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Timestamp: 2018-07-23 05:46:54+00:00

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Rafael Badell Madrid. Comentarios sobre las Bases Comiciales decretadas por el Presidente de la República
Comentarios sobre las Bases Comiciales decretadas por el
Rafael Badell Madrid*
2. Inconstitucionalidad por usurpación de poderes del pueblo Soberano.
3. Inconstitucionalidad por la limitación del derecho de participación ciudadana.
4. Inconstitucionalidad por condicionamiento de la selección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente.
5. Inconstitucionalidad por violación del principio de la representación proporcional.
6. Inconstitucionalidad por exclusión de los partidos políticos del régimen de postulaciones.
7. Inconstitucionalidad por discriminación y exclusión de los electores venezolanos por naturalización.
8. Sobre el Decreto que complementa las bases comiciales.
9. Contenido de la función constituyente.
En fecha 23 de mayo de 2017 fue publicado en Gaceta Oficial N° 41.156, el Decreto N° 2.878 de la misma fecha (en lo sucesivo referido como las ¨Bases¨), mediante el cual el Presidente de la República ¨en su cualidad de convocante¨, dictó las bases comiciales territoriales y sectoriales, sobre las cuales ¨se llevará a cabo la convocatoria, conformación y funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente¨, inconstitucionalmente convocada previamente por el mismo Presidente mediante Decreto N° 2.830 de fecha 1° de mayo de 2017, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.295 extraordinario de la misma fecha.
Posteriormente, el 4 de junio del presente año fue publicado en Gaceta Oficial N°6.303 extraordinario, el Decreto N°. 2.889, mediante el cual el Presidente de la República ¨complementó¨ la ¨propuesta de Bases Comiciales para la Asamblea Nacional Constituyente contenidas en el Decreto N° 2.878, de fecha 23 de mayo de 2017¨, y exhortó a que el proyecto de Constitución que se redacte en su seno sea sometido a referéndum aprobatorio popular, en los términos establecidos en el artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
De conformidad con lo establecido en las Bases, los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente serán elegidos en el ámbito territorial y sectorial, ¨mediante el voto universal, directo y secreto¨, sin perjuicio de los integrantes de los pueblos indígenas que serán elegidos de acuerdo a sus costumbres y prácticas ancestrales. Los sectores a los que se refieren las Bases, según su punto PRIMERO, comprenden: 1) Trabajadores y Trabajadoras. 2) Campesinos y Campesinas y Pescadores y Pescadoras. 3) Los y las Estudiantes. 4) Personas con discapacidad. 5) Pueblos Indígenas. 6) Pensionados y Pensionadas. 7) Empresarios y Empresarias. 8) Comunas y Consejos Comunales.
Las Bases disponen que la Asamblea Nacional Constituyente estará integrada por trescientos sesenta y cuatro (364) miembros escogidos territorialmente; ocho (8) electos por los pueblos indígenas; y Constituyentes Sectoriales cuyo número se obtendrá del cociente entre el registro electoral de cada sector y el factor obtenido para calcular las y los Constituyentes Territoriales, esto es una o un (1) Constituyente Sectorial por cada ochenta y tres mil (83.000) electores del registro electoral sectorial. La Asamblea Nacional Constituyente tendrá una conformación unicameral y sólo se elegirán representantes principales (punto SEGUNDO de las Bases).
Las Bases también determinan, en su punto QUINTO, la utilización, por parte del Consejo Nacional Electoral, de registros de los sectores de las instituciones oficiales, gremios y asociaciones, debidamente establecidos, con el fin de agrupar dichos registros por áreas de similar condición y distribuirlos según la base poblacional establecida en el punto TERCERO.
