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Timestamp: 2019-09-17 00:11:49+00:00

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Sentencia Nº 81-2013 de Sala Tercera de la Corte, 30-10-2018 - Jurisprudencia - VLEX 772335869
Sentencia Nº 81-2013 de Sala Tercera de la Corte, 30-10-2018
*110014750219PE*
Exp: 11-001475-0219-PE
Res: 2018-00796
SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. San José, a las once horas cincuenta minutos del treinta de octubre del dos mil dieciocho.
Recurso de Casación interpuesto en la presente causa seguida contra Adrián Ceciliano Altamirano mayor, casado, cédula de identidad número uno-mil ciento trece- doscientos siete, fecha de nacimiento 18 de agosto de 1981, hijo de Juan Ceciliano Delgado y Maritza Altamirano Delgado, Ana Patricia Vargas Jara, mayor cédula de identidad uno-ochocientos cincuenta y quinientos veintinueve, fecha de nacimiento cinco de mayo mil novecientos sesenta y tres, hija de Olman Vargas Cubero y María de los Ángeles Jara Chaves y Gloriana Loría Espinoza, mayor, casada, cédula de identidad número uno- mil trescientos seis- ochocientos cincuenta y uno, fecha de nacimiento 02 de febrero de 1987, hija de Franklin Loría Velásquez y Dianey Espinoza Gómez; por el delito de Fraude de Simulación, cometido en perjuicio de Sean Mc Quade y Boa Constructor S.A. Intervienen en la decisión del recurso, las Magistradas y Magistrados suplentes, Rosibel López Madrigal, Jorge Enrique Desanti Henderson, Sandra Eugenia Zúñiga Morales, Jaime Robleto Gutiérrez y Rafael Segura Bonilla. También intervienen en esta instancia , el licenciado Francisco José Campos Aguilar, en su condición de Defensor Particular de los encartados, el Licenciado Oscar Alvarado Ferreto, en su condición de representante del Ministerio Público y el Licenciado Wady Flores Acuña, en su condición de Apoderado Especial Judicial de la parte Querellante y Actora Civil de Boa Constructor S.A.
1- Mediante sentencia 2017-00476, dictada a las trece horas con veintiún minutos del catorce de setiembre del dos mil diecisiete, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, resolvió: " Por Tanto: Se declaran sin lugar los recursos de apelación de sentencia penal, interpuestos por el representante del Ministerio Público y el apoderado del querellante y actor civil. Notifíquese. JORGE ARTURO ROJAS FONSECA MARCO MAIRENA NAVARRO ALFREDO ARAYA VEGA" (Sic).
2. Contra el anterior pronunciamiento, el Licenciado Oscar Alvarado Ferreto, en su condición de representante del Ministerio Público y el Licenciado Wady Flores Acuña, en su condición de Apoderado Especial Judicial de la parte Querellante y Actora Civil, interponen Recursos de Casación.
I. Aclaración Preliminar. Esta Sala mediante resolución número 2018-00028, de las 11:07 horas, del 24 de enero de 2018 (cfr, folios 57 a 62), admitió para estudio de fondo el recurso de casación presentado por el licenciado Oscar Alvarado Ferreto, representante del Ministerio Público, en contra de la sentencia Nº 2017-00476, de las 13:21 horas, del 14 de setiembre de 2017, dictada por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, la cual declaró sin lugar los recursos de apelación interpuestos por el representante del Ministerio Público y el apoderado del querellante y actor civil (cfr, folios 2 a 9).
