Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/23370
Timestamp: 2020-05-29 09:30:48+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 61/2013
SENTENCIA 61/2013, de 14 de marzo
(BOE núm. 86, de 10 de abril de 2013)
ECLI:ES:TC:2013:61
1. El día 30 de septiembre de 2003 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional un escrito de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia al que se acompañaba, junto con el testimonio de las actuaciones correspondientes al recurso de suplicación 5169-00, sobre jubilación, el Auto de 13 de septiembre de 2003 por el que se acuerda plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con el inciso inicial de la letra a) de la regla segunda del apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley general de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (en adelante, LGSS), por posible vulneración del art. 14 de la Constitución.
2. Los antecedentes de hecho del planteamiento de la presente cuestión de inconstitucionalidad son, en síntesis, los siguientes:
a) Doña María Soneira Fraga, nacida el 21 de octubre de 1931, solicitó pensión de jubilación el 5 de noviembre de 1999, solicitud que le fue denegada por resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de 11 de noviembre de 1999, confirmada por resolución de 29 de marzo de 2000, que desestimó la reclamación previa, por no reunir el período mínimo de cotización de quince años exigido para causar derecho a la pensión de jubilación, conforme a lo dispuesto en el art. 161.1 b) LGSS.
b) Contra esta resolución interpuso demanda la señora Soneira Fraga, demanda que fue desestimada por Sentencia de 5 de octubre de 2000 del Juzgado de lo Social núm. 2 de La Coruña. En la Sentencia, tras declararse como hechos probados los períodos de cotización acreditados por la actora (en total, desde el 1 de mayo de 1981 hasta el 31 de octubre de 1999), y, asimismo, la parte de dicho período total que trabajó y cotizó a tiempo parcial (desde el 1 de noviembre de 1988 hasta el 31 de octubre de 1999, con una jornada del 18,4 por 100 de la jornada habitual de la empresa), se señala que, de conformidad con la normativa aplicable a la fecha del hecho causante (Real Decreto 2319/1993, Real Decreto-ley 15/1998 y Real Decreto 144/1999), debía ratificarse la resolución denegatoria del INSS, por cuanto la demandante acreditaba un total de 3.850 días de cotización efectiva, teniendo en cuenta que durante el período de trabajo a tiempo parcial habían de computarse exclusivamente las horas efectivamente trabajadas, a los que habían de sumarse los días correspondientes a las pagas extras, lo que arrojaba un total de 4.422 días cotizados, inferiores a los correspondientes al período mínimo de cotización de quince años, sin que los cálculos efectuados por la actora en su demanda, que los calcula por días enteros, sea la interpretación correcta.
c) Contra dicha Sentencia interpuso la señora Soneira Fraga recurso de suplicación, fundado en un único motivo, al amparo del art. 191 c) de la Ley de procedimiento laboral, argumentando que el período de trabajo a tiempo parcial transcurrido desde el 1 de mayo de 1981 hasta el 31 de diciembre de 1993 debía regirse por las normas anteriores al Real Decreto-ley 18/1993, de 3 de diciembre, que entró en vigor el 1 de enero de 1994, de modo que ese período fuera computado, a efectos de la carencia exigible para causar derecho a la pensión, tomando en consideración cada día trabajado como un día cotizado, con independencia del número de horas efectivamente trabajadas.
d) Elevados los autos a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, ésta dictó providencia de 4 de julio de 2003 acordando dar traslado a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo de diez días para que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), pudieran formular alegaciones sobre el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad por posible vulneración del principio de igualdad y de la prohibición de discriminación por razón de sexo, en su vertiente de discriminación indirecta, art. 14 CE, respecto de la letra a) de la regla segunda del apartado 1 de la disposición adicional séptima LGSS, donde se establece que para acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal y maternidad, se computarán exclusivamente las cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como complementarias, calculando su equivalencia en días teóricos de cotización.
e) Mediante escrito presentado el 21 de julio de 2003, el Ministerio Fiscal expuso su parecer contrario al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. Señalaba el Fiscal en el mismo que del proveído anterior parecía deducirse que el órgano judicial entendía que el precepto cuestionado vulneraba el art. 14 CE por dos motivos: el primero, por la ruptura del principio de igualdad en relación con los trabajadores a tiempo completo; y el segundo, por su efecto discriminatorio sexista. En cuanto a lo primero, aducía el Fiscal que la norma cuestionada no exige al trabajador a tiempo parcial más tiempo real de trabajo realizado para cubrir la carencia que el de un trabajador a tiempo completo, sino que establece un sistema de cómputo temporal distinto según el tipo de contrato, justificado en circunstancias objetivas de acuerdo con el principio de equilibrio económico del sistema de Seguridad Social, que es uno de los factores que puede tener en cuenta el legislador a la hora de establecer el nivel y condiciones de las prestaciones de dicho sistema. En cuanto a lo segundo, sostenía el Fiscal que el precepto cuestionado tiene un carácter neutro, aplicándose tanto a hombres como a mujeres, sin que deba olvidarse que el trabajo a tiempo parcial, como medida de fomento del empleo, ha permitido adaptar los sistemas de organización del trabajo de las empresas a las necesidades productivas, así como a las circunstancias personales o familiares del trabajador, por lo que el distinto sistema de cómputo del período de carencia establecido para los contratos a tiempo parcial está justificado por los factores objetivos antes señalados y es ajeno a cualquier discriminación por razón de sexo.
