Source: http://www.accesoalainformacion.net/category/jurisprudencia/
Timestamp: 2019-09-20 16:29:14+00:00

Document:
Jurisprudencia – Acceso a la información
YPF se niega a mostrar el polémico contrato con Chevron
Publicado el 17 marzo, 2016 17 marzo, 2016 Categorías JurisprudenciaDejá un comentario en YPF se niega a mostrar el polémico contrato con Chevron
Ordenan a YPF que divulgue las cláusulas del contrato con Chevron
Publicado el 15 marzo, 2016 15 marzo, 2016 Categorías Jurisprudencia
Este martes, ed la Corte Suprema hizo lugar a una acción iniciada por el senador Héctor Rubén Giustiniani y, en consecuencia, ordenó a YPF SA que haga públicas las cláusulas del Acuerdo de Proyecto de Inversión suscripto con Chevron Corporation para la explotación de hidrocarburos no convencionales en las áreas de Lomas de la Lata Norte y Loma Campana de la Provincia del Neuquén (causa “Giustiniani, Rubén Héctor c YPF – s/ amparo por mora”).
Fallo Corte Suprema PDF (admite amparo)
Dictamen P.G.N. PDF (nulidad del proceso por falta de participación de Chevron)
Fallo Cámara de Apelaciones (niega acceso por considerar que hay secretos industriales) giustiniani 2da insta rechazo
Fallo Cámara Giustiniani v. YPF 2daa instancia
Caso Garrido v. YPF Manuel Garrido v YPF
Según Nota en La Nación
El ministro de Justicia, price
Germán Garavano, physician adelantó la semana pasada que se preparaba un paquete de ocho leyes “urgentes” en materia penal. Entre ellas, help planteó la creación de nuevos juzgados, la posibilidad de que la mayoría de los juicios orales los haga un solo magistrado y no un tribunal y la formación de un equipo de 10 jueces especializados en el crimen organizado. Además, se prevé modificar la ley de Ministerio Público. Hasta anoche no estaba definido si hoy los anunciará el propio Macri. Sí hablará de la lucha contra el narcotráfico. En materia política, el Gobierno pretende avanzar con la instrumentación de la boleta única electrónica y una ley de acceso a la información.
El ministro de Justicia, search
Germán Garavano, rx
adelantó la semana pasada que se preparaba un paquete de ocho leyes “urgentes” en materia penal. Entre ellas, medications
planteó la creación de nuevos juzgados, la posibilidad de que la mayoría de los juicios orales los haga un solo magistrado y no un tribunal y la formación de un equipo de 10 jueces especializados en el crimen organizado. Además, se prevé modificar la ley de Ministerio Público. Hasta anoche no estaba definido si hoy los anunciará el propio Macri. Sí hablará de la lucha contra el narcotráfico. En materia política, el Gobierno pretende avanzar con la instrumentación de la boleta única electrónica y una ley de acceso a la información.
Fuente:Argentina – TN (Online) – Ultimo momento
La difusión del contrato de YPF Chevron ingresa en un terreno más conflictivo. En un escrito de 40 páginas presentado por los abogados de la compañía (el estudio Nicholson y Cano) a la Justicia, ambulance
amenazó al legislador socialista Rubén Giustiniani con iniciarle acciones legales en caso de que difunda información confidencial para la empresa, resuscitator
según confirmaron a TN.com.ar fuentes cercanas a la causa.Los abogados de Giustiniani, ambulance
del estudio Caplan, se llevaron hoy otra sorpresa en la causa judicial en la que la Corte Suprema ordenó en noviembre de 2015 la difusión del polémico contrato petrolero. La jueza del tribunal en lo Contencioso Administrativo Número 7, María Cristina Carrión de Lorenzo, donde se inició la demanda y que tiene que ejecutar la sentencia del máximo tribunal corrió traslado al demandante para que analice las 40 hojas del escrito presentado por los abogados de YPF. En el mismo, la empresa pidió que se proteja información que considera `secreto industrial`, amparándose en el artículo 16, inciso c, del decreto 1172 de 2003 de acceso a la información pública. Y de lo contrario, según las fuentes judiciales que accedieron al escrito, hacen responsable a Giustiniani de los daños y perjuicios para la compañía si divulga la información sensible. Con la decisión de la jueza de correr el traslado, YPF gana más días y estira la decisión de la Corte Suprema que implica divulgar un contrato con cláusulas polémicas por parte de la empresa estatal. La firma perdió con su argumento de que es una sociedad anónima privada, que sólo tiene al Estado como accionista, y que por lo tanto la difusión del contrato con Chevron sería develar un trato entre privados. Giustiniani ganó la demanda sobre la base de que YPF es una empresa pública que tiene que informar sus actos a los ciudadanos. Los abogados de Giustiniani tienen ahora cinco días para analizar el escrito de YPF y responder. La estrategia es pedir la acción de la justicia penal ya que consideran que se está desobedeciendo un fallo del máximo tribunal del país, la Corte Suprema. Unos vez presentado este escrito, la jueza Carrión de Lorenzo tendrá otros tres para resolver una disputa que ya ingresó en el terreno de lo procesal legal y que promete tomar temperatura.
