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Timestamp: 2017-02-20 15:29:53+00:00

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NavegarInteresesBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultNavegar porLibrosAudio librosNews & MagazinesPartiturasExplorar todoSubirIniciar sesiónRegistrarseRevista Internauta de Práctica Jurídica. Núm. 17 Enero‐Junio 2006 ASPECTOS DE LA PRUEBA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO LABORAL EN VENEZUELA Por Francisco Javier Marín Boscán Sumario 1. Generalidades. 2. La Carga de la Prueba: 2.1. Noción Doctrinal y Legal. 2.2. Inversión de la Carga. 3. Oportunidad Probatoria: 3.1. Promoción. 3.2. Admisión. 3.3. Evacuación. 3.4. Observaciones a las Pruebas Evacuadas. 4. Medios de Prueba: 4.1. Noción. 4.2. Grupos de Medios de Prueba. 5. Valoración de la Prueba: 5.1. Noción. 5.2. Sistemas. 5.3. Sistema Venezolano de Valoración de la Prueba Laboral 6. Balance sobre la Prueba en el Nuevo Procedimiento Laboral. 1. GENERALIDADES La nueva normativa sobre procedimiento laboral contenida en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (LOPT), dispone sobre una justicia laboral autónoma y especializada, orientada por una serie de principios, como quedó previsto en la Constitución (Disposición Transitoria Cuarta, Numeral Cuarto). La oralidad constituye uno de los principios fundamentales de este procedimiento, y junto a la inmediación y concentración deben definir que los conflictos laborales, sean sustanciados y decididos oportunamente, en atención al carácter alimentario de los conceptos objeto de reclamo. 1
Revista Internauta de Práctica Jurídica. Núm. 17 Enero‐Junio 2006 El proceso por audiencias es una manifestación de la oralidad, que comprende el desarrollo de las audiencias preliminar y de juicio, y una serie de actos, dentro de los que destacan los relacionados con la instrucción de la causa. Desde el inicio del proceso, en la audiencia preliminar deben las partes promover sus pruebas, por ante el Juez de Sustanciación. Mediación y Ejecución, quien las incorporará a las actas al término de aquella, para que en la audiencia de juicio, el Juez correspondiente se pronuncie sobre su admisión y proceda a evacuarlas. La presunción de laboralidad juega un papel importante, incidiendo sobre la carga de la prueba, ya que genera su inversión, y define conductas procesales muy particulares. Surge la declaración de parte como nuevo medio probatorio, y desplaza a las posiciones juradas y el juramento decisorio. La nueva Ley Procesal del Trabajo en Venezuela, toma algunas orientaciones del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, en materia de prueba, a saber: a) La regulación que la prueba sea promovida en la etapa preliminar; b) La producción de la prueba en audiencia; c) la valoración de la prueba mediante la sana crítica; d) La declaración de parte como medio de prueba; e) La iniciativa probatoria del Juez y su participación activa en la evacuación de la prueba. Conforme a estas generalidades, la instrucción de la causa laboral bajo la nueva normativa, tiene lugar inclusive antes de la contestación de la demanda, posterior a ésta corresponde la admisión y evacuación de las pruebas. Estos aspectos, dan lugar a consideraciones específicas que abordaremos en este trabajo. 2. 2.1. LA CARGA DE LA PRUEBA Noción Doctrinal y Legal 2
Revista Internauta de Práctica Jurídica. Núm. 17 Enero‐Junio 2006 Carga de la prueba en su sentido procesal, es según Couture “conducta impuesta a uno o a ambos litigantes, para que acrediten la verdad de los hechos enunciados por ellos” (1981: 241). No supone en consecuencia, según expresa el autor “ningún derecho del adversario, sino un imperativo del propio interés de cada litigante” (Ibid: 242). Se trata de una circunstancia de riesgo, que consiste en que “quien no prueba los hechos que ha de probar, pierde el pleito” (Ibidem). El ordenamiento jurídico civil contempla en ese sentido en los artículos 1.354 del Código Civil (CC) 506 del Código de Procedimiento Civil (CPC). Dentro de la normativa laboral es importante considerar el alcance de la presunción de laboralidad (Art. 65 Ley Orgánica del Trabajo) y su incidencia sobre la carga de la prueba, como considera el artículo 72 LOPT. Conforme a la presunción de laboralidad “se presumirá la existencia de una relación de trabajo entre quien presta un servicio