Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/2418
Timestamp: 2020-04-08 22:35:31+00:00

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Système HJ - Décision: SENTENCIA 289/1993
SENTENCIA 289/1993, de 4 de octubre
ECLI:ES:TC:1993:289
En el recurso de amparo 1.420/91, promovido por doña María Desamparados Montalt Bernardi, representada por el Procurador don Santos de Gandarillas Carmona bajo la dirección técnica del Abogado don Angel Díaz Ferreiros, contra la Sentencia emitida por el Juzgado de Distrito núm. 24 de Barcelona, de 16 septiembre 1988 (a. 66-88-C), así como contra las Sentencias que denegaron el recurso de audiencia al rebelde interpuesto contra aquélla. Ha comparecido la Sociedad Anónima de Gestión y Arrendamientos Urbanos, representada por la Procuradora doña Monserrat Sorribes Calle y defendida por el Abogado don Guzmán Vidal Giménez. Ha intervenido el Ministerio Fiscal, y ha sido Ponente el Magistrado don Vicente Gimeno Sendra, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 28 junio 1991, se interpuso el recurso de amparo de referencia contra la Sentencia que había dictado el Juzgado de Distrito núm. 24 de Barcelona, de 16 septiembre 1988 (a. 66-88-C), que a instancia de la Sociedad Anónima de Gestión y Arrendamientos Urbanos declaró resuelto el contrato de arrendamiento firmado por don Juan José Sánchez Villalobos respecto a la vivienda de la calle Gandesa núm. 3, 2º 3ª, de Barcelona. Asimismo contra la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial (Sección 9ª) de Barcelona, de 24 abril 1989 (r. 9-89), que desestimó la demanda de audiencia interpuesta por don Juan José Sánchez Villalobos y doña María Desamparados Montalt Bernardi, y declaró que no había lugar a oír al litigante condenado en rebeldía. Así como contra la Sentencia pronunciada por el Tribunal Supremo (Sala Primera), de 24 mayo 1991 (r. 1408-89), que estimó el recurso de casación planteado por la Sra. Montalt, y casó parcialmente la Sentencia dictada por la Audiencia, declarando que tampoco procedía haber lugar a oír en rebeldía a la actora.
a) El Juzgado de Distrito siguió un procedimiento de desahucio contra el ex esposo de la recurrente en amparo, quien había sido declarado rebelde y citado mediante edictos. En el contrato de arrendamiento objeto del litigio se contiene una claúsula adicional, donde se hace constar que el piso se destinará exclusivamente para vivienda del arrendador y sus familiares, manifestando que con él convive su esposa, doña Amparo Montalt Bernardi.
Por Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 17 de Barcelona, dictada el 1 septiembre 1982, se declaró el divorcio entre el Sr. Sánchez Villalobos y la demandante de amparo. La resolución atribuyó a ésta el uso y disfrute de la vivienda conyugal.
b) La única noticia que tuvo la Sra. Montalt sobre el pleito de desahucio fue cuando, al regresar por la noche a su domicilio, se encontró con que había sido lanzada por el Juzgado y depositados sus enseres en un almacén.
c) Interpuesto recurso de casación, el Tribunal Supremo casó la Sentencia de la Audiencia por infracción del art. 379 L.E.C., y entró a resolver sobre la audiencia a la Sra. Montalt. La respuesta fue negativa pues, además de no constar acreditado cumplidamente que cuando se publicaron los edictos emplazando a su ex marido se hallaba ausente del pueblo sin haber regresado a él durante la tramitación del juicio, no fue declarada en rebeldía, ni tan siquiera citada en las actuaciones, incumpliendo los requisitos que exige el art. 785 L.E.C.
Por añadidura, la Sentencia del Tribunal Supremo ha vulnerado los derechos fundamentales invocados, al esgrimir falta de jurisdicción para no remediar la insólita situación jurídica en que se encuentra la Sra. Montalt, al haber sido privada de la vivienda que tenía arrendada sin haber sido oída. Finalmente, se ha vulnerado el art. 14 C.E. por discriminar a la mujer en relación al marido, pues no es razonable suponer que por ser demandado sólo éste, cuando constitucionalmente debían haberlo sido ambos, se puede privar a la esposa del acceso a los Tribunales para defender su derecho, aun tratándose de un recurso extraordinario, como es el de audiencia (citando la STC 159/1989).
