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Timestamp: 2019-05-26 05:35:19+00:00

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﻿ SENTENCIA IJ-39 DE NOVIEMBRE 18 DE 2003
SENTENCIA IJ-39 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 2003
CONTENIDO:CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON PERSONA NATURAL. NO ES CONTRARIO AL ORDEN LEGAL NI GENERA LOS MISMOS EFECTOS DE UNA SITUACIÓN LEGAL Y REGLAMENTARIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, PERSONA NATURAL, CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, INTERVINIENTES EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, PERSONA NATURAL EMPLEADO, EFECTOS DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:385 DE ENERO DE 2004, PÁG.85
Sentencia IJ-39 de noviembre 18 de 2003
Solicítase en el escrito introductorio del proceso que se declare la nulidad de las resoluciones 1283, 1370 y 2184, todas de 1998, expedidas en su orden por la dirección ejecutiva seccional y la dirección ejecutiva de administración judicial, por medio de las cuales se denegó la solicitud de pago de primas semestrales y de vacaciones, cesantías e intereses, primas extralegales, salarios moratorios y demás sumas que se adeuden a la demandante a virtud del vínculo establecido con la demandada. Que se condene a la demandada a pagar las prestaciones legales correspondientes con la debida indexación y, a título de sanción moratoria, “el equivalente a un día de salario por cada día de mora en el pago de dichas prestaciones, desde oportunidad en que se hicieron exigibles hasta el momento en que efectivamente se proceda a su cancelación”.
Como normas violadas se indican los artículos 32, numeral 3º, Ley 80 de 1993; 1º, 2º, 13, 25, 53, 122, 123, 125 Constitución Política 1º, 2º, 3º Ley 244 de 1995.
Señala la parte actora que con las resoluciones impugnadas se le transgreden sus derechos, por cuanto las labores para las cuales se le contrató encuadran dentro de una clara relación de naturaleza legal y reglamentaria, pues de manera evidente aparecen los elementos esenciales del contrato de trabajo a que alude el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, norma aplicable según jurisprudencia de la H. Corte Constitucional. Que, así mismo, se quebrantó el principio de la igualdad pues a situaciones idénticas no puede dársele trato discriminatorio y como consecuencia de esto vulnerarse el derecho al trabajo, los derechos adquiridos, el principio de primacía de la realidad sobre las formalidades. Y añadió:
“Es un hecho que se demostrará en el transcurso del proceso, que pese a lo transcrito, en algunos despachos judiciales de la ciudad de Manizales, concretamente en el Tribunal Superior del Distrito Judicial si cuentan —y desde hace mucho tiempo— con personas dedicadas en forma exclusiva a prestar iguales o similares labores a las que cumplía mi mandante durante el tiempo que prestó sus servicios a la entidad demandada, es decir, estas personas cumplen labores específicas de servicios generales, las que comprenden entre otras, hacer aseo en los despachos judiciales, así como en las dependencias adjuntas y en las vías de acceso a estos despachos, como escalas o gradas, igualmente a los baños, etc., aparte de esto deben atender los requerimientos de sus superiores para realizar diligencias internas, o suministrarles refrigerios u otro tipo de bebidas. De otra parte, estas personas fueron vinculadas mediante una relación legal y reglamentaria con la entidad demandada y reciben su salario mensual por nómina, no sólo con los incrementos de ley. Sino también con el derecho a todas prestaciones sociales de las cuales son beneficiarios los demás empleados de la rama judicial”.
La demandada se opuso a las pretensiones formuladas. Alegó la existencia de un contrato de prestación de servicios, celebrado de conformidad con el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y que los actores, desde un comienzo, sabían cuál era su vínculo con la administración, el cual era ley para las partes y no podía invalidarse sino por consentimiento mutuo o por errores legales; que, además,
“La coordinación entre varias personas que en virtud de un contrato administrativo de prestación de servicios deben cumplir similares obligaciones en un mismo sitio de trabajo, no necesariamente implica que haya subordinación o dependencia, sino una necesaria distribución de áreas para que el encargado de supervisar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el acuerdo de voluntades, pueda establecer cuál o cuáles contratistas lo están haciendo a cabalidad y quiénes no, para aplicar las cláusulas pertinentes.
