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Timestamp: 2018-05-26 06:27:21+00:00

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Introducción Esta reseña histórica se hace fundada en la Constitución del Estado de Baja California y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Entidad, sus reformas y adiciones
Reseña Histórica del Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de Baja California
Esta reseña histórica se hace fundada en la Constitución del Estado de Baja California y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Entidad, sus reformas y adiciones.
Como anexos se incluyen una lista de los documentos normativos que rigen al interior del Poder Judicial, una cronografía de Presidentes del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados y Consejeros de la Judicatura, así como un organigrama general del Poder Judicial en la actualidad.
Primer antecedente histórico constitucional
El primer antecedente de la historia judicial en nuestro marco constitucional, se asentó en el artículo 55 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, publicada en el Periódico Oficial No.23, de fecha 16 de agosto de 1953, el cual indicaba: “El Poder Judicial del Estado se deposita en el Tribunal Superior de Justicia, Jueces de Primera Instancia, Jurados, Jueces Menores, Jueces de Paz y demás funcionarios que designe la Ley Orgánica del Poder Judicial”, texto que armonizaba con el numeral 116 fracción III de la Constitución General de la República que en el momento establecía: “El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas”.
Primera Ley Orgánica del Poder Judicial, sus reformas y adiciones
El primer ordenamiento que determinó la competencia y organización del Poder Judicial del Estado de Baja California, fue publicado en el Periódico Oficial No. 4 del 10 de enero de 1954, estableciendo la facultad de aplicar las leyes en asuntos civiles y penales del fuero común, por el Tribunal Superior de Justicia, los jueces de primera instancia del ramo civil y penal, los jueces de jurisdicción mixta, jueces menores, jueces de paz, árbitros, jurados populares y presidentes de debates. Los árbitros voluntarios no ejercían autoridad pública, pero de acuerdo con las reglas y restricciones que fijaba el Código de Procedimientos Civiles, conocían según los términos de los compromisos respectivos, del negocio o negocios civiles que les encomendaban los interesados.
Con relación a la división jurisdiccional, la Primera Ley Orgánica formó tres Partidos Judiciales: Mexicali, Tijuana (comprendiendo a Tecate) y el de Ensenada. En cuanto a la organización del Poder Judicial, la Ley Orgánica de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Política del Estado –vigente en esa época– estableció que el Tribunal Superior de Justicia residiría en la ciudad de Mexicali, capital actual del Estado, y que éste, se integraría por tres magistrados propietarios, un supernumerario y dos suplentes y funcionaría en Pleno, con un presidente electo cuyo cargo duraría un año.
De gran significado resulta señalar, que el magistrado supernumerario era el visitador de los juzgados de los distintos partidos judiciales del Estado, y suplía además, a los magistrados propietarios por faltas temporales, como en los casos de impedimento por causa o excusa.
Los magistrados suplentes, por el orden en que hubieren sido nombrados serían primero y segundo suplentes y, cubrirían las faltas del Magistrado Supernumerario cuando éste se encontraba en suplencia de un propietario. El nombramiento de jueces de primera instancia, podría recaer en las personas designadas magistrados suplentes ya que los cargos no deberían desempeñarse simultáneamente.
En cuanto al personal del Tribunal Superior de Justicia, la primera Ley Orgánica establecía que, el tribunal se compondría de un secretario general de acuerdos, un oficial mayor, tres secretarios auxiliares, un actuario, un oficial archivista, un jefe de archivo judicial y del personal de planta fijado por el presupuesto de egresos efectivo.
Sobre el nombramiento de los magistrados, la ley prevenía que debería llevarse a cabo conforme lo dispuesto por el artículo 60 de la Constitución Política del Estado –vigente en aquella época–. Los nombramientos eran hechos por el Gobernador y sometidos a la aprobación del Congreso, o de la Diputación Permanente dentro del término de cinco días. Si el Congreso no hubiera resuelto dentro del término indicado, se tendrían como aprobados los nombramientos.
Con la primera reforma a la Ley Orgánica en comento, publicadas en el Periódico Oficial el 30 de abril de 1954, se da la creación de un Juzgado Mixto de Primera Instancia en el Partido Judicial de Ensenada.
El día primero de octubre de 1957, es inaugurado por el Gobernador del Estado el edificio del Tribunal Superior de Justicia anexo al Palacio de Gobierno, que en la actualidad alberga las instalaciones de la Rectoría de la Universidad Autónoma de Baja California.
Segunda reforma a la Ley Orgánica
Mediante reforma publicada en el Periódico Oficial el 20 de diciembre de 1959, se modifica y adiciona la Ley Orgánica del Poder Judicial de esa época, para reestructurar los juzgados correspondientes al Partido Judicial de Ensenada, y establecer la facultad del Tribunal Superior de Justicia para crear nuevos juzgados en aquellos partidos judiciales donde el crecimiento de la población impusiera esa medida, Por otra parte la reforma dispuso la obligación a los jueces de practicar todas las diligencias que les encomendara el Tribunal Superior de Justicia y de cumplimentar los exhortos y requisitorias que recibieran, se integró al Boletín Judicial como un órgano oficial de difusión del Poder Judicial, bajo la administración del Tribunal Superior, claramente, se instituyó que en este medio no se podrían hacer otras publicaciones que las que marcaba la Ley, pero cuando el Tribunal estimará oportuno, podrían publicarse estudios jurídicos importantes o fallos notables que sobre cualquier materia se pronunciaran. El Boletín Judicial se imprimía por aquellos tiempos, en una oficina ubicada frene a las instalaciones de correos de la avenida Madero en la ciudad de Mexicali.
