Source: http://bankintercomite.es/pag/normat/ley/ley1494.php
Timestamp: 2019-01-19 14:17:14+00:00

Document:
LEY 14/1994 - Sección Sindical de Bankinter
(B.O.E. de 2 de junio de 1994)
Modificada por el RD 8/1997, por Ley la 50/1998, por la Ley 29/1999, y por la Ley 45/1999, de 29 de noviembre. Derogada parcialmente por Real Decreto Legislativo 5/2000 de Infracciones y Sanciones del Orden Social. Modificada parcialmente por la Ley 14/1999. Modificado por RDL 5/2001. Modificado por Ley 12/2001.
Sin embargo desde finales de la década de los sesenta, los países centrales de la Unión Europea, teniendo ratificado, al igual que España, el Convenio 96 de la OIT, han venido regulando la actividad de las empresas de trabajo temporal por entender que su actuación cuando se desarrolla de forma debidamente controlada, lejos de perjudicar a los trabajadores por ellas contratados, pueden canalizar un volumen muy importante de empleo, cuya especialización e inmediatez en la respuesta, sobre todo en el sector servicios, no puede ofrecerse a través de los mecanismos tradicionales.
Sin embargo, no puede olvidarse que el mercado de trabajo español no debe, ni puede, funcionar sin tener en cuenta las reglas de juego existentes en la Unión Europea, porque la lógica de funcionamiento del mercado único europeo, como espacio sin fronteras interiores en el que la libre circulación de mercancías, personas servicios y capitales, queda garantizada, sólo nos permitirá converger con Europa en la medida en que, entre otros requisitos, nuestras instituciones sean homologables.
Desde el convencimiento de que los riesgos que se han imputado a las empresas de trabajo temporal no derivan necesariamente de la actividad que realizan sino, en todo caso, de una actuación clandestina que permite la aparición de intermediarios en el mercado de trabajo capaces de eludir sus obligaciones laborales y de seguridad social, se hace necesario, teniendo en cuenta lo previsto sobre cesión de trabajadores en el artículo 2 de la Ley 10/1994, de 12 de mayo, de Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación, establecer ahora su régimen jurídico, garantizando mediante los adecuados requisitos, limitaciones y controles, el mantenimiento en todo caso, de los derechos laborales y de protección social.
d) Garantizar, de forma especial, en los términos previstos en el artículo siguiente el cumplimiento de las obligaciones salariales y para con la Seguridad Social.
A efectos de apreciar el cumplimiento del requisito relativo a la estructura organizativa, se valorarán la adecuación y suficiencia de los elementos de la empresa para desarrollar la actividad planteada como objeto de la misma, particularmente en lo que se refiere a la selección de los trabajadores, su formación y las restantes obligaciones laborales. Para esta valoración se tendrán en cuenta factores tales como la dimensión, equipamiento y régimen de titularidad de los centros de trabajo, el número, dedicación, cualificación profesional y estabilidad en el empleo de los trabajadores contratados para prestar servicios bajo la dirección de la empresa de trabajo temporal, y, el sistema organizativo y los procesos tecnológicos utilizados para la selección y formación de los trabajadores contratados para su puesta a disposición en empresas usuarias.
Cuando la apertura de nuevos centros de trabajo suponga una alteración del ámbito geográfico de actuación, la autoridad laboral que resulte competente por el nuevo ámbito conforme a lo previsto en el párrafo anterior, concederá nueva autorización administrativa quedando sin efecto la anterior.
Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, dicha solicitud se entenderá desestimada cuando se trate de la primera autorización de funcionamiento de empresa de trabajo temporal y estimada cuando se trate de prórrogas de autorización sucesivas.
3. Garantía financiera.
2. La garantía, prevista en el número anterior, debe alcanzar, para obtener la primera autorización, un importe igual a veinticinco veces el salario mínimo interprofesional, en cómputo anual. Para obtener las autorizaciones administrativas subsiguientes, esta garantía debe alcanzar un importe igual al 10 por 100 de la masa salarial del ejercicio económico inmediato anterior, sin que, en ningún caso pueda ser inferior al importe de la garantía exigido para el primer año de actividad.
5. Obligaciones de información a la autoridad laboral.
6. Supuestos de utilización.
c) Cuando en los doce meses inmediatamente anteriores a la contratación la empresa haya amor­tizado los puestos de trabajo que se pretendan cubrir por despido improcedente o por las causas previstas en los artículos 50, 51 y 52, apartado c), del Estatuto de los Trabajadores, excepto en los supuestos de fuerza mayor, o cuando en los dieciocho meses anteriores a dicha contratación los citados puestos de trabajo hubieran estado cubiertos durante un período de tiempo superior a doce meses, de forma continua o discontinua, por trabajadores puestos a disposición por empresas de trabajo temporal.