Publicado el 29 febrero, 2016 1 marzo, 2016 Categorías JurisprudenciaEtiquetas Argentina, contratos públicos, YPFDejá un comentario en YPF amenaza con iniciarle juicio a Giustiniani por la difusión del contrato con Chevron
Pedido de acceso a sumarios administrativos en los que se investiga la desaparición de estatutos y reforma de estatutos de algunas sociedades comerciales. Improcedencia.
Informe de la Alianza regional por la libertad de expresión e información sobre acceso a la información y datos abiertos.
Informe ADC sobre Transparencia en el Poder Judicial.
ADC – health
mal balance.
Macri impulsa el sistema de Gobierno Abierto
El ministro de Gestión y Modernización, health
Andrés Ibarra, anunció hoy que la administración del presidente Mauricio Macri promoverá la implementación del sistema de Gobierno Abierto para darle más transparencia al acceso de la ciudadanía a la información pública.
La decisión se formalizará a través de un decreto que el jefe del Estado firmará en las próximas horas y que posibilitará la apertura, desde el mes próximo, de un portal de datos abiertos con información que “hasta hoy no era publicada”.
De esta forma, todas las áreas del Gobierno tendrán un plan de comunicación e información que será publicado y actualizado en forma permanente, indicó el ministro.
Ibarra formuló declaraciones en una conferencia de prensa luego de la reunión de gabinete que el presidente Macri encabezó esta mañana en la Casa Rosada.
El ministro indicó que el concepto de Gobierno Abierto descansa en “una filosofía de gestión que se traduce en brindar información concreta a los ciudadanos”.
Dijo que esto abarcará datos sobre las estructuras de Gobierno, sueldos y declaraciones juradas de los funcionarios, el sistema de compras del Estado y “toda la información diaria de cada una de las áreas que hoy es algo cerrado, oscuro y no transparente”.
“Nosotros queremos ir en sentido contrario, no sólo para que se conozca la información del Gobierno, sino para que pueda ser usada por la sociedad civil, y a partir de eso constituir mecanismos colaborativos que faciliten desarrollos estadísticos y distintas aplicaciones ”, agregó.
El ministro destacó que “ya hemos realizado una experiencia muy importante” en ese sentido durante la gestión que llevó adelante Macri como Jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires.
Ibarra recordó que desde 2012 la Argentina forma parte de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral orientada a propiciar compromisos concretos de parte de los gobiernos para promover la transparencia de la información pública.
Sin embargo, advirtió que hasta el presente la participación del país ha sido “pobre, escasa y poco proactiva, a tal punto que estamos en el puesto 54, mientras que Uruguay, por ejemplo, está en el puesto número siete”.
Por esa razón, remarcó que a partir de la decisión tomada por el Presidente se trabajará activamente para revertir esa tendencia y lograr que la Argentina pase a tener “un rol activo en la promoción de la transparencia, la colaboración y la innovación.
http://prensa.argentina.ar/2016/01/05/62511-macri-impulsa-el-sistema-de-gobierno-abierto.php
El ministro de Gestión y Modernización, mind Andrés Ibarra, anunció hoy que la administración del presidente Mauricio Macri promoverá la implementación del sistema de Gobierno Abierto para darle más transparencia al acceso de la ciudadanía a la información pública.
