Source: https://psicolog.org/secretara-de-asuntos-jurdicos-saj--organizacin-de-los-estados-v11.html
Timestamp: 2020-07-13 13:39:57+00:00

Document:
DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA CEDDIS/doc.12/07
PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ INTERAMERICANO PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Panamá, 28 de febrero y 1o. de marzo de 2007
ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 2
CARACTERIZACIÒN DE LA POBLACIÓN CON
MARCO JURÍDICO 6
Legislación panameña que tiene como objetivo garantizar el goce y ejercicio de los derechos y libertades básicas de la población con discapacidad 6
Autoridades administrativas y judiciales que trabajan para la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad 10
Definiciones 11
POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE ELIMINACIÓN DE LA
DISCRIMINACIÓN POR DISCAPACIDAD 13
Acciones afirmativas 13
Medidas tomadas por el Estado para promover la capacitación de las personas con discapacidad sobre las formas de prevenir y eliminar toda forma de discriminación. 15
Medidas de carácter legislativo, social, educacional y laboral adoptadas para la consecución de los objetivos de la convención 18
Laboral 22
Medidas adoptadas por las autoridades gubernamentales y/o entidades privadas para eliminar progresivamente la discriminación de las personas con discapacidad, así como para promover su inclusión en lo relativo al suministro de bienes, prestación de servicios, programas de vivienda, programas y actividades de educación, esparcimiento, deporte y su accesibilidad a las instituciones públicas y/o privadas a los medios de transporte y a los medios de comunicación. ……….….. 25
En el área de accesibilidad 25
Otras medidas adoptadas para asegurar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, así como los accesos a los mecanismos de seguridad ciudadana y participación política 31
1. Garantías fundamentales 31
2. Personas privadas de libertad y su situación de discapacidad 32
Medidas que fueron adoptadas, en su caso, para capacitar a los funcionarios públicos encargados de aplicar la convención. 35
Políticas públicas adoptadas para facilitar la prevención de todas las formas de discapacidad prevenibles y las medidas adoptadas para facilitar la detección e intervención precoz de la discapacidad, el tratamiento adecuado, el acceso a la rehabilitación, el acceso a la educación, a la capacitación vocacional, a los servicios públicos con miras a garantizar el mayor nivel de independencia y calidad de vida para las personas con discapacidad 36
Información y registros relativos a la discriminación y a la violación de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, así como estadística debidamente sistematizada. 39
Esfuerzos desplegados para concienciar al público y a las autoridades pertinentes sobre la necesidad de prevenir y eliminar todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y de asegurar los derechos contenidos en esta convención 39
CIRCUNSTANCIAS O DIFICULTADES QUE AFECTAN EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DERIVADO DE LA PRESENTE CONVENCIÓN 40
Información y comunicación 42
Seguridad Social 43
Privados de libertad 43
Discapacidad visual 44
Discapacidad auditiva 44
Discapacidad motora 45
Movimiento asociativo 45
OTRAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS ESTADOS 46
Cooperación Internacional 46
Participación de la sociedad civil organizada 47
R EPÚBLICA DE PANAMÁ
Territorio: Tiene una superficie total de 75,517 km2. Se divide en 9 provincias, 75 distritos o municipios, 621 corregimientos, 3 comarcas indígenas que están a nivel de provincias y 2 comarcas indígenas a nivel de corregimiento.
Idioma oficial: Es el español; sin embargo, se respeta el derecho de los indígenas a comunicarse en su lengua y recientemente, se impulsa la educación bilingüe en estas áreas.
Moneda oficial: El Balboa, el cual, es equivalente al dólar de los Estados Unidos de Norte América, que es la moneda de libre circulación.
Su gobierno: Es democrático, unitario, republicano y representativo. Está formado por tres órganos: El Ejecutivo, conformado por el Presidente y sus ministros; el Legislativo, por 72 diputados que representan los circuitos electorales del país; y el Judicial, por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los gobiernos municipales están formados por los alcaldes y los representantes de corregimientos.
Día nacional: 3 de Noviembre de 1903, separación de la República de Colombia.
Su clima: es tropical sin grandes fluctuaciones de temperatura y con estación lluviosa de mayo a diciembre.
Localización geográfica: La República de Panamá se encuentra ubicada en el medio de las Américas, en la parte sur y más angosta del Istmo centroamericano. La ventaja geográfica de Panamá está ligada a la estrechez de su territorio, lo que le ha permitido ser centro comercial, y desde 1914, con la inauguración del Canal de Panamá, propiciar el tráfico y comercio mundial.
Según el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2000, el total de la población es de 2, 839,177. De este total 1,572,850 son hombres, y 1,543,427 son mujeres, siendo el índice de masculinidad 101.8. La tasa anual de crecimiento promedio (TCP) 1990-2000 es de 2.0.
Según proyecciones de la Contraloría General de la República, la población total al 1º de julio de 2005 es de 3, 283,959 habitantes con una densidad de 42.0 por Km2.
El 48.9 % de la población total se concentra en la provincia de Panamá, generando una TCP de 2.62%.
Por razones de orden histórico, la población es una mezcla de razas. El 75% de la población es de origen hispano, el 10% es de origen indígena y 15% es de otras minorías (indostana, hebrea, europea, afro-antillana y china)
En cuanto a la estructura de edad, las cifras revelan un envejecimiento de la estructura poblacional ya que en 1990 los menores de 15 años representaban casi el 35% de la población. En el año 2000 representaba el 32.2% de la población total; no obstante lo anterior, continúa siendo un porcentaje significativo de población joven.
Por otro lado, el 62% de la población tiene de 15 a 64 años, lo que implica un gran volumen de población en edad de trabajar, y por ende, una fuerte presión para el mercado laboral.
El 6% de la población tiene 65 años y más de edad, lo que representa al compararla con la cifra obtenida en 1990, un crecimiento de casi un punto porcentual.
La tasa total de natalidad para el año 2005, fue de 19.7%. En las comarcas indígenas para el año 2004 la tasa de natalidad fue la siguiente: Kuna Yala de 28.1%; Emberá Wounan 22.1%; Ngöbe Buglé 24%.
En el 2005 se registraron 63,645 nacimientos vivos en la república.
La tasa total de mortalidad en el año 2005 fue de 4.4%. Esta tasa para las comarcas en el año 2005 fue: Kuna Yala de 6.6.%; Emberá Wounan 2.8%; Ngöbe Buglé 3.2%.
En el año 2005 se registraron 14,180 defunciones.
La esperanza de vida al nacer para el año 2005 fue de 74.74.
La tasa total de alfabetización en el 2002 era de 97.3%.
