Source: http://guarico.tsj.gob.ve/decisiones/2012/enero/2482-19-JSAG-258-56.html
Timestamp: 2017-02-26 05:37:59+00:00

Document:
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO GUARICO
En el procedimiento de ACCION INTERDICTAL RESTITUTORIA, presentado por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, por la abogada YNGRID J AQUINO INFANTE, inscrita en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 31.312, actuando en su carácter de apoderada Judicial del ciudadano OTTAVIO TRABUCCO DI GIROLANO, titular de la cedula de identidad Nº E- 81.105.063, contra el Instituto Nacional de Tierras. Recibido por este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico en fecha 07 de Diciembre de 2011, dándole entrada y asignándole el Nº JSAG-258.
Corresponde a este Tribunal pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente demanda, y en tal sentido, observa lo siguiente:
Dispone el artículo 156 y la Segunda Disposición final de la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario que:
“Articulo 156. Son competentes para conocer de los recursos que se intenten contra cualquiera de los actos administrativos agrarios:
2. La Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, como Tribunal de Segunda Instancia.”
“(…) Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios, además de conocer en alzada de los juicios ordinarios entre particulares en materia agraria, conocerán igualmente del contencioso administrativo y demandas contra los entes agrarios, de conformidad con lo establecido Capítulo II del Título V de la presente Ley”. (Cursivas y Negritas de este Tribunal).
Del contenido de la citada normativa legal, se verifica una competencia específica, que comprende el conocimiento, de las acciones con ocasión de las demandas contra los entes agrarios, como es el caso que nos ocupa, vale decir, la declinación realizada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial de este Estado, en fecha 23 de noviembre de 2011, en consecuencia, este Tribunal Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, se declara: competente para conocer de la presente demanda. Así se decide.
En fecha 14 de noviembre de 2011, se recibió por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, escrito de demanda incoado por la abogada YNGRID J AQUINO INFANTE, inscrita en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 31.312, actuando en su carácter de apoderada Judicial del ciudadano OTTAVIO TRABUCCO DI GIROLANO, titular de la cedula de identidad Nº E- 81.105.063. Constante de (08) folios útiles con (08) recaudos anexos. En fecha 23 de noviembre de 2011, el Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, dictó sentencia mediante la cual en su único particular declaró la Incompetencia por la cuantía del Juzgado para decidir sobre la presente causa. En fecha 07 de Diciembre de 2011, es recibido por este Juzgado Superior Agrario, la declinatoria de competencia del Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico en la ACCION INTERDICTAL RESTITUTORIA, incoado por la abogada YNGRID J AQUINO INFANTE, inscrita en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 31.312, actuando en su carácter de apoderada Judicial del ciudadano OTTAVIO TRABUCCO DI GIROLANO, titular de la cedula de identidad Nº E- 81.105.063, contra el Instituto Nacional de Tierras.
Ahora bien, este Tribunal para decidir observa:
En la presente demanda la parte actora, ya identificada, intenta la ACCION INTERDICTAL RESTITUTORIA, mediante la cual solicito se le restituya la Legitima posesión conforme a lo previsto en el artículo 783 del Código de Procedimiento Civil vigente, en concordancia con el articulo 199 y siguientes de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y sean reconocidos los derechos sobre el inmueble mencionado en la demanda, por parte del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS.
