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Corte suprema de justicia sala de casación penal sala de decisión de tutelas n° 2 maría del rosario gonzález muñoz magistrada ponente stp1092-2014 Radicación n° 71725
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SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS N° 2
STP1092-2014
Radicación n° 71725
(Aprobado Acta No. 30)
Bogotá D.C., seis (6) de febrero de dos mil catorce (2014).
Decidir la acción de tutela instaurada por RAFAEL GÓMEZ ROCHA contra el Juzgado 7º Penal del Circuito de Barranquilla (Atlántico) y la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, a cuyo trámite fueron vinculados la Fiscalía 33 Seccional de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico de Barranquilla, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó (Chocó), la Superintendencia de Notariado y Registro, la Notaría Única de Acandí (Chocó), la sociedad Fernando Lossada y Compañía S. en C., y los ciudadanos Fernando Lossada Aduen, Antonio Lossada Aduen, Fernando Lossada Mendoza, Carlos Fernández Jamette, Alberto Roldán, José María Armenta Fuentes, José Fernando Armenta Fuentes, Jesús María Armenta, Cecilia Calderón de Armenta, Jorge Laguna Navas, Carlos Eduardo Laguna Navas y Milagros Barragán Navas, Belkis Cecilia Montero Laguna, Mayté del Rosario Montero Laguna, y Carlos Eduardo Montero Laguna.
Según expuso el memorialista, cuatro inmuebles de su propiedad fueron afectados con medida cautelar proferida por el ente acusador (cancelación de la división material que dio origen a los cuatro predios), pero tras constituirse como parte en el proceso penal, en calidad de tercero incidental, por decisión del 5 de junio de 2013, el Juzgado 7º Penal del Circuito de Barranquilla dispuso dejar sin efectos la medida precautelativa, por lo que ordenó a la oficina de instrumentos públicos correspondiente que <<restablezca la propiedad a los señores RAFAEL GÓMEZ ROCHA Y CLAUDIA LILIANA MARIÑO PLATA, de los siguientes lotes…>>.
Ejecutoriada la determinación, el actor solicitó al Juzgado accionado que expidiera los correspondientes oficios ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó, pero no obtuvo respuesta alguna.
Con auto de 29 de enero del presente año, esta Sala asumió el conocimiento de la demanda, ordenó correr el respectivo traslado a las autoridades accionadas y a varias personas naturales y jurídicas que podrían tener interés en la decisión, y como medida provisional, ordenó a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó que, mientras se resolvía definitivamente el procedimiento constitucional, se abstuviera de inscribir cualquier tipo de anotación en los folios de matrícula inmobiliaria vinculados a los predios de propiedad del accionante.
Tanto el Tribunal Superior de Barranquilla como el Juzgado 7º Penal del Circuito de la misma ciudad, hicieron un relato del decurso procesal de la actuación penal sometida a su conocimiento, dentro del cual, en primera instancia se absolvió a Fernando Lossada Aduen, y en providencia independiente, se determinó el restablecimiento del derecho de propiedad del actor. El último despacho en mención, adujo que no le era posible expedir los oficios deprecados por el actor hasta tanto no se resolviera por el ad quem la alzada respecto de la responsabilidad penal del procesado.
La Oficina de Registro de Instrumentos Públicos aludida, a su vez, explicó la evolución cronológica de los folios de matrícula inmobiliaria correspondientes a los inmuebles de propiedad del señor GÓMEZ ROCHA. Por su parte, el Notario Único de Acandí dio cuenta de la actividad ejercida como fedatario público, y allegó copia de las escrituras levantadas en su despacho.
El señor Fernando Lossada Aduen, a nombre propio y también en su calidad de representante legal de la sociedad Fernando Lossada Aduen y Compañía S. en C., manifestó su total conformidad con la solicitud de amparo interpuesta.
Al tenor de lo normado en el artículo 1º, numeral 2º, del Decreto 1382 de 2000, es competente este juez colegiado de tutela por cuanto la acción involucra al Tribunal Superior de Barranquilla.
Dispone el artículo 86 de la Constitución Política, y así lo reitera el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991, que la acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva e inmediata de los derechos fundamentales, cuando sean amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares. Se caracteriza por ser un trámite subsidiario que tiene lugar ante la ausencia de otro medio de defensa o su falta de idoneidad, o excepcionalmente para evitar un perjuicio irremediable.
En el presente asunto, la alegada violación de las garantías fundamentales del demandante tiene por causa la omisión del Juzgado 7º Penal del Circuito de Barranquilla, al no haber expedido los oficios necesarios para ejecutar la orden dada a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó, mediante providencia del 5 de junio de 2013, en el sentido de disponer que <<restablezca la propiedad a los señores RAFAEL GÓMEZ ROCHA Y CLAUDIA LILIANA MARIÑO PLATA, de los siguientes lotes…>>.
