Source: https://www.solemartineznews.com/category/derecho-mercantil/
Timestamp: 2019-11-20 13:47:56+00:00

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Derecho Mercantil | Sole Martinez News
Esta incipiente litigiosidad nos viene a demostrar la cada día mayor pérdida del ‘miedo a litigar’ que existe en nuestra sociedad y entre los particulares, lo que conlleva que el colapso de los juzgados se incremente exponencialmente, pues a este tema en concreto se unen otros muchos de sobra conocidos por todos (cláusulas suelo, hipotecas multidivisa, tipos de interés abusivos…). La congestión en los juzgados lleva camino de convertirse en algo endémico y difícilmente solucionable a corto plazo, salvo que quien tiene la responsabilidad de actuar —el poder ejecutivo— ponga los medios suficientes y adecuados para salvar la situación o, al menos, paliarla mínimamente.
Esta incipiente litigiosidad nos viene a demostrar la cada día mayor pérdida del ‘miedo a litigar’ que existe en nuestra sociedad y entre los particulares
11 noviembre, 2019 /0 Comentarios/por S&M Advocats
https://www.solemartineznews.com/wp-content/uploads/2019/11/camiones.jpg 1253 1880 S&M Advocats https://www.solemartineznews.com/wp-content/uploads/2018/11/sm-advocats.png S&M Advocats2019-11-11 08:48:372019-11-11 08:48:37Divergencias en las reclamaciones relativas a la comercialización de camiones
El TC ‘tumba’ la plusvalía municipal cuando el impuesto supera la ganancia
El Tribunal Constitucional declara inconstitucional el cobro de dicho tributo en aquellos casos en los que el importe a pagar por el contribuyente sea mayor que la ganancia real obtenida
La polémica plusvalía municipal, esto es, el impuesto que se paga cuando se vende una vivienda con ganancias, vuelve a estar de máxima actualidad. El Tribunal Constitucional acaba de declarar inconstitucional el cobro de dicho tributo en aquellos casos en los que el importe a pagar por el contribuyente sea mayor que la ganancia real obtenida, tal y como adelantan a El Confidencial fuentes jurídicas.
La sentencia, cuya ponencia ha correspondido al magistrado Pedro González-Trevijano, argumenta que «cuando existe un incremento de la transmisión y la cuota que sale a pagar es mayor al incremento realmente obtenido por el ciudadano, se estaría tributando por una renta inexistente, virtual o ficticia, produciendo un exceso de tributación contrario a los principios constitucionales de capacidad económica y no confiscatoriedad (art. 31.1 CE)». El tribunal limita las situaciones susceptibles de ser revisadas exclusivamente a aquellas que no hayan adquirido firmeza a la fecha de su publicación.
También el Tribunal Supremo se ha cuestionado cómo debe aplicarse el impuesto cuando la ganancia obtenida es inferior a la que resulta de la fórmula para determinar la base imponible. De hecho, planteó el pasado mes de julio una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC. Esta es una cuestión que en su momento quedó pendiente en la jurisprudencia de este tribunal, que ahora viene a completar los pronunciamientos que en el pasado ha hecho el Supremo respecto a la plusvalía municipal en aquellos casos en los que la transacción genera pérdidas al vendedor.
De esta manera, tras este fallo, también quedarán exentos del pago de la plusvalía aquellos que aunque hayan tenido un incremento entre el valor de compra y el de venta, la aplicación de la fórmula matemática para calcular el impuesto resulte en una cantidad superior a la que ha ganado.
El alto tribunal planteó la cuestión de inconstitucional tras analizar el caso concreto de un matrimonio que compró una vivienda en 2002 por 149.051 euros y sobre la que realizó una reforma por otros 34.800,89 euros. En diciembre de 2015, se vendió la vivienda por 153.000 euros, girándoles la Agencia Municipal Tributaria del Ayuntamiento de Zaragoza un recibo por importe de 6.902,25 euros en concepto de plusvalía municipal.