personal y quien lo reciba” (Art. 65 LOT). Así se prevé en beneficio del trabajador, esta presunción con carácter relativo (iuris tantum), y así este sujeto laboral no asume la carga de probar la existencia de la relación de trabajo; de esta manera se reconoce su situación social y económica, que en muchos casos le podría impedir debatir judicialmente frente a su empleador. Por otra parte, conforme la normativa procesal laboral el empleador “tendrá siempre la carga de la prueba de las causas del despido y del pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación de trabajo” (Art. 72). Igualmente le corresponderá establecer, si es su propósito, la inexistencia de la relación de trabajo, desvirtuando la presunción considerada. 2.2. Inversión de la Carga La inversión de la carga de la prueba responde a un principio especialísimo del Derecho Procesal del Trabajo. 3
Revista Internauta de Práctica Jurídica. Núm. 17 Enero‐Junio 2006 Rodríguez Díaz destaca que en materia del trabajo, el principio procesal civil sobre la carga de la prueba se resquebraja. Esto ante la desigualdad procesal de las partes, que genera en el procedimiento laboral la tesis de la inversión de la carga de la prueba, para compensar la desigualdad económica del trabajador frente al patrono. La forma usual de invertir la carga probatoria, es a partir de la presunción de laboralidad antes estudiada (presunción con carácter relativo sobre existencia de la relación de trabajo, Art. 65 LOT), con aplicación del artículo 120 LOPT, ya que el empleador asumirá la carga de la prueba si pretende desvirtuar tal presunción. Por otra parte, al no adoptar el demandado la forma determinativa, circunstanciada o pormenorizada para contestar la demanda (Art. 135 LOPT), podría generarse desplazamiento de carga. Aunque como veremos más adelante, ante la circunstancia que las pruebas deben promoverse en la audiencia preliminar, bajo la actual orientación del procedimiento laboral, la carga de la prueba se asume bajo las circunstancias iniciales de los sujetos laborales. En definitiva, procesalmente hablando, la inversión de la carga de la prueba persigue establecer un equilibrio entre los sujetos laborales, pero amerita una apreciación muy objetiva del Juez, para asegurar que este balance sea efectivo. 3. OPORTUNIDAD PROBATORIA En el procedimiento civil la oportunidad probatoria tiene lugar, una vez que se verifica la contestación al fondo de la demanda, así se orientaba el anterior procedimiento del trabajo. En el nuevo procedimiento laboral, dentro de la fase inicial de la audiencia preliminar, deben ser promovidas las pruebas (Art. 73 LOPT) ante el Juez de Sustanciación. Mediación y Ejecución, y su evacuación, ante el Juez de Juicio en la audiencia de juicio (Art. 152 LOPT). El artículo 135 LOTPT define una situación distinta en la prueba venezolana: 4
Revista Internauta de Práctica Jurídica. Núm. 17 Enero‐Junio 2006 a)
la necesidad de determinar los hechos que se niegan o se admiten al contestar la demanda (consecuencia de la contestación determinativa o circunstanciada), así como la exposición de los motivos de rechazo; b)
una atemperación del sistema de la carga de la prueba previsto en el juicio civil (inversión de la carga con base al artículo 65 LOT). Por otra parte, se contempla la libertad o iniciativa probatoria del Juez laboral, cuando en los artículos 71 y 156 LOPT, se dispone sobre la facultad judicial de ordenar pruebas, fuera del lapso probatorio establecido, representando así excepciones legales de las previstas en el artículo 73 de la misma Ley. 3.1. Promoción de Pruebas Es importante hacer constar que la LOPT define como oportunidad para promover pruebas, la audiencia preliminar, y no refiriere sobre lapso ó término al efecto. Algunos interpretan que las pruebas deber ser promovidas en la primera actuación dentro de la audiencia preliminar, particularmente cuanto esta no se limita a un solo acto (conforme la LOPT puede prolongarse hasta por 4 meses, Art. 136). Otros, siguiendo el principio de interpretación que señala: “donde no distingue el legislador, no está autorizado a hacerlo el intérprete”, consideramos que las pruebas pueden promoverse en cualquier momento dentro de la audiencia preliminar, y que esto no tiene por qué generar obstáculo en la gestión conciliadora que debe desarrollar el Juez, y por el contrario reafirma el derecho a probar de las partes. 3.2. Evacuación de Pruebas Corresponde dentro de la audiencia de juicio, una vez oídos los alegatos de las partes, comenzando “...con las del demandante, en la forma y oportunidad que determine el Tribunal...” (Art. 152 LOPT). Se establece de manera precisa, que no se permitirá a las partes la presentación ni lectura de escritos, salvo excepción legal. 5