La última Encuesta de Hogares realizada por la Contraloría General de la República en el año 2004, revela que el desempleo afecta al 11.8% de la población.
En el 2006 la población económicamente activa (PEA) de Panamá era de 1, 415,524; de estos, 526,207 son mujeres y 889,317 son hombres. La población protegida por la seguridad social fue estimada en 69% de la población total en el año 2000 y 40% de la población protegida eran cotizantes.
En lo relativo a la fecundidad, según el Censo del 2000, se observa una leve disminución en comparación con los datos de 1990 en el número de hijos nacidos vivos, ya que de 2.8 hijos en promedio por mujer, pasó a 2.4 hijos por mujer, respectivamente.
El mayor promedio de hijos por mujer se registra en la Provincia de Darién: 3.2 hijos por mujer, y en las comarcas Emberá y Ngöbe Buglé 3.4 y 3.5 hijos por mujer, respectivamente.
El tamaño medio de la familia panameña es de 4 miembros.
La pobreza en nuestro país está en el orden de 36,8%, pobreza extrema 16,6%. No obstante, es importante destacar que en la población indígena está en el 90% de pobreza y el 98% de estos pobres están en la categoría de pobreza extrema. En el área rural la pobreza asciende al 39%.
Los indicadores macroeconómicos indican que el producto interno bruto (PIB) es de USD 10,100 millones, el crecimiento porcentual del PIB es de 3.0%, el PIB per cápita es USD 3,516, la exportación de bienes asciende a USD 771.5 millones, la exportación de servicios por un monto de USD 4,977.3 millones. (2000).
Al año 2005, el PIB per cápita fue de 5,1 y el PIB total, de 6.9.
La importación de bienes suma un total de USD 3.3 millones y el flujo comercial de la Zona Libre de Colón es por un monto de USD 4,432.3 millones.
El promedio de gastos en salud por habitante es de B/.254.3
La proporción de la población por debajo del límite de la pobreza es de 37.2
III. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD:
Según los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2000, el porcentaje de la población con discapacidad era de 1.8, debido a la definición restringida de discapacidad utilizada por los censos.
La Primera Encuesta Nacional de la Discapacidad (PENDIS), realizada en el 2006, estimó, de acuerdo a las cifras expandidas, que alrededor de 370,053 personas presentan algún tipo de discapacidad. Igualmente, arrojó los siguientes resultados:
El total de la muestra cubrió 20,549 viviendas y 1941 segmentos. De las casi 800,000 viviendas particulares ocupadas que existen en el país, en un poco más de 268,000 se encuentra por lo menos una persona con discapacidad, es decir, en una de cada 3 viviendas (34%).
A lo interno del territorio nacional, esta proporción es mayor en las áreas rurales (39%) y aún más alta (52%) en las comarcas indígenas; sin embargo, como en Panamá el número de viviendas es mayor en las ciudades que en el campo, 3 de cada 5 viviendas con alguna persona con discapacidad, se encuentra en el área urbana. Por otro lado, un poco menos de la mitad (46%) se localizan en la provincia de Panamá.
La población total de personas que presentan algún tipo de discapacidad es de 370,053, lo cual constituye el 11.3% de la población total, sin discriminar el tipo o grado de severidad. La prevalencia de personas con alguna discapacidad es mayor en las áreas rurales e indígenas (14%) que en las áreas urbanas (10%).
Son muy reveladores los resultados obtenidos para la población con discapacidad, basados en la tasa de prevalencia, por sexo y edad. A este respecto cabe destacar que la mayor cantidad de personas con discapacidad se encuentra entre los adultos medio (40-64 años): 39% en los hombres y 42% entre las mujeres; siguiéndole en importancia numérica los adultos mayores (65 y más), que suman el 22% en los hombres y el 23% entre las mujeres.
En relación con los aspectos socioeconómicos aplicando el indicador de Capacidad Económica del Hogar (CAPECO), del total de hogares, el 17.3%, tiene por lo menos una persona con discapacidad.
Al analizar los datos en los hogares donde habitan personas con alguna discapacidad se observa que en los hogares donde hay por lo menos una persona con discapacidad, prevalecen las mujeres como jefes de hogares.
Dentro de los aspectos educativos podemos señalar que personas con discapacidad, mayores de 25 años tienen un nivel educativo más bajo que la población en general. En el nivel primario, por cada 4 de la población en general que ha terminado la primaria una persona con discapacidad, (32% de la población general y 7.6% de la población con discapacidad) en el nivel secundario, por cada 7 panameña/os que cursa la secundaria hay una con discapacidad y al nivel superior por cada 13 panameños y panameñas que cursan el nivel superior, una persona con discapacidad está en este nivel educativo.
En relación con los aspectos de salud ocupacional se encontró que la mayoría de los encuestados con algún tipo de discapacidad que reportaron enfermedad laboral, accidentes laborales o ambas no tienen seguro social, residen en áreas rurales, son mujeres y pertenecen a la población económicamente no activa, lo cual los hace un grupo socioeconómico altamente vulnerable.
Se encontró que la población con discapacidad que reside en área indígena tiene 7 veces más riesgo estadísticamente significativo de accidentabilidad y 5 veces de enfermedad laboral que la que reside en el área urbana.
Dentro de los aspectos epidemiológicos tenemos que la discapacidad física resultó ser la de más alta prevalencia (5.4%), seguido de la visual (5.3% y la intelectual (2.7%). Este resultado se puede asociar al hecho de que los grupos de edades con mayor prevalencia de discapacidad son los de 60 años y más, donde los problemas degenerativos son frecuentes (ciclo vital). También se puede asociar a las consecuencias del trabajo, factores ambientales y estilos de vidas no saludables, lo que aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades que pueden producir discapacidad.
Los resultados obtenidos en relación con la causa según tipo demostró que las enfermedades del envejecimiento son las que marcaron mayor frecuencia, presentándose en el 35.2% como causa de las discapacidades visuales y el 26.6% en las físicas; ambas discapacidades que tienen su explicación científica en los cambios metabólicos que degeneran los tejidos y células del organismo adulto.
Las enfermedades laborales (47.9%), los accidentes de tránsito (42.1%), y otros accidentes (45.5%) fueron los que más discapacidad física produjeron.
Las discapacidades intelectuales tienen como causas principalmente congénitas, (30.2%), “problemas del parto” (25,8%) y los actos de violencia (25.7%).
En las discapacidades psiquiátricas, la causa principal de éstas fueron los actos de violencia (16.8%), y las drogas (16.3%).
Los desastres naturales (41.9%) y las drogas (37.2%) son factores causales que desencadenaron discapacidad de órganos y sistemas.
