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Timestamp: 2019-06-26 04:37:21+00:00

Document:
DS. Senado, Comisiones, núm. 286, de 10/03/2014
Sesión celebrada el lunes, 10 de marzo de 2014
– Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.
(Núm. exp. 624/000002)
El señor VICEPRESIDENTE (Represa Fernández): Buenos días, señorías. Se abre la sesión.
Me toca a mí, de momento, presidir esta comisión a la espera de que el presidente se incorpore en cualquier momento.
– MINUTO DE SILENCIO EN RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS DE LOS ATENTADOS TERRORISTAS OCURRIDOS EN MADRID EL DÍA 11 DE MARZO DE 2004 EN SU DÉCIMO ANIVERSARIO.
(Núm. exp. 542/000026)
Les ruego a sus señorías, en primer lugar, que guardemos de pie un minuto de silencio por el décimo aniversario de las víctimas del atentado de Atocha. (Pausa.)
En segundo lugar, sometemos a la aprobación de los miembros de la comisión el acta de la sesión anterior, celebrada el día 18 de febrero de 2014. Si hubiera algún reparo u objeción, les ruego a sus señorías que lo comuniquen. (Denegaciones.)
El señor VICEPRESIDENTE (Represa Fernández): Procedemos, a continuación, a designar la ponencia en relación con la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.
Les ruego a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios que propongan los miembros que formarán parte de dicha ponencia.
Por el Grupo Parlamentario Popular, la senadora Silvia Franco y yo mismo, Manuel Altava.
El señor VICEPRESIDENTE (Represa Fernández): ¿Por el Grupo Parlamentario Socialista?
El señor DÍAZ TEJERA: Por el Grupo Socialista, un servidor de usted y de todos los miembros de la comisión, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Represa Fernández): Perdone, señor Díaz Tejera, repítalo, si es tan amable, que no lo hemos oído.
El señor DÍAZ TEJERA: Decía que, por el Grupo Socialista, un servidor de usted y de todos los miembros de la comisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Represa Fernández): Muchas gracias.
Por favor, ¿por el resto de los grupos parlamentarios?
La señora RIERADEVALL TARRÉS: Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, María Rieradevall.
El señor VICEPRESIDENTE (Represa Fernández): ¿El representante de cada grupo en la comisión? (Asentimiento.)
Bien, muchas gracias. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El señor PRESIDENTE: A este proyecto de ley se han presentado 7 propuestas de veto y 22 enmiendas.
Vamos a pasar a la defensa de las propuestas de veto. En primer lugar, propuesta de veto número 2. Tiene la palabra la senadora Capella i Farré.
Sin entrar a valorar ni a cuestionar la fórmula utilizada —en este caso, por el partido que da apoyo parlamentario al Gobierno— para eludir informes preceptivos en otras formas de presentación de proyectos o de proposiciones de ley, defendemos el veto en el sentido de que Esquerra Republicana entiende que el principio de justicia universal es una conquista irrenunciable de toda sociedad democrática y un avance decisivo en la defensa de los derechos humanos universalmente reconocidos en una sociedad global, que forma parte del sistema de justicia internacional, que defiende los intereses y valores de la comunidad en su conjunto, más allá de los puramente estatales o particulares, y que posibilita que los crímenes considerados internacionales no queden impunes.
El derecho internacional vigente obliga a todos los Estados a perseguir —por su especial gravedad— ciertos crímenes internacionales, se produzcan donde se produzcan, y con independencia de la nacionalidad o residencia de las personas agresoras y de sus víctimas. Son conductas odiosas que, además, han quedado en la impunidad en algunos momentos de la historia, trascienden a las víctimas, ofenden a toda la humanidad y ponen en peligro los principios generales de civilización consagrados por las normas protectoras de los derechos humanos fundamentales; derechos estos que han sido ratificados por el Estado español a través de los pactos internacionales de derechos civiles y políticos —la Convención de la ONU contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, entre otros convenios internacionales—.
El Estado español tiene el deber de hacer comparecer ante la justicia a los autores de delitos propios del derecho internacional, lo que supone la obligación de promulgar y hacer aplicar una legislación estatal que disponga que estos delitos de derecho internacional son también delitos en el ámbito del derecho interno donde se hayan cometido, independientemente de quién los haya cometido o quién haya sido la víctima. La existencia de una legislación sobre la aplicación efectiva del principio de justicia universal supone garantizar que se rinden cuentas por todos los crímenes de derecho internacional, asegurando, en consecuencia, que los tribunales españoles realizan dicha tarea.
Se abrió la veda o la puerta cuando en noviembre de 2009 la jurisdicción universal fue objeto de una importante reforma que limitó considerablemente su ámbito de actuación. La reforma supuso restringir la competencia de la jurisdicción española al introducir la exigencia de un necesario vínculo de conexión relevante con España. Esquerra Republicana se opuso a dicha reforma, pactada en ese momento por el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular, Convergència i Unió y el Partido Nacionalista Vasco, porque suponía restringir la jurisdicción universal, distanciándose de lo que se viene desarrollando en el resto de países de nuestra órbita, y además, alejarse de la consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, destacándose la Sentencia 237/2005, de 26 de septiembre.
Son muchos los países de nuestro ámbito que incorporan un principio de jurisdicción universal sin límites, es decir, sin vinculación e intereses estatales o particulares: Bélgica, Dinamarca, Suecia, Italia o Alemania. Y cuando pensábamos que las cosas no podían ir peor, nos encontramos con que el partido que da apoyo al Gobierno del Estado español propone la modificación de la justicia universal, que está a punto de aprobarse y van más allá al liquidar, según criterio de Esquerra Republicana, el principio de jurisdicción universal, tras ya haberse limitado su alcance, como decía, en el año 2009. Así, la reforma implica que solo puedan ser investigados delitos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cuando el procedimiento se dirija contra un ciudadano español o un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España o se encuentre en España y su extradición haya sido denegada por las autoridades españolas, y cuando concurran otros requisitos que restrinjan aún más la acción de los jueces y tribunales. E incluso van más allá al suprimir las acusaciones populares del ejercicio de la jurisdicción
universal, dejando exclusivamente la acción penal en manos de particulares o del Ministerio Fiscal. Y ello pese a que la experiencia nos ha demostrado el importante papel desarrollado por las acusaciones populares en el enjuiciamiento de crímenes bajo el principio de justicia universal. Y por si esto fuera poco, no se les ha ocurrido otra cosa que incorporar el sobreseimiento retroactivo de las causas que estén en tramitación en el momento de la entrada en vigor de la ley, una intromisión, a criterio de Esquerra Republicana, intolerable en el Poder Judicial, vulnerando de forma flagrante el principio de seguridad jurídica, que, de hecho, impone la solución contraria, vulnerándose con ello el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos y ciudadanas.
Esperamos que, si no es el Tribunal Constitucional, sean los tribunales internacionales los que enmienden la plana al Estado español en relación con esta nueva reforma. Y digo esto porque, a criterio de Esquerra Republicana, esta nueva reforma significa un atentado a la defensa de bienes jurídicos esenciales para la comunidad internacional, que no son otros que los derechos fundamentales.
Por ello, solicito el voto favorable al veto que acabo de defender.
Pasamos a la siguiente propuesta de veto, la número 3, presentada por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Como portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, doy por defendido el veto presentado por los senadores de Izquierda Unida.
En todo caso, en el Pleno ya lo defenderán ellos exhaustivamente.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Muchas gracias, señora Capella.
Propuesta de veto número 6, presentada por el señor Guillot Miravet y el señor Saura Laporta, ambos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Doy por defendido el veto presentado por el resto de componentes del Grupo Parlamentario Entesa, del PSC.
Propuesta de veto número 1...
El señor SAURA LAPORTA: Quiero intervenir, aunque sea de forma breve.
El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Quería decir por qué presentamos este veto: porque este veto, en definitiva, significa la derogación de la justicia universal en España.
¿Qué es la justicia universal? Es un principio que atribuye a los tribunales nacionales la potestad de perseguir y de juzgar crímenes contra la humanidad, genocidios, actos terroristas; que permite perseguir y enjuiciar a personas, independientemente del lugar donde se produzca el delito y de la nacionalidad. Eso es la justicia universal y, como ha dicho antes la señora Capella, significó un paso adelante importantísimo en la defensa de los derechos humanos.
¿Qué ocurre? Que la proposición de ley que nos propone el Partido Popular introduce una serie de requisitos que, de hecho, inutilizan, imposibilitan y derogan los principios de la justicia universal. Los requisitos son —y los cito muy rápidamente—: ser español; si se es extranjero, tener residencia habitual en España, o haberle sido denegada la extradición. Por tanto, insisto, en España no existe la justicia universal, un derecho alcanzado hace mucho tiempo y ratificado por diversos convenios y tratados internacionales.
En definitiva, nos oponemos a la derogación de la justicia universal y lo hacemos, sobre todo, porque tenemos la sensación de que se han cambiado derechos humanos por dinero, derechos humanos por relaciones comerciales, derechos humanos por relaciones diplomáticas. Eso es lo que ha significado: cambiar impunidad por derechos.
Esto ya sería suficiente para decidir presentar el veto. Pero, además, hay otra cuestión de procedimiento importantísima que nos conduce a ello. Creo que es al Gobierno del Partido Popular a quien le correspondería haber presentado esta iniciativa —y reconozco la legitimidad de que sea el Grupo Parlamentario Popular el que lo presente—. Como digo, nos presenta una iniciativa con un contenido
importantísimo en materia de derechos humanos y con el procedimiento seguido se eluden los informes de diversas instituciones: del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Se hace además con mucha rapidez, a la velocidad de la luz. Es decir, se despacha en muy poco tiempo un hito de los derechos humanos conseguido hace poco tiempo y que además tiene efectos retroactivos. No sé cómo se puede explicar que unos asesinos que tienen orden de busca y captura por la causa, por ejemplo, de ocho personas —seis jesuitas e Ignacio Ellacuría— queden impunes. No sé cómo se puede explicar que tres militares estadounidenses que la justicia española reclama sean impunes. Y así sucesivamente podríamos referirnos a doce casos de la justicia española.
