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Timestamp: 2014-07-10 18:58:57+00:00

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La revocatoria: orígenes, principios y experiencia comparada
La revocatoria: orígenes, principios y experiencia comparada.
Acción Electoral, revista electrónica del Jurado Nacional de Elecciones. Año 1, núm. 1, 2012.
1. Revocatoria y democracia
La democracia se desarrolla de muchas formas. En sus orígenes, James Madison planteaba dos dificultades que todo gobierno debe enfrentar: la responsabilidad de controlar a los ciudadanos y la obligación de controlarse a sí mismo[1]. De dicha idea surgirán extensas discusiones, cuyo arribo dará vida a las bases del sistema representativo y a su organización, instituciones y gobierno[2].
A partir de tales debates, los padres fundadores de la democracia norteamericana sostuvieron la necesidad de un sistema de frenos y contrapesos[3], el que sirvió de inspiración a las repúblicas nacientes de aquellos días. No obstante ello, la existencia de un poder representativo que legisle, un ejecutivo unipersonal dotado de amplios poderes y un aparato judicial encargado de la aplicación correcta de las leyes, será un producto contramayoritario[4], fruto de una necesidad concreta: “corregir, purificar o ‘filtrar’ la voz de la mayoría, pasándola por el ‘tamiz de un grupo selecto de representantes’”[5].
La participación de las mayorías fue vista como posibilidad de “turbulencia y excesos”. La democracia fue tenida entonces como “el peor de todos los males políticos”: de la expresión ‘directa’ de la ciudadanía solo podían esperarse decisiones irrazonables, basadas en la mera ‘pasión’[6].
Más allá de las novedades institucionales, los rasgos del sistema representativo de los albores republicanos fueron instaurados y mantenidos en las jóvenes democracias de nuestros países. Ello es así, puesto que si bien las ideas cambian, nuestra capacidad colectiva para definir esquemas alternativos se encuentra limitada por las instituciones en las que ya vivimos[7].
Como parte del escenario descrito se observa que los asuntos electorales se enmarcan en la oportunidad ciudadana de participar en la democracia, por medio de la elección popular. Fuera de ello, su presencia es tenue y su desarrollo pobre. Ello hace sentido si se considera que los derechos y libertades políticas no han sido un asunto pacífico, sino más bien se han caracterizado por presentar siempre resistencias y temores[8]:
“Liberales y conservadores compartían, en muchos aspectos, su mirada sobre los derechos: ambos miraban con desconfianza los derechos más vinculados con las aspiraciones sociales de la comunidad; ambos preocupados por asegurar protección para el que consideraban el sagrado derecho a la propiedad privada, y ambos resistían, sobre todo, una aproximación generosa en relación con los derechos políticos: era demasiado arriesgado –o demasiado temprano– para ampliar los derechos políticos (…)”[9].
En consonancia a ello, intelectuales como Blackstone afirmaban que “los derechos políticos debían corresponder únicamente a aquellos dotados de voluntad propia”. Dicha “voluntad propia” tenía relación directa con –y se lograba por medio de– derechos de propiedad[10].
Los asuntos electorales y su justicia han sido tradicionalmente relegados a lo procedimental. Los debates académicos nos remiten a la elección como acto y a la técnica para el conteo y asignación de votos, así como a las estrategias para ganarlos. La idea de vincular de modo manifiesto el ejercicio del poder (representación política) a condiciones de razonamiento público (deliberación colectiva)[11], no aparece del todo presente en dichas miradas.
El derecho electoral se transforma así en conocer y dominar reglas, procedimientos y plazos, y no en un asunto de principios y contenidos ligados a la esencia misma del sistema democrático. Se piensa en elecciones antes que en un sistema electoral, dejando muchas veces de lado los fundamentos que deben dar vida a las instituciones que sirven a la consecución de los fines de la democracia y el buen gobierno.
En el marco de una democracia deliberativa se tienen diferentes formas de construir la democracia misma. En el caso peruano es la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, Ley N.° 26300 (en adelante Ley N.° 26300, LDPCC)[12], la que desarrolla cuáles son aquellas formas en las que es posible participar y ejercer los derechos políticos. Dentro de dicha gama de posibilidades se encuentra la figura de la consulta popular de revocatoria de autoridades.