Tercera reforma a la Ley Orgánica
Gran impacto representó a la estructura del Poder Judicial y a la jurisdicción contenciosa, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, publicadas el 31 de diciembre de 1967, mediante la cual aumentó el personal adscritos al Tribunal Superior, y a los juzgados penales en los Partidos Judiciales de Mexicali y Tijuana, creándose un juzgado mixto de primera instancia en la ciudad de Tecate.
Las reformas en comento, señalaron que el juez mixto de primera instancia del Partido Judicial de Ensenada, conocería además de los negocios previsto por la Ley, los correspondientes a los Juzgados Menores. El Juzgado Mixto de Primera Instancia de la ciudad de Tecate, conocería de los negocios que de acuerdo a la Ley, fueran competencia de los juzgados menores y mixtos de paz.
Estas reformas aumentaron a cuatro el número de peritos médicos legistas para los Partidos Judiciales de Mexicali y Tijuana, respectivamente, y a dos, para el Partido Judicial de Ensenada, los cuales dependerían administrativamente del Jefe de Servicio Médico Legal.
Reformas Constitucionales y segunda Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, sus reformas y adiciones
Durante el gobierno del Ingeniero Raúl Sánchez Díaz, la Sexta Legislatura del Estado, expidió la segunda Ley Orgánica del Poder Judicial, publicada en el Periódico Oficial No. 2, del 20 de enero de 1971.
Esta Ley, instauró una nueva clasificación de auxiliares de la administración de justicia, y en un capítulo denominado “De las Prohibiciones, incompatibilidades e incapacidades”, estableció, que ningún funcionario judicial o empleado podría tener otra ocupación que lo constituyera en estado de dependencia moral o económica de alguna corporación, personal particular o asociación religiosa, con excepción de los cargos docentes cuyo desempeño no perjudicaran las funciones propias que les competen como miembros del Poder Judicial.
Respecto a la organización del Tribunal Superior de Justicia, estableció que serían siete magistrados propietarios y tres los suplentes quienes integrarían el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, los cuales conocerían indistintamente asuntos civiles y penales. Se dispuso que las sesiones del Tribunal serían ordinarias y extraordinarias y en ambos casos, públicas o secretas. Las salas se integrarían por tres magistrados, y cada una de ellas tendría un presidente elegido por los demás integrantes, resaltando también, la obligación que impuso a los magistrados de cada sala, de desempeñarse por turno semanario, esto es, el cargo de magistrado semanero.
En esta Ley se Título denominado “Del procedimiento para suplir las faltas de los funcionarios y empleados de la administración de justicia”, en él, se estableció lo referente a las faltas temporales de los magistrados y del presidente del tribunal.
Este ordenamiento orgánico establece el primer antecedente respecto a responsabilidades de servidores públicos del Poder Judicial, al establecer un Título Décimo Tercero denominado “De las Responsabilidades Oficiales”, en él se establece que los magistrados, jueces, secretarios y demás miembros del Poder Judicial del Estado, son responsables de los delitos y de las faltas oficiales que cometan en el ejercicio de sus cargos y quedan por ellos sujetos a las sanciones que determine la Ley.
Con fecha 10 de febrero de 1972, mediante Decreto No. 17 expedido por la VII Legislatura del estado, fueron reformados varios artículos de la segunda Ley Orgánica del Poder Judicial, reforma que produjo un cambio dentro de la estructura y organización del Tribunal Superior de Justicia, toda vez, que disminuyó el número de magistrados propietarios de siete a cinco y acentuó las bases para que funcionara el Tribunal en Pleno, exigiendo la concurrencia de tres magistrados y del secretario, cuando menos, las resoluciones, se tomarían por mayoría de votos de los Magistrados presentes con voto de calidad del presidente, en caso de empate, se acentúan las atribuciones de los Magistrados Semaneros y se señala el número de secretarios de acuerdos, actuarios y demás personal para los juzgados civiles y penales, en los Partidos Judiciales de Mexicali, Tijuana y Ensenada.
En el Periódico Oficial de fecha 31 de diciembre de 1977, fue publicado el Decreto número 22, por el cual fueron reformados varios artículos Ley Orgánica del Poder Judicial y derivado de ello, fue creado el Partido Judicial de Tecate, para el que se establece un juzgado mixto, aumentó el número de juzgados en cada uno de los partidos judiciales, así como la cuantía en materia civil. En torno a la administración del Boletín Judicial, la reforma otorgó al Tribunal Superior de Justicia las más amplias facultades, tanto para el manejo de fondos que se recaudaran, como para la designación y remoción de su personal. Por lo que hace a la administración de fondos, se obligó a realizar depósitos diariamente en una institución de crédito, y dentro de los diez primeros días de cada mes el Director del Boletín Judicial, tendría la obligación de rendir un informe de dichos fondos, las utilidades debían ser aplicadas al mejoramiento constante de la administración de justicia.
