Source: https://economiaiebh.wordpress.com/33-el-plan-de-desarrollo-del-gobierno-de-alvaro-uribe-velez/
Timestamp: 2017-12-16 13:00:11+00:00

Document:
3.3 EL PLAN DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DE ALVARO URIBE VÉLEZ | ECONOMIA I.E.Benjamin Herrera
ECONOMIA I.E.Benjamin Herrera
3.3 EL PLAN DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DE ALVARO URIBE VÉLEZ
Álvaro Uribe Vélez fue reelegido Presidente de la República de Colombia el pasado 28 de mayo con 7´363.421 votos, es decir, el 62 por ciento de la votación.
En mayo de 2002 fue elegido Presidente de la República para el período constitucional 2002-2006.
Imágen tomada de: http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/fotos/2003/enero/31/foto1.htm Tres Esquinas ( Caqueta), 31 de enero de 2003, El Presidente de la República, Alvaro Uribe Vélez, en la inauguración de la VI División Conjunta en el municipio de Tres Esquinas (Caquetá) Foto: – Fernando Ruiz – CNE
Video tomado de: http://www.youtube.com/watch?v=FGKc49gIpe0&feature=fvsr
La actual administración colombiana está a cargo del presidente Alvaro Uribe vélez, sus propuestas sociales están encaminadas hacia varios aspectos que afectan la vida de la nación, y que se encuentran incluidos en los siguientes programas de gobierno:
I. Brindar seguridad democrática
Colombia afronta uno de los conflictos armados de mayor duración en el mundo, con hondas repercusiones en todos los aspectos de la vida social. En las últimas décadas el conflicto se ha agudizado de manera significativa. Las organizaciones armadas al margen de la ley han incrementado su presencia en el territorio y su tamaño y, simultáneamente, han escalado las acciones terroristas contra la población civil y la infraestructura económica y social del país, a la vez que estrechan sus vínculos con negocios ilícitos como el narcotráfico.
Con el objetivo de defender el ordenamiento democrático y el Estado de Derecho, garantizar la seguridad y la libertad de la población, proteger los derechos humanos e impulsar la prosperidad económica y la equidad social, el Gobierno Nacional implementará un modelo integral de Seguridad Democrática que le permita al Estado brindar seguridad a todos los sectores de la sociedad, consolidar su presencia legítima en el territorio nacional y recuperar el control definitivo en las zonas con influencia de grupos armados ilegales.
La Seguridad Democrática puede entenderse como el ejercicio de una autoridad efectiva que sigue las reglas, contiene y disuade a los violentos y está comprometida con el respeto a los derechos humanos, el pluralismo político y la participación ciudadana. Así entendida, la Seguridad Democrática trasciende el concepto tradicional de seguridad nacional, ligado exclusivamente a la capacidad del Estado para coartar y penalizar a aquellos individuos que transgreden las normas de convivencia en sociedad. En última instancia, la estrategia de Seguridad Democrática busca asegurar la viabilidad de la democracia y afianzar la legitimidad del Estado.
La ejecución de la política de Seguridad Democrática se realizará bajo la dirección del Presidente de la República, con la coordinación y supervisión del Consejo Superior de la Seguridad y Defensa Nacional. En el ámbito territorial, la coordinación estará a cargo de los gobernadores y alcaldes, asistidos en esta labor por consejos departamentales y municipales de seguridad.
1. Control del territorio y defensa de la soberanía nacional
En los últimos años el país ha asistido a una indiscutible degradación del conflicto armado. Las organizaciones al margen de la ley recurren al terror en su afán por consolidar y controlar territorios de gran valor estratégico y para acopiar los recursos que el escalamiento de la confrontación exige.
De allí que cada vez son más frecuentes los actos violentos contra la población y bienes civiles, como las masacres, las violaciones e infracciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, los ataques a poblaciones e infraestructura con medios masivos de destrucción, el desplazamiento forzado de población civil y, más recientemente, las amenazas y expulsión de mandatarios locales.
En los últimos diez años el crecimiento de los principales actores ilegales del conflicto ha sido del 157,5%. Para 2001 las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep) habían duplicado su pie de fuerza. Tenían 16.580 combatientes, distribuidos en 62 frentes, a partir de los cuales se conformaron siete bloques con una distribución y copamiento geográficos importantes a escala nacional. Con relación al Ejército de Liberación Nacional (Eln) si bien se constata también una duplicación en su pie de fuerza entre 1990 y 2001, periodo en que alcanzaron 4.500 hombres distribuidos en 41 frentes que conforman cinco bloques de guerra, esta organización ha visto sensiblemente mermada su capacidad de crecimiento militar y ha perdido control territorial. Los grupos ilegales restantes -Ejército Popular de Liberación (Epl), Ejército Revolucionario Guevarista (Erg) y Ejército Revolucionario del Pueblo (Erp)-, que representan fuerzas bastante marginales en
términos militares con un promedio de 200 hombres, parecen ser muy funcionales al accionar del Eln, pero sobre todo, de las Farc-Ep.
Por su parte, en el mismo periodo los grupos de autodefensa quintuplicaron su tamaño y fortalecieron notablemente su presencia territorial. De tener 1.800 hombres en 1990 pasaron a tener 10.560 en 2001, distribuidos en 10 bloques. Cabe observar que su crecimiento más importante se ha dado a partir de 1999. Preocupa igualmente el hecho de que alrededor de 7.000 menores alimentan las filas de los grupos armados ilegales.
La mayor concentración del poder militar y ofensivo de los actores armados se da todavía en zonas periféricas y de influencia histórica de estas agrupaciones, aunque sea cada vez más clara la importancia estratégica de ciertos territorios, motivada por razones de orden económico o militar expansivo. Estos últimos constituyen zonas económicamente atractivas que pueden disputarse y controlarse para beneficio de las organizaciones armadas ilegales; configuran corredores fundamentales tanto para el aprovisionamiento de pertrechos y armas como de alimentos y elementos de apoyo logístico; y tienen implicaciones en el dispositivo militar y en la relación de ventaja frente a otras organizaciones armadas ilegales o la Fuerza Pública. En ellos, estas agrupaciones han conformado y fortalecido economías de guerra, como la de cultivos ilícitos con sus vínculos hacia la actividad del narcotráfico, o constituido fuentes de financiación importantes a través de la extorsión, el secuestro, el abigeato y el asalto a entidades financieras, que afectan a zonas agroindustriales y de explotación pecuaria, petrolera y minera.
No obstante la caracterización previa, las principales áreas urbanas se constituyen crecientemente en objetivo tanto para la obtención de recursos, sobre todo en el caso de la guerrilla a través de la extorsión y el secuestro, como para impulsar el propósito de trasladar el conflicto a las ciudades. Sin embargo, en términos generales este propósito está todavía en gestación y desarrollo. En barrios marginales de varios centros urbanos hay presencia de milicias, pero tales lugares no han podido ser consolidados y controlados territorialmente por los grupos armados al margen de la ley.
De otra parte, el acceso al poder local en múltiples municipios del país, característico de la estrategia durante toda la década de los años noventa, ha tenido también su propia dinámica que parece no conformarse con la obtención de un cierto reconocimiento de influencia en la gestión local y de una relativa incidencia en el manejo de los presupuestos locales. Tal injerencia, precedida en zonas de expansión por una alta tasa de homicidios, masacres y desplazamientos forzados, se ha extendido a las amenazas, expulsión y asesinato de líderes políticos, concejales y mandatarios, en una estrategia a través de la cual los grupos armados pretenden un mayor reconocimiento e influencia en la gestión local del país.
La evolución de las masacres muestra un aumento igualmente preocupante: el número de casos y de víctimas durante el periodo 1995-2000 creció en 48%, y si bien para el año 2001 se observa una disminución aproximada del 20% en el número de casos y casi del 25% en el número de víctimas con relación al año anterior, las cifras aún son elevadas.
Con relación al secuestro, en ningún otro país del mundo existe una industria como la que han puesto en práctica los grupos armados al margen de la ley; se calcula que en los últimos años se han transado cerca de US$1,500 millones producto del secuestro realizado tanto por los actores ilegales del conflicto como por bandas de delincuencia común2. Además de su inconmensurable impacto emocional, el secuestro y la extorsión afectan seriamente el desarrollo económico del país y ahuyentan la inversión.
Igualmente grave es la situación concerniente a los ataques sistemáticos a la infraestructura energética, vial y de comunicaciones, con un alto costo económico para el país. En prácticamente todos los tópicos considerados hay aumentos significativos especialmente en la segunda mitad de la década de los noventa y en 2001. En el Cuadro 3 se resumen los costos por terrorismo y acciones delincuenciales contra la infraestructura nacional, para 2001.
Los costos los asume en gran parte la población colombiana, reflejados en aumentos de precios, atrasos en el desarrollo tecnológico, limitación en el suministro de servicios públicos, y disminución en los ingresos de regalías de la Nación y de las regiones. Adicionalmente, se ven afectados los programas de vinculación de capital privado en la financiación de proyectos de infraestructura, ya que los problemas de orden público son uno de los principales determinantes de dichas decisiones de inversión.
Tal vez la consecuencia más dramática del conflicto está en el desplazamiento forzado de civiles. El terror, como herramienta de los grupos armados para controlar la población y como mecanismo para obtener un mayor control sobre el territorio y así desarrollar sus actividades ilícitas, ha causado el desalojo de cientos de miles de familias en los últimos años, con la consiguiente destrucción del tejido social y un descenso dramático de la productividad agrícola en varias zonas rurales del país y el incremento de la miseria en las ciudades.
Desde 1985 hasta el año 2000, han sido desplazados de sus lugares de origen como consecuencia del conflicto armado, casi un millón de colombianos3. “Durante 2001, según el Registro Único de la Red de Solidaridad Social (RSS), las causas inmediatas de los desplazamientos fueron la amenaza generalizada (47%), los enfrentamientos armados (23%), las masacres (9%), los asesinatos selectivos (11%), las tomas a municipios y veredas y ataques indiscriminados (4%), y el restante (6%) por otras causas”4%.