Buenos Aires, resuscitator
I- Que, por sentencia del 8 de septiembre de 2015, el Sr. Juez de primera instancia decidió admitir -con costas- la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenó a la demandada que -en el plazo de cinco (5) días- entregara a la actora copias completas de los expedientes S04:0063237/2012, S04:0063238/2012 y S04:0063239/2012. Asimismo, dispuso en cuanto al expediente S04:0053188/2012 (respecto al cual no ha existido controversia) que, consentido o ejecutoriado el fallo, la actora podría retirar, bajo recibo y constancia en autos, la copia que se hallaba reservada en Secretaría.-
Publicado el 15 enero, 2016 17 marzo, 2016 Categorías JurisprudenciaDejá un comentario en Pedido de acceso a sumarios administrativos en los que se investiga la desaparición de estatutos y reforma de estatutos de algunas sociedades comerciales. Improcedencia.
Stolbizer, Margarita c/ EN – M Justicia DDHH (cámara)
Proyectos de ley presentados en 2015
Proyecto S-4128 – Proyecto de Ley creando un régimen de acceso a la información pública. Autor: María Odarda (Frente Progresista – Rio Negro). PDF
CAF 71799/2014/CA1 – “Stolbizer, drugs
Margarita c/ EN – M Justicia DDHH s/ amparo ley 16.986” – CNACAF – SALA IV – 10/11/2015
Buenos Aires, symptoms
El recurso de apelación deducido por el Estado Nacional contra la sentencia de fs. 69/73, order
que admitió la acción de amparo deducida por Margarita Stolbizer contra la Inspección General de Justicia con el objeto de que esta última le brindara acceso a información de sus registros; y
1º) Que el juez de grado se apartó de lo dictaminado por la fiscal de la instancia y entendió que la demandada no cumplió plenamente con su obligación de brindar la totalidad de la información requerida por la actora. En este sentido, destacó que las respuestas brindadas por el organismo resultan ambiguas y dilatorias. Desestimó la defensa opuesta por la accionada en punto a la falta de claridad del pedido formulado en sede administrativa y sostuvo que el escrito postulatorio debe tenerse como complementaria y/o aclaratoria de aquella presentación.-
2º) Que el recurrente se agravió de la admisibilidad formal de la vía del amparo. Asimismo, destacó que —tal como se había indicado en respuesta al requerimiento en su sede— la información referida a dos de los tres requerimientos no se encontraba producida, motivo por el cual no se la podía obligar a crearla y la petición encuadraba en el supuesto previsto en el art. 5º del anexo VII del decreto 1172/03. En cuanto al requerimiento vinculado a las sociedades que no dieron cumplimiento a la actualización de datos, señaló que se había hecho saber a la solicitante la falta de claridad de su presentación. En este punto, el apelante cuestionó el efecto aclaratorio atribuido a la demanda y calificó tal temperamento como desbordante de los límites del conflicto (fs. 74/79).-
3º) Que el Fiscal General subrogante que actúa ante esta Cámara destacó la procedencia del amparo para el tratamiento de la cuestión. No obstante, en la misma línea con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal en la anterior instancia, entendió que la demandada no se encuentra obligada a brindar información con la que no contaba al momento del requerimiento y que no se encuentra conminada a producir. En cuanto a las sociedades que incumplieron la obligación de actualizar sus datos destacó que, a la luz de las resoluciones IGJ 4/14 y 5/15 dictadas con posterioridad a la deducción de la demanda, ello puede ser consultado en el sitio web del organismo. Sobre dicha base, opinó que correspondía revocar la sentencia apelada (fs. 88/92).-
4º) Que los agravios vinculados con la admisibilidad de la vía intentada han sido adecuadamente examinados por el Tribunal en el marco de la causa “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo y otro c/ EN – Mº Planificación Federal s/ amparo ley 16.986”, resol. del 13 de febrero de 2014, publicada en el sitio web del Poder Judicial de la Nación, a cuyos términos corresponde remitirse para evitar repeticiones y respecto de la cual el máximo Tribunal rechazó la queja contra la denegación del recurso extraordinario federal (G.397.L, “Gil Lavedra, Ricardo Rodolfo y otro c/ EN – Mº Planificación Federal s/ amparo ley 16.986”, resol. del 14/10/14). En similares términos se expidió la sala III en la causa “Stolbizer, Margarita c/ EN – Mº Justicia DDHH s/ amparo ley 16.986”, resol. del 20/2/15, y la Corte Suprema también declaró inadmisible el recurso extraordinario federal y rechazó la queja (CAF 39019/2014/1/RH1, conf. resol. del 1/9/1/15).-
