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Responsabilidad del estado- falla del Servicio- obligación de los Establecimientos educativos de supervisar y controlar las actividades que desarrollen los alumnos
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RESPONSABILIDAD DEL ESTADO- Falla del Servicio- obligación de los Establecimientos educativos de supervisar y controlar las actividades que desarrollen los alumnos.
Los establecimientos educativos tienen la obligación de desplegar eficientes labores de supervisión y de control respecto de las actividades que programen y deban desarrollar los alumnos, pues se entiende que lo hacen bajo su vigilancia y custodia, dentro o fuera de las instalaciones del plantel educativo, sin correr riesgos y sin comprometer su integridad física o síquica, como tampoco su responsabilidad para con sus compañeros, docentes y terceros.
Lo anterior para señalar que, hay responsabilidad de los establecimientos educativos por fallar al deber de custodia y cuidado, siempre que los menores resulten afectados en el marco de una actividad a cargo de docentes y directivos del plantel, en la medida en que supone el desconocimiento del contenido obligacional a su cargo.
Considera la Sala que, de acuerdo con las pruebas que obran en el expediente, la muerte del menor son imputables al departamento del Huila, propietario y responsable de la Institución Educativa Calixto Leiva de Neiva, porque, como quedó explicado, la víctima matriculada en el plantel, realizaba una actividad programada y desarrollada por las directivas y docentes, bajo su vigilancia y custodia y por ende obligadas a adoptar las medidas para que la actividad se desarrollara sin riesgo para los estudiantes y docentes; no obstante, debe de tenerse en cuenta que el sitio elegido para el desarrollo de la actividad no contaba con medidas de seguridad pues ello se evidencia en los testimonios ya reseñados, el menor Andrés Felipe tuvo fácil acceso a la piscina de adultos, lo que indica que no había cerramientos de la piscina o personal a cargo del ingreso a la misma.
Los profesores de la Escuela Calixto Leiva, que para el día de la ocurrencia de los hechos se encontraba a cargo del grupo de estudiantes, tenía una relación de cuidado especial frente a los niños y éstos una relación de subordinación y dependencia para con ellos y si bien la actividad no se programó como riesgosa, lo fue y en grado sumo, precisamente porque el personal a cargo de la actividad no era suficiente ni calificado, como quiera que asistían los alumnos de cinco cursos, bajo el cuidado y vigilancia de cinco maestros.
En este orden de ideas, la Sala concluye que el departamento del Huila demandado, con cargo a su patrimonio, tiene el deber de asumir la reparación de los perjuicios causados a los demandantes con la muerte del estudiante ANDRÉS FELIPE AVILA GARCÉS de acuerdo con las razones antes expuestas que son semejantes a lo argumentado por el A-quo, según los parámetros que a continuación se señalan:
FUENTE FORMAL. Art. 144 C.C.A/ art. 2347 del C.C.
NOTA DE RELATORIA: Responsabilidad de las Instituciones Educativas frente a los alumnos: Sentencia de 7 de septiembre de 2004, exp. 14.869. M.P.: Nora Cecilia Gómez Molina. Cita en sentencia de 23 de junio de 2010, M.P. Mauricio Fajardo Gómez, exp. 18468.
Neiva, seis (06) de Febrero de dos mil catorce (2014).
ACCION : REPARACION DIRECTA
DEMANDANTE : SANDRA LILIANA GARCES OSPINA Y OTROS
DEMANDADO : NACION – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y OTROS.
PROVIDENCIA : CONSULTA
RADICACIÓN : 41 001 23 31 001 2003 00841 02
RAD. INTERNA : 2009 0044
Aprobado en Sala de la fecha. Acta Nº 004.
1. OBJETO A DECIDIR.
Corresponde a la Sala absolver el recurso de CONSULTA de la sentencia de fecha 17 de Abril de 2009 proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, de conformidad con el artículo 184 del C.C.A., modificado por el artículo 57 de la ley 446 de 1998, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y se declara patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejercito Nacional.
De las pretensiones de la demanda.
