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Timestamp: 2019-12-14 21:57:19+00:00

Document:
Expediente 5183-D-2018
Sumario: APRUEBASE CON RESERVA LA "CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA EL RACISMO, LA DISCRIMINACION RACIAL Y FORMAS CONEXAS DE INTOLERANCIA", ADOPTADA EN EL CUADRAGESIMO TERCER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA "ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS -OEA-", CELEBRADA EN LA CIUDAD DE LA ANTIGUA, REPUBLICA DE GUATEMALA, FIRMADA EL 6 DE JUNIO DE 2013.
ARTÍCULO 1º - Apruébase la “Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia”, adoptada en el cuadragésimo tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (O.E.A.), celebrada en la ciudad de La Antigua, República de Guatemala, el 5 de junio de 2013, y firmada la Convención por la República Argentina el 6 de Junio de 2013, que consta de un preámbulo y veintidós (22) artículos, cuyo texto en idioma español forma parte de la presente ley.
ARTÍCULO 2º - Reserva - Al ratificar la Convención se deberá formular la siguiente reserva:
“La República Argentina declara:
1. Que hace reserva mediante la presente “declaración interpretativa condicional” que es la condición que debe cumplirse y no objetarse para que la República Argentina considere que está obligada por esta “Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia”.
2. Que por “declaración interpretativa condicional” debe entenderse que es una declaración unilateral formulada por un Estado o por una organización internacional al firmar, ratificar, confirmar formalmente, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, o cuando un Estado hace una notificación de sucesión en un tratado, por la que ese Estado o esa organización internacional condiciona su consentimiento en obligarse por el tratado a una interpretación específica del tratado o de algunas de sus disposiciones.
3. Que las declaraciones interpretativas condicionales están sujetas a las reglas aplicables a las reservas.
4. Que por lo tanto esta reserva es la condición que debe cumplirse y no objetarse para que la República Argentina considere que está obligada por esta Convención.
5. Que las “declaraciones interpretativas condicionales” tienen su fundamento jurídico en:
a) La práctica de los Estados y en numerosos antecedentes legales de la República Argentina, entre otros: la ley 23849, de aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su artículo 2° dispone: “Al ratificar la convención, deberán formularse las siguientes reservas y declaraciones”; la ley 23313, art. 3°; la ley 22509, art. 2°; la ley 23379, art. 2°; la ley 23313, arts. 3° y 4° y la ley 23724, art. 2°;
b) El documento “Reservas a los Tratados” volcado en el Informe de la “Comisión de Derecho Internacional de la ONU” (de su 63º período de sesiones del 26 abril a 3 junio y 4 julio a 12 agosto de 2011) y presentado a la consideración del sexagésimo sexto (66°) período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y publicado con el carácter de Documento Oficial de la Asamblea General como Suplemento núm. 10 (A/66/10 y su Adenda A/66/10/Add.1).
6. Que con respecto a las “declaraciones interpretativas condicionales” el documento citado A/66/10 sostiene textualmente: “1.4 Declaraciones interpretativas condicionales 1. Una declaración interpretativa condicional es una declaración unilateral formulada por un Estado o por una organización internacional al firmar, ratificar, confirmar formalmente, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, o cuando un Estado hace una notificación de sucesión en un tratado, por la que ese Estado o esa organización internacional condiciona su consentimiento en obligarse por el tratado a una interpretación específica del tratado o de algunas de sus disposiciones. 2. Las declaraciones interpretativas condicionales estarán sujetas a las reglas aplicables a las reservas” (Documento Oficial de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 66° período de sesiones, sobre las “Reservas a los Tratados”, Comisión de Derecho Internacional de la ONU, Suplemento núm. 10, A/66/10, punto 1.4, págs. 22/23).
