Source: https://www.scribd.com/document/186142856/Protegiendo-el-Agua-y-sus-Servicios-Ecosistemicos
Timestamp: 2017-09-20 03:36:57+00:00

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Description: “El acceso al agua potable y al saneamiento debe ser equitativo y no discriminatorio, apropiado en calidad y cantidad, económica, social y ambientalmente sustentable y de costo accesible. Es obli...
“El acceso al agua potable y al saneamiento debe ser equitativo y no discriminatorio, apropiado en calidad y cantidad, económica, social y ambientalmente sustentable y de costo accesible. Es obligación del Estado proteger a la gente de la desconexión a los servicios de aguas y de la contaminación, prohibir que individuos o empresas lesionen los derechos de otros”
AGRADECIMIENTOS Y PARTICIPANTES DEL GRUPO DE TRABAJO
El presente esfuerzo de sistematización y formulación ha sido elaborado por
la Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA) con la colaboración de la Red de Acción por el Agua de México (FANMex). Se contó además con el apoyo financiero y logístico de: - La Asociación Mundial del Agua-Centroamérica (GWP) - La Comisión Nacional del Agua de México (CONAGUA) - La Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) - La Agencia Británica para la Cooperación Internacional (GTF UKAID) - El Foro del Agua de las Américas (WFA) - La Iniciativa Butterfly Effect
A Todos ellos nuestro más sincero y profundo agradecimiento. Este esfuerzo no habría sido posible sin la activa vinculación de las organizaciones de sociedad civil, acueductos comunitarios, gobiernos locales, agencias nacionales y de la academia que enriquecieron los alcances y visión de este documento, y que participaron en los talleres nacionales, en los foros de discusión y en los encuentros continentales de México (Septiembre 2011) y Medellín, Colombia (Noviembre 2011). San José, Costa Rica. 17 de diciembre de 2011.
AGRADECIMIENTOS Y PARTICIPANTES DEL GRUPO DE TRABAJO	1.Resumen Ejecutivo	2 4
2.Introducción	6 3.Metas SMART definidas y principales actividades WISE para lograrlas	4.El derecho humano al agua y al saneamiento en el derecho internacional	7 8
a. Las resoluciones de la ONU del 28 de Julio y el 30 de setiembre del 2010	9 b. Carácter vinculante del derecho humano al Agua y al Saneamiento	c. Implicaciones del derecho humano al agua de acuerdo a la Observación General número 15	5.Soluciones existentes e innovadoras sobre el derecho humano al agua y al saneamiento en los países de América Latina	a. Sudamérica	a.1. Uruguay: Soluciones a nivel constitucional	a.2. Bolivia: Soluciones a nivel constitucional	a.3. Ecuador	a.4. Paraguay: Una solución existente a nivel de legislación	b. La situación de Centroamérica	b.1. Nicaragua	b.2. Costa Rica	c. México	d. Otras soluciones existentes e innovadoras	6.Mensajes clave de índole política.	16 17 17 18 20 21 22 23 27 31 33 37 12 10
Uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad es lograr la conservación y sostenibilidad de la oferta de los recursos hídricos disponibles para la satisfacción de las distintas necesidades humanas, al tiempo que se garantiza la sostenibilidad de los ecosistemas naturales; y se avanza en el desarrollo de las fuerzas productivas. En el continente americano ese desafío es particularmente serio en la medida en que las grandes urbes, donde se concentra la mayoría de la población, están ubicadas en zonas áridas o semiáridas, las cuales presentan gran escasez de agua; tal es el caso de Ciudad de México, Buenos Aires, Lima, entre otras. La problemática de las zonas rurales del continente con respecto a las áreas urbanas es aún más crítica. Sin embargo la falta de presencia del Estado, las dificultades de acceso, la dispersión de su población ha provocado que las propias comunidades se hayan organizado, a través de diversas expresiones, para satisfacer sus necesidades de abastecimiento de agua potable; y han generado una extraordinaria experiencia sumamente eficiente y ambientalmente sostenible de manejo comunitario del recurso. El compromiso de los países de avanzar en el cumplimiento de los Acuerdos de Johannesburgo y de las Metas del Milenio, así como los esfuerzos nacionales y regionales encaminados a la integración económica y a la inserción de la Región en los mercados internacionales, cada vez más globalizados; han provocado una serie de procesos dirigidos a reformar el marco jurídico institucional regulatorio de los recursos hídricos. Es en este contexto, el reconocimiento del agua potable y el saneamiento como derechos humanos fundamentales adquiere una relevancia de primer orden; ya que los procesos de reforma del marco jurídico de los recursos hídricos debe ir dirigido a la mejoría en la calidad de vida de la población, a la satisfacción de sus necesidades fundamentales, la protección y conservación de los ciclos ecosistémicos que garanticen la continuidad del recurso; y luego a resolver los requerimientos de los otros usos del agua. Las concepciones relativas al agua y al saneamiento como derechos humanos no son nuevas; desde hace varios años han sido incorporadas implícitamente en una serie de instrumentos jurídicos internacionales; pero no es sino hasta el
año 2010 que la Asamblea General de las Naciones Unidas emite una resolución reconociendo explícitamente estos derechos, lo que constituye un hecho histórico, al incorporarse estos al sistema internacional y constituirse en principios universales del derecho. Por su parte, algunos países del continente ya han incorporado en sus marcos jurídicos un reconocimiento explícito a estos derechos o a algunos de sus componentes. Sin embargo, en la mayoría de las legislaciones siguen estando ausentes; y más grave aún; su plena realización continúa siendo un reto para la mayoría de los países de la Región. Es necesario avanzar en la incorporación de estos derechos humanos en los marcos jurídicos de todos los países de las Américas, pero sobre todo, en la definición de las hojas de ruta que permitan su realización, lo cual deberá traducirse en la universalización de los servicios de agua potable y saneamiento en el continente americano.
Este documento es el resultado de un proceso de reflexión, discusión y consulta desarrollado en el marco del Foro del Agua de las Américas (WFA), a través de talleres nacionales multisectoriales en los países de Centroamérica, que reunieron cerca de 300 representantes de la sociedad civil, gobiernos locales, agencias nacionales, la academia, el sector privado, así como redes y organismos internacionales. De igual forma se realizaron una serie de teleconferencias y discusiones electrónicas durante varios meses que involucraron a diversos actores de países de Sudamérica. Este proceso culminó en dos encuentros continentales; el primero de ellos en la ciudad de México en el marco de los “Talleres de Grupos de Metas y Soluciones de las Américas. El segundo de ellos en la ciudad de Medellín, Colombia en el marco del “Sétimo Diálogo Interamericano sobre la Gestión del Agua”. En ambos eventos participaron representantes de diversos sectores sociales e institucionales provenientes de distintos países del Caribe, Centro, Sur y Norteamérica. Como resultado de dicho proceso se ha producido el presente documento que está enfocado en la meta uno sobre “Derecho Humano al Agua y al Saneamiento”; dentro del grupo temático “garantizando el agua para todos”. En una primera sección se hace una sistematización acerca de las implicaciones, contenidos y fundamentos del derecho humano al agua y al saneamiento reconocidos por la Asamblea General de Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En segundo lugar se hace un análisis sobre la forma en que los distintos países de la Región han reconocido e incorporado estos derechos humanos en sus marcos jurídicos. Luego se proponen una serie de mensajes clave; así como lineamientos para el diseño de hojas de ruta nacionales dirigidas a la incorporación de estos derechos en los marcos jurídicos de los países; y asegurar su plena realización, alcanzando la universalización de los servicios de agua potable y saneamiento en toda la Región.
3. Metas SMART definidas y principales actividades WISE para lograrlas
Como producto del proceso de reflexión y discusión desarrollado; el grupo temático de Agua Potable y Saneamiento ha definido dos metas bajo el enfoque SMART, las cuales son: Meta Uno “Para el 2012 todos los países de América son sensibles a las implicaciones y principios de la declaración de agua y saneamiento como un derecho humano, y para el 2015 un 25% más de los países en la región tienen una hoja de ruta formal para la implementación de dichos derechos”. Meta Dos “Para el 2020 al menos la mitad de los países de la Región han disminuido la brecha existente tanto en los servicios de acceso al agua como en las aguas residuales tratadas en un 50%, en comparación con la línea base del 2008.” Específicamente para el logro de la meta Uno se considera necesario desarrollar una serie de etapas que se describen a continuación: a. Sistematizar y clarificar los alcances, contenidos e implicaciones del derecho humano al acceso al agua y al saneamiento, así como el de las resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Derechos Humanos; de forma que se eviten las malinterpretaciones e informaciones erróneas que los distintos actores sociales e institucionales tienen en muchos casos sobre este tema; lo cual genera falsas expectativas en unos, y temores, dudas y resistencias en otros. Analizar los marcos jurídicos de los distintos países de la Región para determinar de qué forma abordan actualmente los distintos contenidos relativos al derecho humano al agua potable y al saneamiento, identificar los vacíos y posibles obstáculos legales para su plena realización y establecer una línea base que permita monitorear los avances del continente en esta materia. Incorporar en forma explícita estos derechos humanos en los marcos jurídicos nacionales, preferentemente a nivel de Constituciones Políticas; o de leyes marco regulatorias del sector. Para ello se requiere del diseño de estrategias de promoción, divulgación, incidencia y negociación política que involucren a todos los actores sociales.
