Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/63/2018/may/20180523.html
Timestamp: 2020-05-31 11:24:42+00:00

Document:
Gaceta Parlamentaria, año XXI, número 5031, miércoles 23 de mayo de 2018
Que reforma el artículo 11 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, recibida de la diputada Miriam Deniss Ibarra Rangel, del Grupo Parlamentario del PRI, en la sesión de la Comisión Permanente del miércoles 16 de mayo de 2018
De la Comisión de Competitividad, correspondiente a la vigésima segunda reunión ordinaria, efectuada el jueves 22 de marzo de 2018
De la Comisión Especial para dar seguimiento a los procesos y resultados de las compras del gobierno federal, correspondiente a la quinta reunión ordinaria, celebrada el martes 31 de octubre de 2017
De la Comisión Especial para dar seguimiento a los procesos y resultados de las compras del gobierno federal, relativa a la sexta reunión ordinaria, celebrada el jueves 15 de febrero de 2018
De la diputada Daniela García Treviño, relativo al sexagésimo segundo periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, celebrado del lunes 12 al viernes 23 de marzo de 2018 en la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos
De la Comisión de la Ciudad de México, a la vigésima sexta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el jueves 24 de mayo, a las 11:00 horas
De la Comisión de Protección Civil, a la decimonovena reunión plenaria, que se efectuará el martes 29 de mayo, a las 10:30 horas
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 54 y 62 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Expediente 10313.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
Expediente 10314.
3. Unidas de Justicia, y de Seguridad Pública.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 189 del Código Penal Federal y 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Expediente 10315.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 424, 424 Bis y 424 Ter del Código Penal Federal.
Suscrita por la diputada María Eugenia Ocampo Bedolla, Nueva Alianza.
Expediente 10317.
5. Cultura y Cinematografía.
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Seminario de Cultura Mexicana (en materia de transparencia y acceso a la información).
Suscrita por el diputado Francisco Javier Pinto Torres, Nueva Alianza.
Expediente 10320.
Ciudad de México, a 23 de mayo de 2018.
La suscrita, diputada Miriam Dennis Ibarra Rangel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la iniciativa de reforma al artículo 11 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en términos de la siguiente
El artículo 11 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos (en adelante Ley Federal sobre Monumentos), luego de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2018, señala lo siguiente:
Los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos históricos o artísticos que los mantengan conservados y en su caso los restauren, en los términos de esta ley, podrán solicitar la exención de impuestos prediales correspondientes, con base en el dictamen técnico que expida el instituto competente, de conformidad con el reglamento.
Como se advierte, el precepto trascrito reconoce a los propietarios de monumentos históricos o artísticos que los mantengan conservados o los restauren, la posibilidad de solicitar la exención de impuestos prediales.1 Asimismo, que el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes, tienen a su cargo promover ante los Gobiernos de las entidades federativas la conveniencia de que se exima del impuesto predial, a los inmuebles declarados monumentos, siempre que su uso no sea lucrativo.
Sin embargo, las disposiciones de referencia se alejan de lo dispuesto por el artículo 115 base IV, párrafo primero, inciso a), así como párrafo segundo, de la Constitución Federal, que señala expresamente:2
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles...
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c) ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona, institución alguna respecto de dichas contribuciones. Solo estarán exentos los bienes de dominio público de la federación, de las entidades federativas o los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. (Lo resaltado es propio).
De lo anterior, se advierte que por mandato constitucional:
1. Las leyes federales no deben limitar la facultad de los Estados para establecer las contribuciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria.
2. Las leyes estatales, no deben establecer exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones, salvo en los casos previstos en la propia Constitución.
3. Por mandato constitucional, sólo puede exentarse del pago de contribuciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria (como el predial) “los bienes de dominio público de la federación, de las entidades federativas o los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público”.
4. Tratándose de los municipios, éstos administran libremente su hacienda percibiendo contribuciones como la relativa a la propiedad inmobiliaria; por consecuencia, contrario a lo previsto en el artículo 11, párrafo segundo, de la Ley Federal sobre Monumentos, constitucionalmente no es posible que los gobiernos de los estados decidan sobre la conveniencia de eximir el cobro del predial.
Por tanto, las normas federales y estatales que establecen exenciones respecto de las contribuciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria (como es el predial) sin apegarse a lo descrito, transgreden el principio de reserva de fuentes de ingresos municipales y generan un perjuicio a la hacienda pública municipal al poder afectar la recaudación que se tenía contemplada; así lo ha sostenido el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 44/2003 de la novena época, localizable en la página 1375 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII de agosto de 2003, con número de registro 183493, que a la letra dice:3
Municipios. Las exenciones o cualquiera otra forma liberatoria de pago que establezcan las leyes federales o locales respecto de las contribuciones que corresponden a la libre administración tributaria de aquéllos, contra vienen el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Federal. De conformidad con lo dispuesto en el mencionado precepto constitucional, los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se conformará con los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, incluyendo las tasas adicionales sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles, las participaciones federales que les sean cubiertas por la federación, los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo, las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor; además, el citado artículo constitucional prevé la prohibición expresa para que las leyes federales y locales establezcan exenciones a favor de persona o institución alguna, respecto de las contribuciones señaladas. En consecuencia, si en dichas leyes se establece una exención o cualquiera otra forma liberatoria de pago, con independencia de la denominación que se le dé, y se limita o prohíbe la facultad otorgada a los municipios de recaudar las mencionadas contribuciones, es innegable que ello resulta contrario al referido artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que afecta el régimen de libre administración hacendaria, en virtud de que al no poder disponer y aplicar esos recursos para satisfacer las necesidades fijadas en las leyes y para el cumplimiento de sus fines públicos, les resta autonomía y autosuficiencia económica.
Por tanto, es necesario que las leyes federales y estatales se ajusten a lo preceptuado en el artículo 115, base IV, especialmente cuando se trata de contribuciones relacionadas con la propiedad inmobiliaria, para así garantizar a los municipios una libre administración de su hacienda, encaminada a la recaudación de los impuestos en la búsqueda de los ingresos necesarios para sufragar el gasto público, sin perder de vista además, que el impuesto predial es uno de los que genera mayores ingresos a las haciendas municipales.
Ahora bien, no pasa inadvertida la relevancia de los monumentos históricos y artísticos como parte de nuestra cultura e identidad populares, y que una medida normativa como la prevista en el ariículo 11 de la Ley Federal sobre Monumentos, tiene como objetivo fomentar entre los particulares que tienen la propiedad de ese tipo de inmuebles, la realización de acciones que conlleven su conservación o mejora.
No obstante, es necesario que dicho fomento se realice respetando el marco constitucional de nuestro país. Por ello, sugiero ajustar la redacción del citado artículo 11 para referir que los gobiernos estatales y municipales procurarán otorgar estímulos fiscales a propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos históricos o artísticos, siempre que los mantengan conservados, los restauren, o bien, que no los exploten con fines de lucro; y que para tal efecto, dichos gobiernos podrán considerar el dictamen técnico emitido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia o por el Instituto Nacional de Bellas Artes, según corresponda, dictamen que ya está previsto en el artículo 45 Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos.4
De esta manera, queda plasmada la potestad de estados y municipios para otorgar beneficios, y el derecho de los propietarios de monumentos a recibirlos, a manera de estímulos fiscales.
Al respecto, es importante precisar el alcance de los estímulos fiscales que, de acuerdo a la doctrina y precedentes jurisdiccionales, son beneficios de carácter económico concedidos a los contribuyentes con el objeto de cumplir ciertos fines de interés social, requiriéndose para que se den, los siguientes elementos:5
a) La existencia de un tributo o contribución a cargo del beneficiario del estímulo, el cual se necesita, ya que el estímulo fiscal sólo se origina y concreta en torno a las cargas tributarias que pesan sobre el contribuyente.
b) Una situación especial del contribuyente establecida en abstracto por la disposición legal que otorga el estímulo y que, al concretarse, da origen al derecho del contribuyente para exigido.
