Source: http://cartamesoamericanasintesis.blogspot.com/2008/09/acontecer-diario_07.html
Timestamp: 2017-08-21 19:25:41+00:00

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http://www.jornada.unam.mx/2008/09/07/index.php?section=politica&article=008n1pol
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Calderón busca culpables de su incapacidad: AMLO
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Septiembre es clave para el futuro del FAP
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Michoacán: mueren 7 policías en tiroteo
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Tiroteo en Michoacán deja 7 policías muertos
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El Chapo pierde frente a los Beltrán Leyva
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Ven represalia en captura de federal
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En Tabasco son ya 16 jefes policiacos detenidos
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Sedena ha capturado por narco a 20 mil
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Analizaron en Bucareli los avances en seguridad
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García Luna nunca dijo que hace bien su trabajo
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“Debemos convertir el miedo en coraje”
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Capturan a cuatro ex militares al liberar a una víctima de plagio
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En México, disparidad entre teoría y práctica en derechos humanos: ONU
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Creel llama a atacar sistema financiero de la delincuencia
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Por la inseguridad se dejan de invertir 500 mdd en Cancún
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El pueblo mexicano, “condenado a ser de asesinos:” Onésimo Cepeda
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Inaugura Informe tormenta de 'spots'
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Destaca Margarita Zavala plan de estancias infantiles
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Impulsa DF nuevos modelos educativos
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En tres meses estará terminado el corredor Eje 4 Sur del Metrobús
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Padres de familia, indefensos en casos de muerte de niños en guarderías
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'El David' mexicano que venció Wal-Mart
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Se desploma el poder de compra
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Prevé Hacienda ingresos por 110 mil mdp en 2009
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11-S, tregua de Obama y McCain
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Caribe enfrenta poder devastador de 'Ike'
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Cubanos, en alerta por Ike
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Incurre EU en actos de provocación, afirma Rusia
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Zardari será el presidente de Paquistán
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‘Luismi ’visitará viñedos
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Rescatan a imprescindibles de la literatura mexicana
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Ritter: de pianista a director de orquesta
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El Tri mejoró, ganó, pero falta
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Obtiene Nely Miranda primer oro para México en Paralímpicos
http://www.eluniversal.com.mx/notas/536275.html
*Busca Obrador evitar choque en el zócalo
http://www.eluniversal.com.mx/columnas/73609.html
http://www.milenio.com/node/75632
http://www.exonline.com.mx/diario/editorial/344474
*Prensa y negros del arroz
* Calumnias y canalladas
*Con el oro ayudaré a más personas
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Ricardo Aleman Itinerario Político
*Desvergüenza
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*Guía, sigue, o quítate del camino
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* Cultura política en tiempos de escasez
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* Ucrania convulsionada por el choque en el Cáucaso
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/07/index.php?section=opinion&article=012o1pol
Mario Di Costanzo Armenta ¿Por qué debemos creer?
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Francisco Valdés Ugalde Reelección contra revocación
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/41431.html
Jean Meyer ¡Remember Georgia!
http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/41432.html
Jorge Medina Viedas Nuevo y viejo Informe
http://www.milenio.com/node/75652
Arnaldo Córdova La Constitución y Ley del ISSSTE
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René Avilés Fabila Hoy cae Calderón, hoy...
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Guillermo Almeyra Las muy diversas autonomías
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Rolando Cordera Campos Una esperanza por el amor de Dios
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Federico Berrueto Los políticos contra la economía
http://www.milenio.com/node/75637
Antonio Gershenson Una política energética para México
http://www.jornada.unam.mx/2008/09/07/index.php?section=opinion&article=017a2pol
Flavio Sosa Villavicencio * Almoloya: ecos de Guantánamo
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León Krauze Telenovela republicana
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Epifanio Díaz Sarabia * Dos caras de poder (indígena): un mismo pueblo
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Carlos Bonfil Cocalero
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Naomi Klein* Nueva Orleáns: ciudad que no se deja ignorar
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A juzgar por el repudio que ha levantado, la alianza por la calidad educativa está muy lejos de la excelencia de la que presumen sus firmantes
VAYA que el secretario particular del presidente de la República, César Nava, es un hombre que sabe cómo ocupar el tiempo.
ADEMÁS de atender su oficina, escribir libros y presentarlos con bombo y platillo, también se da sus escapadas para explorar sus posibilidades como candidato de elección popular en Michoacán.
CUENTAN en el PAN que Nava ha pedido a sus afines que le organicen visitas a su tierra para placearse los fines de semana, además de que las únicas giras de Calderón que nunca se pierde son las que pasan precisamente por tierras michoacanas.
LOS QUE SABEN, dicen que quiere buscar una diputación federal que le permita irse de operador a San Lázaro, además de prepararse él mismo el terreno para la elección a gobernador del 2012.
¡A QUÉ muchacho tan previsor!
MENUDO PATINÓN el que dio el senador Ricardo Monreal ahora que el priista Manlio Fabio Beltrones fue reelegido como como presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.
RESULTA que el perredista se envolvió en una bandera amarillo con negro y se puso a criticar que esa responsabilidad recayera en un priista en vez de que le tocara a su compañero de bancada Carlos Navarrete.
PERO a Monreal se le escapó un detallito. La ley dice bien clarito que sólo pueden aspirar a ser presidentes del organismo directivo de la Cámara Alta los coordinadores de las fracciones que tengan al menos el 25 por ciento de los escaños; es decir, 32 senadores.
NOMÁS que el PRD tiene sólo 28 representantes en el Senado.
LA HUELGA en la Universidad Pedagógica Nacional ya cumplió un mes y nomás no hay alguien en la SEP que diga esta boca es mía.
LA RECTORA de esa institución, Sylvia Ortega, guarda absoluto silencio ante el problema de renivelación salarial que le heredaron y que tiene parada a la escuela de maestros.
POR LO PRONTO, y más allá de la pérdida de clases, ya se les malogró la celebración por el 30 aniversario de la universidad que se cumplió hace unos días.
AUNQUE eso tampoco es de extrañarse, pues cuando fue su 25 aniversario ¡también estaban en paro!
SI HASTA parece que para ser maestro en México hay que acreditar materias teórico-prácticas en temas como huelga, paro, mitin y reviente de negociación sindical.
A VER si con la salida del magistrado Alejandro Sánchez del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no se termina abriendo una "Caja de Pandora" en ese órgano de justicia.
SUCEDE que la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 70 millones de pesos en el gasto de ese organismo con todo y un posible daño patrimonial por 5.6 millones de pesos.
Y, POR ALGUNA extraña razón, el magistrado saliente, secundado por sus compañeros Luis Humberto Delgadillo, Consuelo Villalobos y hasta el propio presidente, Francisco Cuevas, nomás no quiere que se revisen a fondo esos gastos.
¿POS qué habrá en esas cuentas? Es pregunta.
Desde Los Pinos y desde la calle
El estribillo adoptado por el actual gobierno federal panista, ¡Vivir mejor!, intenta mostrar una convicción y un optimismo que no necesariamente son compartidos por todos los mexicanos
El año pasado, imposibilitado en los hechos para presentar ante el Congreso -una porción del cual no admite su investidura- el primero de sus informes de labores, el presidente Calderón lo hizo al día siguiente ante invitados de su confianza, en Palacio Nacional. Este año, aclarado que sólo es preciso que lo entregue por escrito, sin comparecer en San Lázaro, se previó una operación semejante a la de 2007: el 1o. de septiembre Calderón emitiría un mensaje desde Los Pinos, ante los medios de comunicación, que sería difundido en cadena nacional.
A última hora se omitió ese mensaje, sin que se explicara la causa. Ya antes se mostraron vacilaciones sobre su transmisión. Tras el aviso inicial de que se haría a las ocho de la mañana, se le aplazó a las trece, una vez que se cumpliera la entrega del Informe escrito al Congreso. Nada de eso ocurrió. Pudo ser que el accidente sufrido por el Ejecutivo 48 horas antes lo dejara impresentable, a juicio de sus hacedores de imagen, pues un brazo en cabestrillo proyecta una sensación de baldamiento y aun de inutilidad, y fuera preferible su ausencia en la pantalla. Puede ser también que, por prudencia, se resolviera no cargar todavía más la multipresencia presidencial ya desarrollada días atrás y que concluiría anteayer viernes, lapso a cuya mitad el Presidente se prodigó en entrevistas a los medios electrónicos. Al derrapar mientras montaba en bicicleta, Calderón se fracturó el hombro izquierdo, lo que le impide usar la mano que utiliza para firmar. Puesto que el diagnóstico médico prevé que el impedimento se prolongue entre seis y ocho semanas, Calderón no podrá la noche del Grito enarbolar la bandera nacional, gesto que es parte del rito del 15 de septiembre, lo que también podría determinar un cambio de planes respecto de esa fecha tradicional.
En vez de la unción al Presidente o la riña en su contra, en San Lázaro se instaló el tedio el lunes pasado. Al mediodía, en brevísima reunión, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, cumplió el precepto constitucional al entregar al diputado César Duarte el Informe escrito que será analizado en fechas próximas. Por la tarde, en la apertura del periodo de sesiones ordinarias, tras el acuse de recibo oficial pronunciado por Duarte, ante la indiferencia general (que se percibió aun en el recinto parlamentario), los representantes de los ocho grupos presentes en San Lázaro expusieron su parecer sobre la situación nacional. Tan pronto den con las fórmulas del caso, llamarán a secretarios de Estado a comparecer y les formularán, por escrito, preguntas que los interrogados responderán bajo protesta de decir verdad.
Eso no quiso decir que el Presidente fuera silenciado. Jamás carente de oportunidades de hacerse oír, Calderón las empleó al extremo -ad náuseam, dirían algunos de sus críticos- para suplir su presencia en el Palacio Legislativo. En vez de un mensaje largo, emitió 12 breves, en espacios pagados en la televisión, a las 9:45 de la noche. Luego, el día 1o. por la noche se hizo entrevistar por los conductores de los noticiarios del duopolio, Televisa y TV Azteca. Y al día siguiente se repitió la operación con varios conductores de programas informativos radiofónicos. Sus expertos en comunicación creen que de ese modo, llegando con su mensaje a públicos segmentados, su eficacia es mayor.