Corresponde, entonces, desestimar esta queja.-
5º) Que, en cuanto al fondo de la cuestión, la actora solicitó acceso a la información relativa a entidades que (i) poseen trámites reconstruidos, (ii) poseen trámites de intimación de balances adeudados y (iii) no dieron cumplimiento a la actualización de datos dispuesta por la resolución general 1/10.-
La demandada informó que, respecto de los requerimientos individualizados como (i) y (ii), no se encuentra producida la información histórica (fs. 13/30); y que, en cuanto al pedido referido como (iii), no se alcanza a distinguir si se alude al incumplimiento por presentación de declaración jurada o por no adecuarse a las observaciones generadas de las intimaciones (fs. 18). Dicho temperamento —receptado por el Ministerio Público de ambas instancias— fue mantenido en oportunidad de contestar el informe de fs. 42/50 y de fundar el memorial.-
Sobre dicha base, a la luz del pronunciamiento apelado y el memorial, corresponde a esta alzada determinar a) si la demandada pudo válidamente denegar la información individualizada como (i) y (ii) con fundamento en lo dispuesto en el art. 5 del Reglamento de Acceso a la Información Pública, aprobado por el anexo VII del decreto 1172/03; b) si el requerimiento referido como (iii) mantiene actualidad después del dictado de las resoluciones 4/14 y 5/15; en caso afirmativo, c) si tal requerimiento fue formulado en términos que impidieran su respuesta por parte del órgano estatal.-
6º) Que el art. 5º del Reglamento de Acceso a la Información Pública aprobado por el anexo VII del decreto 1172/03, establece la obligación de proveer la data pública requerida, siempre que ello ni implique la obligación de crear o producir información con la que no se cuente al momento de efectuarse el pedido, salvo que el Estado se encuentre obligado a producirla, en cuyo caso debe proveerla (énfasis añadido).-
Por su parte, el art. 10 del citado reglamento obliga a prever la adecuada organización, sistematización y disponibilidad de la información, asegurando un amplio y fácil acceso. Ella debe ser provista sin otras condiciones que las expresamente establecidas en el reglamento. Asimismo, los sujetos comprendidos en aquél deben generar, actualizar y dar a conocer información básica, con el suficiente detalle para su individualización, a fin de orientar al público en el ejercicio de su derecho.-
Cabe recordar que la inconsecuencia o la falta de previsión no debe supenerse en el legislador y por esto se reconoce como principio inconcuso que la interpretación de las leyes debe hacerse siempre evitando darle un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras; y adoptando como verdadero el que las concilie, y deje a todas con valor y efecto (Fallos: 278:62: 281:146; y esta sala, Chieh Man Marine Product Co. Ltd. Arg. S.A. (TF 11547-A) c/ DGA”, sent. del 11/10/07).-
Sobre dicha base, corresponde interpretar que la Administración no se encuentra obligada a crear o producir información con la que no cuente al momento de efectuarse el pedido, salvo que: (i) se encuentre obligada a hacerlo; o (ii) se trate de información básica, en cuyo caso debe generarla, actualizarla y darla a conocer con el suficiente detalle para su individualización, a fin de orientar al público en el ejercicio de su derecho. En este sentido, cabe calificar como información básica a aquélla que no exige un procesamiento sino que puede obtenerse informáticamente o mediante la simple consulta de libros.-
7º) Que, en el caso, la actora afirmó en su escrito postulatorio que los trámite reconstruidos “tienen una codificación particular a los fines de su individualización” (fs. 4), extremo que no fue negado al contestar el informe de fs. 42/56.-
Sobre dicha base, lo cierto es que la generación de una lista de expedientes reconstruidos puede calificarse como información básica que la Administración se encuentra obligada a generar, actualizar y dar a conocer, con el suficiente detalle para la individualización de aquéllos.-