De tiempo atrás, la jurisprudencia constitucional ha explicado suficientemente que el debido proceso y el acceso a la administración de justicia conllevan también el derecho al cumplimiento de las decisiones judiciales que han cobrado firmeza, razón por la cual la acción de tutela se convierte en el mecanismo pertinente para reclamar la materialización de las providencias debidamente ejecutoriadas. Al respecto, ha dicho lo siguiente:
El acceso a la administración de justicia, garantizado en el artículo 229 Superior, no implica solamente la posibilidad de acudir ante el juez para demandar que deduzca de la normatividad vigente aquello que haga justicia en un evento determinado, sino que se concreta en la real y oportuna decisión judicial y, claro está, en la debida ejecución de ella. Esto, a la vez, representa una culminación del debido proceso, que no admite dilaciones injustificadas en el trámite de los asuntos puestos en conocimiento de los jueces ni, por supuesto, en el cabal y pleno desarrollo de lo que se decida en el curso de los juicios. (Sentencia T – 262 de 1997, cuya doctrina ha sido reiterada en múltiples oportunidades posteriores, entre otras, en la sentencia T – 216 de 2013).
No ofrece duda alguna para este cuerpo colegiado que la decisión adoptada el 5 de junio de 2013, por la cual se dispuso la cancelación de una medida cautelar, y consecuentemente el restablecimiento del derecho de propiedad sobre cuatro predios, en cabeza del accionante, no se ha ejecutado por causa de la omisión del Juzgado 7º Penal del Circuito de Barranquilla, que aún no ha remitido los correspondientes oficios a la oficina de instrumentos públicos respectiva.
En este caso específico, el despacho accionado emitió dos providencias diferentes sobre tópicos distintos: la sentencia de primera instancia absolvió al procesado, en tanto que el auto que resolvió el incidente ordenó la cancelación de la medida cautelar decretada por el ente instructor, por encontrarla carente de fundamento y desconocedora de los derechos que le asistían a los terceros de buena fe. Tal determinación no estaba condicionada al resultado del proceso principal, pues bien pudo haberse resuelto en igual sentido, aún si se hubiera condenado al acusado.
Si bien es cierto, la primera providencia no ha quedado en firme por haber sido apelada, aún si fuera revocada, la decisión del incidente se mantendría incólume, pues ya cobró ejecutoria. En tal medida, cuando ello sucedió, el paso a seguir consistía simplemente en darle curso a la orden allí proferida, pero hasta el momento ello no ha ocurrido.
Dicha conducta resulta violatoria de los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia. Téngase en cuenta que cuando el actor advirtió la imposición de una medida cautelar, que en la práctica lo privaba de su derecho a la propiedad, legítimamente adquirido, acudió al operador judicial competente, se sometió a las ritualidades propias del procedimiento aplicable, asumió los costos que ello implicaba, y esperó pacientemente la resolución de su caso; y cuando finalmente ello ocurrió, encuentra frustrada su expectativa de restablecimiento del derecho, por cuanto el despacho accionado, injustificadamente, no ha expedido los oficios pertinentes para ejecutar la decisión.
Los precedentes razonamientos constituyen fundamento suficiente para conceder el amparo constitucional demandado, y en consecuencia, ordenar al Juzgado 7º Penal del Circuito de Barranquilla que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del presente proveído, expida los oficios dirigidos a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó, mediante los cuales se materialice su decisión del 5 de junio de 2013.
Una vez inscritos en los folios de matricula inmobiliaria respectivos, se levantará la medida provisional decretada con ocasión de este trámite constitucional, consistente en la prohibición de registrar cualquier tipo de anotación en dichos folios.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión de Tutelas N° 2, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
1. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia en cabeza de RAFAEL GÓMEZ ROCHA. En consecuencia, ORDENAR al Juzgado 7º Penal del Circuito de Barranquilla que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente proveído, expida los oficios dirigidos a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Quibdó (Chocó), mediante los cuales se materialice su decisión del 5 de junio de 2013, por la cual dispuso el restablecimiento del derecho de propiedad sobre cuatro bienes inmuebles, a favor del ciudadano en mención.
2. ORDENAR el levantamiento de la medida provisional decretada mediante auto de 29 de enero de 2014, por la cual se dispuso la prohibición de inscribir cualquier tipo de anotación en los folios de matrícula inmobiliaria No. 180-10360, 180-23070, 180-23071, 180-23072, 180-22793. Esta determinación se hará efectiva una vez sean registrados los oficios referidos en el numeral anterior.
3. NOTIFICAR esta providencia de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
4. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

References: artículo 1
 artículo 86
 artículo 1
 artículo 229
 resolución 
 artículo 30