "alimente la venganza" y que "ponga en riesgo el futuro", los nietos cavan por esos familiares."En los últimos ocho años hemos exhumado 167 fosas y recuperado 4041 cuerpos", dice Emilio Silva, presidente de la Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).La entidad, hoy sumamente activa, nació en octubre de 2000, cuando Silva se propuso rescatar a su abuelo, en cuya identificación fue vital una muestra de ADN que viajó desde la Argentina, donde habían emigrado los familiares del extinto.¿Cuánto trabajo queda por hacer? Nadie lo sabe. "Creo que hay no menos de 25.000 personas en las cunetas", dice Casanovas, uno de los historiadores que más ha escrito sobre el tema.Su estimación palidece ante los más de 130.000 nombres de personas asesinadas que citan documentos presentados a Garzón. (El término excluye a aquellos que fueron fusilados tras juicio sumario o muertos en frente de guerra).Palidece, también, ante las "miles de fosas comunes en toda España" de las que, ante LA NACIÓN, habla Felipe Alonso, de la Asociación de Estudios sobre la Represión en León (AERLE).La entidad cuenta con la simpatía del padre de José Luis Rodríguez Zapatero, Juan Rodríguez García-Lozano. A ella ha dado testimonio sobre el asesinato de Juan Rodríguez Lozano, el abuelo republicano citado, en varias ocasiones, por el presidente del gobierno. Su ex prisión, que fue la de otras 16.000 personas, es hoy, sin embargo, un suntuoso hotel (Ver aparte).Queda cerca de aquí, de esta pequeña localidad leonesa de apenas 80 habitantes, que durante siete décadas durmió junto a dos fosas y junto al espanto de sus fantasmas. Es el poblado al que llegó LA NACION para acompañar el proceso de exhumación de "represaliados" de la Guerra Civil, el fenómeno que lleva a nietos anónimos a cavar por sus abuelos de triste muerte.¿Cómo es ese pulso de reivindicación al que no le importa lo que diga la autoridad ni el juez?Entre otras cosas, llamó la atención la desconcertante naturalidad con que el pueblo asistió a la exhumación -la gente llegaba con canasta de sándwiches y los niños jugaban con la tierra que removía la excavadora. "Hay quienes no les parece bien esto de las excavaciones, pero la mayoría lo ve bien y quiere ayudar", dijo a LA NACION el alcalde, Enrique Santervaz.Más aún sorprendió el hecho de que, para localizar el sitio, sirviera de guía la memoria de ancianos que, en el pasado, se habían enfrentado en los dos bandos de la brutal contienda. Y que hoy, juntos, compartieran el tabaco y la charla y se asomaran con sus bastones al pozo del que, juntos, pudieron rescatar los cuerpos de 22 infelices. Y con ellos, una parte de su propio pasado."Son seres humanos", se emociona Claudio Puertas. El fue soldado del bando nacional; tiene 91 años y hace gala de vitalidad y memoria para señalar, con bastante aproximación, el sitio en el que -hace siete décadas- vio enterrar a once personas: diez hombres y una mujer. "¡Había que ver lo que hicieron con ellos!", lamenta.A su lado se sienta José Pérez Guayo, de 86 años. Es uno de los pocos hijos que, entre tanto nieto, busca a un fusilado. En este caso, a su padre, un albañil que era militante sindical. La última vez que lo vio con vida fue el 19 de septiembre de 1936. Se lo llevaban en un camión y a él lo amenazaron si intentaba seguirlos en bicicleta. "Yo quisiera encontrarlo y morirme en paz", dice.Lo escucha Don Claudio, su ex adversario, mientras la tarde pasa y la vida, junto a la fosa, se anima. Llega más gente que exprime recuerdos y tira de la historia en un colosal esfuerzo por ordenar las piezas de un puzzle enorme y sangriento. Es lo más parecido a una reconciliación.-¿Este trabajo es posible gracias a la Ley de Memoria Histórica?, pregunta LA NACION.