Es clave el aporte de los organismos financieros internacionales, de las agencias de cooperación, de los distintos organismos de Naciones Unidas; así como de redes y organizaciones de sociedad civil, de la academia y del sector privado de forma que se logren construir los acuerdos y consensos necesarios. d. Desarrollar planes, programas y estrategias para la plena realización de estos derechos humanos. Una vez incorporados en los marcos jurídicos nacionales y reconocidos como derechos humanos por los distintos países de la Región, es necesario avanzar en su implementación, con el objetivo último de alcanzar la universalización de los servicios de agua potable y saneamiento en todos los países del continente. e. Mecanismos de verificación y monitoreo. Una vez establecida la línea base y acordados los planes y estrategias para la realización de ambos derechos humanos, se requiere establecer instrumentos participativos de verificación y monitoreo, con el propósito de medir los avances que se van desarrollando en los distintos países, corregir las deficiencias y posibles atrasos y potenciar los factores de éxito.
4. El derecho humano al agua y al saneamiento en el derecho internacional
Entre los instrumentos jurídicos internacionales que han hecho un reconocimiento implícito del acceso al agua y al saneamiento como derechos humanos se encuentran los siguientes: -	La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979). La Convención sobre los Derechos del Niño (1989). La Cumbre de la Tierra (1992). El Comentario General sobre el Derecho a la Salud (2000).
Pero es hasta el año 2002 que a través de la Observación General Número 15 al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU; que se reconoce explícitamente el acceso al agua como un derecho humano: Señala esta observación que “el derecho humano al agua implica el derecho de todas las personas a contar con agua suficiente, segura, de calidad aceptable y accesible tanto en precio como físicamente, para usos personales y domésticos”1
a. Las resoluciones de la ONU del 28 de Julio y el 30 de setiembre del 2010
El 28 de Julio del 2010 la Asamblea General de la ONU aprobó por 122 votos a favor, ningún voto en contra y 41 abstenciones; una moción presentada por Bolivia y respaldada por 33 países más2, para que la ONU reconociera el agua y el saneamiento como derecho humanos; y en la que se urgía a garantizar que los casi 900 millones de personas que carecen de este vital líquido pudieran ejercer estos derechos. Un antecedente inmediato de esta resolución fue la campaña liderada por Bolivia; y respaldada por el gobierno de España y por distintas organizaciones de sociedad civil, durante el V Foro Mundial del Agua, celebrado en la ciudad de Estambul, en marzo del 2009, donde se logró que 25 países firmaran una declaración alterna a la oficial, en la cual reconocían tanto el acceso al agua como al saneamiento como derechos humanos fundamentales3. Posteriormente, el 30 de Setiembre del 2010, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU emite una resolución reconociendo ambos derechos e instando a los países a tomar medidas para su cumplimiento efectivo. Este Consejo afirma que el derecho humano al agua potable y al saneamiento se deriva del derecho a un nivel de vida adecuado; y está asociado al derecho a la salud, así como al derecho a la vida y la dignidad humana; todos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, Económicos y Culturales de la ONU.
1 Observación General No.15 del 29 período de sesiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU 11-29 Noviembre del año 2002. Ginebra, Suiza. 2Estos países fueron: Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Azerbaijan, Bahrein, Bangladesh, Benin, Eritrea, Burundi, Congo, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Fiji, Georgia, Guinea, Haití, Islas Salomón, Madagascar, Maldivas, Mauricio, Nicaragua, Nigeria, Paraguay, República Centroafricana, República Dominicana, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Serbia, Seychelles, Sri Lanka, Tuvalu, Uruguay, Venezuela, y Yemen 3 Durante el IV Foro Mundial del Agua celebrado en México en el año 2006, únicamente se había logrado que 4 países firmaran la declaración alternativa, lo que evidencia el ascenso que tuvo el tema a partir de las campañas y las movilizaciones desarrolladas por múltiples organismos de sociedad civil, ONGs y el Gobierno de Bolivia.
b. Carácter vinculante del derecho humano al Agua y al Saneamiento
Erróneamente algunas personas han alegado que debido a que las resoluciones de la Asamblea General de la ONU y del Consejo de Derechos Humanos no son vinculantes; tampoco lo es el derecho humano al agua y al saneamiento. Sin embargo esto no es correcto. Una vez que un derecho humano es reconocido por el conjunto de las naciones, pasa a constituir un principio universal de derecho y por tanto se vuelve “inherente a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todas las personas tienen los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna.” Los derechos humanos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles; iguales y no discriminatorios. Por lo tanto no pueden aplicarse unos y otros no; no se pueden reconocer unos y otros no. Tampoco pueden regir para unas personas y para otras no. Este es el carácter esencial y diferenciador de estos derechos con respecto a otros tipos de derechos también existentes en los ordenamientos jurídicos. Tanto el derecho internacional como el derecho interno reconocen los Principios Generales como fuente de los derechos humanos. Por lo tanto una vez que la Asamblea General de la ONU reconoció estos derechos el 28 de julio del año 2010, fueron incorporados al sistema internacional de los derechos humanos y por tanto se convierten en derechos exigibles y de carácter vinculante para toda la humanidad. La discusión por tanto no es si el derecho humano al agua y al saneamiento es vinculante o no; sino que implicaciones tiene este derecho, cuáles son las obligaciones de los Estados y a qué tienen derecho las personas en esta materia. En primer lugar debe señalarse que en virtud del derecho internacional todos los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos.
“La obligación de respetarlos significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos” 4 Ahora bien, específicamente en cuanto al derecho humano al agua, y partiendo de los principios de derecho internacional anteriores, la misma observación General número 15 “exige que los Estados parte impidan a terceros que menoscaben en modo alguno el disfrute del derecho al agua. Por terceros se entiende particulares, grupos, empresas y otras entidades, así como quienes obren en su nombre”. 5 La resolución del 30 de septiembre del 2010 establece además, que los Estados tienen la responsabilidad de desarrollar todos “los instrumentos y mecanismos adecuados, que pueden comprender legislación, planes y estrategias integrales para la realización de las obligaciones de derechos humanos referentes al acceso al agua potable y al saneamiento”. Además los Estados deben velar por la transparencia del proceso de planificación y ejecución en el suministro de agua y el saneamiento, así como garantizar la participación “activa, libre y auténtica de las comunidades locales afectadas y los interesados pertinentes”. Con lo cual la ONU reafirma una vez más la participación ciudadana como un principio consustancial a estos derechos humanos. La resolución se refiere también a que los prestadores de los servicios de agua potable y saneamiento deben poner “especial atención a grupos vulnerables y marginados, respetando los principios de no discriminación e igualdad entre los géneros”, con lo cual se protege a los sectores que históricamente han estado más desprotegidos y carentes de acceso adecuado a agua potable y saneamiento. Pero uno de los aspectos más importantes de la resolución es el que tiene que ver con los “operadores no estatales”. Dice el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que los Estados “de conformidad con sus leyes, pueden optar por hacer participar a actores no estatales en el suministro de agua potable y saneamiento y, con independencia del modo de suministro, deben velar por la transparencia, la no discriminación y la rendición de cuentas”.