Asimismo, disponen las Bases que ningún elector podrá estar en más de un registro sectorial, y que la postulación de los candidatos sólo podrá presentarse: (i) por iniciativa propia, si cuenta con el respaldo del 3% de los electores inscritos en el Registro Electoral de los municipios para la elección de los Constituyentes Territoriales; (ii) Por iniciativa de grupos de electores y (iii) Por iniciativa de los sectores mencionados, si reciben el respaldo del Registro del sector al que pertenece (puntos SEXTO y SÉPTIMO de las Bases).
Por último, para ser postulado como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, las Bases establecen los siguientes requisitos:
5. En el ámbito sectorial, presentar la constancia del postulado como candidato o candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, de que pertenece al sector postulante, y las demás que se establezcan en la normativa que se dicte al efecto.
Las Bases son inconstitucionales por cuanto violan los artículos 5, 39, 42, 62, 63, 64, 67, 70 y 347 de la Constitución al usurpar la soberanía del pueblo, como único titular del poder constituyente, y desconocer la voluntad popular a través de la imposición de un proceso constituyente y de las bases comiciales, limitando ilegítimamente el derecho de participación ciudadana en el ejercicio de su soberanía al regular quiénes pueden postularse al cargo de constituyente, determinar elecciones por sectores, excluir de los electores a los venezolanos por naturalización, por violar también el derecho al sufragio libre, universal y secreto, y el principio de representación proporcional.
Como punto previo es preciso señalar que las bases comiciales son inconstitucionales por cuanto usurpan la soberanía del pueblo establecida en el artículo 5 de la Constitución, así como el poder constituyente originario del pueblo (artículo 347 de la Constitución), al imponer las condiciones de elección de los integrantes de una Asamblea Nacional Constituyente -convocada inconstitucionalmente-, sin haber consultado previamente la voluntad del pueblo, único depositario del poder constituyente, y por tanto, único competente para otorgarle a la Asamblea el mandato de representarla, ordenar su misión y establecer los límites dentro de los cuales debe desempeñarla.
Las Bases son inconstitucionales desde que sólo podrían determinarse las bases comiciales, y por ende convocarse a referendo electivo de los constituyentistas, si en primer lugar, de una convocatoria previa de referendo consultivo, el pueblo, en ejercicio directo de su soberanía, determinara su voluntad de cambiar el texto de la Constitución, y construir un orden político y social nuevo, mediante la aprobación de la iniciación de un proceso constituyente; y en segundo lugar, si de una consulta referendaria se aprobaran, por todo el pueblo soberano de Venezuela, las normas comiciales.
Es decir, sólo luego de haber sido aprobada la convocatoria y las bases comiciales por la mayoría del pueblo venezolano, es que daría lugar a la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, quienes serían los encargados de la elaboración, redacción y discusión del nuevo texto constitucional.
Así entonces, las bases comiciales están contaminadas de los mismos vicios de inconstitucionalidad que se atribuyen a los Decretos Nro. 2.830 y No. 2.831, en tanto que la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente no ha sido legitimada por la voluntad popular, es decir, por el pueblo como único detentador de la soberanía nacional, y única entidad competente para hacerlo según lo dispone el artículo 347 de la Constitución. En este sentido, no puede el Presidente de la República continuar el proceso constituyente mediante la presentación al Consejo Nacional Electoral de unas bases comiciales para la elección de los miembros de la Asamblea Nacional constituyente, cuando el proceso como tal no ha sido iniciado por el pueblo quien es además el único competente para dictarlas.
Asimismo, debemos señalar que el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia para convocar elecciones de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, por cuanto su convocatoria no ha sido aprobada por el pueblo soberano a través de un referéndum consultivo y, de iniciar un proceso electoral para escoger a los constituyentistas, violaría los artículos 292 y siguientes de la Constitución, en concordancia con los artículos 2 y 3 de la Ley Orgánica del Poder Electoral.