-No, ¡qué va! Esto empezó mucho antes. Y, en este caso, estamos aquí porque el dueño del campo nos dio permiso. Y nada más, contesta Marco Antonio González, de la ARMH, uno de los nietos que cavan.Lo hace a sabiendas de que, con su abuelo, no habrá suerte: está en otro sitio, pero, sobre él, hay ahora "una ruta y dos restaurantes", dice."Al final, se desenterrarán menos cadáveres de los que se buscan, porque muchas de las fosas han desaparecido para siempre, sepultadas por el crecimiento urbano y el paso del tiempo", dice Casanova. No es el caso de este campo, donde no hay nada que ayude a identificar un entierro."Aquí hay algo"La pala avanza, pero no pasa nada. Huele a tierra húmeda. El dueño del campo no es del pueblo, se llama Juan Antonio Pérez y lo arrienda desde hace quince años. "En todo este tiempo, nadie me habló jamás de la fosa común, hasta que vino esta gente, pidió permiso y, por supuesto, les dije que sí", cuenta. "Jamás nada me hizo sospechar", añade. Y habla así del espanto bajo esa tierra en la que hoy, con subsidios de la Unión Europa, él trabaja cereales y un girasol que, este año, viene mustio. No hay más autoridad ni funcionarios junto a la máquina excavadora.Por la noche, todo queda solo, con la misma quietud de entonces. La excavación lleva ya tres días y 200 metros de zanja sin que nada aparezca. Y, sin que nadie se atreva a sincerarlo, late el temor de que allí no haya nada. "O, peor aún, de que estemos sentados sobre ellos y no podamos verlos", dice otro, con un escalofrío, que hace ponerse de pie."¡Aquí hay algo!", grita la arqueóloga. Todo se paraliza y es silencio, salvo el viento, que trae el mismo olor de la tierra mojada. El "algo" resulta ser un par de anteojos, la evidencia de que allí mismo están los cuerpos. A partir de ahora, no más máquina: todo el trabajo será manual y muy lento, acariciando la tierra que todo lo vuelve marrón, como una arcilla para que cobre forma la historia de los muertos.Explota una mezcla de emociones: hay quien llora, quien se alivia, quien ríe. "Es lo que suele ocurrir en situaciones de duelo retardado", dice Raúl de la Fuente, de Sicólogos Sin Fronteras.Para los familiares que allí esperan llega, por fin, el adiós debido. Un adiós por el que esperaron 70 años.Por Silvia Pisani"Me he reencontrado con mi hermana"ESPAÑA .-Ha esperado por esto durante 71 años y creyó que jamás llegaría. Pero llegó y, por eso, con tanta serenidad como alegría, Josefina Alonso Ruiz cuenta que, junto a la fosa, acaba de "reencontrarse" con su hermana, María, la que le enseñó a leer. Y que llevaba años enterrada en la cuneta, junto a la ruta, desde que, en febrero de 1937, se la llevaron para fusilarla."¡Mira mi mano! ¿Ves el anillo que tengo? Lleva, como piedra, el aro que hacía juego con el de mi hermana María y que el día que la mataron no pudo ponerse porque tenía una oreja mala", dice esta mujer de 89 años, mientras estira el anular.El anillo que la víctima desechó por culpa de una oreja infectada y que quedó en la casa familiar se convirtió, con los años, en la sortija con que la hermana menor recordó a la asesinada.Y hace pocas semanas, cumplió una nueva función; la de herramienta vital para la identificación en la fosa. Es que, allí, en el fondo, junto a la calavera de María estaba, intacto, el aro solitario que hacía juego con el que ella lleva en su dedo."Se reencontraron los aros y nos reencontramos y nos reencontramos mi hermana y yo", dice Josefina.-¿Es un día triste?-No, es un día feliz. La pena es que no haya podido verlo mi madre, que murió en 1963 suspirando por tener a la hija de cualquier modo, contesta.La historia de la familia Alonso Ruíz, oriunda de León, parece un drama de los que el cine español contó muchos antes de que la verdad aflorara: los nacionales se llevaron a María, a Josefina y a su madre a la cárcel como presión para que apareciera Ignacio, el único hijo varón que, en realidad, no había escapado sino que estaba escondido en el caserón familiar."Como mi hermano no aparecía, los guardias dijeron a mi madre que eligiera una hija y que se fuera. Ella me eligió por ser la menor. A María, que era lista, que leía mucho y que militaba en Izquierda Republicana, la mataron. Mi hermano Ignacio, que era de las juventudes socialistas, estuvo cinco años más escondido en casa hasta que, cansado, se entregó. Los amigos ayudaron y no fue fusilado. Murió hace poco, con la pena de tener a María en la cuneta", dice Josefina.