El Perú necesita mejorar la forma en que se hace y realiza la política. Es necesario renovar la confianza en las instituciones pero por sobre todo en la ciudadanía. En el ánimo de compartir los principales alcances, en atención a la institución de la revocatoria y su experiencia legislativa comparada, el presente texto ofrece un acercamiento preliminar de la consulta popular de revocatoria de autoridades a la ciudadanía en su conjunto. De esta forma, será posible conocer además de los principales motivos que sustentan dicha institución, los principales países en la región en los que tiene vigencia.
2. Consulta popular de revocatoria de autoridades: apuntes preliminares y expectativas
La democracia requiere para su mejora y fortalecimiento de la participación constante de la ciudadanía[13]. Para ello, se ocupa de generar reglas y procedimientos que permitan dicha participación, más allá de la sola elección de representantes[14].
En atención a la institución de la revocatoria, si bien es de reciente data en el Perú, no lo es en países como los Estados Unidos[15]. A finales de 1800, diferentes estados de la Unión enmendaron sus constituciones, promoviendo la incorporación de fórmulas de iniciativa popular[16].
La democracia directa se volvió un rasgo permanente de la vida política estadounidense, sin embargo, el hecho de que la iniciativa popular, el plebiscito y la revocación de mandato no hayan sido tan utilizados “se debe a que mejoró el nivel de las legislaturas locales”[17]. Además de ello, es importante anotar que, de modo general, recurrir a métodos de democracia directa no ha dado lugar a la adopción de medidas radicales o perjudiciales para las minorías. Su existencia tendió, más bien, a influir sobre las legislaturas y a producir consensos más sólidos[18]. En ese sentido, la revocatoria o “recall” es, como en el Perú, una herramienta de nivel local y estatal[19].
El derecho de revocar los mandatos de los representantes fue siempre un reclamo poderoso y presente en los debates constitucionales de 1787, sin embargo, para los padres fundadores, la exigencia de tal derecho resultó siempre inaceptable[20]. Se sostuvo que alteraría la voluntad de los representantes, y que promovería autoridades elegidas “por los perjuicios de sus estados, y no por el bien de la Unión”[21].
Los defensores de la revocación de mandatos fueron conocidos como los “populistas”. Ellos afirmaban que para los mandatos prolongados (superiores a un año), los electores debían de contar con una herramienta adicional que les permita controlar a sus elegidos. Mandatos prolongados –insistían los “populistas”– traerían como resultado que los representantes se desentendieran de sus votantes y comenzaran a actuar con autonomía respecto de estos[22].
Es pertinente anotar que los temores de los “populistas” parecen tener vigencia. No es inusual que representantes, al día siguiente de haber sido electos, anuncien planes y medidas contradictorios con sus promesas y propuestas electorales. “De allí que los ‘populistas’ no hayan hecho más que tratar de frenar un mal previsible, apelando a la razonable idea de que, aún luego de las elecciones, el pueblo seguía siendo depositario del poder. Sostuvieron entonces que ‘cuando una persona autoriza a otra a llevar adelante un cierto trabajo en su nombre debe retener el poder de reemplazarla’”[23].
Actualmente, la revocatoria se inserta en un contexto de empoderamiento ciudadano para la mejora de las autoridades que nos representan. Dicha figura legal favorece el ejercicio de los derechos de participación y control, al tiempo que busca lograr que las decisiones de las autoridades electas sean el mejor reflejo posible de la voluntad deliberada del pueblo[24].
3. Revocatoria en el Perú: principales alcances
Por medio de la consulta popular de revocatoria, los electores pueden destituir o ratificar en su cargo al representante anteriormente electo. Se fortalece de esta forma, el compromiso de los ciudadanos con el buen funcionamiento del sistema democrático y sus instituciones, al permitir a las peruanas y peruanos decidir asuntos específicos directamente en las urnas.
Los mecanismos de participación y control político y ciudadano constituyen una precondición para la democracia. En ese sentido, la democracia será resultado de la forma en la que constitucionalmente se participe y controle el quehacer político[25]. La revocatoria es una de las herramientas constitucionales con las que es posible participar, mejorar y afirmar la democracia peruana, en sus ámbitos correspondientes: locales y regionales.