Mediante apoderado, en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del C.C.A., los señores ALFONSO AVILA MOSQUERA y SANDRA LILINA GARCES OSPINA, en nombre propio y en representación de sus dos hijos menores SANDRA PAOLA AVILA GARCES, VICTOR ALFONSO AVILA GARCES, IVAN CAMILO RAMOS GARCES, NINI DEL PILAR RAMOS GARCES y CESAR ANDRES AVILA PISSO, y los señores VIVIANA MARCELA RAMOS GARCES, CAROLINA Y ALFONSO AVILA GARCIA, LEONOR OSPINA MOSQUERA y RODRIGO GARCES CUENCA, instauran demanda contra la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL, DEPARTAMENTO DEL HUILA y MUNICIPIO DE NEIVA para que sean declarados administrativa y extracontractualmente responsables de los perjuicios causados a los demandantes, con motivo de la muerte del menor ANDRES FELIPE AVILA GARCES, sucedida el día 20 de noviembre de 2001, en las instalaciones del centro bienestar social del Magisterio Huilense, cuando se realizaba un actividad recreativa organizada por las Directivas y Profesores del Centro Docente Calixto Leyva de Neiva.
Que como consecuencia de la anterior declaración se condene a la parte demandada a lo siguiente:
Se debe indemnizar a los demandantes SANDRA LILIANA GARCES OSPINA, ALFONSO AVILA MOSQUERA, SANDRA PAOLA AVILA GARCES, VICTOR ALFONSO AVILA GARCES, IVAN CAMILO RAMOS GARCES, NINI DEL PILAR RAMOS GARCES, VIVIANA MARCELA RAMOS GARCES, CESAR ANDRES AVILA PISSO, CAROLINA VILA GARCÍA, ALFONSO AVILA GARCÍA, LEONOR OPSINA MOSQUERA y RODRIGO GARCES CUENCA por la totalidad de perjuicios causados, presentes y futuros, patrimoniales (materiales) y no patrimoniales, causados por la muerte de ANDRES FELIPE AVILA GARCES.
Que deben indemnizar a los demandantes los perjuicios morales pagando a cada uno el valor de CUATRO MIL GRAMOS ORO, conforme la certificación del Banco de la República, por la muerte de ANDRES FELIPE AVILA GARCES.
Se debe indemnizar a los demandantes SANDRA LILIANA GARCES OSPINA, ALFONSO AVILA MOSQUERA, SANDRA PAOLA AVILA GARCES, VICTOR ALFONSO AVILA GARCES, IVAN CAMILO RAMOS GARCES, NINI DEL PILAR RAMOS GARCES, VIVIANA MARCELA RAMOS GARCES, CESAR ANDRES AVILA PISSO, CAROLINA VILA GARCÍA, ALFONSO AVILA GARCÍA, LEONOR OPSINA MOSQUERA y RODRIGO GARCES CUENCA pagándoles a cada uno la suma de CUATRO MIL GRAMOS ORO conforme a la certificación del Banco de la República, por la interrupción de la vida afectiva y de relación familiar.
Que se debe pagar a favor de la señora SANDRA LILINA GARCES OSPINA, y a los menores SANDRA PAOLA AVILA GARCES, VICTOR ALFONSO AVILA GARCES y NINI DEL PILAR RAMOS GARCES, consistentes en el perjuicio equiparable al perjuicio fisiológico por la merma en la capacidad de goce y disfrute como consecuencia de los problemas psíquicos y psicológicos generados por la muerte de ANDRES FELIPE AVILA GARCES. La suma de dinero equivalente a CUATRO MIL GRAMOS ORO, para cada uno conforme la certificación del Banco de la República.
Finalmente, solicita que la condena así proferida haga tránsito a cosa juzgada y preste mérito ejecutivo contra los demandados y se actualice a la fecha de la sentencia definitiva, el valor de los perjuicios causados y se generen los intereses correspondientes por el no cumplimiento oportuno de la sentencia favorable por parte de los demandados.
Y se condene en costas a la entidad demandada.
2.2. De los hechos fundamento de la demanda.
El menor de edad ANDRES FELIPE AVILA GARCES, cursaba para el año 2001 su primer año en la primara, en la ciudad de Neiva, en la ESCUELA CALIXTO LEYVA y/o CENTRO DOCENTE CALIXTO LEYVA, nombre el cual aparece en el membrete de los resultados del periodo y sello de la dirección del plantel educativo.
En la ESCUELA CALIXTO LEYVA, alcanzó antes de su muerte, a terminar su tercer periodo académico, donde ya iba a finalizar su primer año de estudio de la primaria.
El 20 de noviembre de 2001, las directivas del plantel educativo, JORNADA DE LA TARDE, organizaron una actividad de recreación con todos los grados de la básica primaria (1° a 5°) al CENTRO BIENESTAR SOCIAL DEL MAGISTERIO HUILENSE –unidad de piscinas, ubicado en el Km. 5 vía a Vegalarga, siendo para esa época directora del plantel la Licenciada MARÍA PASTRANA y como directora del grupo 1° de primaria Beatriz E. de Tovar.