Panamá, mediante la Ley 3 del 10 de enero de 2001, adoptó sin reservas, la CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, como Ley de la República.
Igualmente, Panamá ha ratificado diferentes instrumentos con miras a prevenir y eliminar la discriminación basada en discapacidad. Entre ellos, la Convención de los derechos del niño, adoptada por medio de la Ley 15 de 1990, reconociendo que los niños y niñas tienen iguales derechos a los adultos, salvaguardando su nivel de indefensión; el convenio sobre readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, adoptada mediante Ley 18 del 8 de noviembre de 1993 y ha participado activamente en la confección y aprobación de la Convención Internacional Amplia e Integral por los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Legislación panameña que tienen como objetivo garantizar el goce y ejercicio de los derechos y libertades básicas de la población con discapacidad.
Entre éstas podemos mencionar:
Ley No. 53 de 10 de noviembre de 1951, que creó el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), que brinda educación especial en el país a la población con discapacidades sensoriales, motoras e intelectuales. Para fortalecer esta educación especial, se aprobó el Decreto Ejecutivo No. 46 de 15 de noviembre de 1968, que reorganiza el IPHE, estableciendo que los niños y niñas con discapacidades sensoriales, motoras e intelectuales deben asistir a escuelas especiales o a las aulas especiales segregadas en las escuelas regulares.
Ley No. 1 de 28 de enero de 1992, la cual, protege a las personas discapacitadas con pérdidas auditivas y se establece la contratación del 2% para personas con discapacidad, con incentivos fiscales para los patronos. Igualmente reconoce la lengua de señas como medio de comunicación para las personas con discapacidad auditiva y requiere la utilización de intérpretes en los siguientes casos: exámenes de calificación para el trabajo, aprehensión por comisión de delitos y los medios de comunicación televisivos.
El Decreto Ejecutivo No. 60 de 19 de abril de 1993, por el cual se reglamenta el beneficio fiscal establecido en el artículo 14 de la citada ley a favor de los empresarios que contraten personal con discapacidad”.
Ley No. 3 del 17 de mayo de 1994, que aprueba el Código de la Familia, incorpora a los menores con discapacidad a los menores en circunstancias especialmente difíciles. Además, define el término discapacidad y establece que “el discapacitado tiene los mismos derechos que la Constitución, este Código y las demás leyes confieren a los ciudadanos y que es deber del Estado, desarrollar políticas sociales de prevención, protección y promoción del bienestar de las personas con discapacidad”, entre otras.
Ley 27 de 23 de junio de 1995, derogada, modificada y adicionada por la Ley 38 de 31 de julio de 2001, sobre Violencia Intrafamiliar y Violencia Doméstica. Condena todo tipo de violencia, especialmente en las familias y en los hogares. Esta ley crea mecanismos de protección a los más débiles del tejido social.
La Ley No. 34 de 6 de julio de 1995, por la cual, se reforma la Ley Orgánica de Educación, establece que la educación de los niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales (NEE) será coordinada en el Ministerio de Educación por medio de la Dirección Nacional de Educación Especial.
Ley No. 42 de 27 de noviembre de 1997 crea el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, y con él, la Dirección Nacional de Discapacidad como organismo responsable en la coordinación, planificación y ejecución de políticas sociales en materia de discapacidad. El Decreto Ejecutivo No. 46 de 28 de diciembre de 1998, adiciona funciones a esta Dirección y se establecen las normas para la atención de personas con discapacidad; se adoptan otras disposiciones con relación a la equiparación de oportunidades y facilidades que debe recibir la población con discapacidad dentro del marco de la equiparaciòn de oportunidades.
Ley No. 42 de 27 de agosto 1999, por la cual se establece la Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. Este importante instrumento recoge en un alto grado las necesidades, aspiraciones e intereses de esta población en temas tales como la salud, educación, rehabilitación, accesibilidad, entre otras, enmarcadas en el Principio de Equiparación de Oportunidades. Entre los aspectos más sobresalientes de esta Ley, podemos mencionar:
8.1. Declara de interés social el desarrollo integral de la población con discapacidad, en igualdad de condiciones de calidad de vida, oportunidades, derechos y deberes que el resto de la sociedad, con miras a su realización personal y total integración social.
8.2 Define los términos de accesibilidad, barrera arquitectónica, bienestar, discapacidad, discriminación, equidad, equiparación de oportunidades, espacio adaptado, espacio practicable, incapacidad, movilidad reducida, taller protegido, propioceptiva y vulnerabilidad.
8.3 Establece que las personas con discapacidad son sujeto de su propio desarrollo.
8.4 Establece que es obligación del Estado adoptar las medidas a fin de establecer una mejor integración social y el desarrollo individual de las personas con discapacidad.
8.5 Reconoce y fomenta la participación de la sociedad civil organizada de personas con discapacidad en la toma de decisiones.
8.6 Garantiza el acceso de la población con discapacidad a las prestaciones y servicios sociales.
8.7 Establece que, a través del principio de equiparación de oportunidades, la población con discapacidad tiene derecho a la salud, a la habilitación, a la rehabilitación integral, a la educación, al trabajo, al deporte, al turismo, al acceso al medio físico, a las comunicaciones, a la información, a la cultura, a la administración de justicia, entre otros.
El Decreto Ejecutivo No.88 del 12 de noviembre de 2002, reglamenta la Ley Nº 42 de 27 de agosto 1999, por la cual se establece la Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y, en sus anexos incorpora las medidas arquitectónicas y de señalización.
Ley No. 16 de 10 de abril de 2002, Que regula el derecho de admisión a los establecimientos públicos y dicta medidas para evitar la discriminación. Establece que las personas con discapacidades físicas, entre otras, no podrán ser objeto de discriminación por su condición de discapacidad en estos lugares. Además, crea la Comisión Nacional contra la Discriminación y determina que el organismo coordinador es la Defensoría del Pueblo de la República de Panamá.
El Decreto Ejecutivo No. 103 de 1 de septiembre de 2004, por el cual se crea la Secretaría Nacional para la Integración Social de las Personas con Discapacidad (SENADIS), como unidad asesora del Órgano Ejecutivo en materia de discapacidad, y el Consejo Nacional Consultivo y para la Integración Social de las Personas con Discapacidad (CONADIS), como ente de participación de todos los sectores, públicos y privados, así como de las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, con el objetivo de promover la ejecución de las políticas sociales para el logro de la integración social, económica y cultural de las personas con discapacidad y sus familias, mediante la formulación de planes, programas y proyectos encaminados al ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.