El Supremo respalda la fórmula
El matrimonio entendió que, tras el gasto de la reforma, no se había producido una plusvalía con la referida transmisión, y, por tanto, no había hecho imponible sobre el que calcular el impuesto, por lo que solicitaron la rectificación de la citada autoliquidación y la devolución de las cantidades satisfechas. Alegaban que si «añadimos al valor de adquisición inicial el coste de la reforma, estamos ante un valor muy superior al de venta en 2015»; y añadían que «aunque no sumáramos dichas cantidades, el incremento patrimonial si estamos al valor de compra en 2002 y venta en 2015 es de 3.950 euros y el pago por plusvalía como reiteramos ha sido de 6.900».
El Tribunal Supremo cuestiona la fórmula que utilizan los ayuntamientos de toda España para determinar la base imponible del impuesto, ya que considera que no tiene en cuenta la plusvalía real obtenida en la transmisión del inmueble. Esta fórmula se basa en parámetros objetivos como el valor catastral del suelo y el periodo de tenencia del inmueble, lo que estaría dando lugar a situaciones en las que la cuota del impuesto a pagar sea superior a la ganancia realmente obtenida, lo que, según los expertos consultados, podría agotar o incluso superar la capacidad contributiva del contribuyente, en una clara vulneración del principio de no confiscatoriedad.
No obstante, también es cierto que el Supremo respalda la fórmula utilizada por los ayuntamientos para calcular este impuesto, ya que considera que no es posible utilizar una fórmula de cálculo distinta a la prevista en la Ley de Haciendas Locales, rechazando que pudieran utilizarse fórmulas alternativas para el cálculo de dicho tributo.
Hay que recordar que el pasado mes de abril, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 32 de Madrid ya planteó otra cuestión de inconstitucionalidad en el mismo sentido, es decir, cuestionando el carácter progresivo del impuesto. Cuestión sobre la que también deberá pronunciarse el Tribunal Constitucional en los próximos meses.
4 noviembre, 2019 /0 Comentarios/por S&M Advocats
https://www.solemartineznews.com/wp-content/uploads/2019/11/agente-bienes-raices-discutiendo-trabajo-planos-modelo-casa-sobre-mesa_8087-2947.jpg 417 626 S&M Advocats https://www.solemartineznews.com/wp-content/uploads/2018/11/sm-advocats.png S&M Advocats2019-11-04 13:13:172019-11-04 13:13:17El TC 'tumba' la plusvalía municipal cuando el impuesto supera la ganancia
Hacienda Española impulsará el arbitraje fiscal de empresas para reducir los litigios
Los asesores fiscales apoyan el modelo portugués, con el respaldo de TJUE
Hacienda estudia potenciar el arbitraje tributario para las empresas como medio para superar el actual atasco en los juzgados económico-administrativos y en los juzgados y tribunales de Justicia.
Si bien los primeros pasos vienen obligados por Bruselas, según fuentes de la Agencia Tributaria (Aeat), se estudia, como primer paso, la posibilidad de crear una corte de arbitraje tributario para las grandes empresas que han ratificado el Código de Buenas Prácticas.
El modelo para los asesores fiscales sería el del sistema vigente en Portugal, cuya corte arbitral tributaria tiene la consideración de órgano jurisdiccional, reconocida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Como dato destacable, en el pasado mes de mayo este tribunal de arbitraje le dio la razón a un contribuyente que impugnó el pago de 5.500 euros en concepto de pago del Impuesto sobre Vehículos (ISV) en concepto de importación de un automóvil de Alemania a Portugal.
El Tribunal considera que esta figura tributaria atenta contra la libre circulación de mercancías en la UE. La consecuencia ha sido una oleada de reclamaciones.
En España, Jesús Gascón, director de la Agencia Tributaria (Aeat), ha comentado su intención de reducir la conflictividad actual y crear espacios de encuentro para resolver las discrepancias sin necesidad de acabar en los tribunales.
Entre los planes a desarrollar por Hacienda se encuentra la posibilidad de llegar a acuerdos en la vía económico administrativa e, incluso, en la jurisdicción contencioso-administrativa, y no solo en la vía administrativa como ocurre en la actualidad. Así, se reducirá la litigiosidad y se podrían dar más oportunidades para alcanzar acuerdos.