Por soldados regulares y por soldados y policías de apoyo5. Organismos como el DAS y la Fiscalía podrán entonces cumplir con su labor de judicializar a los miembros de los grupos al margen de la ley, mientras que la Procuraduría velará por la protección de los derechos humanos y las garantías procesales de los implicados. Así, una vez garantizadas las condiciones básicas de seguridad, el Estado podrá ejecutar los programas que contribuyan al bienestar social de la población, al desarrollo sostenible y a la prosperidad económica de la región.
a. Control y reducción de las organizaciones armadas al margen de la ley
i. Reducción de la capacidad logística de las organizaciones armadas al margen de la ley
Parte importante de la estrategia integral encaminada a recobrar la seguridad y recuperar el monopolio legítimo de la fuerza, consiste en desvertebrar las redes de apoyo logístico, con particular énfasis en la reducción de la capacidad armada de los grupos violentos. El Gobierno Nacional ejecutará los planes y programas diseñados específicamente para debilitar el funcionamiento de estas organizaciones con acciones sobre sus centros de reclutamiento, aprovisionamiento de armas, municiones y explosivos6, sus rutas de alimentación y transporte, sus sistemas de comunicaciones y sus fuentes de financiamiento7.
Igualmente, se pretende debilitar a los grupos armados con la captura de sus cabecillas y jefes jerárquicos, procesándolos judicialmente y, si es el caso, extraditándolos de acuerdo con la normatividad vigente.
ii. Desarticulación de las finanzas de grupos terroristas y de narcotráfico
La lucha contra los grupos terroristas, de narcotraficantes y de delincuencia transnacional organizada se centrará en el ataque a sus estructuras financieras. En tal sentido, se reforzarán los controles a los movimientos en el sistema financiero y de valores, con la implementación de los lineamientos establecidos por las Naciones Unidas en la Resolución 1373 de 2001. Además, se perseguirán los bienes de dichas organizaciones y se realizarán los ajustes necesarios en la legislación para que la figura de la extinción de dominio sea un instrumento eficaz de lucha contra el crimen. Paralelamente, se adelantarán esfuerzos que permitan restringir el secreto bancario y congelar los activos derivados de su accionar. A escala local, se implementarán mecanismos tendientes a evitar que las finanzas municipales sean utilizadas para financiar actividades terroristas o de apoyo a estos grupos y se reforzará la inteligencia para identificar aquellos negocios lícitos que sirven de fachada para la financiación de las organizaciones criminales y terroristas.
b. Fortalecimiento de la Fuerza Pública y de la capacidad disuasiva
i. Profesionalización y fortalecimiento de las Fuerzas Militares
Las Fuerzas Militares tienen la responsabilidad de garantizar la soberanía y la integridad territorial, así como las condiciones de seguridad necesarias para que las entidades del Estado puedan cumplir su misión. Para este propósito las Fuerzas Militares se fortalecerán en tres aspectos principales:
· Soldados profesionales. En desarrollo del proceso de profesionalización y fortalecimiento de las Fuerzas Militares, el Gobierno Nacional continuará con la incorporación de nuevos contingentes de soldados profesionales. Dichos soldados, debidamente equipados, entrenados y educados en el respeto por los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, permitirán sostener y profundizar el cambio sustancial en la conducción de las operaciones de la Fuerza Pública y contribuirán de manera directa con el logro de condiciones básicas de seguridad.
· Soldados de apoyo. Con el objetivo de colaborar en la consolidación del control territorial y de brindar seguridad adicional a los organismos investigativos y judiciales que tengan la tarea de identificar y judicializar a los miembros de las organizaciones armadas al margen de la ley, se incorporarán a las filas de las Fuerzas Militares contingentes de soldados de apoyo. Dichos soldados, reclutados en sus lugares de origen, realizarán tareas de apoyo a la Fuerza Pública cuando las condiciones así lo exijan, al tiempo que adelantarán sus labores normales de estudio o trabajo.
Estos nuevos contingentes contarán con el entrenamiento y equipo necesarios para el desarrollo de las funciones que les serán encomendadas, así como con la ayuda voluntaria de la red de cooperantes de la zona8.
ii. Profesionalización y fortalecimiento de la Policía Nacional
El Gobierno Nacional tiene como prioridad incrementar el pie de fuerza con el fin de que la Policía pueda retornar a aquellos municipios donde no tiene presencia, fortalecerla donde esta es débil y aumentarla en las principales ciudades para prevenir y enfrentar los delitos de mayor impacto social y evitar posibles atentados terroristas. Para lograr este objetivo, se avanzará en tres líneas de acción:
· Fortalecimiento de la seguridad en el área rural. Esta estrategia busca la reactivación de 163 estaciones en municipios en donde estas han sido destruidas.
· Fortalecimiento de los Carabineros. Se hará por medio de la creación de escuadrones móviles a lo largo del territorio nacional. De estos escuadrones, un número de hombres será destinado a la Unidad de Intervención y Reacción de la Policía de Carreteras (Unir) y los Grupos de Acción Unificada para la Libertad Personal (Gaula). Para lograr los cometidos propuestos, en dichos escuadrones se sustituirán auxiliares bachilleres por patrulleros profesionales.
· Capacitación y profesionalización de la Policía. Para el fortalecimiento de las demás funciones que le competen a la Policía Nacional, se mejorarán los procesos de capacitación y profesionalización del personal de la institución, a través de la modernización de la base tecnológica que soporta las operaciones de policía y la investigación en las áreas de ciencias forenses y criminalística.
iii. Fortalecimiento de la inteligencia
La inteligencia es tal vez el insumo más importante que debe tener el Estado para enfrentar las amenazas a su seguridad y prevenir las acciones de los grupos armados ilegales. Al reconocer esto, el Gobierno Nacional destinará los recursos necesarios y adoptará un diseño institucional óptimo para garantizar la eficiencia del ciclo de la inteligencia estatal: dirección y planeación, recolección y procesamiento de la información, y producción y diseminación de análisis de inteligencia.
· Dirección y planeación. El Presidente de la República, en cumplimiento de su misión constitucional y como Jefe Supremo de las Fuerzas Militares, dirigirá la inteligencia estatal de manera coordinada con el Ministerio de Defensa y el Consejo Superior de Defensa y Seguridad Nacional, que serán responsables de su planeación.
· Recolección y procesamiento de la información. La recolección y el procesamiento de la información táctica y estratégica estarán a cargo de la Fuerza Pública, organismos de seguridad y otras agencias estatales. Se incentivará la especialización, la cooperación y la complementariedad entre ellas. La ciudadanía también será parte fundamental en el tema de recolección9.
· Promoción y difusión de la información. Para la producción y diseminación de los análisis de inteligencia se creará un comité de coordinación del cual harán parte delegados de todos los organismos de inteligencia e investigación criminal. Este comité tendrá la responsabilidad de consolidar los informes de inteligencia y transmitirlos al Presidente, al Ministro de Defensa y al Consejo Superior de Defensa y Seguridad para la toma de decisiones. Igualmente, se destinarán los recursos técnicos necesarios para mejorar la eficiencia del ciclo estatal. Para ello, se buscará proveer a las diferentes instancias con equipos de última tecnología, compatibles, y con bases de datos comunes, que permitan obtener una inteligencia de calidad para enfrentar a los grupos armados ilegales.
· Cooperación internacional. El Gobierno Nacional, consciente de que el terrorismo es una amenaza que no conoce fronteras, promoverá la cooperación internacional en materia de intercambio y flujo oportuno de información de inteligencia con las diferentes agencias.
Implementará, así, los lineamientos establecidos por las Naciones Unidas en la Resolución 1373 de 2001.
iv. Fortalecer la capacidad disuasiva frente a posibles agresiones externas
Se mantendrá la capacidad disuasiva real y creíble frente a posibles amenazas externas mediante el mantenimiento y modernización del material estratégico existente. Se garantizará, de esta manera, la soberanía e integridad de las aguas marinas y submarinas, de la plataforma continental, los territorios insulares y el espacio aéreo, así como la protección y preservación de los recursos naturales y el medio ambiente de la Nación. En el mismo sentido, el Gobierno se convertirá en un promotor del desarrollo fronterizo a través de acciones y esfuerzos coordinados con el sector privado, que además
de garantizar el bienestar de los ciudadanos, generen una dinámica económica y social capaz de neutralizar las amenazas a la soberanía del territorio y su población.
Paralelamente, con el fin de evitar la migración de factores generadores de violencia de un país al otro, el tráfico ilícito de bienes y el tránsito no autorizado de personas en zonas fronterizas, se revitalizará el acercamiento y la cooperación con las Fuerzas Armadas y de Policía y organismos de seguridad de los países vecinos. Para ello, se dará continuidad a la realización de operaciones combinadas y coordinadas que contribuyan a desarticular y neutralizar el accionar de los actores armados al margen de la ley.
En el plano regional, el Estado colombiano fortalecerá su presencia en los procesos de cooperación e integración. En tal sentido, incrementará su capacidad propositiva y de interlocución y dinamizará la diplomacia militar a partir de un plan de acción con objetivos a cinco y diez años, tendientes a neutralizar mediante la cooperación militar las amenazas a la seguridad regional.
c. Promoción de la cooperación ciudadana
El Gobierno Nacional promoverá e incentivará la cooperación voluntaria y patriótica de la ciudadanía a la Fuerza Pública para que proporcione información relacionada con las organizaciones armadas al margen de la ley y la delincuencia. El ciudadano es quien mejor conoce su entorno inmediato y, por ende, las situaciones de inseguridad que permean su vida cotidiana. Por ello se convierte en un actor indispensable y estratégico en la definición de la seguridad y en el apoyo, respaldo y colaboración con las autoridades.
Se busca, entonces, que los ciudadanos cumplan con su deber de apoyar el esfuerzo estatal de brindar seguridad, y de este modo acompañen al Estado y se sientan respaldados por este. El núcleo inicial de este apoyo lo constituye la conformación de redes de cooperación. Igualmente se pretende incentivar la participación a través de esquemas de recompensas y contar con el apoyo de los medios de comunicación.
i. Redes de cooperación
Este esquema de apoyo estará constituido por un millón de ciudadanos en las zonas rurales y urbanas del territorio nacional, quienes participarán voluntariamente en redes de cooperación, que estarán conformadas por miembros de los frentes de seguridad local y empresarial, de la Defensa Civil, de las empresas privadas de vigilancia y de las organizaciones de taxistas y transportadores, entre otros.