La estrategia de comunicación en torno al Informe involucró también al gabinete. Calderón ha enviado a sus colaboradores a presentar mensajes en reuniones ante los medios en que los acompañan los gobernadores respectivos. Así, Mouriño fue a Querétaro, donde explicó que esa estrategia responde a la necesidad de rendir cuentas. El secretario de Salud, José Ángel Córdova, lo hizo en Coahuila y Morelos; el del Trabajo, Javier Lozano, en Tabasco; a Aguascalientes acudió el de la Función Pública, Salvador Vega Casillas; el de Seguridad Pública presentó el Informe en Guerrero; el de Hacienda, Agustín Carstens, lo hizo en Michoacán; en Veracruz Luis Téllez, de Comunicaciones; el procurador Eduardo Medina Mora en Sinaloa y Guanajuato, etcétera.
Calderón dedicó sus mensajes a los siguientes temas: seguridad, Estado de derecho (asuntos a los que volvió el octavo mensaje, titulado Estado de derecho y seguridad pública), economía competitiva, igualdad de oportunidades, salud, educación, energía, infraestructura (que ameritó dos intervenciones) y sustentabilidad ambiental. La duodécima emisión, anteanoche, fue una suerte de resumen: "En los últimos días, dijo, y en los términos que permite la ley, he tenido la oportunidad de compartir con ustedes algunos de los aspectos más importantes del estado que guarda la nación y la administración pública a mi cargo, con motivo del Segundo Informe de Gobierno que presenté al Congreso como lo ordena la Constitución".
Es por lo menos discutible que Calderón haya procedido así "en los términos que permite la ley". Al contrario, la Constitución prohíbe realizar propaganda personalizada (como la que, por añadidura, lo presenta en medios impresos acompañado por su esposa en la difusión relativa a salud y desarrollo social) y sería absurdo sostener que figurar durante 12 días consecutivos en espacios pagados de la televisión no corresponde a esa clase de propaganda, la personalizada. Probablemente no es cierto, además, que se le aplique la excepción que otorga el código electoral respecto de la prohibición constitucional, porque acaso se refiere sólo a gobernadores y alcaldes, como se infiere de que puedan difundir su informe en medios de cobertura regional correspondientes al área de su responsabilidad. Aun si se acepta que también se concede ese privilegio al Presidente, al utilizarlo infringió sus términos, pues el texto legal es preciso al establecer que la difusión se debe hacer por una sola vez, no una docena de veces.
El ritornelo de los mensajes de Calderón fue ¡Vivir mejor!, el lema publicitario adoptado no hace mucho por su gobierno. Todo cuanto hace la administración, según su cabeza, va encaminado a que esa divisa se haga realidad y la población viva mejor. El optimismo caracterizó los maxispots presidenciales, al terminar los cuales dijo Calderón: "Tenemos problemas, sí, pero los estamos enfrentando y los vamos a superar y a salir adelante".
Esa esperanza, o convicción, no es compartida fuera de Los Pinos, en la calle. Desde luego, no la profesan los opositores políticos de López Obrador, buena parte de los cuales protagonizaron el lunes pasado una jornada de manifestaciones de protesta por la situación nacional, que incluyó una marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, exactamente la misma ruta que 48 horas antes había recorrido una multitud diferente, y mayor, en reclamo de eficacia gubernamental en el combate a la inseguridad.
Por otros medios es dable conocer el estado de la opinión pública respecto de los temas dibujados con optimismo por el Presidente. "El índice que determina la confianza del consumidor, que elaboran de manera conjunta el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Banco de México (Banxico), presentó una caída anual de 17.1 por ciento y sumó veinte meses consecutivos con retrocesos. Tal reducción fue la más elevada desde que se llevan registros del indicador y acumulan una pérdida de 18.3 por ciento desde que se percibieron los resultados negativos, en diciembre de 2006. Los datos muestran que de los indicadores parciales que integran el índice las mayores bajas se observaron en la perspectiva actual y futura de las condiciones económicas del país" (El Financiero, 5 de septiembre).
A semejante conclusión se llega cuando se revisan resultados de encuestas que evaluaron el desempeño gubernamental durante los 21 meses de la administración calderonista. La de Reforma concluye, en este tema, que "siete de cada diez mexicanos reportan que sus finanzas familiares están pasando por un mal momento. Una proporción similar dice que los precios de los productos que consumen cotidianamente en su hogar han subido mucho, y tres de cada diez informan que alguien en su hogar perdió el empleo o su fuente de ingresos en los últimos tres meses... el 38 por ciento de los mexicanos manifiesta que la economía del país ha empeorado, frente al 15 por ciento que percibe mejoras" (Reforma, 1o. de septiembre).
Enrique Krauze Un quijote ciudadano
Desde que tengo memoria lo recuerdo hablar de sus propuestas ciudadanas. Pensaba en círculos concéntricos, de dentro hacia fuera: cómo mejorar su cuadra, su junta vecinal, su delegación, su distrito electoral, su ciudad, su país. Sus cartas, muy formales siempre y dirigidas al "Ciudadano Fulano de Tal", no contenían exhortos retóricos ni "rollos": eran propuestas prácticas sobre aspectos diversos de la administración pública como salubridad, vialidad, diseño urbano, educación cívica, prácticas electorales y una que viene a cuento en el momento actual: el establecimiento del policía de la cuadra o de la vecindad.
Habían pasado los años en que uno podía pedirle al gendarme de la esquina el favor de apagar su linternita para el paso del amor. También los tiempos bucólicos de Pedro Infante y Luis Aguilar en A toda máquina. Y hasta la bonita costumbre de premiar a los policías de tránsito, dejando regalos cada 22 de noviembre, se estaba perdiendo también. Sin embargo, el crimen estaba acotado y los policías eran -hasta cierto punto- policías. Por eso me parecía extraña, ociosa y por supuesto utópica su idea de adaptar a México (con modificaciones sesudas, que no recuerdo) la tradición de la policía británica. No digo que sea factible adoptarla hoy: sólo me llama la atención que hace treinta años él se hubiera ocupado de esas cosas.
El personaje estaba jugando ante mis propios ojos un papel invisible para mí: el de ciudadano. Para mí la ciudadanía tenía que ver sobre todo con el aliento a la democracia electoral y los valores republicanos, pero no veía que esos valores sólo comienzan con el ejercicio del voto el primer domingo de julio cada seis años. Se continúan con el acto de participar los 365 días del año en actos menos espectaculares pero igualmente importantes: ocuparse, presionando a las autoridades o por la vía puramente privada y solidaria, de la limpieza de la acera, de los árboles de la cuadra, del orden en la vecindad, de la seguridad en la zona, de las alcantarillas. Mi personaje, que había estudiado un año de ingeniería, diseñó, por ejemplo, un procedimiento de lavado de tinacos porque hizo la cuenta del costo estratosférico (económico y sanitario) de las ratas en nuestra ciudad. Un día, en los años sesenta, me enseñó con mucho orgullo su proyecto sobre la ampliación del Paseo de la Reforma. Aducía sus razones históricas y el sentido urbano de la nueva traza. Cuando finalmente se realizó recordé el precedente, pero ni siquiera entonces lo tomé en serio. El colmo fue cuando se puso a reescribir por completo el Himno Nacional, cambiando la palabra "guerra" por "paz". Aunque escribía con cierta corrección, los versos me parecieron (por decir lo menos) desafortunados. Me alarmé aún más cuando -rompiendo su costumbre- los publicó en algún diario. A los pocos días me llevé una buena lección cuando leí que a Gabriel Zaid la idea le parecía buena.
Era un ciudadano. No un habitante ni un inquilino ni un turista de México. Un ciudadano. Una persona preocupada por el bienestar del entorno que eligió (o lo eligió) para vivir. No se veía a sí mismo como un filántropo y no lo era. Daba su tiempo y, de haber tenido dinero (que no lo ha tenido nunca), lo habría dado también, a manos llenas. Pero entendía que la filantropía, siendo tan necesaria, es una vertiente de la acción social distinta de la ciudadanía. Aquélla puede "comprar" buena conciencia en un segundo. Ésta requiere dedicación: no se compra con nada ni compra nada: es gasto personal e inversión en la sociedad, es anónima y sólo busca ser eficaz. El ciudadano, por definición, se conforma con trabajar en una escala pequeña y manejable. No busca más porque sabe que quizá no pueda más. No quiere alcanzar puestos políticos sino hacer más habitable, más humano su entorno inmediato. El ciudadano opina, se manifiesta, escribe, exclama, marcha, pero tiene la madurez de saber que no basta con protestar, hay que traducir las buenas intenciones en actos concretos. El ciudadano, en una palabra, se siente responsable del espacio que comparte con los demás.
Hace un par de años me llamó con suma urgencia. "Sólo te quitaré un minuto". Había cumplido los 87 años y sintió llegado el momento de hacer acopio de sus proyectos. Lo hizo con diligencia, en fotocopias divididas en carpetas y sobres de papel manila, con grandes letreros (escribía a mano), y los metió en un viejo maletín Samsonite. Los trajo a mi oficina y me los "heredó". Tras revisarlos someramente con ternura y una absurda indulgencia, los guardé, hasta que hace unas semanas los volví a ver, y no sólo los encontré juiciosos sino ejemplares.
Desde hace muchos años vive solo. Su estudio tiene un orden que únicamente él conoce. Lo presiden estatuillas y grabados del Quijote. Después de darme el maletín comenzó a entrar en un limbo, y hoy es el ciudadano errante de su conciencia y su inconsciencia. Pero sus hijas me dicen que hace poco, al comenzar a hojear las revistas de su peluquería, comenzó a animarse y hablar de la ciudad. Ciudadanos así es lo que necesitamos. ¿Quién me lo iba a decir? Tenías razón, tío José.