7. Que la Convención, y la interpretación y la aplicación de la misma, y el goce y ejercicio de los derechos en ella previstos (por parte de cualquier persona humana, también llamada persona natural o física, o grupo de personas, o por parte de cualquier persona jurídica, institución, organización, asociación y/o entidad, sea privada o pública, estatal o internacional o supranacional, siendo la precedente nómina meramente enunciativa) no podrá violar, anular, limitar ni afectar y deberá respetar el pleno reconocimiento, goce y ejercicio razonable y no arbitrario, de los otros derechos constitucionales explícitos e implícitos, entre ellos, de libertad de expresión, de libertad de prensa, de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de libre circulación de las ideas y pensamientos por todos los medios, incluso por Internet, de libertad de disentir pública y privadamente, de libertad de enseñanza, de libertad de enseñar según las propias convicciones, de libertad de expresar las propias convicciones, de que se respeten las propias convicciones, de libertad de los padres de enseñar a sus hijos según sus propias convicciones, de libertad religiosa, de profesar libremente su culto, de que se respete el derecho a la objeción de conciencia y al ejercicio de la objeción de conciencia tanto por parte de las personas humanas como por parte de las instituciones, personas jurídicas, asociaciones, organizaciones y/o entidades en general, siendo este listado de derechos meramente ejemplificativo y enunciativo, no taxativo, dado que la Constitución Nacional de la República Argentina ampara tanto los derechos enumerados en su texto, o sea, expresamente reconocidos, como los derechos no enumerados o implícitos.
8. Que aunque la Convención está centrada, stricto sensu, en un tipo específico de discriminación cual es la discriminación racial, también menciona lato sensu al derecho a no ser discriminado en general, que abarca los otros eventuales casos de discriminación (verbigracia, por edad, nacionalidad, etc.). Que en consecuencia, sin perjuicio ni mengua de la condena de la discriminación racial, cabe puntualizar que con respecto al “derecho a no ser discriminado” en general, mencionado en la Convención, deberá interpretarse que en tanto derivación del derecho a la “igualdad jurídica”, no es un derecho absoluto y, por ende, no debe interpretarse irrazonablemente o abusivamente como un derecho absoluto porque los derechos a la igualdad y a la no discriminación en general, no significan ni deben interpretarse como igualitarismo, como igualdad absoluta y rígida, sino que ambos derechos consisten en que todos los seres humanos sean tratados del mismo modo siempre que se encuentren en iguales condiciones y circunstancias; y en consecuencia, la interpretación, aplicación, goce y ejercicio de el derecho a no ser discriminado en general, no podrá anular, limitar ni afectar y deberá respetar el pleno reconocimiento, goce y ejercicio de los otros derechos constitucionales mencionados en el inciso 7 de esta reserva. Que por lo tanto -y reiterando que sin perjuicio ni mengua de la condena de la discriminación racial- el derecho a la igualdad y a no ser discriminado en general, deben interpretarse en el sentido que no pueden ni deben excluir ni impedir aquellas distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias, sea en el ámbito público o privado, que tengan “razonabilidad y no sean arbitrarias”, en tanto y en cuanto la regla del derecho a la igualdad y a la no discriminación no es absoluta en el derecho argentino, así como no son absolutos los otros derechos que reconoce la Constitución Nacional Argentina, por lo que la razonabilidad es la pauta para ponderar la medida de la igualdad, con lo que queda entendido que el legislador puede otorgar un trato diferente entre los habitantes, a condición de que el criterio empleado sea razonable pues las únicas desigualdades inconstitucionales en la República Argentina son las arbitrarias, y por arbitrarias han de entenderse las que carecen de razonabilidad. Que en tal sentido la discriminación racial implica un trato desigual arbitrario, carente de razonabilidad y, por ende, inconstitucional.
9. Que con relación al artículo uno (1) inciso seis (6) de la Convención, el término “rechazo” inserto en la definición de “intolerancia” no regirá en su jurisdicción en tanto es violatorio del derecho constitucional a la “libertad de expresión” y de su derivado “derecho a disentir” pública y privadamente y, en general, violatorio de los derechos constitucionales mencionados en el inciso 7 de esta reserva, así como violatorio de las Convenciones y Tratados que esta misma Convención invoca en su propio Preámbulo. Que en consecuencia toda vez que la Convención se refiere a la intolerancia, deberá ser entendida teniendo en cuenta esta reserva a la definición de intolerancia.
10. Que con relación al artículo quince (15) inciso uno (i) de la Convención, sólo mediante ley previa que lo autorice, podrá el Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina declarar que reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en la presente Convención.
