Source: http://absta.info/interpone-recurso-de-apelacin.html
Timestamp: 2018-03-22 06:06:29+00:00

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Alejandro Bodart, DNI Nº 16.507.098, en mi carácter de Legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (bloque MST-Nueva Izquierda), constituyendo domicilio legal en la calle Tucumán Nº 1581 Piso 1º Oficina 14 de esta Ciudad, juntamente con mi letrado patrocinante Pablo Vicente, abogado inscripto al T° 119 F° 373 del CPACF, en Expediente N° A6650/0 r me presento ante V.S. y digo:
Que vengo por medio del presente a interponer recurso de apelación en los términos del artículo 20 de la Ley 2145 contra la resolución de fecha 7 de agosto de 2014, notificada a esta parte en fecha 15 de agosto del corriente año, y atento las consideraciones vertidas por V.S. en la mencionada resolución respecto al punto dos de la misma, siendo contraria a lo dispuesto en el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad, artículo 43 de la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales incorporados a nuestra carta magna en el art. 75 inc 22, y por ocasionarme un gravamen en mi carácter de legislador y amparista.
La resolución puesta en crisis en su parte pertinente dispone: "Exhortar al coactor Alejandro Bodart a una racional y equilibrada utilización de las vías procesales constitucionales"
La Asociación Civil por la Igualdad la Justicia (ACIJ) y quien suscribe, por derecho propio y en mi condición de Legislador de la Ciudad, hemos interpuesto acción de amparo contra la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por violación a derechos individuales y colectivos y con el objeto de que: 1) se declare la nulidad de las Resoluciones 1/2014 y 2/2014 de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control de la Legislatura, por la que se establece la fecha de las audiencias públicas convocadas a efectos de considerar la idoneidad y las impugnaciones de los postulantes a jueces y magistrados del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, cuyos pliegos tramitan ante dicho cuerpo por los Exptes. Nros 564-o-2014 y 565-o-2014; 2) se ordene a la Junta de Ética establecer una nueva fecha para la realización de las audiencias públicas, que garantice el tratamiento de los pliegos por el cuerpo legislativo y la más amplia participación ciudadana en el marco de las mismas; 3) se establezca que no se computará el tiempo trascurrido entre la fecha en que se dictaron las resoluciones cuestionadas y la fecha en que se dicten las resoluciones que establezcan la nueva audiencia, a los efectos del plazo previsto en el Art. 118 de la Constitución local, relativo a la eventual ficta de los pliegos. Solicitamos en su oportunidad una medida cautelar para que se suspendan las audiencias públicas convocadas por las resoluciones antes señaladas y se mantenga suspendido el plazo del art. 118 a los efectos de la eventual aprobación ficta de los pliegos que se encuentran tramitando.
Es así que el 7 de agosto el a quo resolvió: 1) Declarar abstracto el objeto de la presente acción de amparo. Sin costas; 2) Exhortar al coactor Alejandro Bodart a una racional y equilibrada utilización de las vías procesales constitucionales.
Cabe resaltar que el objeto de nuestro amparo "devino abstracto" porque tal fue el escándalo político y el amplio rechazo generado por la pretensión de nombrar como juez de la Ciudad a un personaje como Martín Farrell, acusado por el caso Beara, que el PRO se vio obligado a retirar su postulación, decisión que luego la Legislatura refrendó en forma unánime.
El a quo, al exhortar al suscripto a una racional y equilibrada utilización de las vías procesales constitucionales y al manifestar en sus considerandos que mi accionar configura "un abuso del acceso a la justicia", violenta manifiestamente el derecho al acceso a la justicia, el cual es un derecho fundamental, que si bien la Constitución histórica lo consagrara de manera implícita en su art. 18 , los Tratados de Derechos Humanos incorporados por nuestro país en el art. 75 inc. 22 constitucional lo hacen en forma expresa: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su art. 28 dispone “Toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos”; la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su art. 8º prevé que “Toda persona tiene derecho a ser oída (…) por un juez o tribunal competente”, etc. siendo un derecho fundamental en el que se asienta todo estado de derecho En tal inteligencia, precisa el profesor Osvaldo Gozaini que “el acceso a la justicia es una parte del derecho que tiene toda persona al debido proceso. Es una garantía judicial y un derecho individual de carácter constitucional (subjetivo público) que no admite limitaciones” (GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo, “El debido proceso”, Rubinzal-Culzoni, p. 90.)