Revista Internauta de Práctica Jurídica. Núm. 17 Enero‐Junio 2006 La audiencia de juicio, oportunidad dentro del proceso por audiencias en la que corresponde la evacuación de las pruebas, no tiene prevista duración máxima en la Ley (Art. 157), contrario a lo que sucede con la audiencia preliminar, cuya extensión máxima es de cuatro (4) meses (Art. 136). También hay disposiciones precisas sobre la evacuación de testigos (Art. 153 LOPT) y la comparecencia de los expertos requeridos (Art. 154 LOPT). 3.3. Observaciones a las Pruebas Evacuadas Como no está prevista la posibilidad de ejercer oposición sobre las pruebas de la contraparte, se establece la opción de la parte contraria, de formular oralmente y de manera breve, observaciones sobre la prueba evacuada por la otra parte (Art. 155 LOPT). En todo caso, es conveniente que la misma Ley defina el alcance de esta brevedad, estableciendo un lapso. 4. MEDIOS DE PRUEBA 4.1. Noción Devis Echandía sostiene que los medios de prueba pueden considerarse desde dos puntos de vista. Conforme el primero, se entiende por medio de prueba la actividad del Juez o de las partes, que “suministra al primero el conocimiento de los hechos del proceso y, por lo tanto, las fuentes de donde se extraen los motivos o argumentos para lograr su convicción sobre los hechos del proceso” (1981, T. II, 550‐551), o sea, la confesión de la parte, la declaración del testigo, el dictamen del perito, la inspección, etc. Con base al segundo punto de vista, se entiende por medio de prueba “los instrumentos y los órganos que suministran al Juez ese conocimiento y esas fuentes de prueba” (Ibid, 551), a saber: el testigo, el perito, la parte confesante, etc. El autor considera y así lo compartimos, que ambos conceptos son correctos, ya que como señala Devis Echandía el segundo punto de vista “comprende la manera como se verifica la 6
Revista Internauta de Práctica Jurídica. Núm. 17 Enero‐Junio 2006 adquisición procesal de la prueba y se lleva al Juez el conocimiento de los hechos que prueban, de modo que es la misma noción contemplada desde otro aspecto” (Ibidem). 4.2. Grupos de Medios de Prueba La normativa procesal laboral faculta a los jueces para utilizar los grupos de pruebas siguientes: I) De los Medios de Pruebas Tradicionales, estos: a) Documentos o Instrumentos (Arts. 77 a 91): Prueba por Escrito (Arts. 77 a 81), Exhibición de documentos (Art. 82), Tacha de Instrumentos (Arts. 83 a 85), Reconocimiento de Instrumento Privado (Arts. 86 a 91) b) Prueba de Testigos: Arts. 98 a 102 c) Prueba de Experticia: Arts. 92 a 97 d) La Inspección Judicial: Arts. 111 a 115 e) Indicios y Presunciones: Arts. 116 a 122 II) Nuevos Medios Probatorios según el CPC: a) La Prueba de Informes: Art. 81 b) La Reconstrucción de los Hechos: Art. 108 c) Las Reproducciones: Art. 107 d) La Pericia Experimental: Arts. 109 y 110 III) Nuevo Medio Probatorio en la LOPT: ‐ La Declaración de Parte: Arts. 103 a 106 IV) Los medios de prueba agrupados en todos aquellos instrumentos capaces de trasladar hechos al proceso, y que no estén contemplados ni prohibidos en ninguna Ley (Libertad Probatoria: Art. 70). 7
Revista Internauta de Práctica Jurídica. Núm. 17 Enero‐Junio 2006 Cabrera y Rodríguez Díaz, coinciden en afirmar que los medios probatorios tradicionales y los nuevos medios según el CPC (segundo grupo), a pesar del principio de libertad de prueba, no pueden ser objeto de variaciones, es decir no admiten mixturas, salvo cuando una norma expresamente lo permita. En vista que el estudio pormenorizado de tales medios de prueba corresponde al Derecho Procesal Civil, no haremos mayor consideración, salvo la mención de peculiaridades del procedimiento laboral. Es importante destacar que la nueva Ley Procesal del Trabajo excluye de los medios de prueba admisibles en el juicio laboral (medios tradicionales), las pruebas de posiciones juradas y de juramento decisorio (Encabezamiento Art. 70 LOPT). En este sentido la Exposición de Motivos de la LOPT justifica