Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/Abril/AV.000188-10412-2012-11-764.html
Timestamp: 2017-02-27 20:31:54+00:00

Document:
AV.000188-10412-2012-11-764.html
Nro. 2011-000764
escrito presentado en fecha 30 de noviembre de 2011, el abogado Syr Leonidas
Dávila Torres, actuando con el carácter de apoderado judicial de la empresa MUEBLERÍA
EL METRO S.R.L., solicita a esta Sala de Casación Civil se avoque al
conocimiento de la demanda de desalojo incoada por la sociedad mercantil Inversiones Irne C.A., contra la
empresa antes mencionada, la cual fue admitida por el Juzgado Vigésimo Cuarto
en fecha 30 de julio de 2010, por el procedimiento breve establecido en el
Título XII, Parte Primera del Libro Cuarto del Código de Procedimiento Civil,
así como de los artículos 34, literal “a” al 37 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios.
En fecha 2
de febrero de 2012, se dio cuenta ante la Sala del expediente, asignándose la ponencia a la Magistrada que con
tal carácter la suscribe, y siendo la oportunidad procesal
correspondiente, pasa la Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad del
avocamiento solicitado, en los términos siguientes:
DE LA COMPETENCIA DE LA SALA Antes de
entrar a resolver respecto a la primera fase del avocamiento, esta Sala de
Casación Civil pasa a pronunciarse sobre su competencia a los fines de
determinar si le corresponde o no el conocimiento de este asunto, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 numeral 1° y 106 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, vigente desde su publicación en Gaceta Oficial
N° 39.522 del 1º de octubre de 2010, que rigen la materia.
sentido, el referido el artículo 31 en su numeral 1º, establece que:
“Es de la
competencia común de cada Sala del Tribunal Supremo de Justicia:
Solicitar de oficio, o a petición de parte, algún expediente que curse ante
otro tribunal y avocarlo en los casos que dispone esta Ley”. En
concordancia con la norma antes transcrita, el artículo 106 eiusdem
“Cualesquiera de las
Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva
encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento
del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal”.
normas señaladas ut supra, regulan la facultad de las distintas Salas
del Tribunal Supremo de Justicia para avocarse, bien de oficio o a instancia de
parte, a las causas que cursen ante otros tribunales de la República en las materias de su competencia y a su especialidad. Sin
embargo, cabe advertir que esa atribución debe ser ejercida con suma prudencia
y sólo en caso grave o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que
perjudique ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública, la
decencia o la institucionalidad democrática venezolana, y se hayan desatendido
o mal tramitado los recursos ordinarios o extraordinarios que los interesados
hubieren ejercido.
En aplicación de lo enunciado
precedentemente, la Sala observa que los solicitantes fundamentan su petición
de avocamiento en la supuesta violación del ordenamiento jurídico, ocurrida en
el juicio de desalojo que sigue la empresa Inversiones Irne C.A. contra la
sociedad mercantil Mueblería El Metro S.R.L., juicio éste de naturaleza civil.
Por consiguiente, en atención
al contenido y alcance de los artículos 31 numeral 1 y 106 la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de 2010, esta Sala de Casación Civil es
competente para conocer y resolver la presente solicitud de avocamiento. Así se
representación judicial de los accionantes fundamenta su solicitud de
avocamiento en los siguientes argumentos:
expediente Nro. 9165, en el cual se declaró “...sin lugar el recurso de
apelación que interpuso mi representada -se observó- desorden procesal -que
ha- ocasionado... graves perjuicios, graves daños, que han afectado
vulnerado y cercenado, de manera incuestionable, sus legítimos derechos y al
debido proceso, quien advirtió y ejerció oportunamente sus derechos previstos
en la norma adjetiva... y no obstante ello, algunas de sus defensas y alegatos
formulados en tiempo útil y conforme a derecho, no fueron tomadas en cuenta, ni
por el juzgado de la causa (24 de municipio) ni por el Juzgado Superior Octavo
(que conoció y decidió la apelación), ambos de esta jurisdicción...”.
el solicitante manifiesta su “...inconformidad con lo decidido por el
Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en cuanto a lo de decidido en su
sentencia... (13-5-2011) a través de la cual de una manera inmotivada, sin fundamento
en ninguna norma legal, sin haber tomado en cuenta los alegatos esgrimidos...
