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Timestamp: 2019-09-15 19:43:18+00:00

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Monografia Instituto de la Judicatura Bolivia | Procedural Law | Joinder
Monografia presentada a la culminacion del curso de formacion de jueces
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Reprogramacion de Audiencia Damian Merma
La Excepción de Cosa Juzgada y La Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta
[Tp1] Procesal 88.75
8º Curso de Formación Inicial para el Ingreso a la Carrera Judicial
EL LITISCONSORCIO NECESARIO COMO MECANISMO QUE PERMITA GENERAR SENTENCIAS ECUÁNIMES
Los conflictos de intereses que dan lugar a litigios judiciales contienen una complejidad que frecuentemente desborda el esquema procesal mínimo de un actor frente a un demandado; es decir, aunque las partes procesales sigan siendo dos, los sujetos procesales son más de dos. De ahí el interés del litisconsorcio.
Es precisamente el tema que a motivado la presente monografía, planteando por ello la problemática relativa a la intervención litisconsorcial, enfatizando las limitaciones normativas centradas en el litisconsorcio facultativo que puede generar la posibilidad de la emisión de sentencias poco objetivas para los intereses del litigante que acude a los tribunales de administración de justicia, por cuanto no están integrados en la litis todos los interesados en la solución del conflicto.
Al respecto se plantea como idea a defender que la introducción del litis consorcio necesario, permitirá mayor seguridad jurídica a través de la emisión de sentencias efectivas por la concurrencia o emplazamiento de todos los interesados en un proceso, en el marco de una norma clara y expresa relativa al litis consorcio necesario.
Materializar esta planteamiento de solución a la problemática presentada, ha permitido que se plantee como objetivo de la monografía, el elaborar una propuesta normativa que permita introducir en la legislación procesal civil, el litisconsorcio necesario que exija la concurrencia o emplazamiento de todos los interesados en un litigio determinado a efectos de poder pronunciar una sentencia efectiva.
Muchas normas del sistema jurídico boliviano no responden a las demandas de la sociedad civil, afectando su legitimidad, generando una sensación de inseguridad jurídica y de inutilidad del sistema jurídico nacional, dando lugar a medidas de hecho que en la mayoría de los casos no es mas que la ley del talión.
Está sensación de la población se expresa de modo particular cuando el demandante ocurre ente los tribunales de justicia a objeto de encontrar la solución de sus conflictos, y en cambio obtiene sentencias que resultan inútiles, debido que para su real aplicación se requieren la intervención de otras personas que se encontraban en los alcances del contenido de la resolución.
El profesor Lino Palacio, señala que “existe litisconsorcio cuando por mediar cotitularidad activa o pasiva con respecto a una pretensión única o un vínculo de conexión entre distintas pretensiones, el proceso se desarrolla con la participación (efectiva o posible) de más de una persona en la misma posición de parte” 1
Considera el Dr. Tudela 2 “que el proceso sólo comprende a los que en él intervienen como actor o demandado, en principio y únicamente a ellos aprovecha o perjudica la sentencia, pero las relaciones jurídicaS son tan complejas que con frecuencia, la litis afecta los derechos de terceros, que se ven así vinculados a un proceso en el que no han intervenido y de cuya sentencia, no obstante, puede derivarles un perjuicio”.
La legislación boliviana a
normado lo relativo al litisconsorcio facultativo, sin
embargo, en la práctica diaria existe la necesidad que se establezca como facultad del juzgador la posibilidad que éste integre a la litis a las personas que deben
1 PALACIO, LINO ENRIQUE. Manual de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Editorial Albeledo-Perrot. Buenos Aires.1990 Pág. 25-326.
2 TUDELA TAPIA, TOMÁS. Manual de Derecho Procesal, Procedimiento Civil, Práctica Civil, Proceso oral por Audiencia. Editorial “Tupac Katari”, Sucre, 2007 Pág. 84
participar del proceso civil, para luego no emitirse sentencias sin ninguna efectividad para las partes.
La introducción del denominado litisconsorcio necesario dotará a la legislación nacional de un instituto que permita mayor agilización de las causas civiles, alcances efectivos de los contenidos de las resoluciones, y la deseada sensación que las leyes y el proceso civil en particular tiene la legitimidad exigida, en cuanto responde a los requerimientos de la sociedad civil.
Como se mencionó, la legislación nacional ha previsto en el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, el litisconsorcio facultativo, el mismo que se traduce en el hecho de que existe la presencia de dos o más personas en calidad de demandantes o demandados siendo sus pretensiones conexas por su causa y objeto. La sentencia emitida por el juzgador que afecta a una de las partes no favorece ni perjudica a la otra, es decir no afecta a la unidad del proceso.
Sin embargo, en la práctica existen situaciones procesales en las cuales no podría pronunciarse sentencia ecuánimes, sin la concurrencia o emplazamiento de todos los interesados. Se trata de la necesidad de una facultad para que el juez de oficio o a pedido de contraparte, pueda requerir la integración de la litis a efectos de producirse una sentencia efectiva. Estos aspectos hacen referencia a la necesidad de lo que en la doctrina se denomina como litis consorcio necesario.
La integración de la litis por parte del juez, no se encuentra legislada en el Código de Procedimiento Civil, de forma expresa, generando con ello que los administradores de justicia no cuenten con una norma clara y específica sobre el tema que permita una accionar uniforme de los tribunales de justicia.
En la legislación boliviana, existen normas relativas a la intervención litisconsorcial, sin embargo, estas se muestran limitadas por cuanto sólo prevén el litisconsorcio facultativo generándose por ello la posibilidad de la emisión de sentencias poco objetivas para los intereses del litigante que acude a los tribunales de administración de justicia.
El litis consorcio en la legislación boliviana
El Proceso de integración en la litis en las demandas civiles presentadas en la ciudad de Sucre, durante los últimos tres años.
Elaborar una propuesta que permita introducir en la legislación procesal civil, el litisconsorcio necesario que exija la concurrencia o emplazamiento de todos los interesados en un litigio determinado a efectos de poder pronunciar una sentencia efectiva.
1. Precisar las características, la clasificación, alcances y contenidos del litisconsorcio en la legislación boliviana.
2. Mostrar los alcances y limitaciones del litis consorcio facultativo
3. Caracterizar el litisconsorcio necesario en la doctrina, jurisprudencia y derecho comparado en general.
4. Establecer los contenidos de una propuesta de litisconsorcio necesario.
7. Idea o Propuesta a Defender
La introducción del litis consorcio necesario, permitirá mayor seguridad jurídica a través de la emisión de sentencias efectivas por la concurrencia o emplazamiento de todos los interesados en un proceso, en el marco de una norma clara y expresa relativa al litis consorcio necesario.
8. Aporte Teórico y Práctico
Con la introducción del litisconsorcio necesario se podrá contar con una norma que respalde efectivamente la actuación procesal de los jueces cuando deben integrar a las personas que deben participar en el proceso, lográndose de ésta manera como se viene diciendo, sentencias útiles, economía procesal y de tiempo y dinero para las partes. He ahí el efecto práctico de esta investigación.
En lo que respecta al aporte teórico, se trata de promover la reflexión sobre nuevos institutos que permitan agilizar, dinamizar, la administración de justicia en el objetivo de establecer una justicia pronta y eficaz tal cual reza el articulado de la Nueva Constitución Política del Estado
9. Novedad y Actualidad
El instituto del litis consorcio necesario, aunque
comparado; en la legislación aún no fue asumido en la redacción del texto procesal civil. No fue introducido en las reformas que se hicieron al citado texto, por lo que se produjo un vació que ha sido cubierto con la jurisprudencia del máximo tribunal de Justicia.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la labor de la Corte Suprema, no es crear normas sino aplicarlas. Por lo que es deber del legislativo el emitir una normativa clara y específica sobre las diferentes situaciones procesales, tal el caso de la integración de litis como facultad del juez.
Más aún en el contexto de cambio y transformación que se vive en el país, es necesario el pensar en nuevas formas e institutos para la administración de justicia. Por ello la presente propuesta, es actual y novedosa.
a) Método Histórico
Consiste en “el
estudio cronológico de un tema, asunto o institución” (Linares
1995:58) utilizando la teoría de carácter hipotético – deductivo. El
método permitió el estudio de los institutos jurídicos en el Marco Teórico que se construyo.
b) Método Bibliográfico
Según expresiones de Linares, Mario (1995:28), “consiste en el estudio de los hechos y fenómenos en las fuente bibliográficas”. El uso de éste método en el área
jurídica permite la obtención de datos a través de la revisión de producción doctrinal, el análisis de códigos, jurisprudencia, etc.
Se utilizó este método para la redacción del Marco Teórico que permitió, dotar del sustento teórico necesario a la investigación.
c) Elaboración de Fichas
Las fichas contienen la información de libros u otros materiales en forma sintética y puntual, a veces se trata de la transcripción textual de algo importante, conforme expresiones de Mario Linares. Se utilizó ésta técnica para la elaboración del Marco Teórico.
En el presente capítulo se desarrolla los siguientes aspectos:
Por ley del 14 de noviembre de 1832 se sancionó en Bolivia el Código de Procedimientos de Santa Cruz – mas conocido como el Código de Procederes Santa Cruz, que a decir de Couture, se constituyó en el primer Código de América y resulta ser el mas curioso e interesante ensayo de coordinación de todos los principios del procedimiento civil y criminal. En el citado cuerpo legal no se encuentra referencia al litisconsorcio.
