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Timestamp: 2019-12-11 00:48:03+00:00

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SOBERANIA POPULAR: 18-jul-2011
La violencia en México, atribuible a lucha antinarco, señala líder de la masonería
La espiral de violencia que azota al país “es atribuible” a la forma en que el gobierno de Felipe Calderón ha enfrentado a la delincuencia organizada, fenómeno que debió haberse atendido con mayor cuidado y precaución, utilizando servicios de inteligencia y combatiendo a los narcotraficantes “en el terreno de los hechos”, señaló Onosandro Trejo Cerda, soberano gran comendador del Supremo Consejo de México de la Masonería.
El líder masón remarcó que el “problema de fondo” es la proliferación de grupos dedicados a la delincuencia organizada “no sólo en Michoacán, sino en todo el país, y –aunque deslindó a la federación de dicho brote– puso énfasis en que “la gran falla” del gobierno federal panista ha sido combatir de manera “ineficaz” el fenómeno.
En entrevista posterior al acto de inauguración del 31 Congreso Nacional Masónico de Grados Filosóficos del Rito Escocés Antiguo y Aceptados, Trejo Cerda dijo también que la actividad criminal tiene pocos simpatizantes y que la “simpatía” de las organizaciones criminales no está en el grueso de la sociedad, sino “básicamente” en “ciertos individuos”, por lo que los grupos dedicados al narcotráfico han proliferado “por su propia dinámica”.
Por otro lado, en el mensaje que dirigió durante la inauguración del Congreso, hizo hincapié en que sólo una ideología progresista puede reencauzar la vida de México y revertir el deterioro que han sufrido las instituciones del Estado.
“Está más que probado que la corriente conservadora, confesional y clerical jamás ha podido… es más, ni lo ha querido porque no ha sido la que ha construido al Estado moderno y a sus instituciones”, dijo ante el secretario de Gobierno, Rafael Melgoza Radillo –quien asistió al evento con la representación del gobernador Leonel Godoy–, de la alcaldesa de Morelia, Rocío Pineda Gochi.
Se pronunció porque los gobiernos en México sean de orientación laicista y comprometidos con los intereses del pueblo, defensores de la soberanía nacional, respetuosos de la libertad de los ciudadanos, promotores de la equidad entre los factores de la producción y luchadores por la justicia social porque sólo así “los gobiernos serán factor de progreso y no rémora que anule el esfuerzo y las aspiraciones de los mexicanos”.
CUERNAVACA. Luego de que la familia de Jethro Sánchez Santana, tuvo audiencia en el Senado de la República, espacio en el cual solicitó iniciar una estrategia jurídica para atraer al ámbito civil, José Martínez Cruz, vocero Comisión Independiente de Derechos Humanos en Morelos, dijo que se buscaría documentar y cumplir con todos los requisitos, para que “este caso” forme parte de la lista de al menos cinco situaciones similares donde militares incurran en violaciones a las garantías individuales y sea los primeros en investigarse en el orden civil.
En entrevista el activista social de izquierda mencionó que el caso de Jethro -que fue detenido en mayo pasado, torturado y asesinado en manos de militares- “es algo que no se puede permitir, porque entonces en manos de quién estamos”, se cuestionó.
En la audiencia en el Senado se planteó la posibilidad de recibir asesoría jurídica desde la Cámara Alta por lo que el abogado Cipriano Soleto podría quedar fuera del caso, se dijo.
Martínez Cruz, detalló que la tarde de ayer, la familia Sánchez Santana, sostuvo una reunión en la Cámara de Senadores, con el equipo de trabajo de la diputada
Rosario Ibarra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
El integrante de la CIDH destacó que entre los planteamientos más importantes figuraría, “analizar todos los argumentos jurídicos para atraer al ámbito civil el caso de Jethro, (…) nos parece muy importante sea abordado”.
Lo anterior, una vez que se concluya el procedimiento para aterrizar la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en relación a la restricción del fuero militar.
