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Timestamp: 2018-08-15 03:58:13+00:00

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Nos interesamos por la situación laboral y la calidad del servicio que prestan los centros de trabajo de Cita Previa de Salud | Defensor del Pueblo Andaluz
Nos interesamos por la situación laboral y la calidad del servicio que prestan los centros de trabajo de Cita Previa de Salud
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Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la queja 17/2851 dirigida a Consejería de Salud, Empresa de Emergencias Sanitarias
En el expediente de queja arriba referenciado, que ruego cite al contestar, la representación sindical de CGT Andalucía y de dicha organización sindical en Salud Responde (Cita Previa Sevilla), con fecha 17 de mayo de 2017, nos plantea la situación de los trabajadores de los centros de teletrabajo de este servicio ante las condiciones laborales en que deben desarrollar sus funciones, que repercute en un mal servicio a la ciudadanía y de lo que hacen responsable a la Consejería de Salud." data-share-imageurl="">
En el expediente de queja arriba referenciado, que ruego cite al contestar, la representación sindical de CGT Andalucía y de dicha organización sindical en Salud Responde (Cita Previa Sevilla), con fecha 17 de mayo de 2017, nos plantea la situación de los trabajadores de los centros de teletrabajo de este servicio ante las condiciones laborales en que deben desarrollar sus funciones, que repercute en un mal servicio a la ciudadanía y de lo que hacen responsable a la Consejería de Salud.
1. Las personas promotoras de esta queja, nos trasladan la situación que, en su opinión, “hace padecer la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a los trabajadores y trabajadoras en los Centros de Teletrabajo para cita previa de Salud en colaboración con Salud Responde en Andalucia, al tenerlos en manos de empresas contratistas privadas de tele-marketing manteniendo un servicio a costa de la explotación laboral de sus empleados/as, de ofrecer un mal servicio a la ciudadanía y de lucrarse económicamente con el dinero de los impuestos de los andaluces”.
Según los interesados, el pliego regulador de la licitación describe las condiciones de la contratación de plataformas externas como Centros de Teletrabajo que aporten los recursos humanos y materiales necesarios para que colaboren con Salud Responde en el servicio de cita previa en los centros de salud del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Consideran que en el Pliego de Prescripciones Técnicas de Contratación de este servicio se omite la subrogación de trabajadores/as, a diferencia de la misma licitación de Salud Responde o de las Emergencias del 061, también dependientes de la Empresa Publica de Emergencias Sanitarias (EPES), en las cuales se específica como requerimiento, dando así la posibilidad a las empresas contratistas de este servicio para deshacerse de trabajadores/as con muchos años de experiencia en el mismo. Con esta actuación administrativa, a juicio de los interesados, no solo se viola el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores (ET) sino también lo establecido al respecto en el Convenio colectivo del sector de Contact Center que es de aplicación a las plantillas.
En la mencionada licitación consideran que se habría incumplido igualmente la reciente “Ley de Cláusulas Sociales aprobada en el Parlamento de Andalucia”, ya que no se respetan esas mencionadas cláusulas de garantías mínimas para Ios/as trabajadores/as.
Asimismo, nos indican que dicho Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) se recoge expresamente que: “Cada adjudicatario prestará el servicio desde un único centro de trabajo ubicado en Andalucía y éste debe reunir los requisitos necesarios para poder hacer llegar hasta él un punto de acceso a datos de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía. Circunstancia ésta que no se da en la actualidad ni está previsto en la licitación en marcha, cuestión que además de incumplir el PPT difiere absolutamente del resto de servicios subcontratados de EPES 061 como son Salud Responde que cuenta con un centro de atención telefónica ubicado en la ciudad de Jaén dentro del recinto hospitalario o 061 que cuenta con 8 centros de coordinación de emergencias específicos, uno en cada capital de provincia de Andalucia”.
Y, afirman que: “(...) la gravedad de la situación es aún más seria, los trabajadores/as actualmente activos en Cita Previa, como podemos comprobar en los propios cuadrantes de servicios, son muy inferiores a los previstos en los dimensionamientos que asumen las empresas cuando aceptan el contrato: es decir, no se cubren los turnos con las personas necesarias para atender las necesidades de la población, creándose colas de llamadas. Este hecho no solo conlleva sobrecargas de trabajo hacia quienes prestan servicios en turnos de saturación y estrés insostenibles sino que revierte negativamente en la calidad del servicio hacia la ciudadanía. Estamos ante un servicio esencial y los trabajadores/as somos conscientes de ello, pero no es permisible que se les impida el libre ejercicio del derecho de Huelga al amparo de decretos de la propia Junta de Andalucía, que reiteradamente vienen siendo declarados como abusivos y vulneradores del Derecho Fundamental a la huelga por sentencias del TSJA sala de lo Contencioso Administrativo”.
