Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/61656
Timestamp: 2020-02-20 03:21:35+00:00

Document:
Gaceta: LXIII/1SPO-114/61656
It proposes to reconcile the General Health Law with the provisions declared unconstitutional by the Supreme Court in this regard removes the list of substances of Article 237, the cannabis sativa, indicated and American or marihuana, to allow planting, cultivation, harvesting, processing , preparation, conditioning, acquisition, possession, trade, transport in any form, prescription, supply, employment, recreational use or consumption of it.
It aims to relocate the Tetrahidrocanabidol of fraction I to fraction IV of Article 245 of the General Health Law placing it in those substances that have broad therapeutic uses and are a minor problem for public health, in order to facilitate their medical use and development of scientific research.
Reform provisions that criminalize consumers and replacing those concepts that are discriminatory or stigmatizing in the General Health Law, and instead of using the term drug for consumption, or possibly problematic consumption.
Establishes a National Program for Prevention and Specialized Adolescent Treatment that includes universal coverage of prevention on the use of psychoactive substances, prevention and universal access to treatment.
On the other hand, it establishes the general guidelines for the implementation of Alternative Mechanisms of Therapeutic Justice to fulfill the following purposes: a) Reduction in crime rate; b) Decrease in drug relapse; c) Minor prison population; d) Efficient use of resources: cost-benefit ratio; e) Recovery of the individual in society.
Grants permission for the cultivation of cannabis regulated by the Secretariat of Health in coordination with the Secretariat of Agriculture, Livestock, Rural Development, Fisheries and Food authorities to designate areas and plots of land where cultivation is permitted, as well as issuing the licenses for the manufacture and distribution of medical products to consumers.
Create clubs recreational use where allowed to operate under strict conditions for the granting of their licenses that include age restrictions for access, the number of partners, the ban on the sale of other psychoactive substances and bans on advertising.
It also makes changes to the orientation table of maximum levels of personal and immediate consumption.
It establishes a right for consumers people to recognize the existence of people who have rights that may require or demand; for example entitlements that give rise to legal obligations for others and, therefore, the establishment of protection mechanisms, warranty or liability.
Quienes suscribimos Angélica de la Peña Gómez, Luis Miguel Barbosa Huerta, Luis Sánchez Jiménez, Alejandro Encinas Rodríguez, Armando Ríos Piter, Fidel Demedicis Hidalgo, Zoé Robledo Aburto, Raúl Morón Orozco, Luis María Beristaín Navarrete, Luis Humberto Fernández Fuentes, María de los Ángeles Verónica González Rodríguez, Félix Benjamín Hernández Ruíz, Fernando Mayans Canabal, Alejandra Roldán Benítez Senadoras y Senadores de la República a la LXIII Legislatura integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que suscriben la presente iniciativa, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 8 numeral 1, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a la consideración del Pleno de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE LOS DIFERENTES USOS DE LA CANNABIS, al tenor de la siguiente:
Los antecedentes del cannabis en América se remontan al siglo XVI, donde se introdujo como fuente de fibra en Chile en 1545 y en Perú nueve años después. Los colonizadores ingleses también comprendieron su importancia, pues fue introducido en Canadá en 1606 y en Virginia en al año de 1611 [1] . Fue durante la Conquista cuando el cáñamo llegó a nuestro territorio, traído por Pedro Cuadrado, uno de los conquistadores que integraban la expedición de Pánfilo de Narváez. Fue Cuadrado quien comenzó el cultivo de esta planta.
El historiador Silvio Zavala afirma que fue el propio Hernán Cortés quien recomendó la siembra y el cultivo del cáñamo. Fray Juan de Zumárraga era entusiasta de la cannabis: de acuerdo con Fray Juan de Torquemada. Zumárraga, aproximadamente en 1531 “puso diligencia en plantar frutos de Castilla, cáñamo y lino”, como una de las medidas encaminadas a lograr una economía próspera que permitiera, a los españoles que vinieran a radicar en estas tierras, adaptarse felizmente.
De ahí que la primera de las leyes directamente relacionadas con el cáñamo se expidiera en Ponferrada, España el 13 de junio de 1545; en ella se mandata a todos los virreyes y gobernadores que se apliquen a hacer sembrar y beneficiar lino y cáñamo y que se fomentara su cultivo entre los indígenas.
La inquisición fue la primera instancia en nuestro país que sancionó el uso no industrial del cáñamo. La prohibición se centró en ciertas plantas, entre ellas el peyote, el ololiuqui y los llamados pipilzinzintles o niño venerable. Este último fue el nombre que emplearon los indígenas para designar al cáñamo en los rituales en los que se ingería por sus efectos psicoactivos.
Esta prohibición se expresa en una orden expedida por el arzobispo Lorenzana que señala: “…la prohibición de las plantas fue reiterada por edicto de fe el 11 de febrero de 1769 que señalaba como delitos entre otros, el ejecutar curaciones supersticiosas, valiéndose de medios en lo natural inconducentes para la sanidad o abusando de pipiltzintzintles, peyote…o de otras hierbas”.
Sin embargo, en 1777 comenzó una de las campañas económicas de mayor envergadura en la historia de la Nueva España: se buscó implantar el cultivo del cáñamo con toda la fuerza de la Corona. Como parte de los proyectos económicos de los Borbones, se decidió dar seguimiento a aquella Ley de 1545: se emitieron una serie de reales órdenes al Virrey de la Nueva España para que se diera a la tarea de sembrar lino y cáñamo.
Entre las diversas medidas adoptadas, se enviaron expertos en la siembra y proceso de ambas especies con la finalidad de que dieran a conocer la técnica adecuada de cultivo y obtención de fibra. La Corona manifestó tanto interés en esta empresa que llegó a enviar un grupo de labradores españoles para que difundieran las técnicas de cultivo, incluso modificó su línea política al otorgar un permiso para que se instalara en el virreinato una Real Fábrica de Lonas y Lonetas. Con la idea de facilitar todavía más estos cultivos, también se ordenó el reparto de tierras ociosas fueran privadas o propiedad de la Corona –conocidas como realengas- entre los indígenas, lo cual se estipuló en los artículos 61 y 62 de la Real Ordenanza de Intendentes; al parecer es el único caso en el cual, durante el periodo de dominio español una disposición amenazara a los propietarios de tierras de que las mismas, podían ser confiscadas y repartidas entre los indios por causa de utilidad pública.
Cabe señalar que el uso del cáñamo que sobrevivió a la Independencia no fue el textil, sino el ritual y el medicinal; ya para entonces, la curandería y las prácticas con plantas dejaron de ser perseguidas por motivos religiosos, sin embargo, en su lugar, la práctica médica que se produce en esta conciencia contemporánea, asumirá esa persecución, aunque durante todo el siglo XIX, fueron el antecedente del Código Penal de 1871, conocido como el Código de Martínez de Castro, en el que por primera vez se sancionan los delitos contra la salud. Para este momento la planta ostentaba ya el nombre que la haría famosa en todo el mundo y que se asocia inevitablemente a este uso: Mariguana.
