Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu10&FMT=PUWTXDTS.fmt&DOCS=1-1&QUERY=%28DSCD-10-CO-540.CODI.%29
Timestamp: 2020-01-22 13:20:05+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 540, de 10/04/2014
cve: DSCD-10-CO-540
Año 2014 X Legislatura Núm. 540
- Acuerdo sobre celebración de las comparecencias solicitadas por diferentes grupos parlamentarios en relación con la siguiente iniciativa legislativa:
- Proyecto de ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. (Número de expediente 121/000079) ... (Página2)
- De modificación del régimen fiscal de las Sicav. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/000703) ... (Página3)
- Sobre la modificación del régimen del IVA a aplicar a los distintos agentes que intervienen en el reproceso de resinado para la extracción de la miera y el mantenimiento del monte. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001583) ... (Página6)
- Para la rebaja del IVA de los servicios básicos. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/002455) ... (Página10)
- Relativa a la agilización de la actuación de los tribunales económico-administrativos y la reducción de la litigiosidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001714) ... (Página15)
- Por la que se insta al Gobierno a establecer mecanismos compensatorios presupuestarios para los hospitales y centros públicos destinados a paliar la subida del IVA en los productos sanitarios. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/002494) ... (Página19)
- En relación con el Fondo de poveedores para ayuntamientos. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002521) ... (Página22)
ACUERDO SOBRE CELEBRACIÓN DE LAS COMPARECENCIAS SOLICITADAS POR DIFERENTES GRUPOS PARLAMENTARIOS EN RELACIÓN CON LA SIGUIENTE INICIATIVA LEGISLATIVA:
El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a esta sesión de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. En primer lugar, procede someter a votación el acuerdo que adoptó la Mesa de la Comisión en su última reunión sobre la celebración de las comparecencias solicitadas por diferentes grupos parlamentarios en relación con el proyecto de ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa. La Mesa, por mayoría, decidió no dar curso a estas comparecencias, pero dado que el acuerdo de la Comisión establece que, cuando no haya acuerdo, deberá ser ratificado por el conjunto de la Comisión, vamos a someterlo a votación. De todas formas, antes de votar, pregunto a los grupos si alguno desea intervenir. (La señora Batet Lamaña pide la palabra).
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora BATET LAMAÑA: Efectivamente, el Grupo Parlamentario Socialista presentó solicitud de comparecencias para el proyecto de ley de racionalización del sector público y otras medidas administrativas porque nos parecía que, con la idea de ahorrar, el Gobierno había presentado un proyecto de ley que en el fondo lo único que hacía era eliminar organismos, sin demostrar de manera alguna que supusiera realmente un ahorro, se vulnera además la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y además afecta a funciones esenciales de la sociedad civil. Puesto que es una ley con medidas inconexas, sin ningún tipo de hilo argumental, nos pareció que solicitar las comparecencias para que expertos comparecieran en esta Comisión nos iba a permitir, por un lado, ordenar el debate y, por otro, conocer con más precisión cuáles van a ser el alcance y las consecuencias reales de este proyecto de ley. Pensamos que podría ser interesante conocer de primera mano la valoración por parte de los responsables de algunos de los organismos afectados que representan a la sociedad civil, como puede ser el Consejo de la Juventud, el Foro Europeo de la Juventud y las federaciones deportivas, que sería interesante que comparecieran en esta Comisión y nos explicaran realmente el alcance de la modificación que se propone. En el Grupo Parlamentario Socialista no entendemos por qué el Gobierno y el grupo parlamentario mayoritario en esta Cámara que le da soporte se niegan a sustanciar estas comparecencias. Evidentemente no es por una cuestión de prisa, porque el propio Grupo Parlamentario Popular está ampliando semana tras semana el plazo de enmiendas de esta ley, por tanto, no pueden argüir un pretexto de prisa y nos parece que seguramente es pura inseguridad, es decir que confían bastante poco en el contenido de este proyecto de ley, prefieren no someterlo a una valoración pública y prefieren evitar que los expertos tengan la oportunidad de hacer una valoración en esta Comisión para que los grupos conozcamos con mayor profundidad cuál es el alcance de este proyecto de ley. Por eso reiteramos nuestra solicitud, pensamos que sería muy positivo para el proyecto de ley y para la actividad legislativa de esta Cámara que se pudieran sustanciar las comparecencias que hemos solicitado desde el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Romero.
La señora ROMERO RODRÍGUEZ: El proyecto de ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa han sido objeto de numerosas consultas en su tramitación, por eso
este grupo estima que no era necesario sustanciar dichas comparecencias. De hecho, este proyecto es de los que más aportaciones han recibido en esa Cámara, porque trae causa del análisis sobre el sector público que ha realizado la Comisión de reforma de las administraciones públicas, conocida entre nosotros como CORA, la cual ha desarrollado su trabajo a través de subcomisiones en las que han participado funcionarios. En el proceso de elaboración se elevaron más de 2.000 consultas de ciudadanos a través del buzón puesto al efecto. El consejo asesor que participó en la Comisión de reforma de las administraciones públicas ha estado integrado por representantes de los empleados públicos, de la universidad, de la Oficina del Defensor del Pueblo, de consumidores, de los autónomos. Creemos que han sido muchos los que han podido aportar a este proyecto. El expediente fue elevado a consultas del Consejo de Estado, con lo cual, las dudas sobre su constitucionalidad deberían de haber sido evacuadas en dicho informe, cosa que no se hace. Además, va acompañado de la memoria y de los informes de las distintas entidades afectadas y de las distintas entidades administrativas que han intervenido en su elaboración. Por estas razones, no consideramos que fuera necesario evacuar este trámite de comparecencias.
En cuanto a que estamos inseguros, un gobierno que presenta un proyecto de ley no está inseguro de las medidas que toma y si se ha ampliado el plazo ha sido en atención a que los demás grupos pudieran enriquecer el proyecto con sus aportaciones.
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación este primer punto. Aclaro que el voto favorable lo es a la celebración de las comparecencias y el voto negativo lo es a la celebración de las comparecencias.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la solicitud.
- DE MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN FISCAL DE LAS SICAV. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/000703).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2.º del orden del día, debate de las proposiciones no de ley. Como es habitual, las votaremos todas ellas conjuntamente al final de la sesión.
En primer lugar, figura la proposición no de ley de modificación del régimen fiscal de las Sicav, presentada por Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
Para defenderla, por un plazo de diez minutos, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Como es conocido, las Sicav gozan de un tratamiento fiscal muy favorable o, para ser más exactos, muy privilegiado: tributan a un tipo muy reducido, meramente simbólico, del 1% en el impuesto sobre sociedades y permiten diferir indefinidamente la tributación del socio, que solo cuando recibe los dividendos o transmite su participación tributa en su impuesto personal. Esto contrasta con la situación de la mayoría de países de nuestro entorno, donde estas sociedades de inversión colectiva tributan en un régimen de transparencia. Es decir, si hay un beneficio anual, aunque no se haya distribuido, se imputa a los socios porque el beneficio se ha generado y ellos son los dueños de la sociedad que ha logrado esos beneficios. ¿Por qué diferir indefinidamente la tributación?
Nuestra propuesta, adelantando el final de la intervención, consiste básicamente en eso, en que estas sociedades de inversión colectiva tributen en un régimen de transparencia, se imputen a los socios individuales los beneficios cada año, independientemente de que se hayan distribuido o no. Pero no podemos disociar esta propuesta de las circunstancias que rodean a estas Sicav, a estas sociedades de inversión supuestamente colectiva, porque la realidad que hay tras ellas en nuestro país es muy concreta y conocida por la opinión pública. En realidad, es muy dudoso que sean verdaderamente auténticas sociedades de inversión colectiva, porque para establecerlas no hay ningún requisito máximo de participación de los socios individuales. El único requisito que hay es que haya un mínimo de 100 socios, pero la distribución de las acciones entre los socios puede ser cualquiera; es decir, uno de los socios puede tener el 99% del capital y los 99 socios restantes el 1%. Esto tiene una implicación muy clara, y es que, aunque aparentemente son sociedades de inversión colectiva, en realidad uno de los socios puede ser el dueño esencialmente de la sociedad y lo que puede haber detrás de esas sociedades es un patrimonio individual o familiar. En realidad, esto sucede a menudo. Tan establecida está esta práctica que las propias entidades financieras que comercializan este tipo de sociedades suelen facilitar a la familia o persona que quiere constituirlas para
colocar allí su patrimonio el resto de socios necesarios hasta cumplir con ese requisito mínimo de 100, con lo que la mayoría de esos socios están allí para cumplir formalmente el requisito, con un carácter meramente instrumental, de forma que la CNMV otorgue la calificación de Sicav y puedan disfrutar de esos privilegios fiscales a que antes me he referido. Estamos hablando, obviamente, de grandes patrimonios, porque otro requisito de las Sicav es que la cuantía tenga un mínimo de 2,4 millones de euros. Por resumir, grandes patrimonios, personas privilegiadas que tienen su fortuna bajo una apariencia de inversión colectiva y gozan de un régimen fiscal muy privilegiado. Esto explica su éxito. Para las Sicav la crisis no ha sido tan grave como para otras esferas de nuestra vida social. Hay más de 3.000 en España y en el año 2013, el año pasado, se crearon tantas como en el año 2008 -el ritmo de creación progresa adecuadamente- y en ese mismo año 2013 hubo un incremento del patrimonio gestionado del 16%. No ha habido crisis para las Sicav. La misma tendencia se observa en el año actual, el año 2104: de enero a marzo se han constituido 33 nuevas Sicav, frente a 15 en el mismo periodo del año 2013.
Todo esto nos parecería cuestionable en cualquier caso, pero nos parece no ya cuestionable sino directamente inaceptable en un país como el nuestro, en el que esto convive con la fuerte subida de impuestos que han sufrido las rentas del trabajo dependiente -pagan tipos marginales superiores al 50%-, con las fuertes subidas del IVA, que en algunos productos se ha triplicado, con la amnistía fiscal que el Gobierno del Partido Popular promulgó hace no tanto tiempo. Sumando todas estas cosas, la situación injusta a la que antes me he referido resulta más sangrante todavía. No puede ser que un trabajador por cuenta ajena pague unos impuestos del 52%, y quien tenga una gran fortuna la pueda camuflar bajo una forma de inversión colectiva y pague el 1%, hasta que algún día tal vez, si lo decide -no tiene por qué-, acabe pagando en su impuesto personal.
Nos parece especialmente oportuna esta proposición no de ley en el momento actual porque coincide con un periodo de reflexión antes de la próxima reforma fiscal que el Gobierno se propone emprender. Queríamos llamar la atención sobre esta cuestión específica porque nos ha sorprendido, hasta cierto punto, que en el comité de expertos nombrado por el ministro Montoro no haya ninguna propuesta de reforma del régimen de las Sicav, pese al cuestionamiento social que ha habido sobre este tema desde hace tiempo. Es más, lo que hay es algo que les favorece más todavía, que es la mejora del régimen privilegiado que tienen las rentas de capital en el IRPF, de forma que si algún día, por fin, dejan de diferir su tributación, paguen también menos en el IRPF. Creemos que esto es un error, que el régimen de tributación de las Sicav era cuestionable en sí y más en el entorno social en el que vivimos hoy en día, y con esta proposición no de ley, aparte de llamar la atención sobre este problema, aparte de solicitar el apoyo del resto de grupos de oposición, solicitamos muy especialmente al grupo mayoritario que aproveche esta ocasión para comprometerse a que en la próxima reforma fiscal esta cuestión será tratada, se modificará el régimen fiscal de la Sicav y tributarán, como dije al inicio de mi intervención, en un régimen de transparencia que impida el diferimiento indefinido de la tributación y que impute a los socios individuales el beneficio de cada año, independientemente de que se haya distribuido o no, como se hace en buena parte de los países de nuestro entorno. Esto es todo por mi parte.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Está claro que las Sicav son uno de los instrumentos fiscales que más polémica levantan, sobre todo en los últimos tiempos. Se habla siempre de si deben tributar al 1% o más, se habla de la composición del accionariado y del momento de la tributación. Esta proposición no de ley se dirige especialmente al momento de la tributación, aunque también se ha referido el ponente a otros temas con los que estoy de acuerdo. Vaya por delante que apoyaremos esta cuestión, nos parece de las cosas más urgentes que habría que hacer en las Sicav, pero no solo. Hay que hacer una reforma de la fiscalidad de las Sicav en profundidad, analizar lo que ocurre en todos sus aspectos en el resto de países de la Unión Europea, no pensemos que tenemos el mejor régimen de Europa para los grandes patrimonios porque hay de todo. Creemos, si es posible y de forma coordinada con el resto de países de la Unión Europea, que sería oportuno hacer una reforma en profundidad de las Sicav. Por ejemplo, Irlanda, Francia, Alemania, Luxemburgo no tributan ni siquiera al 1%, tributan al 0%. Italia sí tributa anualmente por los rendimientos, pero los socios luego no tributan por los rendimientos. Hay que analizarlo en profundidad y hacerlo de forma coordinada. España no es el país más ventajoso pero debería serlo menos todavía, especialmente desde septiembre de 2010, cuando se modificó que la retirada de dinero en forma de disminución del capital social no tributara. Ahora ya tributan por el IRPF o por el impuesto de sociedades, aunque tributan pero cuando lo retiren. Nosotros creemos que deben tributar, lo retiren o no lo retiren,
anualmente. Pero, como decía antes, hay que acometer el cambio en la composición del accionariado para que sean verdaderas sociedades de inversión colectiva. Hay que poner límites a la participación en el capital. Pero donde creemos que está el gran beneficio de los grandes patrimonios ubicados en las Sicav es precisamente en el impuesto sobre el patrimonio, y esto -estoy de acuerdo con el ponente de UPyD- no se toca para nada en la propuesta de los expertos de la reforma fiscal. Nosotros consideramos que los grandes patrimonios sí tienen que pagar, y cuando lo quitamos -y lo digo para que no se me recuerde- se quitó para modificarlo, porque no era representativo tal y como estaba, ni como está tampoco, y creemos que hay que modificarlo, porque los grandes patrimonios ubicados en las Sicav pueden tener un beneficio de hasta el 80% de la cuota del impuesto si obtienen los rendimientos de plusvalías de las Sicav.