De acuerdo a lo planteado por el activista social de izquierda, se buscaría documentar y cumplir con todos los requisitos, para que “este caso” forme parte de la lista de al menos cinco situaciones similares donde militares incurran en violaciones a las garantías individuales y sea los primeros en investigarse en el orden civil.
“La SCJN tiene que establecer varios casos, cuanto menos cinco para sentar jurisprudencia y que sea obligatorio para todos los jueces”.
Por lo que estableció la posibilidad que desde el Senado se otorgue asesoría jurídica, con ello quedaría fuera del caso el abogado Cipriano Sotelo.
Celebran ONG que militares sean juzgados en tribunales civiles
A pesar del fallo de la SCJN, consideran que no habrá justicia en las más de 600 desapariciones
Atoyac, 15 de julio. Miembros de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh) y la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), celebraron el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para restringir el fuero militar, para que cuando miembros de las Fuerzas Armadas violen las garantías fundamentales sean juzgados en tribunales civiles.
Asimismo, exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) –que investiga la desaparición de Rosendo Radilla Pacheco– que cite a declarar a los militares relacionados con el caso, con el fin de dar con el paradero del luchador social, detenido por soldados en 1974.
Mediante un comunicado, las organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos manifestaron su beneplácito por el que calificaron como un “avance significativo” y consideraron que el mismo debe acompañarse y acrecentarse con la derogación de todo el sistema de jurisprudencia, puesto que existen, expusieron, múltiples jurisprudencias que permiten la violación del derecho internacional de los derechos humanos, además de una capacitación intensa del Poder Judicial, como lo señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en la sentencia emitida en contra del Estado mexicano por el caso de Radilla Pacheco.
“Nuestro papel ahora es utilizar estos nuevos recursos que da la SCJN en la lucha contra la impunidad, porque recordemos que existe responsabilidad del gobierno actual como cómplice de un delito continuado en el caso del ex alcalde de Atoyac”, asentaron en el papel los miembros de Limeddh.
Abundaron que “no podemos dejar pasar por alto que la PGR, que es quien investiga también el caso de Rosendo Radilla como instancia no castrense, a la fecha no ha citado a comparecer a ningún militar o civil para responder a la interrogante fundamental de dónde está Rosendo Radilla, y sólo cubre con la tierra de las excavaciones la impunidad, puesto que ningún servidor público ha dado información precisa”.
Por su parte, Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de Afadem, consideró como “histórico” el fallo de la SCJN y dijo que la decisión ha armonizado la legislación nacional con la internacional en materia de Derechos Humanos.
“Por fin se limita el fuero de guerra en tiempos de paz a que los militares deben ser juzgados en tribunales civiles cuando cometan faltas contra civiles”, y pugnó por la derogación del artículo 57 constitucional, que protege a los militares.
Puntualizó que el Ejército es el principal responsable de las más de 600 desapariciones forzadas del periodo “de terror de Estado, llamado guerra sucia”.
En el manifiesto, Mata Montiel expone que no obstante el fallo, la Corte no garantiza la justicia, “recordemos que por eso recurrimos a un tribunal internacional, para buscar lo que aquí se nos negó, y la PGR no ha citado a declarar a nadie de los cientos de implicados que estuvieron de servicio en el cuartel militar de Atoyac, a los miembros de la Brigada Blanca, a los policías judiciales estatales y federales implicados en las desapariciones, torturas, ejecuciones y detenciones arbitrarias ocurridas en ese periodo”.
Derechos humanos y fuero militar: el camino por recorrer
Con justa razón nos hemos congratulado de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de limitar el fuero militar en el sentido de que, de haber presuntas violaciones a los derechos humanos de civiles por parte de miembros de las fuerzas castrenses, ésas deberán ser procesadas en tribunales civiles y no en los tribunales militares como se ha venido llevando a cabo.
