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Timestamp: 2018-02-23 05:59:55+00:00

Document:
Gaceta: LXII/1PPO-32/37515
De los Senadores Francisco García Cabeza de Vaca, Víctor Hermosillo y Celada, Luis Fernando Salazar Fernández, Fernando Yunes Márquez, Fernando Herrera Ávila y Javier Corral Jurado, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con aval de grupo, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Propone reformar el artículo 81, para adicionar un segundo párrafo a la fracción segunda; y se reforma el párrafo primero y se adiciona un segundo párrafo al artículo 105, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a fin de integrar como nueva atribución del Consejo de la Judicatura Federal, el de vigilar que se cumplan las disposiciones que sobre la carrera judicial que dispone esta ley, así como suscribir los acuerdos necesarios para la implementación de las evaluaciones en materia de control de confianza. Asimismo, se propone que la evaluación se establezca de forma sistemática y periódica, con el fin de contribuir a la confirmación y vigilancia del marco de conducta que dictan y de la normatividad institucional.
Por otra parte, se reforma la fracción I del artículo 5 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para establecer disposiciones legales que desincentiven con mayor efectividad a los servidores públicos que colaboren con el crimen organizado.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.
FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, VICTOR HERMOSILLO Y CELADA, LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ, FERNANDO YUNES MARQUEZ, FERNANDO HERRERA ÁVILA, JAVIER CORRAL JURADO, Senadores de la República de la LXII Legislatura al Congreso de la Unión e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 164 numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República someten a la consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Y DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA al tenor de la siguiente:
En los últimos años hemos sido testigos del grave deterioro que enfrentan los organismos encargados de la procuración e impartición de justicia en el país. Sin duda los mexicanos demandamos que las autoridades asuman un claro compromiso para contar con instituciones sólidas, eficaces y honestas, así como para replantear los mecanismos necesarios para poner fin a la impunidad y a la corrupción.
Resulta indignante observar de manera reiterada cómo los servidores públicos de todos los rangos y responsabilidades de la administración pública, incumplen y distorsionan las funciones del servicio público, amasando fortunas que no corresponden con sus ingresos. Esto se ha venido gestando ante la falta de medidas preventivas fundamentales en el país como lo son: la prevención social, la estricta sanción judicial en un Estado de Derecho y la prevención de servidores públicos corruptos.
En las últimas administraciones se han llevado a cabo esfuerzos que se han materializado para combatir lo anterior, destacando: la reciente aprobación por parte del Congreso de la Unión al proyecto que expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y las reformas estructurales a la Ley Federal de Delincuencia Organizada.
Sin embargo, la protección política sigue siendo un factor fundamental con la cual la delincuencia organizada sigue creciendo conforme pasan los años. Es por lo anterior, que se debe contar con un marco legal estricto, que permita emprender los procesos administrativos y penales contra servidores públicos que hayan incurrido en actos de corrupción y de delincuencia organizada. Es decir, aquellos funcionarios que traicionen la confianza de los ciudadanos deben de ser sujetos a sanciones ejemplares donde por ningún motivo queden sujetos a los beneficios que establece el actual sistema legislativo.
La presente iniciativa de reforma pretende:
PRIMERO.- Aplicar exámenes de control de confianza a los encargados de la función judicial federal, introduciendo dichas evaluaciones a los procedimientos y concursos que realiza el Consejo de la Judicatura a través del Sistema de Carrera Judicial, que se rige y, debe continuar haciéndolo, por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, honradez e independencia.
El Consejo de la Judicatura Federal desde su creación en 1995 ha sancionado a más de 627 magistrados y jueces federales de acuerdo a sus propias estadísticas, a los que se suman 408 secretarios de juzgado y de tribunal y defensores públicos federales que han sido merecedores de sanciones del Consejo.
Sin embargo, el número de quejas ingresadas en los 15 años que el Consejo de la Judicatura ha trabajado son aún más alarmantes, con más de 22 mil quejas. Esta situación hace evidente la necesidad de trabajar de manera preventiva, es decir, evitar el origen de las quejas, y evaluar de inicio a los jueces y magistrados, quienes históricamente han recibido más sanciones del órgano de vigilancia.
Los números se refieren a casos de falta de profesionalismo, deshonestidad, abuso de poder funcionarios que piden dinero, acoso a subordinados, liberación de presuntos narcotraficantes, dilación en procesos judiciales o negligencia en su trabajo.
Por lo anterior, se pretende fortalecer la función judicial, en sus aspectos estructurales y principios, bajo los que desarrolla su jurisdicción como la expeditez, el impulso procesal oficioso, la imparcialidad, la legalidad, la honradez, la independencia, la caducidad, la sanción administrativa, la oralidad, la formalidad, la calidad total en sus procesos operativos, administrativos y contables, la excelencia en recursos humanos, la vanguardia en sistemas tecnológicos, la carrera judicial, su eficiencia y eficacia.
