Source: http://www.elnotario.es/hemeroteca/revista-5?id=2827:legislacion-estatal-numero-5-0-2798981538786536
Timestamp: 2019-06-25 14:48:23+00:00

Document:
Legislación Estatal. Número 5
IMPORTANTES NOVEDADES TRIBUTARIAS PARA EL AÑO 2006
Ley 30/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006. BOE 30-12-05. Ir a la Disposición.
Como el año pasado, en éste no se ha promulgado la llamada "Ley de Acompañamiento", por lo que las modificaciones en materia tributaria que solía contener ésta última aparecen recogidas en la presente Ley de Presupuestos, de la que podemos destacar las siguientes disposiciones:
- Se actualiza en un 2% los coeficientes correctores del valor de adquisición para las transmisiones de bienes inmuebles no afectos a actividades económicas, a efectos del cálculo de las ganancias patrimoniales.
- También se actualiza en un 2% las tarifas del Impuesto (estatal y autonómica), con el fin de evitar la llamada "Progresión en frío" y de proteger a los contribuyentes de rentas bajas quienes podrían verse más perjudicados por la falta de actualización de la tarifa.
- Mantiene para el ejercicio 2005 la compensación fiscal por deducción de arrendamientos de vivienda habitual con contratos anteriores al 24 de abril de 1998, así como la compensación fiscal por deducción de adquisición de vivienda habitual anterior al 4 de mayo de 1998.
En el IS:
- Se aprueban los tipos aplicables a los pagos fraccionados que hayan de efectuarse a partir del 1 de enero de 2006, sin que haya modificación en relación con el ejercicio 2005.
- Se actualizan los valores catastrales de los bienes inmuebles en un 2%.
- Se extiende la aplicación del tipo impositivo del 7% a la televisión digital.
- Se modifica el precepto relativo a la exención de determinados arrendamientos sobre los edificios o partes de los mismos destinados exclusivamente a viviendas o a su posterior arrendamiento por entidades gestoras de programas públicos de apoyo a la vivienda o por sociedades acogidas al régimen especial de Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas establecido en el Impuesto sobre Sociedades. La exención se extenderá a los garajes y anexos accesorios a las viviendas y los muebles, arrendados conjuntamente con aquéllos. Se establecen varias excepciones.
En el ITPAJD:
- Se actualiza al 2% la tarifa que grava la transmisión y rehabilitación de Grandezas y Títulos Nobiliarios.
Respecto a las tasas:
- Se actualizan al 2% los tipos de cuantía fija de las tasas de la Hacienda estatal, excepto las que se hayan creado o actualizado específicamente por normas dictadas en el año 2005.
Intereses para 2006. Se fija el interés legal del dinero en el 4%, y el interés de demora en el 5%.
- Se regulan los tipos y a las bases de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional durante el año 2005 en sus distintos regímenes, procediendo a la actualización de las bases.
- Se modifica el indicador público de renta de efectos múltiples:
a) El IPREM diario, 15,97 euros.
b) El IPREM mensual, 479,10 euros.
c) El IPREM anual, 5.749,20 euros.
En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM en aplicación de lo establecido en el Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, la cuantía anual del IPREM será de 6.707,40 euros cuando las correspondientes normas se refieran al salario mínimo interprofesional en cómputo anual, salvo que expresamente excluyeran las pagas extraordinarias; en este caso, la cuantía será de 5.749,20 euros.
- También se regula el programa de fomento del empleo, así como la financiación de la formación continua.
- Entre las disposiciones relativas a la Seguridad Social podemos destacar las referentes a las prestaciones por hijo a cargo.
- Se modifica la Ley General de la Seguridad Social en materia de incapacidad temporal, cotizaciones por desempleo y otras materias.
Art. 32.5: "Cinco. La constitución de los Fondos de Titulización de activos a que se refieren los apartados anteriores estará exenta de todo arancel notarial y, en su caso, registral."