Sobre la procedencia de las acciones interdíctales en materia agraria, considera oportuno este juzgador reiterar lo sostenido en la sentencia vinculante emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el expediente Nº 09-0558, de fecha 07 de julio de 2011.en la que se expresó:
“…Conforme a lo anterior, visto que en el presente caso la sentencia Nº 223 dictada por el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los Estados Zulia y Falcón el 21 de abril de 2009, desaplicó los artículos 699 al 711 del Código de Procedimiento Civil, resultado de la confrontación objetiva entre el anotado proceso y la contenida en los artículos 49 y 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional se declara competente para realizar el examen sobre el ejercicio del control difuso efectuado. Así se decide. III
Como premisa del análisis subsiguiente, esta Sala debe reiterar que, tal y como se estableció en sentencia Nº 3.067 del 14 de octubre de 2005, caso: “Ernesto Coromoto Altahona”, el artículo 334 de la Constitución atribuye a todos los jueces de la República la obligación de asegurar la integridad del Texto Fundamental, siempre dentro del ámbito de su competencia y conforme a lo previsto en el mismo. Dicho mandato se traduce en el deber de ejercer, aun de oficio, el control difuso de la constitucionalidad de las leyes o normas jurídicas, a fin de garantizar la supremacía constitucional y resolver, por esta vía, las disconformidades que puedan generarse en cualquier proceso, entre normas legales o sublegales y una o varias disposiciones del Texto Constitucional, debiéndose aplicar preferentemente, ante tal supuesto, las últimas. En tal sentido, la revisión de las sentencias definitivamente firmes en las cuales se haya ejercido el control difuso de la constitucionalidad, conlleva a una mayor protección de la Constitución e impide la aplicación generalizada de normas inconstitucionales, o bien, la desaplicación de normas no ajustadas al Texto Fundamental, en perjuicio de la seguridad jurídica y del orden público constitucional (Cfr. Sentencia de esta Sala Nº 701 del 18 de abril de 2005, caso: “Wendy Coromoto Galvis Ramos”).
Incluso, la aplicación preferente de la legislación agraria y por ende del procedimiento ordinario regulado en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario a casos donde lo debatido sea la posesión agraria, se deriva no sólo por el análisis legislativo sino también de los precedentes jurisprudenciales que ha emitido al respecto este Tribunal Supremo de Justicia, destacando primeramente, el artículo 197 eiusdem, el cual establece expresamente que “Las controversias que se susciten entre particulares con motivo de las actividades agrarias serán sustanciadas y decididas por los tribunales de la jurisdicción agraria, conforme al procedimiento ordinario agrario, el cual se tramitará oralmente, a menos que en otras leyes se establezcan procedimientos especiales”; así como también, el artículo 208 numerales 1 y 7, al indicar que “Los juzgados de primera instancia agraria conocerán de las demandas entre particulares que se promuevan con ocasión de la actividad agraria, sobre los siguientes asuntos: (…) 1. Acciones declarativas, petitorias, reivindicatorias y posesorias en materia agraria (…). 7. Acciones derivadas de perturbaciones o daños a la propiedad o posesión agraria”-, lo cual evidencia también la existencia de un foro atrayente con respecto a la jurisdicción agraria para ventilar conflictos que se produzcan con motivo de dicha actividad; todo ello, en resguardo del derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, incluyendo dentro de este último el derecho a ser juzgado por el juez natural, los cuales están garantizados por nuestra Carta Magna. Con respecto al último punto reseñado en el párrafo anterior (foro atrayente), esta Sala Constitucional en decisión N° 5047 del 15 de diciembre de 2005, indicó que del análisis de los artículos 197 y 208 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, se desprende que el legislador ha establecido “en primer lugar un foro atrayente con respecto a la jurisdicción agraria (artículo 197 eiusdem) para ventilar conflictos que se produzcan entre particulares con motivo de dicha actividad; y en segundo lugar, atribuyen competencia para conocer y decidir de determinadas acciones (como las del caso de marras, esto es, acciones derivadas de perturbaciones o daños a la propiedad o posesión agraria) a los Juzgados de Primera Instancia Agrarios, dejando en su último ordinal una cláusula abierta para que estos Juzgados conozcan de ‘(…) todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria’ (artículo 208 eiusdem)” , lo cual fue ratificado por la Sala Plena en su fallo N° 200/2007. En refuerzo de lo expuesto anteriormente, debe resaltarse que recientemente la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 33 del 29 de junio de 2010, en un caso similar al de autos señaló que las acciones posesorias en materia agraria deben tramitarse conforme al procedimiento ordinario regulado en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, cónsono con la aplicación de los principios de especialidad y temporalidad de las normas.
