Source: https://sdr.fic.edu.uy/un-punal-de-opiniones/
Timestamp: 2020-07-06 11:34:16+00:00

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Un puñal de opiniones – SALA DE REDACCIÓN
El artículo 17 de la LUC establece multas para quienes ejerzan violencia hacia docentes y personal de la salud. ¿Qué creen al respecto las autoridades relacionadas?
Librillo "20 razones para decir no a la LUC", elaborado por Ades. Foto: Nahuel Durand.
En el capítulo primero de la sección de Seguridad Pública del proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC), se encuentra el artículo 17, que trata sobre la protección a trabajadores de la educación y de la salud, tanto a nivel público como privado. Luego de que ingresó la LUC al Parlamento, se registraron algunas modificaciones en el artículo: “Se incorporarán los trabajadores de transporte, los conductores de las ambulancias y, además, se enriquecerá el texto con algunas especificaciones nuevas”, explicó a Sala de Redacción Gustavo Grecco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU).
Específicamente, el artículo 17 establece la aplicación de multas a toda persona que ejerza violencia, de distintas maneras, hacia docentes y personal de la salud: “El que, invocando un vínculo con el alumno, dentro del establecimiento educativo de gestión pública o privada al que éste concurre, o en las inmediaciones del mismo, realice cualquiera de las siguientes acciones: hostigar, insultar, atacar físicamente o verbalmente, maltratar, menospreciar o perturbar emocional e intelectualmente a los trabajadores de la educación, será pasibles de una multa de hasta 80 UR (ochenta unidades reajustables)”.
Además, también se pueden establecer algunas de las medidas previstas en el artículo 3 de la ley de prisión preventiva (ley Nº 17.726), como la prestación de servicios comunitarios, arresto domiciliario, atención médica o psicológica, entre otras. Este último punto y lo anteriormente narrado aplica de la misma manera en los trabajadores de la salud pública y la privada.
¿Qué opinan desde la educación?
Pablo Caggiani, consejero de Educación Inicial y Primaria (CEIP), remarcó que los episodios de violencia hacia docentes, en general, están asociados a situaciones de vulnerabilidad o de salud mental, por lo que creer que “por aplicar una multa a una persona que tiene un episodio de ese tipo se va a resolver el problema, simplifica demasiado la situación”.
Para Caggiani, esos casos de violencia, tanto fuera como dentro del establecimiento, no se tratan de episodios aleatorios sino que parten de una situación de vida compleja, que luego “explotan” en la escuela y “eso es lo que los hace más visible”.
De acuerdo a los casos registrados durante 2019, el consejero agregó que, si bien no se llegaron ni a ocho episodios de violencia, hay varias mamás que han sido procesadas: “Las sanciones que deben cumplir los que agreden a docentes ya son bastante severas”, afirmó. Como conclusión, Caggiani expresó que si la solución para los problemas de convivencia es la inflación penal, se va en sentido contrario de lo que pretende, porque eso suele volver más compleja la situación.
Por otro lado, Alejandro Sosa, presidente de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (Ades Montevideo), manifestó a SdR una postura firme al respecto del artículo 17: “Nosotros rechazamos de plano el capítulo completo. Lo hemos caracterizado como que criminaliza a la pobreza, a la protesta y a los jóvenes en particular”. Asimismo, añadió que Ades cree que en ningún caso de violencia la solución puede ser “punitiva”, como califica al artículo.
“¿Por qué esto debería ser distinto que si se agrade a cualquier otro trabajador?”, planteó Sosa, y agregó que si bien el artículo toma una preocupación “válida” y que el sindicato también tiene, “no plantea una alternativa que resulte ser una solución”. Para acercarse a ello, Sosa señaló que los ámbitos negociados con la participación de quienes sufren este tipo de agresiones podrían ser un camino a tomar.
Para evitar que se propaguen las situaciones de violencia, desde 2016 rige una resolución de Ades en la que, ante agresiones a docentes, quienes pertenezcan a la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria deben paralizar las actividades por 24 horas. “Esto no tiene que ver tanto con las lesiones físicas que se provocaron, sino con el hecho simbólico de que se agrede a docentes en el contexto de una institución educativa”, sostuvo Sosa.
Según el dirigente, los casos se relacionan con una problemática social que trasciende al espacio educativo y, también, con las dificultades que tiene la institución para abordar estos problemas. Para Sosa, intentar que la violencia de afuera no entre al liceo, es una tarea que requiere de muchos recursos de los que carecen y de mucho trabajo con los estudiantes. “Sería valioso profundizar en ese trabajo y hacerlo con el apoyo de las autoridades que deben tomar ese tipo de decisiones”, concluyó.
Sala de Redacción intentó comunicarse en varias oportunidades con autoridades del Ministerio de Educación y Cultura para profundizar sobre la opinión de las autoridades y las razones para incorporar este artículo a la LUC, pero no obtuvo respuesta.
¿Y desde la salud?
Si bien Grecco anunció que el SMU no se opone al artículo y lo toman como una manifestación de preocupación y sensibilidad sobre la realidad de los trabajadores de la salud y de la educación, no cree que “sea un cambio cuantitativo al respecto de los hechos de violencia que sufrimos día a día”, ya que, dijo, se requiere de un abordaje multidisciplinario y no un incremento de penas o multas.
Para Grecco, el artículo 17 tiene además una faltante: no especifica que la multa será efectuada sólo si el personal de la salud y los docentes estaban ejerciendo su profesión al momento del acto de violencia. Si también aplica al estar fuera “no tiene sentido”, dijo.
Más allá del artículo en sí, Grecco manifestó que al SMU le preocupa el contexto en que se dan las situaciones, que suceden también con los equipos asistenciales y no sólo con los médicos: “Venimos sufriendo un incremento de hechos de violencia, en particular en los últimos meses, que pasan por agresiones físicas, amenazas e insultos”, reflexionó.
Entre 2018 y 2019 se registró un pico de casos, que triplicó a los de años anteriores, y el incremento de la violencia no se tradujo solamente en número sino por la gravedad de los hechos. En referencia a este último punto, Grecco señaló que anteriormente lo más usual era la agresión verbal, la amenaza y el insulto por la insatisfacción del acta médica, pero últimamente comenzaron a sufrir robos, golpes y rapiñas.
Según Grecco “se perdió el respeto a la ‘túnica blanca’”. Para hacerle frente a esta problemática, actualmente trabajan con el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior, los prestadores de salud, con el Sistema Nacional Integrado de Salud y con la Cámara de Emergencias Médicas Móviles. Además, realizan un abordaje integral que comienza por quienes están involucrados directamente en el tema: “Hemos hecho cursos para responder a la violencia, sin exacerbarla, en un entorno asistencial”, declaró el presidente del sindicato.

References: artículo 17
 artículo 17
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 artículo 3
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 resolución 
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