No obstante, si se entra en el fondo de la pretensión de amparo, el Fiscal entiende que la Sentencia que resolvió el contrato de arrendamiento vulnera el art. 24.1 C.E. La actora tenía atribuida la vivienda por la Sentencia de divorcio, por lo que debió ser llamada al proceso en unión de su marido para poder comparecer, alegar y practicar las pruebas pertinentes (STC 135/1986). La falta de citación conjunta de ambos cónyuges no tiene que producir indefensión necesariamente, porque si comparece y actúa en el proceso quien ha firmado el contrato de arrendamiento intuitu familiae, se entiende que defiende el interés familiar. Pero, al declarar la rebeldía del marido y continuar el proceso, que daría lugar a Sentencia resolutoria por no estar habitada la vivienda, el Juzgado debió aplicar el litis consorcio pasivo necesario creado por el art. 96 del Código Civil entre los cónyuges en los contratos de arrendamiento celebrados en interés familiar. La omisión del órgano judicial produjo la situación de indefensión de la actora, al dictase Sentencia sin haberla oído en juicio.
6. La Sra. Montalt Bernardi formuló alegaciones el 13 enero 1992, ratificando las presentadas en su escrito de demanda, e insistiendo en los hechos y fundamentos de su pretensión constitucional.
8. Por providencia de 14 de septiembre de 1993 se acordó fijar el siguiente día 20 del mismo mes en que dió comienzo la deliberación y votación de la presente Sentencia, que ha finalizado en el día de hoy.
Por una parte, la demanda alega que la Sentencia de desahucio recaída sobre la vivienda familiar le ha sumido en indefensión, contraria al art. 24.1 CE. En el proceso civil solamente fue emplazado su anterior esposo, quien había firmado en su día el contrato de arrendamiento, y que al no comparecer fue declarado en rebeldía, prosiguiéndose el litigio en su ausencia. Con este modo de proceder, el Juzgado habría ignorado las consecuencias de una Sentencia de divorcio, recaída varios años antes, en que se había adjudicado a la Sra. Montalt el derecho de uso sobre la vivienda.
2. Es cierto, tal y como indica el Ministerio Fiscal, que la redacción vigente de la Ley de Enjuiciamiento Civil no prevé expresamente la posibilidad de que solicite audiencia la persona que no haya sido demandada y, por ende, no haya sido emplazada y declarada formalmente rebelde en el proceso. Como hemos declarado desde la STC 81/1985, fundamento jurídico 2º, "la situación de rebeldía supone un emplazamiento previo y válido ... y la no comparecencia por parte de los emplazados". Y, precisamente, la queja de indefensión que formula la demandante de amparo se cifra en no haber sido demandada por el arrendador, y por ende en no haber sido emplazada al proceso de desahucio por el órgano judicial.
Por tanto, no cabe apreciar que la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo, que denegó la audiencia solicitada por la antigua esposa del arrendatario, haya incurrido en vulneración alguna del derecho fundamental de la actora a la tutela judicial, ex art. 24.1 CE. En la STC 185/1990, al enjuiciar la constitucionalidad del art. 240.2 LOPJ, observamos que el recurso extraordinario de audiencia contra Sentencias firmes permite a los órganos judiciales remediar aquellas situaciones de indefensión, contrarias al art. 24.1 C.E., cuando el vicio determinante de inconstitucionalidad es detectado después de que la Sentencia deviene firme, y por ende intangible a través de los recursos de apelación, suplicación o casación (fundamento jurídico 2º). Pero también afirmamos que el derecho a obtener la tutela judicial efectiva es regulado de diversos modos por las normas legales que determinan su alcance y contenido concretos, y establecen los requisitos y condiciones para su ejercicio, con lo que la misma ha de producirse en los términos y dentro de los cauces que el legislador, respetando el contenido esencial del derecho fundamental en cuestión, haya querido articular (fundamento jurídico 3º, con cita de las STC 17/1985, 100/1987, 206/1987, y 4/1988). Por lo que es al legislador a quien corresponde establecer el cauce procesal adecuado para permitir a los Jueces ordinarios remediar indefensiones producidas en el proceso, aun cuando ya haya recaído Sentencia, en su caso por medio del desarrollo legislativo del art. 53.2 C.E. (STC 185/1990, fundamento jurídico 5.
3. No es posible acoger, sin embargo, la conclusión de inadmisibilidad del recurso de amparo que postula el Fiscal. La parte demandante de amparo solicitó la audiencia contra la Sentencia firme de desahucio junto con su ex esposo, que sí había sido declarado rebelde tras no comparecer en el proceso después de su emplazamiento. Y, al conocer de su posterior recurso de casación, el Tribunal Supremo reconoció que la Audiencia había incurrido en incongruencia por no resolver específicamente las alegaciones presentadas por la Sra. Montalt, que le atañían a ella personalmente y no a su anterior marido, por lo que casó su Sentencia, y dictó otra resolviendo la petición de audiencia presentada por la ahora demandante de amparo.
