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Timestamp: 2019-04-19 12:36:12+00:00

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Gaceta Parlamentaria, año IX, número 1969, viernes 17 de marzo de 2006
De la Presidencia de la H. Cámara de Diputados, a la sesión solemne para conmemorar el Bicentenario del Natalicio de Don Benito Juárez García.
De la Presidencia de la Cámara de Diputados, por el que se informa que a partir del 16 de marzo de 2006 entrará en funciones el C. Miguel Ángel González Trujillo como encargado de la Coordinación de Comunicación Social.
De la Junta de Coordinación Política, por el que se exhorta al gobierno del estado de Hidalgo y a la Secretaría de la Reforma Agraria a atender y resolver, con estricto apego a la ley, los conflictos jurídico-sociales de naturaleza agraria derivados de la expropiación realizada al ejido La Cantera, en el municipio de Tepeji del Río.
De la diputada Leticia Socorro Userralde Gordillo.
Del diputado Francisco Herrera León.
Del diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos.
Del diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera.
Que adiciona un artículo 73 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte, presentada por el diputado Fernando Espino Arévalo, del grupo parlamentario del PVEM, en la sesión del jueves 16 de marzo de 2006.
Que reforma el artículo 8 de la Ley de Planeación, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM, recibida en la sesión del jueves 16 de marzo de 2006.
Que reforma el artículo 59 Bis de la Ley Federal de Radio y Televisión, a cargo del diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del PVEM, recibida en la sesión del jueves 16 de marzo de 2006.
Que reforma el artículo 4 de la Ley de Asistencia Social, a cargo del diputado Raúl Piña Horta, del grupo parlamentario del PVEM, recibida en la sesión del jueves 16 de marzo de 2006.
De la Comisión de Turismo, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para exhortar al secretario de Turismo y al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a formalizar convenios de transparencia de recursos con los gobiernos municipales donde están los Centros Integralmente Planeados.
De las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, y de Relaciones Exteriores, por el que se desecha la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que investiguen e informen a esta soberanía acerca de la continuación del Programa de Deportación Lateral, puesto en marcha por el Gobierno de Estados Unidos y que es violatorio de los derechos humanos de los migrantes mexicanos.
Del dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 2o. y el artículo 141 del Código Federal de Procedimientos Penales (en lo general y en lo particular).
Del dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales (en lo general y en lo particular, con la fe de erratas admitida).
Del dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 364 del Código Penal Federal (en lo general y en lo particular).
Del dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona la fracción V al artículo 266 Bis del Código Penal Federal (en lo general y en lo particular).
Del dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social, y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que crea la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (en lo general y en lo particular).
De la Comisión de Ciencia y Tecnología, anual de trabajo, correspondiente al periodo de septiembre de 2005 a agosto de 2006.
De la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de su recorrido por Perote, Veracruz, efectuado el 22 y 23 de febrero de 2006.
De la Comisión del Distrito Federal, a su séptima reunión plenaria, que se efectuará el viernes 17 de marzo, a las 10:30 horas.
De la Comisión de Equidad y Género, a la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el miércoles 22 de marzo, a las 9 horas.
De la Comisión de la Función Pública, a su reunión de trabajo, que se verificará el miércoles 22 de marzo, a las 9 horas.
De la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, a su vigésima cuarta reunión plenaria, que se verificará el miércoles 22 de marzo, a las 9:30 horas.
De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, a su reunión ordinaria, que tendrá lugar el miércoles 22 de marzo, a las 12 horas.
De las Comisiones Unidas de de Seguridad Social, Trabajo y Previsión Social, y de Salud, a su reunión de trabajo con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, licenciado Fernando Flores y Pérez, que se verificará el miércoles 22 de marzo, a las 17 horas.
De la Comisión de Asuntos Indígenas, a su undécima reunión plenaria, que se efectuará el jueves 23 de marzo, a las 11 horas.
De la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo, a su reunión de trabajo con una delegación de diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Jurídicos y Parlamentarios del Estado de Bavaria, Alemania, que se llevará a cabo el jueves 23 de marzo, a las 13 horas.
De la Comisión de Investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública, concesiones, contratos de suministro de bienes de consumo o de compraventa de bienes inmuebles de titularidad pública otorgados por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, SA de CV, y cualesquiera otras que tuvieren relación con la misma, a su segunda reunión plenaria, donde comparecerá el licenciado Mario Beauregard Álvarez, secretario ejecutivo del IPAB, el jueves 23 de marzo, a las 15 horas.
De la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, al ciclo de mesas de discusión El Congreso a debate, organizado en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que se efectuarán el 22 de marzo, 5, 19 y 26 de abril, y 3 y 4 de mayo, a las 11 horas.
DE LA PRESIDENCIA DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, POR EL QUE SE INFORMA QUE A PARTIR DEL 16 DE MARZO DE 2006 ENTRARÁ EN FUNCIONES EL C. MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ TRUJILLO COMO ENCARGADO DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Palacio Legislativo, marzo 15 de 2006.
Me permito informar a usted que con fecha 16 de marzo del año en curso, entrará en funciones el C. Miguel Ángel González Trujillo, a quien he designado como "Encargado de la Coordinación de Comunicación Social".
Comunico a usted lo anterior para su conocimiento y efectos administrativos, solicitándole enterar del presente a las diferentes áreas administrativas a su cargo, con el fin de que se proporcione todo el apoyo y la colaboración que se requiera en los trámites y gestiones que realice en el desarrollo de sus funciones.
Agradezco de antemano su atención y aprovecho la oportunidad para envierle un cordial saludo.
Dip. Marcela González Salas y Petricioli (rúbrica)
DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, POR EL QUE SE EXHORTA AL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO Y A LA SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA A ATENDER Y RESOLVER, CON ESTRICTO APEGO A LA LEY, LOS CONFLICTOS JURÍDICO-SOCIALES DE NATURALEZA AGRARIA DERIVADOS DE LA EXPROPIACIÓN REALIZADA AL EJIDO LA CANTERA, EN EL MUNICIPIO DE TEPEJI DEL RÍO
La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo dispuesto por el inciso b), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo décimo cuarto del Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, relativo al Orden del Día de las Sesiones, las Discusiones de los Dictámenes y la Operación del Sistema Electrónico de Votación, hace suya la proposición con punto de acuerdo relativa a la materia objeto del presente que diputados de diversos grupos parlamentarios representados en esta soberanía presentan, por lo que se somete a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, el siguiente
Primero.- Se exhorta al Gobierno del estado de Hidalgo y a la Secretaría de la Reforma Agraria para que, con estricto apego a la ley, atienda y resuelva los conflictos jurídico-sociales de naturaleza agraria derivados de la expropiación realizada al ejido La Cantera, en el municipio de Tepeji del Río, Hidalgo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo de 2006.
Diputado José González Morfín (rúbrica p.a.)
Diputado Alejandro González Yáñez (rúbrica p.a.)
Diputado Jesús Martínez Álvarez (rúbrica)
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de marzo de 2006.
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, inciso c), 43, párrafo 3, y 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de diputados del siguiente cambio, solicitado por el diputado José Antonio de la Vega Asmitia, subcoordinador de Proceso Legislativo y Debate Parlamentario del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.
Que el diputado Salvador Vega Casillas se incorpore como secretario en la Comisión de la Función Pública.
(Aprobado en votación económica. Marzo 16 de 2006.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 7 febrero de 2006.
Por instrucciones del diputado Pablo Gómez Álvarez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, inciso c), y 44, punto 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados de los siguientes cambios, solicitados por el diputado José Antonio de la Vega Asmitia, subcoordinador de Proceso Legislativo y Debate Parlamentario del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional:
Que el diputado Salvador Vega Casillas salga de la Comisión de Marina.
(De enterado. Marzo 16 de 2006.)
Palacio Legislativo, México, DF, a 16 marzo de 2006.
Por instrucciones del diputado Pablo Gómez Álvarez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, en alcance al oficio número JCP/AMF/1499/130306 y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, inciso c), 43, párrafo 3, y 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio, solicitado por el diputado Jesús Morales Flores, vicecoordinador de Relación con Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional:
Que el diputado Gaspar Ávila Rodríguez cause alta como secretario de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.
Palacio Legislativo, México, DF, a 16 marzo de 2006.
Por instrucciones del diputado Pablo Gómez Álvarez, Presidente de la Junta de Coordinación Política, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34, inciso c), 43, párrafo 3, y 44, párrafo 2, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, le solicito se dé cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados del siguiente cambio, solicitado por el diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México:
Que el diputado Leonardo Álvarez Romo sustituya al diputado Antonio González Roldán como secretario en la Comisión Especial para la Reforma del Estado.
DE LA DIPUTADA LETICIA SOCORRO USERRALDE GORDILLO
México, DF, a 14 de marzo de 2006.
Presidenta de la Mes Directiva
Por medio de este conducto me dirijo a usted para hacer de su conocimiento que a partir del día 14 de marzo me incorporaré nuevamente a mis actividades legislativas como diputada federal, y a su vez solicitarle, de la manera más atenta, gire sus apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que se realicen todos los trámites pertinentes ante las autoridades de esta H. Cámara de Diputados para prevenir cualquier inconveniente a mi regreso.
Sin más por el momento agradezco de antemano la atención que sirva dar a la presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Dip. Leticia Socorro Userralde Gordillo (rúbrica)
(De enterado; comuníquese. Marzo 16 de 2006.)
DEL DIPUTADO FRANCISCO HERRERA LEÓN
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 16 de marzo del 2006.
El suscrito, Francisco Herrera León, diputado federal por el estado de Tabasco, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en atención a los artículos 23, fracciones f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a usted a fin de que por su amable conducto sea sometida a consideración de la honorable Cámara de Diputados la presente solicitud de licencia temporal: del día 16 de marzo al 9 de abril del año en curso con el objeto de atender asuntos de carácter personal.
Agradezco de antemano su valioso apoyo en la tramitación de la presente licencia temporal.
Dip. Francisco Herrera León (rúbrica)
DEL DIPUTADO FRANCISCO AMADEO ESPINOSA RAMOS
Palacio Legislativo, a 16 de marzo de 2006.
El suscrito, Francisco Amadeo Espinosa Ramos, diputado federal por el estado de Chiapas, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, en atención a los artículos 62 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artículos 23, fracciones f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me dirijo a usted a fin de que por su amable conducto sea sometida a consideración del Pleno de la H. Cámara de Diputados la presente solicitud de licencia temporal, del 20 al 24 de marzo de 2006, para atender asuntos de carácter personal.
Agradezco de antemano su valioso apoyo en la tramitación de la presente.
DEL DIPUTADO MANLIO FABIO BELTRONES RIVERA
C. Dip. Marcela González Salas y Petricioli
Con todo respeto me dirijo a esa Mesa Directiva que usted dignamente preside, con el fin de solicitar licencia al cargo de diputado federal, electo por la primera circunscripción, a partir del 21 de marzo y hasta el 7 de abril del presente año, para atender asuntos que requieren de mi atención personal.
Sin otro particular, me es grato reiterarle las seguridades de mi consideración más alta y distinguida.
QUE ADICIONA UN ARTÍCULO 73 BIS A LA LEY GENERAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE, PRESENTADA POR EL DIPUTADO FERNANDO ESPINO ARÉVALO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, EN LA SESIÓN DEL JUEVES 16 DE MARZO DE 2006
Fernando Espino Arévalo, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72, inciso h), y 73, fracción XXIX-J, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 73 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte, en razón de la siguiente
La trayectoria deportiva de México a través del tiempo desafortunadamente ha discurrido de un fracaso a otro, y no se diga si hablamos de los deportes de conjunto, no obstante que algunos como el futbol, beisbol y basquetbol tienen un gran arraigo y abolengo en las diversas regiones de nuestro país, pues su práctica se remonta hacia finales del siglo XIX y principios del XX, sin embargo, el tener un largo camino recorrido no ha significado desarrollo y crecimiento y lo peor del caso es que al parecer no ha dejado enseñanza alguna, sumiendo al deporte nacional en una crisis recurrente de corte sexenal.
Hoy más que nunca debemos reconocer que el aspecto deportivo es un rubro que en su contexto más amplio tiene implicaciones muy diversas que van desde la salud hasta lo social sin dejar de pasar por lo económico claro está, porque las relaciones que se generan en torno a las competencias olímpicas o mundiales propician grandes derramas económicas para los países y sus habitantes, y además un campeón olímpico o mundial trae consigo mucha gente que vive y trabaja para impulsar estos logros, por lo tanto salud, deporte y trabajo tienen una liga de subsistencia encadenada, siendo éste un motivo más por el cual estamos comprometidos con impulsar las acciones que logren el progreso del deporte profesional y de alto rendimiento en toda la República Mexicana, de tal forma que podamos llegar a todos los mexicanos a efectos de lograr el desarrollo de sus capacidades atléticas.
Ya no debemos permitir que frases o expresiones como el "ya merito", el "esta vez si se puede" o bien "jugamos como nunca y perdimos como siempre" nos sigan identificando y se queden como referencia cuando se hable del deporte mexicano en todos sus niveles y disciplinas, porque se convierten en hábitos que sólo traen consigo vagas esperanzas y falsas expectativas, lo cual desafortunadamente pudimos constatar una vez más en los recientes juegos olímpicos en Atenas 2004, donde de 28 disciplinas deportivas en competencia, México tuvo representación en 20 de ellas, con 114 jóvenes atletas, destacando de forma individual sólo 4 de ellos, y por cuanto hace a los deportes de conjunto, éstos brillaron por su ausencia.
También podemos decir que la historia de la participación mexicana no es diferente en los Juegos Deportivos Panamericanos y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, porque aunque aparentemente se obtuvieron más medallas y los logros fueron mejores en los llevados a cabo en 2003 y 2002 respectivamente, ello obviamente producto de que nuestro país asistió con delegaciones deportivas muy nutridas de más de 400 integrantes. Los resultados centroamericanos fueron magros y francamente decepcionantes, ya que México resaltó en el medallero debido a que la República de Cuba no estuvo presente, y además por ser una competencia de orden regional, su nivel es mucho menor en relación con una de orden mundial, por lo cual es muy lamentable que se pretenda engañar con dicho espejismo.
Es importante señalar que el Comité Olímpico Mexicano aglutina más de 50 federaciones relacionadas con los deportes más reconocidos y practicados a nivel mundial, de las cuales 29 están registradas como deportes olímpicos y 22 no, vale la pena destacar que, del total de las disciplinas deportivas reunidas en torno al Comité Olímpico Mexicano sólo 12 tienen práctica de conjunto, siendo las de mayor enrizamiento y tradición las relacionadas con el futbol, beisbol y basquetbol, mismas que por diversas causas han tenido un pobre crecimiento y avance a lo largo de toda su historia.
Crecimiento que no se ha dado porque, mientras por un lado se privilegian los intereses mercantilistas del capital, por otro se han abandonado los planes y programas de inversión, promoción y desarrollo de las fuerzas básicas, mismas que son el sustento y semillero para el surgimiento de nuevos valores.
Lo cual ha llevado a quienes explotan el deporte profesional con fines de lucro a una trampa de la que no han hallado la salida, inclinándose en ocasiones por tomar la opción más rápida que no lo más recomendable, como contratar atletas y entrenadores de otros países y culturas, con la mira no de ganar sino de dar un espectáculo, de complacer el simple morbo carente de espíritu deportivo, lo cual ha menoscabado el esfuerzo de muchos atletas nacionales, encontrando en ello un dilema deportivo y el área de oportunidad para convertir nuestras debilidades en fortalezas y dar un empuje a los connacionales que en su inmensa mayoría aun cuando cuentan con la capacidad, no tienen los medios económicos necesarios para desarrollarlas.