Lo mismo cabe concluir con relación a la lista de los trámites de intimación de balances adeudados, respecto de los cuales la actora individualizó los códigos 1921 y 1922, sin que la demandada formulara ninguna manifestación sobre el particular. Lo expuesto es suficiente para concluir que la demandada no pudo válidamente denegar la información referida al listado de trámites reconstruidos y de intimación de balances adeudados (individualizada precedentemente como i y ii) con fundamento en lo dispuesto en el art. 5º del Reglamento en cuestión, razón por la que corresponde rechazar los agravios en punto a la admisión de la acción a su respecto.-
8º) Que a continuación corresponde examinar si el requerimiento de una lista de entidades que no dieron cumplimiento a la actualización de datos dispuesta por la resolución general 1/10 (individualizado precedentemente como iii) perdió actualidad después del dictado de las resolución general 4/14 (B.O. 15/12/14), posterior al inicio del amparo, tal como lo sostiene el Fiscal General subrogante.-
En este sentido, debe recordarse que la subsistencia de los requisitos jurisdiccionales es comprobable de oficio y su desaparición importa la de poder juzgar (Fallos 315:123, consid. 4) y que, entre tales extremos, se halla la inexistencia de gravamen cuando las circunstancias sobrevinientes han tornado inoficiosa la decisión pendiente (Fallos: 329:187). Ahora bien, el Registro de Entidades Inactivas (R.E.I.) que lleva la IGJ está conformado por aquellas personas jurídicas que no hayan presentado la Declaración Jurada prevista en la Resolución General I.G.J. Nº 1/2010 al 30 de abril del año 2015 y puede ser consultado en el sitio web del organismo (art. 2º de la resolución general 4/14). El sitio indicado (https://www2.jus.gov.ar/igj-rei/) permite la búsqueda de entidad por número correlativo o por denominación. Sin embargo, tal aplicación no permite la emisión de una lista de todas las entidades que no dieron cumplimiento a la actualización de datos dispuesta por la resolución general 1/10, ni la demandada ha alegado que aquélla permite acceder al número de trámite de la intimación y su fecha.-
Sobre dicha base, no se advierte que durante la tramitación del pleito se produjera en autos la extinción de este capítulo del objeto procesal por la desaparición del presupuesto fáctico y jurídico que dio pie a la demanda.-
9º) Que, por último, tampoco se aprecia que este aspecto del requerimiento fuera formulado en términos que impidieran el acceso a la información, razón por la que la respuesta brindada en este sentido configura una arbitrariedad manifiesta.-
En merito a todo lo expuesto, oído el Fiscal General subrogante, el Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso de apelación deducido por la parte demandada y confirmar la sentencia de fs. 69/73. Sin especial imposición de costas de esta instancia dada la ausencia de contradicción (fs. 87).-
Fdo.: Jorge Eduardo Morán – Marcelo Daniel Duffy – Rogelio W. Vincenti
Fuente: elDial.com – AA9370 Publicado el 05/01/2016
Publicado el 5 enero, 2016 5 enero, 2016 Categorías JurisprudenciaDejá un comentario en Stolbizer, Margarita c/ EN – M Justicia DDHH (cámara)
Giustiniani luego de que YPF SA (Fallo Corte Suprema)
En el año 2015 la Corte Suprema dictó uno de los tantos fallos favorables al derecho al acceso a la información pública, drugs page en el cual dijo que el Contrato entre YPF y Chevron era público y que el derecho de acceso a la información pública se aplicaba a YPF… Lo único que decidió la Corte Suprema era que el DAIP se aplicaba a una empresa estatal (primer caso de la CSJN en decir eso…). Pero ahora queda debatir si cada una de las cláusulas tachadas, borradas o reservadas son o no públicas… De vuelta hasta la Corte?
La nota de la Nación del día de hoy dice
El contrato que YPF firmó con Chevron para la explotación conjunta del yacimiento neuquino de Vaca Muerta sigue siendo un secreto. A pesar del fallo de la Corte Suprema que obliga a la empresa estatizada aentregarle una copia al socialista Rubén Giustiniani y que los plazos legales están vencidos, el ex senador santafesino denunció hoy que la firma intenta “mantener en secreto las clausulas del contrato”.
“En el día de hoy a las 10,30 hs nos presentamos en el Juzgado Federal Contencioso Administrativo N° 7 de la Dra. María Cristina Carrión de Lorenzo para buscar copia del contrato YPF-Chevron, tal lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, relató.