La resolución de la SCJN resulta muy oportuna porque representa un contrapeso jurídico y una garantía a favor de la ciudadanía frente a los atropellos que están cometiendo los militares en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Si el gobierno federal decidió tener en las calles al Ejército mexicano, incluso contra lo que dispone la propia Constitución Política Mexicana y las leyes federales, entonces, como mínimo, la población debe contar con más mecanismos jurídicos para defenderse de las posibles violaciones que aquél cometa en contra de los derechos humanos.
El fuero militar establecido en el Código de Justicia Militar, específicamente en su artículo 57, en el que se establece que serán los tribunales militares los que conocerán de los delitos cometidos por los militares en el ejercicio de sus funciones, sólo ha servido para que las fuerzas castrenses se protejan de ser responsabilizadas y juzgadas efectivamente por sus actos.
Lo anterior se refleja claramente en el hecho de que, no obstante que han aumentado las presuntas violaciones a los derechos humanos por parte de los militares en los últimos cinco años –según datos de Amnistía Internacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos–, la justicia militar ha sido bastante complaciente en sus juicios: de 73 recomendaciones que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), los jueces militares sólo juzgaron a un jefe, siete oficiales y 31 soldados en seis distintas causas penales y, de todos ellos, ninguno fue condenado por el crimen cometido. En estos datos, por supuesto, no se están tomando en cuenta todas las denuncias que no han logrado reflejarse en una recomendación de las distintas comisiones de derechos humanos, así como tampoco están incluidas aquéllas violaciones que no llegaron a denunciarse por el miedo de las víctimas a sufrir más represalias.
Por eso es una buena noticia que la SCJN, al revisar el alcance de la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que señala al Estado mexicano como culpable de la desaparición forzada del guerrerense Rosendo Radilla Pacheco a manos del Ejército nacional, haya resuelto que todos los tribunales civiles estarán obligados a llevar los procesos judiciales en los que los militares sean responsables de violaciones a los derechos humanos de civiles.
Pero en materia de derechos humanos y la limitación al fuero militar, el camino que le falta por recorrer al Estado mexicano es muy largo. Dos de los pendientes más importantes al respecto, pueden ser los siguientes:
1. Reforma al Código de Justicia Militar, específicamente en su artículo 57, en la que se disponga que los militares que violen cualquier derecho humano contra civiles, deberán ser procesados por la justicia civil y no la militar. En ese sentido, la iniciativa enviada por Calderón al Congreso de la Unión sobre la materia, es insuficiente, pues sólo propone incluir tres tipos de violaciones a los derechos humanos, la desaparición forzada, la violación sexual y la tortura, dejando fuera las ejecuciones extrajudiciales, el abuso sexual y el trato cruel y degradante que son las más recurrentes, según estadísticas de Human Rights Watch (HRW). El Congreso de la Unión tiene esta importante encomienda de reformar adecuadamente el Código de Justicia Militar, para que esté acorde con lo que estipula nuestra Constitución en su artículo 13: “(…) Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”.
2. Sobre la reforma a la Ley de Seguridad Nacional (LSN). En el actual debate y dictaminación de la LSN, se debe tener mucho cuidado de no contravenir la reciente reforma constitucional en Derechos Humanos, así como de no dar facultades a las fuerzas castrenses en materia de seguridad interior. El artículo 129 constitucional es muy contundente al respecto: “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Es evidente que los militares están en las calles en contravención a esta disposición constitucional. La actividad contra el narcotráfico que están realizando en las calles no tiene “exacta conexión con su disciplina militar” y por lo tanto, no debe cometerse el error de legislar en contra de la Constitución.
3. La Procuraduría General de la República tiene una tarea muy importante que realizar: abrir las investigaciones necesarias en las que estén implicados militares por presuntas violaciones a derechos humanos en contra de civiles. De no hacerlo, estaría actuando como cómplice de esas violaciones.