Los rasgos principales que permiten describir dicha institución jurídica en el Perú son:
Es un derecho de corte constitucional, que asiste a todo ciudadano. Se fundamenta en la necesidad de controlar la representación política.
Busca retirar de sus funciones a la autoridad electa[26].
Los sujetos a los que se dirige son: autoridades regionales y municipales, así como jueces de paz, cuya elección sea popular.
Su promoción no requiere acreditación legal de los motivos que la inspiran: su legitimidad se encuentra en las firmas y en los votos que la iniciativa logré.
Para su procedencia se requieren las firmas del 25% de los electores de determinada circunscripción, hasta un máximo de 400 000 firmas.
No puede interponerse durante el primer ni el último año del mandato.
Dependiendo de los resultados del proceso, el Jurado Nacional de Elecciones reemplaza a la autoridad revocada o convoca a nueva elecciones.
A continuación, una breve descripción sobre su naturaleza, finalidad, función, sujetos, requisitos, plazos y temporalidad, así como sobre sus efectos y consecuencias.
3.1. Sobre su naturaleza
La ciudadanía cuenta con un cuadro importante de derechos constitucionales, entre los que se encuentran los denominados derechos políticos, los que clásicamente han sido expresados como el derecho a elegir y ser elegido.
En el marco de una democracia deliberativa, dichos derechos tienen por finalidad generar accesos y garantías para la participación y el control ciudadano de la actividad política. Dado que la democracia es una construcción colectiva de libertad y cooperación para una vida buena en sociedad, son los ciudadanos los llamados a asumir el desafío de vigilar el desempeño y cumplimiento de la autoridad electa. Para ello, el sistema les brinda determinadas herramientas, entre las que se cuenta la revocatoria.
Iniciativa de reforma constitucional;
Iniciativa en la formación de las leyes;
Iniciativa en la formación de ordenanzas municipales y regionales;
Consulta previa en el caso de los pueblos originarios;
Otros mecanismos de participación establecidos en la legislación vigente.
Son derechos de control ciudadano:
Revocatoria de autoridades;
Remoción de autoridades;
Demanda de rendición de cuentas;
Otros mecanismos de control establecidos por la legislación vigente.
Los derechos descritos se encuentran en un proceso de afirmación y desarrollo. Se insertan en el marco de una tendencia que reclama la incorporación de la voz y el voto ciudadano, de modo más constante y con vocación de permanencia.
Ya en 1914 la Corte Suprema de los Estados Unidos de América fijaba algunos criterios, entre ellos –el más importante– que “los asuntos de democracia directa municipal (pensando en la “recall”) son políticos más que judiciales” (Bonner v. Belsterling, 1911, también Pacific State Tel. & Tel Co. v. Oregon, 1912)[27]. De ello se desprende que en el Perú la revocatoria no constituye una sanción, sino más bien una suerte de cuestionamiento a la legitimidad en la representación lograda en las urnas, un llamado de atención, un retiro de la confianza depositada por los electores en la autoridad.
3.2. Sobre su objeto
El inicio de un procedimiento de revocatoria tiene por objeto someter a evaluación, mediante la consulta, la gestión de una autoridad local o regional democráticamente electa y plenamente individualizada. Incluye también a los jueces de paz que provengan de elección popular[28].
En el Perú la revocatoria es una institución no aplicable a congresistas ni al presidente de la República. Eso quiere decir que su objeto se limita a circunscripciones subnacionales.
Es importante mencionar que, pese a que a la fecha no se ha suscitado ningún caso ante el Jurado Nacional de Elecciones, sería posible incorporar también a las autoridades electas en los municipios de centros poblados.
3.3. Sobre su función y fundamentos
La institución de la revocatoria de autoridades, al ser un procedimiento de control, sirve para reforzar o retirar la confianza y legitimidad democrática con que cuenta dicha autoridad.
En atención a ello, las razones por las que se inicia una revocatoria no requieren ser probadas. Los fundamentos del pedido de revocatoria se exponen sin necesidad de motivación ni desarrollo ulterior.
Incumplimiento de las promesas electorales, planes de gobierno, otros ofrecimientos.
