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Timestamp: 2017-06-25 06:59:27+00:00

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febrero 2014 | La Mirada de Una Letrada
En este sentido, la Ley de Trafico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial establece en su artículo 9 bis la obligación de todo titular de un vehículo de “facilitar a la Administración la identificación del conductor del vehículo en el momento de ser cometida la infracción”. Los datos facilitados deben incluir el número del permiso o licencia de conducción que permita la identificación en el Registro de Conductores e Infractores. En los supuestos en los que no estuviera inscrito en este registro, el titular del vehículo tendrá que aportar la correspondiente autorización administrativa que habilite al infractor para conducir en España o el contrato de arrendamiento si se trata de una empresa de alquiler de vehículos. Por lo tanto, si se recibe una multa y no se es el infractor, se ha de comunicar a la DGT, siempre dentro del plazo que la ley establece y que fija en 15 días naturales, los cuales comenzarán a contarse desde el día siguiente a la notificación de la denuncia, (recordar que cuando el cómputo se realiza en días naturales, se cuentan todos los días incluidos los domingos y festivos).
La DGT permite identificar al conductor del vehículo a través de su página web, con independencia de que se tenga certificado digital o no, todo requerido podrá cumplir con esta obligación de forma fácil y sencilla. El incumplimiento de esta obligación por parte del titular del vehículo dará lugar al inicio de un nuevo procedimiento sancionador por la comisión de una infracción que será calificada como “muy grave” y que lleva aparejada como sancion una multa que consistirá en el doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción grave o muy grave, por lo que puede alcanzar importes bastante elevados.
En aquellos casos en los que una persona es titular de un vehículo pero no es la persona que habitualmente le conduce, es recomendable identificar a quien si lo hace como “conductor habitual” en el Registro de Vehículos de la DGT, y desde ese momento, todas las posibles denuncias que hayan de ser notificadas respecto de ese vehículo le serán notificadas a éste, quedando exonerado de las obligaciones anteriores el titular. Más información »
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles es un tributo local y directo, que grava la titularidad de los derechos sobre bienes inmuebles, y por lo tanto ha de ser satisfecho por el propietario. Sin embargo, la Ley de Arrendamientos Urbanos en su artículo 20, permite a las partes pactar que citado impuesto sea abonado por el arrendatario, exigiendo para la validez del pacto, que aparezca recogido en el contrato de arrendamiento expresamente. El hecho de que el acuerdo conste por escrito, en ningún caso vinculará a la Administración Pública, para la que el sujeto pasivo continuará siendo el propietario. En el supuesto de que el contrato de arrendamiento obligue al arrendatario al pago del IBI, y éste incumpla con su obligación, el propietario en virtud del artículo 27 de la ley anteriormente referenciada puede iniciar un procedimiento de desahucio. QUE OCURRE CON OTROS GASTOS
Para poder examinar el resto de gastos es necesario diferenciar entre los que se derivan del disfrute del inmueble y por lo tanto deben de ser asumidos por el inquilino y los que no, aunque volvemos a insistir en que esta atribución a uno u otro puede verse alterada por el pacto entre ambas partes. Así encontramos como gastos que en principio han de ser satisfechos por el arrendatario, salvo excepciones: la tasa de basuras, ya que es quien hace el uso y se beneficia del servicio; suministros básicos, es evidente que el agua, luz y gas ha de ser a cargo del arrendatario; línea de teléfono e internet, si estos existían en la vivienda y el arrendatario no los quiere, el arrendador deberá hacerse cargo de su pago si no quiere quitarlos, ahora bien, si el inquilino contrata estos suministros, él debe de hacerse cargo de los mismos; cuotas de la comunidad de vecinos, sobre este concepto hay opiniones en todos los sentidos, por un lado quien defiende que ha de ser pagado por el propietario, al ser el que al final tiene voz y voto en las decisiones, y hay quien entiende que ha de ser satisfecha por el inquilino, aunque en la práctica se incluye dentro de la renta, abonándola así el arrendatario; el mantenimiento y averías de los electrodomésticos, son probablemente el mayor foco de conflictos, y es que es importante diferenciar