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CARPIZO_El Presidencialismo Mexicano - Free Download PDF
December 28, 2017 | Author: JoseCuesta | Category: Constitution, Mexico, Constitutional Law, Human Rights, Virtue
Descripción: "A pesar del interés creciente que despierta, el tema del poder ejecutivo en México ha sido poco estud...
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~~ Pente debe contar con las facultades que se requieren en un país . · jo· vías de desarroll~, por la otra, en que han de serie señaladas í' '\{imitaciones para que no caiga en la arbitrarie~ad y se respeten las ~- 'Ji6ertades de los individuos. Se ha intentado, más que limitar el poder del presidente a través de un equilibrio con el poder legislativo, pop.erle límites en el tiempo. 19 ;/J~ ha. definido a los siste~~ presidenciales ~n. Améri .~!la1r, ¡;haciendo resaltar las caractensncas de un es;.¡; . . ·. ~J!lm!!.l.B,,JJ.e .: · '/ presidf?JJC y Un f?qJ?el fl.olíti~ jmpo&tUDte ~:tJ.tC/Jg¡. ~l. cjé~~"N trqu~ ha llevado a la doctrma a hablar de u~ eo . o / . 'cuyos ras relevantes son la existencia de un' ·--~Ie ~t • ,fa, col!centración de las atribuciones legislativas y éjecu~~:ér'pre: sident~ y la ~~c:m!inªción del legislativo al ejecutivo; difereñc11mdolo de la autocracia .Por la existencia de procedimientos constitucionales~ Las notas antt;riores no se dan con la misma intensidad en todos los 'países latinoamericanos, porque entre ellos. hay desemejanzas, tanto .si los analizamos desde el punto de vista jurídico como desde el ·punto ·de vista económico,· político y social, y por ello ~!:nstein •~--::jcl.!&ficte~~qell~iaJiS.WP JlYI8_, aquellos que tienen las caracterí~ os señalado como distintivas del sistema. Aquí colocó a ·\.Ci . b] Er~!~:;llct~]:i~~~}~!t:n~~~o, donde elJ;!.~~~.ti~~~~ ~" ~ente E?! e! presidente y' sus· ministros, quienes están organizados , ·i"'?Ino ~e~..,y . · , '., ·-;;(;J_ aquellos ~onde se, ha tratádo de ~~~}~}a J~fl!:Ie!J.cia. ~~! !:!J~~ •· L fñr~' _ya, s~a mcorp~randole elementos parl.amentanos o adm1tlendo, L}, :e ejecutiVO colegmdo. 1~ . . ~.!f. A su vez, Gómez se refiere a los ejecutivos latinoamericanos, dis-
ltos siStemas presidenciales se h~!Lin§P-irado en el modelo ll()J!e~me­ •riéa"ngjporque en Estados Unidos se creó, porque. ahí ha funcio.· ,nado, y bien. {§.in embargo, no hay que desconocer que e1· ~égime11. ".::Presidencial~ sólo una ieza dentro del sistema olí · o !lm"!.~e-: ~ y no es posible hacer un iagnóstico sobre él si no se le relaciona· c~g ·los Eoge,res legi~}a&ivo y ¡u,Sic¡aL.,.eón el ,§Íl!te~­ ~' con el federalismg, es decir, con las otras piezas que lo . configuran./ ~nipero,-el éxito del régimen presidencial norteamericano hay . ·también que relacionarlo con factores extrajurídicos, como son 1~­ . d~cia de recu~, la influencia. de la ~ca y el alto nivel 1 ~ · de ecJ,~Jcación, P,.c¡,>lí~. Loewenstein se sorprendeae que el presiden.¡ cialismo norteamericano haya resistido crisi§.somo la guerra civil, lás depresiones económicas y las dos guerras mundiales, ya que siguiendo a Bryce opina que es "lento y difícil de manejD¡r. Spgprrpso", y tiende más a la seguridad que'a la rapidez, a pesar de lo cual ha logrado un buen ritmo de estabilidad política.12 .;.; Pero ese sistema trasladado a un ·o · p~cto lSICO como moral en Nort,eam~~incluso, afirma Loewenstein, ha sido un fracaso o su resultatio ñb ha sido muy brillante según la Biscaretti di Ruffia, 13 y es el ' iJl!.en residencial ha ~ a11 ~>lizarlo en la ~rspe~tiva ¡urídico-político-"socia §el país en cuéSt!~ ,_}\ Así1>or ejempo, si exaJ:I!!J:!á.rliJ!!QsJ.q¡¡ sistemas presidencial~ africanos, tendríamos que tener en cuenta, entre otrqs elementos, el problema· ·tribal, la pobreza, la, ignorancia, la enfermedad, la inercia y el tema de partido único.14 /--
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12 Karl Loewenstein, La ·"presidencia" fuera de los Estados Unidos, en Bo· letin del Instituto de Derecho Comparado de México, año u, núm. 5, México, Universidad Nacional Autónoma de México, ·1949, p. 20. 13 Pao1o Biscaretti di Ruffia, op. cit., p. 103,' 1~ S. A. de Smith, The new Commonwealth and its constitutions, Londres, Stevens and Sons, 1964, pp. 236-237 y 240.
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América Laiina, Barcelona:, Ed. Ariel, 1970, pp. 54-58, Paolo Biscaretti di Ruffla, op. cit., p. 103. • _ Karl Loewenstein, La. "presidencJa" fuera de los Estados V nidos, op. cit.,
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Dentro de este esquema sé encuentra sistema presidencial en México.=
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~fiUiltti~~~J}.~-es_el ~, ya que la gran mayoría Íegisladon!s son miembros del partido predominante y saben que si se oponen ~al presidente las posibilidades de éxito. q~e tienen s,Q..n casi nulas _y que seguramente est~n así frustrando su carrera líticaméñf«t a11~~ .•ciL~1o, es· dem; ,~S?!!!. ¡¡o los pn~de remove~.. De. aqui qu. eJnuestra le>:"/ fund~ental confi~a ~~ ststema presidencial puro. : t\V
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..._..., -~---..·• ---~...-:~· redactó en inglés un proy~cto --e:::> mexicana, en el cual mezcló .__. ele~~:::.s~~~~~~- citadas en el párrafo anterior. _ Austin propuso ·el s stemá resi y estableció que ..J.e., podría \} rempver al presiden~ o · ladón a la constitución Ó la~Jeyes, por malos manejos de fondos o por crímenes... ~~. ..xtraición. En el proyecto se creaban las secretarías de estado y del despacho, como colaboradoras del ejecutivo. En dicho proyecto se asentó que se deberían~ copiar de la constituci6h de Cádiz de 1812, los artí~ulos 133 al 139 -formación de las leyes--, los 225, 226 y 227 -relativos a los secretarios de estado- y del 246 al 281 -respecto a Ja administración de justicia.1 Posteriormente, ~ redactó otro proyecto de constitución en el que reiteró el sistema presidencial, pero del cual ~cluyó lo concerniente a los preceptos de la constitución de Cá~~ este trabajo se lo ,t.ntregó a Ramo~ Arizpe ~$inspiro en él: "Algunas· de sus";lemejanzas verbales nos lo revelan; pero también es cierto que esas semejanzas pueden explicarse por la inspiración común , que ambos tuvieron en la constituciÓtl.- de los Estados Unidos de Norteamérica. Como afirma Barker, el compilador del archivo de Austin y además su mejor biógrafo, el carácter de Ramos Arizpe -._j
1 Jorge F. Gaxiola, Or{genes del sistema presidencial. (Génesis del acta cons· titutiva de 1824), en Revista de la Facultad de Derecho de México, t. n, núm. 6, .México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1952, p. 27.
FUENTES DEL PRESIDENCIALISMO MEXICANO
era demasiado enérgico para aceptar plaO: sin someterlo a su propio análisis." 2 · ·· · · · ":. ~ influencia J;:§.~~iíola se !!!~P.JJest6 en el refrendo de los secre- ~ tiifos de estad0 para autentificar las leyes, reglamentos... y actos del , , ejecutivo, así come en las relaciones entre éste y el congreso y en \' algu~as f~ciones ael' artículo que numera las atribuciones del _j presidente. · ~Andrés erra Rojas está de acuerdo con las afirmaciones hechas, ya que en un estudio que realizó sobre el texto original de la cons\ / tituc,i.fuJ.J.Ile~cana 'de ·1857, hizo notar el parecido entr~ ios artícu~ lo 75 a 8~ con el artículo n, sección 1 a IV de 'lá. constit,ueién...n.or..-~· ~---- , y así como otros artículos mexican'?s ~e el poder ejeCU VO tienen también, aunque COn sello propio, SU antece~te en la constitución del vecino del,norte, los artíéúlos 86 y.l~ hallan su inspiración 'en el capítulO("~~ artículos 222 ~ientes-ae. la ley fundamental de 1812~Sin embargo, en los tratadistas no hay unanimidad al respecto. Mario de la Cueva ha escrito que nuestro sistema de gobierno en 1824 siguió el establecido en la constitución de Cádiz, ya que se fijaron escrupulosamente las facultades del con-' greso y dél presidente. Es decir, este tratadista afirma que el sistema mexicano en 1824 ng fue presidencial ni parlamentario, sino que '-.- se estructurg ~rme a los mecanismos de gobierno establecidos ~ en la constitución española de 1812, que estuvo vigente en Mé~ico "- LY ~?e por tanto fue conocida. 5 ·3 A ~~~o niego la influencia de la constitución española, pero en forma desapasionada tampoco es~osible negar la ·influencia norteamericE~I.