En el presente caso nos encontrábamos frente a una afectación de derechos que involucraba a la sociedad en su conjunto, motivando la defensa de intereses que rebasan la órbita subjetiva.
No puede desconocerse -como lo hace el a quo- el acceso amplio a la justicia, facilitando a los afectados el derecho a peticionar ante las autoridades tal cual predica el art. 14 de nuestra Constitución local.
Es dable recordarle al Dr. López Alfonsín que los constituyentes nacionales de 1994 ampliaron el espectro de legitimados otorgándole legitimación colectiva al afectado, asignando así una legitimación anómala o extraordinaria caracterizada por la circunstancia de resultar habilitadas para intervenir en el proceso, como partes legítimas, personas ajenas a la relación jurídica sustancial en el que aquél se controvierte, produciéndose de esta manera una disociación entre los sujetos legitimados para demandar y los sujetos titulares de la respectiva relación sustancial (C.S.J.N., 26/06/2007, “Defensor del Pueblo de la Nación c. Estado Nacional”, LA LEY, 2007-E, ). Ello es así porque, como es sabido, la legitimación activa se refiere a la coincidencia entre la persona a la que la ley le concede el título de pedir y la persona que actúa como actor (C.S.J.N., “Defensor del Pueblo”, op. cit.). Por su parte, Lino Palacio define dicho recaudo procesal como “aquel requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de materia sobre la cual versa el proceso" (“Derecho Procesal Civil”, p. 119, Abeledo-Perrot), y en el particular caso de las acciones colectivas esto no es necesariamente de esa manera puesto que, en materia de legitimación, lo relevante en estos procesos no es la acreditación por parte del actor de la materialidad de su derecho sino solamente la comprobación que formalmente pertenece a la categoría de aquellos sujetos que la ley ha tenido en cuenta al regular sus efectos, pues lo que interesa no es tanto la perfección formal de quien actúa, sino la reparación del daño público que es preciso evitar. “Este es el criterio -afirma Quiroga Lavié, que por su rol en la Convención Constituyente ofrece una explicación de primera fuente- que ha tenido nuestro art. 43 constitucional para otorgarle legitimación al afectado (en tanto integrante de un grupo o sector social), a las asociaciones registradas a tal fin y al defensor del pueblo".
Resoluciones como las dictadas por V.S. resultan doblemente cuestionables pues, además de generar situaciones de privación de justicia, esconden en muchas ocasiones una equivocada tendencia a sobreproteger al Estado, situación esta última que frecuentemente termina operando como un incentivo para que la Administración actúe ilegítimamente.
El derecho fundamental de toda persona de acceder a tribunales independientes en procura de Justicia proclamado en el art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (“Toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oída públicamente y con justicia por un Tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”). También fue ampliamente reconocido, aunque en algunos casos con formulaciones diferentes, tanto en el derecho europeo y americano, como en tratados internacionales. A modo de ejemplo cabe citar las constituciones de postguerra, como la italiana de 1947 (art. 24.1) y la de la República Federal de Alemania de 1949 (art. 19.4), las que incorporaron disposiciones que expresamente reconocieron el derecho de acceder a órganos judiciales para la protección de situaciones jurídicas subjetivas. También, con posterioridad, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos firmado en Roma el 4 de enero de 1950, se estipuló ante la violación de los derechos y libertades allí reconocidos, el derecho de toda persona a un recurso efectivo ante una instancia nacional. Con una formulación análoga a la de los textos constitucionales italiano y alemán, la constitución española de 1978 en el art. 24.1 reconoce el derecho de toda persona a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse una situación de indefensión.