SUPLEMENTO DOMINICA “ENFOQUE” DEL REFORMA
Colaborador Invitado / Seguridad y populismo
La política de seguridad absorbe recursos crecientes. Busca ganar votos, pero no da resultados
(7 septiembre 2008).- Mario Arroyo Juárez
Si se analizan los compromisos firmados en la XXIII sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad publicado en el Diario Oficial de la Federación del 25 de agosto, se puede anticipar que en el corto plazo no disminuirán la criminalidad, el miedo al delito y los daños a la integridad y el patrimonio de los mexicanos.
El documento parte de un paradigma reactivo y obsoleto, donde las acciones planteadas repiten fórmulas que han demostrado ser insuficientes para mejorar los niveles de seguridad. Hoy, aunque sea de forma retórica, gobierno y sociedad comparten el diagnóstico de que la impunidad y la corrupción son los principales factores que impiden avanzar en la contención del delito. Por ello es legítimo preguntarse: ¿por qué otorgar más recursos económicos a soluciones sin antes hacer los cambios estructurales necesarios?
Tal vez la respuesta sea que la seguridad pública se ha convertido en una suerte de nuevo populismo: gastar dinero de forma irracional con el propósito de adquirir legitimidad, trabajar más en el imaginario colectivo que en resolver los problemas que generan las conductas antisociales, delictivas o violentas. Buscar votos y no detener delincuentes serían los objetivos últimos de la actual política de seguridad; convencer a la gente que el problema se resuelve "limpiando", "depurando" y capacitando a las policías.
Un discurso con el cual los políticos usufructúan los recursos públicos, medran con el temor ciudadano y se quedan para sí lo que David Bayley llamó el secreto mejor guardado de la vida moderna: "La policía no previene el delito". Algo que los delincuentes, los expertos, la policía y los gobernantes saben, pero que los ciudadanos no.
¿Qué debe hacer entonces la sociedad ante la necesidad de seguridad y la falla del Estado para proveerla? En primer lugar, informarse y generar esquemas de participación ciudadana que superen la desidia, la apatía y la simple protesta. En segundo, ser tomada en cuenta al momento de diseñar políticas y tomar decisiones, evitando que sus líderes sean cooptados por el poder público. En tercer sitio, es necesario establecer alianzas institucionales que permitan ser copartícipes en la toma de decisiones y, finalmente, ejercer un control ciudadano en determinadas esferas de la seguridad pública.
Esta última forma de participación ciudadana, de carácter radical, sería innecesaria en un régimen democrático donde las autoridades están sujetas a esquemas de transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, en el caso de México parece que una vez más la sociedad civil, tal y como ocurrió con el tema electoral en su oportunidad, tiene que elevarse por encima de su clase política. Mientras que los compromisos del Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad se cumplen y son evaluados, los ciudadanos debemos exigir un aumento en la percepción de la seguridad, empíricamente verificable, y la reducción en tres indicadores básicos: 1. La reducción de los delitos registrados, que se supone será monitoreada por ciudadanos; 2. La disminución de la victimización y su correspondencia con la cifra oculta, es decir con los delitos no denunciados, y 3. La disminución en la prevalencia en el consumo de drogas.
En este proceso los empresarios, organismos no gubernamentales, universidades y centros de estudio, entre otras organizaciones públicas y privadas, tienen una gran responsabilidad y deben utilizar su liderazgo y capacidad de generar conocimientos y acción social para que el Estado diseñe una verdadera política integral de seguridad (véase Enfoque 18 de mayo del 2008). No se trata de sustituir o relevar al Estado de sus funciones esenciales básicas de brindarnos seguridad, sino de sumar esfuerzos con él.
Para ejercer este liderazgo la sociedad debe impulsar cuatro acciones fundamentales: 1. Ejercer una participación real e informada en los distintos foros de seguridad, tales como consejos ciudadanos, dejando de ocupar esos espacios como mera comparsa y testigo mudo de la ineficacia gubernamental; 2. Ejercer una verdadera labor de supervisión y vigilancia a los poderes públicos para que los puestos de los responsables se asignen con criterios profesionales y no de lealtades personales; 3. Fortalecer o crear organizaciones apartidistas, técnicas y científicas que diseñen las políticas de seguridad que el Estado no está generando, y 4. Formar recursos humanos, en seguridad, criminología, victimología y política criminológica fuera de las instituciones de seguridad.
Si atendemos las cifras que se erogan como parte del presupuesto público en materia de seguridad o los costos que la inseguridad tiene para la sociedad mexicana, destinar una pequeña fracción de este gasto a investigación científica y formación de recursos humanos sería un gran avance, empezaríamos a romper este nudo gordiano de la inacción gubernamental y a dotar de sentido a una estrategia de seguridad hoy ausente.
Profesor de la Escuela de Graduados en Administración Pública del ITESM.
Entrevista / Santiago Levy / 'Se subsidia la informalidad'
Entrevista Combate a la pobreza. Santiago Levy, vicepresidente de sectores del BID. El artífice del programa Progresa en el sexenio de Ernesto Zedillo sugiere replantear la política social del Estado
(7 septiembre 2008).- Los programas sociales diseñados por el gobierno federal para los trabajadores no asalariados generan "incentivos perversos" que promueven la creación de empleos y empresas informales, advierte el economista Santiago Levy, quien en 1997 diseñó desde la subsecretaría de Hacienda el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), que sustituyó al Programa Solidaridad de Carlos Salinas y que después fue rebautizado como Oportunidades.
Santiago Levy, quien recientemente publicó su libro Buenas intenciones, malos resultados: política social, informalidad y crecimiento económico en México (Brookings, 2008), asegura que el incremento de servicios sociales a través de programas de vivienda, salud, pensiones y guarderías -todos subsidiados por el gobierno federal-, convierte a la seguridad social en una especie de impuesto adicional para los trabajadores y empresas del sector formal.
Esto, porque mientras los trabajadores del sector formal son obligados por ley a pagar los servicios del Seguro Social, a través de cuotas obrero-patronales, los empleados del sector informal pueden acceder prácticamente a los mismos beneficios de manera gratuita mediante programas como el Seguro Popular, el Programa de Estancias Infantiles o los subsidios para pensiones de IMSS-Oportunidades.
¿Por qué en México los programas sociales del gobierno federal se convierten en incentivos a la informalidad?
La seguridad social en México tiene un problema de diseño: solamente cubre a los trabajadores asalariados o formales y eso crea un dilema para el gobierno, porque, aun cuando respetase al 100 por ciento la ley, para los trabajadores por cuenta propia o comisionistas no habría ningún mecanismo para darles beneficios de vivienda, guarderías, salud y pensiones.
Como el marco institucional actual no le permite proporcionarles estos servicios por la vía de la seguridad social -porque ésta se limita al trabajo asalariado-, crea programas de protección social que generan una estructura diferenciada. Mientras los trabajadores formales deben pagar por el acceso a los servicios, los informales acceden a ellos gratis.
Con esto, lo que el gobierno dice al trabajador es, si eres formal pagas por los beneficios sociales, pero si eres informal recibes los beneficios gratis, entonces la informalidad se vuelve más atractiva.
¿Cuál es la explicación que encuentra al hecho de que el gobierno federal destine cada vez más presupuesto a este tipo de programas?
Hoy en día, aproximadamente, por cada peso de subsidio a la formalidad hay tres pesos de subsidio a la informalidad, esa asignación presupuestaria es la opuesta a la que deberíamos tener si queremos fomentar la productividad, el crecimiento y mejores empleos.
Pero esto se debe a que los programas sociales se convierten en un círculo vicioso en el cual, al dar incentivos para informalidad, la demanda de trabajadores no asalariados aumenta y, en consecuencia, los recursos públicos para mantenerlos funcionando.
¿Cuál es el primer paso para romper con este círculo vicioso?
Antes de plantear modificaciones legislativas es necesario impulsar un debate sobre la mejor forma de instrumentar la política social, porque actualmente las buenas intenciones del gobierno están generando malos resultados.
Es necesario que nos preguntemos si el conjunto de programas de la seguridad social generados en los últimos años realmente avanza en la dirección que queremos, y lo que argumento es que no.
De facto lo que estamos haciendo es subsidiar cada vez más la informalidad. En la práctica, la seguridad social ya es como un impuesto para los trabajadores formales, porque sus salarios son menores de los que serían de otra manera, casi casi podríamos decir que los trabajadores están pagando un IVA especial, el problema es que solamente los trabajadores formales lo están haciendo.
¿Cuál es el riesgo social de seguir con ese sistema?
El problema es que a veces pensamos, en México, que hay un grupo de trabajadores formales y uno de informales, que son dos grupos separados. La evidencia empírica muestra que ése no es el caso; los trabajadores transitan entre formales e informales a lo largo de su vida laboral, entonces se genera un círculo perverso, porque "si no voy a alcanzar las semanas requeridas para una pensión mínima garantizada, ¿para qué cotizo al IMSS?", entonces se vuelve más atractiva la informalidad, y si ahora el gobierno pone un programa de vivienda gratis, con más razón.
El riesgo que ya estamos corriendo, desde el punto de vista social, es que cada vez menos empleados tengan la cobertura de seguridad social que queremos. Por otra parte, el problema es que al subsidiar la informalidad subsidiamos la evasión de las leyes. Por ejemplo, los acuerdos entre un trabajador asalariado y una empresa que a cambio de no inscribirlo al IMSS le promete un sueldo relativamente mayor.
¿Cuáles son los riesgos fiscales?
Generalmente las empresas evaden al IMSS, al Infonavit y al SAT al mismo tiempo; la gran diferencia entre los establecimientos económicos que recoge el censo y los que están inscritos en el IMSS da una idea, no totalmente precisa, pero una idea de la magnitud de empresas que evaden la ley.