El a quo declaró la nulidad impetrada y ordenó el pago de las prestaciones reclamadas. Para llegar a tal determinación argumentó que la actora laboró bajo las órdenes de la dirección seccional de administración judicial o de la persona delegada por esta entidad; cumplía el horario de trabajo establecido bajo continua dependencia laboral, por lo cual se dejó sin efecto la presunción establecida en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y la relación establecida fue la misma de los empleados públicos. Que como se desempeñó como aseador, función propia de empleado público, “ineludible resulta su asimilación al orden legal y reglamentario“.
Agrega que el hecho de que la administración tuviera injerencia en la labor desarrollada por la actora no implica subordinación sino coordinación.
“No puede inferirse que por el solo hecho de facilitar la administración judicial el desarrollo de la labor de aseo y mantenimiento general en las oficinas donde están ubicados los juzgados, que las empleadas del aseo estén subordinadas a la entidad demandada porque para ello existe el cargo de administrador del palacio nacional Fanny González Franco”.
Se apoyó en jurisprudencia de la sección segunda del H. Consejo de Estado, cuya parte pertinente transcribió así:
1. La actora apoya sus pretensiones en que por medio de la vinculación a que se refirió, con la cual se transgreden tanto normas legales como constitucionales, se desconoció el principio de la igualdad, pues a otras personas que desarrollan idéntica labor se les paga salario por nómina, con las ventajas que implica la existencia de una relación legal y reglamentaria respecto de prestaciones e incrementos de ley. Así mismo, que se incurrió en falsa motivación, pues a pesar de estructurarse una relación legal y reglamentaria, se denegó el pago impetrado con base en que el vínculo establecido era contractual para la prestación de servicios determinados.
3. La sección segunda ha sostenido mayoritariamente en relación con docentes que celebraron contratos similares de prestación de servicios, que por estar desvirtuados los elementos esenciales de este tipo de relación contractual, emerge una relación laboral de derecho público, sin que exista diferencia entre ella y la que desarrollan otros sujetos como empleados públicos que laboran en el mismo centro, desarrollan idéntica actividad, cumplen órdenes, horario y prestan servicios de manera permanente, personal y subordinada, razón por la cual, debiendo primar la realidad sobre las formalidades, es menester, por no tratarse de una relación laboral formalmente establecida, que no se acceda a conceder prestaciones sociales propiamente dichas sino que, a título de indemnización, para restablecer el derecho, se ordene “el pago del equivalente a las prestaciones sociales que perciben los docentes oficiales que prestan sus servicios en el mismo centro educativo, tomando como base el valor pactado en el contrato”. Y ello porque las cláusulas contractuales son inexistentes, ineficaces e inoponibles, pues sólo ocultan la verdadera relación laboral en contravención de lo previsto en el artículo 53 de la Constitución Política, que consagra el principio de la primacía de la realidad sobre las formas, y van en contra del trabajador, a quien se le despoja de los derechos laborales que legalmente le corresponden. Señala la jurisprudencia de la sección segunda, repitiendo el contenido del párrafo 3º del artículo 1518 del Código Civil, “que es moralmente imposible el objeto de los contratos cuando se encuentra prohibido por las leyes, es contrario a las buenas costumbres o al orden público”.
Termina su discurso la jurisprudencia en comento afirmando que a título de restablecimiento del derecho, se dispondrá el pago de las prestaciones sociales que reciben los empleados públicos “tomando como base de la liquidación el valor pactado en el contrato” (Sent. dic. 5/02. Actor Carmen Cecilia Durán Leal. 4789-01).
a) El contrato de prestación de servicios, como aquel a que se refiere el presente caso, oculta una relación laboral de derecho público, que no difiere de la de otros empleados de la entidad.
b) Por consiguiente, las cláusulas contractuales del sub lite contravienen lo previsto en el artículo 53 de la Constitución Política que consagra el principio de la primacía de la realidad sobre las formas.
c) El contrato dicho, que despoja al trabajador de los derechos laborales que le corresponden, los cuales son irrenunciables, contraviene los artículos 15, 16 del Código Civil, que prohíben que por convenio los particulares deroguen las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres. Es decir, se trata de un contrato prohibido por la ley.
d) Consecuencia de lo anterior es que el contrato es inexistente, por lo cual no se requiere de pronunciamiento judicial.
e) En caso como aquel a que se refiere la jurisprudencia que contiene el mismo problema del sub lite, no se pueden conceder a favor del afectado el pago de prestaciones sociales propiamente dichas, sino ordenar, a título de indemnización el equivalente a las prestaciones sociales que requieren los empleados en la misma entidad “tomando como base el valor pactado en el contrato”.