en el escrito... declaró sin lugar el recurso de apelación...”. Sostiene, la representación judicial del solicitante,
parte demandada en la causa que “...Mi representada, la sociedad mercantil ‘MUEBLERIA
EL METRO, S.R.L.’, demandada-apelante, en tiempo legalmente útil en su escrito
de fecha cuatro de mayo del año dos mil once (4-5-2011)... hizo una serie de
alegatos... en los puntos, indicados, como: de la absolución de la instancias,
de la inmotivación de la sentencia, de las cuestiones previas, de la cosa
juzgada, de la contestación al fondo de la demanda, de la solvencia en el pago
de los cánones de arrendamiento, del pedimento, de las pruebas y de las
conclusiones...”. No obstante tales alegatos, el juez superior “...dejó
prácticamente en estado de indefensión a mi representada...”. Al respecto, el solicitante indica que “...promovió la cuestión previa de la cosa
juzgada, -toda vez que- la parte actora –había- intentado en contra de...
MUEBLERIA EL METRO, S.R.L. la acción de resolución del contrato de
arrendamiento... La referida demanda fue sustanciada y decidida en primera
instancia por el Juzgado Sexto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, según consta de los
correspondientes autos contenidos en el expediente Nro. AP31-2009-0002283... el
cual dictó sentencia en fecha 27 de noviembre de 2009, mediante la cual declaró
con lugar la demanda de resolución de contrato...”. No obstante, la demandada “...apeló de
dicha sentencia... -siendo conocida- por el Juzgado Superior Noveno en lo
Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que en sentencia de fecha 21 de
abril del año 2010 declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto... -éste
último- decidió que la acción de resolución de contrato no era la
procedente, sino la acción de desalojo. En consecuencia de ello, ciudadano
juez, esta sentencia, definitivamente firme como quedó surtió los efectos de la
cosa juzgada...”.
Ahora bien, argumenta el solicitante que del “...texto
del libelo de la demanda...” presentada ahora ante el Juzgado Vigésimo
Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, “…lo que -pretende- la parte actora es intentar en contra de
nuestra representada, nuevamente la acción de resolución de contrato...”. Pues
“...expresa la parte actora en su libelo, en la página 12 correspondiente al
petitorio, en el punto primero, lo siguiente: ‘Que se declare con lugar la
presente acción de desalojo que tiene por objeto el inmueble de autos...”.
De modo que, el solicitante señala que el Juzgado Superior
Octavo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas al conocer sobre la cuestión previa
atinente a la cosa juzgada- en la demanda por desalojo desconoció los derechos
de la empresa demandada al establecer lo siguiente: ‘...Siguiendo
el mismo orden, quien aquí suscribe observa que la decisión antes transcrita,
se refiere a la improcedencia de la demanda de resolución de contrato incoada,
toda vez que se estaba en presencia de un contrato a tiempo indeterminado,
contraviniendo esto con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. En consecuencia, y como quiera que la cuestión previa
alegada por la demandada en el presente caso, lo que supone es la existencia de
la cosa juzgada, la cual procede en el supuesto que se trate de la misma cosa
demandada, que esté fundada por la misma causa, que sea entre las mismas partes
y que estas vengan al juicio con el mismo carácter que el anterior, ello
conforme lo prevé el artículo 1.395 del Código de Procedimiento Civil (sic). De este modo se evidencia en el caso de
marras, identidad de sujetos y objeto, empero en lo que respecta a la acción,
es claro para quien aquí suscribe que en principio se intenta por resolución de
contrato de arrendamiento y es el mismo tribunal quien declara que la pretensión
a seguir, debe tramitarse por vía de desalojo, que es la que ahora se intenta, desprendiéndose
que lo que el Juzgado Superior Noveno Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y
del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas,
resolvió una cuestión meramente procesal, sin tocar el fondo de la
controversia. En consecuencia mal pudiera esta sentenciadora, considerar
procedente la cuestión previa alegada...”.