Al presente Bolivia cuenta con un nuevo Código de Procedimiento Civil que rige a partir del 2 de abril de 1976, en cuya estructura admite la influencia del Código de Procedura Civile italiano de 1940 y en la formulación de su normativa adopta, en gran porcentaje las del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Argentina de 1967, en grado menos las de la Ley de Enjuiciamiento Civil española de 1881 y las demás, de las leyes abrogadas y otras del ordenamiento jurídico nacional.
Cuerpo legal se encuentra
litisconsorcio en el artículo 65.
prescrita en forma breve el instituto del
En relación de los objetivos de la presente monografía se definen los siguientes conceptos:
1.2.1 La Litis
La palabra litis proviene del Latín Lis. Litis se refiere al pleito o contienda, diferencia, disputa de litigio judicial, donde se litiga sobre una cosa. Este tecnicismo se conserva puro en el español como litigio.
Es importante precisar ¿que entendemos por el concepto de litis?, consideramos que aunque en algunos diccionarios no especializados en derecho lo derivan de lite, que significa pleito, litigio judicial, actuación en juicio. Sin embargo, tales conceptos no satisfacen plenamente nuestras instituciones jurídicas, porque no es totalmente exacto que toda litis tenga un pleito o controversia. Por ello, en lo particular entiendo por litis, el planteamiento formulado al órgano de jurisdicción, por los legítimos en el proceso, para su resolución.
Ahora bien, para la fijación de la litis, deben precisarse todas las acciones y excepciones que las partes quisieren hacer valer, estableciéndose, precisamente en esta etapa, la litis a la cual deberá ceñirse la autoridad al dictar la resolución correspondiente, y si el Magistrado responsable, al momento de resolver el conflicto puesto a su consideración introduce cuestiones que no se puntualizaron al fijarse la litis, haciendo valer en la sentencia oficiosamente acciones diversas a las planteadas por las partes en la audiencia referida, resulta evidente que con su actuación transgrede las garantías constitucionales de los demandados, entre otras, las de seguridad jurídica.
Ello es así, en razón de que la litis se integra únicamente con el acto reclamado y los agravios expuestos por el inconforme para demostrar su ilegalidad, de tal suerte que en toda resolución judicial debe de prevalecer el principio de congruencia, esto es, que la sentencia sea congruente no sólo consigo misma sino también con la litis, lo cual estriba en que al resolverse dicha controversia se haga atendiendo a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos.
Finalmente podemos mencionar que la Litis, es el pleito, la causa, juicio, lite. Esta voz latina se conserva como vocablo jurídico incorporado a su lengua.
1.2.2 El litigio
Es una controversia frente a una corte o un juicio es comúnmente referida como un litigio. Si un caso no es resuelto por acuerdo o negociación entre las partes que disputan, puede eventualmente ser escuchado y decidido por un juez o un jurado en la corte. El litigio es una manera que le gente y las compañías resuelven disputas.
1.2.3 El Litisconsorcio
El profesor Lino Palacio, señala que “existe litisconsorcio cuando por mediar cotitularidad activa o pasiva con respecto a una pretensión única o un vínculo de conexión entre distintas pretensiones, el proceso se desarrolla con la participación (efectiva o posible) de más de una persona en la misma posición de parte” 3
3 PALACIO, LINO ENRIQUE. Manual de Derecho Procesal Civil. Tomo I. Editorial Albeledo-Perrot. Buenos Aires.1990 Pág. 25-326.
La dualidad de las partes, producto del principio de contradicción, implica la existencia de la parte actora y demandada, para que se produzca ésta situación el vendedor (garante de evicción) debe ser citado con la demanda. Esta relación procesal puede verse afectada con la intervención de terceros que llegan al proceso con posterioridad. A estos terceros se los denomina “intervinientes” porque como factor común con las partes iniciales, se apersonan reclamando algún derecho propio.
Considera el Dr. Tudela 4 “que el proceso sólo comprende a los que en él intervienen como actor o demandado, en principio y únicamente a ellos aprovecha o perjudica la sentencia, pero las relaciones jurídica son tan complejas que con frecuencia, la litis afecta los derechos de terceros, que se ven así vinculados a un proceso en el que no han intervenido y de cuya sentencia, no obstante, puede derivarles un perjuicio”.
En el transcurso del proceso se pueden presentar diversas situaciones, así la declaratoria de rebeldía, también puede presentarse el caso de un proceso con multiplicidad de sujetos como sucede en el caso del litisconsorcio activo o pasivo, cuando concurren varios actores o varios demandados.
Escriche, opina: “litisconsorte es el que litiga por la misma causa o interés que otro, formando con él una sola parte, ya sea actor o de reo demandado en el pleito”. De ésta manera la palabra “litisconsorcio” se emplea en el derecho procesal para denotar la presencia, en el mismo pleito, de muchas personas en calidad de actores o demandados 5 .
Para Couture 6 , se trata de una “Situación en que se hallan diversas personas que actúan en juicio conjuntamente como actores (litisconsorcio activo) o demandado
4 TUDELA TAPIA, TOMÁS. Manual de Derecho Procesal, Procedimiento Civil, Práctica Civil, Proceso oral por Audiencia. Editorial “Tupac Katari”, Sucre, 2007 Pág. 84
5 Idid. Pag. 85
6 Ibidem. Pag. 85
(litisconsorcio pasivo). De modo que la figura procesal del litisconsorcio tiene como característica principal una pluralidad de sujetos en la misma posición de parte: sea como actores o demandantes, o ya como demandados, también como actores y demandados conjuntamente.
En caso de que varias personas actúen en la posición de actores o que el actor litigue frente a varios demandados, los que ocupan una misma posición en el proceso se encuentran en estado de litisconsorcio, del cual derivan diversas situaciones procesales que varían según las circunstancias.
Como indica Hugo Alsina 7 , por lo general el litisconsorcio se forma al comienzo del pleito mediante la acumulación subjetiva de acciones, sin embargo, el litisconsorcio puede surgir durante el desarrollo del proceso, sea por fallecimiento de una de las partes cuando deja varios herederos sea por la intervención de un tercero en la relación procesal, sea como consecuencia de la acumulación de autos.
Siguiendo a la doctrina expuesta por Hugo Alsina, se pueden establecer los siguientes requisitos procesales del litisconsorcio:
1.- En el litisconsorcio, existe la presencia de una relación procesal única con pluralidad de sujetos que actúan como actores o demandados, pero en forma autónoma, es decir, independientemente los unos de los otros. Estos son los dos caracteres fundamentales del litisconsorcio: unidad de relación jurídica y autonomía de los sujetos procesales, de tal manera que los actos de unos ni aprovechan ni perjudican a los otros, salvo algunas excepciones, como ocurre en las obligaciones solidarias.
7 ALSINA, HUGO. Tratado Teórico Práctico de Derecho Procesal Civil y Comercial. Compañía Argentina de Editores. 1993 Pág. 498-499
2.- Como consecuencia de esa autonomía, cada parte debe tener capacidad procesal para actuar en el proceso, lo cual significa que el adversario puede oponerle una excepción de falta de personería prescindiendo de la capacidad de los demás litisconsortes.
3.- El juez debe ser competente para entender en las acciones que correspondan a cada litisconsorte, cuya competencia puede ser originaria o adquirida. La incompetencia puede hacerse valer también para cualquiera de los demandados y como en el caso anterior beneficiará a quien opuso cuando se fundare en la competencia territorial, pero beneficiará asimismo a sus litisconsortes cuando lo fuere por razón de la materia, ya que ésta afecta el orden público y por consiguiente no puede prorrogarse y no podrá entonces el juez ser competente respecto de un demandado e incompetente respecto del otro.
1.2.3.1 Litisconsorcio Facultativo o Voluntario
Es el que depende de la libre voluntad de las partes. Su organización obedece unas veces a la existencia de un vínculo de conexitud entre distintas pretensiones y otras a la adhesión de un tercero que puede formular respecto de una pretensión ya deducida, o de la oposición a ella, en el entendido de que según las normas del derecho sustancial hubiese estado legitimado o habilitado para demandar o ser demandado en el proceso en el que la pretensión se hizo valer.
La característica de este tipo de litisconsorcio radica en la circunstancia de que cada uno de los litisconsortes goza de legitimación procesal independiente, circunstancia por la cual, tanto el resultado del proceso, como el contenido de la sentencia pueden ser diferentes con respecto a cada uno de ellos. Todo, ya sea que existan varias pretensiones conexas, una sola pretensión a la que posteriormente adhiera un tercero.
Aparece regulado en el artículo 56 del Anteproyecto del Código del Proceso Civil:
I. Dos o más personas podrán litigar en forma conjunta como demandantes o demandadas en el mismo proceso, cuando sus pretensiones fueren conexas por su causa u objeto, o cuando la sentencia a dictarse respecto de uno pudiere afectar a la otra. II. Los litisconsortes facultativos serán tenidos como sujetos procesales independientes, salvo disposición en contrario. III. Los actos de un litisconsorte no favorecen ni perjudican a los otros y tampoco afectan la unidad del proceso.
Consiste en la posibilidad (facultad) de que litigantes unidos por algún aspecto de la relación comparezcan conjuntamente en un pleito, así como hubieran podido hacerlo en pleitos diferentes, por ejemplo los participes de un mismo accidente que demandan todos juntos.