II. En el único motivo, con base en el artículo 468 inciso b) del Código Procesal Penal, aduce inobservancia de un precepto legal procesal: errores graves en la construcción lógica de los fundamentos y en la apreciación de la cosa juzgada material. Refiere que en la presente sumaria se había dictado un sobreseimiento definitivo por parte de la Jueza Penal de etapa intermedia, según resolución del 17 de octubre del 2012, la cual fue objeto de apelación ante el Tribunal Penal de Pérez Zeledón, órgano que mediante voto N° 81-2013, declaró ineficaz el sobreseimiento definitivo dictado a favor de los querellados, devolviendo los autos a la oficina de origen a efectos de que procediera a resolver como en Derecho corresponde. Anota que, ante este panorama, el ente fiscal decidió variar el requerimiento conclusivo y presentó acusación por los hechos investigados. Manifiesta que el sobreseimiento definitivo de fecha 17 de octubre del 2012, emitido por el Juzgado Penal fue declarado ineficaz por la resolución del Tribunal de Alzada, el cual, si bien indicó que los hechos a lo sumo podrían encuadrar en el delito de fraude de simulación y no en otro tipo penal; lo cierto es que, en el fondo, dicha decisión anuló la resolución impugnada en su totalidad, sin haber separado hechos. Considera que el Tribunal de Apelación yerra al estimar que el sobreseimiento definitivo se encuentra firme con cosa juzgada material. Desde su óptica, no existía impedimento alguno para que el Tribunal de mérito conociera la existencia de otros delitos distintos al fraude de simulación. El recurrente valora que, lo actuado por el ad quem, limita la investigación a una calificación jurídica, obviándose que los hechos nunca fueron cercenados, tratándose del mismo cuadro fáctico, por lo que los jueces no podían simplemente apartarse y dejar de conocer la existencia de otro delito dentro del mismo cuadro fáctico (como lo hizo el representante fiscal al fundamentar un delito de estelionato en la etapa de conclusiones), con sustento en la existencia de una resolución que solo limitaba la calificación jurídica. Afirma que la resolución impugnada causa un perjuicio ilegítimo a las pretensiones punitivas del Ministerio Público, dejando impune los hechos acusados por la víctima y la representación fiscal. Expone como pretensión que se revoque lo resuelto en el voto N° 2017-476, y en consecuencia, se anule la sentencia N° 512-2016 dictada por el Tribunal de Juicio de Pérez Zeledón y se ordene un juicio de reenvío. Se declara con lugar el recurso de casación. En el presente caso, el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, por sentencia N° 512-2016, de las 15:10 horas, del 6 de setiembre de 2016, absolvió de toda pena y responsabilidad a los imputados Adrián Ceciliano Altamirano, Gloriana Loría Espinoza y Ana Patricia Vargas Jara por el delito de fraude de simulación en perjuicio de Sean Mc Quade y Boa Constructor S.A., delito así atribuido por el Ministerio Público y el querellante particular Sean Mc Quade (cfr, folios 105 a 197, del expediente virtual). Por su parte, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago, Sección Segunda, mediante sentencia Nº 2017-00476, de las 13:21 horas, del 14 de setiembre de 2017, declaró sin lugar los recursos de apelación de sentencia interpuestos por el representante del Ministerio Público y el apoderado del querellante y actor civil. En sede de casación, esta Sala, mediante resolución 2018-00028, de las 11:07 horas, del 24 de enero de 2018 (cfr, folios 57 a 62), declaró inadmisible el recurso presentado por la parte querellante y admitió para estudio de fondo el recurso de casación incoado por la representación fiscal. En su libelo impugnaticio, el recurrente sostiene, en síntesis, que el Tribunal del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur mediante resolución dictada el 4 de marzo de 2013 (en la que se declaró ineficaz el sobreseimiento definitivo emitido el 17 de octubre del 2012 por el Juzgado Penal de Pérez Zeledón), anuló, en su totalidad, la resolución de dicho Juzgado Penal, sin que en la misma se excluyeran delitos, por lo que, desde su perspectiva, en el juicio se debió discutir la responsabilidad penal de los encartados no sólo por el delito de fraude de simulación, sino también por los ilícitos penales de estafa y estelionato. A criterio de esta Sala, efectivamente, tal y como lo sostiene el recurrente, el Tribunal de Apelación de Sentencia y el Tribunal de Juicio incurrieron en errores graves en la construcción lógica de sus razonamientos, al concluir que resultaba aplicable