Estamos en contra de todo esto. Verdaderamente pensamos que, además de todo esto, existe una cuestión importantísima, y es que se lanza un mensaje de impunidad a potenciales tiranos, terroristas, torturadores o secuestradores.
Acabo diciendo lo siguiente. Estoy seguro de que esta decisión va a contentar a mucha gente, a la gente que puede ser encausada, pero va a entristecer a otra mucha, entre ellos a los familiares y amigos de las víctimas que llevan tiempo luchando por la justicia que ven cómo ahora se frustran sus justas demandas de reparación y de reconocimiento mediante una proposición de ley que no ha tenido tiempo ni de ser discutida.
Ahora sí termino diciendo lo siguiente. Las mayorías absolutas tienen un peligro —la perversión de legislar contra todos—, y esta proposición de ley no tiene ningún soporte, ni político ni social. Todos los grupos parlamentarios han presentado veto y también todas las ONG y colegios profesionales, por lo tanto, es una decisión solitaria del Partido Popular, que estoy seguro que en la próxima legislatura, en cuanto pierda la mayoría absoluta, se va a rectificar.
Propuesta de veto número 1, presentada por el señor Aiartza Azurtza, el señor Goioaga Llano, la señora Mendizabal Azurmendi y el señor Unamunzaga Osoro, todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto.
¿La damos por defendida, señora Capella?
La señora CAPELLA I FARRÉ: Sí. Doy por defendido el veto presentado por los senadores de Amaiur.
Propuesta de veto número 7, presentada conjuntamente por la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borràs y la señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Señor Saura, como ha dicho antes, ¿la damos por defendida?
El señor SAURA LAPORTA: La damos por defendida.
Quisiera intervenir, en primer lugar, por una cuestión de procedimiento. Antes hemos constituido la ponencia. ¿En qué fase del procedimiento estamos en estos momentos?
El señor PRESIDENTE: Estamos en la defensa de los vetos presentados.
El señor BILDARRATZ SORRON: Sí, señor presidente, pero antes hemos constituido la ponencia. ¿No es así?
El señor BILDARRATZ SORRON: ¿Y en qué estamos ahora: en ponencia...?
El señor PRESIDENTE: Estamos dictaminando directamente, señor Bildarratz.
El señor BILDARRATZ SORRON: ¿Y para qué hemos constituido la ponencia?
El señor PRESIDENTE: Para que se sepa quiénes son los ponentes, quienes serán los portavoces de cada grupo de cara al debate de esta proposición de ley.
El señor BILDARRATZ SORRON: Gracias, señor presidente. Pero preferiría que me respondiera el letrado, porque, al final, se trata de un aspecto técnico, y es que no acabo de entender para qué se ha constituido la ponencia si no hacemos uso de ella.
El señor PRESIDENTE: Por favor, señor letrado, explíqueselo usted al senador don Jokin.
El señor LETRADO: Señoría, la ponencia se designa, y hay ocasiones —y en esta comisión es frecuente que suceda— en las que no emite informe pero sí aparecen los nombres de los ponentes al objeto de saber quiénes van a intervenir en el debate por parte de cada grupo. En otras ocasiones la ponencia puede reunirse independientemente y emitir un informe. Son las dos posibilidades que existen y se practican habitualmente.
El señor BILDARRATZ SORRON: De acuerdo, pero en una proposición de ley como la que estamos debatiendo, en la que el Reglamento se está estirando tanto —y ahora hablaremos de ello—, no sé si esto es lo habitual. Quiero decir que es posible que la comisión no constituya una ponencia —eso sí es posible—, pero, una vez constituida, esta evidentemente necesitará reunirse, y si estoy bien informado, y sobre la base del artículo 135, tiene cuatro días para hacerlo. Y aquí es donde no acabo de situarme.
El señor LETRADO: Señoría, en la ponencia —y esto ha sido una práctica habitual en la comisión— se puede designar, para que consten, el nombre de los ponentes. Evidentemente la designación es potestativa por parte de la comisión, pero, como le he dicho, en esta comisión habitualmente, y a efectos de cortesía, se determina que, aunque no vaya a haber un informe formal, la ponencia se designe para que consten los nombres de los ponentes.
El señor BILDARRATZ SORRON: Yo no voy a hacer más sangre respecto de este tema, pero le reitero que en el procedimiento sobre una proposición de ley como esta, donde el Reglamento ha sido tan utilizado, no nos estamos ateniendo a él, como usted mismo sabe, porque es potestativo de la propia comisión designar o no ponencia, pero, una vez designada, esta también tiene su propio procedimiento y su propio reglamento.
En cualquier caso, y si el señor presidente me lo permite, y una vez habiendo dejado constancia de mi opinión con respecto al procedimiento, abordo en este momento la defensa del veto.
El señor PRESIDENTE: Abórdela usted, señor Bildarratz.
El señor BILDARRATZ SORRON: Voy a comenzar con unas palabras de la honorable Mary Robinson que, como ustedes sabrán, es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que, refiriéndose a la justicia universal, decía que esta se basa en la idea de que determinados crímenes son tan perjudiciales para los intereses internacionales, que los Estados están autorizados, e incluso obligados, a entablar una acción judicial contra el perpetrador, con independencia del lugar donde se haya cometido el crimen y de la nacionalidad del autor o de la víctima. Mary Robinson, alta comisionada, como saben, de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En ese sentido mi grupo parlamentario entiende que esta proposición de ley y el grupo que la está llevando adelante van en contra del derecho internacional, en contra de las bases sentadas en Núremberg y en contra de la propia Constitución española.
Tal como he comentado anteriormente, para llevar adelante esta proposición de ley ha habido una serie de procedimientos nada habituales, como, por ejemplo, la denegación de una serie de reflexiones intelectuales de debate, de reflexión, de diálogo, como son las comparecencias pedidas por todos los grupos de la oposición, que han sido denegadas por el partido mayoritario, tal y como se nos transmitió en la última reunión de Mesa y portavoces, donde se nos trasladó, como digo, la voluntad contraria del grupo mayoritario hacia la comparecencia de determinados expertos en estos ámbitos. Evidentemente entendemos que eso no ayuda a que todos creamos en lo que podría ser la profundización en la democracia, en el trabajo conjunto y de verdad en esa obligación de representar a la ciudadanía.
Esto sí que ha sido la marca del Partido Popular: con una lectura única en el Congreso, con una urgencia en la tramitación, con una falta de debate, con una no discusión. Podemos entender que otro tipo de debates como, por ejemplo, el que se refiere a la modificación de los artículos 112 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su momento se llevó a cabo, se tramitara en lectura única —así se acordó en Pleno con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios que se tramitase, aunque no
estuviésemos de acuerdo, mediante un procedimiento de lectura única—, pero evidentemente en este caso creo que esta no es la forma de hacerlo, porque no caracteriza ni a la simpleza ni a la naturaleza del tema la forma en la que se gestionó en el Congreso de los Diputados. Y esa urgencia es la que nosotros, además, hemos heredado en el Senado.
Ha sido y está siendo una reforma a la carta de una serie de Estados, actuando, por tanto, en el más absurdo de los clientelismos para con algunos —Estados Unidos, Israel, China, etcétera—, que evidentemente nos están condicionando —su manera de entender los derechos humanos y de llevarlos adelante—, y son quienes nos están dictando el texto de la proposición de ley que se está debatiendo y que se va a aprobar esta misma semana.
En cualquier caso hoy voy a hacer una única pregunta a la que me gustaría encontrar respuesta. La pregunta sería: ¿dónde se van a encontrar hoy más cómodos los asesinos, los corruptos, los mafiosos y los genocidas? ¿Con este principio de justicia universal o sin él? Es evidente que todos estos colectivos que acabo de citar tienen muchos más espacios de impunidad que los que pudieran tener antes de este debate. Y siendo conscientes de que el principio de justicia universal puede incluso tener problemas y siendo conscientes de que es un principio a desarrollar y en el que trabajar, pero evidentemente siendo conscientes también que ese principio fue uno de los grandes avances para toda la judicatura, tanto en el siglo XX como en el XXI, retrotraernos en estos momentos a épocas anteriores al año 1985 supone evidentemente dar un paso de gigante hacia atrás, es ir en el sentido contrario al que todos deberíamos ir.
El Grupo Parlamentario Vasco en el Senado seguirá trabajando. Somos conscientes de que esta proposición de ley se va a aprobar este mismo miércoles e irá al boletín y además, como antes han comentado las senadoras y senadores que me han precedido en el uso de la palabra, lo hará con carácter retroactivo, incumpliendo lo que recoge el artículo 9.3 y el 24.1 de la Constitución. Así pues, no va a haber manera de evitar que se publique en el Boletín Oficial, no va a haber manera de evitar un escándalo, pero, como decía, el Grupo Parlamentario Vasco trabajará para echar por tierra este bodrio jurídico. Apoyaremos ir al Constitucional, aunque, evidentemente, no tengamos mucha confianza en él; pero trabajaremos también con la sociedad organizada y acudiremos a debates; o sea, continuaremos trabajando para recuperar lo que en estos momentos el grupo mayoritario va a tumbar de una manera tan significativa.
El modo, el procedimiento que se ha seguido y que se está continuando con esta proposición recuerda comportamientos y tics que entendemos que en una democracia ya deberían estar olvidados, porque en un tema tan sensible, en un tema tan conflictivo, en un tema que tiene tanta consecuencia y tan negativa, que se haya gestionado de esta manera y además con estas conclusiones, evidentemente lo único, —y termino ya— lo único que ha conseguido esta proposición de ley ha sido aplaudir a los criminales insultando a las víctimas.
Respecto a su intervención previa sobre si estamos cumpliendo o no el Reglamento, diré que estamos cumpliéndolo estrictamente. En el orden del día de la convocatoria de esta comisión figuraba en primer lugar designar ponencia, y en segundo lugar dictaminar la proposición de ley orgánica; en ningún momento se habla de emitir o elaborar informe, y por tanto, se podría haber prescindido del trámite de designar ponencia. Decidimos hacerlo así para saber quiénes eran los ponentes, pero eso no obliga a emitir informe y, por lo tanto, no obliga a que haya una reunión de esa ponencia. O sea, que estamos cumpliendo el Reglamento, le guste a usted más o menos la celeridad, el procedimiento de urgencia..., Todo eso me parece absolutamente respetable, pero, desde luego, estamos cumpliendo absolutamente el Reglamento con la celebración de esta comisión.