f) La Letrada de la Administración de la Seguridad Social formuló sus alegaciones con fecha 22 de julio de 2003, rechazando que el precepto legal cuestionado vulnerara la prohibición de discriminación por razón de sexo, en su vertiente de discriminación indirecta, porque la aplicación de la norma no se lleva a cabo en función del sexo de la demandante, sino en su condición de posible beneficiaria de una prestación de la Seguridad Social, establecida con carácter general y con independencia del sexo del solicitante. Asimismo, en relación con el principio de igualdad recordaba que, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional (SSTC 88/1991, de 25 de abril; 39/1992, de 10 de febrero; 77/1995, de 22 de mayo y 119/2002, de 20 de mayo), el legislador goza de un amplio margen en la regulación del sistema de Seguridad Social y que el principio de igualdad no exige que todas las situaciones, con independencia del tiempo en que se originaron o se produjeron sus efectos, reciban un trato igual, a lo que añadía que, de acuerdo con la STC 116/1991, de 23 de mayo, al existir en el sistema de Seguridad Social prestaciones no contributivas, la situación de necesidad no queda desprotegida.
g) El Letrado representante de doña María Soneira Fraga presentó su escrito de alegaciones el día 24 de julio de 2003, manifestando que la aplicación del precepto cuestionado daba lugar a la vulneración del principio de igualdad consagrado en el art. 14 CE en el caso de todas aquellas personas que habían suscrito un contrato a tiempo parcial antes del 1 de enero de 1994 y que solicitaran una pensión de jubilación con posterioridad a dicha fecha, en que entraron en vigor el Real Decreto-ley 18/1993, de 3 de diciembre, y el Real Decreto 2319/1993, de 29 de diciembre, que lo desarrolla. Ello es así por cuanto que a las personas con contratos a tiempo parcial que accedieron a la prestación de jubilación antes de dicha fecha se les computaron las horas cotizadas correspondientes a la jornada reducida como días completos de cotización a efectos del período de carencia exigido para causar derecho a la pensión, mientras que a quienes no pudieron acceder a las prestaciones antes del 1 de enero de 1994, a pesar de haber suscrito contrato a tiempo parcial bajo la misma legislación vigente, se les computaban las horas cotizadas de forma diferente a esos mismos efectos.
h) Por Auto de 13 de septiembre de 2003 la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia acordó plantear cuestión de inconstitucionalidad “para determinar si el inciso inicial de la letra a) de la regla 2 del apartado 1 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley General de la Seguridad Social es contrario a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución”.
3. El Auto de 13 de septiembre de 2003 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia fundamenta el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad en las consideraciones que seguidamente se resumen.
4. Por providencia de 11 de noviembre de 2003, la Sección Segunda de este Tribunal acordó admitir a trámite la cuestión, así como dar traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministro de Justicia, y al Fiscal General del Estado, al objeto de que, en el improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimasen convenientes, y publicar la incoación de la cuestión en el “Boletín Oficial del Estado” (lo que se cumplimentó en el “BOE” núm. 283, de 26 de noviembre de 2003).
5. Por escrito registrado el 27 de noviembre de 2003, la Presidenta del Congreso de los Diputados comunicó que dicha Cámara no se personaría en el procedimiento ni formularía alegaciones, poniendo a disposición del Tribunal las actuaciones que pudiera precisar, con remisión a la dirección de estudios y documentación de la Secretaría General. Igualmente, y por escrito registrado en el mismo día 27 de noviembre de 2003, se recibió comunicación del Presidente del Senado en el sentido de que se tuviera a dicha Cámara por personada en el procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
6. El Abogado del Estado formuló sus alegaciones mediante escrito registrado el 5 de diciembre de 2003, realizando las siguientes consideraciones.
a) Comienza sus alegaciones el Abogado del Estado cuestionando la observancia por la Sala proponente del requisito de sumisión previa a las partes del proceso a quo previsto en el art. 35.2 LOTC, toda vez que, a su juicio, la escueta providencia de 4 de julio de 2003 no satisface las exigencias mínimas de dicho precepto y de la doctrina de este Tribunal Constitucional, que ha destacado como finalidad del precepto la de permitir una efectiva colaboración de las partes en el proceso. Si bien puede estimarse suficiente la indicación contenida en la citada providencia relativa a la discriminación indirecta por razón de sexo, no ocurre lo mismo en relación con la referencia general e indeterminada al principio de igualdad, pues éste exige el establecimiento de un término de comparación para cualquier enjuiciamiento práctico. Esta referencia genérica, que después se concreta en el Auto de planteamiento de la cuestión como manifestación de una ruptura del principio de proporcionalidad, ha impedido a las partes —con excepción del Ministerio Fiscal— delimitar por sí mismos los géneros considerados luego en el Auto —los trabajadores a tiempo parcial y a tiempo completo—; así, en el escrito de alegaciones de la recurrente se entendió la comparación como referida sólo a los trabajadores a tiempo parcial, en función de la fecha de sus contratos, mientras que las alegaciones del INSS se limitaron al único aspecto que en la providencia ofrecía una cierta claridad: la discriminación por razón de sexo. Concluye, por ello, el Abogado del Estado que el primer motivo de inconstitucionalidad, relativo a la proporcionalidad, no debe quedar comprendido en la cuestión, por plantearse al margen del procedimiento.