La conexión a que se refiere la ley radica en que las pretensiones tengan relación por su causa o por su objeto o cuando la sentencia a dictarse con respecto a una pudiera afectar a la otra. Sería ilógico que un mismo accidente el juez declarara culpable al que lo produjo frente a un litigio y en otro no. Lo que si cabe, en este litisconsorcio facultativo (en que la relación jurídica no es inescindible) que a uno se acogiera su pretensión resarcitoria y a otra no (porque no tuvo o no probó los perjuicios)
Resulta claro, entonces, que se está ante un fenómeno de proceso plural (pluralidad de parte) una modalidad de la acumulación inicial de pretensiones. El litisconsorcio facultativo sigue el sistema general, según el cual, si bien hay una parte única, pese a estar integrada por varias personas, los litisconsortes son independientes desde el punto de vista procesal. N principio, salvo disposición legal
expresa en contrario, los actos de unos no benefician a los demás, ni tampoco los perjudican.
Así cada uno podrá desistir, si apela uno y no otro, el recurso vale sólo para el primero y la sentencia adquirirá cosa juzgada respecto del segundo, etc. No obstante como el proceso es uno solo y tiene su unidad, los actos de impulso procesal de uno repercutirán sobre todos (interrupción de la perención, acuse de rebeldía, etc.) Y la sentencia será una sola (aunque pueda resolver en forma distinta la suerte de cada uno) Es lo que quiere decir el Código al disponer (sin que ello se afecte la unidad del proceso”.
1.2.3.2 Litisconsorcio Necesario
El fundamento del litisconsorcio necesario radica en la exigencia de resguardar el derecho de defensa en el proceso, de todos aquellos interesados o eventuales comparecientes a quienes ha de ampliarse la cosa juzgada, característica de la sentencia dictada sobre el fondo del litigio.
Aparece regulado en el artículo 57 del Anteproyecto de Código del Proceso Civil:
I. Cuando por la naturaleza de la relación jurídica sustancial, objeto del proceso, no pudiere pronunciarse sentencia útilmente sin la concurrencia o el emplazamiento de todos los interesados, según se trate del litisconsorcio activo o pasivo, respectivamente, todos aquellos deberán comparecer todos éstos deberán ser emplazados en forma legal. II. Los recursos y actuaciones procesales de uno de los litisconsortes favorecerán a los otros. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio sólo tendrán eficacia si fueren consentidos por todos los litisconsortes.
Se trata del caso en que la relación sustancial es inescindible, por lo cual no puede dictarse sentencia (útilmente, es decir eficaz) sin que esté integrado dicho litisconsorcio (activo o pasivo)
La regulación procesal es diferente, aquí la situación es única y no se concibe la regulación separada. Entonces se producen estos efectos:
a) Los actos de uno favorecen a los otros.
b) Los actos de disposición no valen si no se hacen por todos.
Esto significa que si uno solo de los litisconsortes recurre, su actitud favorece a los demás.
Implica también que uno solo carece de legitimación para deducir la pretensión por lo que el juez podrá ordenar la integración del litisconsorcio liminarmente.
Y también que los actos abdicativos sólo valen si son realizados por todos (desistimiento, conciliación, transacción, et.) Como acaece también si estamos fuera del proceso, en la actividad del negocio jurídico (renuncia, condonación de un incumplimiento, etc.).
A efectos de evitar un proceso inútil, el legislador ha facultado al juez (de oficio o a pedido de la contraparte) a requerir la integración de la litis.
Al investigar el tema del litisconsorcio, la primera cuestión que se plantea es la de intentar definirlo, es decir, tratar de describir lo que tal fenómeno encierra. Ésta es una labor compleja, no sólo porque resulta difícil establecer un concepto en cualquier
disciplina jurídica, sino también, porque implica necesariamente que le fenómeno que se analiza quede deslindado de cualquier otro de naturaleza similar.
Ello obliga a una revisión doctrinal, jurisprudencial y de derecho comparado de la cuestión, y por supuesto, con inevitable referencia al concepto de parte, a la dualidad como principio rector de todo proceso civil y puntos de partida para el estudio que nos proponemos. No se puede olvidar que el litisconsorte, es siempre parte procesal, tanto si forma parte del proceso desde el inicio del mismo como si se incorpora posteriormente al mismo.
Por ello se procuarará analizar detenidamente el litisconsorcio en la legislación boliviana y procurar encontrar solución, para que el juzgador tramite sin vulneras derechos, principios y garantías.
1.3.1 El Litisconsorcio en la Doctrina
Es muy difícil encontrar un tema teórico práctico más complejo en la ciencia procesal civil que el de la intervención de terceros. Un panorama doctrinal en donde los mismos conceptos aparecen con contenidos distintos o viceversa, determinan una dificultad severa en la explicación del instituto. Esta situación se manifiesta incluso en el área de la legislación comparada. Si bien encontramos en la matriz del tema dos vertientes definidas –la de la doctrina alemana y la de la italiana-, el desarrollo histórico posterior ha cruzado estas alternativas, generando situaciones contradictorias como las descritas anteriormente.
Si esto es así en la doctrina y legislación comparadas, el panorama es mucho más sombrío en el caso nacional. En efecto, en el caso nuestro, la intervención de terceros es un tema no desarrollado en su real dimensión. La legislación muy escuetamente refiere (Art. 67 CPC), no ha tratado jamás orgánicamente esta situación y, en estricto, tampoco parcialmente.
Salvo un caso, la doctrina nacional tampoco ha sido sensible al tratamiento de este instituto. Tal vez esto se explique en el hecho que los estudios jurídicos nacionales – especialmente en materia procesal- han estado y están permanentemente influenciados por la Escuela de las Exégesis, aquella surgida de la influencia de los códigos napoleónicos –Civil y de Procedimientos Civiles-, y es consistente en reducir el Derecho al estudio de la norma objetiva y su interpretación.
Con estas consideraciones, desarrollaremos el tema de la intervención de terceros partiendo del estudio previo de instituciones básicas que, a nuestro criterio, aportarán claridad para el conocimiento del tema central.
1.3.2 Litisconsorcio en la Jurisprudencia Boliviana
Conforme se puede evidenciar en la jurisprudencia que se transcribe a continuación del texto del Dr. Tomás Tudela, aunque en la legislación boliviana, no existe el litisconsorcio necesario de forma expresa, sin embargo en la práctica de los jueces y tribunales, aparece como una realidad palpable.
Si del escrito de demanda se colige que existe otra hija del causante, al gozar igualmente de vocación legítima hereditaria dad su condición de descendiente y por ende heredera forzosa, hágase o no testamente corresponde disponer al juez de instancia su integración al proceso (artículo 67 C.P.C.) 8
Como el proceso y su resultado es vinculante a los herederos del de cujus – testador en la especie correspondía disponer al juez de instancia la integración procesal de F. Ch. a los efectos del artículo 194 del Código de procedimiento Civil, dada la calidad de litis consorte necesario y evitar para el futuro pleitos similares e inseguridad
8 TUDELA TAPIA, TOMÁS. Ob. Cit. Manual de Derecho Procesal, Procedimiento Civil, Práctica Civil, Proceso oral por Audiencia. Pág.89 - 92
jurídica que afecta a la cosa juzgada en sus límites subjetivo y objetivo. Al no haber obrado de esta forma el juez ha olvidado su papel de director del proceso y los alcances del artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, lo que es necesario subsanar esa omisión
En conclusión, el tribunal ad quem no ha cuidado el cumplimiento de normas que regulan el desarrollo de un proceso de conocimiento, ni ejercitado la labor de fiscalización, situando el análisis únicamente en la sentencia, que como se tiene dicho no está fuera de plazo, dejando empero vicios que se deslizaron que como los anotados, no fueron saneados por el a quo que no observó lo dispuesto por la Ley de Abreviación Procesal en su disposición especial segunda.
Por tanto: ANULA Relator: Ministro Dr. Kenny Prieto Melgarejo A.S. Nº 107, de 30 de julio de 1999 A.S. Nº 203, de 21 de octubre de 1997
El litisconsorcio sea activo o pasivo importa el interés de dos o más personas respecto a una pretensión común y que obliga su participación en el proceso. Cuando existe una pluralidad de sujetos que consideren tener igual derecho para peticionar, nos encontramos frente a un litisconsorcio activo, si por el contrario son varios los demandados hablamos de un litisconsorcio pasivo y si son varios los demandantes y varios los demandados hablamos de un litisconsorcio mixto. La integración a la litis de los demandados se impone a los efectos del artículo 194 del Código de Procedimiento Civil, que al establecer los alcances de la sentencia, señala que las disposiciones de ésta sólo comprenderá a las partes que intervinieren en el proceso y a las que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas
Es evidente que la situación del demandante no ha apropiado; en efecto, si pretendía una declaratoria de derecho propietario por usucapión, estaba obligado a dirigir su acción contra los herederos y no ocultar el hecho del fallecimiento de su demandada, menos señalar que ésta estaba con domicilio y paradero desconocido, cuando a la fecha de interposición de esa demanda era de su conocimiento que estaba fallecida. En resumen, no se ha integrado a la litis a aquellas personas naturales o jurídicas que pudieren tener, a título hereditario, algún derecho sobre el bien en litigio. La citación por edictos realizada está viciada de nulidad por estar dirigida contra una persona fallecida, toda vez, que la citación por edictos solo procede para la citación a persona cuyo domicilio se ignore o contra personas desconocidas, pero de ninguna manera para personas fallecida. Es mas aún para el caso de que el citado con la demanda fallece, se cita a sus herederos, como prevé el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil, bajo pena de nulidad. La integración a la litis de todos quienes sean demandantes o demandados, debe ser tarea no sólo de las partes sino obligación del aquo, quien en su calidad de director del proceso, debe cuidar que el mismo se desarrolle sin vicios de nulidad. Sólo así, las decisiones que adopte, serán útiles en derecho a las partes y los efectos de la cosa juzgada, alcanzará a todos y a quienes deriven sus derechos de aquella, tal como lo imponen los artículos 3-1), 87 y 194 del adjetivo civil.