Ley No. 51 del 27 de diciembre de 2005, por la cual, se reforma la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, la cual, establece entre otras cosas, los requisitos y procedimientos para calificar la incapacidad permanente de riesgos profesionales.
Ley Nº 59 de 28 de diciembre de 2005, por la cual, se adoptan normas de protección laboral para las personas con enfermedades crónicas que produzcan discapacidad laboral, estableciendo que todo trabajador, panameño o extranjero en estas circunstancias tiene derecho a permanecer en su puesto de trabajo en igualdad de condiciones a las que tenía antes de su diagnóstico.
Ley No.4 de 8 de enero de 2007, por la cual, se crea el Programa Nacional de Tamizaje Neonatal. La importancia de esta ley radica en que hasta el momento estas acciones sólo se realizaban a los pacientes con seguro social. Esta norma amplía la cobertura hacia todos los recién nacidos y ordena generar un programa con cobertura nacional.
En cada una de estas leyes la jurisdicción y competencia es determinada según el caso en particular:
Cuando nos referimos a la restricción del acceso de una persona con discapacidad a un lugar de uso público, ya sea por falta de accesibilidad arquitectónica o actitudinal, la autoridad competente son los corregidores, en primera instancia; los alcaldes en segunda instancia, y; en tercera instancia a los gobernadores de provincia, con lo cual se agota la vía administrativa, quedando como última alternativa en el derecho interno, el recurso de hecho ante la Corte Suprema de Justicia, según sea el caso, agotando con ello el derecho interno y dejando abierta la posibilidad de recurrir a las instancias internacionales.
Cuando nos referimos a la discriminación al derecho al trabajo de una persona con discapacidad, por su condición de discapacidad, necesariamente las acciones legales tendientes a garantizar el derecho del trabajador, le corresponden al Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, en primera instancia; en segunda instancia a los Juzgados de Trabajo y finalmente a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, agotando con ello el derecho interno y dejando abierta la posibilidad de recurrir a las instancias internacionales.
De manera ilustrativa mencionamos el fallo fechado el 10 de junio 2005 de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, que con fundamento en la Ley 42 de 1999, de Equiparación de Oportunidades, se ha pronunciado con un criterio favorable en cuanto a las personas con discapacidad en el tema laboral, como ley especial, la cual priva sobre el Orden Jurídico general, ordenando la restitución de un funcionario de libre remoción, por el hecho de ser una persona con discapacidad, protegida por dicha excerta legal sin haber cometido ninguna falta o delito. Sin embargo señalamos que en nuestro orden jurídico se requieren de tres pronunciamientos sobre el tema para que sea considerada como jurisprudencia de la República.
Autoridades administrativas y judiciales que trabajan para la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad.
Oficina Pro igualdad de Oportunidades y Acción Ciudadana de la Alcaldía del Distrito de Panamá, mediante Decreto Alcaldicio Nº 641 de 30 de mayo de 2002.
Dirección Nacional de Personas con Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social: Es el ente encargado por mandato de ley de desarrollar y coordinar las políticas sociales que promuevan la integración social de las personas con discapacidad.
Defensoría del Pueblo: Creada mediante Ley No. 7 de 5 de febrero de 1997, es un ente autónomo e independiente, con fuerza moral y cívica, no vinculante en sus acciones. Es administrada por un Defensor del Pueblo, designado por el Órgano Ejecutivo y ratificado por el Órgano Legislativo. Esta instancia, encargada de proteger los derechos de los ciudadanos ante las violaciones de los derechos humanos, creó, mediante la Resolución No. 23 de 27 de junio de 2004, la Oficina de la Delegada Especial de la Defensoría del Pueblo para la protección y promoción de los derechos de las personas con alguna discapacidad. Desde su creación, esta oficina ha trabajado de manera coordinada con otras instancias gubernamentales y la sociedad civil organizada en la defensa de los derechos humanos de esta población. Además coordina la Comisión Nacional contra la Discriminación.
Secretaría Nacional para la Integración Social de las Personas con Discapacidad (SENADIS). Es una entidad creada con miras a alcanzar la meta del Gobierno Nacional de desarrollar eficientemente la política social de inclusión plena de las personas con discapacidad. Debe también servir de enlace entre las instituciones públicas y organizaciones civiles en el tema de discapacidad y promover la participación de las personas con discapacidad y sus familias en asuntos relacionados al ejercicio de sus derechos para el mejoramiento de su calidad de vida.
Asesora al Órgano Ejecutivo para promover la integración social, autonomía y desarrollo personal de la población con discapacidad en el marco de los Derechos Humanos. Es el enlace entre las instituciones gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema de discapacidad.
5. Consejo Nacional Consultivo para la Integración Social de las Personas con Discapacidad (CONADIS). Promover la ejecución de las políticas públicas sobre discapacidad con miras al logro de la inclusión social, económica y cultural de la población con discapacidad y sus familias, mediante la formulación de planes, programas y proyectos encaminados al ejercicio pleno de los derechos de esta población.
6. Comisión de asuntos de la mujer, derechos del niño, la juventud y la familia y comisión de derechos humanos de la Asamblea Nacional de Diputados. Son comisiones permanentes del Órgano Legislativo, que prohíjan proyectos de ley y dan seguimiento al cumplimiento de las normas nacionales, en materia de discapacidad, familia, discriminación, entre otras.
Panamá cuenta en su legislación con definiciones de discapacidad y de discriminación. Así, la Ley Nº 3 del 10 de enero del 2001, por la cual se adopta la CONVENCION INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, define en su artículo 1, discriminación, de la siguiente manera:
“ARTICULO I”:
Para los efectos de la presente Convención, se entiende por :
Discriminación contra las personas con discapacidad:
a) El término "discriminación contra las personas con discapacidad" significa: toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales.”
Por otra parte, la República de Panamá ha elevado a rango constitucional el tema de la discapacidad, cuando el 27 de julio de 2004 se incluyó, en las reformas constitucionales, el término discapacidad en su artículo 19 que señala textualmente:
“Artículo 19: No habrá fueros ni privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas”.
Igualmente, la Ley No. 42 de Equiparación de Oportunidades para las personas con Discapacidad presenta las siguientes definiciones:
Artículo 3: Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos se definen así:
…Discapacidad: Alteración funcional, permanente o temporal, total o parcial, física, sensorial o mental, que limita la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal en el ser humano.
Discriminación: Exclusión o restricción basada en una discapacidad, así como la omisión de proveer adecuación o adaptación de los medios que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos de las personas con discapacidad.
El Decreto Ejecutivo No. 640 de 27 de diciembre de 2006, por el cual se expide el Reglamento de Tránsito Vehicular de la República de Panamá adopta esta misma definición del término “discapacidad”.