b) No aprecia tampoco el Abogado del Estado la concurrencia de la segunda de las lesiones en que se funda el Auto de la Sala de lo Social, relativa a la existencia de discriminación indirecta. Al respecto indica que para que exista discriminación debe existir, como primera condición, una diferencia de trato, aunque la comparación haya de establecerse entre grupos de personas. Y esa diferencia de trato no es reconocible en un campo donde rige como esquema o principio básico un sistema de cobertura cifrado en la correspondencia entre cotizaciones y prestaciones. Lo excepcional, dice, son las quiebras de esa correspondencia, y esa excepcionalidad es la que se postula como adecuada en el Auto. Parece sugerirse por el órgano judicial proponente que lo que fundamenta el pago de las prestaciones sociales no es sino una vaga e imprecisa “vinculación” de la persona al mercado de trabajo, sin que fuera de esta genérica vinculación importe ni el trabajo realizado, ni las cotizaciones soportadas. Por tanto, no existe discriminación, es decir, diferencia entre dos grupos de trabajadores, porque desde el plano que importa a la institución considerada —el trabajo efectivo y las cotizaciones— ambos son tratados con absoluta igualdad, en cuanto se atiende al trabajo realizado y a las cotizaciones, teniendo precisamente el precepto cuestionado esta finalidad igualadora.
7. El Fiscal General del Estado evacuó el trámite conferido mediante escrito registrado el 5 de diciembre de 2003, en el que manifestó su criterio de que el precepto cuestionado no es contrario al art. 14 CE.
8. Por providencia de doce de marzo de dos mil trece se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día catorce del mismo mes y año.
1. El objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad, planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, es determinar si el inciso inicial de la letra a) de la regla segunda del apartado 1 de la disposición adicional séptima de la Ley general de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre, vulnera el art. 14 de la Constitución.
“a) Para acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal y maternidad, se computarán exclusivamente las cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como complementarias, calculando su equivalencia en días teóricos de cotización.”
“A tal fin, el número de horas efectivamente trabajadas se dividirá por cinco, equivalente diario del cómputo de mil ochocientas veintiséis horas anuales.”
“Para causar derecho a las pensiones de jubilación e incapacidad permanente, al número de días teóricos de cotización obtenidos conforme a lo dispuesto en la letra a) de esta regla se le aplicará el coeficiente multiplicador de 1,5, resultando de ello el número de días que se considerarán acreditados para la determinación de los períodos mínimos de cotización. En ningún caso podrá computarse un número de días cotizados superior al que correspondería de haberse realizado la prestación de servicios a tiempo completo.”
2. Antes de abordar los aspectos materiales planteados en la presente cuestión hemos de analizar si la misma cumple las condiciones procesales exigidas por los arts. 163 CE y 35 LOTC. En particular, hemos de examinar la objeción procesal expresada por el Abogado del Estado, quien alega un defecto en la manera en que la Sala proponente ha observado el requisito de sumisión previa de la duda de constitucionalidad a las partes del proceso a quo, previsto en el art. 35.2 LOTC, al considerar que, en lo referido a la posible lesión del principio de igualdad, la escueta providencia de 4 de julio de 2003 no satisface, a su juicio, las exigencias mínimas de dicho precepto y de la doctrina de este Tribunal Constitucional, por no ofrecer un término de comparación adecuado en el que basar el enjuiciamiento de la cuestión.
3. Resueltos los aspectos procesales, y a efectos de adentrarnos en el fondo, procede inicialmente efectuar algunas consideraciones previas, dirigidas a delimitar el contenido de la presente cuestión de inconstitucionalidad, las cuales, a su vez, permitirán subrayar los aspectos novedosos, aunque próximos, que la actual cuestión presenta respecto a la resuelta en la STC 253/2004, de 22 de diciembre —seguida y aplicada por las SSTC 49/2005 y 50/2005, de 14 de marzo.
a) A tal fin, hemos de comenzar recordando que, en la referida STC 253/2004, este Tribunal se pronunció sobre la constitucionalidad del precedente normativo de la previsión ahora cuestionada; esto es, sobre su antecesor, el art. 12.4 de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET), cuando en relación con la regulación del contrato a tiempo parcial disponía que para determinar los períodos de cotización y de cálculo de la base reguladora de las prestaciones de Seguridad Social se computarían exclusivamente las horas trabajadas.
b) En el momento en que, por las razones indicadas, la STC 253/2004 procedió a declarar la inconstitucionalidad del referido párrafo segundo del art. 12.4 LET, esta previsión había sido ya sustituida por la nueva regulación introducida por el Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre. A través de esta norma, y con fines de corrección sistemática, se dio nueva redacción al art. 12 LET, limitando principalmente su contenido a aspectos laborales del contrato a tiempo parcial, y dejando ubicados en la LGSS los criterios básicos de protección social relativos a esta modalidad contractual, que también fueron sometidos a revisión normativa, con objeto, según su exposición de motivos, de “hacer compatibles el principio de contributividad propio del sistema de Seguridad Social con los de igualdad de trato y proporcionalidad en el trabajo a tiempo parcial”. A estos efectos, y en lo que ahora interesa, el citado Real Decreto-ley 15/1998 procedió a dar un nuevo tenor a la disposición adicional séptima LGSS, dedicada a regular las “normas aplicables a los trabajadores contratados a tiempo parcial”, y que, en la regla segunda de su apartado primero, se encargó de revisar los criterios de cómputo de los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones.
