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Timestamp: 2019-07-16 10:33:46+00:00

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﻿ SENTENCIA 2014-00376/1527-2016 DE MARZO 1 DE 2018
SENTENCIA 2014-00376 DE 01 DE MARZO DE 2018
CONTENIDO:NATURALEZA DE LA LIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS Y DE LA SANCIÓN MORATORIA APLICABLE A SERVIDORES PÚBLICOS. SE EXPLICA QUE LA LEY 50 DE 1990 CONSTITUYO EL RÉGIMEN ANUALIZADO DE LIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS, SEÑALANDO LA REALIZACIÓN POR ANUALIDAD O FRACCIÓN, SIN PERJUICIO DE EFECTUARSE EN FECHA DIFERENTE POR LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO. DE IGUAL FORMA, LA SANCIÓN MORATORIA CUANDO NO SE EFECTÚE DE MANERA OPORTUNA LA CONSIGNACIÓN DEL AUXILIO EN EL FONDO PRIVADO EN EL QUE SE ENCUENTRE AFILIADO EL TRABAJADOR, QUE CONSISTE EN EL PAGO DE UN DÍA DE SALARIO POR CADA DÍA DE RETARDO. SIN EMBARGO, CUANDO SE TERMINE LA RELACIÓN LABORAL Y EXISTAN SALDOS DE CESANTÍAS A FAVOR DEL TRABAJADOR QUE NO HAYAN SIDO ENTREGADOS AL FONDO EL EMPLEADOR SE LOS PAGARÁ DIRECTAMENTE, CON LOS INTERESES LEGALES RESPECTIVOS. ASÍ MISMO, SE SEÑALÓ QUE LOS SALARIOS MORATORIOS, QUE ESTÁN A CARGO DEL EMPLEADOR QUE INCUMPLA SU OBLIGACIÓN DE CONSIGNAR LAS CESANTÍAS EN EL TÉRMINO QUE LA LEY CONCEDE NO SON ACCESORIOS A LA PRESTACIÓN DE CESANTÍAS. SI BIEN ES CIERTO SE CAUSAN EN TORNO A ELLAS, NO DEPENDEN DIRECTAMENTE DE SU RECONOCIMIENTO, NO HACEN PARTE DE ELPUES SU CAUSACIÓN ES EXCEPCIONAL, ESTÁ SUJETA Y DEVIENE DEL INCUMPLIMIENTO U OMISIÓN DEL DEBER LEGAL CONSAGRADO A CARGO DEL EMPLEADOR, ESTÁN CONCEBIDAS A TÍTULO DE SANCIÓN, POR LA INOBSERVANCIA DE LA FECHA EN QUE SE DEBE EFECTUAR LA CONSIGNACIÓN DE ESA PRESTACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:AUXILIO DE CESANTÍAS, CONTRATO DE TRABAJO, TRABAJADOR, INDEMNIZACIÓN MORATORIA, SANCIÓN POR MORA EN EL PAGO DEL SALARIO, AHORRO DE CESANTÍAS
Sentencia 2014-00376 de marzo 1º de 2018
Bogotá, D.C., primero (1) de marzo de dos mil dieciocho (2018).
Rad.: 08001-23-33-000-2014-00376-01(1527-16)
Actor: Alecys Cecilia Ortiz Orellano
Demandado: Departamento del Atlántico, Contraloría General del Departamento del Atlántico
SO. 0040
El problema jurídico consiste en establecer si la señora Alecys Cecilia Ortiz Orellano tiene derecho al reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 y la de la Ley 244 de 1995 solicitada en su demanda, por considerar que recibió un pago parcial del auxilio de cesantías, dado a que la Contraloría General del Departamento del Atlántico realizó una nivelación salarial que presuntamente no fue tenida en cuenta.
Luego, mediante el Decreto 2767 de 1945 se determinaron las prestaciones sociales de los empleados departamentales y municipales; el artículo 1º del mencionado decreto les hizo extensivas las prestaciones consagradas por el artículo 17 de la Ley 6 de 1945, lo cual incluyó el auxilio de cesantías. En el artículo 6º ibidem, se establecieron las situaciones que se tendrían como despido para efectos de la liquidación del referido auxilio.
Así mismo la «Ley 50 de 1990 en el artículo 99, expresamente constituye el régimen anualizado de liquidación de cesantías cuando en su numeral 1º señaló, que “El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo”. En el numeral 2º, ordenó la cancelación de los intereses legales del 12% anual o proporcional por fracción, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente. En su numeral 3º, fijó la sanción moratoria cuando no se efectúe de manera oportuna la consignación del auxilio en el fondo privado en el que se encontrara afiliado el trabajador, que consiste en el pago de un día de salario por cada día de retardo. Y, en el numeral 4º, dispuso que cuando se termina la relación laboral y existan saldos de cesantías a favor del trabajador que no haya sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos».(5)
Se evidencia en el expediente que la demandante se vinculó con la Contraloría General del Departamento del Atlántico en el cargo de profesional universitario código 219 grado 09, el día 4 de septiembre de 2006 según documento obrante a folio 29 del expediente.