Por tanto, y para resumir, yo creo que las Sicav, primero, como dice la propuesta, deben pagar anualmente por los rendimientos, pero creemos además que el impuesto que paguen, el impuesto sobre la renta de capital, debe igualarse al impuesto sobre la renta del trabajo, da igual de dónde se obtengan los beneficios, debemos pagar los mismos impuestos. Una persona que gane un millón de euros por rendimientos del trabajo puede pagar un 52%, mientras que si se obtiene de los dividendos de una Sicav paga un 27%, y eso no nos parece justo. Creemos además que el impuesto sobre el patrimonio tiene que tributar en la misma cuantía y tiene que hacerlo esté donde esté ubicado. Porque no debemos temer -es la excusa que siempre se usa- que si subimos el impuesto las Sicav se irán de España, no creo que debamos temer esa emigración de las Sicav, porque disolver una Sicav, trasladarla a otro país, tiene costes no solo económicos, tiene costes también de intereses empresariales en nuestro país. Yo creo que el beneficio de tener una Sicav debe basarse más en la libertad de los socios para invertir en lo que quieran, cosa que no ocurriría si invierten sus capitales en un fondo de inversión, ya que ahí no pueden decidir. Si todas las Sicav salieran de nuestro país -cosa que, insisto, creo que no sucederá aunque se cambie la tributación-, saldrían unos 23.000 millones del país, una cantidad no relevante si la comparamos con los más de 170.000 millones que salieron en 2012. Por lo tanto, yo también invito al grupo mayoritario a que aproveche esta ocasión para que se pueda hacer una reforma de las Sicav, y por ello, aunque creemos que esa reforma debe afectar a más aspectos, votaremos a favor de esta proposición. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz.
La señora COBOS TRALLERO: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de esta proposición no de ley porque no compartimos ni siquiera su exposición de motivos. Creemos que no coincide con la realidad de la dirección que está llevando este país. Partíamos de un alto déficit público, que estamos corrigiendo, subidas de impuestos, que efectivamente se produjeron para corregir ese déficit mencionado, pero ustedes saben que en breve se presentará la reforma del sistema tributario con toda una serie de medidas impositivas diferentes a las actuales y a la baja que harán que las familias españolas paguen menos, y hablan de recortes presupuestarios, y no es así, porque lo que se ha hecho ha sido tomar medidas para corregir el gasto y ser más eficaces en el uso del dinero público de los ciudadanos. Hemos demostrado que se puede hacer más con menos.
Voy a explicarles por qué tampoco estamos de acuerdo con esta figura que ustedes dicen que conlleva privilegios y beneficios fiscales. Señorías, este tipo de sociedades de inversión contiene fondos procedentes de todo tipo de inversores, incluidas familias normales y corrientes que han usado este vehículo como forma de rentabilidad, entendiendo dónde están invirtiendo sus ahorros. Todos estos fondos de las sociedades de inversión son una manera de financiar la actividad económica de nuestro país que generan los emprendedores, autónomos, pequeños y medianos empresarios, que es la gran mayoría del tejido empresarial español. Por tanto, conseguir que estos fondos se mantengan dentro de nuestro circuito económico es muy importante, y es cierto que tributan al 1%, con lo cual es una figura atractiva para el ahorro. Además, nosotros entendemos que es más importante el beneficio que supone para nuestro sistema financiero y también para nuestro sistema económico tener los fondos aquí que el supuesto e hipotético beneficio extraordinario que ustedes anuncian en su exposición de motivos que, entendemos, no se produce, dado que cuando el titular del dinero lo saque de la Sicav va a tributar por él y nunca quedará exento de esa tributación. Para entendernos, el actual régimen fiscal de las sociedades de inversión de capital variable, Sicav, está contenido en la Ley del Impuesto de Sociedades y establece que aquellas, en calidad de vehículo de inversión colectiva, están grabadas con un tipo del 1% en ese impuesto. Pero lo que siempre se omite en este tipo de debates es que las plusvalías generadas y liquidadas por los beneficios tributarán en el impuesto de la renta de las personas físicas a un tipo que va del 21% al 27%.
Por tanto, efectivamente para la Sicav existe un efecto de diferimento de la tributación de las ganancias del IRPF hasta el momento de su realización para evitar la doble imposición. Este trato no es un privilegio, sino que es común a todas las instituciones de inversión colectivas. El régimen incluye a todos los vehículos de inversión colectiva, y por eso nos sorprende que solo pidan un cambio en la tributación de la Sicav. En otras palabras, no acabamos de entender que no hagan referencia en la proposición no de ley a, por ejemplo, los fondos de inversión, que siguen la misma lógica fiscal. El profesor Manuel Lagares dijo hace dos semanas en esta misma Comisión que la tributación de este tipo de sociedades es acorde con el resto de países europeos y, si se produce un alza en los tipos impositivos en España, se produciría una importante fuga de capitales a otros países de Europa. Como he dicho anteriormente, y lo reitero, si lo que se pretende es que de España se marchen varios millones de euros, esta podría ser una buena medida.
Elevar el tipo impositivo sobre los vehículos de inversión colectiva precisamente ahora, en que nuestro país necesita recursos para financiar su crecimiento económico y para crear empleo, es poco realista y, si me permiten la expresión, algo frívolo. Si algo necesita este país es ahorro, impulso y capitales y no expulsar a los que ya tenemos. Además, esa deslocalización provocaría que, lejos de recaudar más, nuestro país recaudaría menos, por lo que no encontramos ningún aspecto positivo a la medida.
El Gobierno del Partido Socialista no cambió ni una sola coma la fiscalidad de las más de 3.000 Sicav que había en nuestro país; solo apoyan este tipo de medidas cuando pasan a la oposición. Señor Anchuelo, estamos en un órgano legislativo y no podemos juzgar la labor de la CNMV. En el Grupo Parlamentario Popular creemos que lo único que se pretende con esta proposición no de ley es algún titular de prensa; nosotros, por el contrario, buscamos el ahorro, la eficacia y la buena gestión pensando en la mejor calidad de la vida de los españoles, por lo que votaremos en contra. (Aplausos.-La señora Vázquez Morillo pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Vázquez, con mucha brevedad.
La señora VÁZQUEZ MORILLO: Sí, señor presidente.
La ponente del Grupo Popular ha dicho que el Partido Socialista no cambió la tributación de las Sicav. Quizá no la cambió como ahora estamos diciendo, pero sí que hubo modificación en la tributación de las Sicav, como he explicado en mi intervención. La retirada en forma de disminución del capital ahora tributa y antes de septiembre de 2010 no tributaba, fecha en que se realizó ese cambio. Por tanto, sí cambió la fiscalidad de las Sicav, como he dicho anteriormente.
- SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DEL IVA A APLICAR A LOS DISTINTOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL REPROCESO DE RESINADO PARA LA EXTRACCIÓN DE LA MIERA Y EL MANTENIMIENTO DEL MONTE. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001583).
El señor PRESIDENTE: La segunda proposición no de ley es sobre modificación del régimen del IVA a aplicar a los distintos agentes que intervienen en el reproceso de resinado para la extracción de la miera y el mantenimiento del monte. Para su defensa y por un tiempo de diez minutos, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Gordo.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta aquí hoy una proposición no de ley para la modificación del régimen fiscal del IVA en la extracción de la resina, pero también asociado al mantenimiento del monte. Es una proposición no de ley que tiene un objetivo claro, que es contribuir a la viabilidad de una actividad económica como es el resinamiento de los pinares para mantener y crear empleo. En un momento de enorme dificultad económica, durante estos últimos cuatro años se han creado muchos puestos de trabajo dimanantes de esta actividad que han permitido incorporar a distintas personas ligadas al medio rural, pero también mantener unas condiciones dignas de trabajo. Hay que tener en cuenta que aproximadamente por cada 160 hectáreas de resinado se crea un puesto de trabajo o el equivalente a 15 toneladas de lo que se denomina, una vez que se extrae la resina, la miera. Pero es una actividad que tiene un margen de explotación muy estrecho, muy justo, a pesar de sus enormes beneficios o externalidades positivas. Hay que tener en cuenta que esta actividad sobre todo permite el mantenimiento del monte, con lo que ello conlleva a la hora de disminuir el riesgo de posibles incendios, pero también el mantenimiento del monte y su función de depuración del medio ambiente con la emisión de CO2. Para el mantenimiento de esta actividad -que, como digo, tiene dos proyecciones, la proyección de la extracción de la resina y su
transformación, pero al mismo tiempo el mantenimiento del monte casi con un coste de oportunidad o de beneficio superior al de la propia extracción de la resina- es necesario aplicar un conjunto de ayudas, porque en estos momentos el mercado hace que no se mantenga ese equilibrio entre ingresos y costes. Por eso proponemos la modificación del régimen fiscal del IVA. En primer lugar, una medida orientada a garantizar la seguridad jurídica. En estos momentos la interpretación puede ser diferente, tal y como contempla la orden anual que regula el IVA, y hay que interpretar que este tipo de actividad se encuadra dentro del régimen de ganadería, pesca y agricultura, o epígrafe equivalente; no siempre existe esa interpretación clara. Por otra parte, entendemos que es una tributación que claramente se encuadra en un régimen especial y pedimos que se extienda a todas aquellas profesiones similares. He de indicar que esta misma PNL que presenta el Grupo Parlamentario Socialista ha contado con la adhesión de múltiples ayuntamientos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, pero también con la de la Mesa de la resina o la Comunidad de villa y tierra de Coca, tierra de pinares donde se encuentra uno de los principales centros de explotación y transformación de la resina. Por tanto, este es nuestro objetivo, contribuir a la viabilidad económica y a la creación de empleo.
He de destacar la importancia económica que ha tenido la resina, especialmente en el centro, en la meseta, pero también en otras partes de España como Castilla-La Mancha, Cuenca, Guadalajara, Extremadura, Andalucía y especialmente en Castilla y León: Segovia, Ávila y Soria. Es una actividad que se ha prolongado a lo largo del siglo XX, que decayó en los años sesenta como consecuencia fundamentalmente de la expansión y el crecimiento económico pero que, además, era algo más, era una forma de vida, una forma de entender la vida de aquellos resineros ligados al medio rural y que era su medio de subsistencia. Hoy, la crisis económica y, sobre todo, la escalada de precios del petróleo y sus derivados, abre nuevas vías y nuevas expectativas. Se ha convertido, sin lugar a dudas, en una fuente alternativa de empleo para muchos jóvenes del medio rural ligados al monte de pinares pero también para personas que han perdido el empleo, mucho más cuando nos encontramos ante la extracción de una materia prima natural que tiene una demanda creciente en la industria química. Les diré que el proceso de resinado es claramente una labor de explotación forestal que conlleva un laboreo de ocho meses, de primavera a otoño, sobre coníferas, especialmente pinos, los conocidos como pino pinaster. Esta labor supone crear una herida en el propio pino y mantenerla viva para extraer un producto químico que es la resina y que, una vez oxidada, se convierte en miera, con la creación en la transformación de dos grandes productos: colofonia -70%, del cual se derivan pinturas y diluyentes- y aguarrás -un 20%-, pero también un producto alternativo que se ha estado utilizando durante mucho tiempo en la impermeabilización de barcos como es la brea.
Las ratios de explotación, en lo que se conoce como mata o conjunto de pinos que lleva un resinero, oscila entre los 5.000 y 6.000 pinos en temporada resinero/año, con una extracción, en función de la climatología y de la habilidad, de entre 3,2 kilos y 5 kilos. En Castilla y León, mi tierra, para el año 2014 prevemos una explotación de aproximadamente 15.000 toneladas, con una facturación de 6,5 millones de euros, lo que va a suponer la creación de 1.000 empleos, pero en España la demanda prevista es de 30.000 a 40.000 toneladas. Sin duda alguna, una actividad importante, mucho más cuando gran parte de la materia prima, el 80%, se está importando en estos momentos tanto de China como de Brasil, y con una producción en nuestro país que pone de manifiesto grandes oscilaciones. Sin embargo, como decía, el margen es escaso; para alcanzar ese punto de equilibrio en la explotación es necesario incrementar la producción aproximadamente un 35%, lo cual significaría una producción de 4,7 kilos de miera por pino o bien que estas personas que lo explotan tuviesen un campo de actuación de 7.000 pinos.
No hemos de perder tampoco el significado del mantenimiento medioambiental del bosque y sobre todo el mantenimiento de puestos de trabajo en un medio rural cada día más deprimido, donde hay una clara desertización y despoblación del mismo. Por eso proponemos y pedimos que para aquellas personas, aquellos resineros que por arrendamiento explotan el pinar, bien como titulares individuales -no tendría lugar en el caso de sociedades limitadas, anónimas, cooperativas o sociedades de transformación agraria- o bien que trabajan para empresas que explotan los pinares y que transforman el producto químico, pero cuyo trabajo lo desarrollan como autónomos, se tenga una consideración especial en el régimen del IVA. En estos momentos la doctrina de la Dirección General Tributaria identifica el titular del monte con el titular de la explotación, cuando de hecho el titular del monte exclusivamente arrienda pero en ningún caso combina factores ni asume el riesgo y ventura de la venta y de ese negocio, considerando al adjudicatario como en el régimen general. Eso nos parece injusto, hasta tal punto que el propio ministerio lo ha reconocido en una carta dirigida hace unos días el presidente de la resina. Lo que pedimos es
identificar al titular de la adjudicación como el titular de la explotación, porque realmente lo que está haciendo es combinar factores, explotando, asumiendo un riesgo y ventura y creemos que es de justicia que en este caso se asimile ese papel al que tiene el titular del monte. Esto nos permitiría sin duda alguna un importante avance.
Hace unos días en esta Comisión comparecía el presidente de la comisión de expertos y a la hora de presentar las medidas que se van a adoptar en materia de IVA abogaba por limitar las excepciones al tipo reducido a muy poquitas, extendiendo el régimen de aplicación general, pero contemplaba excepciones como el caso de la vivienda para liquidar el stock de viviendas existentes; o el caso de los servicios turísticos, argumentando la garantía de la competitividad; y también de los servicios de transporte para mantener el empleo. Pues bien, en el caso que hoy presenta el Grupo Parlamentario Socialista se dan las mismas circunstancias que en el del transporte para garantizar puestos de trabajo y, lo que es más importante, para garantizar la vida y el mantenimiento del medio rural en momentos claramente de dificultad. Por tanto, sería extensible en la reforma tributaria la aplicación de este régimen especial que hoy proponemos aquí.