Ya para el movimiento armado de 1910-1920, la marihuana formó parte de los ambientes cotidianos. Habrá que ver el ciento de referencias hemerográficas, memorias, canciones, novelas, anécdotas y hasta documentos internos de los cuarteles y partes militares que dan testimonio.
Un control más férreo del consumo de enervantes comienza en 1908, cuando por iniciativa del Ejecutivo se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución de 1857, con lo que “el Congreso de la Unión está facultado para dictar leyes sobre ciudadanía, naturalización, emigración e inmigración y salubridad general en toda la República”. Esto implicó la supremacía del poder federal para legislar en materia de salubridad, una atribución que era de las entidades federativas. A partir de ahí paulatinamente se fue construyendo un discurso que apelaba a la medicina, a la salud pública y a las leyes que se requerían para perseguir tanto el consumo como a la venta y producción de enervantes que sustituyó las antiguas actitudes aisladas por lo regular invocaban a la moralidad, la lucha contra el vicio, lo que constituyó un intento más férreo de erradicar a los “morfinómanos” y a los “mariguanos”.
Al respecto es importante destacar que una de las razones esgrimidas para tomar este tipo de medidas contra el consumo, era la percepción institucionalizada de que “degeneran la raza”. Es este un concepto proveniente de finales del siglo XXI que encierra una serie de nociones que abarcan desde la salud pública como vigilante y “fortificadora de la raza” hasta elementos de carácter clasista, al identificar a los estratos más bajos de la sociedad como los más susceptibles de caer en la degeneración.
En el ámbito internacional, el control sobre estupefacientes y sustancias psicotrópicas data de principios del siglo XX. Preocupados por la alta tasa de consumo de opio en aquel momento y por las consecuencias del consumo en la salud, varios países se reunieron por primera vez para discutir el problema de las drogas en la Comisión del Opio de Shangai, en 1909 [2] .
Hasta aquella época, el opio se vendía principalmente por los ingleses como pago de productos, tomando el lugar de la plata, que ya era escasa en el comercio desde 1880. El opio era comprado, en general, en la India y vendido a China, llegando a representar una sexta parte de los recursos externos de Inglaterra. A partir de este comercio se creó una epidemia y las consecuencias perjudiciales para la salud de las personas comenzó a ser evidente: en 1906, alrededor de un cuarto de la población adulta masculina china estaba dependiente del opio - lo que significó la mayor epidemia de abuso de drogas enfrentado por un país en la historia.
De la Comisión de Shangai, los controles comenzaron a hacerse más estrictos, especialmente después de la primera guerra mundial, bajo la coordinación de la Liga de las Naciones. El resultado fue una reducción del 70% en la producción de opio en 100 años, mientras que la población mundial se ha cuadruplicado en el mismo período. Si no fuera por este esfuerzo de control, y si el aumento del consumo de opio apenas siguiera el crecimiento natural de la población, hoy en día el consumo podría ser hasta 13 veces mayor que la registrada a valores corrientes.
Desde las primeras estrategias de control, a raíz de la diversificación de las drogas y el aumento de la capacidad de síntesis de narcóticos y sustancias psicotrópicas, ya en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas, los países firmaron las tres convenciones en materia de drogas que hoy componen el marco legal para todos los países signatarios.
Las tres convenciones de las Naciones Unidas sobre fiscalización de drogas son complementarias. La principal propuesta de las dos primeras es la sistematización de medidas de control internacional para asegurar la disponibilidad de drogas y sustancias psicotrópicas para fines médicos y científicos, para impedir su distribución por medios ilícitos. También se incluyen medidas de carácter general sobre el tráfico y el abuso de drogas.
a) Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 (enmendada por el Protocolo de 1972).
Esta convención tiene como objetivo combatir el uso indebido de drogas mediante una acción internacional coordinada. Hay dos formas de intervención y control que trabajan en conjunto: la primera es limitar la posesión, el uso, el intercambio, la distribución, la importación, la exportación, la fabricación y la producción de drogas exclusivamente para fines médicos y científicos. La segunda es la lucha contra el tráfico de drogas mediante la cooperación internacional para disuadir y desalentar a los traficantes de drogas.
b) Convención sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971
Esta convención establece un sistema de fiscalización internacional de sustancias psicotrópicas, y es una reacción a la expansión y a la diversificación del espectro del uso indebido de drogas. La convención también ha establecido su control sobre las diversas formas de drogas sintéticas de acuerdo, por una parte, al potencial de crear dependencia, y en segundo lugar, al poder terapéutico.
c) Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988
Esta convención establece medidas integrales contra el narcotráfico, incluidos los métodos contra el blanqueo de capitales y el fortalecimiento del control de precursores químicos. También proporciona información para la cooperación internacional a través, por ejemplo, de la extradición de los traficantes de drogas, su transporte y procedimientos de transferencia.
Es mediante estos instrumentos a través de los cuales se construyó el paradigma prohibicionista, es decir, el de la fiscalización de determinadas sustancias, que eran los que se denominaban como drogas, de los que se prohibía su cultivo, comercialización y consumo. La definición del concepto unificado y estigmatizante de droga, hegemónico hasta ahora, se origina alrededor de 1900 en los Estados Unidos con el inicio del control del opio en Filipinas según las pautas de lo que será dicho paradigma prohibicionista, así como también durante los años de la Primera Gran Guerra en Europa. Estas pautas se basan mediante un esquema proteccionista a partir de criterios morales basados en el puritanismo, el clasismo y el etnocentrismo. La expansión del prohibicionismo, dadas las dificultades con que se encontraba, va a la par con las transformaciones discursivas más superficiales de sus argumentos principales, tal como puede observarse a través de los principales convenios y/o conferencias internacionales que van desde La Haya en 1912, hasta Nueva York en 1998. Así pues, “la droga”, y todo el mundo que la rodea pasa a ser considerada como un delito: cultivo, distribución, compra-venta, propaganda, consumo. Los actores e instituciones sociales legitimados para intervenir serán entonces, de acuerdo con este enfoque jurídico y represivo de la cuestión, los policías, los jueces, las cárceles, y los correspondientes burócratas de las agencias –nacionales e internacionales- de control de drogas. La inclusión en el ámbito penal de muy distintas actividades (de tipo médico, lúdico, religioso, etcétera) relacionadas con lo que a partir de esta situación se definirá como “droga” supone la estigmatización de muchas de estas actividades, así como la creación de una categoría, la del “adicto” en su versión anglosajona, o del “drogadicto”, en la europea, que será encarnada por un hombre urbano, joven, de aspecto tenebroso, en fin, un personaje digno de toda sospecha. Se trata de la creación de una imagen cultural que forma parte del proceso de criminalización de algunas drogas, imagen que, en distintas situaciones históricas concretas de, sobre todo, el último tercio del siglo XX, ha contribuido a aquella ampliación del consenso alrededor del poder a la que nos hemos referido antes [3] .