Mientras ciertas empresas contribuyen a la tributación, otras no. Mientras más subsidiemos la informalidad, más se acentúa este fenómeno. El resultado es que se erosiona la base tributaria, se reduce la productividad y el crecimiento del país. Generalmente las empresas informales son muy chiquitas, porque si son más grandes se exponen a ser detectadas por el IMSS, el Infonavit o los inspectores del SAT, entonces la informalidad promueve empresas pequeñas que no hacen innovación tecnológica, no invierten en capacitar a sus trabajadores, no explotan economías a escala y son rentables finalmente porque están evadiendo la ley, pero no porque sean realmente productivas.
¿Qué hacer entonces con programas como Hábitat, el Seguro de Primera Generación y del Primer Empleo, entre muchos otros?
Evidentemente no ofrecer servicios sociales a trabajadores que no tienen seguridad social no es una opción, hay una obligación a la cual me sumo al ciento por ciento de que todos los trabajadores de México tengan acceso a beneficios sociales. El problema no es con el objetivo, el problema es con la forma, en cómo lo estamos haciendo.
Mientras tengamos esta dicotomía -trabajadores asalariados con derecho a seguridad social y no asalariados sin derecho a seguridad social- este dilema que el gobierno enfrenta va a seguir, y entonces seguirá creando toda esta lista de programas que tienen los problemas que hemos mencionado, pero que se ponen en marcha de manera casuística.
Es necesario separar la seguridad social de la dicotomía formal-informal.
La forma de escaparnos es redefiniendo la seguridad social como un derecho de todos los trabajadores, no solamente de los asalariados, y financiándolo de la misma fuente para todos.
Mi propuesta es extender los beneficios sociales a todos los trabajadores a través de un Seguro de Derechos Sociales Universales, porque no se les puede cobrar a unos sí y a otros no.
Propongo juntar todos los recursos que hoy en día se tienen en el Presupuesto, para programas de protección social, y crear un sistema a través del cual todos los trabajadores tengan los mismos beneficios, y yo propongo que sea una pensión de retiro para todos, un seguro médico, uno de vida y otro de invalidez.
Además propongo, ahora sí, solamente en el caso de los asalariados, que tengan un seguro de riesgos de trabajo y que las regulaciones sobre indemnizaciones al despido sean reemplazadas por un seguro de desempleo modesto.
Esto daría a México una política social mucho más equitativa, eficiente y, al mismo tiempo, mucho más conducente al crecimiento de la economía y la creación de mejores empleos. Es urgente que dejemos de subsidiar los empleos informales y de poner impuestos a los empleos formales.
¿Cuál es la garantía de que este sistema no se convierta en un programa más que promueva la informalidad?
La propuesta es modificar la fuente de financiamiento a partir del fondo fiscal creado por las contribuciones equivalentes al consumo de las familias, que se refuerce con inversión pública derivada de impuestos al consumo, especialmente el IVA. El costo de esta propuesta sería equivalente al 4.7 por ciento del PIB.
Así, los factores que motivan la evasión por parte de las empresas desaparecerían, al eliminar las contribuciones a la seguridad social que tienen que pagar las empresas.
Esta propuesta permitiría que desde el punto de vista de la política social ya no hubiese trabajadores formales e informales, sino que todos tendrían los mismos derechos sociales.
¿Por qué se especifica que sean impuestos al consumo como el IVA?
Las cifras señalan que entre 1998 y 2006 los ingresos no petroleros han tenido un aumento acumulado de 24.2 por ciento y los petroleros de 61.6 por ciento, lo cual sugiere que una proporción importante del aumento del gasto público en protección social ha sido financiada con ingresos petroleros.
¿Qué papel ha jugado el Seguro Popular de Salud en este impulso a la informalidad?
Es uno más de un conjunto de programas que entran en la misma lógica. Yo no trato de señalar que algún programa individual es el que está generando esta informalidad; uno puede hablar del programa IMSS-Oportunidades... hay muchos programas que entran en la misma lógica: "te otorgo un beneficio generalmente gratuito, siempre y cuando eres informal y si consigues un empleo formal te lo quito".
Esta lógica se refleja en muchos de estos programas, y el Seguro Popular es un ejemplo, pero no el único, y es importante señalar que los altos niveles de informalidad no provienen de ningún programa individual sino de la suma de muchos.
¿Ayuda en algo que esta administración decidiera aglutinar todos los programas sociales en una sola estrategia, llamada Vivir Mejor?
La pregunta fundamental que nos tenemos que hacer es: ¿estamos generando mayores incentivos para que las empresas creen empleos formales y los trabajadores busquen empleos formales?, ¿o estamos generando incentivos en sentido contrario?
El problema no es aglutinar o no aglutinar, sino tratar de ver realmente si hay una lógica integral en la estructura de programas que llevan a cabo diversas secretarías de Estado. Hay una diferencia entre listar un conjunto de programas y asegurar que la interacción de dicho conjunto de programas, su forma de financiamiento y sus incentivos, induzcan a las empresas a crear más empleos formales.
Recientemente el Instituto Mexicano para la Competitividad propuso reducir los beneficios sociales para evitar que la obligación de pagar todos los servicios sociales, aun cuando no hagan uso de alguno de ellos, se convierta en un aliciente más para la informalidad.
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer como país es acordar qué beneficios sociales queremos que todos sí tengan, y ésa es una valoración política dado el ingreso nacional, la riqueza, nuestra capacidad productiva y nuestras aspiraciones como sociedad.
Por separado, hay que tener una discusión sobre cuál es la mejor forma de pagar esos beneficios asegurándonos que lleguen a todos. Yo estaría en desacuerdo con propuestas de nada más empezar a cambiar esto o lo otro sin tener una visión clara de cuál es el objetivo de mediano plazo.
Creo que todas las reformas y propuestas de cambio que se planteen deben enmarcarse dentro de una visión de mediano plazo y que entonces los pasos que vamos dando avancen en la dirección que queremos llegar. Debemos dejar de hablar de la reforma laboral, pensionaria, de salud o de vivienda, porque hemos tenido una visión muy parcial del problema y hacemos cambios muy parciales; lo que necesitamos es una visión integral del problema y de a dónde queremos llegar, y luego, por supuesto, establecer una ruta gradual de paso a paso, pero ya sabiendo a dónde vamos.
En todo esto, ¿qué pasará con los objetivos de Progresa-Oportunidades?
El programa sí puede hacer que las familias pobres tengan mejor nutrición, mejor salud y mayor número de años de educación para romper el círculo de transmisión intergeneracional de la pobreza, pero lo que necesitamos es que estos jóvenes, más nutridos, con más educación y mejor salud, tengan ingresos más altos.
El riesgo es que mientras más subsidiemos la informalidad menos probable va a ser que los jóvenes pobres consigan empleos formales, y entonces no va a ocurrir que esta nueva generación de trabajadores pobres poco a poco tenga salarios reales más altos, no por culpa del programa Progresa- Oportunidades, el problema es que el resto de la política social está generando incentivos perversos hacia la informalidad.
Nombre: Santiago Levy Algazi.
Cargo: vicepresidente de sectores y conocimiento del Banco Interamericano de Desarrollo, desde marzo del 2008.
Cargo anterior: jefe del departamento de investigación del BID.
Trayectoria en el sector público: director general del IMSS (diciembre del 2000 a octubre del 2005); subsecretario de Hacienda (1994-2000); presidente de la Comisión Federal de Competencia (1993-1994).
Formación académica: maestro en economía política y doctor en economía por la Universidad de Boston.
Libros anteriores: Progreso contra la pobreza: sosteniendo el programa Progresa-Oportunidades de México, Brookings Institution Press, 2006; Sin herencia de pobreza, Planeta, 2005; Ensayos sobre el desarrollo económico y social de México, Fondo de Cultura Económica, México, 2004.
Oportunidades en cifras
11 años después, sigue siendo el programa estrella de la política social.
$38,082 millones.
Presupuesto del programa para 2008.
Monto promedio mensual de transferencia por familia (incluye el apoyo alimentario de 120 pesos).
Localidades a donde llega.
Municipios a los que llega.
Fuente: II Informe de Gobierno. Presidencia de la República.
Combate a la pobreza. Novedad editorial
(7 septiembre 2008).- Cerca del 60 por ciento de la fuerza laboral del país se encuentra ocupada en el sector informal; es decir, carece de seguridad social y seguro de vida, tiene pocas posibilidades de acceder a una pensión y corre el riesgo de perder su empleo ante la volatilidad de las empresas que los contratan.
El último libro del economista Santiago Levy, Buenas intenciones, malos resultados (Brookings, 2008), detalla que de los cerca de 44.5 millones de trabajadores en el país, 25.7 millones son informales, y de ésos el 36.5 por ciento (9.4 millones) pertenecen a familias afiliadas a Oportunidades.
El texto explica que el incremento de beneficios para los trabajadores informales a través de programas sociales ha provocado que la seguridad social se convierta en una especie de pago extra para los empleados de empresas formales.
Mientras los trabajadores asalariados son obligados por la Ley del Seguro Social a pagar una cuota por la seguridad social, los no asalariados tienen acceso de manera gratuita a prácticamente los mismos beneficios.
Levy señala que, paradójicamente, la inversión pública destinada a impulsar programas sociales prácticamente se duplicó en los últimos años.
Entre 1998 y 2007 los recursos para la seguridad social se incrementaron en un 48.6 por ciento, en tanto que las inversiones para programas de protección social aumentaron en más de 110 por ciento.
Estas disparidades generan, por ejemplo, que mientras los recursos disponibles para Infonavit aumentaron en 60 por ciento durante la última década, las subvenciones para programas de vivienda se incrementaron en 353 por ciento. Así, en 2007, los recursos disponibles para proporcionar créditos de vivienda a empleados formales fueron de 8.2 billones de pesos, en tanto que los subsidios para trabajadores informales en el mismo año ascendieron a 48.6 billones de pesos.