señalando, en cuanto a las posiciones juradas, que fue redimensionada la función de la confesión, para “limitar su uso por las partes y su finalidad probatoria” y así se transforma “en un mecanismo procesal de uso potestativo y exclusivo del Juez…y las respuestas (a las preguntas formuladas a las partes juramentadas) se podrán tener como confesión sólo si versan sobre la prestación de servicios”. Con respecto al juramento decisorio, en la misma Exposición de Motivos se menciona que es calificada como “fósil jurídico” por su desuso en el tiempo, por lo que se consideró “absolutamente prescindible”. En cuanto a las posiciones juradas y el juramento decisorio como medios procesales para provocar la confesión, Villasmil Briceño destaca sobre su admisibilidad controvertida en la doctrina laboral con el argumento “de que crea un desequilibrio en perjuicio del trabajador” (2003: 142), lo que compartimos, dadas las circunstancias propias de este sujeto laboral. Como se planteó, la nueva Ley Procesal Laboral establece como nuevo medio probatorio la declaración de parte, con base a las respuestas formuladas por las partes a requerimiento del Juez de Juicio (Arts. 103 a 106). Este medio de prueba aparece previsto en e l Código Procesal Civil 8
Revista Internauta de Práctica Jurídica. Núm. 17 Enero‐Junio 2006 Modelo para Iberoamérica, aunque la orientación es diferente, porque en aquel se contempla la posibilidad que las partes puedan recíprocamente pedirse posiciones e interrogarse en la audiencia (Art. 138), lo que guarda similitud con las posiciones juradas. Klahr expone con criterio fundado, la posibilidad de la práctica de pruebas anticipadas (experticia e inspección judicial, entre otras), por ante el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, como consecuencia del “temor fundado de su desaparición, alteración o perjuicio por el retardo en su tramitación” (2003: 709). El autor reconoce la rigidez del artículo 74 LOPT en el sentido de autorizar la evacuación de pruebas ante el Juez de Juicio, pero razonablemente establece que la normativa procesal en estudio recoge el principio de oficio o dirección del proceso por el Juez (Art. 11 LOPT), cuya aplicación faculta en este sentido. Debe destacarse que la Ley atenta contra la inmediación necesaria, característica fundamental del nuevo procedimiento laboral inspirado básicamente en la oralidad, cuando deja abierta la posibilidad para que el Juez comisione a un tribunal de la jurisdicción, para la práctica de inspección judicial (Parágrafo Unico Art. 112 LOPT), lo que también contraría la prohibición expresa de delegar la práctica de esta clase de prueba (Art. 234 CPC). 5. VALORACIÓN DE LA PRUEBA 5.1. Noción Couture expone que el tema de la valoración de la prueba, busca una respuesta para la pregunta: ¿qué eficacia tienen los diversos medios de prueba establecidos en el derecho positivo?. Se trata de señalar, con la mayor exactitud posible, cómo gravitan y qué influencia ejercen los diversos medios de prueba, sobre la decisión que el magistrado debe emitir. En este sentido, Rengel‐Romberg precisa que el tema de la valoración de la prueba, responde a la pregunta: ¿qué valor tiene la prueba?, esto es ¿ cuál es su eficacia en el proceso?. 5.2. Sistemas 9
Revista Internauta de Práctica Jurídica. Núm. 17 Enero‐Junio 2006 Couture refiere que la doctrina europea distingue entre las llamadas pruebas legales, y las pruebas libres o libre convicción. Por otra parte, existe una categoría intermedia, la sana crítica. 5.2.1. Prueba Legal o Tarifada Devis Echandía expone que dentro de este sistema de la tarifa legal, “la altísima función y la sagrada misión del Juez quedan a merced de los errores o las habilidades, lícitas e ilícitas, de los abogados litigantes” (1981:T. I, 289). Y agrega “en un sistema rigurosamente dispositivo y con tarifa legal, no es verdad que el Juez administre justicia de acuerdo con la Ley, sino que reconoce la que las mismas partes obtienen por su propio esfuerzo” (Ibidem). En el caso de las llamadas Pruebas Legales o de apreciación conforme la Ley, es la norma legal la que señala por anticipado al Juez, el grado de eficacia que debe atribuir a un determinado medio probatorio. En este sentido, el Código de Procedimiento Civil contempla una disposición para la apreciación de la prueba de testigos (Art. 508), y para la apreciación de conjunto de las pruebas (Art. 509) y de los indicios (Art. 510). La apreciación de conjunto de las pruebas, responde también a una jurisprudencia reiterada, conforme a la cual los jueces deben realizar el examen de todo el material probatorio, a fin de que la verdad procesal surja del análisis y concatenación del conjunto de las pruebas ofrecidas por los litigantes. 