aquellas averías pequeñas que se producen por el uso o el “mal uso” y a las que debe hacer frente el arrendatario, de aquellas otras que son necesarias para el mantenimiento de la vivienda, para que la misma siga reuniendo sus elementos básicos, y de las que se tiene que hacer cargo el propietario; A pesar de que mi consejo al propietario de cualquier inmueble siempre es que mantenga los servicios y suministros a su nombre, para evitar que sin su consentimiento el arrendatario realice alguna actuación no autorizada, lo cierto es que este hecho hace que surja otra problemática, y es que el obligado al pago siempre será el titular por lo que el arrendador deberá satisfacer cualquiera de estos gastos si el inquilino no lo hace, y posteriormente, en un procedimiento judicial reclamar tales conceptos en base a los acuerdos alcanzados en el contrato de alquiler. Publicado por
contrato de arendamiento,
diciembre, el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley 16/2013, de Medidas para
del que ya hablamos en su día por recoger otra importante medida, "la ampliación de la reducción de jornada por cuidado de hijos hasta los 12 años", y es que referida norma también adopta una dura
medidas para empresas y trabajadores. Desde el 1 de Enero de 2.014,
se ha de cotizar por conceptos que hasta este momento se encontraban exentos de
cotización o limitados: los cheques de comida, aportaciones a plan de
pensiones, vestuario, cursos, plus de transporte y distancia, las ayudas de
guardería, los seguros médicos privados, entregas de acciones o participaciones
de la empresa, gastos de estancia, gastos de manutención con pernocta en España
y en el extranjero, etc.
Además, se trata de una
medida con efectos inmediatos, tanto es así que las empresas debían de
adaptarse a la nueva normativa e incluir en las bases de cotización de sus
trabajadores todas las retribuciones que éstos cobrasen en especies desde el mes de diciembre, y presentarlo en el pasado mes de enero de este año. Sin
embargo, las dificultades de las empresas para realizar esta adaptación y
ponerse al día con la Tesorería General de la Seguridad Social ha hecho que el
plazo se amplíen en un primer momento hasta el día 31 de marzo, y posteriormente hasta el próximo 31 de
Mayo de 2.014.
Las “retribuciones en
especie” son aquellas atribuciones patrimoniales que recibe el trabajador del
empresario y que se perciben en bienes económicos no dinerarios (uso de
vivienda, vehículo, ordenador, etc) o percepciones dinerarias afectas a una
finalidad específica (ayuda para guardería, cuota de plan de pensiones,
alquiler de vivienda, etc).
El malestar entre
empresarios y trabajadores es generalizado, al considerar que tal medida tendrá
un impacto económico y social que no ha sido debidamente analizado. El fin de
esta medida, así como el de otras que el Real Decreto-Ley recoge no es otro que
el “recaudatorio”, ya que se
pretende alcanzar unos ingresos anuales de más de 900 millones de euros. Sin embargo, los empresarios entienden que la situación económica que atraviesan las empresas hacen que no sea el momento más adecuado para incrementar su carga económica, y los trabajadores, por su parte, anuncian el grave perjuicio que para ellos tiene, ya que con toda probabilidad verán reducido su salario por estos conceptos. El descontento de unos y de otros hace que todos nos preguntemos si esta medida es realmente apropiada.
Frente a la situación del obligado al pago de la pensión de alimentos encontramos al progenitor custodio, que ve como transcurren
los meses sin que sus hijos reciban la correspondiente pensión de alimentos
estipulada en Sentencia o Convenio Regulador, y como con dificultades o sin
ellas, el deudor no inicia ningún procedimiento de modificación de medidas. En estos casos, el procedimiento a seguir por la parte
acreedora es mucho más rápido que el que veíamos para el progenitor no custodio,
y es que basta con acudir a la vía civil
e interponer una demanda de “ejecución de sentencia” ante el mismo Juzgado que
dictó la resolución judicial. De esta forma, el Juzgado requerirá al deudor
para que proceda al abono de las pensiones debidas, y en caso de no hacerlo, se
dirigirá contra todos sus bienes presentes y futuros (cuentas, salarios, bienes
inmuebles, etc) hasta cubrir la cantidad adeudada, a lo que se añadirán
intereses y costas. En ocasiones, la pasividad o el incumplimiento
reiterado por parte de los obligados al pago con posibilidades económicas y la
desesperación e impotencia de la parte acreedora lleva a esta última a iniciar
la reclamación por vía penal como