4 Ibidem 5 ONU. Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. pág 124.
Sin embargo el Consejo aclara que los Estados tienen “la responsabilidad primordial de garantizar la plena realización de todos los derechos humanos” y que el haber delegado en actores no estatales el suministro de agua o el saneamiento, no los exime de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Con esta resolución los acueductos comunitarios tienen ante sí una herramienta importantísima para su reconocimiento como actores no estatales responsables del suministro de agua potable en sus comunidades; pero además para exigir a los Estados que velen por su protección, por su desarrollo, por su fomento; e impidan cualquier actividad que pueda poner en peligro la plena realización de estos derechos. La resolución también exige a estos operadores y a cualquier otro, actuar con transparencia, con rendición de cuentas, y sin discriminación.
c. Implicaciones del derecho humano al agua de acuerdo a la Observación General número 15
El reconocimiento jurídico del agua como un derecho humano fundamental trasciende el simple acceso; para incorporar otras dimensiones relacionadas con la calidad y con la equidad. La doctrina moderna, respaldada por los instrumentos jurídicos anteriores, así como por las leyes nacionales de muchos países, establece que el derecho humano al agua se hace efectivo a través del cumplimiento de los siguientes factores: Disponibilidad: El suministro de agua potable para cada persona debe ser suficiente y continuo tanto para sus usos personales como domésticos. Estos usos implican agua para beber, para el saneamiento, para el lavado de sus ropas, para la preparación de alimentos e incluso para la higiene personal. La cantidad mínima de agua que los Estados deberían garantizar a toda persona, es la que establece la Organización Mundial de la Salud; que en la actualidad es de 20 litros diarios por persona. Sin embargo, cuando alguien pueda requerir cantidades adicionales en función de su salud, del clima, de su ubicación geográfica o de sus condiciones de trabajo;
es obligación del Estado proveerles con la cantidad adicional que se requiera para mantenerles en adecuadas condiciones de salud y de calidad de vida. Calidad: El agua requerida para cada persona o uso doméstico debe ser segura, libre de microorganismos, sustancias químicas o radiológicas que constituyan una amenaza a la salud. El Agua debe ser de un color, olor y sabor aceptables para cada uso personal y doméstico. La forma en que cada país determina la forma en que velará por la calidad del agua dependerá de su propio marco jurídico, pero es obligación de todos los Estados garantizar que los distintos proveedores (públicos, privados, comunitarios, municipales o mixtos) provean agua con la calidad requerida. Accesibilidad: Uno de los elementos más importantes que conforman el derecho humano al agua; es el de la accesibilidad. El Agua y sus servicios conexos (saneamiento por ejemplo) deben ser accesibles para cualquier persona sin discriminación de ninguna clase (ni por razones étnicas, económicas, religiosas, de género o de cualquier otra naturaleza) y sin importar el sector social o la jurisdicción a la que se pertenezca.
Este criterio de accesibilidad implica a su vez 4 dimensiones:
1. Acceso físico: El agua debe estar a disposición de las personas sin que éstas tengan que hacer grandes esfuerzos físicos o recorrer largas distancias para acceder a ella. Se debe garantizar que toda población humana cuente, en sus inmediaciones con sistemas de abastecimiento de agua potable y de servicios adecuados de saneamiento. En este aspecto es muy importante recalcar que son las mujeres y las niñas las que en todo el mundo han sufrido mayormente la falta de acceso físico, y es común que tengan que desplazarse largas distancias por muchas horas para poder satisfacer las necesidades de sus hogares, lo que las aleja de las actividades productivas, de las escuelas y les provoca seria secuelas físicas. 2. Acceso Económico: El Principio IV de la Conferencia de Dublín establece que el agua es un bien con valor económico; sin embargo de acuerdo a la Observación General número 15 ésta también debe considerarse como un bien social y cultural.
Por lo tanto el agua y sus servicios asociados deben estar al alcance de todas las personas; y los costos directos e indirectos de su provisión deben ser accesibles y no deben poner en peligro otros derechos humanos (como la alimentación, la salud, etc.). Los Estados están en la obligación de establecer instrumentos de compensación, subsidio o exoneración para todos aquellos sectores sociales que por su condición económica no podrían asumir el costo real que implica el uso del agua para las distintas actividades humanas.
3. Acceso sin discriminación: El agua debe ser accesible para cualquier persona sin distinción de ninguna especia; y para aquellos sectores sociales que se encuentren en condición de vulnerabilidad en razón de su credo, su etnia, su situación económica, su género, o en razón de cualquier otra causa; el Estado está en la obligación de diseñar instrumentos que hagan efectivo este principio de no discriminación. 4. Acceso informado: Por último, toda persona tiene el derecho de saber cuáles son las condiciones de calidad, disponibilidad real y potencial del recurso del cual se abastecen; así como los factores que pueden afectarle, las causas y los responsables de los mismos.
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) resumió el derecho humano al agua de la siguiente forma:
“El acceso al agua potable y al saneamiento debe ser equitativo y no discriminatorio, apropiado en calidad y cantidad, económica, social y ambientalmente sustentable y de costo accesible. Es obligación del Estado proteger a la gente de la desconexión a los servicios de aguas y de la contaminación, prohibir que individuos o empresas lesionen los derechos de otros” 6 A continuación se transcribe una tabla, con aportaciones propias, basada en el documento de Olga Samper sobre el derecho humano al agua en las Américas elaborado para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco del proceso regional de las Américas para el VI Foro Mundial del Agua 7 que esclarece muy bien muchas de las confusiones y malinterpretaciones que tienen muchos actores públicos, privados y de la sociedad civil en torno a las implicaciones de este derecho humano:
6 Ibidem 2010. 7 Samper, Olga. Guarantee access to water for all and the right to water in the America Region. Banco Interamericano de Desarrollo. Colombia 2011.
El derecho humano al agua y al saneamiento implica que los servicios ligados a estos deberían proveerse en forma gratuita.
Los servicios de agua potable y saneamiento tienen un costo; y el agua como tal es un bien con valor económico; por lo tanto la población debe pagar por estos servicios y para garantizar la sostenibilidad y continuidad de los mismos. Sin embargo las tarifas no pueden ser un impedimento para la realización de estos derechos y el Estado debe diseñar los mecanismos para garantizar el acceso por parte de los sectores sociales de escasos recursos. Los Estados están en la obligación de impedir que se violente el derecho humano al agua y al saneamiento de la población por sus propias acciones o de terceros; así como la obligación de desarrollar políticas y acciones efectivas para la realización de estos derechos. Sin embargo las resoluciones de Naciones Unidas establecen el principio de proporcionalidad y gradualidad por lo que no se incumplen estos derechos si en un Estado los servicios aún no son universales. Cada país puede elegir distintas expresiones jurídicas para la provisión de agua potable y saneamiento en su territorio. Esto puede ser a través de operadores públicos, municipales, comunitarios, ONGs o actores privados. jurídica una forma de provisión. Los Gobiernos están obligados a regular y fiscalizar a los operadores dentro de su territorio y son finalmente por la disponibilidad, accesibilidad y calidad del agua. Estos deben asegurar que los servicios se presten de acuerdo a los estándares nacionales y a las obligaciones en cuanto a derechos humanos Los Gobiernos no están obligados a construir servicios sanitarios domiciliares. La responsabilidad legal es de los constructores.
derecho humano si toda la población no tiene acceso a servicios de agua potable y saneamiento.
requiere saneamiento
servicios de agua potable sean prestados exclusivamente
El derecho al saneamiento requiere que los Estados construyan servicios sanitarios en las viviendas. Los operadores no pueden suspender una conexión domiciliar por falta de pago debido a que el agua y el saneamiento son un derecho humano.
El operador debe ajustar sus tarifas a los costos de operación y prestar el servicio de acuerdo a los estándares nacionales y de derechos humanos. Corresponde al Estado garantizar el acceso a estos servicios a aquellas poblaciones que no pueden pagar las tarifas, sea a través de subsidios u otros mecanismos. Si en esas condiciones y falta de pago se suspende una conexión domiciliar corresponde al Estado asegurar a esa familia el acceso al agua por otros medios.
5. Soluciones existentes e innovadoras sobre el derecho humano al agua y al saneamiento en los países de América Latina
En esta sección se ha hecho una selección de algunas de las soluciones existentes y de las soluciones innovadoras más importantes que han venido promoviendo distintos actores en los diferentes países del continente americano, tanto para incorporar el derecho humano al agua y al saneamiento dentro de sus marcos jurídicos; como para implementar los distintos elementos que dichos derechos contemplan. Para ello se analizará el tipo de norma jurídica que ha sido creado para dar tutela a estos derechos en los países seleccionados, y luego las distintas soluciones que se han venido dando para hacerlos realidad. Para efectos metodológicos se ha hecho una selección representativa de las distintas subregiones del continente, procurando considerar diversos niveles de soluciones existentes e innovadoras: En Sudamérica: Se han seleccionado los casos de Uruguay, Bolivia y Ecuador con soluciones a nivel constitucional; y Paraguay con soluciones a nivel legal y a nivel de la sociedad civil. En Centroamérica: Nicaragua con soluciones a nivel constitucional, legal y de la sociedad civil; y Costa Rica con soluciones innovadoras a nivel de política desarrolladas a través de procesos multisectoriales. En Norteamérica: México con soluciones a nivel de reforma constitucional y de la sociedad civil. Además al final de esta sección se señalan brevemente algunas soluciones impulsadas por las comunidades en distintos países de la Región. A continuación se describe cada una de ellas:
a. Sudamérica a.1. Uruguay: Soluciones a nivel constitucional
Uno de los primeros países en reconocer el derecho humano al agua fue Uruguay. El 31 de octubre del año 2004, este país celebra un histórico referéndum para declarar que: “- El agua es de dominio público. - La prestación directa y exclusiva del servicio de agua potable y saneamiento por personas jurídicas estatales. - La gestión sustentable del agua y el ordenamiento del territorio a nivel de cuencas hidrográficas. - Participación de los usuarios y la sociedad civil en todas las instancias de planificación gestión y control de los recursos hídricos.” Lo anterior es respaldado por un 65% de votantes, lo cual dio pie a que el 20 de mayo del 2005 se reformara la Constitución, no solo declarando que el acceso al agua y al saneamiento son derechos humanos fundamentales, sino también estableciendo la exclusividad del Estado y sus instituciones en la prestación de servicios públicos de abastecimiento de agua potable y saneamiento. 1. La política nacional de Aguas y Saneamiento estará basada en: d)…El principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, deberá hacerse anteponiéndose las razones de orden social a las de orden económico. Toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere estos principios deberá ser dejada sin efecto. 2. Las aguas superficiales, así como las subterráneas, con excepción de las pluviales, integradas en el ciclo hidrológico, constituyen un recurso unitario, subordinado al interés general, que forma parte del dominio público estatal, como dominio público hidráulico. 3. El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. Constitución Política de Uruguay Artículo 47: El agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales.