11. Que con relación al artículo quince (15) inciso tres (iii) de la Convención, sólo mediante ley previa que lo autorice, podrá el Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina declarar que reconoce como obligatoria y de pleno derecho y sin acuerdo especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención.
12. Que con relación al preámbulo, al artículo uno (1) incisos uno (1) y tres (3) y al artículo cuatro (4) incisos ocho (viii) y catorce (xiv) de la Convención, sólo son aplicables en su jurisdicción los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, en tanto tengan rango constitucional en la Constitución Nacional Argentina y/o hayan sido aprobados por ley de la Nación Argentina y ratificados mediante el depósito del correspondiente instrumento de ratificación por parte del Poder Ejecutivo.
13. Que con relación al artículo uno (1) incisos dos (2) y cuatro (4), al artículo tres (3) y al artículo cuatro (4) inciso dos (ii) de la Convención, sólo es aplicable en su jurisdicción el derecho internacional de los derechos humanos y/o los principios fundamentales del derecho internacional y/o el derecho internacional, en tanto tengan rango constitucional en la Constitución Nacional Argentina y/o haya sido aprobado por ley de la Nación Argentina y ratificado mediante el depósito del correspondiente instrumento de ratificación por parte del Poder Ejecutivo.
14. Que con relación al artículo cuatro (4) inciso ocho (viii) de la Convención, no rige en su jurisdicción la jurisprudencia de las cortes internacionales y regionales de derechos humanos, salvo cuando ello esté aceptado expresamente por la legislación de la República Argentina.
15. Que con relación al artículo cuatro (4) inciso nueve (ix) de la Convención, el término “Cualquier” con que se inicia el inciso no regirá en su jurisdicción, y por lo tanto deberá interpretarse en el sentido que las restricciones o limitaciones (al uso del idioma, tradiciones, costumbres y cultura de las personas, en actividades públicas o privadas) sólo son admisibles en su jurisdicción cuando sean razonables, no arbitrarias, es decir, no violen la Constitución Nacional Argentina.
16. Que con relación al artículo quince (15) incisos cuatro (iv) y cinco (v) de la Convención, los actos y documentos emanados del “Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia” (cualquiera sea su contenido y/o su forma y/o su denominación, verbigracia, informes, recomendaciones, monitoreos, conclusiones, observaciones, etc.) no son vinculantes ni obligatorios para la República Argentina y deberán, en tanto involucren o mencionen a la República Argentina, ser acordes a lo dispuesto en toda esta reserva.
17. Que esta reserva solamente podrá ser modificada parcialmente o retirada totalmente por parte del Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina mediante una ley previa del Congreso Nacional, en tanto y en cuanto esta reserva es ley de la Nación y sólo podrá ser modificada o dejada sin efecto por otra ley de la Nación”.
ARTÍCULO 3º - Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
Esta Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y formas conexas de Intolerancia ya en su título nos convoca a su aprobación.
Pero a poco que nos ponemos a leer su texto se observa la inserción de conceptos, palabras, criterios, definiciones, que desnaturalizan el loable objeto y fin del tratado, lo cual, en consecuencia, obliga a presentar, lamentablemente, numerosas reservas.
Esta es la causa del poco consenso interamericano que ha generado esta Convención del año 2013.
Si se consulta la web de la OEA, se puede verificar que de 35 Estados sólo la han firmado 12 Estados y sólo tres la han ratificado. Ver:
http://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-68_racismo_firmas.asp
Esta reserva es válida porque respeta el objeto y fin de la Convención y corrige los excesos y extralimitaciones en que incurre su texto, poniéndolo en armonía con nuestra Constitucional Nacional. Sin estas reservas algunos artículos de la Convención serían inconstitucionales.
Por otra parte, muchas de los incisos de esta reserva brindan argumentos, explicaciones, motivos del porqué de la reserva efectuada. Ello no es obligatorio, pero dado que la reserva no está solamente dirigida al ámbito interno de nuestro país sino también a los otros países partes de esta Convención, es apropiado explicitar los motivos de las reservas.
Este criterio es concordante con la permanente recomendación y exhortación de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU a que las reservas a los tratados sean motivadas.