Ley No.1 de 28 de enero de 1992, por la cual se protege a las personas discapacitadas auditivas, define:
“Artículo 1: Para los efectos de esta ley se definen los siguientes términos:
Discapacitado: Toda persona que padezca una alternación funcional permanente o transitoria, total o parcial, física, sensorial, emocional o mental que limite la realización eficaz de las actividades para su integración familiar, social, educativa o laboral….
La Ley No. 3 de 17 de mayo de 1994, por medio de la cual se aprueba el Código de la Familia, define discapacidad de la siguiente manera:
“Artículo 517: Se entiende por “Discapacitado” toda persona que sufre cualquier restricción o impedimento del funcionamiento de una actividad, ocasionando por una deficiencia en la forma o dentro del ámbito considerado normal por el ser humano, correspondiéndole a Estado establecer una coordinación intersectorial e interinstitucional que garanticen su desarrollo integral y su inserción al medio social.
Deficiencias intelectuales y otras deficiencias sicológicas (retardo mental, disturbios emocionales y mentales;
Deficiencias por desfiguraciones.”
De la misma forma, el citado cuerpo legal establece:
“Artículo 518: El discapacitado tiene los mismo derechos que la Constitución, este Código y demás leyes confieren a los ciudadanos, y a la aplicación de lo que en su interés superior dispongan los convenios o tratados internacionales.”
V: POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN POR DISCAPACIDAD:
Acciones Afirmativas:
El Gobierno Nacional, presidido por Martín Torrijos Espino, establece una política de inclusión social sustentada en los derechos humanos y enmarcada en los ya descritos acuerdos internacionales, en concordancia con las normas de nuestro derecho interno. A fin de desarrollarla y consciente de las dificultades para su implementación establece mediante el Decreto Ejecutivo No. 103 la creación de la Secretaría Nacional para la Integración Social de las Personas con Discapacidad (SENADIS), como unidad asesora del Poder Ejecutivo en materia de discapacidad, y el Consejo Nacional Consultivo y para la Integración Social de las Personas con Discapacidad (CONADIS) como una instancia de participación democrática, conformada por una representación de todas las instituciones públicas y particulares y la sociedad civil organizada, vinculada directamente al tema.
Como resultado del trabajo colaborativo y consensuado del CONADIS, y con el apoyo de organismos internacionales (OIT, OPS-OMS, II) se elabora el Plan Estratégico Nacional 2005-2009 (PEN) que contiene cuatro lineamientos estratégicos que son: Concienciación y sensibilización, Adecuación y aplicación de la normativa jurídica, equiparación de oportunidades, promoción de la investigación.
Su ejecución operativa considera los principios de integralidad del concepto de discapacidad, la sinergia y la transversalidad, para evitar acciones sectoriales aisladas.
El PEN se revisa y actualiza por todos los miembros de CONADIS, con la asistencia técnica de SENADIS, en forma regular una vez al año, con la debida anterioridad al ejercicio presupuestal del Gobierno. Esto permitirá una adecuada vinculación entre necesidades de recursos de las dependencias y requerimientos que impone la ejecución del PEN y los respectivos POPES.
Con la finalidad de ejecutar efectivamente lo plasmado en el PEN, se han reestructurado o creado Oficinas de Enlaces en las distintas dependencias del Estado, incluyendo algunas que históricamente no consideraban como propia la atención del tema. Estas oficinas desarrollan planes operativos institucionales (POPES).
Entre estas entidades podemos mencionar las siguientes:
MINISTERIO DE SALUD: Mediante Decreto Ejecutivo No. 7 de 24 de febrero de 2005, crea la Oficina de Salud Integral para la Población con Discapacidad.
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS: Mediante Decreto Ejecutivo Nº 87 de 23 de marzo de 2005, crea la Oficina de Igualdad de Oportunidades.
MINISTERIO DE TRABAJO Y DERECHO LABORAL: Mediante Decreto Ejecutivo Nº 9 de 8 de marzo de 2005, crea el Departamento de Integración Socioeconómica de Personas con Discapacidad.
MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA: Mediante Resuelto Nº 142-R-111 de 27 de enero de 2005, crea la Oficina de Género, la cual, coordina las actividades de género e igualdad de oportunidades para la mujer.
DEFENSORIA DEL PUEBLO: Mediante Resolución Nº 23 de 27 de junio de 2004, crea la Delegación Especial de la Defensoría del Pueblo para la Protección y Promoción de los Derechos de las Personas con alguna Discapacidad.
INSTITUTO PANAMEÑO AUTONOMO COOPERATIVO: Mediante Resolución J.D./Nº.13/2003 la Junta Directiva, crea la Oficina de Genero para la promoción y desarrollo integral de la mujer.
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES: Con persona asignado, está en proceso de aprobación.
INSTITUTO PANAMEÑO DE HABILITACION ESPECIAL: Mediante la Resolución Nº 006 de 29 de septiembre de 2005, expedida por el Patronato, de dicha entidad, se crea la Oficina de Igualdad de Oportunidades.
INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA: Mediante Resolución Nº 1268-04 de 30 de noviembre de 2004, crea la Oficina de Igualdad de Oportunidades.
AUTORIDAD MARÍTIMA DE PANAMÁ: Con personal designado, la Oficina de Igualdad de Oportunidades, está en proceso de aprobación.
CAJA DE SEGURO SOCIAL: Está en proceso de aprobación.
MUNICIPIO DE PANAMA: Oficina Pro Igualdad, creada en el artículo 87 del Acuerdo Municipal No. 193, del 26 de noviembre de 2003.
MINISTERIO DE VIVIENDA. Oficina de Igualdad de Oportunidades, con personal asignado, está en proceso de aprobación.
INSTITUTO PARA LA FORMACIÒN Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HUMANOS: Oficina de Igualdad de Oportunidades, está en proceso de aprobación.
Para la ejecución del PEN en las provincias, se han instalado CONADIS Provinciales, los cuales funcionan por medio oficinas de enlace en toda la República. Los mismos están integrados por la Gobernación de la provincia, quien los preside, direcciones regionales ministeriales, entidades autónomas, semiautónomas, la sociedad civil y particularmente las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias.
Medidas tomadas por el Estado para promover la capacitación de las personas con discapacidad sobre las formas de prevenir y eliminar toda forma de discriminación.
El movimiento asociativo ha sido desde sus inicios la base y piedra angular en el desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad.