Mediante Decreto número 109, de 10 de febrero de 1979, se reformó el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para acentuar, que cuando en un Partido Judicial hubiera dos o más Juzgados de la misma categoría y ramo, estarán numerados progresivamente y trabajarán en turnos sucesivos, cuyos períodos determinará el Pleno del Tribunal.
Cuarta reforma a la Ley Orgánica
El 20 de julio de ese mismo año, por Decreto número 122, fueron publicadas en el Periódico Oficial las reformas de los artículos 50 Bis y 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, integrándose un juzgado de primera instancia del Partido Judicial de Tecate.
Quinta reforma a la Ley Orgánica
Mediante la reforma de la Ley Orgánica del 20 de septiembre de 1980, Los juzgados de primera instancia familiar, se integraron como órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de Baja California estableciéndose con ello, los requisitos para ser juez de lo familiar, sus facultades y organización.
Sexta reforma a la Ley Orgánica
Por Decreto número 28, publicado con fecha 29 de febrero de 1984, se aumentan a siete el número de magistrados propietarios del Tribunal Superior de Justicia.
Séptima reforma a la Ley Orgánica
Con fecha 10 de octubre de 1987, las reformas consistieron en aumentar el número de 7 a 11 magistrados propietarios y de 3 a 5 suplentes, los cuales conocerían de asuntos civiles y penales indistintamente, otra consecuencia de las reformas, fue el establecimiento de 5 salas del Tribunal Superior de Justicia, las cuales fueron integradas por dos magistrados por sala y se repartieron por turno los asuntos de nuevo ingreso para su tramite y resolución.
La Constitución del Estado fue reformada por el Decreto número 20, publicado en el Periódico Oficial de fecha 20 de mayo de 1988, estableciendo el número magistrados propietarios en once como mínimo y aumentó el número de suplentes a seis, se fijó además que el número de magistrados propietarios en once como mínimo y el número de suplentes a seis. Se mencionó por primera vez en el texto constitucional a los “Magistrados en Pleno”, quienes designarían a uno de sus miembros como Presidente, duraría un año en su cargo, y podría ser reelecto, aumentó a seis años el tiempo de encargo de magistrado y se estableció la posibilidad de ser ratificados y de obtener la inamovilidad cuando ocurriera la ratificación.
Otro aspecto relevante que contempló la reforma a la Constitución local, fue el establecimiento de la preferencia para el nombramiento de magistrados y jueces, que debe hacerse de entre aquellas personas que hubieran o prestaran sus servicios con eficiencia y probidad en la Administración de Justicia o que lo merecieran por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.
Destaca también, el establecimiento de que las remuneraciones para los magistrados y jueces serían adecuadas e irrenunciables, para con ello, asegurar la independencia y decoro en el desempeño de la función, las cuales no podrían ser disminuidas durante su encargo, además, se impone la obligación para el Estado, de incorporarlos al Sistema de Seguridad Social.
Merece hacer mención que la carrera judicial tiene su precedente en la reforma al Artículo 56 de la Constitución Local, al imponer que la misma ley establecería condiciones de ingreso a través de exámenes de admisión o concurso de méritos, de formación y ascensos mediante escalafón y cursos que impartiría el Instituto de Especialización Judicial hoy Instituto de la Judicatura.
Octava reforma a la Ley Orgánica
La reforma de la Ley Orgánica del 31 de enero de 1989, estableció como requisitos para ser magistrado, no tener más de 65 años de edad, ni menos de 35 el día de su designación, así como una antigüedad mínima de cinco años con título profesional y haber residido en el país los últimos cinco años, salvo en los casos de ausencia al servicio de la República por un tiempo menor de seis meses, cambia el nombre de Secretario Auxiliar adscrito a cada magistrado que integre sala, por el de secretario de estudio y cuenta, y se integran al Tribunal Superior, la Oficialía de Partes y la Tesorería.
Aumenta a cuatro el número de juzgados de primera instancia civil al igual que los penales, en los Partidos Judiciales de Mexicali y Tijuana. Se establece que cuando menos habrá dos juzgados de primera instancia civil y un juzgado de primera instancia penal y uno Mixto, para el Partido Judicial de Ensenada, asimismo, con la novedad de que, una vez establecida, la cuantía se determinaría en días de salario mínimo general vigente.
Reformas constitucionales y Tercera Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, sus reformas y adiciones
El Congreso del Estado, aprobó con fecha 28 de febrero de 1989 la tercera Ley Orgánica, la cual, fue promulgada por el Gobernador del Estado, Ingeniero Oscar Baylón Chacón y publicada en el Periódico Oficial el 31 de marzo de 1989, básicamente, esta Ley incorpora nuevos elementos a la estructura, organización y funcionamiento del Poder Judicial en Baja California. En primer término, aún cuando en 1980 se integraron los juzgados en materia de familia a la función jurisdiccional en Baja California, en ninguna reforma posterior se propuso establecer que correspondería al Tribunal Superior de Justicia la facultad de aplicar las leyes en los asuntos familiares que sean de su conocimiento, situación, que impulsó la tercera Ley Orgánica.