Pasemos a explicar el porqué de cada reserva:
A) Sobre los incisos 1 a 4 de la reserva: La reserva se presenta como “declaración interpretativa condicional” porque es la que permite a la República Argentina advertir a los otros eventuales Estados partes de la Convención, e incluso a eventuales Tribunales internacionales, que esta reserva es la condición que debe cumplirse y no objetarse para que la República Argentina considere que está obligada por esta Convención.
B) Sobre el inciso 5 de la reserva y toda la reserva en general: Que el texto de la reserva sea definido y aprobado por el Congreso Nacional tiene varios e importantes antecedentes en la legislación argentina mencionados en el propio inciso 5 de la reserva. El Poder Ejecutivo no vetó esas leyes que en su momento aprobaron diversos tratados y al momento de ratificarlos presentó las reservas que el Congreso Nacional le había indicado.
C) Sobre los incisos 5 y 6 de la reserva: La reserva presentada como “declaración interpretativa condicional” tiene sustento en la práctica de los Estados, en numerosos antecedentes nacionales invocados en la propia reserva, y en el importante, meduloso y extenso estudio sobre las reservas a los tratados elaborado por la “Comisión de Derecho Internacional de la ONU” (de su 63º período de sesiones del 26 abril a 3 junio y 4 julio a 12 agosto de 2011) y presentado a la consideración del sexagésimo sexto (66°) período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y publicado con el carácter de Documento Oficial de la Asamblea General como Suplemento núm. 10 (A/66/10 y su Adenda A/66/10/Add.1).
Concordantemente, Alfred Verdross sostiene: “En los tratados multilaterales cabe también que la ratificación se haga con reservas. Consiste una reserva en que el Estado declara no aceptar una o varias estipulaciones del tratado, o aceptarlas únicamente según determinada interpretación. En esta última hipótesis se habla también de una declaración interpretativa” (Verdross, Alfred, Derecho Internacional Público, ed. Aguilar, Madrid, 6ta. edición, 2da. reimpresión, 1980, traducida por Antonio Truyol y Serra, págs. 151/152).
En el mismo sentido se expresa Paul Reuter: “La esencia de la reserva consiste en imponer una condición: el Estado o la organización aceptan contraer obligaciones únicamente bajo la condición que no se le apliquen ciertos efectos jurídicos del tratado, ya sea por la exclusión o por la modificación de una norma, o por la interpretación o la aplicación de la misma” (Reuter, Paul, Introducción al Derecho de los Tratados, ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1ra. ed. en español, 1999, trad. Eduardo L. Suárez, pág. 98).
D) Sobre los incisos 7 y 8 de la reserva: Si bien la Convención se centra, stricto sensu, en un tipo específico de discriminación, cual es la condenable discriminación racial, también se ha referido, lato sensu a la discriminación en general, por lo que se torna imperioso precisar cuándo en el derecho argentino se considera que se ha violado el derecho a no ser discriminado, en tanto y en cuanto no todas las distinciones son discriminatorias porque para serlo deben ser arbitrarias, irrazonables y, por ende, inconstitucionales (ejemplo claro de discriminación arbitraria, irrazonable e inconstitucional, es la discriminación racial). Pero dejando incólume la condena a la discriminación racial, sin embargo la reserva deja bien en claro que el derecho a no ser discriminado “en general”, debe respetar los otros derechos fundamentales porque de lo contrario se transformaría en un súper derecho, un supra derecho, con caracteres de absoluto, siendo que en el derecho argentino no hay derechos absolutos, con el consiguiente serio riesgo de avasallar y violentar los otros derechos constitucionales explícitos e implícitos del inciso 7 de la reserva, entre los que se destaca el derecho a la libertad de expresión.