3.4. Sobre sus sujetos
Sujeto activo: El promotor. Es el ciudadano que adquiere el kit electoral y se compromete con el proceso de revocatoria.
Sujeto pasivo: Autoridades sometidas a consulta. Son los sujetos a los que se dirige la solicitud, vale decir, autoridades regionales y municipales democráticamente electas (alcaldes, presidentes regionales, regidores y consejeros regionales), así como jueces de paz, cuya elección sea popular[29].
Son instituciones que también participan del proceso: Reniec, ONPE y JNE.
3.5. Sobre sus requisitos
Para la realización de la consulta se requiere:
Presentar una solicitud ante la ONPE y reunir el 25% firmas de los electores de la circunscripción electoral, hasta un máximo de 400 mil firmas[30].
Superar la verificación de autenticidad de las firmas recolectadas, ante el Reniec.
Subsanar –de ser el caso– las observaciones planteadas por el Reniec.
Luego de ello, el JNE convocará a un proceso de consulta de revocatoria en un plazo de noventa días después de presentada la solicitud. El voto en este proceso electoral es obligatorio.
3.6. Sobre su oportunidad, plazos y temporalidad
La oportunidad para presentar la petición de revocatoria se da luego de finalizado el primer año y antes de iniciar el último de la gestión de la autoridad que se desea someter a dicho procedimiento.
Los plazos de mayor relevancia se encuentran previstos en el cronograma que el JNE publica con ocasión de este procedimiento. Al cierre del presente artículo, el JNE se encuentra ad portas de aprobar el padrón electoral remitido por el Reniec[31].
Las autoridades reemplazantes asumen funciones a partir del momento de la entrega de credenciales por parte del JNE, y por el tiempo que reste del mandato de la autoridad revocada.
3.7. Sobre sus efectos
La autoridad sometida a consulta quedará revocada si la propuesta a favor de la revocatoria alcanza la mitad más uno de los votos válidos, siempre que hayan votado el 50% o más de electores hábiles en el padrón electoral del lugar donde se realiza la consulta.
Se realizarán nuevas elecciones cuando se revoque a más de un tercio (1/3) de los miembros del concejo municipal o del consejo regional.
Para el caso de las regiones, al presidente revocado lo reemplaza el vicepresidente, al vicepresidente revocado lo reemplaza el consejero hábil de la lista a la que pertenece el revocado que resulte electo mediante votación de la mitad más uno del número legal de los consejeros.
En los demás casos, la autoridad revocada será sustituida por su correspondiente accesitario.
Las autoridades revocadas no pueden participar de las elecciones a que hubiere lugar para cubrir su vacancia. En las demás elecciones no tendrán impedimento alguno tras haber sido revocadas.
Los promotores de aquel proceso de revocatoria que finalice con la salida de la autoridad sometida a consulta tienen el derecho a reclamar el reembolso por los gastos efectuados[32].
4. Experiencia comparada: revocatoria por países
A continuación, un recuento de los países de la región en los que es posible encontrar la figura de la revocatoria de autoridades democráticamente electas. Al final del presente texto se inserta un cuadro resumen con las dinámicas correspondientes a los países glosados (Tabla 1).
4.1. Ecuador
En Ecuador la revocatoria de mandato es un derecho ciudadano plasmado en la Constitución Política, en sus artículos 109 al 113, y en los artículos 199 al 201. Además de ello, se encuentra tipificada en el Código de la Democracia, en donde se plasman los lineamientos básicos para el procedimiento de consulta, que son los siguientes:
• Solo pueden ser revocados los cargos elegidos por el pueblo mediante procesos electorales, incluyendo al presidente de la República.
• Para las autoridades municipales es necesaria la firma del 10% de ciudadanos de la circunscripción electoral, mientras que para el presidente el 15% de firmas.
• Solo se podrá realizar un proceso de revocatoria, después de culminado el primer año de gestión y antes del último.
• Para la aprobación de la revocatoria se requerirá la mayoría absoluta de los votos válidos emitidos.
• Si la autoridad es revocada cesará de su cargo y será reemplazada por quien corresponda de acuerdo con la Constitución.
