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Timestamp: 2018-12-15 19:26:23+00:00

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﻿ Auto 26954 de enero 19 de 2011
AUTO 26954 DE 19 DE ENERO DE 2011
CONTENIDO:FUERO PARLAMENTARIO. EL FUERO CONSTITUCIONAL O LEGAL PARA EL JUZGAMIENTO DE QUIENES ASÍ LES FUE ATRIBUIDO, CORRESPONDE A LA SALA DE CASACIÓN PENAL COMO DECISIÓN POLÍTICA QUE BUSCA PRESERVAR NO LA INMUNIDAD DE AQUEL SERVIDOR PÚBLICO DESDE UNA VISIÓN PERSONAL, SINO DESDE LA FUNCIÓN, LO CUAL EXPLICA QUE LA CORTE PUEDA ASUMIR O RETENER LA COMPETENCIA SÓLO EN AQUELLOS CASOS EN QUE SE ESTIME QUE SE EJECUTÓ UNA CONDUCTA QUE TIENE UNA RELACIÓN DE IMPUTACIÓN CONCRETA CON LA FUNCIÓN REALIZADA, PESE A QUE ESA CONDICIÓN EN LA ACTUALIDAD NO SE OSTENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONGRESISTA, FUERO DEL CONGRESISTA, FUERO CONSTITUCIONAL
Auto 26954 de enero 19 de 2011
Proceso 26954
Aprobado acta 08
Bogotá, D.C., diecinueve de enero de dos mil once
La Corte procede a resolver los siguientes problemas jurídicos en este asunto: (i) la competencia para continuar conociendo de este proceso y (ii) si probatoriamente se cumplen las exigencias probatorias previstas en el artículo 397 de la Ley 600 de 2000 para proferir resolución de acusación contra José María Conde Romero.
1. La competencia de la Corte Suprema de Justicia para continuar conociendo de la actuación.
El procesado José María Conde Romero fungió como Representante a la Cámara hasta el 19 de julio de 2010, porque, como lo manifestó en la indagatoria, no participó en las elecciones de ese año al Congreso de la República, circunstancia que compele a la Corte a reiterar su competencia de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 235 de la Constitución Política y en la interpretación efectuada en autos de 1(1) y 15(2) de septiembre.
En estas decisiones, la Sala señaló las directrices para continuar conociendo de las actuaciones adelantadas contra los congresistas cuando han dejado de pertenecer a la corporación legislativa, previa valoración de cada caso en particular. Así, en el segundo auto aludido, consideró se debe mantener la competencia cuando el delito atribuido es de los denominados propios o de responsabilidad; sin embargo, cuando la infracción imputada es de aquellas que de alguna manera, como consecuencia de valoración de la prueba, da cabida a una conclusión diversa o dubitativa del desarrollo de la función, de las actividades desplegadas en el ejercicio del cargo, como en los procesos fundados en el concierto para delinquir agravado, la determinación de la competencia, reglamentada en la Constitución Política, la realiza la Corte Suprema de Justicia como órgano máximo de la jurisdicción ordinaria.
En las decisiones citadas, por mayoría, se varió la postura inicial de que su competencia solamente se extendía cuando el vínculo entre el delito imputado y la condición de congresista es “directo e inmediato en términos de estar frente a lo que la doctrina denomina ‘delitos propios”(3), y dado que la asociación ilegal para promover una organización armada no se corresponde lógicamente con una conducta exclusiva y excluyente que pudiera cometer un legislador en ejercicio de sus funciones, desaparecía la relación entre estas y el punible, y consecuencialmente la competencia de la Corte para conocer las investigaciones que por el delito de concierto para delinquir agravado se adelantaban en su contra, cuando dejaban el cargo.
Esta es la interpretación que cambió, también por mayoría de la Sala, bajo la perspectiva de la disposición superior que le asigna la competencia a la Corte Suprema de Justicia, de donde surge con nitidez que lo examinado fue lo relativo al fuero de los congresistas, únicos funcionarios susceptibles de ser “investigados y juzgados” por esta Colegiatura, a pesar de haber finalizado el ejercicio de su cargo, “cuando el delito imputado tenga relación con las funciones desempeñadas”.
De este modo, siguiendo la misma perspectiva, posteriormente(4) la Sala precisó:
“... [l]a naturaleza de la infracción es determinante para establecer la prórroga de competencia privativa y especial de la Corte Suprema de Justicia, como quiera que la verificación y comprobación de que la conducta punible se vincula a la función desempeñada, tal como expresamente lo señala el parágrafo del artículo 235 de la Carta Política, es lo que determina procesalmente la especial y privativa competencia de esta corporación.