Respecto a estos nuevos criterios de cómputo de los períodos de carencia, la STC 253/2004 se limitó a dar cuenta de ellos y a destacar que la regulación incorporada se encontraba “inspirada en el mantenimiento del criterio de proporcionalidad, pero atenuada mediante diversas reglas correctoras, en aras a facilitar el acceso de los trabajadores a tiempo parcial a las prestaciones de la Seguridad Social”. No obstante, la citada Sentencia no se pronunció sobre la constitucionalidad de esta nueva normativa, pues, en atención a la fecha del hecho causante del proceso a quo, las previsiones aplicables al caso eran las contenidas en la norma precedente en la materia, esto es, el ya referido art. 12.4 LET, a cuyo contenido quedaron restringidas las consideraciones del Tribunal, ceñidas, por tanto, a valorar la adecuación constitucional del estricto criterio de proporcionalidad en el cómputo de los períodos de cotización, sin aplicación de reglas correctoras.
c) De un lado, parece oportuno advertir que, con posterioridad a la elevación de la presente cuestión de inconstitucionalidad, el inciso primero de la citada letra a) ha sido objeto de modificación por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, si bien sólo a fin de extender su aplicación a la prestación de paternidad, y además con efectos desde su entrada en vigor —24 de marzo de 2007. En consecuencia, y de acuerdo con nuestra reiterada doctrina constitucional (por todas, STC 183/2012, de 17 de octubre, FJ 2), hemos de concluir que la novedad normativa sobrevenida carece de incidencia sobre el mantenimiento del objeto de la presente cuestión, dado que, al margen de no afectar al contenido que hace surgir la duda de constitucionalidad, la previsión cuestionada, en la redacción expuesta en el Auto de planteamiento, sigue siendo la aplicable y relevante en la resolución del proceso a quo.
d) En relación con esa previsión cuestionada, de otro lado ha de advertirse que, aun cuando el Auto plantea la cuestión respecto a todo el “inciso inicial de la letra a) de la regla 2 del apartado 1 de la Disposición Adicional 7ª de la Ley General de la Seguridad Social” —aplicable, según se expresa en el mismo, a diversas prestaciones de Seguridad Social—, lo cierto es que, en atención al objeto del proceso a quo y a las propias características de las cuestiones de inconstitucionalidad, la duda de constitucionalidad a examinar debe ceñirse a la aplicación de esta norma sobre la pensión de jubilación, por ser este el aspecto relevante para la resolución del litigio de origen (SSTC 235/2007, de 7 de noviembre, FJ 2; 130/2009, de 1 de junio, FJ 2). Tal precisión se efectúa, sin perjuicio de que, en virtud del art. 39.1 LOTC, una eventual declaración de inconstitucionalidad hubiera de extenderse, por conexión o consecuencia, a otras prestaciones del precepto cuestionado (SSTC 176/1993, de 27 de mayo, FJ 1; y 121/2011, de 7 de julio, FJ 2).
e) Finalmente, para acabar de delimitar el objeto de análisis, hemos de valorar el hecho de que el Auto de planteamiento de la actual cuestión centre exclusivamente su duda de constitucionalidad en el contenido del referido inciso inicial de la letra a) de la regla segunda del apartado 1 de la disposición adicional séptima LGSS, que, según lo indicado, se limita a declarar que el cómputo de los períodos de carencia de determinadas prestaciones se realizará en atención exclusiva a las cotizaciones efectuadas en función de las horas trabajadas, calculando su equivalencia en días teóricos de cotización. En puridad, pues, el órgano promotor no se refiere a las dos reglas correctoras ya mencionadas, contenidas en el segundo inciso de la letra a) y en la letra b) de dicha regla segunda. No obstante, su vinculación y su carácter complementario respecto a la previsión cuestionada hacen que su consideración resulte inexcusable en la presente Sentencia, al tratarse precisamente de las correcciones a aplicar al estricto criterio de proporcionalidad declarado inconstitucional por la STC 253/2004, de 22 de diciembre. En los fundamentos que siguen, por tanto, lo que habremos de determinar es si las reiteradas reglas correctoras introducidas por el legislador permiten superar el inicial reproche de inconstitucionalidad efectuado en su momento por este Tribunal, con la posibilidad, también aquí, de hacer uso, en su caso, de la facultad de extensión reconocida en el art. 39.1 LOTC.