"""poder ejecutivo es unitario; sólo en el presidente de la república recae el poder ejecutivo. Sin embargo, para manejar aspectos tan , disímbolos, numerosos e importantes, el presiClente de la república í cuenta con una serie de colaboradores, órganos y mecanismo~ Podemos dividir este vasto mühdó qúe ~depende y dt:@x:tlii!L del Pre4--sidente de la república, en dos campos: el de las instituciones administrat!y:i~.5-~ll~ttli~~~9.~~ r.el d~ las i1}S!!t,ll~~~~~.,s,,§i~t.~~S':~'1~" •/, .. L,as m§llh:'§!PP.~.t-~IDUI!míW;~;!}.§ FCRlFiJrHdas son: a presidencia de la república. as secretarías de estado. os departamentos administrativos. ·•· a procurnduda gen..al de la repúbli Ill.anifestó que el paisna aceptaría un candidato impuesto; todos entendieron que se x:efería a Calles, a quie.p Obregón deseaha....ili:jar · el pod~~:~~!i_et~-~-~~~!1~--C':.~a el jefe del partido coo~ratista Y. partidario de la_...gndidatur.a.-de-AGelfo·=ae=Ja Huerta. POcíeñí~~--sugerir que los informes deben regresar a la idea de los que se rindieron en los primeros años del México independiente: han de ser cortos, abarcando dos aspectos : la síntesis de la situación deJa administración pública y saje político. y como e~~
LA INDEPENDENCIA DEL LEGISLATIVO
Examinemos por qué los legisladores mexicanos han permitido, en cierta [email protected]"" quedar subordinados al presidente, perdiéndose así en grán parte la independencia que el poder legislativo debe poseer. Pradier Fodéré afirma que los poderes son independieqt~~ cuando los miembros de uno no esperan ningún favor, ni pueden ser amenazados por el otro. 11 Esta frase nos parece muy clara, sencilla y cierta, y de aplicación en la realidad política mexicana. ¡ ~ poder legislativo tiene en nuestra historia dos épocas de espe'C!al esplendor: las preside~·as de Juárez y de ~adero, en las que conservó su independencia durante la presidencia-de Obregón se logró dominarlo y no es sino asta 1940 que se volvió a permitir la entrada al congreso de algunos miembros de la oposición -aproximadamente el 5% del congreso-; pero eso sí, se cuidaba que no fueran muy brillantes sino más bien oscuros y poco conocidos. 12 ~as razones por las cuales· el presidente ha ·logrado. subordinac.~ ....-= .i$ .. _;u* - .- . . ,- .,,, ._,, __ ,,_ .,- .- -~ .....,,._ ~ al QQder legislativo v a sus miembros. son oriricipalmente las si~ )X
_,en
Mariano Coronado, op. cit., p. 183. • William Howard Taft, op. cit., pp. 39-40. 10 Andrés Serra Rojas, Significado del informe presidencial, en Pensamiento Político, vol. n, núm. 5, México, 1969, p. 38.
forme se ha convertido en un acto político, debe continuar siendo oral. .;;.__.---
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Pradier Fodéré, op. cit., p. 38. Pablo González Casanova, op. cit., p. 16.
+RELACIONES ENTRE LOS PODERES EJECUTIVO Y LEGISLATIVO
senador Gustavo Guerra Castaños, al hablar en nombre de los senadores que comunicaron a la cámara de diputados, la terminación ' del período de sesiones, declaró que se había legislado siguiendo los 13 lineamientos señalados por el presidente López Portillo. Manuel Moreno Sánchez encuentra otras dos razones: a] que los legisladores no pueden h~C::t;L., como la que haría un despacho de contadores públicos. La contaduría mayor de hacienda es un órgano administrativo y depende de la cámara de diputados, la que nombra a los jefes y demás empleados de esa oficina -artículo 74, fracción 111- y la que la vigila en el exacto desempeño de sus funciones -artículo 74, fracción n. A través de la cuenta pública, el presidente debe justificar tanto legal como contablemente los gastos que ha efectuado, y que su actuación se enmarcó dentro del cuadro legal que la propia cámara f de diputados le señaló en el presupuesto. Éste es el acto más im! portante por medio del cual la constitución requiere que el poder ejecutivo sea controlado respecto a los gastos: que el dinero se gastó en lo que aprobó la propia cámara, y que el manejo de ese dinero se ha hecho con honradez y eficacia. La cuenta pública correspondiente a 1976 demostró que al ejecutivo se le había autorizado a contratar empréstitos y créditos "por 83 232 millones de pesos, pero que lo había hecho por 123 557 millones, o sea un 48.4% más de lo que el poder legislativo le había autorizado; el déficit de ese año fue superior a los lOO 000 millones de pesos, lo que significa que se gastó esa enorme cantidad sin autorización del congreso.1 9 La delegación del PAN, en la cámara de diputados; impugnó el dictamen aprobatorio de la cuenta pública, el cual fue aprobado por la gran mayoría de los diputados, y es que el sistema que vivimos así lo exige; prueba de ello fue la declaración que al respecto realizó RodoUo González Guevara, presidente de la· gran comisión de la cámara de diputados (léase líder del control político en dicha cámara) : "Los diputados priístas no cayeron en ningún garlito y aprobaron la cuenta pública de 1976 en defensa de las instituciones, no del ex presidente Luis Echeverría." 20 Lo anterior nos parece sumamente grave, pues se rompe con el control de los gastos del poder ejecutivo, ya que el presidente se atreve a solicitar préstamos y a hacer gastos sin la autorización del poder legislativo; en otras palabras, en nuestro país, los controles . ....._constitucionales que implican el presupuesto de egresos y la: presentación de la cuenta pública, se convierten en meros formalismos, ya que .el presidente dispone .en la. realidad -la prueba está en lo que ocurrió con la cuenta pública de 1976- de los fondos públicos como le parece, con una discrecionali.!"~s_i{>n, y así lo reitera el artículo 58 de la propia ley · · · decir que el derecho de información, de expresión y de recepción a través de la radio-1' la televisión, es libre y por tanto no podrá ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, ni de limitación alguna ni censura previa, y se ejercerá conforme a lo ordenado en la carta magna y en las leyes. El siguiente artículo, el 59, indica que las estaciones de radio. y· televisión harán transmisiones gratuitas diarias, con una duración hasta de 30 minutos, continuos o discontinuos, dedicados a divulgar temas educativos, culturales y de orientación social, y es el presidente quien señala la dependencia que debe proporcionar el terial para la utilización de dicho tiempo. '" Héctor Fix-Zamudio, Suprernacia tle/ ejuulivo .. . , op. cit., p. 152.
También, las estaciones están obligadas a transmitir gratuitamente y de preferencia los boletines de la autoridad relacionados con la seguridad o defensa del territorio nacional, la conservación del orden público, las medidas encaminadas a prever o remediar cualquier calamidad pública, y los mensajes o cualesquier avisos relacionados con embarcaciones o aeronaves en peligro, que soliciten auxilio; y el artículo 62 prescribe que todas esas estaciones están obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones importantes para el país, a juicio de la secretaría de gober- · nación. El artículo 99 atribuye a las secretarías de comunicaciones y transportes y de gobernación, la inspección y vigilancia de las es'taciones de radio y televisión. El 4 de abril de 1973 se publicó en el Diario Oficial el reglamento de la ley federal de radio y televisión y de la ley de la industria cinematográfica, relativo al contenido de las transmisiones en radio y televisión. El gobierno federal tiene dos canales de televisión: el 11 y el 13. En la actualidad, tanto la radio como la televisión son medios de comunicación muy importantes, ya que llegan a las grandes masas; por esta razón el ejecutivo federal no se anda con contemplaciones cuando se trata de impedir que se salgan de los cauces que considera son los adecuados. Así, podemos recordar que durante el sexenio del presidente Echeverría, desde dependencias oficiales se fomentó una campaña contra la televisión con el ánimo de asustar y disciplinar a los titulares de esas concesiones, campaña que logró ampliamente los fines que perseguía. También el ejecutivo ha logrado tener un cierto control de la prensa, control que ha variado de acuerdo con el; presidente,l 6 pero que en los últimos lustros se ha venido afinando. ¡El papel está controlado por la productora e importadora de papel, s. a., (PIPSA), y es esta compañía la que suministra el material, además de que algunas casas editoriales pueden hacer compras a crédito y quedarle a deber dinero. Por otra parte, el propio gobierno es dueño de varios periódicos como en el caso de El Nacional. Juan Miguel de Mora, respecto a diversas formas de control de la prensa mexicana, ha escrito que: "La presión sobre los medios de_jnformación se lleva a cabo de manera sutil. Un funcionario llama al director de un diario 'de parte del señor presidente' para decirle que sería bueno que publicase (o que no publicase) tal o cual cosa. Por'~ejemplo, que 'apoye' la convención nacional del PRI 16
Good~peed,
FACULTADES EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
o que no dé demasiado espacio a tal o cual declaración del PAN, o de algún disidente. En México esa clase de llamadas son definitivas. ¿Quién va a enfrentarse a la autoridad ilimitada del presidente? ¿Y quién va a poner en duda que las instrucciones sean en efecto del primer mandatario si quien llama es un alto funciona-· • rio? ... Además, y como factor muy importante, existe tal ambiente de corrupción que la mayoría de los propietarios de periódicos se autocensuran por sí mismos. ·O para sacar lo más posible al gobierno directamente en nombre del periódico, o para obtener mejores negocios colaterales que, aunque nominalmente ajenos a la publicación, son otorgados por el gobierno para lo cual el diario suele ser una magnífica plataforma, a base de complicidad, ocultando o desvirtuando la información de los hechos nacionales, amén de repartir elogios a todo lo importante que hace la administración pública. Por otra parte el gobierno mexicano en conjunto y en cada una de sus dependencias invierte en anuncios de sí IIJismo cantidades que asombrarían a más de un primer ministro europeo y serían causa de su caída si pretendiera hacer otro tanto. ¿Y quién se beneficia directamente con todos esos anúncios de lo bien que estamos y de lo bien que se gobierna a México sino los periódicos y revistas? ¿Cómo pensar que fuera favorecido con todo ese dinero un periódico que no fuese obsecuente servidor de las autoridades más altas de la nación? En México el gobierno no necesita env,iar ni un solo censor a un diario. El mismo diario 'sabe' lo que 'no debe publicarse'. Y en casos de duda es el propio periódico quien llama a un funcionario para preguntarle si se puede o no publicar tal o cual cosa ..." 17 A pesar de lo expuesto, no puede negarse que la prensa meXlcana sí posee un margen de libertad; para comprobar la anterior afirmación, basta con leer las páginas editoriales de los principales periódicos que, por desgracia, cuentan con un pequeño número de lectores. En México, quien lea convenientemente los periódicos y revistas puede estar muy bien informado.