La Fundación Impuestos y Competitividad, integrada por los grandes despachos tributaristas, se muestra, en un reciente informe sobre el Impuesto sobre Sociedades, más favorable a la potenciación del Acuerdo Previo de Valoración con la Administración (APA), cada vez más demandado por las multinacionales frente al arbitraje tributario de litigios sobre precios de transferencia, que ya se encuentra en vigor en España, al considerar que les aporta más seguridad jurídica y menores costes que un procedimiento de inspección, tanto a las empresas como a la propia Administración, el correspondiente procedimiento de solución amistosa.
Otro nuevo procedimiento
Con este telón de fondo, el Ministerio de Hacienda ha iniciado los primeros pasos para transponer al ordenamiento jurídico español una Directiva ( 2017/1852) que establece que cualquier contribuyente de un Estado de la UE, que no esté de acuerdo con la interpretación o la ejecución que el Fisco de otro país comunitario realice sobre sus asuntos en materia de doble imposición de la renta o del patrimonio, podrá solicitar el inicio de un procedimiento de arbitraje específico.
En este futuro procedimiento será preciso presentar una solicitud a cada una de las autoridades competentes de cada Estado miembro afectado en el plazo de tres años a partir de la recepción de la primera notificación de la acción que produzca o que vaya a producir el litigio, con independencia de que el contribuyente utilice o no las vías de acción judicial disponibles en el Derecho nacional de alguno de los Estados miembros afectados.
La norma busca generar un entorno empresarial propicio a las inversiones. Para ello, se incluye un procedimiento no jurisdiccional que trate de evitar el recurso a los tribunales. La decisión definitiva será vinculante para los Estados miembros afectados, pero no sentará precedente. Además, se aplicará siempre que la persona o personas afectadas acepten dicha decisión y renuncien al derecho a utilizar las vías de acción judicial nacionales en el plazo de 60 días a partir de la fecha en la que se haya notificado la decisión definitiva, de ser el caso.
De no llegarse a este acuerdo amistoso en un plazo determinado, el caso se someterá a un procedimiento de resolución de litigios, que podrá adoptar la forma de una comisión consultiva compuesta por representantes de las autoridades fiscales afectadas y de personalidades independientes o podría tener la forma de una comisión de resolución alternativa de litigios. La decisión vinculante se aplicará siempre que la persona o personas afectadas acepten la decisión y renuncien al derecho a utilizar las vías de acción judicial nacionales en el plazo de sesenta días a partir de la fecha en la que se haya notificado la decisión definitiva, de ser el caso.
Los litigios que surjan entre los Estados miembros por la interpretación y aplicación de los acuerdos y convenios para la eliminación de la doble imposición de la renta y del patrimonio deberán acudir a un nuevo procedimiento de arbitraje fiscal, cuya regulación se establece en la Directiva 2017/1852, cuya transposición a la normativa tributaria española ha comenzado a realizar el Ministerio de Hacienda.
La transposición conllevará la modificación del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR).
19 agosto, 2019 /0 Comentarios/por S&M Advocats
https://www.solemartineznews.com/wp-content/uploads/2019/08/acuerdo.jpg 642 960 S&M Advocats https://www.solemartineznews.com/wp-content/uploads/2018/11/sm-advocats.png S&M Advocats2019-08-19 12:29:582019-08-19 12:32:20Hacienda Española impulsará el arbitraje fiscal de empresas para reducir los litigios
La mayoría de audiencias provinciales está considerando usurarios los intereses habituales de las tarjetas revolving, que rondan el 25% de TAE, pero hay algunas (Murcia, Salamanca, Albacete) que están dando la razón a los bancos. En Madrid, por ejemplo, cada sección dice una cosa. La clave está en las estadísticas que publica el Banco de España. Antes de 2010 los datos de los intereses de préstamos al consumo se publicaban de manera unificada englobando los préstamos personales (con intereses más bajos) y los de las tarjetas revolving(más altos). Si se hacía la media, el 25% TAE era usura porque suponía más del doble.