4. Una vez efectuadas las anteriores aclaraciones, procede ya entrar en el examen de fondo de las dudas de constitucionalidad planteadas respecto a la regulación del cálculo de los períodos de cotización necesarios para causar derecho a la prestación de jubilación en el contrato a tiempo parcial y que se contienen en la regla segunda del apartado 1 de la disposición adicional séptima LGSS, en los términos que ya han quedado expuestos. El órgano promotor cuestiona la constitucionalidad de esta regulación por posible vulneración del art. 14 CE, tanto en relación con el principio de igualdad —por ruptura del principio de proporcionalidad—, como respecto al derecho a la no discriminación —por generarse una discriminación indirecta por razón de sexo. Sin perjuicio, pues, de que el contenido de la previsión cuestionada presente diferencias, lo cierto es que las objeciones del órgano promotor coinciden con las analizadas en la STC 253/2004, de ahí que, igual que en ésta, hayamos de tomar, como canon de enjuiciamiento, la doctrina sentada por este Tribunal en relación con el art. 14 CE, en las dos vertientes cuestionadas.
a) A los efectos que aquí interesan, desde la primera óptica baste con recordar que, conforme hemos declarado en numerosos pronunciamientos, “el principio de igualdad no implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica, de manera que no toda desigualdad de trato normativo respecto a la regulación de una determinada materia supone una infracción del mandato contenido en el art. 14 CE, sino tan sólo las que introduzcan una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas y, en consecuencia, veda la utilización de elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una justificación razonable”; asimismo, “[t]ambién es necesario, para que sea constitucionalmente lícita la diferencia de trato, que las consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción sean proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte que se eviten resultados excesivamente gravosos o desmedidos”; en consecuencia, hemos concluido que “[e]n resumen, el principio de igualdad no sólo exige que la diferencia de trato resulte objetivamente justificada, sino también que supere un juicio de proporcionalidad en sede constitucional sobre la relación existente entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida” (STC 63/2011, de 16 de mayo, FJ 3; o SSTC 117/2011, de 4 de julio, FJ 4 y 79/2011, de 6 de junio, FJ 3).
b) El mismo parámetro habremos de utilizar para enjuiciar si la norma cuestionada origina una discriminación indirecta por razón de sexo.
Ahora bien, tanto desde la jurisprudencia comunitaria como desde la propia jurisprudencia constitucional, se ha puesto de relieve que para apreciar la existencia de discriminación indirecta es necesario que concurra un tercer elemento: así, bajo diferentes fórmulas se requiere “que los poderes públicos no puedan probar que la medida responde a una medida de política social” que actúe como justificación suficiente (STC 240/1999, de 20 de diciembre, FJ 6 y STJUE de 20 de octubre de 2011, asunto Brachner), o que se constate que “la medida que produce el efecto adverso carece de justificación al no fundarse en una exigencia objetiva e indispensable para la consecución de un objetivo legítimo o no resultar idónea para el logro de tal objetivo” (STC 69/2007, de 16 de abril, FJ 3; o STC 198/1996, de 3 de diciembre, FJ 2); en otras palabras, dándose los presupuestos antes vistos, se ha apreciado que una norma puede dar lugar a discriminación indirecta “a menos que esté justificada objetivamente y sea proporcionada al objetivo perseguido”, considerando que “[a]demás, para estar justificada, la medida de que se trate tiene que ser adecuada para garantizar la realización del objetivo legítimo que persigue y no exceder de lo que es necesario para alcanzarlo” (STJUE de 13 de abril de 2010, asunto Bressol y otros). En consecuencia, en relación con la duda suscitada en el presente procedimiento respecto a la posible existencia de discriminación indirecta por razón de sexo, la valoración de si la previsión cuestionada resulta justificada y proporcionada aparece de nuevo como criterio determinante de la solución a adoptar.
5. Destacado ya el elemento clave de la decisión en la doble proyección de la duda de constitucionalidad planteada respecto al art. 14 CE, otro presupuesto adicional a tener en cuenta en nuestra resolución es el valor que debemos conceder a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de noviembre de 2012, asunto Elbal Moreno, dictada en relación con la prohibición de discriminación indirecta por razón de sexo derivada del art. 4 de la Directiva 79/7/CEE del Consejo —sobre aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social—, y mediante la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelve una petición de decisión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social núm. 33 de Barcelona, mediante Auto de 4 de julio de 2011, relativa precisamente a la misma previsión normativa que ahora es objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad, esto es, la regla segunda del apartado 1 de la disposición adicional séptima LGSS.