En fecha posterior, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Niza entre el 7 y el 9 de diciembre de 2000, receptó expresamente en su art. 47, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial.
La resolución dictada por el a quo, exhortándome a una "racional y equilibrada utilización de las vías procesales constitucionales" e imputándome "un abuso del acceso a la justicia", desconoce toda la normativa trascripta a modo de ejemplo.
Por otra parte, la ausencia de quien suscribe en la sesión legislativa especial del día 26 de junio y en la audiencia pública del día previo no son circunstancias que deba merecer juicio de valor alguno por parte del magistrado en cuestión. La ausencia o presencia de un diputado en tal o cual evento como los antes señalados no constituye materia opinable a los efectos del derecho y de la pertinencia de un reclamo planteado ante el Poder Judicial. Es totalmente posible que un legislador proponga una sesión especial y luego por los motivos que sea no asista a ella, derechos ambos que por otra parte le caben. Calificar con ligereza tales hechos como "pretender escapar al trámite parlamentario mediante la vía jurisdiccional para burlar el juego institucional, y sustraerse luego de las instancias de expresión parlamentaria, configuran un abuso del acceso a la justicia, que debe señalarse como una práctica que desvirtúa una garantía tan esencial como la acción de amparo y tiene aristas de conducta temeraria" es toda una construcción interpretativa por demás forzada. Salvo que se trate de alguna citación judicial, resulta impertinente opinión alguna acerca de mis ausencias o presencias.
He presentado numerosos recursos de amparo (por el aumento del subte, por el aumento de los colectivos, por la eliminación del control de los verificadores, por el aumento de los peajes de las autopistas, contra la construcción de mega-torres en Caballito, entre otros) y voy a seguir haciéndolo toda vez que lo considere necesario. Son precisamente las fuerzas políticas retrógradas, como por ejemplo el PRO, las que descalifican a los recursos de amparo como "palos en la rueda del gobierno" y buscan por todos los medios recortar ese derecho.
Rechazo este tipo de recortes, porque defiendo en forma tajante todos los derechos y garantías y lucho por su ampliación. Esto incluye, por ejemplo, el legítimo derecho a la defensa que Ud. ejerció en 2001, en oportunidad de haber sido procesado junto al actual ministro de Cultura Hernán Lombardi por "defraudación a la administración pública", es decir una estafa al patrimonio de todos los argentinos, causa penal que entendemos fue reabierta el año pasado.
Le hago saber entonces, por medio del presente, que ante cada acto u omisión del Estado nacional o de la Ciudad que lesione o restrinja derechos de los ciudadanos haré uso de todos los mecanismos que estén a mi alcance para impedir tales actos, incluida la utilización de las vías procesales constitucionales, amparado en el acceso a la justicia reconocido en la Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad y en los tratados internacionales inobservados por la resolución de fecha 7 de agosto del corriente año en relación al punto dos del resolutivo.
En tal sentido, solicito se ordene al a quo adecuar su resolución conforme la Constitución Nacional, la Constitución local y los tratados internacionales mencionados a lo largo del presente, absteniéndose de plantear cualquier limitación al derecho de todo ciudadano a acceder a la justicia y absteniéndose también de realizar juicios de valor subjetivos respecto de la actividad del suscripto.
a) Se tenga por presentado el presente recurso de apelación en tiempo y forma y se eleve al superior.
b) Se deje sin efecto la resolución de fecha 7 de agosto de 2014 en su punto dos y adecuar la misma conforme la Constitución Nacional, la Constitución local y los tratados internacionales mencionados a lo largo del presente, ordenando al a quo abstenerse de plantear o sugerir cualquier limitación al derecho de todo ciudadano a acceder a la justicia y abstenerse también de realizar juicios de valor subjetivos respecto de la actividad del suscripto.
Pablo M. Vicente
Tº 119 Fº 925 CPACF

References: artículo 20
 resolución 
 resolución 
 artículo 14
 artículo 43
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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