Las redes de cooperantes estarán bajo el control, supervisión y evaluación de los comandantes militares y policiales y de los organismos de seguridad del Estado localizados en cada una de las áreas.
ii. Programas de recompensas
De manera paralela, el Gobierno Nacional implementará un programa de recompensas para los informantes que proporcionen a las autoridades datos oportunos y veraces sobre personas, bienes o actividades relacionadas con los grupos armados ilegales y la delincuencia. En adición a todo lo anterior, se buscará el desarrollo legal del artículo 441 del Código Penal, que establece la obligación de los ciudadanos de informar inmediatamente a la autoridad sobre el conocimiento de cualquier indicio, actividad o persona relacionados con actos delictivos y de terrorismo.
iii. Apoyo de los medios
El Gobierno Nacional convocará a los medios de comunicación para que de manera concertada establezcan acuerdos de autorregulación orientados a atenuar el impacto de las acciones terroristas en la opinión pública. En estos acuerdos se tratarán temas como la transmisión en directo de actos terroristas, comunicados y entrevistas de organizaciones e individuos que realicen dichos actos y la protección de la identidad de las personas que los presencien.
d. Protección a la infraestructura económica
El Gobierno coordinará las actividades de las instituciones del sector seguridad y defensa, y definirá una política de protección a la infraestructura con el fin de: a) disminuir los costos generados por la inseguridad y asumidos por la población; b) disminuir los riesgos en los proyectos que requieren participación privada; y c) aprovechar mejor la infraestructura. Cuando sea necesario se diseñarán e implementarán programas de seguridad con objetivos específicos como Vías para la paz. Con relación a la comercialización ilícita de hidrocarburos y sus derivados, el Gobierno y coordinará los programas de instituciones de seguridad y defensa para reducir tanto el hurto de hidrocarburos y sus derivados como su contrabando, mínimo en un 60%. Así mismo, diseñará un programa de seguridad con el fin de permitir el desarrollo de las actividades de las compañías especializadas en la exploración de hidrocarburos.
Se desarrollarán programas tendientes a prevenir y eliminar los ataques terroristas contra la infraestructura carbonífera (minas, líneas férreas y terminal); vial (troncales y puentes); eléctrica (hidroeléctricas, termoeléctricas, redes de distribución) de telecomunicaciones; fluvial; de puertos y aeropuertos; de servicios (acueductos) y petrolera (campos, oleoductos y terminal). Para tal fin, se ha diseñado una estrategia que contempla la conformación de un sistema de información confiable, la realización de operaciones ofensivas y el apoyo de la Policía Judicial y de entes externos.
i. Sistema de información confiable
Se aspira a conformar un sistema que combine la información de inteligencia, reunida de manera conjunta, con la proveniente de la ciudadanía; el patrullaje permanente de puntos críticos, por parte de la Fuerza Pública, y la creación de unidades de reacción inmediata que actúen cuando no haya sido posible prevenir los delitos.
ii. Operaciones ofensivas
La estrategia también contempla la realización de operaciones ofensivas en las zonas de asentamiento e influencia de los grupos ilegales, por lo general diferentes a los lugares donde estos ejecutan atentados.
iii. Apoyo de la Policía Judicial
De otra parte, la labor de la Fuerza Pública será apoyada por los organismos que cumplen funciones de policía judicial los cuales, agrupados en equipos de trabajo no jerarquizados, conformarán unidades de investigación, operación y judicialización que permitirán llevar procesos penales mejor sustentados y juzgar las personas sindicadas de atentar contra la infraestructura económica del país.
Estos grupos estarán apoyados por funcionarios del Ministerio Público, quienes velarán por la estricta observancia de las garantías procesales.
iv. Apoyo internacional
Para el desarrollo de esta iniciativa, se buscará el apoyo técnico y financiero internacional, así como la participación de la empresa privada a través de aportes económicos y de medios y se promoverá el correcto uso de las regalías provenientes de las actividades petroleras y mineras, y de la inversión social hecha por parte de las empresas.
El actual Gobierno dará alcance a la iniciativa regional andina, no sólo en materia de narcotráfico, sino que también ha manifestado su interés en hacerlo extensivo a problemas relacionados con actos terroristas que se presenten dentro del territorio nacional. Para ello se contará con recursos económicos enmarcados en el plan de ayuda del Gobierno de Estados Unidos para la protección de la infraestructura energética, minera y de petróleos. De igual forma, se buscará la autorización para usar equipos militares entregados al país en el marco de dicha ayuda, en este caso los helicópteros, para la lucha contra los grupos ilegales.
e. Seguridad urbana
El Gobierno, comprometido con una reducción drástica de la criminalidad urbana, fortalecerá la capacidad de manejo civil y descentralizado de estos problemas, en cabeza de los alcaldes y secretarios de gobierno. Contará para ello, con el apoyo estratégico de las autoridades judiciales y de la Policía Nacional en materia de prevención, disuasión y control del delito, con el objetivo de hacer de las ciudades colombianas espacios viables, competitivos y sostenibles.
La seguridad urbana no se agotará en el terreno de la criminalidad y la delincuencia. Dentro del marco de la Seguridad Democrática, habrá compromisos claros frente a otros fenómenos como violencia intrafamiliar, violaciones a normas de tránsito o comportamientos que atentan contra las normas de los códigos de policía que perturban de manera grave e importante la vida en sociedad.
i. Diseño y planeación
El Consejo Superior de Defensa y Seguridad se constituirá en una instancia de diseño, planeación y coordinación de una estrategia que contenga los lineamientos generales de la política, la disposición de herramientas legales y la provisión de líneas de asistencia técnica. Estas deben permitir a las autoridades administrativas locales diseñar y operar políticas públicas en la materia y promover la cooperación horizontal de experiencias exitosas entre ciudades.
ii. Acción de las autoridades locales
La seguridad urbana y la rural estarán en cabeza de todos los mandatarios locales del país, ya que ellos son la primera autoridad de policía en el ámbito municipal. Los alcaldes promoverán la interinstitucionalidad mediante la coordinación de los diferentes entes del orden nacional y local que operan en el municipio y promoverán el desarrollo de acciones en plena correspondencia con los asuntos nacionales y las necesidades locales. Para ello, se fortalecerá la dinámica de los Consejos Municipales de Seguridad, con la votación de los instrumentos jurídicos y las facultades para que los alcaldes los creen en sus respectivos municipios.
Así mismo, para instituir la transparencia y el derecho a la información, los alcaldes fomentarán la participación comunitaria en el diseño de las políticas y el control ciudadano de las acciones estatales.
Los Consejos Municipales de Seguridad serán los espacios idóneos para la promoción de la participación ciudadana a través de consultas realizadas a sectores de la sociedad acerca de las necesidades e iniciativas en términos de seguridad y convivencia. Así mismo, se impulsará la responsabilidad social.
iii. Apoyo de la Policía Nacional
El Gobierno fortalecerá la capacidad de vigilancia pública de la Policía Nacional. Para ello, aumentará el pie de fuerza en las ciudades, profundizará el crecimiento del programa de Policía Comunitaria como mecanismo de acercamiento a la comunidad y promoción de la seguridad de barrio. Así se fortalecerá la naturaleza civil de la institución y se extenderá su labor a múltiples cuestiones de interés común, como la convivencia y otros asuntos menores. Esta aproximación redundará en una mayor fortaleza y legitimidad institucional que, a su vez y con certeza, derivará en mayor cooperación ciudadana.
Se fortalecerá la plataforma tecnológica de la Policía en materia de modernización de los espacios y metodologías de los Comités de Vigilancia, a través de la puesta en operación de los Centros de Información Estratégica Policial Seccional (CIEPS), de una adecuación institucional para la utilización de estas herramientas, de la ampliación del programa de circuitos cerrados de televisión y del fortalecimiento de los Centros Automáticos de Despacho (CAD).
Se hace necesaria una urgente reforma al Código Nacional de Policía. Se propenderá por la promulgación de un Código Único que unifique la normatividad dispersa, recoja la mayor variedad de asuntos posibles y que sea lo suficientemente general. No obstante, tales parámetros deberán respetar el alcance de definición de los asuntos particulares y las especificidades regionales y locales.
f. Implementación del Programa de seguridad vial
El Gobierno Nacional implementará el Programa de seguridad vial con el objeto de garantizar el derecho a la libre circulación de las personas por el territorio nacional, estipulado en el artículo 24 de la Constitución Política de Colombia de 1991; para incentivar el intercambio comercial entre las regiones; para reactivar el turismo; y para permitir el transporte de carga y mercancías desde y hacia los principales puertos del país.
La parte operativa de este programa estará a cargo de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, mientras que los miembros de las redes de informantes cooperantes lo apoyarán con información que permita a las autoridades impedir cualquier acto que restrinja la circulación en las vías y contrarreste la piratería. Inicialmente, el programa se implementará en los principales ejes, extendiéndolo luego a las demás carreteras que conforman la malla vial del país.
Impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo
II. Impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo
La recuperación del crecimiento económico es un factor fundamental para la solución de los problemas de empleo y pobreza, para garantizar la viabilidad de las reformas emprendidas en la década pasada y para avanzar hacia una sociedad más equitativa. La recuperación del crecimiento necesita un ambiente macroeconómico y social más estable y seguro. Sin seguridad en el campo y en las vías de comunicación, sin certidumbre sobre las reglas de juego y sin convicción sobre la viabilidad financiera de la Nación, será muy difícil retomar la senda del crecimiento económico. Por ello, para volver a crecer se requiere, ante todo, recuperar la seguridad física, restaurar la seguridad jurídica y ajustar las finanzas del Estado.
Pero esto no es suficiente. La reactivación económica en el corto plazo necesita esfuerzos focalizados y la recuperación del crecimiento en el mediano plazo exige ajustes regulatorios en los sectores de infraestructura y servicios públicos, inversiones en capital humano y ciencia y tecnología, y una política comercial coherente que conduzca a la inserción ordenada de la economía nacional en la economía mundial.
El Gobierno centrará la recuperación económica en el sector de la vivienda y la construcción. Para ello ha diseñado una estrategia comprensiva que incluye un impulso denodado a la vivienda de interés social y un paquete de estímulos tendientes a reactivar el crédito hipotecario y, por esta vía, la construcción de vivienda para estratos medios y altos. Estas medidas, aunadas a la presencia de una tasa de cambio competitiva, una tasa de interés excepcionalmente baja y la entrada en vigencia de las preferencias comerciales para los países andinos, contribuirán a jalonar el crecimiento económico en el corto plazo.