El problema, detalla el texto, es que estos programas funcionan como un sistema paralelo a la seguridad social que, al ser financiados y proporcionar servicios de manera diferenciada, distorsionan el comportamiento de la fuerza laboral, a tal grado que un número importante prefiere prescindir de los beneficios que otorga el IMSS antes que asumir el costo monetario de éstos.Según Levy, de las más de 2 millones 118 mil empresas registradas por el INEGI en 2003, el IMSS tiene registradas poco más de 350 mil, menos del 17 por ciento. Para éstas, los costos no salariales equivalen a un 5 por ciento correspondientes a finiquitos, indemnizaciones e impuestos sobre el trabajo. ·
Título: Buenas intenciones, malos resultados; política social, informalidad y crecimiento económico en México.
Autor: Santiago Levy.
Editorial: Brookings Institution Press.
Lugar de publicación: Washington, Estados Unidos.
Vivir sin oportunidades
Reportaje Las entrañas de la pobreza. En una colonia de la zona metropolitana, una familia pasa penurias para sobrevivir con programas sociales que llegan y se van, desempleo y alzas de precios constantes
(7 septiembre 2008).- Cuando Araceli Pérez recibió su primera despensa de Sedesol, en noviembre de 2007, pensó que parte de sus problemas estaban resueltos. Karla, su única hija, tendría garantizado el alimento; podría desayunar todos los días antes de ir a la escuela.
Puntual, con la cara lavada y el pelo recogido para facilitar el traslado de la caja, acudía cada mes a recibir el apoyo: 6 bolsas de sopa, 4 latas de sardina, 2 litros de aceite, 1 kilo de lentejas, 1 de arroz, 2 de frijol y 5 de leche en polvo.
Para Araceli, habitante de un terreno prestado en la colonia Ampliación San Miguel, una localidad perdida entre los límites de la delegación Tláhuac, en el Distrito Federal, y Valle de Chalco, en el estado de México, contar con la despensa era la diferencia entre enviar a su hija con un café en el estómago a la escuela y garantizar que tomara un vaso de leche y una ración de frijoles o arroz antes de ingresar al salón de clases.
Con los precios de los productos básicos por las nubes y su esposo desempleado desde un año atrás, el apoyo representaba más de la cuarta parte de lo que podía comprar con los 400 pesos obtenidos a la semana, ella lavando ropa ajena, él recolectando fierro viejo de los terrenos todavía deshabitados.
La promesa era que la despensa llegaría cada mes a esta colonia de calles terregosas y casas de tabique sobrepuesto, láminas de cartón y desperdicios de madera; pero la desilusión llegó antes de la cuarta caja.
En febrero de 2008 los camiones dejaron de asistir a la cita, llevándose la única ayuda gubernamental, porque ni el gobierno capitalino ni el mexiquense se ponen de acuerdo respecto a cuál de los dos corresponde atender las necesidades de este lugar en donde no hay servicios públicos y la delincuencia llega a tal grado que utiliza la colonia como estacionamiento para autos a punto de ser desvalijados.
De nuevo Karla tuvo que esperar hasta medio día, cuando la maestra repartía los desayunos escolares, para hacer su primera comida, beneficio cuyo costo era de 5 pesos a la semana, pero que fue suspendido a mitad del ciclo escolar sin explicación alguna.
Subsistir con 40 pesos diarios
Con un ingreso familiar de 400 pesos semanales, sin la ayuda de Sedesol y ahora sin la de la SEP, la menor de 6 años dejó de tomar leche, comer sardina y realizar los tres alimentos del día.
El desayuno escolar fue sustituido por una pieza de pan y una taza de café, insuficientes para sacarla de entre los 6.9 millones de niños que, de acuerdo al INEGI, viven en pobreza alimentaria en México.
En el rostro de Karla se acentuaron las manchas blancas que desentonaban con la piel quemada por el sol; el vientre abultado que comenzaba a ceder después de tres meses de dieta sana volvió a inflarse y la nariz comenzó a sangrar ante el mínimo roce.
Los funcionarios de la dependencia federal habían prometido el apoyo cada mes, sin embargo, éste no llegaba a pesar de que la situación empeoraba cada día: el dinero de la semana alcanzaba para comprar menos y el fierro que vendía Luis Antonio, el jefe de familia, había dejado de ser un ingreso seguro.
Luis Antonio, de 47 años de edad, se había empleado como obrero de diversas fábricas del Distrito Federal; sin la primaria terminada, sus contratos eran eventuales y cuando lo despidieron, luego de un recorte de personal, se quedó sin nada.
Con la edad prácticamente fuera del rango de productividad impuesto por las empresas, buscó trabajo durante seis meses, pero el gasto diario en transporte consumía el escaso ingreso familiar.
Entonces comenzó a recolectar fierro viejo, lo cual le permitía juntar 40 pesos cada dos días, algo así como 120 pesos a la semana que, sumados a los 80 o 100 pesos que lograba ganar por "trabajitos" para sus vecinos, hacían un total de 200 pesos.
Pero juntar y vender fierro dejó de ser rentable y el gasto de la casa se redujo a los 200 pesos aportados por Araceli, quien dedicaba sus tardes a lavar ropa ajena, y lo poco que Luis Antonio lograba juntar.
Con los 400 pesos semanales -57 pesos diarios-, la familia ya era parte de los 60 millones de pobres que existen en el país; pero con los ingresos recortados, su pobreza se hizo más profunda, más insoportable.
Sin la venta de fierro el gasto se redujo a 40 pesos diarios, que se destinaban en su totalidad a la compra de alimentos.
El frijol, el aceite, las lentejas y el huevo, básicos en su dieta, habían incrementado sus costos, en algunos casos hasta el doble. En cuestión de días, Araceli observó alzas que, según las autoridades, se habían dado en tres años.
De acuerdo a cifras oficiales, el precio del frijol se incrementó en 21 por ciento entre diciembre de 2005 y mayo de 2008; sin embargo, para Araceli el costo había aumentado en 50 por ciento -de 14 a 21 pesos- en menos de una semana. Las mismas proyecciones señalan que en tres años el precio del arroz subió en cerca del 57 por ciento; para la ama de casa, este producto pasó de 10 a 18 pesos -80 por ciento- en sólo tres días.
Fue entonces cuando las comidas del día se redujeron a dos: pan y café en la mañana y frijoles, habas, lentejas, arroz, tortillas y verduras hervidas por la tarde. Karla, la menor de la familia, sería la única que por su condición, mantendría el "privilegio" de cenar lo que sobrara de la tarde o bien, otra pieza de pan y café.
Pero aun con la nueva regla consensuada entre los adultos de la casa, el semblante de Karla era más pálido que antes. A sus seis años de edad, parecía atrapada en el cuerpo de una niña de cuatro; las manos parecían más pequeñas y su cara más alargada.
Tuvieron que pasar seis meses para que Sedesol volviera a hacer acto de presencia en esta colonia de la Zona Metropolitana. Para entonces, Karla ya había reprobado el primer año de primaria.
A principios de agosto, Araceli recogió la caja de cartón en la que entregan las despensas, por lo menos ese mes en el que su hija regresó a la escuela, contó con la leche, el arroz, los frijoles, la sardina, la sopa y las lentejas del desayuno.
Después, no sabe lo que pasará, tal vez la menor tenga que regresar a la dieta de pan y café en las mañanas, tal vez la SEP vuelva a entregar los desayunos escolares, tal vez Sedesol entregue las despensas mensuales, ahora sí de forma permanente, o tal vez la menor vuelva a reprobar el año escolar.
Mientras tanto, Karla cambió de escuela; comenzó el ciclo en un plantel del Distrito Federal, a donde acude igual de desnutrida que antes, pero en donde el uniforme y los útiles escolares los entregan de forma gratuita.
Aunque Luis Antonio logró reemplazar la venta de fierro por chambas como cortar la hierva que crece por todas partes, arreglar las cercas que dividen los terrenos y cuidar el material que almacenan para futuras construcciones, esto sólo les permitió regresar a la misma situación de pobreza que antes, cuando el gasto semanal era de 400 pesos y los alimentos cocinados en el fogón, a la hora de la comida, podían alcanzar para todos hasta la cena.
Y es que las despensas no son lo único que no llega a esta colonia desangelada de calles llenas de charcos y niños que juegan entre lodo, botellas y basura; tampoco llegan los programas, que a decir del secretario de Desarrollo Social, Ernesto Cordero, evitarían que aumente el número de pobres en 2009.
Los 120 pesos mensuales del Programa Alimentario en Zonas Marginadas que Sedesol comenzó a entregar en julio son una promesa lejana; lo mismo que Oportunidades, el programa estrella de combate a la pobreza en México.
Los paliativos del gobierno federal para atajar el alza de precios tampoco han significado beneficio alguno, porque de los 150 productos con precios congelados hasta el mes de diciembre, las familias de esta colonia no consumen uno solo. La gelatina, la catsup, los frijoles en lata, la mermelada y el mango en almíbar son productos imposibles de adquirir con sus raquíticos ingresos.
44.7 millones de mexicanos viven en pobreza de patrimonio.
21.7 millones de mexicanos viven en pobreza de capacidades.
14.4 millones de mexicanos viven en pobreza alimentaria.
548,193 millones de pesos. Gasto público federal ejercido en acciones de desarrollo social de enero a junio del 2008.
Fuente: II Informe de Gobierno.
La miseria del campo, en la ciudad
Reportaje Las entrañas de la pobreza. En la Mora, al sur del Distrito Federal, se viven las carencias del medio rural, agudizadas por los costos de estar en la urbe
(7 septiembre 2008).- Adriana y Gustavo ayudan a su mamá a encender el fogón, tienen 2 y 4 años de edad pero ya saben atizar la leña y vigilar que la llama se mantenga encendida. Apresurados por la lluvia que se anuncia próxima, acarrean pedazos húmedos de tronco desde el otro extremo del patio, deben darse prisa para comenzar el recorrido de 30 minutos a la panadería más cercana y recoger la mercancía que venderán casa por casa.