5.2.2. Libre Convicción Por Libre Convicción se entiende el modo de razonar que no se apoya necesariamente en la prueba que el proceso exhibe al Juez, ni en medios de información que puedan ser fiscalizados por las partes. En este sistema de apreciación de la prueba, el magistrado adquiere el convencimiento de la verdad, con la prueba de autos, fuera de ésta, y aún contra aquella. 10
Revista Internauta de Práctica Jurídica. Núm. 17 Enero‐Junio 2006 Devis Echandía indica que el sistema de la libre apreciación “exige jueces mejor preparados” (Ibidem), considerando la obligación de éstos de motivar la sentencia, explicando los motivos de su convencimiento sobre la base de ciertas pruebas, y que esto constituye garantía suficiente para la correcta justicia, junto con la formación universitaria en derecho para el desempeño del cargo y la revisión de aquella por Tribunales Superiores. Este sistema de libre convicción aplica para la prueba sobre asuntos regulados por la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente (LOPNA), y rigió para el procedimiento sobre hechos punibles, hasta la reforma del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) de 2001, que estableció la sana crítica como sistema de apreciación de la prueba “...observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia” (Art. 22). 5.2.3. Sana Crítica Couture la refiere como categoría intermedia entre la prueba legal y la libre convicción. Sin la excesiva rigidez del primer sistema, y sin la incertidumbre del segundo, configura una fórmula calificada de feliz, para regular la actividad intelectual del Juez frente a la prueba. Agrega el autor, que la sana crítica son ante todo, “reglas del correcto entendimiento humano; contingentes y variables con relación a la experiencia del tiempo y del lugar; pero estables y permanentes en cuanto a los principios lógicos en que debe apoyarse la sentencia” (1979: T. II, 195). El Juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar, esta manera de actuar sería libre convicción. La sana crítica es la unión de la lógica y de la experiencia, como se ha expuesto. La Ley pionera en la aplicación de este sistema, lo fue la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (LOPSEP), y hoy día el Código de Procedimiento Civil lo reconoce, 11
Revista Internauta de Práctica Jurídica. Núm. 17 Enero‐Junio 2006 el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) lo contempló en su última reforma, como se estableció y la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, también tiene receptividad hacia aquel. 5.3. Sistema Venezolano de Valoración de la Prueba Laboral La regla general de la apreciación de la prueba en nuestro país, está prevista en el artículo 507 CPC, en los términos: “A menos que exista una regla general expresa para valorar el mérito de la prueba, el Juez deberá apreciarla según las reglas de la sana crítica”. Rengel‐Romberg considera que en base a lo considerado, es mixto el sistema venezolano de valoración de la prueba. Autores como Devis Echandía no admiten la existencia de sistemas mixtos, y sostienen que el Juez tiene libertad de apreciación o no la tiene, pues no existe libertad a medias. En lo que corresponde a la valoración de la prueba laboral, la LOPT dispone que al efecto se proceda con base a las reglas de la sana crítica, pero “en caso de duda, preferirán (los Jueces del Trabajo) la valoración más favorable al trabajador” (Art. 10). En este sentido, es importante destacar que el principio proteccionista, rige no sólo para la interpretación y aplicación de las normas sustantivas laborales, sino también con respecto a las normas adjetivas. Bello Tabares expone sobre el riesgo que representa la aplicación de este sistema de valoración, en atención a la realidad judicial de nuestro país, signada por la falta de preparación y capacitación de los operadores en el ejercicio de la función pública de administrar justicia, aunado a la provisionalidad de muchos de éstos, todo lo que determina que el instrumento de la sana crítica resulta “peligroso e inadecuado en manos de jueces incapaces…” (2003: 73). Compartimos lo esbozado por el autor, aunque aspiramos que en el tiempo, dé sus frutos el plan de implementación de la LOPT llevado a cabo por el Tribunal Supremo de Justicia, para mejorar la calidad profesional de los jueces, como destaca Acevedo Galindo, y que ha comprendido 12