Se tiene que a folios 15 a 25 se encuentra la solicitud por parte de la accionante de 16 de octubre de 2013 a la entidad demandada, consistente en que se le consignen las cesantías causadas desde 2002 hasta el año 2012, al igual que la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las mismas por ser estas parciales.
Se halla repuesta negativa por parte de la Contraloría Departamental del Atlántico de 6 de noviembre de 2013 número 01113713 (fls. 26 a 28), mediante la cual se le indicó que se le cancelaron las respectivas cesantías en el fondo correspondiente que respecto al pago de la citada prestación se hace necesario aclarar que no hubo pago parcial o incumplimiento de la misma por parte de la entidad, además que si no estaba de acuerdo con la liquidación del auxilio de cesantías debió acudir a las acciones administrativas correspondientes que la ley otorga.
Ahora bien, de conformidad con las pruebas existentes en el expediente se estableció para la Sala que la señora Alecys Cecilia Ortiz Orellano es beneficiaria del régimen establecido en la en la Ley 50 de 1990 por cuanto se vinculó con posterioridad al 31 de diciembre de 1996 y le es aplicable la Ley 344 de 1996 que se reglamenta por el Decreto 1285 de 1998.
También se aprecian las a folios 100 a 155 y de 124 a 161 los documentos y resoluciones en donde se le reconoció el pago de las cesantías parciales y definitivas a la demandante, como las consignaciones al fondo de cesantías de los años 2007 a 2012, por la totalidad de los valores allí reconocidos.
Siendo así y como quiera que las Subsecciones A y B han aplicado la prescripción trienal en asuntos relativos a sanción moratoria, se considera que no hay controversia alguna sobre ese particular; no obstante, sí es del caso precisar que la norma que se ha de invocar para ese efecto, es la consagrada en el Código de Procedimiento Laboral, artículo 151, (...)” (Negrillas y subrayado fuera del texto original).
De conformidad con todo lo anterior la Sala concluye que como en el presente caso existió el reconocimiento y pago oportuno de las cesantías parciales y definitivas a la demandante, con base en los salarios y prestaciones vigentes al momento de la causación de los mismos, por la totalidad de los periodos 2007 a 2012, no proceden las súplicas de la demanda frente a esta pretensión.
Con relación a la solicitud atinente a la mora prevista en la Ley 244 de 1995, se tiene que esta no es de recibo, por cuanto a la accionante se le canceló en tiempo la totalidad de sus cesantías definitivas mediante Resolución 00053 de 2012 (f. 107).
a. La legislación varió del Código de Procedimiento Civil al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para la condena en costas de un criterio subjetivo a uno objetivo;
b. Toda sentencia “dispondrá” sobre costas, bien sea con condena total o parcial o con abstención;
c. Se requiere que en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso);
d. La cuantía de la condena en agencias en derecho se hará atendiendo el criterio de la posición en la relación laboral, pues varía según sea parte vencida, si es el empleador o si es el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura), la complejidad e intensidad de la participación procesal; y,
e. Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas.
Por todo lo anteriormente expuesto y una vez analizadas las pruebas en conjunto como lo establece la sana crítica, esta Sala de Subsección procederá a CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico de 15 de julio de 2015, que negó las pretensiones de la demanda.
CONFIRMAR la sentencia de 15 julio de 2015, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva.
Se condena en costas en esta instancia a la parte demandante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 365 Código General del Proceso.
5 Sentencia de 29 de enero de 2015, Consejo de Estado, Sección Segunda – Subsección «A», Exp. 70001-23-33-000-2012-00053-01 (0613-14). Actor: Alonso Emiro Rengifo Lobo. Demandado: Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Sincelejo, IMDER.
6 “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”,
7 De conformidad con el Decreto 1582 de 1998 reglamentario de los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016, Rad. 08001 23 31 000 2011 00628-01 (0528-14), C.P. Dr. Luis Rafael Vergara Quintero.
10 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 21 de mayo de 2009, Exp. 2070-07, C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve; ii) De la Subsección A, sentencia de 15 de septiembre de 2011, C.P. Dr. Luis Rafael Vergara Quintero, Rad. 2005-09; iii) De la Subsección B, sentencia de 9 de mayo de 2013, C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve, Rad. 1219-2012; iv) De la Subsección A, sentencia de 20 de noviembre de 2014, C.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón, Rad. 3404-13; v) De la Subsección A, sentencia de 22 de enero de 2015, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad. 2924-2013.
14 En Sentencia C-448 de 1996, la Corte Constitucional consideró que esta sanción “busca penalizar económicamente a las entidades que incurran en mora...”.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección «B» Rad. 08001233300020140033201 Nº interno: 3815-2015. Actor: Juan Carlos Torres Trillos. Demandados: Departamento del Atlántico. Contraloría del Atlántico.
17 Artículo 171, num. 4º en concordancia con el art. 178, ib.

References: artículo 1
 artículo 17
 artículo 6
 artículo 99
 artículo 151
 Resolución 
 artículo 365
 Artículo 171