Otro cambio fue la nominación de funcionario público por servidor público de la administración de justicia, además, disminuyó a 30 años la edad mínima como requisito para ser designado Magistrado, y en lugar de la Tesorería, crea la Unidad de Apoyo Administrativo e instaura el Instituto de Especialización y Capacitación del Poder Judicial, primer antecedente del actual Instituto de la Judicatura. Además de otorgar la facultad al Tribunal en Pleno para conocer de todas las controversias en que la administración estatal, empresas de participación estatal con participación mayoritaria, organismos descentralizados o fideicomisos en los que el estado participe como fideicomitente o fideicomisario.
Resulta importante el señalar, la obligación impuesta al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de rendir un informe anual ante el Pleno, sobre las actividades desarrolladas por el Poder Judicial, además, de organizar y coordinar la carrera judicial y los concursos de mérito con arreglo a esta Ley para la designación de los servidores de la administración de justicia.
En cuanto a la organización de los juzgados, la tercera Ley Orgánica, modificó su distribución de la siguiente manera: Para el Partido Judicial de Mexicali, se incorporan un juzgado mixto para Guadalupe Victoria (Valle de Mexicali, zona rural del municipio), y uno más para el puerto de San Felipe, respecto al Partido Judicial de Ensenada, la distribución indicada por esta Ley fue un nuevo juzgado civil y otro Penal en la ciudad, y un mixto de paz en San Quintín, poblado de ese Municipio; por otra parte, establece e manera muy específica cuales son las atribuciones de los jueces de primera instancia, secretarios de acuerdos y actuarios, correspondientes al ramo civil, familiar y penal, así como de los juzgados mixtos y mixtos de paz.
Además, se establecieron las funciones del Instituto de Especialización y Capacitación Judicial, Archivo Judicial del Estado, Boletín Judicial, Oficialía de Partes y de la Unidad de Apoyo Administrativo, y las obligaciones de quienes integrarían el Servicio Médico Legal, los requisitos para ser síndicos de concurso, interventores de concurso, albaceas, tutores y curadores, así como de los prestadores de servicio social adscritos al Poder Judicial.
La reforma a la Constitución Política del Estado de Baja California, publicada en septiembre de 1989, estableció que el Poder Judicial contaría con presupuesto propio para garantizar su independencia, como mínimo, el 2% del total del Presupuesto de Egresos para el ejercicio correspondiente a las dependencias del Gobierno del Estado, además, por primera vez, el Poder Judicial contaría y administraría los recursos que se señalaron para el Fondo de Administración de Justicia en las leyes respectivas.
La reforma constitucional aumentó el número de magistrados propietarios que integrarían el Tribunal Superior de Justicia, de once a trece como mínimo. El número de magistrados suplentes quedó igual; en seis, conservó el mandato en cuanto a la elección del Presidente, uno de entre los integrantes del Pleno, con duración de un año en el puesto y con la posibilidad de reelección.
La facultad de nombramiento de los magistrados, la conservó el Gobernador del Estado, sin embargo, la reforma del artículo 59 contempló que el Pleno del Tribunal presentaría una lista de todos aquellos aspirantes que hubieren resultado aprobados en el examen de méritos, que mediante convocatoria pública expedida por el Tribunal, se hubieren practicado. El examen se practicaría ante un jurado, integrado por un representante de cada uno de los tres poderes del Estado, conforme al reglamento respectivo. Se contempló la duración de seis años para el cargo de magistrado, a partir de su nombramiento, pudiendo ser ratificado, y en caso de serlo, serían inamovibles y sólo podrían ser privados de sus puestos en los términos que se determina en la Constitución y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Reformas Constitucionales y la cuarta Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California
El Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California, se creó por reforma a la Carta Política Estatal, publicada el 25 de septiembre de 1995. Como consecuencia, se gesta la cuarta generación normativa orgánica del Poder Judicial de la Entidad.
En efecto, una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, fue publicada en el Periódico Oficial del 4 de octubre de 1995, que reguló al Consejo de la Judicatura, sus órganos auxiliares y la carrera judicial.
En base a lo dispuesto por los artículos transitorios de la reforma constitucional en comento, los integrantes del Consejo de la Judicatura por esa sola ocasión, durarían en su encargo tres años, iniciando sus funciones en el mes de septiembre de 1995, para concluirlas el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y ocho. Actualmente se encuentra en funciones la cuarta generación de integrantes del Consejo de la Judicatura.
Las facultades del primer Consejo, fueron muy amplias, pues además de tener atribuciones de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial Estatal, incluyendo al Tribunal Superior de Justicia, sino que, tenía a su cargo la selección y nombramiento de los magistrados, jueces y demás funcionarios de la carrera judicial, es decir, secretarios de acuerdos y actuarios.
A diferencia del anterior texto constitucional, que estaba en consonancia con el actual párrafo quinto de la fracción III del artículo 116 de la Constitución General de la República, la reforma no expresó nada respecto a la inamovilidad de los magistrados una vez ratificados.