Coincidentemente Bidart Campos sostiene: “a) Hay derechos enumerados, o sea, expresamente reconocidos -por ej. los del art. 14- y derechos no enumerados o implícitos. Todo derecho fundamental o primario del hombre puede y debe considerarse incluido en la constitución, esté o no reconocido expresamente (pág. 198) … d) Los derechos que la constitución reconoce no son absolutos, sino relativos. Ello quiere decir que son susceptibles de reglamentación y de limitación, para coordinar el derecho de uno con el derecho de otro, … en cuanto la jurisprudencia de la Corte Suprema tiene establecido de modo tradicional y uniforme que no hay derechos absolutos. La relatividad tiene, no obstante, su propio límite: toda reglamentación que limita a los derechos debe ser razonable (pág. 199) … e) En orden a la interpretación de los derechos la Corte Suprema tiene dicho que la igual jerarquía de las cláusulas constitucionales requiere que los derechos fundados en cualquiera de ellas, deban armonizarse con los demás que consagran los otros preceptos constitucionales (págs. 199/200) … el avance de la concepción social de los derechos llega a captar que, si bien el hombre es el sujeto primario y fundamental de los mismos, los derechos reconocidos constitucionalmente son susceptibles asimismo de tener como sujeto titular o activo a una asociación a la que se depara la calidad de sujeto de derecho … De este modo cabe reputar que el titular de los derechos subjetivos es doble: a) el hombre; b) una entidad con determinada calidad de sujeto de derecho (pág. 201) … Si la libertad apareja el goce y ejercicio de los derechos civiles, la igualdad elimina las discriminaciones arbitrarias para ese goce y ejercicio … La igualdad no significa igualitarismo. Hay diferencias justas que deben tomarse en cuenta, para no incurrir en el trato igual de los desiguales. No es justo imponer la misma cuota de un impuesto a quienes tienen diferente capacidad contributiva (pág. 218) … las únicas desigualdades inconstitucionales son las arbitrarias, y por arbitrarias han de estimarse las que carecen de toda razonabilidad, las persecutorias, las hostiles, las que deparan indebidos favores o privilegios, etc. (pág. 219)” (Bidart Campos, Germán J., Manual de Derecho Constitucional Argentino, ed. Ediar, Buenos Aires, 2da. ed., 1979).
E) Sobre el inciso 9 de la reserva: Al tratar la Convención la definición de intolerancia (art. 1 inc. 6) se ha incurrido en una imprudente redacción, que excede y desvirtúa lo que debe entenderse por intolerancia. En efecto, equivocadamente la definición sostiene que se es intolerante si se rechazan las convicciones u opiniones de los seres humanos por ser diferentes o contrarias. Esto es inadmisible en una sana democracia en la cual, por el contrario, son bienvenidos los disensos y la expresión pública y privada del rechazo a las ideas ajenas. En consecuencia, la reserva establece que el término “rechazo” inserto en la definición de intolerancia no regirá en la República Argentina por ser indudablemente violatorio de la libertad de expresión.
F) Sobre el inciso 10 de la reserva: Con relación al artículo quince (15) inciso “i” (uno) de la Convención, la reserva cierra la posibilidad de que el Poder Ejecutivo, sin la intervención del Congreso, pueda declarar que reconoce la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado Parte alegue que otro Estado Parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en la presente Convención. De esta forma la reserva disipa eventuales dudas y discusiones sobre si el Poder Ejecutivo tenía o no tenía esa atribución.
G) Sobre el inciso 11 de la reserva: Lo mismo cabe decir de la reserva con respecto al artículo quince (15) inciso “iii” (tres) de la Convención, pues sólo mediante ley previa que lo autorice, podrá el Poder Ejecutivo Nacional de la República Argentina declarar que reconoce como obligatoria y de pleno derecho y sin acuerdo especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención.
H) Sobre los incisos 12 y 13 de la reserva: La reserva disipa la posibilidad de eventuales interpretaciones encontradas que conspiran contra la seguridad jurídica. Por lo tanto sólo son aplicables en la República Argentina aquellos instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos, el derecho internacional de los derechos humanos y/o los principios fundamentales del derecho internacional y/o el derecho internacional, que hayan sido reconocidos por la República Argentina.
I) Sobre el inciso 14 de la reserva: Con relación al artículo cuatro (4) inciso “viii” (ocho) de la Convención, se torna imperioso hacer la reserva para aclarar que no rige en nuestra jurisdicción la jurisprudencia de las cortes internacionales y regionales de derechos humanos, salvo cuando ello esté aceptado expresamente por la legislación de la República Argentina. Es una elemental medida de prudencia y defensa de nuestra independencia jurídica.