Uno de los efectos más negativos de las políticas prohibicionistas es el aumento alarmante de la violencia en países como México, Honduras y Guatemala. En general, los mercados ilegales son muy frágiles, dado que se basan en relaciones de confianza entre sus participantes y carecen de reglas institucionalizadas para solucionar los conflictos. Eso hace que las disputas internas se resuelvan por medios violentos, a lo que se suma además la violencia generada por las políticas de represión como la de guerra contra las drogas, que constantemente quitan mano de obra y rompen las redes de confianza establecidas. Así, durante la administración de Felipe Calderón, alrededor de 70.000 personas fueron asesinadas en México y más de 26 mil han sido reportadas como desaparecidas.
México ha formado parte desde el comienzo de la comunidad de Estados que se sometieron a este marco jurídico internacional, sin embargo, este sistema y las políticas públicas adoptadas en su entorno han sido un fracaso rotundo y evidente, que ha causado muchísimos más daños a la salud, a la seguridad a la paz social que los que quiso corregir.
Todavía en el año de 1998, la comunidad internacional mostró una aparente unanimidad al ratificar el enfoque prohibicionista sobre el control de drogas en la Sesión Especial de 1998 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS, por sus siglas en inglés). No hay que olvidar que la declaración de la UNGASS de 1988 fue, un mundo libre de drogas sí podemos lograrlo.Pero lo cierto es que 18 años después, podemos observar que su objetivo fundamental no se logró, por el contrario, los resultados son verdaderamente catastróficos y evidentemente ya no es sostenible por los daños, por el impacto social, por los daños a la paz y por los daños a la salud que ha generado la política prohibicionista aplicada en México.
El cambio de paradigma la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
El 4 de noviembre de 2015, la Primera Sala de la SCJN, al resolver un juicio de amparo en revisión 237/2014, otorgó la protección de la Justicia Federal a cuatro ciudadanos integrantes de la Sociedad Mexicana para el Consumo Responsable y Tolerante. Dicha resolución les permitirá el cultivo, procesamiento y autoconsumo de la cannabis con fines recreativos, pero sin la autorización para su comercialización, ni el consumo de otras sustancias psicoactivas.
Se trata de una resolución histórica para los derechos y las libertades en nuestro país.
Los ciudadanos recurrentes argumentaron la indebida fundamentación y motivación de un Juez de Distrito respecto a la restricción de los derechos fundamentales a la identidad personal, propia imagen, libre desarrollo de la personalidad, autodeterminación y libertad individual, todos en relación con el principio de dignidad humana, así como del derecho a la disposición de la salud, argumentando que el Estado no puede socavar o suprimir las acciones que realice cualquier individuo para individualizarse dentro de la sociedad, a menos de que exista un interés superior que lo justifique, pues el individuo tiene derecho a elegir de forma libre y autónoma su proyecto de vida y la manera en que logrará los objetivos que considere relevantes; en otras palabras, el Estado no puede imponer modelos y estándares de vida a los ciudadanos, ni intervenir en asuntos propios de la esfera personal y privada de éstos.
Al respecto, en la demanda de amparo los quejosos sostuvieron que pretendían que se les concediera una autorización sanitaria para “consumir marihuana regularmente, de forma personal y con fines meramente lúdicos”, de tal manera que reclamaron que se les reconocieran “los derechos correlativos al autoconsumo de la marihuana, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte en cualquier forma, empleo, uso, consumo y, en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de la marihuana”, en el entendido de que su petición excluía expresamente “los actos de comercio, tales como la distribución, enajenación y transferencia de la misma”.
En atención a lo anterior, los quejosos sostuvieron que, mediante el consumo de marihuana las personas proyectan sus preferencias y rasgos que la diferencian y singularizan del resto de la sociedad. Así, la prohibición del consumo de marihuana resulta inconstitucional, pues implica la supresión de conductas que confieren al individuo una diferencia específica de acuerdo a su singularidad, restricción que no se encuentra justificada ya que la imposición de un estándar único de vida saludable no es admisible en un estado liberal, que basa su existencia en el reconocimiento de la singularidad e independencia humana.
Además, señalaron que la elección de consumir marihuana es una decisión estrictamente personal, pues el individuo es quien padece el cambio de percepción, ánimo y estado de conciencia, afrontando las consecuencias de su decisión, sin que ello perturbe o afecte al resto de la sociedad. Por tanto, a través de estas medidas prohibicionistas, el Estado asume que el individuo no tiene capacidad racional para disponer de su cuerpo, mente y persona.
También argumentaron que la política prohibicionista resulta inconstitucional al vulnerar el derecho a la salud en su aspecto negativo, entendido como la facultad o potestad de disponer de la salud personal, inclusive para no gozar de buena salud. Así, señalaron que el Estado no puede interferir en la libertad de los individuos para controlar su salud y su cuerpo, es decir, no puede interferir en la libertad inherente al derecho a la salud para disponer de la salud propia.
En este sentido, los quejosos sostuvieron que la prohibición para consumir marihuana se basa en un prejuicio sustentado en valoraciones morales y no en estudios científicos, revelando que el Estado no ha actuado con neutralidad ética. Además, advirtieron que el Estado ha tomado una postura paternalista que trata a los ciudadanos como si no fuesen seres los suficientemente racionales para tomar sus propias decisiones, lo cual podría llegar al extremo de prohibir substancias como el tabaco, el alcohol, el azúcar, la grasa o la cafeína.
Así las cosas, los quejosos concluyeron que el régimen prohibicionista constituye una restricción a sus derechos que no resulta acorde con los requisitos impuestos por el test de proporcionalidad, en tanto que no cuenta con una finalidad legítima, pues la imposición de un estándar único de vida saludable no es admisible para un Estado liberal que basa su existencia en el reconocimiento de la singularidad e independencia humana; no es instrumental para prevenir riesgos a la salud ni combatir adicciones, pues no se ha demostrado que la despenalización del autoconsumo aumentaría la demanda, mientras que sí se encuentra demostrado que la prohibición no la ha disminuido; y finalmente, no es proporcional, en tanto que existen medidas menos restrictivas para proteger la salud, además de que los perjuicios que genera la prohibición son mayores respecto de los beneficios que ha traído.Finalmente, los quejosos también alegaron que el Estado se excedió en sus facultades para legislar en materia de salubridad general y determinación de los delitos al penalizar el autoconsumo de marihuana, transgrediendo la finalidad objetiva del derecho penal y la libertad individual y corporal de las personas, principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Al entrar al estudio de fondo, la Primera Sala realizó un análisis respecto al marco regulatorio sobre el control de estupefacientes y psicotrópicos previstos en la Ley General de Salud, entendiéndolas como un “sistema de prohibiciones administrativas” que forma parte del marco regulatorio previsto en la Ley General de Salud sobre el control de estupefacientes y psicotrópicos, el cual constituye un obstáculo jurídico para poder realizar lícitamente todas las acciones necesarias para poder estar en posibilidad de llevar a cabo el autoconsumo de marihuana (siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte, etcétera).