EL GOBIERNO DEL DlSTluTO FEDERAL
El distrito federal mexicano es en ~varios aspectos la porción territorial más importante del país: es la más poblad;1, pues en él
Juan Miguel de Mora, Por la gracia del señor presidente. México: la gran mentira, México, Ed. Asociados, 1977, pp. 237-238. 17
habita aproximadamente una séptima parte de la población total; es la más industrializada; es el centro financiero del país; el asiento de los poderes federales y, por tanto, el corazón político de todo el estado mexicano; constituye el primordial núcleo cultu~al donde se encuentra la universidad nacional, la más grande del país y de la cual dependen los principales institutos de investigación; en él están los mayores teatros, las orquestas sinfónicas, los cuerpos de ballet, etcétera. 18 ':.~s bien, esta porción tan importante de México está gobernada directamente por el presidente de la república, ya que el inciso 19 de la fracción VI del artículo 73 constitucional expresamente dispone: "El gobierno del distrito federal estará a cargo del pre. sidente de la república, quien lo ejercerá por conducto del órgano u órganos que determine la ley respectiva." A partir de agosto de 1928, a través de una reforma constitucional, se suprimió el régimen municipal tanto en el distrito federal como en los entonces existentes territorios federales. La reforma de 1928 es contraria a la historia constitucional de México, en la cual se puede ver. que los habitantes de su ciudad capital siempre habían tenido el derecho político de nombrar a sus gobernantes. El sistema municipal había tenido una amplia trayectoria en la capitaL me~ xicana hasta .que fue suprimido en el año citado. A partir de en. tonces, los habitantes del distrito federal están privados de derechos políticos en cuanto a su régimen interior, aunque sí poseen la facultad de voto en la elección de presidente de la república y de los diputados y senadores que los van a representar a nivel federal. La situación actual del distrito federal es uno de los resultados de la corriente .centralizadora del país, que revisten la mayor importancia. La porción territorial .medular de México, desde el punto de vista 4-~ómico, político, cultural y demográfico, queda totalmente en ' ma.nos del presidente de la república. Este fenómeno muestra dos aristas: el acento puesto en la centrallzación y el predominio del ejecut~vo respecto a los otros dos poderes federal:s en general, su situación como el órgano de decisión del país. 11l De acuerdo con la ley orgánica del departamento del distrito federal del 29 de diciembre de 1978,: el presidente de la república ejerce el gobierno de ese distrito por conducto del jefe del deparJorge Carpizo, Sistema federal mexicano, op. cit., p. 530. Jorge Carpizo, Sistema federal mexicallo, op. cit., pp. 532-533; y Jorge Carpizo, Federalismo en Latinoamerica, México, Universidad , Nacional Autónoma de México, 1973, pp. 65 ss. 19
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tamento del mismo, que es nombrado y removido discrecionalmente por el ejecutivo federal.
EN EL PROCEDIMIENTO ELECTORAL
El presidente de la república tiene una serie de atribuciones en el proceso electoral. La ley orgánica de la administración pública federal, en su artículo 27, fracción XVI, señala que le corresponde a la secretaría de gobernación "intervenir en las funcjones electorales, conforme a las leyes": Así, está daro que interviene en el proceso electoral, para cuya preparación, desarrollo y vigilancia se crean organismos federal y locales, siendo el más importante de ellos la comisión federal electoral. El artículo 77 de la ley federal de organizaciones políticas y pro.cesos electorales precisa que la comisión federal electoral es un organismo autónomo, encargado de velar el cumplimiento de las normas "que garantizan el derecho de organización política de los ciudadanos mexicanos y responsable de la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electorar.0 "%1 artículo 78 de la mencionada ley indica quda comisión fede~ ral 'electoral se integra por un comisionado del poder ejecutivo que es el secretario de gobernación, quien funge como su presidente, teniendo voto de calidad en caso de empate; dos del poder legislativo: un diputado y un senador; uno de cada partido. político nacional, y un notario público, quien será su secretario), Las facultades de dicha comisión son muy amplias y las numera el artículo 82 de la citada ley. Enunciemos sólo algunas de las más importantes: resolver el otorgamiento o pérdida del registro de .los partidos políticos y de las asociaciones políticas nacionales; determinar los trescientos distritos electorales uninominales y el ámbito territorial de~ las circunscripciones electorales plurinominales; llevar a cabo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral y la observancia del adecuado funcionamiento de los organismos. electorales; señalar las normas y procedimientos para la designación por insaculación de los integrantes de las comisiones locales electorales y comités distritales electorales; tener a sus órdenes, directamente ¿ por medio de sus dependencias, la fuerza pública necesaria para g~rantizar el desarrollo del proceso electoral; registrar las constancias de mayoría expedidas por los comités distritales electorales a los ciudadanos que hayan logrado mayoría de votos en . los distritos electorales uninominales, e informar al colegio electoral.
r:N EL PROCEDIMIENTO ELECTORAL
de la cámara de diputados sobre los registros que haya efectuado y los casos en que los haya negado; hacer el cómputo de la votación efectiva en cada una de las circunscripciones plurinominales, con el objeto de realizar la asignación de diputados ·electos, según el principio de representación proporcional, y expedir las constancias respectivas enviando al colegio electoral de la cámara de diputados copia de las que haya expedido a cada partido político, así como la documentación relacionada con esta elección. E indudablemente que el principal personaje de la comisión fed~'-' ral electoral es el secretario de gobernación, y el gobierno tiene en dicha comisión la mayoría de votos o una mayoría que lo hace 1 • poseer un peso muy Importante en las facultades trascendentes que realiza la propia comisión. Es el mismo secretario de gobernación, según el artículo 83, el que nombra al secretario técnico de la comisión y al director y al secretario general del registro nacional de electores, con la aprobación de la comisión.
~~ FACULTADES JURISDICCIONALES DEL PRESIDENTE
XV. FACULTADES JURISDICCIONALES DEL PRESIDENTE Y SUS RELACIONES CON EL PODER JUDICIAL
FACULTADES JURISDICCIONALES DEL PRESIDENTE
~.....El
presidente de la república realiza actos jurisdiccionales; es decir, resuelve controversias entre parte~; Tradicionalmente se ha considerado·· que los aspectos que comprende su labor jurisdiccional se refieren a: ---' a] el tribunal fiscal de la federación; b] el tribunal de lo contencioso administrativo del distrito federal; e] las juntas federal y del distrito federal de conciliación y arbitraje; d] el tribunal federal de conciliación y arbitraje, y e] las cuestiones agraria~ · Veamos esos aspectos: A] el tribunal fiscal de la federación se creó en 1936, y la ley de justicia fiscal de ese mismo año, en su artículo primero, disponía: "Se crea el tribunal fiscal de la federación con las facultades que estailey le otorga. El tribunal fiscal:dictará sus fallos en representación del ejecutivo de la unión pero será independiente de la secretaría de hacienda .Y crédito público y de cualquiera otra autoridad administrativa." El artículo 146 del código fiscal de la federación de 31 de diciembre de 1938, reiteró la idea de que ese tribunal "dictará sus fallos en representación del ejecutivo de la unión ..." El tribunal fiscal de la federación es desde 1938 un tribunal de plena jurisdicción, su competencia no se concreta a la materia fiscal. Este tribunal fue un clásico tribunal de justicia delegada, porque dictaba sus resoluciones a nombre del presidente de la república; o sea que formalmente estaba enclavado en la esfera del poder ejecutivo, pero con plena autonomía para emitir sus fallos, ya que no dependía de ninguna autoridad administrativa. En las leyes orgánicas del tribunal, de 1967 y de 1978, se reconoce la absoluta autonomía de éste respecto a las autoridades administrativas y a los tribunales ordinarios ;1 así, en la vigente legislación fiscal · ya no se expresa que las sentencias del tribunal se dictan en nombre 1 Véase p. 22.
Héctor Fix-Zamudio, Función [170]
judicial . .• , op.
