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Timestamp: 2017-10-18 14:48:51+00:00

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Poder judicial – HP HOST
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El juez investigará las tripas de Banco Popular y toda su actividad del último lustro | Compañías
– Demandas civiles: En paralelo a las querellas presentadas ante la Audiencia Nacional por las posibles responsabilidades penales de los gestores de Banco Popular en su quiebra, que supuso la pérdida del dinero para todos sus accionistas e inversores, han comenzado a plantearse también demandas civiles por parte de afectados que buscan recuperar su dinero. Aunque ante la confluencia de acciones civiles y penales tradicionalmente se suele dar prioridad a estas últimas, dejando suspendidas las primeras, el precedente del caso Bankia abre la puerta a que las reclamaciones de afectados se resuelvan antes. En ese caso, el Tribunal Supremo anuló en enero de 2016 la venta de acciones de Bankia entre particulares por la falta de veracidad de la información facilitada pese a que el juicio penal está todavía por celebrar.
– El contencioso: En paralelo, muchos de los accionistas de referencia de Banco Popular, entre los que se incluyen algunos de los que serán investigados ahora en la instrucción por la causa penal que abre la Audiencia Nacional, han decidido reclamar por la vía contencioso administrativa tratando de impugnar la decisión de las autoridades europeas de resolver Banco Popular. Las acciones legales se han presentado tanto contra la Junta Única de Resolución (JUR) como contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ejecutó la intervención de la entidad y su adjudicación a Banco Santander por un euro simbólico.
La Audiencia Nacional confirma que juzgará a Barcoj y seis exdirectivos | Compañías
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos del exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú Pons, el exdirector financiero Ildefonso Sánchez Barcoj y otros cinco antiguos directivos de la entidad, entre ellos el exconsejero Arturo Fernández, presentados contra el auto de procesamiento dictado por el juez Fernando Andreu el pasado mes de mayo por la salida a Bolsa, por lo que todos tendrán que sentarse en el banquillo.
En el caso de Sánchez Barcoj, la Sala recuerda que las cuentas relativas al ejercicio 2010 aprobadas en el consejo de administración de marzo del siguiente año fueron presentadas por el propio procesado, quien como director financiero era “responsable de su elaboración”. Además, indica que existió un cobro de ‘bonus’ “gracias al mantenimiento de la falacia contable de no contabilizar las pérdidas por deterioro y cargarlas contra la cuenta de reservas”.
En relación al argumento que empleó el exdirectivo de que no llegó a ser empleado de Banco Financiero y de Ahorros (BFA), sino que pasó directamente de Caja Madrid a Bankia, la Sala le recuerda que en diciembre de 2010 fue nombrado director financiero de BFA. “El hecho de que el recurrente presentase ante el consejo de administración las cuentas anuales, unido a su real nombramiento como director financiero, es indicio racional y bastante que permite inferir su directa responsabilidad”, resalta.
Sobre el exvicepresidente Verdú Pons –una de las cuatro personas que no hizo uso de su ‘tarjeta black’ en Caja Madrid y, por lo tanto, no fue juzgado en ese caso–, el tribunal desestima igualmente su recurso porque el procesado ha reconocido que fue consejero delegado cuando el consejo de administración de Bankia aprobó la información económica y financiera del folleto descriptivo de las condiciones de salida a bolsa.
Según la Sala, está “acreditado documentalmente” que en una reunión inmediatamente anterior a esa se puso de relieve que las cuentas de Bankia no cumplían “la normativa nacional e internacional” y no reflejaban “la imagen fiel de la entidad”.
El tribunal también desestima el recurso presentado por la defensa del empresario Arturo Fernández al entender que las diligencias adoptadas durante la instrucción ponen de manifiesto que éste formaba parte del consejo de administración de Bankia en junio de 2011, cuando se adoptaron los acuerdos para poner en marcha la salida a Bolsa.