Dicha naturaleza fue objeto de estudio y análisis por esta Sala Constitucional mediante fallo Nº 262/2005, cuando se estableció que la actividad agraria constituye “(...) una actividad sometida en mayor o menor grado a un régimen estatutario de derecho público que ha sido objeto de tutela por parte del legislador, no sólo mediante una serie de medidas relacionadas directamente con el régimen sustantivo de los derechos (vgr., la afectación de uso y redistribución de las tierras), sino mediante la creación de una jurisdicción (competencia) especial que permita a los particulares un acceso directo a órganos jurisdiccionales especializados; que estén en capacidad de atender con criterios técnicos, tomando en consideración el interés general de asentar las bases del desarrollo rural integral y sustentable, asegurando la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones (Cfr. Artículo 1 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario)”. Efectivamente, la jurisdicción especial agraria es la llamada a amparar los principios constitucionales previstos en los artículos 2, 26, 49, 305 y 307 y que el legislador concentró en el artículo 1 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, como la consolidación de los mismos dentro de un estado democrático, social de derecho y de justicia, en la búsqueda de la profundización de los valores constitucionales de desarrollo sustentable, inherentes a la seguridad agroalimentaria y a la justa disponibilidad suficiente de alimentos de calidad, distribución de la riqueza y planificación estratégica, democrática y participativa; así como la mejora de la calidad de vida de la población campesina, y el logro de un desarrollo amónico y viable en el contexto de la justicia social que toda actividad agraria persigue.
Asimismo, la necesidad de atender al contenido del ordenamiento estatutario de derecho público en materia agraria, ha sido puesto de manifiesto por esta Sala en la sentencia Nº 962/06, según la cual “siendo que a los órganos jurisdiccionales en la materia les corresponde garantizar la seguridad alimentaria, el legislador no se encuentra limitado en el establecimiento de las facultades inquisitivas de los mencionados órganos, ni siquiera para posibilitar una actuación oficiosa que en modo alguno colide con su imparcialidad, sino que se encuadra en el carácter subjetivo y garantista del procedimiento contencioso administrativo, donde el juez propende a la salvaguarda de las situaciones jurídicas que en el ámbito de sus competencias y por mandato constitucional, se encuentra llamado a tutelar, aun frente a la inactividad particular de invocar la tutela a la seguridad agroalimentaria o ante la omisión de los órganos administrativos, en privilegiar y desarrollar la producción agropecuaria interna y proteger la biodiversidad. Con ello, resulta constitucionalmente legítima la actuación oficiosa de los órganos jurisdiccionales cuando el bien tutelado así lo amerite y exista disposición legal que lo faculte, como es el caso de la adopción de medidas que desde el punto de vista material, pudieran calificarse de funciones administrativas, tomadas en ejercicio de la potestad jurisdiccional para la salvaguarda de la seguridad agroalimentaria y de la biodiversidad”. Las anteriores decisiones son un ejemplo, de la lucha plausible que se está generando, para establecer y confirmar la especialidad y autonomía del derecho agrario; y ello es en cumplimiento a nuestra propia Constitución, quien como ley de leyes, sentó las bases de una solida jurisdicción agraria, cuya misión va más allá de un simple control de la legalidad agraria; por lo cual a los operadores de justicia le es ineludible procurar mantener la vigencia del texto constitucional, previsto en los artículos 305, 306 y 307, como garantes de una efectiva aplicación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y demás normativas que versen sobre la materia. En razón de las anteriores consideraciones, es necesario recalcar que lo ajustado a derecho es aplicar a las acciones posesorias en materia agraria el procedimiento ordinario regulado en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ya que las normas contenidas en nuestro Código Civil desarrolladas a través del Código de Procedimiento Civil, resultan absolutamente incompatibles para dirimir conflictos entre particulares con ocasión de la actividad agrícola, como es el caso de las acciones posesorias agrarias, y ello se hace más patente desde la promulgación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2001), pues desde ese instante contamos en nuestro país con un derecho agrario autónomo y especial, donde además de muchos otros aspectos de relevancia, se estipuló que en casos de controversias la misma sería dirimida por la nueva jurisdicción especial agraria, o ante la jurisdicción contencioso administrativa, según corresponda a la naturaleza de la acción, demanda o recurso; por lo cual se hace inexplicable que aún existan dudas sobre la aplicación de la normativa especial agraria, y se siga luchando por defender la autonomía de esta rama del derecho tan especial y garantista.