5 agosto, 2019 /0 Comentarios/por S&M Advocats
https://www.solemartineznews.com/wp-content/uploads/2019/07/targeta.jpg 640 960 S&M Advocats https://www.solemartineznews.com/wp-content/uploads/2018/11/sm-advocats.png S&M Advocats2019-08-05 10:25:032019-07-15 10:28:15La usura de las tarjetas ‘revolving’ estalla en los tribunales
Hacienda pierde la batalla con los jueces concursales por el perdón de las deudas
El fallo considera que el veto al plan de pagos elimina la segunda oportunidad
Hacienda no puede anular el perdón, pasados cinco años, de las deudas de una empresa concursada, incluido en un plan de pagos aprobado por el juez del concurso, al existir un error en la redacción de la Ley Concursal (LC), que daba la iniciativa al Juzgado y, al tiempo, introducía la exigencia de permiso del deudor público.
Así, lo determina el Tribunal Supremo en una sentencia, de 2 de julio de 2019, en la que establece que «aprobado judicialmente el plan de pagos, no es posible dejar su eficacia a una posterior ratificación de uno de los acreedores, en este caso el acreedor público».
En la sentencia se explica que la contradicción existente en la LC hace prácticamente ineficaz la consecución de la finalidad perseguida por el artículo 178bis de la LC, que es la exoneración de deudas.
Por ello, interpreta el ponente, que a través de este artículo se permite que pueda alcanzarse en algún caso la exoneración plena de la deuda, por lo que la sentencia, bajo una interpretación finalista, dictamina que «ha de subsumirse la protección perseguida del crédito público en la aprobación judicial. El juez, previamente, debe oír a las partes personadas, incluido el acreedor público, sobre la objeciones que presenta el plan de pagos, y atender sólo a aquellas razones objetivas que justifiquen la desaprobación del plan».
El ponente, el magistrado Sancho Gargallo, concluye que cuando el concursado opte por la exoneración inmediata, pero Hacienda considere que no se cumplen los requisitos para ello, no hay inconveniente en que opte por la alternativa del plan de pagos en cinco años, con la condición de que se cumplan las garantías legales exigibles.
La referencia legal a que el deudor sea de buena fe no se vincula al concepto general del artículo 7.1 del Código Civil, sino al cumplimiento de los requisitos enumerados en el apartado 3 del artículo 178.3 de la LC, cuya naturaleza es heterogénea.
La denuncia de la inexistencia de buena fe exigida por ese artículo de la LC se debe ceñir al cumplimiento de esos requisitos y no, como subyace argumentaba Hacienda, a que en la solicitud inicial se hubiera omitido la existencia de un crédito contra la masa que luego, al oponerse la Aeat, fue admitida.
Sancho Gargallo explica que la finalidad de la norma es facilitar la segunda oportunidad, mediante la condonación plena de las deudas. Esta condonación puede ser inmediata o en cinco años.
En ambos casos, se supedita a unas exigencias que justifiquen la condición de buena fe del deudor y a la satisfacción de un reembolso parcial de la deuda. La deuda debe tener en cuenta el interés equitativo de los acreedores y que, en la medida de lo posible, sea proporcionada a los activos y la renta embargables o disponibles del deudor concursado, pues de otro modo en la mayoría de los casos la exoneración del pasivo sería imposible, y la norma se haría prácticamente inaplicable.
En atención a estas consideraciones, estima el ponente, que la exoneración plena en cinco años está supeditada, como en el caso de la exoneración inmediata al pago de los créditos contra la masa y con privilegio general.
Para que se pueda eximir la deuda, la Ley Concursal exige que el concurso no haya sido calificado culpable; el deudor concursado no haya sido condenado por sentencia firme por determinados delitos patrimoniales; y se hubiera acudido al procedimiento del acuerdo extrajudicial de pagos con carácter previo a la apertura del concurso.
Y, además, en función de la alternativa que se tome, la exoneración inmediata o la exoneración en cinco años, se han de cumplir otras exigencias propias de esa alternativa.
26 julio, 2019 /0 Comentarios/por S&M Advocats
https://www.solemartineznews.com/wp-content/uploads/2019/07/cerrado.jpg 800 1200 S&M Advocats https://www.solemartineznews.com/wp-content/uploads/2018/11/sm-advocats.png S&M Advocats2019-07-26 10:20:152019-07-22 10:00:35Hacienda pierde la batalla con los jueces concursales por el perdón de las deudas
Un juzgado de Holanda reclama individualizar cada reclamación por el ‘cártel de camiones’
El juez exige justificar las pérdidas sufridas por cada titular de camión
Una nueva sentencia, esta vez de un Juzgado de Primera Instancia de Amsterdam, de 15 de mayo de 2019, sobre las reclamaciones de camioneros por el conocido como Cártel de Camiones, ha reconocido su derecho a reclamar, pero ha apercibido a los fondos de inversión que les representan legalmente por no estar bien preparada su documentación para poder demostrar que han sufrido daños por la actuación del cártel.