Una maniobra que contuvo “una serie de irregularidades y errores sobre activos que no se ajustaban a la normativa del Banco de España”, según responde la Sala, que recuerda que el hecho de que el fiscal del caso, Alejandro Luzón, sólo dirija su actuación contra cuatro procesados (Rodrigo Rato, Francisco Verdú Pons, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella) “nada implica”, puesto que hay más acusaciones en el procedimiento.
En otros cuatro autos diferentes, la Sala de lo Penal rechaza igualmente los recursos presentados por los exconsejeros de Bankia Araceli Mora, Mercedes Rojo, Francisco Juan Ros y José Rafael García-Fuster.
Esta decisión del tribunal se une a las que ya tomó rechazando también los recursos de otros exdirectivos de la entidad, como el expresidente Rodrigo Rato y los exconsejeros Ángel Acebes, Javier López Madrid y Agustín González, entre otros.
Anticorrupción: “Popular dio información no real sobre sus cuentas cuando amplió capital” | Compañías
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, al frente de la investigación abierta por la quiebra del Banco Popular, que divida la causa en dos piezas separadas; una relativa a la ampliación de capital que solicitó el banco por importe
En el escrito en el que pide que se admita a trámite una treintena de querellas interpuestas contra los expresidentes del banco Angel Ron y Emilio Saracho y contra el auditor PwC, el fiscal apunta que los hechos son constitutivos de un delito relativo al mercado y a los consumidores. Alega que para captar el capital, el banco proporcionó a través de los folletos de inversión, una información de sus estados contables y financieros que “no reflejaba la verdadera situación económica de la entidad”.
Advierte de que la maniobra relativa al ejercicio de 2016 supuso una “grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil” no solo por la cantidad solicitada por la entidad sino por el “descrédito y la desconfianza” que generó en el sistema financiero y por los miles de accionistas “potencialmente perjudicados”.
Por estos hechos Anticorrupción no se opone a la personación en la causa como acusación particular de un total de 26 perjudicados que dirigen su denuncia contra el que fuera presidente del popular entre los años 2004 y 2017, Ángel Ron, su sucesor en el cargo Emilio Saracho, así como
la cúpula del consejo de administración, por incurrir presuntamente en un delito de administración desleal.
No obstante el fiscal entiende que no hay base sólida para pedir que se actúe contra el Ministerio de Economía, la cúpula del Banco de España como su gobernador Luis María Linde, contra el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella o
En paralelo hoy mismo la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos,
Cajas y Seguros (Adicae) ha presentado este lunes una querella en la Audiencia Nacional contra los expresidentes del Banco Popular Angel Ron y Emilio Saracho, así como contra sus respectivos consejos de administración, por estafa a los inversores, falsedad de cuentas y administración desleal que llevó a la quiebra de la entidad.
Según ha explicado a los medios de comunicación el presidente de Adicae, Manuel Pardos, la querella “abarca a todos los consumidores que puedan estar dañados por la quiebra de Popular”. “Adicae quiere defender a los pequeños accionistas ahorradores, no defiende a los grandes magnates inversores”, ha explicado.
Anticorrupción pide investigar a Ron y Saracho por la quiebra de Popular | Compañías
La investigación judicial por la quiebra de Banco Popular va tomando forma. La Fiscalía Anticorrupción ha emitido un informe dirigido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu instándole a que admita a trámite las querellas presentadas contra los expresidentes de la entidad Ángel Ron y Emilio Saracho, y sus consejos de administración, por la quiebra de la entidad, según confirman fuentes oficiales.
La Fiscalía es partidaria de investigar a las antiguas cúpulas del banco, si bien Anticorrupción no ve necesario incluir en las diligencias a los organismos supervisores nacionales, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), ni al Banco Central Europeo (BCE) o al Banco Popular Portugués.