3. Inconstitucionalidad por la limitación del derecho de participación ciudadana
El Presidente de la República, al decretar las Bases sin la aprobación mediante referendo consultivo del pueblo como único soberano y titular del poder constituyente originario, está violando flagrantemente la Constitución. En efecto, junto a la iniciativa de la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, deben someterse a la aprobación popular, mediante referendo consultivo establecido como forma de participación política en ejercicio directo de la soberanía del pueblo, las bases comiciales que regirían la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente, así como el tiempo de duración de la misma, con el objeto de respetar la aplicación de los artículos 2, 3, 5, 63, 64, 70, 71 de la Constitución, y por lo tanto, de no vulnerar o negar el derecho de participación política de todos los venezolanos.
Entonces, el Presidente de la República al presentar las bases comiciales para que el Consejo Nacional Electoral proceda a convocar las elecciones de los integrantes de la Asamblea Nacional, sin la previa aprobación de la voluntad del pueblo, está usurpando el poder constituyente en la aprobación de los mecanismos de participación para la elección de los constituyentes, y además está limitando de forma ilegítima el derecho constitucional de participación ciudadana de los venezolanos, dispuesto en el artículo 70 de la Constitución.
Igualmente, las Bases son inconstitucionales toda vez que establecen la elección de los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente ¨Originaria¨ en los ámbitos sectoriales y territoriales, violando en consecuencia lo dispuesto en el artículo 63 constitucional, en el cual se establece de forma literal que el sufragio, como derecho de participación política, se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. En efecto, el artículo 63 dispone que:
“Artículo 63. El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional.”
Las Bases son inconstitucionales por cuanto determinan la integración de una Asamblea Nacional Constituyente a través votaciones sectoriales y territoriales, es decir, por sectores escogidos por el Presidente de la República, en completa contravención con lo dispuesto en el precitado artículo 63, que establece que el sufragio es un derecho que se ejercerá mediante la votación universal, la cual implica que cualquiera que detente la condición de elector puede elegir y ser elegido, independientemente de su raza, sexo, creencias o condición social. A tal efecto, el propio texto constitucional determina en el artículo 64 quienes son los electores que están facultados para participar en sufragios de forma activa:
“Artículo 64. Son electores o electoras todos los venezolanos y venezolanas que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política.”
Las votaciones sectoriales y territoriales por las que se pretende que los miembros de la írrita Asamblea Constituyente sean elegidos, según lo disponen las Bases, por sectores escogidos por el Presidente de la República, no se corresponden de ninguna forma con las votaciones universales, según las cuales, cualquiera que detente la condición de elector (artículo 64 de la Constitución), puede elegir y ser elegido.
Al disponer estas Bases que parte de los constituyentes deben ser electos entre sectores (Empresarios, campesinos y pescadores, personas con alguna discapacidad, estudiantes, trabajadores, comunas y consejos comunales, y pensionados), de modo que los electores no puedan postularse libremente sino a través de sectores, y que los electores sólo puedan escoger entre los postulados de los sectores, limitan de forma directa el derecho al sufragio universal y libre. Esta inconstitucional limitación a la participación del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político, supone que los electores no tengan libertad de postulación y que los electores no tengan libertad de selección.
Por esta misma razón, las Bases atentan directamente contra la igualdad del voto (artículo 64 en concordancia con los artículos 19 y 21 constitucional), puesto que favorecen el resultado de los votos de los electores ¨inscritos¨ en los determinados sectores, mientras que limitan el derecho al sufragio de los electores no relacionados a esos sectores, en pleno ejercicio de su derecho al pluralismo político.
La Asamblea Constituyente, por ser un órgano representativo, distinto a los poderes constituidos, que se convoca y elige con la misión específica de elaborar y aprobar una Constitución, debe en su instalación, previa convocatoria del poder constituyente -el pueblo-, contar precisamente con la elección de sus integrantes por la vía del sufragio, a través de votaciones directas, universales y secretas.
Además, debemos resaltar que la universalidad del voto implica esencialmente la participación del pueblo como soberano en todos los electores considerados en su globalidad. Al determinar las Bases una elección sectorial y territorial escinden el concepto de pueblo, y por tanto divide la soberanía y el poder constituyente. En este sentido retiramos que el voto es universal únicamente si cualquier elector puede postularse y cualquier elector puede decidir, con base en los artículos 62 y siguientes de la Constitución.