Nuestra jurisprudencia “ha venido reconociendo pacíficamente la primacía del Derecho comunitario europeo sobre el interno en el ámbito de las ‘competencias derivadas de la Constitución’, cuyo ejercicio España ha atribuido a las instituciones comunitarias con fundamento … en el art. 93 CE” (por todas, Declaración 1/2004, de 13 de diciembre, FJ 4; o STC 145/2012, de 2 de julio, FJ 5). Ahora bien, también hemos declarado que el Derecho de la Unión Europea “no integra en sí mismo el canon de constitucionalidad bajo el que hayan de examinarse las leyes del Estado español, ni siquiera en el caso de que la supuesta contradicción sirviera para fundamentar la pretensión de inconstitucionalidad de una ley por oposición a un derecho fundamental, atendiendo a lo dispuesto en el art. 10.2 CE … pues en tal supuesto la medida de la constitucionalidad de la ley enjuiciada seguiría estando integrada por el precepto constitucional definidor del derecho o libertad, si bien interpretado, en cuanto a los perfiles exactos de su contenido, de conformidad con los tratados o acuerdos internacionales de que se trate … incluidos, en su caso, los Tratados de la Unión Europea y la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea” (STC 41/2013, de 14 de febrero, FJ 2; o SSTC 28/1991, de 14 de febrero, FJ 5; 64/1991, de 22 de marzo, FJ 4). En relación con este último aspecto, y según ha señalado asimismo este Tribunal (SSTC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 3; 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 12), tanto los tratados y acuerdos internacionales, como el Derecho comunitario derivado pueden constituir “valiosos criterios hermenéuticos del sentido y alcance de los derechos y libertades que la Constitución reconoce”, valor que se atribuye con fundamento en el art. 10.2 CE, a cuyo tenor, y según hemos destacado en otros pronunciamientos, “las normas relativas a los derechos fundamentales y libertades públicas contenidas en la Constitución deben interpretarse de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España (art. 10.2 CE); interpretación que no puede prescindir de la que, a su vez, llevan a cabo los órganos de garantía establecidos por esos mismos tratados y acuerdos internacionales” (STC 116/2006, de 24 de abril, FJ 5; o STC 198/2012, de 6 de noviembre, FJ 9). Dentro, pues, de estos parámetros, es indudable la relevancia que adquiere el criterio seguido en la ya referida STJUE de 22 de noviembre de 2012, asunto Elbal Moreno, relativa, como se ha dicho, a los mismos elementos normativos que son objeto de consideración en la cuestión de inconstitucionalidad que ahora nos ocupa.
6. En la presente cuestión de inconstitucionalidad, y una vez sentadas las anteriores premisas, también este Tribunal considera que las reglas que acompañan a la previsión cuestionada en relación con el cómputo de los períodos de cotización en los contratos a tiempo parcial para causar derecho a una prestación de jubilación no permiten superar los parámetros de justificación y proporcionalidad exigidos por el art. 14 CE, dado que las medidas de corrección en su momento introducidas no consiguen evitar los resultados especialmente gravosos y desmesurados a que la norma puede conducir.
a) Respecto a la primera de dichas reglas —atender a los días teóricos de cotización, obtenidos mediante la operación de dividir el número de horas trabajadas entre cinco— cabe señalar que más que tratarse, propiamente, de una corrección del principio de proporcionalidad estricta, nos encontramos ante un procedimiento de cálculo más preciso técnicamente para la aplicación de dicho principio. En todo caso, el resultado de su aplicación será que los trabajadores a tiempo completo acreditarán como cotizados el total de días naturales del período trabajado, mientras que los trabajadores a tiempo parcial acreditarán un número de días inferior, determinado por el número de horas trabajadas. Por tanto, la norma sigue manteniendo una diferencia de trato en el cómputo de los períodos cotizados entre los trabajadores a tiempo completo y los trabajadores a tiempo parcial, basada en la aplicación de un criterio de proporcionalidad, referido no sólo a la cuantía de las bases reguladoras, sino también al cálculo de los períodos de carencia, criterio que este Tribunal, en su STC 253/2004, de 22 de diciembre, no consideró justificado por las exigencias de contributividad del sistema.
b) En todo caso, la regla propiamente correctora de la aplicación estricta del criterio de proporcionalidad es la segunda de las enunciadas, que establece la aplicación de un coeficiente multiplicador de 1,5 al número de días teóricos de cotización obtenidos conforme a la regla anterior para determinar el período total de ocupación cotizado, medida que se aplica, exclusivamente, respecto a las pensiones de jubilación e incapacidad permanente. Esta regla correctora supone, en definitiva, reconocer a los trabajadores contratados a tiempo parcial un plus de medio día cotizado por cada día teórico de cotización calculado conforme al criterio de proporcionalidad ya analizado, previéndose la aplicación de este plus con carácter uniforme para todos los trabajadores a tiempo parcial, con independencia de la duración mayor o menor de la jornada de trabajo realizada o del período más o menos amplio de tiempo acreditado a tiempo parcial dentro de la vida laboral de cada trabajador.
Sin duda, esta segunda regla atenúa los efectos derivados de una estricta proporcionalidad, favoreciendo que los trabajadores a tiempo parcial puedan alcanzar los períodos de cotización exigidos para causar la prestación de jubilación —que es la discutida en el proceso a quo—. No obstante, su virtualidad como elemento de corrección es limitada, y ni siquiera en el ámbito de esta prestación se consigue evitar los efectos desproporcionados que su aplicación conlleva en términos de desprotección social. Como a continuación se explica, con la nueva regla ahora examinada, únicamente serán menos los trabajadores perjudicados por su aplicación, pero, respecto de ellos, la regulación cuestionada habrá de merecer similares reproches a la anterior, al resultar insuficiente su eficacia correctora.
c) En definitiva, a la vista de estas consideraciones cabe concluir que las diferencias de trato en cuanto al cómputo de los períodos de carencia que siguen experimentando los trabajadores a tiempo parcial respecto a los trabajadores a jornada completa se encuentran desprovistas de una justificación razonable que guarde la debida proporcionalidad entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida. Por ello, conforme al canon de enjuiciamiento expuesto en el fundamento jurídico 4, hemos de declarar que la norma cuestionada vulnera el art. 14 CE, tanto por lesionar el derecho a la igualdad, como también, a la vista de su predominante incidencia sobre el empleo femenino, por provocar una discriminación indirecta por razón de sexo.