En nuestro México de tantos contrastes, la afición por algunos deportes puede ser el paliativo que alivie muchos de los problemas que aquejan a la sociedad mexicana, por obvias razones la inclinación de los mexicanos por los deportes de conjunto es mayor, la cual se encuentra dominada fundamentalmente por el futbol, beisbol y basquetbol, sin embargo debemos reconocer que de éstos el futbol tiene un lugar preponderante, convirtiéndose de facto en el deporte más practicado en todo el mundo y que en nuestro país tiene raíces muy profundas, de hecho ante el gran auge del mismo y la demanda de la población porque se promuevan ésta y otras disciplinas deportivas, el Gobierno Federal se vio obligado a organizar formalmente y destinar mayores recursos para estos fines, tanto a nivel nacional como del Distrito Federal, ello en virtud de las condiciones prevalecientes en aquella época, convirtiéndose la atención y asignación de recursos presupuestales para atender las actividades inherentes al deporte en fundamentales, es decir, de interés público y de orden social, hecho que dio origen en 1927 a la creación de la oficina para la promoción de la acción deportiva.
Posteriormente derivado del trabajo y logros alcanzados por la oficina antes referida, y ante la incursión cada vez de un número mayor de habitantes en actividades deportivas, así como la necesidad de profesionalizar aquellas disciplinas deportivas de mayor arraigo e impacto, en 1943 se organizó el primer torneo de futbol profesional con 10 equipos, el cual por medio de expansiones y abandonos fue cambiando su número a través de los años. Sin embargo, la popularidad de este deporte fue acrecentándose y empezó a expandirse por toda la República, lo que motivó que en 1950 se fundara la segunda división profesional, con la idea de fomentar y desarrollar más jugadores, así como sentar bases más sólidas para el crecimiento de este deporte, tanto en el ámbito interno como externo, idea que en la actualidad se ha desvirtuado y modificado drásticamente, reorientándose la misma dejando en un segundo o tercer termino el aspecto deportivo, privilegiando un mercantilismo puro.
Esta nueva visión ha generado las más álgidas y absurdas discusiones, porque con ella se ha privilegiado un manejo comercial que promueva la participación de extranjeros en los torneos locales de las ligas profesionales de la primera división y la primera "a", ya que estas son las vitrinas o escaparates donde encuentran la luz los jugadores que posteriormente nos representaran en copas del mundo o Juegos Olímpicos, pero desgraciadamente por las decisiones obtusas de unos cuantos se pretende cerrar la puerta a una gran cantidad de connacionales.
Tan grande ha sido la discusión por la alineación de jugadores extranjeros en los encuentros deportivos de las distintas ligas, que la misma se remonta a la época en que comenzó a explotarse profesionalmente y con fines de lucro dicho deporte, es decir, la década de los años 40, aunque el problema en ese tiempo se acotaba al Distrito Federal, el mismo creció porque se carecía de un marco jurídico que definiera tal circunstancia, por lo cual, el entonces presidente de México Manuel Ávila Camacho emitió un decreto que cortaba de tajo con el problema y no daba pie a la discrecionalidad o voluntad de nadie, pero desafortunadamente se refiere únicamente al futbol, ya que en el referido decreto se señala que en todos los encuentros de futbol soccer que se celebren con fines de lucro deberán participar por lo menos 7 jugadores mexicanos por nacimiento, lo cual en esencia nos parece adecuado, sin embargo tal disposición tiene un ámbito de aplicación muy pequeño, ya que sólo involucra al Distrito Federal, vale la pena destacar que dicho decreto fue ratificado por el Congreso de la Unión en 1996, lo cual le otorgó mayor fortaleza al mismo.
En aquel momento la medida cumplió con su objetivo, pero al paso del tiempo la misma quedo rebasada, pues ahora el futbol como espectáculo público es un deporte que involucra a una gran cantidad de entidades federativas, donde los propietarios de los equipos definen sus propias reglas, sin importar que con ello transgredan los derechos y aspiraciones de muchos mexicanos en clara contravención de lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo. Todo ello con el conocimiento y consentimiento de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, por que lamentablemente no ha existido el interés por corregir esta circunstancia, por demás anómala y regresiva.
Sumado al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes tenemos los intentos que ha realizado la Federación Mexicana de Futbol para dejar sin efecto el decreto presidencial de 1945 al interponer en la década de los años 90 sendos amparos, mismos que por resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le fueron negados en forma definitiva en 1994, por carecer de elementos y argumentos que demostraran sus dichos, lo que una vez más nos patentiza la viabilidad del referido decreto, sin embargo hoy más que nunca el mismo debe elevarse a rango de ley para que su ámbito de aplicación se amplíe a nivel nacional y no se cuestione su vigencia y jerarquía.
No conformes con los reveses anteriores la Femexfut unilateralmente determino dejar sin efecto el decreto de 1945, al modificar su reglamento de competencia y determinar que en el Distrito Federal podrían alinear 5 jugadores extranjeros a partir del 15 de enero de 2005, bajo el argumento de que el artículo 41 de la Ley para la celebración de espectáculos públicos en el Distrito Federal, neutralizó la vigencia del decreto referido.
Primeramente les comento que quienes asesoraron a la Federación Mexicana de Futbol lo hicieron de una forma muy ligera e irresponsable toda vez que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene perfectamente establecido el procedimiento para la formación o derogación de ordenamientos jurídicos: Artículo 72.- Todo proyecto de ley o decreto?
f).- En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se observan los mismos trámites establecidos para su formación. Es decir que un decreto emanado de la Presidencia de la República sólo podrá ser derogado si para ello se sigue el mismo procedimiento que le dio origen, es decir a través del Presidente de la República y del Congreso de la Unión, que en su momento ratifico el multicitado decreto.
Por otra parte, la Ley que contiene la disposición que supuestamente deja sin efectos el decreto arriba enunciado, se refiere a rubros muy diversos que nada tienen que ver con el ámbito deportivo a saber:
Artículo 1o.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden e interés públicos y tienen por objeto regular la celebración de espectáculos públicos en el Distrito Federal.
Artículo 3o.- El objeto de la presente ley consiste en determinar reglas y mecanismos claros que fomenten la celebración de espectáculos públicos y permitan garantizar que con motivo de su desarrollo no se altere la seguridad u orden públicos, ni se ponga en riesgo la integridad de los participantes y asistentes.
Artículo 41.- En los Espectáculos deportivos en que participen equipos profesionales de tres jugadores o más y, que intervengan permanentemente en competencias en el Distrito Federal, actuarán el número de jugadores extranjeros que señale el Reglamento de cada asociación deportiva.
La comisión del espectáculo deportivo de que se trate nombrará a un comisionado que vigilará el cumplimiento del reglamento correspondiente.
Como podemos advertir los artículos 1o. y 3o. de la Ley en comento señalan con toda precisión el objeto de la misma, el cual se refiere a definir los mecanismos que permitan que los espectáculos públicos se desarrollen con seguridad sin poner en riesgo la integridad de los asistentes y esto nada tiene que ver con el ámbito deportivo, por cuanto hace a sus practicantes o la actividad en si misma.
Derivado de lo anterior podemos afirmar que la disposición contenida en el artículo 41, que adscribe a las asociaciones deportivas (Federación Mexicana de Futbol), la facultad para reglamentar la participación de jugadores extranjeros; es inconstitucional; toda vez que la fracción XXIX-J del artículo 73 establece como una facultad exclusiva del Congreso de la Unión el legislar en materia de deporte.
Además la referida ley, dentro de sus artículos transitorios, en ningún momento realiza de forma expresa la derogación del artículo décimo primero del decreto de 1945 o en su caso la abrogación de todo el decreto en su conjunto, como se ha querido interpretar.
Otro aspecto a considerar es que el Distrito Federal tiene algunas características que lo harían asemejarse a una entidad federativa, sin embargo su condición tan sui géneris no permiten catalogarlo como un estado más de la Federación, sino como un híbrido con muchas limitaciones respecto a sus facultades.
De ahí que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se encuentra perfectamente acotada en cuanto a su quehacer legislativo, por las facultades expresas dispuestas en el artículo 122 Constitucional.
Por lo que las facultades para legislar en el Distrito Federal, las materias que no estén expresamente conferidas a la ALDF, las sigue conservando el Congreso de la Unión; desprendiéndose de aquí, que la argumentación de la Federación Mexicana de Futbol sobre los efectos del decreto de referencia está fuera de todo contexto, lo que consecuentemente daría lugar a que la Cámara de Diputados promoviera una controversia constitucional para derogar el artículo 41 de la citada Ley de Espectáculos Públicos; o, en su defecto, que algún particular, que se sintiera afectado por la aplicación de éste artículo, promoviera un juicio de garantías, ya que en principio estaríamos ante un conflicto de aplicación de leyes sobre una misma materia.
De igual forma vale la pena destacar que la Ley del Deporte para el Distrito Federal, no hace referencia alguna al tema de la participación de extranjeros en el deporte profesional o en particular al futbol, siendo que esta es la ley especial que en todo caso debería considerar el tema si la ALDF tuviera la facultad, pero la misma no lo recoge porque no tiene atribución alguna para ello, y si bien es cierto que existe este ordenamiento, el mismo legisla con relación a los rubros de competencia local o en los que existe concurrencia entre la Federación y el Distrito Federal.
Ahora bien retomando el tema relacionado con las ligas profesionales de beisbol y basquetbol, ambas tienen en su haber una historia de desencuentros y fracasos, sin embargo cabe hacer mención que en sus inicios fue difícil lograr su aceptación, por lo que una vez más sólo el espíritu de los hombres por realizarse en todos los ámbitos posibles lo que hizo florecer y reforzar al paso de los años estas disciplinas deportivas.
Brevemente se puede comentar que el beisbol llegó a distintas partes de la República Mexicana durante los años comprendidos entre 1870 y 1890, aunque existe una versión de que el 7 de septiembre de 1847, en plena invasión norteamericana, hicieron su arribo al puerto de Mazatlán barcos de guerra estadounidenses, los cuales estuvieron anclados en ese sitio, tiempo que fue aprovechado por los soldados para practicar beisbol.
Vale la pena destacar que nuestra representación nacional para este deporte se constituyo hasta 1943 por medio de la Federación Mexicana de Beisbol, la cual agrupa actualmente a 32 asociaciones representativas de los Estados de la República, además de 5 organizaciones que son el IPN, la UNAM, el IMSS, Valle de México y la Asociación de Beisbol infantil y Juvenil del Distrito Federal (ABIJDF). Cabe señalar que en 1987 se constituyó como asociación civil regida bajo los lineamientos de la Codeme y el COM.
Es a principios del siglo XX cuando se consolida el Beisbol en México, y en 1925 es fundada la Liga Mexicana de Beisbol, misma que cada año desde entonces ha organizado su campeonato de forma profesional.
La Liga Mexicana de Beisbol ha tenido tres etapas, la primera de ellas comprende de 1925 a 1937, jugándose casi exclusivamente en la Ciudad de México; la segunda, de 1937, cuando inicia la compilación de estadísticas, hasta 1954 y finalmente la tercera, de 1955, año en que ingresa al beisbol organizado, hasta la fecha, cabe destacar que de los años 60 y hasta los 80 del siglo pasado había un total de 20 equipos jugando de manera profesional, pero en 1991 hubo una reducción de equipos, quedando 16 escuadras.
El crecimiento del beisbol en fechas más recientes se conforma de más de 7 Ligas Profesionales de las que destacan, la Liga Mexicana del Pacífico integrada por 8 equipos, la Liga Mexicana del Noroeste donde participan 6 equipos y la Liga Mexicana de beisbol con 16 equipos. Es preciso destacar que de acuerdo con las bases de competencia de las Ligas Profesionales que existen en México, en sus encuentros pueden participar simultáneamente hasta 6 jugadores extranjeros, lo cual desde nuestro punto de vista podría eventualmente limitar la participación a solo 3 jugadores mexicanos, hecho inaceptable por donde se le quiera ver.
En menester compartir con todos ustedes que no es indispensable la participación de extranjeros en los deportes de conjunto para que los equipos sean competitivos, prueba de ello es que en la temporada 2005 de la Liga Mexicana de Beisbol los equipos Diablos Rojos del México y Tigres de Puebla participaron con un plantel integrado por puros mexicanos, logrando ambos equipos su pase a las finales, quedando campeón el éste último, hecho que da mayor soporte y aval a la iniciativa que hoy sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados.
Respecto al basquetbol este se introdujo a México a penas un año después de que en los Estados Unidos de Norteamérica se popularizara por un profesor Canadiense radicado en Estados Unidos quien en 1894 tendría jugando en un campeonato local a varias escuelas Estadounidenses.
En la larga travesía por la conformación del basquetbol profesional en nuestro país podemos hablar por una parte de la Federación Mexicana de Baloncesto, AC, quien ostenta la representación nacional y cuenta con 38 asociaciones afiliadas en toda la república la cual esta dividida en 8 categorías, por desgracia actualmente se encuentra enfrascada en un problema jurídico que ha venido a deteriorar aun más su quehacer cotidiano sumiéndola en la peor crisis de su historia.
A pesar de este panorama tan desolador la Liga Nacional de Basquetbol Profesional se conforma sólo de 20 equipos con un nivel muy limitado, de donde podemos inferir que nuestros jóvenes deportistas no encuentran un verdadero nivel profesional competitivo, por lo tanto no existe la posibilidad de reunir una escuadra nacional que nos represente de manera digna en el plano internacional, ello no obstante que hay varios compatriotas participando en la liga de los Estados Unidos (NBA), quienes por los intereses mezquinos de algunos ni siquiera son tomados en cuenta.
El resultado de lo anterior se ve reflejado en las estadísticas de la FIBA (Federación Internacional de Baloncesto), donde la escuadra nacional ocupa en el ranking mundial el lugar 35 con apenas 25.6 puntos en comparación con el primer lugar que ostenta una calificación de 832 puntos.
Además en la reciente Copa de Campeones de 2005 organizada por la FIBA de 10 escuadras sudamericanas México ocupó el último lugar y esto no cambiara mientras se siga pugnado el control de la Federación y se permita reglamentariamente la alineación de 3 jugadores extranjeros por equipo en sus diferentes encuentros.
Aunado a lo anterior, habrá de señalarse que varias disciplinas deportivas, lejos de conservarse como una actividad para el sano entretenimiento y desarrollo de las personas, con el paso del tiempo propiciaron que algunos clubes deportivos se convirtieran en empresas competidoras y promotoras de espectáculos públicos deportivos con fines de lucro, por lo que requerían contar con los mejores exponentes de las diversas disciplinas deportivas para lograr sus objetivos, sin importar si éstos eran nacionales o extranjeros, lo que sin duda provocó que llegaran al país muchos extranjeros, principalmente para enrolarse en los equipos de futbol, beisbol y basquetbol, lo que dio lugar al desplazamiento de los atletas mexicanos y a disminuir la calidad del deporte nacional, ello derivado de las complacencias del gobierno y la carencia de un marco jurídico que definiera el quehacer en la materia.
Como resultado de la falta de un marco regulatorio que diera certidumbre y ofreciera las condiciones para el desarrollo del deporte mexicano, se han generado escenarios anárquicos y anacrónicos que han sometido al deporte y deportistas mexicanos a un estancamiento que no será sencillo de revertir, a pesar de que se han realizado algunos esfuerzos por parte del Poder Legislativo a efecto de integrar y coordinar todos las energías en bien del deporte nacional, sin embargo los mismos no han sido suficientes y al día de hoy existen lagunas jurídicas respecto a la participación de jugadores extranjeros en los deportes de conjunto practicados en nuestro país, que con la presente iniciativa pretendemos subsanar.