Sería necesario ir más allá -con esto voy terminando-, como consolidar en el ámbito laboral la situación especial para trabajadores por cuenta propia, lo que se conoce como el SETA, que no se reconoce en todos los casos, o que se acepte la multiactividad de trabajadores resineros que lo compatibilizan con otras actuaciones, como así ha reconocido el propio Ministerio de Agricultura en el Plan de dinamización socioeconómico y también ha pedido nuestro grupo, pero entendemos que estas materias no caen expresamente en el ámbito de esta Comisión y por lo tanto mi grupo presentará una PNL en los próximos días en la Comisión de Trabajo.
Nosotros, señores diputados, queremos contribuir al dinamismo del campo y queremos contribuir a su mantenimiento. Por tanto, se lo he hecho saber a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, estamos dispuestos a transaccionar y a mejorar nuestra presentación con un objetivo básico, que es el mantenimiento del empleo, la dinamización del medio rural y, sobre todo, contribuir a la sostenibilidad medioambiental del monte y de amplias zonas ya no solamente de tierras de pinares, sino de amplias zonas de España como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Extremadura.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda presentada a esta proposición no de ley, tiene la palabra la señora Madrazo, del Grupo Parlamentario Popular.
La señora MADRAZO DÍAZ: Como comentaba el portavoz del Grupo Socialista, hablamos de un sector de actividad que entendemos es de gran importancia en el medio rural en determinadas zonas de España. En provincias como Segovia, Soria o Guadalajara y en otras zonas de Andalucía y Extremadura tiene gran importancia esta actividad. Baste decir que la segunda empresa con más volumen de exportaciones de la provincia de Segovia es una destiladora transformadora de resinas, que facturó y exportó más de 17,5 millones de euros el año pasado. Por tanto, hablamos de un sector muy importante, con una gran potencialidad para generar actividad y crear empleo. En el último mes de marzo, en la provincia de Segovia se han dado de alta más de 450 personas en esta actividad. Compartimos totalmente los argumentos que ha expuesto el portavoz socialista; compartimos la importancia que tiene y resaltamos el potencial crecimiento que tiene esta actividad, pero lamento decir que la redacción de esta proposición no de ley no nos parece adecuada por motivos fundamentalmente técnicos que voy a intentar explicar.
La exposición de motivos se refiere a la posibilidad de que existan varios agentes intervinientes en este proceso de resinado, desde el propietario del monte al resinero y el que luego compra la resina, y hacen una especie de tótum revolútum para acabar concluyendo que estos titulares de explotaciones tienen un régimen fiscal inseguro, que no acaban de estar encuadrados en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, que es en la que quisieran estar encuadrados, y que, por tanto, solicitan al Gobierno adaptar la vigente normativa del IVA y efectuar una adecuada interpretación de la misma.
Entre los diversos casos que exponen, aluden a un propietario particular que lleve a cabo directamente las labores de extracción y venda la resina. Ese caso está perfectamente encuadrado en el régimen especial agrícola forestal o ganadero. Hablan también de un propietario particular que contrata operarios con los que realiza la extracción y vende posteriormente la resina, pues también podría estar encuadrado en el régimen especial, en este caso agrario. Luego hablan del caso más problemático, que es un propietario que sea una entidad local que arrienda la explotación a un tercero que se adjudica el derecho de aprovechamiento de esa resina, y aquí es donde creo que se producen los problemas de interpretación de la normativa, que no son tales. No son tales porque en cuanto al régimen especial de agricultura,
ganadería y pesca, la Ley del IVA, establece claramente que será aplicable a los titulares de explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras, dejando excluidos de poder acogerse a este régimen especial agrícola, que además es un régimen especial simplificado de IVA, a las sociedades mercantiles, a las sociedades cooperativas y a las sociedades agrarias de transformación. La normativa que regula qué sujetos pasivos se pueden acoger al régimen especial agrario está perfectamente delimitada en la Ley del IVA que regula este régimen simplificado. Es un régimen que aporta gran sencillez a los titulares que se acojan al mismo, que les exime de determinadas obligaciones formales, lo que puede ser muy importante para dar competitividad a un sector que, como ha comentado el portavoz socialista, tiene un margen de explotación realmente estrecho; y les exime también de la obligación de liquidar trimestralmente el IVA según el IVA repercutido menos el IVA soportado. Es un régimen que reporta ventajas, pero no compartimos que haya una indefinición o una inseguridad en la regulación legal, que ya está perfectamente establecida en la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido. Tampoco compartimos que haya errores de interpretación porque desde hace varios años la Dirección General de Tributos, que es el órgano competente para emitir consultas de carácter vinculante a aquellos contribuyentes que tienen dudas sobre el régimen fiscal que les es aplicable, viene manteniendo un mismo criterio. La última contestación que se ha producido es del 20 de enero de 2012, que establece que el régimen especial de agricultura, ganadería y pesca será de aplicación a los ayuntamientos titulares de las explotaciones agrícolas, forestales o ganaderas que transmitan a terceros los productos naturales, vegetales o animales directamente obtenidos de sus cultivos. Por consiguiente, el ayuntamiento consultante podrá aplicar el régimen especial citado a las entregas de bienes que tengan por objeto maderas, leñas, resina, corcho y otros productos apícolas. Dice la Dirección General de Tributos que el resinero que resulte adjudicatario del derecho de aprovechamiento de la resina cedido por el titular del monte, tendrá la consideración de empresario profesional, tributando por el régimen general del impuesto sobre el valor añadido. Por tanto, hablando de errores de interpretación, no nos corresponde a nosotros arrogarnos la competencia de emitir una interpretación de la normativa. Para eso existe la Dirección General de Tributos, que se ha pronunciado ya al respecto.
No podemos dejar pasar la oportunidad de decir que hoy de lo que se trata es de dar una respuesta a este sector, al sector de la resina. En el Grupo Parlamentario Popular entendemos que es un sector importante que puede generar actividad y empleo, especialmente en el medio rural. Por ello, les hemos propuesto una solución, porque lo que queremos todos hoy en esta Comisión es salir de aquí con un compromiso del Gobierno para estudiar que en el ámbito de la reforma tributaria -que es lo que dice la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular- se produzca una adaptación de la vigente normativa del impuesto sobre el valor añadido que permita que en aquellos supuestos en que el titular de una explotación forestal cede el aprovechamiento forestal de la resina a un tercero, fuese este último -el resinero- quien aplicase el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca en lugar del propietario del monte, dado que en este caso dicha tercera persona -el resinero- es quien ejerce su actividad en el marco de una explotación forestal, ordenando medios de producción y considerándosele por ello titular de dicha explotación a los efectos de lo previsto en este régimen especial. ¿Qué queremos conseguir? Facilitar al máximo a este sector sus obligaciones con la Hacienda pública a efectos de liquidación y de obligaciones formales con respecto al impuesto sobre el valor añadido. ¿Qué problemas existen hasta el momento? La Dirección General de Tributos en varias consultas vinculantes fue contraria a que el resinero al que se le cede la explotación de la resina fuese considerado titular de la explotación y, por tanto, pudiese acogerse al régimen especial agrario. ¿Qué ha hecho el Grupo Parlamentario Popular? Ofrecer al Grupo Socialista una enmienda que nosotros entendemos que supone el compromiso del Gobierno para que en el ámbito de la reforma tributaria se pueda considerar titular de la explotación al resinero al que el ayuntamiento u otra persona haya cedido la explotación de la resina, que creo que es donde residía el problema fiscal. Nosotros pediríamos al Grupo Socialista que retire su iniciativa y que salgamos de aquí con una solución concreta para el sector de la resina, aceptando la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Si finalmente eso no se produce, si finalmente no se quiere dar esa respuesta definitiva a este sector, nosotros vamos a seguir intentando presentar iniciativas en el sentido de que el Gobierno, en el marco de esa reforma fiscal, estudie la posibilidad de que esos resineros puedan acogerse al régimen especial agrario. Ese es nuestro interés y creo que es también el interés del grupo proponente; por tanto, les pido su apoyo a la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. (Aplausos.-El señor Gordo Pérez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: No hay turno de réplica, solo de aclaraciones brevísimas. Tiene usted la palabra.
El señor GORDO PÉREZ: Señor presidente, el Grupo Parlamentario Socialista hace una propuesta que recoge exactamente el cambio de criterio que anuncia la Dirección General de Tributos sobre la materia y que ahora enuncia la portavoz del Grupo Popular. Estamos hablando de lo mismo pero con diferentes palabras. Nuestra propuesta es clara; es exactamente igual que lo que ahora mismo dice el Grupo Popular, gracias a nuestra propuesta. Lo que queremos es una solución temprana. (La señora Madrazo Díaz pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Antes de proceder a las votaciones, como es habitual, preguntaremos si se aceptan o no se aceptan las enmiendas o si hay transacciones, y en ese momento veremos el punto de acuerdo al que se ha llegado.
Señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Intervengo un segundo para decir que la propuesta que hace el Grupo Socialista en su iniciativa no se puede aprobar en sus propios términos porque está mal redactada técnicamente. Vuelvo a pedirles que apoyen nuestra enmienda, que es la que está correctamente redactada.
El señor PRESIDENTE: Vista la proximidad de posiciones, les invito a que antes de que lleguemos a las votaciones se pongan de acuerdo.
Vamos a dejar pasar hasta un momento posterior de nuestra reunión el punto 4.º del orden del día para que puedan intervenir todos los diputados que han manifestado su deseo de hacerlo, algunos de los cuales no están presentes en este instante. En cuanto al punto 5.º del orden día, el grupo proponente ha solicitado su aplazamiento, por tanto, no va a ser debatido en esta sesión.
- PARA LA REBAJA DEL IVA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/002455).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 6.º del orden del día, que es la proposición no de ley para la rebaja del IVA de los servicios básicos, presentada por el Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. Para su defensa, tiene la palabra la señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: La verdad es que haber escuchado a una diputada del Grupo Parlamentario Popular me motiva mucho más a la hora de presentar la iniciativa de mi grupo, porque ha hablado con absoluta convicción de mejorar la calidad de vida de los españoles y yo creo que nuestra iniciativa va precisamente en esa dirección. Estoy entusiasmada porque espero su aprobación por parte del Grupo Popular, no me cabe ya la menor duda, a pesar de que en iniciativas anteriores dirigidas en el mismo sentido no hayamos contado con esa aprobación; pero como rectificar es de sabios, y yo creo que son sabios y rectifican, aprobarán la iniciativa que traemos.
Como sus señorías conocen, el incremento de las desigualdades en España, a raíz de un informe de Intemón Oxfam, pone de manifiesto que las 20 personas más ricas en España poseen una fortuna similar a los ingresos del 20% de la población más pobre, lo que evidentemente es una mayor desigualdad. Lo que pretendemos -insisto- con esta iniciativa que hoy traemos aquí es precisamente acortar esas grandes desigualdades o, al menos, una parte de esas grandes desigualdades que en este momento son una realidad, como recoge el informe que todos ustedes conocen, y qué mejor herramienta para la redistribución de la riqueza que la fiscalidad. Los tributos, como sus señorías saben, permiten que las personas con más recursos contribuyan más y las que tienen menos recursos contribuyan menos. Por ello, mi grupo es partidario de incrementar los impuestos directos de manera progresiva en función de la renta y estamos en contra de los incrementos indiscriminados de los impuestos indirectos, como en este caso puede ser el IVA, porque afectan igual a unos y a otros, pero perjudican más a los que menos tienen.
Insisto en la preocupación de antes. Si a ustedes les preocupa mucho la calidad de vida de los ciudadanos españoles, las reformas que han hecho hasta el momento no han sido las mejores. Creo que lo reconocerán ustedes si de verdad tienen esa preocupación, porque las reformas que han hecho hasta el momento son profundamente regresivas en este sentido. Vuelvo a insistir en ello para ver si
consigo convencerles aún más. Si quieren de verdad esa mejora, ante la situación de crecimiento de la pobreza y la desigualdad, es necesario que la reforma fiscal no solo incluya el incremento de la presión a las rentas más altas sino también una rebaja de los tipos a los servicios básicos, aquellos servicios a los que accede todo el mundo, porque los que menos tienen son esencialmente a los que más se perjudica. Veamos algunos ejemplos. Electricidad. En la Unión Europea, Italia tiene un 10%, Irlanda el 13,5%, Grecia el 13% y el Reino Unido el 5% en la aplicación de los tipos reducidos del IVA para la electricidad, que permiten el ahorro de los ciudadanos en este servicio básico. En los países de la zona euro solo Eslovenia, con el 22%; Portugal, con el 23%; y Finlandia, con el 24%, tienen un tipo de IVA más elevado que España en la electricidad. ¿Eso qué significa? Que en España tenemos un tipo muy elevado en servicios básicos, como lo es la electricidad. Ustedes conocerán, porque además lo defendió mi compañera Laia Ortíz con mucho entusiasmo, como corresponde, la pobreza energética. Ustedes votaron en contra, y espero que hoy, en esa predisposición que he creído percibir, hagan lo contrario y voten a favor de esta iniciativa que hoy traemos.
El agua, otro servicio básico. En la zona euro, solo Estonia, con el 20%; Eslovaquia, con el 20%; y Finlandia, con el 24, tienen tipos impositivos más altos que en nuestro país. Creemos que hay que bajar el tipo impositivo en nuestro país para que aquellos ciudadanos y aquellas ciudadanas que ven cada vez más reducidas sus posibilidades puedan acceder al agua sin que su coste les resulte excesivo. Eso se puede hacer, y ustedes lo saben. Es, esencialmente, voluntad política. Simplemente es un cambio, y aprovechemos ahora la ocasión con la redacción de la ley del impuesto sobre el valor añadido.
En cuanto al transporte, qué les voy a decir, señorías. Ustedes saben que la situación del transporte en nuestro país es cada vez más agobiante para aquellos que menos tienen y que, sin embargo, tienen necesidad de esa movilidad para poder acceder al empleo o la búsqueda del mismo. Sin embargo, los impuestos sobre el mismo aumentan una y otra vez. Como siempre nos fijamos fuera de nuestras fronteras, les voy a poner otros ejemplos. En Dinamarca, Irlanda, Reino Unido, Eslovaquia, Malta y Holanda no se paga IVA. Aquí, está como está. En Alemania, Portugal o Chipre los tipos son más bajos. Lo mismo que les he comentado antes con el agua, simplemente es una cuestión de voluntad política. Ustedes tienen ahora la oportunidad. Háganlo. Si de verdad miran por la calidad de vida de nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas, solo hace falta voluntad política y aplicar esa voluntad política en la norma.