Estas circunstancias impiden apreciar que el recurso de audiencia al rebelde fuera manifiestamente improcedente, y por ende inidóneo para interrumpir el plazo que el art. 44.2 LOTC otorga para interponer el recurso de amparo contra actos judiciales. Constituye doctrina constitucional que, "ciertamente, el plazo para recurrir en amparo es un plazo de caducidad que no puede quedar al arbitrio de las partes ni ser objeto de prórrogas artificiales, por lo que no es admisible pretender alargarlo y, sobre todo, reabrirlo unilateralmente mediante la prolongación, asimismo, artificial de las actuaciones judiciales previas o la utilización de recursos inexistentes en la Ley o manifiestamente improcedentes contra una resolución firme. Pero no es menos cierto que esa regla de orden público procesal debe conciliarse con el derecho del interesado a utilizar cuantas acciones y recursos considere útiles para la defensa de sus derechos e intereses, aun los de dudosa procedencia, siempre que no se vislumbre en ello una intención meramente dilatoria o defraudadora del contenido del plazo legal y su perentoria caducidad" (STC 120/1986, fundamento jurídico 1º, reiterada entre otras por las SSTC 50/1990, fundamento jurídico 2º, y 224/1992, fundamento jurídico 2º).
Como hemos afirmado en dichas Sentencias, no puede exigirse del recurrente que asuma el riesgo de lo que, a su juicio y razonablemente, pudiera suponer una falta de agotamiento de la vía judicial previa. Conclusión ésta que resulta avalada por los principios de interpretación más favorable al acceso jurisdiccional y de subsidiariedad del recurso constitucional de amparo, pues la Constitución contempla éste como una vía extraordinaria y suplementaria para proteger los derechos y libertades enumerados por su art. 53.2, que sólo puede ser intentada tras agotar los recursos ante los Tribunales del correspondiente orden jurisdiccional, a quienes compete la tutela general de los derechos y libertades constitucionales (STC 138/1985, fundamento jurídico 3º, 186/1987, fundamento jurídico 1º, y 185/1990, fundamento jurídico 4º). Ello es especialmente cierto en lo relativo al recurso de audiencia al rebelde porque, como indicamos en la mencionada STC 185/1990, fundamento jurídico 5º, es preciso interpretar las normas procesales que integran alguna vía rescisoria de Sentencias firmes en el sentido más favorable para permitir la tutela en fase jurisdiccional de los derechos fundamentales.
En conclusión, por tanto, no cabe apreciar que la demandante de amparo haya actuado con una finalidad meramente dilatoria o defraudatoria del plazo de interposición del recurso de amparo, cuando solicitó audiencia frente a la Sentencia que decretó el desahucio de la vivienda familiar, por lo que procede entrar en el fondo de su recurso.
4. Ahora bien, la Sra. Montalt no sufrió en el transcurso del juicio de desahucio una situación de indefensión contraria al art. 24.1 C.E., por lo que su pretensión de amparo debe ser denegada.
En efecto, en el caso presente existe un conjunto de factores que impiden hablar de indefensión contraria al derecho fundamental que reconoce el art. 24.1 CE. En primer lugar, no resulta en modo alguno evidente que la Sra. Montalt tuviera derecho a ser emplazada en el juicio instado por la dueña contra el arrendatario de la vivienda, su ex marido. No procede entrar a examinar si el art. 96 del Código Civil establece un litisconsorcio pasivo necesario en estos supuestos, o la influencia que en esta materia puede tener el régimen general de separación de bienes que establece la Compilación de Derecho Civil de Cataluña. Tales cuestiones han de ser dejadas a los Tribunales competentes para interpretar la ley civil, y resultan irrelevantes en un proceso que sirve para proteger la integridad de los derechos fundamentales, no la observancia de la ley. Lo determinante en esta sede constitucional es que el Juzgado emplazó correctamente a quien había sido demandado por la parte actora en el pleito civil, que era la persona que aparecía como titular del derecho sometido a litigio (STC 151/1988, fundamento jurídico 2º, y ATC 1070/1988). Y este litigio consistía, precisamente, en un juicio de desahucio, caracterizado por la urgencia y por el debilitamiento, cuando menos, del efecto de cosa juzgada material de su Sentencia (STC 83/1983, fundamento jurídico 2º). Por consiguiente, es razonable entender que, en circunstancias normales, el emplazamiento de cualquier miembro de la familia en el domicilio familiar, al menos en este tipo de procesos civiles sobre derechos patrimoniales, es suficiente para evitar la indefensión, salvo que concurran factores excepcionales que corresponde mostrar al que los alega. Así lo han entendido, en supuestos similares, las SSTC 198/1987 y 194/1988.