En complemento de lo antes citado, al encontrarse el deporte elevado a rango constitucional, en el mismo ordenamiento encontramos la facultad del Congreso de la Unión, para legislar en la materia, tal y como lo señala el artículo 73, fracción XXIX-J, de nuestra Carta Magna, además de que diversas leyes hacen referencia al tópico del deporte como es el caso de la Ley General de Cultura Física y Deporte, que establece la obligación de registrar ante la Comisión Nacional del Deporte (Conade) y ante la Confederación Deportiva Mexicana (Codeme), a las asociaciones deportivas o las personas morales que practiquen o contribuyan al desarrollo del deporte con fines de lucro, lo que nos lleva a concluir que tanto los clubes y federaciones que los congregan, se encuentran regulados por dichos ordenamientos del sistema jurídico mexicano y por las disposiciones que de ellas emanan.
De allí que el H. Congreso de la Unión se encuentre ante la responsabilidad de ejercer su facultad de legislar en torno al deporte nacional en todas sus disciplinas, en razón de la práctica masiva y la afición que se genera, pues éste constituye materia de interés público que debe ser atendida por los órganos del Estado, toda vez que para los jóvenes mexicanos y, en especial aquellos de escasos recursos económicos, se sienten atraídos hacia los deportes que representan una opción laboral para obtener una retribución económica, que muchas veces les son negadas por atender los intereses del capital.
Sin embargo, esta situación de oportunidad se pretende cerrar a una gran cantidad de compatriotas por la decisión mercantilista de los empresarios del deporte profesional, quienes se han convertido en los mercenarios del mismo, ya que poco o nada les importa el desarrollo armónico del deporte mexicano y sus atletas.
Como en el caso particular de los propietarios de los equipos de futbol, beisbol y basquetbol quienes en su desenfrenado afán comercializador pretenden abrir más plazas para jugadores extranjeros, con la obvia repercusión negativa tanto para estos deportes a nivel nacional como para quienes lo practican, cerrando más las oportunidades y las plazas para los mexicanos.
Además de lo anterior, se desprende que particularmente en lo que respecta al futbol la mayor parte de jugadores extranjeros que participan en nuestro balompié son sudamericanos primordialmente Argentinos y Brasileños, de ahí que no sea difícil entender el porque del desarrollo futbolístico de estos países, en contraste con los pobres resultados que ofrece nuestra selección nacional mayor.
Es injusto que, por ejemplo, en la primera división profesional pueden contratar 6 jugadores foráneos por equipo y 4 en la primera "a", restando con ello importantes espacios a los jóvenes de este país, quienes en muchas ocasiones por la falta de oportunidades se ven atrapados por las garras de la delincuencia o las drogas, más aún si tomamos en cuenta los altos índices de desempleo que hoy enfrentamos en la República.
Vale la pena destacar que como producto de la dedicación y esfuerzo particular de un pequeño grupo de mexicanos, que en un inicio no contaron con el más mínimo apoyo institucional, recientemente nos dieron una lección de coraje y dedicación, porque a pesar de la falta de apoyos lograron obtener el campeonato mundial de futbol en la especialidad sub17, hecho que no podemos soslayar si queremos que resultados como este se vuelvan a repetir, hoy los diputados debemos tomar la decisión de proteger la identidad del deporte nacional, así como las canteras de sus equipos, preservando la fuente de empleo de muchos mexicanos, impulsando así el surgimiento de más y mejores jugadores mexicanos que tanta falta nos hacen en las selecciones nacionales, sí es que realmente queremos incentivar y apoyar el deporte de nuestro país.
Podemos y debemos recomponer nuestra historia deportiva, ya que en la actualidad se cuenta con los espacios y las instalaciones básicas para poder elevar el nivel deportivo nacional, de tal forma que nuestros niños, desde la educación preescolar sean encauzados al deporte y a temprana edad se puedan detectar y canalizar al tipo de disciplina donde se proyecten mejor sus facultades y aptitudes a efecto de desarrollar en el corto plazo sus habilidades competitivas.
Estamos comprometidos a tomar nota de lo que no se debe hacer y basten los ejemplos que nos dan los países miembros de la Comunidad Económica Europea, donde por un parte promueven en sus ligas de futbol la libre participación de los jugadores comunitarios, es decir aquellos que ostentan pasaporte de los países que integran la Unión Europea, y por otro limitan la participación de los jugadores extranjeros en sus ligas; de ahí que países como España e Italia no sólo permitan la libre participación de los jugadores comunitarios, los cuales por su puesto que son extranjeros sino que además permite la participación de 3 jugadores extracomunitarios por equipo, lo que obviamente redunda en que ahí se localicen las dos mejores ligas de futbol del mundo, ello a costa del desempeño y desarrollo de sus selecciones nacionales, pues sus resultados han sido cenceños en los últimos tiempos, dado que el progreso de sus fuerzas básicas es muy raquítico, situación muy similar a la mexicana, pero que hoy está en nuestras manos aportar parte de la solución.
Toda vez que este Congreso tiene la facultad para legislar sobre la operación y funcionamiento de la Conade, Codeme y COM, organismos que a su vez son los responsables de integrar, organizar, dirigir, administrar y controlar lo relativo al quehacer deportivo nacional, concentrándose en ellos todas las federaciones y asociaciones relacionadas de las diferentes disciplinas deportivas, por tanto hoy este H. Congreso de la Unión debe legislar en torno a la participación de los jugadores extranjeros en los equipos de las diferentes disciplinas deportivas de conjunto que se practican en nuestro país, evitando que su explotación comercial afecte el crecimiento del mismo a nivel nacional y que las oportunidades para nuestros compatriotas se cierren.
Por lo antes expuesto y con fundamento en los preceptos legales invocados, el suscrito diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con
Proyecto de decreto que adiciona un artículo 73 Bis a la Ley General de Cultura Física y Deporte
Artículo Único.- Se adiciona el artículo 73 Bis a Ley General de Cultura Física y Deporte, para quedar como sigue:
Artículo 73 Bis.- En los torneos o eventos organizados o auspiciados por las federaciones y asociaciones deportivas, que cuenten con reconocimiento oficial, los equipos o clubes que participen en la máxima categoría o circuito de liga, cualquiera que sea su denominación, deberán contar, durante todo el desarrollo de sus juegos, con la participación de un 72% de jugadores mexicanos como mínimo.
Para el caso de que exista una categoría o circuito inmediato inferior, cualquiera que sea su denominación, en el desarrollo de todos sus juegos habrán de participar por lo menos un 80% de jugadores mexicanos.
En el resto de las categorías o circuitos y siempre que se realice con fines de lucro, queda prohibida la participación de jugadores que no sean mexicanos.
Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y surtirá sus efectos a partir del inicio del torneo de apertura 2006 en el caso del futbol soccer y por lo que respecta a los demás deportes de conjunto profesionales al inicio de su siguiente temporada regular.
Tercero. Las asociaciones o federaciones que controlen o exploten los clubes o equipos cualquiera que sea su rama o especialidad que actúan como espectáculo de paga, ajustarán sus reglamentaciones a lo dispuesto por esta ley.
(Turnada a la Comisión de Juventud y Deporte. Marzo 16 de 2006.)
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE PLANEACIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE KAHWAGI MACARI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, RECIBIDA EN LA SESIÓN DEL JUEVES 16 DE MARZO DE 2006
Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado a la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en uso de la facultad que me confieren los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numeral 3, 40, numeral 1, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter al Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto
Desde sus orígenes y tomando un auge en la Constitución de 1917, a los titulares de los departamentos administrativos se les nombró "jefe de departamento", como encargado del despacho de los negocios del órgano que no funcionó conforme a la naturaleza jurídica para la que fueron creados, sino sirvieron solamente a la administración y control del propio Ejecutivo.
La trayectoria administrativa nos enseña a través de su devenir histórico, que los departamentos, en vez de seguir los lineamientos de organización de la administración pública que preveía la extinta Ley de Secretarías de Estados y Departamentos Administrativos, y demás Dependencias del Ejecutivo Federal, han servido para que el Ejecutivo tenga el manejo y control de la administración pública.
Baste recordar que en el año de 1917, los jefes de los departamentos administrativos que se crearon lograron la descentralizar de la administración pero nunca para el apoyo técnico administrativo para lo que fueron instituidos.
En la 1928, los "jefes de departamento" fueron utilizados para una función específica conforme a su naturaleza jurídica, sin embargo el Ejecutivo logró que en la práctica estos departamentos no se desempeñaran en una forma ideal, tan fue así que, en ese mismo año se promovió la reforma constitucional que sustituía a la figura de gobernador del Distrito Federal, por la de jefe del Departamento del Distrito Federal, obteniendo el Ejecutivo de esta manera el control para nombrar y removerlo libremente, así como para evitar la duplicación de mandos en al ámbito territorial, por una parte del titular del Ejecutivo Federal y por la otra de los titulares de las municipalidades.
En el año de 1935 se cambió la denominación de Ley de Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y Demás Dependencias del Ejecutivo Federal, por la de Ley de Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos, esto se hizo para evitar que algunas de las secretarías o departamentos administrativos, tuvieran preeminencia sobre las otras, para jerarquerizar a los "jefes de departamento" con los secretarios; para que con esta reforma los "jefes de departamento" de las dependencias administrativas tuvieran el mismo rango que un secretario de Estado. Ley en la que se siguió considerando como autoridad al jefe de departamento.
La administración de 1936 desapareció paulatinamente los siete departamentos con los que había iniciado sus gestión, en el entendido de que los jefes de los departamentos administrativos no eran funcionales para los fines específicos del Ejecutivo federal, lo que dio como resultado que se encargaran de sus funciones las secretarías de Estado respectivas, sin embargo, en 1937 se crean otros tres departamentos administrativos en donde estaban los jefes de departamento como titulares de los departamentos administrativos sí respondían a las necesidades político administrativas del Ejecutivo Federal, como el Departamento de Ferrocarriles Nacionales, el cual fue sustituido posteriormente por un organismo descentralizado denominado Ferrocarriles Nacionales de México.
Pero sería a partir de 1937, que se tomara la decisión de suplir la naturaleza administrativa de algunos de los departamentos administrativos, convirtiéndolos en secretarías de Estado en donde a las autoridades administrativas se les nombró "secretarios de Estado", con lo cual se inicia una inconveniente tradición, considerar los departamentos como pequeñas secretarías de Estado, circunstancia que obligó a las administraciones posteriores a transformar en secretarías de Estado a los departamentos administrativos y por ende fue desapareciendo la figura jurídica de "jefe de departamento administrativo", en razón de que los secretarios de Estado tienen mayor representación administrativa que la que pudieron tener en su momento los jefes de departamento, independientemente que la legislación que los regía en esa época les daba la misma jerarquía.
De hecho la última autoridad administrativa como jefe de departamento, que existió hasta 1994, fue el jefe del Departamento del Distrito Federal, que duró dentro de la legislación hasta 1997, como jefe de departamento, siendo modificada la denominación de su titular, por la de "jefe de Gobierno" autoridad administrativa que además se convirtió en un cargo de elección popular.
Es preciso mencionar que el concepto de autoridad para efectos de la ley se encuentra íntimamente relacionado con el sujeto pasivo de la relación jurídica como responsable, entre autoridad y particular, restringiendo la actuación legal del Estado en el ejercicio de su poder público, para que la autoridad responsable responda por los daños y perjurios que en ejercicio de sus actividad ocasione.
Es así, que la Ley de Planeación, como ordenamiento que norma el la actividad jurídico administrativa que lleva acabo el plan nacional de desarrollo y la coordinación del ejecutivo con las entidades federativas, todavía se consagra la figura jurídica de "jefes de departamentos administrativos" que en nuestros días están en desuso aun se siguen manteniendo plasmadas como figuras de derecho positivo sin estar vigentes.
Para corroborar lo antes dicho, se puede observar en el Capítulo I, en el artículo 8o., en lo tocante a las autoridades que tienen que rendir informes al Congreso de la Unión del estado que guardan sus respectivos ramos, se considera como autoridad al "jefe de departamento administrativo", lo cual resulta incongruente que se siga considerando a un ente que jurídicamente no existe.
Con el fin de ratificar que los departamentos administrativos ya no están vigentes, esta el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, precepto que contemplaba las funciones que desempeñan los departamentos administrativos actualmente esta derogado. Consecuentemente es un órgano del Estado que está en desuso por no ser funcional, en ese sentido, de no llevarse a cabo la reforma estaríamos ante una incongruencia y una falta de lógica jurídica, pues a pesar de ya no existir la figura jurídica y normatividad que los regule se sigue estimando en nuestra ley como autoridad al "jefe de departamento administrativo".
En razón de lo anterior, el propósito de la presente iniciativa es que se elimine de la Ley de Planeación la autoridad de "jefe departamento administrativo", por ser inexistente; aún más, podemos observar que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en el artículo 26, Capítulo I, establece el organigrama de la Administración Pública Federal, no aparecen contemplados ni se reconocen a los departamentos administrativos para que formen parte de la Administración Pública Federal, al igual que en el Capítulo II, que establece cual es la competencia de las secretarías de Estado, departamentos administrativos y Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, no se regula un sólo departamento administrativo.
Como ha quedado demostrado, la ineficiencia e ineficacia con la que se manejaron los jefes de departamentos administrativos en su devenir histórico, fueron las causas por lo que tuvieron que ser subsumidas sus funciones como autoridades administrativas por los secretarios de Estado, o por otras autoridades de carácter administrativo que han servido tanto jurídica como políticamente al Ejecutivo.
Es preciso manifestar que en la organización de la administración pública no se contempla como autoridad a los "jefes de departamento" en este momento histórico, debido a que en la actividad administrativa, el concepto se refiere a los responsables de determinadas áreas, que se manejan en las empresas privadas o públicas como es el jefe del departamento administrativo de recursos humanos, o el de recursos materiales, y no así como órganos administrativos de gobierno que fue el concepto que se creó en 1917, con el propósito que la administración pudiera conducir en forma organizada, sistemática y técnica un tema de la agenda del Ejecutivo.
En otro sentido queda la posibilidad de que el Ejecutivo instaure nuevamente los departamentos administrativos, que servirían para sus intereses, lo cual no se debe permitir porque sin lugar a dudas se contemplaría a los "jefes de departamento administrativo", por lo tanto debe desaparecer la autoridad administrativa mencionada, ya que hay que recordar que se han creado, otro tipo de autoridades encargadas de los organismos como son los descentralizados, los desconcentrados y las empresas de participación estatal, por lo que no se daría una certidumbre jurídica al permanecer establecido un término como el de jefe de departamento administrativo, que en la práctica ha caído en desuso.
Fue así que el sistema legal administrativo observó diversos cambios que repercutirían en la composición orgánica de la administración pública, sin que se por ello se afectara la existencia de los secretarios de Estado que siguen en vigor.
No está por demás precisar, que la función de la administración pública es proporcionar los satisfactores y servicios necesarios para generar el bien común de la sociedad, por ser la encargada de llevar la administración y que tiene como misión servir de manera efectiva y eficaz a la sociedad, lo cual no se lograra hasta que haya una verdadera voluntad; además, que siga apareciendo una autoridad administrativa inexistente en nuestra Ley de Planeación ocasiona una incertidumbre jurídica, pues la misma podrá ser utilizada para fines personales del Ejecutivo, y no para la satisfacción de los intereses colectivos por medio de la función administrativa que realiza fundamentalmente el Estado.