Modificación de la LSRL respecto a la nueva empresa
Se modifica el apartado 5 de la disposición adicional octava de la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, que queda redactada del siguiente modo:
«5. La Administración General del Estado, a través del Ministerio de Economía, podrá celebrar convenios de establecimiento de puntos de asesoramiento e inicio de tramitación (PAIT) de las sociedades Nueva Empresa con otras Administraciones públicas y entidades públicas o privadas. Los puntos de asesoramiento e inicio de tramitación serán oficinas desde las que se podrá solicitar la reserva de denominación social a que se refiere el apartado cuarto del artículo 134 y se asesorará y prestarán servicios a los emprendedores, tanto en la definición y tramitación administrativa de sus iniciativas empresariales como durante los primeros años de actividad de las mismas, y en ellos se deberá iniciar la tramitación del DUE. En los convenios se establecerán los servicios de información, asesoramiento y tramitación que deben prestarse de forma gratuita y los de carácter complementario que pueden ofrecerse mediante contraprestación económica.
Los centros de ventanilla única empresariales creados al amparo del Protocolo de 26 de abril de 1999 mediante los correspondientes instrumentos jurídicos de cooperación con Comunidades Autónomas y Entidades Locales podrán realizar las funciones de orientación, tramitación y asesoramiento previstas en la presente Ley para la creación y desarrollo de sociedades Nueva Empresa. Por Orden del Ministro de la Presidencia, a iniciativa conjunta de los Ministerios de Economía y de Administraciones Públicas, se establecerán los criterios de incorporación de las prescripciones tecnológicas propias de los puntos de asesoramiento e inicio de tramitación a los sistemas de información de los centros de ventanilla única empresarial.»
Cancelación de créditos hipotecarios
Quedan extinguidas todas las obligaciones nacidas de los créditos hipotecarios que al amparo de la Ley de Viviendas Protegidas, de 19 de abril de 1939 y de la Ley de Vivienda de Renta Limitada, de 15 de julio de 1954, fueron concedidos por el Instituto Nacional de la Vivienda a particulares, Cooperativas, Patronatos, Asociaciones, Corporaciones Locales y demás asociaciones sin ánimo de lucro, para financiar la construcción de viviendas de protección oficial de promoción privada, cuya cuota trimestral de amortización sea igual o inferior a 30 euros.
En el momento de entrada en vigor de esta Ley quedarán caducados y cancelados los asientos que se refieran a dichos créditos hipotecarios.
Ley 26/2005, de 30 de noviembre, por la que se modifica la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos. BOE 1-12-05. Ir a la Disposición.
Las modificaciones que introduce son muy importantes. Sin ánimo exhaustivo, destacaremos las siguientes:
- Se aclara quienes pueden ser arrendatarios a los efectos de la ley.
- A falta de pacto entre las partes y salvo prueba en contrario, se presumirá la existencia de arrendamiento siempre que el arrendatario esté en posesión de la finca.
- La escritura pública de enajenación de finca rústica deberá expresar la circunstancia de si ésta se encuentra o no arrendada, como condición para su inscripción en el Registro de la Propiedad.
- La duración mínima del contrato y de sus prórrogas automáticas pasa de tres a cinco años.
- Se restablecen los derechos de tanteo y retracto para la transmisión ínter vivos de fincas rústicas arrendadas. La escritura de enajenación se notificará de forma fehaciente al arrendatario. Para inscribir en el Registro de la propiedad los títulos de adquisición ínter vivos de fincas rústicas arrendadas, deberá justificarse la práctica de la notificación.
- El adquirente de la finca amparado por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria deberá respetar el plazo que reste de la duración mínima del contrato de cinco años o la de la prórroga tácita que esté en curso si se trata del tercero hipotecario. Los demás adquirentes deberán respetar la duración total pactada.
- Se introducen modificaciones en la sucesión del contrato en caso de muerte del arrendatario.
- Se prevé un Registro general de arrendamientos rústicos, que tendrá carácter público e informativo y estará adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Por todo ello, dada la relevancia de las modificaciones reproducimos a continuación el texto íntegro de la presente Ley:
El artículo 3 queda redactado del siguiente modo:
Se suprime el párrafo c del apartado 1 del artículo 7.