A través de las evaluaciones de control de confianza se permitirá el nombramiento de los candidatos apegados a principios institucionales de acuerdo con los perfiles exigidos para cumplir con tan relevante labor.
Asimismo, se propone que la evaluación se establezca de forma sistemática y periódica, con el fin de contribuir a la confirmación y vigilancia del marco de conducta que dictan y de la normatividad institucional.
El Consejo de la Judicatura Federal a través del comunicado de N° 10 de fecha 23 de marzo de 2011 dio a conocer, el número de funcionarios del Poder Judicial a nivel nacional que recibieron diversas sanciones derivadas de malas prácticas en su ejercicio profesional:
14 Magistrados de Circuito;
18 Jueces de Distrito;
13 Secretarios de Tribunal;
26 Secretarios de Juzgado;
15 Actuarios judiciales un Analista jurídico;
18 Oficiales administrativos; y
3 Oficiales de servicios y mantenimiento.
Además se señaló, que en las entidades de la República en las que se registraron el mayor número de funcionarios del poder judicial sancionados fueron el Distrito Federal con 18; Estado de México, 8; Quintana Roo, 8; Guerrero, 7; y Jalisco con 6. Mientras que los estados en los que no se emitió ningún castigo fueron Baja California Sur, Colima, Durango, Tamaulipas y Yucatán.
Es importante mencionar que la implementación de la evaluación de control de confianza en la selección de jueces, se ha convertido en una inquietud por parte de los gobiernos en varios Estados. Para lo anterior, basta referir que el 29 de marzo de 2011 Consejo de la Judicatura de Estado de Morelos aplicó la evaluación de control de confianza a cuatro plazas de jueces orales para aspirantes externos y nueve a aspirantes internos para varios de sus municipios. En otro caso, en el Congreso del Estado de Jalisco en febrero de 2011 propuso la implementación de la evaluación de control de confianza a los Jueces del Poder Judicial del Estado.
Actualmente, a nivel federal se establece que el ingreso y la promoción de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación se hará mediante el sistema de carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad, en su caso. Para ello, el Consejo de la Judicatura Federal está facultado para dictar todos los acuerdos necesarios a fin de cumplir con los principios señalados y para lo cual cuenta con los órganos auxiliares que coadyuvan en sus tareas como el Instituto de la Judicatura.
Aunado a lo anterior, se establecen, entre otros requisitos que, para poder ocupar el cargo de juez, se debe ser ciudadano mexicano por nacimiento, sin que se adquiera otra nacionalidad, estar en pleno goce y ejercicio de los derechos civiles y políticos, tener más de treinta y cinco años, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor de un año, contar con título de licenciado en derecho expedido legalmente con práctica profesional de cuando menos cinco años.
La acreditación del cumplimiento de dichos requisitos como la entrega de documentación y la experiencia certificada, así como “Gozar de buena reputación”, no siempre se traduce en los resultados de honestidad, eficiencia y eficacia que el cargo demanda.
Finalmente, es de destacar que la independencia de que gozan los jueces debe tener como contrapunto un riguroso régimen disciplinario. Si éstos no pueden ser inquietados ni perturbados en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, se debe pugnar por un estándar de responsabilidad mayor.
SEGUNDO.- Se reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para que, como ley especial en la materia, desincentive con mayor efectividad a los servidores públicos que colaboren con el crimen organizado.
Cabe mencionar, que entre los servidores públicos que se podrán ubicar en dicho supuesto se encuentran: todos aquellos que formen parte de la Administración Pública Federal, centralizada o del Distrito Federal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas a éstas y fideicomisos públicos en los poderes Judicial Federal y del Distrito Federal, Gobernadores de los Estados, Presidentes Municipales, Diputados a las legislaturas locales y a los Magistrados de los Tribunales de Justicia Locales.
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada tipifica los delitos contra la salud, terrorismo, acopio de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos, corrupción de personas, trata y secuestro, como delitos de la delincuencia organizada. La ley, establece sanciones más elevadas a quien tenga funciones de decisión y administración en la comisión de los ilícitos.
El mismo ordenamiento, condena a los servidores públicos partícipes del crimen organizado con la posibilidad de que se dupliquen las penas en el abuso de su posición como empleados de los Poderes de la Unión. Además, se impondrá a dichos servidores públicos, destitución e inhabilitación para desempeñar algún cargo posteriormente.
Sin embargo, estas medidas no han sido suficientes, pues en el día a día, los medios de comunicación hacen evidentes los casos de colusión de los funcionarios estatales y jurisdiccionales con los delincuentes.
El Título Cuarto del Código Penal Federal contiene un Capítulo III que versa sobre la “Libertad preparatoria y retención”, en el cual se establecen las recompensas de las cuales podrán gozar los sentenciados para eliminar desde dos quintas partes hasta la mitad de su condena bajo los siguientes supuestos: si ha observado buena conducta, que del examen de su personalidad se presuma que está socialmente readaptado, en condiciones de no volver a delinquir y que haya reparado o se comprometa a reparar el daño causado.