Se lo dijo ya mi compañera en otros momentos, Gestha aboga por crear un impuesto sobre la riqueza, un impuesto de ámbito estatal. Así solucionaríamos muchísimos problemas a los que ustedes abogan a la hora de recibir recursos. Nosotros no queremos que se dejen de recibir recursos, pero más justos. Gestha dice que de este modo se podría conseguir una recaudación adicional de 3.400 millones de euros anuales, que es una importante cantidad. Voluntad política de nuevo, señorías. Apliquen ustedes la voluntad política. Hagan caso a Gestha y tendrán ustedes una serie de recursos, y así los que más tienen aportarán más recursos para que los que menos tienen puedan tener una mejor calidad de vida.
Termino ya, señorías. Lo que dice Gestha ayudaría también a una reorganización de la Agencia Estatal Tributaria, y en vez de concentrar el 80% de los recursos a lo más fácil, que es investigar a autónomos, microempresas, pymes, asalariados, precisamente aquellos a los que ustedes también quieren beneficiar y que, sin embargo, con sus propuestas hasta ahora no benefician en absoluto; además de eso ejercerían un mayor control en la eficiencia del gasto público. Ahora bien, y con esto termino, ¿tienen ustedes interés en ello? Es una pregunta que me gustaría que contestaran. ¿Tienen interés en ello o su interés, simplemente, radica en que los que más tienen cada vez sean más ricos y los que menos tienen cada vez sean más pobres y tengan menos calidad de vida.
El señor PRESIDENTE: En este caso no hay ninguna enmienda, por lo tanto, en primer lugar, tiene la palabra el señor Anchuelo, de Unión Progreso y Democracia.
El señor ANCHUELO CREGO: Cuando hablamos del IVA conviene recordar que estamos hablando de un impuesto regresivo, un impuesto que grava el consumo y, por tanto, recae con más fuerza sobre las rentas bajas. Las rentas bajas se consumen en su totalidad y están sujetas al IVA en su totalidad. Quien ahorra la mitad de su renta, hay una mitad de su renta no sujeta a IVA. Por eso, mi grupo considera que el IVA en España ha obtenido ya demasiadas subidas, fuertes subidas, en algunos productos se ha triplicado, y no somos partidarios de subidas adicionales. Nos ha extrañado y nos preocupa que en el informe de los expertos nombrados por el ministro de Hacienda parezca que la panacea de nuestras cuentas públicas se basa en subidas adicionales de este impuesto indirecto. Incluso consideramos que, selectivamente, son posibles algunas bajadas en el IVA cultural; en el del
material escolar, en el que la subidas fueron particularmente fuertes, y en el que la normativa comunitaria puede posibilitar esas reducciones selectivas; o en el ámbito energético, el impuesto especial sobre la electricidad, que depende de directamente del Gobierno español. Sin embargo, no podemos apoyar la propuesta de La Izquierda Plural, tal y como está formulada, por consideraciones de tres tipos. En primer lugar, no tenemos tan claro como el grupo proponente que esto sea posible con la normativa comunitaria, sobre todo cuando se está pidiendo un tipo superreducido muy limitado por esa normativa. En segundo lugar, aunque no deba ser la única consideración, creemos que el coste recaudatorio de estas propuestas también debe tenerse en cuenta y puede ser considerable. Y, en tercer y último lugar, hay que tener en cuenta también el coste medioambiental de estas medidas. Estamos hablando de bajar la imposición al transporte, a la electricidad, y creemos incluso que es contradictorio con algunas propuestas que La Izquierda Plural ha presentado en el pasado de corte medioambiental. Estas tres consideraciones son las que nos impiden apoyar esta propuesta.
El señor PRESIDENTE: Señor Picó, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.
El señor PICÓ I AZANZA: Hoy debatimos una iniciativa con la cual mi grupo parlamentario debe mostrar su conformidad. Los suministros de gas, los suministros básicos -como dice el título de la iniciativa- son servicios de carácter esencial para la ciudadanía que, en relación con el impuesto sobre el valor añadido, no gozan de un trato tributario acorde con dicho carácter. Como decía el señor Anchuelo -y es cierto-, en el contexto de la Unión Europea no existe uniformidad en la aplicación de tipos. La sexta directiva prevé la posibilidad de que los Estados miembros opten por aplicar un tipo reducido a estos suministros previa comunicación a la Comisión Europea, siempre que no resulte de ello ningún riesgo de distorsión de la competencia. Así es como en la actualidad diversos Estados aplican tipos impositivos de IVA mucho más reducidos que el vigente en España.
Debo decirles también que, en relación con el gas natural y la electricidad, el artículo 102 de la directiva permite la aplicación del tipo reducido, siempre que no exista riesgo de distorsión de la competencia. En este sentido, mi grupo parlamentario, con fecha 11 abril de 2008, presentó una proposición de ley de modificación de la Ley 37/1992 para la aplicación del tipo reducido a los suministros de electricidad y gas, estando convencidos de la necesidad de adoptar esta medida, la reducción del tipo impositivo a estos dos tipos de suministros -repito-, electricidad y gas. En aquellos momentos en el debate que hubo en el Pleno de la Cámara con relación a esta iniciativa, el señor Herrera, entonces diputado en esta Cámara y del mismo grupo parlamentario que la señora García, que presenta esta iniciativa, se negó a votar a favor de la misma. ¿Por qué? Decía en aquellos momentos: Nosotros tenemos una postura crítica con su proposición de ley y no le vamos a dar apoyo porque entendemos que usted, con ese discurso en torno a las familias, sobre el que podríamos coincidir, lo que hace es traernos una propuesta que afecta por igual a las familias que más lo necesitan y a las que menos ahorran en materia de electricidad y gas, haciendo una política para todo el mundo en un sector como el eléctrico que tendría que discriminar en razón de los sectores más vulnerables y en razón de lo que se consume. Lo que no vamos a hacer es votar a favor de una propuesta que lo que hace es bajar de forma indiscriminada, independientemente de los recursos de la familia y de lo que se consuma, en este caso, el IVA.
Como decía la señora García al inicio de su intervención, como rectificar es de sabios, nos damos por satisfechos que el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural haya cambiado su parecer y ahora defienda, en este sentido, lo que desde el año 2008 ya hacía Convergència i Unió.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Compartimos con los proponentes de la proposición la preocupación manifestada por el incremento de la llamada pobreza energética. Cada vez es mayor el número de hogares cuyos miembros son incapaces de pagar las facturas de los servicios de la luz, el agua y el gas, que les son indispensables para vivir, teniendo que elegir entre cenar o poner la calefacción. En muchos casos esta situación acaba en cortes de suministro por impago y en inviernos gélidos los riesgos de muerte temprana se incrementan para las personas más vulnerables, niños, ancianos y enfermos. Esta situación va en aumento, ante el incremento de los costes de la energía y la devaluación de los salarios, lo que hace más difícil a la ciudadanía hacer frente a los gastos básicos. Nos encontramos ante un
problema sobre el que urge actuar. Hay que combatir la pobreza energética de manera prioritaria. Los datos que salen a la luz desde distintas organizaciones son alarmantes y, a pesar de ello, no se entiende que en estos momentos carezcamos de estadísticas públicas sobre esta cuestión.
Desde el Grupo Socialista pensamos que hay que abordar este tema desde una perspectiva integral y con ese fin hemos elaborado una proposición de ley. También compartimos con el grupo proponente lo que manifiesta en la exposición de motivos de esta PNL y es que una reducción del tipo de gravamen de IVA no resuelve el problema de fondo. Pero no solo es que no resuelve el problema, sino que genera además otros inconvenientes al sistema que pueden acabar perjudicando en mayor medida el interés general. Es justo determinar que los bienes de primera necesidad sean tributados a un tipo superreducido y esta proposición plantea equiparar el consumo de agua, energía y transporte a bienes y servicios de primera necesidad, un tema interesante en cuanto al debate que suscita. Es cierto que para vivir necesitamos el agua y para tener unas mínimas condiciones de calidad de vida la energía es fundamental y que el transporte público puede ser utilizado mayoritariamente por gente con menor poder adquisitivo, pero no tiene por qué ser siempre así. No todos los consumos y usos de estos servicios son de primera necesidad. Así pues, al solicitar la reducción al tipo superreducido de los servicios de electricidad, gas, agua y transporte, sin ningún tipo de distinción, baremo o tramo de consumo se cae en una reducción drástica, generalizada, indiscriminada, que carece de progresividad y que beneficiaría a los que más consumen. Por ello, para incorporar esta reducción a la reforma fiscal, en primer lugar, deberíamos identificar el consumo mínimo que nos defina el servicio como de primera necesidad. Una vez predeterminado, podríamos aplicar un tipo reducido y para consumos mayores aplicar otro tipo superior. Si no lo hiciéramos así, estaríamos aplicando una medida no redistributiva que dificulta las políticas de ahorro energético, con el abaratamiento de los recursos y con las consecuencias negativas que ello tendría sobre la sostenibilidad medioambiental y la lucha contra el cambio climático. Si aplicamos la reducción del tipo de IVA sin ningún tipo de distinción, estaríamos generando un enorme impacto sobre los ingresos tributarios; ingresos que sostienen también el Estado de bienestar.
Trabajando sobre datos reales de 2011, que vienen reflejados en el informe anual de recaudación tributaria de 2012, podemos simular a efectos estimativos, grosso modo, cómo hubiera afectado una reducción del IVA del tipo general en aquel entonces del 18% al reducido 7% para el consumo de electricidad y en este caso la reducción hubiera supuesto la caída de los ingresos por IVA en más de 3.000 millones de euros, una caída del 6,5%. Tengamos en cuenta que los ingresos de IVA por este concepto pudieron superar los 5.000 millones de euros, un 11% del total de la recaudación de IVA de este año. Por tanto, el impacto es considerable, y solo hemos estimado la reducción en el caso de la electricidad. Si sumamos las reducciones de recaudación de los demás servicios planteados, la medida propuesta podría ser prácticamente inasumible. Por tanto, no encontramos justificación para bajar los tipos de gravámenes de forma generalizada a los consumos y servicios que se plantean, aunque sí sería asumible discriminando consumos, pero la discriminación del tipo de gravamen por niveles de consumo o por tramos no se permite en la normativa comunitaria actual. El IVA es un impuesto bastante rígido y en aras de la armonización los cambios normativos en este caso serían bastante complicados.
Está claro que hoy no se puede aprobar, pero estamos convencidos de que no deberíamos cerrar la puerta a trabajar en este sentido con intención de caminar hacia una fiscalidad más justa. Así pues, entendemos que deberíamos buscar caminos más óptimos para conseguir atajar la pobreza energética. La solución debe venir desde una política energética que camine hacia un modelo más socializado de generación: desde la política económica para la creación de empleo estable y no precario y desde la política social para garantizar la subsistencia de las familias; una solución que coincido en que no llega por parte del Gobierno. La reforma energética del mes de diciembre es un fracaso; además, ha modificado los criterios para acceder al bono social, lo que también puede dificultar su acceso. Sus políticas de empleo han generado más precariedad y la reforma de las administraciones locales va a impedir la eficiente labor social que hoy desarrollan los servicios sociales de las corporaciones locales para ayudar a paliar las situaciones de emergencia social que están viviendo un gran número de personas. Compartimos el fondo y la preocupación del grupo proponente, por ello vamos a solidarizarnos con la finalidad última del grupo y nos abstendremos.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Puyuelo.
La señora PUYUELO DEL VAL: Señorías, La Izquierda Plural nos trae para su debate y votación una proposición no de ley en la que se nos pide, como ya ha explicado su portavoz, la señora García, en su
intervención, que instemos al Gobierno a reducir el IVA de la electricidad, gas natural, suministro de agua y transporte, al tipo superreducido debido a la situación de pobreza energética que sufren más de cuatro millones de personas en nuestro país. No sé si calificar esta proposición de ingenua o de maliciosa, y me explicaré.
Ustedes no discriminan, no acotan; piden que se rebaje el tipo de estos servicios básicos al 4% y, como se diría coloquialmente, ahí queda eso. Parece que desconozcan las características y la importancia recaudatoria de este impuesto y abunda en ese desconocimiento calificarlo en su exposición de motivos como impuesto directo, aunque puedo reconocerles que sea un error de transcripción. El impuesto sobre el valor añadido constituye en España y en toda la Unión Europea uno de los pilares fundamentales del sistema tributario. Además, se trata de un impuesto comunitario, es decir, de una figura regulada en sus líneas básicas por la propia comunidad y de cuya recaudación nacional participa la Unión Europea para la financiación de sus costes de funcionamiento y de los costes de sus políticas económicas.
Los ingresos tributarios en España en 2013 han sido de 168.847 millones de euros, de los cuales 51.931 lo han sido de IVA. Un 30,75% del total y una parte importante -no se nos escapa- se recauda por el suministro de estos servicios básicos a los que ustedes solicitan que el Gobierno rebaje el tipo aplicable. En nuestro país la luz y el gas tributan al tipo general del 21%, el agua y el transporte público, al tipo reducido del 10%, y piden que se reduzcan todos al 4%. Es decir, que se recaude menos de la cuarta parte de lo que se recauda actualmente por luz y gas y menos de la mitad de lo que se recauda por agua y transporte. En total, unos cuantos miles de millones menos. Eso sí, luego queremos más servicios y de calidad. ¿Han analizado qué impacto tendría su propuesta en nuestra economía, cuando todos los informes nos indican que tenemos una baja recaudación de este impuesto en términos relativos y que esta baja recaudación se debe principalmente a la amplitud de bases sometidas a tipos reducidos o superreducidos? ¿Han analizado también cómo afectaría esta reducción a las políticas medioambientales, que nos demandan una mayor imposición a las actividades que impliquen un deterioro del medio ambiente y, como no se nos escapa, tiene mucho que ver con la obtención y la utilización de estos suministros? Como les he dicho al inicio de mi intervención, o es una propuesta desmayada, con poco rigor y estudio, o es una propuesta interesada que lo que quiere es obtener un titular en el momento en el que, tras la presentación del informe de la comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español, el IVA está de plena actualidad. O, lo que es peor y me temo, participa de ambos objetivos.
En su exposición de motivos nos dicen que su propuesta puede y debe ser aceptada por la urgencia de la situación de pobreza energética que sufren muchos hogares españoles, añadiendo que el Gobierno no ha llevado a cabo ningún tipo de actuación para paliar este problema, y además lo fácil que sería hacerlo, y ponen como ejemplo la celeridad con la que el Ejecutivo modificó el IVA aplicable a las entregas de objetos de arte, que pasaron a tributar del tipo general al reducido sin esperar al informe de los expertos. Y, otra vez, me sorprenden. ¿Realmente creen equiparable el impacto de la medida impulsada por el Gobierno reduciendo el tipo en las entregas de objetos de arte y su propuesta, la que hoy debatimos? Y otra pregunta, ¿realmente piensan que este Gobierno no está trabajando para mejorar la situación de los ciudadanos más afectados y empobrecidos por la crisis? ¿Realmente piensan que no ha hecho nada? ¿Piensan que todas las reformas y medidas propuestas no tienen como principal objetivo el de sacar a los españoles de la situación de crisis que estamos viviendo, impulsar la creación de empleo y poner a España en la senda de la recuperación y el crecimiento?