Como se puede observar, la SCJN sólo cumplió con su obligación: dar mayores garantías a los ciudadanos frente a las posibles violaciones de los militares. Pero esto sólo constituye un primer paso: hay mucho camino por recorrer para que podamos decir que el Ejército y las fuerzas armadas están sujetas al derecho y la justicia en México.
Atoyac, 16 de julio. En un comunicado de prensa conjunto, 104 organizaciones y luchadores sociales celebraron la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de retirar el fuero a los militares para que sean juzgados en tribunales civiles, lo cual resulta de trascendencia histórica y sienta un precedente significativo en la interpretación y las decisiones que asumirán a futuro las autoridades jurisdiccionales del país en temas clave para la protección de los derechos humanos de todas las personas. En el documento, los activistas afirmaron que el fallo de la SCJN obligará al Estado mexicano a cumplir además con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh); la conformidad de las sentencias del Poder Judicial con lo dispuesto en la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como la prohibición de aplicar la jurisdicción militar a casos en los que se hallen involucrados civiles. Adelantaron que insistirán en que el Estado mexicano acate plenamente las sentencias de la Coidh en los casos de Rosendo Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega, Valentina Rosendo Cantú y Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
Tres noticias dadas a conocer esta semana nos muestran las nuevas dimensiones del fenómeno migratorio México-Estados Unidos.
1. Nacen más de los que llegan. El Pew Hispanic Center (PHC) afirmó que los nacimientos de personas de origen mexicano en Estados Unidos han superado a la migración como el agente principal de crecimiento de esa población en la Unión Americana. Las cifras indican que entre 2000 y 2010 este segmento de la población aumentó en 7.2 millones de personas sólo como resultado de los nacimientos; al tiempo que llegaron procedentes del sur del río Bravo 4.2 millones de nuevos migrantes. Incluso los 400 mil migrantes del año pasado contrastan con el millón que cruzó la frontera en 2006. Por otro lado, advierte el reporte del PHC, que la edad promedio de 25 años convierte a los estadunidenses de origen mexicano en el estrato de la población más joven, y superan junto a los 12.4 millones de mexicanos de primera generación la línea de los 32 millones, que representa 63 por ciento de la población hispana en ese país (La Opinión, 14 de julio de 2011).
Estas cifras vienen a confirmar la tendencia presente desde mediados de la década pasada cuando uno de cada dos nacimientos entre julio de 2005 y julio de 2006 fue de origen hispano. En ese período se sumaron a la población norteamericana 1.4 millones de latinos, lo que representa un incremento del 3.4 por ciento en ese grupo. Mientras que la población de blancos no hispanos aumentó solamente en 0.3 por ciento. Con lo cual los hispanos no sólo representan poco más del 15 por ciento de la población en Estados Unidos, sino que se significan como la minoría de más rápido crecimiento en el vecino del norte. El crecimiento de los latinos obedece a dos situaciones; la primera, a los nuevos migrantes que no paran de llegar; y la segunda (cada vez con mayor fuerza), a los hijos de estos migrantes que no dejan de nacer, pues su tasa de natalidad es la más alta de toda la nación (Con todo y triques, 2011).
Todo ello cambia cualitativa y cuantitativamente la dinámica de las dos décadas previas, donde el número de extranjeros empataba o excedía los nacimientos. Las causas del menor número de migrantes las podemos encontrar al menos en dos escenarios: a) la alta tasa de desempleo en Estados Unidos que asciende al 9.2 por ciento (en junio pasado apenas se crearon 18 mil nuevos empleos); y b) el aumento en la promulgación de leyes antimigrante en estados como Arizona, Alabama y Georgia (La Opinión, 14 de julio de 2011).