De lo antes expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa con
Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8o. de la Ley de Planeación.
Único. Se reforma el artículo 8o. de la Ley de Planeación, para quedar como sigue:
Los secretarios de Estado, al dar cuenta anualmente al Congreso de la Unión del estado que guardan sus respectivos ramos, informarán del avance y grado de cumplimiento de los objetivos y prioridades fijados en la planeación nacional que, por razón de su competencia, les correspondan y de los resultados de las acciones previstas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 16 días del mes de marzo de 2006.
Dip. Jorge A. Kahwagi Macari (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Marzo 16 de 2006.)
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 59 BIS DE LA LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN, A CARGO DEL DIPUTADO JORGE KAHWAGI MACARI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, RECIBIDA EN LA SESIÓN DEL JUEVES 16 DE MARZO DE 2006
Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.
"Los Estados, persuadidos de la necesidad de asegurar a todos el pleno e igual acceso a la educación, la posibilidad de investigar libremente la verdad objetiva y el libre intercambio de ideas y de conocimientos, resuelven desarrollar e intensificar las relaciones entre sus pueblos, a fin de que éstos se comprendan mejor entre sí y adquieran un conocimiento más preciso y verdadero de sus respectivas vidas"
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Declaración
En la actualidad los derechos infantiles se encuentran reconocidos en casi todo el mundo. Son múltiples los convenios, tratados y acuerdos internacionales que tienen relación con los derechos humanos de las y los niños. Hoy en día los gobiernos de los estados tienen la obligación de agotar esfuerzos para fortalecer y hacer más efectiva la promoción y protección de ellos. El interés superior de de la niñez es uno de los principios fundamentales que deben guiar a los gobiernos, las instituciones, y a las organizaciones civiles responsables del cuidado y protección de la niñez por tanto la supervivencia y el desarrollo de la niñez mundial son fundamentales para los países del mundo.
La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ratificada por México el 21 de septiembre del 1990, constituyó un paso fundamental para construir una nueva visión sobre la infancia, ya que estableció una serie de compromisos y lineamientos con el fin de garantizar el respeto de los derechos de las niñas y niños del todo el mundo. Desde entonces los Estados y organizaciones internacionales han procurado mejorar la calidad de éstos y hacer efectiva la protección de sus derechos.
Uno de los derechos fundamentales de las personas es el de la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Los medios de comunicación son innegablemente uno de los principales factores en la conformación de símbolos y mensajes que moldean el imaginario colectivo debido a que son los que trasmiten informaciones, sentimientos, pensamientos; la comunicación es un proceso por medio del cual se realizan transmisiones y recepción de ideas, información y mensajes. En este sentido, con frecuencia se les acusa de impulsar valores que atentan contra los principios fundamentales de las distintas sociedades, o en convertirse en voceros de intereses políticos y económicos.
En especial, en lo referente a la niñez y adolescencia, han enfrentado la abierta hostilidad de educadores, padres y madres de familia, investigadores y los mismos niños, niñas y adolescentes, los cuales han señalado que los diversos medios de comunicación existentes en la actualidad (prensa escrita, radio, televisión, Internet), son responsables en mayor o menor medida de aspectos como la violencia y crimen juvenil, la incorporación de pautas de comportamiento consumistas, la imposición de modas potencialmente dañinas para el desarrollo de las personas menores de edad, la violación del derecho a la intimidad, la perpetuación de estereotipos negativos, entre otros.
Sin embargo, este peso de los medios en la definición de la sociedad, también ha llevado al reconocimiento de su condición de socios indispensables en el impulso y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, tal como se menciona en la proclamación de la vigésima reunión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (1978):
"Artículo IV: Los medios de comunicación de masas tienen una participación esencial en la educación de los jóvenes dentro de un espíritu de paz, de justicia, de libertad, de respeto mutuo y de comprensión, a fin de fomentar los derechos humanos, la igualdad de derechos entre los seres humanos y naciones, y el progreso económico y social. Igualmente desempeñan un papel importante para dar a conocer las opiniones y las aspiraciones de la nueva generación".
El artículo 17 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño reconoce la importante función que desempeñan los medios de comunicación en la vida de las y los niños y reitera que éstos deben velar para que todas las personas, especialmente la infancia, tengan acceso a información y material procedentes de diversas fuentes nacionales e internacionales, en especial de información y material que tengan como finalidad promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y mental. Con tal objeto, los Estados parte de la Convención deben alentar a los medios de comunicación a difundir información y materiales de interés social y cultural y deben promover la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra toda información y material perjudicial para su bienestar.
Asimismo, en 1999, con ocasión del décimo aniversario de la convención, en el denominado Desafío de Oslo, se señaló que: "......la relación entre la infancia y los medios de comunicación desempeña una función importante con respecto a la todos los aspectos de los derechos de los niños y a todos los componentes de sus vidas" Ante este panorama, parece que el reto permanente que enfrentan tanto los medios de comunicación y la gente que trabaja en ellos como aquellas personas interesadas en la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes es impulsar y fortalecer la protección de los derechos fundamentales, en una búsqueda constante del equilibrio entre intereses profesionales, ética y compromiso social.
Como sabemos, en los primeros años de vida, la mayoría de los y las niñas son totalmente dependientes de las personas adultas en lo que respecta a la satisfacción de necesidades básicas. Su desarrollo se encuentra en un proceso de experimentación y aprendizaje. Los niños y niñas en general son consumidores pasivos de la información que les llega. En estas etapas son vulnerables, ya que tienen escasa capacidad de crítica y no cuentan con los recursos suficientes para identificar los diferentes intereses que hay detrás de la información en los medios de comunicación.
El mayor problema, en lo que a la participación de la infancia y la adolescencia en los medios de comunicación se refiere, está en el proceso de acercamiento de la infancia a esa realidad trasmitida. Los hábitos y prácticas de los y las niñas con los medios son desconocidos para sus familias, para sus educadores y para la sociedad misma. Sabemos lo que ven, pero muy poco de lo que piensan sobre lo que ven, la forma en que lo utilizan para construir sus conceptos sobre la realidad y el mundo que les rodea, etcétera. Por ello es importante que la información que difundan los medios de comunicación contribuya a la promoción y protección de los derechos de la niñez, a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades y de trato entre hombre y mujeres con el fin de poder garantizar así que los mensajes que reciban las y los niños de México, desde edades tempranas, tengan contenidos educacionales que buscan un mejor desarrollo.
Dado que la televisión y la radio desempeñan un papel fundamental en la socialización de los y las niñas y en los procesos por los que construyen su identidad (su imagen de sí mismos/as y del mundo que les rodea) el diputado del Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, el presente
Decreto por el que se adiciona una fracción VI al artículo 59 bis de la Ley Federal de Radio y Televisión.
Artículo Único.- Se adiciona una fracción VI al artículo 59 bis de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue:
Artículo 59 Bis. La Programación General dirigida a la población infantil que transmitan las estaciones de radio y televisión deberá:
I.- Propiciar el desarrollo armónico de la niñez;
II.- Estimular la creatividad, la integración familiar y la solidaridad humana;
III.- Procurar la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento de la comunidad internacional;
IV.- Promover el interés científico, artístico y social de los niños;
VI. Difundir información que contribuya a la promoción y protección de los derechos de la niñez, a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades y de trato entre hombre y mujeres. Los programas infantiles que se transmiten en vivo, las series radiofónicas, las telenovelas o teleteatros grabados, las películas o series para niños filmadas, los programas de caricaturas, producidos, grabados o filmados en el país o en el extranjero deberán sujetarse a lo dispuesto en las fracciones anteriores.
(Turnada a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Marzo 16 de 2006.)
QUE REFORMA EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY DE ASISTENCIA SOCIAL, A CARGO DEL DIPUTADO RAÚL PIÑA HORTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PVEM, RECIBIDA EN LA SESIÓN DEL JUEVES 16 DE MARZO DE 2006
Raúl Piña Horta, diputado de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicita se turne a la Comisión de Seguridad Social para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa.
El artículo 4 de la Ley de Asistencia Social a su letra dice: "tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar".
En consonancia con lo antes dicho, la asistencia social es el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva.
En síntesis la asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación.
Con base en lo anterior, proponemos que sean sujetos de la asistencia social los enfermos terminales, ya que ellos no se encuentran contemplados en esta ley.
La medicina ha sufrido enormes cambios en los últimos 50 años. Con las técnicas de reanimación, con los progresos en el tratamiento de deficiencias respiratorias, cardíacas, renales o hepáticas, es posible mantener en vida a miles de enfermos que, sin la ayuda médica, estarían condenados a una muerte más rápida. A la vez, ha habido mejoras en el tratamiento del dolor físico, si bien queda todavía mucho por hacer, ya que se siguen viviendo casos donde por falta de atención los enfermos terminales sufren las consecuencias.
La eutanasia, práctica que consiste en provocar la muerte o no alargar artificialmente la vida de un enfermo incurable, para evitarle sufrimientos o una larga agonía. En virtud de que en la leyes penales se encuentra prohibida su aplicación bastaría ponernos en la situación que están las personas que sufren enfermedades terminales para comprender por que en muchas de las ocasiones manifiestan su deseo de morir, la respuesta sería en que saben que su mal no tiene remedio y que desgraciadamente no cuentan con el apoyo que brinda la asistencia social para mejorar su calidad de vida.
Un enfermo en los distintos niveles de coma o en estado vegetativo persistente, puede ser mantenido en vida durante varios años. La acción médica actúa cada vez más como apoyo externo de funciones vitales con pulmones artificiales, diálisis, o como ayuda en la alimentación parenteral e hidratación. Estas medidas técnicas necesitan, para ser plenamente humanas, estar acompañadas por las atenciones elementales que todo enfermo merece a nivel físico como la limpieza externa, movimientos para evitar llagas o heridas, masajes y a nivel espiritual es importante el acompañamiento de caricias, formas de contacto cuyos efectos no son siempre bien conocidos pero que pueden ser de mucha importancia en algunos enfermos que parecen no percibir lo que pasa a su alrededor.
Por lo mismo, se necesita reconocer que estos tratamientos, muchos de ellos nuevos y, a veces, costosos, son útiles en la medida en que sirven al enfermo. Al mismo tiempo, la ética nos recuerda que no hay que llevar a cabo aquellas intervenciones desproporcionadas que provoquen enormes daños físicos o psíquicos o que alarguen inútilmente la agonía de un enfermo. Los médicos deben rendirse ante el hecho inevitable y natural de la muerte cuando un proceso patológico no puede ser curado y cuando son muy grandes los dolores provocados por la intervención técnica que detiene durante un cierto tiempo el proceso de muerte.
Por eso se hace necesario considerar en qué casos existe una obligación ética de recurrir a ciertos tratamientos médicos, y en qué casos no existe tal obligación.
A la hora de iniciar, mantener, omitir o suspender una acción sanitaria, hay que tener en cuenta la distinción entre tratamientos básicos, obligatorios para todo enfermo, y tratamientos específicos para curar o para suplir alguna función del organismo humano. Los tratamientos básicos buscan mitigar el dolor y los daños físicos consecuencia de una enfermedad, así como ofrecen nuevas posibilidades para alimentar e hidratar, siempre que las acciones llevadas a cabo con este fin no provoquen más daños que beneficios. En cambio, los tratamientos específicos buscan curar o paliar la enfermedad, ayudar o incluso suplir la funcionalidad de un órgano gravemente dañado.
En los casos de enfermos que se encuentran en coma o en estado vegetativo persistente, sigue en pie la obligación de mantener todos aquellos tratamientos básicos que merece el enfermo. Omitir este tipo de tratamientos con la intención de adelantar la muerte, la cual se producirá por desnutrición o por deshidratación, es un acto claramente inmoral, que puede no quedar penalizado por la legislación de un país que pretenda ser verdaderamente progresista.
Los enfermos terminales del síndrome de inmunodeficiencia adquirida tienen muy pocas defensas, varias infecciones y deterioro físico importante, de manera progresiva e incurable, pues no responden al tratamiento. La mayoría sufre síntomas como dolor, fiebre, insomnio, dificultades al tragar, agitación y otros.
El pronóstico de vida es muy deficiente. Frente a la enfermedad terminal, cuando parece que ya no hay nada que hacer, la respuesta son los cuidados paliativos, que tratan de atender de forma integral física, emocional, social y espiritualmente a las personas con enfermedades graves e incurables, no se pretende acelerar ni retardar la muerte, sino brindar al enfermo y a su familia la mejor calidad de vida posible.
Debido a las características propias de la infección del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pensamos que el apoyo psicológico es uno de los objetivos prioritarios de la asistencia social. Por otra parte, desarrollar un plan de atención a los enfermos a domicilio en los casos en que la hospitalización no sea indispensable. Este apoyo se extendería a la familia del paciente, sujeta a enormes tensiones durante todo el curso de la enfermedad.
En el caso de un enfermo tetrapléjico, existe la obligación de ayudarle a vivir también con el recurso a un pulmón artificial, pues es una acción perfectamente proporcionada y útil para mantener la vida del paciente. Privarle del pulmón es siempre un acto homicida, que busca claramente provocar la muerte del enfermo.
Conviene añadir que, en los casos en los que se omita lícitamente un tratamiento especial desproporcionado, no por ello el enfermo puede ser abandonado ni dejado morir sin que se le ofrezcan aquellos tratamientos que le ayuden a mantener la salud, como lo establece nuestra Constitución en su artículo 4, párrafo tercero.
Para atender los problemas de los afectados y su familia, se debe contar con un equipo de psicólogos y trabajadores sociales, que las necesidades de apoyo psicológico se aborden en terapias individuales, de pareja o familiares, entre otros planes y programas que existan grupos terapéuticos guiados por psicólogos y trabajadores sociales.
A través de la formación de grupos de autoayuda que se les dé solución a los problemas que les preocupen a los afectados, como son tratamientos o la nutrición. Que los grupos sean guiados por enfermeras y trabajadores sociales.
En cuanto al ámbito social, que las funciones del trabajador social sean informar y orientar sobre pensiones, problemas de vivienda, problemas jurídicos y los recursos tanto económicos como de cualquier otro tipo a los que tiene derecho los afectados. Todos estos temas sean causa de continua coordinación con autoridades federales estatales y municipales.
Cuando los pacientes sufren un estado crítico con dolores que afectan su estado físico, emocional y psíquico, tanto él como sus familiares entran en crisis que se vuelven más y más agudas cada vez, los cuadros clínicos arrojan resultados deprimentes en donde muchas de las veces, no llega la asistencia social lo que conlleva la propuesta de la presente iniciativa de considerar a los enfermos terminales sujetos de una pronta y efectiva asistencia social.
Para el diputado del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México la importancia de la asistencia social a los enfermos terminales es fundamental, por ello debemos apoyar a todas las familias mexicanas que tienen entre sus miembros algún familiar con estas necesidades y así seguir fomentando los valores a la vida, por los que seguiremos luchando.
Por todo ello sometemos a la consideración de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el presente
Decreto por el que se adiciona una fracción XI al artículo 4 de la ley de Asistencia Social recorriéndose las siguientes de manera subsecuente.
Articulo Único.- Se adiciona una fracción XI al articulo 4 de la Ley de Asistencia Social recorriéndose en su orden de la siguiente manera la actual fracción XI deviene a ser la fracción XII de manera subsecuente para quedar como sigue:
Artículo 4. ... I. a X. (quedan igual).
XI. Enfermos terminales.
XII. Coadyuvar a las personas afectadas por desastres naturales, y
XIII. Los demás sujetos considerados en otras disposiciones jurídicas aplicables. Transitorio
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 7 días del mes de marzo de 2006.