De la revisión de los obrados se evidencia que J.A.C. en 17-X-97, interpone demanda de usucapión sobre un lote de terreno urbano con una extensión superficial de 586,50 m2, perteneciente a I.T. vda. De A, sito en el manzano Nº 106, distrito 27-N zona villa Busch de Cochabamba, acción que la dirige contra la propietaria I.T. vda. De A. y/o contra sus herederos y presuntos interesados, de quienes afirme desconocer también su paradero, y solicita su citación por edictos. Presta a fs. 16 el respectivo juramento de desconocimiento de domicilio de la demandada y de quienes pudiesen ser sus herederos así como presuntos interesados.
Tramitada la causas hasta la etapa de conclusiones para sentencia, se presenta J.M.G.T. vda. De C., quien rechaza la demanda de usucapión y alega tener derecho de propiedad sobre el inmueble en litigio, adjuntando en calidad de prueba, entre otras, la existencia de una anterior demanda de usucapión interpuesta el 10-IX-)7, por el mismo demandante y en la que afirma que la demandad T. Vda. de A. es fallecida, por lo que pide se notifique la demanda a cuantas personas tuvieran interés, mediante edictos. Demanda que antes de ser admitida por el juez 9º de partido en lo civil de Cochabamba, disponer ampliación de la demanda contra los presuntos herederos ante la manifestación del fallecimiento de I.T. Vda. de A., demanda que es retirada por el demandante el 19-IX-97. Pronunciada la sentencia que declara probada la demanda, es recurrida en apelación por J.G. vda. de C. y el tribunal ad quem anula obrados por considerar defectuosa la demanda de usucapión por no haber designado con exactitud la cosa demandada, al perseguir la usucapión de un lote con extensión superficial de 586.50 m2, cuando la extensión del lotes “c” es de 1.111,76 m2, y no ha sido fraccionado.
Al respecto el testimonio Nº 452/95 de transferencia de terreno que otorgan los esposos J.U.Z. y J.P. de U. a favor de los esposos J.A.N.V. y M.F.R.P. de N. en el que aclara que I.T. vda. De A. vendió a favor de los esposos U.P., 500m2 del lote en litigio, transferencia registrada en DD.RR. a fs 292, Ptda. 894 del Libro de Propiedades de la provincia del Cercado en 16-XII-74. Lo que significa que existió el fraccionamiento que el tribunal ad quem extraña en el Auto de Vista, por lo que no es evidente que la demanda no reuniere el requisito previsto en el inc. 5) del artículo 327 del adjetivo civil, norma legal que evidentemente ha sido mal aplicada el caso de asuntos por el tribunal de alzada.
De lo relacionado precedentemente, se concluye que no existía mérito para que el tribunal ad quem disponga nulidad de obrados por omisión del requisito previsto por el artículo 327 -5) del Procedimiento Civil, sin embargo el tribunal ad quem al hacer
uso de la facultad fiscalizadora que le confiere le artículo 15 de la L.O.J., no reparó en nada el correcto actuar del demandante quien ya había interpuesto una primera demanda de usucapión contra los herederos de I.T. vda. De A. por manifestar que ésta era fallecida, sin embargo retira la demanda cuando el a quo ordena la ampliación de la acción contra los herederos de la referida fallecida, tal como se evidencia de fs. 62 a 65 de obrados. La demanda objeto del presente proceso se interpone un mes después de la primera por el demandante contra I.T. vda. De A., esta vez sin decir que es fallecida y más bien manifestar cuando se refiere a la demanda “con domicilio y paradero desconocido y/o contra sus herederos y presuntos interesados”
En resumen no se ha integrado a la litis a aquellas personas naturales o jurídicas que pudieren tener, a título hereditario, algún derecho sobre el bien en litigio. La citación por edictos realizada y que consta en obrados, está viciada de nulidad por estar dirigida contra una persona fallecida, toda vez, que la citación por edictos sólo procede para la citación a persona cuyo domicilio se ignore o contra personas desconocidas, pero de ninguna manera para personas fallecidas. Es más, aún para el caso de que el citado con la demanda fallece, se cita a sus herederos, como prevé el artículo 132 del Código de Procedimiento Civil, bajo pena de nulidad.
La integración a la litis de todos quienes sean demandantes o demandados, debe ser tarea no sólo de las partes sino obligación del a quo, quien en su calidad de director del proceso, debe cuidar que el mismo se desarrolle sin vicios de nulidad. Sólo así las decisiones que adopte, serán útiles en derecho a las partes y los efectos de la cosa juzgada, alcanzará a todos y a quienes deriven sus derechos de aquella, tal como lo imanen los artículos 3-1, 87 y 194 del adjetivo civil.
El tribunal ad quem al pronunciar el auto de vista al hacer uso de la facultad que le reserva el artículo 15 de la L.O.J. debió observar que la demanda debía estar dirigida
contra los herederos de I.T. vda. De A. y citar a éstos por edictos en caso de ser desconocidos. Al no haber cumplido con su facultad de fiscalización del proceso, corresponde al tribunal supremo aplicar la precitada norma legal y anular obrados hasta el vicio más antiguo.
A.S. Nº 180, de 30 de abril de 2003 A.S. Nº 780, de 29 de octubre de 2004 A.S. Nº 45, de 28 de marzo de 2005 A.S. Nº 181, de 18 de octubre de 2005 A.S. Nº 55, de 24 de marzo de 2005 A.S. Nº 34, de 1 de marzo de 2006
Integración de litis.
De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico existe litisconsorcio cuando por mediar co-titularidad activa o pasiva con respecto a una pretensión única o un vínculo de conexión entre distintas pretensiones el proceso se desarrolla con la participación efectiva o posible de más de una persona en la misma posición de una de las partes. A.S. Nº 145, de 1 8 de agosto de 2006
1.3.3 El Litisconsorcio en la legislación y jurisprudencia comparada
1.3.3.1 Colombia
El Código de Procedimiento Civil Colombiano establece en el Libro Primero, Sección Segunda: PARTES, REPRESENTANTES Y APODERADOS, en el Título VI de las Partes, en el capítulo II, en el artículo 5, la norma referida al litisconsorcio necesario:
“Cuando la cuestión litigiosa haya de resolverse de manera uniforme para todos los litisconsortes, los recursos y en general las actuaciones de cada cual favorecerá a los demás. Sin embargo, los actos que impliquen disposición del derecho en litigio sólo tendrán eficacia si emanan de todos” 9 .
Según comentario del artículo en mención que realiza, López Blanco, Hernán, el litisconsorcio necesario es un fenómeno procesal que se presenta cuando por la naturaleza de la relación jurídica debatida resulta imposible adelantar o concluir en el fondo el debate si no se encuentran presentes todas las personas que conforman esa relación sustancial.
La necesaria comparecencia y presencia de los litisconsortes necesarios dentro del proceso, se explica por razón de la unidad imprescindible de todas ellas con la relación de derecho sustancial que se debate.
La citación e intervención del litisconsorte necesario es obligatoria y la dispone el juez en el auto admisorio de la demanda o, de oficio o a petición de parte antes de dictar sentencia de primera o única instancia.
Se concluye entonces que es necesario cuando la sentencia solo puede dictarse útilmente frente a todos los participes de la relación jurídica sustancial controvertida en el proceso, de modo tal que la eficacia de este se halla subordinada a la citación de estas personas.
El fundamento del litisconsorcio necesario reside en la exigencia de resguardar el derecho de defensa en juicio de todos aquellos cointeresados a quienes ha de extenderse la cosa juzgada propia de la sentencia dictada sobre el fondo del litigio.
9 REPUBLICA DE COLOMBIA. Código de Procedimiento Civil. Art., 51. 1999.
Es axioma en el espectro jurídico colombiano, que cuando con la decisión que se va a tomar en el fallo de tutela se pueden ver afectadas personas diferentes al demandado, corresponde al juez integrar el litisconsorcio necesario y citarlas para que comparezcan al proceso. La anomalía configura una de las causales de nulidad originada en la falta de citación, en legal forma, de las personas con las cuales debía integrarse el litisconsorcio.
El Código de Procedimiento Civil de Colombia permite una integración del contradictorio, en los eventos de litisconsorcio necesario, hasta un momento bien tardío al disponerse como límite la sentencia de primera instancia, tal como puede confrontarse en el texto del artículo 83. Si dicha integración no se realiza es posible declarar la nulidad procesal de la actuación procesal que se genere desde la sentencia de primera instancia. El inciso segundo de esta disposición procesal establece: "En caso de no haberse ordenado el traslado al admitirse la demanda, el juez dispondrá la citación de las mencionadas personas, de oficio o a petición de parte, mientras no se haya dictado sentencia de primera instancia, y concederá a los citados el mismo término para que comparezcan. El proceso se suspenderá durante el término para comparecer los citados". De otra parte, en el inciso cuarto se dispone:
"Si alguno de los citados solicitare pruebas en el escrito de intervención, el juez resolverá sobre ellas; si las decretare, concederá para practicarlas un término que no podrá exceder del previsto para el proceso, o se señalará día y hora para audiencia según el caso".