Al respecto señalo:
“Por un lado, los últimos párrafos de los artículos 235 y 247 establecen que la autorización para la realización de actos relacionados con estupefacientes o substancias psicotrópicas se encuentra supeditada a que éstos exclusivamente tengan fines “médicos y/o científicos”, sin incluir la posibilidad de que la marihuana pueda ser utilizada con fines “lúdicos o recreativos”. Y por otro lado, los numerales 237 y 245, en relación con el artículo 248, establecen una prohibición expresa mediante la que se impide de forma tajante que la Secretaría de Salud expida las autorizaciones correspondientes que solicitaron los quejosos en relación con la marihuana para poder ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad”.
Por tanto al emitir su resolución la Primera Sala de la SCJN concluyo lo siguiente:
4. Por tanto resultan inconstitucionales los artículos 235, 237, 245, 247 y 248, todos de la Ley General de Salud, en las porciones que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para la realización de los actos relacionados con el consumo personal con fines recreativos (sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar), en relación únicamente y exclusivamente con el estupefaciente “cannabis” (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y el psicotrópico “THC” (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ∆6a (10a), ∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como “marihuana”, declaratoria de inconstitucionalidad que no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a la enajenación y/o distribución de las substancias antes aludidas.
Partiendo desde la perspectiva que en un Estado Social y Democrático de Derecho y tal como lo señala Rodolfo Vázquez. “no sólo no es posible argumentar con consistencia a favor de penalizar la posesión de drogas para consumo personal, sino que por una mínima coherencia el Estado debe regular las condiciones que hagan posible el acceso a las mismas” [4] . Por otra parte, desde una perspectiva liberal no es objetivo legítimo de un sistema normativo promover planes de vida virtuosos, porque ello entra en conflicto con la capacidad de cada individuo de elegir libre y racionalmente los planes de vida que mejor le convengan de acuerdo con sus preferencias.Sin embargo, desde que en México se desató la llamada guerra contra las drogas, la lucha contra el narcotráfico ha generado más de 70 mil asesinatos, así como importantes afectaciones a la integridad, la libertad y la seguridad de millones de personas. Desde finales del 2006, se reforzó el empleo de la fuerza letal y se incrementó de manera significativa la participación de las Fuerzas Armadas en la política de seguridad.
Por otra parte la guerra global a las drogas ha fracaso, así lo indica desde el año 2011 el Informe de la Comisión Global de Políticas de Drogas en el que se afirma que “con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo. Cincuenta años después del inicio de la Convención Única de Estupefacientes, y cuarenta años después que el Presidente Nixon lanzara la guerra a las drogas del gobierno norteamericano, se necesitan urgentes reformas fundamentales en las políticas de control de drogas nacionales y mundiales” [5] .
Destaca de este informe que a pesar de los inmensos recursos destinados a la criminalización y a medidas represivas orientadas a los productores, traficantes y consumidores de drogas ilegales, han fracasado en reducir eficazmente la oferta o el consumo. Las aparentes victorias en eliminar una fuente o una organización de tráfico son negadas casi instantáneamente por la emergencia de otras fuentes y traficantes. Los esfuerzos represivos dirigidos a los consumidores impiden las medidas de salud pública para reducir el VIH/SIDA, las muertes por sobredosis, y otras consecuencias perjudiciales del uso de drogas. Los gastos gubernamentales en infructuosas estrategias de reducción de la oferta y en encarcelamiento reemplazan a las inversiones más costo-efectivas y basadas en la evidencia orientadas a la reducción de la demanda y de los daños.
Dentro de las recomendaciones de este Informe se destaca que es importante terminar con la criminalización, lamarginalización y la estigmatización de laspersonas que usan drogas pero que no hacen ningún daño a otros. Desafiar los conceptoserróneos comunes acerca de los mercados dedrogas, el uso de drogas y la dependencia dedrogas en lugar de reforzarlos. De ahí la importancia de alentar a los gobiernos a que experimentencon modelos de regulación legal de las drogas a fin de socavar el poder del crimenorganizado y para salvaguardar la salud y la seguridad de sus ciudadanos. Estarecomendación se enfocaespecialmente alcannabis, pero señalan también que se puede aplicar a otrosensayos de descriminalización y regulaciónlegal que puedan conseguir estos objetivos yproveer modelos para otros.
Coincidiendo con estos planteamientos y con la finalidad de encauzar la resolución de la Primera Sala de la SCJN, la propuesta que ponemos a la consideración de esta Soberanía va encaminada a las siguientes reformas legislativas.
1. Hacer compatible la Ley General de Salud con las disposiciones declaradas inconstitucionales por la SCJN.
La Primera Sala de la SCJN al resolver el amparo en revisión 237/2014 declaró inconstitucional el último párrafo de cada uno losartículos 235 y 247 de la Ley General de Salud en el entendido de que ahí se establece una acotación -sólo fines médicos y científicos- que ocasionan una afectación muy intensa al derecho al libre desarrollo de la personalidad en comparación el grado mínimo de protección a la salud y al orden público que se alcanza con dicha media. A pesar de que la SCJN reconoce que el legislador puede limitar el ejercicio de actividades que supongan afectaciones a los derechos que protege nuestra Constitución, en el caso de la restricción al libre desarrollo de la personalidad, la SCJN no encontró que tales afectaciones fueran de una gravedad tal que ameriten una prohibición absoluta a su consumo de cannabis.
En efecto, actualmente de conformidad con los artículos 235 y 247, así como con el artículo 44 del Reglamento de Insumos para la Salud, cualquier persona que pretenda sembrar, cultivar, elaborar, preparar, acondicionar, adquirir, poseer, comerciar, transportar, prescribir médicamente, suministrar, emplear, usar, consumir y, en general, realizar cualquier acto relacionado con las substancias listadas en los artículos 234 y 245 de la Ley General de Salud, o con cualquier producto que los contenga, deberá contar con una autorización de la Secretaría de Salud y solamente podrá realizar dichas acciones si las mismas tienen fines médicos y/o científicos, con lo cual se establece una prohibición expresa mediante la cual se impide de forma tajante que la Secretaría de Salud expida las autorizaciones correspondientes que pudiera solicitar cualquier persona en relación con la marihuana para poder ejercer su derecho al libre desarrollo de la personalidad, en ese sentido propinemos la derogación de estos artículos.
En ese sentido se hace necesario hacer un ajuste al artículo 237, con la finalidad de eliminar del listado de sustancias de este artículo a la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, con la finalidad de que se permita su siembra, cultivo, cosecha, elaboración, preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, comercio, transporte en cualquier forma, prescripción médica, suministro, empleo, uso o consumo lúdico de la misma.
En ese sentido se está en las condiciones de ir acotando la cadena y tal y como se propone en esta iniciativa ir previendo los casos que permitan sentar las bases para expedir una eventual normatividad que regule tanto los clubes para fines lúdicos, como las autorizaciones para su siembra y cultivo.