El artículo 85 del capítulo referido menciona en un listado números clausus, los supuestos para no conceder la libertad anticipada referida. Dentro de éstos, se encuentran algunos de los ilícitos que forman parte de los delitos contra la delincuencia organizada como lo son: delitos contra la salud, el tráfico de indocumentados y la trata de personas, la corrupción de menores, las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el secuestro. Sin embargo, ilícitos como el terrorismo, el terrorismo internacional, la falsificación o alteración de moneda, los relacionados con los hidrocarburos, el acopio y tráfico de armas que también se encuentran dentro de los delitos contra delincuencia organizada, no quedan sujetos a esta regulación, que busca la negativa de otorgar favores y/o beneficios a los delincuentes que diariamente lastiman nuestra sociedad.
Aunado a lo anterior, la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación de los Sentenciados establece la figura de tratamiento preliberacional, misma que está intrínsecamente relacionada con la libertad preparatoria a que se refiere el Código Penal. Actualmente esta ley tampoco aplica a los sujetos ubicados en los supuestos en el artículo 85. Esto, adolece del mismo problema que señalamos, pues omite regular varios supuestos que se encuentran tipificados dentro de la delincuencia organizada.
Otro beneficio como la remisión parcial de la pena, la cual consiste en que por cada dos días de trabajo se condonará un día de prisión, siempre y cuando el sentenciado observe buena conducta y participe regularmente en actividades educativas, también se encuentran previstas en la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación de los Sentenciados.
La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en su capítulo “De la prisión preventiva y Ejecución de las Penas y Medidas de Seguridad” establece que algunos partícipes de la delincuencia organizada que colaboren en la investigación y persecución de otros miembros de la delincuencia organizada, gocen de los beneficios establecidos en el Código Penal y en la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación de Sentenciados.
Sin embargo, es deber de los funcionarios públicos colaborar con la investigación y persecución de cualquier crimen siempre que se tenga información o sospecha sobre el mismo, en la calidad de ciudadanos y sobre todo, de servidores de la ciudadanía y del Estado. Por ello, se propone reformar diversos artículos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para eliminar los beneficios para los servidores públicos relacionados con la colaboración en las investigaciones y para completar las excepciones establecidas con respecto a la libertad preparatoria.
Con esta iniciativa se pretende abonar en contar con los elementos suficientes que nos permitan aminorar la seguridad con la que se puede llegar a contar para desarrollar negocios ilícitos; sabemos que es una tarea costosa en tiempo y recursos pero se tiene que trabajar de forma inmediata en ello.
Por lo anteriormente expuesto y descrito, sometemos a su consideración la siguiente Iniciativa con Proyecto de:
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma el artículo 81, para adicionar un segundo párrafo a la fracción segunda; se reforma párrafo primero y se adiciona un segundo párrafo al artículo 105, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para quedar como sigue:
Artículo 81 Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal:
Vigilar que se cumplan las disposiciones que sobre la carrera judicial que dispone esta ley, así como suscribir los acuerdos necesarios para la implementación de las evaluaciones en materia de control de confianza.
Artículo 105. El ingreso, promoción y permanencia de los servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación se hará mediante el sistema de carrera judicial que se refiere el presente Título, el cual se regirá por los principios de excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad en su caso.
Los servidores públicos a que se refiere el párrafo anterior, requerirán acreditar los exámenes y evaluaciones de control de confianza los cuales serán permanentes, periódicos y obligatorios.
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se reforma la fracción I del artículo 5 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para quedar:
Artículo 5: Las penas a que se refiere el artículo anterior se aumentarán hasta en una mitad, cuando:
Se trate de cualquier servidor público que participe en la realización de los delitos previstos para la delincuencia organizada. Además, se impondrán a dicho servidor público, destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos. Los servidores públicos que recaigan en este supuesto no gozarán de los beneficios a que se refiere el artículo 35, 43 y 44 de esta Ley.
Dado en el Pleno de la H. Cámara de Senadores, México, D.F., 16 de octubre de 2012.
SENADOR LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ
SENADOR FERNANDO YUNES MARQUEZ
http://www.senado.gob.mx:80/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=37515

References: artículo 81
 artículo 105
 artículo 5
 artículo 71
 artículo 85
 artículo 85
 artículo 81
 artículo 105

Artículo 81

Artículo 105
 artículo 5

Artículo 5
 artículo 35