Dicho esto, propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra don Arcadio Díaz Tejera.
Yo no tengo duda alguna de que estamos cumpliendo formalmente el Reglamento, esto lo hemos hecho hoy y en otras ocasiones. Pero convendrá conmigo, señor presidente, que en ocasiones cumplir con la forma supone un vacío de contenido del espíritu del Reglamento, porque el espíritu del Reglamento pretende que los asuntos más simples se puedan hacer así y que los asuntos más complejos y con más contenido requieran un mínimo de sosiego y un mínimo de reflexión con respecto a la trascendencia de lo que se va a aprobar. Fíjese usted hasta qué punto es así que el propio grupo proponente en el Congreso, mientras lo estaba tramitando, acogió propuestas técnicas —no todas las que propuso la Fiscalía, todas
ellas de la Audiencia Nacional, sino solo una parte— respecto a la requisa de droga en los barcos cuando están en alta mar; acogió esa parte, no otras, pero sí acogió estas porque se dieron cuenta en la redacción de que iban a dejar impunes esas actividades delictivas. Pues bien, la esperanza era que en la tramitación aquí se pudiese incorporar alguna otra propuesta para ir reduciendo en la medida de lo posible el ámbito de la impunidad, que es malo para todos, para todos y para todas sin excepción. Por esa razón, compartimos la preocupación que han manifestado los portavoces anteriores.
En segundo lugar, voy a hacer un mínimo comentario en torno a la reforma del año 2009, porque nosotros vamos a apoyar todos los vetos y también vamos a apoyar las enmiendas excepto dos, la 1, del Grupo Mixto, y la 19, de la Entesa, que plantean retrotraernos a la situación anterior a la reforma del año 2009. ¿Por qué razón hago esto? Porque lo que hicimos el Grupo Socialista en el año 2009 —y un servidor fue ponente en ese momento— fue tratar de que lo que era un luchador de sumo fuera un ser humano de proporciones normales. Comparado con esta reforma, esto es simplemente hacer desaparecer la existencia de esa jurisdicción, y les propongo la siguiente regla para verificarlo: fíjense ustedes si las críticas que nos hicieron en 2009 eran profundamente injustas que todavía se está tramitando la causa del genocidio de Ruanda-Burundi, la acusación de genocidio de los saharauis en Tinduf, el asunto de los jesuitas en El Salvador, la dictadura militar chilena, la dictadura militar argentina, una docena de casos siguen instruyéndose y ha habido una condena a un torturador argentino.
Es verdad que se arguye —lo leí en el Diario de Sesiones del Congreso— que, dada la no efectividad, mejor la quitamos, pero con ese argumento, dada la instrucción de algunas causas en el Poder Judicial de España, hacemos desaparecer el Poder Judicial de España. Puedo recordar muchas causas que han tenido hasta catorce años de instrucción; les pongo el caso de Carmelo Padrón, que estaba imputado, nunca llegó a ser acusado, y la instrucción por parte de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias —donde no hay derecho foral, excepto en un aspecto: en las aguas en el ámbito administrativo— duró catorce años; o sea, un destino con tan poco trabajo duró catorce años. Por lo tanto, en mi opinión, ese argumento no es de recibo.
¿Cuál es el conflicto en el que se sitúa ahora el Gobierno? Yo entiendo las razones, lo que ocurre es que no las comparto. Se plantea la razón en el siguiente sentido: Si yo soy Gobierno de España y represento a cuarenta y seis millones, lo que es malo para los cuarenta y seis millones yo tengo que intentar quitarlo de encima, y si esto puede traer consecuencias en algunos ámbitos comerciales, intento solventarlo. Lo que ocurre es que ha habido un exceso a la hora de plantear esta posibilidad; entiendo que se pueda modelar, entiendo que se pueda racionalizar, pero llegar hasta el punto de hacer desaparecer a ese ser humano de 1,70 y que deje de existir, me parece que es excesivo, sobre todo por una cosa, porque España en el mundo tiene intereses y tiene amigos, las dos cosas, intereses y amigos —a veces coinciden las dos cualidades y en ocasiones solo una de ellas—, y sinceramente, vamos a perder muchos amigos de seguir en esta dinámica. Yo mantengo la esperanza de que pueda haber cierta capacidad de encajar algunas enmiendas para dar mayor racionalidad a esto y que los campos de impunidad no se sigan ampliando.
¿Qué piden los tratados y convenios internacionales suscritos por España en este ámbito? Distinguen dos cosas: hay un principio de territorialidad, cuando el hecho acontece en el territorio nacional, en España; cuando acontece aquí hay una responsabilidad —es un concepto clásico de Derecho penal—; y cuando no acontece aquí hay un principio de personalidad, en términos activos —sujeto— o en términos pasivos —víctima—. ¿Qué ocurre? Que la Corte Penal, lo que es el derecho internacional humanitario, se plantea no de una forma subsidiaria —como dice la exposición de motivos erróneamente—, sino de una forma complementaria. Es decir, estos tratados internacionales —cuatro tratados y cuatro protocolos del año 1949, de Ginebra— lo que pretenden es, en la medida de lo posible, que la comunidad internacional se sienta concernida cuando acontece un delito, y si no se persigue por razón de territorio y si no se persigue por la personalidad activa o por la pasiva, que la comunidad internacional, sintiéndose concernida, lo persiga, porque es malo para el derecho que los criminales piensen que pueden cometer tales hechos delictivos sin ninguna consecuencia. Por esa razón se planteó en el año 2009 la conexión con España en términos de hecho, en términos de víctima, en términos de sujeto, o que en cualquier caso hubiese una conexión con los intereses españoles, repito, una conexión con España.
Siguen estas causas abiertas porque la reforma no anuló la jurisdicción universal, lo que hizo fue ponerle límites, pero no la anuló, la embridó pero no la anuló. ¿Qué ocurre con esta reforma? Que sí la anula; esta es la conclusión, que sí la anula, que sí la hace desaparecer. Y si no, apliquen ustedes los criterios que se plantean a los casos que ahora están abiertos para ver cuál de ellos podría quedar
abierto. Ninguno. Pero es que encima se establece una especie de disposición transitoria única que es una especie de cláusula de cierre: ante la posibilidad de que aplicando los criterios de conexión, aun así estuviese viva una de estas causas, se plantea esta aplicación retroactiva.
Y claro, a mí se me descuajaringan un conjunto de valores constitucionales que uno explica a los alumnos y alumnas en la Facultad de Derecho. Y es que el artículo 9.3 de la Constitución habla de la irretroactividad de las normas sancionadoras o limitativas de derechos individuales. La irretroactividad. Entonces, ¿qué van a decir a los magistrados de la Audiencia Nacional que están instruyendo estas causas? Que limita derechos. Por ejemplo, en el supuesto de la causa del Tíbet, algunos de ustedes me han hecho una pregunta en el ámbito privado: ¿qué tenemos que ver nosotros con el Tíbet? Que la causa del Tíbet la ha presentado una persona que tiene nacionalidad española. Podría haber respondido con aquello de Erich Fromm de: nada del ser humano me es ajeno, pero, sin llegar a ese punto, la cita es que la presentó un señor que tiene nacionalidad española. Si estos casos se están tramitando en la actualidad —algunos llevan años—, se ha dictado incluso orden contra ocho genocidas del genocidio de Ruanda—Burundi, y ahora se les dice: Sepan que todo lo que ustedes han estado haciendo con arreglo al ordenamiento jurídico vigente, todo eso se sobresee, y la orden de busca y captura de ocho genocidas simplemente se anula. La pregunta es ¿Esto es motivo de alegría o motivo de tristeza? Yo no tengo afán alguno de usar calificativos que lo que hacen es descalificar a personas y grupos. Me aburre; me aburre porque no sirve para nada. Lo que pretendo es tratar de convencer, tratar de convencer diciendo: si la preocupación es el conflicto entre intereses nacionales-derechos humanos, busquen la manera de conciliarlos. ¿Por qué razón? Porque necesitamos las dos causas. Necesitamos defender los intereses nacionales y necesitamos decir al mundo que España sigue trabajando por los derechos humanos, que sigue en la vanguardia de la lucha por los derechos humanos, y que en algún país donde no hay Poder Judicial, en algún país donde no se persiguen los hechos delictivos, en algún país que tiene algún tipo de conexión, como la vigente, con España, nuestros tribunales no van a dejar desamparados a esos españoles. ¿Por qué razón? Porque es nuestra obligación, ya no por el artículo 9.3, sino en aplicación del artículo 24.1 en relación con el derecho a la tutela judicial efectiva.
El razonamiento es que se han excedido al tratar de limitar y reducen al máximo esta posibilidad. Y vuelvo, cariñosamente, a desafiar a los portavoces del Grupo Popular a que me digan a cuál de las causas abiertas se pueden aplicar los criterios que quieren plantear ahora —residencia habitual, que se hubiese negado la extradición, etcétera—, y me gustaría que me respondieran por aquello de debatir entre nosotros, no de leer lo que se trae escrito, sino de debatir entre nosotros, porque esto es un Parlamento, no una sala de lectura.
El siguiente argumento no está tanto en relación con la reducción, sino con el concepto de lo que es subsidiario y lo que es complementario —que ya expliqué antes— en relación con los tratados y convenios que han sido firmados por España en esta materia.
Otro argumento a añadir es la verificación de la Sala Segunda. Yo comprendo que el ministro de Justicia confíe muchísimo en el que fue director general del Gobierno de Aznar y que ahora presidió la delegación que fue a no sé qué acto en Roma. Lo entiendo, forma parte de la confianza personal; lo entiendo. Pero ¿qué ocurre? ¿Es que ahora desconfía de los 5234 jueces, desconfía de los jueces de la Audiencia Nacional, y ahora la Sala Segunda tiene que verificar si lo que han estado haciendo esos otros integrantes de la carrera judicial está mal, por una vía ajena a los recursos? Si algo está mal, está la vía de los recursos, pero no esta vía excepcional de que la Sala Segunda verifique.