la figura de la cosa juzgada a favor de los imputados Ceciliano Altamirano, Loría Espinoza y Vargas Jara, sin justificar las razones por las que estimaban resultaba aplicable en el caso concreto, máxime cuando el sobreseimiento definitivo invocado presentaba algunas peculiaridades (como la incongruencia entre su parte dispositiva y los supuestos considerandos, en vista de que el contenido del sobreseimiento se reconstruyó del resumen de la minuta que consta en el expediente electrónico, así como de la grabación de la audiencia aportada por los defensores), invocadas por los gestionantes, pero que resultaron absolutamente ignorados por los juzgadores al emitir sus resoluciones. En el debate, la discusión se centró en la existencia o no de un delito de fraude de simulación, dejando de lado lo relativo a los delitos de estafa y estelionato, por considerarse que en cuanto a dichos ilícitos se había producido cosa juzgada material. En cuanto a los delitos de estafa y estelionato, el Tribunal de Juicio sostuvo: “…valga agregar que los acusados Vargas Jara, Ceciliano Altamirano y Loría Espinoza tampoco son responsables de ningún otro delito; ya que los hechos constitutivos del delito de Estafa, fueron atribuidos únicamente a los señores Bernard Monnereau, Laurence Marie Odette Planes ep Monnereau y Jean Francois Alves; y no a los encartados Vargas Jara, Ceciliano Altamirano y Loría Espinoza; y en relación con un eventual delito de Estelionato, este Tribunal mediante voto de las dieciséis horas con veinticinco minutos del cuatro de marzo de dos mil trece; conociendo en apelación de una sentencia de Sobreseimiento Definitivo dictada por el Juzgado Penal de Pérez Zeledón en esta causa, revocó dicho sobreseimiento disponiendo que se continuara la investigación de la causa únicamente en cuanto a un posible delito de Fraude de Simulación; excluyendo expresamente la comisión de hechos típicos del delito de Estelionato; produciendo dicha resolución cosa juzgada al no admitirse ningún recurso contra ella, razón por la cual ya no es posible atribuirle a ninguno de los sindicados un eventual delito de Estelionato; amén que la acusación del Ministerio Público, ni la querella particular, le atribuyen intervención alguna a los co-encartados Adrián Ceciliano Altamirano y Gloriana Loría Espinoza, en el addendum al contrato de construcción, donde se prometió ofrecer en garantía el inmueble indicado…” (cfr, folio 194, del expediente virtual). Por su parte, el Tribunal de Apelación de Sentencia, confirmó lo resuelto por el a quo indicando: “…Es claro que en este caso en particular el Tribunal de Juicio actuó a derecho, porque si bien es cierto en algún momento del proceso se acusó a algunos imputados del delito de estafa…hechos por los cuales se dictó un sobreseimiento definitivo, mismo que se encuentra firme, no es posible atribuirles a los imputados Vargas Jara, Ceciliano Altamirano y Loría Espinoza esa ilicitud o un estelionato, en tanto esa resolución se encuentra debidamente firme, misma que ordenó se les siguiera causa únicamente por el posible delito de fraude de simulación. Dicho en otras palabras, en cuanto Vargas Jara el Tribunal de Juicio se encuentra limitado en función del principio de cosa juzgada material, adicionalmente respecto a los otros coimputados, los mismos no participaron en el addendum del contrato de construcción en donde se prometió ofrecer en garantía el inmueble cuestionado, en cuyo caso tampoco era posible acusarles de estelionato. Por ello el reclamo no puede prosperar. Así lo procedente en derecho es declarar sin lugar los recursos de apelación de sentencia penal, interpuestos por el representante del Ministerio Público y el apoderado del querellante y actor civil…” (cfr, folios 8 y 9, legajo de expediente). Esta Cámara no prejuzga la tesis sostenida por el a quo y avalada por el ad quem, en el sentido de que a los endilgados Ceciliano Altamirano, Loría Espinoza y Vargas Jara les aplicó la figura de la cosa juzgada material en lo que respecta a los delitos de estafa y estelionato, lo que reprocha, es la ausencia del examen idóneo respecto al tema de la cosa juzgada, objetada por las partes, porque tanto el Tribunal de Juicio como el de Apelación de Sentencia, se limitaron a tenerla por sentada, sin ponderar y resolver las específicas protestas, por ejemplo, la suficiencia del análisis para sustentar y mantener el juicio de cosa juzgada. Según lo dispone el artículo 42 de la Constitución Política "…Nadie podrá ser juzgado más de una vez por el mismo hecho punible. Se prohíbe reabrir causas penales