Con la entrada en vigencia de esta reforma constitucional se derogan a su vez todas las normas relativas a la concesión de estos servicios a sujetos de derecho privado y se anulan todas las concesiones otorgadas previamente.
Lamentablemente la reforma del Uruguay “estatizó” completamente la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, estableciendo que solo pueden ser brindados por figuras jurídicas estatales, cerrando así la posibilidad de que se puedan desarrollar modelos comunitarios autogestionarios similares a los existentes en Centroamérica y México, que no implican solo participación en consultas o diseño de planes y programas en torno al recurso, sino la administración directa por parte de las comunidades de sus propios acueductos.
a.2. Bolivia: Soluciones a nivel constitucional
Después de la reforma uruguaya se fueron desarrollando procesos de reforma similares en otros países de América del Sur. Bolivia también aprueba su nueva Constitución Política tras un referéndum en el que participa un 90,24% del electorado. El nuevo texto entra en vigencia en abril de ese año luego de alcanzar un 61,43% de aprobación, contra un 38% que lo rechazaba. Esta nueva Constitución incluye una gran cantidad de artículos referentes a los recursos hídricos a lo largo de las seis partes en que se subdivide, así como un capítulo específico sobre el agua en la cuarta parte. En la primera parte, sobre las “bases fundamentales del Estado, derechos, deberes y garantías” se encuentran los artículos 16 y 20 que reconocen el derecho humano al agua y al saneamiento; así como el carácter público y no lucrativo de los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario, impidiendo que los mismos puedan ser objeto de concesión o privatización, lo que se relaciona con los artículos 348 y 373 que establecen el carácter estratégico y público del agua y sus servicios conexos. Sin embargo en Bolivia a diferencia de Uruguay se respetó el derecho de las comunidades a manejar sus propios acueductos estableciendo en la Constitución que si bien la prestación de los servicios básicos es responsabilidad del Estado, este puede hacerlo tanto a través de “entidades públicas, como mixtas, cooperativas o comunitarias” (Artículo 20 inciso II, 298, 299, 304 y 309). Otros artículos constitucionales que se refieren a diversas dimensiones de la gestión del agua son el 374 y 375 que regulan el agua “para la vida” como prioritaria sobre los demás usos, así como la participación ciudadana en la planificación del recurso y los derechos de las comunidades y de los pueblos originarios y campesinos, así como la protección de las cuencas para riego y servicios básicos.
Constitución Política de Bolivia Artículo 16: I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación Artículo 20: I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada. La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social III. El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley. Artículo 348 I. Son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento. II. Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país. Artículo 373 I. El agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo. El Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad. II. Los recursos hídricos en todos sus estados, superficiales y subterráneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratégicos y cumplen una función social, cultural y ambiental. Estos recursos no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados y están sujetos a un régimen de licencias, registros y autorizaciones conforme a Ley.
a.3. Ecuador
Este país aprobó su nueva Constitución Política el 20 de octubre del 2008, tras un proceso de referéndum popular realizado el 28 de septiembre del año 2008, con una participación de un 75,8% del padrón electoral, aprobándose con un 63,93% de votos. La constitución ecuatoriana regula lo concerniente al recurso hídricos desde varias dimensiones: primero declara el agua como un bien demanial, patrimonio de la nación (Artículo 12), luego establece que su acceso que es derecho humano fundamentalísimo (Artículos 12, 373, 15). También la regula desde el punto de vista del derecho a la salud humana (artículo 32); desde el punto de vista de la energía (artículo 432) señalando que la generación de esta no puede ir en detrimento del derecho humano al agua.
Constitución de Ecuador Artículo 12. El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Artículo 15. El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. Artículo 32. La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.
Sin embargo la Constitución es omisa en cuanto a la regulación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento, lo que ha generado algunos conflictos con las juntas de agua (nombre que reciben los acueductos comunales en Ecuador); que tradicionalmente se han encargado de la Artículo 373, I. El agua constituye derecho fundamentalísimo provisión de estos servicios especialmente un para la vida, en el marco de la en las zonas rurales. soberanía del pueblo. El Estado Actualmente el gobierno ecuatoriano promoverá el uso y acceso al agua impulsa una política estatizadora de los sobre la base de principios de complementariedad, acueductos comunales conformando solidaridad, entidades “mixtas” público/comunitarias reciprocidad, equidad, diversidad y que implican en la práctica la desaparición sustentabilidad. de las Juntas de Agua como una expresión comunitaria autogestionaria para pasar a Artículo 413. El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo ser una figura mixta. y uso de prácticas y tecnologías Un aspecto novedoso y único en la ambientalmente limpias y sanas, Constitución de Ecuador, es que es la primera así como de energías renovables, en el mundo que reconoce a la naturaleza diversificadas, de bajo impacto y que como sujeto de derechos y no como objeto no pongan en riesgo la soberanía de derechos; y otorga legitimación activa alimentaria, el equilibrio ecológico a cualquier persona para que actúe en su de los ecosistemas ni el derecho al nombre cuando los derechos de esta sean agua. lesionados (Artículos 71 y 72).
a.4. Paraguay: Una solución existente a nivel de legislación
Si bien este país no ha reconocido el derecho humano al agua en su Constitución Política, sí ha incorporado dicho reconocido en la ley de recursos hídricos número 3239, aprobada en el año 2007. Dicha Ley establece entre sus principios el reconocimiento a este derecho y establece además que la Política Nacional Hídrica debe ir dirigida a su realización: En cuanto a la prestación de servicios públicos de agua potable y saneamiento la ley establece que es a través de la figura de la concesión que tanto las instituciones públicas como otros actores no estatales pueden prestar dichos servicios. La Ley de recursos hídricos hace referencia a la ley número 11614/00 del Marco Regulatorio y Tarifario del Servicio de Provisión de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para la República del Paraguay; la cual fue diseñada para promover la participación privada en los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento para lo cual se crea un ente regulador especializado denominado ERSSAN (Ente Regulador de los Servicios Sanitarios). Ley de Recursos Hídricos del Paraguay Artículo 3. La gestión integral y sustentable de los recursos hídricos del Paraguay se regirá por los siguientes Principios: a)	Las aguas, superficiales y subterráneas, son propiedad de dominio público del Estado y su dominio es inalienable e imprescriptible. b) El acceso al agua para la satisfacción de las necesidades básicas es un derecho humano y debe ser garantizado por el Estado, en cantidad y calidad adecuada. g) Los recursos hídricos poseen un valor social, ambiental y económico. h) La gestión de los recursos hídricos debe darse en el marco del desarrollo sustentable, debe ser descentralizada, participativa y con perspectiva de género. i) El Estado paraguayo posee la función intransferible e indelegable de la propiedad y guarda de los recursos hídricos nacionales.