2. Tras la correspondiente petición de informe sobre estas cuestiones a la Empresa Publica de Emergencias Sanitarias (EPES), con fecha 30 de junio de 2017, nos responde que la contratación de las plataformas externas que colaboran con Salud Responde para prestar el servicio de Cita Previa con los centros de salud se lleva a cabo mediante licitación pública, adjudicando por lotes un porcentaje de la actividad. Las empresas adjudicatarias deben prestar el servicio desde uno de sus centros con el requisito de que esté ubicado en Andalucía, requisito que indican que cumplen las tres empresas adjudicatarias del mismo que comenzaran a prestarlo a partir de 1 de julio.
Afirma, asimismo, que está llevando a cabo el seguimiento del proceso de traspaso del servicio a las nuevas adjudicatarias, no estando prevista la subrogación en el convenio colectivo de aplicación a estas empresas. Señalando que la no inclusión en el PPT de la cláusula de subrogación obligatoria, se debe a que no se cumplen los requisitos necesarios para ello. A estas razones haremos referencia a continuación en el apartado de Consideraciones.
A este respecto, ponen también de manifiesto que en diversas sentencias emitidas por tribunales, tanto administrativos como judiciales, se está declarando la nulidad de los pliegos al establecer en ellos la obligación de subrogación del personal que viene prestando servicio, sin perjuicio de que la subrogación deba producirse en virtud de los acuerdos que puedan incorporar los convenios colectivos aplicables
Por último, en relación con la calidad del servicio, nos trasladan que Salud Responde ha obtenido en la última encuesta de satisfacción realizada a las personas usuarias del servicio de cita previa un 9,5 sobre 10. Por otra parte, el tiempo de gestión de una cita con atención primaria es inferior a 75 segundo, compromiso recogido en la carta de servicios y cuyo seguimiento se publica anualmente en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía. Adjuntan para ello copia de seguimiento de 2016 de los compromisos adquiridos en su carta de servicios.
Primera.- Subrogación de los trabajadores de la anterior empresa contratista.
Una de las cuestiones principales que se plantean en esta queja es el de la omisión, en las condiciones de licitación del servicio objeto de contratación, de la subrogación de los trabajadores que lo venían prestando en la anterior adjudicataria por parte de la nueva empresa a la que se adjudique el mismo. La EPES, en su contestación, señala al respecto que:
“Está llevando a cabo el seguimiento del proceso de traspaso del servicio a las nuevas empresas adjudicatarias y de la aplicación de la regulación prevista en la normativa laboral y en lo establecido en el convenio colectivo del sector de contact center, en el que no contempla la subrogación, pero si la incorporación de los trabajadores de las empresas que venían prestando el servicio a las nuevas empresas adjudicatarias de modo que la plantilla de la nueva empresa se integre en un 90% con personal que estaba contratado en el servicio por la anterior empresa conforme a lo establecido en el artículo 18, sin perjuicio de los derechos preferentes de otros trabajadores como los derivados de la aplicación del artículo 17.
Sobre la no inclusión en el pliego de prescripciones técnicas de la cláusula de surbrogación obligatoria, indicarle que se debe a que no se cumplen los requisitos necesarios para ello. Por una parte, que los trabajadores presten sus servicios en centros propios de EPES y que estos servicios correspondan exclusivamente a la actividad contratada por EPES. Y por otra, que el volumen de actividad contratada y por tanto el volumen de empleo inducido se mantenga en el tiempo. Éstas dos condiciones no se dan en la contratación del servicio de cita previa, dado que los trabajadores prestan servicio desde plataformas externas propias de las empresas adjudicatarias y pueden estar adscritos a diferentes líneas de servicio además de la de cita previa. Y además, el volumen de cita se ha reducido un 67% entre los años 2009 y 2016, como consecuencia del mayor uso de la App e interSAS por los usuarios como vías alternativas para gestionar sus citas previas con atención previa.