De acuerdo con lo que enseña la doctrina
“Se ofrecen casos en los que puede hablarse de verdadera inexistencia jurídica del negocio que se ha pretendido realizar, en cuanto que no existe de él más que una vacía apariencia, la cual, si puede haber engendrado en alguno de los interesados la impresión superficial de haberlo verificado o asistido a él, no produce, sin embargo, y en absoluto, efectos jurídicos, ni siquiera de carácter negativo o divergente Por el contrario, la estimación de un negocio como nulo presupone, por lo menos, que el negocio existía como supuesto de hecho que, por tanto, exista una figura exterior de sus elementos eventualmente capaz de engendrar algún efecto secundario, negativo o divergente, aunque esta figura se revele luego inconsistente ante un análisis más profundo” (Emilio Betti - Teoría General del Negocio Jurídico - Segunda Edición - Editorial Revista de Derecho Privado Madrid - págs. 251 y 352).
Y de vieja data ha enseñado la jurisprudencia patria (G.J., 124, págs. 169-170), a tono con la doctrina universal, que “dentro de la prescripción normativa, la nulidad, cualquiera que sea su clase requiere terminantemente la decisión judicial, con audiencia de quienes fueron parte en el negocio inválido, pronunciamiento que comporta, háyase o no solicitado expresión al respecto, la ruptura del vínculo y la decadencia de todos los efectos finales a que él daba vocación, y cuando se haya ejecutado o empezado a practicar, la retrotracción de las cosas al estado que tenían con anterioridad al negocio”.
La nulidad —enseña el profesor Fernando Hinestrosa— “es una sanción consistente en la privación al negocio de todos los efectos que está llamado a producir, mirando tanto al futuro como al pasado. De ahí porque se diga, más descriptiva que fundadamente, que la nulidad opera retroactivamente, cuando en rigor lo que sucede es que por motivos congénitos, o sea presentes al momento de la celebración del negocio —sin perder de vista la posibilidad de formación sucesiva del factum negocial— el negocio se muestra inidóneo para producir efectos y el Estado, por medio del aparato jurisdiccional y de una sentencia declarativa, dispone la privación de todo efecto comenzando por el propio vínculo negocial y siguiendo con la eliminación de los efectos finales, en cuanto ello sea físicamente factible y no haya un interés específico consagrado por algún precepto, en la conservación de determinado efecto personal o real del acto nulo (p. ej., arts. 1524, 149, y 1820 C.C. colombiano, y 1468 C.C. chileno)” (Fernando Hinestrosa - Conferencia Eficacia e ineficacia del contrato).
“ART. 32.—De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación: (...).
En el caso sub examine se demostró que la actora se vinculó a la dirección seccional de la administración judicial de Caldas a través de contratos de prestación de servicios (fls. 47-55, cdno. 2) con el objeto de desarrollar las actividades que se consignaron en las cláusulas primera y segunda. Y es patente que no resulta contrario al ordenamiento jurídico el cumplimiento de funciones administrativas mediante la celebración y ejecución de tales convenciones.
Las personas que rindieron declaraciones testimoniales en el proceso dan cuenta de la actividad desplegada por la actora y el cumplimiento de labores específicas, las cuales pueden materializarse a través del contrato de prestación de servicios, entre los cuales pueden figurar, entre otros, como lo ha enseñado la jurisprudencia del H. Consejo de Estado, los de asesoría de cualquier clase, representación judicial, rendición de conceptos, vigilancia y aseo (sent. nov. 14/96. Exp. 12541). Y “dicha realidad no configuraría un motivo falso que afectara el acto cuestionado, pues se limita a constatar que objetivamente hubo un contrato de prestación de servicios y que la consecuencia legal de esta relación jurídica es la señalada por el artículo 164 del Decreto 222 de 1983, reiterado por la nueva ley de contratación estatal (L. 80/93, art. 32), que implica la inaplicabilidad de las normas que regulan la situación legal y reglamentaria de los empleados públicos en materia de prestaciones sociales, porque la demandante no lo fue” (sent. nov. 14/96. Exp. 12541).
6. Es inaceptable el criterio según el cual la labor que se cumple en casos como aquel a que se contrae la litis, consistente en la prestación de servicios bajo la forma contractual, está subordinada al cumplimiento de los reglamentos propios del servicio público por no haber diferencia entre los efectos que se derivan del vínculo contractual con la actividad desplegada por empleados públicos, dado que laboran en la misma entidad, desarrollan la misma actividad, cumplen órdenes, horario y servicio que se presta de manera permanente, personal y subordinada.