En consecuencia, el solicitante afirma que “...la
acción de resolución fue intentada en dos oportunidades por la parte actora en
contra de la empresa demandada…”, por lo que “...mal puede el juez de la
causa -Juzgado Vigésimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Carcas- y el de alzada -Juzgado
Superior Octavo en lo Civil Mercantil, del Tránsito y Bancario de la misma
Circunscripción Judicial- ...que conoció de la apelación... declarar sin
lugar -ésta última-...”. En virtud de todo lo anterior, el solicitante requiere a
esta Sala de Casación Civil que sea admitida la solicitud de avocamiento en
atención al desorden procesal denunciado y que decrete, entre otras “...la
nulidad de todas las actuaciones efectuadas en dichos procesos y por
consiguiente ordenarle al tribunal de la causa que se abstenga de ejecutar o
realizar alguna actuación que pueda constituir una ejecución forzosa de dicha
sentencia que pueda dar origen a una entrega material forzosa del inmueble...”. III
relación con la solicitud de avocamiento, esta Sala de Casación Civil en
sentencia Nº 311 de fecha 15 de abril de 2004, caso Petrolago, C.A., expediente
Nº 2003-000907, delimitó las dos fases o etapas que componen su trámite,
señalando que en la primera etapa debe analizarse si se cumplen o no los
requisitos mínimos establecidos por la jurisprudencia para que se acuerde
requerir el expediente cuyo avocamiento se solicita, verificando si las
actuaciones acompañadas a dicha solicitud resultan suficientes para que la Sala se forme criterio sobre la situación planteada. En caso de procedencia, señaló la Sala que debía requerirse el expediente, ordenándose la suspensión de la causa en instancia,
para darle paso a la segunda fase del avocamiento, en la cual, deberá conocerse
la causa y resolver sobre el fondo del juicio.
respecto de los supuestos que se verifican en el avocamiento es preciso
referirse al criterio asentado en sentencia de fecha 22 de febrero de 2008,
caso: Gisela Paulina Quintero de Guanipa y otros formulado
en el juicio de quiebra que se seguía contra Venezolana Internacional de
Aviación, S.A. (VIASA), en cuya oportunidad la Sala al examinar la segunda fase del avocamiento estableció lo siguiente: “…de la solicitud y los recaudos que se acompañen se pueda
inferir una grave situación de desorden procesal, que afecte el interés general
del Estado y perturbe la realización del fin que subyace en toda organización
política, cual es la justicia… A ello
se ha añadido la necesaria inoperancia de los medios procesales existentes para
la adecuada protección de los derechos e intereses en juego, como también que
las irregularidades procesales denunciadas hayan sido advertidas oportunamente
establece que el campo de aplicación de esta figura jurídica debe limitarse
únicamente a aquellos casos en que resulta afectado de manera directa el
interés público o social, el cual debe prevalecer frente a los intereses de las
partes, o cuando existe un desorden procesal de tal magnitud que no garantice
el derecho de defensa de las partes y el debido equilibrio en el proceso”.
criterio jurisprudencial parcialmente transcrito, y que en esta ocasión se
reitera, los recaudos que acompañe el solicitante del avocamiento deben
evidenciar una grave situación de desorden procesal capaz de afectar el interés
general del Estado y perturbar el fin último del proceso, cual es la
realización de la justicia. Además, debe advertirse la inoperancia de los
medios procesales existentes para la defensa y protección de los intereses
protegidos, siempre que tales irregularidades procesales hayan sido invocadas y
opuestas en la instancia. Aunado a
lo anterior, en el estudio del avocamiento deben utilizarse criterios
de extrema prudencia y ponderación, tomando en consideración si ha habido graves
injusticias o denegación de justicia, o si se encuentran en disputa cuestiones
que rebasan el interés privado y afectan de manera directa el interés público y
social, o que sea necesario restablecer el orden en el proceso judicial sometido
al avocamiento, siempre tomando en cuenta la trascendencia e importancia de la circunstancia
planteada. Sin embargo, la Sala ha sido enfática que dicha valoración queda a
la absoluta discreción de la Sala. Es decir, el avocamiento debe tenerse como
una figura de excepcional y de uso restrictivo, toda vez que su tramitación
representa una ruptura del principio del juez natural. Bajo estos precedentes,
las diferentes Salas del Tribunal Supremo de Justicia, han venido delineando
los requisitos de procedibilidad de los avocamientos. (Ver, entre otras,
sentencia Nº 302, de la Sala de Casación Civil, de fecha 3 de mayo de 2006,
caso: Inversiones Montello S.A. y De Falco S.A, expediente N° 2005-803,
reiterada el 24 de marzo de 2011, caso: Adolfredo López Becerra, expediente N°
10-630, así como sentencia del 6 de abril de 2011, caso: Manuel Enrique Reyes
Peña, expediente N° 11-067). Respecto
de lo anterior, este Supremo Tribunal también ha dejado expresamente
establecido que la figura del avocamiento, al ser excepcional, no puede
convertirse en la regla, y en ningún caso, puede pretenderse que mediante este
recurso los interesados subsanen cualquier vicio que sea de rango legal o
constitucional ocurrido en el proceso, el cual pudo o pudiera ser subsanado o resuelto
a petición de las partes en la propia instancia, sin necesidad de acudir a vías
excepcionales, en ese sentido dicho recurso debe ser ejercido en forma prudente
siempre y cuando cumpla con los requisitos concurrentes a que hace referencia
la ley y la doctrina de esta Sala.