La participación en el caso del litisconsorte necesario por pasiva le posibilita proponer hechos exceptivos en el término que se le da para solicitar pruebas. Si el litisconsorte puede pedir elementos de confirmación, debe considerarse que estos pueden versar sobre aspectos fácticos distintos al tema que se viene discutiendo, aunque deben estar en relación directa con la pretensión procesal que sirve de objeto del proceso. Son estos hechos nuevos los que puede perfectamente plantear
el litisconsorte y de probarse han de tener el poder suficiente para enervar la pretensión procesal inicialmente planteada, así se trate de hechos que constituyan excepciones propias y no hubieran sido planteados como tales por el opositor inicial en el momento de la respuesta a la demanda.
1.3.3.1.1 Posición del tribunal Supremo de Colombia.
El Tribunal Supremo de Colombia tiene establecido que el litisconsorcio necesario es el que viene impuesto por vinculaciones subjetivas que resultan imprescindiblemente del derecho material y su importancia ha sido proclamada con reiteración por la doctrina, hasta el punto de ser esta institución procesal una creación jurisprudencial, pero en el bien entendido de que se trata de una excepción de fondo, perentoria, que de prosperar conduciría a una absolución en la instancia. En los últimos años ha revisado su concepción del concepto del litisconsorcio necesario. Pues tras venir insistiendo en que el mismo supone una defectuosa constitución de la relación jurídica procesal, puntualiza que en realidad más que a la validez intrínseca de la expresada relación, afecta a la "inutilidad o infructuosidad" de la misma para conseguir la resolución de la cuestión de fondo.
Así la STS de fecha 25 de Febrero de 1998 afirma que: " la violación de la doctrina jurisprudencial sobre la excepción o principio de litisconsorcio activo necesario. Siendo el litisconsorcio la situación en que hay una pluralidad de personas, como demandantes o como demandados, supone una acumulación subjetiva de acciones y se le aplicarán los requisitos del art. 154 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El caso de varios demandantes es el litisconsorcio activo; el de varios demandados, el pasivo; pero solamente en este último se da litisconsorcio pasivo necesario, cuando la sentencia debe necesariamente pronunciarse respecto de varias personas conjuntamente y no respecto de una sola, pudiendo dejar en indefensión a aquellos que no han sido demandados y que les podría afectar. Pero no hay litisconsorcio
activo necesario: nadie puede obligar a otro a que sea codemandante; distinto es el tema de los efectos de la sentencia, pero queda bien constituida la relación jurídico procesal en que uno o varios demandantes, con legitimación activa, como el presente caso, ejercitan una acción, sin que traigan, ni puedan traer, otros posibles interesados como codemandantes. Por ello, y porque el apoyo de este motivo es el nº 3 y no el nº 4, del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento civil, el motivo debe ser desestimado."
La STS de 14 de Julio de 1997 se expresa en los siguientes términos: "
del motivo cita la Sentencia de 11 junio 1991 en la que se proclama que «el
litisconsorcio necesario ha de buscarse en la relación jurídico-material controvertida en el pleito, debiendo reclamarse la presencia de todos los interesados en ella para impedir, en unos casos que resulten afectados por la resolución judicial quienes no
fueron oídos y vencidos en el pleito
y la Sentencia de 6 noviembre 1992 en la
que se afirma: «la excepción de litisconsorcio necesario se da cuando en virtud de un vínculo que une a una persona con la relación jurídico-material objeto del pleito, se produce la consecuencia de que la sentencia necesariamente le ha de afectar, lo que exige la presencia de todos los que debieron ser parte». Y cita por último la Sentencia de 10 noviembre 1992, en la que se afirma que si no demandan todos los que en conjunto tienen la disponibilidad sobre el objeto, falta «legitimatio ad causam» y debe desestimarse la demanda.
Por otra parte la sentencia de la Corte Suprema Colombiana de 1998-07-22,
establece que “El litisconsorcio, como bien se sabe, implica la presencia de una pluralidad de personas integrando una de las partes de la relación jurídica procesal, identificándose tres tipos de litisconsorcio: activo, pasivo o mixto, según que la pluralidad de sujetos se halle en la parte demandante o la demandada, o en una y
El segundo que es el pertinente para el caso, puede tener origen en la "disposición legal" o imponerlo directamente la "naturaleza" de las "relaciones o actos jurídicos" respecto de las cuales "verse" el proceso (art. 83 ejusdem), presentándose esta última eventualidad, como ha tenido oportunidad de explicarlo la Corporación, cuando la relación de derecho sustancial objeto de la pretensión, está integrada por un número plural de sujetos, activos o pasivos, "en forma tal que no es susceptible de escindirse en tantas relaciones aisladas como sujeto activos o pasivos individualmente considerados existan, sino que se presenta como una, única e indivisible frente al conjunto de tales sujetos" (G.J., t. CXXXIV, pág. 170), o como la propia ley lo declara, bajo el supuesto de la pluralidad subjetiva, "Cuando la cuestión haya de resolverse de manera uniforme para todos los litisconsortes…." (art. 51). En torno a los anteriores conceptos, la jurisprudencia y la doctrina, unánimemente han predicado que "si a la formación de un acto o contrato concurrieron con su voluntad dos o más sujetos de derecho, la modificación, disolución o, en fin, la alteración del mismo, no podría decretarse en un proceso sin que todos ellos hubiesen tenido la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción…" (Sent. de Cas. de 11 de octubre de 1988). Por consiguiente se concluye, que siempre que se formule una pretensión impugnativa de un contrato celebrado por una multiplicidad de personas, llámese nulidad, simulación, resolución, rescisión, etc., todas ellas integran un litisconsorcio necesario, pues la naturaleza de la relación sustancial debatida impone que el contradictorio se integre con todas ellas, porque la cuestión litigiosa debe resolverse de manera uniforme, o sea que no puede ser escindida "en tantas relaciones aisladas como sujeto activos o pasivos individualmente considerados existan".
1.3.3.2 España
El Código de Procedimiento Civil Español establece en el Título VIII, La pluralidad de Partes, en los artículo 323 y 324 las normas referidas litisconsorcio necesario: “En
caso de que la demanda se presentara por o contra varios cointeresados, cada uno de ellos ejercitará y soportará, en lo que le afecten, los derechos y obligaciones de las partes del proceso”. Y el art. 324, modificado por el Decreto nº 79-941 de 7 de noviembre de 1979, Boletín Oficial de 9 de noviembre de 1979 en vigor el 1º de enero de 1980, establece que “Los actos realizados por o contra uno de los cointeresados no beneficiarán ni perjudicarán a los demás, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 474, 475, 529, 552, 553 y 615” 10 .
El Libro I, Titulo I, Capítulo II de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 que reforma el Código de procedimiento Civil Español, lleva por título "la pluralidad de partes", refiriéndose en su primer artículo al litisconsorcio, así, el art. 12 reza:
1.- "Podrán comparecer en juicio varias personas, como demandantes o como demandados, cuando las acciones que se ejerciten provengan de un mismo título o causa de pedir.
2.- Cuando por razón de lo que sea objeto del juicio la tutela jurisdiccional solicitada sólo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, todos ellos habrán de ser demandados, como litisconsortes, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa." 11
La jurisprudencia española haciendo uso del instituto del litisconcurso necesario, establece la integración del mismo en procesos donde exista pluralidad de partes. Así los fundamentos jurídicos de la sentencia de un tribunal de un Juzgado de 1ª Instancia de Tortosa, del 3 de febrero de 1996, determina que: “ El litisconsorcio pasivo necesario es la obligación que tiene el actor de un procedimiento de plantear su demanda contra todos los posibles perjudicados por el fallo de la sentencia, contra todos aquellos terceros a los que pueda afectar o puedan tener un interés directo en
10 REPUBLICA DE ESPAÑA: Código de Procedimiento Civil Español, art 323-324, 2000.
11 REPUBLICA DE ESPAÑA: Ley de Enjuiciamiento Civil, Art. 12. 2000.
los pronunciamientos que se hagan en ese fallo o les pueda influir el efecto de cosa juzgada de la sentencia. No obstante, luego entraremos en la citación de los fundamentos o requisitos exigidos doctrinal y jurisprudencialmente para estimar una excepción de litisconsorcio pasivo necesario.
La Sentencia del tribunal Superior de Justicia de Cataluña del 3 de septiembre de 1992, núm. 10/1992. Dice al respecto: “El litisconsorcio necesario tiene lugar cuando por razón de lo que sea objeto del juicio, la resolución haya de afectar directamente al derecho de varios sujetos, de tal manera que todos ellos habrán de demandar o ser demandados conjuntamente como litisconsortes. El fundamento se halla en la naturaleza de la relación jurídico-material debatida, y ello bien porque existe una norma expresa que lo impone (litisconsorcio necesario propio), o bien por la indivisibilidad o inescindibilidad de la situación jurídica concreta (litisconsorcio necesario impropio). No se trata de una cuestión de mero oportunismo, conveniencia o mayor utilidad (beneficio), sino de necesidad, indispensabilidad -habida cuenta la naturaleza de la relación jurídica en la que se encuentran interesados varios sujetos, puede ser indispensable que la resolución a dictar en el proceso TENGA QUE SER IGUAL para todos-. El concepto básico en que se apoya la doctrina jurisprudencial para valorar la concurrencia de la figura litisconsorcial necesaria o forzosa es el del interés directo o afectación directa.”
1.3.3.3 Costa Rica
En el Título II 12 , Capítulo I, sección tercera, el Código Procesal Civil de Costa Rica, se encuentran las normas relativas a la Pluralidad de personas y de Partes. Estas normas han servido de inspiración para la elaboración del anteproyecto del Código de Procedimiento Civil Boliviano, por esta razón se reproducen a continuación in extenso.