“Desde esta óptica, queda claro que el fuero constitucional o legal para el juzgamiento de quienes así les fue atribuido, corresponde a la Sala de Casación Penal como decisión política que busca preservar no la inmunidad de aquel servidor público desde una visión personal, sino desde la función, lo cual explica que la Corte pueda asumir o retener la competencia sólo en aquellos casos en que se estime que se ejecutó una conducta que tiene una relación de imputación concreta con la función realizada, pese a que esa condición en la actualidad no se ostente.
“Esta relación de imputación, además, resulta indispensable para garantizar la independencia de los poderes públicos, que es la idea original sobre la cual descansa la institución del fuero especial reconocido constitucionalmente, por razón del cargo, durante el desempeño de las funciones o con ocasión de ellas”.
Y más adelante, en la misma decisión, señaló que conserva la competencia cuando la conducta delictiva se
“materializó en unos entornos de conexión, enlace, correspondencia o efectos reflejos con las funciones públicas desempeñadas. La finalidad paramilitar de “refundar la patria” fue un proyecto criminal al que se concertaron servidores públicos que pusieron al servicio el cargo que ostentaban y lo funcional del mismo”.
Este criterio, recientemente, fue reiterado del siguiente modo:
“Es que, se insiste, lo que constitucionalmente permite prorrogar la competencia, pese a la cesación en el cargo, es que la conducta punible “tenga relación” —conexión, enlace o correspondencia— con las funciones desempeñadas y no exclusivamente el delito cometido en cumplimiento de las mismas, pues ello no fue lo que el constituyente primario plasmó; amén de que las funciones de los parlamentarios no se limitan solamente a lo descrito al respecto en el artículo 6º de la Ley 5ª de 1992, ya que las mismas deben visualizarse a través de lo dispuesto por el artículo 133 de la Carta, en el entendido de que son quienes “representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común”.
“Justamente por esa razón, entre otras decisiones de organismos jurisdiccionales de cierre como la Corte Constitucional, puede citarse lo referido en la Sentencia T-1320 del 2001 con ponencia del magistrado Alfredo Beltrán Sierra, en la que claramente se expuso que “el fuero no se instituye como un privilegio de carácter personal, sino en razón de la investidura y con una finalidad protectora de la integridad y autonomía del Congreso de la República” (negrillas de la Sala).
“Entraña lo anterior, que una cabal interpretación de los alcances del fuero congresional, lo que procura precisamente es no desbordar los cauces institucionales, evitando, por ejemplo, que un congresista sea en un momento dado sujeto a una orden de captura o a una investigación por parte de un fiscal ordinario, o que en materia criminal, los miembros del congreso queden sujetos a determinaciones de fondo diversas a las adoptadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, como órgano plural que compone la más elevada instancia en el sistema jurisdiccional colombiano.
“Ahora, la aplicación de esa nueva concepción del vínculo entre función congresional y delito común atribuido al ex parlamentario, que permite el mantenimiento de la competencia de la Sala no obstante la pérdida de su anterior condición, no se reduce al ámbito posterior a su declaratoria, sino que abarca todos los casos a partir de la vigencia de la norma superior que así lo prescribe, lo que conduce a admitir que rige desde 1991 cuando se promulgó la Constitución, muy a pesar de que con antelación, como se dejó señalado, su interpretación fuera diversa, por lo que cabe dentro de dicha hipótesis la presente actuación adelantada por los presuntos hechos acontecidos antes y durante la campaña a las elecciones legislativas de 2006, como un hecho final de las actuaciones preparatorias que venían perpetrándose desde tiempo atrás cuando el ex senador se había desempeñado como secretario de gobierno de Santander y candidato de la gobernación del mismo departamento”.
En el caso bajo examen, el delito imputado y su relación con las funciones desempeñadas por el doctor José María Conde Romero en los períodos en los cuales fungió como Representante a la Cámara y Senador de República, le permiten a la Sala continuar conociendo la actuación, a pesar de la pérdida de la investidura por terminación del período y no haber sido elegido para el actual.
En consecuencia, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia subsiguientemente procede a calificar el mérito probatorio del sumario, analizando el nexo entre el delito atribuido y las funciones desempeñadas por el ex congresista.
2. Las exigencias probatorias para proferir resolución de acusación.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 397 de la Ley 600 de 2000, se proferirá resolución de acusación contra el procesado cuando (i) esté demostrada la ocurrencia del hecho y (II) exista confesión, testimonio que ofrezca serios motivos de credibilidad, indicios graves, documento, peritación o cualquier otro medio probatorio que señale la responsabilidad del sindicado.
2.1. La configuración del delito de concierto para delinquir.
Partiendo de los precedentes jurisprudenciales de la Sala en los cuales se ha precisado que el tipo de injusto se define como “el conjunto de características que fundamentan la antijuridicidad de la acción”(5), el análisis del contenido de la conducta no puede hacerse por fuera del bien jurídico de la seguridad pública, que es, según se ha dicho, una relación social dinámica que antes de la sola conservación del statu quo, como se utilizaba en el Estado demoliberal, pretende garantizar condiciones mínimas para el ejercicio de los derechos humanos.