Es agricultor profesional, a los efectos de esta Ley, quien obtenga unos ingresos brutos anuales procedentes de la actividad agraria superiores al duplo del Indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) establecido en el Real Decreto-ley 3/2004 de 25 de junio, para la racionalización de la regulación del Salario Mínimo Interprofesional y para el incremento de su cuantía, y cuya dedicación directa y personal a esas actividades suponga, al menos, el 25 % de su tiempo de trabajo.
Se añaden dos párrafos al apartado 1 del artículo 11, con la siguiente redacción:
Se añade un segundo párrafo al apartado 2 del artículo 18, con la siguiente redacción:
Se modifica el apartado 2 y se añade un nuevo apartado 4 al artículo 20 que queda redactado del siguiente modo:
Se añade un nuevo párrafo al artículo 21, con la siguiente redacción:
En las transmisiones a título gratuito cuando el adquirente sea descendiente o ascendiente del transmitente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad o su cónyuge.
En la permuta de fincas rústicas cuando se efectúe para agregar una de las fincas permutadas y siempre que sean inferiores a 10 hectáreas de secano, o una de regadío, los predios que se permutan.
Se añade un nuevo párrafo al artículo 23, con la siguiente redacción:
El párrafo e del artículo 24 queda redactado del siguiente modo:
El párrafo a del artículo 25 queda redactado del siguiente modo:
Falta de pago de las rentas y de las cantidades asimiladas a la misma, sin perjuicio del derecho de enervación de la acción de desahucio en los mismos términos previstos en las leyes procesales para los desahucios de fincas urbanas.
El artículo 29 queda redactado del siguiente modo:
Se modifica el segundo párrafo y se añade un párrafo tercero al artículo 31, que quedan redactados del siguiente modo:
La disposición adicional tercera queda redactada del siguiente modo:
Se añade una disposición adicional cuarta con la siguiente redacción:
La disposición final primera queda redactada del siguiente modo:
La presente Ley se dicta al amparo del artículo 149.1.8 de la Constitución, sin perjuicio de la aplicación preferente de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan, y de su conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas respectivas.
Se exceptúa de lo anterior el artículo 30, que se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7, la disposición adicional segunda, que se dicta al amparo del artículo 149.1.18, la disposición adicional tercera y cuarta que se dicta al amparo del artículo 149.1.13 y el capítulo X y la disposición transitoria segunda, que se dictan al amparo del artículo 149.1.6, todos ellos de la Constitución.
NUEVA LEY MODERNIZADORA
Ley 25/2005, de 24 de noviembre, reguladora de las entidades de capital-riesgo y sus sociedades gestoras. BOE 25-11-05. Ir a la Disposición.
Según su Exposición de Motivos, esta Ley propone dotar a las entidades de capital-riesgo de un marco jurídico más flexible y moderno que impulse el desarrollo de estas entidades tan relevantes en la provisión de financiación a empresas involucradas con las actividades de I+D+i.
Por otra parte, la reforma que se aborda en el régimen del capital-riesgo con esta nueva Ley se centra en algunos aspectos que se consideran esenciales, respetando el esquema básico recogido en la Ley 1/1999, de 5 de enero. Junto a ello se opta por una mejora de la sistemática del articulado mediante su reordenación, que aporte mayor claridad y seguridad jurídica a la norma. Asimismo se ha optado por una regulación amplia, que integre aquellos elementos que sean imprescindibles para que no sea necesario el desarrollo reglamentario de esta norma, aún pendiente, ya que la Ley 1/1999, de 5 de enero, será derogada sin haber llegado a conocer su desarrollo reglamentario.
A continuación destacaremos las principales normas de la nueva Ley:
Ámbito. La presente Ley será de aplicación a las entidades de capital-riesgo, en su forma de sociedades y fondos de capital-riesgo, y a las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo constituidas de acuerdo con lo previsto en el siguiente Título, así como a las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva que gestionen entidades de capital-riesgo.