2. Reubicar el Tetrahidrocanabidol para permitir su uso médico y su investigación.
A raíz del creciente interés científico por la cannabis, sus efectos terapéuticos se están estudiando una vez más, esta vez utilizando métodos científicos más precisos. Hay estudios en distintas fases sobre los efectos terapéuticos de D 9-THC para diversas afecciones: epilepsia, insomnio, vómitos, espasmos, dolor, glaucoma, asma, inapetencia, síndrome de Tourette, y otros. Entre las indicaciones terapéuticas de D 9-THC ya hay algunas que se consideran probadas: antiemético, estimulante del apetito, analgésico, y en los síntomas de la esclerosis múltiple (25). Otros cannabinoides son también objeto de investigación, tales como el canabidiol (CDB), del que hay evidencias de efectos terapéuticos en la epilepsia, insomnio, ansiedad, inflamaciones, daño cerebral (como un neuroprotector), psicosis y otros (26-27) [6] .
Los cannabinoides se han utilizado con múltiples indicaciones, incluyendo el tratamiento de las náuseas y el vómito, la anorexia, el dolor, alteraciones del movimiento, epilepsia, glaucoma, espasticidad muscular, asma, insomnio y como inmunosupresores. Por el momento, las aplicaciones clínicas más prometedoras parecen ser el alivio de las náuseas y la estimulación del apetito. En relación con el efecto inmunosupresor, se ha propuesto que los cannabinoides pudieran ofrecer una alternativa terapéutica (quizá la única) en los pacientes con enfermedad de Alzheimer. Recientemente se ha reportado que análogos sintéticos de los cannabinoides reducen la inflamación cerebral y previenen el deterioro mental en estos pacientes. Por otra parte, se ha demostrado que los receptores CB1 y CB2 están significativamente disminuidos en la microglía (tejido con funciones inmunológicas en el sistema nervioso central) del cerebro de pacientes con Alzheimer, lo que podría ser uno de los factores que promueven un proceso inflamatorio en el sistema nervioso de estos pacientes. Experimentos en ratas en que se ha inyectado la proteína amiloide (típica de las placas amiloides de los pacientes con Alzheimer), demuestran que la administración de cannabinoides previene la activación del tejido inmunológico (microglía) en el SNC con la consecuente reducción en los procesos inflamatorios y en el deterioro en la ejecución de tareas de discriminación. Por otra parte, se ha descrito también un importante potencial antineoplásico de los cannabinoides, hecho que ha creado otro foco de interés por estos fármacos. Estos resultados han determinado que los cannabinoides aparezcan hoy como uno de los campos de investigación con mayor potencial de expansión a futuro.
Actualmente el Tetrahidrocanabidol se ubica en la fracción I del artículo 245 de la Ley General de Salud, es decir dentro de aquellas substancias que tienen valor terapéutico escaso o nulo y que, por ser considerada de uso indebido o abuso, constituye un problema especialmente grave para la salud pública. En ese sentido proponemos su reubicación a la fracción IV de dicho artículo con la finalidad de ubicarla en aquellas substancias que tienen amplios usos terapéuticos y constituyen un problema menor para la salud pública, con la finalidad de facilitar el desarrollo de la investigación científica.
3. Reformar disposiciones que criminalizan a las y los consumidores
La mayoría de los estudios sobre el consumo de drogas se han realizado desde una perspectiva de salud y han analizado la drogadicción como una enfermedad crónica, su progresión, recaídas, así como la eficacia de los tratamientos de rehabilitación hospitalaria o de consulta externa. La drogadicción es considerada principalmente como un problema de salud pública estrechamente vinculado a un problema de seguridad. De tal manera, en relación con el consumo de drogas, los gobiernos han diseñado políticas en el ámbito de la salud pública y de la seguridad. Es escasa o nula, sin embargo, la atención a las personas usuarias de drogas como sujetos de derechos. Al contrario, la actitud misma de funcionarios de instituciones públicas, como de la población en general, tiende a estigmatizarlas y a segregarlas.
El estigma hacia este grupo consiste en la asunción general de estereotipos físicos, morales y sociales negativos que definen a las personas adictas a las drogas independientemente de sus características personales y particulares. En este sentido, el estigma reduce las posibilidades de desarrollo personal de las y los miembros de un grupo, al categorizarlosbajo atributos negativos como suciedad, delincuencia, peligrosidad, etcétera, y negarles por lo tanto la posibilidad de interactuar con otros grupos o individuos, de ejercer sus derechos e insertarse en las instituciones.
La discriminación es una consecuencia misma del establecimiento de estereotipos negativos sobre un grupo social. Al percibir a otra persona como inferior o incluso como una amenaza, se le da un trato despectivo en las instituciones. Las personas que pertenecen a grupos discriminados se ven así marginadas de oportunidades sociales y de posibilidades de realización personal. Las conductas discriminatorias no son resultado de elecciones o preferencias personales; son generadas primordialmente por estructuras institucionales, culturales y políticas.
Por ejemplo, la discriminación contra las personas usuarias no depende principalmente del desagrado que algunos podrían sentir hacia su apariencia u olor, sino de un sistema que propicia políticas casi exclusivamente punitivas hacia este sector. En general, el proceso discriminatorio parte de una relación asimétrica entre grupos sociales, es decir de una relación de poder.
La aversión pública hacia las personas que consumen drogas o son dependientes de las drogas es alimentada – o al menos reproducida y amplificada – por informes inexactos u ofensivos propalados por los medios de comunicación.
Aunque ahora se considera inaceptable (y con justa razón) describir como “loco” o “lunático” a alguien que sufre de una enfermedad mental, aún subsisten términos estigmatizantes equivalentes en las descripciones que hacen los medios sobre las personas que consumen drogas.
Términos como “drogadicto”, o “limpio/sucio” (para describir a los consumidores de drogas), se emplean por lo general como sinónimos de desviación social. El efecto de estos términos es el de deshumanizar a las personas a quienes se aplican, implicando que el consumo de drogas es el rasgo que define su personalidad. Los consumidores dependientes de drogas son una de las pocas poblaciones a quienes los comentaristas de los medios aún pueden insultar y denigrar con un alto grado de impunidad.
En esa tesitura, en el paradigma prohibicionista actual sólo hay dos opciones; o se es delincuente o se es enfermo. Como señala el filósofo Luigi Amara es que “quizás el aspecto que más ha contribuido a que la prohibición de la marihuana se mantenga por encima de una evaluación medianamente objetiva de sus resultados, tiene que ver con que detrás de ella hay una presión moral que enturbia de raíz las discusiones y que hasta la fecha ha entorpecido cualquier avance en la evaluación de la política prohibicionista y de sus individuos” [7] . Por tanto para él, es necesario comenzar con este sesgo moral todavía demasiado presente y situarnos al margen de este tabú que lastra el pensamiento y que ha sido recogido y entronizado en los acuerdos internacionales y por tanto, “el consumo de cannabis se desarrolla en un ambiente de falta de información verídica sobre sus efectos, en medio de toda clase de estigmas hipócritas y un combate policiaco militar que en principio no puede surtir efecto por la sencilla razón de que la demanda no da visos de terminar. Hay una necesidad humana de ebriedad, de exploración, de autoconocimiento, de diversión y si se quiere de escape de la rutina, que si ha existido a lo largo de la historia, no está claro porqué habría de detenerse por simple decreto”.