parte, ha establecido de la misma forma esta Sala de Casación Civil, como parte
de su doctrina acerca del avocamiento, la necesidad de verificar si la parte
solicitante del avocamiento ha agotado o no las vías ordinarias y
extraordinarias en el examen del asunto sometido a consideración por esta Sala.
bien, efectuada la lectura de la solicitud como de los recaudos presentados se
evidencia de los hechos narrados por el propio solicitante del avocamiento que,
efectivamente en fecha 28 de julio de 2010 fue propuesta por la parte actora
demanda de desalojo contra la empresa Mueblería El Metro S.R.L., en virtud de “...la
falta de pago... de cánones de arrendamiento conforme la regulación establecida
por la Dirección de Inquilinato, específicamente como consecuencia de la mora
en el pago de los cánones de julio a diciembre de 2005, y de los años 2006,
2007, 2008, 2009 y 2010...”.
se desprende de las actas que la demandada en la oportunidad de la contestación
a la demanda promovió las cuestiones previas siguientes 1) “...de defecto de
forma de la demanda previsto en el numeral 6 del artículo 346 del Código de
Procedimiento Civil...”, 2) la prohibición de la ley de admitir la acción
propuesta pues en criterio de la empresa demandada “...la parte actora ha
ejercido en contra... de Mueblería El Metro S.R.L... dos acciones, la de
desalojo y la de resolución de contrato...tal como se evidencia... petitorio...
‘que se declare con lugar la presente acción de desalojo que tiene por objeto
el inmueble de autos’... ‘segundo se condene subsidiariamente ... al pago de
las obligaciones pactadas... como contraprestación por el uso del inmuebles las
cuales se corresponden con los meses... en consecuencia resuelto como sea el
contrato...” por lo que “...intentar en un mismo libelo de demanda las
dos acciones, la de resolución de contrato y la de desalojo... está tácitamente
prohibido por la ley...”; y 3) la cuestión previa de la cosa juzgada dado
que “...el Juzgado Superior Noveno en lo Civil –Expediente Nro. 8366 el 21
de abril de 2010-... declaró con lugar el recurso de apelación y decidió que la
acción de resolución de contrato en esa causa no era la procedente, sino la
acción de desalojo...”, en virtud de tal pronunciamiento “...la actora
no puede... intentar nuevamente en contra de la demandada y con fundamento en
el mismo contrato la demanda de desalojo...”.
consta que el Juzgado Vigésimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en fecha 13 de enero de 2011 declaró “...con lugar la demanda de desalojo incoada por la sociedad
mercantil Inversiones Irne C.A. contra la sociedad mercantil Mueblería El Metro
S.R.L....”. Y respecto a este último se constató que en fecha 5 de
mayo de 2011, la parte demandada formuló apelación alegando “...la
inmotivación de la sentencia... al declarar sin lugar de una manera alegre
dichas cuestiones previas sin motivación alguna y sin fundamento en ninguna
norma legal...” e insiste el solicitante en las cuestiones previas de 1) defecto
de forma del libelo; 2) la prohibición de la ley de admitir la acción propuesta,
dado que “...no se puede admitir conjuntamente demanda de desalojo y
resolución contractual...” y 3) la cosa juzgada pues ya el Juzgado Superior
Noveno se pronunció en la acción de resolución contractual sobre el mismo bien
inmueble objeto de la demanda en la cual declaró “...inadmisible la acción de resolución de
contrato de arrendamiento incoada por la sociedad mercantil Inversiones Irne
C.A... siendo que el contrato de arrendamiento suscrito por las partes, es un
contrato a tiempo indeterminado... Entiende este sentenciador, al calificar la
acción, propuesta que al reclamarse la resolución contractual por impago de
cánones arrendaticios de un contrato a tiempo indeterminado, sin atender a las
previsiones del artículo 34 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, es
evidente que se está yendo contra dicha previsión legal, que sólo autoriza la
acción de desalojo en esos casos...”.