del presidente de la república. Por tanto, en mi opinión -que ya he e~presado · anteriormente-2 no existe en la actualidad fundamento legal ni teórico para afirmar que el tribunal fiscal de la federación fopnal01e!l.t~~I!§.P.~I:!e "Ciel 'ejéCutivo. En primer lugar, habría que aclarar cuál es el alcance de la palabra formalmente y, además, si se rompió el vínculo entre el ejecutivo y el tribunal hay que examinar qué relaciones guarda éste con aquél y se verá que esencialmente son las mismas que las que mantiene cualquier tribunal judicial. Para Briseño Sierra, el tribunal fiscal no pertenece al poder judicial, y al haber perdido ·su dependencia del ejecutivo, se encuentra como órgano autónomo cuyas atribuciones son fijadas en su ley orgánica; en consecuencia, a pesar del artículo 49 de la carta magna • de 1917, el supremo poder de la federación no se divide en tres órganos -el ejecutivo, el legislativo y el judicial- sino que a éstos habría que agregarles por lo menos otros tres, a saber: el poder revisor de la constitución, el ·ministerio público y el· tribunal fiscal. Briseño Sierra, para reforzar su punto de vista, señala que no es obstáculo que el presidente de la república nombre a los magistrados y conceda ciertas licencias, porque lo mismo acontece con los ministros de la suprema corte de justicia· y los magistrados del tribunal superior de justicia del distrito y territorios federales. 3 Ya en otra ocasión hemos asentado las razones por las cuales no estamos de acuerdo con Briseño respecto a que el poder fec;leraJ. se divide en 6 departamentos u órgan,qs,. En nuestra opinión, tanto el tribunal fiscal de la federación como el tribunal de lo contencioso administrativo del distrito federal, del cual algo diremos más ade,. lante, se encuadran dentro del poder judicial, porque: i] son tribunales similares a los judiciales con plena autonomía e independencia; ii] sus resoluciones son revisadas por el poder judicial federal, es decir, no son tribunales decisorios de última instancia, sino que también como en cualquier otro tribunal, sus decisiones llegan a una unidad: a una corte de jerarquía superior encuadrada dentro del poder judicial federal; iii] en principio, los magistrados g()zan . ele !ªs. Jnisiilªs. ~tantías judicial(!s queJos integrantes de los .otros tribtmales,y · iv] la jurisprudencia de ,la suprl!ma . corte de justicia les es...oblig- 5 Carl Schwarz ha realizado un interesante estudio sobre la 'independencia del poder judicial federal Jl!exicano, y comparando .este aspecto con el poder judicial federal norteamericano, concluye que: "los tribunales federales mexicanos, especialmente en el ejercicio de su ·j-urisdicción de amparo, no están tan pasivamente orientados frente al poder ejecutivo, como normalmente suele suponerse. Ert algunas áreas de problemas, son incluso más activistas que sus equivalentes en los Estados U nidos: lo que más llama la atención aquí es la amplia revisibilidad de las leyes fiscales federales y estatales y de los fallos de los tribunales militares." 16 El trabajo de Schwarz está lleno de aspectos interesantes; 17 nosotros únicamente transcwibimos dos cuadros que elaboró porque son muy aleccionadores. 18
Casos resueltos mediante fallos plenamente razonados: 1 1
Otras Ganados (a) Suprema. corte de E U Suprema corte de México
Perdidos (b)
decisiones (e)
9 ( 1.3%)
(a) Esta columna indica el n,úmero de casos en los que el fallo de la corte fue contrario al gobierno. "Gobierno" significa, aquí, gobierno o autoridad estatal, federal o local, o un particular que interviene en el juicio con el carácter de funcionario. Todos los juicios de amparo, naturalmente,. ·están enderezados exclusivamente en contra de actos del "gobierno". (b) Casos decididos en favor del gobierno. Un caso es computado como "favorable" al gobierno si el acto que del mismo se reclama, prevalece parcialmente en relación con la cuestión de fondo. (e) "Otras decisiones" significa, en relación con la corte norteamericana, los fallos dictados en todos aquellos casos que no incluyen al "gobierno" -conforme a la definición adoptada en el punto (a) como parte demandada; es decir, se refiere a los casos entre particulares. Por lo que hace a la corte mexicana, "otras" se refiere a los casos remitidos a otras Salas de la Corte o a tribunales inferiores por falta de competencia y acciones administrativas similares. 1
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El cuadro anterior se basa en datos del Semanario judicial de la federación que abarcan un lapso de treinta y tres meses en los años · 1964-1966 y 1968, y se comparan con las resoluciones definitivas de la suprema corte de justicia de los Estados Unidos, durante los años 1966-1968. ·
Juan Miguel de Mora, op. cit., pp. 64-77. Pablo González Casano\'a, op. cit., p. 21. 16 Carl Schwarz, op. cit., p. 197. · 17 Carl Schwarz, op. cit., consúltese especialmente las afirmaciones contenidas en las PP· 189, 191, 195 y 207. 8 ' !bid., pp. 201 y 206-207. 15
-~ GARANTÍAS JUDICIALES
Casos resueltos mediante fallos plenamente razonados: clasificados según la materia. (a)
Sala penal mexicana (amparo) S. corte norteamericana: casos penales, de habeas corpus federales y penales de los estados Sala administrativa (d) Tribunal pleno (amparo) S. corte norteamericana: autoridades administrativas federales (salvo NLRB), estatales y locales Sala civil mexicana (amparo) S. corte norteamericana: juicios civiles ante tribunales estatales (litigios privados) Sala laboral mexica-na (amparo) S. corte norteamericana: casos ante la junta nacional de relaciones laborales Totales: S. corte mexicana S. corte norteamericana
49(49%)
Muestra total 99
98 (73.7%) 31 (56%)
35 (26.3%) 23 (42%)
45(56%) j
34 (42.4%)
o 191 (42%) 164 (46%)
254 (56%) 132(36%)
9 ( 1.3%) 70 (18%)
(a) Este cuadro representa el resultado de un estudio practicado sobre los casos resueltos por la suprema corte mexicana durante los años 1964-66, 1968; y los resueltos en los Estados Unidos en los años 1966-68.
(d) Los casos encerrados entre paréntesis se refieren a las sentencias dictadas en revisión por la sala administrativa al conocer de los recur· sos interpuestos contra fallos emitidos por jueces de distrito en amparos de "legalidad" en ·los qu_e fueron señaladas como responsables autoridades estatales y federales. La columna horizontal de cifras que aparece inmediatamente abajo reúne estas cifras con las relativas a los casos fallados por el tribunal pleno de la suprema corte mexicana en juicios de amparo sobre "inconstitucionalidad" de leyes, también en grado de revisión.
Los cuadros anteriores confirman que/la suprema corte mexicana posee cierta independencia frente al poder ejecutivo, pero, afirma-' mos, salvo los casos en que el ejecutivo está interesado políticamente en 1~ resolución.
LAS GARA'NTÍAS JUDICIALES
En un análisis respecto a la · independencia e imparcialidad de un juzgador, necesario es referirse a sus ,garantías judisiales,l---. De acuerdo con el tratadista Héctor Fix-Zamudio, podemos ..decir que las garantías judiciales son los instrumentos que se utilizan para . lograr la independencia, autonomía, dignidad y eficacia de los tribunales;;,siendo éstas principalmente cuatro: la designación, la estabilidad, la remuneración y la responsabilidad de los ft~p.cioQarios judiciales.19 Como bien dice Alsina, estas garantías no se establecen en interés de la persona del juez "sino para asegurar la independencia de sus funciones, de modo que a él .corresponde en primer término respetarlas y hacerlas respetar". 20 En otras ocasiones hemos realizado el examen de las garantías judiciales en lo referente a los miembros de las juntas federal y locales de conciliación y arbitraje 21 y al tribunal deJo contencioso 'administrativo· del distrito federal; 22 en esta oportunidad lo realizaremos en lo relativo a los ministros de la suprema corte de justicia de la nación, ya que de este análisis pueden emanar otras conclusiones respecto al grado de indepc¡mdencia del poder judicial federal, específicamente de nuestro más alto tribunal. ~A] La designación~~Los ministros de la suprema corte de justicia son, de acuerdo con los artículos 89, fracción xvm y 96,< designados por el ~residente de la república y sometidos a la aprobación de la cámara de senadores o. de la fOmisión permanente,; en su caso. Se ordena la intervención de la cámara de se~adores con objeto 10 Héctor Fix-Zamudio, Organización de los tribunales administrativos, en Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, cuarto número extraordinario, México, 1971, pp. 122-123; y Héctor Fix-Zamudio,, Función del poder judi· cial. .. , o p. cit., p. 30. 20 Hugo A1sina, Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial, Buenos Aires, Ediar, 1957, t. n, pp. 272-273. 21 Jorge Carpizo, La naturaleza jurídica ... , op. cit., pp. 410-413. •• Jorge Carpizo, Bases constitucionales ..., op. cit., pp. 51-54.
FACULTADES JURISDICCIONALES Y SUS RELACIONES OON EL I'ODER JUDICIAL
de lograr la autonomía de los ministros; parª~q~e Jl.Q_~d~l>iHLSU nombramiento exclusivamente· al poder ejecutivo, sino que también ,in---~ tervenga en él el legislativo. Nava Negrete, refiriéndose a esta situación, aunque a diferente clase de jueces, opinó que lo anterior hubiera sido suficiente garantía en un país como Francia -o Norteamérica decimos nosotros- en donde el legislativo es un efectivo poder; pero en ~éxico su intervención resulta de mero trámite. 23 La constitución original de 1917 señalaba que los ministros de la suprema corte serían designados por el congreso de la unión en funciones de colegio electoral, siendo los candidatos propuestos, uno por cada legislatura local, en la forma que ordenara la propia ley local. Empero, este sistema se modificó y sti reforma se publicó en el Diario Oficial el 20 de agosto de 1928 para configurar el sistema que tenemos actualmente y que está inspirado en el J?-Orteamericano; en éste ha dado buen resultado, porque el senado vigila realmente los nombramientos, los que reciben la atención "de la opinión pública, 24 pero en l\féxico esas designaciones quedan en las manos exclusivas del presidente. Por ello se han propuesto ciertas modalidades a nuestro sistema: al Fix-Zamudio opina que el sistema podría mejorarse si eLpresidente no tuviera las manos absolutamente libres ya que está sometido a compromisos políticos no fáciles de eludir. Por tanto, ser!a posible que la designación continuara como facultad del presidente, pero haciendo que éste escogiera de ternas que por turno le presentarían los colegios de abogados, los miembros del poder judicial, -y las facultades y escuelas de derecho de la república. 25 b] Flores García piensa que los jueces que empezaran la carrera . judicial deberían entrar en ella mediante oposiciones y conc;ursos. Para los ministros de la suprema corte y los magistrados del tribunal supe;{¿r de justicia del distrito federal, un jurado calificado_r podría examinar los méritos de los candidatos a esos cargos y fungir como asesor del presidente para que éste realizara la designación con base en una opinión autorizada. 26 "" Alfonso NaYa Negrete, Derectho procesal administrativo, México, Ed. Po· rrúa, 1959, p. 318. 24 Charles Evans Hughes, La suprema corte de los Estados Unidos, México, Fondo de Cultura Económica, 1971, p. 43. 25 Héctor Fix~Zamudio, Valor actual del prinripio de la división de poderes y su consagración en las constituciones de 1857 y 1917, en Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México, año xx, núms. 58~59, México, Universidad N ·dona! Autónoma de México, 1967, p. 88. 26 Fernando F ,res Carda, Implantación de la carrera judicial en México, en Revista de la l::¡.cultad de Derecho de México, t. x, núms., 37~38~39~40, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1960, p. 368.