Para hacer sostenible el crecimiento en el largo plazo, el Gobierno llevará a cabo una serie de cambios normativos, regulatorios e institucionales orientados a propiciar la participación privada en los sectores de infraestructura, minería y servicios públicos. Estos cambios no sólo atraerán mayores inversiones (nacionales y extranjeras), sino que permitirán superar los rezagos en infraestructura estratégica que, hoy en día, constituyen un obstáculo para el crecimiento económico. Así mismo, el Gobierno seguirá sentando las bases para una inserción ordenada de la economía nacional en la economía mundial y dará un impulso sin precedentes a la formación de capital humano en todos los niveles. Dadas las restricciones fiscales, el énfasis de la política de crecimiento descansa en estimular la participación privada en sectores estratégicos, aumentar el impacto de las inversiones públicas y eliminar las trabas burocráticas y otros impedimentos a la
1. Impulso a la vivienda y a la construcción
En las actuales circunstancias, la política de vivienda y construcción es un elemento clave para la reactivación económica. La construcción no sólo tiene la capacidad de jalonar otros sectores de la economía, sino que contribuye a la generación de empleo productivo.
En vista de lo anterior, el Gobierno pondrá en marcha una estrategia integral para el sector de la construcción que incluye un impulso decidido a la vivienda de interés social, la implementación de un seguro de inflación para créditos hipotecarios y un plan de titularización de cartera hipotecaria.
De esta manera el Gobierno ofrecerá programas de impulso a la vivienda y a la construcción por grupos de población. Para aquellos de menores ingresos, se otorgarán 50.000 subsidios familiares de vivienda (SFV) entre diciembre de 2002 y julio de 2003.
Para los hogares de estrato medio, se creará un mecanismo de protección contra la inflación en créditos en Unidades de Valor Real (UVR). Y para los hogares de estrato alto, se dará continuidad al beneficio tributario de las cuentas AFC.
El objetivo de la política es devolver la confianza de los agentes económicos con el fin último de valorizar los activos inmobiliarios. Dado que la vivienda constituye el principal activo de las familias colombianas -el acervo de vivienda urbana se estima en $203,8 billones- su valorización tendría un efecto positivo en el balance de los hogares, lo que aumentaría las garantías para acceder a créditos, e incentivaría el consumo y el crecimiento de la economía.
a. Ajustes al programa de Subsidio familiar de vivienda
Con el propósito de optimizar el acceso de los hogares al programa de vivienda social y promover el ahorro programado para adquisición de vivienda, se modificará el monto de los subsidios y se introducirán ajustes a los procesos para la selección de los beneficiarios y para la asignación de los subsidios.
i. Modificación a la fórmula de calificación
Actualmente la selección de los beneficiarios de SFV se realiza mediante la aplicación de una fórmula de calificación directa que favorece a los hogares más vulnerables y a quienes realizan un mayor esfuerzo de ahorro programado. La formula existente será modificada en tres aspectos: a) se le dará una ponderación equivalente a las variables de caracterización socioeconómica y a las de esfuerzo familiar; b) se incluirá la presencia en el hogar de personas discapacitadas y de la tercera edad dentro de las variables de caracterización socioeconómica; y c) se modificará la medición de la variable “cumplimiento compromiso de ahorro” para incluir el comportamiento histórico de los saldos de las cuentas de ahorro programado.
ii. Valores del SFV
El valor máximo de una vivienda de interés social (VIS) será de ciento treinta y cinco salarios mínimos legales mensuales. Los valores máximos de los subsidios se fijarán con base en el valor de las viviendas según se muestra en el Cuadro 5.
iii. Otras modificaciones al programa de SFV
Con el propósito de disminuir los costos operativos del SFV y dar mayor transparencia al proceso de asignación, el Gobierno Nacional firmará un convenio con las Cajas de compensación familiar, las cuales recibirán las postulaciones de los hogares, verificarán y clasificarán la información, y darán la orden de desembolso de los SFV previa visita a la vivienda subsidiada Los ajustes realizados a la política de vivienda de interés social permitirán financiar 400.000 viviendas de este tipo durante los próximos cuatro años. De estas, 112.000 se financiarán con subsidios asignados con recursos del Presupuesto Nacional para zonas urbanas, 206.000 con recursos parafiscales administrados por las Cajas de compensación familiar, 30.000 para viviendas rurales a través del Banco Agrario y 51.000 por otras entidades vinculadas a la política de vivienda de interés social
(Fondo Nacional del Ahorro y Caja Promotora de Vivienda Militar).
b. Incentivos a la demanda de créditos en UVR
El Gobierno Nacional implementará un seguro de inflación para los deudores hipotecarios que permitirá, entre otras cosas, eliminar la incertidumbre en los planes de pago. El mecanismo de cobertura protegerá a los deudores hipotecarios de la variación de la UVR por encima de una meta de inflación definida por el Gobierno Nacional. Los usuarios de créditos en UVR podrán celebrar con el Fogafín un contrato de cobertura contra la variación de la unidad por la vida del crédito (15 años máximo) que garantizará al potencial deudor una tasa de interés nominal fija compuesta por la tasa remuneratoria más una inflación fija. Anualmente el deudor hipotecario tendrá la opción de continuar o no con la cobertura. El valor de los créditos amparados por este mecanismo no podrá ser superior a 130 salarios mínimos legales mensuales y el valor de las viviendas adquiridas con estos créditos no podrá superar los 323 SMLM.
c. Ajustes al sistema de financiamiento de vivienda
Para recuperar la confianza en el sistema de financiamiento y reactivar la oferta y demanda de crédito de vivienda de largo plazo, el Gobierno Nacional promoverá esquemas que permitan solucionar los problemas del actual sistema de financiamiento, asociados al alto nivel de activos improductivos y a los riesgos de mercado por el descalce en plazos y tasas entre activos y pasivos.
i. Saneamiento de la cartera improductiva
La cartera hipotecaria asciende aproximadamente a $11 billones, de los cuales 23% corresponde a cartera improductiva (con vencimientos superiores a cuatro meses). El Gobierno adoptará una serie de medidas para sanearla dada la magnitud del problema y la posible incidencia negativa sobre el comportamiento de los deudores hipotecarios.
Se reformará el Código de Procedimiento Civil con el fin de reducir el tiempo de resolución de los procesos ejecutivos y de autorizar el leasing habitacional y la propuesta de exoneración tributaria.
Además, el Gobierno apoyará la emisión de títulos y bonos hipotecarios destinados a financiar la cartera de vivienda por un monto de $6 billones durante 2003 y 2004. Con esta medida, se espera inducir una reducción de los riesgos asociados al esquema actual de financiamiento hipotecario para permitir un crecimiento sostenible de la cartera hipotecaria.
ii. Nuevo esquema institucional de financiación de vivienda
Se propondrá segmentar la actividad de financiamiento de vivienda en tres unidades de negocio:
a) originación: origina hipotecas, vende créditos de vivienda y derechos sobre la administración de los créditos (comisiones por originación); b) inversión: financia los créditos y los mantiene en su portafolio (margen financiero); y c) administración: adquiere los derechos sobre el servicio de los créditos (comisiones de administración). Para llevar a cabo esta estrategia, el Fogafin y la Superintendencia Bancaria realizarán los estudios técnicos y jurídicos que permitan viabilizar el funcionamiento separado de las tres unidades de negocios.
La construcción de una sociedad más equitativa debe ser uno de los fundamentos de las políticas de desarrollo. El desarrollo, en otras palabras, debe conducir no sólo a un crecimiento económico más acelerado, sino también a una distribución más equitativa de sus frutos. Si este es desbalanceado, y únicamente se benefician de él unos sectores, regiones o grupos socioeconómicos las consecuencias serán el retraso en la adopción de las reformas necesarias para su continuidad y una probable inestabilidad macroeconómica y social.
1. Revolución educativa
La educación es un factor esencial del desarrollo humano, social y económico y un instrumento fundamental para la construcción de equidad social. Por ello resulta preocupante que a pesar de los esfuerzos realizados, y los avances innegables, Colombia no haya logrado universalizar el acceso a una educación básica de calidad.
Los indicadores de cobertura, eficiencia y calidad del sistema educativo señalan que los avances han sido lentos e insuficientes y que, en varias ocasiones, los aumentos en cobertura se han logrado a costa de la calidad. La falta de educación constituye uno de los factores substanciales detrás de la persistencia de la desigualdad y la concetración de las oportunidades.
Cobertura En 2001, 1,8 millones de niños y jóvenes entre 5 y 17 años (16% del total) estaban por fuera del sistema escolar. De estos 970 mil (12%), eran de zonas urbanas y 889 mil (25%) de zonas rurales. La misma situación tenían veinte de cada cien niños entre 5 y 6 años y el 75% de la población entre 18 y 24 años, potencialmente demandante de educación superior. (Cuadro 8).
Si bien las cifras muestran un avance con respecto a los años anteriores, la cobertura es aún insuficiente. La tasa neta en primaria está 43 puntos por encima de preescolar y 21 por encima de secundaria (Cuadro 9). Este atraso se presenta a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años para aumentar cobertura, mediante diversos programas, a saber: a) educación rural, b) reorganización educativa y c) subsidios a la demanda en educación primaria y secundaria.
Una evaluación de la asistencia al sistema educativo por niveles de ingreso permite confirmar la persistencia de grandes inequidades. En preescolar, mientras 96% de la población de mayores ingresos asiste a algún establecimiento educativo, sólo 64% de la población más pobre hace lo propio. En primaria, las diferencias son menores: alrededor de 5 puntos porcentuales entre el primero y el último decil. En secundaria, en el primer decil la asistencia es de 60% y en el último de 84%. Resulta preocupante, de otro lado, el descenso de los índices de cobertura escolar para los tres primeros deciles, y el retroceso en el total de la educación secundaria.
Las tasas más elevadas de repitencia y deserción escolar se presentan en el primer grado de primaria: 10% y 18%, respectivamente. Las tasas son mayores en el sector oficial y en las zonas rurales. En las áreas rurales, cerca de 50% de los estudiantes abandonan el sistema al finalizar su formación de básica primaria. Las tasas de deserción en el sector oficial muestran una disminución progresiva mientras las del sector privado un leve aumento a partir de 1998. Esta tendencia está asociada, en
buena parte, a la crisis económica que ha obligado a muchas familias a recurrir a la educación pública como un paliativo para los menores ingresos. De otro lado la evidencia disponible indica que la principal causa de inasistencia escolar es el alto costo de la educación (34%), seguida de falta de interés (21%). Estas cifras indican la necesidad de revisar la pertinencia de la formación en secundaria, así como las metodologías empleadas74.