anterior recurso de apelación interpuesto conoció el Juzgado Superior Octavo en
lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario del Circunscripción Judicial del
Área Metropolitana de Caracas, que mediante sentencia de fecha 13 de mayo de
2011, estableció lo siguiente: “...observa quien
aquí suscribe, que la parte actora en el escrito libelar en los puntos primero
y segundo del petitorio solicita que se declare con lugar la acción de desalojo
y que una vez resuelto el contrato de arrendamiento, se condene al pago
respectivo; sin embargo, no es menos cierto que en la oportunidad de dar
contestación a las cuestiones previas alegadas, la actora procedió a subsanar
de la siguiente manera: ‘...paso a aclarar
los mismos y a corregir los mismos en forma tal que no quede duda alguna que la
presente pretensión es una acción de desalojo y que no se pretende inducir dos
pretensiones en un mismo libelo. PRIMERO: Que se
declare con lugar la presente acción de desalojo que tiene por objeto el
inmueble de autos y que proceda entregar el inmueble identificado: local planta
baja de la quinta “Mi Teresita”, ubicada en la calle Colombia de la urbanización
Nueva Caracas, parroquia Sucre, municipio Libertador de esta ciudad de Caracas,
que hoy es objeto de la presente ACCIÓN DE DESALOJO en perfecto estado,
totalmente desocupado de bienes y personas. SEGUNDO: en que de conformidad con
lo previsto en el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil se condene
subsidiariamente a la demanda al pago de las obligaciones pactadas (…) en
consecuencias sea condenado por este Tribunal al pago de NOVENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS VEINTE Y NUEVE CON 24/100 CÉNTIMOS (Bs. 95.729,24) por el uso del
inmueble, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), mas todas aquellas
cantidades que se han de generar hasta la total y definitiva entrega del
inmueble’. En consecuencia... queda
demostrado que la presente es una acción de desalojo, por ende, una vez
subsanado tal señalamiento considera inoficioso esta superioridad emitir
pronunciamiento a este respecto.
...quien aquí
suscribe luego de una revisión exhaustiva realizada a los autos, constató que
cursa ante a los folios 441 al 453, el fallo dictado por el Juzgado Superior
Noveno en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de esta Circunscripción
Judicial, de la cual se desprende que el Juzgado Superior Noveno en lo Civil,
Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas declaró inadmisible la acción la
acción de resolución de contrato de arrendamiento incoada por la sociedad
mercantil MUEBLERIA EL METRO S. R.L.
orden, quien aquí suscribe observa que la decisión antes transcrita, se refiere
a la improcedencia de la demanda de resolución de contrato incoada, toda vez
que se estaba en presencia de un contrato a tiempo indeterminado,
contraviniendo esto con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Arrendamiento Inmobiliarios.
como quiera que la cuestión previa alegada por el demandado en el presente
caso, lo que supone es la existencia de la cosa juzgada, la cual procede en el
supuesto que se trate de la misma cosa demandada, que este fundada sobre la
misma causa, que sea entre las mismas partes y que estas vengan al juicio con
el mismo carácter del anterior, ello conforme lo prevé el artículo 1.395 del
Código de Procedimiento Civil (sic). De este modo, se evidencia en el caso de
marras, identidad de sujetos y objeto, empero en lo respecta a la acción, es
claro para quien aquí suscribe que un principio se intenta por resolución de
contrato de arrendamiento y es el mismo tribunal quien declara que la
pretensión a seguir, debe tramitarse por vía de desalojo, que es la que ahora
se intenta, desprendiéndose que lo que el Juzgado Superior Noveno en lo Civil,
Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, resolvió una cuestión meramente
procesal, sin tocar el fondo de la controversia. En consecuencia mal pudiera
esta sustanciadora, considerar procedente la cuestión previa alegada…”.