e] Alcalá-Zamora y Castillo opina que se debe sustraer totalmente el nombramiento de los funcion!lrios judiciales a la injerencia del ejecutivo, y que se debe crear una verdadera carrera judicial independiente. 27 En el derecho constitucional de América Latina, especialmente en el de Venezuela, Perú y Colombia, se ha venido instituyendo la figura del consejo de justicia o de la magistratura que se compone con representantes del poder judicial -con carácter mayoritario-y del legislativo y ejecutivo, teniendo la función de intervenir en el nombramiento y promoción de los jueces, de decidir sobre los , traslados, de resolver las quejas que se presenten contra los propios jueces y de velar la observancia de las garantías judiciales. 28 En México sería interesante realizar un estudio sobre los antecedentes de quienes han sido designados ministros de la suprema corte de justicia, para poder determinar si son principalmente políticos, académicos o forenses, ya sea como litigantes o como juzga·· dores, y así llegar a establecer qué clase de nombramientos realizó cada presidente a partir de la reforma constitucional de 1928. 29 .-.BJ La estabilidad. Conforme al artículo 94 constitucional, los ministros de la suprema corte gozan del principio de estabilidad en el cargo, ya que son inamovibles; es decir, no pueden ser privados de sus puestos a menos que observen mala conducta de acuerdo con el procedimiento que indica el artículo 111 o previo el juicio de
responsabilidad~
El constituyente de Querétaro también se decidió por el principio de la inamovilidad, con la siguien~e caracterísJ:ir:a: cada uno de los ministros de la corte duraría en el cargo dos años; los que fueran designados al terminar ese primer período, durarían cuatro aiios, y a partir de 1923 serían inamovibles. La intención del wnstituyente fue depurar esos cargos; hacer que realmente quedaran en ellos los mejores elemen~os, antes que adquirieran la inamovilidad. En 1934 se reformó el cit:o~do artículo 94 para establecer que los ministros de la suprema corte durarían seis años en el cargo. Esta reforma fue un salto hacia atrás en la independencia del poder judicial federal, y todavía peor fue porque se hacía coincidir el cargo de ministro de la suprema corte con el período del presidente; así, 27 Niceto Alcalá~Zamora y Castillo, Protección jurisdiccional del particular frente al ejecutivo en México, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nueva serie, año m, núm~. 8, México, 1970, p. 306. 2!3 Héctor Fix~Zamudio, Función del poder judicial..., op. cit., p. 44. 26 La integración de la suprema corte de justicia, de 1935 a 1974, se puede consultilr en Roderic Ai Camp, Mexican political biographies 1935-1975, Tucson, Arizona, The University of Arizona Press, 1976, pp. 345-358.
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FACULTADES JURISDICCIONALES Y SUS RELACIONES OON EL PODER JUDICIAL
este último lograba subordinar totalmente al máximo tribunal. . Por eso se ha afirmado que "Cárdenas nombró ministros ·a personas de éscasa preparación jurídica que aprobaban todos sus actos y apoyaban todas sus decisiones políticas discutibles". 30 Afortunadamente, en septiembre de 1944 una nueva reforma al artículo 94 regresó al sistema de la inamovilidad de los ministros de nuestro tribunal supremo, ya que a pesar de los defectos que pueda tener, el principio de inamovilidad es a todas luces y sin duda, preferible al de nombramientos periódicos que acaban con la independencia y tranquilidad de los integrantes de la corte suprema.31 Para que el principio de inamovilidad funcione bien, necesita de acertadas designaciones. -=1 C] La remuneración. Es el propio artículo 94 el que establec_e que 1a remuneración de los ministros de la suprema corte no podrá. ser disminuida durante. su encargo. El artículo 127 prescribe que: "El presidente de la república, los individuos de la suprema corte de justicia, los diputados y senadores y demás funcionarios públicqs de la federación, de nombramiento popular, recibirán una compensación por sus servicios que será determinada por la ley y pagada por el tesoro federal. Esta compensación no es renunciable, y la ley que la aumente o disminuya no podrá tener efecto durante el periodo en que un funcionario ejerce el cargo." Luego, conforme al artículo 127, los ministros no podrían . .tener ningún aumento en sus remuneraciones por ser inamovibles. Dicho artículo proviene de la constitución de 1857, de acuerdo con la cual los ministros de la suprema corte eran electos popularmente y duraban un período determinado: en esa ley fundamental sí se justificaba ese precepto; en la actual, no. Tomando en cuenta la ratio del artículo, a los ministros sí se les ha incrementado la remuneración, la cual, comparada con la que reciben funcionarios menores dependientes del ejecutivo o funcionarios del sector paraestatal, no es elevada. ·-.....l> D] La responsabilidad.\ Los ministros de la suprema corte . son 'inamovibles a menos que, como ya dijimos, observen mala conducta de acuerdo con el artículo 111 de la ley fundamental o previo juicio de responsabilidad. El sexto párrafo del artículo 111 fue introducido en la constitución en 1928, y a la letra dice: como "la remisión que hace el ejecutivo'ae una pe!J.a impuesta en sentencia irrevocable:;¡r y afirma que ei ejecutivo no interfiere en la actividad jurisdicciqnal dado que ésta terminó con la sentencia irrevocable, y lo que hace el ejecutivo es .la dispensa de la ejecución de la sententia, cosa qu~ cae dentro de su competencia. · El indulto no es un acto de gracia o un acto personal del presidente, sino que forma parte del sistema constitucional: es un ~nstru­ mento extraordinario por ~ed,io del cual la sociedad es mejor ser~ vida con la concesión de! ésf~¡/el cual se debe otorgar conforme á lo que marca la ley; en este caso, el código penal para el distritó y territorios federales, de aplicación en toda la república en lo refe~ rente a los delitos para los cuales los tribunales federales son com• peten tes. 35 36 37
Carl Schwarz, op. cit., pp. 185-186. Crónicas del acta constitutiva de la federación, op. cit., p. 475. Felipe Tena Ramírez, Derecho constitucional ... , op. cit., p. 467.
FACULTAD DE INDULTO
.4cesión El mencionado código penal contempla dos hipótesis para la condel indulto: i] el necesario, cuando aparezcli --conforme al artículo 96- que el condenado es inocente y ii] el discrecional, que se puede conceder al reo que haya prestado importantes servicios a la nación, tratándose de delitos del orden común, o .al reo por delitos políticos. 39 Mientras el indulto es facultad del presidente, se otorga a persona determinada y no puede concederse sino respecto a la sanción dada en sentencia irrevocable, .la amnistía es facultad del legislativo, favorece a todas aquellas personas que estén en el supuesto señalado por la ley, y se puede otorgar en relación a quienes estén -(;¡;¡,wc;}.lUE)S...,. -eaetque~._;~~~Ito; el cler"' los la:ttfttmii:st~ls;''Y"'iOS"'~l'esar.ias.~,y"".e~!J:~ws:17 Jaime González Graf, examinando las principales limitaciones con que se- encontró el presidente Echeverría, sostiene que fueron: las relaciones de dependencia de México respecto al exterior, el poder de inversión de las élites económicas y el poder burocrático de las organizaciones obreras. 18 Por el contrario, se ha opinado que los grupos de presión aumentan la fuerza política del presidente en cuanto éste tiene el poder de enfrentarlos y decidir las tensiones sociales que se producen de
15 18 1•
Jorge Carpizo, La con5titución ... , op. cit., pp. 351·352.
Jacques Lambert, op. cit., Daniel Cosío Villegas, El Pablo González Casanova, Jaime González Graf, op.
p. 516. 5istema•. ., op. cit., p. 34. op. cit., p. 27. cit., p. 24.