Efectivamente, como todos ustedes intuían en su exposición, uno de los argumentos para rechazar su propuesta es que, estando como estamos en el momento de elaboración del proyecto de ley para la reforma de nuestro sistema tributario, no sería oportuna ninguna modificación relevante en el impuesto, y la que proponen lo es, pero, como les decía, no es el único motivo. Otro motivo es que no es probablemente la manera de abordar el problema de la pobreza energética la reducción del tipo, porque la aplicación de tipos reducidos del IVA podría falsear considerablemente las decisiones acerca de la combinación óptima de fuentes energéticas y el nivel óptimo de consumo, así como incidir en las políticas para mejorar la eficiencia energética, tanto con vistas a incrementar la seguridad del abastecimiento como en el marco de las medidas destinadas a mitigar el cambio climático, así como también -y quiero reiterarlo- su impacto en la recaudación, porque ustedes no proponen una alternativa para compensar la pérdida de ingresos, no es una proposición neutra. Todos somos conscientes de que para mantener nuestra sociedad del bienestar con unos servicios públicos de calidad necesitamos los ingresos necesarios, y solo con un sistema tributario sencillo, suficiente y que además favorezca el desarrollo económico y el desarrollo social lo conseguiremos.
Por ello, este Gobierno, dentro del programa de reformas que está llevando a cabo y con el objetivo de poner a España en la senda del crecimiento y la creación de empleo, nombró una comisión de expertos que analizó nuestra fiscalidad y elaboró un informe que sirviera de base para la reforma del sistema tributario que España necesita. Una vez analizado y estudiado por el Gobierno, se traerá a esta Cámara el proyecto de ley de reforma de nuestro sistema, en la que ustedes podrán participar durante su trámite parlamentario.
Ahora, como les digo, no es el momento de cambiar los tipos. Los cambios llegarán en breve y no de manera puntual, como ustedes proponen, puesto que lo que nuestro sistema requiere es una reforma sistemática, exhaustiva y profunda, una modernización de nuestro sistema impositivo acorde a los tiempos y necesidades, pero sin olvidar los objetivos tradicionales de suficiencia, justicia y eficiencia.
Pero no quiero obviar el debate sobre el fondo de su propuesta, la pobreza hídrica y la pobreza energética. En el escenario en el que nos encontramos, en el que existen ciudadanos vulnerables que tienen que soportar un gasto excesivamente alto por los productos energéticos y servicios básicos, son políticas nacionales específicas las que deben ayudar a paliar este problema. Con respecto al agua, aunque España es el segundo país de Europa en el que a sus ciudadanos menos esfuerzo económico les supone el pago del recibo y comparativamente con otros suministros y bienes es una cantidad menor -220 euros al año, frente a los casi 800 de la electricidad o a los 840 del teléfono-, somos conscientes de que existen familias que tienen problemas para hacerle frente y que su número con la crisis ha ido en aumento. La competencia del abastecimiento en nuestro país la tienen los ayuntamientos y la práctica totalidad de los municipios cuentan con tarifas sociales para paliar este problema. Con respecto al suministro eléctrico es cierto que España está por encima de la media europea en cuanto al precio y que hay familias que tienen verdaderos problemas para afrontar este gasto. Pero quiero darles algunos datos que considero interesantes, sobre todo porque manifiestan la evolución de los precios en dos períodos bien diferenciados, los años que gobernó el Partido Socialista -de 2004 a 2011- y los años en los que gobierna el Partido Popular -2012 y 2013~_. Pues bien, para una familia media, con dos hijos, que contrata 4,4 kilovatios de potencia y que consume 3.900 kilovatios/hora/año, durante la etapa socialista se le incrementó la factura un 6,9% al año y con el Partido Popular este incremento ha sido del 1,9%. Observamos una clara ralentización en la subida de los precios y esperamos que se mantenga esta tendencia. Y aunque contamos con el bono social -y a él se pueden acoger los clientes domésticos con una potencia contratada inferior a 3 kilovatios, los pensionistas con prestaciones mínimas, las familias numerosas y los hogares con todos sus miembros en desempleo- sabemos que no es suficiente.
Por eso el Gobierno sigue trabajando y el Consejo de Ministros del pasado 28 de marzo aprobó un real decreto por el que se establece el nuevo sistema de cálculo de la factura eléctrica de los pequeños consumidores, que tiene como objetivo abaratar su coste. El anterior sistema de subastas fijaba un precio para todo el trimestre, un seguro que ha supuesto en los últimos cinco años 1.600 millones de euros de coste adicional para el pequeño consumidor. Con el nuevo recibo los consumidores podrán ahorrarse algún euro. Y el Plan nacional de acción para la inclusión social 2013-2016 impulsado por este Gobierno, que contempla 240 medidas y una dotación de 135.000 millones de euros, integra todas las políticas de lucha contra la pobreza y la exclusión social en España vertebradas en tres ejes: impulsar la inclusión a través del empleo, impulsar la garantía de unos ingresos mínimos e impulsar el acceso a unos servicios públicos de calidad. Y es en estas políticas en las que nuestro Gobierno se está aplicando, porque no hay mejor política para reducir la pobreza y aumentar el poder adquisitivo de nuestras familias que la recuperación económica y la creación de empleo. Por todo ello, nuestro voto será en contra.
- RELATIVA A LA AGILIZACIÓN DE LA ACTUACIÓN DE LOS TRIBUNALES ECONÓMICO-ADMINISTRATIVOS Y LA REDUCCIÓN DE LA LITIGIOSIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001714).
El señor PRESIDENTE: Retomamos ahora el punto que habíamos dejado pendiente, el que figura como 4.º del orden del día, que es la proposición no de ley relativa a la agilización de la actuación de los tribunales económico-administrativos y la reducción de la litigiosidad. Para su defensa, tiene la palabra la señora Asian, del Grupo Parlamentario Popular.
La señora ASIAN GONZÁLEZ: Señorías, me corresponde iniciar el debate sobre una proposición no de ley presentada por el Grupo Popular relativa a la adopción de medidas para agilizar la actuación de los tribunales económico-administrativos y reducir la litigiosidad. Analizando el contenido de nuestra propuesta,
en ella se contienen medidas encaminadas a mejorar o agilizar estos procedimientos mediante la utilización de medios electrónicos -no es que no se estén utilizando en la actualidad, pero queremos promover su mayor utilización-, así como realizar un análisis de la normativa actual que regula los procedimientos económico-administrativos, con el fin de clarificar determinadas cuestiones que pueden resultar, por la experiencia y por el análisis de las resoluciones y los asuntos que acuden a esta vía revisora, especialmente generadoras de conflictos jurídicos, y, por último y no por ello menos importante, potenciar la seguridad jurídica, favoreciendo la unidad de criterio de los órganos económico-administrativos. Evidentemente, al existir un tribunal central y tribunales regionales en cada una de las comunidades autónomas, la seguridad jurídica se debe reforzar en todas aquellas materias para que la unidad de criterio esté garantizada.
Creo que nuestra propuesta, nuestra proposición no de ley es oportuna, sin perjuicio de que ya está anunciada una reforma de la Ley General Tributaria en este sentido, agilizar los tribunales y mejorar y reducir la litigiosidad, porque responde a una demanda de la sociedad. La sociedad demanda calidad, seguridad jurídica, pero también eficiencia en la resolución de los conflictos tributarios. La vía económico-administrativa tiene una larga tradición en el ámbito del derecho tributario y siempre se ha desarrollado en dos órdenes: la redacción de la antigua Ley General Tributaria distinguía entre la gestión tributaria y la resolución de reclamaciones. Estos conceptos han cambiado en la actualidad y ahora hablamos, por un lado, de aplicación de los tributos y de imposición de sanciones, y por otro lado, de revisión de los actos administrativos. Dentro de la revisión de los actos administrativos tendríamos las reclamaciones económico-administrativas. La vía económico-administrativa, las reclamaciones económico-administrativas tienen carácter obligatorio y, como saben, es necesario agotar la vía administrativa antes de acudir a los tribunales.
En nuestro ordenamiento han existido experiencias anteriores y en un determinado momento se suprimió la vía económico-administrativa en la esfera local. Los más antiguos o los que lo hayan estudiado en los libros de texto recordarán que esto supuso, entre comillas, cierto caos en la aplicación de la materia tributaria local, que está fragmentada en pequeñas cuantías, y al acceder por parte del obligado tributario a los tribunales de Justicia la realidad nos ha acreditado que se les otorgó la posibilidad de crear sus propias organizaciones económico-administrativas y hoy día las grandes ciudades tienen su propios tribunales económico-administrativos para resolver por la vía administrativa, sin necesidad de acudir a los tribunales, una serie de cuestiones en aras de beneficiar la aplicación de los tributos, la imposición de sanciones.
La realidad es que la productividad de los tribunales económico-administrativos desde 2007 hasta aquí ha sido importante. Se ha incrementado en un 40% aproximadamente. En el año 2012, el último del que disponemos de una memoria de los tribunales económico-administrativos, se resolvieron 223.417 reclamaciones, la cifra más alta de toda la historia. Es posible que en esto hayan influido las circunstancias económicas, la crisis económica, etcétera. De ellas, 124.000 se sustentaron ya en expedientes electrónicos, todos ellos de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Se resolvieron 190.374 expedientes, la cifra más alta desde la creación de los tribunales. Comento estas cifras para que nos hagamos una idea de la importancia de la proposición que hoy debatimos, lo que significa en la materia económico-administrativa y en la protección de los derechos de los obligados tributarios.
De estas resoluciones de los tribunales económico-administrativos en 2012, el 38,87% han sido estimatorias, el 48,76% desestimatorias y el 12,37% han finalizado de cualquier otra forma, bien por desistimiento, por renuncia, extemporaneidad, incompetencia u otros archivos. Si analizamos el resultado de estas resoluciones en vía económico-administrativa, es muy parecido a lo que sucede en la vía contencioso-administrativa, donde se anulan un 33% de las cuestiones que se plantean en los tribunales de Justicia y se mantienen un 66%. En cuanto al número de resoluciones que se hacen por ponente en estos órganos administrativos, son 783. Yo creo que es un número bastante importante, que nos da una media de 3,2 por día de trabajo y en cada resolución dos horas y media. Son datos que sirven para ilustrarnos un poco, para conocer mejor estos órganos administrativos que tienen gran trascendencia y que a veces no conocemos de una manera suficiente.
¿Qué es lo que proponemos en nuestra proposición no de ley, para la cual solicito el apoyo de todos los grupos? Seguir mejorando y modernizando las actuaciones de los tribunales económico-administrativos, potenciar la utilización de las nuevas tecnologías, introducir el sistema de firma electrónica en los tribunales y rediseñar las notificaciones de actos y resoluciones de los tribunales. Por eso he dicho antes el número, para que nos hagamos una idea de que notificar tan importante número de resoluciones constituye en sí mismo un posible conflicto, y todos conocemos las dificultades que tienen las notificaciones en el ámbito
tributario y las consecuencias de la falta de notificación o la notificación mal hecha. La finalidad es clara: reducir los plazos y permitir una mejor utilización de los recursos humanos en los tribunales. Asimismo, se está desarrollando una prueba piloto por la Agencia Tributaria para que todas las resoluciones puedan cumplirse por parte de la Agencia Tributaria de forma electrónica, y creo que tiene especial interés la Badoctea, que es la base documental que tienen los tribunales, que es muy útil, porque si cada vez que sometes una cuestión a un tribunal el ponente de ese tribunal tuviera que estudiarlo todo desde el principio desconociendo los antecedentes, sería todo mucho más difícil y no se podría resolver el número de expedientes que se están resolviendo en la actualidad. En 2012 se incorporaron más de 6.000 criterios a esta Badoctea y 503 sentencias.
Esto en cuanto a lo que se refiere a agilizar y a introducir nuevas tecnologías. Pero yo creo que es importante mencionar aquí el servicio público que ofrecen los tribunales económico-administrativos en cuanto a base de datos que podemos consultar todos. Además, la base de datos actual, la Dycteac, es decir, doctrina y criterios del Tribunal Central, que se ha estado nutriendo desde 2009, sustituye a una antigua que posiblemente conocerán todos, que se llamaba Doctrina, que ha desaparecido recientemente, el 31 de diciembre de 2013. En esta base de datos de criterios y de doctrina podemos consultar toda la doctrina reiterada de los tribunales económico-administrativos, que tiene gran trascendencia porque es vinculante para todos los órganos de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, con lo cual nos podemos hacer una idea. Además de lo que constituye en sí misma doctrina, también están criterios, es decir, tendencias, aunque no sean doctrina, así como resoluciones que sean significativas por su gran repercusión. Por otro lado, es muy útil y creo que va a favorecer el cumplimiento en voluntaria, y es la mejor medida de lucha contra el fraude, finalidad última de la Administración tributaria. Estas bases de datos están por referencias normativas, es decir, lo que todos soñamos, una base de datos por artículos, ninguna base de datos carísima que exista en el mercado nos la da por artículos, todas vienen por órganos o por conceptos, pero esta viene por referencias normativas. Para solicitar la aceptación de nuestra propuesta a todos los grupos, tengo que decir, por último, que, a través de esta agilización, a través de esta mejora de la calidad y de la seguridad jurídica, sin lugar a dudas nos puede conducir a una mayor racionalización del gasto público, sin incrementar el mismo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo
El señor ANCHUELO CREGO: El grupo proponente nos trae una iniciativa sobre una institución importante en nuestro país, que son los tribunales económico-administrativos, que cada año se ocupan de un número enorme de reclamaciones, más de 200.000, un número enorme y creciente y de gran utilidad, porque estas reclamaciones no siempre se traducen, gracias a los tribunales económico-administrativos, en litigiosidad en los tribunales de Justicia. A Unión Progreso y Democracia también nos parece importante esta institución y creemos que hay un margen de mejora. Es cierto que para que ese margen de mejora se materialice habría que ir mucho más allá de lo que plantea esta proposición no de ley y mucho más allá está precisamente en manos del grupo proponente.