J) Sobre el inciso 15 de la reserva: Con relación al artículo cuatro (4) inciso “ix” (nueve) de la Convención, el término “Cualquier” con que se inicia el inciso no puede regir en nuestra jurisdicción, porque es otro ejemplo de absolutización de un derecho, en tanto el término “cualquier” es totalizante e implica todo el universo de casos sin distinción ni excepción alguna. En consecuencia el inciso deberá interpretarse en el sentido que las restricciones o limitaciones (al uso del idioma, tradiciones, costumbres y cultura de las personas, en actividades públicas o privadas) sólo son admisibles en nuestra jurisdicción cuando sean razonables, no arbitrarias, es decir, no violen la Constitución Nacional Argentina. Por poner un ejemplo entre varios: un inmigrante tiene la costumbre de practicar la ablación del clítoris de las mujeres, costumbre que es lícita en muchos países sobre todo africanos, pero que no podemos admitir en el nuestro. Tal como está redactado el inciso permite esos excesos, por decir lo menos, y la reserva viene a remediar el tema.
K) Sobre el inciso 16 de la reserva: Con relación al artículo quince (15) incisos “iv” (cuatro) y “v” (cinco) de la Convención, la reserva deja bien especificado que los actos y documentos emanados del “Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia” (cualquiera sea su contenido y/o su forma y/o su denominación, verbigracia, informes, recomendaciones, monitoreos, conclusiones, observaciones, etc.) no son vinculantes ni obligatorios para la República Argentina y deberán, en tanto involucren o mencionen a la República Argentina, ser acordes a todo lo dispuesto en esta reserva. La razón de ser de esta reserva es que se viene observando que los comités de expertos previstos en diversos tratados internacionales están, en la práctica, excediéndose en sus atribuciones y desnaturalizando su fin y objeto. Los comités están abusando del poder que les ha sido conferido, ampliando las obligaciones del estado, violentando el principio de legalidad y actuando como un órgano supra legislativo. Es por ello que esta reserva es imprescindible a fin de impedir eventuales excesos del novel Comité. No se está diciendo que el nuevo Comité necesariamente vaya a incurrir en excesos, pues ni siquiera está constituido y no podemos prejuzgar, pero en caso de producirse, la República Argentina estará, con esta reserva, en condiciones indubitables para dejar bien en claro que el Comité puede recomendar pero no obligar ni ordenar a la República Argentina.
En definitiva, como se manifestaba ut supra, estas reservas expresadas como “declaración interpretativa condicional” ponen a resguardo al ordenamiento normativo de la República Argentina y, por ende, a sus ciudadanos, de incurrir en los excesos y extralimitaciones inconstitucionales (violatorias de derechos fundamentales como la libertad de expresión) a que nos llevaría una aprobación de la Convención tal como está redactada.
Sin estas reservas, esta Convención tiene artículos inconstitucionales y no debe ser aprobada.
Por todas las razones expuestas solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de Ley.
4. El racismo consiste en cualquier teoría, doctrina, ideología o conjunto de ideas que enuncian un vínculo causal entre las características fenotípicas o genotípicas de individuos o grupos y sus rasgos intelectuales, culturales y de personalidad, incluido el falso concepto de la superioridad racial. El racismo da lugar a desigualdades raciales, así como a la noción de que las relaciones discriminatorias entre grupos están moral y científicamente justificadas. Toda teoría, doctrina, ideología o conjunto de ideas racistas descritos en el presente artículo es científicamente falso, moralmente censurable y socialmente injusto, contrario a los principios fundamentales del derecho internacional, y por consiguiente perturba gravemente la paz y la seguridad internacionales y, como tal, es condenado por los Estados Partes.
5. No constituyen discriminación racial las medidas especiales o acciones afirmativas adoptadas para garantizar en condiciones de igualdad, el goce o ejercicio de uno o más derechos humanos y libertades fundamentales de grupos que así lo requieran, siempre que tales medidas no impliquen el mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y que no se perpetúen después de alcanzados sus objetivos.