En la mencionada Ley no se hace referencia al reembolso de fondos utilizados en el proceso de revocatoria. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, en su Resolución N.° PLE-CNE-2-6-1-2011, Reglamento para el ejercicio de la democracia directa a través de la iniciativa popular normativa, consultas populares, referéndum y revocatoria de mandato, se ocupa de los procedimientos de las instituciones glosadas, así como de los correspondientes a los gastos, conforme se aprecia también en la Resolución N.° PLE-CNE-3-27-7-2010.
El presupuesto para realizar la revocatoria es asumido por el Estado y destinado a las instituciones encargadas. Con respecto a la campaña, está prohibida la contratación privada de propaganda y publicidad sobre el proceso electoral en prensa escrita, radio, televisión y vallas publicitarias, siendo el gasto máximo permitido en la campaña electoral un monto no mayor al límite establecido para la elección de la máxima autoridad de la jurisdicción en la cual se realiza la campaña. Los fondos utilizados en la campaña son privados, no existiendo el reembolso de lo utilizado.
En el Estado Plurinacional de Bolivia, la Ley de Régimen Electoral, en sus artículos 25 al 34, permite la revocatoria de todas las autoridades elegidas por medio de una elección popular. La propuesta de revocatoria será llevada a cabo por cualquier persona que goce de plenos derechos políticos, y siempre que ello sea a la mitad y antes del último año del mandato de la autoridad sometida a proceso de revocación.
4.3. Venezuela
La Constitución venezolana, en su artículo 72, reconoce el derecho de los ciudadanos a revocar a toda autoridad democráticamente electa, incluyendo al presidente de la República. Dicho derecho de revocatoria se encuentra desarrollado en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Poder Popular, artículos 75 y 76, donde además fija que para iniciar dicho proceso es necesario que la autoridad sometida a revocación se encuentre a la mitad del mandato para el que fue elegido.
La Constitución de la República, en sus artículos 103 al 106, así como en la Ley N.° 134, del 31 de mayo de 1994, sobre mecanismos de participación ciudadana, consagra en su punto 4 el derecho a revocar autoridades popularmente electas. Concretamente, se refiere al gobernador o alcalde, siempre que haya transcurrido al menos un año de la toma del cargo. Dicho derecho podrá ser ejercido solo por aquellos ciudadanos que hayan participado (votado) en el proceso electoral en el que la autoridad sometida a revocatoria fue electa.
En Chile la revocatoria no se encuentra regulada.
En la República Argentina no se encuentra tipificado en las leyes electorales nacionales los procesos de revocatoria de autoridades. Los únicos procesos de consulta son los referidos en la Ley N.° 25.432 donde se regulan los procesos para que mediante el voto ciudadano se aprueben proyectos de ley. Para este caso los partidos tienen derecho a mostrar su postura a favor o en contra de los proyectos sometidos a consulta, para lo cual el Estado asume los costos de espacios en medios de comunicación masiva.
Sin embargo, ciudades como Buenos Aires, al abrigo de sus propias constituciones locales, han estatuido el derecho a revocar. Al respecto, se puede ver la Ley N.° 19.945, del Código Electoral Nacional, así como la Ley N.° 25.432, de Consulta Popular Vinculante y No Vinculante.
En Panamá la revocatoria se sustenta en el artículo 151 de la Constitución, y es desarrollada por los artículos 361 al 376 del Código Electoral. Tanto los partidos políticos como cualquier ciudadano son los sujetos legitimados para promover la consulta popular de revocatoria. Podrán ser revocados de sus mandatos, luego del primer año y antes del último, diputados y corregidores, sean principales o suplentes.
4.8. México
Los estados que integran los Estados Unidos Mexicanos tienen regulaciones específicas para el ejercicio de los derechos de control y participación política. En ese sentido, se ha identificado que 18 de los 32 estados cuentan con procedimientos de revocatoria para autoridades locales: gobernaciones, municipios y/o ayuntamientos. Cualquier ciudadano puede iniciar dicho proceso, siendo los plazos diferentes, dependiendo de cada estado (ver cuadro).
4.9. Estados Unidos de América
Los Estados Unidos de América cuentan con el “recall” como procedimiento estadual. En ese sentido, no es un derecho constitucional de la federación, sino más bien uno propio de las constituciones de los respectivos estados que las han implementado.