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LIMITACIONES AL PODER DEL PRESIDENTE
esas pugnas,t 9 es decir, se convierte en árbitro de ellas; además, los grupos económicamente poderosos y el presidente están estrechamen- • te vinculados,20 ~ue el pre•ideA~8¡ al aettmular YAa fortuna .Labulosa, pertenece a la élite económica del país. Es indudable que existen grupos que presionan al presidente y no le permiten toda la libertad de acción que el ejecutivo desearía. Interesante sería poder realizar un ensayo respecto a una serie de iniciativas presidenciales sobre proyectos de ley: examinar el proyecto original y las reformas que sufrió después del intercaptbio de opiniones con diversos grupos; un ejemplo podrían ser las diversas fases de la reforma fiscal que quiso efectuar el presidente Echeverría. 21 Quizás entre los grupos de presión más fuertes que existen en México actualmente, se encuentran los económicos, como la asociación de banqueros de México, la coNCAMIN (confederación nacional de cámaras industriales) , la CONCANACO (confederación nacional de cá- ; maras de comercio) y algunos grupos económicos regionales como el de Monterrey, que influyen fuertemente en las decisiones económicas del gobierno y que, ante acciones presidenciales que les disgustan, toman, para presionar al presidente, medidas como falta de inversiones, envío de dinero al extranjero y retiro de productos. del mercado. 22 Esos grupos de asociaciones están reconocidos por la ley, y es la
° César Enrique Romem, op. cit.. p. 4. "' Sah·ador Valencia Carmona, ojJ. cit .. p. 129. 21 En este sentido véase Daniel Cosío Villegas, La sucesión presidencial, op. cit., p. 43. 22 Sobre estos grupos económicos, Manuel Camacho, ojJ. cit., p. 191, afirma: "Sus mecanismos de influencia son muy variados, pues van desde: la. obtención de subsidios, la negociación de los contratos públicos, la promoción de estilos de vid,a y patrones de consumo; hasta la salida de capitales, la presión patronal para una solución gubernamental fa,·orable a ellos en un conflicto laboral, el freno a la inversión privada, las campaiias de rumores, el uso localizado de la fuerza y el paro de actividades. Aunque los grupos de presión en México no podrían imponer un cambio de sistema político en el que ellos se convirtieran en el elemento dominante y hegemónico, sí han sido capaces de vetar decisiones gubernamentales que aun teniendo racionalidad en términos del sistema político perjudican a sus intereses ~nmediatos, como fue el caso de la reforma fiscal y de la supresión del anonimato de las acciones en 1972.". A su vez, Bertha Lerner de Sheibaum y Susana Ralsky de Cimet, ojJ. cit., p 12, ma1iifiestan que: '.'La correlación de fuerzas entre el presidente y los. grupos económica y políticamente fuertes tiende a ser cambiante. Cuando pre\·alecía la desorganización social a consecuencia de. la revolución, el poder del presidente era más extenso, es decir, tenía menos limitaciones sin embargo, a medida que se estructuran diversos grupos de interés y presión, el presidente se enfrenta a mayores resti'i,cciooes en el .ejercicio de su autoridad." 1
ALGUNAS LIMITACIONES AL PODER DEL PRESIDENTE
propia ley la que les otorga representación incluso en órganos de administración de instituciones públicas, tal y como acontece con el artículo 5 de la ley de 1970 que creó el instituto mexicano de comercio exterior. 23 A su vez, la organización obrera del país también presiona. Un ejemplo se puede dar cuando ocurrió la devaluación de la moneda en agosto de 1976. El sector económico del gobierno -secretaría de hacienda y crédito público y banco de México- opinaron que la recomendación presidencial para un aumento de salarios de emergencia, derivado de la devaluación, no debía exceder del 8% si se querían obtener de la devaluación efectos positivos para la economía mexicana. Sin emb~rgo, los líderes obreros presionaron y negociaron con el secretario del trabajo y previsión social hasta lograr que la recomendación presidencial fuera del 23%, lo que trajo efectos negativos para la economía y para los propios trabajadores, y fue una de las causas inmediatas de una segunda devaluación dos meses apenas después de la primera. Algo de lo que Echeverría no pudo hacer, fue destituir a Fidel Velázquez, como líder de la CTM, con lo que se hubiera cubierto de gloria "aperturista".24 Así, queda claro que diversos gru.pos presionan al presidente para que tome su decisión en· determinado sentido; lo que es muy difícil precisar es hasta dónde presionan y hasta dónde el presidente se deja presionar, o hasta dónde puede resistir las presiones y no prestarles mayor atención. d] Los de carácter internacional, ya que México es un país económicamente dependiente y desde el exterior se pueden tomar medidas que le afecten gravemente, tales como la restricción de créditos, la fijación de altos aranceles a sus artículos y la libertad de trabajo de sus habitantes, además de medidas de tipo político. e] La organización no controlada, como el nacimiento del "sindicalismo independiente", fuera de las centrales obreras adictas al PRI y al gobierno, y que en principio pugna por un cambio en las reglas del juego de la organización y actividad sindicales. f] La prensa que más que una limitación constituye en algunos casos una molestia; así, las páginas editoriales de algunos periódicós aunque su número de lectores no sea muy grande. "' Véase Salvador Valencia Carmona, op. cit;, p. 133; Lorenzo Meyer, op. cit., pp. 20-21; Marco Antonio Alcázar, Las agrupaciones patronales en México, Méx,ico, El Colegio de México, 1977, p. 130; y Carlos Arriola, Las organizaciones empresariales contemporáneas, en Lecturas de política mexicana, México, El Colegio de México 1977, pp. 329-335. " Gabriel Zaid, "La alianza tripartita", en Plural, diciembre de 1975, p. 52.
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O En los países de América Latina, el gran problema de los siste' pas presidenciales, ha consistido por una parte en que el presidente debe contar con las facultades que se requieren en un país en vías de desarrollo, y por la otra, en que han de serie señaladas limitaciones para que no caiga en la arbitrariedad y se respeten las libertades de los individuos. Se ha intentado, más que limitar el poder del presidente a través de un equilibrio con el poder legislativo, ponerle límites en el tiempo.
O Así, el problema del sistema presidencial en América Latina implica el problema de todo su sistema político, y en el fondo se en,;cuentra la vieja preocupación de cómo armonizar la libertad y el orden, la libertad y la autoridad; cómo limitar un poder que ha crecido en tal forma que determina el destino del país, y, en buena parte, las libertades de sus habitantes.
O Característica de los sistemas políticos contemporáneos es el pre, dominio del poder ejecutivo sobre los otros poderes y sobre los me1 canismos de decisión política en el estado. Esta afirmación resulta :/ ciert'l lo mismo en los países capitalistas qué en los socialistas o comunistas. Esta afirmación resulta cierta igualmente en los sistemas presidenciales que en los cuasipresidenciales, parlamentarios, de gabinete o de gobierno congresional.
O Las causas del fortalecimiento del poder ejecutivo son diversas de acuerdo con cada país y su situación económica, política, social, cultural; sin embargo, encontramos factores que han influido en casi todos los países en el fenómeno contemporáneo de un poder ejecutivo predominante: los problemas económicos, sociales y de planeación; los problemas de defensa y militares; su papel en las relaciones internacionales; la delegación de facultades legislativas, y el control de la opinión pública a través de los medios masivos de información. [220]
O Las causas del predominio del presidente mexicano son: a] es .el jefe del partido predominante; b] el debilitamiento del poder legislativo; e] la integración, en buena parte, de la suprema corte de justicia; d] su marcada influencia en la economía; e] la institucionalización del ejército, cuyos jefes dependen de él; f] la fuerte influencia sobre la opinión pública a través de los controles y facultades que tiene respecto a los medios masivos de comunicación; g] la concentración de recursos económicos en la federación, específicamente en el ejecutivo; h] las amplias facultades constitucionales y e:;üraconstitucionales; i] la determinación de todos los aspectos internacionales en los cuales interviene el país, sin que para ello exista ningún freno en el senado; j] el gobierno directo de la región más importante, y con mucho, del país, como lo es el distrito federal, y k] un elemento psicológico: ya que en lo general se acepta el papel predominante del ejecutivo sin que mayormente se le cuestione.
Un ejecutivo fuerte no es en sí antidemocrático, siempre y cuando,.._; esté controlado, esté subordinado al sufragio universal y sus actos estén enmarcados dentro de la ley fundamental.
O Ninguno de los aspectos que mencionan los tratadistas como matices parlamentarios en el sistema mexicano lo es, ya que en esos casos el presidente o el secretario de estado no son responsables políticamente ante el congreso, es decir, el congreso no los puede remover. Por ello, puede afirmarse que nuestra ley fundamental configura un sistema presidencial puro.
O No necesitan refrendo ni deben llevarlo los decretos promulgatorios de las leyes aprobadas por el congreso porque no son actos propios del presidente y éste, de acuerdo con nuestra constitución, está obligado a promulgar (publicar) las leyes. Además, por el dominio que el presidente tiene sobre los secretarios de estado, fácil le sería violar su obligación constitucional de promulgar las leyes, con sólo indicarles al secretario o secretarios respectivos que no refrenden. La práctica de que los secretarios de estádo refrendan el• decreto presidencial promulgatorio de leyes es más que superflua, es viciosa, y debe desaparecer. O El requisito que la constitución exige para ser presidente, de ser hijo de padres mexicanos por nacimiento, no debe suprimirse para abrirle las puertas de la presidencia de la república a una persona determinada, porque aparte del poco respeto que se demostraría una vez más por la constitución, lesionaría a la propia persona que así
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llegara a ser presidente, restándosele legitimidad a su elección y vulnerando la institución de la presidencia;
El principio de no reelección, durante la vigencia de la actual ¡;:Y constitución, se derrumbó al existir el caudillo con la fuerza suficiente para abolirlo; sin embargo, con todas las fallas del sistema, México se ha ido institucionalizando y el principio de no reelección ha ope• rado: a partir de la última reforma al artículo 83, se han efectuado ocho sucesiones presidenciales: cada uno de esos presidentes ha sido muy poderoso y -a pesar de los corrillos y rumores- ninguno se atrevió a reformar la constitución y .lograr· la reelección. Dentro del contexto político que vivimos, el principio de no reelección es una de las principales reglas de juego del sistema: la limitación al 'P!e• sidente en el tiempo; si esta regla se alterara, se modificaría el equilibrio sobre el cual se sustentan las bases constitucionales y extráconstitucionales de nuestro sistema político, siendo muy difícil de precisar cuáles serían las consecuencias.
O La protesta no constituye el cargo presidencial, porque con o sin ella, el ejecutivo está obligado a guardar y hacer guardar la constitución y además sería poner la protesta por encima de las propias elecciones. La protesta es de carácter formal, aunque importante porque es la manifestación pública de la subordinación del presidente al orden jurídico. El presidente debe prestar la protesta el 30 de noviembre. Si un presidente no rinde la protesta y pasan así varios días, el congreso le debe solicitar que lo haga, y si no accediera, sería causa de responsabilidad del presidente.
O Para los casos de enfermedad del presidente se encuentra la disposición del nombramiento de un presidente interino para faltas temporales; sin embargo, este precepto no se ha empleado, y pienso que el problema está en manos del presidente, pues será únicamente él quien decida si su enfermedad merece o no la aplicación del precepto, ya que tendría que ser él quien solicitara el nombramiento del presidente interino. En caso de salidas al extranjero tampoco ha operado el sistema de sustitución, mismo que también tendría que solicitar el propio presidente. Creemos que las comunicaciones modernas hacen que aun en el extranjero el presidente pueda dar con rapidez y agilidad sus indicaciones, por lo que realmente no es necesaria dicha sustitución. Respecto a la incapacidad o la inhabilidad física o mental del
RECAPI'fCI.ACIÓN
titular del ejecutivo, no queda más remedio que sea el congreso quien la califique.
O Las diferencias entre los secretarios de estado y los jefes de departame'ñto son: a] los primeros tienen la facultad de refrendo, los segundos no; b] L)s ')rimeros son "altos funcionarios" y como tales gozan de fuero y son sujetos del juicio de responsabilidad política, los segundos no, y e] a los primeros se les fijan requisitos constituciopales para poder ser nombrados, a los segundos no.
, /Ó.