La reforma constitucional publicada el 3 de octubre de 1997, en el Periódico Oficial, Decreto número 104 benefició al Poder Judicial con relación a la Hacienda Pública, pues reformó el artículo 90 de la Constitución Política del Estado, estableciendo que el presupuesto formará siempre un sólo cuerpo distribuido en partidas, según los conceptos de erogación incluidos en él, obligatoriamente, los gastos y las dotaciones necesarias para atender los servicios públicos; además que, para garantizar su independencia económica, los Poderes Legislativo y Judicial, contarían con presupuesto propio, el que administrarían y ejercerían en los términos que fijen las leyes respectivas, éstos no podrían ser inferiores a los aprobados por el Congreso para el ejercicio anual anterior y alcanzarían por lo menos el 1.5% y 2.5%, para cada unos de los poderes respectivamente y el Poder Judicial contaría y administraría igualmente, el Fondo de Administración de Justicia, administrado por el Consejo de la Judicatura del Estado.
Con la preocupación de administrar justicia en forma rápida y expedita, el Consejo de la Judicatura en sesión de fecha 8 de marzo del 2000, acordó la creación del Partido Judicial de Playas de Rosarito, con jurisdicción territorial igual a la del referido municipio
La intención legislativa en la reforma del numeral 58 de la Constitución del Estado, publicada en el Periódico Oficial de fecha 22 de junio del año 2001, fue la de establecer que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, en ningún caso, podrían ser ratificados y el Congreso del Estado resolvería a más tardar el 31 de agosto del 2001, el nombramiento de los magistrados que iniciarían su cargo a partir del primero de noviembre del 2001.
Por Decreto número 36, publicado en el Periódico Oficial número 21, de fecha 24 de mayo del 2002, y expedido por la H. XVII Legislatura, se reformó el artículo 58 de la Constitución del Estado, para establecer que el cargo de Presidente del Tribunal Superior de Justicia, sería de dos años, sin posibilidad de reelección.
El 28 de octubre de 2005 mediante Decreto número 104 publicado en el Periódico Oficial número 47 se adiciona el artículo séptimo agregando los párrafos octavo y noveno para elevar a rango de garantía constitucional el Derecho de Acceso a la Información Pública que se reglamento por la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California y por ende, se crea la Unidad de Transparencia del Poder Judicial del Estado y se emite el Reglamento respectivo, aprobado ya en una segunda generación normativa, publicado en el Boletín Judicial del Poder Judicial y en el Periódico Oficial del Estado número 16, Tomo CXIV, del 13 de abril de 2007, derogando el anterior de 17 de enero de 2006.
Los juzgados de primera instancia especializados en justicia para adolescentes y la Sala Unitaria del Tribunal Superior de Justicia en esta materia, se crean y se integran a la a Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado por virtud de la reforma realizada mediante el Decreto número 247, publicado en el Periódico Oficial No. 45 de fecha 27 de octubre de 2006.
Por reforma constitucional local, se modifica y adiciona el artículo séptimo, para dar derecho a las personas para accesar a los medios alternativos de justicia para resolver sus controversias, y para establecer el nuevo sistema de justicia penal, a base de audiencias orales, lo que se hizo mediante Decreto número 274, publicado en el Periódico Oficial número 6 de 2 de febrero de 2007.
Como consecuencia de la reforma constitucional anterior, con fecha 19 de octubre de 2007, fue publicada en el Periódico Oficial, la adición del Capítulo XIII al Título Decimoprimero y reforma del artículo 175 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con ello se Integra el Centro Estatal de Justicia Alternativa como unidad administrativa del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, cuyo objetivo es instrumentar y operar servicios de mediación y conciliación extrajudicial, en los asuntos susceptibles de transacción cuyo conocimiento está encomendado por la Ley a los tribunales del Poder Judicial del Estado.
Se tiene programado para el próximo mes de abril de este año 2009, que el Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial, inicie sus funciones.
Asimismo, mediante el Decreto número 144, publicado en el Periódico Oficial No. 56, Sección I, de fecha 14 de noviembre de 2008, Tomo CXV, fueron reformados a su vez, varios artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, relativos a los requisitos para ser magistrado y juez, y lo relativo a su designación, ratificación y duración en el cargo. Esta reforma incorpora a los jueces de garantía y de tribunales de juicio oral, sistema que entrará en vigor en febrero de 2010.
Buscando perfeccionar los mecanismos democráticos y obedeciendo a las reformas y adiciones que en esta disciplina sufrió la Constitución Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el día 22 de agosto de 1996, en acatamiento a la obligación establecida para que las entidades federativas ajustaran su normatividad electoral, conforme a las nuevas disposiciones constitucionales, se reformaron en el año de 1997 una serie de preceptos de la Constitución Política Local en dicha materia, destacando por su relevancia la incorporación del Tribunal de Justicia Electoral al Poder Judicial del Estado de Baja California; lo que trajo como consecuencia, que con fecha 4 de mayo de 1998, fuera publicado el Decreto número 141, que aprobó reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Entidad; en donde se regula la estructura, funcionamiento y competencia de esta autoridad.
El conjunto de reformas, incorporó al Tribunal de Justicia Electoral al Poder Judicial del Estado, como un órgano, con la característica de ser la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral local, dotándolo de plenitud de jurisdicción para hacer valer sus determinaciones y resoluciones, ratificándose su carácter de garante del principio de legalidad de los actos y resoluciones de las autoridades electorales, además, de precisar sus atribuciones y facultades de acuerdo con su nueva competencia.