En este sentido la doctrina señala:
“El problema que toda cultura, sociedad o Estado debe resolver es trazar los límites, dentro de los cuáles el ser humano puede ejercer esa libertad. Esta delimitación de los márgenes, dentro de los cuales se permite el libre desarrollo de la personalidad y el ejercicio de la libertad por parte de los individuos, se llama ‘seguridad’. Esta no es más que la expectativa que podemos razonablemente tener de que no vamos a ser expuestos a peligros o ataques en nuestros bienes jurídicos por parte de otras personas”(6).
De ahí que la jurisprudencia de la Sala también ha destacado que algunos actos aparentemente neutrales explican otros que sí tienen relevancia típica y por eso algunos sucesos en principio inocuos terminan perfilando el sentido de una conducta relevante para el derecho penal. En ese sentido se debe convenir en que conversar con un paramilitar no necesariamente significa desde el punto de vista penal que ese hecho configure un delito, pero ese acontecimiento unido a otros elementos de juicio sí puede interpretarse como un indicio de un acto ilegal(7), por eso,
“La conglobación como operación determinante de la lesividad es una función claramente normativa, es decir que un pragma es típico no sólo cuando reúne los caracteres particulares exigidos por el respectivo tipo sistemático, sino también cuando es antinormativo (o sea, cuando viola la norma que se deduce del tipo) y con ello lesiona un bien jurídico. Pero el alcance prohibitivo de esa norma no emerge sólo de su consideración tal como se la deduce del tipo sistemático, sino también de que forma parte de un universo de normas prohibitivas y preceptivas que deben ser consideradas como un orden normativo. El principio republicano exige que las sentencias respeten el principio de coherencia o no contradicción, y para ello deben elaborar el material legal —y las normas que de él se deducen— como un orden o todo coherente, en el que juegan otras normas penales y no penales, como también las normas constitucionales e internacionales. De ese universo de normas surge el alcance prohibitivo de la norma particular. Sin proceder a la deducción de la norma y a su conglobación en el orden normativo es imposible determinar si la acción que forma parte del pragma típico afecta un bien jurídico, esto es, si es o no lesiva a la luz del orden normativo”(8).
Teniendo en cuenta lo anterior y lo que de ordinario sucede en aparatos organizados de poder —todo para no desconocer el bien jurídico, el sentido del tipo penal, o los contenidos de la conducta(9)—, el aporte del político a la causa paramilitar cuando coloca la función pública a su servicio debe mirarse no tanto en la creación de disfunciones institucionales, sino en la medida que esa contribución incrementa el riesgo contra la seguridad pública al potenciar la acción del grupo ilegal, como puede ocurrir cuando por la influencia de las autodefensas se generan condiciones materiales mediante la inversión estatal en lugares donde la acción del paramilitarismo es evidente.
En este sentido, la Corte también ha señalado que como consecuencia del acuerdo de voluntades para cometer delitos pueden surgir otros ilícitos, sin que por el hecho de que se sancione aquel convenio orientado a la realización de otros tipos de injusto, el pacto para promover grupos armados al margen de la ley, signifique se prescinda de exigir un mínimo desvalor de peligro considerado ex ante, sobre todo frente al derecho penal interno que funda la lesividad de la acción en la efectiva lesión o puesta en peligro del bien jurídico(10).
2.2. La situación del procesado ante el delito de concierto para delinquir agravado.
2.2.1. Al doctor José María Conde Romero se le atribuyó en la providencia mediante la cual se le resolvió la situación jurídica, la comisión de la conducta punible de concierto para delinquir agravado, prevista en el artículo 340 de la Ley 599 de 2000, oportunidad en la cual la Sala hizo precisión acerca de cómo los grupos de autodefensa hicieron presencia en el Departamento de Sucre, del siguiente modo:
“En primer lugar, de acuerdo con la versión suministrada por Jairo Castillo Peralta, alias “Pitirri”, en la última década del siglo pasado, las autodefensas hicieron presencia en dicho Departamento a través de personajes como Javier Piedrahíta, quien era escoltado por Rodrigo Mercado Pelufo, alias “Cadena”(11), y Rudolf Panfel, tesorero de la organización ilegal.
“Sin embargo, cuando Javier Piedrahita dejó el mando, “Cadena” lo asumió liderando la organización posteriormente conocida como “Bloque Héroes de los Montes de María”(12) , ejerciendo dominio en la zona de los municipios de San Onofre, Morroa, Tolú, Coveñas, San Antonio de Palmito y Sincelejo, entre otros, para lo cual mantuvo comunicación permanente y directa con las autoridades locales en procura de ampliar el radio de acción al ámbito político y lograr el control administrativo de la región, contando además con el apoyo de Édwar Cobos Téllez, alias “Diego Vecino”(13), quien, afirmó, fue comisionado por Carlos Castaño Gil a finales de la centuria pasada, para desarrollar el proyecto político de las autodefensas unidas de Colombia en el departamento de Sucre.