Como lo ha explicado la H. Corte Constitucional son los que se acaban de señalar elementos esenciales o sustanciales sin los cuales no es posible que se dé la situación legal y reglamentaria, ni es factible que se puedan pagar prestaciones sociales a quienes desarrollan la labor ni tampoco sumas equivalentes a ellas, porque, como se indicó, no se reúnen las exigencias adsustantiam para que se adquiera la condición de empleado público.
Cada proceso tiene un objeto específico, constituido, por una parte, por las pretensiones del actor, es decir, por el fin a que este se encamina, bien para que se haga de conformidad con el ordenamiento jurídico, la declaración pertinente, bien para que se reconozca un derecho o se le restablezca, bien, en fin, para que se imponga la condena a que haya lugar contra el demandado; esto por una parte, y, por otra, por las defensas o excepciones propuestas tendientes a enervar el propósito concreto de quien instaura la acción.
Así las cosas, no habiéndose deprecado resarcimiento o indemnización, mal podría decretarse esta por el juez administrativo, y mucho menos partir de la base, para llegar a tal consecuencia, de que el contrato celebrado constituyó un acto que encubrió una relación laboral de derecho público, pues este argumento sería más armónico con una pretensión encaminada a que se desate una controversia mediante el ejercicio de acción contractual, la cual podría servir, además, para que se condene al resarcimiento de perjuicios y para que se hagan otras declaraciones y condenas. Tanto que el mismo actor, según la ponencia, sostiene que el contrato es ilegal. Y “En el presente caso —como lo ha explicado ya el H. Consejo de Estado— no nos encontramos frente al conocimiento de una acción relativa a la contratación administrativa de que trata el artículo 87 del Código Contencioso Administrativo sino al eventual desvío de las atribuciones del funcionario, que utilizó la forma externa del contrato administrativo de prestación de servicios, omitiendo la generación de un nombramiento ordinario de la actora en la planta de la entidad; en este orden de ideas, como no resulta contrario a la ley el cumplimiento de funciones administrativas mediante la celebración y ejecución de un contrato administrativo de prestación de servicios no existiría motivo de nulidad respecto del acto acusado” (Sent. nov. 14/96, Exp. 12541, de la Sec. Segunda).
Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 170 del Código Contencioso Administrativo, y sólo para efectos del restablecimiento del derecho, “los organismos de lo contencioso administrativo podrán estatuir disposiciones nuevas en reemplazo de las acusadas y modificar o reformar estas”, de otro lado es innegable que ello no tiene cabida en relación con la reparación del daño, asunto muy distinto. Una cosa es el restablecimiento dicho y otra, muy diversa a la luz del derecho positivo, la indemnización por el detrimento irrogado, razón por la cual no se puede, de manera oficiosa, ordenar tal resarcimiento por fuera del marco del litigio. Ello resulta lesivo, como se anotó, del derecho de defensa de la entidad demandada, cuya réplica hubo de circunscribirse al planteamiento de la demanda.
Además de la incongruencia mencionada, resulta contradictorio que se resuelva, como se hizo en el fallo de 5 de diciembre de 2002, que la indemnización que se ordena pagar como equivalencia de prestaciones sociales, sea a título de restablecimiento de derecho, pues, como se vio antes, el resarcimiento del daño difiere sustancialmente del concepto de restablecimiento del derecho, amén de que la obligación de indemnizar, en el supuesto de que existiera, no podría surgir del acto que denegó el pago de las pretendidas prestaciones, el cual se apoya en una incuestionable realidad contractual que no ha sido invalidada. Si hubo detrimento, cosa que no se ha demostrado, ello lo ha achacado la jurisprudencia que ahora se rectifica, al contrato de prestación de servicios celebrado, contra el cual no está dirigida la impugnación que se formuló a través del escrito introductorio del proceso.
Se afirma en el escrito incoativo de la acción que mediante las resoluciones impugnadas se quebrantan los ordenamientos superiores que en el mismo se invocan, “ya que las labores para las cuales fue contratada mi poderdante —dice el mandatario judicial del actor— se enmarcan dentro de la órbita de una clara relación de naturaleza legal y reglamentaria toda vez que allí se vislumbran claramente los elementos a que hace mención el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, norma esta aplicable al caso que nos ocupa...”.