El desgano se les nota en la cara agrietada por el humo. Hace frío y preferirían quedarse en el único cuarto que comparten con María Santa y Roberto Osorio, sus padres; pero no pueden darse ese lujo, las ganancias que obtienen diariamente por la venta de pan son necesarias para hacer más pasadera la pobreza, la falta de servicios, el hambre.
Con los cabellos alborotados, la ropa sucia y la punta de los zapatos tan desgastada que puede romperse en cualquier momento, los hermanos intentan avivar la llama al tiempo que juguetean con un par de perros que buscan sin éxito sobras de comida, porque en el desayuno sólo hubo pan y té de canela.
Conscientes de que al menos este viernes no podrán arrancarle al fogón más que una exigua hilera de humo, se olvidan de esa tarea para iniciar la venta del día. Plásticos para atajarse si los "agarra el agua" y suéteres viejos, olorosos a humedad, que cubren sus desnutridas siluetas, son las indumentarias para el trayecto.
Los menores y su mamá deberán caminar alrededor de dos horas entre veredas irregulares que con la lluvia se convierten en lodo, huelen a estiércol y en donde es fácil encontrarse con una serpiente. Al final del recorrido, la ganancia no superará los 30 pesos, pues al igual que en su casa, desde hace varios meses los vecinos redujeron al máximo su dieta, ya de por sí raquítica.
La escena parece extraída de cualquier zona rural del país, pero tiene lugar en pleno Distrito Federal; es el paraje La Mora, en la delegación Milpa Alta, una de las dos localidades más pobres y marginadas de la ciudad.
Se trata de uno de los llamados cinturones de pobreza, aquellos en donde viven los mexicanos excluidos de los beneficios propios de la capital y a quienes no les queda otra alternativa de subsistencia que arribar a los lugares que por estar alejados del casco urbano son más baratos para vivir, aunque esto signifique no tener servicios básicos.
Adriana y Gustavo nacieron en La Mora. La casa de tabique sobrepuesto y techo de lámina de cartón fue la segunda que se instaló en el paraje, hace seis años; la primera fue la de Antonia Vega, dueña de la única tienda del lugar.
A sus cortas edades, ya aprendieron que para comer es necesario trabajar, aunque no entienden por qué, pese a los esfuerzos de sus padres y ellos mismos, desde hace ocho meses dejaron de tomar leche y comer las naranjas con sal que hacían más llevadera la caminata en busca de clientes.
Y es que no importan los esfuerzos del jefe de familia por conseguir más ingresos; ayudante de albañil, 35 años de edad y primaria inconclusa, lo máximo que logra percibir por jornadas superiores a las 10 horas diarias son 600 pesos semanales. No tiene seguridad social porque sus trabajos son temporales y generalmente los periodos de empleo son menores a los del desempleo.
Aunque los 210 pesos que los niños y su mamá alcanzan a reunir cada semana -cuando el tiempo les permite buenas ventas- aumentan el gasto a 810 pesos, más del 47 por ciento se consume en el pago de los servicios que las autoridades les niegan por estar alejados del casco urbano.
María Santa hace cuentas: 200 pesos se destinan al transporte del jefe de familia; 84 pesos a la compra de tres garrafones de agua para tomar y cocinar; también aparta 75 pesos para juntar a fin de mes los 300 pesos que divide entre el pago del agua que trae la pipa y los "consumos ilícitos", una cuota que les cobra Luz y Fuerza del Centro por colgarse del poste de la luz.
Al final de la repartición quedarán 75 pesos diarios para la compra de alimentos, los cuales pueden reducirse si Adriana o Gustavo enferman de lo que es común aquí: infecciones en las vías respiratorias provocadas por el polvo o gripes por el frío que se agudiza en estos meses, pues aunque cuentan con la hoja de gratuidad para el Centro de Salud, algunos medicamentos -los más caros- terminan poniéndolos de su bolsillo.
La crisis alimentaria de la que escuchan hablar en su pequeño televisor blanco y negro la viven todos los días, mucho antes de que la descubrieran académicos y funcionarios.
Apenas el mes pasado, el titular de Sagarpa, Alberto Cárdenas Jiménez, volvió a negar que en México haya crisis alimentaria. "La nación cuenta con el abasto suficiente de productos de temporada y sus precios se encuentran a la baja", dijo. Pero las palabras del funcionario no tienen eco en la cotidianeidad de María Santa y su familia.
Los efectos de eso que el gobierno niega, los ve reflejados en los semblantes pálidos y delgados de sus hijos, incluso en el de ella misma, languidecido por la labor diaria de ingeniar nuevas estrategias para subsistir: trasladarse a pie a pueblos vecinos en busca de alimentos más baratos o colectar agua de lluvia para reducir la factura de la pipa cada 15 días.
"Todo lo básico para nosotros aumentó, pero los sueldos siguen igual; hace tres días compré el kilo de huevo a 15 pesos, ya subió a 18; el kilo de frijol, que estaba a 14, subió a 20 pesos en semanas; el arroz, que costaba 10, aumentó a 18; igual que el aceite que, de 16, subió a 25 pesos", reprocha.
Aunque no entiende qué provoca esta situación, la identifica como la causa por la que desde hace ocho meses cambió la leche del desayuno por el té de canela y dejó de comprar el pollo, los plátanos y las naranjas que constituían los únicos lujos para sus hijos.
Ahora las comidas son hervidas porque otro de los insumos que dejó de comprar desde enero pasado es el aceite; aun con esta previsión, sólo alcanza para calabazas, papas, quelites y las verduras que permite el presupuesto.
Los frijoles, el arroz y la sopa los incluirá dos o tres veces por semana para tratar de engañar al estómago que no termina de acostumbrarse a la falta de alimentos más sólidos; finalmente, la situación actual no es tan complicada en comparación con lo que vendrá después, cuando el trabajo se acabe y comiencen los largos periodos de desempleo de su esposo.
Al igual que la familia González Osorio, María Fuentes guarda su incipiente despensa en una caja de cartón: unos cuantos chiles verdes, un par de bolsas de frijoles a la mitad y un puño de lentejas es lo que queda para comer los dos días que faltan para recibir el gasto.
Con su esposo enfermo e imposibilitado para trabajar, su hijo de 32 años se convirtió en el único proveedor de la casa. De los 600 pesos que cada semana recibe como ayudante de albañil, 500 pesos los destina para el gasto, los 100 pesos restantes, para transporte.
La semana todavía no empieza y María ya debe los 50 pesos de la caja de pastillas de su esposo, diabético desde hace 10 años. Por si eso no fuera poco, el agua se acabó y el dueño de la pipa se niega a bajar a La Mora si los habitantes no aceptan pagar 20 pesos por cada uno de los tambos que generalmente llena por 17 pesos.
La situación pinta difícil porque seguramente tendrá que pedir fiado en la tienda y eso se convertirá en un círculo vicioso en el que parte del gasto de las próximas semanas se verá comprometido para liquidar la deuda.
El pequeño cuerpo de María es un ejemplo viviente de la precaria situación en la que vive y ha vivido siempre, pues desde niña convive con las mismas carencias, sólo que entonces era su madre quien se encargaba de solucionar las vicisitudes. Al parecer, sólo era cuestión de tiempo para que los papeles se invirtieran irremediablemente, confirmando aquello que los académicos llaman pobreza generacional.
A sus 65 años, su estatura seguramente no es la que debió alcanzar, la piel morena refleja las largas horas expuestas al sol en la afanosa tarea de encender el fogón, y el dolor constante en los huesos cuando hace frío, la falta de calcio que de niña no pudo consumir porque, como ahora, los alimentos que había en casa eran los indispensables para calmar el hambre.
Y eso es precisamente lo que María hace con su familia, calmar el hambre. La dieta impuesta tras la estrepitosa alza de precios se basa en verduras, frijol, arroz y lentejas.
Mientras enjuaga los trastes con el agua de lluvia que la noche anterior atajó en un par de botes, señala que desde hace seis meses, el consumo diario de tortilla en su casa se redujo a de dos a un kilo, aun cuando la motoneta que baja a venderles el alimento lo proporciona 50 centavos más barato que en el mercado, en donde el precio es de 8.50 pesos.
De todo el paraje La Mora, María Fuentes es probablemente la que menos recursos destina a la compra diaria de alimentos: 50 pesos.
A este paraje, clasificado por Conapo como una de las dos zonas más marginadas del Distrito Federal, no llegan las despensas de Sedesol o los apoyos de Oportunidades y del Programa Alimentario para Zonas Marginadas; mucho menos los beneficios de las acciones anunciadas en mayo por el presidente Felipe Calderón, según las cuales los ingresos de las familias más pobres se protegerían con la eliminación de aranceles a productos como el maíz, el arroz y el frijol.
Para María es una burla la promesa del mandatario porque son precisamente el arroz y el frijol los alimentos que aumentan su precio de la noche a la mañana. "Hace cuatro días compré el kilo de arroz a 14 pesos, ahora está a 18 pesos y el frijol subió de 16 a 20 pesos en una semana donde yo lo compro, porque hay lugares en donde está más caro; también depende de la marca, yo compro la más barata", detalla.
A pesar de ello, estos alimentos seguirán absorbiendo la mayor parte de los 50 pesos diarios para comida, no sólo porque pese a los incrementos son los más baratos, sino porque son los que más llenan.
4,860 millones de pesos.
Presupuesto del programa de apoyo a zonas de atención prioritaria y apoyo alimentario, para 2008.
Apoyo mensual entregado a hogares de alta marginación, para enfrentar el alza de precios en alimentos.
Apoyo mensual a la economía familiar ante las alzas de precios.
Hogares a los que se busca beneficiar con este programa.
Pobreza: dos botones de muestra en la Metrópoli
En Milpa Alta y Tláhuac hay colonias con niveles de pobreza similares a los de Guerrero o Chiapas.