Estos requisitos sÍ se dan sin embargo para la contratación de los servicios de teleoperación de los centros coordinadores de urgencias y emergencias de 061 y de Salud Responde, donde los trabajadores de las empresas adjudicatarias prestan el servicio desde centros de EPES y el volumen de actividad es mantenido en el tiempo. Por estos motivos en los pliegos de contratación de estos servicios se establece la subrogación para el 100% de los trabajadores”.
En relación con esta cuestión, ha de tenerse en cuenta que para que se produzca la sucesión de empresa prevista en el art. 44 ET, según se establece en su apartado 1, se deberá transmitir una unidad productiva autónoma. Tras la reforma del art. 44.2 ET por la Ley 12/2001, de 9 de julio (que traspuso la Directiva 2001/23/CE), a los efectos de lo previsto en dicho artículo, “se considerará que existe sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria”.
Con carácter general, se viene considerando que nos encontramos ante una unidad productiva autónoma cuando lo que se transmite “es un conjunto organizado y no unos elementos patrimoniales aislados” (STS de 16 de julio de 2003).
A este respecto, resulta muy ilustrativa la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2015 que, con motivo de un cambio de empresa adjudicataria de servicios de contac center, considera que no se produce la sucesión de empresas prevista en el art 44 ET, señalando en su Fundamento de Derecho Cuarto. 2 que: "según se desprende de lo que ordenan las normas comunitarias y estatales que se acaban de reseñar, es evidente que para que se pueda apreciar la existencia de sucesión de empresa, conforme a las mismas, es de todo punto necesario que se haya producido la transmisión de una "entidad económica" formada o estructurada por "un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica". Es claro, por consiguiente, que si no se produce la cesión de ese conjunto de medios organizados difícilmente podrá existir traspaso o sucesión de empresas. De ahí que, en principio, no puede calificarse de traspaso o sucesión de empresa la mera cesión de actividad o la mera sucesión de plantilla".
Precisa en este caso, en el apartado 3 de este Fundamento Jurídico, que “el problema es determinar no el alcance del artículo 18 del Convenio de aplicación, sino si, conforme al art. 44 del E.T., ha existido sucesión de empresa porque en caso contrario se aplica el Convenio Colectivo, cuyo art. 18 establece disposiciones con las que pretende garantizar e incentivar la contratación de empleados de la antigua contratista, pero sin llegar tan lejos como el art. 44 del E.T.” Concluyendo que “a la vista de los antecedentes fácticos y jurídicos reseñados, procede desestimar el motivo del recurso examinado, dado que entre la nueva y la antigua contratista no ha existido ningún negocio sobre la transmisión de la actividad y de los medios materiales e infraestructuras necesarios para el desarrollo de una actividad que necesita de inmuebles, sistemas informáticos, de telefonía y de comunicaciones, entre otros medios materiales para su desarrollo. Como dijimos en nuestra sentencia de 15 de julio de 2013, antes citada y que fue dictada en un caso similar: "El cambio de contratista en estas condiciones no encaja en el art. 44-2 del E.T., ni en el 1-1 de la Directiva 2001/23, porque no se ha transmitido un conjunto de medios organizados para llevar a cabo una actividad económica y si se ha dado ocupación a la totalidad o parte de la plantilla anterior ha sido para cumplir lo dispuesto en el art. 18 del Convenio Colectivo ...".
En este caso, por tanto, mas que sucesión de empresa nos encontramos ante un supuesto de subrogación convencional que se produce en aquellos casos en que el convenio sectorial de aplicación establece para la empresa contratante la obligación de subrogarse en los trabajadores adscritos a la anterior contrata. Así, tanto el art 18 del V como del VI Convenio Colectivo estatal del sector de Contact Center contemplan este tipo de subrogación que tiene sus límites al obligar a la nueva adjudicataria a integrar en su su plantilla al 90% del personal de la anterior, constituyéndose una bolsa de trabajo para los que habiendo superado el periodo de selección no entren en el porcentaje fijado para cada campaña.
Por su parte, según nos indica EPES en el informe solicitado se está llevando a cabo “el seguimiento del proceso de traspaso del servicio a las nuevas empresas adjudicatarias y de la aplicación de la regulación prevista en la normativa laboral y en lo establecido en el convenio colectivo del sector contact center” en los términos antes indicados.