2. Por otro lado, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) informa que en los últimos cinco años se duplicó la fuga de mexicanos altamente capacitados hacia Estados Unidos, como consecuencia del desempleo, los bajos salarios, la inseguridad y la violencia en nuestro país. Las cifras que dan cuenta de la desbandada académica muestran que en 2005 había 411 mil connacionales con instrucción universitaria y de posgrado laborando en Estados Unidos, y para el 2010 la cifra rebasaba el millón de personas con alta preparación escolar, de los cuales 900 mil cuentan con nivel universitario y más de 125 mil con estudios de maestría y doctorado. Estos números colocan a México como el líder en América Latina en fuga de personas académicamente preparadas (El Sol de Tijuana, 14 de julio de 2011).
Desde luego, que las consecuencias que esto genera para nuestro país son de suyo complejas. Por un lado, se traduce en poco crecimiento económico, y por otro, se genera un famélico desarrollo humano para los mexicanos. Además, sólo 75 mil de esos mexicanos altamente capacitados trabajan en actividades ligadas a su área de estudios, lo que ocasiona que se encuentren realizando actividades por debajo de sus capacidades intelectuales. Para romper el círculo vicioso de la migración de mexicanos altamente capacitados y construir un círculo virtuoso donde podamos aprovechar las bondades de la preparación académica de miles de paisanos, se impone elaborar una política pública que ofrezca condiciones de vida dignas no sólo a los egresados de las universidades y de los estudios de posgrado del país, sino a la población en general para detener la sangría poblacional. De lo contrario, estaremos condenados a pagar las consecuencias de no aprovechar eficientemente el bono demográfico con el que hoy cuenta nuestro país.
3. La última nota tiene que ver con el número de viviendas abandonadas por mexicanos que “deciden” perseguir el sueño americano. De acuerdo con el informe sobre la situación inmobiliaria en México elaborado por BBVA, de 2005 a 2010 el número de viviendas abandonadas pasó de 4.3 millones a cinco millones, aunque su proporción respecto al total del parque habitacional se ha mantenido en 14 por ciento. Como desde hace varias décadas el éxodo poblacional es mayor en las zonas rurales, así los municipios de estas características en el país con menos de 15 mil habitantes presentan una proporción de viviendas deshabitadas de 19 por ciento, al tiempo que en las zonas urbanas el porcentaje es de 13.5. Los estados que presentan mayor migración internacional continúan siendo Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz, Jalisco y Zacatecas (El Universal en línea, 14 de julio de 2011).
A no dudar, la migración continúa moviéndose. Pero no apunta a la extinción, sólo a una reconfiguración que parece coyuntural. Así, el fenómeno sigue delineando los contornos de México y Estados Unidos. La realidad política, económica, cultural, religiosa y social de ambas naciones se encuentra indisolublemente ligada a la diáspora de los “exiliados económicos” que se mueven del Sur al Norte en busca de un lugar donde vivir.
Boletin Especial de Democracy Now! en Español": "Amy Goodman entrevista al fundador de Wikileaks, Julian Assange
El 2 de julio, Amy Goodman moderó una conversación en Londres entre el fundador de Wikileaks, Julian Assange, y el filósofo esloveno Slavoj Zizek. Enviamos en este boletín especial la versión en español de los pasajes más destacados de la conversación con Assange
El fundador de WikiLeaks Julian Assange participó el 2 de julio en un inusual debate con el filósofo esloveno Slavoj Žižek que fue moderado por la presentadora de Democracy Now!, Amy Goodman, en Londres. Assange no está acusado de ningún delito en ningún país. En este extracto del debate del sábado, Žižek y Assange responden a los críticos que dicen que Assange debe ser juzgado en Estados Unidos según la Ley de Espionaje de 1917 y que WikiLeaks debe cerrarse. Más..