Aprecia la Sala, al rompe, la inconsistencia del argumento básico expuesto por el demandante, el cual ha sido acogido en fallos proferidos por la Sección Segunda, como se señaló en párrafos precedentes. En efecto, el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 1º de la Ley 50 de 1990 señala los elementos esenciales delcontrato de trabajo y su texto es el siguiente:
Despréndese de lo anterior que se incurre en una confusión manifiesta al pretender el actor que de la existencia de un contrato de trabajo se desprenda una situación legal y reglamentaria, lo que resulta, a todas luces, un imposible jurídico, pues los empleos públicos son creados en ejercicio de una función reglada como corresponde en un Estado de derecho como el colombiano; y así, el Presidente de la República debe obrar dentro del marco de las normas constitucionales y legales con respecto a la creación, clasificación, nomenclatura de cargos y sistema salarial. Lo propio puede afirmarse de las superintendencias, establecimientos públicos, etc. Y la rama judicial por medio de su autoridad competente, no está exenta de someterse a los mandatos contenidos en la Constitución y la ley. De modo que el empleo público (situación legal y reglamentaria) no puede surgir de cualquier modo, ni mucho menos a virtud de una relación contractual, pues, como lo ha explicado la jurisprudencia colombiana, el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, no puede llevar a desconocer los elementos esenciales que se exigen para que una persona acceda a la función pública en la modalidad estatutaria (Sent. C-555/94). Sostener lo contrario, como lo pretende el actor, conduce a desconocer mandatos positivos de ineludible cumplimiento.
Finalmente, fluye de lo expuesto que no se vislumbra el quebranto al principio de la igualdad, ya que, como se precisó con anterioridad, una es la situación del empleado público, la cual se estructura por la concurrencia de elementos sin los cuales aquella no adquiere vida jurídica; elementos que se encuentran consagrados en el artículo 122 de la Constitución Política, que dan origen al pago de las prestaciones que corresponden a este tipo de servidores públicos; otra, muy distinta, la que se origina en razón de un contrato de prestación de servicios, que no genera relación laboral ni prestaciones sociales; y otra, finalmente, a la que da lugar el contrato de trabajo, que con la administración no tiene ocurrencia sino sólo cuando se trata de la construcción y mantenimiento de obras públicas.
Aprobado en la Sala de día.
Magistrados: Ricardo Hoyos Duque, Presidente, salvamento de voto—Alberto Arango Mantilla, salvamento de voto—Camilo Arciniegas Andrade—Germán Ayala Mantilla, salvamento de voto—Tarsicio Cáceres Toro—Reinaldo Chavarro Buriticá—María Elena Giraldo Gómez—Alier E. Hernández Enríquez, salvamento de voto—María Nohemí Hernández Pinzón—Filemón Jiménez Ochoa, salvamento de voto—Jesús M. Lemos Bustamante, salvamento de voto—Ligia López Díaz—Gabriel E. Mendoza Martelo—Olga Inés Navarrete Barrero—Ana Margarita Olaya Forero—Alejandro Ordoñez M., salvamento de voto—María Inés Ortiz Barbosa—Nicolás Pájaro Peñaranda—Juan Ángel Palacio Hincapié—Darío Quiñones Pinilla, aclaración de voto—Germán Rodríguez Villamizar, salvamento de voto—Ramiro Saavedra Becerra, salvamento de voto—Manuel Santiago Urueta Ayola.
Bogotá, D.C., quince de diciembre de dos mil tres.
En ese orden, las razones expuestas en la decisión de la cual nos apartamos, son argumentos que se erigen en elementos de distracción del problema jurídico propuesto en la demanda, los cuales conducen no sólo a dejar sin control la actuación de la administración que se ha sometido a juzgamiento, sino que además, constituye un verdadero retroceso frente a los esfuerzos que había realizado la jurisprudencia de esta corporación al resolver asuntos en los cuales se venían presentando problemas jurídicos de idéntica naturaleza.
Es cierto que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define el contrato de prestación de servicios como aquel que celebran las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de las mismas, sin embargo el objeto contractual en tal sentido, tiene fijados en el ordenamiento positivo, unos precisos límites que deben ser respetados: ellos sólo pueden Ilevarse a cabo cuando la actividad no pueda realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ambas hipótesis se celebran por el término estrictamente indispensable. Estos elementos que constituyen la esencia de los contratos de prestación de servicios, están nítidamente señalados en la aludida disposición legal. Si la administración desborda tales lineamientos incurre en extralimitación de sus funciones y en omisión de sus responsabilidades.