7. Todo lo expuesto conduce a la estimación de la presente cuestión de inconstitucionalidad, con el alcance indicado en el fundamento jurídico anterior. Como ya hicimos en la STC 253/2004, de 22 de diciembre, resta únicamente por precisar que no es a este Tribunal, sino a los órganos judiciales, a quienes corresponde integrar, por los medios que el ordenamiento jurídico pone a su disposición, la eventual laguna que la anulación de la previsión cuestionada pudiera producir en orden al cómputo de los períodos de carencia para causar derecho a las prestaciones de Seguridad Social referidas en la norma en el caso de los trabajadores a tiempo parcial.
Número y fecha BOE [Núm, 86 ] 10/04/2013
Tipo y número de registro Cuestión de inconstitucionalidad 5862-2003
Planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en relación con la disposición adicional séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
Derechos a la igualdad en la ley y a no sufrir discriminación por razón del sexo: determinación de los períodos de cotización de las prestaciones de Seguridad Social computando exclusivamente las horas trabajadas, en perjuicio de las trabajadoras a tiempo parcial (STC 253/2004).
Una disposición de la Ley general de la Seguridad Social establece que el cálculo de los periodos de cotización necesarios para tener derecho a las pensiones, en el caso de los trabajadores a tiempo parcial, se realizará en función de las horas trabajadas, calculando su equivalencia en días teóricos de cotización, y aplicando a la cifra resultante un coeficiente corrector de 1,5 para obtener el total de días a computar. Se cuestiona si la forma descrita vulnera el artículo 14 CE, tanto por suponer una diferencia de trato desproporcionada como por implicar una discriminación indirecta por razón de sexo.
La Sentencia estima la cuestión. La normativa anterior a la ahora enjuiciada se declaró inconstitucional en la STC 253/2004. La diferencia reside en que el precepto cuestionado en esta ocasión incluye una medida correctora. Sin embargo, aun cuando el coeficiente corrector de 1,5 atenúa los efectos de la regla, no alcanza a corregir todos los efectos desproporcionados en el acceso a la pensión de jubilación de los trabajadores a tiempo parcial. El principio de contributividad permite explicar que las menores cotizaciones ingresadas determinen una menor cuantía en la jubilación de trabajadores a tiempo parcial, pero no la diferencia en el cómputo de los períodos para acceder a ella. La predominante incidencia sobre el empleo femenino provoca una discriminación indirecta por razón de sexo al ser las mujeres las principales afectadas por representar una amplia mayoría de los trabajadores a tiempo parcial.
Las diferencias de trato en el cómputo de los períodos de carencia que experimentan los trabajadores a tiempo parcial respecto a los trabajadores a jornada completa se encuentran desprovistas de una justificación razonable que guarde la debida proporcionalidad entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida, por lo que hemos de declarar que la norma cuestionada vulnera el art. 14 CE, tanto por lesionar el derecho a la igualdad, como también, a la vista de su predominante incidencia sobre el empleo femenino, por provocar una discriminación indirecta por razón de sexo (STJUE asunto Elbal Moreno, de 22 de noviembre de 2012; STC 253/2004) [FFJJ 3, 5, 6].
Las reglas que acompañan a la previsión cuestionada en relación con el cómputo de los períodos de cotización en los contratos a tiempo parcial para causar derecho a una prestación de jubilación no permiten superar los parámetros de justificación y proporcionalidad exigidos por el art. 14 CE, dado que las medidas de corrección en su momento introducidas no consiguen evitar los resultados especialmente gravosos y desmesurados a que la norma puede conducir [FJ 6].
La norma cuestionada, que computa los días trabajados conforme a una fórmula de horas trabajadas, mantiene una diferencia de trato en el cómputo de los períodos cotizados entre los trabajadores a tiempo completo y los trabajadores a tiempo parcial, basada en la aplicación de un criterio de proporcionalidad, referido no sólo a la cuantía de las bases reguladoras sino también al cálculo de los períodos de carencia, no justificado por las exigencias de contributividad del sistema (STC 253/2004) [FJ 6 a)].
El principio de contributividad justifica que el legislador establezca que las bases reguladoras de las prestaciones de la Seguridad social se calculen en función de lo cotizado, de donde resultará una prestación de cuantía inferior para los trabajadores a tiempo parcial por comparación con los trabajadores a jornada completa, pero la diferencia de trato en cuanto al cumplimiento del requisito de carencia para el acceso a las prestaciones contributivas no aparece justificada, tratándose de un diferenciación arbitraria que además conduce a un resultado desproporcionado al dificultar el acceso a la protección de la Seguridad Social de los trabajadores contratados a tiempo parcial (STC 253/2004) [FJ 6 b)].