9. Información a los representantes de los trabajadores en la empresa.
10. Forma y duración.
Dichos contratos se deberán formalizar por escrito de acuerdo a lo establecido para cada modalidad. Asimismo, la empresa de trabajo temporal deberá de comunicar su contenido a la oficina pública de empleo, en los términos que reglamentaria mente se determinen, en el plazo de los diez días siguientes a su celebración. (modificado parcialmente por la L14/2001).
3. La empresa de trabajo temporal deberá asegurarse de que el trabajador, previamente a su puesta a disposición de la empresa usuaria, posee la formación teórica y práctica en materia de prevención de riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a desempeñar, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vaya a estar expuesto. En caso contrario, deberá facilitar dicha formación al trabajador, con medios propios o concertados, y durante el tiempo necesario, que formará parte de la duración del contrato de puesta a disposición, pero será en todo caso previo a la prestación efectiva de los servicios. A tal efecto, la celebración de un contrato de puesta a disposición sólo será posible para la cobertura de un puesto de trabajo respecto del que se haya realizado previamente la preceptiva evaluación de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en los artículos 15. 1.b) y 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
13. Negociación colectiva.
14. Aplicación de la normativa laboral común.
15. Dirección y control de la actividad laboral.
16. Obligaciones de la empresa usuaria.
2. La empresa usuaria es responsable de la protección en materia de seguridad e higiene en el trabajo así como del recargo de prestaciones de Seguridad Social a que se refiere el artículo 93 del Decreto 2065/1974 de 30 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional que tenga lugar en su centro de trabajo durante la vigencia del contrato de puesta a disposición y traigan su causa de falta de medidas de seguridad e higiene.
17. Derechos de los trabajadores en la empresa usuaria.
Los representantes de los trabajadores de la empresa usuaria tendrán atribuida la representación de los trabajadores en misión, mientras ésta dure a efectos de formular cualquier reclamación en relación con las condiciones de ejecución de la actividad laboral, en todo aquello que atañe a la prestación de sus servicios en éstas, sin que ello pueda suponer una ampliación del crédito de horas mensuales retribuidas a que tengan derecho dichos representantes, conforme a lo dispuesto en el apartado e) del artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores.
Derogado por RD Leg. 5/2000, 4 de agosto
22. Requisitos de la actividad en España de empresas de trabajo temporal de la Unión Europea y del Espacio Económico Europeo.
1. Las empresas de trabajo temporal estable­cidas en otros Estados miembros de la Unión Euro­pea o en Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo podrán desplazar temporalmente a sus trabajadores para su puesta a disposición de empresas usuarias establecidas o que ejerzan su actividad en España cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) La empresa de trabajo temporal deberá, de conformidad con la legislación de su Estado de esta­blecimiento, estar válidamente constituida y reunir los requisitos para poner a disposición de empresas usuarias, con carácter temporal, trabajadores por ella contratados, no siendo de aplicación el capítulo I de la presente Ley.
b) El contrato de puesta a disposición entre la empresa de trabajo temporal y la empresa usua­ria, sin perjuicio de la legislación aplicable al mismo, deberá formalizarse por escrito y adecuarse a lo dispuesto en el capítulo II de la presente Ley, a excepción de la obligación de formalización en el modelo reglamentariamente establecido.
c) La empresa de trabajo temporal estará suje­ta a lo establecido en la Ley sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional y deberá garantizar a sus trabajadores desplazados las condiciones de tra­bajo previstas en la misma, no siendo de aplicación el capítulo III de la presente Ley a excepción de lo dispuesto en el apartado 1 de su artículo 11.
2. Lo dispuesto en el presente artículo se entiende sin perjuicio del cumplimiento de la nor­mativa sobre entrada, permanencia, trabajo y esta­blecimiento de los extranjeros en España y de las obligaciones tributarias de las empresas a que se refiere el apartado 1.
23. Disposiciones aplicables a las empresas usuarias españolas.
Las empresas usuarias establecidas o que ejer­zan su actividad en España podrán celebrar con­tratos de puesta a disposición con las empresas de trabajo temporal a que se refiere el artículo 22 cuando éstas, de conformidad con la legislación de su Estado de establecimiento, estén válidamente constituidas y reúnan los requisitos para poner a disposición de empresas usuarias, con carácter temporal, trabajadores por ellas contratados.