La apreciación anterior no sólo se desprende de la lectura del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, sino que armonizada esta, con las normas reguladoras de la función pública en Colombia, las cuales no fueron tenidas en cuenta por la Sala Plena al proferir el fallo, emerge aun más claro el límite de que dispone la administración pública para realizar esta actividad.
“En ningún caso los ministerios, los departamentos administrativos y los organismos o las entidades públicas podrán celebrar contratos de prestación de servicios para cumplir de forma permanente las funciones propias de los cargos existentes de conformidad con los decretos de planta respectivos. (...).
Si el contrato de prestación de servicios se suscribe en contravía de las previsiones legales citadas, la administración disfraza una relación legal y reglamentaria, elude el cumplimiento de sus funciones, y sabido es que ninguna autoridad del Estado puede ejercer funciones distintas a las que le atribuye la Constitución y la ley (C.N., art. 121). Las autoridades del Estado no están facultadas por la Constitución, ni la ley para vincular mediante contrato de prestación de servicios a los servidores públicos ni a los trabajadores oficiales para el desempeño de funciones de carácter permanente de la administración.
“Y ello es así, no porque sea una interpretación producto de conjeturas o suposiciones, sino porque si aun existiendo contrato de trabajo se reputa al servidor como empleado público ... ninguna incidencia tengan los términos formales utilizados para ello”(1).
“La Sala en diversos pronunciamientos ha acogido el criterio expuesto por la Corte Constitucional alrededor de la diferencia existente entre el contrato de prestación de servicios propiamente dicho, con las situaciones en las cuales la administración, con el propósito de disfrazar una verdadera relación laboral, realiza sucesivas vinculaciones bajo la modalidad de órdenes de trabajo o contratos de prestación de servicios para evadir el reconocimiento y pago de prestaciones sociales (en este sentido, viene atendiendo los derroteros trazados en las sent. C-555/94 y C-154/97 proferidas por la C. Const.).
‘En síntesis, el elemento de subordinación o dependencia es el que determina la diferencia del contrato laboral frente al de prestación de servicios, ya que en el plano legal debe entenderse que quien celebra un contrato de esta naturaleza, como el previsto en la norma acusada, no puede tener frente a la administración sino la calidad de contratista independiente sin derecho a prestaciones sociales; a contrario sensu, en caso de que se acredite la existencia de un contrato de trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administración contratante de impartir órdenes a quien presta el servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, así se le haya dado la denominación de un contrato de prestación de servicios independiente’.
Alberto Arango Mantilla—Germán Ayala Mantilla—Alier E. Hernández Enríquez—María Elena Giraldo Gómez—Filemón Jiménez Ochoa—Ramiro Saavedra Becerra—Alejandro Ordóñez Maldonado.
(1) Sentencia de 14 de mayo de 1998, dictada en el proceso 13.099, C.P. Nicolás Pájaro, reiterada en sentencia del 17 de julio de 2003, Exp. 0313-02, C.P. Ana Margarita Olaya Forero.
(2) Sentencia de agosto 9 de 2001. Exp. 0846-01. Sección Segunda, Subsección B.
La demandante solicitó la nulidad de las resoluciones por las cuales la entidad demandada le negó la solicitud de pago de prestaciones laborales a pesar de que las labores para las cuales se la contrató encuadran dentro de una relación legal y reglamentaria. Apoyó sus pretensiones en que su vinculación mediante contrato de prestación de servicios desconoció el principio de la igualdad pues a otras personas, que desarrollan idéntica labor, se les paga salario por nómina, con las ventajas que implica la existencia de una relación legal y reglamentaria respecto de prestaciones e incrementos de ley. Así mismo, se incurrió en falsa motivación pues, a pesar de estructurarse dicha relación, se denegó el pago impetrado, con base en que el vínculo establecido era contractual para la prestación de servicios determinados.
En la Sentencia C-154 de 1997, con ponencia del doctor Hernando Herrera Vergara, la Corte analizó el contrato de prestación de servicios frente al contrato de trabajo al estudiar la constitucionalidad de las expresiones “No puedan realizarse con personal de planta o” y “En ningún caso... generan relación laboral ni prestaciones sociales” contenidas en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, las que declaró exequibles, salvo que se acredite la existencia de una relación laboral subordinada.
Ricardo Hoyos Duque—Germán Rodríguez Villamizar—Alier E. Hernández Enríquez—Jesús María Lemos Bustamante.

References: artículo 23
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 53
 artículo 1518
 artículo 53
 artículo 164
 artículo 87
 artículo 170
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 1
 artículo 122
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 32