Se podrían hacer cosas como mejorar la calidad legislativa, pero esa calidad legislativa en efecto es baja porque, entre otras cosas, se abusa del real decreto como forma de legislar. Lo venimos viendo en toda la legislatura, con una sucesión de reales decretos con disposiciones adicionales y finales, que tratan de temas que nada tienen que ver con el objeto fundamental del real decreto. Se pueden corregir las leyes en las que se concentra la litigiosidad cuando se ve que un artículo es polémico o de difícil interpretación y, sin embargo, se mantienen esas leyes inalteradas, pese a los problemas que generan. Se pueden aumentar los medios materiales y la especialización del personal de estos tribunales, un tanto desbordados por el incremento del número de reclamaciones a las que tienen que hacer frente, o se pueden tomar otro tipo de medidas más de fondo, como que sea opcional y no obligatorio ir al tribunal económico-administrativo antes de ir al contencioso o como que la Dirección General de Tributos use más las consultas vinculantes o una mayor utilización de los medios telemáticos. Esto sí se recoge en la propuesta, pero aquí querríamos hacer una llamada de atención, esa mayor utilización de los medios telemáticos debería ser un derecho y no una obligación, debería evitarse el abuso y considerar el caso, por ejemplo, de personas jubiladas acostumbradas a hacer sus formularios por medios tradicionales, a quienes se les imposibilita seguir haciéndolo. En cualquier caso, aunque consideramos que la proposición no de ley es un tanto genérica y de efectos prácticos un tanto dudosos, al menos llama la atención sobre una institución y un problema relevante y, por tanto, contará con nuestro voto favorable.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Mi grupo puede coincidir con el objetivo de la iniciativa formulada por el grupo mayoritario, fantásticamente defendida por la diputada Asian en su intervención. Ciertamente, mirando los números, el tema clama al cielo, y voy a explicar por qué. Una reclamación económico-administrativa interpuesta en el TEAR se puede resolver en cuatro años; un recurso contencioso-administrativo en el TSJ pueden ser cuatro años más; una reclamación económico-administrativa o un recurso de alzada al TEAC puede durar entre uno y dos años y, si va a la Audiencia Nacional, unos tres años. Por tanto, estamos hablando de unos tiempos excesivamente amplios y creemos que además no son óptimos ni para los contribuyentes, ni para la Administración, sin lugar a dudas.
Coincidimos en la necesidad de agilizar la vía económico-administrativa y sobre todo la seguridad jurídica en la utilización de esta vía, pero debemos decirles que la iniciativa que han formulado está redactada en términos excesivamente vagos. Entiéndanme lo que quiero decirles. El portavoz de UPyD nos estaba haciendo ahora unas cuantas propuestas. Yo podía hacer otras, por ejemplo, introducir mecanismos de extensión de efectos de resoluciones del TEAC o judiciales a tributos y ejercicios relacionados con un contribuyente o suprimir la doble instancia económico-administrativa; por ejemplo, permitir el acceso directo a la jurisdicción contenciosa en cuestiones de ilegalidad, inconstitucionalidad o infracción de norma comunitaria; por ejemplo, incrementar la capacidad de los organismos económico-administrativos unipersonales. Son propuestas que en su momento seguramente podremos poner encima de la mesa. No podemos obviar tampoco la pretensión de mi grupo parlamentario del traspaso de los tribunales económico-administrativos regionales a la Generalitat de Catalunya como órganos administrativos que son.
En resumen, coincidimos en el objetivo de la iniciativa. Debe avanzarse en la agilización de la vía económico-administrativa. Apoyaremos en este sentido la PNL formulada, entendiendo que en la futura modificación de la Ley General Tributaria podremos debatir sobre propuestas que hagamos todos los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Camacho.
El señor CAMACHO VIZCAÍNO: Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista con relación a esta proposición no de ley y, como no podía ser de otra forma, vamos a votar a favor del fondo de la cuestión. Sin embargo, no estamos de acuerdo ni con la forma en la que se plantea ni con los motivos que han llevado al Grupo Parlamentario Popular a formularla. Utilizando las palabras textuales que ha usado una de las diputadas del Grupo Popular en la anterior proposición no de ley, se trata de una propuesta interesada que busca un titular. En definitiva, estamos haciendo filosofía en relación con algo que ya está puesto en marcha en el ámbito ministerial correspondiente y de lo que se trata es de conseguir lo que yo he visto en Google, y es que el Partido Popular propone una modificación de los tribunales económico-administrativos a efectos de su mejor funcionamiento. En definitiva, eso, una propuesta interesada que busca un titular. Estamos de acuerdo con lo poco que dice la proposición no de ley. Ya que buscaban un titular, deberían habérsela trabajado un poco más, haber sido un poco más completos y no quedarse en lo que es la corteza de una labor tan importante como la que llevan a cabo los tribunales económico-administrativos.
Digo que no estamos de acuerdo con la forma porque toda su propuesta se vehicula a través del derecho a la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24 de la Constitución. Señorías del Partido Popular, resulta que estamos hablando de los tribunales económico-administrativos, que son jurisdicción administrativa, y estamos en el ámbito de un recurso administrativo. Por lo tanto, difícilmente puede hablarse en este caso de derecho a la tutela judicial efectiva, artículo 24 de la Constitución, porque no estamos hablando de Poder Judicial, estamos hablando de Administración.
Créanme que entiendo ese error en el que ustedes incurren, porque, como a lo largo de los últimos dos años han desconocido absolutamente el citado artículo 24 de la Constitución, han desconocido lo que supone la tutela judicial efectiva, han desconocido para nuestros ciudadanos y han atacado frontalmente el derecho a la tutela judicial efectiva, entiendo que tengan tal follón teórico en torno a lo que es justicia administrativa y a lo que es justicia con mayúsculas. Ese desconocimiento se pone de manifiesto a través de la Ley de Tasas, el mayor ataque al derecho a la tutela judicial efectiva que se ha conocido en la historia
de nuestra democracia y que ha excluido de la justicia, de la jurisdicción y de la tutela judicial efectiva a una parte importantísima de nuestros ciudadanos. Pero continúa con el Código Penal y con la Ley de Seguridad Ciudadana. En definitiva, ustedes no saben exactamente lo que es el derecho a la tutela judicial efectiva porque se han encargado de atacarlo a lo largo de sus dos años de Gobierno.
Utilizando nuevamente palabras del Partido Popular, creo no tienen autoridad moral en absoluto para incluir en una proposición no de ley el derecho a la tutela judicial efectiva que han atacado a lo largo de los últimos dos años. No pueden mentir nuevamente a los ciudadanos diciendo que esta propuesta trata de satisfacer ese derecho que corresponde, que debiera corresponder y ser protegido por todos los Gobiernos, a nuestra ciudadanía. En definitiva, vuelven a mentir, de la misma manera en que mintieron para llegar al poder, de la misma manera en que mintieron cuando expusieron lo que iban a hacer y de la misma manera en que faltan a la verdad semana tras semana en esta Cámara y en general en todas sus intervenciones, hasta el punto de que creo que sería conveniente que se plantearan, en este momento en que están reformando el Código Penal, introducir un nuevo tipo que consistiría en faltar a la verdad en los programas electorales o en las declaraciones públicas realizadas. Con ello ayudarían a terminar con el desprestigio de la política en el que están ustedes sumiendo a nuestro país, ayudarían a terminar con el desprestigio de lo público -realmente ya sé que para ustedes es complicado gestionar lo público, porque creen sobre todo en la iniciativa privada y sus iniciativas tienden a hacer desaparecer lo público- y sobre todo permitirían que la política en este momento no estuviera en la situación en la que está, porque aquel político que llegara al poder sobre la base de faltar a la verdad terminaría imputado en un procedimiento penal.
En definitiva, señorías, creo que no deben preocuparse de los tribunales económico-administrativos; estos funcionan y funcionan de una manera adecuada. Es cierto que todo lo que se haga en ese ámbito será aceptado y bien visto por el Partido Socialista. Creo que lo que debieran hacer es reflexionar acerca de lo que ya han hecho. Deberían reforzar la justicia con mayúsculas, la justicia como uno de los poderes del Estado, como un elemento importante dentro de una sociedad democrática y como el refuerzo de lo único que en este momento puede parar los desmanes que están cometiendo y el ataque que están realizando a derechos esenciales reconocidos en la Constitución a nuestro ciudadanos y que ustedes no solamente no protegen, sino que no hacen avanzar y atacan continuamente, sobre todo en el ámbito de la justicia. (Aplausos.)
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ESTABLECER MECANISMOS COMPENSATORIOS PRESUPUESTARIOS PARA LOS HOSPITALES Y CENTROS PÚBLICOS DESTINADOS A PALIAR LA SUBIDA DEL IVA EN LOS PRODUCTOS SANITARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/002494).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 7.º del orden del día, que es la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a establecer mecanismos compensatorios presupuestarios para los hospitales y centros públicos destinados a paliar la subida del IVA en los productos sanitarios. Para su defensa en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Por segunda vez en esta Comisión, hoy hablamos del impuesto sobre el valor añadido, un impuesto importante a efectos de recaudación pero también a efectos directos en la vida de los contribuyentes y de los ciudadanos en general. La proposición no de ley que mi grupo hoy les trae a debate pretende poner de manifiesto un tema que puede acarrear graves consecuencias para el sector sanitario y un grave perjuicio económico y social. Sus señorías conocen bien la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 17 de enero de 2013. Esta sentencia indica que España aplica un tipo reducido a categorías de bienes más amplias que las previstas en la Directiva del impuesto sobre el valor añadido en el ámbito de productos farmacéuticos y equipos médicos. En estas categorías debería aplicarse el tipo general del 21% y no del 10% como ha sido hasta ahora. La sentencia tiene origen en un procedimiento de infracción que la Comisión Europea inició en marzo de 2010, a la que siguió un dictamen motivado en noviembre del mismo año y la interposición de la demanda en junio de 2011. Los productos sanitarios, material, equipos o instrumental para diagnóstico y tratamiento de enfermedades, así como aparatos para suplir deficiencias físicas de uso general para personas que no tengan alguna discapacidad, pasarán a tributar al tipo general del impuesto.
¿Qué consecuencias puede tener el contenido de esta sentencia? Primero, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad ha calculado que la subida del tipo impositivo supondrá un coste
adicional medio para cada hospital de 182.454 euros anuales. ¿Qué otra consecuencia tendrá? La prima media de los seguros médicos, como consecuencia del incremento del tipo impositivo, se encarecerá. También las comunidades autónomas como administraciones competentes en materia sanitaria verán agravada su situación en al menos 1.000 millones de euros anuales, en unos momentos en que los recursos sanitarios son escasos. El incremento del IVA soportado será un mayor coste para las comunidades autónomas, que no es deducible, ya que la prestación de los servicios sanitarios, como conocen sus señorías, está exenta del impuesto. Por último, entre otras consecuencias, el incremento de 11 puntos porcentuales en el IVA soportado provocará un desequilibrio importante en la financiación de estos servicios esenciales. Por tanto, son consecuencias graves, como decía, para el sector y grave perjuicio económico y social.
Los centros sanitarios y hospitales, a pesar de este incremento, no pueden dejar de comprar productos sanitarios, material y equipos médicos, tenerlos actualizados y renovarlos si es preciso, por lo que el incremento, sí o sí, va a significar un coste mayor. Si las comunidades autónomas, que además ya arrastran desde hace años una mala financiación sanitaria y están haciendo esfuerzos económicos y presupuestarios para proporcionar los servicios sanitarios que los ciudadanos precisan, deben afrontar ahora este fuerte incremento del tipo impositivo del impuesto sobre el valor añadido, la situación, como les decía, es grave.
En Convergència i Unió creemos que se debe ayudar a paliar estos efectos en el ámbito sanitario y que se debe ayudar al sector a hacer frente a este incremento del tipo impositivo a través del establecimiento de mecanismos presupuestarios compensatorios para los centros sanitarios públicos y hospitales. Podemos hablar sobre cómo hacerlo, podemos debatirlo, debemos debatirlo, creo, pero lo que no se puede obviar es que el cumplimiento de la sentencia europea, el incremento del IVA del 10 al 21% aplicable a los distintos productos sanitarios, va a tener consecuencias, consecuencias en el sector sanitario, para hospitales y centros públicos, y para las autoridades competentes en materia sanitaria, las comunidades autónomas.
El Estado dispondrá de una mayor recaudación por este concepto, sin lugar a dudas. Fíjense que nuestra iniciativa requiere medidas compensatorias que -de forma consciente así lo hemos hecho- no hemos explicitado, porque entendemos que el Gobierno, naturalmente, debe tener margen para concretar las medidas que deben adoptarse, que debe analizar muy bien el tema y asumir que el incremento del tipo impositivo puede suponer un grave problema, pero, señorías, debe hacerlo. Este tema no es únicamente una cuestión de carácter tributario, que también, sino presupuestaria o de financiación de un servicio esencial para la ciudadanía. No adoptar medidas tendría graves consecuencias para el sector sanitario público, que creo que ninguna de las fuerzas políticas que estamos representadas en esta Comisión quiere que se produzcan. Por todo ello, mi grupo parlamentario ha creído necesario presentar esta iniciativa y pide para ello el apoyo del resto de los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: En esta proposición existe una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y por ello tendrá en primer lugar el turno el señor Rangel para su defensa.
El señor RANGEL TARRÉS: Señorías, si en algún servicio público se pone de manifiesto la garantía del principio de igualdad, es en el servicio público sanitario. De hecho, ha sido uno de los grandes avances que ha permitido que muchísimas personas que antes no podían tener la atención sanitaria requerida ahora sí la tengan debido a la universalización de ese servicio. Por eso nos preocupa muchísimo -y eso ya depende del proyecto político que uno defiende y de los valores que defiende- que la sanidad se vaya deteriorando, que haya un proceso de recesión en ese logro tan importante como es el servicio público sanitario. Los recortes en sanidad y, por descontado, las privatizaciones no solamente restringen ese derecho, sino que abocan cada día más a la desigualdad en la que nuestro país ya está en la cabeza del pelotón. Precisamente cuando hemos discutido en alguna ocasión cómo se debía de distribuir el objetivo de déficit en el proceso de consolidación fiscal, defendimos que el objetivo que se atribuía a las comunidades autónomas iba en detrimento, debido a la evolución de sus ingresos y a la estructura de sus gastos, de esos servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o la atención social. Al final, eso se ha convertido en recortes de dichos servicios.