Julian Assange habla del papel que los cables estadounidenses tuvieron en el despertar de la primavera árabe
Durante un debate realizado el 2 de julio en Londres —que fue moderado por la presentadora de Democracy Now!, Amy Goodman— el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, analizó una nueva demanda que WikiLeaks acaba de presentar contra Visa y MasterCard por lo que él llama un "bloqueo económico" contra su sitio de revelación de datos secretos, que les impide recoger las donaciones electrónicas realizadas con tarjetas de crédito. Más
Primera parte de la conversación entre Julian Assange y el filósofo esloveno Slavoj Žižek que fue moderada por la presentadora de Democracy Now! Amy Goodman. Entre los tres analizan el impacto que WikiLeaks ha tenido en la política mundial, la publicación de los partes de la guerra en Irak y Afganistán y el Cablegate, la mayor cantidad de documentos clasificados del gobierno estadounidense en la historia. Más
Video completo y transcripción de la conversación entre Julian Assange y Slavoj Žižek (inglés)
Vea el video completo en inglés de una de las primeras apariciones en público del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, desde que cumple arresto domiciliario. Assange participó en Londres de una conversación con el filósofo esloveno Slavoj Žižek moderada por la presentadora de Democracy Now!, Amy Goodman. Más...
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Cables pelados — publicado en RADAR, Suplemento de Página 12 de Argentina
El australiano Julian Assange debe ser la figura más emblemática de la tensión entre las corporaciones mediáticas y la población mundial. Fue declarado enemigo, asesino y terrorista por políticos y gobernantes norteamericanos, el gobierno sueco lo defenestró y otros hasta llamaron a asesinarlo. Desde hace seis meses se encuentra detenido sin su debido proceso, y pasado mañana enfrenta un pedido de extradición por un confuso cargo de abuso sexual en Suecia. Y todo por dar a conocer información clasificada que ni siquiera robó. Más...
Julian Assange: 'La censura es una señal positiva' — Cobertura en REDACCIÓN FACETAS de La Estrella de Panamá
Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en más de 550 emisoras de radio y televisión en inglés y en más de 250 en español. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Héroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", edita
Ex alcalde de un poblado estadounidense se declara culpable de tráfico de armas a México
Un ex alcalde de la comunidad estadounidense de Columbus, fronteriza con México, se declaró culpable en una corte local por haber participado en una banda dedicada al tráfico ilegal de armas hacia el país latinoamericano, según infomó en un comunicado el Procurador Federal para el sur del estado de Nuevo México, Estados Unidos.
Se trata de Eddie Espinoza, de 51 años, quien se declaró culpable de un cargo de conspiración, tres cargos por hacer declaraciones falsas al comprar armas de fuego y tres cargos por tráfico de armas, indicó el Procurador , John E. Murphy, quien está al cargo del caso.
El ex gobernante lcal podría recibir hasta 10 años de prisión por cada uno de los cargos de contrabando y de hasta cinco años de prisión por los de conspiración, así como por cada uno de los falso testimonio.
Espinosa fue detenido por agentes federales el 9 de marzo pasado junto con el entonces jefe de policía de esa comunidad, Angelo Vega, y el regidor José Blas Gutiérrez, así como otras ocho personas bajo cargos de participar en una banda de traficantes de armas a México.
De acuerdo con la investigación encabezada por la estadounidense Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por su sigla en inglés) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por su sigla en inglés), los ex funcionarios utilizaron sus cargos para facilitar y proteger el tráfico de armas a México.
Indicaron que a lo largo de esos 14 meses, los acusados habrían comprado unas 200 armas de fuego en varias armerías del sur de Nuevo México, incluyendo decenas de rifles de asalto Kalashnikov AK-47 y R-15.
Tres de las armas adquiridas por el grupo de acusados fueron localizadas luego en el sitio de una masacre en la comunidad de Palomas, en el estado mexicano de Chihuahua (norte), y en un decomiso en Ciudad Juárez.
Espinosa es el primero de los acusados en declararse culpable. Lass autoridades aún buscan a Ignacio Villalobos, de 24 años, quien logró evadir su aprehensión en marzo pasado.

References: artículo 57
 resolución 
 artículo 57
 resolución 
 artículo 57
 artículo 13
 artículo 129
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