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Timestamp: 2019-03-19 17:54:04+00:00

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Sentencia Definitiva de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 15 de Junio de 2011 (caso González, Juan de Dios c/Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Justicia) s/Demanda contencioso administrativa) - Jurisprudencia - VLEX 559095198
Sentencia Definitiva de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 15 de Junio de 2011 (caso González, Juan de Dios c/Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Justicia) s/Demanda contencioso administrativa)
Presidente: Soria-Hitters-Pettigiani-Negri-Genoud
En la ciudad de La Plata, a 15 de junio de 2011, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores S., Hitters, P., N., G., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 59.464, "González, J. de Dios contra Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Justicia). Demanda contencioso administrativa".
El señor J. de D.G., con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, a fin de que se anule la resolución 103.606/1997, pronunciada por el Interventor de la Policía provincial; a través de la cual se ordenó el pase a retiro del personal policial desde la jerarquía de C.I. -en la que revistaba el reclamante- hasta la de C. General de todos los agrupamientos; así como la resolución ministerial -notificada el 17-8-1998- pronunciada por el señor Ministro de Justicia y Seguridad, que rechazó el recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio, oportunamente interpuesto.
Asimismo, solicita que se condene a la autoridad administrativa al pronunciamiento de otra resolución que deje sin efecto el pase a retiro ilegítimo, transformándolo en prescindibilidad, así como al pago de la suma que se determine en concepto de indemnización de daños; con más las costas del presente juicio.
Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Fiscalía de Estado que, tras sostener la legitimidad de los actos que se impugnan, solicita el rechazo de la demanda y destaca, especialmente, que no corresponde la imposición de costas a su parte en la medida en que está ejerciendo su legítimo derecho de defensa al presentar su responde.
Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular, producida la prueba de la parte actora y adjuntados los alegatos de ambas partes, la causa quedó en estado de dictar sentencia, decidiéndose plantear y votar la siguiente
Relata el accionante que ingresó a la Escuela J.V. de la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el año 1970, desempeñándose correctamente en la repartición y ocupando diversos cargos hasta alcanzar el grado de C.I..
Manifiesta que se desempeñó por más de 28 años ininterrumpidos en la fuerza, hasta el 13-I-1998 en que le fue notificado el contenido de la resolución 103.606 del 22 de diciembre de 1997, mediante la que se dispuso su pase a retiro con fundamento en el estado de emergencia declarado por la ley 11.880.
Agrega que con fecha 16-I-1998 interpuso recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio contra la medida adoptada, el que fuera rechazado mediante resolución del 6-VIII-1998, encontrándose -a su entender- habilitada la instancia judicial.
Sostiene que el acto administrativo que dispuso su pase a retiro carece de sustento tanto fáctico como jurídico, y que la Administración ha excedido sus competencias, aún dentro de las facultades que le confiere la ley 11.880 y su prórroga, ley 12.056, calificando al mismo de "acto de gobierno, o acto político".
Expresa que, sin perjuicio de su naturaleza, dichos actos no quedan excluidos del control jurisdiccional si de los mismos surge que se han vulnerado derechos individuales de los ciudadanos, sin que ello signifique desconocer la potestad discrecional de la Administración de reestructurar una repartición del Estado.
Alega que el Poder Ejecutivo debió declararlo prescindible con derecho a la indemnización prevista por la propia ley 11.880 pues, al no contar con 30 años de antigüedad, no se encontraba en condiciones de acceder al retiro obligatorio.
Señala que la medida adoptada por la Administración afecta una serie de derechos adquiridos por el actor, tales como el derecho a la estabilidad, a la carrera, a una justa retribución y al honor y dignidad.
Con relación al beneficio previsional obtenido, argumenta que el mismo es un derecho nacido, en su caso, al tiempo de su cese, con independencia de que lo haya solicitado o no y que, encontrándose de baja, sin sueldo y sin indemnización alguna, resulta infundado pretender esgrimir esta circunstancia como consentimiento tácito de la medida segregativa.