Y si no se quiere la acusación popular, dígase. Si se quiere vaciar de contenido la acusación popular, hágase con aquello de: pudo, quiso y lo hizo. Pero no tienen sentido estas fórmulas indirectas de hacer desaparecer; porque en España, es verdad, ha habido abusos de la acusación popular; es cierto. Pero también es verdad que ha habido hechos muy relevantes en la vida pública española que si no hubiese sido por la acción popular no habrían existido. Así pues, todo tiene su anverso y su reverso, y me parece que es un retroceso en términos jurídicos, ya no solo en términos democráticos sino en términos jurídicos, hacer desaparecer esto, porque si no impide cualquier otra posibilidad de abordar algunas materias, ¿por qué, visto lo visto con la última decisión del fiscal general del Estado de ordenar a la Fiscalía del Tribunal Constitucional que retire el recurso interpuesto en relación con la Ley de reparación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo, no se quiere abordar algunas materias, se quiere imponer el silencio en algunas materias, mientras que allí lo que había era un recurso para que el Tribunal Constitucional se pronunciase en torno a decisiones de diversos órganos jurisdiccionales y había diversidad de criterios, que es como se arreglan las cosas en derecho? Pues bien, visto ese criterio, ¿por qué reducir esa
posibilidad? ¿Qué ganamos con eso? Es verdad que en ocasiones yo leo en la prensa algunas iniciativas en el ámbito de la acusación popular bastante extravagantes. Pero ahí está el juez para no admitir a trámite lo que considere extravagante. Pero en este caso en particular no creo que se gane nada, al contrario, se cierran posibilidades de acusación popular, se establece en la Sala Segunda, se plantea la reducción en el ámbito de las materias susceptibles de ser abordadas con esta jurisdicción y, de alguna manera se pone el —engó, esa especie de caramelo para los que no han estudiado esto, de que se amplían determinadas materias. ¿Qué ocurre, que ustedes no quieren que se amplíen determinadas materias? Por supuesto, que se amplíen esas y muchísimas más, porque cada vez hay más hechos delictivos, sobre todo los cometidos por la gente que usa cuello blanco —no los de cuello azul, que distingue la criminología, los trabajadores manuales—, o los de una mayor elaboración intelectual; cada vez más, la criminalidad, la delincuencia organizada, no tiene en cuenta las fronteras, no tiene en cuenta los límites. Y no estamos hablando solo de criminalidad transfronteriza en el ámbito del crimen organizado, de medioambiente, de trata de blancas, etcétera, estamos hablando de supuestos que desbordan por completo los conceptos de lo transfronterizo y que requieren unos ámbitos de cooperación mucho más intensos que los de una soberanía con otra soberanía, estamos hablando de instancias internacionales que lo aborden con rigor.
El problema está en que animándoles a una pulsión que yo no considero innoble, que es tratar de evitar perjuicios a cuarenta y seis millones en el ámbito comercial, aceptando que esa es una pulsión noble, me parece excesivo hacer desaparecer, anular, lapidar, la jurisdicción universal. Creo que ahí perdemos prestigio, perdemos amigos, perdemos sensibilidad, y es una forma de decir a tanta gente que se mueve en el ámbito de la criminalidad: mire, depende, busque usted la forma de canalizarlo por ahí, que seguro que tendrá una cobertura muy superior.
Todas estas razones nos parecen suficientes argumentos, razonables y sensatos para plantear el veto.
Gustosamente escucharé la intervención del Grupo Popular, que, supongo yo, habrá recogido algunas preguntas y desafíos que he planteado, y espero que me convenzan con su argumentación de que con este texto, en general los derechos humanos van a estar más protegidos, de que con este texto hoy es un día de alegría en la lucha por los derechos fundamentales y de que con este texto, en general los españoles vamos a estar mucho más relajados respecto a lo que vivamos en cualquier lugar del mundo. Yo creo que todo lo contrario y de ahí las razones para presentar este veto.
Nada más, señor presidente, por ahora.
Para el turno en contra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Franco González.
La señora FRANCO GÓNZALEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Después de escuchar a los portavoces de los distintos grupos ha quedado en evidencia que, sin duda, en esta comisión de hoy y en el Pleno subsiguiente de estos días vamos a abordar un asunto importante y que además es controvertido. Está claro que existen diferentes opiniones —y no solo las que vamos a tener aquí, que van a ser distintas, por supuesto, sino también en el ámbito jurídico, en el ámbito académico y a nivel internacional— sobre cuál debe ser la extensión o la amplitud del principio de jurisdicción universal.
Yo quisiera comenzar contestando a una pregunta que ha formulado el senador Saura al inicio de su intervención, en la que precisamente se cuestionaba qué es la justicia universal. El senador Bildarratz también hacía referencia a una parte del prefacio de la declaración de los principios de Princeton, donde la comisionada de Naciones Unidas hablaba del principio de jurisdicción universal.
Voy a elucubrar un poco, ¿vale? Quisiera precisamente hablar de qué significa ese principio de jurisdicción universal. En artículos y libros se puede leer que el principio de jurisdicción universal deriva del derecho internacional. Sin embargo, cuando uno acude a los tratados internacionales comprueba que ninguno recoge el principio de jurisdicción universal en ese sentido tan amplio, sino que todos exigen criterios de conexión para habilitar, autorizar o amparar la competencia extraterritorial de los jueces. Todos exigen algún criterio de conexión, absolutamente todos.
Me parece —esa es mi humilde opinión— que el principio de jurisdicción universal podría considerarse como un principio orientador o una especie de principio general del derecho, pero no tiene aplicabilidad directa, una especie de valor ético al que es cierto que deberían tender todas las normativas, pero también
la normativa internacional, los tratados internacionales. Realmente, el principio de jurisdicción universal es directamente aplicable sobre una base legal, sobre una legislación, en este caso una legislación nacional, que determine cuál es ese alcance y extensión que debe tener el principio de jurisdicción universal.
El documento de los principios de Princeton es académicamente estupendo. El principio de jurisdicción universal en el sentido más amplio posible sí es un valor hacia al que hay que tender, pero hacia al que debe tender todo el derecho internacional. Se trata de un valor que deberían recoger todos los tratados internacionales y a partir de ahí incorporarse a la legislación nacional de cada Estado.
Dicho esto, corresponde a la legislación nacional de cada Estado —en este caso, a la nuestra— determinar cuál es la extensión o amplitud de este principio de jurisdicción universal. El criterio de mi grupo —desde luego, ni el senador Altava ni yo vamos a eludir el debate jurídico al respecto— es precisamente que este principio se debe regular en concordancia con lo dispuesto en los tratados internacionales, y respecto al principio de jurisdicción universal, extender la competencia extraterritorial de nuestros jueces y tribunales más allá de nuestro ámbito de soberanía se debe sujetar a los mismos criterios que establecen los tratados internacionales para los diferentes tipos de delitos. Este es el objetivo de la reforma: simplemente establecer en nuestra legislación interna una delimitación del principio de jurisdicción universal de acuerdo con lo previsto en los tratados internacionales, ni más ni menos.
Sus señorías han señalado, por una parte, que esto es contrario al derecho internacional. Nosotros, por supuesto, consideramos que no es contrario al derecho internacional por lo que acabo de exponer, pues lo que hacemos realmente es adaptar la amplitud de este principio a lo dispuesto en los tratados internacionales. También han señalado que es contrario a nuestra Constitución, al derecho de tutela judicial efectiva, y tampoco estamos de acuerdo con eso, pues consideramos que es perfectamente compatible la regulación que contiene esta proposición de ley con lo que recoge nuestro derecho constitucional.
Muchas de sus señorías han dicho que a partir de ahora España va a ser un lugar donde se va a garantizar la impunidad. A este respecto sí quisiera decir que España en su territorio jamás va a garantizar la impunidad a ningún responsable de delitos tan graves como los que se van a enjuiciar a través de este principio de jurisdicción universal por este artículo 23 de nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial.
Tampoco debemos olvidar la existencia de una Corte Penal Internacional, que cada vez tiene más adhesiones, cada vez son más los Estados que se adhieren al tratado internacional que la regula.
Con esto creo haber expuesto, brevemente al menos, las razones de nuestra reforma. No sé si con ello voy a conseguir que ustedes las compartan —creo que no—, pero al menos sí he intentado explicar, sobre todo con motivaciones jurídicas, qué es lo que nosotros perseguimos, cuál es el fundamento de esta reforma que nosotros proponemos.
Respecto a la pregunta del senador Díaz Tejera sobre qué causas van a continuar a partir de la entrada en vigor de esta ley, habrá que esperar a que se vea si realmente se cumplen los requisitos previstos en ella, pero yo diría que posiblemente las mismas que puedan continuar o que se puedan investigar en cualquier país de nuestro entorno, porque la evolución de la delimitación del principio de jurisdicción universal en nuestro país no es muy diferente a la de los países de nuestro entorno, que han ido introduciendo limitaciones o restricciones. De todos modos, tengo que decir que la regulación que nosotros proponemos no solamente introduce limitaciones o restricciones, sino que las introduce en algún momento, mientras que en otros supuestos queda exactamente igual a como está ahora configurada, y en otros, se amplía.
Esta es brevemente la opinión de nuestro grupo. Por supuesto, vamos a rechazar los diferentes vetos que se han formulado a esta proposición de ley.
Corresponde ahora un turno de portavoces de menor a mayor.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Intervengo brevemente para contestar a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
La defensa de nuestro veto se basa en postulados ya planteados por el propio Tribunal Constitucional, al que el Partido Popular tiene en mucha consideración. El propio Tribunal Constitucional, en distintas ocasiones establecía esa vis expansiva del principio de jurisdicción universal y exponía que no era necesario que existiese vinculación a intereses estatales o particulares. Existen países de nuestro
ámbito territorial que reconocen esta vis expansiva del principio de jurisdicción universal, por ejemplo Bélgica —artículo 7 de la Ley 16 de julio de 1993, reformada por la Ley de 10 de febrero de 1999, que extiende la jurisdicción universal al genocidio—, Dinamarca —artículo 8.6— o Suecia, Estados que incorporan con mayor o menor amplitud la represión de distintos crímenes contra la comunidad internacional sin restricciones motivadas por vínculos nacionales, por ejemplo; además de otros países que aplican esta vis expansiva del propio principio de justicia universal.