“Para alcanzar dicho propósito, los cabecillas del grupo de autodefensas y los mandatarios locales, aspirantes a corporaciones públicas y líderes comunitarios, efectuaron reuniones en las cuales asentían en la presencia y predominio de la organización armada ilegal, determinando de esta forma la actividad política y los resultados electorales en esa circunscripción.
“En este sentido, varias personas cuentan que fueron evidentes las relaciones entre políticos y autodefensas, por ejemplo, Ingrid Yuletht Vergara Chávez(14), miembro del Movimiento de víctimas de crímenes de Estado, contó que las autodefensas tuvieron incidencia en el desarrollo político de Sucre. Afirmación que es corroborada por la ex parlamentaria Muriel de Jesús Benito Revollo, condenada por el delito de concierto para delinquir agravado por su relación con la aludida organización ilegal(15), quien afirmó que esta actuó en el departamento, en donde sus integrantes cometían abusos contra la población civil.
“Por su parte, Víctor William Ramírez Salcedo, rememoró que Cadena se reunía con la clase política de Sucre, y tal era su predominio en la región, que lo consideraban el dueño del Municipio de San Onofre, lo cual concuerda con lo afirmado por Jairsinio Mesa Mercado, alias “El Gato”, quien hacía parte del anillo principal de seguridad del jefe paramilitar(16).
“En el mismo sentido, María Victoria Muskus Villalba(17), ex esposa del procesado y reconocida guía política del departamento de Sucre, afirmó que el “Bloque Héroes de los Montes de María”, comandado por Cadena, tuvo indiscutible injerencia en la actividad política de los líderes de la región.
“Así mismo, Consuelo Agámez Berrío(18) mencionó que en los municipios del Golfo de Morrosquillo hubo entremetimiento de los grupos paramilitares; región en donde, según Alí Teherán Ricardo(19), José María Conde Romero hizo proselitismo político acompañado de Jesús Puello Chamié(20), obteniendo votos.
“Por su parte, Nelson Stamp Berrío, también condenado por el delito de concierto para delinquir por su relación con el grupo de autodefensas comandado por Cadena, manifestó que su aspiración política a la asamblea de Sucre fue respaldada por la organización ilegal que permeó todo el departamento, especialmente la región de Tolú, Coveñas y Palmito(21).
“Lo anterior es confirmado por Marco Tulio Guzmán, alias “El Oso”(22), quien explicó que las autodefensas de Cadena tuvieron predominio político en el departamento de Sucre e influyeron sobre las autoridades de los municipios de Tolú y Palmito, en donde actuaba como comandante alias “El Paisa”, convergiendo en el mismo sentido con lo manifestado por Ángel Miguel Berrocal, alias “Coche” o “Gocha”(23), y Jairsinio Mesa Mercado, alias “El Gato”(24).
“De otro lado, Luis Benítez, Julio Peñaranda Aguirre y Néstor Aguirre(25), aseveraron que desde 1998 hasta la fecha de la desmovilización, en Santa Antonio de Palmito la presencia de los grupos paramilitares generó temor, desasosiego e intranquilidad en la comunidad(26).
“En consecuencia, la prueba que se viene de mencionar no deja duda acerca de que la organización de autodefensa liderada por Cadena y Diego Vecino ejerció influencia militar y política en el departamento de Sucre, en donde ilegalmente se apoderaban de los recursos provenientes de las regalías, especialmente de Tolú y Coveñas.
“La magnitud del dominio del grupo de autodefensas también fue mencionada por el procesado en la indagatoria, en donde señaló ejercía presión y participaba en política, amén de que su presencia se debió a la inoperancia del Estado”.
Estas circunstancias procesalmente constituyen hechos ciertos, probados e incontrovertibles, pues la prueba recaudada no permite la asunción de una hipótesis diferente acerca de la presencia y predominio del grupo de autodefensa Bloque Héroes de los Montes de María en el departamento de Sucre.
En este sentido, de acuerdo con la declaración de Jairo Castillo Peralta, alias “Pitirri”, el grupo irregular inició con Rudolf Panfel y Javier Piedrahíta bajo la figura de cooperativas de seguridad denominadas “Convivir”, transmutándose posteriormente en el Bloque Héroes de los Montes de María, pero bajo la dirección de Rodrigo Mercado Pelufo, alias “Cadena”.
Esta conclusión también es amparada por José Oswaldo Tavera Blanco en cuanto manifestó(27) que las Convivir ya estaban fundadas en los departamentos de Córdoba y Sucre [región de Coveñas], cuando él fue reclutado por Cadena, y una vez fueron declaradas ilegales, quienes las integraban se unieron a las filas de las autodefensas.