El paraje La Mora se localiza en la delegación Milpa Alta, al sur del Distrito Federal; de acuerdo al Consejo Nacional de Población, es uno de los dos asentamientos más marginados de la ciudad.
El organismo señala que en este lugar habitan 12 de las 23 personas más pobres y excluidas a nivel capital debido a que sus viviendas carecen de todos los servicios básicos, no poseen bienes, sus niveles de educación son bajos y sus ingresos insuficientes para obtener mejoras en la calidad de vida.
A pesar de ello, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo clasificó a Milpa Alta como una de las demarcaciones en donde los habitantes pueden elegir sin coacción alguna su estilo de vida.
Según el PNUD, entre los años 2000 y 2005, este lugar descendió 343 lugares en el Índice de Desarrollo Humano -uno de los indicadores más reconocidos a nivel mundial- al pasar del lugar 284 al 627; aun así, se ubicó entre las demarcaciones con Desarrollo Humano Medio.
De esta manera, mientras que el ingreso per cápita pasó de 17.18 a 21 dólares diarios, la tasa de mortalidad infantil de incrementó de 22.19 a 25.32, el nivel de alfabetización avanzó 0.30 puntos y el índice de salud retrocedió de 0.8350 a 0.8081.
La colonia Ampliación San Miguel es una localidad perdida entre el Distrito Federal y el estado de México. Se ubica entre los límites de la delegación Tláhuac y Valle de Chalco.
A 12 años de haberse instalado, aún no hay consenso respecto a cuál de los dos gobiernos -capitalino o mexiquense- debe hacerse cargo de la localidad. Como consecuencia, actualmente no existen cifras oficiales sobre el grado de marginación, el número de habitantes y las características sociales de éstos.
Estimaciones de algunos residentes señalan que en la colonia viven alrededor de 80 familias -300 personas-, ninguna de ellas tiene acceso a servicios básicos y en la mayoría de los casos, el jefe de familia es albañil, campesino, comerciante u obrero de alguna fábrica del Distrito Federal.
En el caso de los ocho hogares que, de acuerdo a vecinos, tienen jefatura femenina, la actividad más común es la limpieza a casa-habitación.
Aunque aún no se sabe a cuál de las dos demarcaciones se adherirá, en ambos casos es seguro que estadísticamente formará parte de contextos de baja marginalidad y altos grados de desarrollo humano pues tanto Tláhuac, como Chalco, son consideradas por Conapo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo como lugares con niveles de desarrollo altos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el pasado martes el caso Castañeda, quien defendió ante esa instancia su derecho a ser candidato independiente. La sentencia fue interpretada de forma distinta por las partes en litigio. Aquí presentamos las dos visiones de esta resolución
Fabián Aguinaco B., Gonzalo Aguilar Zínser, Santiago Corcuera y Juan Manuel Gómez Robledo
(7 septiembre 2008).- 'Victoria de la legalidad'
Fabián Aguinaco B., Gonzalo Aguilar Zínser y Santiago Corcuera
La relevancia está en que se demuestra que la CIDH sí es una instancia para impartir justicia para los ciudadanos mexicanos. El Estado trató de no ser juzgado, pero sí lo fue.
Después de un largo proceso iniciado en marzo del 2004, el 6 de agosto de 2008 la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió sobre el caso Castañeda. La sentencia fue dada a conocer el 2 de septiembre. El análisis que compartimos pretende explicar el sentido y fundamento de las decisiones de la CIDH.
Cabe destacar que la sentencia analiza con todo cuidado los argumentos y pruebas de las partes y expone con claridad la valoración que de ellos hizo para llegar a su resolución, lo que demuestra el gran nivel de sus miembros, lo que es en sí ya motivo de gusto para cualquier ciudadano del continente.
Desde nuestro punto de vista, no hay duda de que es una victoria de la legalidad y de eso se trataba desde el inicio. Nuestras razones para sentirnos satisfechos se exponen a continuación. Cabe aclarar que usar vocablos como ganó o perdió no tiene un sentido peyorativo, ni pretende denigrar a nadie, es como los abogados hablamos del resultado de un litigio: se gana o se pierde.
El primer gran componente de un proceso de esta naturaleza es que la Corte se declare competente para juzgar. Que la Corte aceptara el caso fue la primer batalla jurídica: por un lado la Comisión y nosotros argumentando que el caso tenía méritos para que la Corte aceptara juzgarlo, por el otro, el Estado mexicano argumentando que no tenía méritos y la Corte no debía aceptarlo. El Estado perdió esta etapa del proceso como lo dice el 251.1 de la sentencia, al desechar las excepciones preliminares.
Más allá de ser la primera vez que la Corte se pronuncia competente para juzgar al Estado mexicano, lo que per se tiene un significado político indudable, desde el punto de vista jurídico la relevancia está en que se demuestra que la CIDH sí es una instancia para impartir justicia para los ciudadanos mexicanos. El Estado trató de no ser juzgado, pero sí lo fue.
El segundo ámbito se refiere al fondo, es decir a la violación de los derechos humanos de un ciudadano mexicano. El tema tiene dos aspectos: la violación de los derechos humanos por no existir en México un recurso aplicable y efectivo para acceder a la protección de la justicia, y el segundo, la violación de los derechos políticos de un ciudadano, que son derechos humanos fundamentales, al no permitir candidaturas independientes.
La Corte decidió que sí se violó el derecho fundamental a la protección judicial establecido en el artículo 25 de la Convención Americana (251.2) y, lo más importante, que el Estado mexicano debe adecuar el derecho interno a la Convención (251.6). A partir de esta decisión de la CIDH, que es obligatoria, se deben adecuar a la Convención todos los ordenamientos que resulten relevantes, como pueden ser la Constitución, la Ley de Amparo, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el Cofipe y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. No es un asunto menor, finalmente el Estado mexicano tendrá que tomarse en serio lo que dicen los acuerdos y tratados internacionales que firma.
Al respecto es importante destacar que la CIDH, en su larga argumentación sobre esta parte de la demanda, reconoce que los derechos políticos son derechos humanos fundamentales. Otro logro importante para el sistema de justicia electoral en México.
Sobre el tema de la violación al derecho a ser elegido mediante una candidatura independiente, la CIDH decidió que no se violaron los derechos humanos de Jorge Castañeda (251.3). Efectivamente el Estado ganó este punto; sin embargo, conviene traer a colación el argumento central de la Corte establecido en el párrafo 193, que dice: "la Corte considera que el Estado ha fundamentado que el registro de candidatos exclusivamente a través de partidos políticos responde a necesidades sociales imperiosas basadas en diversas razones históricas, políticas, sociales". Dejamos al lector la interpretación sociopolítica de esta aseveración del Estado mexicano, no sin señalar que tiene un aire de condescendencia por parte de la Corte.
Sobre la demanda de no igualdad ante la ley, la CIDH decidió que el Estado no violó, en perjuicio de Jorge Castañeda, el derecho a la igualdad ante la ley (251.4) al negar su derecho a ser candidato independiente, bajo argumentos derivados del punto anterior cuando acepta la exclusividad de los partidos para postular candidatos. El Estado ganó por "razones sociales imperiosas" que al parecer no existen en otros países como Perú, Honduras o cualquier otro que acepta candidaturas independientes.
Finalmente, sobre la última parte del proceso, las reparaciones y costas, nos complace la decisión (251.7): que se publique en el Diario Oficial la sentencia, de manera que se sepa que el Estado sí violó el derecho a la protección judicial de uno de sus ciudadanos y que el Estado está obligado a adecuar disposiciones legales de todo tipo. Así el ciudadano común sabrá con certeza cuáles son los recursos a su alcance para defender sus derechos políticos. El tema de las costas es anecdótico, pero los abogados sabemos que quien pierde, paga.
Los autores son abogados de Jorge G. Castañeda en el proceso ante la CIDH.
'No se violaron derechos políticos'
Han surgido versiones en torno al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el llamado "caso Castañeda". La realidad es clara: el doctor Castañeda promovió una demanda contra el Estado mexicano ante órganos interamericanos alegando violaciones a sus derechos humanos y la CIDH no le dio la razón. Ése es el sentido de la sentencia de la CIDH.
Este proceso judicial internacional duró tres años. El argumento central del doctor Castañeda fue que la negativa del IFE a registrarlo como candidato independiente para las elecciones presidenciales del 2006 constituyó una violación a sus derechos políticos, en particular al artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). Ése fue el punto medular de su demanda y ése era su máximo interés.
Durante el proceso judicial, el doctor Castañeda insistió en esta cuestión. No obstante, la CIDH no le dio la razón. La sentencia establece que "más allá de lo manifestado en cuanto al descrédito de los partidos políticos y la necesidad de las candidaturas independientes, el doctor Castañeda no desvirtuó los fundamentos presentados por el Estado". La CIDH "considera que el Estado ha fundamentado que el registro de candidatos exclusivamente a través de partidos políticos responde a necesidades sociales imperiosas basadas en razones históricas, políticas y sociales". Más aún, la sentencia establece que el doctor Castañeda tuvo diferentes opciones para registrar su candidatura, y que "no argumentó ni demostró elemento alguno que permita concluir que el requisito de ser nominado por un partido le impuso obstáculos concretos y específicos que significaron una restricción desproporcionada, gravosa o arbitraria a su derecho de ser votado". Por ello, la CIDH sentenció: "el Estado no violó, en perjuicio del señor Jorge Castañeda Gutman, el derecho político a ser elegido".
Castañeda alegó también que se había violado su derecho de igualdad ante la ley y, por tanto, el artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al respecto, la Corte sentenció que el Estado no violó dicho derecho.