-¿Cómo ha vivido su familia todo esto?-Es extraño. Hubo sobrinos que no querían saber nada. Pero yo me impuse, María no podía seguir en la cuneta. Luego, con la gente del pueblo, es curioso, porque me preguntan qué tal ha ido mi operación de cataratas. Me preguntan por la operación, pero no me dicen nada de mi hermana. No sé por qué.Un hotel de lujo en donde estuvo preso el abuelo de ZapateroLEÓN, ESPAÑA .-"Paz, perdón y justicia", suele evocar el presidente José Luís Rodríguez Zapatero al hablar del influjo que en él tiene la figura de su abuelo paterno, el capitán Juan Rodríguez Lozano, ejecutado en 1936 tras juicio sumarísimo, por los sublevados en la Guerra Civil.El abuelo del presidente pasó los momentos previos a su fusilamiento en la cárcel de San Marcos, un colosal edificio que fue campo de concentración para 16.000 personas y que hoy, con el nombre de San Marcos, es un suntuoso hotel de la cadena "Paradores", el buque insignia del turismo español.Una noche allí cuesta 200 euros, más otros 30 por el desayuno. Tiene 236 habitaciones habilitadas y, en la misma puerta por la que salían los condenados, luce ahora un cartel que da la bienvenida en siete idiomas. "No hay nada hoy que indique dónde estaban las celdas", dice el jefe de conserjes a LA NACIÓN.
_http://www.levante-emv.com/28.892 valencianosGarzón recibe un listado con más de 133.000 víctimas del franquismoLos querellantes confían en que el juez se declare competente: "Pronto tendremos el auto que esperamos".EUROPA PRESSLas asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica presentaron hoy ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón un listado único de 133.708 víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista, 28.892 valencianas, del que se han eliminado las identidades duplicadas que estos colectivos entregaron en septiembre pasado.El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que ha solicitado información a las asociaciones para decidir si admite a trámite una querella que le permita investigar las desapariciones que se produjeron durante este periodo, pidió el pasado 25 de septiembre a los querellantes que eliminaran los nombres que se repetían en la primera relación, que recogía un total de 130.137 nombres.El abogado de las asociaciones, Fernando Magán, explicó a las puertas del juzgado que en este nuevo listado, que ha sido entregado en formato CD, se han eliminado los datos que aparecían duplicados e incluso triplicados en el anterior, al tiempo que se han incorporado la información que ha sido remitida por gobiernos autonómicos como los de Galicia y País Vasco.DATOS DE TODA ESPAÑAA esta relación, que no se ha cotejado con los datos de ninguno de los cuatro ayuntamientos a los que el juez solicitó información (Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba), los querellantes tienen previsto incorporar en los próximos días los nombres de desaparecidos recogidos por otros ejecutivos autonómicos, como el de Asturias.El listado entregado hoy a Garzón recoge datos de las 17 comunidades autónomas, entre las que destaca Andalucía, con 29.091 víctimas; Valencia, con 28.892; y Castilla y León, con 15.269. Además, el juez ha recibido el nombre de 10.266 víctimas de Extremadura, 10.178 de Aragón, 9.759 del País Vasco, 7.885 de Castilla-La Mancha, 4.396 de Galicia, 3.431 de Navarra, 2.995 de Madrid, 2.535 de Cantabria, 2.400 de Cataluña, 2.007 de La Rioja, 1.777 de Baleares; 1.246 de Asturias, 855 de Murcia, 457 de Ceuta, Melilla y el norte de África, 262 de Canarias y 7 de otros territorios.Según el letrado, entre estos nombres se encuentran los de unos 4.000 desaparecidos que han sido exhumados en los últimos años, así como varios centenares que han sido identificados en las tareas de búsqueda que se están llevando a cabo en fosas situadas en Navarra, Burgos, Madrid o Valencia."PRONTO TENDREMOS EL AUTO QUE ESPERAMOS"Magán se mostró convencido de que la petición de los