En este sentido, resulta relevante que la Audiencia Nacional acabe de decidir dejar fuera del banquillo al Banco de España y a la CNMV en la investigación del caso Bankia. Un caso que también instruyó el juez Fernando Andreu, quien deberá decidir ahora si sigue la recomendación de la Fiscalía y abre una investigación judicial sobre el fin de esta entidad solo unos meses después de haberse encargado de la salida a Bolsa de Bankia.
Aunque la Fiscalía no lo ha matizado, la salvedad que Anticorrupción hace con los supervisores no parece extenderse sobre la auditora Pwc, y el socio que firmó las cuentas, Francisco Barrios, incluidos en algunas de las querellas presentadas.
Hasta la fecha se han presentado una treintena de querellas por la liquidación del banco, intervenido por las autoridades europeas el pasado 7 junio ante la falta de liquidez sufrida por la fuga de depositantes e inmediatamente vendido al Santander al precio simbólico de un euro.
La operación, decidida por el Banco Central Europeo (BCE) a través de la Junta Unica de Resolución y ejecutada por el FROB, implicó la reducción a cero del capital social del banco, y la amortización o extinción de todas las acciones del banco admitidas a negociación en Bolsa. Es decir, supuso la pérdida del dinero para los cerca de 300.000 accionistas y para los bonistas de la entidad.
Algunas de las primeras querellas y denuncias presentadas ante la Audiencia Nacional fueron interpuestas por la asociación de consumidores OCU, el bufete Cremades & Calvo Sotelo o el despacho Durán & Durán. Sus escritos difieren a la hora de señalar como responsables a Ron, a Saracho o a ambos. El aluvión de acciones legales que provocó la caída de Popular ha involucrado ya a una quincena de importantes bufetes.
Otros frentes de la batalla judicial
Más allá de la depuración de posibles responsabilidades penales, la batalla judicial de Popular se ha extendido a otros frentes. Tras los recursos administrativos interepuestos contra las autoridades europeas y el FROB, recientemente fue presentada la primera demanda civil que busca resarcimiento para los afectados.
Esta misma semana, varios de los principales accionistas de la entidad, entre los que se encuentran el grupo chileno Luksic o los inversores institucionales representados por el bufete B. Cremades & Asociados, han presentado también recursos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra las decisiones tomadas por la Junta Única de Resolución y la Comisión Europea.
¿Por qué se ha denegado el ‘habeas corpus’ a los detenidos por el referéndum de Cataluña? | Legal
Uno de los muchos términos jurídicos que nos está enseñando el desafío independentista es el de ‘habeas corpus’, un recurso que fue invocado por buena parte de los detenidos en el marco de la operación policial seguida por organizar el referéndum de Cataluña. Se trata de una figura muy conocida y empleada por la mayoría de los delincuentes en el momento de su detención, porque es una manera de que el juez les escuche rápidamente y pueda resolver su situación en menos tiempo.
El ‘habeas corpus’ consiste en un procedimiento especial, recogido en la Constitución (artículo 17) y regulado en la Ley Orgánica 6/1984, dirigido a la inmediata comparecencia ante el juez de una persona detenida para que escuche sus alegaciones y decida si la detención es legal o ilegal. Es rápido, porque finaliza en veinticuatro horas; sencillo, por ser accesible a todos los ciudadanos; general, de modo que se puede solicitar por un amplio elenco de personas, y universal, porque permite ver tanto las detenciones ilegales como las que, siendo inicialmente legales, se prolongan o se llevan a cabo en condiciones no amparadas por la ley.
Para decidir un ‘habeas corpus’, el juez debe valorar, en primer lugar, si concurren los supuestos legales y las formalidades y requisitos exigidos por el artículo 17 de la Constitución y por la norma procesal penal (artículos 489 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). En segundo lugar, debe determinar si las personas están lícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar, es decir, si se cumplen los requisitos legales para internar a una persona. Además, se tiene que constatar si aún no ha transcurrido el plazo máximo legal de 72 horas para que el detenido sea puesto a disposición judicial. Y, por último, si se han respetado los derechos comprendidos en los artículos 17 y 24 de la Constitución y de las leyes procesales (artículos 520 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal).