La medida que hoy nos plantea el Grupo de Convergència i Unió creemos que es adecuada, porque, aunque sea en cumplimiento de una sentencia, en el momento en que se calculó el actual sistema de financiación, no se tuvo en cuenta un elemento como este, y aplicando la regla de rebus sic stantibus, en nuestra enmienda planteamos precisamente la utilización de la Lofca en su artículo 2, que habla de la
lealtad institucional y de que cuando se producen cambios que puedan perjudicar a las administraciones autonómicas en este caso, también en sentido contrario, hay que hacer la compensación adecuada para que no se vea perjudicado en este caso un servicio público como el de sanidad. Nuestra enmienda va en esa línea. He de aclarar que no se trata de ninguna acción graciable, sino de la aplicación de una normativa de carácter positivo, que es la Lofca, que ha de tenerse en cuenta para garantizar, mediante la compensación adecuada, que la financiación de los centros del servicio público sanitario no se vea perjudicada por la aplicación del incremento del IVA en este caso. Por lo tanto, de atenderse por parte del grupo proponente nuestra enmienda -que además aclara el fondo de la cuestión y argumenta con mayor abundamiento la petición que se está realizando-, nuestra posición será por descontado la del voto positivo. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Intervendré muy brevemente porque la proposición no de ley es clara y también lo ha sido la exposición del señor Picó. Recientemente se ha producido una subida del IVA, como él ha explicado, desde el tipo reducido del 10% al tipo general del 21 en los productos sanitarios y equipos médicos. Esta subida no se ha producido por voluntad de las autoridades de nuestro país. Se ha producido de manera sobrevenida y, en ese sentido, indeseada, por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero, sobrevenida o no, es una decisión con consecuencias porque incrementa el coste para hospitales y centros públicos de salud de estos productos sanitarios y de estos equipos médicos y lo hace en un contexto conocido de fuertes recortes presupuestarios en el ámbito de la sanidad, pese al carácter esencial y básico de ese servicio. Por eso nos parece que la iniciativa plantea una propuesta razonable, que es compensar por vía presupuestaria este efecto imprevisto, porque los centros se van a encontrar con estos mayores costes que no se habían tenido en cuenta. Esto es algo que la Unión Europea no impide ni deja de impedir. Es algo que depende completamente de decisiones que podemos adoptar en nuestro país. El único argumento que se podría usar en contra, creo, es el de la financiación de la medida, pero esta financiación obviamente puede venir de los recursos que se van a recaudar con la propia subida impositiva. Por eso nuestro voto será favorable a esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cabello de Alba.
El señor CABELLO DE ALBA HERNÁNDEZ: La iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió que debatimos insta al Gobierno de la nación a impulsar la adopción de medidas presupuestarias compensatorias para los hospitales y centros públicos que permitan en su caso corregir el alza que pueda producirse en los tipos impositivos del IVA aplicables a los productos sanitarios como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de enero de 2013, que dictamina, como saben, que el Reino de España aplica un tipo reducido de IVA a categorías de bienes más amplias de las previstas en la Directiva del IVA en el ámbito de productos farmacéuticos y equipos médicos.
Como saben sus señorías y ha dicho muy bien el señor Picó, efectivamente la sentencia tiene su origen en un procedimiento de infracción iniciado por la Comisión Europea en marzo de 2010, con una carta de emplazamiento, a la que siguió un dictamen en noviembre del mismo año, a demanda del citado tribunal, y que por último culmina con la sentencia de 17 de enero de 2013. Conviene resaltar que buena parte de las disquisiciones planteadas en la sentencia giran alrededor del concepto de producto sanitario, concepto que no siempre es convergente en las respectivas legislaciones comunitaria y estatal sobre el IVA y que motivó la discrepancia entre la Unión Europea y el Reino de España al establecer el listado de productos susceptibles de aplicárseles el IVA reducido. A este respecto, conviene destacar que el fallo no afecta ni a medicamentos para el consumidor final ni a material para discapacitados, que seguirán con un gravamen reducido, mientras que los productos intermedios -sustancias medicinales y principios activos utilizados para la obtención de medicamentos- pasarán a tributar al tipo general. Sin embargo, el IVA reducido se seguirá aplicando a todos los productos acabados susceptibles de ser utilizados directamente por el consumidor final, incluidos los productos que habitualmente se utilizan para la fabricación de medicamentos y cuyo principio per se pueda también ser utilizado por el consumidor final. El material, equipos o instrumental para diagnóstico o tratamiento de enfermedades, así como aparatos para suplir deficiencias físicas que sean de uso veterinario o de uso general para personas que no sean discapacitadas, pasarán a tributar al tipo general, pero para el uso por parte de personas discapacitadas se mantiene la tributación al tipo reducido.
Es evidente, señorías, que, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se hace necesaria la adaptación de la norma del IVA a las exigencias de la Unión Europea en relación con los tipos aplicables a los productos sanitarios, pero, a nuestro entender, aventurar cualquier cambio en los tipos del IVA supone un ejercicio al menos incierto y entendemos aconsejable esperar a la reforma integral del sistema tributario. Por otro lado, como también conocen sus señorías, la Ley 22/2009, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y de las ciudades con estatuto de autonomía, sitúa el IVA entre los tributos cedidos a la comunidad autónoma e igualmente forma parte de los recursos tributarios que corresponden a cada una de ellas en el año base 2007, según quedó establecido en el artículo 8.e) de la citada ley. Por ello, un aumento de los tipos impositivos del IVA llevará de igual manera a una mayor obtención de ingresos por parte de las comunidades autónomas. Esta financiación es incondicionada y, por tanto, serán las comunidades autónomas las que en su ámbito de competencias decidan qué gastos priorizan conforme a sus disponibilidades presupuestarias, entre ellos los gastos de hospitales y centros sanitarios. La Agencia Estatal de Administración Tributaria ha estimado que el impacto recaudatorio de la adaptación de la normativa del IVA a las exigencias de la Unión Europea será aproximadamente de 300 millones de euros.
En cuanto a la enmienda de adición in fine presentada por el Grupo Socialista, aunque su representante ha ido por derroteros mucho más demagógicos como es habitual, el artículo 2.1.g) de la Ley Orgánica 8/1980 establece, efectivamente, como ha dicho, que la actividad financiera de las comunidades autónomas se ejercerá en coordinación con la Hacienda del Estado con arreglo, entre otros, al principio de lealtad institucional en líneas generales cuando aparezcan obligaciones de gastos no previstas en la fecha de aprobación del sistema de financiación vigente. Pero continúa este artículo estableciendo que deberá ser objeto de valoración quinquenal en cuanto a su impacto, tanto en materia de ingresos como en materia de gastos, por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas y, en su caso, compensación mediante modificación de la financiación para el siguiente quinquenio. Creemos que este debe ser el cauce de compensación ya que está establecido en la ley y, por tanto, no daremos apoyo a esta proposición no de ley. (Aplausos.)
El señor PICÓ I AZANZA: No sé si convenceré al portavoz del Grupo Popular, pero acepto la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Socialista.
- EN RELACIÓN CON EL FONDO DE PROVEEDORES PARA AYUNTAMIENTOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002521).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 8.º y último del orden del día, que es la proposición no de ley en relación con el Fondo de proveedores para ayuntamientos, de la que es autor el Grupo Parlamentario Socialista y para cuya defensa tiene la palabra el señor Zarrías. Perdone, que no le veía desde aquí.
El señor ZARRÍAS ARÉVALO: Soy chiquitillo y me pasa a menudo. (Risas.) Pero todo lo que tengo de chiquitillo lo tengo de buena gente.
Traemos esta proposición no de ley, que debía haberse visto en una Comisión que no pudo celebrarse como consecuencia de la muerte del presidente Suárez, para proponer a la Cámara la necesidad de revisar el Plan de pago a proveedores. Como saben todos y todas ustedes, a principios de la legislatura se aprobaron dos normas y posteriormente otra en 2013, por las cuales se ponía en marcha una, en un principio, buena idea. Ya se habían puesto otras con anterioridad en funcionamiento que no tuvieron éxito. Esta idea trataba de que los proveedores, algunos de los cuales llevaban mucho tiempo sin cobrar, cobraran lo que los ayuntamientos y luego posteriormente otras administraciones les debían, les adeudaban. Ya avisamos de que una buena idea como esta, si las condiciones no eran las lógicas, se podría volver como un bumerán para todos y fundamentalmente contra los ayuntamientos. ¿Por qué? Porque las condiciones que se pusieron desgraciadamente sobre la mesa fueron unas condiciones que si las denomináramos como leoninas, no estaríamos ni mucho menos exagerando. Recuerdo al profesor García de Enterría que hablaba de que cuando las condiciones eran muy leoninas rozaban la usura. Aquí la medida fue buena para los proveedores, no tanto para los ayuntamientos como ahora hemos visto, pero fue espectacular para los bancos, que fueron los grandes beneficiarios. Fue una buena idea que desgraciadamente con esas condiciones generó un problema gravísimo para los ayuntamientos.
Se trataba de unos préstamos a diez años con dos de carencia pero con un interés desorbitado. Hablaban del equivalente al coste de financiación del Tesoro, más un margen máximo de 115 puntos básicos desde el punto de vista del crecimiento de los intereses, al que se añadiría un máximo de 30 puntos básicos por intermediación, con lo cual la primera entrada, por así decirlo, rozó el 6% de interés, todo ello evidentemente con el correspondiente plan de ajuste que suponía poner en marcha una serie de medidas importantes que han supuesto graves perjuicios a los ayuntamientos y fundamentalmente a los ciudadanos, que han tenido que soportar en sus carnes los recortes como consecuencia de los mencionados planes de ajuste. Al final, como digo, han sido los ciudadanos y los ayuntamientos, con más impuestos, menos plantillas y servicios de peor calidad, los que han pagado esta operación, una operación a la que se ha sumado un número muy importante de ayuntamientos de nuestro país. Si no recuerdo mal -y los datos los he sacado de la página web del ministerio-, han sido en las dos primeras fases del plan 3.700 ayuntamientos, con lo cual se han acogido nada más y nada menos que a 9.600 millones de euros de préstamos; en la tercera fase han sido menos, 282, siendo 215 los millones que se han puesto sobre la mesa y, como siempre que compras con la tarjeta o que vas a El Corte Inglés, te llega la factura. En este caso estamos hablando del mes de mayo del año 2012, los dos años de carencia concluyen dentro de poco más de un mes, lo cual supone que, a partir de ese momento y con los mecanismos que hay establecidos, buena parte de los ayuntamientos que se acogieron a este Plan de proveedores van a empezar a tener problemas, si cabe, más importantes de los que tenían con anterioridad. El Estado tiene asegurado el pago, simple y llanamente porque, en el caso de que haya cualquier tipo de incumplimiento, hay una retención de la PIE, con lo cual, mires a donde mires, te encuentras con Ramírez.
Cuando hablo así creo que lo hago en nombre de todos los ayuntamientos, no solamente los del Partido Socialista. La conversación sobre este tema, señorías, la he tenido con ayuntamientos de todo color y condición, porque todos los alcaldes que se acogieron a este plan se encuentran con un grave problema. ¿Qué es lo que planteamos en esta proposición no de ley? Simple y llanamente que se modifiquen las condiciones que en un principio se establecieron para este Plan de pago a proveedores. ¿Y qué es lo que planteamos? Es simple. Si la devolución se cifraba en diez años, habrá que pasarla a quince. Si la carencia concluye ahora, porque eran dos años, habrá que elevar esta carencia uno o dos años más y, por supuesto, bajar los tipos de interés para que esa casi usura deje de serlo y entre en la senda de la racionalidad. Creemos que con ello no se daña al erario público, que los ayuntamientos han demostrado que saben hacer los deberes y han cumplido con su objetivo de déficit y su objetivo de deuda y, por lo tanto, es el momento de darles ese respiro para que puedan seguir jugando el papel tan importante que juegan en un momento de tanta dificultad como se está viviendo en buena parte de los consistorios de nuestro país. Para ello planteamos que se establezca la norma correspondiente con criterios objetivos, en la cual se tenga en cuenta el esfuerzo que se ha hecho por parte de cada ayuntamiento y el grado de cumplimiento de esos planes de ajuste, lo cual ni mucho menos negamos, y que esos criterios objetivos no obedezcan al color político del ayuntamiento u obedezcan a una cuestión a la carta, sino que sean, repito, objetivos y aplicables al conjunto de los ayuntamientos que se encuentren en las condiciones que determine la norma a la que hagamos referencia en el momento en que el Gobierno tome la decisión.
Quiero manifestar mi posición con respecto a la enmienda que el Grupo Popular ha planteado y le pido que, como estamos de acuerdo, la retiren y voten nuestra iniciativa. Creo que es la mejor solución. Y digo que es la mejor solución porque que lo estén estudiando nos da un poco de miedo, y me explico. Hace un año que el señor Montoro planteó que era necesario cambiar ese criterio según el cual aquellos ayuntamientos que tuvieran un remanente de tesorería lo dedicaran a quitar deuda. Pues han tardado un año, lo que ha supuesto un deterioro importante para las arcas de muchos ayuntamientos. Al final, se ha hecho lo que creo que es una chapuza, porque se han dejado partes importantes que podían ser objeto de inversión en este momento por parte de los ayuntamientos y que hubieran venido a resolver algún que otro problema. Esa es la razón por la que le pido al Grupo Popular que, como estamos de acuerdo -y hablo, repito, no solamente por boca de los alcaldes del Partido Socialista, sino de todos los alcaldes que ven que llega el mes de mayo y están en una situación muy apurada-, retiren su enmienda, voten nuestra iniciativa y entre todos seamos capaces de poner lo antes posible sobre la mesa una serie de medidas que vengan a paliar los graves daños que van a sufrir buena parte de los ayuntamientos en nuestro país cuando desgraciadamente esta carencia acabe, cuando tengan que pagar unos intereses leoninos y cuando se encuentren con un plazo de devolución que prácticamente es imposible de cumplir. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Como se ha reiterado, existe una enmienda a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor Matarí.
El señor MATARÍ SÁEZ: Señorías, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, el pasado 28 enero, en nombre de todos los alcaldes de todos los partidos de toda España, solicitó al Gobierno la ampliación del plazo de amortización y la revisión del tipo de interés de los préstamos del Plan de pago a proveedores; el 28 de enero. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas adelantó hace ya algunas semanas que se estaba trabajando para hacerlo. El propio ministro señor Montoro anunció la semana pasada que el Gobierno va a mejorar las condiciones del Plan de pago a proveedores para las entidades locales. El Grupo Socialista registró esta iniciativa el pasado 6 de marzo, y por eso lo primero que quiero hacer, señor Zarrías, es felicitarles por su olfato político y por su asombrosa capacidad para proponer que el Gobierno haga lo que el Gobierno ya está haciendo. Enhorabuena, de verdad, por su oportunismo, con el que seguramente intentan lavar su mala conciencia, especialmente usted, señor Zarrías, por lo poco y mal que ustedes han defendido a las corporaciones locales en los últimos años. (Aplausos.)