Así, emerge que la agrupación armada ilegal tuvo dos épocas seguidas, pero sufriendo un cambio generacional en su dirección con la característica común de haber entrado en contacto con los ganaderos y la clase política del departamento de Sucre, con quienes hicieron acuerdos con diversos fines, unos para defraudar el erario de sus municipios y otros para conseguir beneficios electorales.
2.2.3. En relación con la primera época, Jairo Castillo Peralta narró que José María Conde Romero, a finales del siglo pasado, estaba vendiendo a Rudolf Panfel, tesorero del grupo irregular, una finca localizada en el municipio de San Antonio de Palmito, cuyo valor iba a ser pagado con dineros del municipio de Tolú, al cual llegaban cuantiosas regalías, oportunidad en la cual planteó a los cabecillas del grupo irregular que era amigo de Heyne Sorge Mogollón Montoya quien, a su vez, conocía al director del INAT, a través de quien podía conseguir ‘contrataciones grandes’(28).
Como prueba de las reuniones de José María Conde Romero con los paramilitares, señaló que este fue a dos, una en Tolú efectuada en la casa de una señora Ruby, esposa de un coronel y la otra en la Finca San Antonio, el mismo día en que se hizo una reunión en el Club Rotario, citada por el procesado, y en la cual estuvo Heyne Sorge Mogollón Montoya, Rudolf Panfel y otros políticos que aquel invitó.
El doctor Heyne Sorge Mogollón Montoya declaró(29) que, cuando estaba terminado su período de congresista, asistió a una reunión convocada por “Chepe Conde”, como también se conoce al procesado, en la ciudad de Sincelejo, la cual, según pudo notarlo, poseyó una connotación política, aunque no recuerda si Rudolf Panfel estuvo presente en dicho escenario, pero que él se fue antes del anochecer, por consejo de su escoltas.
El mismo testigo, aludió que no fue gestor de contratos en el INAT y en la reunión ninguna persona le planteó esa eventualidad; sin embargo, mencionó que por solicitud de los señores parceleros de los distritos de riego de la doctrina y de María la Baja, visitó a dos directores del INAT, uno de apellido Osorio [oriundo del Municipio de Sincé] y el otro Mario Montoya(30), es decir avalaba las solicitudes que la comunidad presentaba ante dicha entidad, circunstancia que lo postulaba, dentro del contexto de los fines contractuales perseguidos por los armados ilegales, como una persona que podía ayudarlos.
Luego la declaración de Jairo Castillo Peralta no aparece huérfana, porque en ella se relacionan circunstancias que otros declarantes concretan tuvieron realización fáctica, por lo que su conocimiento alrededor de lo ocurrido con José María Conde Romero a finales de siglo anterior y del interés de este ante las propuestas de los grupos paramilitares, se hace creíble.
Y si bien es cierto, como lo alegó el defensor en sus alegatos, procesalmente no obra copia de la escritura que consigne el negocio jurídico que pudo haberse realizado con la aludida finca, tal circunstancia no desnaturaliza la comisión de la conducta punible de concierto para delinquir agravado por la promoción de grupos armados ilegales que se le atribuye desde la situación jurídica, en cuanto el simple acuerdo de voluntades es suficiente para su estructuración típica, de modo que las demás conductas delictivas que ejecuten en cumplimiento del mismo pasan a formar un concurso de hechos punibles.
Así mismo, se destaca que como fuerza de su carácter Jairo Castillo Peralta, respecto del procesado, limita su conocimiento a las dos reuniones atrás aludidas, explicando que no volvió a saber nada porque él se separó de la organización en ese punto, cuando se enteró que iba a matar a Rudolf Panfel.
2.2.4. El cambio generacional en la orientación de la organización ilegal no hizo que el doctor José María Conde Romero eludiera sus encuentros con los cabecillas, agrupados ya bajo la membresía de Bloque Héroes de los Montes de María sino que, al contrario, los intensificó entrando en contacto con Rodrigo Mercado Pelufo, alias “Cadena”.
En este sentido, obra prueba de que para los comicios electorales al Congreso de la República del año 2002 el doctor José María Conde Romero aspiró al Senado de la República en el segundo renglón de la lista encabezada por Jesús León Puello Chamié y junto con este, según afirmó Édwar Cobos Téllez, alias “Diego Vecino” quien fungió como ‘comandante’ político del grupo ilegal, lo buscaron a través del médico Willer Cobo(31) pidiéndole apoyo para su proyecto político; sin embargo, afirma el desmovilizado, no hubo compromiso alguno porque ya estaban comprometidos con la candidatura de Muriel Benito Revollo a la Cámara de Representantes.