En consecuencia, creo que el Estado español quedaría en el ámbito de los países sin referencias.
El señor BILDARRATZ SORRON: Buenos días.
Senadora Franco, quiero comenzar mostrando mi acuerdo con lo que usted ha planteado en esta comisión: que se trata de un asunto importante y controvertido. La pregunta que nos debemos hacer, y ser capaces de responder con lealtad, sinceridad y rigor, es si una cuestión tan importante, con tantas consecuencias y tan controvertida se puede tramitar como se está tramitando esta proposición de ley. ¿Se corresponde esta tramitación con esos criterios que usted ha marcado?
Cuando habla de la amplitud del concepto de jurisdicción universal nos dice, y es así, que todos los Estados —o al menos los que rodean al nuestro— se mueven por el criterio de que haya una conexión a la hora de aplicar este concepto. De acuerdo, eso es lo que también estableció el Tribunal Constitucional en el caso Guatemala. Sus señorías recordarán que en ese toma y daca que mantuvo con el Tribunal Supremo en el caso Guatemala, le gustase más o menos al Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional estableció una serie de criterios precisamente estableciendo lo que usted demanda: la conectividad o la conexión dentro de cada una de las situaciones que se generen.
A su vez, y sobre la base de los principios de Princeton, nos comenta que el concepto de jurisdicción universal es un valor hacia el cual hay que tender. Mi pregunta es si con esta eliminación de la jurisdicción universal vamos en la buena línea o justo en la contraria a la que marcan los principios que tanto usted como yo hemos citado.
Nos dice que es una proposición que va en concordancia con los tratados internacionales. Podemos hablar de muchos tratados internacionales, pero hay algo que todos ellos recogen bajo el paraguas del principio de su fundamento, que es que jamás haya crímenes o genocidios que puedan quedar impunes; que no haya crímenes de lesa humanidad, genocidio, etcétera, que queden impunes.
Y yo pregunto, ¿con esta proposición de ley vamos en la línea que están desarrollando estos tratados internacionales?
Nos ha puesto como ejemplo la Corte Penal Internacional. Es verdad y sería bueno lo que usted ha afirmado en el sentido de que cada vez haya más adhesiones a él. De acuerdo. ¿Pero qué hacemos con el artículo 16? ¿O que hacemos cuando, por ejemplo, el Consejo de Seguridad limita la posible investigación o judicialización de determinados actos criminales? ¿O qué hacemos con el artículo 11.1 por el cual únicamente se va a juzgar a partir de que un Estado reafirme o confirme su adhesión al Estatuto de Roma? ¿O qué vamos a hacer con los casos de terrorismo? Es decir, nos deja una serie de incógnitas y preguntas que, evidentemente, no encuentran respuesta.
Y finalizo, tal y como usted ha comenzado, diciendo que es un tema muy importante y entiendo que haya visiones diferentes. Ahora bien, no creo que el grupo al que usted representa haya puesto las bases para que este debate, este análisis, esta materia que dice ser tan importante no se haya ni trabajado ni debatido como se merece, porque incluso ni han accedido a que pudieran venir comparecientes a reflexionar, debatir, discutir sobre una materia que, como decimos, es tan importante y controvertida.
Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra su portavoz, el señor Saura.
Quiero agradecer el tono de la intervención de la portavoz del Grupo Popular, y me adhiero a la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado en el sentido de que si esto es tan importante no podemos aceptar los argumentos que se nos han dado de que no tenemos tiempo.
Y quiero añadir dos cosas. Yo no comparto el análisis que se hace en relación con las obligaciones que se derivan como mínimo de las seis convenciones o de los seis convenios internacionales, empezando por el de Ginebra. Pero tengo dos preguntas importantes. La primera es ¿cómo es posible que esta iniciativa no tenga el soporte de nadie, ni de los fiscales ni de los jueces ni de las ONG? ¿Cómo es posible? La segunda pregunta es: independientemente del debate jurídico, ¿qué consecuencias tiene? Pues las consecuencias son las siguientes: la muerte de un periodista, José Couso, en Iraq; la orden de detención de tres militares de Estados Unidos. Cuando se apruebe esta ley esto se archivará.
Usted hablaba de puntos de conexión. ¿Por qué no han encontrado un punto de conexión? Por ejemplo, el procedimiento abierto a siete o nueve responsables de la Dina chilena en relación con el secuestro y asesinato del diplomático español Carmelo Soria. Esto se va a archivar. Por lo tanto, al hacer una ley es importante saber qué consecuencias se derivan, y las consecuencias que se derivan es que hay impunidad para personas que en estos momentos tienen procedimientos abiertos por hipótesis de crímenes terribles y horribles de torturas. Habría sido importante, en la línea de la portavoz del Partido Popular, que se hubieran encontrado líneas de conectividad que no permitan la impunidad. Y, fíjese, los doce o trece casos que están en fase de procedimiento van a ser todos archivados y difícilmente se va a abrir otro con los requisitos que la proposición de ley contempla.
Por consiguiente, mantenemos el veto. Lamentamos no haber podido discutir con tiempo y con calma un tema de esta importancia, y tengo que decir que la justicia universal es una cuestión temporalmente reciente, que tiene contradicciones, que tiene aplicaciones distintas, pero lo importante es que se ha abierto una dinámica para no permitir que en cualquier lugar una persona pueda realizar actos delictivos importantes en contra de la humanidad.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra su portavoz, la señora Rieradevall Tarrés.
En primer lugar, debo suscribir lo manifestado por el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado por lo que al procedimiento se refiere. Consideramos que de constituirse la ponencia, como es el caso, debería emitir informe, y el artículo 110 del Reglamento que nos rige, define claramente que la función de la ponencia no es otra que emitir informe sobre el proyecto o proposición de ley de que se trate. Entiendo que en derecho todo es interpretable y que la praxis puede superar la literalidad del Reglamento que nos rige, pero la función de la ponencia es emitir su informe para ser entregado al presidente de la comisión; de otro modo no tiene ningún sentido la designación de ponencia. Aun así, aunque ya se han dado las interpretaciones, quería dejar constancia de la postura de mi grupo respecto a este asunto.
Por lo que se refiere a las propuestas de veto, nosotros no hemos presentado ninguna, pues valoramos positivamente que, dando cumplimiento a las obligaciones impuestas por los tratados internacionales que España ha ratificado, se haya procedido a ampliar la lista de los delitos que cometidos fuera del territorio español son susceptibles de ser perseguidos por la jurisdicción española. Aun así, esto no significa que no compartamos muchos de los argumentos y motivos que han llevado a presentar las siete propuestas de veto de otros grupos.
Compartimos en general las críticas al fondo y a las formas de la tramitación de este proyecto de reforma. Consideramos que el procedimiento legislativo seguido con esta proposición de ley es totalmente inadecuado por no ajustarse a derecho en su tramitación en el Congreso de los Diputados y por carecer de rigor democrático, pues una modificación tan importante de una ley orgánica requiere de una reflexión, de un debate y de un análisis mucho más profundo.
También lamentamos que la mayoría del grupo que da apoyo al Gobierno haya imposibilitado las comparecencias solicitadas por el resto de los grupos parlamentarios.
Respecto al fondo, estamos en contra de las limitaciones a la justicia universal que se plantean en la proposición de ley. Consideramos inadmisible la vulneración del artículo 125 de la Constitución que regula la acción popular como mecanismo de defensa de los intereses colectivos legítimos. El apartado 4º de la proposición de ley restringe el uso de la acción popular al establecer que solamente serán perseguibles en España los delitos cometidos fuera del Estado español cuando existe una interposición de querella por el agraviado o por el ministerio fiscal.
Nos preocupa también la grave vulneración del artículo 9.3 de la Constitución Española por lo que al principio de seguridad jurídica y al principio de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales se refiere. La disposición transitoria única, la cual establece el sobreseimiento de todas aquellas causas que se encuentren en tramitación por los delitos a que hacen referencia hasta tanto no se acredite el cumplimiento de los requisitos que se exigen, implica no solo ignorar que en el derecho penal rige el principio de irretroactividad de las normas sancionadoras o limitadoras de derechos sino que, además, vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de las víctimas. Así, mediante esta disposición transitoria van a ser sobreseídos de forma automática procedimientos como los que se han mencionado: la muerte del periodista José Couso, de la guerra de Iraq, los supervivientes españoles en campos de concentración nazis y otros. No obstante, consideramos imprescindible la ampliación de la lista de delitos que, aunque cometidos fuera del territorio español, puedan ser perseguidos por la jurisdicción española.
Por todo ello, nos vamos a abstener en la votación de las propuestas de veto.
Respecto a la cuestión que usted rescata, quiero decirle, señoría, que, cuando se designa ponencia y en el orden del día figura también dictaminar, es tradición en el Senado, una tradición inveterada, no emitir informe. No es una tradición que inauguro yo, sino que es una costumbre y un uso de esta Cámara del Reino de España.
En segundo lugar, quiero decirle que el artículo 71.1 del Reglamento dice que el orden del día del Pleno lo fija el presidente del Senado, oída la Mesa y la Junta de Portavoces, y usted sabe que este asunto figura en el orden del día de este Pleno. Por lo tanto, nosotros, de acuerdo con el artículo 135.6, dado que ese punto estaba fijado en el orden del día del Pleno, no tenemos más remedio que actuar de la manera que lo hemos hecho. Y el hecho de designar ponencia es casi a efecto curricular, es decir, queremos saber quiénes son los ponentes, y nada más. Eso no exige ni obliga a que se emita informe. (La señora Rieradevall Tarrés pide la palabra.)
La señora RIERADEVALL TARRÉS: Entiendo que estamos en trámite de urgencia y por eso aplicamos el artículo 135. Pero me refería a que hay otro artículo que define el porqué de una ponencia. Supongo —ya lo he dicho— que en la práctica se interpreta para que figuren los nombres de los ponentes, pero, de hecho, se constituye una ponencia para que emita informe. Por ejemplo, en la Comisión de Empleo y Seguridad Social he puesto sobre la mesa muchas veces que se saltan la ponencia y pasan directamente a comisión. Esto es optativo, pero, una vez que se convoca y se constituye, entendemos que lo lógico sería emitir informe.