Sobre lo anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que los estímulos fiscales, además de ser benéficos para los contribuyentes, “se emplean como instrumentos de política financiera, económica y social en aras de que el Estado, como rector en el desarrollo nacional, impulse, oriente, encauce, aliente o desaliente algunas actividades o usos sociales, con la condición de que la finalidad perseguida con ellos sea objetiva y no arbitraria ni caprichosa,6 extremos que se cumplirían en la especie, pues con la implementación de esos estímulos -respetándose los principios constitucionales aplicables a la materia fiscal, como es la reserva de fuentes de ingresos en el ámbito municipal- se impulsaría la conservación y mejora de monumentos relacionados con nuestra identidad nacional.
Por lo expuesto, someto a su consideración, la siguiente iniciativa de reforma al artículo 11 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Artículo Único . Se reforma el artículo 11 de Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 11. Los gobiernos estatales y municipales, procurarán otorgar estímulos fiscales a propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos históricos o artísticos cuando los mantengan conservados o los restauren en los términos de esta Ley, o bien, que no los exploten con fines de lucro; para tal efecto, podrán considerar el dictamen técnico que expida el instituto competente, de conformidad con el Reglamento.
1 Antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2018, tal disposición se restringía a los predios ubicados en la jurisdicción del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. El texto del artículo 11, párrafo primero, de la Ley Federal sobre Monumentos, antes de esa reforma, señalaba: “Los propietarios de bienes inmuebles declarados monumentos históricos o artísticos que los mantengan conservados y en su caso los restauren, en los términos de esta ley, podrán solicitar la exención de impuestos prediales correspondientes, en la jurisdicción del Distrito Federal, con base en el dictamen técnico que expida el instituto competente, de conformidad con el reglamento” (lo resaltado es propio).
2 El artículo 122, apartado A, base V, párrafos quinto y sexto de la Constitución Federal (precepto aplicable a la Ciudad de México) reproduce en cierta media tales disposiciones del artículo 115 de la propia Carta Magna, al señalar lo siguiente: “Las leyes federales no limitarán la facultad de la Ciudad de México para establecer las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles y las derivadas de la prestación de servicios públicos a su cargo, ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes de la Ciudad de México no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes del dominio público de la federación, de las entidades federativas o de los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para propósitos distintos a los de su objeto público.- Corresponde al jefe de gobierno de la Ciudad de México proponer al Poder Legislativo local las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria”.
3 También véanse las siguientes jurisprudencias emitidas por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Jurisprudencia 21/2012 de la décima época, localizable en la página 347 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, tomo 1 de julio de 2012 con número de registro 160026 y rubro “Reserva de fuentes de ingresos municipales. Casos en los que las legislaturas estatales pueden eximir del pago de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria o en relación con los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos municipales; jurisprudencia 22/2012 de la décima época, localizable en la página 244 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, tomo 1 de julio de 2012 con número de registro 160040 y rubro “Exención del pago por contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Interpretación del artículo 115, fracción IV, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; jurisprudencia 100/2001 de la novena época, localizable en la página 824 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV de septiembre de 2001, con número de registro 188880 y rubro “Asociaciones religiosas. La exención en el pago de los impuestos predial y sobre traslación de dominio de inmuebles en su favor, prevista en el artículo cuarto transitorio del código municipal para el estado de Chihuahua. Transgrede el artículo 115, fracción IV, inciso a) y segundo párrafo. De la Constitución Federal (Periódico Oficial del Estado, con fecha tres de febrero de dos mil uno)”.
4 Artículo 45 del Reglamento de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos: “En el dictamen técnico a que se refiere el artículo 11 de la Ley deberá constar: I. Que el uso del inmueble es el congruente con sus antecedentes y sus características de monumento artístico o histórico. II.- Que los elementos arquitectónicos se encuentran en buen estado de conservación; y III.- Que el funcionamiento de las instalaciones y servicios no altera ni deforma los valores del monumento.- El dictamen se emitirá, en su caso, previo el pago de los derechos correspondientes”. Asimismo, en el artículo 47 se refiere que “El Instituto competente promoverá ante las autoridades correspondientes la revocación de la exención del pago del impuesto predial concedida al propietario de un monumento, cuando el inmueble deje de satisfacer alguno de los requisitos que sirvieron de base al dictamen emitido”, precepto reglamentario que, atendiendo a lo expuesto en la presente iniciativa, también debe ser ajustado.
5 Tesis III-PSS-45 de la tercera época, emitida por el pleno del entonces Tribunal Fiscal de la Federación (hoy Tribunal Federal de Justicia Administrativa), año III. No. 33. Septiembre 1990. Página 14, bajo el rubro “Estímulos Fiscales”.
6 Jurisprudencia 26/2010 de la novena época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 1032 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI de marzo de 2010, con número de registro y rubro “Estímulos fiscales. Deben respetar los principios de justicia fiscal que les sean aplicables, cuando incidan en los elementos esenciales de la contribución”.
Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 16 de mayo de 2018.
(Turnada a la Comisión de Cultura y Cinematografía. Mayo 16 de 2018.)
A las 9:40:00 horas, del jueves 22 de marzo de 2018, en la sala de juntas del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática situada en el basamento del edificio A, de la honorable Cámara de Diputados, sito en avenida Congreso de la Unión número 66, Colonia El Parque, se reunieron los integrantes de la Comisión de Competitividad, de conformidad con la convocatoria de fecha 20 de marzo de 2018, enviada mediante oficio CC/LX111/044/2018.
Se procedió al pase de lista de asistencia, encontrándose presentes el presidente, 8 secretarios y 4 integrantes más.
El secretario Luis Fernando Antero Valle informó que se contaba con la asistencia de 13 legisladoras y legisladores.
En virtud de que se contó con el quórum legal, el presidente Héctor Peralta Grappin, dio por iniciada la reunión.
Acto seguido, el presidente Héctor Peralta Grappin instruyó al secretario Luis Fernando Antero Valle, dar lectura al orden del día:
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta derivada de la vigésima primera reunión ordinaria.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del “dictamen de la Comisión de Competitividad, referente a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XVI al artículo 3 de la Ley Federal de Competencia Económica”
El presidente, Héctor Peralta Grappin, indicó que el siguiente punto del orden del día era la lectura, discusión y, en su caso aprobación del acta correspondiente a la vigésima primera reunión ordinaria de la Comisión de Competitividad, preguntó a las y los diputados si había observaciones o comentarios, sin existir alguno.
Acto seguido, por instrucciones del presidente, el diputado Luis Fernando Antero Valle, preguntó si se dispensaba la lectura del acta correspondiente a la vigésima primera reunión ordinaria de la Comisión de Competitividad; dispensada la lectura el secretario sometió en votación económica la aprobación del acta derivada de la vigésima primera reunión ordinaria de la Comisión de Competitividad quedando aprobada por unanimidad de los integrantes de la comisión.
4. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del primer informe semestral de actividades de la Comisión de Competitividad, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura
Continuando con el orden del día, el presidente Héctor Peralta Grappin, indicó que el siguiente punto era la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del primer informe semestral de actividades de la Comisión de Competitividad, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, que les fue enviado mediante oficio CC/ LXIII/ 044/ 2018 de fecha 20 de marzo de 2018.
Por instrucciones del presidente, el secretario Luis Fernando Antero Valle preguntó si se dispensaba la lectura del primer informe semestral de actividades de la Comisión de Competitividad, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura, quedó aprobada la dispensa por unanimidad.