Entre 1997 y el 2011 los grandes fabricantes pactaron los precios de los camiones de medio y alto tonelaje. Estos importes suponían de media un alza de más de un 20 % sobre el coste real del producto. En el 2016, y tras varios años de investigaciones, Bruselas decidía sancionarlos con una multa de casi 3.000 millones.
Como ocurriese en la sentencia de la Audiencia Territorial de Stuttgart, de 18 de febrero de 2019, la demanda promovida por un Fondo de Inversión contra el cártel de fabricantes de camiones ha sido declara inadmisible.
En aquel caso, el Tribunal alemán argumentó que el objeto del fondo de inversión que representaba a los camioneros reclamantes era la prestación de servicios de naturaleza financiera, o sea, servicios no jurídicos, por lo que declaró que su intervención judicial vulneraba la ley alemana de prestación de servicios jurídicos.
Ahora, la sentencia holandesa, el tribunal se refiere a la necesidad de presentar pruebas con las particularidades y las circunstancias concretas de la compra de cada camión. Además, se plantea la necesidad de demostrar la validez y legitimidad de la cesión de las reclamaciones de los transportistas al Fondo.
Argumentan los jueces neerlandeses que los fabricantes de camiones deben estar en condiciones de poder defenderse contra las acciones emprendidas por los reclamantes, por lo que pueden invocar todas las excepciones de que dispongan contra el fundamento de la responsabilidad.
De esta forma, indican que corresponde a los demandantes presentar los hechos de tal manera que la base de la responsabilidad pueda ser evaluada y, si es posible, determinada caso por caso.
Y en el caso en litigio, la obligación de hacer una declaración en este sentido aún no había sido cumplida por todos los demandantes.
Información de cada caso
El Tribunal invita a los demandantes a que faciliten información más específica sobre aspectos de las compras, arrendamientos y usos individuales dados a los camiones, incluso si el daño final se establece en un daño procedimiento de evaluación.
El Tribunal entiende que, en el contexto de que la práctica colusoria en materia de camiones duró desde 1997 hasta el 2011, pero que la Comisión no reveló hasta 2016, es posible que ya no se disponga de la documentación correspondiente a todos los productos. camiones afectados.
Se estima que en España la cifra de afectados por el cártel de camiones se aproxima a los 100.000, dueños de este tipo de vehículos, pero las reclamaciones se están presentando en todos los países europeos.
La Comisión Europea ha anunciado una multa de más de 3.800 millones de euros a los seis fabricantes de camiones, DAF, Daimler-Mercedes, Iveco, Renault-Volvo, Scania y MAN, por prácticas contra la competencia, que componían el cártel.
1 julio, 2019 /0 Comentarios/por S&M Advocats
https://www.solemartineznews.com/wp-content/uploads/2019/07/camion.jpg 738 1200 S&M Advocats https://www.solemartineznews.com/wp-content/uploads/2018/11/sm-advocats.png S&M Advocats2019-07-01 10:08:402019-07-01 10:08:52Un juzgado de Holanda reclama individualizar cada reclamación por el 'cártel de camiones'
La norma entra en vigor el lunes 17 y las plataformas deben estar operativas
Las entidades financieras han tenido tres meses para adaptar sus contratos a la nueva norma de crédito hipotecario, así como sus sistemas informáticos. No obstante, tanto la banca, como los notarios admiten que el arranque no va a ser fácil. La nueva ley hipotecariaentra en vigor el próximo 16 de junio, que como es domingo será efectiva el próximo lunes.
Para colmo, estos días ha habido una polémica entre los notarios que defienden el uso de su plataforma propia, Ancert, para que los bancos les hagan llegar los contratos, y las asesorías y gestorías privadas y de los bancos, que apoyan el uso de plataformas de otras empresas, como Indra o grupo BC.
Los bancos han tenido tres meses para adaptar sus sistemas informáticos a la norma
En cualquier caso, Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), explica que “no podemos asumir el riesgo de que no se firmen hipotecas y generar inseguridad jurídica en un mercado tan importante”. De ahí, añade que “todas las partes están haciendo un gran esfuerzo para que las operaciones se realicen con completa normalidad desde el primer día”. En varias notarías admiten que la banca se ha apresurado a adelantar firmas ante las incertidumbres que se avecinan.
Desde Banco Santander apuntan que la ventaja de utilizar la red notarial es “la trazabilidad de los datos y los plazos, así como la velocidad de conexión”. Por el contrario, como desventaja manifiestan que “el sector tendrá que acostumbrarse a los nuevos procedimientos”. Desde el banco que preside Ana Botín no se descarta que la entrada en vigor de la nueva ley retrase algo la firma de hipotecas “hasta que las partes implicadas se acostumbren a los nuevos trámites y formas de proceder”.
Bankia ha optado por usar la plataforma del grupo BC, que en un futuro podrá conectarse con la de Ancert. No obstante, fuentes del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri admiten que se abre “un periodo transitorio” con el arranque de la nueva ley. El grupo Kutxa o el Banco Sabadell operan con distintos proveedores; mientras que en Ibercaja se sigue trabajando para acceder directamente a la red notarial.
Para Manuel L. Pandiñas, expresidente del Consejo General del Notariado, “la polémica se ha montado porque la actual dirección del Consejo de Notarios considera que la banca debe remitir a los notarios toda la información mediante su aplicación notarial”. A su juicio, “inicialmente , en la primera redacción era así: había monopolio. Después, en el texto definitivo de la
ley, cada entidad financiera puede decidir la plataforma que utilizará para enviar la información a uno de los 2.800 notarios que existen en España”.
La ley inclina la balanza a favor del hipotecado
Según Santiago Bellver, presidente de la Asociación Española de Sociedades de Externalización de Procesos y Servicios para Entidades Financieras (Aeproser), “algunos bancos, las cajas rurales, las cooperativas de crédito y otros prestamistas de menor dimensión han optado por otras plataformas alternativas”. Mientras que desde el Consejo General del Notariado aseguran que los bancos grandes se han sumado a su iniciativa.
Desde Bankinter apuntan que “el banco está preparado para la entrada de la nueva normativa”. Y recuerdan que “asumen los gastos, salvo la tasación, desde que se anunciaron las modificaciones”. Algo similar lleva a cabo CaixaBank, entidad financiera que asumió el pago de los gastos asociados a la hipoteca desde unos días antes de que se conocieran los cambios.
La ley inclina la balanza a favor del hipotecado y, por ejemplo, obliga a los bancos a pagar todos los gastos de gestión, salvo la tasación. El resto de los gastos, léase gestoría, impuesto de actos jurídicos documentados, notaría y gastos del registro, será abonado por los bancos. Otra de las novedades importantes es que la nueva norma dice adiós a las cláusulas suelo, con el objetivo de que los clientes se puedan beneficiar de las caídas del euríbor. La nueva ley también protege más a los hipotecados en caso de embargo.
Tras casi tres años de retrasos, la nueva ley de contratos de crédito inmobiliario se aprobó el 22 de febrero. Después, se publicó en el BOE el 16 de marzo. Con una enmienda del PP se aplazó tres meses su entrada. Finalmente, el Consejo de Ministros finalizó la transposición de la directiva el 26 de abril, con el desarrollo reglamentario a través de un real decreto y una orden ministerial.
17 junio, 2019 /0 Comentarios/por S&M Advocats
https://www.solemartineznews.com/wp-content/uploads/2019/06/pexels-photo-1288482.jpg 1255 1880 S&M Advocats https://www.solemartineznews.com/wp-content/uploads/2018/11/sm-advocats.png S&M Advocats2019-06-17 10:16:132019-06-17 10:16:13La nueva ley hipotecaria arranca con problemas entre la banca y los notarios

References: resolución 
 resolución 
 artículo 178
 artículo 7
 artículo 178
 real decreto