Hay otros dos puntos de la sentencia que es crucial también examinar. En efecto, la Corte resolvió que al momento de que el doctor Castañeda pretendió presentar su candidatura independiente no existía el recurso judicial adecuado y efectivo para reclamar la constitucionalidad de las leyes electorales. Sin embargo, la propia Corte, de manera expresa, valora positivamente la reforma constitucional electoral de 13 de noviembre de 2007 que corrige esa insuficiencia y otorga al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación facultades para revisar la constitucionalidad de las leyes electorales en casos específicos. Por eso, la Corte ordena al Estado adoptar la legislación secundaria y las normas que desarrollen las previsiones de esa reforma. Esta, desde luego, era una omisión y la reforma constituye un importante avance. Pero si de triunfos se tratara, el mérito corresponde única y exclusivamente al Congreso que así lo dispuso, como lo reconoce la sentencia.
Finalmente, hay un aspecto que ha suscitado confusión. La CIDH no otorgó al doctor Castañeda absolutamente ninguna reparación. La sentencia, desde luego, no favoreció al doctor Castañeda en este terreno, estableciendo únicamente que "la sentencia constituye per se una medida de reparación". Se ordena, sí, que deberá cubrirse al doctor Castañeda los gastos y costas legales del proceso judicial por un monto no mayor a siete mil dólares. No se trata de una reparación.
Parece importante recordar que el doctor Castañeda fue muy enfático en demandar una reparación económica que contemplara los gastos de su llamada precampaña presidencial; lo que definió como "agravio a su proyecto de vida y trayectoria política" y también "los ingresos que dejó de percibir en sus actividades cotidianas" mientras desarrolló tal campaña política. Ni el propio doctor Castañeda Gutman podría afirmar que todo eso vale siete mil dólares, porque, en suma, no se trata de una reparación judicial internacional por violaciones a sus derechos humanos, sino, se insiste, de la restitución de gastos y costas legales.
En suma, si pudiera hablarse de victorias, debería hablarse del triunfo que representa que los ciudadanos mexicanos puedan acudir a los órganos internacionales de derechos humanos cuando no encuentran justicia en el país. Del triunfo que representa que el Estado se someta a la jurisdicción de esos órganos internacionales de derechos humanos, en este caso luego de que hace 10 años se reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y, finalmente, del triunfo de un sistema electoral plenamente apegado a la normativa internacional de los derechos humanos.
El autor es Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Puntos resolutivos de la sentencia del caso Castañeda, dada a conocer el pasado 2 de septiembre:
· El Estado violó, en perjuicio del señor Jorge Castañeda, el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
· El Estado no violó, en perjuicio del señor Jorge Castañeda, el derecho político a ser elegido, reconocido en el artículo 23.1.b de la Convención Americana.
· El Estado no violó, en perjuicio del señor Jorge Castañeda, el derecho a la igualdad ante la ley, reconocido en el artículo 24 de la Convención Americana.
Y Dispone, por unanimidad, que:
· Esta sentencia constituye per se una forma de reparación.
· El Estado debe, en un plazo razonable, completar la adecuación de su derecho interno a la Convención, de tal forma que ajuste la legislación secundaria y las normas que reglamentan el juicio de protección de los derechos del ciudadano de acuerdo con lo previsto en la reforma constitucional de 13 de noviembre de 2007, de manera que mediante dicho recurso se garantice a los ciudadanos de forma efectiva el cuestionamiento de la constitucionalidad de la regulación legal del derecho a ser elegido.
· El Estado debe publicar en el Diario Oficial y en otro diario de amplia circulación nacional, por una sola vez, los párrafos 77 a 133 de la presente sentencia, sin las notas al pie de página, y la parte resolutiva de la misma, en el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la presente sentencia.
· El Estado debe pagar al señor Jorge Castañeda el monto fijado en el párrafo 244 de la presente sentencia (7 mil dólares), por reintegro de costas y gastos, dentro del plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la presente sentencia.
· La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. El Estado deberá, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta sentencia, rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para la cumplir con la misma.
(7 septiembre 2008).- Téngalo presente
Séptima bienal internacional de radio México 2008. Convocan la SEP, Conaculta y Radio Educación. Se llevará a cabo del lunes 8 al viernes 12. Habrá conferencias, mesas de discusión, presentaciones de libros, cursos y talleres. Cenart, Río Churubusco y Tlalpan. Programa de actividades: www.bienalderadio.gob.mx.
La reforma electoral reciente. La Universidad Iberoamericana presenta esta conferencia que será dictada por Sergio San Miguel Gastélum. Martes 9, 18:00 hrs. UIA, Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe. Informes: 5950 4197, www.uia.mx.
La función del Ministerio Público en el nuevo sistema procesal acusatorio. El Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal organiza esta charla. Expositor: Alberto Buendía Madrigal. Jueves 11, 11:00 hrs. Auditorio del IFP-PGJDF, 4a. y 5a. Cerradas de Avenida Jardín s/n, Ampliación Cosmopolita. Informes: 5345 5905, www.ifp.pgjdf.gob.mx.
La reina del Pacífico de Julio Scherer García. Grijalbo. Libro reportaje del periodista fundador de la revista Proceso basado en una serie de entrevistas con Sandra Ávila, la mujer que se ha convertido en un mito del narcotráfico mexicano, en el penal de Santa Martha Acatitla. El testimonio de Ávila resulta revelador sobre el submundo del narco mexicano.
México y Cuba revolucionaria. Cincuenta años de relación de Mario Ojeda Gómez. Colmex. Análisis de las relaciones entre los gobiernos de México y Cuba en los últimos 50 años, en torno a los principales protagonistas: Fidel Castro y los ex presidentes mexicanos, desde Adolfo Ruiz Cortines hasta Vicente Fox. Del arribo de Castro a México en 1955 al "comes y te vas" en 2002.
Yo no soy primera dama. Biografía no autorizada de María Esther Zuno de Echeverría de Rosa María Valles Ruiz. Demac. Presentan el libro Delia Selene de Dios, Miguel González Avelar, Carlos Ortiz Tejeda, entre otros. Jueves 11, 11:00 hrs. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Circuito Mario de la Cueva s/n, CU. Informes: 5622 9470, ext. 1009.
Nexos. No. 369, septiembre. Presenta una encuesta sobre las mejores películas mexicanas de los últimos 30 años, en la que participaron directores, actores, fotógrafos, críticos, productores, guionistas y escritores. Alonso Lujambio analiza el pensamiento de Efraín González Morfín en el artículo "La izquierda del PAN". Enrique Bautista escribe acerca de la agenda de los indocumentados. Carlos Elizondo y Ana Laura Magaloni analizan el proceso de toma de decisiones de la Corte.
Voz y voto. No. 187, septiembre. Ejemplar dedicado a analizar las adecuaciones que todavía es necesario implementar a la Ley Federal de Radio y Televisión, derivado de la reforma constitucional en materia electoral. Sobre el tema escriben Ricardo García Cervantes, Lorenzo Córdova, Beatriz Solís, Carlos Sotelo, José Luis Vázquez y Jaqueline de la O. Además, Emilio Caballero estudia el modelo mexicano de tributación en comparación con el que tienen los países de la OCDE.
(7 septiembre 2008).- La pena de muerte es un tema que gira en círculos concéntricos. Ejercida en el estado de Texas, admite el ánimo de lo grotesco. Pero en los días actuales, con delincuentes que son auténtica escoria, resurge la idea de un ajuste de cuentas que ponga fin a quienes han agredido una sociedad, con los cuales la justicia debe ser implacable. Ya el público observaba con ojos ávidos el fusilamiento de los integrantes de una banda que fungió al amparo de la postrevolución. Así, Enrique Rosas y Joaquín Coss en El automóvil gris (1919) incluyeron la escena documental donde eran acribillados el hispano Higinio Granda y Francisco Oviedo, jefes de la oprobiosa organización delictiva que dio nombre al filme. En los cines llegaban a aplaudir cuando llegaba ese esperadísimo fragmento.
En un contexto muy diferente, en la novela Julieta del marqués de Sade, de pronto y sin más, los personajes reflexionaban en torno a la pena de muerte. Unos estaban de acuerdo, otros consideraban que ese castigo había suscitado que los maleantes, la mayoría asaltantes de carruajes, actuaban con enorme violencia y llegaban al crimen con tal de evitar que las víctimas los denunciaran. Eso ocurría en los lejanos tiempos del siglo XVIII.
En un texto ejemplar, Reflexiones sobre la guillotina, del escritor existencialista Albert Camus, se lee: "Poco antes de la guerra de 1914, un asesino, cuyo crimen fue particularmente digno de enojo (había asesinado a un matrimonio de granjeros con sus hijos), fue condenado a muerte en Argel... Todo el mundo pensó que la decapitación era una pena demasiado débil para un monstruo semejante. Ésa fue, me dijeron, la opinión de mi padre; él quiso asistir a la ejecución. A nadie dijo lo que había visto esa mañana.... Acababa de descubrir la realidad que se oculta bajo las grandes fórmulas que la disimulan. Parece difícil seguir creyendo que está destinada, como debiera ser su función, a proporcionar más paz y orden en la ciudad. Se advierte, por el contrario, que ella no es menos indignante que el crimen, y que ese nuevo asesinato, lejos de reparar la ofensa hecha al cuerpo social, agrega una nueva mancha a la primera". Ése es un argumento razonable sin que invalide el castigo.
La pena de muerte será asunto polémico. Desde luego que tampoco es el remedio, es un paliativo en una era descentrada y que ha llegado a un punto extremo. Si antes la idea alteraba los nervios de los que proclaman los derechos humanos, ahora el tema debe abrirse en un debate franco y abierto. Esto, sobre todo, porque las cárceles son espacios de poder para quienes tengan los recursos, ellos contarán con droga, alcohol, mujeres y comodidades sin fin que de ningún modo les hará visibles sus delitos. Por ello habría que terminar con una cita de Diderot: "la vida es el mayor de los bienes, cada uno ha consentido en que la sociedad tenga el derecho de quitárselo a aquel que se lo quite a otros".

References: resolución

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 artículo 23
 artículo 24
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