En ese contexto, el presidente Héctor Peralta Grappin manifestó que con fundamento en los artículos 39, numerales 1 y 2, párrafos primero y segundo, fracción X, y numeral 3, 45, numeral 6, inciso b) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; 150 numeral 1 fracción X, 164, 165 y 213, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados, la Comisión de Competitividad debe rendir un informe semestral de sus actividades a la Conferencia para la Dirección y Programación de Trabajos Legislativos; señaló que dicho informe corresponde al periodo comprendido del 1 de septiembre de 2017 al 28 de febrero de 2018.
Acto seguido, el presidente, Héctor Peralta Grappin, preguntó si existía algún comentario por parte de los legisladores presentes. No habiendo comentarios al respecto, por instrucciones del presidente, el secretario Luis Fernando Antero Valle sometió en votación económica la aprobación del primer informe semestral de actividades de la Comisión de Competitividad, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura quedando aprobado por unanimidad de los integrantes de la comisión.
El presidente, Héctor Peralta Grappin, instruyó turnar el informe semestral a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos para los efectos correspondientes.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la comisión referente a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XVI al artículo 3 de la Ley Federal de Competencia Económica
Prosiguiendo con el orden del día, el presidente Héctor Peralta Grappin, señaló que el siguiente punto era la lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen de la Comisión de Competitividad, referente a la Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XVI al artículo 3 de la Ley Federal de Competencia Económica
Posteriormente, por instrucciones del presidente, el secretario Luis Fernando Antera Valle preguntó si se dispensaba la lectura del dictamen de la Comisión de Competitividad, referente a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XVI al artículo 3 de la Ley Federal de Competencia Económica, quedando aprobada la dispensa por unanimidad.
En ese contexto, el presidente Héctor Peralta Grappin expresó que en términos generales la iniciativa del diputado José Antonio Estefan Garfias, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene por objeto adicionar una fracción XVI al artículo 3 de la Ley Federal de Competencia Económica, que establezca la definición del concepto “monopolio”.
Derivado de lo anterior, de conformidad con el artículo 188, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, el presidente abrió el registro de oradores para hablar en contra o a favor del dictamen, por lo que solicitó a la Secretaría preguntar si existía alguno.
Acto seguido el presidente, Héctor Peralta Grappin, instruyó a la Secretaría dar lectura al resolutivo del dictamen.
El secretario Luis Fernando Antera Valle dio lectura al resolutivo del dictamen.
Con fundamento en el artículo 104, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados, el Diputado presidente Héctor Peralta Grappin, pidió a la Secretaría consultar en votación económica, si era de aprobarse el dictamen que desecha la iniciativa con proyecto de decreto que una fracción XVI al artículo 3 de la Ley Federal de Competencia Económica.
En ese sentido, el secretario Luis Fernando Antera Valle –en votación económica– preguntó si era de aprobarse el dictamen de la Comisión de Competitividad, referente a la iniciativa con proyecto de decreto que una fracción XVI al artículo 3 de la Ley Federal de Competencia Económica, quedando aprobado por unanimidad de los integrantes de la comisión.
El presidente, Héctor Peralta Grappin, instruyó turnar a la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos el dictamen aprobado para los efectos correspondientes.
Acto seguido el presidente, Héctor Peralta Grappin, indicó que el siguiente punto del orden del día eran asuntos generales, por lo que preguntó si existía alguno.
No habiendo más asuntos en cartera, el presidente, Héctor Peralta Grappin, indicó que, a las 10 horas con 15 minutos, del jueves 22 de marzo de 2018, se dio por clausurada la vigésima segunda reunión ordinaria de la Comisión de Competitividad, correspondiente a la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión; agradeció la asistencia de todas y todos los presentes, dio por concluida la reunión.
Diputados asistentes: Héctor Peralta Grappin presidente; José Luis Cardoso Estévez, Alejandro Juraidini Villaseñor, Luis Fernando Antero Valle, Luz Argelia Paniagua Figueroa, Daniel Ordoñez Hernández, Blanca Margarita Cuata Domínguez, Juan Manuel Celis Aguirre y Germán Ernesto Ralis Cumplido, secretarios; María Chávez García, Alfredo Miguel Herrera Deras, Felipe Reyes Álvarez y Alfredo Javier Rodríguez Dávila.
1. Acta derivada de la vigésima primera reunión plenaria.
2. Primer informe semestral de actividades de la comisión, correspondiente al tercer año de ejercicio de la LXIII Legislatura.
3. Dictamen de la comisión referente a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XVI al artículo 3 de la Ley Federal de Competencia Económica.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los ocho días del mes de mayo de 2018.
Diputados: Héctor Peralta Grappin (rúbrica), presidente; José Luis Cardoso Estévez, Alejandro Juraidini Villaseñor (rúbrica), Susana Osorno Belmont (rúbrica), Luis Fernando Antero Valle (rúbrica), Luz Argelia Paniagua Figueroa (rúbrica), Daniel Ordoñez Hernández (rúbrica), Blanca Margarita Cuata Domínguez (rúbrica), Lucía Virginia Meza Guzmán (rúbrica), Juan Manuel Celis Aguirre (rúbrica) y Germán Ernesto Ralis Cumplido, secretarios.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de 5 (cinco) diputadas y diputados miembros de la Comisión Especial, a las 10:15 horas del martes 31 de octubre de 2017, la presidenta de la comisión especial, diputada Claudia Corichi García, declara abierta la reunión. Fungió como secretaria la diputada Edith Yolanda López Velasco.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la tercera reunión ordinaria.
4. Palabras de bienvenida por la presidenta de la comisión.
5. Exposición de funcionarios de la Secretaría de la Función Pública.
7. Respuestas y comentarios de funcionarios de la Secretaría de la Función Pública.
8. Conclusiones por parte de la presidenta de la comisión.
Se alcanzó el quorum reglamentario (5 legisladores presentes, de un total de 9).
La secretaría dio lectura al orden del día. En votación económica se aprobó el orden del día.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la tercera reunión ordinaria
Se dispensó la lectura del proyecto de acta de la tercera reunión ordinaria, en virtud de que fue enviada con anterioridad a los miembros de la comisión. En votación económica se aprobó el proyecto del acta de la tercera reunión ordinaria.
4. Palabras de bienvenida por la presidenta de la comisión
Damos la más cordial bienvenida a los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública que nos acompañan:
• Licenciado José Gabriel Carreño Camacho. Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas.
• Maestro Christian Noé Ramírez Gutiérrez. Coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control.
• Maestro Érick Parra Correa. Director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial.
• Licenciada Elsy Denisse Ruiz Álvarez. Coordinadora de asesores de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas.
El diálogo respetuoso y propositivo entre poderes es uno de los principios fundamentos de la democracia. Los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública que hoy nos acompañan, vienen a esta Cámara a exponer los resultados de su trabajo, sus logros y también las tareas aún pendientes, específicamente en aquellos casos que han despertado, lamentablemente, la indignación de la sociedad mexicana.
Nos referirnos concretamente a cuatro casos.
En primer lugar, a los contratos en los cuales un importante número de universidades públicas han fungido como proveedores de dependencias y entidades de la administración pública federal, al amparo del artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, evadiendo de esta forma el proceso de licitación pública, lo cual contribuyó a encarecer los costos y a abrir espacios para prácticas irregulares. Esta problemática alcanza niveles importantes de recursos públicos, unos 3 mil 175 millones de pesos de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En según término, tenernos el caso de los presuntos sobornos en Petróleos Mexicanos (Pemex) por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Recordemos que esta empresa es investigada prácticamente en 20 países del continente americano, toda vez que se comprobó por autoridades brasileñas que la constructora habría dado millones de dólares en sobornos a Petrobras a cambio de hacerse con contratos, y que esta práctica se extendió a otros países, entre ellos, México.