Concepto. Las entidades de capital-riesgo son entidades financieras cuyo objeto principal consiste en la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras y de naturaleza no inmobiliaria que, en el momento de la toma de participación, no coticen en el primer mercado de Bolsas de valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente de la Unión Europea o del resto de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Asimismo, también se considerarán inversiones propias del objeto de la actividad de capital-riesgo la inversión:
- En valores emitidos por empresas cuyo activo esté constituido en más de un 50 por 100 por inmuebles, siempre que al menos los inmuebles que representen el 85 por 100 del valor contable total de los inmuebles de la entidad participada estén afectos, ininterrumpidamente durante el tiempo de tenencia de los valores, al desarrollo de una actividad económica definida según el IRPF.
- En la toma de participaciones temporales en el capital de empresas no financieras que coticen en el primer mercado de Bolsas de valores o en cualquier otro mercado regulado equivalente, siempre y cuando tales empresas sean excluidas de la cotización dentro de los doce meses siguientes a la toma de la participación.
- En otras entidades de capital-riesgo conforme a lo previsto en esta Ley.
Además, para el desarrollo de su objeto social principal, las entidades de capital-riesgo podrán realizar las actividades complementarias recogidas en el art. 3, como facilitar préstamos participativos, así como otras formas de financiación.
Forma jurídica y clases. Las entidades de capital-riesgo pueden adoptar la forma jurídica de sociedades de capital-riesgo o de fondos de capital-riesgo. Asimismo, las entidades de capital-riesgo pueden ser de dos clases: régimen común o régimen simplificado.
Domicilio. Las entidades de capital-riesgo reguladas en la presente Ley, así como sus sociedades gestoras, han de estar domiciliadas en territorio nacional y tener en éste su efectiva administración y dirección.
Reserva de denominación. Las denominaciones «sociedad de capital-riesgo», «fondo de capital-riesgo» y «sociedad gestora de entidades de capital-riesgo», o sus abreviaturas «SCR», «FCR» y «SGECR» quedarán reservadas a las instituciones autorizadas al amparo de esta Ley e inscritas en el registro administrativo que al efecto existe en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Las sociedades de capital-riesgo, los fondos de capital-riesgo y las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo están obligados a incluir en su razón social la denominación respectiva o su abreviatura, así como la clase a la que pertenecen.
El Registro Mercantil y los demás registros públicos no inscribirán aquellas entidades cuya denominación sea contraria al régimen establecido en la presente Ley. Cuando, no obstante, tales inscripciones se hayan practicado, serán nulas de pleno derecho. Dicha nulidad no perjudicará los derechos de terceros de buena fe, adquiridos conforme al contenido de los correspondientes registros.
Ninguna persona o entidad podrá, sin haber obtenido la preceptiva autorización y sin hallarse inscrita en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, utilizar la denominación a que se refiere el primer párrafo o cualquier otra expresión que induzca a confusión con ellas.
Condiciones de acceso y ejercicio de la actividad. Para dar comienzo a su actividad, las entidades de capital-riesgo de régimen común deberán:
a) Haber obtenido la autorización previa del proyecto de constitución por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
b) Constituirse mediante escritura pública e inscribirse en el Registro Mercantil. Para los fondos de capital-riesgo estos requisitos serán potestativos.
c) Estar inscritas en el correspondiente registro administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
A continuación se regulan diversos aspectos de la autorización de la CNMV -entre ellos, los requisitos para su obtención-, así como su Registro.
Por su parte, las entidades de capital-riesgo de régimen simplificado deberán sujetarse a los mismos requisitos, pero con especialidades.
Régimen de inversiones. Las entidades de capital-riesgo deberán cumplir en todo momento los requisitos exigidos por esta Ley para su autorización y los porcentajes de inversión en determinados activos fijados por esta Ley y por la normativa que la desarrolle.