Sin embargo, el doctor Puello Chamié dijo que pudieron hacer proselitismo sin tropiezo alguno en los municipios de San Antonio de Palmito, Morroa, Sincé, Tolú, San Marcos(32) , en los cuales la influencia paramilitar fue notoria. En tal sentido, al cuestionársele por la situación de orden público en Sucre para la campaña electoral del año 2002, respondió:
“Sí, la situación de orden público era... yo diría no era la mejor, por un lado estaba la actuación de la guerrilla y por el otro lado, estaba la actuación de las autodefensas. Nosotros nos cuidamos de ir a zonas de influencia de cualquiera de estos sectores, para evitar casualmente que tuviéramos algún inconveniente personal que pudiera amenazar nuestras vidas, nuestra integridad o tener algún tropiezo de esa naturaleza, así que evitamos meternos en zonas de difícil acceso”(33).
Estas previsiones las adoptaron con fundamento en el conocimiento que su compañero de fórmula tenía de la región(34), quien se encargó de organizar los actos políticos en el departamento de Sucre, amén de que para dicha campaña contaron con la colaboración de María Victoria Muskus Villalba, hoy ex esposa del procesado(35), quien posteriormente para las elecciones regionales de 2003, fue incluida en el segundo renglón de la lista encabezada por Nelson Stamp a la asamblea del departamento de Sucre.
Al respecto Benjamín Luis Barrera Arcia en la declaración de 5 de febrero de 2010, destacó que en la campaña política de 2002 la consigna fue Muriel Benito Revollo a la Cámara y “Chepe” Conde al Senado, y aunque este no encabezaba lista, tal circunstancia no desnaturaliza las afirmaciones del testigo, porque era de conocimiento que iba en el segundo reglón de la lista encabezada por Jesús León Puello Chamié y que si hubiera logrado obtener un buen caudal electoral en el departamento de Sucre habría llegado de manera directa al Senado de la República, sin esperar las oportunidades que aquel le dio(36) para ejercer la curul.
2.2.5 El mismo testigo, haciendo referencia al ‘poder’ de Rodrigo Mercado Pelufo, alias “Cadena”, reveló que este una vez dijo que para burlarse de la clase política sucreña les iba a montar a Nelson Stamp en la asamblea departamental, y de presidente. Entonces lo lanzaron de candidato y le pidieron ‘el favor’ a la gente’, con base en la presión ejercida desde hacía mucho tiempo, que votaran por él; y, efectivamente, salió electo y fue presidente de esa corporación en donde lo que él decía “prácticamente era Cadena ahí sentado”(37).
Al respecto, como lo destacó la Sala en la providencia que resolvió la situación jurídica del procesado, Nelson Stamp afirmó que elegido diputado comenzó con pie derecho porque de entrada fue elegido presidente de la asamblea departamental(38), y ejecutó su labor con éxito gracias al asesoramiento de María Victoria Muskus Villalba, quien formaba parte de la coalición integrada con Ángel Villarreal, Katin Farak, Édgar Benito Revollo, Álvaro Guaje y Walberto Estrada.
Lo anterior trasunta al entendimiento que los designios de Rodrigo Mercado Pelufo, amparados en el funesto poder de las armas, se cumplían en el Departamento de Sucre, por lo que a él se plegaban los actores políticos como los esposos Conde Muskus, para obtener, como ya se ha visto, provecho económico y electoral, lo cual constituye prueba de la sustitución del Estado en esa región.
2.2.6 Las relaciones de José María Conde Romero y su ex esposa con los cabecillas del paramilitarismo en Sucre fueron lo suficientemente intensas y perseverantes, porque además de que esta se sentía a gusto en la Hacienda el Palmar [también conocida como El Caucho], en su inmueble rural de San Antonio de Palmito acomodó una habitación para que José Oswaldo Tavera Blanco, alias “El Paisa” y José Luis Navarro Hernández(39), alias “Chacarita” vivieran allí, según manifestó este.
Y si bien es cierto, como lo acotó la defensa en el alegato precalificatorio, Tavera Blanco negó tal hecho, así como el apoyo que dio a la candidatura de Alcides José Pérez Barrios a la Alcaldía de San Antonio de Palmito en las elecciones atípicas que se iban a realizar en el período de la doctora Greisy Díaz Guevara, la veracidad de su declaración se encuentra comprometida debido a la concurrencia de circunstancias que demuestran lo contrario y develan, además, que posee una memoria selectiva.
En efecto, Édwar Cobos Téllez manifestó que estando en Santa Fe de Ralito fue visitado por José María Conde Romero y su ex esposa, quienes le pidieron interviniera ante Rodrigo Mercado Pelufo para que le permitiera a José Oswaldo Tavera Blanco, alias “El Paisa”, quien coordinó tal encuentro, apoyar la candidatura de Alcides Pérez en las elecciones atípicas que se iban a realizar en San Antonio de Palmito, candidato en quien ellos también tenían interés.