En el año 1995, la Federación Nacional de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad de la República de Panamá (FENAPAPEDI-REPA), con los auspicios del Gobierno Nacional y la empresa privada, efectúa el Primer Seminario Nacional sobre Discapacidad: “Un Asunto de Derechos Humanos”. Este cambio de enfoque en la lucha del movimiento asociativo deja de lado el modelo asistencial así como el centrado en la rehabilitación, redireccionándose bajo el marco de los Derechos Humanos y la Participación Ciudadana. Dentro del marco de este seminario se firma el compromiso de Atlapa ’95 entre el Estado y la sociedad civil en la búsqueda de una mejor calidad de vida para esta población.
En marzo de 1999, la FENAPAPEDI-REPA convoca al Primer Foro Nacional de Partidos Políticos, Participación Ciudadana y Personas con Discapacidad donde los candidatos de ese entonces firman un Pacto por las Personas con Discapacidad comprometiéndose a abrir más espacios de participación para esta población.
En el año 2000, nuevamente apoyados por el Estado y la empresa privada la FENAPAPEDI-REPA realiza el Segundo Seminario Internacional sobre Discapacidad y Derechos Humanos: “Hacia Políticas Nacionales de Consenso”. En marzo de ese mismo año FENAPAPEDI-REPA realizó el Segundo Foro Nacional sobre Partidos Políticos, Participación Ciudadana y Discapacidad, dando como resultado el Pacto por las Personas con Discapacidad, el cual fue firmado por el actual presidente y los representantes de los otros candidatos a la Presidencia de la Nación.
En septiembre del 2005, con colaboración estatal, privada e internacional se lleva a cabo el Primer Congreso Interamericano y Tercer Seminario Nacional sobre Discapacidad y Derechos Humanos: “Desafío para el Desarrollo Social Inclusivo”, efectuado por FENAPAPEDI-REPA, Universidad de Panamá, Fundación Caminemos Juntos e Inclusión Interamericana.
El 2 de diciembre de 2005, se firma un pacto por las personas con discapacidad y sus familias con la finalidad de aportar soluciones ante los nuevos retos que plantea a la sociedad la salvaguarda de los derechos de las Personas con discapacidad y sus familias.
Esta medida pionera que parte del movimiento asociativo en el tema de la discapacidad es una estrategia solidaria y comprometida que procura integrar los grupos políticos organizados, las universidades, el Gobierno Nacional, el sector gremial, las asociaciones religiosas y otros relacionados con este tema.
El punto de partida de esta iniciativa ha sido continuar el proceso de participación abierta que la Red de Organizaciones De y Para Personas con Discapacidad y sus Familias inició 1996, en la búsqueda de lograr una ley que legalizara sus derechos, cristalizados hoy en la Ley 42 de Equiparación de Oportunidades.
Su resultado se integra en un documento único que define y articula los compromisos para la consecución de acuerdos comunes en la meta de hacer realidad la inclusión social de las personas con discapacidad y sus familias.
Por la relevancia de dichas acciones presentamos sus objetivos:
Lograr el cumplimiento por parte de la sociedad panameña de las normas jurídicas nacionales e internacionales en el tema de la discapacidad.
Hacer de la discapacidad un tema de Estado e impulsar una política nacional de consenso que logre el mejoramiento de la calidad de vida de la población panameña con discapacidad y sus familias.
El 13, 14 y 15 de diciembre de 2006, auspiciado por la Unión Latinoamericana de Ciegos (ULAC) se realiza, con apoyo gubernamental, el Primer Seminario de Derechos Humanos y Legislación donde se reúnen representantes con discapacidad visual de República Dominicana, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, México, Cuba y Panamá; quienes concluyen que los avances son significativos, pero aún se encuentran limitaciones para el goce y ejercicio de sus derechos.
El movimiento asociativo ha mantenido constantes acciones de sensibilización a la población en general sobre el tema de la discapacidad a través de acciones de difusión masiva, con recursos públicos y privados.
En el área de soporte para las personas con discapacidad y sus familias, entidades como la Lotería Nacional de Beneficencia y el Ministerio de Desarrollo Social brindan su apoyo a algunas organizaciones a efectos de que realicen jornadas de capacitación en la materia de derechos humanos.
De igual modo, otras agrupaciones sociales contribuyen al desarrollo de la población con discapacidad y sus familias.
Desde el inicio de sus tareas en el año 2004, la SENADIS, a través de su instancia de participación ciudadana, ha realizado diversas actividades para apoyar y fortalecer el movimiento asociativo entre los que podemos resaltar:
Encuentros nacionales y provinciales de organizaciones de personas con discapacidad y sus familias.
Atención, asesoría y orientación a organizaciones de personas con discapacidad y sus familias a nivel nacional.
Ha organizado e instalado comités consultivos de SENADIS por tipo de discapacidad.
Ha realizado de jornadas de:
Orientación para la constitución legal de las organizaciones.
Un taller para la elaboración de proyectos, en colaboración con la Federación Mundial de Hemofilia con la participación de 41 personas.
Gestionó fondos para el patrocinio de la delegación de sociedad civil que asistió al XIV Congreso Mundial de Inclusión Internacional.
Dos jornadas de capacitación a la Fundación por la Educación para Todos. Apoyo logístico y económico (transporte, viajes al exterior) dirigido a las organizaciones de personas con discapacidad (Asambleas Generales de FENAPEDI y participación de dichas organizaciones en foros internacionales).
Apoyo logístico y económico en la realización de seminarios y eventos de las asociaciones.
Apoyo económico y participación en las caminatas que se han efectuado, en conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, entre otras.
Actualmente, el movimiento asociativo es amplio pero débil. Para fortalecerlo, se elaboraron desde SENADIS, documentos que sirven de guía para la capacitación de líderes del movimiento asociativo, realizándose en diciembre de 2006, la primera capacitación, donde participaron personas con discapacidad y sus familias, representantes de las provincias de Colón, Panamá, Herrera y Los Santos. Esta estrategia continuará en el año 2007.
Medidas de carácter legislativo, social, educacional y laboral, adoptadas para la consecución de los objetivos de la convención.
1. Medidas Sociales:
El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) es el encargado de velar por el cumplimiento de las políticas sociales y, actualmente, promueve un proceso de reorganización con miras a convertirse en una entidad estatal capaz de articular con coherencia toda la institucionalidad del Estado.
En este Ministerio, la Dirección Nacional de Personas con Discapacidad desarrolla planes, programas y proyectos con el objetivo de mejorar las condiciones y la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias.
La Ley 42 de Equiparación de Oportunidades señala claramente en su Titulo III, las prestaciones y servicios a los que tienen derecho las personas con discapacidad, asignando a la mencionada Dirección la responsabilidad de coordinar con las diversas instituciones responsables la prestación de estos servicios, lo cual constituye un amplio avance en este modelo de gestión.