El principio de igualdad no sólo exige que la diferencia de trato resulte objetivamente justificada, sino también que supere un juicio de proporcionalidad en sede constitucional sobre la relación existente entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida (SSTC 63/2011, 117/2011) [FJ 4 a)].
Una norma puede dar lugar a discriminación indirecta por razón de sexo a menos que esté justificada objetivamente y sea proporcionada al objetivo perseguido, considerando además que, para estar justificada, la medida de que se trate tiene que ser adecuada para garantizar la realización del objetivo legítimo que persigue y no exceder de lo que es necesario para alcanzarlo (SSTJUE, asunto Bressol y otros, de 13 de abril de 2010, asunto Brachner, de 20 de octubre de 2011; SSTC 198/1996, 3/2007) [FJ 4 b)].
Doctrina sobre el valor de los tratados internacionales y el Derecho comunitario derivado como criterios hermenéuticos del sentido y alcance de los derechos y libertades que la Constitución reconoce (SSTC 28/1991, 41/2013) [FJ 5].
No existe ningún óbice para hacer un pronunciamiento de inadmisión de una cuestión de inconstitucionalidad en la fase de resolución de la misma, esto es, mediante Sentencia, dado que la tramitación del art. 37.1 LOTC no tiene carácter preclusivo (AATC 42/1998, 206/2005; SSTC 133/2004, 224/2006) [FJ 2].
La audiencia previa al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad tiene el doble objetivo de garantizar la audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal y poner a disposición del Juez un medio que le permita conocer la opinión de los sujetos interesados con el fin de facilitar su reflexión sobre la conveniencia o no de proceder a la apertura de dicho proceso de inconstitucionalidad, por lo que resulta exigible que la providencia que otorga la audiencia concrete los preceptos legales cuestionados y las normas constitucionales que el Juez estima de posible vulneración por aquéllos (AATC 108/1993, 121/1998; SSTC 166/1986, 139/2008) [FJ 2].
Disposición adicional séptima, apartado 1 regla 2 (redactado por el Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre) (anula)
Disposición adicional séptima, apartado 1 regla 2 a) inciso 1 (redactado por el Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre)
Artículo 35.2 (redactado por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo), ff. 1, 2
Artículo 12.4.2 (redactado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo), f. 3
Real Decreto 2319/1993, de 29 de diciembre. Revalorización de pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones de protección social pública para 1994
Disposición adicional novena, f. 6
Disposición adicional séptima (redactada por el Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre), ff. 1, 3
Disposición adicional séptima, apartado 1 regla 2 (redactada por el Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre), ff. 3 a 6
Disposición adicional séptima, apartado 1 regla 2 (redactado por el Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre), ff. 3 a 6
Disposición adicional séptima, apartado 1 regla 2 a) inciso 1 (redactada por el Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre), ff. 1, 3, 6
Disposición adicional séptima, apartado 1 regla 2 a) inciso 1 (redactada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo), f. 3
Disposición adicional séptima, apartado 1 regla 2 a) inciso 1 (redactado por el Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre), ff. 1, 3, 6
Disposición adicional séptima, apartado 1 regla 2 a) inciso 1 (redactado por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo), f. 3
Disposición adicional séptima, apartado 1 regla 2 a) inciso 2 (redactada por el Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre), ff. 1, 3, 6
Disposición adicional séptima, apartado 1 regla 2 a) inciso 2 (redactado por el Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre), ff. 1, 3, 6
Disposición adicional séptima, apartado 1 regla 2 b) (redactada por el Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre), ff. 1, 3
Disposición adicional séptima, apartado 1 regla 2 b) (redactado por el Real Decreto-ley 15/1998, de 27 de noviembre), ff. 1, 3
Artículo 12.4, ff. 3, 6
Real Decreto 489/1998, de 27 de marzo. Desarrolla, en materia de Seguridad Social, la Ley 63/1997, de 26 de diciembre, en relación con los contratos de trabajo a tiempo parcial, y se modifican otros aspectos del régimen jurídico aplicable a los trabajadores a tiempo parcial
Discriminación indirectaDiscriminación indirecta, ff. 4, 5
Discriminación por razón de sexoDiscriminación por razón de sexo, ff. 4, 5
Igualdad ante la leyIgualdad ante la ley, ff. 5 a 7
Principio de proporcionalidadPrincipio de proporcionalidad, ff. 5 a 7
Tratamiento diferenciado entre trabajadores a tiempo parcial y trabajadores a tiempo completoTratamiento diferenciado entre trabajadores a tiempo parcial y trabajadores a tiempo completo, ff. 3 a 6
Cómputo de los períodos de cotizaciónCómputo de los períodos de cotización, ff. 5 a 7
Contrato a tiempo parcialContrato a tiempo parcial, ff. 1 a 7
Período de carenciaPeríodo de carencia, f. 6
Prestaciones contributivasPrestaciones contributivas, ff. 3 a 6
Principio de contributividad del sistemaPrincipio de contributividad del sistema, ff. 3, 6

References: Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 14
 Real Decreto 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 14
 resolución 

Artículo 35

Artículo 12
 Real Decreto 

Real Decreto 

Artículo 12

Real Decreto