Tal estigmatización se ve agravada cuando las y los consumidores pertenecen a las clases sociales con menos recursos económicos, ya que su situación de vulnerabilidad se transforma en un obstáculo mayor para el acceso a los sistemas sanitarios de salud, a la educación sanitaria sobre o el uso de sustancias psicoactivas.
Adicionalmente estas personas ingresan a un sistema penal y penitenciario para ser revictimizadas precisamente a su situación de vulnerabilidad, como así también las más perjudicadas por la ausencia real de oportunidades que les permitan el acceso al consumo sin mayores riesgos a la salud que los que la droga misma detenta. Es decir, la mayoría de esta personas en condiciones de pobreza son excluidas, estigmatizadas, señaladas, apartadas, criminalizadas y segregadas de nuestro sistema prohibicionista de “tolerancia cero” son las personas de más bajos recursos económicos, configurándose de tal forma una situación de discriminación múltiple.
Desde otro ángulo, a esta criminalización de las y los consumidores se suman disposiciones y prácticas culturales que tienden a considerarlas enfermas; que conllevan una clara actitud paternalista que las encasilla como víctimas incapaces de gobernarse a sí mismas y de tomar ninguna decisión razonable; y que, argumentando su condición, las hacen merecedoras de un tratamiento forzoso por ejercer, en último grado, algo que no les está prohibido.
En ese sentido proponemos sustituir aquellos conceptos que son discriminatorios o estigmatizantes en la Ley General de salud, se propone sustituir en toda la ley término de farmacodependencia por el del consumo, o en su caso consumo problemático.
Asimismo resulta importante establecer el concepto de sustancia psicoactiva, dado que de acuerdo al Glosario de alcohol y drogas de la Organización Mundial de la Salud, “son las sustancias que, cuando se ingiere, afecta los procesos mentales como por ejemplo la cognición o la afectividad. Este término y su equivalente, sustancia psicotrópica, son las expresiones más neutras y descriptivas para referirse a todo el grupos de sustancias, legales o ilegales, de interés para la política de drogas. “Psicoactivo” no implica necesariamente que produzca dependencia sin embargo en el lenguaje común, esta característica está implícita, en las expresiones “consumo de drogas” o “abuso de sustancias”. En ese sentido se modifica la denominación del capítulo IV actualmente intitulado “del Programa contra la Farmacodependencia, por el “De los programas contra el Consumo de Sustancias Psicoactivas”.
En ese sentido se establece un programa especializado de tratamiento únicamente para personas en situación de consumo problemático y se precisa que será la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad General, en el ámbito de sus respectivas competencias, las que se coordinarán para la ejecución del Programa Contra el Consumo de Sustancias Psicoactivas.
4. Un Programa Nacional de Prevención y Tratamiento Especializado para Adolescentes.
Al respecto es necesario enfatizar los efectos neurocognitivos que ocasiona el uso de la marihuana en la salud de niñas, niños y adolescentes durante diversas etapas. Para el Doctor Mauricio Hernández Ávila del Instituto Nacional de Salud Pública [8] , estos efectos consisten:
En etapa prenatal. In utero. Datos en primates no humanos demuestran que el THC cruza rápidamente la barrera placenta y se concentra en el cerebro e hígado del feto.
18 meses. Aumenta comportamiento agresivo y se observan déficits de la atención
3 a 6 años. Disminución de la capacidad verbal, de percepción y vigilancia, del razonamiento verbal, visual, y cuantitativo, y de la memoria a corto plazo. Asimismo aumenta la hiperactividad e impulsividad y aparece el déficit de atención.
9 a 10 años. Disminución de la capacidad verbal, ejecutiva, de percepción, de lectura y problemas de ortografía. Aumento de hiperactividad e impulsividad, aparece déficit de atención y síntomas de depresión y ansiedad
14 a 16 años. Disminución de capacidad cognitiva-visual, de velocidad de procesamiento de información y de coordinación motora, bajo desempeño académico, aumenta el riesgo de participar en actividades de delincuencia.
17 a 22 años. Disminución de funciones ejecutivas de memoria viso-espacial. Aumenta el riesgo del consumo de drogas, legales e ilegales.
Asimismo los efectos de la cannabis sobre la salud de los adolescentes en diversos estudios son:
En estudios transversales. El consumo de marihuana se asocia con disminución de memoria y habilidad verbal, problemas de atención. Asimismo, produce alteraciones del proceso de neuromaduración.
En estudios longitudinales. Disminución en las medidas de inteligencia entre los que tienen adicción, aunque los déficits están más relacionados a uso reciente y no a daño permanente por el consumo.También reportan comportamiento amotivacional, ausentismo escolar y desempeño escolar bajo. En menores de 14 años se asocia menores tasas de graduación escolar y calificaciones bajas al ingreso a la universidad.
En estudios en gemelos. Reportan diferencias significativas en el vocabulario para los que usaron mariguana, sin dosis respuesta y el efecto disminuye al controlar por la carga genética. Los autores sugieren que la predisposición a uso existía antes. Los efectos sobre escolaridad se asocian a desempeño bajo (causalidad reversa).
5. Se establecen los lineamientos generales para la implementación de los Mecanismos Alternos de Justicia Terapéutica.
La Ley General de Salud al vincular a las dependencias y entidades de la administración pública en materia de rehabilitación respecto a los farmacodependientes, tanto federales como locales, es que se sugiere incorporar un artículo que remita al consumidor problemático a los Mecanismos Alternos de Justicia Terapéutica, en el entendido de que éstos pueden quedar establecidos y desarrollados ya sea en la Ley Nacional de Ejecución Penal pendiente de aprobarse por el Congreso de la Unión, o bien mediante las respectivas reformas en la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.
Esto Mecanismos, también conocidos como tribunales de tratamiento de drogas son un modelo en el que la recuperación del individuo está siendo directamente supervisada por un magistrado. Para ello, el juez se sirve del apoyo de un equipo de fiscales, abogados defensores, oficiales de seguimiento y de policía, profesionales del área de la salud y trabajadores sociales, que ayudan a la rehabilitación y reintegración del individuo en la comunidad.
Si bien no todas las personas que usan o abusan del consumo de alguna sustancia psicoactiva, comenten algún tipo de delito, una importante proporción de las personas que los comenten son consumidores de alguna sustancia, de ahí que el uso de drogas entre la población que comete delitos, es muy superior a la población general. Por tanto es importante contar con instituciones para atender a aquellas personas que cometieron delitos para mantener y financiar su dependencia a las drogas, o bajo la influencia de las mismas, pero que no necesariamente hayan cometido delitos denominados contra la salud o aquellos relativos que merecen prisión preventiva oficiosa.
La aplicación de este nuevo modelo y los detalles sobre cómo se han aplicado estos mecanismos y procedimientos varían de una jurisdicción a otra, y de país en país, sin embargo los fines fundamentales son:
En el caso de México, el antecedente inmediato se da en el 2009 en Guadalupe en el estado de Nuevo León, mediante un programa piloto bajo el nombre de Tribunal para el Tratamiento de Adicciones (TTA). Durante 2014, el programa se extendió a otros cuatro estados de la República: Morelos, Estado de México, Chihuahua y Durango.