Revista Internauta de Práctica Jurídica. Núm. 17 Enero‐Junio 2006 un conjunto de actividades de capacitación, dentro del llamado “Aprendizaje Dinámico Acelerado” (2005: 280). En este sentido es importante asegurar el ingreso a la función judicial de personas de elevadas condiciones personales y profesionales. 6. BALANCE SOBRE LA PRUEBA EN EL NUEVO PROCEDIMIENTO LABORAL El Nuevo Procedimiento Laboral, regido por la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, responde a las modernas corrientes procesales. De esta manera sigue la orientación de instrumentos como Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica, tal como fue considerado, con el firme propósito que los sujetos laborales puedan demostrar de manera amplia el sustento de sus argumentos, en función a la existencia, inexistencia o extinción de obligaciones laborales. En futuras modificaciones de la Ley, debe precisarse, entre otros aspectos, lo siguiente: a) Definición del momento para promover pruebas dentro de la audiencia preliminar, establecer si corresponde al inicio ó en el transcurso de ésta (Art. 73), ya que puede prolongarse la audiencia hasta por cuatro (4) meses (Art. 136); b) Contemplar la posibilidad de práctica de pruebas anticipadas por ante el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución, aunque se pudiera interpretar que esto no está prohibido; c) Suprimir la posibilidad de comisionar para la práctica de la inspección judicial, ya que atenta contra la inmediación necesaria (Parágrafo Unico Art. 112 LOPT); d) Especificar un lapso para formular las observaciones a las pruebas de la contraparte, ya que la Ley se limita a establecer: “...el Juez concederá a la parte contraria un tiempo breve...” (Art. 155); y e) Así como está previsto para la audiencia preliminar, se debe definir un límite máximo de duración de la audiencia de juicio, oportunidad esta en que son 13
Revista Internauta de Práctica Jurídica. Núm. 17 Enero‐Junio 2006 evacuadas las pruebas, ya que la Ley dispone “...el debate...continuará el día hábil siguiente y así cuantas veces sea necesario, hasta agotarlo” (Art. 157). BIBLIOGRAFÍA Acevedo Galindo, Marjorie (2005): Balance de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en Venezuela desde su Entrada en Vigencia, en Libro sobre II Congreso Internacional de Derecho Procesal del Trabajo, Caracas, Tribunal Supremo de Justicia, Colección Eventos No. 16. Alonso Olea, Manuel; Miñambres Puig, César y Alonso García, Rosa María (2001): Derecho Procesal del Trabajo, Undécima Edición, Madrid, Editorial Civitas. Asamblea Nacional (2002): Ley Orgánica Procesal del Trabajo, Gaceta Oficial No. 37.504 del 13 de agosto de 2002. Asamblea Nacional (2001): Código Orgánica Procesal Penal, Gaceta Oficial No. 5.558 Extraordinario de fecha 14 de noviembre de 2001. Asamblea Nacional Constituyente (1999): Constitución, diversas publicaciones. Bello Tabares, Humberto Enrique III (2003): Análisis de las Pruebas en el Marco de los Procedimientos Orales contenidos en las Diversas Leyes de la República, Caracas, Livrosca. Buzaid, Alfredo (1989): La Carga de la Prueba, Colección Monografías Jurídicas No. 1, Caracas, Corsi & Govea Editores. Couture, Eduardo (1981): Fundamentos de Derecho Procesal Civil, Buenos Aires, Editorial Depalma. Congreso de la República (1998): Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, Gaceta Oficial No. 5.266 Extraordinario de fecha 02 de octubre de 1998. Congreso de la República (1997): Ley Orgánica del Trabajo, Gaceta Oficial No. 5.152 Extraordinario de fecha 19 de junio de 1997. Congreso de la República (1986): Código de Procedimiento Civil, Gaceta Oficial No. 3.694 Extraordinario, de fecha 22 de enero de 1986. Congreso de la República (1982): Código Civil, Gaceta Oficial No. 2.990 Extraordinario de fecha 26 de julio de 1982. Cuenca, Humberto (2000): Derecho Procesal Civil, Octava Edición, Caracas, Ediciones de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela. 14
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