Existe en la actualidad, el Gobierno Nacional tiene un programa denominado: Red de Oportunidades que coordina el MIDES, mediante la cual se brinda orientación, entre otros grupos vulnerables, a las personas con discapacidad. En primer lugar son identificadas y encuestadas, utilizando el segmento censal en los hogares. Luego se procede a la aplicación del censo de vulnerabilidad social, donde, una vez registrados los beneficiarios, son referidos a los equipos de acompañamiento familiar.
Posteriormente se realiza una evaluación para establecer la orientación que requiera, dirigiéndolo a la institución idónea.
En apoyo y a solicitud del Despacho de la Primera Dama, SENADIS ejecuta desde el año 2006 el Proyecto Fami Empresas, que dio respuesta a 800 familias de personas con discapacidad, por un monto de un millón de balboas y que se ha diseñado para continuar en el año 2007.
El Despacho de la Primera Dama acciona también sobre esta área asignando apoyos económicos y técnicos para esta población, entregando subsidios que han servido para el trasladote las personas con discapacidad a sus terapias, donación de pañales desechables, sillas de ruedas, andaderas, bastones, bolsas, donaciones de materiales a las escuelas del plan de inclusión, audiófonos, el programa “Ver para aprender”, entre otros.
SENADIS inicia, para el año 2007 la ejecución del proyecto “Vivamos sin Barreras” que incluye acciones hacia las áreas de protección social.
El Derecho a la Educación está consagrado en la Constitución Política panameña en el Título III denominado “Derechos y Deberes Individuales y Sociales”; en el Capítulo V desde los artículos 91 al 108. La educación de los estudiantes con discapacidad, la encontramos regulada en el Art. 106 que reza de la siguiente manera: “La excepcionalidad en el estudiante, en todas sus manifestaciones, será atendida mediante educación especial, basada en la investigación científica y orientación educativa.” quedando salvaguardado este derecho a la educación, para todas las personas, sin excepción.
Dentro de las normas que regulan la educación en Panamá, podemos mencionar las siguientes:
La Ley 47 de 1946 Orgánica de Educación (texto unificado con las reformas de la Ley 34 del 6 de julio de 1995), en la sección III sobre Educación Especial, además de los ya citados artículos de la Constitución y la Ley 42 del 27 de agosto de 1999 de Equiparación de Oportunidades de las Personas con Discapacidad.
En Panamá, la educación básica es gratuita. Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad no pagan cuotas adicionales en la educación pública ya que todos los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos. No obstante, las asociaciones de padres y madres de familias reciben un aporte por parte de padres y madres de familia para contribuir con las necesidades del centro educativo en beneficio de los (las) estudiantes de nuestro país.
Es importante resaltar que no existen servicios gratuitos de transporte para los estudiantes con discapacidad.
Otro aspecto que no podemos dejar de mencionar, son las razones de inasistencia de las personas con discapacidad a las aulas escolares. Encontramos entre las causas más frecuentes que el 26%, más de la cuarta parte, es por su misma condición de discapacidad. En segundo lugar por la falta de dinero (25%) y en tercer lugar, por tener que trabajar (18%). Esto nos indica que, por su condición de discapacidad y pobreza, los niños, niñas y jóvenes con discapacidad dejan de asistir a la escuela.
Los procesos de formación y capacitación de los docentes para atender la población con discapacidad aún se realizan de manera segregada de los de la educación regular. Sin embargo, se han hecho importantes avances en este tema y la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá ha incorporado alrededor de 22 asignaturas dentro de los programas de estudios de las carreras relacionadas.
En el año 2006 se inició dentro del proceso de modernización del currículo de la Escuela Normal Superior Juan Demóstenes Arosemena, encargada de la formación de docentes, la transversalización de contenidos de atención a la diversidad.
El Decreto Ejecutivo No. 1 del 4 de febrero de 2000, por el cual se establece la normativa para la educación inclusiva de la población con necesidades educativas especiales (NEE) y su manual de procedimiento del año 2001.
Desde el año 1971, el IPHE realiza las experiencias de integración de los servicios de educación especial hacia la educación regular, pero no es hasta el año de 1998 cuando el Ministerio de Educación reconoce formalmente la presencia de aulas especiales en las escuelas regulares del país, dándose valor legal a la acción iniciada por el IPHE en 1970, con la Resolución No. 38 que crea diez (10) aulas especiales de integración en escuelas primarias de nuestro país, aunque no es hasta el 6 de julio de 1995 cuando se sanciona la Ley No. 34 de 6 de julio de 1995, por la cual se reforma la Ley Orgánica de Educación. Ésta establece que la educación de los niños y niñas con necesidades educativas especiales (NEE) será coordinada en el Ministerio de Educación a través de la Dirección Nacional de Educación Especial, marcándose así un hito histórico en el avance por el derecho a la educación de las personas con discapacidad pasando de un modelo segregado a uno inclusivo. Esta Ley crea la Dirección Nacional de Educación Especial con la misión de atender la población con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad.
En 1999 se diseña el Plan Nacional de Educación Inclusiva bajo la conducción del MEDUCA, dentro del proceso de modernización de la educación, el cual tuvo una pobre ejecución.
Dentro de las acciones de implementación de este plan se desarrolla el Decreto Ejecutivo No. 1 del 4 de febrero del 2000, y desarrolla el manual de procedimiento para la educación inclusiva.
En el año 2005 se establece el Plan Nacional de Educación Inclusiva en atención a la diversidad con la coordinación del MEDUCA /IPHE.
Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad son incluidos en el sistema educativo, y cuentan con el apoyo de los especialistas de la Dirección Nacional de Educación Especial, los especialistas de la Dirección Nacional de Servicios Técnicos Médicos del Instituto Panameño de Habilitación Especial y del Ministerio de Salud y Caja de Seguro Social. Sin embargo, este personal no es suficiente para dar cobertura respecto a la demanda existente y no se mantiene la debida coordinación.
Se integraron al plan de educación inclusiva, 175 escuelas inclusivas hasta el año 2006, en las que el Ministerio de Educación (MEDUCA) ha designado 144 docentes de educación especial, quienes atienden a estudiantes con necesidades especiales con y sin discapacidad. Además nombra a 36 profesionales en las áreas de psicología, fonoaudiología y trabajo social, distribuidos en las 13 regiones educativas que atienden a los niños con necesidades especiales.
El IPHE, por su parte, cuenta con 681 educadores especializados en la atención a niños y niñas con discapacidad, en 356 centros educativos con un promedio de uno o dos por centro, algunos de estos centros pertenecen al plan nacional de educación inclusiva. De esta manera, la población con discapacidad que reside alrededor de estos centros se beneficia con la presencia de dicho equipo.