El programa de TTA en México ha tenido como objetivo utilizar nuevos mecanismos para resolver conflictos penales, reducir el consumo de drogas y disminuir la reincidencia delictiva. Únicamente está dirigido a personas que por primera cometieron un delito no grave, siempre y cuando exista un vínculo entre el consumo problemático de drogas y la comisión del delito, y se cuente con la participación voluntaria de la persona procesada. El procedimiento siempre debe ser bajo la modalidad de juicio oral y debe contemplar un plan de reparación del daño. Además, funcionarios del gobierno federal encargados de promover el modelo han reiterado que el programa, a diferencia del modelo original de cortes de drogas de EE.UU., no se enfocaría en los simples usuarios de drogas, sino en las personas que hayan cometido un delito bajo la influencia de sustancias o con el fin de adquirirlas.
6. Permiso para el cultivo del cannabis.
Se propone que respecto del cultivo, procesamiento, distribución transporte y venta al mayoreo de cannabis, sea la autoridad federal quien emita la normatividad correspondiente y defina las zonas donde se permitirá el cultivo de la misma.
En ese sentido el Estado asume el control del proceso completo de producción, distribución y puntos de venta y modalidades de consumo, por tanto deberá adquirir la totalidad de las cosechas por conducto de un solo intermediario y por tanto le corresponde al Estado almacenar existencias que no se encuentren en poder de fabricantes de productos medicinales derivado de la cannabis.
Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalan que en el año 2013 se recaudó en México por el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a cervezas, bebidas alcohólicas y tabacos labrados un total de 64 mil 179 millones de pesos, lo que representa el 4.2% de toda la recaudación federal no petrolera. (SHCP).
La Organización de las Naciones Unidas estima que en la Ciudad de México, para 2012 existían 75 mil usuarios de marihuana entre las edades de 12 a 65 años. El valor de este mercado, sólo en la Ciudad de México, es de 28 millones de dólares anuales, 560 millones de pesos que no se están fiscalizando.
7. Clubes de Consumo Recreativo
Un Estado que despenaliza la posesión personal y el uso del cannabis para fines recreativos debe prever políticas de tolerancia para su consumo de bajo volumen. En ese sentido es que proponemos la creación de los Clubes de Consumo Recreativo. Se trata de que estos clubes se les permita operar bajo estrictas condiciones para el otorgamiento de sus respectivas licencias que incluyen restricciones de edad para el acceso, el número de socios, la prohibición de la venta de otras sustancias psicoactivas y prohibiciones en la publicidad.
Las personas menores de 21 años no podrán acceder a los clubes de consumo recreativo y queda prohibida toda de publicidad en materia de los clubes consumo recreativo por cualquier medio.
Asimismo se prohíbe a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto de cannabis en los espacios 100% libres de humo, así como en las escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior así como cualquier espacio donde concurran personas menores de 18 años de edad.
Hay que recordar que en 1976, la ley holandesa del opio, que regula las drogas psicotrópicas, tuvo un cambio profundo al establecer una diferencia entre drogas de riesgo inaceptable o “drogas duras” como la heroína, el éxtasis, la cocaína, el opio, las anfetaminas y el LSD, y “drogas blandas”, como el cannabis (hierba y resina), los hongos alucinógenos y las sedativas (valium o seresta). Diferencia basada en el grado en que la droga cambia la personalidad del consumidor; los daños de salud que causa; y los costos que genera a la sociedad.
8. Modificaciones a la tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato.
El Doctor Rafael Camacho Solís ha propuesto en muchos foros que en tratándose de las sustancias de marihuana y cocaína es necesario modificar la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato establecida en el artículo 479 de la Ley General de Salud es necesario sustituir proponer reformas para que en estas dos sustancias se establezcan criterios antropométricos con la finalidad de evitar la discreción que se da en las dosis mínimas.
Así tenemos que para el caso de Cannabis Sativa, Indica o Mariguana se propone sustituir los cinco gramos que actualmente contiene dicha tabla, por la medida antropométrica de la cantidad que quepa en la cuenca de ambas manos del poseedor y en tratándose de cocaína en lugar de los 50 milígramos por lo que contenga un sobre con los dobleces de un papel hasta de una pulgada del falange con la uña del dedo pulgar.
Esto permitirá evitar como actualmente sucede que por encima de esas cantidades así sea un miligramo se tenga por acreditada –sin más elementos- el delito de narcomenudeo. En esemomento, los consumidores que rebasan por mínimo más de la cantidad prevista en la tabla, se les somete al un proceso penal y a un sistema carcelario injusto e impune, ya que para policías, ministerios públicos y jueces no es necesario evaluar las circunstancias dela posesión, ni las evidencias concretas, aunque éstasexistan y sugieran que la posesión era confines de consumo.
El resultado de este uso de umbrales para fijar montos máximos deportación para consumo, por encima de los cuales se presume el delito de posesión con fines de comercio, es no sólo la criminalización de consumidores sino también la violación del derecho de presunción de inocencia de estas personas. En otros casos, la legislación exige elementos adicionales para sentenciar a una persona por posesión (establecer intencionalidad de venta o distribución). Sin embargo, aún en este escenario, el usuario queda bajo la esfera de las instituciones penales, siendo materia de policías y fiscales y no de instituciones de salud como se afirma discursivamente [9] .
El uso de sanciones de cárcel implica importantes costos para las personas que son detenidas y encarceladas. Significa no sólo la privación de la libertad sino la vulneración de otros derechos básicos como el derecho a la salud, la limitación al derecho al libre desarrollo de la personalidad, al derecho a la libertad de consciencia, al derecho a la libertad de expresión y una carga para los familiares de las mismas. Implica además, importantes costos para sus dependientes, familias y comunidades que son empobrecidas por el encarcelamiento de su familiar.
9. Catálogo de derecho para las personas consumidoras.
El resultado de esto es que persiste una visión discriminatoria y equivocada de los consumidores al ser consideradas como “adictos” o delincuentes, cuya representación social no corresponde con la realidad, sino más bien se trata de una percepción estereotipada y estigmatizante, con lo cual se establece un limite para el ejercicio pleno para el disfrute de los derechos humanos de las y los consumidores de sustancias psicoactivas, así como para el mejoramiento de su calidad de vida.
“Frente a un contexto adverso, marcado por procesos de estigmatización y criminalización arraigadosen la sociedad, resulta imprescindible situar la reflexión sobre el uso de drogas desde la perspectivade los derechos humanos, reafirmando en primer lugar y como premisa de cualquier estudio ointervención que las personas usuarias de drogas son sujetos plenos de derecho y, por lo tanto, titularesde todas las prerrogativas que conforman el corpus iuris de derechos y libertades consagrados porel derecho internacional de los derechos humanos”. Esto significa, desde la perspectiva de los derechoshumanos, que todas las personas usuarias de drogas son titulares y se encuentran facultadas para ejercerla amplia gama de derechos humanos reconocidos por el Estado; es decir, todos aquellos derechos quecorresponden universalmente a las personas. Asimismo, una serie de garantías jurídicas las protegencontra acciones y omisiones, primordialmente de los agentes del Estado, que interfieren con suslibertades fundamentales, sus derechos y la dignidad humana” [10] .