Sin embargo el principal proveedor de estos servicios en el Paraguay es una empresa pública denominada Empresa de Servicios Sanitarios de Paraguay Sociedad Anónima (ESSAP), la cual se rige por el derecho privado y es la responsable del abastecimiento en aquellas ciudades que superan los 10.000 habitantes. La participación del sector privada se reduce a unos 500 pequeños acueductos informales de hasta 3.000 conexiones que en su conjunto no abastecen a más de 500.000 personas. Estos operadores se denominan “aguateros” y presentan serios problemas en la administración y funcionamiento de sus sistemas, que además no
contemplan el saneamiento entre sus servicios. Otro actor con relevancia en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento son las llamadas Juntas de Saneamiento; de las cuales operan unas 2500 principalmente en las áreas rurales y ciudades pequeñas. Estas juntas están aglutinadas en una serie de redes regionales, llamadas “asociaciones”. Estas formas de organización comunitaria, a diferencia de otros países donde tienen problemas en cuanto a la calidad y cantidad del agua que proveen, han resultado sumamente exitosas desde el punto de vista costo/beneficio, no solo porque pueden recuperar los costos que significa la provisión de agua a sus usuarios, sino porque también les permite ampliar sus sistemas, darles mantenimiento y realizar otro tipo de labores en sus comunidades.
b. La situación de Centroamérica
En la Región centroamericana desde hace varios años se vienen impulsando diversos procesos de reestructuración del marco jurídico institucional de regulación del recurso, bajo el enfoque de Gestión Integrada del Agua. Estos procesos se presentan tanto a nivel de país, con la elaboración de nuevas leyes de aguas, planes y estrategias nacionales; como a nivel regional a través de las diversas estructuras del Sistema de Integración Centroamericano (SICA). ECAGIRH e. El acceso al agua como derecho humano fundamental “En el marco de esta estrategia regional el agua se define como un recurso vital, finito, vulnerable e insustituible, esencial para sostener la vida, el desarrollo y el medio ambiente. El acceso al agua en condiciones de cantidad, calidad y equidad constituye un derecho humano fundamental”. (Documento
En estos procesos de reforma participan una diversidad de actores e intereses, muchas veces contrapuestos, que persiguen fines diversos. Sin embargo en casi todos los proyectos de ley o de política sobre los recursos hídricos que se han formulado, se ha incorporado la concepción del agua como derecho humano fundamental; lo cual refleja el interés de las sociedades centroamericanas de velar porque se haga efectivo este derecho positivizándolo en la legislación sustantiva. Lamentablemente la falta de voluntad política y la presión ejercida por diversos sectores económicos han impedido que algunos de estos proyectos de ley se materialicen. Tal ha sido la situación en Guatemala, Panamá y El Salvador. Los Ministros de Ambiente, Agricultura del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) aprueban en el año 2003 los principios rectores de la Estrategia Regional de Gestión Integrada de Recursos Hídricos (ECAGIRH), a los cuales se unirían luego
los ministros de Salud de la Región; reconociendo explícitamente el acceso al agua como un derecho humano. Esta fue la primera vez que en un instrumento de carácter regional aprobado por los consejos de ministros del SICA se hace un reconocimiento a este derecho, siendo omiso, sin embargo, en cuanto al saneamiento. El documento final de la ECAGIRH aún no ha sido aprobado por la Cumbre de Presidentes Centroamericanos (máximo órgano político dentro del SICA) debido a las resistencias de algunos países a temas como cuencas transfronterizas, derecho humano al agua, participación ciudadana, entre otros. La Región tiene una tarea pendiente en esta materia y deberán hacerse esfuerzos muy fuertes para lograr su aprobación final por parte de los presidentes de los 8 países que integran el SICA (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice y República Dominicana).
b.1. Nicaragua
Nicaragua es el único país de Centroamérica que establece en la Constitución Política el derecho inalienable de su población a los servicios de agua potable: Esta Constitución es del año 1986 por lo que representa a nivel latinoamericano, un caso histórico, por ser la primera que establece el acceso al agua como un derecho inalienable de la población; y es en definitiva una de las primeras a nivel mundial en contener una disposición de este tipo. Además la Constitución reconoce el derecho de los pueblos indígenas de las regiones autónomas al uso y disfrute de las aguas de sus territorios. Basada en las disposiciones anteriores así como en las de las leyes ambientales y tratados ratificados por Nicaragua, el gobierno de este país emite en el año 2001 el decreto No.107-2001 que establece la “Política Nacional de los Recursos Hídricos” la cual se mantiene vigente hasta la fecha. En dicho decreto se señalan una serie de principios rectores y específicos que en su conjunto contienen los distintos elementos que conforman el derecho humano al agua. En el año 2007, Nicaragua se convierte nuevamente en el primer país centroamericano en aprobar una nueva ley de recursos hídricos, bajo el nombre de Ley General de Aguas Nacionales No 620, esta norma jurídica representa un avance importantísimo, en la reformulación del marco jurídico regulatorio de los recursos hídricos de este país, y pone a Nicaragua a tono con las tendencias más modernas y progresistas de gestión del agua. En cuanto al tema que atañe al presente estudio, la Ley General de Aguas de Nicaragua establece en el artículo 13 inciso c que “el agua es un recurso vital, limitado, vulnerable y finito cuya preservación y sustentabilidad es tarea fundamental e indeclinable del Estado y de la sociedad en su conjunto. Su acceso es un derecho irrenunciable de todo ser humano.”
Constitución de Nicaragua Artículo 105: Es obligación del Estado promover, facilitar y regular la prestación de los servicios públicos básicos de energía, comunicación, agua, transportes, infraestructura vial, puertos y aeropuertos a la población, y es derecho inalienable de la misma el acceso a ellos. Las inversiones privadas y sus modalidades y las concesiones de explotación a sujetos privados en estas áreas, serán reguladas por la ley en cada caso.” Artículo. 89. III. El Estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras de las comunidades de la Costa Atlántica. Igualmente reconoce el goce, uso y disfrute de las aguas y bosques de sus tierras comunales. Ley General de Aguas de Nicaragua “Artículo 4. El servicio de agua potable no será objeto de privatización alguna, directa o indirecta, y será considerado siempre de carácter público. Su administración, vigilancia y control estará bajo la responsabilidad y tutela del Estado a través de las instituciones creadas para tales efectos o de las que se creen en el futuro”. “Artículo 5. Es obligación y prioridad indeclinable del Estado promover, facilitar y regular adecuadamente el suministro de agua potable en cantidad y calidad al pueblo nicaragüense, a costos diferenciados y favoreciendo a los sectores con menos recursos económicos. La prestación de este servicio vital a los consumidores en estado evidente de pobreza extrema no podrá ser interrumpida, salvo fuerza mayor, debiendo en todo caso proporcionárseles alternativas de abastecimiento temporal, sean en puntos fijos o ambulatorios. Tampoco podrán interrumpirse estos servicios a hospitales, centros de salud, escuelas, orfelinatos, asilos para ancianos, centros penitenciarios, estaciones de bomberos y mercados populares.” Artículo 6. “La presente ley reconoce el derecho de los pueblos indígenas de todo el territorio nacional y el de las comunidades étnicas de la Costa Atlántica, para el uso y disfrute de las aguas que se encuentran dentro de sus tierras comunales de conformidad a las leyes vigentes que las regulan.”
Esta ley prohíbe la privatización de los servicios de agua potable, cuya administración, vigilancia y control queda en manos del Estado y de las instituciones creadas para tal fin (artículo 4). Además establece que la provisión de agua potable debe hacerse a precios diferenciados favoreciendo a los sectores con menos recursos económicos, no pudiendo ser interrumpido este servicio a la población en condiciones de extrema pobreza. En cuanto a los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento señala el artículo 70 en complemento del artículo 4 antes citado, que corresponde exclusivamente al Estado y a las instituciones constituidas para tal efecto, su
prestación. La figura para autorizar la prestación de dichos servicios no es la concesión, la cual queda reservada para los otros tipos de aprovechamiento, sino la licencia especial (artículos 41 inciso b y 69). De esta forma la ley cierra toda posibilidad de concesionar o privatizar los servicios de abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario, sin embargo con esta disposición la ley creaba un vacío legal, al dejar sin tutela a los más de 5.500 Comités de Agua Potable y Saneamiento que actualmente operan en Nicaragua. Este vacío se solventó en primera instancia en el Reglamento de la Ley 620, que en el artículo 75 establece la creación de estos comités: “Artículo 75. Comités de Agua. En las comunidades rurales donde el prestador de los servicios no tiene cubertura, los sistemas serán administrados por la comunidad, conformando para ellos comités de Agua Potable, que garantizarán el servicio a la comunidad, todo bajo supervisión y control de ENACAL.” Este artículo entraría en contradicción con el artículo 70 de la Ley de Aguas que establece la exclusividad estatal en la prestación de servicios de agua potable y saneamiento. Por tratarse de un Reglamento (norma jerárquicamente inferior a la Ley), el artículo 75 sería nulo. Sin embargo esta situación logró resolverse satisfactoriamente en junio del 2010, con la promulgación de la “Ley Especial de Comités de Agua Potable y Saneamiento” No722; la cual vino a darle la cobertura legal a estas estructuras comunitarias. El artículo 2 de esta ley los define como “organizaciones comunitarias sin fines de lucro e integradas por personas naturales electas democráticamente por la comunidad como instrumentos que contribuyen al desarrollo económico y social, a la democracia participativa y la justicia social de la nación creando en este caso, las condiciones necesarias para garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento a la población en general, con la finalidad de ejecutar acciones que contribuyen a la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (GIRH). Es obligación del Estado garantizar y fomentar su promoción y desarrollo.” Nótese que la ley establece que una de las finalidades de los CAPS es contribuir con la Gestión Integrada del agua, lo cual eleva su papel al trascender de simples proveedores del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento a promotores de la GIRH. Por último cabe menciona que Nicaragua ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, así como la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 28 de julio del 2010, donde reconoce el acceso al agua potable y el saneamiento como derechos humanos. Solución innovadora desde la Sociedad Civil: Monitoreo y fiscalización comunitaria:
El Informe sobre Derecho Humano del Acceso al Agua Potable y Saneamiento” Nicaragua es el país que tiene más avanzado su marco jurídico institucional de gestión de los recursos hídricos y el que mejor tutela desde el punto de vista jurídico el derecho humano al agua en la región centroamericana. Sin embargo cabe mencionar que aún le falta mucho a este país, en el campo de la implementación de su marco normativo y en hacer efectivo el derecho humano al agua y al saneamiento. En ese sentido el “Informe sobre el Derecho Humano del Acceso al Agua Potable y Saneamiento” elaborado por la Coalición de Organizaciones por el Derecho al Agua (CODA) y con apoyo de la red FANCA de ese país, señala que de conformidad con el Censo de Hogares del 2005, un 36,55 % de la población rural del país no tiene acceso a agua potable; y del 63,45% que sí tiene acceso, solo un 47,9% lo tiene por tubería domiciliar. Eso significa que apenas el 30,39% del total de hogares en las áreas rurales cuenta con conexiones en sus casas, sin que necesariamente estos provean agua potable o segura. Este informe revela que existe una gran distancia entre lo que establecen las leyes y la realidad que sufren aún cientos de miles de personas especialmente en las áreas rurales, pero también en muchas de las ciudades de Nicaragua que reciben hoy en día agua en condiciones de calidad no seguras. Por otra parte los niveles de contaminación así como de disminución de las fuentes hídricas superficiales y subterráneas; que amenaza seriamente la provisión de agua segura a la población son otros factores recogidos en el Informe Alternativo; en el cual se evidencia como la mayor parte de la población coincide en que la disminución de caudales es la principal causa de desabastecimiento a la población. Según este informe, menos de un 50% de las comunidades rurales reciben agua en forma permanente, mientras que el resto las reciben por periodos que van desde 15 horas hasta una hora al día. En cuanto al saneamiento la situación es aún más grave. Según este informe solo el 4% de la población rural tiene algún sistema de saneamiento; de ese 4% solo el 2,5% de los hogares cuenta con inodoros; mientras que el resto de la población solo tiene letrinas o del todo no cuenta con ningún sistema sanitario. 8
8 El Informe sobre el Derecho Humano de Acceso al Agua Potable y Saneamiento en Nicaragua se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: www.fanca.co.cr
b.2. Costa Rica
El segundo país de América Central que 1. El acceso al agua potable constituye un derecho humano inalienable y debe garantizarse constitucionalmente. muestra mayores avances en la reforma del marco jurídico y de 2. La gestión del agua y sobre todo las reglas de acceso a este recurso deben regirse por un principio de políticas en torno al equidad y solidaridad social e intergeneracional. agua es Costa Rica. 3. El agua debe ser considerada dentro de la legislación Desde inicios de la como un bien de dominio público y consecuentemente década pasada el país ha se convierte en un bien inembargable, inalienable e venido desarrollando una imprescriptible. serie de instrumentos jurídicos y de política 4. Debe reconocerse el valor económico del agua que procede del costo de administrarla, protegerla y dirigidos a lograr una recuperarla para el bienestar de todos. Con esto se gestión integrada de los defiende una correcta valoración del recurso que se recursos hídricos. manifieste en conductas de ahorro y protección por parte de los usuarios. Sin embargo aún no se logra que a nivel legal 5. Debe reconocerse la función ecológica del agua o constitucional se como fuente de vida y de sobrevivencia de todas las reconozca el derecho especies y ecosistemas que dependen de ella. humano al agua y al saneamiento. 6. El aprovechamiento del agua debe realizarse utilizando la mejor infraestructura y tecnología posibles de modo que se evite su desperdicio y contaminación. En el año 2002, el Poder Ejecutivo emitió el decreto 30480-MINAE, 7. La gestión del recurso hídrico debe ser integrada, descentralizada y participativa partiendo de la cuenca en el que se establecieron hidrográfica como unidad de planificación y gestión. los principios que rigen, hasta el día 8. El Ministerio de Ambiente y Energía ejerce la rectoría en de hoy, las políticas materia de recursos hídricos. La gestión institucional nacionales de gestión en este campo debe adoptar el principio precautorio de recursos hídricos. o in dubio pro natura. Entre estos principios se encuentra precisamente 9. El recurso hídrico y las fuerzas que se derivan de éste son bienes estratégicos del país. el reconocimiento del acceso al agua potable como un 10. Que es de suma importancia la promoción de fuentes energéticas renovables alternativas que reduzcan o derecho humano; eliminen el impacto de esta actividad sobre el recurso que debe protegerse hídrico. constitucionalmente. A partir de este reconocimiento se establecen otros principios a través de los cuales se desarrollan los distintos elementos que conforman este derecho.
Principios de la Política Nacional Hídrica de Costa Rica
Solución Existente: Reconocimiento jurisprudencial
El servicio de abastecimiento de agua potable ha sido reconocido en Costa Rica jurisprudencialmente desde el año 2000 como un derecho humano, cuando la Sala de la Jurisdicción Constitucional (Sala IV) en su voto 00-02755 del 24 de marzo de ese año, resolvió que: “dicho servicio es un derecho fundamental derivado del derecho a la vida y a la salud”. Posteriormente la misma Sala ratifica este fallo cuando establece que: “El derecho al abastecimiento de agua potable, como servicio público estrechamente vinculado al derecho a la salud y al de propiedad, entre otros, no puede ser negado, como en el presente caso, por la inercia de la Administración, o, en este caso, del Comité (se refiere a un acueducto comunal) al cual aquella ha delegado la administración del Acueducto, incluso, aunque se trate de una paja para fumigar el café”. (voto 2002-10776 del 14 de Noviembre del 2002). La importancia de este voto radica, en que como bien lo señala Haydee Rodríguez en su análisis de dichos votos 9; la Sala no solo reconoce como derecho fundamental el abastecimiento humano, sino que en consonancia con la Observación número 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU) de ese mismo año, dicho derecho incluye también los usos domésticos y el agua necesaria para la preparación de alimentos, entre otros. “Es curioso destacar que la Sala Constitucional considera que el derecho a tener un servicio de agua potable va más allá de la finalidad de consumo humano directo, pudiendo defenderse en caso de que se infrinja el derecho a procurarse la alimentación, como en este caso, al no poder realizar una actividad productiva”. (Rodríguez, Haydee. Ibidem)
Solución Innovadora: Propuesta de Reforma Constitucional y proyecto de Ley de Recursos Hídricos:
Desde el año 2002 se presentó a la Asamblea Legislativa de Costa Rica un proyecto de ley para reformar el artículo 121, inciso 14 de la Constitución Política, y declarar tanto el carácter público del agua, como el reconocimiento del acceso a esta, como un derecho humano fundamental. Desde entonces se han dado múltiples intentos sin que hasta la actualidad haya sido posible lograr dicha reforma, por lo tanto, sigue siendo a nivel jurisprudencial, así como a nivel de Decreto Ejecutivo como se reconoce el derecho humano de acceso al agua.
9 Ballestero Andrea y otros. Aportes para la Discusión sobre el Derecho Humano al Agua en Costa Rica. CEDARENA. 2009. Pág. 137.
Sin embargo este esfuerzo realizado por una multiplicidad de actores sociales, institucionales y políticos de diverso signo, ha permitido el posicionamiento del tema en la opinión pública y la apertura de un debate social que ha permitido alcanzar diversos acuerdos y consensos en torno a la necesidad de asegurar el abastecimiento poblacional frente a otros usos del recurso hídrico. Por otra parte desde el año 2001, un conjunto de organizaciones ambientales, organismos no gubernamentales e instituciones públicas del país vienen promoviendo la aprobación de una nueva Ley de Recursos Hídricos que sustituya la obsoleta norma de 1942. Como un cambio acertado de estrategia las organizaciones que lo promovían se dan a la tarea de conformar una alianza de movimientos ambientales y sociales más amplia, que bajo el nombre de Alianza Nacional para la Defensa del Agua (ANDA) lanzaría una campaña masiva de firmas en el año 2009 para presentar el proyecto mediante el mecanismo de iniciativa popular. Esta campaña es liderada por el Centro de Derecho Ambiental y Recursos Naturales (CEDARENA) con el apoyo de las organizaciones de FANCA y ANDA. Para ello se requería recoger firmas de ciudadanos y ciudadanas equivalentes al 5% del padrón electoral, esto era aproximadamente 150 mil firmas. La ventaja de este mecanismo es que la ley obliga a la Asamblea Legislativa a conocer el proyecto en el plazo máximo de 2 años; y además, aunque se le pueden introducir modificaciones, no se puede cambiar el espíritu original con que fue presentado el mismo.