Dip. Raúl Piña Horta (rúbrica)
(Turnada a la Comisión de Desarrollo Social. Marzo 16 de 2006.)
DE LA COMISIÓN DE TURISMO, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR AL SECRETARIO DE TURISMO Y AL DIRECTOR DEL FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO A FORMALIZAR CONVENIOS DE TRANSPARENCIA DE RECURSOS CON LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DONDE ESTÁN LOS CENTROS INTEGRALMENTE PLANEADOS
Antecedentes del trámite legislativo
Con fecha 19 de octubre del 2004, la diputada Nancy Cárdenas Sánchez presentó la proposición con punto de acuerdo, por el que se exhorta al secretario de Turismo y al director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo a formalizar convenios de transparencia de recursos con los gobiernos municipales donde están los Centros Integralmente Planeados.
En la fecha de su presentación ante el pleno de la H. Cámara de Diputados, la Presidencia de la Mesa Directiva de esta H. Cámara de Diputados dictó el siguiente trámite: "túrnese la proposición a la Comisión de Turismo, para su estudio y dictamen".
La Comisión de Turismo recibió la proposición con punto de acuerdo, en la misma fecha de su presentación, para su dictamen.
De conformidad con el artículo 44, párrafo cuarto, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la propuesta fue turnada a la Subcomisión de Regulación y Facilitación Turística.
La Subcomisión de Regulación y Facilitación Turística, se abocó al estudio del punto de acuerdo en comento.
A partir del planteamiento presentado por la diputada Nancy Cárdenas Sánchez, publicado en la Gaceta Parlamentaria el 21 de septiembre de 2004, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), entregó a esta H. Cámara información sobre los convenios de transparencia de recursos con los gobiernos municipales en que están ubicados los Centros Integralmente Planeados.
De la investigación realizada al Fondo Nacional de Fomento al Turismo con relación a las inversiones en los centros integralmente planeados, se encontró que de conformidad con los planes maestros de Fonatur, existen ya las fechas para su entrega y un programa para cada centro integralmente planeado, con el objetivo de lograr su óptimo desarrollo, los cuales son: Centro Integralmente Planeado de Cancún, Quintana Roo.
Se tiene estimado las siguientes capacidades al final del proyecto mismo que se contempla en el 2013:
Población de 732,000 habitantes
160 instalaciones hoteleras
35, 000 cuartos
Ocupación del 80.0%
Estadía de 5.4 noches
6,900,000 visitantes
Centro Integralmente Planeado de Ixtapa, Guerrero.
Se pronostica para el 2010:
Población de 150,000 habitantes
45 instalaciones hoteleras
Ocupación del 52.0%
Estadía de 4.8 noches
437,000 visitantes
Centro Integralmente Planeado de Los Cabos, Baja California Sur.
Se han pronosticado para el 2020:
Población de 348,000 habitantes
60 instalaciones hoteleras
9,000 cuartos
Ocupación del 69.8%
Estadía de 4.3 noches
1,100,000 visitantes
Centro Integralmente Planeado de Loreto, Baja California Sur.
Población de 20,043 habitantes
37 instalaciones hoteleras
958 cuartos
Ocupación del 61.89%
136,535 visitantes
Centro Integralmente Planeado de Huatulco, Oaxaca.
Se han pronosticado para el 2010:
Población de 46,000 habitantes
2,600 cuartos Estadía de 4.6 noches Fechas de entrega de los municipios Desarrollo Año de entrega
Loreto 2026
Huatulco 2026 De acuerdo con el apoyo técnico y a las recomendaciones oficiales de la Auditoría Superior de la Federación, la propuesta de acciones para iniciar proceso de negociación con las autoridades municipales, en el cual puntualiza que respecto de la solicitud de "proporcionar información que sustente las acciones que en el corto plazo llevará Fonatur en cada uno de los municipios en donde se localizan los Centros Integralmente Planeados (CIPs) para la entrega de los servicios y las labores de mantenimiento", deberá sujetarse a un programa derivado de un estudio que en detalle precise el diagnóstico, los horizontes y los escenarios de desarrollo en cada uno de ellos.
Como parte de este estudio se considerará necesario y conveniente integrar el Programa Integral de Estrategias de Inversión, correspondiente a la definición de alternativas de inversión en mantenimiento en la que se puedan participar tanto el sector privado como el público.
Además, se ha programado la contratación de un estudio integral que abarque ambos temas y cuyos objetivos se concentraran en:
a) Formular la estrategia futura del Fondo en los CIPs en la que se garantice el crecimiento y consolidación de los mismos, con los servicios que demanda su desa-rrollo;
b) Establecer los mecanismos que aseguren en forma eficiente la operación conservación y mantenimiento de los servicios públicos, trasladando éstos a las autoridades locales competentes mediante un programa de transición paulatina que garantice la continuidad de los servicios, sin deterioro en su calidad y cantidad y;
c) Establecer diferentes alternativas de participación pública y privada para que los estándares de calidad en la prestación de servicios de conservación y mantenimiento de la infraestructura se mantengan sin afectar el desempeño turístico de los CIPs.
Como se da cuenta, la situación actual de los CIPs aún no se encuentran en una etapa madura pero, a pesar de esto, Fonatur ha tenido una visión a futuro y actualmente se encuentra trabajando con nuevos proyectos como: Escalera Náutica del Mar de Cortes;
Barrancas del Cobre;
Riviera Maya y;
Palenque. Con relación al otorgamiento de créditos, Fonatur cuenta con:
I. Programa de Financiamiento a la Actividad Turística.
Su objetivo es fomentar el desarrollo y fortalecimiento de las empresas pequeñas, medianas y grandes del sector turismo, mediante apoyo crediticio de segundo piso a través de la banca comercial a proyectos ubicados en la República Mexicana.
II. Programa de Calificación de Proyectos.
Mediante este programa se ofrece a inversionistas del sector y agentes financieros, la opinión experta de Fonatur sobre aspectos de mercado, técnicos, operativos y financieros de sus proyectos de inversión determinando su capacidad de pago y factibilidad de éxito. Esto permite facilitar el acceso al crédito bancario al proporcionar todos los elementos que se requieren para evaluar su solicitud de financiamiento.
III. Programa de Asistencia Técnica.
Bajo este programa se apoya a todo aquel inversionista que requiera asesoría sobre la formulación y evaluación de su proyecto de inversión turística para la gestión de créditos bancarios. Esta asesoría es gratuita e incluye los aspectos técnicos, de mercado, operativos y financieros de los proyectos turísticos que requieran financiamiento bancario.
IV. Programa de Coinversiones.
A fin de cumplir con el objetivo de fomentar la inversión en el sector turismo y consolidar los CIP?s, se habilitó este programa el cual permite la asociación con Fonatur aportando los terrenos donde el fondo tenga reserva territorial, así como estudios y proyectos por un equivalente de hasta el 25% de la inversión total del negocio. Esto permite que el inversionista no distraiga recursos financieros necesarios para la obra y contar con el respaldo y experiencia de Fonatur en el desarrollo del proyecto y gestión de créditos.
De conformidad con los argumentos y consideraciones antes expuestas, los diputados que integramos la Comisión de Turismo, y con fundamento en los artículos 39 primer párrafo y 45 numeral 6 incisos e) y f) de Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos y en los artículos 60, 87 88 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, resolvemos, se dictamina en sentido negativo la proposición con punto de acuerdo.
Único: Por las consideraciones y valoraciones antes expuestas, se deshecha la proposición con punto de acuerdo descrita en el proemio de la diputada Nancy Cárdenas Sánchez por encontrarse improcedente.
Dado en el Salón de Sesiones a los.....del mes de........del 2006 durante el segundo año legislativo correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones de la LIX.
Diputados: Francisco Xavier López Mena (rúbrica), Nancy Cárdenas Sánchez (rúbrica), Rómulo Cárdenas Vélez, María Concepción Fajardo Muñoz, María Mercedes Rojas Saldaña (rúbrica), Gonzalo Alemán Migliolo, Ángel Juan Alonso Díaz-Caneja, Rafael Candelas Salinas (rúbrica), Evaristo Corrales Macías (rúbrica), Omar Bazán Flores, Oscar Bitar Haddad (rúbrica), Francisco Javier Bravo Carvajal, Álvaro Burgos Barrera (rúbrica), Guillermo del Valle Reyes, Rodolfo Esquivel Landa, Irma S. Figueroa Romero (rúbrica), Gonzalo Guízar Valladares (rúbrica), Benjamín Hernández Bustamante, J. Jesús Lomelí Rosas (rúbrica), Margarita Martínez López, Raúl José Mejía González (rúbrica), Francisco Mora Ciprés (rúbrica), María Guadalupe Morales Rubio, Janette Ovando Reazola, Raúl Leonel Paredes Vega (rúbrica), Raúl Piña Horta, Emiliano V. Ramos Hernández, Pablo A. Villanueva Ramírez (rúbrica), Elizabeth Oswelia Yáñez Robles (rúbrica), Guillermo Zorrilla Fernández (rúbrica).
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE POBLACIÓN, FRONTERAS Y ASUNTOS MIGRATORIOS, Y DE RELACIONES EXTERIORES, POR EL QUE SE DESECHA LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA SOLICITAR A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES Y A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE INVESTIGUEN E INFORMEN A ESTA SOBERANÍA ACERCA DE LA CONTINUACIÓN DEL PROGRAMA DE DEPORTACIÓN LATERAL, PUESTO EN MARCHA POR EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS Y QUE ES VIOLATORIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MIGRANTES MEXICANOS
A las Comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Relaciones Exteriores de la LIX Legislatura les fue turnada para su estudio, análisis la siguiente proposición: Con punto de acuerdo para que las Secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, informen a esta soberanía si tienen conocimiento de algún incidente de maltrato o posibles violaciones a los derechos humanos de los migrantes y que investiguen a fondo la continuación del Programa de Deportación Lateral de los Estados Unidos, presentado el 1 de abril de 2004 por la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 45, numeral 6, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, siendo competentes y habiendo analizado el contenido de la proposición con punto de acuerdo referida, sometemos a consideración del pleno el presente dictamen, con base en los siguientes antecedentes y consideraciones:
1.- Con fecha 1 de abril de 2004, la diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó al Pleno de la Cámara de Diputados, la proposición con punto de acuerdo relativa a las violaciones a los derechos humanos de los migrantes y al Programa de Deportación Lateral de los Estados Unidos de América.
2.- En la misma fecha, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dispuso que dicha proposición fuera turnada a las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Relaciones Exteriores para su estudio y dictamen.
3.- En sesiones de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, celebradas los días 23 de junio y 21 de julio de 2004, la diputada Rosa María Avilés Nájera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó dos proposiciones con punto de acuerdo, respectivamente, para exhortar al Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se implemente un programa urgente de apoyo, para atender las necesidades inmediatas de los mexicanos que son deportados de los Estados Unidos de América; asimismo, para exhortar al Poder Ejecutivo a través de las mismas secretarías, informe a la Comisión Permanente todo lo referente al Programa de Repatriación Voluntaria.
4.- En sesión de la Comisión Permanente de fecha 7 de julio de 2004, el senador César Camacho Quiroz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó una proposición con punto de acuerdo para evitar que con la puesta en marcha del Programa de Repatriación Voluntaria se repita la violación de los derechos humanos de nuestros connacionales, y se exhorte al Ejecutivo federal para que no permita que en los Estados Unidos de América, se lesionen las garantías fundamentales de quienes opten por la deportación y de aquellos que no se acojan a dicho programa, enfatizando que en caso de los mexicanos que sí participen, no se les conduzca esposados en su traslado a México.
5.- En sesión de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión de fecha 14 de julio de 2004, el diputado Gilberto Ensástiga Santiago, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó una proposición con punto de acuerdo para que la Comisión Permanente conformara una comisión plural de legisladores con objeto de verificar la implementación del Programa de Repatriación Voluntaria; así como, solicitar al Ejecutivo federal realice las gestiones necesarias ante el gobierno de los Estados Unidos de América para garantizar que la Comisión Plural de Legisladores se entreviste con el Grupo de Trabajo Técnico sobre la Repatriación México-Estados Unidos y se otorgue a los legisladores mexicanos las facilidades para participar como observadores en el proceso y así constatar que no se repita la violación de los derechos humanos de los mexicanos.
6.- En sesión de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión de fecha 28 de julio de 2004, se aprobó el siguiente punto de acuerdo:
"Primero.- Se exhorta al Ejecutivo federal para que no permita que en los Estados Unidos de Norteamérica, dentro del marco del Programa de Repatriación de Inmigrantes, se continúen lesionando las garantías fundamentales de quienes opten por la deportación voluntaria y de quienes no se acojan a dicho programa, enfatizando que en el caso de los mexicanos que así lo decidan, no se les conduzca esposados en su traslado a México.
Segundo.- Se solicite al Instituto Nacional de Migración, remita a esta soberanía, los informes periódicos con los pormenores de los traslados de los connacionales participantes en el programa, consistentes en número de repatriados por día, lugar de origen, número de vuelos que se están realizando por día y cuántos llegan a los aeropuertos de la Ciudad de México y Guadalajara.
Tercero. Se solicita respetuosamente al Ejecutivo federal, para que a través de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Relaciones Exteriores se implemente un programa urgente de apoyo en varios rubros, entre ellos: jurídico, albergues, entre otros, a fin de atender las necesidades inmediatas de los mexicanos que son deportados e informen a esta soberanía de los mismos.
Cuarto. Se solicita respetuosamente al Ejecutivo federal realice las gestiones necesarias ante el gobierno de los Estados Unidos de América para garantizar que la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios de la H. Cámara de Diputados se entreviste con el Grupo de Trabajo Técnico sobre Repatriación México-Estados Unidos y se otorgue a los legisladores mexicanos las facilidades para participar como observadores en todo el proceso de repatriación, desde las estaciones migratorias hasta el punto de retorno, incluyendo el traslado a México y así constatar que no se repita la violación de los derechos humanos de nuestros connacionales."
Establecidos los antecedentes, las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Relaciones Exteriores la de la H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura que suscriben el presente proyecto de dictamen, exponemos las siguientes
1. En septiembre de 2003 el Senado de la República elevó un punto de acuerdo para reclamar irregularidades del programa, así como violaciones a los derechos humanos de los migrantes mexicanos.
2. En el mes de febrero de 2004, los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron el Plan de Acción para la Cooperación sobre Seguridad Fronteriza 2004 y el Memorándum de Entendimiento sobre la Repatriación Segura, Ordenada, Digna y Humana de Nacionales Mexicanos. Mismo, que a partir del día 12 de julio, dio inicio forma dicho programa de repatriación.
3 De conformidad al punto de acuerdo aprobado el día 28 de julio de 2004 en la Comisión Permanente de la LIX Legislatura, las Comisiones Unidas de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Relaciones Exteriores de la H. Cámara de Diputados consideramos que la proposición con punto de acuerdo que compone el presente proyecto de dictamen, presentada por la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ha quedado sin materia, pues el Programa de Deportación Lateral al que ella hace referencia ha sido transformado en un Memorándum de Entendimiento sobre Repatriación Segura, Ordenada, Digna y Humana de Nacionales Mexicanos.
Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Relaciones Exteriores de la H. Cámara de Diputados sometemos a consideración del pleno el siguiente:
Primero.- Ha quedado sin materia la proposición con punto de acuerdo presentada por la diputada María Guadalupe Morales Rubio, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en relación con el Programa de Deportación Lateral.