Este listado mínimo es la base para reconocer la existencia de personas que tienen derechos que pueden exigir o demandar; estoes, atribuciones que dan origen a obligaciones jurídicas para otros y, por consiguiente, al establecimientode mecanismos de tutela, garantía o responsabilidad, es decir, derechos plenamente exigibles. Por tanto, cualquier violación a los derechos humanos de las personas usuarias compromete la responsabilidad del Estado, y éstas se encuentran efectivamente facultadas –tanto en el ámbito nacional como en el internacional–para exigir al Estado que asuma dicho compromiso.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD Y DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL EN MATERIA DE LOS DIFERENTES USOS DE LA CANNABIS.
ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la fracción XXI del artículo 3; la fracción III del artículo 112; la denominación del Capítulo IV; las fracciones I y III del artículo 191; el artículo 192; las fracciones I, III, VIII y IX del artículo 192, el artículo 192 ter; 192 quater; la fracción III del artículo 192 sextus; el primer párrafo del artículo 237; la fracción I del artículo 245; las fracciones II, III y VIII del artículo 473, el artículo 479; se deroga el artículo 193 bis; el último párrafo del artículo 235; el último párrafo del artículo 247; se adiciona el artículo 191 bis; el artículo 191 ter, la fracción XI del artículo 192 bis; un segundo párrafo con las fracciones I,II, III, IV y V; el artículo 236 bis; un último párrafo al artículo 237; la fracción IV del artículo 245, todos de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
I. La prevención del consumo de sustancias psicoactivas y, en su caso, la rehabilitación de los consumidores;
III. Consumidor en recuperación: Toda persona que está en tratamiento para dejar de utilizar narcóticos y está en un proceso de superación del consumo problemático;
Artículo 192 Quáter.- Para el tratamiento de las personas con consumo problemático, las dependencias y entidades de la administración de justicia de manera conjunta con las autoridades en materia de salubridad general, tanto federales como locales, deberán crear Mecanismos Alternos de Justicia Terapéutica, fundamentados en el respeto a la integridad y a la libre decisión de la persona con consumo problemático en los términos que señale la legislación respectiva.
Tratándose de cannabis sativa, índica y americana o marihuana, su resina, su aceite, semillas y productos derivados para uso terapéutico, la Secretaria de Salud en coordinación con la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación deberán:
I. Designar las zonas y parcelas de terreno donde se permita su cultivo.
II. Expedir las licencias para su cultivo, así como la fabricación y distribución de productos médicos a los consumidores:
Artículo 236 Bis. La Secretaría de Salud será la autoridad encargada de autorizar el registro y funcionamiento de los clubes de consumo recreativo, los cuales estarán integrados con un mínimo de veinte y un máximo de cincuenta socios, en los términos que señale la legislación correspondiente.
Las personas menores de 21 años de edad no podrán acceder a los clubes de consumo recreativo para el consumo de cannabis.
Artículo 237.- Queda prohibido en el territorio nacional, todo acto de los mencionados en el Artículo 235 de esta Ley, respecto de las siguientes substancias y vegetales: opio preparado, para fumar, diacetilmorfina o heroína, sus sales o preparados, (se eliminacannabis sativa, índica y americana o marihuana), papaversomniferum o adormidera, papaverbactreatum y erythroxilonnovogratense o coca, en cualquiera de sus formas, derivados o preparaciones.
De CATINONA
fosfatodihidrogenado de 3-(2-dimetil-aminoetil)-indol-4-ilo.
TETRAHIDROCANNABINOL,los siguientes isómeros: ∆6a (10a), ∆6a (7), ∆7, ∆8, ∆9, ∆10, ∆9 (11) y sus variantes estereoquímicas.
VIII. Tabla: la de Cantidades Máximas de Posesión prevista en el artículo 479 de esta Ley.
Artículo 478.- El Ministerio Público no ejercerá acción penal por el delito previsto en el artículo anterior, en contra de quien (se elimina: sea farmacodependiente o consumidor y) posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla, en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma, para su estricto consumo personal y fuera de los lugares señalados en la fracción II del artículo 475 de esta Ley. La autoridad ministerial informará al consumidor la ubicación de las instituciones o centros para el tratamiento médico o de orientación para la prevención de la farmacodependencia.
Tabla de Orientación de Cantidades Máximas de Posesión
La que cabe en la cuenca de ambas manos del poseedor.
SEGUNDO. Para los efectos del artículo 193 ter, la Secretaría de Salud contará con un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para emitir las disposiciones que resulten aplicables.
[1] Los datos históricos son tomados del texto Foro para la Regulación de la cannabis en México. H. Cámara de Diputados. Abril de 2009. LX Legislatura.
[2] http://www.unodc.org
[3] Oriol Romaní, Prohibicionismo y drogas: ¿un modelo de gestión social agotado?.Universitat Rovira i Virgili-IEA, IGIA. En
[4] Vázquez Rodolfo. Entre la Libertad y la igualdad. Introducción a la Filosofía del Derecho. Primera Edición mexicana 2010. Editorial Trotta, p140.
[5] Comisión Global de Políticas de Droga. Junio de 2011. http://www.druglawreform.info/
[6] Antonio Waldo Zuardi. Historia del uso medicinal del cannabis: una revisión. Revista Brasileira de Psiquiatría
[7] Luigi Amara. El derecho a la Ebriedad en Foro para la Regulación de la cannabis en México. H. Cámara de Diputados. Abril de 2009. LX Legislatura
[8] Proteger la Salud de los Ciudadanos es una obligación del Estado. ¿Por qué no querría cualquier sociedad organizarse de manera que se maximice la salud de sus poblaciones? Doctor Mauricio Hernández Ávila. Audiencias públicas para las Alternativas de regularización de la marihuana. Senado de la República en http://www.senado.gob.mx/marihuana/
[9] Catalina Pérez Correa, Alejandro Corda y Luciana Boiteux. La regulación de la posesión y la criminalización de los consumidores de drogas en América Latina. Colectivo de Estudios Drogas y Derecho 2015.
[10] Informe Especial Drogas y derechos humanos en la Ciudad de México 2012-2013. Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, p 35.

References: artículo 73
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 248
 resolución 
 resolución 
 artículo 44
 artículo 237
 artículo 245
 artículo 479
 artículo 3
 artículo 112
 artículo 191
 artículo 192
 artículo 192
 artículo 192
 artículo 192
 artículo 237
 artículo 245
 artículo 473
 artículo 479
 artículo 193
 artículo 235
 artículo 247
 artículo 191
 artículo 191
 artículo 192
 artículo 236
 artículo 237
 artículo 245

Artículo 192

Artículo 236

Artículo 237
 Artículo 235
 artículo 479

Artículo 478
 artículo 475
 artículo 193