Obligaciones de información, de auditoría y contables. Sin perjuicio de las obligaciones de información establecidas con carácter general, las entidades de régimen común deberán publicar para su difusión entre los partícipes una memoria anual y un folleto informativo, conforme a las especificaciones previstas en la Ley. Estos documentos deberán ser remitidos a la CNMV para el ejercicio de sus funciones de supervisión y registro, así como puestos a disposición de los partícipes en el domicilio social de la sociedad gestora del fondo de capital-riesgo.
Además, cuando un mismo socio o partícipe adquiera o transmita acciones o participaciones de una entidad de régimen común y, como resultado de dichas operaciones, el porcentaje de capital suscrito o patrimonio que quede en su poder alcance, exceda o quede por debajo del 20 por 100 y todos sus múltiplos, hasta el 100 por 100 del capital social, en los casos permitidos por esta Ley, deberá comunicarse a la Entidad en el plazo de diez días hábiles a partir de la adquisición o transmisión, el porcentaje del capital o patrimonio que haya quedado en su poder tras la operación.
Disposiciones específicas de las sociedades de capital-riesgo
Las sociedades de capital-riesgo son sociedades anónimas cuyo objeto social principal es el definido en el artículo 2.
Se regirán por lo establecido en esta Ley, y en lo no previsto por ella, por la Ley de Sociedades Anónimas.
El capital social suscrito mínimo será de 1.200.000 euros, debiéndose desembolsar en el momento de su constitución, al menos, el 50 por 100 y el resto, en una o varias veces, dentro del plazo de tres años desde la constitución de la sociedad. El capital social estará representado por acciones, representadas mediante títulos, en cuyo caso serán nominativas, o mediante anotaciones en cuenta.
Quedan prohibidas las remuneraciones o ventajas de los fundadores o promotores previstas en la Ley de Sociedades Anónimas.
En sus Estatutos sociales se recogerán, además de las especificaciones previstas en la Ley de Sociedades Anónimas, la política de inversiones, así como la posibilidad de que la gestión de las inversiones, previo acuerdo de la Junta General, la realice una sociedad gestora de entidad de capital-riesgo o una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva.
La transformación, fusión, escisión y las demás operaciones societarias que realice una sociedad de capital-riesgo que conduzcan a la creación de una sociedad de capital-riesgo requerirán aprobación previa de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Disposiciones específicas de los fondos de capital-riesgo
Los fondos de capital-riesgo son patrimonios separados sin personalidad jurídica, pertenecientes a una pluralidad de inversores, cuya gestión y representación corresponde a una sociedad gestora, que ejerce las facultades de dominio sin ser propietaria del fondo. La condición de partícipe se adquiere mediante la realización de la aportación al fondo común.
El patrimonio mínimo inicial de los fondos de capital-riesgo será de 1.650.000 euros. Las aportaciones para la constitución inicial y las posteriores del patrimonio se realizarán exclusivamente en efectivo. El patrimonio de los fondos de capital-riesgo se constituirá con las aportaciones de los partícipes y sus rendimientos; los partícipes no responderán por las deudas del fondo sino hasta el límite de lo aportado; y el patrimonio del fondo no responderá por las deudas de los partícipes ni de las sociedades gestoras. El patrimonio estará dividido en participaciones de iguales características que conferirán a su titular un derecho de propiedad sobre el mismo; dichas participaciones serán nominativas, tendrán la consideración de valores negociables y podrán estar representadas mediante títulos o anotaciones en cuenta.
El fondo se constituirá mediante la puesta en común del efectivo que integrará su patrimonio. El contrato de constitución podrá formalizarse en escritura pública o en documento privado, habrá de ser inscrito en el registro administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en él deberá constar expresamente:
La dirección y administración de los fondos de capital-riesgo se regirá por lo dispuesto en el reglamento de gestión de cada fondo, debiendo recaer necesariamente en una sociedad gestora de entidad de capital-riesgo o en una sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva con los requisitos que se fijen en este último supuesto, en esta Ley.