En año 2007 se ampliará la cobertura del plan a 502 escuelas oficiales básicas generales, de premedia, media, académica y profesional y técnica. Si bien se aprecia un considerable esfuerzo gubernamental para ampliar la cobertura de servicios de apoyo con docentes integrales de educación especial y personal técnico, estos aún no son suficientes.
El MEDUCA cuenta con un programa nutricional que consiste en el aporte de un vaso de leche y la galleta nutritiva o apoyo a comedores escolares con un monto de B/. 7, 989,407.30
En Panamá existe una institución gubernamental que se encarga de facilitar ayudas, subsidios y becas a estudiantes de escasos recursos, como apoyo y colaboración para que continúen sus estudios. Esta institución es el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU). Atendiendo la convención y su legislación, el IFARHU tiene un programa de becas dirigido a todos los niveles educativos, con la participación del MEDUCA, IPHE, SENADIS, MIDES, Despacho de la Primera Dama y MINSA, suscrito el 14 de febrero de 2006, en el cual se establecen las bases de la cooperación interinstitucional para la ejecución del subprograma de Asistencia Económica Educativa para Personas con Discapacidad y Necesidades Educativas Especiales. Este programa preferentemente está dirigido a aquellos que proceden de hogares de escasos recursos económicos para que continúen sus estudios a nivel de educación básica general, media y superior en instituciones educativas oficiales o particulares a nivel nacional.
El IFARHU adoptó una medida significativa al incrementar el otorgamientos de becas para personas con discapacidad y necesidades especiales, cuando en el año 2005 se concedieron 180 becas y en el 2006, 1,235; y para 2007 se proyectan 2,000 becas para este subprograma.
En el ámbito laboral, la Ley Nº 42 de Equiparación de Oportunidades garantiza un 2% de puestos de trabajo para el personal con discapacidad, debidamente calificado.
En el año 1992, se promulgó la Ley 1 del 28 de enero, por medio de la cual se protege a la población con pérdidas auditivas y se establece la contratación del 2% de población con discapacidad, con incentivos fiscales para los patronos, medida que fue reglamentada mediante el Decreto Ejecutivo No. 60 del 19 de abril de 1993.
A continuación presentamos un cuadro que muestra el las cifras correspondientes a los incentivos fiscales a patronos de personas con discapacidad desde el año 2000 hasta el año 2005.
INCENTIVO POR DISCAPACIDAD
22,775.31
252,705.26
275,480.57
224,779.92
252,064.58
16,451.32
165,972.47
182,423.79
25,261.37
199,276.54
224,537.91
43,566.55
202,739.12
246,305.67
43,185.35
220,247.89
263,433.24
Total en Incentivo Discapacidad 2000-2005
1,444,245.76
Fuente: Contraloría General de la República, 2005.
El Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social han realizado acuerdos con el Instituto Nacional de Formación Profesional y Desarrollo Humano (INADEH), con miras a garantizar la formación profesional de los jóvenes con discapacidad.
Existe un vacío entre el área educativa y el área laboral, ya que cuando un joven con discapacidad termina sus estudios secundarios o vocacionales en ocasiones, no le es fácil insertarse al mercado laboral.
Por esta razón, actualmente el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral cuenta con un departamento creado para brindar un servicio de empleo especializado para las personas con discapacidad.
Población con Discapacidad Atendida en el Instituto Nacional de Formación Profesional Según Acción Formativa (INAFORP). Año 2004 – 2005
Decorado con frutas, verduras y hielo
Preparación de Pescado y Mariscos
Enderezamiento de carrocería
Chapisterìa y pintura
Albañilería, Mosaicos y Azulejos
Plomería domiciliaria
Fuente: Instituto Nacional de Formación Profesional, 2005.
El Departamento de Integración Socioeconómica de Personas con Discapacidad, que cuenta con oficinas nuevas, equipo de informática, acceso a red e internet, que permite las labores de una secretaria y tres técnicos (una trabajadora social y dos consejeros en rehabilitación), de los cuales dos son funcionarios del Instituto Panameño de Habilitación Especial y dos funcionarias del ministerio.
Entre las funciones que desempeña el consejero en rehabilitación están:
Entrevista y capta en el sistema a los aspirantes a empleo.
Evalúa el perfil ocupacional del aspirante a empleo:
Preselecciona los prospectos a empleo.
Brinda asesoría técnica en los ajustes y adaptaciones en el lugar de trabajo.
Realiza jornadas de orientación ocupacional.
Realiza investigaciones de oferta y demanda laboral.
Promueve la contratación selectiva en el entorno empresarial privado.
Capta las vacantes en el sistema de intermediación laboral.
Brinda apoyo en el proceso de inducción.
Actualmente el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral desarrolla una política de inclusión, realizando actividades de sensibilización y transversalizando el tema de la discapacidad en todas sus instancias y operaciones, en busca de la equidad y el respeto a los derechos de todas y todos. Dentro de las medidas adoptadas por la Oficina para la integración Social de las Personas con Discapacidad se señalan:
La capacitación continua a todos los funcionarios relacionados con la atención en el tema a nivel nacional.
Jornadas de sensibilización al público y agrupaciones gremiales.
La elaboración de murales y programas de radio.
En el tema de la reinserción laboral esta actividad se esta realizando dentro de los programas que maneja la Caja de Seguro Social, por lo que brinda cobertura a las personas que por accidentabilidad laboral adquieren discapacidad, pero que tienen cobertura de servicios sociales. En la caracterización de discapacidad expuesta en este documento hemos señalado la importante cifra de personas que adquieren discapacidad en este rubro, pero que no tienen cobertura de seguro social.
Los pacientes que ingresan al programa de salud ocupacional por lesiones que producen discapacidad para la realización de sus actividades laborales son referidos a terapia ocupacional, para lo cual se han instalando tres módulos de reinserción laboral: en Chorrera - Policlínica Santiago Barraza; en Aguadulce - Hospital Regional Dr. Estévez; y en Santiago de Veraguas – Policlínica Horacio Díaz Gómez. En este sentido, para el 2007 se inaugurará un módulo en el área metropolitana.
Las actividades que se están realizando en los módulos están orientadas a los aspectos de readaptación a través de diferentes técnicas que permiten evaluar la capacidad y tolerancia al trabajo cuyo único fin es la reinserción laboral.
Pacientes atendidos en el 2006 en los módulos de reinserción laboral
Pacientes reinsertados a su trabajo

References: artículo 14
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 19

Artículo 3
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 87
 Resolución