De ello resulta pues, que en todos aquellos casos en los cuales no se trate de acciones posesorias en materia agraria -Cfr. Artículos 197 y 208 numerales 1 y 7 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario-, resulta perfectamente aplicable el procedimiento contenido en los artículos 699 al 711 del Código de Procedimiento Civil, conforme a las sentencias de esta Sala Nros. 132/01, 1.717/02, 327/08 y 190/09. Sobre la base de las anteriores consideraciones, esta Sala advierte que en el presente caso, la desaplicación por control difuso se generó en el marco de un proceso de amparo constitucional, que verificó una contradicción entre la “Constitución y una ley u otra norma jurídica” -conforme a las consideraciones antes expuestas-, que obligaba al ejercicio de la competencia contenida del artículo 334 de la Constitución por parte del a quo, con lo cual se garantizó una efectiva tutela de los principios de especialidad y autonomía (ya señalados), así como de la aplicación de la ley posterior en la materia, lo cual se vincula directamente con la garantía del derecho a la defensa y al debido proceso (Cfr. Sentencia de esta Sala N° 1205 del 16 de junio de 2006).
DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara CONFORME A DERECHO la desaplicación efectuada por la sentencia Nº 223 dictada por el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial de los Estados Zulia y Falcón el 21 de abril de 2009, que desaplicó los artículos 699 al 711 del Código de Procedimiento Civil. Se ORDENA la publicación íntegra del presente fallo en la página web de este Tribunal Supremo de Justicia, así como en la Gaceta Judicial, en cuyo sumario deberá indicarse lo siguiente: “Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que fija la interpretación vinculante respecto al procedimiento aplicable a las acciones posesorias en materia agraria”...”
Ahora bien, en la presente causa se pretende demandar al INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTI); Primero, por un procedimiento que ha sido desaplicado por control difuso de la constitucionalidad y Segundo, sin cumplir los requisitos que se encuentran establecidos en el Titulo V Capitulo II de la Reforma Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Por ello, y en virtud de que resultaría inoficiosa y contraria a los principios de celeridad y economía procesal la sustanciación de un procedimiento cuyo único resultado final previsible es la declaratoria sin lugar, este Juzgado Superior Agrario estima que la presente demanda interdictal debe declararse improcedente “in limine litis”, y así se decide.
Asimismo, llama la atención de este Juzgador la sentencia de fecha 23 de noviembre de 2011, emitida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria de esta Circunscripción Judicial, mediante la cual en su único particular declaró la Incompetencia por la cuantía del Juzgado para decidir sobre la presente causa. Al respecto, resulta forzoso destacar la incorrecta interpretación y aplicación de la normativa agraria realizada por el a quo, por lo que se le apercibe duramente para que en situaciones futuras no cometa estos desatinos jurídicos, los cuales dejan mucho que decir de los magistrados de la competencia agraria. Así se decide.
En mérito de las anteriores consideraciones, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:
PRIMERO: IMPROCEDENTE “IN LIMINE LITIS” la acción INTERDICTAL RESTITUTORIA, incoada por la abogada YNGRID J AQUINO INFANTE, inscrita en el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 31.312, actuando en su carácter de apoderada Judicial del ciudadano OTTAVIO TRABUCCO DI GIROLANO, titular de la cedula de identidad Nº E- 81.105.063, contra el Instituto Nacional de Tierras.
SEGUNDO: Se ordena Remitir mediante oficio copia certificada de la presente decisión al Juzgado Segundo de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico.
TERCERO: No hay condenatoria en costa debido a la naturaleza de la presente sentencia.
Publíquese y regístrese Dada, firmada y sellada en el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico; en San Juan de los Morros, a los 17 días del mes de enero de 2012. Años: 201° de la Independencia y 152° de la Federación.
ARQUIMEDES JOSÉ CARDONA A.
La Secretaria, KIMBERLY HERNANDEZ
En la misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.)
EXP: JSAG 258
AJCA/KH/bg

References: artículo 156
 artículo 783
 artículo 334
 artículo 197
 artículo 208
 Artículo 1
 artículo 1
 artículo 334