Este hecho fue corroborado por el mismo Alcides José Pérez Barrios en cuanto afirmó que El Paisa operaba en San Antonio de Palmito(40), así mismo que José María Conde Romero lo acompañó a ciertos eventos públicos en la cabecera municipal(41), e interrogado acerca de si esa asistencia se convirtió en un apoyo específico a la campaña, respondió: “Yo fui o soy amigo de él, nunca lo respaldé políticamente y, pues, como era amigo, me dijo que me quería acompañar, y lo vi con buenos ojos”(42) circunstancia que aquel negó radicalmente en la indagatoria,
El mismo declarante controvierte a José Andrés Meza de los Ríos, quien sostuvo que Conde Romero no favoreció ninguna campaña para las elecciones atípicas convocadas por el Consejo Nacional Electoral.
2.2.7. En el proceso obran declaraciones de otros desmovilizados que acompañaron a Rodrigo Mercado Pelufo, quienes refieren la relación que este tuvo con José María Conde Romero; por ejemplo, Alí Teherán Ricardo manifestó que estando con Mercado Pelufo en Santa Fe de Ralito fue visitado por José María Conde Romero y Jesús León Puello Chamié, así mismo que su comandante le colaboró a María Victoria Muskus a través de Nelson Stamp para la campaña de 2003, la cual hicieron con los fusiles.
En el mismo sentido, Samir Otero de la Ossa, alias “Computador”, manifestó que en marzo de 2005, a Santa Fe de Ralito llegaron José María Conde Romero y Jesús León Puello Chamié y conversaron con Rodrigo Mercado Pelufo acerca de unos proyectos de vivienda de Coveñas, respecto de los cuales, por haberlos conseguido, ellos le pidieron participación. Así mismo, refirió que entre marzo y mayo de 2010 Mercado Pelufo entregó veinte millones de pesos al procesado, hecho que necesariamente conoció el testigo debido a que tenía como función sistematizar la información.
Jairsinio Meza Mercado y Nelson Stamp Berrío confirman que entre las labores que desempeñaba Samir Otero de la Ossa estaba el procesamiento de datos de la organización armada ilegal.
2.2.8 De otro lado, el doctor José María Conde Romero entregó en la indagatoria un disco compacto con una entrevista radial efectuada al desmovilizado Wilson Anderson Herrera Rojas, alias “Gafitas”, en la que manifestó le ofrecieron la suma de cuarenta millones de pesos para declarar en contra de él. Sin embargo, Herrera Rojas, en declaración que rindió en este asunto, no precisó tal hecho, solamente que un desconocido le envío un disco compacto a su casa y un mensaje en el cual le decía debía declarar lo mismo que dijo Alí Teherán Ricardo, alias “Osorio”, cuya versión está en el aludido medio informático.
Al respecto, recuérdese que Alí Teherán Ricardo fue uno de los declarantes que desde el inicio manifestó que José María Conde Romero y Jesús Puello Chamié estuvo en Santa Fe de Ralito conversando con Rodrigo Mercado Pelufo sobre temas políticos de Tolú y Coveñas y la campaña política del año 2006, para el Congreso de la República.
3. En suma, la prueba demuestra el acuerdo ilegal para promover al grupo armado, pues es evidente que con la alianza estratégica entre el doctor José María Conde Romero y las autodefensas, el grupo ilegal logró a través de uno de sus principales aliados, el dominio político del departamento de Sucre y la disponibilidad del erario(43), consolidando un poder fundamentalmente militar, propósito al cual no fue ajeno el sindicado, quien le pidió a Rodrigo Mercado Pelufo participación del erario esquilmado sistemáticamente al departamento de Sucre, además de la obtención de beneficios electorales para su ex esposa en las elecciones regionales del año 2003.
4. Es evidente que al compartir con la organización ilegal esos ámbitos de actividad ilícita y recibir el apoyo de la misma, se dio vida a un acuerdo delictivo con fines de promoción de un grupo ilegal que requería penetrar los espacios políticos para lograr su expansión, conducta que sanciona el artículo 340, inciso 2º del Código Penal, bajo la denominación jurídica de concierto para delinquir agravado.
En consecuencia, la prueba de cargo indicada satisface las exigencias requeridas por el artículo 397 de la Ley 600 de 2000 para acusar al ex congresista José María Conde Romero como posible autor del delito de concierto para delinquir agravado para promover grupos armados al margen de la ley.
Acusar al doctor José María Conde Romero, para que responda en juicio como probable autor responsable del delito de concierto para delinquir agravado de que trata esta decisión, por el cual fue vinculado al presente proceso.
(1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 1º de septiembre de 2009. Rad. 31.653
(2) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 15 de septiembre de 2009. Rad. 27.032
(3) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de 18 de abril de 2007, Rad. 26.942.
(4) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 3 de diciembre de 2009, Rad. 32.672
(5) Cfr., Corte Suprema de Justicia, sentencia del 1º de octubre de 2009, radicado 29.110.