74 Corpoeducación, “Situación de la educación básica, media y superior en Colombia”. Casa Editorial El Tiempo, 2001.
La cobertura en educación superior ha mostrado un crecimiento moderado aunque insuficiente. Este obedece más a un proceso de diversificación dentro de las mismas instituciones que a la creación de nuevas organizaciones. La oferta privada muestra una participación creciente: mientras en los años sesenta era de 41% en la actualidad alcanza el 67%75. Si bien la expansión de los años noventa fue significativa, la educación superior colombiana está bastante por debajo de los niveles internacionales. Colombia presenta una cobertura inferior al promedio de los países de América Latina y muy inferior al correspondiente para los países de la OCDE: 25% y 54%, respectivamente.
El sistema de educación superior es inequitativo. En 1993, sólo 3,5% de los dos quintiles de ingreso más bajo asistía a una institución de educación superior, comparado con un 36% en los quintiles más altos. Para 1997, la distancia entre estos dos grupos se había incrementado: 9% de los más pobres asistía frente al 65% de los más ricos.
Los bajos niveles de cobertura coexisten con un alto porcentaje de cupos vacantes, lo que indica que el problema no es solo de inversión pública sino también del direccionamiento de la oferta y de demanda. La oferta de crédito educativo es limitada y constituye una importante barrera para acceder a la educación superior. En el año 2000, solo 55.000 alumnos (6% de la población matriculada) accedieron a financiación con recursos del Icetex.
La información disponible muestra que la calidad de la educación básica y media ofrecida por instituciones públicas es deficiente. La brecha entre la educación pública y la privada ha venido aumentando a pesar de que la inversión municipal en docentes se duplicó entre 1993 y 1998 (Gráfico 21)76.
Las pruebas Saber sugieren un posible deterioro de la calidad de la educación básica. Para las evaluaciones realizadas entre 1993 y 1998 se redujo de manera significativa el porcentaje de estudiantes que alcanzaron el nivel superior al mismo tiempo que aumentó de manera considerable el porcentaje de aquellos que no llegaron a los niveles mínimos.
El deterioro de la calidad también ha sido evidente en el caso de la educación media. El Gráfico 22 muestra la evolución, entre 1986 y 1999, de la composición de la oferta según la categoría de rendimiento en los exámenes del Icfes. En 1986, 35% del total de los colegios del país eran de bajo rendimiento, para 1999 ese porcentaje había subido hasta el 56%. La proporción de colegios oficiales de bajo rendimiento se duplicó en el mismo periodo. En los privados, la tendencia creciente de la articipación de las instituciones de bajo rendimiento alcanzó su punto más alto en 1996 para después disminuir.
Una forma complementaria de evaluar la calidad de la educación es analizar los resultados obtenidos en pruebas internacionales. En la valoración llevada a cabo por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE), Colombia ocupó el quinto lugar entre los países de la región. Aunque este resultado no es del todo desalentador, cabe señalar que la calidad de la educación promedio en los países latinoamericanos está por debajo de la observada en el mundo en desarrollo con la excepción de África.
En los últimos años se ha hecho un esfuerzo para contrarrestar el deterioro en la calidad de la educación superior generado por el crecimiento desordenado de la oferta durante la década de los noventa. Para satisfacer las expectativas y necesidades de la sociedad en materia de calidad de los programas de educación superior, se ha venido implementado el Sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior, el cual está integrado por la acreditación voluntaria de programas e instituciones, estándares mínimos de calidad y exámenes de calidad de la educación superior (ECAES). Mediante este sistema, se han acreditado 138 programas de pregrado en 26 instituciones de educación superior, que representan el 3,9% del total de programas objeto de acreditación.
El Ministerio de Educación cuenta con 30 entidades adscritas, una vinculada y 19 establecimientos públicos educativos. Si bien el Ministerio ha avanzado en ajustes a su estructura y planta de personal, todavía es evidente el fraccionamiento de funciones entre sus dependencias, procesos no documentados e inexistencia de indicadores de gestión e impacto.
A pesar de las grandes reformas que se han dado en los últimos años, el sector de educación se sigue caracterizando por la pobre coordinación entre entidades, la duplicidad de funciones, la inflexibilidad y un diseño institucional que no genera incentivos a la eficiencia y limita en forma severa las posibilidades de avanzar en la expansión de la cobertura y mejorar la calidad. Desde la década de los 90, se ha promovido la descentralización de la educación básica. Sin embargo, no se ha logrado la eficiencia esperada en las entidades territoriales.
El Gráfico 23 sugiere que el esfuerzo financiero realizado a partir de 1997 no ha redundado en un incremento de las tasas de cobertura. Esta tendencia obedece, de cierta manera, al crecimiento del costo de la nómina que se generó por el cambio en la estructura del escalafón docente. En 1997 21% de los docentes se encontraba en un grado inferior al grado 7, para el año 2000 sólo 12% se encontraba por debajo de este nivel.
El cambio en la estructura del escalafón se debe en parte a los incentivos del estatuto docente expedido en 1979, el cual premiaba el tiempo de servicio y no la calidad del desempeño del maestro. El nuevo estatuto de profesionalización docente, expedido en junio de 2002, busca revertir ese proceso al establecer como principal criterio de ascenso las competencias de los docentes. Uno de los factores que ha limitado la eficiencia en el proceso de descentralización es la ausencia de un sistema de información integrado. Esto dificulta la asignación eficiente de los recursos y la adecuada planeación, evaluación y seguimiento de los programas.
.La Ley 715 de 2001 constituye una herramienta fundamental en la solución de los problemas de ineficiencias en el sector educativo. La Ley sustituye la regla de distribución prevaleciente (que premiaba a las entidades territoriales con mayores plantas de personal sin generar incentivos para el uso y distribución eficiente de los recursos) por una regla que tiene en cuenta el número de niños y niñas atendidos y por atender. Sin duda, la nueva regla generará incentivos no sólo para ampliar la cobertura sino también para mantenerla.
Además de la reforma en el sistema de distribución de recursos, en la nueva Ley se clarificaron las competencias entre las diferentes entidades territoriales (departamentos, municipios y distritos) y la Nación. Esto permitirá la identificación de los responsables tanto para los usuarios del servicio educativo como para el Gobierno Nacional, lo cual facilitará el seguimiento de los resultados. Todo esto permite la conformación de un sistema de información, así como de uno de inspección y vigilancia, los cuales están en proceso de implementación.
Tal como ocurre en la educación básica, la educación superior presenta duplicidad de funciones, poca coordinación entre las múltiples entidades y ausencia de un sistema de información unificado.
Así mismo, no hay, en la normatividad, incentivos para el aumento de cobertura y la mejoría de la calidad debido al sistema inercial de asignación de recursos previsto en la Ley 30 de 1992.
Adicionalmente existe una baja utilización de la capacidad instalada que no sólo se manifiesta en el número de cupos sin utilizar sino también en el elevado número de instituciones pequeñas77.
77 En el año 2000 cerca del 63% de las instituciones atendía menos de 3.000 estudiantes cada una. De estas el 39% atendía menos de 1.000 estudiantes.
El desarrollo económico se logra con el aumento de la productividad y esta última con la interacción entre las mejoras en tecnología y las habilidades y destrezas de la fuerza laboral. Esta interacción debe darse por etapas y con transiciones lineales, rápidas y equilibradas. Esto quiere decir que el proceso que implica pasar de adoptar tecnologías a adaptarlas para finalmente producirlas debe estar acompañado de incrementos también lineales y graduales en cobertura y calidad de los diferentes niveles de educación. La estrategia de la revolución educativa busca, entonces, dar respuesta inmediata a las necesidades de cobertura y calidad que necesita el país para alcanzar mejores condiciones de vida en el futuro. Una verdadera revolución educativa debe tener en cuenta la diferenciación entre regiones y ofrecer, por lo tanto, un menú de políticas aplicables y eficientes que respondan a la situación específica de cada región. La revolución educativa está compuesta por cinco grandes programas:
a. Ampliar la cobertura en educación preescolar, básica y media
Con este programa se crearán 1,5 millones de cupos mediante la implementación de varios esfuerzos complementarios. El primero consiste en continuar y fortalecer el proceso de reorganización institucional con el fin de lograr una distribución más equitativa de los recursos físicos, humanos y financieros y una mayor utilización de la capacidad instalada, de manera que con los mismos recursos se aumente la cobertura y mejore la calidad78. El Gobierno Nacional fortalecerá el proceso de reorganización mediante la capacitación, el seguimiento y la evaluación a las entidades territoriales y la definición de estándares técnicos, teniendo en cuenta el número de niños atendidos, la heterogeneidad de las regiones y las diferencias que existen entre niveles educativos y entre zonas. Con estas acciones se crearán 800.000 cupos.
El segundo tipo de acciones está dirigido a la creación de 67.000 cupos para la población rural. Para lograr este objetivo, el Gobierno dará continuidad al programa de Educación rural que ejecuta actualmente con recursos de crédito en 40 municipios de 10 departamentos79. El programa busca ampliar el acceso a la educación en la zona rural mediante la aplicación de metodologías pedagógicas que reconocen las particularidades propias de las zonas rurales. El programa estará basado en modelos educativos ya probados (Escuela Nueva, Postprimaria rural, SAT 80, SER 81) y en algunos otros más novedosos (Telesecundaria y Aceleración del aprendizaje).
Adicionalmente se crearán 633.000 cupos utilizando los recursos del Fondo Nacional de Regalías, para ampliar la cobertura con equidad y calidad bajo dos modalidades: subsidios a la demanda y contratación de la prestación del servicio. El Ministerio de Educación Nacional definirá los criterios
El proceso de reorganización encontró en la Ley 715 de 2001 el marco jurídico necesario para poder ser aplicado en todo el país alcanzando con mayor precisión a los entes municipales.
79 Bolívar, Boyacá, Cauca, Guaviare, Norte de Santander, Caquetá, Huila, Cundinamarca, Antioquia y Córdoba.
80 Sistema de aprendizaje tutorial. Este método posibilita la integración de la educación con el trabajo a través de proyectos productivos con la comunidad.
81 Servicio de educación rural. Programa que adecua las áreas fundamentales de la educación a las necesidades especificas de la región.
para la asignación eficiente de estos recursos teniendo en cuenta parámetros de equidad, el estímulo al esfuerzo local, la racionalización del gasto en las entidades territoriales y el apoyo a aquellas entidades con rezagos en cobertura y calidad.
Las entidades territoriales y el Gobierno Nacional trabajarán conjuntamente para identificar los beneficiarios y la modalidad de ampliación de cobertura que sea apropiada para cada región según sus características y teniendo en cuenta que a los estudiantes se les debe garantizar el ciclo completo de educación básica y media.