Entiendo la interpretación, entiendo que puede ser una práctica habitual, pero quería poner sobre la mesa, máxime con la identidad de esta reforma, que hubiera sido positivo que, por unos minutos —además considero que hubiera sido posible llevarlo a cabo—, se hubiese emitido informe. Solo quería ponerlo sobre la mesa. He entendido los argumentos que se han dado, pero quería que constara.
El señor PRESIDENTE: Por supuesto, señoría, esta Mesa valora su opinión de que hubiera sido conveniente, según su parecer y el parecer de otros portavoces, haberlo debatido más tiempo, haber emitido un informe, haber reunido a la comisión solamente para constituir la ponencia y que esta emitiera el informe, pero lo cierto es que en el orden del día con el que hemos convocado la comisión figura designar ponencia y dictaminar y, al ser en el mismo día y en el mismo lugar, no tiene sentido emitir informe si vamos a dictaminar sobre la ley.
Dicho esto, señorías —creo que está completamente debatido—, tiene la palabra el senador Díaz Tejera, por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor DÍAZ TEJERA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora portavoz de Convergència i Unió, no pida perdón por hacer un discurso; es su obligación. El que lo comparta, bien; el que no quiera compartirlo, que no lo haga, pero aquí no se pide perdón por existir. ¡Faltaría más! Usted hace el análisis que estima oportuno. Y yo le añado más información, porque no estuvo usted en la última reunión de la Mesa. Sepa usted que en los últimos ocho años siempre ha
sido tradición de la Mesa de esta comisión aprobar todas las peticiones de comparecencias de todos los grupos, y luego el presidente gestionaba con el ministro cuándo venía, según su agenda. Aquí se ha pedido comparecencia de ministro para dos asuntos y se ha dicho que no. ¿Lo quieren esconder? Ya lo tienen amortizado; está creando muchos problemas, ya tienen enmendado el proyecto; por tanto, no quieren que aparezca. Es aquello de que la propia Mesa niega la función del Parlamento, que es controlar al Gobierno. Luego, no se extrañe usted, con ese precedente, de que en este momento la ponencia no haga ponencia; la ponencia está aquí para saber el currículum de sus miembros.
En este contexto, señora Franco, siempre le agradezco mucho que se prepare los asuntos, porque me parece que es una manera de dignificar el Senado. No soporto la gente que se pone a hablar sin estudiar un asunto. Es una falta de respeto al propio trabajo del Parlamento. Por tanto, empiezo por decirle eso. El senador Saura le decía que le agradecía el tono. Yo siempre le agradezco que se lo prepare y el tono del análisis. Lo que ocurre es que entiendo la función que usted está haciendo. Porque la lealtad a un grupo no se acredita cuando se piensa igual; la lealtad se acredita cuando se discrepa. Y no sé si usted discrepa o no; eso es irrelevante a efectos de este debate parlamentario, eso es absolutamente irrelevante. Pero entiendo la función, y es que a usted le llega un texto y tiene que defenderlo. Entonces, hay que buscar argumentos debajo de las piedras, incluso diciendo cosas que usted sabe que no son. Y llegó usted a comparar esto de la jurisdicción universal —por usar una expresión acuñada— con un valor ético y con un principio general del derecho.
Señoría, la ley, la costumbre y los principios generales del derecho son fuentes de derecho, pero ahora no estamos hablando de fuentes de derecho ni de principios informadores del conjunto del ordenamiento para su interpretación. Desde el año 1949, hay cuatro tratados y cuatro protocolos, más la declaración a la que usted se refiere y toda la doctrina acuñada después de los tribunales de Núremberg, y ya hay ciento cincuenta Estados desde el año 1999 que aceptan la Corte Penal Internacional y ese Estatuto de Roma, a cuya redacción, por cierto, un español dedicó gran parte de su trabajo. Por tanto, no estamos con principios generales del derecho; estamos con derecho internacional que obliga a los Estados parte. Y aquí hay una confusión entre los principios en el ámbito penal de aplicación de la jurisdicción penal con las normas sobre resolución de conflictos acerca de qué ordenamiento se aplica. Alguno incluso plantea que la propia conexión del año 2009 ya se incorpora en esta senda.
La pregunta es si la reforma del año 2009 la impulsó el Grupo Socialista y solo tenía el apoyo del Grupo Socialista. Y no, lo tenía de otros muchos grupos. Sin embargo, en esta ocasión no tiene el apoyo de ningún grupo, que yo sepa. Es una diferencia importante a la hora de cómo concebir el Parlamento, porque solo desprecian el Parlamento las ideologías totalitarias. Son los únicos que desprecian el Parlamento, son los únicos que no quieren que los ministros comparezcan en el ámbito parlamentario, para que el Parlamento haga su trabajo, que no es solo hacer leyes y elaborar el presupuesto; también es controlar al Gobierno, porque la inquietud de la ciudadanía por el asunto que fuese, en una democracia parlamentaria se canaliza a través de los representantes. Y los cambios de Gobierno se hacen con el voto, no por pura vía fáctica; porque se usa la pura vía fáctica, sin ninguna cobertura parlamentaria, cuando se carece de argumentos.
Por tanto, señoría, entiendo que acuda a los principios generales del derecho, pero no estamos en un principio general del derecho; estamos hablando de derecho internacional que se tiene que aplicar. Pero fíjese de qué manera está redactada, porque es verdad que en la exposición de motivos confunde complementariedad con subsidiariedad. Esta última se refiere a la Corte Penal Internacional respecto a los tribunales españoles, pero en este caso los tribunales españoles, la jurisdicción española respecto a la jurisdicción universal es complementaria; no es subsidiaria, como en el caso que describía antes. Pero fíjese usted, está redactado de tal manera que para cada figura delictiva el cuándo adquirió la nacionalidad es importante en relación con las doce causas que están en la Audiencia Nacional. Y según cada hecho delictivo, se prevé un tipo de conectores para que, en su aplicación, estas causas desaparezcan. Y por si acaso hubiese alguna interpretación distinta, uno tiene la garantía de la Sala Segunda, verificadora; y por si acaso no es suficiente la interpretación de la norma ni la Sala Segunda, tengo otra cosa más, que es la disposición transitoria única, que es una cláusula de cierre: hacia atrás en el tiempo, la aplicación del ordenamiento jurídico en este ámbito no cuenta; ha de ser esta otra interpretación. Entonces, la pregunta sigue en el aire. Dígame cómo se hace con la aplicación de estos conectores nuevos que han hecho ad hoc. Es como cuando se hace un concurso de méritos y se dice que el arquitecto tiene que ser rubio, con bigote pelirrojo y calzar el número 46. ¡Uy! Me da la impresión de que están dibujando a alguien.
Pues bien, está redactado de tal manera que estas causas se van a tener que sobreseer con la cláusula automática que figura en la disposición transitoria única y con el redactado del texto. Por eso, le vuelvo a invitar a que me diga cuál de estas causas se va a mantener en vigor con su aplicación.
No los emplazo en términos humanos porque cada uno es libre de hacer lo que estime; lo estoy haciendo en términos dialécticos porque es una manera de indicar al Grupo Popular que, sinceramente, están liquidando, finiquitando y anulando todo vestigio de lucha por los derechos humanos y de lucha contra esta criminalidad. Es así.
Si me equivocase, estas causas seguirían vivas; y, si me equivocase, dentro de algunos años se plantearía alguna otra reforma para incorporar más conectores. En este sentido, insisto en emplazarlos para que lo evaluemos porque desde el año 2009 hasta ahora, cinco años más tarde, es lo menos que se despacha en botica. Ustedes presentan un proyecto de ley para corregir la anterior. ¿En qué? ¿En qué aspecto se ha acreditado que es mala? En que sigue habiendo doce causas de esta naturaleza abiertas en la Audiencia Nacional y, como están abiertas, hay que sobreseerlas de forma automática.
Sinceramente, ese me parece un mensaje cruel y, sobre todo, innecesario, porque para cuidar los intereses comerciales de los españoles las cosas se podrían haber hecho de otra manera muchísimo más inteligente, combinando las responsabilidades nacionales con el compromiso internacional que nos obliga a todos y se recoge en el propio artículo 10, relativo a las declaraciones de derechos humanos.
Creo que hay suficiente capacidad intelectual en los juristas del Grupo Popular para haber hecho esto bien. Nunca desprecio la capacidad intelectual de un adversario —me parece un profundo error hacerlo— e insisto en que hay magníficos juristas en su grupo, ¿por qué no han hecho esto bien? Han tenido que enmendarlo en el propio Congreso de los Diputados porque, de otro modo, la requisa de la droga en los barcos en alta mar se quedaba impune. Por eso, no digo que hayan hecho el ridículo, tan solo planteo que sigamos perfeccionando el proyecto para reducir, en la medida de lo posible, los agujeros negros por donde se cuela la impunidad y, en este caso, es un agujero negro inmenso y será un día glorioso para toda esta criminalidad.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, el señor Altava.
Me gustaría abordar varias cuestiones previas antes de tratar el tema que es objeto de esta comisión. En primer lugar, he de decir que llama la atención de este portavoz cómo cambian las cosas de estar en el Gobierno a estar en la oposición. Varios portavoces han reclamado a esta mesa, que gobierna el Grupo Parlamentario Popular, sobre cuestiones que para nada se tuvieron en cuenta en la pasada legislatura, en la que fui senador. Tengo aquí la relación de comisiones de justicia que se celebraron en la pasada legislatura, en la IX Legislatura, en la que gobernaba el Partido Socialista, y fueron veintitrés; se celebraron veintitrés comisiones de justicia en cuatro años de Gobierno y, en esta llevamos ya más de veinte con dos años de Gobierno; es decir, que si seguimos esta marcha, se va a duplicar el trabajo parlamentario que se hizo la pasada legislatura. Y no solo eso, sino que el 2 de junio de 2010 se celebró una, y la siguiente, el 10 de febrero de 2011. En este sentido, recuerdo ir persiguiendo por escrito y de palabra al presidente de la Comisión de Justicia de entonces —y si hoy fuera senador no tendría más remedio que reconocerlo— pidiéndole que nos pudiéramos reunir en comisión, porque no lo hacíamos. Insisto, estuvimos sin reunirnos ocho meses y medio. Además, el senador Díaz Tejera también lo sabe porque yo se lo decía a él, como portavoz de la Comisión de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista. Por tanto, lecciones, las justas y por quien pueda darlas.