6. Intolerancia es el acto o conjunto de actos o manifestaciones que expresan el irrespeto, rechazo o desprecio de la dignidad, características, convicciones u opiniones de los seres humanos por ser diferentes o contrarias. Puede manifestarse como marginación y exclusión de la participación en cualquier ámbito de la vida pública o privada de grupos en condiciones de vulnerabilidad o como violencia contra ellos.
ii. La publicación, circulación o diseminación, por cualquier forma y/o medio de comunicación, incluida la Internet, de cualquier material racista o racialmente discriminatorio que: a) defienda, promueva o incite al odio, la discriminación y la intolerancia; b) apruebe, justifique o defienda actos que constituyan o hayan constituido genocidio o crímenes de lesa humanidad, según se definen en el derecho internacional, o promueva o incite a la realización de tales actos.
ix. Cualquier restricción o limitación al uso del idioma, tradiciones, costumbres y cultura de las personas, en actividades públicas o privadas.
xii. La denegación del acceso a cualquiera de los derechos sociales, económicos y culturales, en función de alguno de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta Convención.
xiii. La realización de investigaciones o la aplicación de los resultados de investigaciones sobre el genoma humano, en particular en los campos de la biología, la genética y la medicina, destinadas a la selección de personas o a la clonación de seres humanos, que prevalezcan sobre el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana, generando cualquier forma de discriminación basada en las características genéticas.
xiv. La restricción o limitación basada en algunos de los criterios enunciados en el artículo 1.1 de esta Convención, del derecho de todas las personas a acceder o usar sosteniblemente el agua, los recursos naturales, los ecosistemas, la biodiversidad y los servicios ecológicos que forman parte del patrimonio natural de cada Estado, protegido por los instrumentos internacionales pertinentes y por su propia legislación nacional.
xv. La restricción del ingreso a lugares públicos o privados con acceso al público por las causales recogidas en el artículo 1.1 de la presente Convención.
Los Estados Partes se comprometen a formular y aplicar políticas que tengan por objetivo el trato equitativo y la generación de igualdad de oportunidades para todas las personas, de conformidad con el alcance de esta Convención, entre ellas, políticas de tipo educativo, medidas de carácter laboral o social, o de cualquier otra índole de promoción, y la difusión de la legislación sobre la materia por todos los medios posibles, incluida cualquier forma y medio de comunicación masiva e Internet.
iii. Todo Estado Parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión a esta Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria y de
pleno derecho y sin acuerdo especial, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención. En dicho caso, se aplicarán todas las normas de procedimiento pertinentes contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el Estatuto y Reglamento de la Corte.
iv. Se establecerá un Comité Interamericano para la Prevención y Eliminación del Racismo, la Discriminación Racial y Todas las Formas de Discriminación e Intolerancia, el cual será conformado por un experto nombrado por cada Estado Parte quien ejercerá sus funciones en forma independiente y cuyo cometido será monitorear los compromisos asumidos en esta Convención. El Comité también se encargará de dar seguimiento a los compromisos asumidos por los Estados que sean parte de la Convención Interamericana contra toda Forma de Discriminación e Intolerancia. El Comité quedará establecido cuando entre en vigor la primera de las Convenciones y su primera reunión será convocada por la Secretaría General de la OEA tan pronto se haya recibido el décimo instrumento de ratificación de cualquiera de las convenciones. La primera reunión del Comité será celebrada en la sede de la Organización, tres meses después de haber sido convocada, para declararse constituido, aprobar su Reglamento y su metodología de trabajo, así como para elegir sus autoridades. Dicha reunión será presidida por el representante del país que deposite el primer instrumento de ratificación de la Convención con la que se establezca el Comité.
SNOPEK, ALEJANDRO FRANCISCO JUJUY FEDERAL UNIDOS POR UNA NUEVA ARGENTINA
PITIOT, CARLA BETINA CIUDAD de BUENOS AIRES FEDERAL UNIDOS POR UNA NUEVA ARGENTINA
20/11/2019 ANÁLISIS DE PROYECTOS DE COMPETENCIA MIXTA con modif. unificados en un solo Dictamen
Diputados SOLICITUD DE SER COFIRMANTE DEL DIPUTADO SELVA (A SUS ANTECEDENTES)

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ARTÍCULO 2
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ARTÍCULO 3
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