Llegan tarde, señorías del Grupo Socialista, llegan tarde a la defensa de los municipios y de las entidades locales. Llegaron tarde al Plan de pago a proveedores. Hace dos años, el 29 de marzo de 2012, el Grupo Socialista se abstuvo en el Pleno de esta Cámara cuando se aprobó el Real Decreto por el que se creó el fondo para la financiación de pago a proveedores. Ya antes, en 2010 y en 2011, el Gobierno socialista y, en concreto, los vicepresidentes, la señora Salgado y el señor Chávez, rechazaron en más de una ocasión la posibilidad de un plan de pago a proveedores. Su modelo era el PlanE, un monumento al despilfarro: 13.000 millones de euros despilfarrados. (Rumores.-Varios señores diputados: ¡Qué barbaridad!).
Al mismo tiempo que los vicepresidentes rechazaban el plan, retaban al Partido Popular a proponer fórmulas -decían mágicas- para que lo hicieran posible. Pues bien, ganamos las elecciones y en tres meses el Gobierno del Partido Popular puso en marcha el Plan de pago a proveedores, un plan que ha salvado a cientos de empresas y miles de empleos. Esos son los beneficiarios, señor Zarrías, no los bancos, los miles de pequeños y medianos empresarios y autónomos y los miles de empleos que se han salvado (Aplausos), porque se han pagado 11.500 millones de euros a 120.000 proveedores -sobre todo pymes y autónomos- correspondientes a dos millones de facturas que les adeudaban más de 4.000 entidades locales. Además, señorías, esas deudas de las corporaciones locales se acumularon en su mayor parte entre los años 2007 y 2011, cuando, gobernando el Partido Socialista, los ayuntamientos fueron castigados y maltratados por un Gobierno que disminuyó las transferencias y la financiación; además, hizo transferencias que hay que devolver, porque se inflaron para ocultar la crisis económica. Aquel Gobierno, además, discriminó a los ayuntamientos sobre otras administraciones incrementando las exigencias para el endeudamiento. Por cierto, con respecto a las devoluciones, ustedes impusieron un plazo de cinco años para las devoluciones de las liquidaciones negativas y se negaron a ampliar ese plazo cuando lo solicitaron insistentemente los alcaldes y la Federación Española de Municipios y Provincias. Claro que eran otros tiempos, ustedes estaban gobernando y entonces hacían oídos sordos a todo lo que proponían los alcaldes. Ustedes no atendieron las demandas de los alcaldes. Nosotros sí, y una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno del Partido Popular fue precisamente ampliar ese plazo hasta diez años, lo que ha supuesto unos ahorros para las entidades locales de 671 millones de euros en 2013 solamente. Esas y otras medidas que no voy a recordar ahora otorgaron liquidez, ayudaron al cumplimiento del objetivo de déficit y, lo que es más importante, sirvieron y sirven todas esas medidas, junto con la reforma local, para garantizar los servicios públicos que prestan los ayuntamientos.
Ustedes durante siete años negaron el pan y la sal a las corporaciones locales, las asfixiaron financieramente, dieron lugar a déficits del 0,5% en 2008, 0,56% en 2009, 0,68% en 2010, 0,79% en 2011 y 0,39% descontando el efecto que tuvieron las liquidaciones negativas de 2009. Esa fue la herencia que dejaron. Y en dos años, con el trabajo y esfuerzo de cientos de alcaldes y de miles de concejales y con las medidas del Gobierno del Partido Popular, los ayuntamientos y las diputaciones han sido saneados y en 2013 se ha logrado un superávit de 4.000 millones de euros. Hoy nueve de cada diez ayuntamientos está en superávit y solamente 101 de los 400 que se podía considerar que estaban en especiales dificultades se han visto obligados a solicitar las medidas extraordinarias de ayuda ofrecidas por el Gobierno. ¿Dónde está el boomerang, señor Zarrías?
Ahora, después de haber saneado el sector local, es posible mejorar las condiciones de los préstamos del Plan de pago a proveedores, porque se han hecho bien las cosas por parte de los alcaldes y por parte del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía. Por eso se va a hacer, no porque lo pida el Grupo Socialista, en un arrebato de municipalismo que no le va a servir para que los alcaldes se olviden de lo que ustedes hicieron mal -o mejor dicho, no hicieron- hace muy poco tiempo, entre 2008 y 2011. Como ahora es posible, señorías, el Gobierno lo va hacer; y lo va hacer responsablemente, atendiendo una vez más a lo que le solicitan los representantes de la Administración local, porque el Gobierno del Partido Popular ha demostrado un nivel de compromiso con las entidades locales y con el municipalismo como ningún otro Gobierno anteriormente.
Señorías, señor Zarrías, acepte nuestra enmienda, pidamos al Gobierno que lo que ya ha decidido hacer lo haga cuanto antes y celebremos que, gracias a que España, después de dos años de gobierno del Partido Popular, va en la buena dirección, es posible mejorar las condiciones financieras de los préstamos que -insisto- han servido para pagar 11.500 millones de euros a 120.000 proveedores, lo que ha significado salvar cientos de empresas y miles de empleos en España. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia y para fijar su posición, tiene la palabra señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Para explicar el sentido de mi voto me veo obligado a recordar brevemente la postura de Unión Progreso y Democracia sobre el Fondo de rescate a los ayuntamientos. Fuimos favorables a la creación de este fondo como un mal menor, porque era necesario pagar las facturas a los proveedores, pero fue como un mal menor, porque lo que nunca llegamos a entender es cómo se llegó a esa situación, cómo las administraciones locales dejaron de pagar las facturas a los mismos proveedores a los que exigían el pago de impuestos. Quiero recordar, al hilo de la intervención anterior, que esto sucedió en administraciones de distinto color político, del Partido Socialista y de La Izquierda Plural, pero también del Partido Popular en importantes municipios como Valencia o Madrid. (Varios señores diputados: ¡Sí, Madrid!). No es algo de lo que el Partido Popular pueda proclamarse salvador precisamente. Por eso, señalamos en su momento, en los tiempos del PlanE, que habría sido mejor dedicar esos recursos a pagar facturas que a mejorar aceras o a tapar baches.
La objeción que teníamos al plan, por tanto, no era pagar a los proveedores, la objeción fue que creíamos que los planes de los ayuntamientos tenían que estar más fuertemente condicionados hacia la reducción del gasto superfluo y no de servicios esenciales. Todavía perviven muchos entes municipales no administrativos innecesarios mientras se han recortado esos servicios esenciales. Nuestra segunda objeción era la exigencia de responsabilidades a los responsables que habían llevado a sus instituciones al abismo, cosa que no ha sucedido. Esas eran nuestras objeciones. Como se puede ver, no tenían que ver esencialmente con las condiciones financieras. Las condiciones financieras permitían unos plazos largos, con dos años de carencia, el tipo de interés se basaba en el tipo de interés del Tesoro, y con la caída de este por las actuaciones del Banco Central Europeo cabe esperar que caiga también, y desde luego eran las mejores condiciones financieras que los ayuntamientos podían obtener en el mercado, porque allí no podían obtener financiación.
Dicho esto, por supuesto que nosotros no nos opondríamos a una mejora de esas condiciones, a una rebaja de esos márgenes, que parece que es posible y el propio Gobierno se lo está planteando.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Sayós.
La señora SAYÓS I MOTILLA: En primer lugar, este grupo parlamentario, Convergència i Unió, comparte el planteamiento de esta proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, a través de la cual pide al Gobierno que se revisen las condiciones establecidas en las operaciones financieras formalizadas con las entidades locales en el marco del Plan de pago a proveedores. Es cierto que en muchas entidades locales la deuda comercial se ha convertido en una deuda financiera, lo cual puede comportar que se tengan que modificar sus planes de ajuste, especialmente cuando se realicen amortizaciones. Convergència i Unió votó a favor del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 febrero, como un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales. Esta medida permitió redireccionar el plazo de los pagos por parte de las administraciones públicas hacia el cumplimiento de la
legalidad. También compartimos entonces y seguimos compartiendo la lucha contra la morosidad en que pueden incurrir las administraciones públicas a la hora de realizar sus pagos, pues el pago en plazo ha permitido salvar muchísimos puestos de trabajo, muchísimas pequeñas y medianas empresas, evitando a su vez que muchos trabajadores autónomos cerrasen sus negocios, también dicho por el representante del PP. La medida también permitió devolver a las empresas la liquidez que les detraían las administraciones públicas, como las administraciones locales, las cuales incumplían los plazos de pago y que a menudo podrían haber conducido a dichas empresas a situaciones financieras difíciles o incluso a situaciones concursales por causa de la morosidad de las propias administraciones públicas, y ello no es de recibo. Si bien es verdad que algunas administraciones han tenido problemas para hacer frente a sus pagos, la medida adoptada entonces, recogida en el Real Decreto-ley 4/2012, fue una buena solución, pero también es verdad que el tipo de interés fue y es demasiado alto y cabe una revisión de las condiciones financieras.
Ante esta PNL, nuestro grupo parlamentario debe hacer unas consideraciones. En el punto de la reducción del tipo de interés, Convergència i Unió está totalmente a favor. En cuanto a los otros dos puntos del petitum de la PNL, es decir, la ampliación del periodo de carencia y la ampliación del plazo de amortización, no demasiado. Voy a explicarlo. En cuanto a la reducción del tipo de interés, el Fondo para el financiamiento de pago a proveedores refinanció durante el último trimestre de 2013 parte de la deuda contraída en 2012 para financiar la primera fase del mecanismo extraordinario de pago a proveedores al amparo del Real Decreto-ley 4/2012. Este refinanciamiento, que se realizó financiándose directamente del Tesoro público aprovechando la reducción de la prima de riesgo del Estado español, se tiene que trasladar a los ayuntamientos que formalizaron estos préstamos, así como a los ayuntamientos sujetos al procedimiento de retención de la participación en los tributos del Estado para las obligaciones asumidas con este fondo, pues se repercute el mismo coste financiero a los préstamos o a las retenciones. Los préstamos formalizados en 2012 al amparo del Real Decreto-ley 4/2012 se concentraron en un tipo inicial del 5,939%, con revisiones trimestrales sobre la base del Euríbor a tres meses más un diferencial. Por tanto, desde su formalización los ayuntamientos solo han podido beneficiarse de la variación del tipo de referencia, que ha disminuido unos 45 puntos, aproximadamente, pero no de la bajada de la prima de riesgo, de la cual sí ha podido beneficiarse el Tesoro público del Estado y el propio Fondo para la financiación del pago a proveedores. Por tanto, es necesario y urgente que para poderse aplicar en la próxima revisión del tipo de interés de estos préstamos, que se producirá el 30 de mayo de 2014, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos acuerde fijar el tipo de interés de estos préstamos y disminuya ya los puntos básicos.
En cuanto a la ampliación del periodo de carencia y el plazo de amortización, el origen de las obligaciones financiadas, deuda comercial que, por sus características, se tenía que haber hecho a corto y no a largo plazo, la excepcionalidad de este financiamiento ha permitido su retorno en diez años, con los dos primeros de carencia y amortización. Ampliar el periodo de carencia y/o alargar el plazo de amortización implica trasladar la carga financiera de unas actuaciones que tienen su origen en la deuda comercial del pasado a las generaciones futuras. En definitiva, también se trata de salvar muchos puestos de trabajo en pequeñas y medianas empresas y autónomos, como ya he explicado antes. Por tanto, aunque debemos ser rigurosos en cuanto a la contención del gasto para ir regularizando las cuentas -que, por cierto, también debería hacerlo la Administración General del Estado-, este grupo parlamentario votará a favor.
Finalmente, todas las medidas que en este caso comporten una mejora de las condiciones económicas de las entidades locales serán apoyadas por parte de nuestro grupo parlamentario. Aunque debo advertir que cada vez más me da miedo que se regule o se emane normativa y que, por la mala praxis legislativa en que ha entrado el Gobierno, esta modificación cause una inseguridad jurídica.
El señor PRESIDENTE: Concluido ya el debate de todas las proposiciones no de ley, vamos a pasar a las votaciones. En el caso de las que tienen enmiendas, haré una última pregunta a los portavoces para saber los términos exactos en los que vamos a votar.
En primer lugar, votamos el punto 2.º del orden del día, que es la proposición no de ley de modificación del régimen fiscal de las Sicav, que votamos en este caso en sus propios términos puesto que no se han presentado enmiendas.
En segundo lugar, la proposición no de ley sobre modificación del régimen del IVA a aplicar a los distintos agentes que intervienen en el reproceso de resinado para la extracción de la miera y el mantenimiento del monte. Debo preguntar si se admite o no la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor GORDO PÉREZ: Sí, señor presidente.
La señora MADRAZO DÍAZ: Sí, se va a votar la proposición en los términos de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: En estos términos se somete a votación.
Votamos a continuación el punto 4.º del orden del día, la proposición no de ley relativa a la agilización de la actuación de los tribunales económico-administrativos y la reducción de la litigiosidad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Tampoco existen enmiendas, por tanto, lo votamos en sus propios términos.
Pasamos a votar el punto 6.º del orden del día, la proposición no de ley para la rebaja del IVA de los servicios básicos, presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural. Se vota en sus propios términos.
Votamos ahora el punto 7.º del orden del día, la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a establecer mecanismos compensatorios presupuestarios para los hospitales y centros públicos destinados a paliar la subida del IVA en los productos sanitarios, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que creo recordar que ha sido aceptada Por tanto, con esa enmienda incorporada, se somete a votación.
Votamos ahora el último punto del orden del día, que es la proposición no de ley relativa al Fondo de proveedores para ayuntamientos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular y pregunto si se acepta la enmienda.
El señor ZARRÍAS ARÉVALO: Creía que le había convencido, pero no, con lo cual no la aceptamos. (Risas.)
El señor PRESIDENTE: En ese caso, votamos la proposición no de ley en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,17; en contra, 23.

References: artículo 102
 real decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 real decreto 
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 2
 artículo 8
in fine
 artículo 2
 Real Decreto