fenecidas y juicios fallados con autoridad de cosa juzgada, salvo cuando proceda el recurso de revisión". En similares términos, con relación al principio “non bis in idem”, el ordinal 11 del Código Procesal Penal dispone: “Única persecución. Nadie podrá ser juzgado penalmente más de una vez por el mismo hecho”. Ambos numerales regulan la garantía de la cosa juzgada. En el presente asunto, el análisis que realizaron los Tribunales de Juicio y de Apelación se circunscribió a determinar si los hechos encuadraban en el delito de fraude de simulación, cerrando la posibilidad de que configuraran otro tipo penal, sin mencionar y mucho menos explicar los criterios básicos para el examen de la figura de la cosa juzgada, reconocidos tanto por la jurisprudencia nacional como por la doctrina más autorizada, para el caso concreto, según las otras imputaciones formuladas por la parte acusadora. En este sentido, en otras oportunidades esta Sala de Casación ha anotado: “…Relativo a este instituto, la jurisprudencia de esta Cámara casacional ha indicado lo siguiente: “Al respecto, el criterio sostenido ha sido externado reiteradamente por esta Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia en los votos 2012-001221 de las doce horas y diez minutos del diecisiete de agosto de dos mil doce; 2010-00498 de las diez horas y once minutos del veintiocho de mayo del dos mil diez; 00722-2012 de las nueve horas dieciséis minutos del veintisiete de abril del dos mil doce, entre otros, cuando hace alusión a los tres criterios esenciales que el jurista Julio MAIER ha definido en doctrina para el estudio del tema de la cosa juzgada en materia penal: " a) Identidad personal: que consiste en verificar que se trata del mismo imputado en uno y otro proceso, en su condición de autor o partícipe, que esté siendo o haya sido perseguido penalmente por las autoridades establecidas legalmente, con el objeto de imputarle el mismo hecho. b) Identidad de hechos u objeto del proceso: se refiere a la identidad de imputación, lo que implica, tener por objeto el mismo comportamiento atribuido al mismo sujeto; sin que sea relevante la calificación jurídico penal que se le atribuya, en uno u otro proceso. Se trata entonces, de la misma acción u omisión, imputada dos o más veces. c) Identidad de pretensión punitiva: caso de excepción, en el que pese a que exista identidad personal y de objeto, en dos o más procesos, por unos mismos hechos, procede su conocimiento. Sucede porque las decisiones judiciales no versan sobre el valor jurídico de un acontecimiento, sino acerca del comportamiento humano (acción u omisión) jurídicamente valorado, posible de ser atribuido a una persona determinada, a quien se le impone una consecuencia jurídica por dicho comportamiento, sobre el cual no es posible una doble imputación….” (MAIER, Julio. Derecho Procesal Penal. Buenos Aires, Editores del Puerto S.R.L., Tomo I, Fundamentos, 2ª. Edición, 1996, pp. 603-630)…" Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, 2012-001221 de las doce horas y diez minutos del diecisiete de agosto del dos mil doce, (el subrayado es nuestro). (Sala Tercera, resolución Nº 2013-00592, de las 10:44 horas del 24 de mayo de 2013). También ha referido lo siguiente: “…para confirmar la existencia de la cosa juzgada material, se deben dar tres requisitos, a saber, la identidad en el sujeto, en el objeto y en la causa…” (voto 2012-0722, de las 09:16 horas, del 27 de abril de 2012, Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia)". […] en nuestro país está plenamente proscrito que a las personas que han sido procesadas por hechos específicos se les inicie nuevo juicio por el mismo cuadro fáctico.” (Sala Tercera, Res. Nº 001186-2013, de las 09:02 horas, del 13 de setiembre de 2013). En síntesis, como lo afirma también la jurisprudencia de esta Sala, el instituto de la cosa juzgada requiere no solo la identidad objetiva -de los hechos objeto de pronunciamiento-, sino también la subjetiva, entendiéndose la anterior como partes, en sentido genérico, y de causa o identidad de pretensión punitiva (ver Res. Nº 2002-01070, de las 10:22 horas, del 25 de octubre de 2002)…” (Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Sentencia N° 2016-00185, de las 10:59 horas, del 12 de febrero de 2016, Chinchilla, Ramírez, Arias, Desanti y Cortés, la negrita y el subrayado son del original). El ad quem y el a quo no valoraron de forma debida el contenido de la resolución que en su momento declaró ineficaz el sobreseimiento definitivo dictado por el Juzgado Penal de Pérez Zeledón mediante resolución oral