forma de presión. Nuestro Código Penal prevé en su artículo 227 que “el que dejare de pagar durante dos meses
consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica
a favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente
aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio,
declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de
alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de
tres meses a un año o multa de seis a 24 meses”. De esta forma, siempre
que se acredite el impago de dos o cuatro pensiones según los casos, y además
concurra el elemento subjetivo, es decir, que existen medios económicos para
hacer frente a esa obligación pero no hay voluntad de cumplirla, el progenitor
no custodio será condenado al pago de las pensiones de alimentos y además a la
pena anteriormente señalada. La Sentencia
del Tribunal Supremo, de fecha 3 de Abril de 2.001, especifica los elementos
que han de concurrir para que podamos hablar de delito de abandono de familia: (1) la existencia de resolución
judicial firme o convenio aprobado por la correspondiente autoridad judicial
donde se establezca una prestación económica a favor de un hijo; (2) el incumplimiento del obligado al
pago de forma reiterada en los plazos establecidos por el artículo 227 CP; (3) el elemento subjetivo que consiste
en el conocimiento de la resolución judicial y su voluntad de no cumplir con la
obligación que la misma impone. Cuando el acusado puede acreditar que se encuentra en
una situación económica precaria o una clara insolvencia, puede llegar a ser absuelto
de este delito, por lo que podemos afirmar que el delito de abandono solo
concurre cuando existe capacidad para el pago, total o parcial, y éste no tiene
lugar. Sin embargo, la absolución no supondrá en ningún caso la condonación de
la deuda, ya que esta podrá ser reclamada civilmente, debiendo de responder frente
a ella con todos sus bienes futuros hasta que el momento en que exista un procedimiento
de modificación de medidas y finalice con una resolución que altere esta
obligación. Creo que es bueno recordar que el incumplimiento de la
obligación de prestar alimentos no afecta en nada al derecho de visitas del
progenitor no custodio, al tratarse de categorías jurídicas distintas, con
fundamento y finalidad diferente. El derecho de visitas y la prestación de
alimentos no están recíprocamente condicionados, sino que tienen entidad y
autonomía propia, por lo que a pesar de que el progenitor no custodio no abone
la correspondiente pensión de alimentos, nada impedirá que pueda continuar
cumpliendo con el régimen de visitas establecido. El Tribunal
Supremo lo puso de manifiesto en su Sentencia
de fecha 26 de Diciembre de 2.002 al afirmar que no cabe supeditar el
derecho de visitas de un progenitor al efectivo cumplimiento por éste de la
pensión de alimentos, por tratarse de medidas no compensables que no pueden
entenderse como contraprestación una de la otra, al existir además otros
mecanismos que permitirían hacer efectivo el pago de la pensión. Publicado por
Cada vez es más habitual que personas que se
encuentran en situación de desempleo acudan al despacho ante la imposibilidad
de poder cumplir con la obligación de pagar la pensión de alimentos de sus
hijos. No solo la pérdida de puestos de trabajo, sino también la rebaja en los salarios han
acelerado el número de demandas por falta de pago de la pensión de alimentos
que en su día fue acordada en un Convenio Regulador o en la Sentencia de
En el momento en que se fija la pensión de alimentos,
tal y como establece nuestro Código Civil, es fundamental tener en cuenta las
circunstancias concretas de ambos progenitores, debiendo de establecerse la
pensión atendiendo siempre a las posibilidades económicas del que tiene
obligación de prestarlos, y de las necesidades de quien debe recibirlos,
(derivadas de la edad y el contexto social), rigiendo siempre el criterio de
En este sentido, el Juzgado de Primera Instancia
(Familia) Número 7 de Sevilla entiende, y así lo pone de manifiesto en su Sentencia de fecha 29 de Octubre de 2.008
que la cuantía debe ser lo suficiente
para que el menor no perciba una brusca y ostensible variación en su nivel de
vida con ocasión del ejercicio del régimen de visitas a casa de su padre, pues
de otra manera le podría conducir en un futuro a optar por el núcleo familiar
que más le convenga desde su óptica infantil, teniendo en cuenta que los niños
a cierta edad suelen superar sus vinculaciones afectivas y de apego y confunden
su verdadero interés con el lugar donde disfrutan de una vida más regalada y
con menos limitaciones.