La adición consagró los recursos de inconformidad y de revisión, como medios de impugnación con que cuentan los ciudadanos, asociaciones políticas y los partidos políticos, con el objeto de que los actos y resoluciones de los órganos electorales se sujeten al principio de legalidad electoral, así como la definitividad de los distintos actos y etapas de los comicios electorales.
Es relevante mencionar el establecimiento de la autonomía administrativa y plena independencia del Tribunal de Justicia Electoral, para normar su régimen interior de funcionamiento, con facultades para dictar su propio Reglamento Interior, así como acuerdos generales para su adecuado funcionamiento y administración, sujeto a fiscalización por la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado.
Reglamento Interno del Archivo Judicial, publicado en el Periódico Oficial número 5, Tomo LXXXI, de fecha 20 de febrero de 1974.
Reglamento Interior de los Juzgados de Baja California, publicado en el Periódico Oficial número 14, Tomo XCVII, de fecha 20 de mayo de 1990, aplicable a los juzgados de primera instancia y de paz, existentes en los partidos judiciales de la entidad.
Reglamento de la Ley del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia, publicado en el Periódico Oficial número 19, Tomo XCVII e fecha 10 de julio de 1998.
Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia, publicado en el Periódico Oficial número 43, Tomo CV, Sección Primera, de fecha 23 de octubre de 1998.
Reglamento Interior del Consejo de la Judicatura, publicado en el Periódico Oficial número 43, Tomo CV, Sección Primera, de fecha 23 de octubre de 1998.
Reglamento de Peritos Auxiliares de la Administración de Justicia, publicados en el Periódico Oficial número 43, de fecha 23 de octubre de 1998.
Reglamento para la Presentación Pública de Declaración Patrimonial de los titulares del Poder Judicial del Estado de Baja California, aprobado por el Consejo de la Judicatura en sesión del día seis de abril de 1999, publicado en el Periódico Oficial de fecha 23 de abril del mismo año, con el objeto de regular internamente al Poder Judicial, la aplicación de la fracción IV del artículo 175 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, relativa a la obligación de magistrados, consejeros y jueces de hacer pública su situación patrimonial.
Reglamento del Servicio Médico Forense, que tiene por objeto regular la organización y funcionamiento del este órgano auxiliar de la administración de justicia, el cual fue publicado el 26 de abril del 2000, en el Boletín Judicial.
Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial número 27 del Tomo CVIII de 29 de junio de 2001
Reglamento Interior del Instituto de la Judicatura, del Poder Judicial del Estado de Baja California, aprobado el 18 de mayo de 2004, por el Pleno del Consejo de la Judicatura.
Reglamento para el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado, aprobado, en su segunda generación normativa, publicado en el Boletín Judicial del Poder Judicial y en el Periódico Oficial del Estado número 16, Tomo CXIV, del 13 de abril de 2007. En sesión ordinaria celebrada el 17 de enero de 2006, se aprobó por el Consejo de la Judicatura el primer reglamento en esta materia, el vigente, conserva la esencia del primero precisa y aclara los procedimientos de acceso a la información pública del Poder Judicial.
Reglamento de Administración Pública Documental del Poder Judicial del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, número 61, tomo CXV de 12 de diciembre de 2008.
Acuerdo General que crea las Normas Reguladoras de la Organización y Funcionamiento de la Visitaduría del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California, publicado en el Periódico Oficial de 23 de abril de 1999, número 18, Tomo CVI.
Acuerdo General que crea y regula al Comité Editorial de Publicaciones del Poder Judicial del Estado de Baja California, Aprobado por el Consejo de la Judicatura el 15 de diciembre de 1999.
Acuerdo General para el Otorgamiento de Becas a los Servidores Públicos de Confianza de la Administración de Justicia, publicado en el Boletín Judicial número 11,005, volumen XLI de fecha 13 de diciembre de 2006.
Cronografía de Presidentes del Tribunal Superior de Justicia, Magistrados y Consejeros de la Judicatura
1.- Presidentes del Tribunal Superior de Justicia de 1954 al 2009.
Licenciado Manuel Gómez Lomelí.
Febrero 1954 - Enero 1955.
Licenciado Fernando Magro Soto.
Enero - Diciembre 1955.
Licenciado Pedro Castro López.
Enero – Diciembre 1956
Licenciado Carlos Arellano del Moral.
Enero - Diciembre de 1958.
Enero - Diciembre de 1959.
Licenciado Milton Castellanos Everardo.
Enero - Diciembre de 1960.
Enero - Diciembre de 1961.
Enero - Diciembre de 1962.
Enero - Diciembre de 1963.
Enero - Julio de 1964.
Enero – Octubre de 1965.
Licenciado Martín Careaga Cebreros.
Julio – Diciembre de 1964.
Licenciado Jesús Cabrera Fuentes.
Noviembre a Diciembre de 1965.
Enero - Diciembre de 1966
Enero - Octubre de 1967.
Enero - Diciembre de 1968.
Enero - Junio de 1969.
Enero – Octubre de 1971.
Licenciado Armando Aguirre Enríquez.
Noviembre 1967 – Enero 1968.
Julio - Diciembre de 1969.
Licenciado Fernando Márquez Arce.
Noviembre 1971 – Octubre 1972.