Se ha dicho también que se ha hurtado que venga el ministro de Justicia a esta comisión, pero el ministro de Justicia ha venido en no sé cuántas ocasiones al control del Gobierno; si no ha venido todos los martes de Pleno, ha venido casi todos, y muchos portavoces de los que están aquí presentes le han podido formular las preguntas que han querido, lo han tenido a su disposición y el señor ministro de Justicia ha respondido. Por tanto, se ha realizado el control al Gobierno.
Ustedes han mencionado que no hemos querido que aquí vinieran a debatir algunas personas que creían que deberían haberlo hecho. ¿Cuatro? Quizá cuatro o cinco hubieran sido pocas; habríamos aprendido más si hubieran venido cuarenta o cincuenta. Sin embargo, ¿saben qué pasa? Que la iniciativa legislativa, junto con estas Cámaras, la tiene el Gobierno y el Gobierno tiene que gobernar, y precisamente eso es lo que hace con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Señor presidente, en asuntos como el que tratamos y que da contenido a esta legislación es fácil utilizar magníficas palabras, vacías de contenido, aludir al recorte de derechos, a los espacios de impunidad, a que se están cambiando derechos humanos por dinero —planteamiento que han defendido dos portavoces y que debería ofenderlos a ellos mismos— porque parece que España va a dejar de ejercer sus derechos internacionales en relación con la justicia universal, cuando ocurre todo lo contrario. Cabría plantearse por qué se lleva a cabo ahora la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por qué la modificación del artículo 23; lo ha comentado la senadora Franco: para el cumplimiento de los tratados internacionales que España tiene suscritos. Es verdad que esos tratados internacionales no reconocen la justicia universal como derecho de persecución del delito donde quiera que se comete, lo único que reconocen los tratados, porque no pueden hacer otra cosa, son criterios de competencia jurisdiccional propia de cada Estado para permitir, precisamente, que cada Estado, cada país, cure sus heridas como crea que debe hacerlo, sin que ningún otro tribunal, a muchísimos kilómetros de distancia, venga a entrometerse en lo que es propio de la política interior de ese Estado.
A sensu contrario, si con la reforma que estamos planteando ahora incumplimos los tratados internacionales, como ustedes han comentado, y lo único que estamos haciendo es igualarnos al derecho comparado, a la legislación europea y mundial, ¿qué pasa con el resto de Estados? ¿Están incumpliendo esos tratados? Nosotros éramos el único país que regulaba la justicia universal y si ahora dejamos de hacerlo así ¿todos los Estados miembros de la comunidad internacional van a incumplir los tratados? En absoluto. Están cumpliendo los tratados y nosotros, exactamente igual, los vamos a tener que cumplir, tanto esos cuatro tratados como esos cuatro protocolos.
También se ha dicho, pero lo dejo ya para el debate en el Plenario, que desde luego se amplía el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dando esa posibilidad de casación ante el Tribunal Supremo.
Pediría lealtad y coherencia. Es verdad que la reforma de 2009 de alguna manera moduló la justicia universal, pero esta no es una reforma ad hóminem. No estamos cambiando derechos por dinero; es como si nosotros, en 2009, hubiéramos recordado al Partido Socialista que con su modificación estaban contentando a Israel ante las investigaciones a sus militares. Nosotros fuimos leales con el Gobierno de la nación del Partido Socialista y su deslealtad queda en evidencia cuando nos recuerdan a nosotros, como también han hecho otros portavoces, que estamos evitando que se pueda perseguir a China por lo que está ocurriendo en el Tíbet. Eso es una afrenta a todos.
¿Saben qué ocurre? Que íbamos solos. No hemos sido pioneros con la justicia universal porque, si nos girábamos, no nos seguía nadie. No hemos sido pioneros porque no nos seguía nadie, estábamos solos. ¿Saben qué dicen los procesalistas al respecto? Que íbamos de quijotes por el mundo. Nos señalaban todos, pero lo hacían porque éramos los únicos que habían regulado esa justicia universal tal y como estaba. Y, precisamente, lo que se pretende ahora es unificar criterios con la doctrina del derecho comparado, con la legislación europea y mundial.
¿Papel de liderazgo? En absoluto. España no lo tenía porque estaba sola. Además, como después explicaré, ahora ocurrirá exactamente igual porque se pueden seguir persiguiendo esos delitos.
Como el senador socialista ha puesto de manifiesto, se consiguió una condena; y es verdad, un militar de la dictadura argentina fue condenado, pero ¿saben por qué? Porque voluntariamente se personó ante la Audiencia Nacional y pudo ser juzgado. La actual regulación de la justicia universal ha sido un fracaso y eso lo sabemos todos. Es verdad que se ha comentado que no se puede eliminar por el mero hecho de que sea un fracaso, pero habrá que regularlo bien y, además, acorde con el derecho comparado. Repito, solamente en una ocasión se ha podido condenar a una persona y, además, porque voluntariamente se personó en la causa.
Cuando por real decreto en el año 1977 se crea la Audiencia Nacional, se piensa que es para otras cosas, no para suplir ni al tribunal de Núremberg ni al tribunal para la ex-Yugoslavia ni para el tribunal de Ruanda, sino para otras cuestiones distintas. La Corte Penal Internacional es la que tiene esas competencias que nosotros hemos cedido. Así pues, señores portavoces, no hay liquidación de la justicia universal, porque no hay liquidación de la justicia universal en ningún otro país de nuestro entorno, ni europeo ni mundial. Lo que hacemos es asemejar nuestra legislación a esa precisamente.
Se ha criticado el procedimiento que se ha llevado; se ha criticado el efecto retroactivo. Me gustaría hacer dos comentarios: la única vez que se ha reunido el Consejo de Ministros en domingo fue en la pasada legislatura con el Gobierno socialista. En toda la historia de nuestra democracia, de nuestra reciente democracia, la única vez que un Consejo de Ministros se ha reunido en domingo, repito, fue en
la pasada legislatura, con el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. ¿Eso no es urgencia? ¿Saben por qué? Porque había que modificar —precisamente también por el trámite de urgencia— la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre el sistema de nombramientos de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Urgía tanto que hasta en domingo se celebró un Consejo de Ministros. Rara avis; nunca visto en nuestra historia parlamentaria.
¿Qué decirles en cuanto a los efectos retroactivos? Hay que entender de lo que se está hablando. Aquí no se está aplicando una norma penal en la que sí entraría en juego el principio de la norma más favorable o el principio de intervención misma. Esta es una norma procesal que está incluida en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es una norma procesal, repito, y como ley procesal, todos sabemos que cumple en espacio y tiempo; es decir, en espacio, lo que es territorio nacional, y en cuanto al tiempo, desde el momento que entre en vigor. Es verdad que desde el momento en que entra en vigor se sobreseerán —porque así lo establece la norma— todas las causas hasta entonces.
Por último, con independencia de que en su momento hagamos otras muchas manifestaciones en el plenario, señor presidente, quiero decir que para nada se sustrae la posibilidad de persecución para todo el mundo, aunque no se recoja la acusación particular. ¿Por qué? Porque la Corte Penal Internacional va a seguir, y cualquier senador de los que estamos en esta comisión podemos presentar una denuncia ante las autoridades mundiales de la ONU o ante el fiscal de la Corte Penal Internacional para que se persiga cualquier causa, que se hará precisamente ante la Corte Penal Internacional pero no ante un tribunal de un Estado.
Nada más, señor presidente. Creo que con esto queda claro que vamos a votar en contra de todos los vetos presentados a esta proposición de ley.
Finalizado el debate de los vetos, vamos a proceder a su votación.
Para aprobar cada veto, harán falta 14 votos favorables, que constituirían la mayoría absoluta de los miembros de la comisión.
Vamos a votar, en primer lugar, la propuesta de veto número 2, presentada por la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 14; abstenciones, 1.
Propuesta de veto número 3, presentada conjuntamente por el señor Iglesias Fernández y el señor Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.
Propuesta de veto número 6, presentada conjuntamente por el señor Guillot Miravet y el señor Saura Laporta, ambos del Grupo Parlamentario Entesa.
Propuesta de veto presentada conjuntamente por el señor Aiartza Azurtza, el señor Goioaga Llano, la señora Mendizábal Azurmendi y el señor Unamunzaga Osoro, todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto.
Propuesta de veto número 7, presentada conjuntamente por la señora Almiñana Riqué, el señor Boya Alós, el señor Bruguera Batalla, el señor Martí Jufresa, el señor Montilla Aguilera, el señor Sabaté Borrás y la señora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa.
Señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 15; abstenciones, 1
Por último, propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.
Finalizado el debate y la votación de estas propuestas de veto, vamos a pasar al debate de las enmiendas.
En primer lugar, las enmiendas 1 y 2, presentadas conjuntamente por el señor Iglesias Fernández y el señor Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Las doy por defendidas, sin perjuicio de que sus proponentes las defiendan en el Pleno.
El señor PRESIDENTE: Se lo agradezco, señora Capella.
Enmiendas 8 a 11, del Grupo Parlamentario Vasco.
El señor BILDARRATZ SORRON: Las doy también por defendidas. Las defenderé en el Pleno.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Jokin.
Enmiendas 17 a 22, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
El señor SAURA LAPORTA: La doy por defendidas.
Enmiendas 3 a 7, del Grupo Parlamentario Convergència i Unió.
La señora RIERADEVALL TARRÉS: Mi grupo se reserva la defensa de las mismas para el Pleno.
Enmiendas 12 a 16, del Grupo Parlamentario Socialista.