La falta de atención y cuidado de los menores de edad, del centro educativo CALIXTO LEYVA, por parte de sus profesores y directivas, en esa actividad recreativa, del pasado 20 de noviembre de 2001 terminó con la vida del menor ANDRES FELIPE AVILA GARCES, quien pereciera ahogado en una de las piscinas del CENTRO BIENESTAR SOCIAL DEL MAGISTERIO HUILENSE donde su fallecimiento se debió a asfixia mecánica debido a sumersión.
La familia estaba compuesta de la siguiente manera:
SANDRA LILIANA GARCES OSPINA, madre, ALFONSO AVILA MOSQUERA, padre, quienes procrearon los siguientes hijos:
ANDRES FELIPE AVILA GARCES (q.e.p.d), VICTOR ALFONSO Y SANDRA PAOLA AVILA GARCES.
Hermanos paternos de ANDRES FELIPE AVILA GARCES (q.e.p.d), ALFONSO- CAROLINA AVILA GARCÍA y CESAR ANDRÉS AVILA PISSO.
Hermanos maternos de ANDRES FELIPE AVILA GARCES (q.e.p.d), VIVIANA MARCELA, IVAN CAMILO, NINI DEL PILAR RAMOS GARCES.
Abuelos maternos ANDRES FELIPE AVILA GARCES (q.e.p.d), LEONOR OSPINA MOSQUERA y RODRIGO GARCES CUENCA.
Todos los demandantes han sufrido con rigor extremo la muerte de ANDRES FELIPE AVILA GARCES (q.e.p.d), con un sufrimiento físico (sic) y emocional de los mismos, al igual del dolor espiritual, la falta del menor de la familia provocó una interrupción grave en la vida de la relación familiar para todos los demandantes donde era motivo de alegría y esperanza.
Que el menor de edad ANDRES FELIPE AVILA GARCES (q.e.p.d), nació el día 12 de diciembre de 1993.
Prosigue que el hecho que da origen a este proceso, configura el hecho dañino y el daño es la muerte del menor ANDRES FELIPE AVILA GARCES (q.e.p.d), y el perjuicio lo describe como el infinito dolor moral que a todos los demandantes causó este daño, además el resto de los perjuicios no patrimoniales relacionados en los hechos y las pretensiones.
El perjuicio moral se presume por los lazos de familiaridad entre el occiso y los potenciales demandantes que se encuentran plenamente probados con las copias auténticas de los registros civiles de nacimiento. Todos están cobijados por la presunción de la convivencia, familiaridad y mutua ayuda o colaboración.
Arguye que la falla del servicio la constituye el hecho de que el Estado (más concretamente el Ministerio de Educación, el Departamento del Huila y el Municipio de Neiva a través de sus docentes violó el contenido obligacional de la Constitución Política y de las normas que regulan la educación y responsabilidad de los docentes frente a sus discípulos.
En consecuencia esta falla es perfectamente atribuible al Ministerio de Educación, Departamento del Huila y del Municipio de Neiva.
3.1. De la Nación – Ministerio de Educación Nacional (Fl. 51 a 59 Cuad. 1Inst.).
Mediante apoderado, la Nación – Ministerio de Educación manifiesta su oposición a la totalidad de las pretensiones, y solicita que sea eximida la entidad, en razón a que dentro del plenario no existe prueba demostrable de responsabilidad que condene al Ministerio, al reconocimiento de perjuicios, por cuanto no se dan los presupuestos exigidos por la normativa vigente para estos casos de carácter especial; de igual forma es necesario demostrarse la responsabilidad por parte de la Nación, por actos y hechos de los cuales no puede ser declarado responsable, sobre todo cuando de los mismos hechos ya están adelantando las correspondientes investigaciones tanto penales como disciplinarias, y hasta tanto no se provea en esos casos, nos veríamos avocados a la presencia de una causal de suspensión de la actuación por la existencia de prejudicial penal en proceso administrativo.
Que en el presente caso, remontándose a los hechos de la demanda, en forma alguna se puede alegar la falla del servicio por parte del Ministerio de Educación Nacional como determinante del fallecimiento del menor, porque si bien es cierto el Ministerio es el ente rector de la Educación en Colombia y los establecimientos educativos una prolongación de la educación de los niños, no es un hecho indicador de responsabilidad de los docentes en cuánto tenga que ver con la vida y la integridad física de los alumnos.