querellantes, entre los que ya se encuentran 22 asociaciones y diez particulares, es "jurídicamente sostenible en línea con los precedentes que se han producido anteriormente en la Audiencia Nacional". "Pronto tendremos el auto que esperamos", vaticinó.Garzón solicitó el pasado 1 de septiembre a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba la elaboración de listados de víctimas y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.Posteriormente, amplió la información a los tribunales republicanos creados en la contienda durante la defensa de Madrid, y solicitó a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que instara a los obispos a que le enviaran la información solicitada.INFORME CONTRARIO DE LA FISCALÍAEl magistrado ha tomado estas medidas antes de decidir si es competente para investigar las denuncias que ocho asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban una investigación sobre las desapariciones, 'sacas', asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936 y consideraban que cabe exigir responsabilidades al Estado español dentro del marco actual de las obligaciones de reparación por la violación del Derecho internacional.La Fiscalía, por su parte, solicitó la inadmisión a trámite de la querella al considerar que los hechos prescribieron en 1977, con la aprobación de la Ley de Amnistía, y que en el momento en que se produjeron eran delitos comunes de asesinato, detención ilegal o lesiones, según el Código Penal de la República.De igual modo, el Ministerio Público sostiene que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional debido a que los crímenes deberían ser perseguidos por los juzgados de los lugares en los que se cometieron los hechos.__Garzón recibe un listado con 133.708 desaparecidos durante la ... eldia.es -Garzón recibe una lista de 130.000 nombres desaparecidos en la ... soitu.es -__
http://www.elpais.com/espana/__Justicia tendrá tres meses para reparar a víctimas de FrancoCARLOS E. CUÉTodos los ayuntamientos deberán ayudar al Gobierno en la investigaciónObtener la declaración de reparación y reconocimiento personal de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil será muy fácil. El documento, que podrán solicitar los familiares de más de un millón de represaliados -de los dos bandos durante la guerra y de uno sólo en los casi 40 años de dictadura- será expedido por el Ministerio de Justicia en un máximo de tres meses desde que se presente la solicitud.La Recuperación de la Memoria HistóricaA FONDOEl decreto que desarrolla la Ley de Memoria no obliga a la Iglesia católicaSe hará una pequeña investigación para comprobar los datos, pero el silencio administrativo -ausencia de respuesta- será entendido de forma positiva para el solicitante. Éstas son algunas de las novedades que contiene el proyecto de real decreto que regula este procedimiento y que, después de ser analizado el viernes por el Consejo de Ministros, será enviado al Consejo de Estado. En cuanto regrese al Gobierno podrá ser aprobado definitivamente.El documento deja claro, en su artículo 9b, que "el plazo de resolución y notificación de este procedimiento será de tres meses transcurridos los cuales sin que se dicte resolución expresa se entenderá estimada la solicitud". "En caso de resolución firme estimatoria, se entregará al peticionario un título expedido por el Ministerio de Justicia en el que constará la declaración de reparación y reconocimiento personal", aclara.Los solicitantes podrán ser las personas afectadas, esto es las víctimas, o, en el caso de que hayan fallecido, "el cónyuge o la persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado" y también instituciones públicas en las que las víctimas hubieran tenido un papel destacado. Deberán aportar los datos de los que dispongan sobre lo que le sucedió a la víctima -asesinato, cárcel, tortura, trabajos forzados, exilio- pero será el instructor del expediente, esto es un funcionario miembro de la División de Tramitación de Derechos de Gracia y Otros Derechos, dependiente de