Segundo.- En consecuencia, se desecha la proposición con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Comisión de Derechos Humanos, investiguen e informen a esta soberanía, acerca de la continuación del Programa de Deportación Lateral, puesto en marcha por el Gobierno de los Estados Unidos y que es violatorio de los derechos humanos de los migrantes mexicanos.
Diputados: Juan Antonio Guajardo Anzaldúa (rúbrica), Presidente; Emilio Badillo Ramírez (rúbrica), secretario; Jaime Fernández Saracho (rúbrica), secretario; Ruth Trinidad Hernández Martínez (rúbrica), secretaria; Rosa María Avilés Nájera, secretaria; Fernando Álvarez Monje (rúbrica), Blanca Judith Díaz Delgado (rúbrica), Marco Antonio Gama Basarte, Alfonso Moreno Morán (rúbrica), Homero Ríos Murrieta, María Guadalupe Suárez Ponce, José Isabel Trejo Reyes, Marisol Vargas Bárcena, Carlos Osvaldo Pano Becerra, Nora Elena Yu Hernández (rúbrica), Jesús Zúñiga Romero, Laura Elena Martínez Rivera (rúbrica), Roberto Pedraza Martínez (rúbrica), Alfonso González Ruiz (rúbrica), Margarita Martínez López (rúbrica), Juan Manuel Vega Rayet (rúbrica), Julio César Córdova Martínez (rúbrica), Francisco Herrera León, Ricardo Rodríguez Rocha, Francisco Mora Ciprés (rúbrica), Elpidio Tovar de la Cruz (rúbrica), Reynaldo Valdés Manzo (rúbrica), Enrique Torres Cuadros (rúbrica), Ana Lilia Guillén Quiroz (rúbrica), María Ávila Serna (rúbrica).
Diputados: Adriana González Carrillo (rúbrica), Presidenta; Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre, secretario; Carlos Jiménez Macías (rúbrica), secretario; Arturo Robles Aguilar (rúbrica), secretario; Jorge Martínez Ramos (rúbrica), secretario; Sami David David, Homero Díaz Rodríguez (rúbrica), María Cristina Díaz Salazar (rúbrica), José Luis Flores Hernández (rúbrica), Rogelio Alejandro Flores Mejía, Rodrigo Iván Cortés Jiménez (rúbrica), Ángel Juan Alonso Díaz Caneja, Humberto Cervantes Vega (rúbrica), José Alberto Aguilar Iñárritu (rúbrica), Carlos Flores Rico (rúbrica), Blanca Gámez Gutiérrez (rúbrica), Fernando Alberto García Cuevas (rúbrica), Juan José García Ochoa (rúbrica), Isidoro Ruiz Argaiz (rúbrica), Alejandro González Yáñez, Benito Chávez Montenegro (rúbrica), Leticia Gutiérrez Corona (rúbrica), Guadalupe Suárez Ponce (rúbrica), Guadalupe Morales Rubio (rúbrica), Sergio Penagos García (rúbrica), Cristina Portillo Ayala, Francisco Saucedo Pérez (rúbrica), Carlos Noel Tiscareño Rodríguez, Marco Antonio Torres Hernández (rúbrica).
Del dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII del artículo 2o. y el artículo 141 del Código Federal de Procedimientos Penales (en lo general y en lo particular)
Del dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales (en lo general y en lo particular, con la fe de erratas admitida)
Del dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que reforma el artículo 364 del Código Penal Federal (en lo general y en lo particular)
Del dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con proyecto de decreto que adiciona la fracción V al artículo 266 Bis del Código Penal Federal (en lo general y en lo particular)
Del dictamen de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social, de Seguridad Social, y de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto que crea la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (en lo general y en lo particular)
DE LA COMISIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, ANUAL DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE SEPTIEMBRE DE 2005 A AGOSTO DE 2006
Fundamento legal del funcionamiento de las Comisiones en la Cámara de Diputados
Las Comisiones son órganos constituidos por el Pleno, que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales. Tienen a su cargo tareas de dictamen legislativo, de información y de control evaluatorio conforme a lo dispuesto por el artículo 93 constitucional, y su competencia se corresponde en lo general con las otorgadas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, LOCGEUM).
Las comisiones ordinarias se constituyen durante el primer mes de ejercicio de la Legislatura (septiembre). Tendrán hasta treinta miembros y el encargo de sus integrantes será por el término de la misma. Los diputados podrán pertenecer hasta tres de ellas; para estos efectos, no se computará la pertenencia a las comisiones jurisdiccional y las de investigación (artículo 43 de la LOCGEUM).
La Ley Orgánica señala que los miembros de las comisiones están obligados a acudir puntualmente a sus reuniones y sólo podrán faltar por causa justificada y debidamente comunicada. Asimismo, las comisiones contarán para el desempeño de sus tareas, con el espacio necesario para el trabajo de su Mesa Directiva y para la celebración de sus reuniones plenarias. Las comisiones podrán establecer subcomisiones o grupos de trabajo para el cumplimiento de sus tareas, cuidando que en la constitución de las subcomisiones se refleje la pluralidad de los Grupos Parlamentarios representados en la Comisión (artículo 44 de la LOCGEUM).
Los presidentes de las comisiones ordinarias, con el acuerdo de éstas, podrán solicitar información o documentación a las dependencias y entidades del Ejecutivo federal cuando se trate de un asunto sobre su ramo o se discuta una iniciativa relativa a las materias que les corresponda atender de acuerdo con los ordenamientos aplicables. Las comisiones ordinarias cuya materia se corresponde con los ramos de la Administración Pública Federal harán el estudio del informe a que se refiere el primer párrafo del artículo 93 constitucional, según su competencia. Al efecto, formularán un documento en el que consten las conclusiones de su análisis. En su caso, podrán requerir mayor información del ramo, o solicitar la comparecencia de servidores públicos de la dependencia ante la propia Comisión. Asimismo, las comisiones a que se refiere el párrafo anterior y de acuerdo a su competencia, darán opinión fundada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con base en los informes que rindan el Poder Ejecutivo Federal y las demás entidades fiscalizadas, en los términos del artículo 79, fracción I, de la Constitución, las cuales deberán ser enviadas a más tardar sesenta días después de la recepción de los informes. La opinión fundada tendrá por objeto hacer aportaciones a esa Comisión sobre aspectos presupuestales específicos, en relación al cumplimiento de los objetivos de los programas del correspondiente ramo de la Administración Pública Federal, y para que sean consideradas en la revisión de la Cuenta Pública (artículo 45 de la LOCGEUM).
Las comisiones tendrán las tareas siguientes: a) Elaborar su programa anual de trabajo;
g) Realizar las actividades que se deriven de esta ley, de los ordenamientos aplicables, de los acuerdos tomados por el Pleno de la Cámara y los que adopten por sí mismas con relación a la materia o materias de su competencia (artículo 45 de la LOCGEUM). II. Introducción
La ciencia y tecnología son motores fundamentales del desarrollo económico nacional; en consecuencia, es necesario aumentar la inversión en desarrollo científico y tecnológico para llegar al 1.5% del PIB, como lo ha recomendado la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es necesario dar la lucha por establecer mecanismos que conduzcan, en el mediano plazo, a lograr una política sustentable para el desarrollo científico y tecnológico, vinculándolo a las necesidades del crecimiento económico.
Sin embargo, en nuestro país, la restricción de recursos presupuestales y las presiones políticas de los grupos más desprotegidos, así como la falta de consensos en temas torales de la agenda política nacional, han relegado este tema de trascendencia nacional y clave para el futuro del país.
La LVIII Legislatura realizó un gran esfuerzo en sentar las bases para el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, creando instrumentos financieros, así como de participación de los investigadores y funcionarios relacionados con el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Asimismo, esta LIX Legislatura impulsó en el primer año de ejercicio la adición del articulo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología mediante el cual se mandata que se destine al menos el 1% del producto interno bruto al gasto nacional en ciencia y tecnología.
Corresponde en este ejercicio fiscal pasar de la realidad legal a la realidad presupuestal. Para ello seguiremos en comunicación constante con los diversos grupos parlamentarios, con la comunidad científica y tecnológica, así como con los medios de comunicación a efecto de mantener en la agenda política nacional el tema de la ciencia y la tecnología.
En este programa de trabajo trazamos nuestras metas, líneas de acción, agenda legislativa, y reafirmamos nuestra misión, nuestra visión y nuestros valores que reflejan el sentir de cada uno de nosotros, los integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
III. Misión de la Comisión de Ciencia y Tecnología
Proporcionar a México un marco legislativo adecuado que permita el desarrollo científico y tecnológico, vinculando y articulando a éste con todos los sectores que permitan elevar los niveles de bienestar de la sociedad.
IV. Visión de la Comisión de Ciencia y Tecnología
Hacer de la Ciencia y Tecnología los ejes del desarrollo nacional.
V. Valores de la Comisión de Ciencia y Tecnología Anteponer los intereses de la nación sobre los intereses personales y de grupos.
Respeto y tolerancia a la diversidad de ideas
Trabajo es cumplir responsablemente las tareas encomendadas.
Honestidad es firmeza en los principios y en las ideas.
Congruencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. VI.- Objetivos de la Comisión de Ciencia y Tecnología
Es importante que los objetivos de esta Comisión, se relacionen con los del Programa Especial de Ciencia y Tecnología, Pecyt (2001-2006), a efecto de coadyuvar desde nuestro ámbito de competencia a su cumplimiento.
Objetivos estratégicos del Pecyt Disponer de una política de Estado en Ciencia y Tecnología.
Incrementar la capacidad científica y tecnológica.
Elevar la competitividad e innovación de las empresas. Objetivos específicos de la Comisión de Ciencia y Tecnología 1.1. Lograr que la Ciencia y la Tecnología sea una prioridad nacional a efecto de que forme parte de la agenda temática en la Reforma del Estado.
1.2. Descentralizar el desarrollo de la ciencia y la tecnología a efecto de aprovechar las vocaciones de las distintas regiones del país.
1.3. Alcanzar aspectos normativos flexibles para los centros públicos de investigación.
1.4. Fiscalizar los recursos destinados a la ciencia y tecnología a efecto de controlar y evaluar que éstos se apliquen eficaz, eficiente y efectivamente.
1.5. Evaluar los programas operativos anuales de las dependencias y entidades que ejerzan recursos presupuestales en la materia.
2.1. Alcanzar mayores recursos en materia de Ciencia y Tecnología, para que la inversión alcance cuando menos el 1% del PIB -del 1.5% recomendado- en el presente sexenio.
2.2. Acrecentar la cultura científica y tecnológica de la sociedad mexicana.
2.3. Ampliar la cobertura de acceso a la ciencia y la tecnología.
2.4. Impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en las Entidades Federativas y en las Secretarías de Estado y Organismos Descentralizados del Gobierno Federal.
2.5. Incrementar el personal con postgrado en el país.
2.6. Fomentar convenios de cooperación internacional en la materia.
3.1. Promover la vinculación entre el sector privado y el sector público a efecto de aprovechar las experiencias y recursos de todo tipo para el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
3.2. Incrementar la inversión del sector privado en investigación y desarrollo.
3.3. Fomentar que las empresas se vinculen con las instituciones de educación superior y centros públicos de investigación a través de consorcios y redes de cooperación.
3.4. Establecer apoyos de la Secretaría de Economía para pequeñas y medianas empresas.
3.5. Promover la integración de personal de alto nivel científico y tecnológico en las empresas. VII.- Líneas de acción 1.1. Elaborar, recibir, analizar, dictaminar e impulsar iniciativas de ley, decretos o modificaciones y reformas que impulsen y faciliten con una legislación adecuada el desarrollo de la Ciencia y Tecnología en el país.
1.2. Realizar estudios del marco jurídico de la ciencia y tecnología a efecto de actualizarlo, conforme a los retos que impone la materia.
1.3. Impulsar un régimen legal especial para los centros públicos de investigación.
1.4. Elaborar una agenda legislativa presupuestal y temática de la Comisión.
1.5. Vigilar que los recursos públicos asignados a la investigación y desarrollo sean aplicados con los criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.
1.6. Evaluar los programas operativos gubernamentales de ciencia y tecnología.
1.7. Realizar estudios financieros sobre los recursos asignados a la ciencia y tecnología de los sectores público, social y privado.
1.8. Proponer aumentos y disminuciones presupuestales en las áreas de ciencia y tecnología.
1.9. Hacer observaciones a la Cuenta Pública que presente la Auditoría Superior de la Federación en materia de gasto en investigación y desarrollo.
1.10. Planear y organizar foros y eventos nacionales e internacionales.
1.11. Difundir el trabajo de la Comisión hacia los legisladores, y sectores público, social y privado.
1.13. Promover la publicación por medios electrónicos e impresos de las actividades de la Comisión y de las áreas estratégicas para el desarrollo nacional.
1.14. Impulsar que las instituciones de educación superior y centros públicos de investigación puedan administrar libremente sus recursos autogenerados.
2.1. Vigilar que en el presupuesto aumenten los recursos destinados a la formación de recursos humanos y a su incorporación al sector productivo, dedicados a la investigación científica y tecnológica.
2.2. Promover la inversión del sector público y el sector privado en la materia.
2.3. Estudiar las ventajas y oportunidades y fomentar el uso de las herramientas, programas, recursos y políticas internacionales en la materia.
2.4. Promover una mayor cultura científica y tecnológica, usando los tiempos oficiales y fiscales en radio y televisión, y otros espacios alternativos para multiplicar la promoción de esta materia.
2.5. Promover la vinculación con la educación básica, media y media superior a efecto de despertar el interés de los estudiantes en la ciencia y tecnología.
2.6. Divulgar la importancia de la ciencia y las ventajas de la tecnología para el beneficio de las clases menos favorecidas.
2.7. Promover la asistencia técnica en el sector agropecuario.
2.8. Otorgar recursos a las instituciones de educación superior y centros de investigación para su vinculación con el sector agropecuario.
2.9. Impulsar la capacitación y asistencia técnica en el sector primario.
2.10. Otorgar mayores recursos para los fondos sectoriales de las secretarías de estado y organismos descentralizados.
2.11. Otorgar mayores recursos para los fondos mixtos aplicados en las entidades federativas y municipios.
2.12. Apoyar con recursos presupuestales el programa de repatriaciones.
2.13. Asignar mayores recursos presupuestales para las instituciones de educación superior y los centros públicos de investigación.
2.14. Incrementar el número de becarios de posgrado en el país.
3.1. Aumentar los estímulos fiscales para las empresas que invierten en ciencia y tecnología.
3.2. Promover la vinculación de la iniciativa privada con las instituciones de educación superior y centros públicos de investigación.
3.3. Destinar mayores recursos para el Programa de Negocios Avance operado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Economía.
3.4. Promover la vinculación del sector público con la iniciativa privada.
3.5. Asignar mayores recursos al Programa para el Desarrollo de la Industria del Software.
3.6. Crear el Fondo Nacional para la Innovación y el Desarrollo Tecnológico y asignarle recursos presupuestales para su operación.
3.7. Impulsar la inversión del sector privado en investigación y desarrollo experimental.
3.8. Promover la integración de personal de alto nivel a las empresas por medio de las repatriaciones.
3.9. Otorgar mayores facilidades administrativas a los centros públicos de investigación a efecto de desarrollar negocios con la iniciativa privada.