Las Bases disponen una asignación de los constituyentes sobre una base que no se corresponde con la población nacional del Estado venezolano si no sobre la base territorial de cada municipio según lo dispuesto en el punto TERCERO del Decreto, de forma que vulneran el principio de la prevalencia de la mayoría sobre la minoría y el principio de representación proporcional.
En efecto, dispone el mencionado punto TERCERO la elección territorial de constituyentes de la siguiente forma:
Esta norma viola el principio de la representación proporcional que debe estar garantizado por la ley en el ejercicio constitucional del derecho al sufragio, establecido expresamente en el artículo 63 de la Constitución, del siguiente modo: ¨… La ley garantizará el principio de la personalización del sufragio y la representación proporcional¨, en tanto implicarían que en Estados mucho más poblados se elijan igual o menos Constituyentes que en otros con mucha menos población.
Al ser la Asamblea Nacional Constituyente el órgano constituido como representante del poder constituyente del pueblo en su conjunto, es decir, de la totalidad de los habitantes del territorio venezolano, los representantes que la integren deben ser elegidos, según la Constitución y la forma federal del Estado venezolano, mediante sufragio universal, directo y secreto, de carácter nacional. Sólo de esta forma se respetaría el principio de prevalencia de la mayoría sobre la minoría en el nivel nacional, y el principio de proporcionalidad, en los cuerpos representativos de las entidades políticas, de manera que los constituyentes de la Asamblea Nacional constituyente sean electos y efectivamente representen la totalidad de la población de todo el territorio venezolano.
También son inconstitucionales las Bases en tanto que violan lo dispuesto en el artículo 67 de la Constitución al excluir a los partidos políticos del régimen de postulaciones. Las Bases establecen de forma exclusiva la iniciativa individual, la de los grupos de electores y los sectores como posibles postulantes, trasgrediendo el artículo 67 constitucional que confiere a todas las asociaciones con fines políticos el derecho a concurrir a los procesos electorales postulando candidatos. En efecto, el artículo 67 dispone lo siguiente:
El condicionamiento al que someten las Bases, la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente en los ámbitos territoriales y sectoriales, por el Presidente de la República ante el Consejo Nacional Electoral, viola flagrantemente los artículos 2, 3, 5, 63, 64, 70, 71 de la Constitución, obviando el derecho constitucional a unas votaciones libres, universales, directas y secretas.
7. Inconstitucionalidad por discriminación y exclusión de los electores venezolanos por naturalización
Las Bases comiciales son igualmente inconstitucionales por cuanto determinan en su punto SÉPTIMO que sólo podrán ser postulados como candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente los venezolanos por nacimiento sin otra nacionalidad, excluyendo inconstitucionalmente a los venezolanos por naturalización y a los venezolanos que tengan más de una nacionalidad.
La Constitución, en su artículo 39, es más que clara al disponer que todos los venezolanos, sin distinción alguna, ejercen la ciudadanía y en consecuencia, son titulares de derechos y deberes políticos. El mencionado artículo determina únicamente tres excepciones por las cuales los venezolanos no detentan dichos derechos, estos son: 1. Estar sujetos a inhabilitación política, 2. Estar sujetos a interdicción civil, y 3.No cumplir con las condiciones de edad previstas en la Constitución. En este sentido, dispone el artículo 42 eiusdem que el ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos sólo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley.
Asimismo, dispone la Constitución que todos los ciudadanos tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos (artículo 62), por lo que son electores todos los venezolanos, de nuevo, sin alguna distinción de única nacionalidad o por origen, que hayan cumplido dieciocho años de edad y que no estén sujetos a interdicción civil o inhabilitación política (artículo 64).