Las doy todas ellas por defendidas, no sin antes subrayar que la razón de ser del fondo de todas estas enmiendas es el mantenimiento de un texto —el texto del año 2009— que tuvo el apoyo de todos los grupos de la Cámara, o al menos, de la inmensa mayoría de los grupos —de CiU, del PNV, del PP—, creo que, en general, de la mayoría de la Cámara —de 339 votos, solo tuvo 8 abstenciones y 2 votos en contra, según creo recordar—.
Es un texto que se ha mantenido de 2009 hasta el presente y que ha generado esas doce causas en la actualidad. Francamente, no planteamos retrotraernos a la situación anterior al año 2009 —pensamos que es como lo del luchador de sumo, que les decía antes, excesivamente elefancíaca—, cuando a España la obligaban a tener el globo terráqueo encima del cogote, y eso era excesivo. Sin embargo, la reforma del año 2009 nos parece una reforma razonable y sensata. De ahí el apoyo parlamentario que tuvo, de ahí el análisis que ha tenido en el ámbito de la Academia y por parte de los profesionales, tanto de la judicatura y de la fiscalía como el propio Consejo General de la Abogacía; no hubo una oposición a esta reforma —la que se propone en la actualidad— sino, en todo caso, comentarios críticos, donde todos, desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Consejo Nacional de la Abogacía —esta mañana me daban su informe— a las asociaciones de jueces, todos plantean el mismo criterio de aumento de la impunidad y reducción del instrumental que tiene el Estado de derecho para luchar contra el crimen organizado.
Estas son las razones que fundamentan nuestras enmiendas, señor presidente, y las doy por defendidas.
Para el turno en contra, tiene la palabra la señora Franco.
Intervendré brevemente. Quería referirme —porque en el anterior turno de portavoces varios senadores, tanto la senadora Capella como el senador Bildarratz, la mencionaron— a la Sentencia 237/2005 del Tribunal Constitucional. A la vez también se lo he escuchado al senador Díaz Tejera, por lo que quería hacer una breve y pequeña referencia a esta sentencia, que es verdad que vino a derogar una doctrina que había establecido el Tribunal Supremo y daba unos criterios de conexión para que entrase en juego el principio de jurisdicción universal. Esta sentencia se dictó precisamente sobre la base del tenor literal del artículo 23 con la redacción de 1985. Si aplicásemos ese filtro, incluso con la redacción actual del artículo 23, la modificada en el 2009, posiblemente tampoco superase ese filtro. A mayores quería señalar que esta sentencia realmente lo que pretendía era interpretar la voluntad del legislador de 1985. Esa voluntad cambió en el 2009 y ha vuelto modificarse con esta proposición de ley que nosotros traemos a la Cámara.
Quiero señalar que esta proposición de ley para nada es inconstitucional y respeta perfectamente el artículo 24 de la Constitución, que recoge el derecho a la tutela judicial efectiva, porque además este es un derecho de configuración legal. Es lo que estamos haciendo ahora, configurar este derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el principio de jurisdicción universal.
Corresponde un turno para aquel que lo quiera ejercer. ¿Grupo Parlamentario Mixto, señora Capella? (Denegaciones.) No lo va a ejercer.
¿Grupo Parlamentario de Entesa? (Denegaciones.)
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió? Tiene la palabra la senadora Rieradevall.
Convergència i Unió siempre ha estado a favor de la defensa de los derechos humanos, a favor de una actitud positiva y activa en el ámbito internacional, y nos creemos los valores que propugna la Constitución.
Señor Altava, es cierto que existe una Corte Penal Internacional y que sería deseable que muchos de estos delitos fueran conocidos por ella, pero desgraciadamente también lo es que muchos de los países y Estados transgresores de los derechos humanos no han firmado los tratados internacionales y no son parte de dicha corte, por lo tanto, quedan fuera de ella y quedan espacios de impunidad. Mediante la presente propuesta de ley las situaciones de impunidad y la indefensión de las víctimas, lamentablemente van a verse incrementadas. Exigiendo que la persona a la que se imputa el delito se encuentre en España, cerrando la puerta a la acusación popular y declarando el sobreseimiento automático de las causas en trámite, se está asestando un golpe mortal a la justicia universal.
Entendemos que nos encontramos emplazados a trabajar conjuntamente para que el texto de este proyecto de ley contenga las aportaciones y las mejoras de todos los grupos parlamentarios, emplazamiento difícil de llevar a cabo teniendo en cuenta que los grupos parlamentarios estamos ya desgraciadamente acostumbrados a padecer el rodillo parlamentario del Grupo Parlamentario del Partido Popular, un rodillo que permite aplanar las enmiendas que presentamos los grupos. Es un error político creer que la mayoría absoluta implica no alcanzar acuerdos importantes en cuestiones tan trascendentales como las que hoy estamos debatiendo. Aun así, mi grupo parlamentario insiste en la presentación y aprobación de las cinco enmiendas que consideramos que aportan una mejora sustancial al texto, que vuelven sobre todo al espíritu de 2009, por lo que pedimos la votación favorable a dichas enmiendas.
¿Alguien aquí, en esta Cámara o en esta comisión, se imagina que en año 1978, los ponentes de la Constitución, algunos de estos padres de la Constitución, por ejemplo, el fundador del Partido Popular, don Manuel Fraga, que en paz descanse, al redactar el artículo 32 que dice que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio, pensaban ya entonces en el matrimonio entre personas del mismo sexo? No, imposible, ninguno de ellos lo pensaba. Sin embargo, ¿por qué razón el Tribunal Constitucional ha decidido por siete votos contra cuatro que ese matrimonio es ajustado a la Constitución? Porque establece la teoría de que la Constitución es un árbol vivo y, por tanto, sus principios —España se constituye como Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo político—, los principios que inspiran nuestro Estado social y democrático de derecho, se van aplicando a las diversas circunstancias por las que pasa la sociedad española. Y treinta y tantos años más tarde, el Tribunal Constitucional, por siete votos contra cuatro, decide reformar el artículo 44 del Código Civil, y establece que el matrimonio tiene la misma naturaleza, requisitos y efectos, sean los cónyuges del mismo o de distinto sexo. ¿Y alguien pensaba que en el año 1978 eso lo contemplaron sus redactores? En absoluto, pero son principios que se van adaptando a la realidad que va cambiando. Entonces, el Tribunal Constitucional permanentemente va diciendo qué cosa está dentro del ámbito constitucional y qué cosa va en contra de los principios constitucionales. El intérprete supremo, que no el único —porque intérpretes de la Constitución son los 5234 jueces, magistrados y magistrados del Tribunal Supremo—, establece si eso es aceptable dentro del marco de valores y el marco de principios de la Constitución.
Esto en relación a la reforma que se ha ido operando en torno al artículo 23, apartados 3 y 4, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pues esto es lo mismo: durante estos cinco años esa reforma ha estado en vigor, no se ha cuestionado y ha estado aplicándose. Luego no se busquen subterfugios de esta naturaleza para defender lo indefendible.
Quiero mostrar mi acuerdo con don Arcadio Díaz Tejera, el senador del Grupo Parlamentario Socialista, haciendo referencia a nuestros queridos antepasados políticos, al menos para mí. Efectivamente, yo tampoco me imagino a don Pablo Iglesias pensando en un matrimonio entre personas del mismo sexo. Puede que tenga razón, pero han cambiado mucho las cosas. En el 2009 se aprobó lo que se aprobó, lo sabemos, la reforma del artículo 23, que ha estado cinco años en vigor y no ha servido para nada, ha resultado totalmente inoperativa, solamente ha podido ser condenada una persona que voluntariamente quiso personarse ante la Audiencia Nacional. Esta es la realidad de la jurisdicción universal que hemos tenido en nuestro país.
Mi contestación a la señora portavoz de Convergència i Unió va en el mismo sentido en el que estamos todos, es decir, la defensa de los derechos humanos. ¿Quién no los defiende en esta comisión, máxime cuando se trata de la Comisión de Justicia? Pero la vulneración de esos derechos humanos se tiene que juzgar por los tribunales aptos, la Corte Penal Internacional a la que hemos cedido esa soberanía para juzgar, o para aquellos casos en que haya países que no lo hayan firmado, los propios Estados, lo demás es meternos donde no nos llaman.
Ahora con esta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial adquiriremos un protagonismo, solicitado precisamente por esa comunidad internacional.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Díaz Tejera. (El señor Diaz Tejera: El último en hablar ha sido él. Usted acaba de decir: Gracias, señor Díaz Tejera.)
Lleva usted razón, en qué estaría yo pensando en ese momento. Gracias, señor Altava.
Seguidamente vamos a pasar a votar las enmiendas. Empezamos por las enmiendas números 1 y 2, presentadas conjuntamente por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto, que votaremos separadamente.
Por tanto, votamos la enmienda número 1, presentada conjuntamente por los señores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 21; abstenciones, 1.
Votamos la enmienda número 2, presentada por los mismos senadores del Grupo Parlamentario Mixto.
Pasamos a votar las enmiendas 8 a 11, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado.
Como hay votación separada, empezamos por votar la enmienda 19, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 4; en contra, 21.
Votamos el resto de enmiendas, 17, 18, 20, 21 y 22, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, 3 a 7.
Finalmente, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, enmiendas 12 a 16.
Seguidamente, vamos a someter a votación el texto remitido por el Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: Ha sido aprobado.
Finalizada la votación, se proclama, lógicamente, que ha sido dictaminada, por le Comisión de Justicia, la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, relativa a la justicia universal.
Acto seguido, procede designar al miembro de la comisión que llevará a cabo la presentación del dictamen ante el Pleno del Senado. (El señor Altava Lavall, pide la palabra.)
El señor ALTAVA LAVALL: Por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, presentamos al señor presidente de la comisión.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún portavoz quiere hacer uso de la palabra? (Denegaciones.)
Entiendo que, por asentimiento, yo presentaré la ley ante el Pleno.

References: artículo 135
 artículo 9
 artículo 9
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 artículo 24
 artículo 23
 artículo 16
 artículo 11
 artículo 110
 artículo 125
 artículo 9
 artículo 71
 artículo 135
 artículo 135
 resolución 
 artículo 10
 artículo 23
 artículo 57
 real decreto 
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 32
 artículo 44
 artículo 23
 artículo 23