3.10. Introducir en la Ley de Premios Estímulos y Recompensas Civiles el Premio Nacional de Ciencia y Tecnología.
3.11 Otorgarles mayores facilidades a científicos e investigadores a efecto de que puedan comercializar sus descubrimientos e invenciones. VIII. Lineamientos estratégicos
Prioridad: 1 Lineamientos estratégicos: Definir los grandes problemas e intereses nacionales. Calendarizar seminarios sobre información actualizada, así como la suscripción de revistas que contengan este tipo de información. Prioridad: 2 Lineamientos estratégicos: Establecer un método de trabajo legislativo que garantice el análisis y dictaminación de las iniciativas, a través de una agenda de reuniones periódicas con los distintos actores involucrados en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Prioridad: 3 Lineamientos estratégicos: Identificar los puntos de coincidencia entre los grupos parlamentarios y mantener con los integrantes de la Comisión, información y cabildeo permanente con sus respectivas bancadas para cabildear y alcanzar el consenso en las propuestas de la Comisión. Prioridad: 4 Lineamientos estratégicos: Construir una agenda legislativa de la Comisión y asegurar su seguimiento con base en el plan estratégico de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Prioridad: 5 Lineamientos estratégicos: Integrar los intereses locales a una agenda nacional. Prioridad: 6 Lineamientos estratégicos: Fortalecer acciones de vinculación con actores y beneficiarios. Prioridad: 7 Lineamientos estratégicos: Asistir en subcomisiones plurales a las reuniones plenarias de los partidos políticos e informar de las iniciativas de ley en materia de ciencia y tecnología. Prioridad: 8 Lineamientos estratégicos: Localizar y sensibilizar para argumentar bien las propuestas y formar subcomisiones de información y de negociación. IX. Metas 2004 -2005 1. Abatir el rezago legislativo.
2. Dictaminar las iniciativas de ley turnadas en la LIX Legislatura.
3. Impulsar un incremento presupuestal para la Ciencia y la Tecnología, a efecto de alcanzar el 1% del PIB en el año 2006.
4. Instrumentar las líneas de acción fijadas en el proceso de planeación estratégica que está llevando a cabo esta Comisión.
5. Dar cumplimiento en este último año de ejercicio a la Declaración de Cozumel. X.- Agenda legislativa
1.- Iniciativas de la LVIII Legislatura
A). Iniciativa con proyecto de decreto para hacer adiciones a la Ley de Ciencia y Tecnología en sus artículos 12, fracción XIV; 13, fracción IV; 26 fracción IX, y transitorio noveno; así como la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal, Capítulo III "Del Ejercicio del Gasto Público Federal", en sus artículos 26 y 27 (prioritaria). Sinopsis: La intención legislativa es permitir a los planteles educativos y centros de investigación, disponer directamente de sus recursos extraordinarios autogenerados; y obligar a las autoridades federales a transferir por adelantado los recursos por concepto de subsidio a dichas instituciones. Fue presentada por los diputados del PRI, Jorge Luis García Vera y Enrique Meléndez Pérez el 14 de abril de 2003 y turnada a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Estatus: En estudio y en espera de incluir estas propuestas en la nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. B) Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sinopsis: La intención legislativa es reformar diversos artículos a efecto de considerar puntos de vista que no se tomaron en la nueva Ley de Ciencia y Tecnología y en la Ley Orgánica del Conacyt publicada el 5 de junio de 2002. Fue presentada por la diputada María del Rosario Tapia Medina (PRD), el día 1 de abril de 2003.
Estatus: Con proyecto de dictamen a discutirse en la próxima sesión de la Comisión. C) Iniciativa que reforma la Ley General de Educación, para que se destine el 8% del PIB a educación, ciencia y tecnología. Sinopsis: La intención legislativa es precisar los mecanismos de financiamiento establecidos en la Ley General de Educación, a efecto de alcanzar el 8% del producto interno bruto en inversión para educación, ciencia y tecnología. Fue presentada por la diputada Silvia Álvarez Bruneliere (PAN) el día 29 de octubre de 2002 y turnada a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, de Ciencia y Tecnología, y de Presupuesto y Cuenta Pública.
Estatus: Se encuentra en proceso de elaboración el proyecto de dictamen en sentido negativo, ya que la intención legislativa fue satisfecha con la reforma publicada al artículo 25 de la Ley General de Educación el día 30 de diciembre de 2002. D) Iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General de Salud. Sinopsis: La intención legislativa es fomentar la investigación para la salud (clonación terapéutica) y prohibir la clonación reproductiva. Fue presentada por el diputado Francisco Patiño Cardona, PRD el día 15 de abril de 2003 y turnada a las Comisiones de Salud, y de Ciencia y Tecnología.
Estatus: En estudio. 2.- Iniciativas de la LIX Legislatura
A) Iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona la fracción V del artículo 23 de la Ley de Ciencia y Tecnología. Sinopsis: La intención legislativa es que las becas otorgadas por el Gobierno Federal, no tengan que ser retribuidas en dinero. Fue presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez (PRD) el día 14 de junio de 2004 y turnada a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Gaceta Parlamentaria, número 1518, lunes 14 de junio de 2004.
Estatus: Con proyecto de dictamen a discutirse en la próxima sesión de la Comisión. B) Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 100-Bis y 100-Ter y reforma el artículo 465 de la Ley General de Salud. Sinopsis: La intención legislativa es prohibir la clonación de seres humanos. Fue presentada por la diputada Ruth Hernández Martínez (PAN) el 2 de julio de 2004 y turnada a las Comisiones Unidas de Salud y de Ciencia y Tecnología.
Estatus: En estudio. C) Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 1 y 2 de la Ley de Ciencia y Tecnología. Sinopsis: La intención legislativa es establecer y regular los apoyos, las acciones y el gasto que el Gobierno Federal está obligado a otorgar para realizar, impulsar, fortalecer y desarrollar la investigación científica y tecnológica, así como precisar los mecanismos para impulsar la inversión en ciencia y tecnología. Fue presentada por el diputado Omar Bazán Flores, PRI el 23 de noviembre de 2004 y turnada a la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Estatus: Con proyecto de dictamen a discutirse en la próxima sesión de la Comisión. D) Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología. Sinopsis: La intención legislativa es reformar, modificar y adicionar los artículos 4, fracción IX, 5, 5 Bis, 6, 6 Bis, 7, 8, 9, 10, fracción III, 10 Bis, 21, 22, 30, tercer párrafo, y 36 de la Ley de Ciencia y Tecnología a efecto de crear el Comité Científico y Tecnológico como órgano de política y coordinarlo mejor con las actividades del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Fue presentada por el diputado Omar Bazán Flores (PRI) y turnada a la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Estatus: Con proyecto de dictamen a discutirse en la próxima sesión de la Comisión. E) Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología; de la Ley Federal de Entidades Paraestatales; de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Sinopsis: La intención legislativa es fortalecer y consolidar la figura de los centros públicos de investigación (CPI) mediante el reforzamiento y perfeccionamiento de su régimen jurídico especial, incorporar nuevos elementos de simplificación jurídica para su operación y detonar proyectos de investigación y apoyo a proyectos productivos. Fue presentada por el diputado Julio César Córdova Martínez el 21 de noviembre de 2004 y turnada a las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, de Presupuesto y Cuenta Pública y de Gobernación.
Estatus: Con proyecto de dictamen a discutirse en la próxima sesión de la Comisión. F) Iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Sinopsis: La intención legislativa es modificar los mecanismos y requisitos para la designación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Fue presentada por el diputado Salvador Pablo Martínez Della Rocca, del grupo parlamentario del PRD, el martes 19 de abril de 2005.
Estatus: En estudio G) Iniciativa que reforma la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Sinopsis: La intención legislativa es proteger los centros de origen del maíz, así como declarar una moratoria a efecto que los centros de origen sean zonas libres de organismos genéticamente modificados (OGM). Fue presentada por el diputado Víctor Suárez Carrera, del grupo parlamentario del PRD, el 10 de junio de 2005 y turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Ciencia y Tecnología, y de Agricultura y Ganadería.
Estatus: Pendiente. H) Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Sinopsis: Fue presentada por el diputado Omar Ortega Álvarez, del grupo parlamentario del PRD, el 12 de septiembre de 2005 y turnada a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura y Ganadería, y de Ciencia y Tecnología.
Estatus: Pendiente. Anexo 1
Declaración de Cozumel
Comisión de Ciencia y Tecnología de la LIX Legislatura
Considerando Que México requiere una política de Estado en ciencia y tecnología (CyT) con una visión de largo plazo que incorpore a la investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación como elementos fundamentales e integrados a la estrategia del desarrollo económico y social del país.
Que el conocimiento y la educación que se traduce en innovación tecnológica para crear o mejorar productos y procesos, son factores determinantes para lograr mayor productividad, competitividad y crecimiento económico.
Que México enfrenta el doble reto: volver a crecer en forma sostenida para elevar el nivel de vida de su población. Y además hacerlo a un ritmo que le permita incorporar a la actividad productiva a una población de jóvenes en edad de trabajar que aumenta significativamente, derivado de las altas tasas de crecimiento demográfico que experimentó el país en las últimas décadas del siglo pasado.
Que la recuperación de México en la escala mundial de competitividad requiere de un impulso sustantivo al desarrollo de la ciencia la innovación y la incorporación productiva de la tecnología.
Que la inversión en México en CyT como porcentaje del PIB ha aumentado en 15 años únicamente de 0.28 en 1990 a 0.36 en 2005.
Que la CyT requiere del aprovechamiento de investigadores, tecnólogos, infraestructura, equipamiento, creación y desarrollo de centros de investigación.
Que a pesar de que el financiamiento privado en CyT se ha incrementado por la aprobación de los estímulos fiscales, su proporción en el gasto total aún es baja.
Que persiste una alta concentración de las actividades en CyT en el Distrito Federal en términos de investigadores (50%), programas de posgrado y estudiantes de esos programas (62%).
Que adicionalmente existe un tratamiento regulatorio administrativo a las instituciones y centros públicos de investigación que no reconoce sus características propias y les dificulta el manejo de los recursos, el cumplimiento de sus actividades sustantivas y la vinculación con el sector productivo.
Que todo lo anterior requiere una visión clara de largo plazo, con una planeación de mayor horizonte a los tiempos sexenales de renovación gubernamental, que focalice las áreas de oportunidad y las prioridades de la investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico en función de los retos nacionales, sectoriales y regionales del país. Que para lograr lo anterior proponemos: Que la CyT requiere del aprovechamiento de investigadores, tecnólogos, infraestructura, equipamiento, creación y desarrollo de centros de investigación.
Que a pesar de que el financiamiento privado en C y T se ha incrementado por la aprobación de los estímulos fiscales, su proporción en el gasto total aún es baja.
Que todo lo anterior requiere una visión clara de largo plazo, con una planeación de mayor horizonte a los tiempos sexenales de renovación gubernamental, que focalice las áreas de oportunidad y las prioridades de la investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico en función de los retos nacionales, sectoriales y regionales del país. Que para lograr lo anterior proponemos: 1. Elaborar un programa a largo plazo que defina las áreas estratégicas del conocimiento y que las vincule con las áreas de oportunidad y las prioridades sectoriales y regionales, estas últimas generadas por las entidades federativas del país.
2. Determinar en este programa estratégico la orientación del gasto en CyT de tal forma que se vinculen las áreas estratégicas del conocimiento con los retos y oportunidades para resolver problemas de especial prioridad para México como son: energía, agua, salud, alimentos, medio ambiente y educación de la ciencia.
3. Promover que todos los partidos políticos incorporen la CyT en sus plataformas electorales como una base fundamental de la riqueza del país y estrategia para enfrentar los problemas nacionales, así como pilar fundamental para la competitividad del país.
4. Articular un acuerdo nacional de CyT para la innovación y la competitividad que pueda ser suscrito como compromiso por todos los candidatos a Presidencia de la República, en el primer semestre de 2006.
5. Que este Acuerdo contemple la formación y aprovechamiento de recursos humanos altamente calificados, el fortalecimiento de la capacidad, la infraestructura instrumental y equipamiento científico y tecnológico, la planeación de la CyT a mediano y largo plazo, un sistema nacional de vinculación con el sector productivo, las oportunidades y prioridades sectoriales, el impulso al desarrollo regional y un financiamiento gradual, incremental y sostenido.
6. Promover la participación activa de los gobiernos de las entidades federativas para establecer prioridades nacionales, estatales y regionales en esta materia e impulsar en las legislaturas locales la conformación de marcos legales, propicios al desarrollo de la CyT.
7. Emprender acciones inmediatas para avanzar en lo que resta de la presente administración para fortalecer programas específicos de formación y aprovechamiento de recursos humanos de alta especialidad, a través de becas de posgrado, repatriación e incorporación de becarios a centros de trabajo, creación de nuevas plazas para investigadores y ampliación del sistema nacional de investigadores; apoyar proyectos estratégicos de infraestructura; reforzar la vinculación con el sector productivo; incorporar en los diferentes ramos presupuéstales recursos para incrementar los fondos de ciencia básica sectoriales y mixtos, así como flexibilizar la normatividad gubernamental a que están sujetos, las instituciones y los centros de investigación, en un marco de transparencia y rendición de cuentas.
8. Pugnar porque los recursos autorizados para el presente año se apliquen oportunamente y analizar la ampliación del estímulo fiscal para incentivar al sector productivo a incorporar recursos humanos de alta calificación.
9. Por último se recomienda que para la formulación del programa estratégico y la articulación del acuerdo nacional de CyT se conforme una mesa de trabajo en que participen la comunidad científica tecnológica, el sector productivo y representantes de todos los partidos y fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión y gobiernos de las entidades federativas. Comisión de Ciencia y Tecnología
Diputados: Julio César Córdova Martínez, Presidente (PRI); María Eloísa Talavera Hernández, secretaria (PAN); Omar Ortega Álvarez, secretario (PRD); Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, secretario (PRI); Rosa María Avilés Nájera (PRD), Fernando Ulises Adame de León (PRI), Sheyla Fabiola Aragón Cortés (PAN), Consuelo Camarena Gómez (PAN), Patricia Elisa Durán Reveles (PAN), Lucio Galileo Lastra Marín (PAN), Marcela Guerra Castillo (PRI), Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (PRD), José López Medina (PRI), Alfonso Juventino Nava Díaz (PRI), Erick Agustín Silva Santos (PRI), Martín Vidaña Pérez (PRI), Rubén Alfredo Torres Zavala (PAN).
Dr. José Luis Fernández Zayas, coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
Dr. Leonardo Ríos Guerrero, Presidente del IX Consejo Directivo de la HADITA.
Dra. Rosalinda Contreras Theurel, directora del Cinvestav.
Dr. Inocencio Higuera Ciapara, director general adjunto de Ciencia del Conacyt.
Resultados de la reunión de evaluación del plan estratégico de la Comisión de Ciencia y Tecnología
Proyectos priorizados a realizar en la segunda mitad de la legislatura
(Propuestos por los participantes y priorizados con equipo de votación electrónica; ver anexo de resultados de la votación de temas a desarrollar en la segunda mitad de la Legislatura). 1. Vinculación con las empresas.
3. Promover en la educación superior el desarrollo tecnológico.
4. Regionalización y descentralización.
5. Incentivos a la investigación.
6. Evaluación de la ciencia y tecnología.
7. Marco operativo de la Comisión.
8. Trabajo legislativo (revisar el marco legislativo en materia de ciencia y tecnología).
10. Promover la investigación desde la educación básica.
11. Acuerdo Nacional para la Ciencia y Tecnología, las Humanidades y la Innovación.
12. Centros públicos de investigación (simplificación administrativa).
13. Presupuesto.
14. Que la educación superior y los centros de investigación conozcan las necesidades del campo. Densidad estratégica de proyectos a realizar en la segunda mitad de la Legislatura Prioridad: I
Proyecto: 11. Acuerdo Nacional para la Ciencia y Tecnología, las Humanidades y la Innovación.