Podrán fusionarse fondos de capital-riesgo ya sea mediante la absorción ya con la creación de un nuevo fondo.
El fondo quedará disuelto, abriéndose en consecuencia el período de liquidación, por el cumplimiento del término o plazo, por cese de su gestora sin que otra asuma la gestión, o por las causas que se establezcan en su reglamento de gestión del fondo. El acuerdo de disolución deberá ser comunicado inmediatamente a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
Disposiciones específicas de las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo.
Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo son sociedades anónimas cuyo objeto social principal es la administración y gestión de fondos de capital- riesgo y de activos de sociedades de capital-riesgo. Las sociedades gestoras se regirán por lo previsto en esta Ley y, en lo no previsto por ella, por la Ley de Sociedades Anónimas y por la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
También podrán gestionar fondos de capital-riesgo y activos de sociedades de capital-riesgo, las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva reguladas en la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Las sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo deberán ser sociedades anónimas que reunirán los siguientes requisitos:
a) Un capital social mínimo inicial de 300.000 euros, íntegramente desembolsado.
c) Deberá disponer de una organización y medios que cumplan con los requisitos de la letra a) del apartado Dos del artículo 10 de esta Ley.
d) Todos sus administradores y directores generales y asimilados deberán cumplir los requisitos de honorabilidad establecidos en la letra b) del apartado Dos del artículo 10 de esta Ley, y la mayoría de los miembros de su consejo de administración y directores generales o asimilados, los de la letra c) del apartado Dos del artículo 10 de esta Ley.
Régimen transitorio y derogatorio. Las entidades de capital-riesgo autorizadas antes de la entrada en vigor de esta Ley se adaptarán a la nueva regulación en el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
Modificación de diversas leyes. Se modifican las siguientes normas:
- El artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, relativo a las Entidades de capital-riesgo, que regula los requisitos de una exención en el 99 por ciento de las rentas que obtengan en la transmisión de valores representativos de la participación en el capital o en fondos propios de las empresas o entidades de capital-riesgo en que participen, siempre que la transmisión se produzca a partir del inicio del segundo año de tenencia.
- El apartado 2 de la disposición adicional segunda de la Ley Concursal, sobre legislación especial a los efectos de dicha ley.
- El artículo 30 ter de la Ley del Mercado de Valores (régimen de las emisiones de obligaciones u otros valores que reconozcan o creen deuda).
- El apartado primero del artículo 2 (ámbito de aplicación) y los apartados primero y segundo del artículo 15 (comercialización en España de las acciones y participaciones de IIC extranjeras) de la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva.
Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor en el plazo de un mes, a partir de su publicación en el BOE.
EXPEDICIÓN, IDENTIFICACIÓN Y FIRMA ELECTRÓNICA
Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula la expedición del documento nacional de identidad y sus certificados de firma electrónica. BOE 24-12-05. Ir a la Disposición.
Destacaremos las siguientes normas:
Todos los españoles tendrán derecho a que se les expida el Documento Nacional de Identidad, siendo obligatoria su obtención por los mayores de catorce años residentes en España y para los de igual edad que, residiendo en el extranjero, se trasladen a España por tiempo no inferior a seis meses.
Con carácter general el Documento Nacional de Identidad tendrá un período de validez, a contar desde la fecha de la expedición o de cada una de sus renovaciones, de:
a) Cinco años, cuando el titular no haya cumplido los treinta al momento de la expedición o renovación.
Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. BOE 27-12-05. Ir a la Disposición.
A principios del presente año ha entrado en vigor una de las leyes más conflictivas y comentadas de los últimos tiempos, la llamada "ley antitabaco". Siguiendo la tendencia de algunos países europeos, como Noruega o Italia, se pretende que las medidas contenidas en la Ley -fundamentalmente, la prohibición de fumar en los trabajos y en los centros públicos- provoquen una notable disminución del número de fumadores.