(Mayúsculas del juez superior).
referida sentencia parcialmente transcrita, se observa que el 30 de mayo de
2011 la parte demandada anuncia recurso de casación y el 6 de junio del mismo
año propone nuevo anuncio del referido recurso. Asimismo, cabe acotar que el solicitante ejerció recurso
de hecho contra el auto que le negó acceso a casación por “...mandato
expreso del artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios que
expresamente señala ...La decisión de Segunda Instancia en los procesos de
desalojo fundamentados en las causales del artículo 34 de esta Ley, no tendrá
recuso alguno..., recurso éste que fue declarado sin lugar por esta Sala
mediante sentencia de fecha 28 de febrero de 2012, Exp. Nro. AA20-C-2011-000734.
Pues bien, de toda la relación anterior, puede colegirse que el
solicitante del avocamiento ejerció los recursos que le concede nuestro
ordenamiento jurídico en la defensa de sus derechos, los cuales fueron
debidamente proveídos. Así se observa que en fecha 4 de mayo de 2011, el demandado apeló de la
decisión de primera instancia siendo este recurso conocido por el Juzgado
Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró sin lugar la misma,
por las siguientes razones: 1) en cuanto al defecto de forma del libelo pues “...en
la oportunidad de dar contestación a las cuestiones previas alegadas, la actora
procedió a subsanar de la siguiente manera “...PRIMERO: Que se declare con
lugar la presente acción de desalojo que tiene por objeto el inmueble de
autos... SEGUNDO: en que de conformidad con lo previsto en el artículo 78 del
Código de Procedimiento Civil se condene subsidiariamente a la demanda al pago
de las obligaciones pactadas...”; 2) en relación con el alegato de la cosa
juzgada, el juez superior estableció que “...en el caso de marras, identidad de
sujetos y objeto, empero en lo respecta a la acción, es claro para quien aquí
suscribe que un (sic) principio se intenta por resolución de contrato de
arrendamiento y es el mismo tribunal quien declara que la pretensión a seguir,
debe tramitarse por vía de desalojo, que es la que ahora se intenta,
desprendiéndose que lo que el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y
resolvió una cuestión meramente procesal...”; y en cuanto a la solvencia de los cánones, el juez
estableció, entre otros, lo siguiente “...Cursante
a los folios quinientos diecisiete (517) del expediente, Resolución 009004 de
fecha 29 de Marzo de 2005, correspondiendo al local que nos ocupa la cantidad
de UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON DOS CÉNTIMOS (BS.
1.544,02) como pensión mensual... y copia
certificada de decisión dictada en fecha 1 de agosto de 2008 por la Corte Segunda de lo Contencioso, mediante la cual se declara improcedente el recurso
intentado contra la resolución 009004 de la Dirección de Inquilinato de fecha 29 de marzo de 2005 confirmándose sentencia de la que se
había apelado...”, de allí que
“...la parte demandada realizo consignaciones por un monto menor
al establecido en el acto administrativo al que se ha hecho referencia,
poniendo al arrendatario en estado de insolvencia quedando de este modo
demostrado el hecho generador del daño, y como consecuencia de lo anterior,
debe esta Alzada declarar Sin lugar la apelación interpuesta por el abogado
PEDRO ROJAS NUÑEZ, en su carácter de apoderado de la parte demandada, contra la
sentencia dictada por el Juzgado Vigésimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 13 de enero de 2011, la
cual se confirma en toda y cada una de sus partes”.