Las únicas excepciones que hace la Constitución de Venezuela sobre los requisitos para optar a ciertos cargos públicos están establecidos en el artículo 41, según el cual sólo los venezolanos por nacimiento y sin otra personalidad podrán ejercer los cargos de Presidente de la República, Vicepresidente Ejecutivo, Presidente y Vicepresidente de la Asamblea Nacional, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, Presidente del Consejo Nacional Electoral, Procurador General de la República, Contralor General de la República, Fiscal General de la República, Defensor del Pueblo, Ministros de los despachos relacionados con la seguridad de la Nación, finanzas, energía y minas, educación; Gobernadores y Alcaldes de los Estados y Municipios fronterizos y aquellos contemplados en la ley orgánica de las Fuerzas Armadas.
Entonces, es evidente que las Bases son inconstitucionales por cuanto discriminan a los venezolanos que no hayan nacido en Venezuela o que tengan más de una nacionalidad, aparte de la venezolana, para ser candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, en violación a lo dispuesto en los precitados artículos 39, 42, 62, y 64.
8. Sobre el Decreto que complementa las bases comiciales
El Decreto que complementa las Bases (Decreto N°. 2.889 del 04 de junio de 2017) y por el cual el Presidente de la República ¨exhorta¨ a que el proyecto de Constitución que se redacte en el seno de la ¨Asamblea Nacional Constituyente¨, sea sometido a referéndum aprobatorio popular, ¨en los términos establecidos en el artículo 70 de la Constitución¨, es innecesario e inconsitucional, pues ello no depende de la voluntad presidencial ni de su exhortación, sino de la circunstancia de que la consulta referendaria para aprobar o improbar el proyecto de Constitución es mandato del texto fundamental al ser el pueblo soberano el único titular del poder constituyente.
La aprobación, mediante referendo aprobatorio del Proyecto de Constitución elaborado por la Asamblea Nacional Constituyente es un derecho inherente al poder constituyente, que sólo puede ser ejercido por el pueblo soberano. De esta forma fue plasmado en la Constitución de 1999, en cuyo Preámbulo expresamente se indica que ¨El pueblo de Venezuela (….) en ejercicio de su poder originario representado por la Asamblea Nacional Constituyente mediante el voto libre y en referendo democrático, decreta la siguiente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela¨. Así pues, sólo el pueblo soberano de Venezuela como titular del poder constituyente puede aprobar y por tanto adoptar un nuevo texto constitucional.
9. Contenido de la función constituyente
Es importante destacar que el exacto contenido de la función del Poder Constituyente se encuentra delimitado en el artículo 347 al definir su objeto en los siguientes términos: “…transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”.
Se sigue de la norma que no es que el proceso constituyente da lugar a un régimen de facto que pueda por vías de hecho eliminar o destruir el ordenamiento vigente ni los poderes constituidos. Cualquier sustitución o modificación del orden existente ha de producirse con la aprobación de la nueva Constitución, y en caso de que dicha aprobatoria no proceda, porque el pueblo la rechace, continuará vigente el ordenamiento constitucional del 1999 y sus poderes constituidos en el ejercicio de sus funciones, que no ha de interrumpirse, salvo que una nueva Constitución aprobada por el pueblo lo ordene y en los términos en los cuales sus disposiciones transitorias lo regule.
* Doctor en Derecho. Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. Profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (pregrado, postgrado y doctorado). Ocupó la Cátedra Andrés Bello en la Universidad de Oxford durante el año académico 1998-1999. Senior Associate Member de la Universidad de Oxford durante el año académico 2006-2007. Socio fundador del Despacho de Abogados Badell & Grau 1985. Foreign Legal Consultant, admitido por el Florida State Bar.

References: artículo 70
 artículo 5
 artículo 347
 artículo 70
 artículo 63
 artículo 63
 artículo 63
 artículo 64
 artículo 63
 artículo 67
 artículo 67
 artículo 67
 artículo 39
 artículo 42
 artículo 41
 artículo 70
 artículo 347