Actualmente, 26 estados cuentan con dicha institución. La forma en que ha sido reglamentada depende de cada estado. A modo de ejemplo, es posible mencionar el caso de California, en donde en la misma elección en la que se somete a “recall” a una autoridad electa, como es el caso del gobernador, se puede votar por un aspirante a dicho cargo[33].
A la fecha, el Jurado Nacional de Elecciones ha convocado y llevado a cabo procesos de consulta popular de revocatoria de autoridades locales en los años 1997, 2001, 2004, julio y octubre de 2005, 2008 y 2009. Desde 1997, a la fecha, han sido revocadas un total de 1 057 autoridades locales; de ellas 210 han sido alcaldes y 847 regidores (Ver Tabla 2).
Conforme es posible apreciar, existe una cantidad importante de autoridades que han sido sometidas a consulta popular de revocatoria: de 1997 a 2009, 3 367 autoridades han visto su legitimidad cuestionada por parte de la ciudadanía a la que representan. En ese sentido, resulta fundamental estudiar la institución de la revocatoria de autoridades, toda vez que dicha herramienta se viene consolidando en su uso por parte de la ciudadanía. Observar los procesos de revocatoria permite conocer, de alguna manera, el clima social en determinadas jurisdicciones, las mismas que podrían tener conflictos sociales actuales o en latencia.
Por otra parte, resulta importante atender la incidencia de los principales partidos políticos en lo que será el proceso de revocatoria correspondiente al año 2012. Al respecto, el Partido Aprista Peruano descuella con un total de 103 autoridades susceptibles de ser revocadas en setiembre próximo. Asimismo, es relevante también la presencia de agrupaciones y movimientos políticos de índole local y regional que exhiben un alto número de alcaldes y regidores que podrían ser revocados.
El Jurado Nacional de Elecciones, mediante la Resolución N.° 0561-2012-JNE, del 31 de mayo del año en curso, ha convocado a consulta popular de revocatoria en 266 distritos y cuatro provincias del país. En este proceso de revocatoria se verán involucradas un total de 1 310 autoridades, las que se dividen en 265 alcaldes, distritales y provinciales, así como 1 043 regidores. Todos ellos deberán enfrentar en las urnas la voluntad de sus electores el próximo 30 de setiembre.
Las solicitudes de revocatoria aprobadas que cumplieron con los requisitos establecidos por la Ley N.° 26300, vale decir, referirse a una autoridad en particular, contar con fundamento no motivado, alcanzar el número mínimo de firmas aprobadas, y cumplir con los plazos establecidos por el JNE, fueron 270.
Es difícil conocer que espera la sociedad peruana de sus instituciones, de sus representantes, y de cada uno de quienes la integran. No es fácil tampoco enfrentar la realidad de nuestra democracia: frágil aún y en construcción constante. A pesar de la importancia social y jurídica que la institución de la revocatoria tiene en el Perú, los estudios sobre democracia no se han ocupado de dicha figura. En el ánimo de contribuir a la reflexión sobre una herramienta en la que peruanos y peruanas depositan su confianza, se inserta el presente texto. Comprender las razones por las que dicho fenómeno se presenta y las condiciones bajo las que se suscita deben ser objeto de posteriores reflexiones.
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[1] «In framing a government which is to be administered by men over men, the great difficulty lies in this: you must first enable the government to control the governed; and in the next place oblige it to control itself». Extraído de: Hamilton, Alexander, y James Madison. “The Structure of the Government Must Furnish the Proper Checks and Balances Between the Different Departments” [Feb 8, 1788]. En: The Federalist Papers. The Federalist, núm. 51. New York: Random House, 1973, p. 337. Disponible también en: http://www.foundingfathers.info/federalistpapers/fedindex.htm; También: Tribe, Laurence H., y Michael C. Dorf. Interpretando la Constitución. Lima: Palestra editores, 2010, p. 39 y ss.
[2] Gargarella, Roberto. Nos los representantes. Crítica a los fundamentos del sistema representativo. Buenos Aires: Ciepp, 1995, Capítulos II y III.
[3] Cfr. Ackerman, Bruce. La nueva división de poderes. Barcelona: Fondo de Cultura Económica, 2007.