El Gobierno pondrá en marcha proyectos y estrategias para atender a la población desplazada por la violencia. Inicialmente se promoverá un trabajo conjunto con la Cruz Roja, el sector privado y la Red de Solidaridad para incentivar el regreso de la población desplazada a sus lugares de origen. Con este propósito se diseñarán proyectos orientados a la financiación de vivienda, crédito productivo para el campo, y una estrategia de seguridad. De manera complementaria, el Gobierno trabajará en la implementación de proyectos de oferta educativa en las áreas urbanas en coordinación con organismos de cooperación internacional.
Finalmente, se implementará un proyecto de Televisión educativa mediante el cual se transmitirán modelos educativos de calidad orientados a fortalecer la capacitación técnica laboral y la educación formal. Para el logro de esta estrategia se actualizará el programa de Educación básica primaria para adultos que ofrece actualmente Inravisión y el programa de Educación por radio de la Radiodifusora Nacional.
Los programas obedecerán a los mismos criterios con que se imparte la educación oficial en los colegios públicos y sus contenidos serán acordes con los lineamientos y estándares curriculares que para los diferentes grados y áreas ha definido el Ministerio de Educación. En este sentido, se les dará el respectivo reconocimiento y los alumnos serán objeto de evaluación por parte del Gobierno en igualdad de condiciones al resto de los estudiantes.
b. Ampliar la cobertura en educación superior
El Gobierno Nacional implementará cuatro mecanismos específicos para la creación de 400.000 cupos. El primero consiste en aumentar la eficiencia en el uso de los recursos físicos, humanos y financieros de las instituciones públicas. Se concertarán planes de desempeño con cada institución con el fin de aumentar la oferta y destinar una mayor cantidad de recursos al desarrollo de proyectos de investigación. El Gobierno Nacional espera crear 160 mil nuevos cupos a partir de ganancias de
Para la firma de estos acuerdos se examinará la situación actual de cada institución y se acordarán metas de ajuste en los siguientes aspectos:
– Eficiencia administrativa: se definirá conjuntamente la relación de personal administrativo por docente y por estudiante con el fin de determinar el tamaño óptimo de la planta de cargos de acuerdo con el tamaño y complejidad de la institución.
– Eficiencia académica: se establecerá la carga académica de los docentes de planta en cada institución ajustándola a los estándares que se definan entre el Gobierno y las instituciones para optimizar la capacidad de atención de cada una y fomentar la investigación científica y tecnológica. Adicionalmente, se analizarán las causas y estrategias para reducir la deserción y garantizar el uso total de la capacidad de cada institución.
Para estimular el logro de los objetivos propuestos el Gobierno reglamentará la creación de un fondo que unifique los recursos provenientes de las diferentes fuentes de financiación y los asigne de acuerdo con las metas y logros alcanzados en los planes de desempeño. Esto implica modificar el actual sistema inercial de asignación de recursos, amparado por la Ley 30 de 1992, para lograr uno que premie la eficiencia medida a través de un sistema de indicadores.
En ese mismo sentido se plantea la integración institucional mediante convenios o fusiones de las instituciones de educación. Esta práctica permitirá que las menos desarrolladas se beneficien de las herramientas administrativas y académicas y de la capacidad instalada de aquellas más consolidadas. Los convenios o fusiones entre una universidad y una o más instituciones técnicas y tecnológicas permitirán compatibilizar programas y garantizar la continuidad de los estudiantes de carreras cortas que deseen terminar el ciclo universitario.
El segundo mecanismo previsto para ampliar la cobertura es la educación a distancia. Se diseñará e implementará un programa de educación virtual a través de alianzas institucionales y del fortalecimiento de la Agenda de Conectividad que sirva para masificar la difusión del servicio educativo.
El programa busca ofrecer los servicios educativos de manera oportuna y calificada en las diferentes regiones del país, con prioridad en las zonas apartadas y con altos índices de violencia. Este programa se construirá a partir de las experiencias exitosas de los programas a distancia existentes. Con este mecanismo se pretende atender por lo menos a 40.000 estudiantes.
El tercer mecanismo es un programa de financiación de las matrículas y mejoramiento de la calidad de la educación respaldado con recursos de crédito. Este programa dará prioridad a los estudiantes de estratos bajos y se concentrará en dos componentes de manera articulada e integral para lograr un verdadero impacto sobre la educación superior y las condiciones de vida de la población. Los componentes previstos son los siguientes:
Fortalecimiento y gobernabilidad en el sistema de educación superior: apoyará el funcionamiento, monitoreo y seguimiento institucional, teniendo en cuenta el actual marco legal y la capacidad de planeación de las entidades responsables d
e la política. Igualmente buscará consolidar y organizar el sistema de información y de seguimiento de la calidad.
En este sentido el programa deberá realizar las siguientes acciones:
· Fortalecer la gestión institucional en las entidades del sector en lo relativo al diseño,implementación, monitoreo, evaluación y vigilancia.
– Actualizar, mejorar y expandir el sistema nacional de información de educación superior y divulgar los resultados obtenidos.
– Crear un observatorio laboral.
Promoción de la equidad en el acceso: consiste en otorgar créditos para financiar la demanda de educación postsecundaria en programas de calidad y pertinencia laboral. Para esto se ampliará el esquema de crédito educativo que financiará a estudiantes que hayan sido admitidos en programas de carreras técnicas y tecnológicas que cumplan con los requisitos de calidad establecidos por el Gobierno Nacional o en carreras universitarias acreditadas o en proceso de acreditación.
Los estudiantes en condiciones de pobreza se beneficiarán además del crédito con un subsidio. El resto de los estudiantes deberán pagar con recursos propios una parte de su matrícula. El programa podrá cubrir 10 cohortes semestrales de 7.000 estudiantes cada una para un total de 70.000 nuevos estudiantes de primer semestre en los próximos cinco años.
El cuarto mecanismo pretende ampliar la cobertura de las carreras técnica y tecnológicas, para ello se trabajará con el Sena y con las instituciones técnicas y tecnológicas para ampliar la cobertura en 80.000 cupos. Así mismo, se reglamentará la Ley 749 del 19 de julio 2002.
c. Mejorar la calidad de la educación preescolar, básica y media
El Gobierno Nacional tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación, especialmente la impartida en los colegios oficiales, de manera que todos los niños tengan la oportunidad de acceder a una educación pertinente y de calidad en los diferentes niveles de conocimiento. Para ello se utilizarán cuatro mecanismos: evaluar para mejorar, aprender de experiencias exitosas, pertinencia y materiales educativos.
El primer mecanismo Evaluar para mejorar tiene el propósito de subir el nivel de las competencias básicas y ciudadanas de los alumnos y el desempeño de los docentes y directivos docentes, este programa busca:
· Elevar la calidad del sistema educativo y adecuarlo a las exigencias del presente. Para esto se acordarán los estándares y se pondrán en conocimiento de todos los implicados, con el fin de que las instituciones educativas cuenten con un referente común que asegure a todos el dominio de conceptos y competencias básicas para vivir en sociedad y participar en ella en igualdad de condiciones.
· Universalizar las evaluaciones de la educación básica y media, con el fin de dar información específica a cada una de las instituciones educativas sobre su situación. Las evaluaciones periódicas permitirán, además, informar sobre la evolución de la calidad. Para esto, la Nación, los departamentos y los municipios cofinanciarán la aplicación de pruebas censales de logro que permitan a cada institución conocer sus propios resultados y su nivel con relación al promediomunicipal, departamental y nacional. Los resultados se difundirán ampliamente en todos los
132 Bases del Plan Nacional de Desarrollo
Hacia un Estado Comunitario estamentos de la sociedad. El Gobierno Nacional establecerá con las entidades territoriales metas conjuntas que medirán fundamentalmente el mejoramiento de los resultados de los estudiantes en las pruebas.
– Generar estrategias para que las instituciones educativas que presenten más bajos rendimientos puedan ofrecer una educación de calidad, de manera que los estudiantes alcancen resultados satisfactorios en los niveles de logro. Las instituciones, con el respaldo de la respectiva entidad territorial, deberán formular planes de mejoramiento con base en dichos resultados y podrán establecer convenios con universidades públicas y privadas y organizaciones no gubernamentales que les ofrezcan asistencia técnica y acompañamiento.
– El Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior se convertirá en el gran sistema nacional de pruebas. Se fortalecerá y consolidará como la entidad rectora del diseño, la aplicación, el análisis y la divulgación de los resultados obtenidos en las diferentes evaluaciones que se aplicarán tanto en los niveles educativos (básica, media y superior) como a los docentes y directivos
– Con el propósito de garantizar que la educación sea atendida por docentes de reconocida idoneidad, se reglamentarán e implementarán mecanismos para la evaluación de competencias y desempeño de docentes y directivos docentes como lo establece la legislación vigente. La evaluación legitimará sus esfuerzos y ratificará la estima y la confianza que les entregamos los colombianos.
El segundo mecanismo, aprender de experiencias exitosas, pretende que maestros y administradores de la educación identifiquen, documenten y difundan prácticas exitosas en función del aprendizaje de los niños. Para esto se proponen varias acciones: · Socializar experiencias exitosas a través de foros locales, departamentales y nacionales. Se adelantará por lo menos una vez al año un foro nacional sobre temas relacionados con la cobertura, calidad, pertinencia y eficiencia educativa.
– Propiciar la formación de redes de docentes para que puedan intercambiar ideas acerca de estrategias y experiencias efectivas. Estas redes se constituirán en espacios comunicativos para reflexionar sobre el quehacer del docente en los distintos campos del saber. Con estos espacios se pretende la circulación de información, el intercambio de experiencias exitosas y la presentación de propuestas para mejorar los procesos en el aula.
– Identificar instituciones con altos niveles de logro y de desempeño para que acompañen a aquellas que presenten más bajos resultados.
El tercer mecanismo, Pertinencia, continuará aplicando las estrategias y modelos educativos del Proyecto de educación rural y acompañará a las instituciones educativas con mayores niveles de deserción. Para esto último se identificarán las que presenten los niveles más altos de deserción y, se analizará la pertinencia del Proyecto educativo institucional (PEI) dentro del contexto socioeconómico de la región.
Así mismo, la entidad territorial y las instituciones educativas deberán implantar talleres artísticos y culturales donde los alumnos tengan la posibilidad de desarrollar una disciplina de su interés. La participación de los alumnos en estos talleres estará condicionada a la asistencia escolar. Por último, las instituciones educativas deberán realizar periódicamente campañas de sensibilización a las familias en donde se demuestre la importancia y utilidad de la educación.