Solución existente: Formulación de políticas
A nivel del Poder Ejecutivo se dan también importantes avances, el primero de ellos fue la transformación del Departamento de Aguas de MINAE en una Dirección Nacional de Recursos Hídricos, siempre adscrita al Ministerio de Ambiente, para ejercer el gobierno y administración de las aguas nacionales, tal como lo establece desde 1995 la Ley Orgánica del Ambiente. Posteriormente en el año 2009 Costa Rica aprueba su Política Nacional Hídrica en la que el reconocimiento del derecho humano al agua es el eje central de la misma. Esta política señala entre sus ejes transversales los siguientes: En cuanto a infraestructura: E. Garantizar el acceso de toda la población al agua de manera universal, equitativa y solidaria. En cuanto a gestión: A. Asegurar como prioridad el agua potable para consumo humano. En cuanto a la demanda del recurso: A. Garantizar el suministro de agua en cantidad, continuidad y calidad, al menor costo posible, para satisfacer eficientemente la demanda. Otros pasos importantes que ha dado este país en los últimos años tendientes a mejorar la gestión de los recursos hídricos son:
Lineamiento Estratégico Dos a. Garantizar el acceso universal a los servicios básicos de agua potable y saneamiento de todos los habitantes de Costa Rica, garantizando para ello el dominio público del agua y su asignación bajo principios de equidad y en armonía con el ambiente. b. Gestionar el derecho de todos los ciudadanos a tener acceso a los servicios básicos de agua (provisión del servicio de agua potable, y la remoción y disposición de aguas servidas y residuales) necesarios para permitir un ambiente saludable sobre una base de equidad y sostenibilidad económica y ambiental. c. Minimizar los niveles de conflicto relacionados con el agua sustentando la construcción de consensos para identificar intereses legítimos y contribuir soluciones beneficiando el bien común y propiciando la paz social. d. Dar prioridad al uso humano del agua ante cualquier otra necesidad. Asegurar a las presentes y futuras generaciones el agua como bien de dominio público. e. Controlar que el agua se mantenga como recurso común de todos los sujetos al control del Estado. f. Gestionar el recurso hídrico tomando en cuenta que el mismo trasciende límites geográficos, por lo que puede ser utilizado conforme las prioridades nacionales a través de un proceso de planificación participativa.
La aprobación de los decretos para el canon de aprovechamiento de aguas, número 32868-MINAE del 2006 y para el canon ambiental por vertidos número 34431 del 2008. Además el país cuenta con una Estrategia Nacional de Recursos Hídricos desde el año 2005; que implementa los principios de política aprobados en 2002; y un Plan Nacional de Gestión Integrada de los Recursos Hídricos desde el año 2008. Pese a los avances logrados por este país en cobertura de agua potable tanto en la población urbana como en la rural; lo cierto es que el país experimenta serios problemas en cuanto a saneamiento, así como de contaminación de sus mantos acuíferos y fuentes hídricas superficiales y subterráneas. La frontera agrícola y la expansión urbana amenazan las principales fuentes de abastecimiento poblacional del país, muchas de las cuales se encuentran en la actualidad contaminadas.
México ha sido el último país de América Latina que a la fecha ha incorporado en la Constitución Política, el reconocimiento del agua como un derecho fundamental e inalienable de toda persona. El proyecto de reforma del artículo 4 de la Constitución Política fue iniciado a principios de este año por la Asamblea Legislativa; esta lo eleva al Congreso de la Unión, y el día 29 de setiembre es aprobado con 91 votos a favor. Corresponde ahora, según el marco jurídico mexicano, que la reforma sea ratificada por al menos 17 de los 31 congresos estatales; etapa en la que se encuentra actualmente el proceso. El pasado 3 de Noviembre el Congreso del Estado de Baja California Sur se ha pronunciado a favor de la reforma; y se espera que en el corto plazo se alcance el número requerido para que la misma cobre plena efectividad jurídica. El artículo 4 de la Constitución de México establece que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la Ley”. Y el nuevo párrafo quinto señala que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la Ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.
Pese a su brevedad, este párrafo introduce los elementos más importantes del derecho humano al agua, como el hecho de que toda persona tiene derecho a agua suficiente, salubre, aceptable y asequible, no solo para su consumo personal, sino también para usos domésticos. Contempla además el deber del Estado de garantizar dicho derecho, y la participación de la ciudadanía en lograr un acceso equitativo y sustentable del agua.
Solución Innovadora: Saneamiento Ecológico México tiene una larga de tradición de organización comunitaria, no solo en abastecimiento poblacional y riego; sino también en saneamiento a través de novedosos sistemas como el de la organización SARAR Transformación que promueven un cambio completo de paradigma en la utilización de los recursos hídricos, en la eliminación de excretas y en la concepción general del acceso al agua y al saneamiento.
Sarar Transformación ha desarrollado una “estrategia de trabajo participativo, flexible y adaptable a distintos contextos para estimular una visión consensuada, planeación de programas multisectoriales (integrando el agua, saneamiento y manejo de residuos sólidos) y el desarrollo de estructuras e instituciones democráticas y permanentes”; bajo un enfoque de gestión integrada y descentralizada del saneamiento, partiendo desde el hogar, hasta la formulación de políticas y programas a nivel comunitario, estatal y nacional. Para Sarar el saneamiento debe ser considerado mucho más allá que un simple subsector del agua. Un sistema de saneamiento abarca a los usuarios del sistema, la recolección, transporte, tratamiento y manejo de los productos finales de las excretas humanas, aguas grises, residuos sólidos, aguas residuales industriales y escurrimientos pluviales. “Un sistema de saneamiento es sostenible si protege y promueve la salud humana, no genera la degradación ambiental o el agotamiento de la base de recursos, es técnicamente e institucionalmente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable. El saneamiento ecológico —Ecosan— es una propuesta integral para el manejo y disposición de los desechos, que previene la contaminación en vez de controlarla después de contaminar.” ; permitiendo de este modo desarrollar estrategias de adaptación frente al cambio climático global que reduce significativamente la disponibilidad del recurso.
d. Otras soluciones existentes e innovadoras
Córdoba, Argentina. Utilización de los marcos normativos nacionales e internacionales para garantizar el Derecho Humano de Acceso al Agua a grupos vulnerables Pese a que no existe un reconocimiento del derecho humano al agua a nivel constitucional este país ha votado favorablemente la propuesta de Bolivia en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de julio del 2010, pero desde varios atrás a nivel jurisprudencial la justicia de este país ha reconocido el derecho humano al agua, tal como se evidencia en el siguiente caso:. El servicio de agua potable en la ciudad de Córdoba se encuentra delegado, a la empresa multinacional SUEZ denominada “Aguas Cordobesas”. Esta empresa no ha realizado el tendido de agua potable hasta la comunidad de Chacras de la Merced, la cual se abastecía de agua extraída de pozos que se encontraba contaminada por materia fecal a causa de los vertidos constantes de residuos de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de la Ciudad de Córdoba (EDAR Bajo Grande).
Desde 1992 los vecinos presentaron numerosos reclamos ante los organismos competentes de la Municipalidad de Córdoba y de la Provincia. Se realizaron análisis biológicos que, constataron la contaminación existente en los pozos de agua, estos reclamos no recibieron ninguna respuesta por parte de las autoridades. Luego del trabajo realizado con la comunidad, los vecinos del sector y CEDHA presentaron una acción judicial a los fines de que se reconozcan los derechos vulnerados y lograr su inmediata efectivización. En diciembre de 2004, el Juez de la causa sentenció y ordeno a la Provincia de Córdoba: “asegurar a los amparistas una provisión mínima de 200 litros diarios de agua potable hasta tanto se realicen las obras pertinentes que posibiliten el pleno acceso al servicio público de agua potable...” y a la Municipalidad de Córdoba a “…minimizar la contaminación ambiental producto de la Planta Depuradora Municipal…” Por primera vez, la justicia de Córdoba reconoció jurisprudencialmente el Acceso al Agua Potable como un Derecho Humano y estableció, como deber del Estado Provincial el asegurar los derechos de sus ciudadanos, incidiendo en el gasto público estatal para atender necesidades de comunidades históricamente marginadas. Actualmente se ha instalado una red de agua potable que permite abastecer a toda la comunidad en calidad cantidad suficiente del recurso para su uso diario.
Brasil. Aprendiendo de las bases Las ONGs que trabajan en todo el sistema de humedales ParaguayParaná en América del Sur (ECOA) se han dado cuenta de que necesitan proporcionar a las autoridades del gobierno, evidencia del éxito de las iniciativas locales. Al demostrar la viabilidad de los enfoques innovadores para el mantenimiento de los ecosistemas naturales, asegurar el acceso humano al agua y mejorar la equidad social, las ONGs pueden ayudar a orientar las políticas y programas futuros para la región. Los proyectos locales, conocidos como “iniciativas de evolución positiva”, han demostrado que pueden desencadenar una espiral ascendente de poder social y económico, siendo adoptados como programas oficial a nivel institucional y han atraído el interés de las autoridades competentes de Paraguay y Argentina.