[4] Gargarella, Roberto. Nos los representantes. Crítica a los fundamentos del sistema representativo. Buenos Aires: Ciepp, 1995, pp. 69-70.
[5] Manin, Bernard. Elections, elites and Democracy: On the Aristocratic Character of elections. Chicago: The University of Chicago, 1993, Capítulo 2.
[6] Farrand, Max, ed. The Records of the Federal Convention of 1787. 4 vols. New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1937. Citado por Gargarella, Roberto. Loc. cit.
[7] Nedelsky, Jennifer. Private Property and the Limits of American Constitutionalism: The Madisonian Framework and its Legacy. Chicago: The University of Chicago Press, 1994, p. 202.
[8] Hamilton, Alexander, James Madison, y John Jay. El Federalista. México: FCE, 2010. También: Holmes, Stephen. “Precommitment and the Paradox of Democracy”. En: Elster, Jon y Rune Slagstad, edts. Constitutionalism and Democracy. Cambridge, Massachussetts: Cambridge University Press, 1997, pp. 197-207. Nino, Carlos Santiago. La constitución de la democracia deliberativa. Barcelona: Gedisa, 2003, pp. 154-201, y 202-257.
[9] Gargarella, Roberto. “Los fundamentos de una comunidad de iguales y el art. 22”. En: Gargarella, Roberto, coord. La Constitución en 2020. 48 propuestas para una sociedad igualitaria. Buenos Aires: Siglo XXI editores, 2011, p. 226.
[10] Blackstone, William. Commentaries on the Laws of England. 4 vols. London: Spettigue, 2nd edition, 1844. Citado por Gargarella, Roberto. Nos los representantes. Crítica a los fundamentos del sistema representativo. Buenos Aires: Ciepp, 1995, pp. 37-38.
[11] Cohen, Joshua. “Democracia y libertad”. En: Jon Elster, comp. La democracia deliberativa. Barcelona: Gedisa, 2001, p. 237 y ss. A propósito de esta lectura es posible pensar que en el Perú.
la precariedad del sistema democrático haya sido regla antes que excepción. Cfr. Dargent, Eduardo. Demócratas precarios. Élites y debilidad democrática en el Perú y en América Latina. Lima: IEP, 2011.
[12] La Ley N.° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, fue promulgada el 18 de abril de 1994. Posteriormente, algunos de sus artículos fueron suspendidos, para ser luego restablecidos por la Ley N.° 37520, del 26 de setiembre de 2001.
[13] Cfr. Nino, Carlos Santiago. La constitución de la democracia deliberativa. Barcelona: Gedisa, 2003. Gargarella, Roberto. Nos los representantes. Crítica a los fundamentos del sistema representativo. Buenos Aires: Ciepp, 1995. Laurence H. Tribe, y Michael C. Dorf. Interpretando la Constitución. Lima: Palestra editores, 2010.
[14] Manin, Bernard. The principles of Representative Government. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
[15] Beard, Charles Austin, y Birl E. Shultz. Documents on the State wide iniciative, Referendum and recall. New York: The MacMillan Company, 1912. El “recall” permite a los ciudadanos remover a una autoridad electa de su cargo. Cfr. Drage, Jennifer. “Initiative, Referendum, and Recall: The Process”. En: Journal of the American Society of Legislative Clerks and Secretaries, vol. 5, núm. 2, 2000. Disponible en: http://www.ncsl.org/legislatures-elections/elections/initiative-referendum-and-recall-overview.aspx
[16] Tal es el caso de Dakota del Sur, Utah y Oregon. Entre 1906 y 1918, diecinueve estados más adoptaron este procedimiento. En 1959, otros cuatro se sumaron a los anteriores. Vid. Prud’homme, Jean-François. Consulta popular y democracia directa. México: Instituto Federal Electoral, 1997. También: Beard, Charles Austin, y Birl E. Shultz. Documents on the State wide iniciative, Referendum and Recall. New York: The MacMillan Company, 1912.
[17] Prud’homme, Jean-François. Consulta popular y democracia directa. México: Instituto Federal Electoral, 1997.