Un tercer caso es el contrato de arrendamiento de una plataforma por parte de Pemex para utilizarse como unidad habitacional flotante en la Sonda de Campeche, por el cual Pemex pagó 567 millones de pesos, el cual presentó varias irregularidades: no se realizó licitación, sino adjudicación directa; la plataforma presentó serias deficiencias en infraestructura y seguridad; hubo posible tráfico de influencias pues el contrato lo adjudicó Pemex a una empresa que en México es representada por el cónyuge de una exlegisladora que se desempeña como funcionaria de Pemex.
Finalmente, tenernos el caso de los contratos asignados a la empresa EPCOR, responsable tanto del socavón en el paso exprés de Cuernavaca, como de trabajos de reforzamiento estructural en el hospital regional número 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado de Puebla, el cual quedó inhabitable por grave deterioro estructural, por el sismo del pasado 19 de septiembre.
Los casos mencionados ilustran la posible participación de funcionarios públicos en actos de corrupción en materia de compras, contrataciones y arrendamientos del gobierno federal, en colusión con empresas privadas.
Por ello, la sociedad mexicana demanda de los tres Poderes de la Unión (el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial) acciones que concluyan con la presentación ante la justicia de los responsables de estos actos de corrupción, de modo que no que haya lugar a la impunidad.
Así pues, escucharemos con mucho interés la exposición de los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública sobre estos temas.
5. Exposición de funcionarios de la Secretaría de la Función Pública
En primer término, el licenciado José Gabriel Carreño Camacho, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, transmitió saludos de parte de la secretaria de la Función Pública, maestra Arely Gómez, y agradeció la oportunidad que representa poder exponer ante legisladores de la comisión especial los alcances del trabajo que ha realizado la Secretaría de la Función Pública (SFP) en los temas controversiales ya señalados por la diputada Claudia Corichi. Dicho lo anterior, cedió el uso de la palabra al maestro Christian Noé Ramírez Gutiérrez, coordinador general de Órganos de Vigilancia y Control, para que llevara a cabo la exposición de los temas.
• Contratos con universidades públicas y subcontratación
El maestro Christian Ramírez señalo que la SFP instruyó a los órganos internos de control a dar acompañamiento a las instituciones e impulsar la atención de observaciones formuladas por los entes fiscalizadores, principalmente de la ASF, en donde se encuentran casos vinculados con incumplimientos de universidades públicas. Cabe señalar que esta acción es prioritaria y forma parte del plan de trabajo de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control. Dijo que la titular de la dependencia ha ordenado que en los casos donde la ASF no hubiere dado vista a la administración de la universidad, sea el propio OIC quien lo haga.
Derivado de lo anterior, se ha obtenido los siguientes resultados: sanción a 3 servidores públicos del OIC en Banobras, imponiéndole a cada uno de ellos, la sanción consistente en inhabilitación por diversos periodos; 16 servidores públicos se encuentran sujetos a procedimiento administrativo en los OIC de Banobras (4), Secretaría de la Función Pública (Sedesol, 1), Secretaría de Educación Pública (SEP, 11), y 35 servidores públicos más están siendo investigados en los OIC del RAN (16), Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa, 4), Sedesol (8), Fovissste (5) y Secretaría de Economía (2).
Señaló que próximamente la SFP, a través de la Unidad de Auditoría Gubernamental, dará inicio a 2 auditorías para comprobar que la contratación de servicios con universidades, politécnicos y tecnológicos, vigente en el ejercicio fiscal de 2017, se haya realizado bajo las mejores condiciones para el Estado, así como para determinar que la contratación de instituciones de nivel superior fue para realizar tareas complementarias o subsidiarias de las funciones de las dependencias y entidades. Asimismo, habrá una mesa de trabajo coordinada SFP-CNBV-SAT para detectar empresas fantasma.
• Contratos de Pemex con la empresa Odebrecht
El maestro Christian Ramírez expuso que el 21 de diciembre de 2016, la Security Exchange Comission (SEC) de Estados Unidos de América (EUA), dio a conocer una resolución en la que se hizo referencia a posibles actos de corrupción relacionados con un alto funcionario mexicano y la empresa Odebrecht. Al día siguiente de que se publicó la resolución de la SEC, se ordenó el inicio de un expediente de investigación en la Unidad de Responsabilidades en Pemex, así como la práctica de una auditoría transversal que permitiera identificar los contratos celebrados entre instituciones de la administración pública federal y la empresa brasileña. Derivado de la auditoría transversal, se detectaron 21 filiales de la empresa brasileña que han operado en México. Se dio inicio a la revisión específica de los contratos celebrados con Pemex durante el periodo que se refiere en la resolución de la SEC (Tula 1, Tula 2 y Salamanca). Durante la etapa de investigación, se tomó la comparecencia de 23 servidores públicos de Pemex.
Señaló que como resultado de las investigaciones, al día de hoy, se han iniciado 8 procedimientos administrativos; 4 contra filiales de la empresa brasileña, 2 contra sus representantes legales y 2 contra servidores públicos de Pemex, en los que se están desahogando las etapas procedimentales correspondientes y donde se han identificado diversas irregularidades en la ejecución de los contratos.
También aclaró que de conformidad con las facultades de la SFP, esta es la encargada de investigar y, en su caso, sancionar a las empresas filiales de Odebrecht y a los servidores públicos de Pemex por conductas irregulares exclusivamente de carácter administrativo. Lo relativo a las investigaciones por conductas delictivas relativas al posible soborno, son competencia del Ministerio Público de la Federación.
La Secretaría de la Función Pública tiene listas 3 resoluciones de 8, relativas a los procedimientos administrativos que se iniciaron; sin embargo, el 16 de octubre de 2017 el Poder Judicial de la Federación concedió una suspensión definitiva en un juicio de amparo para el efecto que dichas resoluciones no sean emitidas. Si bien esta resolución no prejuzga sobre el fondo del asunto, la Secretaría de la Función Pública, usará los medios legales a su alcance para evitar que este pronunciamiento impida llegar a las últimas consecuencias del caso. Derivado de las investigaciones llevadas a cabo por la SFP, se tienen identificados otros hallazgos que estamos terminando de integrar para iniciar otros procedimientos administrativos.
Finalmente, comentó que la Secretaría de la Función Pública en el ejercicio de sus facultades de verificación de la evolución patrimonial, tiene abiertos de momento y en investigación 9 expedientes de servidores públicos vinculados con el tema de Odebrecht. Las inconsistencias en el patrimonio de estos servidores públicos van desde los 880 mil pesos, hasta los casi 60 millones de pesos, y respecto de 8 de ellos está transcurriendo el plazo que la ley les otorga para que ejerzan el derecho de realizar sus respectivas aclaraciones. En caso de que esos servidores públicos no acrediten las inconsistencias en el incremento desproporcionado de su patrimonio, respecto de sus ingresos en el cargo público, se realizarán las denuncias que correspondan ante la Procuraduría General de la República, para que se investiguen las probables conductas delictivas. Se está realizando la evolución patrimonial de otros servidores públicos relacionados con este tema, por lo que es probable que más adelante se abran más expedientes de verificación de esa evolución.
• Unidad habitacional flotante (Pemex)
El maestro Christian Ramírez indicó que el 9 de febrero de 2017, la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos dependiente de la Secretaría de la Función Pública (SFP), recibió denuncia en contra de María del Rosario Brindis Álvarez, por apoyar, gestionar y facilitar el proceso de contratación 648225826 de “Servicios de Alimentación y Hotelería con Unidad Habitacional Flotante, Paquete K”, para beneficiar a su cónyuge, presunto representante de Unión Internacional Energy (UIE), Amar Offshore, SA y Delta Al Muhitat Shipping LLC.