Prioridad: II
Proyecto: 5. Incentivos a la investigación.
Prioridad: III
Proyecto: 6. Evaluación de la Ciencia y Tecnología.
Prioridad: IV
Proyecto: 13. Presupuesto.
Prioridad: V
Proyecto: 8. Trabajo legislativo (revisar el marco legislativo en materia de ciencia y tecnología).
Prioridad: VI
Proyecto: 9. Financiamiento.
Prioridad: VII
Proyecto: 1. Vinculación con las empresas.
Prioridad: VIII
Proyecto: 4. Regionalización y descentralización.
Prioridad: IX
Proyecto: 12. Centros Públicos de Investigación (simplificación administrativa).
Proyecto: 3. Promover en la educación superior el desarrollo tecnológico.
Prioridad: XI
Proyecto: 2. Propiedad industrial.
Prioridad: XII
Proyecto: 14. Que la educación superior y los centros de investigación conozcan las necesidades del campo.
Prioridad: XIII
Proyecto: 10. Promover la investigación desde la educación básica.
Prioridad: XIV
Proyecto: 7. Marco operativo de la Comisión. Proyectos y responsables Proyecto 1. Simplificación administrativa de los centros públicos de investigación.
Responsables del proyecto: Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, Julio César Córdova Martínez.
Proyecto 2. Acuerdo nacional para la ciencia y tecnología, las humanidades y la innovación.
Responsables del proyecto: Víctor Manuel Alcérreca Sánchez, Dolores Gutiérrez Zurita, Eloísa Talavera Hernández, Julio César Córdova Martínez, Lucio Galileo Lastra Marín.
Proyecto 3. Promover la investigación desde la educación básica.
Responsables del proyecto: Consuelo Camarena Gómez, José López Medina.
Proyecto 4. Promover en la educación superior el desarrollo tecnológico.
Responsable del proyecto: José López Medina.
Proyecto 5. Que la educación superior y los centros de investigación conozcan las necesidades del campo.
Responsable del proyecto: Rubén Torres Zavala.
Proyecto 6. Trabajo legislativo (revisar el marco legislativo en materia de ciencia y tecnología).
Responsables del proyecto: Marcela Guerra Castillo.
Proyecto 7. Evaluación de la ciencia y tecnología.
Responsables del proyecto: Rubén Torres Zavala, Patricia Durán Reveles, Omar Ortega Álvarez.
Proyecto 8. Marco operativo de la Comisión
Responsables del proyecto: Patricia Durán Reveles, Omar Ortega Álvarez.
Proyecto 9. Regionalización y descentralización.
Responsables del proyecto: Eloísa Talavera Hernández, Sheyla Aragón Cortés.
Proyecto 10. Vinculación con las empresas.
Responsables del proyecto: Marcela Guerra Castillo, Eloísa Talavera Hernández, Sheyla Aragón Cortés.
Proyecto 11. Propiedad industrial.
Responsables del proyecto: Ulises Adame de León, Sheyla Aragón Cortés.
Proyecto 12. Incentivos a la investigación.
Responsable del proyecto: Marcela Guerra Castillo.
Proyecto 13. Presupuesto.
Responsable del proyecto: Por definir.
Proyecto 14. Financiamiento.
Responsable del proyecto: Por definir. Diputados: Julio César Córdova Martínez (rúbrica), Presidente; María Eloísa Talavera Hernández (rúbrica), secretaria; Omar Ortega Álvarez (rúbrica), secretario; Víctor Manuel Alcérreca Sánchez (rúbrica), secretario; Fernando Ulises Adame de León (rúbrica), Sheyla Fabiola Aragón Cortés (rúbrica), Roger David Alcocer García (rúbrica), Rosa María Avilés Nájera (rúbrica), Consuelo Camarena Gómez, José Ángel Córdova Villalobos (rúbrica), Marcela Guerra Castillo (rúbrica), Patricia Elisa Durán Reveles (rúbrica), Humberto Francisco Filizola Haces (rúbrica), Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita (rúbrica), Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza, Abdallán Guzmán Cruz (rúbrica), Moisés Jiménez Sánchez (rúbrica), Salvador Martínez Della Rocca (rúbrica), Germán Martínez Cázares (rúbrica), José Luis Medina Lizalde (rúbrica), Alfonso Juventino Nava Díaz (rúbrica), Lucio Galileo Lastra Marín (rúbrica), José López Medina (rúbrica), Rubén Alfredo Torres Zavala (rúbrica), Marisol Urrea Camarena (rúbrica), Jorge Baldemar Utrilla Robles (rúbrica), Martín Vidaña Pérez, Omar Bazán Flores, Francisco Javier Guízar Macías, Erick Agustín Silva Santos (rubrica), Benito Chávez Montenegro (rúbrica).
DE LA COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, DE SU RECORRIDO POR PEROTE, VERACRUZ, EFECTUADO EL 22 Y 23 DE FEBRERO DE 2006
Objetivo del recorrido
Que los legisladores conozcan la problemática ambiental y social de Perote, Veracruz, y que constaten la forma de operar de las Granjas Carroll de México, empresa dedicada a la producción comercial de cerdos para abasto.
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, LIX Legislatura
Diputados: Jacqueline G. Argüelles Guzmán, Francisco J. Lara Arano, José Luis Cabrera Padilla, Ernesto Alarcón Trujillo, Alfredo Bejos Nicolás, Maximino Fernández Ávila, Regina Vázquez Saut, Luis Eduardo Gómez García.
Atanasio García Durán, diputado local; licenciado Genaro Ruiz Arriaga, subsecretario de Ganadería de la Sedarpa; doctor Eduardo Cordoba Castillo, coordinador del Consejo Estatal de Medio Ambiente; licenciada Rosa Aurora Azamar Arizmendi, subdirectora de Salud Ambiental; licenciado Filadelfo Landa Ortiz, coordinador regional de la Secretaría de Gobierno estatal; licenciado Raúl Arango Miranda, subdelegado estatal de Auditoría Ambiental de la Profepa; licenciado Ramón Aguilar Aguilar, representante de la Comisión Nacional del Agua; licenciado Gilberto Castillo Arcos, alcalde de Perote, y miembros de su cabildo.
MVZ Víctor Ochoa Calderón, director general de Granjas Carroll de México.
22 de febrero 17:30 horas. Salida del Congreso de la Unión y traslado a Perote, Veracruz.
20:30 horas. Arribo a la hostería Covadonga II; cena con el alcalde de Perote y sus ediles, presentación de temas relativos a tiraderos a cielo abierto, rastro municipal, planta de tratamiento de aguas residuales municipales y posibles proyectos de inversión. 23 de febrero 8:30 horas. Desayuno con autoridades y funcionarios estatales y municipales y presentación a cargo del MVZ Víctor Ochoa, en el restaurante Covadonga.
10:00 horas. Traslado a las afueras del estado para visitar instalaciones de las Granjas Carroll en la zona limítrofe entre Puebla y Veracruz en compañía de la sociedad civil (Chichicuautla).
14:30 horas. Reunión de la Comisión para comentar las observaciones y fijar posturas.
16:00 horas. Traslado a la granja 13-1 de Granjas Carroll.
17:00 horas. Ingreso a la granja y recorrido.
19:00 horas. Salida de la granja y traslado a la hostería.
20:00 horas. Intercambio de impresiones con autoridades municipales. 24 de febrero 8.30 horas. Desayuno con Sociedad civil, conocimiento de problemática ambiental
10:00 horas. Recorrido por poblaciones aledañas (Alchichica, Lomas Altas, Orilla del Monte, estado de Veracruz).
16:00 horas. Regreso a la Ciudad de México. Observaciones
Posterior a las visitas a las granjas, se pudo constar lo siguiente: 1.- Las áreas de eliminación de desechos y de la cerdaza, no están lo suficientemente alejadas de las fuentes de agua.
2.- Extracción indiscriminada de agua de pozo para lavar los residuos de las granjas.
3.- Ausencia aparente de geomembranas en las lagunas de tratamiento anaerobio.
4.- Ausencia de filtros y fosas de tratamiento biológico.
5.- Incremento de amoniaco y otras sustancias en el aire de la localidad debido a las mal llevadas lagunas de oxidación.
6.- Suelos totalmente erosionados.
7.- Olores fétidos, lo que pone en entredicho la calidad del aire.
8.- Consumo del agua de las granjas mayor que el de todas las poblaciones de la región.
9.- Emisión de altas concentraciones de metano (CH4) que dañan la capa de ozono y que ocasionan escasez de lluvia.
10.- Los niveles del acuífero han descendido enormemente en los últimos años mientras que la empresa se sigue expandiendo en la región e instalando más granjas, por información proporcionada por la sociedad civil con logotipos de la CNA.
11.- Diversos estudios realizados por la Comisión Nacional del Agua muestran la contaminación de los acuíferos locales por coniformes fecales. Conclusión
Se acordó la presentación de una proposición con punto de acuerdo que coadyuve a la solución de la problemática planteada, con la coordinación de autoridades federales, estatales y municipales; el Congreso estatal y la Cámara de Diputados y la instalación de mesas de trabajo.
A su séptima reunión plenaria, que se efectuará el viernes 17 de marzo, a las 10:30 horas, en el salón D del edificio G.
3. Análisis de temas pendientes.
4. Presentación del primer informe semestral del tercer año de la LIX Legislatura.
A la reunión de trabajo de su Mesa Directiva, que se llevará a cabo el miércoles 22 de marzo, a las 9 horas, en las oficinas de la Comisión (edificio D, segundo piso).
A su reunión de trabajo, que se verificará el miércoles 22 de marzo, a las 9 horas, en la sala de juntas de la Coordinación de Durango (edificio B, cuarto piso).
Orden del Día 1. Declaratoria de instalación como comisión ordinaria. Diputado Víctor Hugo Islas Hernández, Presidente de la Comisión.
2. Ratificación del programa de trabajo. Votación.
3. Lectura, discusión y votación del proyecto de dictamen de la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de la Función Pública a investigar a las instituciones involucradas en el programa Emprendedores con Discapacidad.
4. Lectura, discusión y votación del proyecto de dictamen de la proposición con punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de la Función Pública a investigar la posible comisión de delitos en la integración de beneficiarios del programa Oportunidades en el estado de Michoacán.
5. Lectura, discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto por el que se derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.
A su vigésima cuarta reunión plenaria, que se verificará el miércoles 22 de marzo, a las 9:30 horas, en la zona C del edificio G.
3. Dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (dictamen a discusión y, en su caso, aprobación).
4. Dictamen de la iniciativa por la que se reforma el artículo 33, y se adicionan los artículos 33-A, 33-B, 33-C, 33-D, 33-E y 33-F de la Ley General de Sociedades Cooperativas (dictamen a discusión y, en su caso, aprobación).
5. Dictamen de iniciativas que reforman diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular (dictamen a discusión y, en su caso, aprobación).
6. Información relativa al IV Encuentro de Parlamentarios Comprometidos con el Cooperativismo en el marco del ACI-Américas, por celebrarse en la ciudad de Lima, Perú, del 17 al 23 de julio de 2006.
A su reunión ordinaria, que tendrá lugar el miércoles 22 de marzo, a las 12 horas, en la sala de juntas de la Comisión, edificio D planta baja.
Orden del Día I. Verificación del quórum.
II. Lectura, y en su caso, aprobación del orden del día.
III. Discusión y votación del dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 32 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación.
IV. Discusión y votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Ciencia y Tecnología, de Gobernación y de Presupuesto y Cuenta Pública, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología; de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
V. Discusión y votación del acuerdo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, relativo a las proposiciones relacionadas con el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2004 (en sentido negativo).
VI. Discusión y votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Presupuesto y Cuenta Pública relativo a la proposición con punto de acuerdo para que se incluyan en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2005 los recursos suficientes para la culminación de la segunda etapa del proyecto Elota-Piaxtla en el estado de Sinaloa (en sentido negativo).
VII. Discusión y votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Recursos Hidráulicos y de Presupuesto y Cuenta Pública relativo a la proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo federal a que se destinen los recursos necesarios para que se realicen los proyectos de riego de San Vicente Boquerón y Los Zapotes, en el estado de Puebla (en sentido negativo).
VIII. Discusión y votación del dictamen de las Comisiones Unidas de Turismo y de Presupuesto y Cuenta Pública relativo a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita se incluya en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004, la propuesta de construcción en el área del Cerro del Machorro, de una zona de protección y embarcadero para las actividades de los pescadores de San Felipe, Baja California.
DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL, DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, Y DE SALUD
A su reunión de trabajo con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, licenciado Fernando Flores y Pérez, que se verificará el miércoles 22 de marzo, a las 17 horas, en la zona C del edificio G.
A su undécima reunión plenaria, que se efectuará el jueves 23 de marzo, a las 11 horas, en el salón E del edificio G.
Orden del Día 1. Lista de asistencia y, en su caso, verificación de quórum.
3. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la décima reunión plenaria.
4. Propuestas de dictamen presentadas por la Subcomisión Jurídico-Administrativa, y aprobación, en su caso.
A su reunión de trabajo con una delegación de diputados de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Jurídicos y Parlamentarios del Estado de Bavaria, Alemania, que se llevará a cabo el jueves 23 de marzo, a las 13 horas, en el salón B del edificio G.
A su segunda reunión plenaria, donde comparecerá el licenciado Mario Beauregard Álvarez, secretario ejecutivo del IPAB, el jueves 23 de marzo, a las 15 horas, en el salón E del edificio G.
Viernes 17 de marzo, 8 horas Ponente: Licenciado Leonardo García Camarena, subsecretario de Desarrollo Político de la Segob.
Tema: La reforma gubernamental.
Lugar: Auditorio norte. Miércoles 22 de marzo, 8 horas Ponente: Édgar Jiménez Cabrera.
Tema: Reforma del Estado.
Lugar: Salón de protocolo del edificio A. Viernes 24 de marzo, 8 horas Ponente: José Luis Méndez Martínez.
Al ciclo de mesas de discusión El Congreso a debate, organizado en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que se efectuarán el 22 de marzo, 5, 19 y 26 de abril, y el 3 y 4 de mayo, en el salón Legisladores de la República, a las 11 horas.
Realizar un encuentro entre especialistas y actores políticos en el que expongan y debatan ideas acerca del presente y futuro del Congreso mexicano.
Participantes Especialistas en temas político-parlamentarios (politólogos, políticos, periodistas, abogados e historiadores).
Legisladores federales. Mesa 1. El Congreso a debate Línea general del debate: situación actual y perspectiva del Congreso mexicano. Atentamente

References: artículo 73
 artículo 8
 artículo 59
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 141
 artículo 133
 artículo 364
 artículo 266
 artículo 34
 ARTÍCULO 73
 artículo 73
 artículo 7
 resolución 
 artículo 41
 Artículo 72

Artículo 1

Artículo 3

Artículo 41
 artículo 41
 artículo 73
 artículo 122
 artículo 41
 artículo 73
 artículo 73
 artículo 73

Artículo 73
 ARTÍCULO 8
 artículo 8
 artículo 44
 artículo 26
 artículo 8
 artículo 8
 ARTÍCULO 59
 artículo 17
 artículo 59
 artículo 59

Artículo 59
 ARTÍCULO 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4

Artículo 4
 artículo 44
 artículo 45
 artículo 2
 artículo 141
 artículo 133
 artículo 364
 artículo 266
 artículo 93
 artículo 93
 artículo 79
 artículo 25
 artículo 23
 artículo 465
 artículo 33
 artículo 32