Asimismo, en cuanto a la reubicación de trabajadores de Ilunion adscritos al servicio de Cita Previa de Salud Responde, como anterior empresa adjudicataria, EPES nos comunica, en escrito remitido con fecha 22 septiembre de 2017, que “han sido reubicados en otros servicios dentro de Ilunion, como es el caso de los trabajadores mencionados, o han recibido propuestas de contratación por las nuevas empresas adjudicatarias del servicio, conforme a lo establecido en el convenio del sector”.
No se aprecia, por tanto, una actuación contraria a la legalidad en vigor por parte de la Administración contratante, sin perjuicio de las consideraciones que haremos a continuación.
Segunda.- Requerimientos del Centro de Trabajo.
En relación con las consideraciones que nos trasladan las personas promotoras de esta queja sobre los requerimientos del Centro de Trabajo, el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) que rige la contratación de este servicio, prevé que se podrá adjudicar por lotes, y en su punto 3 establece que “cada adjudicatario prestará el servicio desde un único centro de trabajo ubicado en Andalucía y éste debe reunir los requisitos necesarios para poder hacer llegar hasta él un punto de acceso a datos de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía”, determinándose a continuación las condiciones, infraestructuras y requisitos que se exigen para el desarrollo de este contrato.
De acuerdo con las normas que rigen esta contratación, los requerimientos del centro de teletrabajo posibilitan que el servicio se preste desde un único centro de trabajo ubicado en Andalucía, condición que cumplen las empresas adjudicatarias que prestan este servicio: “Indra BPO Servicios, S.L.U. (desde su centro en Sevilla), Atento Impulsa, S.A.U. (desde su centro en Sevilla) y Centro de Asistencia Telefónica, S.A. (desde su centro en Málaga)”.
Por lo que, en principio, se cumplen las prescripciones técnicas exigidas por los pliegos que rigen la contratación de este servicio a efectos de “requerimientos de centro de trabajo”.
Tercera.- Inclusión de Cláusulas Sociales.
En el escrito de queja se señala que en la licitación de este servicio se habría incumplido la reciente “Ley de Cláusulas Sociales aprobada en el Parlamento de Andalucia, ya que no se respetan esas mencionadas cláusulas de garantías mínimas para Ios/as trabajadores/as”.
Para la aplicación de este Acuerdo, la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar una Guía para la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales en el ámbito de su contratación administrativa y que, una vez entren en vigor, deberán ser incluidas en los pliegos que rigen la contratación del sector público andaluz para la adquisición de bienes o servicios.
Por tanto, con la inclusión de estas consideraciones de índole social en la contratación pública, no se pretende imponer una política de contratación laboral determinada, ni legislar socialmente. Será el órgano de contratación, considerando el objeto del contrato que se licita, el sector de actividad económica en el que se integra y las circunstancias en que se desenvuelve la ejecución del contrato, el que deba decidir que tipo de cláusulas socio-laborales son más idóneas para asegurar la mayor eficiencia en la ejecución del contrato y alcanzar esos objetivos de política social que se estiman de interés general.
En este contexto, una vez examinados los pliegos que rigen la contratación del servicio de Centros de Teletrabajo para Cita Previa de Centros de Salud en colaboración con Salud Responde, aprobados con fecha 18 de enero de 2017, observamos que se limitan a incorporar la obligación general que tiene la empresa contratista de cumplir con la normativa laboral para la ejecución del contrato, sin que, en cumplimiento de las directrices que marca la Directiva 2014/24/UE, se concreten medidas de control para asegurar el cumplimiento por parte del operador económico de las obligaciones laborales que debe observar, así como las consecuencias de su incumplimiento, que pueden llegar a la resolución del contrato, de conformidad con lo establecido en el art. 223 del TRLCSP.
Por otra parte, teniendo en cuenta las frecuentes denuncias que se han producido en la ejecución de servicio por anteriores contratas, consideramos que, para alcanzar estos objetivos sociales, hubiera sido deseable la inclusión de alguna cláusula social que promoviera la adopción de medidas concretas que aseguraran la efectiva conciliación entre la vida personal, laboral y familiar.
Igualmente, para reforzar el cumplimiento de sus obligaciones laborales por parte del contratista, en la línea que orienta la Directiva 2014/24/UE, y prevenir la conflictividad de índole laboral que con asiduidad se produce en la ejecución de este tipo de contratos, hubiera sido oportuno incluirlas en los pliegos de condiciones de esta contratación, de acuerdo con lo establecido en el art. 118.2 del TRLCSP, como obligaciones contractuales esenciales a los efectos previstos en el art. 60.2 y en el art. 223.f) de dicha norma en caso de incumplimiento.