En el presente caso, se advierte que el solicitante invoca
como fundamento del avocamiento, por una parte a la inmotivación de la
sentencia, respecto de lo cual señala que “...el juez de alzada no fundamentó
su sentencia en ninguna norma legal, sólo se limitó a sentenciar, como consta
en el capítulo de dicha decisión... a expresar de manera escueta y simple lo
siguiente... sin lugar la apelación contra la sentencia dictada por el juzgado
vigésimo cuarto...”, y por la otro advierte que “...Del texto íntegro de
la sentencia dictada en echa 13 de mayo de 2011 por el Juzgado Superior
Octavo... se comprueba... que en ninguna de sus partes y términos... fue tomado
en cuenta a los efectos de proceder a dictar sentencia por el mencionado juez
de alzada... los alegatos esgrimidos en el escrito de fecha 4 de mayo de 2011 –apelación-,
como son: absolución de la instancia, de la inmotivación de la sentencia,
cuestiones previas, de la cosa juzgada, de la contestación al a fondo de la
demanda, de la solvencia de pago....”. Sobre el particular, es preciso dejar en claro que la
inmotivación o cualquier otro vicio atinente a los defectos de forma de la
sentencia de ninguna manera pueden ser conocidos por la vía del avocamiento, pues
aquél es un motivo propio de la casación y el avocamiento como se expresó inicialmente
procede en casos específicos y excepcionales, siempre que se observare un
supuestos de manifiesta injusticia, o cuando existan a criterio de la Sala razones de orden público o social que justifiquen esta vía, también se emplea para
restablecer el orden de algún proceso por razones de trascendencia o
importancia o cuando en definitiva se advirtiere tal desorden procesal que
exija la intervención de la Sala. Por lo tanto, los argumentos expuestos por el solicitante
del avocamiento no justifican la intervención de la Sala en este caso, por el contrario de tales razones se evidencia que lo pretendido por aquél
es manifestar su desacuerdo de cómo el juez superior resolvió sus
planteamientos y en definitiva expresar su inconformidad en términos generales
respecto de lo decidido por el juez ad quem, tal como él mismo lo afirma
en su escrito de fecha 30 de noviembre de 2011. Todo lo
anterior, permite concluir a esta Sala que el accionante en avocamiento tuvo la
oportunidad de ejercer, como en efecto lo hizo, los recursos ordinarios
establecidos en el Código de Procedimiento Civil en las diferentes instancias
del proceso para la protección de sus derechos procesales y constitucionales.
el solicitante del avocamiento, hizo uso de los medios y recursos ordinarios
establecidos en el Código de Procedimiento Civil, y optó por el avocamiento siendo
que los recursos previos ejercidos fueron desestimados por diferentes motivos.
de todo lo anterior, lo planteado por el solicitante del avocamiento no
constituye un acontecimiento que ponga de manifiesto una subversión grave del
proceso, que se traduzca tanto en manifiesta injusticia, como en una notoria
afectación al interés público y social, presupuestos éstos necesarios para la
procedencia del avocamiento, por cuanto las pretensiones en las que se sustenta
la solicitud presentada, revelan que se trata de un asunto donde se reclaman
derechos particulares y no situaciones a las que alude la Sala Constitucional en la sentencia el 5 de abril de 2004, caso: Ruth Rincón de Basso, de las
que “amerite un tratamiento de excepción con el fin de prevenir antes de que
se produzca una situación de caos, desquiciamiento, anarquía o cualesquiera
otros inconvenientes a los altos intereses de la Nación y que pudiera perturbar el normal desenvolvimiento de las actividades políticas,
económicas y sociales consagradas en nuestra Carta Fundamental”.
Todo lo anterior conlleva a concluir que resulta
improcedente la presente solicitud de avocamiento, toda vez que el solicitante tuvo
acceso a los medios legales y constitucionales en la defensa de sus derechos,
asimismo, en virtud de que tal institución procesal es una facultad excepcional
que permite atraer para esta Sala el examen y decisión de una causa cuyo
conocimiento, conforme a las reglas ordinarias de competencia corresponde a un
inferior, y en este caso, no se evidencia que los hechos señalados por los
solicitantes hayan excedido ni transgredido de forma grosera el orden
constitucional y legal imperante en el país, debiendo ser desestimada en su
primera fase, el presente avocamiento. Así se establece.
En mérito de las anteriores consideraciones, el Tribunal
Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AVOCAMIENTO presentada por la empresa Mueblería El Metro S.R.L.
Dada la naturaleza especial del avocamiento, no hay
Publíquese, regístrese y archívese. Dada, firmada y
sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Supremo de Justicia, en Sala
de Casación Civil, en Caracas, a los diez (10) días del mes de abril
de dos mil doce. Años: 201° de la Independencia y 153° de la Federación.
JIMÉNEZ Magistrado,
LUÍS ANTONIO ORTÍZ
Exp. Nro. AA20-C-2011-000764

References: artículo 31
 artículo 106
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 34
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 artículo 346
 resolución 
 resolución 
 resolución 

resolución 
 resolución 
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 artículo 34
 artículo 78
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 artículo 34
 artículo 1
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 artículo 36
 artículo 34
 artículo 78
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