“La copia certificada que YPF dejó en poder de la Jueza en sobre cerrado y sellado en su versión original (inglés) con una traducción al español no nos fue entregada”, denunció el diputado provincial.
Giustiniani explicó que la juez los notificó sobre un escrito presentado por YPF junto con la copia del contrato en la que se aclara que la copia entregada “se encuentra testado en aquellas ‘cláusulas confidenciales ostensibles”. Además, contó que le pidieron a la magistrada su “reserva en la caja fuerte del Juzgado”.
“YPF, cuando presentó una copia del contrato, presentó también un escrito, la jueza se tomó los tres dias habiles para resolver y lo unico que hizo, fue correrme traslado, la estrategia de YPF es volver a discutir lo que ya se discutió“, ahondó en diálogo con Clarín el exsenador.
Asimismo, contó que la propia empresa reconoce en el escrito que“tacharon lo que consideran confidencial” por lo tanto estarían incumpliendo el fallo de la Corte. “El fallo decía una copia fiel, lo que dejaron no lo es, ellos mismos reconocen que no es”, dijo.
Ahora Giustiniani tiene cinco días para contestar el escrito. ” Lo vamos a hacer más rapido, pero si ya espere con paciencia tres años, voy a esperar tranquilo unos días más“, confirmó el socialista. “Esta discusión ellos ya la perdieron“, concluyó.
Tras la denuncia de Giustiniani, la empresa emitió un comunicado en el que ratifica que “cumplió con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y entregó en tiempo y forma a la titular del juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 7 una copia, en sobre cerrado, del contrato suscripto con Chevron”.
“Presentó, además, un extenso escrito en el que solicitó a la jueza que adopte las medidas necesarias para que, en el marco del cumplimiento de la sentencia del máximo tribunal, se preserve la divulgación pública de información de carácter confidencial que posee un alto valor geológico, comercial, técnico o industrial, cuyo conocimiento por terceros competidores o futuros socios en la explotación del yacimiento Vaca Muerta pudiera redundar en graves perjuicios para el interés general”, señaló.
YPF explicó que el carácter confidencial de los contratos es de “práctica habitual en la industria petrolera” y “forma parte de todos los contratos comerciales que cualquier compañía petrolera firma en el curso normal de sus operaciones”. Es por ello que reclamó que se le garanticen condiciones operativas similares a las de sus competidores.
“Cualquier asimetría en el manejo de la información comercial o industrial supondrá una desventaja competitiva para la empresa, dado que implicará una merma en su poder de negociación frente a terceros y constituirá un factor que desalentará a terceras empresas a asociarse con YPF bajo términos confidenciales”, sostuvieron.
Aunque el exsenador marcó que la copia del contrato entregada en el juezgado tiene “tachones”, la petrolera expresó “firme voluntad de cumplir con lo dispuesto por el decreto de acceso a la información pública sin perjuicio de recurrir a las protecciones previstas en la propia norma en materia de cuestiones industriales, comerciales, financieras y técnicas”.
En el año 2015 la Corte Suprema dictó uno de los tantos fallos favorables al derecho al acceso a la información pública, page en el cual dijo que el Contrato entre YPF y Chevron era público y que el derecho de acceso a la información pública se aplicaba a YPF… Lo único que decidió la Corte Suprema era que el DAIP se aplicaba a una empresa estatal (primer caso de la CSJN en decir eso…). Pero ahora queda debatir si cada una de las cláusulas tachadas, borradas o reservadas son o no públicas… De vuelta hasta la Corte?
Este martes, order
la Corte Suprema hizo lugar a una acción iniciada por el senador Héctor Rubén Giustiniani y, mind
en consecuencia, ordenó a YPF SA que haga públicas las cláusulas del Acuerdo de Proyecto de Inversión suscripto con Chevron Corporation para la explotación de hidrocarburos no convencionales en las áreas de Lomas de la Lata Norte y Loma Campana de la Provincia del Neuquén (causa “Giustiniani, Rubén Héctor c YPF – s/ amparo por mora”).
Publicado el 11 noviembre, 2015 1 marzo, 2016 Categorías JurisprudenciaEtiquetas Argentina, empresa privada, YPF

References: artículo 16
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución