Source: https://es.scribd.com/doc/180889563/Juicio-Correccional
Timestamp: 2016-05-24 22:48:44+00:00

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SUMARIO: I. Juicio Correccional en la Provincia de Buenos Aires. A. Regulación. B. Diferencias con el juicio común. C. Competencia. D. Desarrollo del juicio correccional. 1. Citación a juicio. 2. Audiencia preliminar. 3. Apertura del debate. 4. Omisión de prueba. 5. Producción de la prueba. 6. Discusión final. 7. Veredicto, sentencia y cesura del juicio. E. Vía recursiva. II. Juicio Correccional en Nación. A. Características. B. Imparcialidad como garantía constitucional. Fallo “Llerena” de la C.S.J.N. III. Conclusiones.
I. Juicio Correccional en la Provincia de Buenos Aires.
A. Regulación. A partir del año 1998 con la entrada en vigencia en la provincia de Buenos Aires del nuevo Código Procesal Penal (Ley 11.922 y su complementaria 12.059), se puso en marcha un nuevo sistema de enjuiciamiento penal. En lo que respecta al juicio correccional, el libro III regula a los juicios, iniciándose con el título I que disciplina el procedimiento común, y en el título II se contemplan los procedimientos especiales. Entre estos, se prevé el juicio correccional (capitulo I), junto a éste se incluye los juicios por delitos de acción privada (capitulo II), juicio abreviado y juicio directísimo (capítulo III), suspensión del juicio a prueba (capítulo IV) y hábeas corpus (capítulo V). Para confeccionar dicha estructura, el legislador ha evaluado diferentes razones que justifiquen apartarse del diseño básico del proceso común. Así, a diferencia de los demás procedimientos especiales que forman parte del Título II, la particularidad del proceso correccional está dada por el tipo de delito en los que interviene el Juez Correccional. En ese sentido, siguiendo a Binder1, se debe distinguir entre los procedimientos especiales que poseen una estructura especial que influye en todo el procedimiento, de los juicios especiales que se dan cuando lo que adquiere características especiales es sólo la estructura del juicio. A ésta última categoría pertenece el juicio correccional, puesto que la etapa preliminar como la intermedia no presenta diferencias con las causas criminales que tramitan por el juicio común.
BINDER, Alberto M., Introducción al derecho procesal penal, Buenos Aires, Ad-Hoc, 1999, p. 271.
Resta decir que el digesto provincial establece además que el Juez en lo Correccional conocerá en carácter originario y de alzada respecto de las faltas o contravenciones municipales, policiales o administrativas, según lo dispongan las leyes pertinentes y en la queja por denegación de los recursos en ellas previstos (art. 24 según Ley 13.183, art. 3° CPP).
B. Diferencias con el juicio común. La diferencia entre los Juzgados Correccionales y los tribunales en lo Criminal es meramente cuantitativa. Estos últimos, poseen una competencia residual2 puesto que se les asigna el juzgamiento de los delitos cuyo conocimiento no se atribuya a otro órgano judicial (art. 22 CPP), mientras que los otros, son competentes para conocer en los delitos cuya pena no sea privativa de la libertad (multa e inhabilitación) y en los que casos que tengan pena privativa de la libertad, cuyo máximo no exceda de seis años. En la redacción originaria del Código Procesal Penal, el límite para la intervención de los Juzgados Correccionales era de tres años pero la Ley 13.183 sancionada en el año 2004 lo elevó al plazo actual de seis años. Respecto a los posibles conflictos que pudieran suscitarse con la modificación, la Suprema Corte de Justicia mediante la resolución nro. 764 resolvió que la nueva ley resulta aplicable para el juzgamiento de delitos acaecidos a partir del día de entrada en vigencia de la misma, y que en cuanto a los anteriores, los tribunales en lo Criminal y los juzgados en lo Correccional conservarán sus competencias según lo estatuido por la ley 11.922. Otra diferencia que debe señalarse, tiene que ver con la composición del órgano de juicio. Mientras que los Juzgados Correccionales son unipersonales, los Tribunales Criminales son colegiados integrados por tres jueces. Decisión del legislador que, como bien señala Ares3, no deja de ser arbitraria y obedece sólo a razones puramente presupuestarias.
C. Competencia. Para determinar la competencia material, se debe tener en cuenta la pena establecida para el delito consumado y las circunstancias agravantes de la calificación
BERTOLINO, Pedro J., Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, comentado y anotado con jurisprudencia provincial, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2009, págs. 76 y 595. ARES, José Luis, El juicio correccional y otros procedimientos especiales en la provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, Lexis-Nexis, 2006, p. 33.
y no, en cambio, la acumulación de pena por concurso de delitos. Cuando el ilícito prevea varias clases de pena se tendrá en cuenta la mayor y que ante la probabilidad de aplicarse la accesoria del art. 52 del Código Penal resulta competente el Tribunal en lo Criminal (art. 26, CPP). Asimismo, la pena a considerar es en abstracto, es decir, la máxima prevista por la figura tipificada en la parte especial del Código Penal o leyes complementarias. También, debe tenerse presente que el concurso de delitos correccionales no hace que la causa pase a ser criminal, es decir que si a alguien se le imputan cuatro hurtos simples que concurren en forma real (arts. 55 y 162 del CP), la causa debe asignarse a un Juzgado en lo Correccional. A la inversa, si entre los ilícitos que forman el concurso existiere un delito que prevea una pena máxima superior a seis años de prisión o reclusión, deberá entender el Tribunal en lo Criminal (arts. 27, 28, 32 y 33 del CPP). En conclusión, el Juez en lo Correccional no puede resolver respecto de figuras que contemplen penas privativas de libertad superiores a seis años y la inobservancia de esta regla produce la nulidad de los actos que, cómo unánimemente indica la doctrina, es absoluta (arts. 24, inc. 2, 26, 27 y 29 CPP). Asimismo, lo contrario implicaría una violación del principio del juez natural (Arts. 18 y 75, inc. 22 CN, 8 inc 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 1 CPP). En consecuencia, podemos entonces establecer como regla que el tribunal en lo Criminal que conoce de un ilícito de su competencia, debe absorber los correspondientes a la jurisdicción correccional seguidos al mismo inculpado (así lo ha entendido la Sala I del Tribunal de Casación de la provincia en la causa 7049 del 06/09/2001), pero existe una excepción al respecto: el art. 34 del ritual (ley 13.183) dispone la inaplicabilidad de las reglas de conexión previstas en los arts. 32 y 33 en los casos que hayan sido declarados por el Juez de Garantías como de flagrancia a instancias del Agente Fiscal, según lo establece el art. 284 ter. del CPP.
D. Desarrollo del juicio correccional. El art. 376 del CPP establece que el juicio correccional se tramitará de acuerdo a las normas del juicio común, salvo las que se establecen en el Capítulo específico, y el Juez en lo Correccional tendrá las atribuciones propias del Tribunal en lo Criminal. Es decir, que no presenta diferencias respecto del
juicio común en lo que hace a los actos preliminares, la citación a juicio, la audiencia preliminar y la resolución que debe dictarse. Cabe recordar que al juicio correccional se le aplican los principios de oralidad, publicidad, contradicción y única instancia propios del juicio común. Asimismo, tratándose de un juzgado unipersonal, el magistrado concentra las atribuciones y facultades otorgadas al Presidente del Tribunal de juicio común.
1) Citación a juicio. Una vez que la causa ha sido elevada a juicio, la Cámara Departamental procede al sorteo de la misma, quedando así radicada en el Juzgado interviniente. Recibida la causa, el Juez debe firmar un despacho que notifique a todas las partes su intervención y las cite a juicio por el plazo individual de diez días, el que es continuo, computándose los feriados (art. 139 CPP). Dentro de dicho plazo improrrogable (art. 140 CPP), las partes deben interponer recusaciones y ofrecer las pruebas que pretendan utilizar en el debate.
2) Audiencia preliminar. Si las partes consienten la intervención del Juez, éste deberá designar una fecha para la realización de la audiencia preliminar. El imputado debe ser citado a la misma, pero su incomparecencia, siempre y cuando se encuentre debidamente notificado y no exista objeción de la defensa, no impide la realización de la audiencia preliminar. Según Angela Ledesma4, la audiencia preliminar es similar a la diagramada en los procesos civiles más modernos y posibilita el saneamiento del proceso y la abreviación de trámites, para permitir llegar a la audiencia central con una importante depuración en materia de prueba y fijación del objeto probatorio. Con esta audiencia, se rinde tributo a los principios de economía, celeridad y concentración5.
LEDESMA, Angela E., “Reforma procesal penal de la provincia de Buenos Aires”, LL 1997-B-1052, p. 1052.
GESTEIRA, José C., “La audiencia preliminar del nuevo sistema procesal penal bonaerense”, JA 1998-II858, p. 858.
Las partes deben manifestar expresamente en sus escritos de ofrecimiento probatorio si consideran necesario la realización de la audiencia preliminar, si alguna lo pidiere el Juez deberá fijarla, pero también podrá designarla el magistrado sin petición de parte. En dicha audiencia, el Secretario del Juzgado actuante deberá labrar un acta dejando constancia en forma clara y precisa, de las peticiones de las partes. La audiencia tendrá como núcleo central, el tratamiento de lo referido a las pruebas que las partes utilizarán en el debate y el tiempo probable que durará el mismo según lo estimen en función de la prueba ofrecida (art. 338 inc. 1 CPP). En el procedimiento vigente en la provincia de Buenos Aires, el juez tiene vedada la facultad de disponer prueba de oficio. Así, el Tribunal de Casación Penal ha dicho que es esencial al nuevo procedimiento penal resguardar la exigencia constitucional de imparcialidad del juzgador mediante un sistema netamente acusatorio, en cuanto este evita el compromiso del magistrado con la actividad probatoria y por consiguiente, la posible pérdida de objetividad al momento de decidir (Sala I, causa 1638 del 12/11/99). La actividad del juez en materia probatoria durante esta audiencia queda limitada a sugerir la prescindencia de aquella prueba que aparezca como manifiestamente impertinente, superabundante o superflua. Por último, cabe puntualizar que a diferencia del Código nacional, el juez se encuentra autorizado a ordenar una instrucción suplementaria si alguna de las partes lo solicita con el objeto de adelantar el debate contradictorio al tratarse de prueba que no podrá producirse en la audiencia oral.
3) Apertura del debate. Según Leone6, el debate está constituido por aquel conjunto de actividades que se despliegan desde el inicio de las formalidades de apertura hasta el final de la discusión. El debate comenzará el día y hora que fueran establecidos oportunamente. Para su fijación, el art. 339 (según Ley 13.943), establece que cuando no se hubiese arribado a acuerdo alternativo y estuvieran resueltas las cuestiones establecidas en el art. 338 CPP, el Juez
LEONE, Giovanni, Tratado de derecho procesal penal, t. II, traducción de S. Sentís Melendo, Buenos Aires, Ejea, 1963, p. 334.
pedirá de inmediato a la Secretaría de Gestión Administrativa la fijación de audiencia de debate. La Secretaría de Gestión Administrativa fijará día, hora y lugar para la realización del debate, que deberá celebrarse dentro de los seis (6) meses de radicada la causa en el órgano de juicio, plazo que el Juez o Tribunal podrán prorrogar por única vez, cuando se disponga una instrucción suplementaria que no permita su realización en dicho término. Recientemente fue reglamentada la actuación de dicha Secretaría a través de la Acordada 3511 de la Suprema Corte de Buenos Aires. La falta de realización del debate dentro del término legal antes mencionado importará la consecuente pérdida de competencia, con comunicación a la Secretaría de Control Judicial de la S.C.B.A. La notificación de los testigos, peritos, intérpretes y demás personas que deban concurrir serán a cargo de la parte que las propuso. Las citaciones podrán efectuarse por la Policía, por las oficinas de mandamientos y notificaciones o por cualquier otro medio fehaciente en las formas previstas por el digesto provincial. Comprobada la presencia de los intervinientes necesarios, incluido el imputado, el juez declarará abiertos los debates orales, lo que constituye un acto solemne que significará el inicio de esta etapa central y decisiva del proceso penal, que deberá desembocar en un pronunciamiento condenatorio o absolutorio. Seguidamente de abierto el debate, el juez deberá proceder al interrogatorio de identificación del imputado (arts. 311 y 354 del CPP). En esa ocasión, se le hará saber al imputado que deberá estar atento, escuchar y observar todo lo que se diga y haga en la audiencia. Tanto la dirección del debate cómo el poder de policía durante el mismo, será ejercido por el juez con el fin de lograr un correcto y normal desarrollo del mismo. El art. 377 del CPP dispone que “al abrirse el debate, el Juez informará detalladamente al imputado sobre el hecho que se le atribuye y las pruebas que se aducen en su contra”. Ello resulta una particularidad del juicio correccional que lo diferencia del juicio común donde las normas aplicables establecen que el presidente concederá la palabra sucesivamente al fiscal y al defensor para que establezcan la línea de la acusación y de la defensa
sucesivamente, de igual manera se procederá si interviniese el particular damnificado, las partes civiles, y el asegurador (art. 354 del CPP). Inmediatamente después, bajo sanción de caducidad, deberán articularse las nulidades producidas en los actos preliminares del juicio (art. 205 inc.2 y 354 último párrafo del CPP). Asimismo, deberán plantearse las cuestiones preliminares, también llamadas incidentales. Esto es, una contingencia que puede darse en el proceso, distinta a la principal pero relacionada con ella que debe decidirse por separado y previo a la resolución del caso.
4) Omisión de prueba. El art. 378 del CPP dispone que “si el imputado confesara circunstanciada y llanamente, podrá omitirse la recepción de la prueba, siempre que estuvieren de acuerdo el Juez, el Fiscal y el Defensor”. Se trata de un mecanismo tendiente a evitar dispendios jurisdiccionales ya que reduce la duración de los debates si resulta innecesaria la discusión. La confesión es la expresión voluntaria y libre del imputado por la que reconoce y acepta ante un tribunal su responsabilidad por el hecho delictivo que se le atribuye7. Según lo establece la ley procesal, la confesión debe ser circunstanciada y llana: debe ser un relato detallado, pormenorizado, que señale las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometió el hecho. Como bien sostiene Ares8, esto no quiere decir que no obstante el reconocimiento del acusado, el órgano judicial no pueda decidirse por la absolución por no considerar creíble el relato, especialmente confrontándolo con las constancias que se introdujeran por lectura. En caso de existir conformidad en la omisión de la prueba deberá pasarse directamente a la etapa de la discusión final y no obstante la existencia de la confesión, el defensor podrá alegar respecto de la existencia de circunstancias atenuantes. Es importante diferenciarlo del juicio abreviado por la confusión que ello pueda generar. Así, en el digesto provincial, dicho instituto rige no sólo para las causas correccionales como es el caso de la omisión de prueba, sino también para los delitos criminales hasta un tope de pena privativa de la libertad no mayor de quince (15) años o de una pena no
CLARIA OLMEDO, Jorge A., Derecho Procesal Penal, t. III, actualizado por Jorge Raúl Montero, Santa Fé, Rubinzal-Culzoni, 1998, p. 326. ARES, José L., ob. cit., p. 98.
privativa de la libertad, procedente aún en forma conjunta. Las diferencias más importantes radican en que en el juicio abreviado bonaerense no se requiere confesión del imputado y que el juicio oral no se realiza. Existiendo el mecanismo alternativo del juicio abreviado, algunos cuestionan la utilidad de la omisión de la prueba en nuestro Código, lo cierto es que sólo tiene sentido como sucedáneo al juicio abreviado al haber pasado el momento procesal para acordarlo. Al respecto, el art. 397 del CPP es claro al establecer que “las partes podrán acordar el trámite del juicio abreviado hasta treinta (30) días antes de la fecha fijada para audiencia del debate oral”.
5) Producción de la prueba. Los sujetos que intervienen en el proceso penal desarrollan a lo largo del mismo una actividad probatoria tendiente a delinear el acontecimiento histórico que lo motiva, desde sus particulares perspectivas, haciendo ingresar información con el fin último de lograr el convencimiento del juzgador respecto de determinadas hipótesis. Es decir, que le corresponde a cada uno la carga del a prueba, esto es, el deber peculiar y exclusivo de cada una de las partes de indicar el hecho que se ha de probar y suministrar la prueba de ese hecho afirmado por cada una9. Dicha información deberá ingresar conforme a los mecanismos legales para ser considerada válida y en consecuencia sujeta a valoración por las partes y el tribunal. El Código Procesal Penal consagra en su art. 209 el principio de libertad probatoria que ha sido sintetizado como que todo se puede probar y por cualquier medio y ello deriva de la necesidad de averiguar la verdad real en el proceso penal. Sin embargo, como bien remarca el Profesor Ares10, en un Estado de derecho que se precie de tal, la verdad no puede buscarse a como dé lugar sino respetando plenamente las garantías constitucionales. En principio se debe recurrir a los medios regulados por la ley procesal, aunque no se establece la taxatividad de dichos medios sino que la norma citada expresamente indica que se podrán utilizar además otros, siempre que no se supriman garantías constitucionales de las
FLORIAN, Eugenio, De las pruebas penales, ts. I y II, Bogotá, Temis, 1976, p. 142. ARES, José Luis, ob. cit., p. 107.
personas o afecten el sistema institucional, debiendo adecuarse las formas de admisión y producción al medio de prueba que resulte más acorde a los legalmente previstos. Como excepción al principio de oralidad, se permite en forma limitada la incorporación al debate de piezas por lectura, debiéndose tener presente que también se trata de excepciones al principio de inmediación que obliga a que la prueba se produzca de manera efectiva en la audiencia. Así, si se intenta introducir por lectura al debate piezas procesales que pudieran ser reproducibles mediante el testimonio de las personas intervinientes y existe oposición por parte de alguna de las partes, se debe tener presente que la norma es estricta en cuanto permite su incorporación al sólo efecto previsto por el párrafo sexto del art. 366 según ley 13.954 en cuanto lo habilita con el fin de verificar contradicciones, incongruencias u omisiones con la restricción establecida por la propia ley procesal en cuanto no se puede suplirse la versión oral por la documentada. El centro del debate lo constituye la recepción de las declaraciones de los testigos y peritos. El orden que se sigue para las mismas comienza con las propuestas por la acusación, los actores civiles y el particular damnificado, luego la defensa, responsables civiles y citado en garantía (art. 357 del CPP). Todos los testigos, peritos e intérpretes deben prestar juramento de decir verdad, informándoles de las penas que castigan el delito de falso testimonio y preguntándoles acerca de la vinculación que tuvieren con el acusado y la victima, a fin de apreciar su objetividad y veracidad. En primer lugar serán interrogados por la parte que lo propuso y luego quedarán sujetos a las repreguntas de las otras partes, pudiendo volver a preguntar la parte que ofreciera el testimonio si surge la necesidad de la repregunta, pudiendo autorizarse igualmente a la parte contraria a efectuar una nueva pregunta (art. 360 del CPP). A pedido de las partes, a los testigos se les exhibirán los elementos secuestrados para que los reconozcan y manifiesten lo que sea pertinente, dejándose constancia de ello en el acta si alguna parte lo solicita. Al término de la deposición, el juez deberá consultar a las partes si terminaron con el testigo o si desean que permanezca a disposición del juzgado; esto último puede deberse a la necesidad de producir un careo, ampliar el interrogatorio o aclarar algún punto luego de la recepción de otra prueba.
Respecto de los careos, los mismos deberán realizarse a pedido de parte y podrán ser entre testigos, entre imputados y testigos y entre imputados cuando existan discrepancias en las declaraciones a fin de aclarar algún punto. En cuanto a la adquisición de la prueba, a modo de síntesis puede decirse que, antes de su efectiva producción pertenece a la parte oferente. En cambio, una vez ingresada validamente al proceso pasa a ser adquirida por éste y en consecuencia es común para todas las partes. Por ejemplo, la declaración de un testigo de la defensa podrá ser utilizada por la fiscalía para requerir un fallo condenatorio.
6) Discusión final. Una vez terminada la recepción de las pruebas se arriba a la discusión de las partes, etapa de plena contradicción entre las partes tendiente a concretar definitivamente sus posiciones y pretensiones y en consecuencia, establecer y delimitar el objeto sobre el que versará el fallo. La discusión abarca tanto lo fáctico como lo jurídico, en virtud de la prueba validamente ingresada al proceso. Se trata de un análisis efectuado desde las distintas ópticas e intereses de las partes. El Código procesal regula este tramo del juicio en el art. 368 donde se establece el orden en que podrán hablar los intervinientes: actor civil, agente fiscal, particular damnificado, civilmente demandado, asegurador y defensor. Expuestos los argumentos por cada de uno de los intervinientes, existe la posibilidad de réplica, lo cual sólo es concedida al fiscal y al defensor del imputado. La réplica deberá limitarse a la refutación de los argumentos adversos que no hayan sido discutidos antes, por ello no podrán incorporarse puntos nuevos al replicar. El fiscal ejercerá la acción penal solicitando la imposición de pena al imputado, pero también podrá en cualquier estado del debate desistir de la acusación. Consecuentemente, el Juez absolverá al acusado, salvo que el ofendido constituido en particular damnificado sostenga la acusación que hubiere formulado el Fiscal en la oportunidad de la requisitoria de elevación a juicio (art. 368 CPP). Luego de producidos los alegatos y la eventual réplica, el juez debe preguntar al imputado si tiene algo que manifestar. La propia norma establece que dicha obligación es bajo sanción de nulidad (art. 368, séxto párrafo del CPP).
Concluido el acto, el juez declarará cerrado el debate y señalará el día y la hora en que tendrá lugar la audiencia en que se dará lectura al fallo. Está previsto en las reglas del juicio correccional, que lo diferencian del común, que el juez pueda dictar sentencia sin deliberar, inmediatamente después de cerrar el debate, haciéndolo constar en el acta (art. 380 CPP). Toda la actividad desplegada durante el desarrollo del debate quedará plasmada en un acta que deberá confeccionar el secretario del juzgado, debiendo reflejar y documentar lo ocurrido. La omisión de la misma acarrea la nulidad del juicio (art. 369 CPP).
7) Cesura del juicio, veredicto y sentencia. El magistrado, fuera de la presencia de las partes y del público, pasará a deliberar en sesión secreta, a la que sólo podrán asistir el secretario o auxiliar letrado (arts. 371 primer párrafo y 380 CPP). En dicha oportunidad, y por exigencia constitucional, el juez deberá resolver todas las cuestiones que le fueren sometidas por las partes. En consecuencia, la deliberación abarcará a todas las cuestiones que hayan sido objeto del juicio, según surja de las argumentaciones y peticiones de la acusación y de la defensa (art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires). Siguiendo a Gozaíni11 podemos decir que el veredicto es un acto procesal característico de los procesos orales, pero su explicación actual y la forma como lo regulan hoy los ordenamientos jurídicos que lo disponen demuestra que el modelo no responde al arquetipo originario. Antiguamente la figura estaba ordenada para el juicio por jurados, quienes al no tener formación jurídica, deliberaban sus percepciones naturales sobre o ocurrido en la audiencia y emitían un juicio sensible carente de apoyo legal, contenía un juicio de valor sujetivo. El juez por su parte, debía fundamentar su sentencia en el derecho, motivar en derecho su decisión. Con la colegiación del tribunal el veredicto pasó a ser una reunión previa de los jueces para discutir los puntos concernientes al tema pendiente de resolución. Se trata ahora de una institución técnica, una deliberación analítica donde se precisan las razones de hecho y de derecho, donde la prueba se aprecia desde una distancia inmediata y en el cual, el resultado que propicia es la misma sentencia.
GOZAINI, Notas y estudios sobre el proceso civil. Universidad Autónoma de México, 1994, p. 146.
En la resolución se deberán exponer los hechos en forma clara, lógica y completa, se debe explicitar la valoración de los medios de prueba que fundamentan las conclusiones alcanzadas, se deben enunciar las razones por las cuales no fueran atendibles las pruebas contrarias a dichas conclusiones y finalmente se debe responder a los planteos sustanciales realizados por las partes (art. 371 CPP). Las cuestiones esenciales que prevé la ley son las referidas a la existencia del hecho en su exteriorización, la participación de los procesados en el mismo y la existencia de eximentes, atenuantes y agravantes, señalando que estas tres últimas se deben plantear cuando hayan sido discutidas o el tribunal las encuentre pertinentes, en este último caso siempre que fueran a favor del imputado (art. 371, cuarto párrafo CPP). El juez en lo Correccional, según las normas aplicables, tiene tres formas de dar a conocer su resolución: a) dictar el fallo sin deliberar inmediatamente después de cerrado el debate; b) diferir la redacción del decisorio, procediéndose a su lectura dentro de los tres días ó c) leer la parte dispositiva del veredicto dentro del plazo de tres días y disponer la lectura de los fundamentos en una audiencia posterior, tres días después como máximo. La lectura está a cargo del secretario y valdrá en todos los casos como notificación para los que hubieren intervenido en el debate aunque no se encontraren presentes en tal oportunidad (art. 374 último párrafo CPP). Asimismo, la sentencia sólo debe dictarse cuando el veredicto sea condenatorio (arts. 374, primer párrafo y 375 CPP). Al respecto, sostiene Claria Olmedo12 que “la sentencia del proceso penal es, en su valor sustancial, definitiva y definitoria de la cuestión de fondo en la etapa de conocimiento y dentro del grado correspondiente”. Como bien resume Ares13, en nuestro esquema procesal bonaerense “es el acto procesal escrito que dispone la condena del acusado, previo encuadre legal del suceso que se le atribuye y por el cual se lo ha declarado responsable en el veredicto precedente”. En la sentencia se tratan las cuestiones de derecho, es decir aquellas relativas a la consideración jurídica de los hechos de la causa. Son las que comprenden lo que la doctrina denomina de calificación, definición o subsunción legal de los hechos de la causa.
CLARIO OLMEDO, Jorge, ob. cit., p. 164. ARES, José Luis, ob. cit., p. 218.
Según lo establece el código procesal, las únicas cuestiones de derecho esenciales son dos: la relativa a la calificación legal del delito y la que se refiere al pronunciamiento que corresponde dictar. En cuanto a éste último la norma se está refiriendo a la sanción que se debe aplicar conforme a la escala contenida en una figura de la parte especial del Código Pena o de una ley complementaria, así como la modalidad de cumplimiento de la misma. La cesura del juicio consiste en la división del debate penal en dos partes: la primera dedicada al conocimiento y decisión de la culpabilidad del imputado en el hecho acusado, y la segunda destinada a la determinación de la sanción penal correspondiente. Como bien sostiene Ares14 el instituto tiene por finalidad jerarquizar la cuestión sancionatoria, dándole mayor importancia de la que tradicionalmente ha tenido, pues a menudo es abordada por los tribunales en forma superficial y apresurada, utilizando muchas veces muletillas genéricas o frases hechas, carentes de contenido y ajenas a las particularidades del caso. En definitiva, tiende a individualizar la pena, en forma más justa y adecuada de conformidad a la personalidad del autor, permitiendo una mejor y más profunda discusión sobre el punto, para que el juzgador decida en forma racional y fundada, alejando el resolutorio del mero arbitrio y posibilitando garantizar plenamente el debido proceso y el derecho de defensa.
E. Vía recursiva. Desde la sanción del código procesal actual, las sentencias definitivas de los juzgados correccionales eran apelables al igual que los tribunales criminales, ante el Tribunal de Casación Penal provincial. Desde hace unos años, el constante reclamo de mayor seguridad instaurada en los medios y convertido en parte principal de la agenda política, llevo a los funcionarios del gobierno provincial a diagnosticar que la tardanza en el dictado de sentencias definitivas por parte del Tribunal de Casación, conllevan un retardo en la condena que obliga a la liberación de los procesados que volvían sin condena a la sociedad, aumentado así el delito y la inseguridad.
ARES, José Luis, ob. cit., p. 180.
Como bien sostienen los profesores Cortazar y Ares15, se trata de una afirmación indemostrable y peligrosa. Argumentos de ese tipo, desconocen el principio de inocencia y olvidan otros de mayor importancia como la cuestión de la superpoblación carcelaria como consecuencia de esa misma demora en resolver. Lo cierto es que más allá de los erróneos argumentos esgrimidos, la implementación de la reforma ha acotado los plazos de resolución de las apelaciones en materia correccional. Conforme la reforma implementada por la Ley 13.943, son ahora las Cámaras Departamentales las que resuelven en grado de apelación evitando así que muchas causas terminen extinguidas por prescripción, dado que las penas aplicadas por los Juzgados Correccionales resultan mas cortas en virtud de su competencia. En lo que aquí interesa, la reforma amplió la competencia de las Cámaras de Apelación y Garantías en lo Penal, que ahora deberán entender en el “recurso de apelación contra la sentencia definitiva”, que se trata de un recurso idéntico al que poseen las sentencias definitivas en lo criminal que siguen tramitando ante el Tribunal de Casación Penal y mantienen la denominación de “recurso de casación”. Ello no debe llevar a entender que las sentencias definitivas en materia correccional son revisables por un recurso “menor” o más acotado o de menor amplitud que el de casación que se sabe no puede ser menos que “integral y amplio”, en términos de la CIDH y haciendo aplicación del “máximo esfuerzo de revisión” a que alude la Corte Suprema de la Nación16. El actual recurso de apelación de sentencias definitivas en materia correccional, garantiza el derecho al recurso que exige la constitución Nacional por medio de los Tratados que fueran incorporados (art. 75 inc. 22 CN). El Código regula éste recurso en los arts. 439 a 447. Una de las modificaciones sustanciales se encuentra en el primero de ellos donde se incluyó un segundo párrafo que señala: “procederá asimismo contra las sentencias de juicio oral en lo correccional, así como contra las sentencias de juicio abreviado o directísimo de igual materia”. La reforma al art. 441 del CPP amplia el plazo de interposición del recurso a veinte días cuando sea interpuesto contra sentencias definitivas, igualando así al plazo que se concede
CORTAZAR, María G. y ARES, José L., “El nuevo sistema de recursos en el proceso penal bonaerense. Análisis de las modificaciones introducidas por las leyes 13.812 y 13.818”. Revista de Derecho Penal y Procesal Penal N° 9, septiembre 2008, pág. 1606.
CORTAZAR, María G. y ARES, José L., art. cit., pág. 1607.
para interponer el recurso de casación contra las sentencias definitivas en materia criminal. En lo que sí difieren, es que en el recurso de apelación no es exigible la manifestación previa de intención recursiva dentro de los primeros siente días. Por último, se impone un plazo perentorio para la resolución del recurso, que se fija en seis meses desde la radicación en la Sala respectiva.
II. Juicio Correccional en Nación. A. Características. Siguiendo a MORAS MOM17 se puede decir que el juicio correccional regulado en el Código Procesal Penal de Nación, es un proceso que tiene la especial característica de tramitar íntegramente, tanto en investigación como en juzgamiento por ante un solo órgano jurisdiccional que es el juez correccional. Cumple su cometido respecto de delitos de acción pública oficiosa (art. 71, 1ra. parte, CPen.) reprimidos con pena privativa de libertad cuyo máximo no exceda de tres años de prisión y también respecto de aquellos reprimidos sólo con inhabilitación o multa. Agrega a esta competencia la de ser tribunal de alzada en apelación respecto de las resoluciones sobre faltas o contravenciones policiales y de queja por denegación de este recurso (art. 27, CPP). Así, el juez correccional es en su competencia, juez instructor en todo el período de tal calidad. Su actividad se encuentra regulada por todas las previsiones relativas a la instrucción, comunes tanto al juez de instrucción como a éste. Por consiguiente, desde la forma de iniciar la instrucción, todo su desarrollo y su cierre y elevación a la etapa del juicio, es idéntica a la del juicio criminal. Se diferencia del común en que todas las etapas se cumplen ante el mismo juez. Así, cuando cierra la instrucción, el proceso no cambia de tribunal. Sólo cambia la etapa y la del "juicio", que se inicia y se desarrolla ante ese mismo juez que ahora tiene todas las facultades, tanto del presidente del tribunal de juicio, como las de sus miembros (art. 405, C.P.P.). Es precisamente en este momento cuando comienza la especialización.
MORAS MOM, Jorge, “Manual de Derecho Procesal Penal”. Buenos Aires. Abeledo-Perrot. 2004, p. 417.
Toda la etapa del "juicio", se rige por las reglas del juicio común. En algunos tramos la ley introduce reglas especiales que complementan, modifican o flexibilizan aquéllas. Por ello se lo califica como proceso especial. Así, tratándose de un juicio común abreviado, los términos son reducidos en tres días para la citación a juicio prevista por el art. 354 y en cinco días para la designación de audiencia prevista por el art. 359 (art. 358, C.P.P.).El lapso instituido para el juicio común se reduce en este especial a cinco días. También se reduce el lapso para fijar la audiencia de inicio del debate (art. 406). Debe remarcarse una diferencia con la regulación provincial en cuanto a la audiencia preliminar. Sabido es que la Ley 11922 prohíbe el ofrecimiento de prueba por parte de los jueces, lo que no ocurre en el orden nacional donde el art. 356 establece que “…si nadie ofrece pruebas, el presidente dispondrá la recepción de aquella pertinente y útil que se hubiere producido en la instrucción…” y el art. 397: “…si el tribunal estimare de absoluta necesidad la recepción de nuevas pruebas o la ampliación de las recibidas, podrá ordenar la reapertura del debate a ese fin, y la discusión quedará limitada al examen de aquellas”. Al respecto, bien señalan Falcone y Madina18 que esta actitud de los jueces pone en crisis su imparcialidad, ya que nadie ofrece pruebas sin una idea acabada de lo que quiere probar. Además, el hecho de que por el resultado de esa prueba se pueda condenar a unos y absolver a otros, obliga a los jueces a identificarse con algunos de los intereses en juego, con menoscabo de la equidistancia y neutralidad con que deben intervenir en la audiencia oral. Para el juicio común, abierto el debate se prevé que se lea por secretaría el requerimiento fiscal al procesado. Aquí varía esa situación y se impone al propio juez que explique en detalle al reo los hechos por los que se le procesa y la prueba que a su respecto existe. Ello no es sino uno de los recaudos de la indagatoria, que luego debe tomarle obligatoriamente. Así se borra de este proceder especializado todo el tramo previo a la indagatoria misma (art. 407). Por cierto que por lo general, el debate continúa con la recepción y producción de la prueba. Pero a diferencia del juicio común, en el correccional, si media en la indagatoria
FALCONE, Roberto A y Madina, Marcelo A., El proceso penal en la provincia de Buenos Aires, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2da. Edición 2007, p. 410.
confesión circunstanciada y detallada, con conformidad de juez, fiscal, querellante y defensa, se puede obviar toda la prueba que aspire a probar la responsabilidad del procesado. Ésta es otra especialización por la que el correccional se aparta del juicio común (ver regla general del art. 405). La omisión de prueba regulada en el Código Procesal Penal de Nación, es casi idéntica a la regulada en la provincia, sólo que agrega la exigencia de confesión circunstanciada y llana, que se refiera a la culpabilidad del imputado y exige también la conformidad del querellante. Respecto de la sentencia, el juez pasará a deliberar o dictará sentencia inmediatamente después de cerrar el debate, haciéndolo constar en acta. Si la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora hace necesario diferir la redacción de la sentencia, su lectura se efectuará, bajo pena de nulidad, en audiencia pública y dentro de un plazo no superior a los tres días (art. 409, C.P.P.). Por último, resta señalar que las resoluciones de los jueces correccionales son recurribles ante la Cámara de Apelación (art. 24 CPPN).
B. Imparcialidad como garantía constitucional. Fallo “Llerena” de la C.S.J.N. Como se dijo anteriormente, principal diferencia que se puede remarcar entre el juicio correccional regulado en la provincia de Buenos Aires y el regulado en Nación, radica en que en éste último resulta ser el mismo magistrado que investigó quien juzga y dicta sentencia, según lo establecido en el art. 27 del CPPN. Ello fue así hasta el 2005, oportunidad en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa L.486. XXXVI caratulada “Llerena, Horacio Luis s/ abuso de armas y lesiones – arts. 102 y 89 del Código Penal”, por primera vez declaró que ello viola la garantía constitucional de imparcialidad del juez. Precisó así el alcance de dicha garantía consagrada expresamente en los artículos: 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos -que forman parte del bloque de constitucionalidad federal en virtud de la incorporación expresa que efectúa el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional-, la cual fue reconocida dentro de los derechos implícitos del art. 33 constitucional, y se deriva de
las garantías de debido proceso y de la defensa en juicio establecidas en el art. 18 de la Constitución Nacional. Los hechos que dieron lugar a dicho pronunciamiento tienen como fundamento la particularidad señalada anteriormente de que según la ley procesal nacional, en los procedimientos correccionales el mismo juez que estuvo a cargo de la investigación y procesó al imputado es quien debe juzgarlo en el juicio oral. Por otra parte, la ley procesal penal no establecía expresamente que el juez que investigó no puede juzgar al imputado. En ese marco, Llerena fue procesado por la justicia correccional por su presunta responsabilidad en delito de abuso de armas y lesiones. Antes de que comenzara el juicio oral, la defensa de Llerena recusó a la jueza que lo había procesado argumentando que ella no sería imparcial para juzgar y sentenciar. La Corte sostuvo en primer lugar que la garantía de la imparcialidad es uno de los pilares en que se apoya nuestro sistema de enjuiciamiento ya que es una manifestación directa del principio acusatorio y de las garantías de defensa en juicio y debido proceso. Definió además, dicha garantía como la ausencia de prejuicios o intereses del juez frente al caso que debe decidir. Consideró que existían dos puntos de vistas para analizar la misma: uno objetivo, entendido como aquel que ampara al justiciable cuando éste pueda temer la parcialidad del juez por hechos objetivos del procedimiento; y otro subjetivo que involucra directamente actitudes o intereses particulares del juzgador con el resultado del pleito. Agregó además, que para que exista temor de parcialidad por parte del imputado, basta con que se hayan dictado actos procesales previo al dictado de la sentencia por el mismo magistrado, lo cual marcaría una tendencia de avance del proceso contra el imputado. Respecto a la forma de garantizar la objetividad del juzgador, señaló que la misma está relacionada con la organización judicial: la persona que investigó no puede decidir el caso. La instrucción prevista en el procedimiento que otorga al juez que la desarrolla un amplio poder discrecional por sobre la intervención de las partes, no le permite la abstracción necesaria al momento de juzgar. Por último, indica la forma de dar una solución armonizadora sin tener que declarar la inconstitucionalidad de la norma: el art. 27 del CPPN al indicar que el juez correccional
investiga y juzga en los delitos de su competencia, no debe ser interpretado como que se trata de la misma persona, sino del mismo atributo. Así, la misma persona que llevó adelante la instrucción y elevó a juicio la causa, se encuentra impedido para realizar el juicio y dictar sentencia con respecto a ese mismo caso y por ende debe elevar al superior jerárquico la causa para que por algún medio (por ejemplo sorteo) se remita a otro juez correccional para su juzgamiento. Deben intervenir dos jueces distintos en el procedimiento correccional. Uno en la etapa de instrucción y otro en la etapa de juicio. De esta manera, sin inversión de presupuesto, demora de los procedimientos o creación de nuevos juzgados, se encuentra una solución sencilla, eficiente y respetuosa de la Constitución. Así, el respeto de esta regla está a cargo de cada juez correccional que deberá inhibirse de juzgar en juicio oral al imputado que previamente procesó. En conclusión, con dicho precedente quedo establecido que: “la garantía de imparcialidad del juez es uno de los pilares en que se apoya nuestro sistema de enjuiciamiento, ya que es una manifestación directa del principio acusatorio y de las garantías de defensa en juicio y debido proceso, en su vinculación con las pautas de organización judicial del Estado” (Fallo “Llerena” considerando 9). Dicho precedente motivó que se modificara el reglamento de la Cámara en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, estableciéndose que cuando el Juez en lo Correccional concluye la instrucción debe remitir la causa a la Oficina de Sorteos de la Cámara para que se desinsacule otro órgano de igual competencia que deberá llevar a cabo el juicio19.
III. Conclusiones. Como características esenciales del juicio correccional que lo diferencia del juicio común, pueden señalarse: que se trata de órganos unipersonales, cuya competencia no excede de 6 años. En cuanto al desarrollo del juicio, el Juez informa al imputado del hecho y de las pruebas de cargo, existe la posibilidad de omitir la recepción de prueba en caso de confesión circunstanciada y llana del imputado y el Juez puede dictar el fallo
ROMERO VILLANUEVA, “Un mensaje sobre los contornos del proceso penal a partir del caso “Llerena”, Rev. De Derecho Penal y Procesal Penal, fasc. 13, pág. 1386.
inmediatamente después de cerrado el debate. Por último, los plazos para dictar la decisión son más reducidos que en el juicio común. Asimismo, respecto de las diferencias entre la regulación provincial y la de Nación, se puede señalar la posibilidad de efectuar una instrucción suplementaria en el juicio correccional provincial, no previsto en Nación. Por último, la diferencia fundamental radica en la asignación de funciones instructorias al Juez correccional de Nación y la posibilidad de ofrecimiento de prueba por parte de los jueces que existe en la misma.
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