Justicia, quien se encargue de investigar la documentación oficial. Y es ahí donde todas las administraciones, incluidos los ayuntamientos -algunos en manos del PP se han mostrado reacios a este tipo de procesos, y las asociaciones también han encontrado resistencia en algunos archivos militares- están obligadas por este decreto a colaborar con Justicia para llevar a cabo la investigación. El texto señala que deberán entregar lo que les pidan antes de un mes. Para facilitar aún más las cosas, el decreto faculta a Justicia para habilitar una fórmula de solicitud electrónica de la declaración de reparación.Lo que no hace el decreto es solicitar la colaboración de la Iglesia, en cuyos archivos se conservan algunos datos relevantes de la represión, como ha podido comprobar el juez Garzón.Esta resolución, que venía fijada en el artículo 4 de la Ley de Memoria pero no ha sido desarrollada hasta ahora, nueve meses después de la entrada en vigor de esa polémica norma aprobada en diciembre de 2007, tiene un carácter meramente simbólico y no da derecho a ninguna reparación económica. Éstas fueron fijadas en los 80, cuando el primer Gobierno socialista fijó compensaciones a los militares republicanos -pensiones para ellos y sus viudas- y pequeños pagos por los años de cárcel por motivos políticos.Las asociaciones de memoria histórica y de derechos humanos exigen al Ejecutivo que, como han realizado otros países como Alemania, anule judicialmente las sentencias franquistas, pero el Gobierno ha optado por esta fórmula simbólica con la que la democracia honra a los represaliados sin necesidad de declarar nula la justicia franquista.__Murió por pedir el EstatutoROSA BIOTUn ladrillazo mató a Miquel Grau en octubre de 1977Un ladrillazo lo derribó la noche del 6 de octubre de 1977. Miquel Grau militaba en el Moviment Comunista del País Valencià y se encontraba pegando carteles a favor del Estatuto de Autonomía en Alicante. Un ultra, cuya familia vivía en el edificio donde Miquel y otros tres compañeros estaban pegando los carteles, lanzó el objeto sobre los rojos que vio en la calle. Grau murió diez días después. Tenía 22 años.La noticia en otros webswebs en españolen otros idiomas"Fueron diez días en que vives como en una nube. Quieres creer que no es así, pero lo es", recuerda, como una pesadilla, José Ramón Grau, uno de los tres hermanos del joven asesinado, que sólo tenía entonces 17 años. Luego vino el multitudinario entierro, sin precedentes en Alicante, al que acudieron el 18 de octubre alrededor de 18.000 personas. La policía no dejó que el impresionante cortejo llegara hasta el cementerio, como recuerda el grupo valenciano Al Tall en una canción homenaje al joven asesinado, que se convirtió en una de las piezas más conocidas de la veterana formación folk y cuyo estribillo reza: "Per cridar 'vull l'Estatut', a Miquel assassinaren" ("Por gritar 'quiero el Estatuto', a Miquel asesinaron"). Eran tiempos muy tensos. También de compromiso, recuerda José Ramón, que al igual que su hermano participó desde pronto en manifestaciones, primero en defensa de la democracia y después para tomar posición por otros muchos motivos.Miquel Grau se ha convertido, tres décadas después, en la última víctima de la Transición, de acuerdo con uno de los cuatro decretos que el Gobierno envió el pasado viernes al Consejo de Estado para iniciar el desarrollo de la Ley de Memoria y que contempla indemnizaciones para "personas fallecidas en defensa de la democracia o que hubiesen sufrido lesiones incapacitantes durante la Transición (del 1 de enero de 1968 al 6 de octubre de 1977)".Se ha fijado una fecha tan precisa porque el Ejecutivo ha acudido a un elemento "objetivo" para marcar el período. Es la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977. Aquella norma amnistió los delitos políticos anteriores al 6 de octubre de ese año, el día del atentado contra Miquel; es decir, puso un límite a la Transición.

References: E CONTRARIO
 real decreto 
 artículo 9
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 4