AEDES, Perú. Ampliación de la escala En la cuenca del río Ocoña en el sur de Perú, la Asociación Especializada para el Desarrollo Sostenible (AEDES) y el Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO), han formado una alianza para fortalecer la capacidad de las federaciones de organizaciones locales e institucionalizar plataformas para la negociación, conocidas como mesas de concertación, en cuatro sub-cuencas, lo cual sentó las bases de organización para la creación de una plataforma de agua en toda la cuenca en 2008. En virtud de la nueva Ley de Aguas de Perú (2009) las federaciones de las cuatro sub-cuencas participarán en una iniciativa inter-regional para crear el Consejo de Cuenca Ocoña, con la planificación participativa en las subcuencas y en el apoyo a nuevas estructuras de gestión de las cuencas fluviales en el ámbito nacional. Estas iniciativas podrían convertirse en pilotos de la creación de un Consejo de Cuenca y de un plan de gestión de uso de métodos participativos, con poco financiamiento externo, para su aplicación muchas otras cuencas fluviales en el Perú.
Costa Rica. La Unión de Acueductos del Cantón de Grecia, experiencia pionera en Costa Rica en la asociatividad y el manejo comunitario del agua en Costa Rica UNAGUAS es una organización de segundo nivel, conformada por 18 Acueductos Comunales del cantón de Grecia, o sea que vela por los intereses y el fortalecimiento de capacidades de los personeros de esos Acueductos. Con ello contribuye a unir y encausar esfuerzos en procura de un mejor servicio en agua potable intradomiciliar para la población (40,000 personas).
Mucho debido a ese accionar en conjunto y al fortalecimiento de capacidades, estos Acueductos cuentan hoy en día con sistemas de gestión apropiados, finanzas sanas, cloración, micro-medición, control de la calidad del agua, tarifas actualizadas, y un servicio de agua potable en cantidad, calidad y continuidad. Además, en conjunto se han realizado acciones en defensa de zonas de recarga acuífera, cuencas y zonas de protección de manantiales. Junto con diversas acciones de incidencia, la Unión consiguió que el Municipio aprobara y pagara por el Estudio Hidrogeológico del cantón de Grecia, UNAGUAS efectuó un proceso de cabildeo para que el Concejo Municipal lo aprobara y lo adjuntara al Plan Regulador del cantón.
Honduras. Un esfuerzo de comunidades del área rural para mejorar la Calidad y Sostenibilidad de los Servicios de Agua y Saneamiento
Los servicios de agua y saneamiento en el área rural dispersa enfrentan problemas de sostenibilidad, continuidad y calidad. Las comunidades que participan en el proceso no cuentan con una organización comunitaria responsable y capaz de ofrecer una administración, operación y mantenimiento apropiado de los sistemas de agua potable. Ante esta situación, AHJASA ha diseña un programa de fortalecimiento de capacidades, dirigido a revertir la actitud pasiva y cada vez más dependiente de la población atendida y fomentada por el paternalismo, crear y fortalecer las organizaciones que son muy débiles administrativa y financieramente ( no cobraban por el servicio de agua) y cambiar el enfoque tradicional de proyectos en APS, los cuales tenían como principal indicador de éxito, el logro de metas físicas antes que, los cambios de comportamiento, actitudes y prácticas de los beneficiarios. Este programa ha brinda asistencia a un grupo de comunidades para evaluar el servicio y promover u proceso de desarrollo hasta conducirlo y mantener niveles de optima calidad y sostenibilidad deseables utilizando recursos de la misma comunidad.
El Salvador. Sistemas de Agua Potable Rurales Las comunidades rurales han sido marginadas constantemente, para el 2011 la solamente el 16% del presupuesto para el subsector agua potable va destinado al área rural, debilitando el esfuerzo de los acueductos comunales, quienes no cuentan con presupuesto suficiente para invertir en sus sistemas de agua.
ANDAR se crea con el propósito de fortalecer este sector por medio del trabajo en redes y aglutinando más de 150 acueductos rurales del El Salvador. De esta forma la red ha buscando entidades que guíen y capaciten a los acueductos, buscando apoyo en los gobiernos municipales, desarrollando acciones de incidencia para presentar proyectos de ley que les proporcione juridicidad y para mantener los subsidios sobre la energía eléctrica, proporcionando servicios de abastecimiento eficientes e implementando auditorías financieras externas para promover la transparencia y correcta administración de los acueductos. Para los miembros de ANDAR, el servicio del agua va más allá de satisfacer la sed y la preparación de alimentos, su importancia radica en la protección de la higiene, por medio de enfoque de gestión integral participativa del agua que permita la sostenibilidad ecológica, económica y social para hacer efectivo el derecho humano de acceso al agua.
México. Cómo aplicar el derecho humano al agua y saneamiento en las comunidades rurales de México. Grupo de Estudios Ambientales –GEA-. Son las comunidades campesinas e indígenas que tienen los mayores índices de marginación y falta de servicios básicos (agua entubada, drenaje, electricidad) en el país. 85% de los municipios indígenas tienen índices de muy alta marginación. Las estrategias socioculturales para enfrentar la escasez de agua en regiones indígenas consideran la cosmovisión indígena en donde el agua no puede separarse de su matriz original ni de su territorio, así como que el agua es un bien común de acceso libre y gratuito, que está sujeto a regulaciones sociales y sanciones comunitarias. Ante esta situación, con el objetivo de que los servicios de abastecimiento sean culturalmente sostenibles, las propuestas para asegurar que haya agua limpia y saneamiento en las comunidades deben las instituciones y formas organizativas existentes, realizar consultas genuinas en los niveles pertinentes, desarrollar diagnósticos participativos previos de la disponibilidad de agua y de su gestión en la comunidad, reconocer y recuperar los sistemas tradicionales de aprovechamiento del agua, dar acceso a la información a la comunidad, promover la transparencia en la gestión y fortalecer capacidades locales.
6. Mensajes clave de índole política. 10
a. El reconocimiento del Derecho Humano al Agua y Saneamiento de las Naciones Unidas del año 2010 requiere el esfuerzo de todos los sectores de la sociedad, a fin de que, junto con las instituciones responsables, definan los planes de trabajo que permitan una completa incorporación en las legislaciones nacionales, así como el diseño de acuerdos legales, financieros e institucionales necesarios para su plena realización. b. Las soluciones que resulten más accesibles para la población deben favorecerse, no sólo desde el punto de vista económico, sino también físico, considerando los aspectos culturales, las desigualdades sociales, la diferencia de género y la contribución a lograr una gestión integrada y participativa del recurso. c. Se deben crear mecanismos de transparencia y rendición de cuentas por parte de los Estados y los proveedores de servicios, a fin de garantizar que estos se suministren en términos adecuados de calidad, cantidad, accesibilidad y disponibilidad. d. Es necesario realizar arreglos institucionales entre los gobiernos y la sociedad, incluyendo el reconocimiento de las formas tradicionales de gestión del agua, para encontrar soluciones a los conflictos en relación al acceso del agua, con la finalidad de lograr un cambio en la conceptualización del agua y de superar las limitaciones de la participación social en la gestión del agua. e. Para avanzar hacia una buena gobernanza del agua, es importante que no se limite el papel de los medios de comunicación a informar o trasmitir información, sino que se adopten y se promuevan campañas para hacer frente a los problemas del agua. f. Las leyes y prácticas en la gestión del agua en los diferentes países deben reflejar los objetivos de la sostenibilidad ecológica, la eficiencia económica y equidad social, con especial énfasis en las medidas de reducción de la pobreza. Esto requiere que las diferentes regulaciones en la gestión del agua sean políticamente viables, socialmente consensuadas y técnicamente correctas. g. En el movimiento hacia una buena gobernanza hídrica, se requiere de la voluntad política, pero es necesario evitar que la toma de decisiones sobre asuntos relacionados con el agua sea afectada de manera indebida por preocupaciones políticas.
10 En esta sección se han incorporado en forma textual los “Mensajes Clave de las Américas” que se relacionan con el tema; elaborados por los coordinadores temáticos del Foro del Agua de las Américas (WFA) y presentado en la reunión de la Conferencia de los Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA) celebrada en Buenos Aires, Argentina el pasado 3 de noviembre del 2011.
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 Artículo 47
 Artículo 16
 Artículo 20
 Artículo 348
 Artículo 373
 Artículo 12
 Artículo 15
 Artículo 32
 Artículo 373
 Artículo 413
 Artículo 3
 artículo 13
 Artículo 105
 Artículo 6
 artículo 70
 artículo 4
 artículo 75
 artículo 70
 artículo 75
 artículo 2
in fine
 resolución 
in dubio
 artículo 121
 artículo 4
 artículo 4