Finalmente, el mecanismo materiales educativos busca establecer lineamientos y criterios para garantizar que las entidades territoriales puedan tener acceso a libros, textos y materiales educativos de buena calidad y bajo costo. Para esto se trabajará con los productores en el desarrollo de propuestas innovadoras que puedan ser replicadas en las entidades territoriales. Así mismo, se diseñarán estrategias que garanticen la creación y fomento de hábitos de lectura y el uso y racionalización de los materiales educativos.
d. Mejorar la calidad de la educación superior
Una educación superior de calidad implica no sólo buenos resultados académicos sino también la pertinencia de los programas impartidos. Definir la pertinencia es una labor colectiva que debe ser el resultado de una reflexión conjunta del Estado, las universidades, el sector productivo y la comunidad académica y científica. El mecanismo para establecer la pertinencia de los programas será la creación del Observatorio Laboral, previsto en el componente de fortalecimiento institucional del Programa de educación superior financiado con recursos de crédito. El observatorio tiene la finalidad de monitorear, analizar y difundir información y hacer seguimiento a los egresados de las instituciones de educación superior para crear un espacio de concertación y brindar elementos de juicio.
Paralelamente, se reforzará el Sistema nacional de información de educación superior. Las instituciones educativas, el Consejo Nacional de Acreditación y la Comisión Nacional de Maestrías y Doctorados deberán reportar de forma oportuna y veraz al Gobierno Nacional toda la información que este requiera para conformar un sistema de indicadores que permitan a la comunidad conocer el estado de la educación y facilitar el proceso de toma de decisiones en todos los niveles.
Finalmente, el Gobierno Nacional continuará con la aplicación de las siguientes acciones:
· Avanzar en la acreditación de programas e instituciones.
· Establecer estándares mínimos para todos los programas de educación superior.
· Aplicar los exámenes de calidad ECAES a todas las carreras de manera obligatoria.
e. Mejorar la eficiencia del sector educativo
Además de los esfuerzos dirigidos a superar las restricciones de orden técnico y financiero, el sector educativo requiere el replanteamiento y la modernización de sus estructuras institucionales, de sus procedimientos administrativos y operativos y de sus sistemas de supervisión e incentivos, de tal forma que sea posible obtener mejores resultados en términos de cobertura y calidad en medio de las restricciones financieras de la Nación.
En este contexto, el quinto programa de la Revolución educativa está dirigido a la modernización de la administración y de la gestión del sector en los niveles nacional, departamental y municipal. Con este propósito se desarrollarán tres mecanismos orientados a garantizar el mejoramiento de la productividad, la eficiencia y la transparencia, y asegurar la calidad del gasto y de las inversiones.
El primer mecanismo es la modernización institucional del Ministerio de Educación para fortalecerlo en las funciones de diseño de políticas, planeación y evaluación de los programas nacionales. De manera complementaria, se avanzará en el proceso de descentralización de la gestión y administración sectorial, con el refuerzo de las funciones de administración y ejecución del gasto de los municipios y departamentos.
Como consecuencia podrá continuarse con el proceso de redefinición de la estructura de asignación de recursos del sector al pasar del esquema de costos al de alumnos atendidos. Bajo el nuevo enfoque de asignación, los recursos del Sistema general de participaciones para educación serán distribuidos de acuerdo con el número de estudiantes atendidos y por atender, según se establece en el artículo 16 de la Ley 715 de 2001. Por esta razón, se hace necesario llevar el registro de cada uno de los estudiantes matriculados con su identificación completa. Para controlar la calidad de esta información, el Ministerio de Educación trabajará en forma coordinada con las secretarías de educación y con la Registraduría Nacional y contratará auditorias muestrales que certifiquen la confiabilidad de la información.
El segundo mecanismo es la modernización de entidades departamentales y municipales. Para la administración de la educación básica y media el Ministerio de Educación apoyará la organización de las secretarías de educación para modernizar los procesos críticos, sistematizarlos y montar el sistema de información en línea con el Ministerio. Se trabajará de manera concertada con las entidades territoriales para brindarles el apoyo necesario en la definición de estructura orgánica, las plantas de personal docente y administrativa.
En el nivel territorial se plantea que cada secretaría defina su Plan de modernización en términos de:
– Identificación de procesos claves que quiere mejorar y que deben estar alineados con las prioridades del Plan sectorial del Ministerio de Educación.
– Definición de metas de mejoramiento para cada proceso (indicadores de eficiencia, resultados e impacto) y cronograma de actividades.
– Cuantificación de recursos financieros, físicos y humanos para desarrollar el plan, especificando qué porcentaje asume la región y cuánto espera que el Ministerio cofinancie.
El tercer mecanismo consiste en mejorar y fortalecer el sistema de información del sector educativo. El objetivo será disponer de estadísticas confiables y oportunas sobre el desempeño de todos los niveles de educación que apoyen los procesos administrativos, operativos y de planeación de las entidades nacionales y territoriales y que permitan adelantar procesos efectivos de evaluación y seguimiento de las políticas sectoriales.
Incrementar la transparencia y eficiencia del Estado
El panorama actual del Estado colombiano es preocupante. Su legitimidad ha sido lesionada por el efecto perverso de la corrupción, el clientelismo y la politiquería. Encuestas recientes indican que el porcentaje de ciudadanos que no están satisfechos con la democracia y que desconfía del Congreso es uno de los más altos en América Latina. A esto se suma la ausencia de resultados sociales tangibles a pesar del aumento en el gasto público y la descentralización.
Para superar estas dificultades, el Gobierno Nacional está comprometido con reformar la administración pública, las relaciones interregionales y el ordenamiento territorial del país. Las actuales características de la estructura y tamaño del Estado favorecen la ineficiencia, la corrupción y el despilfarro. Así mismo, la confusión de competencias entre niveles de gobierno propicia la ineficiencia y ha entorpecido el proceso de descentralización.
En vista de esto, el Gobierno impulsará una reforma integral a la administración pública y liderará una transformación del ordenamiento territorial y de las relaciones entre los municipios, departamentos y la Nación. A continuación se describen los principios que guiarán las reformas y se presentan los objetivos generales de las mismas.
1. Renovación de la Administración Pública
Colombia requiere un Estado comprometido con la construcción de ciudadanía, con vocación y acento social, y guiado por los principios de austeridad, probidad y eficiencia. El objetivo último de la Renovación de la Administración Pública será la construcción de una nación socialmente justa, geográficamente equilibrada y capaz de aprovechar sus recursos naturales y humanos.
a. Reformas para la Renovación de la Administración Pública
Las reformas prioritarias para la renovación del Estado pueden dividirse en dos grupos. El primer grupo comprende las reformas verticales, las cuales se realizarán dentro de cada ministerio o entidad, y tienen por objeto el rediseño institucional y la actualización de la red institucional. Las reformas verticales pretenden mejorar la gestión y la eficiencia de cada entidad por separado. El segundo grupo comprende las reformas transversales, las cuales abarcarán todas las entidades y ministerios, y buscan la creación de un marco más adecuado para el ejercicio de las funciones públicas.
Ningún Programa de Renovación de la Administración Pública logrará un impacto verdadero sino aborda ciertos problemas estructurales. Las reformas transversales atacarán los más cruciales y urgentes, a saber: empleo público, control interno, defensa jurídica del Estado, sistema de compras y contratación estatal, gobierno electrónico, sistema presupuestal y gestión por resultados, administración y gestión de activos fijos de la Nación y organismos de regulación y control. Finalmente, las reformas e incentivos gerenciales son los instrumentos y mecanismos operativos que acompañarán la reforma y contribuirán a la consolidación del programa de Renovación de la Administración Pública.
b. Actividades complementarias al Programa de Renovación de la
Plan de austeridad. La Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Administrativo de la Función Pública, con la coordinación del Departamento Nacional de Planeación establecerán una estrategia de austeridad que orientará la acción de toda la gerencia pública. Se reducirán gastos generales, costos de aprovisionamiento, gastos permanentes, y se racionalizará el uso de los activos fijos y bienes inmuebles de las entidades.
Hechos de eficiencia y transparencia. El Presidente y el Vicepresidente abrirán periódicamente un espacio en sus agendas para destacar hechos de eficiencia y de transparencia en la gestión pública.
Auditorías de calidad. Se definirá un mecanismo para revisar los avances de las entidades en el mejoramiento de la calidad y del servicio al ciudadano.
c. Transparencia y lucha contra la corrupción
Una encuesta realizada por la Presidencia de la República con el apoyo del Banco Mundial, muestra a las claras que la captura de rentas del Estado, -entendida como “la capacidad de grupos de interés para influir a través de prácticas corruptas en los altos procesos de decisión estatal”- es una de las formas más comunes de corrupción en Colombia. Igualmente, el estudio arroja datos reveladores en relación con el desvío presupuestal en las compras y contrataciones estatales, y el débil desempeño institucional en materias de transparencia, control interno y autonomía. Adicionalmente, el Índice de Integridad de las Entidades Públicas 2002, preparado por Transparencia por Colombia, señala bajos niveles efectivos y de percepción de integridad de las entidades públicas.
El Gobierno Nacional pondrá en marcha los siguientes programas para reducir los niveles de corrupción observados y reales.
Prevención y cambios en la contratación pública. Para una mayor transparencia, las entidades estatales divulgarán con anticipación sus programas y presupuestos de contratación o de inversión, y las características de los proyectos que vayan a adelantar, de manera que se logre activar la participación comunitaria y el control social.
Se sustituirá el mecanismo de licitación para la adquisición de bienes y la contratación de servicios. Primero se seleccionará un número plural de proveedores idóneos y luego se abrirá una segunda fase por el sistema de subasta. Una y otra serán de naturaleza pública. Adicionalmente, se pondrá en funcionamiento un portal del Estado (gobiernoenlinea.com) que incluirá a todas las entidades que integran el sector público. Igualmente se buscará una amplia participación de las ONG y de las entidades cooperativas y se convocarán nuevos actores y entidades especializadas en la provisión de los servicios a cargo del Estado.
Adecuada selección, remuneración, promoción y permanencia de los servidores públicos. Las reglas de selección y permanencia en el servicio civil incorporarán criterios diferentes a la antigüedad. Se eliminarán los mecanismos de promoción automática. La calidad de la gestión y la medición del desempeño serán los motivos primordiales para la permanencia y la promoción.