Señaló que de un análisis realizado hasta el momento a la información relativa a la denunciada y su cónyuge, se obtuvo que ésta, conforme a las facultades que desempeñaba, no participaba en el procedimiento de contratación. Se identificó que Petróleos Mexicanos no ha celebrado contratos con el ciudadano Alberto Ríos Treviño, cónyuge de la antes citada, ni con las empresas Union International Energy, Union International Energy FZE y Amar Offshore, SA, las cuáles refieren ser representadas por éste. Sin embargo, se obtuvo que las empresas Delta Al Muhitat Shipping de México, S de RL de CV, en propuesta conjunta con Delta Al Muhitat Shipping LLC, Proyectos y Cimentaciones Industriales, SA de CV y GQA Guaranty Quality Aliment, SA de CV, obtuvieron un contrato con Pemex, con vigencia del 29 de marzo de 2016 al 22 de diciembre de 2016, por el monto de 31, 605,162.53 dólares (treinta y un millones seiscientos cinco mil ciento sesenta y dos dólares). Se está investigando todo el proceso de contratación relativo a este último contrato.
Finalmente comentó que se detectó que durante la ejecución del contrato, a la empresa adjudicada se le aplicaron diversas penalizaciones derivadas de incumplimientos al clausulado del contrato, consistentes en el incumplimiento en la fecha de inicio (mayo de 2016) y fallas en suministro de agua potable, aire acondicionado, servicio médico y potabilizadora. Se solicitó al área encargada de la supervisión de la ejecución del contrato, evidencia de las inspecciones de seguridad realizadas a la plataforma Strategic Excellence durante la vigencia del contrato. Una vez recibida la información, se analizará el sentido de la resolución.
• Paso exprés de Cuernavaca y Hospital Regional 36 del IMSS
Sobre el tema del socavón en el paso exprés de Cuernavaca, el maestro Christian Ramírez expuso tres líneas de acción que ha seguido la Secretaría de la Función Pública. En la primera línea de acción, dedicada a la etapa de la investigación, informó que en el OIC de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se encuentran en trámite diez expedientes de investigación relativos a promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias remitidas por la ASF, previéndose la posible comisión de irregularidades administrativas, por lo cual se solicitó al DG de Auditoría de Inversiones Físicas Federales de la ASF, información relativa a las autorizaciones correspondientes, quien contestó que la documentación se encuentra en análisis para su solventación. Otras 8 investigaciones más fueron iniciadas y se encuentran en fase de integración, con el fin de verificar si otros servidores públicos habían sido notificados de los riesgos y habían sido negligentes en su atención; y si algunos servidores públicos cumplían con el perfil del puesto.
En cuanto a la segunda línea de acción, relativa a los procedimientos administrativos disciplinarios, señaló que se está substanciando un procedimiento administrativo disciplinario contra tres servidores públicos de la SCT, por su presunta responsabilidad en la omisión de atender las advertencias de los riesgos de la obra, formuladas por vecinos del lugar, el municipio de Chipitlán, la Barra de Abogados, entre otros. Asimismo, se tiene otro procedimiento administrativo disciplinario en contra de tres servidores públicos por no haber incorporado al sistema CompraNet el proyecto ejecutivo de la obra, en contravención a lo dispuesto por el artículo 31, fracción XVII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Finalmente, en cuanto a la tercera línea de acción, relativa a la auditoría, el funcionario explicó que el 17 de julio de 2017, el OIC en SCT inició auditoría para comprobar que el proyecto se hubiera realizado en apego a las disposiciones aplicables. Los trabajos de auditoría se desarrollaron, en un primer momento, en la Dirección General del Centro SCT Morelos y se ampliaron a la Dirección General de Desarrollo Carretero y a la Dirección General de Carreteras, ambas adscritas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Como resultado de la auditoría, se determinaron 22 observaciones a cuatro contratos auditados que suman un monto por aclarar de mil 34.4 millones de pesos. Los principales hallazgos se refieren a: irregularidades en los procedimientos de licitación y/o adjudicación; trabajos ejecutados sin comprobación documental; incumplimiento al programa de obra convenido; pagos en exceso; inadecuada planeación y programación de la obra y los servicios relacionados con la misma; inadecuada supervisión de la obra y del servicio de coordinación del proyecto; omisión a las recomendaciones técnicas durante la ejecución de los trabajos en el kilómetro 93+857; deficiencias en el manejo y control de las bitácoras de obra y servicios relacionados con la misma; y falta en la elaboración del finiquito de contratos.
Sobre el tema del Hospital Regional 36 del IMSS en Puebla, el maestro Christian Ramírez señaló que en abril de 2016 se contrató la terminación de la reestructuración de una parte del hospital, con la empresa Epccor, por un monto de 26.2 millones de pesos y fecha de término para el 25 de diciembre de 2016. A la fecha del sismo (19 de septiembre de 2017), se encontraba en proceso el convenio para término al 31 de diciembre de 2018. Derivado de los hechos sucedidos en el paso exprés de Cuernavaca, la SFP instruyó a los OIC de las dependencias que hayan contratado trabajos con las empresas Epccor y Aldesa, para auditar los correspondientes contratos.
El funcionario concluyó diciendo que en el OIC del IMSS se identificaron tres contratos de obra con Epccor. El 1 de agosto pasado, se determinó auditar los tres contratos en el cuarto trimestre de 2017, debido a que el área de auditoría interna del OIC en el IMSS ya había iniciado las auditorías del tercer trimestre. El OIC modificó su Programa Anual de Auditorías 2017, para llevar a cabo la revisión de los tres contratos, entre ellos, el proyecto integral y remodelación de varios niveles del Hospital General Regional número 36, en San Alejandro, Puebla.
Al término de su exposición, la presidenta de la comisión especial, diputada Claudia Corichi cedió el uso de la palabra a los legisladores presentes para que hicieran comentarios y preguntas a los funcionarios públicos invitados.
6. Preguntas y comentarios de legisladores
Los diputados miembros de la comisión que asistieron a la reunión hicieron comentarios generales sobre los temas expuestos. El diputado Enrique Rojas, señaló que el caso del socavón del paso exprés de Cuernavaca es preocupante pues implica un tema de seguridad y en su momento la vida de seres humanos, por lo que instó a resultados efectivos y ejemplares.
También se dio el uso de la palabra a legisladores que no son miembros de la comisión especial pero que dada la importancia de los temas abordados, decidieron asistir a la reunión. El diputado Xavier Nava comentó que es inaceptable que no haya un funcionario de primer nivel sancionado por este escándalo de la Estafa Maestra, y solicitó información acerca de triangulaciones vinculadas a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Por su parte, el diputado Pinto Torres se mostró preocupado por la labor de la SFP en materia de prevención de la corrupción y dijo que se trata de construir una nueva cultura contra la ilegalidad.
En su oportunidad, la diputada Claudia Corichi García recalcó que la comisión que preside seguirá solicitando información sobre el avance de estas investigaciones, pues hasta hoy muchos de los culpables están libres a pesar de ser investigados y haberse encontrado indicios de su responsabilidad. Enfatizó que deben agilizarse los tiempos de investigaciones, pues no es aceptable que actos de corrupción prescriban, acrecentando la percepción de impunidad en el país, se tiene la impresión de que el mismo Poder Judicial esté impidiendo que se combata a la corrupción. La legisladora concluyó señalando que seguirán vigilantes de estos temas de interés nacional y que hace votos porque haya resultados pronto y con sanciones claras donde no debe haber intocables.