Si estos requisitos se cumplen, la detención es legal y el ‘habeas corpus’ se desestima. Así lo han entendido los jueces de Barcelona y Martorell, que han rechazado todos los presentados por los detenidos por la convocatoria de referéndum en Cataluña. Es importante saber, además, que contra esta decisión judicial no cabe recurso.
El ‘habeas corpus’ se solicita ante el juez de instrucción del lugar en que se encuentre la persona detenida. Si no consta, el del lugar en que se produzca la detención y, en defecto de los anteriores, el del lugar donde se hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del detenido.
No se habilita por lo tanto al abogado del detenido, por lo que éste tendrá que convencer a su representado o familiares, de la necesidad de la interposición del ‘habeas corpus’ para poder hacerlo.
Si el juez considera que la detención es legal, se deniega el ‘habeas corpus’ y la persona continúa en prisión. Además, si ha habido temeridad o mala fe por parte del detenido este deberá hacerse cargo del coste de este proceso.
Por último, hay que tener en cuenta que, en caso de concederse el ‘habeas corpus’, se perseguirán también los delitos que hayan podido cometer las personas que hayan procedido a la detención declarada ilegal.
Para saber más sobre el concepto ‘habeas corpus’ consulta el concepto en las guías jurídicas de Wolters Kluwer.
El chileno Luksic y nuevos fondos demandan a la UE por Popular | Compañías
La batalla judicial en torno al colapso de Banco Popularsigue fraguándose. Nuevos accionistas clave de la entidad fallida, que incluyen a fondos de inversión representados por el despacho B. Cremades & Asociados, o el grupo Aeris Invest, propiedad de la familia chilena Luksic, acaban de anunciar que han emprendido acciones legales ante la justicia europea contra las autoridades comunitarias.
En concreto, el grupo Aeris ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la Junta Única de Resolución (JUR) y la Comisión Europea (CE) ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El grupo chileno poseía un 3,45% de las acciones de Banco Popular, lo que le convertía en el mayor accionista individual aunque por debajo de la sindicatura de accionistas. Los Luksic perdieron toda su inversión cuando la entidad fue intervenida y vendida a Banco Santander por un euro simbólico el pasado 7 de junio.
Ya el pasado 21 de junio, el grupo del magnate chileno presentó un recurso contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (FROB) que fue quien ejecutó el mandato de las autoridades europeas y adjudicó la entidad al mejor, y en este caso único, postor.
En su reclamación contra las decisiones de las autoridades europeas, Luksic asevera que la decisión infringe numerosos principios y normales legales. Aeris critica que no se hayan hechos públicos todos los motivos de la Junta Única de Resolución (JUR) o que la crisis de la entidad fuera causada por las declaraciones de su responsable de que Popular estaba bajo vigilancia.
También considera que no se analizaran alternativas menos lesivas para los intereses de los accionistas a los que dejó sin propiedad acordando la resolución y venta a Santander sin una valoración adecuada o buscando maximizar el precio de venta.
El grupo considera además que el uso del Mecanismo Único de Resolución (MUR) imponiendo a los accionistas las primeras pérdidas sin tomar en cuenta medidas menos restrictivas sobre su inversión supone una lesión del derecho de propiedad de manera “desproporcinada”.
El recurso de Cremades
En paralelo, el despacho B. Cremades & Asociados, en representación de otros grandes clientes, ha presentado un segundo recurso ante el TJUE contra la CE y la JUR, a la que también acusan violar sus deberes de confidencialidad sobre la entidad.
Desde el bufete consideran que “los bonistas deberían recibir el 100% del nominal de su inversión y los accionistas una compensación de 2,57 euros” por título, aunque solicitan una indemnización mínima equivalente al precio de cotización de los instrumentos de capital de Popular a 22 de mayo de 2017 (cuando la acción cotizaba a 0,696 euros).

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