En cualquier caso, insistimos en que las unidades promotoras del contrato deberán valorar qué consideraciones sociales son las más eficientes, razonables y proporcionadas, según las características del contrato que se pretende licitar.
Cuarta.- Determinación del precio del contrato en relación con los costes salariales de ejecución.
Las personas promotoras de esta queja cuestionan el precio del contrato, que consideran excesivo, y que posibilita “una sobrecarga de trabajo hacia quienes prestan servicios en turnos de saturación y estrés insostenibles” y “que revierte negativamente en la calidad del servicio a la ciudadanía”.
De acuerdo con estas normas, el órgano de contratación debe calcular el presupuesto de licitación según el precio general del mercado, con arreglo a alguno de los sistemas de determinación del precio previsto en la referida norma para los contratos de servicios. En este caso, la modalidad utilizada ha sido la de determinar el número de unidades de servicio objeto de contratación, por lotes, a la que se aplica un precio unitario (0,5200 euros), que es una práctica habitual de determinación del precio para la contratación de este tipo de servicios conforme a las normas de contratación pública.
Con independencia de la modalidad adoptada, dentro de las contempladas en el TRLCSP para los contratos de servicios, la determinación del presupuesto de licitación -que debe estar precedida del correspondiente estudio previo que justifique, por razones de eficacia y eficiencia, la prestación del servicio vía contratación externa- debe ajustarse al análisis económico previo que debe contemplar las pautas para la adecuación del presupuesto estimado a los precios de mercado. Documentos que no han podido ser valorados por desconocerse.
b) Las condiciones salariales como condición de ejecución del contrato y su consideración entre las condiciones de ejecución.
La inclusión de este artículo en el texto final de la LCSP, obedece a los mismos principios que informaban las nuevas Directivas europeas que se estaban aprobando en la materia, como se pone de manifiesto en las razones justificativas de la enmienda que lo incorporaba al texto legal, entre las que se incluía que “(…) Debe preverse la posibilidad de poder exigir a las empresas un compromiso con los derechos laborales a lo largo de la cadena de producción”.
Quinta.- Sobre el dimensionamiento de la plantilla.
Otro aspecto cuestionado por los promotores de esta queja es el del dimensionamiento de las plantillas que, en su opinión, produce “una sobrecarga de trabajo hacia quienes prestan servicios en turnos de saturación y estrés insostenibles”.
En cuanto a la adecuación o inadecuación del dimensionamiento de la plantilla de personal, se observa que en los pliegos por los que se rige esta contratación no se ha exigido una plantilla mínima de personal. En la cláusula 13.2 PCAP sobre condiciones esenciales de ejecución en relación con el Anexo I del PCAP, se establece, como Condición esencial de ejecución, el "Compromiso de dedicación de los medios personales y materiales suficientes para la ejecución del contrato". En el PPT, en su Anexo I, se determina el alcance del servicio a prestar por la empresa adjudicataria sobre la base del número de llamadas a atender, por tramos horarios, durante una semana tipo y otra de mínima demanda (no se dan datos de la semana de máxima demanda), que se complementa con los datos correspondientes al número de llamadas recibidas, contestadas, abandonadas y de tiempos medios de espera que figura en el Anexo II, sin que tampoco aquí se haga referencia al número de personas que se precisan para la prestación del servicio.
En el Anexo IV del PCAP, relativo a los criterios de adjudicación valorados mediante un juicio de valor y otra documentación a aportar, en su apartado 2 se solicita a los licitadores un plan de puesta en marcha y desarrollo del servicio en el que se expondrá:
“a. Estructura de la empresa, organización del trabajo y determinación de los perfiles profesionales que constituirá el equipo de trabajo del proyecto.
b. Dimensionamiento de la plantilla de personas vinculadas al proyecto: agentes, supervisores, técnicos de sistemas, administrativos, gestores, etc. Se incluirá el modo de cálculo que justifica la plantilla que se asignará para cada uno de los lotes a los que se licita de modo que quede asegurado el ajuste a la curva de demanda inicial para el arranque del servicio.
c. Procedimiento para seleccionar, reclutar, formar e incorporar las personas al servicio en producción, y así mismo para sustituciones o cobertura de incrementos puntuales de la demanda”.