Noviembre 1972 – Octubre 1973.
Noviembre 1973 – Abril 1974.
Licenciado Rafael Moreno Henríquez.
Mayo – Octubre 1974.
Noviembre 1974 – Octubre 1975.
Noviembre 1975 – Octubre 1976.
Noviembre 1976 – Enero 1977.
Licenciado Arturo Monges Sánchez.
Enero - Octubre 1977.
Licenciado Eduardo Illades Villafaña.
Noviembre 1977 – Octubre 1978.
Licenciado. Carlos H. Trujillo Altamirano.
Noviembre 1983 – Octubre 1984.
Noviembre 1984 – Octubre 1985.
Noviembre 1985 – Octubre 1986.
Noviembre 1986 – Octubre 1987.
Noviembre 1987-Octubre 1988.
Licenciado Oscar Téllez Ulloa.
Noviembre 1988 – Octubre 1989
Licenciado Francisco Guerrero Espríu.
Noviembre Diciembre 1989.
Licenciado Oscar Careaga Villavicencio.
Diciembre 1989 – Octubre 1990.
Noviembre 1990 – Octubre 1991.
Licenciado Rodolfo Gastélum Pérez.
Noviembre 1991 – Octubre 1992.
Licenciado Donaciano Romero Ortega.
Noviembre 1992 – Octubre 1993.
Noviembre 1993 – Octubre 1994.
Noviembre 1994 – Octubre 1995.
Licenciado Oscar Valenzuela Ávila.
Noviembre 1995 – Octubre 1996.
Licenciado Miguel Ángel Barud Martínez.
Noviembre 1996 – Octubre 1997.
Licenciado Marco Antonio Jiménez Carrillo.
Noviembre 1997 - Octubre 1998.
Licenciado Sergio Peñuelas Romo.
Noviembre 1998 - Octubre 1999.
Licenciado Raúl González Arias.
Noviembre 1999 – Octubre 2000
Licenciado Emilio Castellanos Luján.
Noviembre 2000 – Octubre 2001
Licenciado Gilberto Cota Alanís.
Noviembre 2001 – Octubre 2002
Licenciado José Palomino Castrejón.
Noviembre 2002 - Octubre 2004.
Licenciado Víctor Manuel Vázquez Fernández
Noviembre 2004 - Octubre 2005.
Noviembre 2005 – Noviembre 2006.
Licenciado Jaime Rico Jiménez.
Noviembre 2006 – Junio de 2007
Licenciada María Esther Rentaría Ibarra
Noviembre 2008 – Octubre 2011
2.- Consejeros de la Judicatura elegidos por el Congreso del Estado
1.- Licenciado José Antonio Bretón Mena.
Septiembre 1995 – Octubre 1998
2.- Licenciado Arnoldo Castilla García
3.- Licenciado Ricardo Rodríguez Jacobo.
4.- Licenciado Sergio Álvarez de la Rosa.
Noviembre 1998 - Octubre 2000
5.- Licenciada Alma Leticia Baeza Siqueiros.
6.- Licenciado Juan Antonio Sánchez Zertuche.
7.- Licenciado Jesús Alberto Ayala Urías.
Noviembre 2000 - Octubre 2005
8.- Licenciado Luis Ramón Martín del Campo.
9.- Licenciado Eleazar Félix Verástegui Galicia.
10.- Licenciado Roberto Gallegos Torres
Noviembre 2005 - Octubre 2010
11.- Licenciado Adrián Humberto Murillo González
Noviembre 2005 – Octubre 2010
12.- Licenciado José Julio Santibáñez Alejandro
3.- Magistrados Propietarios
Licenciado Antonio Espinoza Rodríguez.
Enero 1954 – Junio 1954
Mario Sohomano Flores
Junio 1954 – Octubre 1956
Licenciado Pedro Castro López
Licenciado Rosendo R. Rodríguez Escoboza.
Noviembre 1959 – Octubre 1962
Noviembre 1965 – Octubre 1968
Noviembre 1968 – Octubre 1971
Licenciado J Jesús Cabrera Fuentes.
Diciembre 1964 – Junio 1965
Noviembre 1971 – Octubre 1974
Noviembre 1974 – Octubre 1977
Agosto 1965 – Octubre 1965
Licenciado Samuel Piñera Ramírez.
Licenciado Enrique Tintos Ballesteros.
Febrero 1971 – Octubre 1971
Licenciado Roberto Morales Grajales.
Licenciado Gregorio Vite de Hita.
Noviembre 1971– Octubre 1974
Licenciado Agustín Villgómez Vázquez.
Noviembre 1974 – Octubre 1976
Licenciado Rafael Moreno Enríquez
Abril 1974 – Octubre 1974
Licenciado Nemesio Javier Lamas Gonzáles
Octubre 1976 – Octubre 1977
Noviembre 1977 – Octubre 1980
Noviembre 1980 – Octubre 1983
Licenciado José Santos Castañeda Rodríguez.
Noviembre 1980 – Octubre 1981
Licenciado Alberto Loaiza Peña
Noviembre 1981 – Octubre 1983
Licenciado Cayetano Solana Bulle.
Licenciada Ramona Pelayo Vargas.