Desarrollo de instrumentos para una gestión eficiente. Cada institución presentará anualmente un acuerdo de compromiso sobre los objetivos generales de su gestión y sobre las metas concretas que se han fijado para el siguiente periodo. Sobre esta base se convocará la participación de la comunidad.
Reforma del control fiscal. El Gobierno liderará una transformación integral del control fiscal, de manera que la Contraloría General de la República tenga como responsabilidad fundamental la definición de la política de control, no su ejercicio.
El control fiscal que hoy ejerce la Contraloría se asignará a auditores. Los funcionarios de la Contraloría harán parte de un sistema de carrera administrativa con concursos de ingreso y facilidad de despido. Las contralorías departamentales y municipales serán sustituidas por la Contraloría General de la República y por auditores externos.
Fortalecimiento de los mecanismos de control ciudadano. Ningún esfuerzo contra la corrupción es efectivo si no cuenta con el respaldo ciudadano. Se creerán veedurías que velen por la transparencia en la gestión estatal y denuncien las conductas irregulares de los administradores. La veeduría ciudadana se organizará de manera formal en los niveles nacional, departamental y municipal, con participación de las cámaras de comercio, las universidades y otros centros educativos, las agrupaciones gremiales y las comunidades.
Gobierno en Línea. Mediante este programa se promoverá la oferta de información y de servicios del Estado a través de la utilización de las tecnologías de información. En particular, se llevarán los contratos en medio electrónico con el fin de hacer más competido y transparente el proceso de contratación al mantener en línea toda la información contractual (prepliegos, pliegos de condiciones, resoluciones de apertura, registros presupuestales, etc).
Concursos para el acceso a cargos claves. El Gobierno coordinará la implementación de un programa de selección de personal para que la vinculación de los funcionarios públicos se realice mediante concursos abiertos, ejecutados por terceros que sean objetivos y ajenos a las instituciones contratantes.
d. Políticas de austeridad
Las medidas de austeridad serán de carácter obligatorio y deberán adoptarse de manera inmediata. Cada entidad tendrá que reducir sus costos en forma significativa. Los ministerios y departamentos administrativos revisarán los logros de sus entidades adscritas. El Gobierno buscará la firma de un acuerdo formal de austeridad con todos los gerentes públicos, verificable por los ciudadanos.
Como resultado de la reciente desaceleración del crecimiento, y en particular del escalamiento del desempleo, Colombia ha experimentado un agudo deterioro de los indicadores sociales. La tasa de pobreza está por encima de los niveles observados quince años atrás, y supera, según los estimativos más recientes, el 65%. En el año 1999, el número de pobres aumentó en más de dos millones de personas.
La desigualdad también ha aumentado, en parte por las mismas razones y en parte por el incremento sin precedentes en la demanda por trabajadores calificados. La crisis económica, sumada a la precariedad de los mecanismos de protección social, ha llevado a muchas familias a desacumular activos productivos y a interrumpir sus inversiones en capital humano, lo que, sin duda, afectará sus vidas mucho más allá de la coyuntura actual.
Al mismo tiempo, y en especial durante la mayor parte de los años noventa, el gasto social creció de manera sustancial. El total del gasto como porcentaje del producto pasó de 8% en 1991 a 13% en 199973. Pero este aumento no estuvo acompañado de una franca mejoría en los indicadores sociales, y, en particular, en las coberturas en educación y salud, sectores que concentran el grueso del gasto social en el país.
Un porcentaje importante de su aumento se ha ido a pagar más y mayores salarios y otro ha sido desviado hacia otras actividades, sin que haya redundado, en promedio, en mejores resultados sociales.
Para alcanzar el objetivo de una sociedad más equitativa, donde todos los ciudadanos se beneficien de los frutos del crecimiento económico, la política social del Gobierno tiene que atender tres desafíos principales: a) aumentar la eficiencia del gasto social para que los mayores recursos se traduzcan en mejores resultados, b) mejorar la focalización del gasto para que los recursos lleguen a los más necesitados, y c) consolidar un sistema de protección social para que las crisis económicas no comprometan, por completo, las posibilidades futuras de los grupos más vulnerables. Si estos desafíos se atienden, se allanará el camino hacia una inversión social con resultados y, en última instancia, hacia una sociedad más justa.
La estrategia del Gobierno para construir equidad social contiene siete elementos principales y dos subsidiarios. A continuación se especifica cada uno, previo un diagnóstico particular de la problemática y se describen sus diversos componentes, especificando las metas concretas que se ha fijado el Gobierno.
Sobra decir, que estos deben ser entendidos como partes conectadas de una estrategia global y articulada.
En el plano de la cooperación internacional, se propenderá por enfrentar, además de las amenazas externas convencionales, aquellas de carácter transnacional e irregular como el narcotráfico, el terrorismo, el tráfico ilegal de armas, el tráfico humano, el contrabando y las migraciones ilegales, entre otras.
· Reforma del servicio militar obligatorio. El Gobierno Nacional presentará al Congreso un proyecto de Ley que buscará modificar la legislación vigente sobre el servicio militar obligatorio. Hasta entonces, los esfuerzos estarán encaminados a eliminar las discriminaciones existentes y se corregirán los procedimientos que atentan contra este propósito. De igual forma, establecerán lineamientos para que todos los jóvenes reciban entrenamiento militar como los profesionales de la reserva y sean colaboradores permanentes de la fuerza pública. La docencia obligatoria se constituirá en alternativa.
Además del panorama de violencia asociado al desarrollo del conflicto armado, Colombia presenta un fenómeno preocupante de violencia urbana. Este fenómeno ha adquirido en los últimos años proporciones difícilmente manejables y costos sumamente elevados: de acuerdo con información de la Policía Nacional, durante los últimos cinco años, la violencia urbana ha representado más del 60% de los delitos del país y cerca del 70% de los costos totales de la violencia en Colombia. En su explicación concurren tanto factores de conflicto social de carácter estructural, como factores coyunturales.
De otro lado, la delincuencia organizada encuentra en el espacio urbano facilidades para crecer y desarrollarse, lo que se enmarca dentro de las tendencias delictivas contemporáneas por excelencia.
Esta manifestación criminal también representa una evidente amenaza contra la tranquilidad ciudadana y puede en ocasiones cruzar los límites del orden público. El crimen organizado urbano en Colombia no sólo se ha potenciado en los últimos años, sino que de múltiples formas ha adquirido vínculos estratégicos con las organizaciones armadas al margen de la ley que toman parte en el conflicto interno. En esa medida la respuesta urbana frente a la violencia tendría una importante incidencia en el desarrollo del conflicto armado.
El Gobierno Nacional implementará un modelo que le permita al Estado retomar el control definitivo en aquellas zonas con influencia de los grupos armados ilegales y lograr su accionar legítimo en todo el territorio nacional. Se trata de un esfuerzo integral, conjunto y coordinado de recuperación, presencia y consolidación interinstitucional. Este modelo consiste en lograr mediante la acción de las Fuerzas Militares una recuperación gradual de las zonas afectadas por la violencia, y en consecuencia permitir así la presencia efectiva de la Policía Nacional en los municipios donde no la hubiere, para alcanzar finalmente la consolidación de estas áreas mediante la acción de las demás entidades del Estado en un esfuerzo interinstitucional coordinado. El propósito es crear un círculo virtuoso de recuperación, presencia y consolidación del control estatal sobre zonas del territorio donde la actividad armada es menor, para restablecer un clima de orden y seguridad que se extenderá paulatinamente a todo el país.
Los ataques a poblaciones, una de las más graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, constituyen un indicador importante para medir el pulso del conflicto interno armado. Si bien en 2001 se observa un descenso importante con relación a 2000 y a 1999, año en el cual se evidencia la mayor intensidad, la utilización de medios masivos de destrucción sobre bienes civiles, como los cilindros de gas, tiene unos costos sociales y económicos enormes.
El asesinato de civiles por parte de los grupos armados ilegales ha cobrado particular importancia en los últimos años. De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, entre 1996 y 2000 se constata un crecimiento del 76%, con un fuerte agravamiento a partir de 1999, cuando la conducta se duplica con relación a las cifras del año anterior. En términos de autoría, los casos atribuibles a los grupos subversivos presentaron un incremento del 55% en el curso de la serie anotada y, en lo que respecta a las autodefensas, del 98%. Si bien los homicidios derivados directamente del conflicto armado no superan el 10% del total nacional1, su impacto en las zonas de ocurrencia es muy fuerte.
En este contexto, se adelantarán las iniciativas necesarias para lograr un mayor desarrollo y fortalecimiento institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Las Fuerzas Militares y la Policía Nacional adecuarán sus estructuras institucionales para la ejecución de la política de Seguridad Democrática. El Gobierno Nacional, bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas, propenderá por comunicar y explicar de manera sistemática, tanto a la opinión pública nacional como internacional, las políticas y medidas que va a implementar en el marco de la Seguridad Democrática. Adicionalmente, desarrollará un esquema permanente de seguimiento y evaluación.”
COPYRIGHT © 2002 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Artículo tomado de: http://www.presidencia.gov.co/planacio/cap4/cap1.htm#1
La implementación de la parte de recuperación se hará mediante operaciones ofensivas adelantadas por las tropas con jurisdicción fija, que recibirán el apoyo de brigadas móviles y unidades divisionarias.
Para garantizar la sostenibilidad de la presencia de la Policía Nacional en las zonas recuperadas, se conformarán las Fuerzas de Seguridad Local, encabezadas por soldados profesionales y compuestas
1.1 PRINCIPALES DOCTRINAS ECONÓNICAS Y POLÍTICAS DEL MUNDO ACTUAL
1.1.1 LIBERALISMO
1.1.2 DEMOCRACIA
1.1.3 COMUNISMO
1.1.4 ANARQUISMO
1.1.5 NEOLIBERALISMO
1.2 ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE DICTAN LAS POLÍTICAS ECONÓMICAS DE LATINOAMÉRICA
1.2.1 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
1.2.2 CEPAL
2 LA ECONOMÍA EN COLOMBIA
2.1 ANTECEDENTES, CONQUISTA Y COLONIA
2.2 LA IMPOSICIÓN DEL LIBERALISMO ECONÓMICO
2.3 LA GLOBALIZACIÓN ECONÓMICA
2.4 DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA
2.5 LA DESCENTRALIZACIÓN EN LA CONSTITUCIÓN DE 1991
3. POLÍTICA EN COLOMBIA
3.2 LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE 1991
3.5 LA VIOLENCIA COMO FACTOR DE INESTABILIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 441
 artículo 24
 resolución 
 artículo 16