Las autoridades educativas, no pueden afrontar ciertos casos excepcionales que escapan del control de la Institución y más aun, considerando que lo imprevisto no significa que el que se atribuye aquel carácter sea desconocido, sino que, por ser, inopinado u ocasional, no se sabe o no puede preverse cuando ni en qué circunstancias podrá acontecer y una vez presentado, es absolutamente irreversible.
En consecuencia propone la excepción de indebida representación, por cuánto el Departamento del Huila fue descentralizado mediante Resolución No.3023 del 11 de agosto de 1997, motivo por el cual se le entregó la administración de los bienes, el personal docente y administrativo docente y las responsabilidades que ello generaba, siendo el llamado legalmente a conciliar o no con la parte demandante si a ello hubiere lugar tal como aconteció.
3.2. Del Departamento del Huila (fls. 72 a 74 C. 1 Inst.)
El apoderado de la entidad demandada empieza por valorar los hechos, manifestando que no le constan, seguidamente propone las excepciones de falta de legitimación en el sujeto pasivo de la acción, por cuánto el personal docente nombrado en dicho centro no depende del Departamento del Huila, sino del Ministerio de Educación, tal como se prueba con la constancia de la Secretaría de Educación. Lo anterior los sustenta en que la nacionalización de la educación con la Ley 43 de 1975, la cual tuvo por objeto asumir la carga salarial y prestacional de los docentes que se encontraban hasta entonces en cabeza de los departamentos.
Así las cosas, tanto la directora y educadores del Centro Docente Calixto Leyva, a cuyo cargo se produjo la muerte del menor ANDRÉS FELIPE, dependen directamente del Ministerio de Educación puesto que su pago lo realiza el Sistema General de Participaciones, por ser personal nacionalizado.
Por ultimo manifiesta que los demandantes no consagran ninguna razón jurídica que involucre la situación fáctica que es base de la reclamación en relación con la vinculación del Departamento del Huila y su citación sin el concepto claro de responsabilidad es inaplicable porque no existe razón, ni es concreto en los elementos que conduzcan razonablemente que hubo falla del servicio por parte del Departamento del Huila, especialmente cuando la educación corresponde al Municipio de Neiva.
3.3. Del Municipio de Neiva (fls. 85 a 89 C. 1 Inst)
En cuanto a las pretensiones se opone a todas y cada una de ellas, en lo que tiene que ver con la responsabilidad que se pretende, ya que no existe responsabilidad alguna en los hechos y acontecimientos que generaron la presente acción judicial por parte de la entidad Municipio de Neiva.
Propone las excepciones de falta de legitimación en el sujeto pasivo de la acción, sustentada en que para demostrar el nexo de causalidad entre el hecho y la causa, el Municipio de Neiva, al no haber recibido por descentralización la educación para el año 2.001 fecha en que de acuerdo a los hechos narrados en la demanda sucedieron los acontecimientos que terminaron la vida del menor ANDRES FELIPE AVILA GARCES.
Que es evidente que la parte actora en ninguna de sus apreciaciones deja entrever la responsabilidad que le puede caber a la entidad territorial Municipio de Neiva, ya que de lo allí anotado se indica que las “directivas del plantel educativo, organizaron una actividad de recreación” partiendo de la anterior premisa se puede establecer que no puede existir responsabilidad alguna, por decisiones tomadas en su momento por personal que no está a cargo del Municipio de Neiva, y mucho menos de actividades distintas para la cual está nombrada y destinada la actividad académica.
Como ultima excepción propone la culpa de un tercero, como quiera que se vislumbre con claridad cada uno de los acontecimientos previos que dio origen a la muerte del menor objeto de la presente acción, nos llevan a establecer que no existe nexo de causalidad entre el daño y el hecho del demandado (Municipio de Neiva), ya que no se encuentra acreditado que la entidad territorial hubiese tomado decisión alguna en la tarde recreativa , más aun no tenía la responsabilidad de vigilancia educativa al centro donde estudiaba el menor AVILA GARCES, lo cual lleva a concluir que si existe un responsable, es un tercero ajeno al Municipio de Neiva, por lo que solicita se nieguen las pretensiones de la demanda.