De este modo, la presente Ley tiene por objeto:
Por su importancia social, destacaremos las normas más relevantes de la Ley:
La venta y suministro al por menor de productos del tabaco sólo podrá realizarse en la red de expendedurías de tabaco y timbre o a través de máquinas expendedoras, ubicadas en establecimientos que cuenten con las autorizaciones administrativas oportunas, para la venta mediante máquinas, y queda expresamente prohibido en cualquier otro lugar o medio. Además, se prohíbe vender o entregar a personas menores de dieciocho años productos del tabaco, así como cualquier otro producto que le imite e induzca a fumar.
En concreto, se prohíbe totalmente fumar, además de en aquellos lugares o espacios definidos en la normativa de las Comunidades Autónomas, en:
g)Centros comerciales, incluyendo grandes superficies y galerías, salvo en los espacios al aire libre. En los bares, restaurantes y demás establecimientos de hostelería y restauración situados en su interior y separados del resto de sus dependencias, no se podrá fumar, sea cual fuere su superficie, salvo que se habiliten zonas para fumadores, de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
p) Medios de transporte ferroviario y marítimo, salvo en los espacios al aire libre.
j) En cualquier lugar o espacio permitido por la formativa de las Comunidades Autónomas, fuera de los supuestos enumerados en el artículo anterior.
En cualquier caso, estos requisitos serán exigibles una vez transcurridos ocho meses, contados desde la entrada en vigor de esta Ley. Durante ese período, al menos, deberán estar debidamente señalizadas y separadas las zonas de fumadores y no fumadores.
En las zonas habilitadas para fumar no se permitirá la presencia de menores de dieciséis años.
Por su parte, los establecimientos de hostelería y restauración, en los que no existe prohibición legal de fumar, por tratarse de establecimientos cerrados, que sirvan alimentos y/o bebidas para su consumo, con una superficie útil destinada a clientes y/o visitantes inferior a cien metros cuadrados, deberán informar, en la forma que se señale en la normativa autonómica, en castellano y en la lengua cooficial, acerca de la de la decisión de permitir fumar o no en su interior.
En los centros o dependencias en los que existe prohibición legal de fumar deberán colocarse en su entrada, en lugar visible, carteles que anuncien la prohibición del consumo de tabaco y los lugares en los que, en su caso, se encuentran las zonas habilitadas para fumar.
Por otro lado, queda prohibido el patrocinio de los productos del tabaco, así como toda clase de publicidad, y promoción de los citados productos en todos los medios y soportes, incluidas las máquinas expendedoras y los servicios de la sociedad de la información, salvo las excepciones que establece la propia Ley.
Ahora bien, la prohibición de publicidad o patrocinio de los productos del tabaco en todos los medios no alcanzará, durante un período de tres años, contado desde la entrada en vigor de esta Ley, a la publicidad y patrocinio que incorporen los equipos participantes en competiciones y eventos deportivos del motor con efectos transfronterizos, en su vestuario, complementos, instrumentos, equipamientos, prototipos y/o vehículos.
La presente Ley ha entrado en vigor el día 1 de enero de 2006.
Ley 23/2005, de 18 de noviembre, de reformas en materia tributaria para el impulso a la productividad. BOE 19-11-05. Ir a la Disposición.
Mediante esta Ley, que complementa a la Ley 24/2005 de reformas para el impulso a la productividad ya comentada ampliamente en el número anterior de la revista, se aprueban una serie de reformas de contenido fiscal cuyo objetivo es primar determinadas actividades que tienen efectos beneficiosos sobre la productividad. Así, se limitan las tasas aplicables por actuaciones en los mercados de valores, se estimula la oferta de alquiler de viviendas y se intensifican los apoyos al uso de tecnologías de la información y las comunicaciones en las pequeñas y medianas empresas.
El Título I contiene diversas modificaciones de la formativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades.

References: artículo 134
 artículo 34
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 11
 artículo 18
 artículo 20
 artículo 21
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 25
 artículo 29
 artículo 31
 artículo 149
 artículo 30
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 2
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 55
 artículo 30
 artículo 2
 artículo 15

Real Decreto