Esta cuestión no fue abordada, ni resuelta, en la STC 135/1986, en la que precisamente la ocupante del piso había intentado su personación en el proceso civil en tiempo útil para su defensa; pues había sido alertada de la existencia del pleito al recibir en el domicilio familiar la cédula de emplazamiento dirigida a su marido. Pero el derecho que se encuentra en cuestión en el caso actual no es el derecho a personarse en el proceso, sino el derecho a ser emplazado personalmente a él; y, por ende, a que si la personación se produce más tarde por no haber sido citada en tiempo y forma, a que se anulen las actuaciones al momento inicial. Pero el derecho a ser emplazado en un proceso es, sin duda, un derecho más limitado que el derecho a personarse en él (SSTC 133/1986, fundamento jurídico 4º, 151/1988, fundamento jurídico 2º y 4º, 6/1992, fundamento jurídico 6º y 7º, y ATC 377/1990, fundamento jurídico 3º).
Los intereses legítimos de la Sra. Montalt, derivados del contrato de arrendamiento firmado por su marido, quedaron en el caso presente suficientemente protegidos por el emplazamiento efectuado en el domicilio familiar. Y el derecho a usar la vivienda, concedido por la Sentencia de divorcio, quedó desatendido por causa imputable a ella misma, al no haber notificado al arrendador dicha resolución judicial (STC 126/1989).
Todos estos datos fácticos, constatados judicialmente, nos llevan a la convicción de que, aun si se hubiera practicado una notificación individualizada dirigida a la Sra. Montalt, hubiera dado un resultado negativo idéntico al que produjo la dirigida a su ex marido. La indefensión que prohíbe el art. 24.1 C.E. no es formal, traducida en el cumplimiento de los requisitos y trámites procesales marcados por las leyes, sino material, cifrada en el disfrute de una oportunidad real de alegar y probar en defensa de los derechos e intereses legítimos (STC 1/1983, fundamento jurídico 3º, 48/1986, fundamento jurídico 1º, y 35/1989, fundamento jurídico 3º). Desde esta perspectiva, igualmente, el actual recurso de amparo debe fracasar.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 1420-1991
Contra Sentencia dictada por el Juzgado de Distrito núm. 24 de Barcelona, así como contra las que denegaron el recurso de audiencia al rebelde interpuesto contra aquélla.
Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: emplazamiento de la recurrente, ex cónyuge del titular del contrato de arrendamiento, efectuada en el domicilio familiar
El derecho a obtener la tutela judicial efectiva es regulado de diversos modos por las normas legales que determinan su alcance y contenido concretos, y establecen los requisitos y condiciones para su ejercicio, con lo que la misma ha de producirse en los términos y dentro de los cauces que el legislador, respetando el contenido esencial del derecho fundamental en cuestión, haya querido articular [F.J. 2].
Constituye doctrina constitucional que el «plazo para recurrir en amparo es un plazo de caducidad que no puede quedar al arbitrio de las partes ni ser objeto de prórrogas artificiales, por lo que no es admisible pretender alargarlo y, sobre todo, reabrirlo, unilateralmente mediante la prolongación, asimismo, artificial de las actuaciones judiciales previas o la utilización de recursos inexistentes en la Ley o manifiestamente improcedentes contra una resolución firme. Pero no es menos cierto que esa regla de orden público procesal debe conciliarse con el derecho del interesado a utilizar cuantas acciones y recursos considere útiles para la defensa de sus derechos e intereses, aun los de dudosa procedencia, siempre que no se vislumbre en ello una intención meramente dilatoria o defraudadora del contenido del plazo legal y su perentoria caducidad» (por todas, STC 224/1992) [F.J. 3].
Es razonable entender que, en circunstancias normales, el emplazamiento de cualquier miembro de la familia en el domicilio familiar, al menos en los procesos civiles sobre derechos patrimoniales, es suficiente para evitar la indefensión, salvo que concurran factores excepcionales que corresponde mostrar al que los alega [F.J. 4].
Artículo 766, f. 4
Artículo 785, f. 1
Artículo 58.3, f. 5
Artículo 114.11, f. 5
Emplazamiento en el domicilio familiarEmplazamiento en el domicilio familiar, f. 4
Juicio de desahucioJuicio de desahucio, ff. 2, 4, 5

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 766

Artículo 785

Artículo 58

Artículo 114