Entendemos que en dicho plan, que asimismo desconocemos, para acreditar el cumplimiento de las condiciones a que se compromete el contratista adjudicatario de este servicio se deben concretar las funciones que realizará el personal de la empresa, su cualificación y formación que se les exige, la organización del trabajo, así como las funciones y responsabilidades de coordinación, y los procedimientos de selección del personal para su incorporación inicial, sustituciones y atención de picos de actividad; pero no se exige un equipo mínimo de personas dejando libertad a los licitadores para que lo establezcan, sin perjuicio de la obligación de cumplir las exigencias que se derivan del Convenio estatal del sector de Contact Center, que será la norma por la que se rigen las relaciones laborales del personal contratado para la prestación del servicio.
Además, los nuevos parámetros que a partir de la Directiva Europea 2014/24/UE, que se incorporan a la contratación pública y que fueron integrados en el TRLCSP y acogidos por la Administración de la Junta de Andalucía, hacen aconsejable dar un paso más en la inclusión de consideraciones sociales en los pliegos de condiciones que rigen la contratación de un servicio público que debe redundar en una mejor eficiencia y calidad de la prestación y aportar una mayor eficiencia social al contrato.
Unas condiciones laborales precarias dentro de una organización funcional que de lugar a sobrecargas habituales de trabajo, pueden tener efectos negativos en el rendimiento de las personas trabajadoras que ejecutan el contrato y propiciar la generación de conflictos, lo que termina afectando a la eficacia del servicio a prestar. Es por ello que, de acuerdo con estas consideraciones sociales que deben incorporarse a la contratación pública, sería conveniente que en los PPT se pudiera determinar la plantilla mínima que debe ejecutar el contrato y sus cualificaciones profesionales, así como indicar los recursos necesarios para atender los distintos niveles de demanda, a fin de poder valorar, entre otros criterios selectivos, de la mejor proposición, un dimensionamiento de la plantilla por encima del mínimo exigido que redundaría en una prestación más eficiente del servicio.
Sexta.- Incumplimiento de la normativa laboral por parte de la empresa contratista.
Las personas promotoras de esta queja, también manifiestan “que se les impide el libre ejercicio del derecho de huelga al amparo de Decretos de la propia Junta de Andalucía que vienen siendo declarados abusivos y vulneradores de este derecho por sentencias del TSJA”.
Al margen de esta afirmación, no se aportan al expediente de queja otros documentos que acrediten la infracción de la normas laborales a la empresa contratista, así como tampoco que se haya vulnerado el ejercicio del derecho a la huelga por los trabajadores de la contrata. Sin perjuicio de ello, resulta oportuno referirse a las consecuencias del incumplimiento de la normativa laboral en el desarrollo de este contrato, sobre todo teniendo en cuenta que el elemento personal es fundamental en la ejecución de este servicio.
A este respecto, lo primero que llama la atención es la no inclusión en el PPT de una estipulación sobre garantías laborales del personal de la empresa adjudicataria encargado de la ejecución del contrato, en la que se prevea la posibilidad de resolución del mismo en caso de incumplimiento de las normas laborales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 23. h) del TRLCSP.
En el PPT de la contratación de este servicio, se incluye una estipulación séptima de penalizaciones, en cuyo apartado 2 se enumeran los incumplimientos de obligaciones del contratista. En la graduación de posibles infracciones sorprende, igualmente, que tampoco se haga referencia alguna al incumplimiento de las obligaciones laborales del contratista. No se contemplan entre las consideradas graves y muy graves y, si acaso, podría incluirse en la categoría de incumplimientos leves dentro del concepto genérico de otras “actuaciones contrarias a lo establecido en el presente pliego y el resto de documentación contractual”.
Este proceder no se ajusta a las previsiones de la Directiva 2014/24/UE, donde ya veíamos que, en su Considerando 39, se contempla la posibilidad de incluir cláusulas sociales en los pliegos de la contratación, indicando que “también debe ser posible incluir cláusulas que garanticen el cumplimiento de convenios colectivos, de conformidad con el Derecho de la Unión, en los contratos públicos”.