Reclama la modificación de la causal de separación de la fuerza y el consecuente pago de una indemnización integral que contemple el daño material emergente, el lucro cesante y el daño moral ocasionado al actor y su familia como consecuencia del supuesto desprestigio provocado, producto de las declaraciones de los funcionarios de la Administración central a la prensa oral y escrita atribuyendo al personal cesanteado la responsabilidad de la crisis de la Institución.
Considera vulnerado su derecho a la estabilidad como personal policial y el derecho a la carrera en la fuerza. Asimismo, destaca el perjuicio económico sufrido por la perdida del sueldo durante el tiempo que insuma la búsqueda de otra actividad, la que por otra parte se ve obstaculizada por las difamaciones de que fue objeto.
Por otra parte, se agravia de la imposibilidad de percibir la jubilación con el porcentaje equivalente a 30 años de servicio, siéndole aplicable la escala del art. 37 del decreto ley 9538/1980.
Reclama, además, el reconocimiento de los sueldos de cada grado al que hubiese accedido hasta llegar al cargo de C. General, habida cuenta que con la separación del cargo perdió toda oportunidad de ascenso.
La Fiscalía de Estado, a su turno, argumenta en favor de la legitimidad de la resolución atacada.
Manifiesta, en primer término, su oposición al progreso de la demanda, atento la incongruencia del objeto reclamado.
Aduce que al recurrir el acto cuestionado se agravió en forma parcial de sus disposiciones solicitando que no se le recortara el haber jubilatorio en función de los años de servicios efectivamente trabajados sino que se le reconociera el cien por ciento asimilado a 30 años de servicios.
Niega valor a la ampliación del recurso realizada por el actor (fs. 1, expte. 2137-620275/98) en la que pretendió introducir el pedido de indemnización.
En cuanto al fondo de la demanda, afirma que la resolución 103.606/1997, que ordenó el pase a retiro del actor, tuvo adecuado fundamento en las leyes 11.880 y 12.056.
Agrega que la ley facultó a la autoridad administrativa a poner en disponibilidad, jubilar o pasar a retiro, según le caso, o determinar la prescindibilidad del Personal de la Policía Bonaerense (art. 4º).
De modo que la ley 11.880 estableció tres situaciones diferentes con relación a los miembros de la Policía bonaerense: a) personal declarado disponible, el cual debía incorporarse a los cursos de capacitación y reentrenamiento; b) personal declarado prescindible, que alcanzaba a aquellos funcionarios que no se encontraban en condiciones de acceder a un retiro o jubilación y para el que se contemplaba una indemnización conforme con lo establecido por el art. 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, siempre que no estuviera sujeto a sumario administrativo o causas penales (arts. 6 y 7); y c) personal que se hallaba en condiciones de ser pasado a retiro o jubilación, aquél que reunía los requisitos de años de servicios y edad exigidos por las leyes previsionales, tal el caso del actor.
Concluye que es por ello que en ejercicio de las facultades que le fueron otorgadas por la ley 11.880, el Interventor de la Policía Bonaerense ordenó, el 22-XII-1997 "el pase a retiro del personal policial de la Institución, desde la jerarquía de C.I. hasta la de C. General de todos los agrupamientos que integran esta Institución".
En ese contexto, la resolución alcanzó al señor G. que detentaba, al momento del cese, la categoría de C.I., habiéndosele otorgado el beneficio jubilatorio a partir del 14-I-1998, el que asciende al 93,93% del sueldo asignado a la máxima categoría alcanzada en la institución policial.
En consecuencia, afirma la Fiscalía de Estado, la simple confrontación de la ley aplicable al caso con la resolución cuestionada permiten concluir que el obrar administrativo se ha desarrollado conforme a derecho.
Niega que la Administración se haya excedido en el marco de facultades que la propia ley de emergencia le atribuía, al desconocer el texto del dec. ley 9550/1980, y disponer su pase a retiro, como afirma el actor, cuando lo que correspondía era disponer su prescindibilidad.
Reitera las facultades que surgen del art. 4º citado...
Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, 18 de Febrero de 2014 (caso 'C., M.A. y otros- Defraudación ( administración fraudulenta art. 173 inciso 7 del Código Penal) s/ RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD (CONCEDIDO POR LA CAMARA)')
Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 24 de Noviembre de 1998, I. 109. XXXII

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