Cuando la persona obligada al pago de la pensión de
alimentos tiene dificultades para hacer frente a la misma, bien porque sus
circunstancias personales han variado (convivencia con una tercera persona o nacimiento
de un nuevo hijo), o bien porque su posición económica se ha visto mermada, ha
de interponer inmediatamente ante el Juzgado que conoció del asunto en primera
instancia, una demanda de "modificación de medidas", intentando acreditar
documentalmente que se ha producido una modificación sustancial de las
circunstancias económicas que fueron tenidas en cuenta para la fijación de la
pensión, solicitando una reducción que se ajuste a las posibilidades actuales. Lo
habitual, y con mayor motivo en los últimos tiempos dada la crisis económica en
la que nos encontramos, es que si realmente existe una modificación sustancial
de las circunstancias, los Juzgados estimen la pretensión y la pensión de
alimentos se vea reducida o readaptada a la nuevas situación.
Pero no cualquier solicitud de reducción de la pensión
alimenticia es estimada, ya que es necesario que el obligado al pago acredite
que obtiene menos ingresos de los que venía obteniendo o que sus gastos se han
visto incrementados considerablemente. No será suficiente un aumento de los
gastos de forma superflua y momentánea, sino que citados gastos han de tener
la consideración de necesarios, y además deben de tener el carácter de imprevisibles,
ser de notoria importancia y tener permanencia en el tiempo, resultando
fundamental la no voluntariedad del gasto (por ejemplo la contratación
de un préstamo, la compra de un coche, etc), ni la búsqueda de la situación
(abandono del empleo, solicitud de reducción de jornada, etc). Una de las situaciones más controvertidas surge con el nacimiento de un nuevo hijo, ya que algunas
Audiencias Provinciales consideran este hecho como asumido voluntariamente por
el alimentante, mostrándose reticentes a que la cuantía de la pensión se pueda
ver alterada sustancialmente, intentando en sus resoluciones buscar un
equilibrio entre el derecho de toda persona a rehacer su vida después de una
crisis matrimonial y el deber de todo progenitor de no dejar desatendidos o
desamparados a sus hijos por una nueva familia. El Tribunal
Supremo ha establecido en su Sentencia
de fecha 30 de abril de 2.013 su criterio doctrinal al respecto, en un
supuesto en el que se solicitaba una reducción de a pensión de alimentos por el
hecho de haber tenido un nuevo hijo con otro cónyuge, y así entiende el Alto
Tribunal que el nacimiento de nuevos hijos puede suponer una redistribución
económica de los recursos pero que en todo caso debe primar la igualdad
constitucional de los hijos a percibir alimentos de sus progenitores, dejando
claro que el nacimiento de nuevos hijos, fruto de una relación posterior, a
pesar de ser una decisión voluntaria del deudor de una prestación, no supone
que no pueda modificarse en beneficio de todos. Por lo tanto, el nacimiento de
un nuevo hijo sí que puede suponer una modificación sustancial de las
circunstancias que se tuvieron en cuenta en su momento, debiendo valorarse nuevamente
la situación y los ingresos y economía de ambos progenitores para su readaptación. En muchas ocasiones hay que advertir a los clientes
que la interposición de la demanda de modificación de medidas no es cosa
baladí, y es que se ven sorprendidos cuando se les explica que no basta con que
su prestación o subsidio finalice o no tenga una fuente de ingresos con la que
hacer frente a su obligación, ya que hasta que un juez acuerde una medida
distinta, la obligación de abonar todos los meses la pensión no cesará, transformándose en una deuda vencida y exigible.
Las situaciones de precariedad que atraviesan algunos progenitores
obligados al pago les impide hacer frente a cualquier tipo de pensión de
alimentos por muy mínima que esta sea, no quedándoles más remedio que interesar
en su demanda de modificación de medidas la suspensión de su obligación hasta
que se incorporen al mundo laboral y puedan asumir sus obligaciones económicas
para con sus hijos. A pesar en que existen sentencias de Audiencias
Provinciales como Madrid, Vizcaya o Barcelona donde en supuestos muy concretos
se ha dado luz verde a esta suspensión, lo cierto es que se trata de una medida
absolutamente excepcional, pues tal y como ha indicado el Tribunal Supremo,
mientras los hijos sean menores de edad, la obligación alimentaria por parte de
los progenitores existe incondicionalmente. Se trata de uno de los deberes de
mayor contenido ético de nuestro ordenamiento jurídico

References: artículo 9
 artículo 20
 artículo 27
 resolución 
 artículo 227
 resolución 
 resolución

 artículo 227
 resolución 
 resolución