Es por ello, que en un contrato en cuya ejecución es fundamental la prestación laboral, no parece congruente con los principios a que debe sujetarse la contratación pública que no se establezca como condición contractual la exigencia del cumplimiento de las obligaciones de esta índole, que pueda llevar aparejada la resolución del contrato de acuerdo con lo establecido en el art 223 TRLCE, para asegurar su cumplimiento y una mejor prestación del servicio adjudicado. Pero, menos aún, que en la meritoria labor de graduar y concretar las posibles infracciones del contratista en el PPT en aras a reforzar su seguridad jurídica en la ejecución del contrato, los incumplimientos de la normativa laboral sólo puedan considerarse como infracciones leves con independencia de la entidad de la infracción que se pudiera haber cometido.
Repárese a estos efectos que el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, y que tiene por objeto tipificar las infracciones laborales consideradas como acciones u omisiones de los empresarios contrarias a las normas legales, reglamentarias y cláusulas normativas de los convenios colectivos en materia de relaciones laborales y sancionadas en dicha Ley y en las leyes del orden social (artículos 1 y 5), gradúa las infracciones cometidas en este ámbito en leves, graves y muy graves en atención a la naturaleza del deber infringido y la entidad del derecho afectado, de conformidad con lo establecido en la presente Ley (art. 1.3).
Ciertamente, en el caso de que se produjeran incumplimientos de la normativa laboral, corresponde al órgano de contratación valorar la gravedad de los incumplimientos detectados y su afección al funcionamiento del servicio y al interés público que la Administración debe tutelar, todo ello de conformidad con la facultad que le atribuye el art. 210 de la TRLCSP en relación a la cláusula 23 del PCAP al establecer que “el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento. Igualmente podrá modificar los contratos celebrados y acordar su resolución, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en el TRLCSP y demás normativa de aplicación”.
En similar términos se postula el parecer del Consejo Consultivo de Andalucía, en los Dictámenes a que nos referiremos seguidamente, en el sentido de que ha de tratarse de incumplimientos graves o relevantes, y no de cualquier tipo de incumplimiento.
Séptima.- De la externalización/internalización de la prestación de los servicios públicos.
Sobre esta cuestión ya quedó reflejada en la queja de oficio 15/5470 nuestra aportación al estudio y análisis sobre los criterios de externalización/internalización de la acción pública, y la conveniencia de aprobar el marco regulador cuando fuese posible y oportuno, por quien tiene la competencia.
RECOMENDACIÓN: Para que, a tenor de las consideraciones expuestas y de las directrices que marca la Directiva 2014/24/UE y el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de 18 de octubre de 2016, por el que se impulsa la incorporación de cláusulas sociales y ambientales a la contratación pública, en los próximos pliegos rectores de la contratación del servicio de Cita Previa de Salud Responde se incluya una estipulación sobre garantías laborales del personal de la empresa adjudicataria encargado de la ejecución del contrato, en la que se prevea la posibilidad de resolución del mismo en caso de incumplimiento de las normas laborales vigentes y, en la graduación de posibles incumplimientos del contratista, se prevean los incumplimientos de la normativa laboral en función de la entidad del mismo. Así como, para que, en la ejecución del presente contrato, se haga un especial seguimiento del cumplimiento de las obligaciones en materia laboral por parte de la empresa adjudicataria, y se adopten, en su caso, las medidas procedentes de acuerdo con las normas reguladoras de la contratación en el sector público para asegurar el eficaz funcionamiento del servicio.
SUGERENCIA 1: Sin perjuicio de lo ya reiterado en la Resolución de la queja de oficio 15/5470, que hacíamos a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, para el caso de que el servicio objeto de la presente queja, se vuelva a licitar se incluyan en los pliegos rectores de la contratación cláusulas sociales de índole laboral que permitan promover el cumplimiento de uno de los objetivos perseguidos en este ámbito como es el de alcanzar mayores cotas de empleo estable y de calidad, favoreciendo la contratación de larga duración y a jornada completa, así como la adopción de medidas concretas que permitan asegurar la efectiva conciliación entre la vida personal, laboral y familiar.
SUGERENCIA 2: Para la determinación del presupuesto de licitación de este servicio, en los que el elemento personal es fundamental en la prestación objeto de contrato, se tenga en cuenta la estimación de los costes salariales del personal que ejecutará el contrato en relación con un convenio de referencia y que permitiría, a su vez, la inclusión de cláusulas sociales o condiciones especiales de ejecución en la contratación que permitieran valorar un aspecto esencial para la eficiencia de la prestación del servicio objeto de este contrato como es el de la consideración de las retribuciones salariales de las personas destinadas a la ejecución del mismo.

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 Real Decreto 
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