de fecha 17 de octubre de 2012, que al parecer debió ser reconstruida y que además resultaba incongruente –en principio– en varias de sus partes. Al respecto, ante la apelación presentada por el apoderado del querellante y actor civil contra dicho sobreseimiento, el Tribunal del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, Sede Pérez Zeledón, asumiendo funciones como órgano jurisdiccional de apelación, en el voto N° 81-2013, de las 16:25 horas, del 4 de marzo de 2013, al pronunciarse sobre el recurso de apelación, en la parte dispositiva de la resolución dicho órgano estableció: “Se declara ineficaz el Sobreseimiento Definitivo dictado a favor de los querellados, vuelvan los autos a la oficina de origen para que se resuelva como en Derecho corresponde” (cfr, folio 2308, del expediente virtual, la negrita no es del original). Obsérvese que, la parte dispositiva o “por tanto” de dicho voto, claramente estableció, de manera genérica, que declaraba ineficaz el sobreseimiento definitivo dictado a favor de los encartados Ceciliano Altamirano, Loría Espinoza y Vargas Jara, sin hacer referencia a una ineficacia parcial de la resolución (no hubo excepción al respecto) como lo consideraron el a quo y el ad quem, siendo que el sobreseimiento definitivo se declaró ineficaz por un problema de fundamentación, remitiéndose el asunto al Juzgado Penal para que procediera a dictar una nueva resolución. Es decir, el Órgano jurisdiccional que declaró la ineficacia del sobreseimiento definitivo no se decantó por decretar la firmeza material (cosa juzgada) en lo que respecta a ningún hecho. Así las cosas, con base en las consideraciones expuestas, lo procedente es declarar con lugar el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público y anular parcialmente las sentencias Nº 2017-00476, de las 13:21 horas, del 14 de setiembre de 2017, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago y N° 512-2016, de las 15:10 horas, del 6 de setiembre de 2016, del Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, San Isidro, Pérez Zeledón. En razón de que en la sentencia N° 512-2016, el Tribunal de Juicio absolvió a los imputados Adrián Ceciliano Altamirano, Gloriana Loría Espinoza y Ana Patricia Vargas Jara del delito de fraude de simulación (cfr, folios 105 a 197, del expediente virtual), la cual fue confirmada por el ad quem, y, siendo que el Ministerio Público no cuestionó en sede de casación la absolutoria por dicho ilícito penal en relación con esos hechos, así como que el recurso de casación de la parte querellante se declaró inadmisible, dichos imputados no podrán ser juzgados nuevamente por el delito de fraude de simulación. Se ordena el reenvío de la causa al Tribunal de Juicio para que, con una nueva integración, proceda a realizar un nuevo juicio oral y público en el que se discuta, partiendo de los hechos contenidos en la acusación y la querella, si los imputados Ceciliano Altamirano, Loría Espinoza y Vargas Jara incurrieron en alguna conducta delictiva.
Se declara con lugar el recurso de casación formulado por el representante del Ministerio Público. Se anulan parcialmente las sentencias Nº 2017-00476, de las 13:21 horas, del 14 de setiembre de 2017, del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago y N° 512-2016, de las 15:10 horas, del 6 de setiembre de 2016, del Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur, San Isidro, Pérez Zeledón. En razón de que en la sentencia N° 512-2016, el Tribunal de Juicio absolvió a los imputados A.C.A., G.L.E. y A.P.V.J. del delito de fraude de simulación (cfr, folios 105 a 197, del expediente virtual), la cual fue confirmada por el ad quem, y, siendo que el Ministerio Público no cuestionó en sede de casación la absolutoria por dicho ilícito penal, así como que el recurso de casación de la parte querellante se declaró inadmisible, dichos imputados no podrán ser juzgados nuevamente por el delito de fraude de simulación. Se ordena el reenvío de la causa al Tribunal de Juicio para que, con una nueva integración, proceda a realizar un nuevo juicio oral y público en el que se discuta, partiendo de los hechos contenidos en la acusación y la querella, si los imputados C.A., L.E. y V.J. incurrieron en alguna conducta delictiva. Notifíquese.
Mag Suplente.
Jorge Enrique Desanti H. Sandra Eugenia Zúñiga M.
Mag. Suplente. Mag. Suplente.
Jaime Robleto G. Rafael Segura B.
Mag. Suplente. Mag Suplente.
iwoching.

References: resolución 
 artículo 468
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 artículo 42
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