12 REPUBLICA DE COSTA RICA: Código Procesal Civil, 1996.
ARTÍCULO 106.- Litisconsorcio necesario. Cuando por disposición de la ley o por la naturaleza de la relación jurídica material, la decisión deba hacerse en relación con varias personas, éstas deberán demandar o ser demandadas en el mismo proceso. Si la demanda o la contrademanda no comprende a todos los litisconsortes, el juez ordenará a la parte que, dentro del plazo de ocho días, amplíe su demanda o contrademanda en cuanto a los que faltan, bajo el apercibimiento de dar por terminado el proceso, en el primer supuesto, y de declarar inadmisible la contrademanda, en el segundo.
ARTÍCULO 107.- Litisconsorcio facultativo. Varias personas pueden demandar, o ser demandadas en la misma demanda, cuando entre las pretensiones que se promueven exista conexión objetiva o causal.
CAPITULO II RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO Y PROPUESTA
Revisadas algunas resoluciones relativas al instituto del litisconsorcio en la legislación boliviana se puede establecer el siguiente gráfico:
Las resoluciones determinaron que el proceso:
Del total de resoluciones revisada que a modo de guisa se exponen en los anexos de la presente monografía, el 35% alcanzó una sentencia que logró definir los intereses de los litigantes, por lo que no fue necesario ulteriores actuaciones procesales.
Sin embargo el 42% requirió la integración en litisconsorcio y un 23% requirió que esa integración fuera en litisconsorcio necesario.
Por lo que se puede afirmar con una claridad meridiana que existe por un lado la práctica procesal de la integración en litisconsorcio necesario en los tribunales bolivianos y por otra parte que existe la necesidad de establecer normas al respecto que guíen el actuar e los tribunales de administración de justicia en Bolivia.
2.2 Desarrollo de la Propuesta
A partir de las consideraciones realizadas, se puede afirmar que la legislación vigente dentro del ordenamiento jurídico boliviano respecto al litisconsorcio, es insuficiente, debido que la formulación del texto del artículo 67 del Código de Procedimiento Civil, es escueto, parco, con una regulación general, sin distinción alguna.
Ahora bien las decisiones de los jueces a fin de lograr sentencias útiles requieren de normas reguladoras de la actividad jurisdiccional, que y sean claras y expresas, sobre la materia permitiendo que el juzgador aún de oficio integre la litis, o a pedido de parte.
Se hace notar que esta posibilidad en la doctrina se conoce como litisconsorcio necesario, no se tiene prevista en el ordenamiento jurídico nacional, sin embargo ha sido suplida a través de las instrucciones de los más altos tribunales de la República, como son las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia. También cabe recordar que la función específica de los tribunales no es la de generar normas sino de administrar justicia, por lo cual corresponde al poder Legislativo la emisión de normas que permitan la suficiente seguridad jurídica de los operadores de justicia al momento de administrar justicia.
Al no contarse con normas expresas en la materia que se analiza en el presente trabajo, se vienen emitiendo sentencias que resultan ineficaces para las partes, provocando una infinidad de recursos que se plantean ante los tribunales de revisión de sentencias.
La posición en relación al problema estudiado, es proponer que el art. 67 del Código de Procedimiento Civil sea modificado conforme a la necesidad de cambio planteado en el presente trabajo.
La actual normativa del Código de Procedimiento Civil señala:
Art. 67.- (LITISCONSORCIO).
Varias personas podrán demandar o ser demandadas en el mismo proceso, cuando las acciones fueren conexas por el título, el objeto, o por ambos elementos a la vez.
A merito de lo explicado conviene que la norma exprese:
Proyecto de Ley EVO MORALES AYMA PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA
CONSIDERANDO: Que los requerimientos de los diversos estamentos sociales exigen que hoy en día la ley debe ponerse no sólo en manos de los juristas en general, sino también del hombre común para su manejo real y accesible, por ello es necesario regular el litisconsorcio como una facultad de los jueces y tribunales para evitar trámites y sentencia inútiles
CONSIDERANDO: Que, la legislación actual sobre la materia es insuficiente, dejando al juzgador y a las partes sin la debida seguridad jurídica que la norma debe brindar.
CONSIDERANDO: Que, el ordenamiento jurídico vigente solo determina la existencia del litisconsorcio cuando por mediar co-titularidad activa o pasiva con respecto a una pretensión única, o con vínculo de conexión entre distintas pretensiones, el proceso se desarrolla con la participación de más de una persona en la misma posición de una de las partes, mismas que se ubican en ésta situación jurídica de forma voluntaria.
CONSIDERANDO: Que, el ordenamiento jurídico vigente no prevé el litisconsorcio necesario pasivo, y que el mismo se hace indispensable para otorgar al juzgador y a las partes de la suficiente seguridad jurídica para la emisión de sentencias útiles.
CONSIDERANDO: Por las razones anotadas, se hace necesaria la modificación del art. 67 del Código de Procedimiento Civil a través de la presente de Ley. Modifíquese el art. 67 de la ley Nº 12760 con el siguiente tenor:
Art. 67. - (LITISCONSORCIO). I.- Varias personas podrán demandar o ser demandadas en el mismo proceso, cuando las acciones fueren conexas por el título, el objeto, o por ambos elementos a la vez. II.- Cuando por la naturaleza del objeto en un proceso judicial no pueda pronunciarse sentencia útilmente sin la concurrencia o el emplazamiento de todos los interesados, éstos deberán ser emplazados en forma legal. III.- El juez puede disponer de oficio el litisconsorcio necesario pasivo previa revisión de la demanda, previniendo mediante resolución al demandante para que demande dentro de un plazo prudencial a quienes falten, bajo apercibimiento de no tenerse por presentada la demanda. IV.- Los recursos y actuaciones procesales de uno de los litisconsortes favorecerán a los otros pero no la disposición del derecho en litigo.
Es dado en el palacio de Gobierno a los … días del mes de noviembre de 2009.
Fdo. Juan Evo Morales Ayma
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
Fdo. Ministros de Estado
Habiendo desarrollado el presente trabajo arribamos a las siguientes conclusiones y recomendaciones:
La legislación nacional sobre el litisconsorcio es insuficiente, solo tiene previsto el litisconsorcio facultativo, por lo que la jurisprudencia del Alto Tribunal de Justicia, ha venido normando aspectos relativos al litisconsorcio necesario.
El litisconsorcio necesario, implica una relación sustancial, que no permite pronunciar una sentencia ecuánime sin la concurrencia o emplazamiento de todos los interesados. Los recursos y actuaciones procesales de uno de los litisconsortes favorecerán a los otros.
El litisconsorcio necesario se encuentra previsto en la legislación de otros países como Colombia, Argentina, Chile, Costa Rica, España.
Con la introducción del litisconsorcio necesario se podrá contar con una norma que respalde efectivamente la actuación procesal de los jueces cuando deban integrar a las personas que tengan que participar en el proceso, lográndose de ésta manera sentencias ecuánimes, economía procesal y de tiempo y dinero para las partes.
En el marco de la Nueva Asamblea Legislativa Plurinacional, es menester que este órgano legislador del Estado, asuma como tarea la renovación de las normas procesales en materia civil, concretamente sobre el litisconsorcio.
Dentro de esta renovación normativa se debe tomar en cuenta la referida al litisconsorcio necesario: su introducción en la normativa plurinacional.
En este contexto, el legislador debe comprender que las normas deben responden a las necesidades efectivas de la población, convertirse en reflejo de sus requerimientos.
Comercial”, Compañía Argentina de Editores, Buenos Aires, 1943. 2. ALVAREZ, Juliá, Luis; Neuss, Germán y Wagner, Horacio, “Elementos de Derecho Procesal”, Eudeba, Buenos Aires, 1987.
3. CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual 21ª edición, revisada, actualizada y ampliada. Editorial Heliasta, Buenos Aires, SRL 1989
4. CALAMANDREI, Piero. Instituciones de Derecho Procesal Civil. Tr. de Santiago Sentís Melendo. Buenos Aires: Ediciones Jurídicas Europa-América,
5. CLARIA OLMEDO, Jorge. Derecho Procesal; estructura del proceso. Buenos Aires: Depalma, 1991. T II.
6. DEVIS ECHANDÍA, Hernando. Nociones Generales de Derecho Procesal Civil. Editorial Fidenter, Madrid 1999.
7. DICCIONARIO DE JURISPRUDENCIA, Civil-Familiar-Comercial, Edgar Oblitas y José Gonzales, Colección “Luis Paz” Editorial Judicial, Sucre, 1991.
8. GONZALEZ, Atilio C., “La intervención voluntaria de terceros en el proceso”, Editorial Abaco, Buenos Aires, 1994.
9. LÓPEZ BLANCO, Hernán Fabio. Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano. Parte General. 7ed. Bogotá: Dupre Editores, 1997.