El presidente mexicano tiene múltiples facultades, y éstas pro-
¡/ vienen de tres grandes fuentes: la constitución, las leyes ordinarias y
O· El presidente no posee la facultad de veto respecto de las reformas constitucionales porque: a] el artículo 72 se refier~ únicamente a las leyes o decretos de carácter federal, es decir, en aquellas que interviene el congreso de la unión; b] las reformas constitucionales son obra del poder revisor de la constitución, órgano de jerarquía superior al congreso, ya que se encuentra ubicado entre el poder constituyente y los poderes constituidos -legislativo, ejecutivo y judicial-, y no puede el presidente vetar la resolución de un órgano superior. O El inciso e) del artículo 72 requiere, para poder superar el veto del presidente, un quórum de las dos terceras partes del número total de los legisladores presentes, por las razones siguientes: a] los antecedentes del veto en las constituciones de 1824, 1836 y 1843; b] el pensamiento de la doctrina mexicana, entre ellos, Emilio Rabasa . y Manuel Herrera y Lasso; e] el dictamen de la segunda comisión de constitución del congreso constituyente de 1916-1917; d] la jurispru:d(mcia norteamericana, y e] el precedente en la realidad mexicana, pues así se ha procedido. O La distinción entre promulgación y publicación de la ley no sólo es superflua sino que puede resultar peligrosa. Si el presidente considera que no se han satisfecho las formalidades del proceso legislativo, será una razón para que interponga el veto y si éste es superado, deberá prevalecer la opinión del legislativo. La constitución no da al presidente facultad para nuevas observaciones, pues daría lugar a un segundo veto ; pero lo peligroso de la distinción estriba en que el presidente podría nulificar todo el procedimiento legislativo, si amparado en que no se satisficieron los requisitos de dicho pro-
cedimiento no "promulga" la ley. En esta forma, el proceso legisla-· tivo quedaría completamente en sus manos, y tan no es éste el sentido de nuestra constitución, que ella impone la publicación (promulgación en la terminología del artículo 89) como una obligación que no puede eludir el presidente. .ti tiene que publicar, Je parezca o no la ley, y si no lo hace es causa del juicio de respons~­ bilidad política.
XVIII. LAS LIMITACIONES AL PODER DEL PRESIDENTE
D La constitución autoriza al ejecutivo para legislar porque: a] en épocas de emergencia se necesitan decisiones rápidas; b] es quien cuenta con personal competente en el aspecto técnico, y e] los po~ deres legislativos se ocupan de las cuestiones generales, y las leyes necesitan ser precisadas, por lo que se deja esta labor en manos del ejecutivo.
Hemos examinado las principales facultades que el presidente tiene en México, tanto las que le otorga la constitución, como las que le conceden la ley y el sistema político\ Nuestro análisis de qué es el régimen presidencial mexicano está 'llegando a su fin. •. Hemos revisado qué puede el presidente hacer y cómo lo puede hacer. Tócanos ahora ver los límites que tiene. Hay que asentar que la constítución, si bien estructuró un poder ejecutivo fuerte, de ninguna manera lo deseó ilimitado ni por encima de la ley; por tanto, el presidente es responsable de ciertos actos ante el congreso.'Además, existen en la propia ley fundamental una serie de facultades que pueden ser usadas como controles entre los poderes legislativo y ejecutivo, con el ánimo de lograr un equilibrio entre ellos; casi todas estas atribuciones las hemos ya examinado, pero ahora hay que traerlas de nuevo a consideración para que quede claro que la constitución sí persigue un cierto equilibrio entre los poderes políticos en México. Amén de lo expresado, el presidente mexicano se encuentra en la realidad, además del aspecto jurídico, con algunos límites, mismos que necesariamente tendrá que tomar en consideración. . Veamos primer-o la responsabilidad del presidente. El juicio de responsabilidad nació en Inglaterra en 1386 como un medio a través del cual se podía juzgar a los consejeros del rey, ya que éste era completamente irresponsable); \ La parte final del artículó'108 constitucional mexicano señala que el presidente de la república, durante el desempeño del cargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Se ha opinado que esta situación excepcional de que goza, se debe a la voluntad de protegerlo contra una decisión hostil del congreso, el que podría destituirlo del cargo incluso por una falta leve si no existiera esta proteccióll.·~ J La constitución de.j§~7, además de las dos causas que indica la de 1917, señaló corno ;responsabilidad del presidente la violación expresa de la constituci~n· y los ataques a la libertad electoral.
1'¡¡
El presidente ·mexicano, por disposición constitucional, puede rea~ lizar funciones legislativas en cinco supuestos: a] los casos de emer;. gencia, según el artículo 29; b] las medidas de salubridad, según la fracción XVI del artículo 73; e] los tratados internacionales, según la fracción 1 del artículo 76 y la x del 89; d] la factiitad reglamentaria, según la fracción 1 del artículo 89, y, e] la regulación econó- · mica, según el segundo párrafo del artículo 131.
D Las razones por las cuales el presidente ha logrado subordinar al poder legislativo y a sus miembros, son principalmente las siguientes: a] la gran mayoría de los legisladores pertenecen al PRI, d~l cual el presidente es el jefe, y a través de la disciplina del partido, aprueban las medidas que el ejecutivo desea; b] si se rebelan, Jo más probable es que estén terminando con su carrera política, ya que el presidente es el gran dispensador de los principales cargos y puestos en la administración pública, en el sector paraestatal, en los de elección popular y en el poder judicial; e] por agradecimientó~ ya que saben que le deben el sitial; d] además del sueldo, existen otras prestaciones económicas que dependen del líder del control político, y, e] la aceptación de que el poder legislativo sigue los dictados del ejecutivo, lo cual es la actitud más cómoda y la de menor esfuerzo. O Las decisiones sobre los movimientos militares en caso de guerra, están fuera del control judicial, ya que el presidente tiene la facultad de movilizar el ejército, la armada y la fuerza aérea; ante la suspensión de garantías -que es casi necesaria en caso de guerra-,
EL JUICIO POLÍTICO DE RESPONSABILIDAD
Felipe Tena Ramírez, Derecho constitucional•.• , op. cit., pp•/565-566.
[209)
·: l '1
LIMITACIONES AL PODER DEL PRESIDENTt'
El proyecto de constitución de Carranza suprimió esas otras causas que sí se' encontraban en la car~ magna de 1857, y no hemos qué perseguía Carranza al hacerlo, porque a esta reforma se refirió en su discurso inaugural del congreso constituyente realmente es la exposición de motivos de su proyecto de a la constitución. La segunda comisión de constitución aceptó idea de Carranza, y en su dictamen únicamente dijo que: "La bilidad del poder ejecutivo exige que solamente por delitos de. rácter muy grave pueda ser juzgado durante el período de su y por este motivo se limitan los hechos por los que puede ser j el presidente, a los delitos de traición a la patria o a los de ter grave del orden común." 2 El artículo 108 fue debatido en el constituyente, pero sólo pecto a la supresión consistente en no considerar al presidente ponsable de las violaciones a la constitución. Céspedes y Sánchez pidieron que ya que se habían dado facultades muy nume-· rosas al ejecutivo frente a los otros poderes, era necesario hacerlo res• ponsable de las violaciones a la ley fundamental, porque todos esta. mos obligados a respetarla. Defendieron dicha supresión Jara, con una intervención irrelevante, y Lizardi y U garte cuyos principales .. argumentos consistieron en que se daría lugar a la intromisión de los otros poderes en el ámbito del poder ejecutivo, con lo que se rompería el régimen de equilibrio entre los poderes y, además, adujeron que el presidente, para realizar un acto anticonstitucional, se encuentra con la barrera del secretario de estado que debe refrendarlo y por el cual es responsable, así que el secretario de estado. se negará a refrendar el acto anticonstitucional" o responderá por éJ.3 El artículo 108 fue aprobado por 101 votos a favor y 51 en contra. Queda claro que desde el congreso constituyente han existido dos corrientes respecto al artículo 108, lo que se refleja en la interpretación que debe darse a la frase traición a la patria y delitos graves del orden común, .interpretación en la cual el congreso .~es instancia de última decisión, y como no se ha presentado la ocasión de que la interprete, no hay criterio definido en el país. Para Tena Ramírez dicha frase es ambigua y peligrosa, porque con ella se abre la puerta para un posible atentado constitucional del congreso en contra del presidente: "En 'efecto, si en la ley reglamentaria no se enumeran los delitos graves del orden común por los que puede ser acusado dicho funcionario (y la omisión existe en la ley actual), qu~-de--las cámaras califi 2 Diario de los debates del congreso constituyente, 1916-1917, op. cit., t. u, pp. 584-585. 3 Ibid., pp. 756-759.