4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:
El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Neiva, mediante Sentencia del 17 de abril de 2009, en primer lugar realiza un recuento normativo con fin de establecer quién se encuentra a cargo de la dirección, inspección y vigilancia de la educación en Colombia, considerando que en éste caso sólo el Departamento del Huila es responsable administrativamente por la falla en el servicio, de los daños que reclaman los demandantes, cuando se organizó una actividad recreativa organizada por el Centro Docente Calixto Leiva (sic) de Neiva, pues debido a la omisión en que incurrió la entidad, en el deber de vigilancia y control sobre el centro educativo, se presentó el hecho trágico en el que falleció el menor y por el cual está llamada a responder patrimonialmente.
De igual manera indica que cuando se omite el deber de vigilancia y cuidado por parte de los entes educativos, en particular cuando se trata de actividades escolares que organizan docentes y directivas, se incurre en una falla del servicio de educación y por ende, el ente encargado de prestar esa vigilancia e inspección, debe responder por los daños que esa omisión o falta de cuidado generan.
Afirma que la falla en la prestación del servicio público de educación debe atribuirse exclusivamente al Departamento del Huila, porque la Nación a través del Ministerio de Educación Nacional delegó esas funciones administrativas a este ente territorial, mediante Resolución 3023 de 1997, en aplicación de la Ley 60 de 1993 y 115 de 1994, y es por ello que la función de inspección y vigilancia que debía ejercer sobre el sector educativo regional y en particular, sobre el Centro Docente Calixto Leiva de Neiva, correspondía al Departamento del Huila, en la medida en que esos correctivos orientaciones y seguimientos necesarios que debían ejercerse en el sector educativo en general y a las actividades que ejecutaban los profesores y directivas de esos centros educativos y que venían a cargo de la Nación, pasaron al Departamento a partir de esa fecha.
Se considera que este deber de vigilancia y control, se trasladó del Ministerio de Educación Nacional al Departamento del Huila, porque así lo certificó este Ministerio en la Resolución 3023 de 1997, conforme al artículo 14 de la Ley 60 de 1993, en la que se indicó que previo el cumplimiento de los requisitos legales, podía asumir la administración directa de los recursos del “situado fiscal” hoy “sistema general de participaciones y transferencias”, para prestar los servicios educativos por cuenta y riesgo del Departamento del Huila.
Arguye que se encuentran suficientemente demostrados los presupuestos fácticos y normativos de la falla del servicio público de educación en este caso, pero únicamente respecto el Departamento del Huila, puesto que se halla probado:
a) El hecho: el menor ANDRÉS FELIPE ÁVILA GARCÉS, quien se hallaba matriculado en el Centro Docente Calixto Leiva de esta ciudad, falleció el día 20 de noviembre de 2001, a consecuencia de asfixia mecánica por sumersión, cuando se realizaba una actividad recreativa en el Club de Profesores del Magisterio del Huila, organizada y dirigida por el personal directivo y docente de dicho plantel educativo. Dicho personal, aunque era pagado con recursos del sistema general de participaciones, la vigilancia o inspección estaba a cargo del Departamento del Huila, pues para esa época ya se encontraba certificado dicho ente territorial conforme los previsto en la Ley 60 de 1993 y 115 de 1994.
b) El daño: la muerte del menor causó traumas y dolor a sus padres, hermanos y abuelos aquí demandantes.
c) El nexo causal: los daños reclamados son el resultado de la falta del deber de vigilancia, cuidado y control que ha debido ejercer el Departamento del Huila sobre el personal directivo y docente que organizó la actividad recreacional y que estaban bajo su administración, dirección, inspección y vigilancia.
En consecuencia resuelve condenar al DEPARTAMENTO DEL HUILA a pagar a SANDRA LILIANA GARCES OSPINA Y ALFONSO AVILA MOSQUERA, a cada uno como padres del menor Andrés Felipe Ávila Garcés el valor en pesos equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes; a SANDRA PAOLA AVILA GARCES, IVAN CAMILO RAMOS GARCES, NINI DEL PILAR RAMOS GARCES, CAROLINA AVILA GARCIA y ALFONSO AVILA GARCÍA, como hermanos a cada uno la suma de 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a LEONOR OSPINA MOSQUERA y RODRIGO GARCES CUENCA, como abuelos del menor la suma de equivalente a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Y niega las demás pretensiones de la demanda.
5.-El trámite de la consulta.
Como se condenó a una entidad pública específicamente al Departamento del Huila y la misma excede los trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes y la entidad no apeló tal decisión, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, el a quo remitió en consulta la anterior determinación.
Dentro del término de traslado las partes guardaron silencio (fl. 5 C. 2 Inst).

References: artículo 184
 artículo 57
 artículo 86
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 14
 artículo 184