7. Respuestas y comentarios de funcionarios de la Secretaría de la Función Pública
En sus respuestas a los comentarios de los legisladores, los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública recalcaron que continuarán trabajando en el ámbito de sus competencias para esclarecer los posibles actos de corrupción y establecer las sanciones administrativas correspondientes de los cuatro temas expuestos. En respuesta a una pregunta de los legisladores, se comprometieron a enviar a la brevedad a la presidenta de la comisión un listado con las observaciones más recurrentes en materia de obra pública en el gobierno federal. Finalmente, a nombre de la titular de la Secretaría de la Función Pública, agradecieron a los legisladores la oportunidad brindada para exponer ante la comisión especial.
8. Conclusiones por la presidenta de la comisión
Acto seguido, la presidenta de la comisión digirió a los presentes el siguiente mensaje a modo de conclusión:
Los comentarios que se han vertido hoy aquí, en este ejercicio de diálogo republicano, serán de gran utilidad para continuar nuestros esfuerzos conjuntos en el combate a la corrupción y a la impunidad. Tengan la seguridad que los legisladores de esta comisión seguiremos impulsando adecuaciones al marco jurídico de las compras de gobierno, para dotar de mejores instrumentos y capacidades a la Secretaría de la Función Pública en el desempeño de su trabajo. Asimismo, esperamos que las recomendaciones que se han vertido hoy aquí por parte de los legisladores, sean atendidas por las distintas áreas de la Secretaría de la Función Pública. La sociedad mexicana espera de nosotros, legisladores y funcionarios públicos, resultados concretos. Muchas gracias por su asistencia.
No se trataron más asuntos generales.
La diputada Claudia Sofía Corichi García clausuró la reunión a las 11:40 horas del 31 de octubre de 2017, y citó a las diputadas y a los diputados miembros de la comisión a la próxima reunión cuya fecha se les informará con toda oportunidad.
La Comisión Especial para dar seguimiento a los procesos y resultados de las compras del gobierno federal
Diputados: Claudia Corichi García (rúbrica), presidenta; Edith Yolanda López Velasco (rúbrica), Jesús Salvador Valencia Guzmán (rúbrica), José Adrián González Navarro (rúbrica), Arturo Álvarez Angli, Carlos de la Fuente Flores (rúbrica), Delia Guerrero Coronado, Ariadna Montiel Reyes, Enrique Rojas Orozco (rúbrica), Juan Carlos Ruiz García (rúbrica).
En el Palacio Legislativo de San Lázaro en la capital de los Estados Unidos Mexicanos, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con una asistencia de 6 (seis) diputadas y diputados miembros de la Comisión Especial a las 10:10 horas del jueves 15 de febrero de 2018, la presidenta de la comisión especial, diputada Claudia Corichi García, declara abierta la reunión. Fungió como secretario el diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la quinta reunión ordinaria.
4. Palabras de bienvenida de la presidenta de la comisión.
5. Exposición de funcionarios de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, con el tema: El rediseño del sistema Compranet. Estudio de la OCDE sobre las contrataciones públicas en México.
1. Asistencia y declaración de quórum.
Se alcanzó el quórum reglamentario (6 legisladores presentes, de un total de 10).
Se dio lectura y, en votación económica, se aprobó el orden del día.
Se dispensó su lectura en virtud de que fue enviada con anterioridad a los miembros de la comisión. En votación económica se aprobó el proyecto de acta de la quinta reunión ordinaria.
• Licenciado José Gabriel Carreño Camacho, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas.
• Licenciada Elsy Denisse Ruiz Álvarez, coordinadora de Asesores del Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas.
• Licenciado Alejandro Luna Ramos, titular de la Unidad de Políticas de Contrataciones Públicas.
• Licenciado Alejandro Bonilla Muñoz, director adjunto de Contrataciones Electrónicas de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas.
A todos les agradecernos su presencia.
El objetivo de esta reunión es, como lo ha sido en las anteriores ocasiones, entablar un diálogo respetuoso y propositivo entre poderes, lo cual contribuye a fortalecer uno de los principios fundamentos de la democracia.
Los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública que hoy nos acompañan, vienen a esta Cámara a exponer un documento que es producto de la labor del Grupo de Trabajo Plural sobre Contratación Pública, y que estudia el Sistema Electrónico de Contratación Pública en México, conocido como Compranet.
Esta comisión tiene entre sus objetivos analizar el proceso de las compras del gobierno federal, por lo cual, resulta obligado conocer la capacidad de dicho sistema para garantizar que las contrataciones públicas se realicen de manera eficiente, efectiva, transparente y con rendición de cuentas, lo cual contribuirá a la prevención de prácticas de corrupción.
La sociedad mexicana demanda acciones que concluyan con la presentación ante la justicia de los responsables de actos de corrupción, no importa si son funcionarios públicos de alto nivel o ejecutivos de poderosas empresas multinacionales. No debe haber lugar a la impunidad.
La reforma del sistema Compranet será sin duda un valioso apoyo técnico para contribuir a un mejor ejercicio del gasto público y potenciar así la prosperidad social y no la generación de riqueza para unos cuantos.
Por estas razones, es que escucharemos con interés la exposición de los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública que hoy nos acompañan.
Tienen la palabra. Adelante por favor.
En primer término, el licenciado José Gabriel Carreño Camacho, subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, transmitió saludos de parte de la Secretaría de la Función Pública, maestra Arely Gómez, y agradeció la oportunidad que representa poder exponer ante legisladores de la comisión especial los alcances de la labor realizada por el Grupo de Trabajo Plural sobre Contratación Pública. Después cedió el uso de la palabra al licenciado Alejandro Bonilla Muñoz, director adjunto de Contrataciones Electrónicas de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas, para que llevara a cabo la exposición de los temas.
El licenciado Bonilla Muñoz comentó que el reporte titulado “Estudio del Sistema Electrónico de Contratación Pública de México. Rediseñando Compranet de manera incluyente”, editado y publicado de manera conjunta por la Secretaría de la Función Pública y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), tiene por objetivo armonizar las perspectivas de un amplio grupo de actores sobre el tema de las compras públicas: líderes del sector empresarial, de la sociedad civil y del sector público, quienes conformaron el grupo de trabajo plural sobre contratación pública. El objetivo de dicho grupo fue crear consenso sobre la modernización y la ampliación del sistema Compranet.
Asimismo, el licenciado Bonilla Muñoz comentó que en el reporte se evalúa el alcance actual del sistema, la forma en que funciona y qué tan adecuado es para apoyar una contratación electrónica eficiente, eficaz y transparente en México. Reformar Compranet implicará modernizar el sistema, para que además de permitir el acceso a documentos relacionados con la contratación gubernamental, pueda ofrecer un enfoque más estratégico a dicho proceso. Esto ayudará a identificar las deficiencias en el ciclo de contratación pública y detectar cómo la tecnología puede ayudar a simplificar el proceso y a reducir al mínimo la exposición al riesgo.
El funcionario señaló que los contribuyentes exigen cada vez más que el gasto público sea confiable y eficiente. Restablecer la confianza en las instituciones públicas ha sido un objetivo fundamental en muchas reformas e iniciativas recién emprendidas por el gobierno mexicano. El gran volumen de la contratación pública y su elevada exposición al riesgo representan oportunidades claras de recuperar la confianza pública no sólo en la integridad del gobierno, sino también en su eficiencia.
El licenciado Bonilla Muñoz indicó que para lograr los resultados deseados, la SFP necesitará implementar una reforma de Compranet, a través de un método escalonado que permita ejercer una supervisión más estrecha y controlar el cumplimiento del objetivo, y a la vez reducir el efecto del cambio sobre los usuarios del sistema y otras partes interesadas. Se preparó un plan de trabajo para Compranet, el cual toma en cuenta el contexto específico de México y el estado actual de dicho sistema. Se distinguieron tres etapas (para el corto, el mediano y el largo plazos), de modo que Compranet, de ser un sistema orientado al cumplimiento, pueda convertirse en una plataforma que genere información sobre contratación pública y, en la tercera etapa, en un sistema de operaciones de compra plenamente integrado.