10.MARTINEZ, Hernán J., “Procesos con sujetos múltiples”, Tomos 1 y 2,
Ediciones La Rocca, Buenos Aires, 1987. 11. OVALLE FAVELA, José. Teoría General del Proceso, Editorial Harla, México,
12.PALACIO, Lino Enrique, “Derecho Procesal Civil”, Tomos I a IX, Abeledo- Perrot, Buenos Aires, 1988. 13.PARRA QUIJANO, Jairo, “La intervención de terceros en el proceso civil”, Depalma, Buenos Aires, 1986. 14.PODETTI, J. Ramiro, “Teoría y técnica del proceso civil y trilogía estructural de la ciencia del proceso civil”, Ediar S.A. Editores, Buenos Aires, 1963. 15.TUDELA TAPIA, TOMÁS. Manual de Derecho Procesal, Procedimiento Civil, Práctica Civil, Proceso oral por Audiencia. Editorial “Tupac Katari”, Sucre, 2007 Pág. 84
Anexo 1: Auto 200005-Sala Civil-1-123
División y partición de herencia
Juan Luis y Nataniel Eguivar Cuiza c/ Bertha Eguivar Cuiza
VISTOS: El recurso de casación deducido en folios 180-181 vta. por Bertha Eguivar Cuiza, en contra del A.V. de fs. 176-177 vta. pronunciado en 27 de enero de 2000 por la Sala Civil, Comercial y Familiar de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de Potosí, en el proceso ordinario sobre división y partición de bien hereditario seguido a instancia de Juan Luis y Nataniel Eguivar Cuiza en contra de la recurrente, Carlos y Luisa Eguivar Cuiza, el auto concesivo de fs. 184 vta., los antecedentes del cuaderno procesal; y
CONSIDERANDO: Que el proceso de división y partición de bienes hereditarios debe comprender a todos los llamados a una sucesión, máxime si éstos son legales que ingresan con vocación legítima hágase o no testamento como ocurre con los hijos que concurren a la sucesión de sus progenitores por derecho propio. La preterición de un heredero apareja nulidad de la división y partición como dispone imperativamente el art. 679 del Cód. Pdto. Civ. Lo expresado en íntima relación con los arts. 50 y 194 del Cód. Pdto. Civ. protegen la legitimación tanto activa cuanto pasiva, cuando además el art. 327 del mismo en su ordinal 4) impone al actor precisar sin omisión contra qué personas deduce su pretensión.
La seguridad jurídica que ha de alcanzar la cosa juzgada en su elemento subjetivo será firme, cuando todos los coherederos asistan efectivamente a la división y partición del acervo, en la especie, a este proceso donde ha de asignarse las hijuelas correspondientes. (arts 1319 Cód. Civ. y 515 Cód. Pdto. Civ.)
En el sub lite se dispuso la integración a la litis consorcio del heredero José Domingo Eguivar Cuiza a quien se lo emplazó mediante edicto y al no haber comparecido se le designó defensor. Esta determinación no cubre ni resguarda el principio de la igualdad procesal y el derecho de defensa definido constitucionalmente y desconoce precisamente lo dispuesto por el art. 67 del Cód. Pdto Civ. invocado en el auto de vista, ya que según este precepto en nuestra legislación el litisconsorcio es necesario desde el inicio de una demanda como presupuesto procesal de la legitimación activa y pasiva, por lo que, el convocado no podía ser integrado a una relación procesal a posteriori sin antes habérsele oído personalmente o mediante defensor designado en su representación. De qué integración procesal se puede hablar si el demandado con la citación está recién a derecho en la fase de conocimiento conforme con el art. 131 y el caso IV del 124 ambos del Cód. Pdto Civ., máxime si el juez de primer grado le advirtió al emplazado a los fines de los arts. 345 y 348 del mismo Adjetivo. No se trata de un juzgado en rebeldía, en cuyo caso el rebelde toma la causa en el estado en que la encuentra sin retrotraer fases pasadas. No se puede hablar de preclusión en contra de quien no estuvo integrado a la litis.
Bien pudo integrarse con esa mentalidad después de sentencia al litis consorte necesario, arguyendo que podía apelar del fallo y pedir apertura de término de prueba en segunda instancia. Se reitera, no es la misma situación que la del rebelde.
El principio de trascendencia ha de entenderse cuando hay perjuicio irrogado a la parte, en autos, a un codemandado, cuya condición se la reconoce tardíamente, cuando el proceso está avanzado y lo que es peor no se lo integra a la relación procesal y por tanto es un sujeto ajeno a la litis, porque la sentencia responde a esa relación en función de los arts. 194 y 353
del Cód. Pdto. Civ. No se trata de un tercer opositor coadyuvante activo ni de un litis consorte facultativo, se trata de un coheredero y por tanto, su presencia debía ser originaria y sí lo fue derivativa, habiéndosele corrido traslado con la demanda, este actuado procesal de autoridad necesariamente deja sin efecto toda la secuencia cuyo contenido amerita reposición.
La nulidad está especificada en el art. 254 del Procesal Civil cuando dispone haberse violado las formas esenciales del proceso, como ocurre en la especie, pues nadie puede ser condenado sin antes ser oído y vencido en proceso legal y ante autoridad competente.
Cuando están preceptos de orden público infringidos ostensiblemente, el tribunal de oficio debe aplicar la sanción prevista en el art. 252 del Pdto. Civ., sin esperar acusación de parte, por cuanto es su deber que le impone el art. 15 de la L.O.J. y con mayor razón cuando se pone de manifiesto por un litis consorte. En consecuencia son evidentes las infracciones procesales acusadas en el recurso y que el Tribunal encuentra su justificación al revisar el proceso.
POR TANTO: La Sala Civil Primera de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, ANULA obrados con reposición hasta fs. 66 vta., disponiendo se proceda a establecer la relación procesal que comprenda a todos los sujetos de la litis, una vez que ha sido emplazado el coheredero que faltaba.
Siendo inexcusable el error en que han incurrido tanto el Juez a quo cuanto la Sala ad quem, se impone a cada uno de ellos multa de Bs. 100.- que se les descontará de sus haberes a favor del Tesoro Judicial.
Anexo 2: 200106-Sala Civil-1-131 Usucapión
Ramona Arias Cabrera c/ María Teresa Siles Guzmán
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo interpuesto por María Teresa Siles Guzmán en folios 245 a 248, en contra del A.V. de fs. 242 a 243, pronunciado en 10 de diciembre de 1999 por la Sala Civil Primera de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en los procesos ordinarios acumulados seguidos el primero por Ramona Arias Cabrera contra la recurrente y presuntos propietarios, y el segundo, por ésta contra aquella y estos últimos, ambos sobre usucapión decenal, la contestación de fs. 251 a 253, el auto concesivo del recurso, los datos que trae el cuaderno procesal; y
CONSIDERANDO: Que atendiendo a las infracciones de derecho procesal civil acusadas en el recurso y usando de la facultad conferida por el art. 15 de la L.O.J. al tribunal de casación, teniendo en consideración las reglas del debido proceso que son de orden público y de
observancia obligatoria, cuyo cumplimiento debe ser preciso y pertinente en la sustanciación y conclusión de los procesos, que como el de autos, persigue constituir un derecho de propiedad mediante el modo adquisitivo llamado usucapión previsto en el art. 138 del Cód. Civ., máxime si dos personas pretenden el mismo derecho.
Que por permisión del art. 67 del Cód. Pdto. Civ., varias personas pueden demandar en el mismo proceso cuando las acciones que invocan fueren conexas por el título, el objeto o ambos elementos a la vez. Esta litis consorcio sitúa, de ordinario, a los litisconsortes en el mismo plano frente a la pretensión. Empero, no es excluyente que se presenten litisconsortes necesarios pretendiendo cada uno para sí el derecho, como viene a ocurrir en la especie, en que Ramona Arias Cabrera y María Teresa Siles Guzmán demandan por sí y para sí el derecho de propiedad de un mismo lote de terreno, lo que produjo la acumulación de acciones y de autos, para que se resuelvan en una sentencia única.
Ello supone y exige que ambas pretensiones estén dirigidas contra un mismo o varios demandados, para de esta manera legitimar a las partes del contradictorio tanto activas como pasivas, en observancia del art. 50 del Cód. Pdto. Civ., en este caso de la usucapión pretendida contra el que se considera o es dueño del bien, habida cuenta que la usucapión se funda en la inactividad del titular del derecho y el abandono mismo de éste en manos de un tercero que a la postre lo subrogará por pérdida y adquisición de tal derecho.
No se concibe, por tanto, que uno de los actores del litisconsorcio, en este caso María Teresa Siles Guzmán, sea considerada sujeto pasivo para integrar la relación procesal, con grave infracción de los arts. 50 y 67 mencionados, siendo así que ambas demandas iniciadas por separado fueron acumuladas, acumulación que no cambia la situación procesal de cada accionante.
Lo correcto es que las demandas de fs. 6 y vta. de Ramona Arias Cabrera y de fs. 24-25 de María Teresa Siles G., sean ambas admitidas en litisconsorcio necesario porque persiguen el mismo objeto y en base a la misma causa para obtener un derecho no en comunidad sino individualmente, y al no haber obrado así en las instancias inferiores los órganos jurisdiccionales que han conocido esta causa, han infringido reglas del debido proceso e inclusive cuando la primera demanda se la admite contra la actora de otra demanda similar, siendo así que ambas están dirigidas contra presuntos propietarios, a tal punto que provocaron que esta última planteara reconvención que no prosperó por plazo vencido para su interposición, y de mantener como se mantuvo esa situación procesal anómala, debía sobrevenir inclusive la rebeldía.
POR TANTO: La Sala Civil de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, ANULA obrados con reposición hasta fs. 42, providencia de 12 de febrero de 1998, dejando sin efecto también la admisión de fs. 15 vta. no sólo por impropia sino porque existe error en el año de su proveimiento, y dispone que saneado el proceso ambas demandas sean tramitadas en litis consorcio necesario y antes de admitirlas se solicite informe a Derechos Reales y la H. Alcaldía Municipal para precisar al sujeto pasivo.