En los supuestos a que se refiere el párrafo ante­rior, la relación entre el trabajador desplazado a España y la empresa usuaria se ajustará a lo esta­blecido en el capítulo IV de la presente Ley.
24. Infracciones.
1. Las infracciones administrativas de las empresas de trabajo temporal y de las empresas usuarias en los supuestos a que se refiere esta sec­ción serán las establecidas en los apartados siguien­tes de este artículo.
a) No formalizar por escrito el contrato de pues­ta a disposición.
a) Formalizar contratos de puesta a disposición sin estar válidamente constituidas como empresa de trabajo temporal según la legislación del Estado de establecimiento o sin reunir los requisitos exi­gidos por la citada legislación para poner a dis­posición de empresas usuarias, con carácter tem­poral, trabajadores por ella contratados.
b) Formalizar contratos de puesta a disposición para la realización de actividades y trabajos que por su especial peligrosidad para la seguridad o la salud se determinen reglamentaria mente.
c) Ceder trabajadores con contrato temporal a otra empresa de trabajo temporal o a otras empre­sas para su posterior cesión a terceros.
a) Formalizar contratos de puesta a disposición con empresas de trabajo temporal que no estén válidamente constituidas como tales según la legis­lación del Estado de establecimiento o que no reú­nan los requisitos exigidos por la citada legislación para poner a disposición de empresas usuarias, con carácter temporal, trabajadores por ellas contrata­dos.
b) Las previstas en el artículo 20.3 de la pre­sente Ley.
1. Las infracciones tipificadas y calificadas con­forme a lo dispuesto en esta sección serán sancionadas según lo establecido en la Ley 8/1988, de 7 de abril, de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Cuando el expediente sancionador lleve apare­jada la propuesta de prohibición a que se refiere el párrafo anterior será competente para resolver el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales o la auto­ridad equivalente de las Comunidades Autónomas con competencia de ejecución de la legislación laboral.
26. Disposiciones aplicables a la activi­dad transnacional de empresas de trabajo temporal españolas.
1. Las empresas de trabajo temporal que dis­pongan de autorización administrativa de acuerdo con lo dispuesto en la presente ley podrán poner a sus trabajadores a disposición de empresas usua­rias establecidas o que ejerzan su actividad en otros Estados miembros de la Unión Europea o en Esta­dos signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Eco­nómico Europeo en los términos previstos en la legislación de tales Estados y en la presente Ley.
El contrato de puesta a disposición entre la empresa de trabajo temporal y la empresa usuaria se regirá por lo dispuesto en el capítulo II, a excep­ción de lo dispuesto en los artículos 8. c) y 9, que no serán de aplicación.
2. En los supuestos a que se refiere el apartado anterior, las relaciones laborales en la empresa de trabajo temporal se regirán por lo dispuesto en el capítulo III de la presente Ley. En todo caso, las empresas de trabajo temporal españolas deberán garantizar a sus trabajadores las condiciones de trabajo previstas en el país de desplazamiento por las normas nacionales de transposición de la Direc­tiva 96/71/CE, del Parlamento Europeo y del Con­sejo, de 16 de diciembre, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una pres­tación de servicios, quedando sujetas a lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios.
27. Infracciones y sanciones.
1. Las infracciones y sanciones de las empre­sas de trabajo temporal en los supuestos a que se refiere esta sección serán las establecidas en el capítulo V de la presente Ley y, en su caso, en el apartado 3 de la disposición adicional primera de la Ley sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios trans­nacional.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior no podrá dar lugar a que se sancionen las acciones u omisiones de las empresas de trabajo temporal que hayan sido ya sancionadas penal o adminis­trativamente por los Estados cuya legislación sea aplicable a la actividad transnacional de las empre­sas de trabajo temporal españolas en los casos en que se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento.
Primera. En todo lo no previsto en la presente Ley se aplicará la legislación laboral y de seguridad social a las relaciones existentes entre la empresa de trabajo temporal y el trabajador, y entre éste y la empresa usuaria, y la legislación civil y mercantil a las relaciones entre la empresa de trabajo temporal y la empresa usuaria.
Segunda. Derogada.
Tercera. 1. Las cooperativas, debidamente constituidas e inscritas de acuerdo con su legislación específica, podrán obtener la correspondiente autorización administrativa para operar como empresas de trabajo temporal, en los términos establecidos en la presente Ley.
Unica. Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de esta Ley.

References: Real Decreto 
 artículo 2
 resolución 
 artículo 93
 artículo 68
 artículo 11
 artículo 22
 artículo 20