El funcionario resumió las recomendaciones clave que pueden extraerse del Estudio:
a) Ajustar la estrategia de contratación electrónica a un programa de reforma amplio y coordinado: es conveniente que el sistema de contratación electrónica forme parte de un programa multifacético que concuerde con otros aspectos de la reforma en contratación (como los entornos legal y de política o el entorno del sector privado). Si la realización de cambios considerables a Compranet se considera simplemente como un proyecto de modernización tecnológica, sin acompañarla de una reforma en la contratación pública, el proyecto podría no alcanzar los beneficios previstos.
b) Trabajar hacia un proceso de contratación electrónica más eficiente, eficaz y transparente: recientemente, el propósito central de los sistemas de contratación electrónica de los países de la OCDE cambió de constituir una plataforma para la transparencia y la divulgación de oportunidades de contratación pública, a ayudar a aumentar la eficiencia y la eficacia en este ámbito. Alcanzarlo requiere identificar las etapas del ciclo de contratación en las que más se requieren las soluciones tecnológicas.
e) Garantizar la integridad en los procesos de contratación pública: pese a los intentos de aportar un marco institucional, jurídico y regulatorio para prevenir la corrupción en la contratación pública, la confianza de los ciudadanos en las instituciones y las actividades gubernamentales se mantiene baja y la percepción de corrupción sigue siendo alta. A la SFP y al gobierno federal de México les resultaría útil desarrollar un marco institucional y normativo de contratación pública coherente y eficiente, que incluya medidas específicas para combatir la corrupción y gestionar mejor los fondos públicos. Un sistema como Compranet puede contribuir a conseguirlo -al reducir al mínimo el contacto directo entre los funcionarios de contratación pública y los licitadores y establecer registros electrónicos de las operaciones de contratación para fines de auditoría y supervisión.
d) Formar a los funcionarios de contratación pública en las competencias necesarias para trabajar con herramientas de contratación electrónica: además de poner en práctica las recomendaciones relacionadas con cambios técnicos y mejoras del proceso, la SFP tendría que identificar maneras de superar otros obstáculos para el funcionamiento eficaz del proceso de contratación pública. Los practicantes de esta área requieren apoyo y orientación adicionales para desempeñar sus funciones con eficacia. La información recabada durante la misión de investigación de la OCDE sugiere que el bajo número de consultas al centro de ayuda de Compranet refleja la falta de familiaridad con los procesos y las normas del sistema.
El licenciado Bonilla Muñoz finalizó su intervención comentando que Compranet ofrece una gran cantidad de información sobre la actividad de contratación pública de México, pero esta no es exhaustiva, y no está disponible en formatos que ayuden a incrementar la rendición de cuentas. La calidad de los conocimientos que se puedan adquirir con el sistema afectará su capacidad de aumentar la rendición de cuentas, guiar el diseño de las políticas públicas y generar valor por los fondos públicos. Es necesario abrir al público datos de alta calidad, en un formato que permita analizar tendencias y excepciones. Por consiguiente, Compranet se podría proponer proporcionar información compartible, reutilizable y legible por máquina que permita desarrollar estadísticas y efectuar análisis de datos.
Las diputadas y los diputados asistentes a la reunión hicieron comentarios generales sobre el tema expuesto. Coincidieron en señalar que hubiera sido provechoso que también participaran legisladores en el Grupo de Trabajo Plural en Compras Públicas. En ese Grupo estuvieron presentes funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, así como de organizaciones de la sociedad civil y cámaras de comercio participantes, por lo cual se consideró necesario incorporar la visión de los legisladores en el tema.
También centraron sus preguntas en el tema de la integración digital de todas las entidades gubernamentales y el enlace con otras áreas de gobierno, como la financiera y la fiscal, por lo cual preguntaron si esto acabará con las llamadas “empresas fantasma”. Asimismo, comentaron acerca de que es sumamente difícil, por no de decir imposible, encontrar una serie estadística mensual de los montos de las contrataciones por tipo de procedimiento. Comentaron que lo más que hay disponible (de los informes de labores de la Secretaría y de la página de Contrataciones Públicas: https://www.gob.mx/sfp/documentos/contrataciones-publicas-16141) son datos anuales para el periodo 2012-2017, por lo cual sería de gran ayuda para facilitar el análisis técnico-­estadístico contar con un banco de datos más detallado sobre este tema.
Los funcionarios de la Secretaría de la Función Pública comentaron a los legisladores que no siempre se descarga bien toda la información requerida, ya sea por falta de capacidad al trabajar con Compranet o por no contar con la suficiente capacitación, por lo cual los funcionarios del área podrían precisar apoyo y orientación adicionales para cumplir eficazmente con su función.
También señalaron que en algunos casos la autoridad contratante puede de manera legítima abstenerse de realizar un proceso de licitación abierta, como en los casos de urgencia en el que los productos y servicios se requieren dentro de un estrecho marco de tiempo o donde puede demostrarse que es un solo proveedor quien tiene disponibles los productos o servicios. No obstante, el personal que opera los procesos de contratación pública no siempre cumple con las políticas relativas a la selección de procedimientos de contratación pública. De acuerdo con la SFP, a 2017, 68 por ciento de los contratos se adjudicaban directamente (lo que representa 25 por ciento de los fondos públicos asignados por contratación), en tanto que solo 18 por ciento de los contratos se gestionaron mediante un proceso de licitación pública (lo cual representa 64 por ciento del valor monetario). Por consiguiente, un gran número de transacciones de bajo valor no están sujetas a procedimientos competitivos.
También refirieron que el formato de la documentación de licitación varía mucho, por lo cual se requiere de tiempo y esfuerzo adicionales por parte de las autoridades contratantes, las empresas que responden a las licitaciones y las instituciones que supervisan o los “testigos sociales”. Optar por la estandarización no solo permitirá que los practicantes de contratación y las empresas elaboren los documentos con mayor eficiencia, sino también ayudará a agilizar los requisitos en todo el gobierno, entre ellos las condiciones de los contratos, las especificaciones generales y los requisitos para presentar informes. Estandarizar los contratos también facilitará el análisis de la información de contratación pública, al armonizar las variables entre todos los procesos de contratación pública.
Los funcionarios de la SFP comentaron que se han emprendido esfuerzos preparativos para integrar Compranet con el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (Sicop) de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. El Sicop gestiona todos los pagos realizados por las entidades gubernamentales que implican el uso de recursos federales y guarda información sobre contratos, términos contractuales, acuerdos de modificaciones a las condiciones de los contratos, así como los montos finales pagados por productos, servicios y obras públicas. Conectar Compranet con Sicop permitiría que el sistema de contratación electrónica dé seguimiento a cualquier proceso de contratación pública determinado, desde la etapa de asignación de presupuesto hasta el pago final de los contratos, con 10 que los funcionarios de contratación pública podrán evitar duplicaciones. La información se ingresaría a un solo sistema y no a los múltiples registros de datos que ahora operan. La interoperabilidad con otros sistemas nacionales, como la Plataforma Nacional de Transparencia y la Plataforma del Programa Nacional Anticorrupción, elevaría la capacidad del gobierno de desarrollar un panorama integral de la actividad de contratación pública. La Plataforma Nacional de Transparencia se implementó para permitir la publicación pro activa de información sobre las actividades gubernamentales en los niveles federal y subnacional en una sola plataforma. Si Compranet pudiera comunicarse directamente con este sistema, la información sobre contratación pública ingresada en Compranet podría ser utilizada por la Plataforma Nacional de Transparencia, evitando así ineficiencias por duplicación de gestiones y el riesgo de que se presenten inconsistencias en los datos. De manera similar, el Programa Nacional Anticorrupción se utilizará para almacenar datos utilizados para apoyar las políticas de anticorrupción en México, entre ellas los registros de proveedores sancionados y los funcionarios públicos sancionados, así como el registro de funcionarios que realizan actividades de contratación pública. Estos sistemas están en desarrollo y será importante que cuenten con la capacidad de intercambiar información con Compranet. Vincular la información que contienen con Compranet permitirá a las autoridades de todos los órdenes de gobierno combatir la corrupción de manera integral. También está en desarrollo un programa que permitirá la interconexión entre Compranet y los sistemas fiscales nacionales. El objetivo es identificar las empresas debidamente registradas y cumplir con las obligaciones marcadas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), así como identificar a empresas “fantasma” e impedirles participar en licitaciones abiertas. Las empresas “fantasma” se utilizan para ganar licitaciones gubernamentales y recibir fondos públicos asignados a personas o compañías que carecen de la capacidad de ejecutar el contrato. Identificarlas y eliminarlas de los procesos de licitación reduciría el dispendio de fondos públicos.