[18] No obstante ello, desde 1904 se han aprobado entre 35% y 40% de las iniciativas populares sometidas a votación a nivel estatal, sin embargo, la revocación de mandato prácticamente no se ha empleado. Cronin, Thomas E. Direct Democracy: The Politics of Initiative Referendum and Recall. Cambridge, Massachussetts: Harvard University Press, 1999, pp. 69,195 y ss.
[19] Los mecanismos de la democracia directa han sido discutidos pero nunca adoptados a nivel nacional. Cronin, Thomas E. Direct Democracy: The Politics of Initiative Referendum and Recall. Loc. cit.
[20] Gargarella, Roberto. Nos los representantes. Loc. cit., p. 122.
[21] Williams, Norman R. “Direct Democracy, the Guaranty Clause, and the Politics of the ‘Political Question’ Doctrine: Revisiting Pacific Telephone”. En: Oregon Law Review, Vol. 87, 979, 2008. Disponible en: <http://law.uoregon.edu/org/olrold/archives/87/NWilliams.pdf>. Farrand, Max, ed. The Records of the Federal Convention of 1787. 4 vols. New Haven, Connecticut: Yale University Press, 1937, p. 298.
[22] Llegando incluso a buscar el favor de quienes no apostaron por ellos en un primer momento, pero a cuyos interesen sirven, en el ánimo de beneficiarse con su voto, en una próxima elección. Cfr. Gargarella, Roberto. Nos los representantes. Loc. cit., p. 122-123.
[23] Storing, H., ed. The Complete anti-Federalist. Chicago: University of Chicago Press, 1981, p. 289. Citado en: Gargarella, Roberto. Nos los representantes. Loc. cit., p. 123.
[24] Zovatto, Daniel, y J. Jesús Orozco Henríquez, coords. Reforma política electoral en América Latina, 1978-2007. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, IDEA Internacional, 2008, pp. 3-209.
[25] Holmes, Stephen. “Precommitment and the Paradox of Democracy”. En: Elster, Jon, y Rune Slagstad, edts. Constitutionalism and Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, pp. 195-240.
[26] Siendo su naturaleza diferente a la de una vacancia o suspensión. Cfr. En esta publicación: Velezmoro Pinto, Fernando: “Una aproximación a la revocatoria del mandato, la vacancia y la suspensión de autoridades regionales y municipales en el Perú”.
[27] May, Janice C. The Texas State Constitution: A Reference Guide. Texas: Greenwood Press, 1996, pp.39-40.
[28] Constitución Política peruana de 1993:
Art. 2.17: A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum.
Art. 31: Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum; iniciativa legislativa; remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas (…).
Art. 139.17: La participación popular en el nombramiento y en la revocación de magistrados, conforme a ley.
[29] Mediante la revocatoria el pueblo destituye del cargo a una autoridad previamente electa. Por otro lado, existe la remoción como figura legal que permite cesar en el ejercicio de cargo a una autoridad que ha sido designada por el gobierno central o regional, y que no ha sido democráticamente elegida. Por ejemplo, gobernadores, directores regionales, gerentes municipales, etcétera. La remoción no comprende a los jefes políticos militares en las zonas declaradas en estado de emergencia. Cfr. Ley N.° 26300, artículo 27.
[30] Esto quiere decir que si el 25% del total de electores de un determinado distrito, provincia o departamento excede las 400 000 personas, solo se requerirá de este último número de firmas para que proceda la realización de la consulta.
[31] El cronograma para la consulta popular de revocatoria correspondiente al presente año se encuentra en la Web del JNE: http://portal.jne.gob.pe/procesoselectorales/Documentos%20%20Procesos%20electorales/Revocatorias%202012/CRONOGRAMA%20DE%20REVOCATORIA.pdf
[32] Cfr. en esta misma publicación: Omar Livia Quiñones, Martín Soto Florián y Tereza Villanueva López: “El reembolso de gastos en el proceso de revocatoria”.
[33] Al respecto: Garrett, Elizabeth. “Democracy in the wake of the California Recall”. En: The Elgar Handbook on Public Law and Public Choice. California: USC Center in Law, Economics and Organization, 2009, pp. 239-284.
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Enrique Hulerig Villegas
Omar Livia Quiñonez
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References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 72
 artículo 151
 Resolución 
 artículo 27