Noviembre 1983 – Octubre 1986
Noviembre 1986 – Octubre 1989
Licenciado Miguel Rojas Palacios.
Licenciado Blas Pérez Basilio.
Licenciada Ángela Cañedo Haritinoff.
Licenciado Carlos Humberto Trujillo Altamirano.
Licenciado Nahúm Rodríguez Lara.
Octubre 1984 – Octubre 1986
Licenciado Héctor Islas Morales.
Licenciado René Rivas Sánchez.
Octubre 1987 – Enero 1989
Licenciado José Luis Anaya Bautista.
Octubre 1987 – Octubre 1989
Licenciado Arnoldo Castilla García.
Licenciado Luis Augusto Ferrer Macgregor.
Licenciado René Téllez Ulloa.
Licenciado Víctor Manuel Vázquez Fernández.
Septiembre 2003 – Octubre 2003
Licenciado Eduardo Krauss Coronel.
Licenciado Aureliano García Aguilar.
Licenciado Gustavo Reynoso Moreno.
Licenciado Jesús Angulo Beltrán.
Abril 1998 – Octubre 2003
Licenciada María de Jesús Salcedo.
Noviembre 1989 -Octubre1995
Noviembre 1989 – Diciembre 1995
Licenciado Jorge Humberto Robles Cortéz.
Noviembre 1989 - Octubre1995
Licenciado Braulio Gómez Verónica.
Licenciado Jesús Alberto Osuna Lafarga.
Licenciado Gumersindo Ruíz Rueda.
Licenciado Rodolfo Gastélúm Pérez.
Diciembre 1989 - Octubre1995
Licenciado Carlos Juvera Calderón.
Marzo 1994 – Mayo 1994
Mayo de 1994 – Mayo del 2000
Mayo del 2000 – A la fecha
Licenciado Miguel Ángel Barúd Vázquez Fernández.
Noviembre 1995 – Octubre 2001
Noviembre 1995 – A la fecha
Licenciado Oscar Valenzuela Ávila
Noviembre 1995 – 21 septiembre de 2006
Noviembre 1995 – Junio 2001
Licenciadas María Rentería Ibarra.
Licenciada Olympia Ángeles Chacón.
Licenciado José Jesús Espinoza Orozco.
Licenciado Félix Herrera Esquivel.
Licenciado José Luis Cebreros Samaniego.
Licenciado Reynaldo Rodríguez Moreno.
Noviembre 1995 – Abril 2000
Licenciado Marco Antonio López Magaña.
Abril del 2000 – A la fecha
Licenciado Jorge Armando Vásquez
Noviembre de 2007 – A la fecha
Licenciada Perla del Socorro Ibarra Leyva
Licenciado Emilio Castellanos Luján
Abril de 1998 – A la fecha
Licenciado Jorge Ignacio Pérez Castañeda
Abril de 2007 – A la fecha
Licenciada Elva Regina Jiménez Castillo
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia Electoral
Diciembre 2006 – A la fecha
4.- Magistrados Numerarios
Noviembre 2001 – Octubre 2007
Licenciado Fernando Tovar Rodríguez.
Licenciado Felipe de Jesús Padilla Villavicencio.
Licenciado Jorge Ignacio Pérez Castañeda.
Licenciado Juvenal Hernández Acevedo.
Licenciado Abel Pérez Alcalá.
Licenciado Oscar Javier Navarro.
Licenciado José Antonio Pérez Pérez.
5.- Magistrados Supernumerarios
Licenciado Agustín Villagómez Vázquez.
Enero 1954 - Junio 1956
Noviembre 1956 – Octubre 1959
Noviembre 1969 – Febrero 1971
Licenciado Carlos Thomas López
Noviembre 1962 – Octubre 1965
Licenciado Sergio Álvarez de la Rosa
Licenciado Felipe Mosso Valdez.
Licenciado Mario Fernando Ruíz Sández.
Licenciado Jesús Antonio Chávez Hoyos.
Pedro Ignacio Amaya Rábago.
Noviembre 2001 – Diciembre 2001
José Xavier Casas Millán.
6.- Magistrados Suplentes.
Licenciado Rafael Martínez Retes.
Licenciado Fernando Díaz Ceballos.
Junio 1954 – Junio 1956
Licenciado Arturo Monge Sánchez.
Noviembre 1954 – Octubre 1956
Licenciado Carlos Thomas López.
Licenciado Rafael Soto Gil.
Licenciado José María Partida Guerrero.
Licenciado Jesús Barba Cornejo.
Licenciado Leonel Guajardo.
Licenciado Nicolás Gómez Castellanos.
Licenciado Alfredo Alba Escobedo
Licenciado Gilberto Núñez López.
Licenciado Eduardo Castro Riddle.
Licenciado Alejandro Lamadrid Hachok.
Licenciado Severiano E. García Galicia.
Licenciado Guillermo Enríquez de Rivera Buentiempo.
Licenciado Rodolfo Gastelúm Pérez.
Licenciado Alejandro Gudiño Bazua.
Licenciado Federico Reyes Hernández.

References: artículo 55
 artículo 66
 artículo 60
 artículo 52
 Artículo 56
 artículo 59
 artículo 116
 artículo 90
 artículo 58
 artículo 175
 artículo 175