Finalmente, a nombre de la titular de la Secretaría de la Función Pública, agradecieron a los legisladores la oportunidad brindada para exponer ante la comisión especial.
Estamos seguros que la reforma del sistema Compranet, cuyos elementos esenciales hoy fueron expuestos por los servidores públicos aquí presentes, se materializará en una reducción de las anomalías en los procesos de contrataciones y compras públicas, pues la sociedad mexicana ya no puede tolerar ni un acto más de corrupción al amparo del poder público.
Las y los legisladores de esta Comisión seguiremos impulsando adecuaciones al marco jurídico para que la reforma del Sistema Compranet pueda implementarse con eficacia y a la brevedad, contribuyendo así a la reducción de los costos de los bienes y servicios adquiridos por el gobierno federal.
La presidenta de la comisión pidió pasar de inmediato a abordar el siguiente punto en el orden del día relativo a asuntos generales.
1. Esta presidencia recibió, y entregó a todos los integrantes de la Comisión copia para su conocimiento, un Oficio de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control de la Secretaría de la Función Pública, por el cual informa de las observaciones más recurrentes en materia de obra pública del gobierno federal.
2. Esta Presidencia recibió, y entregó a todos los integrantes de la comisión copia para su conocimiento, un oficio de la mesa directiva de la honorable Cámara de Diputados, por el cual informa del alta del diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán como secretario en esta comisión especial.
3. Esta presidencia recibió, y entregó a todos los integrantes de la Comisión copia para su conocimiento, un oficio de la presidenta del Comité de Administración por el cual remite el acuerdo por el que se determinan recursos presupuestales para apoyo de las funciones de las comisiones especiales, para el desarrollo de proyectos durante 2018. Sobre este punto quiero decirles que tenernos autorizados recursos económicos para llevar a cabo un Foro Regional y para la edición de un libro. Ambos proyectos serán entregados por el Secretario Técnico a cada uno de los integrantes de la Comisión para que, de ser el caso, den su visto bueno y esta Presidencia pueda iniciar a la brevedad con el trámite administrativo correspondiente a fin de no perder estos recursos.
No habiendo más asuntos que tratar, la presidenta solicitó a la Secretaría consultar, en votación económica, a los legisladores si se autoriza que el acta de esta sesión se dé por leída y aprobada. Hubo unanimidad por la afirmativa, por lo tanto, quedó aprobada el acta.
La presidenta levantó la sesión a las 11:15 horas del jueves 15 de febrero de 2018.
La Comisión Especial de para dar seguimiento a los procesos y resultados de las compras del gobierno federal
Diputados: Claudia Sofía Corichi García (rúbrica), presidenta; Edith Yolanda López Velasco, José Adrián González Navarro (rúbrica), Jesús Salvador Valencia Guzmán (rúbrica), secretarios; Arturo Álvarez Angli, Carlos Alberto de la Fuente Flores (rúbrica), Delia Guerrero Coronado, Ariadna Montiel Reyes, Enrique Rojas Orozco (rúbrica), Juan Carlos Ruiz García (rúbrica).
La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer es liderada por ONU Mujeres, la cual se dedica a impulsar y promover los derechos de las mujeres y su empoderamiento, así como la igualdad de género, logrando así mejorar la calidad de vida de mujeres y niñas y lograr mayor justicia en sus condiciones de vida. El Sexagésimo Segundo Periodo de Sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer fue celebrado del lunes 12 al viernes 23 de marzo 2018 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos.
La comisión es una de las mayores reuniones anuales de líderes mundiales, organizaciones no gubernamentales, actores del sector privado, socios de las Naciones Unidas y activistas de todo el mundo que se centran en el estado de los derechos y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, en todas partes del mundo.
El principal tema que se abordó en dicho periodo de sesiones fue: “Empoderamiento de mujeres y niñas rurales”. Menos del 13 por ciento de los terratenientes en todo el mundo son mujeres y, si bien la brecha salarial global entre hombres y mujeres es del 23 por ciento, en las zonas rurales puede llegar al 40 por ciento.
Sin mujeres y niñas rurales, las comunidades rurales y las sociedades urbanas no funcionarían. Sin embargo, en casi todas las medidas de desarrollo, debido a las desigualdades de género y la discriminación, les va peor que a los hombres de las zonas rurales o a las mujeres urbanas. Durante demasiado tiempo, los derechos, los medios de vida y el bienestar de las mujeres y niñas de las zonas rurales se han pasado por alto o se han abordado de manera insuficiente en las leyes, las políticas, los presupuestos y las inversiones. Carecen de infraestructura y servicios, trabajo decente y protección social, y se los deja más vulnerables a los efectos del cambio climático. La violencia de género y las prácticas nocivas continúan limitando sus vidas y oportunidades.
Debido a estas razones el empoderamiento de mujeres y niñas rurales fue un tema sobresaliente y de vital importancia durante el periodo de sesiones de la comisión.
En ella se presentaron programas y métodos de ayuda, así como mesas redondas ministeriales para intercambiar experiencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas sobre desafíos y oportunidades para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas rurales.
Diputada Daniela García Treviño (rúbrica)
A la vigésima sexta reunión ordinaria, que se llevará a cabo el jueves 24 de mayo, a las 11:00 horas, en la sala de juntas de la convocante, situada en el edificio D, cuarto piso.
3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la vigésima tercera reunión ordinaria.
5. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del sexto informe semestral.
6. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo relativo a las reuniones ordinarias de la comisión para el periodo junio-agosto de 2018.
7. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acuerdo por el que se aprueba el informe final de la comisión.
9. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del acta de la vigésima sexta reunión ordinaria.
A la decimonovena reunión plenaria, que se efectuará el martes 29 de mayo, a las 10:30 horas, en el salón F del edificio G.
4. Discusión y, en su caso, aprobación del acta derivada de la tercera reunión extraordinaria de la comisión.
5. Discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de dictamen de las siguientes iniciativas turnadas a la Comisión de Protección Civil:
A) Con proyecto de decreto, que reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación, de la Ley General de Protección Civil, de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
6. Presentación y, en su caso, aprobación del informe semestral de actividades de marzo a mayo del 2018, de la Comisión de Protección Civil.
A) Proyecto de dictamen de Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Protección Civil, a la iniciativa con proyecto de decreto que adicionan diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros, de la Ley de Instituciones de Seguros y Finanzas y la Ley General de Protección Civil.

References: artículo 11
 Artículo 22
 artículo 25
 artículo 71
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 115
 artículo 11
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 11
 artículo 45
 artículo 11
 artículo 11

Artículo 11
 artículo 11
 artículo 122
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 115
 Artículo 45
 artículo 11
 artículo 47
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 188
 artículo 104
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 1
 resolución 
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 artículo 31