(6) Francisco Muñoz Conde. El nuevo derecho penal autoritario, en el derecho penal ante la globalización y el terrorismo, Madrid, Tirant lo blanch, página 164.
(7) Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de única instancia de 25 de noviembre de 2008, Radicación 26.942
(8) Eugenio Raúl Zafaroni, Alejandro Alagia y Alejandro Slokar, Derecho Penal, Parte General, Segunda Edición, Sociedad Anónima Editora, Comercial, Industrial y Financiera. 2002, página. 485
(9) Recuérdese que Welzel consideraba que las estructuras lógico objetivas constituían un límite al poder de configuración de legislador. En consecuencia, el legislador no crea las conductas sino que las extrae de la vida social. Por lo tanto, desde ese mismo punto de vista, el juez no puede desconocer el sentido ni el contenido de las conductas.
(10) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 9 de diciembre de 2009, radicación 28779.
(11) En adelante, para facilitar la comprensión de esta providencia, solamente se hará referencia al alias.
(12) En este sentido declararon Marco Tulio Pérez Guzmán, alias “El Oso”, y Manuel de Jesús Contreras Baldovino, alias “Peluca”, folio 2 c. o. 2 récords 15:11 y 16:05 y folio 25 ib., récord 10:00 y 10:58.
(13) También, para facilitar la comprensión, a continuación se hará mención a su alias.
(14) Fl. 139 c. o. 1, record 7:06.
(15) Folio 134 c. o. 1, record 18:20 - 21:20.
(16) Folio 37 c. o. 2, récord 22:13.
(17) Folio 136 c. o. 1, récord 9:16.
(18) Folio 138 c. o. 1, récord 7:00.
(19) Folio 85 c.o. 1, récord 5:30.
(20) Folio 232 c.o. 1 récord 16:10.
(21) Folio 1, c.o. 2, récord 13:42, 24:14, 40:23.
(22) Folio 2, c.o. 2, récord 12:43 y 13:10.
(23) Folio 37 c.o. 2 récord 5:05, 15:57 y 16:40.
(24) Folio 36 c.o. 2, récord 9:10
(25) Folios 120, 121 y 122 del c.o. 2
(26) Récords 10:00; 13:39 y 19:38, respectivamente.
(27) Declaración de 29 de julio de 2010
(28) En el contexto del fenómeno paramilitar una de las fuentes de financiación de esos grupos armados la constituyó la contratación con los municipios, en este sentido el mismo testigo afirmó conseguían contratistas “chimbos” para apoderarse de la plata del Municipio de Tolú, en donde ponían los alcaldes que ellos querían.
(29) Folio 105, cuaderno original 3, declaración recibida el 5 de octubre de 2010, récord 13:20
(30) Ibídem, récord 24:50.
(31) Willer Cobo Y Humberto Fraser, según se afirma en el proceso, fueron miembros de la organización armada ilegal, encargados de contactar a la clase política sucreña.
(32) Declaración de Jesús León Puello Chamié, 24 de octubre de 2008, folio 232 c.o. 1, récord 6:30
(33) Ibídem, récord 7:35
(34) Ibídem, récord 8:35
(35) Ibídem, récord 22:10
(36) José María Conde Romero se desempeñó como Senador del 1º de diciembre de 2002 al 30 de abril de 2003 y del 1 de diciembre de 2004 al 30 de junio de 2005.
(37) Declaración de 5 de febrero de 2010, rendida dentro del radicado 26.625
(38) Benjamín Luis Barrera Arcia, manifestó en declaración de 5 de febrero de 2010, rendida en el radicado 26625, “Cadena dijo una vez, ‘para burlarme de los amarillos de Sincelejo, del Gordo García y de ese poco de amarillos H.P., les voy a montar un negro payaso, un cagajón de burro, porque él le decía al negro [Nelson Stamp] cagajón de burro, se lo voy a montar en la Asamblea y de presidente’. Entonces ya le hizo la campaña se le pedía el favor a la gente, sin presión, bueno una presión que ya estaba ejercida hace mucho tiempo...”
(39) Procesalmente también se ha hecho referencia a este testigo con el nombre de José Miguel Navarro Hernández
(40) Declaración de 27 de octubre de 2010, folio 116 c.o. 3, récord 16:20
(41) Ibídem, récord 24:20
(42) Ibídem, récord 24:50
(43) Samir Otero de La Ossa declaró que, en marzo de 2005, cuando estaban en Santa Fe de Ralito, llegó Jose María Conde Romero acompañado de Puello Chamié haciendo referencia unos proyectos de vivienda en Coveñas, ellos les pedían a Rodrigo que les diera participación ya que ellos los habían conseguido.

References: artículo 397
 resolución 
 artículo 235
 artículo 235
 artículo 6
 artículo 133
 resolución 
 artículo 397
 resolución 
 artículo 340
 artículo 340
 artículo 397