.JUICIO POLÍTIOO ·nE RESPONSABILIDAD
ca.9e.!:~9)agrave·
esas pugnas, es decir, se convierte en árbitro de ellas; grupos ec~{lpticamente pnder.osos_y.__el_JU1~!i.9ellt~~~t!~ estrechamen-3: te -vincUládos,20 porque el presidente, al acumular una bulosá, pertenece a la élite económica del país. Es indudable .que existen grupos que presionan al presidente y le permiten toda la libertad de acción que el ejecutivo desearía. Interesante sería poder realizar un ensayo respecto a una serie de iniciativas presidenciales sobre proyectos de 1~}'~- examinar el proyecto· original y las reformas que sufrió ·después del intercambio de opiniones con diversos grupos; un ejemplo podrían ser las diversas fases de la reforma fiscal que quiso efectuar el presidente Echeverría:2~. Quizás entre los grupos de presión más fuertes que existen en México actualmente, se encuentran los económicos, como la asociación de banqueros de México, la CONCAMIN (confederación nacional de_ cámaras industriales), la CONCANAco (confederación nacional de cámaras de comercio) y algunos grupos económicos regionales como el de Monterrey, que influyen fuertemente en las decisi,ones económicas del gobierno y que, ante acciones presidenciales que les disgustan, toman, para presionar al presidente, · medidas como falta de inversiones, envío de dinero al extranjero y retiro de productos del mercado. 22 Esos grupos de asociaciones están ·reconocidos por la ley, y es la 19
Césa1· Enrique Romem, op. cit., p. 4. "" Sah·ador Valencia Carmona, OjJ. cit., p. 129. 21 En este sentido véase Daniel Cosío Villegas, La sucesión presidencial, op .. cit., p. 43. . .. Sobre estos grupos económicos, Manuel Camacho, op. cit., p. 191, afirma: "Sus mecanismos de influencia son muy variados, pues van desde: ta obtención de subsidios, la negociación de los contratos públicos, la pmmoción de estilos de vida y patrones de consumo; hasta la salida de capitales, la presión patronal para una solución gubernamental fa\'Orable a ·ellos en un conflicto laboral, el freno a la inversión prh-ada, las campadas de ,rumores, el uso localizado dé la fuerza y el paro de actividades. Aunque. los grupos de pn~sión en México no podrían imponer un cambio de sistema político en el que ellos se convirtieran en el elemento dominante y hegemónico, sí han sido capaces de vetar decisiones gubernamentales que aun teniendo racionalidad en términos del sistema político perjudican a sus intereses inmediatos, como fue el caso de la reforma fiscal y de la supresión del anonimato de las acciones en 1972.". A su vez, Bertha Lerner de Shcibaum y Susana Ralsky de Cimet, op. cit,., p 12, manifiestan que: "La correlación de fuerzas entre el presidente y los grupos económica y políticamente fuertes tiende a ser cambiante. Cuando pre,·alecia la desorganización social a consecuencia de la revolución, el poder del presidente era más extenso, es decir, tenía menos limitaciones sin embargo, a medida que se estructuran diversos grupos de interés y presión, el presidente se enh·erna a mayores resti·iccioocs en el ejercicio de su autoridad."
A.LGUNAS Lll\IITACIONES AL PODER DEL PRESIDENTE
propia ley la que les otorga representación incluso en órganos de administración de instituciones públicas, tal y como acontece con el artículo 5 de la ley de 1970 que creó el instituto mexicano de comercio exterior. 23 A su vez, la organización obrera del país también presiona. Un ejemplo se puede dar cuando ocurrió la devaluación de la moneda ·en agosto de 1976. El sector económico del gobierno -secretaría de hacienda y crédito público y banco de México- opinaron que la recomendación presidencial para un aumento de salarios de emergencia, derivado de la devaluación, no debía exceder del 8% si se querían obtener de la devaluación efectos positivos para la economía mexicana. Sin embargo, los líderes obreros presionaron y negociaron con el secretario del traba jo y previsión social hasta lograr que la recomendación presidencial fuera del 23%, lo que trajo efectos negativos para la economía y para los propios trabajadores, y fue una de las causas inmediatas de una segunda devaluación dos meses al1enas después de la primera. Algo de lo que Echeverría no pudo hacer, fue destituir a Fidel Velázquez, como líder de la CTM, con lo que se hubiera cubierto de gloria "aperturista".24 Así, queda claro que diversos grupos presionan al presidente para que tome su decisión en determinado sentido; lo que es muy difícil precisar es hasta dónde presionan ·y hasta dónde el presidente se deja presionar, o hasta dónde puede resistir las presiones y no prestarles mayor atención. d] Los de carácter internacional, ya que México es un país económicamente dependiente y desde el exterior se pueden tomar medidas que le afecten gravemente, tales como la restricción de créditos, la fijación de altos aranceles a sus artículos y la libertad de trabajo de sus habitantes, además de medidas de tipo político. e] La organización no controlada, como el nacimiento del "sindicalismo independiente", fuera de las centrales obreras adictas al PRI y al gobierno, y que en principio pugna por un cambio en las reglas del juego de la organización y actividad sindicales. f] La prensa que más que una limitación constituye en algunos casos ·una molestia; así, las páginas editoriales de algunos periódicos aunque su número de lectores no sea muy grande. "" Véase Sah·ador Valencia Carmona, op. cit., p. 133; Lorenzo Meyer, op. cit., pp. 20-21; Marco Antonio Alcázar, Las agrupaciones patronales en México, México, El Colegio de México, 1977, p. 130; y Carlos Arriola, Las organizaciones empresariales contemporáneas, en Lecturas de política mexicana, México, El Colegio de México 1977, pp. 329-335. "' Gabriel Zaid, "La alianza tripartita", en Plttral, diciembre de 1975, p. 52.
~-¿___
Las principales conclusiones de este estudio son las siguientes: n los países de Am~ica Latina, el gran problema de los sist~..:: las pr~_denciales, ha consistido por una parte en que .,!:J preside~ . debe. co~tar con las J~cultad~s que se requieren en un país en vías di desa¡rogo, y por la otra, en que han de serie señaladas !imitacione para que n':. caig~ en la arbitrarjedati y se .respeten las libertad~ de·~ los individuos.·' Se ha •i.qtentado, más que limita({. el poder :t"'.,•, del . ;'} . presidente a través de u_n..egyilibrio con el poder legislativo, pone.rl.;: límite'; en el tiempo. Así, ,el,J~roblema del sistemª-I!l'esidencial en América Latin;;¡ im'plica el Jl.roblema de todo su sistema polítjcq, y en el fond() se. en-"" cuentra la vieja:~ preocupación de ~JI!O armonizar la libertª.d y orden, la liber!ad y la autoridad; cómo limitar un poder que ha '-decido en tal forma que determina el destino del país, y, en buena parte, las libertades de sus habitantes.
Carac~t!_ca
de los ~palíti,cQS.,&g,nte,ID:¡:>Qráneo.s.es el pr!:.~ dominio. d ~e.r,~e·~vQ.-sobr~-lQ.s _y.. so!m~_louue. -· . .gtr9.§.A?~s!e.res' .. . canismos.. de .d~isión"'~tiea ~en el estad . s a a Irmacion resulta ciert'l lo mismo en los países capitalistas que en los socialistas o comunistas. Esta afirmación resulta cierta igualmente en los sistemas presidenciales que en los cuasipresidenciales, parlamentarios, de gabinete_ o de gobierno congresional. "
O L.~causa5-,d.eL fortalecimiento del poder ejecutivo son dive~~ de acuerdo con cada país y su s1tuacion econom1ca, política, social, cultural; sin embargo1 encontramos factores que han influido en c_l~- ·· neación; los problemas de defensa y militares; su papel en las relaciones ·internacionale~ la _9elegación de facultades legislativas, y el control de la opinión pública a través de los medios masivos de icl_ormación. [2201
e._,.,
O .t'l'in_g~ de
los aspecto~que...mencionan los tratadistas como maticet jlarlamentar~ en el sistema mexicano lo es, ya que en esos cfsl5s el presideñti" o el secretario de estado no son responsables políticamente ante el con reso, es decir, el congreso no los puede remover. or el o, puede afirmarse que nuestra ley fundamental configura un sistema presidencial puro. "".-
--L"""ts~.
oyo necesit~n ~fr~do ni deben llevarlo~os decretos promulga_Jonos de las leyes aprobadas por el congreso E?rque no son actos ~os del ·presidente y éste, de acuerdo con nuestra const1tuc1Ón, está ofiligado a promulgar (publicar) las leyes. Además, por el dominio que ~1 )2!!:Sidente tiene sobre los secretarios de estado, fácil le ser' iolar obli ación constitucional de romulgar las leyeJl, con sólo indicarles al secretario o secretarios respectivos que no refrenden. J-ac-Prácti~ de que los secretarios de estado ¿efrenda~ el decreto presidencial promulgatorio de leyes es más que superflua, viciosa, y debe desaparecer,:_ --
~, ~\ re~uisito ~.Ja' constitución )
exige p_!!a.. ser presidente,,de .seJ:...
\,-:®Q d;; ~adr;~. mexicanos pq¡;,_ nacipliento, no debe suprimir~e para i
abrirle iis puertas de la pres1denc1a de la república a una persona deferíninada, ET'~e aparte del poco respeto que se demostraría una wez más por la constitución,~sionaria. a .!2:. propia g_ersona sue así
RECAPITUI.ACIÓN
titular del ejecutivo, no queda más remedio que sea el congreso · quien la califique.
Las diferenci~s ~ntre los secretarios de estado y los jefes d~-dep:artamento son: a] los :Rrimer~ tienen la facultad de_refrend.9, los..se.gundos no; b] bs •1rimeros so~tos funcionanos _y coni.o tales g_?zan de fuero y sb'if'·sujetos del JUICio de responsabilidad polít~ca,_ los segundos no, y e] a los pnll!er:os se leJ!. hJan requisitos constitu'Cionales para poder ser nomorados, a los segundos no.
( O ,El
presidente mexicano tiene múltiples facultades, y éstas pro';' vie~en_Cfe_t~es grandes fuentes: la constitución, las leyes ordinarias y el sistema político.
1~r~~e
La protesta no constituye el C,!!rgo presidencial, con p_.sí_o ella, el e ecutivo está obli ado uardar hace? uardar la constiJ:_!Jc~§-~ y además sería poner la protesta por encima de las pmpias elecciones. La protesta es de carácter formal, aunque 'importante porque es la manifestación púh!ica de la suhordiAa~ióu del presbte al orden jurídico. 1\ · El presidel'lte debe prestar la protesta el 30 de noviembre. Si un presidente no -rinde la protesta y pasan así varios días, el congreso le debe solicitar que lo haga, y si no accediera, sería causa de responsabilidad del presidente. .
0 Para los casos de enfermedad del eresid!
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 artículo 99
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 artículo 83
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 artículo 49
e contrario
 artículo 94
 artículo 111
 artículo 94
 artículo 94
 artículo 94
 artículo 127
 artículo 127
 artículo 111
 artículo 111
 artículo 96
 artículo 5
 artículo 83
 artículo 72
 resolución 
 artículo 72
 artículo 89
 artículo 29
 artículo 73
 artículo 76
 artículo 89
 artículo 131
 artículo 108
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 artículo 108
 artículo 5