Se impone responsabilidad al juez a quo Raúl Jordán Arauz y a los vocales signatarios del auto de vista, imponiéndose a cada uno de ellos la multa de Bs. 150.- que se les descontará de sus haberes a favor del Tesoro Judicial.
Anexo 3: AUTO SUPREMO N° 181 Sucre, 18 de Octubre de 2005
POR TANTO: La Sala Civil Primera de la Corte Suprema de Justicia, con la facultad que le reconocen los arts. 271-3) y 275 con relación al art. 254-4) del Adjetivo civil, y en aplicación
del citado art. 16-II de la Constitución Política del Estado, ANULA obrados hasta fs. 61 vta., o sea hasta el decreto de admisión de la demanda, y dispone la inclusión de la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda "La Plata" y a Edgar Arando en el proceso; sin responsabilidad por ser excusable.
Anexo 4. : AUTO SUPREMO Nº 266 Sucre, 28 de mayo de 2007
DISTRITO : La Paz PROCESO: Ordinario -Restitución, pago de depósitos a plazo fijo y otros.
PARTES : Elizabeth Delic de Katusic c/Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la Vivienda "La Primera S.A"
VISTOS:El recurso de casación en el fondo de fs. 1621-1629 deducido por Elizabeth Delic de Katusic contra el Auto de Vista No. 362/2004 de 22 de julio cursante a fs. 1604 y vta. y su complementario sin número de 1 de octubre de 2004 saliente a fs. 1617 de obrados, pronunciados por la Sala Civil Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso ordinario sobre restitución, pago de depósitos a plazo fijo, intereses y, daños y perjuicios seguido por la recurrente contra la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo Para la Vivienda "La Primera S.A." representada por Carlos de Grandchant Suárez, los antecedentes procesales, y:
CONSIDERANDO: Que con carácter previo a la resolución de la causa, conviene precisar que de acuerdo a lo establecido por el art. 194 del Código de Procedimiento Civil, las disposiciones de la sentencia sólo comprende a las partes que intervinieren en el proceso y a las que trajeren o derivaren sus derechos de aquellas. Bajo esta premisa, remitiéndonos a lo establecido por el art. 67 del adjetivo civil, es preciso señalar con Palacio, que existe litis consorcio cuando, por mediar cotitularidad activa o pasiva con respecto a una pretensión única, o un vínculo de conexión entre distintas pretensiones, el proceso se desarrolla con la participación efectiva o posible de más de una persona en la misma posición de parte. En el litisconsorcio nos encontramos en presencia de una relación procesal única, con pluralidad de sujetos que actúan como actores o demandados, pero en forma autónoma, es decir independientemente los unos de los otros, lo que en esencia constituye las características fundamentales de litisconsorcio: unidad de relación jurídica y autonomía de los sujetos procesales, de tal manera que los actos de unos ni aprovechan ni perjudican a los otros. En otros términos, el litisconsorcio sea activo o pasivo, importa el interés de dos o más personas respecto a una pretensión común que obliga su participación en el proceso. Cuando existe una pluralidad de sujetos que consideran tener igual o mejor derecho para peticionar, nos encontramos frente a un litisconsorcio activo, si por el contrario son varios los concernidos en la acción que se intenta, se trata de un litisconsorcio pasivo.
CONSIDERANDO: Que contrastando el marco normativo y doctrinal anteriormente expuesto con los antecedentes que informan al proceso, se tiene que Elizabeth Delic Vda. de Katusic demandó a la Asociación Mutual de Ahorro y Préstamo para la vivienda "La Primera S.A." la restitución, pago de depósitos a plazo fijo, intereses y daños y perjuicios, alegando que la renovación de depósitos a plazo fijo Nos. 00-34-039181-7 y 00-34-039399-2 no le fueron entregados, advirtiendo además que los mismos fueron ilegalmente firmados por Ángel Katusic Delic, sin ninguna autorización escrita ni poder alguno que le otorgue facultades para el cobro de los mismos, aspectos que fueron debidamente consignados en el auto de relación procesal de fs. 161, constituyendo uno de los puntos de hecho a probar por la demandante.
Consiguientemente, en virtud a lo establecido por los arts. 67 y 194 del Código de Procedimiento Civil, se infiere que el a quo debió integrar a la litis a Ángel Katusic Delic, habida cuenta que es precisamente quien se habría beneficiado con el cobro de los Depósitos a Plazo Fijo cuya restitución y pago ahora se demanda, concluyéndose que corresponde determinar la anulación de obrados a ese efecto, dando lugar a la aplicación de lo previsto por los arts. 252 y 271.3) del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la facultad conferida por el artículo 58.1) de la Ley de Organización Judicial ANULA obrados hasta el auto de admisión de la demanda de fs. 32 vta. inclusive, disponiendo que el a quo ordene la integración a la litis de Ángel Katusic Delic como demandado. Sin responsabilidad por ser excusable.
Anexo 5: AUTO SUPREMO N° 114. Sucre, 09 de marzo de 2002.
DISTRITO : Cochabamba. JUICIO : Ordinario Doble - Mejor Derecho de Propiedad.
RELATOR : Ministro doctor Kenny Prieto Melgarejo.
VISTOS: El recurso de casación interpuesto en folios 306 a 309 vlta., por Fernando Vargas Soria y Walter Rocha Anna en representación de la H. Alcaldía Municipal de la Provincia Cercado del departamento de Cochabamba, en contra del auto de vista de fecha 24 de abril de 2001 corriente en obrados de fs. 294 a 297 vlta., pronunciado por la Sala Civil Segunda de la R. Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba en el proceso ordinario doble seguido a instancia de Esther Marina Siles vda. de Sanjinez sobre mejor derecho de propiedad, la contestación de la parte recurrida que corre en folios 312 a 315, el auto de concesión de fs. 315 vlta., el dictamen del señor Fiscal General de la República de fecha 12
de diciembre de 2001 corriente en fs. 317 a 318, los antecedentes que trae el cuaderno procesal y,
CONSIDERANDO: Que la actora ha probado con toda la documentación cursante en folios 1 a 17, incluida la instrumental de fs. 283 a 291, que ella es propietaria en condominio con sus hijos Nancy Esther, José Nelson, Edgar William, Lucio Jhonny y Rosmery Neva Sanjinez Siles del terreno de 4 viches (14.488 ms.2) ubicado en Chávez Rancho (Villa Busch) e inclusive que ha aprehendido posesión judicial en esa integridad (Léase acta de fs. 8) y no en la parcialidad (1.270 ms2). Que al fallecimiento de uno de los co-propietarios José Nelson Sanjinez Siles, según se acredita con el certificado de fs. 29, sus herederos -nietos y nuera de la actora- ocupan su lugar. No ha probado que dicho terreno haya sido objeto de división y partición entre los co-propietarios herederos del común causante José Sanjinez, manteniéndose en lo proindiviso, pues no hay prueba en contrario. Tampoco ha demostrado fehacientemente que esa propiedad haya sido loteada, disgregada, fraccionada, es decir, que el derecho de propiedad de los condóminos haya sufrido modificación objetiva como también subjetiva, hasta reducirse a los 1.270 ms2., por lo que esta superficie continúa en indivisión. El plano demostrativo de fs. 7 no es idóneo por que no tiene aprobación de autoridad competente.
Sin embargo, de todo lo obrado y particularmente de las inspecciones de visu referidas en la sentencia, se infiere que ese lote ha sido afectado por la H. Alcaldía aún cuando incumpliendo normas administrativas, pues, a esa conclusión se llega, de no ser así no tendría sentido las pretensiones de demanda de mejor derecho y reivindicación o alternativamente se vaya a la expropiación con justa indemnización como reza el memorial de fs. 19.
Que así analizado el caso sub-lite, tomando en consideración la teleología o finalalidad del proceso como explica el art. 91 del Cód. de Pdto. Civ., tomando en cuenta los limites objetivo y subjetivo que a la postre sus resoluciones alcanzan, se llega a la necesidad procesal y de derecho sustantivo, que tanto la demanda principal cuanto la reconvencional, conforme a las pretensiones deducidas en ellas, afectan directamente los derechos de todos los condóminos por la indivisión en que se encuentran y es inexcusable su integración a la litis por el carácter de litisconsortes necesarios (no facultativos), para evitar decisiones subjetiva y objetivamente parciales y ejecuciones igualmente parciales e impracticables, que propicien necesariamente otros procesos por la indivisión, se reitera, en que se encuentra el terreno de marras.
El litisconsorcio activo y pasivo al que se refiere el art. 67 del Cód. de Pdto. Civ., permite al Juez como director del proceso integrar a los sujetos del derecho, por las razones anotadas, tal como orienta la doctrina procesal.
POR TANTO: La Sala Civil de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, en desacuerdo con el dictamen fiscal, ejerciendo la atribución que le confiere el art. 58-1) de la L.O.J., ANULA obrados hasta fs. 20 inclusive, y dispone que el juez a quo integre a la litis consorcio a los demás titulares del derecho de propiedad que se acciona, con las conminatorias que nacen de la ley.
No es excusable el error en que han incurrido los de grado al permitir que un proceso se sustancie y pretenda culminar con una legitimación activa y pasiva parcial, por la naturaleza doble del mismo, por cuya razón se les impone multa de Cien bolivianos a cada uno de ellos descontables de sus haberes a favor del Tesoro Judicial.
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 artículo 67
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 artículo 132
 artículo 327
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 artículo 15
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 artículo 5
 artículo 83
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 artículo 1692
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